C-765-12
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-765/12
PROYECTO DE
LEY ESTATUTARIA SOBRE MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL PLENO EJERCICIO DE DERECHOS DE
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD-Contenido y alcance
PROYECTO DE
LEY ESTATUTARIA SOBRE MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL PLENO EJERCICIO DE DERECHOS DE
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD-Ajustado a la Constitución Política,
salvo en lo concerniente a exenciones tributarias y el establecimiento de un
plazo para el ejercicio de la potestad reglamentaria que le compete al Gobierno
Nacional
MEDIDAS
PARA GARANTIZAR EL PLENO EJERCICIO DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD-Trámite
propio de ley estatutaria
LEYES
ESTATUTARIAS-Requisitos de procedimiento
Las leyes estatutarias, a las
cuales se refieren los artículos 152 y 153 de la Constitución Política, así
como aquellas que las modifiquen y/o deroguen, deben cumplir con tres
requisitos de procedimiento, que no son exigibles a las demás leyes,
consideradas ordinarias, diligencias que ciertamente implican un mayor grado de
exigencia formal en razón a la importancia de las materias que por expresa
voluntad del legislador se someten a este tipo de trámite, así como un mayor
nivel de rigidez de las leyes resultantes. Tales requisitos formales consisten
en: i) haber sido aprobadas por la mayoría absoluta de los miembros del
Congreso; ii) haber sido tramitadas durante una sola legislatura, y iii) ser
objeto de la revisión previa y automática de exequibilidad atribuida a este
tribunal. La jurisprudencia ha aclarado que el límite temporal a que se refiere
el segundo de estos requisitos abarca solo las etapas que componen el trámite
legislativo propiamente dicho, pudiendo la revisión constitucional que ahora se
adelanta extenderse, si fuera necesario, más allá de ese lindero. Ahora bien,
según lo ha reconocido la Corte, aparte de estas tres formalidades específicas,
el trámite de las leyes estatutarias es idéntico al de las leyes ordinarias,
esto es, el señalado por los artículos 157 y subsiguientes de la Constitución
Política, el cual incluye la previa publicación del proyecto antes de darle
curso en la comisión respectiva, la realización de cuatro debates legislativos,
en la comisión permanente competente y en la plenaria de cada una de las dos
cámaras legislativas, y por último la sanción del Gobierno Nacional. En
desarrollo del tercer requisito especial arriba mencionado, esta corporación
debe entonces verificar el exacto cumplimiento de cada una de esas etapas, con
excepción de la última, que en razón al momento en que se lleva a cabo el
control, aún no ha tenido ocurrencia, pues se trata apenas de un proyecto de
ley.
PROYECTO DE
LEY ESTATUTARIA SOBRE MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL PLENO EJERCICIO DE DERECHOS DE
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD-Trámite legislativo
PRINCIPIO
DE UNIDAD DE MATERIA-Importancia
La
importancia de este principio radica en que a través de su aplicación se busca
evitar que los legisladores, como también los ciudadanos, sean sorprendidos con
la aprobación subrepticia de normas que nada tienen que ver con la(s)
materia(s) que constituye(n) el eje temático de la ley aprobada, y que por ese
mismo motivo, pudieran no haber sido objeto del necesario debate democrático al
interior de las cámaras. De igual manera, su debida observancia contribuye a la
coherencia interna de las normas y facilita el cumplimiento y aplicación de
estas últimas al evitar, o al menos reducir, las dificultades y discusiones
interpretativas que en el futuro pudieran surgir como consecuencia de la
existencia de disposiciones no relacionadas con la materia principal a la que
la ley se refiere.
PRINCIPIO
DE IDENTIDAD FLEXIBLE Y PRINCIPIO DE CONSECUTIVIDAD-Alcance distinto
a pesar que existe una íntima relación conceptual
En lo que
atañe a los principios de identidad flexible y consecutividad, la Corte ha
reconocido que entre ellos existe una íntima relación conceptual, al punto que
en ocasiones son fácilmente confundidos. Por esta razón, la jurisprudencia ha
procurado definir con claridad el distinto alcance de cada uno de ellos. En
esta perspectiva ha explicado este tribunal que mientras que el principio de
consecutividad se refiere al hecho de que la materia o tema de la que tratan
las disposiciones aprobadas haya estado presente a lo largo de los cuatro
debates previstos en la norma superior, el de identidad flexible es el que
permite que dicha presencia permanente durante el tránsito legislativo se tenga
por cumplida, no obstante el hecho de que los textos o contenidos normativos no
hayan sido exactamente los mismos a lo largo de tales debates, en razón a la
introducción de modificaciones parciales, la evolución de las ideas y/o la
combinación de distintas propuestas como producto del debate argumentativo que
tiene lugar durante el decurso del trámite legislativo, en desarrollo de la
deliberación democrática. Según se observa entonces, mientras que el primero de
estos principios, es decir el de consecutividad, contiene una exigencia, el de
identidad flexible plantea en cambio una permisión, que atempera la rigurosidad
con que, de no ser por su presencia, debería observarse el primero.
PROYECTO DE
LEY ESTATUTARIA SOBRE MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL PLENO EJERCICIO DE DERECHOS DE
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD-En su contenido no afecta de manera
directa a las comunidades indígenas o afrodescendientes para adelantar una
consulta previa
ANALISIS
DEL IMPACTO FISCAL EN TRAMITE LEGISLATIVO-Finalidades
PROYECTO DE
LEY ESTATUTARIA SOBRE MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL PLENO EJERCICIO DE DERECHOS DE
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD-Análisis de impacto fiscal no resultaba
necesario y obligatorio
PROYECTO DE
LEY ESTATUTARIA SOBRE MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL PLENO EJERCICIO DE DERECHOS DE
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD-Cumplimiento de los requisitos
constitucionales aplicables al trámite legislativo
ACCIONES
AFIRMATIVAS-Concepto
Las
acciones afirmativas, alude a todas aquellas medidas, políticas o decisiones
públicas a través de las cuales se establece un trato ventajoso, y en cuanto
tal formalmente desigual, que favorece a determinadas personas o grupos humanos
que tradicionalmente han sido marginados o discriminados, con el único
propósito de avanzar hacia la igualdad sustancial de todo el conglomerado
social.
ACCIONES
AFIRMATIVAS-Evolución histórica/ACCIONES AFIRMATIVAS-Tipos
La acción
afirmativa es un concepto acuñado por el sistema jurídico de los Estados Unidos
durante la segunda mitad del siglo pasado con el propósito de promover medidas
encaminadas a superar la discriminación y los prejuicios que, más de cien años
después de la abolición de la esclavitud, existían aún en contra de la
población afrodescendiente, y comprende decisiones de carácter legislativo,
ejecutivo, e incluso judiciales. Poco tiempo después este concepto fue acogido
en Europa, en donde tuvo gran desarrollo, especialmente frente a la situación
de las mujeres, y su entonces incipiente incursión en varios espacios hasta
poco antes reservados a los hombres, entre ellos el ámbito profesional y
laboral y el de la participación política. La doctrina y la jurisprudencia de
esos países han reconocido varios tipos de acción afirmativa, destacándose
entre ellas las acciones de promoción o facilitación, y las llamadas acciones
de discriminación positiva, que si bien en algunos casos se confunden con el
concepto mismo de acción afirmativa, son en realidad una especie de esta
última.
ACCIONES DE
DISCRIMINACION POSITIVA-Alcance/ACCIONES DE PROMOCION O FACILITACION-Alcance
CONTROL
CONSTITUCIONAL DE PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA SOBRE MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL
PLENO EJERCICIO DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD-Test de
intensidad intermedia
AUTONOMIA
TERRITORIAL-Incidencia en relación con la asignación de competencias
a favor de la población en situación de discapacidad
ENTIDADES
TERRITORIALES-Derechos mínimos/ENTIDADES TERRITORIALES-Pueden
expedir ciertas normas y adoptar decisiones pero siempre con el carácter de
actos administrativos y con plena sujeción a lo que establezca la ley
LEY-Puede
imponer a las entidades territoriales funciones específicas e incluso cargas
sobre determinados asuntos que, de no mediar esa preceptiva, podrían ser
libremente decididas por ellas
PROYECTO DE
LEY ESTATUTARIA SOBRE MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL PLENO EJERCICIO DE DERECHOS DE
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD-Creación de deberes en cabeza de las
entidades territoriales
POTESTAD
REGLAMENTARIA-Características generales
POTESTAD
REGLAMENTARIA-Finalidad y alcance
PERSONAS EN
SITUACION DE DISCAPACIDAD-Definición
PROYECTO DE
LEY ESTATUTARIA SOBRE MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL PLENO EJERCICIO DE DERECHOS DE
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD-Concordancia con la Convención sobre los
derechos de las personas con discapacidad
PROYECTO DE
LEY ESTATUTARIA SOBRE MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL PLENO EJERCICIO DE DERECHOS DE
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD-Incorpora deberes de las autoridades para con
los niños y niñas con discapacidad/PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA SOBRE MEDIDAS
PARA GARANTIZAR EL PLENO EJERCICIO DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD-Incorpora acceso a los medios de comunicación, a la televisión
pública con inclusión de lenguaje de señas, subtítulos, acceso a Internet,
programas para la utilización de software libre y otros/PROYECTO DE LEY
ESTATUTARIA SOBRE MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL PLENO EJERCICIO DE DERECHOS DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD-Incorpora deberes a las autoridades que resultan
conducentes al logro de los objetivos y en nada se oponen a los contenidos
constitucionales/PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA SOBRE MEDIDAS PARA GARANTIZAR
EL PLENO EJERCICIO DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD-Establece
deberes a cargo de las familias, las empresas, los gremios y la sociedad en
general/PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA SOBRE MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL PLENO
EJERCICIO DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD-Incorporación de
acompañamiento a las familias, habilitación y rehabilitación integral, derecho
a la salud, educación, protección social y trabajo/PROYECTO DE LEY
ESTATUTARIA SOBRE MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL PLENO EJERCICIO DE DERECHOS DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD-Inclusión de acceso y accesibilidad que se
aplican al entorno físico, transporte, información, comunicaciones, espacio
público y lugares abiertos al público y a otros bienes y beneficios colectivos
PROYECTO DE
LEY ESTATUTARIA SOBRE MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL PLENO EJERCICIO DE DERECHOS DE
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD-Exequibilidad condicionada respecto de
algunas reglas
PROYECTO DE
LEY ESTATUTARIA SOBRE MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL PLENO EJERCICIO DE DERECHOS DE
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD-Concepto del criterio de deficiencia a
mediano plazo como generadora de discapacidad
PROYECTO DE
LEY ESTATUTARIA SOBRE MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL PLENO EJERCICIO DE DERECHOS DE
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD-Complementación con tratados internacionales
sobre la materia
ACCIONES
AFIRMATIVAS EN BENEFICIO DE LA POBLACION DISCAPACITADA-Importancia/ACCIONES
AFIRMATIVAS EN BENEFICIO DE LA POBLACION DISCAPACITADA-Contenido y alcance
DERECHOS DE
LOS NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD/CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD-Función
de evaluación de medidas para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos
de las personas con discapacidad
PROYECTO DE
LEY ESTATUTARIA SOBRE MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL PLENO EJERCICIO DE DERECHOS DE
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD-Razones principales que conducen a considerar
que pese al elevado alcance que en la mayoría de los casos tienen compromisos y
obligaciones, no resulta contrario a la Constitución
Cuatro razones principales conducen a
considerar que pese al elevado alcance que en la mayoría de los casos tienen
tales compromisos y obligaciones, no resulta contrario a la Constitución que el
Estado los adquiera y los imponga, esto último en lo que atañe a los
particulares. La primera de ellas es que estas medidas no serían otra cosa que
la plena realización de los mandatos que se derivan del hecho de ser Colombia
un Estado social de derecho. La segunda es la autonomía del legislador, que
dentro del marco de sus competencias, ha considerado y decidido que esta es la
forma adecuada en la que deben llevarse a efecto tales mandatos. La tercera
serían los conceptos de ajustes razonables y progresividad, protagónicos dentro
del articulado de  la Convención,  y también frecuentemente citados a lo largo
del proyecto de ley. Y la última, la razonable conducencia de las medidas
propuestas, lo que en la generalidad de los casos permite tener por cumplido el
criterio de proporcionalidad de las mismas.
NORMA SOBRE
ESTIMULOS A EMPRESARIOS Y EMPLEADORES QUE VINCULEN LABORALMENTE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD-No faculta al Ministerio de Hacienda para decretar exenciones
ni descuentos tributarios
Referencia:
expediente PE-035
Revisión de
constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria número 092 de 2011 Cámara -
167 de 2011 Senado, “por medio de la cual se establecen disposiciones para
garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad”.
Magistrado
Ponente: Nilson Pinilla Pinilla.
Bogotá, D. C. tres (3) de octubre de dos mil doce (2012)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en
cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y
trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES
En enero 10 de 2012 el Secretario General del
Senado de la República remitió a esta corporación, en cumplimiento de lo
ordenado en los artículos 153 y 241, numeral 8° de la Constitución Política, el
expediente del Proyecto de Ley número 167 de 2011 Senado – 092 de 2011 Cámara, “por
medio de la cual se establecen disposiciones para garantizar el pleno ejercicio
de los derechos de las personas con discapacidad”.
Mediante
providencia de febrero 2 de 2012, el Magistrado sustanciador asumió el
conocimiento del presente asunto y solicitó oficiar a los Secretarios Generales
del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, así como a los
Secretarios de las comisiones primeras constitucionales, para que enviaran
copias auténticas de las Gacetas del Congreso en las que conste la totalidad de
las sesiones parlamentarias en las cuales se hubiere estudiado o aprobado el
proyecto de ley, así como las certificaciones de las fechas de las sesiones y del
cumplimiento del requisito previsto en el artículo 160 superior.
Cumplido lo
anterior, mediante auto de marzo 30 siguiente, se dispuso que por la Secretaría
General se procediera a la fijación en lista del proceso y se surtiera el
traslado al Procurador General de la Nación, para el concepto correspondiente.
Igualmente se ordenó informar a los Ministros del Interior, de Salud y de la
Protección Social, de Trabajo, de Educación Nacional, de Vivienda, Ciudad y
Territorio, de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, de Cultura,
de Transporte y de Hacienda y Crédito Público, para que intervinieran como lo
consideraran procedente.
Finalmente, cumplidos los
trámites previstos en el Decreto 2067 de 1991, procede esta Corte a decidir
sobre la exequibilidad del Proyecto de la Ley Estatutaria en cuestión.
II. TEXTO DE LA NORMA
El proyecto de ley en mención fue
remitido a la Corte por el Secretario General del Senado de la República, a
través de comunicación radicada en la Secretaría General de esta Corporación en
enero 17 de 2012. El texto de la norma objeto de análisis es el siguiente:
“PROYECTO
DE LEY ESTATUTARIA NÚMERO 167 DE 2011 SENADO – 092 DE 2011 CÁMARA
por
medio de la cual se establecen disposiciones para garantizar el pleno ejercicio
de los derechos de las personas con discapacidad.
El
Congreso de Colombia,
DECRETA:
TÍTULO
I
OBJETO
ARTÍCULO
1°. OBJETO. El objeto de la presente ley es garantizar y asegurar el
ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, mediante
la adopción de medidas de inclusión, acción afirmativa y de ajustes razonables
y eliminando toda forma de discriminación  por razón de discapacidad, en
concordancia con la Ley 1346 de 2009.
TÍTULO
II
DEFINICIONES
Y PRINCIPIOS
ARTÍCULO
2°. DEFINICIONES. Para efectos de la presente ley, se definen los
siguientes conceptos:
1.
Personas con y/o en situación de discapacidad: Aquellas personas que
tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a mediano y
largo plazo que, al interactuar con diversas barreras incluyendo las
actitudinales, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad,
en igualdad de condiciones con las demás.
2.
Inclusión social: Es un proceso que asegura que todas las personas
tengan las mismas oportunidades, y la posibilidad real y efectiva de acceder,
participar, relacionarse y disfrutar de un bien, servicio o ambiente, junto con
los demás ciudadanos, sin ninguna limitación o restricción por motivo de
discapacidad, mediante acciones concretas que ayuden a mejorar la calidad de
vida de las personas con discapacidad.
3.
Acciones afirmativas: Políticas, medidas o acciones dirigidas a
favorecer  a personas o grupos con algún tipo de discapacidad, con el fin de
eliminar o  reducir las desigualdades y barreras de tipo actitudinal, social,
cultural o económico que los afectan.
4.
Acceso y accesibilidad: Condiciones y medidas pertinentes que deben
cumplir las instalaciones y los servicios de información para adaptar el
entorno, productos y servicios, así como los objetos, herramientas y
utensilios, con el fin de asegurar el acceso de las personas con discapacidad,
en igualdad de condiciones, al entorno físico, el transporte, la información y
las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información
y las comunicaciones, tanto en zonas urbanas como rurales. Las ayudas técnicas
se harán con tecnología apropiada teniendo en cuenta estatura, tamaño, peso y
necesidad de la persona.
5.
Barreras: Cualquier tipo de obstáculo que impida el ejercicio
efectivo de los derechos de las personas con algún tipo de discapacidad. Estas
pueden ser:
a)
Actitudinales: Aquellas conductas, palabras, frases, sentimientos,
preconcepciones, estigmas, que impiden u obstaculizan el acceso en condiciones
de igualdad de las personas con y/o en situación de discapacidad a los
espacios, objetos, servicios y en general a las posibilidades que ofrece la
sociedad.
b)
Comunicativas: Aquellos obstáculos que impiden o dificultan el
acceso a la información, a la consulta, al conocimiento y en general, el
desarrollo en  condiciones de igualdad del proceso comunicativo de las personas
con  discapacidad a través de cualquier medio o modo de comunicación, incluidas
las dificultades en la interacción comunicativa de las personas.
c)
Físicas: Aquellos obstáculos materiales, tangibles o construidos que
impiden o dificultan el acceso y el uso de espacios, objetos y servicios de
carácter público y privado, en condiciones de igualdad por parte de las
personas con discapacidad.
6.
Rehabilitación funcional: Proceso de acciones médicas y
terapéuticas,  encaminadas a lograr que las personas con discapacidad estén en
condiciones de alcanzar y mantener un estado funcional óptimo desde el punto de
vista físico, sensorial, intelectual, psíquico o social, de manera que les
posibilite modificar su propia vida y ser más independientes.
7.
Rehabilitación integral: Mejoramiento de la calidad de vida y la
plena integración de la persona con discapacidad al medio familiar, social y
ocupacional, a través de procesos terapéuticos, educativos y formativos que se
brindan acorde al tipo de discapacidad.
8.
Enfoque diferencial: Es la inclusión en las políticas públicas de
medidas  efectivas para asegurar que se adelanten acciones ajustadas a las
características particulares de las personas o grupos poblacionales, tendientes
a garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos acorde con necesidades de
protección propias y específicas.
9. Redes
nacionales y regionales de y para personas con discapacidad: Son
estructuras sin personería jurídica, que agrupan las organizaciones de y para
personas con discapacidad, que apoyan la implementación de la convención sobre
los derechos de las personas con  discapacidad.
Parágrafo.
Para efectos de la presente ley, adicionalmente se adoptan las  definiciones de
‘comunicación’, ‘Lenguaje’, ‘discriminación por motivos de discapacidad’,
‘ajustes razonables’ y ‘diseño universal’, establecidas en la Ley 1346 de 2009.
ARTÍCULO
3°. PRINCIPIOS. La presente ley se rige por los principios de
dignidad  humana, respeto, autonomía individual, independencia, igualdad,
equidad,  Justicia, inclusión, progresividad en la financiación, equiparación
de  oportunidades, protección, no discriminación, solidaridad, pluralismo,
accesibilidad, diversidad, respeto, aceptación de las diferencias y
participación de las Personas con Discapacidad, en concordancia con Ley 1346 de
2009.
ARTÍCULO
4°. DIMENSIÓN NORMATIVA. La presente ley se complementa con los
pactos, convenios y convenciones internacionales sobre derechos humanos
relativos a las Personas con Discapacidad, aprobados y ratificados por Colombia.
En ningún
caso, por implementación de esta norma podrán restringirse o  menoscabarse
ninguno de los derechos reconocidos en favor de las personas con discapacidad,
en la legislación interna o de convenciones internacionales.
TÍTULO
III
OBLIGACIONES
DEL ESTADO  Y LA SOCIEDAD
ARTÍCULO
5°. GARANTÍA DEL EJERCICIO EFECTIVO DE TODOS LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD Y DE SU INCLUSIÓN. Las entidades públicas del orden
nacional, departamental, municipal, distrital y local, en el marco del Sistema
Nacional de Discapacidad, son responsables de la inclusión real y efectiva de
las personas con discapacidad, debiendo asegurar que todas las políticas,
planes y programas, garanticen el ejercicio total y efectivo de sus derechos,
de conformidad con el artículo 3º literal c), de Ley 1346 de 2009. Para tal
fin, las autoridades públicas deberán, entre otras, implementar las siguientes
acciones:
1 .Adoptar
las medidas necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas,
según el artículo 4° de la Ley 1346 de 2009.
2.
La Nación, los departamentos, distritos, municipios y localidades, de acuerdo
con sus competencias, así como todas las entidades estatales de todos los
órdenes territoriales, incorporarán en sus planes de desarrollo tanto
nacionales como territoriales, así como en los respectivos sectoriales e
institucionales, su respectiva política pública de discapacidad, con base en la
Ley 1145 de 2007, con el fin de garantizar el ejercicio efectivo de los
derechos de las personas con discapacidad, y así mismo, garantizar el acceso
real y efectivo de las personas con discapacidad y sus familias a los
diferentes servicios sociales que se ofrecen al resto de ciudadanos.
3.
Asegurar que en el diseño, ejecución, seguimiento, monitoreo y evaluación de sus
planes, programas y proyectos se incluya un enfoque diferencial que permita
garantizar que las personas con discapacidad se beneficien en igualdad de
condiciones y en términos de equidad con las demás personas del respectivo
plan, programa o proyecto.
4.
Incorporar en su presupuesto y planes de inversiones, los recursos necesarios
destinados para implementar los ajustes razonables que se requieran para que
las personas con discapacidad puedan acceder a un determinado bien o servicio
social, y publicar esta información para consulta de los ciudadanos.
5.
Implementar mecanismos para mantener actualizado el registro para la
localización y caracterización de las personas con discapacidad, integrados en
el sistema de información de la protección social, administrado por el
Ministerio de Salud y Protección Social.
6.
Tomar las medidas tendientes a incentivar y orientar las estrategias de
cooperación internacional e inversión social privada para generar programas y
proyectos tendientes a mejorar las condiciones de las personas con
discapacidad, así como en la implementación de ajustes razonables y acciones de
inclusión social de las personas con discapacidad,  bajo la coordinación de la
agencia colombiana de cooperación internacional o quien haga sus veces.
7.
Implementar los mecanismos  necesarios para garantizar la participación plena
de las personas con discapacidad en la formulación de las diferentes políticas
públicas.
8.
Todos los Ministerios, en concordancia con la directriz del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación, elaborarán
un plan interinstitucional en un término no mayor a dos (2) años, en el que, se
determinen los recursos requeridos para la protección de los derechos de las
personas con discapacidad. El gobierno Nacional apropiará los recursos
necesarios en concordancia con el Acto Legislativo 03 de 2011.
9.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de
Planeación, elaborarán anualmente los estudios económicos requeridos que
permitan establecer progresivamente, en el marco fiscal de mediano plazo, los
montos de los recursos necesarios a incluir dentro del presupuesto nacional
destinados al cumplimiento de las políticas, planes, programas y proyectos que
garanticen el ejercicio total y efectivo de los derechos de las personas con
discapacidad. En concordancia con las obligaciones adquiridas por Colombia en
los numerales 1º literal a, y 2º, del artículo 4, Ley 1346 de 2009.
10.
Las entidades públicas del orden nacional, departamental ,municipal, distrital
y local incluirán en sus presupuestos anuales, en forma progresiva, en el marco
fiscal a mediano plazo, las partidas necesarias para hacer efectivas las
acciones contenidas en favor del ejercicio de los derechos de las personas con
discapacidad.
11.
El Ministerio del Interior, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y
el Ministerio de Trabajo, o quienes hagan sus veces dispondrán los mecanismos
necesarios para la integración de un Consejo para la Inclusión de la
Discapacidad.
12.
El Departamento nacional de Planeación  – DNP adoptará las medidas  pertinentes
para que cuando las familias tengan una o varias personas con  discapacidad, el
puntaje en la clasificación socioeconómica esté acorde al tipo de discapacidad
y al grado de deficiencia otorgado por la instancia autorizada, con el fin de
que se facilite el registro de estos grupos familiares en el SISBÉN y en
consecuencia el acceso a los programas sociales.
13.
Las administraciones territoriales deben incluir en sus planes de desarrollo
acciones para fortalecer el Registro de Localización y Caracterización de las
Personas con Discapacidad – RLCPCD, integrado al Sistema de Información de la
Protección Social  – SISPRO, e incorporar la variable discapacidad en los demás
sistemas de protección social y sus registros administrativos.
ARTÍCULO
6°.  DEBERES DE LA SOCIEDAD. Son deberes de la familia, las empresas
privadas, las organizaciones no gubernamentales, los gremios y la sociedad en
general:
1.
Integrar las veedurías locales y municipales.
2.
Las empresas, los gremios, las organizaciones no gubernamentales, las cámaras
de comercio, los sindicatos y organizaciones de personas con discapacidad,
integrarán el Consejo para la Inclusión de la Discapacidad, que para el efecto
se crea en el numeral 11 del artículo 5°. Este consejo tendrá como fin
coordinar las acciones que el sector privado adelante con el fin de coadyuvar
al ejercicio de los derechos y la inclusión de las personas con discapacidad.
3.
Promover, difundir, respetar y visibilizar el ejercicio efectivo de todos los
derechos de las personas con discapacidad.
4.
Asumir la responsabilidad compartida de evitar y eliminar barreras
actitudinales, sociales, culturales, físicas, arquitectónicas, de comunicación,
y de cualquier otro tipo, que impidan la efectiva participación de las personas
con discapacidad y sus familias.
5.
Participar en la construcción e implementación de las políticas de inclusión
social de las personas con discapacidad.
6.
Velar por el respeto y garantía de los derechos de las personas con
discapacidad.
7.
Denunciar cualquier acto de exclusión, discriminación o segregación contra las
personas con discapacidad.
TÍTULO
IV
MEDIDAS
PARA LA GARANTÍA DEL EJERCICIO EFECTIVO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
ARTÍCULO
7°. DERECHOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD. De acuerdo con
la Constitución Política, la Ley de Infancia y Adolescencia, el artículo 7º de
la Ley 1346 de 2009, todos los niños y niñas con discapacidad deben gozar
plenamente de sus derechos en igualdad de condiciones con los demás niños y
niñas. Para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de los niños y
niñas con discapacidad, el Gobierno Nacional, los Gobiernos Departamentales y
Municipales, a través de las instancias y organismos responsables, deberán
adoptar las siguientes medidas:
1.
Integrar a todas las políticas y estrategias de atención y protección  de la
primera infancia, mecanismos especiales de inclusión para el ejercicio de los
derechos de los niños y niñas con discapacidad.
2.
Establecer programas de detección precoz de discapacidad y atención temprana
para los niños y niñas que durante la primera infancia y tengan  con alto
riesgo para adquirir una discapacidad o con discapacidad.
3.
Las Direcciones Territoriales de Salud, Seccionales de Salud de cada
departamento, distritos y municipios, establecerán programas de apoyo y
orientación a madres gestantes de niños o niñas con alto riesgo de adquirir una
discapacidad o con discapacidad; que les acompañen en su embarazo,
desarrollando propuestas de formación en estimulación intrauterina, y
acompañamiento durante la primera infancia.
4.
Todos los Ministerios y entidades del Gobierno Nacional, garantizarán el
servicio de habilitación y rehabilitación integral de los niños y niñas con
discapacidad de manera que en todo tiempo puedan gozar de sus derechos y
estructurar y mantener mecanismos de orientación y apoyo a sus familias.
5.
El Ministerio de Educación o quien haga sus veces establecerá estrategias de
promoción y pedagogía de los derechos de los niños y niñas con discapacidad.
6.
El Ministerio de Educación diseñará los programas tendientes a asegurar la
educación inicial inclusiva pertinente de los niños y niñas con discapacidad en
las escuelas, según su diversidad.
ARTÍCULO
8°. ACOMPAÑAMIENTO A LAS FAMILIAS. Las medidas de inclusión de las
personas con discapacidad adoptarán la estrategia de rehabilitación basada en
la comunidad – RBC integrando a sus familias y a su comunidad en todos los
campos de la actividad humana, en especial a las familias de bajos recursos, y
a las familias de las personas con mayor riesgo de exclusión por su grado de
discapacidad, en concordancia con el artículo 23 de Ley 1346 de 2009, para lo cual
se adoptarán las siguientes medidas:
1.
Las entidades nacionales, departamentales, municipales, distritales y locales
competentes, así como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF,
deberán apoyar programas orientados a desarrollar las capacidades de la
persona, la familia y la comunidad en el autocuidado y en la identificación de
los riesgos que producen discapacidad.
2.
Las entidades nacionales, departamentales, municipales, distritales y locales
competentes, así como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF,
deberán establecer programas de apoyo y acompañamiento a las familias de las
personas con discapacidad, que debe articularse con otras estrategias de
inclusión, desarrollo social y de superación de la pobreza;
3.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, o el ente que haga sus
veces, deberá establecer programas de apoyo y formación a los cuidadores,
relacionados con el cuidado de las personas con discapacidad, en alianza con el
SENA y demás instancias que integran el sistema nacional de discapacidad.
4.
Implementar estrategias de apoyo y fortalecimiento a familias y cuidadores con
y en situación de discapacidad para su adecuada atención, promoviendo el
desarrollo de programas y espacios de atención para las personas que asumen
este compromiso;
5.
En los planes, programas y proyectos de cooperación nacional e internacional
que sean de interés de la población con discapacidad concertados con el
gobierno, se incluirá la variable de discapacidad y atención integral a sus
familias, para garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos.
ARTÍCULO
9°. DERECHO A LA HABILITACIÓN Y REHABILITACIÓN INTEGRAL. Todas  las
personas con discapacidad tienen derecho a acceder a los procesos de
habilitación y rehabilitación integral respetando sus necesidades y
posibilidades específicas con el objetivo de lograr y mantener la máxima
autonomía e independencia, en su capacidad física, mental y vocacional, así
como la inclusión y participación plena en todos los aspectos de la vida. Para
garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la habilitación y
rehabilitación, se implementarán, las siguientes acciones:
1.
La Comisión de Regulación en Salud, CRES, definirá mecanismos para que el Sistema
General de Seguridad Social y Salud SGSSS incorpore dentro de los planes de
beneficios obligatorios, la cobertura completa de los servicios de habilitación
y rehabilitación integral, a partir de estudios de costo y efectividad que
respalden la inclusión. Para la garantía de este derecho se incluirán distintas
instituciones como el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Salud y
Protección Social, Artesanías de Colombia, el Sena, y los distintos Ministerios
según ofrezcan alternativas y opciones terapéuticas.
2.
El Ministerio de Salud y Protección Social o quien haga sus veces, asegurará
que la prestación de estos servicios se haga con altos estándares de calidad, y
sistemas de monitoreo y seguimiento correspondientes.
3.
El Ministerio de Salud y Protección Social o quien haga sus veces, definirá,
promoverá y visibilizará, en alianza con la Superintendencia Nacional de Salud
y otros organismos de control, esquemas de vigilancia, control y sanción a los
prestadores de servicios que no cumplan con los lineamientos de calidad o
impidan o limiten el acceso a las personas con discapacidad y sus familias.
4.
El Ministerio de Salud y Protección Social o quien haga sus veces, asegurará la
coordinación y articulación entre los diferentes sectores involucrados en los
procesos de habilitación y rehabilitación integral, y entre las entidades del
orden nacional y local, para el fortalecimiento de los procesos de habilitación
y rehabilitación funcional como insumo de un proceso integral, intersectorial
(cultura, educación, recreación, deporte, etc.).
5.
El Ministerio de Salud y Protección Social o quien haga sus veces, garantizará
que las entidades prestadoras de salud implementen servicios de asistencia
domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de la comunidad, incluida
la asistencia personal que sea necesaria para facilitar su vida digna y su
inclusión en la comunidad, evitando su aislamiento.
6.
El Ministerio de Salud y Protección Social o quien haga sus veces, implementará
servicios nacionales y locales de atención e información a los usuarios con
discapacidad y sus familias.
7.
El Ministerio de Salud y Protección Social o quien haga sus veces, asegurará
que las entidades públicas y privadas que presten servicios de salud,
implementen programas y servicios de detección y atención integral temprana de
la discapacidad a las características físicas, sensoriales, mentales y otras
que puedan producir discapacidad.
8.
El Ministerio de Salud y Protección Social o quien haga sus veces, regulará la
dotación, fabricación, mantenimiento o distribución de prótesis, y otras ayudas
técnicas y tecnológicas, que suplan o compensen las deficiencias de las
personas con discapacidad, sin ninguna exclusión, incluidos zapatos
ortopédicos, plantillas, sillas de ruedas, medias con grandiente de presión o
de descanso y fajas.
9.
El Ministerio de Salud y Protección Social o quien haga sus veces, garantizará
la rehabilitación funcional de las personas con Discapacidad cuando se haya
establecido el procedimiento requerido, sin el pago de cuotas moderadoras o
copagos, en concordancia con los artículos 65 y 66 de la Ley 1438 de 2011.
10.
El Ministerio de Salud y Protección Social o quien haga sus veces establecerán
los mecanismos tendientes a garantizar la investigación y la prestación de la
atención terapéutica requerida integrando ayudas técnicas y tecnológicas a la
población con discapacidad múltiple.
ARTÍCULO
10. DERECHO A LA SALUD. Todas las personas con discapacidad tienen
derecho a la salud, en concordancia con el artículo 25 de la Ley 1346 de 2009.
Para esto se adoptarán las siguientes medidas:
1.
El Ministerio de Salud y Protección Social, o quien haga sus veces, deberá:
a) Asegurar
que el Sistema General de Salud en sus planes obligatorios, Plan Decenal de
Salud, Planes Territoriales en Salud, y en el Plan de Salud Pública de
Intervenciones Colectivas, garantice la calidad y prestación oportuna de todos
los servicios de salud, así como el suministro de todos los servicios y ayudas
técnicas de alta y baja complejidad, necesarias para la habilitación y
rehabilitación integral en salud de las personas con discapacidad con un
enfoque diferencial, y desarrollo de sus actividades básicas cotidianas;
b) Asegurar
que los programas de salud pública establezcan acciones de promoción de los
derechos de las personas con discapacidad desde la gestación, así como el
desarrollo de estrategias de prevención de factores de riesgo asociados a la
discapacidad que no afecten la imagen y la dignidad de las personas que ya se
encuentran en dicha situación;
c) Asegurar
que los programas de salud sexual y reproductiva sean accesibles a las personas
con discapacidad;
d)
Desarrollar políticas y programas de promoción y prevención en salud mental y
atención psicosocial para la sociedad;
e) Promover
el sistema de registro de localización y caracterización de las personas con
discapacidad y sus familias, e incorporar la variable discapacidad en los demás
sistemas de protección social y sus registros administrativos;
f) Asegurar
que el Sistema de Prevención y Atención de Desastres y Ayuda Humanitaria,
diseñe lineamientos y acciones de atención para asistir en igualdad de
condiciones a las personas con discapacidad en situaciones de desastres y
emergencia humanitaria;
g) En el
marco del Plan Decenal de Salud adoptará medidas tendientes a prevenir la
discapacidad congénita, lesiones y accidentes;
h) Las
direcciones departamentales, distritales y municipales de salud, en sus planes
de desarrollo de salud y salud pública, incluirán un capítulo en lo relacionado
con la discapacidad;
2.
Las entidades prestadoras de servicios de salud deberán:
a)
Garantizar la accesibilidad e inclusión de las  personas con discapacidad en
todos sus procedimientos, lugares y servicios;
b) Deberán
establecer programas de capacitación a sus profesionales y empleados para
favorecer los procesos de inclusión de las personas con  discapacidad;
c)
Garantizar los servicios de salud en los lugares más cercanos posibles a la
residencia de la persona con discapacidad, incluso en las zonas rurales, o en
su defecto, facilitar el desplazamiento de las personas con discapacidad y de
su acompañante;
d)
Establecer programas de atención domiciliaria para la atención integral en
salud de las personas con discapacidad;
e) Eliminar
cualquier medida, acción o procedimiento administrativo o de otro tipo, que
directa o indirectamente dificulte el acceso a los servicios de salud para las
personas con discapacidad;
f) Brindar
la oportunidad de exámenes médicos que permitan conocer el estado del feto en
sus tres primeros meses de embarazo, a madres de alto riesgo, entendiendo por
alto riesgo madres o padres con edad cronológica menor a 17 años o mayor a 40
años. Madres o padres con historia clínica de antecedentes hereditarios o en
situaciones que el médico tratante lo estime conveniente.
3.
La Superintendencia Nacional de Salud, las direcciones territoriales de Salud y
los entes de control ,deberán estipular indicadores de producción, calidad,
gestión e impacto que permite medir, hacer seguimiento a la prestación de los
servicios de salud, a los programas de salud pública y a los planes de ben eficios,
que se presten y ofrezcan para las personas con discapacidad e incorporar en el
programa de auditorías  para el mejoramiento de la calidad  – PAMEC, los
indicadores de discapacidad y de esta forma asegurar la calidad en la
prestación de los servicios de salud por parte de las entidades responsables, y
sancionar cualquier acción u omisión que impida o dificulte el acceso de las
personas con discapacidad.
La
Superintendencia Nacional de Salud, las Secretarías de Salud y los entes de
control, deberán asegurar la calidad en la prestación de los servicios de salud
por parte de las entidades responsables, y sancionar cualquier acción u omisión
que impida o dificulte el acceso de las personas con discapacidad.
ARTÍCULO
11.  DERECHO A LA EDUCACIÓN.  El Ministerio de Educación Nacional
definirá la política y reglamentará el esquema de atención educativa a la
población con necesidades educativas especiales, fomentando el acceso y la
permanencia educativa con calidad, bajo un enfoque basado en la inclusión del
servicio educativo. Para lo anterior, el Ministerio de Educación Nacional
definirá los acuerdos interinstitucionales que se requieren con los distintos
sectores sociales, de manera que sea posible garantizar atención educativa
integral a la población con discapacidad.
1.
En consecuencia, el Ministerio de Educación deberá, en lo concerniente a la
educación preescolar básica y media:
a) Crear y
promover una cultura de respeto a la diversidad desde la perspectiva de los
niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales, como sujetos de
derecho, específicamente su reconocimiento e integración en los
establecimientos educativos oficiales y privados;
b)
Garantizar el derecho de los niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas
especiales a una educación de calidad, definida como aquella que “forma mejores
seres humanos, ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo público, que
ejercen los derechos humanos y conviven en paz. Una educación que genera
oportunidades legítimas de progreso y prosperidad para ellos y para el país.
