C-445-09
Sentencia C-445/09
Sentencia
C-445/09
INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR INEPTITUD
SUSTANTIVA DE LA DEMANDA-Falta de
certeza y claridad de los cargos
Referencia: expediente D-7551
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos
108 y 128 del Código Penal, modificados por la Ley 890 de 2004.
Demandantes: Milton José Pereira Blanco y Kelly
Marcela Juris Ramos
Magistrado Ponente:
Dr. JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Bogotá D.C., ocho (8) de julio de dos mil
nueve (2009).
La
Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados doctores
Nilson Pinilla Pinilla, Mauricio González Cuervo, Juan Carlos Henao Pérez,
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio, Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub, María Victoria Calle Correa, Humberto Antonio Sierra Porto y
Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y
en cumplimiento de los requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067 de
1991, profiere esta sentencia con fundamento en los siguientes,
1.     ANTECEDENTES
Los
ciudadanos Milton José Pereira Blanco y Kelly Marcela Juris Ramos, en ejercicio
de la acción pública de inconstitucionalidad, consagrada en los artículos 241 y
242 de la Constitución Política, presentaron demanda de inconstitucionalidad
contra los artículos 108 y 128 del Código Penal, modificados por el artículo 14
de la Ley 890 de 2004.
Luego
de los trámites de rigor, el asunto fue fijado en la secretaría de la Corte
para permitir la participación ciudadana. Posteriormente, el señor Procurador
General emitió el concepto de su competencia.
2.
TEXTO DE LAS NORMAS
ACUSADAS
A continuación se transcribe el texto
de los  artículos acusados.
LEY 599 DE 2000
(julio 24)
Diario Oficial. N. 44097. 24, julio, 2000.
Por la cual se expide el Código Penal.
Artículo 108. Muerte de hijo fruto de acceso carnal
violento, abusivo, o de inseminación artificial o transferencia de óvulo
fecundado no consentidas. La madre que durante el nacimiento o dentro de los
ocho (8) días siguientes matare a su hijo, fruto de acceso carnal o acto sexual
sin consentimiento, o abusivo, o de inseminación artificial o transferencia de
óvulo fecundado no consentidas, incurrirá en prisión de cuatro (4) a seis (6)
años.
Artículo 128. Abandono de hijo fruto de acceso carnal
violento, abusivo, o de inseminación artificial o transferencia de óvulo
fecundado no consentidas. La madre que dentro de los ocho (8) días siguientes
al nacimiento abandone a su hijo fruto de acceso o acto sexual sin
consentimiento, abusivo, o de inseminación artificial o transferencia de óvulo
fecundado no consentidas, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años.
Ley 890 de 2004
(julio 7)
Diario Oficial No. 45.602, de 7 de julio de 2004
Por la cual se modifica y adiciona el Código Penal.
ARTÍCULO 14. Las penas previstas en los tipos
penales contenidos en la Parte Especial del Código Penal se aumentarán en la
tercera parte en el mínimo y en la mitad en el máximo. En todo caso, la
aplicación de esta regla general de incremento deberá respetar el tope máximo
de la pena privativa de la libertad para los tipos penales de acuerdo con lo
establecido en el artículo 2o.
de la presente ley. Los artículos 230A,442, 444, 444A, 453, 454A, 454B y 454C
del Código Penal tendrán la pena indicada en esta ley.
3.
CARGOS DE LA
DEMANDA
Los
demandantes señalan que las normas acusadas vulneran el preámbulo y los
artículos 1º, 2º, 5º, 11, 13, 42 y 44 de la Constitución Política.
Para
explicar las razones de la violación constitucional, los actores utilizan unos
términos extraños al lenguaje jurídico, por lo cual la Corte no los
transcribirá literalmente. Dichas razones pueden sintetizarse así:
El
argumento central de la demanda reside en que la Sentencia C-355 de 2006
produjo una inconstitucionalidad sobreviniente de las normas acusadas, fruto de
la vulneración del principio de igualdad material.
En
efecto, antes del citado fallo, existía en Colombia una penalización total del
aborto que justificaba la sanción de conductas como la muerte y abandono del hijo
fruto de acceso carnal violento, abusivo, inseminación artificial o
transferencia no consentida de óvulo fecundado. Advierten que antes de la
Sentencia C-355 de 2006 la Corte tenía una posición fuerte frente al derecho a
la vida, porque lo consideraba como el derecho fundamental más valioso,
sustrato ontológico de los demás.
No
obstante, afirman que la situación cambió con la Sentencia C-355 de 2006 porque
la Corte modificó su concepción respecto del derecho a la vida, que a partir de
la fecha consideró como derecho no absoluto, al admitir la posibilidad de
abortar bajo extraordinarias condiciones anormales de motivación.
Según
los demandantes, como hoy en día es posible que la mujer aborte sin incurrir en
delito cuando lo hace bajo extraordinarias condiciones anormales de motivación,
entonces, si no lo hace durante el período de gestación, no existe
justificación alguna para que el legislador le conceda un tratamiento punitivo
benigno, cuando durante el parto o inmediatamente después realiza las conductas
típicas de infanticidio o abandono del hijo.
Agregan
que se vulnera el derecho a la igualdad de los hijos víctimas de los delitos de
infanticidio o abandono, nacidos de madres que han quedado en embarazo por acto
no consentido, porque la ley le concedió a la madre la posibilidad de abortar,
lo que significa que si no ejerce esa facultad durante la preñez, después no
puede recibir un trato privilegiado cuando durante el parto o con posterioridad
al mismo perpetra los delitos a que se refieren las normas acusadas. Precisan
que esta situación viola el derecho a la igualdad de los hijos víctimas de los
delitos de infanticidio o abandono, frente a las demás personas.
