C-792-14
Sentencia
C-792/14
CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL-Doble instancia
RECURSO DE APELACION CONTRA SENTENCIAS REFERIDAS A LA LIBERTAD DEL
IMPUTADO-Reglas/NORMAS DEL CODIGO DE
PROCEDIMIENTO PENAL QUE NO PREVEN LA POSIBILIDAD DE APELAR SENTENCIAS
CONDENATORIAS PROFERIDAS POR PRIMERA VEZ EN SEGUNDA INSTANCIA-Inconstitucionalidad por omisión legislativa y exhorto al
Congreso de la República
Para efectuar la valoración de la preceptiva demandada, la Corte
fijó dos reglas: En primer lugar, la regla según la cual existe un derecho a
controvertir el primer fallo condenatorio que se dicta en un proceso penal.
Este derecho comprende, por un lado, la facultad para atacar el único fallo
incriminatorio que se dicta en juicios penales de única instancia, y por otro,
la facultad para impugnar las sentencias que revocan un fallo absolutorio de
primera instancia e imponen por primera vez una condena en la segunda, en los
juicios de doble instancia. En segundo lugar, el sistema recursivo diseñado por
el legislador para materializar el derecho a la impugnación, debe garantizar
los siguientes estándares: (i) el examen efectuado por el juez de revisión debe
tener una amplitud tal, que permita un nuevo escrutinio de todos los elementos
normativos, fácticos y probatorios determinantes de la condena; (ii) el
análisis del juez  debe recaer primariamente sobre la controversia de base
que dio origen al litigio judicial, y solo secundariamente, sobre el fallo
judicial como tal; (iii) debe existir un examen abierto de la decisión judicial
recurrida, de modo que ésta pueda revocarse cuando del examen integral del caso
se concluya que no hay lugar a la imposición de la condena, y no solo una
revisión de la sentencia a luz de un conjunto cerrado de causales de
procedencia del recurso. A la luz de los estándares anteriores, la Corte
analizó y evaluó el diseño legislativo del proceso penal. Dentro de esta
exploración se encontró que las sentencias que imponen una condena por primera
vez en la segunda instancia, no son susceptibles de ser controvertidas mediante
el recurso de apelación, sino únicamente mediante el recurso extraordinario de
casación, la acción de tutela contra providencias judiciales, y la acción de
revisión. El recurso extraordinario de casación no satisface los requerimientos
básicos del derecho a la impugnación, por las siguientes razones: (i) el
recurso no puede ser utilizado para atacar cualquier sentencia condenatoria,
porque excluye las referidas a las contravenciones penales, porque el juez de
casación puede inadmitir el recurso a partir de juicios discrecionales sobre la
utilidad del caso para el desarrollo jurisprudencial, y porque cuando se
cuestionan las órdenes de reparación integral, son aplicables las limitaciones
materiales de la legislación civil; (ii) el tipo de examen que efectúa el juez
de casación es incompatible con la valoración que se debe efectuar en
desarrollo del derecho a la impugnación, porque el recurso no permite una nueva
aproximación al litigio o controversia de base, sino una valoración del fallo
judicial a la luz de un conjunto cerrado de causales de procedencia, teniendo
en cuenta únicamente los cuestionamientos del condenado. Por su parte, la
acción de tutela tampoco satisface los estándares anteriores, porque se trata
de un dispositivo excepcional que no permite controvertir todo fallo
condenatorio que se dicta en la segunda instancia de un proceso penal, y porque
tiene las mismas limitaciones materiales del recurso extraordinario de
casación. En la medida en que la legislación adolece de una omisión normativa
inconstitucional, por no prever un sistema recursivo que permita ejercer el
derecho constitucional a la impugnación en la hipótesis abstracta planteada por
la accionante, pero como esta falencia se proyecta en todo el proceso penal, la
Corte debe: (i)  declarar la inconstitucionalidad de los preceptos
demandados en cuanto omiten la posibilidad de impugnar todas las sentencias
condenatorias; (ii) declarar la exequibilidad de la normativa anterior en su
contenido positivo, por los cargos analizados; (iii) y exhortar al Congreso de
la República para que en el término de un año contado a partir de la
notificación por edicto de esta sentencia, regule integralmente el derecho a
impugnar las sentencias que, en el marco de proceso penal, imponen una condena
por primera vez, (iv) disponer que en caso de que el legislador incumpla este
deber, se entenderá que procede la impugnación de los fallos anteriores ante el
superior jerárquico o funcional de quien impuso la condena.
RECURSOS CONTRA LAS DECISIONES JUDICIALES EN PROCESO PENAL-Contenido y alcance
DERECHO A LA IMPUGNACION DE SENTENCIAS CONDENATORIAS-Fundamento normativo
DERECHO A LA IMPUGNACION DE SENTENCIAS CONDENATORIAS-Status o condición jurídica
DERECHO A LA IMPUGNACION DE SENTENCIAS CONDENATORIAS-Instrumentos internacionales
DERECHO A LA IMPUGNACION DE SENTENCIAS CONDENATORIAS-Jurisprudencia constitucional
RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACION EN MATERIA PENAL-Jurisprudencia constitucional
IDONEIDAD DE LOS RECURSOS ALTERNATIVOS A LA APELACION-Jurisprudencia constitucional
DERECHO A LA IMPUGNACION DE SENTENCIAS CONDENATORIAS-Objeto
DERECHO A LA IMPUGNACION Y GARANTIA DE LA DOBLE INSTANCIA-Distinción
El derecho a la impugnación y la garantía de la doble instancia
son estándares constitucionales autónomos y categorías conceptuales distintas e
independientes, si bien en algunos supuestos fácticos específicos, el contenido
de una y otra es coincidente. Tal como lo puso de presente la Procuraduría
General de la Nación, estos imperativos difieren en distintos aspectos: (i) en
cuanto a su fundamento normativo, mientras el derecho a la impugnación se
encuentra consagrado en los artículos 29 del texto constitucional, 8.2.h de la
CADH y 14.5 del PIDCP, la garantía de la doble instancia se encuentra prevista
en el artículo 31 de la Carta Política; (ii) en cuanto al status jurídico,
mientras la impugnación es un derecho subjetivo de rango y jerarquía
constitucional en cabeza de las personas condenadas en un juicio penal, la
doble instancia constituye una garantía que hace parte del debido proceso, y
que puede ser alegada por cualquiera de los sujetos procesales; esta
diferenciación tiene una repercusión importante, puesto que la Corte ha
entendido que la doble instancia, por tener la condición de un principio
general, puede ser exceptuado por vía legislativa; y como la impugnación no
solo es un principio sino un derecho que hace parte integral del debido
proceso, las excepciones al mismo se encuentran limitadas; (iii) en cuanto al
ámbito de acción, mientras el derecho a la impugnación ha sido concebido para
los juicios penales, la garantía de la doble instancia constituye la regla
general de todo proceso judicial; (iv) en cuanto a su contenido, mientras el
derecho a la impugnación otorga la facultad para controvertir la sentencia
condenatoria, para que un mismo litigio sea resuelto en el mismo sentido por
dos jueces distintos, la garantía de la doble instancia exige que una misma
controversia jurídica sea sometida a dos instancias o faces procesales distintas
e independientes, y dirigidas por jueces distintos, pero sin importar que los
fallos resultantes sean coincidentes; (v) en cuanto a su objeto, mientras el
derecho a la impugnación recae sobre las sentencias condenatorias dictadas en
el marco de un proceso penal, de modo que la facultad se estructura en torno al
tipo y al contenido de la decisión judicial, la doble instancia se predica del
proceso como tal, para que el juicio tenga dos instancias, independientemente
del contenido y alcance de los fallos que resuelven la controversia; (vi) en
cuanto a la finalidad, mientras el derecho a la impugnación atiende a la
necesidad de garantizar la defensa plena de las personas que han sido
condenadas en un proceso penal frente al acto incriminatorio, y a asegurar que
mediante la doble conformidad judicial la condena sea impuesta correctamente,
la doble instancia tiene por objeto garantizar la corrección del fallo
judicial, y en general, “la existencia de una justicia acertada, recta y justa,
en condiciones de igualdad”; en el primer caso, el derecho se estructura en
beneficio de un sujeto específico, mientras que el segundo persigue el objetivo
impersonal de garantizar la corrección judicial. Sin perjuicio de lo anterior,
ambos imperativos coinciden en la hipótesis específica en la que, (i) en el
contexto de un juicio penal, (ii) el juez de primera instancia (iii) dicta un
fallo condenatorio. En este supuesto fáctico, el ejercicio del derecho a la
impugnación activa la segunda instancia, y se convierte, entonces, en la vía
procesal que materializa el imperativo de la doble instancia judicial, y a la
inversa, con la previsión de juicios con dos instancias se permite y se asegura
el ejercicio del derecho a la impugnación. Sin embargo, cuando no confluyen los
tres elementos del supuesto fáctico reseñado, la coincidencia desaparece, así:
(i) cuando se dicta un fallo por fuera de un juicio penal, en principio no
rigen las exigencias propias del derecho a la impugnación, mientras que, por el
contrario, sí son exigibles los requerimientos de la doble instancia; por ello,
por ello, una vez agotada la primera instancia, la controversia debe ser
sometida a una instancia adicional, bien sea de manera automática en virtud de
dispositivos como la consulta, o bien sea mediante la interposición de recursos
por alguno de los sujetos procesales; (ii) por su parte, cuando el fallo
judicial se produce en una etapa procesal distinta a la primera instancia (por
ejemplo, en la segunda instancia o en sede de casación), no tiene operancia el
imperativo de la doble instancia, porque esta garantía se predica del proceso y
no de la sentencia, y en esta hipótesis el imperativo ya ha sido satisfecho
previamente; en contraste, si el fallo se enmarca en un juicio penal, y la
decisión judicial es condenatoria, sí sería exigible el derecho a la
impugnación, aunque la sentencia incriminatoria se dicte en una etapa distinta
a la primera instancia; (iii) finalmente, si la providencia no tiene un
contenido incriminatorio tampoco rige el derecho a la impugnación, mientras que
si el fallo se produce en la primera instancia, la garantía de la doble
instancia sí sería exigible, independientemente del contenido incriminatorio de
la decisión judicial.
DERECHO A IMPUGNAR SENTENCIAS QUE ESTABLECEN RESPONSABILIDAD PENAL
POR PRIMERA VEZ EN SEGUNDA INSTANCIA-No está contenida de
manera expresa en la Constitución Política, ni en la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, ni en el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos
DERECHO A LA IMPUGNACION Y GARANTIA DE LA DOBLE INSTANCIA-Constituyen imperativos constitucionales autónomos
PRINCIPIO DE INTERPRETACION DEL EFECTO UTIL-Aplicación
ACTOS PROCESALES-No resulta admisible
reducir o suprimir dichos actos que a la luz de la Constitución resultan
indispensables para garantizar el debido proceso/IMPUGNACION DE SENTENCIA
CONDENATORIA EN SEGUNDA INSTANCIA-Extensión del juicio tendría una
ocurrencia excepcional
RECURSO DE APELACION EN PROCESO PENAL-Jurisprudencia constitucional/PRINCIPIO NON BIS IN IDEM-Alcance
DECISIONES JUDICIALES DE DISTINTOS ESTADOS QUE IMPONEN CONDENAS
POR PRIMERA VEZ EN SEGUNDA INSTANCIA-Instrumentos
internacionales
POSIBILIDAD DE APELAR LAS SENTENCIAS CONDENATORIAS PROFERIDAS POR
PRIMERA VEZ EN SEGUNDA INSTANCIA-Tipos de escenarios
normativos
DOBLE INSTANCIA Y DERECHO DE IMPUGNACION DE SENTENCIAS
CONDENATORIAS-Jurisprudencia constitucional/DISPOSICIONES
QUE ESTABLECEN PROCESOS PENALES DE UNICA INSTANCIA PARA LOS AFORADOS-Jurisprudencia
constitucional/DISPOSICIONES QUE ESTABLECEN PROCESOS DE UNICA INSTANCIA EN
DISTINTAS MATERIAS-Jurisprudencia constitucional
DEBER CONSTITUCIONAL DEL LEGISLADOR DE DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN
RECURSO JUDICIAL QUE MATERIALICE EL DERECHO A LA IMPUGNACION-Alcance
FALLO CONDENATORIO DE SEGUNDA INSTANCIA-Dispositivos para cuestionarlo
RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACION-Contenido/RECURSO DE CASACION-Cuantía del interés para recurrir/RECURSO
DE CASACION-Causales/RECURSO DE CASACION-Procedencia/RECURSO DE
CASACION-Oportunidad y legitimación/RECURSO DE CASACION-Tipo de
examen que se efectúa difiere sustancialmente del que se ejerce en desarrollo
del derecho constitucional a la impugnación
DERECHO CONSTITUCIONAL A LA IMPUGNACION Y RECURSO DE CASACION-Naturaleza y alcances distintos
RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACION-No satisface los estándares del derecho de impugnación
El recurso de casación no satisface los estándares del derecho a
la impugnación, por las siguientes razones: (i) no todas las sentencias
condenatorias que se dictan por primera vez en la segunda instancia son
susceptibles de ser impugnadas, porque el recurso no procede contra los fallos
que juzgan contravenciones, porque el recurso puede ser inadmitido a discreción
cuando se considere que la revisión judicial no es necesaria para los fines de
la casación, y porque cuando los cuestionamientos del recurrente versan sobre
la orden de reparación integral, son aplicables todas los condicionamientos de
la legislación común; (ii) el tipo de examen que efectúa el juez de casación es
distinto del que se efectúa en el marco del derecho a la impugnación, porque no
recae sobre la controversia que da lugar al proceso judicial sino sobre la
providencia recurrida, y porque el juez no tiene plenas potestades para
efectuar revisar integralmente el fallo sino sólo a partir de las causales
establecidas de manera taxativa en el derecho positivo; (iii) por regla
general, en sede de casación no existe una revisión oficiosa del fallo
recurrido, porque la valoración de la sentencia se debe circunscribir a los
cargos planteados por el casacionista.
ACCION DE TUTELA Y ACCION DE REVISION-Dispositivos procesales a través de los cuales se pueden atacar fallos
condenatorios de segunda instancia/ACCION DE REVISION-No constituye un
mecanismo idóneo para ejercer el derecho a la impugnación
Existen otros dispositivos procesales a través de los cuales se
pueden atacar fallos condenatorios de segunda instancia, tal como ocurre con la
acción de tutela y con la acción de revisión. Esta última, sin embargo, está
diseñada para atacar sentencias ejecutoriadas, normalmente por la ocurrencia o
por el descubrimiento posterior de hechos que tienen incidencia directa en el
contenido de la decisión judicial, o que ponen en cuestión su legitimidad o
legalidad. Por este motivo, la acción de revisión no constituye un mecanismo
idóneo para ejercer el derecho a la impugnación, puesto que se plantea y
resuelve una vez el fallo atacado ha quedado ejecutoriado.
JUEZ CONSTITUCIONAL-Habilitado para
subsanar las omisiones inconstitucionales que derivan de la falta de previsión
de un elemento que debía estar presente en uno o más preceptos legales/CORTE
CONSTITUCIONAL-Habilitación para disponer la introducción del elemento
normativo omitido en preceptos, pero en tanto dicha intervención judicial no
implique alteración de los elementos estructurales del proceso penal
DERECHO A LA IMPUGNACION DE FALLO CONDENATORIO-Reglas
DOBLE CONFORMIDAD JUDICIAL-Contenido
En definitiva, los artículos 29 de la Carta Política, 8.2.h de la
CADH y 14.5 del PIDCP consagran el derecho a controvertir las sentencias
condenatorias que se dictan dentro de un proceso penal. Aunque ninguna de estas
disposiciones establece expresamente que esta prerrogativa comprende la
facultad para impugnar las sentencias que revocan un fallo absolutorio de
primera instancia, e imponen por primera vez una condena en la segunda
instancia, esta regla sí constituye un estándar constitucional, (…) a la luz del ordenamiento superior,
existe un derecho, de naturaleza y jerarquía constitucional, de impugnar las
sentencias que imponen por primera vez una condena en el marco de un proceso
penal, incluso cuando estas se dictan en la segunda instancia.
DOBLE CONFORMIDAD JUDICIAL-Alcance
(…) la Corte
concluye que el legislador tiene el deber constitucional de diseñar e
implementar un recurso que materialice el derecho a controvertir los primeros
fallos condenatorios que se dictan en un juicio penal, el cual debe otorgar
amplias potestades al juez de revisión para analizar y evaluar las cuestiones fácticas,
probatorias y normativas que inciden en el contenido de la decisión judicial
objeto del recurso.
DERECHO A LA IMPUGNACION-Estándares para su
materialización que debe garantizar el sistema recursivo diseñado por el
legislador
El sistema recursivo diseñado por el legislador para materializar
el derecho a la impugnación, debe garantizar los siguientes estándares: (i) el
examen efectuado por el juez de revisión debe tener una amplitud tal, que
permita un nuevo escrutinio de todos los elementos normativos, fácticos y
probatorios determinantes de la condena; (ii) el análisis del juez  debe
recaer primariamente sobre la controversia de base que dio origen al litigio
judicial, y solo secundariamente, sobre el fallo judicial como tal; (iii) debe existir
un examen abierto de la decisión judicial recurrida, de modo que ésta pueda
revocarse cuando del examen integral del caso se concluya que no hay lugar a la
imposición de la condena, y no solo una revisión de la sentencia a luz de un
conjunto cerrado de causales de procedencia del recurso.
ACCION DE TUTELA-Dispositivo excepcional que no permite controvertir todo fallo
condenatorio que se dicta en la segunda instancia de un proceso penal, y tiene
las mismas limitaciones materiales del recurso extraordinario de casación
Referencia:
Expediente D-10045
Demanda
de inconstitucionalidad contra los artículos 20, 32, 161, 176, 179, 179B, 194 y
481 (parciales) de la Ley 906 de 2004, “por la cual se expide el Código de
Procedimiento Penal”
Actor:
María Mónica Morris Liévano
Magistrado
Ponente:
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Bogotá
D. C.,  veintinueve (29) de octubre de dos mil catorce (2014)
La
Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales, profiere la presente sentencia con fundamento en los
siguientes
I.
ANTECEDENTES
1.     La demanda de inconstitucionalidad
En ejercicio de la acción pública
de constitucionalidad, la ciudadana María Mónica Morris Liévano demandó
parcialmente los artículos 20, 161, 176, 179, 179B, 194 y 481 de la Ley 906 de
2004.
1.1.
Contenido de las
disposiciones demandadas
A continuación se transcriben
y subrayan los apartes normativos impugnados:
“Ley 906 de 2004
(agosto31)
Diario Oficial Nro. 45.657 del 31 de agosto de 2004
Por el cual se expide el Código de Procedimiento Penal
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
DECRETA
(…)
ARTÍCULO
20. DOBLE INSTANCIA. Las
sentencias y los autos que se refieran a la libertad del imputado o acusado,
que afecten la práctica de las pruebas o que tengan efectos patrimoniales,
salvo las excepciones previstas en este código, serán susceptibles del recurso
de apelación.
El superior no podrá
agravar la situación del apelante único.
ARTÍCULO 32. DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. La Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia conoce:
1. De la casación.
2. De la acción de
revisión cuando la sentencia o la preclusión ejecutoriadas hayan sido
proferidas en única o segunda instancia por esta corporación o por los
tribunales.
3. De los recursos de
apelación contra los autos y sentencias que profieran en primera instancia los
tribunales superiores.
4. De la definición de
competencia cuando se trate de aforados constitucionales y legales, o de
tribunales, o de juzgados de diferentes distritos.
5. Del juzgamiento de los
funcionarios a que se refieren los artículos 174 y 235 numeral 2 de la Constitución Política.
6. Del juzgamiento de los
funcionarios a que se refiere el artículo 235 numeral 4 de la Constitución Política.
7. De la investigación y
juzgamiento de los Senadores y Representantes a la Cámara.
8. De las solicitudes de
cambio de radicación de procesos penales de un distrito judicial a otro durante
el juzgamiento.
9. Del juzgamiento del viceprocurador,
vicefiscal, magistrados de los consejos seccionales de la judicatura, del
Tribunal Superior Militar, del Consejo Nacional Electoral, fiscales delegados
ante la Corte Suprema de Justicia y Tribunales, Procuradores Delegados,
Procuradores Judiciales II, Registrador Nacional del Estado Civil, Director
Nacional de Fiscalía y Directores Seccionales de Fiscalía.
PARÁGRAFO. Cuando los funcionarios a los que se refieren
los numerales 6, 7 y 9 anteriores hubieren cesado en el ejercicio de sus
cargos, el fuero solo se mantendrá para los delitos que tengan relación con las
funciones desempeñadas.
ARTÍCULO 161. CLASES DE PROVIDENCIAS. Las providencias judiciales son:
1. Sentencias, si
deciden sobre el objeto del proceso, bien en única, primera o segunda instancia,
o en virtud de la casación o de la acción de revisión.
2. Autos, si resuelven
algún incidente o aspecto sustancial.
3. Ordenes, si se limitan
a disponer cualquier otro trámite de los que la ley establece para dar curso a
la actuación o evitar el entorpecimiento de la misma. Serán verbales, de
cumplimiento inmediato y de ellas se dejará un registro.
PARÁGRAFO. Las decisiones que en su competencia tome la
Fiscalía General de la Nación también se llamarán órdenes y, salvo lo
relacionado con audiencia, oralidad y recursos, deberán reunir los requisitos
previstos en el artículo siguiente en cuanto le sean predicables.
ARTÍCULO 176. RECURSOS ORDINARIOS. Son recursos ordinarios la reposición y la
apelación.
Salvo la sentencia la
reposición procede para todas las decisiones y se sustenta y resuelve de manera
oral e inmediata en la respectiva audiencia.
La apelación procede,
salvo los casos previstos en este código, contra los autos adoptados durante el
desarrollo de las audiencias, y contra la sentencia condenatoria
o absolutoria.
ARTÍCULO 179. TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA
SENTENCIAS. <Artículo
modificado por el artículo 91 de la Ley 1395 de 2010. El nuevo texto es el
siguiente:> El recurso se interpondrá en la audiencia de lectura de fallo,
se sustentará oralmente y correrá traslado a los no recurrentes dentro de la
misma o por escrito en los cinco (5) días siguientes, precluido este término se
correrá traslado común a los no recurrentes por el término de cinco (5) días.
Realizado el reparto en
segunda instancia, el juez
resolverá la apelación en el término de 15 días y citará a las partes e
intervinientes para lectura de fallo dentro de los diez días siguientes.
Si la competencia fuera
del Tribunal Superior, el magistrado ponente cuenta con diez días para
registrar proyecto y cinco la Sala para su estudio y decisión. El fallo será
leído en audiencia en el término de diez días.
ARTÍCULO 179b.
PROCEDENCIA DEL RECURSO DE QUEJA. <Artículo adicionado por el artículo 93 de la Ley 1395 de 2010. El nuevo texto
es el siguiente:> Cuando el funcionario de primera instancia deniegue el
recurso de apelación, el recurrente podrá interponer el de queja dentro del
término de ejecutoria de la decisión que deniega el recurso.
ARTÍCULO 194. INSTAURACIÓN. La acción de revisión se promoverá por
medio de escrito dirigido al funcionario competente y deberá contener:
1. La determinación de la
actuación procesal cuya revisión se demanda con la identificación del despacho
que produjo el fallo.
2. El delito o delitos que
motivaron la actuación procesal y la decisión.
3. La causal que se invoca
y los fundamentos de hecho y de derecho en que se apoya la solicitud.
4. La relación de las
evidencias que fundamentan la petición.
Se acompañará copia o
fotocopia de la decisión de única, primera y segunda instancias y
constancias de su ejecutoria, según el caso, proferidas en la actuación cuya
revisión se demanda.
ARTÍCULO 481. ANEXOS A LA SOLICITUD DE REHABILITACIÓN.
Con la solicitud de
rehabilitación se presentarán:
1. Copias de las sentencias
de primera, de segunda instancia y de casación si fuere el caso.
2. Copia de la cartilla
biográfica.
3. Dos declaraciones, por
lo menos, de personas de reconocida honorabilidad, sobre la conducta observada
después de la condena.
4. Certificado de la
entidad bajo cuya vigilancia hubiere estado el peticionario en el período de
prueba de la libertad condicional o vigilada, si fuere el caso.
5. Comprobación del pago
de los perjuicios civiles cuando fuere posible.
6. Certificado del
Departamento Administrativo de Seguridad y de la Procuraduría General de la
Nación.”.
1.2.
Solicitud
Por considerar que los
apartes normativos demandados contravienen la preceptiva constitucional, la
accionante solicita que, mediante una sentencia de constitucionalidad condicionada,
se determine que “toda sentencia que imponga una condena por primera vez en
segunda instancia, puede ser apelada por el condenado”.
1.3.
Fundamentos del
requerimiento
1.3.1. La actora estima que los preceptos impugnados vulneran
los artículos 13, 29, 31 y 93 de la Carta Política, así como el artículo 8.2.
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 14.5 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
1.3.2. A juicio de la peticionaria, la inconstitucionalidad anterior
se produce porque la normativa demandada no consagra el derecho a apelar los
fallos que fijan una condena por primera vez en la segunda instancia en el
marco de un proceso penal, y de esta forma, desconoce el principio de igualdad
y el derecho al debido proceso.  El déficit anterior configuraría una omisión
legislativa relativa, puesto que el vicio de inconstitucionalidad se predica, no
del contenido positivo de los preceptos atacados, sino de aquel que no fue
previsto y debería estarlo.
1.3.3. El razonamiento de la actora para dar cuenta de la
inconstitucionalidad por omisión, tiene la siguiente estructura:
-
En primer lugar, se postula y
justifica el derecho a impugnar las providencias que dentro de un proceso
penal, revocan un fallo absolutorio dictado previamente, e imponen una sanción
por primera vez en la segunda instancia.
-
En segundo lugar, se identifican
las características que debe tener el recurso mediante el cual se materializa
la prerrogativa anterior, señalando que el mismo debe ser ordinario, accesible,
efectivo, idóneo, y conocido y resuelto por el juez superior.
-
Finalmente, a la luz de los parámetros
anteriores, la peticionaria evalúa la legislación colombiana, concluyendo que
el régimen procesal penal tiene un déficit normativo que configura una omisión
legislativa relativa, por la confluencia de las siguientes circunstancias: (i)
los preceptos demandados, que conforman entre ellos una proposición jurídica
completa, “silencian la posibilidad de poder apelar una sentencia que
condena por primera vez en la segunda instancia”; (ii) el recurso
extraordinario de casación y la acción de revisión, previstos en el derecho
positivo para atacar las decisiones  judiciales referidas anteriormente, no
satisfacen los estándares constitucionales del derecho a la impugnación; (iii)
los elementos omitidos en la ley procesal debían estar contenidos en los
preceptos demandados, pues existe un deber específico impuesto por el
constituyente al legislador de incorporarlos al ordenamiento jurídico, y porque
además, los ingredientes omitidos se refieren a hipótesis asimilables a las
previstas en las disposiciones impugnadas; (iv) la exclusión normativa carece
de un principio de razón suficiente; (v) el silencio normativo genera, para los
casos excluidos de la regulación, una situación de desigualdad negativa.
1.3.4. Con respecto a la primera línea argumentativa, la
actora sostiene que el ordenamiento superior consagra el derecho a impugnar las
sentencias condenatorias, el que a su vez comprende la facultad para controvertir
aquellas providencias que revocan un fallo absolutorio de primera instancia, e
imponen una condena en la segunda.  A su juicio, esta potestad, que haría parte
del derecho al debido proceso, ha sido reconocida tanto por la jurisprudencia
de esta Corporación, como por los organismos de los sistemas mundial y regionales
de derechos humanos.
Así,
por una parte, la actora cita y transcribe apartes de las sentencias C-142 de
1993[1], C-040
de 2002[2]
y C-371 de 2011[3],
para derivar de allí las siguientes conclusiones: (i) todo reo puede atacar la
sentencia condenatoria; (ii) esta facultad se puede ejercer a través de
distintos mecanismos procesales, siempre y cuando estos permitan controvertir
las decisiones judiciales que declaran la responsabilidad penal; (iii) la legislación
puede establecer excepciones a la exigencia de la doble instancia en materia
penal, siempre y cuando sea posible recurrir el contenido y el alcance de las sentencias
condenatorias; (iv) en el contexto de los procesos penales, la facultad referida
tiene un carácter fundamental y no puede ser limitada o exceptuada.
De
igual modo, la accionante efectúa dos tipos de reseñas al derecho internacional
de los derechos humanos, a efectos de derivar de allí el derecho a la
impugnación en los términos indicados anteriormente. Un primer grupo de
referencias apunta a demostrar que los organismos de los sistemas mundial y
regional de derechos humanos han declarado la responsabilidad internacional de
los Estados que restringen o limitan de algún modo el derecho a impugnar las
sentencias condenatorias, tal como ocurrió en el caso Mohamed vs Argentina[4], resuelto
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, la actora transcribe
fragmentos de sentencias de este tribunal[5]
y de consideraciones del Comité Derechos Humanos de la ONU[6], en las que se habría
afirmado, en términos abstractos y generales, lo siguiente: (i) toda persona
que sea condenada por la comisión de un delito tiene derecho a que la pena sea
revisada por un juez superior; (ii) aunque la configuración  específica de los
mecanismos para ejercer esta facultad depende de cada sistema jurídico, en todo
caso se debe garantizar la revisión de la condena; (iii) esta facultad no
admite excepciones y no se agota con la doble instancia.
1.3.5. Una vez postulado el derecho a controvertir las
sentencias de segunda instancia que imponen una condena por primera vez en un
juicio penal, la actora hace una caracterización del recurso mediante el cual
se ejerce la facultad constitucional, indicando que debe tener los siguientes
rasgos: (i) debe ser resuelto por el superior jerárquico de quien profirió el
fallo; (ii) la revisión debe permitir un estudio integral del caso; (iii) el
recurso debe ser eficaz y accesible; (iv) debe ser tramitado y resuelto antes
de que la sentencia quede en firme y tenga efectos de cosa juzgada.
1.3.6. A la luz de las dos premisas anteriores, la accionante
evalúa el esquema procesal penal colombiano, concluyendo que los mecanismos disponibles
en el ordenamiento jurídico colombiano para atacar un fallo que impone por primera
vez una condena en la segunda instancia, desconoce los estándares
constitucionales sobre el debido proceso. En particular, en la demanda se
indican las razones por las que ni el recurso extraordinario de casación, ni la
acción de revisión ni la acción de nulidad tendrían la virtualidad de garantizar
el derecho a la impugnación en el escenario propuesto, así:
-
Con respecto al primero de estos
recursos, se sostiene que aunque ya han sido eliminadas algunas de las barreras
de acceso, establecidas anteriormente en función de criterios como la pena
imponible al hecho punible o el juez competente, aún subsisten las siguientes
limitaciones: (i) la Corte Suprema de Justicia tiene la facultad para
seleccionar discrecionalmente los fallos susceptibles de revisión, y en
ejercicio de esta potestad, algunas providencias pueden ser excluidas del
escrutinio judicial, como cuando se advierte que el demandante carece de
interés en el mismo, cuando no se señale expresamente la causal de casación, o
cuando no se requiere del fallo para cumplir con las finalidades del recurso[7]; (ii) el
diseño del recurso impide al operador jurídico la revisión integral del caso,
pues en términos generales está orientado al control de legalidad, y no a
garantizar la corrección del fallo condenatorio.
-
Por su parte, la acción de
revisión tendría limitaciones insalvables, no solo por la existencia de estrictas
causales de procedencia que restringen el acceso a este dispositivo, sino
además, porque la acción sólo se puede proponer cuando el fallo judicial atacado
ha hecho tránsito a cosa juzgada, cuando justamente, de lo que se trata es de
contar con un recurso que evite la aplicación de un sentencia que impone una
sanción de esta naturaleza.
-
Finalmente, como la acción de
nulidad no se encuentra regulada en la Ley 906 de 2004 como un mecanismo de
impugnación de sentencias, no cabe ningún análisis específico respecto de esta
herramienta procesal.
1.3.7.  En este orden de ideas, al no existir en la
legislación vigente ningún mecanismo idóneo para recurrir las sentencias de
segunda instancia que fijan por primera vez una condena en el marco de un
proceso penal, se configuraría una omisión legislativa, así:
-
Los preceptos demandados conforman
entre ellos una proposición jurídica completa en razón de su vínculo material
“íntimo e inescindible”, cuyo efecto jurídico es el de “impedir que haya una
posibilidad para que el condenado por primera vez en segunda instancia pueda
interponer el recurso de apelación contra esta sentencia”, así: (i) el artículo
20 de la Ley 906 de 2004, referido a la doble instancia, establece que las
sentencias y autos que se refieran a la libertad de imputado o acusado son
susceptibles del recurso de apelación; no obstante, como quiera que el
enunciado no se refiere expresamente a las sentencias que en segunda instancia
condenan a una persona en un proceso penal, implícitamente impide ejercer el
derecho en cuestión respecto de estos fallos; (ii) el artículo 32 del
mismo cuerpo normativo fija el catálogo de competencias de la Corte Suprema de
Justicia, y en particular, la facultad de dicha corporación para resolver los
recursos de apelación contra los autos y las sentencias que profieran en
primera instancia los tribunales superiores, más no para resolver los recursos
en contra de las providencias de segundo grado que condenan por primera vez a
una persona; (iii) el artículo 161 clasifica las providencias judiciales en
autos y sentencias, y define estas últimas como aquellas que deciden objeto del
proceso en única, primera o segunda instancia o en razón de la casación o de la
acción de revisión, sin incluir aquellas que resuelven un recurso contra las
decisiones judiciales que revocan un fallo absolutorio y fijan la
responsabilidad penal en etapas posteriores; (iv) el artículo 176 fija el
catálogo de recursos ordinarios que pueden ser utilizados para atacar las  contra
de las providencias judiciales, y circunscribe la apelación a las sentencias
condenatorias o absolutorias que se dictan en la primera instancia, sin
precisar que procede también frente a las sentencias condenatorias de segundo
grado; (v) el artículo 179 define el trámite del recurso de apelación contra
sentencias, pero tampoco contiene una referencia expresa a la apelación en la
hipótesis analizada; (vi) el artículo 179B consagra el recurso de queja cuando
se deniega el recurso de apelación, pero lo circunscribe a los casos en que la
denegación proviene del juez de primera instancia; (vii) el artículo 194, que
prescribe los requisitos de la acción de revisión, exigiendo que la demanda sea
acompañada de las sentencias de única, primera y segunda instancia, y que no
hace ninguna alusión a los fallos de tercera instancia; (viii) por último, el
artículo 481 de la Ley 906 de 2004 exige para la solicitud de rehabilitación anexar
copias de las sentencias de primera y de segunda instancia, prescindiendo de la
que debería existir cuando se controvierten fallos de segundo grado.
-
Las disposiciones anteriores vulneran
el principio de igualdad previsto en el artículo 13 superior, porque aunque en ellas
se consagra el derecho a apelar las sentencias condenatorias dictadas en primera
instancia, no se hace lo propio con respecto a las providencias de segunda
instancia, pese a que en uno y otro caso se impone una condena, y a que, en
consecuencia, ambas deben ser susceptibles de revisión por un juez superior.
-
Además, ninguna de las razones que
ordinariamente se alegan para justificar la restricción normativa, carecen en
realidad de soporte constitucional, así: (i) el derecho a impugnar fallos
condenatorios constituye uno de los pilares básicos del Estado de Derecho, por
lo que su limitación implica también un desconocimiento de los principios
fundantes del Estado; (ii) no es válido el argumento de que en la segunda
instancia sí se podría restringir el derecho a la impugnación porque el
condenado ya ha contado con el fallo de dos operadores jurídicos distintos, ya
que el derecho al debido proceso debe ser garantizado en todas las etapas del
juicio penal; “por esta razón, la desigualdad no se justifica argumentando
que la impugnación se realiza de maneras diferentes dependiendo de la etapa
procesal, o del momento en el que se produjo la condena”; (iii) tampoco
podría alegarse que  en el derecho comparado o en otros sistemas regionales de
derechos humanos no se consagra el derecho a recurrir las sentencias que
condenan por primera vez a una persona en la segunda instancia, tal como ocurre
en el sistema europeo de derechos humanos, porque en estos sistemas la
excepción tiene un claro fundamento normativo, mientras que ni la Constitución
colombiana ni los instrumentos del sistema mundial e interamericano prevén una
excepción semejante.
1.3.8. De acuerdo con este planteamiento, la accionante
concluye que como la normativa penal no permite interponer el recurso de
apelación en contra de los fallos que imponen por primera vez una condena en un
juicio penal en la segunda instancia, se vulnera la preceptiva constitucional,
así: (i) el derecho a la impugnación previsto en el artículo 29 superior, 8.2
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 14.5 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; (ii) el derecho a la igualdad
previsto en el artículo 13 superior, por establecer un trato diferenciado
injustificado entre quienes son condenados en la primera instancia de un juicio
penal, y aquellos cuya responsabilidad se determina en la segunda instancia;
(iii) la garantía de la doble instancia, contenida en el artículo 31 del texto
constitucional; (iv) la calificación los tratados internacionales de derechos
humanos como referente del juicio de constitucionalidad, establecida en el
artículo 93 dela Carta Política.
En
razón de esta vulneración, según la actora “existe una omisión legislativa
de tipo relativo que la Corte Constitucional tiene capacidad para enmendar”.
2.
Admisión
Mediante auto del 21 de enero
de 2014, el entonces magistrado sustanciador[8]
admitió la demanda y ordenó: (i) correr traslado de la misma al Procurador
General de la Nación, para la presentación del correspondiente concepto; (ii) fijar
en lista la ley acusada para las respectivas intervenciones ciudadanas; (iii) Comunicar
de la iniciación del proceso a la Presidencia de la República, al Congreso de
la República, al Ministerio de Justicia y del Derecho y a la Fiscalía General
de la Nación; (iv) invitar a participar dentro del proceso al Instituto
Colombiano de Derecho Procesal, a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, y a
las facultades de Derecho de las universidades de Antioquia, de los Andes, de
Cartagena, de La Sabana, del Valle, Externado de Colombia, Javeriana, Libre,
Nacional de Colombia, del Rosario, Santo Tomás y Sergio Arboleda.
3.
Intervenciones
3.1.
Intervenciones que
solicitan un fallo inhibitorio (Universidad
Sergio Arboleda[9]
e Instituto Colombiano de Derecho Procesal[10])
Los
intervinientes señalados solicitan un fallo inhibitorio, pues a su juicio,  la
demanda adolece de dos tipos de deficiencias que harían el inviable el juicio
de constitucionalidad propuesto por la accionante.
