T-395-14
Referencia: Expediente T-3
Sentencia T-395/14
LEGITIMACION
EN LA CAUSA POR ACTIVA Y AGENCIA OFICIOSA EN LA ACCION DE TUTELA-Requisitos
Respecto de la
agencia oficiosa, la Corte Constitucional ha establecido de forma reiterada,
que tiene ocurrencia: “(i) cuando el agente oficioso manifiesta que actúa como
tal, (ii) cuando se puede inferir del contenido de la tutela que el titular del
derecho fundamental no está en condiciones físicas o mentales para promover su
propia defensa; y (iii) cuando la existencia de la agencia no implica una
relación formal entre el agente y los agenciados titulares de los derechos”.
CARENCIA
ACTUAL DE OBJETO-Fenómeno que puede presentarse a partir
de dos eventos que a su vez sugieren consecuencias distintas: hecho superado y
daño consumado
La carencia
actual de objeto puede configurarse por dos eventos distintos: i) hecho
superado y ii) daño consumado. El primero tiene lugar cuando entre la
interposición de la acción de tutela y el fallo se remedia la amenaza o
vulneración respecto de la cual se solicitó protección, por ejemplo, se ordenó
la prestación del servicio que se estaba negando. El segundo, cuando no se remedia
la amenaza del derecho, sino que, a partir de su falta de garantía, se ocasiona
el daño que se buscaba evitar, de modo que ya no es posible hacer cesar la
violación o impedir que se concrete el peligro, y lo único que procede es el
resarcimiento del daño. En este sentido, cabe recordar que la acción de tutela
tiene un carácter preventivo, por regla general, y sólo excepcionalmente se
permite ordenar algún tipo de indemnización por la vulneración del derecho
fundamental. En este orden de ideas, en caso de un daño consumado, cualquier
orden judicial resultaría inocua o, lo que es lo mismo, caería en el vacío.
CARENCIA
ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO-Juez debe
verificar que efectivamente cesó la vulneración o amenaza de derechos
fundamentales
En los casos de
carencia actual de objeto por hecho superado es necesario que, tanto los jueces
de instancia como la Corte Constitucional, demuestren que se ha satisfecho por
completo lo que se pretendía mediante la acción de tutela, esto es, que
demuestren el hecho superado, lo que autoriza a declarar en la parte resolutiva
de la sentencia la carencia actual de objeto y a prescindir de órdenes
encaminadas a la garantía de los derechos invocados, pudiendo en todo caso: (i)
pronunciarse sobre los derechos desconocidos por la negativa inicial de los
accionados a satisfacer lo pretendido mediante la acción de tutela; (ii)
prevenir, en la parte resolutiva de la sentencia al demandado sobre la
inconstitucionalidad de su conducta; y (iii) advertir las sanciones a las que
se hará acreedor en caso de que se repita.
PRINCIPIO
DE INTEGRALIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SALUD-Desarrollo
doctrinal
PRINCIPIO
DE INTEGRALIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SALUD-La
prestación del servicio de salud debe ser oportuna, eficiente y de calidad
DERECHO
A LA SALUD-Bloque de constitucionalidad e instrumentos
internacionales de protección
DERECHO
FUNDAMENTAL A LA SALUD-Aplicación
ACCESO
A TRATAMIENTO MEDICO O MEDICAMENTO EXCLUIDO DEL POS-Criterios
constitucionales para acceder a servicios no POS
ACCESO
A SERVICIOS MEDICOS NO INCLUIDOS EN EL POS QUE SE REQUIEREN CON NECESIDAD-Presupuestos
DERECHO
FUNDAMENTAL A LA SALUD FRENTE A SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION-Con
énfasis en niños, niñas y adultos mayores
Esta Corte ha considerado que el derecho a
acceder a los servicios de salud es el presupuesto mínimo para el goce efectivo
del derecho a la salud, el cual debe garantizarse de manera preferente sobre
los niños, las niñas y los adultos mayores, debido a su especial condición de
vulnerabilidad. No obstante, el acceso a los servicios de salud y la atención
preferente sobre sujetos de especial protección constitucional, resultan
insuficientes si no se prestan de manera completa y en función a las condiciones
físicas y mentales de las personas.
FUNDAMENTALIDAD DEL DERECHO A LA SALUD-Principios rectores como oportunidad, eficiencia,
calidad, integralidad, continuidad
La
prestación del servicio de salud debe efectuarse con el propósito de brindar
una respuesta efectiva a las necesidades del usuario. Esto es, con la totalidad
de tratamientos, medicamentos y procedimientos disponibles basados en criterios
de razonabilidad, oportunidad y eficiencia. El cumplimiento de estos presupuestos
es obligación del Estado y de las entidades prestadoras del servicio de la
salud. No obstante, ante el incumplimiento de estos parámetros, es función del
juez constitucional restablecer el derecho conculcado, en este caso la salud,
para garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud y de
cualesquiera otros derechos que se vean afectados por la acción u omisión de
las entidades obligadas a prestar dicho servicio de conformidad con los fines
del Estado Social de Derecho.
DERECHO
AL DIAGNOSTICO DE UNA ENFERMEDAD HACE PARTE DEL DERECHO A LA SALUD-Reiteración
de jurisprudencia
PRINCIPIO
DE CONTINUIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SALUD-Imposibilidad
de interrumpir de manera intempestiva servicio médico cuando no se ha logrado
el restablecimiento pleno de la salud del paciente
La
jurisprudencia de la Corte Constitucional establece el derecho a que a toda
persona le sea garantizada la continuidad del servicio de salud. Es decir,
que una vez que se ha iniciado un tratamiento éste no puede ser interrumpido de
manera imprevista, antes de la recuperación o estabilización del paciente.
Ahora bien, no es suficiente que el servicio de salud sea continuo si no se
presta de manera completa. Teniendo en cuenta ello, la Sala procederá a
reiterar la posición asumida por esta Corporación en relación a la prestación
integral de procedimientos, medicamentos, tratamientos, entre otros, que
integran el componente prestacional del derecho a la salud, en aras de resolver
el problema jurídico materia de esta decisión.
DERECHO
A LA SALUD Y TRANSPORTE COMO MEDIO PARA ACCEDER A SERVICIOS MEDICOS
DERECHO
A LA SALUD Y A LA VIDA DIGNA-Derecho a gozar de un estado completo de
bienestar físico, mental y social dentro del nivel más alto posible
DERECHO
A LA VIDA DIGNA-Reiteración de jurisprudencia sobre el suministro de
pañales desechables
JUEZ
DE TUTELA-No
puede ordenar directamente a la EPS servicios médicos no prescritos por médico
tratante
DERECHO
DE ACCESO AL SERVICIO DE SALUD QUE SE REQUIERE CON NECESIDAD-Suministro
de pañales para persona en situación de discapacidad
Esta Corporación
ha encontrado que puede suceder que en un caso concreto no exista orden médica
para determinado medicamento, servicio o insumo, pero que de los hechos del
caso o del diagnóstico se deduzca inequívocamente que una persona lo requiere
con necesidad. Por ejemplo, es apenas obvio que un paciente que no controla
esfínteres requiere del suministro de pañales desechables o que una persona que
no puede valerse por sí misma y depende económicamente del trabajo de un
tercero, requiere de los servicios de personal de enfermería por lo menos
durante 12 horas del día.
INCAPACIDAD
ECONOMICA EN MATERIA DE SALUD-Reglas jurisprudenciales
sobre la prueba
ACCION
DE REPETICION-Obligación subsidiaria del Estado de asumir el costo
de servicios de salud no incluidos en el POS cuando persona que los requiere no
tiene capacidad económica
Corresponde
al Estado garantizar con recursos propios la prestación del servicio de salud,
cuando la persona que requiere del mismo no tiene la capacidad económica para
sufragar su costo; además se ha reiterado que la E.P.S. es la llamada a prestar
el servicio de salud, teniendo la facultad de ejercer el derecho de recobro
ante las entidades territoriales correspondientes tratándose de servicios no
P.O.S., dentro del régimen subsidiado de salud.
Referencia:
expedientes (AC) T-3.796.055, T-3.796.247, T-3.796.253, T-3.798.519,
T-3.803.205, T-3.804.339, T-3.811.675, T-3.815.206, T-3.819.621, T-3.820.113,
T-3.820.198, T-3.820.205, T-3.823.253, T-3.823.483, T-3.826.175, T-3.826.376,
T-3.830.035, T-3.831.844.
Acciones
de tutela interpuestas por 18 ciudadanos y ciudadanas (actuando directamente o
como agentes oficiosos o representantes de los afectados), contra distintas
Entidades Promotoras de Salud del régimen contributivo y subsidiado. [El anexo
No. 1 contiene un índice completo y detallado de accionantes y accionados].
Magistrado ponente:
ALBERTO ROJAS RÍOS
Bogotá D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil catorce (2014).
La Sala Octava de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la
Magistrada María Victoria Calle Correa y los Magistrados Luis Ernesto Vargas
Silva y Alberto Rojas Ríos, quien la preside, en cumplimiento de sus
atribuciones constitucionales y legales, específicamente las previstas en los
artículos 86 y 241 numeral 9º de la
Constitución Política y en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991,
ha proferido la siguiente
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión de los fallos de tutela de la
referencia, relacionados a continuación:
EXPEDIENTE
DEMANDANTE
DEMANDADO
T-3.796.055
Kleiver Oviedo Farfán  como agente oficioso de Luz
Divia Osorio Puentes
COMFAMILIAR EPSS
T-3.796.247
Wendis Johanna Díaz García
COOMEVA E.P.S.
T-3.796.253
Diana Alexandra Acuña Rodríguez en representación de
Cristhian David Jiménez Acuña
SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD
T-3.798.519
Arturo Santos Cortes
NUEVA E.P.S.
T-3.803.205
Pilar Gómez Vargas como agente oficioso de Gustavo
Garrido Orozco
Famisanar E.P.S.
T-3.804.339
Ismaelina Cerón Ordóñez
SALUDCOOP E.P.S.
T-3.811.675
Martha Patricia Quevedo Saa como agente oficioso de
Juan José Andrade
COOMEVA E.P.S.
T-3.815.206
Yuri Alexandra Santafé Galindo en representación de
Juan Sebastián Santafé Galindo
SALUDTOTAL E.P.S. Y OTROS
T-3.819.621
Katherine Aguilar en representación de Eris David
Salazar Aguilar
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SA SOS E.P.S.
T- 3.820.113
María Eugenia Mendoza en representación de Karen
Julieth Parra Mendoza
CAPRECOM E.P.S. Y OTROS
T-3.820.198
Yuri Tatiana Buenaventura Riascos en representación de
Andrés Felipe Montaño Buenaventura
ASMET SALUD E.P.S.-S Y OTROS
T-3.820.205
Luz Alba Ortiz batalla como agente oficiosa de Jovina
Batalla de Ortiz
SALUDCOOP E.P.S.
T-3.823.253
Hernán Mendoza Arias
COMPARTA E.P.S.-S
T- 3.823.483
María Aura Grajales como agente oficioso de Aura María
Mulato de Londoño
NUEVA E.P.S.
T- 3.826.175
Claudia Patricia Ávila Lozada agente oficioso de
Leonardo Ávila
SALUDVIDA S.A. E.P.S.
T- 3.826.376
Manuel Ernesto Jaimes León
Solsalud EPSS Y OTROS
T-3.830.035
Carlos Aníbal Delgado Ordóñez  como agente oficioso de
Laura Sofía Astaiza Abril
CAPRECOM E.P.S. Y OTROS
T-3.831.844
Esperanza Niño como agente oficioso de Ana Tilcia Lara
de Niño
SALUDCOOP E.P.S.
I.
ANTECEDENTES
Los siguientes casos corresponden a ciudadanas y ciudadanos[1] que actuando en nombre propio, o
a través de agentes oficiosos y representantes, solicitaron al juez
constitucional[2]
la garantía de los servicios de salud requeridos, los cuales fueron negados por
las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Contributivo o Subsidiado,
argumentando diversas razones.
Teniendo en cuenta la cantidad de casos que la
Corte revisará, se hará un breve resumen de sus hechos con el fin de
sintetizar los aspectos fácticos relevantes y permitir un mejor entendimiento
de esta providencia.
La Corporación ha adoptado como medida de
protección de la intimidad de los menores involucrados en este proceso,
suprimir de esta providencia y de toda futura publicación de la misma, sus
nombres y el de sus familiares, al igual que los datos e informaciones que
permitan su identificación. Debido a que son varias las personas a quienes se
les debe suprimir el nombre y a la extensión de la sentencia, la
Sala de Revisión ha preferido remplazar los nombres reales de los menores y
sus familiares por nombres ficticios en lugar de cambiarlos por letras, como
acostumbra a hacer la jurisprudencia constitucional en estos casos. Cuando se
trate de un nombre ficticio, éste se escribirá en cursiva y no se usarán
apellidos[3].
1.      Hechos
1.1    Expediente T-3.796.055 (caso 1)
Kleiver
Oviedo Farfán, en calidad de agente oficioso de Luz Divia Osorio Puentes,
interpuso acción de tutela en contra la E.P.S.-S Comfamiliar del Huila, por la
presunta vulneración de sus derechos a la vida en condiciones dignas, la salud
y la seguridad social, por los hechos que se exponen a continuación:
La
ciudadana Osorio Puentes de 42 años de edad, padece lupus intermatoso, e
insuficiencia renal crónica[4], razón por la cual requiere de terapias de hemodiálisis que son
suministradas por la E.P.S.-S Comfamiliar del Huila en la clínica Neufrouros
S.A.S. La accionante reside en el municipio de Rivera (Huila) y recibe el
tratamiento en la ciudad de Neiva.
La
prestación del tratamiento requerido por la accionante fue interrumpida, debido
a que su ex esposo la afilió a Saludcoop E.P.S. como beneficiaria en el régimen
contributivo. Por cuenta de lo anterior, ni la
E.P.S.-S Comfamiliar, ni Saludcoop E.P.S. le prestan los servicios que
requiere por existir multiafiliación.
Mediante
acción de tutela solicitó a las entidades accionadas, o a quien correspondiera,
realizar las terapias de hemodiálisis y garantizar su traslado y el de un
acompañante desde el municipio de Rivera (Huila) hacia la ciudad de Neiva.
El
conocimiento de la misma correspondió al Juzgado Primero de Familia del
Circuito de Neiva (Huila), que ordenó como medida provisional urgente e
inmediata que “la entidad demandada CONFAMILIAR DEL HUILA E.P.S. Y LA
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL HUILA, expidan la correspondiente
autorización para que se le practique de manera inmediata a la señora LUZ DIVIA
OSORIO PUENTES el procedimiento descrito, de conformidad con lo dispuesto por
su médico tratante, debiendo continuar prestándole todos los servicios de salud
que requiera para su tratamiento y recuperación, así como todos los demás
recursos e insumos, de manera integral, tendientes al mantenimiento de su
estado de salud y vida en condiciones de dignidad, así como los gastos de
manutención y desplazamiento necesarios para la práctica del denominado
tratamiento”[5].
En
respuesta a la acción de tutela, la
Secretaría de Salud del Huila manifestó que la usuaria se encuentra afiliada,
en estado activo, a SALUDCOOP E.P.S., según consta en la base de datos de la
entidad y del FOSYGA[6]. Por lo anterior, advirtió que dicha E.P.S. debe prestar los
servicios de salud a la accionante. Adicionalmente, señaló que no aparece
registro alguno de solicitud para autorizar servicios de salud por parte de la
accionante, ni de sus familiares, razón por la cual no puede configurarse
vulneración alguna a sus derechos.
La E.P.S.-S COMFAMILIAR del Huila señaló que la accionante estuvo
afiliada a esa entidad, pero la retiró porque desde noviembre de 2012 fue
afiliada Saludcoop E.P.S., configurándose una multiafiliación que la excluye de
los beneficios del régimen subsidiado y obliga a esta última a prestar los
servicios requeridos.
Saludcoop
E.P.S. solicitó negar el amparo reclamado argumentando que no tiene
legitimación por pasiva, pues la usuaria solicitó su desafiliación y fue
desvinculada desde el 8 de diciembre del año 2012.
Decisiones
judiciales objeto de revisión
El
15 de enero de 2013, el Juzgado Primero de Familia del Circuito del Distrito
Judicial de Neiva, determinó que “consultada la base de datos del FOSYGA se
vislumbró que la accionante se encuentra afiliada desde el 3 de enero de 2013
al régimen subsidiado de salud, perteneciendo a la
E.P.S. COMFAMILIAR”. Afirmó que no existía una prueba que demostrara que la
actora solicitó servicio de transporte ante la
E.P.S.-S, razón por la cual no se desconocieron los derechos de la accionante.
Así las cosas, levantó la medida provisional y negó el amparo reclamado.
1.2    Expediente:
T-3796247 (caso 2)
Wendis
Johanna Díaz García, actuando en representación de su  hija Milagros Yiset Lora
Díaz, interpuso acción de tutela contra COOMEVA E.P.S., para solicitar la
garantía de sus derechos a la salud y a la vida digna, motivada en los hechos
que se exponen a continuación:
La
niña Milagros Yiset Lora Díaz de 8 años de edad, padece mielomeningocele,
vejiga neurogénica hiperactiva e hidrocefalia[7]. En consecuencia, requiere citas con especialistas, una silla de
ruedas, pañales, terapias y servicios de transporte, para mejorar su estado de
salud. Sin embargo, la E.P.S. accionada negó la autorización de los servicios
solicitados.
La
accionante afirma que no cuenta con los ingresos económicos necesarios para
pagar los servicios de salud que requiere su hija. Por lo anterior, solicitó
mediante acción de tutela la exoneración de pagos y cuotas moderadoras; la
autorización de citas de neuropediatría, fisiatría, nefrólogía, oftalmólogía;
el tratamiento de rehabilitación integral y el suministro de transporte y
pañales.
En
respuesta a la solicitud de amparo COOMEVA E.P.S. anexó reporte del 17 de
agosto de 2012, que prueba que se generaron las órdenes para las especialidades
solicitadas[8]. Respecto a los pañales y el transporte, afirmó que no hacen
parte del P.O.S. y deben solicitarse ante el Comité Técnico Científico de COOMEVA.
Por último, indicó que no pertenece a los municipios a los cuales cobija la
U.P.C. diferencial, razón por la cual es la usuaria quien debe cubrir esos
gastos.
Solicitó
que sea negada la solicitud de tratamiento integral por cuanto éste no ha sido
prescrito por un médico tratante y por tanto se trata de hechos futuros e
inciertos. Finalmente, respecto de la exoneración del pago de cuotas
moderadoras y copagos, solicita la accionada que sea negada, teniendo en cuenta
que la demandante tiene capacidad económica pues cotiza sobre la base de un
salario mínimo y autorizar su exoneración afectaría el principio de solidaridad
y el deber de cofinanciación que rige el sistema de salud.
Decisiones
judiciales objeto de revisión
El
24 de agosto de 2012, en sentencia de primera instancia, el Juzgado 68 Penal
Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, determinó que el
material probatorio que obra en el expediente no demostró una solicitud elevada
por la parte actora para obtener los servicios requeridos; de igual forma, no
se anexaron las órdenes médicas que soportaran la necesidad de los servicios en
salud. Antes bien, se encontró que la accionante se encuentra afiliada al
régimen contributivo en salud con un ingreso base de cotización de $567.000
pesos, de modo que no hay lugar a requerir la exoneración de copagos o el
traslado, dada la capacidad de pago que ostentan los familiares de la niña.
Por
último, el juez de instancia consideró que no era posible ordenar un
tratamiento integral pues se trataba de una amenaza  futura, situación que no
puede ser protegida por la acción de tutela. En razón a lo expuesto, decidió
negar el amparo solicitado.
El 3
de octubre de 2012, en sentencia de segunda instancia, el Juzgado 35 Penal del
Circuito con Funciones de Conocimiento, confirmó la decisión tomada por el a
quo y consideró que la E.P.S. accionada había cumplido con la prestación de
los servicios en salud ordenados por el médico tratante.
1.3    Expediente:
T- 3.796.253 (caso 3)
Diana
Alexandra Acuña actuando como representante de su hijo Cristhian David Jiménez
Acuña, presentó acción de tutela contra la
Secretaría Distrital de Salud, para solicitar la garantía de sus derechos a la
salud, al mínimo vital y a la vida digna, motivada en los hechos que se exponen
a continuación:
El
15 de julio de 2012 Cristhian David Jiménez Acuña de 19 años de edad, ingresó a
urgencias de la Clínica Colombia por un trauma craneoencefálico severo que le
provocó un estado de coma profundo y grave daño cerebral[9]. Tiene traqueotomía para respirar y gastrostomía para ser
alimentado. Además, no controla esfínteres y actualmente se encuentra en
múltiples terapias de rehabilitación.
El médico
tratante sugirió su traslado a una entidad de salud de cuidado crónico para
garantizar la prestación de todos los servicios médicos que requiere el
paciente. Sin embargo, el traslado no ha sido realizado debido a que Cristhian
David Jiménez se encuentra vinculado al régimen subsidiado en salud y no existe
un convenio con una IPS que tenga las especificaciones que requiere[10].
La
accionante solicitó para su hijo el tratamiento de rehabilitación en una
institución con las condiciones y el nivel de atención requerido; la entrega de
implementos e insumos necesarios para su tratamiento integral; de no
encontrarse bajo el servicio de hospitalización suministrar el servicio de
enfermería 24 horas; servicio de ambulancia para traslados; y la alimentación
especial requerida. Finalmente solicitó que todos los servicios en salud fueren
prestados de manera gratuita.
Durante
el trámite de la acción de tutela, la
Secretaría Distrital de Salud pidió declarar improcedente la acción de tutela
invocada en su contra, debido a que es obligación de los Hospitales de Distrito
o red complementaria prestar el servicio cuando sea necesario,  lo cual sucedió
en el caso concreto. Adicionalmente solicitó vincular a la
Secretaría Distrital de Planeación,  para que “de manera inmediata proceda
a realizar la encuesta Sisben solicitada por la accionante”[11].
Decisiones
judiciales objeto de revisión
El
10 de diciembre de 2012, el Juzgado Noveno Civil Municipal de Descongestión de
Bogotá, decidió negar la tutela de los derechos invocados debido a que, de las
pruebas allegadas al proceso, no se logra establecer un incumplimiento en los
servicios de salud requeridos por el hijo de la accionante. De igual forma, se
constató que la IPS era la entidad encargada de realizar la solicitud de
traslado del paciente, situación que no había ocurrido y de lo cual concluye
que no ha existido ninguna negación en cuanto al cambio de centro de salud. Por
último, indicó que no se encontró una orden médica en la cual conste la
necesidad del traslado del hijo de la accionante a una IPS específica.
El
24 de enero de 2013, el Juzgado 19 Civil del Circuito de Bogotá, consideró que
negar el traslado de Cristhian David Jiménez vulneraba sus derechos
fundamentales a la salud y a la vida en condiciones dignas. Afirmó que los
asuntos de carácter económico frente al sistema de salud no pueden estar por
encima de la protección a los derechos constitucionales de las personas. En
consecuencia, revocó el fallo de primera instancia y procedió a conceder el
amparo solicitado por la accionante, ordenando “realizar todos los trámites
administrativos y clínicos necesarios para el traslado a la institución médica
que requiere Cristhian David Jiménez Acuña y las atenciones médicas a ella
directa e inescindiblemente relacionadas en los precisos términos que indique
el médico tratante”[12].
1.4    Expediente:
T-3.798.519 (caso 4)
El
señor Arturo Santos Cortés de 74 años de edad, afiliado al sistema subsidiado
de salud, interpuso acción de tutela contra NUEVA E.P.S.-S para solicitar la
garantía de sus derechos a la salud, a la seguridad social y a la vida digna,
argumentando que no tiene recursos económicos para trasladarse hasta la
Unidad Renal de Tolima, tres veces a la semana, para ser tratado de su insuficiencia
renal crónica[13], y la accionada se niega a pagar el
mismo[14].
La
entidad accionada expuso, de manera extemporánea que el actor se encuentra
afiliado en calidad de cotizante y que el transporte solicitado no está
incluido en el plan obligatorio de salud.
Decisiones
Judiciales Objeto de Revisión
El
14 de enero de 2012, el Juzgado Tercero Civil Municipal de Ibagué estableció
que ningún hecho fue debidamente probado ya que no se anexó la historia clínica
del tutelante ni orden médica que acreditara la necesidad del tratamiento
mencionado y su traslado con un acompañante. Tampoco demostró la negación de la
prestación del servicio por parte de la
NUEVA E.P.S.-S de Ibagué. En consecuencia, el juez de instancia negó el amparo
solicitado.
1.5    Expediente:
T- 3.803.205 (caso 5)
Pilar
Gómez Vargas, actuando como agente oficioso de su esposo Gustavo Garrido
Orozco, interpuso acción de tutela contra Famisanar E.P.S., para solicitar la
garantía de sus derechos a la salud, a la seguridad social, a la igualdad y a
la vida digna, motivada en los hechos que se exponen a continuación:
Gustavo
Garrido Orozco se encuentra en el régimen contributivo del Sistema General de
Seguridad Social en Salud. Padece artritis séptica de rodilla izquierda,
antecedente de empiema epidural, cuadriparesia rápidamente progresiva,
alcoholismo crónico, ulcera sacra grado IV, intoxicación medicamentosa por
AINES y antecedente de insuficiencia renal aguda. En consecuencia, requiere
de pañales desechables, atención médica domiciliaria, servicio de enfermería y
silla de ruedas, entre otros.
La
accionante solicitó que se ordene a Famisanar E.P.S. el suministro de pañales
desechables, servicio permanente de enfermería, exoneración de cualquier aporte
económico en contraprestación de los servicios de salud y tratamiento integral
para el señor Gustavo Garrido Orozco.
En
respuesta a la acción de tutela, la entidad accionada afirmó que no había
vulnerado los derechos del ciudadano Garrido Orozco ya que se ha dado una
prestación oportuna de todos los servicios en salud que han sido ordenados por
el médico tratante, adscrito a la E.P.S.,  en aras de su recuperación. En
cuanto a los servicios faltantes, expresó que no se había realizado una
solicitud para su obtención.
Decisiones
Judiciales Objeto de Revisión
El
31 de enero de 2013, el Juzgado 61 Civil Municipal de Bogotá, negó la tutela de
los derechos invocados al concluir que las pruebas allegadas al proceso
demostraban que la E.P.S. Famisanar había cumplido con todos los servicios
médicos que habían sido ordenados por el médico tratante hasta el momento del
fallo.
1.6    Expediente:
T-3.804.339 (caso 6)
Ismaelina
Cerón Ordoñez de 71 años de edad, domiciliada en Popayán (Cauca), y afiliada en
calidad de beneficiaria a la E.P.S. Saludcoop, interpuso acción de tutela
contra la citada E.P.S., solicitando la garantía de sus derechos a la salud, la
vida en condiciones dignas y la seguridad social, con base en los siguientes
hechos:
La
accionante padece cáncer de mama derecha, razón por la cual le prescribieron 21
sesiones diarias de radioterapia, que debían ser realizadas en el Centro Médico
Imbanaco de la ciudad de Cali.
Afirma
que no cuenta con los recursos económicos para trasladarse de ciudad y acceder
al tratamiento ordenado. Solicitó al juez de amparo que ordene a la accionada
i) prestar todos los servicios de salud prescritos por el médico tratante, sin
importar si se encuentran o no dentro del Plan Obligatorio de Salud; ii) la
exoneración de copagos o cuotas moderadoras; y iii) los viáticos para acceder a
los tratamientos, consultas médicas y demás servicios en lugares diferentes a
su lugar de residencia.
Decisiones
Judiciales Objeto de Revisión
El
conocimiento de la acción de tutela correspondió al Juzgado Diecisiete Penal
Municipal con Función de Control de Garantías de Cali que ordenó como medida
provisional, que “se proceda de forma inmediata a [garantizar] todos los
procedimientos, tratamientos, medicina, hospitalización en unidades de salud
que se requieran para la recuperación de la señora Cerón Ordoñez”[15]. Adicionalmente vinculó a la entidad accionada.
La E.P.S. Saludcoop indicó en respuesta a la acción de tutela, que la
señora Ismaelina Cerón Ordóñez se encontraba dentro del Sistema General de
Seguridad Social en Salud en el régimen contributivo en calidad de
beneficiaria; que su grupo familiar cuenta con un ingreso base de cotización de
$851.000 pesos; y que los familiares de la accionante son las personas
encargadas de ayudar a la tutelante con los gastos de traslado para que acuda
al tratamiento ordenado. Por lo anterior indicó que no había vulnerado los
derechos fundamentales de la peticionaria.
El
10 de enero de 2013, el Juzgado 17 Penal Municipal con Función de Control de
Garantías emitió fallo de tutela en el cual dejó sin vigencia la medida
provisional adoptada para el caso y determinó que, de conformidad con las
pruebas obrantes en el expediente, la entidad accionada “ha prestado el
servicio de salud que ha requerido la ofendida, lo solicitado no fue ordenado
por el médico tratante, ni es una petición de la familia de la señora ISMAELINA
CERON ORDOÑEZ, quienes no han demostrado la incapacidad económica manifiesta
para cubrir el costo del traslado de la paciente”. Sin embargo, conminó a Saludcoop
para trasladar el tratamiento de la actora a la ciudad de Popayán – Cauca.
1.7    Expediente:
T-3.811.675 (caso 7)
La
señora Martha Patricia Quevedo Saa, actuando como agente oficioso del señor
Juan José Andrade, interpuso acción de tutela contra COOMEVA E.P.S.,
solicitando la garantía de sus derechos fundamentales a la salud, la vida en
condiciones dignas y la seguridad social, con base en los siguientes hechos:
Juan
José Andrade padece de insuficiencia renal crónica terminal y debe desplazarse
desde su domicilio en el corregimiento de La
Tupia, Pradera, Valle del Cauca, al Hospital San Vicente de Paul ubicado en la
ciudad de Palmira, Valle del Cauca, tres veces a la semana para recibir el
tratamiento de Hemodiálisis[16].
El 3
de enero de 2013, presentó derecho de petición ante la
E.P.S accionada con el fin de obtener el servicio de ambulancia que le
permitiera acudir al respectivo tratamiento, además de pañales y silla de
ruedas. Sin embargo, COOMEVA E.P.S. negó el servicio ya que éste se encuentra
por fuera del Plan Obligatorio de Salud. Por lo anterior solicitó, mediante la
acción constitucional de amparo ordenar a COOMEVA E.P.S. autorizar y
suministrar el servicio de transporte a la ciudad de Palmira.
Durante
el trámite de la acción de tutela COOMEVA E.P.S. expuso que ha prestado al
tutelante todos los servicios en salud pertenecientes al Plan Obligatorio de
Salud. Afirmó que el transporte se encuentra por fuera del P.O.S. y, por tanto,
su requerimiento debía realizarse ante el Comité Técnico Científico “tal
como se ordena en el Decreto 3099 de 1998”[17].
Decisiones
Judiciales Objeto de Revisión
El
13 de febrero de 2013, el Juzgado Quinto Penal Municipal con Función de
Conocimiento de Palmira (Valle del Cauca), negó el amparo solicitado al
considerar que no existía orden médica que determinara la necesidad del
transporte o la ambulancia; además, afirmó que tampoco existía una prueba de la
solicitud del servicio ante el Comité Técnico Científico.
1.8    Expediente
T-3.815.206 (caso 8)
La
ciudadana Yuri Alexandra Santafé Galindo en representación de su hijo Juan
Sebastián Santafé Galindo, interpuso acción de tutela contra Salud Total E.P.S.-S,
solicitando la garantía de sus derechos fundamentales a la salud y la vida en
condiciones dignas, con base en los siguientes hechos:
El
niño Juan Sebastian Santafé Galindo de 8 años de edad, nació con la enfermedad Síndrome
West  y ha sido diagnosticado con parálisis cerebral mixta con
cuadriparesia espástica[18]  motivo por el cual su médico pediatra le ordenó de por vida los
medicamentos clonazepam, ácido valproico, fenobarbital y Pediasure[19], los cuales no han sido suministrados de forma oportuna y
completa por parte de la E.P.S.-S. Además, debido a la patología que presenta
el menor, requiere de pañales permanentes, alimentación por sonda, vitaminas
para el aumento de su peso.
La
accionante afirma que no cuenta con los recursos económicos necesarios para
sufragar los gastos derivados de la enfermedad de su hijo y que tiene tres
hijos más que sostener. Por lo anterior, solicita cita con médicos
especialistas en neuropediatría, odontólogo pediatra, fisiatra y terapias a
domicilio, así como el suministro periódico y puntual de los medicamentos
necesarios para su hijo y demás insumos necesarios para garantizar una vida
digna al menor de edad, como son los pañales, pañitos húmedos, crema
antipañalitis, tapabocas, guantes, vitaminas como Pediasure, Ensoy, Diddy 2
bed.[20]
Durante
el proceso de revisión de la acción de tutela, Salud Total E.P.S.-S remitió
escrito a esta Corporación afirmando que el menor de edad está recibiendo el
tratamiento médico requerido según lo ordenado en la
E.P.S.-S Capital Salud, a la que se encuentra afiliado, razón por la cual
solicitó ser desvinculada y vincular a la
E.P.S.-S Capital Salud a la presente acción. Sin embargo, según consta en el
expediente de tutela, aunque la acción se interpuso contra Salud Total E.P.S.,
Capital Salud E.P.S.-S fue notificada del trámite de la acción de tutela, al
punto que remitió contestación a la acción de tutela el 22 de enero de 2013.