Sostienen
que las disposiciones son contrarias al Estado Social de Derecho, porque no
promueven una igualdad real al dar un trato más benigno a las muertes y
abandonos de personas colocadas en el mismo nivel de igualdad. En la misma
línea, se vulnera el artículo 24 de la Convención Americana de Derechos
Humanos, relativo a la igualdad, y el artículo 13 de la Constitución Política,
que consagra el mismo principio. Nuevamente, insisten en que las normas
acusadas dan un trato distinto a hijos nacidos de madres fecundadas sin
consentimiento frente a las demás personas, ya que la madre que ha tenido
oportunidad de abortar decide dar muerte o abandonar, “por capricho”, a
quien ya tiene vida independiente.
4.
INTERVENCIONES
4.1.
INTERVENCIÓN DE LA
UNIVERSIDAD DEL ROSARIO
En la oportunidad procesal prevista, intervino en el
proceso el abogado Carlos Guillermo Castro Cuenca para defender la
constitucionalidad de las normas.
En primer lugar, el interviniente considera que existe
cosa juzgada constitucional por disposición de la Sentencia C-013 de 1997, que
declaró exequibles los tipos penales acusados. Sostiene que esta providencia
admitió la regulación diversa de la conducta que atenta contra la vida del hijo
fruto de fecundación no consentida, no tanto por la reducción del valor de la
vida, sino por reconocimiento de la alteración moral y psíquica de la madre,
así como de las circunstancias extraordinarias en medio de las cuales actúa. En
esta oportunidad la Corte no vinculó los delitos consignados en las normas
acusadas al delito de aborto, por lo que la existencia de una nueva sentencia
en nada afecta la constitucionalidad de las normas.
Estima que la jurisprudencia constitucional reconoce
la potestad de configuración punitiva del legislador, bajo la condición de que
la sanción sea razonable y proporcional. La proporcionalidad, que es la
adecuación de la sanción a la gravedad de la conducta, debe tener en cuenta el
grado de injusticia y culpabilidad del comportamiento y el fin preventivo del
derecho penal.
En el caso concreto, el interviniente sostiene que la
mujer que abandona o causa la muerte del hijo fruto de acceso carnal violento,
abusivo, o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no
consentidas actúa bajo circunstancias anormales de motivación que deben
derivarle una consecuencia penal acorde con su situación. Ello no quiere decir
librarla de toda responsabilidad penal, pero sí la imposición de sanciones
proporcionales a sus condiciones, que no requieren una prevención especial por
parte del Estado.
4.2.
INTERVENCIÓN DEL INSTITUTO
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
En la oportunidad procesal prevista, intervino en el
proceso el abogado José Oberdan Martínez Robles para defender la constitucionalidad
de las normas acusadas.
El interviniente cuestiona, como primera medida, que
la demanda dé el mismo tratamiento al abandono y a la muerte del hijo que ha
sido fruto de acceso carnal violento, abusivo, o de inseminación artificial o
transferencia de óvulo fecundado no consentidas, pues se trata de situaciones
totalmente distintas.
Además, a juicio del interviniente, la demanda parte
de una interpretación errada de la decisión de la Corte sobre el aborto, de la
cual se desprende la exigencia a la mujer de tomar una decisión de tanta
trascendencia por el exclusivo criterio de la sanción penal. Advierten que el
demandante asume el tema como un simple problema matemático entre el derecho a
abortar y la supuesta caducidad de dicho derecho, ocurrida en el nacimiento,
que le daría a la muerte del recién nacido la calidad de homicidio atenuado,
sin consideración adicional alguna. Pretender que la mujer que ha sido
embarazada sin su consentimiento deba tomar la decisión de abortar so pena de
que, al no hacerlo, se le impondrá una sanción más grave, es empeorar la
afectación sicológica, moral y religiosa que de por sí la aqueja.
A lo anterior se suma la presión por la escogencia del
método, es decir, del aborto o posterior muerte o abandono, tras lo cual agrega
que los tipos penales acusados consagran verdaderas sanciones, punitivamente
atenuadas, pero no tratos privilegiados. Por ello sostiene que las medidas
acusadas no eximen de responsabilidad, sino que reconocen una situación grave
que no puede ser ignorada. Precisa que de cualquier modo, el criterio para
determinar la igualdad material no puede ser el de la pena imponible.
Finalmente, señala que la sentencia del aborto, la
C-355 de 2006 sentó su posición al respecto sin que hubiera modificado el tema
que aquí se aborda y que en dicha providencia la Corte estableció sanciones
menos gravosas para la madre que termina con la vida de su hijo.
4.3.
INTERVENCIÓN DE LA
ORGANIZACIÓN MESA POR LA VIDA Y LA SALUD DE LAS MUJERES
En la oportunidad procesal prevista intervinieron en
el proceso las ciudadanas Beatriz Quintero, Paola A. Salgado Piedrahita y
Claudia Ramírez, en representación de la organización citada, para solicitar a la
Corte la declaración de exequibilidad de las normas acusadas.