En
primer lugar, el escrito de acusación habría fallado en la individualización de
las disposiciones acusadas, ya que (i) éstas no tienen el alcance que la
peticionaria les atribuyó, porque ninguna de ellas excluye la posibilidad de
interponer el recurso de apelación contra una sentencia condenatoria que se
profiera por primera vez en la segunda instancia, y de las mismas no se infiere
la prohibición aludida, como erróneamente se asumió en la demanda[11]; además,
(ii) las normas demandadas tampoco conforman una proposición jurídica completa
susceptible de ser confrontada con el ordenamiento superior, y declarada
exequible o inexequible por esta Corporación[12].
En este orden de idas, aun suponiendo que el ordenamiento superior consagra la
facultad que sustenta la pretensión de la demanda, no habría lugar a un
pronunciamiento de fondo por parte de esta Corporación, como quiera que no
fueron controvertidas las disposiciones jurídicas que contienen o de las que se
deriva el presunto déficit normativo de la legislación colombiana.
En
segundo lugar, tampoco se identificó el ingrediente normativo omitido en cada
uno de los preceptos demandados, ni el modo en que cada una de estas omisiones infringe
la preceptiva constitucional. Por el contrario, la peticionaria se limitó a
presentar una acusación global por la falta de implementación de un recurso
análogo a la apelación para atacar las sentencias que en segunda instancia
condenan por primera vez a una persona. Sin embargo, esta objeción resulta
insuficiente para determinar el elemento normativo que debía estar incluido en
los artículos 20, 32, 161, 176, 179, 179b, 194 y 481 de la Ley 906 de 2004 y
para dar cuenta del modo en que este déficit envuelve una vulneración del
ordenamiento superior[13].
Por
tales razones, los intervinientes señalados proponen un fallo inhibitorio.
3.2.
Intervenciones en favor de
la declaratoria de exequibilidad (Universidad
Sergio Arboleda[14],
Ministerio de Justicia y del Derecho[15],
Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional de la Facultad de Derecho
de la Universidad Libre de Bogotá[16],
Universidad del Rosario[17])
Según las entidades indicadas, ninguno de los cargos
formulados en la demanda está llamado a prosperar, y por tanto, las
disposiciones impugnadas deben ser declaradas exequibles.
-
En primer lugar, se argumenta que
la determinación legislativa de circunscribir el recurso de apelación a las
sentencias de primera instancia, y de no hacerlo extensivo a los fallos de
segundo grado, se ampara en la libertad de configuración legislativa, que a la
luz de la propia jurisprudencia constitucional es particularmente amplia cuando
versa sobre la determinación de las reglas de los procesos, y en especial,
sobre el sistema de recursos y medios de defensa frente a las decisiones
judiciales[18].
-
Por otro lado, las acusaciones de
la demanda parten del falso supuesto de que la Carta Política y los
instrumentos internacionales de derechos humanos establecen la facultad de toda
persona de impugnar los fallos condenatorios de segundo grado.
La razón de ello radica en que propiamente hablando,
las sentencias de segunda instancia no son fallos independientes que surgen de
un proceso autónomo, sino que, por el contrario, son el resultado del ejercicio
del derecho de defensa por alguna de las partes respecto de una decisión
judicial inicial, y frente al cual todos los sujetos procesales han tenido la
oportunidad de expresar su criterio, y frente a la cual deben asumir el riesgo
de una decisión adversa a sus intereses: “La decisión que el superior
jerárquico adopta es el resultado (síntesis) del estudio de una propuesta
realizada por el impugnante (tesis) y de una contrapropuesta esbozada por el no
recurrente (antítesis), es decir, de una operación dialéctica en la que las
partes ya han tenido la oportunidad de fijar sus criterios y posturas jurídicas
en torno al punto que se decide”[19].
En otras palabras, el alcance del derecho en cuestión debe establecerse
teniendo como punto de referencia el proceso judicial en su conjunto, y no asimilando
la segunda instancia a un trámite judicial independiente y separado; y en este entendido,
no podría sostenerse que el legislador está constitucionalmente obligado a
diseñar e implementar un recurso ordinario en contra de tales determinaciones
de la justicia penal[20].
Además, el derecho a la impugnación debe articularse con
otros principios que orientan el proceso penal, y en particular, con el
principio de la doble instancia, la seguridad jurídica, y el derecho a una
pronta y cumplida administración de justicia, todos los cuales se verían
seriamente amenazados de acogerse la propuesta hermenéutica de la actora[21].
De hecho, un entendimiento semejante desnaturalizaría
el proceso penal en uno de sus elementos estructurales, como es la doble
instancia, porque en últimas, el juicio penal tendría tres o cuatro instancias[22]. Asimismo,
con la propuesta interpretativa de la accionante, se pondría en una situación
de desventaja a los demás sujetos que intervienen en el proceso judicial, como
es el ente acusador y las víctimas, que en cambio, frente a una sentencia
absolutoria en segunda instancia, no contarían con un recurso semejante al de los
condenados[23].
-
Pero incluso acogiendo la línea
hermenéutica de la demandante, no sería posible arribar a la conclusión sobre
la configuración de una omisión legislativa, como quiera que el punto de
referencia para evaluar el proceso penal es el conjunto de recursos disponibles
en el derecho positivo, como la reposición, la apelación y la casación, y la
acción de revisión.
En este entendido, el recurso extraordinario de
casación y la acción de revisión permiten controvertir las decisiones
judiciales que se producen en etapas posteriores a la primera instancia, y por
esta vía, materializan el derecho a la impugnación de las sentencias que
determinan la responsabilidad penal. En este orden de ideas, y en atención a
que el recurso extraordinario de casación tiene por objeto garantizar la
efectividad del derecho material, el respeto de las garantías de los
intervinientes, la reparación de los agravios inferidos a estos y la
unificación de la jurisprudencia, y a que mediante la acción de revisión se
puede modificar una decisión que ha hecho tránsito a cosa juzgada, la
conclusión ineludible es que la legislación sí prevé el haz de herramientas
procesales que permiten el ejercicio del derecho a la impugnación[24].
-
Finalmente, con respecto al
presunto desbalance que la legislación genera entre las personas que son
condenadas en la primera instancia y las que lo son en la segunda instancia, ya
que mientras las primeras cuentan con un recurso idóneo y expedito como el
recurso de apelación para atacar el fallo incriminatorio, mientras que las
segundas únicamente podrían acudir al recurso extraordinario de apelación o a
la acción de revisión, el mencionado desequilibrio es inexistente, en tanto la
situación de uno y otro sujeto es sustancialmente distinta. En el primer caso,
el condenado no ha contado con la revisión de la decisión por el superior
jerárquico del juez instancia para garantizar que el fallo sea correcto desde
el punto de vista fáctico, probatorio y normativo, mientras que en el segundo
caso, esta necesidad ya ha sido satisfecha, y por tanto, solo habría lugar a
controvertir la decisión en hipótesis excepcionales[25].
3.3.
Intervenciones en favor de
la declaratoria de exequibilidad condicionada (Universidad Santo Tomás)
El interviniente señalado considera que hay lugar a
una sentencia de constitucionalidad condicionada en los términos propuestos por
la parte demandante. A juicio de la entidad, la Carta Política y los
instrumentos internacionales de derechos humanos consagran, de manera clara e
inequívoca, el derecho de las personas a impugnar las sentencias condenatorias,
facultad que a su vez, es distinta e independiente de la garantía de la doble
instancia. Ahora bien, en la medida en que la legislación colombiana únicamente
reconoce este derecho cuando el fallo sancionatorio se produce en la primera
instancia, pero no cuando el proceso tiene una única instancia, ni cuando
siendo de doble instancia la condena se produce por primera vez cuando se
desata el recurso de apelación, y en la medida en que los mecanismos que
eventualmente podría ser utilizados para controvertir un fallo de este tipo, como
el recurso extraordinario de casación o  la acción de revisión, no permiten al
operador jurídico examinar la totalidad de los aspectos fácticos, probatorios y
empíricos con los que podría estar en desacuerdo el condenado, la normatividad
penal resulta contraria al ordenamiento superior en el aspecto señalado, y por
consiguiente, el juez constitucional debe subsanar la deficiencia anterior
mediante un fallo de constitucionalidad condicionada.
4.
Concepto del Ministerio
Público
4.1.
Mediante concepto rendido el día 7
de marzo de 2014, la Procuraduría General de la Nación solicita a esta
Corporación declarar la exequibilidad de los preceptos demandados. Esta
solicitud se sustenta a partir de dos tipos de argumentos.
4.2.
La primera aproximación apunta a
demostrar que este tribunal ha dado un alcance restringido al derecho
constitucional a la impugnación por asimilarlo y subsumirlo en la garantía de
la doble instancia, y que no sería consistente con esta línea interpretativa
postular la facultad para controvertir los fallos que imponen una condena por
primera vez en la segunda instancia.
La
Vista Fiscal aclara que este entendimiento es inadecuado porque asimila dos
imperativos constitucionales autónomos, cuyo contenido y alcance difiere desde
múltiples perspectivas: (i) mientras la facultad de impugnación tiene un sujeto
activo calificado, a saber, el reo, la doble instancia ampara a todos los
sujetos que hacen parte un proceso judicial; (ii) mientras el primero de estos
derechos tiene como fundamento normativo el artículo 29 de la Carta Política y
el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la
doble instancia se sustenta en el artículo 31 superior y en el artículo 8.2 de
la Convención Americana de Derechos Humanos, (iii) mientras el derecho a la
impugnación se ejerce en contra de los fallos que tienen una connotación
condenatoria, la doble instancia opera independientemente del contenido del
fallo judicial; (iv) mientras la impugnación debe ser resuelta por las
instancias judiciales que se establezcan en el derecho interno de cada país, la
doble instancia, al implicar el uso del recurso de apelación, debe ser resuelto
necesariamente por el juez superior; (v) finalmente, mientras el primero de
estos derechos atiende al principio de favorabilidad, la doble instancia persigue
la garantía de la verdad material.
En
síntesis, la Procuraduría argumenta que a la luz de una errada pero consolidada
línea jurisprudencia dentro la cual el único efecto jurídico del derecho
previsto en el artículo 29 superior es la exigencia de la doble instancia, no
sería posible afirmar la inconstitucionalidad de las normas que no prevén una
vía procesal para atacar las sentencias condenatorias de segundo grado.
4.3.
La segunda línea argumentativa
apunta a demostrar que el derecho positivo consagra todas las herramientas
procesales necesarias para el ejercicio del derecho a la impugnación en el
evento planteado por la accionante. A juicio de la entidad, la facultad
constitucional no se garantiza únicamente mediante el recurso de apelación,
sino también a través de mecanismos alternativos como el recurso extraordinario
de casación y la acción de tutela. La idoneidad del primero de estos se
explica, por un lado, porque dentro de su configuración actual, el recurso no
persigue sólo la unificación jurisprudencial, como ocurría anteriormente, sino
la efectividad del derecho material, y en especial, de los derechos
fundamentales; a esto se une la circunstancia de que la propia Corte
Constitucional ha potenciado la amplitud de este dispositivo, al determinar que
la Corte Suprema de Justicia como órgano encargado de operar esta herramienta,
debe actuar oficiosamente cuando advierta la vulneración de los derechos
fundamentales. Algo semejante ocurre con la acción de tutela, mediante la cual
el condenado puede oponerse a las decisiones judiciales que han resuelto
inadecuadamente el recurso extraordinario de casación.
En definitiva, el
ordenamiento jurídico colombiano sí contiene los dispositivos que materializan
el derecho del condenado a impugnar los fallos sancionatorios que, en el
contexto de un juicio penal, imponen la sanción por primera vez en la segunda
instancia.
4.4.
Con fundamento en estas
consideraciones, la Procuraduría General de la Nación solicita la declaratoria
de exequibilidad de la normativa demandada.
II.
CONSIDERACIONES
1.
Competencia
En virtud del artículo 241.4
de la Carta Política, esta Corporación es competente para pronunciarse sobre la
exequibilidad de las disposiciones demandadas, como como quiera se trata de
enunciados contenidos en una ley de la República.
2.
Asuntos a resolver
3.
De acuerdo con los
antecedentes expuestos, la Corte debe resolver los siguientes asuntos.
En primer lugar, en la medida
en que la Universidad Sergio Arboleda y el Instituto Colombiano de Derecho
Procesal estiman que esta Corporación debía inhibirse de fallar de fondo por una
presunta ineptitud sustantiva de la demanda, se evaluará la viabilidad del
juicio de constitucionalidad, a partir de los cuestionamientos esbozados por
estas entidades.
Y en segundo lugar, en caso
de dar una respuesta afirmativa al interrogante anterior, se evaluaran las
acusaciones propuestas por la accionante en contra de los artículos 20, 32, 161,
176, 179, 179B, 194 y 481 de la Ley 906 de 2004, por la presunta afectación del
principio de igualdad y del derecho al debido proceso.
4.
Aptitud de la demanda
4.1.
Tal como se expresó en los acápites
precedentes, en el auto admisorio de la demanda, el magistrado sustanciador
efectuó una valoración provisional del escrito de acusación, concluyendo que,
en principio, la Corte era competente para evaluar los requerimientos allí
contenidos, y que los cargos formulados en contra de las disposiciones
impugnadas admitían un pronunciamiento de fondo. Posteriormente, sin embargo,
algunos de los intervinientes consideraron que había lugar a un fallo
inhibitorio, por ineptitud sustantiva de la demanda. En este contexto, la Corte
deberá determinar la procedencia del examen propuesto por la peticionaria,
teniendo en cuenta las objeciones planteadas en el proceso.
Estos
reparos son de dos tipos: (i) En primer lugar, se cuestiona la individualización
de los preceptos demandados, en tanto ninguno de estos prohíbe atacar las
sentencias condenatorias, ni de los mismos, considerados aislada o
conjuntamente, se deriva tal restricción, como supuso erróneamente la actora;
es decir, independientemente del debate sobre la existencia de un derecho a
controvertir  los fallos que imponen una condena por primera vez en la segunda
instancia de un juicio penal, la Corte no podría pronunciarse sobre la
exequibilidad de los preceptos acusados, porque estos regulan cuestiones ajenas
a la presunta limitación normativa que la actora estima como contraria al
ordenamiento superior. Por lo demás, las disposiciones demandadas tendrían
contenidos normativos distintos entre sí, y no conformarían entre ellas una
proposición jurídica completa, susceptible de control judicial; (ii) y en
segundo lugar, la accionante habría fallado al efectuar un análisis global de
todas las disposiciones demandadas, sin indicar el elemento normativo
presuntamente omitido ni las razones de la inconstitucionalidad de cada una de
estas prescripciones.
La
Corte procede entonces a valorar cada una de estos señalamientos.
4.2.
En primer lugar, algunos
intervinientes alegaron una supuesta incongruencia en el escrito de acusación,
pues mientras el requerimiento de la actora apunta a la expulsión del sistema
jurídico de aquellos preceptos que hacen nugatorio el derecho a impugnar las
sentencias condenatorias, las disposiciones demandadas no contienen ninguna
prohibición o limitación en este sentido, e incluso, regulan materias ajenas a
este tópico, como la posibilidad de apelar sentencias y autos que se refieran a
la libertad del imputado o acusado (art. 20 C.P.P.), la competencia de la Corte
Suprema de Justicia para resolver recursos de apelación contra autos y
sentencias que profieran en primera instancia los tribunales superiores (art.
32.3 C.P.P.), la clasificación de las providencias judiciales (art. 161.1
C.P.P.), el alcance y el trámite del recurso de apelación (arts. 176 y 179 C.P.P.),
el objeto del recurso de queja (art. 179B C.P.P.), los anexos a la demanda de
casación (art. 194 C.P.P.), o los anexos a la solicitud de rehabilitación (art.
481 C.P.P.). Adicionalmente, en la medida en que estas normas tienen contenidos
regulativos distintos entre sí, no sería viable un pronunciamiento sobre una
proposición jurídica inexistente.
La
Corte estima, sin embargo, que este reproche al escrito de acusación prescinde
de tres particularidades relevantes de la demanda.
-
Por un lado, como a juicio de la
peticionaria el presunto déficit de la legislación procesal penal consiste en
una omisión, no puede pretenderse que la proposición jurídica objeto del juicio
de constitucionalidad se obtenga a partir del contenido positivo de las
disposiciones demandadas, sino justamente, del silencio normativo. Es decir,
como la presunta falencia se habría producido por  una reserva indebida del legislador,
el análisis de la Corte para determinar la viabilidad del juicio de validez
debe estar orientado a establecer si las disposiciones demandadas constituían
el escenario idóneo para introducir los elementos normativos cuya ausencia se
considera incompatible con el ordenamiento superior, y si efectivamente se
presenta el silencio invocado por la actora; es decir, si el efecto jurídico
del silencio legislativo es la imposibilidad de ejercer la prerrogativa
constitucional prevista en el artículo 29 superior.
Y
justamente, la Corte encuentra que la accionante impugnó distintos preceptos del
Código de Procedimiento Penal que, en principio, eran los llamados a
materializar el derecho a oponerse a los fallos incriminatorios, y que pese a
lo anterior, se abstuvieron de regular esta materia.
Así,
la accionante demandó disposiciones jurídicas referidas a los siguientes
núcleos temáticos: (i) Por un lado, los recursos en contra de las decisiones
judiciales del proceso penal, tal como ocurre con los artículos 20 (recurso de
apelación), 176 (recursos  contra providencias), 179 (recurso de apelación) y
179B (recurso de queja); ninguna de estas disposiciones contempla un recurso
ordinario que tenga por objeto cuestionar las sentencias que revocan un fallo
absolutorio e imponen una condena; (ii) por otro lado, las competencias de los
órganos judiciales que resuelven los recursos, tal como sucede con el artículo
32, referido a las competencias de la Corte Suprema de Justicia; ninguno de
estos preceptos asigna a un órgano judicial la competencia para resolver los
recursos en contra de las providencias condenatorias de segundo grado; (iii) y
finalmente, se encuentran prescripciones referidas a otras materias, pero que
pese a lo anterior, tienen una relación tangencial con el derecho que a juicio
de la actora fue transgredido; en este sentido, se encuentran los artículos 184
y 481 de la Ley 906 de 2004, que al regular el recurso de queja y la solicitud
de rehabilitación, exigen anexar  las sentencias que resuelven el objeto del
proceso, sin hacer ninguna mención a las providencias que resuelven el recurso
mediante el cual se ejercer el derecho a la impugnación en el supuesto fáctico
planteado por la actora.
En
este orden de ideas, aunque ninguno de estos enunciados prohíbe expresamente
ejercer el derecho de oponerse a las primeras condenas en el proceso penal,
éstos sí constituían el marco normativo idóneo para la regulación de tal
prerrogativa, pese a lo cual, tal desarrollo normativo no se efectuó. Por este
motivo, la indicación de las normas demandadas guarda correspondencia con la
pretensión del escrito de acusación.
-
Por otro lado, en la medida en que
no existe una única disposición de la Ley 906 de 2004 que prohíba expresamente recurrir
las sentencias que determinan por primera vez la responsabilidad penal en la
segunda instancia, para evaluar la viabilidad del juicio de constitucionalidad,
la pregunta relevante es si el efecto jurídico de la integración del contenido
negativo de los preceptos legales impugnados, es la imposibilidad de ejercer el
derecho a la impugnación en la hipótesis abstracta propuesta por la actora, es
decir, si el entramado normativo fija indirectamente la salvedad reseñada. Y en
este sentido, la Corte encuentra que efectivamente, de las disposiciones se
infiere razonablemente la imposibilidad de atacar los fallos condenatorios de
segunda instancia mediante un mecanismo equiparable a la apelación, por las
razones indicadas anteriormente.
-
Finalmente, como a juicio de la
accionante el elemento normativo presuntamente omitido en la legislación se
refiere a la previsión de un recurso que permita el ejercicio del derecho a la
impugnación, y como a su vez, el diseño e implementación de un mecanismo
semejante se proyecta en todo el proceso penal, como en la estructura del
juicio, las competencias de los órganos judiciales, los tipos de providencias,
entre otros, la sola circunstancia de que la inconstitucionalidad se predique
de disposiciones aparentemente inconexas entre sí, no invalida por sí sola el
juicio de validez, porque, tal como se expresó, el efecto jurídico de la
articulación de todas estas, es la imposibilidad de apelarla sentencia que impone
una condena por primera vez en la segunda instancia.
Así
las cosas, las objeciones de los intervinientes relacionadas con la indebida
individualización de las disposiciones demandadas, no están llamadas a
prosperar.
4.3.
Tampoco es procedente la censura sobre
la inexistencia de un reproche específico en relación con cada una de las
disposiciones acusadas.
Esta
apreciación prescinde de la estructura del argumento que soporta la pretensión
de la actora. En el escrito de acusación se efectuaron dos tipos de
aproximaciones: de una parte, se afirma y justifica la existencia de un derecho
constitucional de controvertir las sentencias que en el marco de un proceso
penal, revocan un fallo absolutorio e imponen una condena por primera vez en la
segunda instancia, así como el deber correlativo del legislador de materializar
esta prerrogativa iusfundamental en el juicio penal, a través de un mecanismo
procesal ordinario, accesible, efectivo, y susceptible de revisión por el juez
superior. A partir de esta premisa, la peticionaria evalúa la legislación
colombiana, concluyendo que ni el recurso extraordinario de casación ni la
acción de revisión satisfacen estas condiciones, y que los artículos
demandados, que constituían el escenario idóneo para implementar el dispositivo
procesal aludido, no contienen ninguna previsión en este sentido.
La
circunstancia anterior explica el carácter global de las consideraciones de la
demanda que, o apuntan a demostrar la premisa básica a la luz de la cual se
estructura la acusación, o se orientan a demostrar que los recursos disponibles
en el derecho positivo colombiano no satisfacen los requerimientos básicos de
este derecho.
Solo
después de este análisis tenía sentido emprender el examen individualizado de
las disposiciones demandadas, y en este nivel de la argumentación, la demanda
sí se refiere puntualmente a cada una de las disposiciones impugnadas,
indicando cómo de la articulación de todas ellas se deriva la imposibilidad de
contar con una herramienta equiparable a la apelación para atacar los fallos
condenatorios en la hipótesis abstracta planteada por la actora, así como el
ingrediente normativo omitido en cada una de tales normas. Por tan solo
mencionar algunos ejemplos, en la demanda se afirma que el artículo 20
establece genéricamente que las sentencias y autos referidos a la libertad del
imputado o acusado son susceptibles del recurso de apelación, pero no aclara
que este mecanismo opera incluso respecto de los fallos de segunda instancia;
del artículo 32 se afirma que la ley atribuye a la Corte Suprema de Justicia la
competencia para resolver los recursos de apelación contra sentencias de
primera instancia de los tribunales superiores, pero no la de resolver aquellos
que atacan fallos de segundo grado; con respecto al artículo 161 se sostiene
que en la clasificación de las providencias judiciales, la norma solo se
refiere a las sentencias de primera y segunda instancia, pero no a las de
tercera instancia; también se alega que el artículo 171 falló al no aclarar que
la apelación procede incluso frente a sentencias condenatorias de segunda
instancia que determinan por primera vez la responsabilidad penal; por su
parte, el déficit del artículo 179B habría consistido en otorgar al recurso de
queja un alcance muy limitado, porque no aclara que este mecanismo procede
cuando se deniega un recurso de apelación contra una sentencia que revoca un
fallo absolutorio e impone una sanción en la segunda instancia; el artículo 194
contemplaría una limitación análoga a las anteriores, porque al regular los
requisitos de la acción de revisión, circunscribe esta vía procesal a las
sentencias de primero y segundo grado, y no las que, en ejercicio del derecho a
la impugnación, implican una tercera instancia; finalmente, la actora advierte
que cuando el artículo 481 exige la presentación de las copias de las
providencias que resuelven el objeto del proceso penal para solicitar la
rehabilitación, el legislador asume que ningún juicio penal tiene más de dos
instancias, y que por tanto, no son viables los recursos ordinarios en contra
de las sentencias condenatorias de segunda instancia.
En
definitiva, el cuestionamiento de los intervinientes a la suficiencia de los
cargos de la demanda no tiene asidero porque no corresponde a la realidad del
escrito de acusación, y porque además, las reflexiones que no se referían
directa e individualmente a los preceptos demandados, constituían parte
esencial de la acusación.
4.4.
En conclusión, la Corte estima que
los cargos de la demanda no adolecen de las falencias señaladas por los
intervinientes que solicitaron un fallo inhibitorio, y que por tanto, hay lugar
a un pronunciamiento de fondo.
5.
Planteamiento del problema
y metodología de resolución
Una
vez descartada la solicitud de un fallo inhibitorio, la Corte debe precisar el
objeto del juicio de constitucionalidad. De los antecedentes expuestos, resulta
claro que la controversia jurídica gira en torno a la constitucionalidad de la
solución que la legislación ofrece a la hipótesis abstracta planteada por la
accionante, en la que confluyen tres elementos: (i) la existencia de un proceso
penal; (ii) el juez de primera instancia absuelve al acusado; (iii) el juez de
segunda instancia  revoca el fallo anterior, e impone una condena.
A
juicio de la peticionaria y de la Universidad Santo Tomás, existe una
incompatibilidad entre la solución del derecho positivo para este supuesto
fáctico, y las directrices del ordenamiento constitucional. En efecto, mientras
a la luz de la Carta Política y de los instrumentos que integran el bloque de
constitucionalidad, en eventos como este el condenado debe tener la posibilidad
de recurrir la sentencia incriminatoria por medio de un recurso equivalente a
la apelación, la Ley 906 de 2004 no otorga un recurso semejante, sino
únicamente herramientas procesales de alcance y utilidad reducida, como el recurso
extraordinario de casación, la acción de tutela contra providencias judiciales,
o la acción de revisión, que no dan lugar a un nuevo examen integral del caso,
sino únicamente al análisis del fallo judicial atacado por el condenado a
partir de un conjunto cerrado y limitado de vicios establecidos previamente en
el derecho positivo.
Por
el contrario, según la Vista Fiscal y los intervinientes que solicitan la
declaratoria de exequibilidad de la normativa demandada, tal contradicción es
inexistente, toda vez que el texto constitucional no consagra el derecho a
controvertir las sentencias condenatorias de segunda instancia, y por cuanto,
además, la ley procesal ofrece un amplio repertorio de herramientas procesales diseñadas
para atacar el contenido y las bases de los referidos fallos judiciales.
Así
las cosas, los problemas jurídicos que subyacen a esta controversia son dos:
(i) en primer lugar, si el ordenamiento superior consagra o si de éste se
desprende un derecho a impugnar las sentencias que en el marco de un juicio
penal, imponen una condena por primera vez en la segunda instancia; (ii) y en
segundo lugar, los estándares a los que se debe someter el legislador al
diseñar las herramientas procesales que materializan la facultad anterior, y en
particular, la naturaleza y el tipo de examen o análisis que debe efectuar el
operador jurídico encargado de la revisión del fallo incriminatorio.
Así
las cosas, para determinar la constitucionalidad de los preceptos acusados, se
seguirá el siguiente procedimiento:
Primero,
como quiera que el debate jurídico se estructura en torno al derecho a la
impugnación, se hará una breve caracterización del mismo, indicando su objeto,
status o condición jurídica, sujeto activo, ámbito de aplicación, contenido,
objeto y finalidad, así como su relación con la garantía de la doble instancia.
En
segundo lugar, con fundamento en las consideraciones anteriores, se resolverán
los dos problemas jurídicos de los que depende la solución del caso, relativos
al alcance del derecho a la impugnación y del recurso mediante el cual se
materializa, en la hipótesis propuesta por la accionante.
Finalmente,
a la luz de los estándares constitucionales definidos en el acápite anterior, (i)
se evaluarán los cargos de la demanda por la presunta infracción del principio
de igualdad y del derecho al debido proceso, por los artículos 20, 32, 161,
176, 179B, 194 y 481 de la Ley 906 de 2004; y, en caso de concluir que las
acusaciones están llamadas a prosperar, (ii) se establecerá si el déficit
normativo anterior puede ser subsanado directamente por el juez constitucional
mediante una sentencia de exequibilidad condicionada, en los términos
propuestos por la accionante.
6.
El derecho a la impugnación
de las sentencias condenatorias
6.1.
Fundamento normativo. El derecho a la impugnación se encuentra previsto en
tres disposiciones del ordenamiento superior, así: (i) por un lado, el artículo
29 del texto constitucional, al definir los lineamientos básicos del derecho al
debido proceso, establece que “toda persona (…) tiene derecho (…) a impugnar
la sentencia condenatoria”[26];
(ii) por su parte, en el marco de las garantías judiciales, el artículo
8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone que “toda
persona inculpada de delito tiene el (…) derecho de recurrir del fallo ante
juez o tribunal superior”[27];
(iii) y el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
establece que “toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a
que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un
tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley”[28].
5.2.
Status o condición jurídica. Tanto la Carta Política como los instrumentos
internacionales de derechos humanos han calificado la impugnación de los fallos
condenatorios como un derecho subjetivo que integra el núcleo básico del
derecho de defensa. Es así como el artículo 29 de la Carta Política
establece que toda persona tiene “derecho” a impugnar las sentencias
condenatorias, el artículo 14.5 del PIDCP le asigna la condición de “derecho”
en cabeza de toda persona declarada culpable de un delito, y el artículo 8.2.h
de la CADH establece que toda persona tiene “derecho” a recurrir el fallo ante
juez o tribunal superior. Se trata entonces de un derecho constitucional y
convencional, cuyo sujeto activo es la persona que ha sido condenada en un
proceso penal.
Esta calificación de la
impugnación como un derecho subjetivo de naturaleza constitucional y
convencional tiene relevancia y transcendencia jurídica, toda vez que esta
Corporación ha entendido que las facultades normativas del legislador difieren
según el status o condición jurídica de la institución regulada, y que mientras
los principios o directrices generales establecidas en la Carta Política
eventualmente podrían ser objeto de limitaciones, salvedades o excepciones,
esta posibilidad se encuentra vedada respecto de los derechos fundamentales.
Esta consideración explica,
por ejemplo, que este tribunal haya avalado el diseño legislativo de algunos
procesos judiciales de única instancia, porque aun cuando ello implica una
limitación a la garantía de la doble instancia, ésta tiene el status de una
orientación general que no tiene un carácter absoluto.
Es así como en distintas
oportunidades este tribunal ha declarado la exequibilidad de las normas que
establecen procesos judiciales de única instancia en materia civil, penal o
disciplinaria, sobre la base de que la garantía de la doble instancia
constituye un principio general cuya configuración específica corresponde al
legislador. En materia penal, por ejemplo, la Corte ha considerado que los
procesos penales de única instancia para los aforados no vulnera el derecho al
debido proceso, en la medida en que la restricción al referido principio tiene
como contrapartida otros beneficios con los que no se cuenta de ordinario, como
el hecho de ser investigado y juzgado por órganos calificados que están a la
cabeza de la jurisdicción, y que tienen un carácter colegiado[29]. La Corte ha seguido una
línea argumentativa semejante al evaluar la validez de las normas que
establecen una única instancia para los procesos verbales sumarios[30], el proceso
de pérdida de investidura[31],
los litigios sobre la custodia y cuidado personal de menores de edad y el
permiso de salida del país de los mismos[32]
y algunos tipos de procesos en la jurisdicción de lo contencioso administrativo[33].
Esta razón que se ha invocado
para avalar las limitaciones al principio de la doble instancia, sin embargo, no
podría ser utilizada para justificar las restricciones al derecho a la
impugnación, justamente, por tratarse de un derecho de naturaleza y rango
constitucional. No obstante, hasta el momento la Corte se ha abstenido de
abordar directa y expresamente esta cuestión, porque, tal como lo puso de
presente la Procuraduría General de la Nación, esta corporación ha concentrado
su atención en el principio de la doble instancia, y porque implícitamente ha
entendido que la impugnación se encuentra subsumida dentro de aquella otra
garantía.
5.3.
Ámbito de acción. Tal como se desprende de la normativa reseñada, el
derecho a la impugnación ha sido concebido para el proceso penal. Así, el
artículo 29 del texto constitucional delimitó su alcance al aclarar que la
prerrogativa en cuestión opera “en materia penal”, y al determinar que
la facultad se ejerce respecto de la “sentencia condenatoria”, propia de
este tipo de juicios. Por su parte, la CADH establece expresamente que esta prerrogativa
está en cabeza de “toda persona inculpada de delito”. Y dentro de esta
misma lógica, el PIDCP reserva este derecho a “la persona declarada culpable
de delito”. De este modo, el escenario propio la facultad de impugnación es
el proceso penal.
Esto
se explica por la circunstancia de que es justamente en el contexto del juicio
penal en el que el Estado despliega su mayor poder represivo, y en el que, por
consiguiente, se produce una mayor potencial afectación de los derechos
fundamentales, y por tanto, una garantía reforzada de defensa frente a los
actos incriminatorios.
Por ello, las decisiones de
los jueces constitucionales y de los organismos de los sistemas mundial y
regionales de derechos humanos relativas al derecho a la impugnación, se han
producido en este contexto específico. Así, en el marco del control abstracto,
las decisiones de la Corte Constitucional en esta materia han tenido por objeto
determinar la constitucionalidad de las disposiciones legales que de algún modo
podrían implicar la limitación o restricción de la facultad de impugnación en
el proceso penal. Cuestiones como la facultad del juez extraordinario de
casación para revocar los fallos absolutorios de instancia e imponer una
condena en esa etapa procesal[34],
o la existencia de procesos penales de única instancia para el juzgamiento de
niños entre los 12 y los 18 años[35]
o para los aforados constitucionales[36],
han constituido el escenario propio para el desarrollo jurisprudencial del
referido derecho.
Aunque en ocasiones esta
Corporación ha postulado el derecho a la impugnación en otros espacios[37],
especialmente en el terreno del derecho sancionatorio disciplinario, esto se ha
hecho a modo de prolongación o extensión de un derecho cuyo contexto específico
y propio es el juicio penal[38].
Asimismo,
el Comité de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han
circunscrito esta prerrogativa al terreno penal, y el examen sobre su
vulneración en casos concretos se ha producido en este contexto particular.
Así, en la Observación General No. 32 del Comité Derechos Humanos se definió el
ámbito de acción de este derecho, aclarando que “la garantía (…) no se
aplica a los procedimientos para determinar los derechos y obligaciones de
carácter civil ni a ningún otro procedimiento que no forme parte de un proceso
de apelación penal, como los recursos de amparo constitucional”.
Por
su parte, las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los
casos contenciosos referidas a este derecho, se han producido en este mismo
escenario, y de manera uniforme y pacífica se ha circunscrito este derecho al ámbito
penal. Es así como este tribunal ha determinado la responsabilidad de los
Estados en casos en que la impugnación de un fallo condenatorio en contra de un
civil es ejercido ante órganos que integran la estructura militar[39], en los que
el juicio penal tiene una única instancia[40],
en los que se obstaculiza la referida facultad porque no se notifica
debidamente la sentencia condenatoria[41],
o en los que el ordenamiento jurídico no permite controvertir un fallo que
revoca una sentencia absolutoria e impone la sanción penal por primera vez en
la segunda instancia[42].
5.4.
Contenido. El derecho a la impugnación otorga la facultad a las
personas que sido condenadas en un juicio penal controvertir el fallo incriminatorio
ante una instancia judicial distinta de quien dictó la providencia, es decir,
para atacar las bases y el contenido de la sentencia que determina su
responsabilidad penal y que le atribuye la correspondiente sanción. Por este
motivo, el artículo 29 de la Carta Política se refiere a la posibilidad de
“impugnar”, el artículo 8.2.h. de la CADH a la facultad para “recurrir”, y el
artículo 14.5 del PIDCP, al derecho de “someter a tribunal superior” el
correspondiente fallo.
Ahora
bien, en la medida en que tanto el texto constitucional como los instrumentos
internacionales de derechos humanos reseñados se refieren genéricamente a la
facultad de “impugnar”, “recurrir” y de “someter a tribunal superior” la
providencia incriminatoria, y en la medida en que esta prerrogativa tiene por
objeto brindar una garantía especial y reforzada de defensa, se ha entendido
que los titulares de esta prerrogativa pueden atacar ampliamente y sin
restricciones de orden material el contenido y las bases de la decisión judicial,
y que además, el examen que se suscita con ocasión del recurso, debe comprender
todos los elementos determinantes de la providencia.
Los
órganos de los sistemas mundial y regionales de derechos humanos han acogido expresamente
estos estándares, y con fundamento en ellos han evaluado el diseño legislativo
de los juicios penales, así como su aplicación en casos concretos.
Es
así como la Observación General Nampo. 32 del Comité de Derechos Humanos ha definido
el alcance de la revisión de la decisión condenatoria, enfatizando que ésta
debe tener dimensión sustancial y no meramente formal, y que el análisis se
debe extender no solo a los fundamentos normativos del fallo incriminatorio,
sino también a los  elementos de prueba y a los hechos que sirvieron de base a
la condena: “El derecho de toda persona a que el fallo condenatorio y la
pena impuesta se sometan a una tribunal superior, establecido en el párrafo 5
del artículo 14, impone al Estado Parte la obligación de revisar
sustancialmente el fallo condenatorio y la pena, en lo relativo a la
suficiencia tanto de las pruebas como de la legislación, de modo que el
procedimiento permite tomar debidamente en consideración la naturaleza de la
causa. Una revisión que se limite a los aspectos formales o jurídicos de la
condena solamente no es suficiente a tenor del Pacto. Sin embargo, el párrafo 5
del artículo 14 no exige un nuevo juicio o una nueva ‘audiencia’ si el tribunal
que realiza la revisión puede estudiar los hechos de la causa. Así pues, por
ejemplo, no se viola el Pacto si un tribunal de instancia superior examina con
todo detalle las alegaciones contra una persona declarada culpable, analiza los
elementos de prueba que se presentaron en el juicio y los mencionados en la
apelación y llega a la conclusión de que hubo suficientes pruebas de cargo para
justificar el dictamen de culpabilidad en el caso de que se trata”.
Con
base en esta directriz, el Comité ha evaluado el uso que en casos concretos se
ha dado a los mecanismos procesales que canalizan el derecho a la impugnación,
y ha determinado la responsabilidad de los Estados por la transgresión del
artículo 14.5 del PIDCP.
El
supuesto que subyace a este tipo de escrutinio, es que el condenado debe poder
cuestionar la decisión judicial y todos sus elementos determinantes, y que el
análisis del juez debe versar sobre todas las bases normativas, probatorias y
fácticas de la sentencia. En este entendido, cuando la revisión recae sobre  aspectos
puntuales del fallo, y no permite una nueva aproximación a la causa considerada
en su conjunto, no garantiza adecuadamente el derecho consagrado en el artículo
14.5 del PIDCP. Y a la inversa, cuando el operador jurídico encargado de la
revisión de la sentencia condenatoria está dotado de amplias facultades para
evaluar nuevamente todos los aspectos que tienen repercusión en la decisión
judicial, y efectivamente hace uso de tales prerrogativas, no se configura una
vulneración del derecho convencional anotado.
