T-954-13
[Proyecto de circulación restringida]
Sentencia T-954/13
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Requisitos
generales y especiales de procedibilidad
CARACTERIZACION DEL DEFECTO MATERIAL
O SUSTANTIVO COMO CAUSAL DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES-En casos de interpretación irrazonable
DEFECTO SUSTANTIVO POR INTERPRETACION
ERRONEA O IRRAZONABLE DE LA NORMA-Hipótesis en las cuales puede incurrir la autoridad judicial
CARACTERIZACION DEL DEFECTO POR
DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL
Al
ratificar el principio de supremacía de la Constitución, y reconocer que la
Constitución es norma de normas –art. 4° Superior-, la Corte ha reiterado la
estructura piramidal, jerárquica o estratificada de las normas dentro del
ordenamiento jurídico, de manera que las normas inferiores deben ajustarse a
las superiores y finalmente todas deben ajustarse a la Constitución, que es norma
normarum. De esta concepción se ha derivado la consideración del precedente
judicial como fuente de derecho para todas  las autoridades públicas, de lo
cual a su vez, surgen importantes consecuencias. De una parte, de conformidad
con el artículo 243 de la Constitución, la jurisprudencia constitucional obliga
hacia el futuro “para efectos de la expedición (de la Ley) o su aplicación
posterior”. Y adicionalmente, surge la obligatoriedad de aplicar la
normatividad de conformidad con la interpretación que de ellas haya realizado
la Corte Constitucional.
FUENTES DEL DERECHO EN LA
CONSTITUCION-Obligatoria
y auxiliar
JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL-Fuente obligatoria de derecho
SUJECION DE LA ACTIVIDAD JUDICIAL AL
IMPERIO DE LA LEY-Aplicación
del conjunto de normas constitucionales y legales, valores, objetivos, incluida
la interpretación jurisprudencial de los máximos órganos judiciales
Respecto
del sentido que debe darse al sometimiento de los jueces al imperio de la ley y
a la autonomía de éstos en la interpretación y aplicación del ordenamiento
jurídico, esta Corporación ha precisado que la función judicial, así como la
función de todas las autoridades públicas, y por lo tanto, también las
atribuciones y potestades asignadas constitucional y legalmente para cumplirla,
deben entenderse enmarcadas dentro de los límites que establece la Carta. Por
esta razón, ha enfatizado en que una interpretación correcta del concepto de
autonomía de los jueces, debe estar mediada por el concepto de sometimiento de estos
a la Constitución y a la ley, cuya finalidad es la garantía de los principios y
derechos fundamentales, y al principio de razón suficiente, de tal manera que
esta potestad no puede entenderse hasta el extremo de implicar el
desconocimiento de estos principios, derechos  y deberes.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES POR
DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Formas en que puede ser desconocida la jurisprudencia
DERECHO A MANTENER EL PODER
ADQUISITIVO DE LAS PENSIONES Y LA INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA-Son mandatos de orden constitucional
que no pueden ser desconocidos
La
jurisprudencia de esta Corte ha explicado en múltiples oportunidades la
importancia y la necesidad de mantener el poder adquisitivo de las pensiones
como mandato constitucional ligado a varios principios de orden iusfundamental.
La Constitución de 1991 (artículos 48 y 53) dispone el deber de actualizar
monetariamente el monto de las pensiones como medida protectora frente al
fenómeno inflacionario que afecta directamente la posibilidad de subsistencia
económica y por ende la vida digna de los trabajadores y beneficiarios de las
contingencias pensionales. Dicha protección se aplica a través de la
actualización ya sea (i) de la base de liquidación de la prestación, o (ii) del
monto de la mesada pensional reconocida con el reajuste periódico de la misma.
INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA
PENSIONAL-Evolución
jurisprudencial y recuento normativo
INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA
PENSIONAL-Se aplica
a pensiones causadas en cualquier tiempo, incluso, antes de la vigencia de la
Constitución de 1991
DERECHO A LA INDEXACION DE LA PRIMERA
MESADA PENSIONAL EN SITUACIONES ANTERIORES A LA EXPEDICION DE LA CONSTITUCION
DE 1991-Precedente
fijado en sentencia SU.1073/12
DERECHO A LA INDEXACION Y
CONTABILIZACION DEL TERMINO DE PRESCRIPCION-Precedente fijado en sentencias SU.1073/12 y SU.131/13
INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA
PENSIONAL-Contabilización
del término de prescripción según sentencia SU.1073/12
ACCION DE TUTELA EN MATERIA DE
INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL Y TERMINO DE PRESCRIPCION-Pago retroactivo de mesadas
pensionales no prescritas a partir de la fecha de expedición de la sentencia
SU1073/12
En relación con la prescripción de mesadas
pensionales debe hacerse una diferenciación respecto de la aplicación de esta
en relación con pensiones reconocidas con anterioridad a la entrada en vigencia
de la Constitución de 1991 o con posterioridad a la misma. Así, si la
prestación fue reconocida después de la entrada en vigor de la Carta, se aplica
la regla general establecida por la jurisprudencia constitucional (sentencia
T-098 de 2005), mientras que en el caso de las pensiones preconstitucionales se
aplica la prescripción oficiosa establecida por la sentencia SU-1073 de 2012.
INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL Y
TERMINO DE PRESCRIPCION-Reglas,
según sentencia T-098/05 para pensiones reconocidas después de la vigencia de
la Constitución de 1991
(i) No hay lugar a la prescripción cuando esta no fue
solicitada por la parte demandada en el proceso laboral, pues esta excepción no
puede ser declarada de oficio; (ii)        El derecho a la indexación no
prescribe, pero la acción para reclamarlo lo hace contados tres años desde el
momento en que la obligación se hace exigible; (iii) La simple reclamación del
trabajador suspende el término de prescripción por un período adicional de tres
años; (iv) La presentación de la demanda (ordinaria) suspende el término de
prescripción y (vii) La presentación de la demanda de tutela no incide de forma
alguna en la prescripción.
INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL Y
TERMINO DE PRESCRIPCION-Reglas,
según sentencia SU1073/12 para pensiones  reconocidas con anterioridad a la
Constitución de 1991
Respecto de la prescripción de oficio establecida en
la sentencia de unificación SU-1073 de 2012 debe recordarse que esta es
aplicable solamente a las pensiones causadas con anterioridad a la entrada en
vigencia de la Constitución de 1991. En este sentido, la regla de la sentencia
que se cita -correspondiente a la declaratoria de la prescripción oficiosa de
mesadas pensionales-, cobija única y exclusivamente los supuestos de pensiones
consolidadas con anterioridad a la Carta de 1991, esto significa, las correspondientes
a aquellas en las que los requisitos de edad y tiempo de servicios, se
cumplieron con anterioridad a la entrada en vigencia de esta. De manera que, en
los casos en los que los accionantes estén cobijados por un régimen pensional
preconstitucional se aplicará dicha prescripción oficiosa. Por su parte, si la
consolidación de los requisitos para acceder a la pensión correspondiente se
cumplen bajo el manto de la vigencia de la actual Carta Fundamental, en
consecuencia, la interpretación de la normatividad que ordena el reconocimiento
de la prestación, se rige conforme los mandatos que esta establece.
DEFECTO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE EN
MATERIA DE INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES PARA INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL-Procedencia por configuración de defecto
sustantivo, indebida aplicación normativa y omisión en la aplicación directa de
la Constitución
ACCION DE TUTELA PARA PROTEGER EL DERECHO A LA
INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL-Procedencia excepcional aunque exista otro medio de
defensa judicial
Referencia: expedientes T-3.979.500, T-3.982.328,
T-3.991.071 y T- 4.021.914 (acumulados).
Acciones de
tutela instauradas por Emilia Delgado Escobar contra el Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles
Nacionales de Colombia; Jaime De Plaza Krohne contra el Tribunal Superior de
Medellín –Sala Laboral–; Timoleón Patiño Rivero contra el Banco Santander (actualmente Banco Corpbanca); y Manuel Guillermo
Ayala Hernández contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
Magistrado Ponente:
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA.
Bogotá, DC., diecinueve (19) de diciembre de dos mil trece
(2013).
La Sala Novena de Revisión
de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada María Victoria Calle
Correa, y los magistrados Mauricio González Cuervo y Luis Ernesto Vargas Silva en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la
siguiente
SENTENCIA
Mediante la cual se pone fin al trámite de revisión de los siguientes fallos de tutela dictados dentro de
los procesos de la referencia:
Expediente
Fallos de tutela
T-3.979.500
Primera Instancia: Sentencia del diecisiete (17) de mayo de dos mil
trece (2013), proferida por el Juzgado Décimo (10°) de Familia de Medellín.
T-3.982.328
Primera Instancia: Sentencia del treinta (30) de abril de dos mil trece
(2013), proferida por la Corte Suprema de Justicia –Sala de Casación Laboral–.
Segunda Instancia: Sentencia del veinte (20) de junio de dos mil trece
(2013), proferida la Corte Suprema de Justicia –Sala de Casación Penal–.
T-3.991.071
Primera Instancia: Sentencia del veintiséis (26) de abril de dos mil
trece (2013), proferida por el Juzgado Trece (13) Civil Municipal de
Bucaramanga.
Segunda Instancia: Sentencia del doce (12) de junio de dos mil trece (2013),
proferida por el Juzgado Octavo (8°) Civil del Circuito de Bucaramanga.
T-4.021.914
Primera Instancia: Sentencia del dos (2) de julio de dos mil trece
(2013) proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal.
I.  ANTECEDENTES
Acumulación de procesos.
Mediante
auto del treinta (30) de julio de dos mil trece (2013), la Sala de Selección Número Siete escogió para su revisión y acumuló entre si los expedientes T-3.979.500,
T-3.982.328 y T-3.991.071, para que fuesen fallados en una sola sentencia, tras
considerar que presentaban unidad de materia. De la misma manera, dispuso su
reparto al despacho del magistrado sustanciador.
Posteriormente,
mediante auto de  veintiuno (21) de noviembre de 2013 la Sala Novena de Revisión acumuló entre sí los expedientes T-3.979.500, T-3.982.328, T-3.991.071
(acumulados) y T-4.021.914, para que fuesen fallados en una sola sentencia,
tras considerar que presentaban unidad de materia.
Expediente T-3.979.500
1. De los hechos y la demanda
1.1 La señora Emilia Delgado Escobar, de 65 años de
edad, se vinculó laboralmente desde el 16 de agosto de 1968 hasta el 7 de
noviembre de 1991, momento en el que se retiró voluntariamente de la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero (Caja Agraria) en donde laboró por un lapso de 23
años y 74 días.
1.2 Sostuvo que de conformidad con la convención
colectiva vigente al momento de su retiro de la entidad, a los trabajadores que
hubieren cumplido 47 años de edad y 20 de servicios continuos o discontinuos,
se pensionarían con una pensión equivalente al 75% de su salario.
1.3 El día 15 de septiembre de 1995 cumplió 47 años de
edad, por lo que posteriormente, por resolución N° 0434 del 24 de octubre de
1995, la Caja Agraria le reconoció pensión de jubilación de origen
convencional. El monto de la mesada de la prestación se liquidó con base en el
último salario promedio mensual percibido, esto es, en $166.438.34 a partir del
15 de septiembre de 1995.
1.5 Indicó que solicitó la indexación de la primera
mesada pensional con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC)
certificado por el Departamento Nacional de Estadísticas (DANE), de conformidad
con lo dispuesto por la Ley laboral y la jurisprudencia sobre la materia. Sin
embargo, la entidad accionada negó la solicitud.
1.6 Por lo anterior, la accionante inició proceso
ordinario laboral para solicitar la indexación de la mesada de su pensión, ante
el Juzgado Primero Laboral de Bogotá, quien en fallo de primera instancia del
31 de octubre de 2000 desestimó las pretensiones de la demanda. Esta autoridad
judicial argumentó que para el momento del juicio, la posición doctrinal sobre
la indexación de la primera mesada pensional había cambiado y no era
obligatoria. Al respecto sostuvo el juez de la causa:
“(…) [e]n el caso que nos ocupa es preciso
manifestar de que si bien es cierto, que este despacho venía condenando a la Indexación en estos casos en particular de la primera mesada, también lo es que dicha condena
se hacía con fundamento en la Jurisprudencia que sobre el particular había
expedido la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
Ahora bien, de igual manera es de anotar que la misma
alta Corporación cambió su Doctrina frente al tema en la Sentencia proferida en agosto 18 de 1999 RADICACIÓN 11818 dentro del proceso ordinario de
DOMINGO ANTONIO FLORES CÁRDENAS contra CAJA DE CRÉDITO AGRARIO INDUSTRIAL Y
MINERO, Magistrado Ponente Dr. Carlos Isaac Nader, en los siguientes términos:
(…)
En consecuencia el Despacho y acogiendo a la nueva
Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, se habrá de absolver a la
demandada, no solo de ésta pretensión, si no también, de todas las demás, por
tener relación directa con el resultado de esta. (…)”
1.7 En segunda instancia, el Tribunal Superior de
Bogotá en decisión del 28 de febrero de 2001 confirmó la anterior decisión, y
sostuvo que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia había señalado que no procedía la indexación de las pensiones de origen convencional. Sobre el
tema, señaló que con base en la posición de la Sala de Casación Laboral de la máxima Corporación de la justicia ordinaria, “(…) se recurrió a la
interpretación jurisprudencial, llegando así, a la transcrita y mencionada en
el presente pronunciamiento, que por su actualidad y precisión sobre el punto,
adquiere plena vigencia, generando como resultado que la posición anterior del
hoy ponente, sobre el tema sea rectificada, estando de acuerdo con el criterio
ahora expuesto en el fallo atrás transcrito. (…) En este orden de ideas, se
concluye, que las pretensiones de la demanda originadas en la indexación de la
primera mesada están llamadas a la improsperidad, por ende, son absolutorias,
lo cual conlleva la confirmación de la sentencia proferidas por el Juzgado
Primero Laboral del Circuito de Bogotá D.C.”
1.8 Adujo que frente a la posibilidad de una condena
en costas, se abstuvo de interponer el recurso extraordinario de casación
contra la sentencia citada.
1.9 Mediante resolución GP N° 03309 del 20 de
septiembre de 2004, la Liquidadora de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y minero, resolvió compartir con el Instituto de Seguro Social (ISS) la
pensión de vejez otorgada a la señora Delgado Escobar. Lo anterior, debido a
que la entidad cotizó al ISS, por el seguro de invalidez, vejez y muerte hasta que
la actora cumplió de los requisitos para acceder a la pensión de vejez con base
en lo dispuesto en la ley 100 de 1993.
1.10 Afirma que con posterioridad a los hechos
narrados, la jurisprudencia constitucional reconoció la existencia de un
derecho fundamental de los pensionados a mantener el poder adquisitivo de sus
mesadas pensionales, posición que ha sido derivada de una interpretación
sistemática de distintos enunciados normativos constitucionales y legales.
1.11 Indica que por el cambio en la jurisprudencia
constitucional, inició un nuevo proceso ordinario laboral ante el Juzgado 21
Laboral del Circuito de Bogotá, quien en auto del 3 de diciembre de 2008
declaró probada la excepción de cosa juzgada en la materia. Al respecto,
sostuvo que los mismos hechos y pretensiones ya habían sido estudiados en un
proceso anterior.
1.12 La accionante apeló la decisión anterior, por lo
que el Tribunal Superior de Bogotá –Sala Laboral–, en auto del 13 de mayo de
2009 confirmó la decisión del juez de primera instancia. En esta oportunidad,
el ad quem reiteró que el cambio jurisprudencial que favorecía a la
actora se veía afectado por la cosa juzgada. En efecto, el juez colegiado
sostuvo que “(…) [a]sí las cosas, luego de quedar ejecutoriada una sentencia
dentro de un proceso ordinario laboral, si se presenta un cambio de
jurisprudencia que favorece a la parte vencida en aquel proceso, un nuevo
proceso entre las mismas partes y por el mismo objeto y causa, alegando el
cambio de jurisprudencia, aun así se verá afectado por la cosa juzgada derivada
del anterior proceso.”
1.13 Argumentó que la decisión anterior, contravía el
precedente constitucional y vulnera de manera directa la Constitución debido a que desconoce el sentido y alcance del derecho fundamental a la
indexación de la primera mesada pensional reconocido con efectos “erga
omnes” en la sentencia de constitucionalidad C-862 de 2006.
Por los hechos descritos, la accionante instauró
acción de tutela contra el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales
de Colombia[1],
por lo que solicitó se concediera el amparo de sus derechos fundamentales,
especialmente a la indexación de la primera mesada pensional, y por lo tanto,
que la entidad mencionada reconociera y pagara la correspondiente prestación
actualizada.
2. Del fallo único de primera instancia
El Juzgado Décimo de Familia de Medellín en fallo del
17 de mayo de 2013 decidió negar el amparo constitucional. Sobre el asunto
indicó que la situación de la accionante ya había sido examinada por los jueces
competentes de la justicia laboral, por lo que no era dable que mediante la
acción de tutela se intentara modificar una situación que es netamente laboral
por el simple hecho de resultar desfavorable a los intereses de la accionante.
La anterior decisión no fue impugnada, razón por la
que se remitió a esta Corporación para su eventual revisión.
Expediente T-3.982.328
1. De los hechos y la demanda
1.1 El señor Jaime Plaza De Krohne, de 86 años de
edad, laboró para el Banco de Colombia S.A. desde el 12 de junio de 1947 hasta
el 6 de octubre de 1967, fecha en la que se retiró voluntariamente. A la fecha
de desvinculación devengaba la suma de $2.900, equivalentes a 6.9 salarios
mínimos legales mensuales.
1.2 El 19 de julio de 1982 el Banco de Colombia le
reconoció la pensión de jubilación regulada en el artículo 269 del Código
Sustantivo del Trabajo (CST) por haber cumplido 55 años de edad. El monto de la
prestación fue de $7.410, suma equivalente al salario mínimo de dicha fecha e
inferior a los 6.9 salarios mínimos legales mensuales devengados en el año 1967.
1.3 El actor instauró demanda ordinaria laboral contra
el Banco de Colombia con base en lo expuesto en las sentencias SU-120 de 2003 y
C-862 de 2006 para que le fuera reconocido su derecho a la indexación de la
primera mesada pensional.
1.4 El 28 de septiembre de 2009 el Juzgado 14 Laboral
del Circuito de Medellín dictó fallo en el que absolvió a la demandada. La
autoridad judicial, argumentó que la posición de la Corte Suprema de Justicia señalaba que la indexación de la primera mesada pensional solo es
procedente para pensiones causadas después de la entrada en vigencia de la Constitución de 1991. Sobre el asunto dicho juzgado sostuvo que “[c]omo quiera que en el
caso presente, la pensión del actor se causó el 19 de julio de 1982, como ya
tuvo la oportunidad de analizarse, a la luz de la nueva posición
jurisprudencial asumida por la Corte Suprema de Justicia, misma que esta
judicatura acoge en su integridad, la pensión de jubilación del actor no
resulta indexable, pues para este caso, el derecho se causó antes de la Constitución de 1991, por lo que los cargos resultan infundados.”
1.5 En segunda instancia, el Tribunal Superior de
Medellín –Sala Décima de Decisión Laboral–, en sentencia del 5 de agosto de
2010, confirmó en su integridad la decisión del a quo. Sobre el asunto
consideró que solo se puede hablar de actualización del salario base de
liquidación de liquidación de las pensiones legales causadas a partir de 1991,
y no así para las pensiones reconocidas bajo la vigencia de la Constitución de 1886. En palabras de dicha colegiatura “[e]n esas condiciones, se advierte
que sólo se habla de actualización del salario base de liquidación de las
pensiones legales causadas a partir de 1991, cuando se expidió la Constitución Política, porque este fue el fundamento jurídico para la indexación de las
mesadas pensionales. Así es, puesto que antes de ese año no existía el
mencionado sustento supralegal para aplicar la indexación del ingreso de liquidación
pensional, ni la fuente para elaborar un comparativo que cubriera el vacío
legal, vale decir, la ley 100 de 1993.”
1.6 Finalmente, el demandante sostuvo que desistió del
recurso extraordinario de casación, dado que la misma Corte Suprema de Justicia
en su Sala de Casación Laboral, ha argumentado que la actualización pensional
es improcedente para quienes habían adquirido la pensión de jubilación antes de
la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, por lo que tal mecanismo
judicial estaba llamado al fracaso.
2. Del fallo de primera instancia
2.1 La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en fallo del 30 de abril de 2013 decidió negar la solicitud de amparo
elevada por el accionante. Consideró que en el asunto que se examinaba no se
cumplía con el requisito de inmediatez debido a que las sentencias censuradas
databan del 28 de septiembre de 2009 y del 5 de agosto de 2010, en tanto la
acción de tutela se presentó el 17 de abril de 2013, esto es, transcurridos más
de 32 meses desde la última decisión.
2.2 Adicionalmente, señaló que tampoco resultaba
admisible que el accionante no hubiere interpuesto el recurso extraordinario de
casación, máxime cuando lo solicitado no se ceñía exclusivamente a la
indexación de la primera mesada pensional sino a la actualización de la pensión
de acuerdo al IPC certificado por el DANE, al pago de las diferencias entre los
valores efectivamente recibidos y el valor de la mesada indexada y actualizada,
y a la indexación sobre el reajuste pensional.
2.3 Finalmente argumentó que no era posible hablar de
una amenaza o vulneración actual del derecho fundamental del actor, pues
tampoco se evidenciaba la existencia de un perjuicio irremediable, pues en todo
caso le fue reconocida su pensión de jubilación desde el 19 de julio de 1982,
en el equivalente al salario mínimo legal mensual vigente, por lo que su subsistencia
básica estaba asegurada.
3.
Impugnación y fallo de segunda instancia.
3.1 El actor impugnó la decisión de instancia,
mediante escrito radicado el 14 de mayo de 2013 contra la anterior sentencia. Solicitó
que se revocara el fallo del a quo, y reiteró que a la luz de la
jurisprudencia de la Corte Constitucional debía tenerse en cuenta que el actor
era una persona de avanzada edad (86 años), que se encontraba en una situación
de debilidad e indefensión, particularmente porque se encuentra limitado para
obtener los ingresos económicos necesarios para disfrutar de una vida digna.
Señaló que respecto al tema de la inmediatez, la
jurisprudencia constitucional ha señalado que el derecho a la indexación es
imprescriptible y por lo tanto se entiende que su afectación tiene un carácter
siempre actual. Adicionalmente, argumentó que no era exigible agotar el recurso
extraordinario de casación porque la posición de la Corte Suprema de Justicia era consistente en negar el derecho al a indexación de la primera
mesada pensional, razón por la que resultaba ineficaz tal mecanismo judicial, y
porque la condena en costas eventualmente probable, afectaba el derecho al
mínimo vital del actor, cuya mesada pensional era apenas de un salario mínimo.
4.2 En fallo del 20 de junio de 2013, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia –Sala Segunda de Decisión de Tutelas– confirmó
el fallo impugnado por los mismos argumentos que se esgrimieron en primera
instancia. Al efecto, señaló que el accionante no había agotado los medios de
defensa judicial que le ofrece el legislador para contrarrestar la supuesta
irregularidad planteada, como era la demanda de casación contra la sentencia de
segunda instancia.
En este sentido, adujo que la sentencia SU-1073 de
2012 señaló que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema cambió su criterio a partir del año 2009, razón por la que para el 5 de agosto
de 2010 cuando se resolvió la sentencia de segunda instancia, resultaba
necesario activar el recurso extraordinario de casación para que fuera
estudiado de cara a las nuevas corrientes doctrinales del máximo órgano de la
jurisdicción laboral sobre la reliquidación de la primera mesada pensional.
Expediente T-3.991.071
1. De los hechos y la demanda
1.1 El señor Timoleón Patiño Rivero, de 75 años de
edad, trabajó para el Banco Santander (actualmente Banco Corpbanca), hasta el
12 de abril de 1976, momento en el que se retiró del trabajo activo con más de
20 años de servicio.
1.2 Señaló que el 21 de enero de 1993 le fue
reconocida por parte de la entidad demandada, la pensión de jubilación por un
monto equivalente a un salario mínimo legal para la fecha, es decir, $81.510. Lo
anterior pues cumplió con el requisito de edad (55 años) en el año 1993. Para
la liquidación de la prestación se utilizó como base el promedio del salario
recibido el último año de servicios, esto es 1976. Adujo que la mesada
pensional no fue indexada ni actualizada a valor presente para el momento de
reconocimiento de la prestación.
1.3 El 31 de julio de 2012 presentó derecho de petición
a la entidad accionada con el objeto de que se le indexara la primera mesada de
su pensión de jubilación. Sin embargo, la entidad le respondió que no era
viable indexarla en tanto esta se causó con anterioridad a la entrada en
vigencia de la Constitución de 1991.
1.4 Ante la negativa de la entidad, instauró acción de
tutela contra el Banco Santander por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la defensa, al mínimo vital, la seguridad
social y la igualdad, alegando además que es una persona de la tercera edad. Adicionalmente,
sostuvo que no resultaba eficaz acudir a la justicia ordinaria teniendo en
cuenta el tiempo de solución de su controversia y su edad.
1.5 Finalmente, sostuvo que es una persona de escasos
recursos, con graves problemas de salud, y que su cónyuge se encuentra en las
mismas condiciones tanto de edad como de salud, aunado a que depende
económicamente de él.
2. Del fallo de primera instancia
El Juzgado Trece Civil Municipal de Bucaramanga, mediante
fallo del 26 de junio de 2013, decidió declarar improcedente el amparo
constitucional solicitado por el accionante. Consideró que en el caso del actor
existía un medio judicial eficaz para exigir la indexación de la mesada
pensional, esto es el proceso ordinario laboral, en donde a su criterio, el
actor debe ventilar su controversia, haciendo a su vez que la acción de tutela
se torne improcedente. Adicionalmente, estimó que el actor no demostró la
existencia de un perjuicio irremediable, para que el juez constitucional
excepcionalmente estudiara el tema.