En primer lugar, la organización sostiene que los
cargos de la demanda no cumplen con las exigencias impuestas por la
jurisprudencia constitucional en torno al tema de la demanda en forma, pues
parte de una apreciación subjetiva que no está incluida en la norma. En efecto,
la demanda supone que el tratamiento que da la ley a la mujer que da muerte o
abandona a su hijo, producto de acceso carnal violento, abusivo, o de
inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas es
benigno y permisivo, lo cual indica que el debate es ajeno a factores
jurídicos, por lo que no constituye un cargo de inconstitucionalidad.
Advierten que en el caso concreto no se da una
inconstitucionalidad sobreviniente porque no se ha producido un cambio de norma
constitucional y porque dicho fenómeno no surge por la sola adopción de una
sentencia de exequibilidad, que además no se refiere al tipo penal al que se
dedica la demanda.
Agregan que en materia de graduación punitiva el
legislador tiene amplio margen de configuración, limitado sólo por los principios
constitucionales y por los criterios de la razonabilidad y la proporcionalidad.
En el caso concreto las medidas están ajustadas a esa limitación jurídica pues
además de garantizar la sanción por la conducta cometida contra un menor,
también reconocen la situación de la madre que incurre en las citadas
conductas.
Tras hacer una larga disertación sobre el principio de
igualdad, las intervinientes sostienen que éste no puede aplicarse en términos
absolutos y que el legislador debe ponderar las diferentes circunstancias que
intervienen en la comisión del ilícito. Advierten que, siendo una de las
principales víctimas de la violencia sexual, porque las condiciones históricas
y sociales la  han convertido en objeto de abusos, la mujer debe ser tratada de
acuerdo con su condición y dignidad, por lo que es necesario que la norma legal
no sancione con la misma severidad su conducta cuando da muerte o abandona al
hijo concedido sin consentimiento. Una decisión más gravosa victimizaría
nuevamente a la mujer que incurra en tal conducta.
4.4.
INTERVENCIÓN DE LA
CONFERENCIA EPISCOPAL DE COLOMBIA
En representación de la Conferencia Episcopal de
Colombia intervino en el proceso, dentro de la oportunidad prevista, el
secretario general Fabián Marulanda López, para solicitar a la Corte la
declaración de exequibilidad de la norma.
A juicio del interviniente, el derecho a la vida es el
primero y principal derecho del hombre. Por ello el Estado debe disponer lo
necesario para su protección. En este contexto, asegura que la sentencia C-355
de 2006 no flexibilizó su concepción sobre el derecho a la vida, sino que
diferenció la vida como derecho y como bien jurídico protegido, señalando que
una es la titularidad de quien ha nacido y otra la protección del que está por
nacer. En ese orden de ideas, sostiene que todo hijo es una persona humana
titular del derecho a la vida, por lo que las normas acusadas no desconocieron
ni el derecho a la igualdad ni el derecho a la libertad.
Sostiene que la Corte Constitucional ya se pronunció
sobre la constitucionalidad de los tipos penales acusados en sentencia C-013 de
1997, tipos penales que fueron incorporados sin modificación por el nuevo
código penal, Ley 599 de 2000. En dicha oportunidad la Corte justificó la
medida bajo la consideración de que la madre que incurría en las conductas
descritas estaba sometida a circunstancias especiales que le valían un
tratamiento diverso. Por lo dicho, considera que en el caso concreto se
presenta una cosa juzgada material que debe ser declarada por la Corte.
Asegura finalmente que como en materia penal está
proscrita la analogía, no puede la demanda suponer que la despenalización del
aborto bajo ciertas circunstancias implique la inconstitucionalidad de normas
que la Corte ha reconocido como incluso más graves que el propio aborto.
4.5.
INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO
DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA
Fernando Gómez Mejía, en representación del ministerio
de la referencia, solicitó a la Corte declarar exequibles las normas acusadas.
El Ministerio asegura que en la Sentencia C-355 de
2006 la Corte no estableció la obligación de abortar por parte de la mujer que
ha quedado en embarazo como consecuencia de una fecundación no consentida. En
esa línea, reconoció que el bien jurídico de la vida se protegía de manera
distinta respecto del que está por nacer que del que ya ha  nacido, razón por
la cual se sanciona con mayor rigor el infanticidio que el aborto. Esta
circunstancia permite evidenciar que no existe obligación de analogía entre el
pronunciamiento acerca del aborto y el que corresponde al infanticidio. Como se
trata de delitos con estructura diversa, no cabe suponer la
inconstitucionalidad de unos por razón de la inconstitucionalidad del otro.
Resalta que desde el punto de vista de la
jurisprudencia, la opción del aborto debe conservarse hasta la terminación del
periodo de gestación. Esa discrecionalidad no puede preservarse con
posterioridad porque la protección del derecho a la vida no puede depender de
la toma de esa decisión. Aún así, manifiesta, el legislador ha establecido una
responsabilidad penal para la madre que incurre en tal conducta, aunque
atenuada, con lo cual se reconoce la importancia de la afrenta.
Afirma que la demanda plantea de forma ambigua e
ininteligible el derecho a la protección de los niños al tiempo que propugna la
despenalización de la conducta. Indica que en el caso concreto se trata de
proteger un valor que supera incluso el derecho positivo, que es el derecho a
la vida del niño. En tal caso, es el legislador el que ha decidido proteger
este derecho en el marco constitucional y del derecho internacional. En este
sentido, los cargos de la demanda no plantean una verdadera oposición con la
norma constitucional.
