T-276-16
Sentencia T-276/16
DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL-Alcance
y concepto
LIBERTAD PERSONAL-Triple
naturaleza jurídica
Al igual que la dignidad humana y la igualdad, la libertad tiene
una naturaleza polivalente en el ordenamiento jurídico colombiano, pues se
trata de manera simultánea de un valor, un principio y, a su vez, muchos de sus
ámbitos son reconocidos como derechos fundamentales plasmados en el texto
constitucional.
DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL-Condiciones
para su limitación
El ordenamiento jurídico contempla la posibilidad de proferir
medias restrictivas de la libertad, siempre y cuando obedezcas a mandatos
legales previamente definidos. La restricción del derecho a la libertad debe
estar entonces, plenamente justificada en el cumplimiento de fines necesarios
para la protección de derechos o bienes constitucionales y, además, ser
notoriamente útil y manifiestamente indispensable para el logro de tales
objetivos.
PRIVACION DE LA LIBERTAD EN EL ESTADO
SOCIAL DE DERECHO-Derecho penal como límite racional
DERECHOS FUNDAMENTALES DE PERSONAS
PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Clasificación en tres grupos:
derechos suspendidos, derechos intocables y derechos restringidos o limitados
DERECHO A LA VIDA Y A LA INTEGRIDAD
PERSONAL DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD
Desde el momento en que el individuo es privado de la libertad, el
Estado asume de manera íntegra la responsabilidad inherente a la seguridad, la
vida y a la integridad fisca de los internos.
DERECHO DE PETICION DE LAS PERSONAS
PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN CENTROS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS-Responsabilidad
del Estado de garantizar su protección de manera eficaz
DERECHO A LA DIGNIDAD HUMANA DE
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Goce efectivo de los derechos
fundamentales en prisión, indicador de la importancia real de la dignidad
humana
DERECHO A LA VISITA CONYUGAL DEL
INTERNO-Visita íntima debe darse en condiciones dignas
PRINCIPIO DE RESOCIALIZACION Y
DERECHOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Derecho a
regresar a la sociedad en libertad y democracia
DEBIDO PROCESO DISCIPLINARIO DE
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD
DERECHO A LA COMUNICACION DE PERSONAS
PRIVADAS DE LA LIBERTAD
La Corte ha reconocido el derecho que tienen las personas privadas
de la libertad a comunicarse con personas en el exterior de la prisión, con el
debido respeto a la intimidad. Se pueden, por ejemplo, establecer condiciones
de modo, tiempo y lugar, pero no suspender o anular este derecho.
DERECHO AL DESCANSO DEL INTERNO
DERECHO A LA SALUD DE PERSONAS
PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Protección integral, continua y en
condiciones de calidad por parte del Estado
DERECHO A LA UNIDAD FAMILIAR DE
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Alcance de la garantía
DERECHO A LA DIGNIDAD HUMANA DE
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Vulneración por hacinamiento
carcelario y falta de salubridad al interior de los establecimientos
carcelarios
SUBROGADOS PENALES-Finalidad
HACINAMIENTO CARCELARIO-Jurisprudencia
constitucional
La Corte Constitucional ha reconocido en reiterada jurisprudencia
que el hacinamiento constituye una vulneración evidente a los derechos privados
de la libertad y que el Estado debe tomar medidas para que no se presente.
CONTROL DE LEGALIDAD DE LA CAPTURA-Límite
temporal de treinta y seis (36) horas
La privación de la libertad en las salas de retenidos de la
Policía Nacional no puede sobrepasar las 36 horas.
PROHIBICION DE LA TORTURA,
PENAS, TRATOS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES FRENTE A POBLACION CARCELARIA-Respeto
a la dignidad humana de los reclusos
DETENCION DOMICILIARIA-Finalidad
SUSTITUCION DE LA DETENCION
PREVENTIVA POR DETENCION DOMICILIARIA-Algunos
reclusos gozan del beneficio de detención domiciliaria, pero no han podido
acceder al mismo por algún error en la nomenclatura urbana
Esta
situación es una de las principales causales de hacinamiento carcelario en todo
el país, pues los reos a los que les fue concedida la prisión domiciliaria por
el juez de conocimiento no pueden acceder a la misma por algún error en las
direcciones o requisitos mínimos de formalidad.
DERECHOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE
LA LIBERTAD-Vulneración a personas que se encuentran privadas de la libertad
en estación de policía por encontrarse en una situación insostenible de hacinamiento
Las personas privadas de la libertad no deben estar recluidas en
estaciones de policía, pues éstas no tienen las condiciones suficientes para
alojar personas durante espacios prolongados de tiempo, tal como ha señalado la
Corte Interamericana de Derechos Humanos.
DERECHOS DE LAS PERSONAS
PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Orden a autoridades reubicar a
personas privadas de la libertad que se encuentran en estación de policía en
establecimientos penitenciarios y carcelarios
DERECHO A LA SALUD DE PERSONAS
PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Orden a Alcaldía Municipal garantizar
el acceso efectivo a todos los servicios de salud de detenidos en estación de
policía
Referencia: Expediente T –
5.256.449.
Acción de
tutela instaurada por Kadir Crisanto Pilonieta Díaz, como Defensor del Pueblo
Regional de Santander, contra la Gobernación de Santander, la Alcaldía
Municipal de Bucaramanga, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
(INPEC) y la Caja de Previsión Social de Comunicaciones CAPRECOM E.S.P.
Derechos fundamentales
invocados: Dignidad humana, integridad personal, salud, familia y salubridad de
las personas privadas de la libertad.
Temas: (i) la limitación del derecho a
la libertad personal en el Estado Social de Derecho, (ii) los derechos de las personas
privadas de la libertad, (iii) la privación preventiva y contravencional de la
libertad, (iv) los establecimientos de privación transitoria de la libertad, y
(v) el hacinamiento carcelario.
Problema jurídico: determinar
si se vulneran los derechos fundamentales a la dignidad humana, a la integridad
personal, a la familia y  a la salud de las personas privadas de la libertad - agenciadas
por el accionante - en la Estación de Policía Norte de Bucaramanga, por las
condiciones de hacinamiento a las que aparentemente fueron expuestas, por la
también aparente inactividad que presentaron la Gobernación de Santander, la
Alcaldía Municipal de Bucaramanga, el Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario (INPEC), la Caja de Previsión Social de Comunicaciones CAPRECOM
E.S.P., y las demás entidades accionadas y vinculadas a este trámite.
Magistrado Ponente:
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Bogotá D.C., veinticinco (25)
de mayo de dos mil dieciséis (2016).
La Sala Séptima de Revisión de
Tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Alberto Rojas Ríos, Luis
Ernesto Vargas Silva y Jorge Ignacio Pretelt Chaljub –quien la preside–, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9° de
la Constitución Política, profiere la
siguiente,
SENTENCIA
En el trámite de revisión de
los fallos proferidos por el Juzgado 1º de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Bucaramanga, el diez (10) de julio de 2015 y, por
la Sala
Penal de Decisión del Tribunal Superior de Bucaramanga, el tres (03) de
septiembre de 2015. Conforme a lo consagrado en los artículos 86 de la Constitución
Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección Número Siete de la
Corte Constitucional eligió, para efectos de su revisión, el asunto de la
referencia[1].
De acuerdo con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión
procede a dictar la sentencia correspondiente.
1.
ANTECEDENTES
1.1
HECHOS.
El señor Kadir
Crisanto Pilonieta Díaz, en su calidad de Defensor del Pueblo Regional de
Santander, presentó acción de tutela contra la Gobernación de Santander, la
Alcaldía Municipal de Bucaramanga, el Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario (INPEC) y la Caja de Previsión Social de Comunicaciones (CAPRECOM)
E.S.P., por los
siguientes motivos:
1.1.1    Afirma que desde el año dos mil
catorce (2014), la Defensoría Regional de Santander ha socializado con los
señores Alcaldes del Área Metropolitana de Bucaramanga, sobre sus obligaciones
con las personas privadas de la libertad, en su condición de detenidos
preventivamente, sin que hasta la fecha se hayan llevado a cabo acciones con el
propósito de garantizar los derechos humanos de estas personas.
1.1.2    Indica que el ocho (08) de
abril de dos mil quince (2015), varias servidoras públicas de la Defensoría
Regional del Pueblo visitaron la Estación de Policía Norte de Bucaramanga,
evidenciando que en las tres (3) celdas con las que cuenta la estación que
tienen capacidad para cinco (5) personas cada una, se encuentran hacinadas
veintidós (22) personas por celda, dentro de un espacio que no supera los 3m x
5m.  Aunado a ello, verificaron que existe una celda provisional en la zona de
los parqueaderos donde se encuentran retenidas veintiséis (26) personas, por lo
que se concluye el estado de hacinamiento de la estación.
1.1.3    Lo anterior dice el actor, se
acentúa en las distintas condiciones que tienen que soportar tanto las personas
privadas de la libertad por condena contravencional, como los detenidos
preventivamente. Así pues expone que: (i) cada celda cuenta con un (1)
baño el cual es utilizado para dormir por parte de algunas personas; (ii)
más de la mitad de los detenidos duerme en el piso; (iii) las visitas de
los familiares se reducen a quince (15) minutos, únicamente los días miércoles;
(iv) se perciben malos olores, desaseo y permanencia de zancudos; (v)
la comida no es buena, no pueden tener visitas conyugales y hay algunos
condenados que llevan más de diez meses sin que se les traslade a la
penitenciaria que corresponda; (vi) por otro lado, según comenta un
agente de la policía, hay dos personas con VIH y no cuentan ni siquiera con un
botiquín; (vii) finalmente, y por las deficientes condiciones de
salubridad, el 03 de abril de 2015, el joven Milton Suárez se cortó el brazo
izquierdo con el propósito de obtener la atención en salud, pues según refiere
tiene una infección pulmonar y no había sido atendido por médico alguno. En
igual sentido, otro joven se autolesionó en la parte derecha del cuello, sin
evidenciar curación alguna.
1.1.4    De otro lado, considera
pertinente advertir que la misma fuerza policiva corre peligro, pues en
cualquier momento se puede producir una fuga o agresión masiva en contra de los
agentes del orden o los familiares que se encuentren en visita.
1.1.5    Concluye el recuento fáctico al
dejar constancia que en la actualidad otras estaciones de policía de
Bucaramanga y su Área Metropolitana, se encuentran en iguales o similares
circunstancias a las ya descritas, lo cual menoscaba los derechos humanos de
los privados de la libertad.
1.1.6    Solicita como medidas
provisionales, se ordene a los accionados: (i) desarrollar las acciones
pertinentes para lograr la reubicación de los detenidos en la Estación de
Policía Norte de Bucaramanga; (ii) contratar personal médico para que
los asista integralmente; y (iii) ordenar a CAPRECOM  proceder a dar
atención inmediata a aquellos que tengan padecimientos de salud.
1.1.7    Por lo anterior, pide que se
tutelen los derechos a la dignidad humana, a la integridad personal, a la
salud, a la familia y a la salubridad de las personas que se encuentren
privadas de la libertad en la Estación de Policía Norte de Bucaramanga.
1.1.8    En consecuencia, solicita: (i)
se ordene de forma definitiva que las estaciones de policía de Bucaramanga
no deben recibir personas privadas de la libertad con medidas de Detención
Preventiva o Condenados por delitos, en atención a que no son lugares adecuados
para su reclusión; (ii) ordenar al Municipio de Bucaramanga y al INPEC
que se proceda a efectuar el traslado inmediato de las personas privadas de la
libertad a los sitios de reclusión que garanticen sus derechos humanos; (iii)
ordenar al municipio de Bucaramanga suscribir los acuerdos o actos
administrativos a que haya lugar para la creación, supresión, dirección y
organización de los centros de arraigo transitorios, como la Estación de
Policía Norte, en los mismos términos previstos en el artículo 17 de la Ley 65
de 1993; (iv) ordenar a la Gobernación de Santander que con base en la
Ley 1709 de 2014, dentro de su presupuesto para el 2015 provea las partidas
presupuestales necesarias para los Establecimientos de Reclusión a su cargo y, (v)
ordenar al INPEC, al igual que CAPRECOM EPS procedan dentro de sus competencias
a elaborar un esquema de atención inmediata a los reclusos que se encuentran en
la Estación de Policía Norte de Bucaramanga.
1.2
TRASLADO
Y CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.
El presente amparo fue
presentado ante el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Bucaramanga, el cual al advertir que uno de los accionados era el INPEC, se
abstuvo de avocar conocimiento, como quiera que dicha entidad es del orden
nacional y la competencia para conocer en ese evento radica en los Tribunales
Superiores.
Por lo anterior, remitió el
asunto para su conocimiento al Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bucaramanga, el cual al avocar conocimiento negó la medida provisional solicitada
y vinculó dentro del proceso a la Estación de Policía Norte de Bucaramanga; la
Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios del INPEC; la Secretaría de
Salud Departamental de Santander; la Secretaria de Salud Local de Bucaramanga;
el Departamento de Policía de Santander; la Personería Municipal de
Bucaramanga; la Procuraduría Provincial de Bucaramanga; el Ministerio de
Justicia y del Derecho; el Director Regional Oriente del INPEC; el Ministerio
de Hacienda y Crédito; la Dirección General del EPAMS-Girón; el DAS; la SIJIN;
la DIJIN; el CTI; la Procuraduría General de la Nación; la Dirección de
Derechos Humanos del Ministerio del Interior; el Defensor Regional del Pueblo
de Santander; la Presidencia de la República; y a la Dirección General del INPEC.
1.2.1    Respuesta del Comandante de la
Estación de Policía Norte de Bucaramanga.
El Comandante de la Estación de
Policía Norte de Bucaramanga, por medio de escrito se refirió a los hechos y
pretensiones de la acción de tutela, solicitando que se declare la
improcedencia del amparo o, en su lugar, la desvinculación de la policía, por
las siguientes razones:
1.2.1.1 Afirma que las estaciones de policía
cuentan con un alto índice de hacinamiento pero, aun así, la entidad asume una
posición garante sobre las personas recluidas temporalmente en las salas de
capturados, desde el momento de su captura hasta que son trasladadas a un
centro penitenciario.
1.2.1.2 Sostiene que la Policía Nacional no tiene
la atribución de resolver sobre la libertad de una persona, pues es una
competencia exclusiva del fiscal delegado competente.
1.2.1.3 Manifiesta que la Policía Metropolitana de
Bucaramanga no ha tenido ninguna incidencia frente al caso del accionante, pues
siempre ha efectuado las acciones y actividades tendientes a proteger la salud,
vida e integridad de las personas que se encuentren privadas de la libertad en
sus instalaciones, ya que les brinda asistencia médica cuando lo requieren,
reciben visitas de sus familiares y están debidamente asesorados y
representados por un abogado.
1.2.2     Respuesta del Jefe Seccional
de Investigación Criminal Metropolitana de Bucaramanga.
El Jefe Seccional de
Investigación Criminal Metropolitana de Bucaramanga  solicita se denieguen las
pretensiones del accionante y se desvincule a la entidad de la presente acción,
con fundamento en las siguientes razones:
1.2.2.1 Luego de hacer un recuento sobre la
legitimidad constitucional y legal de las funciones de la Policía Nacional,
relaciona el desarrollo jurisprudencial que ha tenido el tema de las salas de
privación de la libertad en las estaciones de policía. Al respecto, afirma que
estas salas tuvieron su origen con la finalidad de aplicar la medida correctiva
de retención transitoria, pero con el tiempo y ante el hacinamiento en los
centros penitenciarios, se fueron convirtiendo en salas de detenidos donde se
mezclaban personas con medida de aseguramiento o condenas en firme, con
ciudadanos detenidos preventiva o contravencionalmente.
1.2.2.2 En ese sentido, aduce que la Policía
Nacional propende por mantener estas salas con materiales que faciliten su
aseo, que no puedan ser usados para autolesionarse o lesionar a otros y que no
mantengan apariencia antiestética e insalubre.
1.2.2.3 No obstante, afirma que no se cuenta con
el personal necesario para cumplir con las disposiciones que el régimen
carcelario exige por cuanto no son un centro carcelario y su misión establecida
por la Constitución Nacional es distinta a la que los están forzando a cumplir.
De igual manera, el personal no es idóneo para cumplir esta tarea, pues los
funcionarios idóneos para ejercer esa función son los del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario (INPEC).
1.2.2.4 Finalmente, considera que dicha entidad no
ha vulnerado derecho alguno del accionante, toda vez que las acciones llevadas
a cabo por la Policía Nacional se ajustan a los lineamientos normativos
emanados de la Constitución y la ley, pues siempre ha procurado proteger la
vida e integridad de las personas que se encuentren privadas de la libertad en
las instalaciones de la policía.
1.2.3    Respuesta de Kadir Crisanto
Pilonieta Díaz.
Mediante escrito del diecisiete
(17) de abril de dos mil quince (2015), Kadir Crisanto Pilonieta Díaz, quien
actúa como accionante, anexó documento donde relaciona la situación jurídica de
cada una de las personas que se encuentran privadas de la libertad en la
Estación de Policía Norte de Bucaramanga, así como los establecimientos
carcelarios que les fueron asignados por parte del juez de conocimiento.
1.2.4    Respuesta de la Secretaria de
Salud Departamental de Santander.
La Secretaria de Salud
Departamental de Santander, solicitó al Tribunal Superior del Distrito se le
desvincule de la actuación constitucional como accionado por los siguientes
motivos:
1.2.4.1 En cuanto a la atención médica de las
personas recluidas en la Estación de Policía, señaló que le corresponde a
CAPRECOM EPS y al Área de Sanidad del Establecimiento Penitenciario y
Carcelario en el que se encuentren recluidos los internos brindar la asistencia
médica y los servicios de salud que ellos requieran.
1.2.4.2 En igual sentido, aduce que la Secretaria
de Salud Departamental no presta servicios médicos y, por tanto, no ha
vulnerado los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad en
las estaciones de policía.
1.2.5    Respuesta del Secretario del
Interior del Departamento de Santander.
El Secretario del Interior del
Departamento de Santander, dio respuesta a la acción de tutela solicitando ser
desvinculado del proceso por las siguientes razones:
1.2.5.1 Afirma que la acción de tutela no es el
mecanismo idóneo para reclamar una solución definitiva al hacinamiento
carcelario, así como tampoco para construir una política pública penitenciaria,
pues aquella debe ser expedida por las autoridades competentes del orden
nacional y no por el juez de tutela.
1.2.5.2 Considera que la solución a las
pretensiones constitucionales del amparo recaen en el INPEC y en la Unidad de
Servicios Penitenciarios y Carcelarios del INPEC, previa construcción de una
política por parte del Ministerio del Interior y de Justicia.
1.2.5.3  Argumenta que el Departamento de
Santander, conforme al actual Plan de Desarrollo, trabajó en materia carcelaria
y se impuso como meta dotar los centros penitenciarios con elementos básicos
para que los internos dignifiquen su proceso, apoyar la adecuación física de
otros y capacitar en derechos humanos a los guardias para mejorar las
relaciones con los penados.
1.2.6    Respuesta de la Personería de
Bucaramanga.
La Personería de Bucaramanga,
mediante memorial del diecisiete (17) de abril de dos mil quince (2015),
intervino en defensa de la acción, indicando que coadyuva las pretensiones
elevadas por el accionante, toda vez que, en efecto, el seis (6) de marzo del
dos mil quince (2015), junto con la Defensoría del Pueblo, realizó una visita
en la Estación de Policía Norte de esta ciudad, en la que constató que no se
cumplen las normas higiénicas sanitarias para las personas que allí se
encuentran privadas de la libertad, razón por la cual, quedó el compromiso por
parte de la Secretaría de Salud de adoptar las acciones pertinentes.
1.2.7    Respuesta de la Procuraduría
Provincial de Bucaramanga.
La Procuraduría Provincial de
Bucaramanga, se abstuvo de manifestarse sobre las pretensiones del amparo y
solicitó que fuera desvinculada del proceso, por lo siguiente:
Aduce que la Defensoría del
Pueblo no ha presentado documento alguno a ese despacho, que tenga relación con
el hacinamiento y el estado de salud de los internos que se encuentran en las
cárceles del departamento, así como tampoco en las estaciones de policía, por
lo que se abstiene de hacer pronunciamiento alguno.
1.2.8    Respuesta de la Policía
Metropolitana de Bucaramanga.
El Comandante de la Policía
Metropolitana de Bucaramanga, respondió la solicitud hecha por el Tribunal,
solicitando que la acción de tutela se declare improcedente, ya que la entidad
siempre ha procurado garantizar las condiciones de salud y vida a las personas
que se encuentran recluidas en sus sedes, así como las visitas, alimentación,
salubridad y asesoría jurídica.
Por lo tanto, solicita que se
denieguen las pretensiones del libelo, toda vez que no se ha vulnerado derecho
fundamental alguno.
1.2.9    Respuesta de la Dirección
Regional Oriente del INPEC.
La directora de la Regional
Oriente del INPEC sostiene, refiriéndose a la Ley 65 de 1993, que dicha entidad
no puede ordenar a los establecimientos penitenciarios y carcelarios recibir
internos, pues esa competencia recae sobre los Directores Regionales de
Establecimiento Carcelario. De igual manera, afirma que para el 2014, la
Alcaldía de Bucaramanga no tiene ningún convenio suscrito con el INPEC, a fin
de recibir las personas privadas de la libertad.
1.2.10
Respuesta
de la Secretaría de Salud y Ambiente del Municipio de Bucaramanga.
La Secretaría de Salud y
Ambiente del Municipio de Bucaramanga, solicita sea desvinculada del proceso de
tutela, con fundamento en las siguientes razones:
1.2.10.1 Afirma que es al Municipio de Bucaramanga
al que le compete ejercer la inspección, vigilancia y control en los centros
carcelarios, así como garantizar la atención en salud de las personas que se
encuentren privadas de la libertad, en coordinación con el Ministerio de Salud
y Protección Social y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios.
1.2.10.2 Argumenta que ya dio contestación a la
petición interpuesta por la Defensoría del Pueblo Regional de Santander,
respecto de la situación de salud de los internos de la Estación de Policía
Norte de esta ciudad, en la que informó que CAPRECOM E.P.S. es la entidad
encargada de garantizar los servicios a aquellos.
1.2.10.3 Finalmente, adujo que hay falta de
legitimación en la causa por pasiva y, por tanto, pretende ser desvinculada del
trámite tutelar.
1.2.11
Respuesta
de la Dirección de Política Criminal y Penitenciaria del Ministerio de Justicia
y del Derecho.
La directora de esta entidad
manifestó que existe falta de legitimación en la causa por pasiva y que no le
compete acatar las pretensiones del accionante. Lo anterior con fundamento en
las siguientes razones:
1.2.11.1 Adujo que no es el superior jerárquico del
INPEC ni de la USPEC, toda vez que son establecimientos públicos del orden
nacional, descentralizados, adscritos al Ministerio de Justicia y del Derecho
y, son aquellas a las que les compete las cuestiones relacionadas con la
construcción y adecuación de la infraestructura de los establecimientos
penitenciarios, así como la dotación de primera necesidad de los internos y
demás.
1.2.11.2 Seguidamente, relacionó las acciones
adelantadas por el Ministerio de Justicia y del Derecho, a fin de solucionar la
problemática objeto de la presente acción de tutela, entre las que se
encuentran mesas de trabajo, informes y reportes, entre otros.
1.2.12
Respuesta
de la Alcaldía de Bucaramanga.
La Alcaldía de Bucaramanga,
allegó escrito fechado el veintiuno (21) de abril de dos mil quince (2015), en
el que solicitó “Conceder un plazo perentorio para dar trámite a la acción
de tutela presentada por el Defensor del Pueblo Regional Santander, con el fin
de poder adelantar los trámites administrativos por parte de la Administración
Municipal, lo anterior teniendo en cuenta la problemática de hacinamiento que
aqueja el sistema penitenciario a nivel nacional”.
1.2.13
Respuesta
de la Presidencia de la República.
La Presidencia de la República,
por intermedio de apoderada, manifiesta que no desconoce la situación
carcelaria que se vive en el país pero, asegura, que las actuaciones
correspondientes han sido asumidas mediante las entidades a las que le compete
ponerle fin al hacinamiento y otras condiciones indeseadas dentro de los
centros de reclusión y los sitios de paso, como los son las estaciones de
policía.
Finalmente, adujo que no
siempre la Presidencia de la República representa a la Nación, sino únicamente
cuando la reclamación se relaciona con sus funciones propias.
1.2.14
Respuesta
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
El Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, solicitó ser desvinculado del trámite de la acción, alegando
falta de legitimación en la causa por pasiva, basado en las siguientes razones:
1.2.14.1 Señaló que se abstiene de pronunciarse
frente a la acción de tutela, como quiera que dentro de su marco misional y de
competencia no se encuentra la administración de los centros penitenciarios y
carcelarios del país, así como tampoco tiene injerencia alguna en la
administración y ejecución del presupuesto de los mismos.
1.2.14.2 Añadió, que son el INPEC, el
Establecimiento Carcelario y Penitenciario de Bucaramanga y la Unidad de
Servicios Penitenciarios, los encargados del tema bajo estudio, así como de
proveer la asistencia integral de los internos y demás garantías
constitucionales.
1.2.15
Respuesta
de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios.
En su respuesta, la Unidad de
Servicios Penitenciarios y Carcelarios, se pronunció frente a lo expuesto en la
acción y, después de exponer la normativa que considera aplicable al caso
concreto, así como la que regula la entidad y su naturaleza jurídica, adujo que
el INPEC suscribió contratos con CAPRECOM E.P.S. – S, a fin de dar cumplimiento
al servicio de salud a favor de las personas reclusas en los diferentes centros
penitenciarios y carcelarios, amén de que son las entidades territoriales las
encargadas de tener sus propios centros de reclusión en cada uno de los
municipios.
Por lo anterior, asegura que no
puede ejercer funciones distintas a las que le asigna la ley, so pena de
enfrentar una orden judicial para la cual no tiene competencia.
1.2.16
Respuesta
de la Dirección del EPAMS Girón.
La Dirección del EPAMS – Girón,
por intermedio de su director, allegó memorial de respuesta a la acción de
tutela en comento, solicitando se declare la improcedencia del amparo  y el
archivo de las diligencias a su favor, con fundamento en las siguientes
razones:
1.2.16.1 Sobre las pretensiones del amparo,
manifiesta que se opone a la tercera solicitud, concretamente para que no se
ordene al INPEC el traslado de las personas privadas de la libertad que se
encuentren en la Estación de Policía Norte de Bucaramanga hacia los sitios de
reclusión correspondientes, no solo porque dichas personas no están a cargo del
INPEC y por ello la Dirección General carecería de Competencia para tal efecto,
sino porque emitir una orden en ese sentido en nada solucionaría la situación
y, en su lugar, incrementaría el problema de hacinamiento que se presenta en
todos los establecimientos del orden nacional.
1.2.16.2 Sostiene además, que los entes
territoriales de la región tienen en total abandono al EPAMS – Girón, toda vez
que incumplen su obligación legal de asumir la custodia y vigilancia de sus
conciudadanos, no solo por cuanto no tienen sus propios establecimientos de
reclusión para tal efecto, pues tampoco han celebrado convenios o contratos con
el EPAMS – Girón en cuanto a la asignación de partidas presupuestales para la
manutención congruente e integral de sus internos, sindicados o detenidos
preventivamente y de aquellos que han sido condenados por contravenciones, así
como para el pago o la fijación de sobresueldos a los miembros del cuerpo de
custodia y vigilancia del EPAMS Girón.
1.2.16.3 En el mismo sentido, manifiesta que lo
ideal es que los entes territoriales tengan sus propios centros de reclusión
para albergar a sus propios ciudadanos que infringen la ley y son detenidos
preventivamente por orden de autoridad competente, pero como en este caso
dichos establecimientos no han sido creados por parte de los entes
territoriales de la región, se debe dar aplicación a lo dispuesto en la misma
Ley 65 de 1993 en su artículo 19, el cual claramente señala que los
departamentos o municipios que carezcan de sus respectivas cárceles, podrán
contratar con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, el recibo de
sus presos. Sin embargo, dicha situación no se cumple actualmente en los
términos señalados en la normatividad.
1.2.17
Pruebas
y documentos.
En el expediente obran como
pruebas, entre otros, los siguientes documentos:
1.2.17.1  Un (1) CD que contiene el Registro
Fotográfico de la visita efectuada por los funcionarios de la Defensoría del
Pueblo Regional Santander en la Estación de Policía Norte Bucaramanga.[2]
1.2.17.2 Copia de documento donde se relaciona la
lista de personas privadas de la libertad, en un número total de 63, donde se
puede establecer nombre, identificación, delito, operador judicial, número de
radicado, número de boleta, fecha de captura, centro penitenciario a donde el
juez de conocimiento ordena la detención preventiva o la condena y, finalmente,
el nombre de quién conoció el caso por parte de la policía.[3]
1.2.17.3 Oficio de la Defensoría del Pueblo
Regional  Santander, dirigido al Concejo Municipal de Bucaramanga del tres (03)
de diciembre de dos mil catorce (2014).[4]
1.2.17.4 Oficio 006114 de fecha tres (03) de
septiembre de dos mil catorce (2014), convocando a una reunión al Gobernador de
Santander.[5]
1.2.17.5 Oficio 006083 de fecha tres (03) de
septiembre de dos mil catorce (2014), convocando a una reunión al señor Alcalde
de Bucaramanga.[6]
1.2.17.6 Oficio del veintisiete (27) de octubre de
dos mil catorce (2014), con el fin de verificar compromisos adquiridos y
seguimiento de los mismos relacionados con hacinamientos de las estaciones de
policía y Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios.[7]
1.2.17.7 Oficio 007596 de fecha veintitrés (23) de
octubre de dos mil catorce (2014), con el fin de verificar compromisos
adquiridos con el hacinamiento en las estaciones de policía y establecimientos
carcelarios.[8]
1.2.17.8 Oficio 006421 de fecha once (11) de
septiembre de dos mil catorce (2014), dirigido a la Defensoría Delegada para la
Política Criminal y Penitenciaria de la Defensoría del Pueblo sobre el tema de
contingencia por congestión en lugares de reclusión transitoria.[9]
1.2.17.9 Oficio 015368 de fecha doce (12) de
septiembre de dos mil catorce (2014), recibido del INPEC y dirigido a la
Defensoría del Pueblo.[10]
1.2.17.10 Oficio 001032 de fecha siete (07) de
febrero de dos mil catorce (2014), dirigido al Gobernador de Santander remitido
por el INPEC.[11]
1.2.17.11 Oficio 07797 dirigido al Alcalde de
Bucaramanga, de fecha diez (10) de febrero de dos mil catorce (2014) y remitido
por el INPEC.[12]
1.2.17.12 Fotocopia del oficio recibido por la
Defensoría del Pueblo en donde una persona privada de la libertad en la
Estación de Policía Norte de Bucaramanga, solicita la intervención de esa
entidad.[13]
1.2.17.13 Copia de documento donde se relaciona la
situación jurídica de cada una de las personas que se encuentran en la Estación
de Policía Norte de Bucaramanga, así como también los Establecimientos
Carcelarios a los cuales fueron remitidos.[14]
1.3
DECISIONES
JUDICIALES.