Es así como en las
comunicaciones en los casos Cesario Gómez Vásquez c. España[43] y
Domukovsky y otros c. Georgia[44],
el Comité declaró la responsabilidad del Estado por la transgresión del
artículo 14.5 del PIDCP. En el primer caso, la revisión de la providencia en
sede de casación versó sobre aspectos meramente formales y normativos, y
excluyó de plano el análisis de los hechos y de las pruebas con fundamento en
los cuales se declaró la responsabilidad penal, pese a que el condenado
cuestionó todos estos elementos del fallo[45].
Y en el segundo caso, se consideró que el examen de la condena versó
exclusivamente sobre cuestiones de derecho, y que este ejercicio analítico no
respondía a la naturaleza del derecho convencional referido[46].
Y a la inversa, cuando el
Comité encuentra que la revisión de la sentencia condenatoria ha tenido
suficiente amplitud para dar cabida a todos los cuestionamientos del condenado,
se ha abstenido de declarar la responsabilidad del Estado por la vulneración del
artículo 14.5 del PIDCP.
En el caso Pérez Escolar
c. España[47],
por ejemplo, el Comité conoció de la condena impuesta al ciudadano español
por la Audiencia Nacional con ocasión de su gestión en el Consejo de
Administración del Banco Español de Crédito (BANESTO), por la comisión de los
delitos de estafa y de apropiación indebida, en un juicio de única instancia.
No obstante, en atención a que según la legislación interna del Estado español
el condenado podía interponer el recurso de casación, y a que en el marco de
este recurso, el juez valoró todas las presuntas irregularidades denunciadas
por el recurrente, efectuando un examen detallado y minucioso de los hechos
relevantes del caso, del material probatorio allegado al proceso, y de las
normas con fundamento en las cuales se impuso la sanción, el referido organismo
concluyó que no se había desconocido la facultad convencional: “El Comité
observa que varios de los motivos de casación que el autor planteó ante el
Tribunal Supremo, se referían a  presuntos errores de hecho en la apreciación
de las pruebas y vulneración del principio de presunción de inocencia. Del
fallo del Tribunal Supremo se desprende que éste examinó con detenimiento las
alegaciones del autor, analizó los elementos de prueba existentes en el proceso
y aquellos otros a los que el autor se refirió en su recurso y consideró que
existía amplia prueba de cargo incriminatoria como para descartar la existencia
de errores en la apreciación de la prueba y contrarrestar la presunción de
inocencia del autor. El Comité concluye que esta parte de la queja relativa a
la presunta violación del párrafo 5 del artículo 14 no ha sido fundamentada
suficientemente por el autor”. Esta misma línea se reiteró en la
comunicación 1892 de 2009, en el caso JJUB c. España.
Por su parte, en el caso Lumley
vs Jamaica[48],
se evaluó el caso de una persona que fue condenada por los delitos de robo
y agresión a mano armada a las penas de 15 y nueve años respectivamente, que
cumpliría de manera simultánea, y que tras haber recurrido el fallo, el recurso
correspondiente fue desestimado. El Comité concluyó que el Estado jamaiquino no
había desconocido el derecho previsto en el artículo 14.5 del PIDCP, porque la decisión
desestimatoria estuvo precedida de un amplio análisis del material probatorio,
de la forma en que el juez de instancia interpretó el orden jurídico, y de las
instrucciones dadas por el juez al jurado, y en general, de un examen minucioso
de todos los elementos relevantes que incidían en la condena[49].
La Corte Interamericana de
Derechos Humanos, por su parte, ha adoptado unos criterios semejantes. En este
sentido, se ha entendido que sin perjuicio del amplio margen de configuración
con el que cuentan los Estados para diseñar el sistema recursivo en los juicios
penales, la vía procesal a través de la cual se ejerce el derecho a la
impugnación debe permitir un nuevo análisis de todos aquellos aspectos alegados
por el recurrente que puedan tener repercusión en la decisión judicial, tanto
de índole normativa, como de índole fáctica y probatoria: “Debe entenderse
que, independientemente del régimen o sistema recursivo que adopten los Estados
Partes y de la denominación que den al medio de impugnación de la sentencia
condenatoria, para que éste sea eficaz debe constituir un medio adecuado para
procurar la corrección de una sentencia errónea. Ello requiere que pueda
analizar cuestiones fácticas, probatorias y  jurídicas en que se basa la
sentencia impugnada, puesto que en la actividad jurisdiccional existe una
interdependencia entre las determinaciones fácticas y la aplicación del
derecho, de forma tal que una errónea determinación de los hechos implica una
errada o indebida aplicación del derecho. Consecuentemente, las causales de
procedencia del recurso deben posibilitar un control amplio de los aspectos
impugnados en la sentencia condenatoria (…) lo cual no implica que deba
realizarse un nuevo juicio oral”[50].
A partir de estos estándares,
en los casos contenciosos la Corte Interamericana ha evaluado el presunto
desconocimiento del derecho a la revisión judicial de fallos condenatorios.
En el caso Herrera Ulloa
vs Costa Rica, el periodista condenado por el delito de difamación solo
pudo controvertir la decisión judicial mediante el recurso de casación, que a
la luz de la legislación costarricense, únicamente tiene por objeto determinar
si la providencia recurrida incurrió en alguna de las causales señaladas
taxativamente en la ley[51].
Pese a que estas causales otorgan un relativo amplio margen de maniobra al juez
de casación, pues de manera indirecta lo habilitan  para revisar el material
probatorio y evaluar la valoración que del mismo hizo el juez de instancia, la
forma en que éste fue allegado al proceso o la observancia de la legislación en
la imposición de la condena, la Corte IDH concluyó que “los recursos de
casación presentados contra la sentencia condenatoria de 12 de noviembre de
1999 no satisficieron el requisito de ser un recurso amplio de manera que
permitiera que el tribunal superior realizara un análisis o examen comprensivo
e integral de todas las cuestiones debatidas y analizadas en el tribunal inferior.
Esta situación conlleva a que los recursos de casación interpuestos por los
señores Fernán Vargas Rohrmoser y Mauricio Herrera Ulloa, y por el defensor de
este último y apoderado especial del periódico ‘La Nación’, respectivamente,
contra la sentencia condenatoria, no satisficieron los requisitos del artículo
8.2.h. de la Convención Americana en cuanto no permitieron un examen integral
sino limitado”.
Con fundamento en estas
mismas directrices, en el caso Mohamed vs Argentina la Corte IDH efectuó
la valoración del recurso extraordinario federal previsto en la legislación
argentina, con el que contaba el señor Mohamed para atacar el fallo que lo
declaró culpable del delito de homicidio culposo en la segunda instancia. La
Corte IDH reiteró la tesis de que el juez que efectúa la revisión de la
sentencia debe contar con plenas facultades para identificar y corregir una
condena errónea, y que este análisis comprende las “cuestiones fácticas,
probatorias y jurídicas en que se basa la sentencia impugnada (…)” alegadas
por el recurrente, y advirtió que como en el caso concreto el recurso
federal sólo procede cuando en el pleito se ponga en cuestión la validez de un
tratado, de una ley del Congreso o de una norma de una autoridad del orden
nacional o del orden provincial, o cuando se haya acreditado la arbitrariedad
manifiesta del fallo, “es posible constatar que el referido recurso
extraordinario federal no constituye un medio de impugnación procesal penal
sino que se trata de un recurso extraordinario, (…) el cual tiene sus propios
fines en el ordenamiento argentino. Asimismo, las causales que condicionan la
procedencia de dicho recurso están limitadas a la revisión de cuestiones
referidas a la validez de una ley, tratado, norma constitucional o a la arbitrariedad
de una sentencia, y excluye las cuestiones fácticas y probatorias, así como de
derecho de naturaleza jurídica no constitucional (…) esas causales limitaban per
se la posibilidad del señor Mohamed de plantear agravios que implicaran un
examen amplio y eficaz del fallo condenatorio  (…) la Corte concluye que el
sistema procesal penal argentino que fue aplicado al señor Mohamed no garantizó
normativamente un recurso ordinario accesible y eficaz que permitiera un examen
de la sentencia condenatoria contra el señor Mohamed, en los términos del
artículo 8.2.h. de la Convención Americana, y también ha constatado que el
recurso extraordinario federal (…) no constituye en el caso concreto recurso
eficaz para garantizar tal derecho” .
La Corte Constitucional, por
su parte, no ha abordado expresamente esta cuestión, y por ello el interrogante
ha sido respondido de manera intuitiva, y en ocasiones ambigua. Es así como en
algunas oportunidades ha considerado que las herramientas procesales
extraordinarias como la acción de tutela contra providencias judiciales o el
recurso extraordinario de casación constituyen vías procesales idóneas para el
ejercicio del derecho a la impugnación, pero sin indagar sobre el alcance de
tales dispositivos ni sobre su compatibilidad con los estándares básicos de tal
prerrogativa constitucional. En otras ocasiones, en cambio, este tribunal ha
concluido que para garantizar el derecho a la impugnación se requiere de un
dispositivo procesal equivalente a la apelación, para que se active una nueva
instancia; esta conclusión, sin embargo, tampoco se ampara en una definición
previa del alcance del derecho a la revisión de los fallos condenatorios, sino
en la asimilación de la garantía de la doble instancia con esta otra
prerrogativa constitucional.
Aunque más adelante se
identificarán con precisión y detalle las líneas jurisprudenciales de esta
Corporación en esta materia, baste por ahora indicar dos fallos que ilustran la
idea anterior.
En la sentencia C-998 de 2004[52] se evaluó la
constitucionalidad del precepto legal que, al fijar los lineamientos del
recurso extraordinario de casación en materia penal, tácitamente permitía que
una persona absuelta en primera y en segunda instancia, fuese condenada
posteriormente en el marco del referido recurso, sin que en principio, tal
determinación fuese susceptible de ser controvertida mediante un recurso
equiparable al de la apelación[53].
La Corte se apartó de la apreciación
del demandante según la cual este diseño normativo anularía las garantías del
debido proceso establecidas en los artículos 29 y 31 superior, argumentando que
aunque el texto constitucional consagra el derecho a la impugnación de los
fallos condenatorios, esta facultad no se satisface únicamente a través del
recurso de apelación, sino a través de cualquier otro mecanismo que permitan
atacar el fallo judicial, y que en el derecho positivo colombiano el recurso de
revisión y la acción de tutela contra providencias judiciales cumplen esta
función. En este orden de ideas, y tras haber concluido que la facultad del
juez de casación para revocar los fallos absolutorios de instancia e imponer
por primera vez una condena en un proceso penal, no vulnera el artículo 29
superior, la Corte declaró la exequibilidad del precepto demandado.
Esta conclusión sobre la
idoneidad de los recursos alternativos a la apelación, sin embargo, no se
soportó en un análisis que diera cuenta de las exigencias inherentes al derecho
a la impugnación, ni de la compatibilidad de estas herramientas procesales con tales
estándares. Dentro de esta misma línea se encuentran las sentencias C-411 de
1997[54]
y  C-142 de 1993[55].
En otras oportunidades, en
cambio, implícitamente se ha sostenido que tales dispositivos procesales
carecen de la aptitud para satisfacer los requerimientos constitucionales. Este
es el caso de la sentencia C-019 de 1993[56],
en la que esta Corporación determinó que los procesos penales relativos a
menores infractores podrían ser de única instancia cuando en ellos no se
decrete una medida privativa de la libertad, más no en caso contrario, pues en
esta hipótesis se debe asegurar el derecho impugnar la sentencia, y por ende,
la doble instancia. No obstante, esta conclusión no tuvo como fundamento la
identificación de las exigencias propias  de la prerrogativa constitucional
aludida, ni el examen de idoneidad de las herramientas procesales
extraordinarias previstas en la legislación colombiana (como el recurso de
casación o la tutela contra providencias judiciales) a la luz de tales
estándares; por el contrario, a esta conclusión subyace la premisa de que el
derecho a la impugnación se satisface a través de la doble instancia.
5.5.
Objeto. El derecho a la impugnación recae sobre las sentencias
condenatorias, es decir, sobre las decisiones judiciales que al resolver el
objeto de un proceso penal, determinan la responsabilidad de una persona y le
imponen la correspondiente sanción. Como puede advertirse, el objeto de la
referida prerrogativa constitucional se estructura en torno a dos elementos:
por un lado, en torno al tipo de decisión que se expide dentro del juicio penal,
y por otro lado, en torno al contenido de la providencia.
Con respecto al primero de
estos elementos, la referida facultad únicamente opera frente a las decisiones
que definen el objeto del proceso penal, y no frente a las demás determinaciones
adoptadas a lo largo del juicio, incluso si de las mismas se pueden derivar
efectos jurídicos adversos para el procesado, o incluso si son determinantes de
la sentencia. Todas estas providencias podrán ser controvertidas en los
términos de la legislación procesal con fundamento en el derecho de defensa en
general, más  no con fundamento en el derecho a la impugnación, diseñado
específicamente para atacar la decisión judicial más importante dentro del juicio
penal, porque define el objeto del proceso.
Esto se explica por la doble
circunstancia de que con la sentencia culmina el proceso judicial, y se define
la condición del procesado, determinando si cometió un delito, si es penalmente
responsable, y en caso afirmativo, la pena que debe cumplir. Así pues, en
atención a la función que cumple la sentencia dentro de los juicios penales, el
ordenamiento superior ha circunscrito esta garantía especial a la sentencia.
Además, el derecho a la
impugnación se otorga, no respecto de toda sentencia que se expide dentro de un
proceso penal, sino únicamente respecto de aquellas que declaran la
responsabilidad del procesado, y le imponen una condena. En este sentido, el
artículo 29 de la Carta Política establece expresamente el derecho a impugnar
las sentencias “condenatorias”, el artículo 8.2.h se refiere a la revisión del
fallo mediante el cual una persona es “inculpada de un delito”, y el artículo
14.5 alude al “fallo condenatorio” y a la “pena que se le haya impuesto”. Esto
significa que el derecho se otorga en función del contenido de la sentencia,
cuando ésta tiene una connotación incriminatoria.
Esta limitación también tiene
pleno sentido, porque es justamente a través de las sentencias condenatorias
que se concreta el poder represivo del Estado, y porque además, el interés del
procesado de ejercer el derecho de defensa y de contradicción recae sobre este
tipo de fallos, y no sobre las sentencias absolutorias, que en tal virtud, no
tienen la potencialidad de afectar su libertad personal, y que por el
contrario, lo exoneran de la responsabilidad penal.
5.6.
Finalidad. A través del derecho a la impugnación se otorga, por
un lado, una herramienta específica y calificada de defensa a las personas que
han sido declaradas penalmente responsables y a las que se les ha impuesto una
condena, y por otro, una garantía de corrección judicial de la sentencia
incriminatoria por medio de la exigencia de la doble conformidad judicial.
5.6.1.
En efecto, el artículo 29 de la Carta Política establece que el debido proceso
se aplica a todas las actuaciones judiciales y administrativas, y que  este comprende
el derecho de defensa. No obstante, la configuración específica del derecho de
defensa es establecida por el propio legislador, a quien corresponde definir
los mecanismos a través de los cuales se materializa, y las circunstancias de
tiempo, modo y lugar en que puede ejercerse. En este orden de ideas, el
legislador cuenta con un amplio margen de configuración para determinar los sujetos
que se encuentran habilitados para ejercer la defensa en un proceso judicial,
los actos y decisiones judiciales susceptibles de ser controvertidas, el
alcance de la defensa, y los requisitos formales a los cuales ha de sujetarse
el ejercicio de esta facultad.
Con la previsión del derecho
a la impugnación, el ordenamiento constitucional asegura que esta defensa se
pueda ejercer específicamente frente a la sentencia condenatoria, y
además, fija unos estándares materiales mínimos a los que se encuentra
subordinado el derecho positivo, cuando una persona es condenada en el marco de
un proceso penal.
En primer lugar, con esta
previsión se garantiza que toda sentencia condenatoria expedida en el marco de
un proceso penal pueda ser controvertida por quien ha sido declarado penalmente
responsable, sin que en ningún caso la estructura del proceso penal, el número
de instancias que se surtan en el juicio, el tipo de infracción cometida o la
sanción impuesta, pueda ser invocada para establecer una excepción a los
derechos de defensa y de contradicción. Así las cosas, toda sentencia que
determina la responsabilidad penal e impone la correspondiente sanción, debe
poder ser recurrida, independientemente de cualquier otra consideración.
En segundo lugar, el derecho a
la impugnación asegura que el condenado en un juicio penal pueda ejercer a
plenitud los derechos de defensa y de contradicción, controvirtiendo tanto el
contenido de la decisión judicial, como sus fundamentos normativos, fácticos y
probatorios, para que a partir de los cuestionamientos del recurrente, el juez
efectúe una revisión integral del caso y de la providencia condenatoria. Así
pues, mientras en general el legislador puede limitar el espectro material del
derecho de defensa, restringiendo el alcance de los cuestionamientos que los
recurrentes pueden plantear, en este caso el derecho a la impugnación dota de particular
amplitud a los recursos mediante los cuales se ataca un fallo incriminatorio.
Y finalmente, el derecho a la
impugnación garantiza que los cuestionamientos esbozados por el recurrente sean
evaluados por una instancia judicial distinta a quien profirió la sentencia
original, para que sean al menos dos operadores jurídicos los que determinan la
responsabilidad penal e imponen la sanción correspondiente.
En este orden de ideas, a
través del derecho a la impugnación el ordenamiento superior otorga una herramienta
específica y calificada de defensa a las personas condenadas en un proceso
penal, otorgando tres tipos de blindaje: la facultad para atacar todo fallo
condenatorio, la facultad para ejercer a plenitud el derecho de defensa y de
contradicción frente a esta providencia, y la obligación de que los
cuestionamientos del recurrente sean examinados por una instancia judicial
distinta de quien impuso la condena.
5.6.2. Por otro lado, la
facultad constitucional referida se otorga también con el objeto de asegurar
que la decisión judicial  mediante la cual se impone una condena a una persona,
sea correcta desde el punto de vista material, mediante la exigencia de la
doble conformidad judicial.
En efecto, con la previsión
de este derecho se asegura que la decisión estatal de imponer una condena a una
persona sólo se configura cuando se encuentra precedida del aval de dos
operadores jurídicos distintos que han tenido la oportunidad de aproximarse
integralmente al caso, y de evaluar todos los elementos fácticos, probatorios y
normativos determinantes de la condena. Esto, en el entendido de que la doble
revisión contribuye de manera decisiva a que la decisión judicial sea correcta,
y a que, por tanto, tenga el debido soporte en el derecho positivo, en los
hechos realmente ocurridos, y en el material probatorio.
5.7.
Relación entre derecho a la
impugnación y la garantía de la doble instancia. El derecho a la impugnación y la garantía de la doble
instancia son estándares constitucionales autónomos y categorías conceptuales
distintas e independientes, si bien en algunos supuestos fácticos específicos,
el contenido de una y otra es coincidente.
Tal como lo puso de presente
la Procuraduría General de la Nación, estos imperativos difieren en distintos
aspectos: (i) en cuanto a su fundamento normativo, mientras el derecho a
la impugnación se encuentra consagrado en los artículos 29 del texto
constitucional, 8.2.h de la CADH y 14.5 del PIDCP, la garantía de la doble
instancia se encuentra prevista en el artículo 31 de la Carta Política; (ii) en
cuanto al status jurídico, mientras la impugnación es un derecho
subjetivo de rango y jerarquía constitucional en cabeza de las personas
condenadas en un juicio penal, la doble instancia constituye una garantía que
hace parte del debido proceso, y que puede ser alegada por cualquiera de los
sujetos procesales; esta diferenciación tiene una repercusión importante, puesto
que la Corte ha entendido que la doble instancia, por tener la condición de un
principio general, puede ser exceptuado por vía legislativa; y como la
impugnación no solo es un principio sino un derecho que hace parte integral del
debido proceso, las excepciones al mismo se encuentran limitadas; (iii) en
cuanto al ámbito de acción, mientras el derecho a la impugnación ha sido
concebido para los juicios penales, la garantía de la doble instancia
constituye la regla general de todo proceso judicial; (iv) en cuanto a su contenido,
mientras el derecho a la impugnación otorga la facultad para controvertir la
sentencia condenatoria, para que un mismo litigio sea resuelto en el mismo
sentido por dos jueces distintos, la garantía de la doble instancia exige que
una misma controversia jurídica sea sometida a dos instancias o faces
procesales distintas e independientes, y dirigidas por jueces distintos, pero
sin importar que los fallos resultantes sean coincidentes; (v) en cuanto a su objeto,
mientras el derecho a la impugnación recae sobre las sentencias
condenatorias dictadas en el marco de un proceso penal, de modo que la facultad
se estructura en torno al tipo y al contenido de la decisión judicial, la doble
instancia se predica del proceso como tal, para que el juicio tenga dos
instancias, independientemente del contenido y alcance de los fallos que
resuelven la controversia; (vi) en cuanto a la finalidad, mientras el
derecho a la impugnación atiende a la necesidad de garantizar la defensa plena
de las personas que han sido condenadas en un proceso penal frente al acto
incriminatorio, y a asegurar que mediante la doble conformidad judicial la
condena sea impuesta correctamente, la doble instancia tiene por objeto
garantizar la corrección del fallo judicial, y en general, “la existencia de
una justicia acertada, recta y justa, en condiciones de igualdad”[57];
en el primer caso, el derecho se estructura en beneficio de un sujeto específico,
mientras que el segundo persigue el objetivo impersonal de garantizar la
corrección judicial.
Sin perjuicio de lo anterior,
ambos imperativos coinciden en la hipótesis específica en la que, (i) en el
contexto de un juicio penal, (ii) el juez de primera instancia (iii) dicta un
fallo condenatorio. En este supuesto fáctico, el ejercicio del derecho a la
impugnación activa la segunda instancia, y se convierte, entonces, en la vía
procesal que materializa el imperativo de la doble instancia judicial, y a la
inversa, con la previsión de juicios con dos instancias se permite y se asegura
el ejercicio  del derecho a la impugnación.
Sin embargo, cuando no
confluyen los tres elementos del supuesto fáctico reseñado, la coincidencia
desaparece, así: (i) cuando se dicta un fallo por fuera de un juicio penal, en
principio no rigen las exigencias propias del derecho a la impugnación,
mientras que, por el contrario, sí son exigibles los requerimientos de la doble
instancia; por ello, una vez agotada la primera instancia, la controversia debe
ser sometida a una instancia adicional, bien sea de manera automática en virtud
de dispositivos como la consulta, o bien sea mediante la interposición de
recursos por alguno de los sujetos procesales; (ii) por su parte, cuando el
fallo judicial se produce en una etapa procesal distinta a la primera instancia
(por ejemplo, en la segunda instancia o en sede de casación), no tiene
operancia el imperativo de la doble instancia, porque esta garantía se predica
del proceso y no de la sentencia, y en esta hipótesis el imperativo ya ha sido
satisfecho previamente; en contraste, si el fallo se enmarca en un juicio
penal, y la decisión judicial es condenatoria, sí sería exigible el derecho a
la impugnación, aunque la sentencia incriminatoria se dicte en una etapa
distinta a la primera instancia; (iii) finalmente, si la providencia no tiene
un contenido incriminatorio tampoco rige el derecho a la impugnación, mientras
que si el fallo se produce en la primera instancia, la garantía de la doble
instancia sí sería exigible, independientemente del contenido incriminatorio de
la decisión judicial.
6.
El derecho constitucional a
impugnar las sentencias judiciales que, en el marco de un proceso penal,
imponen por primera vez una condena en la segunda instancia.
6.1.
Teniendo en cuenta el marco
normativo y conceptual anterior, pasa la Corte a resolver los dos problemas
jurídicos de los que depende el juicio de constitucionalidad. El primer
interrogante se refiere a la existencia del derecho a la impugnación en la
siguiente hipótesis abstracta: (i) se inicia un proceso penal; (ii) en el marco
de este juicio, el juez de primera instancia absuelve al acusado; (iii) cuando
se activa la segunda instancia, bien sea porque existe una revisión oficiosa y
automática de la decisión judicial, o bien sea porque uno de los sujetos
procesales interpone un recurso de apelación, el juez revoca la correspondiente
providencia e impone una condena por primera vez en esta fase procesal. El
problema consiste entonces en determinar si el condenado tiene derecho a
controvertir este último fallo, pese a que ya se han surtido las dos instancias
del proceso penal.
Para
la peticionaria y para la Universidad Santo Tomás, en este supuesto fáctico existe
un derecho constitucional a impugnar la sentencia, cuyo fundamento normativo
sería el artículo 29 de la Carta Política, según el cual “toda persona (…)
tiene derecho a impugnar la sentencia condenatoria”, el artículo 8.2 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece que toda persona
tiene el “derecho de recurrir el fallo ante juez o tribunal superior”, y
el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a la
luz del cual “toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a
que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un
tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley”. La amplitud de los
términos en que se consagró esta facultad, así como el alcance que a esta
prerrogativa le han conferido los órganos encargados de la interpretación y
aplicación de la Carta Política y de los instrumentos internacionales de
derechos humanos, y particularmente la Corte Constitucional, el Comité de
Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, permite, a su
juicio, arribar a esta conclusión.
La
Vista Fiscal, el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Universidad Sergio
Arboleda, la Universidad Libre de Bogotá y la Universidad del Rosario, por su
parte, concluyen lo contrario con fundamento en los siguientes argumentos: (i)
el alcance de la prerrogativa constitucional se debe fijar teniendo en cuenta
su finalidad, así como la estructura del proceso judicial en su conjunto, en
este orden de ideas, y habida consideración de que el derecho a la impugnación
tiene por objeto asegurar el ejercicio de los derechos de defensa y de
contradicción, y de que a su vez, el fallo de segunda instancia se dicta en
marco de un juicio en el que las partes han tenido la oportunidad de intervenir
en el mismo y de atacar la sentencia de primera instancia, carece de sentido
reclamar el ejercicio de un derecho que se ha satisfecho previamente ; (ii) la
respuesta a esta cuestión debe tener en cuenta el modelo de proceso penal
establecido en el ordenamiento superior, y en particular, el principio de la
doble instancia, la seguridad jurídica, y el derecho a una pronta y cumplida
administración de justicia, todos los cuales se verían anulados si por la vía
interpretativa propuesta por la accionante, se adicionan nuevas instancias al
juicio; (iii) el legislador cuenta con un amplio margen de configuración para fijar
la estructura del proceso penal y el sistema de recursos, y no existe un deber
constitucional de extender la apelación a los fallos de segunda instancia.
En
este escenario, corresponde a la Corte determinar si el derecho a la
impugnación previsto en el artículo 29 de la Carta Política, 8.2 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 14.5 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, comprende la facultad para controvertir los
fallos que imponen una condena por primera vez en la segunda instancia de los
juicios penales.
6.2.
Lo primero que encuentra esta
Corporación es que  el ordenamiento superior no contiene una regla especial que
prevea los elementos de la hipótesis abstracta examinada en esta oportunidad.
Es decir, ni el artículo 29 de la Carta Política, ni el artículo 8.2.h de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, ni el artículo 14.5 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos determinan de manera expresa que
existe el derecho a impugnar las sentencias que establecen la responsabilidad
penal por primera vez en la segunda instancia de un proceso penal; se trata
únicamente de prescripciones generales sobre el derecho de impugnar o recurrir
los fallos condenatorios en el marco de este tipo de juicios.
Pese
a lo anterior, la Corte encuentra que la premisa de la actora tiene asidero
constitucional, por las siguientes razones:
6.3.
En primer lugar, esta
conclusión se apoya en una interpretación textual del
ordenamiento superior. En efecto, los amplios términos de los artículos 29 de
la Constitución, 8.2.h de la CADH y 14.5 del PIDCP, descartan la tesis de que
la referida facultad constitucional sólo se puede ejercer en el marco de la
primera instancia. En efecto, el artículo 29 de la Constitución establece que “toda
persona tiene derecho a impugnar la sentencia condenatoria”, sin precisar
que la prerrogativa únicamente opera en contra de las providencias dictadas en
esta primera fase del juicio; por su parte, el artículo 8.2 de la CADH se
refiere genéricamente a la facultad para “recurrir el fallo ante juez o
tribunal superior”, y el artículo 14.5 del PIDCP, a que “toda persona
declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la
pena que se le haya impuesto sean sometidos a tribunal superior”, sin que
en ningún caso se circunscriba esta potestad a los fallos de primera instancia.
Así pues, como a la luz de los enunciados anteriores la potestad en cuestión se
establece, no en función de la etapa en la cual se produce la decisión
judicial, sino en función del contenido de tal determinación, resulta razonable
concluir que también puede ejercerse en contra de los fallos condenatorios de
única instancia y de los fallos condenatorios de segundo grado, y que la tesis
de que la revisión de las providencias incriminatorias sólo es viable cuando se
expiden en la primera instancia de un proceso penal, carece de todo referente
normativo directo.
6.4.
En segundo lugar, la solución
jurídica propuesta por la demandante también es consistente con una interpretación
finalista de las normas del ordenamiento superior que consagran el
derecho a la impugnación.
6.4.1. Tal como se expresó en el acápite anterior, esta
facultad atiende a dos finalidades fundamentales: la de asegurar una defensa
especial y calificada frente al acto que impone una condena en el marco de un
juicio penal, y la de asegurar que el acto incriminatorio sea validado por dos
operadores jurídicos distintos. Pues bien, estas dos finalidades sólo se
materializan cuando el ordenamiento jurídico permite atacar el primer fallo
condenatorio, incluso cuando este se dicta en la segunda instancia del juicio,
o cuando este se dicta en un proceso de una única instancia.
6.4.2. Así, la tesis de que el derecho a la impugnación se
agota con la apelación del fallo de primera instancia hace nugatoria la
exigencia de la doble conformidad judicial, porque en estos eventos, la
decisión de imponer una condena no es confirmada por dos jueces distintos, sino
únicamente por el juez de segundo grado. Por el contrario, si la sentencia que
determina por primera vez la responsabilidad penal se dicta en la segunda
instancia, y se ejerce el derecho al impugnación contra esta providencia, con
la eventual confirmación del fallo se configura la doble conformidad, y con
ella, la presunción legal de la corrección judicial.
6.4.3. Además, la interpretación propuesta por la accionante
también es consistente con el propósito constituyente de dotar al condenado de
una herramienta especial y calificada de defensa frente al fallo incriminatorio
que se dicta en el marco de un proceso penal, por las siguientes razones:
-
Primero, si de lo que se trata es
de permitir que la persona cuya responsabilidad penal se ha declarado, tenga la
posibilidad de atacar el acto incriminatorio, cuando este acto se dicta en la
segunda instancia, la facultad de impugnación predicarse de tal decisión, y no
de la sentencia absolutoria de primer grado, con la cual el posterior condenado
se encontraba plenamente conforme.
-
Segundo, debe tenerse en cuenta
que solo con la sentencia incriminatoria se define la controversia jurídica,
así como los elementos fácticos, probatorios y normativos con fundamento en los
cuales se determina la responsabilidad penal, de modo que únicamente frente a
esta decisión tiene sentido ejercer el derecho de defensa
En
efecto, estos elementos no se consolidan durante la sustanciación del proceso,
porque en esta fase simplemente se produce un acopio de todos los insumos del
juicio de responsabilidad, cuando por ejemplo, se incorpora al expediente el
material probatorio, y los sujetos procesales ponen de presente la base
normativa de su posición; sin embargo, no puede entenderse que con este acopio
se determinan los elementos de la responsabilidad penal, porque en este
escenario aún no se ha efectuado la valoración de las pruebas, ni se ha
estructurado necesariamente una teoría del caso, ni se ha efectuado la
articulación de los hechos que se dan por probados con la normatividad penal. Por
tal motivo, la actuación que se despliega en esta fase del proceso penal,
aunque necesaria, resulta insuficiente frente a los requerimientos del derecho
de defensa.
Por
su parte, tampoco con la sentencia absolutoria de primera instancia se han
configurado todos estos elementos incriminatorios, justamente porque los
elementos de base de un fallo absolutorio difieren de los de una sentencia
condenatoria. Normalmente, además, cuando el juez de segunda instancia decide
revocar la sentencia de primera instancia e imponer una condena, no es porque
exista una discrepancia de segundo orden, sino porque se encuentra un déficit o
un yerro de gran magnitud que amerita un viraje sustantivo en la parte
resolutiva de fallo. Es decir, los elementos con fundamento en los cuales se
determina la absolución difieren sustancialmente de los elementos que dan lugar
al fallo absolutorio, y por este motivo, la posición que se haya asumido frente
a una sentencia absolutoria dista mucho de la defensa que se puede ejercer
frente a una sentencia condenatoria.
-
Además, en la medida en que el
derecho a la impugnación tiene por objeto garantizar la defensa de la
persona respecto de la cual el Estado ha ejercido el poder punitivo, y en la
medida en que esta defensa sólo cobra sentido frente al acto sancionatorio, y
no con respecto a una decisión absolutoria que lo libra de la responsabilidad, y
frente a la cual el procesado sólo podría manifestar su asentimiento, la
forzosa conclusión es que el derecho previsto en el ordenamiento superior se
extiende al primer fallo condenatorio, incluso si ese se dicta en fases
posteriores a la primera instancia. La interpretación propuesta por quienes
defienden la constitucionalidad del precepto demandado desconoce la
racionalidad interna que subyace al derecho de defensa porque supone
erróneamente que éste último puede quedar satisfecho con la oposición a un acto
que carece de la potencialidad de perjudicarlo o afectarlo, y frente al cual no
se tiene el interés de plantear posiciones divergentes.
-
Finalmente, debe tenerse en cuenta
que como el referido derecho se concede, no en razón de la etapa procesal en la
cual se produce la decisión judicial, sino en razón del contenido de esta
última, la tesis de que éste no puede ejercerse para atacar decisiones que
determinan por primera vez la responsabilidad penal de una persona en el marco
de la segunda instancia de un juicio penal, desdibuja el propósito fundamental
de la prerrogativa constitucional. Es decir, como el derecho se otorga en
función de su contenido incriminatorio, y como a su vez, en la hipótesis
propuesta el fallo condenatorio sólo se produce en esta etapa del proceso,
resulta forzoso concluir que a la luz de la preceptiva constitucional, el
derecho debe poder ejercerse frente a esta providencia.
6.5.
En tercer lugar, la tesis de
la accionante se deriva también de una interpretación sistemática de
las disposiciones que consagran el derecho a la impugnación.
En
efecto, el contenido y alcance de la prerrogativa constitucional debe
adjudicarse teniendo en cuenta los demás elementos constitutivos del debido
proceso, así como el conjunto de principios constitucionales que orientan el juicio
penal. En particular, el alcance de este derecho se debe fijar no solo a partir
de la previsión del artículo 29 de la Carta Política, según la cual “toda
persona tiene derecho a impugnar la sentencia condenatoria”, sino también a
partir de la garantía de la doble instancia, la exigencia de celeridad en el
funcionamiento de la administración de justicia, y los derechos y prerrogativas
de las víctimas, del ente acusador y de los demás sujetos que intervienen en el
juicio penal.
6.5.1. Algunos de los intervinientes sostuvieron que
justamente en razón de la garantía de la doble instancia, el derecho a la
impugnación no podría ejercerse después de que se ha desatado el recurso de
apelación, por cuanto ello implicaría añadir una instancia al proceso penal,
incompatible con la estructura del juicio establecida en el texto constitucional.
No
obstante, este tribunal estima que un correcto entendimiento de la figura de la
doble instancia descarta esta conclusión, porque en realidad, la referida
garantía no se opone ni es incompatible a la tesis sobre el derecho a impugnar
los fallos incriminatorios que se dictan por primera vez en la segunda
instancia de un juicio penal.
Por
un lado, la doble instancia fija un estándar mínimo en la estructura de los
procesos judiciales, para que una misma controversia jurídica sea examinada y
resuelta al menos por dos operadores jurídicos diferentes y de distinta
jerarquía, en aras de la corrección de la decisión judicial. Esto, en el entendido
de que la probabilidad de que el fallo judicial sea correcto se incrementa en
la medida en que el litigio que da lugar al proceso sea sometido a más de un
operador jurídico.
Ahora
bien. La afirmación de la facultad de impugnación en contra de las sentencias
condenatorias de segundo grado, en modo alguno afecta, limita, exceptúa o anula
esta exigencia, porque deja a salvo el requerimiento sobre la existencia de dos
instancias que resuelven el mismo litigio, y únicamente agrega una nueva etapa
al juicio, para que el recurso sea planteado y resuelto.
Por
otro lado, justamente porque el derecho a la impugnación y la garantía de la
doble instancia constituyen imperativos constitucionales autónomos, no puede
subsumirse el contenido de uno de ellos en el contenido del otro. Y de  acogerse
el planteamiento de la Vista Fiscal y de los intervinientes que actuaron en
defensa de la normativa demandada, el primero de estos derechos quería vaciado
de todo contenido, y las normas que lo consagran carecerían de efectos
jurídicos en aquellas hipótesis en que la sentencia condenatoria se dicta por
primera vez en la segunda instancia, porque en tal caso no habría lugar a
cuestionar el fallo, con el pretexto de que ya se han surtido las dos
instancias del juicio penal. Y como en virtud del principio hermenéutico del
efecto útil se debe elegir aquella interpretación que dote de efectos jurídicos
al ordenamiento, y desechar aquellas que tienen el resultado contrario, en este
caso habría que descartar la tesis de que el derecho a la impugnación se agota
en la facultad para controvertir los fallos de primera instancia, y en su
lugar, habría que afirmar  que este derecho también comprende la facultad para
atacar las providencias condenatorias en la hipótesis propuesta por la
accionante.
Además,
la afirmación de la prerrogativa anterior tampoco introduce necesariamente una
tercera instancia. Tal como se explicará en el acápite siguiente, la facultad
de impugnación se ejerce cuando la persona que ha sido condenada tiene acceso a
un recurso que permita atacar el contenido y las bases fácticas, probatorias y normativas
del acto incriminatorio. Pero como quiera que esta labor no requiere
necesariamente de un nuevo juicio o de una nueva instancia, mal puede
concluirse que el reconocimiento y ejercicio de este derecho convierte los
juicios penales en procesos de tres instancias.
Baste
recordar que el Comité de Derechos Humanos ha dilucidado esta problemática, al
aclarar expresamente que “el párrafo 5 del artículo 14 [del PIDCP] no exige
a los Estados Partes que establezcan varias instancias de apelación (…) el
párrafo 5 del artículo 14 no exige un nuevo juicio o una nueva ‘audiencia’ si
el tribunal que realiza la revisión puede estudiar los hechos de la causa. Así
pues, por ejemplo, no se viola el Pacto si un tribunal de instancia superior
examina con todo detalle las alegaciones contra una persona declarada culpable,
analiza los elementos de prueba que se presentaron en el juicio y los
mencionados en la apelación y llega a la conclusión de que hubo suficientes
pruebas de cargo para justificar el dictamen de culpabilidad en el caso de que
se trata”[58].
Con fundamento en esta directriz, este mismo organismo ha concluido en
múltiples oportunidades que no se configura la vulneración del artículo 14.5
del PIDCP cuando la revisión de un fallo condenatorio no da lugar a un nuevo
juicio o una nueva instancia, si el operador efectuó un examen integral de
todas las bases de la sentencia de instancia.
