T-276-17
Sentencia T-276/17
ACCION DE TUTELA PARA SOLICITAR DERECHO A LA
COMUNICACION DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Procedencia excepcional
DERECHOS FUNDAMENTALES DE PERSONAS PRIVADAS
DE LA LIBERTAD-Clasificación en tres grupos: derechos suspendidos, derechos
intocables y derechos restringidos o limitados
DERECHO A LA COMUNICACION DE PERSONAS
PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Jurisprudencia constitucional
DERECHO A LA COMUNICACION DE PERSONAS
PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Ámbito internacional
ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL EN MATERIA
DE HACINAMIENTO CARCELARIO-Declarado en sentencia T-153/98
EXISTENCIA DE UN NUEVO ESTADO DE COSAS
INCONSTITUCIONAL EN MATERIA CARCELARIA-Declaración en sentencia
T-388/13
ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL DEL SISTEMA
CARCELARIO-Reiteración en sentencia T-762/15
DERECHO A LA COMUNICACION Y A LA INFORMACION
DE POBLACION CARCELARIA CON EL MUNDO EXTERIOR Y CON LA FAMILIA-Elemento de una
política punitiva resocializadora y dignificante
DERECHO A LA COMUNICACION Y A LA INFORMACION
DE POBLACION CARCELARIA-Garantía por el Estado de la prestación eficiente de los servicios
para la comunicación e implementación de tecnologías que permita facilitar su
acceso a los reclusos
Le corresponde al
Estado, en su posición de garante del derecho a la comunicación y a la
información de la población reclusa garantizar: i) la prestación (por su propia
mano o a través de terceros) de los servicios requeridos para la comunicación;
ii) la vigilancia permanente del buen funcionamiento de los servicios prestados;
iii) la implementación progresiva de las nuevas tecnologías que permita
facilitar y mejorar el acceso a la comunicación y a la información de los
reclusos en el marco de la regulación de estos derechos. Por supuesto, tal
accesibilidad no puede desconocer las condiciones de seguridad propias de
quienes están privados de la libertad.
DERECHO A LA COMUNICACION Y A LA INFORMACION
DE POBLACION CARCELARIA-Necesidad de adecuar las cárceles a las nuevas
tecnologías de la información y las comunicaciones
FACETA PRESTACIONAL DEL DERECHO A LA
COMUNICACION-Protección constitucional
DERECHO A LA COMUNICACION DE PERSONAS
PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Facetas prestacionales
DERECHO A LA COMUNICACION DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Orden al INPEC tomar
las medidas adecuadas y necesarias para informar a los internos de los
Establecimientos a su cargo, las modalidades del servicio de correo a que
tienen derecho
DERECHO A LA COMUNICACION DE
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Orden al INPEC y al Ministerio TIC tomar las medidas adecuadas y necesarias para modificar el sistema
actual de telefonía o la tecnología equivalente de comunicación
Referencia: Expedientes
T-5.903.939 y T-5.919.758
Acción de tutela
interpuesta por: (i) Oliver Alexander Fernández Guapacha contra Prepacol SAS y
(ii) Luis Eduardo Lezama Campo contra el Establecimiento Penitenciario y
Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Cómbita, Boyacá.
Magistrado Ponente:
AQUILES ARRIETA GÓMEZ
(e)
Bogotá D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil
diecisiete (2017).
La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte
Constitucional, conformada por los magistrados Alberto Rojas Ríos, José Antonio
Cepeda Amarís y Aquiles Arrieta Gómez, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y
241 numeral 9º de la Constitución Política, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de los fallos proferidos el
7 de septiembre de 2016 por el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito
Judicial de Guaduas Cundinamarca, dentro de la acción de amparo interpuesta por
Oliver Alexander Fernández Guapacha contra Prepacol SAS (exp. T-5.903.939) y el
15 de julio de 2016 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento de Tunja, Boyacá, dentro del trámite de tutela instaurado por Luis
Eduardo Lezama Campo contra el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de
Alta y Mediana Seguridad de Cómbita, Boyacá (exp. T-5.919.758).
I. ANTECEDENTES
1. Expediente T-5.903.939
1.1. Hechos y solicitud
El señor Oliver Alexander Fernández Guapacha
presentó acción de tutela contra Prepacol SAS y solicitó la protección de sus
derechos a la “comunicación”, a la igualdad y a la dignidad, supuestamente
vulnerados por la accionada debido a que los teléfonos ubicados en el patio del
Establecimiento Penitenciario y Carcelario en el que se encuentra recluido
están fuera de servicio.
El accionante se encuentra en el Establecimiento
Penitenciario y Carcelario  (en adelante EPC) “La Esperanza”, ubicado en el
municipio de Guaduas Cundinamarca. Manifiesta que desde hace un año, 3 de los 5
teléfonos instalados en el patio 8 no funcionan. Añade que el 9 de junio de
2016 se realizó el mantenimiento de los equipos y que dicho trabajo fue
infructuoso pues los aparatos presentan los siguientes problemas: (i) teclados
estropeados, (ii) mala señal y (iii) caída de las llamadas. Indica que desde el
5 de julio de 2016 ningún teléfono sirve por lo que se imposibilita la comunicación
con su grupo familiar y sus demás contactos. Finalmente, informa que 130
internos, al parecer, presentaron un memorial en el que solicitaron a Prepacol
SAS la reparación de los equipos averiados.[1]
Por lo anterior, solicita que se amparen sus derechos y que se ordene a la
sociedad demandada “la reparación y habilitación para un servicio óptimo de
los 5 teléfonos instalados en el patio 8 de la cárcel la esperanza de Guaduas
Cundinamarca”.
1.2. Respuesta de Prepacol SAS[2]
El representante legal de Prepacol SAS[3] se opuso a las
pretensiones de la acción de amparo y señaló que el servicio de telefonía no es
de mala calidad. Precisó que en el EPC “La Esperanza” de Guaduas Cundinamarca,
se encuentran instalados 72 equipos, “de los cuales, al 2 de agosto de 2016
en la última revisión técnica había problemas con 9 debido al vandalismo al
cableado y la ductería”.[4]
Para la prestación del servicio, dijo, fueron instalados equipos robustos de
última tecnología que “resisten el trato que les dan los internos”. No
obstante, aseveró que el mantenimiento de los aparatos debe hacerse de manera
periódica en atención a los actos de vandalismo de los internos, por lo que
constantemente se lleva a cabo el cambio de equipos y del cableado. Mencionó
que las fallas en la señal no son imputables a ellos dado que Prepacol es un
comercializador del servicio y no un operador. Finalmente, puso de presente que
en el patio 8 existen problemas de vandalismo que inciden en el funcionamiento
de los 5 teléfonos puestos a disposición de los internos y que en una ocasión
el técnico designado para realizar la visita fue amenazado por el señor Carlos
Martínez de ese patio.
1.3. Respuesta del director del Establecimiento
Penitenciario y Carcelario “La Esperanza”
El director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario
“La Esperanza” manifestó que el 8 de febrero de 2016, la Oficina de Gestión
Corporativa recibió una petición del interno Luis Gilberto Restrepo Posada en
la que solicitó la instalación de más teléfonos en el patio.[5] Relató que, en aras de
garantizar un buen servicio a los internos, se remitió la petición a PREPAGO DE
COLOMBIA SAS-PREPACOL SAS, empresa contratada para prestar el servicio de
telefonía en el establecimiento. Precisó que se requirió un estudio de
viabilidad para la instalación de más teléfonos en el patio 8 y que la empresa
contestó que el 17 de marzo de 2016 se habían instalado 2 equipos más por lo
que el patio contaba con 5 teléfonos en funcionamiento. Adicionalmente, relató
que se elaboró un informe de cumplimiento del contrato suscrito entre el INPEC
y Prepacol S.A.S. y recalcó que PREPACOL SAS realiza el mantenimiento oportuno
de los teléfonos,[6]
cada vez que se requiere, y que tan solo entre los meses de julio y agosto se
llevaron a cabo 16 visitas de carácter técnico.[7]
1.4. Decisión judicial objeto de revisión
1.4.1. El Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito Judicial
de Guaduas Cundinamarca, mediante sentencia del 7 de septiembre de 2016, negó
la acción de tutela pues la situación se enmarca dentro de la carencia actual
de objeto por hecho superado. El juzgado centró su estudio en la posible
vulneración de los derechos a la igualdad y a la comunicación que esbozó el
actor, “teniendo en cuenta que el artículo 110 y siguientes del Código
Penitenciario y Carcelario consagra el derecho de las personas privadas de la
libertad a sostener comunicación con el exterior y de recibir noticias
periodísticas respecto de la vida nacional o internacional”.
1.4.2. Consideró que la empresa demandada realiza las
actividades tendientes a garantizar un buen servicio y el mantenimiento de los
equipos. Adicionalmente, resaltó que el funcionamiento de los teléfonos se ha
afectado por elementos prohibidos que se han encontrado escondidos al interior
de los mismos y que el Establecimiento Penitenciario y Carcelario ha presentado
varias solicitudes y desarrollado actividades para garantizar el eficiente
servicio de telefonía. En vista de lo anterior, concluyó que se superaron los
motivos que dieron origen a la presentación de la acción.
2. Expediente T-5.919.758
2.1. Hechos y solicitud
El señor Luis
Eduardo Lezama Campo interpuso acción de tutela contra el Área de
Correspondencia del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y
Mediana Seguridad de Cómbita, Boyacá, por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales a la igualdad, a la dignidad humana y de petición. El accionante,
que se encuentra recluido en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de
Alta y Mediana Seguridad de Cómbita, Boyacá, remitió a través del Área de
Correspondencia de esa entidad, unas cartas personales dirigidas a algunos de
sus familiares en el mes de noviembre de 2014 y en el mes de septiembre de
2015. Indica que la correspondencia nunca llegó a manos de sus destinatarios,
por lo que radicó un derecho de petición ante la empresa Servicios Postales
Nacionales S.A. 4-72, del cual no obtuvo respuesta. Solicita que se le
devuelvan las cartas que entregó por correspondencia o que éstas sean remitidas
a sus destinatarios, pues contenían fotos familiares y documentos personales de
importancia para él.[8]
2.2. Respuesta a la demanda[9]
2.2.1. El Director del Establecimiento Penitenciario y
Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Cómbita, Boyacá, César Fernando
Caraballo Quiroga, informó que no existe vulneración a los derechos
fundamentales invocados por el accionante, ya que al consultar con el Área de
Correspondencia de la entidad se verificó que, por medio de la empresa
Servicios Postales Nacionales S.A. 4-72, se enviaron tres sobres de fechas 10
de diciembre de 2014, 1º de septiembre de 2015 y 11 de septiembre de 2015 “con
sello de envía el interno con destino al señor RAÚL LEZAMA en la ciudad de
Cartagena y los otros dos dirigidos a la señora YEIMI ZAMORA en la reclusión de
mujeres de Sogamoso, documentos que fueron enviados con planilla de envío de
fechas 09/12/2014, 01/09/2015 y 11/09/2015 respectivamente”. Afirmó que el
establecimiento que representa cumple con radicar y entregar en la empresa de
correos, mediante planilla, la correspondencia de sus internos, y que es esa
entidad la responsable de entregarla a sus destinatarios. En este sentido
solicitó la vinculación a la acción de tutela de la empresa Servicios Postales
Nacionales S.A. 4-72.[10]
2.2.2. El Juzgado de conocimiento vinculó al trámite de
tutela a la empresa Ad Postal 472, la cual, a través de su representante legal,
informó que respondió el derecho de petición del accionante mediante oficio No.
PQR-RN-0118715 del 14 de octubre de 2015 en el que se le explicaron las
condiciones y modalidad del correo que se aplica a las solicitudes de las
personas privadas de la libertad.[11]
Esta información fue reiterada mediante oficio No. PQR-RN-1192/16 del 12 de
julio de 2016.
2.3. Decisión judicial objeto de revisión
El Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento de Tunja, Boyacá, resolvió negar el amparo constitucional
solicitado, al considerar que el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de
Alta y Mediana Seguridad de Cómbita, Boyacá, realizó las gestiones pertinentes
para darle trámite al envío de la correspondencia del accionante, “prueba de
ello son las planillas que se anexaron con el escrito contestatario, por lo que
en ningún momento ese establecimiento penitenciario ha vulnerado derecho
fundamental alguno del interno”. En cuanto a la empresa Servicios Postales
Nacionales S.A. 472, precisó que dio trámite a los envíos hechos por el
accionante y que por la categoría del servicio seleccionada, no había lugar a
guía ni seguimiento de la correspondencia.[12]
No obstante, y dado que “se puede aceptar el extravío de un envío de
correspondencia pero no en tres ocasiones y por el mismo remitente”, hizo
un llamado de atención a la empresa de correo para que procure un mejor
servicio a los ciudadanos privados de la libertad.
3. Acumulación y envío de los expedientes
Por Auto del
14 de Diciembre de 2016, la Sala de Selección 12 de la Corte Constitucional,
dispuso acumular entre sí los expedientes T-5.903.939 y T-5.919.758, por
presentar unidad de materia, para que sean fallados en una sola sentencia, si
así lo considera la Sala de Revisión.
4. Actuaciones en sede de revisión
4.1. Vinculación al Ministerio de las Tecnologías para la
Información y las Comunicaciones - MINTIC
4.1.1. La Sala Séptima de Revisión profirió auto del 30 de
marzo de 2017, por medio del cual vinculó en el proceso al  Ministerio de las
Tecnologías para la Información y las Comunicaciones - MINTIC  y le solicitó
responder las siguientes preguntas:  i) sus observaciones sobre los hechos del
caso; ii) informe sobre el estado de la actuación; iii) informe si existe una
política pública en materia de protección al derecho a la comunicación de las
personas privadas de la libertad, y iv) informe si, dentro de los proyectos que
actualmente se desarrollan en el Ministerio para alcanzar los objetivos de
despliegue de redes de infraestructura y masificación del uso del internet, se
ha tomado como beneficiaria a la población carcelaria del país.
4.1.2. En respuesta recibida en la Corte Constitucional el 5
de abril de 2017, el Ministerio respondió a las dos primeras inquietudes de
forma negativa por no estar vinculado a los hechos del caso. En cuanto a la
pregunta sobre la política pública, luego de hacer remisión a las Leyes 65 de
1993 y 1709 de 2014, que dejan en manos del INPEC la reglamentación sobre el
uso de aparatos de telecomunicación, indicó que sus funciones se limitaban a
autorizar la utilización de aparatos para la inhibición o bloqueo de señales en
los centros penitenciarios:
“el Gobierno Nacional mediante el Decreto 4768 de 2011
adoptó medidas para restringir la utilización de dispositivos de
telecomunicaciones en establecimientos penitenciarios y carcelarios, lo
anterior dentro de lo regulado y los parámetros del Decreto Número 1069 del 26
de mayo de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario
del Sector Justicia y del Derecho, respecto a la utilización de Dispositivos de
Telecomunicaciones en los Establecimientos Penitenciarios reguló la
autorización de inhibición o bloqueo de señales de telecomunicaciones en
establecimientos carcelarios o penitenciarios. El Ministerio de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones podrá autorizar al Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario (Inpec) para inhibir o bloquear las señales de
transmisión, recepción y control de los proveedores de redes y servicios de
telecomunicaciones móviles en los establecimientos carcelarios y penitenciarios
definidos por el instituto, cuando se tengan motivos fundados para inferir que
desde su interior se realizan amenazas, estafas, extorsiones y otros hechos
constitutivos de delito mediante la utilización de dispositivos de
telecomunicaciones.”
Finalmente
concluyó, respecto de la pregunta sobre su participación en la política pública
referida, que no era de su competencia: “Así las cosas, el MINTIC de acuerdo
con sus funciones, no es competente para definir la política pública en materia
de protección al derecho a la comunicación de las personas privadas de la
libertad, que le corresponde al INPEC.”
4.1.3. Sobre el punto IV, esto es, si, dentro de los
proyectos que actualmente se desarrollan en el Ministerio para alcanzar los
objetivos de despliegue de redes de infraestructura y masificación del uso del
internet, se ha tomado como beneficiaria a la población carcelaria del país: El
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones contestó que
en efecto se está desarrollando un programa dirigido a la resocialización de la
población privada de la libertad:
“El Ministerio Tic viene
desarrollando el Programa Teletrabajo para Población Privada de la Libertad
desde el año 2015, bajo convenios interadministrativos de cooperación con los
Ministerios de Trabajo y de Justicia y el Derecho, el Inpec, la Uspec, el
Ejército Nacional y la Secretaria Distrital de Gobierno de Bogotá.
Este programa tiene como
objetivo construir un modelo enfocado a fortalecer el proceso de
resocialización de esta población a través del acceso y apropiación de las
Tecnologías de la Información las Comunicaciones aplicando el teletrabajo.
La intervención se está
desarrollando en los siguientes establecimientos carcelarios del país: lnpec:
Reclusión de Mujeres de Bogotá, cárceles de Tunja y San Andrés. Secretaria
Distrital de Gobierno de Bogotá: Cárcel Distrital de Varones y anexo de Mujeres
de Bogotá, Ejercito: Centros de Reclusión Militar de Bello, Puente Aranda,
Facatativá y Valledupar.
El programa consiste en la
implementación de 4 fases:
1. Acceso e infraestructura:
se han instalado 5 Puntos Vive Digital en los  establecimientos de Buen Pastor
de Bogotá, Tunja, San Andrés, Distrital de Bogotá y Centro de reclusión militar
de Valledupar.
2. Formación y certificación
en teletrabajo: se han formado 255 internos a nivel nacional y 220 de ellos
obtuvieron certificación en competencias.
3. Actividades Productivas: el
teletrabajo quedó incluido como actividad válida para redención de pena. Se
está haciendo gestión para promover el programa.
4. Evaluación del impacto del
proyecto de manera que el modelo pueda ser replicado en otros establecimientos.”
4.2. Inspección judicial al Establecimiento Penitenciario
y Carcelario “La Esperanza”
4.2.1. Por Auto del 17 de abril de 2017, la Corte
Constitucional decretó la práctica de una diligencia de inspección judicial, en
el Establecimiento Penitenciario y Carcelario “La Esperanza”, en el municipio
de Guaduas, Cundinamarca, con el fin de establecer: 1) El número y estado
actual de los aparatos telefónicos dispuestos para los internos del plantel y
particularmente del patio 8 del mismo. 2) La calidad del servicio telefónico
brindado a los internos. 3) Las reglas de acceso y utilización de los teléfonos
en el establecimiento, y 4) La regularidad de las visitas de mantenimiento de
los teléfonos.  Para tal fin la Corte comisionó al Magistrado Auxiliar de la
Corte Constitucional Luis Andrés Fajardo Arturo y fijó como fecha y hora para
el inicio de la audiencia el 19 de abril de 2017 a las 10:00 horas.
Como resultado de la diligencia, según se consignó en el
Acta del 19 de abril de 2017, a las 11:15 am, se procedió a adelantar
la inspección en el patio 8 del plantel. Allí se pudo verificar que:
1) Hay 5
teléfonos instalados en el patio 8 del plantel. Los teléfonos tienen teclado
metálico y el cable del altavoz protegido con metal. 4 de los 5 teléfonos están
funcionando.
2) No fue posible
hacer una llamada porque las mismas están condicionadas al uso de una clave,
pero se pudo comprobar su estado por la utilización que los internos dieron a
los teléfonos en el momento de la diligencia. Los teléfonos estaban siendo
utilizados constantemente pero no se vio filas.
3) La instalación del
cableado en la pared no tiene ningún tipo de protección, el cable está a la
vista y ajustado por elementos externos. El cableado no tiene ninguna
especificación particular.
4) El
sistema funciona con dos tipos de tarjetas prepagadas que contienen en el dorso
las instrucciones de uso. Sin la contraseña de acceso el teléfono no genera ningún
tipo de llamadas. No es posible hacer llamadas por cobrar.
5) Los
teléfonos solo pueden ser utilizados para hacer llamadas, no reciben llamadas.
Según
declaraciones de los internos, en particular del interno encargado de Derechos
Humanos en el patio, 1 de los 5 teléfonos no está funcionando desde el día
miércoles 12 de abril del año en curso. Pero al preguntarle contesta que él
(quien es la persona encargada de trasladar la solicitud) no ha pasado el
reclamo a la guardia.
Según las mismas
declaraciones, cuando se reporta el daño, en pocos días se hacen las
reparaciones.
En entrevista
general a los internos, las quejas no se refieren al mal funcionamiento de los
aparatos. Según su relato el daño principal que sufrían era el robo de los
cables, y ese problema ha sido superado en el patio. Los problemas
identificados son:
i) El alto
costo del minuto, aproximadamente $280. Según los internos la tarjeta de $5.000
dura 17 minutos, lo cual da un costo promedio de $294.
ii) El mal
funcionamiento en la contabilización de los minutos, que al parecer se hace
desde el primer segundo y, según las declaraciones, dura únicamente 49
segundos.
iii) La caída de las
llamadas, que aunque no es usual, sucede ocasionalmente y hace perder el minuto
al usuario.
Las tarjetas de
prepago son utilizadas por los internos como papel moneda. Es el dinero en la
cárcel y da lugar a robos, extorsiones y otros problemas.
iv) Los reclusos
prefieren usar los teléfonos celulares que ilegalmente entran al patio, porque
el minuto lo venden a $100. Los altos costos de la telefonía instalada ayudan a
fomentar la demanda de la telefonía ilegal.
v) Se quejan de que no
es posible recibir llamadas y por lo tanto cuando sus familiares los requieren
la única forma de comunicarse es a través de los teléfonos celulares ilegales,
cuando hay acceso a ellos.
vi) Los internos
proponen soluciones[13]
como teléfonos celulares controlados por el INPEC que les faciliten la
comunicación.
En conclusión se
verifica que actualmente en el patio 8 hay 5 teléfonos instalados y 4 de ellos
están en correcto funcionamiento. Las dificultades no se encuentran en el
funcionamiento de los aparatos sino en el alto costo del minuto telefónico.
Al entrevistar al personal de guardia, y a algunos
internos, se corrobora la dificultad de los precios y funcionamiento del
servicio como causa de la gran demanda de telefonía celular ilegal.[14]
4.2.2. Además de las verificaciones adelantadas frente al
funcionamiento de los teléfonos, la inspección judicial permitió corroborar que
existen dificultades en cuanto al acceso al servicio postal, básicamente porque
las visitas que el correo realiza a la entidad no son constantes ni periódicas,
con lo cual se acumula el correo y la comunicación por este medio es demasiado
lenta lo cual puede generar dificultades en el acceso a la administración de
justicia.[15]
II. CONSIDERACIONES
1.
Competencia y procedencia
La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte
Constitucional es competente, de conformidad con los artículos 86 y 241 de la
Constitución, y con el Decreto 2591 de 1991, para revisar los fallos de tutela
adoptados en el proceso de la referencia.
1.1. Cuestión previa: la procedencia de la
acción de tutela para solicitar la protección del derecho a la comunicación y a
la unidad familiar.
1.1.1. Los señores acuden separadamente ante el
juez constitucional para lograr en sede de tutela que se reivindiquen sus
derechos a la comunicación y a la unidad familiar. A juicio de los accionantes,
sus garantías fundamentales fueron desconocidas por parte de Prepacol S.A.S.
(Expediente T-5.903.939) y del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
INPEC (Expediente T-5.919.758) al no garantizar el buen funcionamiento de los
medios y servicios destinados a lograr su comunicación con el mundo exterior y
particularmente sus familias. Le corresponde a la Corte de antemano aclarar si
el instrumento jurídico utilizado por los accionantes resulta adecuado en el
caso concreto.
1.1.2. La acción de tutela es un mecanismo de
protección de derechos que encuentra consagración directa en la Constitución
Política. Goza de un trámite preferente y sumario que permite acceder a un
remedio judicial efectivo e impostergable, de encontrarse amenazados derechos
fundamentales. Precisamente por el tipo de intereses que protege y la celeridad
con que opera, la acción de tutela es una alternativa jurídica que ha de ser
utilizada de manera subsidiaria, sólo en uno de estos escenarios: (i) cuando no
existan otros mecanismos de defensa judicial que permitan al individuo o grupo
afectado buscar protección a su derecho; (ii) cuando, aun existiendo otros
medios de defensa, los mismos no sean idóneos o eficaces en el caso concreto
para el mismo fin; o (iii), cuando se busque evitar la configuración un
perjuicio irremediable.[16]
1.1.3. En cuanto a la faceta fundamental del
derecho supuestamente vulnerado, en el presente caso las reclamaciones
adelantadas se relacionan con el derecho a la comunicación de personas privadas
de la libertad con sus familiares. Esta Corporación ya ha reconocido la
procedencia de la acción de tutela para proteger este tipo de derechos. Así, en
la sentencia T-266 de 2013 esta Corporación revisó la acción de tutela
presentada por los internos del patio núm. 1 de la Penitenciaría Las Heliconias
de Florencia (Caquetá), con el fin de que se les protegiera, entre otros, su
derecho fundamental a la comunicación, puesto que la comunicación con el exterior a través del servicio telefónico no era
oportuna ni eficiente, debido a que las tarjetas suministradas por el INPEC no
servían y la empresa encargada para ello, “Prepacol”, no les
había dado ningún tipo de solución, siendo “afectados a tal punto que
muchos de nosotros no hemos podido comunicarnos con nuestras familias y ni si
quiera informarles que nos han trasladado a otra ciudad, otro Departamento y
otro penal”. La Corte declaró procedente la acción y concedió el
amparo constitucional. Además, ese mismo año, la Corte, al declarar un
estado de cosas inconstitucional en materia carcelaria, sostuvo la existencia
de un “Derecho a la palabra”, sobre el cual sostuvo:
“La Corte ha reconocido el
derecho que tienen las personas privadas de la libertad a comunicarse con
personas en el exterior de la prisión, con el debido respeto a la intimidad. Se
pueden, por ejemplo, establecer condiciones de modo, tiempo y lugar, pero no
suspender o anular el derecho.[17]
Y, salvo las excepciones legales que correspondan, la intimidad de las personas
privadas de la libertad debe ser respetada; sus conversaciones, por ejemplo, no
pueden ser intervenidas.”[18]
1.1.4. Por otra parte, el asunto de la presente
decisión trata sobre el ineficiente servicio postal y telefónico que restringe
la comunicación de personas privadas de la libertad con sus familiares. La
acción de tutela es procedente en la situación que ocupa a la Sala, dado que no
les asiste a los accionantes ningún otro mecanismo de defensa judicial que
resulte idóneo y eficaz para proteger sus derechos, encontrándose cumplido, por
esta razón, el requisito de subsidiariedad de la acción constitucional.
1.1.5. Con respecto al sujeto
pasivo de la tutela, esto es contra quién van dirigidas la acciones de tutela, Prepacol
SAS y el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad
de Cómbita, Boyacá; el artículo 86 Constitucional en su
inciso 5° contempla la procedencia de la acción de tutela contra
particulares, cuando éstos estén encargados de la prestación de un servicio
público, cuando su conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o
respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o
indefensión. Como desarrollo normativo del artículo 86 Superior, el
Decreto 2591 de 1991 señala las situaciones en las que resulta procedente la
acción de tutela contra particulares, y se refiere justamente a la protección
de quienes se encuentren en situación de subordinación o indefensión respecto
del particular contra el cual se interpuso la acción. Lo descrito por la norma
encaja perfectamente con el caso bajo examen, pues no sólo se trata de
entidades encargadas de un servicio, sino que la situación de subordinación, en
particular frente al establecimiento penitenciario y carcelario, es evidente.
1.1.6. Finalmente, en lo que corresponde al
requisito de inmediatez, cuyo objetivo es el de proteger el derecho fundamental
frente a una amenaza o daño actual y existente, en el asunto estudiado los
hechos corresponden a situaciones recientes sobre las cuales, las pruebas
recaudadas en instancia de tutela, dan cuenta de la permanencia de los hechos
que dieron lugar a la solicitud de amparo, ante lo cual, reiterada la
inmediatez de la tutela, se confirma igualmente la permanencia de las
condiciones que motivaron las reclamaciones analizadas.
1.1.7.  Concluye la Sala que el presente caso
cumple con los requisitos de procedencia de la acción de tutela y le
corresponde a la Corte continuar con el estudio de fondo del asunto a fin de
determinar si debe conceder la protección solicitada.
1.2.
Sobre la permanencia del problema jurídico del expediente T-5.903.939
1.2.1. El operador judicial que fungió como
juzgador en única instancia dentro del proceso de tutela por la falta de
protección al derecho a la comunicación en el expediente referido, se pronunció
respecto del asunto declarando hecho superado, con base en los informes
que la empresa Prepacol S.A. y el Establecimiento Penitenciario y Carcelario
“La Esperanza” hicieron, en los cuales declararon que los teléfonos dañados
habían sido cambiados por otros y estaban en perfecto funcionamiento.