Capital
Salud E.P.S.-S, afirma que ha ordenado todos los servicios que han sido
prescritos por los médicos tratantes, como son las consultas  con medicina
especializada con pediatría, neurología pediátrica y consulta externa por
medicina general. Respecto a la solicitud de neuropediatría, odontopediatría,
fisioterapias, pañales, pañitos húmedos, crema antipañalitis, tapabocas,
guantes, ácido valproico y Ensure, se indica que no poseen órdenes
médicas, situación que impide su autorización. Por tanto, autorizó valoración
por pediatría, para que el médico tratante valore al niño y formule los
medicamentos que se requieran.
Por
su parte, la Secretaria Distrital de Salud, vinculada por el juez de tutela al
trámite de la acción, indicó que los medicamentos fenobarbital suspensión
y clonazepam gotas, están incluidos en el P.O.S., así como las terapias
a domicilio, razón por la cual corresponde a Capital Salud E.P.S. su
suministro; respecto a  la fórmula nutricional completa tipo Pediasure para
alimentación por sonda o por vía oral, sostuvo, que si bien ésta se encuentra
fuera del P.O.S., podrá ser avalada por  el Comité Técnico Científico. Señala
por último, que los pañitos húmedos, crema antipañalitis, tapabocas, guantes,
Kiddy son insumos, que si el médico infiere la necesidad de ser empleados,
deberán ser suministrados por la E.P.S., exceptuando los pañales que son
exclusiones del P.O.S. y no pueden asumirse con recursos de los actores del Sistema
General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).
Decisiones
Judiciales Objeto de Revisión
El
29 de enero de 2013, el Juzgado Séptimo Penal Municipal con Función de Control
de Garantías, declaró improcedente la acción de tutela al considerar que si
bien, fueron aportados al expediente múltiples formulas médicas, las mismas se
remontan al 15 de mayo de 2012, y por tanto el juzgado no está en capacidad de
determinar si dichos servicios, siguen siendo necesarios al día de hoy para el
tratamiento del niño. Por lo anterior no se evidencia vulneración a derecho
alguno.
1.9    Expediente
T-3.819.621 (caso 9)
Katherine
Aguilar, actuando en representación de su hijo Eris David Salazar Aguilar de 7
meses de edad, interpuso acción de tutela contra Servicio Occidental de
Salud-SOS E.P.S., solicitando la garantía de sus derechos fundamentales a la
salud, la vida en condiciones dignas, a la seguridad social y los derechos de
los niños, con base en los siguientes hechos:
Al
niño Eris David Salazar Aguilar le fue diagnosticada epilepsia, reflujo
gastroesofágico, gastrostomía, apnea de recién nacido, síndrome dismorfico, pie
equinovaro bilateral[21], motivo por el cual estuvo hospitalizado
desde el 29 de octubre de 2012 hasta el 18 de diciembre de 2012, fecha en la
cual salió del hospital con oxígeno concentrador, pulsímetro, aspirador de
secreciones, manejo en casa de la gastrostomía y traqueotomía y con servicio de
terapia física y terapia respiratoria una vez al día.
Debido
a la patología que presenta el menor de edad, la accionante requiere
trasladarse del corregimiento de Villagorgona, municipio de Candelaria (Valle
del Cauca) a la Fundación Valle de Lili ubicada en Cali (Valle del Cauca), para
acudir a las citas con los especialistas en neuropediatría, pediatría y
fisiatría. Sin embargo, no cuenta con los recursos económicos para sufragar el
transporte, así como tampoco para comprar la leche especial anti-reflujo que
requiere su hijo, los pañales para recién nacido, la crema antipañalitis, los
pañitos húmedos y pagar la suma de  $169.000 pesos al mes, por concepto de
copagos para que sean autorizadas las terapias ordenadas por el médico tratante[22].
Por
lo anterior, solicitó mediante la acción constitucional de amparo que se
autorice el servicio de enfermería las 24 horas, pañales etapa cero, pañitos
húmedos, crema antipañalitis, Leche NAN anti reflujo, trasporte en
ambulancia para asistir a las citas médicas en la ciudad de Cali y sea
exonerada de copagos y cuotas moderadoras.
Durante
el trámite de la acción de tutela, la
Entidad Promotora de Salud Servicio Occidental de Salud SOS E.P.S., informó
que el niño Eris David Salazar Aguilar se encuentra afiliado al régimen
contributivo en calidad de beneficiario de Julio Cesar Salazar, lo que permite
inferir que la representante del menor de edad puede sufragar el servicio de
transporte. Indicó que no existe prescripción médica radicada ante la entidad,
ni en la historia clínica adjuntada que solicite el servicio de enfermería las
24 horas, pañales, pañitos húmedos, crema antipañalitis, leche anti reflujo y
transporte de ambulancia. Por ende, aduce que no ha desconocido derecho
fundamental alguno, pues todos los servicios de salud que ha solicitado se han
prestado, y en la actualidad  cuenta con la aprobación de la prestación de Home
Care, fisioterapia y terapias respiratorias.
Por
su parte, el Ministerio de Salud y Protección Social indicó que corresponde a la
E.P.S. determinar si la accionante cumple con lo dispuesto en el Acuerdo 029
de 2011 y los requisitos señalados por la
Corte Constitucional para el suministro de transporte y proceder de conformidad,
sin que le asista derecho alguno a ejercer recobro ante el FOSYGA.
Decisiones
Judiciales Objeto de Revisión
El
1º de febrero de 2013, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Candelaria
(Valle del Cauca),  resolvió negar la acción de tutela al considerar que está
imposibilitado para ordenar el reconocimiento del servicio de transporte y
enfermería las 24 horas, así como el suministro de pañales, crema antipañalitis
y pañitos húmedos sin orden médica, toda vez que es el médico tratante el que
tiene los conocimientos científicos y por ende, sabe cuáles son las necesidades
de su paciente y el tratamiento idóneo a seguir. Respecto del servicio de
transporte y enfermería las 24 horas señaló que a pesar de que la accionante
manifestó en declaración rendida el 22 de enero de 2013, que el día 14 de enero
de 2013, el médico ordenó el servicio de enfermería, no allegó ni orden, ni
historia clínica de ese día, además, la E.P.S. autorizó al menor la prestación
Home Care, fisioterapias y terapias respiratorias, por tanto no se evidencia
desplazamiento a controles médicos con regularidad.
Con
relación a la leche antirreflujo, si bien la actora allegó un documento
suscrito por la nutricionista, donde especifica el procedimiento y la periodicidad
con la que debe ser consumido tal suplemento, no puede ser considerado como
orden,  pues no está dentro del contenido de la prescripción el nombre del
medicamento.
1.10  Expediente
T-3.820.113 (caso 10)
María
Eugenia Mendoza como agente oficiosa de su hija Karen Julieth Parra Mendoza,
interpuso acción de tutela contra la E.P.S.-S CAPRECOM, solicitando la garantía
de sus derechos fundamentales a la salud, la vida en condiciones dignas y a la
seguridad social, con base en los siguientes hechos:
Karen
Julieth Parra Mendoza de 21 años de edad, padece Síndrome de Down. El 27 de
octubre de 2012 le fue practicada una cirugía denominada gingivectomía, en
medio de la cual sufrió un paro cardíaco, razón por la cual fue internada en la
unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario del Valle[23].
La
accionante reside en Palmira (Valle del Cauca). Afirma que es desplazada y
carece de recursos económicos para trasladarse y hospedarse en la ciudad de
Cali, donde se encuentra su hija. Por lo anterior, solicitó mediante la acción
constitucional de amparo, el suministro de transporte de su lugar de residencia
a la ciudad de Cali y la estadía en un hogar de paso durante el tiempo que se
encuentra su hija en esa ciudad.[24]
Durante
el trámite de la acción de tutela la E.P.S.-S CAPRECOM, señaló que Karen
Julieth Parra Mendoza tiene derecho a los beneficios que brinda el Plan
Obligatorio de Salud del Régimen Subsidiado, establecidos en el Acuerdo 306 de
2005 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud (en adelante CNSSS); que
en relación a la solicitud de transporte del municipio de Palmira a la ciudad
de Cali y la estadía en un hogar de paso, indicó que son requerimientos que no
están comprendidos dentro del Plan Obligatorio de Salud, motivo por el cual,
dicha prestación corresponde a la Secretaría de Salud Departamental del Valle de
Cauca.
La
Secretaría de Salud Municipal, adujo que no tiene el municipio ninguna
responsabilidad ni por acción ni por omisión en el hecho que motiva esta
acción, pues no están entre las obligaciones de la
Entidad para con los asociados, ordenar medicamentos, procedimientos
quirúrgicos, ni procedimientos administrativos como el que manifiesta la
tutelante.
La
Secretaria de Salud Departamental del Valle del Cauca, señaló que el
cubrimiento de los gastos de transporte solo versa cuando el paciente requiere
el servicio para acceder al servicio de salud, pero no tiene aplicación cuando
son los familiares quienes requieren el servicio; indicando por último, que
esta entidad no tiene dentro de su resorte misional la competencia sobre el
requerimiento en cuestión.
El
Ministerio de Salud y Protección Social manifestó, que a quien le asiste la
obligación de garantizar los servicios de salud P.O.S. y NO P.O.S., a la
accionante, es a la E.P.S., quien deberá prestar a la paciente lo que necesite
sin derecho a recobro ante el FOSYGA.
Decisiones
Judiciales Objeto de Revisión
El
26 de noviembre de 2012, en primera instancia, el Juzgado Segundo de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad de Palmira (Valle del Cauca), resolvió negar la
acción de tutela, al considerar que del material probatorio anexado al
expediente, se observa que Karen Julieth Parra Mendoza está siendo atendida, y
no requiere de servicio de transporte  ni hospedaje, ni acompañante, pues la
menor tiene atención las 24 horas, a través de médicos, terapeutas y enfermeras
auxiliares encargados de su manejo; además, que el reglamento de las visitas
solo permiten ingresar a la señora María Eugenia Mendoza a ciertas horas del
día.
El
11 de febrero de 2013, en segunda instancia, el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Buga (Valle del Cauca), resolvió confirmar la
Sentencia de tutela de  primera instancia bajo los mismos argumentos,
adicionando que de acuerdo a la declaración rendida por la señora María Eugenia
Mendoza, se extrae, que a pesar de la difícil situación económica que al
parecer atraviesa la familia de la menor, al menos uno de sus miembros trabaja
y aporta recursos para el desplazamiento de los progenitores hasta la ciudad de
Cali.
1.11  Expediente
T-3820198 (caso 11)
La
señora Yuri Tatiana Buenaventura Riascos, actuando en su calidad de agente
oficiosa del niño Andrés Felipe Montaño Buenaventura, interpuso acción de
tutela contra la Secretaría de salud Departamental del Quindío y ASMETSALUD E.P.S.-S
solicitando la garantía de sus derechos fundamentales a la salud y a la vida en
condiciones dignas, con base en los siguientes hechos:
El
niño Andrés Felipe Montaño Buenaventura de dos años de edad que reside en la
ciudad de Armenia departamento del Quindío, fue diagnosticado con parálisis
cerebral, motivo por el cual debe asistir a terapias tres veces a la semana en
Covida, ubicado en la misma ciudad.[25]
La
accionante solicitó a la E.P.S.-S ASMETSALUD los viáticos de transporte, pero
le respondieron que dicho servicio corresponde prestarlo a la
Secretaría de Salud Departamental[26]. Por lo anterior, solicitó que se autorice el transporte para las
terapias que debe recibir su hijo menor de edad, tres veces a la semana, por el
tiempo que lo requiera y que sea exonerada de copagos y cuotas moderadoras[27].
La
Secretaría de Salud, en respuesta a la acción de tutela expresó que no ha
vulnerado, ni amenazado ningún derecho fundamental, porque no es la autoridad
competente para garantizar la pretensión, sino la
E.P.S.-S ASMETSALUD, tal y como se establece en el Acuerdo 029 de 2011. La
E.P.S. guardó silencio.
Decisiones
Judiciales Objeto de Revisión
El
10 de diciembre de 2012, el Juzgado Tercero de Familia de Armenia (Quindío),
decidió conceder al amparo solicitado y ordenó a la
E.P.S.-S ASMETSALUD autorizar al niño Andrés Felipe Montaño Buenaventura el
transporte a Covida, tres veces a la semana o cuantas veces lo requiera, así
como las citas con los especialistas y los medicamentos, procedimientos y
tratamientos que requiera para tratar su patología. El juzgado ordenó además
que las autorizaciones que deben estar exentas de todo copago y cuota
moderadora. Lo anterior, por considerar que  la
E.P.S.-S ASMETSALUD está desconociendo los derechos del niño Andrés Felipe
Montaño, y que es ésta la entidad encargada  de cubrir lo incluido en el P.O.S.,
según el Acuerdo 029 de 2011, artículo 43.
El 6
de febrero de 2013, en segunda instancia, el Tribunal Superior de Armenia
(Quindío) Sala Civil Familia Laboral, resolvió revocar el numeral tercero del
fallo de primera instancia, en el que se ordena a la
E.P.S.-S ASMETSALUD autorizar el transporte a Covida, tres veces a la semana o
cuantas veces se requiera, al considerar que del análisis de los artículos 42 y
43 del Acuerdo 029 de 2011 se infiere que sólo procede el reconocimiento del
transporte, cuando el traslado sea en vehículo especializado (ambulancia) o en
caso de que el paciente esté domiciliado en lugar distinto del centro de
atención. Así mismo modificó el numeral 5, que exoneró de responsabilidad a la
Secretaría de salud Departamental del Quindío y en consecuencia le ordenó
brindar de manera oportuna y eficiente la atención médica requerida por el niño
y que exceda el P.O.S.
1.12  Expediente
T-3.820.205 (caso 12)
Luz
Alba Ortiz Batalla, actuando como agente oficioso de su madre, señora Jovina
Batalla de Ortiz, interpuso acción de tutela contra la
E.P.S. Saludcoop, solicitando la garantía de sus derechos fundamentales a la
salud y la vida en condiciones dignas, con base en los siguientes hechos:
La
señora Jovina Batalla de Ortiz, de 87 años de edad, fue diagnosticada con demencia
vascular mixta cortical y subcortical y alzhéimer[28], motivo por el cual no controla esfínteres y debe usar pañales.
Por lo anterior, mediante derecho de petición presentado el 24 de octubre de
2012, solicitó el suministro de pañales desechables para adultos.
En
respuesta a la acción de tutela, Saludcoop E.P.S. indica que a la accionante se
le ha brindado una atención integral conforme a las solicitudes y
requerimientos médicos. Respecto a la solicitud de pañales, indicó que según el
informe brindado por el área de Auditoria Medica “los pañales desechables se
encuentran excluidos del Plan Obligatorio de Salud (Acuerdo 029 de 2011)” y
que a la fecha, no existe orden médica de pañales. La
E.P.S. aduce además que la accionante se encuentra afiliada al régimen
contributivo, como cotizante independiente.
Por
lo anterior, la accionante solicitó que se brinde a la señora Jovina Batalla de
Ortiz  la protección integral en salud que requiere y en consecuencia que sean
suministrados los pañales desechables para adultos requeridos.
Decisiones
Judiciales Objeto de Revisión
El
24 de diciembre de 2012, el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de
Control de Garantías, declaró improcedente la acción de tutela, al considerar
que de las pruebas aportadas al expediente y de los hechos expuestos, se
observa que no se han realizados los trámites correspondientes en orden a la
valoración de un profesional de la salud sobre el padecimiento de la paciente, motivo
por el cual, la entidad accionada queda liberada de cumplir aquello que no ha
sido ordenado por el médico.
1.13  Expediente
T-3.823.253 (caso 13)
Hernán
Mendoza Arias interpuso acción de tutela contra la
E.P.S.-S Comparta, solicitando la garantía de sus derechos fundamentales a la
igualdad, la salud, la vida en condiciones dignas y la salud, con base en los
siguientes hechos:
Al
accionante, que reside en la vereda Chontaduro – Guamo, departamento del
Tolima, le fue diagnosticada una insuficiencia renal crónica terminal,
motivo por el cual, su médico tratante le ordenó terapias de hemodiálisis, las
cuales se deben realizar los días martes, jueves y sábados en la ciudad de
Ibagué, en la Unidad Renal del Tolima[29].
Indica
que es una persona de escasos recursos y que desde que le fue diagnosticada
dicha enfermedad no ha podido trabajar, motivo por el cual se le dificulta
viajar desde su lugar de residencia, ubicada en la vereda Chontaduro, municipio
de El Guamo (Tolima), a la ciudad de Ibagué. Por lo anterior, solicita el pago
de los gastos de transporte ida y vuelta desde la
Vereda Chontaduro, municipio El Guamo (Tolima) a la ciudad de Ibagué y el
valor del almuerzo durante los días de terapia.
La
entidad accionada señaló que la E.P.S. en ningún momento se negó a prestar los
servicios contenidos en el Plan Obligatorio de Salud al señor Mendoza y que el
suministro de transporte intermunicipal y alimentación continúa del paciente no
compete a Comparta al no estar contenido como parte del tratamiento de salud.
Decisiones
Judiciales Objeto de Revisión
El
22 de enero de 2013, el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de El Guamo,
decidió declarar improcedente la acción de tutela, al considerar que de las
pruebas aportadas al expediente se observa que  Comparta E.P.S. en ningún
momento ha desconocido los derechos fundamentales del accionante.
Respecto
al servicio de transporte indicó que el accionante no ha elevado solicitud
verbal o escrita a la E.P.S. solicitándolo.
1.14  Expediente
T- 3.823.483 (caso 14)
María
Aura Grajales García, actuando como agente oficiosa de la señora María Aura
Mulato de Londoño, interpuso acción de tutela contra la
Nueva E.P.S., solicitando la garantía de sus derechos fundamentales a la salud
y a la vida en condiciones dignas, con base en los siguientes hechos:
La
representada de 93 años de edad, fue diagnosticada con demencia senil, párkinson,
EPOC, gonartrosis, incontinencia urinaria y fibrilación auricular[30];
motivo por el cual requiere del suministro de pañales desechables, los cuales
solicitó a la Nueva  E.P.S., pero fueron negados. Por lo anterior, presentó
acción de tutela solicitando el suministro de dichos insumos.
En
respuesta a la acción de tutela la Nueva E.P.S. señaló que esta entidad ha
venido autorizando todos los servicios médicos requeridos por la afiliada,
conforme P.O.S.; que los insumos solicitados son considerados como de uso y
aseo personal y son los familiares del paciente quienes tienen que
suministrarlos.
Decisiones
Judiciales Objeto de Revisión
El
14 de septiembre de 2012, el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Cali con
Funciones de Conocimiento, resolvió negar la acción de tutela, al considerar
que de las pruebas aportadas al proceso, se demuestra que la señora María Aura
Mulato de Londoño percibe ingresos por pensión de sobreviviente y pensión
propia de vejez, que suman un millón de pesos ($ 1.000.000), razón por la cual
la compra de los pañales desechables no afecta desproporcionalmente su
estabilidad económica. Por otra parte indicó que la
Nueva E.P.S. ha realizado una prestación de servicios de salud, de manera
eficiente y continua en lo que está obligada.
1.15  Expediente
T- 3.826.175 (caso 15)
Claudia
Patricia Ávila Lozada, actuando como agente oficiosa de su padre Leonardo
Ávila, presentó acción de tutela contra Salud Vida E.P.S.-S, para lograr la
garantía de sus derechos fundamentales a la salud, a la seguridad social y a la
vida en condiciones dignas, con base en los siguientes hechos:
En
el mes de febrero  de 2012, el señor Leonardo Ávila de 64 años de edad, sufrió
un infarto en estadio subagudo tardío crónico temprano del territorio de la
arteria cerebral media izquierda[31] (accidente cerebrovascular),
que le generó inmovilidad en la parte derecha de su cuerpo. El médico tratante,
le ordenó la realización de 90 terapias físicas y 90 terapias de lenguaje con
el objetivo recuperar la movilidad, las cuales no se le han practicado porque
vive en el municipio del Carmen de Chucurí (Santander) y las terapias han sido
autorizadas en la ciudad de Bucaramanga[32].
La
accionante expone que el señor Ávila no está en capacidad de satisfacer sus
necesidades coprológicas, alimentarias ni de movilidad por sí solo, de modo que
requiere pañales, silla de ruedas y pago de transporte. Por lo anterior,
solicitan, el suministro permanente de pañales, crema antipañalitis, pañitos
húmedos, servicio de enfermera de tiempo completo, suministro de guantes y
tapaboca, silla de ruedas, pato, transporte de ambulancia, tratamiento de las
terapias, visitas domiciliarias, cama ortopédica con colchón antiescaras y
tratamiento integral.
En
respuesta a la acción de tutela, SALUDVIDA E.P.S.-S señaló que los insumos
solicitados por la accionante no han sido prescritos por ningún médico tratante
adscrito a su red de servicios y son insumos y prestaciones que la actora cree
necesarios para el restablecimiento de la salud del señor Leonardo Ávila,
motivo por el cual, la E.P.S. no puede autorizar una solicitud de un usuario.
Sobre la realización de las terapias, indica que SALUDVIDA E.P.S. en ningún
momento ha omitido su realización y que por el contrario han sido autorizadas.
Decisiones
Judiciales Objeto de Revisión
El
22 de enero de 2013, el Juzgado Cuarto Penal Municipal para Adolescentes con
Función de Control de Garantías de Bucaramanga decidió negar el amparo de los
derechos invocados, al no contar con elementos que le permitan establecer las
secuelas físicas o mentales alegadas por la accionante.
1.16  Expediente:
T- 3.826.376 (caso 16)
Manuel
Ernesto Jaimes León, interpuso acción de tutela contra Solsalud E.P.S.-S y la
Secretaria de Salud Departamental de Santander, solicitando la garantía de sus
derechos fundamentales a la salud, la vida en condiciones dignas y a la
seguridad social, con base en los siguientes hechos:
En
el año 2007 el señor Manuel Ernesto Jaimes León fue diagnosticado con cuadriparesia
y vejiga neurogénica, motivo por la cual su médico tratante le ha ordenado
enfermería domiciliaria, Ensure, Kola granulada, cremas hidratantes, pañales para
adultos talla L, alcohol antiséptico, visita domiciliaria por medicina general[33]. Adicionalmente,
sostiene que necesita silla de ruedas apta para su movilidad. Sin embargo, por
orden de la médica tratante, se disminuyó el tiempo de cuidado de la enfermera
y la cantidad de pañales usualmente ordenados.
Manifiesta
que en junio de 2011 presentó derecho de petición a la
Secretaria de Salud Departamental de Santander, para que lo exoneran de
copagos y le respondieron que de acuerdo a lo establecido en el acuerdo 029 de
2011, los servicios requeridos por la paciente P.O.S y NO P.O.S, son
competencia de las E.P.S., por lo que corresponde a ellas garantizar su
prestación  con la posibilidad de hacer recobro. Solicitó, mediante la acción
constitucional que se restablezca el servicio de enfermería por lo menos en 12
horas diarias y se suministren los insumos prescritos por el médico tratante y
en consecuencia se ordene el tratamiento integral.
Decisiones
Judiciales Objeto de Revisión
El
16 de octubre de 2012, el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bucaramanga,
decidió declarar improcedente la presente acción de tutela ya que, de las pruebas
aportadas se observa que la accionante presentó una acción de tutela contra las
aquí accionadas, con identidad fáctica e identidad del problema jurídico aquí
expuesto, y en la cual se resolvió tutelar los derechos fundamentales invocados
y en consecuencia ordenar el tratamiento integral para el restablecimiento de
la salud del señor Manuel Ernesto Jaimes León.
1.17  Expediente
T-3.830.035 (caso 17)
Carlos
Aníbal Delgado Ordoñez, actuando como agente oficioso de la niña Laura Sofía
Astaiza Ortiz, presentó acción de tutela contra CAPRECOM E.P.S.-S y la
Secretaria de Salud Departamental del Valle, por el presunto desconocimiento
de los derechos a la salud, a la vida en condiciones dignas y a la seguridad
social.
Manifiesta
el accionante que la niña Laura Sofía Astaiza Abril de 2  años de edad, nació
con el trastorno de  Hiperplacia Suprarenal Congenita y ambigüedad
sexual[34].
Por lo anterior, requiere de tratamientos constantes con diferentes
especialistas, y posibles cirugías.
Su
médico tratante la ha remitido a varias clínicas de la ciudad de Cali, pero
debido a que la madre de Laura Sofía Astaiza, es menor de edad y no cuenta con
los recursos económicos, no puede trasladar a la  niña a la del municipio de
Restrepo (Valle del Cauca) a la ciudad de Cali, razón por la cual el
tratamiento para tratar sus patologías, se ha visto interrumpido. Por lo
anterior, solicitan mediante la acción constitucional de amparo solicita el
suministro de transporte del municipio de Restrepo, Valle del Cauca, a la
ciudad de Cali, así como todos los exámenes, medicamentos, tratamiento,
atención especializada y procedimientos quirúrgicos necesarios para la
recuperación integral de la menor, sin dilación alguna.
En
respuesta a la acción de tutela, la E.P.S.-S CAPRECOM señaló que en todo el
Valle del Cauca se cuenta dos médicos endocrinólogos pediatras, por tal motivo CAPRECOM
cumple con expedir las autorizaciones de servicio dirigidas al Hospital
Departamental, y corresponde a los usuarios dirigirse personalmente a las IPS a
solicitar la cita con los especialistas; en el caso particular se ha brindado
toda la asistencia médica por especialistas y el servicio Home Care Salud.
La
Secretaria Departamental del Valle tras hacer un
recuento del Acuerdo 029 de 2011 “por medio del cual se aclara y se
actualiza íntegramente los planes obligatorios de salud en los regímenes
contributivos y subsidiados” , señaló que la
E.P.S.-S CAPRECOM debe brindar los servicios de salud que requiere la niña,
como son los medicamentos, procedimientos, actividades e intervenciones por su
enfermedad, en forma integral y oportuna con las IPS públicas o privadas con
las cuales tenga contrato de prestación de servicios.
Decisiones
Judiciales Objeto de Revisión
El
18 de enero de 2013, el Juzgado Promiscuo Municipal de Restrepo (Valle del
Cauca), resolvió negar la acción de tutela al observar en las pruebas aportadas
autorización médica para cita con el endocrinólogo pediatra, situación que
permite inferir el cumplimiento por parte de la
E.P.S.-S CAPRECOM; por otra parte señaló, respecto a la solicitud del
suministro de transporte, que no reposa en el expediente orden médica que
requiera dicho servicio, así como otros medicamentos o tratamientos.
1.18  Expediente
T-3.831.844 (caso 18)
Esperanza
Niño, actuando como agente oficiosa de su madre, señora Ana Tilcia Lara,
interpuso acción de tutela contra Saludcoop E.P.S., por el presunto
desconocimiento de los derechos a la salud y a la vida digna, por los hechos
que se exponen a continuación.
La
señora Ana Tilcia Lara  de 94 años de edad, fue diagnosticada con Alzheimer.
Sin embargo, Saludcoop E.P.S. no ha cubierto los servicios requeridos para
tratar la enfermedad. Por lo anterior, solicita el suministro de pañales, Ensure,
pañitos húmedos, suplemento Proteinex, loción lubricante, Lubriderm
corporal, crema Desitin y el pago mensual que debe cancelar en el hogar
geriátrico “jardín de mis abuelos” para el correcto cuidado y atención
la señora Lara.
En
respuesta a la acción de tutela, Saludcoop E.P.S. manifestó que los servicios
médicos ordenados al usuario de Proteinex y Ensure,  fueron autorizados por el
Comité Técnico Científico  del 24 de julio de 2012; en relación con la
solicitud de pañales, cremas y los servicios del hogar geriátrico, señaló que son
servicios no cubiertos por el sistema de salud, además no existe orden médica
que justifique dicha solicitud. Así mismo, indicó que revisada la base de datos
no registra negación de servicios solicitados por parte de  la usuaria.
Decisiones
Judiciales Objeto de Revisión
El
13 de agosto de 2012, el Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Control
de Garantías de Norte de Santander, resolvió declarar improcedente la acción de
tutela al considerar que de las prueba aportadas al expediente, se  observa que
los medicamentos  solicitados  como el Ensure y la proteína Proteinex,
ya fueron aprobados y autorizados por el Comité Técnico científico; respecto a
los insumos de pañales, cremas y el pago del hogar Geriátrico “jardín de mis
abuelos” no existe soporte médico que los haga aconsejables y necesarios.
2.      Recuento
En resumen, los casos objeto de
revisión plantean interrogantes puntuales en relación con el suministro de
medicamentos y servicios que las Entidades Promotoras de Salud no han prestado
bien sea porque se trata de servicios excluidos del Plan Obligatorio de Salud o
porque los pacientes no presentaron orden del médico tratante. Solamente en el
caso número 8, la E.P.S. accionada se negó a suministrar medicamentos incluidos
en el Plan Obligatorio de Salud[35].
3.      Actuación en sede de revisión
Solicitud de pruebas
Por Auto del
cinco (5) de julio de dos mil trece (2013), el Magistrado (E), que un primer
momento tuvo conocimiento de los casos objeto de estudio, con el objetivo de
precisar algunos aspectos de orden fáctico y jurídico, ordenó vincular a las
entidades responsables para integrar debidamente el contradictorio, así como la
práctica de las siguientes pruebas:
“Primero. – VINCULAR como
accionado dentro del proceso de Tutela T-3.815.206
a CAPITALSALUD E.P.S.-S, para que dentro de
los dos (2) días siguientes a la notificación del presente auto, se pronuncie
acerca de las pretensiones y el problema jurídico que plantea la aludida acción
de tutela.
Segundo.- DECRETAR como
prueba que,
en el término de tres (3) días contados a partir de la recepción de la presente
providencia:
1.     El Departamento
Nacional de Planeación – DNP – (SISBEN), a través de su Representante Legal,
remita a este Despacho:
-
Información
certificada sobre las siguientes personas, en la que indique si éstas se
encuentran clasificadas en la última encuesta SISBEN, y de ser así, informe (i)
el puntaje obtenido, (ii) la composición del núcleo familiar inscrito y
parentesco, y (iii) los ingresos económicos reportados dentro del núcleo
familiar:
a)    Arturo Santos
Cortes - C.C 2.392.546
b)    Katherine
Aguilar - C.C 29.347.210
c)     Hernán Mendoza
Arias - C.C 93.081.711
d)    Leonardo Ávila -
C.C 5.742.858
e)     Esthefany Abril
Muñoz - T.I 960315-14913
2.     La Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia – DIAN –, a través de su
Representante Legal, remita a este Despacho:
-
Información
si
los ciudadanos que a continuación se enumeran han declarado renta en alguno de
los últimos tres periodos fiscales:
a)    Wendis Johanna
Díaz García - C.C 30.689.377
b)    Arturo Santos
Cortes - C.C 2.392.546
c)     Gustavo Garrido
Orozco - C.C 12.108.708 y Pilar Gómez Vargas - C.C 52.120.449
d)    Katherine
Aguilar - C.C 29.347.210
e)     Aura María
Mulato de Londoño - C.C 29.048.511
f)       Leonardo Ávila -
C.C 5.742.858
g)    Manuel Ernesto
Jaimes León - C.C 1.098.609.750
h)    Ana Tilcia Lara
de Niño - C.C 27.578.312
3.     ASOBANCARIA, a través de su
Representante Legal, remita a este Despacho:
-
Información
sobre los datos financieros que reportan los siguientes ciudadanos en la
CIFIN, así como la clase de dato, estado y monto de cada registro:
a)    Wendis Johanna
Díaz García - C.C 30.689.377
b)    Arturo Santos
Cortes - C.C 2.392.546
c)     Gustavo Garrido
Orozco -  C.C 12.108.708 y Pilar Gómez Vargas - C.C 52.120.449
d)    Katherine
Aguilar - C.C 29.347.210
e)     Aura María
Mulato de Londoño - C.C 29.048.511
f)       Leonardo Ávila -
C.C 5.742.858
g)    Manuel Ernesto
Jaimes León - C.C 1.098.609.750
h)    Esthefany Abril
Muñoz - T.I 960315-14913
i)       Ana Tilcia Lara
de Niño - C.C 27.578.312
4.     CONFAMILIAR
E.P.S.-S Seccional Neiva (Huila), a través de su Representante Legal,
remita a este Despacho:
-
Información
acerca de si la señora Luz Divia Osorio Puentes, identificada
con la C.C 26.559.818, se encuentra afiliada a dicha E.P.S.
-
Copia
del resumen de la historia clínica de la señora mencionada.
-
Las
autorizaciones de todos los servicios en salud prestados a la misma durante el
último año transcurrido.
5.      COOMEVA E.P.S. Seccional Montería  (Córdoba), a través de su
Representante Legal, remita a este Despacho:
-
Copia del
resumen de la historia clínica de la menor Milagros Yiset Lora Díaz,
identificada con la T.I 1.067.846.614.
-
Certificación
de la enfermedad padecida por la misma, en la que se informe los procedimientos
médicos necesarios para superar su padecimiento, se pronuncie detalladamente
sobre su necesidad de usar pañales desechables de forma permanente e indique
las solicitudes que se hayan efectuado por este motivo.
-
Las
autorizaciones de todos los servicios en salud prestados a la menor durante el
último año.
-
Cuál
es el monto de la base de cotización a la
E.P.S. de quien tiene afiliada a la menor Milagros Yiset Lora Díaz en calidad
de beneficiaria.
6.     La NUEVA E.P.S.
Seccional Ibagué (Tolima), a través de su Representante Legal,
remita a este Despacho:
-
Copia
del resumen de la historia clínica del señor  Arturo Santos Cortes,
identificado con la C.C 2.392.546.