Una educación competitiva, que contribuye a cerrar brechas de inequidad,
centrada en la Institución Educativa y en la que participa toda la Sociedad”;
c) Definir
el concepto de acceso y permanencia educativa con calidad para las personas con
discapacidad, y los lineamientos en el marco de la inclusión;
d)
Garantizar la asignación de recursos para la atención educativa a las personas
con discapacidad, de conformidad con lo establecido por la Ley 715 de 2001, el
Decreto 366 de 2009 o las normas que lo sustituyan;
e) En el
marco de la Comisión Intersectorial para la Atención Integral a la Primera
Infancia, desarrollar Programas de Atención Integral a la Primera Infancia-AIPI
que promuevan la inclusión, así como los pertinentes procesos de detección,
intervención y apoyos pedagógicos  relacionados con el desarrollo de los niños
y las niñas. En este marco, se deben promover programas de educación temprana
que tengan como objetivo desarrollar las habilidades de los niños y niñas con
discapacidad en edad preescolar, de acuerdo con sus necesidades específicas;
f) Diseñar
en el término de dos (2) años a partir de la entrada en vigencia de la presente
Ley un programa intersectorial de desarrollo y asistencia para las familias de
los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad;
g)
Acompañar a las entidades territoriales certificadas para la implementación de
las estrategias para el acceso y la permanencia educativa con calidad para la
personas con discapacidad, en el marco de la inclusión, tanto para las personas
en edad escolar, como para los adultos;
h) Realizar
seguimiento a la implementación de las estrategias para el acceso y  la
permanencia educativa con calidad para la personas con discapacidad, en el
marco de la inclusión, tanto para las personas en edad escolar, como para los
adultos.
i) Asegurar
en todos los niveles y modalidades del servicio público educativo, que todos
los exámenes y pruebas desarrollados para evaluar y medir la calidad y,
cobertura, entre otros, así como servicios públicos o elementos análogos sean
plenamente accesibles a las personas con discapacidad;
j) Incluir
dentro del programa nacional de alfabetización metas claras para la reducción
del analfabetismo de jóvenes, adultas y adultos con discapacidad, para
garantizar su inclusión, teniendo presente la importancia que tiene para la
educación de los niños y las niñas que padres y madres sepan leer y escribir;
k)
Garantizar la enseñanza primaria gratuita y obligatoria de la educación
secundaria, así como asegurar que los jóvenes y adultos con discapacidad tengan
acceso general a la educación superior, la formación profesional, la educación
para adultos, la educación para el trabajo y el aprendizaje durante toda la
vida, sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás; en todo
caso las personas con discapacidad que ingresen a una universidad pública
pagarán el valor de matrícula mínimo establecido por la institución de
educación superior;
2.
Las entidades territoriales certificadas en educación deberán:
a) Promover
una movilización social que reconozca a los niños y jóvenes con discapacidad
como sujetos de la política y no como objeto de la asistencia social. Los
niños, niñas y adolescentes con discapacidad tienen todos los derechos de
cualquier ser humano y, además, algunos derechos adicionales establecidos para
garantizar su protección;
b) Fomentar
en sus establecimientos educativos una cultura inclusiva de respeto al derecho
a una educación de calidad para las personas con discapacidad que desarrolle
sus competencias básicas y ciudadanas;
c) Orientar
y acompañar a los establecimientos educativos para la identificación de las
barreras que impiden el acceso, permanencia y calidad del sistema educativo de
los niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales de su entorno;
d) Orientar
y acompañar a sus establecimientos educativos para identificar recursos en su
entorno y ajustar su organización escolar y su proyecto pedagógico para superar
las barreras que impiden el acceso y la permanencia con calidad para la
personas con discapacidad, en el marco de la inclusión.
e) Garantizar
el personal docente para la atención educativa a la población con discapacidad,
en el marco de la inclusión, así como fomentar su formación capacitación
permanente, de conformidad con lo establecido por la normatividad vigente;
f)
Emprender o promover la investigación y el desarrollo, y promover la
disponibilidad y el uso de nuevas tecnologías, incluidas las tecnologías de la
información y las comunicaciones, ayudas para la movilidad, dispositivos
técnicos y tecnologías de apoyo adecuadas para las personas con discapacidad;
g)
Garantizar el adecuado uso de los recursos para la atención educativa a las
personas con discapacidad y reportar la información sobre uso de dichos
recursos, de conformidad con lo dispuesto  por el Ministerio de Educación
Nacional;
h) Reportar
la información sobre atención educativa a personas con discapacidad en el
sistema nacional de información de educación, de conformidad con lo dispuesto
por el Ministerio de Educación Nacional;
i) Fomentar
la prevención sobre cualquier caso de exclusión o discriminación de estudiantes
con discapacidad en los establecimientos educativos estatales y privados.
j)  Proveer
los servicios de apoyo educativo necesarios para la inclusión en condiciones de
igualdad  de las personas con discapacidad. Estos servicios incluyen, entre
otros: intérpretes, guías-intérpretes, modelos lingüísticos, personal de apoyo
personal en el aula y en la institución;
3.
Los establecimientos educativos estatales y privados deberán:
a)
Identificar los niños, niñas y jóvenes de su entorno susceptibles de atención
integral para garantizar su acceso y permanencia educativa pertinente y con
calidad en el marco de la inclusión y conforme a los lineamientos establecidos
por la Nación;
b)
Identificar las barreras que impiden el acceso, la permanencia y el derecho a
una educación de calidad a personas con necesidades educativas especiales;
c) Ajustar
los planes de mejoramiento institucionales para la inclusión, a partir del
índice de inclusión y de acuerdo con los lineamientos que el Ministerio de
Educación Nacional establezca sobre el tema;
d) Realizar
seguimiento a la permanencia educativa de los estudiantes con necesidades
educativas especiales y adoptar las medidas pertinentes para garantizar su
permanencia escolar;
e) Reportar
la información sobre atención educativa a personas con discapacidad en el
sistema nacional de información de educación, de conformidad con lo dispuesto
por el Ministerio de Educación Nacional;
f)
Implementar acciones  de prevención sobre cualquier caso de exclusión o
discriminación de estudiantes con discapacidad en los establecimientos
educativos estatales y privados;
g)
Contemplar en su organización escolar tiempos y espacios que estimulen a los
miembros de la comunidad educativa a emprender o promover la investigación y el
desarrollo, y promover la disponibilidad y el uso de nuevas tecnologías,
incluidas las tecnologías de la información y las comunicaciones, ayudas para
la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo adecuadas para las
personas con discapacidad;
h)
Propender por que el personal docente sea idóneo y suficiente para el
desarrollo de los procesos de inclusión social, así como fomentar su formación
y capacitación permanente;
i)  Adaptar
sus currículos y en general todas las prácticas didácticas, metodológicas y
pedagógicas que desarrollen para incluir efectivamente a todas las personas con
discapacidad;
4.
El Ministerio de Educación Nacional deberá, en relación con la educación
superior:
a) Consolidar
la política de educación inclusiva y equitativa conforme al artículo 24 de la
Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, la ley general de educación y los lineamientos de educación para
todos de la UNESCO;
b) Diseñar
incentivos para que las instituciones de Educación Superior destinen recursos
humanos y recursos económicos al desarrollo de investigaciones, programas, y
estrategias para desarrollar tecnologías inclusivas e implementar el diseño
universal de manera gradual;
c) Asegurar
en todos los niveles y modalidades del servicio público educativo, que todos
los exámenes y pruebas desarrollados para evaluar y medir la calidad y,
cobertura, entre otros, así como servicios públicos o elementos análogos sean
plenamente accesibles a las personas con discapacidad;
d) El
Ministerio de Educación Nacional acorde con el marco legal vigente, incorporará
criterios de inclusión educativa de personas con discapacidad y accesibilidad
como elementos necesarios dentro de las estrategias, mecanismos e instrumentos
de verificación de las condiciones de calidad de la educación superior;
e)
Incentivar el diseño de programas de formación de docentes regulares, para la
inclusión educativa de la diversidad, la flexibilización curricular y en
especial, la enseñanza a todas las personas con discapacidad, que cumplan con
estándares de calidad;
f)
Asegurar, dentro del ámbito de sus competencias, a las personas con
discapacidad el acceso, en condiciones de equidad con las demás y sin discriminación,
a una educación  superior  inclusiva y de calidad, incluyendo su admisión,
permanencia y promoción en el sistema educativo, que facilite su vinculación
productiva en todos los ámbitos de la sociedad; en todo caso las personas con
discapacidad que ingresen a una universidad pública pagarán el valor de
matrícula mínimo establecido por la institución de educación superior;
g)  Las
instituciones de educación superior en cumplimiento de su misión institucional,
en armonía con su plan de desarrollo propugnarán por aplicar progresivamente
recursos de su presupuesto para vincular recursos humanos, recursos didácticos
y pedagógicos apropiados que apoyen la inclusión educativa de personas con
discapacidad y la accesibilidad en la prestación del servicio educativo de
calidad a dicha población;
h) El
Ministerio de Educación Nacional mediante el concurso de las instancias y
organismos que participan en la verificación de las condiciones de calidad de
los programas académicos de educación superior, verificará que se incluyan
propuestas de actividad física, la educación física, la recreación y el
entrenamiento deportivo para las personas con discapacidad;
i) Las
instituciones de educación superior deberán promover la sensibilización y
capacitación de los licenciados y maestros en todas las disciplinas y la
inclusión del tema de discapacidad en todos los currículos desde un enfoque
intersectorial;
j)
Priorizar la asignación de recursos financieros suficientes para ofrecer
capacitación continua, presencial y a distancia, de los directivos y docentes
de todos los niveles educativos y de otros profesionales vinculados a la
temática de la discapacidad, que favorezcan la formulación y el normal
desarrollo de las políticas de inclusión, con énfasis en el respeto de los
derechos humanos y las libertades fundamentales, como parte del plan
territorial de formación docente;
k) Asignar
recursos financieros para el diseño y ejecución de programas educativos que
utilicen las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, para
garantizar la alfabetización digital de niños, niñas y jóvenes con
discapacidad, y con el fin de garantizar un mayor acceso a las oportunidades de
aprendizaje, en particular en las zonas rurales, alejadas y desfavorecidas;
ARTÍCULO
12. DERECHO A LA PROTECCIÓN SOCIAL. Las personas con discapacidad
tienen derecho a la protección social especial del Estado, en concordancia con
artículo 28 de la Ley 1346 de 2009. Para la garantía del ejercicio total y
efectivo del derecho a la protección social, el Ministerio de Trabajo o quien
haga sus veces, y demás autoridades competentes, adoptarán entre otras, las
siguientes medidas:
1.
Establecer mecanismos que favorezcan la formalización del empleo de las
personas con discapacidad, así como programas de aseguramiento en riesgos
laborales y no laborales.
2.
Establecer programas de apoyo y acompañamiento a las madres y padres de
personas con discapacidad desde la gestación, y durante los primeros 2 años de
vida de la niña y el niño.
3.
Las entidades territoriales competentes y el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, ICBF, o el ente que haga sus veces, deberán establecer y/o
fortalecer, un programa de apoyo y acompañamiento a las familias de las
personas con discapacidad, debidamente articulado con otros programas o
estrategias de inclusión, desarrollo social y de superación de la pobreza.
4.
Asegurar que los sistemas, servicios y programas de bienestar, protección y
promoción social y compensación familiar incluyan mecanismos especiales para la
inclusión de las personas con discapacidad y la promoción de sus derechos, y
además establezcan mecanismos de seguimiento.
5.
Las entidades territoriales competentes, y el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, ICBF, o el ente que haga sus veces, deberán ajustar y establecer
programas de apoyo, acompañamiento y formación a las familias de las personas
con discapacidad, y a las redes de apoyo de las personas con discapacidad, en
alianza con el SENA y demás entidades competentes.
ARTÍCULO
13. DERECHO AL TRABAJO. Todas las personas con discapacidad tienen
derecho al trabajo. Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho al
trabajo de las personas con discapacidad, en términos de igualdad de
oportunidades, equidad e inclusión, en concordancia con el artículo 27 de la
Ley 1346 de 2009, el Ministerio de Trabajo o quien haga sus veces y demás
entidades competentes establecerán entre otras, las siguientes medidas:
1.
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y
el Departamento Nacional de Planeación o de quienes hagan sus veces, expedirá
el decreto reglamentario que establezca una puntuación adicional en los
procesos de licitación pública, concurso de méritos y contratación directa,
para las empresas que en su planta de personal tengan personas con discapacidad
contratadas con todas las exigencias y garantías legalmente establecidas, y
para las empresas de personas con discapacidad, familiares y tutores.
2.
El Ministerio de Trabajo o quien haga sus veces deberá:
a)
Garantizar la capacitación y formación al trabajo de las personas con
discapacidad y sus familias, teniendo en cuenta la oferta laboral del país;
b)
Fortalecer el programa de ubicación laboral de las personas con discapacidad,
mediante estrategias de promoción direccionadas hacia el sector empresarial,
incentivando además los servicios de apoyo de acompañamiento a las empresas;
c) Desarrollar
planes y programas de inclusión laboral y generación de ingresos flexibles para
las personas que por su discapacidad severa o discapacidad múltiple, no puedan
ser fácilmente incluidos por el mercado laboral, o vinculados en sistemas de
producción rentables o empleos regulares. Para el efecto, deberá fijar
estrategias protegidas o asistidas de generación de ingresos o empleo que
garanticen en cualquiera de las formas ingresos dignos y en las condiciones de
seguridad social que correspondan, y permitiendo a sus cuidadoras y cuidadores,
y sus familias, las posibilidades de intervenir en estos procesos;
d) Fomentar
la creación y fortalecimiento de unidades productivas, por medio de:
capacitación técnica y empresarial, líneas de crédito específicas para aquellos
casos en que los solicitantes sean personas con discapacidad y/o sus familias,
con una baja tasa de interés, apoyo con tecnologías de la información y la
comunicación, y diseño de páginas Web para la difusión de sus productos, dando
prelación a la distribución, venta y adquisición de sus productos por parte de
las entidades públicas;
e)
Incentivar el desarrollo de negocios inclusivos y fortalecer el emprendimiento
y crecimiento empresarial de las entidades que propenden por la independencia y
superación  de la población con discapacidad, mediante programas de
intermediación de mercados que potencien la producción, la comercialización o
venta de servicios generados por esta población, a partir del financiamiento
con recursos específicos y estrategias dirigidas;
f)  En
coordinación con el departamento administrativo de la función pública, asegurar
que el Estado a través de todos los órganos, organismos y entidades de los
niveles nacional, departamental, distrital y municipal, en los sectores central
y descentralizado, deberá vincular un porcentaje de personas con discapacidad
dentro de los cargos existentes, el cual deberá ser publicado al comienzo del
año fiscal mediante mecanismos accesibles a la población con discapacidad.
3.
El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, deberá:
a) Asegurar
la inclusión efectiva de las personas con discapacidad a todos sus programas y
servicios de la entidad, además garantizar su acceso a los diferentes servicios
de apoyo pedagógico;
b) Garantizar
la prestación del servicio de intérpretes de lengua de señas y guías
intérpretes, para la población con discapacidad auditiva y sordoceguera, y
ayudas tecnológicas para las personas con discapacidad visual, así como los
apoyos específicos que requieren las personas con discapacidad intelectual.
c)
Garantizar asesoría y acompañamiento a los empresarios que deseen contratar
personas con discapacidad;
d) Asegurar
la capacitación y formación al trabajo de las personas con discapacidad
teniendo en cuenta la oferta laboral del país;
e)
Fortalecer el Servicio Nacional de Empleo SNE de cada Regional para que
garantice el acceso y beneficio de las personas con discapacidad mediante
estrategias de promoción direccionadas hacia el sector empresarial;
f) Otorgar
títulos de formación profesional en diferentes áreas, a partir del
reconocimiento de los procesos formativos que realizan las organizaciones de y
para personas con discapacidad, que cumplan con los requisitos establecidos por
esta entidad;
g) Formar
evaluadores en procesos de certificación de evaluación de competencias en
diferentes áreas, que permitan a las personas con discapacidad adquirir una
certificación de competencias laborales de acuerdo a su experiencia;
4.
El Fondo Nacional de Ahorro o quien hagas sus veces, otorgará créditos de
vivienda y educación para las personas con discapacidad, con una tasa de
interés preferencial. El Fondo reglamentará la materia.
5.
El Banco de Comercio Exterior de Colombia, Bancoldex, creará líneas de crédito
con tasas de interés blandas, para los emprendimientos económicos o de las
empresas en que sean titulares las personas con discapacidad en el 20%.
6.
Los empresarios y empleadores que vinculen laboralmente personas con
discapacidad, tendrán además de lo establecido en el capítulo IV de la Ley 361
de 1997, los estímulos económicos que establezca el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, de conformidad al artículo 27 numeral 1 literales h), i) de la
Ley 1346 de 2009.
7.
El Gobierno Nacional deberá implementar mediante Decreto reglamentario un
sistema de preferencias a favor de los empleadores particulares que vinculen
laboralmente personas con discapacidad debidamente certificadas, en un
porcentaje mínimo del 10% de su planta de trabajadores. Tal sistema de preferencias
será aplicable a los procesos de adjudicación y celebración de contratos, y al
otorgamiento de créditos o subvenciones de organismos estatales.
8.
Los gobiernos nacional, departamentales, distritales y municipales, deberán
fijar mediante decreto reglamentario, en los procesos de selección de los
contratistas y proveedores, un sistema de preferencias a favor de las personas
con discapacidad.
ARTÍCULO
14.  ACCESO Y ACCESIBILIDAD. Como manifestación directa de la igualdad
material y con el objetivo de fomentar la vida autónoma e independiente de las
personas con discapacidad, las entidades del orden nacional, departamental,
distrital y local garantizarán el acceso de estas personas, en igualdad de
condiciones, al entorno físico, al transporte, a la información y a las
comunicaciones, incluidos los sistemas y tecnologías de la información y las
comunicaciones, el espacio público, los bienes públicos, los lugares abiertos
al público y los servicios públicos, tanto en zonas urbanas como rurales. Para
garantizarlo se adoptarán las siguientes medidas:
1.
Corresponde a las entidades públicas y privadas encargadas de la prestación de
los servicios públicos, de cualquier naturaleza, tipo y nivel, desarrollar sus
funciones, competencias, objetos sociales, y en general, todas las actividades,
siguiendo los postulados del diseño universal, de manera que no se excluya o
limite el acceso en condiciones de igualdad, en todo o en parte, a ninguna
persona en razón de su discapacidad. Para ello, dichas entidades deberán
diseñar, implementar y financiar todos los ajustes razonables que sean
necesarios para cumplir con los fines del artículo 9° de la Ley 1346 de 2009.
2.
El servicio público del transporte deberá ser accesible a todas las personas
con discapacidad. Todos los sistemas, medios y modos en  que a partir de la
promulgación de la presente ley se contraten deberán ajustarse a los postulados
del diseño universal. Aquellos que funcionan actualmente deberán adoptar planes
integrales de accesibilidad que garanticen un avance progresivo de estos
postulados, de manera que en un término de máximo 10 años logren niveles que
superen el 80% de la accesibilidad total. Para la implementación de ajustes
razonables deberán ser diseñados, implementados y financiados por el
responsable de la prestación directa del servicio.
3.
Las entidades municipales y distritales, con el apoyo del gobierno
departamental y nacional, y respetando la autonomía de cada región, deberán
diseñar, en un término no mayor a 1 año, un plan de adecuación de vías y
espacios públicos, así como de accesibilidad al espacio público y a los bienes
públicos de su circunscripción. En dicho plan deberán fijarse los ajustes
razonables necesarios para avanzar progresivamente en la inclusión de las
personas con discapacidad, establecer un presupuesto y un cronograma que, en no
más de 10 años, permita avanzar en niveles de accesibilidad del 80% como
mínimo. Dicho plan deberá fijar los criterios de diseño universal que deberán
ser acatados en todas las obras públicas y privadas de la entidad pública a
partir de su adopción.
4.
Implementar las medidas apropiadas para identificar y eliminar los obstáculos y
para asegurar la accesibilidad universal de todas las personas con discapacidad
al ambiente construido, transporte, información y comunicación, incluyendo las
tecnologías de información y comunicación y otros servicios, asegurando las
condiciones para que las personas con discapacidad puedan vivir
independientemente.
5.
Dar efectivo cumplimiento a la normativa sobre accesibilidad en la construcción
o adecuación de las obras que se ejecuten sobre el espacio público y privado,
que presten servicios al público debiendo cumplir con los plazos señalados.
6.
Asegurar que todos los servicios de baños públicos sean accesibles para las
personas con discapacidad.
7.
Todas las entidades públicas o privadas atenderán de manera prioritaria a las
personas con discapacidad, en los casos de turnos o filas de usuarios de
cualquier tipo de servicio público o abierto al público.
8.
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, o quien haga sus veces, deberá
establecer un mecanismo de control, vigilancia y sanción para que las alcaldías
y curadurías garanticen que todas las licencias y construcciones garanticen la
accesibilidad de las personas con discapacidad. Así mismo, establecerá medidas
de coordinación interinstitucional para que las entidades territoriales
garanticen rutas y circuitos accesibles para las personas con discapacidad,
articulados con los paraderos y demás sistemas de transporte local.
9.
Las entidades de educación superior adecuarán sus campus o instalaciones para
garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad.
10.
Los teatros, auditorios, cines y espacios culturales destinados para eventos
públicos, adecuarán sus instalaciones para garantizar la accesibilidad de las
personas con discapacidad.
11.
Dar efectivo cumplimiento a la normativa sobre accesibilidad en escenarios
deportivos, recreativos y culturales en la construcción o adecuación de las
obras existentes o por realizar.
Parágrafo.
Las disposiciones del presente artículo se implementarán en concordancia con la
Ley 1287 de 2009 y las demás normas relacionadas con la accesibilidad de la
población con discapacidad.
ARTÍCULO
15. DERECHO AL TRANSPORTE. Las personas con discapacidad tienen
derecho al uso efectivo de todos los sistemas de transporte en concordancia con
el artículo 9º, numeral 1, literal a) y el artículo 20, de la Ley 1346 de 2009.
Para garantizar el ejercicio efectivo de este derecho, el Ministerio de
Transporte, la Superintendencia de Puertos y Transporte, la Aeronáutica Civil y
demás entidades relacionadas deben adoptar las siguientes medidas:
1.
Asegurar que los sistemas de transporte integrado masivo cumplan, en su
totalidad, desde la fase de diseño, con las normas de accesibilidad para las
personas con discapacidad.
2.
La señalización de los aeropuertos, terminales de transporte aéreo, terrestre,
fluvial y marítimo, medios de transporte masivo y espacios públicos, deberán
contar con el uso de símbolos adecuados en el marco del diseño universal. Esta
señalización debe estar acompañada de campañas cívicas de sensibilización y de
difusión adecuada, flexible y de amplia cobertura.
3.
Las autoridades deberán adecuar las vías, aeropuertos y terminales, para
garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la accesibilidad de las personas
con discapacidad, en un término no mayor a ocho (8) años.
4.
Los aeropuertos y las terminales de transporte marítimo y terrestre contarán
con un servicio de guía y asistencia a personas con discapacidad.
5.
Adaptar en los aeropuertos, terminales de transporte y medios de transporte
masivo, accesos, señales, mensajes auditivos y visuales para las personas con
discapacidad.
6.
Los vehículos que transporten una persona con discapacidad de manera habitual,
estarán exentos de las restricciones de movilidad que establezcan los
departamentos y municipios (pico y placa), para lo cual el Ministerio de
Transporte reglamentará dentro de los 6 meses siguientes estas excepciones.
7.
El Estado, mediante las  autoridades competentes, sancionará el incumplimiento
de los plazos de adaptación o de accesibilidad al transporte.
ARTÍCULO
16.  DERECHO A LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES. Las personas con
discapacidad tienen derecho al ejercicio efectivo del derecho a la información
y a acceder a las comunicaciones en igualdad de condiciones, en concordancia
con la Ley 1346 de 2009. Para garantizar el ejercicio total y efectivo del
derecho a la información y comunicaciones, el Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones y demás entidades competentes tendrán en
cuenta las siguientes medidas:
1.
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC,
adelantará un proyecto que permita masificar la utilización de software libre
de los programas para personas con discapacidad.
2.
Dar estricto cumplimiento a las normas vigentes sobre accesibilidad y acceso a
la información en los medios de comunicación debiendo cumplir con los plazos
contemplados para efectuar las adecuaciones señaladas en ellas.
3.
Propiciar espacios en los canales de televisión estatal, nacional y regional
con programas que incluyan la interpretación en Lenguaje de Señas Colombiana,
y/o el closed caption, y/o con subtítulos.
4.
Desarrollar programas que faciliten el acceso a las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones de las personas con discapacidad,
especialmente en las instituciones educativas.
5.
Promover estrategias de información, comunicación y educación permanentes, para
incidir en el cambio de imaginarios sociales e individuales acerca de las
potencialidades y capacidades de las personas con discapacidad.
6.
Diseñar las estrategias de información y divulgación accesibles para personas
con discapacidad, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones TIC facilitarán los canales de divulgación mediante los medios
de comunicación públicos y un llamado de responsabilidad social a los medios
privados.
7.
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, adelantará
un programa de capacitación en tecnologías de la información y las
comunicaciones para personas con discapacidad sensorial y con deficiencias
específicas que alteren las competencias para comunicarse a través del lenguaje
verbal.
8.
Los tecnocentros deben ser accesibles para todas las personas con discapacidad
y en particular contarán con software especializado que garantice el acceso a
la información, a las comunicaciones y a las tecnologías de la información y
las comunicaciones, de las personas con discapacidad sensorial.
9.
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, adelantará
un programa de capacitación en tecnologías de la información y las
comunicaciones para personas con discapacidad sensorial.
10.
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC, y el
programa Gobierno en Línea brindarán orientación para la accesibilidad a la
información en la administración pública.
11.
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones, expedirá el decreto reglamentario para fijar los
estándares de accesibilidad a todos los sitios web y a los medios y sistemas de
información de los órganos, organismos y entidades estatales de todo orden,
para que se garantice efectivamente el pleno acceso de las personas con
discapacidad sensorial a dichos sitios y sistemas y la información que ellos
contienen.
ARTÍCULO
17.  DERECHO A LA CULTURA. El Estado garantizará el derecho a la
cultura de las personas con discapacidad, en concordancia  con la Ley 1346 de
2009. Para garantizar el ejercicio total y efectivo del derecho a la cultura,
el Ministerio de Cultura deberá velar por la inclusión de las personas con
discapacidad a los servicios culturales que se ofrecen a los demás ciudadanos,
debiendo adoptar las siguientes medidas:
1.
Desde el ámbito nacional, departamental, distrital, municipal y local se debe
garantizar el acceso a eventos y actividades culturales.
2.
Garantizar que las entidades culturales, los espacios y monumentos culturales
cumplan con las normas de acceso a la información y de comunicación, y
accesibilidad ambiental y arquitectónica para la población con discapacidad.
3.
Ubicar a nivel nacional las entidades que realizan procesos de sensibilización,
desarrollo e inclusión social, con la población con discapacidad.
4.
Fomentar y garantizar la visibilización de las expresiones culturales propias
de las Personas con Discapacidad.
5.
Promover la implementación del enfoque diferencial en el ejercicio efectivo de
los Derechos de las personas con discapacidad.
6.
Crear campañas, proyectos y programas haciendo uso de las diversas expresiones
artísticas y comunicativas, a través de las cuales se evidencien las
potencialidades y destrezas que la población en situación de discapacidad
posee, involucrando los distintos medios de comunicación para su divulgación.
7.
Garantizar la participación de las personas con discapacidad en el conjunto de
actividades culturales que se realicen en todos los niveles de la
administración pública, en los distintos municipios.
8.
El Ministerio de Cultura promoverá e implementará, en departamentos, distritos,
municipios y localidades, la política de diversidad cultural que contempla
acciones para el desarrollo de programas formativos, el desarrollo de
metodologías y esquemas de inclusión pertinentes para las personas con
discapacidad con ofertas adecuadas a cada tipo de discapacidad y producción de
materiales, convocatorias y líneas de trabajo que reconozcan la discapacidad
como una expresión de la diversidad y la diferencia.
9.
Garantizar la difusión y el ejercicio de los derechos culturales de la
población con discapacidad.
10.
Garantizar que las entidades culturales que realizan proyectos con población
infantil y juvenil aporten al desarrollo cultural, la expresión y la inclusión
social de la población con discapacidad.
11.
Asegurar que el plan nacional de lectura y bibliotecas, el plan nacional de
música para la convivencia, el programa batuta y el plan nacional de cultura y
convivencia, entre otros, incluyan en sus procesos formativos a personas con
alguna discapacidad y que evidencien aptitudes en alguna de las áreas
pertinentes.
12.
Propiciar y fomentar el empleo de personas con discapacidad en museos,
bibliotecas, y demás bienes de interés público.
13.
Garantizar la formación necesaria para que las personas con discapacidad puedan
participar y realizar actividades culturales de manera eficiente y productiva.
14.
Asegurar que la Red Nacional de Bibliotecas sea accesible e incluyente para
personas con discapacidad.
15.
Garantizar el derecho de las personas con discapacidad al reconocimiento y el
apoyo de su identidad cultural.
16.
Los departamentos, municipios y distritos deben garantizar el acceso de las
personas con discapacidad a los recursos IVA de telefonía móvil de acuerdo a la
Ley 1393 de 2010, que en el artículo 11 adiciona el artículo 470 del Estatuto
Tributario, donde se precisa que: Del total de estos recursos deberán destinar
mínimo un 3% para el fomento, promoción y desarrollo del deporte, la recreación
de deportistas con discapacidad, y los programas culturales y artísticos de
gestores y creadores culturales con discapacidad.
ARTÍCULO
18.  DERECHO A LA RECREACIÓN Y DEPORTE. El Estado garantizará el
derecho a la participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el
esparcimiento y el deporte de las personas con discapacidad, de conformidad con
el artículo 30 de la Ley 1346 de 2009. Para garantizar el ejercicio efectivo
del derecho a la recreación y el deporte, el Ministerio de Cultura, Ministerio
de Educación y Coldeportes junto con los actores del Sistema Nacional del
Deporte (Comité Paralímpico y Olímpico Colombiano, federaciones, ligas
paralímpicas, organizaciones de y para personas con discapacidad, los Entes
territoriales del deporte y la recreación), formularán e implementarán
programas inclusivos y equitativos para las personas con discapacidad y los
lineamientos para la práctica de educación física, recreación, actividad física
y deporte para la población con discapacidad. Además, se fortalecerá el ámbito
administrativo y técnico para lo cual adoptarán las siguientes medidas:
1.
Fortalecer el deporte de las personas con discapacidad, incluyendo el deporte
paralímpico, garantizando áreas de entrenamiento, juzgamiento, apoyo médico y
terapéutico, así como la clasificación funcional por parte del Sistema Nacional
del Deporte.
2.
Fomentar la práctica del Deporte Social Comunitario como un proceso de
inclusión social encaminado a potencializar las capacidades y habilidades de
acuerdo al ciclo vital de las personas con discapacidad.
3.
Apoyar actividades deportivas de calidad para las personas con discapacidad,
sin exclusión alguna de los escenarios deportivos y recreativos en lo
relacionado a la accesibilidad física, de información y comunicación.
4.
Suministrar el soporte para el desarrollo, importación o intercambio de
implementos deportivos específicos por tipo de discapacidad según estudios
técnicos sobre las necesidades de las personas con discapacidad, en
concordancia con las disciplinas deportivas y sin el cobro de los aranceles de
importación.
5.
Garantizar la inclusión de las personas con discapacidad en la recreación a
través de la organización y certificación de las entidades de recreación,
Registro Único Nacional RUN avalado por Coldeportes Nacional. Inclusión en los
currículos de los diferentes niveles de estudio sobre recreación en personas
con discapacidad y la acreditación de profesionales.
6.
Promover la actividad física de las personas con discapacidad a través de
inclusión en los currículos de los diferentes niveles de estudio, sobre
actividad física para esta población, con la acreditación de profesionales y
generación de estudios complementarios con énfasis en actividad física,
educación física adaptada o incluyente y deporte paralímpico.
7.
Efectuar las medidas necesarias que garanticen la recreación para las personas
con discapacidad, en condiciones de inclusión.
8.
Promover ajustes y abrir espacios de formación deportiva, en condiciones de
igualdad y en entornos inclusivos para personas con discapacidad.
9.
Los incentivos a los deportistas con discapacidad han de ser los mismos que
para los deportistas convencionales a nivel municipal, departamental y
nacional. Esto implica un programa de deportista apoyado, incentivo a
medallistas nacionales e internacionales y apoyo a las futuras glorias del
deporte de personas con discapacidad.
10.
Motivar las organizaciones de discapacidad cognitiva, sensorial y física, para
que sean parte activa de la vida cultural, recreativa y deportiva.
ARTÍCULO
19.  FACILITACIÓN DE LAS PRÁCTICAS TURÍSTICAS. El Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, promoverá dentro del sector turístico la
necesidad de adecuar la infraestructura turística para personas con discapacidad,
de acuerdo con las normas mínimas legales vigentes, al igual que la aplicación
de tarifas diferenciales entre los empresarios para este grupo de la población
colombiana. Así mismo, asegurará que los sistemas de calidad del sector
turístico incluyan la variable de accesibilidad para las personas con
discapacidad.
ARTÍCULO
20.  DERECHO A LA VIVIENDA. El Estado garantizará el derecho a la
vivienda de las personas con discapacidad, de acuerdo con el artículo 28 de la
Ley 1346 de 2009. Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la
vivienda, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio deberá garantizar el
ejercicio efectivo del derecho a la vivienda digna de las personas con
discapacidad, para lo cual adoptará las siguientes medidas:
1.
Todo plan de vivienda de interés social deberá respetar las normas de diseño
universal que también garantice la accesibilidad a las áreas comunes y al
espacio público.
2.
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio o quien haga sus veces, asignará
subsidios de vivienda para las personas con discapacidad de los estratos 1, 2 y
3, de manera prioritaria.
3.
El Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio implementará en un plazo máximo
de 1 año, los ajustes a su programas y políticas con el fin de asegurarlos
recursos y a establecer los mecanismos necesarios  para que del total de los
subsidios de vivienda que se asignen, como mínimo un 5% sean subsidios
especiales para ajustes locativos a las viviendas y adquisición de vivienda
nueva de las personas con discapacidad, con  niveles de Sisbén 1, 2 y 3,
atendiendo al enfoque diferencial y en concordancia del artículo 19 de la Ley
1346 de 2009.
ARTÍCULO
21. ACCESO A LA JUSTICIA. El Estado garantizará el acceso a la
justicia de las personas con discapacidad, en concordancia con el artículo 13
de la Ley 1346 de 2009. Para garantizar el ejercicio efectivo de acceso a la
justicia el Ministerio de Justicia y del Derecho, en alianza con el Ministerio
Público, los organismos de control y la rama judicial, deberán garantizar el
acceso de las personas con discapacidad en todos los programas de acceso a la
Justicia. Para ello, adoptará entre otras, las siguientes medidas:
1.
El Ministerio de Justicia y del Derecho, y la rama judicial, deberá implementar
programas de formación y gestión para la atención de casos de violación a los
derechos de las personas con discapacidad, que involucren a jueces, auxiliares
de justicia, casas de justicia, centros de conciliación, comisarías de familia,
personerías, entre otros. Así mismo implementará programas de formación
orientados a la comprensión de la discapacidad y la forma de garantizar la
cabal atención y orientación a las personas con discapacidad, facilitando los
servicios de apoyo requeridos para garantizar en igualdad de condiciones con
las demás personas el acceso a la Justicia.
2.
El Ministerio de Justicia y del Derecho, o quien haga sus veces, en alianza con
el Ministerio Público y las comisarías de familia y el ICBF, deberán proponer e
implementar ajustes y reformas al sistema de Interdicción judicial de manera
que se desarrolle un sistema que favorezca el ejercicio de la capacidad
jurídica y la toma de decisiones con apoyo de las personas con discapacidad,
conforme al artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad de Naciones Unidas.
3.
El Gobierno Nacional desarrollará un proyecto de fortalecimiento y apoyo a las
organizaciones de y para personas con discapacidad en todo el país, para dar a
conocer sus derechos y la forma de hacerlos efectivos.
4.
Las Instituciones de educación superior que cuenten con facultades de derecho y
consultorios jurídicos, deberán desarrollar programas de formación y apoyo al
restablecimiento de derechos de las personas con discapacidad.
5.
El Gobierno Nacional junto con las organizaciones nacionales e internacionales,
realizará campañas de respeto hacia las personas con discapacidad, otorgando
espacios a auto gestores que hablen de sus experiencias conforme a la Ley 1346
de 2009.
CAPÍTULO
II
De
la participación ciudadana de personas  con discapacidad
ARTÍCULO
22. PARTICIPACIÓN EN LA VIDA POLÍTICA Y PÚBLICA. La participación en
la gestión administrativa se ejercerá por las personas con discapacidad y por
sus organizaciones en los términos de la Constitución Política, la Ley 134 de
1994 y demás normas que desarrolla el inciso segundo del artículo 103 de la
Constitución Política, y los artículos 29 y 33, entre otros, de la Ley 1346 de
2009. Para el efecto, el Ministerio del Interior deberá dictar medidas que
establezcan los requisitos que deban cumplirse para la creación y
funcionamiento de las Organizaciones de personas con discapacidad que
representen a las personas con discapacidad antes las instancias locales,
nacionales e internacionales, así como las medidas que deben adoptarse para su
fortalecimiento y el aseguramiento de su sostenibilidad y de la garantía de su
participación plena y efectiva en la adopción de todas las decisiones que los
afectan. Las alcaldías municipales y locales deberán implementar programas
especiales de promoción de acciones comunitarias, servicios de apoyo de la
comunidad y de asistencia domiciliaria y residencial, que faciliten la
integración, relación y participación de las personas con discapacidad con los
demás ciudadanos, incluida la asistencia personal para facilitar la vida digna,
evitando el aislamiento, garantizando el acceso y la participación según sus
necesidades.
ARTÍCULO
23. CONTROL SOCIAL. La población con discapacidad y sus
organizaciones ejercerán el derecho y el deber del control social a todo el
proceso de la gestión pública relacionada con las políticas, los planes, los
programas, los proyectos y las acciones de atención a la población con
discapacidad, o con enfoque diferencial en discapacidad. Para tal efecto,
podrán constituir veedurías ciudadanas en desarrollo de lo dispuesto por la Ley
850 de 2003 y demás normas pertinentes, y adoptar otras modalidades de control
social, que se traducirán en las siguientes actividades:
1.
El Gobierno Nacional, a través de sus Ministerios apoyará la promoción de estas
veedurías y de sus redes, así como la formación de los veedores ciudadanos que
las conforman. Las entidades que forman parte de la Red institucional de apoyo
a las veedurías ciudadanas de que trata el artículo 22 de la Ley 850 de 2003,
se vincularán de acuerdo a su competencia.
2.
Las personas con discapacidad y sus organizaciones, participarán activamente en
los eventos de rendición de cuentas que presenten las diferentes entidades
vinculadas a la política pública de discapacidad.
3. El
Gobierno Nacional, a través de sus ministerios, apoyará la promoción de
veedurías por parte de los entes departamentales del deporte y la recreación.
ARTÍCULO
24. PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE SUS ORGANIZACIONES.
Se garantizará la participación de las personas con discapacidad y de sus
organizaciones, particularmente en los siguientes ámbitos y espacios propios
del sector:
1.
En la formulación y ejecución de las políticas y la planificación de los
procesos culturales, mediante los Consejos de Cultura Nacional, Departamental,
Distrital y Municipal, de acuerdo a lo establecido en la Ley General de
Cultura.
2.
En todos los órganos o instituciones de discapacidad.
3.
En la toma de decisiones, en los aspectos social, económico, ambiental,
político, educativo, laboral y cultural.
4.
En el diseño, implementación, seguimiento y veeduría de la política pública de
discapacidad.
5.
En el seguimiento, monitoreo e implementación de la Convención Internacional
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y demás
instrumentos internacionales ratificados por Colombia, que estén relacionados
con el tema y afecten al sector de la discapacidad.
6.
Las personas con discapacidad  tendrán derecho a actuar por sí mismas, teniendo
en cuenta sus capacidades, respetando la facultad en toma de decisiones con o
sin apoyo. En caso contrario se les garantizará la asistencia jurídica
necesaria para ejercer su representación.
7.
Reconocer y visibilizar a la discapacidad psicosocial y el Trastorno de
Espectro Autista como discapacidades tal como están contempladas en las
clasificaciones internacionales.
ARTÍCULO
25. PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES CON DISCAPACIDAD.  De conformidad
con lo dispuesto en el artículo 6º de la Ley 1346 de 2009, el Estado adoptará
las siguientes medidas, para garantizar el ejercicio efectivo de todos los
derechos de las mujeres con discapacidad:
1.
Elaborar y ejecutar acciones para la participación de la mujer con
discapacidad.
2.
Velar para que la participación de la mujer con discapacidad en los ámbitos
nacionales, regionales y locales.
3.
La Consejería de Equidad de la Mujer incorporará el enfoque diferencial de
mujer y discapacidad en todos sus programas, promocionando la organización de
las mujeres con discapacidad, de acuerdo a sus expectativas e intereses en todo
el territorio nacional.