1.2.2. El juez de única instancia, no corroboró de
ninguna otra forma que los aparatos telefónicos instalados estuvieran
efectivamente funcionando, que la calidad del servicio prestado permitiera al
accionante satisfacer su derecho a la comunicación o que las condiciones de
instalación y calidad de los aparatos pudieran garantizar el funcionamiento permanente
de los mismos.
1.2.3. Para la Corte, el cambio de los teléfonos
defectuosos no suple completamente los problemas que dieron lugar a la acción,
puesto que no garantiza la satisfacción del derecho a la comunicación en todas
sus dimensiones. Por eso la Corte deberá verificar, haciendo ejercicio del
principio de inmediación judicial, que los aparatos instalados en el patio 8º
del Establecimiento en que se encuentra el accionante, logren cumplir con todos
los requisitos para satisfacer debidamente el derecho para el cual se solicita
el amparo.
2. Problema jurídico
2.1. El problema que deberá resolver la Sala en
esta ocasión es si ¿la omisión de las entidades encargadas de prestar y vigilar
por el buen funcionamiento de  los instrumentos (los teléfonos del patio en que
se encuentra el accionante) y servicios de comunicación (la pérdida de cartas
enviadas a través del servicio Postal 472) destinados a las personas privadas
de la libertad, constituye una vulneración de sus derechos fundamentales a la
comunicación?
2.2. Para resolver este problema, la Corte
analizará: (i) el derecho a la comunicación de las personas privadas de la
libertad, (ii) la protección constitucional de la faceta prestacional del
derecho a la comunicación, (iii) el Estado de Cosas Inconstitucional en materia
carcelaria, y (iv) a partir de las conclusiones se tomará la decisión
pertinente.
3. El derecho a la comunicación de las personas
privadas de la libertad
3.1. Los derechos fundamentales de las
personas privadas de la libertad
3.1.1.    Desde la sentencia T-596 de 1992 la
Corte Constitucional ha desarrollado el concepto de “relación de especial sujeción de
las personas privadas de la libertad con el Estado”, que implica el
sometimiento de la persona a un conjunto de condiciones imperativas que suponen
la suspensión y restricción de ciertos derechos fundamentales,[19] bajo los criterios de razonabilidad,
utilidad, necesidad y proporcionalidad. A su vez, el Estado se constituye en el
garante de los derechos que no son restringidos por el acto de
la privación de la libertad.[20] Esta tensión constitucional
que surge entre ser objeto de especiales restricciones sobre sus derechos
fundamentales y, a la vez, ser objeto de especiales protecciones sobre sus
derechos fundamentales, puede implicar una serie de actitudes y políticas
contradictorias que ponen en riesgo los derechos en juego y amenazan con
afectar la función de la sanción penal, por lo que se hace indispensable una
política criminal y carcelaria que tenga siempre como eje central la dignidad
humana.
3.1.2.
Por lo tanto, la sanción punitiva de privación de la libertad autoriza al
Estado a limitar algunos derechos fundamentales pero únicamente en  tanto sea
necesario para hacer efectivos los fines esenciales de la relación
penitenciaria, esto es, la resocialización del recluso y la conservación de la
seguridad y la convivencia en los EPC. Como lo indicó la sentencia T-388 de
2013: “En una sociedad libre y democrática, fundada en la dignidad humana,
el castigo penal debe ser el último recurso (ultima ratio) que se emplee para
controlar a las personas. (…) La política criminal debe ser, ante todo,
preventiva. (…) Las medidas de aseguramiento deben ser excepcionales, en
aplicación estricta y reforzada del principio de libertad. (…) La política
criminal y carcelaria debe buscar, ante todo, la resocialización de las
personas condenadas; no sólo justicia retributiva, también restaurativa. (…) La
política criminal y carcelaria debe ser sensible a la protección efectiva de
los derechos fundamentales en general y de la dignidad humana, específicamente.”[21] En esa medida, como lo ha sostenido
esta Corporación en anteriores oportunidades “aunque la restricción de los
derechos de los internos es de naturaleza discrecional, ésta encuentra su
límite en la prohibición de toda arbitrariedad y, por lo tanto, debe sujetarse
a los principios de razonabilidad y proporcionalidad.”[22] En
ese sentido los derechos fundamentales de los reclusos pueden dividirse en tres
grupos según el grado de restricción o garantía que los
cobije: (i) derechos que se suspenden como consecuencia de la pena
impuesta, estos son: la libertad física, el derecho de circulación y residencia,
y los derechos políticos,  (ii)
los derechos que pueden ser restringidos para lograr los fines de
resocialización y garantizar la seguridad, orden y convivencia en las cárceles.
Entre estos derechos se encuentran el de la intimidad personal y familiar; la unidad
familiar, de reunión, de asociación; el libre desarrollo de la personalidad la
libertad de expresión, el derecho al trabajo, a la educación y a la
comunicación; estos derechos no están suspendidos, y por tanto una faceta de
ellos debe ser garantizada. Finalmente, (iii) los derechos intangibles, esto es
aquellos derechos cuya interdependencia con la dignidad humana hacen
incompatible cualquier restricción a la luz de la Carta política, entre ellos
la vida, la integridad personal, la salud, la igualdad, la libertad religiosa,
de pensamiento y opinión, la personalidad jurídica, el derecho de petición, el debido
proceso y el acceso a la administración de justicia.[23]
3.1.3.
El derecho a la comunicación hace parte del segundo grupo de derechos, aquellos
que no se encuentran suspendidos pero pueden ser objeto de restricciones o
limitaciones razonables y proporcionales. Por supuesto, la legitimidad o
arbitrariedad de las restricciones impuestas al derecho a la comunicación, como
a los demás derechos de este grupo, puede evaluarse también desde la regulación
legal y la reglamentación institucional, no sólo a partir de los criterios constitucionales
de razonabilidad y proporcionalidad.
3.1.4. En la sentencia T-706 de 1996, la Corte resumió las
condiciones formales y materiales mínimas de legitimidad de las medidas
restrictivas de este segundo grupo de derechos fundamentales, así:
“(1) debe tratarse de un derecho fundamental que, por su
naturaleza, admita restricciones en razón de las necesidades propias de la vida
carcelaria; (2) la autoridad penitenciaria que efectúa la restricción debe
estar autorizada, por vía legal o reglamentaria, a llevar a cabo la mencionada
restricción; (3) el restrictivo de un derecho fundamental de
los internos sólo puede estar dirigido al cumplimiento y preservación de los
fines esenciales de la relación penitenciaria, esto es, la resocialización del
recluso y la conservación del orden, la disciplina y la convivencia dentro de
los establecimientos carcelarios; (4) la restricción de un derecho fundamental
de los internos por parte de la autoridad penitenciaria debe constar en acto
motivado y, en principio, público; y (5) la restricción debe ser proporcionada
a la finalidad que se busca alcanzar”.
[24]
3.1.5.    En conclusión, el deber de garante
frente a los derechos fundamentales no suspendidos de las personas privadas de
la libertad, implica “no solamente que el Estado no deba interferir en la
esfera de desarrollo de estos derechos, sino también que debe ponerse en acción
para asegurarle a los internos el pleno goce de los mismos”.[25] Ello sin perjuicio de la
posibilidad de restringir algunos derechos como la comunicación con el
exterior, con las medidas amparadas legal y reglamentariamente y acudiendo a
los criterios de razonabilidad y proporcionalidad, y con apego absoluto al
principio de legalidad.[26]
3.2. El derecho a la comunicación de las
personas privadas de la libertad en la jurisprudencia constitucional
3.2.1. El derecho a la comunicación tiene reconocimiento
constitucional en diferentes disposiciones de la Carta, y especialmente en los
artículos 15 (intimidad familiar e inviolabilidad de la comunicación privada),
20 (libertad de expresión y derecho a la información). Según esta Corte, su
núcleo esencial es "la libre opción de establecer contacto con otras
personas, en el curso de un proceso que incorpora la mutua emisión de mensajes,
su recepción, procesamiento mental y respuesta, bien que ello se haga mediante
el uso directo del lenguaje, la escritura o los símbolos, o por aplicación de
la tecnología".[27]
3.2.2. Se trata de un derecho reconocido a lo
largo de la Carta, a través de  disposiciones que protegen distintas facetas,
como sucede con la inviolabilidad de la comunicación privada (Art. 15)[28], el derecho
a fundar medios masivos de comunicación (Art. 20)[29], o como parte de la
protección a la integralidad y la intimidad familiar (Art. 42).[30] Otras facetas del
derecho a la comunicación, como el acceso a los medios tecnológicos disponibles
para comunicarse, no están explícitamente reconocidas, pero esta Corporación ha
sostenido que  también tienen la categoría de fundamentales, por tratare de
facetas relacionadas con la naturaleza social del ser humano, que requiere
relacionarse con los demás para satisfacer sus necesidades materiales y
espirituales.[31]
3.2.3. Específicamente,
respecto del derecho a la comunicación de las personas que se hallan privadas
de la libertad en Colombia, los artículos 110 y 111 del Código
Penitenciario y Carcelario establecen que los internos podrán comunicarse
con el exterior, recibir y enviar información de forma periódica y mantenerse
al tanto de la actualidad nacional e internacional. Al mismo tiempo se prevé, el
derecho del detenido de comunicar inmediatamente su aprehensión tanto a su
familia como a su abogado, en el momento mismo de su
ingreso al centro de reclusión.[32]
3.2.4. Para el ejercicio del
derecho a la comunicación, el código dispone entre otros: (i) la
posibilidad de enviar y recibir correspondencia, para lo cual los presos
recluidos en el país gozan de franquicia postal;[33] (ii) el derecho a recibir visitas familiares y
profesionales,[34] judiciales
y administrativas,[35] y de los
medios de comunicación;[36]
(iii) el derecho de beneficiarse de un sistema diario de informaciones y
noticias que incluya los acontecimientos más importantes de la vida nacional e
internacional;[37] y
finalmente, (iv) “en casos especiales y en igualdad de condiciones se
pueden autorizar llamadas telefónicas, debidamente vigiladas’’.[38] A su vez este derecho reconocido legal
y constitucionalmente, está limitado por las condiciones propias de la
privación de la libertad, así el artículo 53 del Código reconoce al director
del establecimiento carcelario, la posibilidad de fijar en el reglamento
interno el horario y las modalidades de comunicación a favor de los reclusos,
ya sean de forma oral o escrita.[39]
3.2.5. La Corte, en diversas
ocasiones ha tenido la oportunidad de referirse a este derecho y a los límites
de las medidas que establezcan restricciones. De la jurisprudencia en la
materia se pueden enumerar las siguientes reglas:
(i) Las
restricciones al derecho a la expresión y la comunicación familiar no pueden
implicar una afectación a su núcleo, como es la intimidad de las comunicaciones
familiares y la restricción a “la libre expresión de los sentimientos y las
manifestaciones del fuero íntimo de la persona”. Así, en
sentencia C-394 de 1994, la Corporación adelantó el control de
constitucionalidad al artículo 111 del Código Penitenciario y Carcelario, el
cual consagra el derecho a recibir y enviar correspondencia y a tener acceso
eventual y esporádico al servicio de telefonía.[40]
(ii) Las
medidas dirigidas a restringir el derecho a la comunicación y expresión deben
estar motivadas y sus finalidades deben estar ligadas a ‘‘los fines
esenciales de la relación penitenciaria, en específico, en lo que se refiere a
la rehabilitación y a la preservación la seguridad carcelaria. ’’ Esta
cuestión fue analizada en la sentencia T-705 de 1996,[41] la Corte tuteló el derecho a la libertad de
expresión (Art. 20 Superior) de un recluso a quien sin fundamento legal y sin
motivar el cumplimiento real de los fines penitenciarios, se le decomisó una
máquina de escribir que era utilizada no sólo para su correspondencia, sino
también para transcribir las quejas formuladas por sus compañeros de prisión
contra las autoridades penitenciarias.  De similar forma en la sentencia
T-706 de 1996,[42] se
tutelaron los derechos a la comunicación y a la información de algunos reclusos
a quienes se les decomisó por las autoridades penitenciarias revistas y
periódicos editados por organizaciones sindicales, por considerarlas contrarias
al orden público.
(iii) La “incomunicación” de
las personas privadas de la libertad, que restringa completamente la
comunicación con el mundo exterior y en particular con sus familiares es una
manifestación de un trato cruel e inhumano, prohibido por el artículo 12 del
Texto Superior, que ni siquiera es admisible en casos de aislamiento por
sanción,  así lo sostuvo esta Corporación en sentencia T-684 de 2005.[43]
3.2.6. En cuanto a la
utilización de los medios necesarios para hacer efectivo el derecho a la
comunicación de las personas privadas de la libertad, la Corte sostuvo que
además de la no interferencia en el derecho, “La libertad de expresión abarca,
adicionalmente, el derecho a adoptar el medio que la persona considere más
idóneo para comunicar y exteriorizar sus ideas, opiniones o pensamientos. En
consecuencia, la forma de expresar las ideas o los medios que se utilicen para
difundirlas, hacen parte de este derecho fundamental. En suma, la tenencia de
medios útiles para comunicar el pensamiento se encuentra, en principio,
amparada por el derecho fundamental a la libertad de expresión.”  Y en
consecuencia, a falta de una justificación razonable que permitiera la
restricción, en la Sentencia T-705 de 1996,[44] la Corte
tuteló el derecho del recluso y se ordenó que se le autorice el ingreso y uso
de su máquina de escribir.
Sin embargo, es menester recordar que el uso de llamadas
telefónicas tiene una naturaleza
eminentemente excepcional y susceptible de controles, lo que fue avalado por la
Corte en sentencia C-394 de 1995,[45]
en la que se determinó que las limitaciones y controles al uso de las
comunicaciones verbales o escritas en los establecimientos carcelarios, tal y
como ocurre con la restricción prevista para el acceso al teléfono, no resultan
contrarias a la Constitución, siempre que se orienten a “garantizar la seguridad
carcelaria y la prevención de delitos o alternaciones del orden”.
3.2.7.  En su jurisprudencia, esta Corporación ya
ha reconocido explícitamente el derecho a la información y a la comunicación de
los internos, en relación con la ineficiencia de los equipos y servicios
destinados a satisfacer este derecho.
3.2.7.1. El
primer asunto que se debatió ante la Corte Constitucional a este respecto fue
el resuelto en la sentencia T-517 de 1998[46]
y tuvo relación con las restricciones en cuanto a horarios y control de las
comunicaciones de las personas privadas de la libertad. En este caso se negó la
tutela por considerar que las llamadas no eran objeto de intervención o de
control y monitoreo, sino de restricción en sus condiciones de modo, tiempo y
lugar.
3.2.7.2. Más adelante, en la Sentencia T-711 de 2006 la Corte conoció el
caso de una persona recluida a quien se le negaba el acceso al uso del teléfono
del patio por no tener crédito en el sistema establecido por la Penitenciaria
Nacional Doña Juana. Esta Corporación sostuvo entonces que el derecho de los detenidos
intramuros a la comunicación se hace efectivo desde el primer momento en que
tiene lugar una privación de la libertad, cuando el afectado tiene derecho a
comunicar su situación inmediatamente a quien considere. A su vez ese derecho está
limitado por el vínculo de sujeción del recluso para con el Estado, y el
ordenamiento jurídico brinda la competencia a los directores de los
establecimientos de reclusión para instaurar restricciones a su ejercicio, las
cuales deben corresponder al cumplimiento de los objetivos de la actividad
carcelaria.  Al respecto señaló:
“El director del lugar de reclusión establecerá en el reglamento
interno el horario y las modalidades de comunicación, entre las que se
encuentran: (i) enviar y recibir correspondencia, para lo cual los internos
gozan de franquicia postal; (ii) recibir visitas familiares, profesionales, de
autoridades judiciales y administrativas, y de los medios de comunicación;
(iii) contar con un sistema de información que contenga los hechos más
importantes de la vida nacional e internacional; y (iv) en caso excepcional y
en igualdad de condiciones, tener la posibilidad de hacer llamadas telefónicas,
debidamente vigiladas.”[47]
En esta sentencia la Corte le dio la razón al centro penitenciario
y negó la tutela por considerar que la medida era proporcional y necesaria para
logar el orden en el uso del teléfono.
3.2.7.3. En la sentencia T-266 de 2013[48] la Corte recordó
que el artículo 110 (y siguientes) del Código Penitenciario y Carcelario
consagra el derecho de las personas privadas de libertad a sostener
comunicación con el exterior y de recibir noticias periódicas respecto de la
vida nacional o internacional.  En esa decisión, la Corte analizó
el caso de 125 reclusos del Establecimiento Penitenciario Las Heliconias, que
se quejaban, entre otras, por el mal funcionamiento de los teléfonos a cargo de
Prepalcol, la misma entidad ahora demandada. En dicha ocasión la Corporación
concedió el amparo, y respecto al derecho a la comunicación ordenó “(iv) Advertir
[al Establecimiento Penitenciario
Las Heliconias de Florencia (Caquetá) y al Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario INPEC, por intermedio de sus directores] que deben ejercer
una continua vigilancia que permita el correcto funcionamiento de las
comunicaciones al interior del penal.”
3.2.7.4. Esta
decisión fue posteriormente reiterada y recientemente en la decisión T-049 de
2016 que versó sobre la protección del derecho a la vida digna de personas
privadas de la libertad que solicitaban el ingreso de un televisor a fin de
poder tener comunicación con lo que sucede en el mundo exterior. La sentencia
se refirió al precedente dejado por la sentencia T-266 de 2013 en los
siguientes términos:
“Sobre el derecho a la
comunicación, recordó que el artículo 110 del Código Penitenciario y Carcelario
consagra el derecho de las personas privadas de libertad a sostener comunicación
con el exterior y de recibir noticias periódicas respecto de la vida nacional o
internacional, y que de acuerdo con la jurisprudencia constitucional ese
derecho tiene como soporte el reconocimiento que hace el ordenamiento jurídico
a los directores de los establecimientos de reclusión para instaurar
restricciones a su ejercicio, las cuales deben corresponder al cumplimiento de
los objetivos de la actividad carcelaria. Sobre el caso concreto,
específicamente en cuanto al derecho a la información, concluyó:
“Respecto a la comunicación, afirman los accionantes que el servicio de
telefonía fija, celular y a larga distancia no se presta en debida forma,
impidiéndoseles mantenerse en contacto con sus familiares y allegados. En el
mismo sentido aseguraron que el único televisor con que cuentan no funciona.
Por su parte, los directores del establecimiento
sostuvieron que dadas las condiciones de ubicación del mismo, en un principio
se presentaron problemas técnicos, los cuales fueron paulatinamente superados.
Debe tenerse en cuenta que en las inspecciones practicadas, tanto por el
Defensor del Pueblo Regional Caquetá como por el grupo de asuntos
penitenciarios y carcelarios de la Procuraduría General de la Nación, no fue
expuesta inconformidad alguna por parte de los internos sobre este asunto.
Lo anterior permite
suponer a esta Sala que efectivamente en la actualidad dicho inconveniente fue
subsanado. De todos modos y en lo que se refiere al tema de las comunicaciones
vale la pena recordar que en los casos en los cuales el Estado acuerda con un
tercero la prestación de un servicio (PREPACOL), es su responsabilidad velar
porque el mismo se proporcione en debida forma. [49]Por
tanto, se advierte al establecimiento que debe ejercer una continua vigilancia
que permita el correcto funcionamiento de las comunicaciones al interior del
penal”[50].”[51]
Este último párrafo cobra vital importancia para los casos que son
objeto de examen, al recalcar la responsabilidad del Estado en velar porque el
servicio prestado para la comunicación de los reclusos se proporcione en debida
forma, de manera que la posición de garante del derecho fundamental a la
comunicación se traduce, en materia de servicios de comunicación, no solo en la
contratación del tercero que se encargará de la prestación del servicio, sino
en la vigilancia del cumplimiento idóneo de las labores conducentes a que el
servicio sea adecuado, accesible y efectivo.
3.2.8. Por todo lo anterior es posible sostener que, como
derecho viviente, el derecho humano a la comunicación no es absoluto, pero
tiene aspectos que por su relación con la dignidad humana pueden ser
considerados como fundamentales. La comunicación de una persona recluida con
sus familiares a través de medios idóneos y eficientes, es justamente un
aspecto que se involucra con el núcleo central del derecho a la comunicación. Al respecto, la jurisprudencia
constitucional permite concluir que el derecho a la comunicación de los
reclusos con el mundo exterior y en particular con sus familiares, está ligado
a la protección constitucional de la integridad de la familia, de la intimidad
familiar,  y de la inviolabilidad de las comunicaciones. Es un derecho que
surge de la dignidad y de la naturaleza gregaria del ser humano y, por lo
tanto, si bien puede ser materia de regulaciones debidamente justificadas de
forma proporcional y razonable frente a los objetivos y necesidades de los
establecimientos, la comunicación del recluso con el mundo exterior no puede restringirse
completamente, ni se permiten intromisiones injustificadas respecto de su
intimidad familiar. Pero el deber del Estado no se limita a una faceta
negativa, sino que implica igualmente una obligación positiva consistente en
adelantar las medidas necesarias para garantizar el derecho, lo cual, en
materia de comunicación significa la implementación de la infraestructura y los
servicios necesarios, así como la vigilancia constante del buen funcionamiento
de los mismos, sin lo cual no es posible satisfacer plenamente los
requerimientos de los derechos en juego.
3.3. Derecho a la comunicación de los reclusos
en el ámbito internacional
Según lo ha sostenido esta
Corporación, la importancia del derecho internacional de los derechos humanos
en Colombia es mayúscula, porque no se trata de instrumentos o decisiones
ajenas a nuestra tradición jurídica, sino que “la Carta internacional y regional de derechos humanos
hace parte del ‘código genético’ del sistema jurídico nacional. No son
criterios añadidos o alternativos a los cuales haya que recurrir ocasional o
excepcionalmente cuando el sistema jurídico nacional no tiene una respuesta que
dar a un caso. Como el artículo 93 constitucional claramente lo consagra, la
carta internacional y regional de derechos humanos ratificada por Colombia es
parte integral, fundacional y orientadora del orden jurídico vigente.”[52] Así mismo, la jurisprudencia
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una herramienta de vital
importancia para definir el contenido y alcance de los derechos humanos en
Colombia.
3.3.1. La Jurisprudencia de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos
3.3.1.1. La Convención
Americana sobre Derechos Humanos, parte integrante del Bloque de
Constitucionalidad en su sentido estricto, dispone en su artículo 5º que nadie debe ser sometido a
torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, y que toda
persona privada de libertad deberá ser tratada con el respeto debido a la
dignidad inherente al ser humano. La Corte Interamericana de
Derechos Humanos, incorporó en su jurisprudencia los principales parámetros
sobre las condiciones que deben ser garantizadas por las autoridades en las cárceles
y centros penitenciarios. En el caso Pacheco
Turuel y otros contra Honduras[53] citada por esta Corte en
la sentencia T-049 de 2016 como interpretación autorizada del instrumento internacional
vinculante para Colombia, fueron sintetizados once criterios,[54]
de los cuales resultan particularmente relevantes para el derecho a la
comunicación los siguientes:
“(v) La atención médica debe
ser proporcionada regularmente, brindando el tratamiento adecuado que sea
necesario y a cargo del personal médico calificado cuando este sea
necesario.[55] Esto incluye el contacto y comunicación con
el personal médico.
(vi) La educación, el trabajo
y la recreación son funciones esenciales de los centros penitenciarios[56], las cuales
deben ser brindadas a todas las personas privadas de libertad con el fin de
promover la rehabilitación y readaptación social de los internos. Por su puesto, ello requiere del acceso a los
medios para comunicarse con los centros educativos y laborales, o para medios recreativos.
(vii) La comunicación con los
seres queridos es un derecho inalienable. Las visitas deben ser garantizadas en
los centros penitenciarios. La reclusión bajo un régimen de visitas restringido
puede ser contraria a la integridad personal en determinadas circunstancias.[57]
(x) Los Estados no pueden
alegar dificultades económicas para justificar condiciones de detención que no
cumplan con los estándares mínimos internacionales en la materia y que no
respeten la dignidad inherente del ser humano.”[58]
Todos estos principios se
traducen en que además de la no restricción de la comunicación, el Estado debe
proveer las condiciones e insumos necesarios para la satisfacción de todos los
derechos que no se suspenden por la privación de la libertad. Si el Estado va a
encerrar a los condenados, debe hacerlo en condiciones de dignidad, y ello
implica que debe contar con los recursos necesarios. Para la Corte IDH, en
sintonía con el fallo estructural de 1998 de la Corte Constitucional colombiana,
la situación de privación de la libertad, implica que el Estado tiene una
responsabilidad agravada en cuanto a la protección y garantía de los derechos
de quienes están sometidos a su guarda. Al respecto, en sentencia de 2004 en el
caso conocido como Instituto de reeducación del menor Vs Paraguay, la Corte IDH
resaltó la posición especial de garante del Estado frente a las personas
privadas de la libertad en las siguientes palabras:
“152. Frente a las personas privadas de libertad, el Estado se
encuentra en una posición especial de garante,
toda vez que las autoridades penitenciarias ejercen un fuerte control o dominio
sobre las personas que se encuentran sujetas a su custodia. De este modo, se
produce una relación e interacción especial de sujeción entre la persona privada
de libertad y el Estado, caracterizada por la particular intensidad con que el
Estado puede regular sus derechos y obligaciones y por las circunstancias
propias del encierro, en donde al recluso se le impide satisfacer por cuenta
propia una serie de necesidades básicas que son esenciales para el desarrollo
de una vida digna”.[59]
3.3.1.2. Para la
Corte Interamericana, la comunicación de las personas privadas de la libertad
con el mundo exterior y en particular con sus familiares es un derecho, cuya
vulneración, a través de medidas de aislamiento constituye una afrenta al
derecho a la integridad personal a título de trato cruel e inhumano. Así lo
sostuvo desde su primera sentencia en el caso Velásquez Rodríguez Vs Honduras,
en una posición ampliamente reiterada, en particular respecto de casos de
desapariciones forzadas, en donde señaló que “el solo hecho del aislamiento prolongado
y de la incomunicación coactiva, representa un tratamiento cruel e
inhumano [...] en contradicción con los párrafos 1 y 2 del citado
artículo".[60]
3.3.1.3. Sobre las medidas que restrinjan o
limiten la comunicación de las personas en reclusión, la Corte IDH  ha
resaltado el carácter excepcional que ellas deben tener por su gravedad y la
posible afectación al derecho a la integridad personal. Así, en la sentencia
sobre el caso Cantoral Benavides Vs. Perú, un caso de detención ilegal y
arbitraria, sostuvo que “82. En el Derecho Internacional de los Derechos
Humanos se ha establecido que la incomunicación debe ser excepcional y que su
uso durante la detención puede constituir un acto contrario a la dignidad
humana.” la Corte Interamericana se ha pronunciado resaltando la
importancia que la comunicación tiene para los reclusos y su conexidad con la
dignidad humana, por ello sostiene que la incomunicación “sólo puede
utilizarse de manera excepcional, tomando en cuenta los graves efectos que
genera, pues ‘el aislamiento del mundo exterior produce en cualquier persona
sufrimientos morales y perturbaciones psíquicas, la coloca en una situación de
particular vulnerabilidad y acrecienta[a] el riesgo de agresión y arbitrariedad
en las cárceles’.” La situación de incomunicación con los familiares fue
particularmente reprochada por la Corte Interamericana en el caso del Penal
Castro Castro vs Perú, cuando el tribunal consideró que el hecho de poder
comunicarse con los familiares luego de la toma de la prisión, para comunicarles
su estado de salud, generó unas angustias adicionales en los reclusos.[61]
En sentencia de 2004, en el caso Lori Berenson
Mejia Vs. Perú, la Corte al analizar una situación de privación de la libertad
arbitraria y las graves condiciones en que estuvo recluida la víctima sostuvo
que “02. De conformidad con el artículo 5 de la Convención, toda persona
privada de libertad tiene derecho a vivir en situación de detención compatible
con su dignidad personal.  En otras oportunidades, este Tribunal ha
señalado que la detención en condiciones de hacinamiento, el aislamiento en
celda reducida, con falta de ventilación y luz natural, sin cama para el reposo
ni condiciones adecuadas de higiene, la incomunicación o las restricciones
indebidas al régimen de visitas constituyen una violación a la
integridad personal. Como responsable de los establecimientos de
detención, el Estado debe garantizar a los reclusos la existencia de
condiciones que respeten sus derechos fundamentales y una vida digna.”[62] Esto implica
que para la Corte IDH, igual que para la Corte Constitucional, la
responsabilidad del Estado frente a los derechos de las personas privadas de la
libertad, no solo se limita al respeto de los derechos no suspendidos sino,
igualmente, a su garantía, a través de las medidas necesarias para hacerlos
efectivos, incluido por supuesto el derecho a la comunicación con los
familiares.