-
Las
autorizaciones de todos los servicios en salud prestados al mismo durante el
último año.
7.     Famisanar E.P.S. Bogotá (Cundinamarca), a través de su
Representante Legal, remita a este Despacho:
-
Copia
del resumen de la historia clínica del señor Gustavo Garrido Orozco,
identificado con la C.C 12.108.708.
-
Información
acerca de la enfermedad padecida por el mismo, los procedimientos médicos que
requiere, su necesidad de usar pañales desechables y silla de ruedas de forma
permanente y, por último, las solicitudes que se hayan efectuado por este
motivo.
-
Las
autorizaciones de todos los servicios en salud prestados al señor durante los
últimos 6 meses.
-
Información
sobre el monto de la base de cotización a la
E.P.S.
8.     SALUDCOOP E.P.S.  Seccional Popayán  (Cauca), a través de su
Representante Legal, remita a este Despacho:
-
Copia
del resumen de la historia clínica de la señora Ismaelina Cerón Ordóñez,
identificada con la C.C 38.952.054.
-
Información
acerca de la enfermedad padecida por la misma, de los
procedimientos médicos necesarios para superar su padecimiento y sobre el lugar
de prestación de dichos servicios.
-
Las
autorizaciones de todos los servicios en salud prestados a la menor durante el
último año.
-
Información
sobre si continúa en el tratamiento de radioterapia en el Centro Médico
Imbanaco en la ciudad de Cali.
9.     COOMEVA E.P.S. Palmira (Cauca), a través de su Representante
Legal, remita a este Despacho:
-
Copia
del resumen de la historia clínica del señor Juan José Andrade, identificado
con la C.C 16.855.473.
-
Información
sobre las autorizaciones de todos los servicios en salud prestados al mismo
durante el último año, especialmente acerca de la autorización de su traslado
para asistir a las terapias de hemodiálisis en el Hospital San Vicente de Paul
(Palmira).
10.
SERVICIO
OCCIDENTAL DE SALUD SOS E.P.S. S.A. Cali (Valle del
Cauca),
a través de su Representante Legal, remita a este Despacho:
-
Copia
del resumen de la historia clínica del menor Eros David Salazar Aguilar,
identificado con el R.C 1115548991.
-
Las
autorizaciones de todos los servicios en salud prestados al menor durante el
último año.
-
Información
sobre del monto de la base de cotización a la
E.P.S. de quien tiene afiliado al menor, en calidad de beneficiario, dentro
del sistema de seguridad social en salud; además, acerca de la existencia de
otras personas que se encuentren como beneficiarias de la misma persona.
11.
CAPRECOM E.P.S. Cali  (Valle del Cauca), a través de su
Representante Legal, remita a este Despacho:
-
Copia
del resumen de la historia clínica de Karen Julieth Parra Mendoza, identificada
con la CC. 1.111.655.375.
-
Información
acerca de si aún se encuentra hospitalizada en el Hospital Universitario del
Valle.
-
Las
autorizaciones de todos los servicios en salud prestados a la misma durante el
último año.
12.
ASMET
SALUD
E.P.S.-S Sede Armenia (Quindío), a través de su
Representante Legal, remita a este Despacho:
-
Copia
del resumen de la historia clínica del menor Andrés Felipe Montaño
Buenaventura, identificado con la RC 1092460893 –hijo de Yuri Tatiana
Buenaventura C.C 1.094.930.982.
-
Información
sobre si se está prestando el servicio de transporte para que pueda acudir a
los tratamientos en salud que requiere.
-
Las
autorizaciones de todos los servicios en salud prestados a la menor durante el
último año.
13.
SALUDCOOP E.P.S. de Buenaventura (Valle del Cauca), a través de su
Representante Legal, remita a este Despacho:
-
Certificación
de la enfermedad padecida por la señora Jovina Batalla de Ortiz, en la que se
informe las consecuencias que se derivan de dicha enfermedad y los
procedimientos médicos e insumos necesarios para su tratamiento.
-
Informe
detallado sobre la necesidad de usar pañales desechables de forma permanente.
-
El
monto de la base de cotización a la E.P.S. en calidad de cotizante
independiente.
14.
SALUDVIDA
E.P.S.
Seccional Bucaramanga  (Santander), a través de su Representante Legal,
remita a este Despacho:
-
Copia
del resumen de la historia clínica del señor  Leonardo Ávila, identificado con la
C.C 5.742.858.
-
Informe
acerca de la enfermedad padecida por el mismo, los procedimientos médicos
necesarios para superar su padecimiento, la necesidad de usar pañales
desechables de forma permanente y las solicitudes que se hayan efectuado por
este motivo.
-
Las
autorizaciones de todos los servicios en salud prestados al señor Ávila durante
el último año.
15.
Solsalud
EPSS
Bucaramanga (Santander), a través de su Representante Legal, remita a este
Despacho:
-
Copia
del resumen de la historia clínica del señor Manuel Ernesto Jaimes León,
identificado con la C.C 1.098.609.750.
-
Informe
sobre los procedimientos médicos necesarios para tratar el padecimiento del
mismo
-
Pronunciamiento
detallado acerca de su necesidad de usar pañales desechables de forma
permanente en el que se indiquen las solicitudes que se hayan efectuado por
este motivo.
-
Las
autorizaciones de todos los servicios en salud prestados al señor Jaimes León
durante el último año.
16.
CAPRECOM E.P.S.  Cali  (Valle del Cauca), a través de su
Representante Legal, remita a este Despacho:
-
Copia
del resumen de la historia clínica de la menor Laura Sofía Astaiza Abril,
identificada con el R.C 1116375714.
-
Certificación
sobre la enfermedad padecida por la misma, en donde se informe los
procedimientos médicos necesarios para tratar su padecimiento y el lugar al
cual debe desplazarse para la realización de estos.
-
Las
autorizaciones de todos los servicios en salud prestados a la menor durante los
dos últimos años.
17.
SALUDCOOP E.P.S.  Seccional Cúcuta  (Norte de Santander), a través de su
Representante Legal, remita a este Despacho:
-
Certificación
de la enfermedad padecida por la señora Ana Tilcia Lara de Niño, identificada
con la C.C 27.578.312, en la que se incluyan los procedimientos médicos que
requiere, pronunciamiento detallado  sobre la necesidad de usar pañales
desechables de forma permanente y las solicitudes que se hayan efectuado por
este motivo.
-
Las
autorizaciones de todos los servicios en salud prestados a la misma durante el
último año.
-
El
monto de la base de cotización de la señora en calidad de cotizante
dependiente.
18.
CAPITALSALUD
E.P.S.-S  Bogotá D.C. (Cundinamarca), a través de su
Representante Legal, remita a este Despacho:
-
Copia del
resumen de la historia clínica del menor Juan Sebastián Santafé Galindo,
identificado con la T.I 1.014.476.929.
-
Certificación
de la enfermedad padecida por el mismo, los procedimientos médicos necesarios
para superar su padecimiento, la necesidad de usar pañales desechables de forma
permanente y las solicitudes que se hayan hecho al respecto.
-
Las
autorizaciones de todos los servicios en salud prestados al menor durante el último
año.
Tercero.-
ORDENAR que
por Secretaría General de esta Corporación se oficie a las entidades
mencionadas para el cumplimiento de esta determinación.
Cuarto.-
ADVERTIR al destinatario que deberá entregar en forma eficaz e
inmediata la información solicitada por esta Corporación, so pena de quedar
sometido a las sanciones por desacato al cumplimiento de decisiones judiciales
previstas en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991.
Posteriormente, por Auto
del treinta y uno (31) de marzo de dos mil catorce (2014), el Magistrado Sustanciador,
con el objetivo de precisar algunos aspectos de orden fáctico y jurídico,
ordenó comunicarse con cada uno de los accionantes para determinar el grado de
afectación de la vulneración y la persistencia de la misma en el transcurso del
tiempo. La relación de las pruebas recaudadas se encuentra en el anexo No. 3 de
esta sentencia.
II.
CONSIDERACIONES
Y FUNDAMENTOS
1.      Competencia
Esta Corte es
competente para revisar los presentes fallos de tutela de conformidad con lo
previsto en los artículos 86 y 241 de la
Constitución Nacional y en el Decreto 2591 de 1991.
2.      Asunto
objeto de revisión y problema jurídico
En esta
oportunidad, la Sala conoce dieciocho casos de personas, sujetos de especial
protección constitucional, a quienes las Entidades Promotoras de Salud del
régimen contributivo o subsidiado, negaron el suministro de servicios, insumos
y medicamentos requeridos para garantizar su derecho a la salud, por estar
excluidos del Plan Obligatorio de Salud o por no contar con orden del médico
tratante.
Corresponde a
esta Sala establecer si las Entidades Promotoras de Salud en cada caso
concreto, desconocieron los derechos fundamentales de los accionantes. Para
ello, deberá responder los siguientes problemas jurídicos:
a.  ¿Desconoce
el derecho a la salud una entidad encargada de garantizar la prestación de los
servicios ordenados por el médico tratante, cuando no autoriza a una persona que
no tiene la posibilidad de costear el mismo, un servicio que requiere porque
éste no se encuentra incluido en el Plan Obligatorio de Salud?
b.  ¿Desconoce
una E.P.S., el derecho a la salud cuando niega el acceso a los servicios
médicos y las prestaciones que se ocasionan por el mismo, argumentando que el
usuario no los solicitó ante Comité Técnico Científico?
c.  ¿Desconoce
el derecho a la salud la entidad que no autoriza el acceso a un servicio de
salud de una persona que lo requiere, porque no puede pagar la cuota moderadora
que le corresponde reglamentariamente, debido a la falta de recursos económicos
para ello?
d.  ¿Desconoce
el derecho a la salud una E.P.S. cuando niega la prestación de un servicio o el
suministro de insumos y medicamentos porque no han sido ordenados por el médico
tratante, cuando del diagnóstico del paciente es evidente que lo requiere?
Para la
Sala estos cuatro problemas jurídicos se sintetizan en uno de carácter general:
¿desconocen las entidades promotoras de salud los derechos de los accionantes,
cuando niegan el acceso a un medicamento, servicio o insumo que una persona
requiere?
Este problema ha
sido resuelto en reiteradas oportunidades por esta Corporación. Por ello, este
Tribunal Constitucional censura el hecho que, al día de hoy, la ciudadanía deba
presentar acciones de tutela para lograr la garantía de su derecho a la salud,
teniendo en cuenta que mediante sentencias de tutela y de control abstracto de
constitucionalidad, esta Corporación ha expuesto el carácter fundamental del
derecho a la salud y ha instado a las entidades prestadoras de servicios de
salud del régimen contributivo y subsidiado a garantizar los servicios que las
personas requieren, sin que para ello deban incurrir en trámites
administrativos dispendiosos o dilaciones injustificadas.
Sin embargo,
esta Sala constató, al comunicarse telefónicamente con algunos de los
accionantes para indagar si ya se había garantizado el derecho invocado, que
las propias E.P.S. sugieren a sus pacientes interponer acciones de tutela, para
obtener los medicamentos, insumos y servicios requeridos. Por lo anterior, la presente
acción de tutela instará a las E.P.S. de los regímenes contributivo y
subsidiado, a garantizar sin dilaciones a sus usuarios, los servicios
requeridos y dará traslado a la
Superintendencia de Salud para que investigue a las E.P.S. involucradas y les
imponga las sanciones que les correspondan.
Ahora bien, en
la mayoría de los casos, quien interpone la acción de tutela no es el ciudadano
directamente afectado, sino un agente oficioso o representante. Por esta razón,
esta Sala se referirá previamente a (i) la legitimación en la causa por activa,
cuando el accionante es un tercero que agencia los derechos del directamente
afectado. Además, encuentra que, de acuerdo con las pruebas recaudadas en sede
de revisión, en algunos de los casos objeto de estudio, las E.P.S. ya han
prestado los servicios requeridos en esta acción de tutela, por lo anterior, se
hará referencia (ii) al fenómeno de carencia actual de objeto por la existencia
de un hecho superado, a efectos de determinar si se configuró en algunos de los
casos concretos.
Con
posterioridad, la Sala expondrá: (iii) los desarrollos doctrinales sobre la
perspectiva integral del derecho a la salud y su incorporación a nuestro
ordenamiento jurídico por medio del bloque de constitucionalidad. Después,
reiterará la posición adoptada por esta Corte respecto del (iv) derecho
fundamental a la salud y como ha entendido las facetas del mismo, esto es (a)
acceso, (b) protección especial, (c) integralidad y, (d) continuidad.
Luego expondrá
las líneas jurisprudenciales proferidas por este Tribunal Constitucional
respecto a aspectos concretos como: (v) el transporte
como medio indispensable para acceder a un servicio de salud; (vi) el derecho
al disfrute del nivel más alto posible de salud para vivir dignamente y su
relación con el suministro de pañales desechables; (vii) el
papel del juez de tutela al ordenar tratamientos médicos en los casos en que no
existe prescripción previa del médico tratante; (viii); y (ix) la obligación
subsidiaria del Estado de asumir el costo de los servicios de salud no
incluidos en los planes de beneficios en salud. Finalmente, con
base en las reglas que se deriven del anterior estudio, resolverá los
casos objeto de estudio.
3.      La
agencia oficiosa en la acción de tutela
El artículo 86
de la Constitución Política, define la tutela como un mecanismo con el que
cuenta toda persona para reclamar, “por sí misma o por quien actúe a su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales,
cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la
omisión de cualquier autoridad pública”. En desarrollo de este artículo
constitucional, el artículo 10° del Decreto 2591 de 1991, que reglamenta la
acción de tutela, prevé en cuanto a la legitimidad e interés de quien interpone
el amparo que éste podrá ser ejercido “por cualquier persona vulnerada o
amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a
través de representante. A su vez expone que, “también se pueden
agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones
de promover su propia defensa”, caso en el cual se hace necesario que ello
se manifieste en la solicitud.
La
jurisprudencia de esta Corporación, ha profundizado sobre la agencia oficiosa y
ha establecido que la tutela puede ser interpuesta bien sea de forma directa o
a través de otra persona, bajo las siguientes hipótesis:
(i)
el ejercicio directo, cuando quien interpone la acción de tutela es a quien se
le está vulnerando el derecho fundamental;
ii)
por medio de representantes legales, cuando se trata de menores de edad,
incapaces absolutos, interdictos y personas jurídicas;
iii)
por medio de apoderado judicial, caso en el cual éste debe ostentar la
condición de abogado titulado y al escrito de acción se debe anexar el poder
especial para el caso o en su defecto, el poder general respectivo; y
finalmente,
iv)
por medio de agente oficioso, cuando el titular del derecho se encuentra
imposibilitado para ejercer su propia defensa y opta, en ejercicio de su
autonomía individual, por delegar su actuación en una persona distinta a su
apoderado judicial[36].
Respecto de la
agencia oficiosa, la Corte Constitucional ha establecido de forma reiterada,
que tiene ocurrencia: “(i) cuando el agente oficioso manifiesta que actúa
como tal, (ii) cuando se puede inferir del contenido de la tutela que el
titular del derecho fundamental no está en condiciones físicas o mentales para
promover su propia defensa; y (iii) cuando la existencia de la agencia no
implica una relación formal entre el agente y los agenciados titulares de los
derechos”[37].
4.      La
carencia actual de objeto
Esta Corporación
ha reiterado en numerosas sentencias que la finalidad de la acción de tutela es
garantizar la protección del derecho fundamental de quien solicita el amparo,
de modo que no tiene sentido adoptar una decisión cuando la supuesta amenaza ha
desaparecido o fue superada, es decir, cuando existe una carencia de objeto,
pues cualquier orden caería en el vacío.
La carencia
actual de objeto puede configurarse por dos eventos distintos: i) hecho
superado y ii) daño consumado. El primero tiene lugar cuando entre la
interposición de la acción de tutela y el fallo se remedia la amenaza o
vulneración respecto de la cual se solicitó protección, por ejemplo, se ordenó
la prestación del servicio que se estaba negando. El segundo, cuando no se
remedia la amenaza del derecho, sino que, a partir de su falta de garantía, se
ocasiona el daño que se buscaba evitar, de modo que ya no es posible hacer
cesar la violación o impedir que se concrete el peligro, y lo único que procede
es el resarcimiento del daño.
En este sentido,
cabe recordar que la acción de tutela tiene un carácter preventivo, por regla
general, y sólo excepcionalmente se permite ordenar algún tipo de indemnización
por la vulneración del derecho fundamental. En este orden de ideas, en caso de
un daño consumado, cualquier orden judicial resultaría inocua o, lo que es lo
mismo, caería en el vacío.
La
jurisprudencia de esta Corporación también ha sostenido en recientes sentencias[38] que es posible que la carencia actual de
objeto no se derive de la presencia de un daño consumado o de un hecho
superado, sino de alguna otra circunstancia que determine, igualmente, que la
orden de los jueces de tutela no surta ningún efecto. Ello sucedería, por
ejemplo, si por una modificación en los hechos que originaron la acción de
tutela, el accionante perdiera el interés en la satisfacción de la pretensión o
ésta fuera imposible de llevar a cabo porque, el demandante ha fallecido por
causas distintas a la falta de satisfacción de las pretensiones de la demanda.
Ahora bien, de
acuerdo con recientes pronunciamientos de la
Corte Constitucional, la configuración del fenómeno de la carencia actual de
objeto no impide un pronunciamiento de fondo sobre la existencia de una
violación de derechos fundamentales y la corrección de las decisiones
judiciales de instancia por parte de la
Corte Constitucional.
En este sentido,
en los casos de carencia actual de objeto por hecho superado es necesario que,
tanto los jueces de instancia como la
Corte Constitucional, demuestren que se ha satisfecho por completo lo que se
pretendía mediante la acción de tutela, esto es, que demuestren el hecho
superado, lo que autoriza a declarar en la parte resolutiva de la sentencia la
carencia actual de objeto y a prescindir de órdenes encaminadas a la garantía
de los derechos invocados, pudiendo en todo caso: (i) pronunciarse sobre los
derechos desconocidos por la negativa inicial de los accionados a satisfacer lo
pretendido mediante la acción de tutela; (ii) prevenir, en la parte resolutiva
de la sentencia al demandado sobre la inconstitucionalidad de su conducta; y (iii)
advertir las sanciones a las que se hará acreedor en caso de que se repita.
5.      El
carácter fundamental del derecho a la salud: Perspectiva
integral y desarrollo doctrinal. Reiteración de jurisprudencia[39].
Muchos discursos
se articulan a partir de la defensa del derecho a la salud. Políticas públicas,
teorías económicas, estudios demográficos, acciones judiciales y más
recientemente el activismo sobre derechos humanos, entre otros, han convertido
esa materia en un escenario de debate en el cual confluyen un universo de
diversas corrientes de pensamiento.
En consideración
a ello, adoptar una posición al respecto presenta una dificultad importante al
momento de precisar qué entendemos por dicho término o al momento de delimitar
el alcance y contenido de ese derecho. Esta situación se presenta, en parte,
porque su significado está influenciado por el contexto social, económico,
cultural, político y ambiental en el cual se pretenda indagar por ello[40].
A manera de ejemplo, es conocido que en la baja edad media el término “salus”
significaba la superación de dificultades, por tanto, la salud era
simplemente aquello que permitía el acto de seguir viviendo, que implicaba “una
actividad interna del ser vivo que consigue mantener una cierta independencia y
diferenciación de su ámbito exterior: el mantenimiento de la homeostasis[41],
característico de los vivientes, es un proceso activo que se realiza contra
dificultades que opone el medio”[42].
Este tipo de
definiciones de naturaleza mecanicista y con un fuerte componente biológico,
fueron objeto de fuertes críticas por parte de la academia, razón por la cual
los avances conceptuales se concentraron en la incorporación de la dimensión
mental y social del derecho a la salud.  Así, la
Organización Mundial de la Salud (en adelante OMS) definió a la salud como “un
estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la
ausencia de afecciones o enfermedades”[43].
A pesar de su
contenido garantista, tal reconceptualización del derecho a la salud generó
nuevos problemas doctrinales, como por ejemplo, que el término “completo”,
excluía a las personas en condición de discapacidad, que a pesar de no tener un
dominio pleno de sus facultades físicas y mentales se consideran sanas. De la
misma manera, el término bienestar, (condición sine qua non[44],
para que un individuo se reconozca como sano) generó dificultades debido a su
carácter subjetivo, pues creaba tantas definiciones de salud como personas
existen. Por tanto, como el concepto de bienestar varía por factores sociales[45],
la definición adoptada por la
Organización Mundial de la Salud estuvo más cerca de identificar que se
entiende por calidad de vida y no por salud.
Nuevas teorías han
relacionado la salud con la facultad de actuar con inteligencia y voluntad,
exponiendo que las personas saludables, son aquellas que pueden reconocerse
como sujetos de derecho al interior de la sociedad y desempeñar con normalidad
el rol que se le ha asignado dentro de la misma. Tales premisas relevan a la
faceta biológica del centro de la argumentación, sin negar la existencia de la
misma, porque “aunque existan pequeñas molestias o malestares, no alcanzan
éstos a impedir el desarrollo de las actividades normales. Así, una persona que
carezca de capacidad para reproducirse, o que tenga algunas alteraciones
físicas o psicológicas leves (como puede ser una ligera inestabilidad de la
articulación del tobillo o una leve ansiedad pasajera) puede, en muchas
ocasiones, desarrollar su vida normalmente.”[46]
A partir de ese
tipo de desarrollos doctrinales, la salud no puede definirse como el conjunto
de competencias que hacen que una persona sea apta para desarrollar determinada
función o ejecutar cierto tipo de trabajo, pues tal concepto debe entenderse
desde una perspectiva amplia e integral que reivindique el concepto de dignidad
humana y la posibilidad de desarrollarse como sujeto de derechos. Por tanto, la
salud ya no se define como la antítesis de la enfermedad o como un estado,
sino como una relación y un hecho que denota un proceso comunicativo
entre el sujeto con su cuerpo - mente, con la sociedad y con el ambiente[47].
6.      El
carácter fundamental del derecho a la salud: Protección constitucional
y adopción por bloque de constitucionalidad. Reiteración de jurisprudencia.
Este Tribunal en
su función de salvaguardar la supremacía de los principios, valores y normas
que integran la Constitución Política, ha expuesto de manera reiterada que el
derecho a la salud tiene carácter fundamental[48]. A pesar de
las diversas manifestaciones de tal voluntad, la
Sala llama la atención sobre una de ellas en particular, según la cual la
salud es “la facultad que tiene todo ser humano de mantener la normalidad
orgánica funcional, tanto física como en el plano de la operatividad mental, y
de restablecerse cuando se presente una perturbación en la estabilidad orgánica
y funcional de su ser”[49].
Este entendimiento del derecho a la salud reivindica una concepción susceptible
de ser aplicable a las dimensiones física y psicológica del ser humano y le
otorga un carácter de medio para la materialización de otros derechos[50].
Como una muestra
de su compromiso político para materializar el derecho a la salud, el Estado
colombiano ha incorporado a su ordenamiento jurídico una serie de instrumentos
de derecho internacional público[51]
por medio de los cuales se propuso alcanzar unos niveles mínimos para su
ejercicio. Como el contenido de los mismos tiene como materia principal la
exigibilidad de derechos humanos, tales tratados tienen un carácter vinculante
para nuestro ordenamiento jurídico por mandato expreso de nuestra Carta
Política, concretamente lo dispuesto en el artículo 93, bajo el concepto de bloque
de constitucionalidad[52].
Entre las disposiciones
que conforman dicho bloque, puede observarse el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales[53], que en su
artículo 12, numeral 1°, señala que los Estados Partes se obligan a reconocer
el “derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud
física y mental”.
En el derecho internacional de los derechos humanos, diferentes
instrumentos reconocen el derecho a la salud. Así, la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 25 señala que “toda
persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su
familia, la salud y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la
asistencia médica y los servicios sociales necesarios.
En el sistema interamericano, la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece en su
Artículo XI que toda persona tiene el derecho “a que su salud sea preservada
por medidas sanitarias y sociales, relativas a […] la asistencia médica,
correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la
comunidad”. En el mismo sentido, el artículo 10º del Protocolo Adicional
a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, establece que toda persona tiene derecho a
la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico,
mental y social.
Por su parte, el Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, órgano encargado de
interpretar el alcance del PIDESC, en su Observación General Número 14, indicó
que “la salud es un derecho
humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos
humanos [y que] todo ser humano tiene derecho al
disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente”[54]. En este
sentido, la citada observación establece que el
derecho a la salud abarca los siguientes elementos esenciales e
interrelacionados:
“a) Disponibilidad.
Cada Estado Parte deberá contar con un número suficiente de establecimientos,
bienes y servicios públicos de salud y centros de atención de la salud, así
como de programas. La naturaleza precisa de los establecimientos, bienes y
servicios dependerá de diversos factores, en particular el nivel de desarrollo
del Estado Parte. Con todo, esos servicios incluirán los factores determinantes
básicos de la salud, como agua limpia potable y condiciones sanitarias
adecuadas, hospitales, clínicas y demás establecimientos relacionados con la
salud, personal médico y profesional capacitado y bien remunerado habida cuenta
de las condiciones que existen en el país, así como los medicamentos esenciales
definidos en el Programa de Acción sobre medicamentos esenciales de la
OMS.
b) Accesibilidad.
Los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser accesibles a todos,
sin discriminación alguna, dentro de la jurisdicción del Estado Parte. La
accesibilidad presenta cuatro dimensiones superpuestas:
i) No discriminación: los establecimientos, bienes y servicios de
salud deben ser accesibles, de hecho y de derecho, a los sectores más
vulnerables y marginados de la población, sin discriminación alguna por
cualquiera de los motivos prohibidos.
ii) Accesibilidad física: los establecimientos, bienes y servicios
de salud deberán estar al alcance geográfico de todos los sectores de la
población, en especial los grupos vulnerables o marginados, como las minorías
étnicas y poblaciones indígenas, las mujeres, los niños, los adolescentes, las
personas mayores, las personas con discapacidades y las personas con VIH/SIDA.
La accesibilidad también implica que los servicios médicos y los factores
determinantes básicos de la salud, como el agua limpia potable y los servicios
sanitarios adecuados, se encuentran a una distancia geográfica razonable,
incluso en lo que se refiere a las zonas rurales. Además, la accesibilidad
comprende el acceso adecuado a los edificios para las personas con
discapacidades.
iii) Accesibilidad económica (asequibilidad): los
establecimientos, bienes y servicios de salud deberán estar al alcance de
todos. Los pagos por servicios de atención de la salud y servicios relacionados
con los factores determinantes básicos de la salud deberán basarse en el principio
de la equidad, a fin de asegurar que esos servicios, sean públicos o privados,
estén al alcance de todos, incluidos los grupos socialmente desfavorecidos. La
equidad exige que sobre los hogares más pobres no recaiga una carga
desproporcionada, en lo que se refiere a los gastos de salud, en comparación
con los hogares más ricos.
iv) Acceso a la información: ese acceso comprende el derecho de
solicitar, recibir y difundir información e ideas acerca de las cuestiones
relacionadas con la salud. Con todo, el acceso a la información no debe
menoscabar el derecho de que los datos personales relativos a la salud sean
tratados con confidencialidad.
c) Aceptabilidad.
Todos los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser respetuosos
de la ética médica y culturalmente apropiados, es decir respetuosos de la
cultura de las personas, las minorías, los pueblos y las comunidades, a la par
que sensibles a los requisitos del género y el ciclo de vida, y deberán estar
concebidos para respetar la confidencialidad y mejorar el estado de salud de
las personas de que se trate.
d) Calidad. Además
de aceptables desde el punto de vista cultural, los establecimientos, bienes y
servicios de salud deberán ser también apropiados desde el punto de vista
científico y médico y ser de buena calidad. Ello requiere, entre otras cosas,
personal médico capacitado, medicamentos y equipo hospitalario científicamente
aprobados y en buen estado, agua limpia potable y condiciones sanitarias
adecuadas”[55].
De otra parte, la
Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tenido la oportunidad de
pronunciarse previamente sobre algunas de las implicaciones de la protección
del derecho a la salud.  En algunos casos en conexión con los derechos a
la vida o integridad personal[56]; en
otros dentro del concepto de vida digna[57];
en algunos más con motivo de la atención médica prestada en centros de
reclusión o instituciones similares[58]; incluso,
en otros casos, en relación con los derechos sexuales o reproductivos[59].
Para profundizar en la justiciabilidad
directa del derecho a la salud, resulta de especial utilidad efectuar una interpretación
evolutiva respecto al alcance de los derechos consagrados en el Artículo 26 de la
Convención Americana. Al respecto, la práctica de diversos tribunales
nacionales ofrece importantes ejemplos de análisis a partir de la obligación de
respeto y garantía respecto al derecho a la salud y la utilización del corpus
juris sobre las obligaciones internacionales en relación con el derecho a
la salud para impulsar una protección judicial directa de este derecho.
Es importante precisar, por otra parte,
que las altas jurisdicciones nacionales utilizan su propia normativa constitucional
-además de los instrumentos y fuentes internacionales-.  “En la actualidad
resultan innegables los avances normativos en los Estados nacionales sobre los
derechos sociales, en particular sobre el alcance constitucional dela
protección del derecho a la salud (sea de manera expresa, derivada de otros derechos
o debido a su reconocimiento por la incorporación constitucional de los
tratados internacionales)”[60].
Entre las normas constitucionales de los
Estados parte de la Convención Americana que refieren de alguna forma a la
protección del derecho a la salud, se encuentran: Argentina (art. 42)[61],
Bolivia (art. 35)[62], Brasil
(art. 196)[63], Colombia
(art. 49)[64], Costa
Rica (art. 46)[65], Chile
(art. 19, inciso 9)[66], Ecuador
(art. 32)[67], El
Salvador (art. 65)[68], Guatemala
(arts. 93 y 94)[69],Haití
(art. 19)[70],Honduras
(art. 145)[71],México
(art. 4o.)[72],Nicaragua
(art. 59)[73],Panamá
(art. 109)[74],Paraguay
(art. 68)[75],Perú
(art. 70.)[76],República
Dominicana (art. 61)[77], Suriname
(art. 36)[78],Uruguay
(art. 44)[79], y
Venezuela (art. 83)[80].
Es importante
resaltar que este entendimiento del derecho a la salud como directamente
fundamental en los Estados nacionales, o de la justiciabilidad directa del
derecho a la salud en el marco de la
Convención Americana, no implica un entendimiento del derecho a la salud como
un derecho absoluto, como un derecho que no tiene límites o que se debe
proteger en toda ocasión que se invoque. “[d]e la justiciabilidad de un derecho,
civil o social, no se deriva su protección absoluta en todo litigio. Siempre,
en todo caso, sea derecho civil o social, hay que resolverlo haciendo un
análisis de imputación y verificar cómo operan las obligaciones de respeto y garantía
respecto a cada situación que se alega violatoria de un determinado derecho”[81].
Estas
disposiciones no tienen un carácter retórico, sino que constituyen verdaderas
garantías y compromisos para adoptar medidas eficaces para la consecución de
tal derecho. En síntesis, el derecho a la salud debe comprenderse desde una
perspectiva integral, razón por la cual su ejercicio depende, necesariamente,
de un conjunto de actividades que hacen posible el mismo. En términos
concretos, tiene una relación de interdependencia con la esfera social, económica,
cultural, ambiental, la cual se materializa con la prestación de tratamientos,
procedimientos, medicamentos, atención preventiva, entre otros[82].
En atención a lo
expuesto, el goce del derecho a la salud no debe entenderse como un conjunto de
prestaciones exigibles de manera segmentada y parcializada, sino como una
pluralidad de servicios, tratamientos, procedimientos concurrentes de manera
armónica e integral para mejorar hasta el máximo posible las condiciones de
salud de sus destinatarios, como tendremos oportunidad de observar a
continuación[83].
7.      El
carácter fundamental del derecho a la salud: Aplicación.
El artículo 49
de la Constitución, señala que deberá garantizarse a todas las personas el
acceso a los “servicios de promoción, protección y recuperación de la salud”,
adicionalmente, el artículo 44 establece que la salud es uno de los derechos
fundamentales de los niños.
Con base en
ello, y en los instrumentos de derechos internacional expuestos, la
Corte Constitucional ha reconocido el carácter fundamental autónomo del
derecho a la salud[84],
superando la noción inicial seguida por esta Corporación según la cual el
derecho a la salud era fundamental cuando estaba en conexidad con los derechos
a la vida, a la integridad personal y a la dignidad humana, o cuando el sujeto
que requería su garantía era de aquellos que merecen una especial protección
constitucional. Por ello, en principio, el derecho a la salud reviste el
carácter de fundamental autónomo y su negativa puede controvertirse mediante
acción de tutela.[85]
“Sin embargo,
ello no implica que se trate de un derecho absoluto, pues admite límites de
conformidad con los criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Además, su
carácter de derecho fundamental, tampoco implica que todas las facetas del
derecho a la salud, sean susceptibles de garantía mediante la acción  de
tutela, porque el plan de beneficios contemplado en los regímenes subsidiado y
contributivo del sistema de salud no tiene recursos ilimitados”[86].
Por tanto, debe
entenderse que la garantía del derecho a la salud “tiene límites, razonables
y justificados constitucionalmente”[87],
pero que los mismos no pueden erigirse como barreras que imposibiliten el
acceso al mismo. Por ello, es inaceptable señalar que el goce efectivo del
derecho a la salud depende de los procedimientos, tratamientos, prestaciones y
medicamentos incluidos en el P.O.S., anteponiendo argumentos de índole
económica al derecho a la vida en condiciones dignas, como la
Sala expondrá a continuación.
a.     Acceso a
medicamentos, tratamientos o procedimientos médicos excluidos del Plan
Obligatorio de Salud. Reiteración de jurisprudencia.
