T-452-19
Sentencia T-452/19
DERECHO A LA
SALUD DE LOS MIGRANTES-Reglas jurisprudenciales
DERECHO A LA
SALUD DE LOS MIGRANTES-Protección nacional e internacional
DERECHOS DE LOS
MIGRANTES-Extranjeros deben cumplir el ordenamiento jurídico colombiano
DERECHOS DE LOS
EXTRANJEROS EN COLOMBIA-Subreglas establecidas jurisprudencialmente por la
Corte
(i) En ningún caso el
legislador está habilitado para desconocer la vigencia y el alcance de los
derechos fundamentales garantizados en la Carta Política y en los tratados
internacionales en el caso de los extranjeros, así aquellos se encuentren en
condiciones de permanencia irregular en el país(ii) en virtud de lo
dispuesto en la Constitución, las autoridades colombianas no pueden desatender
el deber de garantizar la vigencia y el respeto de los derechos fundamentales
de los extranjeros y de sus hijos menores; (iii) la Constitución o la Ley
pueden establecer limitaciones con respecto a los extranjeros para los efectos
de su permanencia o residencia en el territorio nacional, en virtud del
principio de soberanía estatal, pero los extranjeros en Colombia, disfrutarán de
los mismos derechos civiles que se conceden a los colombianos, aunque por
razones de orden público, mediante ley, algunos de dichos derechos podrán ser
subordinados a condiciones especiales o podrá negarse su ejercicio;(iv) la intensidad del examen
de igualdad sobre casos en los que estén comprometidos los derechos de los
extranjeros, dependerá del tipo de derecho y de la situación concreta por
analizar;(v) el reconocimiento de los derechos de los extranjeros no
implica que en nuestro ordenamiento esté proscrita la posibilidad de
desarrollar un tratamiento diferenciado en relación con los nacionales;(vi) la
aplicación de un tratamiento diferente debe estar justificado por situaciones
de hecho diferentes, una finalidad objetiva y razonable y una proporcionalidad
entre el tratamiento y la finalidad perseguida; y (vii) la reserva de titularidad
de los derechos políticos para los nacionales tiene su fundamento en el hecho
de que por razones de soberanía, es necesario limitar su ejercicio
AFILIACION DE EXTRANJEROS AL
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-Regulación/AFILIACION DE EXTRANJEROS AL
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-Requisitos
Referencia: Acciones de tutela interpuestas por Karolay Beatriz González
Brito contra el Hospital Nuestra Señora de los Remedios de Riohacha, la Guajira
y otros (expediente T-7.210.348); Cora Alicia Ramírez Hernández contra el
Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander y otros (expediente
T-7.210.515); María Josefina Porte Arias contra la Secretaría Seccional de
Salud y Protección Social de Antioquia y otros (expediente T-7.210.462); y JGM en
representación de su hijo YJMB contra la ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz
y otros (expediente T-7.229.766).
Magistrado Ponente:
JOSÉ FERNANDO REYES
CUARTAS
Bogotá D.C., tres (3) de octubre de dos mil
diecinueve (2019)
La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por
los magistrados Alberto Rojas Ríos, Carlos Libardo Bernal Pulido y José
Fernando Reyes Cuartas, quien la preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y
241 numeral 9 de la Constitución Política y en el Decreto-Ley 2591 de 1991, profiere
la siguiente:
SENTENCIA
En el trámite de revisión de los siguientes
fallos de tutela proferidos en única instancia: (i) en el expediente T-7.210.348, por el Juzgado
Quinto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Riohacha el 9 de
noviembre de 2018, dentro de la acción de tutela interpuesta por Karolay
Beatriz González Brito; (ii) en el expediente T-7.210.515,
por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Cúcuta el 16 de octubre de 2018, al
interior del proceso de tutela iniciado por Cora Alicia Ramírez Hernández; (iii) en el expediente T-7.210.462, por el Juzgado
Primero Promiscuo Municipal de la Estrella, Antioquia, el 10 de diciembre de
2018, en la solicitud constitucional de amparo promovida por María Josefina
Porte Arias; y (iv) en el expediente T-7.229.766,
por el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Oralidad de Cúcuta el 14 de
septiembre de 2018, dentro del proceso de tutela
iniciado por JGM en representación de su hijo menor de edad YJMB.
I.
ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES
De acuerdo con lo dispuesto en la
Constitución Política y el artículo 33 del Decreto-Ley 2591 de 1991, mediante
auto de 15 de marzo de 2019, la Sala de Selección Número Tres de la Corte
Constitucional decidió seleccionar para revisión y acumular por presentar
unidad de materia, los fallos de tutela correspondientes a los expedientes T-7.210.348,
T-7.210.515, T-7.210.462 y T-7.229.766.
Los criterios
para selección de los señalados expedientes fueron: i) objetivo, desconocimiento
del precedente de la Corte Constitucional y ii) subjetivo, urgencia de
proteger un derecho fundamental.
II. ACLARACIÓN PREVIA
Teniendo en cuenta que dentro de los cuatro casos
acumulados se estudiará la situación de un menor de edad que padece una
enfermedad catastrófica y a quien presuntamente se le ha negado la prestación
integral de los servicios de salud, la Sala advierte que, como medida de
protección a su intimidad, se debe suprimir de esta providencia sus nombres y
los de su progenitor, al igual que los datos e informaciones que permitan
identificarlos. En consecuencia, para efectos de individualizarlos, sus nombres
y apellidos serán reemplazados por el de sus iniciales.
III. ANTECEDENTES
Expediente T-7.210.348  - Caso 1
La señora Karolay Beatriz
González Brito interpuso acción de tutela contra el Hospital Nuestra Señora de
los Remedios y la Secretaría de Salud Distrital de Riohacha, la Guajira, por
considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la vida, a la dignidad
humana, a la igualdad y a la salud, en razón a que las entidades accionadas negaron
la entrega de los medicamentos formulados para el tratamiento
del lupus eritematoso sistémico que padece. Para
fundamentar la acción relató los siguientes:
Hechos
1. La accionante Karolay Beatriz González Brito de 30
años de edad, aseveró que es ciudadana venezolana y que debido a la dificultad
para recibir atención médica[1],
el 10 de octubre de 2018 tuvo que abandonar su país y trasladarse a la ciudad
de Riohacha.
2. Señaló que desde el año 2012 fue diagnosticada con lupus
eritematoso sistémico, razón por la cual necesita un tratamiento constante
con Hidroxicloroquina. Además, requiere consumir una serie de
medicamentos (losartan, adelat oros, micofenolato, prednisona y furosemida)
para controlar la tensión arterial, evitar el dolor articular y mantener
estable su función renal.
3.
Relató que el 12 de octubre de 2018 acudió al servicio de urgencias del Hospital
Nuestra Señora de los Remedios, porque tenía hipertensión arterial y edema en
ambas extremidades inferiores. Agregó que en el Hospital se le brindó la
atención básica en salud, y que el médico tratante ordenó la realización de
varios exámenes de laboratorio, así como continuar con el tratamiento prescrito
en la fórmula médica. No obstante, comentó que no puede acceder a los medicamentos
debido a la precaria situación económica que afronta.
4.
Informó que no se censó en el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos,
porque cuando ingresó al país este ya había finalizado. Tampoco cuenta con un
pasaporte que le permita tramitar una visa en Colombia.
5.
Finalmente, la actora manifestó que por su condición de salud no puede realizar
actividades que impliquen esfuerzo y, por tanto, tiene dificultades para
conseguir empleo. Refirió que vive con unos amigos en Riohacha quienes, a pesar
de la difícil situación económica[2], le han brindado alojamiento.
6.
Por lo anterior, solicitó la protección de los derechos fundamentales a la
vida, a la dignidad humana, a la igualdad y a la salud y, en consecuencia, que
se ordene su acceso a los servicios asistenciales que requiere.
Trámite procesal a partir de la acción de tutela
7. Mediante auto de 26 de octubre de 2018 el Juzgado Quinto
Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Riohacha, la Guajira,
admitió la acción de tutela, corrió traslado a las entidades demandadas para
que ejercieran su derecho de defensa y contradicción, y vinculó a los
Ministerios de Salud y Protección Social y Relaciones Exteriores, a la Unidad
Administrativa de Migración Colombia y a la Administración Temporal para el
Sector Salud en el Departamento de la Guajira.
Contestación de la tutela
Respuesta del Hospital Nuestra Señora de los Remedios ESE
8. La jefe de la Oficina Jurídica
de la ESE mencionada se opuso a la prosperidad del recurso de
amparo y solicitó la desvinculación del trámite constitucional porque, a su
juicio, no ha vulnerado derecho fundamental alguno a la actora. Ello por cuanto
brindó el servicio de urgencias previsto para los ciudadanos extranjeros.
Precisó que
ninguna de las pretensiones del recurso de amparo estaba dirigida en su contra,
máxime si su función consiste en prestar los servicios de salud contratados de
manera previa con las respectivas EPS o con los diferentes entes territoriales.
En ese sentido, sostuvo que la Secretaría de Salud de Riohacha al ser la encargada
de administrar los servicios de salud es la responsable de resolver las
peticiones elevadas por la actora.
Informó que el
Hospital no está en la obligación legal de atender por consulta externa a un
paciente no cobijado o inscrito como usuario en el Sistema de Seguridad Social
en Salud. En el caso objeto de controversia, aseveró que la accionante se
encuentra de manera irregular en el país, por lo que para acceder a la oferta
pública en salud debe obtener el Permiso Especial de Permanencia (en
adelante PEP), que no ha solicitado. Lo anterior, de conformidad con el
artículo 7º del Decreto 1288 de 2018.
Resaltó que de acuerdo
con la jurisprudencia constitucional[3], si un extranjero se encuentra con
permanencia irregular en el país, tiene la obligación de regularizar su situación
migratoria para obtener un documento de identificación válido. Ello con el fin
de afiliarse al sistema de salud colombiano y, en consecuencia, acceder a la
entrega de medicamentos y tratamientos futuros.
Respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores
9. El Ministerio referenciado alegó la falta de legitimación en la
causa por pasiva en el asunto sub examine y solicitó que el
recurso de amparo sea declarado improcedente. Encontró que en
atención a la competencia funcional señalada en la Ley 489 de 1998 y en el
Decreto 869 de 2016, no tiene la obligación de prestar servicios públicos
sociales dirigidos a nacionales o extranjeros que se encuentran en situación migratoria
regular o irregular en el territorio nacional.
Luego de citar las normas que reglamentan lo relacionado con los
permisos de ingreso y permanencia de los extranjeros[4],
señaló que cualquier nacional de Venezuela, luego de haberse inscrito en el
Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos, puede presentarse ante la
Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia a efectos de obtener el PEP.
No obstante, añadió que además del PEP existen otros tipos de
permisos migratorios para que los extranjeros puedan permanecer de forma regular
Colombia. Uno de ello es la visa, definida en el artículo 47 del Decreto 1743
de 2015 como la autorización concedida por el Ministerio de Relaciones
Exteriores a un extranjero para que ingrese y permanezca en el país[5].
Por último, luego de consultar el Sistema Integral de Trámites al Ciudadano
(SITAC), evidenció que la señora González Brito no ha solicitado visa alguna.
Respuesta de la Secretaría de Salud de Riohacha
10. La secretaria de salud se opuso a la prosperidad de las
pretensiones de la acción de tutela, tras considerar que no existió vulneración
del derecho a la salud alegado por la accionante. Argumentó que en atención a las
pruebas que obran en el expediente la actora recibió la atención médica de
urgencias en el Hospital Nuestra Señora de los Remedios.
Resaltó que de conformidad con las competencias establecidas en la
Ley 715 de 2001, la entidad que representa no presta servicios de salud porque “somos
una sectorial de la Alcaldía Distrital de Riohacha la cual tiene como función
general garantizar que el servicio de salud sea eficiente y eficaz a la
comunidad”.
Afirmó que la accionante no cumple con los requisitos establecidos
en la Circular Nº 269 de 2017[6], porque no cuenta con el PEP, documento
necesario para acceder a los servicios del Sistema General de Seguridad Social
en Salud. Por lo anterior, recomendó que la actora inicie los trámites ante
Migración Colombia con el fin de regularizar su estadía en el país.
Respuesta de la Secretaría de Salud Departamental de la Guajira
11. La señora Luz María de los Ángeles Castañeda Acosta, en su
condición de administradora temporal para el sector salud del departamento de
la Guajira, solicitó la desvinculación de la acción de tutela, en razón a que
no ha vulnerado derecho fundamental alguno a la actora. Ello por cuanto la
señora González Brito fue atendida por el servicio médico de urgencias.
Precisó que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la
Resolución 3017 de 2017, estableció que el PEP es el documento válido para que
las personas de nacionalidad venezolana puedan incorporarse al sistema de salud
colombiano. Bien como cotizantes al régimen contributivo o como beneficiarios
del régimen subsidiado a través del Sisbén.
Respuesta del Ministerio de Salud y
Protección Social
12. La directora jurídica de la entidad indicó que de
conformidad con lo establecido en los artículos 3º, 152, 156 y 157 de la Ley
100 de 1993[7], el Decreto 780 de 2016, y los
artículos 43, 44, y 45 de la Ley 715 de 2001[8], el derecho a la seguridad social es
aplicable como una garantía de protección a todas las personas residentes en el
territorio colombiano.
En
lo relacionado con la prestación de servicios de salud a los nacionales
venezolanos, la cartera ministerial destacó que ante la necesidad de establecer
mecanismos de facilitación migratoria que permitan a estas personas permanecer
de manera regular en el país, el Ministerio de Relaciones Exteriores expidió la
Resolución 5797 de 2017[9]. Esa disposición creó el PEP, como un
documento de identificación en el territorio colombiano.
Seguidamente,
señaló que en atención a que el Gobierno Nacional se encuentra ejecutando una
política integral humanitaria, extendió hasta el 25 de noviembre de 2018 el
plazo para que los extranjeros tramiten el mencionado permiso y, de esa manera,
accedan a la oferta institucional en salud.
Respecto
de la atención a pacientes extranjeros indicó que según lo dispuesto en los
artículos 168 de la Ley 100 de 1993 y 67 de la Ley 715 de 2001, toda persona
nacional o extrajera tiene derecho a recibir atención inicial de urgencias.
Sentencia de única instancia objeto de revisión constitucional
13. Mediante providencia de 9 de
noviembre de 2018 el Juzgado Quinto Penal Municipal con Función de Control de
Garantías de Riohacha negó la acción de tutela. Argumentó que las entidades
accionadas cumplieron con su obligación legal de prestar en forma efectiva los
servicios de urgencias que necesitó la paciente.
Señaló que la actora no pudo
acceder a la totalidad de los servicios de salud para tratar la patología que
padece, debido a que no ha iniciado las acciones correspondientes para obtener
el documento válido que demostrara que ha formalizado su permanencia en el país
y, en consecuencia, afiliarse al régimen de salud colombiano.
Pruebas que obran en el
expediente
14. En el expediente se
encuentran relacionadas como pruebas las copias de los siguientes documentos:
i) Cédula de identidad de
la República Bolivariana de Venezuela de la señora Karolay Beatriz González
Brito[10]. Reporte de epicrisis donde consta que la accionante ingresó por urgencias el 12 de
octubre de 2018 al Hospital Nuestra Señora de los Remedios de Riohacha[11].
ii) Historia clínica de la actora donde consta el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico[12].
Expediente T-7.210.462 - Caso 2
La señora María Josefina Porte
Arias, interpuso acción de tutela contra la Dirección Seccional de Salud del
Departamento de Antioquia, el Municipio de La Estrella, la Secretaría de Salud
Municipal y el Sisbén, tras considerar vulnerados sus derechos fundamentales a
la salud, a la vida y a la igualdad. Ello por cuanto los entes demandados no
suministraron el tratamiento integral requerido para restablecer su estado de
salud. Para fundamentar la acción relató los siguientes:
Hechos
15. La accionante María Josefina Porte Arias de 73 años de edad aseveró que tuvo que
trasladarse de Venezuela al municipio de La Estrella, Antioquia, debido a que
en su país no le era garantizada la prestación del servicio de salud para
tratar su patología de “cardiopatía hipertensiva hta severa con disfunción
diastólica del vi, acv hemorrágico, diabetes mellitus tipo i
insulinodependiente, gastritis crónica, síndrome de colon irritable, ansiedad e
insufiencia vascular cerebral”[13].
16. Relató que ingresó al
país de manera legal porque las autoridades migratorias impusieron el
respectivo sello a su pasaporte. En mayo de 2018 solicitó ante el Registro
Administrativo de Migrantes Venezolanos el PEP para poder afiliarse al Sistema
de Seguridad Social Colombiano. Sin embargo, ese trámite no culminó porque, según
afirma, “no me realizaron el censo puesto que únicamente era para quienes
hubiesen ingresado de forma ilegal al país”.
17. Informó que desde su
llegada al municipio de La Estrella, se ha dirigido en varias oportunidades a
la Secretaría de Salud Municipal y al Sisbén para obtener una cita de medicina
general y por especialista; empero, dichas entidades han negado el acceso a los
servicios de salud con argumentos meramente administrativos. Agregó que tiene la
disposición de adelantar los trámites internos exigidos una vez cuente con los
recursos económicos para hacerlo.
18. Por último, la accionante puso de
presente que es un sujeto de especial protección constitucional, ya que es un
adulto mayor, el tratamiento que requiere es urgente y, finalmente, porque los diagnósticos
que presenta son graves y su situación económica es precaria.
19. Con fundamento en lo expuesto, solicitó
la protección de los derechos fundamentales alegados y, en consecuencia, se
ordenara a las entidades accionadas prestar de manera integral todos los
servicios de salud necesarios para tratar sus patologías, además de la
exoneración de cuotas moderadoras o copagos que se generen con ocasión de la
atención médica.
Trámite procesal a partir de la acción de tutela
20. Mediante auto de 30 de noviembre de 2018 el
Juzgado Primero Promiscuo Municipal de La Estrella, Antioquia, avocó el
conocimiento de la acción de tutela y dispuso la notificación a las partes.
Contestación de la tutela
Secretaría de Seguridad Social y Familia
del Municipio de La Estrella
21. El secretario de seguridad social y
familia del ente territorial en mención solicitó la desvinculación del presente
trámite constitucional, pues esa dependencia ha actuado conforme al
ordenamiento jurídico y jurisprudencia vigente relacionada con los derechos y
obligaciones de los extranjeros residentes en Colombia.
Precisó que una vez consultada su base de
datos encontró que la actora no ha solicitado servicio alguno para acceder a la
oferta pública de salud.
22. Por su parte, la Secretaría
Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia guardó silencio.
Sentencia de única instancia objeto de revisión constitucional
23. Mediante sentencia de 10 de diciembre
de 2018 el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de La Estrella, Antioquia, negó
el amparo constitucional solicitado. Encontró que la accionante tiene el deber
de iniciar el trámite ante Migración Colombia para solicitar el PEP o el asilo.
No obstante, instó a la Secretaría de Seguridad Social y Familia para que
ofreciera asesoría y acompañamiento a la señora María Josefina Porte Arias en
los trámites necesarios para la expedición del salvoconducto u otro documento
que le permita su vinculación al régimen subsidiado de salud y seguridad
social.
Pruebas que obran en el
expediente
24. En el expediente se
encuentran relacionadas como pruebas las copias de los siguientes documentos:
i) Cédula de identidad de
la República Bolivariana de Venezuela de la señora María Josefina Porte Arias[14].
ii) Órdenes e informe médico expedidos por el Dr. Luis
Rivas, cardiólogo adscrito al Centro Médico Cagua C.A. de Venezuela, del cual
se destaca que la accionante padece de cardiopatía hipertensiva, diabetes tipo
I, gastritis crónica, síndrome de colon irritable, ansiedad e insuficiencia
vascular cerebral[15].
Expediente T-7.210.515 - Caso 3
La señora Cora Alicia Ramírez
Hernández, interpuso acción de tutela[16] contra el Instituto Departamental de
Salud de Norte de Santander, la Secretaría de Salud Municipal de Villa del
Rosario y Migración Colombia con el fin de obtener la protección de los
derechos fundamentales a la salud y la seguridad social, presuntamente
vulnerados por las entidades accionadas al no autorizar la cita con la
especialidad de psiquiatría prescrita por padecer trastorno de ansiedad no
especificado. Para fundamentar la acción relató los siguientes:
Hechos
25. Manifestó que es ciudadana venezolana,
tiene 55 años de edad y trabaja hace aproximadamente tres años en la ciudad de
Cúcuta como vendedora ambulante, debido a la difícil situación económica que
afronta su país. Agregó que tuvo que domiciliarse en el municipio fronterizo de
Villa del Rosario donde unos “hermanos” de su “congregación”,
quienes le permiten alojarse en un hogar de paso.
26. Señaló que durante el último año ha
presentado algunos quebrantos de salud, como hipertensión y depresión, a causa de
la desaparición de su hijo Gustavo Adolfo Ramírez, quien es paciente
psiquiátrico y se encuentra perdido desde el 17 de septiembre de 2018.
27. Expuso que ingresó por urgencias al
Hospital Mental Rudesindo Soto el 17 de septiembre de 2018, tras presentar un
cuadro de ansiedad y deambulación motivada por la búsqueda de su hijo. Afirmó
que la entidad hospitalaria ordenó una cita prioritaria con la especialidad de
psiquiatría; no obstante, dicho servicio de salud no fue autorizado porque no cuenta
con el documento válido de identificación que le permita acceder a la oferta
pública en salud.
28. Con fundamento en lo expuesto, solicitó
que se ordenara a las entidades accionadas la autorización de la cita con la
especialidad de psiquiatría en la ESE Hospital Rudesindo Soto, la cual fue
programada para el 4 de octubre de 2018.
Trámite procesal a partir de la acción de tutela
29. Mediante auto de 3 de octubre de
2018, el Juzgado Segundo Civil Municipal de Cúcuta admitió la acción de tutela,
negó la medida provisional solicitada, vinculó al Sisbén y a la ESE Hospital
Mental Rudesindo Soto, y dispuso la notificación a las partes.
Respuesta de la Secretaría de salud del
Municipio de Villa del Rosario
30. La secretaria de salud de la entidad en
mención solicitó que dicha dependencia fuera exonerada de cualquier
responsabilidad respecto de las pretensiones de la acción de tutela.
Luego de citar varias disposiciones
relacionadas con los migrantes venezolanos, concluyó que la actora debe
solicitar ante Migración Colombia el PEP para acceder al Sistema General de
Seguridad Social en Salud.
Respuesta de la ESE Hospital Mental
Rudesindo Soto
31. El gerente del Hospital mencionado
solicitó que el recurso de amparo sea declarado improcedente por cuanto no ha
vulnerado los derechos fundamentales de la actora. Mencionó, sin sustento
normativo alguno, que la entidad competente para autorizar las citas de consulta
externa a los extranjeros es el Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander.
Informó que brindó la asistencia médica
requerida por la actora para estabilizar el trastorno de ansiedad no
especificado que presentó. Lo anterior, porque acogiendo los lineamientos del
Ministerio de Salud a los migrantes no regularizados -como es el caso de la
actora- solo se les brinda atención integral de urgencias.
Respuesta de Migración Colombia
32. El jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Unidad Administrativa
Especial Migración Colombia, al rendir informe sobre los hechos de la tutela,
solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva,
dado que no es la entidad encargada de prestar los servicios de salud que requiere
la accionante.
Afirmó que en virtud de las funciones y competencias que recaen sobre
esa entidad, requirió a la Regional Oriente de la Unidad Administrativa
Especial Migración Colombia -UAEMC- para que informara acerca de la situación
migratoria de la señora Ramírez Hernández. Al respecto, la mencionada
dependencia mediante correo electrónico de 5 de octubre de 2018, dio respuesta
a lo solicitado y señaló que la actora no registra historia de extranjero,
movimiento migratorio de ingreso legal al país, ni permiso especial de permanencia.
Sin embargo, sí acredita “Pre registro de Tarjeta de Movilidad fronteriza
200078”.
Paralelamente, indicó que la Tarjeta de Tránsito Fronterizo ni el
pre-registro de la misma permiten a los extranjeros ingresar al interior del
país, pues de hacerlo, incurrirían en permanencia irregular. Agregó que esos
documentos únicamente avalan el ingreso circunstancial o paso fronterizo por
los puestos de control migratorio habilitados por el Estado colombiano.
Manifestó que la accionante se encuentra en situación irregular, y por
lo tanto, es necesario que acuda al Centro Facilitador de Servicios Migratorios
más cercano e inicie el trámite administrativo migratorio con el fin de
regularizar la permanencia en el país[17].
Por último, advirtió que dicho trámite comprende la expedición de un
salvoconducto, que le permitirá permanecer en el territorio nacional.
Respuesta del Instituto Departamental de Salud de Norte
de Santander
33. La profesional universitaria de la Oficina Jurídica
contestó de manera extemporánea la acción de tutela y solicitó que se le
exonere de todas las responsabilidades endilgadas en el presente trámite. Aseveró
que no existe vulneración de los derechos a la salud y a la seguridad social, porque
la accionante no ha regularizado su permanencia en el país. Indicó que, en tal
sentido, solo tiene derecho al servicio de urgencias y no a tratamientos futuros
para tratar el trastorno de ansiedad que padece.
34. Finalmente, el Sisbén guardó silencio en relación con el
amparo constitucional pedido.
Sentencia de única instancia objeto de revisión constitucional
35. Mediante providencia de 16 de
octubre de 2018 el Juzgado Segundo Civil Municipal de Cúcuta negó la acción de
tutela. Encontró que de acuerdo con las reglas jurisprudenciales señaladas en
la sentencia T-314 de 2016, las entidades accionadas no vulneraron los derechos
fundamentales alegados por la actora, porque al encontrarse en una situación
migratoria irregular únicamente puede acceder al servicio inicial de urgencias
que, en efecto, fue prestado por el Hospital Mental Rudesindo Soto.
Pruebas que obran en el
expediente
36. En el expediente se
encuentran relacionadas como pruebas las copias de los siguientes documentos:
i)
Cédula de identidad de la República Bolivariana de Venezuela de la señora Cora Alicia Ramírez Hernández[18].
ii) Acta de recepción de la acción de tutela verbal interpuesta el 2
de octubre de 2018 por la actora ante el Juzgado Quinto Administrativo Oral de
Cúcuta[19].
iii) Resumen
de atención médica de la señora
Ramírez Hernández donde consta que ingresó el 27 de septiembre de 2018 por urgencias
al Hospital Mental Rudesindo
Soto, tras presentar un trastorno
de ansiedad no especificado[20].
iv) Orden para asistir a consulta
externa por la especialidad de psiquiatría el 4 de octubre de 2018[21].
v) Constancia de
pre-registro para obtener la tarjeta de movilidad fronteriza expedida por
Migración Colombia[22].
Expediente T-7.229.766 - Caso 4
El 30 de agosto de 2018 el señor JGM,
en representación del menor YJMB de 12 años de edad, interpuso acción de tutela
contra el Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander y el Hospital
Universitario Erasmo Meoz, por considerar vulnerados los derechos fundamentales
a la salud y a la vida de su hijo, porque dichas entidades se han negado a
autorizar el “tac de senos paranasales” que le fue ordenado debido al “tumor
de comportamiento incierto o desconocido del labio, de la cavidad bucal y de la
faringe”. Para fundamentar la acción relató los siguientes:
Hechos
37. Sostuvo el accionante que a su hijo, de nacionalidad venezolana[23],
le ordenaron un tac de senos paranasales y el Instituto Departamental de Salud de Norte de
Santander no lo autorizó, pese a que la realización del mismo se requiere con
urgencia.
38. Por lo anterior, solicitó que las entidades accionadas autoricen y
practiquen el examen médico, debido a que no cuenta con los recursos económicos
para sufragar el costo de este.
Trámite procesal a partir de la acción de tutela
39. Mediante auto de 31 de agosto de 2018 el Juzgado Séptimo Civil Municipal
de Oralidad de Cúcuta admitió la acción de tutela, vinculó a la Alcaldía Municipal
de la ciudad, al Sisbén, a la Secretaría de Salud Municipal y a la Gobernación
de Norte de Santander, y dispuso la notificación a las partes.
En el mismo proveído la autoridad
judicial mencionada decretó medida provisional, en la que ordenó “al Instituto
Departamental de Norte de Santander y Hospital Universitario Erasmo Meoz, que
de manera inmediata proceda a autorizar y realizar al menor… el ‘tac de senos
paranasales simple y contrastado’ para el debido tratamiento de su diagnóstico ‘tumor
de comportamiento incierto o desconocido del labio, de la cavidad bucal y de la
faringe’”[24].
Seguidamente, dispuso oficiar a Migración Colombia y a la
Registraduría Nacional del Estado Civil para que informaran acerca del estado
migratorio del menor y su progenitor. Asimismo, los requirió para que indicaran
si los accionantes se encontraban censados y si habían realizado algún trámite
para su identificación y/o registro como ciudadanos colombianos.