4.
Diseñar programas y proyectos de carácter nacional y de cooperación
internacional para hacer efectivos los derechos de las mujeres con
discapacidad, los cuales serán implementados con la participación activa de las
mujeres con discapacidad en las organizaciones de las personas con
discapacidad.
5.
Estudiar las condiciones que propician los actos violentos ejercidos contra las
mujeres y niñas con discapacidad, y hacer de conocimiento público la situación
de niñas y mujeres con discapacidad en relación con la violencia de género.
6.
Realizar estudios encaminados a adoptar las medidas necesarias que eviten la
discapacidad de mujeres y niñas por problemas de salud pública y en especial,
por la violencia.
7.
Dar la atención debida, directa y personalizada a cada niña o mujer con
discapacidad víctima de la violencia de género, mediante el trabajo coordinado
de los servicios públicos, las organizaciones de mujeres y de la discapacidad,
elaborando guías de defensa y atención psicosocial.
ARTÍCULO
26.  EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL EJERCICIO EFECTIVO DE LOS
DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. El Consejo Nacional de
Discapacidad, evaluará cada 4 años la eficacia de las acciones afirmativas, los
ajustes razonables y la sanción a la discriminación, como mecanismos para
garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con
discapacidad.
Esta
evaluación se realizará para establecer si se han alcanzado los objetivos
buscados con la aplicación la de la presente ley, en los diferentes escenarios
de planificación, y toma de decisiones sobre las acciones que se diseñen para
mejorar sus condiciones de vida. Tal evaluación no suplirá el control y la
evaluación que deben realizar los organismos de control del Estado colombiano
competentes.
TÍTULO
V
DISPOSICIONES
FINALES
ARTÍCULO
27.  ADICIÓN LEGISLATIVA. La presente ley se adiciona a las demás
normas que protegen los derechos de las personas con discapacidad, con el fin
de garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos, así como su exigibilidad.
ARTÍCULO
28.  PUBLICIDAD.  La presente ley deberá ser traducida en los
diferentes sistemas de comunicación de las distintas discapacidades y deberá
ser socializado a nivel nacional, departamental, municipal y distrital, para
que sea conocida por la población objetivo. El Consejo Nacional de
Discapacidad  y los Comités Territoriales de Discapacidad deberán apoyar la
difusión y deberá participar activamente en su divulgación.
ARTÍCULO
29.  REGLAMENTACIÓN DE LA LEY. Los decretos reglamentarios de la
presente ley deberán ser elaborados en un plazo máximo de dos años a partir de
un proceso participativo, el cual será acordado con el  Consejo Nacional de
Discapacidad, con organizaciones y líderes del sector de discapacidad.
ARTÍCULO
30. PROMOCIÓN, PROTECCIÓN Y SUPERVISIÓN. Créase un mecanismo
independiente para la promoción, protección y supervisión del ejercicio
efectivo de los derechos de las personas con discapacidad previstos en esta
ley, así como de la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que se constituya como el
mecanismo responsable para todas las cuestiones relativas a estos derechos y a
la Convención, incluyendo la coordinación para facilitar la adopción de medidas
al respecto.
1.
Este mecanismo será de naturaleza y funcionamiento independiente del Gobierno
Nacional, así como de los gobiernos departamentales,  distritales y municipales
estará integrado por las instituciones del Ministerio Público (Procuraduría
General de la Nación y sus seccionales, Defensoría del Pueblo, sus regionales y
seccionales), organizaciones de personas con discapacidad en el ámbito nacional
y territorial y la Contraloría General de la Nación, incluyendo las
contralorías locales.
2.
Las universidades podrán participar en los mecanismos de interlocución y
coordinación que se establezcan para la operatividad de este mecanismo.
3.
El mecanismo contará con un presupuesto independiente de parte del Ministerio
de Justicia y el Derecho y establecerá su visión y funcionamiento, de acuerdo
con lo establecido en este artículo y el artículo 33 de la Convención de los
Derechos de las Personas con Discapacidad.
4.
Las funciones del mecanismo deberán dar seguimiento a las medidas de índole
legislativa, administrativa y presupuestal, para aplicar la presente ley y la
Convención de los derechos de las Personas con Discapacidad. También debe este
mecanismo preparar informes periódicos con un periodo mínimo de 6 meses y
máximo de 2 años sobre la actuación del Gobierno para cumplir con las
obligaciones de la Convención.
5.
En el período de 1 año contado a partir de la promulgación de esta ley, el
Gobierno Nacional con la participación de las personas con y en situación de
discapacidad y sus organizaciones, preparará una evaluación de impacto de las
medidas adoptadas mediante esta ley en el goce efectivo de los derechos de las
personas con discapacidad que deberá presentar ante el Congreso de la República
y difundir de manera amplia. Los resultados de la evaluación serán incluidos en
el informe periódico que el estado colombiano deba presentar ante el Comité de
los Derechos de las Personas con Discapacidad.
6.
Corresponde al  departamento Ministerio de Salud y Protección Social en
coordinación con el Departamento Administrativo para la Prosperidad social o a
quien haga sus veces, la coordinación para la adopción de medidas por parte del
gobierno, conforme a la Ley 1145 de 2007, que le atribuye el liderazgo del
Sistema Nacional de Discapacidad. Así mismo, el Ministerio de Salud y Protección
Social establecerá el enlace de los mecanismos gubernamentales con el mecanismo
independiente de Promoción, Protección y Supervisión del ejercicio efectivo de
los derechos de las personas con discapacidad previsto en esta ley, así como de
la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad de Naciones Unidas.
ARTÍCULO
31.  SANCIONES.  La omisión a las obligaciones impuestas por la
presente ley por parte de los empleados públicos; los trabajadores oficiales;
los miembros de corporaciones de elección popular; los contratistas del Estado
y los particulares que cumplan funciones públicas, del orden nacional,
departamental y municipal, en el sector central y descentralizado, y en
cualquiera de las ramas del poder, se considerara falta grave en los términos
del régimen disciplinario.
ARTÍCULO
32. VIGENCIA. La presente ley rige a partir de su publicación, y
deroga las disposiciones que le sean contrarias.”
III. INTERVENCIONES
3.1.
Con anterioridad a la fijación en lista, el 6 de marzo de 2012, un asesor del
Ministerio del Interior remitió un escrito al Magistrado sustanciador en el
cual se refirió a la necesidad de elaborar un “decreto de fe de erratas”
a fin de corregir varios errores de tipeo que se pasaron por alto en el informe
de conciliación del proyecto de ley estatutaria, algunos de los cuales enumeró
de manera precisa.
Señaló que
esta situación es el resultado del amplio proceso de participación ciudadana
que tuvo lugar durante el trámite de este proyecto de ley, y que los referidos
errores de gramática y puntuación provienen de la versión conciliada que las
plenarias de las cámaras legislativas votaron el 14 de diciembre de 2011.
A partir de
estas circunstancias, si bien informó sobre la intención de ese Ministerio,
autor del proyecto original, de realizar tales correcciones, también solicitó a
la Corte “si se pueden corregir los errores que a su juicio, no cambien el
sentido del texto aprobado y que se requieran para mayor claridad.”
3.2. Durante el término de
la fijación en lista se recibieron los siguientes escritos provenientes de
autoridades y entidades públicas y de ciudadanos:
Del Ministerio de Cultura
El Jefe de la oficina asesora
jurídica de este Ministerio presentó un breve escrito en el que se refirió
únicamente al numeral 16 del artículo 17 del proyecto de ley en revisión, para
indicar que el artículo 11 de la Ley 1393 de 2010 al que aquel se refiere,
relacionado con el gravamen del IVA a los servicios de telefonía celular fue
recientemente declarado inexequible por ese tribunal a través del fallo C-133
de febrero 29 de 2012 (M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
Por esta razón, el interviniente
consideró que la norma primeramente citada debe ser retirada de este proyecto
de ley.
Del Ministerio de Justicia y
del Derecho
Este Ministerio intervino
mediante apoderada especial, quien expuso las razones que, a su juicio,
justifican la constitucionalidad de este proyecto de ley.
La interviniente indica que al
estudiar el trámite formal de expedición de esta norma, se evidencia que se
cumplieron debidamente los requisitos previstos en los artículos 152 y 153 de
la Constitución. Señala que el proyecto original fue presentado por el entonces
Ministro del Interior, doctor Germán Vargas Lleras en septiembre 8 de 2011, a
partir de lo cual fue considerado y aprobado por las comisiones y plenarias de
la Cámara de Representantes y el Senado de la República, para finalmente ser
aprobado en ambas cámaras, previa conciliación de sus respectivos textos, en
las sesiones cumplidas en diciembre 14 de 2011.
Después de relacionar los
principales contenidos de este proyecto, se refirió de manera puntual a su
artículo 21 sobre Acceso a la Justicia, cuya ejecución y cumplimiento
corresponden de manera particular a ese Ministerio. Señala que las obligaciones
que esa norma le atribuiría a esa dependencia, guardan concordancia con las
políticas que a la fecha se vienen ejecutando en materia de acceso a la
justicia, y en particular respecto de las personas en situación de
discapacidad.
Concluyó señalando que, tanto por
su contenido como por el trámite legislativo cumplido, este proyecto de ley se
ajusta plenamente a la Constitución, por lo cual solicita a esta Corte
declararlo exequible.
Del Ministerio de Transporte
La Jefe de la Oficina Asesora
Jurídica de este Ministerio solicitó a la Corte declarar la exequibilidad de
este proyecto de ley estatutaria, con excepción de los numerales 2° y 3° de su
artículo 14, los cuales considera inexequibles.
En lo atinente al aspecto formal
del proyecto, explica que el trámite surtido en el Congreso de la República se
adecua al mandato de los artículos 153 y 157 de la Constitución, por cuanto
éste fue aprobado por unanimidad en ambas cámaras y en una sola legislatura.
Respecto de la solicitud de
inexequibilidad de los numerales 2° y 3° del referido artículo 14, analiza su
contenido de cara a los mandatos previamente establecidos en las Leyes 361 de
1997[1] y 1346
de 2009[2]
y a la luz de los planteamientos vertidos por esta corporación en diversas
decisiones, entre ellas los fallos T-595 de 2002 y T-487 de 2007, en especial
respecto de los conceptos de accesibilidad y medidas razonables.
Las medidas razonables se
refieren, según lo explica la interviniente, a que la garantía del acceso o
accesibilidad al servicio público debe ser lograda a través de la
identificación y eliminación de obstáculos y barreras que lo impidan o
dificulten. En ese sentido, concretamente frente al servicio público de
transporte, anota que se debe distinguir entre las barreras de carácter
arquitectónico y aquellas relacionadas con los vehículos de transporte público
y su configuración. En torno a estas últimas, afirma, que según la
jurisprudencia de esta corporación, es claro que el acceso al servicio de
transporte en condiciones de igualdad no necesariamente exige la plena
adaptación de los vehículos de transporte público, sino que envuelve la
obligación de identificar las necesidades insatisfechas de esa población y
garantizarlas.
De otro lado, indica que el
parámetro de 80% de accesibilidad total, que hace parte del texto de los
numerales 2° y 3° del citado artículo 14 tendría dos posibles entendimientos, cualquiera
de los cuales causaría la inexequibilidad de aquellos.
En esta línea, señala que si el
concepto de accesibilidad es entendido como la identificación y
superación de barreras, obstáculos y necesidades insatisfechas de la población
con discapacidad respecto de la prestación del servicio, el porcentaje a lograr
debería ser del 100%, pues sólo de esa forma podría cumplirse a cabalidad el
mandato de la Constitución y de las demás normas nacionales e internacionales
sobre la materia. Mientras que si se entiende por accesibilidad al servicio
público de transporte la completa adaptación de los vehículos e
infraestructura asociados al mismo, la vulneración constitucional vendría dada
por la infracción del artículo 13 superior, pues esa exigencia posiblemente se
traduciría en un mayor valor de este servicio público para todos los usuarios,
afectando así a toda la población, lo que no resulta razonable ni
proporcionado.
Por lo anterior, reitera su
solicitud de que los dos numerales antes indicados sean declarados
inexequibles.
De la Unidad Administrativa
Especial de Aeronáutica Civil
El Ministerio del Transporte
envió además con destino a este proceso un memorando remitido a esa dependencia
por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Aeronáutica Civil, en el cual
se analiza el contenido de los artículos 14 y 15 del este proyecto de ley, en
la medida que regulan los aspectos relacionados con “acceso y accesibilidad”
y las regulaciones sobre “derecho al transporte”.
Este documento alude también a la
posibilidad de que el mandato contenido en el artículo 14 que consagra la
obligación de llegar en el término de diez años a una cobertura del 80% de
accesibilidad total al servicio de transporte, pudiera considerarse
inconstitucional en razón a la eventual violación del principio de igualdad,
pero no explica las razones que llevarían a afirmar tal transgresión.
Por lo demás, señala que las
obligaciones descritas en los artículos 14 y 15 del proyecto de ley objeto de
revisión, relacionadas con la obligación de implementar diseños universales, la
accesibilidad al servicio, la señalización de terminales de transporte, entre
otras, se ajustan a los postulados de la Convención de las Naciones Unidas, y
en general a la normatividad constitucional aplicable.
Del Ministerio del Interior.
El Jefe de la Oficina Asesora
Jurídica de este Ministerio solicitó a la Corte declarar la total exequibilidad
de este proyecto de ley.
Este interviniente señala en
primer lugar que el referido proyecto cumplió con la totalidad de los
requisitos constitucionales aplicables a las leyes estatutarias.
En lo sustancial, indica que la
principal motivación del Gobierno Nacional para presentar este proyecto de ley
fue la necesidad de acompasar la normatividad colombiana con las exigencias
internacionales en materia de derechos humanos de las personas con
discapacidad, de manera que se incorporara en forma efectiva el enfoque de
derechos plasmado en la Convención de la ONU sobre el tema, adoptado mediante
la Ley 1346 de 2009 y analizado en sentencia C-293 de 2010. Señala que este
proyecto de ley es un desarrollo de los pactos, convenios y convenciones
internacionales sobre la materia aprobados por Colombia.
De manera particular explicó que
las normas del Título III de este proyecto de ley establecen las distintas
obligaciones a cargo de la Nación, los departamentos, los distritos, los
municipios y las localidades, así como de la sociedad en general, para lograr
la efectiva inclusión de las personas con discapacidad, las cuales incluyen
acciones de promoción, difusión y respeto al ejercicio efectivo de los derechos
de esta población. Sostuvo que todas estas reglas resultan exequibles en cuanto
desarrollan plena y fielmente los postulados de la Constitución de 1991.
De la ciudadana Diana
Hernández Díaz.
Esta interviniente centró su
análisis en el contenido de los artículos 9° y 10° del proyecto de ley que se
revisa, relacionados con los derechos a la habilitación y rehabilitación
integral y a la salud, normas que pidió declarar condicionalmente exequibles,
bajo el entendido de que los beneficios no incluidos en el POS deben ser
financiados por el Ministerio de Salud y Protección Social con cargo a los
recursos que se apropien anualmente en el Presupuesto General de la Nación.
Esta ciudadana señala que el
proyecto de ley estatutaria que se analiza contiene importantes disposiciones
que buscan garantizar a plenitud el ejercicio de estos derechos a las personas
con discapacidad. Empero, manifiesta su preocupación por el hecho de que, con
una sola excepción (numeral 1° del artículo 9°), el proyecto aprobado no
incorpora previsiones sobre las fuentes de financiamiento necesarias para dar
cumplimiento a tales garantías.
Sobre este aspecto resalta que la
jurisprudencia constitucional[3]
ha advertido, especialmente en lo atinente al derecho a la salud, que para la
verdadera garantía de los derechos deben preverse y apropiarse los recursos que
para ello resulten necesarios. Ante la ausencia de estas previsiones, pide a la
Corte que se precise a través de un condicionamiento la forma como deberá
atenderse este aspecto.
Del Departamento Nacional de
Planeación.
Un apoderado especial del
mencionado Departamento presentó escrito mediante el cual solicita la
declaratoria de exequibilidad del proyecto de ley bajo análisis.
Inicia su intervención revisando
los pasos y diligencias que de conformidad con la Constitución son necesarios
para la expedición de una ley estatutaria, los que, según señala, se cumplieron
a cabalidad en el presente caso. También se refiere a los efectos de las
decisiones que en estos casos adopta la Corte Constitucional en ejercicio del
control automático.
Seguidamente analiza el concepto
y las finalidades de las llamadas acciones afirmativas, así como varios
ejemplos de ellas y la línea jurisprudencial trazada por esta corporación al
estudiar su adecuación constitucional. También enumera las disposiciones
constitucionales que imponen al Estado y a la sociedad el deber de proteger a
las personas que padezcan algún tipo de discapacidad y de velar porque la
igualdad entre ellas y los demás ciudadanos sea real y efectiva. Presenta
también una relación de las distintas normas legales que, especialmente desde
la entrada en vigencia de la Constitución de 1991 se han expedido con el fin de
aliviar las dificultades que estas personas experimentan en la vida diaria y en
su desenvolvimiento social, recuento que concluye con la Ley 1346 de 2009, por
la cual se incorporó al derecho interno la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad adoptada por las Naciones Unidas en 2006.
A partir de estos elementos,
procede al análisis de las principales disposiciones contenidas en el proyecto
aprobado por el Congreso. De manera general, aplaude el propósito de esta ley,
al tiempo que señala que conforme a la Constitución no resultaba imperativo que
se le hubiera dado el trámite de ley estatutaria. De otra parte, señala que
resulta positivo que se haya decidido legislar de manera tan amplia sobre este
importante tema, “aunque se trate de una pretensión”, pues es claro que
la sola aprobación de esta iniciativa “no puede asegurar” el ejercicio
de los derechos de la población con discapacidad.
En otro ámbito, sugiere que la
definición de persona con discapacidad[4]
que se encuentra en el artículo 2° de la Ley 1145 de 2007 es “más
comprensiva”  (sic) que la incorporada en este proyecto de ley, razón por
lo cual ha debido adoptarse la primera de ellas. También señala que dentro de
los principios rectores listados en el artículo 3° de este proyecto de ley ha
debido añadírsele el de sostenibilidad fiscal, recientemente incorporado a
nuestro ordenamiento constitucional a través del Acto Legislativo N° 03 de
2011. No obstante estas precisiones, señala que las distintas medidas que se
pretende adoptar para el ejercicio de los derechos de estas personas, se
encuentran ajustadas a las normas constitucionales.
Finalmente, el interviniente
explica que la obligación que se proyecta imponer a esa entidad y al Ministerio
de Hacienda y Crédito Público, en el sentido de elaborar un Plan
Interinstitucional en el que se determinen los recursos requeridos para la
protección de estos derechos, está sujeta a la labor que compete cumplir a la
Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Discapacidad, pues es a esta
instancia a quien corresponde identificar inicialmente los planes nacionales,
departamentales y municipales para determinar la necesidad y los montos de
recursos a incluir en el presupuesto nacional.
3.3. Después de vencido el
término de fijación en lista en abril 24 de 2012, se recibieron otros escritos
de ciudadanos e instituciones que expresaron su opinión sobre la
constitucionalidad de este proyecto de ley. Estas intervenciones fueron
presentadas por: i) el ciudadano Carlos Parra Dussán, quien adjuntó un
documento de su autoría, en el que se analiza integralmente el contenido de
este proyecto; ii) el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, cuyo
apoderado pidió la exequibilidad de este proyecto de ley; iii) el ciudadano
Miguel Antonio Camargo Peña, quien se identificó como vocero de los
discapacitados del ISS y solicitó a la Corte que “module el fallo a nuestro
favor” con el fin de garantizar el derecho al trabajo, que en su concepto
no es adecuadamente protegido por este proyecto; iv) del Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, cuyo apoderado pidió la inexequibilidad del
numeral 8° del artículo 14; y v) del Ministerio del Interior, cuyo
representante solicitó declarar la exequibilidad condicionada del numeral 4°
del artículo 7°.
IV. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
En concepto número 5362 recibido
en la Secretaría de la Corte Constitucional en mayo 23 de 2012, la Procuradora
General de la Nación (E) solicitó a esta corporación devolver el proyecto de
ley al Congreso para que se subsane una irregularidad detectada en el trámite
legislativo, ya que la fecha de aprobación de éste en segundo debate en la
plenaria del Senado, es la misma en la que luego se publicó el informe de
conciliación y se anunció su votación. Sin embargo, acotó que en caso de no
considerarse trascendente esta irregularidad, el proyecto debe ser declarado
exequible.
Inicialmente, la Jefe del
Ministerio Público examina de manera prolija y detallada el trámite cumplido
ante el Congreso de la República por el Proyecto de Ley 167 de 2011 Senado -
092 de 2011 Cámara, cuya exequibilidad ahora se revisa. Como resultado de este
análisis, señala que el proceso legislativo adelantado cumplió todas los
requisitos constitucionales, salvo por la presencia de la ya referida
irregularidad, consistente en la coincidencia de la fecha en que el proyecto
fue considerado y aprobado en segundo debate por la plenaria del Senado de la
República y aquella en que se presentó el informe de conciliación rendido por
la comisión conciliadora.
Explica que en la sesión de
diciembre 13 de 2011, levantada a las 8:50 p. m., se aprobó el texto del
proyecto de Ley 167 de 2011 Senado – 092 de 2011 Cámara, por la plenaria del Senado.
Igualmente, según consta en las Gacetas 968 y 970 de diciembre 13 de 2011, ese
mismo día fue publicado el informe de conciliación de las versiones aprobadas
en las plenarias de Cámara y Senado, para ser posteriormente votado por ambas
cámaras. Afirma el Ministerio Público “que no alcanza a comprender cómo fue
posible conformar la Comisión de Conciliación, lograr que esta se reuniera y
llegara a un acuerdo, redactara el informe, lo remitiera a la imprenta nacional
y se terminase de imprimir el mismo día…”. Manifiesta que esta
circunstancia genera serias dudas sobre el proceso de formación del proyecto,
en especial en lo que atañe al artículo 161 de la Constitución, modificado por
el artículo 9° del Acto Legislativo N° 01 de 2003.
De otra parte, resalta también
que el anuncio previo a la aprobación del informe de conciliación en la
plenaria del Senado se realizó en la misma sesión de diciembre 13 de 2011,
según consta en el acta 28 de esa fecha, publicada en la Gaceta 45 de marzo 2
de 2012. Para el Ministerio Público lo anterior conduce a la conclusión “irrebatible”
de que ese informe de conciliación estaba elaborado desde antes de haber
terminado la sesión plenaria del Senado en el cual se decidía la aprobación del
proyecto de ley estatutaria que luego es objeto de conciliación.
En el análisis material del
asunto, el concepto fiscal resalta que el título del proyecto es concordante
con su contenido, y que a través del mismo se busca garantizar los derechos de
las personas con discapacidad, mediante la adopción de medidas de inclusión,
ajustes razonables y acciones afirmativas. Exaltó además que este proyecto está
inspirado en la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las
personas con discapacidad, aprobada en Colombia mediante Ley 1346 de 2009, que
en su momento fue declarada materialmente exequible por esta corporación
mediante la sentencia C-293 de 2010.
A continuación realiza un
detallado examen de los 32 artículos del proyecto de ley, encontrando que en
ellos se consagran verdaderas acciones afirmativas en procura de la igualdad
real y efectiva de la población con discapacidad, lo que resulta conducente al
cumplimiento y materialización de los artículos 13, 47, 54, 68, 85 y 93 del
texto superior, entre otros.
V. CONSIDERACIONES Y
FUNDAMENTOS
1.
Competencia
De
conformidad con lo previsto en los artículos 153 y 241 numeral 8° de la
Constitución Política, corresponde a esta Corte el examen de constitucionalidad
de los proyectos de ley estatutaria, tanto por su contenido material como por
vicios de procedimiento en su formación. En consecuencia, este tribunal es
competente para decidir sobre el proyecto de ley de la referencia.
2. Una cuestión previa: Por qué
este proyecto ha sido tramitado como ley estatutaria?
Algunos de los intervinientes
dentro del trámite de este proceso plantearon duda acerca de la necesidad de
que una iniciativa legislativa de este contenido debiera haberse sometido al
trámite propio de las leyes estatutarias. La Corte observa que desde el inicio
del proceso legislativo, el Ministerio del Interior, autor de este proyecto,
consideró que en este caso debería seguirse ese procedimiento especial, pese a
lo cual no incluyó en la exposición de motivos ningún tipo de explicación
acerca de esa circunstancia. Así las cosas, es pertinente que la Corte realice
una breve consideración al respecto.
En este sentido,
recuerda la Sala que según lo ordena el artículo 152 de la carta, deben
someterse a este trámite las leyes que regulan "el ejercicio de los
derechos y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos y
recursos para su protección". Resulta evidente que el proyecto de ley
que se examina versa, precisamente, sobre un derecho fundamental, que no es
otro que la igualdad, consagrado en el artículo 13 de la Carta y,
específicamente, sobre lo que se establece en el inciso 2° de esta norma
superior, pues lo que se busca es crear condiciones materiales que permitan
hacerla real y efectiva, en beneficio de un grupo específico (las personas en
situación de discapacidad), tradicionalmente ignorado en cuanto a sus
necesidades especiales.
Por lo anterior,
para la Corte resulta acertado que a este proyecto de ley se le hubiere
imprimido el trámite propio de las leyes estatutarias.
3. Revisión formal de este
Proyecto de Ley Estatutaria
Previamente al análisis de las
incidencias del trámite legislativo, la Corte deberá referirse a los aspectos
formales que en el caso de las leyes estatutarias son objeto de control de
constitucionalidad, a partir de lo cual se procederá al estudio de cada uno de
ellos.
Las leyes estatutarias, a las
cuales se refieren los artículos 152 y 153 de la Constitución Política, así
como aquellas que las modifiquen y/o deroguen, deben cumplir con tres
requisitos de procedimiento, que no son exigibles a las demás leyes,
consideradas ordinarias, diligencias que ciertamente implican un mayor grado de
exigencia formal en razón a la importancia de las materias que por expresa voluntad
del legislador se someten a este tipo de trámite, así como un mayor nivel de
rigidez de las leyes resultantes.
Tales requisitos formales
consisten en: i) haber sido aprobadas por la mayoría absoluta de los miembros
del Congreso; ii) haber sido tramitadas durante una sola legislatura, y iii)
ser objeto de la revisión previa y automática de exequibilidad atribuida a este
tribunal. La jurisprudencia ha aclarado que el límite temporal a que se refiere
el segundo de estos requisitos abarca solo las etapas que componen el trámite
legislativo propiamente dicho, pudiendo la revisión constitucional que ahora se
adelanta extenderse, si fuera necesario, más allá de ese lindero.
Ahora bien, según lo ha
reconocido la Corte, aparte de estas tres formalidades específicas, el trámite
de las leyes estatutarias es idéntico al de las leyes ordinarias, esto es, el
señalado por los artículos 157 y subsiguientes de la Constitución Política, el
cual incluye la previa publicación del proyecto antes de darle curso en la
comisión respectiva, la realización de cuatro debates legislativos, en la
comisión permanente competente y en la plenaria de cada una de las dos cámaras
legislativas, y por último la sanción del Gobierno Nacional. En desarrollo del
tercer requisito especial arriba mencionado, esta corporación debe entonces
verificar el exacto cumplimiento de cada una de esas etapas, con excepción de
la última, que en razón al momento en que se lleva a cabo el control, aún no ha
tenido ocurrencia, pues se trata apenas de un proyecto de ley.
En cumplimiento de las mismas
normas antes citadas, es necesario verificar también la observancia de los
principios de unidad de materia, consecutividad e identidad flexible durante
todo el trámite legislativo. Estos requisitos tienen directa relación con el
contenido normativo del proyecto en sus distintas etapas, así como al momento
de concluir el trámite.
Finalmente, como resultado de las
más recientes evoluciones tanto normativas como jurisprudenciales, debe además
analizarse: i) si la norma de que se trata está sujeta al requisito de consulta
previa con los grupos étnicos, y en caso afirmativo, si esa diligencia se
cumplió con el lleno de los requisitos aplicables; ii) si, en caso de resultar
aplicable conforme a la Ley 819 de 2003, se realizó el pertinente análisis
sobre el impacto fiscal del proyecto normativo en trámite, y iii) si en cada
fase del proyecto su aprobación tuvo lugar mediante votación pública y nominal
tal como lo exige el actual texto del artículo 133 superior, salvo que concurra
alguna de las excepciones recientemente desarrolladas mediante la Ley 1431 de
2011.
Así las cosas, la Corte examinará
el cumplimiento de cada uno de estos criterios, comenzando por aquellos que son
comunes a todas las leyes y refiriendo, en el lugar correspondiente, los
inherentes a la naturaleza estatutaria de este proyecto.
3.1. Remisión
del proyecto de ley y de su expediente legislativo
El Secretario General del Senado de la República
remitió a esta Corporación en enero 10 de 2012, el proyecto de Ley Estatutaria
167 de 2011 Senado – 092 de 2011 Cámara, “por medio de la cual se establecen
las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las
personas con discapacidad”, para su control previo de
constitucionalidad de conformidad con los artículos 153 y 241 numeral 8° de la
Carta, anexando parte del expediente legislativo.
De conformidad con la
documentación que obra en el expediente, el proyecto de ley agotó el siguiente
trámite en el Congreso de la República:
3.2.
Presentación y publicación del proyecto de ley estatutaria.
Este proyecto de ley fue
presentado para su trámite a la Cámara de Representantes por el entonces
Ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, en septiembre 8 de 2011. El texto
original junto con la respectiva exposición de motivos fue publicado en la
Gaceta del Congreso Nº 678 del 12 de septiembre de 2011, páginas 1 a 18.
3.3. Trámite ante la Comisión
Primera Constitucional de la Cámara.
La ponencia para primer debate,
fue presentada por los Representantes a la Cámara Camilo Andrés Abril, Alfredo
Deluque, Pedrito Tomás Pereira, Rubén Darío Rodríguez, Alfonso Prada Gil y Juan
Carlos Salazar, y publicada en la Gaceta del Congreso Nº 735 de septiembre 30
de 2011, páginas 1 a 20.
En lo que atañe al anuncio previo
a la votación de este proyecto, la comunicación de febrero 8 de 2012 enviada
por el Secretario General de la Comisión Primera Constitucional de la Cámara de
Representantes informa que éste tuvo lugar en la sesión de octubre 4 de 2011,
según consta en el acta 15 de esa fecha. Tal anuncio puede observarse en la
página 44 de la Gaceta N° 829 de noviembre 4 de 2011.
En lo que tiene que ver con los
términos de ese anuncio, según se observa en la referida acta 15, este proyecto
fue mencionado junto con todos sus datos identificadores, en el último lugar de
una lista de tres proyectos, leída poco antes del levantamiento de la respectiva
sesión, previamente a la cual el Secretario de la Comisión informó: “De
igual manera se anuncia, el Proyecto de Ley Estatutaria número 092 de 2011
Cámara, por medio de la cual se establecen mecanismos para garantizar el
pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. // Con esos
tres proyectos Presidenta, la próxima sesión, la Comisión discutirá y votará de
acuerdo a sus instrucciones.”
De otra parte, agotada la lista
de proyectos, y después de haberse reiterado el propósito de ese aviso, la
Presidenta de la Comisión, Representante Adriana Franco Castaño anunció que “se
levanta la sesión y se cita para el próximo martes 9:00 de la mañana…”.
Se observa entonces que el
anuncio constitucionalmente requerido se efectuó en términos claros y
explícitos, lo que a juicio de la Corte permitió que sus destinatarios (los
miembros de la comisión) se enteraran de manera clara y precisa del objeto de
tal anuncio, conforme a lo reiteradamente planteado por la jurisprudencia de
esta corporación. De otra parte, en lo relativo a la fecha en la que debería
tener lugar la votación anunciada, se hizo alusión a “la próxima sesión”
fórmula de determinabilidad igualmente aceptada por la Corte, además de lo
cual, la convocatoria realizada antes de levantarse la sesión precisó una fecha
también determinable a través de la expresión “el próximo martes”.
A continuación, en cumplimiento
de lo anunciado, el debate y aprobación de este proyecto se produjeron en la
siguiente sesión, esto es, la cumplida el martes 11 de octubre de 2011, de todo
lo cual da cuenta el acta 16 de ese año, publicada en la Gaceta del Congreso
910 de noviembre 29 de 2011 (págs. 1, 2 y 24), diligencia que conforme puede
comprobarse con la lectura de esta acta, contó con quórum decisorio según lo
indicó al inicio de la sesión la Presidenta de dicha célula legislativa, y que
ante la falta de posterior verificación[5],
debe asumirse que se mantuvo durante todo el transcurso de la misma.
De otra parte, se observa que
todas las decisiones que en relación con este proyecto se sometieron a votación
fueron acogidas por unanimidad de los presentes, incluyendo la proposición con
que termina el informe de ponencia, la aprobación del articulado (de 33
artículos en bloque cuya lectura se omitió), el título del proyecto y la
pregunta de si los congresistas deseaban que este proyecto pasara a segundo
debate ante la plenaria de la Cámara. De otra parte, aunque en ninguno de estos
casos se hizo constar el número de votos con que cada proposición fue aprobada,
debe anotarse que en todos ellos el Secretario recalcó que esas decisiones
fueron respaldadas “con la mayoría exigida en la Constitución y la ley para
un proyecto de naturaleza estatutaria”.
Por lo
anterior, concluye la Sala que la aprobación del proyecto por parte de esta
célula legislativa cumplió con todos los requisitos aplicables y que el anuncio
previo tuvo las condiciones necesarias para amparar válidamente dicha votación.
3.4. Trámite ante la Plenaria
de la Cámara de Representantes.
La ponencia para segundo debate,
fue presentada por los mismos Representantes que cumplieron este encargo ante
la Comisión Primera, esto es los congresistas Camilo Andrés Abril, Alfredo
Deluque, Pedrito Tomás Pereira, Rubén Darío Rodríguez, Alfonso Prada Gil y Juan
Carlos Salazar. Esta ponencia fue publicada en la Gaceta del Congreso Nº 812
del 1° de noviembre de 2011, páginas 1 a 36.
Más tarde, el anuncio previo a la
votación de este proyecto tuvo lugar durante la sesión del día 8 de noviembre
de 2011, según consta en el acta 97 de esa fecha, publicada en la Gaceta Nº 11
de enero 31 de 2012, página 55.
En esta última acta puede
verificarse que también este anuncio se realizó en términos suficientemente
claros, pues el entonces Presidente de la Cámara de Representantes, Simón
Gaviria Muñoz, indicó: “Señor Secretario, sírvase anunciar los proyectos
para el día de mañana donde la Plenaria va estar convocada a las 11 de la
mañana”. Además de esto, quien efectuó el anuncio hizo expresa referencia
al hecho de que aquel se hacía en cumplimiento de lo previsto en el Acto
Legislativo 01 de 2003 e identificó claramente el proyecto en cuestión (en el
2° lugar de una lista de 19 proyectos). Por todo lo anterior, se estima
que este anuncio es concordante con la votación posteriormente realizada en la
fecha anunciada, como se verá.
A continuación el proyecto fue
discutido y aprobado en segundo debate en sesión plenaria de noviembre 9 de
2011, con la asistencia de 96 de los representantes que conforman esa cámara
legislativa, según consta en el acta 98 de esa fecha, publicada en la Gaceta
del Congreso N° 12 de enero 31 de 2012. El articulado y las proposiciones
realizadas fueron respaldados por 95 de los representantes asistentes, lo que
implica la existencia de mayoría absoluta de los integrantes, según lo exigido
por la norma superior para el trámite de una ley estatutaria.
Se tiene
entonces que también en este caso se cumplieron conforme a la Constitución las
diligencias relacionadas con el anuncio, quórum y votación requeridos para este
proyecto de ley estatutaria.
3.5. Trámite ante la Comisión
Primera Constitucional del Senado de la República
La ponencia para primer debate
fue presentada por el Senador Luis Fernando Velasco Chaves, a quien fue
repartido el proyecto, siendo publicada en la Gaceta del Congreso Nº 904 de
noviembre 29 de 2011, páginas 7 a 52.
Según puede comprobarse en el
acta 27 de esa comisión, publicada en la Gaceta N° 26 de febrero 9 de 2012
(página 48), el anuncio de votación de este proyecto en esa célula legislativa
se produjo el 29 de noviembre de 2011.
De la lectura
de esa acta puede constatarse que, también en este caso, el anuncio cumplió los
requisitos necesarios, por cuanto estuvo precedido por la prevención de que se
procedía a la “lectura a los proyectos que por su disposición se someterán a
discusión y votación en la próxima sesión”. De otra parte, al
concluir la sesión, el Presidente de la Comisión, que era también el Senador
Luis Fernando Velasco Chaves, convocó la siguiente reunión para “el día miércoles
30 de noviembre, a partir de las 10:00 a. m.”.
Según certificación emitida por
el Secretario de la Comisión Primera, este proyecto fue discutido y aprobado en
primer debate el 30 de noviembre de 2011, tal como consta además en el acta 28
de la misma fecha, que fuera publicada en la Gaceta 27 de febrero 9 de 2012
(págs. 2 a 25). Se aprecia que la proposición con que termina el informe de
ponencia fue aprobada por 12 votos afirmativos, mientras que el título y el
articulado del proyecto lo fue por 13 votos, lo que en todos los casos implica
cumplimiento de la regla sobre mayoría absoluta, visto que la Comisión Primera
del Senado está integrada por 19 Senadores.
Acerca de la validez del aviso
efectuado conforme quedó reseñado, se anota que en este caso el anuncio fue
suficientemente preciso y se refirió a una fecha determinable, la próxima
sesión, tal como de manera reiterada lo ha aceptado la jurisprudencia de esta
corporación.
A continuación se observa que el
debate, votación y aprobación de este proyecto ciertamente tuvieron lugar en la
siguiente sesión, esto es, la del día 30 de noviembre de 2011. Por todo ello,
es evidente que para el caso se cumplieron de manera exacta esos requisitos
constitucionales.
3.6. Trámite ante la Plenaria
del Senado de la República.
La ponencia para segundo debate
fue así mismo presentada por el Senador Luis Fernando Velasco Chaves, siendo
publicada en la Gaceta Nº 955 de diciembre 12 de 2011, en las páginas 1 a 35.
En relación con el anuncio del
proyecto previo a su votación, la certificación de diciembre 14 de 2011,
suscrita por el Secretario General del Senado de la República informa que éste
se produjo el 12 de diciembre de 2011, según consta en el acta N° 27 de esa
fecha, que fuera luego publicada en la Gaceta del Congreso Nº 39 de febrero 16
de 2012.
Según se comprueba con la lectura
de la citada acta, el referido anuncio fue suficientemente claro, pues antes de
concluir la respectiva sesión, el Secretario informó: “Por instrucciones de
la Presidencia y de conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2003, por
Secretaría se anuncian los proyectos que se discutirán y aprobarán en la
próxima sesión”. A continuación, se leyeron un total de 25 proyectos,
encontrándose en el 22° lugar el Proyecto de Ley Estatutaria 167 de 2011
Senado, 092 de 2011 Cámara.
Finalmente, de acuerdo a la misma
certificación y al contenido del acta 28 del Senado, publicada en la Gaceta Nº
45 de marzo 2 de 2012, este proyecto fue discutido y aprobado en segundo debate
por unanimidad de los asistentes a la sesión realizada el 13 de diciembre de
2011, en la que, según se observa, existió quórum decisorio, integrado al
momento de la votación de este proyecto por 63 de los senadores que componen
esa corporación legislativa.
Según se
concluye entonces, la aprobación del proyecto en este último debate cumplió
también los requisitos constitucionales y reglamentarios, y el anuncio previo a
dicha votación tuvo las características que conforme a la jurisprudencia
resultan necesarias para cumplir válidamente su objetivo constitucional.
3.7.
Trámite de Conciliación de los textos aprobados.
Debido a que
el proyecto de ley estatutaria aprobado por la Cámara de Representantes, sufrió
algunas modificaciones durante su tránsito por el Senado de la República, se
conformó una comisión conciliadora integrada por el Senador Luis Fernando
Velasco Chaves y el Representante Camilo Andrés Abril Jaimes.