Por último, precisa que el diseño de los delitos es de
libre configuración legislativa, la cual sólo está sujeta a los principios
constitucionales. De allí que el control judicial a la definición legislativa
del tipo debe limitarse a que el legislador no desconozca esos principios
superiores, cosa que no ocurre en el caso concreto.
4.6.
INTERVENCIÓN DE LA FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN
El señor Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán
Arana, solicitó en la oportunidad prevista la declaración de exequibilidad de
la norma acusada.
En primer lugar, la Fiscalía considera que la demanda
de la referencia no es una demanda en forma, dado que los cargos de
inconstitucionalidad no cumplen con las exigencias de especificidad y
concreción consignadas en la jurisprudencia pertinente.
No obstante –sostiene- si la Corte considera que
existe una adecuada formulación de los cargos, la Fiscalía evalúa como
incorrecta la correspondencia normativa que sirve de sustento a la demanda.
Ciertamente, para el señor fiscal, el cargo de inconstitucionalidad no tiene en
cuenta que la definición del delito es resultado de una valoración legislativa
sobre la incidencia social de una conducta y la vulneración de los bienes
jurídicos involucrados. Sobre esa base, la razón de inexequibilidad de una
norma no puede descansar en la calificación del quantum de la pena, sin un
análisis de las incidencias de la conducta.
Asegura que el Código Penal contiene ejemplos claros
de conductas que responden a una misma descripción fenoménica, pero que generan
diversas conductas típicas: así, por ejemplo, la muerte de una persona puede
catalogarse, según las circunstancias, como un homicidio agravado o como un
homicidio por piedad.
En el caso de los tipos penales acusados, el
tratamiento punitivo más benigno encuentra sustento en las circunstancias
especiales que rodean la muerte o abandono del hijo concebido sin el
consentimiento de la madre. De allí que para que se consolide la comisión del
ilícito se requiera la conjunción de específicas circunstancias fácticas,
evaluadas previamente por el legislador y justificadas por la Corte
Constitucional en la Sentencia C-013 de 1997, en providencia donde se consideró
que la pena en estos casos estaba justificada por las condiciones de
perturbación en que actuaba la madre.
4.7.
INTERVENCIÓN DEL CENTRO DE
DERECHOS HUMANOS Y LITIGIO INTERNACIONAL –CEDHUL-
En representación del Centro de derechos Humanos y
Litigio Internacional, intervino en el proceso, dentro del término legal
previsto, la ciudadana Angela Maria Espinosa Monsalve, para solicitar a la
Corte la declaración de constitucionalidad de las normas.
Empieza
su intervención plasmando los requisitos necesarios que la Corte ha establecido
para la presentación de una demanda de inconstitucionalidad, tomando como base
la sentencia C-1001 de 2004, la cual indica que “las razones de inconstitucionalidad
deben ser claras, ciertas, especificas, pertinentes y suficientes”. El
interviniente señala que en la presente demanda no se cumplen los requisitos
mínimos exigidos por la Corte, ya que el texto no es claro y no permite deducir
la forma en que supuestamente las normas atacadas violan la Constitución,
debido a que los argumentos son globales e imprecisos, refiriéndose a una
desigualdad,  pero “no  señala con claridad los grupos involucrados objeto
de comparación, el trato discriminatorio introducido por la disposición acusada
y la razón por la cual se considera que no se justifica dicho tratamiento
distinto”. Por la anterior razón pide a la Corte se declare inhibida para
conocer, dado que no se cumplieron con los requisitos mínimos para la
formulación de la demanda.
Por
otro lado no comparte la idea que el actor pretenda que el derecho colombiano
trate a todos los homicidios de la misma manera, ya que resultaría
desproporcionado si se atiende a que cada caso es distinto y a que se debe
tener en cuenta las circunstancias en que se realiza el delito, los sujetos,
los medios empleados y el móvil de la conducta, criterios que llevan al juez a
determinar cual va hacer la pena dentro de un mínimo y un máximo previamente
establecidos en la ley, ya que si no se atiende a estos elementos se estaría
frente a la vulneración del derecho a la igualdad, pues se otorgaría el mismo trato
a situaciones diferentes; por lo anterior “ se deduce que modificar el
Código Penal en lo referente al delito de infanticidio sin considerar las
particularidades del tipo penal, resulta no solo desproporcionado sino también
arbitrario y desestimatorio de la dignidad humana de la mujer”.
Por
último recuerda que en una anterior oportunidad fueron demandadas las mismas
disposiciones, las cuales fueron declaradas exequibles por medio de la
sentencia C-013 de 1997, por lo tanto se estaría frente a una cosa juzgada
constitucional formal y la Corte no podría volver a pronunciarse sobre el mismo
tema.
4.8.
INTERVENCIÓN DE LA COMISIÓN
COLOMBIANA DE JURISTAS
Actuando en calidad de director y representante legal
de la Comisión Colombiana de Juristas, el ciudadano Gustavo Gallón Giraldo
intervino en la oportunidad procesal prevista para defender la constitucionalidad
de las normas demandadas.
La Comisión Colombiana de Juristas no comparte los
argumentos planteados en la demanda y considera que las normas atacadas no
deben ser retiradas del ordenamiento jurídico pues se tratan de disposiciones
acordes a la Constitución Política.
