T-937-12
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-937/12
DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA-Reiteración de jurisprudencia
El derecho a la vivienda digna ha sido definido como
aquél que se dirige a satisfacer la necesidad de disponer de un sitio, sea
propio o ajeno, que sirva como lugar de habitación y que cuente con las
condiciones necesarias para que quienes allí residan puedan realizar dignamente
su proyecto de vida. La jurisprudencia constitucional ha sostenido que la
protección del derecho a la vivienda digna puede ser invocada, de manera
directa, por la vía de acción de tutela.
SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA-Marco constitucional y legal
La
Corte Constitucional ha entendido que el derecho a una vivienda digna implica
para el Estado la adopción de medidas positivas a través de las cuales se busca
asegurar que, prioritariamente, los sectores más vulnerables y deprimidos de la
sociedad cuenten con mecanismos que les permitan satisfacer sus necesidades en
materia de vivienda.
SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA-Caso en que el accionante cumplió todos los
requisitos, trámites y exigencias legales para acceder al subsidio de vivienda
que le fue ofrecida
DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA-Orden al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
de incluir al peticionario en un programa o proyecto de construcción de
vivienda a desarrollar en el lote que él adquirió en su momento para lograr la
asignación del subsidio
Referencia: expediente T-3.540.436
Acción
de tutela instaurada por José del Carmen Arévalo Coronel contra el Patrimonio
Autónomo de Remanentes - PAR INURBE en liquidación y el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio
Magistrado Ponente:
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Bogotá D.C., trece (13) de noviembre de dos mil doce
(2012)
La Sala Tercera de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados Gabriel Eduardo Mendoza Martelo,
Jorge Iván Palacio Palacio y Luis Guillermo Guerrero Pérez, quien la preside, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la
siguiente,
SENTENCIA
En el proceso de revisión de los fallos de tutela
emitidos por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá el 9 de mayo de 2012 y por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema
de Justicia el 13 de junio de ese mismo año, en el asunto de la referencia.
I.       ANTECEDENTES
El 16 de abril de 2012, el señor José del Carmen
Arévalo Coronel formuló acción de tutela contra el Patrimonio Autónomo de
Remanentes - PAR INURBE en liquidación y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, por la presunta vulneración de sus derechos a la igualdad, a la
protección familiar, al debido proceso, a los derechos adquiridos, al acceso a
la propiedad y a la garantía a la propiedad privada, con base en los siguientes,
1.
Hechos
1.1.
El señor José del Carmen
Arévalo Coronel realizó las gestiones para ser beneficiario de un subsidio de
vivienda familiar ante el Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y
Reforma Urbana – INURBE, dentro de la postulación colectiva que presentó el
municipio de San Juan del Cesar, Guajira.
1.2.
Dentro de los requisitos que
tuvo que cumplir para esos efectos, el accionante debió adquirir un lote de
terreno en el barrio Los Olivos del municipio atrás señalado, y abrir una
cuenta de ahorro programado con un saldo mínimo de $545.000, lo cual hizo en el
Banco Agrario de Colombia.
1.3.
Mediante Resolución No. 364 de
24 de mayo de 2002, el INURBE aceptó la solicitud del actor y lo designó como
beneficiario de un subsidio familiar de vivienda.
1.4.
Al señor Arévalo Coronel se le
informó de esta situación mediante comunicación de 24 de mayo, en la cual se
indicó que el subsidio asignado ascendía a la suma de $7.724.999, y que debía
ser aplicado para la adquisición de una vivienda de modalidad colectiva tipo I
en el proyecto “San Juan del Cesar un Municipio para Vivir”.
Adicionalmente, allí se le hizo saber que:
“[…] El plazo máximo para
la utilización de este subsidio es de 12 meses contados a partir de Junio 4 de
2002 y su cobro podrá ser gestionado en las oficinas del INURBE desde Junio 4
de 2002, con la presentación de: esta carta de asignación, el contrato de
promesa de compraventa o construcción, según el caso, y la carta de aprobación
del crédito complementario, si se requiere de acuerdo a la financiación
registrada en la postulación. El giro del valor correspondiente al Subsidio
Familiar de vivienda asignado se realizará por parte del INURBE a su cuenta de
Ahorro Programado y allí permanecerá hasta su movilización a favor de la
entidad vendedora o promotora del programa de construcción en sitio propio.
La movilización debe ser
previamente autorizada por ustedes como beneficiarios del Subsidio y por el INURBE,
cuando se acredite el otorgamiento y registro de la escritura pública de
adquisición o de declaración de mejoras y ustedes hayan recibido a satisfacción
la vivienda […].”
1.5.
A efectos de cumplir con los
requisitos necesarios para el cobro del subsidio, el 7 de junio de 2002, el
señor Arévalo Coronel suscribió un contrato de obra para construcción de
vivienda de interés social tipo I con la Unión Temporal Alcaldía Municipal de San
Juan del Cesar – Proyectar Ltda. – Carlos Julio Castro Bravo, encargada del
desarrollo del proyecto de vivienda para el cual se postuló el accionante.
1.6.
El 25 de junio de 2002, el INURBE
consignó en la cuenta de ahorro programado del señor Arévalo Coronel el valor
total del subsidio asignado.
1.7.
Mediante el Decreto 554 de 10
de marzo de 2003, el Gobierno Nacional ordenó la supresión del INURBE. El 27 de
diciembre de 2007, el INURBE en liquidación celebró un contrato fiduciario con
el Consorcio PAR INURBE en liquidación, integrado por las fiduciarias
Fiduprevisora S.A. y Fiduagraria S.A., para la constitución de un patrimonio autónomo
con los remanentes del proceso liquidatorio.
1.8.
A través del oficio No. 10222
del 12 de noviembre de 2010, el Coordinador Jurídico del PAR INURBE en
liquidación le solicitó al Banco Agrario de Colombia la devolución de los
recursos que habían sido consignados en varias cuentas de ahorro programado,
entre ellas la del accionante, bajo la consideración de que el subsidio no
había sido utilizado dentro de su vigencia.
1.9.
Posteriormente, mediante
Oficio No. 03060 de 29 de febrero de 2012, el Coordinador Jurídico del Patrimonio
Autónomo de Remanentes PAR INURBE en liquidación, dio respuesta a una solicitud
de información presentada por el Secretario de Planeación de la Alcaldía de San
Juan del Cesar. En dicho oficio se informó:
“[…] verificado el
Sistema de Información del INURBE, se encontró que el Proyecto SAN “JUAN DEL
CESAR UN MUNICIPIO PARA VIVIR”, localizado en el municipio de San Juan del
Cesar – La Guajira del cual era Oferente la Unión Temporal Municipio de San
Juan del Cesar-Carlos Gustavo Bravo; para marzo de 2005 cuando entro (sic) el INURBE
en proceso de Liquidación se encontraba en estado INCONCLUSO debido a que se
entregó al Constructor el 80% de los recursos según autorización de los
beneficiarios y se incumplió con la entrega de las viviendas y la legalización
de los Subsidios ante el INURBE.”
