T-341-19
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-341/19
ACCION DE TUTELA CONTRA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL-Improcedencia por incumplir requisito de subidiariedad, por cuanto
accionante puede acudir a la JEP
JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ-Mecanismos de Tratamiento Especial Diferenciado para Agentes del
Estado
JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ-Sala de Definición de Situaciones Jurídicas
Dada su calidad de órgano
constitutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz y ante la suscripción
previa de un acta de compromiso de sometimiento al sistema, la instancia
competente para   recibir las actuaciones respectivas, asumir el
conocimiento del asunto, efectuar las comunicaciones a que haya lugar y resolver,
con base en los principios de integralidad, prevalencia, favorabilidad e
inescindibilidad, sobre la eventual concesión de los diferentes mecanismos de
tratamiento penal especial diferenciado para agentes del Estado, en
concordancia con lo previsto en los artículos 28 y 44 ejusdem, así como
frente a las condiciones de supervisión  de aquellos que hubieran sido
otorgados. Ello, sin perjuicio de que, en un principio, la potestad de
verificación del cumplimiento de los requisitos para la libertad transitoria,
condicionada y anticipada o la privación de la libertad en unidad militar o
policial de los miembros de la Fuerza Pública, haya sido atribuida, por
excepción, al ámbito de competencias del Secretario Ejecutivo de la Jurisdicción Especial para
la Paz, mientras se activaba la nueva institucionalidad del componente judicial
del Sistema Integral de Verdad, Reparación y No Repetición, articulada en el
Acto Legislativo 01 de 2017
JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ-Delimitación del alcance del fuero de atracción
La garantía del juez natural como
componente esencial del derecho al debido proceso consagrado en el artículo 29
de la Carta Política, revalida el fuero de atracción o factor de competencia obligatoria
y prevalente del modelo de justicia transicional dispuesto en el artículo
transitorio 6º del Acto Legislativo 01 de 2017 y pone el acento en la
circunstancia de que el Brigadier General en retiro (i) suscribió, el
29 de marzo de 2017, un acta formal de compromiso de sometimiento a la
Jurisdicción Especial para la Paz en calidad de miembro de la Fuerza Pública ante el Secretario
Ejecutivo Transitorio y (ii) se comprometió, apenas como comenzara a operar el
Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, a contribuir
a la verdad, a la no repetición, a la reparación inmaterial de las víctimas y a
atender los demás requerimientos de los órganos que lo conforman
SISTEMA INTEGRAL DE VERDAD, JUSTICIA, REPARACION Y NO REPETICION-Mecanismos de defensa judicial
El componente de justicia del Sistema
Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición-SIVJRNR- cuenta con
órganos y recursos internos idóneos y específicos-mecanismos de defensa judicial- a los cuales puede
recurrirse para cuestionar los alcances, límites y efectos de los beneficios
jurídico-penales que se otorgan a quienes comparecen a la Jurisdicción Especial
para la Paz, incluyendo las condiciones y criterios de acceso, permanencia y
renuncia a los tratamientos penales especiales diferenciados para miembros de
la Fuerza Pública
LEY DE AMNISTIA E INDULTO EN EL MARCO DEL ACUERDO
FINAL PARA LA TERMINACION DEL CONFLICTO Y CONSTRUCCION DE UNA PAZ ESTABLE Y
DURADERA-Tratamiento penal especial
diferenciado para agentes del Estado
El tratamiento diferenciado para los distintos actores del
conflicto no tiene, per se, la capacidad de configurar un desconocimiento del principio
y prerrogativa básica de la igualdad, en tanto si bien es cierto
que se manifiestan similitudes entre los roles desempeñados
por los actores    en el conflicto, también lo es que existen
diferencias relevantes que exigen la adopción de medidas especializadas en el
marco de la administración de justicia al interior de la Jurisdicción Especial
para la Paz
Referencia:
Expediente T-6.681.564
Demandante:
Jaime Humberto Uscátegui Ramírez
Demandado:
Registraduría Nacional del Estado Civil
Magistrado Ponente:
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Bogotá D.C., veintiséis (26) de julio de dos
mil diecinueve (2019).
La
Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
Magistrados Alejandro Linares Cantillo, Antonio José Lizarazo Ocampo y Luis
Guillermo Guerrero Pérez, quien la preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, específicamente las
previstas en los artículos 86       y 241 num. 9º de la Constitución Política y
33 y subsiguientes del Decreto 2591 de 1991, ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
En el trámite de revisión del fallo proferido
por el Juzgado Octavo Penal para Adolescentes con Función de Conocimiento de
Bogotá, a propósito del recurso de amparo constitucional formulado por el señor
Jaime Humberto Uscátegui Ramírez contra la Registraduría Nacional del Estado
Civil.
I.       ANTECEDENTES
1.      La solicitud
El 29 de enero de 2018, el señor Jaime
Humberto Uscátegui Ramírez, Brigadier General en retiro del Ejército Nacional,
obrando en nombre propio, presentó acción de tutela, como mecanismo transitorio
para evitar la configuración       de un perjuicio irremediable, contra la
Registraduría Nacional del Estado Civil, por considerar que dicha entidad
quebrantó sus derechos fundamentales            a la igualdad y a participar en
la conformación, ejercicio y control del poder político, al negarse a inscribir
su cédula de ciudadanía para votar                     en las elecciones parlamentarias
del 11 de marzo de 2018, toda vez que en las bases de datos aparece en estado “inhabilitado”
debido a la suspensión de sus derechos políticos. Los presupuestos que
respaldan la protección invocada con fundamento en el artículo 86 Superior, son
los que se exponen a continuación.
2.      Elementos fácticos y jurídicos relevantes[1]
2.1. La etapa de juzgamiento de los hechos
ocurridos entre el 15 y 20 de julio de 1997 en el Municipio de Mapiripán, Meta,
conocidos públicamente       como “la masacre de Mapiripán”, fue
adelantada en primera instancia por el Juzgado Noveno Penal del Circuito
Especializado de Bogotá[2],
autoridad judicial que, en sentencia proferida el 28 de noviembre de 2007, absolvió
al Brigadier General del Ejército Nacional, Jaime Humberto Uscátegui Ramírez, de
los delitos de homicidio y secuestro agravados en concurso homogéneo y sucesivo,
pero no así en cuanto al ilícito de falsedad material     de servidor oficial en
documento público, frente al cual fue hallado penalmente responsable en calidad
de autor y, por lo tanto, condenado a la pena principal de 41 meses de prisión
y a la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones
públicas por el mismo lapso.
2.2. Apelada tal determinación por el
apoderado judicial de la parte civil y los delegados de la Fiscalía General de
la Nación y del Ministerio Público,            el Tribunal Superior de Bogotá -Sala
Penal-, en sede de segunda instancia y mediante providencia del 23 de noviembre
de 2009, dispuso su revocatoria parcial para, en su lugar, condenar al procesado,
“como coautor del delito de homicidio agravado en concurso homogéneo y
sucesivo, en concurso heterogéneo con las conductas punibles de secuestro
agravado y falsedad material de funcionario oficial en documento público”[3], a
las penas de 40 años de prisión y multa de $10.000.000 millones de pesos, así
como a la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones
públicas por el término de 10 años, sin lugar a ningún tipo de subrogado penal[4].
2.3. Interpuesto y sustentado el recurso
extraordinario de casación por el abogado defensor del oficial dentro de los
plazos legales fijados para el efecto[5],
la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Penal-, a través de fallo         del
5 de junio de 2014[6],
resolvió no casar la sentencia del ad-quem, al estimar que la condena impuesta
al Brigadier General en relación con los delitos de homicidio agravado en
concurso homogéneo sucesivo y en concurso heterogéneo con los de secuestro
agravado, atendía a su calidad de autor           -comisión por omisión-, “dado
que ostentaba la posición de garante               de la población de
Mapiripán, surgida de la competencia institucional como miembro de la fuerza
pública”[7].
En consecuencia, la pena de prisión definida
se cumple en forma discontinua desde el 27 de mayo de 1999, habiéndose
acumulado hasta la fecha un total de pena física de 13 años, 6 meses y 10 días,
así como un aproximado de pena descontada con redenciones de 16 años, 4 meses y
9 días[8].
2.4. Ahora bien, corolario de la suscripción
del Acuerdo Final de Paz               el 24 de noviembre de 2016 entre el Gobierno
Nacional y el grupo armado ilegal FARC-EP, se expidieron diversas normas jurídicas
para garantizar su implementación que llevaron a la creación de la
Jurisdicción Especial para     la Paz como el componente de justicia del
Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición -SIVJRNR-
autorizado para adoptar tratamientos penales especiales diferenciados en favor
de agentes del Estado que hayan sido condenados, procesados o señalados de
cometer conductas punibles por causa, con ocasión o en relación directa o
indirecta con el conflicto armado.
En particular, la Ley 1820 de 2016 “por
medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos
penales especiales y otras disposiciones”, reglamentó el beneficio de libertad
transitoria, condicionada   y anticipada para miembros de la Fuerza Pública
que manifestaran o aceptaran su compromiso de sometimiento ante la Jurisdicción
Especial para la Paz y, adicionalmente, cumplieran las siguientes condiciones: (i)
ser condenado      por la comisión de conductas punibles vinculadas con el
conflicto armado interno; (ii) no haber incurrido en delitos de lesa
humanidad, genocidio, crímenes de guerra, toma de rehenes, tortura, desaparición
forzada, entre otras conductas, salvo que el beneficiario haya estado privado
de la libertad por un tiempo igual o superior a 5 años; y (iii)
comprometerse a contribuir a la verdad, a la no repetición, a la reparación
inmaterial de las víctimas y a atender los requerimientos de los órganos del Sistema
Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
2.5. De ahí que una vez consolidados los listados
de los miembros de la Fuerza Pública que, prima facie, cumplían con los
requisitos para la eventual concesión de la libertad transitoria, condicionada
y anticipada[9],
el Ministerio de Defensa Nacional procedió a remitirlos al Secretario Ejecutivo
Transitorio      de la Jurisdicción Especial para la Paz con estrictos fines de
verificación y/o modificación. Entre los potenciales sujetos beneficiados con aquel
mandato estaba el Brigadier General Jaime Humberto Uscátegui Ramírez, adscrito al
caso No. 3, contentivo de los acontecimientos acaecidos en el año de
1997      en Mapiripán, Meta, época en la que fungía como Comandante de la Séptima
Brigada del Ejército Nacional[10].
2.6. Al comprobar que el señalado agente había
firmado de manera previa       la respectiva acta donde constaba su compromiso
de sometimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz[11] y que acreditaba, al
amparo de los principios de buena fe y confianza legítima, las demás estipulaciones
exigidas en la Ley 1820 de 2016[12],
el Secretario Ejecutivo Transitorio de la Jurisdicción Especial para la Paz envió
certificación el 30 de marzo de 2017 con destino al Juzgado Veintiuno de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá[13],           en procura de
que ese despacho, que en ese momento supervisaba la legalidad de la ejecución
de la sanción penal, adoptara las acciones o decisiones tendientes a
materializar el beneficio de libertad transitoria, condicionada y anticipada[14].
2.7. En Auto del 5 de mayo de 2017, la
autoridad judicial de conocimiento dispuso el otorgamiento de la aludida
prerrogativa en favor del condenado       y, por ende, ordenó que se librara de
inmediato su boleta de libertad ante el Director de la Escuela de Infantería
del Ejército Nacional -Cantón Norte-[15],
tras percatarse de la cabal observancia de cada uno de los requerimientos
descritos en las normas ya mencionadas para activar los tratamientos penales
especiales diferenciados.
Ciertamente, en su criterio, de un riguroso
estudio de la documentación allegada por la Secretaría Ejecutiva Transitoria de
la Jurisdicción Especial para la Paz podía colegirse no solamente que el
Brigadier General ya había suscrito el acta formal de compromiso ante el
Secretario Ejecutivo[16],
sino también, que fue “condenado por la comisión por omisión de hechos suscitados
con anterioridad a la firma del Acuerdo de Paz que de manera directa tienen
relación con el conflicto armado interno colombiano y que ha cumplido una pena física
en forma discontinua que excede los 13 años”, reuniéndose          así los
pedimentos de la regulación específica para autorizar la concesión del citado beneficio
de libertad transitoria, condicionada y anticipada, el cual,      en todo caso,
puede ser revocado, “(…) si incumple los compromisos           [que le
son propios] o si durante la vigencia de la Jurisdicción Especial      para la
Paz, se rehusara a obedecer los requerimientos del Tribunal para la Paz de participar
en los programas de contribución a la reparación de las víctimas, o a acudir ante
la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad,          de la Convivencia y No
Repetición, o ante la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas”[17].
2.8. Recurrido el proveído por el apoderado
de la parte civil, sobre la base      de considerar que el a-quo carecía
de competencia para abordar el escrutinio de temas relativos a la libertad de
sentenciados en el marco del proceso de paz, comoquiera que los artículos 28 y
44 de la Ley 1820 de 2016 atribuían expresamente dicha facultad a la Sala de
Definición de Situaciones Jurídicas  de la Jurisdicción Especial para la Paz, y
que, en realidad, no se perfeccionaron las formalidades ínsitas en el artículo
52 de la misma disposición       normativa, pues la conducta endilgada al oficial
encontraba adecuación típica en crímenes de lesa humanidad definidos en el
Estatuto de Roma[18],
el Tribunal Superior de Bogotá -Sala Penal- decidió confirmarlo en su
integridad por medio de providencia del 19 de enero de 2018, al advertir que en
el caso        del Brigadier General Uscátegui Ramírez sí se habían satisfecho
a plenitud    los requerimientos comprendidos en los artículos 52 y 57 de la
Ley 1820 de 2016 para conferir la libertad transitoria, condicionada y
anticipada. Ello,       en definitiva, porque: (i) el Secretario
Ejecutivo Transitorio de la Jurisdicción Especial para la Paz informó al juez
de ejecución de penas sobre el cumplimiento de los requisitos formales para hacer
valer el régimen de libertades; (ii) el individuo destinatario de la
medida fue condenado a la pena principal de 37 años de prisión en calidad de autor
-comisión por omisión-      de los delitos de homicidio y secuestro
agravados en concurso homogéneo y sucesivo por virtud de los hechos conocidos
como la “masacre de Mapiripán”, evento en el que detentaba la posición
de garante de la población                    de ese municipio y del cual
podía inferirse su relación directa con el conflicto armado; (iii) pese
a que la condena decretada es producto de delitos de lesa humanidad, el
beneficiario ha estado privado de la libertad por un interregno superior a 5 años,
de conformidad con lo establecido para las sanciones alternativas en sede de la
Jurisdicción Especial para la Paz[19];
y (iv) finalmente, el agente del Estado dejó constancia por vía escrita
de su deseo de acogerse al sistema de la Jurisdicción Especial para la Paz con
la intención de contribuir    a la verdad, a la reparación inmaterial de las
víctimas y a la no repetición. Aportaciones que, valga aclarar, habrán de ser verificadas
al interior del proceso de justicia transicional, “en donde los jueces de
esa jurisdicción adoptarán los correctivos pertinentes ante un virtual incumplimiento,
teniendo en cuenta que la dispensa adjudicada puede ser invalidada”[20].
En firme esta decisión, se le concedió el
beneficio de la libertad transitoria, condicionada y anticipada que contempla
la Ley 1820 de 2016 al condenado Brigadier General Jaime Humberto Uscátegui
Ramírez, como uno de los mecanismos de tratamiento penal especial diferencial estatuidos
para miembros de la Fuerza Pública[21].
2.9. De nuevo en su lugar de habitación, el
citado militar en retiro, en víspera de las elecciones para Congreso de la
República, cuya celebración fue anunciada para el 11 de marzo de 2018, optó por
acercarse a una de las oficinas auxiliares de la Registraduría Nacional del
Estado Civil para gestionar “la rehabilitación en la interdicción de
derechos y funciones públicas”[22],
en el interés de inscribir su cédula de ciudadanía y así poder participar
como sufragante en dichos comicios. Sin embargo, tal solicitud se resolvió de
manera desfavorable por la entidad, después de constatar en su base de datos que
el documento de identidad del interesado había sido dado de baja en el censo
electoral, “con soporte en la copia de la parte pertinente de la sentencia
condenatoria debidamente ejecutoriada recibida del Juzgado Noveno Penal del
Circuito Especializado de Bogotá, disponiéndose la anotación respectiva en el
Archivo Nacional de Identificación (ANI)”[23].
En otras palabras, no era posible la inscripción de su cédula en el censo
electoral correspondiente por encontrarse inhabilitado para votar, merced a la
pena accesoria de suspensión de derechos políticos y funciones públicas que se
le impuso por el término de 10 años[24].