1.3.1
Sentencia
de primera instancia.
La Sala Civil -
Familia de Decisión del Tribunal Superior de Bucaramanga, concedió la
protección procurada en el amparo, ordenando, entre otras cosas, al Ministerio
de Justicia y del Derecho, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
(INPEC), a la Dirección del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta
y Mediana Seguridad de Girón – EPAMS Girón, al Municipio de Bucaramanga, a la
Gobernación de Santander y a la Unidad de  Servicios Penitenciarios y
Carcelarios – USPEC que, en un término máximo de tres (3) meses adelanten las
gestiones tendientes a diseñar y ejecutar un programa de traslado sistemático
de las personas que se encuentran privadas de la libertad en la Estación de
Policía Norte de Bucaramanga.
Lo anterior,
mediante sentencia del veintitrés (23) de abril de dos mil quince (2015), por
las siguientes razones:
1.3.1.1 Citando la sentencia T–153 de
1998, donde la Corte Constitucional al estudiar el tema del hacinamiento
carcelario en el país, decidió declarar el estado de cosas inconstitucional,
manifiesta que reconoce el tema del hacinamiento, lo cual impide cumplir y
desvirtúa los fines resocializadores del tratamiento penitenciario pues, en
esas condiciones, es imposible brindar a los internos los medios diseñados para
tal fin.
1.3.1.2 Aduce que la acción de tutela
no es la vía idónea para decretar el estado de emergencia y, mucho menos, el
juez de tutela el facultado para tal fin pues, según el artículo 168 de la Ley
65 de 1993, dicha competencia recae en el Director General del INPEC, previo
concepto favorable del Ministerio de Justicia y del Derecho.
1.3.1.3 Sostiene que se le atribuye al
Estado la obligación de garantizar que los reclusos puedan contar con atención
en salud, cuando así lo requieran; lo anterior se debe al estado de sujeción en
que se hallan, aunado a la general incapacidad de los internos de afiliarse a
un régimen de salud y de acudir a una institución médica de manera particular
para dar solución a sus dolencias.
1.3.1.4 Por último, considera que en el
asunto bajo estudio sí existe vulneración a los derechos fundamentales de
aquellas personas que actualmente se encuentran recluidas en la Estación de
Policía Norte de Bucaramanga, en calidad de condenados o detenidos con medida
preventiva intramural o domiciliaria, pues han permanecido en una sala de
detención de la Policía Nacional más de 36 horas, aun cuando es un sitio de
transición, pues allí no se acreditan unas condiciones mínimas para llevar una
vida digna y cumplir su pena bajo los parámetros expuestos por la Constitución
Política, la ley y la jurisprudencia, más aún cuando el hacinamiento se da en
una estación de policía, donde ninguna persona debe permanecer más de 36 horas,
y donde, bajo ninguna consideración, debería permanecer un sindicado o un
condenado, salvo en el breve tiempo posterior a su captura.
1.3.2
Impugnación
de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC, la Secretaria
del Interior de la Gobernación de Santander, la Dirección Regional Oriente del
INPEC y el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana
Seguridad de Girón – EPAMS Girón.
La Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios, mediante escrito presentado el 6 de mayo de 2015;
la Secretaria del Interior de la Gobernación de Santander, con escrito de esa
misma fecha; la Dirección Regional Oriente del INPEC, con memorial datado el 5
de mayo de 2015; y  el EPAMS Girón, mediante escrito del 11 de mayo de esa
anualidad,  impugnaron la decisión con fecha de 23 de abril de 2015, proferida
por el Tribunal Superior de Bucaramanga, por la cual se concedió el amparo de
tutela pretendido por el Defensor del Pueblo Regional Santander. Los recursos
se fundamentan en las siguientes razones:
1.3.2.1 La Unidad de Servicios Penitenciarios y
Carcelarios, aduce que la finalidad de la impugnación es que se revoquen los
artículos primero, segundo y tercero de la parte resolutiva de la sentencia de
23 de abril de 2015, en lo que respecta a esa entidad.
1.3.2.2 Para apoyar su descontento, indica que las
obligaciones que nacen de las órdenes emitidas en el fallo cuestionado están en
cabeza de las entidades territoriales y no de la USPEC, según lo declara el
Código Penitenciario y Carcelario (Ley 65 de 1993). En el caso concreto, las
autoridades locales y el departamento de Santander, deben destinar presupuesto
para atender a la población sindicada y condenada de ese departamento.
1.3.2.3 Por su parte, la Secretaría del Interior
de la Gobernación de Santander, alega que no es la entidad encargada de cumplir
con el fallo, pues al tenor del artículo 73 de la Ley 65 de 1993, le
corresponde a la Dirección del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
disponer el traslado de los internos de un establecimiento a otro.
1.3.2.4  La Dirección Regional Oriente del INPEC,
asevera que esa entidad no es la competente para resolver las pretensiones del
accionante, en este caso, sería la Dirección General del INPEC la llamada a
solucionar el problema, en la medida de las posibilidades.
1.3.2.5 No obstante, se hace necesario
responsabilizar a los entes territoriales del área metropolitana  de
Bucaramanga del orden municipal y Gobernación de Santander, para que se dé
cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 65 de 1993, artículo 17, 18 y 19 A, el
cual fue incorporado mediante el artículo 10 de la Ley 1709 de 2014.
1.3.2.6 Concluye su argumentación, aduciendo que
no tiene competencia para realizar el traslado de los internos y, de haber
tenido actualmente esas facultades, tampoco podrían solucionar este
hacinamiento en estaciones del área metropolitana, debido a los cierres de
establecimientos  carcelarios y penitenciarios por órdenes de tutelas y
secretarias de salud departamental y municipal.
1.3.2.7 Finalmente, el EPAMS – Girón, solicita
revocar la sentencia de primera instancia, en el sentido de exonerarlo del
mandato judicial que se le impuso, por cuanto: (i) existe orden
impartida a ese penal por parte de la Secretaria de Salud de Girón para que se
abstengan de  recibir más internos por situaciones de hacinamiento y
condiciones de reclusión; (ii) los entes territoriales son los
competentes para asumir la custodia y vigilancia de los internos sindicados que
se encuentran actualmente en la Estación de Policía Norte de Bucaramanga; (iii)
el EPAMS – Girón no tiene competencia funcional para trasladar internos de un
establecimiento a otro, ni mucho menos de una estación de policía a un
establecimiento de reclusión y, (iv) dentro de la ponderación de
derechos que debe hacerse, recibir más internos en el establecimiento
carcelario vulneraría los derechos fundamentales de los que ya se encuentran
recluidos y agravaría la situación de los que ingresen.
1.3.3
Sentencia
de segunda instancia.
La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia, mediante sentencia del dieciséis (16) de junio de dos mil quince
(2015)[15],
decidió declarar la nulidad de todo lo actuado en el trámite de la acción de
tutela promovida por Kadir Crisanto Pilonieta Díaz, sin perjuicio de la validez
de las pruebas recogidas hasta el momento. Además, ordenó remitir el expediente
al Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga,
por las siguientes razones:
1.3.3.1 Afirma que del examen del caso
planteado, se colige la falta de competencia del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bucaramanga pues, ciertamente, las entidades frente a las cuales se
dirige el ataque son la Gobernación de  Santander, la Alcaldía Municipal de
Bucaramanga, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC y la Caja
de Previsión Social de Comunicaciones CAPRECOM E.S.P. La primera del orden
departamental, la segunda municipal y las restantes descentralizadas por
servicios, conforme a los literales a), c) y f) del artículo 38 de la Ley 489
de 1998, respectivamente.
1.3.3.2 Manifiesta que, de lo
precitado, se desprende que este auxilio debió ser desatado en primer grado por
los jueces del circuito de Bucaramanga y no por el Tribunal Superior, dado el
lugar de elección del accionante y la naturaleza jurídica de las entidades
realmente involucradas.
1.3.3.3 Esta conclusión, deviene además
de la aplicación del inciso 5º del numeral 1º del artículo 1º del Decreto 1382
de 2000, el cual impone efectuar el reparto al juez de mayor jerarquía cuando
la salvaguarda se promueve contra más de una autoridad y las demandadas son de
diferente nivel, tal como aquí ocurre.
1.3.3.4  En el mismo sentido, indica
que la situación descrita estructura la causal de nulidad prevista en el
numeral 2º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, norma extensiva
a la acción de tutela en virtud de lo dispuesto en el artículo 4º del Decreto
306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991.
1.3.4    Sentencia de primera instancia
tras nulidad.
El Juzgado 1º de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga, declaró la improcedencia de
la acción de tutela objeto de estudio, mediante sentencia fechada el diez (10)
de julio de dos mil quince (2015), argumentando las siguientes razones:
1.3.4.1 Afirma el fallador, en cuanto a la
procedencia de la acción como mecanismo transitorio de protección, que no es
posible extraer del expediente elementos de juicio de los cuales se pueda
inferir peligro grave para la vida y la salud de las personas privadas de la
libertad, lo que serviría de estribo para conceder el amparo.
1.3.4.2 En igual sentido, afirma que no es viable
la procedencia de la acción como mecanismo definitivo, como quiera que no
cumple con el requisito de subsidiariedad propio de este tipo de acciones, pues
al accionante le sobrevivían mecanismos de defensa judicial como: (i) la
demanda de Reparación Directa o de Controversia Contractual contra Caprecom por
el incumplimiento de sus obligaciones; (ii) la acción popular y de grupo
o, en su defecto, acción de cumplimiento de normas con fuerza material de ley,
según la salvaguarda que se busque, con la salvedad que cada una de estas
acciones se erige como un mecanismo de defensa judicial efectivo y apropiado
para el presente caso.
1.3.4.3 Finalmente, estima necesario instar al
señor Alcalde Municipal, al señor Gobernador de Santander, al Director Nacional
del INPEC y al gerente Regional Santander de CAPRECOM EPS.S, para que adelanten
las gestiones y/o trámites tendientes a diseñar y ejecutar un programa de traslado
sistemático de las personas que se encuentren privadas de la libertad en la
Estación de Policía Norte de Bucaramanga, en calidad de sindicadas y
condenadas, a cada uno de los centros carcelarios o penitenciarios en los que,
de acuerdo con la Constitución y la ley deban permanecer.
1.3.5    Impugnación de la Secretaria de
Salud y Ambiente del Municipio de Bucaramanga.
La Secretaría del Medio
Ambiente del Municipio de Bucaramanga, impugnó el fallo proferido por el
Juzgado 1º de Ejecución de Penas, por medio del cual se declaró la
improcedencia de la acción de tutela bajo estudio:
1.3.5.1 Manifiesta que al instar al Alcalde
Municipal, al Gobernador de Santander, al Director Nacional del INPEC y al
gerente regional Santander de CAPRECOM E.P.S. S, a adelantar gestiones y/o
trámites para diseñar y ejecutar un programa de traslado sistemático de las
personas privadas de la libertad en la Estación de Policía Norte de
Bucaramanga, como consta en el numeral 2º del fallo en reproche, se escapa de
las facultades que la Ley le ha atribuido a los Municipios en materia de Salud
Pública.
En ese sentido, no puede la
Alcaldía de Bucaramanga a través de la Secretaría de Salud y Ambiente del
Municipio, extralimitarse en sus funciones y hacer parte de un programa de
traslado de personas que se encuentren privadas de la libertad, en tanto, que
dichas funciones son competencia del INPEC, de conformidad con la Ley 65 de
1993.
1.3.5.2 Sostiene que la Secretaría de Salud, en
ejercicio de sus competencias, impuso como medida de seguridad la Clausura
Temporal del Establecimiento denominado Estación de Policía Norte de
Bucaramanga. Sin embargo, no puede obligarse a cumplir órdenes que se encuentren
por fuera de sus atribuciones legales.
1.3.5.3 Finalmente, solicita que se dé por probada
la excepción de Falta de Legitimación en la causa por pasiva, y por ende, se
desvincule a dicha Secretaria como accionada dentro del proceso.
1.3.6    Sentencia de segunda instancia
tras nulidad.
La Sala Penal de Decisión del
Tribunal Superior de Bucaramanga, mediante providencia fechada el tres (03) de
septiembre de dos mil quince (2015), decidió confirmar en su integridad el
fallo del a quo, por las siguientes razones:
1.3.6.1 Manifiesta que la problemática del
hacinamiento carcelario, no corresponde a la administración de justicia por vía
de la acción constitucional de tutela, sino a programas institucionales que
permitan evidenciar una política criminal estructurada, dirigida a la
protección de la dignidad humana del delincuente y a garantizar su proceso de
resocialización.
1.3.6.2 Concluye su argumentación, indicando que
la necesidad de aumentar una infraestructura carcelaria con miras a remediar
los problemas de salubridad, higiene, intimidad y recreación, en el evento de
no obtener una respuesta por cuenta de las autoridades políticas encargadas de
administrar los recursos públicos, puede ser solventada por vía de acción
popular, consagrada en el artículo 88 de la Carta y en la Ley 472 de 1998.
Es así, como el a quo
declara la improcedencia del amparo deprecado, por existir otros medios de
defensa judicial para tutelar los derechos alegados.
1.4.
ACTUACIONES
SURTIDAS EN SEDE DE REVISIÓN.
1.4.1    Auto de pruebas e
intervenciones.
Mediante Auto del  (02) de Marzo de dos mil dieciséis
(2016), el
Magistrado Sustanciador ordenó:
“PRIMERO: Por intermedio de la Secretaría
General de la Corte ORDENAR al Comandante de la Estación de Policía del Norte de Bucaramanga,
que informe a esta Corporación, en el término de cinco (05) días hábiles
contados a partir de la comunicación de este auto, si en esa estación se
encuentran en este momento personas privadas de la libertad y de ser así,
señale el nombre, la identificación, el delito, el tipo de detención, la fecha
de ingreso a la estación y el motivo de la reclusión de cada una de ellas.
SEGUNDO: ORDENAR a la Alcaldía Municipal de
Bucaramanga se pronuncie, en el término de cinco (05) días hábiles contados a
partir de la comunicación de este auto, sobre los hechos y las pretensiones de
la acción de tutela de la referencia, en donde funge como accionada.
TERCERO: ORDENAR a la Alcaldía
Municipal de Bucaramanga que informe a esta Corporación, en el término de cinco
(05) días hábiles contados a partir de la comunicación de este auto, cuál es el
estado de gestión administrativa de las cárceles destinadas a las personas
detenidas preventivamente y condenadas por contravenciones que impliquen
privación de la libertad. En este sentido debe indicar qué cárceles municipales
se destinan actualmente a los precitados fines y qué acuerdos contractuales ha
realizado el municipio de Bucaramanga con el Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario (INPEC) para remitir presos con las calidades ya descritas.
CUARTO:  Por intermedio de la Secretaría General
de la Corte Constitucional, PONER EN CONOCIMIENTO de la Defensoría del
Pueblo y de la Procuraduría General de la Nación, para que en el término de
diez (10) días hábiles contados a partir del recibo de la comunicación del
presente auto, expresen lo que estimen conveniente.”
1.4.2
Respuesta
de las entidades.
1.4.2.1
Policía
Metropolitana de Bucaramanga.
El dieciocho (18) de abril de
dos mil dieciséis (2016)+, la Policía Metropolitana de Bucaramanga, por
intermedio del Comandante de la Estación de Policía Norte de esa ciudad, Capitán
Gustavo Adolfo Zafra Tristancho, en respuesta a la solicitud realizada por esta
Corporación, relacionó la siguiente información:
1.4.2.1.1   Manifiesta que de acuerdo a las
funciones constitucionales de la Policía Nacional de Colombia, le corresponde
el mantenimiento del orden público interno y que a raíz de dicha función, se ha
visto en la necesidad de asumir la custodia de los internos por diferentes
delitos en sus instalaciones policiales, sin ser ajena al fenómeno del
hacinamiento.
1.4.2.1.2   Por tanto, indica que en la
actualidad, esta Estación de Policía Norte, perteneciente a la Policía
Metropolitana de Bucaramanga, cuenta con tres salas temporales de privación de
la libertad, y para brindar unas “mejores” condiciones a los internos, se optó
por acceder al parqueadero de la Estación contiguo, el cual se ha adecuado
provisionalmente para albergar personas privadas de la libertad tras su captura
por la comisión de diferentes delitos.
1.4.2.1.3   Menciona el Comandante, que la
Policía Nacional, realiza dicho esfuerzo con el fin de contribuir a la
seguridad, tranquilidad y bienestar de los residentes del territorio
Colombiano, teniendo plena claridad, que dicho sitio de albergue de las
personas privadas de la libertad no es el adecuado, como si lo vendría a ser,
las instalaciones de los centros penitenciarios y carcelarios.
1.4.2.1.4   En cumplimiento de lo
solicitado, se informó a este despacho que el número de personas retenidas en
la Estación de Policía Norte de Bucaramanga, en la actualidad corresponde a 143
reclusos, de los cuales ninguno ostenta la calidad de detenido
contravencionalmente, sino que se trata de detenciones preventivas o en virtud
de sentencias condenatorias ejecutoriadas.
A continuación, se relaciona la
información de la que da cuenta el Comandante de la Estación de Policía,
discriminándola por delito y número de internos recluidos en las celdas de
detención transitoria.
INTERNOS
ESTACIÓN DE POLICIA DEL NORTE
DELITO
NUMERO
DE INTERNOS
(143)
1º Hurto.
77
2º Tráfico, fabricación,
porte de estupefacientes.
27
3º Modalidades concursales
heterogéneas.
9
4º Fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones
8
5º Violencia Intrafamiliar.
6
6º Homicidio.
5
7º Actos sexuales.
5
8º Extorsión.
2
9º Concierto para delinquir.
2
10º  Receptación.
1
11º  Lesiones personales.
1
1.4.2.2
Alcaldía
de Bucaramanga.
La Alcaldía de Bucaramanga, por
intermedio de apoderado, emite respuesta en el proceso de la referencia,
manifestando que debe declararse improcedente la acción de tutela, por
los siguientes motivos:
1.4.2.2.1   Menciona la ley 65 de 1993,
argumentando que la Alcaldía Municipal ha sido diligente en lo que tiene que
ver con la gestión encaminada a proveer los centros de reclusión para el ente
territorial. En ese sentido, ha dotado voluntaria y gratuitamente al Centro
Penitenciario y Carcelario de Bucaramanga con insumos básicos como ambulancias,
material de curación y un área de atención básica sanitaria.
1.4.2.2.2   Manifiesta, que se ejecutó el
contrato No 514 de 2014 por valor de CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS
VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS SESENTA ($57.221.460)  PESOS haciendo
entrega a gratuidad al INPEC de equipos médicos y dotación de ambulancias. Así
mismo, se ejecutó el contrato No.515 de 2014, por valor de CUARENTA Y SIETE
MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS ($47.667.500) PESOS,
con la finalidad de entregar  al INPEC la cantidad de 489 colchonetas - espuma
en una sola lamina.
1.4.2.2.3   De la misma manera, indica que
para la vigencia 2015 en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión
Municipal, se incluyó el proyecto “ Implementación de una estrategia de
seguridad y convivencia ciudadana con humanismo vigencia 2014-2015 en el
Municipio de Bucaramanga” enmarcado dentro del Plan de Desarrollo
Económico, Social y de Obras Publicas 2012-2015, se aprobó la adquisición de un
lote para la Estación Centro de Policía Metropolitana de Bucaramanga, según lo
establecido por la Ley 418 de 1997, por un valor de TRES MIL MILLONES (
$3.000.000.000) DE PESOS.
1.4.2.2.4   Recalca, que también han
celebrado contratos, tales como el 538 de 2015, cuyo objeto fue la fabricación,
ensamble e instalación de un domo de policarbonato para el centro penitenciario
y carcelario de mediana seguridad, Cárcel Modelo del Municipio de Bucaramanga.
Por otro lado, el contrato No.
480 de 2015, para el suministro de complemento nutricional a internos adultos
mayores o internos que padecen de bajo peso, recluidos en el Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad, Cárcel Modelo del Municipio de
Bucaramanga. Mediante los  contratos No. 522 de 2015 y No. 523 de 2015, se
compró kit de aseo personal y kit de cama, con destino al Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad, Cárcel Modelo del Municipio de
Bucaramanga y la Cárcel de Reclusión de Mujeres.
1.4.2.2.5   Por tanto, argumenta que debido
al hacinamiento que se presenta en los centros de reclusión, la Dirección
Regional de Oriente, informa que no es posible la recepción diaria de internos
en los establecimientos EPAMS GIRON Y EPMSC de Bucaramanga, provenientes de las
Estaciones de Policía, en cumplimiento a las ordenes emitidas por la Secretaria
de Salud del Municipio de Bucaramanga y Girón, las cuales han ordenado
abstenerse de recibir nuevos internos por problemas de salubridad.
En ese sentido, informa que de
las Estaciones de Policía se han transferido internos, en la medida que otras
personas privadas de la libertad cumplan la pena y se les conceda la libertad,
o gocen del beneficio de otros mecanismos sustitutivos de la pena, sin superar
el límite de (2750) internos, señalado por la Secretaria de Salud de
Bucaramanga.
1.4.3
Intervenciones.
1.4.3.1
Defensoría
del Pueblo.
El Defensor del Pueblo, por
intermedio del Defensor Delegado para la Política Criminal y Penitenciaria,
interviene en este proceso para realizar las siguientes consideraciones:
1.4.3.1.1   Manifiesta que en la mencionada
estación permanecen más de 120 personas, la mayor parte en espacios
improvisados. El lugar de reclusión está integrado por:  dos (2) celdas y el
patio del parqueadero cubierto de la estación habilitado de manera precaria
como sala de detención transitoria que no cumple con estándares mínimos de
seguridad –rejas, puertas, etc.- ni para las personas recluidas ni para el
personal de la policía.
1.4.3.1.2   Indica que las personas se
encuentran, unas, en el patio cubierto, agrupadas según la estación de donde
provienen –Estación del Centro, Sijin, Estación del Sur, etc.- y separadas por
las vallas que la Policía usa en el espacio público en grandes eventos. Otras,
–un poco más de cuarenta (40) personas hacinadas en dos (2) celdas en las que
el contacto físico es inevitable. Literalmente se trata de dos jaulas en las
que se amontonan desordenadamente seres humanos.
1.4.3.1.3   En ese sentido, aduce que la
reclusión de los detenidos en esta locación se prolonga, en promedio por varios
meses, cuatro (4) de las ciento veintisiete (127) personas que allí se
encuentran recluidas son condenadas. 12 gozan del beneficio de la detención
domiciliaria pero por algún error en la nomenclatura urbana, por cambio de
dirección de residencia o por falta de cédula, permanecen desde hace varios
meses, recluidas en dicho lugar a la espera de una audiencia en la que puedan
aclarar su situación.
Dos de ellos no han sido
trasladados a la ciudad en donde deben permanecer en detención por falta de
presupuesto del INPEC para traslados –pasajes y viáticos.
1.4.3.1.4   Los reclusos carecen de la
debida atención en salud. En particular se señala por la Regional que los
internos solo reciben atención por urgencias y varios de ellos registran graves
patologías, tales como, VIH, cálculos en el riñón, lesiones corporales que requieren
tratamiento, diarrea crónica, enfermedades psiquiátricas y otras que tienen
trascendencia para la integridad de los reclusos.
1.4.3.1.5   De igual manera, en su
intervención, la Defensoría del Pueblo hizo llegar a este despacho doce (12)
fotografías digitales tomadas en la Estación de Policía Norte de Bucaramanga.
En dicho material se evidencia con claridad el alto nivel de hacinamiento que
viven las personas recluidas en la estación. Por un lado, se puede apreciar que
en tres (3) celdas de pequeñas dimensiones se aglutinan varias personas que
incluso deben usar hamacas para poder descansar, pues el espacio físico es
insuficiente para todos ellos.
1.4.3.1.6   Por el otro, se evidencia que
el parqueadero de la estación ha sido adecuado rústicamente para mantener a más
de cien (100) detenidos que soportan las incomodidades propias de un espacio no
diseñado para la estadía de seres humanos, sin contar con los elementos básicos
de salubridad requeridos para su reclusión.
1.4.3.1.7   Informa sobre la noticia
publicada por el diario virtual Vanguardia.com, donde se relatan los hechos
ocurridos en la Estación de Policía Norte de Bucaramanga, el miércoles
veinticuatro (24) de febrero de dos mil dieciséis (2016), en horas de la
mañana. Se trató de un motín auspiciado por los internos, los cuales en
protesta al hacinamiento que padecen, prendieron fuego a varias de sus
colchonetas y su ropa, de la misma manera algunos de ellos intentaron fugarse.
Según este diario:
“Cerca de 150 reos que
permanecen recluidos en la Estación Norte de la Policía en Bucaramanga, a la
espera de ser trasladados a la cárcel Modelo o la penitenciaría de Palogordo,
protagonizaron un motín este miércoles a las 10:00 a.m.
El incidente se registró en
momentos en que a la estación, ubicada en la carrera 15 con calle 5, se
disponía a ingresar las visitas para los internos, quienes permanecen allí
debido a la situación de hacinamiento de las prisiones en Santander.
Cansados porque no les resuelven sus traslados y agobiados por la difícil
situación de hacinamiento que deben afrontar en la estación de Policía, los
reclusos optaron por amotinarse, por lo que le prendieron fuego a varias
colchonetas, a la ropa, y empezaron a lanzar objetos contundentes contra los
policías que cumplían las funciones de custodios.
Ante la amenaza, la estación fue rodeada, ya que algunos reclusos intentaron
fugarse por uno de los portones. Minutos después al lugar llegó el Escuadrón
Móvil Antidisturbios, Esmad, que ingresó al patio donde se registraba el motín
y con granadas  de aturdimiento y gases lacrimógenos, lograron retomar el
control.”[16]
1.4.3.1.8   Aunado a ello, afirma que el
hacinamiento en el área de las celdas es absolutamente dramático y bien podría
ser catalogado como trato cruel e inhumano en los términos de la Convención
Contra la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanas y Degradantes, como
puede advertirse en el informe fotográfico que soportan dichas condiciones
descritas.
1.4.3.1.9   Arguye que la Estación de
Policía del Norte, por el entrenamiento de su personal y por la infraestructura
física, no está en condiciones de prestar el servicio de custodiar y vigilar
personas privadas de la libertad. No es su misión constitucional ni legal.
1.4.3.1.10       De la misma manera, indica que
en las condiciones en las que se encuentran los reclusos en dicha estación no
tienen ninguna posibilidad de autodeterminación, readaptación ni
resocialización.
1.4.3.1.11       Aduce que el encierro en jaulas
y el hacinamiento extremo es un trato humillante y degradante. El vestuario no
alcanza un estándar mínimo de decoro personal.
1.4.3.1.12       Finalmente, expone que la falta
de atención médica genera riesgo para la salud no sólo de los internos sino del
personal de la policía. Se
puede concluir que la situación de vulneración de derechos humanos de las
personas privadas de la libertad en la Estación de Policía Norte, se encuentra
igual o más gravosa desde cuando se instauró la acción de amparo institucional
en el año anterior, por lo que se reafirma en las pretensiones de la tutela.
1.4.3.2 Procuraduría General de la Nación.
La Procuraduría General de la
Nación, por intermedio de la Procuradora Delegada para la Prevención en materia
de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos del Grupo de Política Criminal y
Carcelaria, intervino en el proceso de la referencia considerando que se deben amparar
los derechos fundamentales del accionante, en atención a las siguientes
razones:
1.4.3.2.1   Luego de hacer un recuento de
los presupuestos fácticos que delimitan el presente amparo, manifiesta que en
ejercicio de su función preventiva ofició a la Dirección General del INPEC y al
Director Regional Occidente de la misma entidad, recomendando que se adoptaran
medidas tendientes a la protección y garantía de los derechos fundamentales de
las personas privadas de la libertad en las Estaciones de Policía del
Departamento de Santander.
1.4.3.2.2   Lo anterior, en armonía con el
artículo 58 de la Ley 1453 de 2011, el cual indica que una vez se imponga
medida de aseguramiento o sentencia condenatoria, el funcionario judicial
entregará al condenado inmediatamente en custodia del INPEC, y el artículo 21
de la Ley 1709 de 2014, que dispuso que la detención en Unidad de Reacción
Inmediata o unidad similar no podrá superar las treinta y seis (36) horas.