Finalmente,
tampoco podría argumentarse que el reconocimiento de la facultad anterior
introduce una alteración en la estructura de todos los procesos penales, pues
esta facultad no solo no implica necesariamente una tercera instancia, sino que
además, cuando da lugar a una instancia adicional, esta eventual alteración
ocurre de manera excepcional, cuando el juez de primera instancia dicta un
fallo absolutorio que posteriormente es revocado por el superior jerárquico. Y
como a su vez la revocatoria no ocurre en función de discrepancias menores del
juez de revisión con el fallo de instancia, sino porque se encuentran divergencias
sustantivas en elementos o puntos estructurales de la decisión judicial
recurrida, máxime cuando en la hipótesis planteada se debe derrotar la
presunción de inocencia y el principio in dubio pro reo, y cuando existe
un pronunciamiento judicial en favor de la absolución, la excepcionalidad de la
tercera instancia se potencializa.
6.5.2. De igual modo, este entendimiento del derecho a la
impugnación tampoco resulta lesivo del principio de celeridad en la
administración de justicia, porque ésta no depende exclusivamente del número de
actos y etapas procesales establecidas en la legislación, sino,
fundamentalmente del dinamismo de los operadores jurídicos al sustanciar el
trámite. Por este motivo, no resulta admisible reducir o suprimir los actos
procesales que a la luz de la Constitución resultan indispensables para
garantizar el debido proceso, sobre la base de que los mismos prolongan el juicio
penal. Y como además, la dilación del proceso sólo se produciría en la
hipótesis específica en la que el juez de primera instancia imparte un fallo
absolutorio, y el de segunda instancia una sentencia condenatoria, la extensión
del juicio tendría una ocurrencia excepcional.
6.5.3. La tesis de la accionante tampoco desconoce los
derechos de las víctimas ni las prerrogativas de los demás sujetos que
intervienen en el proceso penal.
De
una parte, en el supuesto fáctico objeto de análisis, en el que la sentencia de
primera grado absuelve al condenado, y la segunda impone una condena, las
víctimas y la Fiscalía tuvieron la oportunidad de participar e intervenir
ampliamente durante la sustanciación del juicio, de controvertir el fallo
absolutorio de primera instancia, y de oponerse a las consideraciones y argumentos
que el condenado presenta para recurrir la sentencia de segunda instancia. Desde
esta perspectiva, han sido salvaguardadas todas las garantías propias del
debido proceso.
En
este sentido, cabe recordar que en la sentencia C-047 de 2006[59] la Corte analizó la
constitucionalidad de las disposiciones legales que permiten apelar la
sentencia absolutoria de primera instancia[60],
y cuestionadas en su momento por permitir que una decisión judicial que libera
de la responsabilidad penal a una persona, sea revisada posteriormente por otro
juez, y por afectar, por consiguiente, el principio de non bis in idem,
así como la exigencia de que en materia penal, la impugnación sólo se reconoce
a favor del condenado. En esta oportunidad, la Corte sostuvo que la previsión
normativa no solo no desconocía los imperativos constitucionales aludidos, sino
que además, resultaba indispensable a la luz de los derechos de las víctimas a
la verdad, a la justicia y a la reparación. En este entendido, se argumentó lo
siguiente: (i) primero,  la posibilidad de apelar la sentencia absolutoria en
materia penal no vulnera el principio de non bis in ídem, en la medida
en que este “opera frente a sentencias definitivas, amparadas por la cosa
juzgada (…) cuando ha concluido el juicio con una sentencia en firme”, y en
la medida en que dentro del diseño legislativo del juicio penal, los fallos absolutorios
de primera instancia son susceptibles de control por una instancia superior, y
sólo adquieren firmeza cuando se han agotado tales instancias, bien sea porque
no se interpusieron los recursos de ley, o porque estos fueron resueltos;
adicionalmente, la segunda instancia no constituye un proceso autónomo en el
que se repita integralmente el juicio surtido anteriormente, sino que sólo se
revisa el fundamento de la providencia recurrida a la luz de los
cuestionamientos del recurrente, por lo cual, no podría afirmarse que una vez
activada la apelación se da inicio a un nuevo proceso que versa sobre los
mismos hechos, violatorio del principio del non bis in idem; (ii)
además, el debido proceso se predica no solo del acusado en el proceso penal,
sino de todos los sujetos que intervienen en el proceso penal, entre ellos, las
víctimas; estos sujetos también pueden exigir la garantía de la doble instancia,
el derecho de acceso a la administración de justicia, y los derechos a la
verdad, a la justicia y a la reparación, todos los cuales hacen imperioso el
reconocimiento de la facultad de recurrir las sentencias absolutorias de
primera instancia; (iii) finalmente, no existe una prohibición convencional de
apelar las sentencias absolutorias, ni expresa ni tácita.
Por
otro lado, aunque ni las víctimas ni la Fiscalía tienen la oportunidad de
controvertir el fallo que ordena la absolución por primera vez en la segunda
instancia del juicio penal, mientras que por otro lado, el condenado sí puede
atacar la sentencia que impone la sanción por primera vez en esta fase del
proceso, las diferencias en el tratamientos jurídico responden a la diferente
posición jurídica que ocupan estos sujetos en el proceso penal. La persona en
cuya contra se adelante el juicio, por la potencial afectación de una amplia
gama de derechos fundamentales, entre ellos la libertad personal, cuenta con la
presunción de inocencia, y con el principio de in dubio pro reo, con una
garantía específica y reforzada de defensa frente al acto incriminatorio, y con
la exigencia de la doble conformidad judicial. Para las víctimas, en cambio, se
encuentra comprometido el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación,
derechos que a pesar tener el mismo peso abstracto y la misma jerarquía de los
derechos del proceso, no podrían ser garantizados  cuando en el marco de la
segunda instancia del juicio, se derrotan las bases normativas, fácticas y probatorias
de un fallo incriminatorio de primera instancia, la presunción de inocencia y
el principio in dubio pro reo, y se declara la absolución. En un
escenario como este, cuando ya se configurado de manera íntegra el proceso,
resulta virtualmente inviable vencer la sentencia condenatoria de segunda
instancia, y por ello, no resulta ni útil ni constitucionalmente necesario, la
previsión de un nuevo recurso frente al fallo absolutorio de segundo grado.
6.5.4. Finalmente, del planteamiento anterior tampoco se
sigue la postulación de una serie indefinida e ilimitada de impugnaciones a las
sentencias condenatorias. Tal como se expresó anteriormente, el derecho aludido
atiende a la necesidad de garantizar el derecho de defensa frente a los fallos
que imponen una sanción en el marco del proceso penal, y de procurar la
corrección de estas providencias mediante la exigencia de la doble conformidad
judicial. Uno y otro objetivo se cumplen cuando el derecho positivo otorga la
facultad para recurrir la primera providencia sancionatoria,
porque en este escenario el condenado ya tuvo la posibilidad de atacar el
contenido y las bases del acto incriminatorio, y porque una vez confirmado el
fallo inicial, se ha configurado la doble conformidad.
6.6.
La línea hermenéutica anterior
coincide con la que han acogido algunos operadores jurídicos encargados de la
interpretación y aplicación de los instrumentos normativos que consagran el
derecho a la impugnación, y en particular, con la del Comité de Derechos
Humanos y con la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
6.7.
En el sistema mundial de
derechos humanos, el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos establece que “toda persona declarada culpable de un delito
tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto
sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley”. Como
puede advertirse, la referida facultad no se limita a los fallos condenatorios
que se dictan en la primera instancia, por lo que, al menos desde una
interpretación textual de la convención, el derecho allí establecido opera
independientemente del momento en que se dicta la decisión judicial.
Existen dos tipos de
instrumentos que pueden ser utilizados como herramienta hermenéutica para
determinar el sentido y alcance de la prescripción anterior: la Observación
General Nro. 32 de 2007, y algunas comunicaciones del Comité de Derechos
Humanos a algunos países en relación con este derecho.
Las observaciones generales
tienen una naturaleza sustancialmente distinta a los pronunciamientos
judiciales de esta Corporación en el contexto del control abstracto de
constitucionalidad, pues no tienen por objeto establecer la compatibilidad
entre una disposición del orden interno de un país y el Pacto Internacional de
Derechos Humanos, sino únicamente fijar directrices generales para la
interpretación y aplicación de los convenios de derechos humanos.
En este sentido, la
Observación General Nro. 13 contiene una alusión genérica a la referida
prerrogativa, se concentra en la hipótesis específica en la que el fallo
condenatorio se produce en la primera instancia, y guarda silencio sobre los
supuestos en los que la sanción se impone después de que se ha dictado un fallo
absolutorio[61].
La Observación General Nro. 32,
en cambio, aclara que el derecho a la impugnación opera en contra de toda
condena impuesta por primera vez en el marco de un proceso penal, de modo que
la legislación interna no solo debe prever un mecanismo para recurrir el fallo
condenatorio de primera instancia, sino también aquellas providencias que
declaran la responsabilidad por primera vez en otras fases del juicio. Así, el
Comité aclara que “el párrafo 5 del artículo 14 se vulnera no solo si la
decisión de un tribunal de primera instancia se considera definitiva sino
también si una condena impuesta por un tribunal de apelación o un tribunal de
última instancia a una persona absuelta en primera instancia no puede ser
revisada por un tribunal superior. Cuando el tribunal más alto del país actúa
como primera y única instancia, la ausencia de todo derecho a revisión por un
tribunal superior no queda compensada por el hecho de haber sido juzgado por el
tribunal de mayor jerarquía del Estado parte; por el contrario, tal sistema es
incompatible con el Pacto, a menos que el Estado Parte interesado haya
formulado una reserva a este efecto”.
A la luz del PIDCP, tal como
ha sido interpretado en las observaciones generales, el Comité ha evaluado el
cumplimiento de dicho tratado en casos concretos en que individuos o colectivos
determinados alegan la vulneración de sus derechos convencionales. Nuevamente,
aunque en estos instrumentos tampoco se determina en abstracto la
compatibilidad de la legislación interna de los Estados con el PIDCP, las
consideraciones allí vertidas sí ofrecen elementos de juicio para la labor
hermenéutica que debe desplegar el juez constitucional.
En este marco resultan
particularmente relevantes algunas comunicaciones libradas por el Comité de
Derechos Humanos a algunos Estados cuando restringen, limitan o anulan este
derecho en relación con decisiones judiciales que imponen una condena por
primera vez en la segunda instancia.
En particular, se encuentra
la comunicación 1095 de 2002 en el caso Gomaríz Valera c. España. En
esta comunicación, el Comité examinó el caso de un ciudadano español en cuya
contra se inició un proceso penal en el año de 1996 por el delito de
apropiación indebida. Aunque el juez de primera instancia lo absolvió, la
Audiencia Provincial revocó el fallo y lo declaró penalmente responsable,
condenándolo a cinco meses de arresto, así como a la suspensión de empleo o
cargo público y del derecho al sufragio; en contra de este fallo el señor
condenado interpuso un recurso de amparo, que finalmente fue desechado con el
argumento de que el derecho a la impugnación no comprende la facultad para
oponerse a los fallos de segunda instancia, ni siquiera cuando en estos se
determine la responsabilidad penal por primera vez dentro del juicio. El Comité
sostuvo que el Estado español había vulnerado el derecho del ciudadano, porque “el
párrafo 5 del artículo 14 no solo garantiza que la sentencia sea sometida a un
tribunal superior como ocurrió en el caso del autor, sino que la condena
también sea sometida a una segunda instancia de revisión, lo que no aconteció
respecto del autor. La circunstancia de que una persona absuelta en primera
instancia sea condenada en apelación por el tribunal de segunda instancia, en
ausencia de una reserva por el Estado Parte, no puede por sí sola menoscabar su
derecho a la revisión de su sentencia y condena por un tribunal superior. Por
consiguiente, el Tribunal concluye que se ha violado el párrafo 5 del artículo
14 del Pacto en relación con los hechos expuestos en la comunicación”.
Así pues, aunque el artículo
14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos no contiene una
previsión específica para el supuesto fáctico examinado en esta oportunidad,
los términos generales en que fue prevista esta prerrogativa ha permitido
concluir al Comité de Derechos Humanos, tanto en el contexto de las
observaciones generales como en el de las comunicaciones a los Estados Parte,
que los fallos que revocan una sentencia absolutoria de primera instancia e
imponen una condena por primera vez en la segunda, deben ser objeto de revisión
por un tribunal o juez distinto de quien la dictó.
6.8.
En el sistema interamericano
se ha arribado a una conclusión semejante, a partir del artículo 8.2 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, a la luz de la cual “toda persona
inculpada de delito (…) tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes
garantías mínimas: (…) h) derecho de recurrir el fallo ante juez o tribunal
superior”.
Aunque
este enunciado tampoco contiene una previsión específica para la hipótesis abstracta
planteada por la accionante, los órganos encargados de interpretar y aplicar la
Convención han arribado a la misma conclusión del Comité de Derechos Humanos.
En
este marco resulta particularmente importante la interpretación de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos. Aunque este organismo no se encarga de
determinar la compatibilidad de la legislación de los Estados Parte con la
CADH, ni de expulsar de los órdenes jurídicos internos aquellos preceptos que
contrarían la Convención, sino de fijar directrices generales para la
interpretación y aplicación de este tratado, y de determinar la responsabilidad
de los Estados Parte por la presunta vulneración de los derechos previstos en
la CADH a individuos o colectivos determinados, en desarrollo de tales competencias
sí puede ofrecer herramientas hermenéuticas importantes.
Aunque
no existe ninguna opinión consultiva de la Corte IDH en esta materia, en los
casos contenciosos existe abundante material jurisprudencial que fija
parámetros específicos para resolver el problema jurídico planteado.
La
mayor parte de los casos resueltos por dicho tribunal versan sobre procesos de
única instancia en los que se impidió o se limitó el acceso a un mecanismo para
atacar el primero y único fallo que declaró la responsabilidad penal de una
persona determinada. Si  bien este  supuesto fáctico difiere parcialmente la
hipótesis abstracta examinada en esta oportunidad, la ratio decidendi
establecida en tales fallos permite dar respuesta a este otro interrogante.
Así,
se encuentran las sentencias en los casos Herrera Ulloa vs Costa Rica[62],
Barreto Leiva vs Venezuela[63],
Vélez Loor vs Panamá[64]
y Liakat Alí Alibux vs Suriname[65].
En Herrera Ulloa vs Costa Rica se examinó el caso de un periodista
en cuya contra se dictó un fallo condenatorio por el delito de difamación, con
ocasión varias publicaciones suyas efectuadas en un reconocido diario, en
contra de un diplomático; para este tipo de procesos no estaba prevista
normativamente la doble instancia, de modo que el fallo judicial sólo podía ser
atacado mediante el recurso de casación; aunque el condenado hizo uso de este
recurso, la corte de casación confirmó el fallo de primera y única instancia; Barreto
Leiva vs Venezuela se refiere al caso de una persona que fue condenada por
la supuesta comisión delitos contra el patrimonio económico por su gestión en
una institución pública, en un juicio de una única instancia; en Vélez Loor
vs Panamá, por su parte, se analizó el caso de un extranjero que, tras
haber sido procesado en razón de su condición migratoria, fue condenado a la
pena de prisión por dos años por una instancia administrativa, sin que tal
decisión pudiese ser controvertida por no haber sido notificada; finalmente, Liakat
Ali Alibox vs Suriname se refiere al juicio adelantado contra el ex –
ministro del país por su gestión en la cartera, tras el cual la Alta Corte de
Justicia lo declaró responsable del delito de falsificación y lo condenó a un
año de reclusión y a tres años de inhabilidad para ejercer el cargo de ministro,
y sin que la sentencia pudiese ser atacada.
En
todos estos eventos, la Corte IDH encontró que los Estados eran responsables
por la vulneración del derecho previsto en el artículo 8.2.h. de la CADH. En Herrera
Ulloa se sostuvo que la violación había ocurrido porque el ordenamiento
jurídico no tenía previsto un recurso ordinario que permitiese una revisión
integral del fallo condenatorio, sino tan solo un recurso extraordinario, de
acceso y alcance restringido[66];
en el caso Barreto Leiva, la vulneración se produjo, según la Corte IDH,
porque dentro del diseño legislativo de los juicios penales adelantados contra
altos funcionarios del Estado, los procesos eran de única instancia, de modo
que los fallos condenatorios no podían ser atacados judicialmente; en Vélez
Loor se argumentó que la transgresión de la CADH se explicaba porque al no
haberse notificado la decisión de la instancia administrativa que ordenaba la
privación de la libertad, ésta no pudo ser cuestionada  dentro de las propias
instancias administrativas, ni judicialmente[67].
Y finalmente, en Liakat Ali Alibux vs Suriname se reiteró la línea
argumentativa anterior, y a partir de un ejercicio comparativo, la Corte IDH
concluyó que la mayor parte de los Estados de la OEA permiten a los altos
dignatarios del Estado atacar las decisiones que en el marco de un juicio penal
se dictan en su contra, y que la existencia de un fuero constitucional o legal
no justifica la intangibilidad de los fallos de primera y única instancia.
En
definitiva, aunque en todos estos fallos la Corte IDH aborda una hipótesis que
difiere parcialmente de la propuesta por la peticionaria en el marco de este
proceso, la ratio decidendi allí establecida, relacionada con la
existencia de un derecho convencional a impugnar las sentencias que imponen por
primera vez una condena en el contexto de un juicio penal, permite resolver el
problema jurídico puesto a consideración de esta Corte, puesto que, una vez
admitido este precedente, la inexorable y forzosa conclusión es que el derecho
previsto en el artículo 8.2.h. de la CADH se extiende a los fallos de segunda
instancia que declaran por primera vez la responsabilidad penal.
Pero
además, en Mohamed vs Argentina[68]
se examinó un caso cuyos elementos fácticos relevantes coinciden plenamente
con los evaluados en esta ocasión. De acuerdo con los hechos recogidos en aquel
fallo, el señor Mohamed trabajaba en la ciudad de Buenos Aires como conductor
de un bus colectivo, y en desarrollo de esta labor atropelló a una señora
mientras atravesaba un cruce peatonal de una concurrida avenida, causándole
graves heridas que finalmente la llevarían a su fallecimiento. Aunque en
primera instancia el juez absolvió al conductor, tras la apelación del fallo
por el Fiscal del Ministerio Público, por el representante del querellante y
por el abogado del señor Mohamed, el tribunal superior revocó la sentencia
apelada y lo condenó  por el delito de homicidio culposo a la pena de tres años
de prisión, cuyo cumplimiento se dejó en suspenso, y a ocho años de inhabilitación
especial para conducir cualquier clase de automotor.  Aunque la legislación
argentina prevé el denominado “recurso extraordinario federal” para atacar
decisiones judiciales de segunda instancia en el marco de un proceso penal, la
circunstancia de que su procedencia estuviese supeditada a la configuración de
la “cuestión federal” o a la existencia de una “arbitrariedad manifiesta” en el
fallo atacado, condujo a que el recurso fuese rechazado.
En
este escenario, la Corte IDH sostuvo que el derecho previsto en el artículo
8.2.h de la  CADH no se agota con la garantía de la doble instancia, y que
cuando un juez revoca un fallo absolutorio, e impone una condena por primera
vez en la segunda instancia en el marco de un proceso penal, la decisión
judicial debe ser susceptible de ser recurrida, teniendo en cuenta lo
siguiente: (i) el referido derecho tiene por objeto ofrecer una garantía a
todas las personas que sean condenadas en un juicio penal, y tal finalidad se
desdibujaría si sólo se otorga a quienes son condenados por primera vez en la
primera instancia; (ii) los términos generales del artículo 8.2.h. de la CADH
impiden restringir la garantía a una etapa procesal especifica; (iii) aunque en
algunos sistemas regionales de derechos humanos se han avalado estructuras
procesales en las que no es posible recurrir fallos condenatorios de segunda
instancia, la limitación tiene una base normativa directa, como ocurre con el
artículo 2 del Protocolo 7 al Convenio Europeo para la Protección de los
Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, mientras que la CADH no
contiene una previsión semejante o equiparable; (iv) dentro del sistema
universal de derechos humanos, el Comité de Derechos Humanos ha acogido esta
línea hermenéutica[69].
En
este orden de ideas, la Corte IDH concluyó que el señor Mohamed debía contar
con un recurso ordinario, accesible y de suficiente amplitud para que su
condena fuese nuevamente estudiada, y que el recurso extraordinario federal no
cumplía estas condiciones porque su precedencia está supeditada a que se
acreditara la arbitrariedad del fallo o a que con el caso se ponga en cuestión
la validez de una ley, de un tratado o de una norma constitucional, y porque
además, tiene un alcance restringido en cuanto excluye de plano el examen de cuestiones
fácticas y probatorias.
6.9.
Por su parte, hasta el momento
la Corte Constitucional no ha fijado una regla jurisprudencial explícita para
el supuesto fáctico planteado por la accionante, y además, las consideraciones
en torno al derecho a la impugnación se han producido de manera intuitiva,
tácita e indirecta, en el marco de las reflexiones sobre el sentido y alcance
de la garantía de la doble instancia.
Pese
a la dificultad anterior, puede advertirse que, en términos generales, y salvo
algunas excepciones, a las decisiones de este tribunal subyace el supuesto de
que el derecho positivo debe prever mecanismos procesales, así tengan un marco
de acción reducido, para controvertir los primeros fallos incriminatorios que
se dictan en el marco de un proceso judicial. De esta premisa asumida por la
Corte se deriva la tesis sobre la existencia del derecho constitucional a
impugnar las sentencias que imponen una condena por primera vez en la segunda
instancia de un juicio penal.
Este
precedente se enmarca en tres tipos de escenarios normativos: (i) primero, en
el contexto de disposiciones que establecen procesos penales de única
instancia; (ii) segundo, en contextos donde la legislación admite la
posibilidad de que se dicte un fallo condenatorio por primera vez, en sede de
casación; (iii) finalmente, en el marco de otros procesos judiciales o de
procedimientos administrativos de única instancia.
6.9.1. Un primer núcleo de fallos ha declarado la
constitucionalidad de las normas que establecen juicios penales de única
instancia. Aunque las reflexiones de la Corte se han centrado en la potencial
afectación de la garantía de la doble instancia, las decisiones sobre la
exequibilidad de tales preceptos han tenido como fundamento, entre otras cosas,
la consideración de que incluso en estas estructuras procesales de única
instancia, el condenado preserva la facultad para atacar y controvertir el
fallo que declara su responsabilidad penal y que le impone una sanción; se trata
en todo caso, de mecanismos limitados de impugnación, distintos a los recursos
ordinarios como la apelación.
Tal
como  se indicó anteriormente, en la sentencia C-019 de 1993[70] se analizó la
constitucionalidad de las previsiones del ya derogado Código del Menor que
establecían procesos penales de única instancia para las infracciones cometidas
por niños mayores de 12 años, y que fueron cuestionadas en su momento por la
presunta afectación del derecho a la impugnación. La Corte concluyó que aunque
en principio la facultad prevista en el artículo 29 no se extiende a los fallos
proferidos en juicios criminales contra menores de edad, pues en éstos no se
imponen condenas sino medidas rehabilitadoras, en todo caso, el artículo 37 de
la Convención Internacional sobre Derechos del Niño sí establece un derecho análogo
en relación con las medidas privativas de la libertad de los niños. En este
entendido, la Corte efectuó una interpretación extensiva del artículo 29 de la
Carta Política, y declaró la constitucionalidad condicionada del precepto
legal, aclarando que “los procesos relativos a menores infractores de la ley
penal son de única instancia cuando en ellos no se decrete una medida privativa
de la libertad. En caso contrario, se estará a lo dispuesto por la Convención
de Derechos del Niño”. Así pues, la base decisional del fallo es la tesis
de que la previsión de juicios penales de única instancia no son per se inconstitucionales,
pero en tanto ello no implique la anulación de la facultad de impugnación[71].
Con fundamento en esta misma
regla se ha evaluado la validez de los preceptos legales que prevén juicios
penales de única instancia para los aforados. Este es justamente el caso de las
sentencias C-142 de 1993[72]
y C-411 de 1997[73],
en las que esta Corporación concluyó que este esquema procesal no era
incompatible con el texto constitucional, porque aunque establecía una
limitación al principio de la doble instancia, dejaba a salvo el derecho a la
impugnación de los fallos condenatorios, porque estos podían ser atacado
mediante vías procesales distintas a la apelación, como la acción de tutela o
el recurso extraordinario de revisión.
Así, en la sentencia C-411 de
1997[74]
la Corte se pronunció sobre la exequibilidad de la disposición del aquel
entonces Código de Procedimiento Penal (Decreto 2700 de 1991), que asignaba a
la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia la competencia para
resolver las acciones de revisión contra sentencias ejecutoriadas proferidas en
única instancia por el Tribunal Nacional, la Corte Suprema de Justicia y  los
tribunales superiores del distrito[75].
Aunque a juicio del peticionario esta disposición anulaba el derecho a la doble
instancia y el derecho a la impugnación de las sentencias condenatorias, la
Corte aclaró, en primer lugar, que justamente a través de la acción de revisión
se ejerce la facultad para controvertir los fallos que imponen sanciones
penales, y que por tanto, una eventual declaratoria de inexequibilidad tendría
como efecto jurídico la restricción del derecho que el demandante pretendía
asegurar; además, se puntualizó que en los procesos de única instancia la
sentencia condenatoria puede ser atacada mediante la acción de tutela y
mediante los recursos extraordinarios previstos en el régimen procesal penal.
En este entendido, se declaró la exequibilidad del precepto impugnado.
Finalmente,
como en el nuevo estatuto procesal penal contenido en la Ley 906 de 2004 se
mantienen los procesos penales de única instancia para los aforados, las
disposiciones correspondientes fueron demandadas ante esta Corporación por el
presunto desconocimiento de la garantía de la doble instancia y del derecho a
la impugnación de las sentencias condenatorias. En la sentencia C-934 de 2006[76] la Corte
concluyó que este esquema procesal no  desconoce ninguna de estas garantías,
pues no existe ninguna regla específica, ni en la Carta Política ni en los
instrumentos internacionales de derechos humanos, que establezca una facultad
para atacar los fallos sancionatorios  en contra de las personas que cuentan
con un fuero, sino únicamente un precepto general diseñado para los juicios
penales ordinarios que son conocidos por las instancias regulares, y no por el
máximo órgano jurisdiccional en materia penal, que además tiene la
particularidad de ser un cuerpo colegiado[77].
Aunque
en esta oportunidad la Corte consideró admisible que el legislador estableciera
una excepción al derecho previsto en el artículo 29 superior, esta salvedad se
refiere a los destinatarios de la prerrogativa, y no al contenido del derecho
como tal. Además, este régimen especial tendría como contrapartida un blindaje
y unas garantías especiales para los aforados que tornarían innecesario el
derecho a la impugnación.
6.9.2. Por otro lado, se encuentra otro grupo de precedentes próximos
a la regla jurisprudencial que se acoge en esta oportunidad, referidos a la
hipótesis en la que, en el marco de un juicio penal, se profieren dos
sentencias absolutorias, de primera y de segunda instancia, y posteriormente,
el juez de casación revoca tales fallos y declara por primera vez la
responsabilidad penal. Frente a este supuesto fáctico, esta Corporación ha
establecido que el derecho a la impugnación puede ser ejercido en contra de
esta última providencia.
En efecto, en la sentencia
C-998 de 2004[78]
se evaluó la constitucionalidad del precepto legal que, al fijar los
lineamientos del recurso extraordinario de casación en materia penal,
tácitamente permitía que una persona absuelta en primera y en segunda
instancia, fuese condenada posteriormente cuando se resuelve el referido recurso,
sin que en principio, tal determinación fuese susceptible de ser controvertida
mediante el recurso de apelación[79].
A juicio del accionante, la
previsión resultaba lesiva de los artículos 13, 29 y 31 superior, no solo por
restringir de manera indebida el derecho de defensa, sino además, por colocar en
situación de desventaja a las personas que son condenadas por primera vez en
sede de casación, frente a las que lo son en la primera y en la segunda
instancia. La Corte se apartó de esta apreciación, argumentando que la medida legislativa
se justificaba porque aunque existe el derecho a impugnar las sentencias
condenatorias, sea cual fuere la instancia en que se dicten, esta facultad no
se satisface únicamente a través del recurso de apelación[80], sino a través cualquier
mecanismo procesal que permita atacar las bases y el contenido de la decisión
judicial, y que en el derecho colombiano el recurso de revisión y la acción de
tutela cumplen esta función[81].
De igual modo, este tribunal estimó que la disposición demandada tampoco desconocía
el derecho a la igualdad, como quiera que la situación jurídica del condenado
en sede de casación es distinta de la de las personas condenadas en primera y
segunda instancia, y como quiera que esta diferencia amerita el trato
diferenciado en lo que respecta a los mecanismos para controvertir  el fallo judicial.
Finalmente, la Corte sostuvo que impedir que en sede de casación el juez declarar
la responsabilidad penal podría implicar la transgresión del derecho positivo cuando
el operador jurídico encuentra que la absolución es incompatible con el derecho
legislado, y además la anulación de los derechos de los demás sujetos que
intervienen en el proceso penal, como las víctimas y demás perjudicados del
hecho punible, el Ministerio Público y la Fiscalía, y por esta vía, el
principio de igualdad de armas y el derecho de acceso a la administración de
justicia[82].
En este orden de ideas, y tras haber concluido que la facultad del juez de
casación para revocar los fallos absolutorios de instancia e imponer por primera
vez una condena en un proceso penal, no vulnera el derecho de impugnación
previsto en el artículo 29 de la Carta Política, la Corte declaró la
exequibilidad del precepto demandado.
Así pues, en este fallo la
Corte reconoce que existe un derecho a controvertir los fallos que declaran la
responsabilidad por primera vez en un juicio, independientemente de la etapa
procesal en la que esta se produce esta declaración.
6.9.3.  Por último, un tercer grupo de precedentes versan
sobre el derecho a impugnar decisiones judiciales, pero no en el contexto de
juicios penales, sino en el de procesos sancionatorios disciplinarios o en el de
otros procesos judiciales en los que la providencia que resuelve el objeto del
juicio puede resultar adversa para una de las partes.
Es
así como  en distintas oportunidades se ha declarado la inexequibilidad de las
medidas legislativas que, al diseñar procedimientos administrativos o procesos
judiciales de única instancia, restringen, limitan o anulan la posibilidad de
ejercer el derecho a la impugnación,  y por esta vía se ha obligado a
replantear la estructura de tales juicios, así: (i) En la sentencia C-017 de
1996[83]
se determinó la inconstitucionalidad de las disposiciones legales que
establecían procesos disciplinarios de única instancia adelantados por la
Procuraduría Delegada de Derechos Humanos contra miembros del Ministerio de
Defensa Nacional, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional o funcionarios o
personal de organismos adscritos a tales entidades, por su participación en el
ejercicio de sus funciones, en actos constitutivos de genocidio y desaparición
forzada de personas[84];
(iii) en la sentencia C-345 de 1993[85]
se declaró la inexequibilidad de las disposiciones del aquel entonces Código
Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984), que asignaban a los tribunales
administrativos la competencia para conocer y resolver en única instancia, las
demandas contra actos administrativos que imponen ciertas sanciones
disciplinarias contra funcionarios públicos de bajos ingresos[86]; (iii) en la sentencia
C-213 de 2007[87]
se evaluó la constitucionalidad de los preceptos legales que establecían que
las sanciones de amonestación privada y de censura impuestas a los odontólogos
por el Tribunal de Ética Odontológica, únicamente eran susceptibles del recurso
de reposición, concluyendo que la medida era inexequible respecto de este
último correctivo, y que por tanto, en este evento debía otorgarse el recurso
de apelación[88].
En
otras ocasiones, por el contrario, la Corte ha avalado el diseño legislativo de
procedimientos administrativos o de procesos judiciales de única instancia,
pero no porque se haya considerado que el derecho a la impugnación pueda ser
exceptuado, sino en atención a otras dos circunstancias, a saber: (i) porque
existen mecanismos alternativos a la apelación que satisfacen la referida
facultad, aunque no den lugar a una segunda instancia; (ii) porque la referida
prerrogativa constitucional está prevista para los procesos penales, y no es
extensible automáticamente a otro tipo de juicios que versan sobre otras
materias.
Dentro
de esta línea se encuentran, por ejemplo, las siguientes providencias: (i) la
sentencia C-280 de 1996[89],
en la que este tribunal declaró la exequibilidad de las disposiciones del
Código Disciplinario Único que establecen un procedimiento sancionatorio de
única instancia para las faltas leves cometidas por los servidores públicos, y
cuya sanción es impuesta por el jefe inmediato de quien cometió la infracción[90]; en este
caso se estimó que la norma no lesionaba el derecho a la impugnación, porque la
decisión adoptada por la administración pública podía ser atacada en la
jurisdicción de lo contencioso administrativo[91];
(ii) en la sentencia C-040 de 2002[92]
se determinó la constitucionalidad del artículo 39 de la Ley 446 de 1998, que
asigna a los tribunales administrativos competencias para resolver algunos
procesos en única instancia, argumentando que el derecho a la impugnación había
sido concebido para los procesos penales, y no para aquellos que se surten en
la jurisdicción de lo contencioso administrativo[93]; (iii) en la sentencia
C-254A de 2012[94]
se declaró la exequibilidad de los preceptos legales que establecen que los
procesos de pérdida de investidura de los congresistas, surtidos ante el
Consejo de Estado, son de única instancia[95],
en la medida en que este tipo de juicios no tienen una connotación penal, y
porque además, el derecho positivo deja a salvo la facultad para controvertir
la decisión adversa al congresista, mediante la activación de los recursos de
reposición y de revisión, que considerados en conjunto, garantizan el derecho
de defensa; (iv) con una orientación semejante, en la sentencia C-718 de 2012[96] la Corte
avaló el esquema de los procesos de única instancia ante el juez de familia
sobre custodia, cuidado personal, régimen de visitas y permisos de salida del
país[97],
argumentando que el derecho a la impugnación es predicable de los procesos
penales, que la decisión judicial no hace tránsito a cosa juzgada por tratarse
de un proceso de jurisdicción voluntaria en la que el juez de instancia
mantiene indefinidamente su competencia en el caso y puede modificar el contenido
de sus determinaciones, y que en hipótesis excepcionales se puede atacar el
fallo mediante la acción de tutela.
6.9.4. Lo anterior sugiere que a la luz de la jurisprudencia
constitucional, existe un derecho a controvertir el primer fallo condenatorio
que se expide en el marco de un proceso penal.
Con
fundamento en este precedente, la Corte ha declarado la inconstitucionalidad de
preceptos legales que limitan, restringen o anulan la facultad de impugnación
de fallos condenatorios o adversos a una de las partes en el marco de procesos
penales de única instancia (sentencia C-019 de 1993[98]), de procesos
disciplinarios de única instancia (sentencias C-017 de 1996[99], C-345 de 1993[100] y
C-213 de 2007[101]),
o de procesos única instancia de otra naturaleza.
De
igual modo, reconociendo la existencia de tal derecho, este tribunal ha
declarado la exequibilidad de normas que permiten que en sede de casación se revoquen
fallos absolutorios de primera y de segunda instancia y se imponga una condena
por primera vez en esta etapa (sentencia C-998 de 2004[102]), de disposiciones que
establecen procesos penales de única instancia para los aforados (sentencias
C-142 de 1993[103],
C-411 de 1997[104]
y C-934 de 2006[105]),
o de normas que establecen procesos de única instancia en otras materias
(sentencias C-280 de 1996[106],
C-040 de 2002[107],
C-254ª de 2012[108]
y C-718 de 2012[109]).
En todos estos casos la Corte dejó a la salvo la constitucionalidad de los
preceptos legales, pero no porque considerase que el derecho a controvertir el
primer fallo que se impone en un proceso penal puede ser exceptuado, sino sobre
la base de otro tipo de consideraciones: (i) en principio, los estándares
derivados del derecho a la impugnación no son aplicables a materias distintas
al derecho penal; (ii) la oposición a fallos condenatorios se puede ejercer a
través de mecanismos alternativos a la apelación, aunque no den lugar a una
nueva instancia; (iii) los sujetos que cuentan con fuero constitucional en
materia penal o con una garantía equivalente, no son titulares de este derecho.
6.10.
En definitiva, los artículos 29
de la Carta Política, 8.2.h de la CADH y 14.5 del PIDCP consagran el derecho a
controvertir las sentencias condenatorias que se dictan dentro de un proceso
penal. Aunque ninguna de estas disposiciones establece expresamente que esta
prerrogativa comprende la facultad para impugnar las sentencias que revocan un
fallo absolutorio de primera instancia, e imponen por primera vez una condena
en la segunda instancia, esta regla sí constituye un estándar constitucional,
por las siguientes razones: (i) los enunciados anteriores tienen un contenido
general y no hacen ninguna salvedad para la hipótesis anterior, por lo cual no
existe ninguna base normativa para excluirla de la referida facultad
constitucional; (ii) como la prerrogativa anterior se otorga en función del
contenido del fallo y no en razón de la etapa en la cual se dicta la
providencia, es decir, por su connotación condenatoria, y no por haber sido
expedida en la primera instancia de un juicio, no resulta admisible la tesis de
que la impugnación opera únicamente respecto del fallo absolutorio de primera
instancia, y no de la sentencia condenatoria de la segunda instancia; (iii) dado
que mediante el derecho a la impugnación se pretende brindar una herramienta
calificada y reforzada de defensa a las personas que son objeto del poder
punitivo del Estado, y dado que esta defensa sólo se puede ejercer si existe la
posibilidad de controvertir aquella decisión judicial que materializa esta
facultad sancionatoria, la prerrogativa constitucional se debe poder ejercer,
al menos, frente al primer fallo que declara la responsabilidad penal, incluso
cuando esta se dicta en la segunda instancia; (iv) de entenderse que el derecho
a la impugnación se agota con la posibilidad de controvertir la sentencia
judicial de primera instancia, se subsumiría este derecho en la garantía de la
doble instancia, en contravía del principio hermenéutico del efecto útil; (v)
esta línea hermenéutica es consistente con la de los operadores jurídicos
encargados de la interpretación y aplicación de los instrumentos normativos que
consagran el mencionado derecho, y en particular, con la que ha acogido el
Comité de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, (vii)
por su parte, aunque hasta el momento la Corte Constitucional no ha abordado
directamente este problema jurídico, y sus reflexiones en torno a la derecho a
la impugnación se han hecho en el marco de la garantía de la doble instancia,
por lo que no existen consideraciones autónomas en este sentido, la
jurisprudencia sí reconoce el derecho a atacar las providencias que imponen por
primera vez una condena en el marco de un juicio penal.
7.
El alcance del deber
constitucional del legislador de diseñar e implementar un recurso judicial que
materialice el derecho a la impugnación
7.1.
En el acápite anterior se
llegó a la conclusión de que a la luz del ordenamiento superior, existe un derecho,
de naturaleza y jerarquía constitucional, de impugnar las sentencias que
imponen por primera vez una condena en el marco de un proceso penal, incluso
cuando estas se dictan en la segunda instancia.