Reiterando su posición al respecto, en el año 2005
en la sentencia sobre el caso García Asto y Ramírez Rojas Vs. Perú, la Corte
Interamericana se manifestó respecto del derecho a la vulneración del derecho a
la integridad personal de las víctimas de una detención en condiciones de
aislamiento y restricción de visitas. Al respecto sostuvo:
“233. La Corte considera que
las condiciones de detención impuestas al señor Urcesino Ramírez Rojas (supra párrs.
97.120, 97.122 y 97.127), así como la incomunicación, el régimen de aislamiento
celular y la restricción de visitas de sus familiares constituyeron
tratos crueles, inhumanos y degradantes que resultaron en la vulneración de su
integridad física, psíquica y moral.  En consecuencia, y tomando en
consideración el reconocimiento de hechos anteriores a septiembre de 2000 por
parte del Estado (supra párrs. 52 a 60), la Corte considera que el Estado
es responsable por la violación del artículo 5.1 y 5.2 de la Convención, en
conexión con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Urcesino
Ramírez Rojas.”[63]
Esta postura ha sido sostenida y fortalecida hasta
la jurisprudencia más reciente de la Corte IDH. Así en sentencia de 2014 frente
al caso Espinoza Gonzáles Vs. Perú, la Corte reiteró la gravedad que implican
las medidas de la incomunicación de las personas privadas de la libertad con
las siguientes palabras:
“186. En tercer lugar, en
cuanto a los hechos ocurridos en instalaciones de la DIVISE y la DINCOTE, en el
Derecho Internacional de los Derechos Humanos se ha
establecido que la incomunicación debe ser excepcional y que su uso durante la
detención puede constituir un acto contrario a la dignidad humana,[64] dado que
puede generar una situación de extremo sufrimiento psicológico y moral para el
detenido.[65]
En el mismo sentido, desde sus primeras sentencias la Corte Interamericana ha
considerado que el aislamiento y la incomunicación prolongados representan, por
sí mismos, formas de trato cruel e inhumano, lesivos de la integridad psíquica
y moral de la persona y del derecho de todo detenido al respeto debido a la
dignidad inherente al ser humano.[66]
Los Estados además deben garantizar que las personas privadas de
la libertad puedan contactar a sus familiares.[67] La Corte recuerda que la
incomunicación es una medida excepcional para asegurar los resultados de una
investigación y que solo puede aplicarse si es decretada de acuerdo con las condiciones
establecidas de antemano por la ley”.[68]
3.3.2. Doctrina de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos - CIDH
Por su parte, en el ámbito de la Organización de
Estados Americanos -  OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  -
CIDH a instancia de su Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de
Libertad, adoptó en 2008 el documento titulado: Principios y Buenas Prácticas
sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, en el
cual se sostiene:
“Principio XVIII //Contacto
con el mundo exterior // Las personas privadas de libertad tendrán derecho a
recibir y enviar correspondencia, sujeto a aquellas limitaciones compatibles
con el derecho internacional; y a mantener contacto personal y directo,
mediante visitas periódicas, con sus familiares, representantes legales, y con
otras personas, especialmente con sus padres, hijos e hijas, y con sus
respectivas parejas. //Tendrán derecho a estar informadas sobre los
acontecimientos del mundo exterior por los medios de comunicación social, y por
cualquier otra forma de comunicación con el exterior, de conformidad con la
ley.”[69]
En el Informe sobre los derechos
humanos de las personas privadas de libertad en las Américas de 2008, la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló la obligación positiva de
los Estados en materia de derecho a la comunicación de las personas privadas de
la libertad. Al respecto sostuvo lo siguiente:
“El Estado como
garante de los derechos de las personas sometidas a su custodia, tiene la
obligación positiva de crear las condiciones necesarias para hacer efectivo el
contacto de las personas privadas de libertad con sus familias (el cual, por
regla general se da por medio de tres vías: correspondencia, visitas y llamadas
telefónicas). En particular, el Estado debe atender todas aquellas deficiencias
estructurales que impiden que el contacto y la comunicación entre los internos
y sus familias se den en condiciones dignas, seguras y con suficiente
regularidad”.[70]
Por otra parte, el informe también
señala un conjunto de recomendaciones respecto al mantenimiento de las
relaciones familiares de los internos y el contacto de los mismos con el mundo
exterior, e indica en el numeral 10 de dichas recomendaciones que los Estados
deben “Asegurar que en cada centro de privación de libertad haya instalados
suficientes teléfonos públicos para garantizar la comunicación de la población
reclusa con el exterior de la cárcel conforme al reglamento”.[71]
3.3.3. Derechos de personas privadas de la
libertad en el Sistema Universal de protección de los Derechos Humanos
3.3.3.1. También el Sistema Universal de
protección de los derechos humanos ha hecho mención de los derechos de las
personas privadas de la libertad y entre ellos del derecho a la comunicación.
La base de esta protección se encuentra en el artículo 12 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos, que dispone que: “Nadie será objeto de
injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su
correspondencia”, y en el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos (PIDCP), que afirma: “1. Nadie será́ objeto de
injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio
o su correspondencia (…) \\ 2. Toda persona tiene derecho a la protección de la
ley contra esas injerencias o esos ataques.” A nivel convencional y,  por
lo tanto,  vinculante para el Estado Colombiano, el PIDCP consagra en sus
disposiciones, una norma exclusiva sobre los derechos de las personas privadas
de la libertad así:
“Artículo 10
Toda persona privada
de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad
inherente al ser humano.
a) Los procesados
estarán separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y
serán sometidos a un tratamiento distinto, adecuado a su condición de personas
no condenadas; b) Los menores procesados estarán separados de los adultos y
deberán ser llevados ante los tribunales de justicia con la mayor celeridad
posible para su enjuiciamiento.
El régimen
penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la
reforma y la readaptación social de los penados. Los menores delincuentes
estarán separados de los adultos y serán sometidos a un tratamiento adecuado a
su edad y condición jurídica”.
Las reglas mínimas para el
tratamiento de los reclusos, adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones
Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, y aprobadas
por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de
julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977, establece en el artículo 37
lo relativo al contacto del recluso con el exterior: “los reclusos
estarán autorizados para comunicarse periódicamente, bajo la debida vigilancia,
con su familia y con amigos de buena reputación, tanto por correspondencia como
mediante visitas”. La regla 39 complementa este mandato con el derecho a
recibir información del mundo exterior así: “39. Los reclusos deberán ser
informados periódicamente de los acontecimientos más importantes, sea por medio
de la lectura de los diarios, revistas o publicaciones penitenciarias
especiales, sea por medio de emisiones de radio, conferencias o cualquier otro
medio similar, autorizado o fiscalizado por la administración”, y
finalmente, la regla 79 señala que se “velará particularmente por el
mantenimiento y mejoramiento de las relaciones entre el recluso y su familia,
cuando estas sean convenientes para ambas partes”.[72]
Por otra parte, el Conjunto de Principios para la
protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o
prisión Adoptado por la Asamblea General en su Resolución 43/173, de 9 de
diciembre de 1988 establece como Principio 1 que “Toda persona sometida a
cualquier forma de detención o prisión será tratada humanamente y con el
respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.” En cuanto al derecho
a comunicarse con su familiar, específicamente el principio 19 establece:
“Toda persona detenida o presa
tendrá el derecho de ser visitada, en particular por sus familiares, y de tener
correspondencia con ellos y tendrá oportunidad adecuada de comunicarse con el
mundo exterior, con sujeción a las condiciones y restricciones razonables
determinadas por ley o reglamentos dictados conforme a derecho”.
Los instrumentos internacionales no hacen mención
específica del uso del teléfono. En las Observaciones preliminares de las Reglas
mínimas para el tratamiento de los reclusos, que se adoptaron en
1955, se dice que “los criterios que se aplican a las materias a que se
refieren estas reglas evolucionan constantemente” y que las reglas “no
tienden a excluir la posibilidad de experiencias y prácticas, siempre que estas
se ajusten a los principios”.[73]
3.3.3.2. El Comité de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas, órgano encargado de interpretar el Pacto de Derechos Civiles y
Políticos, en su Observación General Nº 21, sobre el “Trato humano a las
personas privadas de la Libertad” sostuvo entre otras que:
“3. El párrafo 1 del artículo
10 impone a los Estados Partes una obligación positiva en favor de las personas
especialmente vulnerables por su condición de personas privadas de libertad y
complementa la prohibición de la tortura y otras penas o tratos crueles,
inhumanos o degradantes prevista en el artículo 7 del Pacto. En consecuencia,
las personas privadas de libertad no sólo no pueden ser sometidas a un trato
incompatible con el artículo 7, incluidos los experimentos médicos o
científicos, sino tampoco a penurias o a restricciones que no sean los que
resulten de la privación de la libertad; debe garantizarse el respeto de la
dignidad de estas personas en las mismas condiciones aplicables a las personas
libres. Las personas privadas de libertad gozan de todos los derechos
enunciados en el Pacto, sin perjuicio de las restricciones inevitables en
condiciones de reclusión”.
Además, el Comité estableció una regla de
información para determinar la satisfacción del párrafo tercero del artículo
10, solicitando información sobre las condiciones de comunicación de los
condenados con el mundo exterior.[74]
3.3.4. Con respecto a la regulación
del tema en el continente europeo, sobresalen las reglas penitenciarias
europeas adoptadas por la Comisión de Ministros del Consejo de Europa el 11 de
enero de 2006, las cuales fueron acogidas teniendo como referente la Convención
Europea de Derechos Humanos, así como la Jurisprudencia del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos. Este documento establece en su artículo número 24.1 lo
siguiente: “Contactos con el exterior. Los internos deben poder comunicarse
lo más frecuentemente posible - por carta, por teléfono o por otros medios de comunicación
- con su familia, amigos y representantes de organismos externos, así como
recibir visitas de dichas personas”.[75]
Finalmente, en lo referente al
sistema africano de Derechos Humanos, es importante resaltar que los
instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos han desempeñado
un papel importante en el trabajo de la Comisión africana y sus órganos
subsidiarios en materia de condiciones carcelarias. La Comisión ha hecho uso de
instrumentos como las Reglas Mínimas de la ONU para el Tratamiento de los
Reclusos o el Conjunto de Principios para la protección de todas las personas
sometidas a cualquier forma de detención o prisión, sin embargo en 1995, la
Comisión adoptó la Resolución sobre las Cárceles en África, que extendió a
todos los presos los derechos y las garantías dispuestas en la Carta Africana
sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, y dentro de la cual no se hace
referencia directa al derecho a las comunicaciones.
4. El Estado de Cosas Inconstitucional en materia
carcelaria y penitenciaria
La situación carcelaria en Colombia ha sido objeto
de diversos pronunciamientos por parte de la Corte Constitucional, debido a
múltiples reclamaciones alrededor de diversos derechos que han sido vulnerados
o amenazados de forma puntual en varias oportunidades, todo lo cual ha
significado una serie de órdenes concretas para superar los problemas
identificados. Sin embargo, en tres ocasiones, la Corte ha debido pronunciarse
en forma más compleja, frente a situaciones estructurales de vulneración de
derechos de las personas privadas de la libertad, fundamentalmente relacionadas
con el exceso de población carcelaria ante una infraestructura que resulta
insuficiente, y la falta de una política criminal carcelaria integral y
adecuada lo que se traduce en graves deficiencias en las condiciones de
reclusión, que resultan incompatibles con la dignidad humana. En estas
ocasiones la Corte ha declarado la existencia de un Estado de Cosas
Inconstitucional, entendido como una figura mediante la cual esta Corte, como otros Tribunales en el mundo,
ha constatado que en algunas situaciones particulares el texto constitucional
carece de efectividad en el plano de la realidad, tornándose meramente formal.
“Se ha decretado al verificar el desconocimiento de la Constitución en algunas
prácticas cotidianas en las que interviene la Administración, y en las que las
autoridades públicas, aún al actuar en el marco de sus competencias legales,
tejen su actividad al margen de los derechos humanos y de sus obligaciones
constitucionales, en relación con su respeto y garantía”.[76]
4.1. La sentencia T-153 de 1998
En la sentencia T-153 de 1998 la Corte resolvió
declarar la existencia de un Estado de Cosas Inconstitucional en los centros de
reclusión del país a partir del análisis de los procesos T-137001 y T-143950[77] en que se
denunciaba una grave situación de hacinamiento.[78] La Corte señala que existen
un conjunto de problemas estructurales que impiden a los reclusos de los
centros penitenciarios llevar una vida bajo condiciones dignas. Las
problemáticas analizadas en aquella ocasión fueron: (i) las graves condiciones
de hacinamiento, que se remontaba a más del 45% adicional a la capacidad de los
establecimientos del INPEC, (ii) la deficiencia en la prestación del servicio
de electricidad, ya que la red eléctrica en la mayoría de las zonas está
sobrecargada, superando la capacidad de los conductores e interruptores,[79] (iii) la
deficiente prestación del servicio de acueducto y alcantarillado.[80] Una vez
vistas todas estas circunstancias, la Corte llamó la atención sobre la
finalidad del tratamiento penitenciario, la cual no es otra que “alcanzar la
resocialización del infractor de la ley penal, mediante el examen de su
personalidad y a través de la disciplina, el trabajo, el estudio, la formación
espiritual, la cultura, el deporte y la recreación, bajo un espíritu humano y
solidario”, y señaló que bajo las condiciones indignas en las que se
encuentran los reclusos es muy difícil alcanzar dicha finalidad. La Corte
resolvió ordenar, entre
otras, i) diseñar un plan de construcción y refacción carcelaria e
implementarlo; ii) crear un lugar especial para los miembros de la fuerza
pública; iii) separar a los sindicados de los condenados; iv) investigar la
falta de presencia de los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad
en las cárceles; y v) adoptar medidas de protección urgentes mientras se
adoptaban las medidas de carácter estructural y permanente.
4.1.1. A partir de tales órdenes la administración
adelantó una serie de medidas legislativas y administrativas dirigidas a
contrarrestar la grave situación constatada en 1998. La mayoría de ellas se
encaminaron a la adecuación y refacción de cupos carcelarios y a la creación de
nuevos centros de reclusión, pero también se implementaron algunas reformas
legales que aumentaron los beneficios de excarcelación e incentivaron el uso de
penas y medidas de aseguramiento alternativas. Todo lo anterior contribuyó a la
reducción de los índices de sobrepoblación carcelaria presentados en 1998.
4.1.2. Mediante un informe presentado por la
Defensoría del Pueblo en 2003, se evaluó el resultado de tales esfuerzos y de
las políticas implementadas a partir de la Sentencia T-153 de 1998. Allí se
concluyó que las acciones relacionadas con la creación de nueva infraestructura
dieron importantes frutos. A partir de ese informe se pudo establecer que se
había logrado incrementar la capacidad penitenciaria y carcelaria, ya que
mientras en 1990 había 28.380 cupos, en 2003 dicha cifra ascendió a 48.291
cupos.  Esa política ha continuado tal como lo constató la sentencia T-762 de
2015  que indicó que “de las
respuestas allegadas a los expedientes acumulados en este proceso, se pudo
extraer que: i) en 2010, dicha capacidad ascendió a 61.100 cupos; ii) en 2012,
el cupo aproximado era de 75.726 internos; y iii) a partir de los lineamientos
propuestos por el Ministerio de Justicia y del Derecho, están en ejecución
varios proyectos que crean cupos adicionales para 2015 y 2016.”[81] Pese a ello, el crecimiento en la
población carcelaria sigue acelerando a un ritmo que hace insuficiente el
desarrollo infraestructural.
4.2. La sentencia T-388 de 2013
Más adelante, en la sentencia T-388 de 2013, la Corte
resolvió nueve expedientes de tutela de acciones de tutela instauradas por
personas privadas de la libertad, debido a las
condiciones indignas e inhumanas de reclusión, en las cárceles de
Cúcuta, la Tramacúa de Valledupar, la Modelo de Bogotá, Bellavista de Medellín,
San Isidro de Popayán, y la de Barrancabermeja por la vulneración de los
derechos a la dignidad humana, a la vida, a la salud y a la resocialización, en
especial, por el grave hacinamiento que atraviesan estas instituciones. La
Corte inició por diferenciar el Estado de Cosas Inconstitucional señalado en
1998, sus causas y circunstancias, con los hechos que darían lugar a un nuevo
Estado de Cosas Inconstitucional. En esta nueva ocasión la declaración del ECI
se dio puesto que la Corte encontró cumplidas las condiciones para ello, en
particular constató que:
“(i) los
derechos constitucionales de las personas privadas de la libertad son violados
de manera masiva y generalizada;  (ii) las obligaciones de respeto,
protección y garantía de los derechos de las personas privadas de la libertad
han sido incumplidas de forma prolongada;  (iii) el Sistema penitenciario
y carcelario ha institucionalizado prácticas inconstitucionales;  (iv) las
autoridades encargadas no han adoptado las medidas legislativas, administrativas
o presupuestales necesarias para evitar efectivamente la vulneración de los
derechos;  (v) las soluciones a los problemas constatados en el Sistema
penitenciario y carcelario, comprometen la intervención de varias entidades,
requiere un conjunto complejo y coordinado de acciones y exige un nivel de
recursos que demanda un esfuerzo presupuestal adicional importante; y, por
último,  (vi) si todas las personas privadas de la libertad acudieran a la
acción de tutela, se produciría una congestión judicial mayor de la que ya
existe actualmente. Dado estos aspectos, concluye la Sala que sí se verifica un
estado de cosas contrario a la Constitución de 1991”. [82]
4.2.1. La Sala manifestó su preocupación, y
consideró que constatar un estado de cosas tan
contrario al orden constitucional vigente es grave si se tiene en cuenta que
“el goce
efectivo de los derechos fundamentales en prisión es un indicador de la
importancia real que la dignidad humana para una sociedad”.
4.2.2. En cuanto a las vulneraciones identificadas
la Corte señaló que el derecho constitucional de
toda persona privada de la libertad a estar en condiciones respetuosas de un
mínimo vital en dignidad, implica, por lo menos:
“una
reclusión libre de hacinamiento; una infraestructura adecuada; el derecho a no
estar sometido a temperaturas extremas; el acceso a servicios públicos; a
alimentación adecuada y suficiente; al derecho a la salud, a la integridad
física y mental y a vivir en un ambiente salubre e higiénico; el derecho de
toda persona a las visitas íntimas; el derecho a poder regresar a una sociedad
en libertad y democracia; así como el derecho de acceso a la administración
pública y a la administración de justicia”.[83]
4.2.3. La Corte señaló varias deficiencias en la
infraestructura del Sistema Penitenciario y Carcelario Nacional, porque
adicional al hacinamiento producido por la falta de cupos, los establecimientos
de reclusión, en su mayoría no cuentan con las condiciones requeridas para el
cumplimiento adecuado de la pena, lo que implica problemas de violencia y
salubridad a lo largo del país. Afirmó además que el hacinamiento es un
problema que no sólo se resuelve con más cárceles o más cupos para privar a más
personas de la libertad, sino que se debe enfrentar con una política pública
carcelaria adecuada, preventiva y no reactiva, esto es, con un menor uso del
castigo penal, como herramienta de control social.
4.2.4. La Corte manifestó la importancia de contar con un
sistema eficaz de suministro de agua dentro de los centros penitenciarios para
garantizar condiciones dignas de vida a los reclusos, y señala las principales
deficiencias respecto al servicio prestado en las cárceles, tales como el
acceso restringido a las dotaciones de agua, y los malos olores provenientes de
los baños debido a la falta del líquido vital. Se resalta además que las
condiciones de hacinamiento y la falta de acceso eficaz al suministro de agua
trae consigo un deterioro en la salud pública de la población reclusa.[84]
4.2.5. Así, después de realizar la mencionada declaración de
ECI en el sistema penitenciario y carcelario del país, la sentencia T-388 de
2013 resaltó que las condiciones de marginalidad y precariedad en las que viven
las personas privadas de la libertad, al no permitir su resocialización,
suponen que el juez constitucional sea especialmente sensible con la protección
de sus derechos. En especial, en un Estado donde se exalta la deliberación y el
debate democrático, respetuoso de las minorías. Por tanto, en la sentencia se
desarrollaron los estándares mínimos que el Estado debe garantizar a una
persona privada de la libertad, para que se entienda respetada su dignidad
humana, reconociendo entre ellos el derecho a comunicarse con personas en el exterior
de la prisión con el debido respeto a la intimidad.[85] Así mismo, se estableció
la necesidad de tomar medidas tendientes a garantizar la existencia de una
política criminal articulada, consistente y respetuosa de la dignidad humana,
orientada a materializar el respecto efectivo de los derechos de las personas
privadas de la libertad. A partir de los conceptos de justicia retributiva y
justicia restaurativa, se analizó la volatilidad de la política pública en
materia criminal y se reivindicó la necesidad de que la misma se torne en
preventiva y tenga como objetivo central la búsqueda de la resocialización de
las personas condenadas.
4.2.6. Finalmente, la sentencia T-388 de 2013 se ocupó de
los problemas presentados en cada una de las tutelas, e impartió órdenes de
carácter general y complejo.[86]
Dentro de las medidas que se tomaron en esa ocasión
están: i) se declaró un nuevo ECI; ii) se ordenó al Gobierno Nacional y a otras
instituciones que continuaran con las medidas adecuadas y necesarias para
superar el ECI; iii) se ordenó a la Procuraduría y a la Defensoría a hacerse
partícipes de los procesos de cumplimiento de esa sentencia; iv) se vinculó a
las alcaldías y a las secretarías de salud respectivas, al proceso de
cumplimiento de la sentencia; v) se fijó, para las 6 cárceles y penitenciarías
involucradas, las reglas de equilibrio y equilibrio decreciente; vi) se fijaron
las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana que deben tener los
establecimientos de reclusión; vii) se ordenó realizar las medidas tendientes y
necesarias para implementar una brigada jurídica en cada una de las cárceles
involucradas, con el fin de descongestionar las oficinas jurídicas de los
establecimientos de detención y los despachos de los jueces de ejecución de
penas y medidas de seguridad, y al mismo tiempo lograr la libertad de aquellas
personas que cumplen los requisitos para ello; y, por último, viii) se previó
el cierre de los establecimientos estudiados, si los mismos, en 3 años a partir
de la notificación de la sentencia, siguen propiciando condiciones contrarias a
la dignidad y a los derechos fundamentales de las personas.
4.3. La sentencia T-762 de 2015
Posteriormente, en sentencia T-762 de 2015[87] la Corte resolvió sobre
las acciones de tutela interpuestas por ciudadanos que reclamaron la
intervención del juez constitucional para la protección de sus derechos
fundamentales, los cuales estiman vulnerados como consecuencia de las
condiciones de reclusión a las que se vieron sometidos en 16 establecimientos
penitenciarios del país, con vulneraciones graves a los núcleos fundamentales
de sus derechos, en particular por las condiciones indignas e inhumanas a que
son sometidos.
4.3.1. La Corte Constitucional señaló que existen cinco
problemas estructurales que conllevan a la declaración de Estado de Cosas Inconstitucional:
I) La desproporción entre las entradas y las salidas de las personas privadas
de la libertad, lo cual se genera en gran medida por el manejo histórico de la
política criminal en Colombia, caracterizado por la reactividad y por el
endurecimiento de las penas, con ocasión de las demandas contingentes de la
opinión pública, en desmedro de la excepcionalidad de la privación de la
libertad.  II) La falta de construcción y adaptación de cupos que respeten las
mínimas condiciones de dignidad y subsistencia.  III) La reclusión conjunta de
personas sindicadas y condenadas, ya que a pesar de las órdenes emitidas desde
1998, dirigidas a diferentes entidades estatales para lograr separar los
condenados de los sindicados, éste sigue siendo un problema grave que influye
en la crisis del sistema penitenciario y carcelario del país.  IV) El sistema
de salud, ya que dicha situación de salud en el sistema penitenciario y
carcelario vulnera de manera grave los derechos de las personas privadas de la
libertad. Las demoras excesivas en la atención, la ausencia de personal médico
al interior de los centros de reclusión, la ausencia de contratos o el
represamiento de las solicitudes de procedimientos y autorización de
medicamentos, son algunas de las circunstancias que se denuncian y que permiten
a esta Sala establecer que el Estado colombiano está incumpliendo sus deberes
de protección y garantía de derechos. Finalmente, la quinta problemática
estructural analizada por la Corte en aquella ocasión hace referencia a las
condiciones de salubridad e higiene, las cuales son indignantes en la mayoría
de los establecimientos penitenciarios, y esto constituye un trato cruel e
inhumano propiciado por el Estado.[88]
4.3.2. La Corte resolvió declarar la Política Criminal
colombiana como “reactiva, populista, poco reflexiva, volátil, incoherente y
subordinada a la política de seguridad”, y señaló que el manejo histórico
de la Política Criminal en el país ha contribuido a perpetuar la violación
masiva de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad e
impide, lograr el fin resocializador de la pena. Igualmente ordenó al Congreso
de la República que, dentro del ámbito de sus competencias y respetando su
libertad de configuración normativa, diera aplicación al estándar
constitucional mínimo de una política criminal respetuosa de los derechos humanos,
y adicionalmente ordenó al INPEC, a la USPEC y al Ministerio de Justicia y del
Derecho, por intermedio de sus representantes legales, que en el término de
quince meses contados a partir de la notificación de la sentencia, rehicieran
las bases de datos y estadísticas respecto de la capacidad real de los
establecimientos de reclusión en el país.
4.4. Las
medidas para superar el Estado de Cosas Inconstitucional
4.4.1. En sentencia T-388 de 2013,[89]
la Corte estableció algunos criterios que definieron las medidas que debían
tomarse como punto de partida en el Estado de Cosas Inconstitucional declarado
sobre las personas privadas de la libertad. La Corte se refirió a las medidas
de protección en salud y descongestión judicial del siguiente modo:
·
El Gobierno Nacional deberá coordinar, a través del Consejo
Superior de Política Criminal, la elaboración de un plan de medidas de
contingencia orientadas a superar de forma ágil y pronta los problemas en
materia de salud de la población carcelaria. Deberá darse participación a la
ciudadanía y a las organizaciones sociales interesadas, en espacios de
deliberación a los que sea sensible el diseño y concepción de las medidas que
se adopten. Concretamente, se deberán diseñar e implementar las medidas
adecuadas y necesarias para remover los obstáculos y las barreras al acceso a
los servicios de salud.
·
El Gobierno Nacional deberá coordinar un plan de medidas de
contingencia orientadas a superar de forma ágil y pronta los problemas en
materia de definición de la situación judicial. Deben tomarse medidas adecuadas
y necesarias de común acuerdo con las autoridades judiciales respectivas, para
que de forma célere se tramiten la definición judicial de la situación de
personas sindicadas, así como la definición de solicitudes de excarcelación.
·
El INPEC y
el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Justicia y del Derecho deberán
tomar las decisiones adecuadas y necesarias para establecer qué
establecimientos penitenciarios y carcelarios requieren medidas de reparación y
refacción de corto y mediano plazo, y cuáles deben ser cerrados
definitivamente. La regla de cierre podrá ser definitiva, o
hasta tanto se asegure el respeto a la dignidad humana y al goce efectivo de
los derechos fundamentales.
4.4.2. Del mismo modo, como medidas concretas e inmediatas
estableció que:
“El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Justicia y del
Derecho, junto con el resto de autoridades penitenciarias y carcelarias
nacionales, deben considerar qué establecimientos de reclusión requieren
medidas concretas y específicas que puedan ser implementadas de forma
inmediata, para minimizar y aminorar el impacto que tiene el estado de cosas
actual del Sistema penitenciario y carcelario y de la política criminal en
general, sobre los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad.