Allí mismo se señaló que el INURBE
en liquidación había suscrito un acuerdo de pago con la aseguradora que expidió
la garantía que amparaba el proyecto, pero que ese acuerdo también había sido
incumplido. Por esa razón, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 del
Decreto 554 de 2003, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial inició un proceso de cobro coactivo.
Finalmente, se indicó: “[e]n
cuanto a sus inquietudes sobre los recursos que se encuentran depositados en
las cuentas de Ahorro Programado de los hogares que hacían parte de este
proyecto, están (sic) tienen depositado en la mayoría de los casos el 20% del
subsidio y otras el 100% de los recursos. Como no fue legalizado el Subsidio,
estos recursos son del Estado y deben ser devueltos a una cuenta en el Banco de
la República […]. Así las cosas, con atención se le solicita informar a los
hogares y al Banco Agrario de Colombia sobre el proceso de devolución de estos
recursos y efectuar el reintegro en la siguiente cuenta del Banco de la
República […]”
1.10.
En la cuenta de ahorro
programado del accionante todavía se encuentran los recursos consignados por el
INURBE, los que, junto con los rendimientos financieros generados desde hace
más de 10 años, ascienden a la suma de $8.651.958.
1.11.
A la fecha, la vivienda a la
cual sería aplicado el subsidio con el que fue beneficiado el accionante no ha
sido construida.
2.  La solicitud de tutela
Con fundamento en los hechos atrás señalados, el señor
José del Carmen Arévalo Coronel solicita la protección de sus derechos a la
igualdad, a la protección familiar, al debido proceso, a los derechos
adquiridos, al acceso a la propiedad y a la garantía a la propiedad privada,
los cuales estima vulnerados.
Específicamente, el demandante solicita que se le
ordene al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y al PAR INURBE en
liquidación “autorizar al señor Alcalde Municipal de San Juan del Cesar – La
Guajira y al Secretario de Planeación Municipal de San Juan de Cesar – La
Guajira, para que estos a su vez, me autoricen para retirar el valor del
subsidio de vivienda consignado en la Cuenta de Ahorros No. [...]”, o que,
en caso de que ello no sea posible, se le ordene al Ministerio en cuestión que
lo incluya en un nuevo programa de vivienda de interés social en el municipio
de San Juan del Cesar.
3.  Argumentos en los que se fundamenta la solicitud
El peticionario indica que es una persona de escasos
recursos, que se dedica a las ventas ambulantes para sostener a su familia
compuesta por su compañera permanente y dos hijos menores de edad, y que a
pesar de haber realizado un gran esfuerzo para cumplir los requisitos exigidos para
ser beneficiario del subsidio de vivienda, ello no se ha visto recompensado con
la entrega del inmueble.
Sostiene también que el hecho de que no se le haya hecho
entrega de la vivienda ­–a pesar de que, según aduce, otras de ese mismo
proyecto sí fueron construidas y entregadas–, y la circunstancia de que no se
le permita reclamar al Banco el valor del subsidio para ser aplicado a otro
proyecto, lo han obligado a buscar inmuebles en arriendo para poder brindarle
un hogar a su familia.
Por último, afirma que actualmente no puede acceder a
ningún otro subsidio para ese mismo propósito, ya que en la información
consolidada nacional figura como titular de un beneficio al que, en realidad,
jamás ha podido acceder.
4.  Intervención de los demandados
4.1.  PAR INURBE en liquidación
El Patrimonio Autónomo de Remanentes PAR INURBE en
liquidación, manifiesta que los dineros que fueron dispuestos para otorgar los subsidios
a los que se refiere esta acción no tienen por objeto ser entregados a los
beneficiarios a título personal para su administración, sino que tienen como
finalidad específica la de servir para la adquisición, la construcción o el
mejoramiento de viviendas de interés social, siempre que se cumplan unas
condiciones en un término determinado.
En el presente caso, indica que el subsidio con el que
fue beneficiado el actor debía ser utilizado en un plazo que ya se encuentra
vencido, por lo que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 63 del Decreto
2620 de 2000, los recursos correspondientes más sus rendimientos financieros
deben ser restituidos al erario público y en ningún caso pueden ser entregados
directamente al demandante. Por esa razón, desde hace algún tiempo el PAR le ha
venido solicitando tanto al Banco Agrario como a la Alcaldía de San Juan del
Cesar la devolución de esos dineros sin que hasta la fecha haya sido atendida
esta petición.
En consecuencia, y en tanto, a su juicio, lo que el
accionante pretende es establecer un “nuevo proceso administrativo” para
que le sean entregados unos dineros a los que no tiene derecho, solicita
entonces declarar improcedente la acción de tutela impetrada.
4.2.  Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
En su intervención, el representante del Ministerio
afirma que esa entidad no tiene ninguna injerencia en los hechos que motivaron
esta acción de tutela, puesto que dentro de las funciones que le han sido
asignadas no está la de administrar y tramitar los subsidios de vivienda
otorgados por el extinto INURBE.
Esta tarea, de acuerdo con lo previsto en el artículo
8 de la Ley 1001 de 2005, y en la cláusula primera del contrato de fiducia
mercantil No. 763 de 2007 suscrito entre el INURBE y el consorcio conformado
por Fiduprevisora S.A. y Fiduagraria S.A., le corresponde al Consorcio PAR INURBE
en liquidación.
En ese sentido, considera que en relación con el
Ministerio hay falta de legitimación en la causa por pasiva, de manera que la
acción de tutela debe ser declarada improcedente.
4.3.  Pruebas relevantes aportadas al proceso
a.
Oficio de 24 de mayo de 2002
dirigido por el INURBE a José del Carmen Arévalo Coronel.[1]
b.
Contrato de obra para construcción
de vivienda de interés social, suscrito entre la Unión Temporal Alcaldía
Municipal de San Juan del Cesar – Proyectar Ltda. – Carlos Julio Castro Bravo,
y el señor José del Carmen Arévalo Coronel.[2]
c.
Oficio No. 03060 de 29 de febrero
de 2012, mediante el cual el Coordinador Jurídico del Patrimonio Autónomo de
Remanentes PAR INURBE en liquidación da respuesta a la solicitud de información
presentada por el Secretario de Planeación de la Alcaldía de San Juan del
Cesar.[3]
d.