3.
Impugnación y fallo de segunda instancia
3.1 Inconforme con el fallo de primera instancia, el
demandante impugnó dicha decisión. Sobre el particular, argumentó que el juez
de primera instancia no atendió los pronunciamientos de la Corte Constitucional respecto a la indexación de la primera mesada pensional, en los que ha
determinado que se deben ponderar las circunstancias de cada caso y del sujeto
que reclama la protección de sus derechos fundamentales, para determinar si el
medio judicial es eficaz.
En este sentido, señaló que el a quo no reparó
en la avanzada edad del actor, que supera el promedio de vida en Colombia,
brindándole por ello una protección especial por ese hecho, y en consecuencia,
tornando claramente procedente la acción de tutela. Aunado a lo anterior,
señaló que no resulta razonable que el juez de primera instancia señale que no
existe perjuicio irremediable cuandoquiera que es claro que se está vulnerando
el mínimo vital del accionante, y que por su edad y estado de salud tanto de
aquel como de su esposa, se pone en riesgo su vida y la de su cónyuge.
3.2 En segunda instancia, el Juzgado Octavo Civil del
Circuito de Bucaramanga confirmó la sentencia impugnada con similares
argumentos a los expuestos en primera instancia. El ad quem sostuvo que
la tutela debía rechazarse debido a que no se cumplía con su carácter
subsidiario.
Sobre el tema argumentó que si bien la Corte Constitucional había concedido el amparo en algunos casos, lo cierto era que se trataba
de personas de la tercera edad con quebrantos de salud, que solicitaban el
reajuste de la mesada pensional, demostrándose además la violación del derecho
a la igualdad, lo que no sucedió en el caso del señor Patiño Rivero.
Expediente T-4.021.914
1. De los hechos y la demanda
1.1 El señor Manuel Guillermo Ayala
Hernández, de 79 años de edad, se vinculó laboralmente con la Industria Colombiana de Llantas S.A. –Icollantas– desde el 4 de mayo de 1959 hasta el día 5
de abril de 1983, es decir, por 26 años, 11 meses y 2 días. Al terminar la
relación laboral ocupaba el cargo de Gerente General y devengaba un salario de
$345.488 es decir el equivalente a 37,30 salarios mínimos legales de la época.
1.2 El 12 de octubre de 1989 cumplió 55
años de edad, por lo que la entidad le reconoció una pensión de jubilación
extralegal equivalente a 10, 61 salarios mínimos legales vigentes. El 12 de
octubre de 1993, en vigencia de la ley 100 de ese mismo año, le fue reconocida
su pensión legal de vejez equivalente a 3.5 salarios mínimos. Al respecto,
alega que la mesada reconocida corresponde al 10% de su salario de retiro.
1.3 El 6 de abril de 1983 ante el Juzgado
Sexto Laboral del Circuito de Cali, se firmó el acta de conciliación y pago 025
entre el accionante y el representante legal de Icollantas en la que se
reconocía una pensión de jubilación extralegal de $259.116 a partir del 12 de
octubre de 1989, fecha en la que el accionante cumplía la edad de jubilación.
Esta cifra correspondía al 75% del salario promedio devengado por el demandante
al 6 de abril de 1983. Adicionalmente, la empresa se comprometió a  reajustar
anualmente la pensión de jubilación extralegal del accionante; y a que, cuando aquel
cumpliera los requisitos legales para la pensión de vejez, esto es el 12 de
octubre de 1994, esta pensión sería “asumida por la seguridad social con
base en la legislación vigente y quedaría a cargo del empleador la diferencia,
si la hubiese.”
1.4 Posteriormente, accedió a la pensión de
vejez en vigencia de la Ley 100 de 1993, pues cumplió con el requisito de los
60 años de edad el 12 de octubre de 1994, por lo que, el Instituto de Seguros
Sociales, mediante resolución 4265 del 26 de mayo de 1995, le reconoció y
ordenó pagar la respectiva prestación al actor.
1.5 El 21 de julio de 2003 solicitó mediante
comunicación a Icollantas la indexación de la primera mesada de su pensión, la
actualización de los reajustes anuales y el pago de las diferencias no prescritas,
sin que sus solicitudes fueran acogidas.
1.6 Señaló, además, que inició proceso
ordinario laboral, ante el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cali, contra
la Industria Colombiana de Llantas S.A. –Icollantas–, con el objeto de obtener
la indexación de su primera mesada pensional, desde el momento de su retiro hasta
cuando le fue reconocida.
Sin embargo, el referido Juzgado, en
sentencia N° 159 del 5 de septiembre de 2007, absolvió a Icollantas y al ISS de
todas las pretensiones de la demanda. Al respecto, la autoridad judicial sostuvo
que “la pensión se otorgó bajo los lineamientos del nuevo régimen pensional
y que estructuró el ingreso base de liquidación, conforme al Art. 36 de la Ley 100 de 1993, todo de acuerdo con la resolución 4265 del 26 de mayo de 1995, mediante la
cual reconoce, liquida y ordena el pago de la pensión de vejez al actor, por lo
que resulta improcedente la indexación pretendida por el pensionado, respecto a
la pensión de vejez, cuya primera mesada fue construida previa actualización
del ingreso base de liquidación.”
1.6 Contra esta determinación el accionante
interpuso el recurso de apelación y el 22 de octubre de 2008, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali confirmó la decisión de primera instancia. Respecto
a esta decisión, la autoridad judicial citada argumentó que “en efecto,
tratándose de pensiones legales de jubilación convencional (sic), como
es la del caso que nos ocupa, debe recordarse que en relación con la
actualización de la primera mesada pensional, la Jurisprudencia de nuestra máxima rectora laboral era persistente en señalar que para este
tipo de pensiones reconocidas por fuera de la vigencia de la Ley 100 de 1993, no era procedente la indexación de la base salarial con que se calcula el
valor inicial de la pensión de jubilación porque no existía norma que
contemplara dicha obligación. Sin embargo (sic) esta posición fue
variada sustancialmente por esta misma Corporación, al declarar procedente la
actualización de la primera mesada pensional no solo para las pensiones
legales, sino también convencionales reconocidas a partir de la vigencia de la
constitución de 1991.”
1.7 El anterior fallo de segunda instancia
fue recurrido en casación, por lo que en sentencia del 20 de febrero de 2013 la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia (radicado 39298) resolvió no casar
la sentencia impugnada. Al respecto, la máxima Corporación de la Justicia ordinaria adujo que “con independencia de los desatinos anunciados, importa
recordar que la Corte, en múltiples oportunidades ha señalado que la
procedencia de la indexación de prestaciones pensionales, sin distingo de su
naturaleza, cabe predicarla, de manera general, a partir de la vigencia de la Constitución Política de 1991, que fue cuando se definió el Estado Social de Derecho que nos
gobierna (artículo 1°) y se preceptuó la necesidad de que las pensiones
mantengan su poder adquisitivo constante (artículo 48).”
1.7 En razón de las decisiones judiciales
descritas, el señor Ayala Hernández instauró acción de tutela contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia por la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, al haberle negado la
indexación de su primera mesada pensional. Sostuvo que la providencia de la
máxima Corporación de la justicia ordinaria laboral que resolvió su caso,
desconoció el precedente constitucional
sentado especialmente en la sentencia C-862 de 2006.
Para el efecto, solicitó se revocara el
fallo de casación del 20 de febrero de 2013 (rádicado 39298) y en consecuencia
cumplir con el precedente de la Corte Constitucional, que señala que todas las mesadas pensionales deben ser indexadas. Adicionalmente, demandó se ordenara a
Icollantas S.A. que procediera a realizar el respectivo pago y actualización
del valor de su pensión hasta el año 2013.
2. Del fallo único de primera instancia.
2.1 En sentencia del 2 de julio de 2013, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, negó el amparo reclamado argumentando
que el accionante pretende revivir una controversia que concluyó al proferirse
fallo por parte de la Sala de Casación Laboral de esa Corporación.
2.2 Con el propósito de sustentar su
decisión, la Sala de Casación Penal argumentó
que la decisión censurada mediante tutela es razonable y ajustada a los
parámetros legales y constitucionales, en la medida en la que sus argumentos se
hallan debidamente soportados y fundados en los medios de prueba obrantes en la
actuación.
Así las cosas, sostuvo que esa Corporación negó las
pretensiones de la demanda, al considerar que no era procedente la indexación
de la primera mesada pensional, porque dichos derechos se causaron con
anterioridad a la entrada en vigencia de la actual Carta Política.
En razón a que el fallo mencionado no fue impugnado,
en consecuencia, el expediente fue remitido a esta Corporación para su eventual
revisión.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Competencia.
Esta
Sala de Revisión de la Corte Constitucional es competente para proferir
sentencia dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los
artículos 86 inciso 2 y 241 numeral 9 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2.
Problema jurídico y diseño metodológico de la decisión.
2.1. En el asunto puesto a consideración de la Sala, se estudian los procesos acumulados T-3.979.500, T-3.982.328,
T-3.991.071 y T-4.021.914 en los que se ha negado la
indexación de la primera mesada pensional de los accionantes bajo el argumento
de que esta no es procedente para las pensiones consolidadas con anterioridad a
la entrada en vigencia de la Constitución de 1991.
En el sentido referido, los accionantes argumentaron
principalmente: que (i) la jurisprudencia constitucional ha reconocido
la existencia del derecho fundamental de los pensionados a mantener el poder
adquisitivo de sus mesadas pensionales, la que se deriva de los artículos 48 y
53 de la Carta; que (ii) las sentencias SU-120 de 2003, C-862 de 2006 y
SU-1073 de 2012 señalan claramente la procedencia de la indexación pensional
pese a la posición opuesta delineada en la jurisprudencia de la jurisdicción
ordinaria laboral, en cabeza de la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Laboral-; que (iii) por lo anterior, se desconoce el precedente
constitucional por lo que, en el caso de las tutelas que se revisan contra
providencias judiciales, se incurre en tal defecto específico de procedibilidad
del amparo; y que (iv) en todos los casos se trata de personas de la
tercera edad, sujetos de especial consideración constitucional.
2.2 Por su parte, las entidades y
autoridades accionadas no contestaron a ninguna de las acciones
constitucionales instauradas.
2.3 En los fallos de tutela se negó el
amparo, entre otras, por las siguientes razones: en el caso del expediente T-3.979.500,
se sostuvo esencialmente que sobre el asunto ya existía cosa juzgada puesto que
la solicitud de indexación ya había sido estudiada en un primer proceso
laboral, en el que se desestimó la petición, al sostener que la indexación de
la primera mesada pensional no procedía para una pensión reconocida con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución de 1991; en el caso T-3.982.328, se adujo particularmente que no se cumplía con
el requisito de inmediatez en tanto había trascurrido más de 32 meses desde la
última decisión judicial sobre el tema, y que no se había agotado el recurso
extraordinario de casación; en cuanto al proveído T-3.991.071, la tutela se
negó porque en criterio de los jueces del amparo se incumplió con el principio
de subsidiaridad, pues a pesar de contar con una avanzada edad, el demandante debía
acudir a la jurisdicción ordinaria laboral para discutir su situación; finalmente,
en el expediente T-4.021.914 el amparo fue negado al argumentar que la decisión
del proceso ordinario, incluido el fallo de casación, había sido ajustado a
derecho, en tanto la indexación de la primera mesada pensional no procede para
prestaciones causadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Constitución de 1991.
2.4 Así las cosas, teniendo en cuenta el contexto de
las decisiones que se revisan, la Sala debe determinar si (i) en los
casos puestos a su revisión existe una vulneración del derecho a la indexación
de la primera mesada pensional de los accionantes por parte de las autoridades
judiciales y entidades accionadas, al negar el reconocimiento de este derecho
bajo el argumento de que este no procede en el caso de prestaciones
consolidadas antes de la entrada en vigencia de la Constitución de 1991. En particular será necesario establecer si (ii) existe un
defecto material o sustantivo y desconocimiento del precedente constitucional al
negar el reconocimiento de la indexación pensional o al declarar probada la
excepción de cosa juzgada constitucional (expediente T-3.979.500) desconociendo
lo dispuesto en los artículos 48 y 53 superiores, y las sentencias SU-120 de
2003, C-862 de 2006 y SU-1073 de 2012.
Adicionalmente, en el caso del expediente T-3.991.071 la  Sala debe analizar si procede la acción de tutela como mecanismo principal para el
reconocimiento de la indexación de la primera mesada pensional del actor,
teniendo en cuenta que alega ser una persona de la tercera edad (75 años), a
quien el mecanismo ordinario ante la justicia laboral le resulta inidóneo e
ineficaz.
En algunos de los asuntos que se revisan se encuentra
que se han proferido varias sentencias judiciales en procesos ordinarios
laborales, en los que se ha estudiado la solicitud de indexación elevada por los
accionantes, por lo que la Corte revisará el contenido de las decisiones de la
justicia ordinaria para determinar en los casos correspondientes si ha operado
el fenómeno de la cosa juzgada respecto de las decisiones señaladas, para de
esta manera finalmente determinar si en la presente revisión es procedente
ordenar la indexación de la mesada pensional de los accionantes.
2.5 Para resolver los problemas jurídicos planteados, la Sala (i) reiterará la jurisprudencia sobre la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales; (ii) realizará un sucinto énfasis en las
causales especiales de procedibilidad por defecto sustantivo o material y por
desconocimiento del precedente constitucional; (iii) recordará las
principales subreglas sobre el mandato constitucional de actualización o
indexación de las mesadas pensionales; y (iii) efectuará el análisis de los
casos concretos.
3.
Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Reiteración de jurisprudencia.
La
jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que la acción de tutela procede
excepcionalmente contra providencias emitidas por los jueces de la república en
virtud del artículo 86 Superior que, al consagrar la acción de tutela, previó
expresamente que ella puede ser elevada para obtener la protección inmediata de
los derechos fundamentales “cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”.
Así
mismo ha considerado que para proteger la autonomía judicial y la seguridad
jurídica, principios que también ostentan relevancia constitucional y que
pueden verse afectados por la revisión en sede de tutela de los fallos
judiciales, en estos casos el amparo procede solo cuando se reúnen estrictos
requisitos contemplados en la jurisprudencia. En efecto, en numerosos fallos y,
en especial, en la sentencia C-590 de 2005[2],
la Corte estableció las causales de orden general y especial que debe examinar
el juez constitucional para determinar si la acción de tutela procede como
mecanismo de protección frente a la decisión adoptada por otro juez.
3.1.
En primer lugar, ha dicho la Corte que la tutela procede únicamente cuando se
verifica la totalidad de los requisitos generales de procedencia que se
mencionan a continuación:
(i)
“Que la cuestión que se
discuta tenga una evidente relevancia constitucional; (…)
(ii)
Que se hayan agotado todos
los medios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable;(…)
(iii)
Que se cumpla con el requisito
de la inmediatez;(…)
(iv)
Que, tratándose
de una irregularidad procesal, quede claro que la misma tiene un efecto
decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora. (…)
(v)
Que la parte actora
identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración
como los derechos vulnerados, y que hubiere alegado tal vulneración en el
proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible;(…)  y
(vi)
Que no se trate de sentencias
de tutela (…)”.
En
los eventos en los que la acción de tutela promovida contra un fallo judicial
ha superado este examen, puede el juez constitucional entrar a analizar si en la decisión judicial se configura al
menos uno de los requisitos especiales de procedibilidad.
3.2. Los requisitos especiales de procedibilidad constituyen los defectos en que puede incurrir la
sentencia que se impugna, y son el aspecto nuclear de los cargos elevados
contra la sentencia. La citada providencia C-590 de 2005 sintetizó de la
siguiente forma las causales especiales de procedibilidad.
a. Defecto orgánico, que se
presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada,
carece, absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto,
que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento
establecido.[3]
c.  Defecto fáctico, que surge
cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, en
los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
e. Error inducido, que se presenta
cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese
engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
f.  Decisión sin motivación, que
implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los
fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
g.  Desconocimiento del precedente,
hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario
aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
h.  Violación directa de la Constitución.
Así
las cosas, la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales depende de la verificación de la configuración de todos
los requisitos generales y, al menos, de una causal específica de
procedibilidad, que conlleve a la violación de un derecho fundamental. De este
modo se protegen los elevados intereses constitucionales que se materializan en
la ejecutoria de las providencias judiciales, al tiempo que se garantiza el
carácter supremo de la Constitución y la vigencia de los derechos de los
ciudadanos.
Por
resultar pertinente para el análisis del caso sometido a revisión de la Sala, se hará una breve referencia a los defectos sustantivo o material y por violación del
precedente constitucional.
4.
Breve caracterización del defecto sustantivo o material. La interpretación irrazonable como causa del defecto
sustantivo.
4.1
La jurisprudencia de esta Corporación ha explicado que el defecto material o
sustantivo se presenta cuando “la decisión que toma el juez desborda el
marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una
norma evidentemente inaplicable al caso concreto.”[4] De igual forma ha
señalado que la construcción dogmática del defecto sustantivo como causal de
procedibilidad de la acción de tutela, parte del reconocimiento de que la
competencia asignada a las autoridades judiciales para interpretar y aplicar
las normas jurídicas, fundada en el principio de autonomía e independencia
judicial, no es en ningún caso absoluta. En este sentido has señalado que “[p]or
tratarse de una atribución reglada, emanada de la función pública de
administrar justicia, la misma se encuentra limitada por el orden jurídico
preestablecido y, principalmente, por los valores, principios, derechos y
garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho.”[5]
4.2
El desarrollo jurisprudencial de esta causal ha llevado a la identificación de
una serie de situaciones en las que se incurre en dicho error, básicamente
condensadas en los siguientes eventos:
(i)  Cuando
existe una carencia absoluta de fundamento jurídico. En este caso
la decisión se sustenta en una norma que no existe, que ha sido derogada, o que
ha sido declarada inconstitucional.[6]
(ii)
Aplicación de norma que requiere interpretación sistemática con otras normas,
caso en el cual no se tienen en cuenta otras normas aplicables al caso y que
son necesarias para la decisión adoptada.[7]
(iii) Por
aplicación de normas constitucionales pero no aplicables al caso concreto. En
este evento, la norma no es inconstitucional pero al ser aplicada al caso
concreto vulnera derechos fundamentales, razón por lo que debe ser igualmente
inaplicada.[8]
(iv) Porque
la providencia incurre en incongruencia entre los fundamentos jurídicos y la
decisión. Esta situación se configura cuando la resolución del juez no
corresponde con las motivaciones expuestas en la providencia.[9]
(v) Al
aplicar una norma cuya interpretación desconoce una sentencia de efectos erga
omnes. En esta hipótesis se aplica una norma cuyo sentido contraría la
ratio decidendi de una sentencia que irradia sus efectos a todo el ordenamiento
jurídico.[10] (Subrayado).
(vi) Por
aplicación de normas abiertamente inconstitucionales, evento en el cual si bien
el contenido normativo no ha sido declarado inexequible, este es abiertamente
contrario a la constitución. En este evento, la tutela procede si el juez ordinario
no inaplica la norma por medio de la figura de la excepción de
inconstitucionalidad.[11]
4.3 Adicionalmente, esta Corte ha señalado[12] que una autoridad judicial puede incurrir en
defecto sustantivo por interpretación irrazonable, en al menos dos hipótesis:
(i)
cuando le otorga a la
disposición jurídica un sentido y alcance que ésta no tiene (contraevidente),
es decir, deriva interpretativamente una norma jurídica que no se desprende del
marco normativo que ofrece la disposición aplicable al caso, vulnerando de esta
manera el principio de legalidad. En otras palabras, se trata de una hipótesis
en la cual se arriba a una norma jurídica cuya adscripción a la disposición de
la que se pretende su derivación no es posible por contrariar los
principios básicos de la lógica y las reglas de la experiencia o,
(ii)
cuando le confiere a
la disposición infraconstitucional una interpretación que en principio
resulta formalmente posible a partir de las varias opciones que ofrece, pero
que en realidad (ii.1) contraviene postulados de rango constitucional o (ii.2)
conduce a resultados desproporcionados.
4.3.1
En relación con la primera hipótesis (interpretación contraevidente), la Corte ha indicado que las fallas originadas en el proceso hermenéutico “han de ser
protuberantes para que sea factible predicar que a la ley se le ha otorgado un
sentido contraevidente”[13].
De manera que no es una simple discrepancia dogmática respecto de la opción
interpretativa acogida por la autoridad judicial la que estructura el defecto
sustantivo, sino que la misma ha de ser manifiestamente irracional, sin
sentido, consecuencia de una desviación notoria del derecho.[14]
4.3.2.
Sobre a la segunda fórmula de la interpretación irrazonable como defecto
sustantivo, la Corte ha señalado[15]
que si bien en este también se está en presencia de una afrenta al principio de
legalidad, su nota particular esta dada “por una mayor incidencia del
desconocimiento de la Constitución, dado que la interpretación de la ley se
traduce en defecto sustantivo debido a que en el proceso interpretativo se
dejan de tomar en cuenta contenidos superiores que a la luz del caso concreto
han debido guiar ese proceso y condicionar su resultado”[16]. Igualmente, ha indicado
que “cuando la interpretación otorgada a la disposición legal es posible,
pero contraviene el contenido constitucional aparejando la vulneración o el
desconocimiento de los derechos fundamentales o preceptivas superiores, el juez
constitucional está en la obligación de adecuar el contenido de dicha norma
legal y hacerla consonante con los fines y principios constitucionales.”[17]
4.3.3.
Adicionalmente, la Corte ha explicado que es probable que en algunas
circunstancias concurran los dos motivos genéricos señalados “y que la
interpretación contraevidente de la ley –que ya de por sí riñe con la Carta- comporte, así mismo, la vulneración de ciertos contenidos de la Constitución, que sean relevantes para el caso específico. Precisando que en todo caso
estas fórmulas en principio son “independientes y, en consecuencia, no es
indispensable que concurran para que sea viable hablar de defecto sustantivo
derivado de la interpretación, pues pueden configurarse por separado, hipótesis
en la cual, cada uno genera el anotado defecto sustantivo, sin necesidad de que
se configure la otra causal”[18].[19]
5.
Breve caracterización del defecto por violación del precedente constitucional.
5.1
La fuerza vinculante del precedente constitucional[20], rasgo que lo  convierte
en fuente del derecho, deriva del paradigma adoptado por la Constitución que optó por la forma de Estado Social y Democrático de Derecho, en la que se estableció
un catálogo de principios y de derechos fundamentales como eje vertebral y
núcleo esencial de la Constitución, y se determinó la primacía de la Constitución y de los derechos fundamentales, y la prevalencia del derecho sustancial como
mandatos esenciales de nuestro ordenamiento jurídico.
En
esta perspectiva, la vinculatoriedad del precedente constitucional, se fundamenta
en el principio de supremacía constitucional (art. 4º C.P.), en el
reconocimiento del carácter normativo de la Constitución y en la interpretación autorizada de sus textos que hace la Corte Constitucional. En ese sentido, el precedente constitucional cumple unas finalidades
relevantes comoquiera que permite: (i) brindar una mayor coherencia al
orden jurídico; (ii) garantizar el derecho a la igualdad de trato ante
las autoridades: (iii) y afianzar la seguridad jurídica[21].
5.2
Al ratificar el principio de supremacía de la Constitución, y reconocer que la Constitución es norma de normas –art. 4° Superior-, la Corte ha reiterado la estructura piramidal, jerárquica o estratificada de las normas dentro
del ordenamiento jurídico, de manera que las normas inferiores deben ajustarse
a las superiores y finalmente todas deben ajustarse a la Constitución, que es norma normarum[22].
De
esta concepción se ha derivado la consideración del precedente judicial como
fuente de derecho para todas  las autoridades públicas, de lo cual a su vez,
surgen importantes consecuencias. De una parte, de conformidad con el artículo
243 de la Constitución, la jurisprudencia constitucional obliga hacia el futuro
“para efectos de la expedición (de la Ley) o su aplicación posterior”[23]. Y
adicionalmente, surge la obligatoriedad de aplicar la normatividad de
conformidad con la interpretación que de ellas haya realizado la Corte Constitucional.
5.3
Al interpretar el alcance del artículo 230 Superior, la Corte aclaró que las fuentes del derecho están constitucionalmente clasificadas en dos grupos
que tienen diferente jerarquía: (i) la fuente obligatoria: el
"imperio de la ley" (inciso 1°), y (ii) las fuentes
auxiliares: la equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho
y la doctrina (inciso 2°). Aclaró la Corte en esa oportunidad que por
"imperio de la ley" debe entenderse “ley en sentido material
-norma vinculante de manera general- y no la ley en sentido formal -la expedida
por el órgano legislativo-. Ello por cuanto, según se vio, la primera de las
normas es la Constitución -art. 4° CP-”[24].
De
esta manera, la Corte ha considerado[25]
que la jurisprudencia constitucional, es fuente obligatoria de derecho, al
tenor de la clasificación contenida en el  artículo 230 de la Carta. En este sentido, al preguntarse sobre si las sentencias de la Corte Constitucional son fuente obligatoria –art. 230 inciso 1º C.P. o un criterio auxiliar
–art. 230 inciso 2º, se pronunció a favor de la primera opción:
“Para esta Corporación es muy claro que la respuesta a
tal pregunta no es otra que la de considerar que tal sentencia es fuente
obligatoria. Así lo dispone el artículo 243 superior precitado e incluso el
inciso 1° del artículo 21 del Decreto 2067 de 1991, que dice: Las sentencias
que profiera la Corte Constitucional tendrán el valor de cosa juzgada
constitucional y son de obligatorio
cumplimiento para todas las autoridades y los particulares.”[26]
5.4
En relación con las partes de la sentencia de constitucionalidad que tienen la
fuerza de la cosa juzgada, la jurisprudencia ha reiterado[27] que la parte resolutiva
goza de cosa juzgada explícita, por expresa disposición del artículo 243 de la Constitución, y gozan de cosa juzgada implícita algunas consideraciones de la parte motiva
que guarden unidad y relación directa con la decisión, los cuales “son
también obligatorios y, en esas condiciones, deben ser observados por las
autoridades y corrigen la jurisprudencia”.[28]
5.5
Respecto del sentido que debe darse al sometimiento de los jueces al imperio
de la ley y a la autonomía de éstos en la interpretación y aplicación del
ordenamiento jurídico, esta Corporación ha precisado que la función judicial,
así como la función de todas las autoridades públicas, y por lo tanto, también
las atribuciones y potestades asignadas constitucional y legalmente para
cumplirla, deben entenderse enmarcadas dentro de los límites que establece la Carta.