Estas medidas deberán ser diseñadas e implementadas con celeridad, con el
acompañamiento de las dependencias correspondientes de la Procuraduría y la
Defensoría de Pueblo y estarse implementando, a más tardar, dentro de los dos
meses siguientes, luego de notificada la presenten sentencia”. Igualmente
recalcó que: algunas de las construcciones actuales son obsoletas y están en
malas condiciones. La Sala exhorta al Gobierno Nacional para que considere la
posibilidad de cerrar definitivamente estos centros penitenciarios y
carcelarios y convertirlos en lugares donde se conserve la memoria de las
tragedias que ocurrieron en esas edificaciones.”[90]
4.4.3. Por otra parte, decretó unas reglas de equilibrio y
equilibrio decreciente, las cuales, para efectos de lo dispuesto por la Corte,
deberían estar en plena vigencia en un plazo máximo de dos (2) años
después de la notificación del citado fallo. Estas reglas determinaron como
labor para el Gobierno Nacional lo siguiente:
“El INPEC y el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de
Justicia y del Derecho, deberá tomar las medidas adecuadas y necesarias para
que en aquellos casos en los que se esté enfrentando una situación de
hacinamiento grave y evidente, y hasta tanto no se disponga una medida que
asegure una protección igual o superior, se deberá aplicar una regla de equilibrio
decreciente, esto es, que sólo se puede autorizar el ingreso de personas al
centro de reclusión si  (i) el número de personas que ingresan es igual o
menor al número de personas que salgan del establecimiento de reclusión,
durante la semana anterior, por la razón que sea (por ejemplo, a causa de un
traslado o por obtener la libertad), y  (ii) el número de personas del
establecimiento ha ido disminuyendo constantemente, de acuerdo con las
expectativas y las proyecciones esperadas. La regla de equilibrio decreciente deberá
aplicarse hasta tanto cese el hacinamiento y el establecimiento no se encuentre
ocupado más allá de su capacidad total, momento a partir de cual se deberá
aplicar estrictamente la regla de equilibrio –para evitar regresar al
estado de hacinamiento– hasta tanto el establecimiento se encuentre con un
nivel de ocupación inferior a su capacidad total.” [91]
4.4.4. De otra parte, en sentencia T-762 de 2015,[92] la Corte reitera el Estado de
Cosas Inconstitucional de personas privadas de la libertad declarado en la
sentencia T-388 de 2013.[93] Al respecto, determina ciertas medidas que el Gobierno Nacional
está llamado a cumplir para garantizar los derechos de las personas privadas de
la libertad y mejorar notoriamente su situación en pro de los estándares
internacionales y los lineamientos constitucionales que la Corte ha manifestado
en reiterada jurisprudencia. Así mismo, resulta menester señalar que, en la declaratoria de
Estado de Cosas Inconstitucional del año 2013, la Corte fue enfática al
establecer que:
“El Sistema de información que alimente tanto la política criminal
como el sistema penitenciario y carcelario en Colombia deberá tener información
completa, clara, confiable y actualizada, por lo menos, acerca de los
siguientes aspectos: i)  Nivel de protección
y garantía de los derechos fundamentales de las personas privadas de la
libertad. ii)   La capacidad del Sistema como tal, no sólo
cuantitativa, sino también cualitativa. Recursos institucionales y humanos
disponibles, procedimientos, marcos normativos y regulatorios, metodologías y
estrategias de acción para los asuntos a resolver (cantidad de instituciones,
procedimientos, estado de infraestructura). iii) El contexto financiero básico
sobre las cargas y los costos, y las fuentes de financiación”.[94]
4.5. En ninguno de los casos que dio lugar a las
declaraciones y reiteración del Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) en
prisiones y en el sistema penitenciario y carcelario del país, se puso en
conocimiento de la Corte hechos que describieran  la situación que ahora se
examina, pero claramente existe una estrecha relación que conecta los elementos
que dieron lugar a la declaratoria, especialmente en la sentencia T-388 de
2013, con los problemas ahora analizados. El problema de los servicios e
implementos para la comunicación de los reclusos con el mundo exterior, está
ligado necesariamente a las causas que dieron fundamento al ECI, esto es, a la
falta de una política pública en la materia que se fundamente en el respeto de
la dignidad humana de la población carcelaria, se concentre en el papel
rehabilitador de la sanción penal, y responda de forma preventiva y no como una
reacción ante los problemas coyunturales. Es la inadecuada planificación,
construcción y funcionamiento de los establecimientos penitenciarios y
carcelarios, lo que convierte en insuficientes los medios y recursos destinados
a satisfacer las garantías de sus derechos, y a su vez, el hacinamiento y la
falta de garantías de sus derechos, responden a una política pública en materia
criminal y penitenciaria desarticulada con la función constitucional de la
sanción penal, y con la estructura constitucional del Estado concentrada en la
garantía de la dignidad humana de todas las personas en Colombia, sin ningún
tipo de exclusión o marginación.
5. La comunicación de los reclusos con su familia y con
el mundo exterior, como elemento de una política punitiva resocializadora y
dignificante
La problemática concreta del presente asunto, no fue
planteada en los casos que dieron lugar a la declaración o reiteración de un
Estado de Cosas Inconstitucional, sin embargo, es claro que la comunicación de
las personas privadas de la libertad con el mundo exterior y en particular con
sus familiares, no sólo es un derecho fundamental que si bien admite restricciones,
no puede ser suspendido durante el tiempo de internación, sino que es además un
elemento clave para la resocialización de los individuos y acorde con la
expectativa de vida en libertad que se protege por la Carta Política al
eliminar las penas perpetuas.
5.1. Las TIC y la necesidad de adecuar las cárceles a las
nuevas tecnologías
5.1.1. Las tecnologías de comunicación han variado
enormemente en los últimos años y el Estado colombiano, consciente de ello, ha
ido adecuando su andamiaje para adaptarse y responder a las necesidades y
oportunidades que ello representa. Un ejemplo claro de esto es la Ley 1341 de
2009 que cambió el entonces Ministerio de Comunicaciones para convertirlo en el
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. La Ley creó
un marco normativo para el desarrollo del sector y para promover el acceso y
uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación a través de “la
masificación, el impulso a la libre competencia, el uso eficiente de la
infraestructura y en especial fortalecer la protección de los derechos de los
usuarios”.[95]
5.1.2. La concepción de la pena privativa de la libertad a
partir del respeto de la dignidad humana y la necesidad de resocialización, no
puede ser ajena a esta realidad, ni a los beneficios del desarrollo que deben
llegar a todos los ciudadanos según lo establece la Carta Política.[96] En particular,
no puede ser ajena a la existencia de una sociedad que, en virtud del uso de
las nuevas tecnologías está en constante evolución, dejando obsoletos los usos
de tecnologías superadas y exigiendo cada vez con mayor rapidez competencias
renovadas. Esto implica que una persona privada de la libertad, que ha pasado
más de una década en la cárcel, y que no ha tenido acceso a las tecnologías de
la comunicación, cuando sale se encuentra con una sociedad en la que
difícilmente puede moverse con soltura, y donde no sólo su competitividad
laboral se verá diezmada, sino que incluso otros aspectos de su reintegración
social pueden verse afectados.
5.1.3. La comunicación con el exterior no sólo implica una
vía de acceso al contacto familiar, sino también un conocimiento básico de la
realidad y el contexto así como el acceso a ciertos elementos que permitan
desarrollar competencias indispensables para la vida social. El papel de la
prisión bajo el manto de la Carta Política del 91 está ligado a la superación
de conductas delictivas y a la rehabilitación de la idoneidad de un individuo
para responsabilizarse por su propio proyecto de vida en el marco de las normas
que sustentan la vida social. Si ello es así, si lo que se persigue, más allá
del castigo y la venganza social, es dotar a los individuos de una conciencia
responsable frente a ellos mismos y su entorno, así como de la capacidad para
asumir una vida en sociedad bajo las reglas del derecho, no puede el Estado
pretender que ello suceda en un medio de exclusión y aislamiento, donde la
realidad y las reglas de la prisión, sean las únicas vivencias a las que se
somete el individuo. La rehabilitación del ser humano sólo puede lograrse por
medios dignificantes, y no a través de sanciones en condiciones inhumanas que terminen
por extinguir las actitudes de respeto por las normas sociales. Por ello es
indispensable que en el transcurso de la medida privativa de la libertad, el
recluso mantenga un contacto con su familia y con el mundo exterior, que le
permita conocer los cambios del entorno y lo incite a trabajar para adecuar sus
conductas, con la expectativa de volver a reintegrarse activamente en la
sociedad.
5.1.4. El uso de los teléfonos celulares es otro de los
puntos que genera polémica. En la mayor parte del planeta y particularmente en
Colombia los dispositivos telefónicos móviles se han convertido en parte
integral de la vida diaria y el interés de los usuarios por acceder a más
servicios tecnológicos es cada vez mayor. Según el Ministerio TIC al finalizar
el año 2016, el total de abonados a la telefonía móvil fue de 58.523.750, es
decir que existen más teléfonos celulares que habitantes en el país. El
crecimiento en materia de acceso a internet a través de la telefonía celular en
los últimos años es asombroso. Según las cifras del Ministerio TIC en 2010 el
total de usuarios del servicio era de 5.136.679 mientras que en el último
trimestre de 2016 ese número llegó a 21.875.422 con un alto índice de
crecimiento. Esto refleja la particular importancia del acceso y manejo de esta
tecnología, que además, gracias a su alta demanda, es cada día más asequible.
Se ha convertido en una herramienta común y cotidiana, cuyo uso se incrementa
diariamente (entre 2015 y 2016 se incrementó en el 35%), al punto que es
valorada como un elemento indispensable en la sociedad actual, por el acceso a
la información y las nuevas dimensiones de interacción social que permite, y
que resultan útiles (y hasta necesarias) para distintos aspectos de la vida
humana.
Aspectos como la orden de no prohibir sino regular el uso de
celulares en los colegios (sentencia T-967 de 2007)[97] o la desproporción de
una sanción de despido por el uso del celular en horas de trabajo (T-690 de 2015)[98] son muestras
de un interés creciente de la ciudadanía en la protección de su derecho a la
comunicación en relación con el uso de las nuevas tecnologías y,
particularmente, del teléfono celular. La Corte ha respondido en estos casos con
criterios de proporcionalidad y razonabilidad, ponderando la importancia, cada
vez mayor, de este medio, con los derechos que puedan verse afectados.
El avance de la tecnología hace necesario plantear
la disyuntiva entre la prohibición o la regulación del uso de los nuevos medios
de comunicación e información en los establecimientos penitenciarios y
carcelarios del país. En otras palabras, le corresponde a la política criminal
en materia penitenciaria analizar cuidadosamente si para la seguridad de los
establecimientos penitenciarios y la reintegración de las personas privadas de
la libertad, resulta más conveniente la prohibición de un recurso que por los
altos costos de la telefonía fija implementada, ha terminado por generar un
comercio ilícito e incontrolable de aparatos celulares, con el indebido uso que
ello implica, o si por el contrario, existen los medios y la posibilidad de
acceder a la infraestructura para que la utilización monitoreada y regulada de
nuevas tecnologías, permita un control más eficiente de las comunicaciones y la
eliminación de los abusos e ilícitos que rodean el uso de estos aparatos
clandestinos. Esto principalmente porque la demanda del acceso a la
comunicación que ha generado este comercio subterráneo responde a la necesidad
de ejercitar un derecho, la comunicación, que si bien puede ser restringido, no
queda suspendido como consecuencia de la pena privativa de la libertad, y que como
se plantea en los hechos de esta sentencia, no está siendo garantizado en los
establecimientos penitenciarios.
5.1.5. El ingreso de las nuevas tecnologías y en
particular el internet, tanto como medio para comunicarse con el exterior, como
para acceder a la educación y a la información, ha venido explorándose en
distintos países del mundo de forma creciente. Así, son varios los ejemplos que
intentan con éxito integrar a las cárceles el acceso al internet.
En Uruguay, la mayoría de las cárceles cuentan con
acceso al internet en las salas de informática.  El acceso es restringido, en
cuanto a sitios que se pueden visitar y los horarios en que pueden hacer uso de
las computadoras, está fundamentalmente controlado por el docente, que utiliza
el internet para el acceso a medios de aprendizaje virtual, aunque también se
usa para la comunicación con las debidas restricciones.
En Argentina no existe una legislación que impida
el acceso a internet en las cárceles. En varios centros penitenciarios se utiliza
en proyectos de educación a distancia, por lo general en las bibliotecas
penitenciarias,[99]
e incluso en el Instituto Nacional Modelo Dr. César Tabares,[100] el acceso al internet
permitió la conformación de una colectividad de reclusos denominada, Ciudad
Interna que logró extender el tiempo de ese acceso.[101] El grupo finalmente
obtuvo acceso a internet e incluso creó una publicación digital que estuvo
vigente entre 2007 y 2011, a través de la cual denunciaron abusos y
vulneraciones de derechos, identificando y permitiendo la intervención de algunos
de los problemas más importantes del centro carcelario.[102]
Fuera del continente, en Australia el acceso de
los prisioneros a las instalaciones informáticas y a los recursos de Internet
varía según las jurisdicciones del país. En algunos estados se permite el uso
de computadoras personales en celdas, el acceso a Internet administrado se
proporciona en algunos estados,[103]
mientras que en otros estados se retiran todos los dispositivos existentes. El
uso de computadoras es generalmente para el estudio, los propósitos legales, y
la reintegración manejada. La razón de ser de esta política es garantizar que
todos los presos que necesitan acceso a la computadora con fines educativos o
legales no se vean en desventaja. La política reduce y gestiona eficazmente los
riesgos asociados con el acceso de los presos a las computadoras en las
células.[104]
En Alemania, en los últimos años se han
desarrollado proyectos destinados a  resocializar a los presos a través del uso
de la tecnología en las comunicaciones y de la interacción, incluyendo el uso
de comunicación a través de internet.[105]
En Filipinas, a los prisioneros se les permite
navegar por Internet mientras están estrechamente supervisados.[106]
En el Reino Unido, se abrió en 2016 una de las
cárceles más modernas y vanguardistas, es la prisión HMP Berwyn. La cárcel
cuenta con instalaciones limpias y seguras, los recluidos pueden ganar
beneficios por su comportamiento y trabajo como el acceso a computadoras, teléfonos
inteligentes (smartphones), televisores, e internet regulado. Dentro del
recinto los presos pueden terminar sus estudios, trabajar y aprender un oficio,
además de contar con instalaciones deportivas, y un área de juegos infantiles
para los niños que visiten a sus familiares. Según el actual gobernador del
plantel: "Pienso que Brewin puede ser una prisión verdaderamente
rehabilitadora, donde las personas puedan vivir en condiciones decentes y se
les dé la oportunidad de vivir vidas respetuosas de la ley cuando se
reincorporen a sus comunidades".[107]
En esta prisión, el uso de teléfonos celulares, así como otros beneficios, es
un privilegio que se gana, y solo se puede llamar a los números previamente
aprobados.
En Estados Unidos, la Oficina Federal de
Prisiones, una agencia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos,
desde 2009 puso en marcha el Sistema de Informática de Inmigrados del Fondo
Fiduciario Limitado (TRULINCS), que permite a los presos acceder a mensajes
electrónicos a través de e- Mails. El mensaje debe ser solo texto, y se conduce
de una manera segura entre el preso y el público. Los mensajes están sujetos a
monitoreo. Actualmente todas las instituciones operadas por la Oficina de
Prisiones tienen TRULINCS. Sin embargo, fuera del programa TRULINCS, casi todos
los estados limitan el uso de Internet por los reclusos, al acceso a las
oportunidades educativas.[108]
En Malasia desde 2008, el Departamento
Penitenciario de Malasia ha permitido a algunos presos que han sido sometidos a
un aprendizaje superior utilizar Internet como su modo de estudio. Open
University Malaysia (OUM) se convirtió en la primera universidad en Malasia que
ofreció educación superior a los presos. Al ser una universidad centrada en el
aprendizaje en línea, OUM había proporcionado un sistema de aprendizaje
flexible a los reclusos. El papel desempeñado por OUM en la oferta de los
programas educativos marca esfuerzos significativos en cambiar el camino para
que los reclusos lleven vidas productivas en la sociedad.[109]
5.2. Si bien la comunicación vía internet puede
resultar mucho más económica que la que se realiza por el servicio postal, el
problema de los altos costos que implica su implementación puede ser un
obstáculo, en particular en el contexto en que la falta de infraestructura está
generando problemas que han llevado a esta Corte a declarar un Estado de Cosas
Inconstitucional por la situación inhumana e indignante a la que muchos
reclusos son sometidos. Sin embargo, esta situación no aqueja solamente a
Colombia, por el contrario, es un problema mundial que ha generado reflexiones
en torno a la necesidad de replantear la cárcel como único medio de reacción
ante el delito y de buscar nuevas vías de financiación de los costos crecientes
del sistema punitivo, sobre todo en la búsqueda de que el mismo brinde
condiciones dignas y cumpla con su finalidad resocializadora. Entre otras vías,
algunos estados han plantado por ejemplo la posibilidad de que los internos
contribuyan con los costos, de forma que ello permita garantizarles condiciones
más adecuadas de reclusión.[110]
En Colombia, la telefonía fija instalada, y cuyos precios
superan ampliamente los del consumo de telefonía celular y fija para el público
general, es pagada por los usuarios, de forma que los costos de la instalación
son asumidos por el concesionario y el Estado no asume ningún gasto. Un
servicio de esta naturaleza, concesionado y con controles estrictos, podría
ayudar a solucionar muchos de los inconvenientes de la comunicación postal,
como las largas esperas, la pérdida de cartas y más importante aún, las
barreras al acceso a la administración de justicia, permitiendo, por ejemplo,
notificar decisiones judiciales por esta vía.
5.3. La Corte ha analizado en su jurisprudencia la
naturaleza y los fines constitucionales de la sanción penal, haciendo énfasis
en los objetivos de resocialización de la misma y su función preventiva
especial. Para la Corte la pena en nuestro sistema jurídico tiene un fin
preventivo, representado en el establecimiento legal de la sanción penal, un
fin retributivo que se manifiesta con la imposición judicial de la pena y
finalmente un fin resocializador y restaurador que orienta la ejecución de la
misma, a partir de principios humanistas contenidos en la Carta y en los
tratados internacionales. Esta finalidad de resocialización a su vez está
ligada íntimamente con el respeto de la dignidad humana y con el libre
desarrollo de la personalidad del recluso, pues la reeducación y la reinserción
social del condenado (y no su exclusión) son el objetivo de los esfuerzos
legales e institucionales del Estado.[111]
Así como de acuerdo con la legislación y la
jurisprudencia vigentes, la educación es una de las bases de la
resocialización, la comunicación con el mundo exterior, que le permita mantener
y fortalecer los lazos que puedan brindarle una oportunidad de vida en la
legalidad, es también un pilar esencial para la reintegración social del
recluso que, por lo tanto, no puede dejarse sin garantía a tal punto que el
condenado sea excluido del mundo exterior y de su tecnología.
No le corresponde a la Corte imponer la forma en
que la tecnología de la información y comunicación debe implementarse en las
prisiones, se trata de cuestiones que se deben debatir y analizar a profundidad
por las entidades encargadas de diseñar y ejecutar la política pública,
explorando todas las aristas y experiencias posibles a fin de construir una
política pública criminal y carcelaria actualizada, integral, estructural,
respetuosa de la dignidad humana en toda su dimensión, que parta de la función
reintegradora y resocializadora de la pena, y que se concentre en las medidas
preventivas del delito, más que en las medidas reactivas. Lo que le corresponde
a la Corte es dimensionar el alcance de la obligación del Estado respecto del
derecho  afectado en el presente asunto y activar los mecanismos para que la
garantía adecuada y efectiva del acceso a la comunicación sea una realidad. Es
claro para esta Corte que una política integral en materia punitiva, no puede
pasar por alto la necesidad de integrar las nuevas tecnologías para lograr los
fines de resocialización de las personas privadas de la libertad.
6. La protección constitucional de la faceta
prestacional del derecho a la comunicación
6.1. La faceta prestacional de los derechos fundamentales
6.1.1. Todos los derechos fundamentales cuentan
con diferentes facetas, que se traducen en obligaciones positivas y negativas
para el Estado y que incorporan también aspectos prestacionales. La Corte ha
sostenido que:
“(…), actualmente se reconoce
que incluso las libertades más clásicas como el derecho a la libre locomoción o
a la libre expresión presuponen prestaciones materiales que hacen posible su
ejercicio. En las sociedades modernas, donde el uso de la libertad individual
depende de acciones y prestaciones públicas – servicio público de transporte,
de telecomunicaciones, de salud, etc. – y donde la seguridad personal cuesta,
no es posible sostener la tesis del carácter negativo de las libertades
básicas. Por el contrario, la infraestructura necesaria para hacer posible el
ejercicio de las libertades fundamentales, los derechos de defensa y debido
proceso o los derechos políticos, requiere de grandes erogaciones económicas y
de la actuación permanente y coordinada por parte del Estado. La fuerza
pública, la administración de justicia y la organización electoral, aunque
parezcan obvias en un Estado de derecho, constituyen la dimensión prestacional
de las libertades básicas.”[112]
Esta conclusión implica la necesidad de superar las
clasificaciones de los derechos humanos basadas en percepciones históricas, puesto
que no es la “naturaleza” de cada derecho lo que torna las obligaciones en
simples restricciones o en erogaciones de tipo presupuestal, sino que, en
general, todo derecho humano implica distintas facetas obligacionales, algunas
de las cuales son de contenido preponderantemente prestacional, sin que eso
limite o defina su naturaleza,  y que incluso evolucionan conforme lo hagan
necesario las exigencias de la dignidad humana en una sociedad cambiante.[113]
6.1.2. Así, estas obligaciones prestacionales
resultan naturalmente progresivas, en el entendido que, por una parte su
reconocimiento y satisfacción se va haciendo conforme las condiciones de cada
país lo permiten, y por otra, el ámbito de exigencia puede acrecentarse por la
evolución social y el crecimiento poblacional. Sin embargo, como lo ha sostenido
ya esta Corporación, aunque es claro que los derechos con contenido
prestacional tienen, en principio, una exigibilidad programática,[114] la
progresividad del derecho no es una condición que limite su exigibilidad, pues
como se ha sostenido “la gradualidad de la prestación positiva de un derecho
no impide que se reclame su protección por vía judicial cuando la omisión en el
cumplimiento de las obligaciones correlativas mínimas coloca al titular del
derecho ante la inminencia de sufrir un daño injustificado”,[115] lo
que determina es el grado de exigibilidad, de acuerdo al avance que exista, o
deba existir del goce efectivo de un contenido programático.
6.1.3. Al respecto la jurisprudencia de la Corte
ha establecido que algunas de las obligaciones que se derivan de un derecho
fundamental y que tienen un carácter prestacional, son de cumplimiento inmediato, bien sea
porque se trata de una acción simple del Estado, que no requiere mayores
recursos (por ejemplo, la obligación de suministrar la información de cuáles
son sus derechos a los pacientes, antes de ser sometidos a un tratamiento médico)[116] o porque a
pesar de la movilización de recursos que la labor implica, la gravedad y
urgencia del asunto demandan una acción estatal inmediata (por ejemplo, la
obligación de adoptar las medidas adecuadas y necesarias para garantizar la
atención en salud de todo bebé durante su primer año de vida –art. 50, CP–).
Otras de las obligaciones de carácter prestacional derivadas de un derecho
fundamental son de cumplimiento progresivo, por la complejidad de las acciones y los
recursos que se requieren para garantizar efectivamente el goce efectivo de
estas facetas de protección de un derecho. Garantizar el goce efectivo del
derecho a la libertad de expresión a un opositor político es, muchas veces, más
costoso y complejo que garantizarle su derecho a la salud o a la educación. Tanto
la decisión democrática acerca del grado de protección que se brindará a un
derecho fundamental en sus facetas prestacionales, como la adopción e
implementación de las formas específicas de garantizar su efectivo respeto,
protección y cumplimiento, suponen que el cumplimiento de este tipo de
obligaciones se logre progresivamente. En tal sentido, el cumplimiento de este
tipo de obligaciones no se satisface con la simple actuación estatal, ésta debe
ser ajustada a la Constitución, por lo que debe estar encaminada a garantizar
el goce efectivo de los derechos. Ahora bien, aunque es la gravedad de
las circunstancias en el caso concreto, y la urgencia de la situación en la que
se encuentra el accionante lo que activa la exigibilidad judicial del derecho
respecto de la prestación cuyo cumplimiento es necesario para evitar un
perjuicio irremediable, la jurisprudencia ha ido identificando los mínimos constitucionales
de una política pública carcelaria de la cual dependen los derechos,
advirtiendo las precisiones para cada caso (Sentencia T-388 de 2013, numerales
8.1. y 8.2.).
6.1.4. A través de su jurisprudencia la Corte ha
dado protección a la faceta prestacional de ciertos derechos humanos en
diferentes ocasiones y en distintas formas, pudiéndose identificar de sus
decisiones una línea que adecua el carácter programático de las obligaciones
con la necesidad de evitar un daño irreversible en situaciones urgentes.
6.1.4.1. Desde su jurisprudencia inicial, la Corte
tuvo en cuenta que los derechos humanos también implican un carácter
prestacional y que ello no afecta su naturaleza fundamental. Así en la
sentencia T-406 de  1992, la Corte conoció el caso del  barrio Vista Hermosa,
afectado porque las Empresas Públicas de Cartagena iniciaron en 1991 la
construcción del servicio de alcantarillado y luego de un año y sin haber
terminado su construcción fue puesto en funcionamiento, produciendo
desbordamientos de aguas negras por los registros, ocasionando olores
nauseabundos y contaminantes. En esa ocasión la Corte ordenó a la entidad
culminar la obra y manifestó en sus considerandos que “la eficacia directa
no se reduce a los derechos de aplicación inmediata o a los derechos humanos de
la llamada primera generación. (…) Igualmente pueden ser objeto de tutela casos
en los cuales el juez considere que una prestación del Estado consagrada como
derecho económico, social o cultural, o la falta de ella, ponga en entredicho
de manera directa y evidente un principio constitucional o uno o varios
derechos fundamentales, de tal manera que, a partir de una interpretación
global, el caso sub judice resulte directamente protegido por la Constitución.”[117]  En
igual sentido en la Sentencia T-467 de 1994,[118]
la Corporación al estudiar el caso de un niño que no había podido recibir
clases porque no se había nombrado al profesor de ese grado, precisó que la
garantía del derecho implica  un deber de acción por parte del Estado y que el
carácter prestacional no excluye la protección del derecho por la acción de
tutela, ni es la falta de recursos, una excusa válida, en todas las
circunstancias para dejar de cumplir con la protección de derechos como el de
la educación. [119]
Un año más tarde, en 1995, la Corte protegió el derecho de dos residentes y
propietarios de establecimientos comerciales en Turbo – Antioquia que se veían
gravemente afectados en sus derechos (a la integridad, a la salud, a la
circulación, al trabajo y a la vivienda digna) por la conducta omisiva del
municipio de Turbo -Antioquia- en las labores de mantenimiento de las cañerías
destinadas a evacuar las aguas negras. En esta ocasión nuevamente se analizaba
el carácter prestacional de los derechos y la Corte advirtió la naturaleza
programática de su exigibilidad.[120] En consideración con ese
carácter progresivo, la Corte revocó la orden de efecto inmediata dictada por
el juez de instancia y en su reemplazo ordenó al municipio “la realización de las gestiones necesarias para
solucionar, en forma definitiva, el problema de desagüe de aguas negras (…)
dentro de un período razonable.”[121]
6.1.4.2. En la sentencia T-595 de 2002[122] se
examinó el caso de una persona que veía limitado su derecho de locomoción por
la falta de adaptación de los buses de las rutas alimentadoras del sistema
Transmilenio y pedía que se ordenara que éstos puedan ser accesibles a las
personas con discapacidad en silla de ruedas. La Corte, luego de analizar la
faceta positiva del derecho de locomoción y concluir que el carácter
programático del mismo no significa que pueda dejarse eternamente sin exigir su
cumplimiento, decidió ordenar que “en el término máximo de dos años, a
partir de la notificación de la presente, diseñe un plan orientado a garantizar
el acceso del accionante al Sistema de transporte público básico de Bogotá, sin
tener que soportar limitaciones que supongan cargas excesivas, y que una vez
diseñado el plan inicie, inmediatamente, el proceso de ejecución de conformidad
con el cronograma incluido en él.”
6.1.4.3. En la sentencia T-025 de 2004, la Corte
declaró el estado de cosas inconstitucional en la situación de la población
desplazada dada la incapacidad institucional para responder eficazmente a sus
necesidades.[123]
En consecuencia dictó una serie de órdenes complejas dirigidas a superar el
bloqueo institucional que daba lugar a una sistemática y numerosa presentación
de tutelas como única vía parar acceder a la protección de sus derechos. A
partir del reconocimiento de la faceta prestacional de diversos derechos, la
Corte, en cuanto a su protección sostuvo los siguientes parámetros:
“Primero, prohibición de
discriminación (por ejemplo, no se podría invocar la insuficiencia de recursos
para excluir de la protección estatal a minorías étnicas o partidarios de
adversarios políticos); segundo, necesidad de la medida lo cual exige que sean
estudiadas cuidadosamente medidas alternativas y que éstas sean inviables o
insuficientes (por ejemplo, se han explorado y agotado otras fuentes de
financiación); tercero, condición de avance futuro hacia la plena realización
de los derechos de tal forma que la disminución del alcance de la protección
sea un paso inevitable para que, una vez superadas las dificultades que
llevaron a la medida transitoria, se retome el camino de la progresividad para
que se logre la mayor satisfacción del derecho (por ejemplo, señalando
parámetros objetivos que, al ser alcanzados, reorientarían la política pública
en la senda del desarrollo progresivo del derecho); y cuarto, prohibición de
desconocer unos mínimos de satisfacción del derecho porque las medidas no pueden
ser de tal magnitud que violen el núcleo básico de protección que asegure la
supervivencia digna del ser humano ni pueden empezar por las áreas prioritarias
que tienen el mayor impacto sobre la población. Pasa la Corte a definir tales
mínimos.”[124]
6.1.4.4. Más adelante en el año 2006, la Corte
tomó una decisión respecto del derecho a la salud que le permitió avanzar
notablemente en su protección, al abandonar definitivamente la tesis de la
conexidad como vía para su amparo por tutela y aceptar la dimensión fundamental
del derecho a la salud, tal como ya lo venía haciendo parte de su
jurisprudencia.[125]
Al respecto la Corte recordó que en un primer momento, consideró que la acción
de tutela era una herramienta orientada a garantizar el goce efectivo de los
derechos de libertad clásicos y otros como la vida, pero también entendió que
algunas de las obligaciones derivadas del derecho a la salud, por más que
tuvieran un carácter prestacional y en principio fuera progresivo su
cumplimiento, eran tutelables directamente, en tanto eran obligaciones de las
que dependían derechos como la vida o la integridad personal.