Certificación expedida por el
Banco Agrario, de fecha primero de marzo de 2012, en la que consta que en la
cuenta del señor José del Carmen Arévalo Coronel figura un saldo por valor de
$8.651.958, con una antigüedad de 10 años.[4]
e.
Copia de la consignación que el
accionante hizo en su cuenta de ahorro programado del Banco Agrario de Colombia
el 3 de mayo de 2002, por valor de $545.000.[5]
f.
Copias de los registros civiles de
nacimiento de los menores José Jaime Arévalo Mercado y Carmen María Arevalo
Mercado.[6]
g.
Acuerdo para la constitución del
Consorcio PAR INURBE en liquidación, suscrito por las fiduciarias Fiduprevisora
S.A. y Fiduagraria S.A. el 14 de noviembre de 2007.[7]
h.
Oficio No. 10222 de 12 de
noviembre de 2010, mediante el cual el Coordinador Jurídico del Patrimonio Autónomo
de Remanentes PAR INURBE en liquidación le solicitó al Banco Agrario la
devolución de los subsidios que habían sido consignados en varias cuentas de
ahorro programado y que no se habían utilizado dentro del término de su
vigencia.[8]
i.
Impresión de un pantallazo del
sistema de información de vivienda de interés social del INURBE en donde consta
que al señor José del Carmen Arévalo Coronel le fue asignado un subsidio el 24
de mayo de 2002 por valor de $7.724.999.[9]
j.
Fotografías de algunas viviendas
que fueron construidas dentro del proyecto “San Juan del Cesar un Municipio
para Vivir”.[10]
II. SENTENCIAS OBJETO DE REVISIÓN
1. Sentencia de primera instancia
El nueve de mayo de 2012, la Sala Civil del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá decidió negar el amparo solicitado.
A juicio del a quo, el Decreto 2620 de 2000
establece claramente cuál es el procedimiento que debe seguirse en casos como
el presente, sin que sea posible que mediante un fallo de tutela se desconozca
la prevalencia de tales normas. En ese sentido, considera que no es esta la vía
adecuada para disponer ni la entrega de recursos públicos al actor, ni tampoco
para ordenar su inclusión en programas de vivienda, puesto que tanto lo uno
como lo otro está sujeto a unas claras reglas que se encuentran legalmente
establecidas.
Por último, la autoridad judicial resalta también el
hecho de que en este caso no se evidencia la configuración de un perjuicio
irremediable, y de que el actor no demostró que, en efecto, a otros
beneficiarios del subsidio para el que él postuló sí le hayan sido entregadas
las viviendas.
2. Impugnación
Dentro del término previsto para el efecto, el
accionante impugnó el fallo de tutela proferido en primera instancia.
Insiste en que la situación que dio origen a la
demanda de tutela comporta una vulneración de su derecho a una vivienda digna.
Adicionalmente, y para efectos de demostrar que a otros beneficiarios sí les
fueron entregadas viviendas en ese mismo proyecto, el demandante aporta unas
fotografías de las casas construidas.
3. Sentencia de segunda instancia
Mediante providencia del 13 de junio de 2012 la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia confirmó el fallo impugnado.
Por un lado, porque las funciones que desarrolla el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio no tienen relación alguna con los
hechos que el accionante alega como vulneratorios de sus derechos fundamentales,
y, por el otro, porque no hay evidencia de que el actor haya formulado ante el Consorcio
PAR INURBE en liquidación quejas o solicitudes relacionadas con este asunto, “por
lo que el pedimento de resguardo fue prematuro”.
Para esa Corporación, además, ninguna de las
peticiones que formula el demandante podría ser satisfecha por la vía de esta
acción. La relacionada con la entrega directa del dinero del subsidio, porque implica
un examen de legalidad de las normas aplicables que resulta extraño a este
escenario constitucional, y la relativa a la inclusión en otro programa de
promoción de vivienda de interés social, porque presupone el agotamiento de un
trámite administrativo que se encuentra totalmente regulado y que no puede ser
ignorado por el juez de tutela.
III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
Remitido el expediente a esta Corporación, la Sala de
Selección número Siete, mediante auto de 26 de julio de 2012, dispuso su
revisión por la Sala Tercera de la Corte Constitucional.
1.
Competencia
Esta Corte es competente para conocer de la revisión
de los fallos proferidos en el trámite de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la
Constitución Política y en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y demás disposiciones pertinentes.
2.
Problema jurídico
De acuerdo con lo descrito en el acápite de
antecedentes, corresponde a la Sala Tercera de Revisión determinar si se han
visto vulnerados los derechos fundamentales del señor José del Carmen Arévalo
Coronel a la igualdad, a la protección familiar, al debido proceso, a los
derechos adquiridos, al acceso a la propiedad y a la garantía a la propiedad
privada, como consecuencia de la no entrega de la vivienda de interés social para
la cual postuló.
Con tal propósito, la Sala (i) reiterará la
jurisprudencia constitucional en relación con el derecho a una vivienda digna y
con su naturaleza jurídica, y (ii) se referirá al régimen legal del subsidio de
vivienda como importante herramienta para lograr la efectividad de ese derecho,
para luego (iii) efectuar el análisis del caso concreto.
3.
El derecho a una vivienda
digna. Reiteración de jurisprudencia
El artículo 51 de la Constitución Política de Colombia
establece que “[t]odos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El
Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y
promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de
financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas
de vivienda.”
De manera general, el derecho a la vivienda digna ha
sido definido como aquél que se dirige a satisfacer la necesidad de disponer de
un sitio, sea propio o ajeno, que sirva como lugar de habitación y que cuente
con las condiciones necesarias para que quienes allí residan puedan realizar
dignamente su proyecto de vida.[11]
Desde sus
inicios, la Corte Constitucional consideró que el derecho a una vivienda digna hace
parte de los denominados derechos económicos, sociales y culturales, que son
aquellos que abarcan prerrogativas de contenido eminentemente prestacional, que
necesitan para su aplicación un desarrollo legal previo y cuya prestación está
a cargo del Estado, bien sea directamente o a través de la entidad que disponga
para tal fin.