Como esta Corte ha reconocido el
carácter fundamental autónomo del derecho a la salud, la negativa de prestar un
servicio de salud, en principio, puede controvertirse mediante acción de tutela[88].
Sin embargo, el hecho que el derecho a
la salud tenga carácter fundamental, no significa que se trate de una garantía
absoluta. Al igual que todos los derechos, sus límites están determinados por
criterios de razonabilidad y proporcionalidad, circunstancia que tiene como
consecuencia que no todas las dimensiones del mismo puedan ser exigibles por
medio del mecanismo de acción de tutela.
Como vivimos en una sociedad construida
sobre el principio de solidaridad, los recursos para cubrir las contingencias
derivadas de la enfermedad o las políticas para la prevención y tratamiento
oportuno de síntomas, no son infinitos. Debido a ello, algunos medicamentos,
tratamientos, procedimientos y servicios han sido excluidos del P.O.S., por su
alto costo, con el propósito de ampliar la cobertura del servicio.
En razón a ello,
existen dos tipos de servicios, los incluidos y los no incluidos en el P.O.S.
No obstante, “toda persona tiene derecho a que exista un Sistema que le
permita acceder a los servicios de salud que requiera. Esto sin importar si los
mismos se encuentran o no en un plan de salud, o de si la entidad responsable
tiene o no los mecanismos para prestar ella misma el servicio requerido”[89]. Por tanto, si una persona requiere un
servicio de salud, y éste le es negado debido a un trámite administrativo, tal
situación constituye un hecho que vulnera su derecho a la salud.
Para establecer
en qué casos una persona puede acceder a un servicio no P.O.S. la
jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos, a saber:
“a.
Que la falta del servicio médico vulnera o amenaza los derechos a la vida y a
la integridad personal de quien lo requiere;
b.
Que el servicio no pueda ser sustituido por otro que se encuentre incluido en
el plan obligatorio;
c.
Que el interesado no pueda directamente costearlo, ni las sumas que la entidad
encargada de garantizar la prestación del servicio se encuentra autorizada
legalmente a cobrar, y no puede acceder al servicio por otro plan distinto que
lo beneficie[90];
y
d.
Que el servicio médico haya sido ordenado por un médico adscrito a la entidad
encargada de garantizar la prestación del servicio a quien está solicitándolo”[91].
A partir de la
Sentencia T-760 de 2008, los anteriores requisitos fueron agrupados y se
estableció que una E.P.S. desconoce el derecho a la salud si se niega a
autorizar un servicio que no esté incluido en el P.O.S., cuando el mismo sea
necesario.
Así las cosas, “toda
persona tiene el derecho a que se le garantice el acceso a los servicios de
salud que requiera. Cuando el servicio que requiera no está
incluido en el plan obligatorio de salud correspondiente, debe asumir, en
principio, un costo adicional por el servicio que se recibirá. No obstante,
como se indicó, la jurisprudencia constitucional ha considerado que sí carece
de la capacidad económica para asumir el costo que le corresponde, ante la
constatación de esa situación de penuria, es posible autorizar el servicio
médico requerido con necesidad”[92].
Para tramitar
estar autorizaciones la Corte expuso[93] que el
médico tratante debía solicitar al Comité Técnico Científico, la autorización
de los servicios de salud no incluidos dentro del plan obligatorio de salud. De
modo que una E.P.S. desconoce el derecho a la salud, cuando niega un
tratamiento, procedimiento, medicamento o prestación, argumentando que, quien
necesita del mismo, no ha presentado la solicitud al referido Comité.
De esta manera, este Tribunal
Constitucional ha expuesto que en aquellos casos en los cuales el médico
tratante ordene servicios necesarios para preservar la vida digna e integridad
del paciente y éstos no se encuentren incluidos en el P.O.S. “resulta procedente
de manera excepcional, la autorización y/o suministro del servicio médico por
parte de la E.P.S., siempre y cuando el paciente o sus familiares no puedan
sufragar el costo del mismo, atendiendo al principio de solidaridad”.[94]
En relación a ello, esta Corte ha
expuesto que si el peticionario afirma no tener recursos económicos suficientes
para costear la prestación del servicio de salud requerido, tal hecho debe
presumirse cierto[95]. Sin embargo,
tal presunción puede ser desvirtuada por parte de la obligada a prestar el
servicio, pues las E.P.S.
tienen en sus archivos información referente a la situación socioeconómica de
sus afiliados, y, por tanto, están en la capacidad de controvertir las
afirmaciones formuladas por los accionantes referentes a su incapacidad
económica. Por tal razón, su inactividad al respecto, hace que las afirmaciones
presentadas por el accionante se tengan como prueba suficiente[96].
b.      El
derecho a la salud cuando se trata de sujetos de especial protección
constitucional con énfasis en niños, niñas y adultos mayores
De conformidad
con el artículo 13 superior, el Estado debe proteger, de manera especial, a
aquellas personas que por sus condiciones económicas, físicas o mentales, se
encuentren en debilidad manifiesta. A su vez, el artículo 44 constitucional,
consagró los derechos a la seguridad social y a la salud como derechos
fundamentales. En el caso de menores de edad, la protección integral de sus
derechos debe hacerse efectiva a través del principio del interés superior de
los niños, según el cual “los derechos de los niños prevalecen sobre los
derechos de los demás”.
Debido a la
condición de vulnerabilidad de los menores de edad y a su necesidad de especial
cuidado, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que aquéllos tienen
estatus de sujetos de especial protección constitucional[97]por ser una “población vulnerable,
frágil, que se encuentra en proceso de formación”[98]. Lo anterior ha permitido la
salvaguarda y promoción de sus derechos en situaciones concretas en las que el
Estado, la sociedad y la familia deben concurrir.
Bajo esa
perspectiva, la jurisprudencia de esta Corporación, al interpretar el cuerpo
normativo que regula la garantía de los derechos de los niños, ha concluido que
en todos los casos relacionados con la protección de sus derechos, “el
criterio primordial a seguir por las autoridades competentes debe ser el de la
preservación y protección del interés prevaleciente y superior del menor”[99],
lo cual se traduce en la ejecución prevalente e inmediata de las medidas
necesarias para garantizar sus derechos.
De otra parte, la población de adultos mayores también ha
sido protegida de manera especial. Al respecto, el Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la
ONU, en su Observación General No. 14 señala:
“En
lo que se refiere al ejercicio del derecho a la salud de las personas mayores,
el Comité, conforme a lo dispuesto en los párrafos 34 y 35 de la observación
general No. 6 (1995), reafirma la
importancia del enfoque integrado de la salud que abarque la prevención, la
curación y la rehabilitación. Esas medidas deben basarse en reconocimientos
periódicos para ambos sexos; medidas de rehabilitación física y psicológica
destinadas a mantener la funcionalidad y la autonomía de las personas mayores;
y la prestación de atención y cuidados a los enfermos crónicos y en fase
terminal, ahorrándoles dolores evitables y permitiéndoles morir con dignidad”.
Con base en ello, esta Corporación ha
expuesto que los adultos mayores necesitan una protección preferente en vista
de las especiales condiciones en que se encuentran y es por ello que el Estado
tiene el deber de garantizar los servicios de seguridad social integral a
estos, dentro de los cuales se encuentra la atención en salud. “La atención
en salud de personas de la tercera edad se hace relevante en el entendido en
que es precisamente a ellos a quienes debe procurarse un urgente cuidado médico
en razón de las dolencias que son connaturales a la etapa del desarrollo en que
se encuentran”[100].
En consecuencia,
le corresponde al Estado garantizar los servicios de seguridad social integral,
y por ende el servicio de salud a los adultos mayores, dada la condición de
sujetos de especial protección, por lo tanto, la acción de tutela resulta el
instrumento idóneo para materializar el derecho a la salud de dichas personas[101].
De conformidad con ello, el Estado debe
brindar las condiciones normativas y materiales que permitan a personas
colocadas en situaciones de debilidad manifiesta, en la medida de lo factible y
razonable, superar su situación de desigualdad. “Este deber de protección no
sólo radica en cabeza de los legisladores sino también le corresponde ejercerlo
a los jueces quienes han de adoptar medidas de amparo específicas según las
circunstancias de cada caso en concreto”.[102]
En conclusión, esta Corte ha considerado que el derecho a
acceder a los servicios de salud es el presupuesto mínimo para el goce efectivo
del derecho a la salud, el cual debe garantizarse de manera preferente sobre
los niños, las niñas y los adultos mayores, debido a su especial condición de
vulnerabilidad[103].
No obstante, el acceso a los servicios de salud y la atención preferente sobre
sujetos de especial protección constitucional, resultan insuficientes si no se
prestan de manera completa y en función a las condiciones físicas y mentales de
las personas, como analizaremos a continuación.
c.       El
principio de integralidad en la prestación del servicio de salud.
La ejecución de
la totalidad de un tratamiento médico con ocasión a un  diagnóstico realizado
por un profesional de la salud, no constituye una acción facultativa o de buena
voluntad, sino el cumplimiento de las obligaciones estipuladas por el
legislador junto con la materialización de la voluntad del constituyente, en
procura de un orden social y democrático justo.
A partir de la
revisión del marco legal, la fuente de la dimensión de integralidad del derecho
a la salud, tiene sustento en el literal c, artículo 156 de la
Ley 100 de 1993. Esta disposición estipula que “todos los afiliados al
Sistema General de Seguridad Social en Salud recibirán un Plan Integral de
protección de la salud, con atención preventiva, médico-quirúrgica y
medicamentos esenciales (...)”. En otros términos, establece que el
goce efectivo del derecho a la salud requiere acciones positivas por parte del
Estado y de los prestadores del servicio de salud, encaminadas a garantizar el
acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación, con plena
observancia de los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.[104]
A su vez, tales
disposiciones legales han sido desarrolladas a partir de pronunciamientos
judiciales en general y del control concreto y abstracto efectuado por esta
Corte. Así, este Tribunal Constitucional ha expuesto que la atención de los
usuarios del sistema de seguridad social en salud debe ser integral, esto es,
completa, pues de otra manera no sólo se afecta el derecho a la salud, sino que
la inobservancia del mismo invade la órbita de protección de otros derechos
como la vida y la dignidad, entre otros.
De esta manera,
esta Corporación ha expuesto que la integralidad hace referencia al “cuidado,
suministro de medicamentos, intervenciones quirúrgicas, prácticas de
rehabilitación, exámenes para el diagnóstico y el seguimiento, así como todo
otro componente que el médico tratante valore como necesario para el pleno
restablecimiento de la salud del paciente o para mitigar las dolencias que le
impiden llevar su vida en mejores condiciones; y en tal dimensión, debe ser
proporcionada a sus afiliados por las entidades encargadas de prestar el
servicio público de la seguridad social en salud”.[105]
Ahora bien, como
la integralidad hace referencia a un conjunto de medicamentos, tratamientos y
procedimientos, necesarios para la materialización del derecho a la salud, ello
implica que el paciente reciba toda la atención, sin que haya que acudir al
ejercicio de acciones legales de manera reiterada y prolongada en el tiempo
para tal efecto. En Sentencia T-289 de 2013, esta Corte expuso que el juez de
tutela estaba obligado a “ordenar el suministro de los servicios médicos que
sean necesarios para conservar o restablecer la salud del paciente, ello con la
finalidad de que las personas afectadas por la falta del servicio, obtengan
continuidad en la prestación del mismo. La
Corte ha indicado que con ello se evita la interposición de acciones de tutela
por cada servicio que le sea prescrito a un afiliado por una misma patología”[106].
En conclusión,
la prestación del servicio de salud debe efectuarse con el propósito de brindar
una respuesta efectiva a las necesidades del usuario. Esto es, con la totalidad
de tratamientos, medicamentos y procedimientos disponibles basados en criterios
de razonabilidad, oportunidad y eficiencia. El cumplimiento de estos
presupuestos es obligación del Estado y de las entidades prestadoras del
servicio de la salud. No obstante, ante el incumplimiento de estos parámetros,
es función del juez constitucional restablecer el derecho conculcado, en este
caso la salud, para garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la
salud y de cualesquiera otros derechos que se vean afectados por la acción u
omisión de las entidades obligadas a prestar dicho servicio de conformidad con
los fines del Estado Social de Derecho.[107]
De otra parte, en relación al derecho a
la salud en su dimensión de información (derecho al diagnóstico) la
jurisprudencia ha expuesto de manera reiterada que está constituido por “todas
aquellas actividades, procedimientos e intervenciones tendientes a demostrar la
presencia de la enfermedad, su estado de evolución, sus complicaciones y
consecuencias presentes y futuras para el paciente y la comunidad”[108].
Así las cosas, su garantía se concreta en transmitir al paciente todo
conocimiento disponible sobre su estado de salud, los tratamientos a los que
puede someterse, las repercusiones sobre su calidad de vida a corto y largo
plazo, entre otras acciones.
Ahora bien, este derecho se materializa
o se hace efectivo a partir de las siguientes prestaciones:
“(i) la práctica de las pruebas,
exámenes y estudios médicos ordenados a raíz de los síntomas presentados por el
paciente.
(ii) la calificación igualmente
oportuna y completa de ellos por parte de la autoridad médica correspondiente a
la especialidad que requiera el caso, y
(iii) la prescripción, por el
personal médico tratante, del procedimiento, medicamento o implemento que se considere
pertinente y adecuado, a la luz de las condiciones biológicas o médicas del
paciente, el desarrollo de la ciencia médica y los recursos disponibles.”[109]
La
jurisprudencia ha entendido que las mismas son indispensables para la recuperación
definitiva de la persona, puesto que, la falta de diagnóstico sobre una
determinada enfermedad, genera una situación de incertidumbre y puede conllevar
consecuencias graves sobre la salud e incluso la vida del paciente.  Ahora
bien, a pesar que en algunas situaciones se tenga certeza sobre el diagnóstico
médico, es un hecho incontrovertible que muchas de las prestaciones que se
derivan del mismo terminan siendo limitadas o incluso restringidas por no
encontrarse incluidas dentro del P.O.S.
En razón a que las E.P.S. están en
obligadas a prestar los servicios expuestos sin interrupciones y demoras
injustificadas, la Sala expondrá algunas decisiones relevantes proferidas por
esta Corte en las cuales se ha delimitado el alcance de tales deberes, con base
en el estudio de casos similares a los estudiados en esta oportunidad.
d.      El
principio de continuidad en la prestación del servicio de salud. Reiteración de
jurisprudencia.
Las E.P.S. están
constitucionalmente obligadas a prestar los servicios de salud requeridos de
manera ininterrumpida, aun cuando se trate de servicios no P.O.S. que fueron
autorizados de manera previa y no existe razón válida para su interrupción. Con
la aplicación de éste principio se busca que los servicios en salud requeridos,
que deban suministrarse por un período prolongado de tiempo, no se terminen por
razones distintas a las médicas y se deje a los pacientes carentes de
protección con las consecuencias que ello conlleva en sus vidas e integridad.
En Sentencia
T-418 de 2013 se expuso que, de conformidad con el artículo 153, numeral 3.21
de la Ley 100 de 1993[110],
toda persona que ingresa al Sistema General de Seguridad Social en Salud, tiene
vocación de permanencia y, de manera general no debe ser excluido del mismo,
cuando esté en peligro su calidad de vida e integridad. Esta garantía es a la
que esta Corporación ha identificado con el nombre principio de continuidad
en la prestación del servicio de salud[111].
“Dicho principio consiste en que el Estado, en conjunto con los
particulares, tiene la obligación de prestar el servicio de salud y facilitar
su acceso promoción, protección y recuperación, conforme a los principios de
eficiencia, universalidad y solidaridad señalados en el artículo 49 de la
Constitución Política de 1991”.[112]
Al respecto, la
Corte ha venido reiterando los criterios que deben tener en cuenta las
Entidades Promotoras de Salud (E.P.S.), para garantizar la continuidad en la
prestación del servicio público de salud sobre tratamientos médicos ya
iniciados, así:
“(i)
las prestaciones en salud, como servicio público esencial, deben ofrecerse de
manera eficaz, regular, continua y de calidad, (ii) las entidades que tienen a
su cargo la prestación de este servicio deben abstenerse de realizar
actuaciones y de omitir las obligaciones que supongan la interrupción
injustificada de los tratamientos, (iii) los conflictos contractuales o
administrativos que se susciten con otras entidades o al interior de la
empresa, no constituyen justa causa para impedir el acceso de sus afiliados a
la continuidad y finalización óptima de los procedimientos ya iniciados”
[113].
Por tanto, la
continuidad en la prestación de servicios de salud responde a la necesidad de
garantizar a los usuarios que una vez iniciado algún tratamiento éste no puede
ser suspendido sin que medie alguna explicación razonable[114],
en observancia de los principios de la buena fe y de confianza legítima[115].
Así las cosas, el tratamiento médico no puede ser interrumpido hasta que el
usuario del servicio haya logrado su total recuperación o, en caso de que ello
no fuera posible, el tratamiento logre el efecto para el cual se prescribió.
Al respecto la
Corte ha considerado que “[l]a garantía de continuidad en la
prestación del servicio es parte, por consiguiente, de los elementos
definitorios del derecho constitucional fundamental a la salud que no puede ser
desconocido sin que con esta actitud se incurra en una grave vulneración del
derecho a la salud y de otros derechos que se conectan directamente con él,
como son el derecho a la vida en condiciones de dignidad y de calidad y a la
integridad física y psíquica. Por consiguiente, no es admisible constitucionalmente
abstenerse de prestar el servicio o interrumpir el tratamiento de salud que se
requiera bien sea por razones presupuestales o administrativas, so pena de
desconocer el principio de confianza legítima y de incurrir en la vulneración
del [sic] derechos constitucionales fundamentales”[116].
De la misma
manera, esta Corporación ha establecido reglas que deben observar las entidades
prestadoras del servicio de salud, para cumplir con la garantía del derecho
fundamental a la salud en su componente de continuidad, así: “(i) que las
prestaciones en salud, como servicio público obligatorio y esencial, tiene que
ofrecerse de manera eficaz, regular, permanente y de calidad; (ii) que las
entidades prestadoras del servicio deben ser diligentes en las labores que les
corresponde desarrollar, y deben abstenerse de realizar actuaciones ajenas a
sus funciones y de omitir el cumplimiento de obligaciones que conlleven la
interrupción injustificada de los servicios o tratamientos; (iii) que los
usuarios del sistema de salud no pueden ser expuestos a engorrosos e
interminables trámites internos y burocráticos que puedan comprometer la
permanencia del servicio; y (iv) que los conflictos de tipo contractual o administrativo
que se presenten con otras entidades o al interior de la propia empresa, no
constituyen justa causa para impedir el acceso de sus afiliados a la
continuidad, permanencia y finalización óptima de los servicios y
procedimientos médicos ordenados.”[117]
En
conclusión, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional establece el derecho a que a toda persona le sea
garantizada la continuidad del servicio de salud. Es decir, que una vez que se
ha iniciado un tratamiento éste no puede ser interrumpido de manera imprevista,
antes de la recuperación o estabilización del paciente. Ahora bien, no es
suficiente que el servicio de salud sea continuo si no se presta de manera
completa. Teniendo en cuenta ello, la Sala procederá a reiterar la posición
asumida por esta Corporación en relación a la prestación integral de
procedimientos, medicamentos, tratamientos, entre otros, que integran el
componente prestacional del derecho a la salud, en aras de resolver el problema
jurídico materia de esta decisión.[118]
8.      El
transporte como medio indispensable para acceder a un servicio de salud
Como se expuso
en acápites anteriores, la
Corte Constitucional ha construido una sólida jurisprudencia del derecho a la salud
a partir de los tratados de derecho internacional incorporados al bloque de
constitucionalidad y la doctrina calificada. En la
Observación General N° 14 del PIDESC, que pertenece a esa última calificación,
se enuncian elementos esenciales del mismo, a partir de los cuales se ha
desarrollado la garantía de accesibilidad a los servicios de salud que sean
ordenados por el médico tratante, de modo tal que si existen barreras físicas,
económicas o de información que le impidan a los usuarios del sistema acceder a
la prestación efectiva de los servicios de salud autorizados, se debe concluir
que las entidades prestadoras del servicio de salud están vulnerando el derecho
fundamental a la salud de los afiliados al no garantizar el acceso[119].
En
este sentido, la Sentencia T-233 de 2011 estableció que “toda persona tiene
derecho a que se remuevan las barreras y obstáculos que [le] impidan
acceder a los servicios de salud que requiere con necesidad, cuando éstas
implican el desplazamiento a un lugar distinto al de su residencia, debido a
que en su territorio no existen instituciones en capacidad de prestarlo, y la
persona no puede asumir los costos de dicho traslado.” Por
esta razón la Corte ha sostenido que la accesibilidad o el derecho de acceso a
la salud, debe ser concebido como “el presupuesto mínimo para el goce
efectivo del derecho fundamental a la salud”[120].
“Debido a la distribución geográfica de las
distintas instituciones prestadoras del servicio de salud, no en todos los
casos los usuarios pueden acceder a los servicios de salud que requieren en su
lugar de residencia. En algunas ocasiones, y por diversos motivos, la entidad
de salud responsable se ve obligada a remitir al usuario a una zona geográfica
distinta”[121].
De conformidad
con el principio constitucional de solidaridad (artículo 48
C.P.) desarrollado en el contexto del acceso a los servicios de salud por el
artículo 2° de la Ley 100 de 1993, cuando un usuario del Sistema de Seguridad
Social en Salud es remitido a un municipio distinto al de su lugar de residencia,
para que le sea practicado algún procedimiento o servicio, los gastos de
transporte y estadía –de ser necesarios- deben ser asumidos en principio por el
paciente o por su familia[122]. No
obstante, frente a casos en los cuales los usuarios tienen recursos económicos
para ello esta Corte ha considerado que “no se les puede exigir que paguen
el traslado y la estancia en un sitio distinto al de su residencia, pues el
derecho a la salud comprende también la garantía de accesibilidad económica a
los servicios ordenados”[123].
Esto responde a
que la
Corte, ha integrado al concepto de derecho fundamental a la salud,
el elemento de la accesibilidad económica[124], con el
propósito de garantizar que a los
usuarios no se les impongan cargas económicas desproporcionadas para acceder al
servicio.
Sobre este tema se han expedido múltiples
acuerdos y resoluciones en las cuales se ha entendido que el transporte es un
medio para acceder a los servicios de salud, permitiendo su autorización en
algunos casos.
Así, el parágrafo del artículo 2 de la
Resolución No. 5261 de 1994[125] del Ministerio de
Salud señala
que cuando la entidad responsable no cuente con algún servicio requerido en el
municipio de residencia, el usuario podrá ser remitido al municipio
más cercano que sí cuente con el servicio. Así mismo, indica que “los gastos
de desplazamiento generados en las remisiones serán de responsabilidad del
paciente, salvo en los casos de urgencia debidamente certificada o en los
pacientes internados que requieran atención complementaria. Se exceptúan de
esta norma las zonas donde se paga una U.P.C.[126] diferencial mayor, en
donde todos los gastos de transporte estarán a cargo de la
E.P.S.”.
De otra parte,
el Acuerdo 306 de 2005 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud
–CNSSS-, establecía que el Plan Obligatorio de Salud cubría el traslado
interinstitucional de pacientes hospitalizados por enfermedades de alto costo
que, por sus condiciones de salud y limitaciones en la oferta de servicios,
requerían ubicación en un nivel de atención adecuado, siempre y cuando mediara
la remisión de un  profesional de la salud. También se garantizaba el
transporte de los pacientes ambulatorios y hospitalizados por los cuales las E.P.S.
del régimen subsidiado recibían prima adicional o unidad de pago por capitación
diferencial. En todos los casos, cuando existía limitación de oferta de
servicios en un lugar o municipio, se preveía la remisión por parte de un
profesional de la salud.
Posteriormente,
el artículo 42 del Acuerdo 029 de 2011 de la
Comisión de Regulación en Salud[127],
el cual sustituyó el Acuerdo 028 de 2011, señaló que el P.O.S. incluye el
transporte en ambulancia para el traslado entre instituciones prestadoras de
servicios de salud dentro del territorio nacional de los usuarios que requieran
un servicio no disponible en la institución remisora. Tal servicio debe
garantizarse en el área geográfica donde se encuentre el paciente y con base en
(i) el estado de salud del paciente, (ii) el concepto del médico tratante y
(iii) el lugar de remisión. En principio, la norma consagra que el transporte
debe prestarse por medio de una ambulancia, pero posteriormente indica que también
podrá disponerse del medio de transporte que esté disponible. A partir de ello
se concluye que “la ambulancia no es el único medio”[128].
Además, el
parágrafo de este mismo artículo estableció que si a criterio del médico
tratante el paciente podía ser atendido por otro prestador o ser remitido a
atención domiciliaria, el traslado en ambulancia, en caso necesario, también
hacía parte del Plan Obligatorio de Salud. A su vez, el artículo 43 regula el
tema del transporte del paciente ambulatorio en medio diferente a la ambulancia
para acceder a un servicio no disponible en el municipio de residencia del
afiliado[129]
y dispone que el servicio debe ser cubierto con cargo a la prima adicional de
las unidades de pago por capitación respectivas, en las zonas geográficas en
las que se reconozca por dispersión.
En resumen, con
relación a la necesidad de transporte intermunicipal por parte de los usuarios
del sistema se puede concluir que si un usuario del Sistema de Salud es remitido
a un municipio diferente al de su residencia para acceder a un servicio, y a
dicho municipio se le reconoce una prima adicional o una U.P.C.[130] diferencial mayor, el servicio de
transporte deberá entenderse incluido en el P.O.S. y tendrá que ser cubierto
por la E.P.S.
A partir de lo
expuesto surge un interrogante ¿Qué es la
U.P.C.-adicional y a qué zonas geográficas se reconoce? La
U.P.C. adicional es una prima o valor agregado reconocida por el
Ministerio de Salud y Protección Social a diversas zonas geográficas, por
concepto de dispersión geográfica. Es decir, un valor aplicable para las áreas
de algunos departamentos en los cuales hay una menor densidad poblacional, que
a su vez puede representar un mayor gasto por los sobrecostos de atención en
salud derivados, entre otros, del transporte de pacientes[131].
Con posterioridad
a la creación de prima adicional para las zonas geográficas, explicada
anteriormente, surgió otra adicional denominada diferencial. Ésta es
aplicable para las zonas que presenten mayor siniestralidad respecto del resto
de municipios del país. Se aplica por zona geográfica a los municipios próximos
a centros urbanos[132].
A partir de lo
expuesto se concluye que cuando el municipio remisor no cuenta con una U.P.C.
mayor, sea ésta adicional o diferencial, el servicio de transporte ha de ser
cubierto, en principio, por el usuario o su familia. Sin embargo, la
Resolución No. 5261 de 1994 consagra dos excepciones para
este supuesto: (i) la urgencia debidamente certificada o (ii) el caso
de los pacientes internados que requieran atención complementaria. Pero además,
como se estableció en la Sentencias T-339 de 2013 y T-173 de 2012, existe una
tercera: (iii) la excepción por accesibilidad económica.
Esta última
excepción consiste en que cuando los usuarios no cuenten con suficientes
recursos económicos, tendrán derecho a que el Estado y la sociedad, en virtud
del principio de solidaridad (Art. 1° C.N), los subsidien ayudándoles a superar
las barreras de tipo económico que soportan para acceder a los servicios de
salud que requieren.
En este mismo
sentido la Sentencia T-760 de 2008 señaló que toda persona tiene derecho a
acceder a los servicios de salud que requiera, lo que significa que tiene
derecho también a los medios de transporte y gastos de estadía precisos para
poder recibir la atención requerida. Y en relación con esto, sostuvo que “la
obligación se traslada a las E.P.S. en los eventos concretos donde se acredite
que (i) ni el paciente ni sus familiares cercanos tienen los recursos
económicos suficientes para pagar el valor del traslado y (ii) que de no
efectuarse la remisión se pone en riesgo la dignidad, la vida, la integridad
física o el estado de salud del usuario”.
En esta misma
sentencia, la Corte se pronunció sobre el derecho de los usuarios a que se
brinden los medios de transporte y estadía a un acompañante, señalando que se
deben cumplir en el caso concreto los siguientes requisitos: (i) que el
paciente sea dependiente de un tercero para su desplazamiento, (ii) que
requiera atención permanente para garantizar su integridad física y el
ejercicio adecuado de sus labores cotidianas y (iii) que ni él ni su núcleo
familiar cuenten con los recursos suficientes para financiar el traslado. Así,
por ejemplo, la Sentencia T-149 de 2011 estableció que “es obligación de
todas las E.P.S. suministrar el costo del servicio de transporte, cuando ellas
mismas autorizan la práctica de un determinado procedimiento médico en un lugar
distinto al de la residencia del paciente, por tratarse de una prestación que
se encuentra comprendida en los contenidos del P.O.S.”.
Ahora bien, se
pregunta la Sala ¿qué ocurre en los casos en los cuales el usuario necesita
desplazarse desde su lugar de residencia a una IPS que se ubica en su misma
ciudad, por ejemplo, para la práctica de tratamientos de rehabilitación o
tratamientos médicos periódicos que no requieren hospitalización? ¿Quién debe
asumir los costos del transporte en esta hipótesis no prevista por la ley?
La
jurisprudencia de esta Corporación también ha hecho extensiva la excepción de
la accesibilidad económica a estos casos, advirtiendo que de no garantizarse el
acceso a la prestación de los servicios de salud que se necesitan con cierto
grado de periodicidad, se estaría vulnerando el derecho a la salud del paciente
por interrumpir la continuidad de su tratamiento.
En Sentencia
T-1158 de 2001, se decidió el caso de una menor en estado de invalidez a quien la
E.P.S. le había negado el servicio de transporte en ambulancia para poder
asistir a las citas de fisioterapia dentro de su misma ciudad. En esta ocasión,
la Corte ordenó “prestar el servicio de ambulancia que requiere para todos
los tratamientos la menor” considerando que:
“[n]o existe accesibilidad si se programan,
como en el caso materia del presente fallo, sesiones de fisioterapia, pero no
se facilita la llegada e ingreso al sitio donde se va a efectuar tal
tratamiento. Ordenar una fisioterapia, pero al mismo tiempo obstaculizar su
práctica, afecta la seguridad social integral, que incluye, como es lógico, la
accesibilidad a la atención. La obligación de acudir a un tratamiento
corresponde en primer lugar al paciente y a su familia. Pero, si se trata de un
inválido y además de un niño y si la familia no tiene recursos para contratar
un vehículo apropiado, no tiene explicación que no se preste el servicio de
ambulancia por parte de la correspondiente E.P.S. (…) No es aceptable exigirle
a un niño inválido, con 84.9% de incapacidad, que tome transporte público para
ir y venir a las sesiones de fisioterapia. Las dificultades son enormes y las
secuelas, al usar tal medio de transporte público,  pueden ser
catastróficas”.
Mediante
sentencia T-861 de 2005, este Tribunal asumió el conocimiento del caso de una
persona de 56 años de edad a quien, padeciendo diabetes y enfermedad renal
crónica, le fue suspendido por la E.P.S. el servicio de transporte en
ambulancia para acudir a la unidad renal donde se le practicaba la diálisis.
Pues bien, también en este caso, la Corte decidió ordenar a la
E.P.S. el suministro de transporte debido a la especial situación de
vulnerabilidad en la que se encontraba el actor, con base en la ya mencionada
excepción de accesibilidad económica.
Así mismo, en
Sentencia T-391 de 2009, la Corte conoció de la acción de tutela interpuesta
por la madre de un menor de edad que padecía retraso mental psicomotor, a la
cual la E.P.S. le había negado el servicio de transporte para desplazarse con
su hijo desde su casa, hasta el lugar donde se le practicaban a éste las
terapias físicas, ocupacionales y del lenguaje. Para este caso, la
Corte estableció que el deber de proveer el traslado de pacientes, en casos no comprendidos en la legislación podía resumirse de
la siguiente manera:
“(i) el procedimiento o tratamiento debe ser imprescindible
para asegurar el derecho a la salud y la integridad de la persona. Al respecto
se debe observar que la salud no se limita a la conservación del conjunto
determinado de condiciones biológicas de las que depende, en estricto sentido,
la vida humana, sino que este concepto, a la luz de lo dispuesto en los
artículos 1° y 11 del Texto Constitucional, extiende sus márgenes hasta
comprender los elementos requeridos por el ser humano para disfrutar de una
vida digna[133] (ii)
el paciente o sus familiares carecen de recursos económicos para sufragar los
gastos de desplazamiento[134] y
(iii) la imposibilidad de acceder al tratamiento por no llevarse a cabo el traslado
genera riesgo para la vida, la integridad física o la salud del paciente, la
cual incluye su fase de recuperación”[135].
En
la Sentencia T-523 de 2011 revisó el caso de enfermo renal crónico de 60 años
de edad a quién la E.P.S. le había negado el suministro de transporte para
asistir a la hemodiálisis tres veces por semana. En esta oportunidad, la
Corte manifestó que mediante el auxilio de transporte “se
busca eliminar las barreras, que por ausencia de recursos económicos, tengan
los pacientes para acceder a un servicio médico, que además, sea necesario para
garantizar el disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.”. Además,
señaló que los jueces constitucionales deben evaluar,
de conformidad con las circunstancias particulares del interesado y de acuerdo
a las pruebas que obran en el expediente, “si la medida es esencial para
conservar la salud del paciente o compromete la vida digna y la integridad
física.”