6.1.4.5. En la sentencia T-760 de 2008,[126] la
Corte dictó 35 órdenes diferentes, algunas de ellas con complejas instrucciones
sobre planes y programas a desarrollar por parte de las entidades relacionadas
con la protección del derecho a la salud, en particular a lo que se refiere a
la prestación de servicios médicos y entrega de medicamentos, a fin de lograr
una respuesta adecuada a las obligaciones prestacionales que emanan de dicho
derecho.
6.1.4.6. Ese mismo año, la sentencia T-1259 de
2008[127]
analizó el caso de 2 niñas y con ellas más de 60 niños de Boyacá que para
llegar a la escuela necesitaban caminar por más de 2 horas para recorrer los 5
kilómetros que los separaban de sus viviendas, constituyendo una restricción a
la accesibilidad de la educación que amenazaba otros derechos fundamentales. La
Corte, consideró que “el derecho a la educación, como todo derecho fundamental,
tiene una dimensión progresiva que se relaciona, esencialmente, con el
establecimiento de las condiciones de infraestructura mínimas para asegurar la
disponibilidad del servicio, el acceso, la permanencia, la calidad y la
continuidad en la prestación del mismo, todo lo cual exige de la adopción de
programas y políticas dirigidas a tal fin.” En el caso, se tuvo como
consideración que la solución ideada por el municipio y la gobernación (un bus
en mal estado con distintos usos y la entrega de bicicletas a unos pocos
estudiantes) no podía considerarse “como un serio desarrollo programático de
la accesibilidad al sistema educativo en el Municipio de Tuta”.  En
consecuencia, ordenó adelantar los estudios y desarrollar las políticas,
involucrando a diferentes entidades del orden nacional y local, a fin de
superar la situación, con los informes periódicos que permitan verificarlo.
6.1.4.7. En el año 2011 la Corte conoció el caso
de una comunidad indígena que  consideraba amenazados sus derechos por la
actitud omisiva de la Alcaldía Municipal de Dagua y el Clopad (Valle del Cauca)
frente a la grave afectación que produjo la ola invernal de 2008 en los caminos
aledaños al resguardo, y en algunas edificaciones de la comunidad.[128] En
su decisión, la Corte ordenó, entre otras medidas (la Corte dictó 18 órdenes)
la adopción definitiva de planes de atención y prevención de desastres, con un
componente de atención diferencial frente a comunidades indígenas o tribales, así
como la ejecución de una obra pública para el manejo del río pepitas, todo lo
cual debía surtir el trámite de consulta previa.
6.1.4.8. En el año 2012 conoció el caso de un
grupo de accionantes que reclamaban por la discontinuidad en la prestación de
un ciclo de cursos ofrecidos por el Ministerio de Educación Nacional.[129] En
dicha ocasión, la sentencia T-428 de 2012 se refirió a las facetas positivas y
negativas de los derechos, así como al principio de progresividad y la
prohibición de retroceso en materia de derechos económicos, sociales y
culturales; para finalmente analizar los estándares mínimos y obligaciones de
carácter progresivo en materia de accesibilidad a la educación. Al igual que en
los casos antes analizados, la Corte dictó una serie de órdenes en donde
resolvió la situación concreta de los accionantes con órdenes de cumplimiento
inmediato[130]
y otras de contenido programático dirigidas a satisfacer las obligaciones
positivas del derecho a la educación de forma objetiva.[131]
6.1.5. Es posible por lo tanto, sustraer de la
jurisprudencia de esta Corporación unos puntos de encuentro relevantes para
tomar una decisión en el presente caso.
6.1.5.1. En primer lugar es claro que la Corte
reconoce que los derechos humanos son producto de distintos momentos
históricos, lo que en un momento determinado sirvió de criterio para hacer
clasificaciones teóricas que incluso pudo tener alguna repercusión en cuanto al
abordaje que sobre su exigibilidad se tuvo en la jurisprudencia inicial. La
perspectiva actualmente dominante en la Corte Constitucional acerca de los
criterios de identificación sobre los derechos fundamentales se refleja, por
ejemplo, en la sentencia T-227 de 2003,[132]
mediante la cual la Corte manifestó que: “los derechos fundamentales son
aquellos que (i) se relacionan funcionalmente con la realización de la dignidad
humana, (ii) pueden traducirse o concretarse en derechos subjetivos y (iii)
encuentran consensos dogmáticos, jurisprudenciales o de derecho internacional,
legal y reglamentario sobre su fundamentalidad”.
6.1.5.2. En segundo lugar, para la Corte, los
derechos se conciben como un amplio conjunto de posiciones jurídicas, de las
cuales se desprende también una pluralidad de obligaciones para el Estado y, en
ocasiones, para los particulares. En ese sentido, a partir de la Sentencia
C-595 de 2002[133]
la Corte ha reiterado que todos los derechos poseen facetas positivas y
negativas, por lo que la expresión “derechos prestacionales” constituye
un “error categorial” puesto que lo prestacional se predica de
determinadas facetas y no del derecho considerado como un todo.[134]
6.1.5.3. En tercer lugar, la compleja estructura que
supone la protección de ciertas facetas de los derechos fundamentales, conlleva
unos mínimos en las políticas públicas que están destinadas a garantizar su
goce efectivo. Así lo reiteró la sentencia T-388 de 2013 al sostener que: “Las
facetas prestacionales de los derechos fundamentales de aplicación progresiva
suponen, al menos, un contenido básico exigible judicialmente, no sometido a
debate en una democracia, a saber: el derecho constitucional a que exista un
plan escrito, público, orientado a garantizar progresiva y sosteniblemente el
goce efectivo del derecho, sin discriminación y con espacios de participación
en sus diferentes etapas que, en efecto, se estén implementando. Cuando el juez
de tutela constata que una política pública desconoce abiertamente alguno o
varios de estos parámetros mínimos, estará ante una violación a la Constitución
Política.”[135]
6.1.5.4. Finalmente, y en cuarto lugar, la
jurisprudencia de la Corte deja entrever que la Corporación tiene un amplio
margen en el diseño de las órdenes dirigidas a satisfacer las obligaciones
positivas vulneradas en un caso concreto. Dichas órdenes pueden tener un efecto
inmediato, diferido o progresivo, pueden dirigirse a la implementación o
verificación de medidas, como también al diseño de las mismas, y pueden, además
de atender la solución del derecho subjetivo afectado, adentrarse en la
superación de las barreras que impiden la efectividad del derecho,
objetivamente considerado.
6.2. Facetas prestacionales del derecho a la
comunicación de personas privadas de la libertad
6.2.1. En la sentencia T-266 de 2013[136]
la Corte recordó que el artículo 110 del Código Penitenciario y Carcelario consagra
el derecho de las personas privadas de libertad a sostener comunicación con el
exterior y de recibir noticias periódicas respecto de la vida nacional o
internacional. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, ese derecho
tiene como soporte el reconocimiento del ordenamiento jurídico a los directores
de los establecimientos de reclusión, para instaurar restricciones a su
ejercicio, las cuales deben corresponder, razonable y proporcionalmente, con el
cumplimiento de los objetivos de la actividad carcelaria.[137]
6.2.2. Sin
embargo, la jurisprudencia constitucional tiene claro que las limitaciones en
el derecho a la comunicación sólo pueden ser aquellas encaminadas a conservar
la disciplina, el orden, la seguridad y la convivencia dentro de los sitios de
reclusión y tienen relación con los horarios y modalidades que pueden ser
reglamentadas por el Director de cada lugar de reclusión. Dentro de las
modalidades de comunicación esta Corte ha enumerado las siguientes: “(i)
enviar y recibir correspondencia, para lo cual los internos gozan de franquicia
postal; (ii) recibir visitas familiares, profesionales, de autoridades
judiciales y administrativas, y de los medios de comunicación; (iii) contar con
un sistema de información que contenga los hechos más importantes de la vida
nacional e internacional; y (iv) en caso excepcional y en igualdad de
condiciones, tener la posibilidad de hacer llamadas telefónicas, debidamente
vigiladas.”[138]
6.2.3. Desde esta perspectiva, el derecho a la
comunicación implica claramente dos dimensiones: es un derecho de dimensión
negativa o defensiva, por cuanto   consiste en ser un límite al ejercicio del
poder del Estado en defensa de la libertad del individuo. Sin embargo,  su goce
efectivo no implica únicamente el freno a las acciones del Estado ni requiere
tan sólo de la inacción estatal en la intervención de la comunicación, sino que
hacen indispensable el cumplimiento de la faceta prestacional del derecho, que
en este caso implica, adecuar la infraestructura necesaria para hacer posible
el goce efectivo del derecho. Como lo sostuvo la Corte en la sentencia T-595 de
2002 “la creencia de que los derechos de libertad no suponen gasto y que en
cambio los derechos sociales, económicos y culturales sí, ha llevado a
salvaguardar decididamente la protección inmediata de los primeros, mientras
que la de los segundos no.” [139]
6.2.4. En las sentencias que declararon el Estado
de Cosas Inconstitucional en materia carcelaria, la Corte identificó la
vulneración de una serie de derechos fundamentales que evidenció un problema
estructural frente al cual el Estado sufría un bloqueo institucional, y de esa
forma, la Corporación dictó una serie de ordenes dirigidas, no solo a la
protección de los derechos subjetivos afectados sino a la superación de las
barreras estructurales que generaban dichas vulneraciones.
6.2.5. El derecho a la comunicación de las
personas privadas de la libertad, no fue objeto de reclamación en los casos que
dieron lugar a las declaraciones de Estado de Cosas Inconstitucional antes
señaladas, y por ello la Corte no tuvo la oportunidad de dictar ordenes
dirigidas a superar las barreras que encuentra este derecho para su plena
satisfacción. Bajo un Estado Social y Democrático de Derecho, en el que el
núcleo de la sociedad no es el individuo sino la familia, el reconocimiento del
ser humano como un ser social implica que los derechos que articulan al
individuo con la sociedad, y en particular en el ámbito de la sociedad de la
información, están íntimamente ligados con la dignidad. Aunque el derecho ha
sido reconocido, el presente caso permite analizar mejor esta faceta de
protección de los derechos de las personas reclusas, que es igualmente
fundamental y que requiere de la atención estatal.
6.2.6. En el presente caso, los dos expedientes
acumulados dan cuenta de la vulneración de las obligaciones positivas en
materia de derecho a la comunicación, tanto a nivel prestacional, por la falta
de infraestructura adecuada para prestar un servicio adecuado y eficiente de
comunicación, como a nivel programático, por la falta de planes y programas
dirigidos a implementar progresivamente nuevas tecnologías de la información y
la comunicación en los establecimientos penitenciarios y carcelarios. El mal
funcionamiento de los 5 teléfonos instalados en el patio 8 en el
Establecimiento Penitenciario y Carcelario “La Esperanza”, ubicado en el
municipio de Guaduas Cundinamarca,[140]
y la pérdida de las cartas enviadas por el accionante recluido en el
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Cómbita, Boyacá, a través del
Área de Correspondencia de esa entidad y de la empresa Servicios Postales
Nacionales S.A. 4-72,[141]
dan cuenta de la ineficiencia de los implementos y servicios actuales con que
cuentan los internos para su comunicación con el entorno, pero también ponen en
evidencia la inexistencia del acceso a nuevas tecnologías que les permitan
comunicarse con sus familiares y obtener información del mundo exterior que
resulta necesaria para su proceso de rehabilitación y readaptación. Estas
facetas del derecho a la comunicación requerirán de la Corte órdenes directas e
inmediatas en cuanto al funcionamiento de los servicios actuales, así como
órdenes programáticas respecto de la implementación de las nuevas tecnologías.
7. Las vulneraciones identificadas al derecho a
la comunicación y las órdenes necesarias para superarlas
Del examen de los expedientes que dieron lugar a la
presente decisión, la  Corte pudo concluir que en ambas situaciones el derecho
a la comunicación de los accionantes con el mundo exterior, y particularmente
con sus familias, fue vulnerado. Dicha vulneración afectó la faceta positiva
del derecho, pues no se trató de una restricción directa o de la intromisión de
las autoridades en las comunicaciones familiares de los afectados, sino que se
tradujo en el incumplimiento de la obligación que tiene Estado como efecto de
la posición de garante que resulta de la sujeción de las personas privadas de
la libertad, de velar porque los servicios prestados por terceros para hacer
efectiva la comunicación se cumpla con eficiencia  y calidad.
7.1. El caso del expediente T-5.903.939
La demanda trata sobre el mal funcionamiento crónico de los
teléfonos instalados en el patio al que tiene acceso el accionante, que se
traduce en el mal estado e ineficiente mantenimiento de los equipos y la mala
señal que impide la comunicación. Según indica el accionante esta situación no
sólo imposibilita la comunicación con su grupo familiar y sus demás contactos,
sino la de todos los reclusos, al punto que 130 internos, presentaron un
memorial en el que solicitaron a la empresa prestadora del servicio, Prepacol
SAS, la reparación de los equipos averiados.
7.1.1. En el proceso de tutela, la empresa Prepacol SAS y el
establecimiento penitenciario y carcelario de Guaduas, señalaron que se habían
realizado los mantenimientos necesarios, instalando dos teléfonos adicionales y
que los daños sufridos por los aparatos, pese a tratarse de teléfonos de última
tecnología para ese tipo de usos, se daban por actos de vandalismo.
7.1.2. Confirmada así por el juez la superación de los
hechos que dieron lugar a la solicitud de protección, se negó la protección por
hecho superado.
7.1.3. Para verificar y actualizar la información sobre el
estado actual del servicio telefónico en el Establecimiento, la Corte, por auto
del 17 de abril de 2017, ordenó la práctica de una diligencia de inspección
judicial. En resumidas cuentas, encontró que los teléfonos instalados en el
patio 8 del EPC son suficientes para atender la demanda, y que 4 de los 5
teléfonos están funcionando. Pero encontró un problema mucho más grave que
supera la condición de los aparatos y que se traduce en una restricción a la asequibilidad
del servicio. El valor de la comunicación telefónica fijada en el plantel,
excede por mucho el valor de la comunicación que paga en promedio un ciudadano
en Colombia,[142]
y dicha desproporción, al convertirse en una barrera infranqueable para la
comunicación de muchos internos con el mundo exterior, se convierte en la
motivación de la demanda, que fomenta el uso de la telefonía celular ilegal en
los establecimientos penitenciarios del país.[143] En otras palabras, se
han tomado medidas adecuadas y necesarias para garantizar la disponibilidad del
derecho, pero han permanecido las barreras de acceso.
7.1.4. La utilización de un sistema de tarjetas prepagadas,
a altos costos, y con un sistema de contabilización por minutos (que se
descuenta desde el primer segundo), se convierte así en una barrera para la
comunicación de aquellas personas que por estar privadas de la libertad se
encuentran en imposibilidad de participar en el mundo laboral y por lo tanto de
contar con recursos económicos para acceder a una de las telefonías más
costosas de todo el país.
Según se pudo establecer en la inspección judicial
adelantada, el costo del minuto en la telefonía instalada supera largamente los
costos de la telefonía que se ofrece al público en general y eso ha permitido e
impulsado una demanda creciente de la telefonía celular que ilícitamente entra
a la prisión, pero que termina costando casi una tercera parte de lo que cuesta
la telefonía instalada, y además, ofrece el servicio de llamadas entrantes.
Evidentemente esto se traduce  en la consecuente promoción de los abusos y el
fomento a la corrupción que implica el comercio de minutos celulares ilegales.
7.1.5. Además, es menester recordar que en los
establecimientos penitenciarios y carcelarios, está estrictamente restringida
la entrada de dinero. Esto para evitar comercio de drogas, extorsiones o
cualquier forma de corrupción. Pues bien, en la inspección judicial adelantada,
se pudo establecer por distintas fuentes que las tarjetas telefónicas prepagadas
se han convertido en el papel moneda que circula en las cárceles del país,
[144]  con el que
se pagan las extorsiones y se establece un sistema de comercio que fomenta
corrupción e ilegalidad, atentando contra los fines para los que está dispuesta
la sanción penal y aumentando los riesgos de inseguridad a la vida e integridad
de los internos.
7.1.6. Finalmente, los teléfonos instalados sólo funcionan
con el código que brinda la tarjeta prepagada, lo cual imposibilita su uso para
llamadas por cobrar, y tampoco permite recibir llamadas, excluyendo cualquier
posibilidad de recibir las llamadas de familiares que tengan alguna urgencia.
7.1.7. Por lo tanto, la Corte comprueba que las
restricciones a los internos en sus derechos a la comunicación con el mundo
exterior y en particular con sus familiares se ve coartado como efecto del alto
costo del servicio telefónico destinado a ellos, por la imposibilidad de
recibir llamadas o hacer llamadas por el contrario pago,  así como por el
funcionamiento de un sistema de tarjetas prepagadas que fomentan el comercio
ilícito y facilitan la comisión de extorsiones y otros riesgos a la seguridad
de los internos.
7.1.8. Los problemas identificados superan las posibilidades
de ser solucionados con una orden puntual. Por lo cual la Corte, para proteger
los derechos del accionante y de quienes se ven afectados por los mismos hechos
ordenará  al INPEC, que en conjunto con el Ministerio de Tecnologías para la
Información y las Comunicaciones, adelanten un estudio a fin de determinar las
medidas para modificar el sistema actual de telefonía, de manera que se haga más
accesible y que se garantice su eficiencia. Entre otras medidas, se deben
permitir las llamadas entrantes y ofrecer los servicios a un precio razonable a
la luz de las condiciones económicas de los reclusos. Además se ordenará
diseñar un sistema que permita reemplazar el sistema de tarjeta prepagada para
evitar la propagación de abusos y corrupción, todo con la finalidad de superar los
problemas encontrados.
7.1.9. Además la
Corte pudo constatar que el problema fáctico analizado, no sólo se desprende de
las falencias puntuales en el mantenimiento de los equipos, sino que hace parte
de la falta de una planificación eficiente en el manejo de los recursos
destinados a garantizar las condiciones dignas de detención, lo que dará lugar
a dictar órdenes en materia de política pública carcelaria.
7.2. El caso del expediente T-5.919.758
El accionante, quien se encuentra recluido en el
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Cómbita,
Boyacá, remitió a través del Área de Correspondencia de esa entidad, tres
cartas personales dirigidas a algunos de sus familiares en el mes de noviembre
de 2014 y en el mes de septiembre de 2015. Indica que la correspondencia nunca
llegó a manos de sus destinatarios, por lo que radicó un derecho de petición
ante la empresa Servicios Postales Nacionales S.A. 4-72, del cual no obtuvo
respuesta. En consecuencia solicita que se le devuelvan las cartas que entregó
por correspondencia o que éstas sean remitidas a sus destinatarios, pues contenían
fotos familiares y documentos personales de importancia para él.
7.2.1. En Colombia, la correspondencia de las
personas privadas de la libertad está protegida por el beneficio de la
franquicia, cuyo acceso en cuanto a modalidades y horario puede ser regulado
por el director del establecimiento. Al respecto recordaba la sentencia T-266
de 2013 que “El artículo 110 (y siguientes) del Código Penitenciario y
Carcelario consagra el derecho de las personas privadas de libertad a sostener
comunicación con el exterior y de recibir noticias periódicas respecto de la
vida nacional o internacional […] El director del lugar de reclusión
establecerá en el reglamento interno el horario y las modalidades de
comunicación, entre las que se encuentran: (i) enviar y recibir
correspondencia, para lo cual los internos gozan de franquicia postal”.[145]
La franquicia postal está definida en Colombia
como “El Derecho que adquieren algunas personas jurídicas, públicas o
privadas para eximirse del pago de la tarifa por el envió de los servicios
postales de correspondencia y de correo telegráfico que presta el Operador
Postal Oficial o Concesionario de Correo”. Las personas en situación de
privación de la libertad gozan de este derecho, por el cual están eximidos del
pago de la tarifa postal en el país. En efecto, el Decreto 223 de 2014  “Por
el cual se establecen las condiciones de prestación de los servicios exclusivos
del Operador Postal Oficial, se definen las condiciones de prestación del
Servicio Postal Universal y se Finan otras disposiciones”, establece en su
Anexo 1 los “Beneficiarios del Servicio de Franquicia”, y en su numeral
6 dispone “Ministros del Despacho (Ministerio de Justicia y del Derecho –
INPEC- “Exclusivamente la correspondencia de los reclusos”)”.
Según explicó la empresa Ad Postal 472, el Estado
ampara los siguientes servicios, de acuerdo a las necesidades a selección del
beneficiario:
“Correspondencia
prioritaria: Servicio a través del cual el Operador postal Oficial o
concesionario de Correo recibe, clasifica, transporta y entrega objetos
postales de hasta dos (2) KG de peso, por la vía más rápida, sin guía y sin
seguimiento.
Correspondencia
no prioritaria: Servicio que implica
una tarifa más baja, a través del cual el Operador Postal Oficial o Concesionario
de Correo recibe, clasifica, transporta y entrega objetos postales de hasta dos
(2) kg de peso, con un plazo de distribución más largo, sin guía y sin
seguimiento,
Correo
telegráfico: Admisión de telegramas y
su transmisión mediante el operador habilitado para prestar el servicio de
telegrafía, y posterior entrega a un destinatario de manera física,
Correo
certificado: Definido por la UPU como
servicio accesorio a los servicios de correspondencia y encomienda, que
comporta una garantía fija contra $10 riesgos de pérdida, expoliación o avería,
y que facilita al remitente, a petición de éste, una prueba de depósito del
envío postal y de su entrega al destinatario, previa petición hecha por el
remitente hasta un peso de 2 Kg.
Encomienda: Servicio obligatorio y exclusivo para el Operador
Postal Oficial o Concesionario de correo, que consiste en la recepción, clasificación
y, transporte y entrega  no urgente, de objetos postales, mercancía, paquetes o
cualquier artículo de permitida circulación en el territorio nacional (…)”[146]
A su vez, la empresa 472, adjuntó a la
contestación de la demanda un derecho de petición dirigido al Director General
del INPEC, en el que le reitera los servicios a que tienen derecho las personas
reclusas y le pide que: “Dentro del total de los Centros Penitenciario, se
publique dando a conocer a los reclusos, los servicios y características antes
mencionados brindando la posibilidad de que el recluso escoja o seleccione el
producto que más le convenga de acuerdo a su necesidad y a lo establecido en el
de acuerdo a lo establecido en el Decreto 223 de 2014.” Y para tal fin
solicita que el funcionario encargado llene el formato de entrega de
correspondencia de acuerdo al servicio solicitado por el recluso, de forma que
sea posible hacerle el seguimiento, “siempre que se entregue en esas
condiciones”.
7.2.2. En el proceso de tutela, la defensa del
Establecimiento se fundamentó  en constatar  que se habían radicado y entregado
los sobres a la empresa de correos,  por su parte la empresa Servicios Postales
Nacionales S.A. 4-72 informó que había respondido los derechos de petición del
accionante, explicando que la categoría del servicio escogido por el interno no
incluye guía ni seguimiento de la correspondencia, y por lo tanto no existe
prueba de entrega.  En efecto al verificar la documentación, obra en el
expediente el acta de entrega, un formato del INPEC que en ninguna de sus
casillas permite escoger la categoría del servicio, y mucho menos da la opción
de solicitar que se certifique la entrega de la correspondencia.[147] El
juez de conocimiento negó la protección al considerar que no se había vulnerado
el derecho de petición, no obstante, y dado que “se puede aceptar el
extravío de un envío de correspondencia pero no en tres ocasiones y por el
mismo remitente”, hizo un llamado de atención a la empresa de correo para
que procure un mejor servicio a los ciudadanos privados de la libertad.
7.2.3. El Artículo 15 de la Carta Política que
consagra el derecho a la intimidad personal y familiar, expresamente consagra
que “La correspondencia y demás formas de comunicación privada son
inviolables.” Para la Corte, esta disposición contiene la garantía del
derecho a la comunicación de los internos con sus familias por la vía postal,
la que no puede limitarse a la entrega de las cartas a la empresa prestadora
del servicio, sino que debe garantizarse que los internos tengan la posibilidad
de escoger, de forma libre y consciente, la modalidad  de prestación del
servicio que responda efectivamente a sus necesidades, dentro de las
posibilidades protegidas por la gratuidad a través de la figura de la
franquicia postal.  Existiendo una herramienta de garantía del derecho a la
comunicación como la franquicia postal, es inconcebible que las personas
privadas de la libertad tengan que sufrir restricciones a sus derechos como las
que sucedieron en el presente caso como fruto de una negligencia injustificada
e irresponsable por parte de quienes están obligados a proteger sus derechos,
que no cumplieron con su deber de informar a la población carcelaria de sus
derechos y de brindar la posibilidad de escoger el tipo de servicio requerido.
7.2.4. En el caso del expediente T.5.919.758 la Sala Séptima
de la Corte Constitucional encuentra que la falta de información a las personas
privadas de la libertad, sobre las modalidades del servicio postal protegido
por franquicia, constituye una restricción injustificada a su derecho a la
comunicación, que les impide usar servicios más adecuados a sus necesidades y a
los que tienen derecho. Por esa razón ordenará i) al INPEC que de forma
inmediata garantice la información sobre las modalidades postales disponibles
bajo franquicia para las personas privadas de la libertad en todos los Centros
Penitenciarios y Carcelarios del País; y ii) que en conjunto con la empresa
472, incorpore el formato adecuado para la entrega de correspondencia en el que
conste la modalidad de servicio escogido por el recluso.
7.2.5. Por otra parte, el accionante narra que “también
se envió un derecho de petición en este año, como para la fecha de febrero y
nunca tampoco ha llegado”.[148]
Esta limitación del acceso a los derechos, incluida la administración de
justicia como efecto de las falencias en el funcionamiento del servicio postal,
se corrobora igualmente con lo encontrado en la inspección judicial al EPC “La
Esperanza” en donde, en entrevista con la Jueza del Circuito de Guaduas, ella
sostuvo que el problema fundamental que había detectado era la falta de
periodicidad del servicio postal, que generaba que los reclusos no conocieran
las decisiones judiciales que los afectaban a tiempo para poder ejercer los
recursos.[149]
La Sala encuentra que la falta de periodicidad en la prestación del servicio,
se convierte en una barrera en el acceso al ejercicio de derechos fundamentales
como el derecho de petición, además de una limitante al acceso a la
administración de justicia, en consecuencia, la Corte ordenará a la empresa
encargada de prestar el servicio postal, que garantice una periodicidad
suficiente en la prestación del servicio a los establecimientos penitenciarios
y carcelarios del país, de forma tal que no podrá ser menor a dos veces por
semana.[150]
7.2.6. Según se desprende de los hechos del caso, las
falencias del servicio postal no solo restringieron la comunicación del interno
sino que implicaron la pérdida de objetos personales que representaban un valor
sentimental para el accionante. En consecuencia, la Corte ordenará a la empresa
Servicios Postales Nacionales S.A. 4-72, que inicie una investigación dirigida
a encontrar el paradero de las cartas enviadas por el accionante e informe a la
Corte los resultados de la indagación.
7.3. El mal funcionamiento de los servicios y medios
destinados a la comunicación de los internos y la necesidad de adecuar la
política pública en la materia. Dadas las circunstancias de especial sujeción
en que se encuentran los internos, y la posición de garante que en virtud de ella
adquiere el Estado frente a sus derechos fundamentales que no se encuentran
suspendidos, la idoneidad de las herramientas y servicios destinados a la
satisfacción de esas garantías adquieren una connotación particular. En materia
de comunicación, las condiciones propias a la reclusión limitan el acceso a los
medios y restringen su uso, por lo que su mal funcionamiento tiene un efecto
mucho más grave que el que tendría frente a personas que pueden, libremente
optar por otros medios y servicios. Las falencias en el funcionamiento se
convierten así en una barrera infranqueable que anula la posibilidad de
comunicación y por lo tanto se traduce en la suspensión ilegítima de un derecho
que debería ser garantizado. La incomunicación de los internos con el mundo
exterior, que se origina como resultado del mal funcionamiento de los servicios
destinados a ello, se convierte en una sanción adicional a la pena, que atenta
contra los principios y derechos protegidos por la Carta Política.