Por
esta razón, ha enfatizado en que una interpretación correcta del concepto de autonomía
de los jueces, debe estar mediada por el concepto de sometimiento de estos
a la Constitución y a la ley, cuya finalidad es la garantía de los principios y
derechos fundamentales, y al principio de razón suficiente, de tal manera que
esta potestad no puede entenderse hasta el extremo de implicar el
desconocimiento de estos principios, derechos  y deberes.[29]
En
este orden de ideas, la discrecionalidad no se puede confundir con el concepto
de autonomía judicial, la cual debe necesariamente ejercerse y desarrollarse en
armonía con los principios y derechos de la Carta, especialmente con el derecho a la igualdad, ya que solo a través de una interpretación y aplicación
consistente, coherente y uniforme de la ley se pueden garantizar los principios
y derechos constitucionales. Una actuación contraria de los jueces, so pretexto
de su autonomía judicial sería arbitraria y se encontraría en clara contravía
de la Carta Política.[30]
5.6 La concepción estricta del carácter vinculante del
precedente judicial, ha llevado incluso a una reinterpretación del concepto de
ley, como elemento normativo del delito de prevaricato en el orden jurídico
colombiano. Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Corte ha señalado:
“La expresión “ley”, contenida en el artículo 413 del Código Penal, no
debe entenderse solo como ley en sentido formal, esto es, como “acto normativo
expedido por el Congreso de la República” sino, en armonía con la Constitución, como “norma jurídica aplicable al caso concreto”, lo cual incluye la Constitución, la ley en sentido formal, las normas que integran el bloque de
constitucionalidad o la jurisprudencia constitucional. (Subrayado adicional al texto)
Por tanto, a partir de una interpretación armónica de
los artículos constitucionales mediante los cuales se consagra el principio de
legalidad en Colombia, esta Corporación concluyó que “todos los servidores
públicos, incluidos por supuesto los jueces y los particulares que ejercen
funciones públicas, pueden incurrir en el ilícito de prevaricato por acción, a
causa de la emisión de una providencia, resolución, dictamen o concepto
manifiestamente contrario a los preceptos constitucionales, la ley o un acto
administrativo de carácter general.”
En tal sentido, la jurisprudencia constitucional
reiteró que el concepto de “ley” contenido en el artículo 230 Superior, se
refiere a las distintas fuentes del derecho que deben ser aplicadas para
resolver un caso concreto y como tal, bien puede tratarse de la Constitución, la ley o el acto administrativo de carácter general, y que se incurre en el
delito de prevaricato si cualquier autoridad pública emite resolución, dictamen
o concepto que resulte ser manifiestamente contrario a la Constitución, la ley o el acto administrativo de carácter general”[31].
5.7
Respecto a la diferenciación en el alcance, sentido y fundamento normativo
entre fallos de constitucionalidad y fallos de tutela de esta Corte, se han
señalado algunos aspectos comunes y otros que son propios de la especie de
fallo que se comenta. Así, entre los aspectos comunes de estas decisiones
judiciales, se ha mencionado: (i) la necesidad de acatar la jurisprudencia constitucional para garantizar
el carácter normativo de la Constitución y la relevancia de la interpretación
autorizada que hace la Corte del Texto Superior como guardiana de la integridad
y supremacía de la Carta, de acuerdo con la posición y misión institucional que
le confiere el artículo 241 Superior; (ii) el papel de homogeneizar la
interpretación de la Constitución, especialmente relevante en materia de
derechos fundamentales que, como se sabe, son consagrados en cláusulas
especialmente abiertas e indeterminadas.[32]
5.7.1 En cuanto a los fallos de constitucionalidad, el carácter
obligatorio de la jurisprudencia constitucional se desprende de sus efectos erga
omnes y de la cosa juzgada constitucional. En este sentido, por
mandato expreso del artículo 243 Constitucional, los contenidos normativos que la Corte declara contrarios a la Constitución no pueden ser reproducidos por ninguna autoridad.
En cuanto a la parte motiva de estas sentencias, en la medida en que la ratio
decidendi contiene la solución constitucional a los problemas jurídicos
estudiados debe ser atendida por las demás autoridades judiciales para que la aplicación
de la ley sea conforme con la Constitución, norma de normas[33].
Así las cosas, la Corte ha considerado que una decisión judicial que
desconoce los pronunciamientos que emite la Corte, tanto en las decisiones de inexequibilidad, como en la ratio decidendi de las decisiones de
exequibilidad, incurre en un defecto sustantivo por desconocer el derecho
vigente, o por interpretar y aplicar de forma incompatible con la Constitución una norma cuyo alcance precisa la jurisprudencia constitucional. [34]
5.7.2 En materia de sentencias de revisión de tutela, la Corte ha determinado que el respeto por la ratio decidendi de estas se explica por: (i)
la necesidad de lograr una concreción del principio de igualdad en la
aplicación de las leyes; porque (ii) constituye una exigencia del
principio de confianza legítima que prohíbe al Estado sorprender a los
ciudadanos con actuaciones imprevisibles; y en razón a que (iii)
constituye un presupuesto para garantizar el carácter normativo de la Constitución y la efectividad de los derechos fundamentales así como la unidad y coherencia
del ordenamiento jurídico[35].
En
esta línea, la Corte ha señalado que la doctrina contenida en la parte motiva
de las sentencias de revisión de tutela que constituyen la ratio decidendi de
tales fallos, prevalece sobre la interpretación llevada a cabo por otras
autoridades judiciales, en virtud de la competencia institucional de la Corte Constitucional como guardiana de la integridad y supremacía de la Constitución[36]. Por tanto,
el desconocimiento de la doctrina contenida en las decisiones de revisión de
tutela se traduce en una vulneración al principio de igualdad en la aplicación
de la ley, de la confianza legítima, y de la unidad y coherencia del
ordenamiento[37].
5.8 Finalmente,
sobre la procedencia de la acción de tutela por desconocimiento del precedente
constitucional la Corte ha señalado un conjunto de reglas[38] que el juez debe cumplir
para encontrar viable dicho defecto en la labor judicial. Al respecto la Corte ha señalado que el funcionario judicial deberá: “(i) determinar la existencia de un
precedente o de un grupo de precedentes aplicables al caso concreto y
distinguir las reglas decisionales contenidas en estos; (ii) comprobar que el
fallo judicial impugnado debió tomar en cuenta necesariamente tales precedentes
pues de no hacerlo incurriría en un desconocimiento del principio de igualdad
y; (iii) verificar si el juez tuvo razones fundadas para apartarse del
precedente judicial, bien por encontrar diferencias fácticas entre el
precedente y el caso analizado, bien por considerar que la decisión debería ser
adoptada de otra manera para lograr una interpretación más armónica en relación
con los principios constitucionales, y más favorable a la vigencia y
efectividad de los derechos fundamentales, de acuerdo con el principio pro
hómine.”[39]
En
conclusión, la Corte ha señalado que el precedente constitucional constituye
fuente de derecho en el ordenamiento jurídico, el cual debe ser respetado por
todas las autoridades públicas, incluidos los jueces de la república, en tanto
constituye un desarrollo directo de la interpretación de la Constitución Política, norma de normas (artículo 4°), y de los mandatos y derechos
fundamentales que ella establece. En el caso en el que un juez de la república
desconozca un precedente constitucional que debió observar al momento de
resolver un caso puesto a su consideración, en consecuencia se activa la
protección constitucional por vía de la acción de tutela, con la finalidad de
proteger la integridad del ordenamiento jurídico y salvaguardar los derechos
fundamentales de los ciudadanos.
6. El derecho constitucional a la actualización o
indexación de las mesadas pensionales.
En
el presente acápite la Sala reiterará las principales reglas jurisprudenciales
sobre el derecho a la indexación pensional que ha sentado la doctrina
constitucional de esta Corporación. El recuento pormenorizado de la línea jurisprudencial
sobre este tema ya ha sido expuesto en varios pronunciamientos de la Corte[40] y de esta
Sala en particular[41],
razón por la que en esta ocasión simplemente se citarán las principales subreglas
sobre la materia, que resultan pertinentes para solucionar el caso que se
revisa.
Fundamentación
constitucional y legal. Descripción de la problemática de la actualización de
la mesada pensional.
6.1.
La jurisprudencia de esta Corte ha explicado en múltiples oportunidades la
importancia y la necesidad de mantener el poder adquisitivo de las pensiones
como mandato constitucional ligado a varios principios de orden iusfundamental.
La Constitución de 1991 (artículos 48 y 53)[42]
dispone el deber de actualizar monetariamente el monto de las pensiones como
medida protectora frente al fenómeno inflacionario que afecta directamente la
posibilidad de subsistencia económica y por ende la vida digna de los
trabajadores y beneficiarios de las contingencias pensionales. Dicha protección
se aplica a través de la actualización ya sea (i) de la base de
liquidación de la prestación, o (ii) del monto de la mesada pensional
reconocida con el reajuste periódico de la misma.[43]
En
este orden de ideas, la Corte ha advertido que el mandato de indexación
pensional está íntimamente relacionado con los derechos a la igualdad[44], la
seguridad social y al mínimo vital[45],
encontrándose además en armonía con la protección constitucional reforzada que
se predica de las personas de la tercera edad.[46]
En particular, ha indicado que constituye un desarrollo del derecho a la
seguridad social en su contenido de seguridad en el ingreso y del derecho al mínimo
vital[47]
en sus facetas cuantitativa y cualitativa, y ha precisado que constituye una
manifestación concreta del principio de dignidad humana, en tanto posibilita
una subsistencia decente el asegurar la estabilidad de los ingresos económicos,
que permite la realización y desarrollo de las diferentes formas y proyectos de
vida de los trabajadores y los pensionados.
6.2
En desarrollo de estos mandatos constitucionales, la ley ha establecido
diferentes mecanismos para mantener actualizada tanto la base de liquidación de
las mesadas pensionales como las mesadas pensionales. Así por ejemplo, respecto
a la actualización de las bases de liquidación de las pensiones los artículos 21[48], 36[49], 133[50], de la ley
100 de 1993, establecen que estas deben actualizarse con base en la variación
del Índice de Precios al Consumidor (IPC) definido por el DANE. Por su parte,
respecto a la actualización de las pensiones reconocidas, el artículo 14[51] de la citada
ley 100 de 1993 prescribe la misma obligación de ajustar las prestaciones de
forma anual y de oficio, con base en el IPC certificado por el DANE, salvo las
que tienen un monto equivalente al salario mínimo legal mensual vigente, pues
estas se ajustan con el incremente de este mismo.
6.3.
Ahora bien, la problemática respecto a la indexación de las bases de
liquidación de las pensiones y de las pensiones reconocidas se suscitó respecto
de los casos de prestaciones reconocidas bajo el cumplimiento de regímenes
anteriores a la Constitución Política de 1991. En particular, el problema
surgió en los casos en los que los trabajadores habían cumplido con el tiempo
de servicios para acceder a la pensión de jubilación, pero que no cumplían con
el requisito de edad para pensionarse.
En
estos eventos, la situación era compleja pues al momento de consolidar el
requisito de edad y liquidar la pensión, se tomaba como base el último salario nominal
que el trabajador había devengado varios años atrás, sin aplicar dispositivos
de corrección monetaria que repararan la pérdida del poder adquisitivo de la
moneda acaecida entre el momento en que el trabajador devengó su última
asignación salarial y el instante en que se cumplió el requisito de edad. Ello
conllevó inevitablemente a la falta de reconocimiento actualizado de las
prestaciones, que incluso resultaban inferiores al monto correspondiente al
salario mínimo legal mensual vigente al momento del cumplimiento del requisito de
edad.
En
efecto, se generó una gran ambigüedad en la interpretación judicial, debido a
que antes de la entrada en vigencia de la actual Carta Política no existía una
norma genérica y expresa que ordenara la indexación pensional. Por tal motivo,
la jurisdicción ordinaria laboral, siguiendo los lineamientos de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, adoptó la tesis según la cual no era
posible la actualización de las prestaciones de aquellos trabajadores cobijados
por regímenes prestacionales que no consagraban el aludido instrumento de
actualización de forma expresa.[52]
Por su parte la doctrina de este Tribunal Constitucional, expresó de forma
clara, continua y coherente la tesis según la cual era procedente la actualización
de las prestaciones causadas y del ingreso base de liquidación de las pensiones
anteriores a la vigencia de la misma Constitución de 1991.
6.4.
Así las cosas, la posición de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, según la cual no era viable reconocer la actualización pensional para
las prestaciones causadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, provocó la instauración de múltiples acciones de tutela contra las
sentencias o las decisiones administrativas que negaban la indexación
pensional. Al respecto la jurisprudencia constitucional en varios
pronunciamientos, decantó con sólido criterio la iusfundamentabilidad de
la actualización del poder adquisitivo de las mesadas pensionales.
6.4.1
En la sentencia SU-120 de 2003[53]
la Corte reconoció la existencia del derecho a mantener el poder adquisitivo
de las pensiones. Sobre el tema señaló que si bien no existían normas expresas
anteriores a la ley 100 que ordenaran la indexación de la base salarial a
efectos de liquidar la pensión de jubilación de los trabajadores retirados del
servicio, lo cierto era que se configuraba una vía de hecho por parte de los
jueces al negar la pretensión de actualización del ingreso base de liquidación
de la primera mesada pensional, cuando se argumentaba la inexistencia de la
norma en el ordenamiento jurídico que así lo ordenara. Lo anterior, pues se
incurría en un trato desigual e injustificado respecto de otros pensionados que
habían obtenido la indexación pensional.
En
este sentido, la Corte advirtió que el juez debía confrontar las situaciones
concretas de las personas que aspiraban a acceder a la pensión, y remediar la
injusticia derivada de la omisión del legislador respecto a disponer
expresamente de una norma que ordenara la indexación pensional, pues de lo
contrario se vulneraba la Constitución, en particular el principio de
favorabilidad en la interpretación de la ley laboral.[54] La Corte sostuvo que “al
decidir sobre la procedencia de indexar la primera mesada pensional, los jueces
no pueden desconocer la necesidad de mantener el equilibrio en las relaciones
de trabajo y el valor adquisitivo de las pensiones como lo indican los
artículos 53 y 230 de la Carta Política. Y tampoco pueden apartarse del querer del legislador, para quien ha sido una preocupación constante regular el monto
y la oportunidad de los reajustes pensionales.”[55]
6.4.2
Por su parte, en la sentencia T-098 de 2005[56] se indicó que el derecho a la indexación del salario base para la liquidación de la
mesada pensional es un derecho autónomo, que guarda estrecha relación no solo con
el derecho a la actualización de la mesada pensional, sino con otras garantías
constitucionales como el debido proceso y la igualdad de trato. Dijo la Corte: “…calcular
el monto de la mesada pensional con base en un ingreso que el extrabajador
percibió años antes de que finalmente le fuera reconocida la pensión, contraría
el mandato superior de equidad, el derecho a percibir una pensión mínima vital
calculada teniendo en consideración los fenómenos inflacionarios y la
consecuente pérdida de poder adquisitivo del dinero, así como también
compromete los derechos fundamentales al debido proceso, y a la igualdad del
pensionado cuando, aun después de haber agotado todos los medios de justicia
ordinaria de los que disponía, el trabajador encuentra que la violación de sus
derechos goza de la legitimidad aparente que le otorga un fallo judicial.”(Énfasis añadido).
6.4.3
Posteriormente, en la sentencia C-862 de 2006 la Corte analizó la constitucionalidad del inciso segundo del artículo 260 del C.S.T.[57], que
regulaba la forma de liquidación y los requisitos de acceso a la pensión de
jubilación, oportunidad en la que se estudió a la luz de varios preceptos
constitucionales, la actualización del ingreso base de liquidación de la
primera mesada pensional.
En
dicha decisión, esta Corporación determinó que el derecho a la indexación de
esta base constituye un derecho de rango constitucional. En particular, se reiteraron
las reglas establecidas en la sentencia SU-120 de 2003 y se señaló que el
fenómeno inflacionario que provocaba la pérdida de la capacidad adquisitiva de
la moneda, afectaba el equilibrio de las pensiones, y que la indexación era precisamente
uno de los mecanismos de orden constitucional para contrarrestar dicha
situación, por medio de la actualización de los valores reales de las
prestaciones económicas reconocidas a los trabajadores.
Así
las cosas, la Corte señaló que “la jurisprudencia constitucional ha derivado
de distintos preceptos constitucionales un derecho constitucional a mantener el
poder adquisitivo de su mesada pensional dentro de cuyo ámbito de conductas
protegidas se encuentra el derecho a la indexación de la primera mesada
pensional.” Dentro de los mandatos constitucionales a los que se refiere la Corte en el aparte citado, se encuentran además de los artículos 48 y 53 superiores, el
principio in dubio pro operario[58]
(artículo 53 constitucional y
21 del C.S.T.), la protección especial a
las personas de la tercera edad (artículo 46), el derecho a la igualdad
(artículo 13) y el mínimo vital.
Así,
encontró que en el caso de la norma demandada, el legislador había incurrido en
una omisión legislativa relativa al no incluir la prescripción de
actualización del ingreso base de liquidación de la primera mesada pensional de
aquellos jubilados que se retiraron del servicio antes de cumplir con el
requisito de edad.[59]
De esta manera, para adoptar la medida que remediara de forma idónea la
vulneración de derechos suscitada por la omisión normativa de la legislación
enjuiciada, la Corte moduló los efectos de la decisión en comento, declaró la
exequibilidad del apartado de la norma demandada, y condicionó su
constitucionalidad “en el entendido que el salario base para la liquidación
de la primera mesada pensional de que trata este precepto, deberá ser
actualizado con base en la variación del Índice de Precios al Consumidor, IPC,
certificado por el DANE.”
6.4.4.
Posteriormente, y de especial importancia para el asunto que se revisa en esta
oportunidad, esta Corte en la sentencia C-891A de 2006, analizó la
constitucionalidad del artículo 8° de la Ley 171 de 1961[60] que regula la pensión
sanción. En esta oportunidad, la Corte reiteró las reglas expuestas en la
sentencia C-862 de 2006, encontrando que el legislador había excluido
nuevamente la formulación expresa de un mecanismo de actualización monetaria de
las bases de liquidación y de las pensiones, entre el instante de la causación
del derecho y el momento de exigibilidad del mismo. Razón por la que declaró
nuevamente la exequibilidad condicionada de la expresión demandada, esto es el
apartado que señalaba “y se liquidará con base en el promedio de los
salarios devengados en el último año de servicios”, en cuanto esta
disposición produjera efectos, bajo la interpretación de que el salario base
para la liquidación de la primera mesada pensional de que trataba el aparte citado,
debía actualizarse con base en la variación del índice de precios al consumidor
(IPC) certificado por el DANE.
Para
fundamentar la decisión adoptada, la Corte reiteró las reglas establecidas en
la sentencias SU-120 de 2003 y C-862 e 2006, en relación con el permanente afán
del legislador colombiano por “compensar la pérdida del poder adquisitivo de
las pensiones”. Advirtió entonces la Corte que, “no se avizora[ba] motivo alguno para que la pensión sanción adquirida en los términos del derogado
artículo 8° de la Ley 171 de 1961 y todavía no exigible por falta de la edad requerida,
quede por fuera del evidente propósito de actualización que el Constituyente de
1991 previó para todas las pensiones y que el legislador ha concretado respecto
de pensiones distintas.”
Además,
la Corte precisó que no existía fundamento válido para diferenciar las
situaciones regladas por el artículo 8° de la Ley 171 de 1961 y la que ahora regula el artículo 133 de la ley 100 de 1993, pues “(…) en la medida en que la
edad requerida para exigir el pago de la pensión se cumpla con posterioridad a la Constitución de 1991, sus postulados tienen un efecto de irradiación sobre esa situación en
tránsito de conslidarse, siendo claro, entonces, que la necesidad de actualización
surge de la Carta y que, para asegurar la corrección monetaria querida por el
Constituyente, la Ley 100 de 1993 en su artículo 133 concretó un mecanismo, de
cuya aplicación no se puede excluir a la pensión causada de conformidad con el
artículo 8° de la Ley 171 de 1961, pues no hay motivo constitucional que
justifique su exclusión. (…) Así pues, el derecho a la igualdad proporciona un
argumento importante en orden a justificar que las pensiones causadas en
vigencia del artículo 8° de la Ley 171 de 1961 y cuya exigibilidad se produce
después de la entrada en vigor de la Constitución de 1991 deben ser indexadas según la fórmula expresamente citada en el artículo 133 de la Ley 100 de 1993, por cuanto así lo exige la Constitución y, en particular, su artículo 13, en
concordancia con los artículos 48 y 53.”
De
manera que, con la consolidación del precedente constitucional de las
sentencias C-862 de 2006 y C-891A de 2006, se unificó el criterio respecto al
derecho a la indexación pensional a través de pronunciamientos con efectos erga
omnes. Establecido así el carácter iusfundamental del derecho a la
actualización de la primera mesada pensional, en el marco del contenido de
protección del derecho a mantener el poder adquisitivo de las pensiones, la Corte, mediante la revisión de la acción de tutela, igualmente ha decantado una postura
constitucional clara en la materia, que ha llevado a que se ordene la
indexación pensional tanto en el ámbito de la acción de tutela contra
providencias judiciales, como a través de órdenes directas a las entidades o
empleadores encargados de satisfacer la prestación sujeto de actualización. En
este sentido, son pronunciamientos de tutela relevantes las múltiples sentencias
de las salas de revisión de la Corte, dentro de las cuales se destacan las
sentencias T-457 de 2009[61],
T-906 de 2009[62],
T-901 de 2010[63],
entre otras[64].
Como se indicó en la sentencia T-1095 de 2012, en
estos fallos de amparo constitucional, la Corte delineo varios de los criterios esenciales respecto al derecho a la indexación pensional. Acorde con esto,
se ha señalado que en los casos de indexación pensional se debe: (i) entender
que el derecho constitucional a la actualización de las pensiones incluye la
garantía a la actualización del ingreso base de liquidación de la primera
mesada pensional,[65]
el cual es de naturaleza iusfundamental[66];
(ii) advertir que esta garantía es predicable de todos los pensionados
con independencia del origen legal o convencional de la prestación[67], incluso de
aquellos que adquirieron su estatus de pensionado con anterioridad a la Ley 100 de 1993 o en vigencia de la Constitución de 1886[68];
(iii) amparar el derecho a la actualización de las pensiones de forma
autónoma[69]
e; (iv) indicar que el derecho a la actualización de la primera mesada
pensional no se encuentra condicionado a término alguno de prescripción[70].
6.4.5 En posterior pronunciamiento, la Sala Plena de esta Corporación, unificó su jurisprudencia respecto al derecho a la indexación
de la primera mesada pensional (sentencia SU-1073 de 2012), en relación
con situaciones anteriores a la expedición de la Constitución de 1991. Al respecto, la Corte determinó que la indexación pensional había sido
reconocida por la Corte Suprema de Justicia antes de la vigencia de la actual
Carta Fundamental, pues de un estudio riguroso de la jurisprudencia de este
Tribunal de Casación se encontraba que había garantizado el derecho a la
indexación pensional desde el año 1982, y sólo desde el año 1999 se produjo un
cambio de jurisprudencia adverso a la salvaguarda de este derecho, que en todo
caso fue considerado contrario a los postulados constitucionales por esta Corte
a través de la sentencia SU-120 de 2003, citada anteriormente en este fallo.[71]
En este sentido, se encontró que pese a que solamente
hasta la expedición de la Carta del 1991, se constitucionalizó el derecho al
mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones –artículos 48 y 53–, el
máximo Tribunal de Casación ya había admitido la garantía de la indexación
pensional, por lo que no sería válido afirmar que este derecho había nacido con
la expedición de la actual Carta Constitucional. De manera que, a la luz de la
jurisprudencia preconstitucional de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema, se evidenciaba que era viable: (i) proteger el derecho al mínimo vital de las personas de
la tercera edad, (ii) garantizar que los pensionados reciban una pensión acorde
con el esfuerzo realizado en su etapa productiva y (iii) otorgar un tratamiento
igual, por cuanto todos los pensionados se ven afectados por la pérdida del
poder adquisitivo del dinero, y por tanto, todos merecen la misma protección.[72]
Igualmente, la Sala Plena estableció que en todo caso, los preceptos constitucionales de la Carta de 1991 (en particular los artículos
48 y 53) irradiaban sus efectos a las situaciones jurídicas consolidadas bajo
el amparo de la Constitución anterior, especialmente cuando de prestaciones
sociales se trataba. Sobre este tema, en múltiples pronunciamientos, la Corte ha decidido aplicar los principios y garantías constitucionales a situaciones
pensionales consolidadas.[73]
De manera que, la Corte ha señalado que son inconstitucionales todas aquellas
situaciones que a pesar de consolidarse bajo la vigencia de la Constitución anterior, proyectan sus efectos bajo la vigencia de la actual y que resultan
contrarias a los derechos y garantías fundamentales que establece esta.[74]
La Sala Plena advirtió además
que la negativa a reconocer el derecho a la indexación pensional produce graves
efecto sobre el mínimo vital de los pensionados que mes por mes reciben una
suma significativamente inferior a la que realmente tienen derecho, lo que
vulnera el principio de equidad, pues no se compadece con el esfuerzo laboral
que realizaron los trabajadores ahora pensionados durante su vida productiva. Así
mismo, en la sentencia de unificación en comento, se recordó que el derecho a
la actualización de la mesada pensional tiene un carácter universal. [75] Esto, pues
no es predicable de un determinado grupo de pensionados en particular, sino de
todos ellos, dado que se encuentran en la misma situación de afectación del
mínimo vital por la depreciación de la moneda, recordando además que dicha
protección es independiente del origen de la prestación, esto es, legal,
convencional u otorgada por virtud de orden judicial.[76]
Finalmente, esta sentencia señaló que en el caso de
las actualizaciones pensionales relacionadas con situaciones jurídicas
consolidadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, debido a que, producto de las divergencias interpretativas entre las
distintas jurisdicciones no existía certeza sobre la exigibilidad de aquel
derecho, sólo a partir de dicho fallo, se generaba un derecho cierto y
exigible. Lo anterior, en criterio de la Sala Plena, implicaba que la contabilización de la prescripción del derecho a la actualización pensional en lo
referente al pago de retroactivos, solo podía invocarse a partir del fallo de
unificación.