1.4.3.2.3   Informa que en la misma
solicitud se incluyeron extractos de la Sentencia de la Corte Constitucional
T–1077 de 2001[17],
que a su vez invocó consideraciones y fundamentos de la T–847 de 2004[18].
1.4.3.2.4   En esta última se ampararon los
derechos fundamentales de personas privadas de la libertad en salas de
retención transitoria de la Policía de Santafé de Bogotá y otras entidades de
policía judicial, ordenando el traslado de los internos a centros de reclusión
idóneos para su respectiva resocialización.
1.4.3.2.5   En ese sentido, estima que la
Corte debe amparar los derechos fundamentales de las personas detenidas en la
Estación de Policía Norte de Bucaramanga, en los términos definidos por el
accionante, al evidenciar la vulneración de sus derechos fundamentales y por
encontrar válidas y sustentadas sus pretensiones.
1.4.3.2.6   Finalmente, aduce que debido a
que han pasado más de once (11) meses desde que se presentó el amparo, es
posible que en la actualidad se esté frente a un hecho superado, por lo que la
Corte tendrá que verificar tal situación.
2.
CONSIDERACIONES
2.1.
COMPETENCIA.
La Sala Séptima de Revisión de
Tutelas de la Corte Constitucional, en desarrollo de las facultades conferidas en los
artículos 86 y 241, numeral 9°, de la Constitución, es competente para revisar
los fallos de tutela adoptados en el proceso de la referencia. Además, procede
la revisión en virtud de la selección realizada por la Sala correspondiente y
del reparto verificado en la forma establecida por el reglamento de la
Corporación.
2.2.
PROBLEMA
JURÍDICO.
De conformidad con los hechos
narrados con antelación, la Corte Constitucional deberá establecer si se
vulneran los derechos fundamentales a la dignidad humana, a la integridad personal,
a la salud, a la familia y a la salubridad de las personas privadas de la
libertad, agenciadas por el accionante, en la Estación de Policía Norte de
Bucaramanga, por las condiciones aparentemente inhumanas de hacinamiento a las
que fueron y aún son expuestas, por la también aparente inactividad que
presentaron la Gobernación de Santander, la Alcaldía Municipal de
Bucaramanga, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), la Caja
de Previsión Social de Comunicaciones CAPRECOM E.S.P., y las demás entidades
accionadas y vinculadas a este trámite, frente a la situación de las víctimas.
Para resolver el problema
jurídico que se plantea, la Sala analizará los siguientes temas: (i) la
limitación del derecho a la libertad personal en el Estado Social de Derecho, (ii)
los derechos de las personas privadas de la libertad, (iii) la
privación preventiva y contravencional de la libertad, (iv) los
establecimientos de privación transitoria de la libertad, (v) el
hacinamiento carcelario, y (vi) el caso concreto.
2.3.
LA
LIMITACIÓN DEL DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL EN EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO.
2.3.1. Concepto
y alcance del derecho a la libertad personal.
2.3.1.1.
El derecho a la libertad personal
comprende “la posibilidad y el ejercicio positivo de todas las acciones
dirigidas a desarrollar las aptitudes y elecciones individuales que no pugnen
con los derechos de los demás ni entrañen abuso de los propios, como la
proscripción de todo acto de coerción física o moral que interfiera o suprima
la autonomía de la persona sojuzgándola, sustituyéndola, oprimiéndola o
reduciéndola indebidamente”[19].
En este sentido, implica que todo individuo puede optar
autónomamente por el comportamiento que considere conveniente en su relación
con los demás, siempre y cuando no lesione los derechos de terceros ni el orden
jurídico[20].
2.3.1.2.
La libertad personal es un
principio y un derecho fundante del Estado Social de Derecho[21]
cuya importancia se reconoce en diversas normas constitucionales: (i) en
el Preámbulo de la Carta como uno de los bienes que se debe asegurar a los
integrantes de la Nación; (ii) en el artículo 2º se establece como fin
esencial del Estado el de garantizar la efectividad de los principios, y de los
derechos consagrados en la Constitución, asignando a las autoridades el deber
de protegerlos; y (iii) en el artículo 28 se consagra expresamente que “Toda
persona es libre” y contempla una serie de garantías que buscan asegurar el
ejercicio legítimo del derecho y el adecuado control al abuso del poder, como
el derecho a ser detenido por motivos previamente definidos por el legislador y
en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente[22].
2.3.1.3.
Al igual que la dignidad humana y
la igualdad, la libertad tiene una naturaleza polivalente en el ordenamiento
jurídico colombiano, pues se trata de manera simultánea de un valor, un
principio y, a su vez, muchos de sus ámbitos específicos son reconocidos como
derechos fundamentales plasmados en el texto constitucional[23]:
(i)
En primer lugar, el Preámbulo de la
Constitución señala la libertad como un valor superior del ordenamiento
jurídico, en esta proclamación se ha visto el reconocimiento de una directriz
orientadora en el sentido que “la filosofía que informa la Carta Política
del 91 es libertaria y democrática y no autoritaria y mucho menos totalitaria”[24].
Por su parte, el artículo 2º de la Constitución indica que
las autoridades están instituidas para proteger a las personas residentes en
Colombia en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades.
Desde esta perspectiva: “la libertad se configura como
un contenido axiológico rector del sistema normativo y de la actuación de los
servidores públicos, del cual, en todo caso, también se desprenden
consecuencias normativas en la interpretación y aplicación, no sólo del texto
constitucional, sino del conjunto de preceptos que conforman el ordenamiento
jurídico colombiano, que deben ser leídos siempre en clave libertaria”[25].
(ii)
Así mismo, la Corte Constitucional
ha reconocido la existencia de un principio general de libertad que
autoriza a los particulares a llevar a cabo las actividades que la ley no
prohíba o cuyo ejercicio no está subordinado a requisitos o condiciones
determinadas, el cual estaría reconocido por el artículo 6º de la Constitución,
se trataría entonces de la norma de cierre del ordenamiento jurídico, que
tendría la estructura deóntica de un permiso[26].
Pero también se ha visto en el artículo 13 Superior[27],
el origen de este principio general de libertad el cual según la jurisprudencia
constitucional es el fundamento del derecho de toda persona a tomar
decisiones que determinen el curso de su vida[28].
(iii)
A su vez, la Constitución reconoce
numerosos derechos de libertad, especialmente en el Capítulo I del Título II,
tales como el libre desarrollo de la personalidad (art. 16), la libertad de conciencia
(art. 18), la libertad de cultos (art. 19), la libertad de expresión y de
información (art. 20)[29].
2.3.2. Fundamento constitucional de la limitación de la libertad.
El derecho a la libertad personal, no obstante, ser
reconocido como elemento básico y estructural del Estado de Derecho, no tiene
un carácter absoluto e ilimitado[30].
Como en el caso de los demás derechos fundamentales,  el Constituyente no
concibió en efecto la libertad individual a la manera de un derecho inmune a
cualquier forma de restricción[31].
En este sentido, la Corte ha advertido también que en
algunas ocasiones el interés superior de la sociedad exige la privación o
restricción de la libertad personal, la cual en todo caso no puede ser
arbitraria[32],
por lo cual, la propia Constitución consagra una serie de garantías que fijan
las condiciones en las cuales la limitación del derecho  puede llegar a darse[33].
Estas garantías están estructuradas en forma de reglas, encaminadas a delimitar
de manera estricta  la actividad del Estado frente a  esta libertad fundamental[34].
Por lo anterior, el ordenamiento jurídico
contempla la posibilidad de proferir medidas restrictivas de la libertad,
siempre y cuando obedezcan a mandatos legales previamente definidos[35]. La restricción del derecho a la libertad debe estar
entonces, plenamente justificada en el cumplimiento de fines necesarios para la
protección de derechos o bienes constitucionales y, además, ser notoriamente
útil y manifiestamente indispensable para el logro de tales objetivos.
De otro lado, se requiere que el efecto negativo sobre la
libertad que se restringe, sea notablemente mitigado con el beneficio
constitucional que se alcanza a raíz de su restricción. Todo lo anterior, por
supuesto, siempre que no se afecte el núcleo esencial del citado derecho[36].
2.3.3. El
derecho penal como límite racional a la privación de la libertad en el Estado
Social de Derecho.
Durante siglos el poder punitivo fue el principal mecanismo
para el dominio irracional de los pueblos y el castigo de quienes no compartían
las ideas de los gobernantes[37].
El aparato de la justicia era utilizado por la voluntad del monarca para
sancionar cualquier tipo de desobediencia[38]
y los jueces eran simplemente súbditos de los tiranos[39].
Sin embargo, surgieron voces que buscaban acallar los
excesos y controlar el abuso de los poderosos mediante el establecimiento de
unas garantías mínimas que limitaran la privación de la libertad de las
personas[40],
cuyos principales pilares se encuentran a lo largo de toda la declaración de
los Derechos del Hombre y del Ciudadano: (i) la exigencia de lesividad
de los delitos[41],
(ii) el principio de legalidad[42],
(iii) la necesidad de la pena[43]
y (iv) la presunción de inocencia[44],
los cuales aún se mantienen como algunas de las garantías irrenunciables para
cualquier Estado de Derecho.
Con fundamento en estos principios, se redactaron numerosos
Códigos Penales y de Procedimiento Penal en Europa y Latinoamérica que buscaron
establecer reglas claras para impedir la arbitrariedad y los abusos en el poder
punitivo.
El
Derecho Penal moderno no surgió entonces como una máquina de castigo, sino por
el contrario, como un conjunto de garantías mínimas que no solamente buscan
tutelar a la sociedad del delito, sino también proteger al acusado de la
venganza privada y de los abusos del poder punitivo del Estado.
Dentro
de tales garantías se destacan[45]:
(i) la exigencia de la existencia de un delito para la aplicación de una
pena (nullapoena sine crimine); (ii) el principio de legalidad (nullum
crimen sine lege); (iii) el principio de necesidad (nullalexpoenalis
sine necessitate); (iv) el principio de lesividad (nullanecessitas
sine iniuria); (v) el Derecho Penal de acto (nullainiuria sine
actione); (vi) el principio de culpabilidad (nullaactio sine
culpa); (vii) el principio de jurisdiccionalidad (nulla culpa
sine iudicio); (viii) el principio acusatorio (nullumiudicium
sine accusatione); (ix) el debido proceso probatorio (nullaaccusatio
sine probatione); y (x) el derecho a la defensa (nullaprobatio
sine defensione)[46].
En este sentido, la
Carta Política consagra un sistema completo de garantías penales sustanciales
para garantizar los derechos de los individuos que constituyen los fundamentos
constitucionales del derecho penal[47]:
En primer lugar, el principio de legalidad[48], derivado del Estado de Derecho[49],
de acuerdo con el cual, cuando haya lugar a una limitación, los requisitos
deberán ser fijados por la ley, ya que al ser una libertad personal,  la
Constitución establece una estricta reserva legal[50]:
En segundo lugar, se encuentra la exclusiva protección de
bienes jurídicos, derivado del
carácter social del Estado[51],
de acuerdo con el cual, el derecho penal está instituido exclusivamente para la
protección de bienes jurídicos[52],
es decir, para la protección de valores esenciales de la sociedad[53].
Este principio inspira la necesidad de la intervención
penal relacionada a su vez con su carácter subsidiario, fragmentario y de
última ratio del Derecho penal[54],
también derivado del carácter social del Estado. De acuerdo al principio de
subsidiariedad “se ha de recurrir
primero y siempre a otros controles menos gravosos existentes dentro del
sistema estatal antes de utilizar el penal”[55]; según el principio de última ratio “el Estado sólo
puede recurrir a él cuando hayan fallado todos los demás controles” y
finalmente, en virtud del principio de fragmentariedad “el Derecho penal
solamente puede aplicarse a los ataques más graves frente a los bienes jurídicos”[56].
En tercer lugar, el principio de culpabilidad, relacionado con el carácter democrático de Estado[57]
y derivado del artículo 29 de la Carta Política, y que en nuestro ordenamiento
tiene las siguientes consecuencias:
(i)      El Derecho penal de acto, por
el cual “sólo se permite castigar al hombre por lo que hace, por su conducta
social, y no por lo que es, ni por lo que desea, piensa o siente”[58].
(ii)   El principio según el cual no
hay acción sin voluntad, que exige la configuración del elemento subjetivo del
delito. De acuerdo al mismo, ningún hecho o comportamiento humano es valorado
como acción, sino es el fruto de una decisión; por tanto, no puede ser
castigado si no es intencional, esto es, realizado con conciencia y voluntad
por una persona capaz de comprender y de querer[59].
(iii) El grado de culpabilidad es uno de los
criterios básicos de imposición de la pena, de tal manera que a su autor se le
impone una sanción, mayor o menor, atendiendo a la entidad del juicio de
exigibilidad, es decir, la pena debe ser proporcional al grado de culpabilidad[60].
En cuarto lugar, los principios de racionabilidad y
proporcionalidad en materia penal[61], de acuerdo con los cuales deben ponderarse las finalidades
de prevención y represión del delito con derechos fundamentales de las
personas, como el derecho a la libertad y al debido proceso[62].
En quinto lugar, la finalidad preventiva del derecho penal, en virtud de la cual la privación de la
libertad en un Estado Social de Derecho debe cumplir con sus finalidades
constitucionales[63]:
(i)  La prevención general negativa busca
generar una impresión para que todos los ciudadanos no cometan delitos mediante
la disuasión de futuros autores[64],
por lo cual, la pena “debe tener efectos
disuasivos, ya que la ley penal pretende “que los asociados se abstengan de
realizar el comportamiento delictivo so pena de incurrir en la imposición de
sanciones”[65].
(ii)   La prevención especial negativa
señala que la pena puede tener también como misión impedir que el delincuente
cometa nuevos crímenes contra la sociedad[66].
(iii) La prevención especial positiva señala,
por su parte, que la función de la pena es la reintegración del individuo a la
sociedad[67],
también llamada resocialización[68],
en virtud de la cual la sanción “debe buscar
la resocialización del condenado, obviamente dentro del respeto de su autonomía
y dignidad, pues el objeto del derecho penal en un Estado social de derecho no
es excluir al infractor del pacto social, sino buscar su reinserción en el
mismo”[69].
(iv) La prevención general positiva admite que
la finalidad de la pena es el reconocimiento de la norma con el objeto de
restablecer la vigencia de la misma afectada por el delito[70].
En un Estado Social de Derecho,
la retribución no constituye una finalidad de la ejecución de la pena sino un
límite para la determinación de su modalidad y medida, aplicable en virtud del
principio de culpabilidad según el cual “la pena tampoco puede sobrepasar en
su duración la medida de la culpabilidad”[71].
Finalmente, encontramos
el bloque de constitucionalidad y otras normas constitucionales que deben ser
tenidas en cuenta en la redacción de las normas penales[72].
Estas garantías son esenciales
en el Estado Social de Derecho y por ello no puede renunciarse a su aplicación
para reforzar la seguridad cognitiva de la sociedad frente a individuos
considerados peligrosos[73],
pues ello desconoce profundamente la dignidad humana[74], la presunción de
inocencia[75]
y desarrolla un Derecho penal de autor[76] prohibido por la
Constitución.
2.4.
LOS
DERECHOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD.
En relación con los derechos, la Corte Constitucional ha
explicado el alcance de los mismos cuando se trata de personas privadas de la
libertad:
2.4.1. Derecho a la vida y la integridad
personal.
El derecho a la vida y a la
integridad personal, cuya protección es obligación del Estado que funge como
garante al interior de los establecimientos penitenciarios y carcelarios.
Desde el momento en que el
individuo es privado de la libertad, el Estado asume de manera íntegra la
responsabilidad inherente a la seguridad, la vida y a la integridad física de
los internos.  En este sentido se deben tomar medidas de carácter positivo ya
que éstas dan legitimidad al sistema penal teniendo en cuenta que conllevan a
la consecución de sus fines u objetivos.
Una de las medidas que pueden
ser tomadas para la protección de estos derechos fundamentales puede consistir
en la distribución adecuada de los reclusos dentro del centro penitenciario,
sin que ello implique un trato discriminatorio, evitando de esta manera
situaciones de inseguridad[77].
2.4.2. Derecho a presentar peticiones.
El derecho a presentar
peticiones respetuosas ante la administración pública es visto desde dos
dimensiones, en primer lugar se toma como el derecho que tiene el sujeto de
solicitar información o la ejecución de actuaciones por medio de la petición; y
por otro lado, el derecho que tiene de recibir pronta respuesta[78].
En este sentido, resulta obligatorio que el
Estado cree un canal de comunicación entre el interno y la administración de
justicia, teniendo en cuenta que la posibilidad del sujeto de insistir sus
peticiones se torna difícil debido a las restricciones de su libertad e
imposibilidad de desplazamiento.
Se ha señalado que en muchas
ocasiones, el derecho de petición es el único mecanismo que tienen las personas
privadas de la libertad para hacer efectivas las obligaciones estatales, y de
esta manera hacer valer sus derechos fundamentales[79].
2.4.3. El derecho a la dignidad humana.
Dentro de los establecimientos
de reclusión siempre deberá prevalecer el respeto a la dignidad humana, los
preceptos constitucionales y los Derechos Humanos; todas las personas tienen el
derecho de ser tratadas dignamente, los sujetos no pueden ser objeto de tratos
crueles, inhumanos o degradantes.
En este mismo sentido, se debe
resaltar el carácter de norma Ius Cogens del respeto a la dignidad
humana, esto quiere decir que es una norma imperativa de Derecho Internacional
de obligatorio cumplimiento, lo que implica un inmediato reconocimiento por
parte de todos los Estados[80].
2.4.4. El derecho a la visita íntima o conyugal en
condiciones dignas.
El derecho a la visita conyugal
va ligado con más derechos de carácter fundamental plasmados en la Carta Política;
dentro de estos se encuentran el libre desarrollo de la personalidad, la
dignidad humana y otros tales como los derechos sexuales y reproductivos. La
anterior disposición constituye un elemento fundamental dentro del proceso de
resocialización del sujeto, además de su bienestar físico y psicológico.
El desarrollo del derecho a la visita íntima o conyugal
debe ser efectivizado bajo la garantía de la dignidad humana por lo tanto, al
respecto se ha manifestado: “el derecho al contacto entre los reclusos y sus
parejas y de respetar el mismo contra toda interferencia abusiva y arbitraria
en los derechos constitucionales fundamentales que se derivan del derecho a la
visita íntima”[81].
La Corte Constitucional ha
precisado además que el derecho a la visita conyugal está limitado por las
propias actividades que implica el permitir la realización de este derecho. En
este sentido, el centro de reclusión debe contar con las instalaciones físicas
adecuadas, condiciones de privacidad e higiene[82].
2.4.5. El derecho a la resocialización.
Implica el derecho a vivir nuevamente dentro
de la comunidad sin romper las mínimas reglas de armonía[83], la cual no puede ser un
mero valor axiológico que debe manifestarse en consecuencias concretas: “(i)
la oportunidad y disposición permanente de medios que garanticen la realización
de diversas actividades de orden laboral, educativo, deportivo y lúdico; (ii)
las condiciones cualificadas de reclusión, en aspectos básicos como el goce
permanente de servicios públicos esenciales, buenas condiciones de alojamiento,
alimentación balanceada, servicios sanitarios mínimos, etc. y (iii) el
acompañamiento permanente durante el periodo en que se prolonga la privación de
la libertad, con el auxilio de un equipo interdisciplinario de profesionales en
ciencias sociales y de la salud, de la red de apoyo y de la familia del
recluso”[84].
En este sentido, el contacto permanente del interno con su familia
ayuda a su resocialización[85],
por lo cual se debe dar prevalencia a la aplicación de medidas que lo
facilitan.
El
anterior concepto tiene como fin último que el interno logre resocializarse por
medio de la construcción de un proyecto de vida, el cual se desarrolla durante
el tiempo que permanecen dentro del centro de reclusión.
Por
consiguiente del aprovechamiento del tiempo de condena y desarrollo de
habilidades productivas y de autogestión. El acceso a los programas de trabajo
y estudio se encuentra vinculado con el derecho a la libertad, en cuanto estas
actividades ayudan a que se reduzca la condena9, de esta manera, hay
que destacar que los internos no reciben remuneración alguna por las
actividades que efectúan9.
El derecho a participar en los
programas de educación y trabajo[86]
representa una actividad que tiene como finalidad la resocialización y el
refuerzo de la concepción del mismo como valor fundante de la sociedad[87].
El objetivo principal de la participación del recluso en programas
de educación y trabajo es preparar al interno para su vida en libertad; por lo
tanto, las actividades laborales y de educación se tornan de carácter
obligatorio para aquellos reclusos que tengan la calidad de condenados,
teniendo en cuenta su finalidad de resocialización[88].
2.4.6. El debido proceso disciplinario.
Las personas privadas de la
libertad tienen derecho a que las decisiones de carácter disciplinario que se
tomen respecto a ellas, como la calificación de su conducta, sean producto de
las correctas formas procesales; su desconocimiento configura “[…] una
vulneración de los derechos al debido proceso administrativo y a la igualdad de
oportunidades e, indirectamente, del derecho fundamental al buen nombre.”[89]
De igual manera, esta
Corporación ha indicado que el debido proceso también debe ser aplicado por las
autoridades penitenciarias respecto a la imposición de medidas correctivas o
sanciones, en donde adicionalmente se deben garantizar el derecho de
contradicción, de defensa y la presunción de inocencia.[90]
2.4.7. El derecho a la palabra.
La Corte ha reconocido el
derecho que tienen las personas privadas de la libertad a comunicarse con
personas en el exterior de la prisión, con el debido respeto a la intimidad. Se
pueden, por ejemplo, establecer condiciones de modo, tiempo y lugar, pero no
suspender o anular este derecho[91].
2.4.8. Derecho al descanso.
De forma similar, se ha
considerado inconstitucional que se tenga como falta ‘el descanso en la cama
por parte de las personas recluidas durante el día’, sin ningún otro tipo
de consideración,[92]
o imponer como sanción el que a una persona se le permitan ‘solamente dos
horas de sol diario’.[93]
El derecho al descanso está
ligado directamente con el derecho a la dignidad humana, por lo tanto se
encuentra dentro de las condiciones mínimas de existencia del mismo ser[94]. Con base en lo anterior,
es un deber Estatal garantizar la prestación de una habitación en condiciones
dignas y de higiene en donde se puede efectivizar el derecho al descanso
nocturno[95].
2.4.9. El derecho a la salud.
En virtud del cual por la salud del interno debe
“velar el sistema carcelario y la atención correspondiente incluye los
aspectos médicos, quirúrgicos, hospitalarios y farmacéuticos. Así mismo, es de
su responsabilidad el mantenimiento de las condiciones mínimas de higiene,
seguridad y salubridad, así como todo lo relativo a la debida alimentación del
personal sometido a su vigilancia”[96].
La Corte Constitucional, ha reiterado en diversas ocasiones que el
derecho a la salud no puede suspenderse ni negarse porque una persona se
encuentra privada de la libertad, toda vez que ellos mismos no pueden afiliarse
al Sistema General de Seguridad Social, ni asumir el valor de los servicios o
tratamientos que se requiera.[97]
De esta manera, y teniendo en cuenta la relación de especial
sujeción, es el Estado quien está obligado a garantizar que los servicios de
salud sean prestados por medio del INPEC y de los directores de los centros de
reclusión.[98] Así mismo, la Corte ha indicado que este derecho debe ser
suministrado por el Estado como una manera de garantizar la integridad personal
de los detenidos, de conformidad a diversos fallos de la Comisión I.D.H. y la
Corte Europea de Derechos Humanos.[99]
2.4.10. El derecho a la unidad familiar de
personas privadas de la libertad.
En virtud del cual el sistema
penitenciario y carcelario debe procurarse, en todo lo que sea posible, que el
recluso mantenga contacto con su grupo familiar, máxime si dentro del mismo
existen hijos menores de edad, lo cual impone adicional esfuerzo en torno a la
preservación de la unidad familiar[100].
2.5.
LA
VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A TRAVÉS DEL HACINAMIENTO CARCELARIO.
2.5.1. La excepcionalidad de la privación de la
libertad.
En Colombia existe la
posibilidad de restringir la libertad personal con          medidas previas a
la declaratoria de responsabilidad del procesado, a través de la detención
preventiva intramural o en el domicilio y aquellos mecanismos aplicables a los
inimputables, e igualmente como penas, es decir sanciones fijadas al
responsable de una conducta punible en una sentencia condenatoria en firme como
la prisión intramural y la prisión domiciliaria.
2.5.1.1.
De
acuerdo al artículo 35 del Código Penal Colombiano establece como penas
principales la privativa de la libertad de prisión, la pecuniaria de multa y
las demás privativas de otros derechos que estén consagradas en la parte
especial de la Ley 599 de 2000.
Por su parte, el artículo 36
del Código Penal consagra que la prisión domiciliara es una pena sustitutiva de
la pena de prisión y que el arresto de fin de semana convertible en arresto
ininterrumpido resulta ser un sustitutivo de la multa.
De igual manera, la Ley 599
de 2000 en su artículo 37 determina que la pena privativa de la libertad debe
someterse a las reglas que se exponen a continuación: “1. La pena de prisión
para los tipos penales tendrá una duración máxima de cincuenta (50) años,
excepto en los casos de concurso; 2. Su cumplimiento, así como los beneficios
penitenciarios que supongan la reducción de la condena, se ajustarán a lo
dispuesto en las leyes y en el presente código; y, 3. La detención
preventiva no se reputa como pena. Sin embargo, en caso de condena, el tiempo
cumplido bajo tal circunstancia se computará como parte cumplida de la pena.”
Por último, el artículo 38 de
nuestro Código Penal se refiere a la prisión domiciliara como un sustituto de
la pena de prisión, la cual se adelanta en el lugar de residencia del condenado
o donde el juez lo estipule. Adicionalmente se indica que puede ser
solicitada por el condenado se encuentre privado de la libertad o tenga una
orden de captura en su contra, excepto en los casos donde la persona evada de
manera voluntaria la acción de la justicia.
Así mismo se señala que “la
detención preventiva puede ser sustituida por la detención en el lugar de
residencia en los mismos casos en los que procede la prisión domiciliaria. En
estos casos se aplicará el mismo régimen previsto para este mecanismo
sustitutivo de la prisión.”
La pena de prisión es la
sanción más significativa en los países que no contemplan en su legislación la
pena de muerte, y se ha considerado que cumplir una pena privativa de la
libertad en un establecimiento penitenciario y carcelario excede el mero hecho
del encierro[101].
De ahí que deba
reconocerse también la afectación, restricción e incluso en algunos casos la
eliminación colateral de derechos constitucionales por el hecho de estar
recluido en una institución penitenciaria, como la libertad de locomoción, el
libre desarrollo de la personalidad, la intimidad personal y familiar, la
inviolabilidad de la correspondencia privada, el derecho a la información, el
derecho de propiedad, los derechos de reunión y asociación y la libertad de
expresión (art. 20 CP), estos son sometidos a duras restricciones como consecuencia
del régimen disciplinario de la prisión[102].
Dentro de los costos del sistema penitenciario,
la jurisprudencia constitucional ha destacado especialmente tres (3)[103]:
(i)
Un costo sobre los
derechos del propio sindicado,
pues restringir la libertad de una persona implica también afectar su salud, su
integridad, limitar sus capacidades de educación, de recreación o de trabajo y
además tiene un impacto sobre su núcleo familiar y social[104]. Adicionalmente,
este costo no solamente afecta sus derechos y su dignidad humana sino que
también lo expone a entrar en contacto con una subcultura carcelaria nociva
para sus propios valores[105].
(ii)
Un costo económico
derivado del valor de privar de la libertad a una persona, los cuales muchas
veces no se tienen en cuenta y hacen que entre los internos que se encuentran
privados de la libertad se tengan que distribuir recursos que tendrían que
asignarse a menos personas[106].
(iii)
Unos costos para la
legitimidad del propio Estado, pues si este desconoce a través de sus prisiones
impunemente la dignidad y la integridad de las personas, pierde legitimidad
ante sus ciudadanos[107].
La privación de la libertad en
establecimientos penitenciarios puede llegar a tener efectos que dificultan la
resocialización, pues podría reforzar la criminalidad en algunas personas[108], incita al orgullo[109] y crea un efecto
estigmatizante que dificulta la reinserción social[110]. Lo anterior se agrava
si además, el establecimiento en el cual se encuentra el individuo se
desconocen los derechos fundamentales o se produce una grave situación de
hacinamiento[111],
situación que expone a los sindicados a consecuencias adversas sin haber sido
todavía condenados y dificulta profundamente la resocialización de los que
están cumpliendo una pena.
Desafortunadamente
los países occidentales han experimentado en las últimas décadas un aumento sin
precedentes en el encarcelamiento[112],
fundado en una serie de causales dentro de las cuales se destacan: (i) el aumento progresivo de la
prisión provisional respecto del encarcelamiento sufrido en expiación de la
pena; (ii) la postura punitivista de algunos medios de comunicación; (iii)
la hiperexpansión del derecho penal; y (iv) el cambio de las formas de
la criminalidad[113].
De esta manera, la
privación intramural de la libertad en un sistema penal con altos niveles de
hacinamiento dificulta la resocialización de los individuos ya condenados y
afecta la presunción de inocencia de las personas que cumplen una medida de
aseguramiento, pues los expone a consecuencias muy gravosas distintas de la
mera privación de la libertad sin que previamente hayan sido declaradas
culpables en un juicio.
Estas implicaciones negativas
en una cantidad importante de derechos de quien purga una pena en un
establecimiento carcelario exige que sean estudiados de manera muy seria la
condición personal del condenado, el comportamiento, el compromiso de no
reincidencia, la situación familiar, las actividades resocializadoras y demás
aspectos relativos a la valoración de la persona del recluso[114].