Por
último, en Sentencia la T-739 de 2011, se expuso que “aunque
el transporte no es un servicio médico, toda persona tiene derecho a acceder a
los servicios de salud que requiera, lo cual puede implicar tener derecho a los
medios de transporte para poder recibir la atención requerida. Agregó que la
obligación de asumir el transporte de una persona se trasladará a las E.P.S.
únicamente en los eventos donde se acredite que: (i) ni el paciente ni sus
familiares cercanos tienen los recursos económicos suficientes para pagar el
valor del traslado y (ii) de no efectuarse la remisión se pone en riesgo la
vida, la integridad física o el estado de salud del usuario.”[136]
En
conclusión, tanto el traslado de pacientes desde su domicilio a la institución
prestadora de servicios de salud en la misma ciudad, como el traslado de
pacientes interinstitucional o intermunicipal para la práctica de algún
procedimiento o la prestación de algún servicio del cual no dispone la
IPS remitente, corresponde en primer término al usuario o en virtud del
principio constitucional de solidaridad a sus familiares. No obstante, en casos
especiales como los mencionados anteriormente: (i) cuando los municipios o
departamentos remitentes reciban una U.P.C. adicional (servicio incluido en el
P.O.S) y (ii) cuando las especiales circunstancias de vulnerabilidad
económica y debilidad manifiesta del paciente (menores y adultos mayores)
sean manifiestas, es posible que las E.P.S. asuman gastos de traslado de manera
excepcional[137]. Lo
anterior, con el fin de garantizar el derecho de accesibilidad a los servicios
de salud autorizados a los usuarios.
9.      El
derecho al disfrute del nivel más alto posible de salud para vivir dignamente y
su relación con el suministro de pañales desechables.
La Corte
Constitucional ha identificado diversos escenarios de protección
donde el suministro de ciertos medicamentos o procedimientos resultan
necesarios para procurar la garantía de la dignidad humana de las personas que
atraviesan por especiales condiciones de salud. Es así como, sobre las personas
que tienen dificultades de locomoción y que por este motivo no pueden realizar
sus necesidades fisiológicas en condiciones regulares, este Tribunal indicó que
“Siendo este aspecto uno de los más íntimos y fundamentales del ser humano,
los accionantes tienen derecho a acceder al servicio de salud que disminuya la
incomodidad en intranquilidad que les genera su incapacidad física. Si bien los
pañales desechables no remedian por completo esta imposibilidad, sí permiten
que las personas puedan gozar de unas condiciones dignas de existencia”[138].
Con base en
ello, se infiere que algunos pacientes con enfermedades que limitan su
movilidad o que le impidan el control de esfínteres, la negativa del suministro
de pañales desechables implica someterlas a un trato indigno.
En este sentido,
la Corte Constitucional conoció el caso de una mujer de 76 años de edad y de
escasos recursos a quien, a pesar de padecer demencia senil e incontinencia
urinaria, le fue negado el suministro de pañales por su E.P.S. En esa oportunidad
estableció que “la negativa de la entidad accionada afecta la dignidad de la
persona en uno de sus aspectos más íntimos y privados e impide la convivencia
normal con sus congéneres, lo cual puede llevarla al aislamiento”[139].
Así mismo, esta
Corporación al decidir sobre una solicitud de un adulto mayor con párkinson
de rigidez a quien su E.P.S. le había negado el suministro de pañales,
sostuvo que “la negación de este producto afecta la dignidad de la persona,
en uno de sus aspectos más íntimos y privados, y que existe una relación
directa entre la dolencia, es decir, la pérdida de control de esfínteres y lo
pedido, es decir, que se puede inferir razonadamente que una persona que padece
esta situación requiere para llevar una vida en condiciones dignas los pañales
desechables”[140].
Esta posición de
la Corte Constitucional ha sido reiterada en casos de personas que padecen isquemias
cerebrales[141];
malformaciones en el aparato urinario[142];
incontinencia como secuela de cirugías o derrame cerebral[143];
parálisis cerebral y epilepsia[144],
entre otras.
En conclusión,
la conexión que se evidencia en estos casos del suministro de pañales
desechables con la dignidad humana, nos permite inferir que “(i) la garantía
del derecho a la salud de quienes padecen enfermedades que les impiden la
locomoción o el control de sus esfínteres deberá ser directa y autónoma y (ii)
que el reconocimiento de tales insumos debe ser entendido como un desarrollo
más del derecho de las personas a disfrutar del más alto nivel posible de salud
conforme la Observación General 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales”[145].
10.    El papel
del juez de tutela al ordenar tratamientos médicos en los casos en que no
existe prescripción previa del médico tratante
De manera
reiterada, este Tribunal Constitucional ha sostenido que corresponde al médico
tratante determinar la idoneidad de un tratamiento de salud. Por esta razón, se
ha definido que tal criterio debe, prima facie, ser respetado por el
juez cuando del mismo se desprenda que la negativa para ejecutar un
procedimiento, tratamiento, medicamento o prestación consiste en que éste no es
pertinente para tratar la patología del paciente[146]. En Sentencia T-234 de 2007[147] se expuso que: “[l]a actuación del juez
constitucional no está dirigida a sustituir los criterios y conocimientos del
médico sino a impedir la violación de los derechos fundamentales del paciente,
luego el juez no puede valorar un tratamiento. Por ello, la condición esencial
para que el juez constitucional ordene que se suministre un determinado
procedimiento médico es que éste haya sido ordenado por el médico tratante”.
Esta idea
general de reserva médica para prescripción de tratamientos médicos se
sustenta, según jurisprudencia de esta Corporación, en los siguientes
criterios: (i) un criterio de necesidad[148], según el cual, el único con los
conocimientos científicos capacitado para establecer cuando un tratamiento es
necesario, es el médico tratante, (ii) un criterio de responsabilidad[149] respecto de los procedimientos,
tratamientos, medicamentos o prestaciones que prescriben a sus pacientes, (iii)
un criterio de especialidad[150] que
establece que el conocimiento médico-científico es el que debe primar y no
puede ser sustituido por el criterio jurídico y (iv) un criterio de
proporcionalidad[151]que,
sin perjuicio de los demás criterios, impone el deber al juez constitucional de
proteger los derechos fundamentales de los pacientes.
Respecto del
último criterio, esta Corporación ha encontrado que puede suceder que en un
caso concreto no exista orden médica para determinado medicamento, servicio o
insumo, pero que de los hechos del caso o del diagnóstico se deduzca
inequívocamente que una persona lo requiere con necesidad. Por ejemplo, es
apenas obvio que un paciente que no controla esfínteres requiere del suministro
de pañales desechables o que una persona que no puede valerse por sí misma y
depende económicamente del trabajo de un tercero, requiere de los servicios de
personal de enfermería por lo menos durante 12 horas del día.
11.    Reglas probatorias
para establecer la capacidad económica. Reiteración de jurisprudencia.
Esta Corporación ha expuesto que una EPS
no puede negarse a autorizar la prestación de un servicio de salud porque no se
encuentra dentro del POS o porque el usuario no ha demostrado con un amplio
material probatorio, que no puede asumir el costo del tratamiento, medicamento
o procedimiento requerido. Respecto al último aspecto, la
Corte ha señalado que “las EPS cuenta con información acerca de la
condición económica de la persona, lo que le permite inferir si puede o no
cubrir el costo. Por eso, uno de los deberes de las EPS consiste en valorar si,
con la información disponible o con la que le solicite al interesado, éste
carece de los medios para soportar la carga económica. Esto, sin necesidad de
que se acuda a la acción de tutela. Ahora bien, de presentarse una acción de
tutela, la EPS debe aportar la información al juez de tutela, para establecer
la capacidad económica de los pacientes que requieren servicios de salud no
incluidos en el POS o de exoneración de cuotas moderadoras”[152].
Frente al
particular la Corte ha señalado que toda persona tiene derecho a acceder a un
servicio de salud que requiere cuando es necesario, así no
pueda financiar el mismo[153]. Para
tal efecto, ha establecido el cumplimiento de unas reglas las cuales
transcribimos in extenso.
“1. No existe una tarifa legal en
materia probatoria, respecto a la prueba de la incapacidad económica del
accionante. Si bien en la SU-819 de 1999 se afirmó que, en el caso que se
estaba revisando, el accionante debía aportar un balance certificado por
contador o su declaración de renta o un certificado de ingresos y salarios,
para probar la incapacidad económica que alegaba, en fallos posteriores, esta
Corporación ha aclarado que en la acción de tutela, no existe tarifa legal para
que el acciónate pruebe la incapacidad económica que alega[154]. || La
Corte Constitucional ha precisado que los medios probatorios señalados en la
sentencia SU-819 de 1999 no son taxativos, y que el accionante dispone de
completa libertad para utilizar otros medios probatorios que estén a su
alcance, para demostrar que no tiene los medios económicos suficientes para
pagar el valor que se le exige, para acceder a un servicio médico determinado.
2. La carga probatoria de la
incapacidad económica se invierte en cabeza de la
EPS o ARS demandada, cuando en el proceso solamente obre como prueba al
respecto, la afirmación que en este sentido haya formulado el accionante en el
texto de demanda o en la ampliación de los hechos[155].
|| Esta Corporación ha establecido que, en la medida que las EPS o ARS tienen
en sus archivos, información referente a la situación socioeconómica de sus
afiliados, estas entidades están en la capacidad de controvertir las
afirmaciones formuladas por los accionantes referentes a su incapacidad
económica. Por tal razón, su inactividad al respecto, hace que las afirmaciones
presentadas por el accionante se tengan como prueba suficiente[156].
3. Los jueces de tutela tienen el
deber de decretar pruebas mediante las cuales se pueda comprobar la incapacidad
económica alegada por el accionante. Su inactividad al respecto, no puede
conducir a que las afirmaciones del accionante al respecto, sean tenidas como
falsas, y se niegue por tal razón, la protección de los derechos fundamentales
solicitada[157].
4. Ante la ausencia de otros
medios probatorios, hechos como el desempleo, la afiliación al sistema de
seguridad social en salud en calidad de beneficiario y no de cotizante[158],
pertenecer al grupo poblacional de la tercera edad y tener ingresos mensuales
equivalentes a un salario mínimo legal mensual, pueden ser tenidos en cuenta
como prueba suficiente de la incapacidad económica del accionante, siempre y
cuando tal condición no haya sido controvertida por el demandado[159].”
En reiteradas ocasiones la
Corte Constitucional Corporación ha inaplicado la legislación para proteger a
sujetos de especial protección constitucional ordenando la prestación de
servicios, aun cuando los usuarios no tenían capacidad económica para sufragar
el costo de los servicios médicos.
En la
Sentencia T-036 de 2006, se revisó una acción de tutela en la cual la
E.P.S. COOMEVA, se negaba a realizar un procedimiento quirúrgico a un niño
porque su padre no tenía los recursos económicos suficientes para pagar los
respectivos copagos, en aquella oportunidad se expuso que “[n]o obstante, la
norma en cita, fue declarada exequible (sentencia C–542 de 1998) en el
entendido de que si el usuario del servicio no dispone de los recursos
económicos para cancelar las cuotas moderadoras o controvierte la validez de su
exigencia, el Sistema y sus funcionarios no le pueden negar la prestación íntegra
y adecuada de los servicios médicos, hospitalarios, quirúrgicos, asistenciales
y de medicamentos que requiera,  cumpliendo así con lo dispuesto en
el artículo 4 de la Constitución Política, pues ni siquiera la ley puede
permitir el desconocimiento de los derechos personalísimos de los individuos”.
En la
Sentencia T-970 de 2008, la Corte se pronunció respecto al caso de una
ciudadana afiliada al régimen subsidiado de salud, en el nivel II del SISBEN,
que presentaba una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la cual necesitaba
oxígeno requirente por hipoxemia severa. No obstante, no le fue autorizado tal
medicamento porque no había pagado la cuota moderadora, debido a que no tenía
los medios económicos suficientes para ello. En aquella oportunidad expuso que
existía una presunción de incapacidad económica frente a los afiliados al
SISBEN, porque hacen parte de la población con menor ingreso económico. Frente
al particular señaló: “[c]uando una persona ha demostrado que se encuentra
clasificado en el nivel 2 del SISBEN, no tiene que presentar pruebas
adicionales de que es incapaz de asumir el valor de las cuotas moderadoras
correspondiente a un tratamiento de alto costo, como es el caso de quien padece
un tumor maligno. En estos eventos corresponde a la contraparte desvirtuar
dicha situación”.
A su vez, en la
Sentencia T-212 de 2009, la Corte resolvió la situación de una niña afiliada
al régimen subsidiado a quien le fue negado el suministro de bolsas de
colostomía y las barreras protectoras que requería
para el tratamiento de la malformación ano-rectal -tipo fístula
vaginal- que padecía. En el estudio del caso se concluyó que el pago
de la cuota moderadora se había constituido en una barrera para  el acceso a
los servicios de salud de la menor, la cual ocasionaba una vulneración de los
derechos fundamentales a la vida y a la salud. De manera concreta expuso: “[l]a
Corte en su jurisprudencia, ha identificado 2 situaciones. Por un lado, aquella
que se refiere al caso de una persona que no tenga capacidad de pago suficiente
y necesite un procedimiento o tratamiento médico sujeto a copago o cuota
moderadora, evento en el cual, la EPS-S deberá proceder a su prestación y a su
cubrimiento total. Por otro lado, aquella que trata el caso de una persona con
capacidad de pago, pero sin la posibilidad de desembolsarlo previamente, evento
en el cual podrá realizar acuerdos de pago que garanticen la asunción de la
obligación. Dicha distinción no tiene otro propósito que garantizar, en primer
lugar, el efectivo acceso al servicio de salud y, en segunda medida, evitar una
afectación del mínimo vital de quienes, sin siquiera contar con los recursos
necesarios para atender sus requerimientos básicos, se ven obligados a cancelar
sumas de dinero que, aunque están ajustadas a lo dispuesto en la ley, les
resultan demasiado onerosas por su condición de pobreza. Conforme a lo
anterior, y teniendo en cuenta la situación económica de la demandante, esta
Sala observa que se encuadra dentro del supuesto de quienes no tienen capacidad
de pago suficiente, puesto que de lo que se desprende del expediente de tutela
es que pertenece al Régimen Subsidiado en Salud en el nivel II del Sisben,
hecho a partir del cual puede presumirse su falta de recursos económicos,
recurriendo para ello desde luego al hecho de que tal tópico no fue
controvertido por ninguna de las entidades vinculadas al proceso de tutela”.
Así las cosas, la
Sala concluye que las afirmaciones realizadas por los usuarios del servicio de
salud sobre la incapacidad de poder sufragar los costos de copagos o cuotas
moderadoras, están revestidas por el principio de buena fe, por lo cual serán
tenidas por ciertas hasta que las EPS o EPS-S presenten pruebas para desvirtuar
dicha presunción.
12.    La obligación subsidiaria
del Estado de asumir el costo de los servicios de salud no incluidos en los
planes de beneficios en salud[160].
Esta Corte ha
reiterado por medio de su jurisprudencia que las entidades promotoras de salud E.P.S.,
tienen derecho a repetir contra el Estado, por “el valor de los
procedimientos y medicamentos que deban ser suministrados, y que no se
encuentren contemplados en el P.O.S., respecto de los cuales el usuario no
hubiere cotizado el número de semanas requeridas, y que hayan sido autorizados
por el Comité Técnico Científico (CTC) de la respectiva entidad, o hayan sido
ordenados por decisiones judiciales de tutela.” [161]
En Sentencia
T-355 de 2012, se expuso que según el marco normativo de la
Ley 100 de 1993 y las demás normas complementarias y reglamentarias, las E.P.S.
están obligadas a financiar los servicios incluidos en el P.O.S. Por ello, como
regla general, es al usuario y no a la E.P.S. a quien corresponde pagar los
procedimientos, tratamientos y medicamentos que se encuentren por fuera de los
beneficios contemplados en el P.O.S. No obstante, si quien requiere de los
mismos, no cuenta con los recursos suficientes para cubrir el costo del mismo,
le corresponde al Estado en aras de garantizar el derecho fundamental a la
salud, financiar la prestación solicitada a cargo de los recursos públicos
destinados al sostenimiento del sistema general en salud.[162]
Aunado a lo
anterior y teniendo claridad sobre la obligación subsidiaria del Estado para
asumir el costo de los servicios de salud no incluidos en el P.O.S., esta Corte
ha considerado que el reembolso de las sumas causadas en razón a la
financiación de tales servicios favor de las E.P.S. está a cargo del Fondo de
Solidaridad y Garantía FOSYGA, cuando tales servicios se autorizan dentro del
Régimen Contributivo. De otra parte, cuando se reconocen en el régimen
subsidiado, estarán a cargo de las Entidades Territoriales (Departamentos,
Municipios y Distritos).[163]
La asignación al
FOSYGA del pago de servicios no P.O.S. en el Régimen Contributivo, se explica
porque, de acuerdo con la Ley 100 de 1993 (artículo 202 y siguientes), la
administración de dicho régimen corresponde a las E.P.S. por delegación que le
hace el fondo, el cual a través de la subcuenta independiente denominada “De
compensación interna del régimen contributivo”, es el depositario de
todos los recursos llamados a financiar el aludido régimen. Por su parte, la
atribución a las Entidades Territoriales para atender el costo de los servicios
no P.O.S. en el Régimen Subsidiado, encuentra un claro fundamento en las Leyes
100 de 1993 (artículo 215 y siguientes) y 715 de 2001 (artículo 43), las cuales
además de atribuirle a “las Direcciones Locales, Distritales y
Departamentales de Salud” y a “los Fondos Seccionales,
Distritales y Locales de Salud”, la administración del régimen y el manejo
de los recursos pertenecientes al mismo, expresamente le asignan a las primeras
la responsabilidad de los servicios de salud no cubiertos con los subsidios a
la demanda, esto es, de los servicios no incluidos en el P.O.S. subsidiado.
Dicha posición
fue reiterada en la Sentencia T-760 de 2008, en la que se afirmó que “los
reembolsos al FOSYGA únicamente operan frente a los servicios médicos ordenados
por jueces de tutela o autorizados por el CTC en el régimen contributivo. En
estos mismos casos, cuando el usuario pertenece al régimen subsidiado, la
Ley 715 de 2001 prevé que los entes territoriales asuman su costo por tratarse
de servicios médicos no cubiertos con los subsidios a la demanda”.[164]
En la actualidad
la potestad para ejercer el recobro por parte de las E.P.S., tiene fundamento la
Ley 1122 de 2007 y en las Resoluciones 2933 de 2006 y 3099 de 2008, las cuales
definen los criterios y condiciones que deben presentarse para poder ejercer a
cabalidad dicha figura.
Por lo tanto,
puede concluirse, que corresponde al Estado garantizar con recursos propios la
prestación del servicio de salud, cuando la persona que requiere del mismo no
tiene la capacidad económica para sufragar su costo; además se ha reiterado que
la E.P.S. es la llamada a prestar el servicio de salud, teniendo la facultad
de ejercer el derecho de recobro ante las entidades territoriales
correspondientes tratándose de servicios no P.O.S., dentro del régimen
subsidiado de salud.
Teniendo en
cuenta las consideraciones expuestas, la
Sala analizará los mismos frente a cada uno de los casos objeto de revisión
para determinar la procedibilidad del amparo.
13.    Análisis
de los casos en concreto
Como se señaló
en el apartado correspondiente a los hechos, en esta oportunidad la
Corte Constitucional conoce dieciocho casos en los que diferentes servicios,
medicamentos e insumos han sido negados por las Empresas Promotoras de Salud a
las que están afiliadas y le corresponde establecer si con ello se
desconocieron derechos fundamentales[165].
13.1  Expediente
T-3.796.055 (caso número 1)
El ciudadano
Kleiver Oviedo Farfán, actuando como agente oficioso de Luz Divia Osorio
Puentes, interpuso acción de tutela contra la
E.P.S.-S COMFAMILIAR del Huila, solicitando a las entidades accionadas, o a
quien correspondiera, realizar las terapias de hemodiálisis, que no se estaban
prestando pues la accionante presentaba multiafiliación. Solicitó además su
traslado y el de un acompañante desde el municipio de Rivera (Huila) hacia la
ciudad de Neiva.
El juez que
conoció de la acción en primera instancia encontró que “consultada la base
de datos del FOSYGA se vislumbró que la accionante se encuentra afiliada desde
el 3 de enero de 2013 al régimen subsidiado de salud, perteneciendo a la
E.P.S. COMFAMILIAR”. En el mismo sentido se pronunció SALUDCOOP E.P.S. que
pidió ser desvinculada de la acción de tutela debido a que no
tiene legitimación por pasiva, pues la misma usuaria solicitó su desafiliación
de la E.P.S., siendo desvinculada desde el 8 de diciembre del año 2012. Así las
cosas, encuentra esta Sala que está superada la controversia sobre la
multiafiliación de la accionante y que corresponde a la E.P.S.-S
COMFAMILIAR del Huila garantizar la prestación de los servicios de salud que
requiere la accionante.
De otra parte,
como la accionante manifiesta no tener recursos económicos y requiere
desplazarse desde su residencia en la ciudad de Rivera (Huila) hasta la ciudad
de Neiva para asistir a sus terapias de hemodiálisis, se ordenará a la
E.P.S.-S COMFAMILIAR del Huila, que en el término de cuarenta y ocho (48)
horas, contadas a partir de la notificación de esta providencia, si aún no lo
hubiere hecho, adelante todas las gestiones necesarias encaminadas para prestar
el servicio de transporte que la actora requiere con la finalidad de que le
sean practicadas sus terapias de hemodiálisis.
Además,
considerando que la atención a la salud debe comprender el cuidado, suministro
de medicamentos, intervenciones quirúrgicas, prácticas de rehabilitación,
realización de exámenes de diagnóstico y seguimiento, así como todo otro
componente que el médico tratante valore como necesario para su
restablecimiento, esta Sala ordenará a la
E.P.S.-S COMFAMILIAR del Huila, garantizar el tratamiento médico integral de
la accionante.
13.2  Expediente
T-3.796.247 (caso número 2)
La ciudadana
Wendis Johanna Díaz García, actuando como representante de su hija de 8 años de
edad, Milagros Yiset Lora Díaz, interpuso acción de tutela contra Coomeva E.P.S.,
para solicitar que le sean prestadas las citas con especialistas, una silla de
ruedas, pañales, terapias y servicios de transporte, para mejorar el estado de
salud de la menor de edad.
El juez de
primera instancia determinó que no hay lugar a la exoneración de copagos o que la
E.P.S. asuma el costo de los traslados, porque la niña se encuentra afiliada
al régimen contributivo en salud y sus padres tienen un ingreso base de
cotización de $567.000. Además, expuso que no podía ordenar que se efectuara un
tratamiento integral, pues tal solicitud se fundamenta en una amenaza futura y
no puede ser protegida por medio de la acción de tutela.
Para esta Sala
resulta evidente que los ingresos reportados por la madre de la menor, son
insuficientes para pagar el tratamiento, los insumos que ésta necesita y los
copagos para la atención en salud. Por esta razón y atendiendo a las
consideraciones expuestas en esta sentencia, ordenará a Coomeva E.P.S., que en
el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación
de esta providencia, si aún no lo hubiere hecho, ordene, autorice y preste una
silla de ruedas, pañales, terapias y servicios de transporte de la niña
Milagros Yiset Lora Díaz.
Además, se
ordenará el tratamiento médico integral de la menor, esto es, el suministro de medicamentos,
intervenciones quirúrgicas, prácticas de rehabilitación, realización de
exámenes de diagnóstico, citas con todos los especialistas que requiera y
programas de seguimiento; así como todo otro componente que el médico tratante
valore como necesario para el restablecimiento de su salud. Finalmente,
ordenará la exoneración de copagos o cuotas moderadoras, para la prestación de
servicios.
13.3  Expediente
T-3.796.253 (caso número 3)
La ciudadana
Diana Alexandra Acuña, actuando como representante legal de su hijo Cristhian
David Jiménez Acuña, presentó acción de tutela contra la
Secretaría Distrital de Salud de Bogotá D.C., para solicitar la garantía de
sus derechos a la salud, al mínimo vital y a la vida digna, debido a que su
hijo sufrió un trauma craneoencefálico severo que le provocó un estado de coma
profundo y grave daño cerebral.
Durante el
trámite de revisión de la acción de tutela, el despacho del Magistrado
Sustanciador se comunicó con la señora Acuña, quien manifestó que los servicios
solicitados estaban siendo garantizados, salvo en lo atinente al suministro de
pañales e insumos médicos para su aseo personal. Además, expuso que pese a la
solicitud de amparo de pobreza presentada ante el distrito, continúan
cobrándole el 30% del valor de las citas asignadas, como de los procedimientos
a practicar; razón por la cual, estos últimos sólo han podido ser practicados
cuando la IPS encargada lo exime de dicha responsabilidad.
Por lo anterior
y atendiendo a los considerandos de esta sentencia, específicamente porque la
accionada no logró desvirtuar las aseveraciones de la agente respecto a su
especial situación económica, se ordenará a la
Secretaría Distrital de Salud de Bogotá D.C., que en el término de cuarenta y
ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de esta providencia, y si
aún no lo hubiere hecho, adelante todas las gestiones necesarias garantizar el
suministro de pañales e insumos necesarios para garantizar la salud de la
accionante.
A su vez,
ordenará el suministro de medicamentos, intervenciones quirúrgicas, prácticas
de rehabilitación, realización de exámenes de diagnóstico y seguimiento, así
como todo otro componente que el médico tratante valore como necesario para su
restablecimiento. Por último, ordenará la exoneración del pago de las cuotas
moderadoras y copagos que se le han venido exigiendo a Cristhian David Jiménez
Acuña, para acceder a los servicios de salud que necesita.
13.4  Expediente
T-3.798.519 (caso número 4)
El ciudadano
Arturo Santos Cortés, de 74 años de edad, interpuso acción de tutela contra NUEVA
E.P.S.-S para solicitar la garantía de sus derechos a la salud, a la seguridad
social y a la vida digna debido a que padece insuficiencia renal crónica,
razón por la cual debe movilizarse a la
Unidad Renal del Tolima tres veces a la semana para que le sea realizada la
diálisis y no cuenta con los medios económicos necesarios para ello.
Mediante acción
de tutela solicitó autorización del pago de trasporte para él y un acompañante
y que le sea garantizado tratamiento integral. El juzgado al que le
correspondió su conocimiento de la acción la negó porque ningún hecho fue
debidamente probado ya que no se anexó la historia clínica del tutelante, así
como una orden médica que acreditara la necesidad del tratamiento mencionado y
su traslado con un acompañante. De acuerdo con el juzgado tampoco se demostró
que el servicio solicitado por medio del mecanismo constitucional haya sido
negado por parte de NUEVA E.P.S. de Ibagué.
Ahora bien,
durante el trámite de revisión de la acción de tutela, el accionante allegó a
esta Corporación certificación expedida por la
Unidad Renal del Tolima SAS, en la que consta que padece de insuficiencia
renal crónica y debe asistir a tratamiento de hemodiálisis 3 veces a la semana[166]. Además debido a un problema de visión, el
accionante debe transportarse en taxi de su residencia a la
Unidad renal del Tolima, hecho que dificulta su asistencia a las citas porque
sus ingresos dependen de manera exclusiva de una pensión mensual por valor de
$589.500 pesos.
En consideración
a lo expuesto y atendiendo al hecho de que el accionante es un adulto mayor y
por tanto un sujeto de especial protección constitucional, se ordenará a NUEVA E.P.S.,
que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la
notificación de esta providencia, y si aún no lo hubiere hecho, adelante todas
las gestiones necesarias para garantizar los servicios de transporte del
ciudadano Arturo Santos de su lugar de residencia a la
Unidad Renal del Tolima.
13.5  Expediente
T-3.803.205 (caso número 5)
La ciudadana
Pilar Gómez Vargas, actuando como agente oficiosa de su esposo Gustavo Garrido
Orozco, interpuso acción de tutela contra Famisanar E.P.S., para solicitar la
garantía de sus derechos a la salud, a la seguridad social, a la igualdad y a
la vida digna. La anterior pretensión tiene como fundamento que el representado
padece artritis séptica de rodilla izquierda, antecedente de empiema
epidural, cuadriparesia rápidamente progresiva, alcoholismo crónico, ulcera
sacra grado IV, intoxicación medicamentosa por AINES y antecedente de
insuficiencia renal aguda. En consecuencia, solicitó pañales desechables,
atención médica domiciliaria, servicio de enfermería, silla de ruedas, tratamiento
integral de salud y la exoneración de copagos o cuotas moderadoras, para la
prestación de servicios.
Famisanar E.P.S.
manifiesta que no ha desconocido los derechos fundamentales del accionante,
debido que no tiene conocimiento sobre alguna petición en la cual el actor
solicite los servicios reclamados mediante la presente acción de tutela.
A pesar que no
existe prueba sobre la presentación de una solicitud por parte del actor a la
entidad accionada, es un hecho no objeto de discusión que el peticionario
necesita los servicios e insumos que está requiriendo y que, a pesar de ello, Famisanar
E.P.S. conociendo de ello por medio de este proceso de tutela, sigue renuente a
entregar los pañales desechables y la silla de ruedas, como esta Corte tuvo
oportunidad de comprobar luego de la comunicación telefónica celebrada con la
ciudadana Pilar Gómez Vargas, en cumplimiento del Auto del 31 de marzo de 2014.
Por tanto, se
ordenará a la Famisanar E.P.S., que en el término de cuarenta y ocho (48)
horas, contadas a partir de la notificación de esta providencia, y si aún no lo
hubiere hecho, adelante todas las gestiones necesarias encaminadas a
suministrar los pañales desechables y la silla de ruedas requeridas por el señor
Gustavo Garrido Orozco. Finalmente, ordenará la exoneración de copagos o cuotas
moderadoras, para la prestación de servicios.
13.6  Expediente
T-3.804.339 (caso número 6)
La ciudadana
Ismaelina Cerón Ordóñez de 71 años de edad, domiciliada en Popayán (Cauca), y
afiliada en calidad de beneficiaria a la E.P.S. Saludcoop, interpuso acción de
tutela contra la citada E.P.S., solicitando la garantía de sus derechos a la
salud, la vida en condiciones dignas y la seguridad social, debido a que padece
cáncer de mama derecha, razón por la cual le prescribieron veintiún sesiones
diarias de radioterapia, que debían ser realizadas en el Centro Médico Imbanaco
de la ciudad de Cali y no cuenta con los recursos económicos para trasladarse
de ciudad y acceder al tratamiento ordenado. Durante el trámite de la acción de
tutela el despacho del magistrado sustanciador se comunicó con la accionante
quien informó que ya se habían finalizado las sesiones de radioterapia, razón
por la cual se está en presencia de un hecho superado.
No obstante,
como quiera que el servicio de transporte no fue prestado por la entidad
accionada, y la accionante no tiene recursos económicos para sufragar los
ocasionados por el tratamiento de su enfermedad, la
Sala ordenará que se efectúe una valoración médica en la cual se determine su actual
estado de salud y ordenará que se autoricen de manera inmediata los servicios,
tratamientos y procedimientos quirúrgicos que su médico tratante determine necesarios
para su problema de salud. De la misma manera, ordenará que la
E.P.S. Saludcoop preste el servicio de transporte para ella y una acompañante,
con el propósito de que asista a todas las citas que se le programen.
13.7  Expediente
T-3.811.675 (caso número 7)
La ciudadana
Martha Patricia Quevedo Saa, actuando como agente oficioso de Juan José
Andrade, interpuso acción de tutela contra Coomeva E.P.S., solicitando la
garantía de sus derechos fundamentales a la salud, la vida en condiciones
dignas y la seguridad social, debido a que el señor Andrade padece de
insuficiencia renal crónica terminal y debe desplazarse desde su domicilio en
el corregimiento de Tupia, Pradera (Valle del Cauca), al Hospital San Vicente
de Paúl ubicado en la ciudad de Palmira (Valle del Cauca), tres veces a la
semana para recibir el tratamiento de Hemodiálisis.
Durante el
trámite de la acción de tutela, Coomeva E.P.S. expuso que ha prestado al actor
todos los servicios en salud pertenecientes al Plan Obligatorio de Salud, con
excepción al servicio de transporte porque éste se encuentra excluido del POS.
Sin embargo, no
controvirtió la presunta falta de capacidad económica, razón por la cual, se
ordenará a Coomeva E.P.S., que en el término de cuarenta y ocho (48) horas,
contadas a partir de la notificación de esta providencia, y si aún no lo
hubiere hecho, adelante todas las gestiones necesarias encaminadas a
suministrar los pañales desechables y la silla de ruedas requeridas por el
señor Juan José Andrade y el servicio de transporte requerido. Además,
considerando que la atención a la salud debe comprender el cuidado, suministro
de medicamentos, intervenciones quirúrgicas, prácticas de rehabilitación,
realización de exámenes de diagnóstico y seguimiento, así como todo otro
componente que el médico tratante valore como necesario para su
restablecimiento, esta Sala ordenará a Coomeva E.P.S, a garantizar el
tratamiento médico integral del accionante.