Estos
congresistas después de estudiar y comparar los
textos acordados por las dos cámaras legislativas, determinaron que el
texto conciliado “corresponde integralmente al texto aprobado por la
Plenaria del Senado de la República”, y procedieron a someter dicho acuerdo
a la aprobación de cada una de ellas.
3.7.1. Publicación del informe de conciliación.
El informe de conciliación junto con la versión del texto
entonces acordada fueron publicados en las Gacetas del Congreso N° 970 (páginas
1 a 16) y N° 968 (páginas 1 a
16), ambas de diciembre 13 de 2011. Así, la Corte observa que el informe de
conciliación fue publicado con anterioridad a su votación en las plenarias de
Senado y Cámara de Representantes, la cual se realizó en ambas corporaciones el
14 de diciembre de 2011, según se detalla adelante, dando así cumplimiento a la
regla contenida en el artículo 161 de la Constitución Política.
3.7.2. Aprobación en la plenaria de la Cámara de
Representantes
El anuncio de votación del texto conciliado se realizó en
la sesión plenaria de la Cámara de Representantes cumplida el día 13 de
diciembre de 2011, según consta en el acta 107 de la misma fecha, publicada en
la Gaceta N° 62 de marzo 12 de 2012, páginas 149 y 150, donde consta que el
entonces Presidente de la Cámara indicó: “vamos a anunciar los proyectos
para mañana a las 9:00 de la mañana…”, entre los cuales relacionó el
informe de conciliación del Proyecto de Ley Estatutaria 092 de 2011 Cámara –
167 de 2011 Senado.
Dicho informe fue aprobado por la plenaria de la Cámara de
Representantes, en la sesión de diciembre 14 de 2011, según puede apreciarse en
el acta 108 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso N° 94 de marzo 22
de 2012, páginas 32 y 33, en donde igualmente consta que la aprobación se
efectuó por mayoría absoluta con 87 votos afirmativos y cero negativos por parte
de los asistentes.
3.7.3. Aprobación por la plenaria del Senado de la
República
En
sesión plenaria de carácter ordinario llevada a cabo en diciembre 13 de 2011,
según consta en acta 28 de esa fecha, publicada en la Gaceta N° 45 de marzo 2
de 2012, se realizó el anuncio de discusión y votación de este proyecto en la
plenaria del Senado, en los siguientes términos: “Por instrucciones de la
Presidencia y de conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2003, por Secretaría
se anuncian los proyectos que se discutirán y aprobarán en la próxima sesión
(…) Señor Presidente es que llegaron unas conciliaciones a la oficina de leyes
que debo anunciar y son las siguientes:… Proyecto de ley número 167 de 2011
Senado, 092 de 2011  Cámara….”
Respecto de la subsiguiente aprobación del texto
conciliado, se informó que ésta tuvo lugar en la sesión plenaria del 14 de
diciembre de 2011. La certificación suscrita en marzo 16 de 2012 por el
entonces Secretario General informa que esta proposición fue acogida por un
total de 98 Senadores presentes en esa sesión. Esta información es congruente
con lo que consta en el acta 29 de la misma fecha, que fue publicada en la
Gaceta del Congreso N° 46 de marzo 2 de 2012, en la cual se lee (página 105): “La
Presidencia somete a consideración de la Plenaria el Informe de Conciliación
leído y, cerrada su discusión, esta le imparte su aprobación, con el quórum
constitucional requerido”.
3.7.4.
Sobre la objeción relativa a la publicación del Informe de Conciliación en la
misma fecha en que el proyecto fue sometido a cuarto debate
Antes de
proseguir, debe recordarse que la Jefe (e) del Ministerio Público puso a
consideración de la Corte la posible ocurrencia de un vicio de trámite durante
la fase de conciliación de este proyecto, el que en su concepto justificaría la
devolución del mismo al Congreso de la República para ser subsanado, antes de
que esta corporación decida de fondo sobre su exequibilidad material.
Según se
explicó en el concepto fiscal, si bien se habría dado cumplimiento a la
exigencia constitucional contenida en el artículo 161 que ordena que el texto
acordado por las comisiones de conciliación sea publicado “por lo menos con
un día de anticipación” a la fecha en que sea debatido y aprobado por las
plenarias[6],
se observa que ese mismo proyecto legislativo fue objeto del cuarto y último
debate en la plenaria del Senado el mismo día en que se surtió esa publicación.
Añade que además de esto, la gestión encomendada a los conciliadores tuvo que
haberse cumplido también ese mismo día, al ser un paso intermedio y necesario
entre la conclusión del debate legislativo ordinario y la publicación de ese
informe de conciliación. Así las cosas, plantea que resulta inverosímil que
todas estas diligencias hayan podido cumplirse en un mismo día, teniendo en
cuenta además que la plenaria durante la cual tuvo lugar el referido último
debate ordinario de este proyecto concluyó a las 8:50 de la noche
Frente a esas
reflexiones, y si bien resulta factible compartir hasta cierto punto la
impresión expresada por la Procuradora (e) ante la acumulación en un mismo día
de varias diligencias relevantes dentro del trámite legislativo que se revisa,
esta corporación considera también que de allí no emerge per sé un vicio
de procedimiento, menos uno de suficiente entidad como para justificar, como aquí
se plantea, la devolución de este proyecto a las cámaras legislativas para su
subsanación. Esta conclusión se deriva de las siguientes consideraciones:
En primer
lugar, y tal como quedó reseñado en el precedente relato de los hechos, se
observa que el trámite adelantado en relación con este proyecto en la plenaria
del Senado los días 13 y 14 de diciembre de 2011 cumplió fielmente los
requisitos constitucionales aplicables, principalmente los que exigen: i) que
se publique el texto conciliado a más tardar el día antes de aquel en que esa
versión se somete a aprobación de las plenarias (art. 161 inciso 2°), y ii) que
se anuncie la votación que se pretende realizar en una sesión distinta y
anterior a aquella en la que tendrá lugar esa votación (art. 160 inciso 5°),
requisitos ambos creados por el Acto Legislativo 01 de 2003.
En segundo
término, ahondando brevemente en las circunstancias en que se habrían cumplido
estos trámites por la plenaria del Senado, la Corte encuentra dos aspectos
fácticos que contribuirían a explicar la premura con que se adelantaron esas
diligencias: i) que si bien es cierto que la sesión parlamentaria del día 13 de
diciembre de 2011 se levantó a las 8:50 de la noche, ello no implica que solo a
esa tardía hora hubiere concluido el trámite legislativo ordinario de este
proyecto de ley estatutaria. Por el contrario, según se aprecia de la lectura
del acta 28 correspondiente a esa fecha[7],
y aunque tales actas no suelen precisar la hora exacta en que se realizaron las
distintas diligencias allí recogidas, al observar la secuencia en que fueron
considerados los distintos proyectos listados en el orden del día, es claro que
el debate y aprobación de este proyecto no fue la última, ni tampoco una de las
últimas cumplidas ese día, de tal manera que el Senador designado para acordar
la versión final junto con el Representante a la Cámara pudo ciertamente
disponer de tiempo para adelantar esa gestión; ii) que siendo claro que la
versión conciliada fue exactamente aquella que en la misma fecha había sido
acogida por la plenaria del Senado, la labor de los conciliadores en relación
con este tema ha podido ser especialmente rápida, para hacer posible la
subsiguiente publicación de su informe a las plenarias.
A partir de
estas reflexiones encuentra la Corte que no se presentó en este caso el vicio
de procedimiento insinuado por el concepto fiscal, sino por el contrario, que
durante la fase de conciliación de este proyecto se cumplió con todos los requisitos
aplicables.
3.8. Sobre
los requisitos especiales que el artículo 153 de la Constitución establece para
el trámite de las leyes estatutarias
Según puede
observarse a partir del relato contenido en los puntos anteriores, este
proyecto de ley cumplió también los requisitos especiales aplicables al trámite
de leyes estatutarias.
En efecto, el
proyecto inició su trámite en el mes de septiembre de 2011, y lo concluyó,
habiendo agotado todas sus etapas, en el mes de diciembre del mismo año. Así,
se cumple sin ninguna dificultad el requisito relacionado con el trámite dentro
de una sola legislatura, que para este caso fue la comenzada el 20 de julio de
2011, concluida el 20 de junio del presente año.
De otra
parte, y según se comprueba con el recuento contenido en los puntos 3.3 a 3.7
anteriores, el proyecto de ley que se analiza cumplió en todas sus etapas con
el requisito constitucional relativo a la existencia de mayoría absoluta en
cada una de las votaciones, tal como se explica a continuación:
En el primer
debate ante la Comisión Primera de la Cámara de Representantes[8], el proyecto fue acogido
por unanimidad de los presentes, habiéndose constatado la existencia de quórum
decisorio, lo que a su turno implica la presencia de al menos la mitad más uno
de sus miembros, esto es la mayoría absoluta de éstos.
Durante el
segundo debate en la plenaria de esta cámara el proyecto tuvo el voto favorable
de 95 representantes de los 166 que la conforman[9].
Más adelante, la versión conciliada fue aprobada por 87 votos[10], cifra que también
supera el número mínimo requerido.
En la
Comisión Primera del Senado de la República el articulado del proyecto y su
título tuvieron el respaldo de 13 de los 19 Senadores que la integran[11].
Finalmente,
durante el cuarto debate ante la plenaria del Senado[12] el proyecto fue aprobado
por 63 de los miembros de esa corporación legislativa, conformada por 102
Senadores, al paso que la versión posteriormente conciliada tuvo el voto
favorable de 98 Senadores[13],
según lo certificó el Secretario General del Senado.
3.9.
Votación pública y nominal
Como quedó
dicho, el actual texto del artículo 133 de la Constitución exige que el voto de
los miembros de los cuerpos colegiados se exprese de manera pública y nominal,
excepto en los casos que determine la ley. Estos supuestos fueron desarrollados
por la Ley 1431 de 2011, que modificó en algunos artículos el Reglamento del
Congreso contenido en la Ley 5ª de 1992.
En
consecuencia, es necesario verificar si en cada uno de los debates
desarrollados durante este trámite legislativo, los congresistas expresaron su
voto de esa manera, y en caso contrario, si en tales hipótesis concurrió alguna
de las causales de excepción previstas por esa ley. Sin embargo, debe aclararse
que en verdad solo podría concurrir una de esas situaciones, la existencia de
unanimidad en torno a la aprobación de los textos propuestos[14], en cuanto este modo de
votación permite indirectamente conocer el sentido de cada voto, cumpliéndose
así el objetivo por el cual el constituyente exigió la votación pública y
nominal. Así las cosas, se observa:
(i). En la
aprobación de este proyecto en la Comisión Primera de la Cámara de
Representantes[15]
no se votó de manera pública y nominal, sino por votación ordinaria. Sin
embargo, al haberse registrado unanimidad de pareceres frente a la decisión
propuesta, lo ocurrido se enmarca dentro de una de las excepciones
desarrolladas por la ley arriba citada, dado que además, según se observa en la
respectiva acta, ninguno de los representantes presentes solicitó la votación
pública y nominal, lo que permite concluir que en este caso resultaba válido
haber prescindido de tal diligencia.
(ii). En el
segundo debate ante la plenaria de la Cámara de Representantes, sí se realizó
la votación pública y nominal, tanto en relación con la parte del articulado
que fue aprobada en bloque como con lo que se votó separadamente. En la
respectiva acta[16]
constan los nombres de los 95 representantes que acompañaron esta iniciativa.
(iii). En la
aprobación en primer debate por la Comisión Primera del Senado se cumplió
también el requisito de la votación pública y nominal, según se observa en el
acta de esa fecha[17].
(iv). En la
aprobación en último debate ante la plenaria del Senado[18] se usó la votación nominal
y pública respecto de la primera proposición, esto es, la de dar segundo debate
a este proyecto. A continuación, las proposiciones sobre omisión de lectura del
articulado, aprobación del articulado y título del proyecto fueron aprobadas
mediante votación ordinaria y de manera unánime, proceder que resulta válido
por las razones explicadas en el punto (i) anterior.
(v). En la
aprobación de la versión conciliada por la plenaria del Senado[19] se procedió también
mediante votación ordinaria pero unánime, conforme lo autoriza la norma de la
Ley 1431 de 2011 antes citada.
(vi). Por
último, la aprobación de ese informe de conciliación por la plenaria de la
Cámara de Representantes[20]
se efectuó mediante votación pública y nominal.
Por
consiguiente, existe claridad sobre el cumplimiento de esta exigencia
constitucional en todas las etapas del proceso legislativo, bien por la
efectiva realización de votaciones públicas y nominales, bien por la existencia
de unanimidad entre los congresistas presentes, caso en el cual la ley autoriza
la votación ordinaria.
3.10.
Sobre el cumplimiento de los principios de unidad de materia, consecutividad e
identidad flexible
Dado que en
el presente caso la Corte ejerce un control de constitucionalidad automático e
integral, cuyo resultado genera efectos de cosa juzgada absoluta, se hace necesario
examinar si el contenido final del proyecto enviado para revisión observa
adecuadamente esos trascendentales criterios de la actividad legislativa. Para
ello, la Sala efectuará una breve reflexión introductoria sobre el sentido que
la jurisprudencia constitucional le ha atribuido a cada uno de estos conceptos.
Como es
sabido, el principio de unidad de materia, de que trata el artículo 158
de la Constitución Política al señalar que “Todo proyecto de ley deberá
referirse a una misma materia y serán inadmisibles las disposiciones o
modificaciones que no se relacionen con ella”, pretende asegurar que las
leyes tengan un contenido sistemático e integrado, referido a un solo tema, o
eventualmente, a varios asuntos claramente relacionados entre sí.
La importancia
de este principio radica en que a través de su aplicación se busca evitar que
los legisladores, como también los ciudadanos, sean sorprendidos con la
aprobación subrepticia de normas que nada tienen que ver con la(s) materia(s)
que constituye(n) el eje temático de la ley aprobada, y que por ese mismo
motivo, pudieran no haber sido objeto del necesario debate democrático al
interior de las cámaras. De igual manera, su debida observancia contribuye a la
coherencia interna de las normas y facilita el cumplimiento y aplicación de
estas últimas al evitar, o al menos reducir, las dificultades y discusiones
interpretativas que en el futuro pudieran surgir como consecuencia de la
existencia de disposiciones no relacionadas con la materia principal a la que
la ley se refiere.
La Corte
Constitucional ha analizado este tema en gran cantidad de decisiones[21], cuyo
estudio sistemático refleja la dificultad que en ocasiones puede suponer la
determinación sobre el acatamiento o infracción de este principio, dependiendo
del criterio que se asuma en cuanto a cuál ha de considerarse el tema
principal, y frente a qué tipo de relación respecto de él puede tenerse como
aceptable. Con todo, más allá de esa circunstancia, la Corte ha resaltado que
este principio debe interpretarse y aplicarse en forma flexible, pues de lo
contrario podría llegar a invadirse la órbita de competencia del poder
legislativo, poniendo así en riesgo el principio democrático.
En esta misma
línea, al analizar recientemente la importancia de este principio en relación
con el trámite y contenido de una ley estatutaria[22], precisó esta
corporación que “la violación del principio de unidad de materia se
acreditará únicamente cuando se demuestre que el precepto no tiene ninguna
relación de conexidad objetiva y razonable (de carácter causal, temático,
sistemático o teleológico) con la materia de la ley respectiva.” Y agregó
seguidamente que “En ese sentido, el principio de unidad de materia resulta
vulnerado sólo cuando el precepto de que se trate se muestra totalmente ajeno
al contenido temático de la ley que hace parte.”
En lo que
atañe a los principios de identidad flexible y consecutividad, la
Corte ha reconocido que entre ellos existe una íntima relación conceptual, al
punto que en ocasiones son fácilmente confundidos. Por esta razón, la
jurisprudencia ha procurado definir con claridad el distinto alcance de cada
uno de ellos[23].
En esta
perspectiva ha explicado este tribunal que mientras que el principio de consecutividad
se refiere al hecho de que la materia o tema de la que tratan las disposiciones
aprobadas haya estado presente a lo largo de los cuatro debates previstos en la
norma superior, el de identidad flexible es el que permite que dicha
presencia permanente durante el tránsito legislativo se tenga por cumplida, no
obstante el hecho de que los textos o contenidos normativos no hayan sido
exactamente los mismos a lo largo de tales debates, en razón a la introducción
de modificaciones parciales, la evolución de las ideas y/o la combinación de
distintas propuestas como producto del debate argumentativo que tiene lugar
durante el decurso del trámite legislativo, en desarrollo de la deliberación
democrática. Según se observa entonces, mientras que el primero de estos
principios, es decir el de consecutividad, contiene una exigencia, el de
identidad flexible plantea en cambio una permisión, que atempera la
rigurosidad con que, de no ser por su presencia, debería observarse el primero.
A partir de
la vigencia de estos dos principios, cabe recordar que frente a la ya comentada
exigencia del artículo 157 acerca de la realización de un total de cuatro (4)
debates, la jurisprudencia ha reconocido y resaltado que no es indispensable
que los textos finalmente aprobados sean totalmente idénticos durante todo ese
transcurso, ya que según se desprende del contenido de los subsiguientes
artículos 160 y 161 de la Constitución, resulta posible introducir
modificaciones, adiciones y/o supresiones durante los debates ante cada
plenaria. Incluso, está expresamente previsto que en caso de que al término del
trámite legislativo existieren discrepancias entre las versiones aprobadas por
cada una de ellas, como de hecho ocurrió con el proyecto cuya exequibilidad
ahora se revisa, se acudirá a la conformación de sendas comisiones de
conciliación a efectos de acordar un único texto final.
Es por ello
que esta Corte ha resaltado que, diferente de lo que ocurría en vigencia de la
anterior Constitución, se trata de una identidad flexible, ya que el
actual texto constitucional es explícito en permitir la introducción de
modificaciones durante el trámite legislativo.
Con base en
estos presupuestos, la jurisprudencia ha subrayado entonces que para que se
entiendan respetados esos dos principios, es decir consecutividad e identidad
flexible, es preciso que las adiciones o modificaciones que se introduzcan
durante el trámite en las plenarias se refieran a temas que hubieren sido
conocidos y debatidos en las respectivas comisiones. Así, la flexibilidad a
que se ha hecho referencia, significa que es aceptable introducir artículos
específicos que no hubieren hecho parte de los textos aprobados por las
comisiones, pudiendo por ejemplo hacerse un desarrollo más prolijo del tema en
cuestión, o por el contrario, uno más conciso y de menor extensión, siempre y
cuando, se insiste, dicho tema hubiere sido conocido y analizado por la
comisión constitucional respectiva[24].
Ahora bien,
analizado a partir de estos conceptos el contenido del proyecto de Ley
Estatutaria 092 de 2011 Cámara – 167 de 2011 Senado que en este caso analiza la
Corte, se encuentra que el mismo cumple sin dificultad esos criterios.
En efecto, en
lo que atañe a la unidad de materia, observa la Sala que todas las
distintas disposiciones que integran este proyecto de ley, en total 32
artículos, participan de un mismo eje temático, que en este caso, y en
concordancia con lo anunciado por el título del proyecto, es el relativo al
desarrollo y extensión de los derechos de las personas con discapacidad.
Así,
partiendo desde el objeto de esta ley (art. 1°), las definiciones de conceptos
de uso frecuente a través de su texto (art. 2°) y los principios aplicables
(art. 3°), pasando por la enunciación de las obligaciones del Estado y la
sociedad (arts. 5° y 6°), y especialmente a todo lo largo de la pormenorizada
explicación sobre las distintas medidas que se propone adoptar para facilitar y
hacer posible el efectivo ejercicio de los derechos de este grupo poblacional
(arts. 7° a 26), puede constatarse que en todas estas disposiciones existe un
mismo tema protagónico y principal, que no es otro que los derechos de las
personas que sufren alguna discapacidad.
En esa misma
línea, si bien existe innegable diversidad entre los distintos temas que este
proyecto desarrolla en relación con tales personas, entre ellos los procesos de
rehabilitación, los derechos a la salud, a la educación, al trabajo, al acceso
a los espacios públicos, al transporte, a la cultura, a la recreación, a la
vivienda, a la justicia, etc., es evidente que todos ellos tienen en común, tal
como lo plantea su artículo 1°, el objetivo de “garantizar y asegurar el
ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad”.
Además de
esto, destaca la Corte que del detallado análisis de ese articulado, no se
encuentra ningún ejemplo de disposiciones de las que, según lo ha planteado la
jurisprudencia de esta Corte, pudiera afirmarse que carecen de toda relación de
conexidad objetiva y razonable con ese eje temático claramente identificado.
Así las cosas, y aunque sin perjuicio del más detenido análisis de tales
preceptos que más adelante llevará a cabo la Sala, estas circunstancias son sin
duda suficientes para tener por cumplido el criterio de unidad de materia,
a efectos del control que en el presente caso corresponde adelantar a la Corte.
En lo que
hace al cumplimiento de los principios de consecutividad e identidad
flexible, derivados del contenido de los artículos 157, 160 y 161 de la
carta política, considera de igual manera la Corte que ellos se cumplen sin
dubitación.
Para llegar a
esa conclusión, la Sala ha examinado y comparado cuidadosamente, por conducto
del Magistrado sustanciador, el contenido y alcance de las sucesivas versiones
de este proyecto generadas a través del trámite legislativo, y particularmente
la primera de ellas, contenida en el proyecto originalmente presentado por el
entonces Ministro del Interior[25]
frente a la última, aquella que fue objeto de conciliación entre los
representantes de las dos cámaras legislativas y que posteriormente se envía a
conocimiento de esta Corte, y en caso de ser encontrada exequible, a sanción presidencial.
Como
resultado de esta comparación, si bien debe reconocerse que el proyecto fue
objeto a lo largo de su trámite de modificaciones de cierta importancia[26], suficientes
para justificar la necesidad de conciliar las versiones finales de ambas
cámaras, según puede apreciarse en tales ponencias, esos cambios estuvieron
principalmente encaminados a precisar el sentido de sus disposiciones, a
mejorar la presentación de los distintos temas, así como su redacción y
gramática y a lograr mandatos lo más claros y comprehensivos posible, sin
afectar su contenido global, el cual ha de considerarse constante a lo largo de
su trámite legislativo.
Así por
ejemplo, mientras que el proyecto original constaba de 33 artículos, el final
tiene 32, la mayoría de ellos con los mismos temas de la versión inicial. En
otro aspecto puede apreciarse también que aunque se abandonó parcialmente la
metodología inicialmente planteada que dividía esos preceptos en Títulos y
éstos en Capítulos, quedando finalmente organizada solo en Títulos, los grandes
temas que determinan estas subdivisiones son esencialmente los mismos (objeto;
definiciones y principios; obligaciones del Estado y la sociedad; medidas para
la garantía del ejercicio efectivo de los derechos de las personas con
discapacidad; disposiciones finales).
Más allá de
estas observaciones, de manera general se aprecia que los distintos temas que
integran la versión final de este proyecto, que ahora es objeto de control
constitucional, estuvieron presentes en todas las etapas del trámite
legislativo, lo que precisamente implica cabal aplicación de los principios de
consecutividad e identidad flexible, que en este punto se analizan.
Como muestra
de esta situación, en la que más allá de los cambios de redacción generados
durante el trámite del proyecto se demuestra la pervivencia de los mismos
elementos y temas principales durante todo ese transcurso, puede citarse un
ejemplo: Es el caso de las constantes referencias que en la versión original
del proyecto advertían, frente a los distintos derechos que se consagran, que
su efectivo ejercicio estaría condicionado “de acuerdo con su disponibilidad
presupuestal”[27],
precauciones que en la ponencia para primer debate ante la Comisión Primera del
Senado se propuso suprimir[28]
reemplazándolas por los deberes de planeación presupuestal y la sujeción al
Marco Fiscal de Mediano Plazo de que se habla especialmente en los numerales
8°, 9° y 10 del artículo 5° de la versión final[29]. En este caso, tanto
como en otros semejantes, las fórmulas concretas adoptadas por la versión final
del proyecto que ahora se revisa, son plenamente válidas respecto de los
principios de consecutividad e identidad flexible, pues más allá de los cambios
circunstanciales, es claro que esos temas en todo momento estuvieron presentes
dentro del debate legislativo, que es el criterio determinante en la
verificación del cumplimiento de estos principios.
De otra
parte, no se encuentra en la versión final de este proyecto ningún aspecto
específico que hubiere sido tardíamente introducido, y que en esa medida infrinja
el principio de consecutividad.
Por todo lo
anterior, concluye la Sala que el trámite de este proyecto de ley estatutaria
acató debidamente los principios de unidad de materia, consecutividad e
identidad flexible, parámetros frente a los cuales habrá de ser considerado
plenamente exequible.
3.11.
Sobre la eventual obligatoriedad del procedimiento de consulta previa
Recientemente,
la Corte ha incorporado al análisis de constitucionalidad de los proyectos de
ley estatutaria[30]
el estudio sobre la necesidad de adelantar en relación con la temática que es
objeto de desarrollo legislativo un procedimiento de consulta previa con las
comunidades étnicas, en acatamiento a los mandatos contenidos en el Convenio
169 de la Organización Internacional del Trabajo OIT, instrumento que según lo
ha reconocido la Corte desde sus inicios, forma parte del bloque de
constitucionalidad[31].
Tal como lo
precisa el texto de ese convenio (art. 6°) y lo ha explicado reiteradamente la
jurisprudencia constitucional[32],
la obligatoriedad o no de este trámite previo al propiamente legislativo
depende de si las medidas que se pretende adoptar afectan directamente al menos
una comunidad específica, en cuyo interés se hace necesario llevar a cabo este
procedimiento.
En el
presente caso, el análisis del proyecto de ley estatutaria sometido a revisión
permite apreciar, sin lugar a dudas, que la norma propuesta sería de interés
para las comunidades indígenas y/o afrodescendientes, en la medida que algunos
de sus integrantes sean personas que padezcan algún tipo de discapacidad, caso
en el cual, todos ellos podrán verse beneficiados por las medidas contenidas en
esta futura ley.
Sin embargo,
precisamente por cuanto las limitaciones que afectan a las personas en
situación de discapacidad y que este proyecto busca ayudar a superar son una
circunstancia transversal a todos los habitantes del territorio nacional, es
así mismo claro que nada en su contenido afecta de manera directa a ninguna de
esas comunidades, puesto que estas normas se aplicarán de manera uniforme a
todas las personas en esta situación, según las circunstancias de cada una de
ellas. En esta medida encuentra la Sala que no resultaba necesario adelantar
ese trámite antes de presentar el proyecto de ley a consideración de las
cámaras legislativas.
Así las
cosas, si bien en ningún momento del trámite que se examina se hizo siquiera
alusión a la eventual necesidad de adelantar una consulta previa, circunstancia
que tampoco mereció protesta de ninguno de los participantes en tales
diligencias, entiende la Corte que esa omisión no resulta en modo alguno reprochable,
ni causa para este caso un defecto procedimental, sino más bien que es
explicable, en razón a la no pertinencia de ese requisito.
En
consecuencia, concluye la Sala que no existe, en relación con el proyecto
analizado, error ni defecto alguno de carácter procedimental, relacionado con
la supuesta pretermisión de esta diligencia.
3.12.
Sobre el análisis de impacto fiscal durante el trámite del proyecto
Como es
sabido, la Ley 819 de 2003, que adiciona en lo pertinente las normas orgánicas
de presupuesto[33],
estableció una carga adicional para los participantes del proceso legislativo,
consistente en la necesidad de hacer explícito el impacto fiscal de todo
proyecto que ordene gasto público u otorgue beneficios tributarios. De igual
manera, este precepto exige que el referido impacto fiscal de cada
proyecto normativo sea compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo,
concepto que desarrolla el artículo 1° de esa misma ley.
En la medida
en que se trata de una norma orgánica, a las que conforme al artículo 151
superior estará sujeto el ejercicio de la actividad legislativa, esos preceptos
vienen a ser parámetro de constitucionalidad de las demás leyes, incluso de las
de carácter estatutario, y de allí la necesidad de verificar este aspecto.
Empero, es claro que la obligatoriedad de esta regla depende de que, en efecto,
el proyecto de que se trata ordene gasto u otorgue beneficios tributarios.
Examinado
también en esta perspectiva el contenido de este proyecto de ley, encuentra en
primer término la Sala que ninguna de las disposiciones que lo componen otorga
beneficios tributarios[34].
Tampoco sería exacto sostener que este proyecto ordena gasto, pues si bien se
pretende establecer una política pública de amplísimo espectro, y en desarrollo
de ella, un conjunto de importantes deberes para varias dependencias y entidades
del Estado, éstos no están concebidos como mandatos imperativos que obliguen a
las autoridades a la realización de obras específicas u actividades que
impliquen directa erogación de recursos públicos[35].
En la mayoría
de los casos lo que este proyecto establece son competencias administrativas a
cargo de determinadas entidades públicas, cuyo ejercicio no implica gasto, o al
menos no en cantidades apreciables, pese a lo cual debe reconocerse que existen
algunas pocas disposiciones que tendrían una mucho más inmediata relación con
la realización de gasto público. Por otra parte, el texto examinado plantea
también metas específicas de mejoramiento de condiciones de vida para la
población en situación de discapacidad que el país deberá alcanzar en
determinados plazos, las cuales deberán tenerse en cuenta en la elaboración de
los respectivos planes de desarrollo. Así las cosas, si bien el ejercicio de
tales competencias o la ejecución de las acciones que se diseñen para procurar
el cumplimiento de esas metas podrán implicar el cálculo y apropiación de
recursos para el desarrollo de esos programas, ello no será consecuencia directa
de las disposiciones estatutarias cuya exequibilidad ahora se analiza, sino de
las decisiones y actos administrativos que en ese momento se expidan. En esa
medida, considera la Sala de manera general que este proyecto no genera en sí
mismo gasto, por lo cual el análisis de impacto fiscal no resultaba necesario y
obligatorio en relación con el mismo.
Más allá de
esta circunstancia, y si bien el proyecto inicial ciertamente no incluyó una
estimación del impacto fiscal de esta iniciativa, la Corte encuentra que varias
de las disposiciones del texto final contienen precisiones relacionadas con la
sabida necesidad de erogar recursos para el cumplimiento de los objetivos de
esta norma y del tratado internacional que a través suyo se busca implementar[36].
Son de este
tipo varias referencias, incluidas principalmente en el artículo 5° del
proyecto, en las que se habla de la necesidad de asignar, en los distintos
niveles territoriales, partidas presupuestales al cumplimiento de los
propósitos de esta ley, así como las advertencias que la misma norma realiza en
torno a la permanente sujeción de las acciones que para su cumplimiento se
ejecuten al llamado Marco Fiscal de Mediano Plazo, establecido de conformidad
con las reglas contenidas en la Ley 819 de 2003. Como también las ya
mencionadas frecuentes alusiones a la sujeción a disponibilidades
presupuestales contenidas en la versión original en la mayoría de los artículos
de este proyecto, que al avanzar el debate fueron retiradas, precisamente como
resultado de la incorporación de los otros conceptos de sostenibilidad fiscal
que líneas atrás fueron mencionados.
Ahora bien,
al margen de esas precisiones, la Corte encuentra que la preocupación por estos
aspectos por parte de los miembros del Congreso, tanto los ponentes como los
demás participantes en los debates, fue permanente a lo largo de todo el
trámite legislativo, siendo resultado de ello las precauciones de carácter
fiscal y presupuestario que arriba fueron comentadas.
Así mismo, es
apreciable que el Gobierno, en cuyo interés se han establecido las precauciones
contenidas en la Ley 819 de 2003 estuvo al tanto en todo momento sobre las
implicaciones fiscales y la evolución de esta iniciativa, en primer lugar por
ser el autor de la misma, pero también por el acompañamiento permanente que
cumplió durante las distintas etapas del trámite legislativo[37]. Por esto, si bien es
indiscutible que la total ejecución de las acciones propuestas en el mediano y
largo plazo implicará una importante erogación de recursos públicos, es claro
que en este caso el Gobierno Nacional participó activamente con total
conciencia y conocimiento sobre esas circunstancias.
A partir de
todo lo anterior, constata la Sala que aun cuando en el presente caso podría
ser discutible la necesidad de observar a plenitud los especiales deberes
contenidos en el artículo 7° de la Ley 819 de 2003, los miembros del Congreso y
el Gobierno Nacional tuvieron el cuidado de hacerlo, lo que naturalmente en
nada perjudica el trámite de este proyecto o su exequibilidad, sino por el
contrario fortalece su sentido democrático y denota adicional responsabilidad
de parte de los participantes. Por ello estima la Corte que también en cuanto a
este aspecto, el proyecto analizado cumplió a cabalidad con los requisitos
aplicables.
3.13.
Resumen sobre el cumplimiento de los requisitos constitucionales aplicables al
trámite legislativo surtido por este proyecto
Frente al
trámite adelantado en las cámaras legislativas respecto del Proyecto de Ley
Estatutaria número 167 de 2011 Senado – 092 de 2011 Cámara “por medio de la
cual se establecen disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los
derechos de las personas con discapacidad”, la Corte observa lo siguiente:
El proyecto
de ley surtió de manera satisfactoria la totalidad de las diligencias previstas
en la Constitución y en el Reglamento del Congreso para el trámite de una
iniciativa de esta naturaleza, pues dicho proyecto: (i) fue publicado antes de
iniciarse el proceso legislativo; (ii) fue aprobado tanto en primero como en
segundo debate en cada una de las dos cámaras que conforman el órgano
legislativo, con el quórum y las mayorías exigidas por la Constitución y el
Reglamento para un proyecto de ley estatutaria; (iii) las ponencias, tanto en
comisiones como en plenaria fueron publicadas antes de iniciarse los
respectivos debates; (iv) entre el primero y segundo debate realizado en cada
cámara, así como entre la aprobación del proyecto en la plenaria del Senado y
la iniciación del trámite en la Cámara de Representantes transcurrieron los
términos mínimos previstos en el texto constitucional (art. 160); (v) fue
objeto de conciliación entre representantes autorizados por el Presidente de cada
cámara, versión que fue luego aprobada por las plenarias de ambas, todo ello
bajo los parámetros previstos en el artículo 161 de la Constitución; (vi) la
votación realizada en cada una de esas etapas fue previamente anunciada en
sesión diferente, con las formalidades exigidas en el artículo 160 superior;
(vii) fue aprobado en su totalidad dentro del curso de una sola legislatura,
que fue la iniciada el 20 de Julio de 2011 y concluida el 20 de junio del
presente año; (viii) fue enviado para su revisión de constitucionalidad a
conocimiento de esta Corte según lo previsto en el artículo 153 superior.
En lo que
atañe a su contenido se observó que: (i) cumple de manera satisfactoria con los
criterios de unidad de materia, consecutividad e identidad flexible; (ii) no
estaba sujeto a los requisitos sobre consulta previa y estimación de su impacto
fiscal, este último de acuerdo con lo establecido en la Ley 819 de 2003.
Las anteriores verificaciones
permiten entonces concluir que este proyecto de ley debe ser declarado
exequible en todas sus partes, de momento en lo que concierne al cabal
cumplimiento de los requisitos relativos a su trámite.
4. Análisis material sobre el
contenido del Proyecto de Ley Estatutaria número 167 de 2011 Senado –
092 de 2011 Cámara
Para
desarrollar este punto, la Corte dividirá su exposición en cuatro apartes
principales: En el primero de ellos se referirá brevemente a los objetivos de
la ley estatutaria propuesta, y a su adecuación constitucional. En segundo
lugar hará una presentación global del contenido específico de este proyecto. A
partir de ello, en el tercer punto realizará una exposición de contenido
teórico sobre algunos importantes temas constitucionales de los cuales
dependerá la exequibilidad de sus distintas disposiciones. Finalmente, en el
cuarto punto examinará de manera concreta el contenido de cada uno de los
artículos de este proyecto de ley a la luz de los criterios constitucionales
relevantes, y anunciará el sentido de la decisión que en relación con ellos se
adopta en la parte resolutiva de este fallo.
4.1. Del
propósito de este proyecto de Ley Estatutaria
Según puede
observarse desde su exposición de motivos, el proyecto de ley estatutaria de
cuya revisión constitucional se trata en este caso tiene por principal objeto
expedir los desarrollos normativos a los cuales se comprometió el Estado
colombiano mediante la suscripción de la “Convención sobre los derechos de
las personas con discapacidad” adoptada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006 e incorporada al derecho interno
mediante Ley 1346 de 2009 (que en lo sucesivo dentro de esta providencia se
denominará simplemente la Convención), que en su momento fue también
objeto de control automático de constitucionalidad por parte de esta
corporación[38].
Adicionalmente,
la propuesta y aprobación de este proyecto es también expresión del creciente y
renovado interés y sensibilidad que durante los años recientes han demostrado
la comunidad internacional, así como la ciudadanía y las autoridades de
Colombia, en torno a la situación de las personas que por diversos motivos
afrontan una discapacidad, y a la necesidad de protegerlas de manera efectiva y
promover las condiciones para su plena integración a la sociedad, personas que
según se anotó en la exposición de motivos de este proyecto, representarían
aproximadamente el 6% de la población nacional.
Como prueba de este interés pueden citarse también otros tratados, que
además de la Convención antes referida, e incluso con anterioridad a
ella, trazaron pautas sobre los deberes que el Estado tiene para con la
población que padece alguna discapacidad[39].
En esa línea, aún cuando no son expresamente citados dentro de esta propuesta
normativa, deben mencionarse, comenzando por los emanados de la Organización de
las Naciones Unidas, la Declaración de los Derechos del Retrasado Mental
(1971) y la Declaración de los Derechos de los Impedidos (1975), y las Normas
Uniformes sobre la igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad
(de carácter no vinculante, adoptadas en 1993). Dentro del ámbito continental
se destaca también la Convención Interamericana para la Eliminación de todas
las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad de 1999,
incorporada al derecho interno por Ley 762 de 2002, una de cuyas estipulaciones
(art. 3°) compromete a los Estados suscriptores a adoptar las medidas de
carácter legislativo que resulten necesarias para eliminar la discriminación
contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la
sociedad, frente a lo cual se proponen varios ejemplos[40].
Además de estos, existen otros importantes tratados de contenido
general, así mismo suscritos y ratificados por Colombia, incluso algunos de
ellos integrantes del bloque de constitucionalidad, con los cuales puede
relacionarse la norma que se analiza, pues aunque de manera global y menos
directa, protegen también los derechos de ese extenso grupo poblacional[41].
Más allá de
esta consideración global, es evidente que la proyectada Ley Estatutaria sobre
los derechos de las personas con discapacidad busca llevar a efecto importantes
mandatos constitucionales, principalmente los contenidos en los incisos 2° y 3°
de su artículo 13, que en su orden imponen al Estado la obligación de promover
las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, y la de proteger
de manera especial a aquellas personas que debido a su condición física o
mental estén en circunstancias de debilidad manifiesta. Al igual que lo
previsto en su artículo 47, que de manera específica ordena al Estado adelantar
una política de previsión, rehabilitación e integración social para los
disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes deberá prestarse la
atención especializada que requieran.
A partir de
estas breves consideraciones, y previamente al análisis detallado de las
disposiciones que hacen parte de este proyecto de ley (el cual se aborda en los
siguientes acápites), destaca la Sala que éste contiene y desarrolla un
conjunto concatenado de instrumentos de diversa índole, que en tal medida
constituyen una política pública sobre el tema de atención a la discapacidad,
perspectiva desde la cual sus objetivos se ajustan sin dificultad a la
normativa superior.
4.2. Del
contenido de este proyecto
El texto de
este proyecto de ley consta de un total de treinta y dos (32) artículos
divididos en cinco (5) distintos títulos. El más extenso e importante de ellos
es el Título IV, que contiene y desarrolla las medidas para la garantía del
ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad (artículos
7° a 26).
Tal como lo
señalaron algunos de los intervinientes dentro de este proceso, el proyecto
sometido a examen constitucional es en buena medida una recopilación de
disposiciones preexistentes, quizás no todas ellas de nivel legal, y
ciertamente no de carácter estatutario, a través de las cuales se ha buscado
proteger a estas personas y facilitar su nivelación en cuanto a las desventajas
que sufren respecto de los demás habitantes del territorio.