En virtud de lo anterior, la
jurisprudencia constitucional ha indicado que los criterios de razonabilidad y
proporcionalidad permiten determinar cuándo se desconocen los derechos
fundamentales de las personas recluidas en prisión, cuando éstos son
restringidos con base en competencias amplías y generales como la posibilidad
de fijar e imponer reglas de disciplina o de hacer traslados de personas de una
a otra prisión, bajo las condiciones legal y reglamentariamente establecidas.[115]
En este sentido, el Estado es
garante de la protección de los derechos fundamentales de los internos y en
especial de los siguientes: (i) el derecho a la vida y la integridad
personal; (ii) el derecho a presentar peticiones; (iii) el
derecho a la dignidad humana; (iv) el derecho a la visita íntima o
conyugal en condiciones dignas; (v) el derecho a la resocialización; (vi)
El debido proceso disciplinario; (vii) el derecho a la palabra; (viii)
el derecho al descanso; (ix) el derecho a la salud; y (x) el
derecho a la unidad familiar de las personas privadas de la libertad[116].
2.5.1.2.
Esta
situación es aún más relevante en relación con la detención preventiva, pues la
misma no constituye una pena y por ello debe ser excepcional y ha de fundarse
en los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad.
Los numerales 2º y 3º del artículo 7º de
la Convención Americana de Derechos Humanos consagran y prohíben expresamente
tanto las detenciones ilegales como las arbitrarias, en virtud de las cuales la
Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que
para que la detención preventiva no vulnere la presunción de inocencia debe sujetarse
a criterios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad y debe ser
excepcional.
Al respecto, la Sentencia del Caso
Ricardo Canese Vs. Paraguay[117]
destacó que “las medidas cautelares que afectan la libertad personal y
el derecho de circulación del procesado tienen un carácter excepcional, ya que
se encuentran limitadas por el derecho a la presunción de inocencia y los
principios de necesidad y proporcionalidad, indispensables en una sociedad
democrática”, lo cual ha sido confirmado en múltiples fallos de los casos
Suarez Rosero Vs. Ecuador[118],
“Instituto de reeducación del Menor” Vs. Paraguay[119], Ricardo Canese Vs.
Paraguay[120],
Acosta Calderón Vs. Ecuador[121],
Palamara Iribarne Vs. Chile[122],
Yvon Neptune Vs Haití[123],
Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez Vs Ecuador[124] y Bayarri Vs. Argentina[125]..
En este sentido, la Sentencia del Caso
García Asto y Ramírez Rojas Vs. Perú[126] indicó que “la
prisión preventiva es la medida más severa que se puede aplicar al imputado de
un delito, motivo por el cual su aplicación debe tener un carácter excepcional,
en virtud de que se encuentra limitada por los principios de legalidad,
presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad, indispensables en una
sociedad democrática”.
En Colombia, la excepcionalidad de las
medidas de aseguramiento también ha sido exigida por numerosas sentencias de la Corte
Constitucional:
(i)      La Sentencia C-106 de 1994[127] recalcó que la detención debe
ser excepcional en los casos previstos
por la ley y dentro de sus rigurosos límites, sin perjuicio de las garantías
que aseguren la comparecencia del sindicado al pertinente juicio y su
disponibilidad para la ejecución del fallo: “Claro está, tratándose del
derecho fundamental de la libertad, aplicando el artículo 94 de la Constitución
Política, el alcance de su garantía constitucional debe interpretarse a la luz
de los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por
Colombia, los cuales conciben la detención preventiva como una excepción, es
decir como un instrumento al cual únicamente puede apelarse en los casos
previstos por la ley y dentro de sus rigurosos límites, sin perjuicio de las
garantías que aseguren la comparecencia del sindicado al pertinente juicio y su
disponibilidad para la ejecución del fallo, tal como se ha subrayado en esta
sentencia” [128].
(ii)   La Sentencia C – 774 de 2001[129] señaló que la detención preventiva dentro de un Estado Social de
Derecho, “no puede convertirse en un mecanismo de privación de la libertad
personal indiscriminado, general y automático, es decir que, su aplicación o
práctica ocurra siempre que una persona se encuentra dentro de los estrictos
límites que señala la ley, toda vez que la Constitución ordena a las
autoridades públicas velar por la efectividad de los derechos y libertades de
los personas, garantizar la vigencia de los principios constitucionales (la
presunción de inocencia), y promover el respeto de la dignidad humana
(Preámbulo, artículos 1º y 2º)”.
(iii) La
Sentencia C-456 de 2006[130] consideró que
las medidas de aseguramiento deben responder a criterios de razonabilidad,
proporcionalidad y necesidad, toda vez que conlleva una limitación del derecho
a la libertad individual del imputado no adecuada y desproporcionada a la
finalidad que pretende cumplir. Así mismo se señaló que “el
Título IV del nuevo Código que consagra el régimen de la libertad y su
restricción, contempla en el artículo 295 el principio de la restricción
excepcional de la libertad y hace énfasis en el carácter preventivo de la
privación de la misma. Agrega también la norma una regla de interpretación
general en la medida en que estipula que las disposiciones deberán ser
interpretadas “restrictivamente y
su aplicación debe ser necesaria, adecuada, proporcional y razonable frente a
los contenidos constitucionales.”
(iv) La
Sentencia C-390 de 2014[131] determinó la excepcionalidad de la detención
preventiva al señalar que: “sí ante pasajes oscuros, confusos o contradictorios, la Corte
debe dilucidarlos de manera que queden limitados, recalcando la excepcionalidad
de la privación de la libertad, que aunque se encuentra justificada y permitida de forma restringida
como medida para evitar el entorpecimiento del proceso y la alteración de las
pruebas, ya es demasiado
gravosa para los
derechos fundamentales”[132].
(v)   La Sentencia C-366 de 2014[133]
resaltó que la detención preventiva, acorde con los instrumentos
internacionales y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, debe ser
excepcional, necesaria y racional, “no sólo sujeta a una base
probatoria mínima que indique la autoría o participación del imputado, sino
igualmente a la consecución de los fines del proceso, conforme con el artículo
308 de la Ley 906 de 2004”[134].
Por lo
anterior, la privación de la libertad en un Estado Social de Derecho debe ser
excepcional y debe responder a criterios de necesidad, razonabilidad y
proporcionalidad y durante su ejecución el Estado tiene el deber constitucional
y legal de salvaguardar las siguientes garantías: (i) el derecho a la
vida y la integridad personal; (ii) el derecho a presentar peticiones; (iii)
el derecho a la dignidad humana; (iv) el derecho a la visita íntima o
conyugal en condiciones dignas; (v) el derecho a la resocialización; (vi)
El debido proceso disciplinario; (vii) el derecho a la palabra; (viii)
el derecho al descanso; (ix) el derecho a la salud; y (x) el
derecho a la unidad familiar de las personas privadas de la libertad.
2.5.1.3.
Adicionalmente,
si la privación de la libertad es excepcional más aún lo debe ser la privación
de la libertad intramural, pues afecta en mayor medida los derechos
fundamentales, teniendo en cuenta que afecta de manera más profunda los
derechos de los internos. En virtud de lo anterior la Resolución 1/08 de la Organización de Estados
Americanos mediante la cual se aprobaron los Principios y Buenas Prácticas
sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas señala
que los Estados miembros “deberán incorporar, por disposición de la ley, una
serie de medidas alternativas o sustitutivas a la privación de libertad, en
cuya aplicación se deberán tomar en cuenta los estándares internacionales sobre
derechos humanos en esta materia”.
No basta en todo caso con la
consagración de estas medidas en el ordenamiento jurídico sino que deben tener
una aplicación efectiva, por lo cual las autoridades deben verificar en cada
caso concreto la procedencia de los subrogados penales como la prisión o
detención domiciliaria, la vigilancia electrónica y la libertad provisional,
pues éstas desarrollan finalidades constitucionales esenciales en el Estados
Social de Derecho:
(i)    La detención domiciliaria se
enmarca dentro de las instituciones jurídicas penales que ofrecen alternativas
a las penas privativas de la libertad que se cumplen en un centro de reclusión,
las cuales permiten sancionar al delincuente por su acto, pero a la vez evitan
los problemas y defectos de las sanciones tradicionales, en especial para
lograr la función de resocialización de la pena[135]. Esta medida responde a
las exigencias de resocialización, puesto que para muchas de las personas
objeto de esta medida, la permanencia en un centro de reclusión, puede en lugar
de ayudar a este propósito, generar el efecto contrario[136]. En este sentido,
cumplir la condena junto a los suyos es un ambiente más propicio para reintegrar
a la persona condenada al seno de la sociedad[137].
(ii)
La libertad provisional constituye un
derecho o beneficio reconocido a las personas contra quienes se ha proferido
resolución de detención preventiva, permitiéndole a éstas permanecer en
libertad durante el desarrollo del proceso, pero siempre que permanezcan
vigentes las causas o motivos que dieron lugar al reconocimiento del derecho[138]
y cumple con las siguientes finalidades: (i) favorecer a aquellos procesados
que tienen interés en hacer menos grave el resultado lesivo de ciertos delitos
–los que permiten la restitución del bien jurídico o la consecuente
indemnización del daño-, (ii) darle plena aplicación a la condena de ejecución
condicional, (iii) impedir que el sindicado se encuentre privado de la libertad
indefinidamente y (iv) evitar que se prolonguen en forma arbitraria los términos
establecidos para agotar las diferentes etapas procesales[139].
(iii)
Los sistemas de vigilancia electrónica pueden ser un
mecanismo de control del cumplimiento de la pena sustitutiva consistente en prisión
domiciliaria o un como sustituto de la pena de prisión que permite que la
persona no cumpla la pena o medida de aseguramiento intramuralmente pero al
mismo tiempo pueda monitorearse su comportamiento[140].
2.5.2. La jurisprudencia constitucional sobre el
hacinamiento carcelario.
La Corte Constitucional ha
reconocido en reiterada jurisprudencia que el hacinamiento constituye una
vulneración evidente a los derechos privadas de la libertad y que el Estado
debe tomar medidas para que no se presente:
2.5.2.1.
La Sentencia T-535 de 1998[141] reiteró lo señalado en la T-153 del 28 de abril de 1998,
sobre la gravedad del hacinamiento carcelario en Colombia y estudió los
derechos a la salud y a la vida digna dentro de los establecimientos
carcelarios. Al respecto afirmó:
“El cuidado de la salud, a
cargo del establecimiento, en los campos médico, quirúrgico, asistencial, o el
que implique tratamientos o terapias debe ser oportuno, es decir, ha de darse
de tal modo que no resulte tardío respecto a la evolución de la enfermedad del
paciente; aun en los casos en que la patología admita espera, si el preso sufre
dolores intensos la atención médica o farmacéutica debe ser inmediata, por
razones humanitarias, de tal manera que la demora en brindarla efectivamente no
se convierta en una modalidad de tortura”.
Señaló que estaba probada la
deficiencia asistencial en el caso bajo estudio y la consiguiente vulneración
de los derechos del actor, cuya salud no ha sido atendida con la eficiencia y
continuidad necesarias, a pesar de que se encuentra comprometida su integridad
física, pues como consta en la historia clínica, el paciente, a raíz de la
parálisis facial, padece una incapacidad que ha venido afectando el movimiento
general de sus músculos faciales, en especial los que inciden en el arco
superciliar de uno de sus ojos y en sus párpados.
Lo anterior, en virtud de que
quien se encuentra privado de la libertad no goza de autonomía para acceder
voluntariamente al sistema de salud, pues está sometido a procedimientos
estrictos y predeterminados de acceso a tales servicios. Esta situación
conlleva a que el Estado tenga sobre sí la carga de velar por la salud del
interno, la cual incluye los aspectos médicos, quirúrgicos, hospitalarios y
farmacéuticos, entre otros. “Los derechos
fundamentales del preso resultarían gravemente violados por la negligencia
estatal en estas materias, así como por la falta de cuidado y asistencia
requeridos para la prevención, conservación y recuperación de su salud.”
Otra de las
obligaciones del Estado en contrapartida con la población carcelaria es el
mantenimiento de las condiciones mínimas de higiene, seguridad y salubridad
carcelarias. De la misma manera, todo aquello que tenga que ver con las
condiciones óptimas de seguridad alimentaria que le asiste a los reos.
2.5.2.2.   La Sentencia T-524 de 1999[142] ordenó garantizar la remisión
oportuna del actor a los controles médicos correspondientes y en el evento de
permanecer en el centro carcelario, se le suministren los medicamentos
prescritos, en la forma prevista por el médico tratante. Afirmó que constituyen
hecho notorio las condiciones de insalubridad y hacinamiento en que se
encuentran algunas cárceles del país, sin ser en la que se está recluido el
demandante, una excepción.
2.5.2.3.   La Sentencia T - 256 de 2000[143] ordenó al Director de la Cárcel de
Bellavista proporcionar al recluso David Antonio Saldarriaga, dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta Sentencia, un
sitio adecuado y digno para su descanso, y suministrarle los cuidados
asistenciales y los medicamentos que requiera para el mantenimiento de su
salud. En este sentido, conminó al Ministro de Justicia y del Derecho para que adelante
los planes, obras y programas que le fueron encomendados en los fallos T-153
del 28 de abril de 1998 y T-606 del 27 de octubre de 1998, de la Corte
Constitucional. En este aspecto señaló que  “El recluso, aunque tiene
limitados o restringidos algunos de sus derechos básicos -como la libertad
personal- conserva los demás, garantizados en la Constitución y en los tratados
internacionales, lo que implica a la vez la posibilidad de reclamar ante los
jueces, por la vía de la tutela, que les sean respetados”.
Reiteró la Corte que los
derechos constitucionales que le asisten a los internos suponen un trato acorde
con su naturaleza humana, por lo que en el establecimiento carcelario se deben
guardar las condiciones de higiene, salubridad y comodidad. Sobre los derechos
que por la sanción punitiva se restringen al penado y los que no, esta
Corporación sostuvo que:
“si bien
algunos derechos fundamentales de los reclusos son suspendidos o restringidos
desde el momento en que éstos son sometidos a la detención preventiva o son
condenados mediante sentencia, muchos otros derechos se conservan intactos y
deben ser respetados íntegramente por las autoridades públicas que se
encuentran a cargo de los presos. Así, por ejemplo, evidentemente los derechos
a la libertad física y a la libre locomoción se encuentran suspendidos y, como
consecuencia de la pena de prisión, también los derechos políticos. Asimismo,
derechos como los de la intimidad personal y familiar, reunión, asociación,
libre desarrollo de la personalidad y libertad de expresión se encuentran
restringidos, en razón misma de las condiciones que impone la privación de la
libertad. Con todo, otro grupo de derechos, tales como la vida e integridad
personal, la dignidad, la igualdad, la libertad religiosa, el derecho al
reconocimiento de la personalidad jurídica, a la salud y al debido proceso, y
el derecho de petición, mantienen su incolumidad a pesar del encierro a que es
sometido su titular. Lo mismo cabe aseverar acerca del derecho a la presunción
de inocencia, el cual, aun cuando no imposibilita la expedición de medidas de
aseguramiento, sí obliga a los jueces a justificar en cada caso la orden de
detención precautelativa, y a la administración a mantener separados a los
sindicados y a los condenados.”
2.5.2.4.   La Sentencia T-257 de 2000[144] ordenó al Director de la Cárcel
Distrital “Bellavista” de Medellín que, dentro del término máximo de cuarenta y
ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de esa sentencia,
prestara los servicios médicos y de salud que requiera el actor, así como
también implemente planes de estudio que permitan que tanto el accionante como
los demás internos interesados accedan a ellos.
En relación con los problemas de hacinamiento en el interior de
dicho centro penitenciario esa Sala de Revisión hizo expresa remisión a lo
ordenado en la Sentencia T-153 de 1998 de la Corte Constitucional, como quiera
que el  término de cuatro (4) años, señalado en dicha providencia, para hacer
las adecuaciones necesarias a fin de solucionar dicho problema, no había
vencido.
En ese sentido, reitera la posición que ha mantenido esta
Corporación respecto de que a pesar de existir una suspensión sobre algunos de
los derechos de los penados, ello no significa que todas sus garantías
constitucionales se encuentren limitadas o condenadas al quebranto.
2.5.2.5.   La Sentencia T-847 de 2000[145] ordenó al Ministerio de
Justicia y del Derecho y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario que,
procedieran a trasladar a las personas sindicadas y condenadas que se
encuentren en las salas de retenidos de las Estaciones de Policía de Santafé de
Bogotá, el DAS, la DIJIN, la SIJIN, y el CTI, a los centros carcelarios en los
que, de acuerdo con la Constitución y la ley, deben permanecer hasta que la
autoridad judicial competente ordene ponerlas en libertad.
En este sentido, se señaló que
esta situación se agrava en las estaciones de policía: “Pero si a
semejante situación se le añade que no hay patio donde salir a ejercitarse y
recibir algo de luz solar, que no hay lugar adecuado para recibir la visita
conyugal y la de los familiares y amigos, o para entrevistarse con el defensor,
que no existe una dependencia de sanidad a donde ser conducido, y que la
infraestructura sanitaria y alimentaria no está diseñada para atender las
necesidades de una larga estadía, ni existe posibilidad alguna de trabajo o
estudio, entonces los sindicados y condenados que permanecen en las
sobrepobladas salas de retenidos, vienen a ser conscientes de que toda mala
situación puede empeorar, y no sólo añoran, sino que reivindican esas
condiciones inhumanas y degradantes de las cárceles, como lo hacen en este
proceso, a través del Defensor del Pueblo, treinta y cinco (35) detenidos
(folios 2-3 del primer cuaderno)”.
Al respecto señaló también que
el problema del hacinamiento en las instituciones carcelarias del país, que se
les ordenó corregir por medio de la sentencia T-153 de 1998 -antes referida-,
no puede ser pretendidamente "solucionado", enviando a personas
sindicadas o condenadas a las estaciones de policía o a las salas de retenidos
de otros organismos de seguridad, sin violar los derechos fundamentales de esas
personas:
“El asunto merece consideración
en esta sentencia de revisión, no porque esta Sala considere errada la
decisión, sino por la necesidad de aclarar al Ministerio de Justicia y del
Derecho y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, que el problema del
hacinamiento en las instituciones carcelarias del país, que se les ordenó
corregir por medio de la sentencia T-153/98 -antes referida-, no puede ser
pretendidamente "solucionado", enviando a personas sindicadas o
condenadas a las estaciones de policía o a las salas de retenidos de otros
organismos de seguridad, sin violar los derechos fundamentales de esas
personas, y vulnerar normas constitucionales como los artículos 2, 28, 29 y 121
de la Carta”.
Refiriéndose a las salas de
retenidos de la policía, indicó la Corte que en esos lugares sólo deben
permanecer personas hasta por un máximo de treinta y seis (36) horas, mientras
son puestas en libertad o remitidas a la autoridad judicial competente. Ello,
como quiera que esas dependencias “no cuentan con las facilidades requeridas
para atender a las condiciones mínimas de vida que deben garantizarse en las
cárceles: alimentación, visitas, sanidad, seguridad interna para los detenidos
con distintas calidades, etc.; como las personas no deben permanecer en esas
salas de retenidos por lapsos mayores al mencionado, la precaria dotación de
las Estaciones de Policía y sedes de los otros organismos de seguridad, no
representan un peligro grave para los derechos fundamentales de quienes son
llevados allí de manera eminentemente transitoria; pero si la estadía de esas
personas se prolonga por semanas, meses y años, el Estado que debe
garantizarles unas condiciones dignas, necesariamente faltará a tal deber, y el
juez de amparo que verifique tal irregularidad debe otorgar la tutela y ordenar
lo que proceda para ponerle fin”.
2.5.2.6.   La Sentencia T-966 de 2000[146] ordenó al Director Nacional del
INPEC, al Director Regional Occidente del INPEC, al Comandante de Guardia y a
la directora de la Cárcel Distrital “Villahermosa” de la ciudad de Cali, que
realicen la totalidad de las gestiones encaminadas a efectuar el traslado de
los actores a la ciudad de Pasto, en la fecha previamente acordada con el
Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pasto, para la realización de la audiencia
pública de juzgamiento dentro de la causa N° 0057 contra los accionantes, por
la presunta comisión del delito de homicidio.
Adicionalmente, ordenó a la
Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, a la Fiscalía General
de la Nación, al Ministro de Defensa, a la Dirección Nacional de la Policía, a
la Dirección Nacional del INPEC y al Ministerio de Justicia y del Derecho que,
en el año siguiente a la notificación de esta providencia, conforme lo
establecido en los fundamentos 18 y 19 de la misma, diseñen una estrategia
global tendiente a corregir el problema estructural que existe respecto de las
remisiones de los internos a las localidades en las cuales están siendo
juzgados, tal y como ha quedado descrito en la presente tutela.
Sobre el hacinamiento afirmó
que “Ahora bien, en las dramáticas condiciones de hacinamiento, violencia e
inseguridad que se viven en las cárceles del país[147], no sólo la
voluntad del recluso puede ser causa suficiente para justificar un traslado. En
efecto, para nadie es un secreto que, dadas las condiciones de hacinamiento, la
población y la guardia carcelaria y penitenciaria se encuentran amenazadas,
entre otras cosas, por el enorme potencial de violencia de algunos reclusos,
que ponen en permanente riesgo la vida y la integridad física y moral de sus
obligados compañeros de reclusión, de los miembros del INPEC y, en no pocos
casos, de terceras personas objeto de represalias o amenazas cometidas desde
las cárceles. En consecuencia, nada puede oponerse a que, en virtud de lo
dispuesto en la ley 65 de 1993, se traslade a un sujeto a un lugar distinto de
aquel en el que está siendo juzgado, cuando quiera que tal decisión resulte
verdaderamente útil y necesaria, por ejemplo, para evitar el hacinamiento, los
actos de violencia e intimidación a la población reclusa, la comisión de
delitos desde las cárceles, o los amotinamientos y fugas.
“En el caso que ocupa la
atención de la Corte, quedó demostrado que las autoridades recluyeron a los
actores, inicialmente, en establecimientos carcelarios del departamento de
Nariño – en las ciudades de Ipiales y San Juan de Pasto -. No obstante,
posteriormente fueron trasladados – por razones de seguridad – a la Cárcel del
Distrito Judicial de Cali. No puede entonces la Corte ordenar de nuevo el
traslado a Pasto ni sugerirle – como lo hace el juez de primera instancia –, al
juez penal que adelanta el proceso contra los actores, que solicite el
mencionado traslado.  Y ello, no sólo por que los actores no realizaron tal
petición – en ninguna parte de la tutela solicitan su traslado definitivo a la
localidad de Pasto -, sino, porque, en principio, no es la tutela la vía para
cuestionar la decisión del INPEC de ubicarlos en la Cárcel del Distrito
Judicial de Cali. Como ya se ha mencionado, corresponderá al INPEC, atendiendo
a las exigencias del debido proceso, pero también a los principios generales
que orientan la función de la pena y el sistema carcelario, definir, en
principio, el lugar de reclusión de las personas detenidas mientras se surte el
correspondiente proceso, debiendo tener siempre como primera alternativa de
reclusión la sede del juzgado de la causa”.
Al referirse a la limitación de
los derechos fundamentales de la población carcelaria, la Corte estimó que toda
clase de suspensión o limitación de esa naturaleza para que encuentre
legitimidad deberá perseguir la resocialización del individuo, la conservación
del orden, la disciplina y convivencia dentro del establecimiento de reclusión.
Lo anterior, en observancia del principio de proporcionalidad acompasado por la
necesidad y adecuación de las medidas con la finalidad que pretenden cumplir.
Al respecto dijo:
“En
consecuencia, a pesar de la discrecionalidad con que cuentan las autoridades
encargadas de administrar y dirigir las cárceles, sus atribuciones encuentran
un límite en la prohibición constitucional de la arbitrariedad (C.P., artículos
1°, 2°, 123 y 209) y, por lo tanto, deben sujetarse a los principios de
razonabilidad y proporcionalidad mencionados. En este sentido, la Corte ha sido
enfática al indicar que la necesaria discrecionalidad para el manejo de ciertos
asuntos no puede servir de pretexto para la comisión de actos arbitrarios,
desproporcionados o irracionales que lesionen los derechos de la población
reclusa.”
2.5.2.7.   La Sentencia T-1606 de 2000[148] confirmó la
Sentencia proferida por la Sala Especial del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá el once (11) de abril del año dos mil (2000), mediante la
cual tuteló, en favor de las personas detenidas transitoriamente en las
instalaciones de la DIJIN, DAS y Policía Nacional en Bucaramanga y en las
Estaciones de Policía de los Municipios de Floridablanca, Piedecuesta y Girón,
los derechos fundamentales a la dignidad humana, a la igualdad, al no
sometimiento a tratos crueles, inhumanos y degradantes, a la salud y al
saneamiento ambiental en conexidad con el derecho a la vida, vulnerado por el
Ministerio de Justicia y del Derecho y el Instituto Penitenciario y Carcelario,
según lo probó el Defensor del Pueblo de Santander quien instauró la acción en
nombre de los reclusos.
Sobre este aspecto señaló “el
hacinamiento y las condiciones inhumanas de las salas de retención y de los
establecimientos carcelarios constituyen flagrante y vergonzosa violación del
derecho a la dignidad humana de retenidos, sindicados y condenados.”.
Ante la gravedad de la
situación denunciada y plenamente documentada por el Defensor del Pueblo,
Regional de Santander, esa Sala de Revisión, estimó que era, a todas luces,
necesario, reiterar la jurisprudencia consignada en la sentencia T-847 del seis
(6) de julio del año 2000, acerca de la vulneración del derecho a la dignidad
humana y del flagrante desconocimiento de la prohibición de someter a tratos
crueles, degradantes e inhumanos a los presos retenidos, sindicados y
condenados, a causa de las condiciones de hacinamiento existentes en las
cárceles y en las salas de retenidos de las estaciones de policía y de otros
organismos de seguridad en los que dichas salas operan.
“No sólo aparece claramente
acreditado en el expediente que en las Salas de Retenidos de las Estaciones de
Policía del Distrito Capital y en las de las otras instituciones señaladas por
la Defensoría hay hacinamiento, sino que éste se debe, en buena parte, a que
allí se encuentran, junto con las personas detenidas preventivamente,
sindicados a los que se adelanta investigación, y condenados que purgan las
penas que les fueron impuestas. Al respecto, debe señalar esta Sala que si la
convivencia de sindicados y condenados que se presenta en los establecimientos
carcelarios es irregular y contraria a lo previsto en la ley, más irregular es
que ella se de en las salas de retenidos de las Estaciones de Policía, del DAS,
la SIJIN, la DIJIN o el CTI, donde, de acuerdo con el artículo 28 de la Carta
Política, ninguna persona debe permanecer más de 36 horas, y donde no debería
estar ningún sindicado o condenado”.
2.5.2.8.   La Sentencia T-126 de 2009[149] ordenó al Alcalde de Cartagena de
Indias D.T. y C. y al Director de la Cárcel Distrital San Diego de Cartagena,
para que dentro del término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de ese fallo, si aún no lo han hecho, adopten las medidas
administrativas y presupuestales necesarias para ejecutar en un término no
superior a tres (3) meses las obras de mantenimiento, adecuación y reparación
de la Cárcel San Diego de Cartagena, de modo
que se respete el núcleo esencial de la dignidad humana de las internas allí
recluidas.
Por lo anterior, ordenó al Ministerio del Interior y de
Justicia, en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario,
el Departamento Nacional de Planeación, la Gobernación del Departamento de
Bolívar y la Alcaldía de Cartagena de Indias, a más tardar dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de ese fallo, si aún no
lo han hecho, adopten las medidas administrativas y presupuestales necesarias
para ejecutar la construcción del Complejo Penitenciario y Carcelario y
Reclusión de Mujeres de Cartagena, previsto en el Plan de Construcción,
Dotación y Mantenimiento de los 11 centros penitenciarios a que se refieren los
documentos CONPES 3412 del 6 de marzo de 2006 y 3277 de marzo 15 de 2004 y
según los requerimientos actuales. La construcción y puesta en funcionamiento
del establecimiento carcelario de Cartagena, no podrá ser superior a los 24
meses, contados a partir de la notificación de la presente providencia.
2.5.2.9.   La Sentencia T-077 de 2013[150] ordenó al Instituto Nacional Penitenciario
y Carcelario –INPEC- y al Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué
Picaleña COIBA que, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de
esa sentencia, y mientras se empieza a suministrar el servicio de agua de forma
continua y permanente, implementen de forma conjunta medidas idóneas que
permitan garantizar un suministro diario total de veinticinco (25) litros de
agua a cada uno de los reclusos del bloque 1.
Así mismo ordenó al Ministerio
de Justicia y del Derecho, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
–INPEC-, al Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué Picaleña COIBA que,
en el término de los cinco (5) días siguientes a la notificación de esta
providencia adelanten, de forma conjunta y de acuerdo a sus competencias, el
diseño de un Plan de Mejoramiento Integral del bloque 1 del Complejo Carcelario y
Penitenciario de Ibagué Picaleña
2.5.2.10.   La Sentencia T-388 de 2013[151] declaró que el Sistema
penitenciario y carcelario nuevamente está en un estado de cosas contrario a la
Constitución Política de 1991. En este sentido afirmó categóricamente que “el Sistema
penitenciario y carcelario colombiano afronta una emergencia, debido a los problemas
que actualmente afronta, como la sobrepoblación, la precariedad de la
infraestructura y la existencia de graves condiciones sanitarias e higiénicas
que tienen en riesgo la salud pública de la población carcelaria e impiden la
convivencia dentro de los centros carcelarios”[152]. En virtud de lo anterior
adoptó las siguientes órdenes:
(i)
Convocó al Consejo Superior de
Política Criminal para que continúe tomando las medidas adecuadas y necesarias
para superar el estado de cosas inconstitucional penitenciario y carcelario[153].