Respuesta de las entidades
demandadas y de los vinculados
Respuesta del municipio de San José de Cúcuta
40. La apoderada del ente territorial mencionado solicitó la
desvinculación del trámite constitucional porque, a su juicio, no tiene
legitimación en la causa por pasiva en relación con las peticiones elevadas por
el actor. Lo anterior, toda vez que no cuenta con competencia para otorgar o
negar el examen médico solicitado.
Respuesta del Hospital Universitario Erasmo Meoz
41. El subgerente de servicios de salud del hospital, al rendir
informe sobre los hechos de la tutela, solicitó que la entidad fuera
desvinculada. Argumentó que dicha dependencia ha cumplido a cabalidad los
objetivos misionales, pues brindó la asistencia médica requerida por el menor de
edad, hasta donde su capacidad técnica lo permitió.
En cuanto a las condiciones de salud del niño, manifestó que “[r]evisada
la historia clínica se observa que se trata de un menor que el día 27 de agosto
de 2018 ingresó por urgencias de la ESE HUEM por presentar odinofagia por masa
periamigdalina que ha aumentado de tamaño por lo cual se hospitalizó y fue
valorado multidisciplinariamente por pediatría y otorrino que ordenaron toma de
resección biopsia programada y realizar tac de senos paranasales”.
Afirmó que
el hospital no oferta el servicio de tomografía axial computarizada, porque no
cuenta con los recursos técnico-científicos necesarios para hacerlo, ni tiene
habilitados los mencionados servicios dentro de su portafolio. No obstante,
aseveró que en cumplimiento de sus funciones dio inicio a los trámites
administrativos respectivos ante el Instituto Departamental de Salud de
Norte de Santander, para que le fuera realizado el “tac de senos
paranasales” al menor. Lo anterior, por cuanto, en su concepto, el
instituto mencionado es el competente para autorizar el procedimiento por ser
el responsable de los recursos asignados por el Gobierno Nacional para la
atención de urgencias de los pacientes extranjeros y la población fronteriza.
Informó que a pesar de instar al Instituto Departamental
de Salud de Norte de Santander para que autorizara el examen, esa entidad no accedió
a lo solicitado porque el usuario debe anexar los documentos que demuestren su
nacionalidad colombiana o ingreso de permanencia legal al país; situación en la
cual el Hospital no tiene ninguna responsabilidad.
Señaló que mientras esperaba la autorización del examen
requerido, los médicos tratantes del Hospital Universitario Erasmo Meoz dieron
continuidad al tratamiento médico-quirúrgico del menor, a quien le realizaron una
resección parcial del tumor para ser enviado a patología.
Finalmente, el subgerente de servicios de salud del
Hospital aseveró que de acuerdo con los argumentos legales, técnicos y
científicos antes reseñados, no fue posible dar cumplimiento a la medida
provisional decretada.
Respuesta de Migración Colombia
42. El jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Unidad Administrativa
Especial Migración Colombia, al contestar la acción de tutela solicitó su desvinculación
por falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que no es la entidad
encargada de prestar los servicios de salud que requiere el menor.
Aseveró que en virtud de las funciones y competencias que recaen sobre
esa entidad, requirió a la Regional Oriente de la Unidad Administrativa
Especial Migración Colombia -UAEMC- para que informara acerca de la situación
migratoria de los accionantes. Al respecto, la mencionada dependencia mediante
correo electrónico de 3 de septiembre de 2018 dio respuesta a lo solicitado y
señaló, de un lado, que el menor de edad no registra movimientos migratorios de
ingreso al país “ni Historia de Extranjero, ni Pre registro de tarjeta de
Movilidad Fronteriza”. De otro, que el ciudadano venezolano JGM no registra
movimientos migratorios de ingreso al país, ni historia de extranjero. Sin
embargo, sí acredita “Pre registro de Tarjeta de Movilidad fronteriza
DF330552”.
Manifestó que el menor de edad se encuentra en condición migratoria
irregular, por lo que para su afiliación al Sistema de Seguridad Social en
Salud es necesario que su padre acuda al Centro Facilitador de Servicios
Migratorios más cercano e inicie el trámite administrativo pertinente con el
fin de regularizar la permanencia en el país. Por último, advirtió que dicho
proceso comprende la expedición de un salvoconducto que les permitirá permanecer
en el territorio nacional; luego, los interesados deberán solicitar la visa
ante el Ministerio de Relaciones Exteriores para, finalmente, obtener la cédula
de extranjería.
Respuesta de la Registraduría Nacional del Estado Civil
43. La Registraduría Nacional del Estado Civil reseñó que cuenta con procedimientos
especiales con el fin de ofrecer soluciones a las diferentes situaciones que
presentan los ciudadanos venezolanos. Por ello, en conjunto con el Ministerio
de Relaciones Exteriores y otras entidades expidió la Circular No. 087 de 17 de
mayo de 2018, que se refiere a los venezolanos hijos de padres colombianos. Sin
embargo, indicó que esa disposición no cobija al niño YJMB porque su progenitor
manifestó ser nacional de Venezuela.
Agregó que es deber del accionante dirigirse a Migración Colombia y
solicitar información sobre los requisitos necesarios para acceder a la cédula
de extranjería y, con ella, a las ayudas que se brindan a los personas
venezolanas.
Respuesta de
Secretaría de Salud de Cúcuta
44. El
subsecretario de aseguramiento y control de atención en salud de la Secretaría
de Salud de Cúcuta manifestó que una vez revisada la base de datos única de
afiliados al Sistema de Seguridad Social del Administrador Fiduciario Fosyga,
encontró que el menor de edad no tiene ningún tipo de afiliación en Colombia.
Sostuvo que de acuerdo con las reglas jurisprudenciales consagradas en
la sentencia T-314 de 2016, para que un extranjero alegue igualdad de derechos
frente a los nacionales colombianos en materia de prestación de servicios de
salud debe demostrar que se encuentra de manera legal en el territorio
nacional.
Luego de citar la normativa que regula la afiliación al Sistema
General de Seguridad Social en Salud concluyó que el actor y su hijo solo
pueden acceder al servicio de urgencias debido a la situación migratoria
irregular en la que se encuentran.
Respuesta del Departamento Nacional de Planeación
45. La apoderada judicial de la entidad se opuso a la prosperidad del
recurso de amparo y alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva en
relación con las pretensiones del asunto de la referencia.
De manera preliminar, explicó que el Sistema de Identificación de
Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén) es una herramienta
básica de apoyo para la ejecución de las políticas de inversión pública social,
mediante la focalización, entendida como el proceso por el cual se garantiza
que el gasto social se asigne a los grupos de población más pobre y vulnerable.
Aseveró que el accionante junto con su menor hijo no se encuentran registrados
en la base de datos del Sisbén, y que para ello deben tramitar de manera previa
la correspondiente cédula de extranjería, salvoconducto o PEP.
Finalmente, precisó que si bien la entidad tiene obligaciones frente
al Sisbén, ello no involucra la inclusión de migrantes venezolanos al sistema,
la aplicación de encuestas o su clasificación en el mismo, ni el suministro de los
servicios médicos solicitados.
46. El Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander
guardó silencio en relación con el amparo constitucional pedido.
Sentencia de única instancia objeto de revisión constitucional
47. El Juzgado Séptimo Civil
Municipal de Oralidad de Cúcuta, mediante sentencia de 14 de septiembre de
2018, negó el amparo constitucional solicitado. Como argumento de la decisión,
el operador judicial advirtió que las entidades accionadas no vulneraron el
derecho a la salud alegado por la parte actora, puesto que el Instituto
Departamental de Salud de Norte de Santander y el Hospital Universitario Erasmo
Meoz garantizaron los servicios de salud básicos al menor de edad, lo que
implica únicamente la atención de urgencias. Ello por cuanto, a juicio del a
quo, el accionante ni su hijo han legalizado su permanencia en Colombia.
Pruebas que obran en el
expediente
48. En el expediente se
encuentran relacionadas como pruebas las copias de los siguientes documentos:
i)
Cédula de identidad de la República Bolivariana de Venezuela del señor JGM y cédula
de identidad de su hijo YJMB[25].
ii) Constancia de
pre-registro para obtener la tarjeta de movilidad fronteriza expedida por
Migración Colombia[26].
iii) Historia clínica de YJMB según la cual el
menor presenta “tumor de comportamiento incierto o desconocido del labio, de
la cavidad bucal y de la faringe”[27].
iv) Orden del médico tratante en la que solicitó la realización de los
exámenes de: a) tomografía de senos paranasales o rinofaringe; b)
cuadro hemático; c) parcial de orina incluido sedimento; protrombina
tiempo PT; d) tromboplastina tiempo parcial (PTT); y e)
creatinina suero orina y otros[28].
v) Correos electrónicos del 27, 28, 30 y 31 de agosto de 2018[29],
intercambiados entre el área de referencia y contra referencia del Hospital
Universitario Erasmo Meoz y el Coordinador del Subgrupo de Prestación de
Servicios del Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander.
Actuaciones en sede de revisión
49. Mediante auto de 8 de mayo de
2019 el Magistrado Sustanciador accedió parcialmente a la solicitud de copias
presentada por la directora (e) del área de litigio del Centro de Estudios de
Derecho, Justicia y Sociedad -Dejusticia-. Ello debido a que al interior del
expediente de tutela reposan extractos de las historias clínicas de los
accionantes, documentos que son privados y sometidos a reserva[30].
50. Mediante
auto de 26 de junio de 2019, la Sala Octava de Revisión decretó algunas pruebas
con el propósito de contar con información
actualizada, pertinente y suficiente sobre los supuestos fácticos y jurídicos
que originaron las acciones de tutela de la referencia. En ese sentido: i)
solicitó a los accionantes que informaran acerca de su estado de salud actual, su
condición socioeconómica y su estatus migratorio; ii) indagó a los
organismos encargados de la prestación de los servicios de sanidad a la
población migrante, sobre el estado actual de salud de los actores, y si en la
actualidad les están brindado la atención médica que requieren; y iii) requirió
a las entidades responsables de fijar las políticas migratorias y garantizar el
derecho a la salud de los migrantes irregulares en Colombia, para que indicaran
el procedimiento que deben adelantar los extranjeros para regularizar su
permanencia en el país, los documentos necesarios para presentar la solicitud,
el valor a pagar y cuántos ciudadanos venezolanos han solicitado su
regularización en lo corrido del año, entre otros aspectos.
Paralelamente,
iv) solicitó información acerca del documento válido que la entidad
competente entrega a los migrantes venezolanos para que puedan ingresar al
Sistema General de Seguridad Social en Salud y cuál es la finalidad o
justificación del Gobierno Nacional para exigir la regularización como
requisito de acceso al servicio de salud. Además, si en la actualidad se está
otorgando a los migrantes de nacionalidad venezolana el Permiso Especial de
Permanencia –PEP- y la tarjeta migratoria fronteriza. Asimismo, preguntó sobre
la condición migratoria de los accionantes, las opciones que brinda el Estado
Colombiano para los ciudadanos venezolanos que necesitan acceder al sistema de
salud, pero que no han logrado definir su situación migratoria y si el marco
normativo interno contempla requisitos más flexibles de regularización migratoria
para aquellas personas venezolanas en mayor situación de vulnerabilidad (niños,
niñas, mujeres en embarazo y adultos mayores).
v) Del mismo modo, pidió al Ministerio de Relaciones Exteriores que
informara si el Gobierno Nacional en asocio con los demás Estados afectados por
la situación del vecino país ha adelantado gestiones o diseñado un plan para
adoptar una política pública de atención humanitaria a los migrantes de
nacionalidad venezolana en virtud del principio de responsabilidad compartida. Lo
anterior, en armonía con el exhorto contenido en la Resolución 02 de 2018,
proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
vi) A su turno, ordenó al Ministerio de Salud y Protección Social
para que mencionara las directrices fijadas para la prestación de los servicios
de salud de la población migrante, distintos a la atención inicial de
urgencias, describiera cuáles han sido las acciones en salud pública para
responder a la situación de migración proveniente de Venezuela, así como las
políticas públicas que ha adoptado en lo relacionado con la prestación del
servicio de salud de la población migrante venezolana en condiciones de
pobreza, que no están aseguradas al sistema de salud colombiano debido a la
condición irregular en la que se encuentran. Paralelamente, vii)
solicitó al referido Ministerio que precisara en qué consiste el servicio
básico de urgencias prestado a los migrantes no regularizados y cuál es su
alcance, y explicara cuál es la situación de los extranjeros no regularizados
en el país que necesitan un servicio o tratamiento médico que va más allá de la
atención inicial de urgencias, cuál es el trámite que deben adelantar para
acceder a este y qué mediadas se han adoptado para materializar dichos
servicios.
De otro lado,
fueron vinculados los
Ministerios de Salud y Protección Social y Relaciones Exteriores (dentro de los
expedientes T-7.210.515, T-7.210.462 y T-7.229.766), la Unidad Administrativa
Especial Migración Colombia (dentro del expediente T-7.210.462) y la
Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud
–Adres para que se pronunciaran sobre los hechos que dieron
lugar a las acciones de tutela de la referencia.
Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 64 del Acuerdo 02 de
2015, se decretó la suspensión de términos del expediente acumulado de la
referencia.
Respuestas y pruebas allegadas en
sede de revisión
De las entidades vinculadas[31]
Ministerio de Relaciones
Exteriores
51. Mediante oficio de 12 de
julio de 2019, la directora de asuntos migratorios, consulares y servicio al
ciudadano, Margarita Eliana Manjarrez Herrera, manifestó que el Ministerio no
cuenta con legitimación en la causa para integrar la parte demandada en el
asunto bajo estudio, por lo que solicitó la desvinculación del trámite de
tutela.
Precisó que la afiliación al
Sistema General de Seguridad Social en Salud, así como la prestación de ese
servicio, objeto de las acciones de tutela escapa de las competencias atribuidas
a esa entidad. Para fundamentar lo anterior, reiteró las funciones y
actividades que desarrolla el Ministerio de Relaciones Exteriores, las cuales
están contenidas en el artículo 4, numeral 17 del Decreto 869 de 2016[32] y en el artículo 59
de la Ley 489 de 1998. Además, recordó que la Unidad Administrativa Especial de
Migración Colombia, fue creada mediante el Decreto 4062 de 2011, como un órgano
civil de seguridad, con personería jurídica y autonomía administrativa y
financiera, la cual tiene jurisdicción en todo el territorio nacional.
Seguidamente, precisó que dicha
unidad tiene como función ejercer la vigilancia y el control migratorio de
nacionales y extranjeros, así como la expedición de documentos relacionados con
cédulas de extranjería, salvoconductos, prórrogas de permanencia y salida del
país.
Unidad Administrativa Especial
Migración Colombia
52. La jefe de la Oficina
Jurídica de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia   -UAEMC-,
Guadalupe Arbeláez Izquierdo, en escrito de 11 de julio de 2019, precisó que no
ha vulnerado derecho fundamental alguno a la señora María Josefina Porte Arias
(expediente T-7.210.462). Lo anterior, toda vez que expidió el PEP No.
962146702111945, debido a que la accionante cumplía con los requisitos exigidos
para el efecto[33].
Explicó que el PEP se creó con el
propósito de preservar el orden interno y social, a través del establecimiento
de un mecanismo que permita a los nacionales venezolanos permanecer en Colombia
de manera regular y ordenada. Añadió que ese documento se erige como un instrumento
que sirve para tener identificada a la población venezolana que por la
situación de orden interno y social que vive el vecino país se encuentra en el
territorio nacional, con el ánimo de propender y promover una migración
ordenada, regulada y segura. No obstante, aclaró que el Permiso Especial de
Permanencia no es equiparable a una cédula de extranjería o una visa.
Administradora de los Recursos
del Sistema General de Seguridad Social en Salud -Adres-[34]
53. En oficio de
16 de julio de 2019, la Oficina Asesora Jurídica de la entidad advirtió que el
Gobierno Nacional con el fin de mitigar la creciente problemática que se
presenta con el éxodo masivo de personas de nacionalidad venezolana hacia
Colombia, expidió la Ley 1873 de 2017, la cual en su artículo 140 señaló que “en
atención a la emergencia social que se viene presentando en la frontera con
Venezuela, diseñará una política integral de atención humanitaria y asignará
los recursos en la vigencia fiscal a través de la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres (…)”. En ese sentido, advirtió que el
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, expidió el
Decreto 542 de 2018, mediante el cual se dispuso que la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres diseñara y administrara el Registro
Administrativo de Migrantes Venezolanos.
Agregó que ante
la necesidad de establecer mecanismos de facilitación migratoria que permitan a
los nacionales venezolanos permanecer en Colombia de manera regular y ordenada,
el Ministerio de Relaciones Exteriores desde el año 2017 creó el PEP como un
documento de identificación en el territorio nacional. Paralelamente, expuso
que el Gobierno Nacional con el fin de garantizar el acceso a la oferta
institucional en materia de salud, educación y trabajo, profirió el Decreto
1288 de 2018 que modificó los requisitos y plazos del PEP.
Advirtió que “cuando la
atención de urgencias, haya sido prestada por las instituciones públicas o
privadas a ciudadanos extranjeros sin capacidad económica debidamente
demostrada para sufragar el costo de la misma, su atención se asumirá como
población pobre no cubierta con subsidios a la demanda con cargo a los recursos
de la oferta de la respectiva entidad territorial donde tenga lugar la
prestación de servicios de salud, conforme a lo previsto en los artículos 43,
44 y 45 de la Ley 715 de 2001”.
Finalmente, señaló que si bien la
situación de los migrantes venezolanos es compleja, ello “no es óbice (sic)
para demandar prebendas de todo tipo, incluido el servicio de salud, pero
abstenerse de manera caprichosa de legalizar su situación y permanencia”.
Por lo anterior, consideró que el juez constitucional no solo se debe limitar a
garantizar la atención en salud, sino que debe conminar a los accionantes para
que legalicen su permanencia en el territorio nacional y, luego, proceder
afiliarse al Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Pruebas dirigidas a conocer el
estado de salud actual de los accionantes y su estatus migratorio
Despacho comisorio adelantado por el Juzgado Segundo Civil
Municipal de Cúcuta, Norte de Santander
54. Mediante auto de 11 de julio de 2019, el Juzgado mencionado
devolvió el despacho comisorio sin diligenciar debido a la imposibilidad de
notificar a la accionante Cora Alicia Ramírez Hernández (expediente T-7.210.
515).
Explicó que en el escrito de
tutela no informó ninguna dirección física, sólo un número de celular al cual
se procedió a comunicarse sin obtener respuesta por encontrarse apagado. Así
mismo, intentó notificar a la señora Ramírez Hernández a la dirección de correo
electrónico suministrado (remixxxx@hotmail.com), empero se produjo un
error de comunicación durante la entrega del mensaje remitido.
Por
lo anterior, el despacho judicial ordenó oficiar al Hospital Mental Rudesindo
Soto para que de manera inmediata informara la dirección física o electrónica,
así como el número telefónico registrado en su base de datos de la señora Cora Alicia Ramírez Hernández. En respuesta de 10 de julio de 2019
la institución hospitalaria precisó que se encontró
registrada una dirección en el Diamante, San Cristóbal, Venezuela y dos números
telefónicos de contacto.
Aseveró que como la dirección aportada corresponde al país de
Venezuela, se procedió a notificarla a través de la empresa 4-72, sin obtener
respuesta. Lo mismo ocurrió vía telefónica, pues en varias oportunidades se realizaron
varias llamadas a los números suministrados por el Hospital Mental
Rudesindo Soto, dentro de estos, un número de celular operado
por el vecino país.
Despacho comisorio adelantado por el Juzgado Séptimo Civil
Municipal de Oralidad Cúcuta, Norte de Santander
55. El Juzgado mencionado devolvió el despacho comisorio sin
diligenciar debido a la imposibilidad de notificar al señor JGM (expediente
T-7.229.766).
Informó que mediante auto de 5 de julio de 2019, fijó fecha y hora
para llevar a cabo la ampliación de la versión del accionante (8 de julio a las
8 y 30 de la mañana). No obstante, no fue posible realizar la diligencia porque
no cuenta con una dirección física de notificación y los números telefónicos
registrados no fueron contestados.
Despacho comisorio adelantado por el Juzgado Promiscuo Municipal
de La Estrella, Antioquia
56. El juzgado de primera y única instancia adelantó el despacho
comisorio en sus instalaciones el 12 de julio de 2019 (expediente
T-7.210.462).
En esa diligencia, la señora María Josefina Porte Arias señaló que
tiene 73 años de edad y que llegó a Colombia hace un año y medio. Agregó que vive
en arriendo en el municipio de la Estrella con sus dos hijos “cada quien
tiene su casa aparte, pero yo vivo con mi hija (…)”. Indicó que su hija
trabaja “en un restaurante en el Municipio de Caldas, aunque ella es
licenciada en Educación integral y mi hijo trabaja aquí en la Estrella pero no sé
cuál es la empresa”. En todo caso, ellos son los que pagan el arriendo que
tiene un costo mensual de $350.000.
Frente a la pregunta: “tiene usted ingresos propios? Contestó:
los tenía en Venezuela, aquí no”. Añadió que trabajó en varias empresas en
Venezuela por lo que se jubiló; no obstante, “no recibo el dinero porque me
dijeron que era muy difícil hacer el traspaso de los datos míos para acá para
Colombia, entonces le dejé la tarjeta a un familiar mío para que haga el cobro
allá en Venezuela”. Informó que sus gastos ascienden aproximadamente a
$150.000 y que recibe ayuda para su manutención de sus dos hijos.
Aseveró que su estado de salud no es bueno, pues padece de
hipertensión arterial y es diabética. En relación con la pregunta de si ha
recibido atención médica, la accionante precisó que “ahora es cuando estoy
recibiendo porque al principio no contaba con el permiso especial de
permanencia y no podía acudir a ningún centro de asistencia, tuve que esperar
el permiso que me lo concedió Migración Colombia el 28 de diciembre de 2018. En
estos días me sentí mal, me llevaron al Hospital de Caldas y atendieron y no me
cobraron nada”. Frente al suministro de medicamentos señaló que la
institución hospitalaria no se los otorgó por lo que “su hija directamente
me las ha comprado, andamos en esas diligencias, estamos adelantando la
afiliación para el Sisbén”. Respecto a la pregunta de si en la actualidad
acude a los servicios médicos en Colombia, contestó que “no porque estamos
bajo las prescripciones de un médico de Venezuela”. Finalmente, manifestó
que desea regresar a su país de origen y que el PEP es temporal ya que pierde
vigencia cada dos años.
Requerimiento efectuado a la señora Karolay Beatriz González Brito
57. La señora Karolay Beatriz
González Brito guardó silencio. Lo anterior, a pesar de que fue notificada mediante
oficio No. OPTB – 1631/19 de 28 de junio de 2019, en la dirección de residencia
por ella aportada en el escrito de tutela (expediente T-7.210.348).
Pruebas dirigidas a las entidades
encargadas de la atención en salud[35]
Expediente T-7.210.348 - Caso 1
Secretaría de Salud de Riohacha
58. El Secretario de Salud
Distrital de Riohacha envió escrito de 9 de julio de 2019, por medio del cual
afirmó que la señora Karolay Beatriz González Brito retornó a su país de origen[36].
Recalcó que no existió vulneración
del derecho a la salud alegado por la accionante porque recibió la atención
médica de urgencias en el Hospital Nuestra Señora de los Remedios, tal como lo
establece la reglamentación interna, según la cual es en los departamentos en quienes
recae la obligación de garantizar el acceso a los servicios de salud de la “población
pobre no asegurada” que se encuentre en su territorio[37].
Hospital Nuestra Señora de los
Remedios E.S.E.
59. La jefe de la Oficina Asesora
Jurídica del Hospital mencionado sostuvo que el 12 de octubre de 2018 le fue
brindada a la actora la asistencia médica de urgencias donde le fueron
suministrados medicamentos intrahospitalarios y otorgada una fórmula médica
para tratamiento ambulatorio de su enfermedad. Agregó que desconoce el estado
actual de salud de la paciente porque desde esa fecha no ha acudido de nuevo a
la institución.
Secretaría de Salud Departamental de la Guajira
60. La señora Luz María de los Ángeles Castañeda Acosta, en su
condición de administradora temporal para el sector salud del departamento de
la Guajira, manifestó que la accionante Karolay Beatriz González Brito no
registra solicitud de atención inicial de urgencias en la Red Hospitalaria del
Departamento de la Guajira. Paralelamente, indicó que no ha vulnerado derecho
fundamental alguno a la usuaria y que desconoce su dirección de domicilio,
teléfono de contacto o correo electrónico.
Expediente T-210.462 - Caso 2
Secretaria de Seguridad Social y
de Familia del Municipio de la Estrella, Antioquia
61. En escrito del 9 de junio de
2019, la entidad manifestó que la señora María Josefina Porte Arias, no
registra ninguna solicitud de atención en la E.S.E. Hospital la Estrella.
Además, advirtió que caso de que la actora pida los servicios médicos que
requiere para tratar sus patologías, no está en capacidad de ofrecerlos debido
a que es un hospital de primer nivel de atención.
Secretaría Seccional de Salud y Protección
de Antioquia
62. En respuesta de 29 de julio de
2019, la entidad manifestó que de conformidad con el artículo 32 de la Ley 1438
de 2011, los extranjeros que ingresen al país, que no sean residentes y no
estén asegurados deben procurar adquirir un seguro médico o plan voluntario de
salud con el fin de amparar cualquier eventualidad relacionada con su salud y,
por tanto, “al estado no le correspondería asumir los costos que se deriven de
eventos clínicos que involucre extranjeros”.
Concluyó que los extranjeros
tienen derecho a una atención de urgencia en salud, pero sin que exista dicha
situación de urgencia el migrante está en el deber de adquirir un seguro médico
o afiliarse al sistema de seguridad social en salud, siempre que cumpla con los
requisitos para ello.
Expediente T-210.515 - Caso 3
Secretaría de Salud Municipal
de Villa del Rosario, Norte de Santander
63. En respuesta de 10 de julio
de 2019, la secretaría de la entidad manifestó que la señora Ramírez Hernández
no ha solicitado ningún servicio de salud en el municipio de Villa del Rosario,
por lo que se desconoce su estado actual de salud.
En relación con la cita por la
especialidad de psiquiatría que la actora tenía programada para el 4 de octubre
de 2018, indicó que solicitó información sobre el particular al Hospital Mental
Rudesindo Soto, empero esa institución no ofreció respuesta alguna. Por lo anterior,
se comunicó vía telefónica al área de estadísticas y archivo del Hospital
Mental, donde le comunicaron que lo único que reposaba dentro de sus archivos
es un triage realizado el 27 de septiembre de 2018. Paralelamente,
indicó que en ese documento la paciente dejó consignada como dirección la “calle
7, casa 4-119 Diamante 1 Taribia San Cristobal – Venezuela”.
Hospital Mental Rudesindo Soto
E.S.E.
64. En oficio de 12 de julio de
2018, el gerente del Hospital afirmó que la única atención brindada a la señora
Cora Alicia Ramírez Hernández fue el 27 de septiembre de 2017. En esa fecha le
fue programada cita por medicina especializada para el 4 de octubre de 2018,
sin embargo, la paciente no realizó trámite alguno y a la fecha no ha asistido.
Instituto Departamental de
Salud de Norte de Santander
65. La profesional universitaria
de la Oficina Jurídica del ente mencionado, en respuesta de 9 de julio de 2019,
manifestó que no ha prestado el servicio de salud integral a la actora, toda
vez que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante Decreto 866 de 2017[38] reguló lo
relacionado con los recursos destinados para el pago de atenciones iniciales de
urgencias, siempre que se acrediten los siguientes requisitos: 1) que
corresponda a una atención inicial de urgencias; 2) que la persona que recibe
la atención no tenga subsidio en salud en los términos del artículo 32 de la
Ley 1438 de 2011 ni cuente con un seguro que cubra el costo del servicio; 3)
que la persona que recibe la atención no tenga capacidad de pago; 4) que la
persona que recibe la atención sea nacional de un país fronterizo; y 5) que la
atención haya sido brindada en la red pública hospitalaria del departamento o
distrito.
En lo
relacionado con la atención inicial de urgencias precisó que la Corte
Constitucional en sentencia C-834 de 2007 al analizar la constitucionalidad del
artículo 1º de la Ley 789 de 2002[39] indicó que “todos los extranjeros
que se encuentran en Colombia tienen derecho a recibir un mínimo de atención
por parte del Estado en casos de necesidad y urgencia con el fin de atender sus
necesidades más elementales y primarias, lo que restringe al legislador para
ampliar su protección con la regulación correspondiente”.
Seguidamente, destacó
que de conformidad con lo establecido en el artículo 168 de la Ley 100 de 1993,
ninguna institución prestadora de servicios de salud podrá negarse a prestar la
atención inicial de urgencias. No obstante, evidenció que en el Instituto no
reposa ninguna solicitud de servicios asistenciales por parte de la actora,
razón por la cual desconoce su estado de salud actual y sus datos de contacto.