Así, en su
momento, esta Corporación sostuvo:
“El derecho a la vivienda digna es un derecho de
carácter asistencial que requiere un desarrollo legal previo y que debe ser
prestado directamente por la administración o por las entidades asociativas que
sean creadas para tal fin, sin olvidar que su aplicación exige cargas
recíprocas para el Estado y para los asociados que pretendan beneficiarse de
los programas y subsidios. Así, las autoridades deben facilitar la adquisición
de vivienda, especialmente en los sectores inferiores y medios de la sociedad,
donde aparece detectado un déficit del servicio; para tal efecto los
particulares deben cumplir con los requisitos establecidos por la ley.”[12]
Así,
la Corte asumió que este no era susceptible de ser amparado a través del
mecanismo de la acción de tutela, debido a que su indeterminación impedía la
exigencia del cumplimiento de prestaciones u obligaciones concretas. En tal
sentido, la jurisprudencia afirmó que “no
tiene la protección inmediata que le puede brindar la acción de tutela, pues en
su condición de derecho asistencial, le corresponde al Estado la obligación de
desarrollar planes de vivienda, ya sea directamente o por medio de contratos
con particulares, todo de acuerdo con la ley. Por tal motivo, las condiciones
jurídicas, económicas y materiales son las que determinarán la efectiva
materialización de tal derecho.”[13]
Sin embargo, en desarrollos posteriores la Corte Constitucional
ha venido señalando que, bajo ciertas circunstancias, el derecho a una vivienda
digna puede ser amparado por vía de acción de tutela, cuando quiera que existan
prestaciones concretas y en cabeza de personas determinadas susceptibles de ser
exigidas.[14]
Eso ocurre, por
ejemplo, cuando se crean e implementan planes y programas que promueven la
adquisición de vivienda propia para personas de bajos recursos económicos, o se
establecen políticas de otorgamiento de subsidios, y tales sujetos adquieren el
derecho a ser beneficiarios de esos programas y subsidios.
En estos casos, la jurisprudencia constitucional ha
sostenido que la protección del derecho a la vivienda digna puede ser invocada,
de manera directa, por la vía de acción de tutela.
4.
El subsidio familiar de
vivienda
La
Corte Constitucional ha entendido que el derecho a una vivienda digna implica
para el Estado la adopción de medidas positivas a través de las cuales se busca
asegurar que, prioritariamente, los sectores más vulnerables y deprimidos de la
sociedad cuenten con mecanismos que les permitan satisfacer sus necesidades en
materia de vivienda.[15]
Esto,
“supone que algunas veces sea necesario adoptar políticas legislativas y/o
reglamentarias para determinar específicamente las prestaciones exigibles y las
condiciones para acceder a las mismas, las instituciones obligadas a brindarlas
y su forma de financiación, teniendo en cuenta que se debe atender, de modo
prioritario, a quienes más lo necesitan.”[16]
En desarrollo de esa labor se expidió la Ley 3 de 1991,
“por la cual se crea el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social, se
establece el subsidio familiar de vivienda, se reforma el Instituto de Crédito
Territorial, ICT, y se dictan otras disposiciones”, sistema integrado por las
entidades públicas y privadas que cumplen funciones relacionadas con la
financiación, la construcción, el mejoramiento, la reubicación, la habilitación
y la legalización de los títulos de viviendas de interés social.[17]
En esa misma norma se establecieron distintos
mecanismos tendientes a lograr una mayor racionalidad y eficiencia en la
asignación y en el uso de los recursos y en el desarrollo de las políticas de
vivienda de interés social.
Como parte de las acciones positivas dirigidas a
satisfacer el derecho a la vivienda digna, el subsidio familiar de vivienda se ha configurado como una importante herramienta para
responder a las necesidades de la población más vulnerable de la sociedad; éste
ha sido definido como “un aporte estatal en dinero o en especie,
otorgado por una sola vez al beneficiario con el objeto de facilitarle una
solución de vivienda de interés social, sin cargo de restitución siempre que el
beneficiario cumpla con las condiciones que establece esta Ley”.[18]
Sobre este particular, esta Corporación ha señalado:
“Para desarrollar la política social de vivienda de
las clases menos favorecidas, el Estado creó el sistema de vivienda de interés
social, y diseñó el subsidio familiar como uno de los mecanismos idóneos para
su realización efectiva. El régimen normativo del subsidio establece requisitos
y condiciones especiales dirigidas a posibilitar la adquisición de una vivienda
digna por personas de escasos recursos económicos, de modo que mediante actos
positivos se pueda concretar el derecho constitucional del 51 de la CP y la
garantía de acceso de las personas postulantes en condiciones de igualdad.” [19]
Además, la Corte Constitucional ha resaltado que en
tanto se trata de subsidios directos a la demanda, ellos “constituyen uno de
los mecanismos más utilizados por los programas focalizados de asistencia
social a los grupos más pobres de la población”, puesto que, “a
diferencia de los subsidios a la oferta, los subsidios a la demanda permiten
una mayor eficiencia en la gestión, en la medida en que el Estado entrega los
recursos directamente a los beneficiarios, obviando los costos burocráticos que
implica la provisión directa de los bienes a los cuales el subsidio permite
acceder.”[20]
El
marco legal general definido en la citada ley ha venido siendo objeto de
distintas reglamentaciones por parte del Gobierno Nacional, mediante la
expedición de los Decretos 1956 de 1997, 824 de 1999, 1537 de 1999, 1538 de
1999, 1729 de 1999, 568 de 2000, 2620 de 2000, 975 de 2004 y –el que actualmente
está vigente– 2190 de 2009. En ellos se han definido aspectos tales como los
beneficiarios o destinatarios de los subsidios, los requisitos para acceder a
ellos, las fuentes de los recursos que se destinan para estos efectos, y las
reglas a las que se sujetan tanto su otorgamiento como su entrega.
A
pesar de las diferencias que pueden encontrarse entre unas y otras
reglamentaciones, en todas ellas se ha partido del supuesto básico de que, en
tanto los recursos dispuestos para sufragar esos subsidios son limitados y escasos,
es necesario siempre propender porque ellos lleguen, en primer lugar, a los
sectores más vulnerables de la población.
Para
lo que interesa a este asunto, cabe resaltar que en los términos del artículo 6
del Decreto 2620 de 2000 –norma vigente para la época en la que se otorgó el
subsidio de vivienda al demandante–, se establecía claramente que este tipo de subsidios
está dirigido a apoyar a aquellos “hogares que carecen de recursos
suficientes para obtener o mejorar una única solución de vivienda de interés
social, cuyos ingresos totales mensuales no sean superiores al equivalente a
cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales y cumplan con los requisitos que
señalan la Ley 3ª de 1991 y el presente decreto”.
Bajo
esa premisa, el extinto Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y
Reforma Urbana, INURBE, fue encargado de fomentar las soluciones de vivienda de
interés social y de administrar los recursos nacionales del subsidio familiar
de vivienda[21]. Específicamente para este
tipo de subsidios, en el Decreto 2620 de 2000 se establecía que éstos debían
dirigirse prioritariamente a atender las postulaciones de la población más
pobre, dentro de la que se entendieron incluidas las personas no vinculadas al
sistema formal de trabajo.