Sin embargo,
con la sola excepción de la Ley 361 de 1997 “Por la cual se establecen
mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan
otras disposiciones” y en fechas más recientes la Ley 1145 de 2007 “Por
medio de la cual se organiza el Sistema Nacional de Discapacidad y se dictan
otras disposiciones” (las cuales son frecuentemente citadas por este
proyecto) ninguna de ellas ha estado claramente dirigida a sistematizar esa
legislación, como ahora se pretende. En este sentido, estima este tribunal que
ese esfuerzo compilador resulta valioso en cuanto permite apreciar con mayor
claridad los contenidos normativos que buscan proteger a estas personas, además
de lo cual facilita el ejercicio y defensa de los derechos que se les reconocen
y atribuyen.
De otra
parte, las reglas y mandatos recogidos por esta ley son también resultado de la
copiosa y activa jurisprudencia constitucional existente sobre la materia,
construida en desarrollo de los ya citados criterios contenidos en el texto
superior, en los tratados aplicables vigentes para Colombia y en los escasos
referentes normativos hasta ahora disponibles. En esta medida, podría hablarse
de que esta ley estatutaria implica la positivización de esa vigorosa línea
jurisprudencial, en cuanto plantea, ahora con la fuerza de mandatos normativos
específicos, gran cantidad de aspectos y reglas particulares en beneficio de
las personas con discapacidad, que con anterioridad habían sido identificados,
principalmente por los jueces de tutela, como derivados de esos mismos mandatos
constitucionales, en proceso semejante al que en años recientes ha tenido lugar
en relación con otros temas que han sido materia de ley estatutaria[42].
Ahora bien,
de manera general debe señalarse, tal como lo hiciera uno de los
intervinientes, que el texto de este proyecto de ley adolece de frecuentes
deficiencias de gramática y redacción, pese al progresivo mejoramiento que el
mismo pudo haber tenido durante las sucesivas etapas del trámite legislativo.
Se trata de errores de construcción semántica que en general no impiden el
recto entendimiento de sus disposiciones, y que por esa razón, no serían en
ningún caso motivo de inexequibilidad de ninguna de ellas. Sin embargo, no hace
parte de las facultades de la Corte en un trámite como el presente pronunciarse
sobre la forma correcta en la que tales textos han debido redactarse desde el
punto de vista gramatical. En cambio, y tal como lo ha reconocido esta
corporación[43],
es facultad del Gobierno Nacional expedir, si lo considera necesario, un
decreto mediante el cual se corrijan los yerros caligráficos o tipográficos
contenidos en la ley, siempre que en tales casos no quede duda en cuanto a la
verdadera voluntad del legislador.
En cuanto al
contenido específico de este proyecto de ley se observa lo siguiente:
El Título I
está conformado únicamente por su artículo 1°, en el cual se enuncia el objeto
de esta ley en los términos que ya han quedado planteados. Esta norma ejemplifica
como posibles acciones para el logro de tales objetivos la adopción de medidas
de inclusión, acciones afirmativas y ajustes razonables, así como la
eliminación de toda forma de discriminación. Además cita en forma expresa la
Ley 1346 de 2009, que como ha quedado dicho, incorporó al derecho interno la
más reciente Convención de las Naciones Unidas sobre el tema.
El Título II
sobre Definiciones y Principios abarca los artículos 2° al 4°, y como su
nombre lo indica, incorpora varias definiciones sobre conceptos de uso común a
lo largo de este proyecto normativo, entre ellas la de personas con y/o en
situación de discapacidad, acciones afirmativas, acceso y accesibilidad,
barreras y enfoque diferencial, así como los principios que lo
inspiran, los cuales deben servir como criterios de interpretación de sus
disposiciones en caso necesario. También se refiere a lo que se denomina la
dimensión normativa de esta ley, punto en el cual se citan en forma genérica
los tratados internacionales sobre la materia, que no serían otros que los
referidos en el punto anterior.
El Título III
(arts. 5° y 6°) aborda de manera prolija los que serán los principales deberes
de las autoridades y de la sociedad dentro de este contexto, los que luego son
desarrollados y especificados en los artículos subsiguientes.
El Título IV,
que como se anotó, reúne las principales disposiciones sustanciales en relación
con el tema propuesto, se extiende desde el artículo 7° hasta el 26 y
desarrolla, generalmente a razón de un tema por artículo, lo que sería el
alcance de los principales derechos de las personas en situación de
discapacidad, incluyendo entre otros, la rehabilitación integral, la salud, la
educación, el trabajo, la accesibilidad a los bienes colectivos, el transporte,
la información, la vivienda, la cultura, la recreación, el acceso a la justicia
y la participación ciudadana. Se anota que los artículos 22 a 26 de este
proyecto conforman un Capítulo II al interior de este Título IV, sin que en
realidad exista un Capítulo I, lo que posiblemente es consecuencia de las ya
comentadas deficiencias de estilo.
La mayoría de
los artículos que conforman este título consta de varios numerales que
desarrollan con gran amplitud distintos aspectos del respectivo derecho, muchos
de los cuales establecen funciones específicas en cabeza de distintas
autoridades públicas y/o obligaciones a cargo de los particulares, a través de
cuyo cumplimiento se espera hacer posible el efectivo ejercicio de aquellos.
En relación
con las normas de este título, debe anotarse, de manera general, que pese a la
extensión y prolijidad con que son tratados la mayoría de los temas que se han
considerado relevantes en relación con los derechos de las personas con
discapacidad, los que como se expresó conforman un planteamiento de política
pública consolidada en relación con el tema, muchas de esas disposiciones
conservan un alto grado de generalidad, lo que deja planteada la necesidad de
que para procurar su completo desarrollo y efectividad se expidan normas reglamentarias
o de otro carácter.
Finalmente,
el Título V (arts. 27 a 32) incorpora disposiciones principalmente operativas,
entre ellas algunas relacionadas con la divulgación que deberá hacerse de esta
ley, su reglamentación por parte del Gobierno, las sanciones que se impondrán a
quienes infrinjan sus disposiciones, y la regla sobre su entrada en vigencia.
Se destaca en esta parte lo que la norma denomina un mecanismo independiente
para la promoción, protección y supervisión al ejercicio de los derechos de las
personas con discapacidad, tema del cual trata el artículo 30.
4.3.
Aspectos constitucionales relevantes en relación con la exequibilidad material
de las disposiciones de este proyecto de Ley Estatutaria
En este
acápite la Corte se refiere a un nivel abstracto a los principales temas de
carácter constitucional que resultan pertinentes y relevantes en relación con
el contenido de este proyecto. En el punto siguiente, a partir de esos
planteamientos la Corte analizará de manera particular la exequibilidad de esas
disposiciones.
En esta
perspectiva, la Sala considera necesario volver sobre el concepto de acciones
afirmativas, que es transversal a todo el contenido de este proyecto
legislativo. En segundo lugar, estima pertinente explorar brevemente los
alcances de la autonomía territorial, en cuanto el proyecto atribuye funciones
en relación con el tema tanto a las autoridades nacionales como a las locales.
Y por último, dado que varias de sus disposiciones prevén la necesidad de
expedir decretos reglamentarios en relación con temas específicos, se detendrá
a explicar las condiciones en las que conforme a la Constitución debe ejercerse
esa función.
4.3.1. El
concepto de acciones afirmativas y su trascendencia constitucional
Como ya se ha
explicado, los mandatos sustantivos contenidos en el proyecto de Ley
Estatutaria que ahora se revisa tienen el propósito de hacer posible la
igualdad real y efectiva de las personas con discapacidad, quienes
originalmente se encuentran en situación de desventaja respecto de aquellos que
gozan de la plenitud de sus facultades. En esa perspectiva, la mayoría de las
medidas a cuya implementación se dispone el Estado y se exhorta y compromete a
los particulares, tienen el carácter de acciones afirmativas,
denominación que, como es sabido, alude a todas aquellas medidas, políticas o
decisiones públicas a través de las cuales se establece un trato ventajoso, y
en cuanto tal formalmente desigual, que favorece a determinadas personas o
grupos humanos que tradicionalmente han sido marginados o discriminados, con el
único propósito de avanzar hacia la igualdad sustancial de todo el conglomerado
social. Por ello conviene entonces referirse brevemente a este aspecto, ya que
el mismo tiene incidencia en las características del análisis de
constitucionalidad que en este caso ocupa a la Corte.
La acción
afirmativa es un concepto acuñado por el sistema jurídico de los Estados
Unidos durante la segunda mitad del siglo pasado con el propósito de promover
medidas encaminadas a superar la discriminación y los prejuicios que, más de
cien años después de la abolición de la esclavitud, existían aún en contra de
la población afrodescendiente, y comprende decisiones de carácter legislativo,
ejecutivo, e incluso judiciales[44].
Poco tiempo después este concepto fue acogido en Europa[45], en donde tuvo gran
desarrollo, especialmente frente a la situación de las mujeres, y su entonces
incipiente incursión en varios espacios hasta poco antes reservados a los
hombres, entre ellos el ámbito profesional y laboral y el de la participación
política.
La doctrina y
la jurisprudencia de esos países han reconocido varios tipos de acción
afirmativa, destacándose entre ellas las acciones de promoción o facilitación,
y las llamadas acciones de discriminación positiva, que si bien en
algunos casos se confunden con el concepto mismo de acción afirmativa, son en
realidad una especie de esta última.
Las acciones
de discriminación positiva tienen lugar en un contexto de distribución y
provisión de bienes públicos escasos, tales como puestos de trabajo, cargos
públicos de alto nivel, cupos educativos o incluso, selección de contratistas
del Estado. En todos los casos la implementación de una acción afirmativa
conlleva costos o cargas, que deben ser razonables, y que frecuentemente se
diseminan y son asumidos por la sociedad como conjunto. Sin embargo, debe
resaltarse que en el caso de las acciones de discriminación positiva, la carga
puede recaer de manera exclusiva sobre personas determinadas.
Si bien en
nuestro país existen normas anteriores a 1991 que podrían ser entendidas como
acciones afirmativas, este concepto gana especial notoriedad sobre todo a
partir de la entrada en vigencia de la nueva Constitución Política, cuyo
artículo 13 resalta el deber del Estado de promover las condiciones para que
la igualdad sea real y efectiva y adoptar medidas a favor de los grupos discriminados
o marginados. El texto superior contiene además otras previsiones que de
manera particular plantean el mismo principio respecto de colectividades
específicas, entre ellas los artículos 43 a favor de las mujeres, 47 a favor de
las personas que padecen discapacidad (precisamente el tema que en este caso
ocupa a la Corte) y 171 y 176 sobre circunscripciones especiales para
determinados grupos étnicos para la elección de Senado y Cámara de
Representantes.
A partir de
estos criterios, compete al legislador dar cumplimiento a estos mandatos, para
lo cual le corresponde fijar el contenido específico y la extensión de los
alcances de las medidas y beneficios genéricamente previstos en la
Constitución. Sin embargo, en desarrollo de su facultad de libre configuración
normativa, el Congreso puede también crear, por iniciativa propia o del
Gobierno, nuevas acciones o políticas afirmativas en favor de sujetos o
poblaciones que por sus circunstancias o características particulares,
considere merecedores de especial protección[46].
A partir de
esas pautas, este tribunal se ha ocupado del tema, con mayor frecuencia en los
años más recientes, tanto en decisiones de constitucionalidad sobre la
exequibilidad de medidas legislativas de este tipo o su eventual omisión[47] como en
decisiones de tutela en las que se ordena adelantar acciones concretas o
abstenerse de afectar de manera negativa, grupos o personas merecedoras de especial
protección constitucional[48].
Las acciones
afirmativas han sido aplicadas en Colombia respecto de los temas que según se
reseñó, explican el origen de este concepto en otros países, pues esos
problemas se encuentran igualmente presentes en nuestra sociedad. Pero además,
se han extendido también a muchos otros aspectos, más propios de nuestro
contexto, por ejemplo frente a situaciones originadas en la pobreza económica o
la falta de instrucción.
Las medidas
contenidas en el caso del proyecto de Ley Estatutaria que ahora se revisa,
particularmente en su Título IV, tienen sobre todo el carácter de acciones de
promoción y facilitación, pues apuntan a remover barreras y dificultades y a
crear condiciones que favorezcan el pleno ejercicio de los derechos de las
personas que padecen discapacidades. En este sentido, su carácter de acciones
afirmativas es entonces un factor altamente incidente en la exequibilidad de la
mayoría de ellas. Sin embargo, esa circunstancia plantea también la necesidad
de verificar la razonabilidad de esas medidas, pues no resultaría
constitucionalmente admisible, por ejemplo, que a partir de ellas se generaran
situaciones que pongan en desventaja a las personas que no se encuentran en
situación de discapacidad ni que su implementación suponga un gravamen excesivo
o desproporcionado para otros sujetos.
Así las
cosas, la presencia de medidas específicas de acción afirmativa en un contexto
como el aquí planteado habrá de considerarse en principio acorde a la
Constitución, en cuanto contribuye a la realización de importantes objetivos
superiores, entre ellos la igualdad real y efectiva, reconocida como derecho
fundamental dentro del Estado social de derecho. No obstante, excepcionalmente
podrían ser halladas contrarias al orden constitucional, en aquellos casos en
que resulten desproporcionadas, particularmente frente a la magnitud de la
carga que su plena realización necesariamente implica a otros sujetos, que
deberán gravarse de distintas maneras para hacer posible el logro de la
finalidad pretendida por cada una de tales acciones.
Para
determinar este aspecto, en aplicación de la jurisprudencia vigente de este
tribunal deberá emplearse un test de intensidad intermedia, puesto que
los derechos afectados por esos mayores esfuerzos y/o eventuales restricciones
no tienen en general carácter fundamental, y también por ser este el parámetro
usualmente empleado para la evaluación de las medidas de acción afirmativa[49]. En estos
casos, la constitucionalidad de las medidas propuestas depende principalmente
de la importancia que el texto constitucional le atribuya al fin perseguido, y
de la efectiva conducencia del medio escogido para alcanzar la nivelación
pretendida.
En
consecuencia, la Corte aplicará este parámetro en el subsiguiente punto 4.4 en
el que se estudia de manera individual la exequibilidad de las distintas
medidas previstas dentro de este proyecto. Sin embargo, debe anticiparse que
ese análisis se concentrará principalmente en el segundo de tales aspectos,
puesto que en este caso el primero podría considerarse suficientemente
esclarecido, en cuanto como es sabido, todas estas medidas persiguen un mismo
fin, la efectiva protección de los derechos de todas las personas afectadas por
situaciones de discapacidad, cuya importancia constitucional bien podría
calificarse como superlativa, en cuanto existen disposiciones superiores
expresas[50]
en las que consta el gran interés del Estado y la sociedad por lograr estos
propósitos.
4.3.2. La
autonomía territorial y su incidencia en relación con la asignación de
competencias a favor de la población en situación de discapacidad
La
Constitución de 1991 desde su artículo 1° establece como características
inherentes al Estado que por ella se regula las de ser una república unitaria,
descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales. Más adelante,
el Título XI desarrolla estos elementos básicos, y en su artículo 287 determina
los derechos mínimos de las entidades territoriales, género que incluye entre
otros a los departamentos, distritos y municipios. Entre esos derechos se
encuentran los de: i) gobernarse por autoridades propias; ii) ejercer las
competencias que les correspondan; iii) administrar los recursos y establecer
los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, y iv) participar
de las rentas nacionales.
En virtud del
principio de Estado unitario, solo a nivel de la Nación pueden expedirse normas
de carácter legal, por parte del Congreso de la República. Empero, como
expresión de su autonomía, las entidades territoriales pueden expedir ciertas
normas y adoptar importantes decisiones, pero siempre con el carácter de actos
administrativos y con plena sujeción a lo que establezca la ley. En este
sentido, si bien los artículos 300 y 313 atribuyen la regulación de
determinados temas a las asambleas departamentales y a los concejos distritales
o municipales, incluso el derecho a ejercer esas competencias estaría limitado
por lo que al respecto haya determinado la ley. Por lo anterior, en realidad no
existen en nuestro sistema asuntos estrictamente reservados a las entidades
territoriales, puesto que a partir de la cláusula general de competencia
legislativa, el Congreso podría ocuparse de cualquier materia, determinando así
el alcance específico de las competencias en los demás niveles.
En esa
perspectiva, la ley puede imponer a las entidades territoriales funciones
específicas e incluso cargas sobre determinados asuntos que, de no mediar esa
preceptiva, podrían ser libremente decididas por ellas. Así, no se considera
que el señalamiento por ley de ciertas competencias y funciones a cargo de
aquellos entes infrinja la autonomía constitucional que les es inherente. Con
todo, es claro que los departamentos, distritos y municipios podrían realizar
desarrollos normativos adicionales a los previstos en la ley, por ejemplo
brindando un mayor grado de protección o de beneficios a determinados sujetos,
lo que sí constituiría una válida expresión de esa autonomía.
La Corte
retoma estos criterios en el punto siguiente para referirse a los deberes que
el proyecto analizado crea en cabeza de los entes territoriales en relación con
los distintos derechos de las personas en situación de discapacidad.
4.3.3.
Propósito y alcances de la potestad reglamentaria
El artículo
189 de la Constitución de 1991 al listar las principales funciones del
Presidente de la República menciona en su numeral 11 la de “ejercer la
potestad reglamentaria, mediante la expedición de los decretos, resoluciones y
órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes”[51]. A través de esta
facultad, el Presidente, en su carácter de suprema autoridad administrativa,
puede instruir a sus subalternos, que son todos los servidores que conforman la
Rama Ejecutiva, sobre la mejor manera de llevar a efecto los mandatos
legislativos.
Dado que la
propia Constitución se refiere a esta función como una potestad, la
jurisprudencia ha reconocido que la capacidad de reglamentar la ley es una
función autónoma del Presidente de la República[52], en cuanto su
realización depende enteramente de la iniciativa y voluntad de éste, como
también que es permanente e ilimitada en el tiempo, pues la norma superior no
señala términos o plazos específicos dentro de los cuales deba ejercerse, por
lo que tampoco la ley podría hacerlo.
No obstante,
la práctica de los años recientes muestra un entendimiento parcialmente
diferente de la potestad reglamentaria por parte del legislador, quien con
frecuencia ordena expedir este tipo de decretos en relación con temas
específicos, atribuye esta facultad a autoridades distintas al Presidente,
ubicadas en niveles inferiores de la Rama Ejecutiva, o señala plazos
específicos para su ejercicio. Algunas de estas situaciones pueden corresponder
también a un entendimiento más genérico del verbo reglamentar, no
necesariamente ligado a esta tradicional competencia presidencial.
A partir de
estas circunstancias, la jurisprudencia constitucional de este tribunal ha
reinterpretado los alcances de esta facultad. Así, ha aceptado que como
expresión de la misma función de producción normativa, el legislador prevea la
necesidad de reglamentar ciertas materias, especialmente cuando el desarrollo
que él mismo ha hecho de ellas ha sido apenas parcial[53]. De igual manera ha
permitido también que se atribuya facultad reglamentaria a otras autoridades
administrativas, con la precisión de que las normas que llegaren a expedirse no
tienen la misma jerarquía que las emanadas del Presidente de la República[54]. Y ha
aceptado incluso, que se señale un tiempo determinado para la expedición de
ciertos decretos, entendiendo que se trata simplemente de una forma de
propiciar la más pronta expedición de las normas que se estiman necesarias para
la mejor aplicación de una determinada preceptiva, también bajo el supuesto de
haber sido parcial el desarrollo legislativo del tema.
Sin embargo,
recordando que el poder reglamentario es una facultad presidencial autónoma, la
Corte ha precisado que su ejercicio frente a las leyes cuya aplicación
corresponde a la Rama Ejecutiva no depende de una pretendida habilitación
legislativa, como también que en ningún caso se extingue esta facultad por el
agotamiento del término que hubiere señalado en la ley. Así, la suprema
autoridad administrativa tiene entonces competencia para expedir decretos
reglamentarios respecto de cualquier ley que deba ser cumplida por sus
subalternos, y puede hacerlo sin límite de tiempo, pudiendo incluso modificar,
reemplazar o derogar las normas que con anterioridad hubiere dictado[55].
Por último,
es claro también que las normas reglamentarias tienen una relación de
accesoriedad respecto de la ley que es reglamentada. Esa premisa tiene varias
importantes consecuencias, entre ellas que no puede ejercerse esta potestad si
no existe una normatividad legal que pueda ser objeto de ella, así como que en
caso de derogatoria, inexequibilidad, o cualquier otra situación por la que
desaparezca la norma reglamentada, los decretos reglamentarios corren igual
suerte.
La Sala
vuelve también sobre estas precisiones al analizar en el siguiente acápite la
constitucionalidad de los mandatos desarrollados por este proyecto de ley,
algunos de los cuales prevén la necesidad de expedir decretos reglamentarios
frente a algunos de los derechos que se atribuyen a la población en
discapacidad.
4.4.
Análisis del articulado propuesto y análisis sobre su exequibilidad
Con base en
las anteriores consideraciones y las demás que resulten necesarias, a
continuación procede la Corte a analizar más detenidamente el contenido de los
distintos artículos que conforman este proyecto de ley, agrupándolos cuando
ello resulte conveniente, a efectos de decidir sobre su constitucionalidad. Así
mismo, y en la medida en que resulte pertinente, la Sala hará también
referencia en este acápite a algunos de sus pronunciamientos, que constituyan
precedente relevante en relación con los distintos temas que son objeto de
tales disposiciones.
En primer
término, las normas de los Títulos I y II  son el artículo 1° (objeto),
2° (definiciones), 3° (principios) y 4° (dimensión normativa). El contenido de
estas disposiciones, que en su mayor parte ha sido ya comentado en apartes
anteriores de esta providencia, corresponde de manera exacta a lo que cada uno
de esos títulos anuncia, sin que se observen elementos que supongan algún tipo
de conflicto constitucional.
El artículo 1° identifica el objeto de la ley,
estableciendo que éste consiste en “garantizar y asegurar el ejercicio
efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, mediante la adopción
de medidas de inclusión, acción afirmativa y de ajustes razonables, buscando
eliminar toda forma de discriminación.” Adicionalmente, precisa que todo lo
anterior guarda concordancia con la Ley 1346 de 2009, que como se ha anotado,
es la norma que incorpora al derecho interno la más reciente convención de las
Naciones Unidas sobre este mismo tema (en adelante simplemente la Convención),
criterio que en modo alguno plantea cuestionamientos de constitucionalidad.
El artículo 2° contiene las definiciones que se proponen respecto de
algunos de los principales términos y conceptos empleados de manera frecuente
en la parte dispositiva de este proyecto de ley, entre las cuales se incluyen
las de persona con discapacidad, inclusión social, acciones afirmativas, acceso
y accesibilidad, barreras (que pueden ser actitudinales, comunicativas o
físicas), rehabilitación funcional e integral y enfoque diferencial. Además, el
parágrafo de esta misma norma incorpora también las definiciones contenidas en
el artículo 2° de la Convención, dentro de las cuales se destacan las de
ajustes razonables y diseño universal, también de uso frecuente a lo largo de
este proyecto de ley.
En relación con esta norma es importante anotar que la
definición de personas con y/o en situación de discapacidad, que
delimita el conjunto de sujetos que serán beneficiados por las disposiciones de
esta ley, es casi idéntica a la empleada en el artículo 1° de la Convención,
siendo la única diferencia entre ellas la inclusión del criterio de deficiencia
a mediano plazo[56]
como generadora de discapacidad. Sobre este trascendental concepto debe
destacarse que ninguna de las dos definiciones plantea distinciones en cuanto a
la causa de la deficiencia impeditiva, quedando entonces igualmente cobijados
por esta ley las personas que hubieren nacido con esas limitaciones, quienes
las desarrollen de manera sobreviniente o evolutiva durante su ciclo vital y
quienes lleguen a esa condición como resultado de un accidente o causa física
externa de cualquier origen.
De manera general, la Corte considera que la incorporación
de estas definiciones resulta útil el mejor entendimiento y aplicación de esta
importante ley, en la medida en que puede contribuir a evitar el surgimiento de
controversias interpretativas que impidan su efectiva aplicación. De otra
parte, observa que esas definiciones son congruentes
con los conceptos y el lenguaje que habitualmente se emplea en los tratados
internacionales sobre la materia, y que nada en su contenido podría conducir a
un entendimiento restrictivo de los derechos de las personas con discapacidad
ni a otra situación contraria a los principios constitucionales.
De manera semejante, el artículo 3° incorpora los
principios que en su momento guiarán la interpretación de este articulado,
entre ellos los de dignidad humana, respeto, autonomía, igualdad, equidad, justicia,
inclusión, progresividad en la financiación, aceptación de la diferencia,
varios de los cuales aparecen también, con propósito semejante, en el artículo
3° de la Convención. Tampoco en este caso encuentra la Corte razón que
pudiera conducir a la inexequibilidad de alguno de estos conceptos.
Por su parte, el artículo 4°, denominado dimensión
normativa, se limita a señalar que las disposiciones de esta ley deben
complementarse con las de los principales tratados internacionales sobre la
materia, criterio que como ya se dijo, contribuye a la mejor realización de los
cometidos constitucionales.
Por estas razones, la Corte declarará la exequibilidad de
los artículos 1° a 4° de este proyecto.
Las normas del Título III
desarrollan con gran prolijidad lo que serán los deberes de carácter general
que competen a las autoridades públicas (art 5°) y a la sociedad (art. 6°). De
manera general, la Corte no encuentra en ninguna de estas disposiciones
elemento alguno que sea contrario a la Constitución, ni a las competencias y
deberes que ella asigna.
El artículo 5°, sobre los
deberes de las autoridades, consta de 13 numerales, los cuales incluyen, entre
otros, aspectos tales como: i) la necesidad de dar pleno cumplimiento a los
compromisos adquiridos por Colombia dentro del marco de la Convención
(num. 1°); ii) la necesidad de incorporar a los planes de desarrollo, en cada
nivel territorial, la política pública de la respectiva entidad sobre el tema
de discapacidad (num. 2°); iii) la obligación de incluir en los respectivos
presupuestos los recursos necesarios para la ejecución de esta política y de
las respectivas metas (num. 4); iv) el deber de implementar mecanismos que
permitan mantener actualizado el registro y localización de las personas con
discapacidad (num. 5). La Corte considera que estas obligaciones, así como las
otras que no se mencionan de manera expresa en este aparte resultan conducentes
al logro de los objetivos de la ley propuesta y en nada se oponen a los
contenidos constitucionales.
De este artículo 5° debe
resaltarse también el rol protagónico que se atribuye, tanto al Ministerio de
Hacienda como al Departamento Nacional de Planeación, dentro del ámbito de sus
respectivas competencias, lo que de alguna manera los erige en líderes al
interior del Estado de la ejecución de esta importante política pública. En
esta línea se destaca, por ejemplo, el deber que estas dos entidades tendrán de
elaborar anualmente los estudios económicos necesarios para calcular el monto
de los recursos requeridos para la cada vez más completa ejecución de esta
política pública (nums. 8° y 9°), todo ello con sujeción al llamado Marco
Fiscal de Mediano Plazo. Estas previsiones reflejan el interés de conciliar el
efectivo cumplimiento de los derechos de las personas que padecen discapacidad
con necesarias precauciones de responsabilidad y sostenibilidad fiscal,
recientemente subrayadas con la aprobación del Acto Legislativo 03 de 2011, y
además implican cumplimiento de las precauciones y formalidades establecidas en
la Ley Orgánica 819 de 2003, que más atrás quedaron reseñadas.
En cuanto a los deberes que el artículo
6° establece a cargo de la familia, las empresas, los gremios y la sociedad
en general, deben destacarse los relativos a: i) participar en la integración
de veedurías ciudadanas (num. 1); ii) implementar acciones y estrategias
dirigidas al logro de las metas y objetivos de esta ley (num. 2); iii)
promover, difundir y respetar los derechos de las personas con discapacidad
(num. 3); iv) denunciar los actos de exclusión, discriminación o segregación
que se cometa contra personas con discapacidad (num. 7°). La Sala encuentra que
todas estas obligaciones pueden ser entendidas como desarrollo de los valores y
principios constitucionales, entre ellos los ya citados artículos 13 y 47, de
los deberes ciudadanos desarrollados en el artículo 95, y en especial del
principio de solidaridad, mencionado desde el artículo 1° del texto superior.
Por lo anterior, tampoco existe oposición entre esos mandatos y la
Constitución.
Los artículos 7° a 26, que componen el Título
IV de este proyecto, incorporan las distintas medidas que en relación con
cada derecho de las personas con discapacidad deberán implementarse. Esas normas
definen, según los conceptos que antes se dejaron planteados, un conjunto de acciones
afirmativas en beneficio de esta población, por lo cual constituyen la
parte dispositiva más importante de esta iniciativa. A continuación la Sala se
refiere de manera esquemática al contenido de cada una de estas normas, después
de lo cual hará una reflexión de carácter general sobre la constitucionalidad
de tales medidas y se referirá puntualmente a aquellas que merecen algún
comentario respecto de su constitucionalidad o la eventual necesidad de un
condicionamiento.
El artículo 7° desarrolla en 6
numerales los especiales deberes de las autoridades para con los niños y
niñas con discapacidad. Se destacan en esta norma el deber de establecer
programas de detección
precoz de la discapacidad (num. 2), así como las funciones que se asignan a las
Direcciones Territoriales de Salud (num. 3) y al Ministerio de Educación (nums.
5 y 6), estos últimos encaminados a garantizar que la discapacidad de los
infantes no tenga como consecuencia su no ingreso al sistema educativo. El
contenido de estas reglas sobre el alcance de estos derechos es enteramente
concordante con el desarrollo jurisprudencial que sobre el tema ha trazado
previamente este tribunal[57].
El artículo 8° sobre acompañamiento a las familias
plantea que las estrategias de rehabilitación de las personas en situación de
discapacidad deben siempre contemplar la participación de la familia, respecto
de lo cual cita el artículo 23 de la Convención. Luego, en 5 numerales,
desarrolla las principales responsabilidades que en relación con este tema se
atribuyen al Estado, a las entidades territoriales, y de manera particular al
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y al SENA.
El artículo 9° enuncia el
derecho de las personas con discapacidad a la habilitación y rehabilitación
integral, lo que implica que ante una situación de este tipo, sea ella
congénita o sobreviniente, la persona afectada tiene derecho a no permanecer en
situación de limitación, debiendo agotarse todos los medios disponibles para
brindarle el máximo mejoramiento posible. Este derecho se traduce en varias
acciones específicas, desarrolladas en 10 numerales, la mayoría de las cuales
se atribuyen al  Ministerio
de Salud y Protección Social.
Dentro  de  las  varias  funciones  asignadas
a  ese  Ministerio  se  destacan  las  de: i) incorporar dentro de los planes
de beneficios obligatorios los servicios de rehabilitación integral (num. 1);
ii) velar por la calidad de los servicios de salud que se presten a las
personas con discapacidad (nums 2 y 3); iii) incluir servicios de asistencia
domiciliaria y residencial que faciliten el disfrute de una vida  digna  y
eviten el aislamiento  de las  personas  con discapacidad (num 5); iv) regular
la dotación,  fabricación y  suministro de  prótesis  y ayudas técnicas (num.
8); v) garantizar que en relación con estos servicios no habrá necesidad de
cancelar copagos o cuotas moderadoras (num. 9°).
Las reglas sobre este tema son también reflejo de las
previamente desarrolladas por la abundante jurisprudencia constitucional en
torno a la importancia y alcances del concepto de rehabilitación integral de
las personas con discapacidad. En este sentido pueden destacarse, por ejemplo,
sentencias que han ordenado a los prestadores de servicios de salud la entrega
de prótesis anatómicas u ortopédicas, o de elementos destinados a suplir o
mejorar una determinada función corporal, entre ellas muletas, sillas de
ruedas, lentes o audífonos[58].
El artículo 10 desarrolla lo
relativo al derecho a la salud. Esta norma está dividida en tres extensos apartados, que
separan las funciones que en relación con este derecho se atribuyen al
Ministerio de Salud, a las entidades prestadoras de servicios de salud EPS y a
la Superintendencia del ramo, las cuales se subdividen a su vez en funciones
específicas.
Mientras que las funciones que se
asignan al Ministerio son sobre todo de planeación, las de las EPS tienen que
ver con las condiciones del servicio que se presta a las personas en
discapacidad, destacándose entre estas las de garantizar que los servicios de
salud se presten en lugares cercanos a la residencia de las personas
interesadas, o en su defecto se garantice el desplazamiento de ellas y un
acompañante (num. 2°, letra c), así como el mandato general de eliminar
cualquier medida, acción, procedimiento que directa o indirectamente dificulte
el acceso a los servicios de salud  (num. 2°, letra c).
Los aspectos relacionados con el disfrute lo más pleno
posible del derecho a la salud por las personas que padecen una discapacidad,
ahora desarrollados por este artículo, han sido también objeto de amplio
estudio por parte de los jueces constitucionales. Así por ejemplo, la sentencia
T-760 de 2008 (M. P. Manuel José Cepeda Espinosa) que como es sabido,
sistematiza y compendia la jurisprudencia en torno a este importante derecho,
contiene importantes referencias acerca de la situación particular de las
personas que padecen una discapacidad. De otra parte, antes y después de ese
trascendental pronunciamiento, han existido muchos más, tanto en relación con
el diseño e implementación de políticas públicas sobre la materia, tema ahora
desarrollado por el numeral 1° del artículo 10, como en torno a la provisión de
prestaciones y servicios de salud requeridos por personas en estado de
discapacidad, sobre el cual trata el numeral 2° de esta misma norma[59].
El artículo 11, quizás el más
extenso de toda esta ley, desarrolla el derecho a la educación. Se
encuentra dividido en 4 grandes secciones o numerales, según el sujeto al que
se atribuyen determinadas funciones en relación con el tema, que en total son
más de 40.
La primera de estas secciones establece competencias
en cabeza del Ministerio de Educación Nacional en relación con la educación
preescolar, básica y media, entre ellas las de mejorar el acceso, promover una
cultura de respeto a la diversidad, garantizar asignación de recursos,
implementar apoyos pedagógicos relacionados con el desarrollo de niños y niñas
con discapacidad, entre otras.
El numeral 2° señala las obligaciones
de las entidades territoriales certificadas respecto de la prestación del
servicio de educación focalizado a la población con discapacidad, las cuales
incluyen, entre otras, funciones de planeación, realización de campañas y
actividades de sensibilización y acompañamiento a los establecimientos
educativos en la implementación de acciones específicas.
El numeral 3° enumera las funciones que
se asignan a los establecimientos educativos públicos y privados, las cuales
incluyen lo relativo a la plena inclusión de los niños con discapacidad, la
identificación y superación de barreras, el esfuerzo por garantizar un cuerpo
docente idóneo, entre otros.
Finalmente, el numeral 4° se refiere
también al Ministerio pero en lo atinente a la educación superior, tema frente
al cual establece diversas funciones conducentes a la consolidación de una
política educativa inclusiva y equitativa.
Según puede apreciarse, la totalidad de
las competencias que el proyecto analizado pretende asignar en relación con el
derecho a la educación propugnan por su efectividad mediante la plena inclusión
al sistema educativo de los estudiantes afectados por algún tipo de
discapacidad, desde su infancia hasta la educación superior, en la misma
dirección trazada desde sus inicios por la jurisprudencia constitucional de
este tribunal[60].
El artículo 12 trata sobre el derecho
a la protección social, respecto del cual cita el artículo 28 de la Convención.
Este artículo le atribuye responsabilidades al Ministerio de Trabajo, al
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y a las entidades
territoriales, entre ellas las de promover acciones conducentes a la
formalización del empleo de estas personas, brindar acompañamiento a las
familias de las personas en situación de discapacidad y fomentar prácticas de
inclusión laboral respecto de ellos.
En la misma línea, el artículo 13 garantiza
el derecho al trabajo de las personas con discapacidad, para lo cual
desarrolla en 8 numerales las acciones que deberán cumplir diversos sujetos públicos y privados, entre
ellos el Gobierno Nacional en su conjunto, el Ministerio de Trabajo, el SENA,
el Fondo Nacional de Ahorro, BANCOLDEX, los empresarios y empleadores privados,
etc., con el fin de promover y facilitar la ubicación laboral de estas
personas.
En lo atinente al Gobierno y los
Ministerios, este artículo incluye la orden de expedir decretos reglamentarios
para desarrollar determinados estímulos al empleo de las personas con
discapacidad, entre ellos el establecimiento de un puntaje adicional en
procesos de licitación pública para aquellas empresas que empleen personas con
discapacidad o que sean gestionadas por ellas (num. 1) y lo que genéricamente
se denomina un sistema de preferencias a favor de tales empresas y de
las mismas personas en situación de discapacidad (nums. 7 y 8).
Respecto de instituciones públicas
tales como el SENA, el Fondo Nacional de Ahorro y BANCOLDEX (nums. 3, 4 y 5
respectivamente) se establecen tareas específicas dirigidas a garantizar que
las personas en situación de discapacidad puedan de manera efectiva acceder a
los servicios que ellas prestan, e incluso a que se diseñen programas o líneas
de atención para ellos, dentro del marco de la misión institucional de cada una
de tales entidades.
Frente a los empresarios, el numeral 6°
recopila y hace alusión a los estímulos previamente existentes para que ellos
vinculen laboralmente a personas con discapacidad, incluyendo los previstos en
la Ley 361 de 1997. De otra parte, y de manera específica alude a los estímulos
económicos que el Ministerio de Hacienda debe establecer en desarrollo del
artículo 27 de la Convención.
El artículo 14 desarrolla en
perspectiva general lo relativo a los conceptos de acceso y accesibilidad de
las personas en situación de discapacidad, los cuales se aplican al entorno físico, al transporte, la
información y las comunicaciones, al espacio público y los lugares abiertos al
público, y a otros bienes y beneficios colectivos, temas que se ven
complementados en los dos artículos subsiguientes.
Estos conceptos están ligados, en los
términos de las definiciones contenidas en el artículo 2°, con el proceso de
identificación y eliminación de barreras, que se refiere a los obstáculos
físicos o arquitectónicos, así como a los tecnológicos, comunicativos y
actitudinales. Las reglas generales que sobre este tema plantea el artículo 14
del proyecto guardan también relación con los desarrollos jurisprudenciales de
los años recientes que han ligado el proceso de remoción de barreras y
promoción de la accesibilidad con el pleno disfrute de los derechos
fundamentales, principalmente la igualdad y la dignidad humana[61].
En relación con el acceso al transporte
y al espacio público, este artículo plantea en sus numerales 2° y 3°, metas
específicas sobre el nivel de mejoramiento que se espera alcanzar en un plazo
determinado de 10 años que se contarían a partir de la entrada en vigencia de
esta ley.
En la misma línea, se habla de manera
específica del deber de las alcaldías y curadurías de incluir dentro de los
factores de los que depende el otorgamiento de licencias de construcción, la
garantía de accesibilidad de las personas con discapacidad. Además, se habla de
manera específica de la necesidad de que las instituciones responsables
garanticen la adecuación de lugares tales como campus universitarios, teatros,
auditorios y escenarios culturales y deportivos.
En directa conexión con el anterior,
el artículo 15 sobre derecho al transporte,  garantiza la posibilidad de hacer uso
de los distintos medios de transporte, en los términos previstos en el artículo
20 de la Convención. Para esto, establece responsabilidades en cabeza
del Ministerio del ramo y de algunas de sus entidades adscritas, entre ellas la
Aeronáutica Civil y la Superintendencia de Puertos y Transportes.
En relación con este propósito se
destacan el deber de realizar adecuaciones a los aeropuertos y terminales de
transporte, así como a los sistemas de transporte integrado masivo, incluyendo
lo relativo a disponibilidad de guías y señalización adecuada, de tal modo que
se haga posible su uso efectivo por parte de las personas con discapacidad.
De otra parte se establece que los
vehículos que habitualmente transporten a una persona que padezca discapacidad
estarán exentos de las restricciones de movilidad que establezcan los
municipios y departamentos, tema que se ordena reglamentar por parte del
Ministerio del Transporte dentro de un plazo de 6 meses.