Este
derecho tiene como contrapartida el deber del legislador de diseñar e
implementar un recurso judicial que permita el ejercicio de tal prerrogativa.
No obstante, no existe un acuerdo sobre el alcance de tal deber. Para la
accionante y para la Universidad Santo Tomás, los recursos existentes en el
derecho positivo, y en particular, el recurso extraordinario de casación y la
acción de revisión, no cumplen las condiciones para el ejercicio del derecho de
impugnación. Por el contrario, para el Ministerio Público y para los
intervinientes que solicitaron la declaratoria de exequibilidad de los
preceptos impugnados, aunque el recurso de casación, la acción de revisión y la
acción de tutela contra sentencias no dan lugar a una nueva instancia, sí
constituyen herramientas idóneas para atacar y controvertir los fallos
condenatorios.
En
este contexto, corresponde a esta Corporación  determinar el alcance del deber
del legislador de diseñar e implementar un recurso que viabilice el derecho
constitucional a la impugnación, a efectos de establecer la idoneidad de las
vías procesales contempladas en el derecho positivo para atacar las sentencias
condenatorias.
7.2.
Tal como se expresó
anteriormente, en virtud del derecho a la impugnación, las personas condenadas tienen
derecho a que la sentencia que determina su responsabilidad sea revisada por
una instancia judicial distinta a quien impuso la condena, y a que, en este
marco, todos los elementos normativos, fácticos y probatorios en que se suporta
la correspondiente decisión judicial, sean sometidos a un nuevo escrutinio.
De esta consideración general
se derivan tres pautas fundamentales: (i) primero, en la medida en que el
operador jurídico debe evaluar todas las bases de la providencia cuestionada,
es decir, todos aquellos elementos que tienen repercusión en la decisión
judicial, éste debe contar con amplias facultades para efectuar una revisión
completa, amplia y exhaustiva del fallo; (ii) segundo, la evaluación de todos
los elementos determinantes de la condena exige una nueva aproximación al caso
que dio origen al litigio judicial, y no solo un análisis de la decisión que
resolvió la controversia; es decir, el examen debe recaer primariamente sobre
la controversia sobre la cual se pronunció el fallo judicial, y sólo
secundariamente, y a partir del análisis anterior, sobre la providencia
condenatoria como tal; (iii) y finalmente, como se requiere un ejercicio
analítico y valorativo de todos los elementos determinantes del fallo
condenatorio, la revocatoria de la decisión condenatoria se debe producir
cuando se verifique que ésta carece de alguno de sus fundamentos o elementos
determinantes, y no solo cuando se configure una de las irregularidades o
vicios determinados previamente en el derecho positivo; en otras palabras, el
recurso judicial no debe estar sujeto a un conjunto cerrado de causales de
procedencia establecidas previamente por el legislador, sino que debe existir
un examen abierto de la sentencia.
7.3.
Este entendimiento del recurso
judicial que materializa el derecho a la impugnación, se deriva de una
interpretación textual, finalista, sistemática del ordenamiento superior.
En
primer lugar, la concepción del derecho a la impugnación como una herramienta
especial y calificada de defensa frente a los fallos incriminatorios, exige
mecanismos procesales robustecidos y amplios que permitan atacar las bases
normativas, fácticas y probatorias de la condena. Si se entiende, por ejemplo,
que los recursos están atados a conjunto cerrado de causales de procedencia
establecido previamente en el derecho positivo, no sólo no sería viable la
impugnación de todo fallo condenatorio, como lo exige el ordenamiento superior,
sino únicamente aquellos cuya presunta irregularidad coincide con alguna de las
previstas expresamente en el derecho legislado, sino que además, se
restringiría el espectro material de la facultad constitucional, porque se
impediría que el condenado cuestione cualquiera de las bases normativas,
probatorias o fácticas de la decisión judicial.
Es
decir, la finalidad del constituyente de garantizar una defensa reforzada del
condenado frente a la decisión incriminatoria, exige dotar de la mayor amplitud
posible las vías procesales que materializan el derecho a la impugnación, y
descarta, por tanto, las herramientas procesales “debilitadas” que tienen un
espectro material limitado, porque resultan incompatibles con el objeto
fundamental del constituyente de brindar a las personas de recursos idóneos y
eficaces de defensa frente al poder punitivo del Estado.
De
igual modo, como mediante el derecho constitucional a la impugnación se
pretende dotar a las decisiones judiciales de una blindaje especial de
corrección mediante la exigencia de la doble conformidad judicial, y como a su
vez, la doble conformidad exige que dos operadores jurídicos distintos se
pronuncien en el mismo sentido sobre una misma controversia jurídica, no basta
con que un juez efectúe una revisión de aspectos puntuales del primer fallo
condenatorio, sino que se pronuncie de nuevo sobre el caso, y sobre todos
elementos determinantes del fallo condenatorio.
7.4.
Esta interpretación coincide
con el entendimiento dominante  en la comunidad jurídica del derecho a la
impugnación, y en particular, con la que tienen los órganos calificados
encargados de la interpretación y aplicación de los instrumentos que consagran
el referido derecho.
Tal
como se sostuvo en el acápite anterior, el Comité de Derechos Humanos ha
entendido que aunque la revisión de las sentencias condenatorias no necesariamente
debe dar lugar a un nuevo juicio o una nueva instancia procesal, en todo caso
debe permitir un nuevo análisis de la controversia jurídica, así como de todos
los elementos con fundamento en los cuales se estableció la responsabilidad
penal. Así las cosas,  las herramientas procesales a través de las cuales se
ejerce el referido derecho convencional, deben estar dotadas de un nivel tal de
amplitud, apertura y flexibilidad, que el operador jurídico encargado de
resolverlo pueda efectuar una nueva aproximación al caso y una nueva valoración
de todas aquellas cuestiones fácticas, probatorias y normativas alegadas por el
recurrente que tengan incidencia en el fallo atacado, y no solo un examen de la
providencia a partir de un conjunto cerrado y exhaustivo de causales
determinadas previamente en el derecho positivo.
La
Observación General No. 32,  citada y transcrita anteriormente, fija estos estándares,
y con base en ellos se han evaluado casos concretos de potencial afectación del
derecho previsto en el artículo 14.5 del PIDCP. Es así como este organismo ha
concluido que los recursos previstos en la legislación interna pueden ser
compatibles con el artículo 14.5 del PIDCP cuando dotan al juez de revisión de
amplias facultades para evaluar todos los aspectos alegados por el recurrente y
que tengan incidencia en la decisión judicial, incluso cuando no se trate del
recurso de apelación, e incluso cuando no den lugar a un nuevo juicio o a una
nueva instancia; así, cuando en el marco de un recurso extraordinario de
casación el juez efectúa una nueva valoración de la controversia jurídica a la
luz los cuestionamientos planteados por el recurrente, se garantiza
adecuadamente el derecho a la revisión de los fallos condenatorios[110]. Por
el contrario, cuando una sentencia condenatoria no puede ser atacada mediante
la apelación, o cuando el sistema recursivo previsto en la legislación interna
sólo confiere potestades reducidas para evaluar la providencia recurrida a
partir de un conjunto cerrado de causales que no comprenden todas las
irregularidades normativas, fácticas y probatorias en que podría incurrir un
fallo judicial, se vulnera el artículo 14.5 del PIDCP[111].
La
Corte Interamericana de Derechos Humanos ha fijado unas directrices análogas, y
con fundamento en estas premisas ha evaluado el cumplimiento del artículo 8.2.h
de la CADH en los casos contenciosos. Así, cuando en el marco del recurso
extraordinario de casación el juez se limita a determinar si la providencia
atacada incurre en algunas de las causales señaladas taxativamente en la ley[112], o
cuando en el marco de un recurso extraordinario el juez deja de valorar los
elementos fácticos y probatorios que constituyen la base de la decisión
judicial[113],
este organismo ha considerado que el Estado correspondiente vulneró la CADH.
7.5.
Esta línea hermenéutica, en
cambio, sí contrasta con la interpretación tradicional de esta Corporación en
materia de derecho a la impugnación, que ha considerado admisibles recursos
judiciales o vías procesales “debilitadas”.
Tanto
en el escenario de los procesos penales de única instancia, como en el
escenario de los juicios penales en los que la condena se puede imponer por
primera vez en sede de casación, este tribunal ha estimado que el derecho a la
impugnación se satisface mediante la previsión de cualquier sistema recursivo
que permita atacar o controvertir la decisión condenatoria. En este sentido,
resulta significativa la ya mencionada sentencia C-142 de 1993[114], en la que se declaró
la exequibilidad de las disposiciones legales que en su momento establecieron
procesos de única instancia para los aforados.  Tal como se explicó en acápites
anteriores, en este fallo la Corte declaró la exequibilidad de tales preceptos,
al estimar que la expresión “impugnar” prevista en el artículo 29 superior,
hace referencia únicamente a la posibilidad de atacar o controvertir, sin cualificaciones
o exigencias adicionales, y que en este sentido, tanto el recurso
extraordinario de casación, como la acción de tutela contra providencias
judiciales y la acción de revisión, constituyen dispositivos procesales idóneos
y eficaces para garantizar este derecho constitucional.
Con
respecto a la casación, se aclara, por un lado, que aunque en principio este
recurso se encuentra previsto únicamente para revisar fallos de tribunales o
sentencias por delitos que tengan una pena privativa de la libertad igual o
superior a los cinco años, la misma ley procesal ha ampliado su cobertura, en
el entendido de que la Corte Suprema de Justicia tiene la facultad discrecional
para aceptar recursos que no cumplan la condición anterior, cuando lo estime
necesario para el desarrollo jurisprudencial o para la protección de los
derechos fundamentales; y dada la amplitud y maleabilidad de estas dos
categorías conceptuales, se trata de un recurso de amplio espectro. Por otro
lado, en esta sentencia se argumenta que aunque en principio la evaluación del
juez de casación está orientada únicamente a determinar si hubo una violación
del derecho sustancial, una incongruencia entre la acusación y la decisión, o
una nulidad que afecte la sentencia, una interpretación flexible de tales
causales ha convertido a esta herramienta en “una manera, casi ilimitada, de
corregir errores judiciales que vulneren derechos fundamentales”.
Esta
misma línea argumentativa fue acogida en múltiples fallos posteriores, como en
la sentencia C-998 de 2004[115],
en la que se declaró la exequibilidad de las normas que facultaban al juez de
casación a revocar los fallos absolutorios de primera y de segunda instancia, e
imponer en esta sede una condena por primera vez; al igual que en el caso
anterior, la base decisional de la providencia es la consideración de que la
facultad de impugnación implica únicamente la posibilidad de atacar de
cualquier modo una providencia, y la consideración de que, así entendida la
prerrogativa constitucional, los dispositivos procesales alternativos al
recurso de apelación, como la acción de tutela contra providencias judiciales, permiten
el ejercicio de tal derecho. Esta misma línea argumentativa se encuentra
presente en las sentencias C-411 de 1997[116],
C-934 de 2006[117]
y C-254ª de 2012[118].
Como
puede advertirse, en todos estos casos se consideran admisibles los recursos
alternativos a la apelación. Esta conclusión, sin embargo, parte de una
interpretación textual de la expresión “impugnar”, sin indagar sobre el vínculo
de esta prerrogativa con el derecho de defensa y con la doble conformidad
judicial como  mecanismo para garantizar la corrección de las sentencias; de
igual modo, debe tenerse en cuenta que esta consideraciones sobre el derecho a
la impugnación constituyen reflexiones marginales o accesorias a la
preocupación fundamental de la Corte sobre la legitimidad de las limitaciones a
la garantía de la doble instancia.
7.6.
De acuerdo con este
planteamiento, la Corte concluye que el legislador tiene el deber
constitucional de diseñar e implementar un recurso que materialice el derecho a
controvertir los primeros fallos condenatorios que se dictan en un juicio
penal, el cual debe otorgar amplias potestades al juez de revisión para
analizar y evaluar las cuestiones fácticas, probatorias y normativas que
inciden en el contenido de la decisión judicial objeto del recurso.
8.
Análisis de los cargos de
la demanda
8.1.
Habiendo resuelto los
problemas jurídicos de los que depende el juicio de constitucionalidad, y
habiendo fijado los estándares a la luz de los cuales se evaluarán las
disposiciones acusadas, la Corte procede a valorar los cargos de la demanda por
la presunta infracción del derecho al debido proceso y al derecho a la
igualdad, por cuanto el derecho positivo no habría contemplado el recurso de
apelación para atacar los fallos que en el marco de un proceso penal, revocan
una sentencia absolutoria e imponen una condena por primera vez en la segunda
instancia.
Para
este efecto, la Corte (i) identificará la solución que el ordenamiento jurídico
ofrece para la hipótesis abstracta planteada por la actora; es decir, establecerá
si la legislación contempla algún recurso que permita controvertir las
sentencias judiciales que declaran la responsabilidad penal por primera vez en
la segunda instancia de un juicio penal, y en caso afirmativo, el objeto y el
alcance de tal dispositivo; (ii) posteriormente se determinará si alguno de
estos recursos, o el conjunto de todos ellos, satisfacen los estándares
constitucionales relativos al derecho a la impugnación; (iii) en caso de
concluir que no existe un recurso semejante en el régimen procesal penal, se
establecerá si el déficit normativo configura una omisión legislativa
susceptible de ser enmendada por el juez constitucional, y los términos en que
puede ser subsanada.
8.2.
Tal como lo sostuvo la
accionante, el Ministerio Público y la totalidad de los intervinientes en este
proceso, el fallo condenatorio de segunda instancia no es susceptible de ser
impugnado mediante el recurso de apelación, según se desprende de
la integración de los artículos 20, 32, 161, 176, 179B, 194 y 481 de la Ley 906
de 2004, demandados por la peticionaria justamente por esta circunstancia. Esta
herramienta procesal fue concebida únicamente para atacar los fallos de primera
instancia ante el superior jerárquico de quien dictó la providencia.
Aunque
tradicionalmente el recurso de apelación ha sido considerado como el
dispositivo procesal por excelencia para el ejercicio del derecho a la
impugnación, porque permite cuestionar cualquier asunto relevante de la
decisión judicial recurrida, porque debe ser resuelto por una instancia
superior a la que dictó el fallo, y porque opera antes de que la sentencia
quede en firme y tenga efectos de cosa juzgada, la legislación colombiana prevé
otros dispositivos para cuestionar las sentencias condenatorias que imponen una
condena por primera vez en la segunda instancia, a saber, el recurso
extraordinario de casación, la tutela contra providencias judiciales y la
acción de revisión.
Pasa
entonces la Corte a evaluar este sistema recursivo.
8.3.
En la Ley 906 de 2004 el recurso
extraordinario de casación está configurado de la siguiente manera:
(i)
En primer lugar, el recurso está
diseñado para controvertir las sentencias dictadas en la segunda instancia en
los procesos adelantados por delitos. Es así como el artículo 181 de la Ley 906
de 2004 establece que “el recurso [extraordinario de casación] como control
constitucional y legal procede contra las sentencias proferidas en segunda
instancia en los procesos adelantados por delitos”.
(ii)
En segundo lugar, la casación
tiene por objeto efectuar un control constitucional y legal de las referidas
providencias, es decir, verificar que la decisión judicial se ajuste a
lineamientos establecidos en el derecho positivo.
(iii)
En tercer lugar, únicamente hay
lugar a la modificación del fallo cuando se satisfacen dos condiciones:
-
La providencia judicial afecta
derechos o garantías fundamentales;
-
La afectación anterior se produce
por una de las siguientes irregularidades: (i) Falta de aplicación,
interpretación errónea o aplicación indebida de una norma del bloque de
constitucionalidad, constitucional o legal, llamada a solucionar el caso; (ii)
desconocimiento debido proceso por afectación sustancial de su estructura o de
la garantía debida a cualquiera de las partes; (iii) desconocimiento manifiesto
de las reglas de producción y apreciación de la prueba que sirvió de fundamento
a la providencia.
Cuando el cuestionamiento versa sobre la reparación integral a las víctimas,
se deben cumplir las condiciones y requisitos establecidos para la casación civil,
y en particular los siguientes: (i) Sólo son susceptibles del recurso las
sentencias cuyo valor actual sea superior a 1000 SMLMV[119]; (ii) sólo se puede
controvertir la decisión judicial por violación directa de una norma jurídica
sustancial; violación indirecta de la ley sustancial, por error derecho
derivado del desconocimiento de una norma probatoria o por error de hecho
manifiesto y trascendente en la apreciación de la demanda, de la contestación o
de una prueba;  inconsistencia entre la sentencia y las pretensiones de la
demanda o las excepciones propuestas por el demandado o que deban ser
reconocidas de oficio; agravamiento de la situación del apelante único en la sentencia;
haberse dictado la sentencia en un juicio viciado de alguna nulidad que no haya
sido saneada[120];
(ii) el juez de casación actúa a petición de parte, por lo que en principio
sólo se encuentra habilitado para evaluar las causales de casación alegadas por
el demandante, salvo cuando resulte evidente que la decisión judicial
compromete gravemente el orden o el patrimonio público, o lesiona los derechos
y garantías fundamentales[121];
(iii) no pueden interponer el recurso quienes no apelaron la sentencia de
primer grado, y la proferida por el tribunal fue confirmatoria de aquella; (iv)
la demanda de casación debe individualizar los cargos contra la sentencia,
indicando para uno de ellos los fundamentos de la acusación de manera clara,
precisa y completa[122];
(v) se puede inadmitir la demanda no solo cuando no se satisfacen los
requisitos formales de la misma, sino además, cuando para la hipótesis fáctica
planteada exista jurisprudencia reiterada y no se haya demostrado la necesidad
de variar el precedente, cuando los errores procesales alegados no existen,
fueron saneados, no afectan las garantías fundamentales ni comportan una lesión
grave del ordenamiento superior, o cuando no es evidente la transgresión del
ordenamiento en contra del recurrente[123];
(v) la demanda debe ser interpuesta dentro de los cinco días siguientes a la
notificación de la sentencia, o dado el caso, a la notificación de la
providencia que adiciona, corrige o aclara el fallo judicial[124].
(iv)
El recurso debe interponerse
dentro de los sesenta días siguientes a la última modificación de la sentencia[125].
(v)
La demanda debe ser inadmitida
cuando el demandante carece de interés, cuando en el escrito no se indica la
causal de casación, cuando no se desarrollan  adecuadamente los cargos, o
cuando no se requiere del fallo para satisfacer las finalidades del recurso,
como son la efectividad del derecho material, el respeto de las garantías de
los intervinientes, la reparación de los agravios inferidos a dichos sujetos, y
la unificación de la jurisprudencia[126].
(vi)
Por regla general, el examen
judicial se circunscribe a los cargos formulados por el demandante, salvo
cuando por los fines de la casación, la posición del impugnante dentro del
proceso y la índole de la controversia planteada, sea necesario superar el
déficit de la demanda para resolver de fondo[127].
8.4.
La Corte considera que así
configurado el recurso extraordinario de casación, no satisface los estándares
constitucionales del derecho a la impugnación, por las razones que se indican a
continuación:
8.4.1. En primer lugar, aunque en principio toda sentencia
que impone por primera vez una condena por un delito en la segunda instancia es
susceptible de ser cuestionada mediante el recurso extraordinario de casación,
aún subsisten algunas barreras de acceso a este mecanismo.
En
efecto, tal como se expresó anteriormente, el artículo 181 de la Ley 906 de
2004 establece que el recurso “procede contra las sentencias proferidas en
la segunda instancia en los procesos adelantados por delitos”.
Destaca
la Corte que el nuevo régimen procesal amplió de manera decisiva el objeto del
recurso, ya que anteriormente sólo recaía sobre algunas sentencias de segunda
instancia, en función de criterios como el tipo de infracción cometida, la
sanción imponible o el juez encargado del juzgamiento. Así por ejemplo, bajo la
vigencia del Decreto 2700 de 1991 y de la Ley 600 de 2000, el objeto del
recurso eran únicamente las sentencias proferidas en segunda instancia por los
Tribunales Superiores del Distrito Judicial y el Tribunal Penal Militar, por
delitos con pena privativa de la libertad cuyo máximo excediese los ocho años,
y sólo de manera excepcional sobre otras sentencias penales cuando se
considerara necesario para el desarrollo de la jurisprudencia o la garantía de
los derechos fundamentales[128].
De igual modo, el objeto de este recurso contrasta con el previsto en la
legislación común; el actual Código General del Proceso dispone, por ejemplo,
que cuando la controversia tiene un contenido económico, el recurso de casación
procede únicamente cuando la parte resolutiva de sentencia de segunda instancia
fija un valor actual superior a los 1.000 SMLMV[129].
Pese
a lo anterior, el recurso extraordinario de casación no procede frente a toda
sentencia que imponga por primera vez una condena en la segunda instancia de un
juicio penal, por tres razones.
De
una parte, según se establece en el artículo 181 del Código de Procedimiento
Penal, el recurso únicamente opera cuando se juzgue un delito, más no cuando se
juzgue una contravención penal (distinta de la contravención de policía). Así
por ejemplo, las sentencias dictadas por contravenciones especiales como el
porte de sustancias[130],
el hurto agravado[131],
las lesiones personales culposas[132],
las lesiones personales culposas agravadas[133]
o el ofrecimiento, venta o compra de instrumento apto para interceptar
comunicación privada entre personas[134],
no son susceptibles de ser controvertidas mediante el recurso extraordinario de
casación, pese a que en ellas se puede imponer condenas que implican incluso la
privación de la libertad.
Además,
el juez de casación puede inadmitir la demanda a partir de juicios
discrecionales, cuando considere que el demandante carece de interés o cuando
se estime que no se requiere del fallo para satisfacer las finalidades del
recurso. En este entendido, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia podría
inadmitir el recurso interpuesto en contra de un fallo de segunda instancia que
impone por primera vez una condena, con el argumento de que la hipótesis
fáctica que subyace al caso ya ha sido definida jurisprudencialmente, y que por
tanto, la selección correspondiente no será funcional o útil para la
unificación o el desarrollo de precedentes. Como puede advertirse, el juez de
casación cuenta con amplias potestades para dosificar y graduar la casación a
partir de criterios cuya valoración otorga un amplio margen de
discrecionalidad, y que son ajenos al objetivo de garantizar la defensa de los
condenados en los juicios penales.
Finalmente,
cuando el cuestionamiento del recurrente gira en torno a la orden de reparación
integral, son aplicables todas limitaciones de la legislación común a las que
se hizo referencia anteriormente. Así, la orden de reparación integral debe
tener una cuantía superior a los 1.000 SMLMV, y que además, incluso cuando se
satisfacen todos los requisitos formales de la demanda, el juez de casación
puede inadmitir la demanda cuando para la hipótesis fáctica planteada existan
precedentes decantados y no se haya puesto en evidencia la necesidad de su
modificación, o se estima que los errores procesales alegados no tienen
trascendencia iusfundamental, o que la decisión no implica una
transgresión grave del ordenamiento en contra del recurrente. Nuevamente, el
juez de casación cuenta con un amplio margen de maniobra para inadmitir las
demandas de casación en este escenario.
8.4.2. En segundo lugar, el tipo de examen que se efectúa en
sede de casación difiere sustancialmente del que se ejerce en desarrollo del
derecho constitucional a la impugnación.
En
efecto, tal como se expresó en los acápites anteriores, la impugnación de las
sentencias condenatorias implica, por un lado, que el operador jurídico efectúe
una nueva aproximación al litigio o controversia de base, y no solo al fallo
judicial recurrido, y por otro lado, que el juez se encuentre habilitado para
examinar y revisar todas las bases de la decisión judicial atacada, tomando
como referente los cuestionamientos del condenado. Por ello, la revocación del
fallo condenatorio ocurre no solo cuando se identifica y acredita una irregularidad
grave calificada previamente en el derecho positivo, sino también cuando de la
apreciación y valoración del caso considerado en su conjunto, se concluye que
no es viable la imposición de la condena.
El
recurso extraordinario de casación, sin embargo, tiene una orientación
distinta. Siguiendo con la tradición jurídica, la casación no tiene por objeto
someter nuevamente la controversia a un nuevo operador jurídico para que sea
resuelta de nuevo, sino únicamente evaluar los fallos de segunda instancia que
definieron previamente el litigio, para establecer si adolecen de una
irregularidad de tal gravedad y magnitud, previamente calificada por el derecho
positivo, que se amerite la modificación de la decisión judicial. Es por este
motivo que el artículo 181 del Código de Procedimiento Penal establece que la
casación tiene por objeto controlar la constitucionalidad y la legalidad de las
decisiones judiciales, porque el análisis recae, no sobre el litigio penal,
sino sobre la sentencia que previamente lo resolvió.
Adicionalmente,
mientras el derecho constitucional a la impugnación exige que el operador
jurídico revise el contenido y las bases de la decisión judicial recurrida,
teniendo en cuenta todos los cuestionamientos planteados por el condenado al
fallo judicial, de modo que se trata de un examen abierto que recae sobre todos
elementos que inciden en la decisión judicial, la casación exige un examen de
naturaleza y alcances distintos.
En
efecto, la normativa penal prevé un repertorio cerrado de causales de
procedencia con fundamento en las cuales se evalúa la sentencia recurrida. Así,
se requiere que la irregularidad alegada por el condenado, sea una de las
siguientes: (i) Falta de aplicación, interpretación errónea, o aplicación
indebida de una norma del bloque de constitucionalidad o legal, llamada a
regular el caso; (ii) desconocimiento del debido proceso por afectación
sustancial de su estructura o de la garantía debida a cualquiera de las partes;
(iii) manifiesto desconocimiento de las reglas de producción y apreciación de
la prueba sobre la cual se ha fundado a sentencia.
La
Corte toma nota de la circunstancia de que estas causales están dotadas de una
gran amplitud, y de que los operadores jurídicos, a través a de prácticas
institucionales que se han venido consolidando, le han querido imprimir a este
recurso un alto nivel de flexibilidad. Sin embargo, lo anterior resulta
insuficiente, por la confluencia de las siguientes circunstancias: (i)  porque
con la existencia de un conjunto cerrado de vicios, no es posible garantizar el
examen abierto de todos los elementos normativos, probatorios y fácticos de los
que depende el contenido de la decisión judicial; (ii) no solo existe un
repertorio cerrado de causales de procedencia del recurso extraordinario de
casación, sino que además, cada una de ellas debe estar calificada por la
circunstancia de que implique la afectación de derechos o garantías
fundamentales, de modo que sólo serán consideradas como relevantes aquellas
presuntas irregularidades que tengan trascendencia iusfundamental,
mientras que el derecho a la impugnación exige que el examen del fallo judicial
se extienda a todos los asuntos que incidan en la  imposición de la condena,
independientemente de esta calificación especial, e independientemente de que
el debate adquiera una connotación constitucional.
8.4.3. Finalmente, mientras que el derecho a la impugnación
exige que el juez efectúe una valoración integral de la sentencia impugnada,
para identificar las posibles irregularidades del fallo judicial, el juez de
casación tiene facultades limitadas en esta materia, porque el examen se
circunscribe a las falencias identificadas y alegadas por el recurrente, y
establecidas previamente en la legislación. Es por esta razón que el artículo
184 de la Ley 906 de 2004 establece que el juez de casación “no podrá tener
en cuenta causales diferentes de las alegadas por el demandante”. Tan sólo
de manera excepcional el examen judicial se puede extender a asuntos no
planteados por el recurrente, teniendo en cuenta los fines de la casación, la
fundamentación de tales objetivos, la posición del impugnante dentro del
proceso y la naturaleza de la controversia.
8.4.4. En definitiva, el recurso de casación no satisface los
estándares del derecho a la impugnación, por las siguientes razones: (i) no
todas las sentencias condenatorias que se dictan por primera vez en la segunda
instancia son susceptibles de ser impugnadas, porque el recurso no procede
contra los fallos que juzgan contravenciones, porque el recurso puede ser inadmitido
a discreción cuando se considere que la revisión judicial no es necesaria para los
fines de la casación, y porque cuando los cuestionamientos del recurrente
versan sobre la orden de reparación integral, son aplicables todas los
condicionamientos de la legislación común; (ii) el tipo de examen que efectúa
el juez de casación es distinto del que se efectúa en el marco del derecho a la
impugnación, porque no recae sobre la controversia que da lugar al proceso
judicial sino sobre la providencia recurrida, y porque el juez no tiene plenas
potestades para efectuar revisar integralmente el fallo sino sólo a partir de
las causales establecidas de manera taxativa en el derecho positivo; (iii) por
regla general, en sede de casación no existe una revisión oficiosa del fallo
recurrido, porque la valoración de la sentencia se debe circunscribir a los
cargos planteados por el casacionista.
8.5.
La Corte advierte, sin
embargo, que existen otros dispositivos procesales a través de los cuales se
pueden atacar fallos condenatorios de segunda instancia, tal como ocurre con la
acción de tutela y con la acción de revisión.
Esta
última, sin embargo, está diseñada para atacar sentencias ejecutoriadas,
normalmente por la ocurrencia o por el descubrimiento posterior de hechos que
tienen incidencia directa en el contenido de la decisión judicial, o que ponen
en cuestión su legitimidad o legalidad[135].
Por este motivo, la acción de revisión no constituye un mecanismo idóneo para
ejercer el derecho a la impugnación, puesto que se plantea y resuelve una vez
el fallo atacado ha quedado ejecutoriado.
Por
su parte, por razones análogas a las expuestas para evidenciar la insuficiencia
del recurso extraordinario de casación frente a los estándares del derecho a la
impugnación, el amparo contra providencias judiciales tampoco constituye una
herramienta sustitutiva del recurso de apelación: (i) primero, como por
principio esta acción tiene un carácter excepcional, claramente a través suyo
no se puede garantizar que toda sentencia que impone por primera vez una
condena en el marco de un proceso penal, sea susceptible de revisión; (ii) al
igual que en la casación, el examen recae sobre el fallo impugnado y no sobre
la controversia de base, existe un repertorio cerrado de causales de procedencia
a la luz de las cuales se efectúa el análisis de la providencia, y en
principio, el análisis se circunscribe a la valoración de las irregularidades y
falencias identificadas previamente por el accionante. Aunque la amplitud de
las causales de procedencia dota al juez de tutela de un significativo margen
de maniobra, en cualquier caso el amparo no está orientado a materializar el
derecho a la impugnación, sino a revisar fallos judiciales cuyos yerros graves,
abiertos, flagrantes e indiscutibles, tienen trascendencia constitucional.
8.6.
La Corte toma atenta nota de
la circunstancia de que tanto en el contexto del recurso extraordinario de
casación, como en el de las acciones de tutela, las prácticas institucionales
se han orientado a otorgar flexibilidad y amplitud  a estos mecanismos, a
efectos de garantizar la corrección de las decisiones judiciales, y con ella,
la vigencia de los derechos y garantías.
Pese
a lo anterior, estas prácticas institucionales han operado a modo de correctivo
frente a un diseño normativo que de por sí es restrictivo, y que por su propia
naturaleza, no está orientado a que el juez efectúe una nueva revisión del
caso, ni de todos los elementos fácticos, probatorios y jurídicos que inciden
en la decisión judicial. Por ello, aunque en casos puntuales y específicos el
juez de casación o el juez de tutela actúen con especial flexibilidad para que
el examen de la decisión judicial atacada tenga la mayor amplitud posible, la
circunstancia anterior no elimina las limitaciones del diseño normativo, y por
ende, la Corte no podría ampararse en tales prácticas para desconocer estas
restricciones cuyo control constitucional le corresponde.
8.7.
De igual modo, esta
Corporación tiene en cuenta que, considerados en conjunto, la acción de tutela,
la acción de revisión y el recurso extraordinario de casación, contemplan un
muy amplio repertorio de causales de procedencia, que quizás en la práctica
podría comprender la totalidad de asuntos fácticos, probatorios y normativos
que inciden en un fallo judicial condenatorio, de modo tal que todos los
reproches que una persona sancionada penalmente pueda tener frente al fallo
condenatorio, pueden ser canalizados a través de una de tales herramientas.
Sin embargo, la sumatoria de
varios dispositivos que desde la perspectiva del derecho a la impugnación
resultan insuficientes, no los convierte en recursos idóneos y eficaces, pues
lo que se requiere, en definitiva, es que el operador jurídico que resuelve el
recurso, pueda tener una nueva aproximación al caso y que a partir de este
nuevo acercamiento determine si se justifica o no la imposición de la condena
establecida en el fallo recurrido.
8.8.
En este orden de ideas, la
Corte concluye que se configura una omisión legislativa en el régimen procesal
penal previsto en la Ley 906 de 2004, por la inexistencia de un recurso idóneo
que materialice el derecho a la impugnación en todos aquellos casos en que, en
el marco de un proceso penal, el juez de primera instancia absuelve el
condenado, y el juez de segunda instancia revoca el fallo anterior e impone por
primera vez una condena.
8.9.
Para determinar la solución
que la Corte debe dar a este caso, se deben tener en cuenta dos elementos
relevantes.
En
primer lugar, en principio el juez constitucional se encuentra habilitado para
subsanar las omisiones inconstitucionales que derivan de la falta de previsión
de un elemento que debía estar presente en uno o más preceptos legales. Para enmendar
esta deficiencia, la Corte declara la constitucionalidad condicionada de los
correspondientes preceptos, aclarando que el elemento omitido se entiende
incorporado a los correspondientes enunciados legales.
Esta
habilitación opera incluso en materia penal, aunque con algunas restricciones.
En la definición de los delitos y las penas, por ejemplo, esta Corporación ha
entendido en general, los pronunciamientos deben ser exequibilidad o
inexequibilidad simple, y que las omisiones normativas inconstitucionales no
son subsanables mediante un condicionamiento, cuando el efecto jurídico del mismo
es la introducción de los elementos estructurales del tipo penal que impliquen
la ampliación del poder punitivo del Estado, o la extensión de elementos cuya
constitucionalidad ha sido puesta en duda a partir de cuestionamientos
concretos y específicos[136].
Cuando
el déficit se predica del régimen procesal, esta Corporación se encuentra
habilitada para dictar una sentencia de constitucionalidad que disponga la
introducción del elemento normativo omitido en los preceptos que adolecen del
déficit legislativo, pero en tanto dicha intervención judicial no implique una
alteración de los elementos estructurales del proceso penal. Así por ejemplo,
en la medida en que el Decreto 2591 de 1991 omitió definir el término para
resolver el incidente de desacato de las acciones de tutela, en la sentencia
C-367 de 2014[137]
la Corte determinó, mediante una sentencia de constitucionalidad condicionada,
que este plazo era equivalente a los mismos 10 días determinados en el artículo
86 de la Carta Política; de igual modo, en todos aquellos casos en que el
régimen procesal penal omitió otorgar facultades a las víctimas dentro del
proceso para asegurar su derecho a la verdad, a la justicia y la reparación,
esta Corporación hizo extensivas estas facultades a tales sujetos mediante esta
modalidad de fallos, tal como se encuentra en las sentencias C-839 de 2013[138],
C-782 de 2012[139]
y C-454 de 2006[140].
En
esta oportunidad, sin embargo, el elemento normativo omitido, relativo a la
previsión de un recurso judicial que materialice el derecho a la impugnación
del primer fallo condenatorio en el marco de un juicio penal, constituye un
elemento estructural del proceso, y por tanto, se proyecta en toda la normativa
procesal penal, y además, implica el rediseño de una amplia gama de
instituciones. Es así como este elemento tiene una repercusión directa en el
esquema del proceso penal, en las competencias de los órganos jurisdiccionales
y en el alcance de otros recursos.
Por
esta circunstancia, el mecanismo idóneo para subsanar el déficit normativo no
es un fallo de exequibilidad condicionada, porque se requiere de la
intervención directa del órgano legislativo para este efecto. En este orden de
ideas, la Corte adoptará las siguientes decisiones: : (i) Declarará la
inconstitucionalidad de los artículos 20, 32, 161, 176, 179, 179B, 194 y 481 de
la Ley 906 de 2004, en cuanto omiten la posibilidad de impugnar todas las
sentencias condenatorias; (ii) declarará la exequibilidad de los preceptos
anteriores, en su contenido positivo, por los cargos analizados; (iii) la
declaratoria de inconstitucionalidad será diferida a un año, contado a partir
de la notificación por edicto de la sentencia; (iv) se exhortará al Congreso de
la República para que en el término de un año contado a partir de la
notificación por edicto de esta sentencia, regule integralmente el derecho a
impugnar las sentencias que en el marco de un proceso penal, imponen una
condena por primera vez, tanto en el marco de juicios penales de única
instancia, como en juicios de dos instancias; (v) se dispondrá que en caso de
que el legislador incumpla el deber anterior, se entenderá que procede la
impugnación de los referidos fallos ante el superior jerárquico o funcional de
quien impuso la condena[141].
9.
Recapitulación
9.1.
La actora demandó parcialmente
los artículos 20, 32, 161, 179B, 194 y 481 de la Ley 906 de 2004, por cuanto no
consagran la facultad de apelar los fallos que en el marco de un juicio penal,
revocan una sentencia absolutoria de primera instancia, e imponen una condena
por primera vez en la segunda instancia. A juicio de la peticionaria, la
limitación normativa vulnera el principio de igualdad y el derecho al debido
proceso, por hacer inoperante el derecho a la impugnación previsto en el
artículo 29 de la Carta Política, el artículo 8.2.h de la CADH y el artículo
14.5 del PIDCP en el supuesto fáctico planteado.
9.2.
Según algunos de los
intervinientes, los cargos no admiten un pronunciamiento de fondo, por cuanto
ninguna de las disposiciones demandadas contiene la limitación cuestionada por
la peticionaria, y por cuanto el escrito de acusación no efectúa un análisis
individual de cada uno de los preceptos acusados.
La Corte concluyó que ninguno de estas objeciones da lugar a un fallo
inhibitorio. Por un lado, aunque ninguno de los preceptos demandados contiene
una prohibición expresa para apelar los fallos condenatorios de segunda
instancia, la articulación del contenido negativo de estas normas conforma una
proposición jurídica completa, en virtud de la cual, la sentencia condenatoria
dictada en la segunda instancia de un proceso penal, no es susceptible de ser
controvertida mediante el recurso de apelación. Esta proposición sí puede ser
objeto del juicio de constitucionalidad.
Por otro lado, aunque gran parte del escrito de acusación contiene
consideraciones globales sobre la inconstitucionalidad del diseño normativo del
sistema recursivo en el proceso penal, esta particularidad de la demanda se
explica porque antes de emprender el examen cada una de las normas impugnadas,
se debían fijar los estándares para la evaluación de la legislación, y en
particular, se debía demostrar la tesis según la cual, toda primera sentencia
condenatoria dictada en la segunda instancia de un proceso penal, debe poder
ser controvertida mediante un recurso ordinario. Con fundamento en esta regla,
en la demanda sí se efectúa un análisis individual de cada uno de los preceptos
demandados, indicando su contenido general, el déficit normativo, y la
inconstitucionalidad de esta deficiencia.