Posteriormente,
mediante el Decreto 554 de 2003, se ordenó la supresión de esa entidad. Las
labores de consolidación del Sistema Nacional de Información de Vivienda y de
ejecutor de las políticas del Gobierno Nacional en materia de vivienda de
interés social urbana que venían cumpliendo el INURBE, le fueron asignadas al
recién creado Fondo Nacional de Vivienda, Fonvivienda[22],
y algunas otras, fundamentalmente relacionadas con las obligaciones y
responsabilidades que durante su existencia había asumido el INURBE, le fueron entregadas
al entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial[23]
y, tiempo después, también al Consorcio Patrimonio Autónomo de Remanentes – PAR
INURBE en liquidación y al propio Patrimonio Autónomo que se creó para el
manejo de su liquidación[24].
Con
los presupuestos jurisprudenciales y legales reseñados, procede entonces la
Sala a efectuar el análisis del caso concreto.
5.
Caso concreto
El señor José del Carmen Arévalo Coronel interpone la
presente acción de tutela contra el Patrimonio Autónomo de Remanentes - PAR INURBE
en liquidación y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, por considerar
que estas entidades han vulnerado sus derechos fundamentales a la igualdad, a
la protección familiar, al debido proceso, a los derechos adquiridos, al acceso
a la propiedad y a la garantía a la propiedad privada.
Dicha vulneración deviene, según aduce, del hecho de
que a la fecha no ha recibido la solución inmobiliaria para la que se postuló, a
pesar de haber sido designado como beneficiario de un subsidio de vivienda
desde el año 2002, y de la circunstancia de que tampoco se le ha permitido
retirar el dinero del subsidio o disponer su aplicación a otro proyecto.
En este escenario, la Sala encuentra necesario
referirse, en primer lugar, al posible incumplimiento del requisito de
inmediatez como presupuesto de la acción de tutela, derivado del tiempo que ha transcurrido
entre el momento en que le fue otorgado el subsidio al accionante y la fecha en
la que él acudió al mecanismo de amparo constitucional.
Superado el juicio de procedibilidad en relación con
ese asunto, y de ser el caso, la Sala entrará a analizar el fondo de la cuestión
planteada.
5.1. De
acuerdo con lo previsto en el artículo 86 de la Constitución Política, “[t]oda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, [...] la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales […]”.
A partir de este mandato, la Corte Constitucional ha
indicado que la acción de tutela puede ser impetrada en cualquier tiempo.
Precisamente, y bajo esa premisa, esta Corporación declaró inexequibles dos
disposiciones del Decreto 2591 de 1991 que habían establecido un término de
caducidad para el ejercicio de la acción. Sobre este particular, en esa
oportunidad la Corte precisó:
“[…] la caducidad corresponde a un término que se
otorga para realizar un acto o para hacer uso de un derecho, generalmente por
razones de orden público, con miras a no dejar en suspenso por mucho tiempo el
ejercicio del derecho o la ejecución del acto de que se trata.
Como se observa, aplicado a las acciones, el término
de caducidad es el que -señalado por la ley- una vez transcurrido, aunque no
debe confundirse con la prescripción extintiva, impide que la correspondiente
acción se ejerza.
Lo cual significa que prever un tiempo de caducidad
para el ejercicio de la acción de tutela implica necesariamente que tan solo
dentro de él puede tal acción interponerse.
[…] resulta palpable la oposición entre el
establecimiento de un término de caducidad para ejercer la acción y lo
estatuido en el artículo 86 de la Constitución cuando señala que ella puede
intentarse ‘en todo momento’, razón suficiente para declarar, como lo hará esta
Corte, que por el aspecto enunciado es inexequible el artículo 11 del Decreto
2591 de 1991.” [25]
Sin embargo, la jurisprudencia constitucional también
ha señalado que, atendiendo a su naturaleza especial y a la protección
inmediata que está llamada a brindar, la acción de tutela debe ser formulada en
un plazo razonable a partir del cual sea posible inferir que realmente se está
frente a una situación que exija de la inmediata y urgente protección de los
derechos fundamentales involucrados; este es, precisamente, el ámbito que
caracteriza la acción de tutela “[…] si bien a la pretensión de amparo
constitucional no le es aplicable término alguno de caducidad y si bien de
acuerdo con la ley ella procede ‘en cualquier tiempo’, la índole misma de
la acción y su contextualización en el sistema constitucional de que hace
parte, imponen que se interponga en un término razonable.”[26]
Como lo ha
señalado también esta Corte, la valoración de si el plazo transcurrido entre la
ocurrencia del hecho vulnerador y la interposición de la acción de tutela es o
no razonable, es una labor que le corresponde adelantar al juez de tutela
atendiendo a las circunstancias de tiempo, modo y lugar que se presenten en
cada caso, y a si existen o no motivos que justifiquen la aparente inactividad
del afectado.[27]
En suma, el ejercicio oportuno del mecanismo de amparo
es requisito necesario para que sea posible un pronunciamiento de fondo
respecto del asunto planteado, de manera que la demora en su interposición,
salvo que el juez de tutela encuentre probada la existencia de una razón
justificativa para la inactividad del afectado, deberá conllevar a la
declaratoria de improcedencia.
Pues bien, aun cuando una primera aproximación a este
caso podría llevar a considerar que aquí no se ha cumplido con el requisito de
inmediatez como presupuesto de procedencia de la acción de tutela, la Sala
encuentra que existen distintas razones que justifican que el señor José del
Carmen Arévalo Coronel no haya acudido con anterioridad a este mecanismo de
amparo constitucional.
En efecto, desde el momento en que le fue otorgado al
accionante el subsidio de vivienda por el extinto INURBE, se han presentado distintas
circunstancias que, sin duda, generaron una cierta confianza sobre el hecho de
que, finalmente, y a pesar de los distintos inconvenientes que se venían
presentando en el desarrollo del proyecto inmobiliario para el que el actor
postuló, se iba a encontrar una solución que permitiría que se concretara la
solución de vivienda ofrecida.
En ese sentido, (i) la participación del municipio
como parte de la Unión Temporal que suscribió el contrato de obra con el
accionante; (ii) el hecho de que frente al incumplimiento del contratista fuera
suscrito un convenio con la aseguradora para que ella asumiera las obligaciones
relativas a la construcción de las viviendas; (iii) la propia liquidación de la
entidad encargada del manejo y de la administración del subsidio y la asunción
por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de algunas de las
responsabilidades que a ella le correspondían en este tema; y (iv) la
circunstancia –así fuera tardía– de que a otros beneficiarios les fueron
entregados efectivamente sus inmuebles, son todos acontecimientos que permitían
pensar que a pesar de las dificultades que se estaban presentando en este
asunto, la gestión de las distintas entidades involucradas llevaría a superar
esas adversidades y a concluir satisfactoriamente los compromisos adquiridos
con los beneficiarios.