3.          Fundamentos de la acción y
pretensiones
3.1. Partiendo de la premisa de que el Acto
Legislativo 01 de 2017               creó la denominada Jurisdicción Especial para
la Paz, con miras a que delineara mecanismos particulares de extinción de
responsabilidades y sanciones   penales principales y accesorias, tanto para combatientes
de grupos armados   al margen de la ley como para agentes del Estado en un
plano de absoluta simetría, simultaneidad, equilibrio y equidad, el accionante comienza
por resaltar que la actuación de la Registraduría Nacional del
Estado Civil, consistente, básicamente, en hacer nugatoria la posibilidad de
escoger               a los candidatos de su preferencia en las elecciones
legislativas, a raíz de la declaratoria previa de interdicción de sus derechos
políticos y funciones públicas contenida en providencia judicial ordinaria, al
paso que presupone una barrera indebida para conseguir la rehabilitación de su
ciudadanía, comporta, en conjunto, la transgresión por entero de prerrogativas
tales como la igualdad real y efectiva y la participación en la conformación,
ejercicio y control del poder político.
3.2. Esto último, según sostiene, ya que mientras
a los integrantes                   de la organización armada ilegal que convinieron
en acogerse al Acuerdo Final de Paz con el Gobierno Nacional sí se les
suspendieron las condenas penales principales y accesorias, aun a pesar de los
graves delitos cometidos,       inclusive contra menores de edad,
permitiéndoseles, por lo demás, intervenir activa y pasivamente en política, a
los miembros de la Fuerza Pública que se sometieron a la Jurisdicción Especial
para la Paz, en cambio, no se les facultó para ejercer el derecho al voto,
elegir o ser elegidos, ni mucho menos para tomar parte en elecciones,
plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación
democrática[25].
3.3. Así sucede, verbigracia, en el caso
particular de Rodrigo Londoño Echeverry, excomandante máximo de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias   de Colombia -Ejército del Pueblo- (FARC-EP), quien no
obstante tener en su haber cerca de 182 procesos judiciales que abarcan condenas
acumuladas      por más de 200 años de prisión, “fue habilitado por el
Estado para aspirar      a la Presidencia de la República y expresar su opinión
política a través de los variados instrumentos de participación ciudadana, sumado
a la cúpula          de esta guerrilla que, como si fuera poco, ocupará un
mínimo de 10 curules   en las circunscripciones del Senado de la República y la
Cámara de Representantes, con la consabida interrupción de sus penas actuales asignadas
por la justicia ordinaria”[26];
medida imperativa que, en su opinión, al no haber sido alterada ni modificada
en su sentido o alcance por la Corte Constitucional en la Sentencia C-674 de
2017[27],
también debe extenderse a los miembros de la Fuerza Pública que hubieren incurrido
en delitos por causa, con ocasión           o en relación directa o indirecta con
el conflicto armado, como resultado del tratamiento equitativo, equilibrado
y simultáneo del que son titulares[28].
3.4. En ese orden de ideas, insta al juez
de tutela para que proteja las garantías iusfundamentales que alega le
han sido vulneradas, de suerte que se le exija a la Registraduría Nacional del
Estado Civil que varíe la decisión de restricción    de derechos y funciones
públicas que le impide ejercer su derecho al voto, elegir y ser elegido, así
como intervenir en política, a fin de “inscribir su cédula de ciudadanía en
el censo electoral y participar efectivamente             en las elecciones del
año 2018, al igual que las otras personas que están siendo juzgadas por la
Jurisdicción Especial para la Paz”[29].
4.          Trámite procesal y objeciones a
la demanda de tutela
El Juzgado Octavo Penal para Adolescentes
con Función de Conocimiento de Bogotá, en Auto del 31 de enero de 2018[30], avocó la competencia del
asunto    y corrió traslado de aquel a la Registraduría Nacional del Estado
Civil, vinculando, simultáneamente, al Juzgado Veintiuno de Ejecución de Penas
y Medidas de Seguridad de Bogotá, a la Corte Suprema de Justicia -Sala de
Casación Penal- y a la Secretaría Ejecutiva Transitoria de la Jurisdicción
Especial para la Paz, no ya con la sola finalidad de conformar adecuadamente el
contradictorio, sino de asegurar su derecho de cabal defensa respecto de los
alegatos esbozados por el accionante, sus interpelaciones y la problemática jurídica
planteada[31].
4.1.       Registraduría Nacional del
Estado Civil
4.1.1. La Jefe de la Oficina Asesora Jurídica
(E) de la Registraduría Nacional del Estado Civil participó en el trámite del
presente juicio, mediante escrito    en el que manifestó su oposición en torno
a los argumentos esgrimidos por el tutelante para impetrar la salvaguarda de
sus derechos fundamentales.
4.1.2. De manera preliminar, advirtió, con
apoyo en las reglas procesales incluidas en los artículos 70 y 71 del Código
Electoral[32],
que desde el 15 de septiembre de 2014 había resuelto excluir del censo
electoral el número correspondiente a la cédula de ciudadanía que aparecía a
nombre del señor Jaime Humberto Uscátegui Ramírez, por cuenta del envío que, en
esa fecha,   se produjo a la Registraduría Nacional del Estado Civil de la
copia de la parte resolutiva de la sentencia en la que se decretó la interdicción
de sus derechos   y funciones públicas, por un período de 10 años. Así, en principio,
para lograr su rehabilitación, lo primero que se requiere es el agotamiento del
plazo provisto en la condena impuesta para la pena accesoria; escenario que, por
cierto, aún no se ha cristalizado en el caso en cuestión.
4.1.3. Hecha la anterior claridad, adujo que
la argüida transgresión de la igualdad respondía, más bien, a una apreciación subjetiva
del demandante sobre la noción de este derecho y su forma de preservarlo, en
tanto el parágrafo del artículo transitorio 20º del Acto Legislativo 01 de 2017
disponía, textualmente, que la participación en política era predicable, en
exclusiva,      de aquellos sujetos que pertenecieran a organizaciones rebeldes
y que hubieran firmado un acuerdo de paz con el Gobierno, con fines de reincorporación.
Por contera, tratándose de una disimilitud que tiene su origen en un mandato constitucional
vigente, “su reflexión personal tan solo incumbe al debate doctrinario propio
de los preceptos en que se funda la paz negativa como sustrato de la justicia
transicional”, sin que se ofrezca alternativa distinta        a su reconocimiento.
4.1.4. Llegado a este punto y bajo similar enfoque,
puso de relieve que al actor tampoco le asistía razón en lo atinente a la
presunta infracción del derecho        a participar en la conformación,
ejercicio y control del poder político, habida consideración de que sus
reparos, si bien nuevamente podían juzgarse válidos desde una perspectiva política
como cimiento ontológico de la democracia, en modo alguno, “tenían la
virtualidad de transmutar el sustento normativo       de las decisiones
judiciales que habían causado la afectación de los atributos entrelazados con
la participación política, gracias al principio de legalidad como cardinal garantía
del derecho al debido proceso que atañe a todas las autoridades del Estado y
que se concreta en el respeto de los derechos adquiridos, de los procedimientos
y del derecho de defensa”.
4.1.5. Por último, enfatizó en la
circunstancia de que, tal como se hallaba concebida la demanda, sobrevenían claramente
improcedentes las pretensiones allí vertidas, en atención, por un lado, al carácter
excepcional y subsidiario de la acción de tutela para controvertir el tenor del
Acto Legislativo 01 de 2017 y, por el otro, a la falta de legitimación en la
causa por pasiva, configurada a partir de la ausencia de un nexo substancial entre
las partes y los hechos que suscitaron el litigio[33].
4.2.       Juzgado Veintiuno de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá
4.2.1. Al dar respuesta oportuna al
requerimiento efectuado, el referido despacho judicial, representado por su
Oficial Mayor, solicitó que se desestimara la protección constitucional
deprecada por el señor Uscátegui Ramírez, habida cuenta de la inexistencia de vulneración
o amenaza                  a sus intereses por el indiscutible vigor de la pena
accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas.
4.2.2. Con este propósito, expresó que, aunque
al accionante se le haya otorgado la libertad transitoria, condicionada y
anticipada con fundamento     en la Ley 1820 de 2016, la mentada preceptiva era
diáfana en disponer que la aplicación de dicho régimen no implicaba la extinción
de la condena, “visto que apenas como declara su sometimiento al sistema de la
Jurisdicción Especial para la Paz, el beneficiario queda a expensas de la Sala de
Definición de Situaciones Jurídicas para la eventual concesión de uno de los
mecanismos emanados de los tratamientos penales especiales diferenciados”.
4.2.3. Por lo demás, recalcó que el militar
fue sancionado con una pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de
derechos y funciones públicas por un intervalo de 10 años, “el cual se empezó
a contabilizar con la ejecutoria de la providencia, es decir, desde el 17 de junio
de 2014, lo que significa      que la susodicha pena se encuentra vigente”[34].
4.3.       Corte Suprema de Justicia -Sala
de Casación Penal-
4.3.1. La Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia obró en la controversia por conducto del magistrado que
tuvo a su cargo la instrucción del medio impugnativo extraordinario promovido, en
su momento, por el abogado defensor del Brigadier General Jaime Humberto Uscátegui
Ramírez contra      la sentencia condenatoria dictada en segundo grado por
parte del Tribunal Superior de Bogotá.
4.3.2. Dicho funcionario, en memorial
dirigido al juez de tutela de primera instancia, aparte de acometer un breve
repaso alrededor de lo acontecido en el proceso penal, se limitó a indicar que
el objeto cardinal del recurso de amparo constitucional interpuesto por el miembro
de la Fuerza Pública, “que no era otro que el anhelo de auspicio de sus
derechos políticos a elegir y ser elegido tras haberse acogido a la
Jurisdicción Especial para la Paz”, no tenía nada que ver con la línea de análisis
propuesta en el fallo del que fue ponente,       por lo que ninguna falta o transgresión
sería susceptible de arrogársele             al cuerpo colegiado que representa[35].
4.4.       Secretaría Ejecutiva Transitoria
de la Jurisdicción Especial    para la Paz
4.4.1. De entrada, quien en su momento se
desempeñó como Secretario Ejecutivo Transitorio de la Jurisdicción Especial
para la Paz refutó categóricamente lo pretendido por el demandante, conforme a
las siguientes precisiones.
4.4.2. Inicialmente, afirmó que dentro de
los varios tópicos estructurales desplegados en el Acuerdo Final para la
Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, la
participación política se erigió en pilar fundante del pacto alcanzado
entre las partes. Tan así fue que           uno de los principales
reconocimientos efectuados en la negociación estuvo vinculado a la
reincorporación social, económica y política de las FARC-EP   y, por esa senda,
su tránsito como organización alzada en armas a un nuevo movimiento o partido
político, “con goce de derechos y cumplimiento            de las
obligaciones y deberes propios del orden constitucional”. Pero para
ratificar el compromiso de ese grupo de cerrar el capítulo del conflicto
interno y de contribuir decididamente a la consolidación de la convivencia
pacífica,    el Estado colombiano “acordó adoptar las condiciones y garantías
necesarias para asegurar un escenario enfocado en su promoción política y su representación
en el Congreso de la República”.
Ello provocó la inserción de una cláusula en
el Acuerdo Final que contemplara la interrupción temporal de los efectos de las
condenas proferidas por la justicia ordinaria o disciplinaria en favor de
quienes pertenecieran a dicha organización y suscribieran un acuerdo de paz con
el Gobierno, mientras las mismas son sometidas a examen por la Jurisdicción
Especial para la Paz, de acuerdo con   su régimen competencial. Este apartado,
a la postre, terminó incorporándose por completo al título de disposiciones transitorias
de la Constitución Política de 1991, a través del Acto Legislativo 01 de 2017.
Nótese, entonces, que el precepto en
mención cobija únicamente a los integrantes de la organización armada ilegal de
las FARC-EP que hayan firmado un acuerdo de paz con el gobierno, en la
dirección de afianzar su reincorporación a la vida civil. Por contraste, no se
aprecia regulación específica alguna destinada a posibilitar la rehabilitación
de los derechos políticos a miembros y exmiembros de la Fuerza Pública[36].
4.4.3. De cualquier modo, hizo hincapié en que
a la luz de los contenidos normativos de la Ley 1820 de 2016, la concesión de
los beneficios propios del tratamiento penal especial para miembros de la
Fuerza Pública no suponía,   per se, la definición de la situación jurídica
en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz.
4.4.4. Siendo así las cosas, subrayó que no
cabía traer a colación el test           de igualdad elaborado por la
Corte Constitucional como método analítico para determinar si la suspensión de
la actuación penal, respecto de los individuos pertenecientes a las FARC-EP,
constituía un trato discriminatorio en perjuicio de los agentes del Estado
detenidos o condenados que manifestaran o aceptaran su sometimiento a la
Jurisdicción Especial para la Paz, en cuanto “el supuesto fáctico censurado
no confrontaba sujetos de equivalente naturaleza que hiciese factible su
comparación o equiparación”. No en vano, el Acto Legislativo 01 de 2017
catalogó a los integrantes de las FARC-EP como combatientes de un grupo armado
al margen de la ley y a los agentes del Estado como garantes    de los derechos
de los ciudadanos.
De ahí que, contrario a presumir que se
vislumbra una relación desigual infundada, lo que puede extraerse de los
razonamientos en precedencia es que, en materia de participación política, “el
legislador proyectó un tratamiento diferenciado alentado en las características
propias de cada uno de los grupos, en este caso Fuerza Pública y FARC-EP,
dentro de su amplio margen de libertad de configuración normativa”[37].
4.4.5. En resumidas cuentas, no solo no es plausible
apelar a un tratamiento simétrico y equitativo para preservar el derecho a la
igualdad del peticionario en su rol de miembro de la Fuerza Pública
beneficiario de la libertad  transitoria, condicionada y anticipada, sino que,
además, para la rehabilitación en el ejercicio de sus derechos políticos, “es
fácilmente comprensible que la Secretaría Ejecutiva Transitoria de la
Jurisdicción Especial para la Paz        no detenta las aptitudes legales para modificar
o revocar la decisión prohijada por la Registraduría Nacional del Estado Civil”,
comoquiera que el Acto Legislativo 01 de 2017 no le reconoció competencia
alguna en la materia[38].
II.      DECISIONES JUDICIALES QUE SE
REVISAN
1.      Primera instancia
1.1. En sentencia del 13 de febrero de
2018, el Juzgado Octavo Penal para Adolescentes con Función de Conocimiento de
Bogotá denegó la protección  de los derechos fundamentales invocados por el
señor Jaime Humberto Uscátegui Ramírez, al concluir que, por una parte, este no
había aportado, junto con el escrito demandatorio, mínimos elementos de juicio que
dejaran entrever la ocurrencia de un perjuicio irremediable y, por la otra, que,
“en algunos aspectos como el régimen de libertades condicionales, entre el
personal activo o retirado de la Fuerza Pública y los insurgentes de las
FARC-EP, solo era dable traer a colación un tratamiento diferenciado”, el
cual se ve claramente reflejado en los artículos 45 de la Ley 1820 de 2016[39] y transitorio 21º del Acto
Legislativo 01 de 2017[40],
inherentes a los mecanismos de tratamiento penal especial para agentes del
Estado.
1.2. Aun así, el operador jurídico insistió
en que la inhabilitación impuesta      al reclamante para el ejercicio de
derechos y funciones públicas por 10 años permanecía vigente, ya que la pena
accesoria comenzó a computarse               en la fecha en que cobró firmeza
el fallo condenatorio de segunda instancia, esto es, el 17 de junio de 2014;
por fuera de lo cual, si bien es obvio que el condenado goza actualmente de libertad
transitoria, condicionada y anticipada, tal circunstancia no conlleva la
extinción de dicha sanción en los términos del artículo 88 del Código Penal[41], “toda vez que
importa recordar que aquel suscribió un acta de compromiso el 29 de marzo de
2017 con unas puntuales obligaciones que, en el evento de incumplirse, dan lugar
a la revocatoria      del beneficio concedido”.
1.3. La anterior decisión no fue objeto de impugnación
por las partes.
III.    ACTUACIONES ADELANTADAS EN SEDE DE
REVISIÓN
1. Desarrollado un examen general de la
documentación obrante en el expediente y advertido el hecho de que, para el
momento de presentación       de la acción de tutela, las instancias
competentes y procedimientos aplicables para resolver de manera definitiva la
situación jurídica del señor Jaime Humberto Uscátegui Ramírez se encontraban en
proceso de conformación        e implementación, la Sala Tercera de Revisión,
mediante Auto del 26 de julio de 2018[42],
previno sobre la necesidad de requerir a la Sala de Definición de
Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz, por haber entrado
en funcionamiento[43]
y estar encargada de la aplicación de tratamientos penales especiales
diferenciados en favor de agentes del Estado[44],
para que absolviera los interrogantes que se transcriben a continuación:
“1. Si el señor Jaime Humberto Uscátegui
Ramírez, en su calidad de beneficiario de la libertad transitoria, condicionada
y anticipada prevista en la Ley 1820 de 2016, en el marco del tratamiento penal
especial diferenciado para miembros    de la Fuerza Pública, con posterioridad
a la acción de tutela, ha solicitado     ante dicha Sala la suspensión de la
pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos políticos y
funciones públicas.