9.3.
Para efectuar la valoración de
la preceptiva demandada, la Corte fijó dos reglas:
En primer lugar, la regla según la cual existe un derecho a
controvertir el primer fallo condenatorio que se dicta en un proceso penal.
Este derecho comprende, por un lado, la facultad para atacar el único fallo incriminatorio
que se dicta en juicios penales de única instancia, y por otro, la facultad
para impugnar las sentencias que revocan un fallo absolutorio de primera
instancia e imponen por primera vez una condena en la segunda, en los juicios
de doble instancia. Esta regla tiene el siguiente fundamento: (i) los artículos
29 de la Carta Política, 8.2.h de la CADH y 14.5 del PIDCP consagran el derecho
a impugnar las sentencias condenatorias, sin limitar este derecho a los fallos
de primera instancia; (ii) la facultad para impugnar los fallos condenatorios
tiene por objeto garantizar el derecho de defensa de las personas que han sido
sancionadas en un proceso penal, y esta defensa sólo se puede materializar si
existe la posibilidad de controvertir la primera sentencia condenatoria que se
dicta en un proceso penal;  (iii) la facultad de impugnación tiene por objeto
asegurar que las condenas sean impuestas correctamente, mediante la exigencia
de la doble conformidad judicial, y esta última sólo se configura cuando en los
juicios de única instancia, el fallo correspondiente puede ser controvertido, y
cuando en los juicios de doble instancia, la providencia de segundo grado  que impone
por primera vez una condena, puede ser recurrida; (iv) la facultad para atacar
estos fallos no afecta la garantía de la doble instancia, porque ésta
únicamente exige que una misma controversia jurídica sea sometida a dos
operadores jurídicos distintos, de distinta jerarquía, y este requerimiento no
se anula por el hecho de que se controvierta la sentencia de segunda instancia,
o la sentencia de única instancia; (iv) de entenderse que el derecho a la
impugnación recae únicamente sobre la sentencias que se dictan en la primera
instancia, se subsumiría este derecho en la garantía de la doble instancia y se
anularían los efectos de los artículos 29 dela Carta Política, 8.2.h de la CADH
y 14.5 del PIDCP; (v) la interpretación según la cual el derecho a la
impugnación comprende la facultad para controvertir los fallos que imponen por
primera vez una condena es consistente con el que impera en la comunidad
jurídica, y en particular, con la interpretación acogida por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos y por el Comité de Derechos Humanos.
En segundo lugar, el sistema recursivo diseñado por el legislador para
materializar el derecho a la impugnación, debe garantizar los siguientes
estándares: (i) el examen efectuado por el juez de revisión debe tener una
amplitud tal, que permita un nuevo escrutinio de todos los elementos normativos,
fácticos y probatorios determinantes de la condena; (ii) el análisis del juez  debe
recaer primariamente sobre la controversia de base que dio origen al litigio
judicial, y solo secundariamente, sobre el fallo judicial como tal; (iii) debe
existir un examen abierto de la decisión judicial recurrida, de modo que ésta
pueda revocarse cuando del examen integral del caso se concluya que no hay
lugar a la imposición de la condena, y no solo una revisión de la sentencia a
luz de un conjunto cerrado de causales de procedencia del recurso.
9.4.
A la luz de los estándares
anteriores, la Corte analizó y evaluó el diseño legislativo del proceso penal.
Dentro de esta exploración se encontró que las sentencias que imponen una
condena por primera vez en la segunda instancia, no son susceptibles de ser
controvertidas mediante el recurso de apelación, sino únicamente mediante el
recurso extraordinario de casación, la acción de tutela contra providencias
judiciales, y la acción de revisión.
El recurso extraordinario de casación no satisface los requerimientos
básicos del derecho a la impugnación, por las siguientes razones: (i) el
recurso no puede ser utilizado para atacar cualquier sentencia condenatoria,
porque excluye las referidas a las contravenciones penales, porque el juez de
casación puede inadmitir el recurso a partir de juicios discrecionales sobre la
utilidad del caso para el desarrollo jurisprudencial, y porque cuando se
cuestionan las órdenes de reparación integral, son aplicables las limitaciones
materiales de la legislación civil; (ii) el tipo de examen que efectúa el juez
de casación es incompatible con la valoración que se debe efectuar en
desarrollo del derecho a la impugnación, porque el recurso no permite una nueva
aproximación al litigio o controversia de base, sino una valoración del fallo
judicial a la luz de un conjunto cerrado de causales de procedencia, teniendo
en cuenta únicamente los cuestionamientos del condenado.
Por su parte, la acción de tutela tampoco satisface los estándares
anteriores, porque se trata de un dispositivo excepcional que no permite
controvertir todo fallo condenatorio que se dicta en la segunda instancia de un
proceso penal, y porque tiene las mismas limitaciones materiales del recurso
extraordinario de casación.
9.5.
En la medida en que la
legislación adolece de una omisión normativa inconstitucional, por no prever un
sistema recursivo que permita ejercer el derecho constitucional a la
impugnación en la hipótesis abstracta planteada por la accionante, pero como
esta falencia se proyecta en todo el proceso penal, la Corte debe: (i)
declarar la inconstitucionalidad de los preceptos demandados en cuanto omiten
la posibilidad de impugnar todas las sentencias condenatorias; (ii) declarar la
exequibilidad de la normativa anterior en su contenido positivo, por los cargos
analizados; (iii) y exhortar al Congreso de la República para que en el término
de un año contado a partir de la notificación por edicto de esta sentencia,
regule integralmente el derecho a impugnar las sentencias que, en el marco de
proceso penal, imponen una condena por primera vez, (iv) disponer que en caso
de que el legislador incumpla este deber, se entenderá que procede la
impugnación de los fallos anteriores ante el superior jerárquico o funcional de
quien impuso la condena.
III.      DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando
justicia y en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
RESUELVE
PRIMERO.-
Declarar la INCONSTITUCIONALIDAD
CON EFECTOS DIFERIDOS, y en los términos señaladas en el numeral segundo de
la parte resolutivo de esta providencia, de las expresiones demandadas
contenidas en los artículos 20, 32, 161, 176, 179, 179B, 194 y 481 de la Ley
906 de 2004, en cuanto omiten la posibilidad de impugnar todas las sentencias
condenatorias, y EXEQUIBLE el contenido positivo de estas disposiciones.
SEGUNDO.-
EXHORTAR al Congreso de la República
para que, en el término de un año contado a partir de la notificación por
edicto de esta sentencia, regule integralmente el derecho a impugnar todas las
sentencias condenatorias. De no hacerlo, a partir del vencimiento de este
término, se entenderá que procede la impugnación de todas las sentencias
condenatorias ante el superior jerárquico o funcional de quien impuso la
condena.
Notifíquese,
comuníquese, cúmplase, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional y archívese el expediente.
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Presidente
Con salvamento de voto
MARTÍN GONZALO BERMÚDEZ MUÑOZ
Conjuez
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
Con salvamento de voto
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
Con salvamento de voto
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
JORGE IVAN PALACIO PALACIO
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Magistrada
Con salvamento de voto
ANDRES MUTIS VANEGAS
Secretario General (E)
SALVAMENTO DE VOTO DE LA MAGISTRADA (e)
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
A LA SENTENCIA C-792/14
APELACION DE SENTENCIAS CONDENATORIAS
PROFERIDAS POR PRIMERA VEZ EN SEGUNDA INSTANCIA-No se
presentaba una omisión legislativa que justificara la declaración de
inconstitucionalidad con efectos diferidos (Salvamento de voto)/APELACION DE
SENTENCIAS CONDENATORIAS PROFERIDAS POR PRIMERA VEZ EN SEGUNDA INSTANCIA-No existía omisión normativa relativa que
conllevara una vulneración del principio de igualdad y la consecuente
declaración de inexequibilidad (Salvamento de voto)
CONTROL
DE CONVENCIONALIDAD-Concepto y
desarrollo (Salvamento de voto)
IMPUGNACION-Concepto no se reduce al recurso de apelación
(Salvamento de voto)
RECURSO
EXTRAORDINARIO DE CASACION-Recurso
idóneo para garantizar el derecho a impugnar un fallo condenatorio (Salvamento
de voto)
DERECHO
A IMPUGNAR UNA SENTENCIA CONDENATORIA-Alcance
constitucional (Salvamento de voto)
ACCION
DE REVISION Y ACCION DE TUTELA-Mecanismos
complementarios del sistema integral de garantía procesal en materia penal
(Salvamento de voto)
Referencia: Expediente D-10045
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 20, 32, 161, 176,
179, 179B, 194 y 481 (parciales) de la Ley 906 de 2004, “por la cual se
expide el Código de Procedimiento Penal”
Magistrado
ponente:
Luis
Guillermo Guerrero Pérez
Con
el debido respeto por la determinación de la Sala Plena, manifiesto mi
salvamento de voto en relación con la decisión mayoritaria adoptada en el
proceso referenciado, toda vez
que no comparto ni la fundamentación, ni la conclusión a la que finalmente se
llegó en la Sentencia C-792 del 29 de
octubre de 2014,  por las razones que exponemos a continuación:
En la demanda sometida a estudio por parte de la Corte
Constitucional y que dio origen a la Sentencia referenciada, la actora  alegaba
que no existía razón suficiente para excluir a las personas condenadas por
primera vez en segunda instancia del ejercicio de la apelación, y que en ese
sentido, había un silencio legislativo respecto a la posibilidad del condenado
de impugnar dicha decisión a través de recursos efectivos que le garanticen su
debido proceso legal.
Le correspondía a esta Corporación resolver si el
legislador incurrió, a través de las normas demandadas del Código de
Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), en una omisión legislativa relativa que
desconocía el derecho a impugnar un fallo condenatorio en el marco del
principio de doble instancia, reconocido en los artículos 29 y 31 de la
Constitución y 8.2.h. de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14.5 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; al no consagrar el recurso
de apelación en favor de una persona condenada por primera vez en segunda
instancia, generando con ello un tratamiento desigual frente a la persona
condenada en primera instancia.
El fundamento de la demanda en instrumentos
internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad y de
las interpretaciones que sobre el contenido de ellos han realizado sus órganos
de vigilancia y control, hacen que el contexto jurídico de este caso fuese
idóneo para que la Corte desarrollara el concepto de Control de
Convencionalidad, más aún cuando la demandante lo expusiera como uno de los
fundamentos de los cargos de inconstitucionalidad que formulara, concepto que
no se encuentra presente en el texto definitivo de la Sentencia C-792 de 2014.
Por esta razón, como un primer punto de mi Salvamento haré alusión al mismo,
para posteriormente entrar a analizar las razones por las que en mi opinión, en
el caso sub examine no se presentaba una omisión legislativa que
justificara la Declaración de Inconstitucionalidad con efectos diferidos
llevada a cabo por la Corte.
1.
El concepto y desarrollo
del Control de Convencionalidad en el contexto colombiano
Como se planteó inicialmente a la Sala Plena, la Corte
debía tener en cuenta que el control de convencionalidad es un mecanismo de
control judicial que consiste en verificar la adecuación del derecho interno
conforme las obligaciones establecidas para el Estado en un tratado
internacional. Visto de este modo, el control de convencionalidad es una
exigencia del principio consuetudinario de derecho internacional según el cual
el derecho interno no es excusa para el cumplimiento de los acuerdos
internacionales. En tal sentido, la figura del control de convencionalidad es
expresión de los principios de buena fe y pacta sunt servanda, particularmente desarrollada en el
terreno de los derechos humanos, como puede desprenderse de la jurisprudencia
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Si bien es cierto que esta noción aparece consolidada
en la jurisprudencia regional a partir del caso Almonacid Arellano de
2006, su fundamento originario se encuentra en el artículo 2º de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (CADH), disposición que establece la
obligación de adecuar el derecho interno a las exigencias convencionales. Es
así como el control de convencionalidad se entiende como una obligación
internacional a cargo del Estado, que se concreta en el ejercicio de
verificación de conformidad de las disposiciones de derecho nacional con la
CADH, particularmente en el momento de su aplicación a los casos concretos. De
ahí que la labor judicial doméstica esté directamente vinculada a tal prescripción
internacional, a modo de control de las actuaciones del Estado, a la luz de la
Convención Americana. Toda vez que esta tarea se desprende directamente del
propio instrumento internacional, la omisión de este deber por parte de las
autoridades judiciales puede convertirse en un hecho generador de
responsabilidad internacional para el Estado.
El desarrollo jurisprudencial de la figura del control
de convencionalidad, permite comprenderlo desde dos perspectivas. En sentido
estricto, es aquel control concentrado que realiza la Corte Interamericana
respecto de las actuaciones de los órganos del Estado y los deberes
convencionales que tienen los Estados. En sentido amplio, el llamado control
difuso es aquel al que están llamados los jueces nacionales de manera oficiosa
y que, siguiendo el mismo principio, consiste en la evaluación de las
actuaciones de los diversos órganos del poder público y su conformidad con las
obligaciones internacionales del Estado. El control concentrado de
convencionalidad es un concepto que no se reduce a la práctica de la Corte
Interamericana y, en esencia, es la misma labor que desarrollan organismos
regionales como la Corte Europea de Derechos Humanos.[142]
En el ámbito Interamericano, la noción de control de
convencionalidad se verifica en unos primeros votos concurrentes del entonces
juez de la Corte Interamericana Sergio García Ramírez,[143] los cuales
precedieron su adopción formal por el tribunal en el caso Almonacid Arellano contra Chile. Es en esta sentencia donde la Corte
afirma que:
“La Corte es consciente que los jueces y tribunales
internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a
aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico.  Pero cuando un
Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus
jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo
que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención
no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y
que desde un inicio carecen de efectos jurídicos.  En otras palabras, el Poder
Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las
normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención
Americana sobre Derechos Humanos.  En esta tarea, el Poder Judicial debe tener
en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo
ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención
Americana”.[144]
En la valoración
interna sobre el modo para ejercer el control de convencionalidad tendrá que
mantenerse como criterio rector, que la actividad de control a cargo de los
jueces nacionales está llamada a garantizar el efecto útil de los tratados
internacionales de derechos humanos, de tal manera que las disposiciones
convencionales no resulten mermadas o anuladas por normas o prácticas
nacionales que les sean contrarias[145],
así como la necesidad de que tal control se ejerza de manera oficiosa[146].
Para la
situación colombiana en particular, el contenido del artículo 93 de la Carta
Política del cual se deriva la existencia del bloque de constitucionalidad,
otorga a los tratados de derechos humanos como el Pacto de San José el rango de
norma que prevalece en el orden interno. En consecuencia, al momento de aplicar
normas de derechos humanos es preciso que se tenga en cuenta el contenido de la
Convención. Es así como las disposiciones convencionales resultan de
obligatorio acatamiento en el orden interno y, por lo tanto, las sentencias proferidas
contra el Estado colombiano por la Corte IDH le son vinculantes.
En su amplia
jurisprudencia la Corte IDH se ha propuesto desarrollar interpretaciones
normativas a modo de estándares interamericanos que proponen un marco
hermenéutico de la Convención. En ese sentido, la Corte Constitucional reconoce
su deber de analizar si el estándar desarrollado por el organismo
internacional, sea la Corte IDH o el Comité de Derechos Humanos como en el
contexto de la menda que dio lugar a la sentencia C-792 de 2014, puede ser
aplicado en el contexto colombiano, siempre teniendo como criterio de
ponderación el principio pro personae que obliga al juez a adoptar
aquella disposición  que satisfaga en mayor medida los derechos de la persona.
Como consecuencia, si la Corte Constitucional considera que la adopción de
tales estándares garantiza de forma más efectiva los derechos reconocidos en
nuestra Carta Política, ampliada por el bloque de constitucionalidad, será
deber del Estado adecuar aquellos estándares al contexto colombiano.
Así, en el marco
de un examen de constitucionalidad, la Corte tiene un deber hermenéutico
adicional que le impide adoptar de forma automática los criterios desarrollados
por la jurisprudencia de la Corte IDH o los dictámenes del Comité de Derechos
Humanos. En la medida en que estos han sido adoptados para contextos
específicos en el marco de análisis de casos concretos, la Corte Constitucional
deberá, a la luz de criterios de proporcionalidad y razonabilidad, traducir
dichos estándares al contexto jurídico y las consecuencias sociales propias de
nuestra realidad.
2.
El concepto de impugnación no
se reduce al recurso de apelación
A
mi juicio, del contenido de los artículos 29 de la Constitución, 8.2.h de la
Convención Americana y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, no se deriva la obligación de brindar un recurso específico, como
puede ser el de apelación, sino la posibilidad de impugnar el fallo,
utilizando ese término en forma genérica.[147]
Del
mismo modo, tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos interpretando la
Convención Americana, como el Comité de Derechos Humanos, en esa misma función
frente al PIDCP, han dejado claro que ninguno de los dos instrumentos
internacionales establece como obligatorio un recurso  determinado por medio
del cual se pueda garantizar el derecho a controvertir una sentencia
condenatoria. Por el contrario, haciendo referencia al recurso de apelación, el
Comité de Derechos Humanos ha establecido que el texto del Pacto de Derechos
Civiles y Políticos no le exige a los Estados Parte disponer de varias
instancias de apelación,[148]
ya que, como también ha sido aclarado por la Corte Interamericana, el sistema
recursivo en materia penal, así como el medio de impugnación de la sentencia
condenatoria que escoge cada Estado, es parte de su margen de apreciación.[149]
Tampoco
resulta acertado derivar el deber de conceder un recurso de apelación a quien
ha sido condenado por primera vez en segunda instancia, del texto del artículo
31 de la Constitución que establece el principio de doble instancia. Si bien es
cierto que la jurisprudencia de esta Corporación ha sido clara al establecer
que no se puede exceptuar el acceso a la apelación en materia penal, esto se
satisface garantizando que la sentencia de primera instancia -sea condenatoria
o absolutoria- pueda ser apelada por cualquiera de los sujetos procesales
legitimados.
Por
lo anterior, considero que el texto de la Constitución, complementada con el de
los instrumentos de derechos humanos que conforman el bloque de
constitucionalidad, no se desprende un deber de garantizar el recurso de
apelación frente a todas las sentencias condenatorias, no importa el momento
procesal en que se dicten, toda vez que resulta erróneo entender que al
referirse los textos constitucionales e internacionales a los términos
genéricos recurrir, revisar o impugnar, están haciendo
necesaria e ineludible alusión a la apelación. Así lo ha entendido la Corte
Constitucional de manera reiterada, entre otras decisiones en las sentencias
C-142 de 1993, C-998 de 2004 y C-934 de 2006.
En
mi concepto, a la luz del análisis del caso sub examine, tanto la Carta
Política de Colombia como la Convención Americana y el PIDCP establecen que
cada Estado, a través de las funciones que ejerce en el caso colombiano el
órgano legislativo, podrá establecer los recursos que considere más adecuados a
su contexto, política criminal y sistema procesal penal, siempre y cuando con
ellos se garanticen el debido proceso legal, así como la existencia de una justicia
acertada, recta y justa.
3.
El recurso de casación como
recurso idóneo para garantizar el derecho a impugnar un fallo condenatorio
Si
bien, como se expuso en el acápite anterior, el Estado colombiano cuenta con un
margen de apreciación para establecer el sistema recursivo a través del cual
garantizará el debido proceso legal de los condenados, dicho sistema debe
demostrar cumplir eficazmente su finalidad de permitir la impugnación de un
fallo condenatorio ante un tribunal superior.
Ha
establecido la jurisprudencia de la Corte Constitucional, como lo reconocía la
accionante en el texto de su demanda,[150]
que en la legislación existen recursos idóneos que permiten garantizar el
mencionado derecho de impugnación: (i) la acción de revisión, (ii) el recurso de
apelación, (iii) el recurso extraordinario de casación y (iv) la nulidad de los
actos procesales.[151]
A
continuación pasaré a demostrar las razones por la cuales en mi opinión, y
siguiendo la línea jurisprudencial de la Corte hasta la fecha, el recurso extraordinario
de casación es el medio judicial idóneo para garantizar los derechos del
condenado, en especial, aquellos relacionados con el debido proceso, como es el
caso del derecho a impugnar un fallo condenatorio.
3.1. Idoneidad del recurso de casación como medio de
impugnación de un fallo condenatorio
La
primera objeción planteada por la accionante y recogida por la Sentencia C-729
de 2014 frente a la casación como recurso idóneo, obedece a su naturaleza
extraordinaria, pues se ha entendido qué el recurso que permita la revisión del
fallo debe ser ordinario. Sin embargo, a la luz del alcance que los órganos de
vigilancia y control de la Convención Americana y el PIDCP le han dado al
derecho a recurrir un fallo condenatorio, al hacer referencia al carácter
ordinario, lo que se busca es que el recurso siempre opere antes de que la
sentencia quede en firme y haga tránsito a cosa juzgada.[152]
La
Corte Constitucional en Sentencia C-252 de 2001, en la que precisamente declaró
inexequible las normas del Código de Procedimiento Penal vigente en ese
momento, que regulaban la aplicación del recurso de casación exclusivamente
cuando las sentencias de segunda instancia hubiesen sido ejecutoriadas,
sostuvo:
“Consecuente con lo anterior: si los fines
de la casación penal consisten en hacer efectivo el derecho material y las
garantías de las personas que intervienen en el proceso, y reparar los agravios
inferidos con la sentencia, no resulta lógico ni admisible, (a la luz de
nuestra Norma Superior) que, en lugar de enmendar dentro del mismo juicio el
daño eventualmente infligido, se ejecute la decisión cuestionada y se difiera
la rectificación oficial a una etapa ulterior en la que, muy probablemente, el
agravio sea irreversible. Nada más lesivo de los principios de justicia,
libertad, dignidad humana, presunciones de inocencia, integrantes del debido
proceso y especialmente significativas cuando se trata del proceso penal.
Una sentencia que no ha sido dictada conforme a la ley
sino contrariándola, jamás podrá tenerse como válidamente expedida y, mucho
menos, puede ejecutarse. Si el objeto de la casación es corregir errores
judiciales, plasmados en la sentencia de última instancia, lo que resulta
ajustado a la Carta es que esa corrección se haga antes de que la
decisión viciada se cumpla.
(…)
En un Estado de derecho como el nuestro no se puede
aceptar que se hagan efectivas decisiones arbitrarias o, lo que es lo mismo,
proferidas sin la estricta observancia de la ley y la Constitución, o que
infrinjan los derechos fundamentales de la persona humana, pues principios como
el de justicia, libertad y dignidad humana impiden hacerlo. La reparación de
los daños que con una condena injustamente impuesta se producen, no tiene
compensación alguna, especialmente en materia penal en donde está comprometida
la libertad, principio fundante del Estado social y democrático de derecho. El
tiempo que una persona pueda estar privada de la libertad, por error judicial,
ocasiona un daño que jamás puede ser resarcido”.
Así,
el recurso de casación a pesar de ser un recurso extraordinario, cumple con los
parámetros constitucionales y los estándares internacionales que han entendido
que la finalidad de que se trate de un recurso ordinario, es que se pueda
interponer antes de que la sentencia condenatoria se ejecute, lo cual está
previsto en nuestro ordenamiento jurídico penal.
El
segundo elemento que permite evidenciar la idoneidad del recurso de casación es
su finalidad. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 180 del Código de
Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004): “El recurso pretende la efectividad
del derecho material, el respeto de las garantías de los intervinientes, la
reparación de los agravios inferidos a estos, y la unificación de la
jurisprudencia”.
Sobre
la finalidad de la casación también se pronunció el Tribunal Constitucional en
la ya referenciada sentencia C-252 de 2001. Si bien al momento de haber sido
proferida dicha decisión la legislación en materia de procedimiento penal era
otra, como consta en el artículo 206 de la Ley 600 de 2000,[153]
el contenido teleológico de la casación se mantiene, resultando relevante lo
planteado por la Corte en esa sentencia y en ese sentido un precedente
aplicable a la interpretación que se debe hacer de la normatividad actual. De
acuerdo con ella:
“Si se dicta una sentencia que adolece de
vicios o errores de derecho se viola el debido proceso, pues tal circunstancia
se traduce, directa o inmediatamente, en un agravio no sólo para la persona
afectada, sino también para los demás sujetos procesales, y para la sociedad en
general, como cuando se condena a una persona inocente, o se le aplica una pena
diferente de la que le corresponde, pues el sentimiento de inconformidad no se
circunscribe a quien directamente resulta damnificado, sino a la comunidad toda
que, perdida la confianza en la protección real de los derechos, se sentirá
expuesta a la arbitrariedad.
Esta la razón para que se haya instituido un medio de
impugnación extraordinario, con el fin de reparar el error y los agravios
inferidos a la persona o personas que puedan resultar lesionadas con la
decisión equivocada de la autoridad judicial. Si ello es así, ¿cómo no aceptar
que tal reparación se produzca antes de que se ejecute la sentencia equivocada?
La materialización de la justicia, tal y como cada ordenamiento la concibe, es
el fin esencial del debido proceso
(…)
La efectividad de las garantías debidas a las personas
que intervienen en el proceso penal, otro de los fines esenciales de la
casación, se constituye también en límite al poder punitivo del Estado, pues
como lo afirma la doctrina "un sistema penal que no se inspire en
valoraciones materiales infranqueables sobre la dignidad del hombre y la tutela
de sus derechos fundamentales e internacionales, puede ser el instrumento de la
tiranía o del autoritarismo, pero no merece el nombre de derecho penal en el
sentido tradicional que a esta expresión se asigna desde su fundación por la
filosofía iluminista y libertaria en que se inspiraron las modernas
revoluciones francesa, inglesa y norteamericana, que sin duda hace parte del
constitucionalismo del que hoy no es posible prescindir”.
De
lo expuesto en la jurisprudencia constitucional se concluye, que el recurso de
casación busca contrarrestar las consecuencias nocivas de un ejercicio
arbitrario de la función punitiva del Estado, evitando no sólo que quede en
firme, sino también que genere efectos, una sentencia condenatoria adoptada con
vicios o que contenga errores que puedan causar perjuicios indebidos al
condenado.
En
tercer lugar, considero que si bien el recurso de casación es concebido como un
mecanismo de control para garantizar que la función jurisdiccional desarrollada
en segunda instancia haya sido acorde con la ley y la Constitución,[154]
como se demuestra en el artículo 181 de la Ley 906 de 2004, su principal
función es preservar las garantías y derechos fundamentales en el marco del
proceso penal, pudiendo para ello hacer una examen integral de todo lo actuado
en sede de apelación, sin que esto signifique que se trata de una tercera
instancia que contraríe el principio de doble instancia consignado en el
artículo 31 de la Carta.[155]
Al respecto, establece el artículo 181 del Código de Procedimiento Penal:
“El recurso como control constitucional y legal
procede contra las sentencias proferidas en segunda instancia en los procesos
adelantados por delitos, cuando afectan derechos o garantías fundamentales por:
1. Falta de aplicación, interpretación errónea, o aplicación indebida de una
norma del bloque de constitucionalidad, constitucional o legal, llamada a
regular el caso. 2. Desconocimiento del debido proceso por afectación
sustancial de su estructura o de la garantía debida a cualquiera de las partes.
3. El manifiesto desconocimiento de las reglas de producción y apreciación de
la prueba sobre la cual se ha fundado la sentencia. 4. Cuando la casación tenga
por objeto únicamente lo referente a la reparación integral decretada en la
providencia que resuelva el incidente, deberá tener como fundamento las
causales y la cuantía establecidas en las normas que regulan la casación
civil”.
Al
examinar la constitucionalidad de la normatividad relativa al recurso de
casación en la Ley 906 de 2004 –Código de Procedimiento Penal-, la Corte
sostuvo en los siguientes términos, que ese recurso permitía un examen profundo
sobre la decisión adoptada en segunda instancia, no limitándose a aspectos
meramente formales:
“Esta
nueva regulación permite que todos los problemas planteados en sede de
aplicación de la ley penal puedan debatirse en casación y ello
independientemente de la punibilidad fijada para el tipo penal de que se trate
o de la competencia establecida para su conocimiento. De esta manera, se
facilita que la Corte Suprema de Justicia realice los fines del recurso
extraordinario de casación, no sólo respecto de ámbitos delimitados por
presupuestos estrictamente formales, sino en consideración a los problemas de
fondo planteados en todo supuesto de aplicación de la ley penal contenido en
una sentencia de segunda instancia”. (Negrilla no es del texto original)
Por
lo anterior, en cumplimiento de su función, si se encuentra que existieron
errores o vicios en la decisión de segunda instancia que vulneren los derechos
fundamentales de cualquiera de las partes en el proceso penal, el juez de casación
en ejercicio del iudicium rescindens estará facultado, a la luz de lo
dispuesto en el artículo 185 de la Ley 906 de 2004, para dictar la sentencia de
remplazo.[156]
Esto implica la expedición de una nueva sentencia que garantice los derechos de
las partes.
3.2.  La accesibilidad del recurso de casación
Manifestaba
la accionante su preocupación por la facultad de selección que tiene la Corte
Suprema de Justicia a la luz de una serie de requisitos consignados en el
artículo 184 de la Ley 906 de 2004,[157]
los cuales considera “(…) son demasiado amplios y permiten que cualquier
tipo de causal sirva para argumentar el rechazo de revisión de un recurso de
casación”.[158]
Coincido
con la preocupación expuesta en la demanda, pues como lo demuestran las propias estadísticas que ofrece la Corte
Suprema de Justicia, la manera en que viene siendo efectuado el examen de
admisibilidad establecido en el artículo 184 de la Ley 906 de 2004, lo
convierte en un recurso de difícil acceso. Según las cifras, en 2013 entraron
1325 demandas de casación, de las cuales se inadmitieron 989. En 2014, al 31 de
julio, entraron 637 demandas, de las cuales 431 se inadmitieron.[159]
Es oportuno
precisar que de acuerdo con el alcance constitucional del derecho a impugnar
una sentencia condenatoria, las formalidades requeridas para que el recurso
efectivo, en el caso de nuestro ordenamiento jurídico el de casación, sea
admitido, deben ser mínimas y no constituirse en una serie de obstáculos que
impidan que éste cumpla con su propósito de garantizar los derechos
fundamentales del recurrente.
Si
bien no existe una contradicción entre los requisitos dispuestos en el artículo
184 del Código de Procedimiento Penal y la Carta Política, es importante
aclarar  que si estos son interpretados de forma restrictiva llevando a la
ineficacia del recurso que considera la Corte es idóneo para salvaguardar las
garantías procesales de quien fuese condenado por primera vez en segunda
instancia, en ese escenario el intérprete de la norma estaría actuando en
contradicción de lo dispuesto en los artículo 29 y 31 de la Constitución,
8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Por
lo anterior, considero que la decisión mayoritaria de la cual me separo, perdió
la valiosa oportunidad de hacer una necesaria, una interpretación acorde con los postulados y garantías
constitucionales, del artículo 184 de la Ley 906 de 2004, a la luz de un criterio
pro actione que permita que el recurso de casación en efecto, sea accesible
para que los condenados en segunda instancia puedan hacer efectivo su derecho a
impugnar la sentencia condenatoria.
Como
conclusión general del análisis realizado, considero que el recurso de casación
era el idóneo para garantizar el derecho a la contradicción y defensa de una
persona condenada en segunda instancia, alcanzando a través de él la protección
de sus derechos, sin necesidad de instituir una tercera instancia judicial o un
sistema de múltiples apelaciones para dar cumplimiento a la norma de normas y a
los compromisos internacionales en materia de derechos humanos contraídos por
el Estado colombiano. Lo anterior,  sin perjuicio de la libertad de
configuración del legislador que le permite, si lo considera pertinente,
modificar el sistema recursivo penal.
4.
La acción de revisión y la
acción de tutela como mecanismos complementarios del sistema integral de
garantías al debido proceso legal
La jurisprudencia de la Corte
Constitucional, “(…) al hacer el inventario de los diferentes mecanismos de
impugnación ordinarios y extraordinarios ofrecidos por el ordenamiento jurídico
colombiano respecto de las  sentencias condenatorias en materia penal,
hizo particular énfasis en el caso de la acción de revisión,  cuyas
características le permitieron  afirmar que con dicha  acción se
cumple la exigencia de la Constitución relativa a la posibilidad de impugnar
las sentencias condenatorias”.[160]
Aunque es pertinente aclarar
que la legislación considerada en la referencia jurisprudencial citada ha sido
modificada, transformando la revisión, que en ese entonces era un recurso
extraordinario, en una acción, resulta relevante la consideración que hace de
su naturaleza como mecanismo para garantizar los derechos procesales en materia
penal.
De acuerdo con lo establecido
en el Código de Procedimiento Penal vigente hoy, esta acción procede contra
sentencias ejecutoriadas en los siguientes casos específicos:
“1.
Cuando se haya condenado a dos (2) o más personas por un mismo delito que no
hubiese podido ser cometido sino por una o por un número menor de las
sentenciadas. 2. Cuando se hubiere dictado sentencia condenatoria en proceso
que no podía iniciarse o proseguirse por prescripción de la acción, por falta
de querella o petición válidamente formulada, o por cualquier otra causal de
extinción de la acción penal. 3. Cuando después de la sentencia condenatoria
aparezcan hechos nuevos o surjan pruebas no conocidas al tiempo de los debates,
que establezcan la inocencia del condenado, o su inimputabilidad. 4. Cuando
después del fallo absolutorio[161]
en procesos por violaciones de derechos humanos o infracciones graves al
derecho internacional humanitario, se establezca mediante decisión de una
instancia internacional de supervisión y control de derechos humanos, respecto
de la cual el Estado colombiano ha aceptado formalmente la competencia, un
incumplimiento protuberante de las obligaciones del Estado de investigar seria
e imparcialmente tales violaciones. En este caso no será necesario acreditar
existencia de hecho nuevo o prueba no conocida al tiempo de los debates. 5.
Cuando con posterioridad a la sentencia se demuestre, mediante decisión en
firme, que el fallo fue determinado por un delito del juez o de un tercero. 6.
Cuando se demuestre que el fallo objeto de pedimento de revisión se fundamentó,
en todo o en parte, en prueba falsa fundante para sus conclusiones. 7. Cuando
mediante pronunciamiento judicial, la Corte haya cambiado favorablemente el
criterio jurídico que sirvió para sustentar la sentencia condenatoria, tanto
respecto de la responsabilidad como de la punibilidad”.[162]
Debido a que se trata de una
acción que sólo procede contra sentencias ejecutoriadas, la revisión no puede
ser considerada per se cómo el recurso idóneo para garantizar la
impugnación de un fallo condenatorio. Sin embargo, considero que se trata de un
mecanismo complementario al recurso de casación, que interpretado de manera
sistemática con él, contribuye a la garantía del debido proceso a favor del
condenado.
De los casos específicos bajo
los cuales es procedente esta acción, se puede concluir que el ordenamiento
jurídico busca a través de ella alcanzar la equivalencia entre la verdad real y
la procesal en el contexto penal, poniendo un énfasis especial en la protección
de los derechos fundamentales del condenado, así como en el elemento fáctico
del proceso.
En conclusión, si bien la
acción de revisión en materia penal no es ella sola el mecanismo idóneo para
garantizar el derecho a la impugnación, si complementa el recurso de casación,
conformando con él un sistema integral de defensa y contradicción en el marco
de las garantías al debido proceso.
Por otra parte, otro recurso
complementario que conforma ese sistema integral de protección al condenado, es
la acción de tutela. Aunque su naturaleza no es penal, considera la Sala Plena
que este mecanismo resulta idóneo para proteger los derechos fundamentales de
la persona objeto de una sentencia condenatoria, siendo uno de ellos el de
impugnación del fallo.
Es importante recordar, que
la acción de tutela se rige por el principio de subsidiariedad, bajo el cual,
si existe un mecanismo idóneo en la justicia ordinaria éste se preferirá sobre
el constitucional. Sin embargo, ese principio puede ser exceptuado cuando se
corre el peligro de que la situación vulneratoria genere un perjuicio
irremediable a favor de la persona, en este caso en contra del condenado,
teniendo la posibilidad incluso, de suspender la ejecución de la sentencia
penal.
Adicionalmente, se demuestra
la complementariedad entre la acción de tutela y el recurso de casación, con el
fin de proteger los derechos fundamentales del procesado penalmente, en
aquellos casos en que, como lo afirmó en su concepto el Procurador General de
la Nación, “(…) la
Corte Constitucional ha tutelado providencias de la Corte Suprema de Justicia
cuando esta Corporación ha desconocido los derechos de los procesados,
denegando el recurso de casación”.[163]
En conclusión, si bien la
acción de revisión en materia penal y la acción de tutela no son, considerados
de manera independiente, recursos idóneos para garantizar plenamente el derecho
a impugnar un fallo condenatorio, considero que complementan el recurso de
casación y en ese sentido, conforman un sistema de garantía de los derechos
procesales del condenado, en especial los derechos de contradicción y defensa.
5.
No existía en el
ordenamiento jurídico colombiano una omisión normativa relativa que conllevara
una vulneración del principio de igualdad y la consecuente declaración de
inexequibilidad
No existía un tratamiento
desigual en el ordenamiento jurídico, frente a quien fuese condenado por
primera vez en segunda instancia, simplemente porque no existe para esa persona
la posibilidad de acceder a una nueva instancia a través de un recurso de
apelación.
Tampoco encuentro que sea
desproporcionado o irracional que, buscando dar efectividad a las decisiones de
los órganos de cierre en materia penal, el legislador haya optado por un
sistema de dos instancias,  lo cual lleva consigo la  imposibilidad de ejercer
un nuevo recurso de apelación en contra de fallo condenatorio tomado como
resultado al recurso impuesto por cualquiera de las partes en el proceso contra
la decisión del A quo.
Lo anterior ya que, como ha
sido demostrado por los argumentos anteriormente expuestos, el recurso de
casación disponible para cualquiera de los sujetos procesales legitimados, ya
sea que acusen o sean acusados, garantiza el debido proceso legal al permitir
que, la sentencia proferida como resultado de la apelación, sea condenatoria o
absolutoria, sea revisada incluso con anterioridad de que haga tránsito a cosa
juzgada, teniendo la posibilidad de ser revocada si se encuentra que la
decisión del Ad quem tenía vicios o errores.
En el análisis del caso sub
examine, en el cual, a mi juicio no existía una vulneración a lo dispuesto
en los artículos 29 y 31 de la Constitución, al 8.2.h de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, ni al 14.5 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos.  Por el contrario, considero que declarar la
inconstitucionalidad diferida de las normas demandadas para que se entienda,
por vía interpretativa que, las mismas reconocen el derecho a que TODAS las
sentencias condenatorias puedan ser impugnadas, transgrede la libertad de
configuración del legislador, extiende los efectos buscados por la demanda pues
no se limita a los condenados por primera vez en segunda instancia, ya que
adicionalmente, extiende los efectos del fallo a los condenados en única
instancia, y desconfigura el principio de doble instancia transformándolo en
una triple instancia.