6.4.6 En reciente pronunciamiento (Sentencia SU-131
de 2013 M.P. Alexei Julio Estrada), la Sala Plena de esta Corporación, reiteró la forma de cómputo de la prescripción, explicando
que se debía seguir la regla establecida en la sentencia SU-1073 de 2012. En
efecto, dicha sentencia señaló que “como es sólo “a través de [la sentencia
SU-1073 de 2012] que la Corte Constitucional consolida la jurisprudencia” a
este respecto, en dicha sentencia se adoptó una decisión consultando el
principio de sostenibilidad fiscal, al considerar que, ordenar el pago
retroactivo de la indexación desde la fecha en que se presentó la primera
reclamación, pondría en riesgo la estabilidad del Sistema General de Pensiones.”
Así las cosas, bajo el entendido de que solo hasta la
sentencia SU-1073 se había resuelto la incertidumbre respecto a la existencia
del derecho a la indexación para pensiones preconstitucionales, la Sala Plan
reiteró que “sólo a partir de esta decisión de unificación [sentencia
SU-1073 de 2012] se genera un derecho cierto y exigible”. Argumentación
después de la cual resolvió el caso que se había puesto a consideración de la Corte,
declarando la prescripción oficiosa de las mesadas pensionales indexadas dentro
de los 3 años anteriores a la expedición de la sentencia SU-131 de 2013.
Pautas
interpretativas en materia de indexación pensional: el principio in dubio pro
operario, favorabilidad en la aplicación de la ley, y los criterios
constitucionales de equidad y justicia.
Frente
a la problemática reseñada, la Corte ha señalado la existencia de una serie de
criterios hermenéuticos para solucionar los vacíos legislativos en materia de
mecanismos de indexación pensional. En efecto, se ha sostenido que los jueces y
la administración tienen el deber de aplicar los principios interpretativos de
orden constitucional que permitan subsanar el silencio normativo, y que permiten
inferir la existencia del derecho a la indexación pensional.
Al
respecto, el artículo 53 de la Constitución y el artículo 21 del Código
Sustantivo del Trabajo incorporan los principios interpretativos de in dubio
pro operario y de favorabilidad en la aplicación de la ley. En virtud del
primero, entre dos o más interpretaciones de una norma debe elegirse aquella que
mejor beneficie al trabajador[77];
en aplicación del segundo, entre dos o más fuentes formales del derecho
aplicables a una determinada situación laboral, deberá elegirse aquella que
favorezca al trabajador[78].
La Corte ha señalado
adicionalmente que en el caso particular de las actualizaciones pensionales,
pese a la inexistencia de una norma que expresamente prescriba indexar la base
pensional de quien se retira sin cumplir la edad de pensión, lo cierto es que
existe un principio constitucional que ordena al  Estado garantizar el derecho
al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales –artículos 48
y 53 C.P. –, y un conjunto de normas que sistemática dan cuenta de la
preocupación del legislador por solucionar la problemática de la pérdida del
poder adquisitivo de las pensiones.[79]
Por
ello, la Corte ha determinado que el juez debe confrontar los casos concretos
de los potenciales pensionados, y resolver la problemática suscitada por la
omisión legislativa señalada, de conformidad con los mandatos constitucionales
que regulan dichas situaciones, bajo el entendido de que la equidad, la
jurisprudencia constitucional y los principios generales del derecho laboral
prescriben que los vacíos legislativos sean colmados utilizando los criterios
auxiliares de la actividad judicial –artículo 230 C.P. –.[80]
Así
las cosas, al decidir sobre la indexación pensional, tanto de la pensión como
de la base de liquidación de la misma, el juez debe observar el mandato de
equilibrio de las relaciones laborales (artículo 48 C.P.) y del mantenimiento del valor adquisitivo de las pensiones (artículos 48 y 53), que en todo
caso ha sido una preocupación constante del legislador colombiano. De manera que,
en el evento en el que el juez ordinario niegue la indexación por las razones
expuestas, se activa la posibilidad de intervención del juez constitucional
para establecer los derechos fundamentales mínimos de los trabajadores.[81]
Aplicación de la prescripción establecida en la sentencia SU-1073
de 2012.
En relación con la prescripción de mesadas pensionales debe hacerse una
diferenciación respecto de la aplicación de esta en relación con pensiones
reconocidas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución de 1991 o con posterioridad a la misma. Así, si la prestación fue reconocida
después de la entrada en vigor de la Carta, se aplica la regla general
establecida por la jurisprudencia constitucional (sentencia T-098 de 2005),
mientras que en el caso de las pensiones preconstitucionales se aplica la
prescripción oficiosa establecida por la sentencia SU-1073 de 2012, como se
explica a continuación.
10.1 En materia de prescripción de mesadas pensionales para
prestaciones causadas en vigencia de la actual Carta política, basta señalar el
precedente consolidado en la sentencia T-098 de 2005[82], en la que
Corte declaró la excepción de prescripción, debido a que esta fue propuesta por
la parte demandante en el proceso laboral. Sin embargo, en aquella oportunidad
se especificó que con la presentación de la demanda laboral opera la
interrupción judicial de la prescripción contemplada en el artículo 90 del
Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 1º numeral 41 del
Decreto 2282 de 1989, aplicable al procedimiento laboral por remisión expresa
del artículo 145 del Código de Procedimiento Laboral. Adicionalmente, sobre el
pago de retroactivos de las diferencias pensionales, en la sentencia T-901 de
2010,[83]
se determinó que:
“[…] el efecto retroactivo de las diferencias
pensionales ha sido concedido, indirectamente, en la medida en que la
pretensión haya sido planteada por el actor, en las diferentes etapas del
procedimiento ordinario utilizado, toda vez que el acto que interrumpe la
prescripción tuvo que haberse producido con anterioridad a la iniciación del
procedimiento laboral, cuando el pensionado hizo el respectivo reclamo de
indexación ante el patrono. || Se dice “indirectamente”, porque al dejar sin
efectos los fallos que aceptaban el cálculo del monto de la mesada pensional con
base en el ingreso que el extrabajador percibía años antes de que finalmente le
fuera reconocida la pensión, hacía efectivo el derecho del pensionado a
percibir una pensión mínima vital calculada teniendo en cuenta los fenómenos
inflacionarios y la pérdida de poder adquisitivo del dinero, incluyendo las
pretensiones de pago retroactivas que el actor hubiera planteado en las
diferentes etapas del procedimiento ordinario utilizado”.
En síntesis, con base en las reglas legales pertinentes, la Corte ha establecido que:
(i)
No hay lugar a la
prescripción cuando esta no fue solicitada por la parte demandada en el proceso
laboral, pues esta excepción no puede ser declarada de oficio;
(ii)
El derecho a
la indexación no prescribe, pero la acción para reclamarlo lo hace contados
tres años desde el momento en que la obligación se hace exigible;
(iii)
La simple reclamación
del trabajador suspende el término de prescripción por un período adicional de
tres años; y
(iv)
La presentación de la
demanda (ordinaria) suspende el término de prescripción.
(v)
Finalmente, siguiendo
lo expresado en la sentencia T-901 de 2010, la presentación de la demanda de
tutela no incide de forma alguna en la prescripción.
10.2 Por su parte, respecto de la prescripción de oficio establecida en
la sentencia de unificación SU-1073 de 2012 debe recordarse que esta es
aplicable solamente a las pensiones causadas con anterioridad a la entrada en
vigencia de la Constitución de 1991. En este sentido, la regla de la sentencia
que se cita -correspondiente a la declaratoria de la prescripción oficiosa de
mesadas pensionales-, cobija única y exclusivamente los supuestos de pensiones
consolidadas con anterioridad a la Carta de 1991, esto significa, las
correspondientes a aquellas en las que los requisitos de edad y tiempo de
servicios, se cumplieron con anterioridad a la entrada en vigencia de esta.
De manera que, en los casos en los que los accionantes estén cobijados
por un régimen pensional preconsitucional se aplicará dicha prescripción
oficiosa. Por su parte, si la consolidación de los requisitos para acceder a la
pensión correspondiente se cumplen bajo el manto de la vigencia de la actual
Carta Fundamental, en consecuencia, la interpretación de la normatividad que
ordena el reconocimiento de la prestación, se rige conforme los mandatos que
esta establece (artículos 48 y 53 fundamentales).
En efecto, como establece la misma sentencia SU-1073 del año anterior,
la jurisprudencia constitucional ha predicado el carácter universal de la
indexación de la primera mesada pensional, razón por la que ha sido protegida
de forma consistente, coherente y continua a través de múltiples
pronunciamientos por los jueces constitucionales[84], con fundamento en el derecho de los pensionados a mantener
el poder adquisitivo de la pensión y que se sustenta en los artículos 48 y 53
de la Carta. De manera que, con base en la doctrina constitucional, no existe
discusión respecto a la procedencia de la indexación pensional de todas
aquellas pensiones consolidadas durante la vigencia de la actual  Carta
Constitucional.
III.
ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO
Con base en las reglas jurisprudenciales
expuestas, la Sala procede a realizar el correspondiente análisis de los casos
sometidos a su revisión, para de esta manera, establecer la posible procedencia
del amparo para el reconocimiento de la indexación alegada por los diferentes
accionantes. En el caso (A.) de los expedientes T-3.979.500, T-3.982.328
y 4.021.914 se trata de tutelas contra providencias judiciales, razón por la
que la Sala constatará si cumplen con los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela en este tipo de eventos de reconocimiento de indexación
pensional, para posteriormente analizar el fondo del asunto y determinar si los
accionantes efectivamente tenían derecho al reconocimiento de tal derecho. Para
ello y con el fin de facilitar el análisis de los procesos puestos a
consideración de la Sala se realizará un estudio conjunto de los requisitos
formales de procedencia del amparo, para posteriormente analizar de forma particular
el fondo de los asuntos en examen.
Por su parte, en el caso (B.) del
expediente T-3.991.071 se trata de una acción de tutela que se instaura
directamente contra la entidad encargada de reconocer la pensión del actor, sin
que se hubiere acudido al proceso ordinario para exigir el reconocimiento del
derecho a la indexación pensional ante los jueces competentes. En este caso, la Sala realizará el respectivo estudio para determinar si se cumple con el requisito de
subsidiaridad y en consecuencia, si es del caso, determinar la procedencia
material o de fondo del amparo.
A. Expedientes T-3.979.500,
T-3.982.328 y T-4.021.914.
7. Análisis conjunto de la procedencia formal del amparo en los casos
de tutela contra providencia judicial.
7.1 La Relevancia constitucional del asunto bajo examen.
Encuentra la Corte, que las tutelas de la referencia tienen como finalidad el reconocimiento de la
indexación de la primera mesada pensional de los accionantes, quienes consideran
que la negativa a su concesión por la justicia ordinaria ha conllevado la
vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al
mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones. Los actores enjuician las
decisiones judiciales y de las entidades encargadas de reconocer la prestación,
que negaron la procedencia de su derecho a la indexación pensional. Se encuentra
además que posiblemente los jueces ordinarios y las entidades desconocieron los
precedentes constitucionales sentados en las decisiones de esta Corte, tales como
las sentencias SU-120 de 2003, C-862 de 2006, SU-1073 de 2012 y SU-131 de 2013.
Adicionalmente, la prestación social que
solicitan los accionantes se les reconozca, es esencial para su subsistencia,
con lo que además está en juego el mínimo vital.
Así las cosas, la Sala estima que el asunto es de importancia constitucional, debido a que afecta los derechos
fundamentales de los accionantes y cuestiona la falta de aplicación de decisiones
de constitucionalidad que materializan los mandatos de la Carta Fundamental.
7.2 El agotamiento de los mecanismos ordinarios al alcance de los actores.
Observa
la Sala que en los casos puestos a su consideración los mecanismos judiciales
se agotaron de diversas formas:
(i) En el caso de la señora Delgado Escobar (T-3.979.500)
hubo dos procesos ordinarios que se agotaron. El primero, surtido entre el año
2000[85]
y el año 2001[86],
en el que se determinó que no era posible reclamar la indexación pensional
debido a que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia –Sala de Casación Laboral– señalaba que no era procedente tal reconocimiento.
En
este evento, la actora señaló que desistió del recurso extraordinario de
casación toda vez que la previsible decisión del máximo Tribunal de la justicia
ordinaria y la posible condena en costas en el proceso casacional la disuadieron
de acudir a tal medio judicial. En este particular la Sala estima que la razón expuesta por la actora es admisible y lógica, en tanto la posición
de la Corte Suprema era clara respecto a la negativa de reconocer la
actualización pensional respecto de pensiones reconocidas con anterioridad a la
entrada en vigencia de la Constitución de 1991.
Posteriormente,
inició un nuevo proceso tomando como fundamento la sentencia C-862 de 2006, con
decisiones proferidas en los años 2008[87]
y 2009[88],
y en el que nuevamente fueron desestimadas sus pretensiones, argumentando que
en el caso de la señora Delgado existía cosa juzgada, en virtud de las
decisiones judiciales adoptadas en el primer proceso laboral que ella adelantó.
Esta determinación, fue confirmada en segunda instancia[89]. En este caso el
accionante no acudió al recurso extraordinario de casación.
(ii) En relación con el expediente T-3.982.328, el señor De
Plaza Krohne adelantó el respectivo proceso laboral ante la justicia ordinaria
con la finalidad de que se le indexara su pensión. En fallos tanto de primera[90] como de
segunda instancia[91]
sus pretensiones fueron desestimadas bajo el argumento según el cual la
indexación solo es procedente para pensiones causadas con posterioridad a la entrada
en vigencia de la Constitución de 1991. Adicionalmente, el actor señaló que
desistió del recurso extraordinario de casación, debido a que en esa época
existía una posición uniforme de la Sala de Casación Laboral en el sentido de
negar la indexación de las pensiones
causadas con posterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, razón por la que el medio judicial resultaba ineficaz.
(iii) En el caso T-4.021.914 el señor Manuel Guillermo
Ayala Hernández adelantó el correspondiente proceso ante la justicia ordinaria,
que en primera, en segunda instancia, y en el juicio extraordinario de casación,
resultó adverso a sus pretensiones. Las decisiones coincidieron en afirmar que en
materia de pensiones convencionales como las del actor, no era procedente el
reconocimiento de la indexación pensional para prestaciones causadas con
anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993 y de la Constitución de 1991.
Así
las cosas, la Corte encuentra que en los procesos reseñados (i) (ii) y (iii)
se acudió a la justicia ordinaria de forma infructuosa debido a la jurisprudencia
constante de la jurisdicción ordinaria, renuente a reconocer la indexación de las
pensiones de los accionantes argumentando que las prestaciones se habían
causado con anterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución de 1991. Al respecto, para la Sala no resulta reprochable que en el caso de los
expedientes (i) y (ii) no se hubiere cumplido con el agotamiento del recurso
extraordinario de casación debido a que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha señalado que no admite la indexación pensional de
prestaciones causadas con anterioridad a la entrada en vigor de la actual Carta
Política, haciendo ineficaz el recurso.[92]
Por
lo señalado, este requisito se estima cumplido.
7.3. De la inmediatez.
Respecto
al principio de inmediatez en la sentencia SU-1073 de 2012, se determinó que en
materia de acciones de tutela respecto al derecho fundamental a la indexación
de la primera mesada pensional, se entiende que este requisito se encuentra
satisfecho hasta tanto no se hubiere realizado la actualización del IBL de la
prestación, pues se considera que la vulneración de este derecho es constante
en el tiempo.
En
consecuencia, la Sala tomará por satisfecho este requisito.
7.4. Que, en caso de tratarse de una irregularidad procesal, esta tenga
incidencia directa en la presunta violación de los derechos fundamentales.
En
los asuntos objeto de estudio no se plantea una eventual irregularidad
procesal, sino el desconocimiento de precedentes constitucionales y la
violación directa de la Constitución Política, y de las normas sustantivas de las que se desprende el derecho a la indexación de la primera mesada
pensional. Por lo tanto, al tratarse de una discusión de orden sustancial o
normativo este requisito no es aplicable.
7.5. Que los hechos que se consideran violatorios de un derecho
fundamental hayan sido discutidos dentro del proceso ordinario.
Los
actores consideraron que la violación de sus derechos se desprende de la
negativa de las autoridades judiciales y de las entidades a indexar su primera
mesada pensional. Ese fue el objeto central tanto de las peticiones como de los
procesos laborales que se adelantaron, y cuyas decisiones de fondo se controvierten
por vía de tutela, de manera que el requisito está acreditado.
7.6. Que la acción no se dirija contra una sentencia de tutela.
En
todos los casos se plantea la inconformidad constitucional en relación con
fallos proferidos por la jurisdicción ordinaria (especialidad laboral). Al no
tratarse de sentencias de tutela, el requisito se encuentra cumplido.
8.
Análisis conjunto sobre el fondo o la procedencia material de las acciones.
8.1 En los casos puestos a consideración de la Sala, se evidenció que los accionantes cumplieron con los requisitos para el reconocimiento
de sus respectivas pensiones. Así, en el caso de la señora Emilia Delgado
Escobar (expediente T-3.979.500), esta  laboró por un lapso de 23 años 1 mes y
14 días para la Caja de Crédito Agrario y Minero, por lo que se le reconoció
pensión convencional, a partir del 15 de septiembre de 1995, momento en el que
cumplió 47 años de edad. Por ello, la Sala encuentra que al cumplir el
requisito de edad en el año 1995, cuando ya estaba vigente la Constitución Política de 1991, su situación se hallaba cobijada por los mandatos de
mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones que establecen los
artículos 48 y 53 de la Carta fundamental.
En el proceso referente al señor Jaime De Plaza
Krohme (expediente T-3.982.328), el actor trabajó por 20 años para el Banco de
Colombia, que en el año 1982 le reconoció la pensión de jubilación prevista en
el artículo 269 del C.S.T. En este caso, la pensión se causó con anterioridad a
la entrada en vigencia de la Constitución de 1991.
Por su parte, en el proceso adelantado por
el señor Manuel Guillermo Ayala Hernández (expediente T-4.021.914), el actor estuvo
vinculado a la empresa Icollantas, entre el 4 de mayo de 1956 y el 5 de abril
de 1983, es decir por más de 26 años, por lo que en 1989, al cumplir 55 años de
edad, la entidad le reconoció una pensión extralegal de jubilación.
Posteriormente, cumplió los requisitos para acceder a la pensión legal de vejez
bajo el régimen de la ley 100 de 1993, por lo que esta le fue reconocida el 13
de octubre de ese año.
8.2 Ahora bien, los accionantes solicitaron
la indexación de la primera mesada de sus pensión, que les fue negada por las
autoridades judiciales ordinarias que conocieron de los respectivos procesos
laborales. En el caso (i) del expediente T-3.979.500, la señora Delgado
Escobar adelantó actuaciones judiciales en dos oportunidades en procesos
ordinarios laborales. En la primera oportunidad, a través de las sentencias del
31 de octubre de 2000 del Juzgado 1° Laboral del Circuito de Bogotá y del 28 de
febrero de 2001 del Tribunal Superior de Bogotá –Sala Laboral–, se sostuvo que
no era procedente la indexación de las pensiones convencionales como las de la
accionante en razón a que se habían causado con anterioridad a la entrada en
vigencia de la Constitución de 1991.
En la segunda ocasión, las pretensiones de
la actora fueron igualmente negadas en los procesos culminados con los fallos
del 3 de mayo de 2008 del Juzgado 21 Laboral de Bogotá y del 13 de mayo de 2009
del Tribunal Superior de Bogotá –Sala Laboral–. En esta oportunidad, la
accionante alegó que ya existía el precedente constitucional establecido en la
sentencia C-862 de 2006, por lo que se contrariaba y vulneraba su derecho
fundamental al reconocimiento de la indexación de la primera mesada de su pensión,
con lo que adicionalmente se infringía directamente la Constitución (artículos 48 y 53 superiores). En este evento, los jueces ordinarios
sostuvieron que en el caso de la demandante existía cosa juzgada, razón por lo
que no procedía el reconocimiento de la indexación de la primera mesada pensional.
(ii) En el
proceso T-3.982.328 el señor Jaime De Plaza Krohme adelantó un proceso judicial
ante la justicia ordinaria laboral, que  resultó adverso a sus pretensiones. En
el asunto, tanto en primera instancia en sentencia del 28 de septiembre de 2009
del Juzgado 14 Laboral del Circuito de Medellín, como en segundo grado, en
fallo del 5 de octubre de 2010, se negó la solicitud de indexación de la
pensión del accionante con el argumento de que la prestación había sido
reconocida con anterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución de 1991. Adicionalmente, el actor señaló que interpuso el recurso extraordinario
de casación, pero que luego desistió del mismo, debido a que resultaba inviable
pues la misma Corte Suprema de Justicia –Sala de Casación Laboral– sostenía la
tesis según la cual no era procedente la indexación pensional de prestaciones
consolidadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Carta de 1991.
Finalmente, en el asunto (iii) T-4.021.914
el accionante, Manuel Guillermo Ayala Hernández, adelantó el respectivo proceso
ordinario en las instancias correspondientes, luego de lo que instauró el
respectivo recurso extraordinario de casación que fue resuelto negativamente a
sus intereses. En efecto, tanto en las sentencias de instancia del 5 de
septiembre de 2007 del Juzgado 3° Laboral del Circuito de Cali y del 22 de
octubre de 2008 del Tribunal Superior de Cali –Sala Laboral–, como en el fallo
del recurso extraordinario de casación de 20 de febrero
de 2013 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, las diferentes autoridades judiciales que
conocieron de la causa promovida por el señor Ayala resolvieron negar la
pretensión de indexación de la primera mesada pensional, sosteniendo que no era
posible reconocer la indexación de pensiones causadas antes de la ley 100 y de la Constitución de 1991.
8.3 Con base en lo anterior, para la Sala resulta claro que los diferentes jueces competentes que han conocido de las solicitudes
de indexación pensionales elevadas por los accionantes en los procesos de la
referencia, han incurrido en un defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente constitucional, y en una infracción directa de los artículos 48 y 53
de la Constitución, por las razones que se exponen a continuación.
8.3.1 En primer lugar, y de particular
interés para el caso expuesto en el expediente T-3.979.500, debe recordarse que
esta Corte ha señalado que en los casos en que se declara la existencia de cosa
juzgada, se configura un desconocimiento del precedente constitucional en la
materia, por lo que la decisión judicial que declara tal situación jurídica
incurra en tal defecto sustantivo, pues las sentencias SU-120 de 2003, C-862 de
2006 y C-891A de 2006 deben ser interpretados como hechos procesales nuevos
relevantes para determinar la existencia o no de la cosa juzgada. [93]
En este mismo sentido, como ha señalado esta
Corporación al analizar los casos de indexación pensional[94], los jueces,
para hallar la  “causa petendi”[95],
deben analizar el conjunto de hechos y argumentos jurídicos que sustentan las
pretensiones elevadas por el demandante, para determinar si se estructura la “triple
identidad” de la cosa juzgada respecto de otro proceso ya adelantado. En el
caso que se refiere (expediente T-3.979.500), la señora Delgado Escobar
adelantó un segundo proceso laboral, que difería del primero, en tanto en el
del año 2008 pretendió la actualización de la primera mesada de su pensión con
base en la aplicación directa de los mandatos constitucionales, y con base en
un hecho jurídico nuevo plasmado en la sentencia C-862 de 2006, que reiteraba
la garantía del derecho a la indexación de la primera mesada pensional.
En estos términos la Sala encuentra que en el caso de la señora Delgado
Escobar, la sentencia C-862 de 2006 constituye un hecho nuevo que debía
ser tenido en cuenta al momento de valorar su solicitud de indexación de su
mesada pensional, lo que no fue tenido en cuenta por ninguno de los jueces de
instancia en el segundo proceso ordinario adelantado por la accionante.
8.3.2 En segundo lugar y común a todos los casos, debe recabarse que en
la sentencia de constitucionalidad C-862 de 2006 la Corte reiteró las reglas esgrimidas en la sentencia SU-120 de 2003, en la que a su vez se reconoció
que el derecho a la indexación pensional no nace como derecho innominado con estos
fallos,[96]
pues tal garantía existía incluso antes de la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, con fundamento en los principios de equidad y favorabilidad laboral. De
manera que, el único cambio real respecto de la Constitución de 1886 radica en
que la nueva Carta Política señala de forma expresa en sus mandatos
constitucionales (artículos 48 y 53) el derecho a la actualización de las
pensiones con la finalidad de mantener el poder adquisitivo de las prestaciones
laborales de los trabajadores.
En estos términos, la Sala encuentra que en todos los casos puestos a su
revisión, las sentencias SU-120 de 2003 y C-862 de 2006 constituían precedentes
constitucionales vinculantes que debían ser tenidos en cuenta por los jueces
que conocieron de los procesos ordinarios laborales y en los que se conocieron
de las diferentes solicitudes de indexación pensional elevadas por los
accionantes.