En los dos casos analizados, la Corte pudo constatar que la
falencia principal no está en la falta de recursos económicos que ha servido de
excusa para la prestación de otros servicios. No es por falta de recursos
económicos que la telefonía instalada en las cárceles resulta excesivamente
costosa, ni es por falta de recursos que el servicio postal es deficiente o que
los reclusos no pueden escoger la modalidad de envío, y tampoco es por falta de
recursos que no hay un servicio de correo electrónico o similar disponible para
los reclusos. Es la falta de planificación y diseño de una política pública
adecuada en la materia, las deficiencias en la contratación y vigilancia de los
servicios y en especial la falta de preocupación por los derechos de las
personas que están privadas de la libertad, lo que genera el caldo de cultivo
que da pie a restricciones como las que se analizan en esta decisión. En
Colombia y bajo el amparo de la Constitución Política, no hay lugar a
exclusiones o marginaciones de ciudadanos. Todos los seres humanos son iguales
en dignidad. La labor del Estado y sus instituciones es garantizar sus derechos,
en el marco de las regulaciones que en circunstancias específicas como la
privación de la libertad puedan tener lugar.
Finalmente, la
Corte constata que los problemas fácticos encontrados en los expedientes
acumulados hacen necesario avanzar en una política pública sobre la
implementación de tecnologías de comunicación más ágiles y seguras, que
minimicen costos y garanticen los derechos de los internos, sin imponer barreras
y obstáculos irrazonables. Por lo tanto y tomando en cuenta el buen resultado
de los programas desarrollados por el Ministerio de las Tecnologías para la
Información y las Comunicaciones en cuatro (4) establecimientos penitenciarios
del país, que permiten constatar los importantes efectos que la implementación
de la tecnología puede tener para la resocialización de los internos, se
ordenará, en complemento con las órdenes dictadas por esta Corporación en
desarrollo del Estado de Cosas Inconstitucional en la materia, que dicho
Ministerio participe activamente en el diseño de la política pública en materia
penitenciaria y carcelaria del país, a fin de que el derecho a la comunicación
y acceso a la información, sea garantizado a la población privada de la libertad,
y que también puedan ser cobijados con los beneficios del desarrollo y de la
tecnología.
En conclusión, las autoridades y empresas encargadas de la
protección de los derechos de las personas privadas de la libertad son las
responsables del respeto y garantía del derecho a la comunicación. El mal
funcionamiento de los servicios y equipos destinados a la comunicación de los
reclusos con el mundo exterior, que impiden el ejercicio idóneo de estos
derechos en las condiciones de sujeción propias a la privación de la libertad,
se convierte en una forma de restricción ilegal y arbitraria de sus derechos
fundamentales. Le corresponde al Estado, en su posición de garante del derecho
a la comunicación y a la información de la población reclusa garantizar: i) la
prestación (por su propia mano o a través de terceros) de los servicios
requeridos para la comunicación; ii) la vigilancia permanente del buen
funcionamiento de los servicios prestados; iii) la implementación progresiva de
las nuevas tecnologías que permita facilitar y mejorar el acceso a la
comunicación y a la información de los reclusos en el marco de la regulación de
estos derechos. Por supuesto, tal accesibilidad no puede desconocer las
condiciones de seguridad propias de quienes están privados de la libertad.
III. DECISIÓN
Las empresas encargadas de la prestación de los
servicios de comunicación para las personas privadas de la libertad y las
autoridades que deben velar por la eficiencia de dichos servicios, vulneran su
derecho a la comunicación con el mundo exterior cuando no brindan a los
internos información sobre las modalidades del servicio postal a que tienen
derecho y cuando el servicio de comunicación implementado resulta ineficiente,
costoso o inadecuado frente a sus condiciones (el servicio telefónico en este
caso, por ejemplo).
En consecuencia, la
Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional,
RESUELVE
PRIMERO.- REVOCAR la decisión judicial proferida por
el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Guaduas, Cundinamarca, en el
expediente T-5.903.939 y en su reemplazo TUTELAR los derechos
fundamentales a la vida digna, a la salud, a la comunicación y a la dignidad
humana, a favor del Señor Oliver Alexander Fernández Guapacha.
SEGUNDO.- REVOCAR
la decisión judicial proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito con
funciones de Conocimiento de Tunja, Boyacá, en el expediente T-5.919.758 y en
su reemplazo TUTELAR los derechos fundamentales a la comunicación y a la
dignidad humana, a favor del Señor Luis Eduardo Lezama Campo.
TERCERO.- ORDENAR
al INPEC que en el término de 48 horas, tome las medidas adecuadas y
necesarias para informar a todos los internos de los Establecimientos a su
cargo, las modalidades del servicio de correo a que tienen derecho bajo la
modalidad de franquicia.
CUARTO.- ORDENAR
al INPEC que en el término máximo de 72 horas, y en concordancia con la empresa
Servicios Postales Nacionales S.A 4-72, tome las medidas necesarias para
adecuar los formatos de recepción de correspondencia a fin de que en ellos se
pregunte por la modalidad de correo seleccionada por cada persona en situación
de privación de la libertad, en cada uno de los Establecimientos a su cargo.
QUINTO.- ORDENAR
a la empresa Servicios Postales Nacionales S.A. 4-72,  que inicie de forma
inmediata una investigación dirigida a encontrar el paradero de las cartas
enviadas por el accionante y las causas por las cuales se pudo generar el
extravío de las mismas e informe los resultados de la indagación, en un término
que no podrá superar 60 días, al Señor Luis Eduardo Lezama Campo y al Juez de
primera instancia. De la información se deberá remitir copia a esta Sala de
Revisión de la Corte Constitucional.
SEXTO.- ORDENAR a la empresa Servicios
Postales Nacionales S.A. 4-72,  que garantice una periodicidad suficiente en la
prestación del servicio, en lo que corresponde a las visitas para la recepción
y entrega de correo, que no podrá ser menor a dos veces por semana para todos
los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios del País.
SÉPTIMO.- ORDENAR  al INPEC y al Ministerio
de Tecnologías para la Información y las Comunicaciones, que tomen las medidas
adecuadas y necesarias para modificar el sistema actual de telefonía o la
tecnología equivalente de comunicación, de manera que en el término máximo de
seis (6) meses, se implementen los cambios requeridos para garantizar que el
servicio sea (i) más accesible (que permita, de ser posible, llamadas
entrantes), (ii) ajustado económicamente a las ofertas del mercado y a la
condición económica de los reclusos, (iii) que se garantice la eficiencia del
servicio, y (iv) que permita el control adecuado para evitar su uso en actividades
ilícitas.
OCTAVO.- ORDENAR al INPEC y al Ministerio de
Tecnologías para la Información y las Comunicaciones, tomar las medidas
adecuadas y necesarias para evitar la propagación de los abusos y la corrupción
que facilita el actual sistema de tarjetas prepagadas.
NOVENO.- SUGERIR al Gobierno Nacional la
inclusión del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
en el Consejo de Política Criminal, a fin de que participe activamente en la
construcción de la política en materia penitenciaria y carcelaria de forma que
en ella se refleje el acceso a la tecnología de comunicación para la población
carcelaria.
DÉCIMO.- SOLICITAR Al Gobierno Nacional a
través del Ministerio para las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones que en el transcurso de un año, en coordinación con el INPEC, tome
las medidas adecuadas y necesarias para implementar un modelo piloto de acceso a
internet u otros medios de comunicación que contribuyan a hacer más eficiente
la comunicación de las personas privadas de la libertad con sus familiares, así
como su acceso a la información sobre el mundo exterior, a los programas de
educación virtual y al conocimiento sobre el manejo de las nuevas tecnologías.
DÉCIMOPRIMERO.- EXHORTAR a la Defensoría
del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación para que, en el marco de
sus atribuciones constitucionales y legales, continúen con su labor de
vigilancia y control, y verifiquen el cumplimiento del presente fallo, con el
objeto último de garantizar de manera efectiva los derechos aquí protegidos.
DÉCIMOSEGUNDO.- ORDENAR a la Secretaría
General de esta Corporación, que remita copia de la presente decisión al
Ministro de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, David Luna
Sánchez.
DÉCIMOTERCERO.- LIBRAR las comunicaciones –por la Secretaría General de la Corte
Constitucional–, así como DISPONER las notificaciones a las
partes, previstas en el artículo 36 del Decreto Ley 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta
de la Corte Constitucional y cúmplase.
AQUILES
ARRIETA GÓMEZ
Magistrado
(e)
ALBERTO
ROJAS RÍOS
Magistrado
JOSÉ
ANTONIO CEPEDA AMARÍS
Magistrado
(e)
ROCÍO
LOAIZA MILIÁN
Secretaria
General (e)
[1]
Dentro de la demanda de tutela se encuentran los testimonios (escritos a mano)
de Luis Guillermo Arenas Gómez, en calidad de representante de derechos humanos
del patio 8 del Establecimiento Penitenciario y Carcelario “La Esperanza” y
Carlos Martínez en los que confirman los hechos expuestos por el accionante.
Folio 4 del cuaderno principal del expediente.
[2] El Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito
Judicial de Guaduas Cundinamarca, mediante auto del 25 de agosto de 2016,
admitió la demanda, ordenó que se notificara a Prepacol SAS para que en el
término de tres (3) días, contados a partir del recibo de la comunicación,
rindiera informe detallado sobre los hechos alegados. A su vez, ordenó vincular
al director del EPC “La Esperanza”, el mayor Fabián Ríos Cortes, y le
otorgó el  mismo término que a la sociedad demandada para que presentara
informe sobre los hechos de la demanda.
[3]
Señor Armando Basto Pineda.
[4]
Junto con la respuesta, Prepacol SAS anexó las actas del reporte de visitas al
Establecimiento Penitenciario y Carcelario “La Esperanza”. Según los
documentos, los procedimientos se llevaron a cabo el 2, 5, 9, 12, 15, 22, 26 y
29 de agosto de 2016 y se elevaron dos actas de vandalismo. Folios 16-25 del
cuaderno principal del expediente.
[5]
Dentro de los documentos que anexó el Establecimiento Penitenciario y
Carcelario en su respuesta se encuentran la solicitud de información remitida a
PREPACOL SAS para la instalación de más teléfonos en el patio 8 y las
respuestas que se entregaron a los internos Folios 36-38 del cuaderno principal
del expediente.
[6]
El 7 de abril de 2016, el director del Establecimiento
Penitenciario y Carcelario “La Esperanza” remitió informe de cumplimiento del
contrato No. 1607-2007 celebrado entre el INPEC y PREPACOL SAS. En el documento
se hace la relación del número de teléfonos y su ubicación dentro del
establecimiento, del trámite de instalación de más equipos y de los
computadores suministrados por la empresa. Folio 39-40 del cuaderno principal
del expediente.
[7]
El Establecimiento Penitenciario y Carcelario “La Esperanza”
anexó el reporte de las visitas del 5, 7, 12, 14, 19, 22, 25,  26, 27 y 29 de
junio y el 2, 5, 12, 22, 24 de agosto del año 2016. Folios 45-64 del cuaderno
principal del expediente.
[8]
El señor no aporta pruebas documentales al expediente.
[9] Admitida la demanda, el Juzgado Segundo Penal del Circuito con
Funciones de Conocimiento de Tunja, Boyacá, corrió traslado a la entidad
accionada para que ejerciera su derecho de defensa, requiriéndola para que
presentara un informe sobre los hechos expuestos en la acción de tutela.
[10]
Se adjuntaron al escrito las copias de las planillas de envío y la respuesta
del Área de Correspondencia del establecimiento carcelario.
[11]
En aquella oportunidad se le informó que: “Con base en la documentación e
información suministrada, se pudo establecer que el envío en mención
corresponde a un servicio de correo normal. Esta clase de servicio no es
susceptible de seguimiento individualizado y es entregado bajo puerta por lo
que no posee prueba de entrega; igualmente al ser un servicio más económico no
tiene lugar a indemnización”.
[12]
Sentencia del 15 de julio de 2016.
[13] El Interno Jorge Narváez propuso “se había hablado de que cada
interno tuviera un celular y que la tarjeta fuera manejada por el INPEC y eso
daría facilidad para que el interno pueda comunicarse con su familia que eso es
algo tan dispendioso y muchas veces muy difícil acá” Acta de la Diligencia.
[14] El Oficial del INPEC, Tte. Néstor Daniel Bernal Reyes, “Cónsul de
DDHH”  contestó en entrevista grabada:    “Estoy seguro de que los altos costos
del minuto y la calidad del servicio influyen en la existencia de elementos
prohibidos como celulares al interior de los establecimientos, si baja el
precio del minuto y la calidad del servicio se moderniza este sistema de
comunicaciones para la PPL se reducirían los celulares.” El Interno Jorge
Narváez propuso “se había hablado de que cada interno tuviera un celular y que
la tarjeta fuera manejada por el INPEC y eso daría facilidad para que el
interno pueda comunicarse con su familia que eso es algo tan dispendioso y
muchas veces muy difícil acá”.
[15] Según consta en folio 7 del Acta “Finalmente, en entrevista con la
Jueza (promiscua) del Circuito de Guaduas, Andrea del Pilar Zarate Flórez y
preguntarle sobre los problemas sobre comunicación denunciados en el
Establecimiento Penitenciarios, la Jueza relató que en realidad el problema que
se podía detectar en el juzgado, consistía en la falta de periodicidad del
servicio del correo postal adelantado por la empresa 472 a los internos, lo que
les dificulta, en muchos casos, conocer a tiempo las respuestas de las
autoridades, y las decisiones judiciales en sus casos y por lo tanto, los
recursos interpuestos resultan extemporáneos a tal punto que en ocasiones
pierden toda posibilidad de ser conocidos.”
[16]
Decreto 2591 de 1991, “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada
en el art. 86 de la Constitución Política”, art. 6. : “Causales de improcedencia
de la tutela. La acción de tutela no procederá: 1. Cuando existan otros
recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de
dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo
las circunstancias en que se encuentre el solicitante (…)”.
[17]
Corte Constitucional, sentencia T-517 de 1998 (MP Alejandro Martínez
Caballero). En este caso se negó la tutela por considerar que las llamadas no
eran objeto de intervención o de control y monitoreo, sino de restricción en
sus condiciones de modo, tiempo y lugar.  Citado en la Sentencia T-388 de 2013
(MP María Victoria Calle Correa).
[18] Corte Constitucional, sentencia T-266 de 2013 (MP Jorge Iván Palacio
Palacio).
[19]
Sobre los derechos fundamentales de las personas
privadas de la libertad y la relación de especial sujeción con el Estado pueden
consultarse las sentencias T-596 de 1992 (MP Ciro Angarita Barón); C-318 de
1995 (MP Alejandro Martínez Caballero); T-705 de 1996 (MP Eduardo Cifuentes
Muñoz); T-706 de 1996 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz); T-714 de 1996 (MP Eduardo Cifuentes
Muñoz); T-153 de 1998 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz); T-136 de 2006 (MP Marco
Gerardo Monroy Cabra); T-035 de 2013 (MP Jorge Iván Palacio Palacio);T-077 de 2013
(MP Alexei Julio Estrada); T-266 de 2013(MP Jorge Iván Palacio Palacio); T-815
de 2013 (MP Alberto Rojas Ríos); T-857 de 2013 (MP Alberto Rojas Ríos); T-588A
de 2014 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub); y T-111 de 2015 (MP Jorge Iván Palacio
Palacio);  entre muchas otras. Sentencia T-153 de 1998 (MP Eduardo
Cifuentes Muñoz). La Corte estudió varias acciones de tutela presentadas por
personas recluidas en las cárceles Bellavista de Medellín y La Modelo de
Bogotá, en las cuales dieron a conocer la situación de hacinamiento, problemas
de salubridad y otras condiciones que afectaban de manera grave la dignidad
humana de los internos. Luego de realizar inspecciones judiciales y analizar
las circunstancias en las que se encontraban los reclusos concluyó que,
efectivamente, se estaba presentando una grave vulneración de los derechos
fundamentales y declaró el estado de cosas inconstitucional en las cárceles.
Señaló que la sobrepoblación en los centros de reclusión del país constituía
una vulneración grave de la obligación del Estado de brindar condiciones dignas
de vida a los internos y generaba corrupción, extorsión y violencia, con lo
cual se comprometían también los derechos a la vida e integridad personal de
los internos. Encontró que los puestos de trabajo y de educación eran escasos
en relación con la demanda sobre ellos, que los procedimientos para las visitas
- con las esperas interminables, la falta de espacio para las visitas
conyugales y familiares, etc. - no facilitaban la unidad e integración
familiar, y que, en muchos casos de personas enfermas que requieren tratamiento
hospitalario, éstas no podían ser trasladadas a los centros médicos por
carencia de personal de guardia, entre otros problemas. Del mismo modo sostuvo
que “el
problema de las cárceles y de las condiciones de vida dentro de ellas no ocupa
un lugar destacado dentro de la agenda política. A pesar de que desde hace
décadas se conoce que la infraestructura carcelaria es inadecuada, que los
derechos de los reclusos se vulneran, que los penales no cumplen con su función
primordial de resocialización y que los centros carcelarios del país rebosan de
sindicados no se observa una actitud diligente de los organismos políticos del
Estado con miras a poner remedio a esta situación. La actitud de los gestores
de las políticas públicas frente al problema de las cárceles obedece a la
lógica del principio de las mayorías, que gobierna los regímenes democráticos.
Los reclusos son personas marginadas por la sociedad. El mismo hecho de que
sean confinados en establecimientos especiales, difícilmente accesibles, hace
gráfica la condición de extrañamiento de los presos. En estas condiciones, los
penados no constituyen un grupo de presión que pueda hacer oír su voz. Por eso,
sus demandas y dolencias se pierden entre el conjunto de necesidades que
agobian las sociedades subdesarrolladas, como la colombiana”.
[20] En la Sentencia T-388 de 2003
(MP María Victoria Calle Correa, SPV Mauricio González Cuervo), la Corte
Constitucional sostuvo que “7.4.1.1. El compromiso de una sociedad con la
dignidad humana se reconoce, en gran medida, por la manera como se respetan los
derechos de las personas privadas de la libertad. Tratar de forma adecuada a
aquellos sujetos de protección constitucional que todas las personas coinciden
en defender y proteger, como los niños o las niñas, no evidencia necesariamente
un compromiso con la dignidad humana de todas las personas. Es en el compromiso
con los menos privilegiados, con las personas más descuidadas y abandonadas a
su suerte y sus problemas, como es el caso de las personas privadas de la
libertad, el que evidencia el real respeto a la dignidad humana de todas las
personas.” En sus fundamentos 7.4 a 7.12.  la citada Sentencia enumera y
analiza los derechos mínimos de la población carcelaria que estaban siendo
afectados, los que se resumen en: dignidad humana, el mínimo vital en dignidad,
salud, visitas íntimas, el derecho a regresar a una sociedad en libertad y
democracia, que incluye educación, trabajo y en particular “el vínculo con la
familia y las personas allegadas” y la recreación; y finalmente el derecho al
acceso a la administración pública y la administración de justicia. La
sentencia encontró que no había una política carcelaria integral que protegiera
esos derechos y constató la continuación de un estado de cosas inconstitucional
en la materia por las generalizadas vulneraciones a estos derechos y la falta
de una respuesta integral a la cuestión. La sentencia T-762 de 2015 (MP Gloria
Stella Ortiz Delgado), retoma y profundiza esta decisión, en especial, en
valorar la política pública en su conjunto como  política carcelaria.
[21] Corte Constitucional, Sentencia T-388 de 2003 (MP María
Victoria Calle Correa, SPV Mauricio González Cuervo) fundamentos 8.2.5 a 8.2.7.
[22]
Corte Constitucional, Sentencia T-750 de 2003 (MP Jaime Araújo Rentería). En
esa oportunidad la Corte revisó la acción de tutela interpuesta por un una
persona recluida en la Penitenciaría Nacional de Acacías (Meta), quien
manifestó que él y otros reclusos que laboraban como rancheros en esa cárcel
fueron sometidos a un corte de cabello denigrante por orden de uno de los
guardias de turno.   Este Tribunal sostuvo que el parámetro de cualquier medida
de seguridad o de higiene al interior de un centro penitenciario debe ser el
logro de unas condiciones favorables de convivencia y el  cumplimiento de
los fines de la detención o la condena, así como también la garantía de los
derechos fundamentales de los reclusos, con las limitaciones estrictamente
necesarias por razón de su situación especial.  Reiterada entre otras en la
sentencia T-049 de 2016 (MP Jorge Iván Palacio Palacio).
[23]
Esta tridivisión ha sido sostenida por la Corte en múltiples
sentencias, entre las cuales, Sentencia T-511 de 2009 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub); T-035 de 2013 (MP Jorge Iván Palacio Palacio); T-077 de 2013,
(MP Alexei Julio Estrada) ; T-266 de 2013
(MP Jorge Iván Palacio Palacio);  T-815 de 2013 (MP
Alberto Rojas Ríos);  T-857 de 2013 (MP
Alberto Rojas Ríos), T-588A de 2014 (MP Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub);  T-049
de 2016 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), entre muchas otras. En estas
sentencias, la Corte Constitucional ha reiterado la clasificación de los
derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, determinando
que los mismos parten de la noción de la dignidad del ser humano y que deben
ser tenidos en cuenta al momento de suspender o  limitar sus derechos, así como
hacer valer el alcance de sus garantías fundamentales. Lo anterior, teniendo en
cuenta que el Estado tiene un deber especial de protección y cuidado a estas personas
privadas de la libertad.
[24]
Corte Constitucional, sentencia T-706 de 1996
(MP Eduardo Cifuentes Muñoz). En este caso, la Corte Constitucional
otorgó la protección constitucional a los derechos fundamentales de libertad de
expresión, de conciencia e información de las personas privadas de la libertad.
Lo anterior, teniendo en cuenta que la acción de tutela fue interpuesta por el
representante legal de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos
Políticos con el fin de tutelar la libertad de información, ya que no les
permitieron ingresar a internas recluidas en la Cárcel Regional de Mujeres de
Cali, diarios de información pública para su lectura. Por consiguiente, la
Corte consideró la violación sus garantías constitucionales y reiteró la
importancia y reconocimiento de los derechos que pueden limitarse a las
personas privadas de la libertad y los que deben primar en todo momento, más
aún cuando los funcionarios encargados de velar por el bienestar de las
internas actúan en nombre y representación del Estado.
[25]
Corte Constitucional, T-588A de 2014 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).  En
este caso la Corte analizó la acción de tutela interpuesta por Rolando
Carrascal López, contra el “Consorcio y Nutricionista del Área de
Alimentos de la Población Interna del Complejo Penitenciario y Carcelario
Metropolitano de Cúcuta”. La Corte conoció el caso de una persona recluida
que requería una dieta especial e hipo sódica y pese a ello fue eliminado de la
lista de dieta de manera arbitraria. Al respecto, la Corte declaró la carencia
actual de objeto por hecho superado, en tanto el accionante ya estaba
recibiendo la alimentación adecuada para el cuidado de su salud, reiteró
que “en virtud de la especial relación de sujeción existente entre el
Estado y las personas privadas de la libertad, es deber del primero garantizar
el pleno disfrute de los derechos que no le han sido suspendidos al segundo, y
el respeto a la dignidad humana es un derecho que no permite limitación alguna.
En el caso de las personas privadas de la libertad, el derecho a la salud se
encuentra en el grupo de garantías que, dentro de la relación de especial
sujeción, no se ve restringido ni limitado y, por el contrario, es obligación
del Estado  garantizarlos de forma continua y eficaz a sus internos. Ello
implica que todos los servicios médicos deben prestarse sin interrupciones u
obstáculos de carácter administrativo o financiero”.
[26]
En la Sentencia T-705 de 1996 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz), respecto de las
limitaciones al derecho a la comunicación de personas privadas de la libertad,
la Corte sostuvo: “El recluso se encuentra inserto en una relación de
especial sujeción con la administración, en virtud de la cual las autoridades
penitenciarias y carcelarias están habilitadas para restringir y modular de
manera particularmente intensa sus derechos y obligaciones. Sin embargo, las
medidas adoptadas por los funcionarios administrativos, deben estar encaminadas
al cumplimiento de los fines para los cuales han sido instituidas las
relaciones de especial sujeción en el ámbito carcelario, esto es, la
resocialización de los internos y la conservación de la seguridad carcelaria.
Adicionalmente, sólo podrán afectarse derechos susceptibles de restricción y
las medidas correspondientes deberán ser útiles, necesarias y proporcionadas a
la finalidad que se busca alcanzar. Resultaran constitucionalmente legítimas
las medidas que restrinjan los derechos fundamentales de los reclusos. Por el
contrario, si persiguen una finalidad ilegitima, si afectan derechos intangibles
- como la integridad personal -, si son innecesarias, inútiles o
desproporcionadas, deberán ser objeto de reproche constitucional.” A su vez, la
sentencia T-388 de 2013 (MP María Victoria Calle Correa) sostuvo que no basta
con la razonabilidad sino que “las medidas de aseguramiento deben ser
excepcionales, en  aplicación estricta y reforzada del principio de libertad.”
[27]Corte
Constitucional, sentencia T-032 de 1995 (MP José Gregorio Hernández Galindo). En esta sentencia la Corte
analizó la vulneración del derecho a la comunicación que se le está afectando
al peticionario debido a que se le impidió obtener la línea telefónica
solicitada, considera la Corte que el Derecho a la comunicación abarca un
sentido más amplio, pues su núcleo esencial deriva en el acceso al medio
determinado o al sistema; sino a la libre opción de establecer contacto con
otra persona, respondiendo así a la emisión de mensajes y su recepción, ya sea
mediante el uso del lenguaje, símbolos o mensajes, en este caso la Corte
confirma las razones anteriores al fallo en disputa. Ver también
sentencia C-586 de 1995 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz - José Gregorio Hernández
Galindo; SV Antonio Barrera Carbonell, Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria
Díaz, Alejandro Martínez Caballero). En esta sentencia se analiza la Constitucionalidad
de los Artículos 76,77, 78,79,80,81, 105 ( parcial ) 106, 108 ( parcial ) 110,
112,114 ( parcial ), la normas demandadas de esta ley autorizan al Gobierno
Nacional por medio de la unidad de auditoría especial de orden público, para
auditar los presupuestos de las entidades territoriales y sus entidades
descentralizadas, con el fin de evitar que los recursos públicos sean
utilizados para la financiación de actividades delictivas o terrorismo, la
Corte considera en consecuencia que la auditoria a la que se apela para lograr
el fin que se propone la ley, es idóneo para alcanzar dicho objetivo, tanto en
términos instrumentales como racionales. En verdad, la revisión permanente y
constante de la formación y ejecución de los presupuestos de las entidades
territoriales, puede contribuir de manera significativa a detectar las
desviaciones ilícitas que se pretende evitar. Reiteradas en la Sentencia T-690
de 2015 (MP Jorge Iván Palacio Palacio).
[28] Constitución Política de Colombia, ARTÍCULO  15. “Todas las personas
tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el
Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a
conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre
ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. // En
la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y
demás garantías consagradas en la Constitución.// La correspondencia y demás
formas de comunicación privada son inviolables. Sólo pueden ser interceptadas o
registradas mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades que
establezca la ley.  (…)”
[29] Constitución Política de Colombia, ARTÍCULO 20. “Se garantiza a toda
persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de
informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos
de comunicación.”
[30] ARTÍCULO  42.   “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad.
Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un
hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de
conformarla. // El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la
familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e
inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son
inviolables.”
[31]
Al respecto, en la Sentencia T-690 de 2015 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), la
Corte Constitucional reconoció el carácter de la comunicación como derecho
innominado protegido por la Carta y concedió la acción de tutela en el caso de
un trabajador en situación de discapacidad que fue sancionado con despido por
utilizar el celular en horas de trabajo, pese a que lo utilizó para conocer la
situación de su padre quien se encontraba hospitalizado. En dicha sentencia la
Corte dijo “Si se tiene en cuenta que el artículo 94 de la Carta Política
dispone que la enunciación de los derechos y garantías contenidos en la
Constitución y en los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse
como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren
expresamente en ellos, aun cuando el derecho a la comunicación no se
desarrolle expresamente en un precepto puntual en la Constitución, es un
derecho inherente a la persona.”