13.8  Expediente
T-3.815.206 (caso número 8)
La ciudadana
Yuri Alexandra Santafé Galindo en representación de su hijo de 8 años Juan
Sebastián Santafé Galindo, interpuso acción de tutela contra Capital Salud E.P.S.-S,
solicitando la garantía de sus derechos fundamentales a la salud y la vida en
condiciones dignas, debido a que el menor, nació con la enfermedad Síndrome
West  y ha sido diagnosticado con parálisis cerebral mixta con
cuadriparesia espástica motivo por el cual su médico pediatra le ordenó de
por vida los medicamentos clonazepam, ácido valproico, fenobarbital y
pediasure, los cuales no han sido suministrados de forma oportuna y completa
por parte de la E.P.S. Además, debido a la patología que presenta el menor,
requiere de pañales permanentes, alimentación por sonda y vitaminas para el
aumento de su peso.
Por lo anterior,
la accionante solicita que se autoricen las citas con los médicos
especialistas, el suministro periódico y puntual de los medicamentos necesarios
para su hijo y los demás insumos necesarios para garantizar una vida digna al
menor de edad (pañales, pañitos húmedos, crema antipañalitis, tapabocas,
guantes, vitaminas como pediasure, Ensoy, Diddy 2 bed).
En el trámite de
la acción, la Secretaría Distrital de Salud, indicó que los medicamentos fenobarbital
suspensión y clonazepam gotas, están incluidos en el P.O.S., así como las
terapias a domicilio, razón por la cual corresponde a la
E.P.S. Capital Salud su suministro.
Para esta sala
de revisión, la existencia de órdenes médicas prescritas un año antes de la
presentación de la acción de tutela por parte de la agente, no indica que el
paciente no requiera los servicios solicitados. De otra parte, debido a que la
discusión entre las entidades vinculadas es de carácter administrativo y el
derecho fundamental a la salud del menor es independiente del resultado de las
mismas, la Sala ordenará a Capital Salud E.P.S.-S, que en el término de
cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de esta
providencia, y si aún no lo hubiere hecho, adelante todas las gestiones
necesarias encaminadas a suministrar los servicios requeridos por el niño Juan
Sebastián Santafé Galindo, así como la autorización de las citas médicas.
13.9  Expediente
T-3.819.621 (caso número 9)
La ciudadana Katherine Aguilar,
actuando en representación de su hijo Eris David Salazar Aguilar de 7 meses de
edad, interpuso acción de tutela contra Servicio Occidental de Salud -SOS- E.P.S.,
solicitando la garantía de sus derechos fundamentales a la salud, la vida en
condiciones dignas, a la seguridad social y los derechos de los niños, debido a
que a su hijo le fue diagnosticada epilepsia, reflujo gastroesofágico,
gastrostomía, apnea de recién nacido, síndrome dismórfico, pie equinovaro
bilateral, motivo por el cual estuvo hospitalizado desde el 29 de octubre
de 2012 hasta el 18 de diciembre de 2012, fecha en la cual salió del hospital
con oxígeno concentrado, pulsímetro, aspirador de secreciones, manejo en casa
de la gastrostomía y traqueotomía y con servicio de terapia física y terapia
respiratoria una vez al día.
Por lo anterior, la accionante
requiere trasladarse del corregimiento de Villagorgona, municipio de Candelaria
(Valle del Cauca) a la Fundación Valle de Lili ubicada en Cali (Valle del
Cauca), para acudir a las citas con los especialistas. Sin embargo, no cuenta
con los recursos económicos para sufragar el transporte, así como tampoco para
comprar los insumos requeridos por su hijo (la leche especial anti-reflujo,
pañales, crema antipañalitis, pañitos húmedos), ni para realizar los copagos
para que sean autorizadas las terapias ordenadas por el médico tratante.
En el trámite de la acción de tutela el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Candelaria (Valle
del Cauca), negó el amparo al considerar que está imposibilitado para ordenar
el reconocimiento del servicio de transporte y enfermería las 24 horas, así
como el suministro de pañales, crema antipañalitis y pañitos húmedos sin orden
médica. Respecto del servicio de transporte y enfermería la accionante
manifestó en declaración rendida el 22 de enero de 2013, que el día 14 de enero
de 2013, el médico ordenó tales servicios, sin embargo no allegó en su momento
prueba de ello.
Con relación a la leche anti
reflujo, si bien la actora allegó un documento suscrito por la nutricionista,
donde especifica el procedimiento y la periodicidad con la que debe ser
consumido tal suplemento, el juez consideró que no podía ser considerado como
orden,  pues no está dentro del contenido de la prescripción el nombre del
medicamento.
En cumplimiento
del Auto proferido por el magistrado sustanciador el 31 de marzo de 2014, se
estableció comunicación con la madre del menor la cual informó que a la fecha
no le ha sido autorizado el servicio de transporte para asistir a las citas con
especialista, ni a urgencias. Con respecto a la leche solicitada, indica que
sólo le fue suministrada por un período de 3 meses. En relación con los pañales
y demás insumos de aseo, expuso que no tiene como seguir costeándolos porque
está desempleada. Para finalizar, advirtió que las autorizaciones de
procedimientos prescritos están tardando más de un mes, a pesar de la especial
condición del representado.
Así las cosas,
se ordenará a Servicio Occidental de Salud -SOS- E.P.S., que en el término de
cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de esta
providencia, y si aún no lo hubiere hecho, adelante todas las gestiones
necesarias encaminadas a suministrar los servicios requeridos por el menor Eris
David Salazar Aguilar, así como la autorización de las citas médicas
pertinentes garantizar su derecho a la salud.
13.10 Expediente
T- 3.820.113 (caso número 10)
La ciudadana
María Eugenia Mendoza actuando en representación de su hija Karen Julieth Parra
Mendoza, interpuso acción de tutela contra la
E.P.S.-S CAPRECOM, solicitando la garantía de sus derechos fundamentales a la
salud, la vida en condiciones dignas y a la seguridad social, debido a que su
hija de 21 años de edad, padece Síndrome de Down y el 27 de octubre de 2012 le
fue practicada una cirugía denominada gingivectomía, en medio de la cual sufrió
un paro cardíaco, razón por la cual fue internada en la unidad de cuidados
intensivos del Hospital Universitario del Valle. La accionante reside en
Palmira (Valle del Cauca), afirma que es desplazada por la violencia y carece
de recursos económicos para trasladarse y hospedarse en la ciudad de Cali,
donde se encuentra su hija. Por lo anterior, solicitó mediante la acción
constitucional de amparo, el suministro de transporte de su lugar de residencia
a la ciudad de Cali y la estadía en un hogar de paso durante el tiempo que se encuentra
su hija en esa ciudad.
Durante el
trámite de la acción de tutela la E.P.S.-S CAPRECOM, señaló que Karen Julieth
Parra Mendoza tiene derecho a los beneficios que brinda el Plan Obligatorio de
Salud del Régimen Subsidiado, establecidos en el Acuerdo 306 de 2005 del CNSSS;
que en relación a la solicitud de transporte del municipio de Palmira a la
ciudad de Cali y la estadía en un hogar de paso, indicó que son requerimientos
que no están comprendidos dentro del Plan Obligatorio de Salud, motivo por el
cual, dicha prestación corresponde a la
Secretaría de Salud Departamental del Valle de Cauca.
Mediante
comunicación del 31 de marzo de 2014, la accionante informó que la representada
se encuentra en hospitalización domiciliaria, sin presentar mejoría alguna,
pues sufre de una severa neumonía, la cual no se ha superado en tanto los
aparatos médicos utilizados no son de la mejor calidad. Añadió que aún no se le
ha garantizado ni el servicio de transporte, ni el subsidio de alimentación
solicitado, es decir debe costear por su cuenta los gastos que implican el
traslado de la representada a la ciudad de Cali (sea para hospitalización,
urgencias o practica de algún examen) los cuales ascienden a $500.000
mensuales. Advirtió que durante ese tiempo no se hospeda en tal ciudad por no
contar con familiares que la reciben y menos dinero suficiente para sufragar
tal gasto. Respecto de los insumos, señaló que desde hace tres meses no se suministran,
por lo que ha debido asumirlos de forma particular.
Se ordenará E.P.S.-S
CAPRECOM, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de
la notificación de esta providencia, autorice los servicios requeridos por la
joven Karen Julieth Parra Mendoza, esto todos los medicamentos, procedimientos,
insumos y tratamientos que necesite para garantizar su derecho fundamental a la
salud. También se ordenará que la E.P.S. autorice el servicio de transporte de
la menor y un acompañante hasta la ciudad de Cali, así como su alojamiento
durante el tiempo que requiera la atención médica fuera de su lugar de
residencia, cada vez que requiera ello para el tratamiento de su enfermedad.
13.11 Expediente
T-3.820.198 (caso número 11)
La ciudadana
Yuri Tatiana Buenaventura Riascos, actuando en calidad representante legal de
su hijo Andrés Felipe Montaño Buenaventura de dos años de edad, interpuso
acción de tutela contra la Secretaría de salud Departamental del Quindío y
Asmetsalud E.P.S.-S solicitando la garantía de sus derechos fundamentales a la
salud y a la vida en condiciones dignas, debido a que el menor fue
diagnosticado con parálisis cerebral, motivo por el cual debe asistir a
terapias tres veces a la semana en el marco del programa denominado Covida.
La accionante
solicitó a la E.P.S.-S los viáticos de transporte, pero le respondieron que
dicho servicio corresponde prestarlo a la
Secretaría de Salud Departamental. Solicita que se autorice el transporte para
las terapias que debe recibir su hijo menor de edad, tres veces a la semana,
por el tiempo que lo requiera y que sea exonerada de copagos y cuotas
moderadoras.
En cumplimiento
del Auto proferido por el magistrado sustanciador el 31 de marzo de 2014, se
estableció comunicación con la madre del menor la cual informó que a la fecha
se le está garantizando el servicio de transporte solicitado y fue exonerada
del pago de cuotas moderadoras. En atención a lo expuesto, la
Sala encuentra que se haya ante la existencia de carencia actual de objeto por
hecho superado.
13.12 Expediente
T-3.820.205 (caso número 12)
La ciudadana Luz
Alba Ortiz Batalla, actuando como agente oficiosa de su madre, señora Jovina
Batalla de Ortiz, interpuso acción de tutela contra la
E.P.S. Saludcoop, solicitando la garantía de sus derechos fundamentales a la
salud y la vida en condiciones dignas, debido a que su madre de 87 años de
edad, fue diagnosticada con demencia vascular mixta cortical y subcortical y
Alzheimer, motivo por el cual no controla esfínteres y debe usar pañales.
Por lo anterior, solicitó el suministro de pañales desechables para adultos,
los cuales fueron negados por estar excluidos del P.O.S. y no contar con orden
médica.
Así las cosas, la
Sala ordenará a Saludcoop E.P.S. que dentro del término improrrogable de
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia,
autorice y entregue de manera periódica los pañales,
pañitos húmedos, crema antipañalitis, tapabocas, guantes y demás implementos
necesarios para el aseo diario a la ciudadana Jovina Batalla de Ortiz, durante
todo el tiempo que persista la condición médica que hace necesario los mismos.
13.13 Expediente
T-3.823.253 (caso número 13)
El ciudadano
Hernán Mendoza Arias interpuso acción de tutela contra la
E.P.S.-S Comparta, solicitando la garantía de sus derechos fundamentales a la
igualdad, la salud, la vida en condiciones dignas y la salud, porque la
accionada no le proporcionado el servicio de transporte, alojamiento y
alimentación para asistir a las terapias de hemodiálisis, las cuales debe
realizarse los días martes, jueves y sábados en la ciudad de Ibagué, para el
tratamiento la enfermedad que padece: insuficiencia renal crónica terminal.
Afirma que es
una persona de escasos recursos la cual no ha podido trabajar por sus problemas
de salud, por tal motivo se le dificulta viajar desde su lugar de residencia,
ubicada en la vereda Chontaduro hasta la ciudad de Ibagué, lugar donde recibe
su tratamiento médico. Por lo anterior, solicita el pago de los gastos de
transporte ida y el valor del almuerzo durante los días de terapia.
En cumplimiento
del Auto proferido por el magistrado sustanciador el 31 de marzo de 2014, se
estableció comunicación con el actor, quien expuso que desde hace cinco meses la
E.P.S. accionada le entrega un subsidio por un valor de ciento cincuenta mil
pesos, por concepto de transporte, sin que tal suma incluya alimentación y
hospedaje. Finalmente, señaló que los procedimientos y medicamentos prescritos
por el médico tratante se autorizan y practican sin problema.
Se ordenará a la
E.P.S.-S Comparta, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a
partir de la notificación de esta providencia, autorice los servicios
requeridos por el ciudadano Hernán Mendoza Arias, esto es servicio de
transporte, alojamiento y alimentación para él y un acompañante, hasta la
ciudad de Ibagué, lugar donde actualmente se encuentra bajo tratamiento,
durante el tiempo que requiera la atención médica fuera de su lugar de
residencia.
13.14 Expediente
T-3.823.483 (caso número 14)
La ciudadana
María Aura Grajales García, actuando como agente oficiosa de la señora María
Aura Mulato de Londoño, interpuso acción de tutela contra la
Nueva E.P.S., solicitando la garantía de sus derechos fundamentales a la salud
y a la vida en condiciones dignas, debido a que la señora Mulato de Londoño de
93 años de edad, fue diagnosticada con demencia senil, párkinson, EPOC,
gonartrosis, incontinencia urinaria y fibrilación auricular; motivo por el cual
requiere del suministro de pañales desechables, los cuales solicitó a la
Nueva  E.P.S., pero fueron negados.
En cumplimiento
del Auto proferido por el magistrado sustanciador el 31 de marzo de 2014, se
estableció comunicación con la ciudadana María Aura Grajales García, la cual
señaló que la ciudadana Aura María Mulato falleció hace cinco meses. En
consecuencia, se declarará la carencia actual de objeto por daño consumado,
respecto a la vulneración generada al derecho a la vida en condiciones dignas,
por la negativa de la accionada de atender a la solicitud de pañales que
demandaba la actora.
13.15 Expediente
T-3.826.175 (caso número 15)
La ciudadana
Claudia Patricia Ávila Lozada, actuando como agente oficiosa de su padre
Leonardo Ávila, presentó acción de tutela contra Salud Vida E.P.S.-S, para
lograr la garantía de sus derechos fundamentales a la salud, a la seguridad
social y a la vida en condiciones dignas, debido a que su padre, de 64 años de
edad, sufrió un infarto en estadio subagudo tardío crónico temprano del
territorio de la arteria cerebral media izquierda (accidente cerebrovascular),
que le generó inmovilidad en la parte derecha de su cuerpo.
Debido a su
condición de salud, su médico tratante ordenó que le fueran practicadas noventa
terapias físicas y de lenguaje domiciliarias las cuales no habían sido
autorizadas ni practicadas al momento de presentar esta acción de tutela. A su
vez, la parte accionante solicitó que le fuera entregado pañales para uso
diario y una silla de ruedas, junto con el servicio de transporte y enfermería
permanente.
En cumplimiento
del Auto proferido por el magistrado sustanciador el 31 de marzo de 2014, se
estableció comunicación con la ciudadana Claudia Patricia Ávila Lozada, quien
actúa como agente oficiosa de su padre, la cual expuso que los pañales y demás
insumos fueron suministrados durante un período de tres meses y que la silla de
ruedas, el servicio de enfermería y de transporte, no han sido autorizados.
Finalmente, indicó que los medicamentos y procedimientos ordenados por su
médico tratante no han sido negados.
En la sentencia
de instancia, se expuso que el actor no demostró la necesidad de los insumos y
servicios que solicita por medio de la acción de tutela, pues los mismos fueron
solicitados sin la existencia de una orden expedida por el médico tratante. Al
respecto, la Sala considera que tal razonamiento desvirtúa el principio de
buena fe, en cabeza de la persona que realiza la petición, la cual expuso bajo
un argumento razonable que su padre necesita de los servicios negados por la
accionada.
Así las cosas,
corresponde a la E.P.S. probar que el actor no necesita los insumos y servicios
requeridos, pues no basta con exponer que los mismos no han sido autorizados
por parte de un médico adscrito a su red de servicios. Por tanto, ante una
situación como la referenciada, debió realizar un examen con el propósito de
determinar las secuelas producidas por la patología del peticionario y analizar
la pertinencia de su solicitud.
Si bien es
cierto que el actor no presentó tal petición de manera formal ante la accionada
y por tanto la misma no pudo resolver la misma con anterioridad a la
presentación de esta acción de tutela, es un hecho indiscutible que aun con
conocimiento del proceso y luego del tiempo transcurrido entre el fallo de
tutela de primera instancia y este proceso de revisión, sigue renuente a entregar
los insumos y servicios solicitados o siquiera demostrar que los mismos no son
necesarios.
A su vez, afirmó
que si los servicios requeridos por el actor se encontraren por fuera del P.O.S.,
no le correspondería asumir el pago de los mismos, razonamiento que no tiene
relevancia para esta Sala, pues la controversia sobre los pagos entre entidades
por la prestación del servicio, corresponde a un trámite administrativo que el
paciente no tiene la obligación de soportar, ni puede erigirse como óbice para
que las prestadoras de servicios de salud impongan una barrera para el acceso a
los servicios, tratamientos o medicamentos, entre otros, que el ciudadano
requiera para restablecer su salud.
Por tanto, la
Sala ordenará a Salud Vida E.P.S.-S, que en el término improrrogable de
cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de esta
providencia, autorice
y entregue de manera periódica los pañales,
pañitos húmedos, crema antipañalitis, tapabocas, guantes y demás implementos
necesarios para el aseo diario, al ciudadano Leonardo Ávila, durante todo el
tiempo que persista la condición médica que hace necesario los mismos. A su
vez, ordenará que se preste el servicio de transporte del actor y un
acompañante a las terapias que se programen por fuera de su lugar de
residencia, incluido el servicio de alojamiento si llegare a ser necesario,
durante el tiempo que requiera la atención médica.
También,
ordenará que en el término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas,
contadas a partir de la notificación de esta providencia, la accionada haga
entrega de una silla de ruedas adaptada a las necesidades físicas del
accionante y programe un examen médico integral al mismo, en el cual se
pronuncie sobre la pertinencia del servicio de enfermería en casa, con base en
criterios estrictamente médico-científicos, a los cuales no podrán oponerse
consideraciones respecto a la inclusión del servicio dentro del P.O.S. u otras
consideraciones de orden administrativo.
13.16 Expediente
T-3.826.376 (caso número 16)
El ciudadano
Manuel Ernesto Jaimes León, interpuso acción de tutela contra Solsalud E.P.S.-S
y la Secretaria de Salud Departamental de Santander, solicitando la garantía de
sus derechos fundamentales a la salud, la vida en condiciones dignas y a la
seguridad social, debido a que desde hace 6 años fue diagnosticado con cuadriparesia
y vejiga neurogénica, motivo por la cual su médico tratante le ha ordenado
enfermería domiciliaria, Ensure, Kola granulada, cremas hidratantes, pañales,
alcohol antiséptico, visita domiciliaria por medicina general. Añade que
necesita una silla de ruedas apta para su movilidad. Sin embargo, por orden de
la médica tratante se disminuyó el tiempo de cuidado de la enfermera y la
cantidad de pañales usualmente ordenados.
En cumplimiento
del Auto proferido por el magistrado sustanciador el 31 de marzo de 2014, se
estableció comunicación con el ciudadano Manuel Ernesto Jaimes León, quien
expuso que desde diciembre de 2013, la entidad accionada le está garantizando
los servicios requeridos, como enfermería domiciliaria, pañales, insumos de
aseo y visita domiciliaria de medicina general. No obstante, manifiesta que las
autorizaciones requeridas para la prestación de servicios, está tardando hasta
veinte días y que no le han entregado la silla de ruedas solicitada.
En consecuencia,
se ordenará a Solsalud E.P.S.-S que en término improrrogable de cuarenta y ocho
(48) horas, contadas a partir de la notificación de esta providencia, haga
entrega de una silla de ruedas adaptada a las necesidades físicas del actor y
advertirá a esa entidad, para que en adelante gestione de manera pronta,
eficiente y oportuna las citas médicas del actor.
13.17 Expediente
T-3.830.035 (caso número 17)
El ciudadano,
Carlos Aníbal Delgado Ordóñez, actuando como agente oficioso de la niña Laura
Sofía Astaiza Ortiz, de tres (3) años de edad, que presenta un cuadro clínico
de trastorno de  Hiperplasia Suprarrenal Congénita y ambigüedad sexual,
presentó acción de tutela contra CAPRECOM E.P.S.-S y la
Secretaria de Salud Departamental del Valle, por el presunto desconocimiento
de los derechos a la salud, a la vida en condiciones dignas y a la seguridad
social.
Para fundamentar
su solicitud expone que la menor requiere de tratamientos constantes con
diferentes especialistas y posibles cirugías, razón por la cual su médico
tratante la ha remitido a varias clínicas de la ciudad de Cali, pero debido a
que la madre de Laura Sofía Astaiza, es menor de edad y no cuenta con los
recursos económicos, no puede trasladar a la niña del municipio de Restrepo
(Valle del Cauca) a la ciudad de Cali y por ello su tratamiento se ha visto
interrumpido.
Además, expone
que la niña requiere de atención periódica con diferentes especialistas y
tratamiento permanente, los cuales no han sido autorizados por la accionada,
aunado a que esta genera órdenes de manera irregular generando trámites y
complicaciones los cuales generan una barrera al acceso de los servicios.
Ante la
indeterminación del tratamiento que debe seguir la niña, la
Sala ordenará que en el término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas
contadas a partir de la notificación de esta providencia, asigne una cita
médica a la niña Laura Sofía Astaiza Ortiz, en la cual se efectúe una
valoración completa sobre su estado de salud. Así mismo, a partir de su
diagnóstico, deberá autorizar de manera inmediata el suministro de
medicamentos, intervenciones quirúrgicas, prácticas de rehabilitación,
realización de exámenes de diagnóstico, transporte para asistir a las citas
junto con un acompañante, así como todo otro componente que el médico tratante
valore como necesario para su restablecimiento.
Por último,
ordenará la exoneración del pago de las cuotas moderadoras y copagos que se le
han venido exigiendo a Laura Sofía Astaiza Ortiz, para acceder a los servicios
de salud que necesita.
13.18 Expediente
T-3.831.844 (caso número 18)
La ciudadana
Esperanza Niño, actuando como agente oficiosa de su madre, Ana Tilcia Lara de
95 años, interpuso acción de tutela contra Saludcoop E.P.S., por el presunto
desconocimiento de los derechos a la salud y a la vida digna. Expone la
accionante que su madre fue diagnosticada con Alzheimer, razón por la cual tuvo
que recluirla en un hogar geriátrico en el cual se le solicitó pañales, Ensure,
pañitos húmedos, suplemento Proteinex, loción lubricante, Lubriderm corporal,
crema Desitin. Con base en ello, solicitó que la accionada le suministre los
insumos requeridos y que cancele el pago mensual del hogar geriátrico.
En cumplimiento
del Auto proferido por el magistrado sustanciador el 31 de marzo de 2014, se
estableció comunicación con la ciudadana Esperanza Niño, quien expuso que la
accionada está garantizando el servicio de curación y nutrición, pero que los
pañales y demás insumos de aseo no han sido autorizados, así como tampoco la
mensualidad del hogar geriátrico.
Así las cosas, la
Sala ordenará que en el término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas
contadas a partir de la notificación de esta sentencia, Saludcoop E.P.S.,
autorice y entregue de manera periódica los pañales, pañitos húmedos, crema antipañalitis,
tapabocas, guantes y demás implementos necesarios para el aseo diario, a la
ciudadana Ana Tilcia Lara, durante todo el tiempo que persista la condición
médica que hace necesario los mismos.
Ahora bien,
respecto a la autorización para el pago del hogar geriátrico, la
Sala encuentra que la actora no expuso porque no podía pagar el mismo, así
como tampoco porque los demás hijos de la agenciada no pueden pagar tal
servicio, máxime si tres de ellos son personas mayores de edad. En ese sentido,
los primeros obligados a brindar tal protección es el núcleo familiar el cual
no expuso siquiera de manera sumaria su imposibilidad para ello, así las cosas,
no se autorizará la prestación reclamada.
III.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la
Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO: LEVANTAR la
suspensión de términos decretada por medio de Auto del cinco (5) de julio de
dos mil trece (2013), proferido por esta Sala de revisión para decidir el
asunto de la referencia.
SEGUNDO: REVOCAR, el fallo proferido
por el Juzgado
Primero de Familia del Circuito del Distrito Judicial de Neiva, el 15 de enero de 2013 en
primera instancia, en el trámite de la acción de tutela interpuesta por el
ciudadano Kleiver
Oviedo Farfán como agente oficioso de Luz Divia Osorio Puentes contra Comfamiliar E.P.S.-S. En consecuencia CONCEDER el amparo
de sus derechos fundamentales a la salud y la vida en condiciones dignas.
TERCERO: ORDENAR a la
E.P.S.-S
Comfamiliar del Huila, que dentro del término  improrrogable de cuarenta
y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta
providencia, autorice y preste el servicio de transporte a la ciudadana Luz
Divia Osorio Puentes, desde su residencia hasta la clínica Neufrouros S.A.S. de
la ciudad de Neiva, para que asista a las referidas terapias de hemodiálisis.
CUARTO: ORDENAR a la
E.P.S.-S
Comfamiliar del Huila, que en el término improrrogable de cuarenta y ocho (48)
horas siguientes a la notificación de esta providencia, asigne una cita médica
a la ciudadana Luz Divia Osorio Puentes en la cual se efectúe una valoración
completa sobre su estado de salud. Así mismo, a partir de su diagnóstico deberá
autorizar de manera inmediata el suministro de medicamentos, intervenciones
quirúrgicas, prácticas de rehabilitación y realización de exámenes de diagnóstico,
así como todo otro componente que el médico tratante valore como necesario para
su restablecimiento.
QUINTO: ORDENAR a la
E.P.S.-S
Comfamiliar del Huila, que programe un plan de seguimiento al estado de salud
de la ciudadana Luz Divia Osorio Puentes, que incluya controles periódicos y
valoración por especialista para analizar la evolución de su enfermedad.
SEXTO: ADVERTIR a la E.P.S.-S Comfamiliar del Huila, para que no
vuelva a incurrir en las conductas que dieron origen a esta acción de tutela.
SÉPTIMO: REVOCAR,
los fallos proferidos por el Juzgado Sesenta
y Ocho Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, el 24 de agosto de 2012 en
primera instancia; y el Juzgado Treinta y Cinco Penal del
Circuito con Funciones de Conocimiento, el 3 de octubre de 2012, en el trámite
de la acción de tutela interpuesta por Wendis Johanna Díaz García, actuando
como representante de su  hija de 8 años de edad, Milagros Yiset Lora Díaz,
contra la E.P.S.-S Comfamiliar
del Huila. En consecuencia, CONCEDER el amparo
de sus derechos fundamentales a la salud y la vida en condiciones dignas.
OCTAVO:
ORDENAR a Coomeva E.P.S. que
dentro del término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de esta providencia, autorice y entregue a la menor una
silla de ruedas adecuada para a sus necesidades, además de autorizar y entregar
pañales, terapias y servicios de transporte de la niña Milagros Yiset Lora
Díaz, de manera periódica durante todo el tiempo que lo necesite, además de
exonerarla de todo copago o cuota moderadora por la prestación de los servicios
de salud.
NOVENO: ORDENAR a Coomeva
E.P.S. que dentro del término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación de esta providencia, asigne una
cita médica a la niña Milagros Yiset Lora Díaz en la cual se efectúe una
valoración completa sobre su estado de salud. Así mismo, a partir de su diagnóstico,
deberá autorizar de manera inmediata el suministro de medicamentos,
intervenciones quirúrgicas, prácticas de rehabilitación y realización de
exámenes de diagnóstico, así como todo otro componente que el médico tratante
valore como necesario para su restablecimiento.
DÉCIMO: ORDENAR a la
E.P.S.-S
Comfamiliar del Huila, que programe un plan de seguimiento al estado de salud
de la niña Milagros Yiset Lora Díaz, que incluya controles periódicos y
valoración por especialista para analizar la evolución de su enfermedad.
UNDÉCIMO:
ADVERTIR a Coomeva E.P.S., para que no vuelva a incurrir en las
conductas que dieron origen a esta acción de tutela.
DUODÉCIMO:
REVOCAR, los fallos proferidos por el
Juzgado
Noveno Civil Municipal de Descongestión de Bogotá, el
10 de diciembre de 2012 en primera instancia; y el Juzgado
Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá, el 24 de enero de 2013, en el trámite
de la acción de tutela interpuesta por Diana Alexandra Acuña Rodríguez en
representación de su hijo Cristhian David Jiménez Acuña contra la
Secretaría Distrital de Salud. En consecuencia, CONCEDER
el amparo de sus derechos fundamentales a la salud y la vida en
condiciones dignas.
DÉCIMOTERCERO: ORDENAR a la
Secretaría Distrital de Salud que dentro del término improrrogable
de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia,
si
aún no lo hubiere hecho, ordene,  autorice y entregue pañales, pañitos, gasas e
insumos de aseo suficientes, al ciudadano Cristhian David Jiménez Acuña de
manera periódica durante todo el tiempo que lo necesite.
DÉCIMOCUARTO: ORDENAR a la
Secretaría Distrital de Salud que dentro del término improrrogable
de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia,
asigne una cita médica al ciudadano Cristhian David Jiménez Acuña en la cual se
efectúe una valoración completa sobre su estado de salud. Así mismo, a partir
de su diagnóstico, deberá autorizar de manera inmediata el suministro de
medicamentos, intervenciones quirúrgicas, prácticas de rehabilitación y
realización de exámenes de diagnóstico, así como todo otro componente que el
médico tratante valore como necesario para su restablecimiento.
DÉCIMOQUINTO: ORDENAR a la
Secretaría Distrital de Salud que programe un plan de seguimiento al estado de
salud del ciudadano Cristhian David Jiménez Acuña, que incluya controles
periódicos y valoración por especialista para analizar la evolución de su
enfermedad.
DÉCIMOSEXTO: ORDENAR
a
la Secretaría Distrital de Salud para que en adelante exonere al ciudadano
Cristhian David Jiménez Acuña del pago de todas las cuotas moderadoras y
copagos que se le han venido exigiendo, para acceder a los servicios de salud
que necesita, mientras subsista su condición de salud, así como la situación económica
de sus padres.
DECIMOSÉPTIMO: REVOCAR, el fallo proferido por el Juzgado Tercero
Civil Municipal de Ibagué, el 14 de enero de 2012 en primera instancia, en el trámite de la acción de tutela
interpuesta por Arturo Santos Cortes contra Nueva E.P.S.-S. En consecuencia, CONCEDER el amparo
de sus derechos fundamentales a la salud y la vida en condiciones dignas.
DECIMOCTAVO: ORDENAR a la
Nueva E.P.S.-S,
que dentro del término  improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas siguientes
a la notificación de esta providencia, autorice y preste el servicio de
transporte al ciudadano Arturo Santos Cortes junto con un
acompañante, desde su residencia hasta la
Unidad Renal del Tolima, o a cualquier otra que le sea asignada, tres veces a
la semana para que le sea practicado el procedimiento de diálisis que le fue
prescrito.
DECIMONOVENO: REVOCAR, el fallo proferido por el Juzgado 61 Civil
Municipal de Bogotá, el 31 de enero de 2013 en primera instancia, en el trámite de la acción de tutela
interpuesta por Pilar Gómez Vargas en calidad de agente oficiosa de Gustavo
Garrido Orozco contra Famisanar E.P.S.. En consecuencia,
CONCEDER el amparo de sus derechos
fundamentales a la salud y la vida en condiciones dignas.
VIGÉSIMO: ORDENAR a Famisanar
E.P.S. que dentro del término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación de esta providencia, autorice y entregue al
ciudadano Gustavo
Garrido Orozco una silla de ruedas adecuada para a sus necesidades, la entrega
de pañales y demás insumos necesarios para el aseo del actor de manera
periódica durante todo el tiempo que lo necesite, además de exonerarlo de todo
copago o cuota moderadora por la prestación de los servicios de salud.
VIGÉSIMO
PRIMERO: ORDENAR a Famisanar
E.P.S., que en adelante autorice y preste el servicio de transporte
al ciudadano Gustavo
Garrido Orozco junto con un acompañante, desde su residencia hasta el lugar
donde le sean prestados los servicios de salud que sean prescritos por su
médico tratante o que en la actualidad haya sido autorizados por el mismo.
VIGÉSIMO
SEGUNDO: DECLARAR la carencia actual de objeto por
configurarse un hecho superado, frente a la solicitud de amparo instaurada por
la ciudadana Ismaelina
Cerón Ordóñez,
en
los términos expuestos en esta sentencia.
VIGÉSIMO
TERCERO: CONFIRMAR el
fallo proferido
por el
Juzgado
Diecisiete Penal Municipal con Función de Control de Garantías el 10 de enero
de 2013 en primera instancia, en el trámite de la acción de tutela
interpuesta por  Ismaelina Cerón Ordóñez contra Saludcoop
E.P.S.
exclusivamente por las razones expuestas en esta sentencia, relativas a la
comprobación sobre el hecho.
VIGÉSIMO CUARTO:
ORDENAR Saludcoop E.P.S. que
dentro del término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de esta providencia, asigne una cita médica a la ciudadana
Ismaelina Cerón Ordóñez, en la cual se
efectúe una valoración integral sobre su estado de salud. Así mismo, a partir
de su diagnóstico, deberá autorizar de manera inmediata el suministro de
medicamentos, intervenciones quirúrgicas, prácticas de rehabilitación,
realización de exámenes de diagnóstico, transporte para asistir a las citas
junto con un acompañante, así como todo otro componente que el médico tratante
valore como necesario para su restablecimiento.