En efecto, no resulta admisible para la Sala que en los casos que se han reseñado se desconociera abiertamente lo dispuesto por los mandatos
constitucionales (artículos 48 y 53) que ordenan la actualización de las
mesadas pensionales de los trabajadores, y las decisiones judiciales señaladas,
que constituyen el criterio autorizado respecto a la interpretación de aquellas
disposiciones y su aplicación concreta en materia de pensiones, máxime cuando la Corte ha señalado que dicho reconocimiento operaba incluso para pensiones consolidadas con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución de 1991.[97]
8.3.3 En esta línea argumentativa, debe recordarse que respecto a pensiones causadas antes de 1991 la
inexistencia de norma constitucional expresa sobre el asunto no es
obstáculo para el reconocimiento de la actualización del ingreso base de
liquidación (IBL).[98]
Y que pese a las diferentes posiciones hermenéuticas que la Sala de Casación
Laboral ha asumido en distintos momentos históricos, en su oportunidad la
jurisprudencia de dicha Corporación ya evidenciaba la existencia de un derecho
a la indexación de la primera mesada pensional, el cual debía ser reconocido en
arreglo a los principios del derecho del trabajo. Por su parte, esta Corte, en
la sentencia SU-1073 de 2012 dejó en claro que la indexación de la primera
mesada pensional encuentra pleno sustento en preceptos constitucionales que
irradian sus efectos a situaciones jurídicas consolidadas bajo el amparo de la Constitución anterior, por lo que es predicable de todas las categorías de pensionados, y por
lo tanto, al negarla se vulneran principios constitucionales que informan la
seguridad social y el derecho laboral.
8.3.4
Igualmente, se ha señalado que la indexación es una prestación de carácter
periódico y el derecho a la pensión es imprescriptible. Por lo tanto,
independientemente de que las decisiones judiciales previas hayan afectado la
percepción de un número determinado de mesadas, la indexación debe efectuarse
por la incidencia que tiene en las no prescritas.[99]
8.3.5
Adicionalmente, la Sala quiere recordar que los casos como los que ha sido
puestos a su consideración ya han sido resueltos en varias oportunidades. La Corte se ha pronunciado de forma uniforme al sentido expuesto en el precedente constitucional
autorizado, no solamente en las recientes sentencias de unificación 1073 de
2012 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) y SU-131 de 2013 (M.P. Alexei Julio
Estrada),sino en múltiples pronunciamientos tales como las sentencias T-1093 de
2012 (M.P. Luís Ernesto Vargas Silva), T-1095 de 2012 (M.P. Luís Ernesto Vargas
Silva), T-1096 de 2012 (M.P. Luís Ernesto Vargas Silva), T-374 de 2012 (M.P.
María Victoria Calle), T-266 de 2011 (M.P. Luis Ernesto Vargas), T-141 de 2009
(M.P. Mauricio González Cuervo), T-130 de 2009 (M.P. Humberto Antonio Sierra
Porto), T-1251 de 2008 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), T-908 de 2008 (M.P. Nilson
Pinilla Pinilla), T-014 de 2008 (M.P. Marco Gerardo Monroy) y T-1059 de 2007
(M.P. Marco Gerardo Monroy).
Así,
para el caso del expediente T-3.979.500, existe un precedente constitucional
que enfatiza la posibilidad de acudir a un segundo proceso judicial ordinario en
busca del reconocimiento de la indexación de la primera mesada pensional, en
atención a que la sentencia C-862 de 2006 constituye un hecho nuevo que desvirtúa
la cosa juzgada que pudiere pesar sobre el asunto. En particular la sentencia
T-183 de 2012 (M.P. María Victoria Calle Correa) analizó el proceso de un ex
empleado de la Caja Agraria al que se le había negado la indexación de la
primera mesada de su pensión convencional de jubilación, en dos procesos
ordinarios laborales (en los años 2002 y 2007 respectivamente), pese a que
existían pronunciamientos de esta Corporación –las sentencias SU-120 de 2003 y
C-862 de 2006– que había declarado la procedencia del reconocimiento de la
indexación pensional.
En
dicha oportunidad, la Sala Primera de Revisión de la Corte amparó los derechos
a la seguridad social y al mínimo vital y a la indexación de la primera mesada
pensional del accionante, dejó sin efectos todas las decisiones que habían
negado el reconocimiento del derecho al actor y ordenó al Fondo de Pasivo Social
de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia, entidad encargada de reconocer la
pensión del actor, que procediera a indexar la primera mesada pensional de este.[100] Por
lo anterior, en este caso particular, el amparo igualmente procede en
aplicación del principio de igualdad en razón de los precedentes
constitucionales existentes en la materia.
Respecto de los expedientes T-3.982.328 y T-4.021.914 basta señalar que por expresa disposición
de la sentencia SU-1073 de 2012 de la Sala Plena de esta Corporación, resulta claro que procede el reconocimiento de la indexación de la primera mesada
pensional de aquellas prestaciones consolidadas aún bajo el amparo de la Constitución anterior. Por lo que, debe recordarse que pese a las diferentes posiciones hermenéuticas
que había asumido la Corte Suprema de Justicia sobre la procedencia del
reconocimiento del derecho a la indexación pensional, no existe argumento
constitucional alguno para negar el derecho fundamental a la actualización del
poder adquisitivo de las pensiones, máxime cuando esta Corte ha recabado en su
carácter universal, predicable de todos los pensionados sin excepción.
Así
las cosas, en los casos de la referencia, las autoridades judiciales vulneraron
el derecho a la indexación de la primera mesada pensional de los accionantes al
negar la actualización bajo el argumento de que esta no resultaba procedente
para aquellas pensiones causadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, situación que ha sido ampliamente aclarada por la jurisprudencia
constitucional en las sentencias SU-120 de 2003, C-862 de 2006, C-891A de 2006,
SU-1073 de 2012 y SU-131 de 2012.
8.4 De esta manera, no cabe duda que las autoridades enjuiciadas
incurrieron en un defecto por desconocimiento del precedente constitucional
vinculante al momento de decidir sobre la solicitud elevada por el demandante y
por desconocimiento directo de los mandatos constitucionales que prescriben el
deber de mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones consagrado en los
artículos 48 y 53 superiores, pues el argumento según el cual no resultaba
procedente el reconocimiento de la indexación pensional tratándose de prestaciones
cuyos requisitos se habían consolidado con anterioridad a la entrada en
vigencia de la Constitución de 1991 es constitucionalmente inadmisible.
Por todo lo expuesto, esta Sala dejará sin efectos las decisiones judiciales
que negaron la indexación de la primera mesada pensional a los accionantes,
para en su lugar ordenar el reconocimiento de tal derecho fundamental.
9. Alcance del amparo y órdenes a impartir en el
trámite de las tutelas en revisión.
En relación con las medidas que deben adoptarse para proteger el
derecho a la indexación pensional, la Corte ha señalado[101] que existen
básicamente tres escenarios de solución. En este sentido, una primera medida,
siguiendo los criterios generales de procedencia de la tutela contra
providencia judicial, consiste en que la Corte deje sin efecto los fallos que negaron el derecho y remita el expediente a los órganos judiciales
competentes para adoptar un nuevo fallo, respetuoso de los derechos
fundamentales y la jurisprudencia constitucional que precisa su alcance.
En segundo lugar, tomando en consideración los principios de eficacia y
celeridad de la acción de tutela, la Corte ha dejado sin efectos los fallos de
la jurisdicción ordinaria que negaron el derecho a la indexación pensional y ha
ordenado directamente a las entidades que reconocieron la prestación, indexar
la primera mesada pensional.[102]
Esta medida se ha adoptado generalmente cuando se enfrenta el criterio de esta
Corporación con sentencias de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
Y finalmente, cuando la Corporación evidencia que la indexación fue
reconocida inicialmente en el proceso laboral en alguna de las instancias, pero
la decisión fue revocada por el superior jerárquico, ha optado por dejar en
firme las sentencias que concedieron la indexación de la primera mesada
pensional[103].
Al respecto, la Corte ha señalado[104]
que la elección entre las opciones señaladas depende de las circunstancias del
caso concreto y debe perseguir dos objetivos. De una parte, pretende preservar
al máximo la competencia de los jueces naturales; y de otra, asegurar el goce
efectivo de los derechos de los peticionarios.
En particular, en
aquellos eventos en que la Corte Constitucional, además de dejar sin efectos los fallos de instancia, decide ordenar directamente el reconocimiento de la indexación
de la primera mesada pensional, se ha seguido la fórmula que para el efecto ha
establecido la jurisprudencia autorizada en la materia, en particular del
Consejo de Estado. En la sentencia T-098 de 2005 (M.P. Jaime Araujo Rentería),
se estableció el alcance de la obligación, con base en el propósito de que la
indexación se ajuste al índice de precios al consumidor, en los siguientes
términos:
“El ajuste de la mesada pensional del demandante se hará según la
siguiente fórmula:
R= Rh  índice final
índice inicial
Según la cual el valor presente de la condena (R) se
determina multiplicando el valor histórico (Rh), que es el promedio de lo
devengado por el demandante durante el último año de servicios, por el guarismo
que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor vigente a la
fecha a partir de la cual se reconoció la pensión, entre el índice inicial, que
es el existente al 27 de enero de 1974. Debe determinarse así el valor de la
primera mesada pensional actualizada a 10 de diciembre de 1980. El Citibank
Colombia procederá a reconocer y liquidar los reajustes pensionales de los años
posteriores, conforme a la normatividad aplicable. Después establecerá la
diferencia resultante entre lo que debía pagar y lo que efectivamente pagó como
consecuencia del reconocimiento de la pensión. De dichas sumas no se
descontarán los aportes que por ley corresponda hacer al pensionado al sistema
de seguridad social en salud, pues existe prueba en el expediente de que éstos
fueron pagados. || La suma insoluta o dejada de pagar, será objeto de ajuste al
valor, desde la fecha en que se dejó de pagar hasta la notificación de esta
sentencia, dando aplicación a la siguiente fórmula:
R= Rh índice final
índice inicial
Donde el valor presente de la condena (R) se determina
multiplicando el valor histórico (Rh), que es lo dejado de pagar al pensionado,
por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor
vigente a la fecha de notificación de esta sentencia, entre el índice inicial,
que es el vigente al causarse cada mesada pensional. || Por tratarse de una
obligación de tracto sucesivo, la entidad demandada aplicará la fórmula
separadamente, mes por mes, empezando por la primera mesada pensional que
devengó el actor sin actualizar, y para los demás emolumentos (primas),
teniendo en cuenta que el índice aplicable es el vigente al causarse cada una
de las prestaciones”.
10. Con
base en las consideraciones expuestas, en los asuntos que se analizan se darán
las siguientes órdenes:
(i)
En el caso de la señora Emilia Delgado Escobar ninguna de las sentencias de los
dos procesos ordinarios laborales que ella inició para el reconocimiento de su
derecho a la indexación pensional accedieron a su pretensión, razón por la que la Sala dejará sin efectos los fallos de la jurisdicción ordinaria que negaron el derecho a la
indexación pensional y ordenará directamente a la entidad que reconoció la
prestación, indexar la primera mesada pensional.
Es decir, se invalidarán los pronunciamiento del 31 de octubre de 2000
del Juzgado 1° Laboral del Circuito de Bogotá que fue confirmado en segunda
instancia por el fallo del 28 de febrero de 2001 del Tribunal Superior de
Bogotá –Sala Laboral–, y del segundo proceso ordinario laboral del 3 de mayo
del 2008 proferido por el Juzgado 21 Laboral del Circuito de Bogotá que fue
confirmado por el Tribunal Superior de Bogotá en sentencia de segunda instancia
del 13 de mayo de 2009. En su lugar e ordenará al Fondo de Pasivo Social de
Ferrocarriles Nacionales de Colombia que indexe la pensión de la señora Emilia
Delgado Escobar reconocida por resolución
N° 0434 del 24 de octubre de 1995, para que se actualice el valor de la misma
desde el momento de su reconocimiento, de acuerdo con el IPC reconocido por el
DANE.
En este caso además, el régimen de reconocimiento de la pensión del
accionante  es preconstitucional, sin embargo debe observarse que la
consolidación de la pensión se realizó con posterioridad a la entrada en
vigencia de la Carta del 1991, razón por la que no es viable aplicar la regla
de la sentencia SU-1073 de 2012, por lo que no se declara la prescripción
respecto de la actualización de su pensión.
(ii) Sobre los casos relativos a los expedientes
T-3.982.328 (Jaime De Plaza Krohme) y T-4.021.914 (Manuel Guillermo Ayala
Hernández), las sentencias de los
procesos ordinarios laborales que ellos adelantaron para el reconocimiento de
su derecho a la indexación pensional tampoco accedieron a su pretensión por lo que
se invalidarán. En este evento, igualmente se dejarán sin efectos los fallos de
la jurisdicción ordinaria que negaron el derecho a la indexación pensional a
los accionantes y se ordenará directamente a las entidades que reconocieron la
prestación, indexar la primera mesada pensional.
Es decir, en el caso del expediente
T-3.982.328 del señor Jaime De Plaza Krohme contra el el Tribunal Superior de Medellín –Sala Laboral–, se dejarán sin efectos los fallos del 28 de septiembre
de 2009 del Juzgado 14 laboral del Circuito de Medellín en primera instancia,
confirmado por el de 5 de agosto de 2010 del Tribunal Superior de Medellín
–Sala Decima Laboral– en segunda instancia. En su lugar, se ordenará al Banco de Colombia que
indexe la pensión del señor De Plaza
Krohme reconocida el 19 de julio de 1982 con base en el artículo 269 del
Código Sustantivo del Trabajo (CST). El monto de la prestación deberá ser
actualizado desde el momento de su reconocimiento, de acuerdo con el IPC
reconocido por el DANE y la formula señalada en esta providencia.
Debido a que en este caso, la pensión del accionante  se consolidó de
forma preconstitucional, se debe aplicar la regla de la sentencia SU-1073 de
2012 reiterada en la SU-131 de 2013, por lo que se declarará la prescripción
oficiosa respecto de la actualización de su pensión. Para el efecto, se deberá reconocer el pago retroactivo de
las diferencias entre los valores efectivamente recibidos y el valor de la
mesada indexada, comprendidos en los tres años anteriores, contados a partir de
la expedición de la sentencia de unificación 131 de 2013.
En
relación con el expediente T-4.021.914 atinente a la acción de tutela
instaurada por el señor Manuel Guillermo Ayala Hernández contra Icollantas S.A.,
se dejarán sin efectos los fallos del 5 de septiembre de 2007 del Juzgado
Tercero Laboral del Circuito de Cali (primera instancia), del 22 de octubre de
2008 (segunda instancia), y de la decisión de la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Laboral, que conoció del recurso extraordinario de casación
del 20 de febrero de 2013. En su
lugar, se ordenará a Icollantas que indexe la pensión del señor Ayala Hernández reconocida el 12 de octubre de 1989 por dicha empresa. El monto de la prestación deberá
ser actualizado desde el momento de su reconocimiento, de acuerdo con el IPC
reconocido por el DANE y la formula señalada en esta providencia.
Debido a que en este caso la pensión del accionante también se
consolidó de forma preconstitucional, se debe aplicar la regla de la sentencia
SU-1073 de 2012, por lo que se declarará la prescripción oficiosa respecto de
la actualización de su pensión. Igualmente, en este caso se deberá reconocer el pago retroactivo de
las diferencias entre los valores efectivamente recibidos y el valor de la
mesada indexada comprendidos en los tres años anteriores, contados a partir de
la expedición de la sentencia de unificación 131 de 2013.
B. Expediente T-3.991.071: Timoleón
Patiño Rivero contra el Banco Santander (actualmente Banco Corpbanca).
Por su parte y de forma particular, en el
proceso T-3.991.071 se encuentra que el actor no acudió a la justicia ordinaria
laboral argumentando que los mecanismos judiciales ordinarios resultaban
inidóneos e ineficaces en su caso, toda vez que cuenta con 75 años de edad, por
lo que exigirle acudir a la justicia ordinaria resulta desproporcionado en
razón a que su edad supera la expectativa de vida nacional.
En el sub examine los jueces de instancia en la acción de tutela
adujeron que el actor debía acudir a la justicia ordinaria para que su
inconformidad jurídica fuera conocida por los jueces competentes.
Adicionalmente, se sostuvo que en su caso no existía amenaza de ocurrencia de
un perjuicio irremediable y que los casos concedidos por amparo por esta Corte
hacían alusión a personas de la
tercera edad y con quebrantos de salud.
Para este evento, la Sala estima importante citar el precedente establecido en la reciente sentencia T-092 de 2013 de la Sala Séptima de Revisión de esta Corporación[105].
En este fallo, en el que se analizó la solitud de indexación pensional de
varios pensionados que solicitaban el reconocimiento de su derecho a la
indexación de la primera mesada pensional y habían acudido directamente a la
acción de tutela sin agotar los recursos judiciales ordinarios –esto es, el
proceso ordinario laboral respectivo–,  la Corte señaló que  “aún existiendo un mecanismo ordinario de protección de los derechos del afectado, la tutela
procederá si en el caso concreto se acredita (i) que aquél no es idóneo o (ii)
que siendo apto para conseguir la protección, en razón a la inminencia de un
perjuicio irremediable, pierde su idoneidad para garantizar la eficacia de los
postulados constitucionales, caso en el cual la Carta prevé la procedencia excepcional de la tutela.”
En esta misma línea argumentativa, se explicó que el
primer evento ocurre cuando el mecanismo judicial ordinario, por ejemplo, no
permite resolver la controversia en su dimensión constitucional, o no ofrece
una solución oportuna. Igualmente se precisó que la aptitud del medio de
defensa ordinario se debe analizar en cada caso concreto, teniendo en cuenta “las
características procesales del mecanismo, las circunstancias del peticionario y
el derecho fundamental involucrado.” Lo anterior, pues la existencia de un
medio judicial que salvaguarda de manera eficaz el derecho fundamental
invocado, excluye la procedencia de la acción de tutela.
Así, en el caso de la sentencia T-092 de 2013, la Corte encontró que en los fallos de tutela que se revisaban, los jueces de instancia habían
negado el amparo señalando que no se había acudido a la jurisdicción ordinaria
laboral para reclamar la indexación de la primera mesada pensional. La Sala
Séptima estimó que este argumento no era admisible debido a que no se tenía en
cuenta que el mecanismo ordinario, esto es el proceso ordinario laboral, no
resultaba efectivo para la protección de este derecho fundamental. Ello, debido
a que entre otras cosas (i) los accionantes superaban los 60 años de
edad, es decir se trataban de personas de la tercera edad, que merecían
especial protección por parte del Estado; y (ii) que habían acreditado
tener problemas de salud, y recibir una pensión cercana al salario mínimo.
Por lo anotado, se estimó que la tutela era el
mecanismo idóneo y definitivo para la protección de los derechos a la igualdad
y a la indexación de los demandantes, quienes se encuentran en estado de
indefensión ante la entidad que accionaban, pues se trataba de adultos mayores
frente a los que la demandada había desconocida de forma flagrante la
jurisprudencia constitucional en la materia.
En el sub examine, esta Sala de Revisión
considera que el precedente citado es plenamente aplicable al caso del señor
Timoleón Rivera, por cumplir con las mismas condiciones que se expusieron en
dicha oportunidad. En efecto, se trata de una persona de 75 años de edad,
adulto mayor de la tercera edad, y quien supera la actual expectativa de vida
nacional[106],
que presenta graves deterioros de salud, y de quien además depende su cónyuge
económicamente, pues igualmente tiene dificultades de salud. Según copia de la historia clínica del señor Timoleón
Patiño Rivero que obra en el expediente de tutela, el actor padece, entre
otras, de enfermedad arterial, con problemas de infarto, por lo que posee un
cardiofibrilador definitivo (marcapasos). Por su parte, igualmente obra prueba
de que su esposa, quien depende económicamente del actor, padece de cáncer de
colon (folio 25 del expediente de tutela).
Sobre
este aspecto, llama la atención de la Sala que los jueces de instancia en la
acción de tutela obviaron de forma flagrante la situación del actor, pues no se
entiende que observando que se trataba de una persona de la tercera edad y con
graves afecciones de salud no analizaran la procedencia del amparo. En
particular, resulta por demás contradictoria la decisión del Juzgado Octavo Civil del Circuito de
Bucaramanga que analizó la tutela en segunda instancia, en tanto sostuvo que el
amparo procedía en los casos referentes a “personas de la tercera edad con
quebrantos de salud, que solicitaban el reajuste de la mesada pensional,
demostrándose además la violación del derecho a la igualdad”, situación que
la Sala evidencia es en la que se encuentra el señor Patiño Rivero y su esposa.
En esas condiciones, resulta evidente que es por ello la acción de tutela el
mecanismo idóneo para resolver la situación jurídica del accionante debido a su
delicada situación de salud y en razón a que es una persona de la tercera edad,
sujeto de especial protección constitucional.
Ahora bien, una vez corroborada la idoneidad de la
acción de amparo constitucional, la Corte debe verificar la procedencia
material o de fondo respecto de la indexación de la primera mesada pensional
solicitada por el actor. En efecto, la Sala encuentra que al señor Patiño
Rivero se le reconoció su pensión el 21 de enero de 1993, la que le fue liquidada
con el salario base del último año de servicios, esto es, 1976, sin que se
hubiere indexado o actualizado el valor reconocido de la prestación. Del examen
del expediente, la Sala evidencia además que el accionante solicitó a la
entidad demandada la indexación de su pensión, a lo que la entidad respondió
(oficio del 22 de enero de 2013 obrante a folio 17 del expediente de tutela)
que su petición no era procedente porque “la pensión referida fue CAUSADA
antes de la entrada en vigencia de la constitución de 1991 y RECONOCIDA incluso
con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.”
Dicha manifestación de la entidad accionada contraría
de forma evidente lo dispuesto por la jurisprudencia constitucional en materia
del derecho fundamental a la indexación de la primera mesada pensional, y en
consecuencia infringe lo preceptuado en los mandatos de los artículos 48 y 53
de la Constitución.
Al respecto, solo basta señalar que frente a esta
situación resultan igualmente aplicables los argumentos señalados para los
casos analizados en los expedientes T-3.979.500, T-3.982.328 y T-4.021.914 que
explican por qué debe reconocerse el derecho a la indexación pensional.
En concordancia con lo expuesto, esta Sala estima que
al corroborarse que (i) es la acción de tutela el mecanismo idóneo y
eficaz para amparar los derechos del señor Patiño Rivero, y que (ii) resulta
procedente la indexación de la primera mesada pensional del actor, de deberán tutelar
los derechos fundamentales de este, con lo que a su vez se ordenará el
reconocimiento de la indexación de la pensión a cargo de la entidad accionada
(Banco Santander, hoy CorpBanca).
En este caso además, resulta importante precisar que el régimen de reconocimiento
de la pensión del accionante es preconstitucional, sin embargo, debe observarse
que la consolidación de la pensión se realizó con posterioridad a la entrada en
vigencia de la Carta del 1991[107],
razón por la que no es viable aplicar la regla de la sentencia SU-1073 de 2012,
en consecuencia no se aplica la prescripción oficiosa respecto de la
actualización de su pensión.
V.
DECISIÓN
La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO. REVOCAR, el fallo dentro del trámite T-3.979.500,
en instancia única por el Juzgado Décimo (10°) de Familia de Medellín el diecisiete (17) de mayo de dos mil trece (2013), y
en su lugar CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales al debido
proceso, y la indexación de la primera mesada pensional de la señora Emilia
Delgado Escobar.
SEGUNDO. DEJAR SIN EFECTOS las sentencias proferidas
por el Juzgado Primero (1°) Laboral del Circuito de Bogotá del treinta y uno (31)
de octubre de dos mil (2000) confirmada en segunda instancia por el Tribunal
Superior de Bogotá –Sala Laboral– el veintiocho (28) de febrero de dos mil uno
(2001), y los fallos del tres (3) de diciembre de dos mil ocho (2008) del
Juzgado Veintiuno (21) Laboral de Bogotá confirmado en segunda instancia el trece
(13) de mayo de dos mil nueve (2009) por el Tribunal Superior de Bogotá –Sala
Laboral–.
TERCERO. ORDENAR al Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles
Nacionales de Colombia que en el término de las 48 horas siguientes a la
notificación de la presente decisión, reconozca y pague la indexación de la
primera mesada pensional a la señora Emilia Delgado Escobar respecto de la
pensión reconocida por la Caja Agraria
mediante Resolución N° 0434 del veinticuatro (24) de octubre de mil novecientos
noventa y cinco (1995).
CUARTO. REVOCAR los fallos dentro del trámite T-3.982.328
del treinta (30) de abril de dos mil trece (2013), proferida por la Corte Suprema de Justicia –Sala de Casación Laboral–, y del veinte (20) de junio de dos mil
trece (2013), proferida la Corte Suprema de Justicia –Sala de Casación Penal en
segunda instancia, y en su lugar CONCEDER el amparo
de los derechos fundamentales a la seguridad social y la indexación de la
primera mesada pensional del señor Jaime De Plaza Krohme.
QUINTO. DEJAR SIN EFECTOS las sentencias proferidas
por el Juzgado Catorce (14) Laboral del Circuito de Medellín del veintiocho (28)
de septiembre de dos mil nueve (2009) confirmada en segunda instancia por el
Tribunal Superior de Medellín –Sala Décima Laboral– el cinco (5) de agosto de
dos mil diez (2010).