En caso afirmativo, señale la fecha de
respuesta, de la respectiva notificación al interesado y remita copia del
pronunciamiento dictado.
2. En el evento en que el mencionado agente
del Estado no haya presentado ningún tipo de solicitud relacionada con la
suspensión de la pena accesoria relativa a la inhabilidad para el ejercicio de
sus derechos políticos o que la misma Jurisdicción Especial para la Paz no se
haya pronunciado de oficio, sírvase aclarar si la aplicación preferente del
beneficio de la libertad transitoria condicionada y anticipada a miembros de la
Fuerza Pública que no estén en servicio activo conlleva el levantamiento de
dicha suspensión o da lugar              a la aplicación de algún otro
mecanismo de tratamiento especial diferenciado,   en virtud del principio de
favorabilidad dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1820 de 2016[45].
3. Así mismo, precise si la Sala de
Definición de Situaciones Jurídicas ha adoptado algún tipo de protocolo o
lineamiento pedagógico de actuación         que sirva como marco de orientación
para dar respuesta a solicitudes similares efectuadas por otros sujetos
comparecientes a la Jurisdicción Especial para la Paz, relacionadas
principalmente con el levantamiento o suspensión de penas accesorias privativas
de otros derechos.”
2. Vencido el término probatorio, la
Secretaría General de esta Corporación,   en comunicación del 22 de agosto de
2018, remitió al despacho del Magistrado Sustanciador el oficio No. SDSJ-235
firmado el 9 de agosto de 2018 por Pedro Elías Díaz Romero, Presidente de la
Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la
Paz, en el que informó que, una vez consultado su sistema de gestión documental
-ORFEO-, no observó petición alguna del señor Jaime Humberto Uscátegui Ramírez
encaminada a obtener la suspensión de la pena accesoria de interdicción para el
ejercicio de derechos políticos y funciones públicas.
Empero, dejó en claro que el Juzgado
Veintiuno de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, el 15 de mayo
de 2017, envió a las oficinas de la Secretaría Ejecutiva copia simple del auto que
expidió el 5 de mayo de ese mismo año, a través del cual confirió al accionante
el beneficio de libertad transitoria, condicionada y anticipada, “estando la
causa pendiente de reparto para iniciar la vigilancia del régimen de
condicionalidad y continuar           con el procedimiento frente a los demás órganos
del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición -SIVJRNR-”.
En este sentido, reveló que la suscripción
del acta de sometimiento por parte   de un compareciente determina el ingreso a
la Jurisdicción Especial para la Paz, siendo el otorgamiento de uno de los mecanismos
de tratamiento penal especial de la Ley 1820 de 2016, tan solo “el primer
paso dentro del proceso que  habrá de seguirse ante la Sala de Definición de
Situaciones Jurídicas, sin    que su abordaje envuelva, necesariamente, la
resolución de la situación jurídica del interesado”, pues será en ese
devenir procesal que tendrá que cumplir con el ya señalado régimen de
condicionalidad y las obligaciones     que de allí se deriven, a efectos de que
la Sala fije el derrotero correspondiente.
Por tal motivo, en cuanto se refiere a las personas
con sentencias condenatorias en firme, “la concesión de la libertad transitoria,
condicionada y anticipada, de ningún modo afecta las penas principales o
accesorias que hayan sido prescritas por la justicia ordinaria”, debido a
que en sus aspectos sustanciales reside, precisamente, el escrutinio que se
practicará en un estadio procesal diferente en la Jurisdicción Especial para la
Paz. Así entonces, terminó dando por descontado que el señor Jaime Humberto
Uscátegui Ramírez “deberá someter su aspiración de suspender la pena
accesoria de inhabilidad          para el ejercicio de derechos políticos y
funciones públicas a las etapas respectivas y en atención a los principios que
rigen el Sistema Integral”[46].
3. Adicionalmente, el 27 de agosto de 2018,
la Secretaría General de este Tribunal dirigió al despacho el memorial No. 682
del 23 de agosto de 2018 suscrito por la Oficial Mayor del Juzgado Veintiuno de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, por medio del cual detalló
la situación jurídica actual del militar en retiro y ratificó todo lo apuntado
en su respuesta  al requerimiento realizado por la autoridad judicial que
asumió el conocimiento del litigio en primera y única instancia en sede de
tutela[47].
Lo anterior explica que, en sede de revisión y por obra de Auto del 5 de
septiembre de 2018, se haya decidido informar a las partes y terceros con
interés sobre la recepción del aludido escrito para que, de estimarlo conveniente,
se pronunciaran en relación con este en un término prudencial, de conformidad
con lo reglado en el artículo 64 del Acuerdo 02 de 2015[48] y en estricto cumplimiento
del ordinal segundo del auto dictado por la Sala Tercera de Revisión el 26 de
julio de 2018[49].
4. Incluso, cabe agregar que, en oficio del
17 de septiembre de 2018, identificado con el número 20181200184821, la
Secretaria Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz indicó a la Sala
Tercera de Revisión que,   para el reconocimiento de la libertad transitoria,
condicionada y anticipada     en favor del miembro de la Fuerza Pública por parte
del Juzgado Veintiuno de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, “adelantó
el proceso de verificación trazado en la Ley 1820 de 2016, acorde con las funciones
jurisdiccionales transitorias que le fueron asignadas a esta instancia
por dicha disposición”[50]
y que, hoy por hoy, con la entrada en funcionamiento de las Salas de la
Jurisdicción Especial para la Paz, se le atribuye a la Sala de Definición de
Situaciones Jurídicas, “que atenderá tanto lo relativo                 al consabido
beneficio de libertad transitoria, condicionada y anticipada,     como las
competencias previstas en el ordenamiento jurídico colombiano respecto de la
terminación anticipada del proceso ante la JEP y la definición de la situación
jurídica de los comparecientes”[51].
IV.    CONSIDERACIONES
1.      Competencia
Es competente esta Sala de la Corte
Constitucional para revisar la decisión adoptada dentro de la acción de tutela
de la referencia, con fundamento en los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la
Constitución Política, en concordancia  con los artículos 33, 34 y 35 del
Decreto 2591 de 1991, y en cumplimiento del Auto del 17 de abril de 2018[52], proferido por la Sala
de Selección de Tutelas Número Cuatro de esta Corporación[53].
2.      Legitimación en la causa por activa
y por pasiva
2.1. Tal como lo prevé el artículo 86 de la
Constitución, la acción de tutela      es un instrumento de defensa judicial al
que puede acudir cualquier persona para reclamar la protección inmediata de sus
derechos fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o
amenazados como consecuencia de las acciones u omisiones de las autoridades públicas
y, excepcionalmente,            de los particulares, en aquellos eventos delineados
por la Ley[54].
2.2. En consonancia con ese mandato
superior, el Decreto 2591 de 1991[55],
en su artículo 10, definió los titulares de la acción de tutela[56], quienes podrán
solicitar el amparo constitucional (i) bien sea en forma directa, (ii)
por intermedio de un representante legal (caso de los menores de edad,
incapaces absolutos, interdictos y personas jurídicas), (iii) mediante
apoderado judicial (abogado titulado con poder judicial o mandato expreso),
(iv) así como a través de agente oficioso (cuando el titular del
derecho no esté en condiciones de promover su propia defensa). De igual
manera, según se dispone                en la ley, se encuentran legitimados para
ejercer esta acción, (v) tanto el Defensor del Pueblo como (vi) los
personeros municipales (facultados        para intervenir en representación
de terceras personas, siempre que el titular de los derechos haya autorizado
expresamente su mediación o se adviertan situaciones de desamparo e indefensión).
La disposición en cita señala lo siguiente:
“ARTÍCULO 10. LEGITIMIDAD E INTERÉS.
La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien
actuará por sí misma    o a través de representante. Los poderes se presumirán
auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando
el titular de los mismos     no esté en condiciones de promover su defensa.
Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.
También podrán ejercerla el Defensor del
Pueblo y los personeros municipales.”
2.3. Así pues, de cara al asunto sub
iudice, se tiene que el señor Jaime Humberto Uscátegui Ramírez, Brigadier
General en retiro del Ejército Nacional, condenado por la justicia ordinaria a
las penas principales de 37 años de prisión y multa de $10.000.000 millones de
pesos, así como a la sanción accesoria de inhabilitación para el ejercicio de
derechos y funciones públicas por el término de 10 años “como coautor
-comisión por omisión- de los delitos de homicidio agravado en concurso
homogéneo y sucesivo, en concurso heterogéneo con secuestro agravado”, se
encuentra legitimado por activa en el marco de la presente acción de tutela, en
la medida en que al haberse acogido   a la Jurisdicción Especial para la Paz
adquirió la calidad de compareciente[57]
y, por virtud de esa vocación subjetiva especial, actúa directamente en
defensa   de sus propios intereses, con el objetivo de lograr la protección de
sus derechos fundamentales a la igualdad y a participar en la conformación,
ejercicio            y control del poder político[58].
2.4. Por otro lado, en lo atinente al
extremo procesal opuesto, es menester indicar que, de acuerdo con lo
establecido en los artículos 5 y 13 del Decreto 2591 de 1991[59], la Registraduría
Nacional del Estado Civil está legitimada como parte pasiva en el trámite que
se adelanta, tomando en consideración     su naturaleza de autoridad pública de
la cual se predica la presunta transgresión de las prerrogativas iusfundamentales
en discusión, por detentar la facultad legal para suprimir de los censos
electorales las cédulas de ciudadanía correspondientes a las sentencias
judiciales que decreten la interdicción de derechos y funciones públicas, con
arreglo a lo dispuesto en el artículo           70 del Decreto 2241 de 1986 “Por
el cual se adopta el Código Electoral”.
3.      Inmediatez
3.1. El texto del propio artículo 86
constitucional también connota la facultad de toda persona para reclamar ante
los jueces, “en todo momento y lugar”, mediante un procedimiento
preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección
inmediata de sus derechos fundamentales; disposición que aparece replicada en
el artículo 1º del Decreto 2591 de 1991[60]
y que da cuenta, en principio, de la inexistencia de un término de caducidad
que limite o restrinja el ejercicio de la acción de tutela en virtud del paso del
tiempo[61].
3.2. Empero, suficiente se ha discurrido en
la doctrina elaborada por la Corte sobre la necesidad de exigir que la
interposición del recurso de amparo se acometa dentro de un plazo oportuno,
esto es, en un término razonable después de la ocurrencia de los hechos que
motivan la afectación o amenaza de los derechos, en aplicación de lo que ha
sido llamado el principio de inmediatez[62].
3.3. Asimilado en la jurisprudencia constitucional
como uno de los requisitos para determinar la procedibilidad de la acción de
tutela, esta Corporación       ha puesto de presente que esta pauta está
perfectamente anudada al objetivo que la Carta Política le atribuye, de brindar
una protección inmediata, “de manera que, cuando ello ya no sea posible por
inactividad injustificada         del accionante, se cierra esa vía excepcional
y es preciso acudir a las instancias ordinarias para dirimir un asunto que,
debido a esa inactividad,    se ve desprovisto de la urgencia implícita en el
trámite breve y sumario que encarna dicha acción”[63].
Operar sobre esa lógica implica aceptar que
la correspondencia que debe haber entre la solicitud protectiva de garantías iusfundamentales
y el supuesto vulnerador de estas últimas, tiene como finalidad “impedir que
este mecanismo de defensa judicial se emplee como herramienta que premia la
desidia, negligencia o indiferencia de los actores, o se convierta en un factor
de inseguridad jurídica”[64].
Cuestión que, sin embargo, ha dicho la Corte,        debe evaluarse atendiendo
las especificidades de cada caso concreto                 y acorde con los
criterios de razonabilidad y
proporcionalidad[65].
3.4. Conforme con tal entendimiento, entonces, debe
declararse que, dado que la respuesta negativa de la Registraduría Nacional del
Estado Civil frente a la inscripción de la cédula de ciudadanía del actor data
del 28 de octubre de 2017, en el asunto objeto de revisión se encuentra
plenamente acreditado el presupuesto de inmediatez, toda vez que el recurso de
amparo constitucional fue promovido el 29 de enero de 2018 por el señor Jaime Humberto Uscátegui Ramírez, Brigadier
General en retiro del Ejército Nacional, como mecanismo transitorio para evitar
la configuración de un daño o menoscabo de carácter grave e irreparable,
expresado materialmente en la inhabilitación de sus derechos políticos para
participar de manera activa como sufragante                en las elecciones
para Congreso de la República, previstas para el 11 de marzo de ese mismo año.
4.      Formulación del problema jurídico y
aspectos relevantes por tratar
4.1. Al hilo de lo expuesto en el acápite
de antecedentes de la presente providencia, concierne a la Sala Tercera de
Revisión determinar si,                 en efecto, la Registraduría Nacional del
Estado Civil vulneró los derechos constitucionales fundamentales a la igualdad y
a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político del
señor Jaime Humberto Uscátegui Ramírez, al no inscribir ni habilitar su cédula de
ciudadanía en el censo electoral respectivo para ejercer el derecho al sufragio
y participar en las elecciones para Congreso de la República llevadas a cabo el
11 de marzo de 2018, sin haber reparado en su condición de agente del Estado -miembro
de la Fuerza Pública- que se sometió al sistema normativo de la
Jurisdicción Especial para la Paz, que obtuvo el beneficio de la libertad
transitoria, condicionada y anticipada, y que ahora reclama un trato idéntico
al conferido   a los integrantes de la organización armada ilegal de las
FARC-EP que suscribieron el Acuerdo de Paz con el Gobierno Nacional.
4.2. Esta problemática, a primera vista,
impone a la Sala verificar el contenido del Acuerdo Final para la
Terminación del Conflicto y la Construcción          de una Paz Estable y
Duradera[66],
especialmente en lo relacionado con los puntos de discusión dos y cinco, alusivos
a la apertura de la participación política y al resarcimiento de las víctimas
mediante la creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No
Repetición. De igual forma, lleva a ahondar en el estudio del régimen de
condicionalidad y de los tratamientos penales especiales diferenciados en favor
de miembros de la Fuerza Pública, conforme a lo previsto en la Ley 1820 de
2016. Finalmente, identificados      los principales elementos allí
incorporados y puestos en contraste con la jurisprudencia constitucional pronunciada
en la materia, se dará respuesta        al cuestionamiento previamente
enunciado.
4.3. Con todo, antes de entrar a abordar la
temática propuesta, resulta necesario definir la procedencia de la acción de
tutela, a propósito de su índole subsidiaria frente a la existencia de otros
medios de defensa judicial ofrecidos en el ordenamiento jurídico y debido a su
utilización por parte del demandante como mecanismo de amparo transitorio, a
fin de precaver la eventual ocurrencia de un perjuicio irremediable.
4.4. Así mismo, deviene imprescindible relievar
el hecho de que la escogencia para revisión del proceso en cuestión por la Sala
de Selección de Tutelas Número Cuatro de 2018 aconteció con posterioridad a la
celebración de las elecciones parlamentarias que dieron lugar a la
interposición de la acción       de tutela por parte del señor Jaime Humberto
Uscátegui Ramírez; situación contextual objetiva que, por su vigencia y
vocación de actualidad, no obsta  para que desde una dimensión prospectiva se
adelante su examen con miras             a ilustrar una posible solución que
incida, en términos generales, frente a toda modalidad de comicios.
5.      El principio de subsidiariedad como
parámetro de procedibilidad   de la acción de tutela
5.1. Según lo ha venido reiterando esta
Corporación en innumerables pronunciamientos sobre la materia, la acción de
tutela fue concebida como     un instrumento de defensa judicial para la
efectiva protección de los derechos fundamentales al que la propia Carta
Política de 1991 atribuyó un carácter residual y subsidiario[67], por virtud del cual no
se admite su ejercicio como un mecanismo alternativo, adicional o
complementario de los previstos en la ley para garantizar los derechos de las
personas, pues con ella no se pretende sustituir los procesos ordinarios o
especiales, reabrir debates concluidos y mucho menos aún, desconocer las acciones
y recursos judiciales ínsitos dentro de los mismos para controvertir las
decisiones que se profieran[68].