Para empezar su exposición sostiene que “no se
cumple con un requisito de admisibilidad plasmados en la jurisprudencia como lo
es el de la pertinencia, ya que lo que se propone no tiene como parámetro de
constitucionalidad una norma de la Constitución Política, sino un
pronunciamiento de la Corte Constitucional en el que se modificó el contenido
normativo de una disposición legal, en este caso el código penal que tipificaba
el aborto como delito”, por lo tanto no se puede pretender como lo quiere
el actor declarar la inconstitucional de estas disposiciones y estima que la
Corte debe declararse inhibida para resolver sobre los argumentos que plantea
el accionante.
Por otro lado realiza una breve reseña sobre la
inconstitucionalidad sobreviniente de la cual hace alusión la demanda,
indicando que ocurre cuando una norma se encuentra tácitamente derogada por la
ocurrencia de varios supuestos, como puede  ser el caso de las reformas
constitucionales en las cuales todas las disposiciones que se hubieran
realizado con fundamento en la norma inconstitucional resultarían derogados en
virtud de la figura analizada y añade que sólo se puede presentar cuando la
norma es de carácter constitucional y no se podría pensar en que una sentencia
que declara la inconstitucionalidad de una ley, pueda declarar contraria al
ordenamiento jurídico una norma de igual jerarquía, lo que pretende hacer ver
el demandante.
Añade que el actor no analizó que se está frente a dos
conductas diferentes, ya que el aborto y el infanticidio son tipos penales que
no pueden relacionarse debido a que concurren circunstancias totalmente
disímiles y por lo tanto no se pueden derogar tácitamente una a la otra.
Terminando su intervención señala que no se puede
violar el derecho a la igualdad intentando darle el mismo trato a una mujer que
concibió su hijo en  condiciones normales y a otra que además de la depresión
post parto se le suma los actos de violencia y la falta de consentimiento que
dio origen a su embarazo, lo cual implica que su salud mental no sea la mejor,
por lo tanto constituye razones suficientes para que la mujer sea beneficiaria
de una sanción menor.
4.9.
INTERVENCIÓN DEL CIUDADANO
JAIME ARDILA SALCEDO.
El ciudadano de la referencia intervino en el proceso
para pedir la declaración de exequibilidad de las normas acusadas.
El interviniente es médico  cirujano y estudiante de
epidemiología y considera que, desde el punto de vista científico, la madre que
da muerte a su hijo recién nacido también ocupa la posición de víctima, pues se
trata de una persona biológicamente vulnerable. Considera que los estudios realizados
sobre el infanticidio arrojan cinco tipos de conductas, muchas relacionadas con
la afectación sicológica de la madre que ha sido objeto de abuso sexual. De
hecho –sostiene- las investigaciones sugieren que son estos casos, los de abuso
sexual, los que con mayor frecuencia concluyen en la muerte del menor.
Advierte que los colegios médicos califican la depresión pos parto como una
enfermedad mental, circunstancia que debe tenerse en cuenta al momento de
diseñar el tratamiento punitivo de dichas conductas.
El interviniente adjunta copia de varias
investigaciones médicas al respecto.
5.
CONCEPTO DEL PROCURADOR
GENERAL DE LA NACION
En la oportunidad legal prevista, el señor Procurador
General de la Nación, Alejandro Ordoñez Maldonado, solicitó a la Corte
Constitucional declarar exequibles las normas acusadas.
En primer lugar, la Procuraduría considera que el caso
en estudio no constituye una inconstitucionalidad por sobrevinencia, como lo
advierten los demandantes, pues respecto de la materia penal pertinente no se
ha dado un cambio constitucional o una modificación de las normas del Estatuto
Superior referente a los derechos humanos ni respecto al derecho a la vida. En
esta línea, asegura que la Sentencia C-355 de 2006 no modificó la normativa
nacional relativa al derecho a la vida, pese a que en el tema del aborto
incluyó algunas subreglas.
A su juicio, si “no ha habido cambio constitucional
ni cambio de normas constitucionales sobre el derecho a la vida, no se
configura el presupuesto para la existencia de la inconstitucionalidad
sobreviniente, razón por la cual los artículos 108 y 128 de la Ley 599 de 2000
están vigentes y producen efectos jurídicos y, en consecuencia, el Ministerio
Público procede a pronunciarse sobre los problemas jurídicos que atañen al
fondo del debate constitucional de los artículos 108 y 128 de la Ley 599 de 2000”.
Ahora bien, frente a la posible violación del
principio de igualdad de los hijos que son objeto de aborto y a los que se les
da muerte y se abandonan una vez nacen, la Procuraduría considera, luego de un
análisis de las tesis de la Sentencia C-355 de 2006, que la Corte
Constitucional en ningún momento hizo alusión al derecho a la vida del nasciturus,
por lo que la vida natural debía considerarse como valor fundamente pero no
necesariamente como derecho fundamental. Del debate, señala, la Corte excluyó
del tema del aborto la vida como derecho fundamental y, por tanto, el de la
personalidad jurídica del nasciturus. Sostiene que a juicio de la Corte
la “cuestión de la titularidad de derechos fundamentales del nasciturus es
una cuestión irrelevante, toda vez que la prohibición del aborto no se basa en
una  consideración sobre el derecho a la vida sino en el desarrollo legislativo
del valor de la vida”.
Señala que después de que la Corte diferenció la vida
como derecho y como valor constitucional, examinó los argumentos que sostienen
que el aborto está prohibido por tratados internacionales de derechos humanos.
A ese respecto indicó que según conclusiones de la Corte, “al menos en
ciertos casos excepcionales no prima el reconocimiento del derecho a la vida
del nasciturus”.