SEXTO. ORDENAR al Banco de Colombia S.A, o a quien actualmente haga
sus veces, que en el término de las 48 horas siguientes a la notificación de la
presente decisión, reconozca y pague la indexación de la primera mesada
pensional al señor Jaime De Plaza Krohme respecto de la pensión reconocida por dicha
entidad el diecinueve (19) de julio de
mil novecientos ochenta y dos (1982). Para el efecto deberá aplicar las reglas
y fórmulas señaladas en la parte motiva de la presente sentencia. Igualmente se
aplicará la prescripción oficiosa declarada en la sentencia SU-1073 de 2012 y
reiterada en la sentencia SU-131 de 2013, por lo que deberá reconocer el
pago retroactivo de las diferencias entre los valores efectivamente recibidos y
el valor de la mesada indexada, comprendidos en los tres años anteriores,
contados a partir de la expedición de la última sentencia de unificación
señalada.
SÉPTIMO, REVOCAR los fallos dentro del trámite
T-3.991.071 del veintiséis (26) de abril de dos mil trece (2013), proferida por
el Juzgado Trece (13) Civil Municipal de Bucaramanga confirmado en segunda instancia
el doce (12) de junio de dos mil trece (2013), proferida por el Juzgado Octavo
(8°) Civil del Circuito de Bucaramanga. En
su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales a la seguridad
social, al mínimo vital y la indexación de la primera mesada pensional del
señor Timoleón Patiño Rivera.
OCTAVO. ORDENAR
al Banco Santander,
actualmente CorpBanca, que en el término de las 48 horas siguientes a la
notificación de la presente decisión, realice los trámites para el
reconocimiento y pago de la indexación de la primera mesada pensional al señor Timoleón
Patiño Rivero respecto de la pensión a él reconocida el veintiuno (21) de enero
de mil novecientos noventa y tres (1993).
Para el efecto se deberán aplicar las reglas y fórmulas señaladas en la parte
motiva de la presente sentencia.
NOVENO. REVOCAR el fallo dentro del trámite T-4.021.914,
en instancia única conocido por la Corte Suprema de Justicia –Sala de Casación Penal– el dos (2) de julio
de dos mil trece (2013), y en su lugar CONCEDER el
amparo de los derechos fundamentales a la seguridad social, el mínimo vital, y
la indexación de la primera mesada pensional del señor Manuel Guillermo Ayala
Hernández.
DÉCIMO. DEJAR SIN EFECTOS las
sentencias proferidas por el Juzgado Tercero (3°) Laboral del Circuito de Cali
del cinco (5) de septiembre de dos mil siete (2007) confirmada en segunda
instancia por el Tribunal Superior de Cali –Sala Laboral– el veintidós (22) de octubre
de dos mil ocho (2008), y el fallo que resolvió el recurso extraordinario de
casación interpuesto por el actor del veinte (20) de febrero de dos mil trece
(2013) proferido por la Corte Suprema de Justicia –Sala de Casación Laboral–.
UNDÉCIMO. ORDENAR
a la Industria Colombiana de Llantas –Icollantas–, o a quien actualmente hagas sus veces, que en
el término de las 48 horas siguientes a la notificación de la presente
decisión, reconozca y pague la indexación de la primera mesada pensional al
señor Manuel Guillermo Ayala Hernández respecto de la pensión reconocida por esa
empresa al accionante el doce (12) de octubre de mil novecientos ochenta y nueve (1989). Para el
efecto deberá aplicar las reglas y fórmulas señaladas en la parte motiva de la
presente sentencia. Igualmente se aplicará la prescripción oficiosa declarada
en la sentencia SU-1073 de 2012 y reiterada en la sentencia SU-131 de 2013, por
lo que deberá reconocer el pago retroactivo de las diferencias
entre los valores efectivamente recibidos y el valor de la mesada indexada,
comprendidos en los tres años anteriores, contados a partir de la expedición de
la última sentencia de unificación señalada.
DUODÉCIMO. DESE cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
Con aclaración de voto
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
Con aclaración de voto
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
Con salvamento parcial de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
ACLARACIÓN
DE VOTO DE LOS MAGISTRADOS
MARIA
VICTORIA CALLE CORREA Y
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
A LA
SENTENCIA T-954/13
Con
el acostumbrado respeto por las decisiones de la Corte, los suscritos presentamos
las razones que sustentan la siguiente aclaración de voto frente a la decisión
adoptada por la Sala en el fallo de la referencia.
En
la sentencia T-954 de 2013, se revisaron las acciones de tutela promovidas por
Emilia Delgado Escobar contra el Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles
Nacionales de Colombia; Jaime De Plaza Krohne contra el Tribunal Superior de
Medellín –Sala Laboral–; Timoleón Patiño Rivero contra el Banco Santander
(actualmente Banco Corpbanca); y Manuel Guillermo Ayala Hernández contra la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Acciones de amparo
dirigidas contra las diferentes decisiones administrativas y judiciales en las
que se negó la indexación de las pensiones solicitadas por los accionantes.
En
los casos, las autoridades administrativas y judiciales no accedieron a la
solicitud de indexación de las pensiones, por considerar que no eran
procedentes, toda vez que ellas fueron causadas con anterioridad a la entrada
en vigencia de la Constitución de 1991 y de la ley 100 de 1993, de manera que
al no existir una norma que ordenara expresamente la actualización, la misma
resultaba inviable.
La
Sala, al resolver el sub examine, encontró que en los asuntos revisados
las decisiones de las autoridades demandadas vulneraron los derechos
fundamentales de los demandantes, especialmente el mandato superior de
indexación de las mesadas pensionales. De esta manera, se reiteró que la
jurisprudencia de la Corte ha protegido en múltiples precedentes,
particularmente en las sentencias SU-120 de 2003, C-862 de 2006, C-891A de
2006, SU-1073 de 2012 y SU-131 de 2013, el derecho a la actualización del poder
adquisitivo de las mesadas pensionales.
En
las decisiones referidas, se ha precisado, incluso, que en aquellos eventos en
los que los ciudadanos habían recurrido a la justicia ordinaria laboral para el
reconocimiento de dicho derecho y el mismo había sido negado, estas personas se
encontraban habilitadas para recurrir a través de la acción de tutela para
solicitar la indexación de su mesada pensional. Lo anterior, bajo el entendido
que la posición adoptada por varios de los jueces de la república, cobijada por
la jurisprudencia temporalmente esgrimida por la Corte Suprema de Justicia
(Sala de Casación Laboral), según la cual no procedía este reconocimiento, era
contraria a los mandatos superiores que reconocían el derecho a la
actualización pensional.
Ahora
bien, en los casos analizados en la sentencia T-954 de 2013, varios de ellos
correspondían a la hipótesis en la que los accionantes habían solicitado en la
jurisdicción ordinaria el reconocimiento de su indexación pensional y había
sido negada argumentando que la tesis de la Corte Suprema de Justicia señalaba
que la indexación no operaba para pensiones causadas con anterioridad a la
entrada en vigencia de la Constitución de 1991. Posteriormente, los actores
nuevamente habían solicitado infructuosamente a la justicia ordinara que, en
virtud de los precedentes constitucionales (especialmente las sentencias SU-120
de 2003, C-862 de 2006 y C-891A de 2006), se reconociera su derecho a la
indexación.
Así
las cosas, la decisión adoptada consistió en ordenar el reconocimiento de la
indexación pensional que había sido negada a los accionantes en cada caso
correspondiente, y ordenar adicionalmente la prescripción oficiosa establecida
en la sentencia SU-1073 de 2012, para las pensiones causadas con anterioridad a
la entrada en vigencia de la Constitución de 1991. Para la aplicación de esta
regla, la Sala determinó que el cómputo de la prescripción referida, debía
contabilizarse a partir de la fecha de la sentencia SU-131 de 2013 que reiteró
lo expuesto en la sentencia SU-1073 de 2012. Precisamente respecto a la
aplicación de esta última regla nos permitiremos aclarar las razones de nuestro
voto concurrente.
Algunas observaciones preliminares sobre la sentencia SU-1073 de 2012.
En
la sentencia SU-1073 de 2012, la Sala Plena de esta Corte[108] resolvió unificar su
jurisprudencia respecto a la procedencia de la indexación de la primera mesada
de pensiones causadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la
Constitución de 1991. Pese a que este no es el caso para exponer in extenso
las razones de nuestro desacuerdo contra la mencionada decisión de unificación,
sí consideramos necesario señalar algunas inconformidades, que afectan la
coherencia de la toma de decisiones de la Corte, como en el caso de la
sentencia T-954 de 2013, los cuales están íntimamente relacionados con el
respeto por el precedente judicial y del principio de igualdad.
Como
mencionamos, en aquella decisión, la Corte unificó su criterio respecto a la
procedencia del derecho a la indexación de las pensiones consolidadas pre-constitucionalmente,
esto es, cuyos requisitos se cumplieron con anterioridad a la Constitución de
1991. Adicionalmente, en dicha decisión, se creó una regla de prescripción
oficiosa, con la que no estamos de acuerdo, pues la consideramos carente de
fundamento, lesiva de los derechos de los trabajadores y pensionados, y
contraria a los postulados del Estado social y democrático de Derecho.
El
sustento de la decisión de unificación para la creación de la regla de
prescripción oficiosa, consistió en sostener que solo hasta la expedición de
ese fallo (la SU-1073/12) se resolvió de plano la incertidumbre frente a la
existencia o no del derecho a la indexación de las pensiones causadas preconstitucionalmente.
Dicha ratio la estimamos incorrecta y, por demás, contraria a los
propios argumentos expuestos en la SU-1073, pues como en ella misma se detalló,
la certeza de tal derecho al mantenimiento del poder adquisitivo de las
pensiones, existía desde antes de la expedición de la misma Constitución de 1991.
La
SU-1073, muestra cómo la Corte Suprema de Justicia (Sala de Casación Laboral)[109],
aceptó durante mucho tiempo que la indexación pensional procedía para pensiones
preconstitucionales, y que posteriormente dicha postura también fue
reconocida por la propia Corte Constitucional en las sentencias SU-120 de 2003,
C-862 de 2006 y C-891A de 2006. Lo que realmente sucedió es que durante un
lapso de tiempo la Corte Suprema de Justicia se apartó de su posición inicialmente
adoptada para negar la existencia del señalado derecho a la indexación. Todo
esto, igualmente fue reconocido por la propia SU en mención. De tal forma que,
no es correcto afirmar que no existía certidumbre frente a dicho derecho pues
la Corte Suprema lo había reconocido durante mucho tiempo[110], y este Tribunal
Constitucional igualmente lo había reconocido sin negarlo en ningún momento.
Pero
además de nuestro desacuerdo con el fundamento argumentativo, considero que la
creación de la regla de prescripción oficiosa creada por la SU-1073 es
abiertamente anti-técnica, debido a que contraría los dictados de la
jurisprudencia procesal, laboral y constitucional. En efecto, la Corte nunca
había declarado prescripciones oficiosas, pues esta figura procesal, como
excepción que beneficia a la contraparte, solo procede cuando es alegada por el
interesado.
Sobre
el tema, caber recordar entonces, que en materia laboral, la prescripción como
institución procesal es una excepción que no puede ser declarada de oficio, y
que únicamente se suspende con la reclamación elevada por el trabajador, por un
periodo de 3 años, salvo en el caso de la presentación de la demanda laboral,
escenario en el que se suspende por la duración del proceso. En materia
laboral, la jurisprudencia ha reconocida unívoca y pacíficamente que ella se
aplica desde la reclamación realizada por el trabajador, posición que había
sido adoptada por la jurisprudencia constitucional. En ningún caso, la Corte
había asumido la posibilidad de declarar oficiosamente la prescripción de
mesadas pensionales. Entonces qué sustenta esta decisión. La respuesta de la
sentencia SU-1073 de 2012, no puede ser más lamentable: el respeto del
principio de sostenibilidad fiscal en detrimento de los derechos de los
pensionados y los trabajadores.
La
decisión de unificación señala que, para propender por la sostenibilidad
financiera del sistema pensional, se debe declarar oficiosamente la
prescripción de mesadas pensionales en eventos de reconocimiento de
indexaciones correspondientes a pensiones consolidadas con anterioridad a la
entrada en vigencia de la Constitución de 1991. Dicha tesis, nos parece
injustificable por múltiples razones, de las cuales cito algunas de las más
importantes a continuación.
Como
lo determinó la sentencia C-288 de 2012, el principio de sostenibilidad fiscal
no puede desconocer los derechos constitucionales en materia de seguridad
social, pues el sistema financiero recibe los rendimientos financieros de los
aportes efectuados por los ciudadanos, sin reconocerles a cambio lo que la
simple equidad ordena, esto es, la actualización del valor del dinero.
Al
respecto, se debe precisar que no desestimamos la responsabilidad que debe
observar todo juez constitucional en correspondencia con un principio de
realidad en la orientación de sus decisiones, máxime cuanto de recursos
destinados a la protección de derechos de los ciudadanos se trata. Sin embargo,
en este caso lo que resulta claro es que no estamos ante esta hipótesis, pues
se están desconociendo justas y legítimas reclamaciones de los ciudadanos, en
particular de los trabajadores, en una situación en la que se reclama la
actualización del dinero que a ellos corresponde. Es claro que tanto el Estado
como los particulares se han beneficiado de los rendimientos financieros de los
aportes pensionales de los trabajadores, razón por la que es más que justo que
dichas sumas sean actualizadas a su valor presente.
Bajo
este entendido, no son asimilables los casos de posibles irresponsabilidades de
las autoridades del Estado, incluidas las de los jueces, en la toma de
decisiones que afectan las finanzas públicas, respecto de aquellas en las que
legítimamente se emiten órdenes encaminadas a preservar y proteger,
idóneamente, el respeto de los derechos fundamentales que están ligados al
mínimo vital de los ciudadanos. Lo señalado nos lleva a expresar dos ideas con
las que finalizaremos esta sucinta remisión a nuestros desacuerdos con la
sentencia SU-1073 de 2012.
(i) Así como en la actualidad la Corte está interpretando
la sostenibilidad fiscal, encontramos que ésta se ha convertido no en un
criterio orientador de la actuación y ordenación en materia de finanzas
públicas para las autoridades del Estado, sino más bien en una presunción que
se activa en los casos en los que se adoptan decisiones en materia de
erogación, especialmente en relación con derechos sociales. En efecto, la
percepción que deja la sentencia SU-1073 de 2012, es que pese a no existir
soporte técnico o evidencia probatoria sobre el impacto de las decisiones
judiciales en el reconocimiento de prestaciones a las que legítimamente tienen
derecho los ciudadanos colombianos, lo cierto es que siempre se afecta la
sostenibilidad fiscal y, por ende, los jueces deben abstenerse de tomar
decisiones que afecten las finanzas del Estado.
Este
argumento es riesgoso para la justiciabilidad de los derechos fundamentales
porque no es posible trasladar una presunción de tal calibre, sin fundamento,
para restringir y cercenar los derechos de los ciudadanos. La Corte debería
recordar que en aquellos casos en los que una sentencia puede afectar las
finanzas públicas, se creó precisamente el mecanismo del incidente de
sostenibilidad fiscal para determinar si existe alguna afectación al erario[111].
Ahora bien, si de lo que se trata es de sentencias que no son emitidas por las
altas Cortes, éstas igualmente están sujetas a los controles de competencia por
cuantía que en todo caso son revisadas por los superiores jerárquicos, tanto en
la jurisdicción ordinaria como en la administrativa. Todo esto para decir, que
la actuación judicial en materia económica tiene diferentes controles tanto
funcionales como de pesos y contrapesos que evitan la arbitrariedad en la toma
de decisiones.
Quisiéramos
recordar, además, que de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corte el
criterio de sostenibilidad financiera no es un fin en sí mismo ya que solo
representa un instrumento de la Constitución Económica, subordinado al
objetivo superior de materialización de los fines del Estado Social de Derecho.
De este modo, el artículo 334 de la C.P. modificado por el artículo 1° del A.L.
03 de 2011 consagra que el “marco de sostenibilidad fiscal deberá fungir
como instrumento para alcanzar de manera progresiva los objetivos del Estado
Social de Derecho”.
(ii) Como segunda idea, también quisiéramos señalar que el
principio de sostenibilidad fiscal no es aplicable para la resolución de casos
particulares como se sostiene en la SU-1073 de 2012, argumento que se ha
sostenido en otras decisiones[112].
La cláusula de Estado Social de Derecho, los fines esenciales del Estado y los
derechos fundamentales contenidos en la parte dogmática de la Constitución,
priman sobre los criterios de sostenibilidad, pues con estos lo que se busca es
la realización de aquellos, razón por la que la regla fiscal carece de la
jerarquía normativa para ser ponderada en casos concretos con los principios
constitucionales fundamentales. Como se advirtió en la sentencia C-288 de 2012,
la sostenibilidad fiscal:
“(…) en realidad no es un principio constitucional,
sino una herramienta para la consecución de los fines del ESDD. No es válido
concluir en ese orden de ideas, que la SF redefina los objetivos esenciales del
Estado, en tanto un instrumento de ese carácter no impone un mandato
particular. Puede ser entendida, a lo sumo, como una medida de racionalización
de la actividad de las autoridades, pero en todo caso sometida a la consecución
de los fines para el cual fue consagrado en la Constitución. Por ende, no es
viable sostener que la SF deba ponderarse con los principios constitucionales
fundamentales, habida consideración que un marco o guía para la actuación
estatal carece de la jerarquía normativa suficiente para desvirtuar la vigencia
de dichos principios, limitar su alcance o negar su protección por parte de las
ramas y órganos del Estado. En otros términos, no puede plantearse un conflicto
normativo, ni menos aún una antinomia constitucional, entre la sostenibilidad
fiscal y los principios fundamentales del ESDD, pues están en planos y
jerárquicos marcadamente diferenciados.” (Subrayado adicional al texto)
En
suma, no consideramos admisible presumir la afectación a las finanzas públicas,
como un criterio para condicionar el reconocimiento de derechos sociales, o
utilizarlo, además, como referente de ponderación frente a derechos
fundamentales, pues la regla fiscal no constituye un principio o una de las
finalidades esenciales del Estado sino un mecanismo para la realización de
estas.
En
estos términos, estimamos que en la sentencia SU-1073 de 2012 se adoptó una
interpretación indebida del criterio de sostenibilidad fiscal, el que está
afectando los ámbitos de autonomía e independencia judicial, y que restringe la
protección efectiva de los derechos fundamentales de los ciudadanos, en este
caso en particular, de los pensionados, al condicionar el ámbito de protección
del derecho a la indexación de la primera mesada pensional. Así las cosas, la
sostenibilidad fiscal no puede predicarse en casos concretos limitando el
alcance de mandatos de optimización como los derechos fundamentales, pues ello
significaría que “un principio constitucional que otorga identidad a la
Carta Política sería desplazado por un marco o guía para la actuación estatal,
lo que es manifiestamente erróneo desde la perspectiva de la interpretación
constitucional”.[113]
Adicionalmente,
debe observarse que, contrario a la interpretación que está adoptando la
mayoría de la Corporación, el gasto social, dentro del cual se encuentra, por
supuesto, el pensional, es prioritario. En efecto, como se desprende del
artículo 334 superior, la Corte debería reparar en que “en cualquier caso el
gasto público social será prioritario”; (ii) que “[l]a
sostenibilidad fiscal debe orientar a las ramas y órganos del poder público,
dentro de sus competencias, en un marco de colaboración armónica”; (iii)
que “[e]n ningún caso se afectará el núcleo esencial de los derechos
fundamentales”; (iv) que “[a]l interpretar el presente artículo
bajo ninguna circunstancia, autoridad alguna de naturaleza administrativa,
legislativa o judicial, podrá invocar la sostenibilidad fiscal para menoscabar
los derechos fundamentales, restringir su alcance o negar su protección
efectiva” y; (v) que “[e]l Procurador General de la Nación o uno de los
ministros del gobierno, una vez proferida la sentencia por cualquier de las
máximas corporaciones judiciales, podrán solicitar la apertura de un incidente
de impacto fiscal, cuyo trámite será obligatorio.”
De
manera que, todo lo contrario a lo que viene resolviendo la posición
mayoritaria de la Corte, el reconocimiento y pago de las erogaciones propias de
prestaciones de naturaleza social, tales como educación, salud, prestaciones
sociales (incluida pensiones e indexaciones pensionales), vivienda, entre
otras, son prioridad para el Estado.
Así
las cosas, la presunción de afectación fiscal que hemos descrito y su
aplicación a la solución de controversias particulares es incorrecta y conlleva
al cercenamiento de los derechos fundamentales de los ciudadanos que ven
limitado el acceso a unas condiciones mínimas de subsistencia digna. Así mismo,
consideramos que la Corte no puede asumir y mucho menos presumir funciones de
planeación y ordenación del gasto público que no están dentro de la órbita de
sus funciones, pues contravía principios esenciales del Estado de Derecho, como
la separación de poderes.
Finalmente,
debe tenerse en cuenta que el criterio de sostenibilidad fiscal, se ha
extendiendo incluso a los casos de demandas contra particulares, con lo que el
déficit de protección de los derechos de los trabajadores y pensionados se
sigue ampliando. Es necesario advertir, además, que la falta de rigor en el
manejo de este criterio de ordenación del gasto por parte de la Corte,
condiciona la actuación de los demás jueces al adoptar decisiones contrarias a
los propios postulados del Estado social de derecho. En nuestro criterio, la
Sala Plena de la Corte debe pronunciarse de manera inmediata sobre la situación
descrita para revisar aquellas pautas que atentan contra los fines esenciales
que impone la Constitución, pues ellas son seguidas, no solo por los jueces a
través del precedente vertical, sino también por todas las autoridades del
Estado como guía de la interpretación de la Carta.
El caos producto de la fórmula de declaratoria de la prescripción en
materia de indexación pensional.
Con
base en las reflexiones anteriores, retornamos al asunto de la tutela que
revisó la Sala Novena en esta oportunidad, en la que nos vemos abocado a la
aplicación de las reglas decisionales que la Sala Plena ha sentado, en este
caso en particular, en lo concerniente a la prescripción oficiosa creada en la
sentencia SU-1073 de 2012. Como hemos manifestado, estimamos fundamental la
observancia y respeto por la regla de precedente judicial, que es, por
excelencia, el instrumento judicial para materializar el principio de igualdad,
y que además permite dar coherencia y sistematicidad al ordenamiento jurídico,
a través del trabajo hermenéutico que realizan los jueces.
En
la sentencia T-954 de 2013 se ordena la aplicación de la prescripción oficiosa
de las mesadas pensionales indexadas de los casos en los que las pensiones se
causaron con anterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución Política
de 1991. Así, en los expedientes T-3.982.328 y T-4.021.914, se encontró que las
pensiones respecto de las que se solicitó la indexación de la primera mesada
pensional, efectivamente eran prestaciones consolidadas preconstitucionalmente,
de manera que se resolvió aplicar la regla establecida en la sentencia SU-1073
de 2012.
Adicionalmente,
se resolvió que el cómputo de la prescripción de las sumas adeudadas por la
falta de indexación, se debía contabilizar a partir de los 3 años anteriores a
la fecha de la sentencia SU-131 de 2013. Dicha determinación se adoptó en razón
a que la mayoría de la Sala de Revisión que presido, sostiene que esta última
providencia de unificación establece que el conteo de la prescripción debe
hacerse a partir de la fecha de la misma.
Esta
interpretación nos resulta carente de fundamento debido a que la decisión de
unificación mencionada (SU-131) no argumenta de manera clara o suficiente una
regla de tal calibre. Lo que se encuentra del examen de la sentencia 131 del
2013, es que en su parte resolutiva decide, en efecto, declarar la prescripción
oficiosa a partir de su fecha de promulgación. Sin embargo, en criterio de los
suscritos, lo que se hizo en la sentencia SU-131 fue simplemente reiterar la
regla establecida en la sentencia SU-1073 de 2012, razón por lo que la
prescripción debía ordenarse a partir de esta  y no de aquella.
De
esta manera, lo que encuentro es que la posición adoptada respecto a la
interpretación de lo establecido en la sentencia SU-131 de 2013 conlleva a una
mayor confusión de los jueces en la manera de aplicar una regla que en sí ya
era compleja y ambigua como se explicará a continuación. En efecto, la decisión
que se aplica por acuerdo de la Sala de Revisión, suscita serios reparos, pues
ha genera amplias confusiones y profundiza la falta de claridad en las
posiciones adoptadas por las demás Salas de Revisión de la Corte, sin hacer
pacífico un tema que debía haberse resuelto claramente en dos oportunidades en
las que la Corte ha unificado su criterio.
Para
ilustrar la confusión creada por las sentencias SU citadas, mencionaremos
algunos ejemplos de las posiciones adoptadas por las Salas de Revisión.
Inicialmente, la Sala Novena, venía aplicando (sentencias T-1093 de 2012,
T-1095 de 2012 y T-1096 de 2012) la regla de prescripción ordenada en la
sentencia SU-1073 de 2012, es decir, resolvía la prescripción oficiosa a partir
de esta última sentencia unificadora. Esta posición se había reiterado por la
Sala Séptima de Revisión, en la sentencia T-007 de 2013. Sin embargo, la Sala
Cuarta, en sentencia T-1086 de 2012 había venido sosteniendo que la
prescripción debía contabilizarse desde la fecha de expedición de ésta última y
no así desde la SU-1073 de 2012. Este último criterio también fue aplicado por
la Sala Segunda de Revisión que en sentencia T-103 de 2013 también había optado
por contabilizar la prescripción desde la expedición de esta última y no desde
la SU-1073.
Posteriormente
se profirió la SU-131 de 2013 que debía solucionar la disparidad de las Salas
de Revisión respecto al cómputo de la prescripción oficiosa creada en la
SU-1073 de 2012, sin embargo, todo lo contrario no se clarificó ni resolvió el
tema, sino que se complicó aún más. En la actualidad algunas Salas de Revisión
siguen en la misma ambivalencia al aplicar la prescripción desde la fecha de
promulgación de estas mismas (sentencias T-255 de 2013, T-448 de 2013 y T-027
de 2014), o desde la sentencia SU-1073 de 2012 (sentencias T-228A de 2013,
T-445 de 2013, T-463 de 2013 y T-182 de 2014). Ahora, se incluye la regla según
la cual, el cómputo se realiza desde la fecha de expedición de la SU-131 de
2013.