Expediente T-229.766 - Caso 4
Instituto Departamental de
Salud de Norte de Santander
66. En respuesta
de 8 de julio de 2019, la profesional universitaria de la Oficina Jurídica del
instituto dio respuesta al cuestionario formulado por esta Corporación. En
primer lugar, ante la pregunta de cuál es el estado actual de salud del
menor YJMB y si le están prestando el servicio de salud integral, advirtió
que “Mediante la Oficina de Prestación de Servicios en Salud del Instituto
Departamental de Salud de Norte de Santander, se ha venido brindando atención
desde el pasado 27/09/2018 y ATENCIÓN INTEGRAL según No. de autorización
182621 de fecha 23/10/2018, con respecto al estado de salud del menor, en la
actualidad se encuentra siendo atendido por el Instituto Nacional de
Cancerología de la ciudad de Bogotá con diagnóstico de: tumor de acompañamiento
(sic) incierto o desconocido del labio, de la cavidad bucal y de la
faringe”.
En segundo
lugar, en lo relacionado con el cuestionamiento de si fue realizado el tac de
senos paranasales ordenado el 27 de agosto de 2018 por el médico tratante,
señaló que “mediante autorización No. 182126 de fecha 27/09/2018 se autorizó
la consulta por primera vez por especialista en oncología y en adelante se
autorizó la atención integral”. Paralelamente, frente al tercer
interrogante referido a cuál fue el resultado que arrojó la biopsia tomada el
29 de agosto de 2018, informó que “de acuerdo al reporte del formato
estandarizado de referencia de pacientes, la ESE Hospital Universitario Erasmo
Meoz, en resumen de la Historia Clínica de fecha 22/09/2018: Masculino de 12
años de edad con DX tumor de orofaringe AP: Biopsado por otorrino el
21/08/2018. (Patología reporta Infiltrado Linfoide Atípico. Que requiere
inmunohistoquimica)”.
En tercer lugar,
frente a la pregunta de si fueron autorizados los controles con la especialidad
de otorrinolaringología precisó que desde el 23 de octubre de 2018 al menor de
edad se le está prestando el servicio de salud integral que requiere.
Finalmente,
adjuntó copia de las autorizaciones de servicios médicos expedidos por la
Oficina de Prestación de Servicios del Instituto Departamental de Salud de
Norte de Santander[40]. Lo anterior, adujo “en
cumplimiento del fallo de acción de tutela No. 2018-00348-00 instaurada en el
Juzgado Cuarto Laboral [del] Circuito (sic) Distrito Judicial de Cúcuta”[41].
Hospital
Universitario Erasmo Meoz
67. En oficio
de 10 de julio de 2019, el subgerente de servicios de salud (e) del Hospital se
refirió al estado de salud del menor YJMB. Señaló que el 29 de octubre de 2018 el
paciente fue trasladado a la Clínica Cancerológica de Bogotá en un avión
ambulancia, cuyo transporte fue autorizado y coordinado por el Instituto
Departamental de Salud de Norte de Santander.
Indicó que el
Hospital no tiene capacidad técnico-científica para prestar la atención
integral que el menor requiere. Ello por cuanto no cuenta con las
especialidades de oncología clínica, ni cirugía de cabeza y cuello, razón por
la cual el paciente fue trasladado a la ciudad de Bogotá.
Informó que
el tac de senos paranasales fue realizado por Servivir IPS, el cual arrojó como
resultado gran tumoración que ocupa la faringe.
Destacó que
el Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander es la entidad que
debe garantizar al menor la atención integral mientras permanece en estado de
urgencia. Lo anterior, debido a que de conformidad con el Decreto 866 de 2017,
es el ente responsable de los recursos asignados por el Gobierno Nacional para
la atención de urgencias de los pacientes extranjeros y población fronteriza.
Pruebas dirigidas a las entidades
responsables de fijar las políticas migratorias y garantizar el derecho a la
salud de los migrantes irregulares en Colombia
Ministerio
de Salud y Protección Social
68. En escrito
de 12 de julio de 2019, la directora jurídica dio respuesta al cuestionario
formulado por esta Sala. Ante la pregunta sobre las directrices fijadas para la
prestación de servicios de salud de la población migrante, distintos a la
atención inicial de urgencias, señaló que “cuando se trata de la atención de
urgencias, de acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 168 de la Ley 100 de
1993, en concordancia con el Artículo 67 de la Ley 715 de 2001 toda persona
nacional o extranjera tiene derecho a recibir la atención inicial de urgencias”.
Relacionó las
normas establecidas en el Decreto 780 de 2016[42] relativos a la
afiliación de la población migrante venezolana a los regímenes contributivo y
subsidiado de salud. Recalcó que es competencia del municipio donde reside la
persona practicarle la encuesta del Sisbén en aras de determinar si se
clasifica en los niveles I y II del mismo[43]. Finalmente,
precisó que la Ley 715 de 2001[44] definió una serie de competencias a
cargo de las entidades territoriales para garantizar los servicios de salud a
la “población pobre o vulnerable” que no cuentan con una afiliación al
régimen contributivo, subsidiado o especial.
Luego de
referirse a la normativa que ha proferido para atender la situación migratoria
que se ha presentado en Colombia señaló que en lo relacionado con la prestación
de los servicios de salud a los nacionales venezolanos, el Gobierno Nacional
mediante la Ley 1873 de 2017 fijó una política integral humanitaria. Así mismo,
destacó que el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
expidió el Decreto 542 de 2018[45], mediante el cual dispuso que la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD- diseñara y administrará
el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos en Colombia, cuya
información servirá como fundamento para la formulación de la referida política
integral humanitaria.
Seguidamente,
anotó que el Ministerio de Relaciones Exteriores expidió la Resolución
5797 de 2017, por medio de la cual creó el PEP como un documento de
identificación que les permite permanecer en el país durante un tiempo
determinado. En ese sentido, añadió que el Gobierno Nacional en aras de
garantizar el acceso a la oferta institucional en materia de salud, educación y
trabajo, entre otros beneficios, en los niveles municipal, departamental y
nacional, expidió el Decreto 1288 de 2018 que modificó los requisitos y
extendió hasta el 25 de noviembre de 2018 el plazo para que los extranjeros
venezolanos tramitaran el PEP.
El Ministerio
concluyó que el Sistema General de Seguridad Social en Salud -SGSSS-, garantiza
la atención médica a los nacionales venezolanos que se encuentren en el
territorio nacional de manera regular, mientras que frente aquellos extranjeros
cuya estancia, tránsito o permanencia sea irregular, únicamente tienen derecho
a la atención de urgencias.
Finalmente, el
Ministerio señaló que “de conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 4107
de 2011 , modificado en algunos apartes por el Decreto 2562 de 2012, mediante
los cuales se determinan los objetivos, la estructura orgánica y las funciones
del Ministerio de Salud y Protección Social, esta Cartera es un organismo
perteneciente a la Rama Ejecutiva del poder Público, que actúa como ente rector
del sector administrativo de salud y protección social y en esa medida, sus
funciones principales son formular, adoptar, dirigir, coordinar, ejecutar y
evaluar la política pública en materia de salud, salud pública y promoción
social en salud” Por tanto, esa entidad en ningún caso será la responsable
directa de la prestación de los servicios de salud, tal como lo establece el
artículo 58[46] de la Ley 489 de 1998[47].
Unidad Administrativa Especial Migración Colombia
69. Mediante escrito de 16 de julio de 2019, la jefe de la Oficina
Asesora Jurídica de la entidad, Guadalupe Arbeláez Izquierdo, luego de
mencionar las normas que fijan la competencia y funciones que desarrolla la
entidad, señaló que todo extranjero que se encuentre en forma irregular en el
país, debe dirigirse a un Centro Facilitador de Servicios Migratorios para
adelantar los trámites correspondientes con el fin de regularizar su
permanencia.
Explicó que es necesario que los migrantes con nacionalidad
venezolana en permanencia irregular se regularicen mediante un salvoconducto tipo
SC-2[48]. Agregó que ese documento tiene un
costo de $60.000, no obstante, por razones humanitarias Migración Colombia
podrá emitir el salvoconducto de manera gratuita.
De otro lado, indicó que para el caso de los extranjeros que deseen
radicarse en el país es necesario que adelanten los trámites de una visa, la
cual es expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Aseveró que para efectos de que los extranjeros puedan ser titulares
de todos los derechos civiles con los que cuentan los nacionales colombianos,
es necesario que los mismos cumplan con su deber de regularizar su condición
migratoria, “tal como lo impone el artículo 4 de la Constitución Política de
acogerse a la Constitución, a la ley y a las autoridades colombianas”.
Informó que “teniendo en cuenta la situación en la que se
encuentran más de 68.000 ciudadanos venezolanos tras el vencimiento de la
primera fase del Permiso Especial de Permanencia a partir del próximo 03 de
agosto de 2019, para quienes no han regularizado su situación migratoria en
Colombia; el Ministerio de Relaciones Exteriores expide la Resolución 2634 del
29 de mayo de 2019, mediante la cual permite que a solicitud del interesado, se
realice la renovación del PEP por un término de dos (2) años a partir del 4 de
junio de 2019 y hasta el 30 de octubre del presente año. Como quiera que
Migración Colombia es la entidad encargada de realizar dicho trámite, expide la
Resolución 1567 del 30 de mayo de 2019, mediante la cual se establece como
requisito principal ser titular del PEP otorgado entre el 03 de agosto y el 31
de octubre de 2017 y realizar el respectivo trámite vía web en la página
http://www.migracioncolombia.gov.co, en las fechas allí establecidas para que
de esta forma, ninguna persona incurra en permanencia irregular en el
territorio colombiano”.
Resaltó que el
Gobierno Nacional desde el año 2017 ha implementado medidas con el fin de
brindar todo tipo de ayuda a los ciudadanos venezolanos que se encuentren en el
territorio nacional. Sin embargo, precisó que el PEP es una medida transitoria
y, hasta el momento, no existe otra de carácter permanente por parte del
Estado.
Explicó que en
lo corrido del año 2019 se han emitido 46.961 Permisos Especiales de
Permanencia, regularizando así la condición migratoria de estos ciudadanos
venezolanos. De igual forma, destacó que se han renovado 23.535 permisos,
proceso de renovación que continuará vigente hasta el 30 de octubre del
presente año.
En lo
relacionado con la Tarjeta de Movilidad Fronteriza precisó que ese documento
concede al extranjero la posibilidad de realizar el tránsito circunstancial
dentro de las zonas de frontera establecidas por un lapso no mayor a siete (7)
días. Por tanto, el migrante venezolano titular de la mencionada tarjeta no
podrá acceder al sistema de salud, ni identificarse en el país porque es un
documento de tránsito.
Por último,
informó que no existe una legislación más flexible para aquellas personas en mayor
situación de vulnerabilidad, pues el Decreto 1067 de 2015[49] establece
un único procedimiento.
Adicional a este escrito, la jefe
de la Oficina Asesora Jurídica de la Unidad Administrativa
Especial Migración Colombia, el 29 de julio de 2019, presentó un
memorial en que señaló la condición migratoria de los accionantes. En el caso
de la señora Karolay Beatriz González Brito precisó que no tiene registro de
trámite de expedición de PEP ni pre-registro de Tarjeta de Movilidad
Fronteriza. En ese sentido, concluyó que la actora no ha adelantado ningún
procedimiento ante la entidad tendiente a regularizar su condición migratoria.
En cuanto a la señora María
Josefina Porte Arias indicó que se encuentra en condición migratoria regular
porque desde el 28 de diciembre de 2018 cuenta con el PEP. Respecto
de la señora Cora Alicia Ramírez Hernández no hizo manifestación alguna.
Por último, en
el caso del señor JGM y su menor hijo YJMB informó que si bien no registran
movimientos migratorios que acrediten que ingresaron al país por puesto de
control migratorio habilitado, durante su estadía con permanencia irregular,
realizaron trámite ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de
reconocimiento de la condición de refugiado el 16 de octubre de 2018. Por ello,
fueron expedidos tres salvoconductos tipo SC-2. Explicó que el “trámite de
refugiado” en la actualidad se encuentra en estudio, el cual una vez
culminado determinará si tienen o no tal calidad.
Ministerio de
Relaciones Exteriores
70. En respuesta del 16 de julio
de 2019[50], la Directora de Asuntos Migratorios,
Consulares y Servicio al Ciudadano dio respuesta al cuestionario formulado por
la Sala de Revisión. En primer lugar, ante la pregunta de cuál es el
procedimiento para que los migrantes de nacionalidad venezolana regularicen su
permanencia en el país, qué etapas lo integran, cuál es su duración y el valor
que se debe pagar, cuáles son los documentos que se necesitan para presentar la
solicitud y cuántos ciudadanos venezolanos han solicitado su regularización en
lo corrido del año, señaló que la reglamentación interna determina
diferentes tipos de permisos migratorios para que los extranjeros puedan
permanecer de manera regular en el territorio nacional, uno de estos es la visa[51], definida por el
artículo 47 del Decreto 1743 de 2015[52] como la autorización concedida por el
Ministerio de Relaciones Exteriores a un extranjero para que ingrese y permanezca
en el territorio nacional. Es decir, que el extranjero obtiene un estatus
migratorio al ser titular de cualquiera de las categorías de visa establecidas
sin distinción de etnia, cultura, raza, género o nacionalidad.
Paralelamente, precisó que el
servicio de expedición de visas es rogado y en ningún caso el Gobierno Nacional
otorga una visa sin que sea solicitada por el interesado. Reiteró que todo
extranjero que desee ingresar, transitar y/o permanecer en el país deberá
tramitar un permiso que corresponda a su intención de estancia, trámite éste
que es administrado por la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia
-UAE-. Añadió que las tarifas por concepto de estudio y expedición de una visa,
no son caprichosas[53] y son de obligatorio recaudo[54]. Por lo tanto, los
costos de estudio y valor del trámite de visa no son susceptibles de
exoneración. Seguidamente, relacionó las tarifas de las distintas categorías de
visas, cuya tasa en pesos es fijada cada cuatro meses por el Ministerio de
Relaciones Exteriores, así:
CLASE DE VISA
DOLARES
PESOS
COLOMBIANOS
TASA
ACTUAL
3100
VISITANTE
ESTUDIO
VIS A
ESTUDIO
VISA
TRANSITO
AEROPORTUARIO
52
67
$161,200
$207.700
TURISMO
52
82
$161.200
$254.200
GESTIONES
DE NEGOCIO
52
245
$161.200
$759.500
INTERCAMBIO ACADEMICO, ESTUDIOS EN ARTE U
16
51
$49.600
$158.100
TRATAMIENTO
MEDICO Y ACOMPAÑANTE
52
170
$161.200
$527.000
TRAMITES
ADMINISTRATIVOS/ JUDICIALES
52
170
$161.200
$527.000
TRIPULANTE
DE EMBARCACION 0 EN PLATAFORMA
52
170
$161.200
$527.000
PARTICIPANTE
DE EVENTO
52
170
$161.200
$527.000
PASANTE
/ PRACTICANTE
52
170
$161.200
$527.000
VOLUNTARIO
52
170
$161.200
$527.000
PRODUCCION
AUDIOVISUAL Y/O DIGITAL
52
170
$161.200
$527.000
CUBRIMIENTO
PERIODISTICO
52
170
$161.200
$527.000
PRESTADOR
DE SERVICIOS TEMPORALES
52
170
$161.200
$527.000
TRANSFERENCIA
INTRACORPORATIVA
52
245
$161.200
$759.500
OFICIAL
0 REPRESENTANTE COMERCIAL DE GOBIERNO
52
245
$161.200
$759.500
PROGRAMA
VACACIONES - TRABAJO
0
0
$0
$0
CASOS
NO PREVISTOS
52
170
$161.200
$527.000
CORTESIA
0
0
$0
$0
MIGRANTE
CONYUGE
0 COMPANERO PERMANENTE DE NACIONAL
52
230
$161.200
$713.000
PADRE
0 HIJO DE NAL COLOMBIANO POR ADOP
52
230
$161.200
$713.000
ACUERDO
MERCOSUR
52
230
$161.200
$713.000
REFUGIADO
0
0
$0
$0
TRABAJADOR
52
230
$161.200
$713.000
SOCIO/PROPIETARIO
52
230
$161.200
$713.000
EJERCER PROFESION 0 ACTIVIDAD INDEPENDIENTE
52
230
$161.200
$713.000
RELIGIOSO
52
230
$161.200
$713.000
ESTUDIANTES PRIMARIA-SECUNDARIA-MEDIAYTEC
16
51
$43.600
$158.100
INVERSION
INMOBILIARIA
52
230
$161.200
$713.000
PENSIONADO
0 RENTISTA
52
230
$161.200
$713.000
RESIDENTE
52
391
$161.200
$1.212.100
TRASPASO DEVISA
52
52
$161.200
$161.200
En relación con
los documentos necesarios para presentar una solicitud de visa explicó que los
requisitos generales para ese trámite se encuentran previstos en el artículo 36
de la Resolución 6045 de 2017[55].
Respecto de los
ciudadanos que han solicitado su regularización a través de una solicitud de
visa, el Ministerio de Relaciones Exteriores relacionó los siguientes cuadros
informativos:
Tabla 1.
Cantidad de visas solicitadas por ciudadanos de Venezuela desde 1º enero de
2014 hasta 3 de julio de 2019. Según estado de solicitud.
ESTADO
SOLICITUD/AÑO
2014
2015
2016
2017
2018
2019
TOTAL*
EXPEDIDAS
12.639
11.707
15.431
18.911
18.678
5.132
82.498
INADMITIDAS
1.394
1.488
2.177
2.405
3.143
1.804
12.411
NEGADAS
50
407
279
112
97
59
1.004
SOLICITADAS
14.479
14.072
18.769
22.736
23.480
7.990
101.526
Tabla 2.
Cantidad de visas expedidas a ciudadanos de Venezuela desde 1º enero de 2014
hasta 3 de julio de 2019. Según tipo de oficina.
TIPO DE OFICINA/AÑO
2014
2015
2016
2017
2018
2019
TOTAL*
%**
OFICINA BOGOTÁ
7.705
6.755
10.718
12.510
12.232
4.773
54.693
66%
CONSULADO
4.934
4.952
4.713
6.401
6.446
359
27.805
34%
TOTAL POR AÑO
12.639
11.707
15.431
18.911
18.678
5.132
82.498
100%
Ahora bien, en
cuanto a la reglamentación que fija los Permisos de Ingreso y Permanencia -PIP-
explicó que ello es tramitado por la UAE Migración Colombia, entidad que en
agosto de 2016 expidió la Resolución 1220[56], norma que en el
artículo 4º estableció que se podrá otorgar el referido permiso al extranjero
que desee ingresar al territorio nacional dependiendo de la intención de
estancia. Este documento se otorga para vigencia de 90 días, que podrán ser
prorrogados por 90 días más.
En segundo lugar, en respuesta a
las preguntas relacionadas con el documento válido de identificación que se
entrega a los ciudadanos venezolanos para que puedan ingresar al Sistema
General de Seguridad Social en Salud y cuál es la finalidad o justificación del
Gobierno Nacional para exigir la regularización como requisito de acceso al
servicio de salud; si en la actualidad se está otorgando a los migrantes de
nacionalidad venezolana el Permiso Especial de Permanencia -PEP- y la tarjeta
migratoria fronteriza; qué opciones brinda el Estado Colombiano para los
ciudadanos venezolanos que necesitan acceder al sistema de salud, pero que no
han logrado definir su situación migratoria; y si el marco normativo interno
contempla requisitos más flexibles de regularización migratoria para aquellas
personas venezolanas en mayor situación de vulnerabilidad: niños, niñas,
mujeres en embarazo y adultos mayores, señaló que, el Ministerio de
Relaciones Exteriores no es prestador directo ni indirecto de ningún tipo de
servicio público social dirigido a nacionales o extranjeros que se encuentran
en situación migratoria regular o irregular en el territorio nacional. Dichas
obligaciones se encuentran a cargo de las entidades del área social, como son,
las Secretarías Departamentales de Salud y Bienestar Social, entre otras.
Asimismo, puntualizó que no interviene en la afiliación al Sistema General de
Seguridad Social en Salud. No obstante, puso de presente que para lograr la
afiliación de la población pobre y vulnerable, el Estado colombiano ha definido
al Régimen Subsidiado en Salud como una vía de acceso efectiva al ejercicio del
derecho fundamental de la salud.
Adicionalmente,
agregó que el trámite administrativo y de asignación de recursos económicos
necesarios para que los nacionales extranjeros, en su calidad de migrantes le
sean prestados los servicios de salud, el artículo 140 de la Ley 1873 de 2017
estipuló que el Gobierno Nacional “en atención a la emergencia social que se
viene presentando en la frontera con Venezuela, diseñará una política integral
de atención humanitaria y asignará los recursos en la vigencia fiscal a través
de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres”. En tal
virtud, se expidió el Decreto 0542 de 2018 “Por el cual se desarrolla
parcialmente el artículo 140 de la Ley 1873 de 2017 y se adoptan medidas para
la creación de un registro administrativo de migrantes venezolanos en Colombia
que sirva como insumo para el diseño de una política integral de atención
humanitaria”.
Seguidamente,
explicó que el registro administrativo de migrantes venezolanos en Colombia fue
realizado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres desde
el 8 de abril hasta el 8 de junio de 2018, el cual dio origen a la expedición
del Decreto No. 1288 de 2018[57], normativa que fue reglamentada por
la Resolución 6370 de 2018[58].
Destacó que el
artículo 1º del Decreto 1288 de 2018 estableció que “[e]l Ministerio de
Relaciones Exteriores, mediante resolución, modificará los requisitos y plazos
del Permiso Especial de Permanencia (PEP) para garantizar el ingreso de las
personas inscritas en el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos a la
oferta institucional. // PARÁGRAFO 1. En la reglamentación que expida el
Ministerio de Relaciones Exteriores se deberá precisar que el Permiso Especial
de Permanencia - PEP es un documento de identificación válido para los
nacionales venezolanos en territorio colombiano que les permite permanecer
temporalmente en condiciones de regularizacion migratoria y acceder a la oferta
institucional en materia de salud, educación, trabajo y atención de niños,
niñas y adolescentes en los niveles nacional, departamental y municipal”.
Así mismo, indicó que tal preceptiva
estableció en su artículo 7º, lo siguiente:
"Oferta institucional en salud. Los venezolanos inscritos en el
Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos tienen derecho a la siguiente
atención en salud:
• La atención de urgencias.
• Las acciones en salud pública, a saber: vacunación en el marco del
Programa Ampliado de Inmunizaciones-PAI, control prenatal para mujeres
gestantes, acciones de promoción y prevención definidas en el Plan Sectorial de
respuesta al fenómeno migratorio y a las intervenciones colectivas que
desarrollan las entidades territoriales en las cuales se encuentren dichas
personas, tal y como se indica en la Circular 025 de 2017 del Ministerio de
Salud y Protección Social.
• La afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud,
tanto al régimen contributivo como al subsidiado, previo cumplimiento de las
condiciones establecidas en el Decreto 780 de 2016, en la parte 1, libro 2, o
la norma que lo modifique, adicione o sustituya, así como al Sistema de Riesgos
Laborales en los términos de la parte 2, del título 2, capítulo 4, del Decreto
1072 de 2015”.
Por otra parte,
señaló que el artículo 1º de la Resolución 6370 de 2018 fijó los requisitos
para que los nacionales venezolanos inscritos en el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos RAMV puedan obtener
el PEP en el siguiente sentido:
“1. Encontrarse en el territorio colombiano a la fecha de
Publicación de la presente Resolución.
2. No tener antecedentes judiciales a nivel nacional o
requerimientos judiciales internacionales.
3. No tener una medida de expulsión o deportación vigente.
Parágrafo Primero. El Permiso Especial de Permanencia (PEP), para
los nacionales venezolanos inscritos en el Registro Administrativo de
Migrantes, será expedido por la Unidad Administrativa Especial Migración
Colombia dentro de los cuatro (04) meses, contados a partir de la publicación
de la presente resolución, previo cumplimiento de los requisitos establecidos
en este artículo”.
De otro lado,
aseveró que mediante la Resolución 10064 del 3 de diciembre de 2018, se
modificó el parágrafo primero del artículo 1º de la Resolución 6370 de 2018, en
lo que respecta al plazo para la expedición del PEP, el cual se amplió hasta el
21 de diciembre de 2018. Posteriormente, la Unidad Administrativa Especial
Migración Colombia expidió la Resolución 10677 de 18 de diciembre de 2018,
mediante la cual se estableció un nuevo término para acceder al PEP, que
consagró en el artículo primero que los ciudadanos venezolanos que se
encuentren en territorio colombiano a 17 de diciembre de 2018, podrán solicitar
el PEP dentro de los 4 meses siguientes a la publicación del mencionado acto
administrativo.
En lo
concerniente a los requisitos flexibles de regularización migratoria en cuanto
a visas, informó que para la situación de las personas con nacionalidad
venezolana se opta por estudiar caso por caso, siendo así flexibles en cuanto
la vigencia de las apostillas y la cadena de legalización de los documentos
soportes de la solicitud, así mismo se ha permitido que eleven su solicitud con
el pasaporte vencido.
Refirió que
ninguno de los accionantes ha elevado solicitud de visa ante el Ministerio de
Relaciones Exteriores.
Finalmente, en
relación con la pregunta de si el Gobierno Nacional en asocio con los demás
países afectados por la situación del vecino país ha adelantado gestiones o
diseñado un plan para adoptar una política pública de atención humanitaria a
los migrantes de nacionalidad venezolana en virtud del principio de
responsabilidad compartida, informó que, la Resolución 02 de 2018 proferida
por la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos -CIDH- no tiene carácter
vinculante para los países, pues fue expedida con el propósito de que la OEA y
la CIDH sirvan de apoyo a los Estados en el marco de las respuestas nacionales
y regionales a la crisis migratoria.
Relató que los
países más afectados por esta coyuntura, coinciden en la necesidad de buscar
una respuesta regional que permita afrontar esta crisis migratoria, motivando a
la realización de varias reuniones técnicas en diferentes instancias para
abordar el tema y proponer consensos que faciliten a los Estados de la región,
manejar mejor la crisis y garantizar a los migrantes un trato humanitario y
adecuado ante la situación que afrontan. De este modo, la Dirección de Asuntos
Migratorios y Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores como vocera en
las instancias pertinentes, participa como Jefe de Delegación en los escenarios
multilaterales tales como el Grupo de Trabajo sobre Asuntos Consulares y
Jurídicos del MERCOSUR, el Comité Andino de Autoridades Migratorias de la CAN,
la Conferencia Suramericana sobre Migraciones, la Conferencia Regional sobre
Migraciones (que incluye América del Norte, Central y el Caribe) y el Proceso
de Quito, todos espacios multilaterales de concertación donde se han tratado
estos temas de gran preocupación para la región.
A nivel
regional, entre los puntos en los que Colombia coincide con otros países, se
encuentran: i) la necesidad de intercambiar información sobre flujos de
migrantes venezolanos en la región; ii) propender por la regularizacion
de los migrantes; iii) ofrecer a los migrantes, atención en salud,
educación y asistencia humanitaria, con especial énfasis en niños, niñas y
adolescentes – NNA; iv) prevenir que los migrantes venezolanos sean
víctimas de trata de personas o de tráfico ilícito de migrantes; v) prevenir
la discriminación y estereotipos hacia la población migrante; vi) garantizar
los derechos humanos de los migrantes; vii) promover la cooperación
internacional bilateral y multilateral para afrontar las crisis y proveer
asistencia humanitaria, y atención a la población migrante en los Estados
receptores; y viii) adoptar medidas para tratar de controlar el
fenómeno.
En ese sentido, precisó
que desde septiembre de 2018 se integró el denominado Proceso de Quito por
iniciativa del Gobierno del Ecuador que convocó a la Primera Reunión Regional
sobre la Movilidad Humana de Ciudadanos Venezolanos en las Américas, en la cual
se adoptó la declaración de quito sobre movilidad humana de ciudadanos
venezolanos en la región que agrupó las principales coincidencias de los
países frente a la crisis migratoria y su impacto, así como reconoció la
importancia de establecer acciones concretas y coordinadas para su atención.
Destacó que a la
fecha se han convocado cuatro reuniones en el marco de este proceso (septiembre
de 2018; noviembre de 2018; abril de 2019 y julio de 2019) en las que se han
dado avances importantes como la formulación del Plan de Acción del Proceso de
Quito que incluye 10 compromisos y 22 acciones orientados principalmente a: i)
articular mecanismos que faciliten la permanencia regular de los migrantes
venezolanos; ii) coordinar los procesos de regularizacion en la región; iii)
proveer asistencia humanitaria hacia Venezuela; iv) establecer y
fortalecer la cooperación internacional a través de órganos multilaterales con
los países de la región; v) definir el rol de la CAN, el Mercosur y la
SGIB dentro del proceso; vi) coordinar, con el acompañamiento de la OEA,
una respuesta orientada a la prevención de la trata de personas y el tráfico
ilícito de migrantes; vii) incluir el tema de la crisis migratoria
venezolana, dentro de las agendas de trabajo de la Conferencia Sudamericana de
Migraciones - CSM y la Conferencia Regional sobre Migraciones; y, finalmente, viii)
aceptar los documentos de viaje vencidos.