Así mismo, la decisión de la
mayoría, en forma desproporcionada, desequilibra el trato procesal dispensado a
los sujetos que concurren a la actuación respectiva, pues, no brinda la misma
posibilidad impugnativa al condenado, que a la parte acusadora o a las
víctimas, como si los derechos e intereses que a estos le asisten fueran de
menor valía, con lo cual además, se desconoce la efectividad de los fallos de
segunda instancia y se generan  dilaciones injustificadas al incluir nuevas
instancias contra las decisiones que hasta el momento serían consideradas de
cierre, atentando con ello contra el valor de la seguridad jurídica en materia
penal.
Por las razones expuestas
anteriormente, considero que modificaciones como las resultantes de la
Sentencia en mención, deben ser tomadas en democracia por el órgano encargado
del ejercicio de la función legislativa, función que en este caso en concreto
ha sido suplantada por la decisión del Tribunal Constitucional Colombiano.
Fecha ut supra
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Magistrada (e)
SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
A LA SENTENCIA C-792/14
RECURSO DE CASACION-Resulta idóneo para garantizar el derecho de
contradicción y defensa de persona condenada en segunda instancia (Salvamento
de voto)
En el sistema penal colombiano, el recurso de casación resulta idóneo
para garantizar el derecho a la contradicción y defensa de una persona
condenada en segunda instancia, en la medida en que, indiscutiblemente, le
permite la efectiva protección de sus derechos, sin necesidad de instituir una
tercera instancia judicial o un sistema de múltiples apelaciones. Así lo
dispuso el legislador nuestro dentro de su amplia libertad de configuración en
términos que, en modo alguno, riñen con el Estatuto Superior.
ACCION DE REVISION EN MATERIA PENAL Y ACCION DE TUTELA-Mecanismos que conforman un sistema
integral de protección de los derechos del procesado (Salvamento de voto)
Ref.
Expediente D-10045
Demanda
de inconstitucionalidad contra los artículos 20, 32, 161, 176, 179, 179B, 194 y
481 (parciales) de la Ley 906 de 2004, “Por la cual se expide el Código de
Procedimiento Penal”
Magistrado
Ponente:
Luis
Guillermo Guerrero Pérez
Con el acostumbrado respeto
discrepo de la decisión adoptada por la mayoría en el sentido de declarar la
inexequibilidad, con efectos diferidos, de las expresiones contenidas en los
artículos 20, 32, 161, 176, 179, 179B, 194 y 481 de la Ley 906 de 2004,
argumentando que tales disposiciones desconocen la Constitución en la medida en
que no contemplan la posibilidad de impugnar todas las sentencias
condenatorias. Las razones de mi disenso brevemente las expongo a continuación:
Del contenido de los
artículos 29 de la Constitución, 8.2, literal h de la Convención Americana de
Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, no se deriva, como lo concluye la mayoría, la obligación de permitir
un recurso específico, como puede ser el de apelación, sino la posibilidad de
impugnar el fallo, utilizando ese término en forma genérica. Tampoco resulta
unívoco derivar el derecho de apelar a quien ha sido condenado por primera vez,
en segunda instancia, del texto del artículo 31 de la Constitución que
establece el principio de doble instancia.
Si bien es cierto que la
jurisprudencia de esta Corporación ha sido clara al establecer que no se puede
exceptuar el acceso a la apelación en materia penal, esto se satisface
garantizando que la sentencia de primera instancia, sea condenatoria o
absolutoria, pueda ser apelada por cualquiera de los sujetos procesales
legitimados. Por lo anterior, considero que del texto de la Constitución,
complementada con el de los instrumentos de derechos humanos que conforman el
bloque de constitucionalidad, no se desprende el absoluto deber de garantizar
el recurso de apelación frente a todas las sentencias condenatorias, no importa
el momento procesal en que se dicten, toda vez que resulta erróneo entender que
al utilizar los textos constitucionales e internacionales los términos
genéricos recurrir, revisar o impugnar, necesariamente se está haciendo alusión
a la apelación. Así lo ha entendido la Corte Constitucional de manera
reiterada, entre otras decisiones, en las sentencias C-142 de 1993, C-998 de
2004 y C-934 de 2006.
A la luz del análisis del
caso sub examine, es pertinente tener en cuenta que nuestra Carta Política, en
armonía con las previsiones de la Convención Americana y el PIDCP, tiene
previsto que el órgano legislativo, podrá establecer los recursos que considere
más adecuados de acuerdo con su contexto político criminal y sistema procesal
penal, siempre y cuando con ello se garantice el debido proceso legal, así como
la existencia de una justicia adecuada al máximo posible a los principios del
deber ser.
A mi parecer, en el sistema
penal colombiano, el recurso de casación resulta idóneo para garantizar el
derecho a la contradicción y defensa de una persona condenada en segunda
instancia, en la medida en que, indiscutiblemente, le permite la efectiva protección
de sus derechos, sin necesidad de instituir una tercera instancia judicial o un
sistema de múltiples apelaciones. Así lo dispuso el legislador nuestro dentro
de su amplia libertad de configuración en términos que, en modo alguno, riñen
con el Estatuto Superior.
Del mismo modo, además del
recurso de casación, el condenado cuenta con otros mecanismos que conforman un
sistema integral de protección de los derechos del procesado, como lo son la
acción de revisión en materia penal y la acción de tutela. Por lo que al declarar
la inconstitucionalidad diferida de las normas demandadas para que se entienda,
por vía interpretativa, que las mismas reconocen el derecho a que TODAS las
sentencias condenatorias puedan ser impugnadas, constriñe la libertad de
configuración del legislador y extiende los efectos buscados por la demanda
pues no se limita a los condenados por primera vez en segunda instancia sino
que, adicionalmente, expande los efectos del fallo a los condenados en única
instancia, y desconfigura el principio de doble instancia transformándolo en uno
gobernado por la triple instancia.
Dicha determinación de la
Sala, a mi juicio, es desproporcionada, pues desequilibra el trato procesal
dispensado a los sujetos que concurren a la actuación respectiva, como quiera
que no brinda la misma posibilidad impugnativa reconocida al condenado, a la
parte acusadora ni a las víctimas, como si los derechos e intereses que a estos
les asisten fueran de menor valía, con lo cual, además, se desconoce la
efectividad de los fallos de segunda instancia y se generan dilaciones
injustificadas al incluir nuevas instancias contra las decisiones que, hasta el
momento, serían consideradas de cierre, atentando con ello contra el valor de
la seguridad jurídica en materia penal.
Insisto en que las
modificaciones resultantes de la sentencia de la referencia, debieron ser
tomadas en democracia, por el órgano encargado del ejercicio de la función
legislativa, el cual, en este caso, ha sido suplantado por la decisión
proferida por este Tribunal Constitucional.
Fecha ut supra,
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
SALVAMENTO DE VOTO DE LA MAGISTRADA
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
A LA SENTENCIA C-792/14
RECURSO DE APELACION CONTRA SENTENCIAS Y AUTOS
REFERIDAS A LA LIBERTAD DEL IMPUTADO O ACUSADO-Posibilidad de impugnación (Salvamento de voto)
POLITICA CRIMINAL Y SISTEMA PROCESAL PENAL-Instrumentos internacionales/POLITICA
CRIMINAL Y SISTEMA PROCESAL PENAL-Protección del derecho a la contradicción
y defensa de persona condenada en segunda instancia a través del recurso de
casación, la acción de revisión en materia penal y la acción de tutela
(Salvamento de voto)
La Convención
Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos disponen que cada Estado establecerá los recursos que considere más
adecuados a su contexto, política criminal y sistema procesal penal, siempre y
cuando con ellos se garanticen el debido proceso legal, así como la existencia de
una justicia acertada, recta y justa. En el sistema penal colombiano, el
recurso de casación resulta idóneo para garantizar el derecho a la
contradicción y defensa de una persona condenada en segunda instancia,
alcanzando a través de él la protección de sus derechos, sin necesidad de
instituir una tercera instancia judicial o un sistema de múltiples apelaciones.
Lo anterior, sin perjuicio de la libertad de configuración del legislador que
le permite, si lo considera pertinente, modificar el sistema recursivo penal.
Igualmente, complementario al de casación, el condenado cuenta con otros que
conforman un sistema integral de protección de los derechos del procesado, como
lo son la acción de revisión en materia penal y la acción de tutela.
INCONSTITUCIONALIDAD DIFERIDA QUE POR VIA
INTERPRETATIVA, SE ENTIENDA QUE RECONOCEN EL DERECHO A QUE TODAS LAS SENTENCIAS
CONDENATORIAS PUEDAN SER IMPUGNADAS-Transgrede la libertad de configuración del legislador
y desconfigura el principio de doble instancia transformándolo en una triple
instancia (Salvamento de voto)
Declarar la
inconstitucionalidad diferida de las normas demandadas para que se entienda,
por vía interpretativa, que las mismas reconocen el derecho a que todas las
sentencias condenatorias puedan ser impugnadas, transgrede la libertad de
configuración del legislador y desconfigura el principio de doble instancia
transformándolo en una triple instancia. Así mismo, la decisión de la mayoría,
en forma desproporcionada, desequilibra el trato procesal dispensado a los
sujetos que concurren a la actuación respectiva, pues no brinda la misma
posibilidad impugnativa reconocida al condenado a la parte acusadora ni a las
víctimas, como si los derechos e intereses que a estos le asisten fueran de
menor valía, con lo cual, además, se desconoce la efectividad de los fallos de
segunda instancia y se generan dilaciones injustificadas al incluir nuevas
instancias contra las decisiones que hasta el momento serían consideradas de
cierre, atentando con ello contra el valor de la seguridad jurídica en materia
penal.
Referencia: Expediente D-10045
Demanda
de inconstitucionalidad contra los artículos 20, 32, 161, 176, 179, 179B, 194 y
481 (parciales) de la Ley 906 de 2004, “por la cual se expide el Código de
Procedimiento Penal”
Magistrado
Ponente:
Luis
Guillermo Guerrero Pérez
Con el acostumbrado respeto
por las decisiones de la Sala Plena, salvo el voto frente a la decisión de
declarar la inconstitucionalidad con efectos diferidos de las normas
demandadas. Me aparto del criterio de la mayoría, por cuanto considero que
tales normas se ajustan a la Constitución.
Del contenido de los
artículos 29 de la Constitución, 8.2.h de la Convención Americana y 14.5 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, no se deriva la obligación
de brindar un recurso en específico, como puede ser el de apelación, sino la
posibilidad de impugnar el fallo, utilizando ese término en forma genérica.
Tampoco resulta acertado derivar el deber de conceder un recurso de apelación a
quien ha sido condenado por primera vez en segunda instancia, del texto del
artículo 31 de la Constitución que establece el principio de doble instancia.
Si bien es cierto que la jurisprudencia de esta Corporación ha sido clara al
establecer que no se puede exceptuar el acceso a la apelación en materia penal,
esto se satisface garantizando que la sentencia de primera instancia, sea
condenatoria o absolutoria, pueda ser apelada por cualquiera de los sujetos
procesales legitimados. Ni del texto de la Constitución, ni de las normas que
integran el bloque de constitucionalidad, se desprende un deber de garantizar
el recurso de apelación frente a todas las sentencias condenatorias, sin
importar el momento procesal en que se dicten.
La Convención Americana de
Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
disponen que cada Estado establecerá los recursos que considere más adecuados a
su contexto, política criminal y sistema procesal penal, siempre y cuando con
ellos se garanticen el debido proceso legal, así como la existencia de una
justicia acertada, recta y justa. En el sistema penal colombiano, el recurso de
casación resulta idóneo para garantizar el derecho a la contradicción y defensa
de una persona condenada en segunda instancia, alcanzando a través de él la
protección de sus derechos, sin necesidad de instituir una tercera instancia
judicial o un sistema de múltiples apelaciones. Lo anterior, sin perjuicio de
la libertad de configuración del legislador que le permite, si lo considera
pertinente, modificar el sistema recursivo penal. Igualmente, complementario al
de casación, el condenado cuenta con otros que conforman un sistema integral de
protección de los derechos del procesado, como lo son la acción de revisión en
materia penal y la acción de tutela.
Por lo anterior, estimo que
declarar la inconstitucionalidad diferida de las normas demandadas para que se
entienda, por vía interpretativa, que las mismas reconocen el derecho a que
todas las sentencias condenatorias puedan ser impugnadas, transgrede la
libertad de configuración del legislador y desconfigura el principio de doble
instancia transformándolo en una triple instancia. Así mismo, la decisión de la
mayoría, en forma desproporcionada, desequilibra el trato procesal dispensado a
los sujetos que concurren a la actuación respectiva, pues no brinda la misma
posibilidad impugnativa reconocida al condenado a la parte acusadora ni a las
víctimas, como si los derechos e intereses que a estos le asisten fueran de
menor valía, con lo cual, además, se desconoce la efectividad de los fallos de
segunda instancia y se generan dilaciones injustificadas al incluir nuevas
instancias contra las decisiones que hasta el momento serían consideradas de
cierre, atentando con ello contra el valor de la seguridad jurídica en materia
penal.
Por las razones expuestas,
considero que modificaciones como las resultantes de la sentencia que motiva
este salvamento de voto deben ser tomadas en democracia por el órgano encargado
del ejercicio de la función legislativa.
Fecha ut supra,
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
A LA SENTENCIA C-792/14[164]
DOBLE INSTANCIA Y DERECHO DE IMPUGNACION DE SENTENCIAS
CONDENATORIAS-Argumentos
se fundan en uso inadecuado de un canon semántico de interpretación que conduce
a asignarle significado y consecuencias completamente implausibles al artículo
29 de la Constitución Política y otras disposiciones convencionales (Salvamento
de voto)/DOBLE INSTANCIA Y DERECHO DE IMPUGNACION DE SENTENCIAS
CONDENATORIAS-Argumentos se apoyan de manera desafortunada en el argumento
de la autoridad al inferir hipótesis no deducibles de pronunciamientos de
organismos internacionales de derechos humanos (Salvamento de voto)
DOBLE INSTANCIA Y DERECHO DE IMPUGNACION DE SENTENCIAS
CONDENATORIAS-Se reafirma
posibilidad de atacar integralmente fallo condenatorio y que juez que resuelve
recurso examine ampliamente y sin restricciones el contenido y bases de la
decisión judicial (Salvamento de voto)/DOBLE INSTANCIA Y DERECHO DE
IMPUGNACION DE SENTENCIAS CONDENATORIAS-Vocablos “impugnar” o “recurrir”
implican que acusado tiene derecho a censurar decisión condenatoria y a nueva
sentencia que reexamine el proceso (Salvamento de voto)
DERECHO DE IMPUGNACION DE SENTENCIAS CONDENATORIAS-Casos relacionados según la Observación
General 32 de 2007 del Comité de Derecho Humanos (Salvamento de voto)
SENTENCIA DE LIBERTAD DEL IMPUTADO O ACUSADO-Derecho a impugnar, recurrir o someter al
juez superior el caso conlleva a que al acusado le asiste derecho a discutir
decisión condenatoria sin estar determinadas la forma y condiciones para
hacerlo en la Constitución ni en instrumentos internacionales de derechos
humanos (Salvamento de voto)
SENTENCIA DE LIBERTAD DEL IMPUTADO O ACUSADO-Estados deben prever recurso que posibilite
revisión de sentencia condenatoria no limitada a aspectos formales o jurídicos
sino con análisis de hechos y pruebas que sirvieron de base para su emisión
(Salvamento de voto)/SENTENCIA DE LIBERTAD DEL IMPUTADO O ACUSADO-Exigencias
están aseguradas con el recurso de apelación que puede ser interpuesto contra
sentencia condenatoria de primera instancia (Salvamento de voto)
DOBLE INSTANCIA Y DERECHO DE IMPUGNACION DE SENTENCIAS
CONDENATORIAS-No se
demuestra que procesado tenga derecho a algo similar a un recurso de apelación
sea cual fuere el momento en que es dictada sentencia condenatoria (Salvamento
de voto)
RECURSO DE CASACION-Sería suficiente para satisfacer el derecho a impugnar
decisión condenatoria de segunda instancia pues permite que acusado discrepe y
censure fallo ante juez colegiado y de máxima jerarquía en la jurisdicción
ordinaria (Salvamento de voto)
SENTENCIA DE LIBERTAD DEL IMPUTADO O ACUSADO Y DOBLE
INSTANCIA-No se podía
desechar recurso de casación como restringido y formal por cuanto surge en
función de realizar derechos fundamentales y derecho material (Salvamento de
voto)/RECURSO DE CASACION-Condiciones para su procedencia se trata de
límites no irrazonables ni desproporcionados en el ámbito de libertad de
configuración del legislador y que no suponían injerencia indebida al derecho a
impugnar sentencia condenatoria (Salvamento de voto)
Con el respeto acostumbrado
por las decisiones de la Corte, me permito expresar las razones que me llevan a
apartarme de la decisión adoptada por la mayoría.
La Sentencia C-792 de 2014
declara inexequibles los artículos 20, 32, 161, 176, 179, 179B, 194 y 481 del
Código de Procedimiento Penal, en cuanto omiten prever mecanismos para que
todas las sentencias condenatorias puedan ser impugnadas. Para concluir que se
presenta una omisión legislativa inconstitucional, la providencia desarrolla
dos argumentos fundamentales. En primer lugar, sostiene que el procesado tiene
derecho a impugnar en sus aspectos fácticos, jurídicos y probatorios toda
sentencia condenatoria y, en particular, aquella dictada, por primera vez, en segunda
instancia. Y en segundo lugar, avanza la tesis de que este derecho no se
realiza a través de los recursos de casación y revisión ni mediante la acción
de tutela, de ahí que el legislador habría incurrido en la anotada omisión
contraria a la Constitución.
A mi juicio, ambos argumentos
se fundan en el uso inadecuado de un canon semántico de interpretación, que
conduce a asignarle significado y consecuencias completamente implausibles al
artículo 29 de la Carta y a otras disposiciones convencionales; y por otro
lado, se apoyan de manera desafortunada en el argumento de autoridad al inferir
hipótesis lógicamente no deducibles de pronunciamientos de organismos
internacionales de derechos humanos.
1. El fallo destaca que,
según el artículo 29 de la Constitución, el procesado tiene el derecho
fundamental a «impugnar» la sentencia condenatoria y, conforme
los artículos 8. 2. h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a toda persona le
asiste el derecho a «recurrir el fallo ante juez o tribunal superior». Dado que
estas disposiciones se refieren genéricamente a la facultad de «impugnar»,
«recurrir» y «someter a tribunal superior» la decisión condenatoria, la
sentencia sostiene que la prerrogativa en mención supone la posibilidad de
atacar «ampliamente y sin restricciones de orden material el contenido y las
bases de la decisión judicial» y que el examen del juez de segundo grado
comprenda todos los elementos determinantes del fallo.
A partir de este argumento y
de jurisprudencia internacional sobre derechos humanos, la providencia intenta
reafirmar la idea de que los mencionados verbos suponen necesariamente y en
todos los casos la posibilidad de atacar integralmente el fallo condenatorio y
de que el juez que resuelva el recurso lleve a cabo un examen amplio y sin
restricciones del caso. Es decir, la sentencia se esfuerza por sostener que la
mención de esos vocablos implica que el acusado tiene derecho a censurar la
decisión condenatoria y a una nueva sentencia que reexamine el proceso en todos
sus aspectos normativos, fácticos y probatorios, considerada la causa en su
conjunto, y que no solamente se limite a elementos puntuales del fallo, pues en
tal caso el derecho a impugnar no se garantiza adecuadamente.
La sentencia transcribe,
entonces, apartes de la Observación General 32 de 2007, del Comité de Derecho
Humanos, y de jurisprudencia de la Corte IDH y comunicaciones del mismo Comité,
sobre casos presuntamente relacionados con el derecho en discusión. Las citas
que se hacen, en su aparte pertinente, son básicamente las siguientes:
«Una
revisión que se limite a los aspectos formales o jurídicos de la condena
solamente no es suficiente a tenor del Pacto». « [L]a revisión de
la providencia en sede de casación versó sobre aspectos meramente formales y
normativos, y excluyó de plano el análisis de los hechos y de las pruebas con
fundamento en los cuales se declaró la responsabilidad penal, pese a que el
condenado cuestionó todos estos elementos del fallo. Y en el segundo caso… el
examen… versó exclusivamente sobre cuestiones de derecho, y… este ejercicio
analítico no respondía a la naturaleza del derecho convencional referido…».
«
[P]ara que éste (el medio de impugnación de la sentencia condenatoria)
sea eficaz debe constituir un medio adecuado para procurar la corrección de una
sentencia errónea. Ello requiere que pueda analizar cuestiones fácticas,
probatorias y jurídicas en que se basa la sentencia impugnada…
Consecuentemente, las causales de procedencia del recurso deben posibilitar un
control amplio de los aspectos impugnados en la sentencia condenatoria»
(aclaración fuera de texto). «[L]os recursos de casación presentados contra
la sentencia condenatoria de 12 de noviembre de 1999 no satisficieron el
requisito de ser un recurso amplio de manera que permitiera que el tribunal
superior realizara un análisis o examen comprensivo e integral de todas las
cuestiones debatidas y analizadas en el tribunal inferior».
Luego de lo anterior, la
sentencia concluye que el derecho a impugnar se traduce en la facultad de
discutir toda sentencia condenatoria en el marco del proceso penal, tanto desde
el punto de vista del contenido de la decisión, como de sus fundamentos
normativos, fácticos y probatorios, sin importar la estructura de la actuación,
el número de instancias en que se desarrolle el juicio, el delito o la pena
impuesta, a fin de que se efectúe una revisión integral del asunto.
Considero que la anterior
inferencia no es correcta. En lo que hace a la exégesis de los textos,
«impugnar» o «recurrir», como bien señala la sentencia, son sintagmas genéricos
y la idea de que suponen de forma necesaria un recurso para discutir
amplia e integralmente el fallo condenatorio y el derecho a una revisión del
asunto también con esa amplitud es una suposición, pues desde el punto de vista
semántico los verbos no excluyen, pero tampoco comprenden esos alcances. Si se
emplea un estricto literalismo, como parece querer hacerlo el fallo, el derecho
a impugnar, a recurrir o a someter a un juez superior el
caso solamente conlleva que a todo acusado, siempre y en cualquier
circunstancia, le asiste el derecho a discutir una decisión condenatoria, pero
la forma y las condiciones para hacerlo, conforme la estructura del proceso
penal, no vienen en realidad determinadas por las expresiones utilizadas en la
Constitución ni en los instrumentos internacionales de derechos humanos
citados.
De hecho, si el constituyente
hubiera pensado exactamente como cree el fallo, es decir, en el sentido de que
el acusado siempre debe tener un recurso amplio e integral para discutir
la decisión condenatoria dictada en cualquier momento, no existía ninguna razón
para no haber consagrado el derecho, no a impugnar, sino a apelar, cuyas
implicaciones en nuestra cultura jurídica son mucho más claras e inequívocas.
La sentencia, sin embargo,
insiste tácitamente en que el derecho a impugnar en verdad tiene unas
características definitorias similares a las que posee el recurso de apelación
en la mayoría de sectores del ordenamiento jurídico y para intentar demostrarlo
acude a pronunciamientos de la Corte IDH y del Comité de Derechos Humanos. No
creo, con todo, que esta vía proporcione argumentos suficientes para demostrar
lo que pretende. La sentencia de la que me aparto habría tenido que acreditar
que, conforme dichos organismos internacionales, los Estados deben garantizar
que una especie de recurso de apelación procede contra la sentencia
condenatoria dictada en cualquier momento del proceso penal, como se aduce en
la mencionada conclusión, es decir, contra una decisión de condena emitida, por
hipótesis, cuando el proceso se encuentre en segunda instancia o en el trámite
del recurso extraordinario de casación, en el caso de nuestro sistema. Pero,
según mi interpretación de los apartes citados, tales cuestiones no llegan a
indicarse claramente.
Las referencias reiteran que
los Estados deben prever un recurso que posibilite una revisión de la sentencia
condenatoria no limitada a sus aspectos formales o jurídicos, sino que
contemple el análisis de los hechos y las pruebas que sirvieron de base para su
emisión. Correlativamente, coinciden en que un recurso limitado a los aspectos
técnicos y jurídicos de la decisión no garantiza verdaderamente el derecho en
cuestión. Estas exigencias, empero, están precisamente aseguradas en nuestro
sistema con el recurso de apelación previsto en algunas de las disposiciones
demandadas, que puede ser interpuesto contra la sentencia condenatoria dictada
en primera instancia. Todas las citas parecen en efecto apuntar en esa
dirección y proscribir únicamente que el mecanismo de alzada contra la condena
emanada, no por el juez de segunda instancia ni por la Corte de casación, sino
por el primer juez de la causa, sea meramente formal y condicionado en su
prosperidad a situaciones excepcionales.
No se encuentra que ninguno
de los apartes haga expresa alusión a eventualidades como las mencionadas, esto
es, a que la sentencia condenatoria sea emitida en una etapa del proceso
diferente a la primera instancia y que en tal caso deba preverse una
impugnación con características similares aquellas de la apelación. El caso
citado en que la Corte IDH afirma que la casación no cumplía con el presupuesto
de ser un recurso amplio que permitiera examinar integralmente los asuntos
discutidos, proviene de la justicia costarricense, en cuyo ordenamiento
jurídico esa forma de impugnación, diferente a lo que ocurre en el caso
colombiano, no está diseñada para atacar la sentencia de segunda instancia,
mediante la cual un segundo juez jerárquicamente superior ha revisado el caso,
sino los fallos del sentenciador de primer grado, situación en la cual es
evidente que la casación resulta, en efecto, extremadamente limitada como
garantía del acusado, pues la respectiva Corte haría en principio solo una
revisión de tipo excepcional y restringida a los errores de la primera
instancia.
De esta manera, considero que
la sentencia de la cual me separo no demuestra con suficiencia que el procesado
tenga derecho a algo similar a un recurso de apelación sea cual fuere el
momento en que es dictada la sentencia condenatoria.
2. La providencia sostiene la
tesis de que el acusado tiene derecho a impugnar específicamente la sentencia
condenatoria emitida, por primera vez, en segunda instancia, posición que
podría compartirse. Sin embargo, en conexión con el argumento anterior, insiste
en que esa impugnación debe tener alcances amplios o, en otras palabras, de
apelación, por cuanto ha de permitir discutir todos los aspectos fácticos y
probatorios del asunto, conclusión que, en cambio, por las mismas razones mencionadas
con anterioridad no creo que se desprenda de la Constitución, del PIDCP ni de
la CADH.
La sentencia argumenta que en
la legislación procesal penal colombiana, contra la decisión condenatoria
emitida en tales circunstancias procede el recurso de casación, pero que este
no satisface las exigencias del derecho a impugnar, en tanto, no puede
interponerse contra fallos dictadas por contravenciones, puede ser inadmitido a
discreción cuando no se considere necesario para cumplir uno de sus fines y,
así mismo, en los eventos en que la controversia se plantee en el ámbito de la
reparación integral, se somete a los parámetros civiles; adicionalmente, dice
que no es adecuado porque el examen que lleva a cabo la Corte versa sobre el
fallo de segundo grado, no respecto del asunto y tampoco puede reexaminar
integralmente la decisión impugnada, sino que se limita a una revisión
circunscrita a los cargos planteados por el censor.
En mi opinión el recurso de
casación, aún si se entendiera de la forma rígida en que lo hace ver la
presentación de la sentencia, sería suficiente para satisfacer el derecho a
impugnar la decisión condenatoria dictada en segunda instancia, pues en todo
caso permite que el acusado discrepe y censure el fallo ante un juez colegiado
y de la máxima jerarquía en la jurisdicción ordinaria, aun cuando el asunto ha
sido ya examinado por dos jueces. Con todo, creo que la casación penal tiene
incluso la virtualidad de estar a la medida de la extraña interpretación de la
providencia que no comparto.
La decisión se apoya con
frecuencia en el caso Mohamed vs. Argentina, en el cual el acusado fue absuelto
en primera instancia, condenado en segunda y la impugnación contra el fallo
adverso, a través del «recurso extraordinario federal», le fue rechazada en
razón de que solo procedía de configurarse la denominada «cuestión federal» o
la existencia de una «arbitrariedad manifiesta» en el fallo atacado. La Corte
IDH sostuvo que el acusado tenía derecho a un recurso accesible y de suficiente
amplitud para que la condena fuera revisada, lo cual no era satisfecho por el
citado mecanismo extraordinario, que excluía el análisis de cuestiones fácticas
y probatorias y estaba limitado a que se pusiera en cuestión la validez de una
ley, un tratado o norma constitucional.
Desde mi punto de vista, la
situación que plantea este caso juzgado por la Corte IDH no es comparable con
lo que sucede en el sistema jurídico colombiano, dada la diferencia radical que
existe entre el recurso de casación en materia penal de la legislación nacional
y el extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de
Argentina. Mientras este supone realmente una vía completamente excepcional,
pues la causales están en términos generales condicionadas al cuestionamiento
de la validez de tratados, leyes y otros actos jurídicos o a la interpretación
de alguna cláusula constitucional, convencional o legal, el recurso de casación
funda su  procedencia en problemas relacionados con el debido proceso, la
interpretación y aplicación de las normas sustanciales y las reglas de
producción y apreciación de las pruebas en el caso concreto.
Pero aún más, el fallo, en
lugar de subrayar, hace apenas una mención casi tangencial a una de las
características más importantes y novedosas de la casación prevista en la Ley
906 de 2004. Pese a que las causales parecerían hacer del recurso un mecanismo
de ataque a la sentencia algo limitado y formal, en verdad se trata de una
modalidad de impugnación amplia y notoriamente garantista. La casación fue
reconfigurada en el proceso penal y el legislador establece que su razón de ser
es, entre otras, la efectividad del derecho material, el respecto de las
garantías de los intervinientes y la reparación de los agravios inferidos a
estos. Y, por otra parte, señala que es una forma de control constitucional y
legal de las sentencias que comporten menoscabos a derechos y garantías
fundamentales.
Conforme lo anterior, la
sentencia no podía desechar tan rápidamente la casación como un supuesto
recurso restringido y formal, por cuanto ahora surge en función principalmente
de realizar los derechos fundamentales y el derecho material. De manera que la
verdad y la justicia sustantiva en el proceso, observable y realizable a través
de las pruebas, los hechos y las normas, no están sometidas a los rígidos
confines trazados por los cargos vertidos en la demanda, sino que son prioridad
en el examen del caso por la Corte. Por otra parte, si bien se establecen
ciertas condiciones para su procedencia, se trata de límites no irrazonables ni
desproporcionados que se mantienen en el ámbito de la libertad de configuración
del legislador, como lo dicho la jurisprudencia[165]
y que, en modo alguno, suponían si quiera una injerencia indebida al derecho a
impugnar la sentencia condenatoria previsto en el artículo 29 de la
Constitución, razonablemente entendido.
3.  Estimo que la tesis
central de la sentencia es extremadamente problemática, especialmente en razón
de la orden impartida en el sentido de que, si el legislador no dicta  la
legislación supuestamente omitida, «se entenderá que la impugnación procede de
todas las sentencias condenatorias ante el superior jerárquico o funcional de
quien impuso la condena». El fallo sostiene, en breve, que el derecho a
impugnar procede contra la primera sentencia condenatoria dictada en cualquier
instancia o etapa del proceso. Esto quiere decir, como cuestión evidente, que
si el acusado es absuelto en primera y segunda instancia, pero condenado por la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, a partir del recurso
interpuesto por la Fiscalía o la víctima, la sentencia resultante sería
susceptible de ser impugnada en forma amplia e integral. La pregunta obvia es:
¿ante quién?, ¿quién resolverá el recurso?
Fecha ut supra,
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
[1]
M.P. Jorge Arango Mejía.
[2]
M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[3]
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[4]
Corte IDH, caso Mohamed vs Argentina, sentencia del 23
de noviembre de 2012, Serie C Nro. 255.
[5]
Corte IDH, caso Herrera Ulloa vs Costa Rica, sentencia
del 2 de julio de 2002, Serie C Nro. 107.
[6]
Comité de Derechos Humanos, Reid. vs Jamaica,  julio 4
de 1999.
[7]
Para respaldar esta tesis, la peticionaria transcribe algunos
apartes de la sentenciaC-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
[8]
Magistrado Alberto Rojas Ríos.
[9]
Como pretensión principal.
[10]
Como pretensión única
[11]
Argumento del Instituto Colombiano de Derecho Procesal.
[12]
Argumento esbozado por la Universidad Sergio Arboleda.
[13]
Objeción presentada por la Universidad Sergio Arboleda y por
el Instituto Colombiano de Derecho Procesal.
[14]
Como pretensión subsidiaria.
[15]
Como pretensión principal.
[16]
Como pretensión única.
[17]
Como pretensión única.
[18]
Argumento del Ministerio de Justicia y del Derecho y de la
Universidad Libre de Bogotá.
[19]
Sentencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia del 10 de mayo de 2010, rad. 28.498, transcrita parcialmente por la
Universidad Sergio Arboleda.
[20]
Argumento esbozado la Universidad Sergio Arboleda.
[21]
Objeción presentada por la Universidad Sergio Arboleda y el
Ministerio de Justicia y del Derecho.
[22]
Objeción planteada por el Ministerio de Justicia y del
Derecho y por la Universidad Libre de Bogotá.
[23]
Planteamiento del Ministerio de Justicia y del Derecho.
[24]
Objeción presentada por el Ministerio de Justicia y del
Derecho, por la Universidad Libre de Bogotá y por la Universidad del Rosario.
[25]
Argumento presentado por el Ministerio de Justicia y del
Derecho.
[26]
El artículo 29 de la Carta Política establece lo siguiente: “El
debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas. // Nadie podrá ser
juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez
o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de
cada juicio. // En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea
posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. // Toda
persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente
culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de
un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el
juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar
pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la
sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. // Es nula, de pleno
derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso” (subrayado por fuera de texto).
[27]
El artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos dispone lo siguiente: “ 1. Toda
persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un
plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial,
establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier
acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos
y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.
2. Toda persona inculpada de delito
tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca
legalmente su culpabilidad.  Durante el proceso, toda persona tiene
derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:
a) derecho del inculpado de ser asistido
gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el
idioma del juzgado o tribunal;
b) comunicación previa y detallada
al inculpado de la acusación formulada;
c) concesión al inculpado del tiempo
y de los medios adecuados para la preparación de su defensa;
d) derecho del inculpado de
defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de
comunicarse libre y privadamente con su defensor;
e) derecho irrenunciable de ser
asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la
legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare
defensor dentro del plazo establecido por la ley;
f) derecho de la defensa de
interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la
comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar
luz sobre los hechos;
g) derecho a no ser obligado a
declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y
h) derecho de recurrir del fallo
ante juez o tribunal superior.
3. La confesión del inculpado
solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza.
4. El inculpado absuelto por una
sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos.
5. El proceso penal debe ser
público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la
justicia.” (subrayado por
fuera de texto).
[28]
El contenido del artículo 14 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos es el siguiente: “1. Todas las personas son
iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a
ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente
e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier
acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de
sus derechos u obligaciones de carácter civil. La prensa y el público podrán
ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de
moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando
lo exija el interés de la vida privada de las partes o, en la medida
estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias
especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la
justicia; pero toda sentencia en materia penal o contenciosa será pública, excepto
en los casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las
acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores.
2. Toda persona acusada de un delito
tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su
culpabilidad conforme a la ley.
3. Durante el proceso, toda
persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes
garantías mínimas:
a) A ser informada sin demora, en
un idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas de la
acusación formulada contra ella;
b) A disponer del tiempo y de los
medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un
defensor de su elección;
c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas;
d) A hallarse presente en el
proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección;
a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo, y,
siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de
oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo;
e) A interrogar o hacer interrogar
a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de
descargo y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los
testigos de cargo;
f) A ser asistida gratuitamente
por un intérprete, si no comprende o no habla el idioma empleado en el
tribunal;
g) A no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse
culpable.
4. En el procedimiento aplicable a
los menores de edad a efectos penales se tendrá en cuenta esta circunstancia y
la importancia de estimular su readaptación social.
5. Toda persona declarada
culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se
le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito
por la ley.
6. Cuando una sentencia
condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o el condenado haya sido
indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de
la comisión de un error judicial, la persona que haya sufrido una pena como
resultado de tal sentencia deberá ser indemnizada, conforme a la ley, a menos
que se demuestre que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado
oportunamente el hecho desconocido (subrayado por
fuera de texto).
7. Nadie podrá ser juzgado ni
sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto por una
sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país.”. (subrayado por fuera de texto).
[29]
Al respecto cfr. las sentencias C-142 de 1993 (M.P.
Jorge Arango Mejía), C-411 de 1997 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo) y
C-934 de 2006 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
[30]
Sentencia C-382 de 1997, M.P. Jorge Arango Mejía.
[31]
Sentencia C-254ª de 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[32]
Sentencia C-718 de 2012m M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[33]
Sentencias C-509 de 2006 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández),
C-474 de 2006 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), y C-046 de 2006 (M.P. Álvaro Tafur
Galvis), y C-040 de 2002 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett).
[34]
Sentencia C-998 de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[35]
Sentencia C-019 de 1993, M.P. Ciro Angarita Barón.
[36]
Sentencias C-142 de 1993 (M.P. Jorge Arango Mejía), C-411 de
1997 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), y C-934 de 2006 (M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa).
[37]
En efecto, en algunas oportunidades esta Corporación ha
reconocido el derecho a la impugnación en escenarios distintos al proceso
penal, así: (i) en la sentencia C-017 de 1996 (M.P. Álvaro Tafur Galvis) se
declaró la inexequibilidad de las disposiciones legales que establecían
procesos disciplinarios de única instancia adelantados por la Procuraduría
Delegada de Derechos Humanos contra miembros del Ministerio de Defensa
Nacional, la Policía Nacional o funcionarios o personal de organismos adscritos
a tales entidades, por su participación, en el ejercicio de sus funciones, en
actos constitutivos de genocidio y desaparición forzada de personas. El
fundamento de la decisión se hizo radicar, entre otras cosas, en la potencial
afectación al derecho a la impugnación; (ii) en la sentencia C-345 de 1993
(M.P. Alejandro Martínez Caballero) se declaró la inexequibilidad de los
preceptos legales que asignaban a los tribunales administrativos la competencia
para conocer y resolver en procesos de única instancia, las demandas contra
actos administrativos que imponen ciertas sanciones disciplinarias a
funcionarios públicos de bajos ingresos, con fundamento, entre otras cosas, en
la lesión que esto representa del referido derecho; (iii) en la sentencia C-213
de 2007 se declaró la inconstitucionalidad de las normas del régimen
disciplinario de los odontólogos que impedían controvertir ante el superior jerárquico
la decisión de imponer la sanción de censura, por la restricción que esto
implica del derecho a la impugnación.// En otros fallos, sin embargo, la Corte
se ha abstenido de declarar la inexequibilidad de los preceptos legales que
establecen procesos de única instancia, con el argumento de que el derecho a la
impugnación no es aplicable a procesos judiciales en ámbitos distintos al
derecho penal. En este sentido se encuentran las sentencias C-040 de 2002 (M.P.