Como
se advirtió, en nuestro criterio, la sentencia SU-131 de 2013 simplemente
reiteró la regla establecida en la sentencia SU-1073 de 2012, razón por la que
la contabilización de la prescripción oficiosa debía aplicarse desde la
adopción de esta última. Sin embargo, la mayoría de la Sala Plena de la Corte,
parece sostener que el cómputo se realiza desde la SU-131 o sus sentencias
posteriores, argumento que no tiene fundamento alguno, pues si se sigue la
tesis expuesta en la SU-1073 de 2012 ella es la que “resolvió” la
incertidumbre sobre la existencia del derecho a la indexación pensional, razón
por la que no tiene sustento que la regla de la prescripción oficiosa se
contabilice a partir de sentencias posteriores.
Con
la situación descrita, lo único que realmente encontramos es que la Corte día a
día cercena un poco más el alcance de los derechos sociales de los trabajadores
y pensionados en lo que en materia de indexación pensional corresponde. En
parte, esta aclaración de voto es una conminación a la Sala Plena para que
revise una posición que atenta contra los derechos de los trabajadores y
pensionados.
Reiteramos
nuestro respeto por el precedente constitucional establecido por la Sala Plena
de la Corte, pero aclaramos nuestra posición señalando que el camino adoptado
actualmente por la Corporación resulta lesivo de los derechos de los
pensionados de nuestro país. Finalmente, insistimos en que con la anterior
argumentación, nos proponemos ambientar la discusión sobre la necesidad de
revisar las decisiones adoptadas por la Sala Plena y el caos jurisprudencial
que se ha creado en materia de reconocimiento de indexaciones pensionales.
Las
anteriores son las razones por las cuales respetuosamente explicamos nuestro
voto respecto a la decisión adoptada por la Sala, y por las cuales en
consecuencia suscribimos la presente aclaración de voto en la providencia de la referencia.
Fecha ut supra,
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
SALVAMENTO PARCIAL
DE VOTO  DEL MAGISTRADO
MAURICIO
GONZALEZ CUERVO
A LA SENTENCIA
T-954/13
ACCION DE TUTELA PARA INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA
PENSIONAL-Reconocimiento en los tres
años anteriores, contados a partir de la fecha de la sentencia que resuelve el
caso y ordena la cancelación del retroactivo (Salvamento parcial de voto)
Referencia:
expedientes T-3.979.500,
T-3.982.328, T-3.991.071 y T- 4.021.914 (acumulados).
Partes: (T-3.979.500) Emilia Delgado Escobar contra el Fondo de Pasivo
Social de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia; (T-3.982.328) Jaime De Plaza Krohne contra el Tribunal Superior de
Medellín –Sala Laboral–;
(T-3.991.071) Timoleón
Patiño Rivero contra el Banco Santander (actualmente
Banco Corpbanca); y (T-4.021.914) Manuel Guillermo Ayala Hernández contra la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
Magistrado
Ponente: LUÍS ERNESTO VARGAS SILVA.
Salvo
parcialmente mi voto frente a la sentencia de tutela aprobada por la Sala Novena de Revisión en sesión del diecinueve (19) de diciembre de dos mil trece (2013),
por las razones que a continuación expongo:
Comienzo
por señalar que comparto el amparo concedido y las órdenes proferidas por la
Sala Novena de Revisión en los casos T-3.979.500 y T-3.991.071, por cuanto se
constató que las decisiones de las autoridades demandadas, de negar la
indexación de la primera mesada de las pensiones que fueron reconocidas a los
accionantes en vigencia de la CP de 1991, vulneraron el mandato superior de
indexación de las mesadas pensionales y, asimismo, el derecho a la actualización
del poder adquisitivo de las mismas.
Sin
embargo, en los casos T-3.982.328 y T-4.021.914, si bien participo del amparo
concedido respecto de los derechos fundamentales de los accionantes, toda vez
que a la luz de la Constitución y la jurisprudencia de esta Corporación[114],
la indexación y la actualización de la primera mesada pensional es una garantía
constitucional para pensiones reconocidas en cualquier tiempo (incluso de
pensiones reconocidas con anterioridad a la CP de 1991 y a la Ley 100 de 1993,
como en los casos sub examine); salvo parcialmente mi voto en lo
relacionado con la regla de derecho aquí fijada para el pago retroactivo de las
mesadas pensionales no prescritas.
En
estos casos la Sala ordenó a las autoridades accionadas que reconocieran
y pagaran la indexación de la primera mesada pensional a favor de los
demandantes respecto de las pensiones que se causaron con anterioridad a la
entrada en vigencia de la CP de 1991. Para ello, la Sala dispuso que se “aplicará
la prescripción oficiosa declarada en la sentencia SU-1073 de 2012 y reiterada
en la sentencia SU-131 de 2013, por lo que deberá reconocer el pago
retroactivo de las diferencias entre los valores efectivamente recibidos y el
valor de la mesada indexada, comprendidos en los tres años anteriores, contados
a partir de la expedición de la última sentencia de unificación señalada”.
Así
como lo manifesté en pasadas oportunidades[115],
y en el mismo sentido que lo han venido resolviendo otras Salas de Revisión[116],
estimó que en los casos de indexación de la primera mesada pensional, de
acuerdo con la regla fijada en la sentencia SU-131 de 2013, procede el pago
retroactivo de las diferencias entre los valores efectivamente recibidos y el
valor de la mesada indexada, comprendidos en los tres (3) años anteriores,
contados a partir de la fecha de la sentencia que resuelve el caso concreto y
ordena la cancelación del retroactivo.
Lo
anterior, en la medida que la extensión de la indexación a todas las categorías
pensionales fue de creación jurisprudencial por vía del derecho a la igualdad,
por ello se entendió que sólo cobija los tres años anteriores a partir de la
notificación de la sentencia de tutela que reconoce el derecho.  Regla que
considero pertinente para resolver estos asuntos, en la medida que es
concordante con lo establecido en el artículo 488 del Código Sustantivo del
Trabajo[117],
y contribuye además, a garantizar la estabilidad financiera del sistema
pensional.
En
razón a las anteriores consideraciones, salvo parcialmente mi voto en la
decisión adoptada por la Sala.
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
[1] En virtud de lo dispuesto en el artículo 9° del Decreto 2721 del
23 de julio de 2008 expedido por el Gobierno Nacional, quien tendrá a su cargo
el reconocimiento de las pensiones y la administración de la nómina de
pensionados de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero en Liquidación,
el Fondo del Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, reconocerá
las pensiones que estaban a cargo de la Caja Agraria en Liquidación, así como las cuotas parte que correspondan.
[2] M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[3] Es importante precisar que la jurisprudencia
constitucional, adicionalmente, ha desarrollado una segunda modalidad del
defecto procedimental denominada “por exceso ritual manifiesto”, que ha
pesar de no estar incluida en el conjunto de los tipos establecidos en la
sentencia C-590 de 2005, hace parte integral de la doctrina de la tutela contra
providencia judicial que ha desarrollado la Corte. Esta forma de estructuración de aquel vicio de las providencias judiciales, el cual se
explicará particularmente en el apartado número 4 de los fundamentos de esta
providencia, ha sido desarrollado por las sentencias T-1306 de 2001 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-974 de 2003 M.P. Rodrigo Escobar Gil, T-973 de 2004 M.P. Jaime Araujo Rentería, T-264 de 2009 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y T-599 de 2009 M.P. Juan Carlos Henao Pérez, entre otras.
[4] Sentencia T-156 de 2009 M.P. Clara Elena Reales Gutiérrez. Ver también Sentencias T-008 de 1998 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz  y C-984 de 1999 M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[5] Sentencia T-757 de 2009 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[6] Sentencias T-158 de 1993 Ms.Ps. Jorge Arango Mejía y
Antonio Barrera Carbonell.; T-804 de 1999 M.P. Carlos Gaviria Díaz; SU-159 2002 M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa.
[7] Sentencia T-790 de 2010 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-510
de 2011 M.P. Jorger Iván Palacio Palacio.
[8] Sentencias T-572 de 1994 M.P. Alejandro Martínez Caballero;
SU-172/00.SU-174
de 2007 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[9] Sentencia T-100 de 1998 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[10] Sentencia T-790 de 2010 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[11] Sentencias T-572 de 1994 M.P.
Alejandro Martínez Caballero; SU-159 de 2002 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa..
[12] Sentencia T-1095 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[13] Cfr. Sentencia T-1045 de 2008 M.P. Rodrigo Escobar Gil y Sentencia
T-1095 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[14] En la Sentencia T-079 de 2010 M.P. Luis Ernesto Vargas se afirmó que “la interpretación errada de una
disposición jurídica constituye una transgresión evidente al principio de
legalidad, parte esencial del derecho fundamental al debido proceso, y un
desconocimiento de la obligación del juez de fallar dentro del imperio de la
ley (es decir, del derecho)”. Al respecto, Cfr. Sentencia
T-1095 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[15] Sentencia T-1095 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[16] Cfr. Sentencia T-1045 de 2008 (M.P. Rodrigo
Escobar Gil).
[17]
Como puede apreciarse, esta causal se encuentra íntimamente ligada con el
criterio hermenéutico de interpretación conforme, según el cual, la
interpretación de la totalidad de los preceptos jurídicos debe hacerse de tal
manera que se encuentre en armonía con las disposiciones constitucionales. En
esa dirección la Sala Tercera de Revisión en sentencia T-191 de 2009 (M.P. Luis
Ernesto Vargas) manifestó lo siguiente: “Así pues, el principio de
interpretación conforme encuentra su fundamento en la supremacía y jerarquía
normativa máxima de la Constitución Nacional, a partir de cuya premisa se
deriva que toda interpretación jurídica debe arrojar un resultado que no sólo
no debe ser contrario, ni solamente permitido, sino más allá debe estar
ajustado a la Constitución Política”.
[18] Cfr. Sentencia T-1045 de 2008 (M.P. Rodrigo
Escobar Gil).
[19] En la Sentencia T-230 de 2007 M.P. Jaime Córdoba Triviño se precisó que: “[e]n todo caso, cuando se trata de una tutela
contra decisiones judiciales y salvo casos de evidente arbitrariedad, la parte
actora tiene la carga de demostrar que la interpretación del juez es
abiertamente irrazonable o arbitraria. En este sentido, se exige de quien
presenta la tutela contra una decisión judicial una mayor diligencia pues el
acto que impugna es nada menos que una decisión de un juez que ha estado
sometida a todas las garantías constitucionales y legales existentes”.
[20] La Corte ha definido el concepto de precedente constitucional
como “aquel antecedente del conjunto de sentencias previas al caso
que se habrá de resolver que por su pertinencia para la resolución de un
problema jurídico constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una
autoridad determinada, al momento de dictar sentencia”. Entre otras,
Cfr. sentencia T-1095 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[21] Sentencias C-836 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[22] Sentencia C-131 de 1993 M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[23] Cfr, sentencia C-104 de 1993 M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[24] Sentencia C-113 de 1993 M.P. Jorge Arango Mejía.
[25] Sentencias C- 104 de 1993 M.P. Alejandro Martínez Caballero y C-113 de 1993 M.P. Jorge Arango Mejía.
[26] C-113 de 1993 M.P. Jorge Arango Mejía.
[27] Sentencias C-104 de 1993 M.P. Alejandro Martínez Caballero, C-131 de 1993 M.P. Alejandro Martínez Caballero, y C-037 de 1996 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[28] En la sentencia SU-047 de 1999 M.P. Carlos Gaviria Díaz y Alejandro Martínez Caballero, la Corte expresó que una sentencia se compone de tres tipos de consideraciones: (i) la decisión del caso o decisum,
(ii) las razones directamente vinculadas de forma directa y necesaria
con la decisión o ratio decidendi y (iii) los argumentos
accesorios utilizados para dar forma al fallo judicial, conocidos como obiter
dicta, y aclaró que sólo la decisión y la ratio decidendi tienen
valor normativo.
[29] Sentencias C-836 de 2001 M.P. Rodrigo Escobar Gil y C-539 de
2011, M.P. Luís Ernesto Vargas Silva.
[30] Cfr sentencias C-836 de 2001 M.P. Rodrigo Escobar Gil y C-539 de
2011 M.P. Luís Ernesto Vargas Silva.
[31] Sentencia C-335 de 2006. En esta decisión, la Corte analizó el contenido y alcance del delito de prevaricato por acción (Art. 413 C.P.), de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y, aclaró que en algunos casos se incurre en este delito no por
desconocer la jurisprudencia sentada por una alta Corte, la cual constituye una
fuente autónoma de derecho, sino porque el apartarse de ella implica una
vulneración directa de las normas constitucionales o legales o de un acto
administrativo de carácter general.
[32] Sentencia T-1095 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[33] En la sentencia T-1095 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva se señaló que: “resulta particularmente ilustrativo el concepto de cosa juzgada
material en el que se evidencia la necesidad de acudir a las razones
consignadas en los fallos de la Corte para determinar si una nueva disposición
reproduce un contenido normativo retirado del ordenamiento jurídico por la Corte, y en cuanto a la importancia de la interpretación constitucional en las sentencias de
exequibilidad puede pensarse en la relevancia absoluta que poseen las consideraciones
constitucionales en las sentencias condicionadas en las que la Corporación determina la interpretación conforme con la constitución de las disposiciones
legales.”
[34] En la sentencia T-1095 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva se advirtió: “[en] la sentencia C-131 de 1993 (M.P.
Alejandro Martínez Caballero) que estudió la constitucionalidad del artículo 23
del Decreto Ley 2067 de 1991, concluyó en materia de cosa juzgada
constitucional, que los fallos de control abstracto tienen fuerza obligatoria,
en la medida en que: i) tienen efectos erga omnes y no simplemente inter
partes, conforme al artículo 243 de la Carta; ii) tales efectos resultan
obligatorios, en principio, hacia el futuro, aunque no necesariamente, porque
depende de la Corte, como se dijo, fijar autónomamente tales efectos; iii) que
frente a las sentencias que hacen tránsito a cosa juzgada no se puede juzgar la
misma norma nuevamente por los mismos motivos, a fin de respetar la seguridad
jurídica; iv) que las sentencias de la Corte sobre temas de fondo o materiales,
en especial las de inexequibilidad, no pueden ser objeto nuevamente de
controversia por las mismas razones, y v) que todos los operadores jurídicos
están obligados a respetar el efecto de la cosa juzgada material de las
sentencias de la Corte Constitucional.”
[35] Cfr. Sentencia T-1095 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. En la sentencias T-292 de 2006 M.P. Manuel José Cepeda la Corte señaló: “(…) en materia de tutela, - cuyos efectos ínter partes eventualmente
pueden llegar a hacerse extensivos en virtud del alcance de la revisión constitucional
-, la ratio decidendi sí constituye un precedente vinculante para las
autoridades. La razón principal de esta afirmación se deriva del reconocimiento
de la función que cumple la Corte Constitucional  en los casos concretos, que no es otra que la de “homogeneizar la interpretación constitucional de los
derechos fundamentales” a través del mecanismo constitucional de revisión de
las sentencias de tutela (artículo 241 de la C.P). En este sentido, la vinculación de los jueces a los precedentes constitucionales resulta especialmente
relevante para la unidad y armonía del ordenamiento como conjunto, precisamente
porque al ser las normas de la Carta de textura abierta, acoger la
interpretación autorizada del Tribunal constituye una exigencia inevitable. De
no aceptarse este principio, la consecuencia final sería la de restarle fuerza
normativa a la Constitución, en la medida en que cada juez podría interpretar
libremente la Carta, desarticulando el sistema jurídico en desmedro de la
seguridad jurídica y comprometiendo finalmente la norma superior, la confianza
legítima  en la estabilidad de las reglas jurisprudenciales y el derecho a la
igualdad de las personas”.
[36]
Cfr, Sentencia T-292 de 2006 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa,
adicionalmente consultar las sentencias C-386 de 1996 M.P. Alejandro Martínez Caballero y T-1095 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[37] Sentencia
C-036 de 1997 y T-292 de 2006 y SU -1184 de 2001.
[38] Las reglas que se relacionan fueron citadas en la sentencia
T-1095 ambas de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas.
[39] T-1095 ambas de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas.
[40] Cfr. sentencias SU-120 de 2003 M.P. Álvaro Tafur Galvis, C-862 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto y C-891A de 2006 M.P. Rodrigo Escobar Gil y SU-1073 de 2012 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[41] Cfr. sentencia T-1095 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[42] Al respecto, el artículo 48 de la Constitución Política impone al legislador la obligación de definir “los medios para que
los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante”,
mientras que el artículo 53 de la norma fundamental asigna al Estado la
obligación de garantizar “el derecho al pago oportuno y al reajuste
periódico de las pensiones legales”.
[43] Sentencias T-266 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas, T-183 de 2012 M.P. María Victoria Calle Correa, T-259 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas, T-374 de 2012 M.P. María Victoria Calle Correa, T-1095 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas.
[44] Así por ejemplo, sobre el derecho a la igualdad esta Corporación
al explicar que la indexación es un derecho para todos los pensionados, señaló
que “la Corte Constitucional ha sido enfática
al sostener que todos los pensionados tienen derecho a mantener el poder
adquisitivo de sus mesadas pensionales, sin distingos de ninguna índole, así
como a obtener de la entidad liquidadora de su pensión la reliquidación de su
primera mesada pensional; de igual manera, se ha concluido que el derecho a la
indexación del valor de la primera mesada se predica no sólo de las pensiones
de origen legal, sino también de aquellas de origen convencional como quiera
que la pérdida del poder adquisitivo, derivado del fenómeno inflacionario,
afecta a unas y a otras por igual; desconocer este hecho se traduciría en una
carga desproporcionada para las personas pensionadas que se verían forzadas a
soportar la pérdida real del poder adquisitivo de sus mesadas en detrimento de
su patrimonio y su mínimo vital..” Sentencia T-366 de 2009 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
Igualmente consultar las sentencias T-469 de 2005 M.P. Clara Inés Vargas Hernández, C-862 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-130 de 2009 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-366 de 2009 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. T-447 de 2009 M.P. Juan Carlos Henao Pérez, T-362 de 2010 M.P. Juan Carlos Henao Pérez y T-374 de 2012 M.P. María Victoria Calle Correa.
[45] Sentencia T-1095 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[46] Sentencia T-1095 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[47] Respecto a la relación entre el derecho al mínimo vital y el
derecho a la actualización de la mesada pensional, la jurisprudencia
constitucional ha sido prolija en señalar que existe una relación directa entre
estos derechos. Al respecto, en la sentencia C-862 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, la Corte señaló que “(…) la mesada
pensional es un mecanismo que garantiza el derecho al mínimo vital de las
personas de la tercera edad, porque esta prestación periódica dineraria permite
a los pensionados acceder al conjunto de prestaciones constitutivas del mínimo
vital, en esa medida se han establecido presunciones tales como que el no
pago de la mesada pensional vulnera el derecho al mínimo vital. Por lo
tanto la actualización periódica de esta prestación es simultáneamente una
garantía del derecho al mínimo vital y una medida concreta a favor de los
pensionados, por regla general adultos mayores o personas de la tercera edad y
por lo tanto sujetos de especial protección constitucional”. (Resaltado adicional al texto). Consultar igualmente las sentencias T-425 de 2009 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, T-855 de 2008 T-896 de 2008, T-908 y
T-130 de 2009.
[48] Esta norma al definir la base para liquidar las pensiones,
establece que el promedio salarial de esta deberá ser “(…) actualizado
anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE (…)” y señala que “(….) Cuando el
promedio del ingreso base, ajustado por inflación, calculado sobre los ingresos
de toda la vida laboral del trabajador, resulte superior al previsto en el
inciso anterior, el trabajador podrá optar por este sistema, siempre y cuano
haya cotizado 1250 semanas como mínimo.”
[49] Esta disposición regula el ingreso base de liquidación de
la primera mesada pensional de los potenciales beneficiarios del régimen de
transición de aquella norma, señala que será “actualizado anualmente con
base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación
que expida el DANE.”
[50] Por la que se subrogó el artículo 37 de la Ley 50 de 1990, la que a su vez había subrogado el artículo 267 del Código Sustantivo del
Trabajo, contempla el derecho a la indexación de la primera mesada pensional de
los beneficiarios de la denominada pensión sanción en los siguientes
términos: “La cuantía de la pensión será directamente proporcional al tiempo
de servicios respecto de la que le habría correspondido al trabajador en caso
de reunir todos los requisitos para acceder a la pensión de vejez en el régimen
de prima media con prestación definida y se liquidará con base en el promedio
devengado en los últimos diez (10) años de servicios, actualizado con base
en la variación del Índice de Precios al Consumidor certificada por el DANE”.
(Subrayado añadido).
[51] Norma que establece que “con el objeto de que las
pensiones de vejez o de jubilación, de invalidez y de sustitución o
sobreviviente, en cualquiera de los dos regímenes del sistema general de
pensiones, mantengan su poder adquisitivo constante, se reajustarán anualmente
de oficio, el primero de enero de cada año, según la variación porcentual del
Índice de Precios al Consumidor, certificado por el DANE para el año inmediatamente
anterior. No obstante, las pensiones cuyo monto mensual sea igual al salario
mínimo legal mensual vigente, serán reajustadas de oficio cada vez y con el
mismo porcentaje en que se incremente dicho salario por el Gobierno”.
[52] Para encontrar el recuento jurisprudencial pormenorizado del
cambio de la posición de la Corte Suprema de Justicia, consultar la sentencia
T-1095 de 2012 (apartado 6.7 y ss.) de esta Sala de Revisión.
[53] En aquella oportunidad sostuvo la Sala Plena: “(…) Se tiene entonces que [el Código Sustantivo del
Trabajo y la Ley 100 de 1993] determinan con claridad el ingreso base para
liquidar la pensión de vejez de quienes se encuentran laborando cuando cumplen
la edad requerida para acceder a la pensión, pero que tal claridad no se
presenta respecto de la forma de liquidar dicho ingreso cuando el trabajador no
ha percibido asignación del mismo empleador ni cotizado al sistema de seguridad
social, en el lapso comprendido entre el cumplimiento de los veinte años de
servicio y la edad requerida para acceder a la prestación. // Sin embargo
existen diversas disposiciones en el ordenamiento que permiten al fallador
llenar el vacío legislativo a que se hace referencia (…).  De antemano ha de
decirse que la congelación del salario para acceder a la pensión de jubilación
no se encuentra prevista en ninguna norma, (…) la liquidación de la base
pensional a partir del último salario devengado, sin reajustes, no tiene
asidero en el ordenamiento.|| (…) La Corte encuentra, entonces, i) que no
existe normativa que establezca con precisión la base para liquidar la pensión
de jubilación de quien se retire o sea retirado del servicio sin cumplir la
edad requerida –el inciso segundo del artículo 260 del C.S.T. no la precisa-;
ii) que ninguna disposición ordena indexar esta base salarial expresamente;
iii) que no existe precepto que excluya o prohíba tal indexación.|| No obstante
existe un principio constitucional claro, esto es que el ‘Estado garantiza el
derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales’
–artículo 53 C.P., y suficientes disposiciones del ordenamiento que denotan un
afán permanente del legislador por compensar la pérdida del poder adquisitivo
de las pensiones.”
[54] Sentencia SU-120 de 2003 M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[55] Sentencia SU-120 de 2003 M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[56] M.P. Jaime Araujo Rentería.
[57] Código Sustantivo del Trabajo, Art. 260 (parcial): “Derecho a
la pensión.  1. Todo trabajador que preste servicios a una misma empresa de
capital de ochocientos mil pesos ($800.000) o superior, que llegue o haya
llegado a los cincuenta y cinco (55) años de edad, si es varón, o a los
cincuenta (50) años si es mujer, después de veinte (20) años de servicios
continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de este
Código, tiene derecho a una pensión mensual vitalicia de jubilación o pensión
de vejez, equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del promedio de los salarios
devengados en el último año de servicio. // 2. El trabajador que se
retire o sea retirado del servicio sin haber cumplido la edad expresada tiene
derecho a la pensión al llegar a dicha edad, siempre que haya cumplido el
requisito de los veinte (20) años de servicio.” (Subrayado declarado
exequible condicionalmente en la sentencia C-891 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto)
[58] En la sentencia C-892 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto,
la Corte señaló que “en efecto, no sobra recordar, que
en virtud del principio in dubio pro operario entre dos o más fuentes formales
del derecho aplicables a una determinada situación laboral, deberá elegirse
aquella que favorezca al trabajador, y entre dos o más interpretaciones
posibles de una misma disposición se deberá preferir la que lo beneficie (…),
por tal razón la jurisprudencia constitucional ha sostenido que la normatividad
vigente en materia laboral ha de ser interpretada en el sentido de reconocer un
derecho al mantenimiento de la capacidad adquisitiva de las pensiones.”
[59] En el caso del fallo que se viene comentando, la Corte explicó que ninguno de los numerales del art. 260 del C.S.T.
establece de manera expresa la indexación del salario base para la liquidación
de la pensión de jubilación; pero en la práctica, al realizar el análisis del
artículo 260 del C.S.T. no se había previsto la indexación del salario para la
liquidación de la pensión de jubilación, y que la problemática constitucional
se presentaba debido a que en el numeral primero de dicho artículo esta
ausencia de previsión no había suscitado problemas de aplicación ni
interpretación porque regula el supuesto de trabajadores que cumplieron los
requisitos de edad y tiempo mientras estaban trabajando, sin embargo no “no
ocurre lo mismo con la pensión prevista en el numeral segundo del artículo 260
del C.S.T., porque en este caso la ausencia de previsión de indexación de la
mesada pensional originó numerosos problemas interpretativos como antes se
reseñó. Específicamente si se acogía la postura acogida por la Corte Suprema de Justicia a partir de 1999, eso significaba que a los trabajadores cobijados
por este supuesto se le reconocían pensiones con el salario devengado en el
último año de servicios, pero como en este evento sí podía transcurrir un lapso
considerable entre el momento en que el trabajador cumplía el requisito del
tiempo de servicios y el momento en que alcanzaba la edad prevista para ser
titular de la pensión, en la práctica eso conducía a que se reconocieran
pensiones con base en un salario que había perdido sensiblemente su poder
adquisitivo con el paso del tiempo, y en muchos casos la pensión reconocida
solamente alcanzaba el valor del salario mínimo”. (…) “Adicionalmente la
jurisprudencia constitucional en sede de tutela ha señalado de manera reiterada
la forma como debe subsanarse la omisión en comento. (…) en virtud del derecho
constitucional al mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones (el cual
como antes se sostuvo se deriva de los artículos 48 y 53 constitucionales);
amén de otros mandatos de rango constitucional tales como el principio in dubio
pro operario, el principio de solidaridad y la especial protección de las
personas de la tercera edad; debe indexarse el salario base para la liquidación
de la pensión de jubilación de aquellas personas que se retiran o son retiradas
del servicio luego de haber laborado más de veinte años, pero sin haber
alcanzado la edad señalada por el numeral primero del artículo 260 del C.S.T.