En realidad, el accionante solo vino a tener la
certidumbre de que estaba en riesgo el derecho al subsidio que le había sido
legalmente reconocido y de que, como consecuencia de ello, no recibiría su
vivienda, cuando las entidades involucradas manifestaron que la única vía que
quedaba en este caso era la devolución de los recursos al erario público y la
tramitación de un nuevo subsidio por parte del actor, información que, de
acuerdo con los documentos que obran en el expediente, el señor Arévalo Coronel
conoció mediante el Oficio No. 03060 de 29 de febrero de 2012 del PAR INURBE en
liquidación.
Para la Sala, es claro que es a partir de esa fecha
que debe efectuarse el análisis del cumplimiento del requisito de inmediatez,
puesto que solo en ese momento se materializó la amenaza de los derechos del
accionante.
Así, y como quiera que la presente acción de tutela
fue interpuesta al mes siguiente de que el Patrimonio Autónomo emitiera el
pronunciamiento en el sentido atrás señalado, debe concluirse entonces que en
este caso la acción de tutela se ejerció de manera oportuna y que, por tanto,
se encuentra cumplido el requisito de inmediatez.
Pasa la Sala entonces a efectuar el análisis de fondo
del presente asunto.
5.2. El
señor José del Carmen Arévalo Coronel fue designado como beneficiario de un
subsidio para la adquisición de vivienda en el año 2002. Dicho subsidio
ascendió a la suma de $7.724.999, y debía ser aplicado únicamente para la
adquisición de una vivienda en el proyecto “San Juan del Cesar un Municipio
para Vivir” en el término de 12 meses contados a partir del cuatro de junio de
2002.
Tal y como lo indicó el Patrimonio Autónomo de
Remanentes PAR INURBE en liquidación, la Unión Temporal que tenía a su cargo el
desarrollo del proyecto con el cual resultaría favorecido el accionante
incumplió con sus obligaciones contractuales y, por esa razón, la vivienda que
le correspondía al actor nunca fue construida.
Frente a esta problemática las entidades involucradas
se han limitado a afirmar que el señor José del Carmen Arévalo Coronel permitió
que se venciera el término para hacer efectivo el subsidio, por lo que se hace
necesario disponer la devolución de los recursos entregados. Ello, aun cuando
esto signifique que el accionante pierda el beneficio que le había sido
reconocido, y no vea recompensados los esfuerzos que en su momento hizo para
adquirir el lote de terreno donde se construiría su vivienda y para lograr el
ahorro exigido por el extinto INURBE.
Pues bien, vistos los elementos que obran en el
expediente, para la Sala es claro que el vencimiento del término inicialmente
previsto para la utilización del subsidio no es una circunstancia que pueda ser
atribuible ni principal ni exclusivamente al accionante, como que, en realidad,
ese hecho dependía de la actuación conjunta y coordinada de varios actores; a
lo menos, de los siguientes:
(i)
De la Unión Temporal encargada de
la construcción del proyecto inmobiliario con el que resultaría beneficiado el
accionante, de la que, debe resaltarse, hacía parte el municipio de San Juan
del Cesar;
(ii)
De la aseguradora que expidió la
póliza que amparaba el proyecto, quien entró a participar a raíz del
incumplimiento en el que incurrió el constructor y asumió con el Estado la
obligación de continuar las obras correspondientes;
(iii)
Del propio INURBE y, a partir de
su liquidación, tanto del Consorcio Patrimonio Autónomo de Remanentes - PAR INURBE
en liquidación como del propio Patrimonio Autónomo y del Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy, Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio), quienes, como atrás se dijo, tienen a su cargo varias de
las responsabilidades que le competían al extinto INURBE[28].
Para lo que interesa a este asunto, valga destacar aquellas relacionadas con la
gestión de los bienes, de los derechos y, en particular, de las obligaciones
que habían sido adquiridos por esa entidad.
Y es que fue precisamente la actuación poco diligente
de los sujetos y de las entidades mencionadas la que determinó no solo el vencimiento
del término del subsidio sino la prolongación de una situación que amenaza los
derechos del actor. Así, mientras que la Unión Temporal y la aseguradora incumplieron
con las obligaciones que les correspondían en materia de construcción de las
viviendas, las entidades públicas atrás señaladas no adoptaron las medidas
correctivas correspondientes ni tampoco propusieron alternativas tendientes a
lograr la efectividad del subsidio reconocido al accionante.
Siendo ello así, no es admisible que sea el beneficiario
del subsidio, en este caso el actor, quien deba soportar las consecuencias
negativas que genera el vencimiento de su término; máxime cuando esa
consecuencia implica la pérdida de un beneficio que legítimamente adquirió y a
través del cual pretende satisfacer la necesidad imperiosa de tener una
vivienda digna.
No sobra recordar que las personas que resultan
beneficiadas con este tipo de subsidios hacen parte de los sectores más
vulnerables de la sociedad, sectores que se ven expuestos a unas condiciones de
vivienda muy precarias. Estos hogares, en tanto no cuentan con los recursos
suficientes para solventar de manera autónoma sus necesidades en esta materia, requieren
con urgencia de la ayuda y del apoyo que el Estado debe brindarles.
Lo que encuentra la Sala en este caso es que el
accionante, en lo que le era exigible, cumplió con todos los requisitos, trámites
y exigencias legales para acceder al subsidio de vivienda y para obtener la
solución de vivienda que le fue ofrecida.
Así, el actor adquirió el lote que se le exigió, abrió
una cuenta de ahorros con los recursos que como vendedor ambulante pudo reunir
en su momento y agotó todos los trámites administrativos que le fueron
impuestos. Sin embargo, circunstancias ajenas a su voluntad, e imputables a
otros agentes determinados, impidieron que él pudiera recibir finalmente su
inmueble.
A pesar de ello, en este caso ni las entidades
accionadas ni el municipio de San Juan del Cesar le han presentado al
accionante alternativas distintas que resulten más acordes con el fin último de
lograr la protección de su derecho y la utilización de un beneficio que ya le
fue reconocido. Ello, con el agravante de que han sido pasivos tanto en la
gestión de los procedimientos que a ellos les correspondían como en la búsqueda
de soluciones a una situación que, en buena medida por su concurso, se ha
prolongado innecesariamente en el tiempo.[29]
Y si bien la vía que estas entidades han señalado ­–la
devolución de los recursos al erario y la pérdida del subsidio– en principio se
aprecia como ajustada a lo que prevén las normas sobre este particular, también
lo es que, en este caso, esta situación comporta una vulneración de los
derechos de una persona de bajos recursos, a la que una unión temporal, de la
que participaba la propia entidad territorial, le incumplió con la entrega de
su vivienda y quien, por esa circunstancia, no ha podido ver satisfecho un
beneficio que ya le fue otorgado y al que accedió legítimamente.