(ii)
Ordenó medidas para garantizar los derechos fundamentales de los
reclusos del Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Cúcuta
(COCUC), la Cárcel la Tramacúa de Valledupar, el Establecimiento Carcelario La
Modelo de Bogotá, el Establecimiento Penitenciario y Carcelario Bellavista, el
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Popayán
– San Isidro y el Establecimiento Penitenciario de Barrancabermeja:
“[i] que los horarios de
alimentación y ducha se ajusten a los del común de la sociedad, y se ponga a
disposición de los internos agua potable en la cantidad y frecuencia por ellos
requerida; [ii] que los alimentos que se proporcionen estén en óptimas
condiciones de conservación, preparación y nutrición;  [iii] que el
sistema sanitario, las tuberías de desagüe, baños y duchas estén en condiciones
adecuadas de calidad y cantidad para atender al número de personas recluidas en
cada establecimiento; igualmente deberán entregar a los reclusos una dotación
de implementos de aseo mensualmente; [iv] que el servicio médico esté
disponible de manera continua y cuente con medicinas, equipos y personal
idóneos para los requerimientos de la población carcelaria;  [v] que los
servicios de aseo e higiene de las instalaciones se amplíen y fortalezcan en
procura de evitar enfermedades, contagios e infecciones; [vi] que se entregue a
cada persona, especialmente a quienes no tienen celda para su descanso, una
dotación de colchón, cobija, sábana y almohada, que permita un mejor descanso
en un espacio adecuado para ese propósito;  [vii] que se fomente la
creación de espacios de trabajo y estudio, así como de actividades lúdicas y
recreativas para las personas recluidas en estos establecimientos”.
(iii) Creó una brigada
jurídica que permita a las
autoridades judiciales correspondientes, de acuerdo con sus competencias, tomar
las decisiones que correspondan, para conceder la mayor cantidad de solicitudes
de libertad que, según el orden jurídico vigente, deban ser reconocidas[154].
(iv) Ordenó al
Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Justicia y del Derecho, junto con
el INPEC y la Dirección de cada una de las seis (6) cárceles que fueron objeto de alguna de las
acciones de tutela decididas en esa sentencia, deberán tomar las medidas adecuadas y necesarias para asegurar que
se pueda permitir el ingreso de nuevas personas, observando las reglas de equilibrio decreciente:
“9.1.4.2.1. En aquellos
casos en los que se esté enfrentando una situación de hacinamiento grave y
evidente, y hasta tanto no se disponga una medida que asegure una protección
igual o superior, se deberá aplicar una regla deequilibrio decreciente, según
la cual se permita el ingreso de personas al establecimiento siempre y cuando
no se aumente el nivel de ocupación y se haya estado cumpliendo el deber de
disminuir constantemente el nivel de hacinamiento. Es decir, la regla de
equilibrio decreciente, consiste en que sólo se podrá autorizar el ingreso de
personas al centro de reclusión si y sólo sí  (i) el número de personas
que ingresan es igual o menor al número de personas que salgan del
establecimiento de reclusión, durante la semana anterior, por la razón que sea
(por ejemplo, a causa de un traslado o por obtener la libertad), y  (ii)
el número de personas del establecimiento ha ido disminuyendo constantemente,
de acuerdo con las expectativas y las proyecciones esperadas. La aplicación de
esta regla permite asegurar, por una parte, la realización progresiva, efectiva
y sostenible de los derechos fundamentales de las personas privadas de la
libertad, sin imponer el obstáculo que conlleva impedir por completo, y sin
excepciones, que personas sindicadas o condenadas puedan ser remitidas a
importantes centros de reclusión, hasta tanto no se solucione completamente el
problema de hacinamiento.
9.1.4.2.2. Ahora bien,
una vez se alcance la meta de tener un nivel de ocupación que no sea superior
al cupo máximo que tiene el establecimiento, puede dejarse de aplicar la regla
de equilibrio decreciente para pasar aplicar, únicamente, una regla de equilibrio.
Es decir, no es necesario continuar disminuyendo el nivel de ocupación, pues ya
no hay hacinamiento, pero se debe, mantener una regla de equilibrio, para
impedir que esa crítica situación de sobrecupo vuelva a presentarse. Cuando un
establecimiento se encuentre libre de hacinamiento y tenga plazas disponibles
(no esté ocupado totalmente), podrá dirigirse de acuerdo a las reglas y
políticas propias que establezcan las autoridades carcelarias correspondientes,
sin tener que atender las reglas de equilibrio y de equilibrio decreciente.
9.1.4.2.3. La Sala debe
advertir que las reglas de equilibrio y equilibrio decreciente deben
ser aplicadas de forma razonable y sin poner en riesgo otros bienes
constitucionales en igual o mayor medida. Como se dijo previamente, el cierre
completo de ciertas cárceles, precisamente por la situación de crisis
generalizada, puede generar un impacto inusitado en el sistema penitenciario y
carcelario, al no poderse enviar a ciertos centros de reclusión a nadie más.
Esta situación puede ser dramática y crítica en ciertos contextos y regiones
del país. Por tanto, las reglas de equilibrio y equilibrio
decreciente, como cualquier otra regla jurídica, tienen excepciones que deben
ser consideradas y aplicadas, siempre y cuando estén  (i) plenamente
demostradas,  (ii) sean debidamente justificadas y (iii) sean sólo
temporales. Es decir, la Administración tiene la carga de probar que existe un
contexto fáctico en el que se justifica exceptuar la aplicación de la regla,
debe dar los argumentos que así lo justifiquen y, a la vez, indicar que medidas
adecuadas y necesarias se están adoptando para superar la excepcionalidad y
volver a aplicar las reglas de equilibrio y equilibrio
decreciente”.
2.5.2.11.   La Sentencia T-815 de 2013[155] ordenó conceder, por las razones y en los términos de esa providencia, el
amparo de los derechos fundamentales a la vida digna, a la intimidad, al
agua,  a la salud, a la integridad física y psicológica, y al buen trato a
favor de los accionantes.
Por lo anterior, exhortó al Ministro de Justicia y del Derecho, al Ministro de Hacienda y
Crédito Público, al Director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
y al Presidente del Congreso de Colombia que, en lo sucesivo, adopten y
coordinen las previsiones necesarias para que los nuevos centros de reclusión
cumplan con todas las condiciones y especificidades técnicas de
infraestructura, con el fin de garantizar tanto los derechos fundamentales de
las personas privadas de la libertad como los de las personas que los visitan.
2.5.2.12.   La Sentencia T-857 de 2013[156] encontró la
existencia de hacinamiento en el establecimiento de Caucasia y por ello tuteló el derecho
fundamental a la vida digna de los internos del EPMSC de Caucasia interpuesto
por los ciudadanos Julio
Cesar González Ruiz, Darío Antonio Restrepo Cortés, José Abundio Bautista Ruiz
y Heme Felipe Herrera en contra de la Dirección General del INPEC Bogotá,
Dirección General del INPEC Medellín, la Directora del INPEC de Caucasia.
Para este Tribunal
resulta evidente la situación de hacinamiento que afecta al EPMSC de
Caucasia  por cuanto queda patente tanto en la demanda de los accionantes como
en el escrito de contestación de tutela del establecimiento carcelario que lo
confirmó. Reconoce la directora de la institución penal que si bien la
infraestructura está diseñada para albergar 63 reclusos, en el momento de la
contestación de la tutela se encontraban 200 internos[157]
cifra que en enero de este año 2013 bajo a 175 personas[158].
La cifra de personas recluidas triplica el número de las que la institución
penal puede soportar en condiciones normales, esto sin duda es una situación de
hacinamiento que afecta las condiciones de vida de los internos.
2.5.2.13.   La Sentencia T-762 de 2015[159]
confirmó nuevamente la existencia de un estado de cosas inconstitucional
declarado en la sentencia T - 388 de 2013 y en consecuencia dispuso:
(i) Medidas para diseñar e implementar
un estándar constitucional mínimo de una política criminal respetuosa
de los derechos humanos, como la exigencia de un concepto previo del
Comité Técnico Científico del Consejo Superior de Política Criminal, para iniciar el trámite de proyectos de ley o actos legislativos
que incidan en la política criminal y en el funcionamiento del Sistema de
Justicia Penal [160].
(ii) Medidas para la
implementación de un sistema amplio de penas y medidas de aseguramiento
alternativas a la privación de la libertad[161].
(iii) Medidas para establecer un sistema de información unificado sobre
política criminal[162].
(iv) Medidas para revisar el sistema de tasación de penas con el fin
de identificar las incoherencias e inconsistencias del mismo, de acuerdo con el
principio de proporcionalidad de la pena, y tomar los correctivos del caso[163]
(v) La elaboración de un plan integral de programas y
actividades de resocialización, tendiente a garantizar el fin
primordial de la pena en todos los establecimientos penitenciarios y
carcelarios del país [164].
(vi) La implementación de un sistema de brigadas jurídicas periódicas para prestar apoyo a los establecimientos de reclusión del
país[165]
(vii) Comité Interdisciplinario de que trata la primera parte del
fundamento jurídico 107, para que despliegue las actividades de diagnóstico y
constitución de la línea base referida allí mismo[166].
(viii) El establecimiento de bases de datos y estadísticas respecto de
la capacidad real de los establecimientos de reclusión en el país, teniendo en
cuenta que sólo puede contar cupos que cumplan con las condiciones
mínimas de subsistencia digna y humana propuestas
en la presente providencia y validadas, transformadas o identificadas por el
Comité Interdisciplinario[167].
(ix) Creó grupos de seguimiento, articulación y apoyo a las anteriores
medidas[168] .
2.6.
ANÁLISIS
DEL CASO CONCRETO.
2.6.1.
Resumen
de los hechos.
El Defensor
del Pueblo Regional de Santander, presentó acción de tutela contra la
Gobernación de Santander, la Alcaldía Municipal de Bucaramanga, el Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y la Caja de Previsión Social de
Comunicaciones (CAPRECOM) E.S.P., por la grave situación de hacinamiento que se presenta en la
Estación de Policía del Norte de Bucaramanga, evidenciando que en las tres (3)
celdas con las que cuenta la estación que tienen capacidad para cinco (5)
personas por celda, se encuentran hacinadas veintidós (22) personas en cada
una, situación que vulnera la dignidad humana, la integridad personal, la
salud, la familia y la salubridad de las personas.
Al respecto destaca que: (i)
cada celda cuenta con un (1) baño, utilizado para dormir por parte de algunas
personas; (ii) más de la mitad de los detenidos duermen en el piso; (iii)
las visitas de los familiares se reducen a 15 minutos solamente los miércoles; (iv)
hay malos olores, desaseo y zancudos; (v) la comida no es buena, no
pueden tener visitas conyugales y hay algunos condenados que llevan más de diez
(10) meses, sin que se les traslade a la penitenciaria que corresponda; (vi)
hay dos (2) enfermos de VIH que ni siquiera cuentan con botiquín; finalmente, e
incluso (vii) el joven Milton Suárez, se cortó el brazo izquierdo con el
propósito de obtener la atención en salud.
Durante el trámite de revisión
se informó a este despacho que el número de personas retenidas en la Estación
de Policía Norte de Bucaramanga, en la actualidad corresponde a 143 reclusos en
cumplimiento de detenciones preventivas o en virtud de sentencias condenatorias
ejecutoriadas.
2.6.2. Procedencia de la acción de tutela.
La
Constitución Política de Colombia de 1991 consagró en su artículo 86 el derecho
a que todas las personas puedan interponer de manera directa la acción de
tutela mediante un procedimiento informal, preferente y sumario[169].
Al respecto, esta Corte ha indicado que el Decreto 2591 de 1991 en su artículo
10 estipula que “la persona a quien
se le vulneren o amenacen sus derechos fundamentales puede ejercer la acción de
tutela por sí misma o por medio de representante y contempló la posibilidad de
la agencia de derechos ajenos, de tal forma que un tercero, cuando el titular
de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa, podrá
presentar acción de tutela en su nombre.”[170]
Respecto al caso concreto, se
encuentra acreditada la legitimación por activa ya que la acción de
tutela fue interpuesta por el Defensor del Pueblo Regional de Santander.
Igualmente se acredita la legitimación
por pasiva, ya que en el expediente figuran como demandados la Gobernación de Santander, la Alcaldía Municipal de
Bucaramanga, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y la Caja
de Previsión Social de Comunicaciones (CAPRECOM) E.S.P., los cuales han sido
vinculados en la presente actuación.
La Corte Constitucional ha
indicado que para cumplir con el requisito de inmediatez se debe
acreditar un lapso prudencial entre la presunta vulneración de los derechos que
se reclaman y la interposición de la acción de tutela[171], lo cual se cumple en
el caso de la referencia pues todavía persiste la violación sistemática de los
derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad que se
encuentran en la Estación
de Policía del Norte de Bucaramanga.
Respecto a la subsidiariedad,
esta Corporación ha manifestado que la tutela procede en aquellos eventos en
donde no exista en el ordenamiento jurídico un recurso judicial que permita
defender los derechos que se alegan fueron vulnerados, o que existiendo uno no
sea idóneo para lograr protegerlos.[172]
Esta Corporación ha indicado que el
carácter excepcional y subsidiario de la tutela reconoce la viabilidad y
validez de los recursos ordinarios de salvaguarda judicial, como dispositivos
legítimos para proteger los derechos de los ciudadanos. Ante la existencia de
tales mecanismos las personas deben acudir a los mismos si con ellos logran la
protección de los derechos que consideran vulnerados.[173]
Lo anterior, tiene como finalidad que
la acción de tutela no sea considerada como una instancia adicional en los
procesos, ni un mecanismo que reemplace a aquellos que diseñó el legislador y
tampoco como una vía que sirva para solucionar las omisiones o errores de las
partes.[174]
Por lo tanto, el juez de tutela no reemplaza a la autoridad competente para
resolver lo que la ley le autoriza, en especial en aquellos casos en los que no
se han utilizado por las partes.[175]
En este sentido, la Corte Constitucional ha expresado que “ante otro medio de defensa idóneo y
efectivo, la acción de tutela resulta improcedente.”[176]
En el mismo sentido, la Corte
ha indicado que existen dos situaciones diferentes de procedibilidad: “cuando
la acción de tutela (i) se interpone como mecanismo principal o; (ii) se
ejercita como medio de defensa transitorio, a efecto de evitar la consumación
de un perjuicio irremediable.”[177]
Así mismo, se ha establecido
que para que la tutela proceda como mecanismo principal el demandante debe
acreditar que los medios judiciales que tiene a su disposición no son idóneos
ni eficaces para proteger los derechos que considera vulnerados o que no
dispone de ningún otro mecanismo de defensa judicial.[178]
Por su parte, para que la
acción de tutela proceda como un mecanismo transitorio deben existir otros
medios de protección judicial idóneos y eficaces para evitar un perjuicio
irremediable, los cuales se puedan ver desplazados por el recurso de amparo.[179]
En el caso concreto, y al
encontrar que no se cuenta con un medio idóneo y tampoco efectivo para evitar
que los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad en la
Estación de Policía de Norte de Bucaramanga se sigan vulnerando, la acción de
tutela procede como mecanismo principal y definitivo.
2.6.3. La privación de la libertad en las salas
de retenidos de la Policía Nacional no puede sobrepasar las 36 horas.
Las salas de retenidos de la
Policía Nacional son establecimientos de reclusión según los artículos 20 y 21
de la Ley 65 de 1993, modificados por los artículos 11 y 12 de la Ley 1709 de
2014. De conformidad a estas disposiciones las cárceles y pabellones de
detención preventiva son establecimientos con un régimen de reclusión cerrado “Estos
establecimientos están dirigidos exclusivamente a la atención de personas en
detención preventiva en los términos del artículo 17 de la Ley 65 de 1993, los
cuales están a cargo de las entidades territoriales.”.
En las salas de retenidos de la
Policía Nacional y de los demás organismos de seguridad no pueden permanecer
retenidas las personas por más de 36 horas. Sobre este tema, el artículo 21 de
la Ley 1709 de 2014 que adiciona el artículo 28A a la Ley 65 de 1993, indica
que la detención en Unidad de Reacción Inmediata (URI) o unidad similar (salas
de retenidos) no podrá superar las treinta y seis (36) horas. Por su parte, el
artículo 28 de la Carta Política determina en su inciso segundo que “La
persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente
dentro de las treinta y seis horas siguientes, para que éste adopte la decisión
correspondiente en el término que establezca la ley.”.
Por su parte, la Corte
Constitucional en la Sentencia T – 847 de 2000[180], refiriéndose a las
salas de retenidos de la policía manifestó:
“En sus salas de retenidos sólo
deben permanecer las personas hasta por un máximo de treinta y seis (36) horas,
mientras son puestas nuevamente en libertad o se ponen a disposición de la
autoridad judicial competente. Así, esas dependencias no cuentan con las
facilidades requeridas para atender a las condiciones mínimas de vida que deben
garantizarse en las cárceles: alimentación, visitas, sanidad, seguridad interna
para los detenidos con distintas calidades, etc.; como las personas no deben
permanecer en esas salas de retenidos por lapsos mayores al mencionado, la
precaria dotación de las Estaciones de Policía y sedes de los otros organismos
de seguridad, no representan un peligro grave para los derechos fundamentales
de quienes son llevados allí de manera eminentemente transitoria; pero si la
estadía de esas personas se prolonga por semanas, meses y años, el Estado que
debe garantizarles unas condiciones dignas, necesariamente faltará a tal deber,
y el juez de amparo que verifique tal irregularidad debe otorgar la tutela y
ordenar lo que proceda para ponerle fin.”
En esos lugares no se pueden
mezclar a los privados de la libertad que tienen distintas calidades, es decir,
no puede retenerse en una misma celda o en las mismas condiciones a un
sindicado y a un condenado, pues ello quebrantaría abiertamente la presunción
de inocencia del sindicado o detenido preventivamente. En la Sentencia T – 153
de 1998[181],
la Corte Constitucional al respecto manifestó que:
“el derecho a la presunción de
inocencia se quebranta en la medida en que se mezcla a los sindicados con los
condenados y en que no se establecen condiciones especiales, más benévolas,
para la reclusión de los primeros”.
La Constitución Política de
Colombia en su artículo 12 prohíbe que cualquier persona sea sometida a tratos
crueles e inhumanos, prohibición que se vulnera por las condiciones de
reclusión en las que se encuentran las personas privadas de su libertad en la
Estación Policía Norte de Bucaramanga.
Al respecto, esta Corte ha
señalado que “nuestra constitución prohíbe expresamente en su artículo 12 el
sometimiento de cualquier persona a tortura y tratos crueles, inhumanos o
degradantes. Esto es así, porque el respeto por la dignidad humana es el
principio sobre el cual se basa todo nuestro ordenamiento jurídico, que además,
garantiza la protección a la integridad de todas las personas.”[182]
En el mismo sentido, se ha
indicado que la prohibición de someter a las personas a tratos crueles e
inhumanos también está consagrada en los siguientes instrumentos
internacionales[183]:
la Declaración Universal de Derechos Humanos[184], el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos[185],
la Convención Americana de Derechos humanos[186], y  así como en la
Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y  otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Convención Interamericana para prevenir y
sancionar la Tortura.[187]
Estos mecanismos
internacionales estipulan que la prohibición de tratos crueles e inhumanos no
permite excepción alguna[188]
por lo cual se “ha llevado a la comunidad internacional a reconocer que se
trata de una norma de ius cogens, es decir, de un mandato imperativo de derecho
internacional que no admite acuerdo en contrario, excepciones ni derogaciones
por parte de los Estados, quienes están en el deber inaplazable e ineludible de
dar cumplimiento a sus obligaciones en la materia[189].”[190]
Igualmente,
se ha señalado que la Comisión Interamericana en el caso Luís Lizardo Cabrera,
al referirse a la Comisión Europea de Derechos Humanos manifestó[191]: "trato
inhumano es aquel que deliberadamente causa un severo sufrimiento mental o
psicológico, el cual, dada la situación particular, es injustificable" y
que "el tratamiento o castigo de un individuo puede ser degradante si se
le humilla severamente ante otros o se lo compele a actuar contra sus deseos o
su conciencia"[192].
Así mismo,
esta Corporación ha manifestado que la Corte y la Comisión Europea de Derechos
Humanos han estipulado dos principios para interpretar la prohibición de la
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes[193]: “(i) el nivel mínimo de gravedad y (ii)
la apreciación relativa de ese mínimo. Según el primero para que un trato pueda
ser considerado inhumano o degradante debe sobrepasar un determinado grado de
severidad, y ese umbral permite también distinguir entre tortura y tratos
crueles inhumanos o degradantes.”[194]
Al respecto, la Corte
Constitucional en Sentencia T-1030 de 2003[195] decidió una acción de
tutela referente a la situación de los internos del Patio de Máxima Seguridad
de Cómbita – Boyacá que habían denunciado que el día en el que llegaban a ese
pabellón eran rapados en sus cabezas y sindicados y condenados eran obligados a
utilizar el mismo uniforme que no era conveniente para el clima del
Establecimiento debido al clima ya que era de manga corta.[196] En esa ocasión la Corte
indicó que dicho corte de cabello era un trato cruel y degradante al afectar de
manera desproporcionada los derechos a la dignidad humana y a la identidad
personal de las personas recluidas, condiciones que se agravaban por la baja
temperatura del lugar.[197]
En otra oportunidad, esta Corte
mediante la Sentencia T-648 de 2005[198]
se pronunció sobre el caso de un recluso del Complejo Penitenciario y
Carcelario de Mediana Seguridad de Combita que había sufrido de aislamiento
durante 6 meses seguidos como una medida de seguridad preventiva por haber
participado en una riña. Al realizarse una visita al lugar de reclusión se pudo
evidenciar que la celda en donde fue aislado estaba en peores condiciones que
las de los otros reclusos y que estuvo también incomunicado de su familia y del
mundo exterior.[199]
De
conformidad con lo anterior, se reitera que la prohibición de tortura y otros
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, implica para el Estado
responsabilidades de prevención, investigación y garantías de no repetición
frente a las víctimas.[200]
Por lo tanto el Estado no puede permitir que estas conductas se adelanten en
ninguna parte del territorio nacional, menos aún en centros de reclusión en
donde su vigilancia y responsabilidad son mayores.
En el caso puesto a consideración
de la Corte, se pone de presente que en la Estación de Policía Norte de
Bucaramanga actualmente el número de personas retenidas es de 143, entre las
cuales se encuentran condenados por delitos o detenidos con medida preventiva
intramural o domiciliaria.
Lo anterior, sin perjuicio de
los internos que pudieran haber ingresado durante el trámite de esta acción,
tras la etapa probatoria. En suma, se concluye que en las salas de retención
transitoria de esta estación se mezclan detenidos que ostentan distintas
calidades procesales, por lo que se vulneran los derechos de a no ser sometidos
a tratos crueles e inhumanos y a la presunción de inocencia de aquellos que no
estando condenados por delitos tras sentencia ejecutoriada, comparten las
mismas condiciones de privación de la libertad que los que sí tienen esas
calidades.
2.6.4. Las personas privadas de la libertad en la
Estación de Policía Norte de Bucaramanga cuya custodia esté en titularidad del
INPEC deben ser trasladadas a Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios.
Las personas privadas de la
libertad que se encuentran retenidas en la Estación de Policía Norte de
Bucaramanga, que excedan la capacidad de las tres salas de retención
transitorias que allí funcionan y, además, cuya custodia este a cargo del INPEC
deberán ser trasladadas a Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios del
municipio de Bucaramanga, del Departamento de Santander o de los municipios
ubicados en departamentos aledaños, en aras de proteger sus derechos
fundamentales a la dignidad humana, a la integridad personal, a la salud, a la
familia y a la salubridad de las personas que se encuentran privadas de la
libertad en ese lugar, pues tales garantías se encuentran vulneradas y
altamente amenazadas, como se verá más adelante.
No desconoce este Alto Tribunal
el actual hacinamiento que se vive en los Establecimientos Penitenciarios y
Carcelarios del país, pues es una realidad que afecta cada vez más y en mayor
medida las garantías constitucionales de la población carcelaria. No obstante,
y como ya lo dijera esta Corporación en la Sentencia T–1077 de 2001[201], la crisis carcelaria
no se erige como una excepción a la protección de las garantías ius
fundamentales de los sindicados y condenados, máxime cuando es tan evidente
la vulneración, como en el caso que nos ocupa,  donde por un lado decenas de
reclusos deben permanecer en un parqueadero totalmente ajeno a lo que debería
ser una sala de retención que dignifique la humanidad de los reos, y por el
otro, donde casi 70 internos deben compartir tres celdas con una capacidad de
cinco (5) personas cada una.
Ahora, tratándose del traslado
de internos, el Código Penitenciario y Carcelario dispone en su artículo 73 que
la entidad facultada para dicha labor es la Dirección del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario por decisión propia, motivada o por solicitud
formulada ante ella. En ese sentido, encuentra esta Corporación que dentro de
las causales de traslado establecidas en el artículo 75 de la Ley 65 de 1993[202] y que aplican al
presente caso, se encuentran: (i) el estado de salud de los internos; (ii)
la falta de elementos adecuados para el tratamiento médico; (iii)
motivos de orden interno del establecimiento, tal como ha señalado el Defensor
Delegado para la Política Criminal y Penitenciaria, donde se informa sobre un
motín auspiciado por los internos de la Estación de Policía Norte de Santander,
el veinticuatro (24) de febrero de dos mil (2016), los cuales en protesta al
hacinamiento que padecen, prendieron fuego a varias de sus colchonetas e
intentaron fugarse; (iv) cuando sea necesario para descongestionar el
establecimiento, en este punto la sobrepoblación de la estación es más que
evidente pues cuenta con tres celdas capacitadas físicamente para cinco (5)
personas, y en la actualidad se tiene noticia de 143 retenidos en ese lugar; (v)
y cuando sea necesario por razones de seguridad de los internos.
La necesidad del traslado de
los internos de la Estación de Policía Norte de Bucaramanga es contingente,
pues el hacinamiento que allí se padece además de afectar directamente los
derechos fundamentales de los privados de la libertad, va en contravía directa
de la función de la pena y su finalidad intrínseca.
En ese sentido, el artículo 9º
de la Ley 65 de 1993, no por nada estableció que “La pena tiene función
protectora y preventiva, pero su fin fundamental es la resocialización”. Es
por ello que en honor a esa finalidad resocializadora es menester trasladar a
los internos de la estación de policía, pues no hacerlo devendría en una
restricción exagerada de los derechos del condenado y en una visión meramente
retributiva del derecho penal. Ahora, si bien es cierto que la privación de la
libertad se da como consecuencia de la comisión de conductas punibles, dentro
de la potestad otorgada al Estado para restringir derechos como la libertad,
tal limitación no implica la vulneración o restricción de otras garantías
fundamentales como la dignidad, humana o el derecho a la salud, máxime si se
tiene en consideración el especial estado de sujeción que los detenidos tienen
frente al Estado.
En este momento, es importante
traer a colación lo decidido por la Corte Constitucional en un caso muy similar
al aquí planteado, en donde al evidenciar el grado de hacinamiento en las
estaciones de policía de Bogotá y otras instituciones de seguridad, ordenó:
“(…) al Ministerio de Justicia
y del Derecho y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario que,  si aún no lo han hecho,
en un término razonable que en ningún caso puede superar los diez (10) días
contados a partir de la notificación de esta providencia, procedan a trasladar a las
personas sindicadas y condenadas que se encuentren en las salas de retenidos de
las Estaciones de Policía de Santafé de Bogotá, el DAS, la DIJIN, la SIJIN, y
el CTI, a los centros carcelarios en los que, de acuerdo con la Constitución y
la ley, deben permanecer hasta que la autoridad judicial competente ordene
ponerlas en libertad.”[203]
Como consecuencia de lo ya
expuesto, esta Corporación ordenará a la Dirección del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario que, proceda a trasladar las personas privadas de la
libertad de la Estación de Policía Norte de Bucaramanga, cuya custodia esté en
titularidad del INPEC, a Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios del
Municipio de Bucaramanga, del Departamento de Santander o de los municipios
ubicados en departamentos aledaños, para lo cual deberá tener en cuenta las
reglas de equilibrio y equilibrio decreciente señaladas en la sentencia T- 388
de 2013[204].
En
este sentido, tal como exige esa sentencia, en el caso de que alguno de los
establecimientos esté en una situación de hacinamiento     “sólo se podrá
autorizar el ingreso de personas al centro de reclusión si y sólo sí  (i)
el número de personas que ingresan es igual o menor al número de personas que
salgan del establecimiento de reclusión, durante la semana anterior, por la
razón que sea (por ejemplo, a causa de un traslado o por obtener la libertad),
y  (ii) el número de personas del establecimiento ha ido disminuyendo
constantemente, de acuerdo con las expectativas y las proyecciones esperadas”[205].
2.6.5. La prisión domiciliaria concedida a las
personas condenadas o detenidas con medida preventiva en la Estación de Policía
Norte de Bucaramanga deberá hacerse efectiva.
La detención domiciliaria se
enmarca dentro de las instituciones jurídicas penales que ofrecen alternativas
a las penas privativas de la libertad que se cumplen en un centro de reclusión,
las cuales permiten sancionar al delincuente por su acto, pero a la vez evitan
los problemas y defectos de las sanciones tradicionales, en especial para
lograr la función de resocialización de la pena[206].