Adicionalmente, informó
que en los días 4 y 5 de julio de 2019 se aprobó en la ciudad de Buenos Aires,
en el marco de la IV reunión del Proceso de Quito, una hoja de ruta mediante la
cual se espera que se materialicen y complementen las principales medidas
definidas en el Plan de Acción suscrito en noviembre de 2018.
Gobernación
de Norte de Santander
71. Mediante
escrito de 26 de julio de 2019, el secretario jurídico solicitó que se absuelva
al Departamento de cualquier responsabilidad. Ello por cuanto no ha vulnerado
los derechos fundamentales de los accionantes. Resaltó que el Instituto
Departamental de Salud de Norte de Santander y el Hospital Erasmo Meoz son
entidades con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa
y financiera. Por lo anterior, explicó que el gobernador de Norte de Santander
no es el superior jerárquico de dichas entidades.
Departamento Nacional de Planeación
72.
En memorial de 25 de julio 2019, la entidad afirmó que cuando una persona ostenta
otra nacionalidad y necesita ser incluida en las bases de datos del Sisbén, es
necesario que regularice su situación, es decir, que obtenga un documento
válido de identificación, como lo es la cédula de extranjería, el salvoconducto
o el PEP.
Indicó
que en materia municipal, “son las propias entidades territoriales las que
deben definir los criterios de acceso a los programas sociales que ofrezcan.
Por lo tanto, si bien la población que aspire a ingresar ha (sic)
determinado programa, además de contar con la encuesta del Sisben y tener
determinado puntaje (estado de elegibilidad), debe cumplir con los requisitos
adicionales que establezca el municipio”.
Por
último, arguyó que ni el Departamento Nacional de Planeación ni el Sisbén
establecen los criterios de ingreso o permanencia en determinado programa
social. En ese sentido, puso de presente que los
procedimientos y requisitos para acceder al régimen contributivo o subsidiado
de salud los establece el Ministerio de Salud y Protección Social.
Intervención del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y
Sociedad -Dejusticia- y del Consejo Noruego para Refugiados
El 16 de agosto de 2019 Dejusticia radicó escrito de “intervención
ciudadana” en el proceso de la referencia. A su turno, el 20 de agosto del
mismo año el representante legal y director país del Consejo Noruego para
Refugiados presentó escrito en el que “adhiere a la intervención ciudadana”
formulada por Dejusticia.
Las organizaciones hicieron referencia a la crisis del
sistema de salud que padece Venezuela y puntualizaron que el mismo comporta un
motivo de migración. Indicaron que la exigencia de regularización de los
ciudadanos venezolanos como condición para acceder al sistema de salud en
Colombia representa un trámite desproporcionado que afecta el goce efectivo de
su derecho fundamental a la salud. Manifestaron que las personas migrantes
tienen derecho a acceder al servicio de salud en condiciones de igualdad y sin
ningún tipo de discriminación en razón del origen nacional. Precisaron que el
mismo debe exceder la atención inicial de urgencias y que su prestación
efectiva es una medida que, en todo caso, favorece la salud pública. Bajo tales
premisas, sostuvieron que en los cuatro casos acumulados la Corte debía revocar
las sentencias de tutela de instancia que negaron el amparo constitucional y,
en su lugar, conceder la protección invocada. Finalmente, pidieron la adopción
de órdenes de carácter estructural, atendiendo a la complejidad de los asuntos
objeto de estudio.[59]
III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL
Competencia
1. La Sala Octava de
Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar las decisiones
proferidas dentro de las acciones de tutela de la referencia, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución Política
y en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto Ley 2591 de 1991.
Presentación del caso y planteamiento del problema jurídico
2. Los accionantes manifestaron que
tuvieron que trasladarse desde Venezuela a distintas ciudades de Colombia,
porque en su país no era garantizada la prestación de los servicios de salud.
Algunos precisaron que han intentado adelantar los trámites administrativos
para regularizar su estadía en el territorio nacional, pero debido a la falta
de ingresos y su precaria condición económica no ha sido posible culminar ese
proceso.
3. Por lo anterior, y ante la necesidad de
acceder al sistema de salud colombiano, presentaron acción de tutela con el fin de obtener la protección
de los derechos fundamentales a la salud, a la vida, a la dignidad humana, a la
igualdad y a la seguridad social. Ello por cuanto las Secretarías de Salud
Departamentales y los distintos Hospitales, ubicados en los municipios donde
actualmente residen, se niegan a prestar los servicios y procedimientos médicos
que requieren para tratar las enfermedades que padecen.
4. En el primer caso, la señora Karolay
Beatriz González Brito (expediente T-7.210.348), manifestó que
era necesario que la Secretaría de Salud de Riohacha, la Guajira, y el Hospital
Nuestra Señora de los Remedios autorizaran los exámenes y medicamentos
ordenados por el médico que la atendió a través del servicio de urgencias. Lo
anterior, debido a una crisis que sufrió el 12 de octubre de 2018, como
consecuencia del lupus eritematoso sistémico que padece.
5. En el segundo caso, la señora María
Josefina Porte Arias (expediente T-7.210.462), manifestó que tiene 73
años de edad y requiere un tratamiento integral para tratar las distintas
patologías que padece[60].
Sin embargo, la Dirección Seccional de Salud Departamental de Antioquia, el
Municipio de La Estrella, la Secretaría Municipal y el “Sisbén Municipal”
han negado el acceso a los servicios de salud con argumentos meramente
administrativos. Agregó que solicitó ante el Registro Administrativo de
Migrantes Venezolanos el PEP, con el fin de afiliarse al Sistema de Seguridad
Social Colombiano, empero, ese trámite no culminó porque no fue censada “puesto
que únicamente era para quienes hubiesen ingresado de forma ilegal al país”.
6. En el tercer caso, la señora Cora Alicia
Ramírez Hernández (expediente T-7.210. 515), aseguró que ingresó por
urgencias al Hospital Mental Rudesindo Soto el 27 de septiembre de 2018, tras
presentar un cuadro de ansiedad, deambulación y depresión a causa de la
desaparición de su hijo. No obstante, indicó que el Instituto Departamental de
Norte de Santander y la Secretaría de Salud Municipal de Villa del Rosario, no
autorizaron la cita médica para ser atendida por la especialidad de
psiquiatría, porque no ha regularizado su permanencia en el país.
7. En el cuarto y último caso, el señor JGM
en representación de su hijo YJMB de 12 años de edad (expediente
T-7.229.766), solicitó la realización de un tac de senos paranasales
que requiere el menor, quien presenta un “tumor de comportamiento incierto o desconocido del
labio, de la cavidad bucal y de la faringe”. Precisó que el Instituto Departamental de Norte de
Santander y el Hospital Universitario Erasmo Meoz se niegan a autorizar el
examen mencionado porque el niño se encuentra en condición migratoria
irregular.
8. Por su parte,
las entidades accionadas se opusieron a las pretensiones de las acciones
de tutela interpuestas por la parte actora. En términos generales sostuvieron
que no existe vulneración de derecho fundamental alguno en la medida que los
accionantes recibieron la atención médica de urgencias prevista para los
ciudadanos extranjeros no regularizados en el país. Enfatizaron que los
migrantes de nacionalidad venezolana deben contar con un documento válido de
identificación (PEP, salvoconducto o visa) para incorporarse al Sistema de
Seguridad Social de Salud Colombiano.
9. En los cuatro
asuntos, los jueces de única instancia negaron el amparo constitucional,
porque los actores se encuentran en el país de manera irregular y, por tanto,
no tienen derecho a la cobertura especial que brinda el Sistema General de
Seguridad Social en Salud. Los despachos judiciales agregaron que no existió
vulneración de los derechos alegados, toda vez que la atención básica en salud
fue prestada por las autoridades demandadas, la cual comprende la atención en
urgencias y excluye la continuidad en los tratamientos médicos.
10. Conforme a la situación
fáctica planteada y las decisiones adoptadas por los jueces de instancia, le
corresponde a la Sala Octava de Revisión determinar si una entidad del
orden territorial, vulnera los derechos fundamentales a la salud, a la
vida, a la dignidad humana, a la igualdad y a la seguridad social de las
personas de nacionalidad venezolana con permanencia irregular en el territorio
colombiano, al suministrar únicamente la atención inicial de urgencias y negar la
entrega de medicamentos, la realización de tratamientos,
exámenes y servicios médicos que requieren, bajo el argumento de que no cuentan
con un documento válido de identificación para afiliarse al Sistema General
de Seguridad Social en Salud.
Requisitos de procedencia de la acción de tutela instaurada por
extranjeros
Legitimación en la causa
por activa
11. La
Constitución prevé en el artículo 86 que la acción de tutela es un mecanismo de defensa judicial al que
puede acudir cualquier persona para reclamar la protección inmediata de
sus derechos fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por
las actuaciones u omisiones de las autoridades públicas o, en ciertos
eventos, por un particular. A su vez, el artículo 10[61] del Decreto Ley
2591 de 1991[62], en cuanto a la legitimación por
activa o el interés para interponer la acción, expresa que “la acción de tutela
podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquier persona
vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien
actuará por sí misma o a través de representante…” (Negrilla por
fuera del texto original).
En ese sentido,
el recurso de amparo puede ser instaurado de manera directa por el titular de
los derechos fundamentales o por un tercero quien debe acreditar una de las
siguientes cualidades: “(i) representante del titular de los
derechos, (ii) agente oficioso, (iii) apoderado judicial o (iv) Defensor del
Pueblo o Personero Municipal”[63].
12. De
acuerdo con lo anterior y en relación con la posibilidad que tiene un
extranjero para promover una acción de tutela, la jurisprudencia constitucional[64] ha indicado que el artículo 86
de la Carta no preceptúa diferencia alguna entre nacionales y extranjeros y,
por tanto, legitima a todo titular de un derecho fundamental amenazado o vulnerado,
para reclamar
su protección a través de ese mecanismo.
13. Como se indicó en
la sentencia SU-677 de 2017 “el amparo constitucional no está sujeto al
vínculo político que exista con el Estado Colombiano, sino que se deriva del
hecho de ser persona, con independencia de las condiciones de nacionalidad o
ciudadanía”. Lo anterior encuentra sustento en lo previsto en el artículo
100 superior que otorga a los extranjeros los mismos derechos civiles que se
conceden a los nacionales[65]. Es claro que los extranjeros son
titulares de este mecanismo de defensa, en armonía con lo dispuesto en el
artículo 13 de la Carta, según el cual a nadie se le puede discriminar por
razón de su origen nacional.
Legitimación en la causa por pasiva
14. El
mencionado requisito hace alusión a la autoridad o el particular contra quien
se dirige la acción de tutela, en tanto se considera que es la llamada a
responder por la vulneración o amenaza de un derecho constitucional fundamental[66].
En armonía con lo anterior, el
artículo 42 numeral 2º del Decreto Ley 2591 de 1991, establece expresamente que
la acción de tutela procede “[c]uando aquel contra quien se hubiere hecho la
solicitud esté encargado de la prestación del servicio público de salud”.
Inmediatez
15. Este
requisito de procedencia se encuentra regulado también por el artículo 86 de la
Constitución Política, el cual precisa que cualquier persona podrá interponer
acción de tutela “en todo momento y lugar”, expresión que es reiterada
por el Decreto Ley 2591 de 1991 en el artículo 1°. Sin embargo, pese a la
informalidad que caracteriza a dicho mecanismo, la jurisprudencia de esta
Corporación ha establecido que su interposición debe hacerse dentro de un plazo
oportuno y razonable[67], contado a partir del momento en que
ocurre la situación transgresora o que amenaza los derechos fundamentales del
accionante.
En este orden
de ideas, la inmediatez es una condición que busca que la acción se presente en
un término razonable contado desde el momento en que se tiene conocimiento de
la violación o amenaza de los derechos fundamentales y no un término de
caducidad. Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional para
la protección pronta y eficaz, es que se requiere que se ejerza en un tiempo
prudencial. Por ello, el presupuesto de la inmediatez constituye un requisito
para habilitar el estudio de fondo del recurso de amparo, pues se evita el uso
de este mecanismo constitucional como herramienta que facilite la negligencia o
indiferencia de los actores, o que propicie inseguridad jurídica.
16.
Finalmente, la Corte ha sido enfática en señalar que, “será el juez de
tutela el encargado de ponderar y establecer, a la luz del caso concreto,”[68] si la acción se promovió dentro de
un término razonable, de tal modo que, se garantice la eficacia de la
protección solicitada y se evite “satisfacer las pretensiones de aquellos
que, por su desidia e inactividad, acudieron tardíamente a solicitar el amparo
de sus derechos.”[69]
Subsidiariedad
17. Respecto del carácter subsidiario y
residual de la acción de tutela, el precepto constitucional contenido en el artículo 86 contempla
que la misma“solo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial”, salvo
que se formule “como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable”[70].
Así,
los conflictos jurídicos que adviertan transgresión de derechos fundamentales,
deben ser resueltos a través de los medios ordinarios de defensa judicial previstos
en la ley para tal fin. No obstante, esta Corporación ha señalado que no
puede declararse la improcedencia de la tutela por la sola existencia en
abstracto de un medio ordinario de defensa judicial. El juez constitucional
debe evaluar en el marco de la situación fáctica particular, si la acción de
amparo es idónea y eficaz para proteger los derechos fundamentales
comprometidos, máxime cuando se trata de sujetos de especial protección
constitucional[71].
18. En el caso del derecho
a la salud, la Corte ha sostenido que las acciones de tutela promovidas con el
fin de buscar la protección de esa garantía constitucional son procedentes,
porque si bien existe un mecanismo revestido de celeridad e informalidad para
solucionar las controversias suscitadas entre los usuarios y las EPS ante la
Superintendencia Nacional de Salud[72], este no es idóneo
ni eficaz. Ello por cuanto la estructura del procedimiento presenta falencias
graves que desvirtúan estos elementos[73], tales como: “(i) [l]a inexistencia de un término dentro del cual las Salas
Laborales de los Tribunales Superiores de los Distritos Judiciales deban
resolver las impugnaciones formuladas en contra de las decisiones emitidas por
la Superintendencia Nacional de Salud. (ii) La imposibilidad de
obtener acatamiento de lo ordenado. (iii) El incumplimiento del término legal
para proferir sus fallos. (iv) La carencia de sedes o dependencias de la
Superintendencia Nacional de Salud en el territorio del país.”[74]
19. Finalmente, en relación con el acceso a la atención en salud por
parte de migrantes con nacionalidad venezolana la jurisprudencia constitucional
ha señalado que el recurso de amparo es el medio idóneo y eficaz para estudiar
y analizar la vulneración de sus derechos fundamentales[75].
El derecho fundamental a la salud. Reiteración de jurisprudencia
20. El
artículo 49 de la Carta Política establece que la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del
Estado. Igualmente, preceptúa que “[s]e garantiza a todas las personas
el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud.
// Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de
servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las
políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas, y
ejercer su vigilancia y control. Así mismo, establecer las competencias de la
Nación, las entidades territoriales y los particulares y determinar los aportes
a su cargo en los términos y condiciones señalados en la ley (…)”[76]. (Negrilla
fuera del texto).
Bajo tal óptica, en atención a
lo establecido en el artículo 48 superior, la salud además de ser un derecho
fundamental autónomo[77],
es también un servicio público cuya prestación se encuentra a cargo de Estado en
términos de promoción, protección y recuperación, conforme lo ordenan los
principios de universalidad, eficiencia y solidaridad.
21.
En cuanto a este último principio, es menester recordar que de acuerdo con los
artículos 1º y 95 de la Constitución, la solidaridad constituye
uno de los pilares del derecho a la salud, el cual implica una mutua
colaboración entre todos los intervinientes del sistema de seguridad social. Su
propósito común es garantizar las contingencias individuales mediante un trabajo
conjunto entre el Estado, las entidades encargadas de la prestación del
servicio de salud y los usuarios. Quiere decir lo anterior que los recursos del
Sistema de Salud deben distribuirse de tal manera que todas las personas, sin
distinción de raza, nacionalidad y capacidad económica, accedan al servicio de
salud.
22. En la sentencia C-767 de 2014[78] esta
Corporación reiteró que “el principio de solidaridad “impone una serie de
“deberes fundamentales” al poder público y a la sociedad para la satisfacción
plena de los derechos”. Por lo tanto, este principio se manifiesta como deber
del Estado Social de Derecho a través de estos “deberes fundamentales” que en
ciertos escenarios se refuerzan, cuando se trata de asegurar a sujetos en
condiciones desfavorables, la protección de todas las facetas de sus garantías
fundamentales. La Carta proyecta este deber de solidaridad, de manera
específica, a partir de los mandatos constitucionales que establecen una
obligación de especial protección para personas y grupos humanos en situación
de vulnerabilidad y debilidad manifiesta, como las mujeres cabeza de familia
(art. 43 CP), los menores de edad (arts. 44 y 45), las personas enfermas y
discapacitadas (art. 47) y los ancianos (art. 46), entre otros”[79].
Seguidamente,
en sentencia SU- 677 de 2017 la Sala Plena de la Corte precisó que el
principio de solidaridad: (i) es un pilar fundamental de la Constitución
Política y del Estado Social de Derecho; (ii) es exigible a todas las personas
y al Estado; y (iii) con fundamento en él, el Gobierno Nacional debe garantizar
unas condiciones mínimas de vida digna a todas las personas, de tal forma que
debe prestar asistencia y protección a quienes se encuentren en situación de
vulnerabilidad.
23. En suma, la salud comporta el goce de distintos derechos, en especial el de
la vida en condiciones dignas de todas las personas, el cual debe ser
garantizado por el Estado. Por ello ese derecho ha sido catalogado como de naturaleza
compleja, tanto por su concepción, como por la diversidad de obligaciones y
compromisos que resultan de este, así como por la dimensión y la pluralidad de
acciones que su cumplimiento demanda del Estado y de la sociedad en general. En
ese sentido, a efectos de garantizar su goce efectivo es necesario que tal
prerrogativa este supeditada y en armonía con los recursos materiales e
institucionales disponibles y establecidos por el Gobierno Nacional y el
legislador o en virtud de la cooperación internacional, cuando haya lugar a
ello.
Marco
internacional de los derechos de los migrantes en materia de salud
24. De manera previa es preciso recordar que la salud como derecho
fundamental es necesaria e importante para la existencia en condiciones óptimas
de las personas en cualquier lugar del mundo[80]. Bajo tal óptica, los diferentes
estados deben garantizar el servicio de salud para todas las personas, en
condiciones de calidad, igualdad y sin discriminación. Por lo tanto, se debe
tener en cuenta el bienestar de las personas, ya que al hacer referencia a la
vida digna, esta no solo debe limitarse al simple hecho de tener una vida
bióticamente hablando; sino más bien se extiende a la posibilidad de poder
existir en condiciones que permitan materializar la dignidad del ser humano.
De los compromisos internacionales
que el Estado colombiano ha asumido en relación con la salud de las personas
migrantes, se destacan los siguientes:
25. En
cuanto a la población extranjera es importante resaltar que el artículo 1º de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos señala que los Estados Partes se comprometen a respetar los
derechos y libertades reconocidos en esta, así como a garantizar su libre y
pleno ejercicio a “toda persona que esté sujeta a su
jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo,
idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra
condición social”.
26. La Declaración Universal de
los Derechos Humanos, en su artículo 22 señala que toda persona “como
miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener,
mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de
la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos
económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre
desarrollo de su personalidad”. Significa lo anterior, que cada estado de
forma individual, así como a través de la cooperación internacional está en la
obligación de disponer de los recursos necesarios para satisfacer los derechos de
los asociados. A su turno, el artículo 25 preceptúa que toda persona tiene
derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure su salud y bienestar, así
como la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los
servicios sociales necesarios.
27. El
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante
PIDESC) en su artículo 12, estableció que “todo ser humano tiene el derecho
al disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita vivir
dignamente”. Igualmente, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (en adelante Comité DESC), en la Observación General No. 14 del 2000
advirtió que “la salud es un derecho humano fundamental e indispensable para
el ejercicio de los demás derechos humanos.”. Es decir, que ese derecho fue
entendido como “el disfrute de toda una gama de facilidades, bienes,
servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de
salud”[81].
28. Así mismo el PIDESC señala que
toda persona tiene derecho a la seguridad social (art. 9). Lo anterior, en armonía
con el artículo 2º, según el cual la nacionalidad no debe ser utilizada con
fines de discriminación.
A partir de la anterior
disposición del Pacto, la Observación General 14 del  2000 del Comité DESC estipuló
como una de las obligaciones legales específicas, que los Estados deben
garantizar, en condiciones de igualdad, el derecho a la salud de todas las
personas, “incluidos, los presos o detenidos, los representantes de las
minorías, los solicitantes de asilo o los inmigrantes ilegales”[82]. De la
misma forma, indica que deben “abstenerse de imponer prácticas
discriminatorias como política de Estado”[83] y, en consecuencia, para
cumplir con el derecho a la salud en todas sus formas y niveles “cada Estado
Parte deberá contar con un número suficiente de establecimientos, bienes y
servicios públicos de salud y centros de atención de la salud, así como de
programas”[84], que sean: accesibles,
aceptables, de calidad y aplicables a todos los sectores de la población.
29. De otro lado, la Convención
Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores
Migrantes y de sus Familiares, protege el derecho a la salud de estos,
mencionando en su artículo 28 el “derecho a recibir la atención medica de
urgencias” [85] sin
importar las irregularidades en el estatus migratorio o del empleo.
30. A su turno, la Declaración
del Comité sobre las Obligaciones de los Estados con respecto a los Refugiados
y los Migrantes, en virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, “recordó  que los Estados partes tienen la obligación
de respetar el derecho a la salud garantizando que todas las personas,
incluidos los migrantes, tengan igualdad de acceso a los servicios de salud
preventivos, curativos y paliativos, independientemente de su condición
jurídica y su documentación”[86]. Por lo tanto, según dicha
Declaración, la irregularidad migratoria no puede ser un factor para
negar el acceso a los servicios de salud.
31. Ahora bien, en relación con la
vigilancia y control de enfermedades asociadas a los fenómenos migratorios, el
Reglamento Sanitario Internacional de la Organización Mundial de la Salud define
los mecanismos que previenen la propagación de epidemias. Ello con el fin de
controlar y evitar riesgos sanitarios, así como establecer estrategias de
políticas públicas. Esta situación también se encuentra incluida en el numeral
43, literal f de la Observación General No. 14 del Comité DESC, según la cual
es una obligación básica de los Estados “adoptar y aplicar, sobre la base de
las pruebas epidemiológicas, una estrategia y un plan de acción nacionales de
salud pública para hacer frente a las preocupaciones en materia de salud de
toda la población”[87], siendo un punto importante
la atención especial a todos los grupos vulnerables o marginados, tales
como los migrantes irregulares.
32. Bajo tal óptica, esta
Corporación en sentencia T-210 de 2018 señaló que “de acuerdo con otros
instrumentos de derecho internacional y a algunos desarrollos recientes de soft
law sobre el contenido mínimo esencial del derecho a la salud de los migrantes,
se ha establecido con fundamento en el principio de no discriminación, que (i)
el derecho a la salud debe comprender la atención integral en salud en condiciones
de igualdad e ir mucho más allá de la urgencia. Por eso, de contar con
estándares más bajos, (ii) pese a los limitados recursos disponibles, los
Estados tienen la “obligación concreta y constante de avanzar lo más
expedita y eficazmente posible hacia la plena realización del artículo 12”[88] del Pacto de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales mediante la adopción de medidas;
especialmente y con mayor rigurosidad, cuando dichos estándares atentan contra
una obligación de naturaleza inmediata, como lo es la obligación de no
discriminación en la prestación del servicio de salud” (subrayado en el
original).
33.
Por último, esta Sala destaca que la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (en adelante CIDH) a través de la Resolución 2 de 2018 se
refirió a la migración de las personas venezolanas en el continente. Consideró
que las violaciones masivas a los derechos humanos, así como la grave crisis
alimentaria y sanitaria que afronta el país, ha generado el crecimiento
exponencial de cientos de miles de personas venezolanas que se han visto
forzadas a migrar hacia otras latitudes, como una estrategia que les permita
preservar sus derechos a la vida, la integridad personal, la libertad, la
salud, la alimentación y el trabajo, entre otros.
La
Comisión precisó que “[d]e acuerdo con cifras del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), al 31 de enero de 2018 se
contabilizaban 133,574 solicitudes de asilo de personas venezolanas, al tiempo
que se registraban 350,861 personas venezolanas que optaron por otras
alternativas migratorias para estancia legal, dirigiéndose principalmente a
Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, Estados Unidos de América, Panamá, Costa Rica,
Trinidad y Tobago, México, Argentina, Chile, Uruguay y Canadá; así como otros países del mundo”. Seguidamente, precisó que en razón a la falta de
canales legales y seguros para migrar, muchas personas han arribado a otros
países de manera irregular, a través de rutas terrestres y marítimas
clandestinas y peligrosas. Agregó que entre los múltiples desafíos que enfrenta
esta población se encuentran la desprotección internacional, la discriminación,
las amenazas a su vida e integridad personal, la violencia sexual y de género,
los abusos y la explotación, la trata de personas, la desaparición de migrantes
y refugiados, el hallazgo de fosas clandestinas en zonas fronterizas y rutas
migratorias con restos que se presumen de personas venezolanas y la falta de
documentos de identidad; así como obstáculos en el acceso a la asistencia
humanitaria, particularmente acceso a vivienda, salud, alimentación, educación
y otros servicios básicos.
34.
En suma, los migrantes de nacionalidad venezolana son considerados como un
grupo en situación de vulnerabilidad. Por ello, la CIDH exhortó a los Estados miembros
de la OEA, entre otras cosas, a: i) “Garantizar el ingreso al territorio a
las personas venezolanas para buscar protección internacional o para satisfacer
necesidades humanitarias urgentes, incluyendo el reconocimiento de la condición
de refugiado. Asimismo, se deben adoptar medidas dirigidas a garantizar la
reunificación familiar de las personas venezolanas con sus familias”; ii) “Expandir
canales regulares, seguros, accesibles y asequibles de la migración a través de
la progresiva expansión de la liberalización de visas, así como regímenes de
facilitación de visas de fácil acceso (…). Estos canales deben ser accesibles
en términos económicos y jurídicos, lo cual incluye asegurar que sean
accesibles también para personas venezolanas que por razones ajenas a su
voluntad no cuenten con la documentación usualmente requerida para estos
trámites”; iii) “Implementar una estrategia coordinada de alcance
regional e internacional, la cual debe estar basada en la responsabilidad
compartida y en el abordaje desde un enfoque de derechos humanos para dar
respuesta a la rápida y masiva situación de personas que se están viendo
forzadas a migrar de Venezuela; iv) “No criminalizar la migración de
personas venezolanas, para lo cual deben abstenerse de adoptar medidas tales
como el cierre de fronteras, la penalización por ingreso o presencia irregular,
la necesidad de presentar un pasaporte para obtener ayuda y protección
internacional, la detención migratoria; y discursos de odio”; y, v) finalmente,
“Implementar medidas para promover la integración social y la resiliencia de
las personas venezolanas, en particular a través de la garantía de los derechos
a la no discriminación y los derechos económicos, sociales y culturales,
incluyendo el acceso al derecho al trabajo, la educación y la seguridad social”.
35. En tal virtud, el 3 y 4 de
septiembre de 2018, distintos países de la región, (Argentina, México, Chile,
Perú, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Uruguay, Bolivia, Republica Dominicana,
Brasil, Panamá y Paraguay) se reunieron en Quito para discutir los graves
impactos de la migración proveniente de Venezuela. Producto de esa reunión los
países adoptaron la Declaración de Quito sobre Movilidad Humana de ciudadanos
venezolanos[89].
En ese documento se destacó la
importancia de la cooperación técnica y financiera proporcionada por los
Estados cooperantes y los Organismos Internacionales. Así mismo, se propuso
crear un programa regional, con el apoyo de la Organización Internacional para
las Migraciones – OIM, para el intercambio oportuno, a través de las instancias
nacionales competentes, de información pertinente de migrantes, destinado a
prestar la ayuda humanitaria y lograr una migración ordenada y segura.
Paralelamente, ratificó el
compromiso de los países de la región para que “de conformidad con la
disponibilidad de recursos públicos, la realidad económica, la legislación
interna y las posibilidades de cada país de acogida, proveer a los ciudadanos
venezolanos en situación de movilidad humana, el acceso a los servicios de
salud y educación, así como brindar oportunidades en el mercado laboral.
Además, reconoció el papel especial de Colombia “dada su condición limítrofe
con Venezuela”, así como para Ecuador y Perú, puesto que se genera un
corredor migratorio hacia esos dos países.
La Declaración de Quito señaló
que los países de la región podían “acoger los documentos de viaje vencidos
como documentos de identidad de los ciudadanos venezolanos para fines
migratorios”. Ello con el fin de facilitar la circulación de los migrantes.
No obstante, exhortó a Venezuela para que tomara las “medidas necesarias
para la provisión oportuna de documentos de identidad y de viaje de sus
nacionales” porque la ausencia de esos documentos ha generado limitaciones
al derecho a la libre circulación y movilidad, así como dificultades en los
procedimientos migratorios. Finalmente, también se exhortó al Gobierno
Venezolano para que “acepte la cooperación de los gobiernos de la región y
de los organismos internacionales”. Ello con el fin de morigerar la crisis
humanitaria.