No debe olvidarse que fue precisamente
su condición de persona de escasos recursos económicos y el hecho de que no
cuenta con una vivienda propia, lo que llevó a que fuera reconocido como
beneficiario del subsidio otorgado por el extinto INURBE, condiciones que, de
acuerdo con el material probatorio que obra en el expediente, no han sufrido
modificación alguna puesto que el actor no cuenta actualmente con un empleo
estable y no ha podido encontrar una solución de vivienda a un costo razonable.
En consecuencia, la Sala encuentra que en el caso
concreto la exigencia de la devolución del valor del subsidio al erario público
desconoce el fin constitucional de este mecanismo, el cual, como atrás se dijo,
busca hacer efectivo el derecho a la vivienda digna de las personas de más
bajos ingresos.
Por tal razón, y en aras de proteger los
derechos del señor Arévalo Coronel y de su núcleo familiar, esta Sala estima imperioso
adoptar las medidas necesarias para que las entidades que de acuerdo con la ley
están vinculadas a los programas de vivienda de interés social concurran y
participen en la solución de la problemática que aquí se ha planteado,
reiterando criterios adoptados por esta Corporación en casos análogos.
Así, al Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, entidad que hoy en día tiene a su cargo la política de promoción de
vivienda de interés social, se le ordenará que, a través de Fonvivienda y en
coordinación con el municipio de San Juan del Cesar y con el departamento de la
Guajira, incluya al señor José del Carmen Arévalo Coronel en un programa o
proyecto de construcción a desarrollar en el lote que él adquirió en su momento
para lograr la asignación del subsidio, o en otro lote siempre que se cuente
con la anuencia del actor y se efectúen las compensaciones que sean del caso. Para
cumplir con esta orden el Ministerio cuenta con un término máximo de cuatro
meses.
Durante ese mismo tiempo, y en caso de
que el actor requiera de un crédito adicional para efectos de lograr la compra
de su vivienda, el municipio de San Juan del Cesar deberá prestarle todo su
apoyo y asesoría respecto de las opciones de acceso a créditos en condiciones
favorables que esté brindando tanto esa entidad territorial como el departamento
de la Guajira.
Adicionalmente, se le ordenará al
Ministerio que, en atención a las competencias previstas en el Decreto 2190 de
2009, prorrogue la vigencia del subsidio de vivienda familiar otorgado al actor
por el término de un año contado a partir de la notificación de esta
providencia y actualice su valor de acuerdo con las normas legales vigentes que
resulten aplicables.
Una vez se cumplan los requisitos que
son exigibles de acuerdo a la modalidad del subsidio que le fue inicialmente otorgado
al accionante (como se dijo, los previstos en el Decreto 2620 de 2000), el Patrimonio
Autónomo de Remanentes - PAR INURBE en liquidación deberá autorizar la
movilización de los recursos que hoy en día se encuentran en la cuenta de
ahorros que el actor abrió en el Banco Agrario de Colombia, a favor de la
vendedora o promotora del proyecto de construcción. Para estos efectos, el PAR
INURBE en liquidación deberá abstenerse de reclamar la devolución de los
dineros correspondientes al valor del subsidio que fueron consignados en la
cuenta del accionante.
Además, esta Sala le advertirá al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a
Fonvivienda, al municipio de San Juan del Cesar, al departamento de la Guajira
y al Patrimonio Autónomo de Remanentes - PAR INURBE en liquidación, que, de presentarse
un incumplimiento de las obligaciones que aquí se les imponen, esta situación
no podrá llevar a que el accionante sea privado del subsidio de vivienda que le
fue reconocido.
Para garantizar el cumplimiento de la
presente providencia, la Sala también ordenará la remisión de informes
trimestrales al despacho que conoció en primera instancia del presente asunto –Sala
Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá– para que, de
conformidad con el Decreto 2591 de 1991, se verifique el cumplimiento de lo
ordenado en esta providencia.
Finalmente, se ordenará que la Defensoría del Pueblo y
la Contraloría General de la Nación, dentro de sus competencias, hagan
seguimiento al cumplimiento de este fallo. Además, a esta última entidad se le
remitirá copia íntegra de esta providencia para que, de considerarlo
pertinente, efectúe una auditoría integral sobre la ejecución de los proyectos
de vivienda de interés social que se están desarrollando en el municipio de San
Juan del Cesar, Guajira.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de Revisión
de la Corte Constitucional administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución
RESUELVE
Primero.- REVOCAR las sentencias proferidas por la Sala Civil del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá el nueve de mayo de 2012 y por la Sala de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia el 13 de junio de 2012, mediante las
cuales se negó la solicitud de amparo formulada por el señor José del Carmen
Arévalo Coronel contra el Patrimonio Autónomo de Remanentes - PAR INURBE en
liquidación y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. En su lugar, CONCEDER
el amparo solicitado.
Segundo.- ORDENAR al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio que, a
través de Fonvivienda y en coordinación con el municipio de San Juan del Cesar
y con el departamento de la Guajira, incluya al señor José del Carmen Arévalo
Coronel en un programa o proyecto de construcción de vivienda a desarrollar en
el lote que él adquirió en su momento para lograr la asignación del subsidio, o
en otro lote siempre que se cuente con la anuencia del actor y se efectúen las
compensaciones que sean del caso. Esta orden deberá ser cumplida en el término
máximo de cuatro (4) meses contados a partir de la notificación de la presente providencia.
Así mismo, y en atención a las
competencias previstas en el Decreto 2190 de 2009, ORDENAR a este Ministerio
que prorrogue la vigencia del subsidio de vivienda familiar otorgado al actor
por el término de un (1) año contado a partir de la notificación de esta sentencia
y actualice su valor de acuerdo con las normas legales vigentes que resulten
aplicables.
Tercero.- ORDENAR al Patrimonio Autónomo de Remanentes - PAR INURBE en
liquidación que se abstenga de reclamar la devolución del subsidio que fue
consignado en la cuenta de ahorros que el actor abrió en el Banco Agrario de
Colombia, y que, una vez se cumplan los requisitos exigibles de acuerdo a la
modalidad del subsidio que le fue inicialmente otorgado al accionante (los
previstos en el Decreto 2620 de 2000), autorice la movilización de esos
recursos a favor de la vendedora o promotora del proyecto de construcción por
el que se hubiere optado finalmente.
Cuarto.- ORDENAR al municipio de San Juan del Cesar, Guajira, que si el
señor José del Carmen Arévalo Coronel llega a requerir de un crédito adicional para
efectos de adquirir su vivienda, le preste todo su apoyo y asesoría respecto de
las opciones de acceso a créditos en condiciones favorables que esté brindando
tanto esa entidad territorial como el Departamento de la Guajira.