// Ahora bien, (…) si bien puede afirmarse que existe un derecho constitucional
a la actualización de las mesadas pensionales, del cual hace parte el derecho a
la actualización del salario base para la liquidación de la pensión o de la
primera mesada pensional, en esta materia como antes se dijo existe una amplia
libertad de configuración del Congreso de la República, precisamente debido a que el artículo 48 constitucional señala que incumbe al
órgano legislativo establecer los medios para el cumplimiento de tal fin. Desde
esta perspectiva, corresponde al Legislador señalar los mecanismos idóneos para
garantizar este derecho constitucional. Sin embargo, desde la perspectiva
jurisprudencial el problema siempre ha sido considerado a partir del derecho a
la indexación de la primera mesada pensional, es decir, tanto la jurisprudencia
de la Corte Suprema de Justicia, como la de la Corte Constitucional, se han referido a un instrumento específico para actualizar el salario
base de la liquidación de la mesada pensional: la indexación. // Considera esta
Corporación que los precedentes fijados en materia de tutela resultan
relevantes para subsanar la vulneración de los distintos derechos y principios
constitucionales en juego, máxime cuando en estos casos la jurisprudencia
constitucional ha atendido al criterio utilizado por el Legislador para
actualizar la capacidad adquisitiva de las pensiones.  // En efecto, (…) la indexación
es el criterio empleado de manera preferente por el Congreso de la República para mantener la capacidad adquisitiva de las mesadas pensionales y,
adicionalmente, la Ley 100 de 1993 la prevé específicamente en su artículo 21,
respecto del ingreso base para la liquidación de la pensión de los trabajadores
e igualmente en su artículo 36 respecto del ingreso base para la liquidación de
la pensión de vejez de las personas cobijadas por el régimen de transición
previsto en el mismo estatuto.  // Como antes se anotó, corresponde al
Legislador en ejercicio de su libertad de configuración determinar los
mecanismos idóneos para mantener la capacidad adquisitiva de las pensiones, no
obstante, frente a la ausencia de una previsión legal al respecto, laguna
normativa que afecta desfavorablemente a una categoría determinada de
pensionados, aquellos cobijados por el artículo 260 del C.S.T., y que por lo
tanto vulnera distintos derechos constitucionales amén de resultar contraria a
principios consagrados en la Carta de 1991 –tales como el principio de in dubio
pro operario, y el principio de Estado Social de Derecho- es preciso adoptar un
criterio reparador de la afectación constatada. En esa medida se considera que
la indexación, al haber sido acogida por la legislación vigente para los
restantes pensionados, es un mecanismo adecuado para la satisfacción de los
derechos y principios constitucionales en juego.”
[60] Ley 171 de 1961, artículo 8°: “El trabajador que sin justa
causa sea despedido del servicio de una empresa de capital no inferior a ochocientos
mil pesos ($800.000.00), después de haber laborado para la misma o para sus
sucursales o subsidiarias durante más de diez (10) años y menos de quince (15)
años, continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de la
presente ley, tendrá derecho a que la empresa lo pensione dese la fecha de su
despido, si para entonces tiene cumplidos sesenta (60) años de edad, o desde la
fecha en que cumpla esa edad con posterioridad al despido.
(…) Si
el retiro se produjere por despido sin justa causa después de quince (15) años
de dichos servicios, la pensión principiará a pagarse cuando el trabajador
despedido cumpla los cincuenta (50) años de edad o desde la fecha del despido,
si ya los hubiere cumplido. Si después del mismo tiempo el trabajador se retira
voluntariamente, tendrá derecho a la pensión pero solo cuando cumpla sesenta
(60) años de edad.
(…) La
cuantía e la pensión será directamente proporcional al tiempo de servicios
respecto de la que se habría correspondido al trabajador en caso de reunir
todos los requisitos necesarios para gozar de la pensión plena establecida en
el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo, y se liquidará con base en
el promedio de los salarios devengados en el último año de servicios.
(…) En
todos los demás aspectos de la pensión aquí prevista se regirá por las normas
legales de la pensión vitalicia de jubilación.
(…) PARÁGRAFO.
Lo dispuesto en este artículo se aplicará también a los trabajadores ligados
por contrato de trabajo con la administración pública o con los
establecimientos públicos descentralizados, en los mismos casos allí previstos
y con referencia a la respectiva pensión plena de jubilación oficial”.
[61] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[62] M.P. Mauricio González Cuervo.
[63] M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[64] Consultar las sentencias T-1169 de 2003 M.P. Clara Inés Vargas Hernández, T-098 de 2005 M.P. Jaime Araujo Rentería, T-469 de 2005 M.P. Clara Inés Vargas Hernández, T-045 de 2007 M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-209 de 2011 M.P. Juan Carlos Henao Pérez, T-835 de 2011 M.P. María Victoria Calle Correa, T-259 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, T-374 de 2012 M.P. María Victoria Calle Correa y T-1095 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[65] Cfr. Sentencias T-266 de 2011 (M.P. Luis Ernesto Vargas), T-012 de 2008 (M.P. Marco Gerardo Monroy), T-014 de 2008 (M.P.
Marco Gerardo Monroy), T-046 de 2008 (M.P. Marco Gerardo Monroy), T-129 de 2008
(M.P. Humberto Sierra Porto), T-311 de 2008 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), T-991
de 2008 (M.P. Clara Inés Vargas), T-1095 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, entre otras.
[66] Cfr. Sentencias T-999 de 2007 (M.P. Jaime Araujo Rentería), T-046
de 2008 (M.P. Marco Gerardo Monroy), T-908 de 2008 (M.P. Nilson Pinilla
Pinilla), T-076 de 2010 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla), y T-266 de 2011
(M.P. Luis Ernesto Vargas), T-1095 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[67] Cfr. Sentencias T-012 de 2008 (M.P. Marco Gerardo Monroy), T-908
de 2008 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla), T-107 de 2009 (M.P. Clara Elena Reales),
T-141 de 2009 (M.P. Mauricio González Cuervo) y T-266 de 2011 (M.P. Luis
Ernesto Vargas), T-1095 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[68] Cfr. Sentencias SU-120 de 2003 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), C-862
de 2006 (M.P. Humberto Sierra Porto), C-891 A de 2006 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), T-696 de 2007 (M.P. Rodrigo Escobar Gil) y T-457 de 2009 (M.P. Luis Ernesto
Vargas), T-1095 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[69] Cfr. Sentencias T-014 de 2008 (M.P. Jaime Córdova Triviño), T-130
de 2009 (M.P. Humberto Sierra Porto), T-141 de 2009 (M.P. Mauricio González
Cuervo), T-366 de 2009 (M.P. Jorge Iván Palacio) y T-266 de 2011 (M.P.
Luis Ernesto Vargas), T-1095 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[70] Cfr. Sentencias T-266 de 2011 (M.P. Luis Ernesto Vargas), T-628 de 2009 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza), T-089 de 2008 (M.P.
Mauricio González Cuervo), T-1251 de 2008 (M.P. Jaime Córdova Triviño) y T-908
de 2008 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla), T-1095 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[71] Sentencia SU-1073 de 2013 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. En esta sentencia se citó el fallo del 8 de agosto de 1982 M.P. Fernando Uribe Restrepo, de la Sección Primera de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia (en igual sentido sentencia
de mayo 19 de 1988) en la que sostuvo que: “I)
Principios generales // El fenómeno económico de la inflación, cuyo efecto más
importante es la depreciación o pérdida del poder adquisitivo de la moneda, ha
planteado serios problemas económicos y sociales, a los cuales no puede de
ningún modo ser ajeno el derecho. El envilecimiento de la moneda, que perjudica
injustamente al deudor valutario, es materia de atenta consideración por los
modernos tratadistas de la teoría de las obligaciones. // Los principios
clásicos del llamado nominalismo monetario o monetarista como teoría del
Derecho Privado acerca de la extensión de las obligaciones dinerarias (C.C art.
2224) son puestos cada vez más en duda en frente al extendido y creciente
flagelo de la inflación. El nominalismo - se dice- frente a una depreciación
desatada, constituye un dogma economicista (sic)
absoleto (sic) una ficción injusta que afecta el fundamento mismo de los
contratos, el necesario equilibrio entre las partes, el principio de la buena
fe, y que propicia el enriquecimiento injusto o incausado. Cobra fuerza así el
principio del valorismo o realismo, según el cual la obligación dineraria está
determinada por el poder adquisitivo de la unidad monetaria, el cual la
condiciona. // La lucha del derecho para preservar la equidad frente al
fenómeno económico de la creciente inflación debe darse a nivel legislativo,
principalmente, pero también resulta posible y urgente hacerlo en el campo
judicial, con base en la evidente inequidad y en los principios generales del
derecho que deben ser aplicados a los nuevos hechos. Entre nosotros merece
citarse la novedosa institución económica de las Unidades de Poder Adquisitivo
Constante  (UPACS), de alcance limitado, y en el campo judicial, las recientes
sentencias de la Sala de Casación Civil de la Corte de 9 de julio y 19 de noviembre de 1979, que constituyen una valiosa aproximación jurisprudencial a tan
importante tema. En el campo del derecho laboral debe recordarse como precioso
antecedente la Ley 17 de 1959, sobre la prima móvil al salario que nunca se
aplicó y que contempla aumentos generales en la remuneración de los
trabajadores dependientes según el aumento de los índices promedio del costo de
vida (arts. 7°, 8°, y 9°). // ii) La indexación laboral // El derecho
laboral es sin duda alguna uno de los campos jurídicos en los cuales adquiere
primordial importancia la consideración de los problemas de equidad, humanos y
sociales, que surgen de la inflación galopante. No puede olvidarse que del
trabajo depende la subsistencia y la realización de los seres humanos, y que el
derecho laboral tiene un contenido específicamente económico, en cuanto regula
jurídicamente las relaciones de los principales factores de producción –el
trabajo, el capital y la empresa -, afectados directamente por la inflación. Sin
embargo, justo es confesar que la estimulación de este grave problema, por la
ley por la doctrina y por la jurisprudencia de Colombia ha sido mínima por no
decir inexistente o nula. Se reduciría al hecho de que, en la práctica el
salario mínimo se reajusta periódicamente, como es de elemental justicia,
teniendo en cuenta el alza en el costo de la vida, aunque no de manera
obligatoria, proporcionada o automática. Y a que, como es sabido, las pensiones
de jubilación o de vejez, de invalidez y de sobrevivientes, se reajustan por
mandato de la ley teniendo en cuenta esos aumentos en el salario mínimo (Leyes
10 de 1972 y 4° de 1976). // En el derecho comparado un ejemplo importante de
la indexación laboral por ley los constituye en la Argentina el artículo 276 de la Ley de Régimen de Contrato de Trabajo (Decreto 390 de 1976),
que dispone (...) La indexación sin ley, más propiamente llamada “revaluación
judicial” (Hirscheberg), muy discutida jurídicamente se impuso sin embargo en
Alemania y en el Uruguay, y ha tenido relativo éxito en la Argentina. En Uruguay, por ejemplo los jueces laborales han considerado que la depreciación
monetaria hace parte de los perjuicios a que debe atender el deudor de daños y
perjuicios (...)”. (Resaltado fuera del texto).
[72] Ídem SU 1073 de 2013 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[73] Por ejemplo, en la sentencia C-309 de 1996 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, la Corte estudió la constitucionalidad del artículo 2 de la Ley 33 de 1973, que disponía la pérdida del derecho a la sustitución pensional para aquellas
viudas que contrajeran segundas nupcias. La Corte consideró que esta disposición era contraria a los postulados constitucionales y estableció que una
constitucionalidad pura y simple no solucionaba la evidente vulneración del
derecho a la igualdad de las mujeres que al contraer segundas nupcias, bajo el
amparo de la Constitución anterior, habían perdido tal prestación. Por ello,
declaró la inexequibilidad con efectos retroactivos. Sostuvo en dicha
oportunidad: “La Corte encuentra que la norma derogada se revela en la
actualidad como causa de un tratamiento inequitativo con respecto a las
personas que, durante su vigencia, perdieron el derecho a la pensión
sustitutiva y que, por consiguiente, no podrían acogerse al nuevo régimen
legal. Desde este punto de vista, no cabe duda de que la norma derogada sigue
produciendo efectos frente a las personas afectadas durante su vigencia, aunque
éstos sean de signo negativo y sólo se revelen al contrastar su situación de
pérdida del derecho a la pensión con la de las personas que pueden acogerse al
nuevo régimen legal. En efecto, se toma mayor conciencia del daño y adquiere
éste connotación actual a través de la comparación de la situación que enfrenta
la persona privada de la pensión por haber contraído nuevas nupcias o haberse
unido a otra con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993 y la persona que habiendo realizado la misma conducta, con posterioridad a
dicha norma, adquiere o sigue gozando el mencionado derecho. En igual
sentido pueden consultarse las sentencias C-182 de 1997 M.P. Hernando Herrera Vergara, C-653 de 1997 José Gregorio Hernández Galindo, C-1050
de 2002 M.P. Antonio Barrera Carbonell, C-464 de 2004 M.P Marco Gerardo Monroy Cabra. En estas decisiones la Corte estudió disposiciones que contenían
la misma condición resolutoria de la pensión de las viudas o viudos, por lo que
también se ordenó el restablecimiento de los derechos de las mujeres que habían
perdido la pensión de sobrevivientes al haber contraído segundas nupcias bajo
el régimen constitucional anterior, pero cuyos efectos se veían reflejados con
posterioridad a la expedición de la Constitución de 1991. En similar sentido, en las sentencias C-482 de 1998 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y C-1126 de 2004 M.P. Manuel José Cepeda, la Corte dio aplicación de las garantías fundamentales de la Constitución al considerar que se estaba en presencia de situaciones que fueron consolidadas
antes de 1991 pero cuyos efectos se producen hacia el futuro, con ocasión del
análisis de constitucionalidad de disposiciones que negaban el derecho a la
pensión de sobrevivientes a las compañeras permanentes.
[74] Ídem SU 1073 de 2013 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[75] Al respecto sentencias C-862 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto y SU-1073 de 2012 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[76] Sentencias SU-120 de 2003 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-663 de 2003 M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-469 de 2005 M.P. Clara Inés Vargas Hernández, T-696 de 2007 M.P. Rodrigo Escobar Gil, T-457 de 2009 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, T-628 de 2010 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, T-362 de 2010 M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[77] Entre otras ver las sentencia C-168 de 1995, MP. Carlos Gaviria
Díaz y SU-120 de 2003 M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[78] Sentencia SU-120 de 2003 M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[79] Sentencias SU-120 de 2003 M.P. Álvaro Tafur Galvis y T-374 de
2012 M.P. María Victoria Calle Correa.
[80] Sentencia T-374 de 2012 M.P. María Victoria Calle Correa.
[81]
Sentencias SU-120 de 2003 M.P. Álvaro Tafur Galvis y T-374 de 2012 M.P. María Victoria Calle Correa. Igualmente consultar los siguientes fallos: T-663 de 2003
M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-045 de 2007 M.P. Jaime Córdoba Triviño y T-789 de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[82] MP. Jaime Araujo Rentería.
[83] MP. Juan Carlos Henao Pérez.
[84] Ver las sentencias SU-120 de 2003, C-862 de 2006 y C-891A de
2006. Adicionalmente se pueden consultar las sentencias
T-663 de 2003, T-1169 de 2003, T-815  de 2004, T-805 de 2004, T-098 de 2005,
T-045 de 2007, T-390 de 2009 y T-447 de 2009, T-362 de 2010, entre otras.
[85] Sentencia de primera instancia del 31 de octubre de 2000 del
Juzgado 1° Laboral del Circuito de Bogotá.
[86] Decisión de segunda instancia del 28 de febrero de 2001 del
Tribunal Superior de Bogotá –Sala Laboral–.
[87] Proceso adelantado ante el Juzgado 21 Laboral del Circuito de
Bogotá, que profirió decisión el 3 de diciembre de 2008.
[88] Sentencia de segunda instancia del 28 de febrero de 2001 del
Tribunal Superior de Bogotá –Sala Laboral –.
[89] Auto del 13 de mayo de 2009 del Tribunal Superior de
Bogotá que confirmó la decisión del juez de primera instancia.
[90] Sentencia del 28 de septiembre de 2009 del Juzgado 14 Laboral del
Circuito de Medellín.
[91] Sentencia del 5 de agosto de 2010 del Tribunal Superior de
Medellín –Sala Décima de Decisión Laboral–.
[92] Esta tesis ha sido aceptada por la jurisprudencia constitucional,
al respecto Cfr. las sentencias T-046 de 2008 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y T-259 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[93] Sentencia T-374 de 2012 M.P María Victoria Calle Correa y T-1095
de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. En igual sentido, sentencias T-014 de 2008, T-130 de 2009 y T-366 de 2009.
[94] Sentencia T-374 de 2012 M.P María Victoria Calle Correa.
[95] Sobre este tema consultar la sentencia T-162 de 1998 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, en la que la Corte estudió el caso de un senador que por los
mismos hechos se le habían iniciado sucesivamente dos procesos, uno electoral y
otro de pérdida de investidura, respectivamente. Como el primero había
culminado con una sentencia a su favor invocó la excepción de cosa juzgada en
el segundo, considerando que había identidad de sujetos y de objeto. La Sala estimó que no operaba el fenómeno de la cosa juzgada porque las razones jurídicas que
soportaban los procesos eran diferentes. Respecto la causa para pedir la Corte sostuvo lo siguiente: “(…) la causa petendi contiene, por una parte, un componente
fáctico constituido por una serie de hechos concretos y, de otro lado, un
componente jurídico, constituido no sólo por las normas jurídicas a las cuales
se deben adecuar los hechos planteados sino, también, por el específico proceso
argumentativo que sustenta la anotada adecuación. En suma, es posible afirmar
que la causa petendi es aquel grupo de hechos jurídicamente calificados de los cuales
se busca extraer una concreta consecuencia jurídica.”.
[96] Sentencia T-374 de 2012 M.P María Victoria Calle Correa.
[97] Sentencia SU-1073 de 2012 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[98] Sentencia T-1093 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[99] Sentencia T-374 de 2012 M.P María Victoria Calle Correa.
[100] En igual sentido son precedentes de este caso específico las
sentencias T-014 de 2008, T-125 de 2009 y T-366 de 2009.
[101] Sentencia T-374 de 2012 M.P. María Victoria Calle Correa.
[102] T-209 de 2010. MP Juan
Carlos Henao Pérez. “Teniendo en cuenta los principios de celeridad y eficacia
previstos en el artículo 3° del Decreto 2591 de 1991, se impartirá directamente
al Instituto de Seguros Sociales la orden de actualizar, dentro del término de
las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente
providencia, el valor de la mesada pensional inicial del ciudadano Diógenes
Riaño de conformidad con la fórmula señalada en la Sentencia T-098 de 2005. No obstante, la orden de pagar las mesadas pensionales se impartirá
teniendo en cuenta la fecha en la cual el demandante reclamó la indexación de
su mesada (3 de enero de 2007) para efectos de declarar el fenómeno de la
prescripción laboral [artículo 488 del código Sustantivo
del Trabajo], cuya excepción fue propuesta por el Instituto de Seguros
Sociales (Ver intervención de la parte demandada numeral 15). Por ello se declarará
la prescripción de las mesadas pensionales anteriores al 3 de enero de 2004 y
también se ordenará al Instituto de Seguros Sociales pagar dentro del término
anteriormente señalado al ciudadano Diógenes Riaño identificado con CC N°
117352, la indexación de las mesadas pensionales causadas a partir del 3 de
enero de 2004”.
[103] T-697/10 Henao. Este es
un supuesto en que se respeta la decisión del juez de primera instancia sobre
prescripción de mesadas. 29. En consecuencia, para proteger el derecho a la
indexación de la primera mesada pensional de Tomás José Quiroz Rodríguez, se
revocará la sentencia de tutela proferida por la Sala de Casación Penal –Sala de Decisión de Tutelas de la Corte Suprema de Justicia, el 9 de febrero de 2010, se concederá el amparo, y se revocará la
sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
D.C., Sala Laboral, el 18 de marzo de 2009, dejando vigente el fallo de primera
instancia proferido por el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Bogotá,
D.C. el 10 de noviembre de 2008 mediante el cual se ordenó: “CONDENAR a
AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. “AVIANCA”, a pagar a favor del señor
TOMÁS JOSÉ QUIROZ RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 121.993
de Bogotá, a la indexación de las mesadas pensionales, teniendo como punto de
partida que la primera mesada pensional asciende a $157.610.6 correspondiente
al 59.25% de su IBL. La suma insoluta o dejada de pagar igualmente será objeto
de indexación, desde la fecha en que se dejó de pagar, hasta la notificación de
esta sentencia, de conformidad con lo expresado en la parte motiva. Tal reajuste
por indización se condena respecto de las mesadas pensionales causadas con
posterioridad al 28 de noviembre de 2003”.
[104] Sentencia T-374 de 2012 M.P. María Victoria Calle Correa.
[105] En dicha decisión judicial la Sala Séptima estudió la solicitud de amparo tutelar de 33 ex trabajadores pensionados de la
empresa Álcalis de Colombia –hoy liquidada-, que presentaron acción de tutela
contra el Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia,
con el fin de que les fueran amparados sus derechos fundamentales. En el caso, solicitaron
al juez de tutela ordenar la indexación su primera mesada pensional.
[106] La expectativa de vida nacional para hombres es de 72 años según
estimativos del Departamento Nacional de Estadísticas DANE.
[107] El señor Timoleón Patiño Rivera cumplió el requisito de
edad de su pensión el día 21 de enero de 1993, momento en el que cumplió 55
años de edad. Cfr. Reclamación administrativa obrante a folio 29 del
expediente de la tutela de la referencia.
[108] En dicha decisión, el suscrito magistrado Luis Ernesto Vargas
Silva no participó en la providencia de unificación por encontrarse en ausencia
justificada, en tanto la suscrita magistrada María Victoria Calle Correa aclaró
y salvó parcialmente su voto can base en algunos de los argumentos que en esta
aclaración de voto se señalan. Cfr. Sentencia SU-1073 de 2012.
[109] Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral,
sentencia del 8 de abril de 1991, Rad. 4087. En el mismo sentido, la sentencia
del 31 de julio de 1991, Rad. 4180.
[110] Es importante tener en cuenta que recientemente la Corte Suprema
de Justicia, Sala de Casación Laboral, ha rectificado su posición para señalar
que la indexación sí era procedente en todos los casos atinentes a pensiones
causadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución de 1991.
En este sentido, en la sentencia del 16 de octubre de 2013 (Radicado 47709), la
Corte Suprema señaló que no existía duda sobre la procedencia del derecho a la
indexación de la primera mesada pensional, pues esa misma Corporación había
reconocido durante mucho tiempo la procedencia de tal prestación, incluso con
anterioridad a la entrada en vigencia de la actual Carta Política. Por esta
razón, determinó que debía corregir su tesis respecto a la improcedencia de
este reconocimiento con el fin de salvaguardar los derechos de las personas que
eran acreedoras a la actualización de sus pensiones. La postura señalada fue
igualmente reiterada en la sentencia del 4 de diciembre de 2013 (Radicado
41983).
[111] El incido 4º del artículo 334 de la Constitución, modificado
mediante el acto legislativo 03 de 2011, señala que “[e]l Procurador General
de la Nación o uno de los Ministros del Gobierno, una vez proferida la
sentencia por cualquiera de las máximas corporaciones judiciales, podrán
solicitar la apertura de un Incidente de Impacto Fiscal, cuyo trámite será
obligatorio. Se oirán las explicaciones de los proponentes sobre las
consecuencias de la sentencia en las finanzas públicas, así como el plan
concreto para su cumplimiento y se decidirá si procede modular, modificar o
diferir los efectos de la misma, con el objeto de evitar alteraciones serias de
la sostenibilidad fiscal. En ningún caso se afectará el núcleo esencial de los
derechos fundamentales.”
[112] Cfr. T-832A de 2013 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[113] Sentencia C-288 de 2012.
[114] Ver Sentencias SU-120
de 2003, C-862 de 2006, C-891A de 2006, SU-1073 de 2012 y SU-131 de 2013.
[115] En las sentencias T-564 y T-953 de 2013 proferidas por la Sala
Novena de Revisión, salvé mi voto parcialmente en el mismo sentido.
[116] La Sala Sétima de Revisión mediante Sentencias T-255 de 2013; la Sala Segunda en la Sentencia
T-448 de 2013; y la Sala Primera de Revisión en la Sentencia T-027 de 2014.
[117] Código Sustantivo del Trabajo. Artículo 488. Regla General. Las
acciones correspondientes a los derechos regulados en este código prescriben
en tres (3) años, que se cuentan desde que la respectiva obligación se haya
hecho exigible, salvo en los casos de prescripciones especiales
establecidas en el Código Procesal del Trabajo o en el presente estatuto.
(subrayado fuera del original)