Los derechos y obligaciones de los
extranjeros, marco normativo y jurisprudencial en Colombia
36. La
Carta Política de 1991 fijó unos derechos y obligaciones a los ciudadanos
extranjeros. Ello con el fin de garantizar, sin discriminación alguna, sus
libertades y ofrecer oportunidades. Es así, como el artículo 4º superior señala
que es deber de los
nacionales y de los extranjeros acatar la Constitución y las leyes, así como
respetar y obedecer a las autoridades. Seguidamente, el artículo 13, al referirse al derecho a la
igualdad, establece que “todas las personas nacen libres e iguales ante la
ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los
mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por
razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión,
opinión política o filosófica”.
Finalmente,
el artículo 100 constitucional expresa que los extranjeros disfrutarán en el
país “de los mismos derechos civiles que se conceden a los colombianos. No
obstante, la ley podrá, por razones de orden público, subordinar a condiciones
especiales o negar el ejercicio de determinados derechos civiles a los
extranjeros. Así mismo, los extranjeros gozarán, en el territorio de la
República, de las garantías concedidas a los nacionales, salvo las limitaciones
que establezcan la Constitución o la ley (…)”. De este modo, es dable
concluir que los extranjeros, refugiados o
migrantes[90]
tienen los mismos derechos que los nacionales y recibirán el mismo trato de las
autoridades independiente de su origen nacional, sin perjuicio de los deberes y
obligaciones que deben acatar.
37. Bajo ese contexto, esta Corporación ha señalado
que la Constitución reconoce la igualdad de derechos civiles y políticos entre
los extranjeros y los colombianos, los cuales pueden ser supeditados a
condiciones especiales, o incluso es posible negar el ejercicio de determinados
derechos por razones de orden público. Así mismo, la Corte ha reiterado que el
reconocimiento de derechos a los extranjeros, genera la obligación de
cumplir los deberes establecidos para los residentes del territorio nacional[91].
Además, la sentencia C-834 de 2007 refirió que “todos
los extranjeros que se encuentren en Colombia tienen derecho a recibir un
mínimo de atención por parte del Estado en casos de necesidad y urgencia
con el fin de atender sus necesidades más elementales y primarias, lo que
no restringe al Legislador para ampliar su protección con la regulación
correspondiente”.
38. Este Tribunal, por su
parte, se ha ocupado de fijar el alcance de los derechos reconocidos a los
extranjeros,[92] estableciendo,
entre otras, las siguientes reglas, las cuales fueron señaladas en la sentencia
C-834 de 2007 y recopiladas en la sentencia T-051 de 2019, de la siguiente
manera:
(i) en ningún caso el legislador
está habilitado para desconocer la vigencia y el alcance de los derechos
fundamentales garantizados en la Carta Política y en los tratados
internacionales en el caso de los extranjeros, así aquellos se encuentren en
condiciones de permanencia irregular en el país[93];
(ii) en virtud de lo dispuesto en
la Constitución, las autoridades colombianas no pueden desatender el deber de
garantizar la vigencia y el respeto de los derechos fundamentales de los
extranjeros y de sus hijos menores[94];
(iii) la Constitución o la Ley
pueden establecer limitaciones con respecto a los extranjeros para los efectos
de su permanencia o residencia en el territorio nacional, en virtud del
principio de soberanía estatal, pero los extranjeros en Colombia,
disfrutarán de los mismos derechos civiles que se conceden a los colombianos,
aunque por razones de orden público, mediante ley, algunos de dichos derechos
podrán ser subordinados a condiciones especiales o podrá negarse su ejercicio[95];
(iv) la intensidad del examen de
igualdad sobre casos en los que estén comprometidos los derechos de los
extranjeros, dependerá del tipo de derecho y de la situación concreta por
analizar[96];
(v) el reconocimiento de los
derechos de los extranjeros no implica que en nuestro ordenamiento esté
proscrita la posibilidad de desarrollar un tratamiento diferenciado en relación
con los nacionales[97];
(vi) la aplicación de un
tratamiento diferente debe estar justificado por situaciones de hecho
diferentes, una finalidad objetiva y razonable y una proporcionalidad entre el
tratamiento y la finalidad perseguida[98];
y
(vii) la reserva de titularidad de
los derechos políticos para los nacionales tiene su fundamento en el hecho de
que por razones de soberanía, es necesario limitar su ejercicio, situación que
está en concordancia con el artículo 9° de la Carta, que prescribe que las
relaciones exteriores del Estado colombiano deben cimentarse en la soberanía
nacional[99].
No obstante, el artículo 100 superior establece que la ley podrá conceder a los
extranjeros residentes en Colombia el derecho al voto en las elecciones y
consultas populares de carácter municipal o distrital.
39. Adicional a
ello, esta Corte, mediante sentencia SU-677 de 2017, reiteró las reglas
jurisprudenciales sobre los derechos y deberes de los extranjeros al indicar
que: “(i) el deber del Estado colombiano de garantizar algunos derechos
fundamentales de los extranjeros
con permanencia irregular en el territorio es limitado; pues deben ser tratados
en condiciones de igualdad respecto de los nacionales colombianos dentro de
ciertos límites de razonabilidad que permiten tratos diferenciados; (ii) todos
los extranjeros tienen la obligación de cumplir la Constitución Política y las
leyes establecidas para todos los residentes en Colombia; y (iii) los
extranjeros con permanencia irregular en el territorio nacional tienen derecho a recibir
atención básica y de urgencias con cargo al régimen subsidiado cuando carezcan
de recursos económicos, en virtud de la protección de sus derechos a la vida
digna y a la integridad física”.
Quiere
decir lo anterior, que si bien los extranjeros deben recibir un trato
igualitario respecto de los nacionales, también lo es, que deben cumplir con la
Constitución y la ley que rige para los ciudadanos colombianos, razón por la
cual, emerge que tienen derecho a recibir una asistencia médica mínima de
urgencia.
40. Ahora bien, es pertinente manifestar
que Colombia es un Estado Social de Derecho cuyo pilar reside en el respeto por
la dignidad del ser humano[100], y en cuyos fines está el de
garantizar los derechos consagrados en la Constitución Política de 1991 (Art.
2°). Para poder proteger y materializar el derecho fundamental a la salud, el
legislador profirió la Ley 100 de 1993 mediante la cual adoptó el sistema
general de seguridad social en salud como un servicio de cobertura universal
para todas las personas[101]. El artículo 3º de la mencionada
normativa establece que el Estado garantiza a todos los habitantes del
territorio nacional, el derecho irrenunciable a la seguridad social. Por su
parte, el literal b) del artículo 156 ibídem preceptúa que “todos los
habitantes en Colombia deberán estar afiliados al Sistema General de Seguridad
Social en Salud, previo el pago de la cotización reglamentaria o a través del
subsidio que se financiará con recursos fiscales, de solidaridad y los ingresos
propios de los entes territoriales”. Es decir, que se garantiza el derecho
a la salud para todos los habitantes del territorio nacional.
41. Asimismo, es importante
resaltar que el artículo 32 de la Ley 1438 de 2011[102], reiteró que el
principio de universalidad es un pilar fundamental del sistema general de
seguridad social en salud, a través del cual se garantiza el cubrimiento del
servicio a todos los residentes del país. Asimismo, esa disposición estableció que
cuando una persona requiera la atención en salud y no se encuentre afiliada al
sistema, ni tenga capacidad de pago, deberá ser atendida de manera obligatoria por
la entidad territorial y ésta última deberá iniciar el proceso para que la
persona se pueda afiliar al sistema en el régimen contributivo[103]. Finalmente,
precisó que quienes ingresen al país, no sean residentes y no estén asegurados,
se los incentivará a adquirir un seguro médico o Plan Voluntario de Salud para
su atención.
42. Posteriormente, la Ley
Estatutaria 1751 de 2015[104], señaló en cuanto a la naturaleza y
alcance del derecho fundamental a la salud que éste es autónomo e irrenunciable
en lo individual y en lo colectivo[105]. Además, el artículo 6º en relación
con el principio de universalidad, dispuso que los residentes en el
territorio colombiano gozarán efectivamente del derecho fundamental a la
salud en todas las etapas de la vida.
43. Ahora bien, en relación con la
atención de urgencias, el artículo 168 de la Ley 100 de 1993[106], en concordancia
con el artículo 67 de la Ley 715 de 2001 y el Decreto 780 de 2016[107], señala que toda
persona nacional o extranjera tiene derecho a recibir dicha prestación. Ello se
ratifica en los artículos 10 y 14 de la Ley Estatutaria 1751 de 2015, que se
refieren a los derechos y deberes de las personas, frente a la atención de
urgencias.
44. Teniendo en
cuenta lo anterior, y en atención al fenómeno migratorio descrito, el Gobierno
Nacional ha emitido una serie de normas destinadas a fortalecer su política
pública en materia de atención en salud a la población migrante. Dentro de
estas se destacan el Decreto 1067 de 2015[108] en el que se definieron los
eventos en los cuales una persona se encuentra en situación de permanencia
irregular, esto es, (1) cuando haya ingresado de forma irregular al país (por
lugar no habilitado; por lugar habilitado, pero con evasión y omisión del
control migratorio; o sin la documentación necesaria o con documentación
falsa); (2) cuando habiendo ingresado legalmente permanece en el país una vez
vencido el término concedido en la visa o permiso respectivo; (3) cuando permanece
en el territorio nacional con documentación falsa; y (4) cuando el permiso que
se le ha otorgado, ha sido cancelado por las razones que se contemplan en la
ley. Un ingreso regular al país será, entonces, aquel que se haga por medio de
los pasos fronterizos, y con la presentación de la debida documentación[109].
45. La legislación interna
determina diferentes tipos de permisos migratorios para que los extranjeros
puedan permanecer de manera regular en el territorio nacional, uno de ellos es
la visa, definida por el artículo 47 del Decreto 1743 de 2015[110] como la
autorización concedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores a un
extranjero para que ingrese y permanezca en el territorio nacional. En el
artículo 7º de la Resolución 6045 de 2017, el Ministerio de Relaciones
Exteriores estableció tres tipos de visa, a saber: (i) visa de visitante (tipo
V); visa de residente (tipo R) y visa de migrante (tipo M). Esta última se creó
para extranjeros que pretenden quedarse en el país, pero no cumplen con los
requisitos para otro tipo de visa (artículo 16)[111].
46. A su turno, el Ministerio de
Salud y Protección Social emitió el Decreto N° 780 de 2016[112]. En dicho
instrumento jurídico, se establecen las reglas que rigen la afiliación de los
usuarios  al Sistema General de Seguridad Social en Salud  para el Régimen
contributivo y subsidiado. De igual manera, los artículos 2.1.3.2[113] y 2.1.3.4[114] del mencionado
Decreto prescriben que la afiliación al sistema es obligatoria para todos los
residentes en el país, y en el numeral 5 del artículo 2.1.3.5[115] precisa que
algunos de los documentos que pueden presentarse con el fin de obtener la
afiliación son la “(c)édula de extranjería, el pasaporte, carné diplomático
o salvoconducto de permanencia, según corresponda, para los extranjeros”. A
esos documentos fue añadido el Permiso Especial de Permanencia -PEP-, el cual
fue creado mediante la Resolución 5797 de 2017[116].
Sobre estos documentos exigidos
por Colombia para la afiliación al Sistema de Seguridad Social en Salud, esta
Corporación en sentencia T-197 de 2019 señaló que “los migrantes irregulares
que busquen recibir atención médica integral
adicional, en cumplimiento de los deberes y obligaciones impuestos por el orden
jurídico interno, deben atender la normatividad vigente de afiliación al
Sistema General de Seguridad Social en Salud como ocurre con los ciudadanos
nacionales[117]. Dentro de ello
se incluye la regularización inmediata de la situación migratoria[118].
Esto es, la obtención de un documento de identificación válido, que en
el caso de los extranjeros puede ser legítimamente la cédula de extranjería[119], el pasaporte[120], el carné
diplomático[121], el salvoconducto de permanencia[122] o el permiso
especial de permanencia -PEP[123], según corresponda[124]”.
47. De conformidad con el artículo 140
de la Ley 1873 de 2017[125],
que establece que el Gobierno Nacional diseñará una política integral de
atención humanitaria en atención a la emergencia social que se viene
presentando en la frontera con Venezuela, se expidió el Decreto 542 de 2018,
por medio del cual se crea el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos -RAMV-
a fin de que sirva como insumo para la implementación de la señalada política.
48. A su turno, mediante Decreto
1288 de 2018, “por medio del cual se adoptan medidas para garantizar el
acceso de las personas inscritas en el Registro Administrativo de Migrantes
Venezolanos a la oferta institucional y se dictan otras medidas sobre el
retorno de colombianos", el Gobierno Nacional modificó los requisitos y
plazos para obtener el PEP para garantizar el ingreso de las personas inscritas
en el RAMV a la oferta institucional, como un documento de identificación
válido para los nacionales venezolanos en territorio colombiano que les permite
permanecer temporalmente en condiciones de regularización migratoria y acceder
a la oferta institucional en materia de salud, educación, trabajo y atención de
niños, niñas y adolescentes en los niveles nacional, departamental y municipal.
Dicho Decreto fue reglamentada por la Resolución 6370 de 2018[126].
49. De esta forma, el Decreto
1288 de 2018 es una medida que ha emitido el Gobierno Nacional  con el fin de
regular la situación de los migrantes que están de forma ilegal en el país. Con
ello, se pretende que los ciudadanos venezolanos al registrarse puedan acceder
a los servicios de salud a través de la afiliación a la seguridad social para
recibir una atención integral en salud. Cabe aclarar, que la inscripción en el
Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos -RAMV - es de carácter
gratuito y solo se necesita documento que certifique la nacionalidad.[127]. Quien no gestione
la regularización, no podrá acceder al servicio integral de salud, pero sí
tendrá el derecho a ser atendido en la unidad de urgencias de las entidades prestadoras
de salud.
50. En torno a la prestación de los
servicios de salud a los migrantes irregulares de nacionalidad Venezolana en
Colombia, se han emitido algunos pronunciamientos por parte de ésta
Corporación. En ellos, se ha referido a la igualdad de trato entre nacionales y
extranjeros, y ha analizado casos en los cuales los extranjeros han requerido
atención médica, sin que su estatus migratorio se encuentre definido y sin
encontrarse afiliados al Sistema de Salud, fijando varias reglas jurisprudenciales
que resultan aplicables a los cuatro casos objeto de estudio.
51. La sólida
línea jurisprudencial que esta Corte ha proferido sobre la materia, ha sido
enfática en señalar que los extranjeros, por el solo hecho de ser personas que
habitan el territorio nacional, son titulares de la protección de sus derechos
a la salud y a la vida digna. Lo anterior, puede verificarse con las reglas
señaladas en las sentencias T-314
de 2016, SU-677
de 2017, T-705 de 2017, T-210 de 2018, T-348 de 2018 y T-197 de 2019, las
cuales pueden identificarse de la siguiente manera:
a. El derecho a la salud es un derecho fundamental y uno
de sus pilares es la universalidad, cuyo contenido no excluye la posibilidad de
imponer límites para acceder a su uso o disfrute.
b. Los extranjeros gozan de los mismos derechos
civiles que los nacionales colombianos, y, a su vez, se encuentran obligados a
acatar la Constitución y las leyes, así como respetar y obedecer a las
autoridades.
c.
Los extranjeros regularizados o no tienen derecho a recibir atención básica y
de urgencias con cargo al régimen subsidiado cuando carezcan de recursos
económicos, en virtud de la protección de sus derechos a la vida digna y a la
integridad física, sin que sea legítimo imponer
barreras a su acceso.
d. La atención
mínima a la que tienen derecho los extranjeros, cuya situación no ha sido
regularizada, va más allá de preservar los signos vitales y puede cobijar la
atención de enfermedades catastróficas o la realización de cirugías, siempre y cuando
se acredite su urgencia para preservar la vida y la salud del paciente.
f. Los extranjeros que busquen recibir atención médica
integral –más allá de la atención de urgencias–, en cumplimiento de los deberes
impuestos por la ley, deben cumplir con la normativa de afiliación al Sistema
General de Seguridad Social en Salud, dentro de lo que se incluye la
regularización de su situación migratoria.
52. En la sentencia T-314 de 2016,
se analizó el caso de un extranjero de nacionalidad argentina quien,
luego de ser intervenido quirúrgicamente en el brazo y la pierna derecha por
urgencias a causa de la diabetes que padecía, solicitó la autorización de
terapias integrales y la entrega de medicamentos, los cuales fueron negados por
el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Secretaría de Planeación Distrital
de Bogotá porque no se encontraba
afiliado al sistema general de seguridad social en salud.
Por
tal razón, su cónyuge en calidad de agente oficiosa, presentó acción de tutela
en procura de obtener el amparo del derecho a la salud del agenciado. En esa ocasión, la Sala Quinta de Revisión
sostuvo que los extranjeros “tienen derecho a recibir un mínimo de atención
por parte del Estado en casos de urgencia con el fin de atender sus necesidades
básicas, especialmente las relacionadas con asuntos de salud”. Con base en
esa regla, fue negado el amparo constitucional solicitado porque las entidades
demandadas sí garantizaron la prestación de los servicios básicos de salud y
urgencias. Ello debido a que al agenciado le suministraron la atención de
urgencias, la cual excluye la entrega de medicamentos y continuidad de
los tratamientos. Asimismo, la Corte encontró demostrado que las entidades
accionadas, tampoco incumplieron la obligación de iniciar el proceso de
afiliación del accionante al sistema de salud, ya que el actor no contaba con
un documento de identidad válido para tramitar su afiliación, máxime si se
encontraba en permanencia irregular en el país desde el 24 de agosto de 2014.
53. En la sentencia SU-677 de
2017, la Sala plena de esta Corporación conoció el caso de una migrante venezolana
en estado de embarazo, a quien le fueron negados los controles prenatales y la asistencia
al parto por no encontrarse afiliada al sistema de seguridad social en salud.
Ello debido a que no contaba con los documentos para el efecto. En tal
virtud, su esposo en calidad de agente oficioso, solicitó la protección de los derechos fundamentales
a la salud, a la vida y a la integridad física de la agenciada.
En este orden, la Sala Plena de esta Corporación
concluyó que, a pesar de que el embarazo no había sido catalogado como una
urgencia, la accionante sí requería una atención urgente, porque su
salud se encontraba en un alto riesgo por las consecuencias físicas y
psicológicas que se derivan del hecho de estar embarazada y por encontrarse en
medio de un proceso de migración masiva irregular.
En esta oportunidad, la Corte unificó las reglas jurisprudenciales sobre
la materia al establecer: “(i) el deber del Estado colombiano de garantizar
algunos derechos fundamentales de los extranjeros con permanencia irregular en
el territorio es limitado; pues deben ser tratados en condiciones de igualdad
respecto de los nacionales colombianos dentro de ciertos límites de
razonabilidad que permiten tratos diferenciados; (ii) todos los extranjeros
tienen la obligación de cumplir la Constitución Política y las leyes
establecidas para todos los residentes en Colombia; y (iii) los extranjeros con
permanencia irregular en el territorio nacional tienen derecho a recibir
atención básica y de urgencias con cargo al régimen subsidiado cuando carezcan
de recursos económicos, en virtud de la protección de sus derechos a la vida
digna y a la integridad física”.Así mismo, precisó que si un extranjero se encuentra con
permanencia irregular en el país, “tiene la obligación de regularizar su
situación migratoria para obtener un documento de identificación válido y
así iniciar el proceso de afiliación”. (Negrillas en el texto original).
Finalmente, la Corte declaró la carencia
actual de objeto por hecho superado debido a que comprobó que las entidades
accionadas suministraron los controles prenatales y atendieron el parto de la
accionante[128].
54. Con una orientación similar, en la sentencia
T-705 de 2017 estudió un caso de un menor de edad
de nacionalidad venezolana, que fue diagnosticado
desde el 2012 con un linfoma
de Hodgkin. En dicha oportunidad, la progenitora del niño señaló que
requería la realización de una tomografía de cuello, tórax y abdomen para
determinar el tratamiento médico a seguir. No obstante, el examen fue negado
por el Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander.
En esa oportunidad, esta Corporación reiteró las
reglas jurisprudenciales sobre la materia, según las cuales los
extranjeros: (i) deben ser tratados en condiciones de igualdad respecto
de los nacionales colombianos; (ii) tienen la obligación de cumplir la
Constitución y las leyes establecidas para todos los residentes en Colombia; (iii)
tienen derecho a recibir un mínimo de atención por parte del Estado en casos de
urgencia con el fin de atender sus necesidades básicas, especialmente las
relacionadas con asuntos de salud.
Adicionalmente, este Tribunal resaltó que
la atención de urgencias implica emplear todos los medios necesarios y
disponibles para estabilizar la situación de salud del paciente, preservar su
vida y atender sus necesidades básicas. Advirtió que en caso de que el medio
necesario para garantizar lo anterior no se encuentre disponible en la
institución hospitalaria prestadora de la atención de urgencias, se debe
remitir a la persona a una entidad que sí cuente con los servicios y
tecnologías en salud necesarios. En suma, precisó que “la garantía mínima del derecho a la salud para
extranjeros no residentes comprende el derecho a recibir un mínimo de servicios
de salud de atención de urgencias para atender sus necesidades básicas con el
fin de preservar la vida cuando no haya un medio alternativo, la persona no
cuente con recursos para costearlo y se trate de un caso grave y excepcional”. No obstante, señaló que esto no significaba
que los extranjeros no residentes no deban afiliarse al sistema general de
seguridad social para obtener un servicio integral y, previo a ello, definir el
estatus migratorio.
En consecuencia, concedió el amparo
transitorio, en tanto el médico tratante del menor manifestó que el
cumplimiento del tratamiento médico prescrito era de carácter urgente. Además,
consideró que si bien el Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander
se encontraba prestando los servicios de salud, ordenó la continuación de los
mismos mientras se definía la situación migratoria del niño y de su
progenitora, ya que no tenían los documentos necesarios para adelantar la
afiliación al sistema de seguridad social. Por último, instó a la madre del menor
de edad, quien interpuso en su representación la acción, para que dentro del
término de un (1) mes adelantara los trámites necesarios para regularizar su permanencia
y la de su hijo en el territorio colombiano y realizara la afiliación junto a
su hijo al Sistema General de Seguridad Social en Salud.
55. Posteriormente, en la Sentencia T-210 de
2018 la Corte estudió dos (2) casos acumulados referidos al acceso al
sistema de salud de migrantes de nacionalidad venezolana en permanencia
irregular en el territorio colombiano. En el primero, se revisó la situación de
una ciudadana venezolana, hija de una mujer colombiana, cuya situación
migratoria no había sido regularizada, que había sido diagnosticada con cáncer
de cuello uterino y que requería con urgencia los tratamientos de radioterapia
y quimioterapia. En el segundo, se analizó el caso de un niño de nacionalidad
venezolana, que fue diagnosticado con hernias inguinal y umbilical, por lo que
requería de valoración y atención por cirugía pediátrica.
En la providencia en mención la Corte sostuvo que “en algunos casos
excepcionales, la ‘atención de urgencias’ puede llegar a incluir el tratamiento
de enfermedades catastróficas como el cáncer, cuando los mismos sean
solicitados por el médico tratante como urgentes y, por lo tanto, sean
indispensables y no puedan ser retrasados razonablemente sin poner en riesgo la
vida.” Adicionalmente,
agregó que “los migrantes con permanencia irregular en el
territorio nacional tienen derecho a recibir atención de urgencias con cargo al
Departamento, y en subsidio a la Nación cuando sea requerido, hasta tanto se
logre su afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud[129]. Es de
aclarar que, con esta interpretación, la Corte no extiende el alcance del
derecho a la salud de manera más amplia a la que el Gobierno Nacional ya ha
establecido. Además, se puede concluir que para aquellos migrantes de paso y/o
aquellos que no han regularizado su estatus migratorio dentro del país, el
SGSSS no ha previsto una cobertura especial más allá de la ‘atención de
urgencias’ y de las acciones colectivas de salud con enfoque de salud pública”.
(Negrilla en el texto original).
En consecuencia,
la Corte, en ambos casos, accedió al amparo solicitado porque la atención
mínima a la que tienen derecho los migrantes regularizados o no, va más allá de
preservar los signos vitales y puede cobijar la atención de enfermedades
catastróficas o la realización de quimioterapias o cirugías, siempre y cuando
se demuestre la urgencia de las mismas.
56. En sentencia T-348 de 2018,
este Tribunal estudió el caso de un ciudadano venezolano con permanencia
irregular en el territorio nacional, quien solicitaba la entrega de
medicamentos antirretrovirales para tratar el VIH que padecía. En esa ocasión la
Corte negó el amparo pretendido, bajo el argumento de que en reiterada
jurisprudencia ha dejado claro que la entrega de medicamentos excede la
atención inicial en urgencias a que tienen derecho los extranjeros. No
obstante, reiteró la regla jurisprudencial según la cual el
concepto de urgencias puede llegar a incluir en
casos extraordinarios procedimientos o intervenciones médicas, siempre y cuando
se acredite su urgencia para preservar la vida y la salud del paciente.
57. Finalmente, en la sentencia
T-197 de 2019, esta Corporación amparó los derechos fundamentales de un
migrante de nacionalidad venezolana a la vida digna y a la salud, porque la
Secretaría de Salud del Municipio de Guadalajara de Buga -Valle del Cauca- y la
Secretaría de Salud del Departamento del Valle del Cauca no brindaron la
atención médica para tratar la grave enfermedad (cáncer) que padecía. Para
ello, reiteró las reglas jurisprudenciales descritas sobre la materia y destacó
que sin perjuicio de la atención urgente, los migrantes irregulares -que busquen recibir atención médica integral adicional-,
en cumplimiento de los deberes y obligaciones impuestos por la Constitución y
la ley, deben atender la normativa vigente de afiliación al sistema de salud
como ocurre con los ciudadanos nacionales, para lo cual es necesaria la regularización
inmediata de la situación migratoria.
58.
En atención a lo expuesto, la normativa y la jurisprudencia constitucional han
venido sosteniendo que los extranjeros que se encuentren en Colombia, tienen
derecho a recibir una atención básica por parte del Estado en casos de extrema
necesidad y urgencia, en aras a atender sus requerimientos más elementales[130].Lo que implica
necesariamente, que sin importar si los extranjeros tienen o no los documentos
que acreditan su permanencia de manera regular en el territorio nacional, las
entidades prestadoras de salud, están en la obligación de atender  todo caso de
urgencias, procurando prestar el servicio en condiciones dignas y de calidad.
Sin embargo, ello no los exime de la carga de regular y legalizar su
permanencia en el país, ya que “si un extranjero se encuentra con
permanencia irregular en el territorio colombiano, tiene la obligación de
regularizar su situación migratoria para obtener un documento de identificación
válido y así iniciar el proceso de afiliación”[131], al sistema
general de salud.
59. Bajo tal óptica, la
vinculación al Sistema General de Seguridad Social en Salud de los extranjeros
está sujeta, en principio, a que los mismos cumplan con los requisitos legales
contemplados en las normas que regulan el trámite de afiliación, de la misma
manera en que le corresponde hacerlo a los nacionales.
60. Como se puede evidenciar, si
bien se establece la salud como derecho fundamental para la existencia del ser
humano en condiciones dignas, no es menos cierto que los ciudadanos venezolanos
migrantes que buscan que se les garantice el derecho a la salud de forma plena tienen
que cumplir con los prerrequisitos de obtener los documentos que los
identifiquen, bien sea, pasaporte, cedula de extranjería, el carné diplomático,
el salvoconducto de permanencia o el permiso especial de permanencia -PEP,
según corresponda.
61. Garantizar, como mínimo, la
atención que requieren con urgencia los migrantes con permanencia irregular en
el país “tiene una finalidad objetiva y razonable y es entender que, en
virtud del principio de solidaridad, el Sistema de Salud no le puede dar la
espalda a quienes se encuentran en condiciones evidentes de debilidad
manifiesta[132].  En esa medida, no es
constitucionalmente legítimo ‘restringir el acceso de [estos] extranjeros a
esas prestaciones mínimas, en especial, en materia de salud, garantizadas en
diversas cláusulas constitucionales y tratados internacionales sobre derechos
humanos que vinculan al Estado colombiano’[133]”[134].
Carencia
actual de objeto por hecho superado
62. La Constitución Política instituyó la acción de
tutela como el mecanismo idóneo y adecuado para reclamar el amparo de los
derechos fundamentales vulnerados o amenazados por autoridades públicas o los
particulares. De esta manera cualquier persona puede acudir a la administración
de justicia en busca de la protección efectiva de sus derechos, frente a lo
cual corresponde al juez constitucional impartir una orden dirigida a remediar la
trasgresión o que cese la prolongación de sus efectos en el tiempo[135].