5.2. Y es que tal atributo, claramente expresado en el
artículo 86 Superior, ha dicho la Corte, además de reconocer la naturaleza
preferente de los diversos mecanismos judiciales establecidos por la ley[69],
convirtiéndose en la regla general de resolución de los conflictos jurídicos
relacionados con derechos fundamentales, permite interpretar que el ejercicio
del recurso de amparo constitucional sólo es procedente de manera excepcional,
cuando no existan otros medios de protección a los que pueda acudir el
interesado afectado         en sus derechos, o aun existiendo éstos, se
compruebe su ineficacia en relación con el caso concreto o se interponga para precaver
la ocurrencia de un perjuicio irremediable. Sobre el particular, se ha puntualizado
que:
“(…) en cuanto el
ordenamiento jurídico cuenta con un sistema judicial             de protección
de los derechos constitucionales, incluyendo por supuesto los que tienen la
connotación de fundamentales, la procedencia excepcional de la tutela se
justifica en razón a la necesidad de preservar el orden regular                        de
competencias asignadas por la ley a las distintas autoridades jurisdiccionales,
buscando con ello no solo impedir su paulatina desarticulación sino también
garantizar el principio de seguridad jurídica”[70].
5.3. Esto
último, explica que en la jurisprudencia constitucional se haya declarado, en
forma categórica y uniforme, que los conflictos jurídicos          que tengan
como fundamento la vulneración de derechos fundamentales deben ser solventados,
en principio, por las vías ordinarias y, solo ante la ausencia de dichas vías o
cuando aquellas no sean eficaces o idóneas para abordar el caso concreto o para
conjurar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, es procedente acudir
directamente a la acción de amparo constitucional.
5.4.
No en vano, y como respuesta a la mencionada nota distintiva que subyace en la acción
de tutela, se radica en cabeza del interesado la obligación de desplegar todo
su actuar encaminado a activar los medios ordinarios de defensa consagrados en el
ordenamiento jurídico para la protección de sus derechos fundamentales. Tal
imperativo constitucional pone de relieve que, para impetrar el amparo de una
prerrogativa de raigambre superior, quien reivindica esa pretensión ha de
proceder con diligencia en los procesos y procedimientos ordinarios;
entendiendo, de suyo, que la falta injustificada de agotamiento      de los
recursos legales disponibles o, incluso, su ejercicio negligente o inadecuado,
deviene en la improcedencia del aludido recurso protectivo.
5.5.
Justamente, sobre el particular, ha destacado la Corte, que si existiendo     el
medio judicial de defensa, el demandante deja de recurrir a él y, además,
pudiendo evitarlo, permite que este caduque, no podrá ulteriormente incoar la
acción de tutela en procura de obtener la justiciabilidad de un derecho
fundamental. De ahí que dicho instrumento no pueda hacerse valer ni siquiera
como mecanismo transitorio de protección, pues tal modalidad procesal se
encuentra sujeta a que se haya puesto en marcha un dispositivo judicial
ordinario en cuyo trámite se resuelva definitivamente acerca de la violación iusfundamental
y a la diligencia del actor para hacer uso oportuno del mismo[71].
5.6.
El panorama esbozado encuentra pleno respaldo en el artículo 6º             del
Decreto 2591 de 1991, el cual, al referirse a las causales de improcedencia de
la acción de tutela, señala expresamente que la existencia de otros medios de
defensa judicial tendrá que ser apreciada “en concreto”, atendiendo al
grado de idoneidad y efectividad material -y no meramente formal- del mecanismo
judicial para hacer frente a las específicas circunstancias en que se encuentre
el solicitante, al momento de invocar la protección del derecho presuntamente
conculcado[72].
5.7.
Sobre esa base, será el juez
constitucional, entonces, en cada asunto específico, el que determine cuándo
ese medio judicial preferente es ineficaz    o no es lo suficientemente
expedito para prodigar una protección inmediata, eventos en los que la acción
de amparo emerge como mecanismo directo de protección[73].
6.      Improcedencia de la acción de
tutela en el presente caso
6.1.   El accionante
cuenta con otro mecanismo de defensa judicial para reclamar la protección de
sus derechos
6.1.1. Como quedó establecido en precedencia,
el señor Jaime Humberto Uscátegui Ramírez, Brigadier General en retiro del
Ejército Nacional,     entabló acción de tutela contra la Registraduría
Nacional del Estado Civil, arguyendo la vulneración de sus derechos
fundamentales a la igualdad y a participar en la conformación, ejercicio y
control del poder político,              por no haber sido inscrito su documento
de identidad en el censo electoral correspondiente para ejercer el derecho al
voto en las elecciones legislativas celebradas el 11 de marzo de 2018, a pesar
de que previamente había suscrito un acta formal de sometimiento y puesta a
disposición ante la Jurisdicción Especial para la Paz, en circunstancias similares
a los integrantes de las  FARC-EP que firmaron el Acuerdo Final de Paz con el
Gobierno Nacional.
En concreto, el actor solicita al juez
constitucional que le ordene a la entidad demandada modificar la decisión de
inhabilitación de derechos y funciones públicas que le impide votar, elegir y
ser elegido, e intervenir activamente      en política, con el propósito de “inscribir
su cédula de ciudadanía en el censo electoral y participar efectivamente en las
elecciones del año 2018, al igual que las otras personas que están siendo
juzgadas por la Jurisdicción Especial para la Paz”.
6.1.2. En la práctica, sin embargo, lo que el
reclamante verdaderamente pretende con el recurso de amparo es obtener la rehabilitación
inmediata en la interdicción de derechos y funciones públicas que se le impuso por
el término de 10 años como pena accesoria al haber sido hallado penalmente
responsable, a título de coautor -comisión por omisión- y en atención a su
posición de garante institucional como miembro de la Fuerza Pública, de los
delitos          de homicidio agravado en concurso homogéneo sucesivo y en
concurso heterogéneo con secuestro agravado, por virtud de los cuales fue
condenado     a las penas principales de 37 años de prisión y una multa de
$10.000.000 millones de pesos.
6.1.3. Bajo el anterior supuesto, conviene
empezar por señalar que, con motivo de la suscripción del Acuerdo Final para
la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera el
24 de noviembre de 2016  entre el Gobierno Nacional y el grupo armado ilegal FARC-EP,
se dio paso      a un contexto de justicia transicional que derivó en la
expedición del Acto Legislativo 01 de 2016[74],
por medio del cual se consagró el procedimiento legislativo especial para la
paz como un instrumento jurídico, excepcional y transitorio, dirigido a
impulsar la producción de actos legislativos, leyes           y decretos con
fuerza de ley que agilizaran y garantizaran su implementación y desarrollo
normativo.
6.1.4. Fue así como terminó promulgándose el
Acto Legislativo 01 del 4 de abril de 2017[75], en el que se creó una nueva
institucionalidad estructurada       en torno al Sistema Integral de Verdad, Justicia,
Reparación y No Repetición            -SIVJRNR-[76], del cual hace parte la
Jurisdicción Especial para la Paz[77]
como el componente de justicia encargado de conocer, “de manera preferente sobre
todas las demás jurisdicciones y de forma exclusiva de las conductas cometidas con
anterioridad al 1º de diciembre de 2016, por causa, con ocasión o en relación
directa o indirecta con el conflicto armado, por quienes participaron en el
mismo, en especial respecto a conductas consideradas graves infracciones al
Derecho Internacional Humanitario o graves violaciones de los Derechos Humanos”[78].
6.1.5. En este sentido, las reglas que
gobiernan dicho componente del sistema transicional como servicio público
esencial que es[79],
habrán de ser aplicadas tanto a los combatientes de los grupos armados al
margen de la ley que suscriban el Acuerdo Final de Paz con el Gobierno
Nacional, como a los agentes del Estado que hubieren cometido delitos
relacionados con el conflicto armado y con ocasión de este, estableciéndose, respecto
de los últimos,          un mandato de aplicación diferenciada por vía
de un “tratamiento equitativo, equilibrado, simultáneo y simétrico”[80], con
enfoque primordial en los miembros de la Fuerza Pública[81].
6.1.6. Al efecto, vale traer a colación la
Ley 1820 del 30 de diciembre de 2016[82],
una de las preceptivas de mayor trascendencia para la implementación del
Acuerdo Final, por brindar las condiciones necesarias para la iniciación    de
un proceso de concentración y de dejación de armas[83], pues en ella no
solamente se reglamentaron las amnistías e indultos por delitos políticos           y
los delitos conexos, sino que también se adoptaron los llamados tratamientos
penales especiales diferenciados para agentes del Estado que hayan sido
condenados, procesados o señalados de cometer conductas punibles por causa, con
ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado[84].
Específicamente y por interesar a esta
causa, el Título IV del Capítulo III de la referida ley, en sus artículos 51 a
55, estableció el régimen de “libertad transitoria, condicionada y
anticipada” como un beneficio propio del Sistema Integral de Verdad,
Justicia, Reparación y No Repetición aplicable a miembros de la Fuerza Pública
que estén detenidos o condenados y manifiesten o acepten su sometimiento a la Sala
de Definición de Situaciones Jurídicas -SDSJ-        de la Jurisdicción
Especial para la Paz, con el fin de acogerse al mecanismo de la renuncia a la
persecución penal[85].
6.1.7. Será la anotada Sala, entonces, dada
su calidad de órgano constitutivo      de la Jurisdicción Especial para la Paz y
ante la suscripción previa de un acta de compromiso de sometimiento al sistema[86], la instancia
competente para   recibir las actuaciones respectivas, asumir el conocimiento del
asunto, efectuar las comunicaciones a que haya lugar y resolver, con base en
los principios      de integralidad[87],
prevalencia[88],
favorabilidad[89]
e inescindibilidad[90],
sobre la eventual concesión de los diferentes mecanismos de tratamiento penal especial
diferenciado para agentes del Estado, en concordancia con lo previsto en los
artículos 28 y 44 ejusdem[91],
así como frente a las condiciones de supervisión  de aquellos que hubieran sido
otorgados[92].
Ello, sin perjuicio de que,               en un principio, la potestad de
verificación del cumplimiento de los requisitos para la libertad transitoria,
condicionada y anticipada o la privación de la libertad en unidad militar o policial
de los miembros de la Fuerza Pública[93],
haya sido atribuida, por excepción, al ámbito de competencias del Secretario
Ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz, mientras se activaba la nueva
institucionalidad del componente judicial del Sistema Integral de Verdad,
Reparación y No Repetición, articulada en el Acto Legislativo 01 de 2017[94].
6.1.8. Conforme a las breves precisiones
que anteceden y teniendo en cuenta que la Jurisdicción Especial para la Paz entró
efectivamente en funcionamiento el 15 de enero de 2018, para efectos de la
determinación de los plazos de conclusión de sus atribuciones, iniciando la
atención al público el 15 de marzo siguiente[95],
queda en evidencia que el señor Jaime Humberto Uscátegui Ramírez, como ya se
había dejado por sentado en el capítulo correspondiente   a la legitimación en
la causa por activa y por pasiva, al haberse acogido en condición de miembro de
la Fuerza Pública al sistema normativo de la JEP, adquirió la calidad de persona
compareciente[96]
y, en función de esa cualificación procesal, bien puede afirmarse que puede acudir
directamente ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas con el
objeto de solicitarle, en el marco del trámite de definición de su situación
jurídica, que se pronuncie sobre su pretensión de suspensión del componente
sancionatorio relativo a la interdicción de derechos y funciones públicas que
le fue impuesta como pena accesoria en sede de la justicia penal ordinaria por
el término de 10 años, habida cuenta de la comisión por omisión de los delitos
de homicidio agravado en concurso homogéneo sucesivo y en concurso heterogéneo
con secuestro agravado[97].
Incluso, de juzgarlo pertinente, puede interponer
los recursos de reposición y en subsidio de apelación contra la resolución que
emita la precitada Sala, acorde con los lineamientos formulados en los
artículos 49 de la Ley 1820 de 2016[98],
12 y siguientes de la Ley 1922 de 2018[99]
y 144 de la Ley 1957 de 2019[100].
6.1.9. Esta comprensión, desde luego, tiene
asidero en la garantía del juez natural como componente esencial del
derecho al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Carta Política, revalida
el fuero de atracción o factor de competencia obligatoria y prevalente del
modelo de justicia transicional dispuesto en el artículo transitorio 6º del
Acto Legislativo 01 de 2017[101]
y pone el acento en la circunstancia de que el Brigadier General en retiro (i)
suscribió, el 29 de marzo de 2017, un acta formal de compromiso de sometimiento
a la Jurisdicción Especial para la Paz en calidad de miembro de la Fuerza
Pública ante el Secretario Ejecutivo Transitorio y (ii) se
comprometió, apenas como comenzara a operar el Sistema Integral de Verdad,
Justicia, Reparación y No Repetición, a contribuir a la verdad, a la no
repetición, a la reparación inmaterial de las víctimas y a atender los demás
requerimientos de los órganos que lo conforman.
6.1.10. Indefectible resulta pues, de lo analizado,
deducir que el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia,
Reparación y No Repetición    -SIVJRNR- cuenta con órganos y recursos internos
idóneos y específicos          -mecanismos de defensa judicial- a los
cuales puede recurrirse para cuestionar los alcances, límites y efectos de los
beneficios jurídico-penales que se otorgan a quienes comparecen a la
Jurisdicción Especial para la Paz, incluyendo las condiciones y criterios de
acceso, permanencia y renuncia a los tratamientos penales especiales diferenciados
para miembros de la Fuerza Pública. Por manera que, al poderse adelantar una
actuación o procedimiento ante la Jurisdicción Especial para la Paz con todas
las formalidades y garantías,          el debate del presente asunto escapa al resorte
competencial propio de la acción de tutela, el cual está marcado por la
informalidad y la subsidiariedad.
6.1.11.
Por ello, y entendiendo que existen otros mecanismos que son considerados aptos
para ventilar la controversia aquí planteada, en donde         el actor puede
desplegar más ampliamente las diferentes prerrogativas de índole sustancial y procesal,
encaminadas a demostrar el supuesto de hecho de las normas cuyo efecto jurídico
persigue, esta Sala de Revisión considera           que no es el recurso de amparo constitucional el
escenario adecuado para el estudio de fondo del problema jurídico planteado por
el señor Jaime Humberto Uscátegui Ramírez.
6.1.12. En efecto, la vía jurisdiccional con la que
cuenta el demandante se considera idónea y eficaz para resolver la controversia
planteada, comoquiera que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas
de la Jurisdicción Especial para la Paz, una vez que se ha manifestado o
aceptado el sometimiento a esta jurisdicción, tiene a su cargo el puntual conocimiento,
la tramitación y el examen integral de las solicitudes relacionadas con la
aplicación del beneficio propio de la libertad transitoria, condicionada y
anticipada para agentes         del Estado en su calidad de comparecientes, de
conformidad con los artículos transitorios 5º, 6º y 21º del Acto Legislativo 01
de 2017, así como 2, 9, 44, 51, 52, 53 y 54 de la Ley 1820 de 2016.
Pero, igualmente, porque desde una perspectiva de
análisis mucho más amplia, no debe perderse de vista que la situación jurídica
del miembro de la Fuerza Pública se encuentra a la espera de ser resuelta de
fondo, es decir,                   no solo en relación con la pena accesoria
decretada en su contra, cuya eventual interrupción fue la que motivó el
ejercicio de la acción de tutela que aquí        se revisa, sino también frente
a los restantes componentes constitutivos de su condena, el potencial acceso a otros
beneficios penales consagrados             para agentes del Estado y su responsabilidad
como compareciente ante la Jurisdicción Especial para la Paz y los demás órganos
del Sistema Integral      de
Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición -SIVJRNR-.
6.2.   Inexistencia de un perjuicio irremediable
6.2.1. En la línea del examen que se realiza, debido a
las precisas características que informan a la acción de tutela, queda por
precisar si, aun cuando para resolver el presente asunto se advierte la existencia
de otros medios defensa judicial para lograr la protección de los derechos
fundamentales que el actor presume vulnerados, debe la Sala pronunciarse sobre
la solicitud de protección transitoria para precaver la ocurrencia de un
perjuicio irremediable.
6.2.2. Sea lo primero resaltar, que no en pocos
pronunciamientos en sede        de control concreto de constitucionalidad, esta
Corporación ha aceptado la posibilidad de dar trámite a una petición de tutela
como mecanismo transitorio, siempre que, por una parte, se acredite que es
inminente un menoscabo irreparable para el derecho fundamental y, por otra, que
existe un mecanismo de defensa judicial al que puede acudirse para decidir, con
carácter definitivo, la controversia suscitada con motivo de la interposición
de la acción de tutela[102].
6.2.3. A propósito del concepto de perjuicio irremediable
que ha sido adoptado en la jurisprudencia de esta Corte, se ha establecido que
este consiste en el riesgo inminente que se produce de manera cierta y evidente
sobre un derecho fundamental, que de ocurrir, no otorga forma alguna de reparar
el daño[103].