VIGÉSIMO QUINTO: ORDENAR a la
Secretaría Distrital de Salud que programe un plan de seguimiento al estado de
salud de la ciudadana Ismaelina Cerón Ordóñez, que incluya
controles periódicos y valoración por especialista para analizar la evolución
de su enfermedad.
VIGÉSIMO
SEXTO: REVOCAR, el fallo proferido por el Juzgado
Quinto Penal Municipal con Función de Conocimiento de Palmira departamento del
Valle del Cauca, el 13 de febrero de 2013 en primera instancia, en el trámite de la acción de tutela
interpuesta por Martha Patricia Quevedo Saa actuando como agente oficiosa de
Juan José Andrade contra Coomeva E.P.S. En consecuencia,
CONCEDER el amparo de sus derechos
fundamentales a la salud y la vida en condiciones dignas.
VIGÉSIMO SÉPTIMO:
ORDENAR
a
Coomeva
E.P.S. que
dentro del término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de esta providencia, si aún no lo hubiere hecho, autorice y
entregue de manera periódica los pañales desechables
e insumos necesarios para su aseo diario, durante todo el
tiempo que persista la condición médica que hace necesario los mismos, así como la silla de ruedas adecuada para sus necesidades, al
ciudadano Juan José Andrade.
VIGÉSIMO OCTAVO:
ORDENAR a Coomeva E.P.S. que dentro del término improrrogable de cuarenta y ocho (48)
horas siguientes a la notificación de esta providencia, asigne una
cita médica al ciudadano Juan José Andrade, en la
cual se efectúe una valoración completa sobre su estado de salud. Así mismo, a
partir de su diagnóstico, deberá autorizar de manera inmediata el suministro de
medicamentos, intervenciones quirúrgicas, prácticas de rehabilitación,
realización de exámenes de diagnóstico, transporte para asistir a las citas junto
con un acompañante, así como todo otro componente que el médico tratante valore
como necesario para su restablecimiento.
VIGÉSIMO
NOVENO:
REVOCAR, el fallo proferido por el Juzgado
Séptimo Penal Municipal con Función de Control de Garantías, el 29 de enero de 2013 en primera instancia, en
el trámite de la acción de tutela interpuesta por Yuri Alexandra Santafé
Galindo en representación de su hijo Juan Sebastian Santafé Galindo contra
Salud Total E.P.S.-S (ahora CAPITAL SALUD E.P.S.-S). En consecuencia, CONCEDER el amparo
de sus derechos fundamentales a la salud y la vida en condiciones dignas.
TRIGÉSIMO:
ORDENAR a
Capital
Salud E.P.S.-S que dentro del término improrrogable de cuarenta y
ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, si aún no lo
hubiere hecho, autorice y entregue los pañales,
pañitos húmedos, crema antipañalitis, tapabocas, guantes, vitaminas suplementos
alimenticios, necesarios para el restablecimiento del derecho fundamental a la
salud del niño Juan Sebastian Santafé Galindo, durante todo el tiempo que
persista la condición médica que hace necesario los mismos.
TRIGÉSIMO
PRIMERO:  ORDENAR a Capital
Salud E.P.S.-S que dentro del término improrrogable de cuarenta y
ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, si aún no lo
hubiere hecho, autorice y entregue los medicamentos fenobarbital
suspensión y clonazepam gotas al niño Juan Sebastian Santafé Galindo.
TRIGÉSIMO
SEGUNDO: ORDENAR a
Capital
Salud E.P.S.-S que dentro del término improrrogable de cuarenta y ocho (48)
horas siguientes a la notificación de esta providencia, asigne una
cita médica al niño Juan Sebastian Santafé Galindo, en la
cual se efectúe una valoración completa sobre su estado de salud. Así mismo, a
partir de su diagnóstico, deberá autorizar de manera inmediata el suministro de
medicamentos, intervenciones quirúrgicas, prácticas de rehabilitación,
realización de exámenes de diagnóstico, transporte para asistir a las citas
junto con un acompañante, así como todo otro componente que el médico tratante
valore como necesario para su restablecimiento.
TRIGÉSIMO
TERCERO: REVOCAR, el fallo proferido por el Juzgado Segundo
Promiscuo Municipal de Candelaria (Valle del Cauca), el
1° de febrero de 2013 en primera instancia, en
el trámite de la acción de tutela interpuesta por Katherine Aguilar actuando en
representación de su hijo Eris David Salazar Aguilar contra Servicio Occidental
de Salud -SOS- E.P.S.. En consecuencia, CONCEDER el
amparo de sus derechos fundamentales a la salud y la vida en
condiciones dignas.
TRIGÉSIMO
CUARTO: ORDENAR al Servicio
Occidental de Salud -SOS- E.P.S. que dentro del término improrrogable de
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, si
aún no lo hubiere hecho, autorice y entregue los pañales,
pañitos húmedos, crema antipañalitis, tapabocas, guantes, vitaminas suplementos
alimenticios, al niño Eris David Salazar Aguilar, durante todo el tiempo que
persista la condición médica que hace necesario los mismos.
TRIGÉSIMO
QUINTO: ORDENAR a Servicio
Occidental de Salud -SOS- E.P.S., que en
adelante autorice y preste el servicio de transporte al niño Eris
David Salazar Aguilar junto con un acompañante, desde su residencia hasta el
lugar donde le sean prestados los servicios de salud que sean prescritos por su
médico tratante o que en la actualidad haya sido autorizados por el mismo.
TRIGÉSIMO SEXTO:
ADVERTIR a
Servicio Occidental de Salud -SOS- E.P.S., para que en adelante asigne de
manera rápida y oportuna las citas que requiera el niño Eris David Salazar
Aguilar.
TRIGÉSIMO
SÉPTIMO: REVOCAR, el fallo proferido por el Juzgado Segundo
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Palmira (Valle del Cauca), el 26 de noviembre de 2012 en
primera instancia; y el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Buga (Valle del Cauca), en segunda instancia, en el trámite de la acción de
tutela interpuesta por María Eugenia Mendoza en representación de su hija Karen
Julieth Parra Mendoza contra CAPRECOM E.P.S.-S. En consecuencia,
CONCEDER el amparo de sus derechos
fundamentales a la salud y la vida en condiciones dignas.
TRIGÉSIMO
OCTAVO: ORDENAR a CAPRECOM
E.P.S.-S que
dentro del término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de esta providencia, autorice los servicios requeridos
por la joven Karen Julieth Parra Mendoza, esto todos los medicamentos,
procedimientos, insumos y tratamientos que necesite para garantizar su derecho
fundamental a la salud. De la misma forma deberá autorizar el servicio de
transporte de la menor y un acompañante hasta la ciudad de Cali, así como su
alojamiento durante el tiempo que requiera la atención médica fuera de su lugar
de residencia, cada vez que requiera ello para el tratamiento de su enfermedad.
TRIGÉSIMO
NOVENO: DECLARAR la carencia actual de objeto por
configurarse un hecho superado, frente a la solicitud de amparo instaurada por
la
ciudadana Yuri Tatiana Buenaventura Riascos, actuando en calidad representante
legal de su hijo Andrés Felipe Montaño Buenaventura, en los términos expuestos
en esta sentencia.
CUADRAGÉSIMO: CONFIRMAR
el
fallo proferido
por el
Juzgado
Tercero de Familia de Armenia (Quindío), el 10 de diciembre de 2012 en primera instancia;
y el Tribunal
Superior de Armenia (Quindío) Sala Civil Familia Laboral, el 6 de febrero de
2013 en segunda instancia, en el trámite de la acción de tutela interpuesta
por la
ciudadana Yuri Tatiana Buenaventura Riascos, actuando en calidad representante
legal de su hijo Andrés Felipe Montaño Buenaventura, exclusivamente
por las razones expuestas en esta sentencia, relativas a la comprobación sobre
el hecho superado y la correlativa inexistencia actual de afectación de los
derechos fundamentales invocados.
CUADRAGÉSIMO
PRIMERO:
REVOCAR, el fallo proferido por el Juzgado
Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías, el 24 de diciembre de 2012 en
primera instancia, en el trámite de la acción de tutela interpuesta
por la ciudadana Luz Alba Ortiz Batalla, actuando como agente oficioso de su
madre Jovina Batalla de Ortiz contra Saludcoop E.P.S.. En consecuencia, CONCEDER el amparo
de sus derechos fundamentales a la salud y la vida en condiciones dignas.
CUADRAGÉSIMO SEGUNDO: ORDENAR
a
Saludcoop
E.P.S.
que dentro del término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a
la notificación de esta providencia, autorice y entregue de manera periódica los pañales, pañitos húmedos, crema
antipañalitis, tapabocas, guantes y demás implementos necesarios para el aseo
diario a la ciudadana Jovina Batalla de Ortiz, durante todo el tiempo que
persista la condición médica que hace necesario los mismos.
CUADRAGÉSIMO
TERCERO: REVOCAR, el fallo proferido por el Juzgado Tercero
Promiscuo Municipal de El Guamo, el 22 de enero de 2013, en
el trámite de la acción de tutela interpuesta por el ciudadano Hernán Mendoza
Arias, contra Comparta E.P.S.-S. En consecuencia, CONCEDER
el amparo de sus derechos fundamentales a la salud y la vida en
condiciones dignas.
CUADRAGÉSIMO CUARTO: ORDENAR
a
Comparta
E.P.S.-S que
dentro del término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de esta providencia, si aún no lo hubiere hecho, autorice el
servicio de transporte del ciudadano Hernán Mendoza Arias, junto con un
acompañante hasta la ciudad de Cali, para el tratamiento de su enfermedad, así
como su alojamiento y alimentación durante el tiempo que requiera la atención
médica fuera de su lugar de residencia.
CUADRAGÉSIMO
QUINTO: DECLARAR la carencia actual de objeto por
configurarse un daño consumado, frente a la solicitud de amparo instaurada por
la ciudadana María
Aura Grajales como agente oficiosa su madre Aura María Mulato de Londoño, en
los términos expuestos en esta sentencia.
CUADRAGÉSIMO SEXTO: CONFIRMAR
el
fallo proferido
por el
Juzgado
Quinto Penal del Circuito de Cali con Funciones de Conocimiento, en
primera instancia, el día 14 de septiembre de 2012, exclusivamente
por las razones expuestas en esta sentencia, relativas a la comprobación sobre
el daño consumado y la correlativa inexistencia actual de afectación de los
derechos fundamentales invocados.
CUADRAGÉSIMO
SÉPTIMO: REVOCAR, el fallo proferido por el Juzgado Cuarto
Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de
Bucaramanga, el 22 de enero de 2013, en el trámite de la acción de
tutela interpuesta por la ciudadana Claudia Patricia Ávila Lozada actuando como
agente oficiosa de su padre Leonardo Ávila, contra Salud Vida E.P.S.-S. En consecuencia, CONCEDER el amparo
de sus derechos fundamentales a la salud y la vida en condiciones dignas.
CUADRAGÉSIMO OCTAVO: ORDENAR
a
Salud
Vida E.P.S.-S que
dentro del término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de esta providencia, autorice y entregue al ciudadano Leonardo
Ávila,
una
silla de ruedas adecuada a sus necesidades, además de autorizar la entrega de pañales,
pañitos húmedos, crema antipañalitis, tapabocas, guantes y demás insumos
necesarios para el aseo y cuidado diario del actor, durante todo el tiempo que
persista la condición médica que hace necesario los mismos.
CUADRAGÉSIMO NOVENO: ORDENAR a Salud
Vida E.P.S.-S que dentro del término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación de esta providencia, asigne una
cita médica al ciudadano Leonardo Ávila, en la
cual se efectúe una valoración integral de su estado de salud y se determine la
pertinencia del servicio de enfermería en casa, con base en criterios
estrictamente médico-científicos, a los cuales no podrán oponerse
consideraciones respecto a la inclusión del servicio dentro del P.O.S. u otras
consideraciones de orden administrativo.
QUINCUAGÉSIMO: ADVERTIR a Salud Vida E.P.S.-S, para que adelante
autorice y preste el servicio de transporte del actor y un acompañante a las
terapias que se programen por fuera de su lugar de residencia, incluido el
servicio de alojamiento si llegare a ser necesario, durante el tiempo que
requiera la atención médica.
QUINCUAGÉSIMO
PRIMERO: REVOCAR el
fallo proferido
por el
Juzgado
Noveno Civil del Circuito de Bucaramanga en primera
instancia, el 16 de octubre de 2012, en el trámite de la acción de tutela
interpuesta por el ciudadano Manuel Ernesto Jaimes León contra
Solsalud E.P.S.-S y la Secretaría de Salud Departamental de Santander. En consecuencia, CONCEDER el amparo
de sus derechos fundamentales a la salud y la vida en condiciones dignas.
QUINCUAGÉSIMO
SEGUNDO: ORDENAR a Solsalud
E.P.S.-S que
dentro del término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de esta providencia, autorice y entregue al ciudadano Manuel
Ernesto Jaimes León, si aún no lo ha hecho, una
silla de ruedas adecuada a sus necesidades.
QUINCUAGÉSIMO
TERCERO: ADVERTIR a Solsalud E.P.S.-S,
para que en adelante asigne y autorice de manera rápida y oportuna las citas
médicas y servicios, que requiera el ciudadano Manuel Ernesto Jaimes León.
QUINCUAGÉSIMO CUARTO: REVOCAR, el fallo proferido por el Juzgado
Promiscuo Municipal de Restrepo (Valle del Cauca), el
18 de enero de 2013, en el trámite de la acción de tutela interpuesta
por el ciudadano Carlos Aníbal Delgado Ordóñez como agente oficioso de la niña
Laura Sofía Astaiza Ortiz, contra CAPRECOM E.P.S. - Secretaría Departamental de
salud del Valle del Cauca. En consecuencia, CONCEDER el
amparo de sus derechos fundamentales a la salud y la vida en
condiciones dignas.
QUINCUAGÉSIMO
QUINTO: ORDENAR a
CAPRECOM
E.P.S. que dentro del término improrrogable de cuarenta y ocho (48)
horas siguientes a la notificación de esta providencia, asigne una
cita médica a la niña Laura Sofía Astaiza Ortiz, en la
cual se efectúe una valoración completa sobre su estado de salud. Así mismo, a
partir de su diagnóstico, deberá autorizar de manera inmediata el suministro de
medicamentos, intervenciones quirúrgicas, prácticas de rehabilitación,
realización de exámenes de diagnóstico, así como todo otro componente que el
médico tratante valore como necesario para su restablecimiento.
QUINCUAGÉSIMO
SEXTO: a
CAPRECOM
E.P.S. que
dentro del término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de esta providencia, autorice el servicio de
transporte y alojamiento de la niña Laura Sofía Astaiza Ortiz, junto con un
acompañante, al lugar donde le sean autorizados los servicios para el
tratamiento de su enfermedad, durante el tiempo que requiera la atención médica
fuera de su lugar de residencia.
QUINCUAGÉSIMO
SÉPTIMO: ORDENAR a CAPRECOM
E.P.S. y a la Secretaría Departamental de salud del Valle del Cauca, para que
en adelante exonere a la niña Laura Sofía Astaiza Ortiz del pago de todas las
cuotas moderadoras y copagos que se le han venido exigiendo, para acceder a los
servicios de salud que necesita, mientras subsista su condición de salud y la
situación económica de sus padres.
QUINCUAGÉSIMO
OCTAVO: ORDENAR a CAPRECOM E.P.S. y a la
Secretaría Departamental de salud del Valle del Cauca, que efectúe un plan de
seguimiento integral a la condición de salud de la menor Laura Sofía Astaiza
Ortiz y programe una estrategia integral de acción para atender su problema de
salud, incluido el manejo psicológico de su patología, en el cual debe
incluirse a su familia. Tal estrategia deberá soportarse por medio de informes
periódicos mensuales los cuales podrán ser solicitados por parte del juzgado
encargado de verificar el cumplimiento de esta acción de tutela.
QUINCUAGÉSIMO
NOVENO: ADVERTIR a CAPRECOM
E.P.S., para que en adelante asigne y autorice de manera rápida y oportuna las
citas médicas, procedimientos, servicios, insumos, que requiera la niña Laura
Sofía Astaiza Ortiz.
SEXAGÉSIMO: REVOCAR, el fallo proferido por el Juzgado
Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Norte de
Santander, el 13 de agosto de 2012, en el trámite de la acción
de tutela interpuesta por la ciudadana Esperanza Niño como agente oficiosa de
su madre Ana Tilcia Lara de Niño, contra Saludcoop E.P.S.. En consecuencia, CONCEDER el amparo
de sus derechos fundamentales a la salud y la vida en condiciones dignas.
SEXAGÉSIMO
PRIMERO: ORDENAR a Saludcoop E.P.S.
que
dentro del término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de esta providencia, autorice que a la ciudadana Ana
Tilcia Lara de Niño le sean entregados: pañales,
pañitos húmedos, crema antipañalitis, tapabocas, guantes y demás insumos necesarios
para el aseo y cuidado diario, durante todo el tiempo que persista la condición
médica que hace necesario los mismos.
SEXAGÉSIMO
SEGUNDO: NEGAR la pretensión relativa al pago del hogar
geriátrico a cargo de  Saludcoop E.P.S., para la ciudadana Ana Tilcia Lara de Niño, estrictamente
por las razones expuestas en esta acción de tutela.
SEXAGÉSIMO
TERCERO: RECONOCER que las E.P.S.-S accionadas
tienen derecho a repetir contra las Secretarías de Salud de sus respectivas
entidades territoriales, por las sumas de dinero que legal y reglamentariamente
no sean de su cargo, si a ello hubiera lugar, de conformidad con la ley, por el
valor de los gastos en los que incurra en acatamiento de la presente decisión
judicial.
SEXAGÉSIMO
CUARTO: RECONOCER que las E.P.S. accionadas
tienen derecho a repetir contra el FOSYGA, por las sumas de dinero que legal y
reglamentariamente no sean de su cargo, si a ello hubiera lugar, de conformidad
con la ley, por el valor de los gastos en los que incurra en acatamiento de la presente
decisión judicial.
SEXAGÉSIMO
QUINTO: ORDENAR a la
Secretaria General de la
Corte Constitucional, ABSTENERSE de mencionar en el texto público de esta
providencia, el nombre de los menores involucrados en los hechos del presente
asunto, con el fin de salvaguardar su intimidad.
Igualmente, y
con el propósito de garantizar mayor sigilo al respecto, en las reproducciones
que se hagan del presente texto, salvo en las destinadas a las partes y a las
autoridades vinculadas, DEBERÁN OMITIRSE los nombres de la institución
demandada y de las demás personas relacionadas con los hechos del caso.
SEXAGÉSIMO
SEXTO: LÍBRENSE las comunicaciones previstas en el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Cópiese, Notifíquese, insértese en la
gaceta de la Corte Constitucional y Cúmplase,
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
Con aclaración de voto
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
ANEXO No. 1
Índice
de accionantes y accionados
Caso
No.
Expediente
Demandante
Demandado
Régimen
1
T-3.796.055
Kleiver Oviedo
Farfán como agente oficioso de Luz Divia Osorio Puentes
Comfamiliar E.P.S.-S
Subsidiado
2
T-3.796.247
Wendis Johanna
Díaz García en representación de su hija menor de edad Milagros Yiset Lora
Díaz
Coomeva E.P.S.
Contributivo
3
T-3.796.253
Diana
Alexandra Acuña Rodríguez en representación de su hijo Cristhian David
Jiménez Acuña
Secretaría Distrital de Salud
Subsidiado
4
T-3.798.519
Arturo Santos
Cortes
Nueva E.P.S.-S
Subsidiado
5
T-3.803.205
Pilar Gómez
Vargas en calidad de agente oficiosa de Gustavo Garrido Orozco
Famisanar E.P.S.
Contributivo
6
T-3.804.339
Ismaelina
Cerón Ordoñez
Saludcoop E.P.S.
Contributivo
7
T-3.811.675
Martha
Patricia Quevedo Saa actuando como agente oficiosa de Juan José Andrade
Coomeva E.P.S.
Contributivo
8
T-3.815.206
Yuri Alexandra
Santafé Galindo en representación de su hijo Juan Sebastian Santafé Galindo
Salud Total E.P.S.-S
Subsidiado
9
T-3.819.621
Katherine
Aguilar actuando en representación de su hijo Eris David Salazar Aguilar
Servicio Occidental de Salud SA SOS E.P.S.
Contributivo
10
T- 3.820.113
María Eugenia
Mendoza en representación de su hija Karen Julieth Parra Mendoza
CAPRECOM E.P.S.-S
Subsidiado
11
T-3.820.198
Yuri Tatiana
Buenaventura Riascos actuando en representación de su hijo Andrés Felipe
Montaño Buenaventura
Asmetsalud E.P.S.-S
Subsidiado
12
T-3.820.205
Luz Alba Ortiz
Batalla, actuando como agente oficioso de su madre Jovina Batalla de Ortiz
Saludcoop E.P.S.
Contributivo
13
T-3.823.253
Hernán Mendoza
Arias
Comparta E.P.S.-S
Subsidiado
14
T- 3.823.483
María Aura
Grajales como agente oficiosa su madre Aura María Mulato de Londoño
Nueva E.P.S.
Contributivo
15
T- 3.826.175
Claudia
Patricia Ávila Lozada actuando como agente oficiosa de su padre Leonardo
Ávila
Salud Vida E.P.S.
Subsidiado
16
T- 3.826.376
Manuel Ernesto
Jaimes León
Solsalud E.P.S.-S S y la
Secretaria de Salud Departamental de Santander
Subsidiado
17
T-3.830.035
Carlos Aníbal
Delgado Ordóñez como agente oficioso de la niña Laura Sofía Astaiza Ortiz
CAPRECOM E.P.S. - Secretaría Departamental de
salud del Valle del Cauca.
Subsidiado
18
T-3.831.844
Esperanza Niño
como agente oficiosa de su madre Ana Tilcia Lara de Niño.
Saludcoop E.P.S.
Contributivo Cotizante independiente
ANEXO
No. 2
Jueces
de origen y fechas de las sentencias de tutela
Caso
No.
Expediente
Sentencia
1ª Instancia
Fecha
Sentencia
2ª Instancia
Fecha
1
T-3.796.055
Juzgado
Primero de Familia del Circuito del Distrito Judicial de Neiva
El 15 de enero de 2013
----
----
2
T-3.796.247
Juzgado 68
Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá
El 24 de agosto de 2012
Juzgado
35 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento
El
3 de octubre de 2012
3
T-3.796.253
Juzgado Noveno
Civil Municipal de Descongestión de Bogotá
El 10 de diciembre de 2012
Juzgado
19 Civil del Circuito de Bogotá
El
24 de enero de 2013
4
T-3.798.519
Juzgado
Tercero Civil Municipal de Ibagué
El 14 de enero de 2012
----
----
5
T-3.803.205
Juzgado 61
Civil Municipal de Bogotá
El 31 de enero de 2013
----
----
6
T-3.804.339
Juzgado 17
Penal Municipal con Función de Control de Garantías
El 10 de enero de 2013
----
----
7
T-3.811.675
Juzgado Quinto
Penal Municipal con Función de Conocimiento de Palmira (Valle del Cauca)
El 13 de febrero de 2013
----
----
8
T-3.815.206
Juzgado
Séptimo Penal Municipal con Función de Control de Garantías
El 29 de enero de 2013
----
----
9
T-3.819.621
Juzgado
Segundo Promiscuo Municipal de Candelaria (Valle del Cauca)
El 1º de febrero de 2013
----
----
10
T- 3.820.113
Juzgado
Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Palmira (Valle del
Cauca)
El 26 de noviembre de 2012
Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Buga (Valle del Cauca)
El
11 de febrero de 2013
11
T-3.820.198
Juzgado
Tercero de Familia de Armenia (Quindío)
El 10 de diciembre de 2012
Tribunal
Superior de Armenia (Quindío) Sala Civil Familia Laboral
El
6 de febrero de 2013
12
T-3.820.205
Juzgado
Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías
El 24 de diciembre de 2012
----
----
13
T-3.823.253
Juzgado
Tercero Promiscuo Municipal de El Guamo
El 22 de enero de 2013
----
----
14
T- 3.823.483
Juzgado Quinto
Penal del Circuito de Cali con Funciones de Conocimiento
El 14 de septiembre de 2012
----
----
15
T- 3.826.175
Juzgado Cuarto
Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de
Bucaramanga
El 22 de enero de 2013
----
----
16
T- 3.826.376
Juzgado Noveno
Civil del Circuito de Bucaramanga
El 16 de octubre de 2012
----
----
17
T-3.830.035
Juzgado
Promiscuo Municipal de Restrepo (Valle del Cauca)
El 18 de enero de 2013
----
----
18
T-3.831.844
Juzgado
Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Norte de
Santander
El 13 de agosto de 2012
----
----
ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
A LA SENTENCIA T-395/14
PRINCIPIO
DE INTEGRALIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SALUD-Protección
otorgada no es indeterminada, se debió aclarar si tratamiento integral y
exoneración de copagos y cuotas moderadoras recae sobre enfermedades actuales o
futuras (Aclaración de voto)
PRINCIPIO
DE INTEGRALIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SALUD-No
establece los medios probatorios para constatar la capacidad económica que
tiene el núcleo familiar para asumir el costo del hogar geriátrico de la
agenciada (Aclaración de voto)
Con el acostumbrado respeto por las
decisiones de la Corte, me permito aclarar mi voto en esta oportunidad, pues,
aunque estoy de acuerdo con la decisión de amparar los derechos a la salud y
vida digna de los accionantes, presenté las siguientes observaciones a la
mayoría de la Sala pero no fueron acogidas:
1.     En
relación con la decisión de garantizar el tratamiento integral que requieren
los accionantes, estimo necesario aclarar este aspecto, en el sentido de que la
sentencia no indicó que el tratamiento integral y la exoneración de la
exigencia de copagos y cuotas moderadoras para prestación de los servicios de
salud, recae únicamente sobre las enfermedades actuales. Es decir, la
protección otorgada por la Corte no es indeterminada y por lo tanto respecto de
las patologías que llegaren a presentar los pacientes y que no tengan relación con
las enfermedades que padecen actualmente, se deberá analizar los presupuestos
jurisprudenciales que permiten a las EPS autorizar la prestación de los
servicios médicos que requiere una persona, cuando los mismos se encuentran
excluidos del plan obligatorio de salud.
2.
De
otra parte, la Sala Octava de Revisión decidió suspender los términos
procesales a fin de practicar distintos medios probatorios que permitieran a la
Corte constatar la capacidad económica de los accionantes para asumir el costo
de los medicamentos y procedimientos que no hacen parte de la cobertura del
POS. Sin embargo, no se incorporó en la sentencia, la valoración de las pruebas
decretadas en el Auto del 5 de julio de 2013, así tampoco, incluyó este
análisis en la solución de los casos concretos.
3.     Adicional
a lo expuesto, respecto del expediente T-3831844 estimo que: (i) no se
establecieron las consideraciones que fundamentan la decisión de negar la
pretensión relativa al pago del hogar geriátrico solicitado por la señora Ana
Tilcia Lara y (ii) no se efectuó una valoración probatoria respecto de la
capacidad de los miembros del núcleo familiar y por lo tanto, no puede la Sala
concluir que los tres hijos de la accionante tienen la capacidad económica para
asumir el costo del hogar geriátrico. Estos aspectos que paso a desarrollar de
la siguiente manera:
3.1.
En
efecto, resultaba necesario que se desarrollase en el acápite considerativo de
la sentencia, aspectos relativos al deber de solidaridad hacia los adultos
mayores, por parte de la familia y el Estado, en el sentido de que ello implica
“en principio, la obligación de
proteger y cuidar a los adultos mayores recae en cabeza de la familia, debido a
los lazos especiales que, se presume, se han creado por la convivencia de los
miembros de este grupo social. Y, sólo ante la ausencia de una familia, o ante
la imposibilidad comprobada de sus miembros de brindar la protección esperada,
es el Estado y la sociedad quienes deben asumir dicha obligación[167]”.
3.2.
Ahora bien, el Magistrado sustanciador constató,
a través de la comunicación telefónica establecida con la agente oficiosa de la
señora Ana Tilcia Lara, que la paciente es madre de tres hijos mayores de edad
quienes no acreditaron la imposibilidad de garantizar la protección y cuidado a
la accionante. En consecuencia, la Sala determinó que corresponde a la familia
asumir el costo del hogar geriátrico.
Frente
a este argumento, estimo que la sentencia no establece con claridad, los medios
probatorios practicados en sede de revisión para constatar la capacidad
económica que tienen el núcleo familiar de la señora Lara para asumir el costo del
hogar geriátrico, pues aunque hace referencia a la comunicación establecida con
su hija el 31 de marzo de 2014, no indica el cuestionario empleado para
establecer este hecho.
Por
ello, la manera como se desarrolló el trámite de las pruebas practicadas en
este caso, permitiría pensar que, es suficiente con la verificación del número
de integrantes que conforman el núcleo familiar de un adulto mayor, para que el
juez constitucional pueda determinar que la familia está en la posibilidad de
brindarle la protección necesaria en el marco del artículo 46 Superior.
Fecha
ut supra.
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
[1] La información de detallada de los accionantes y
las entidades accionadas se encuentra en el anexo No. 1 de esta providencia.
[2] La información de los jueces de origen y las fechas
de las sentencias de tutela se encuentra en el anexo No. 2 de esta
providencia.
[3] La decisión de excluir de cualquier publicación de
la presente sentencia los nombres originales de los menores y sus familiares
involucrados en el caso bajo estudio, como medida de protección, ha sido tomada
entre otras, en las siguientes Sentencias: T-523 de 1992; T-442 de 1994; T-420
de 1996; T-1390 de 2000; T-1025 de 2002; y T-557 de 2011.
[4]
Folio 1 del cuaderno principal. En adelante, a menos que se indique lo
contrario, se entenderá que se hace referencia al cuaderno principal.
[5] Cuaderno
principal de la demanda. Folio 12.
[6]
Folio 23.
[7]
Folio 1.
[8]
Folio 23.
[9]
Folio 1.
[10]
La accionante afirma en un “Escrito de aclaración de
tutela” remitido durante el trámite de primera instancia que “según la secretaría
de salud ellos no pueden remitir a [Cristhian David] a una institución
que no pertenezca a la red pública, [sino] solamente a clínicas u
hospitales de Convenio con el Estado”. Folio 55.
[11]
Folio 86 (reverso)
[12]
Folio 41. Cuaderno 2.
[13]
Folio 12 del cuaderno constitucional.
[14]
El despacho del Magistrado Ponente se comunicó telefónicamente con el
accionante, quien manifestó que debe trasladarse en taxi desde su lugar de
residencia a la Unidad Renal del Tolima, debido a que padece problemas de
visión que le impiden movilizarse de otra forma.
[15]
Folio 18.
[16] Expediente: T-3.811.675. Folio 5 y 8.
[17] Ibíd. Folio 7.
[18] Expediente T-3.815.206. Folio 15 – 20.
[19] Ibíd. Folio 14.
[20] Ibíd. Folio 13.
[21] Expediente T-3.819.621. Folio 14.
[22] Ibíd. Folio 15-20.
[23] Expediente T- 3.820.113. Folios 7-8.
[24] Ibíd. Folio 10.
[25] Expediente T-3820198. Folio 11.
[26] Ibíd.
Folio 2-4.
[27] Ibíd. Folio 7.
[28] Expediente T-3.820.205. Folio 7.
[29] Expediente T- 3.826.175. Folio 6 - 15.
[30] Expediente T- 3.823.483. Folio 5 -16.
[31] Expediente T- 3.826.175. Folio 13.
[32] Ibíd. Folio 15.
[33] Expediente T- 3.826.376. Folio 9 – 23, 29.
[34] Expediente T 3.830.035. Folio 7 – 16.
[35] En
el caso No. 8, la Secretaria Distrital de Salud, vinculada por el juez de
tutela al trámite de la acción, indicó que los medicamentos fenobarbital
suspensión y clonazepam gotas, están incluidos en el P.O.S., así como las
terapias a domicilio, razón por la cual corresponde a Capital Salud E.P.S. su
suministro.
[36] Esta
posibilidad se ha admitido cuando los hijos interponen tutelas en nombre de sus
padres, así por ejemplo en Sentencia T-669 de 2011 la
Corte estableció que la hija de un indígena kankuamo de 62 años de edad,
estaba facultada para interponer una acción de tutela en su nombre, debido al estado de debilidad manifiesta en el cual se
encontraba su padre, teniendo en cuenta sus quebrantos de salud y que se
encontraba privado de la libertad; o cuando los padres interponen acciones de
tutela en defensa de los derechos de sus hijos mayores de edad, como en el caso
estudiado en la sentencia T-113 de 2009, en que esta Corporación estableció que
la madre de un indígena que fue convocado a prestar servicio militar, estaba
legitimada para interponer una acción de tutela en su nombre, entre otros.
[37]Ver
la sentencia T-531 de 2002.
[38] Cfr.
Sentencia T-213 de 2013.
[39] Por
tratarse de un tema ampliamente asumido por esta Corporación, se reiterarán las
Sentencias T-575 de 2013 y T-201 de 2014, proferidas por esta Sala de Revisión
y con ponencia del despacho del magistrado sustanciador.
[40]
La antropología socio cultural ha demostrado, por medio de numerosas
investigaciones en diversos pueblos y comunidades del planeta, que las
percepciones de buena y mala salud, junto con las amenazas correspondientes, se
encuentran culturalmente construidas. Flores Guerrero, R.
(2004). Salud, enfermedad y muerte: lecturas desde la antropología
sociocultural. Revista Mad. No. 10. Departamento de antropología
Universidad de Chile, 1-8.