Aunque la Procuraduría no comparte las apreciaciones
de la Corte en la C-355 de 2006, es lo cierto que a pesar de dicho
pronunciamiento, no hay duda que los recién nacidos gozan de la protección
constitucional del derecho a la vida, a diferencia de los que están por nacer,
a quienes la Corte les reconoce simplemente la condición de ser vivo.
De lo anterior concluye que “no existe vulneración
al derecho a la igualdad entre las madres que abortan en las circunstancias
especiales de la sentencia C-355 de 2006, y aquellas que matan o abandonan a
sus hijos recién nacidos, pues la situación fáctica entre dichas madres no es
la misma, para predicarse de ella una misma consecuencia jurídica. Lo anterior,
en la medida en que la Corte reconoce a los recién nacidos el derecho a la vida
por tener la condición de persona, mientras que a los que están por nacer
simplemente les da la condición de seres vivos”.
A juicio de la Procuraduría, la despenalización del
aborto en los tres eventos previstos por la Sentencia “no puede significar que
se haya generado un efecto dominó sobre los demás tipos penales”. Esa
consecuencia sería opuesta a la autonomía de cada conducta punible “al igual
que los principios de tipicidad y antijuridicidad, que en el presente asunto
defienden la vida de los recién nacidos”.
El Ministerio Público “observa que en el diseño de
la demanda se ignoran las particularidades que definen la comisión de los delitos
comparados, que en efecto se trata de situaciones distintas y no idénticas como
suponen los demandantes,  e incluso se desconoce el importante hecho de que
recientemente se han visto incrementadas las penas de tales delitos, lo cual,
eventualmente podría ocasionar una decisión inhibitoria”.
6.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
6.1.
COMPETENCIA
Por dirigirse la demanda contra disposiciones que
hacen parte de una Ley de la República, la Corte Constitucional es competente
para decidir sobre su constitucionalidad, tal y como lo prescribe el artículo
241-4 de la Carta Política.
6.2.
INHIBICIÓN POR INEPTITUD
SUSTANTIVA DE LA DEMANDA
6.2.1.
Exigencias argumentativas
del cargo de inconstitucionalidad
Los cargos de la demanda se dirigen a atacar los
artículos 108 y 128 del Código Penal. Los artículos acusados contienen
respectivamente las descripciones típicas de los delitos de muerte y abandono
de hijo fruto de acceso carnal violento, abusivo, o de inseminación artificial
o transferencia de óvulo fecundado no consentidas.
Ahora bien, a fin de determinar si la Corte
Constitucional puede pronunciarse acerca de la exequibilidad de las normas
atacadas, es necesario establecer si los cargos de la demanda cumplen con las
exigencias lógico argumentativas impuestas por la jurisprudencia de la
Corporación. Ello por cuanto que algunos de los intervinientes y el concepto de
la vista fiscal consideran que la formulación de los mismos no permite
adelantar un adecuado juicio de inconstitucionalidad.
La Corte Constitucional ha señalado que los cargos de
la demanda de inconstitucionalidad deben presentarse de tal forma que el juez
constitucional esté en capacidad de adelantar un juicio adecuado a la norma que
se acusa.
La Sentencia C-1052 de 2001 recogió la jurisprudencia
en la materia y precisó que el cargo de inconstitucionalidad debe ser claro,
cierto, concreto, pertinente y suficiente.
La claridad del cargo es el presupuesto básico del argumento, pues un cargo
confuso, ininteligible, impide conocer la intención de la demanda y el alcance
de la acusación.
La certeza del cargo hace alusión a que el mismo debe recaer sobre una norma real,
existente, no sobre una norma ficticia, supuesta por el demandante[1], o sobre una
norma distinta a la acusada, que no ha sido objeto de censura o sobre una norma
que no es objeto concreto de la demanda[2].
La certeza del cargo exige que la acusación recaiga sobre la hipótesis
contenida en la norma, no sobre una interpretación o una práctica de la
autoridad encargada de aplicarla. En suma, un cargo es cierto si permite la
confrontación entre la Constitución y la norma legal a partir de contenidos
normativos verificables, derivados del texto de las normas acusadas.
La especificidad del cargo tiene que ver con la concreción del mismo. No son
aceptables, para entablar un juicio serio, los argumentos genéricos, vagos,
fundados en lucubraciones imprecisas que impiden confrontar las disposiciones
acusadas. Los cargos deben ser concretos porque deben permitir el cotejo
efectivo entre la norma legal y la constitucional[3].
Ahora bien, el razonamiento debe ser suficiente
porque debe contar con todos los elementos de convicción que apoyen el alegato
del demandante. La jurisprudencia no exige un análisis exhaustivo del caso, en
tanto que dicho análisis corresponde a la sentencia, pero sí exige que el
argumento de acusación exhiba las variables mínimas que hagan surgir una duda
razonable sobre la inexequibilidad de la norma. Un argumento suficiente
contiene una ilación consecuente de ideas encaminadas a verificar la hipótesis del
demandante, que no es otra que la oposición entre la norma legal y la
disposición constitucional. Por ello, la suficiencia se entiende como la
capacidad del argumento para hacer surgir una duda mínima respecto de la
exequibilidad del precepto acusado[4].
Finalmente, la pertinencia del cargo se ha
entendido como la jerarquía constitucional de la oposición. Un cargo es
pertinente si plantea una contradicción entre el texto de la Constitución y el
texto de la norma legal. En otros términos, la jurisprudencia entiende que el
cargo de constitucionalidad debe ser pertinente en el sentido de que debe
formular una verdadera oposición normativa entre el texto de la ley y el texto
de la norma constitucional que se considera vulnerado.