Partiendo de tal definición, la jurisprudencia se ha
encargado de delinear      una serie de criterios a partir de los cuales debe
evaluarse si, efectivamente, en un caso concreto, se está ante la presencia de
un perjuicio irremediable que habilite la procedencia transitoria del mecanismo
de amparo constitucional. Tales presupuestos aluden a que el perjuicio es aquel
(i) que se produce          de manera cierta y evidente sobre un derecho
fundamental; (ii) que el daño es inminente; (iii) que de ocurrir
no existiría forma de reparar el daño producido; (iv) que resulta
urgente la medida de protección para que el sujeto supere         la condición
de amenaza en la que se encuentra; y (v) que la gravedad             de
los hechos es de tal magnitud que hace evidente la impostergabilidad de la acción
de tutela como mecanismo necesario para la protección inmediata        de los
derechos constitucionales fundamentales[104].
Desde sus albores, la propia Corte se ha orientado por
definir los elementos conceptuales representativos de la figura en mención, en
los siguientes términos:
“A). El perjuicio ha de ser inminente: que
amenaza o está por suceder prontamente. Con lo anterior se diferencia de la
expectativa ante un posible daño o menoscabo, porque hay evidencias fácticas de
su presencia real en un corto lapso, que justifica las medidas prudentes y
oportunas para evitar algo probable y no una mera conjetura hipotética. Se
puede afirmar que, bajo cierto aspecto,   lo inminente puede catalogarse dentro
de la estructura fáctica, aunque no necesariamente consumada. Lo inminente,
pues, desarrolla la operación natural de las cosas, que tienden hacia un
resultado cierto, a no ser que oportunamente se contenga el proceso iniciado. Hay
inminencias que son incontenibles: cuando es imposible detener el proceso
iniciado. Pero hay otras que, con el adecuado empleo de medios en el momento
oportuno, pueden evitar el desenlace efectivo. En los casos en que, por
ejemplo, se puede hacer cesar la causa inmediata del efecto continuado, es
cuando vemos que desapareciendo una causa perturbadora se desvanece el efecto. Luego
siempre hay que mirar la causa que está produciendo la inminencia.
B). Las medidas que se requieren para
conjurar el perjuicio irremediable han de ser urgentes, es decir, como calidad
de urgir, en el sentido de que hay que instar o precisar una cosa a su pronta
ejecución o remedio tal como lo define el Diccionario de la Real Academia. Es
apenas una adecuación entre la inminencia y la respectiva actuación: si la
primera hace relación a la prontitud del evento que está por realizarse, la
segunda alude a su respuesta proporcionada              en la prontitud. Pero
además la urgencia se refiere a la precisión con que se ejecuta la medida, de
ahí la necesidad de ajustarse a las circunstancias particulares. Con lo
expuesto se verifica cómo la precisión y la prontitud señalan la oportunidad de
la urgencia.
C). No basta cualquier perjuicio, se
requiere que éste sea grave, lo que equivale  a la gran intensidad del daño o
menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona. La gravedad
obliga a basarse en la importancia que el orden jurídico concede a determinados
bienes bajo su protección, de manera que la amenaza a uno de ellos es motivo de
actuación oportuna y diligente por parte de las autoridades públicas. Luego no
se trata de cualquier tipo de irreparabilidad, sino sólo de aquella que recae
sobre un bien de gran significación                   para la persona,
objetivamente. Y se anota la objetividad, por cuanto la gravedad debe ser
determinada o determinable, so pena de caer en la indefinición jurídica, a
todas luces inconvenientes.
D). La urgencia y la gravedad determinan
que la acción de tutela sea impostergable, ya que tiene que ser adecuada para
restablecer el orden social justo en toda su integridad. Si hay postergabilidad
de la acción, ésta corre el riesgo de ser ineficaz por inoportuna. Se requiere
una acción en el momento      de la inminencia, no cuando ya haya desenlace con
efectos antijurídicos. Se trata del sentido de precisión y exactitud de la
medida, fundamento próximo de la eficacia de la actuación de las autoridades
públicas en la conservación y restablecimiento de los derechos y garantías
básicos para el equilibrio social.”[105]
6.2.4. Pues bien, las consideraciones acabadas de
enunciar ponen de manifiesto, en criterio de la Sala de Revisión que, en cuanto
hace al caso concreto,  tampoco por la vía del perjuicio irremediable es
posible la procedencia, siquiera transitoria, de la acción de tutela entablada
por el señor Jaime Humberto Uscátegui Ramírez, al menos por los siguientes
argumentos justificativos que pasan a exponerse:
(i)
En primer lugar, tal y como pudo establecerse en el trámite de revisión      del
presente asunto, el tutelante, en su calidad de beneficiario del régimen de
libertad transitoria, condicionada y anticipada otorgado desde el 5 de mayo
de 2017, no ha radicado, a la fecha de entrada en funcionamiento de la nueva
institucionalidad del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No
Repetición -SIVJRNR-, ningún tipo de solicitud relacionada con la suspensión de
la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas que le fue
impuesta por la justicia ordinaria ante la Sala de Definición de Situaciones
Jurídicas, órgano de la Jurisdicción Especial para la Paz encargado
de la verificación y seguimiento de las condiciones de acceso y permanencia de
los tratamientos penales especiales diferenciados para miembros de la Fuerza
Pública.
(ii)
En segundo lugar, interesa recordar que, con motivo del proceso penal ordinario
seguido en contra del Brigadier General por los hechos públicamente conocidos
como “la masacre de Mapiripán”, este fue condenado a la pena accesoria
de inhabilitación para el ejercicio de sus derechos y funciones públicas por el
término de 10 años, la cual se empezó a contabilizar con la ejecutoria de la
providencia de segunda instancia, esto es, a partir                   del 17 de
junio de 2014, lo que implica que la misma se encuentra vigente y que, en
principio, para que opere su rehabilitación ipso-iure[106], debe agotarse    el
plazo de tiempo por el cual se dispuso dicha medida correctiva, salvo que una
vez repartido el caso concreto a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas
y en cumplimiento de la vigilancia del régimen de condicionalidad     o de las
actuaciones surtidas frente a los demás órganos del sistema de justicia
transicional, se adopte una determinación distinta.
(iii) En tercer lugar, resulta imprescindible anotar que la concesión del
tratamiento penal especial diferenciado de libertad transitoria, condicionada y
anticipada en favor del señor Jaime Humberto Uscátegui Ramírez, en calidad de miembro
de la Fuerza Pública y por ser destinatario de la Jurisdicción Especial para la
Paz, además de no resolver su situación jurídica de manera definitiva[107], se halla sujeta a un
esquema de incentivos condicionados a la contribución efectiva a la
verdad y a la reparación de las víctimas.
Precisamente, en la Sentencia C-674 de 2017[108], por medio de la cual
esta Corporación examinó la constitucionalidad del Acto Legislativo 01 de 2017 “por medio del cual se crea un título de disposiciones
transitorias de la Constitución para la terminación del conflicto armado y la
construcción        de una paz estable y duradera y se dictan otras
disposiciones”[109], se explicó que la existencia de un régimen de
condicionalidades obedecía a la necesidad de permitir la flexibilización en los
estándares regulares y ordinarios de justicia, pero sobre la base de que este elemento
estructural del modelo transicional obtuviera, como contrapartida, una ganancia
en términos de acceso a la verdad, a la reparación integral a las víctimas, y a
la implementación de garantías de no repetición.
Así,
esta lógica se traduce en una regla de condicionalidad, en
virtud               de la cual el acceso y el mantenimiento de todos los
componentes del régimen penal especial para el escenario transicional, se
encuentran supeditados, a la luz de los principios de gradualidad y
proporcionalidad, a la contribución efectiva respecto de los componentes
descritos en el párrafo anterior[110].
En consonancia con esta orientación, el artículo 6 de la Ley 1820 de 2016
prevé que las amnistías, indultos y tratamientos penales especiales son medidas
del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que
tienen como fines esenciales: (i) facilitar la terminación del conflicto
armado interno; (ii) contribuir al logro de la paz estable y duradera,
con garantías de no repetición; (iii) adoptar decisiones que otorguen
seguridad jurídica; y (iv) satisfacer los derechos de las víctimas; y (v)
asegurar que “los distintos componentes y medidas del Sistema Integral están
interconectados a través de mecanismos, garantías, requisitos para acceder y
mantener los tratamientos especiales de justicia en la Jurisdicción Especial
para la Paz”.
Por consiguiente, tal y como lo precisó en su momento el
Presidente               de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de
la Jurisdicción Especial para la Paz en su respuesta al requerimiento judicial
que se realizó por parte   de esta Corporación, el reconocimiento del beneficio
de libertad transitoria, condicionada y anticipada al señor Jaime Humberto
Uscátegui Ramírez, no tiene la virtualidad de afectar las penas principales ni
accesorias que se hayan decretado por la justicia penal ordinaria, debido a que
aquellas serán objeto    de escrutinio en el marco de los procedimientos específicos
previstos por las autoridades competentes de la justicia transicional.
(iv)
En cuarto lugar, aunque los agentes del Estado que cometieron delitos durante
el conflicto armado se encuentran en una situación de hecho semejante a los otros
beneficiarios de la Ley 1820 de 2016, es de resaltar que aquella atañe,
exclusivamente, a la comisión de tales conductas, pues su situación contextual
es distinta en la medida en que, por ejemplo, los miembros             de la
Fuerza Pública tienen la función de ejercer el monopolio legítimo de las armas y
son, por lo tanto, garantes de los derechos fundamentales y de la
institucionalidad en general; mientras los integrantes del grupo
armado            al margen de la ley se hallaban, por definición, al margen del
régimen constitucional, de modo que carecían de estas condiciones especiales.
De ahí que en la Sentencia C-007 de 2018[111], mediante la cual se
efectuó el control automático y definitivo de la citada disposición normativa,
se haya concluido que “los adjetivos diferenciado, simétrico, equitativo, equilibrado y
simultáneo, que marcan la relación de analogía/especificidad entre los
beneficios del grupo rebelde y los de los agentes estatales, eran elementos
esenciales para la comprensión, interpretación y aplicación de las normas allí
contenidas”. Se trata,
entonces, de elementos de razonabilidad que permiten explicar la diferencia de
trato entre dos grupos que se encuentran en situaciones parcialmente distintas
y merecen, por lo tanto, un trato distinto en algunos aspectos, pero que, al
compartir la condición de participantes del conflicto, también requieren que su
situación se regule en un solo ordenamiento normativo.
En términos generales, debe asumirse, prima facie,
que los agentes del Estado que incurrieron en conductas tipificadas
relacionadas con el conflicto armado no se encontraban en rebelión, ni estaban
cometiendo ninguno de los delitos políticos tipificados en el Código Penal. Por
ese motivo, se entiende que          la Ley 1820 de 2016 prevé las amnistías y
los indultos para miembros de las FARC-EP y, por vía de excepción, para
terceros que acudan voluntariamente al sistema, personas condenadas por hechos
ocurridos en disturbios públicos        o en el ejercicio de la protesta
social, y los llamados tratamientos penales especiales diferenciados
para miembros de la Fuerza Pública.
Bajo ese entendido, el tratamiento diferenciado para
los distintos actores del conflicto no tiene, per se, la capacidad de configurar
un desconocimiento       del principio y prerrogativa básica de la igualdad, en
tanto si bien es cierto    que se manifiestan similitudes entre los roles
desempeñados por los actores    en el conflicto, también lo es que existen
diferencias relevantes que exigen la adopción de medidas especializadas en el
marco de la administración              de justicia al interior de la
Jurisdicción Especial para la Paz[112].
(v)
En quinto y último lugar, y como resultado del planteamiento recién aducido, es
menester reseñar que la habilitación automática contenida en el parágrafo del artículo
transitorio 20º del Acto Legislativo 01 de 2017[113] para las personas que
han sido condenadas por cometer delitos en el marco del conflicto armado, sea
por la Jurisdicción Especial para la Paz o por la justicia ordinaria, para
reincorporarse en la vida pública, parece dirigirse única y exclusivamente a
favorecer a quienes pertenecieron a organizaciones rebeldes que hayan firmado
un acuerdo de paz con el Gobierno y no, como lo sostiene el actor en su
demanda, a los agentes del Estado que ostentan la calidad de miembros
de la Fuerza Pública.
Se trata, en esencia, de un beneficio, si se quiere,
de “efecto suspensivo” de las condenas impuestas por la justicia
ordinaria o por la disciplinaria en relación con delitos de competencia de la
Jurisdicción Especial para la Paz aplicable a los miembros de las FARC-EP u
otros grupos rebeldes que hayan firmado      un acuerdo de paz con el gobierno,
con la finalidad de generar una adecuada reincorporación y reintegración del
compareciente a la vida pública, esto es “el otorgamiento de garantías
mínimas para que este no solo se acoja en debida forma al sistema de justicia
transicional, sino que además cuente con la seguridad jurídica de que la
definición de su situación no se verá entorpecida por las lógicas y dinámicas
de la jurisdicción ordinaria, las cuales naturalmente buscan persecución y
retribución de los delitos cometidos y no necesariamente permiten garantizar la
lógica de la justicia restaurativa pensada para el funcionamiento de la JEP”[114].
Esta premisa implica que para el caso de comparecientes
a la Jurisdicción Especial para la Paz distintos a los ex combatientes del
grupo armado ilegal FARC-EP, como agentes del Estado, terceros o miembros de la
Fuerza Pública, el mencionado efecto suspensivo de las condenas no resultaría,
en principio, aplicable como beneficio derivado del tratamiento penal especial
diferenciado que les es propio[115],
en tanto esta figura, originalmente, se aleja del perfil            al cual
estos responden como actores del conflicto armado interno -por ejemplo, no
les asiste la obligación de dejación de armas correlativa al derecho a la
reincorporación a la vida civil y la participación en política-.
6.2.5. Es así como las recién señaladas circunstancias
fácticas y jurídicas,         a juicio de la Sala, descartan la presencia de
una situación de grave amenaza   de derechos iusfundamentales radicados en
cabeza del señor Jaime Humberto Uscátegui Ramírez que, precisamente, exijan la
adopción urgente de medidas de protección transitorias e impostergables, que a
su vez deban ser tomadas de forma inmediata por parte del juez constitucional.
6.2.6. De esta manera, en razón a que el actor no
logró demostrar la existencia de un perjuicio de carácter irreparable y tampoco
del análisis de los hechos es posible arribar a semejante conclusión, para esta
Sala no resulta factible conferir la protección tutelar impetrada y, en
consecuencia, habrá de revocar   el fallo proferido por el juez de primera y
única instancia que examinó el asunto de fondo para, en su lugar, declarar la
improcedencia de la acción de tutela.
V.      DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de Revisión
de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO.- REVOCAR la sentencia de primera y única instancia proferida
el 13 de febrero de 2018 por el Juzgado Octavo Penal para Adolescentes con
Función de Conocimiento de Bogotá, en la que se denegó la protección
constitucional solicitada y, en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE     la
acción de tutela promovida por Jaime Humberto Uscátegui Ramírez contra la Registraduría Nacional del Estado Civil, por las razones expuestas en esta
providencia.
SEGUNDO.- LÍBRESE la comunicación de que trata el artículo 36
del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Notifíquese,
comuníquese, cópiese, publíquese en la página web de la Corte Constitucional y
cúmplase.
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
Con salvamento de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
ANTONIO JOSÉ
LIZARAZO OCAMPO
A LA SENTENCIA T-341 DE 2019
ACCION DE TUTELA CONTRA
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL-Cumple el requisito de
subsidiariedad, por cuanto la Sala de Definición de
Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz carece de
competencia para decidir sobre el particular (Salvamento de voto)
Referencia: Expediente T-6.681.564
Magistrado
Ponente:
Luis
Guillermo Guerrero Pérez
Con
el debido respeto por las decisiones de la Sala, en el presente caso no estoy
de acuerdo con lo decidido en el sentido de declarar
improcedente la acción de
tutela promovida por Jaime Humberto Uscátegui Ramírez contra la Registraduría Nacional del Estado Civil con el argumento de que el demandante cuenta con otro mecanismo de
defensa judicial para reclamar la protección de sus derechos fundamentales,
específicamente el de acudir directamente a la Sala de Definición de
Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz a fin de
solicitar, en el marco del trámite de definición de su situación jurídica, que
se pronuncie en relación con su pretensión de suspensión o rehabilitación inmediata en
la interdicción de derechos y funciones públicas que le fue impuesta como pena
accesoria por el término de 10 años, por la justicia penal ordinaria.
En mi criterio, la Sala de Definición de
Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz carece de
competencia para decidir sobre el particular, por las razones que enseguida
indicaré, por lo que el actor no dispone de otro medio de defensa judicial y,
en consecuencia, en los términos del inciso tercero del artículo 86 de la
Constitución, la tutela resulta ser el único mecanismo judicial de protección
del derecho que el actor estima vulnerado:
(i) porque la libertad transitoria, condicionada
y anticipada que se le otorgó al demandante con fundamento en la Ley
1820 de 2016, no implica la suspensión de la pena accesoria de interdicción de
derechos y funciones públicas.