Por su parte, el artículo 16 sobre
derecho a la información y comunicaciones establece en 10 numerales diversas acciones y
competencias, cuyo principal responsable será el Ministerio de Tecnologías de
la Información y las Telecomunicaciones. Entre estas se cuentan las
relacionadas con la facilitación del acceso a los medios de comunicación, a la
televisión pública con inclusión de lenguaje de señas y el sistema de closed
caption o subtítulos, el acceso a Internet, programas para la utilización
de software libre y otros semejantes. También en este caso se prevé la
necesidad de que el referido Ministerio expida (aunque sin plazo perentorio) un
decreto reglamentario que fije los estándares de accesibilidad de las personas
con discapacidad a todos los sitios Web y a los sistemas de información de las
entidades estatales en particular a las personas con discapacidad sensorial.
El artículo 17 trata sobre el
derecho a la cultura, respecto del cual se cita también la Convención, que desarrolla
este tema en su artículo 30. A este respecto se establecen también,
en 16 numerales, una serie de funciones en cabeza del Ministerio de Cultura,
las cuales incluyen acciones tales como garantizar el acceso de las personas
con discapacidad a eventos y actividades culturales (nums. 1 y 7), realizar
campañas en las que se haga uso de las expresiones artísticas de estas personas
(num. 6), garantizar la difusión y el ejercicio de los derechos culturales de
la población que sufre discapacidad (num. 9), asegurar su acceso al programa de
la Red Nacional de Bibliotecas (num. 14) entre otras.
De otra parte, el numeral 16 de este
artículo contiene una referencia a una norma de la Ley 1393 de 2010 que
modificó el artículo 470 del Estatuto Tributario, según la cual las personas
con discapacidad tendrán derecho a unos recursos del IVA destinados al fomento,
la promoción y el desarrollo del deporte y la recreación. La Corte se referirá
más adelante a esta norma a efectos de realizar una precisión sobre su actual
vigencia.
El artículo 18 aborda lo relacionado
con el derecho a la recreación y el deporte, tema que también se liga con el contenido de la Convención,
y concretamente con su artículo 30. Esta norma asigna responsabilidades en
cabeza de los Ministerios de Educación y Cultura y de COLDEPORTES, desarrollados
a lo largo de 10 numerales[62]. Entre esas acciones se
destacan las relacionadas con la promoción del deporte y de todas las
actividades que éste implica (entrenamiento, apoyo médico y terapéutico, etc.,
num. 1), fomentar el suministro y disponibilidad de implementos necesarios para
la práctica del deporte por parte de estas personas (num. 4), o garantizar la
disponibilidad de incentivos a los deportistas en igualdad de condiciones con
los deportistas convencionales (num. 9).
El artículo 19 se refiere a lo
que denomina facilitación de las prácticas turísticas, respecto de
lo cual asigna al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo el encargo de
promover que la infraestructura turística se adapte a las necesidades de las
personas con discapacidad y que los operadores turísticos ofrezcan tarifas
diferenciales que faciliten su aprovechamiento por estas personas. De igual
manera se propone asegurar que dentro de los indicadores de calidad del sector turístico se incluya la
variable de accesibilidad para personas con discapacidad.
El artículo 20 contiene mecanismos para
hacer efectivo el derecho a la vivienda de las personas en situación de discapacidad, de acuerdo
con el artículo 28 de la Convención. En relación con este tema se
plantean las siguientes acciones, todas a cargo del Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio: i) todo plan de vivienda de interés social debe respetar
las normas de diseño universal, a efectos de garantizar que en ellas puedan
habitar personas en situación de discapacidad; ii) la asignación de manera
prioritaria de subsidios de vivienda para personas con discapacidad de estratos
1, 2 y 3; iii) un programa para que dentro del término de un año pueda
asegurarse que al menos un 5% de los subsidios de vivienda estén dirigidos a
adecuaciones o ajustes locativos para atender necesidades especiales de
personas con discapacidad.
El artículo 21 trata el tema de
acceso a la justicia, el cual deberá hacerse efectivo en los términos
previstos en el artículo 13 de la Convención. Este tema será
responsabilidad del Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio
Público, los órganos de control y la Rama Judicial. En este campo se deberán implementar, entre
otros, programas de formación y gestión para la atención de casos de violación
a los derechos de las personas con discapacidad (num. 1), ajustes y
fortalecimiento al sistema de interdicción judicial (num. 2), difusión de los
derechos de las personas con discapacidad y de las acciones para hacerlos
efectivos (num. 3), y desarrollo de programas en los consultorios jurídicos que
permitan la mejor atención de casos relacionados con los derechos de estas
personas (num. 4).
El artículo 22 desarrolla el
tema de la participación de estas personas en la vida política y
pública, respecto de
lo cual se citan la Ley 134 de 1994 y los artículos 29 y 33 de la Convención.
En relación con este tema el Ministerio del Interior deberá facilitar la
conformación de organizaciones que promuevan y defiendan los derechos de las
personas con discapacidad, y las alcaldías deberán organizar y promover
acciones y programas que fomenten la inclusión e integración entre ellos y los
demás ciudadanos.
Esta norma, si bien se enfoca de
manera preferente en el tema de la participación política, contiene también un
mandato genérico que promueve la inclusión de las personas con discapacidad en
los distintos espacios de la vida en sociedad, que en tal medida constituye
reiteración de lo ordenado en relación con temas específicos en artículos
precedentes de este proyecto[63].
El artículo 23 sobre el tema del control social busca
fomentar la
participación de las personas con discapacidad en las actividades de control
social a la acción del Gobierno, en particular la que tiene que ver con el
cumplimiento de esta ley. Para esto prevé la posibilidad de que estas personas
constituyan veedurías ciudadanas en los términos de la Ley 850 de 2003 y demás
normas pertinentes.
El artículo 24 sistematiza las
disposiciones relacionadas con la participación de las personas con
discapacidad y de sus organizaciones. En 7 numerales da ejemplos de los temas y actividades en
relación con los cuales ellos podrán involucrarse, las cuales incluyen la formulación
de políticas, el seguimiento a su ejecución, y la toma de decisiones al
respecto dentro del mayor ejercicio de autonomía que para cada caso resulte
posible.
En directo complemento a lo anterior,
el artículo 25 trata de manera específica lo relacionado con la participación
de las mujeres con discapacidad, respecto de lo cual invoca el artículo 6° de la Convención.
En 7 numerales lista las distintas acciones de promoción que el Estado debe
adelantar con ese objetivo.
Finalmente, el artículo 26 contiene
normas sobre la evaluación de las medidas para garantizar el ejercicio efectivo
de los derechos de las personas con discapacidad y las acciones previstas en
esta ley, tarea que debe cumplirse cada cuatro años por el Consejo Nacional de Discapacidad[64].
En la evaluación deberá indagarse por la eficacia alcanzada con las acciones
desarrolladas, el grado de implementación de los ajustes y la aplicación de
sanciones a la discriminación.
Ahora, examinado de manera detallada el
contenido de estas disposiciones, y en adición a lo ya señalado sobre la
jurisprudencia existente en torno a temas específicos, cabe realizar las
siguientes reflexiones en torno a su exequibilidad:
En primer lugar, a propósito de la
cercana relación existente entre las disposiciones de este proyecto y la
reciente Convención de las Naciones Unidas sobre el mismo tema, que se
manifiesta en frecuentes citas e incluso remisiones específicas a algunas de
las estipulaciones de ésta, debe señalarse que la adecuación constitucional de
esa Convención, precisada en la sentencia C-293 de 2010 de esta
corporación, es un primer motivo que apunta, de manera general, a la
exequibilidad de todas estas disposiciones. Sin embargo, debe resaltarse que en
la mayoría de los casos, estas últimas tienen un mayor grado de especificidad
que aquéllas, además de lo cual, los compromisos del Estado y/o de los
particulares en relación con ciertos temas van mucho más allá de lo previsto en
la Convención.
Ahora bien, debe reconocerse que una
mirada más detenida sobre este tipo de disposiciones podría conducir, según lo
ya explicado en el punto 4.3.1 anterior, a la eventual inconstitucionalidad de
algunas de ellas, en caso de concluirse que el costo o carga que para su cabal
cumplimiento debe asumirse es excesivo o desproporcionado. En esta perspectiva
es ilustrativa la controversia planteada por el Ministerio del Transporte y la
Aeronáutica Civil, cuyos representantes consideraron incluso que dos numerales
del artículo 14 de este proyecto deben ser declarados inexequibles, en razón a
la magnitud de las cargas que ello implica para las personas y entidades
encargadas de realizar las adecuaciones requeridas, las cuales podrían
traducirse incluso en un mayor costo del servicio del transporte para otros
usuarios.
Sin embargo, la Corte observa que esta
misma reflexión resulta también pertinente frente a muchas otras de las
disposiciones de este proyecto que tienen un contenido análogo. Por esta razón,
las consideraciones que a continuación se efectúan son igualmente oportunas, de
manera general, frente al contenido de los artículos 7° a 26 que en este punto
se analizan.
Cuatro razones principales conducen a
considerar que pese al elevado alcance que en la mayoría de los casos tienen
tales compromisos y obligaciones, no resulta contrario a la Constitución que el
Estado los adquiera y los imponga, esto último en lo que atañe a los
particulares. La primera de ellas es que estas medidas no serían otra cosa que
la plena realización de los mandatos que se derivan del hecho de ser Colombia
un Estado social de derecho. La segunda es la autonomía del legislador, que
dentro del marco de sus competencias, ha considerado y decidido que esta es la
forma adecuada en la que deben llevarse a efecto tales mandatos. La tercera
serían los conceptos de ajustes razonables y progresividad,
protagónicos dentro del articulado de  la Convención,  y también
frecuentemente citados a lo largo del proyecto de ley. Y la última, la
razonable conducencia de las medidas propuestas, lo que en la generalidad de
los casos permite tener por cumplido el criterio de proporcionalidad de las
mismas.
En torno a lo primero, y en desarrollo
de la perspectiva constitucional que conforme se explicó debe aplicarse al
estudio de las llamadas acciones afirmativas, encuentra la Corte que la
generalidad de las medidas desarrolladas en estos artículos 7° a 26 sin duda
encajan dentro del marco trazado por el texto superior. Esto por cuanto, se
insiste, todas ellas tienen el propósito de procurar el logro de la igualdad
real y efectiva entre las personas con discapacidad y las demás personas y
ciudadanos, en directa aplicación del artículo 13 de la carta; están
directamente ligadas al cumplimiento del mandato consagrado en el artículo 47
que ordena adelantar “una política de previsión, rehabilitación e
integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos”;
buscan la efectividad de derechos específicos reconocidos por la Constitución,
unos con el carácter de fundamentales y otros como económicos, sociales y
culturales, pero todos garantizados por el texto superior; y en cuanto implican
cargas y deberes adicionales para los particulares y las autoridades,
constituyen una clara y efectiva materialización del principio de solidaridad,
al que aluden los artículos 1° y 95 de ese mismo texto. Enumeración que no
podrá considerarse taxativa sino enunciativa, pues este tipo de medidas también
encuentran apoyo en varios otros preceptos constitucionales.
En segundo término, según se explicó,
debe entenderse que las garantías, derechos y prestaciones previstas dentro del
texto de este trascendental proyecto de ley estatutaria son aquellas que el
legislador, en su sabiduría y autonomía, estimó necesarias y conducentes para
el logro de los antes referidos propósitos constitucionales. Por esto, es claro
que el mismo Congreso podría haber contemplado un menor grado de protección a
esta población, si ello fuera lo que le pareciere adecuado, o por el contrario,
un nivel de protección aún mayor al que quedó definido en este proyecto, siendo
todas esas opciones igualmente válidas y acordes con la Constitución, pues ello
es simplemente consecuencia del poder de configuración normativa que según el
texto superior es inherente al órgano legislativo.
El tercer aspecto que contribuye a
clarificar la adecuación constitucional de estas normas son algunos de los
conceptos y principios orientadores del articulado de este proyecto, en
especial los de ajustes razonables y progresividad, que en esta
perspectiva permiten entender tales compromisos dentro de un contexto de
adecuada proporcionalidad. Estos criterios, indispensables para la precisión de
los mandatos de esta ley, que pese a su gran prolijidad tienen en todo caso un
importante grado de generalidad, permitirán que la interpretación que a través
del tiempo se realice sobre el alcance específico de cada una de estas
obligaciones no olvide ni ignore aspectos tales como el costo, la oportunidad o
el nivel de beneficio alcanzable, cuya presencia constante despeja el carácter
eventualmente excesivo de estas prestaciones, y con ello su posible
inexequibilidad.
Por último, al menos al nivel de
análisis preliminar que resulta dable realizar como parte del control
automático de constitucionalidad que en estos casos compete a la Corte, observa
la Sala que se trata de medidas efectivamente conducentes al logro del goce
efectivo de los respectivos derechos, lo que en términos del test de
proporcionalidad de intensidad intermedia que páginas atrás se anunció, permite
concluir que pese a implicar un gravamen, en algunos casos de carácter
económico, para las autoridades o las personas encargadas de su cumplimiento,
se trata de medidas que no resultan desproporcionadas, sino por el contrario
razonables, y por lo mismo, acordes a la Constitución.
En adición a todo lo anterior, es
pertinente considerar también que algunas de estas normas tienen adicional
soporte constitucional en otros preceptos superiores. Así por ejemplo, el
artículo 7° de este proyecto, sobre derechos de los niños y las niñas con
discapacidad, puede entenderse como un desarrollo de los artículos 44 y 45, que
tan celosa y detalladamente enuncian y protegen los derechos de los niños y los
adolescentes. El artículo 25 del proyecto, sobre el derecho a la participación
de las mujeres con discapacidad, es sin duda expresión del mandato contenido en
el artículo 43 superior, que proclama la igualdad de hombres y mujeres y
prohíbe de manera explícita los actos de discriminación contra éstas. Y por
último, es claro que en cuanto esta ley permita el tratamiento y rehabilitación
de aquellas discapacidades generadas por el desgaste normal de la edad, ello
contribuye a dar cumplimiento al artículo 46, que ordena proteger y asistir a las
personas de la tercera edad y promover su integración a la vida activa y
comunitaria.
A partir de las anteriores reflexiones
concluye la Corte que, desde la perspectiva de tratarse de acciones afirmativas,
el contenido de los artículos 7° a 26 de este proyecto resulta acorde a la
Constitución.
En otro ámbito relevante, a partir de
las precisiones contenidas en el punto 4.3.2 de este acápite de
consideraciones, estima la Corte que pese a la asignación de importantes
competencias, funciones y obligaciones en cabeza de las entidades
territoriales, siempre con el propósito de hacer realidad los derechos de las
personas con discapacidad, ninguna de ellas resulta contraria a la
Constitución. Ello por cuanto, como antes se explicó, no se opone a la
inherente autonomía de tales entes el hecho de que la ley, dentro del ámbito de
sus competencias, realice este tipo de encargos. Por esta razón, ninguna de las
disposiciones de este Título será declarada inconstitucional por infringir la
autonomía territorial.
De igual manera, en lo que respecta al
correcto entendimiento de la potestad reglamentaria en las referencias que a
ella se hacen en los artículos 11, 13, 15, 16 y 17 de este proyecto, en las que
se señala la necesidad de reglamentar mediante decreto determinadas materias, o
se indica que esa función deberá ejercerla una autoridad distinta al Presidente
de la República[65], en desarrollo de la línea
jurisprudencial reseñada en el punto 4.3.3 anterior, encuentra la Corte que
esas previsiones no resultan contrarias a la Constitución, pues han de ser
entendidas como un factor de impulsión de la acción gubernamental, y no como
una imposición o intromisión de parte del legislador en el ámbito que
constituye la órbita reservada de esa función. Así las cosas, tampoco este
factor ocasiona la inexequibilidad de ninguna de estas disposiciones.
En relación con este tema es necesario
realizar un comentario adicional respecto de la regla contenida en el numeral
6° del artículo 15, en la que se asigna un encargo reglamentario al Ministerio
de Transporte y se señala un tiempo límite para cumplirlo. Aún en esta
hipótesis la Corte declarará exequible esa norma como resultado de dos
distintas consideraciones: i) que como ya se indicó, la función reglamentaria
puede ser atribuida a autoridades distintas al Presidente de la República; ii)
que si bien la potestad reglamentaria de este último no puede ser limitada en
el tiempo, en el caso especial en que esta tarea se atribuye a una autoridad de
inferior jerarquía, por la misma especialidad de la situación resulta adecuado
que esa atribución sea solo temporal.
Ahora bien, en adición a las anteriores
consideraciones generales, la Sala estima necesario realizar las siguientes
reflexiones adicionales, referidas a dos normas específicas de este Título IV:
La primera de ellas tiene que ver con
un aparte del numeral 6° del artículo 13 sobre derecho al trabajo, específicamente
sobre estímulos a los empresarios y empleadores que vinculen laboralmente
personas con discapacidad. Esta norma, además de reiterar la procedencia de
otros incentivos previamente creados[66], prevé la posibilidad de que
el Ministerio de Hacienda establezca estímulos económicos de conformidad con
ciertas previsiones establecidas en el artículo 27 de la Convención[67].
En este caso no resulta claro el alcance
y naturaleza de las ventajas que con base en esta norma podrían establecerse.
Sin embargo, el hecho de que esta función se asigne al Ministerio de Hacienda,
así como la circunstancia de que se hable de estímulos económicos, son
indicios que dejan al intérprete espacio suficiente para suponer que se
trataría de descuentos o exenciones de carácter tributario. Sin embargo, para
la Corte es claro que el único órgano competente para adoptar una decisión de
este tipo es el propio legislador, único titular de la soberanía impositiva en
el nivel nacional, quien en ningún caso puede delegar esta función al Gobierno.
Pues en efecto, aunque no exista una expresa prohibición a este respecto en el
texto constitucional, ello es lo que puede deducirse de una interpretación
armónica de las reglas sobre el sistema tributario contenidas, entre otros, en
los artículos 150 numerales 10 y 12, 215 inciso 3° y 338 de la carta[68].
A partir de lo anterior, si bien es
claro que la norma resulta exequible desde la explicada perspectiva general,
aplicable a todas las disposiciones contenidas en este Título IV, la Corte
declarará que este numeral 6° es exequible, en el entendido de que esta norma
no faculta al Ministerio de Hacienda para decretar exenciones ni descuentos
tributarios.
La otra precisión se refiere al numeral
16 del artículo 17 del proyecto, sobre el derecho a la cultura, que como quedó
dicho, alude en términos bastante confusos al artículo 11 de la Ley 1393 de
2010, que modificó el artículo 470 del Estatuto Tributario, estableciendo
reglas sobre la destinación de una parte del IVA a la telefonía móvil para el
fomento, promoción y desarrollo del deporte, advirtiendo que un 3% de estos
recursos se destinarían a deportistas con discapacidad.
Sin embargo, tal como lo señaló uno de
los intervinientes, es cierto que el referido artículo de la Ley 1393 de 2010
fue declarado inexequible por esta corporación mediante fallo C-133 de febrero
29 de 2012 (M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), por violar el principio de
unidad de materia, decisión que se produjo después de la aprobación legislativa
del proyecto que ahora se revisa.
Por otra parte, es claro que a la fecha
la ley estatutaria de que se trata aún no ha entrado en vigencia, lo que solo
podrá ocurrir después de ser sancionada por el Presidente de la República,
diligencia que se cumplirá después de proferida la presente decisión y
dependiendo de su contenido. Así, encuentra la Corte que no tendría sentido que
en ese momento entre a regir una norma que remite a otra que previamente ha
sido declarada inexequible.
Con todo, en este caso es evidente que
al momento de incorporar esta referencia en la norma que ahora se analiza, el
artículo 11 de la Ley 1393 de 2010 se encontraba vigente. De otra parte, más
allá de la decisión que tiempo después sobrevino en relación con su
inexequibilidad, la inclusión del texto que ahora se comenta como un aspecto
del derecho a la cultura de las personas en situación de discapacidad, es clara
expresión de la voluntad del legislador en el sentido de reiterar la vigencia
de esa regla, sin duda benéfica para esa población.
En adición a esa intención, es claro
que de la decisión adoptada en la referida sentencia C-133 de 2012 no se deriva
un efecto de cosa juzgada material en relación con el contenido normativo que
se comenta, lo que implica que el legislador bien podría, sin infringir la
regla contenida en el segundo inciso del artículo 243 superior, incorporar ese
mismo contenido en una nueva ley.
En tales circunstancias, si bien
resultaría contrario a la Constitución un texto legal cuyo contenido normativo
consistiera en hacer una remisión o referencia a otro texto legal que ha sido
declarado inconstitucional, estima la Corte que no sería correcto ni necesario
declarar la inconstitucionalidad de todo este numeral, pues ello ocasionaría,
sin razón suficiente, la desaparición de una regla de derecho que el legislador
expresó su clara voluntad de incluir en este proyecto.
Así las cosas, a efectos de corregir la
disconformidad que ha quedado planteada sin afectar lo esencial de esa regla,
la Corte declarará inconstitucional la expresión “…de acuerdo a la Ley 1393
de 2010, que en su artículo 11 adiciona el artículo 470 del Estatuto
Tributario, donde se precisa que”, con lo cual el texto que se declarará
exequible mantiene sentido y coherencia y se hace posible el mantenimiento en
el proyecto de esta regla, relativa al derecho a la cultura de las personas con
discapacidad.
Finalmente, restan por ser analizados
los artículos 27 a 32 de este proyecto de ley, los cuales integran el Título
V sobre Disposiciones Finales.
De estas normas, el artículo 27 denominado
Adición legislativa se limita a señalar que esta ley se adiciona a
las demás normas previamente existentes que protegen los derechos de las personas con
discapacidad. Mientras tanto el artículo 32 se encarga de precisar la
fecha de vigencia de esta ley, que será a partir de su publicación y señala que
deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.
La Corte considera que estas reglas
tienen carácter puramente operativo y un contenido adecuado al propósito de
cada una de ellas. Por lo demás, no advierte razón alguna que pueda conducir a
su inexequibilidad.
Por su parte, el artículo 28 traza
algunas reglas sobre la difusión que deberá hacerse de este Ley, en particular
entre los sujetos que serán sus beneficiarios. Esta tarea se asigna
principalmente al Consejo Nacional de Discapacidad, creado por la ya referida
Ley 1145 de 2007.  La Corte considera útil este mecanismo y tampoco
encuentra oposición ninguna entre este mandato y el texto superior.
El artículo 29, a propósito de
las repetidas alusiones que la ley contiene respecto de la necesidad de expedir
decretos reglamentarios sobre determinados temas, establece que esta labor
deberá cumplirse dentro de un plazo máximo de dos años, dentro del marco de un
proceso participativo.
A partir de las consideraciones
generales que en páginas precedentes quedaron planteadas sobre las
características generales de la potestad reglamentaria, a las que en este punto
se remite íntegramente, es claro que el referido plazo solo podría ser
entendido como un mecanismo de impulsión, encaminado a procurar la pronta
reglamentación de esta ley, que en ningún caso extinguiría la facultad
presidencial para expedir en todo tiempo decretos con este propósito, en
ejercicio de su autonomía como suprema autoridad administrativa. Así las cosas, este artículo se declarará
condicionalmente exequible, en el entendido de que el Presidente de la
República podrá ejercer en cualquier tiempo la potestad reglamentaria en
relación con las disposiciones de esta ley.
El artículo 30 de esta ley se
titula Promoción, protección y supervisión.  Esta norma trata sobe un mecanismo
independiente que debe permitir el logro de estos objetivos, y velar por
la efectiva aplicación de esta ley. Ese mecanismo estará integrado por el
Ministerio Público, organizaciones de personas con discapacidad y los otros
órganos de control. Además, tendrá un presupuesto independiente asignado por el
Ministerio de Justicia y del Derecho. Los otros numerales de este artículo se
refieren a algunas de las acciones que a través de este mecanismo se
desarrollarán para el logro de estos objetivos.
Al respecto
la Sala considera que esta norma busca asegurar la real y efectiva aplicación
de las acciones previstas por esta ley en beneficio de las personas con
discapacidad, además de lo cual es concordante con los mecanismos previstos con
el mismo propósito en la Convención. De otra parte, no se advierte
ninguna razón que implique su inconstitucionalidad, por lo que será declarada
exequible.
Por último, el artículo 31 establece como sanción disciplinaria
grave la omisión de los deberes y obligaciones establecidas en la presente ley,
regla que aplica respecto de todos los servidores públicos, los
contratistas del Estado y los particulares que cumplan funciones públicas, en
todos los órdenes territoriales, y debe entonces entenderse como aditiva de las
normas disciplinarias aplicables a cada una de esas categorías de funcionarios.
5.
Conclusión
Agotado el
análisis del proyecto de ley estatutaria aprobado por el Congreso de la
República para regular los derechos de las personas con discapacidad, estima la
Corte que tanto en su aspecto formal como material, en este último caso con
algunas pocas excepciones, el mismo se ajusta a los preceptos constitucionales.
Ello por
cuanto, de una parte, se han llenado todos los requisitos procedimentales
exigidos por la Constitución, el Reglamento del Congreso y demás preceptos
aplicables para la expedición de una ley estatutaria. Y de otra, pues los
objetivos y el contenido de este proyecto apuntan al logro de la igualdad real
y efectiva en cuanto al disfrute de los derechos de las personas con
discapacidad, bajo la figura de las acciones afirmativas, lo que resulta acorde
y oportuno frente  a los valores y principios que inspiran el Estado social de
derecho. Por esas razones, la Corte declarará la exequibilidad de la mayoría de
los artículos de este proyecto.
Sin embargo,
tal como se explicó en los espacios correspondientes, se declarará la
exequibilidad condicionada de algunas pocas de estas reglas, particularmente la
que señala un tiempo límite para el ejercicio de la potestad reglamentaria por
parte del Presidente de la República en relación con determinadas materias (artículo
29) y la que encomienda al Ministerio de Hacienda y Crédito Público el
establecimiento de incentivos económicos a las empresas y empleadores que
vinculen personas  en situación de discapacidad (numeral 6° del artículo 13).
Por último,
la Corte declarará la inexequibilidad de un aparte del numeral 16 del artículo
17 de este proyecto, en la medida en que contiene una referencia a una regla de
derecho que recientemente fue declarada inexequible.
Conforme a lo
anterior, y para los efectos previstos en el artículo 41 del Decreto 2067 de
1991, la Corte declara que el texto definitivo de este Proyecto de Ley
Estatutaria, surtido el control de constitucionalidad previsto en la
Constitución Política, es el incluido en el Anexo que se incorpora al final de
esta sentencia.
VI.    DECISION
En mérito de lo expuesto,
la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- Declarar EXEQUIBLE,
por su aspecto formal, el Proyecto de Ley Estatutaria N° 092 de 2011 Cámara
– 167 de 2011 Senado “Por medio de la cual se establecen disposiciones para
garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad”.
Segundo.- Declarar EXEQUIBLES
en lo relativo a su contenido los artículos 1º, 2°, 3°, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º,
10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31 y 32
del Proyecto de Ley Estatutaria N° 092 de 2011 Cámara – 167 de 2011 Senado.
Tercero.- Declarar EXEQUIBLE
el artículo 13 del Proyecto de Ley Estatutaria N° 092 de 2011 Cámara – 167 de
2011 Senado, con excepción de su numeral 6°, el cual se declara
condicionalmente EXEQUIBLE, en el entendido de que el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público no podrá establecer exenciones ni descuentos
tributarios con base en la competencia asignada por esta norma.
Cuarto.- Declarar INEXEQUIBLE
la expresión “…de acuerdo
a la Ley 1393 de 2010, que en su artículo 11 adiciona el artículo 470 del
Estatuto Tributario, donde se precisa que” contenida en el numeral 16 del artículo 17 del
Proyecto de Ley Estatutaria N° 092 de 2011 Cámara – 167 de 2011 Senado.
Quinto.- Declarar
condicionalmente EXEQUIBLE el artículo 29 del Proyecto de Ley
Estatutaria N° 092 de 2011 Cámara – 167 de 2011 Senado, en el entendido de que
el plazo allí señalado tiene carácter indicativo, por lo cual el Gobierno
Nacional podrá ejercer en cualquier tiempo la potestad reglamentaria en
relación con las disposiciones de esta ley.
Cópiese, notifíquese,
comuníquese y cúmplase.
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Presidente
MARIA
VICTORIA CALLE CORREA   MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrada                                                Magistrado
Con
aclaración de voto                                 Ausente con permiso
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado                                                Magistrado
NILSON
PINILLA PINILLA             JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado                                                  Magistrado
ALEXEI EGOR
JULIO ESTRADA          LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado                                                      Magistrado
Ausente
en comisión
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
ACLARACION DE VOTO
DE LA MAGISTRADA
MARIA VICTORIA
CALLE CORREA
A LA SENTENCIA
C-765/12
Referencia:
expediente PE-035
Revisión de
constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria número 092 de 2011 Cámara -
167 de 2011 Senado, “por medio de la cual se establecen disposiciones para
garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad”.
Magistrado
Ponente:
Nilson
Pinilla Pinilla.
Con el acostumbrado respeto, a
continuación expongo las razones que me llevaron a aclarar el voto en la
presente sentencia.
A pesar de compartir la decisión
mayoritaria en cuanto a que el proyecto de ley cumplió la mayor parte de los
requisitos de trámite legislativo, en mi opinión respecto de uno de los
requisitos, el de la publicación del informe de la Comisión Accidental de
Conciliación con al menos un día de antelación a su votación, era necesario un
examen más detallado, pues varios elementos recogidos en la sentencia sobre la
forma como se llevo a cabo, conducían a concluir que el requisito
constitucional en realidad no se cumplió.
En la ponencia se resalta que el
proyecto fue aprobado en segundo debate en el Senado de la República el día 12
de diciembre de 2011 y ante la existencia de discrepancias entre el texto
aprobado en la Cámara de Representantes y el aprobado en el Senado, se conformó
una comisión accidental que realizó su tarea el día 13 de diciembre y presentó
su informe en la sesión de ese día que terminó a las 8:50 pm. La votación del
mismo se hizo el día 14 de diciembre.
De la descripción del debate
surgen dudas si en realidad había transcurrido el día completo que exige la
norma entre la presentación del informe, su publicación y su votación. La
sentencia reconoce que por la premura de las actuaciones pueden surgir
interrogantes sobre si era fácticamente imposible que esa publicación se
realizara en los términos de la Carta. Sin embargo, a pesar de tratarse de una
sentencia de control automático, en donde la actividad probatoria debe ser
desplegada por la Corte de manera oficiosa, no hubo en el proceso de revisión
del trámite una solicitud expresa a la imprenta nacional para que certificara
que el requisito se había cumplido. No obstante, la sentencia aplica las
presunciones que se han utilizado para examinar ese mismo defecto cuando éste
ha sido alegado por un demandante.
Dado que sobre este punto la
Corte ha sido mucho más exigente en cuanto a la carga probatoria que deben
cumplir los accionantes, esta posición implica un estándar probatorio no
justificado sobre cómo se prueba el cumplimiento de este requisito. Dado que en
mi opinión ese vicio se presentó en una etapa del proceso legislativo en el que
era posible subsanarlo, hubiera sido posible su devolución al Congreso para que
se cumpliera con el mismo.
Al respecto cabe precisar que el
principio de instrumentalidad de las formas hace relación a que la forma
importa en tanto comporta la protección a un aspecto sustantivo. Si el objetivo
que se pretende alcanzar materialmente se logra, pero se omitió una formalidad
menor, no cabe un reproche.
Pero cuando aspectos sustantivos
del proceso no quedan garantizados de ninguna manera, el cumplimiento de la
forma se torna inaplazable.
Sobre límites de la potestad
reglamentaria, la posición mayoritaria acepta que los términos fijados en la
ley para ejercer esa potestad no impiden el ejercicio de esa facultad. Sin
embargo, varias de las disposiciones de la ley no dan parámetros siquiera
generales que guíen la labor de reglamentación de la ley y en últimas, dejan al
reglamento la fijación de pautas que pueden afectar los derechos de las
personas con discapacidad. En mi opinión, solo el legislador estaba facultado
para fijar los parámetros bajo los cuales puede desarrollarse esta ley, a fin
de evitar que sea el Ejecutivo quien establezca una regulación puntual que
afecte el núcleo esencial de los derechos de las personas con discapacidad, sin
que pase por el control constitucional previo de la Corte Constitucional.
Fecha ut supra,
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
“PROYECTO
DE LEY ESTATUTARIA NÚMERO 167 DE 2011 SENADO – 092 DE 2011 CÁMARA
por
medio de la cual se establecen disposiciones para garantizar el pleno ejercicio
de los derechos de las personas con discapacidad.
El
Congreso de Colombia,
DECRETA:
TÍTULO
I
OBJETO
ARTÍCULO
1°. OBJETO. El objeto de la presente ley es garantizar y asegurar el
ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, mediante
la adopción de medidas de inclusión, acción afirmativa y de ajustes razonables
y eliminando toda forma de discriminación  por razón de discapacidad, en
concordancia con la Ley 1346 de 2009.
TÍTULO
II
DEFINICIONES
Y PRINCIPIOS
ARTÍCULO
2°. DEFINICIONES. Para efectos de la presente ley, se definen los
siguientes conceptos:
1.
Personas con y/o en situación de discapacidad: Aquellas personas que
tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a mediano y
largo plazo que, al interactuar con diversas barreras incluyendo las
actitudinales, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad,
en igualdad de condiciones con las demás.
2.
Inclusión social: Es un proceso que asegura que todas las personas
tengan las mismas oportunidades, y la posibilidad real y efectiva de acceder,
participar, relacionarse y disfrutar de un bien, servicio o ambiente, junto con
los demás ciudadanos, sin ninguna limitación o restricción por motivo de
discapacidad, mediante acciones concretas que ayuden a mejorar la calidad de
vida de las personas con discapacidad.
3.
Acciones afirmativas: Políticas, medidas o acciones dirigidas a
favorecer  a personas o grupos con algún tipo de discapacidad, con el fin de
eliminar o  reducir las desigualdades y barreras de tipo actitudinal, social,
cultural o económico que los afectan.
4.
Acceso y accesibilidad: Condiciones y medidas pertinentes que deben
cumplir las instalaciones y los servicios de información para adaptar el
entorno, productos y servicios, así como los objetos, herramientas y
utensilios, con el fin de asegurar el acceso de las personas con discapacidad,
en igualdad de condiciones, al entorno físico, el transporte, la información y
las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información
y las comunicaciones, tanto en zonas urbanas como rurales. Las ayudas técnicas
se harán con tecnología apropiada teniendo en cuenta estatura, tamaño, peso y
necesidad de la persona.
5.
Barreras: Cualquier tipo de obstáculo que impida el ejercicio
efectivo de los derechos de las personas con algún tipo de discapacidad. Estas
pueden ser:
a)
Actitudinales: Aquellas conductas, palabras, frases, sentimientos,
preconcepciones, estigmas, que impiden u obstaculizan el acceso en condiciones
de igualdad de las personas con y/o en situación de discapacidad a los
espacios, objetos, servicios y en general a las posibilidades que ofrece la
sociedad.
b)
Comunicativas: Aquellos obstáculos que impiden o dificultan el
acceso a la información, a la consulta, al conocimiento y en general, el
desarrollo en  condiciones de igualdad del proceso comunicativo de las personas
con  discapacidad a través de cualquier medio o modo de comunicación, incluidas
las dificultades en la interacción comunicativa de las personas.
c)
Físicas: Aquellos obstáculos materiales, tangibles o construidos que
impiden o dificultan el acceso y el uso de espacios, objetos y servicios de
carácter público y privado, en condiciones de igualdad por parte de las
personas con discapacidad.
6.
Rehabilitación funcional: Proceso de acciones médicas y
terapéuticas,  encaminadas a lograr que las personas con discapacidad estén en
condiciones de alcanzar y mantener un estado funcional óptimo desde el punto de
vista físico, sensorial, intelectual, psíquico o social, de manera que les
posibilite modificar su propia vida y ser más independientes.
7.
Rehabilitación integral: Mejoramiento de la calidad de vida y la
plena integración de la persona con discapacidad al medio familiar, social y
ocupacional, a través de procesos terapéuticos, educativos y formativos que se
brindan acorde al tipo de discapacidad.
8.
Enfoque diferencial: Es la inclusión en las políticas públicas de
medidas  efectivas para asegurar que se adelanten acciones ajustadas a las
características particulares de las personas o grupos poblacionales, tendientes
a garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos acorde con necesidades de
protección propias y específicas.
9.
Redes nacionales y regionales de y para personas con discapacidad:
Son estructuras sin personería jurídica, que agrupan las organizaciones de y
para personas con discapacidad, que apoyan la implementación de la convención
sobre los derechos de las personas con  discapacidad.
Parágrafo.
Para efectos de la presente ley, adicionalmente se adoptan las  definiciones de
‘comunicación’, ‘Lenguaje’, ‘discriminación por motivos de discapacidad’,
‘ajustes razonables’ y ‘diseño universal’, establecidas en la Ley 1346 de 2009.
ARTÍCULO
3°. PRINCIPIOS. La presente ley se rige por los principios de
dignidad  humana, respeto, autonomía individual, independencia, igualdad,
equidad,  Justicia, inclusión, progresividad en la financiación, equiparación
de  oportunidades, protección, no discriminación, solidaridad, pluralismo,
accesibilidad, diversidad, respeto, aceptación de las diferencias y
participación de las Personas con Discapacidad, en concordancia con Ley 1346 de
2009.
ARTÍCULO
4°. DIMENSIÓN NORMATIVA. La presente ley se complementa con los
pactos, convenios y convenciones internacionales sobre derechos humanos relativos
a las Personas con Discapacidad, aprobados y ratificados por Colombia.
En ningún
caso, por implementación de esta norma podrán restringirse o  menoscabarse
ninguno de los derechos reconocidos en favor de las personas con discapacidad,
en la legislación interna o de convenciones internacionales.
TÍTULO
III
OBLIGACIONES
DEL ESTADO  Y LA SOCIEDAD
ARTÍCULO
5°. GARANTÍA DEL EJERCICIO EFECTIVO DE TODOS LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD Y DE SU INCLUSIÓN. Las entidades públicas del orden nacional,
departamental, municipal, distrital y local, en el marco del Sistema Nacional
de Discapacidad, son responsables de la inclusión real y efectiva de las
personas con discapacidad, debiendo asegurar que todas las políticas, planes y
programas, garanticen el ejercicio total y efectivo de sus derechos, de
conformidad con el artículo 3º literal c), de Ley 1346 de 2009. Para tal fin,
las autoridades públicas deberán, entre otras, implementar las siguientes
acciones:
1 .Adoptar
las medidas necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas,
según el artículo 4° de la Ley 1346 de 2009.
2.
La Nación, los departamentos, distritos, municipios y localidades, de acuerdo
con sus competencias, así como todas las entidades estatales de todos los órdenes
territoriales, incorporarán en sus planes de desarrollo tanto  nacionales como
territoriales, así como en los respectivos sectoriales e institucionales, su
respectiva política pública de discapacidad, con base en la Ley 1145 de 2007,
con el fin de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas
con discapacidad, y así mismo, garantizar el acceso real y efectivo de las
personas con discapacidad y sus familias a los diferentes servicios sociales
que se ofrecen al resto de ciudadanos.
3.
Asegurar que en el diseño, ejecución, seguimiento, monitoreo y evaluación de
sus planes, programas y proyectos se incluya un enfoque diferencial que permita
garantizar que las personas con discapacidad se beneficien en igualdad de
condiciones y en términos de equidad con las demás personas del respectivo
plan, programa o proyecto.
4.
Incorporar en su presupuesto y planes de inversiones, los recursos necesarios
destinados para implementar los ajustes razonables que se requieran para que
las personas con discapacidad puedan acceder a un determinado bien o servicio
social, y publicar esta información para consulta de los ciudadanos.
5.
Implementar mecanismos para mantener actualizado el registro para la
localización y caracterización de las personas con discapacidad, integrados en
el sistema de información de la protección social, administrado por el
Ministerio de Salud y Protección Social.
6.
Tomar las medidas tendientes a incentivar y orientar las estrategias de
cooperación internacional e inversión social privada para generar programas y
proyectos tendientes a mejorar las condiciones de las personas con
discapacidad, así como en la implementación de ajustes razonables y acciones de
inclusión social de las personas con discapacidad,  bajo la coordinación de la
agencia colombiana de cooperación internacional o quien haga sus veces.