6.2.2.
Las razones expuestas en la
demanda para explicar la supuesta inconstitucionalidad de las disposiciones:
Recordadas las exigencias jurisprudenciales de los
cargos de inconstitucionalidad, en seguida se repasarán las razones de la
demanda, no sin antes volver a aclarar que los actores emplean un lenguaje poco
jurídico, por lo cual la Corte no trascribirá literalmente sus argumentos.
Dichas razones pueden sintetizarse así:
1.
Antes de la Sentencia C-355 de
2006, la mujer embarazada como resultado de un acceso carnal abusivo o violento
o de una inseminación no consentida que voluntariamente suspendiera el embarazo
incurría en el delito de aborto. Después de la Sentencia C-355 de 2006, la
Corte Constitucional modificó la concepción del derecho a la vida pues, al
despenalizar el delito de aborto en tres casos específicos, a juicio de los
actores dejó de concebir la vida como el primero de los derechos fundamentales
para convertirlo en un valor relativo.
2.
Dado que, a partir del
pronunciamiento de la Corte, la mujer puede -bajo las circunstancias
permitidas- abortar sin cometer delito, no tiene sentido que el legislador
conserve el trato privilegiado contenido en los artículos 108 y 208, cuando
decide dar muerte o abandonar a su hijo durante el nacimiento o dentro de los 8
días siguientes al mismo. De allí que las normas hayan devenido
inconstitucionales.
3.
A juicio del demandante, no se
justifica que si la madre, dentro de las condiciones señaladas, puede abortar
durante el embarazo, reciba tratamiento privilegiado cuando, después del parto,
da muerte o abandona a su hijo recién nacido.
4.
Esta situación constituye una
discriminación respecto de los hijos cuya muerte o abandono se produce después
del parto, pues su derecho a la vida no resulta protegido de igual forma que el
de las demás personas.
5.
Las normas van en contravía de
las disposiciones del Estado Social de Derecho y de los principios de igualdad
real, pero, también, de las normas del derecho internacional que protegen el
derecho a la vida.
6.
Los impugnantes consideran que la sentencia C-355 de
2006, que declaró inexequible el aborto atenuado[5] (aquél provocado durante
embarazos producto de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo,
de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas),
modificó la concepción del derecho a la vida al considerar que sólo son
titulares de ese derecho las personas nacidas y no las que están por nacer. A
partir de ese cambio conceptual, la demanda sostiene que los  artículos 108 y
208 del Código Penal devinieron inconstitucionales porque no se justifica que
la ley trate con benevolencia a la madre que durante el parto o inmediatamente
después del mismo da muerte o abandona a su hijo, si la Corte ha despenalizado
el aborto atenuado.
En suma, los demandantes sostienen que el cambio
jurisprudencial no justifica que continúe dándose un tratamiento penal más
benéfico para los delitos de infanticidio y abandono, porque al despenalizar el
aborto se permite a la madre interrumpir el embarazo, sin obligarla a esperar
el nacimiento.
6.2.3
Ineptitud sustancial de
la demanda. A juicio de esta
Corporación, los cargos de la demanda no son sustancialmente aptos para
propiciar el estudio de constitucionalidad de las normas acusadas. Lo anterior
por las siguientes razones.
6.2.3.1
Falta de certeza del
cargo. En primer lugar, los
cargos no son ciertos. En efecto, como se acaba de decir, la acusación parte
del supuesto de que la Sentencia C-355 de 2006 modificó la concepción del
derecho a la vida al considerar que sólo son titulares de ese derecho las
personas nacidas y no las que están por nacer. Y a partir de esta afirmación,
los actores construyen el resto de la argumentación relativa a que tal cambio
deslegitimaría la juridicidad de los tipos penales de infanticidio y abandono,
que desde entonces conllevarían una violación del derecho a la igualdad.
No obstante, no es verdad que el contenido de la
decisión adoptada mediante Sentencia C-355 de 2006 tenga el alcance que le
atribuyen los actores, pues  independientemente del cambio de concepción que
operó por virtud de la providencia, el pronunciamiento advirtió que ese cambio
nada tenía que ver con el derecho a la vida de las personas nacidas.
Ciertamente, en la referida sentencia la Corte Constitucional declaró
inexequible el delito de aborto atenuado por considerar que “el fundamento
de la prohibición del aborto radicó en el deber de protección del Estado
colombiano a la vida en gestación y no en el carácter de persona humana del
nasciturus y en tal calidad titular del derecho a la vida”. No obstante, en
la misma providencia, la Corporación advirtió que la vida y el derecho a la
vida son fenómenos distintos, lo que implica que los regímenes jurídicos de
protección del nasciturus y del sujeto nacido son distintos. Véase:
“Conforme a lo expuesto, la vida y el derecho a la
vida son fenómenos diferentes. La vida humana transcurre en distintas etapas y
se manifiesta de diferentes formas, las que a su vez tienen una protección
jurídica distinta. El ordenamiento jurídico, si bien es verdad, que otorga
protección al nasciturus, no la otorga en el mismo grado e intensidad que a la
persona humana. Tanto es ello así, que en la mayor parte de las legislaciones
es mayor la sanción penal para el infanticidio o el homicidio que para el
aborto. Es decir, el bien jurídico tutelado no es idéntico en estos casos y,
por ello, la trascendencia jurídica de la ofensa social determina un grado de
reproche diferente y una pena proporcionalmente distinta.” (Sentencia C-355 de
2006)
Así entonces, como la premisa de la demanda no es
cierta, en cuanto no es verdad, por expresa consideración de la Corte, que la
decisión sobre aborto atenuado haya modificado el estatuto jurídico del derecho
a la vida de las personas nacidas, ni el de los delitos de infanticidio y
abandono, los cargos que dependen de tal premisa no pueden reputarse ciertos,
porque, según antes se explicó, un cargo sólo es cierto si permite la
confrontación entre la Constitución y la norma legal a partir de contenidos
normativos verificables, derivados del texto de las normas acusadas y de los
textos constitucionales entendidos en la interpretación auténtica llevada a
cabo por esta Corporación, y no en aquella que deduce el actor.