(ii) porque el Acto Legislativo 01 de 2017
reguló íntegramente el régimen de inhabilidades como tratamiento especial de
justicia aplicable a quienes se someten a la JEP, y dicho régimen no contempla
la suspensión de las condenas ni de las penas accesorias a los agentes del
Estado miembros de la fuerza pública que se someten a la jurisdicción especial.
Sobre el particular se dejó claro en la
Sentencia C-674 de 2017 que el efecto suspensivo de las condenas para efectos
de reincorporación, prevista en el parágrafo del artículo transitorio 20, sólo
se aplica a los integrantes de las FARC-EP, organización rebelde que suscribió
el Acuerdo de Paz con el Gobierno:
“(….)
el efecto suspensivo de las condenas para efectos de reincorporación, prevista
en el parágrafo del artículo transitorio 20, hace referencia a la suspensión –a
partir de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2017–, de los
efectos de las condenas que se hubieren impuesto por la justicia ordinaria o
disciplinaria a los integrantes de las FARC-EP, organización rebelde que
suscribió el Acuerdo de Paz con el Gobierno, por los delitos de competencia del
Tribunal para la Paz, para todos los efectos de la reincorporación a la vida
económica, social y política. Constituye, en consecuencia, suspensión
temporal de las inhabilidades impuestas como penas accesorias en las
respectivas providencias, así como de las inhabilidades constitucionales y
legales derivadas de las condenas penales y de las sanciones disciplinarias,
entre ellas las inhabilidades para ser elegido, acceder al desempeño de
funciones públicas y contratar con el Estado, hasta que dichas condenas sean
tratadas por la Jurisdicción Especial para la Paz, de conformidad con su
competencia”.
Adicionalmente, en la Sentencia C-080 de 2018, se precisó el régimen
aplicable a los agentes del Estado miembros de la fuerza pública con fundamento
en el parágrafo del artículo 122 de la Constitución, en los siguientes
términos:
“(….)
el artículo transitorio 20 regula, en desarrollo del Acuerdo Final
suscrito entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional: (i) los efectos, en materia
de inhabilidades, de las sanciones que imponga la JEP a todos los que se
sometan a su jurisdicción, y (ii) la suspensión de las inhabilidades
derivadas de las condenas penales, sanciones disciplinarias y fiscales,
impuestas antes de la Firma del Acuerdo Final, respecto de los miembros de las
FARC-EP que suscribieron dicho Acuerdo.
El
parágrafo del artículo 122 de la Constitución, por su parte, dispone igualmente
la suspensión de las inhabilidades derivadas de las condenas por delitos
cometidos por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el
conflicto armado. Esta regla no resulta aplicable a los miembros de las FARC-EP
que suscribieron el Acuerdo Final, por cuanto su situación sobre el particular
se rige por el parágrafo del artículo transitorio 20, el cual constituye para
ellos regla especial derivada del Acuerdo Final, en el cual se acordó
expresamente dicho tratamiento en materia de inhabilidades. Así las cosas, el
parágrafo del artículo 122 de la Constitución, regla transitoria aplicable al
actual proceso de justicia transicional, regula situaciones no previstas en el
artículo transitorio 20, razón por la que ha de entenderse aplicable a
los miembros de las FARC-EP que se hubieren desmovilizado individualmente, a
los miembros de la fuerza pública y a quienes llegaren a suscribir
acuerdos de paz y de sometimiento a la JEP, siempre que cumplan las siguientes
condiciones: (i) en relación con los desmovilizados individualmente, que hayan
dejado las armas, se hayan acogido a la Jurisdicción Especial para la Paz y no
hayan sido condenados por delitos dolosos posteriores a su desmovilización,
(ii) en relación con los miembros de la fuerza pública, que se sometan a la
Jurisdicción Especial para la Paz, y (iii) en relación con los miembros de los
grupos armados organizados al margen de la ley que llegaren a suscribir un
acuerdo de paz con el Gobierno, que hayan dejado las armas, se hayan acogido a
la Jurisdicción Especial para la Paz en los términos del Acto Legislativo 01 de
2017 y no sean condenados por delitos dolosos posteriores al acuerdo de paz o a
su desmovilización.
Conforme
a dicha disposición, los desmovilizados individualmente antes de la firma del
Acuerdo y los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley
que llegaren a suscribir un acuerdo de paz con el Gobierno, estarán habilitados
para ser designados como empleados públicos o trabajadores oficiales, y para
celebrar personalmente o por interpuesta persona contratos con el Estado,
cuando no estén efectivamente privados de su libertad, bien sea de manera
preventiva o en cumplimiento de la condena que les hubiere sido impuesta por la
justicia ordinaria por delitos de competencia de la JEP. Igualmente estarán
habilitados para el ejercicio de su profesión, arte u oficio. Los
miembros de la fuerza pública podrán ser empleados públicos, trabajadores
oficiales o contratistas del Estado, cuando no estén efectivamente privados de
su libertad, bien sea de manera preventiva o en cumplimiento de la sanción que
les haya sido impuesta, sin perjuicio de la prohibición de reincorporación al
servicio activo prevista en la Ley 1820 de 2016 por las situaciones en
ella señaladas.
En todo caso, los responsables de graves violaciones a los derechos
humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, incluyendo
crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio, “no podrán hacer
parte de ningún organismo de seguridad, defensa del Estado, Rama Judicial ni
órganos de control”
(inc. 3º del par. del art. 122 C.P.), excepto la participación de los ex
integrantes de las FARC-EP en los mecanismos de seguridad para el ejercicio de
la política, prevista en el Acuerdo Final.
En consecuencia, de conformidad con lo
dispuesto en el parágrafo del artículo 122 de la Constitución, la acción de
tutela de la referencia debe ser negada, entre otros, con los argumentos
expuestos en el acápite denominado inexistencia de un perjuicio
irremediable, particularmente, en los numerales II, III, IV y V.
Una vez que la sentencia que le fue
impuesta al accionante sea revisada por la Jurisdicción Especial, se aplicarán
al accionante los efectos, en materia de inhabilidades, de las sanciones que
imponga la JEP a todos los que se sometan a su jurisdicción y, a partir de
dicha revisión, el accionante recuperará el ejercicio pleno de la ciudadanía.
Por las razones expuestas, salvo el voto.
Fecha ut supra,
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
[1] La relación de hechos que aquí se despliega comprende,
además del contenido específico del escrito demandatorio, algunos aspectos
objeto de reseña en las sentencias del Juzgado Veintiuno de Ejecución de Penas
y Medidas de Seguridad de Bogotá del 5 de mayo de 2017 y del Tribunal Superior
de Bogotá                   -Sala Penal- del 19 de enero de 2018, expedidas con
motivo de la solicitud de aplicación del beneficio             de libertad transitoria,
condicionada y anticipada del sentenciado Brigadier General Jaime Humberto Uscátegui
Ramírez, efectuada el 30 de marzo de 2017 por el Secretario Ejecutivo
Transitorio de la Jurisdicción Especial para la Paz, en cumplimiento de los
artículos 52 y 57 de la Ley 1820 de 2016.
[2] Previa resolución de acusación dictada el 10 de
marzo de 2003 por la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General
de la Nación en contra del Brigadier General Jaime Humberto Uscátegui Ramírez,
en calidad de autor, por omisión impropia, de los punibles de homicidio
agravado y secuestro agravado, así como determinador del delito de falsedad
ideológica en documento público.
[3] Ver acápite de antecedentes de la sentencia SP
7135-2014 (Radicación 35113) pronunciada el 5 de junio      de 2014 por la
Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Penal-, M.P. Eugenio Fernández
Carlier.
[4] Ver relación de actuaciones procesales
impulsadas con ocasión de la investigación penal surtida en contra    de varios
miembros del Ejército Nacional, entre los que se encuentra el Brigadier General
Jaime Humberto Uscátegui Ramírez, en folios 64 a 67 del cuaderno No. 1 del
expediente.
[5] Al decidir sobre la admisibilidad de la demanda
de casación promovida por la defensa del procesado, la Corte Suprema de
Justicia -Sala de Casación Penal-, en Auto del 1º de noviembre de 2011 (M.P.
Fernando Alberto Castro Caballero -Acta No. 388-) decretó la prescripción de la
acción penal respecto del delito de falsedad material de servidor oficial en
documento público y, por consiguiente, ordenó su extinción a favor del Brigadier
General Jaime Humberto Uscátegui Ramírez, redosificándose su pena en 37 años de
prisión. Consultar            la página web: https://www.procuraduria.gov.co/relatoria/media/file/flas_juridico/260_CSJ-SP-P-35113(01-11-11).pdf.
[6] Ejecutoriado a partir del 17 de junio de 2014.
[7] Ver parte resolutiva de la sentencia adoptada
en sede de casación en folio 124 del cuaderno No. 1 del expediente.
[8] Ver acápite de la actuación procesal descrita
por el Juzgado Veintiuno de Ejecución de Penas y Medidas       de Seguridad de
Bogotá en folio 15 del cuaderno No. 1 del expediente.
[9] Previa solicitud de información a las
jurisdicciones penal ordinaria y penal militar, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 53 de la Ley 1820 de 2016.
[10] Ver certificación del Secretario Ejecutivo
Transitorio de la Jurisdicción Especial para la Paz sobre el cumplimiento de
los requisitos previstos en la Ley 1820 de 2016 por parte del Brigadier General
Jaime Humberto Uscátegui Ramírez para acceder a los tratamientos penales
especiales diferenciados aplicables a los miembros de la Fuerza Pública en
folio 57 del cuaderno No. 1 del expediente.
[11] Ver acta formal No. 300672 de compromiso de sometimiento
libre, voluntario y expreso a la Jurisdicción Especial para la Paz en folio 58 del
cuaderno No. 1 del expediente.
[12] Ver artículos 51 y 52 de la Ley 1820 de 2016.
[13] Si bien en un principio la vigilancia de la
ejecución de la pena correspondió al Juzgado Doce de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Bogotá, desde el 11 de julio de 2016, por virtud de lo
dispuesto                    en el Acuerdo CSBTA 16-472 del 21 de junio de
2016, emanado de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura,
es el Juzgado Veintiuno de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad el que
actualmente conoce del asunto.
[14] Ver folios 57 y 59 del cuaderno No. 1 del expediente.
[15] Autoridad a la que le correspondió ejercer
labores de supervisión sobre el Brigadier General favorecido     con la
libertad transitoria, condicionada y anticipada, atendiendo a lo establecido en
el artículo 54 de la Ley 1820 de 2016 y en el numeral tercero de la parte
resolutiva del fallo de primera instancia proferido por el Juzgado Veintiuno de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá. Ver folios 21 y 219 del
cuaderno No. 1 del expediente.
[16] Dicha manifestación o aceptación de
sometimiento se hizo ante el Secretario Ejecutivo Transitorio               de
la Jurisdicción Especial para la Paz, ya que hasta esa fecha no había entrado
en funcionamiento la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. Ver artículo
51 de la Ley 1820 de 2016.
[17] Ver contenido de la providencia en folios 16 a
21 del cuaderno No. 1 del expediente.
[18] Otros argumentos de inconformidad que fueron
esgrimidos en el escrito de apelación se orientaron             por destacar que:
i) los hechos conocidos públicamente como “la masacre de Mapiripán”
tuvieron como principales víctimas a civiles frente a los cuales los miembros
de las Fuerzas Militares tenían la posición         de garantes (competencia
material, funcional y territorial), según las consideraciones vertidas en la
Sentencia SU-1184 de 2001 de la Corte Constitucional, lo que es claramente
indicativo de que no tienen ningún tipo de relación directa o indirecta con el
conflicto armado interno en Colombia; ii) se desconoció por completo          el
prerrequisito dispuesto en el numeral 4º del artículo 52 de la Ley 1820 de 2016,
atinente a la contribución   de verdad, reparación inmaterial de las víctimas y
no repetición, ya que, en su concepto, el solicitante nunca   ha reconocido
responsabilidad alguna y, por el contrario, en los medios de comunicación
siempre se ha proclamado como víctima, dejando entrever su falso compromiso con
la consecución real de verdad sustancial y justicia; y iii) el acuerdo
de paz negociado entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP “no fue un
intercambio de impunidades y más bien sí es acertado afirmar que el corazón de
ese pacto son los derechos   de las víctimas, entre los que se revela el
conocer la verdad de lo sucedido”. Ver folios 26 a 29 del cuaderno No. 1
del expediente.
[19] Al decir del cuerpo colegiado, lo enunciado en el
numeral 2º del artículo 52 de la Ley 1820 de 2016 “permite concluir que la
discusión propuesta por el apoderado de la parte civil, en cuanto a que los
delitos cometidos por el sentenciado deben ser calificados como de lesa
humanidad, es insubstancial para resolver la cuestión, debido a que el General
Jaime Humberto Uscátegui Ramírez estuvo privado de la libertad por más de 13
años y, como de acuerdo a las normas trascritas en precedencia, cuando se
proceda por delitos de esa índole,        la libertad transitoria, condicionada
y anticipada procede cuando el agente del Estado haya permanecido privado de la
libertad como mínimo 5 años, requisito que, como ya se dijo, se verifica en este
caso”. Ver folios 38 a 40 del cuaderno No. 1 del expediente.
[20] Ver contenido de la providencia en folios 22 a
42 del cuaderno No. 1 del expediente.
[21] Según el numeral 2º de la parte resolutiva del
fallo, contra esa decisión no procede ningún otro recurso,        por lo que
una vez en firme, su contenido fue comunicado a la Secretaría Ejecutiva de la
Jurisdicción Especial para la Paz y a las demás autoridades judiciales que intervinieron
en el procedimiento.
[22] En la demanda de tutela se puso de presente que
el accionante adelantó personalmente la diligencia en comento ante la
Registraduría Distrital Auxiliar de la localidad de Usaquén, Bogotá, el 28 de
octubre de 2017. Ver folio 209 del cuaderno No. 1 del expediente.
[23] Ver respuesta de la Registraduría Nacional del Estado Civil en la
que alude a la Resolución 13441 del 15 de septiembre de 2014 en folio 43 del
cuaderno No. 1 del expediente.
[24] El actor subraya que “durante los meses subsiguientes trató de
comunicarse telefónicamente con las oficinas de la Registraduría Nacional del
Estado Civil en la ciudad de Bogotá, recalcando la garantía de los derechos que
le asisten, sin que haya recibido ningún tipo de respuesta”. Ver folio 209
del cuaderno No. 1 del expediente.
[25] En concepto del tutelante, “en el marco constitucional de los
derechos fundamentales, entre los que se aprecia aquel relativo a la igualdad,
es de suma trascendencia analizar la prevalencia de esta garantía        que
está siendo vulnerada por la Registraduría Nacional de Estado Civil al no
facultarlo para votar, pero sí a otras personas o grupos que se hallan en una
situación fáctica y jurídica similar, al menos en cuanto hace      al Acto
Legislativo 01 de 2017”. Ver acápite de fundamentos de derecho de la acción
de tutela en folio 210   del cuaderno No. 1 del expediente.
[26] Ver acápite de fundamentos de derecho de la acción de tutela en
folio 210 del cuaderno No. 1 del expediente.
[27] A través de la cual se adelantó la revisión
de constitucionalidad del Acto Legislativo 01 de 2017 “por medio del cual se
crea un título de disposiciones transitorias de la Constitución para la
terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y
duradera y se dictan otras disposiciones”.
[28] El accionante trae a colación uno de los apartes del Comunicado No.
55 publicado por la Corte Constitucional en relación con la sesión de Sala
Plena del 14 de noviembre de 2017, en la que se pronunció sobre la
constitucionalidad del Acto Legislativo 01 de 2017, precisando, al respecto, que
no se hizo modulación alguna tratándose del artículo transitorio 21º del
artículo 1º de la mencionada disposición, “por lo que debía entenderse que
la exigencia de un tratamiento equitativo, equilibrado y simultáneo en la
aplicación de las disposiciones normativas en favor de [los] miembros de
la Fuerza Pública para la terminación del conflicto armado y la construcción de
una paz estable y duradera, no excluía taxativamente la participación en
política contenida en el artículo transitorio 20º, inmediatamente anterior”.
Ver acápite de fundamentos de derecho    de la acción de tutela en folios 211 y
212 del cuaderno No. 1 del expediente.
[29] Ver pretensiones declaradas por el tutelante en folio 209 del
cuaderno No. 1 del expediente.
[30] Ver folio 206 del cuaderno No. 1 del expediente.
[31] Ver folios 197 a 205 del cuaderno No. 1 del expediente.
[32] Los reseñados artículos que
hacen parte del Decreto 2241 de 1986, son del siguiente tenor: “Artículo 70.   Los Jueces y Magistrados enviarán a la
Registraduría Nacional del Estado Civil copia de la parte resolutiva de las
sentencias en las cuales se decrete la interdicción de derechos y funciones
públicas, dentro de los quince (15) días siguientes a su ejecutoria, para que
las cédulas de ciudadanía correspondientes sean dadas de baja en los censos
electorales. Si no lo hicieren incurrirán en causal de mala conducta, que se
sancionará con la pérdida del empleo.