7.
Implementar los mecanismos  necesarios para garantizar la participación plena
de las personas con discapacidad en la formulación de las diferentes políticas
públicas.
8.
Todos los Ministerios, en concordancia con la directriz del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación, elaborarán
un plan interinstitucional en un término no mayor a dos (2) años, en el que, se
determinen los recursos requeridos para la protección de los derechos de las
personas con discapacidad. El gobierno Nacional apropiará los recursos
necesarios en concordancia con el Acto Legislativo 03 de 2011.
9.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de
Planeación, elaborarán anualmente los estudios económicos requeridos que
permitan establecer progresivamente, en el marco fiscal de mediano plazo, los
montos de los recursos necesarios a incluir dentro del presupuesto nacional
destinados al cumplimiento de las políticas, planes, programas y proyectos que
garanticen el ejercicio total y efectivo de los derechos de las personas con
discapacidad. En concordancia con las obligaciones adquiridas por Colombia en
los numerales 1º literal a, y 2º, del artículo 4, Ley 1346 de 2009.
10.
Las entidades públicas del orden nacional, departamental ,municipal, distrital
y local incluirán en sus presupuestos anuales, en forma progresiva, en el marco
fiscal a mediano plazo, las partidas necesarias para hacer efectivas las
acciones contenidas en favor del ejercicio de los derechos de las personas con
discapacidad.
11.
El Ministerio del Interior, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y
el Ministerio de Trabajo, o quienes hagan sus veces dispondrán los mecanismos
necesarios para la integración de un Consejo para la Inclusión de la
Discapacidad.
12.
El Departamento nacional de Planeación  – DNP adoptará las medidas  pertinentes
para que cuando las familias tengan una o varias personas con  discapacidad, el
puntaje en la clasificación socioeconómica esté acorde al tipo de discapacidad
y al grado de deficiencia otorgado por la instancia autorizada, con el fin de
que se facilite el registro de estos grupos familiares en el SISBÉN y en
consecuencia el acceso a los programas sociales.
13.
Las administraciones territoriales deben incluir en sus planes de desarrollo
acciones para fortalecer el Registro de Localización y Caracterización de las
Personas con Discapacidad – RLCPCD, integrado al Sistema de Información de la
Protección Social  – SISPRO, e incorporar la variable discapacidad en los demás
sistemas de protección social y sus registros administrativos.
ARTÍCULO
6°.  DEBERES DE LA SOCIEDAD. Son deberes de la familia, las empresas
privadas, las organizaciones no gubernamentales, los gremios y la sociedad en
general:
1.
Integrar las veedurías locales y municipales.
2.
Las empresas, los gremios, las organizaciones no gubernamentales, las cámaras
de comercio, los sindicatos y organizaciones de personas con discapacidad,
integrarán el Consejo para la Inclusión de la Discapacidad, que para el efecto
se crea en el numeral 11 del artículo 5°. Este consejo tendrá como fin
coordinar las acciones que el sector privado adelante con el fin de coadyuvar
al ejercicio de los derechos y la inclusión de las personas con discapacidad.
3.
Promover, difundir, respetar y visibilizar el ejercicio efectivo de todos los
derechos de las personas con discapacidad.
4.
Asumir la responsabilidad compartida de evitar y eliminar barreras
actitudinales, sociales, culturales, físicas, arquitectónicas, de comunicación,
y de cualquier otro tipo, que impidan la efectiva participación de las personas
con discapacidad y sus familias.
5.
Participar en la construcción e implementación de las políticas de inclusión
social de las personas con discapacidad.
6.
Velar por el respeto y garantía de los derechos de las personas con
discapacidad.
7.
Denunciar cualquier acto de exclusión, discriminación o segregación contra las
personas con discapacidad.
TÍTULO
IV
MEDIDAS
PARA LA GARANTÍA DEL EJERCICIO EFECTIVO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
ARTÍCULO
7°. DERECHOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD. De acuerdo con la
Constitución Política, la Ley de Infancia y Adolescencia, el artículo 7º de la
Ley 1346 de 2009, todos los niños y niñas con discapacidad deben gozar
plenamente de sus derechos en igualdad de condiciones con los demás niños y
niñas. Para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de los niños y
niñas con discapacidad, el Gobierno Nacional, los Gobiernos Departamentales y
Municipales, a través de las instancias y organismos responsables, deberán
adoptar las siguientes medidas:
1.
Integrar a todas las políticas y estrategias de atención y protección  de la
primera infancia, mecanismos especiales de inclusión para el ejercicio de los
derechos de los niños y niñas con discapacidad.
2.
Establecer programas de detección precoz de discapacidad y atención temprana
para los niños y niñas que durante la primera infancia y tengan  con alto
riesgo para adquirir una discapacidad o con discapacidad.
3.
Las Direcciones Territoriales de Salud, Seccionales de Salud de cada
departamento, distritos y municipios, establecerán programas de apoyo y
orientación a madres gestantes de niños o niñas con alto riesgo de adquirir una
discapacidad o con discapacidad; que les acompañen en su embarazo,
desarrollando propuestas de formación en estimulación intrauterina, y acompañamiento
durante la primera infancia.
4.
Todos los Ministerios y entidades del Gobierno Nacional, garantizarán el
servicio de habilitación y rehabilitación integral de los niños y niñas con
discapacidad de manera que en todo tiempo puedan gozar de sus derechos y
estructurar y mantener mecanismos de orientación y apoyo a sus familias.
5.
El Ministerio de Educación o quien haga sus veces establecerá estrategias de
promoción y pedagogía de los derechos de los niños y niñas con discapacidad.
6.
El Ministerio de Educación diseñará los programas tendientes a asegurar la
educación inicial inclusiva pertinente de los niños y niñas con discapacidad en
las escuelas, según su diversidad.
ARTÍCULO
8°. ACOMPAÑAMIENTO A LAS FAMILIAS. Las medidas de inclusión de las
personas con discapacidad adoptarán la estrategia de rehabilitación basada en
la comunidad – RBC integrando a sus familias y a su comunidad en todos los
campos de la actividad humana, en especial a las familias de bajos recursos, y
a las familias de las personas con mayor riesgo de exclusión por su grado de
discapacidad, en concordancia con el artículo 23 de Ley 1346 de 2009, para lo
cual se adoptarán las siguientes medidas:
1.
Las entidades nacionales, departamentales, municipales, distritales y locales
competentes, así como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF,
deberán apoyar programas orientados a desarrollar las capacidades de la
persona, la familia y la comunidad en el autocuidado y en la identificación de
los riesgos que producen discapacidad.
2.
Las entidades nacionales, departamentales, municipales, distritales y locales
competentes, así como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF,
deberán establecer programas de apoyo y acompañamiento a las familias de las
personas con discapacidad, que debe articularse con otras estrategias de
inclusión, desarrollo social y de superación de la pobreza;
3.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, o el ente que haga sus
veces, deberá establecer programas de apoyo y formación a los cuidadores,
relacionados con el cuidado de las personas con discapacidad, en alianza con el
SENA y demás instancias que integran el sistema nacional de discapacidad.
4.
Implementar estrategias de apoyo y fortalecimiento a familias y cuidadores con
y en situación de discapacidad para su adecuada atención, promoviendo el
desarrollo de programas y espacios de atención para las personas que asumen
este compromiso;
5.
En los planes, programas y proyectos de cooperación nacional e internacional que
sean de interés de la población con discapacidad concertados con el gobierno,
se incluirá la variable de discapacidad y atención integral a sus familias,
para garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos.
ARTÍCULO
9°. DERECHO A LA HABILITACIÓN Y REHABILITACIÓN INTEGRAL. Todas  las
personas con discapacidad tienen derecho a acceder a los procesos de
habilitación y rehabilitación integral respetando sus necesidades y
posibilidades específicas con el objetivo de lograr y mantener la máxima
autonomía e independencia, en su capacidad física, mental y vocacional, así
como la inclusión y participación plena en todos los aspectos de la vida. Para
garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la habilitación y
rehabilitación, se implementarán, las siguientes acciones:
1.
La Comisión de Regulación en Salud, CRES, definirá mecanismos para que el
Sistema General de Seguridad Social y Salud SGSSS incorpore dentro de los
planes de beneficios obligatorios, la cobertura completa de los servicios de
habilitación y rehabilitación integral, a partir de estudios de costo y
efectividad que respalden la inclusión. Para la garantía de este derecho se
incluirán distintas instituciones como el Ministerio de Cultura, el Ministerio
de Salud y Protección Social, Artesanías de Colombia, el Sena, y los distintos
Ministerios según ofrezcan alternativas y opciones terapéuticas.
2.
El Ministerio de Salud y Protección Social o quien haga sus veces, asegurará
que la prestación de estos servicios se haga con altos estándares de calidad, y
sistemas de monitoreo y seguimiento correspondientes.
3.
El Ministerio de Salud y Protección Social o quien haga sus veces, definirá,
promoverá y visibilizará, en alianza con la Superintendencia Nacional de Salud
y otros organismos de control, esquemas de vigilancia, control y sanción a los
prestadores de servicios que no cumplan con los lineamientos de calidad o
impidan o limiten el acceso a las personas con discapacidad y sus familias.
4.
El Ministerio de Salud y Protección Social o quien haga sus veces, asegurará la
coordinación y articulación entre los diferentes sectores involucrados en los
procesos de habilitación y rehabilitación integral, y entre las entidades del
orden nacional y local, para el fortalecimiento de los procesos de habilitación
y rehabilitación funcional como insumo de un proceso integral, intersectorial
(cultura, educación, recreación, deporte, etc.).
5.
El Ministerio de Salud y Protección Social o quien haga sus veces, garantizará
que las entidades prestadoras de salud implementen servicios de asistencia
domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de la comunidad, incluida
la asistencia personal que sea necesaria para facilitar su vida digna y su
inclusión en la comunidad, evitando su aislamiento.
6.
El Ministerio de Salud y Protección Social o quien haga sus veces, implementará
servicios nacionales y locales de atención e información a los usuarios con
discapacidad y sus familias.
7.
El Ministerio de Salud y Protección Social o quien haga sus veces, asegurará
que las entidades públicas y privadas que presten servicios de salud,
implementen programas y servicios de detección y atención integral temprana de
la discapacidad a las características físicas, sensoriales, mentales y otras
que puedan producir discapacidad.
8.
El Ministerio de Salud y Protección Social o quien haga sus veces, regulará la
dotación, fabricación, mantenimiento o distribución de prótesis, y otras ayudas
técnicas y tecnológicas, que suplan o compensen las deficiencias de las
personas con discapacidad, sin ninguna exclusión, incluidos zapatos
ortopédicos, plantillas, sillas de ruedas, medias con grandiente de presión o
de descanso y fajas.
9.
El Ministerio de Salud y Protección Social o quien haga sus veces, garantizará
la rehabilitación funcional de las personas con Discapacidad cuando se haya
establecido el procedimiento requerido, sin el pago de cuotas moderadoras o
copagos, en concordancia con los artículos 65 y 66 de la Ley 1438 de 2011.
10.
El Ministerio de Salud y Protección Social o quien haga sus veces establecerán
los mecanismos tendientes a garantizar la investigación y la prestación de la
atención terapéutica requerida integrando ayudas técnicas y tecnológicas a la
población con discapacidad múltiple.
ARTÍCULO
10. DERECHO A LA SALUD. Todas las personas con discapacidad tienen
derecho a la salud, en concordancia con el artículo 25 de la Ley 1346 de 2009.
Para esto se adoptarán las siguientes medidas:
1.
El Ministerio de Salud y Protección Social, o quien haga sus veces, deberá:
a)
Asegurar que el Sistema General de Salud en sus planes obligatorios, Plan
Decenal de Salud, Planes Territoriales en Salud, y en el Plan de Salud Pública
de Intervenciones Colectivas, garantice la calidad y prestación oportuna de
todos los servicios de salud, así como el suministro de todos los servicios y
ayudas técnicas de alta y baja complejidad, necesarias para la habilitación y
rehabilitación integral en salud de las personas con discapacidad con un
enfoque diferencial, y desarrollo de sus actividades básicas cotidianas;
b)
Asegurar que los programas de salud pública establezcan acciones de promoción
de los derechos de las personas con discapacidad desde la gestación, así como
el desarrollo de estrategias de prevención de factores de riesgo asociados a la
discapacidad que no afecten la imagen y la dignidad de las personas que ya se
encuentran en dicha situación;
c)
Asegurar que los programas de salud sexual y reproductiva sean accesibles a las
personas con discapacidad;
d)
Desarrollar políticas y programas de promoción y prevención en salud mental y
atención psicosocial para la sociedad;
e)
Promover el sistema de registro de localización y caracterización de las
personas con discapacidad y sus familias, e incorporar la variable discapacidad
en los demás sistemas de protección social y sus registros administrativos;
f)
Asegurar que el Sistema de Prevención y Atención de Desastres y Ayuda
Humanitaria, diseñe lineamientos y acciones de atención para asistir en
igualdad de condiciones a las personas con discapacidad en situaciones de
desastres y emergencia humanitaria;
g) En el
marco del Plan Decenal de Salud adoptará medidas tendientes a prevenir la
discapacidad congénita, lesiones y accidentes;
h) Las
direcciones departamentales, distritales y municipales de salud, en sus planes
de desarrollo de salud y salud pública, incluirán un capítulo en lo relacionado
con la discapacidad;
2.
Las entidades prestadoras de servicios de salud deberán:
a)
Garantizar la accesibilidad e inclusión de las  personas con discapacidad en
todos sus procedimientos, lugares y servicios;
b) Deberán
establecer programas de capacitación a sus profesionales y empleados para
favorecer los procesos de inclusión de las personas con  discapacidad;
c)
Garantizar los servicios de salud en los lugares más cercanos posibles a la
residencia de la persona con discapacidad, incluso en las zonas rurales, o en
su defecto, facilitar el desplazamiento de las personas con discapacidad y de
su acompañante;
d)
Establecer programas de atención domiciliaria para la atención integral en
salud de las personas con discapacidad;
e)
Eliminar cualquier medida, acción o procedimiento administrativo o de otro
tipo, que directa o indirectamente dificulte el acceso a los servicios de salud
para las personas con discapacidad;
f) Brindar
la oportunidad de exámenes médicos que permitan conocer el estado del feto en
sus tres primeros meses de embarazo, a madres de alto riesgo, entendiendo por
alto riesgo madres o padres con edad cronológica menor a 17 años o mayor a 40
años. Madres o padres con historia clínica de antecedentes hereditarios o en
situaciones que el médico tratante lo estime conveniente.
3.
La Superintendencia Nacional de Salud, las direcciones territoriales de Salud y
los entes de control ,deberán estipular indicadores de producción, calidad,
gestión e impacto que permite medir, hacer seguimiento a la prestación de los
servicios de salud, a los programas de salud pública y a los planes de
beneficios, que se presten y ofrezcan para las personas con discapacidad e
incorporar en el programa de auditorías  para el mejoramiento de la calidad  –
PAMEC, los indicadores de discapacidad y de esta forma asegurar la calidad en
la prestación de los servicios de salud por parte de las entidades
responsables, y sancionar cualquier acción u omisión que impida o dificulte el
acceso de las personas con discapacidad.
La
Superintendencia Nacional de Salud, las Secretarías de Salud y los entes de
control, deberán asegurar la calidad en la prestación de los servicios de salud
por parte de las entidades responsables, y sancionar cualquier acción u omisión
que impida o dificulte el acceso de las personas con discapacidad.
ARTÍCULO
11.  DERECHO A LA EDUCACIÓN.  El Ministerio de Educación Nacional definirá
la política y reglamentará el esquema de atención educativa a la población con
necesidades educativas especiales, fomentando el acceso y la permanencia
educativa con calidad, bajo un enfoque basado en la inclusión del servicio
educativo. Para lo anterior, el Ministerio de Educación Nacional definirá los
acuerdos interinstitucionales que se requieren con los distintos sectores
sociales, de manera que sea posible garantizar atención educativa integral a la
población con discapacidad.
1.
En consecuencia, el Ministerio de Educación deberá, en lo concerniente a la
educación preescolar básica y media:
a) Crear y
promover una cultura de respeto a la diversidad desde la perspectiva de los
niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales, como sujetos de
derecho, específicamente su reconocimiento e integración en los
establecimientos educativos oficiales y privados;
b)
Garantizar el derecho de los niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas
especiales a una educación de calidad, definida como aquella que “forma mejores
seres humanos, ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo público, que
ejercen los derechos humanos y conviven en paz. Una educación que genera
oportunidades legítimas de progreso y prosperidad para ellos y para el país.
Una educación competitiva, que contribuye a cerrar brechas de inequidad,
centrada en la Institución Educativa y en la que participa toda la Sociedad”;
c) Definir
el concepto de acceso y permanencia educativa con calidad para las personas con
discapacidad, y los lineamientos en el marco de la inclusión;
d)
Garantizar la asignación de recursos para la atención educativa a las personas
con discapacidad, de conformidad con lo establecido por la Ley 715 de 2001, el
Decreto 366 de 2009 o las normas que lo sustituyan;
e) En el
marco de la Comisión Intersectorial para la Atención Integral a la Primera
Infancia, desarrollar Programas de Atención Integral a la Primera Infancia-AIPI
que promuevan la inclusión, así como los pertinentes procesos de detección,
intervención y apoyos pedagógicos  relacionados con el desarrollo de los niños
y las niñas. En este marco, se deben promover programas de educación temprana
que tengan como objetivo desarrollar las habilidades de los niños y niñas con
discapacidad en edad preescolar, de acuerdo con sus necesidades específicas;
f) Diseñar
en el término de dos (2) años a partir de la entrada en vigencia de la presente
Ley un programa intersectorial de desarrollo y asistencia para las familias de
los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad;
g)
Acompañar a las entidades territoriales certificadas para la implementación de
las estrategias para el acceso y la permanencia educativa con calidad para la
personas con discapacidad, en el marco de la inclusión, tanto para las personas
en edad escolar, como para los adultos;
h)
Realizar seguimiento a la implementación de las estrategias para el acceso y
la permanencia educativa con calidad para la personas con discapacidad, en el
marco de la inclusión, tanto para las personas en edad escolar, como para los
adultos.
i)
Asegurar en todos los niveles y modalidades del servicio público educativo, que
todos los exámenes y pruebas desarrollados para evaluar y medir la calidad y,
cobertura, entre otros, así como servicios públicos o elementos análogos sean
plenamente accesibles a las personas con discapacidad;
j) Incluir
dentro del programa nacional de alfabetización metas claras para la reducción
del analfabetismo de jóvenes, adultas y adultos con discapacidad, para garantizar
su inclusión, teniendo presente la importancia que tiene para la educación de
los niños y las niñas que padres y madres sepan leer y escribir;
k)
Garantizar la enseñanza primaria gratuita y obligatoria de la educación
secundaria, así como asegurar que los jóvenes y adultos con discapacidad tengan
acceso general a la educación superior, la formación profesional, la educación
para adultos, la educación para el trabajo y el aprendizaje durante toda la
vida, sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás; en todo
caso las personas con discapacidad que ingresen a una universidad pública
pagarán el valor de matrícula mínimo establecido por la institución de
educación superior;
2.
Las entidades territoriales certificadas en educación deberán:
a)
Promover una movilización social que reconozca a los niños y jóvenes con
discapacidad como sujetos de la política y no como objeto de la asistencia
social. Los niños, niñas y adolescentes con discapacidad tienen todos los
derechos de cualquier ser humano y, además, algunos derechos adicionales
establecidos para garantizar su protección;
b)
Fomentar en sus establecimientos educativos una cultura inclusiva de respeto al
derecho a una educación de calidad para las personas con discapacidad que
desarrolle sus competencias básicas y ciudadanas;
c)
Orientar y acompañar a los establecimientos educativos para la identificación
de las barreras que impiden el acceso, permanencia y calidad del sistema
educativo de los niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales
de su entorno;
d)
Orientar y acompañar a sus establecimientos educativos para identificar
recursos en su entorno y ajustar su organización escolar y su proyecto
pedagógico para superar las barreras que impiden el acceso y la permanencia con
calidad para la personas con discapacidad, en el marco de la inclusión.
e)
Garantizar el personal docente para la atención educativa a la población con
discapacidad, en el marco de la inclusión, así como fomentar su formación
capacitación permanente, de conformidad con lo establecido por la normatividad
vigente;
f)
Emprender o promover la investigación y el desarrollo, y promover la
disponibilidad y el uso de nuevas tecnologías, incluidas las tecnologías de la
información y las comunicaciones, ayudas para la movilidad, dispositivos
técnicos y tecnologías de apoyo adecuadas para las personas con discapacidad;
g)
Garantizar el adecuado uso de los recursos para la atención educativa a las
personas con discapacidad y reportar la información sobre uso de dichos
recursos, de conformidad con lo dispuesto  por el Ministerio de Educación
Nacional;
h)
Reportar la información sobre atención educativa a personas con discapacidad en
el sistema nacional de información de educación, de conformidad con lo
dispuesto por el Ministerio de Educación Nacional;
i)
Fomentar la prevención sobre cualquier caso de exclusión o discriminación de
estudiantes con discapacidad en los establecimientos educativos estatales y
privados.
j)
Proveer los servicios de apoyo educativo necesarios para la inclusión en
condiciones de igualdad  de las personas con discapacidad. Estos servicios
incluyen, entre otros: intérpretes, guías-intérpretes, modelos lingüísticos,
personal de apoyo personal en el aula y en la institución;
3.
Los establecimientos educativos estatales y privados deberán:
a)
Identificar los niños, niñas y jóvenes de su entorno susceptibles de atención
integral para garantizar su acceso y permanencia educativa pertinente y con
calidad en el marco de la inclusión y conforme a los lineamientos establecidos
por la Nación;
b)
Identificar las barreras que impiden el acceso, la permanencia y el derecho a
una educación de calidad a personas con necesidades educativas especiales;
c) Ajustar
los planes de mejoramiento institucionales para la inclusión, a partir del
índice de inclusión y de acuerdo con los lineamientos que el Ministerio de
Educación Nacional establezca sobre el tema;
d)
Realizar seguimiento a la permanencia educativa de los estudiantes con
necesidades educativas especiales y adoptar las medidas pertinentes para
garantizar su permanencia escolar;
e)
Reportar la información sobre atención educativa a personas con discapacidad en
el sistema nacional de información de educación, de conformidad con lo dispuesto
por el Ministerio de Educación Nacional;
f)
Implementar acciones  de prevención sobre cualquier caso de exclusión o
discriminación de estudiantes con discapacidad en los establecimientos
educativos estatales y privados;
g)
Contemplar en su organización escolar tiempos y espacios que estimulen a los
miembros de la comunidad educativa a emprender o promover la investigación y el
desarrollo, y promover la disponibilidad y el uso de nuevas tecnologías,
incluidas las tecnologías de la información y las comunicaciones, ayudas para
la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo adecuadas para las
personas con discapacidad;
h)
Propender por que el personal docente sea idóneo y suficiente para el
desarrollo de los procesos de inclusión social, así como fomentar su formación
y capacitación permanente;
i)
Adaptar sus currículos y en general todas las prácticas didácticas,
metodológicas y pedagógicas que desarrollen para incluir efectivamente a todas
las personas con discapacidad;
4.
El Ministerio de Educación Nacional deberá, en relación con la educación
superior:
a)
Consolidar la política de educación inclusiva y equitativa conforme al artículo
24 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, la ley general de educación y los lineamientos de educación para
todos de la UNESCO;
b) Diseñar
incentivos para que las instituciones de Educación Superior destinen recursos
humanos y recursos económicos al desarrollo de investigaciones, programas, y estrategias
para desarrollar tecnologías inclusivas e implementar el diseño universal de
manera gradual;
c)
Asegurar en todos los niveles y modalidades del servicio público educativo, que
todos los exámenes y pruebas desarrollados para evaluar y medir la calidad y,
cobertura, entre otros, así como servicios públicos o elementos análogos sean
plenamente accesibles a las personas con discapacidad;
d) El
Ministerio de Educación Nacional acorde con el marco legal vigente, incorporará
criterios de inclusión educativa de personas con discapacidad y accesibilidad
como elementos necesarios dentro de las estrategias, mecanismos e instrumentos
de verificación de las condiciones de calidad de la educación superior;
e)
Incentivar el diseño de programas de formación de docentes regulares, para la
inclusión educativa de la diversidad, la flexibilización curricular y en
especial, la enseñanza a todas las personas con discapacidad, que cumplan con
estándares de calidad;
f)
Asegurar, dentro del ámbito de sus competencias, a las personas con
discapacidad el acceso, en condiciones de equidad con las demás y sin
discriminación, a una educación  superior  inclusiva y de calidad, incluyendo
su admisión, permanencia y promoción en el sistema educativo, que facilite su
vinculación productiva en todos los ámbitos de la sociedad; en todo caso las
personas con discapacidad que ingresen a una universidad pública pagarán el
valor de matrícula mínimo establecido por la institución de educación superior;
g)  Las
instituciones de educación superior en cumplimiento de su misión institucional,
en armonía con su plan de desarrollo propugnarán por aplicar progresivamente
recursos de su presupuesto para vincular recursos humanos, recursos didácticos
y pedagógicos apropiados que apoyen la inclusión educativa de personas con
discapacidad y la accesibilidad en la prestación del servicio educativo de
calidad a dicha población;
h) El
Ministerio de Educación Nacional mediante el concurso de las instancias y
organismos que participan en la verificación de las condiciones de calidad de
los programas académicos de educación superior, verificará que se incluyan
propuestas de actividad física, la educación física, la recreación y el
entrenamiento deportivo para las personas con discapacidad;
i) Las
instituciones de educación superior deberán promover la sensibilización y
capacitación de los licenciados y maestros en todas las disciplinas y la
inclusión del tema de discapacidad en todos los currículos desde un enfoque
intersectorial;
j)
Priorizar la asignación de recursos financieros suficientes para ofrecer
capacitación continua, presencial y a distancia, de los directivos y docentes
de todos los niveles educativos y de otros profesionales vinculados a la
temática de la discapacidad, que favorezcan la formulación y el normal
desarrollo de las políticas de inclusión, con énfasis en el respeto de los
derechos humanos y las libertades fundamentales, como parte del plan
territorial de formación docente;
k) Asignar
recursos financieros para el diseño y ejecución de programas educativos que
utilicen las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, para
garantizar la alfabetización digital de niños, niñas y jóvenes con
discapacidad, y con el fin de garantizar un mayor acceso a las oportunidades de
aprendizaje, en particular en las zonas rurales, alejadas y desfavorecidas;
ARTÍCULO
12. DERECHO A LA PROTECCIÓN SOCIAL. Las personas con discapacidad
tienen derecho a la protección social especial del Estado, en concordancia con
artículo 28 de la Ley 1346 de 2009. Para la garantía del ejercicio total y
efectivo del derecho a la protección social, el Ministerio de Trabajo o quien
haga sus veces, y demás autoridades competentes, adoptarán entre otras, las
siguientes medidas:
1.
Establecer mecanismos que favorezcan la formalización del empleo de las
personas con discapacidad, así como programas de aseguramiento en riesgos
laborales y no laborales.
2.
Establecer programas de apoyo y acompañamiento a las madres y padres de
personas con discapacidad desde la gestación, y durante los primeros 2 años de
vida de la niña y el niño.
3.
Las entidades territoriales competentes y el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, ICBF, o el ente que haga sus veces, deberán establecer y/o
fortalecer, un programa de apoyo y acompañamiento a las familias de las
personas con discapacidad, debidamente articulado con otros programas o
estrategias de inclusión, desarrollo social y de superación de la pobreza.
4.
Asegurar que los sistemas, servicios y programas de bienestar, protección y
promoción social y compensación familiar incluyan mecanismos especiales para la
inclusión de las personas con discapacidad y la promoción de sus derechos, y
además establezcan mecanismos de seguimiento.
5.
Las entidades territoriales competentes, y el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, ICBF, o el ente que haga sus veces, deberán ajustar y establecer
programas de apoyo, acompañamiento y formación a las familias de las personas
con discapacidad, y a las redes de apoyo de las personas con discapacidad, en
alianza con el SENA y demás entidades competentes.
ARTÍCULO
13. DERECHO AL TRABAJO. Todas las personas con discapacidad tienen
derecho al trabajo. Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho al
trabajo de las personas con discapacidad, en términos de igualdad de
oportunidades, equidad e inclusión, en concordancia con el artículo 27 de la
Ley 1346 de 2009, el Ministerio de Trabajo o quien haga sus veces y demás entidades
competentes establecerán entre otras, las siguientes medidas:
1.
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y
el Departamento Nacional de Planeación o de quienes hagan sus veces, expedirá
el decreto reglamentario que establezca una puntuación adicional en los
procesos de licitación pública, concurso de méritos y contratación directa,
para las empresas que en su planta de personal tengan personas con discapacidad
contratadas con todas las exigencias y garantías legalmente establecidas, y
para las empresas de personas con discapacidad, familiares y tutores.
2.
El Ministerio de Trabajo o quien haga sus veces deberá:
a)
Garantizar la capacitación y formación al trabajo de las personas con
discapacidad y sus familias, teniendo en cuenta la oferta laboral del país;
b)
Fortalecer el programa de ubicación laboral de las personas con discapacidad,
mediante estrategias de promoción direccionadas hacia el sector empresarial,
incentivando además los servicios de apoyo de acompañamiento a las empresas;
c)
Desarrollar planes y programas de inclusión laboral y generación de ingresos
flexibles para las personas que por su discapacidad severa o discapacidad
múltiple, no puedan ser fácilmente incluidos por el mercado laboral, o
vinculados en sistemas de producción rentables o empleos regulares. Para el
efecto, deberá fijar estrategias protegidas o asistidas de generación de
ingresos o empleo que garanticen en cualquiera de las formas ingresos dignos y
en las condiciones de seguridad social que correspondan, y permitiendo a sus
cuidadoras y cuidadores, y sus familias, las posibilidades de intervenir en
estos procesos;
d)
Fomentar la creación y fortalecimiento de unidades productivas, por medio de:
capacitación técnica y empresarial, líneas de crédito específicas para aquellos
casos en que los solicitantes sean personas con discapacidad y/o sus familias,
con una baja tasa de interés, apoyo con tecnologías de la información y la
comunicación, y diseño de páginas Web para la difusión de sus productos, dando
prelación a la distribución, venta y adquisición de sus productos por parte de
las entidades públicas;
e)
Incentivar el desarrollo de negocios inclusivos y fortalecer el emprendimiento
y crecimiento empresarial de las entidades que propenden por la independencia y
superación  de la población con discapacidad, mediante programas de
intermediación de mercados que potencien la producción, la comercialización o
venta de servicios generados por esta población, a partir del financiamiento
con recursos específicos y estrategias dirigidas;
f)  En
coordinación con el departamento administrativo de la función pública, asegurar
que el Estado a través de todos los órganos, organismos y entidades de los
niveles nacional, departamental, distrital y municipal, en los sectores central
y descentralizado, deberá vincular un porcentaje de personas con discapacidad
dentro de los cargos existentes, el cual deberá ser publicado al comienzo del
año fiscal mediante mecanismos accesibles a la población con discapacidad.
3.
El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, deberá:
a)
Asegurar la inclusión efectiva de las personas con discapacidad a todos sus
programas y servicios de la entidad, además garantizar su acceso a los
diferentes servicios de apoyo pedagógico;
b)
Garantizar la prestación del servicio de intérpretes de lengua de señas y guías
intérpretes, para la población con discapacidad auditiva y sordoceguera, y
ayudas tecnológicas para las personas con discapacidad visual, así como los
apoyos específicos que requieren las personas con discapacidad intelectual.
c)
Garantizar asesoría y acompañamiento a los empresarios que deseen contratar
personas con discapacidad;
d)
Asegurar la capacitación y formación al trabajo de las personas con
discapacidad teniendo en cuenta la oferta laboral del país;
e)
Fortalecer el Servicio Nacional de Empleo SNE de cada Regional para que
garantice el acceso y beneficio de las personas con discapacidad mediante
estrategias de promoción direccionadas hacia el sector empresarial;
f) Otorgar
títulos de formación profesional en diferentes áreas, a partir del
reconocimiento de los procesos formativos que realizan las organizaciones de y
para personas con discapacidad, que cumplan con los requisitos establecidos por
esta entidad;
g) Formar
evaluadores en procesos de certificación de evaluación de competencias en
diferentes áreas, que permitan a las personas con discapacidad adquirir una
certificación de competencias laborales de acuerdo a su experiencia;
4.
El Fondo Nacional de Ahorro o quien hagas sus veces, otorgará créditos de
vivienda y educación para las personas con discapacidad, con una tasa de
interés preferencial. El Fondo reglamentará la materia.
5.
El Banco de Comercio Exterior de Colombia, Bancoldex, creará líneas de crédito
con tasas de interés blandas, para los emprendimientos económicos o de las
empresas en que sean titulares las personas con discapacidad en el 20%.
6.
Los empresarios y empleadores que vinculen laboralmente personas con discapacidad,
tendrán además de lo establecido en el capítulo IV de la Ley 361 de 1997, los
estímulos económicos que establezca el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, de conformidad al artículo 27 numeral 1 literales h), i) de la Ley
1346 de 2009.
7.
El Gobierno Nacional deberá implementar mediante Decreto reglamentario un
sistema de preferencias a favor de los empleadores particulares que vinculen
laboralmente personas con discapacidad debidamente certificadas, en un
porcentaje mínimo del 10% de su planta de trabajadores. Tal sistema de
preferencias será aplicable a los procesos de adjudicación y celebración de
contratos, y al otorgamiento de créditos o subvenciones de organismos
estatales.
8.
Los gobiernos nacional, departamentales, distritales y municipales, deberán
fijar mediante decreto reglamentario, en los procesos de selección de los
contratistas y proveedores, un sistema de preferencias a favor de las personas
con discapacidad.
ARTÍCULO
14.  ACCESO Y ACCESIBILIDAD. Como manifestación directa de la
igualdad material y con el objetivo de fomentar la vida autónoma e
independiente de las personas con discapacidad, las entidades del orden
nacional, departamental, distrital y local garantizarán el acceso de estas
personas, en igualdad de condiciones, al entorno físico, al transporte, a la
información y a las comunicaciones, incluidos los sistemas y tecnologías de la
información y las comunicaciones, el espacio público, los bienes públicos, los
lugares abiertos al público y los servicios públicos, tanto en zonas urbanas
como rurales. Para garantizarlo se adoptarán las siguientes medidas:
1.
Corresponde a las entidades públicas y privadas encargadas de la prestación de
los servicios públicos, de cualquier naturaleza, tipo y nivel, desarrollar sus
funciones, competencias, objetos sociales, y en general, todas las actividades,
siguiendo los postulados del diseño universal, de manera que no se excluya o
limite el acceso en condiciones de igualdad, en todo o en parte, a ninguna
persona en razón de su discapacidad. Para ello, dichas entidades deberán
diseñar, implementar y financiar todos los ajustes razonables que sean
necesarios para cumplir con los fines del artículo 9° de la Ley 1346 de 2009.
2.
El servicio público del transporte deberá ser accesible a todas las personas
con discapacidad. Todos los sistemas, medios y modos en  que a partir de la
promulgación de la presente ley se contraten deberán ajustarse a los postulados
del diseño universal. Aquellos que funcionan actualmente deberán adoptar planes
integrales de accesibilidad que garanticen un avance progresivo de estos
postulados, de manera que en un término de máximo 10 años logren niveles que
superen el 80% de la accesibilidad total. Para la implementación de ajustes
razonables deberán ser diseñados, implementados y financiados por el
responsable de la prestación directa del servicio.
3.
Las entidades municipales y distritales, con el apoyo del gobierno
departamental y nacional, y respetando la autonomía de cada región, deberán diseñar,
en un término no mayor a 1 año, un plan de adecuación de vías y espacios
públicos, así como de accesibilidad al espacio público y a los bienes públicos
de su circunscripción. En dicho plan deberán fijarse los ajustes razonables
necesarios para avanzar progresivamente en la inclusión de las personas con
discapacidad, establecer un presupuesto y un cronograma que, en no más de 10
años, permita avanzar en niveles de accesibilidad del 80% como mínimo. Dicho
plan deberá fijar los criterios de diseño universal que deberán ser acatados en
todas las obras públicas y privadas de la entidad pública a partir de su
adopción.
4.
Implementar las medidas apropiadas para identificar y eliminar los obstáculos y
para asegurar la accesibilidad universal de todas las personas con discapacidad
al ambiente construido, transporte, información y comunicación, incluyendo las
tecnologías de información y comunicación y otros servicios, asegurando las
condiciones para que las personas con discapacidad puedan vivir independientemente.
5.
Dar efectivo cumplimiento a la normativa sobre accesibilidad en la construcción
o adecuación de las obras que se ejecuten sobre el espacio público y privado,
que presten servicios al público debiendo cumplir con los plazos señalados.
6.
Asegurar que todos los servicios de baños públicos sean accesibles para las
personas con discapacidad.
7.
Todas las entidades públicas o privadas atenderán de manera prioritaria a las
personas con discapacidad, en los casos de turnos o filas de usuarios de cualquier
tipo de servicio público o abierto al público.
8.
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, o quien haga sus veces, deberá
establecer un mecanismo de control, vigilancia y sanción para que las alcaldías
y curadurías garanticen que todas las licencias y construcciones garanticen la
accesibilidad de las personas con discapacidad. Así mismo, establecerá medidas
de coordinación interinstitucional para que las entidades territoriales
garanticen rutas y circuitos accesibles para las personas con discapacidad,
articulados con los paraderos y demás sistemas de transporte local.
9.
Las entidades de educación superior adecuarán sus campus o instalaciones para
garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad.
10.
Los teatros, auditorios, cines y espacios culturales destinados para eventos
públicos, adecuarán sus instalaciones para garantizar la accesibilidad de las
personas con discapacidad.
11.
Dar efectivo cumplimiento a la normativa sobre accesibilidad en escenarios
deportivos, recreativos y culturales en la construcción o adecuación de las
obras existentes o por realizar.
Parágrafo.
Las disposiciones del presente artículo se implementarán en concordancia con la
Ley 1287 de 2009 y las demás normas relacionadas con la accesibilidad de la
población con discapacidad.
ARTÍCULO
15. DERECHO AL TRANSPORTE. Las personas con discapacidad tienen
derecho al uso efectivo de todos los sistemas de transporte en concordancia con
el artículo 9º, numeral 1, literal a) y el artículo 20, de la Ley 1346 de 2009.
Para garantizar el ejercicio efectivo de este derecho, el Ministerio de
Transporte, la Superintendencia de Puertos y Transporte, la Aeronáutica Civil y
demás entidades relacionadas deben adoptar las siguientes medidas:
1.
Asegurar que los sistemas de transporte integrado masivo cumplan, en su
totalidad, desde la fase de diseño, con las normas de accesibilidad para las
personas con discapacidad.
2.
La señalización de los aeropuertos, terminales de transporte aéreo, terrestre,
fluvial y marítimo, medios de transporte masivo y espacios públicos, deberán
contar con el uso de símbolos adecuados en el marco del diseño universal. Esta
señalización debe estar acompañada de campañas cívicas de sensibilización y de
difusión adecuada, flexible y de amplia cobertura.
3.
Las autoridades deberán adecuar las vías, aeropuertos y terminales, para
garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la accesibilidad de las personas
con discapacidad, en un término no mayor a ocho (8) años.
4.
Los aeropuertos y las terminales de transporte marítimo y terrestre contarán
con un servicio de guía y asistencia a personas con discapacidad.
5.
Adaptar en los aeropuertos, terminales de transporte y medios de transporte
masivo, accesos, señales, mensajes auditivos y visuales para las personas con
discapacidad.
6.
Los vehículos que transporten una persona con discapacidad de manera habitual,
estarán exentos de las restricciones de movilidad que establezcan los
departamentos y municipios (pico y placa), para lo cual el Ministerio de
Transporte reglamentará dentro de los 6 meses siguientes estas excepciones.
7.
El Estado, mediante las  autoridades competentes, sancionará el incumplimiento
de los plazos de adaptación o de accesibilidad al transporte.