Esta medida responde a las
exigencias de resocialización, puesto que para muchas de las personas objeto de
esta medida, la permanencia en un centro de reclusión, puede en lugar de ayudar
a este propósito, generar el efecto contrario[207]. En este sentido,
cumplir la condena junto a los suyos es un ambiente más propicio para
reintegrar a la persona condenada al seno de la sociedad[208]. El Estado a través de
los institutos penitenciarios y carcelarios, deberá garantizar las mejores
condiciones de salud para las personas que se encuentren bajo la medida de
prisión domiciliaria por razón de enfermedad grave ocurrida durante su
reclusión. Igualmente, se comprometerá a realizar un esfuerzo mancomunado junto
a la familia del recluso y la sociedad para contribuir a la atención en salud
de estas personas, buscando lograr su recuperación total o la preservación de
condiciones de vida dignas[209].
Según informó el Defensor del
Pueblo a través del Defensor Delegado para la Política Criminal, algunos de los
reclusos de la Estación de Policía Norte de Bucaramanga gozan del beneficio de
la detención domiciliaria, pero no han podido acceder al mismo por algún error
en la nomenclatura urbana, por cambio de dirección de residencia o por falta de
cédula.
Esta situación es una de las
principales causales de hacinamiento carcelario en todo el país, pues los reos
a los que les fue concedida la prisión domiciliaria por el juez de conocimiento
no pueden acceder a la misma por algún error en las direcciones o requisitos
mínimos de formalidad.  Es por ello, que la Corte en este caso concreto y para
hacer menos gravoso el hacinamiento carcelario, ordenará a la Procuraduría
General de la Nación que como Ministerio Público dentro de las actuaciones
penales que se surten en contra de las personas privadas de la libertad en la
Estación de Policía Norte de Bucaramanga que solicite el cumplimiento de las
órdenes de detención domiciliaria respectivas a la mayor brevedad posible y sin
ningún tipo de dilación injustificada, teniendo en cuenta el principio de
prevalencia del derecho sustancial.
Adicionalmente, la Defensoría
del Pueblo realizará un estudio de si las demás personas privadas de la
libertad en la Estación de Policía también cumplen con los requisitos para que
se les otorgue un subrogado penal como la detención domiciliaria, la vigilancia
electrónica o la libertar provisional y en ese evento les prestará apoyo para
poder solicitarlo.
2.6.6. La violación de los derechos a la dignidad
humana, a la integridad  personal, a la salud, a la familia y a la salubridad
de las personas que se encuentran privadas de la libertad en la estación de
Policía del Norte de Bucaramanga.
En el presente proceso se
encuentra demostrada una situación insostenible de hacinamiento de las personas
que se encuentran privadas de la libertad en la Estación de Policía del Norte
de Bucaramanga.
En este sentido, el propio
Comandante de la Estación de Policía Norte de esa ciudad, informó que el número
de personas retenidas en la Estación de Policía Norte de Bucaramanga, en la
actualidad corresponde a 143 reclusos, de los cuales ninguno ostenta la calidad
de detenido contravencionalmente, sino que se trata de detenciones preventivas
o en virtud de sentencias condenatorias ejecutoriadas, quienes se encuentran en
solo tres (3) celdas con las que cuenta la estación que tienen capacidad para
cinco (5) personas por celda, se encuentran hacinadas veintidós (22) personas
en cada una, dentro de un espacio que no supera los 3m x 5m.
Adicionalmente, se presentan
graves afectaciones a derechos fundamentales de los internos que han sido
corroborados por la Defensoría del Pueblo: (i) cada una de las celdas
cuenta con un (1) baño, el cual es utilizado para dormir por parte de algunas
personas; (ii) más de la mitad de los detenidos duermen en el piso; (iii)
las visitas de los familiares se reducen a 15 minutos, únicamente los días
miércoles; (iv) se perciben malos olores, desaseo y permanencia de
zancudos; (v) la comida no es buena, no pueden tener visitas conyugales
y hay algunos condenados que llevan más de diez (10) meses, sin que se les
traslade a la penitenciaria que corresponda; (vi) según comenta un
agente de la policía, hay dos (2) personas con VIH y no cuentan ni siquiera con
un botiquín; y (vii) por las deficientes condiciones de salubridad, el
03 de abril de 2015, el joven Milton Suárez, se cortó el brazo izquierdo con el
propósito de obtener la atención en salud, pues según refiere tiene una
infección pulmonar y no había sido atendido por médico alguno. En igual
sentido, otro joven se autolesionó en la parte derecha del cuello, sin
evidenciar ninguna curación.
Sobre estas condiciones la
Defensoría del Pueblo presentó fotografías digitales tomadas en la Estación de
Policía Norte de Bucaramanga a través de las cuales se demuestra el alto nivel
de hacinamiento que viven las personas recluidas en la estación, pues se puede
apreciar que en tres (03) celdas de pequeñas dimensiones se aglutinan varias
personas que incluso deben usar hamacas para poder descansar, pues el espacio
físico es insuficiente para todos ellos. Adicionalmente se evidencia que el
parqueadero de la estación ha sido adecuado rústicamente para mantener a más de
cien (100) detenidos que soportan las incomodidades propias de un espacio no
diseñado para la estadía de seres humanos, sin contar con los elementos básicos
de salubridad requeridos para su reclusión.
Esta situación ha afectado
claramente la dignidad humana de retenidos en la Estación de Policía Norte de
Bucaramanga y además afecta otros de sus derechos fundamentales, pues no
cuentan con una atención adecuada de su salud, no se les permite tener un
contacto suficiente con sus familias y además viven en unas condiciones de
salubridad inhumanas teniendo incluso que dormir en baños.
Al respecto cabe destacar que
las personas privadas de la libertad no deben estar recluidas en estaciones de
policía, pues éstas no tienen las condiciones suficientes para alojar personas
durante espacios prolongados de tiempo, tal como ha  señalado la Corte
Interamericana de Derechos Humanos:
“48. Por su parte, el Comité
contra la Tortura, el Subcomité contra la Tortura y el Relator Especial sobre
la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, han dado
cuenta de otros problemas relacionados con el trato que se le da a las personas
detenidas en espera de juicio, como su reclusión en comisarías o estaciones de
policía por periodos prolongados; la falta de separación entre estas y aquellas
condenadas; y la relación causal que existe entre el uso no excepcional de la
prisión preventiva y el hacinamiento”.
Esta situación es afectada por
un efecto cascada, pues cuando los establecimientos penitenciarios y
carcelarios se colman no aceptan más internos y con ello los lugares en los
cuales las personas solamente podrían recibir personas privadas de la libertad
de manera temporal no pueden trasladarlos a sitios que tienen la
infraestructura necesaria para alojarlos:
“256. Esta situación se agrava
aún más en contextos penitenciarios caracterizados por el hacinamiento y la
falta de estructuras y recursos adecuados para su correcto funcionamiento.
Estos factores provocan además una especie de efecto de cascada en el que la
saturación de los establecimientos penitenciarios, incluyendo los centros de
detención provisional, lleva a las autoridades a alojar a personas procesadas
en comisarías, estaciones de policía y otros centros de detención
transitoria353, que no están diseñados para estos fines y cuyo personal no está
capacitado para ejercer esas funciones354. Todo lo cual ha conducido a que en
algunos países se produzcan situaciones realmente graves derivadas de la
saturación de estos establecimientos. 257. Sobre este particular, la CIDH ha
establecido que “deben adoptarse las medidas legislativas y las reformas
estructurales necesarias para que la detención en sede policial sea utilizada
en la menor medida posible, sólo hasta que una autoridad judicial determine la
situación de la persona arrestada”.
Por lo anterior, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos ha recomendado eliminar el mantenimiento de
detenidos en estaciones de policía y trasladarlos a establecimientos
penitenciarios y/o carcelarios:
“Erradicar la práctica de
mantener a personas detenidas bajo prisión preventiva en comisarías, postas
policiales o estaciones de policía. Y trasladar a estas personas a centros
penales en espera de juicio, donde deberán permanecer separadas de las personas
condenadas. A estos efectos, los Estados miembros de la OEA deberán adoptar las
medidas necesarias para poder alojar a los detenidos en condiciones compatibles
con la dignidad de las personas. De lo contrario, de no ser capaces de
garantizar condiciones compatibles con la dignidad humana de las personas
procesadas, deberá disponerse la aplicación de otra medida cautelar distinta a
la prisión preventiva o disponerse su libertad durante el juicio”.
Por lo anterior, se concederá
la tutela de la dignidad humana y los derechos a la integridad personal, a la
salud, a la familia y a la salubridad de las personas que se encuentran
privadas de la libertad en la Estación de Policía Norte de Bucaramanga.
2.6.7.
Afectación
del derecho a la salud.
Como lo ha evidenciado la
Defensoría del Pueblo en la Estación de Policía del Norte de Bucaramanga se
presenta una grave crisis de salubridad que afecta la salud y pone en peligro
la propia vida de las personas privadas de la libertad en ese lugar.
Al respecto, debe tenerse en
cuenta que mediante Resolución No. 002390 de diez (10) de mayo de dos mil
dieciséis (2016), el Director del INPEC declaró el Estado de Emergencia
Penitenciaria y Carcelaria en todos los establecimientos de reclusión del orden
nacional del INPEC a partir del seis (06) de mayo de dos mil dieciséis (2016)
hasta el treinta y uno (31) de diciembre del mismo año. Tal determinación se
adoptó debido a que en la reunión del Consejo Directivo de dicha entidad
efectuada el día 5 de mayo el Director expuso circunstancias que afectan el
buen funcionamiento del Sistema Penitenciario y Carcelario las cuales no pueden
solucionarse de acuerdo al procedimiento contemplado en condiciones de
normalidad.
Igualmente, tal declaración de
emergencia se fundamentó en las graves situaciones de atención en salud y de carácter
sanitario que afectan a la población recluida, adicionalmente se expuso que el
Consorcio Fiduciario Fiduprevisora S.A. “no ha contratado los profesionales
requeridos en los 136 establecimientos para la atención en salud de la PPL, ni
la totalidad de la red extramural de servicios de salud de mediana y alta
complejidad” por lo que no han podido cumplir con el modelo de atención en
salud, no se les ha prestado la atención médica necesaria a los internos
diagnosticados con VIH, y tampoco cuentan con los programas suficientes para
atender pacientes que tengan patologías como cáncer, insuficiencia renal
crónica, diabetes, hipertensión y enfermedades mentales.
En el mismo sentido se
manifestó que existe un gran número de internos con enfermedades crónicas no
trasmisibles sin recibir tratamiento farmacológico, lo cual genera que su
estado de salud se vea alterado, expuso que se han incumplido las órdenes
judiciales para valoraciones psiquiátricas y prisión hospitalaria por que la
Fiduprevisora S.A. no ha expedido las autorizaciones respectivas. Por último
indicó que los establecimientos de reclusión no cuentan con los suficientes “medicamentos,
insumos médicos y recolección de desechos hospitalarios” lo cual ocasiona
problemas de salubridad y seguridad dentro y fuera de tales instalaciones.
Cabe recordar que esta
Corporación ha señalado que la manera en que se debe prestar el servicio
público de salud a las personas privadas de la libertad se encuentra consagrada
en la Ley 65 de 1993, la Ley 1122 de 2007[210] y el Decreto 1141 de
2009[211]
los cuales reúnen de manera interna lo señalado en materia de salud por
instrumentos internacionales como las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos aprobado por el
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas[212]
y los Principios y
Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de la Libertad
en las Américas en el 2008 aprobada por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos.[213]
Igualmente, el Decreto 2245 de
2015 “por el cual se adiciona un capítulo al Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, en lo relacionado con la
prestación de los servicios de salud a las personas privadas de la libertad
bajo la custodia y vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
(Inpec)” creó el Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas
de la Libertad como una cuenta especial de la Nación sin personería jurídica y
con independencia contable, patrimonial y estadística y determinó que los
recursos “serán manejados
por la entidad fiduciaria estatal o de economía mixta, en la cual el Estado
tenga más del 90% del capital, contratada por la Unidad Nacional de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios, (Uspec).”[214]
En dicho Decreto, se estableció
que luego de la deliberación y decisión del Consejo Directivo del Fondo
Nacional de las Personas Privadas de la Libertad, la USPEC como secretaria
técnica de dicho Consejo deberá remitir a la entidad fiduciaria que administre
los recursos del Fondo la solicitud de las necesidades de contratación la cual
contratará y pagará los servicios que se autoricen.[215]
De igual manera, se consignaron
las siguientes funciones de la USPEC frente a la prestación de servicios de
salud de la población privada de la libertad:
“1. Analizar y actualizar la situación de
salud de la población privada de la libertad a
partir de la información suministrada por
los prestadores de los servicios de salud, por conducto del Sistema de
Información de Sistematización Integral del Sistema Penitenciario y Carcelario
(Sisipec).
2. Analizar el efecto de los determinantes
sociales en la situación de salud de la población reclusa con fundamento en la
información suministrada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
(Inpec).
3. Realizar la medición cuantitativa de
riesgos, identificando los diferenciales poblacionales para la planeación de la
atención y su modificación.
4. Contratar la entidad fiduciaria con
cargo a los recursos del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la
Libertad y establecer las condiciones para que dicha entidad contrate la
prestación integral y oportuna de los servicios de salud para la población
privada de la libertad, de acuerdo con las decisiones del Consejo Directivo del
Fondo, así como con el Modelo de Atención en Servicios de Salud establecido y
teniendo en consideración los respectivos manuales técnicos administrativos
para la prestación de servicios de salud que se adopten.
5. Contratar las actividades de
supervisión e interventoría sobre el contrato de fiducia mercantil que se
suscriba, con los recursos del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas
de la Libertad de acuerdo a lo previsto en el numeral 6 del artículo 2.2.1.11.2.3
del presente capítulo.
6. Elaborar un esquema de auditoría para
el control, seguimiento, monitoreo y uso racional de los servicios de salud por
parte de los prestadores, y contratar dicha auditoría, sin perjuicio del
control fiscal a cargo de la Contraloría General de la República, de ser
procedente.
7. Garantizar la construcción,
mantenimiento y adecuación de la infraestructura destinada a la atención en
salud de las personas privadas de la libertad dentro de los establecimientos de
reclusión del orden nacional.
8. Implementar el Modelo de Atención en
Salud para la Población Privada de la Libertad, en coordinación con el
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Para la implementación
del Modelo se elaborarán los manuales técnicos administrativos que se
requieran.
9. Coadyuvar la implementación de los
lineamientos que en materia de salud pública expida el Ministerio de Salud y
Protección Social en coordinación con las autoridades territoriales de salud.
10. Reportar al Ministerio de Salud y
Protección Social la información correspondiente a la atención en salud de la
población privada de la libertad, de acuerdo con los lineamientos establecidos
en la normatividad vigente y previo acuerdo de articulación de información con
el Sistema de Información del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
(Inpec).
11. Las demás que sean necesarias para la
prestación de los servicios de salud a la población privada de la libertad.
Parágrafo. Además de lo dispuesto en el
presente artículo, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec)
podrá brindar acompañamiento técnico a las entidades territoriales.”[216]
El Decreto estableció que en
materia de salud de personas privadas de la libertad le corresponden las
siguientes al INPEC:
“1. Mantener y actualizar el Sistema de
Información de Sistematización Integral del Sistema Penitenciario y
Carcelario (Sisipec) en relación con la información referida a la población
privada de la Libertad, la información de interés en salud pública y toda
aquella que sea necesaria para la adecuada prestación y control de los
servicios de salud.
2. Garantizar la articulación e
interoperabilidad entre el Sistema de Información de Sistematización Integral
del Sistema Penitenciario y Carcelario (Sisipec) y los sistemas de información
de los prestadores de servicios de salud y los de la Uspec.
3. Garantizar las condiciones y medios
para el traslado de personas privadas de la libertad a la prestación de servicios
de salud, tanto al interior de los establecimientos de reclusión como cuando se
requiera atención extramural, de conformidad con los artículos 2.2.1.11.4.2.3 y
2.2.1.11.4.2.4 del presente capítulo, y apoyar las actividades de referencia y
contrarreferencia.
4. Reportar al Ministerio de Salud y
Protección Social y a la entidad fiduciaria la información de las personas bajo
su vigilancia y custodia en los términos y condiciones requeridos.
5. Expedir, en coordinación con la Unidad
de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), los Manuales Técnicos
Administrativos para la prestación de servicios de salud que se requieran
conforme a las particularidades diferenciales de cada establecimiento de
reclusión, acorde con el Modelo de Atención en Salud para la Población Privada
de la Libertad que se establezca.
6. Las demás que sean necesarias para la
prestación de los servicios de salud de la población privada de la libertad.”[217]
Por último se debe reiterar lo
que esta Corporación ha expresado en su jurisprudencia y es que el derecho a la
salud de las personas que se encuentren privadas de la libertad no pierde la
calidad de fundamental por lo que debe protegerse con igual efectividad que de
aquellos que no hacen parte de esta población[218], por lo tanto “la
obligación de garantía por parte del Estado se refuerza, aún más sobre la base
de la relación de sujeción que en estos eventos se configura”[219].
Por otro lado, en este caso
deberá atenderse a lo establecido en el Código Penitenciario y Carcelario (artículo
104 de la Ley 65 de 1993[220]),
el cual establece que en cada establecimiento de reclusión, como la Estación de
Policía Norte de Bucaramanga, se garantizará la existencia de una Unidad de
Atención Primaria y de Atención Inicial de Urgencias en Salud Penitenciaria y
Carcelaria. Además, establece la norma que “las personas privadas de la
libertad tendrán acceso a todos los servicios del sistema general de salud de
conformidad con lo establecido en la ley sin discriminación por su condición
jurídica. Se garantizarán la prevención, diagnóstico temprano y tratamiento
adecuado de todas las patologías físicos o mentales”. De esta amanera, se
concluye que el cumplimiento de la obligación de prestar atención en salud
recae sobre el INPEC y la USPEC.
En el mismo sentido, el artículo 105 de la Ley 65 de 1993
determina que “El Ministerio de Salud y Protección Social y la Unidad de
Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) deberán diseñar un modelo de atención
en salud especial, integral, diferenciado y con perspectiva de género para la
población privada de la libertad, incluida la que se encuentra en prisión
domiciliaria, financiado con recursos del Presupuesto General de la Nación.
Este modelo tendrá como mínimo una atención intramural, extramural y una
política de atención primaria en salud.
La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec)
será la responsable de la adecuación de la infraestructura de las Unidades de
Atención Primaria y de Atención Inicial de Urgencias en cada uno de los
establecimientos Penitenciarios y Carcelarios en los cuales se prestará la
atención intramural, conforme a los que establezca el modelo de atención en
salud del que trata el presente artículo.” De lo anterior se deduce que el servicio
de salud de las personas que estén bajo la custodia del INPEC, corresponde
garantizarlo a la USPEC con cargo a fondos del presupuesto nacional.
Esta Corporación ha indicado que la solidaridad es un valor
constitucional que tiene una triple dimensión como fundamento de la
organización política[221]:
“(i) como una pauta
de comportamiento conforme a la cual deben obrar las personas en determinadas
ocasiones; (ii) como un criterio de interpretación en el análisis de las
acciones u omisiones de los particulares que vulneren o amenacen los derechos
fundamentales; (iii) como un límite a los derechos propios.”[222]
En cuanto al
principio de solidaridad se debe aclarar en primer lugar que la jurisprudencia
de esta Corte ha señalado que el Estado Colombiano no tiene un modelo ético
privilegiado y que se está abierto a todas las posibilidades éticas,
condicionadas que tales manifestaciones sean compatibles con el desarrollo y
existencia de los derechos fundamentales.[223]
En este sentido,
se ha indicado que el Constituyente de 1991 erigió al principio de solidaridad
como un elemento esencial del Estado Social de Derecho mediante el artículo 1°
de la Carta Política[224], y que además se
constituye como un deber que tiene tanto el Estado como todos los habitantes
del territorio nacional[225]. Por parte del Estado,
este principio es “inherente a su existencia y cualificación en la esfera de
cumplimiento de sus fines esenciales, al paso que en cabeza de los particulares
el deber de solidaridad es exigible en los términos de ley.”[226]
La Corte
Constitucional también ha señalado que este principio se refleja en algunas
obligaciones que le son exigidas a los componentes de la sociedad, con el fin
de obtener los fines esenciales de la organización política que contempla el
artículo 2° de la Constitución.[227]
En cuanto a tal principio como
fundamento de la organización política se ha indicado que conlleva obligaciones
para el Estado puesto que este principio se traduce en la exigencia dirigida
especialmente al Estado, de intervenir a favor de los más desaventajados de la
sociedad cuando éstos no pueden ayudarse por sí mismos.[228]
Igualmente, se ha señalado
que el deber de solidaridad del Estado es consecuencia de una derivación de su
carácter social y de tener como principio fundante a la dignidad humana.[229]
De tal manera, le
corresponde al Estado “garantizar unas condiciones mínimas de vida digna a
todas las personas, y para ello debe prestar asistencia y protección a quienes
se encuentren en circunstancias de inferioridad, bien de manera indirecta, a
través de la inversión en el gasto social, o bien de manera directa, adoptando
medidas en favor de aquellas personas que por razones económicas, físicas o
mentales, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta.”[230]
Por lo anterior, se ordenará a
la entidad territorial que de manera subsidiaria y en virtud del principio de
solidaridad garantice el acceso efectivo a todos los servicios de salud de los
detenidos en la Estación de Policía Norte de Bucaramanga:
(i)
Verificando
su estado de afiliación al Sistema de Seguridad Social en Salud y realizando
todas las gestiones pertinentes para que los mismos no queden por fuera de este
sistema.
(ii)
Además
de ello, la entidad territorial deberá, en todo caso, impulsar y garantizar la
prestación de los servicios de salud requeridos por los detenidos en la
estación de policía, en especial de aquellos que sufren especiales afecciones
de salud, como el Virus de la Inmunodeficiencia Humana –VIH-.
Por último se ordenará a
CAPRECOM E.S.P. o a la entidad que tenga un contrato con el INPEC o la USPEC
para que dentro de la semana siguiente a la comunicación de esta sentencia,
disponga brigadas de atención periódica para que realicen visitas a la estación
de Policía Norte de Bucaramanga y presten la atención en salud requerida por
los detenidos.
2.6.8. Exhorto al Consejo Superior de Política
Criminal para que adopte las medidas necesarias para que las medidas de aseguramiento
sean la excepción en el proceso penal.
La jurisprudencia
constitucional ha encontrado que la detención preventiva no desconoce la
presunción de inocencia porque no constituye una pena sino una medida temporal
de protección para la sociedad, las víctimas, el proceso  y la administración
de justicia, para lo cual debe ser excepcional y cumplir con los criterios de
necesidad, proporcionalidad y convicción sobre la probabilidad de que el procesado sea el autor
de la conducta punible investigada con fundamento en elementos de conocimiento
concretos.
Desde el punto de vista legal,
el legislador ha incumplido claramente la excepcionalidad de las medidas de
aseguramiento, pues en la actualidad el 78% de las conductas punibles
tipificadas en nuestro país permiten la imposición de una detención preventiva
al cumplir directamente con las tres (3) primeras causales contempladas en el
artículo 313 de la Ley 906 de 2004: “1. En los delitos de competencia de los
jueces penales de circuito especializados. 2. En los delitos investigables de
oficio, cuando el mínimo de la pena prevista por la ley sea o exceda de cuatro
(4) años.3. En los delitos a que se refiere el Título VIII del Libro II del
Código Penal, cuando la defraudación sobrepase la cuantía de ciento cincuenta
(150) salarios mínimos legales mensuales vigentes”. A estos eventos habría
que agregar además un importante porcentaje de los demás delitos en los cuales
se presente la causal contemplada en el numeral cuarto “Cuando la persona
haya sido capturada por conducta constitutiva de delito o contravención, dentro
del lapso de los tres años anteriores, contados a partir de la nueva captura o
imputación, siempre que no se haya producido la preclusión o absolución en el
caso precedente”, lo que ampliaría esta suma considerablemente.
En este entendido solo en un
22% de los delitos contemplados en el Código Penal no se podría aplicar en
principio una medida de aseguramiento, con lo cual, se concluye que las medidas
cautelares de carácter personal - privativas de la libertad - se aplican de
manera general frente a la mayoría de conductas punibles, lo que incumple con
la exigencia de que éstas solamente se puedan utilizar frente a delitos graves.
En
virtud de lo anterior, según cifras del INPEC, en los últimos años se ha venido
incrementando de manera progresiva el número de personas en detención
preventiva:
Adicionalmente, también se
aprecia que la proporción de sindicados ha venido aumentado respecto de los
condenados, lo cual a su vez eleva los índices de hacinamiento carcelario,
llegando a alcanzar el porcentaje de 36,27% de las personas privadas de la
libertad.
La Corte Constitucional ha
destacado en decisiones recientes el predominio de la detención preventiva y
sus nocivas consecuencias frente a los derechos humanos:
-
La Sentencia T – 388 de 2012[231] señaló
que “a pesar de las diferentes acciones, planes y políticas adoptadas por el
Gobierno Nacional para enfrentar los problemas de sobrepoblación, no ha sido
posible restaurar la normalidad de dicho sistema, principalmente por factores
como el crecimiento demográfico y criminógeno, por la congestión judicial y el
auge de la figura de la detención preventiva, entre muchas otras circunstancias
que en los últimos años han profundizado la difícil situación de los centros
penitenciarios y carcelarios del país, a las cuales ya se hizo referencias”. En
la misma providencia se afirmó de manera categórica: “El Sistema penitenciario y
carcelario colombiano afronta una emergencia, debido a los problemas que
actualmente afronta, como la sobrepoblación, la precariedad de la
infraestructura y la existencia de graves condiciones sanitarias e higiénicas
que tienen en riesgo la salud pública de la población carcelaria e impiden la
convivencia dentro de los centros carcelarios”[232].
-
La Sentencia
T – 762 de 2014[233]
manifestó que “el mencionado uso excesivo de la detención preventiva ha
generado costos, no sólo en derechos, sino también patrimoniales, debido al
alto número de demandas y condenas contra el Estado que genera del uso
desmedido de la prisión, como medida de aseguramiento”.
La Comisión Interamericana de
Derechos Humanos elaboró en el año 2013 el “Informe sobre el Uso de la
Prisión Preventiva en las Américas” en el cual señaló que el uso excesivo
de la detención preventiva es uno de los principales factores de vulneración a
los derechos humanos de las personas privadas de la libertad[234] y resaltó la grave
situación en la cual se encuentra Colombia:
“41. El uso excesivo de la
prisión preventiva ha sido también uno de los aspectos tomados en cuenta por la
CIDH en el análisis de situaciones graves de derechos humanos en la región y en
el seguimiento de recomendaciones emitidas en sus informes de país, por medio
de sus Informes Anuales (Capítulos IV y V). En ese marco, la CIDH ha dado
seguimiento a esta situación en países como Venezuela, Haití, Cuba, Ecuador,
Guatemala. Además, en el periodo mencionado el uso excesivo de la prisión
preventiva en la región ha sido un tópico abordado en numerosas ocasiones en el
contexto de audiencias temáticas celebradas por la CIDH, y ha sido una
constante observada en un importante número de peticiones individuales que se
refieren a personas privadas de libertad y/o debido proceso.
42. De igual forma, la
Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad ha puesto
particular atención a la situación de las personas detenidas preventivamente en
el curso de sus más recientes visitas de trabajo. Así por ejemplo, en Colombia
observó que del total de 113,884 personas privadas de libertad al 31 de
diciembre de 2012, el 30% serían presos sin condena; en Uruguay constató que de
una población de 9,067 reclusos a junio de 2011, el 65% estaban en calidad de
procesados; y en Argentina verificó que del total de 30,132 personas privadas
de libertad en la provincia de Buenos Aires a marzo de 2010, el 61%, no tenían
sentencia firme de acuerdo con cifras oficiales, las organizaciones de la
sociedad civil señalaban en cambio que este índice era del 70%. (…)
49. Asimismo, el Comité de
Derechos Humanos, en el contexto del examen periódico del nivel de cumplimiento
de los derechos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos (bajo el Art. 40), ha manifestado preocupación por el uso excesivo y
prolongado de la prisión preventiva, y la falta de separación entre procesados
y condenados, a lo largo de la última década, en: Paraguay (2013 y 2006), El
Salvador (2010), Colombia (2010), Argentina (2010), Panamá (2008), Costa Rica
(2007), Honduras (2006), Brasil (2005), Suriname (2004) y El Salvador (2003)”.
Como causas de esta
problemática la Comisión señala que se encuentran: “(i) el retardo o mora
judicial en los procesos; (ii) la falta de capacidad operativa de los cuerpos
policiales y de investigación; (iii) la falta de capacidad e independencia de
las defensorías públicas; (iv) la falta de independencia judicial de algunos
jueces que se pueden ver avocados por la presión mediática a imponer o no
medidas cautelares; (v) la existencia de una legislación que privilegia la
imposición de la detención preventiva por encima de otro tipo de medidas
cautelares; (vi) la inversión de la carga de la prueba, en el sentido de que le
corresponde al acusado probar que la prisión preventiva no debe ser ordenada;
(vii) la corrupción; (viii) el uso extendido de la prisión preventiva a los
delitos menores; (ix) la extrema dificultad en conseguir su revocatoria una vez
ha sido impuesta y; (x) las políticas criminales de “mano dura”.[235]
Específicamente en relación con
Colombia la Comisión encontró que existen dos (2) factores especiales que
inciden en el uso no excepcional de la prisión preventiva[236]:
(i)
Las
políticas criminales que proponen mayores niveles de encarcelamiento como
solución a los problemas de seguridad ciudadana: “La Comisión Interamericana ha
observado que en la mayoría de los países de la región se ha optado por
establecer el encarcelamiento como la medida más idónea para luchar contra la
inseguridad y la delincuencia. La generalización de esta medida ha
potencializado la aplicación de la prisión preventiva, el aumento de las penas
y la ampliación del catálogo de delitos punibles con pena de prisión”.