Sin embargo, en caso de que el juez de tutela advierta que las
situaciones que dieron lugar a la petición de amparo desaparecieron al momento
de decidir, se configura una carencia actual de objeto, la cual puede
presentarse por hecho superado, daño consumado o hecho sobreviniente[136].
63. En relación con el hecho
superado, es preciso advertir que que es aquella situación que se presenta
cuando durante el trámite de tutela o de su revisión ante la Corte, emergen
circunstancias que hacen que el derecho que se buscaba proteger, no se vea
amenazado o afectado, es decir, que los fundamentos que originaron la violación
desaparecen, por lo que se hace inocuo una orden del juez. Lo anterior, sin
perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 24 del Decreto Ley
2591 de 1991, que obliga al juez a prevenir o llamar la atención a quien causó
las acciones u omisiones planteadas en la acción de tutela.
En efecto, este Tribunal ha considerado que ante tal
situación no necesariamente se debe declarar la improcedencia de la acción,
toda vez que la Corte puede examinar el asunto a fin de determinar la efectiva
ocurrencia de la vulneración de los derechos, con fundamento en la función de
pedagogía constitucional que acompaña a las sentencias de tutela. De esa forma,
se ha considerado que el estudio de fondo debe adelantarse, pues ello no impide
que el juez se pronuncie “sobre la situación fáctica que se presentó con la
acción de tutela, con el objetivo de prevenir futuras afectaciones de estos
derechos en casos similares, como máxima autoridad de la jurisdicción
constitucional”.
64. En suma, la carencia actual
de objeto no impide que el juez de tutela realice el análisis del fondo del
asunto puesto a su consideración. Esto por cuanto, debe verificar si hubo
infracción de los derechos fundamentales invocados, así como prevenir a la
autoridad o particular que infringió las garantías superiores a fin de que en
el futuro no se repita[137].
Casos concretos
Cumplimiento de los requisitos
de procedibilidad de la acción de tutela en los expedientes acumulados
T-7.210.348, T-7.210.515, T-7.210.462 y T-7.229.766
65. Para resolver la legitimación
en la causa, la Sala considera:
i) Por activa: Las señoras Karolay Beatriz González Brito
(expediente T-7.210.348), Cora Alicia Ramírez Hernández (expediente
T-7.210.515) y María Josefina Porte Arias (expediente T-7.210.462), se
encuentran legitimadas en la causa por activa para formular las acciones
constitucionales objeto de estudio, porque son personas de nacionalidad
venezolana que actúan en nombre propio, quienes afirman estar siendo afectados
en sus derechos a la salud, a la vida, a la dignidad humana, a la igualdad y a
la seguridad social, susceptibles de ser protegidos vía acción de tutela. Lo
mismo ocurre en el caso del señor JGM quien a pesar de señalar en el escrito de
tutela que intervenía como agente oficioso de su hijo YJMB, lo cierto es que
debe entenderse que actúa bajo la figura de la representación (expediente
T-7.229.766)[138].
Lo anterior, se reitera debido a que los accionantes son los
titulares de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados y la acción de
tutela puede ser ejercida por cualquier persona independientemente de las
condiciones de nacionalidad o ciudadanía. Ello conforme a lo dispuesto en el
artículo 13 superior, pues sin discriminación alguna todas las personas deben
recibir el mismo trato ante las autoridades y gozan de los mismos derechos.
ii) Por pasiva: En los cuatro casos la Sala
observa que la legitimación por pasiva se encuentra acreditada porque las
acciones de tutela se dirigen contra entidades públicas del orden nacional,
departamental y municipal con competencia de las que pueden depender el
ejercicio de derechos. En efecto, algunas de las accionadas son los entes
encargados de garantizar el acceso al servicio a la
salud de la población pobre no asegurada (migrantes
irregulares en Colombia) que habita en el área de su
jurisdicción y de fijar las políticas migratorias.
Teniendo en cuenta que en los casos acumulados fue
demandado el Sisbén, es preciso aclarar que este constituye un Sistema
de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales que, a
través de un puntaje, clasifica a la población de acuerdo con sus condiciones
socioeconómicas[139]. De este modo el Sisbén es un
programa administrativo o herramienta conformada por un conjunto de reglas,
normas y procedimientos para obtener información socioeconómica confiable y
actualizada de los grupos específicos en todos los departamentos, distritos y
municipios del país. Es por ello que dicha herramienta se encuentra
administrada por el Departamento Nacional de Planeación.
66. Respecto de la inmediatez en los casos objeto de revisión, la
Sala encuentra que este requisito se encuentra acreditado en razón a lo
siguiente:
En el expediente T-7.210.348 se observa, que entre
la fecha en que la señora González Brito fue atendida por urgencias (12
de octubre de 2018) y la interposición de la acción de tutela (26 de octubre de
2018), transcurrió menos de un mes, término que resulta razonable para el
ejercicio del amparo constitucional.
En el expediente T-7.210.462 la señora Porte Arias no
precisa en qué fecha tuvo lugar la negación de los servicios de salud que
requiere para tratar las patologías que padece. Sin embargo, la accionante en
el escrito de tutela manifestó que ingresó al territorio nacional en abril de
2018 y que ha solicitado en varias oportunidades su afiliación al Sistema de
Salud Colombiano sin respuesta favorable alguna, razón por la cual radicó el
recurso de amparo el 30 de noviembre de 2018. En ese sentido, si bien el tiempo
transcurrido entre ambos momentos no puede determinarse con certeza, la Sala
observa que entre su arribo al país y la fecha de presentación del recurso de
amparo transcurrieron aproximadamente seis meses, lo que permite concluir que
la peticionaria acudió ante el juez constitucional en un término razonable. Lo
anterior, si se tiene en cuenta que la jurisprudencia de esta Corporación ha
señalado que “siempre que se requiera un servicio con necesidad, y este no
haya sido debidamente suministrado, la persona afectada puede acudir al
mecanismo constitucional en procura de lograr el goce efectivo del derecho
fundamental a la salud pues, en estas condiciones, se entiende que la
presunta transgresión mantiene su vigencia”[140] (Negrilla
fuera del texto original).
En el expediente T-7.210.515 la señora Ramírez
Hernández, ingresó por urgencias el 27 de septiembre de 2018. A su turno, la
solicitud constitucional fue radicada el 2 de octubre siguiente, es decir,
entre uno y otro evento transcurrieron 5 días, plazo que se considera
razonable.
Finalmente, en el expediente T-7.229.766,
se evidencia que entre la fecha en que se ordenó la realización del tac de
senos para nasales al menor de edad[141]
y la reclamación por vía de tutela[142]
transcurrieron menos de tres días.
67.
Respecto del requisito de la subsidiariedad, se debe reiterar que la jurisprudencia de esta Corte ha sostenido que “los
migrantes son sujetos de especial protección para los Estados en razón a la
situación de indefensión en la que comúnmente se encuentran y que se deriva del
desconocimiento de la forma en que opera el sistema jurídico local, el idioma,
la ausencia de lazos familiares y comunitarios, entre otros, como también que
los migrantes en situación de irregularidad son un grupo vulnerable”[143].
De conformidad con lo expuesto en los fundamentos
jurídicos 17 a 19 de esta providencia, la Sala considera que en los casos
objeto de estudio la acción de tutela procede como mecanismo judicial
prevalente, toda vez que no existe duda de que se trata de migrantes de
nacionalidad venezolana que se trasladaron desde su país de origen a distintas
regiones de Colombia dada la crisis humanitaria actual del país vecino, y
requieren atención en salud.
Ahora bien,
en el caso bajo estudio, se tiene que los accionantes son ciudadanos venezolanos,
quienes a pesar de no haber definido su situación migratoria en el territorio
nacional, necesitan una atención médica de urgencia para contrarrestar las
distintas enfermedades que padecen y, de este modo, lograr el goce efectivo del
derecho a la salud, garantía que se ha visto menguada debido a la grave crisis
social y humanitaria que afronta Venezuela.
Los accionantes presentaron acción de
tutela con el fin de obtener la protección de los derechos fundamentales a la
salud, a la vida, a la dignidad humana, a la igualdad y a la seguridad social,
que consideran vulnerados por parte de las instituciones hospitalarias donde
fueron atendidos en la modalidad de urgencias, porque estas se niegan a prestar
los servicios y procedimientos médicos que requieren para tratar su estado de
salud.
68. Para determinar si a los
demandantes se les han vulnerado los derechos fundamentales deprecados, es
necesario analizar la situación fáctica de cada uno de los casos, así como la
normativa y jurisprudencia proferida sobre el acceso al sistema de salud de
ciudadanos venezolanos con permanencia irregular en el territorio colombiano.
Expediente T-7.210.348 - Caso 1
69. La señora Karolay Beatriz González Brito interpuso acción
de tutela contra el Hospital Nuestra Señora de los Remedios y la Secretaría de
Salud Distrital de Riohacha, La Guajira, tras considerar vulnerados sus
derechos fundamentales a la vida, a la dignidad humana, a la igualdad y a la
salud, en razón a que las entidades accionadas negaron la entrega
de los medicamentos formulados para el tratamiento del lupus
eritematoso sistémico que padece.
Como resultado del recurso de amparo, el
juez de primera y única instancia, negó las pretensiones de la accionante tras
considerar que no se encontraba afiliada al Sistema General de Seguridad Social
en Salud y no contaba con ningún documento válido que demostrara que había
formalizado su permanencia en el país y que, a su vez, le permitiera afiliarse
al sistema. Argumentó, además que las entidades accionadas cumplieron
con su obligación legal de prestar en forma efectiva los servicios de urgencias
que necesitó la paciente.
70. En el presente asunto se
evidencia que la accionante se trasladó de su país de origen a la ciudad de
Riohacha, la Guajira, el 10 de octubre de 2018 y no realizó ninguna actuación
para regularizar su permanencia en el país. Ello por cuanto, la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, el 29 de
julio de 2019, señaló que la señora Karolay Beatriz González Brito no tenía
registro de trámite de expedición de PEP ni pre-registro de Tarjeta de
Movilidad Fronteriza. En ese sentido, concluyó que la actora no ha adelantado
ningún procedimiento ante la entidad tendiente a regularizar su condición
migratoria.
De acuerdo con las pruebas
adosadas al expediente, la Sala observa que no existió ninguna acción u omisión
por parte de las entidades accionadas que amenace o vulnere el derecho
fundamental a la salud de la señora González Brito. En particular, se comprobó
que la actora fue atendida en urgencias en el Hospital Nuestra Señora de los
Remedios el 12 de octubre de 2018[144], en donde se le brindó la asistencia
médica requerida, le fueron suministrados los medicamentos intrahospitalarios y
otorgada una fórmula médica para el tratamiento de su enfermedad.
Lo anterior, demuestra que las
entidades demandadas cumplieron con las obligaciones establecidas en el
ordenamiento jurídico interno y la jurisprudencia constitucional al garantizar
los servicios básicos de salud a la accionante en su condición de migrante en
condición irregular, lo que no incluye la entrega de medicamentos ni la
autorización de tratamientos posteriores a la atención en urgencias.
71. Mediante auto de 26 de junio de 2018, la Sala requirió a la actora
para que informara su estado de salud actual, así como su condición
socioeconómica y estatus migratorio, sin embargo, la señora González Brito no
atendió el requerimiento efectuado por esta Corporación. Paralelamente, el Secretario de Salud Distrital de Riohacha en escrito de 9 de julio
de 2019, informó que la señora González Brito retornó a su país de origen.
Ello, de un lado, porque al establecer comunicación telefónica con la
peticionaria, el número relacionado en el escrito de tutela fue contestado por
otra persona quien afirmó que el número de celular no pertenecía a la
accionante. De otro, la Secretaría de Salud de Riohacha indicó que la señora Oli
Romero se comunicó vía telefónica con esa entidad para informar que la
accionante ya no se encontraba viviendo en Colombia.
72. Así las
cosas, la Corte encuentra que el Hospital Nuestra Señora de los Remedios
y la Secretaría de Salud Distrital de Riohacha, la Guajira, no
vulneraron el derecho fundamental a la salud de la señora Karolay
Beatriz González Brito al no entregar los medicamentos y
tratamientos solicitados. Así mismo, las entidades demandadas cumplieron con su
obligación de garantizar los servicios básicos de salud a la actora en
urgencias hasta tanto permaneció en el país.
Expediente T-7.210.462 - Caso 2
73. La señora María Josefina Porte Arias interpuso acción de tutela
contra la Dirección Seccional de Salud del Departamento de Antioquia, el
Municipio de La Estrella, la Secretaría de Salud Municipal y el Departamento Nacional
de Planeación - Sisbén,  tras considerar vulnerados sus derechos fundamentales
a la salud, a la vida y a la igualdad. Ello por cuanto los entes demandados no
suministraron el tratamiento integral requerido para restablecer su estado de
salud. Aseveró que tiene 73 años de edad y que tuvo que trasladarse de
Venezuela al municipio de La Estrella, Antioquia, debido a que en su país no le
era garantizada la prestación del servicio de salud para tratar su patología de
“cardiopatía hipertensiva hta severa con disfunción diastólica del vi, acv
hemorrágico, diabetes mellitus tipo i insulinodependiente, gastritis crónica,
síndrome de colon irritable, ansiedad e insufiencia vascular cerebral”.
74. Como resultado de la solicitud de
amparo, el juez de única instancia negó las pretensiones de la accionante tras
considerar que debido a su condición irregular tiene el deber de iniciar el
trámite ante Migración Colombia para solicitar el PEP. No obstante, instó a la
Secretaría de Seguridad Social y Familia para que ofreciera asesoría y
acompañamiento a la señora María Josefina Porte Arias en los trámites
necesarios para la expedición del PEP, salvoconducto u otro documento que le
permita su vinculación al régimen subsidiado de salud y seguridad social.
75. De acuerdo con las pruebas
que obran en el expediente, en especial con la respuesta que otorgó la jefe de
la Oficina Asesora Jurídica de la Unidad Administrativa
Especial Migración Colombia, se observa que la señora María Josefina
Porte Arias se encuentra en condición migratoria regular porque desde el 28 de
diciembre de 2018 cuenta con el Permiso Especial de
Permanencia –PEP No. 962146702111945.
76. Asimismo, la señora
Porte Arias en la declaración rendida el 12 de julio de 2019
ante el Juzgado Promiscuo Municipal de La Estrella,
Antioquia, manifestó que vive con sus dos hijos quienes son los encargados de
su sostenimiento y que en la actualidad está recibiendo asistencia médica. Migración
Colombia le otorgó el PEP el 28 de diciembre de 2018, a lo que agregó que ya ha
sido atendida de manera gratuita por parte del Hospital de Caldas. Frente al suministro de medicamentos señaló que la institución
hospitalaria no se los otorgó por lo que “su hija directamente me las ha
comprado (sic)” y que está adelantando los trámites para su
afiliación al Sisbén.
77.
En el caso concreto, de acuerdo a las reglas jurisprudenciales previstas sobre
la materia, se concluye que la Secretaría Seccional de Salud y Protección de
Antioquia y la Secretaría de Seguridad Social y de Familia del municipio de la
Estrella no vulneraron los derechos fundamentales de la actora, pues para
acceder a los servicios de salud, diferentes a la atención de urgencias, es
necesario contar con un documento válido de identificación.
En
ese sentido, se observa que la accionante no interpuso la acción de tutela para
obtener una atención de urgencias sino para que le fuese suministrado un
tratamiento integral de salud, el cual únicamente puede ser otorgado a los
extranjeros que regularicen su situación de permanencia en el país y cuenten
con un documento válido de identificación.
En
todo caso, se advierte que durante el trámite de revisión se constató que la señora Porte Arias logró regularizar su estadía en el territorio
nacional, mediante la obtención del PEP y, con ello, ha podido acceder de
manera gratuita a los servicios médicos que requiere.
78. Por lo
anterior, se confirmará la sentencia de 10 de diciembre de 2018, por medio de
la cual el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de la Estrella, negó el amparo
constitucional solicitado, al considerar que para acceder a un
tratamiento integral es necesario contar con un documento válido de
identificación. Ello en atención a que la jurisprudencia de esta Corte ha
señalado que los extranjeros en su condición de migrantes o refugiados “(i) deben ser
tratados en condiciones de igualdad respecto de los nacionales colombianos;
(ii) tienen la obligación de cumplir la Constitución Política y las leyes que
rigen para todos los residentes en Colombia; (iii) tienen derecho a recibir un
mínimo de atención por parte del Estado en casos de urgencia con el fin de
atender sus necesidades básicas, especialmente las relacionadas con asuntos de
salud”[145].
Expediente T-7.210. 515 - Caso
3
79. La señora Cora Alicia Ramírez
Hernández, interpuso acción de tutela[146] contra el Instituto Departamental de
Salud de Norte de Santander, la Secretaría de Salud Municipal de Villa del
Rosario y Migración Colombia con el fin de obtener la protección de los
derechos fundamentales a la salud y la seguridad social, presuntamente vulnerados
por las entidades accionadas al no autorizar la cita con la especialidad de
psiquiatría prescrita por padecer trastorno de ansiedad no especificado. Agregó
que tuvo que domiciliarse en el municipio fronterizo de Villa del Rosario donde
unos “hermanos” de su “congregación”, quienes le permiten alojarse en un hogar
de paso.
80. Como
resultado del recurso de amparo, el juez de primera y única instancia negó las
pretensiones de la accionante tras considerar que las entidades accionadas no
vulneraron los derechos fundamentales alegados por la actora, porque al
encontrarse en una situación irregular únicamente puede acceder al servicio de
urgencias.
81. En el escrito de tutela la accionante
manifestó que tiene 55 años de edad y trabaja hace aproximadamente tres años en
la ciudad de Cúcuta como vendedora ambulante. De este modo, se infiere que la
señora Cora Alicia Ramírez Hernández ingresó a Colombia en el año 2016, sin que
a la fecha haya regulado su situación migratoria, omisión que desconoce el
ordenamiento interno y, limita el goce efectivo de sus derechos civiles,
económicos y sociales, pues  “sin
perjuicio de la atención urgente a la que se ha hecho referencia, los migrantes
irregulares que busquen recibir atención médica
integral adicional, en cumplimiento de los deberes y obligaciones impuestos por
el orden jurídico interno, deben atender la normatividad vigente de afiliación
al Sistema General de Seguridad Social en Salud como ocurre con los ciudadanos
nacionales. Dentro de ello se incluye la regularización inmediata de la
situación migratoria[147]”[148].
De acuerdo
con las pruebas que obran en el expediente, se observa que la actora fue
atendida en urgencias en el Hospital Mental Rudesindo Soto el 17 de septiembre
de 2018[149], tras presentar un cuadro de
ansiedad y deambulación motivada por la búsqueda de su hijo, en donde se le
brindó la asistencia médica requerida y le fue otorgada una cita médica para la
especialidad de psiquiatría. De manera que, al momento de interponer la tutela,
el único servicio no autorizado fue la cita con la especialidad de psiquiatría que,
como se indicó en precedencia, no es un servicio de salud que se encuentre
incluido dentro de la atención básica de urgencias.
Lo anterior,
de conformidad con las reglas jurisprudenciales sobre la materia, dentro de las
cuales “los
migrantes con permanencia irregular en el territorio nacional tienen derecho a
recibir atención de urgencias con cargo al Departamento, y en subsidio a la
Nación cuando sea requerido, hasta tanto se logre su afiliación al Sistema
General de Seguridad Social en Salud[150].[151]
De allí, que la actora no se encuentre legalmente
establecida en Colombia para gozar de los servicios de salud, más allá de los
brindados en virtud de la atención por urgencias, que de conformidad con las
pruebas adosadas al expediente desplegaron las entidades accionadas.
82. En consecuencia, la Sala considera que el Instituto
Departamental de Norte de Santander y la Secretaría de Salud Municipal de Villa
del Rosario no han vulnerado los derechos fundamentales invocados por la señora
Ramírez Hernández, en la medida en que se le prestaron los servicios de salud
que ha necesitado en urgencias, siendo obligación de la accionante iniciar los
trámites para acreditar su residencia en este país y realizar la afiliación al
Sistema de Seguridad Social en Salud, imponiéndose confirmar la sentencia
objeto de revisión.
83. Finalmente, es preciso
advertir que el Juzgado Segundo Civil Municipal de Cúcuta,
Norte de Santander, devolvió el despacho comisorio ordenado por la Sala de
Revisión en auto de 26 de junio de 2019, debido a la imposibilidad de notificar
a la accionante Cora Alicia Ramírez Hernández. Además, se observa en el extracto
de la historia clínica de 27 de septiembre de 2018, cuando fue atendida por
urgencias, dejó consignada como dirección de residencia la “calle 7, casa
4-119 Diamante I Taribia, Venezuela”. Igualmente, la
accionante no ha adelantado ningún trámite dirigido a obtener la respectiva
visa, salvoconducto o PEP a fin de regularizar su permanencia en el país.
84. Así las
cosas, la Corte encuentra que el Instituto Departamental de Norte de
Santander y la Secretaría de Salud Municipal de Villa del Rosario, no vulneraron el derecho fundamental a la salud de la señora Cora
Alicia Ramírez Hernández al no asignar la cita de psiquiatría.
Lo anterior, debido a que las entidades demandadas cumplieron con su obligación
de garantizar los servicios básicos de salud a la actora en urgencias a
través del Hospital Mental Rudesindo Soto.
Expediente T-7.229.766 - Caso 4
85. El 30 de agosto de 2018 el señor JGM, en representación del menor YJMB
de 12 años de edad, interpuso acción de tutela contra el Instituto
Departamental de Salud de Norte de Santander y el Hospital Universitario Erasmo
Meoz, por considerar vulnerados los derechos fundamentales a la salud y a la
vida de su hijo. Lo anterior, porque dichas entidades se han negado a autorizar
el “tac de senos paranasales” debido a que el niño se encuentra en
condición migratoria irregular.
Como resultado del recurso de amparo, el
juez de primera y única instancia, negó las pretensiones tras considerar que las
entidades accionadas no vulneraron el derecho a la salud alegado por el
accionante. Ello por cuanto el Instituto Departamental de Salud de Norte de
Santander y el Hospital Universitario Erasmo Meoz garantizaron los servicios de
salud básicos al menor de edad, lo que implica únicamente la atención de
urgencias.
86. De acuerdo a las pruebas allegadas al proceso el menor fue ingresado
por urgencias al Hospital Universitario el 27 de agosto de 2018, en donde fue
internado para realizar los estudios y análisis correspondientes[152]. Por lo anterior, los
médicos ordenaron la realización de un tac de senos paranasales, exámenes de
laboratorio y valoraciones con especialistas debido a la patología de “tumor
de comportamiento incierto o desconocido del labio, de la cavidad bucal y de la
faringe”.
Teniendo en cuenta que el Hospital
Erasmo Meoz no contaba con la tecnología para realizar el examen ordenado, los
días 27, 28, 30 y 31 de agosto de 2018, solicitó al Instituto Departamental de
Salud la autorización para remitir al menor a una IPS habilitada a fin de que
fuera realizado el examen.
87. Durante el trámite de
revisión, la Corte fue informada que desde el 27 de septiembre de 2018 se ha
brindado atención médica al menor en la especialidad de oncología y a partir
del 23 de octubre de ese mismo año atención integral, debido a la enfermedad
catastrófica que padece[153]. Ello“en cumplimiento del
fallo de acción de tutela No. 2018-00384-00 instaurada en el Juzgado Cuarto
Laboral” de Cúcuta[154].
88. En efecto, esta Sala de
Revisión constató a través de la página web de la Rama Judicial[155] que el padre del
menor con posterioridad a la presente tutela promovió otra acción ante el
Juzgado Cuarto Laboral de Cúcuta[156], autoridad judicial que en sentencia
del 18 de octubre de 2018 amparó los derechos fundamentales a la salud y a la
vida del menor de edad. Decisión que fue confirmada y adicionada el 27 de
noviembre de 2018 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta en el
sentido de “ordenar al Instituto Departamental de Salud de Norte de
Santander para que con los recursos a los cuales se contrae dicho numeral, y
conforme a las pertinentes órdenes y diagnósticos médicos emitidos por parte
del médico tratante el menor (…) autorice el tratamiento integral por oncología
pediátrica y la práctica de cirugía de cabeza y cuello que requiere el aludido
menor”. Así mismo, conminó al señor JGM con el fin de que adelantara los trámites
pertinentes ante las autoridades migratorias con el fin de que pueda
regularizar su estatus migratorio y así poder acceder de forma efectiva al
Sistema de Seguridad Social en Salud.
89. Teniendo en cuenta que este
hecho podría configurar una temeridad en la acción de tutela, es necesario que
la Sala realice algunas precisiones al respecto.
De conformidad con el artículo 38
del Decreto 2591 de 1991 existe temeridad cuando “sin motivo expresamente
justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su
representante ante varios jueces o tribunales”. La
finalidad de esta norma es evitar el uso indiscriminado del amparo
constitucional por parte de los ciudadanos, que no solo conlleve al aumento de
la congestión judicial, sino también a restringir los derechos de los demás
asociados[157].
90. La temeridad se configura,
entonces, cuando concurren los siguientes elementos: i) identidad del
demandante, en tanto la segunda petición de amparo se presenta por parte de la
misma persona o su representante; ii) identidad del sujeto accionado; iii)
identidad fáctica en relación con otra acción de tutela; y iv) falta de
justificación para interponer la nueva acción, vinculada a un actuar doloso o
de mala fe por parte del accionante[158].
Sobre el
último aspecto, este Tribunal ha precisado que una actuación es dolosa o de
mala fe cuando: “(i) resulta amañada, en la medida en que el actor se
reserva para cada demanda los argumentos o pruebas que convalidan sus
pretensiones[159]; (ii) denote el propósito desleal
de obtener la satisfacción del interés individual a toda costa, jugando con la
eventualidad de una interpretación judicial que, entre varias, pudiera resultar
favorable[160]; (iii) deje al descubierto el
abuso del derecho porque deliberadamente y sin tener razón, de mala fe se
instaura la acción[161]; o finalmente (iv) se pretenda a
través de personas inescrupulosas asaltar la buena fe de los administradores de
justicia”[162].
91. Así mismo, la Corte
Constitucional ha considerado que "la actuación temeraria es aquella
que vulnera el principio de buena fe, asumiendo una actitud indebida para
satisfacer un interés individual a toda costa y que expresa un abuso del
derecho cuando deliberadamente y sin tener razón se instaura nuevamente una
acción de tutela. // Teniendo en cuenta que la buena fe se presume en
toda actuación de los particulares ante las autoridades públicas, la temeridad
es una circunstancia que debe ser valorada cuidadosamente por los jueces para
prevenir decisiones injustas. En otras palabras, la conducta temeraria debe
encontrarse plenamente acreditada y no puede ser inferida de la simple
improcedencia de la tutela o revisando circunstancias meramente formales. Tal
conducta requiere de un examen minucioso de la pretensión de amparo, de los
hechos en que se funda y del acervo probatorio que repose en el proceso.”
[163].
92. En reciente pronunciamiento
esta Corporación resaltó que la sola existencia de varias acciones de tutela no genera, automáticamente,
que la presentación de la segunda tutela pueda ser considerada como
temeraria. Ello por cuanto esa situación puede estar fundada en: i) la ignorancia
del actor o el asesoramiento equivocado de los profesionales del derecho, y ii)
en el sometimiento del accionante a un estado de indefensión, bien sea por
situaciones en que los individuos obran por miedo insuperable o por la
necesidad extrema de defender un derecho[164].
93. Bajo tal
óptica, de los hechos del caso y de las pruebas allegadas en sede de revisión, la Corte encuentra que no se configura una actuación temeraria, pues
mientras en la tutela que se analiza en sede de revisión el padre del menor
pretendía la realización del tac de senos paranasales –necesario y
urgente para determinar el tratamiento a seguir-; en la segunda, se estudió la procedencia
del servicio de salud integral por oncología pediátrica y la práctica de
cirugía de cabeza y cuello para el niño, debido a la grave enfermedad que lo
aqueja. Quiere decir lo anterior, que al existir un objeto distinto entre una y
otra acción, queda desvirtuada la actuación temeraria por parte del accionante.
94. Aclarado lo anterior, la Sala evidencia que el objeto de la acción de tutela presentada por el
señor JGM era que se ordenara al Hospital Erasmo Meoz y al Instituto
Departamental de Salud de Norte de Santander realizar el tac de senos
paranasales, necesario para determinar la enfermedad del menor y el tratamiento
a seguir.
95. Con base en las pruebas recaudadas en
sede de revisión, se constató que el tac de senos paranasales fue practicado
en la IPS Servivir el cual arrojó como resultado gran tumoración que ocupa la
faringe[165]. Adicionalmente, de acuerdo a lo
informado por el Hospital Universitario Erasmo Meoz, el menor estuvo
hospitalizado desde el 17 de septiembre hasta el 29 de octubre de 2018, cuando
fue remitido a la ciudad de Bogotá[166]. Durante su estancia, fueron
ordenadas valoraciones por otorrinolaringología y oncología pediátrica.