[41]
Homeostasis es el conjunto de fenómenos de autorregulación que
llevan al mantenimiento de la constancia en las propiedades y la composición
del medio interno de un organismo (Cannon, 1926, pág. 91)
[42] Alarcón,
E. (1988). Teoría de la vida orgánica (Apuntes de Psicología). Pamplona: Pro Manuscrito.
Página 22.
[43] OMS.
(1948). Preámbulo. Official Records of the World Health Organization, Nº 2,
p. 100. Nueva
York: Organización Mundial de la Salud.
[44] Este término hace referencia a una causa que se
considera absolutamente necesaria para se produzca un determinado efecto.
[45] De conformidad con Mesa Cuadros, el estilo de vida
de los holandeses requiere recursos equivalentes a quince veces su territorio y
la manutención de un bebé en Estados Unidos es doscientas ochenta veces mayor
que los nacidos en Chad, Ruanda, Haití o Nepal. Mesa Cuadros, G. (2007). Derechos ambientales en
perspectiva de integralidad. Concepto y fundamentación de nuevas demandas y
resistencias actuales hacia el "Estado Ambiental de derecho".
Bogotá D.C., Colombia: Universidad Nacional de Colombia. Pág. 242.
[46] Pardo,
A. (1997). ¿Qué es la salud? Revista de medicina de la
Universidad de Navarra, 4-9. Pág. 3.
[47] Ruiz,
A. (2014). Hacia
una teoría de la justicia del derecho a la salud: concepto y fundamento en
perspectiva de integralidad.
Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, Colombia. Pág. 99.
[48] Ver
sentencia T-859 de 2003. Para entonces, se acudió a los criterios dogmáticos
establecidos en la sentencia T-227 de 2003 para resolver que el derecho a la
salud es fundamental. Allí se señaló que son derechos fundamentales: “(i) aquellos derechos respecto de los cuales existe consenso
sobre su naturaleza fundamental y (ii) todo derecho constitucional que
funcionalmente esté dirigido a lograr la dignidad humana y sea traducible en un
derecho subjetivo”. La
tesis del derecho a la salud como fundamental, ha sido considerablemente
reiterada en las Sentencias T-760 de 2008, T-820 de 2008, T-999 de 2008, T-184 de 2011,
T-321 de 2012 y T-214 de 2013, entre otras.
[49]
Sentencia T-760 de 2008.
[50]  El derecho a la salud está estrechamente
vinculado con el ejercicio de otros derechos humanos y depende de esos
derechos, que se enuncian en la
Carta Internacional de Derechos, en particular el derecho a la alimentación, a
la vivienda, al trabajo, a la educación, a la dignidad humana, a la vida, a la
no discriminación, a la igualdad, a no ser sometido a torturas, a la vida
privada, al acceso a la información y a la libertad de asociación, reunión y
circulación. Esos y otros derechos y libertades abordan los componentes
integrales del derecho a la salud. Cfr. Sentencia T-355 de 2012 y T-214 de
2013, entre otras.
[51] Aunque las observaciones generales no tienen
carácter vinculante, deben entenderse como parámetros para el cumplimiento de
los tratados suscritos por Colombia. Así, por ejemplo, la
Observación General No. 14 que desarrolla el Pacto Internacional de los
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establece unas directrices para el “disfrute
del más alto nivel posible de salud”, estipulada en el artículo 12 del
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
[52] La
Corte Constitucional ha entendido que los tratados y convenios internacionales
a los que hace referencia el artículo 93 superior, integran la
Carta Política en la medida en que sus disposiciones tienen la misma
jerarquía  normativa de las reglas contenidas en el texto constitucional.
Tales preceptos internacionales complementan la parte dogmática de la
Constitución, conformando el llamado bloque de constitucionalidad, que
está constituido por aquellas normas y principios que sin aparecer expresamente
en el articulado de la Constitución, han sido integrados a ella por diversas
vías, incluyendo el reenvío que la misma Carta realiza a través del artículo 93
superior. El bloque de constitucionalidad no solamente está integrado por las
normas protectoras de los derechos humanos, sino también en los casos de
conflicto interno o externo, por aquellas que componen el llamado Derecho
Internacional Humanitario (DIH), por lo que la figura  ha logrado
conciliar en nuestro sistema jurídico el principio de la supremacía de la
Constitución con el reconocimiento de la prelación en el orden interno de los
tratados internacionales referidos (Art. 93
C.P.), y para que opere la prevalencia de tales instrumentos internacionales
en el orden interno, es necesario que se den dos supuestos a la vez:  de
una parte, el reconocimiento de un derecho humano, y de la otra que sea de
aquellos cuya limitación se prohíba durante los estados de excepción. Sentencia
C-240 de 2009.
[53] Firmado por el Estado colombiano el 21 de diciembre
de 1966, ratificado el 29 de octubre de 1969 e incorporado mediante la
Ley 74 de 1968.
[54] Ver
párrafo introductorio.
[55]
Párrafo 12. Observación General No. 14.
[56] Con independencia de referencias precisas en
medidas provisionales y en opiniones consultivas, resultan relevantes las
siguientes sentencias: Caso Furlan y Familiares Vs. Argentina.
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de
31 de agosto de 2012, Serie C No. 246; Caso Vera y otra Vs. Ecuador.
Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de
mayo de 2011, Serie C No. 226; Caso Comunidad Indígena Xákmok  Kásek
Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto
de 2010, Serie C No. 214; Caso Albán Cornejo y otros Vs. Ecuador.
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2007,
Serie C No. 171, y Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil. Sentencia de 4 de
julio de 2006, Serie C No. 149.
[57] Cfr. Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek, supra; Caso
Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia
de 17 de junio de 2005, Serie C No. 125; Caso "Instituto de
Reeducación del Menor" Vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004, Serie C
No. 112, y Caso de los "Niños de la
Calle"(Villagrán Morales y Otros) Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia
de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63.
[58] Cfr. Caso Díaz Peña Vs .Venezuela. Excepción
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de19 de mayo de
2011. Serie C No. 226; Caso Vera y otra, supra; Caso Vélez
Loor Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia
de 23 de noviembre de 2010 Serie C No. 218; Caso del Penal Miguel
Castro Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre
de 2006. Serie C No. 160, y Caso "Instituto de Reeducación del
Menor".
[59] Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos caso
Suárez peralta vs. Ecuador. Sentencia de 21 de mayo de 2013. Voto recurrente
Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot.
[60] Ibíd.
[61]  "Artículo 42. Los
consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de
consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a
una información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a condiciones de
trato equitativo y digno [...]".
[62]  "Artículo 35. I. El
Estado, en todos sus niveles, protegerá el derecho a la salud, promoviendo
políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar
colectivo y el acceso gratuito de la población a los servicios de salud. II. El
sistema de salud es único e incluye a la medicina tradicional de las naciones y
pueblos indígena originario campesinos".
[63]  "Artículo
196. La salud es un derecho de todos y un deber del Estado, garantizado
mediante políticas sociales y económicas que tiendan a la reducción del riesgo
de enfermedad y de otros riesgos y al acceso universal e igualitario a las
acciones y servicios para su promoción, protección y recuperación".
[64] "Artículo 49. La atención
de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del
Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de
promoción, protección y recuperación de la salud. Corresponde al Estado
organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los
habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia,
universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la
prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su
vigilancia y control. Así mismo, establecer las competencias de la
Nación, las entidades territoriales y los particulares y determinar los
aportes a su cargo en los términos y condiciones señalados en la ley. Los
servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de
atención y con participación de la comunidad. La ley señalará los términos en
los cuales la atención básica para todos los habitantes será gratuita y
obligatoria. Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su
salud y la de su comunidad".
[65] "Artículo 46. […]Los
consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de su salud,
ambiente, seguridad e intereses económicos; a recibir información adecuada
y  veraz; a la libertad de elección, y a un trato equitativo. El Estado apoyará
los  organismos que ellos constituyan para la defensa de sus derechos. La
ley  regulará esas materias".
[66] "Artículo 19.  La
Constitución asegura a todas las personas: … 9. El derecho a la
protección de la salud. El Estado protege el libre e igualitario acceso a las
acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de
rehabilitación del individuo. Le corresponderá, asimismo, la coordinación y
control de las acciones relacionadas con la salud. Es deber preferente del
Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud,  sea que se
presten a través de instituciones públicas o privadas, en la forma y
condiciones  que determine la ley, la que podrá establecer cotizaciones
obligatorias. Cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al
que desee acogerse, sea éste estatal o privado…".
[67]  "Artículo 32.
La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya
realización  se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el
derecho al agua, la  alimentación, la educación, la cultura física, el
trabajo, la seguridad social,  los ambientes sanos y otros que sustentan
el buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas,
sociales,  culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente,
oportuno y  sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y
atención  integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La
prestación de los  servicios de salud se regirá por los principios de
equidad, universalidad,  solidaridad, interculturalidad, calidad,
eficiencia, eficacia, precaución y  bioética, con enfoque de género y
generacional".
[68] "Artículo 65. La salud de
los habitantes de la República constituye un bien público. El Estado y las
personas están obligados a velar por su conservación y restablecimiento".
[69]  "Artículo 93. Derecho
a la salud. El goce de la salud es derecho fundamental del ser humano, sin
discriminación alguna". || "Artículo94. Obligación del Estado, sobre
salud y asistencia social. El Estado velará por la  salud y la
asistencia social de todos los habitantes. Desarrollará, a través de sus
instituciones, acciones de prevención, promoción, recuperación,
rehabilitación,  coordinación y las complementarias pertinentes a fin de
procurarles el más completo  bienestar físico, mental y social".
[70] "Artículo 19. El Estado
tiene la obligación absoluta de garantizar el derecho a la vida, la salud y el
respeto de la persona humana de todos los ciudadanos sin distinción alguna, de
conformidad con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre".
[71] "Artículo 145. Se reconoce
el derecho a la protección de la salud. El deber de todos participar en la
promoción y preservación de la salud personal y de la comunidad. El Estado
conservará el medio ambiente adecuado para proteger la salud de las
personas".
[72]  "Artículo 4. Toda
persona tiene derecho a la protección de la salud. La
Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y
establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en
materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del
artículo 73 de esta Constitución". Véase el reciente estudio de Carbonell,
José y Carbonell, Miguel, El derecho a la salud: una propuesta para
México, México, UNAM-IIJ, 2013.
[73]  "Artículo 59. Los
nicaragüenses tienen derecho, por igual, a la salud. El Estado establecerá
las  condiciones básicas para su promoción, protección, recuperación y
rehabilitación. Corresponde al Estado dirigir y organizar los programas,
servicios y acciones de salud y  promover la participación popular en
defensa de la misma. Los ciudadanos tienen la obligación de acatar las medidas
sanitarias que se determinen".
[74] "Artículo 109. Es función
esencial del Estado velar por la  salud de la población de la
República. El individuo, como parte  de la comunidad, tiene derecho a la
promoción, protección,  conservación, restitución y rehabilitación de la
salud y la obligación  de conservarla, entendida ésta como el completo
bienestar físico, mental y social".
[75] "Artículo 68. Del
derecho a la salud. El Estado protegerá y promoverá la salud como derecho
fundamental dela persona y en interés de la comunidad. Nadie será privado de
asistencia pública para prevenir o tratar enfermedades, pestes o plagas, y de
socorro en los casos de catástrofes y de accidentes. Toda persona está obligada
a someterse a las medidas sanitarias que establezca la ley, dentro del respeto
a la dignidad humana".
[76] "Artículo 70. Todos
tienen derecho a la protección de su salud, la del medio  familiar y la de
la comunidad así como el deber de contribuir a su promoción y
defensa. La persona incapacitada para velar por sí misma a causa de una
deficiencia física omental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un
régimen  legal de protección, atención, readaptación y seguridad".
[77] "Artículo 61.- Derecho
a la salud. Toda persona tiene derecho a la salud integral. En consecuencia:
1)El Estado debe velar por la protección de la salud de todas las personas, el
acceso al agua potable, el mejoramiento de la alimentación, de los servicios
sanitarios, las condiciones higiénicas, el saneamiento ambiental, así como
procurar los medios para la prevención y tratamiento de todas las enfermedades,
asegurando el acceso a medicamentos de calidad y dando asistencia médica y
hospitalaria gratuita a quienes la requieran; 2) El Estado garantizará,
mediante legislaciones y políticas públicas, el ejercicio de  los derechos
económicos y sociales de la población de menores ingresos y, en
consecuencia, prestará su protección y asistencia a los grupos y sectores
vulnerables; combatirá los vicios sociales con las medidas adecuadas y con
el  auxilio delas convenciones y las organizaciones internacionales".
[78] "Artículo 36.- Toda persona
tiene derecho a una buena salud. El Estado promoverá el cuidado general de
la salud mediante la mejora sistemática de las condiciones de vida y de trabajo
y dará información sobre la protección de la salud".
[79]  "Artículo
44.- El Estado legislará en todas las cuestiones relacionadas con la salud
e higiene públicas, procurando el perfeccionamiento físico, moral y social de
todos los habitantes del país.
Todos los habitantes tienen el deber de cuidar su salud, así como el de
asistirse en caso de enfermedad. El Estado proporcionará gratuitamente los
medios de prevención y de asistencia tan sólo a los indigentes o carentes de
recursos suficientes." (énfasis añadido)
[80] Artículo 83.- La salud es un
derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como
parte del derecho a la vida. El Estado promoverá y desarrollará políticas
orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a
los servicios. Todas las personas tienen derecho a la protección de la salud,
así como el deber de participar activamente en su promoción y defensa, y el de
cumplir con las medidas sanitarias y de saneamiento que establezca la ley, de
conformidad con los tratados y convenios internacionales suscritos y
ratificados por la República."
[81]
Sentencia T-201 de 2014.
[82]
Cfr. Sentencia T-201 de 2014.
[83]
Cfr. Sentencia T-201 de 2014.
[84] Ver:
sentencia T-859 de 2003
[85]Esta
decisión ha sido reiterada en varias ocasiones, entre ellas en la sentencia
T-076 de 2008 (MP Rodrigo Escobar Gil), T-631 de 2007  (MP Humberto Antonio
Sierra Porto), T-837 de 2006 (MP Humberto Antonio Sierra Porto) en este caso la
Corte consideró que “(…) tratándose de la negación de un servicio,
medicamento o procedimiento establecido en el P.O.S..., se estaría frente a la
violación de un derecho fundamental. En consecuencia, no es necesario, que
exista amenaza a la vida u otro derecho fundamental, para satisfacer el primer
elemento de procedibilidad de la acción de tutela (…)”. En este caso se
tuteló el acceso de una persona beneficiaria del régimen subsidiado a servicios
de salud incluidos en el POSS (Histerectomía Abdominal Total y Colporragia
posterior) pero cuya cuota de recuperación no podía ser cancelada por el
accionante.
[86] Sentencia T-575 de 2013.
[87]
Ibíd.
[88] Sentencia
T-575 de 2013.
[89]
Ibíd.
[90]
Frente a este requisito, esta Corporación, en la sentencia
T-044 de 2007, señaló que “no basta con que el accionante cuente
con los recursos para sufragar el medicamento requerido, sino que se hace
necesario que el juez valore si con la compra de este se compromete el derecho
al mínimo vital para acceder a un nivel de vida digno”. Además, en la
sentencia T-1024
de 2010, se
estableció que “el asunto de la incapacidad económica está condicionado a la
sana crítica que de las pruebas haga el juez, factor que debe nutrirse de las
reglas en la materia, las cuales parten de un principio general de inexistencia
de una tarifa legal al respecto y la ubicación de la carga de la prueba en
cabeza de la E.P.S. o E.P.S.-S correspondiente. Consideración adicional se hace
respecto de la presunción, en cabeza de los beneficiarios del SISBEN, sobre su
falta de capacidad de pago”.
[91] Sentencia T-760 de 2008.
[92] Sentencia
T – 760 de 2008.
[93] Ibíd.
[94] Ibíd.
[95] En sentencia T 683 de 2003, se expuso que en la acción de tutela, no existe
tarifa legal para que el acciónate pruebe la incapacidad económica que alega. La
Corte Constitucional ha precisado que los medios probatorios señalados en la
sentencia SU-819 de 1999 no son taxativos, y que el accionante dispone de
completa libertad para utilizar otros medios probatorios que estén a su
alcance, para demostrar que no tiene los medios económicos suficientes para
pagar el valor que se le exige, para acceder a un servicio médico determinado.
En el mismo sentido, ver también la sentencia T-906 de 2002.
[96] Sentencia T-150 de 2012.
[97] Ver
sentencias T-307 de 2006, T-754 de 2005, T-907 de 2004, T-143 de 1999.
[98]
Sentencia C-172 de 2004.
[99]
Sentencia T-907 de 2004.
[100] Sentencia
T-540 de 2002.
[101] Ibíd.
[102] Sentencia T-111 de 2013.
[103] Cfr. Ibíd.
[104] Cfr. Sentencia T-289 de 2013, en la cual se reitera
lo expuesto en Sentencia T-760 de 2008.
[105] Sentencia T-760 de 2008.
[106] Ver Sentencia T-970 de 2008, cuya posición es
reiterada en la Sentencia T-388 de 2012.
[107] Cfr.
Sentencia T-418 de 2013.
[108] Sentencia T-050 de 2010.
[109] Cfr. Sentencias T-760 de 2008; T-050 de 2010, T-047
de 2010, T-717 de 2009; T-725 de 2007; T-020
de 2013, T-468 de 2013.
[110] Continuidad: Toda persona que habiendo ingresado al
Sistema General de Seguridad Social en Salud tiene vocación de permanencia y no
debe, en principio, ser separado del mismo cuando esté en peligro su calidad de
vida e integridad.
[111] Al respecto ver en otras la
Sentencia T-214 de 2013.
[112] Cfr. Sentencia T-418 de 2013. La atención de la
salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se
garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción,
protección y recuperación de la salud || Corresponde al Estado organizar,
dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de
saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y
solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación de servicios
de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo,
establecer las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los
particulares y determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones
señalados en la ley. || Los servicios de salud se organizarán en forma
descentralizada, por niveles de atención y con participación de la comunidad.
[113] Cfr. Sentencia T-1198 de 2003, cuya posición ha
sido reiterada en las sentencias T-164 de 2009, T-479 de 2012, T-505 de 2012 y T-214
de 2013, entre otras.
[114] Ver Sentencia T-214 de 2013, en la que se ratifica
lo considerado en la Sentencias T-140 de 2011 y T-573 de 2005, respecto a que
la buena fe constituye el fundamento la confianza legítima, y garantiza que a
los usuarios del servicio de salud no les sea suspendido su tratamiento una vez
haya iniciado.
[115] Estos se encuentran consagrados en el artículo 83
de la Constitución Política, como se transcribe a continuación: “Las
actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a
los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que
aquellos adelanten ante éstas”
[116] Sentencia T-586 de 2008.
[117] Entre
otras Sentencias T-060 de 1997, T-829 de 1999, T-680 de 2004, T-170 de 2002 y
T-380 de 2005.
[118] Sentencia T-418 de 2013.
[119] Ver
la sentencia T-173 de 2012.
[120]
Ibíd.
[121] Sentencia T-339 de 2013
[122]
Sentencia T-173 de 2012.
[123]
Ibíd.
[124] Ver al
respecto las sentencias T-884 de 2003, T-739 de 2004, T-223 de 2005, T-905 de
2005, T-1228 de 2005, T-1087 de 2007, T-542 de 2009, T-550 de 2009 y T-736 de
2010.
[125]“Por la
cual se establece el Manual de Actividades, Intervenciones y Procedimientos del
Plan Obligatorio de Salud en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.”
[126] La Unidad de Pago por Capitación (U.P.C.) es el
valor per cápita que reconoce el Sistema General de Seguridad Social en Salud a
cada E.P.S. por la organización y garantía de la prestación de los servicios de
salud contenidos en el Plan Obligatorio de Salud, sin distinción o segmentación
alguna por niveles de complejidad o tecnologías específicas.  La
U.P.C. tiene en cuenta los factores de ajuste por género, edad y zona
geográfica, para cubrir los riesgos de ocurrencia de enfermedades que resulten
en demanda de servicios de los afiliados a cualquiera de los regímenes vigentes
en el país. Fuente: http://www.minsalud.gov.co/salud/P.O.S./Paginas/Proyecto-P.O.S.-U.P.C.aspx.
[127] El artículo 42 del Acuerdo 029 de 2011, establece: “Transporte o traslado de
pacientes. El Plan
Obligatorio de Salud incluye el transporte en ambulancia para el traslado entre
instituciones prestadoras de servicios de salud dentro del territorio nacional
de los pacientes remitidos, teniendo en cuenta las limitaciones en la oferta de
servicios de la institución en donde están siendo atendidos, que requieran de
atención de un servicio no disponible en la institución remisora. El servicio
de traslado cubrirá el medio de transporte disponible en el medio geográfico
donde se encuentre el paciente, con base en su estado de salud, el concepto del
médico tratante y el destino de la remisión, de conformidad con la normatividad
vigente. Parágrafo. Si a criterio del médico tratante el paciente puede ser
atendido por otro prestador, el traslado en ambulancia, en caso necesario,
también hace parte del Plan Obligatorio de Salud. Igual ocurre en caso de ser
remitido a atención domiciliaria”.
[128]
Sentencia T-173 de 2012.
[129] El artículo 43 del Acuerdo 029 de 2011 señala: “Transporte del paciente
ambulatorio. El servicio de
transporte en un medio diferente a la ambulancia, para acceder a un servicio o
atención incluida en el Plan Obligatorio de Salud, no disponible en el
municipio de residencia del afiliado, será cubierto con cargo a la prima
adicional de las Unidades de Pago por Capitación respectivas, en las zonas
geográficas en las que se reconozca por dispersión”.
[130] En
la sentencia C-978 de 2010 se explicó con claridad el concepto de la
U.P.C., en los siguientes términos:  “La jurisprudencia de esta Corporación
ha destacado la relevancia de la denominada Unidad de Pago por Capitación –U.P.C.-,
en tanto eje del  equilibrio financiero del Sistema General de Seguridad
Social en Salud. La U.P.C. es un valor per capita que paga el Estado a la
E.P.S. “por la organización y garantía de la prestación de los servicios
incluidos” en el P.O.S. para cada afiliado. Esta unidad se establece en función
del perfil epidemiológico de la población relevante, de los riesgos cubiertos y
de los costos de prestación del servicio en condiciones medias de calidad,
tecnología y hotelería, y será definida por la
Comisión de Regulación en Salud –CRES-,[esta entidad fue suprimida con la expedición del
Decreto 2560 de 2012 y las funciones expuestas en este comentario fueron
asumidas por el Ministerio de Salud y Protección Social] ente que
recogió algunas de las funciones del Consejo Nacional de Seguridad Social en
Salud -CNSSS- , teniendo en cuenta para ello los estudios técnicos hechos por
el Ministerio de Salud (hoy Ministerio de Protección Social). De esta manera,
para cubrir los costos de los servicios que ofrece el Sistema de Seguridad
Social en Salud a sus usuarios, el legislador diseño la
Unidad de Pago por Capitación –U.P.C.- para el régimen contributivo y la
U.P.C.-S para el subsidiado, como valor fijo mediante el cual se unifican los
costos del paquete básico de los servicios en salud que ofrece el sistema: el
Plan Obligatorio de Salud (P.O.S.) para el contributivo y el Plan Obligatorio
de Salud (P.O.S.-S) para el subsidiado. Así, se entiende que la
U.P.C. corresponde, en uno y otro régimen, al valor del aseguramiento per
cápita que da derecho al usuario a recibir del sistema la atención en salud que
requiera, dentro de los parámetros del P.O.S., independientemente de su
capacidad económica y de su aporte al sistema. Para el efecto, mensualmente
cada E.P.S. recibe, por cada afiliado el valor de una U.P.C. o U.P.C.-S, que
proviene de las cotizaciones de trabajadores y empleadores en el caso del
régimen contributivo, y parcialmente subsidiada por el Sistema de Salud, en el
del Régimen Subsidiado de Salud. Tal como lo ha destacado la jurisprudencia de
esta Corte, la  Unidad de Pago por Capitación no representa simplemente el
pago por los servicios administrativos que prestan las E.P.S., sino que plasma,
en especial, el cálculo de los costos para la prestación del servicio de salud
en condiciones medias de calidad, tecnología y hotelería, lo cual significa “la
prestación del servicio en condiciones de homogenización y optimización”. Dicha
unidad es el reconocimiento de los costos que acarrea la puesta en ejecución
del Plan Obligatorio de Salud (P.O.S.) por parte de las Empresas Promotoras de
Salud. De este modo, la U.P.C. tiene carácter parafiscal, puesto que su
objetivo fundamental es financiar en su totalidad la ejecución del P.O.S. De
ahí que la Corte haya considerado que la U.P.C. constituye la unidad de medida
y el cálculo de los mínimos recursos que el Sistema General de Seguridad Social
en Salud requiere para cubrir, en condiciones de prestación media, el servicio
de salud tanto en el régimen contributivo como en el subsidiado.”
[131]
Consultar http://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/U.P.C._S.aspx
[132]
Ibíd.
[133] Ver
la sentencia T-364 de 2005.
[134]Ver las sentencias T-786 de 2006, T-861 de 2005, T-408 de 2005,
T-197 de 203, T-467 de 2002, T-900 de 2002, T-1079 de 2001.
[135] Ver las sentencias T-786 de 2006, T-861 de 2005, T-408 de 2005,
T-197 de 2003, T-900 de 2002
[136] Sentencia
T-739 de 2011, en la cual se reitera la
Sentencia T-197 de 2003.
[137] Ver
las sentencias T-391 de 2009 y T-739 de 2011.
[138]
Sentencia T-110 de 2012.
[139]
Sentencia T-565 de 1999.
[140]
Sentencia T-160 de 2011.
[141]
Sentencia T-099 de 1999.
[142]
Sentencia T-460 de 1999.
[143]
Sentencias T-1589 de 2000; T-899 de 2002 y T-1219 de 2003.
[144]
Sentencias T-053 de 2009 y T-114 de 2011.
[145] Sentencia T-790 de 2012.
[146] Ver,
entre otras, Sentencia T-234 de 2007.
[147] En
la cual se citan las Sentencias T-569 de 2005 y T-427 de 2005.
[148] Ver,
entre otras, la sentencia T-427 de 2005.
[149] Ver,
entre otras, las sentencias T-179 de 2000 y T-412 de 2004.
[150] Ver la
Sentencia T-059 de 1999.
[151] Ibíd.
[152] Sentencia T-118 de 2011.
[153] Cfr. Sentencia T-760 de 2008.
[154] En
la sentencia T-683 de 2003 (MP: Eduardo Montealegre Lynett) se señaló lo
siguiente: “De
la revisión de una parte de la jurisprudencia constitucional en materia de
condiciones probatorias del tercero de los requisitos (incapacidad económica
del solicitante) para la autorización de procedimientos, intervenciones y
medicamentos excluidos del POS, mediante órdenes de tutela, la
Corte concluye que: (…) (iii) no existe tarifa legal para
demostrar la ausencia de recursos económicos, la misma se puede intentar
mediante negaciones indefinidas, certificados de ingresos, formularios de
afiliación al sistema, extractos bancarios, declaración de renta, balances
contables, testimonios, indicios o cualquier otro medio de prueba”. En el mismo
sentido, ver también la sentencia T-906 de 2002 (MP: Clara Inés Vargas
Hernández), entre otras. Que no exista una tarifa legal respecto a la
incapacidad económica, no significa que no se deba probar la incapacidad. Así
por ejemplo, en la sentencia T-002 de 2003 (MP: Marco Gerardo Monroy Cabra) se
negó la acción de tutela porque el accionante no había probado de manera alguna
que carecía de la capacidad económica suficiente para cubrir los costos de los
servicios médicos que requería. Ni siquiera así lo afirmó en la demanda”.
[155] Ver entre otras las siguientes sentencias:
T-1019 de 2002 (MP: Alfredo Beltrán Sierra), T-906 de 2002 (MP: Clara Inés
Vargas Hernández), T-861 de 2002 (MP: Clara Inés Vargas Hernández), T-699 de
2002 (MP: Alfredo Beltrán Sierra), T-447 de 2002 (MP: Alfredo Beltrán Sierra),
T-279 de 2002 (MP: Eduardo Montealegre Lynett), T-113 de 2002 (MP: Jaime Araujo
Rentería).
[156] Al
respecto, en la Sentencia T-260 de 2004 (MP: Clara Inés Vargas Hernández) se
señaló lo siguiente: "El accionante también afirma en su demanda no
tener capacidad económica para cubrir los gastos que supone el examen
recomendado, lo que no fue controvertido por la entidad accionada, a pesar de
que es sabido que estas entidades poseen archivos con información suficiente de
sus usuarios para desvirtuar la incapacidad económica que estos aleguen".
En el mismo sentido, ver también la sentencia T-861 de 2002 (MP: Clara Inés
Vargas Hernández) y la T-523 de 2001 (MP: Manuel José Cepeda Espinosa), entre
otras.
[157] Al respecto, en la
Sentencia T-279 de 2002 (MP: Eduardo Montealegre Lynett) se señaló lo
siguiente: "Como se ha dicho en ocasiones pasadas (T-1120 de 2001) si
el solicitante del amparo aduce en la demanda no contar con la capacidad
económica para sufragar el costo de la prueba de laboratorio, de las medicinas
o el procedimiento excluido del P.O.S., lo conducente es requerirlo para que
aporte prueba que demuestre esa situación o decretar la práctica de pruebas que
apunten a desvirtuar su dicho. Pero no es justo concluir que no se reúne uno de
los requisitos indispensables para acceder a la tutela demandada por la ausencia
de pruebas para demostrarlo, como lo señala la sentencia que se revisa,
atribuyendo esa falencia al actor, quien en la mayoría de los casos no sabe qué
ni cómo puede probar un hecho determinado, dejando de lado que el juez
constitucional de tutela como director del proceso debe hacer uso de la
facultad oficiosa que la ley le confiere para decretar la práctica de pruebas
que estime necesarias para dictar fallo de fondo ajustado a derecho resolviendo
el asunto sometido a su conocimiento (T-018 de 2001)". En el mismo
sentido ver las siguientes sentencias: T-699 de 2002 (MP: Alfredo Beltrán
Sierra), T-447 de 2002 (MP: Alfredo Beltrán Sierra), T-1120 de 2001 (MP: Jaime
Córdoba Triviño), T-1207 de 2001 (MP: Rodrigo Escobar Gil), entre otras.
[158] Ver las
siguientes sentencias: T-867 de 2003 (MP: Manuel José Cepeda) y T-861 de 2002
(MP: Clara Inés Vargas Hernández).
[159] Sentencia
T-744 de 2004 (MP Manuel José Cepeda Espinosa). Esta decisión ha sido
reiterada, entre otras, en las sentencias T-984 de 2004 (MP Humberto Antonio
Sierra Porto), T-236A de 2005 (MP Rodrigo Escobar Gil), T-805 de 2005 (MP Marco
Gerardo Monroy Cabra) y T-888 de 2006 (MP Jaime Araujo Rentería)
[160] En
este punto, la Sala se remitirá a reiterar lo expuesto en la
Sentencia T-355 de 2012.
[161] Entre
otras, las Sentencias SU-819 de 1999 M.P Álvaro Tafur Galvis, T-760 de 2008
M.P Manuel José Cepeda Espinosa y C-463 de 2008
M.P Jaime Araújo Rentería.
[162] En relación con esto último, en la
Sentencia C-463 de 2008 M.P Jaime Araújo Rentería, la
Corte hizo claridad en el sentido de sostener que: “el Estado se encuentra
obligado jurídicamente a destinar las partidas presupuestales necesarias dentro
del gasto público para el cubrimiento de las necesidades básicas en salud de la
población colombiana, lo cual también incluye las prestaciones en salud
No-P.O.S. ordenadas por el médico tratante que sean necesarias para restablecer
la salud de las personas…”. En concordancia con lo expuesto en el citado
fallo, en la Sentencia T-760 de 2008 M.P Manuel José Cepeda Espinosa, la
Corte precisó que “la disponibilidad de los recursos necesarios para
asegurar la prestación de los servicios de salud supone la obligación de que
tales recursos existan, no se asignen a fines distintos al de asegurar el goce
efectivo del derecho a la salud y se destinen a la prestación cumplida y
oportuna de los servicios requeridos por las personas”. Sentencia T – 438
de 2009  M.P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[163] Al respecto puede observarse la
Sentencia T – 438 de 2009 M.P Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[164] Con respecto a
este tema, el artículo 43 de la Ley 715 de 2001, indica que “sin perjuicio de las competencias establecidas en otras
disposiciones legales, corresponde a los departamentos, dirigir, coordinar y
vigilar el sector salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud en el
territorio de su jurisdicción, atendiendo las disposiciones nacionales sobre la
materia. Para tal efecto, se le asignan las siguientes funciones: (…) 43.2.1.
Gestionar la prestación de los servicios de salud, de manera oportuna,
eficiente y con calidad a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a
la demanda, que resida en su jurisdicción, mediante instituciones prestadoras
de servicios de salud públicas o privadas.  ||  43.2.2. Financiar con
los recursos propios, si lo considera pertinente, con los recursos asignados
por concepto de participaciones y demás recursos cedidos, la prestación de
servicios de salud a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la
demanda y los servicios de salud mental’.”
[165] Las pruebas y las comunicaciones a las cuales se
hace referencia en este acápite, están relacionadas en el anexo 3, de esta
providencia.
[166] Folio 12.
[167] Sentencia T-696 de 2012 MP María Victoria Calle Correa