6.2.3.2
Falta de claridad del
cargo. De otro lado, los cargos no son claros, por
cuanto el hilo argumentativo de la demanda no es suficiente para explicar por
qué el supuesto cambio jurisprudencial producido por la Sentencia C-355 de 2006
produjo una inconstitucionalidad sobreviniente de los artículos del Código
Penal que tipifican los delitos de infanticidio y abandono; en especial la
argumentación no muestra adecuadamente por qué a partir de entonces y no antes,
dichas normas violan el derecho a la igualdad. En efecto, tanto antes de la
expedición del aludido fallo, como ahora, la interpretación del derecho a la
vida de las personas nacidas ha sido que este es el primero de los derechos
fundamentales. Y la atenuación punitiva del infanticidio y el abandono, tanto
antes como ahora, se encontró justificada en las especiales  condiciones de
motivación en que actúa la madre y no en la consideración de que la vida del
niño o la niña víctima del delito sea de menor valía que la vida de las demás
personas. Así las cosas, la argumentación de la demanda resulta confusa, pues
dado que en todo tiempo la vida de las personas nacidas ha merecido idéntica
protección constitucional, no es claro de qué manera se produce la
inconstitucionalidad sobreviviente que alegan los actores. Particularmente
confuso resulta el argumento conforme al cual, dado que a partir de la
Sentencia C-355 de 2006 la madre embarazada sin su consentimiento puede abortar
sin que ello le origine responsabilidad penal, entonces si no lo hace
oportunamente para más tarde perpetrar los delitos de infanticidio o abandono,
ello produce la vulneración del derecho a la igualdad del niño recién nacido,
frente a las demás personas. La Corte no encuentra una ilación lógica en el
argumento.
Con fundamento en las consideraciones anteriores, en
la parte resolutiva de la presente decisión la Corte emitirá un fallo
inhibitorio por ineptitud sustancial de la demanda.
7.
DECISION
En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional,
administrando justicia, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
R E S U E L V E
Declararse
INHIBIDA para emitir pronunciamiento de fondo respecto de la demanda de
la referencia, dirigida contra los artículos 108 y 128 de la Ley 599 de 2000.
Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.
NILSON PINILLA PINILLA
Presidente
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
JUAN CARLOS HENAO PÉREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT
CHALJUB
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1]
Así, por ejemplo en la Sentencia C-362 de 2001; M.P. Álvaro Tafur Gálvis, la
Corte también se inhibió de conocer la demanda contra Demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo 5º del Decreto 2700 de 1991, pues “del
estudio más detallado de los argumentos esgrimidos por el demandante, como
corresponde a la presente etapa procesal, puede deducirse que los cargos que se
plantean aparentemente contra la norma atacada no lo son realmente contra
ella”.
[2]
Cfr. Corte Constitucional Sentencia C-1544 de 2000 M.P. José Gregorio Hernández
Galindo.  La Corte se inhibe en esta oportunidad proferir fallo de mérito
respecto de los artículos 48 y 49 de la Ley 546 de 1999, por presentarse
ineptitud sustancial de la demanda, debido a que el actor presentó cargos que
se puedan predicar de normas jurídicas distintas a las demandadas. En el mismo
sentido C-113 de 2000 M.P. José Gregorio Hernández Galindo, C-1516 de 2000 M.P.
Cristina Pardo Schlesinger, y C-1552 de 2000 M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[3]
Estos son los defectos a los cuales se ha referido la jurisprudencia de la
Corte cuando ha señalado la ineptitud de una demanda de inconstitucionalidad,
por inadecuada presentación del concepto de la violación. Cfr. los autos 097 de
2001 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra) y 244 de 2001 (M.P. Jaime Cordoba
Triviño) y las sentencias C-281 de 1994 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo),
C-519 de 1998 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), C-013 de 2000 (M.P. Álvaro Tafur
Gálvis), C-380 de 2000 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), C-177 de 2001 (M.P. Fabio
Morón Díaz), entre varios pronunciamientos.
[3]
Cfr. Corte Constitucional Sentencia C-447 de 1997 M.P. Alejandro Martínez
Caballero. La
[4] Auto de
inadmisión Expediente D-6359
[5]
La sentencia C-355 de 2006 declaró inexequible el artículo 124 del Código
Penal, sobre las circunstancias de atenuación punitiva del delito de aborto,
cuyo tenor era el siguiente: “La pena señalada para el delito de aborto se
disminuirá en las tres cuartas partes cuando el embarazo sea resultado de una
conducta constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento,
abusivo, de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no
consentidas.”