La aplicación de este tipo de
medidas ha tenido un fuerte impacto en los sistemas penitenciarios, por lo que
con su adopción se puede ver un retroceso en el avance por la racionalización
de la detención preventiva y la tutela de las garantías procesales más esenciales.[237] Así por ejemplo, la
CIDH observó que en el caso de Colombia, desde el año 2004, con la adopción del
sistema penal acusatorio se han establecido una serie de reformas legislativas
que han producido un impacto real en el aumento de la población carcelaria,
siendo las de mayor relevancia las siguientes: 890 de 2004, 1142 de 2007 y 1453
de 2011.
(ii)
Las
amenazas a la independencia judicial: Otro de los factores que influye
directamente en que la prisión preventiva no sea aplicada de manera
excepcional, es la injerencia de terceros sobre las autoridades judiciales que
tienen la potestad de imponer la medida cautelar:  “Tales injerencias
provienen principalmente de: altos funcionarios de órganos del Estado, que
mantienen un fuerte discurso punitivo el cual en ocasiones va acompañado de
medidas específicas de presión hacia los operadores judiciales; la cúpula de
los poderes políticos; la opinión pública y los medios de comunicación”.
Para superar esta problemática
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó las siguientes
recomendaciones[238]:
(i)
Sugerencias
de carácter general relativas a políticas en virtud de las cuales los Estados
deben adoptar las medidas para corregir la excesiva aplicación de la prisión
preventiva, garantizando que esta medida sea de carácter excepcional y se
encuentre limitada por los principios de legalidad, presunción de inocencia,
necesidad y proporcionalidad; evitando así su uso arbitrario, innecesario y
desproporcionado.
(ii)
La
aplicación de otras medidas cautelares distintas de la prisión preventiva.
(iii)
La
adopción de medidas necesarias para garantizar que la prisión preventiva sea
aplicada como una medida excepcional, justificada sólo cuando se cumplan los
parámetros legales aplicables en cada caso individual, los cuales deberán estar
de acuerdo con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
(iv)
Establecer
sistemas eficaces para garantizar que las personas acusadas sean separadas de
aquellas que han sido condenadas.
(v)
Garantizar
el derecho a la defensa de las personas cuando se pida que se aplique en su
contra una medida de aseguramiento.
(vi)
Adoptar
las medidas legislativas, administrativas e institucionales necesarias para “garantizar
el mayor nivel posible de independencia e imparcialidad de las autoridades
judiciales encargadas de adoptar decisiones relativas a la aplicación de la
prisión preventiva, de forma tal que ejerzan sus funciones libres de cualquier
tipo de injerencia”[239].
(vii)
Consignar
los datos de las personas ingresadas a los lugares de privación de libertad en
un registro oficial, el cual será accesible a la persona privada de la
libertad, a su familia, a su representante y a las autoridades competentes.
De esta manera, como lo ha
evidenciado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la detención
preventiva en Colombia ha pasado de ser excepcional, como lo exige la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, a ser la regla general, lo que la está convirtiendo progresivamente
en un adelantamiento de la posible pena[240].
Por lo anterior, se considera
necesario EXHORTAR al Consejo Superior de Política Criminal para que tenga en cuenta las recomendaciones
formuladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el “Informe sobre el Uso de la
Prisión Preventiva en las Américas” con el
objeto de adoptar las medidas necesarias para que la detención preventiva en
los procesos penales tenga un carácter excepcional.
3.
CONCLUSIONES
3.1.
Sobre el planteamiento central de la acción de tutela
El
Defensor del Pueblo Regional de Santander, presentó acción de tutela contra la
Gobernación de Santander, la Alcaldía Municipal de Bucaramanga, el Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y la Caja de Previsión Social de
Comunicaciones (CAPRECOM) E.S.P., por la grave situación de hacinamiento que se presenta en la
Estación de Policía del Norte de Bucaramanga, evidenciando que en las tres (3)
celdas con las que cuenta la estación que tienen capacidad para cinco (5)
personas por celda, se encuentran hacinadas veintidós (22) personas en cada
una, situación que vulnera la dignidad humana, integridad personal, salud,
familia y salubridad de las personas.
De
conformidad con los hechos narrados con antelación, el problema jurídico
planteado consiste en establecer si se vulneran los derechos fundamentales a la
dignidad humana,
integridad personal, salud, familia y salubridad de las personas privadas de la
libertad, agenciadas por el accionante, en la Estación de Policía Norte de
Bucaramanga, por las condiciones aparentemente inhumanas de hacinamiento a las
que fueron expuestas, por la también aparente inactividad que presentaron el Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), la gobernación de Santander, la
Alcaldía Municipal de Bucaramanga, la Caja de Previsión Social de
Comunicaciones CAPRECOM E.S.P., y las demás entidades accionadas y vinculadas a
este trámite, frente a la situación de las víctimas.
3.2.
Sobre
la privación de la libertad en el Estado Social de Derecho
La privación de
la libertad implica afectaciones muy importantes frente a otros derechos
fundamentales, especialmente cuando se presentan situaciones de hacinamiento
que lesionan gravemente la dignidad humana:
(i)
Un costo sobre los
derechos del propio sindicado,
pues restringir la libertad de una persona implica también afectar su salud, su
integridad, limitar sus capacidades de educación, de recreación o de trabajo y
además tiene un impacto sobre su núcleo familiar y social. Adicionalmente,
este costo no solamente afecta sus derechos y su dignidad humana sino que también
lo expone a entrar en contacto con una subcultura carcelaria nociva para sus
propios valores.
(ii)
Costos económicos
derivados del valor de privar de la libertad a una persona, los cuales muchas
veces no se tienen en cuenta y hacen que entre los internos que se encuentran
privados de la libertad se tengan que distribuir recursos que tendrían que
asignarse a menos personas.
(iii)
Unos costos para la
legitimidad del propio Estado, pues si este desconoce a través de sus prisiones
impunemente la dignidad y la integridad de las personas, pierde legitimidad
ante sus ciudadanos.
Desafortunadamente
se ha experimentado en las últimas décadas un aumento sin precedentes en el
encarcelamiento, fundado en una serie de causales dentro de las cuales se destacan:
(i) el aumento progresivo de la prisión provisional respecto del
encarcelamiento sufrido en expiación de la pena; (ii) la postura punitivista de
algunos medios de comunicación;
(iii) la hiperexpansión del derecho penal; y (iv) el cambio de
las formas de la criminalidad.
Por lo anterior,
tal como ha destacado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la
privación de la libertad en un Estado Social de derechos debe ser excepcional y
debe responder a criterios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad y
durante su ejecución el Estado tiene el deber constitucional y legal de
salvaguardar las garantías de los internos, especialmente las siguientes: (i)
el derecho a la vida y la integridad personal; (ii) el derecho a
presentar peticiones; (iii) el derecho a la dignidad humana; (iv)
el derecho a la visita íntima o conyugal en condiciones dignas; (v) el
derecho a la resocialización; (vi) El debido proceso disciplinario; (vii)
el derecho a la palabra; (viii) el derecho al descanso; (ix) el
derecho a la salud; y (x) el derecho a la unidad familiar de las
personas privadas de la libertad.
3.3.
Afectación
de los derechos a la dignidad humana, integridad personal, salud, familia y salubridad
de las personas privadas de la libertad
En el
presente proceso se encuentra demostrada una situación insostenible de
hacinamiento de las personas que se encuentran privadas de la libertad en la
Estación de Policía del Norte de Bucaramanga. En este sentido, el propio
Comandante de esa Estación, informó que el número de personas retenidas en la
Estación de Policía Norte de Bucaramanga, en la actualidad corresponde a 143
reclusos, de los cuales ninguno ostenta la calidad de detenido
contravencionalmente, sino que se trata de detenciones preventivas o en virtud
de sentencias condenatorias ejecutoriadas, estas personas se encuentran en solo
tres (3) celdas con las que cuenta la estación que tienen capacidad para cinco
(5) personas por celda y se encuentran hacinadas veintidós (22) personas en
cada una, dentro de un espacio que no supera los 3m x 5m.
También
se tiene que la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia declaró
la nulidad de la acción de tutela concedida en primera instancia por la Sala
Civil del Tribunal Superior de Bucaramanga fundamentándose en una argumentación
que no corresponde por cuanto esta Corporación ha indicado que el
desconocimiento de las reglas de reparto no invalida el trámite de tutela,
situación que no debe continuar presentándose ya que se pueden afectar los
derechos fundamentales de las personas a las cuales sus asuntos lleguen a esa
instancia.
Adicionalmente, se presentan
graves afectaciones a derechos fundamentales de los internos que han sido
corroborados por la Defensoría del Pueblo:
(i)
Cada
una de las celdas cuenta con un (1) baño, el cual es utilizado para dormir por
parte de algunas personas;
(ii)
Más de
la mitad de los detenidos duermen en el piso;
(iii)
Las
visitas de los familiares se reducen a 15 minutos, únicamente los días
miércoles;
(iv)
Se
perciben malos olores, desaseo y permanencia de zancudos;
(v)
La
comida no es buena, no pueden tener visitas conyugales y hay algunos condenados
que llevan más de diez (10) meses, sin que se les traslade a la penitenciaria
que corresponda;
(vi)
Según comenta un agente de la
policía, hay dos (2) personas con VIH y no cuentan ni siquiera con un botiquín;
y
(vii)
Por las
deficientes condiciones de salubridad, el 03 de abril de 2015, el joven Milton
Suárez, se cortó el brazo izquierdo con el propósito de obtener la atención en
salud, pues según refiere tiene una infección pulmonar y no había sido atendido
por médico alguno. En igual sentido, otro joven se autolesionó en la parte
derecha del cuello, sin evidenciar curación alguna. En virtud de lo anterior,
se decidió adoptar las siguientes decisiones:
3.3.1.   REVOCAR los fallos proferidos por el
Juzgado 1º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga, el diez
(10) de julio de 2015 y, por la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de
Bucaramanga, el tres (03) de septiembre de 2015, dentro del trámite de la
acción de tutela promovida por Kadir Crisanto
Pilonieta Díaz. En su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos
fundamentales a la dignidad humana, integridad personal, salud, familia y salubridad
de las personas que se encuentran privadas de la libertad en la Estación de
Policía Norte de Bucaramanga.
3.3.2.  ORDENAR a la Alcaldía de Bucaramanga y al INPEC que
en el término de quince (15) días a partir de la notificación de la presente
providencia, celebren un convenio con el objeto de realizar la reubicación
gradual de las personas privadas de la libertad que se encuentran en la
Estación de Policía del Norte de esta ciudad en los establecimientos
penitenciarios y carcelarios que se encuentren en el Departamento de Santander.
3.3.3.  ORDENAR a la Dirección del INPEC que
en el término de tres (03) meses a partir de la notificación de la presente
providencia, proceda a trasladar a las personas privadas de la libertad de la Estación
de Policía Norte de Bucaramanga, cuya custodia esté en titularidad del INPEC, a
Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios del Municipio de Bucaramanga, del
Departamento de Santander o de los municipios ubicados en departamentos
aledaños, para lo cual deberá tener en cuenta las reglas de equilibrio y
equilibrio decreciente señaladas en la sentencia T-388 de 2013.
3.3.4.  ORDENAR a la Procuraduría General de
la Nación que como Ministerio Público dentro de las actuaciones penales que se
surten en contra de las personas privadas de la libertad en la Estación de
Policía Norte de Bucaramanga solicite el cumplimiento de las órdenes de
detención domiciliaria respectivas.
3.4.
Afectación
especial a la salud de los internos
Como lo ha
evidenciado la Defensoría del Pueblo en la Estación de Policía del Norte de
Bucaramanga también se presenta una grave crisis de salubridad que afecta la
salud y pone en peligro la propia vida de las personas privadas de la libertad
en ese lugar:
3.4.1.  ORDENAR a la Alcaldía Municipal de
Bucaramanga que de manera subsidiaria y en virtud del principio de solidaridad
garantice el acceso efectivo a todos los servicios de salud de los detenidos en
la Estación de Policía Norte de Bucaramanga, a través de su Secretaria de Salud
y Ambiente: (i) verificando su estado de afiliación al Sistema de
Seguridad Social en Salud y realizando todas las gestiones pertinentes para que
los mismos no queden por fuera de este sistema; (ii) impulsando y
garantizando la prestación de los servicios de salud requeridos por los
detenidos en la Estación de Policía Norte de Bucaramanga, en especial de
aquellos que sufren especiales afecciones de salud, como el Virus de la
Inmunodeficiencia Humana –VIH-.
3.4.2.  ORDENAR a CAPRECOM E.S.P. o a la
entidad que tenga un contrato con el INPEC o la USPEC para que dentro de los
ocho (8) días siguientes a la comunicación de esta sentencia, disponga brigadas
de atención periódica para que realicen visitas a la estación de Policía Norte
de Bucaramanga y presten la atención en salud requerida por los detenidos.
3.5.
Prevención
a los
departamentos y municipios del país y exhorto al Consejo Superior de Política Criminal y a los Jueces de la República
Como lo ha
evidenciado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la detención
preventiva en Colombia ha pasado de ser excepcional, como lo exige la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, a ser la regla general de las medidas de aseguramiento, lo
que la está convirtiendo progresivamente en un adelantamiento de la posible
pena.
3.5.1.
EXHORTAR al Consejo Superior de Política Criminal para que tenga en cuenta las recomendaciones
formuladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el “Informe sobre el Uso de la
Prisión Preventiva en las Américas” con el
objeto de adoptar las medidas necesarias para que la detención preventiva en
los procesos penales tenga un carácter excepcional.
3.5.2.  La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de
la Corte Constitucional hará un seguimiento estricto del cumplimiento de las
órdenes contenidas en la presente providencia, con el objeto de salvaguardar
los derechos de las personas privadas de la libertad.
4.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala
Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO. REVOCAR los fallos proferidos por el
Juzgado 1º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga, el diez
(10) de julio de 2015 y, por la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de
Bucaramanga, el tres (03) de septiembre de 2015, dentro del trámite de la
acción de tutela promovida por Kadir Crisanto
Pilonieta Díaz.
SEGUNDO. CONCEDER el amparo de los derechos
fundamentales a la dignidad humana, a la integridad personal, a la salud, a la
familia y a la salubridad de las personas que se encuentran privadas de la
libertad en la Estación de Policía Norte de Bucaramanga.
TERCERO. ORDENAR a la Alcaldía de Bucaramanga y al INPEC que
en el término de quince (15) días a partir de la notificación de la presente
providencia, celebren un convenio con el objeto de realizar la reubicación
gradual de las personas privadas de la libertad que se encuentran en la
Estación de Policía del Norte de esta ciudad en los establecimientos
penitenciarios y carcelarios que se encuentren en el Departamento de Santander.
CUARTO. ORDENAR a la Dirección del INPEC que
en el término de tres (03) meses a partir de la notificación de la presente
providencia, proceda a trasladar a las personas privadas de la libertad de la
Estación de Policía Norte de Bucaramanga, cuya custodia esté en titularidad del
INPEC, a Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios del Municipio de
Bucaramanga, del Departamento de Santander o de los municipios ubicados en
departamentos aledaños, para lo cual deberá tener en cuenta las reglas de
equilibrio y equilibrio decreciente señaladas en la sentencia T- 388 de 2013.
QUINTO. ORDENAR a la Procuraduría General de la
Nación que como Ministerio Público dentro de las actuaciones penal que se
surten en contra de las personas privadas de la libertad en la Estación de
Policía Norte de Bucaramanga solicite el cumplimiento de las órdenes de
detención domiciliaria respectivas.
SEXTO. ORDENAR a la Defensoría del Pueblo que
realice un estudio de si las demás personas privadas de la libertad en la
Estación de Policía Norte de Bucaramanga también cumplen con los requisitos
para que se les otorgue un subrogado penal y en ese evento les prestará apoyo a
quienes deseen  solicitarlo.
SÉPTIMO. ORDENAR a la Alcaldía Municipal de
Bucaramanga que de manera subsidiaria y en virtud del principio de solidaridad
garantice el acceso efectivo a todos los servicios de salud de los detenidos en
la Estación de Policía Norte de Bucaramanga, a través de su Secretaria de Salud
y Ambiente verificando su estado de afiliación al Sistema de Seguridad Social
en Salud y realizando todas las gestiones pertinentes para que los mismos no
queden por fuera de este sistema
OCTAVO. ORDENAR a la Alcaldía Municipal de
Bucaramanga que de manera subsidiaria y en virtud del principio de solidaridad
garantice el acceso efectivo a todos los servicios de salud de los detenidos en
la Estación de Policía Norte de Bucaramanga, a través de su Secretaria de Salud
y Ambiente impulse y garantice la prestación de los servicios de salud
requeridos por los detenidos en la Estación de Policía Norte de Bucaramanga, en
especial de aquellos que sufren especiales afecciones de salud, como el Virus
de la Inmunodeficiencia Humana –VIH-.
NOVENO. ORDENAR a CAPRECOM E.S.P. o a la
entidad que tenga un contrato con el INPEC o la USPEC para que dentro de los
ocho (08) días siguientes a la comunicación de esta sentencia, disponga
brigadas de atención periódica para que realicen visitas a la estación de
Policía Norte de Bucaramanga y presten la atención en salud requerida por los
detenidos.
DÉCIMO. EXHORTAR al Consejo Superior de Política Criminal para que tenga en cuenta las recomendaciones
formuladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el “Informe
sobre el Uso de la Prisión Preventiva en las Américas” con el objeto de adoptar las medidas necesarias
para que la detención preventiva en los procesos penales tenga un carácter
excepcional.
UNDÉCIMO.- La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de
la Corte Constitucional hará un seguimiento estricto del cumplimiento de las
órdenes contenidas en la presente providencia.
DÉCIMO SEGUNDO. Por Secretaría General líbrese las comunicaciones de que
trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí
contemplados.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta
de la Corte Constitucional y cúmplase.
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
Con salvamento parcial de  voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Sala de
Selección número siete (7) de 2014, integrada por los Magistrados Luis Ernesto
Vargas Silva y Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[2] Entre Folios
49 y 50, Cuaderno No. 1.
[3] Folios 23, 24 y 25, Cuaderno No. 1.
[4] Folios
32 a 37, Cuaderno No.1.
[5] Folio 38, Cuaderno No.1.
[6] Folio 39, Cuaderno No.1.
[7] Folio 40, Cuaderno No.1.
[8] Folio 41, Cuaderno
No. 1.
[9] Folio 43, Cuaderno No.1.
[10] Folios 26 y
27, Cuaderno No.1.
[11] Folio 28, Cuaderno No.1.
[12] Folio 30, Cuaderno No.1.
[13] Folios 46 y 47, Cuaderno No.1.
[14]  Folios 137 a 140,
Cuaderno No. 1.
[15] M.P. Luis
Armando Tolosa Villabona.
[16] Este contenido ha sido publicado originalmente en
Vanguardia.com en la siguiente dirección:
http://www.vanguardia.com/judicial/348640-motin-de-150-reclusos-por-hacinamiento-en-estacion-de-policia-de-bucaramanga.
[17] M.P. Jaime
Araujo Rentería.
[18] M.P. Carlos
Gaviria Díaz.
[19] Sentencias de la
Corte Constitucional. C-301 de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; C - 634 de
2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; C-774 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil;  C-581
de 2001, M.P.  Jaime Araujo Rentería y T-659 de 2005, M.P. Clara Inés Vargas
Hernández.
[20] Sentencia de la
Corte Constitucional C-581 de 2001, M.P. Jaime Araujo Rentería.
[21] Sentencias de la Corte Constitucional C - 301 de 1993,
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; C-578 de 1995, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz;
C-634 de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; C-774 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-237 de
2005, M.P. Jaime Araujo Rentería y C-850 de 2005, M.P. Jaime Araujo Rentería.
Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 10 de diciembre de
1948, artículo 12; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
artículo 9; la Convención Americana sobre Derechos Humanos,  artículo 7; y la
Convención de Salvaguardia de los Derechos del Hombre y de las Libertades
Fundamentales, artículo 5.
[22] Sentencia de la
Corte Constitucional C-176 de 2007, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[23] Sentencias de la
Corte Constitucional C-879 de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto y C-239
de 2012, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[24] Sentencia de la
Corte Constitucional C-221 de 1994, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[25] Sentencia de la
Corte Constitucional C-879 de 2011, M.P. Humberto Sierra Porto.
[26] La tesis del
permiso como norma de cierre del ordenamiento jurídico no es doctrinalmente
pacífica, al respecto puede consultarse a la Sentencia de la Corte Constitucional
C-879 de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[27] Sentencia de la
Corte Constitucional C-879 de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[28] Sentencia de la Corte Constitucional T-401 de 1994, M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz y C-879 de 2011, M.P. Humberto Sierra Porto.
[29] Sentencia de la
Corte Constitucional C-879 de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[30] Sentencia de la Corte Constitucional C-030 de 2003, M.P.
Álvaro Tafur Galvis.
[31]
Sentencias de la Corte Constitucional C-024 de 1994, M.P. Dr. Alejandro
Martínez Caballero; C- 578 de 1995, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; C-327 de
1997, M.P. Fabio Morón Díaz;  C-634 de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; C-581
de 2001, M.P. Jaime Araujo Rentería; C-774 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-622 de
2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-030 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis y  C-330
de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[32] Sentencias de la
Corte Constitucional C-1024 de 2002, M.P. Alfredo Beltrán Sierra y C-1001 de 2005, M.P. Álvaro
Tafur Galvis.
[33]Sentencias de la Corte Constitucional C-730 de 2005, M.P.
Álvaro Tafur Galvis  y C-1001
de 2005, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[34]Sentencias de la Corte Constitucional C-730 de 2005 y C-1001 de 2005, M.P.
Álvaro Tafur Galvis.
[35] El artículo 6° de la Ley 599 de 2000, materializa el
principio de legalidad por medio del cual se establece que  “(…) nadie podrá ser juzgado sino conforme a las
leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante el juez o tribunal
competente y con la observancia de la plenitud de las formas propias de cada
juicio”.
[36]
Sentencia de la Corte Constitucional C-581 de 2001, M.P. Jaime Araujo Rentería.
[37] ZAFFARONI, Eugenio
Raul: La cuestión criminal, Buenos Aires, Planeta, 2012, 29 y ss.
[38] FOUCAULT, Michel, Vigilar y Castigar, Siglo XXI Editores,
Argentina, 2003, 198.
[39] FOUCAULT, Michel, Vigilar y Castigar, Siglo XXI Editores,
Argentina, 2003, 227: “Toda esta "arbitrariedad" que, en el antiguo
régimen penal, permitía a los jueces modular la pena y a los príncipes ponerle
fin eventualmente, toda esta arbitrariedad que los códigos modernos le han
retirado al poder judicial, la vemos reconstituirse, progresivamente, del lado
del poder que administra y controla el castigo”.
[40] BECCARIA, Cesare: De los delitos y de las penas, Alianza,
Madrid, 1998. FEUERBACH, Paula Johann Anselm: Tratado de Derecho penal vigente
en Alemania, Hammurabi, Buenos Aires, 1989. Howard, John: El estado de las
prisiones en Inglaterra y Gales, Fondo de Cultura Económica, México, 2003,
entre otros.
[41] Artículo 5 de la
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano: “La ley sólo puede prohibir las acciones que son
perjudiciales a la sociedad. Lo que no está prohibido por la ley no puede ser
impedido. Nadie puede verse obligado a aquello que la ley no ordena”.
[42] Artículo 7 de la Declaración
de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.
Ningún hombre puede ser acusado, arrestado y mantenido en confinamiento,
excepto en los casos determinados por la ley, y de acuerdo con las formas por
ésta prescritas. Todo aquél que promueva, solicite, ejecute o haga que sean
ejecutadas órdenes arbitrarias, debe ser castigado, y todo ciudadano requerido
o aprendido por virtud de la ley debe obedecer inmediatamente, y se hace
culpable si ofrece resistencia.
[43] Artículo 8 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano: “La ley no debe imponer otras penas que aquéllas que son
estricta y evidentemente necesarias; y nadie puede ser castigado sino en virtud
de una ley promulgada con anterioridad a la ofensa y legalmente aplicada”.
[44] Artículo 9 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano: “Todo hombre es considerado inocente hasta que ha sido
declarado convicto. Si se estima que su arresto es indispensable, cualquier
rigor mayor del indispensable para asegurar su persona ha de ser severamente
reprimido por la ley”.
[45] FERRAJOLI, Luigi: Derecho y razón, Trotta, Madrid, 2004,
340.
[46] FERRAJOLI, Luigi: Derecho y razón, Trotta, Madrid, 2004,
93.
[47] Sentencia de la Corte Constitucional C – 365 de 2012, M.P.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[48] Sentencia de la Corte Constitucional: C – 730 de 2005, M.P: Álvaro Tafur Galvis. En el
mismo sentido: T-079 de 1993, M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz; C-565 de 1993,
M.P. Hernando Herrera Vergara; C-591
de 1993 M.P.  Eduardo Cifuentes
Muñoz; T-139 de 1994,
M.P. Antonio Barrera Carbonell; C-308 de 1994,
M.P. Antonio Barrera Carbonell; C-428 de 1994,
M.P. Antonio Barrera Carbonell; T-146 de 1995,
M.P.  Vladimiro Naranjo Mesa; T-155
de 1995, M.P. Fabio Morón Díaz; C-1339
de 2000, M.P. Antonio Barrera
Carbonell; SU-1722 de 2000 MP(e): Jairo Charry Rivas; C-710 de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño; C-974 de 2001, M.P. Alvaro Tafur Galvis; C-312 de
2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil; T-433 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C-1064 de 2002, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; C-530 de 2003,
M.P. Eduardo Montealegre Lynett; T-499 de 2003,
M.P. Alvaro Tafur Galvis; C-431 de 2004,
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-1001 de 2005,M.P. Alvaro Tafur Galvis; T-284 de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T-649 de
2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-072 de 2008,
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-433 de 2002
M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-864 de 2004,
M.P. Jaime Araújo Rentería; C-897 de 2005,
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-391 de 2007
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-117
de 2006, M.P. Jaime Córdoba
Triviño; C-040 de 2006,
M.P. Jaime Araújo Rentería; T-171 de 2006,
M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C-370 de 2006,
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa,
Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Alvaro
Tafur Galvis;  T-1249 de 2008,
M.P: Jaime Córdoba Triviño;C-1198 de 2008,
M.P. Nilson Pinilla Pinilla; C-801 de 2009,
M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo; T-200 de
2010 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; C-936 de 2010
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y C-442 de 2011,
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[49] MIR PUIG, Santiago: Bases Constitucionales del Derecho
Penal, Iustel, Madrid, 71.
[50] Sentencias de la Corte Constitucional: C-872 de 2003,
M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C – 730 de 2005,
M.P. Álvaro Tafur Galvis. En igual sentido: C-1173 de 2005,
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-334
de 2007, M.P. Nilson Pinilla Pinilla; C-491 de 2007,
M.P. Jaime Córdoba Triviño y C-186 de 2011,
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[51] MIR PUIG, Santiago: Bases Constitucionales del Derecho
Penal, Iustel, Madrid, 111.
[52]
ROXIN, Claus,op. cit., pp. 52 y ss.; SCHÜNEMANN, Bernd: El principio de
protección de bienes jurídicos como punto de fuga de los límites constitucionales
de los tipos penales y de su interpretación, en: HEFENDEHL, Ronald: La teoría
del bien jurídico, Marcial Pons, Madrid, 2007, pp. 197 y ss; AGUADO CORREA,
Teresa, op. cit., 1999, p. 159.
[53] MIR PUIG, Santiago: Bases constitucionales del Derecho
penal, Iustel, Madrid, 2011, 111.
[54] BUSTOS RAMÍREZ,
Juan: Lecciones de Derecho penal, Trotta, Madrid, 1997, pp. 65 y ss.
[55] BUSTOS RAMÍREZ, Juan, op. cit., 66. En similar sentido
ROXIN, Claus: Derecho penal, Parte general I (traducción de Diego-Manuel LUZÓN
PEÑA, Miguel Díaz y García Conlledo, y de Javier de Vicente Remesal), Madrid,
Civitas, 1997, 49 y ss; JESCHECK, Hans-Heinrich / WEIGEND, Thomas: Tratado de
Derecho penal, Parte general (traducción de Miguel Olmedo Cardenete), Granada,
Comares, 2002, 56 y ss.
[56] BUSTOS RAMÍREZ, Juan: Lecciones de Derecho penal, Trotta,
Madrid, 1997, p. 66. En similar sentido, ROXIN, Claus, op. cit., 65; JESCHECK,
Hans-Heinrich / WEIGEND, Thomas, op. cit., 56 y ss.
[57] MIR PUIG, Santiago:
Bases constitucionales del Derecho penal, Iustel, Madrid, 2011, 125.
[58] Sentencia
de la Corte Constitucional C-239 de 1997, M.P. Carlos Gaviria Díaz. En igual sentido: Sentencia C-179 de 1997,
M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C-228 de 2003,
M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[59]Sentencia
de la Corte Constitucional C-239 de 1997,
M.P. Carlos Gaviria Díaz. En el mismo sentido: C-616 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-928 de 2005, M.P. Jaime Araujo Rentería.
[60]Sentencia de la Corte
Constitucional C-239
de 1997, M.P. Carlos
Gaviria Díaz.
[61] Sobre la aplicación específica de estos principios en
materia penal, ver: MIR PUIG, Santiago: Bases constitucionales del Derecho
penal, op. cit, 94 y ss y AGUADO CORREA, Teresa: El principio de
proporcionalidad en materia penal, Edersa, Madrid, 1999, 149 y ss.
[62]Sentencia de la Corte Constitucional C-247 de 2004,
M.P. Alvaro Tafur Galvis.
[63] Sentencia de la Corte Constitucional C-144 de 1997, M.P. Alejandro Martínez
Caballero.