Así
mismo, y debido a que el tumor de paladar blando (probablemente linfoma)
presentaba un crecimiento progresivo rápido, se ordenó una tomografía de cabeza
y cuello y valoración como urgencia vital por hematonocología pediátrica. De
otro lado, fue necesaria una intervención quirúrgica de traqueostomía,
atendiendo a las dificultades respiratorias que presentaba. De igual modo, fue tratado
por los especialistas en nutrición y oncología. Este último manifestó que
debido a la patología del menor era necesario su traslado de manera urgente a un
nivel de mayor complejidad que contara con cirujano de cabeza y cuello, y con
oncohematooncología. En
efecto, el menor de edad fue remitido por orden médica y bajo la
coordinación y autorización del Instituto Departamental de Salud de Norte de
Santander al Instituto Nacional de Cancerología de Bogotá, cuyo traslado se
efectuó el 29 de octubre de 2018 en avión ambulancia.
96. En consideración a lo expuesto, es preciso advertir que de
conformidad con las pruebas que obran en el expediente, las normas aplicables y
las reglas jurisprudenciales reseñadas, la Sala concluye que
el Hospital Universitario Erasmo Meoz no vulneró los derechos fundamentales a
la salud y vida del menor YJMB, puesto que le prestó la atención de urgencias
conforme a la capacidad técnico científica institucional. No obstante, el Instituto
Departamental de Salud de Norte de Santander sí desconoció las garantías
constitucionales del menor, ya que que no le prestó la atención de
urgencias ni autorizó el tac de senos paranasales de manera oportuna. Examen
necesario y de vital importancia para determinar con certeza la patología del
menor y el tratamiento a seguir.
Como se indicó en la parte considerativa
de esta providencia, una adecuada atención de urgencias comprende
“emplear todos los medios necesarios y disponibles para estabilizar la
situación de salud del paciente, preservar su vida y atender sus necesidades
básicas”[167]. Es por ello, que esta Corte ha
señalado que en algunos
casos excepcionales, dicha atención “puede llegar a incluir el tratamiento
de enfermedades catastróficas como el cáncer, cuando los mismos sean
solicitados por el médico tratante como urgentes y, por lo tanto, sean
indispensables y no puedan ser retrasados razonablemente sin poner en riesgo la
vida”[168]. En consideración a lo expuesto, el
Instituto accionado no fue diligente en su actuar porque se negó a autorizar un
examen urgente y necesario para salvaguardar la salud del niño. Ello
corrobora por qué a pesar de la patología que padece el menor, fue necesario la
interposición de otra acción de tutela para obtener la protección pretendida.
97. No obstante, la Sala evidencia que la situación del
accionante y de su hijo se transformó en el sentido de generar una carencia
actual de objeto por hecho superado, con respecto a la pretensión original de
la acción de tutela y la prestación del servicio de salud integral del menor.
Por tal razón, esta Sala no dictará orden de amparo alguna porque el menor YJMB
en la actualidad está siendo atendido en el Instituto Cancerológico de Bogotá,
en virtud de la orden de tutela dictada el 4 de octubre de 2018 por el Juzgado
Cuarto Laboral de Cúcuta, decisión que fue confirmada el 27 de noviembre de 2018
al interior de otro proceso de tutela.
98. En
consideración a lo expuesto, la Sala
revocará la sentencia de única instancia proferida el 14 de septiembre de 2018
por el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Oralidad de Cúcuta que negó el amparo
de los derechos fundamentales a la salud y vida digna del menor y, en su lugar,
declarará la carencia actual de objeto por hecho superado.
99. De otro lado, la Sala
evidencia que de acuerdo a lo informado por Migración Colombia, el señor JGM y
su hijo solicitaron su reconocimiento como refugiados, trámite que en la
actualidad se encuentra en estudio. De este modo, no puede
entenderse que su condición de permanencia en el país sea irregular, pues les
han sido otorgados tres salvoconductos tipo SC-2, mientras se define su reclamo
de refugiado. En este sentido, nada impide que las autoridades correspondientes
le presten los servicios asistenciales en salud de forma integral al menor,
quien es sujeto de especial protección constitucional. Para ello deberán
adelantar los trámites pertinentes.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala
Octava de Revisión, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato
de la Constitución Política,
RESUELVE:
Primero.- CONFIRMAR en el expediente T-7.210.348, la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Penal
Municipal con Función de Control de Garantías de Riohacha el 9
de noviembre de 2018, que negó la acción de tutela instaurada por la señora
Karolay Beatriz González Brito contra el Hospital Nuestra Señora de los
Remedios y la Secretaría de Salud Distrital de Riohacha, la Guajira.
Segundo.- CONFIRMAR
en el expediente T-7.210.462, la sentencia proferida
por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de la Estrella, Antioquia, el
10 de diciembre de 2018, que negó la acción de tutela instaurada por la señora María
Josefina Porte Arias contra la Dirección Seccional de Salud del Departamento de
Antioquia y la Secretaría de Salud del municipio de la Estrella.
Tercero.- CONFIRMAR
en el expediente T-7.210.515, la sentencia proferida
por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Cúcuta de 16 de octubre de
2018, que negó la acción de tutela instaurada por la señora Cora Alicia Ramírez
Hernández contra el Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander, la
Secretaría de Salud Municipal de Villa del Rosario y Migración Colombia.
Cuarto.- REVOCAR la sentencia de única instancia proferida el 14 de
septiembre de 2018 por el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Oralidad de Cúcuta
que negó el amparo. En su lugar, DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado en el expediente T-7.229.766, de conformidad con las
razones expuestas.
Quinto.- Por Secretaría General de la Corte Constitucional LÍBRESE la
comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los
fines allí contemplados.
Notifíquese, comuníquese
y cúmplase.
JOSÉ
FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ALBERTO
ROJAS RÍOS
Magistrado
CARLOS
BERNAL PULIDO
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1] Al respecto, la actora precisó que Venezuela
atraviesa una crisis económica, política y social que ha generado que el
sistema de salud colapse. Los hospitales públicos se encuentran cerrados,
algunos medicamentos no se consiguen en el país y los que circulan en el
mercado han aumentado de precio de manera indiscriminada.
[2] Puntualizó
que sus conocidos no tienen un trabajo formal ya que los ingresos para su
sostenimiento los obtienen de actividades como el reciclaje o el “rebusque”.
[3] Al respecto citó fragmentos de la sentencia T-348 de 2018.
[4] Resolución 1220 de 2016, Decreto 1288 de 2018 y
Resolución 6370 de 2018.
[5] Al respecto, el Ministerio sostuvo que las tarifas
por concepto de estudio y/o expedición de visas no es un asunto de capricho, ya
que ello se encuentra regulado en el artículo 3º de la Resolución 9713 de 2015.
[6] Emanada
de la administración temporal del sector salud del departamento de la Guajira,
la cual tiene como objeto instituir las directrices para el fortalecimiento de
la afiliación al régimen subsidiado en dicho departamento.
[7]Por la cual se crea el sistema de seguridad social
integral y se dictan otras disposiciones.
[8]Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de
recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357
(Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras
para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre
otros.
[9] Por
medio del cual se crea un Permiso Especial de Permanencia.
[10] Cuaderno
de instancia, folio 6.
[11] Cuaderno
de instancia, folios 7 a 9.
[12] Cuaderno
de instancia, folios 10 a 13.
[13] Se
advierte que el original se encuentra en mayúscula sostenida.
[14] Cuaderno
de instancia, folio 4.
[15] Cuaderno
de instancia, folios 5 a 7.
[16] El recurso de amparo fue interpuesto por la actora de
manera verbal ante el Juzgado Quinto Administrativo de Cúcuta.
[17] De
conformidad con la sentencia SU-677 de 2017, es una obligación legal de los
extranjeros regularizar su permanencia en el país.
[18] Cuaderno
de instancia, folio 2.
[19] Cuaderno de
instancia, folio 1.
[20] Cuaderno
de instancia, folio 4.
[21] Cuaderno
de instancia, folio 3.
[22] Cuaderno
de instancia, folio 30.
[23] A
folio 7 del cuaderno de instancia obra copia de la “cédula de identidad”
del menor de edad YJMB, expedida el 1° de diciembre de 2014 por la República
Bolivariana de Venezuela. En la misma se registra que el niño nació el 24 de
septiembre de 2005 y que tiene la condición de venezolano.
[24] Se
advierte que el original se encuentra en mayúscula sostenida.
[25] Cuaderno de instancia, folios 2 y 7.
[26] Cuaderno de instancia, folio 52.
[27] Cuaderno de
instancia, folio 6.
[28] Cuaderno de
instancia, folio 35.
[29] Cuaderno
principal, folios 3 a 5 y 39 a 44. .
[30] El artículo 114 del Código General del
Proceso establece que “Salvo
que exista reserva, del expediente se podrá solicitar y obtener la expedición y
entrega de copias…”.
[31] El auto de 26 de junio de 2019 proferido por la Sala
Octava de Revisión ordenó la vinculación de las siguientes entidades:
“Primero: VINCULAR a los Ministerios de Salud y Protección
Social y Relaciones Exteriores para que, dentro de los tres (3) días siguientes
a la comunicación de este auto, se pronuncien frente a las acciones de tutela
de los expedientes: T-7.210.515, T-7.210.462 y T-7.229.766, para tal
efecto, acompañado del presente auto, remítase copia y sus anexos de la demanda
y de los fallos de instancia única.
Segundo: VINCULAR a la Unidad Administrativa Especial Migración
Colombia (expediente T-7.210.462) para que, dentro de los tres (3) días
siguientes a la comunicación de este auto, se pronuncie sobre los hechos
materia de debate en la acción de tutela interpuesta por María Josefina Porte
Arias, para tal efecto, acompañado del presente auto, remítase copia y sus
anexos de la demanda y de los fallos de instancia única.
Tercero: VINCULAR a la Administradora de los Recursos del Sistema
General de Seguridad Social en Salud –Adres para que, dentro de los tres (3)
días siguientes a la comunicación de este auto, se pronuncie frente a la acción
de tutela de la referencia, para tal efecto, acompañado del presente auto,
remítase copia de la demanda y el fallo de instancia única”.
[32] “Por
medio del cual se modifica la estructura del Ministerio de Relaciones
Exteriores y se dictan otras disposiciones”.
[33] Al
respecto, recordó que el PEP fue creado mediante la Resolución No. 5797 de
2017, expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores e implementado por la
Unidad Administrativa Especial Migración
Colombia -UAEMC- por medio de la Resolución No. 1272 de ese mismo año que en su
artículo 1º fijó los requisitos para su otorgamiento a los nacionales
venezolanos, de la siguiente manera:
1. Que se encuentren en el territorio colombiano desde el 28 de julio
de 2017, fecha a partir de la cual entró en vigencia la Resolución No. 5797 de
25 de julio de 2017 (plazo ampliado hasta el 2 de febrero de 2018).
2. Que hayan ingresado de manera regular al territorio nacional por
Puesto de Control Migratorio habilitado.
3. Que no tenga antecedentes judiciales a nivel nacional o
internacional.
4. Que no tenga una medida de expulsión o deportación vigente.
[34] De
manera previa, la entidad advirtió que una vez revisó los anexos remitidos por
parte de la Secretaría General de la Corte Constitucional con ocasión de la
vinculación al presente trámite de tutela, no encontró la tutela donde fungía
como accionante la señora Karolay Beatriz González Brito “quedando a la
espera de la respectiva aclaración respecto de la tutela faltante”.
Mediante informe secretarial de 25 de julio de 2019, la Secretaría General de
la Corte indicó que el 17 de julio de 2019 había puesto a disposición de las
pares las pruebas. No obstante, la entidad durante dicho término no hizo
manifestación sobre el particular.
[35] El auto de 26 de junio de 2019, proferido por la Sala
Octava de Revisión ordenó a las entidades encargadas de la atención en salud,
lo siguiente:
“Octavo:
ORDENAR a la Secretaría de Salud de Riohacha, la Guajira, y al Hospital
Nuestra Señora de los Remedios que, dentro del término máximo de tres (3) días
siguientes a la comunicación de este auto, señalen (i) cuál es el estado actual
de salud de la señora Karolay Beatriz González Brito y si le están prestando el
servicio de salud integral; (ii) si a la actora le fueron entregados los medicamentos
prescritos el 12 de octubre de 2018 por el médico tratante. En caso negativo,
cuáles han sido los motivos por los cuales no han sido suministrados; (iii) si
la accionante ha acudido de nuevo al servicio de urgencias o mediante cita de
control por consulta externa. Finalmente, (iv) indiquen cuál es el número
telefónico de contacto de la paciente o su representante, así como su dirección
de correspondencia (expediente T-7.210.348).
Noveno: ORDENAR al
Instituto Departamental de Norte de Santander, a la Secretaría de Salud
Municipal de Villa del Rosario y al Hospital Mental Rudesindo Soto que, dentro
del término máximo de tres (3) días siguientes a la comunicación de este auto,
informen (i) cuál es el estado de salud actual de la señora Cora Alicia Ramírez
Hernández y si le están prestando el servicio de salud integral; (ii) si a la
accionante le están brindado la atención médica o tratamiento para tratar el
trastorno de ansiedad no especificado diagnosticado el 27 de septiembre de 2018
por su médico tratante; y que puntualicen (iii) si la actora fue atendida por
la especialidad de psiquiatría el 4 de octubre de 2018, fecha en la que fue
programada la consulta con el médico especialista en psiquiatría Reinaldo
Nicolás Omaña adscrito a la ESE Hospital Mental Rudesindo Soto. Por último,
(iv) indiquen cuál es el número telefónico de contacto de la paciente o su
representante, así como su dirección de correspondencia (expediente T-7.210.
515).
Décimo: ORDENAR a la
Dirección Seccional de Salud Departamental de Antioquia y a la Secretaría de
Salud del municipio de La Estrella, Antioquia que, dentro del término máximo de
tres (3) días siguientes a la comunicación de este auto, señalen (i)
cuál es el estado de salud actual de la señora María Josefina Porte Arias y si
le están prestando el servicio de salud integral; y (ii) si en la actualidad le
están brindado la atención médica o tratamiento que requiere para tratar las
patologías de “cardiopatía hipertensiva hta severa con disfunción diastólica
del vi, acv hemorrágico, diabetes mellitus tipo i insulinodependiente,
gastritis crónica, síndrome de colon irritable, ansiedad e insufiencia vascular
cerebral”[35].
Finalmente, (iv) indiquen cuál es el número telefónico de contacto de la
paciente o su representante, así como su dirección de correspondencia (expediente
T-7.210.462).
Décimo primero: ORDENAR al Instituto Departamental de Salud de Norte de
Santander y al Hospital Universitario Erasmo Meoz que, dentro del término
máximo de tres (3) días siguientes a la comunicación de este auto indiquen (i)
cuál es el estado actual de salud del menor YJMB y si le están prestando el
servicio de salud integral; (ii) si realizaron el tac de senos paranasales
ordenado el 27 de agosto de 2018 por el médico tratante; (iii) cuál fue el
resultado que arrojó la biopsia tomada el 29 de agosto de 2018, a través del
procedimiento de resección de tumor de la pared lateral de la orofaringe; y
precisen (iv) si fueron autorizados los controles con la especialidad de
otorrinolaringología. Además, señalen si han practicado otros exámenes o
procedimientos para determinar qué tipo de enfermedad padece el menor.
Finalmente, (v) indiquen cuál es el número telefónico de contacto del paciente
o su representante, así como su dirección de correspondencia (expediente
T-7.229.766)”.
[36] La entidad sostuvo que se comunicó al número
telefónico suministrado por la accionante, empero entabló conversación
telefónica con la señora Yackelin Urdaneta, quien informó que el número de
celular pertenecía a ella y no a la señora González Brito. De otro lado, la
Secretaría de Salud de Riohacha indicó que la señora Oli Romero se comunicó vía
telefónica con esa entidad para informar que la accionante ya no se encontraba
viviendo en Colombia.
[37] Al respecto, relacionó las siguientes normas: Ley 100 de 1993, artículo 168, Ley 715 de
2001, artículo 67, Ley 1751 de 2015 y el Decreto 780 de 2016.
[38] “Por
el cual se sustituye el Capítulo 6 del Título 2 de la Parte 9 del Libro 2 del
Decreto 780 de 2016 - Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social
en cuanto al giro de recursos para las atenciones iniciales de urgencia
prestadas en el territorio colombiano a los nacionales de los países
fronterizos”.
[39] “ARTÍCULO 1o. SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL. El
sistema de protección social se constituye como el conjunto de políticas
públicas orientadas a disminuir la vulnerabilidad y a mejorar la calidad de
vida de los colombianos, especialmente de los más desprotegidos. Para obtener
como mínimo el derecho a: la salud, la pensión y al trabajo (…)”.
[40] i) Orden de servicios de salud No.
182126 de 27 de septiembre de 2018, por la cual autorizó la consulta por
primera vez por la especialidad en oncología en la Clínica Cancerológica de
Norte de Santander; ii) Orden de servicios de salud No. 182391 de
10 de octubre de 2018, que autorizó la consulta por primera vez por
especialista en oncología pediátrica en el Instituto Nacional de Cancerología; iii)
Orden de servicios de salud No. 182392 de 10 de octubre de 2018, en la que fue
autorizada la internación en servicio de complejidad alta, habitación
unipersonal en la ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz; iv)
Orden de servicios de salud No. 182621 de 23 de octubre de 2018, que ordenó la
atención integral en salud para el menor en el Instituto Nacional de Cancerología;
v) Orden de servicios de salud No. 182791 de 26 de octubre de
2018, que autorizó el traslado aéreo medicalizado del paciente. Dicho servicio
fue prestado por las Líneas Aéreas del Norte de Santander S.A.S.; y vi)
Ordenes de servicios de salud No. 183021 de 7 de noviembre de 2018, 184350 de 8
de enero de 2019, 185152 de 1º de febrero de 2019, 186214 de 6 de marzo de
2019, 187263 de 2 de abril de 2019, 188336 de 7 de mayo de 2019, 189370 de 4 de
junio de 2019 y 190161 de 26 de junio de 2016, que ordenaron la atención
integral en salud para el menor de edad en el Instituto Nacional de
Cancerología.
[41] Es importante aclarar que la acción de tutela No.
2018-00348-00 a la que hace referencia el Instituto Departamental de Salud de
Norte de Santander corresponde a otro proceso, pues la decisión que aquí se
revisa fue proferida por el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Oralidad de
Cúcuta de 14 de septiembre de 2018.
[42] Por
medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y
Protección Social.
[43] Resolución
No. 3778 de 2011 que en el artículo 1º fija los puntos de corte del sisbén para
la afiliación al régimen subsidiado.
[44] “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia
de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357
(Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y
salud, entre otros”.
[45] “Por el cual se desarrolla parcialmente el artículo
140 de la Ley 1873 de 2017 y se adoptan medidas para la creación de un registro
administrativo de migrantes venezolanos en Colombia que sirva como insumo para
el diseño de una política integral de atención humanitaria”.
[46] “ARTICULO 58. OBJETIVOS DE LOS MINISTERIOS Y
DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS. Conforme a la Constitución, al acto de creación
y a la presente ley, los ministerios y los departamentos administrativos tienen
como objetivos primordiales la formulación y adopción de las políticas, planes
generales, programas y proyectos del Sector Administrativo que dirigen”.
[47] “Por la cual se dictan normas sobre la
organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden
las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las
atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la
Constitución Política y se dictan otras disposiciones”.
[48] Sobre
el particular, indicó que el artículo 2.2.1.11.4.9. del Decreto 1067 de 2015
señala que el salvoconducto  SC-2 “es el documento de carácter temporal que
expide la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia al extranjero que
así lo requiera. Los salvoconductos serán otorgados en las siguientes
circunstancias: (…)
SC-2. Salvoconducto para permanecer en el país,
en los siguientes casos:
- Al extranjero que deba solicitar visa o
su cambio conforme a las disposiciones de este capítulo. En el presente caso,
el término de duración del Salvoconducto será de hasta por treinta (30) días
calendario, prorrogable a solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores en
casos especiales, hasta por treinta (30) días calendario más.
- Al extranjero que deba permanecer en el
territorio nacional en libertad provisional o condicional o por orden de
autoridad competente por treinta (30) días calendario prorrogable hasta tanto
se le defina la situación jurídica. En el presente caso, el término de duración
del Salvoconducto será de hasta por treinta (30) días calendario, prorrogable a
solicitud del interesado en casos especiales, renovables por términos no
mayores a treinta (30) días calendario.
- Al extranjero que deba permanecer en el
territorio nacional hasta tanto se defina su situación administrativa. En el
presente caso, el término de duración del Salvoconducto será de hasta por
treinta (30) días calendario, prorrogable a solicitud del interesado,
renovables por términos no mayores a treinta (30) días calendario.
- Al extranjero que deba permanecer en el
país, mientras resuelve su situación de refugiado o asilado y la de su familia,
a quienes se les podrá limitar la circulación en el territorio nacional de
conformidad con el artículo 2.2.3.1.4.1 de este Decreto. En el presente caso,
el término de duración del Salvoconducto será de hasta por noventa (90) días
calendario, prorrogable a solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores,
por noventa (90) días calendario más.
- Al extranjero que pudiendo solicitar visa
en el territorio nacional, haya incurrido en permanencia irregular, previa la
cancelación de la sanción a la que hubiere lugar. En el presente caso, el
término de duración del Salvoconducto será de hasta por treinta (30) días
calendario.
- Al extranjero que a juicio de la
autoridad migratoria requiera permanecer en el país por razones no previstas en
el presente capítulo, el cual será expedido hasta por un término de quince (15)
días, prorrogables por períodos iguales”.
[49] Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Administrativo de Relaciones Exteriores.
[50] Reiterada
en memorial de 25 de julio de 2019.
[51] Precisó
que las categorías de las visas se encuentran regladas en la Resolución 6045 de
2017 "Por la cual se dictan disposiciones en materia de visas y deroga
la Resolución 5512 de 2015", y el extranjero puede requerir ante el
Ministerio de Relaciones Exteriores, la categoría de visa que considere de
acuerdo con su intención de estancia en el país.
[52] Por
medio del cual se modifican parcialmente las disposiciones generales de las
Oficinas Consulares Honorarias, Pasaportes, Visas, de la Protección y Promoción
de Nacionales en el exterior, del Retorno, del Fondo Especial para Migraciones,
de la Tarjeta de Registro Consular y disposiciones de Extranjería, Control y
Verificación Migratoria, de que tratan los Capítulos III a XI, y 13, del Título
de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1067 de 2015.
[53] Indicó
que las tarifas se encuentran reglamentadas en el artículo 3º de la Resolución
9713 del 5 de diciembre de 2015, modificada por la Resolución 8029 de 2018.
[54] Aseveró que el cobro, se fundamenta en el concepto
constitucional de la recuperación de los costos de los servicios que se prestan
a los usuarios y en la participación de estos en los beneficios que reciben; y
en el mejoramiento continuo del servicio para garantizar su prestación
eficiente y efectiva. El fundamento normativo se encuentra en el artículo 338
de la Carta Política; el artículo 2 de la Ley 1212 de 2008 y en la Ley 962 de
2005.
[55] “(…) 1. Diligenciar formulario de solicitud de
visa de forma electrónica.
2. Presentar pasaporte, documento de viaje o Laissez Passerque siendo
expedido por Autoridad, Organización Internacional o Estado reconocido por el
Gobierno de Colombia, se encuentre vigente, en buen estado y con espacio libre
para visados.
3. Aportar copia de la página principal del pasaporte, documento de
viaje o Laissez Passer vigente donde aparecen registrados los datos personales
o biográficos del titular.
4. Los extranjeros que soliciten visa encontrándose en el territorio
nacional o en territorio de un Estado distinto al de su nacionalidad, deberán
aportar copia del documento que de conformidad con las normas migratorias del
país en el que se halle acredite estancia legal, regular o autorizada”.
[56] Por la cual se establecen los Permisos de Ingreso y
Permanencia, Permisos Temporales de Permanencia, y se reglamenta el Tránsito
Fronterizo en el territorio nacional.
[57] “Por
medio del cual se adoptan medidas para garantizar el acceso de las personas
inscritas en el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos a la oferta
institucional y se dictan otras medidas sobre el retorno de colombianos”.
[58] “Por medio de la cual se reglamenta la expedición
del Permiso Especial de Permanencia - PEP creado mediante Resolución 5797 de
2017 del Ministerio de Relaciones Exteriores, para su otorgamiento a las
personas inscritas en el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos, de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1288 del 25 de julio de 2018”.
[59] Cuaderno
de pruebas, Corte Constitucional. Folios 531 a 588.
[60] Al
respecto, la actora adujo que padece de cardiopatía hipertensiva, diabetes y
gastritis crónica, entre otras enfermedades.
[61]Decreto 2591 de 1991 “Artículo 10.
Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento
y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los
poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el
titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa.
Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.
También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los
personeros municipales.”
[62] Por el cual se reglamenta la acción
de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.
[63] Sentencia
SU-079 de 2018.
[64] Sentencias T-380 de 1998, T-269 de 2008, T-1088 de 2012, T-314 de
2016, SU-677 de 2017, T-500 de 2018, 348
de 2018 y T-025 de 2019, entre otras.
[65] En
armonía con lo expuesto, el artículo 100 de la Constitución establece que “los
extranjeros disfrutarán en Colombia de los mismos derechos civiles que se
conceden a los colombianos. No obstante, la ley podrá, por razones de orden
público, subordinar a condiciones especiales o negar el ejercicio de
determinados derechos civiles a los extranjeros. //Así mismo, los extranjeros
gozarán, en el territorio de la República, de las garantías concedidas a los
nacionales, salvo las limitaciones que establezcan la Constitución o la ley.
//Los derechos políticos se reservan a los nacionales, pero la ley podrá
conceder a los extranjeros residentes en Colombia el derecho al voto en las
elecciones y consultas populares de carácter municipal o distrital”.
[66] Al
respecto, en la sentencia C-367 de 2014 esta Corporación señaló que “en el
estudio de procedencia de la acción de tutela el juez debe verificar, de
acuerdo con lo dispuesto en  el inciso final del artículo 86 superior y en los
artículos 10 y 13 del Decreto 2591 de 1991, contra quienes se interpone la
tutela, es decir, si se trata de una autoridad pública que con su actuación y
omisión desconoce o amenaza derechos fundamentales; o si es un particular
encargado de la prestación de un servicio público, o respecto de quien el
solicitante se encuentra en estado de subordinación o indefensión.”
[67] Sentencias
T-834 de 2005, T-887 de 2009 y T-187 de 2012, entre otras.
[68] Ver Sentencias T-604
de 2004; T-022 de 2017 y T-153 de 2017.
[69] Sentencia T-022 de
2017.
[70] Sobre el particular esta Corporación en sentencia T-018 de 2014
señaló que dicho perjuicio debe reunir los
siguientes elementos: “ser inminente, es decir, que se trate de una amenaza
que está por suceder prontamente; ser grave, esto es, que el daño o menoscabo
material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad; ser
urgente, lo que significa que implique la adopción de medidas prontas o
inmediatas para conjurar la amenaza; ser impostergable, es decir, se debe
acreditar la necesidad de recurrir al amparo como mecanismo expedito y
necesario para la protección de los derechos fundamentales”. También pueden consultarse las sentencias
T-456 de 2004, T-598 de 2009 y T-020 de 2018.
[71] Sentencias
T-366 de 2018 y T-500 de 2018.
[72] Leyes
1122 de 2007 artículo 41 y 1438 de 2011 artículo 126. Al respecto, esta
Corporación en sentencia T-348 de 2018, resaltó que “en materia de salud, las Leyes 1122 de 2007 y 1438 de 2011 otorgaron a la
Superintendencia Nacional de Salud facultades jurisdiccionales para decidir,
con las atribuciones propias de un juez, algunas controversias entre las EPS (o
las entidades que se les asimilen) y sus usuarios. Específicamente, el artículo 41 de la
Ley 1122 de 2007 señala su competencia, la cual
está encaminada a resolver controversias relacionadas con (i) la negativa por
parte de las Entidades Promotoras de Salud de acceder a la prestación de
servicios incluidos en el POS (ahora Plan de Beneficios de Salud, PBS); (ii) el
reconocimiento de aquellos gastos en los que incurrió el usuario por la
atención que recibió en una IPS no adscrita a la EPS. o por el incumplimiento
injustificado de la misma de las obligaciones radicadas a su cargo; (iii) la
multiafiliación dentro del sistema; (iv) los conflictos relaciona-dos con la
posibilidad de elegir libremente EPS y/o trasladarse dentro del Sistema General
de Seguridad Social; (v) la denegación de servicios excluidos del PBS que no sean
pertinentes para atender las condiciones particulares del afiliado; (vi) los
recobros entre entidades del sistema; y (vii) el pago de prestaciones
económicas por parte de las Entidades Promotoras de Salud y el empleador.//
Sin embargo, como se deriva del listado de materias objeto de competencia de la
Superintendencia de Salud, es claro que la pretensión que aquí se formula, se
halla por fuera de los temas que han sido habilitados para su definición, pues
la discusión se centra en las coberturas a las que tendría derecho un
extranjero que no se encuentra afiliado al Sistema General de Seguridad Social
en Salud y cuya situación en el país no ha sido regularizada”.