[32]
Ley 65 de 1993, Artículo
111. Comunicaciones.
[33]
Ley 65 de 1993, Artículo
111. Comunicaciones.
[34]
Ley 65 de 1993, Artículo 112. Régimen de visitas.
[35]
Ley 65 de 1993, Artículo 113. Visitas De Autoridades Judiciales
Y Administrativas.
[36]
Ley 65 de 1993, Artículo 115. Visitas De Los Medios De
Comunicación.
[37]
Ley 65 de 1993, Artículo 110. Información Externa.
[38]
Ley 65 de 1993, Artículo 111. Comunicaciones.
[39]
Corte Constitucional, sentencia T- 711 de 2006 (MP Rodrigo Escobar Gil). En
este caso, la Corte no concedió el amparo solicitado por  el peticionario,
quien manifestó que el INPEC vulneró sus derechos a la igualdad y a la
comunicación al no permitirle hacer uso del teléfono por carecer de dinero. En
ese sentido, la Corte adujó que los internos gozan de unos derechos que les son
limitados, suspendidos o inherentes. Sin embargo, también están sometidos a una
especial relación de sujeción con el Estado, y en este caso el Director del
Centro Penitenciario goza de la potestad para reglamentar el acceso al servicio
telefónico y los requisitos previos al mismo. Por lo anterior, la acción de
tutela no está llamada a prosperar pues no se le permitió el acceso a este
servicio, debido a que no cumplió con los requisitos exigidos para todos los
reclusos.
[40]Corte
Constitucional, sentencia C-394 de 1994 (MP Vladimiro Naranjo Mesa; SV
Alejandro Martínez Caballero). La Corte, en dicha ocasión sostuvo que el núcleo esencial de ese
derecho está ligado a la intimidad personal y familiar de las comunicaciones
por lo que “las limitaciones y controles de que se habla deben ser los
encaminados a garantizar la seguridad carcelaria y la prevención de delitos o
alternaciones del orden y no extenderse a campos como el de la libre expresión
de los sentimientos afectivos o manifestaciones del fuero íntimo de la persona”.
[41]
Corte Constitucional, sentencia T-705 de 1996
(MP Eduardo Cifuentes Muñoz). En este caso, la Corte concedió el amparo y
protegió los derechos fundamentales del peticionario, quien adujó la vulneración
de sus derechos fundamentales de petición y libertad de expresión. Al respecto,
el interno manifestó que fue víctima de tortura y malos tratos al interior del
Centro Penitenciario y Carcelario de Mocoa y al enviar peticiones sobre una
audiencia para comentar su situación, las Directivas del mismo, tomaron
represalias contra el accionante que se fundamentaron en las siguientes: (i)
traslado a un patio de alta peligrosidad, con internos peligrosos, (ii)
decomiso de su máquina de escribir, sin justificación alguna y, (iii) omisión
de respuesta a sus solicitudes. Por lo anterior, la Corte reiteró que: “las
limitaciones al derecho a la comunicación se deben fundamentar en una norma
legal o reglamentaria, y además, se reiteró que deben estar dirigidas a preservar
la disciplina, el orden, la seguridad y la convivencia dentro de los centros de
reclusión”.
[42]
Corte Constitucional, sentencia T-706 de 1996
(MP Eduardo Cifuentes Muñoz). En este caso, la Corte Constitucional
otorgó la protección constitucional a los derechos fundamentales de libertad de
expresión, de conciencia e información de las personas privadas de la libertad.
Lo anterior, teniendo en cuenta que la acción de tutela fue interpuesta por el
representante legal de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos
Políticos con el fin de tutelar la libertad de información, ya que no les
permitieron ingresar a internas recluidas en la Cárcel Regional de Mujeres de
Cali, diarios de información pública para su lectura. Por consiguiente, la
Corte consideró la violación sus garantías constitucionales y reiteró la
importancia y reconocimiento de los derechos que pueden limitarse a las
personas privadas de la libertad y los que deben primar en todo momento, más
aún cuando los funcionarios encargados de velar por el bienestar de las
internas actúan en nombre y representación del Estado.
[43]
Corte Constitucional, sentencia T-684 de 2005 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra).
Sostuvo la Corte: “El régimen de encierro absoluto también se manifiesta en la
incomunicación a la que son sometidos los internos. En ciertos casos, les es
negado el más básico contacto con el mundo exterior – por ejemplo, la
comunicación con sus familiares o el acceso a la información de periódicos y
revistas. Este tipo de medidas pueden constituir un castigo adicional y, así,
tornarse en una violación a la prohibición de penas crueles, inhumanas y
degradantes. Aún en el caso de aislamiento por sanción no se debe incluir este
tipo de incomunicación y, de acuerdo con el principio de no trascendencia, en
ningún caso deben las medidas adoptadas o aplicadas por las autoridades
penitenciarias tener repercusión sobre los familiares o amigos del preso”.
[44]
Corte Constitucional, sentencia T-705 de 1996
(MP Eduardo Cifuentes Muñoz). En este caso, la Corte concedió el amparo y
protegió los derechos fundamentales del peticionario, quien adujo la
vulneración de sus derechos fundamentales de petición y libertad de expresión.
Al respecto, el interno manifestó que fue víctima de tortura y malos tratos al
interior del Centro Penitenciario y Carcelario de Mocoa y al enviar peticiones
sobre una audiencia para comentar su situación, las Directivas del mismo,
tomaron represalias contra el accionante que se fundamentaron en las
siguientes: (i) traslado a un patio de alta peligrosidad, con internos
peligrosos, (ii) decomiso de su máquina de escribir, sin justificación alguna
y, (iii) omisión de respuesta a sus solicitudes. Por lo anterior, la Corte
reiteró que: “las limitaciones al derecho a la comunicación se deben
fundamentar en una norma legal o reglamentaria, y además, se reiteró que deben
estar dirigidas a preservar la disciplina, el orden, la seguridad y la
convivencia dentro de los centros de reclusión”.
[45]
Corte Constitucional, sentencia C-394 de 1995 (MP Vladimiro Naranjo Mesa; SV
Alejandro Martínez Caballero). La Corte, en dicha ocasión sostuvo que el núcleo esencial de ese
derecho está ligado a la intimidad personal y familiar de las comunicaciones
por lo que “las limitaciones y controles de que se habla deben ser los
encaminados a garantizar la seguridad carcelaria y la prevención de delitos o
alternaciones del orden y no extenderse a campos como el de la libre expresión
de los sentimientos afectivos o manifestaciones del fuero íntimo de la
persona”.
[46]
Corte Constitucional, Sentencia T-517 de 1998 (MP Alejandro
Martínez Caballero).
[47]Corte
Constitucional, Sentencia T-711 de 2006 (MP Rodrigo Escobar Gil). En este caso,
la Corte no concedió el amparo solicitado por  el peticionario, quien manifestó
que el INPEC vulneró sus derechos a la igualdad y a la comunicación al no
permitirle hacer uso del teléfono por carecer de dinero. En ese sentido, la
Corte adujó que los internos gozan de unos derechos que les son limitados,
suspendidos o inherentes. Sin embargo, también están sometidos a una especial
relación de sujeción con el Estado, y en este caso el Director del Centro
Penitenciario goza de la potestad para reglamentar el acceso al servicio
telefónico y los requisitos previos al mismo. Por lo anterior, la acción de
tutela no está llamada a prosperar pues no se le permitió el acceso a este
servicio, debido a que no cumplió con los requisitos exigidos para todos los
reclusos.
[48]
Corte Constitucional,
sentencia T-266 de 2013 (MP Jorge Iván
Palacio Palacio). En esta sentencia la Corte Constitucional revisó la acción de tutela
presentada por los internos del patio núm. 1 de la Penitenciaría Las Heliconias
contra el Centro Penitenciario ERON
Heliconias y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-, con el fin de que se les
protegieran sus derechos
fundamentales a la vida digna, a la salud, a la comunicación, a la dignidad
humana, a la redención de pena y al buen trato, al considerar que dicho
establecimiento no contaba con las condiciones mínimas para su reclusión (como
la prestación del servicio médico, provisión de alimentos, contacto con sus
allegados, instalaciones sanitarias higiénicas y suficientes, implementación de
programas laborales y educativos, y actividades deportivas, entre otras).  En este
caso la Corte manifestó que los internos deben ser objeto de todas de las garantías y que no
tiene ningún tipo de limitaciones en razón a la condición en que se encuentran,
por tal motivo el Estado tiene la obligación de adoptar mecanismos necesarios para
que se respeten todos los derechos fundamentales de las personas privadas de su
libertad, y que la estancia en las entidades carcelarias deben darse en las
condiciones óptimas para una buena calidad de vida. Por tal motivo la Corte
concede la tutela a los accionantes.
[49]
Resaltado fuera del original.
[50] Corte Constitucional, Sentencia T-266 de 2013 (MP Jorge Iván Palacio
Palacio).
[51]
Corte Constitucional, Sentencia T-049 de 2016 (MP Jorge
Iván Palacio Palacio).
[52] Corte Constitucional, Sentencia C-042 de 2017 (MP Aquiles
Arrieta Gómez, AV Alejandro Linares Cantillo, Luis Guillermo Guerrero Pérez),
fundamento 4.2.3.
[53]
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia del 27 de abril de 2012 en
el caso Pacheco Turuel y otros contra Honduras. Este
caso fue presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la
Corte Interamericana de Derechos Humanos por la alegada responsabilidad del
Estado ante la muerte de 107 reclusos en la celda núm. 19 del Centro Penal de
San Pedro Sula, como consecuencia de “una serie de deficiencias
estructurales presentes en dicho centro penitenciario, las cuales eran de
conocimiento de las autoridades competentes”. La Comisión indicó que las
personas fallecidas eran miembros de maras a quienes se mantenían aislados del
resto de la población del penal y confinados a un recinto inseguro e insalubre.
Asimismo, señaló que los hechos materia del caso eran en “consecuencia de las deficiencias estructurales del propio sistema
penitenciarlo hondureño, las cuales han sido ampliamente documentadas”,
además, que el caso “se enmarcaba en el contexto
general de las políticas de seguridad pública y las políticas penitenciarias
dirigidas a combatir a las organizaciones criminales denominadas maras”.
La Corte IDH declaró que el Estado Hondureño era responsable de la violación de
la obligación de garantizar los derechos a la vida y a la integridad personal,
a la integridad personal, a la libertad personal y al principio de legalidad y
de retroactividad, así como por la violación del derecho a la integridad
personal en perjuicio de los 83 familiares de los internos fallecidos
identificados. Entre otras cosas, ordenó al Estado: (i) adoptar las medidas
legislativas, administrativas y de cualquier otra índole necesarias para
mejorar sustancialmente las condiciones de los centros penitenciarios
adecuándolas a los estándares internacionales, a fin de prevenir principalmente
incendios y otras situaciones críticas, así como evitar la sobrepoblación y el
hacinamiento; y (ii) implementar medidas de carácter inmediato tendientes a
garantizar los derechos fundamentales de los reclusos, así como medidas de
prevención de siniestros en los diferentes centros señalados en el acuerdo.
[54] “(i) El hacinamiento constituye en sí mismo una violación a la
integridad personal  además, obstaculiza el normal desempeño de las funciones
esenciales en los centros penitenciarios. (ii) La separación por categorías debe realizarse entre
procesados y condenados y entre los menores de edad de los adultos, con el
objetivo de que los privados de la libertad reciban el tratamiento adecuado a
su condición. (iii) Todo privado de la libertad tendrá acceso al agua potable
para su consumo y al agua para su aseo personal; la ausencia de suministro de
agua potable constituye una falta grave del Estado a sus deberes de garantía
hacia las personas que se encuentran bajo su custodia. (iv) La alimentación que
se brinde en los centros penitenciarios debe ser de buena calidad y debe
aportar un valor nutritivo suficiente. (viii) Todas las celdas deben contar con suficiente luz natural o
artificial, ventilación y adecuadas condiciones de higiene. (ix) Los servicios
sanitarios deben contar con condiciones de higiene y privacidad. (xi) Las
medidas disciplinarias que constituyan un trato cruel, inhumano o degradante,
incluidos los castigos corporales, la reclusión en aislamiento prolongado, así
como cualquier otra medida que pueda poner en grave peligro la salud física o
mental del recluso están estrictamente prohibidas”.  Caso Tibi Vs. Ecuador.
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia
de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114, párr. 150, y Caso Fleury y otros Vs. Haití. Fondo y Reparaciones. Sentencia
de 23 de noviembre de 2011. Serie C No. 236, párr. 85. Caso Montero Aranguren y
otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones
y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2006. Serie C No. 150, párr. 20,
y Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Excepción
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de
23 de noviembre de 2010. Serie C No. 218, párr. 204. Caso Vélez Loor, supra nota 62, párr. 216. Caso López Álvarez Vs. Honduras. Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de
1 de febrero de 2006. Serie C No. 141, párr. 209.
[55]
Caso Tibi,
supra nota 61,
párr. 156, y Caso del Penal Miguel Castro
Castro Vs. Perú. Fondo
Reparaciones y Costas. Sentencia
de 25 de noviembre de 2006. Serie C No. 160, supra párr. 301.
[56]
Caso Montero Aranguren y
otros (Retén de Catia), supra nota 62,
párr. 146 y Caso Vélez Loor, supra nota 62, párr. 204.
[57]
Caso Loayza Tamayo,
supra  nota
14, párr. 58, y Caso del Penal Miguel Castro
Castro, supra nota 66,
párr. 315.
[58]
Caso Montero Aranguren y
otros (Retén de Catia), supra nota 62,
párr. 85 y Caso Vélez Loor, supra nota 62, párr. 198.
[59]
Corte IDH. Caso "Instituto de Reeducación del Menor" Vs. Paraguay.
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de
septiembre de 2004. Serie C No. 112, Párrafo 152
[60]
Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo, supra nota
16, párr. 156 y 187; Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie C No. 160,
párr. 323; y Caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez Vs. Ecuador. Excepciones
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de
2007. Serie C No. 170, párr. 171.
[61]Corte
IDH, Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2006. “234. En el presente caso esa
incomunicación fue particularmente grave si se toma en cuenta que los internos
habían sufrido el ataque del 6 al 9 de mayo de 1992 y que con posterioridad a
éste no les fue permitido comunicarse con sus familiares, quienes naturalmente
se preocuparían por lo ocurrido a aquellos. Esta imposibilidad de informar a
sus familiares que habían sobrevivido al ataque y tener contacto con ellos
después de tales hechos generó en los internos sentimientos adicionales de
angustia y preocupación.”
[62]
Corte IDH. Caso Lori Berenson Mejía Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 25 de noviembre de 2004. Serie C No. 119, Párrafo 102. El caso
versa sobre la detención arbitraria y las condiciones de detención en que
estuvo la víctima. En el mismo sentido: Caso Tibi, supra nota 3, párr. 150;
Caso "Instituto de Reeducación del Menor", supra nota 3, párr.
152; y Caso Cantoral Benavides, supra nota 25, párr. 89.
[63]
Corte IDH. Caso García Asto y Ramírez Rojas Vs. Perú. Excepción Preliminar,
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2005. Serie C No.
137, Párrafo 233
[64]
Cfr. Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Fondo, supra, párr. 82, y Caso J.
Vs. Perú, supra, párr. 376.
[65]
Cfr. Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador. Fondo, supra, párr. 90, y Caso J. Vs.
Perú, supra, párr. 376.
[66]
Cfr. Caso Maritza Urrutia Vs. Guatemala, supra, párr. 87, y Caso J. Vs.
Perú, supra, párr. 376.
[67]
Cfr. Caso J. Vs. Perú, supra, párr. 376. Véase, además, Comisión
Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, Oficial de Ghazi
Suleiman Vs. Sudán, Comunicaciones Nos. 222/98 y 229/99 (2003), párr. 44.
[68]
Corte IDH. Caso Espinoza Gonzáles Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2014. Serie C No. 289,
Párrafo 186,
[69]
CIDH, PRINCIPIOS Y BUENAS PRÁCTICAS SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS
PRIVADAS DE LIBERTAD EN LAS AMÉRICAS (OEA/Ser/L/V/II.131 doc. 26).
[70]
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre los
Derechos Humanos de las personas privadas de libertad en las Américas, 2011.
2 Bis.
3
Organización de los Estados Americanos, Resolución 1/08 Principios y Buenas
Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las
Américas, 2008.
[71]
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre los
Derechos Humanos de las personas privadas de libertad en las Américas, 2011.
2 Bis.
3
Organización de los Estados Americanos, Resolución 1/08 Principios y Buenas
Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las
Américas, 2008.
[72] Organización de las Naciones Unidas. Primer Congreso de las Naciones
Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, Reglas
Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, aprobadas por el Consejo
Económico y Social, Resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076
(LXII) de 13 de mayo de 1977. Reglas 39 y 79.
[73] Organización de las Naciones Unidas. Primer Congreso de las Naciones
Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, Reglas
Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, aprobadas por el Consejo Económico
y Social, Resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13
de mayo de 1977. Regla 3.
[74]
Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Observación
General Nº 21, sobre el “Trato humano a las personas privadas de la Libertad”
16º periodo, 1982: “12. Para determinar si se respeta plenamente el principio
establecido en el párrafo 3 del artículo 10, el Comité desea conocer las
medidas concretas aplicadas durante la detención, por ejemplo, la
individualización y clasificación de los condenados, el régimen disciplinario,
el confinamiento solitario y la detención en régimen de alta seguridad, así
como las condiciones de comunicación de los condenados con el mundo exterior
(familiares, abogados, servicios médicos y sociales, ONG).”
[75]
Consejo de Europa, Reglas penitenciarias Europeas, 2010.
Recuperado de: http://justicia.gencat.cat/web/.content/documents/arxius/sc_5_024_10_cast.pdf
[76]
Corte Constitucional, sentencia T-762 de 2015 (MP Gloria
Stella Ortiz Delgado). En esta sentencia, el Tribunal Constitucional estudia
los cargos efectuados por los accionantes en donde reclaman la protección de
sus derechos fundamentales, los cuales estiman son vulnerados como consecuencia
de las condiciones de reclusión a las cuales están siendo sometidos en 16
establecimientos penitenciarios,  solicitando medidas de mejoramiento en los
servicios básicos prestados y en la reducción de la sobrepoblación en la cual
se encuentran, la Corte después de analizar diversos factores, concluye que se
debe estructurar una política criminal ajustada a los principios de la carta
Constitucional, se debe mejorar la política criminal actual y ver la manera en
que sea efectiva tanto para el Estado como para la resocialización de la
persona, así mismo se debe mejorar la infraestructura carcelaria, los planes de
alimentación y salud que están siendo otorgados a esta población.
[77]
Corte Constitucional, sentencia T-153 de 1998 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz). La
Corte estudio el caso de dos accionantes, que tiene como común denominador el
hacinamiento al que son sometidos en las cárceles de La Modelo en Bogotá y
Bella Vista de Medellín, luego de analizar no solo la situación en estos
centros de reclusión sino en el resto del país se manifiesta por parte del alto
Tribunal que las condiciones de hacinamiento impiden brindarle a todos los
reclusos los medios diseñados para realizar su  proyecto de resocialización,
dada la imprevisión y la precaria infraestructura que tiene el país en sus
centros de reclusión, esto lleva a que; sumándole la sobrepoblación que se está
generando no se puedan garantizar las mínimas  condiciones para una vida digna.
[78]
De acuerdo con el informe estadístico suministrado por la Oficina de Planeación
del INPEC, para el día 31 de octubre de 1997 la población carcelaria del país
ascendía a 42.454 personas, y puesto que el total de cupos existentes en las
cárceles ascendía a 29.217, el sobrecupo poblacional era de 13.237 personas,
con lo cual el hacinamiento se remontaba en términos porcentuales al 45.3%.
Algunas de las causas del hacinamiento carcelario presentadas dentro de la
sentencia son el incremento de la delincuencia, la demora en la tramitación de
los procesos, que elevan el número de internos sindicados y la falta de
presupuesto para implementar nuevas formas de infraestructura que permitan
mayor capacidad a los establecimientos de reclusión.
[79]
Las conexiones que se realizan en los centros penitenciarios para alimentar
interruptores de celdas, de caspetes, grecas, enfriadores, neveras y estufas,
conllevan a la red a sobrecargarse exageradamente, lo cual genera un alto
riesgo de incendio por ser tan rudimentarias las instalaciones alteradas por
los internos.
[80]
Corte Constitucional, Sentencia T-158 de 1998 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz).
Según se argumenta en la sentencia, la red de acueducto de las cárceles está
construida en tubería galvanizada, presentando oxidación, obstrucción y rotura
en la mayor parte de su trayecto, circunstancia que también genera fugas
continuas de líquido, al igual que el completo deterioro de los aparatos
sanitarios, ocasionando que el suministro de agua sea muy deficiente para
algunos de los pabellones y patios y exagerado el gasto en el resto del penal.
[81]
Corte Constitucional, sentencia T-762 de 2015 (MP Gloria
Stella Ortiz Delgado) Información tomada del “Informe final.
Diagnóstico y propuesta de lineamientos de política criminal para el Estado
colombiano”, elaborado por la Comisión Asesora de Política Criminal y publicado
en junio de 2012.
[82] Corte Constitucional, sentencia T-388 de 2013 (MP María Victoria Calle
Correa, SPV Mauricio González Cuervo). En esta decisión la Corte analizó nueve
expedientes de acción de tutela, referentes a las violaciones de los derechos a
la dignidad humana, a la vida en condiciones dignas, a la integridad personal,
a la salud y a la reintegración social de personas privadas de la libertad en
seis (6) centros de reclusión del país. La conclusión fue la determinación de
un estado de cosas inconstitucional.
[83] Corte Constitucional, sentencia T-388 de 2013 (MP María Victoria Calle
Correa, SPV Mauricio González Cuervo).
[84]
Informa el INPEC en relación con este aspecto que: (i) en los establecimientos
de reclusión se encuentran personas que padecen enfermedades terminales, como
cáncer o VIH, así como personas diabéticas o con enfermedades coronarias o
insuficiencia renal; (ii) al interior de los establecimientos de reclusión se
han producido brotes epidemiológicos de tuberculosis que ponen en riesgo a la
población privada de la libertad; (iii) debido al alto nivel de sobrepoblación
del sistema, las probabilidades de contagio de enfermedades virales y brotes
epidemiológicos, son críticas; (iv) en los establecimientos de reclusión se
encuentran personas discapacitadas, enfermos psiquiátricos y personas de la
tercera edad que no tienen la posibilidad de acceder a celdas dignas para su
especial condición; (v) los establecimientos de reclusión del orden nacional no
cuentan con el personal médico suficiente para atender a las personas privadas
de la libertad.
[85]
Al respecto señala la Sentencia T-388 de 2013 (MP María
Victoria Calle Correa, SPV Mauricio González  Cuervo) “7.5.5.8. Derecho
a la palabra. La Corte ha reconocido el derecho que tienen las personas
privadas de la libertad a comunicarse con personas en el exterior de la
prisión, con el debido respeto a la intimidad. Se pueden, por ejemplo,
establecer condiciones de modo, tiempo y lugar, pero no suspender o anular el
derecho. Y, salvo las excepciones legales que correspondan, la intimidad de las
personas privadas de la libertad debe ser respetada; sus conversaciones, por
ejemplo, no pueden ser intervenidas.”
[86]
La Corte Constitucional resolvió ordenar al Gobierno Nacional, a través del
Ministerio de Justicia y del Derecho y al INPEC, convocar al Consejo Superior
de Política Criminal para que continúe tomando las medidas adecuadas y
necesarias para superar el estado de cosas inconstitucional penitenciario y
carcelario, Ordenar al Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Justicia y
del Derecho, así como al INPEC, y a cada una de las autoridades de los
Establecimientos penitenciarios y carcelarios objeto de alguna de las tutelas
de la referencia, suministrar a la Procuraduría General de la Nación, a la
Defensoría del Pueblo y al Contraloría General de la República, toda la
información que requieran para hacer el seguimiento al cumplimiento de la
presente sentencia. Y finalmente, ordenó que a partir de las cuarenta y ocho
(48) horas siguientes a la notificación de la presente sentencia, fueran
implementadas todas las medidas adecuadas y necesarias tendientes a garantizar
a los reclusos del Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Cúcuta
(COCUC), la Cárcel la Tramacúa de Valledupar, el Establecimiento Carcelario La
Modelo de Bogotá, el Establecimiento Penitenciario y Carcelario Bellavista, el
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de
Popayán – San Isidro y el Establecimiento Penitenciario de Barrancabermeja unas
condiciones de subsistencia dignas y humanas.
[87]
Corte Constitucional, sentencia T-762 de 2015 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado).
[88]
Los informes que tuvo en cuenta la decisión, en especial el de la Defensoría
del Pueblo, mostraron que la mayoría de las cárceles en el país no tienen
suficientes baterías sanitarias y presentan problemas con la prestación del
servicio de agua potable.
[89]
Corte Constitucional, sentencia T-388 de 2013 (MP
María Victoria Calle Correa; SPV Mauricio González Cuervo).
[90] Corte Constitucional, sentencia T-388 de 2013 (MP María Victoria Calle
Correa; SPV Mauricio González Cuervo).
[91]
Corte Constitucional, sentencia T-388 de 2013 (MP
María Victoria Calle Correa; SPV Mauricio González Cuervo).
[92]
Corte Constitucional, sentencia T-762 de 2015 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado)
[93]
Corte Constitucional, sentencia T-388 de 2013 (MP
María Victoria Calle Correa; SPV Mauricio González Cuervo).
[94]
Corte Constitucional, sentencia T-388 de 2013 (MP
María Victoria Calle Correa; SPV Mauricio González Cuervo).
[95]
Congreso Nacional, República de Colombia.
2009. Ley No 1341 de 30 de julio de 2009. Por la cual se definen los
principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de
las tecnologías de la información y las comunicaciones —TIC—, se crea la
agencia nacional de espectro y se dictan otras disposiciones. Gobierno en
Línea. <http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/apc-aa-files/5686d2a875
32a21a70ead773ed71353b/Ley_1341_de_2009_1.pdf>.
[96]
Constitución Política de Colombia, Artículo  334. La dirección
general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por mandato
de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en
la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los
servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de
conseguir en el plano nacional y territorial, en un marco de sostenibilidad
fiscal, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la
distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y
la preservación de un ambiente sano. Dicho marco de sostenibilidad fiscal
deberá fungir como instrumento para alcanzar de manera progresiva los objetivos
del Estado Social de Derecho. En cualquier caso el gasto público social será
prioritario.
[97]
Corte Constitucional, sentencia T-967 de 2007  (MP  Manuel José Cepeda
Espinosa). En este caso la Corte revisó la acción
de tutela instaurada por Beatriz Mendoza Imitola actuando en representación de
su hija menor Katherine Navarro Mendoza contra la Institución Educativa José
Arnoldo Marín de Cartagena. La coordinadora del colegio, le decomisó a un
teléfono celular porque supuestamente estaba vendiendo minutos a sus compañeros
dentro del plantel. La coordinadora le informó a la estudiante que el teléfono
solo le sería devuelto el 30 de noviembre, en cumplimiento de la decisión
adoptada en la reunión de padres de familia celebrada el día 13 de marzo de
2007. La Corte ordenó a un colegio de Cartagena “revisar y corregir su
Manual de Convivencia en el sentido de determinar con claridad cuáles son las
conductas que constituyen una falta disciplinaria, las sanciones que pueden ser
impuestas y el procedimiento que se seguirá a quienes incurran en las faltas
definidas por el colegio, así como las garantías que tendrán quienes deban ser
sometidos a ese procedimiento disciplinario”.
[98]
Corte Constitucional, Sentencia T-690 de 2015 (MP Jorge Iván Palacio Palacio).
La Corte Constitucional concedió la acción de tutela al peticionario, ya que se
trató del caso de trabajador en situación de discapacidad que fue sancionado
con despido por utilizar el celular en horas de trabajo, pese a que lo utilizó
para conocer la situación de su padre quien se encontraba hospitalizado. En
dicha sentencia se dijo “Si se tiene en cuenta que el artículo 94 de la Carta
Política dispone que “la enunciación de los derechos y garantías
contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes, no
debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona
humana, no figuren expresamente en ellos”, aun cuando el derecho a la
comunicación no se desarrolle expresamente en un precepto puntual en la
Constitución, es un derecho inherente a la persona.”
[99]
A. Román Pensar internet como elemento de reinserción en los penales argentinos
(2008).
[100]
Instituto Correccional Modelo U1 Dr. César Tabares, conocido como cárcel de
Coronda, es el mayor establecimiento penitenciario en funcionamiento en la
Provincia de Santa Fe, Argentina. Se encuentra en la ciudad de Coronda,
cabecera del Departamento San Jerónimo. Fue inaugurada el 12 de agosto de 1933.
Cuenta con una capacidad para 1100 internos y tiene una población de 1400
reclusos aproximadamente.