Artículo 71. La rehabilitación en la interdicción de
derechos y funciones públicas operará ipso-jure al cumplirse el término por el
cual se impuso su pérdida como pena. Para ello bastará que el interesado
formule la solicitud pertinente, acompañada de los respectivos documentos ante
el Registrador Municipal de su domicilio, el cual le dará inmediatamente
tramitación”.
[33] Ver intervención de la entidad en folios 43 a 47 del cuaderno No. 1
del expediente.
[34] Ver intervención de la entidad en folio 15 del cuaderno No. 1 del expediente.
[35] Ver intervención de la entidad en folios 60 y 61 del cuaderno No. 1
del expediente.
[36] Con todo y ser esa la regla correspondiente al tema de la
participación e inclusión política del Acuerdo Final de Paz, el Secretario
Ejecutivo Transitorio de la JEP destacó, así mismo, que en el ámbito de la
justicia penal ordinaria tal prerrogativa podía restringirse de manera
legítima, cuando quiera que, por ejemplo, se tratara de personas condenadas por
cometer delitos diferentes a los delitos políticos. Hipótesis que encaja de
lleno en la realidad del actor, quien fue condenado por la comisión de hechos
punibles a una pena de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones
públicas, “lo cual lo priva de la facultad de elegir y ser elegido, del
ejercicio de cualquier otro derecho político, función pública, dignidades y
honores que confieren las entidades oficiales”, según el artículo 44 de la
Ley 599 de 2000. Ver folio 54 del cuaderno No. 1 del expediente.
[37] En este punto, el Secretario Ejecutivo Transitorio de la
Jurisdicción Especial para la Paz aseveró que, aun cuando el Acto Legislativo
01 de 2017 concibió un tratamiento diferenciado para miembros de la Fuerza
Pública, “no le competía a la Secretaría determinar su alcance ni las
implicaciones de los adjetivos que enuncia la norma -simétrico en algunos
aspectos, diferenciado en otros, pero siempre equitativo, equilibrado y
simultáneo-, máxime, cuando existe una disposición de orden constitucional
expresa que contempla la aplicación del efecto suspensivo para efectos de la
reincorporación, exclusivamente para el grupo alzado      en armas que suscribió
el Acuerdo de Paz, esto es, que frente a la participación política determina un
tratamiento diferenciado”. Ver folio 55 del cuaderno No. 1 del expediente.
[38] Ver intervención de la entidad en folios 48 a 56 del cuaderno No. 1
del expediente.
[39] “Artículo 45. Mecanismos de tratamiento especial
diferenciado para agentes del Estado. La Sala de Definición de Situaciones
Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz, en aplicación del principio          de
favorabilidad regulado en esta ley, aplicará cualquiera de los mecanismos de
resolución definitiva de la situación jurídica a los agentes del Estado, entre
ellos la renuncia a la persecución penal, a quienes hayan sido condenados,
procesados o señalados de cometer conductas punibles por causa, con ocasión o
en relación directa o indirecta con el conflicto armado, de conformidad con los
criterios establecidos en el siguiente artículo”.
[40] “Artículo transitorio 21º. Tratamiento diferenciado para
miembros de la Fuerza Pública. En virtud del carácter inescindible de la
Jurisdicción Especial para la Paz, en relación con los Miembros de la Fuerza
Pública que hubieren realizado conductas punibles por causa, con ocasión o en
relación directa o indirecta con el conflicto armado, el tratamiento será
simétrico en algunos aspectos, diferenciado en otros, pero siempre equitativo,
equilibrado, y simultáneo. En consecuencia, las normas contenidas en este
capítulo serán aplicables únicamente a los miembros de la Fuerza Pública
respecto de conductas punibles cometidas por causa, con ocasión o en relación
directa o indirecta con el conflicto armado, sin perjuicio de la aplicación
respecto de ellos de las disposiciones contenidas en los capítulos anteriores,
siempre que no sean contrarias   a la naturaleza de las contenidas en este
capítulo”.
[41] “Artículo 88. Extinción de la sanción
penal. Son causas de extinción de la sanción penal: 1. La muerte del
condenado//2. El indulto//3. La amnistía impropia//4. La prescripción//5. La
rehabilitación para las sanciones privativas de derechos cuando operen como
accesorias//6. La exención de punibilidad en los casos previstos en la ley//7.
Las demás que señale la ley”.
[42] Ver folios 15 y 16 del cuaderno No. 2 del expediente.
[43] Ver artículos 1º y 2º de la Resolución No. 001 del
15 de enero de 2018 “Por la cual se fija la fecha de apertura al público de
la Jurisdicción Especial para la Paz”, en los que se dispuso que esta
jurisdicción entraba efectivamente en funcionamiento, para efectos de la
determinación de los plazos de conclusión de sus funciones, el 15 de enero de
2018, y que, además, iniciaría la atención al público el 15 de marzo de 2018,
una vez sus magistrados adoptaran el reglamento de funcionamiento y organización
de la JEP y elaboraran           las normas procesales pertinentes, presentadas
por el Gobierno Nacional al Congreso de la República, incluido el régimen
disciplinario aplicable a sus funcionarios y empleados.
[44] En concordancia con los artículos 44, 45, 51 y 52
de la Ley 1820 de 2016 “Por medio de la cual se dictan disposiciones sobre
amnistía, indulto y tratamientos penales especiales y otras disposiciones”.
[45] “Artículo 11. Favorabilidad.
En la interpretación y aplicación de la presente ley se garantizará la
aplicación del principio de favorabilidad para sus destinatarios”.
[46] Ver folios 20 a 22 del cuaderno No. 2 del expediente.
[47] Ver folios 46 a 66 del cuaderno No. 2 del expediente.
[48] “Por medio del cual se unifica y actualiza el Reglamento de la
Corte Constitucional”.
[49] Ver folios 30 y 31 del cuaderno No. 2 del expediente.
[50] A este propósito, la Secretaria Ejecutiva de la Jurisdicción
Especial para la Paz refirió que “el 29 de marzo de 2017, el señor Jaime
Humberto Uscátegui Ramírez suscribió, ante la Secretaría Ejecutiva, acta de
compromiso No. 300672. Posterior a la firma de dicho documento, esta instancia procedió
a verificar             el cumplimiento de los requisitos legales para la
aplicación de los tratamientos penales especiales               (art. 52 y 57
de la Ley 1820 de 2016) y, encontrándolos acreditados, comunicó lo propio al
Juzgado 21          de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, el
30 de marzo de 2017”.
[51] Ver folios 43 a 45 y 67 a 69 del cuaderno No. 2 del expediente.
[52] Ver folios 2 a 11 del cuaderno No. 2 del expediente.
[53] Notificado por medio del estado No. 7 el 2 de mayo de 2018. Ver
folio 12 del cuaderno No. 2 del expediente.
[54] A partir de la incorporación del aludido precepto en el
ordenamiento constitucional colombiano, nuestro régimen jurídico cuenta con un
sistema efectivo de protección reforzada de las garantías y prerrogativas de
carácter fundamental que asegura el sometimiento de todos los poderes públicos
y privados a la Constitución,  al igual que la coherencia y supremacía de esta
última sobre cualquier otra norma. Sobre el particular, pueden consultarse, en
otros, Ely, J “Democracy and distrust”. Cambridge: Harvard University
Press (1980) y Figueruelo Burrieza Ángela “El recurso de amparo en cuanto
tutela reforzada de los derechos fundamentales” (http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/685/11.pdf), así como las Sentencias T-819 de 2001, T-531 de 2002, T-711 de
2003, T-212 de 2009, T-778 de 2010, T-495 de 2013, T-561 de 2013, T-679 de
2013, T-470 de 2014, T-540 de 2015, T-361 de 2017 y T-307 de 2018.
[55] “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el
artículo 86 de la Carta Política”.
[56] La propia jurisprudencia de esta Corporación se ha encargado de
puntualizar, en relación con la figura         de la acción de tutela, que si
bien es cierto que la informalidad es una de sus notas características, cuyo fundamento
estriba precisamente en la aplicación del principio de prevalencia del derecho
sustancial          sobre las formas procesales, también lo es que ello no es
óbice para que la misma se someta a unos requisitos mínimos de procedibilidad, dentro
de los cuales se encuentra el atinente a la debida acreditación de la legitimación
por activa -o la titularidad- para promover el recurso de amparo
constitucional. Consultar,      entre otras, las Sentencias T-464A de 2006, T-493
de 2007 y C-483 de 2008.
[57] Consultar los artículos 4 y 5 de la Ley 1922 del 18 de julio de
2018 “Por medio del cual se adoptan unas reglas de procedimiento para la
Jurisdicción Especial para la Paz”.
[58] “(…) la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las
partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. Por
tanto, cuando una de las partes carece de dicha calidad o atributo, no puede el
juez adoptar una decisión de mérito y debe, entonces, simplemente declararse
inhibido para fallar el caso de fondo”. Sentencia T-416 de 1997, M.P.
Antonio Barrera Carbonell.
[59] Mientras el artículo 5º del referido decreto prevé que “la
acción de tutela procede contra toda acción            u omisión de las
autoridades públicas, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de
los derechos de que trata el artículo 2º de esta misma disposición (…)”, el
artículo 13, por su parte, establece que “la acción  de tutela podrá
dirigirse contra la autoridad pública o el representante del órgano que
presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental (…)”.
[60] “Artículo
1o. Objeto. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces,
en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí
misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en
los casos que señale este Decreto. Todos los días y horas son hábiles para
interponer la acción de tutela (…)”.
[61] Ver Sentencia C-543 de 1992, M.P. José Gregorio
Hernández Galindo.
[62] Consultar, entre muchas otras, las
Sentencias SU-961 de 1999, T-575 de 2002, T-900 de 2004, T-495 de 2005, T-1029 de 2008, T-1048 de
2008, T-367 de 2010, T-662 de 2010, T-277 de 2012, T-281 de 2012,          T-283A
de 2012, T-450 de 2012, T-569 de 2012, T-805 de 2012, T-832 de 2012, T-914 de
2012, T-915          de 2012, T-916 de 2012, T-935 de 2012, T-171 de 2014 y
T-246 de 2015.
[63] Sentencia T-540 de 2015, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[64] Sentencia T-132 de 2004, M.P. Jaime Córdoba
Triviño.
[65] Consultar, entre otras, las
Sentencias T-606 de 2004, T-1167 de 2005, T-206 de 2006, T-681 de 2007,
T-095 de 2009, T-883 de 2009, T-584 de 2011, SU-189 de 2012 y T-047 de 2014.
[66] Bajo el entendido de que dicho instrumento no
integra ni hace parte del ordenamiento jurídico, así como tampoco tiene fuerza
vinculante autónoma, sino en virtud de su propia implementación normativa. A
este respecto, consultar, entre otras, las Sentencias C-379 de 2016, C-630 de
2017 y C-674 de 2017.
[67] El artículo 86 de la Carta
Política reza lo siguiente: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces,
en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí
misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. La protección consistirá en una orden para
que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de
hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el
juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional
para su eventual revisión. Esta acción solo procederá cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En ningún caso podrán transcurrir
más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución. La ley
establecerá los casos en los que la acción         de tutela procede contra
particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta
afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el
solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión” (Subrayas y negrillas no originales).
En relación
con el principio                        de subsidiariedad de la acción de
tutela pueden consultarse, entre otras, las Sentencias T-287 de 1995,             T-384
de 1998, T-554 de 1998, SU-086 de 1999, T-716 de 1999, T-156 de 2000, T-418 de
2000, T-815 de 2000, SU-1052 de 2000, T-482 de 2001, T-1062 de 2001, T-1062 de
2001, T-135 de 2002, T-500 de 2002,     T-179 de 2003, T-212 de 2009, T-136 de
2010, T-778 de 2010, T-723 de 2010, T-063 de 2013, T-230 de 2013, T-491 de
2013, T-114 de 2014, T-708 de 2014, T-190 de 2015, T-441 de 2015 y T-540 de
2015.
[68] Consultar, entre otras, las Sentencias T-565 de
2009, T-524 de 2010, T-880 de 2013, T-822 de 2014 y T-190 de 2015.
[69] La Carta Política le impone a las autoridades de la República la
obligación de proteger a todas las personas en sus derechos y libertades -C.P.
art. 2º-, por lo que ha de entenderse que los diversos mecanismos judiciales de
defensa previstos en la ley, han sido estatuidos como instrumentos de carácter
preferente a los que deben acudir las personas en búsqueda de la efectiva
garantía de protección de sus derechos. De ahí que se justifique el carácter
subsidiario de la acción de tutela. Sobre la temática, consultar, entre otras,
las Sentencias T-106 de 1993, SU-544 de 2001, T-983 de 2001, T-514 de 2003 y
T-1017 de 2006.
[70] Sentencia SU-037 de 2009, M.P. Rodrigo Escobar Gil. En el mismo sentido,
consultar, entre otras, las Sentencias T-1452 de 2000 y T-715 de 2009.
[71] Consultar, entre otras, las sentencias T-880 de 2013, T-243 de 2017
y T-538 de 2017.
[72] Disposición normativa declarada exequible por medio de la Sentencia
C-018 de 1993. En torno al análisis que le incumbe realizar al juez constitucional
sobre la existencia y eficacia de otro medio judicial, consultar, entre otras,
la Sentencia SU-339 de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[73] En la Sentencia SU-712 de 2013 se explicó que
“al momento de evaluar la
procedibilidad de la acción        el juez debe hacer una lectura que tome en
cuenta no solo la hipotética existencia de otros medios de defensa judicial,
sino también su idoneidad material, es decir, la aptitud funcional de acuerdo
con las necesidades y particularidades de cada caso”. En esa providencia se trajo a colación
la Sentencia SU-961 de 1999, que sobre el punto expresó “en cada caso, el juez está en la
obligación de determinar si las acciones disponibles le otorgan una protección
eficaz y completa a quien la interpone. Si no es así, si los mecanismos
ordinarios carecen de tales características, el juez puede otorgar el amparo de
dos maneras distintas, dependiendo         de la situación de que se trate. La
primera posibilidad es que las acciones ordinarias sean lo suficientemente
amplias para proveer un remedio integral, pero que no sean lo suficientemente
expeditas para evitar el acontecimiento de un perjuicio irremediable. En este
caso será procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio, mientras
se resuelve el caso a través de la vía ordinaria. La segunda posibilidad,        es
que las acciones comunes no sean susceptibles de resolver el problema de manera
integral, en este caso, es procedente conceder la tutela de manera directa,
como mecanismo eficaz e idóneo de protección de los derechos fundamentales”.
[74] “Por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos para
facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo normativo del Acuerdo
Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y
Duradera”.
[75] “Por medio del cual se crea un título de disposiciones transitorias
de la Constitución para la terminación del conflicto armado y la construcción
de una paz estable y duradera y se dictan otras disposiciones”.
[76] Consultar el Numeral 5.1. del Texto del Acuerdo Final para la
Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (págs.
127 ss.).
[77] Consultar el Numeral 5.1.2. del Texto del Acuerdo Final para la
Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera
(págs. 143 ss.). Así mismo, cabe destacar que en la Sentencia C-007 de 2018, la
Corte Constitucional definió a la Jurisdicción Especial para la Paz como un
órgano destinado a aplicar las reglas especiales y propias de la transición del
conflicto a la paz, con miras a satisfacer tres finalidades complementarias: “(i)
investigar, juzgar y, de ser el caso, sancionar las graves violaciones de
derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional
Humanitario; (ii) propiciar la reconciliación y la estabilidad del Acuerdo
Final, es decir, del pacto de terminación de un conflicto armado de más de 50
años y, en esa dirección, facilitar la amnistía más amplia posible y determinar
la viabilidad de otros beneficios; y (iii) contribuir
decididamente a la satisfacción de los derechos de las víctimas, tomando en
consideración no solo el caso concreto, sino, además, asumiendo las tareas de
plasmar en el mediano plazo una imagen de las estructuras criminales del
conflicto, adoptar medidas que persiguen la reparación adecuada de las víctimas
y asegurar su participación en todos los trámites que les afecten”.
[78] Artículo transitorio 5º del Acto Legislativo 01
de 2017, cuyo contenido es replicado en el artículo 8 de la Ley 1957 del 6 de
junio de 2019 “Estatutaria de la Administración de Justicia en la
Jurisdicción Especial para la Paz”.
[79] Artículo 9 de la Ley 1957 de 2019.
[80] Esta disposición reproduce textualmente lo
dispuesto en el Numeral 5.1.2. del Acuerdo Final de Paz.
[81] Consultar el artículo transitorio 21º del
Acto Legislativo 01 de 2017, que refuerza el mandato de tratamiento
diferenciado para miembros de la Fuerza Pública en virtud del carácter
inescindible de la Jurisdicción Especial para la Paz.