Eduardo Montealegre Lynett), C-254A de de 2012 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub),  C-718 de 2012 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) y C-280 de 1996
(M.P. Alejandro Martínez Caballero),
[38]
En este sentido, en la sentencia C-411 de 1997 (M.P. José
Gregorio Hernández Galindo), se afirma lo siguiente: “la Carta expresamente
sólo establece el derecho a impugnar la sentencia adversa en materia penal y en
las acciones de tutela (CP arts 28 y 86). Igualmente, los pactos de derechos
humanos ratificados por Colombia, como la Convención Interamericana o el Pacto
de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, y que hacen parte del
bloque de constitucionalidad (CP art. 93) prevén el derecho a impugnar la
sentencia en materia penal, pero no establecen esa posibilidad en otros campos
del derechos, para los cuales exigen únicamente que la persona sea oída, con
las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal
competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la
ley”.
[39]
Corte IDH, caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú, sentencia
del 30 de mayo de 1999, serie C. No. 52.
[40]
Corte IDH, caso Herrera Ulloa vs Rica, sentencia del 2
julio de 2004, Seria C No. 107; Corte IDH, caso Barreto Leiva vs Venezuela, sentencia
del 17 de noviembre de 2009, Serie C No. 206; Corte IDH, caso Liakat Alí
Alibux vs Suriname, sentencia del 30 de enero de 2014, Serie C No. 276.
[41]
Corte IDH, caso Vélez Loor vs Panamá, sentencia del 23
de noviembre de 2010, Serie C No. 218.
[42]
Corte IDH, caso Mohamed vs Argentina, sentencia del 23
de noviembre de 2012, Serie C No. 225.
[43]
Comunicación 701/1996.
[44]
Comunicación 623 a 627/1995.
[45]
Al respecto, el Comité sostuvo lo siguiente: “En
cuanto a si el autor ha sido objeto de una violación del párrafo 5 del artículo
14 del Pacto, porque su condena y sentencia solamente han sido revisadas en
casación ante el Tribunal Supremo, en lo que su abogado, siguiendo los
parámetros establecidos en los artículos 876 y siguientes de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, denomina un recurso incompleto de revisión, el Comité
toma nota de la alegación del Estado Parte de que el Pacto no exige que el
recurso de revisión se llama de apelación. No obstante el Comité pone de
manifiesto que al margen de la nomenclatura dada al recurso en cuestión este ha
de cumplir con los elementos que exige el Pacto. De la información y los
documentos presentados por el Estado Parte no se refuta la denuncia del autor
de que su fallo condenatorio y la pena que le fue impuesta no fueran revisados
íntegramente. El Comité concluye que la inexistencia de la posibilidad de que
el fallo condenatorio y la pena del autor fueran revisadas íntegramente, como
se desprende de la propia sentencia de casación citada en el punto 3.2, limitándose
dicha revisión a los aspectos formales o legales de la sentencia, no cumple con
las garantías que exige el párrafo 5, artículo 14, del Pacto. Por consiguiente,
al autor le fue denegado el derecho a la revisión del fallo condenatorio y de
la pena, en violación del párrafo 5 del artículo 14 del Pacto”.
[46]
Al respecto, el Comité sostuvo lo siguiente: “El Comité observa que, de conformidad con la información que
obra en su poder, los autores no podían apelar el fallo condenatorio y la pena,
pero que la ley prevé únicamente una revisión judicial, que aparentemente se
realiza sin una audiencia pública y versa únicamente sobre cuestiones de
derecho. El Comité opina que esta clase de revisión no reúne los requisitos
previstos en el párrafo 5 del artículo 14 del Pacto, en que se requiere una
evaluación plena de las pruebas y de las incidencias del juicio y que se
vulneró esta disposición respecto de cada uno de los autores”.
[47]
Comunicación 1156/2003.
[48]
Comunicación 662/1995.
[49]
En el mismo sentido se encuentran las comunicaciones
802/1998, Rogerson c Australia.
[50]
Corte IDH, caso Mohamed vs Argentina, sentencia del 23
de noviembre de 2012, Serie C No. 225.
[51]
Según el artículo 369 del Código Procesal Penal de Cota Rica, las causales son
las siguientes: (i) Que el imputado no esté suficientemente individualizado;
(ii) que falte la determinación circunstanciada del hecho que el tribunal
estimó acreditado; (iii) que la decisión se ampare en medios probatorios no
incorporados debidamente al proceso; (iv) que el valor otorgado al material
probatorio no se encuentre debidamente justificado o no haya observado las
reglas de la sana crítica; (v) que la parte dispositiva carezca de sus
elementos esenciales; (vi) que falte la fecha del acto y no sea posible
determinarla, o falte la firma de alguno de los jueces y no sea posible
establecer si participó en la deliberación del caso; (vii) inobservancia de las
reglas para la deliberación y redacción de la sentencia; (viii) falta de
correspondencia entre la acusación y la decisión judicial; (ix) inobservancia o
errónea aplicación de la ley.
[52]
M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[53]
El artículo 205 de la Ley 600 de 2000 establecía al respecto
lo siguiente: “Procedencia de la casación.  La casación procede
contra las sentencias proferidas en segunda instancia por los Tribunales
Superiores de Distrito Judicial y el Tribunal Penal Militar, en los procesos en
que se hubieren adelantado por los delitos que tenga señalada pena privativa de
la libertad cuyo máximo exceda de ocho años, aun cuando la sanción impuesta
haya sido una medida de seguridad”.
[54]
M.P. José Gregorio Hernández,
[55]
M.P. Jorge Arango Mejía.
[56]
M.P. Ciro Angarita Barón.
[57]
Sentencia C-345 de 1993, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[58]
Observación General No. 32 del Comité de Derechos Humanos.
[59]
M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[60]
Artículos 176 y 177 de la Ley 906 de 2004.
[61]
La Observación General Nro. 13 del Comité de Derechos Humanos
dispone al respecto lo siguiente: “17. En el párrafo 5 del artículo 14 se
dispone que toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que
el fallo condenatorio y la pena que se le impone sean sometidos a un tribunal
superior, conforme a lo prescrito por la ley (…) esta garantía no se limita tan
solo a las infracciones más graves. A este respecto, no se ha proporcionado
suficiente información sobre los procedimientos de apelación, en especial el
acceso a los tribunales de segunda instancia y los poderes de estos, las
exigencias que deben satisfacerse para apelar un fallo, y la manera en que los
tribunales de segunda instancia tienen en cuenta en su procedimiento las
exigencias de audiencia pública y con las debidas garantías establecidas en el
párrafo 1 del artículo 14”.
[62]
Corte IDH, caso Herrera Ulloa vs Costa Rica, sentencia
del 2 de julio 2004, Serie C. Nro 107.
[63]
Corte IDH, caso Barreta Leiva vs Venezuela, sentencia
del 17 de noviembre de 2009, Serie C Nro. 206.
[64]
Corte IDH, caso Vélez Loor vs Panamá, sentencia del 23
de noviembre de 2010, Serie C Nro. 218.
[65]
Corte IDH, caso Liakat Alí Alibux vs Suriname, sentencia
del 30 de enero de 214, Serie C. Nro. 276.
[66]
En este sentido, la Corte IDH sostuvo lo siguiente: “En
el presente caso, los recursos de casación presentados contra la sentencia
condenatoria de 12 de noviembre de 1999 no satisficieron el requisito de ser un
recurso amplio de manera tal que permitiera que el tribunal superior realizara
un análisis  o examen comprensivo e integral de todas las cuestiones debatidas
y analizadas en el tribunal inferior. Esta situación conlleva a que los
recursos de casación interpuestos por los señores Fernán Vargas Rohrmoser y
Mauricio Herrera Ulloa, y por el defensor de éste último y apoderado especial
del periódico “La Nación”, respectivamente (supra párr. 95. w), contra la
sentencia condenatoria, no satisficieron los requisitos del artículo 8.2 h. de la
Convención Americana en cuanto no permitieron un examen integral sino
limitado.”.
[67]
En este sentido, la Corte IDH sostuvo lo siguiente: “En
el presente caso, resulta inadmisible para este Tribunal que la resolución 7306
de 6 de diciembre de 2002, emitida por la Dirección Nacional de
Migración, mediante la cual se privó de la libertad por casi diez meses al
señor Vélez Loor, no hubiera sido notificada, tal como lo reconoció el propio
Estado (supra párr. 60). La Corte encuentra que la falta de notificación es en
sí misma violatoria del artículo 8 de la Convención, pues colocó al señor Vélez
Loor en un estado de incertidumbre respecto de su situación jurídica y tornó
impracticable el ejercicio del derecho a recurrir del fallo sancionatorio. En consecuencia, la Corte considera que este caso se
enmarca en una situación de impedimento fáctico para asegurar un acceso real al
derecho a recurrir, así como en una ausencia de garantías e inseguridad
jurídica, por lo que no resulta pertinente entrar a analizar los recursos
mencionados por el Estado.”.
[68]
Corte IDH, caso Mohamed vs Argentina, sentencia del 23
de noviembre de 2012, Serie C No. 225.
[69]  Al respecto, la Corte IDH sostuvo lo
siguiente: “La Corte hace notar
que este caso presenta la particularidad de que al imputado se le siguió un
proceso penal de dos instancias, y fue condenado en segunda instancia por un
tribunal que revocó la decisión absolutoria del juzgado de primera instancia. Para determinar si al señor Mohamed le asistía el
derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior, corresponde determinar si la protección consagrada en
el artículo 8.2.h de la Convención Americana permite una excepción, tal como
alega Argentina, cuando el imputado haya sido declarado condenado por un
tribunal que resuelva un recurso contra su absolución. // El artículo 8.2 de la Convención contempla la protección de garantías
mínimas a favor de “[t]oda persona inculpada de delito”. En el último inciso en
que expone esas garantías, cual es el h), protege el “derecho de recurrir del
fallo ante juez o tribunal superior”. La Corte entiende que el artículo 8.2 se
refiere, en términos generales, a las garantías mínimas de una persona que es
sometida a una investigación y proceso penal. Esas garantías mínimas deben ser
protegidas dentro del contexto de las distintas etapas del proceso penal, que abarca la
investigación, acusación, juzgamiento y condena. // Teniendo en cuenta que las garantías judiciales buscan que quien esté
incurso en un proceso no sea sometido a decisiones arbitrarias, la Corte
interpreta que el derecho a recurrir del fallo no podría ser efectivo si no se
garantiza respecto de todo aquél que es condenado, ya que la condena es la manifestación del ejercicio del poder
punitivo del Estado. Resulta
contrario al propósito de ese derecho específico que no sea garantizado frente a quien es condenado mediante una
sentencia que revoca una decisión absolutoria. Interpretar lo contrario,
implicaría dejar al condenado desprovisto de un recurso contra la condena. Se
trata de una garantía del individuo frente al Estado y no solamente una guía
que orienta el diseño de los
sistemas de impugnación en los ordenamientos jurídicos de los Estados Partes de
la Convención. // Para confirmar la interpretación de esta Corte de que
se trata de un derecho que asiste al condenado, resulta relevante acudir al
lenguaje concreto del artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos[69]
que, al referirse al derecho a recurrir del fallo, expresamente establece que
es una garantía que tiene “[t]oda
persona declarada culpable de un delito” (énfasis agregado). En otra
oportunidad la Corte ha manifestado que dicha norma del Pacto es “muy similar”
al artículo 8.2.h de la Convención Americana”.
[70]
M.P. Ciro Angarita Barón.
[71]
En la sentencia C-019 de 1993 se afirma lo siguiente: “una
norma que impida impugnar las sentencias condenatorias será inconstitucional
por violación del debido proceso. En todos los demás casos, la doble instancia
es un principio constitucional cuyas excepciones pueden estar contenidas en la
ley”.
[72]
M.P. Jorge Arango Mejía.
[73]
M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[74]
M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[75]
Artículo 68 (parcial).
[76]
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[77]
La Corte sostuvo al respecto lo
siguiente: “Sobre el alcance y
sentido del principio de la doble instancia, la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, se ha pronunciado en varias oportunidades, pero ninguna de
ellas ha versado sobre el juzgamiento de altos funcionarios con fuero
constitucional.// En el mismo sentido, el Comité del Pacto concluyó, en un caso
que no versó sobre un alto funcionario aforado, que la ausencia del derecho a
revisión por un tribunal superior de la condena impuesta por un tribunal de
apelación, después de que la persona hubiera sido declarada inocente por un
tribunal inferior, constituía una violación del artículo 14, párrafo 5 del
Pacto.//De lo
anterior encuentra la Corte que la interpretación del art. 14.5 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y art. 8.2 del Pacto de San José
que han efectuado los órganos internacionales competentes, resulta armónica con
la interpretación que se ha hecho de los artículos 29 y 31 Carta Política en
materia de juzgamiento de los altos funcionarios del Estado, en la medida en
que de dichos pronunciamientos no se deriva una regla según la cual en los
juzgamientos de altos funcionarios con fuero penal ante el órgano de cierre de
la jurisdicción penal, deba establecerse una segunda instancia semejante a la
que existe para otros juicios penales. Es decir, cada Estado goza de un amplio
margen para configurar los procedimientos y para diseñar los mecanismos
eficaces de protección de los derechos, sin que esté ordenado, según la
jurisprudencia vigente, que en los casos de altos funcionarios aforados se
prevea siempre la segunda instancia.// (…) Como se señaló en el apartado 4 de
esta sentencia, el juzgamiento por el órgano de cierre de la jurisdicción penal
es en sí misma una forma de garantizar de manera integral el debido proceso en
los procesos que versen sobre conductas cometidas por altos funcionarios
aforados. Además, de los tratados no se deduce un mandato a establecer la doble
instancia en los procesos penales relativos a altos funcionarios aforados, si
bien cada estado dispone de un margen de configuración en la materia. En el
presente caso, las normas acusadas versan sobre altos funcionarios aforados.
Unos tienen fuero constitucional (…) Otros tiene fuero en virtud de la ley (…)
Respecto de tales funcionarios,  como se anotó anteriormente, la garantía del
debido proceso, visto de manera integral, reside en el fuero mismo - acompañado
de la configuración del procedimiento penal establecido por el legislador -
puesto que en virtud del fuero su juzgamiento ha sido atribuido por la
Constitución, o por el legislador autorizado por ella, al órgano de cierre de
la justicia penal de conformidad con las normas que desarrollan los derechos,
el cual es un órgano plural integrado por abogados que reúnen los requisitos
establecidos en la Constitución para acceder a la más alta investidura dentro
de la jurisdicción ordinaria. Por lo anterior, la Corte Constitucional
declarará exequibles los numerales 5, 6, 7 y 9 del artículo 32 de la Ley 906 de
2004”.
[78]
M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[79]
El artículo 205 de la Ley 600 de 2000 establecía al respecto
lo siguiente: “Procedencia de la casación. La casación procede contra
las sentencias proferidas en segunda instancia por los Tribunales Superiores de
Distrito Judicial y el Tribunal Penal Militar, en los procesos en que se
hubieren adelantado por los delitos que tengan señalada pena privativa de la
libertad cuyo máximo exceda de ocho años, aun cuando la sanción impuesta haya
sido una medida de seguridad”.
[80]
En este sentido, en el fallo se afirma lo siguiente: “la
Corte llama la atención sobre el hecho que cuando el artículo 29 superior
incluye el derecho a impugnar la sentencia condenatoria dentro de las garantías
que constituyen el debido proceso utilizar el verbo impugnar, que genérico, y
no se refiere a una forma de impugnar en particular. Tampoco hace mención
específica de recurso alguno.// En este sentido es claro que la acusación del
actor basa en la supuesta obligatoriedad de la apelación como único mecanismo
de impugnación que procedería en estas circunstancias, se fundamenta en una
interpretación del artículo 29 que no corresponde a la realidad”.
[81]
En este sentido, la Corte sostuvo lo siguiente: “Basta recordar que, cuando
se dan, claro está, específicas y excepcionales circunstancias, tanto la acción
de revisión como la acción de tutela, constituyen mecanismos de impugnación de
las decisiones judiciales.// Así las cosas, si bien se trata de mecanismos de
impugnación excepcionales que sólo operan en precisos supuestos, son mecanismos
de impugnación de la sentencia condenatoria que llegue a proferirse por la Sala
Penal de la Corte Suprema de Justicia en la hipótesis a que alude el actor.//
Afirmar entonces que en este caso se vulnera el artículo 29 superior porque no
resulta posible impugnar dicha sentencia, carece de fundamento”.
[82]
En este sentido, la Corte sostuvo lo siguiente: “Si se
accediera a la petición hecha por el actor en el sentido de descartar la
procedencia de la casación en las circunstancias que él invoca y por tanto no
se permitiera al Ministerio Pública, a la Fiscalía, a la víctima o a los
perjudicados con el hecho punible solicitar la casación de la sentencia
absolutoria con el fin de que se corrija un eventual desconocimiento de la
Constitución y la Ley, se estaría no solo desconociendo el derecho a la
igualdad de dichos intervinientes en el proceso penal sino su derecho al acceso
a la administración de justicia en perjuicio de los derechos del estado, de la
sociedad, de la víctima o de los eventuales perjudicados con el hecho punible y
con grave detrimento de los derechos a la verdad a la justicia y a la
reparación”.
[83]
M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[84]
En particular, se declaró la inexequibilidad parcial del
artículo 22 de la Ley 4ª de 1992. A juicio de la Corte, la gravedad de las
infracciones investigadas y juzgadas, relacionadas con delitos de lesa
humanidad, y de las posibles sanciones de orden disciplinario por tales
conductas, hacía necesario un procedimiento administrativo de dos instancias que
permitiese al eventual sancionado apelar la correspondiente decisión.
[85]
M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[86]
Artículos 131 y 132 (parcial) del Decreto Ley 01 de 1984.
[87]
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[88]
Se trata del artículo 83 de la Ley 35 de 1989. En el fallo,
la Corte sostuvo que aunque el derecho a la impugnación de los fallos
condenatorios en principio se predica únicamente de las sentencias en materia
penal, cuando la decisión tiene un carácter sancionatorio y afecta una amplia
gama de derechos constitucionales, como el derecho al buen nombre, el derecho a
la honra y el derecho al trabajo, la restricción a las garantías del debido
proceso deben ser excepcionales y son objeto de una interpretación restrictiva.
En este entendido, y en atención a que la sanción de censura puede afectar de
forma decisiva el ejercicio profesional, y a que el derecho positivo no
establece con claridad el tipo de conductas que dan lugar a su imposición, las
limitaciones a la doble instancia y a la posibilidad de controvertir con
amplitud la decisión del tribunal de ética odontológica, se concluyó que la
medida cuestionada no se justificaba a la luz del texto constitucional.
[89]
M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[90]
Artículo 61 (parcial) del Código Disciplinario Único.
[91]
Al respecto se sostuvo lo siguiente: “La
Corte coincide con el actor en que toda persona investigada tiene derecho a
impugnar los fallos disciplinarios condenatorios. Sin embargo, ello no excluye per
se los procesos de única instancia, pues la impugnación no implica
obligatoriamente que el fallo sea apelable sino que el condenado pueda acudir
–por medio de cualquier recurso- ante una autoridad con capacidad de revisar la
decisión (…) En este orden de ideas, en la medida en que los fallos disciplinarios
son decisiones administrativas que pueden ser impugnadas ante la jurisdicción
de lo contencioso administrativo, la Corte considera que los fallos de única
instancia establecidos en el artículo 61 del CDU no violan el derecho de toda
persona a impugnar la sentencia condenatoria”.
[92]
M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[93]  La
Corte sostuvo al respecto lo siguiente: “La
Carta expresamente sólo establece el derecho a impugnar la sentencia adversa en
materia penal y en las acciones de tutela (C.P. arts 28 y 86). Igualmente los
pactos de derechos humanos ratificados por Colombia, como la Convención
Interamericana y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas,
y que hacen parte del bloque de constitucionalidad (C.P art. 93) prevén el
derecho a impugnar la sentencia en materia penal, pero no establecen esta
posibilidad en los otros campos del derecho, para los cuales exigen únicamente
que la persona sea oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo
razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial,
establecida con anterioridad por la ley”.
[94]
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[95]
Artículo 1 de la Ley 144 de 1994.
[96]
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[97]
Artículo 5 (parcial) del Decreto 2272 de 1989.
[98]
M.P. Ciro Angarita Barón.
[99]
M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[100]
M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[101]
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[102]
M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[103]
M.P. Jorge Arango Mejía.
[104]
M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[105]
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[106]
M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[107]
M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[108]
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[109]
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[110]
Caso Pérez Escolar vs España, Comunicación 1156/2003, y
caso Lumley vs Jamaica, Comunicación 662/1995.
[111]
Caso Cesario Gómez Vásquez vs España, comunicación
701/1996, y caso Domukovsky y otros vs Georgia, Comunicación 623 a
627/1995.
[112]
Corte IDH, caso Herrera Ulloa vs Costa Rica, sentencia
del 2 de julio de 2004, Serie C No. 107.
[113]
Corte IDH, caso Mohamed vs Argentina, sentencia del 23
de noviembre de 2012, Serie C No. 225.
[114]
M.P. Jorge Arango Mejía.
[115]
M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[116]
M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[117]
M.P. Manuel José Cepeda.
[118]
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[119] El artículo 338 del Código General del
Proceso establece lo siguiente: “ARTÍCULO 338.- CUANTÍA DEL INTERÉS PARA
RECURRIR.-  <Inciso corregido por el artículo 6 del Decreto 1736 de
2012. El nuevo texto es el siguiente:> Cuando las pretensiones sean
esencialmente económicas, el recurso procede cuando el valor actual de la
resolución desfavorable al recurrente sea superior a un mil salarios mínimos
legales mensuales vigentes (1000 smlmv). Se excluye la cuantía del interés para
recurrir cuando se trate de sentencias dictadas dentro de las acciones de grupo
y las que versen sobre el estado civil.// Cuando respecto de un recurrente
se cumplan las condiciones para impugnar una sentencia, se concederá la
casación interpuesta oportunamente por otro litigante, aunque el valor del
interés de este fuere insuficiente. En dicho evento y para todos los efectos a
que haya lugar, los dos recursos se considerarán autónomos.”.
[120]  El artículo
336 del Código General del Proceso establece al respecto lo siguiente: “ARTÍCULO 336. CAUSALES DE CASACIÓN. Son causales del recurso
extraordinario de casación: // 1. La violación directa de una norma jurídica
sustancial. // 2. La violación indirecta de la ley sustancial, como
consecuencia de error de derecho derivado del desconocimiento de una norma
probatoria, o por error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciación de
la demanda, de su contestación, o de una determinada prueba. // 3. No estar la
sentencia en consonancia con los hechos, con las pretensiones de la demanda, o
con las excepciones propuestas por el demandado o que el juez ha debido
reconocer de oficio. // 4. Contener la sentencia decisiones que hagan más
gravosa la situación del apelante único. // 5. Haberse dictado sentencia en un
juicio viciado de algunas de las causales de nulidad consagradas en la ley, a
menos que tales vicios hubieren sido saneados (…).”.
[121] El parágrafo del artículo 335  del Código
General del Proceso establece al respecto lo siguiente:
“La Corte no podrá tener en
cuenta causales de casación distintas de las que han sido expresamente alegadas
por el demandante. Sin embargo, podrá casar la sentencia, aún de oficio, cuando
sea ostensible que la misma compromete gravemente el orden o el patrimonio
público, o atenta contra los derechos y garantías constitucionales.”.
[122]  Artículo 334
del Código General del Proceso dispone al respecto lo siguiente: “ARTÍCULO
334. PROCEDENCIA DEL RECURSO DE CASACIÓN. El
recurso extraordinario de casación procede contra las siguientes sentencias,
cuando son proferidas por los tribunales superiores en segunda instancia: // 1.
Las dictadas en toda clase de procesos declarativos. // 2. Las dictadas en las
acciones de grupo cuya competencia corresponda a la jurisdicción ordinaria. //
3. Las dictadas para liquidar una condena en concreto. // PARÁGRAFO. Tratándose de asuntos relativos al
estado civil sólo serán susceptibles de casación las sentencias sobre
impugnación o reclamación de estado y la declaración de uniones maritales de
hecho.”
[123]  El artículo 347 del Código General del
Proceso dispone al respecto lo siguiente: “Selección
en el trámite del recurso de casación. // La Sala, aunque la
demanda de casación cumpla los requisitos formales, podrá inadmitirla en los
siguientes eventos: // 1. Cuando exista identidad esencial del caso con
jurisprudencia reiterada de la Corte, salvo que el recurrente demuestre la
necesidad de variar su sentido.
2. Cuando los errores procesales aducidos
no existen o, dado el caso, fueron saneados, o no afectaron las garantías de
las partes, ni comportan una lesión relevante del ordenamiento. // 3. Cuando no
es evidente la trasgresión del ordenamiento jurídico en detrimento del
recurrente”.
[124]
El artículo 337 del Código General del Proceso dispone al
respecto lo siguiente: “OPORTUNIDAD Y LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER
EL RECURSO. El
recurso podrá interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes a la
notificación de la sentencia. Sin embargo, cuando se haya pedido oportunamente
adición, corrección o aclaración, o estas se hicieren de oficio, el término se
contará desde el día siguiente al de la notificación de la providencia
respectiva.”.
[125]  Artículo 183 de la Ley 906 de 2004, que
al respecto dispone lo siguiente: “Oportunidad. Modificado por
el art. 98, Ley 1395 de 2010 El recurso se interpondrá ante el tribunal
dentro de un término común de sesenta (60) días siguientes a la última
notificación de la sentencia, mediante demanda que de manera precisa y concisa
señale las causales invocadas y sus fundamentos.”.
[126] El artículo 184 de la Ley 906 de 2004
dispone al respecto lo siguiente: “ (…) No será seleccionada, por auto
debidamente motivado que admite
recurso de insistencia presentado
por alguno de los magistrados de la Sala o por el Ministerio Público, la
demanda que se encuentre en cualquiera de los siguientes supuestos: Si el
demandante carece de interés, prescinde de señalar la causal, no desarrolla los
cargos de sustentación o cuando
de su contexto se advierta fundadamente que no se precisa del fallo para
cumplir algunas de las finalidades del recurso (…)”.
[127] El artículo 184 de la Ley 906 de 2004
dispone al respecto lo siguiente:  “(…) En principio, la Corte no podrá
tener en cuenta causales diferentes de las alegadas por el demandante. Sin
embargo, atendiendo a los fines de la casación, fundamentación de los mismos,
posición del impugnante dentro del proceso e índole de la controversia
planteada, deberá superar los defectos de la demanda para decidir de fondo (…)
“.
[128]
Artículo 205 de la Ley 600 de 2000, y artículo 218 del Decreto
2700 de 1991, modificado por la Ley 553 de 2000.
[129] El artículo 338 del Código General del
Proceso establece lo siguiente: “ARTÍCULO 338.- CUANTÍA DEL INTERÉS PARA
RECURRIR.-  <Inciso corregido por el
artículo 6 del Decreto 1736 de 2012. El nuevo texto es el siguiente:> Cuando
las pretensiones sean esencialmente económicas, el recurso procede cuando el
valor actual de la resolución desfavorable al recurrente sea superior a un mil
salarios mínimos legales mensuales vigentes (1000 smlmv). Se excluye la cuantía
del interés para recurrir cuando se trate de sentencias dictadas dentro de las
acciones de grupo y las que versen sobre el estado civil.// Cuando respecto
de un recurrente se cumplan las condiciones para impugnar una sentencia, se
concederá la casación interpuesta oportunamente por otro litigante, aunque el
valor del interés de este fuere insuficiente. En dicho evento y para todos los
efectos a que haya lugar, los dos recursos se considerarán autónomos.”.
[130]
Artículo 8 de la Ley 228 de 1995, “por la cual se
determina el régimen aplicable a las contravenciones especiales y se dictan
otras disposiciones”.
[131]
Artículo 11 de la Ley 228 de 1995.
[132]
Artículo 12 de la Ley 228 de 1995.
[133]
Artículo 13 de la Ley 228 de 1995.
[134]
Artículo 14 de la Ley 228 de 1995.
[135]
El artículo 192 de la Ley 906 de 2004 establece que la acción
de revisión procede en las siguientes hipótesis: “1. Cuando se haya
condenado a dos (2) o más personas por un mismo delito que no hubiese podido
ser cometido sino por una o por un número menor de las sentenciadas.// 2.
Cuando se hubiese dictado sentencia condenatoria en proceso que no podía
iniciarse o proseguirse por prescripción de la acción, por falta de querella o
petición válidamente formulada, o por cualquier otra causal de extinción de la
acción penal.// 3. Cuando después de la sentencia condenatoria aparezcan hechos
nuevos o surjan pruebas no conocidas al tiempo de los debates, que establezcan
la inocencia del condenado, o su inimputabilidad.// 4. Cuando después del fallo
en procesos por violaciones de derechos humanos o infracciones graves al
derecho internacional humanitario, se establezca mediante decisión de una
instancia internacional de supervisión y control de derechos humanos, respecto
de la cual el Estado colombiano ha aceptado formalmente la competencia, un
incumplimiento protuberante de las obligaciones del Estado de investigar serie
e imparcialmente tales violaciones. En este caso no será necesario acreditar
existencia de hecho nuevo o prueba no conocida al tiempo de los debates.// 5.
Cuando con posterioridad a la sentencia se demuestre, mediante decisión en
firme, que el fallo fue determinado por un delito del juez o de un tercero.//
6. Cuando se demuestre que el fallo objeto de pedimento de revisión se
fundamentó, en todo o en parte, en prueba falsa fundante para sus
conclusiones.// 7. Cuando mediante un procedimiento judicial, la Corte haya
cambiado favorablemente el criterio jurídico que sirvió para sustentar la
sentencia condenatoria, tanto respecto de la responsabilidad como de la
punibilidad”.
[136]
Sobre las facultades del juez constitucional frente a las
omisiones legislativas relativas en materia penal cfr. la sentencia
C-671 de 2014, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[137]
M.P. Mauricio González Cuervo.
[138]
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[139]
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[140]
M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[141]
Como algunas instancias judiciales carecen de un superior jerárquico, resulta necesario
diseñar mecanismos para asegurar la revisión de las sentencias expedidas por
tales organismos, cuando en el marco de un juicio penal, imponen por primera
vez una condena. En escenarios distintos, esta Corporación ha señalado la
necesidad de que al interior de organismos judiciales colegiados como la Corte
Suprema de Justicia, se diferencie orgánicamente la función de investigación y
la función de juzgamiento, cuando ambas han sido atribuidas a esta corporación.
De manera análoga, en estas hipótesis se debe garantizar la revisión de los
primeros fallos condenatorios que se dictan en el marco de un juicio penal por
instancias que carecen de superior jerárquico.
[142] Londoño,
M. Principio de legalidad y control de convencionalidad. Boletín Mexicano de Derecho
Comparado, No. 128, 2010.
[143] Corte
IDH. Caso Tibi vs. Ecuador. Sentencia del 7 de Septiembre de 2004. Voto
Concurrente del Juez Sergio García Ramírez. para.3. Cfr. Corte IDH. Caso Myrna
Mack Chang vs. Guatemala. Sentencia del 25 de noviembre de 2003. Voto
Concurrente del Juez Sergio García Ramírez, párr. 27.
[144]
Corte IDH. Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile. Excepciones Preliminares,
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C
No. 154, párr. 124.
[145]En este sentido véase, Corte IDH. Caso
Heliodoro Portugal vs. Panamá, Sentencia del 12 de agosto de 2008, Serie C. No.
186, párr. 128.
[146]
Corte IDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs.
Perú, cit., párr. 128.
[147]
Así lo ha entendido la Corte Constitucional en las Sentencia C-142 de 1993 reiterada en Sentencias C-998 de 2004 y C-934
de 2006
[148]
Ver Comunicaciones Nos. 1089/2002, Rouse c. Filipinas, párr. 7.6;
355/1989, Reid c. Jamaica, párr. 14.3. ONU, Comité de Derechos Humanos, Observación
General No. 32, Artículo 14: El derecho a un juicio imparcial y  a la
igualdad ante los tribunales y cortes de justicia, U.N. Doc. CCPR/C/GC/32,
23 de agosto de 2007, párr. 45.
[149]
Ver Corte IDH. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa
Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de
julio de 2004. Serie C No. 107, párr. 160. Corte IDH. Caso Mohamed Vs.
Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23
noviembre de 2012 Serie C No. 255, párrs. 100 y 101.
[150]
Folio No. 28
[151]
Ver Sentencias C-934 de 2006,  C-998 de 2004 y C-142 de 1993.
[152] En el Caso Herrera Ulloa
v. Costa Rica la Corte IDH resaltó que a la luz del objeto y fin de la
CADH, el cual es proteger eficazmente los derechos humanos, “(…) se debe
entender que el recurso que contempla el artículo 8.2.h. de dicho tratado debe
ser un recurso ordinario eficaz mediante el cual un juez o tribunal superior
procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias al derecho”. Este
punto fue desarrollado en el Caso Mohamed contra Argentina, en  el que
la Corte IDH reiteró que el artículo 8.2.h de la CADH se refiere a un recurso
ordinario accesible y eficaz,[152] aclarando el caso argentino: (i) que
un recurso sea ordinario supone que pueda ser garantizado antes que la sentencia
adquiera la calidad de cosa juzgada, (ii) que sea eficaz implica que deba
procurar resultados o respuestas acordes con el fin para el que fue creado,[152]
y (iii) accesible, como se desarrollará en el siguiente estándar, significa que
el recurso no lleve con sigo mayores complejidades y requiera las mínimas
formalidades para su admisión.
[153]
Congreso de La República de Colombia. Ley 600 de 2000. Artículo 206. “La casación debe tener por fines la efectividad del derecho
material y de las garantías debidas a las personas que intervienen en la
actuación penal, la unificación de la jurisprudencia nacional y además la
reparación de los agravios inferidos a las partes con la sentencia demandada”.
[154]
Ver Sentencia C-590 de 2005.
[155] Ver Sentencias C-586 de 1992, C-1065 de 2000, C-252 de
2001, C-261 de 2001, C- 668 de 2001. En el mismo sentido  en la
jurisprudencia de la  Corte Suprema de Justicia: Auto, Sala de Casación
Civil, 17 de febrero de 1992, expediente 3573, Sentencia de la Sala de Casación
Laboral expediente 16747 del 10 de abril de 2002 M.P. ISAURA VARGAS, sentencia
de la Sala de Casación Penal Magistrado Ponente Doctor JORGE ENRIQUE VALENCIA
M. Aprobado Acta No.79 Santa fe de Bogotá, D.C. julio diecinueve (19) de mil
novecientos noventa y cuatro (1994) Sentencia dentro del proceso 17255, Sala de
Casación Penal, MAGISTRADO PONENTE ALVARO ORLANDO PEREZ PINZON Aprobado: Acta
No.201 Bogotá, D.C. diecinueve (19) de diciembre de dos mil uno (2001).
Sentencia del proceso 12442 Sala de Casación Penal Aprobado Acta No. 35
Magistrado Ponente: Dr. FERNANDO E. ARBOLEDA RIPOLL Santa fe de Bogotá, D.C.,
diez de abril de mil novecientos noventa y siete, Sentencia del proceso 12350,
SALA DE CASACION PENAL Magistrado Ponente Dr. JORGE E. CORDOBA POVEDA Aprobado
acta No. 50 Santa fe de Bogotá, D.C., catorce (14) de mayo de mil novecientos
noventa y siete (1997). Todas referenciadas en la Sentencia C-998 de 2004.
[156] Sentencia C-998 de 2004: “Ahora bien, cabe precisar que la
radical diferencia entre la casación y la instancia, se pone de manifiesto si
se observa que la decisión del Tribunal o Corte de Casación se contrae a casar
o no casar la sentencia objeto de la misma.  De tal suerte que, si se
destruye el fallo de segundo grado por la prosperidad de la casación, se dice entonces
que se realizó un iudicium rescindens, respecto de la sentencia impugnada y en
ese momento, en principio, finaliza la labor del juez de la casación. || Pero,
como la sentencia de segunda instancia fue destruida, se hace indispensable
ahora su reemplazo, pues sólo queda entonces en vigor la de primera
instancia.  Para dictar la sentencia sustitutiva de la que fue casada, es
decir para volver a examinar la conducta que fue objeto de juzgamiento en la
primera instancia, se realiza entonces un iudicium rescisorium, propio del juez
ad quem.  Esa función, en algunos países, como en Francia o en Italia, se
cumple por un Tribunal de igual jerarquía al que profirió la sentencia de
segundo grado que se destruyó en casación, tribunal éste al que se envía el
proceso por la Corte de Casación para que profiera ese fallo, lo que se conoce
como el reenvío del proceso, para que se dicte una nueva sentencia de segunda
instancia.  En Colombia, finalizada la casación con el iudicium rescindens,
la Corte Suprema de Justicia en la respectiva Sala de Casación, asume entonces
una función adicional, la de proferir el iudicium rescisorium, es decir, la de
dictar la sentencia de reemplazo o sustitutiva de la que fue destruida por la
prosperidad de la casación”.
[157] Congreso de La República de Colombia. Ley
906 de 2004. Artículo 184. “Vencido el término para interponer el recurso,
la demanda se remitirá junto con los antecedentes necesarios a la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para que decida dentro de los
treinta (30) días siguientes sobre la admisión de la demanda.
No será seleccionada, por auto debidamente motivado que admite
recurso de insistencia presentado por alguno de los magistrados de la Sala o
por el Ministerio Público, la demanda que se encuentre en cualquiera de los
siguientes supuestos: Si el demandante carece de interés, prescinde de señalar
la causal, no desarrolla los cargos de sustentación o cuando de su contexto se
advierta fundadamente que no se precisa del fallo para cumplir algunas de las
finalidades del recurso.
En principio, la Corte no podrá tener en cuenta causales
diferentes de las alegadas por el demandante. Sin embargo, atendiendo a los
fines de la casación, fundamentación de los mismos, posición del impugnante
dentro del proceso e índole de la controversia planteada, deberá superar los
defectos de la demanda para decidir de fondo.
Para el efecto, se fijará
fecha para la audiencia de sustentación que se celebrará dentro de los treinta
(30) días siguientes, a la que podrán concurrir los no recurrentes para ejercer
su derecho de contradicción dentro de los límites de la demanda.”
[158]
Folio No. 31.
[159]
Datos obtenidos de la Relatoría de la Sala Penal de la Corte
Suprema de Justicia.
[160]
Sentencia C-998 de 2004, reiterando Sentencia C-142 de 1993.
[161] Expresión
declarada inexequible por la Sentencia C-799 de 2005.
[162]
Congreso de la República. Ley 906 de 2004. Artículo 192.
[163] Ver Sentencia T-138 de 2009.
[164]
M. P.: Luis Guillermo Guerrero Pérez
[165]
Sentencia C-880 de 2014, M. P.: Gloria Stella Ortiz Delgado.