[73] Al respecto, pueden consultarse las sentencias T-603 de 2015, T-403, 425, 428, 529 de
2017, T-020 de 2018 y T-218 de 2018.
[74] Sentencias T-309 y T-253 de 2018.
[75] Sobre el particular, pueden consultarse las sentencias T-314 de 2016; T-239 de 2017;
T-705 de 2017; SU-677 de 2017; T-348 de 2018; T-210 de 2018; T-025 de 2019 y
T-197 de 2019.
[76] De este modo, los artículos 48 y 49
de la Carta Política “constituyen
una de las tantas cláusulas constitucionales mediante las cuales el
constituyente recordó al pueblo colombiano que la garantía de los derechos
fundamentales no pende de la condición de ciudadano, sino de la condición de
ser humano; de ser persona que habita el territorio nacional. Y esta
cláusula, leída sistemáticamente con el artículo 13 de la Carta, permite
inferir que, de manera especial, se debe velar por garantizar el derecho a la
salud de ‘aquellas personas que, por sus condiciones económicas, físicas o
mentales, se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta’” (Sentencia T-210 de 2018)
[77] Sobre este aspecto, la sentencia T-210 de 2018
recordó, haciendo referencia a la sentencia T-760 de 2008, que la Corte
replanteó la tesis según la cual la salud no era un derecho fundamental
autónomo. Ello, con el fin de dar paso a la teoría según la cual “sería
‘fundamental’ todo derecho constitucional que funcionalmente estuviera dirigido
a la realización de la dignidad humana y fuera traducible en un derecho
subjetivo. Para ello, sostuvo que dicho concepto de dignidad humana habría de
ser apreciado en cada caso concreto, según el contexto en que se encontrara
cada persona”. Adicionalmente, sostuvo que  “luego de reconocer
que son fundamentales (i) todos aquellos derechos respecto de los cuales hay
consenso sobre su naturaleza fundamental y (ii) todos los derechos
constitucionales que funcionalmente estuvieran dirigidos a lograr la dignidad
humana y fueran traducibles en derechos subjetivos, la Corte Constitucional
sostuvo que el derecho a la salud es fundamental de manera autónoma “cuando se
puede concretar en una garantía subjetiva derivada de las normas que rigen el
derecho a la salud, advirtiendo que algunas de estas se encuentran en la Constitución
misma, otras en el bloque de constitucionalidad y la mayoría, finalmente, en
las leyes y demás normas que crean y estructuran el Sistema Nacional de Salud,
y definen los servicios específicos a los que las personas tienen derecho’”.
[78] Esta
providencia fue utilizada expresamente en la sentencia SU-677 de 2017.
[79] En la sentencia C-529
de 2010, la Corte sostuvo que “[l]a seguridad social es esencialmente
solidaridad social. No se concibe el sistema de seguridad social sino como un
servicio público solidario; y la manifestación más integral y completa del
principio constitucional de solidaridad es la seguridad social”.
[80] Ghebreyesus, T. (2017). La salud es un derecho humano
fundamental. Organización Mundial de la Salud. Disponible en
https://www.who.int/mediacentre/news/statements/fundamental-human-right/es/
[81] Estos
fundamentos normativos también fueron citados en la sentencias T-253 de 2018 y
T-309 de 2018.
[82] Numeral 34. Observación General No. 14.
[83]Ibídem.
[84] Numeral 12. Observación General No. 14.
[85] Artículo 28 de la Convención Internacional sobre la
Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus
Familiares.
[86] Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas,
Declaración del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales:
“Obligaciones de los Estados con respecto a los refugiados y los migrantes en
virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”,
E/C.12/2017/1, 13 de marzo de 2017
[87] Numeral 43. Literal f. Observación General No. 14.
[88]Observación General No. 14, párrafos 30 y 31.
[89] El
texto se puede consultar en el siguiente enlace: https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/FOTOS2018/sep._42c_doc_1.pdf
[90] De
acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.11.4 del Decreto 1067 de 2015 modificado por el artículo 44
del Decreto 1743 de 2015 un extranjero es aquella “persona que no es
nacional de un Estado determinado, incluyéndose el apátrida, el asilado, el
refugiado y el trabajador migrante”. Al respecto, la sentencia T-197 de
2019 explicó que los extranjeros presentes en un Estado pueden ser de diversos
tipos: refugiados o migrantes. En cuanto a los refugiados el Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, los define como “personas
que huyen de conflictos armados o persecución”. En ese sentido, la situación de
las personas en esa condición es compleja, pues deben cruzar las fronteras para
buscar seguridad en países cercanos, y regresar a sus lugares de origen puede
ser tan peligroso, que les urge buscar asilo en otro Estado (sentencia T-025 de
2019). Respecto de lo los migrantes la misma entidad señala que estos “eligen trasladarse no a causa de una amenaza
directa de persecución o muerte, sino principalmente para mejorar sus vidas al
encontrar trabajo o educación, por reunificación familiar, o por otras razones.
A diferencia de los refugiados, quienes no pueden volver a su país, los
migrantes continúan recibiendo la protección de su gobierno”. En
relación con los migrantes irregulares, la sentencia T-197 de 2019 indicó de
acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones -OIM- tal
término se refiere a la “persona que habiendo
ingresado ilegalmente o tras vencimiento de su visado, deja de tener status
legal en el país receptor o de tránsito. El término se aplica a los migrantes
que infringen las normas de admisión del país o cualquier otra persona no
autorizada a permanecer en el país receptor (también llamado clandestino/
ilegal/migrante indocumentado o migrante en situación irregular)”. Seguidamente, ese fallo precisó que “[d]esde
el Derecho Internacional de los Derechos Humanos existe consenso acerca de que los migrantes indocumentados o en
situación irregular son un grupo en situación de vulnerabilidad, exclusión y
desventaja debido
a que no viven en sus estados de origen y deben afrontar barreras de idioma,
costumbres y culturas, así como las dificultades económicas, sociales y los
obstáculos para regresar a su país (Resolución 54/166 del 24 de febrero de 2000
sobre Protección de los Migrantes, Asamblea General de las Naciones Unidas). En los términos del artículo 2.2.1.11.2.12 del Decreto
1067 de 2015, un extranjero se encuentra en permanencia irregular en el
territorio nacional, en los siguientes casos: 1. Cuando se dan los supuestos
mencionados en el artículo 2.2.1.11.2.4 del decreto (ingreso al país por lugar
no habilitado; ingreso al país por lugar habilitado pero evadiendo u omitiendo
el control migratorio e ingreso al país sin la correspondiente documentación o
con documentación falsa) 2. Cuando el extranjero habiendo ingresado legalmente
permanece en el país una vez vencido el término concedido en la visa o permiso
respectivo. 3. Cuando permanece en el territorio nacional con documentación
falsa. 4. Cuando el permiso otorgado al extranjero ha sido cancelado”.
[91] Cfr. Sentencias T-321 de 2005 y T-338 de 2015.
[92] Ver al respecto, sentencias T- 172 de 1993; T- 380 de 1998;
C- 1259 de 2001; C- 339, C- 395 y T- 680 de 2002; C- 523, C- 913 y C- 1058 de
2003; C- 070 de 2004; y C- 238 de 2006.
[93] Cfr. Sentencia T-215 de 1996.
[94] Ibídem.
[95] Sentencia T-371 de 1996.
[96] Ídem.
[97] Sentencia C-1259 de
2001.
[98] Sentencia C-395 de 2002.
[99] Sentencia C-523 de
2003.
[100] Constitución
Política de Colombia, artículo 1º.
[101] Sentencia
T-611 de 2014.
[102] Por
medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y
se dictan otras disposiciones.
[103] En la sentencia T-705 de 2017, esta
Corporación hizo referencia a la implementación del artículo 32 de la Ley 1438
de 2011 en el sistema general de
seguridad social en salud. Al respecto, sostuvo que “en la sentencia T-611 de
2014, al analizar un caso de una joven que padecía de hipertensión
pulmonar severa, a la que la Secretaría de Salud de Bogotá se negó a
afiliar al régimen subsidiado de salud y a exonerarla de copagos por cada
servicio que requería para atender su padecimiento, la Sala de Revisión concluyó
que la entidad vulneró el derecho a la salud de la accionante, al incumplir lo
establecido en el artículo 32 de la Ley 1438 de 2011. Lo anterior debido a que
omitió realizar las gestiones correspondientes para afiliar a la actora al
régimen subsidiado de salud, teniendo en cuenta que ya había sido calificada
por el Sisbén. // En esa oportunidad, este Tribunal indicó que la
implementación del artículo 32 de la Ley 1438 de 2011 en el ordenamiento
jurídico tiene dos consecuencias: (i) la desaparición de la figura de los
participantes vinculados consagrada en el artículo 157 de la Ley 100 de 1993 y
(ii) el aumento de la responsabilidad de las entidades territoriales de
garantizar un verdadero acceso al servicio de salud de las personas que no se
encuentran aseguradas. En esa oportunidad, la Corte concluyó que la
implementación del artículo 32 de la Ley 1438 de 2011 generó: (i) la
desaparición de la calidad de participante vinculado consagrada en el artículo
157 de la Ley 100 de 1993; (ii) la obligación de las entidades territoriales de
garantizar la prestación de los servicios básicos de salud a la población no
afiliada y de iniciar los trámites necesarios para su afiliación al sistema
general de seguridad social en salud de conformidad con los requisitos exigidos
por la ley.
[104] Por
medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras
disposiciones.
[105] Artículo 2.
[106] Artículo 168: “La atención inicial de
urgencias debe ser prestada en forma obligatoria por todas las entidades
públicas y privadas que presten servicios de salud, a todas las personas,
independientemente de la capacidad de pago. Su prestación no requiere contrato
ni orden previa. El costo de estos servicios será pagado por el Fondo de
Solidaridad y Garantía en los casos previstos en el artículo anterior, o por la
Entidad Promotora de Salud al cual esté afiliado, en cualquier otro evento”.
[107] De
acuerdo con el artículo 2.5.3.2.3 del Decreto 780 de 2016, una urgencia es: “la
alteración de la integridad física y/o mental de una persona, causada por un
trauma o por una enfermedad de cualquier etiología que genere una demanda de
atención médica inmediata y efectiva tendiente a disminuir los riesgos de
invalidez y muerte”. Por su parte, la atención inicial de urgencia se
encuentra definida en el artículo 2.7.2.3.1.2
como todas aquellas acciones “realizadas a una persona con patología de
urgencia y que tiendan a estabilizarla en sus signos vitales, realizar un
diagnóstico de impresión y definirle el destino inmediato, tomando como base el
nivel de atención y el grado de complejidad de la entidad que realiza la
atención inicial de urgencia, al tenor de los principios éticos y las normas
que determinan las acciones y el comportamiento del personal de salud”. Por
último, la atención de urgencias es: “el conjunto de acciones
realizadas por un equipo de salud debidamente capacitado y con los recursos
materiales necesarios para satisfacer la demanda de atención generada por las
urgencias”.
[108] Por
medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Administrativo de Relaciones Exteriores.
[109] Artículo
2.2.1.11.2.12
[110] Por medio del cual se modifican
parcialmente las disposiciones generales de las Oficinas Consulares Honorarias,
Pasaportes, Visas, de la Protección y Promoción de Nacionales en el exterior,
del Retorno, del Fondo Especial para Migraciones, de la Tarjeta de Registro
Consular y disposiciones de Extranjería, Control y Verificación Migratoria, de
que tratan los Capítulos III a XI, y 13, del Título de la Parte 2 del Libro 2
del Decreto número 1067 de 2015.
[111] En
relación con este asunto, esta Corporación en sentencia T-074 de 2019 señaló
que “como
también lo resaltó la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento
–CODHES– y FUNDACOLVEN, en la intervención que realizó para el caso que estudió
esta Corte en la sentencia T-210 de 2018, Colombia no cuenta con visas de
naturaleza humanitaria, o complementarias de protección, por lo que no se
facilita la entrada y permanencia en el país, puesto que actualmente se exige
el pasaporte para ingresar al país, en vista de que se dejaron de lado las
TMF”.
[112]Por
medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y
Protección Social.
[113] “Obligatoriedad de la afiliación. La afiliación al Sistema General de Seguridad Social
en Salud es obligatoria para todos los residentes en Colombia, salvo para aquellas
personas que cumplan los requisitos para pertenecer a uno de los regímenes
exceptuados o especiales establecidos legalmente”.
[114] Acceso a los servicios de salud. El afiliado
podrá acceder a todos los servicios de salud del plan de beneficios desde la
fecha de su afiliación o de la efectividad del traslado de EPS o de movilidad.
Las novedades sobre la condición del afiliado en ningún caso podrán afectar la
continuidad de la prestación de los servicios de salud. || Los prestadores
podrán consultar el Sistema de Afiliación Transaccional con el fin de verificar
la información correspondiente a la afiliación de la persona”.
[115] “Documentos de identificación para efectuar la
afiliación y reportar las novedades. Para efectuar la afiliación y
reportar las novedades, los afiliados se identificarán con uno de los
siguientes documentos:
1. Registro Civil de Nacimiento o en su defecto, el certificado de
nacido vivo para menores de 3 meses.
2. Registro Civil de Nacimiento para los mayores de 3 meses y menores
de siete (7) años de edad.
3. Tarjeta de identidad para los mayores de siete (7) años y menores de
dieciocho (18) años de edad.
4. Cédula de ciudadanía para los mayores de edad.
5. Cédula de extranjería, pasaporte, carné diplomático o salvoconducto
de permanencia, según corresponda, para los extranjeros.
6. Pasaporte de la Organización de las Naciones Unidas para quienes
tengan la calidad de refugiados o asilados.
Los afiliados están obligados a actualizar el documento de
identificación cuando se expida un nuevo tipo de documento; sin embargo, la
demora en la actualización del nuevo documento no dará lugar a la suspensión de
la afiliación y por tanto habrá reconocimiento de UPC. Las EPS adoptarán
campañas para garantizar que sus afiliados conozcan esta obligación y mantengan
su información actualizada”.
[116] El Ministerio de Salud y Protección Social
mediante la Resolución 3015 de 2017 incorporó el PEP como documento válido de
identificación en los sistemas de información del Sistema de Protección Social.
[117] Las
reglas de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud -SGSSS- se
encuentran establecidas en el Decreto 780 del 6 de mayo de 2016 expedido por el
Gobierno Nacional. De conformidad con lo establecido en dicho cuerpo normativo,
la afiliación se realiza por una sola vez y con ella se adquieren todos los
derechos y obligaciones derivados del SGSSS (artículos 2.1.3.2, 2.1.3.4 y 2.1.3.5 relativos a la
obligatoriedad de la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud
y al acceso a los servicios de salud desde el momento de la afiliación y
mediante la presentación de documentos de identidad válidos).
[118] Sobre
el particular, en la Sentencia T-210 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado
se dijo lo siguiente: “31. De este modo, una interpretación sistemática de
la normativa en materia de salud y del marco legal migratorio permite concluir
que para que un migrante logre su afiliación al SGSSS se requiere que
regularice su situación en el territorio nacional, y que cuente con un
documento de identificación válido en Colombia. Sobre lo anterior, en casos
similares donde migrantes venezolanos en situación de irregularidad han
solicitado la prestación de servicios de salud, la Corte ha sido enfática en
sostener que “el reconocimiento de los derechos de los extranjeros genera la
obligación de su parte de cumplir con las normas y los deberes establecidos
para todos los residentes en el país”. En igual sentido, puede consultarse
la Sentencia T-705 de 2017. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
[119] De acuerdo con el artículo 2.2.1.11.4 del Decreto 1743 de 2015, la cédula de extranjería es
el “Documento de Identificación expedido por Migración Colombia, que se
otorga a los extranjeros titulares de una visa superior a 3 meses y a sus
beneficiarios con base en el registro de extranjeros”.
[120] En
los términos del artículo 2.2.1.4.1
del Decreto 1743 de 2015, el pasaporte: “[E]s el documento que identifica a [una
persona] en el exterior”.
[121] Según
lo establecido en el artículo 2.2.1.11.4.7 del Decreto 1067 de 2015: “Los
titulares de Visa Preferencial se identificarán dentro del territorio nacional
con carné diplomático expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores”.
Las visas preferenciales son las siguientes: diplomática, oficial y de servicio
(artículo 2.2.1.12.1.1 del Decreto 1067 de 2015).
[122] Conforme
lo dispuesto en el artículo 2.2.1.11.4.9 del Decreto 1067 de 2015, el
salvoconducto: “Es el documento de carácter temporal que expide la Unidad
Administrativa Especial Migración Colombia al extranjero que así lo requiera.
Los salvoconductos serán otorgados en las siguientes circunstancias: SC-1.
Salvoconducto para salir del país” y “SC-2. Salvoconducto
para permanecer en el país”.
[123] El
Ministerio de Relaciones Exteriores creó el llamado Permiso Especial de Permanencia
-PEP- mediante la Resolución 5797 de 2017, como un mecanismo de facilitación
migratoria que permite a los nacionales venezolanos permanecer en Colombia
hasta por dos años de manera regular y ordenada, con el cumplimiento de
determinados requisitos. El PEP “es un documento otorgado por Migración
Colombia con el fin de autorizar la permanencia de migrantes venezolanos que se
encuentren en el territorio nacional sin la intención de establecerse, razón
por la cual, no equivale a una Visa, ni tiene efectos en el cómputo de tiempo
para la Visa de Residencia Tipo “R”. A diferencia de la TMF [Tarjeta
de Movilidad Fronteriza], este documento sí permite a los migrantes estudiar
y trabajar en Colombia, así como afiliarse al SGSSS” (Sentencia T-210 de
2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado). Ahora bien, de acuerdo con las últimas
Resoluciones emitidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, a saber, la
Resolución 10677 y 3317 de diciembre de 2018, de Migración Colombia, únicamente
los ciudadanos venezolanos que cumplan con los siguientes requisitos pueden
solicitar el PEP: (i) encontrarse en el territorio colombiano al 17 de
diciembre del 2018; (ii) haber ingresado a territorio nacional de manera
regular con pasaporte y por Puesto de Control Migratorio habilitado; (iii) no
tener antecedentes judiciales a nivel nacional e internacional y (iv) no tener
una medida de expulsión o deportación vigente. Para mayor información, puede
consultarse el siguiente portal web: http://www.migracioncolombia.gov.co/viajeros-venezuela/index.php/pep/preguntas-frecuentes-pep. Con todo, debe advertirse que como medida para
garantizar la afiliación de los migrantes al Sistema General de Seguridad
Social en Salud fue expedida la Resolución 3015 de 2017, mediante la cual el
Ministerio de Salud incorporó el PEP como documento válido de identificación en
los sistemas de información del Sistema de Protección Social. Además, el Departamento
Nacional de Planeación -DNP- realizó modificaciones internas que desde el mes
de agosto de 2017 permiten aplicar la encuesta SISBEN a nacionales de otros
países.
[124] Artículo 2.1.3.5 del Decreto 780 de 2016. Valga precisar, en este punto, que el Ministerio de
Relaciones Exteriores contempla la posibilidad de autorizar el ingreso y
permanencia de un extranjero a Colombia mediante el otorgamiento de visas las
cuales pueden ser de visitantes (V), migrantes (M) o residentes (R) (ver
Resolución 6047 de 2017). También tienen la vía de la nacionalización o
naturalización para regularizar su permanencia en Colombia, conforme a lo
dispuesto en el artículo 96 constitucional.
[125] Por la cual se
decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones
para la vigencia fiscal del 10 de enero al 31 de diciembre de 2018.
[126] “Por
medio de la cual se reglamenta la expedición del Permiso Especial de
Permanencia - PEP creado mediante Resolución 5797 de 2017 del Ministerio de
Relaciones Exteriores, para su otorgamiento a las personas inscritas en el
Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 1288 del 25 de julio de 2018”. En su  intervención
el Ministerio de Relaciones Exteriores manifestó que la Resolución 10064 del 3
de diciembre de 2018 modificó el parágrafo primero del artículo 1º de la
Resolución 6370 de 2018, en lo que respecta al plazo para la expedición del
PEP, el cual se amplió hasta el 21 de diciembre de 2018. Así mismo, indicó que
la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia expidió la Resolución
10677 de 18 de diciembre de 2018, mediante la cual se estableció un nuevo
término para acceder al PEP. El artículo primero de esa disposición consagró
que los ciudadanos venezolanos que se encuentren en territorio colombiano a 17
de diciembre de 2018, podrán solicitar el PEP dentro de los 4 meses siguientes
a la publicación del mencionado acto administrativo.
[127] COLOMBIA.
ABC registro administrativo de migrantes venezolanos en Colombia (RAMV). 21 de
marzo de  2018. Portal Gestión del Riesgo: http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/RAMV/SitePages/inicio.aspx
[128] Al respecto, también pueden consultarse las
sentencias T-025 de 2019, T-074 de 2019 y T-298 de 2019.
[129] Sentencia
T-705 de 2017.
[130] Así,
por ejemplo, la sentencia T- 210 de 2018 reiteró lo expuesto en sentencia T-705
de 2017 al indicar que en algunos casos excepcionales de extranjeros, la
atención de urgencias puede llegar a incluir el tratamiento de enfermedades
catastróficas como el cáncer, cuando los mismos sean solicitados por el médico
tratante como urgentes.
[131] Sentencia
SU-677 de 2017.
[132] La
fuente normativa del principio de solidaridad se identifica esencialmente en
los artículos 1 y 95 numeral 2 de la Carta Política. Dicho valor constitucional
ha sido definido por esta Corporación como aquel “deber impuesto a toda persona y autoridad pública, por el sólo hecho de su
pertenencia al conglomerado social, consistente en la vinculación del propio
esfuerzo y actividad en beneficio o apoyo de otros asociados o en interés
colectivo. Pero fundamentalmente se trata
de un principio que
inspira la conducta de los individuos para fundar la convivencia en la
cooperación y no en el egoísmo” (Sentencia T-550 de 1994. M.P. José
Gregorio Hernández Galindo). Es así como la solidaridad se convierte en una
referencia axiológica del Estado social de derecho, en tanto pilar esencial
para el desarrollo de la vida ciudadana en democracia, que impone la obligación
de prestar, en la medida de lo posible, una atención especial y prioritaria a
las personas que, por su condición de debilidad manifiesta, son titulares de
especial protección constitucional. En todo caso, valga advertir que el
Constituyente de 1991 dejó claro que la incorporación constitucional del
principio de solidaridad no tiene como criterio interpretativo la asimilación
de un Estado benefactor en Colombia, sino que debe ser observado como medio
para hacer efectivo el ejercicio de los derechos de las personas, de tal manera
que, inclusive, el Estado se instituya como un agente de justicia social.
[133] Sentencia C-834 de 2007.
[134] Sentencia
T-197 de 2019.
[135] Sentencias T-052 de 2011, T-725 de 2012, entre otras.
[136] Sobre
el particular, la sentencia SU-677 de 2017 señaló que el hecho superado se presenta “cuando, durante el trámite de la
acción de tutela o de su revisión eventual ante la Corte Constitucional,
sobreviene la ocurrencia de hechos que demuestran que las circunstancias
existentes al momento de interponer la acción se transformaron y por lo tanto
la parte accionante ha perdido el interés en la satisfacción de su pretensión o
ésta no puede obtenerse, pues la situación en principio informada a través de
la tutela, ha cesado. (…) // Seguidamente, la carencia actual de objeto por daño
consumado se presenta cuando no se repara la vulneración del derecho, sino
que, a raíz de su falta de garantía, se ha ocasionado el daño que se buscaba
evitar con la orden del juez de tutela. // Finalmente, respecto a la carencia
actual de objeto cuando se presenta cualquier otra circunstancia que haga
inocua la orden de satisfacer la pretensión de la tutela, la Corte ha
manifestado que ‘es posible que la carencia actual de objeto no se derive de la
presencia de un daño consumado o de un hecho superado sino de alguna otra
circunstancia que determine que, igualmente, la orden del/de la juez/a de
tutela relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no surta ningún
efecto’”.(Negrilla dentro del texto original).
[137] Sentencia
T-731 de 2017.
[138] A
folios 2 y 7 del cuaderno de instancia obra la cédula de identidad de la
República Bolivariana de Venezuela del señor JGM, así como la cédula de
identidad de su hijo YJMB
[139] Esa
definición puede ser consultada en:
https://www.sisben.gov.co/sisben/paginas/que-es.aspx
[140] Sentencia T-197 de 2019.
[141] 27 de agosto de 2018.
[142] 30 de agosto de 2018.
[143] Sentencia T-295 de 2018.
[144] Cuaderno
de Instancia, folios 7 a 9.
[145] Sentencia T-705 de 2017.
[146] El
recurso de amparo fue interpuesto por la actora de manera verbal ante el
Juzgado Quinto Administrativo de Cúcuta.
[147] Sobre
el particular, en la Sentencia T-210 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado
se dijo lo siguiente: “31. De este modo, una interpretación sistemática de
la normativa en materia de salud y del marco legal migratorio permite concluir
que para que un migrante logre su afiliación al SGSSS se requiere que
regularice su situación en el territorio nacional, y que cuente con un
documento de identificación válido en Colombia. Sobre lo anterior, en casos
similares donde migrantes venezolanos en situación de irregularidad han
solicitado la prestación de servicios de salud, la Corte ha sido enfática en
sostener que “el reconocimiento de los derechos de los extranjeros genera la
obligación de su parte de cumplir con las normas y los deberes establecidos
para todos los residentes en el país”. En igual sentido, puede consultarse
la Sentencia T-705 de 2017. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
[148] Sentencia T-197 de 2019.
[149] Cuaderno
de instancia, folio 4.
[150] Sentencia
T-705 de 2017.
[151] Sentencia
T-210 de 2018.
[152] Cuaderno de instancia, folios 6 y 35.
[153] En
respuesta de 8 de julio de 2019, la profesional universitaria de la Oficina
Jurídica del Instituto advirtió que “mediante la Oficina de Prestación de
Servicios en Salud del Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander, [al
menor de edad] se ha venido brindando atención desde el pasado 27/09/2018 y ATENCIÓN
INTEGRAL según No. de autorización 182621 de fecha 23/10/2018, con respecto
al estado de salud del menor, en la actualidad se encuentra siendo atendido por
el Instituto Nacional de Cancerología de la ciudad de Bogotá con diagnóstico
de: tumor de acompañamiento incierto o desconocido del labio, de la cavidad
bucal y de la faringe”. Folios 115 a 134, cuaderno de pruebas Corte
Constitucional.
[154] Es
importante aclarar que la acción de tutela No. 2018-00348-00 a la que hace
referencia el Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander
corresponde a otro proceso, pues la decisión que aquí se revisa fue proferida
por el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Oralidad de Cúcuta de 14 de
septiembre de 2018.
[155] https://procesos.ramajudicial.gov.co/consultaprocesos/
[156] Radicación No. 5400131050042018003840000.
[157] Sentencia T-217 de 2018.
[158] Sentencias T-883
de 2001; T-662 de 2002; T-1303 de 2005; SU-713 de 2006; T-634 de 2008; T-507 y T-926 de 2010;
T-053 de 2012; T-304 de 2014; T-008, SU-055, T-057, T-069, T-096 y T-537 de
2015, entre otras.
[159] Sentencia
T-149 de 1995.
[160] Sentencia
T-308 de 1995.
[161] Sentencia
T-443 de 1995.
[162] Sentencia
T-001 de 1997.
[163] Sentencia
T-547 de 2011.
[164] Sentencia
T-272 de 2019, en la que se hace alusión a las sentencias T-185 de 2013 y T-548
de 2017.
[165] Al
respecto, el Hospital Universitario Erazmo Meoz informó que en la historia
clínica del menor de edad “se registra interpretación del Tac de senos paranasales
que mostró gran tumoración que ocupa la faringe; Tac que fue realizado en otra
institución llamada Servivir IPS S.A.S.” (folio 201, cuaderno de pruebas
Corte Constitucional). Así mismo, ante el cuestionamiento de esta Corte al
Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander frente a realización del
referido procedimiento, esa entidad indicó que “la oficina de prestación de
servicios en salud (…), mediante la autorización 18216 de fecha 27/09/2018 se
autorizó la consulta por primera vez con especialista en oncología y en
adelante se autorizó la atención integral” (folio 105, cuaderno de pruebas
Corte Constitucional). De este modo, se infiere que el procedimiento diagnóstico tan solo se efectuó en
cumplimento de la orden de atención médica integral dictada por el Juzgado
Cuarto Laboral del Circuito de Cúcuta en fallo del 18 de octubre de 2018, la
cual fue adicionada por el Tribunal Superior de Cúcuta en sentencia del 27 de
noviembre de 2018, pues la medida de protección provisional dictada en el asunto
de la referencia por el Juzgado Séptimo Municipal de Oralidad de Cúcuta el 31
de agosto de 2018 finalmente fue revocada a través de sentencia del 14 de
septiembre de 2018, en la que negó el amparo constitucional.
[166] Copia de la Historia
Clínica del menor YJMB. Folios 115 a 134, cuaderno de pruebas Corte
Constitucional.
[167] Sentencia
T-705 de 2017. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
[168] Sentencia T-210 de 2018.