[82] “Por medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnistía,
indulto y tratamientos penales especiales          y otras disposiciones”.
Esta disposición fue objeto de revisión automática, integral y única por parte
de la Corte Constitucional en la Sentencia C-007 de 2018, M.P. Diana Fajardo
Rivera.
[83] La necesidad de que el Gobierno Nacional presentara ante el
Congreso de la República un proyecto de ley que fijara un marco normativo básico
para la aplicación de los regímenes de amnistía, indulto y tratamientos penales
especiales a quienes participaron en el conflicto armado explica, en buena
medida, la prioridad en su expedición, comoquiera que con tales lineamientos materializaría
el principio de seguridad jurídica, en cuanto brindaría las condiciones para la
iniciación de un proceso de concentración, de dejación de armas y de definición
de situaciones jurídicas en casos donde no se cometieron crímenes
internacionales. A este respecto, consultar el Numeral 6.1.9. del Texto del
Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción  de una Paz
Estable y Duradera (págs. 202 y 288 a 309).
[84] En el artículo transitorio 9º de la Ley 1820 de 2016 se determinó
que los agentes del Estado no recibirían amnistía ni indulto, toda vez que, en
la medida en que hubieren cometido delitos con ocasión, por causa, o en
relación directa o indirecta con el conflicto armado antes de la entrada en
vigor del Acuerdo Final de Paz, serían objeto de un tratamiento penal
especial diferenciado, simétrico, equitativo, equilibrado y simultáneo    de
conformidad con la ley.
[85] En suma, los tratamientos penales especiales diferenciados aluden
a una categoría o género amplio favorable a los agentes del Estado que
comprende tanto la renuncia a la persecución penal (artículos 46, 47 y
48), como un régimen de beneficios adicionales al acceder
voluntariamente al Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición
(artículos 51, 55 y 56).
[86] Parágrafo 1º del artículo 52 de la Ley 1820 de 2016.
[87] Artículo 6º de la Ley 1820 de 2016.
[88] Artículos 7º de la Ley 1820 de 2016, 5º del Decreto Ley 706 de 2017
y 36 de la Ley 1957 de 2019.
[89] Artículo 11 de la Ley 1820 de 2016.
[90] Artículo 3º del Decreto Ley 706 de 2017.
[91] Tales funciones hacen parte de una regulación inicial tramitada con
urgencia en razón a la órbita competencial concebida para la Sala de Definición
de Situaciones Jurídicas y al apremio de aplicar ciertos contenidos de la ley
de amnistía, indulto y tratamientos penales especiales en favor de los sujetos
destinatarios de dichos beneficios para brindar seguridad jurídica y confianza
a las partes.
[92] Consultar el Capítulo Segundo del Título Tercero sobre “Otros
procedimientos ante las Salas y Secciones   de la JEP” de la Ley 1922 de
2018 “Por medio del cual se adoptan unas reglas de procedimiento para la
Jurisdicción Especial para la Paz”, en concordancia con el artículo 1º del
Decreto 1269 de 2017 “Por el cual se adiciona la Sección
2 al Capítulo 5 al Título 5 de la parte 2 del Libro 2 del Decreto 1069 de 2015,
Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia, por el cual se dictan
disposiciones sobre tratamientos penales especiales respecto a miembros de la
Fuerza Pública, reglamentando la Ley 1820 de 2016, y se dictan otras
disposiciones”.
[93] En efecto, cabe mencionar que, del conjunto de
normas contenidas en la Ley 1820 de 2016, inicialmente solo fueron aplicables (i)
las amnistías de iure y (ii) los tratamientos especiales que no
requirieran la intervención de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas,
por ser considerados los beneficios de menor intensidad. El resto de beneficios
quedaron sujetos a la entrada en funcionamiento de la Jurisdicción Especial
para la Paz, pues aunque su andamiaje básico fue definido por el Acto
Legislativo 01 de 2017, sus normas procesales y de funcionamiento tendrán que
ser objeto de un desarrollo normativo posterior. Consultar el acápite 306              de
la Sentencia C-007 de 2018.
[94] En relación con el parágrafo 2º del artículo
transitorio 7º del Acto Legislativo 01 de 2017, en la Sentencia   C-674 de 2017
se dijo lo siguiente: “(...) se trata de una disposición que consagra un
régimen de transición, mientras se hace el nombramiento definitivo del Secretario
Ejecutivo de la JEP, con el propósito de dar trámite a las solicitudes de
libertad transitoria, anticipada y condicionada, o de la privación de la
libertad     en Unidad Militar o Policial, en el caso de los miembros de la
Fuerza Pública que se sometan a la JEP. Dicho régimen consiste en que tales
solicitudes serán tramitadas y verificadas por la persona que actualmente se
encuentra designada como Secretario Ejecutivo de la Jurisdicción Especial para
la Paz por el responsable   del Mecanismo de Monitoreo y Verificación de la
Organización de Naciones Unidas (ONU), desde la entrada en vigencia de este
Acto Legislativo y hasta tanto se haga el nombramiento definitivo de esa
autoridad”.
[95] Consultar la Resolución No. 001 del 15 de enero
de 2018 “Por la cual se fija la fecha de apertura al público de la
Jurisdicción Especial para la Paz”.
[96] Consultar los artículos 4 y 5 de la Ley 1922
del 18 de julio de 2018 “Por medio del cual se adoptan unas reglas de
procedimiento para la Jurisdicción Especial para la Paz”.
[97] En principio, la condena accesoria de
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas         no
debe ser confundida con la inhabilidad prevista en el inciso 5º del artículo
122 de la Constitución Política, entre otras previstas legalmente, que se
constituyen como una consecuencia en la órbita disciplinaria y, por tanto,
autónoma e independiente de la inhabilitación que se decreta en el ámbito penal.
[98] “Artículo 49. Recursos contra las
resoluciones de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. Las resoluciones adoptadas
por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas podrán ser recurridas en
reposición ante la misma Sala, y en apelación ante la Sección de Apelaciones
del Tribunal para la Paz únicamente           a solicitud del
destinatario de la resolución”. En la Sentencia C-007 de 2018, esta Corporación declaró la
exequibilidad del mentado artículo, con excepción de la expresión “únicamente”,
por ser contraria al orden constitucional, ya que, entre otras razones, le
corresponde al Legislador, en cumplimiento de la cláusula general de
competencia y de los mandatos constitucionales referidos a la satisfacción de
los derechos a las víctimas, regular la manera como debe ser ejercido el
derecho a la defensa contra cada tipo de resoluciones adoptadas por la Sala de
Definición de Situaciones Jurídicas.
[99] Sobre el trámite del recurso de reposición
contra todas las resoluciones que emitan las Salas y Secciones de la
Jurisdicción Especial para la Paz y la procedencia del recurso de apelación.
[100] “Artículo 144. Recursos de reposición y
apelación. Las resoluciones de las Salas y Secciones de la JEP podrán ser
recurridas en reposición ante la Sala o Sección que las haya proferido y en
apelación ante la Sección de Apelaciones del Tribunal, a solicitud del
destinatario de la resolución o sentencia y de las víctimas con interés directo
y legítimo o sus representantes”. Precepto declarado exequible en la
Sentencia C-080        de 2018, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
[101] En la Sentencia C-674 de 2017 se llegó a la
conclusión de que dicha disposición normativa guardaba conexidad temática y
teleológica con lo previsto en el Acuerdo Final de Paz, pues así como tiene una
conexión clara, estrecha y directa con lo pactado, también, a través de su
implementación, brinda garantías de cumplimiento y de seguridad frente a lo
acordado. Consultar el acápite 4.7.3.4. de la providencia en mención.
[102] Consultar, entre otras, las Sentencias T-703 de
2012, T-928 de 2012, T-736 de 2013, T-426 de 2014 y T-120 de 2015.
[103] Consultar, entre otras, la Sentencia SU-544 de
2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[104] Sobre el tema se pueden consultar, entre otras,
la Sentencia SU-086 de 1999, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[105] Sentencia T-225 de 1993, M.P. Vladimiro Naranjo
Mesa. La línea de orientación vertida en dicha providencia, ha sido reiterada
por esta Corporación, entre otras, en las Sentencias SU-086 de 1999, T-789 de
2000, SU-544 de 2001, T-599 de 2002, T-803 de 2002, T-882 de 2002 y T-922 de
2002.
[106] Consultar el artículo 71 del
Decreto Ley 2241 de 1986 “Por el cual se adopta el Código Electoral”.
[107] Artículo 51 de la Ley 1820 de 2016.
[108] M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[109] El Acto Legislativo 01 de 2017 hace
referencia sistemática al sistema de incentivos condicionados. Es así
como el artículo transitorio 1 establece como regla general que los mecanismos
y las medidas de verdad, justicia, reparación y no repetición (…) “estarán
interconectados a través de relaciones de condicionalidad y de incentivos para
acceder y mantener cualquier tratamiento especial de justicia, siempre fundados
en el reconocimiento de verdad y responsabilidades”; este mismo principio
general se replica en el artículo transitorio 13, en el que se establece que “las
sanciones que imponga la JEP tendrán como finalidad esencial satisfacer los
derechos de las víctimas y consolidar la paz. Deberán tener la mayor función
restaurativa y reparadora del daño causado, siempre en relación con el grado de
reconocimiento de verdad y responsabilidad”. A lo largo del acto
legislativo se precisan algunos de los alcances de este sistema, a partir de
las siguientes reglas: (i) el acceso al tratamiento especial supone
contribuciones efectivas en tres frentes: la verdad, la reparación a las
víctimas y las garantías de no repetición; (ii) la contribución a la verdad
implica suministrar, cuando ello sea posible, información completa y detallada
sobre las conductas cometidas, las circunstancias de su realización, y los elementos
necesarios para la atribución de responsabilidades; (iii) el deber de aportar a
la verdad no implica la obligación de aceptar responsabilidades; (iv) el
tratamiento especial de justicia se pierde cuando se haya suministrado
información falsa de manera dolosa, y cuando se incumpla cualquiera de las
condiciones del sistema; (v) dentro del conjunto de incentivos se encuentra la
renuncia la persecución penal y la sustitución de la sanción penal proferida
por la justicia ordinaria por las propias y alternativas de la Jurisdicción
Especial para la Paz, sustitución que, a su turno, se encuentra sujeta al
reconocimiento de la verdad completa, detallada y exhaustiva, al momento en que
se efectúa este reconocimiento, y a la satisfacción de los derechos de las víctimas
a la reparación y a la no repetición; además, en la sustitución de la sanción
penal se puede declarar cumplido su componente retributivo, e imponer
únicamente la ejecución del componente restaurativo; (vi) la ley debe
reglamentar el sistema de condicionalidades, que comprende la definición de las
condiciones para acceder y mantener el tratamiento especial, así como los
criterios para evaluar el incumplimiento y para determinar sus efectos; (vii)
en los casos en que se aplique amnistía, indulto o renuncia a la persecución
penal, “no proceden las acciones judiciales contra los beneficiarios de las
medidas para la indemnización de las víctimas”, aunque se mantiene el deber
de contribuir al esclarecimiento de la verdad, a la reparación de las víctimas
y a garantizar la no repetición; adicionalmente, en relación con los miembros
de la fuerza pública, no proceden la acción de repetición ni el llamamiento en
garantía, aunque se mantiene el deber de esclarecer la verdad, de contribuir a
la reparación no monetaria de las víctimas y de garantizar la no repetición.
Consultar los artículos transitorios 5, 8, 11, 12, 18 y 26 del artículo 1 del
Acto Legislativo 01 de 2017.
[110] Ello revela que el acta de sometimiento difiere
por completo de aquella compromisoria que en el trámite    de la Jurisdicción
Especial para la Paz se firma como requisito sine qua non para efectos de
aplicar el régimen de libertad condicionada, transitoria y anticipada
(concesión, monitoreo y revocatoria) y el acceso a los tratamientos especiales,
beneficios, renuncias y cesaciones de procedimiento.
[111] M.P. Diana Fajardo Rivera.
[112] Según se dejó por sentado en la Sentencia C-080 de 2018,
por medio de la cual se llevó a cabo el control automático de
constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria número 08 de 2017 Senado,
016 de 2017 Cámara, “Estatutaria de la Administración de Justicia en la
Jurisdicción Especial para la Paz”, el Acto Legislativo 01 de 2017, “al
establecer un tratamiento diferenciado pero equitativo, equilibrado, simultáneo y simétrico,
para agentes del
Estado, permite que todas las víctimas de todos los hechos del conflicto armado
encuentren garantizados sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y
la no repetición. De tal forma, se garantiza igualdad para las víctimas, pues
se otorgan iguales garantías para todas ellas independientemente del
responsable del hecho, y solo permite la diferencia con base en razones
jurídicamente relevantes. El tratamiento diferenciado evita que la justicia
transicional se convierta en una herramienta de venganza política y, al
contrario, promueve el cierre integral del conflicto armado y propicia la
reconciliación basada en el fortalecimiento del Estado de Derecho frente a
todos los responsables, pero también basada en el ofrecimiento de tratamientos
especiales y seguridad jurídica para todos ellos. Así, el tratamiento
diferenciado permite que la justicia transicional sea una auténtica herramienta
de justicia de acuerdo con la posición jurídica, así como al nivel y grado de
responsabilidad de cada actor”.
[113] “Artículo transitorio 20°. Participación
en política. La imposición de cualquier sanción en la JEP no inhabilitará
para la participación política ni limitará el ejercicio de ningún derecho,
activo o pasivo, de participación política. Parágrafo. Respecto a
aquellas personas que pertenezcan a organizaciones rebeldes que hayan firmado
un acuerdo de paz con el Gobierno, a efectos de reincorporación, quedarán en
efecto suspensivo las condenas derivadas de delitos competencia del Tribunal
para la Paz impuestas por la justicia ordinaria o disciplinaria, hasta que
estas condenas hayan sido tratadas por la Jurisdicción Especial para       la
Paz para lo de su competencia”. Este precepto fue declarado exequible por
la Corte Constitucional en la Sentencia C-674 de 2017, bajo el entendido de que
la Jurisdicción Especial para la
Paz preserva la facultad para determinar en cada caso si la sanción impuesta es
o no compatible con la reincorporación simultánea en la vida pública y con el
ejercicio de los derechos de participación política. Para estos efectos, la
Jurisdicción Especial para la Paz deberá tener en cuenta distintos factores,
entre ellos, los siguientes: (i) la naturaleza de la sanción impuesta, los
componentes que la integran, y las finalidades de disuasión, retribución,
rehabilitación y restauración a las que atiende; (ii) la gravedad de la
infracción cometida; (iii) el grado de responsabilidad del autor del delito;
(iv) la intención genuina del autor del delito de responder ante la justicia.
Dicho de otra manera, “la JEP deberá establecer si el cumplimiento de la
pena puede ejercerse simultáneamente con el ejercicio de los distintos derechos
de participación política, garantizando el deber del Estado de investigar,
juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y las
infracciones al Derecho Internacional Humanitario, así como el de asegurar los
derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y no
repetición”.
[114] Auto TP-SA No. 014 del 25 de julio de 2018, Tribunal
para la Paz -Sección de Apelación-.
[115] Consultar el numeral 4.1.7.6. de la Sentencia C-080 de 2018
sobre el tratamiento especial en materia de inhabilidades para miembros de la
Fuerza Pública, pues en dicho fallo se menciona el parágrafo del artículo 122
de la Carta Política de 1991 que dispone la suspensión de inhabilidades
derivadas de las condenas por delitos cometidos por causa, con ocasión o en
relación directa o indirecta con el conflicto armado. Concretamente, en la
aludida providencia se indicó lo siguiente: “(…) Así las cosas, el parágrafo
del artículo 122 de la Constitución, regla transitoria aplicable al actual
proceso de justicia transicional, regula situaciones no previstas en el
artículo transitorio 20, razón por la que ha de entenderse aplicable a los
miembros de las FARC-EP que se hubieren desmovilizado individualmente, a los
miembros de la fuerza pública y a quienes llegaren a suscribir acuerdos de paz
y de sometimiento a la JEP, siempre que cumplan las siguientes condiciones: (i)
en relación con los desmovilizados individualmente, que hayan dejado las armas,
se hayan acogido a la Jurisdicción Especial para la Paz y no hayan sido
condenados por delitos dolosos posteriores a su desmovilización, (ii) en
relación con los miembros de la fuerza pública, que se sometan a la
Jurisdicción Especial para la Paz, y (iii) en relación con los miembros de los
grupos armados organizados al margen de la ley que llegaren a suscribir un
acuerdo de paz con el Gobierno, que hayan dejado las armas, se hayan acogido a
la Jurisdicción Especial para la Paz en los términos del Acto Legislativo 01 de
2017 y no sean condenados por delitos dolosos posteriores al acuerdo de paz o a
su desmovilización”.