[101]
Con el apoyo de un grupo de abogados prepararon un habeas corpus en el que se
argumentó que “la exclusión digital es privación del derecho humano a la
comunicación”, afirmando además que la comunicación a través de la red es “como
una extensión más de una posibilidad humana”. Y agregaron: “La red hoy nos
posibilita trascender los muros de la cárcel, para llevar nuestra denuncia
afuera, para formarnos en un oficio, para mantenernos en contacto con el mundo
exterior, para poder intervenir en la realidad y así tener la posibilidad de
transformar quizá nuestro presente de exclusión y marginalidad”. Global
Information Society Watch, informe sobre Argentina 2011. Consultado en: https://www.giswatch.org/node/529
.
[102]
El blog “Ciudad Interna” creado por un grupo de personas privadas de la
libertad y acompañado por otras personas externas, puede consultarse en:
http://ciudadinterna.blogspot.com.co/
[103]
Alexander Maconochie Centre. ACT corrective services. Traducción
propia: “Aproximadamente 30 computadoras PC están disponibles para su uso en el
centro AMC (La AMC atiende a hombres
y mujeres, prisioneros y presos condenados de toda la seguridad). Otros PCs serán proporcionados en áreas de alojamiento. Los reclusos
tienen acceso Aproximadamente 120
solicitudes, incluidos los sitios web aprobados Educativos y legales. Disponible en: https://www.parliament.nz/resource/0000177634
.
[104]
Government of Western Australia, Department of
Corrective Services, June 25, 2010
[105]
Desde fines de 2015, los
habitantes de la prisión de Wolfenbüttel pueden comunicarse por correo
electrónico con los estudiantes de la academia de policía de Nienburg. "Onlinebegleitung im Strafvollzug - crimeic.de". www.crimeic.de. Tomado de: Internet in prisons.
[106]
Prison policies. Gilding the
cage. Tomado de: Internet
in prisons.
[107]
Russ Trent, governor, traducción libre de un aparte de la entrevista publicada
el 1 de marzo de 2017 en:  Daily Mail, disponible en: http://www.dailymail.co.uk/news/article-4271530/Inmates-phones-laptops-new-prison.html
“I think Berwyn can be a truly rehabilitative prison where the men will be kept
in decent conditions and given every opportunity to live law-abiding lives when
they return to their community·.
[108]
Al respecto, Coyle: “El Buró Federal de las Prisiones de los Estados Unidos ha
introducido una forma de correo electrónico para reclusos. El Fideicomiso de
Sistema Limitado de Computadoras para Reclusos (TRULINCS) proporciona la
posibilidad de enviar y recibir mensajes electrónicos sin tener acceso a
Internet. Los reclusos pueden enviar y recibir mensajes electrónicos sólo de
las personas aprobadas en su lista de contactos. Si el personal aprueba el
pedido del recluso de intercambiar mensajes electrónicos, el sistema genera un
mensaje para esa persona en el que le avisa sobre el pedido y le da al presunto
contacto la opción de aceptar o rechazar el pedido y cualquier mensaje
electrónico futuro de parte de ese prisionero. Tomado del sitio web del Buró
Federal de Prisiones” Disponible en: La administración Penitenciaria en el
contexto de los derechos Humanos. Pág. 104. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/tablas/29994.pdf
.
[109]
Rosnani Saad (2008). “Penghuni Penjara Kajang sambung pengajian di OUM”. Sinar
Harian, 2 November 2008. http://www.oum.edu.my/oum/document/content/pdf/cru/2008_11/02.11.2008
.
[110] En Europa, actualmente en Alemania y Holanda es posible cobrar una
tarifa  a cada recluso, que puede ser pagada con el trabajo que realicen.  En
algunas prisiones de los Estados Unidos, los presos deben pagar por cada
servicio y en otros países como Dinamarca, Noruega, Italia, Portugal, Austria y
Suiza, los presos están obligados a pagar las expensas de la investigación
policial y las costas del proceso penal, además de la reparación de la víctima.
En todos estos casos, la cuestión primordial es evitar que las obligaciones
monetarias se conviertan en obstáculos para la rehabilitación y reintegración
del retenido, cuando éste sale de la prisión, o en un desmedro de la capacidad
del victimario de reparar a su víctima. Según e ohan van Opstel, vocero de
Justicia del gobierno Holandés, último en implementar esta medida en el año
2015: “Se trata de que el preso entienda que forma parte de la sociedad, y si
comete un delito, tiene la obligación de contribuir al gasto que ocasiona. Que
sus actos no deben ser pagados, desde el punto de vista económico, solo por el
resto de la ciudadanía”. Disponible en: http://tn.com.ar/economia/como-es-el-sistema-de-pago-de-los-presos-en-europa-y-eeuu-les-cobran-hasta-el-champu_553417 .
[111]
Al respecto, la Sentencia C-328 de 2016 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado).
Realizó un resumen de la jurisprudencia de la Corte en la materia en los
siguientes términos: “La Corte ha analizado los fines constitucionales de la
pena, con especial preferencia a los objetivos de resocialización (función
preventiva especial). En efecto, en sentencia C-261 de 1996 expuso que la
resocialización guarda una íntima relevancia con la dignidad humana y el libre
desarrollo de la personalidad, pues la reeducación y la reinserción social del
condenado son el objetivo de los esfuerzos legales e institucionales del
Estado. \\ Posteriormente en la sentencia C-430 de 1996, este Tribunal dijo que
la pena en nuestro sistema jurídico tiene un fin preventivo, representado en el
establecimiento legal de la sanción penal, un fin retributivo que se manifiesta
con la imposición judicial de la pena y un fin resocializador que orienta la
ejecución de la misma, a partir de principios humanistas contenidos en la Carta
y en los tratados internacionales. \\En la sentencia C-144 de 1997, la Corte
manifestó que las penas tienen como finalidad la búsqueda de la resocialización
del condenado, dentro del respeto por su autonomía y dignidad, puesto que el objeto
del derecho penal en el Estado Social de Derecho no es excluir al delincuente
del pacto social sino buscar su reinserción.\\ Esta finalidad ha sido
reconocida por esta Corporación en la sentencia C-806 de 2002, en la que
manifestó que la pena debe pretender la resocialización del condenado, dentro
de la órbita del respeto de su autonomía y dignidad, puesto que el objeto del
derecho penal no es la exclusión del infractor, sino su reinserción al pacto.
\\ La posición jurisprudencial descrita fue reiterada en la sentencia C-061 de
2008, que analizó la constitucionalidad de la norma que contemplaba la pena
denominada “los muros de la infamia”. \\ Estos criterios también se han
proyectado a fallos de tutela. En efecto, la Corte en la sentencia T-267 de
2015, expresó que se trata del objetivo más importante de la sanción penal, en
especial en su fase de ejecución, pues impide que se instrumentalice al
individuo y garantiza su proceso de resocialización con estricto apego al
respeto por su dignidad humana. \\ Recientemente en sentencia T-718 de 2015,
este Tribunal reiteró que “de acuerdo con la legislación y la jurisprudencia
vigentes, la educación es la base de la resocialización, puesto que la figura
de la redención de la pena es la materialización de la función resocializadora
de la sanción.”
[112]
Corte Constitucional, sentencia T-595 de 2002 (MP Manuel José Cepeda Espinosa).
En esta sentencia se examinó la acción de tutela
instaurada por Daniel Arturo Bermúdez Urrego contra Transmilenio S.A.,
el caso en estudio se trató de una persona que veía limitado su derecho de
locomoción por la falta de adaptación de los buses de las rutas alimentadoras
del sistema Transmilenio y pedía que se ordenara que éstos puedan ser
accesibles a las personas con discapacidad en silla de ruedas. La Corte, luego
de analizar la faceta positiva del derecho de locomoción y concluir que el
carácter programático del mismo no significa que pueda dejarse eternamente sin
exigir su cumplimiento. Si bien Transmilenio
S.A. no puede de manera inmediata e instantánea, garantizar el acceso del actor
al Sistema de transporte sin tener que soportar cargas excesivas, lo mínimo que
debe hacer para proteger la prestación de carácter programático derivada de la
dimensión positiva de la libertad de locomoción en un Estado Social de Derecho
y en una democracia participativa, es, precisamente, contar con un programa o
con un plan encaminado a asegurar el goce efectivo de sus derechos, como de los
demás discapacitados físicos. En palabras de la Corte ‘‘No poder garantizar de manera instantánea el
contenido prestacional del derecho es entendible por las razones expuestas;
pero carecer de un programa que de forma razonable y adecuada conduzca a
garantizar los derechos en cuestión es inadmisible constitucionalmente’’ En ese
orden de ideas, la Corte tuteló los derechos fundamentales del accionante.
[113]
Desde su inicio, la jurisprudencia constitucional ha indicado que si bien el
carácter prestacional de los derechos constitucionales está ‘estrechamente’
relacionado con los derechos económicos, sociales y culturales, no se trata de
dos categorías idénticas, que coincidan.  Según la sentencia T-760 de 2008 (MP
Antonio Barrera Carbonell) reiterada en la Sentencia T-595 de 2002 (MP Manuel
José Cepeda Espinosa). “No es cierto pues, que la categoría derechos de
libertad coincida con la categoría ‘derechos no prestacionales’ o ‘derechos
negativos’. Existen múltiples facetas de los derechos sociales, económicos y
culturales, concretamente del derecho a la salud, que son de carácter negativo
y su cumplimiento no supone la actuación del Estado o de los particulares sino
su abstención. 3.3.5. La jurisprudencia constitucional considera entonces, que
la condición de ‘prestacional’ no se predica de la categoría ‘derecho’, sino de
la ‘faceta de un derecho’. Es un error categorial hablar de ‘derechos
prestacionales’, pues, como se dijo, todo derecho tiene facetas prestacionales
y facetas no prestacionales.”
[114]
En la Sentencia de la Corte Constitucional T-207 de 1995 (MP Alejandro
Martínez Caballero). La Corte analizó la acción de tutela en contra municipio de Turbo –Antioquia toda vez que unos
establecimientos de comercio se vieron afectados por la omisión de las
autoridades en adelantar las obras respecto de las tuberías de aguas negras.
Este municipio tiene el deber de mantener
adecuadamente las cañerías destinadas a evacuar las aguas negras, por lo
cual  viola los derechos a la integridad física (art. 11 C.P.), la libre
circulación (art. 24 C.P.), al trabajo (art. 25 C.P.), a la salud (art. 49
C.P.), a un ambiente sano (art. 79 C.P.) y a una vivienda digna (art. 51 C.P.).
La Corte sostuvo que “Por regla general, los derechos de prestación son
derechos programáticos, debido a que los derechos de prestación exigen un
esfuerzo presupuestal y logístico del Estado que sólo se puede realizar con la
debida planeación y arbitrio de recursos mediante el procedimiento fijado por
la Carta Política. Gradualmente, los derechos de prestación con contenido
programático se les van dando condiciones de eficacia que hace posible que
emane un derecho subjetivo. Por eso, a nivel teórico, en efecto, el estado
inicial de un derecho de prestación es su condición programática la cual luego
tiende a transmutarse hacia un derecho subjetivo.” Y en consecuencia concedió
la protección ordenando la realización de las gestiones para solucionar en
forma definitiva la problemática.
[115]
Corte Constitucional, sentencia T-595 de 2002 (MP Manuel José Cepeda Espinosa).
[116]
Ver. Resolución 13437 de 1991, Ministerio de la Salud (hoy de la Protección
Social).
[117] Corte Constitucional, sentencia T-406 de 1992 (MP Cirto Angarita
Barón; AV José Gregorio Hernández Galindo).
[118]
Corte Constitucional, sentencia T-467 de 1994 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz). En
esta sentencia la Corte analizó la acción de tutela presentada por el señor Pedro Miguel Jiménez presentó, el 25 de mayo de
1994, contra de la Secretaría de Educación de Cundinamarca, por considerar que
esta entidad violó el derecho de educación de su hijo menor de edad. Según el
accionante el menor no ha podido acceder a las clases normales por la falta de
profesores en la escuela de educación básica de la vereda La Balsa Jurisdicción
del municipio de Chía.  La Corte sostuvo que cuando la Constitución protege el derecho de los niños a la
educación, con ello está protegiendo, a su vez, las condiciones básicas que lo
hacen posible, incluidas aquellas que implican obligaciones prestacionales del
Estado. Por eso, cuando un establecimiento educativo carece de la planta de
profesores mínima para cubrir la enseñanza de los diferentes cursos
programados,  se encuentra desprovisto de uno de los elementos esenciales
- quizás el más esencial - del servicio educativo. En ese orden de ideas, la
Corte concedido el amparo de los derechos fundamentales del accionante.
[119] Corte Constitucional, sentencia T-467 de 1994 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz).
“El carácter prestacional de un derecho no excluye, en determinados casos, su
protección por medio de la acción de tutela. La Carta de derechos contempla la
posibilidad de exigir ciertas prestaciones estatales a través de la tutela
cuando ellas vulneran derechos considerados como fundamentales. No basta alegar
el mero carácter prestacional de la acción que se demanda de las autoridades
públicas para que éstas o los jueces descarten la existencia de una posible
vulneración de un derecho fundamental. En ciertas circunstancias especiales, la
escasez de recursos y la omisión de una prestación fundada en la misma, no son
argumentos suficientes para eliminar de plano toda posibilidad de violación a
los derechos fundamentales.”
[120]
En la Sentencia de la Corte Constitucional T-207 de 1995 (MP  Alejandro
Martínez Caballero), “Por regla general, los derechos de prestación son
derechos programáticos. Se afirma lo anterior debido a que los derechos de
prestación exigen un esfuerzo presupuestal y logístico del Estado que sólo se
puede realizar con la debida planeación y arbitrio de recursos mediante el
procedimiento fijado por la Carta Política. Gradualmente, los derechos de
prestación con contenido programático se les van dando condiciones de eficacia
que hace posible que emane un derecho subjetivo. Por eso, a nivel teórico, en
efecto, el estado inicial de un derecho de prestación es su condición
programática la cual luego tiende a transmutarse hacia un derecho subjetivo, en
tanto y en cuanto, se creen elementos que concedan eficacia a la posibilidad de
exigir la obligación estatal de ejecutar la prestación. Tales elementos varían
según la prestación de que se trate y el medio de exigibilidad utilizado. No se
puede mirar bajo la misma óptica prestaciones que requieran diferentes
respuestas del Estado en términos presupuestales y organizativos. Así mismo,
las condiciones de eficacia requeridas por un determinado medio judicial para
su procedencia, pueden ser diferentes a las exigidas por otros mecanismos
judiciales. En ese orden de ideas, la posibilidad de exigir un derecho de
prestación es apreciable sólo en el caso concreto y dependiendo del tipo de
derecho”.
[121]
Corte Constitucional, sentencia T-207 de 1995 (MP  Alejandro Martínez
Caballero).
[122]
Corte Constitucional, sentencia T-595 de 2002 (MP Manuel José Cepeda Espinosa).
[123] Corte Constitucional, sentencia T-025 de 2004 (MP Manuel José Cepeda
Espinosa).
[124] Corte Constitucional, sentencia T-025 de 2004 (MP Manuel José
Cepeda Espinoza).
[125]
Así por ejemplo, en la sentencia T-845 de 2006 (MP Jaime Córdoba Triviño) se
resolvió “(…) tutelar la salud como derecho fundamental autónomo.”
[126]
Corte Constitucional, sentencia T-760 de 2008 (Manuel José Cepeda Espinosa). En
esta sentencia la Corte analizó 22 acciones de tutela las cuales invocan protección del derecho a la salud –concretamente, el
acceso a servicios de salud que se requieren–, cuya solución ha sido clara y
reiterada en la jurispru­dencia de esta Corporación. La Corte tuvo en
cuenta cada caso en particular en cuanto a lo que se refiere a la prestación de
servicios médicos y entrega de medicamentos, con el fin de lograr una respuesta
adecuada a las obligaciones prestacionales que emanan de dicho derecho. Por
ejemplo el vital cumplimiento de los principios
para la protección de los enfermos men­tales y el mejoramiento de la
atención de la salud mental; el rreconocimiento de incapacidades, cuando los
aportes a Salud fueron extemporáneos y a la vez aceptados por la EPS, entre
otros temas relevantes para el derecho a la salud.
[127]
Corte Constitucional, sentencia  T-1259 de 2008 (MP Rodrigo Escobar Gil). En
esta sentencia la Corte analizó la acción de tutela de una accionante en nombre
de dos de sus hijas menores de esas contra la Alcaldía
del Municipio de Tuta – Boyacá, por considerar que la entidad accionada ha
vulnerado los derechos fundamentales a la educación, a la vida digna, a la
salud y a la integridad personal de sus hijas y de más de sesenta (60) niños
residentes en las veredas del Municipio de Tuta, Boyacá, toda vez que esta
entidad no cuenta con el servicio de transporte escolar y las menores deben
caminar dos horas en la mañana y dos horas por la tarde en el trayecto
hogar-escuela y escuela-hogar. La Corte tuvo en cuenta que el derecho a
la educación, como los demás tiene una dimensión progresiva que se relaciona,
esencialmente, con el establecimiento de las condiciones de infraestructura
mínimas para asegurar la disponibilidad del servicio, el acceso, la
permanencia, la calidad y la continuidad en la prestación del mismo, todo lo
cual exige de la adopción de programas y políticas dirigidas a tal fin. En ese
orden de ideas, al ser un servicio público el Estado,
éste deberá dirigir toda su actividad a la “solución de las necesidades
insatisfechas de salud, de educación, de
saneamiento ambiental y de agua potable. Para tales efectos, en los planes y
presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto público
social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación” Por tal motivo la
Corte concedió el amparo tutelar de los derechos a la educación, a la
vida digna, a la salud y a la integridad personal de los accionantes y de todos los niños en
general que asisten a la escuela del Municipio de Tuta – Boyacá.
Sentencia reiterada en las sentencias T-779 de 2011 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T- 690 de 2012
(MP María Victoria Calle Correa); T-743 de 2013 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[128]
Corte Constitucional, sentencia T-235 de 2011 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
Concretamente, sobre el alcance de la tutela como mecanismo de protección de
las dimensiones positivas de los derechos,  explicó la Corte: “(…) la
procedibilidad de la tutela para la protección de esferas positivas de los
derechos está condicionada a (i) que la esfera prestacional requerida no
comprometa un alto esfuerzo económico, como cuando se solicita información
adecuada en un puesto de servicio al público; (ii) que se solicite el
cumplimiento de obligaciones que hayan recibido concreción política, o (iii)
que sean prestaciones imprescindibles para la garantía de la dignidad humana,
de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación o el DIDH.”
[129]
En esa ocasión los accionantes se inscribieron y fueron escogidos como
beneficiarios de los cursos de educación para jóvenes y adultos ofrecidos por
la Secretaría de Educación de Nariño (en adelante, SED Nariño) y el Ministerio
de Educación Nacional (en adelante, MEN), programa que se compone de seis
ciclos lectivos especiales integrados (CLEI), de acuerdo con el Decreto 3011 de
1997. Después de cursar y aprobar los tres primeros CLEI, la Secretaría de
Educación Departamental les informó que en el año 2011 no se ofrecería el ciclo
cuatro, debido a que el MEN anunció que no apropiaría recursos para ello,
alegando dificultades presupuestales.
[130]
Corte Constitucional, sentencia T-428 de 2012 (MP María Victoria Correa Calle).
Ordenó: “Tercero.- Ordenar al Ministerio de Educación Nacional y a la SED de
Nariño que, en el término de un mes, pacten las condiciones en que se
adelantará el cuarto ciclo lectivo especial integrado del programa educativo
para jóvenes y adultos del Departamento, y definan el modo en el cual cada una
de las partes concurrirá económicamente, para la adecuada prestación del
servicio a los peticionarios y a las demás personas del Departamento que
cursaron hasta el tercer CLEI y acrediten los requisitos para la matrícula del
cuarto ciclo al momento de presentación de las acciones de tutela de la
referencia. // Cuarto.- Ordenar al Departamento de Nariño que, en el término de
un mes contado desde la suscripción del acuerdo previsto en el ordinal tercero
de la parte resolutiva de esta sentencia, dé inicio a la prestación del
servicio para educativo para jóvenes y adultos para los peticionarios, y las
demás personas del Departamento que se encuentren en su misma situación de
hecho: concretamente, que hayan cursado y aprobado los tres primeros ciclos del
programa de educación para adultos adelantado por el Departamento de Nariño, y
que hayan enfrentado la suspensión del programa en el año 2011.”
[131]
Las ordenes quinta y sexta de la Sentencia T-428 de 2012 (MP María Victoria
Correa Calle)  fueron: “EXHORTAR al Ministerio de Educación Nacional para que,
dentro de un término razonable, la Nación asuma directamente la contratación de
los dos primeros CLEI, tomando en cuenta que el acceso a la educación básica
primaria gratuita es un derecho de todos y no sólo de los menores de edad.
//Sexto.- Advertir a las autoridades accionadas para que cumplan con sus
obligaciones legales y reglamentarias en relación con el programa para atención
educativa de jóvenes y adultos. Ello implica (i) el reporte oportuno de la
población atendida en cada vigencia (o la prematrícula si así lo dispone la ley
y reglamento) por parte de la SED de Nariño al Ministerio  de Educación
Nacional en el programa educativo de jóvenes y adultos; (ii) la oportuna y
adecuada definición de tipologías por parte del Ministerio de la Educación
Nacional y la asignación de recursos, bien sea a través de la partida de
educación del SGP o a través de los complementos previstos por el sistema, y
según lo establezcan las normas legales y reglamentarias pertinentes; (iii) la
destinación de esos recursos para la continuidad del programa, sin que el
cumplimiento de los estándares mínimos frente a menores de edad sea un
obstáculo para ello salvo que se demuestren circunstancias por completo
excepcionales que hayan afectado seriamente la cobertura de los menores,
aspecto que corresponde explicar y justificar a las autoridades y no a los
usuarios del sistema.”
[132]
Corte Constitucional, sentencia T-227 de 2003 (MP
Eduardo Montealegre Lynett). La Corte analizó la acción de tutela Luis Armando
Neira en contra del Municipio de Florencia-Coordinador del Área de Bienestar
Social y Talento Humano. La entidad demandada se ha negado en varias
oportunidades en entregar una certificación sobre el tiempo laborado del
accionante en dicha entidad. La Corte sostuvo la información sobre el tiempo de
servicio y el sueldo devengado adquiere carácter fundamental en la medida en
que resulta necesaria para diversos propósitos en la vida de la persona. Su
carácter fundamental no se limita al hecho de que permite gozar de otros
derechos –como la pensión- o proteger el patrimonio, sino que puede resultar
vital para la persona. La obligación de los empleadores de preservar los
archivos únicamente es un desarrollo del deber constitucional de custodiar y
administrar debidamente los archivos y bases de datos que contenga información
social y personalmente relevante. Sin
embargo, la Corte no concede la tutela pues no se cumplían los
presupuestos establecidos en el artículo 86 de la Constitución y desarrollados
por esta Corporación: aunque existía un derecho fundamental violado, no se
estaba frente a la inexistencia de otro medio de defensa judicial.
[133]
Corte Constitucional, sentencia T-595 de 2002 (MP Manuel José Cepeda Espinosa).
[134]
El carácter polifacético de los derechos fue constatado, además en las
sentencias T-016 de 2007  y T-760 de 2008, con importantes incidencias en
cuanto al derecho al transporte y a la salud.
[135] Corte Constitucional, sentencia T-388 de 2013 (MP María
Victoria Calle Correa,  SPV Mauricio González Cuervo), fundamento 8.1.2.1.
[136]
Corte Constitucional, sentencia T-266 de 2013 (MP Jorge Iván Palacio Palacio).
Esta sentencia fue citada y reiterada en la SentenciaT-049 de 2016 (MP Jorge
Iván Palacio Palacio).
[137]
Así lo expuso la sentencia C-394 de 1995 (MP Antonio Barrera Carbonell; SV Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos
Gaviria Díaz, Alejandro Martínez Caballero). En esta sentencia se analiza la
demanda de  inconstitucionalidad
contra los artículos 3o. (parcial), 14; 16, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 33, 36, 37,
44, 45 y 52 (parciales); 53 y 57; 60 y 64 (parciales); 65; 69 (parcial); 72,
73, 77, 79, y 84; 86 (parcial); 87, 89, 90, 91, 98, 99, 101 y 109; 111 y 112
(parciales); 113, 114, 115, 116, 117, y 119; 121, 123, 125, 139, 147, 150 y 153
(parciales) y el artículo 168 de la Ley 65 de 1993, "por la cual se expide
el Código Penitenciario y Carcelario". Dentro de esta demanda se
realizó el control de constitucionalidad del artículo 111 del Código
Penitenciario y Carcelario: “Los incisos segundos, tercero y quinto del
artículo 111 se ajustan a la Carta Política, advirtiendo que, si bien es
cierto, las comunicaciones tanto verbales como escritas en los establecimientos
carcelarios deben estar sujetas a naturales limitaciones y controles, debe
respetase el derecho a la intimidad en su núcleo esencial. Es decir, las
limitaciones y controles de que se habla deben ser los encaminados a garantizar
la seguridad carcelaria y la prevención de delitos o alternaciones del orden y
no extenderse a campos como el de la libre expresión de los sentimientos
afectivos o manifestaciones del fuero íntimo de la persona”. Conforme a lo
anterior la Corte declaró inexequible; los
incisos segundo, tercero y quinto del artículo 111.
[138]
Corte Constitucional, sentencia T- 711 de 2006 (MP Rodrigo Escobar Gil).
[139]
Corte Constitucional, sentencia T-595 de 2002 (MP Manuel José Cepeda Espinosa).
[140]
Manifiesta el accionante que desde hace un año, 3 de los 5 teléfonos instalados
en el patio 8 no funcionan. Añade que el 9 de junio de 2016 se realizó el
mantenimiento de los equipos y que dicho trabajo fue infructuoso pues los
aparatos presentan los siguientes problemas: (i) teclados estropeados, (ii)
mala señal y (iii) caída de las llamadas. Indica que desde el 5 de julio de
2016 ningún teléfono sirve por lo que se imposibilita la comunicación con su
grupo familiar y sus demás contactos. Finalmente, informa que 130 internos, al
parecer, presentaron un memorial en el que solicitaron a Prepacol SAS la
reparación de los equipos averiados. Expediente T-5.903.939.
[141]
El accionante, que se encuentra recluido en el Establecimiento Penitenciario y
Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Combita, Boyacá, remitió a través del
Área de Correspondencia de esa entidad, unas cartas personales dirigidas a
algunos de sus familiares en el mes de noviembre de 2014 y en el mes de
septiembre de 2015. Indica que la correspondencia nunca llegó a manos de sus
destinatarios, por lo que radicó un derecho de petición ante la empresa
Servicios Postales Nacionales S.A. 4-72, del cual no obtuvo respuesta. Folio 4
del expediente T -5.919.758.
[142] Según los internos, el valor del minuto para las llamadas a teléfonos
celulares o de larga distancia, es de $280 en la telefonía instalada, mientras
que en el mercado se ofrecen servicios a $60 el minuto que se contabilizan por
segundo, permitiendo un importante ahorro al usuario.
[143] Según los resultados de la Inspección Judicial realizada el día 19 de
abril de 2017 al Establecimiento Penitenciario y Carcelario “La Esperanza” de
Guaduas, el minuto de telefonía celular en el Establecimiento es de $100, por
lo que, cuando tienen acceso, prefieren utilizar la telefonía celular.
[144] En entrevistas con distintos reclusos y con personal de guardia, se
confirmó que las tarjetas telefónicas son el “dinero” de la cárcel. Todos los
reclusos llevan consigo sus tarjetas, y  la forma más rápida en que la guardia
puede detectar a los internos con “autoridad” en cada patio es identificando en
las requisas a quien tiene más tarjetas. Acta de la Inspección Judicial
realizada el 19 de abril de 2017 en el EPC “La Esperanza” de Guaduas,
Cundinamarca.
[145] Corte Constitucional, Sentencia T-266 de 2013 (MP Jorge Iván Palacio
Palacio). En el párrafo citado, la sentencia hace referencia a la Sentencia
T-711de 2006 (MP. Rodrigo Escobar Gil).
[146] Folio 45, Expediente T-5.919.758, citado en la sentencia del Juzgado
Segundo Penal del Circuito de Conocimiento de Tunja, Boyacá.
[147] Folios 14 y 15 del Expediente T-5.919.758.
[148] Folio 3 de la demanda, Expediente T-5.919.758.
[149] Acta de Diligencia del 21 de abril de 2017, expediente T-5.903.939.
[150] La medida por la cual se establece una periodicidad mínima de dos
veces por semana, se da teniendo en cuenta que la mayor parte de los términos
concedidos para interponer recursos judiciales están entre 3 y 5 días.