ARTÍCULO
16.  DERECHO A LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES. Las personas con
discapacidad tienen derecho al ejercicio efectivo del derecho a la información
y a acceder a las comunicaciones en igualdad de condiciones, en concordancia
con la Ley 1346 de 2009. Para garantizar el ejercicio total y efectivo del
derecho a la información y comunicaciones, el Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones y demás entidades competentes tendrán en
cuenta las siguientes medidas:
1.
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC,
adelantará un proyecto que permita masificar la utilización de software libre
de los programas para personas con discapacidad.
2.
Dar estricto cumplimiento a las normas vigentes sobre accesibilidad y acceso a
la información en los medios de comunicación debiendo cumplir con los plazos
contemplados para efectuar las adecuaciones señaladas en ellas.
3.
Propiciar espacios en los canales de televisión estatal, nacional y regional
con programas que incluyan la interpretación en Lenguaje de Señas Colombiana,
y/o el closed caption, y/o con subtítulos.
4.
Desarrollar programas que faciliten el acceso a las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones de las personas con discapacidad,
especialmente en las instituciones educativas.
5.
Promover estrategias de información, comunicación y educación permanentes, para
incidir en el cambio de imaginarios sociales e individuales acerca de las
potencialidades y capacidades de las personas con discapacidad.
6.
Diseñar las estrategias de información y divulgación accesibles para personas
con discapacidad, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones TIC facilitarán los canales de divulgación mediante los medios
de comunicación públicos y un llamado de responsabilidad social a los medios
privados.
7.
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, adelantará
un programa de capacitación en tecnologías de la información y las
comunicaciones para personas con discapacidad sensorial y con deficiencias
específicas que alteren las competencias para comunicarse a través del lenguaje
verbal.
8.
Los tecnocentros deben ser accesibles para todas las personas con discapacidad
y en particular contarán con software especializado que garantice el acceso a
la información, a las comunicaciones y a las tecnologías de la información y
las comunicaciones, de las personas con discapacidad sensorial.
9.
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, adelantará
un programa de capacitación en tecnologías de la información y las
comunicaciones para personas con discapacidad sensorial.
10.
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC, y el
programa Gobierno en Línea brindarán orientación para la accesibilidad a la
información en la administración pública.
11.
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones, expedirá el decreto reglamentario para fijar los
estándares de accesibilidad a todos los sitios web y a los medios y sistemas de
información de los órganos, organismos y entidades estatales de todo orden,
para que se garantice efectivamente el pleno acceso de las personas con
discapacidad sensorial a dichos sitios y sistemas y la información que ellos
contienen.
ARTÍCULO
17.  DERECHO A LA CULTURA. El Estado garantizará el derecho a la
cultura de las personas con discapacidad, en concordancia  con la Ley 1346 de
2009. Para garantizar el ejercicio total y efectivo del derecho a la cultura,
el Ministerio de Cultura deberá velar por la inclusión de las personas con
discapacidad a los servicios culturales que se ofrecen a los demás ciudadanos,
debiendo adoptar las siguientes medidas:
1.
Desde el ámbito nacional, departamental, distrital, municipal y local se debe
garantizar el acceso a eventos y actividades culturales.
2.
Garantizar que las entidades culturales, los espacios y monumentos culturales
cumplan con las normas de acceso a la información y de comunicación, y
accesibilidad ambiental y arquitectónica para la población con discapacidad.
3.
Ubicar a nivel nacional las entidades que realizan procesos de sensibilización,
desarrollo e inclusión social, con la población con discapacidad.
4.
Fomentar y garantizar la visibilización de las expresiones culturales propias
de las Personas con Discapacidad.
5.
Promover la implementación del enfoque diferencial en el ejercicio efectivo de
los Derechos de las personas con discapacidad.
6.
Crear campañas, proyectos y programas haciendo uso de las diversas expresiones
artísticas y comunicativas, a través de las cuales se evidencien las
potencialidades y destrezas que la población en situación de discapacidad
posee, involucrando los distintos medios de comunicación para su divulgación.
7.
Garantizar la participación de las personas con discapacidad en el conjunto de
actividades culturales que se realicen en todos los niveles de la
administración pública, en los distintos municipios.
8.
El Ministerio de Cultura promoverá e implementará, en departamentos, distritos,
municipios y localidades, la política de diversidad cultural que contempla
acciones para el desarrollo de programas formativos, el desarrollo de
metodologías y esquemas de inclusión pertinentes para las personas con discapacidad
con ofertas adecuadas a cada tipo de discapacidad y producción de materiales,
convocatorias y líneas de trabajo que reconozcan la discapacidad como una
expresión de la diversidad y la diferencia.
9.
Garantizar la difusión y el ejercicio de los derechos culturales de la
población con discapacidad.
10.
Garantizar que las entidades culturales que realizan proyectos con población
infantil y juvenil aporten al desarrollo cultural, la expresión y la inclusión
social de la población con discapacidad.
11.
Asegurar que el plan nacional de lectura y bibliotecas, el plan nacional de
música para la convivencia, el programa batuta y el plan nacional de cultura y
convivencia, entre otros, incluyan en sus procesos formativos a personas con
alguna discapacidad y que evidencien aptitudes en alguna de las áreas
pertinentes.
12.
Propiciar y fomentar el empleo de personas con discapacidad en museos,
bibliotecas, y demás bienes de interés público.
13.
Garantizar la formación necesaria para que las personas con discapacidad puedan
participar y realizar actividades culturales de manera eficiente y productiva.
14.
Asegurar que la Red Nacional de Bibliotecas sea accesible e incluyente para
personas con discapacidad.
15.
Garantizar el derecho de las personas con discapacidad al reconocimiento y el
apoyo de su identidad cultural.
16.
Los departamentos, municipios y distritos deben garantizar el acceso de las
personas con discapacidad a los recursos IVA de telefonía móvil. Del total de
estos recursos deberán destinar mínimo un 3% para el fomento, promoción y
desarrollo del deporte, la recreación de deportistas con discapacidad, y los
programas culturales y artísticos de gestores y creadores culturales con
discapacidad.
ARTÍCULO
18.  DERECHO A LA RECREACIÓN Y DEPORTE. El Estado garantizará el
derecho a la participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el
esparcimiento y el deporte de las personas con discapacidad, de conformidad con
el artículo 30 de la Ley 1346 de 2009. Para garantizar el ejercicio efectivo
del derecho a la recreación y el deporte, el Ministerio de Cultura, Ministerio
de Educación y Coldeportes junto con los actores del Sistema Nacional del
Deporte (Comité Paralímpico y Olímpico Colombiano, federaciones, ligas
paralímpicas, organizaciones de y para personas con discapacidad, los Entes
territoriales del deporte y la recreación), formularán e implementarán
programas inclusivos y equitativos para las personas con discapacidad y los
lineamientos para la práctica de educación física, recreación, actividad física
y deporte para la población con discapacidad. Además, se fortalecerá el ámbito
administrativo y técnico para lo cual adoptarán las siguientes medidas:
1.
Fortalecer el deporte de las personas con discapacidad, incluyendo el deporte
paralímpico, garantizando áreas de entrenamiento, juzgamiento, apoyo médico y
terapéutico, así como la clasificación funcional por parte del Sistema Nacional
del Deporte.
2.
Fomentar la práctica del Deporte Social Comunitario como un proceso de
inclusión social encaminado a potencializar las capacidades y habilidades de
acuerdo al ciclo vital de las personas con discapacidad.
3.
Apoyar actividades deportivas de calidad para las personas con discapacidad,
sin exclusión alguna de los escenarios deportivos y recreativos en lo
relacionado a la accesibilidad física, de información y comunicación.
4.
Suministrar el soporte para el desarrollo, importación o intercambio de
implementos deportivos específicos por tipo de discapacidad según estudios
técnicos sobre las necesidades de las personas con discapacidad, en
concordancia con las disciplinas deportivas y sin el cobro de los aranceles de
importación.
5.
Garantizar la inclusión de las personas con discapacidad en la recreación a
través de la organización y certificación de las entidades de recreación,
Registro Único Nacional RUN avalado por Coldeportes Nacional. Inclusión en los
currículos de los diferentes niveles de estudio sobre recreación en personas
con discapacidad y la acreditación de profesionales.
6.
Promover la actividad física de las personas con discapacidad a través de
inclusión en los currículos de los diferentes niveles de estudio, sobre
actividad física para esta población, con la acreditación de profesionales y
generación de estudios complementarios con énfasis en actividad física,
educación física adaptada o incluyente y deporte paralímpico.
7.
Efectuar las medidas necesarias que garanticen la recreación para las personas
con discapacidad, en condiciones de inclusión.
8.
Promover ajustes y abrir espacios de formación deportiva, en condiciones de
igualdad y en entornos inclusivos para personas con discapacidad.
9.
Los incentivos a los deportistas con discapacidad han de ser los mismos que
para los deportistas convencionales a nivel municipal, departamental y
nacional. Esto implica un programa de deportista apoyado, incentivo a
medallistas nacionales e internacionales y apoyo a las futuras glorias del
deporte de personas con discapacidad.
10.
Motivar las organizaciones de discapacidad cognitiva, sensorial y física, para
que sean parte activa de la vida cultural, recreativa y deportiva.
ARTÍCULO
19.  FACILITACIÓN DE LAS PRÁCTICAS TURÍSTICAS. El Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, promoverá dentro del sector turístico la
necesidad de adecuar la infraestructura turística para personas con
discapacidad, de acuerdo con las normas mínimas legales vigentes, al igual que
la aplicación de tarifas diferenciales entre los empresarios para este grupo de
la población colombiana. Así mismo, asegurará que los sistemas de calidad del
sector turístico incluyan la variable de accesibilidad para las personas con
discapacidad.
ARTÍCULO
20.  DERECHO A LA VIVIENDA. El Estado garantizará el derecho a la
vivienda de las personas con discapacidad, de acuerdo con el artículo 28 de la
Ley 1346 de 2009. Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la
vivienda, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio deberá garantizar el
ejercicio efectivo del derecho a la vivienda digna de las personas con
discapacidad, para lo cual adoptará las siguientes medidas:
1.
Todo plan de vivienda de interés social deberá respetar las normas de diseño
universal que también garantice la accesibilidad a las áreas comunes y al
espacio público.
2.
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio o quien haga sus veces, asignará
subsidios de vivienda para las personas con discapacidad de los estratos 1, 2 y
3, de manera prioritaria.
3.
El Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio implementará en un plazo máximo
de 1 año, los ajustes a su programas y políticas con el fin de asegurarlos
recursos y a establecer los mecanismos necesarios  para que del total de los
subsidios de vivienda que se asignen, como mínimo un 5% sean subsidios
especiales para ajustes locativos a las viviendas y adquisición de vivienda
nueva de las personas con discapacidad, con  niveles de Sisbén 1, 2 y 3,
atendiendo al enfoque diferencial y en concordancia del artículo 19 de la Ley
1346 de 2009.
ARTÍCULO
21. ACCESO A LA JUSTICIA. El Estado garantizará el acceso a la
justicia de las personas con discapacidad, en concordancia con el artículo 13
de la Ley 1346 de 2009. Para garantizar el ejercicio efectivo de acceso a la
justicia el Ministerio de Justicia y del Derecho, en alianza con el Ministerio
Público, los organismos de control y la rama judicial, deberán garantizar el
acceso de las personas con discapacidad en todos los programas de acceso a la
Justicia. Para ello, adoptará entre otras, las siguientes medidas:
1.
El Ministerio de Justicia y del Derecho, y la rama judicial, deberá implementar
programas de formación y gestión para la atención de casos de violación a los
derechos de las personas con discapacidad, que involucren a jueces, auxiliares
de justicia, casas de justicia, centros de conciliación, comisarías de familia,
personerías, entre otros. Así mismo implementará programas de formación
orientados a la comprensión de la discapacidad y la forma de garantizar la
cabal atención y orientación a las personas con discapacidad, facilitando los
servicios de apoyo requeridos para garantizar en igualdad de condiciones con
las demás personas el acceso a la Justicia.
2.
El Ministerio de Justicia y del Derecho, o quien haga sus veces, en alianza con
el Ministerio Público y las comisarías de familia y el ICBF, deberán proponer e
implementar ajustes y reformas al sistema de Interdicción judicial de manera
que se desarrolle un sistema que favorezca el ejercicio de la capacidad
jurídica y la toma de decisiones con apoyo de las personas con discapacidad,
conforme al artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad de Naciones Unidas.
3.
El Gobierno Nacional desarrollará un proyecto de fortalecimiento y apoyo a las
organizaciones de y para personas con discapacidad en todo el país, para dar a
conocer sus derechos y la forma de hacerlos efectivos.
4.
Las Instituciones de educación superior que cuenten con facultades de derecho y
consultorios jurídicos, deberán desarrollar programas de formación y apoyo al
restablecimiento de derechos de las personas con discapacidad.
5.
El Gobierno Nacional junto con las organizaciones nacionales e internacionales,
realizará campañas de respeto hacia las personas con discapacidad, otorgando
espacios a auto gestores que hablen de sus experiencias conforme a la Ley 1346
de 2009.
CAPÍTULO
II
De
la participación ciudadana de personas  con discapacidad
ARTÍCULO
22. PARTICIPACIÓN EN LA VIDA POLÍTICA Y PÚBLICA. La participación en
la gestión administrativa se ejercerá por las personas con discapacidad y por
sus organizaciones en los términos de la Constitución Política, la Ley 134 de
1994 y demás normas que desarrolla el inciso segundo del artículo 103 de la
Constitución Política, y los artículos 29 y 33, entre otros, de la Ley 1346 de
2009. Para el efecto, el Ministerio del Interior deberá dictar medidas que
establezcan los requisitos que deban cumplirse para la creación y funcionamiento
de las Organizaciones de personas con discapacidad que representen a las
personas con discapacidad antes las instancias locales, nacionales e
internacionales, así como las medidas que deben adoptarse para su
fortalecimiento y el aseguramiento de su sostenibilidad y de la garantía de su
participación plena y efectiva en la adopción de todas las decisiones que los
afectan. Las alcaldías municipales y locales deberán implementar programas
especiales de promoción de acciones comunitarias, servicios de apoyo de la
comunidad y de asistencia domiciliaria y residencial, que faciliten la
integración, relación y participación de las personas con discapacidad con los
demás ciudadanos, incluida la asistencia personal para facilitar la vida digna,
evitando el aislamiento, garantizando el acceso y la participación según sus
necesidades.
ARTÍCULO
23. CONTROL SOCIAL. La población con discapacidad y sus
organizaciones ejercerán el derecho y el deber del control social a todo el
proceso de la gestión pública relacionada con las políticas, los planes, los
programas, los proyectos y las acciones de atención a la población con
discapacidad, o con enfoque diferencial en discapacidad. Para tal efecto,
podrán constituir veedurías ciudadanas en desarrollo de lo dispuesto por la Ley
850 de 2003 y demás normas pertinentes, y adoptar otras modalidades de control
social, que se traducirán en las siguientes actividades:
1.
El Gobierno Nacional, a través de sus Ministerios apoyará la promoción de estas
veedurías y de sus redes, así como la formación de los veedores ciudadanos que
las conforman. Las entidades que forman parte de la Red institucional de apoyo
a las veedurías ciudadanas de que trata el artículo 22 de la Ley 850 de 2003,
se vincularán de acuerdo a su competencia.
2.
Las personas con discapacidad y sus organizaciones, participarán activamente en
los eventos de rendición de cuentas que presenten las diferentes entidades
vinculadas a la política pública de discapacidad.
3. El
Gobierno Nacional, a través de sus ministerios, apoyará la promoción de
veedurías por parte de los entes departamentales del deporte y la recreación.
ARTÍCULO
24. PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE SUS ORGANIZACIONES.
Se garantizará la participación de las personas con discapacidad y de sus
organizaciones, particularmente en los siguientes ámbitos y espacios propios
del sector:
1.
En la formulación y ejecución de las políticas y la planificación de los
procesos culturales, mediante los Consejos de Cultura Nacional, Departamental,
Distrital y Municipal, de acuerdo a lo establecido en la Ley General de
Cultura.
2.
En todos los órganos o instituciones de discapacidad.
3.
En la toma de decisiones, en los aspectos social, económico, ambiental,
político, educativo, laboral y cultural.
4.
En el diseño, implementación, seguimiento y veeduría de la política pública de
discapacidad.
5.
En el seguimiento, monitoreo e implementación de la Convención Internacional
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y demás
instrumentos internacionales ratificados por Colombia, que estén relacionados
con el tema y afecten al sector de la discapacidad.
6.
Las personas con discapacidad  tendrán derecho a actuar por sí mismas, teniendo
en cuenta sus capacidades, respetando la facultad en toma de decisiones con o
sin apoyo. En caso contrario se les garantizará la asistencia jurídica
necesaria para ejercer su representación.
7.
Reconocer y visibilizar a la discapacidad psicosocial y el Trastorno de
Espectro Autista como discapacidades tal como están contempladas en las
clasificaciones internacionales.
ARTÍCULO
25. PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES CON DISCAPACIDAD.  De conformidad
con lo dispuesto en el artículo 6º de la Ley 1346 de 2009, el Estado adoptará
las siguientes medidas, para garantizar el ejercicio efectivo de todos los
derechos de las mujeres con discapacidad:
1.
Elaborar y ejecutar acciones para la participación de la mujer con
discapacidad.
2.
Velar para que la participación de la mujer con discapacidad en los ámbitos
nacionales, regionales y locales.
3.
La Consejería de Equidad de la Mujer incorporará el enfoque diferencial de
mujer y discapacidad en todos sus programas, promocionando la organización de
las mujeres con discapacidad, de acuerdo a sus expectativas e intereses en todo
el territorio nacional.
4.
Diseñar programas y proyectos de carácter nacional y de cooperación
internacional para hacer efectivos los derechos de las mujeres con
discapacidad, los cuales serán implementados con la participación activa de las
mujeres con discapacidad en las organizaciones de las personas con
discapacidad.
5.
Estudiar las condiciones que propician los actos violentos ejercidos contra las
mujeres y niñas con discapacidad, y hacer de conocimiento público la situación
de niñas y mujeres con discapacidad en relación con la violencia de género.
6.
Realizar estudios encaminados a adoptar las medidas necesarias que eviten la
discapacidad de mujeres y niñas por problemas de salud pública y en especial,
por la violencia.
7.
Dar la atención debida, directa y personalizada a cada niña o mujer con
discapacidad víctima de la violencia de género, mediante el trabajo coordinado
de los servicios públicos, las organizaciones de mujeres y de la discapacidad,
elaborando guías de defensa y atención psicosocial.
ARTÍCULO
26.  EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL EJERCICIO EFECTIVO DE LOS
DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. El Consejo Nacional de
Discapacidad, evaluará cada 4 años la eficacia de las acciones afirmativas, los
ajustes razonables y la sanción a la discriminación, como mecanismos para
garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con
discapacidad.
Esta
evaluación se realizará para establecer si se han alcanzado los objetivos
buscados con la aplicación la de la presente ley, en los diferentes escenarios
de planificación, y toma de decisiones sobre las acciones que se diseñen para
mejorar sus condiciones de vida. Tal evaluación no suplirá el control y la evaluación
que deben realizar los organismos de control del Estado colombiano competentes.
TÍTULO
V
DISPOSICIONES
FINALES
ARTÍCULO
27.  ADICIÓN LEGISLATIVA. La presente ley se adiciona a las demás
normas que protegen los derechos de las personas con discapacidad, con el fin
de garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos, así como su exigibilidad.
ARTÍCULO
28.  PUBLICIDAD.  La presente ley deberá ser traducida en los
diferentes sistemas de comunicación de las distintas discapacidades y deberá
ser socializado a nivel nacional, departamental, municipal y distrital, para
que sea conocida por la población objetivo. El Consejo Nacional de
Discapacidad  y los Comités Territoriales de Discapacidad deberán apoyar la
difusión y deberá participar activamente en su divulgación.
ARTÍCULO
29.  REGLAMENTACIÓN DE LA LEY. Los decretos reglamentarios de la
presente ley deberán ser elaborados en un plazo máximo de dos años a partir de
un proceso participativo, el cual será acordado con el  Consejo Nacional de
Discapacidad, con organizaciones y líderes del sector de discapacidad.
ARTÍCULO
30. PROMOCIÓN, PROTECCIÓN Y SUPERVISIÓN. Créase un mecanismo
independiente para la promoción, protección y supervisión del ejercicio efectivo
de los derechos de las personas con discapacidad previstos en esta ley, así
como de la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad de Naciones Unidas, que se constituya como el mecanismo
responsable para todas las cuestiones relativas a estos derechos y a la
Convención, incluyendo la coordinación para facilitar la adopción de medidas al
respecto.
1.
Este mecanismo será de naturaleza y funcionamiento independiente del Gobierno
Nacional, así como de los gobiernos departamentales,  distritales y municipales
estará integrado por las instituciones del Ministerio Público (Procuraduría
General de la Nación y sus seccionales, Defensoría del Pueblo, sus regionales y
seccionales), organizaciones de personas con discapacidad en el ámbito nacional
y territorial y la Contraloría General de la Nación, incluyendo las
contralorías locales.
2.
Las universidades podrán participar en los mecanismos de interlocución y
coordinación que se establezcan para la operatividad de este mecanismo.
3.
El mecanismo contará con un presupuesto independiente de parte del Ministerio
de Justicia y el Derecho y establecerá su visión y funcionamiento, de acuerdo
con lo establecido en este artículo y el artículo 33 de la Convención de los
Derechos de las Personas con Discapacidad.
4.
Las funciones del mecanismo deberán dar seguimiento a las medidas de índole
legislativa, administrativa y presupuestal, para aplicar la presente ley y la
Convención de los derechos de las Personas con Discapacidad. También debe este
mecanismo preparar informes periódicos con un periodo mínimo de 6 meses y
máximo de 2 años sobre la actuación del Gobierno para cumplir con las
obligaciones de la Convención.
5.
En el período de 1 año contado a partir de la promulgación de esta ley, el
Gobierno Nacional con la participación de las personas con y en situación de
discapacidad y sus organizaciones, preparará una evaluación de impacto de las
medidas adoptadas mediante esta ley en el goce efectivo de los derechos de las
personas con discapacidad que deberá presentar ante el Congreso de la República
y difundir de manera amplia. Los resultados de la evaluación serán incluidos en
el informe periódico que el estado colombiano deba presentar ante el Comité de
los Derechos de las Personas con Discapacidad.
6.
Corresponde al departamento Ministerio de Salud y Protección Social en
coordinación con el Departamento Administrativo para la Prosperidad social o a
quien haga sus veces, la coordinación para la adopción de medidas por parte del
gobierno, conforme a la Ley 1145 de 2007, que le atribuye el liderazgo del
Sistema Nacional de Discapacidad. Así mismo, el Ministerio de Salud y
Protección Social establecerá el enlace de los mecanismos gubernamentales con
el mecanismo independiente de Promoción, Protección y Supervisión del ejercicio
efectivo de los derechos de las personas con discapacidad previsto en esta ley,
así como de la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad de Naciones Unidas.
ARTÍCULO
31.  SANCIONES.  La omisión a las obligaciones impuestas por la
presente ley por parte de los empleados públicos; los trabajadores oficiales;
los miembros de corporaciones de elección popular; los contratistas del Estado
y los particulares que cumplan funciones públicas, del orden nacional,
departamental y municipal, en el sector central y descentralizado, y en
cualquiera de las ramas del poder, se considerara falta grave en los términos
del régimen disciplinario.
ARTÍCULO
32. VIGENCIA. La presente ley rige a partir de su publicación, y
deroga las disposiciones que le sean contrarias.”
[1] “Por medio de la cual se establecen mecanismos de
integración social de las personas con limitación y se dictan otras
disposiciones”.
[2] “Por medio de la cual se aprueba la Convención sobre los
Derechos de las personas con Discapacidad, adoptada por la Asamblea General de
las Naciones Unidas”.
[3] Sobre este tema cita especialmente las sentencias C-463 y
T-760, ambas de 2008.
[4] “Persona con discapacidad: Es aquella que tiene
limitaciones o deficiencias en su actividad cotidiana y restricciones en la
participación social por causa de una condición de salud, o de barreras
físicas, ambientales, culturales, sociales y del entorno cotidiano. Esta
definición se actualizará, según las modificaciones que realice la Organización
Mundial de la Salud, OMS, dentro de la Clasificación Internacional de
Funcionalidad, CIF.”
[5] Según puede comprobarse con la lectura de la referida acta,
durante el trámite de esta sesión ni quien la presidió ni ninguno de los
integrantes de la comisión solicitó en momento alguno la verificación del
quórum.
[6] Como ya se explicó, este informe fue publicado el martes 13 de
diciembre de 2011 y sometido a votación en las plenarias de ambas cámaras el
miércoles 14 de diciembre del mismo año.
[7] Publicada en la Gaceta 45 de marzo 2 de 2012.
[8] Sesión del día 11 de octubre de 2011.
[9] Sesión del día 9 de noviembre de 2011.
[10] Sesión del día 14 de diciembre de 2011.
[11] Sesión del día 30 de noviembre de 2011.
[12] Sesión del día 13 de diciembre de 2011.
[13] Sesión del día 14 de diciembre de 2011.
[14] Situación prevista en el numeral 16 del actual texto del
artículo 129 del Reglamento del Congreso, contenido en la Ley 5ª de 1992,
modificada en este punto por el artículo1° de la Ley 1431 de 2011. Esta
excepción no opera en los casos en que uno de los miembros de la respectiva
comisión o plenaria solicite la votación nominal y pública.
[15] Sesión del 11 de octubre de 2011, acta N° 16, publicada en la
Gaceta 910 de noviembre 29 de 2011.
[16] Sesión del 9 de noviembre de 2011, acta N° 98, publicada en la
Gaceta 12 de enero 31 de 2012.
[17] Sesión del 30 de noviembre de 2011, acta N° 28, publicada en la
Gaceta 27 de noviembre 30 de 2011.
[18] Sesión del 13 de diciembre de 2011, acta N° 28, publicada en la
Gaceta 45 de marzo 2 de 2012.
[19] Sesión del 14 de diciembre de 2011, acta N° 29, publicada en la
Gaceta 46 de marzo 2 de 2012.
[20] Sesión del 14 de diciembre de 2011, acta N° 108, publicada en
la Gaceta 94 de marzo 22 de 2012.
[21] Cfr. sobre este tema, entre muchas otras, las sentencias C-025
de 1993, C-352 de 1998, C-501 y C-1025 de 2001, C-618 y C-887 de 2002, C-245 y
C-460 de 2004, C-138 y C-211 de 2007, C-230 y C-714 de 2008. Entre las más
recientes ver, entre otros, los fallos C-333 de 2010, C-490 de 2011 (respecto
de una ley estatutaria), C-133, C-292 y C-394 de 2012.
[22] Sentencia C-490 de 2011 (M. P. Luis Ernesto Vargas Silva).
[23] Ver sobre el distinto alcance de estos principios, entre otras, las
sentencias C-305 de 2004 (M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra) con diversos
salvamentos de voto (de los Magistrados Monroy Cabra, Montealegre Lynnet,
Beltrán Sierra, Córdoba Triviño, Escobar Gil, Vargas Hernández, Cepeda Espinosa
y Araújo Rentería) en lo que atañe a la aplicación del principio de unidad de
materia a las distintas normas demandadas; C-453 de 2006 y C-427 de 2008 (en
ambas M. P. Manuel José Cepeda Espinosa), y C-713 de 2008 (M. P. Clara Inés
Vargas Hernández) con salvamentos parciales de voto de los magistrados Jaime
Araújo Rentería, Nilson Pinilla Pinilla y Humberto Antonio Sierra Porto. Ver
también, en lo pertinente, la sentencia C-040 de 2010 (M. P. Luis Ernesto
Vargas Silva), con salvamento de voto en relación con el alcance de estos
conceptos por parte de los Magistrados Mauricio González Cuervo, Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub y Humberto Antonio Sierra Porto.
[24]  Cfr. sobre este tema, entre otras, las sentencias C-702 de
1999 (M. P. Fabio Morón Díaz); C-922 de 2000 (M. P. Antonio Barrera Carbonell);
C-801 de 2003 (M. P. Jaime Córdoba Triviño) con salvamento parcial de voto de
los Magistrados Alfredo Beltrán Sierra y Clara Inés Vargas Hernández; C-1113 de
2003 (M. P. Álvaro Tafur Galvis) con salvamento parcial de voto de los
Magistrados Eduardo Montealegre Lynnet y Manuel José Cepeda Espinosa; C-669 de
2004 (M. P. Jaime Córdoba Triviño); C-706 de 2005 (M. P. Álvaro Tafur Galvis)
con salvamento parcial de voto de los Magistrados Jaime Araújo Rentería y
Humberto Antonio Sierra Porto y aclaraciones de voto de los Magistrados Manuel
José Cepeda Espinosa y Jaime Córdoba Triviño; además de las antes citadas
sentencias C-305 de 2004, C-453 de 2006, C-427 y C-713 de 2008.
[25] Cfr. Gaceta del Congreso 678 de septiembre 12 de 2011.
[26] En este sentido puede revisarse el contenido de las ponencias
presentadas durante las distintas etapas del trámite legislativo, contenidas
como quedó dicho, en las Gacetas del Congreso 735, 812, 904 y 955, todas de
2011.
[27] Contenidas en los artículos 5°, 7°, 8°, 9°, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 del proyecto original (Gaceta 678 de 2011).
[28] Ponencia para primer debate en la Comisión Primera del Senado,
Senador Luis Fernando Velasco Cháves. Gaceta 904 de noviembre 29 de 2011
(páginas 7 a 52).
[29] Sobre este tema ver también el desarrollo del primer debate
ante la Comisión Primera del Senado, cumplido el 30 de noviembre de 2011 (acta
N° 28, publicada en la Gaceta N° 27 de febrero 9 de 2012).
[30] Cfr. sobre este tema especialmente las sentencias C-490 de 2011
(M. P. Luis Ernesto Vargas Silva) y C-748 de 2011 (M. P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub).
[31] La inclusión
de este convenio dentro del bloque de constitucionalidad se deriva del hecho de
desarrollar un tema de derechos humanos y fue reconocida al menos desde la
sentencia SU-039 de 1997 (M. P. Antonio Barrera Carbonell). Este planteamiento
ha sido posteriormente reiterado en muchas otras decisiones, entre ellas los
fallos SU-383 de 2003,  C-620 de 2003, C-208 de 2007, C-030, C-461 y C-864 de
2008, C-175 y C-615 de 2009, C-063, C-702 y C-915 de 2010 y más recientemente
en la T-680 de 2012.
[32] Ver especialmente las sentencias C-030 de 2008 (M. P. Rodrigo
Escobar Gil) y C-175 de 2009 (M. P. Luis Ernesto Vargas Silva), ampliamente
reiteradas en otras decisiones.
[33] Compiladas en el Decreto 111 de 1996.
[34] El proyecto contiene una sola norma que a primera vista podría
entenderse que establece beneficios tributarios. Se trata del numeral 6°
del artículo 13, sobre el derecho al trabajo, que asigna al Ministerio de
Hacienda la competencia para establecer estímulos económicos para los
empleadores que vinculen laboralmente personas con discapacidad, norma cuyo
contenido específico se examina más adelante en el espacio correspondiente. Sin
embargo es claro que este precepto tampoco establece por sí mismo un beneficio
tributario, pues apenas prevé que eso se haga en el futuro, según las
decisiones que dentro del marco de esta norma adopte ese Ministerio.
[35] Como ocurre con frecuencia con las leyes de honores o con
aquellas en las que la Nación se vincula a determinadas conmemoraciones.
[36] Se refiere la Corte a la Convención sobre los Derechos de las
personas con Discapacidad, adoptada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas, incorporada al derecho interno mediante Ley 1346 de 2009, tratado y ley
que son frecuentemente invocados como antecedentes a lo largo del articulado de
este proyecto.
[37] Ver a este respecto las precisiones hechas durante el último
debate (plenaria del Senado del día 13 de diciembre de 2011, acta N° 28) por el
Senador Ponente Luis Fernando Velasco Chaves, quien informó que los últimos
ajustes y modificaciones al proyecto fueron concertados con el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, quien había manifestado algunas inquietudes sobre
el contenido de este proyecto, así como con los restantes Ministerios
interesados según las distintas materias (Gaceta N° 45 de marzo 2 de 2012,
página 48).
[38] Declarado exequible mediante sentencia C-293 de 2010 (M. P.
Nilson Pinilla Pinilla).
[39] La Corte Constitucional ha realizado una extensa reflexión sobre el
alcance de estos instrumentos en varios pronunciamientos, destacándose entre
ellos las sentencias C-076 de 2006 (M. P. Jaime Córdoba Triviño) y T-340 de
2010 (M. P. Juan Carlos Henao Pérez).
[40] Tratado declarado exequible mediante sentencia C-401 de 2003
(M. P. Álvaro Tafur Galvis).
[41] Entre estos pueden mencionarse la Declaración Universal de los
Derechos Humanos de 1948, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y
Culturales suscritos ambos de 1966, la Convención contra la Tortura y otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 1984, además de los
instrumentos relativos a la eliminación de distintas formas de discriminación.
En todo caso estas enumeraciones no agotan el conjunto de
pronunciamientos y/o tratados internacionales sobre el tema de la discapacidad.
La Corte hizo un recuento aún más exhaustivo de esos instrumentos en el Auto
A-006 de 2009 (M. P. Manuel José Cepeda Espinosa) en el que analizó la
problemática especial de las personas víctimas de desplazamiento forzado que
además padecen alguna discapacidad.
[42] Ver particularmente como ejemplo de este tipo de procesos al
caso del derecho al hábeas data y la protección de datos de carácter personal,
recogido por las Leyes Estatutarias 1266 de 2008 y 1581 de 2012 después de
varios años de importantes desarrollos jurisprudenciales.
[43] Cfr. en relación con este aspecto, entre otras, las sentencias
C-520 de 1998, C-925 de 2005 y C-293 de 2007.
[44] La sentencia Regents of the University of California vs Bakke,
expedida en 1978 por la Corte Suprema de los Estados Unidos, relativa a un
conflicto surgido a raíz de una política de discriminación positiva aplicada
por dicha Universidad fue un importante hito en la consolidación de la doctrina
sobre acción afirmativa en ese país.
[45] Ver DÍEZ-PICAZO. LUIS MARÍA Sistema De Derechos Fundamentales,
Segunda Edición. Thompson Civitas, Madrid, 2005. En el derecho
constitucional español se habla especialmente de acción positiva, siendo
el término acción afirmativa una traducción casi literal del inglés del término
original affirmative action.
[46] Son ejemplos de esa posibilidad, entre otras, la Ley 324 de
1996 “Por la cual se crean algunas normas a favor de la población sorda”
y más recientemente Ley 1275 de 2009 “Por medio de la cual se establecen
lineamientos de Política Pública Nacional para las personas que presentan
enanismo y se dictan otras disposiciones”.
[47] Cfr., sobre  estos  temas,  sólo  durante  la última década,
las sentencias C-1036 de 2003, C-174 de 2004, C-101 de 2005, C-667 de 2006,
C-932 de 2007, C-258 de 2008, C-793 de 2009, C-293 de 2010 y C-221 de 2011.
[48] Cfr., durante la misma época, las sentencias SU-388, SU-389 y
T-726 de 2005; T-061, T-518 y T-593 de 2006; T-953, T-1211 y T-1258 de 2008,
T-030 de 2010, T-057 y T-551 de 2011, así como la sentencia T-724 de 2003 y sus
autos de seguimiento, entre ellos el A-268 de 2010.
[49] Ver entre otras las sentencias C-673 de 2001 y C-227 de 2004
(M. P. en ambas Manuel José Cepeda Espinosa), y más recientemente C-434 de 2010
(M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), C-221 de 2011 (M. P. Luis Ernesto Vargas
Silva) y C-296 de 2012 (M. P. Juan Carlos Henao Pérez).
[50] Particularmente los artículos 13 y 47.
[51] Este texto es idéntico al utilizado en relación con esta función desde
la Constitución de 1886, en el artículo 120 numeral 3°.
[52] Ver sobre este tema, entre otras, la sentencia C-509 de 1999 (M. P.
José Gregorio Hernández Galindo).
[53] Ver a este respecto, entre otras, las sentencias C-372 de 2009 (M. P.
Nilson Pinilla Pinilla) y C-823 de 2011 (M. P. María Victoria Calle Correa).
[54] Sobre esta posibilidad, ver entre otras las sentencias C-675 de 2005
(M. P. Jaime Araújo Rentería) y C-823 de 2011 (M. P. María Victoria Calle
Correa).
[55] Cfr. sobre este aspecto, entre otras, las sentencias C-805 de 2001 (M.
P. Rodrigo Escobar Gil), C-508 de 2002 (M. P. Alfredo Beltrán Sierra) y C-1005
de 2008 (M. P. Humberto Sierra Porto).
[56] El concepto empleado en la Convención habla únicamente de largo
plazo, mientras que el del proyecto de ley se refiere a mediano y largo plazo.
[57] Cfr. entre otras, las sentencias T-608 de 2007 y T-1222 de 2008
(en ambas M. P. Rodrigo Escobar Gil), T-391 de 2009 (M. P. Humberto Antonio
Sierra Porto) y T-974 de 2010 (M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[58] Cfr. sobre estos temas, entre otras, las sentencias T-631 de
2007 y T-657 de 2008 (en ambas M. P. Humberto Antonio Sierra Porto) y T-633 de
2008 (M. P. Mauricio González Cuervo).
[59] Ver, entre muchas otras decisiones sobre el derecho a la salud
de las personas en situación de discapacidad, las sentencias T-003 de 2005 (M.
P. Jaime Córdoba Triviño) y T-201 de 2007 (M. P. Humberto Antonio Sierra
Porto). En temas más específicos, por ejemplo el relativo al transporte hasta
el lugar donde se proveen los servicios y la presencia de un acompañante como
derechos de las personas que padecen esta condición, ver entre otros los
fallos  T-642 de 2008 (M. P. Nilson Pinilla Pinilla). y T-035 de 2011 (M. P.
Humberto Sierra Porto).
[60] En relación con este derecho ver, entre las decisiones de los
años más recientes, las sentencias T-884 de 2006, T-487 y T-984 de 2007 (en
todas estas M. P. Humberto Antonio Sierra Porto) y T-051 de 2011 (M. P. Jorge
Iván Palacio Palacio).
[61] Sobre estos temas pueden consultarse, entre muchas otras, las
sentencias T-1639 de 2000 (M. P. Álvaro Tafur Galvis),  T-595 de 2002  (M. P.
Manuel José Cepeda Espinosa),  T-276 de 2003  (M. P. Jaime Córdoba Triviño) y
T-285 de 2003 (M. P. Clara Inés Vargas Hernández), T-1258 de 2008 (M. P.
Mauricio González Cuervo), T-010 de 2011 (M. P. María Victoria Calle Correa),
T-511 y T-553 de 2011 (en ambas M. P. Jorge Ignacio Pretelt Ch.).
[62] Sobre el tema de la promoción a la práctica del deporte para las
personas discapacitadas ver especialmente la sentencia T-340 de 2010 (M. P.
Juan Carlos Henao Pérez).
[63] Sobre el deber de inclusión de las personas en situación de
discapacidad en los distintos espacios de la vida en sociedad ver, entre otras,
las sentencias C-156 de 2004 (M. P. Manuel José Cepeda Espinosa) y las ya
citadas sentencias T-010 y T-553, ambas de 2011.
[64] Organismo creado y desarrollado por la Ley
1145 de 2007.
[65] Entre ellas el Ministerio de Educación (art.
11), el Fondo Nacional de Ahorro (art. 13) o el Ministerio de Transporte (art.
15).
[66] Mediante la Ley 361 de 1997.
[67] Letras h) e i) del numeral 1° del artículo
27sobre trabajo y empleo.
[68] Ver en este sentido, entre muchas otras, las
sentencias C-341 de 1998 (M. P. José Gregorio Hernández Galindo) y C-1297 de
2001 (M. P. Clara Inés Vargas Hernández), y en tiempos más recientes C-913 de
2011 (M. P Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) y C-198 de 2012 (M. P. Nilson
Pinilla Pinilla).