Quinto.- ADVERTIR al Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, a Fonvivienda, al municipio de San Juan del
Cesar, al departamento de la Guajira y al Patrimonio Autónomo de Remanentes -
PAR INURBE en liquidación, en lo que a cada uno de ellos le corresponda, que en
caso de incumplir sus obligaciones el señor José del Carmen Arévalo Coronel no
podrá ser privado del subsidio de vivienda que le fue reconocido.
Sexto.- ORDENAR al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, al Patrimonio Autónomo
de Remanentes - PAR INURBE en liquidación y al municipio de San Juan del Cesar,
Guajira, que remitan a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá informes trimestrales en relación con el cumplimiento de las
ordenes que aquí se han dictado, para que, de conformidad con lo previsto en el
Decreto 2591 de 1991, verifique el acatamiento de la presente decisión. El
primer informe deberá remitirse dentro de los tres (3) meses siguientes a la
notificación de esta sentencia.
Séptimo.- OFICIAR a la Defensoría del Pueblo y a la Contraloría General de la Nación
para que, dentro de sus competencias, hagan seguimiento al cumplimiento de este
fallo.
Además, REMITIR copia íntegra de esta
providencia a la Contraloría General de la República para que, de considerarlo
pertinente, efectúe una auditoría integral sobre la ejecución de los proyectos
de vivienda de interés social que se están desarrollando en el municipio de San
Juan del Cesar, Guajira.
Octavo.- LÍBRESE por Secretaría la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto
2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la
Corte Constitucional y cúmplase.
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
Ausente en comisión
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1]
Cuaderno 1, folio 7.
[2]
Cuaderno 1, folio 8.
[3]
Cuaderno 1, folio 17.
[4]
Cuaderno 1, folio 19.
[5]
Cuaderno 1, folio 20.
[6]
Cuaderno 1, folios 37 y 38.
[7]
Cuaderno 1, folio 63.
[8]
Cuaderno 1, folio 41.
[9]
Cuaderno 1, folios 74 y 75.
[10]
Cuaderno 1, folios 103 a 106.
[11] Ver, entre otras, las  sentencias T- 958 de 2001, T-791 de 2004 y T-573 de 2010.
[12]
Sentencia T-495 de 1995.
[13]
Sentencia T-258 de 1997.
[14]
En relación con este tema se pueden consultar las sentencias T-108 de
1993, T-207 de 1995, T-042 de 1996, T-304 de 1998 y
SU-819 de 1999.
[15] A este tema en
particular se refieren las sentencias T-403 y T-585 de 2006, T-831 de 2004 y
T-675 de 2011.
[16]
T-122 de 2010.
[17]
Artículo 1.
[18]
Artículo 6.
[19]
Sentencia T-175 de 2008.
[20]
Sentencia T-499 de 1995.
[21] Así, en el artículo 10 de la Ley 3 de 1991, modificado por la Ley 281 de 1996, se estableció: “A partir de la vigencia
de la presente Ley el Instituto de Crédito Territorial -ICT- se denominará
Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana -INURBE-.
Para todos los efectos legales las actuaciones administrativas adelantadas por
el Instituto de Crédito Territorial, con anterioridad a la vigencia de la
presente Ley, se entenderán realizadas a nombre del Instituto Nacional de
Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana -INURBE-. El Instituto mantendrá su
naturaleza de establecimiento público del orden nacional, con personería
jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio e independiente,
adscrito al Ministerio de Desarrollo Económico.”
Por su parte, en el artículo 11 se dispuso: “En adelante el Instituto de que trata el
artículo anterior tendrá como objeto fomentar las soluciones de vivienda de
interés social y promover la aplicación de la Ley 9 de 1989 o las que la modifiquen, adicionen o complementen, para la cual prestará asistencia técnica y
financiera a las administraciones locales y seccionales y las organizaciones
populares de vivienda, así como administrará los recursos nacionales del
Subsidio Familiar de vivienda.”
[22]
Creado mediante el Decreto 555 de 10 de marzo de 2003, publicado
en el Diario Oficial No. 45.126 de 13 de marzo de 2003.
[23]
En particular, véanse los artículos 11 y 17 del Decreto 554 de 2003.
[24]
El Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana – INURBE
en liquidación efectuó un procedo de invitación para seleccionar a la sociedad
fiduciaria que administraría el remanente de la liquidación. Agotado el proceso
fue seleccionado el Consorcio PAR INURBE EN LIQUIDACIÓN, constituido por la Fiduprevisora S.A. y por Fiduagraria S.A.
[25]
En efecto, mediante la sentencia C-543 de 1992 la Corte Constitucional declaró inexequibles los artículos 11 y 12 del Decreto 2591 de 1991, los
cuales disponían: “ARTICULO 11. La acción de tutela podrá ejercerse en todo
tiempo salvo la dirigida contra sentencias o providencias judiciales que pongan
fin a un proceso, la cual caducará a los dos meses de ejecutoriada la
providencia correspondiente. ARTICULO 12. La caducidad de la acción de tutela
no será obstáculo para impugnar el acto o la actuación mediante otra acción, si
fuere posible hacerlo de conformidad con la ley.”
[26]
Sentencia T-730 de 2003.
[27]
Así lo dijo esta Corporación, por ejemplo, en la Sentencia SU-961 de 1999:“De acuerdo con los hechos, entonces, el juez está encargado de
establecer si la tutela se interpuso dentro de un tiempo prudencial y adecuado,
de tal modo que no se vulneren derechos de terceros. Si bien el término
para interponer la acción de tutela no es susceptible de establecerse de
antemano de manera afirmativa, el juez está en la obligación de verificar
cuándo ésta no se ha interpuesto de manera razonable, impidiendo que se
convierta en factor de inseguridad, que de alguna forma afecte los derechos fundamentales
de terceros, o que desnaturalice la acción.” A este asunto se refirió la Corte también en la sentencia T-690 de 2005.
[28] Leyes 3 de 1991 y 1444
de 2011; Decretos 554 y 555 de 2003, y 3571 de 2011.
[29]
Cabe anotar en este punto que la jurisprudencia constitucional ha
entendido que si una persona “se ha forjado con razones
objetivas la expectativa de que la decisión de una entidad lo va a beneficiar
en la satisfacción de una de sus necesidades básicas, y ha proyectado sus
actuaciones futuras en función de esa decisión, el cambio súbito de la misma
puede no violar su derecho a la confianza legítima, aunque sin duda conmueva de
manera relevante su situación, si el Estado le proporciona tiempo y medios
que le permitan adaptarse a la nueva situación.” (se ha resaltado).
Sentencia C-478 de 1998.