[64] BECCARIA, Cesare:
De los delitos y de las penas, Alianza, Madrid, 1998, 31 y 32; FEUERBACH, Paula
Johann Anselm: Tratado de Derecho penal vigente en Alemania, Hammurabi, Buenos
Aires, 1989, 61; ROXIN, Claus: Derecho penal. Parte general. Civitas, Madrid,
1997, 89. JESCHECK, Hans – Heinrich: Tratado de Derecho penal. Parte general,
Comares, Granada, 2002, 5; MIR PUIG, Santiago. Derecho penal. Parte General.
Reppertor, Barcelona, 2011, 82; MUÑOZ CONDE, Francisco / GARCÍA ARAN, Mercedes:
Derecho Penal. Parte General, Tirant lo Banch, Valencia, 2007, 48; FEIJOO
SÁNCHEZ, Bernardo: Retribución y prevención general, B de F, Buenos Aires,
2006, 26.
[65] Sentencia de la Corte Constitucional,
C-144 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[66] LISZT, Franz: Tratado de Derecho penal, T II, Reus,
Madrid, 10; ROXIN, Claus: Derecho penal. Parte general. Civitas, Madrid, 1997,
85; JESCHECK, Hans – Heinrich: Tratado de Derecho penal. Parte general,
Comares, Granada, 2002, 5; MIR PUIG, Santiago. Derecho penal. Parte General.
Reppertor, Barcelona, 2011, 84; MUÑOZ CONDE, Francisco / GARCÍA ARAN, Mercedes:
Derecho Penal. Parte General, Tirant lo Banch, Valencia, 2007, 48.
[67] LISZT, Franz: Tratado de Derecho penal, T II, Reus,
Madrid, 10; JESCHECK, Hans – Heinrich: Tratado de Derecho penal. Parte general,
Comares, Granada, 2002, 5; ROXIN, Claus: Derecho penal. Parte general. Civitas,
Madrid, 1997, 87; MIR PUIG, Santiago. Derecho penal. Parte General. Reppertor,
Barcelona, 2011, 84; MUÑOZ CONDE, Francisco / GARCÍA ARAN, Mercedes: Derecho
Penal. Parte General, Tirant lo Banch, Valencia, 2007, 48.
[68] ROXIN, Claus: Derecho penal. Parte general. Civitas,
Madrid, 1997, 87.
[69] Sentencia de la Corte Constitucional C-806 de 2002, M.P.
Clara Inés Vargas Hernández.
[70] Sentencia de la Corte Constitucional C-806 de 2002, M.P.
Clara Inés Vargas Hernández: “En cuanto a la
prevención general, no puede entenderla solo desde el punto de vista
intimidatorio, es decir, la amenaza de la pena para los delincuentes
(prevención general negativa), sino que debe mirar también un aspecto
estabilizador en cuanto la pena se presente como socialmente necesaria para
mantener las estructuras fundamentales de una sociedad (prevención general
positiva). Pero igualmente, no solo debe orientarse a defender a la comunidad
de quien infrinja la norma, sino que ha de respetar la dignidad de éstos, no
imponiendo penas  como la tortura o la muerte, e intentar ofrecerles
alternativas a su comportamiento desviado, ofreciéndoles posibilidades para su
reinserción social”.
[71] ROXIN, Claus: Derecho penal. Parte general. Civitas,
Madrid, 1997, 99.
[72] Sentencia de la Corte Constitucional C-488 de 2009,
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[73] La renuncia o flexibilización de estas garantías frente a
sujetos considerados como enemigos del sistema es propuesta por el penalista
alemán Gunther Jakobs y sus seguidores (JAKOBS, Günther / CANCIO MELIÁ, Manuel:
Derecho penal del Enemigo, Madrid, Civitas, 2003).
[74] GRACIA MARTIN, Luis: Sobre la negación de la calidad de
persona como paradigma del Derecho Penal del enemigo, en: Derecho Penal del
Enemigo; Edisofer, Madrid, 2006, 1065 a 1080.
[75] PORTILLA
CONTRERAS, Guillermo: “EL DERECHO PENAL Y PROCESAL DEL "ENEMIGO", en:
Dogmática y Ley Penal, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S. A., Madrid
2004, 717; AMBOS, Kai: Derecho Penal del Enemigo, en: Derecho Penal del Enemigo; Edisofer, Madrid, 2006, 135 a 138; ZAFFARONI,
Eugenio Raul: El enemigo en derecho penal, Ediar, Buenos Aires, 2006; MUÑOZ CONDE, Francisco: De nuevo sobre el
Derecho penal del enemigo, Hammurabi, Buenos Aires, 2005, 27.
[76] AMBOS, Kai: Derecho Penal
del Enemigo, en: Derecho Penal del Enemigo; Edisofer, Madrid, 2006, 135 a 138.
[77] Sentencias de la Corte Constitucional, T- 274 de 2008 M.P.
Jaime Araujo Rentería, T- 815 de 20130 M.P. Alberto Rojas Ríos, T- 328 de 2013
M.P. María Victoria Calle Correa, T- 690 de 2010 M.P. Humberto Antonio Sierra
Porto, T- 506 de 2013 M.P. Nilson Pinilla Pinilla, T- 1026 de 2002 M.P. Rodrigo
Escobar Gil.
[78] Sentencia de la
Corte Constitucional, T- 002 de 2014 M.P. Mauricio González Cuervo.
[79] Sentencias de la
Corte Constitucional, T- 470 de 1996 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, T- 266 de
2013 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T- 825 de 2009 M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva, T- 705 de 2006 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[80] Sentencias de la
Corte Constitucional, C- 261 de 1996 MP. Alejandro Martínez Caballero, T- 077
de 2013 M.P. Alexei Julio Estrada, T 388 de 2013, M.P. María Victoria Calle
Correa y T- 815 de 2013 M.P. Alberto Rojas Ríos.
[81] Sentencias de la
Corte Constitucional, T- 815 de 2013, M.P. Alberto Rojas Ríos; T- 474 de 2012,
M.P. María Victoria Calle Correa; T- 566 de 2007, M.P. Clara Inés Vargas
Hernández; T- 274 de 2008, M.P. Jaime Araujo Rentería y T- 515 de 2008, M.P.
Clara Inés Vargas Hernández y T 388 de 2013, M.P. María Victoria Calle Correa.
[82] Sentencia de la
Corte Constitucional, T- 474 de 2012 M.P. María Victoria Calle Correa.
[83]Sentencias de la Corte Constitucional, T- 566 de 2007 MP.
Clara Inés Vargas Hernández, T-274 de
2008 MP. Jaime Araujo Rentería, T- 515 de
2008 MP. Clara Inés Vargas
Hernández y T- 388 de
2013, MP. María Victoria Calle.
[84]Sentencias de la Corte Constitucional, T-1190 de 2003 MP.
Eduardo Montealegre Lynett.
[85]Sentencias de la Corte Constitucional, T- 566 de 2007 MP.
Clara Inés Vargas Hernández, T- 274 de
2008 MP. Jaime Araujo Rentería, T-515 de
2008 MP. Clara Inés Vargas
Hernández.
[86] Sentencias de la
Corte Constitucional T- 388 de
2013, M.P. María Victoria Calle
Correa, T- 429 de 2010, M.P.
Juan Carlos Henao Pérez y T- 213 de 2011, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[87] Sentencia de la
Corte Constitucional T-121 del 29 de marzo de
1993. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[88] Sentencia de la Corte Constitucional T-388 de 2013, M.P.
María Victoria Calle Correa.
[89] Sentencia de la Corte Constitucional, T-601 de
1992, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[90] Sentencias
de la Corte Constitucional T-1303 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño y T 388 de 2013, M.P. María Victoria Calle Correa.
[91] Sentencias
de la Corte Constitucional, T-517
de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero y T
388 de 2013, M.P. María Victoria Calle Correa.
[92] Sentencias de la Corte Constitucional C-184 de
1998, M.P. Carlos Gaviria Díaz y T 388 de
2013, M.P. María Victoria Calle Correa.
[93] Sentencia de la Corte Constitucional C-184 de
1998, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[94] Sentencias de la
Corte Constitucional, T- 690 de 2010 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[95] Sentencia
de la Corte Constitucional T- 596 de 1992 M.P. Ciro Angarita Varón.
[96] Sentencia de la Corte Constitucional T-535 de
1998, M.P. José Gregorio Hernández y T-750A de 2012, M.P. Luis Guillermo
Guerrero Pérez.
[97] Sentencia de la Corte Constitucional T-266 de 2013. M.P.
Jorge Iván Palacio Palacio.
[98] Sentencia de la Corte Constitucional T-266 de 2013. M.P.
Jorge Iván Palacio Palacio.
[99] Sentencia de la Corte Constitucional T- 428 de 2014, M.P. Andrés
Mutis Vanegas.
[100] Sentencia de la Corte Constitucional T- 428 de 2014, M.P. Andrés
Mutis Vanegas.
[101] FERRAJOLI, Luigi; Derecho y Razón, Trotta, Madrid, 1995,
412. Ver también la Sentencia de la Corte Constitucional C-185 de 2011, M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto.
[102] Sentencia de la Corte Constitucional, T-388 de 2013, M.P.
María Victoria Calle Correa.
[103] Sentencia de la Corte Constitucional T – 267 de 2015, M.P.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[104] Sentencia de la Corte Constitucional T-388 de 2013, M.P.
María Victoria Calle Correa.
[105] Sentencia de la Corte Constitucional T-388 de 2013, M.P.
María Victoria Calle Correa.
[106] Sentencia de la Corte Constitucional T-388 de 2013, M.P.
María Victoria Calle Correa.
[107] Sentencia de la Corte Constitucional T-388 de 2013, M.P.
María Victoria Calle Correa.
[108] FEIJOO, Bernardo: La legitimidad de la pena
estatal, Iustel, Madrid, 2014.68; FOUCAULT, Michel: Vigilar y castigar, Siglo XXI,
Buenos Aires, 1976, 280; GARLAND, David: Castigo y sociedad moderna. Un estudio
de teoría social, Siglo Veintiuno, México, 2006, pág. 335.
[109] FOUCAULT, Michel: Vigilar y castigar, Siglo XXI,
Buenos Aires, 1976, 241 y 242.
[110] FEIJOO, Bernardo: La legitimidad de la pena
estatal, Iustel, Madrid, 2014, 72.
[111] Sentencia de la Corte Constitucional T – 267 de 2015, M.P.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[112] ROBINSON, Paul H: Principios distributivos del
Derecho penal, Marcial Pons, Madrid, 2012, pág. 71; WACQUANT, Loïc: Las cárceles de la miseria, Alianza, Madrid, 2001,
179.
[113] FERRAJOLI, Luigi: Derecho y razón, Trotta,
Madrid, 1995, págs.410 y 411. Citado en la Sentencia
de la Corte Constitucional T – 267 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[114] Sentencias de la Corte Constitucional C-185 de 2011, M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto y T – 267 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[115] Desde el inicio de la jurisprudencia se ha
sostenido esta posición. Ver por ejemplo la Sentencia de la Corte
Constitucional T-317 de 1997, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[116] Sentencia de la Corte Constitucional T – 267 de 2015, M.P.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[117] Corte IDH. Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de
Agosto de 2004. Serie C No.111.
[118] Corte IDH. Caso Suarez Rosero Vs. Ecuador. Fondo. Sentencia de 12 de Noviembre de 1997. Serie
C No. 35.
[119] Corte IDH. Caso “Instituto de reeducación del Menor” Vs.
Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de Septiembre de 2004. Serie C No .112.
[120] Corte IDH. Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de
Agosto de 2004. Serie C No.111.
[121] Corte IDH.  Caso Acosta Calderón Vs. Ecuador. Fondo
Reparaciones y Costas.Sentencia de
24 de Junio de 2005, Serie C No.129.
[122] Corte IDH. Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas.Sentencia de 22 de Noviembre de 2005.
[123] Corte IDH. Caso Yvon Neptune Vs Haití. Fondo Reparaciones
y Costas.Sentencia de 6 de Mayo de
2008. Serie C No.180.
[124] Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez Vs
Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de
21 de Noviembre de 2007. Serie C
No. 170.
[125] Corte IDH. Caso Bayarri Vs. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de  30 de Octubre
de 2008. Serie C No 187.
[126] Corte IDH. Caso
García Asto y Ramírez Rojas Vs. Perú. Fondo.Sentencia de 25 de Noviembre de 2005.
[127] M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[128] Ibídem.
[129] M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[130] M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[131] M.P. Alberto Rojas Rios.
[132] Ibídem.
[133] M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[134] Ibídem.
[135]
Sentencia de la Corte Constitucional C-184 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa.
[136]
Sentencia de la Corte Constitucional C-184 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa.
[137]
Sentencia de la Corte Constitucional C-184 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa.
[138] Sentencia de la Corte Constitucional C-634 de 2000.
[139] Sentencia de la Corte Constitucional C-634 de 2000.
[140] Sentencia de la Corte Constitucional T-267 de 2015.
[141] M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[142] M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[143] M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[144] M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[145] M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[146] M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[147] Para una visión global de esta dramática situación, puede
consultarse, entre otras, la sentencia T-153/98 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz)
de la Corte Constitucional. Al respecto cabe citar el siguiente aparte: “Las
inspecciones le permitieron a la comisión judicial llegar a la conclusión de
que las condiciones de reclusión en las dos cárceles citadas son absolutamente
infrahumanas, indignas de una persona humana, cualquiera sea su condición
personal. Las condiciones de albergue de los internos son motivo de vergüenza
para un Estado que proclama su respeto por los derechos de las personas y su
compromiso con los marginados. (.... ). De lo hasta ahora expuesto se puede
deducir con claridad meridiana que las cárceles Modelo y Bellavista presentan
impresionantes condiciones de hacinamiento. Pero si el problema se redujera a
estos dos reclusorios podría pensarse en solucionarlo con base en algunas
órdenes de traslado de internos. Lastimosamente, estas dos cárceles son
simplemente exponentes destacados de una situación generalizada, como se verá a
continuación (...).Las condiciones actuales en las prisiones colombianas
implican que los bienes mínimos para garantizar una vida digna en la prisión
(una celda, un “camastro”, oportunidad de trabajar y de estudiar) sean absolutamente
escasos. En el medio carcelario ello significa que la distribución y asignación
de esos bienes se realice a través de los mecanismos de la corrupción y la
violencia. Esta situación es precisada por el INPEC, el cual, luego de resaltar
que la congestión carcelaria atenta contra el principio de que el tratamiento
penitenciario debe ser individualizado, señala: “La congestión dificulta la
seguridad y el manejo de espacios libres; el hacinamiento refuerza los factores
de riesgo para la desocialización (sic); tratar en la congestión tiene
altos costos sociales, institucionales y económicos y bajo impacto y
cobertura ; por último, la congestión genera corrupción y privilegios en
la asignación de beneficios o recursos individuales”. Sentencia T-153/98 (MP
Eduardo Cifuentes Muñoz).
[148] M.P. Fabio Morón Díaz.
[149] M.P. Humberto Sierra Porto.
[150] M.P. Alexei Egor Julio Estrada.
[151] M.P. María Victoria Calle Correa.
[152] Sentencia de la Corte Constitucional T-388 de 2013, M.P. María Victoria Calle Correa.
[153] Orden 3.
[154] Décimo quinto.- El Ministerio de Justicia y
del Derecho, en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario INPEC y con la Dirección de cada una de las seis (6) cárceles que
fueron objeto de alguna de las acciones de tutela de la referencia, deberán
adoptar las medidas adecuadas y necesarias para implementar una brigada
jurídica que permita a las
autoridades judiciales correspondientes, de acuerdo con sus competencias, tomar
las decisiones que correspondan, para conceder la mayor cantidad de solicitudes
de libertad que, según el orden jurídico vigente, deban ser reconocidas. La
implementación de esta orden deberá efectuarse en un término de tres (3) meses,
contados a partir de la notificación de esta sentencia, y deberá asegurarse su
continuidad mientras se mantengan las condiciones de hacinamiento en cada uno
de los centros de reclusión.
[155] M.P. Alberto Rojas Ríos.
[156] M.P. Alberto Rojas Ríos.
[157] Ver Folio 46.
[158] Ver Folio 52.
[159] M.P. Gloria
Stella Ortiz Delgado.
[160]
Órdenes 1 a 7.
[161] 8. EXHORTAR al
Congreso de la República, al Gobierno Nacional y a la Fiscalía General de la
Nación, por intermedio de sus representantes legales o quienes hagan sus veces,
para que dentro del ámbito de sus competencias y si aún no lo han realizado,
promuevan la creación, implementación y/o ejecución de un sistema
amplio de penas y medidas de aseguramiento alternativas a la privación de la
libertad.
9.
ORDENAR al Gobierno Nacional, por intermedio del Ministro de Justicia y
del Derecho que, dentro de los seis (6) meses siguientes a la notificación de
esta sentencia, estructure una política pública de concientización ciudadana,
con vocación de permanencia, sobre los fines del derecho penal y de la pena
privativa de la libertad, orientado al reconocimiento de alternativas
sancionatorias, a la sensibilización sobre la importancia del derecho a la
libertad y al reconocimiento de las limitaciones de la prisión para la
resocialización, en las condiciones actuales de desconocimiento de derechos de
los reclusos.
[162]
Ordenes 10 y 11.
[163] Orden
11.
[164] 13.
ORDENAR al INPEC que, en coordinación con la USPEC, el Ministerio de
Educación, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Departamento Nacional de
Planeación y el Consejo Superior de Política Criminal, elabore un plan
integral de programas y actividades de resocialización, tendiente a garantizar
el fin primordial de la pena en todos los establecimientos penitenciarios y
carcelarios del país. Dicho plan deberá tener en cuenta los parámetros fijados
en los fundamentos 57 y 155 de esta sentencia. Adicionalmente, deberá fijar
fases y plazos de implementación y ejecución, con el objetivo de medir
resultados graduales, y en todo caso, dichos plazos no podrán superar el
término de dos (2) años contados a partir de la notificación de esta sentencia.
[165]
Ordenes 14, 15 y 16.
[166]17. ORDENAR a
la Defensoría del Pueblo la conformación del Comité Interdisciplinario de que
trata la primera parte del fundamento jurídico 107, para que despliegue las
actividades de diagnóstico y constitución de la línea base referida allí mismo.
Para efectos de la conformación de dicha institución se confiere un término de
treinta (30) días; para el despliegue de su labor, se confiere el término de
seis (6) meses contados a partir de la notificación de esta sentencia.
18.
ORDENAR al Comité Interdisciplinario creado por virtud del numeral
anterior que, en caso de presentarse circunstancias que imposibiliten
técnicamente el cumplimiento de las órdenes emitidas en esta sentencia, lo
informe a esta Sala de Revisión, para efecto de evaluar la situación.
19. ORDENAR al
Comité Interdisciplinario, creado por virtud del numeral 16 de esta orden, que
analice técnicamente las necesidades que se verifican en las cárceles del país,
y cubra cada uno de los aspectos relacionados con los problemas de reclusión
identificados. Lo anterior hasta consolidar una Norma Técnica sobre la
Privación de la Libertad en Colombia, la cual deberán observar las entidades
involucradas en todas las fases de la Política Criminal. Para ello se confiere
el término de nueve (9) meses contados a partir de la notificación de esta
sentencia.
[167]
Órdenes 20 a 26.
[168]
Órdenes 27 a 34.
[169]
Sentencia de la Corte Constitucional T-l 11 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub. Ver también Sentencia T-772 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
[170]Sentencia de la Corte Constitucional T-610 de 2011, M.P.
Mauricio González Cuervo.
[171] Al respecto ver las sentenciasT-743 de 2008,
M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa, T-1037
de 2012, M.P. Mauricio González Cuervo y T-357 de 2014, M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub.
[172] Decreto 2591 de 1997. Artículo 8: Aun cuando el
afectado disponga de otro medio de defensa judicial, la acción de tutela
procederá cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. En el caso del inciso anterior, el juez señalará expresamente en
la sentencia que su orden permanecerá vigente sólo durante el término que la
autoridad judicial competente utilice para decidir de fondo sobre la acción
instaurada por el afectado. En todo caso el afectado deberá ejercer dicha
acción en un término máximo de cuatro (4) meses a partir del fallo de tutela.
Si no la instaura, cesarán los efectos de éste. Cuando se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un daño irreparable, la acción de tutela también
podrá ejercerse conjuntamente con la acción de nulidad y de las demás
procedentes ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En estos
casos, el juez si lo estima procedente podrá ordenar que no se aplique el acto
particular respecto de la situación jurídica concreta cuya protección se
solicita, mientras dure el proceso. Ver también las Sentencias de la Corte Constitucional T-041 de 2014. M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva y T-057 de 2016, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[173] Sentencia de
la Corte Constitucional T-580 de 2006. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[174] Sentencia
de la Corte Constitucional T-580 de 2006. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[175] Sentencia
de la Corte Constitucional T-580 de 2006. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[176] Sentencia
de la Corte Constitucional T-580 de 2006. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[177] Sentencia
de la Corte Constitucional T-142 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[178] Sentencia de
la Corte Constitucional T-235 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[179] Sentencia de
la Corte Constitucional T-235 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[180] M.P. Carlos
Gaviria Díaz.
[181] M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz.
[182] Sentencia de
la Corte Constitucional T-282 de 2014, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[183] Sentencia de
la Corte Constitucional T-282 de 2014, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[184] Artículo 5.
[185] Artículo 7.
[186] Artículo 5.
[187] Sentencia de
la Corte Constitucional T-282 de 2014, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[188] Sentencia de
la Corte Constitucional T-282 de 2014, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[189] Ver, en este sentido, SUDRE, Frédéric: “Article 3”.
En: PETTITI, Louis-Edmond; DÉCAUX, Emmauel; IMBERT, Pierre-Henri (eds.): “La
Convention Européenne des Droits de l’Homme – Commentaire article par article”.
[190] Sentencia T-741 de 2004,
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Ver también Sentencia de la Corte Constitucional T-282 de 2014, M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva.
[191] Sentencia de
la Corte Constitucional T-282 de 2014, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[192] Yearbook of the European Convention on Human
Rights, The Greek Case, Chapter 4, pág. 186. 1969. En Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Caso
Luis Lizardo Cabrera contra República Dominicana, Caso No. 10832 de 1997.
[193] Sentencia de
la Corte Constitucional T-282 de 2014, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[194] Sentencia de
la Corte Constitucional T-282 de 2014, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[195] M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[196] Sentencia de
la Corte Constitucional T-282 de 2014, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[197] Sentencia de
la Corte Constitucional T-282 de 2014, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[198] M.P. Marco Gerardo Monrroy Cabra.
[199] Sentencia
de la Corte Constitucional T-282 de 2014, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[200] Sentencia de
la Corte Constitucional T-282 de 2014, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[201] M.P. Jaime
Araujo Rentería.
[202] Modificado por
el artículo 52 de la Ley 1709 de 2014.
[203] Sentencia de
la Corte Constitucional T-847 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[204] M.P. María Victoria Calle Correa.
[205] Sentencia de la Corte Constitucional T – 388 de 2013, M.P.
María Victoria Calle Correa.
[206]
Sentencia de la Corte Constitucional C-184 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa.
[207]
Sentencia de la Corte Constitucional C-184 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa.
[208]
Sentencia de la Corte Constitucional C-184 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa.
[209] Sentencia de la Corte Constitucional T-324 de
2011, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[210] “por la cual se hacen algunas modificaciones en el
Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones”
[211] "Por la
cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario"
[212] “Adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones
Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en
Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus
resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de
1977”
[213] Sentencia de
la Corte Constitucional T-126 de 2015, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
[214] Artículo
2.2.1.11.2.1. del Decreto 2245 de 2015.
[215] Artículo 2.2.1.11.3.1. del Decreto 2245 de 2015.
[216] Artículo 2.2.1.11.3.2. del Decreto 2245 de 2015.
[217] Artículo 2.2.1.11.3.3. del Decreto 2245 de 2015.
[218] Sentencia de
la Corte Constitucional T-126 de 2015, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
[219] Sentencia de
la Corte Constitucional T-126 de 2015, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
[220] Modificado por
el artículo 65 de la Ley 1709 de 2014.
[221] Sentencia de la Corte Constitucional C-459 de 2004, M.P.
Jaime Araujo Rentería.
[222] Sentencia de la Corte Constitucional C-459 de 2004, M.P.
Jaime Araujo Rentería.
[223] Sentencia de la Corte Constitucional C-459 de 2004, M.P.
Jaime Araujo Rentería.
[224] Sentencia de la Corte Constitucional C-767 de 2014, M.P.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[225] Sentencia de la Corte Constitucional C-459 de 2004, M.P.
Jaime Araujo Rentería.
[226] Sentencia de la Corte Constitucional C-459 de 2004, M.P.
Jaime Araujo Rentería.
[227] Sentencia de la
Corte Constitucional C-767 de 2014, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[228] Sentencia de la Corte Constitucional T-225 de
2005. M.P. Clara Inés Vargas Hernández
[229] Sentencia de la Corte Constitucional T-225 de 2005. M.P.
Clara Inés Vargas Hernández
[230] Sentencia de la Corte Constitucional T-225 de 2005. M.P.
Clara Inés Vargas Hernández
[231] M.P. María
Victoria Calle Correa.
[232] Sentencia de la Corte Constitucional T-388 de 2013, M.P. María Victoria Calle Correa.
[233] M.P. Gloria
Stella Ortiz Delgado.
[234] CIDH – OEA. Informe
sobre el Uso de la Prisión Preventiva en las Américas. OEA/Ser.L/V/II. Doc.
46/13 - 30 diciembre 2013, Original: español. 14 y 15.
[235] CIDH – OEA. Informe
sobre el Uso de la Prisión Preventiva en las Américas. OEA/Ser.L/V/II. Doc.
46/13 - 30 diciembre 2013, Original: español. Pág. 17.
[236] CIDH – OEA. Informe
sobre el Uso de la Prisión Preventiva en las Américas. OEA/Ser.L/V/II. Doc.
46/13 - 30 diciembre 2013, Original: español. Pág. 34.
[237] CIDH – OEA. Informe
sobre el Uso de la Prisión Preventiva en las Américas. OEA/Ser.L/V/II. Doc.
46/13 - 30 diciembre 2013, Original: español. 35.
[238] “Segundo informe sobre la situación de las defensoras y
los defensores de derechos humanos en las Américas”.
[239] CIDH – OEA. Informe sobre el Uso de la
Prisión Preventiva en las Américas. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 46/13 - 30
diciembre 2013, Original: español: “-           Los funcionarios de los
poderes del Estado deberán abstenerse de emitir públicamente opiniones que
directamente descalifiquen a fiscales, jueces o defensores públicos por una
decisión adoptada relativa a la aplicación, o no, de la prisión preventiva.
Como medidas para el acompañamiento y fortalecimiento institucional de
las autoridades judiciales encargadas de la aplicación de la prisión preventiva,
se recomienda, entre otras medidas, capacitar a los operadores de justicia para
desempeñarse en situaciones de alta controversia social en las que será objeto
de presiones antes de decidir, y de críticas y cuestionamientos, después de
haber decidido.
Garantizar el principio fundamental de la inamovilidad de los jueces y
magistrados. Los cuales sólo podrán ser removidos de sus funciones i) cuando se
cumpla el plazo, condición de nombramiento o se llegue edad de jubilación
forzosa, supuestos que constituyen el cumplimiento efectivo de la garantía de
inamovilidad durante el período del ejercicio del cargo, o bien, ii) cuando la
separación se produce como consecuencia de una sanción emitida por autoridad
competente, tras un proceso que revista las garantías del debido proceso y el
principio de legalidad.
Los procesos de control disciplinario, tendrán como objetivo valorar la
conducta y el desempeño del juez como funcionario público. En este sentido, se
deberá establecer de forma clara y detallada las conductas susceptibles de
sanciones disciplinarias, las cuales deberán ser proporcionales a la infracción
cometida. Asimismo, las decisiones por medio de las cuales se impongan
sanciones disciplinarias deberán ser motivadas, públicas, susceptibles de revisión
y con observancia del debido proceso. La información sobre los procesos
disciplinarios debe ser accesible y sujeta al principio de transparencia.
En ningún caso, estos mecanismos de control disciplinario deberán
utilizarse como medio de presión o castigo contra las autoridades judiciales
que hayan adoptado decisiones relativas a la prisión preventiva dentro del
ámbito de sus competencias y conforme a derecho.
Con respecto a las relaciones entre el sistema de justicia y los medios
de comunicación se recomienda: (a) diseñar una política de comunicación en cada
institución del sistema de justicia, que incluya la adopción de medidas
destinadas a compartir información de forma accesible; (b) crear o reformular
mecanismos de enlace (oficinas de prensa por ejemplo) entre el Poder Judicial y
los medios de comunicación que proporcionen la información objetiva y no
reservada sobre el desarrollo o el desenlace de procesos judiciales; (c)
gestionar espacios públicos para difundir el funcionamiento de las instituciones
del sistema de justicia, la manera en que se desenvuelven los procesos
judiciales más frecuentes y el significado de sus fases más importantes. Tales
espacios deben comprender desde el sistema escolarizado hasta los medios de
comunicación masiva.
Diseñar e implementar reglas claras de manejo de la información en el
ámbito penal para garantizar la presunción de inocencia de los detenidos y
sospechosos, y preservar la dignidad de las víctimas. Los Estados miembros no
podrán exhibir públicamente en medios de comunicación colectiva a personas
privadas de libertad que todavía no han sido presentadas ante un juez, y en
ningún caso se presentarán como culpables antes de la sentencia condenatoria”.
[240] ZAFFARONI,
Eugenio Raúl: La palabra de los muertos: conferencias de criminología cautelar,
Buenos Aires, 2011, 532 y 533.