T-280-09
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-280/09
ACCION DE TUTELA-Procedencia excepcional para controvertir
orden de traslado de docentes
JUEZ CONSTITUCIONAL-Condiciones para decidir sobre traslado
laboral
La jurisprudencia constitucional se ha ocupado, a
través de distintos fallos sobre la materia, de fijar las condiciones que deben
cumplirse para que proceda la protección constitucional impetrada. Así, ha
dispuesto que, para que haya lugar a un pronunciamiento de fondo sobre una
decisión de traslado laboral, se requiere “(i) que la decisión sea ostensiblemente arbitraria, en
el sentido que haya sido adoptada sin consultar en forma adecuada y coherente
las circunstancias particulares del trabajador, e implique una desmejora de sus
condiciones de trabajo; y (ii) que afecte en forma clara, grave y directa los
derechos fundamentales del actor o de su núcleo familiar”.
DERECHO FUNDAMENTAL DEL TRABAJADOR Y SU
NUCLEO FAMILIAR-Eventos en
que pueden entenderse afectados
IUS VARIANDI-Ejercicio frente a solicitudes de traslado de
docentes
TRASLADO DE DOCENTES-Disposiciones legales
IUS VARIANDI-Alcance y límites
ACCION DE TUTELA-Secretaría de Educación Departamental
deberá abordar nuevamente el estudio de solicitud de traslado de docente con
base en el estudio de su estado de salud
Referencia: expediente T-2.135.084
Accionante: Carlos Paredes Martínez
Demandado: Secretaría de
Educación Departamental de Nariño
Magistrado Ponente:
Dr. GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Bogotá, D.C., veinte (20) de abril de dos
mil nueve (2009).
La Sala
Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados
Mauricio González Cuervo, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
en el proceso de revisión del fallo de tutela
proferido por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pasto, en relación con el
recurso de amparo constitucional formulado por Carlos Paredes Martínez contra
la Secretaría de Educación Departamental de Nariño.
I.       ANTECEDENTES.
1.      La solicitud.
El día
20 de octubre de 2008, el señor Carlos Paredes Martínez promovió acción de
tutela contra la Secretaría de Educación Departamental de Nariño, por
considerar que tal entidad quebrantó sus derechos constitucionales
fundamentales a la vida, a la salud y a la dignidad humana, al despachar
negativamente su solicitud de traslado a otro lugar de trabajo sin haber tenido
en cuenta para ello su estado de salud.
2. Hechos relevantes y Pretensiones
El actor, de 56 años de edad, manifiesta
que desde el año de 1975 desempeña el cargo de docente en el Departamento de
Nariño, siendo su última designación el Centro Educativo El Yunga, jurisdicción
del Municipio de San Lorenzo, donde viene laborando por espacio de los últimos
3 años en el área de básica de primaria.
Precisa que ello tuvo lugar en atención a
que ocupó el cuarto lugar en el concurso de méritos convocado para docentes del
departamento en el año 2005, como consecuencia de lo cual la Secretaría de
Educación y Cultura Departamental de Nariño, a través del Decreto No. 2208 del
21 de diciembre de 2005, ordenó su traslado al mencionado Centro Educativo.
A propósito del lugar a donde fue
trasladado, indica que se encuentra ubicado “en la carretera que comunica al
túnel de Peña Liza con el municipio de San Lorenzo a unos 12 Kms. de la
carretera Panamericana aproximadamente, y a unos 12 Kms. de la cabecera
municipal de San Lorenzo, en una vía que permanece siempre en pésimas
condiciones”, razón por la cual, “la única manera de llegar a este lugar
y a horas de trabajo, esto es, a las 7:00 a.m., es a pie o en motocicleta, pues
es imposible encontrar transporte en carro en esas horas laborales”.
Señala que por virtud de lo anterior, ha
venido padeciendo de lesiones en los cartílagos de las rodillas y de problemas
renales. En cuanto a la primera de las patologías mencionadas, aduce que fue
producto de un accidente de tránsito que sufrió mientras se desplazaba a su
lugar de trabajo, pero que se ha agravado en razón a los prolongados trayectos
que recorre en motocicleta y a las largas caminatas que debe realizar para
arribar al Centro Educativo al cual fue asignado, toda vez que sus vías de
acceso se encuentran en malas condiciones. Con relación a la segunda, arguye que
los referidos desplazamientos intensifican el dolor en su región renal
causándole, eventualmente, un agravamiento en su estado de salud.
A ello, agrega el hecho de que la IPS
PROINSALUD, entidad a la cual se encuentra afiliado por cuenta de su empleador,
le ofrece todos los servicios de atención en salud, particularmente, en lo que
tiene que ver con exámenes, citas con especialistas, terapias, servicio de
urgencias, hospitalización y suministro de medicamentos, solamente en la ciudad
de Pasto, lo que conduciría a que realizara ingentes esfuerzos para desplazarse
allí siempre que así lo requiera el tratamiento de sus afecciones, debiendo
entonces trasladarse nuevamente en motocicleta o a pie por periodos prolongados
de tiempo, óptica bajo la cual no podría mejorar su estado de salud, por cuanto
se vería sometido a la agravación del mismo.
En ese sentido destaca, igualmente, que
merced a las patologías que padece, ha sufrido una merma considerable en el
ejercicio de su actividad como docente, toda vez que el acudir reiteradamente a
diversos controles médicos y a la realización de exámenes diagnósticos e,
incluso, ser objeto de varias incapacidades, ha incidido de manera negativa en
la prestación del servicio público de educación, en la medida en que su
inasistencia va en detrimento de la calidad en la enseñanza que imparte a los
educandos que tiene a su cargo en el Centro Educativo El Yunga.
Asegura que con base en los argumentos
expuestos, elevó el 22 de abril de 2008 una solicitud de traslado ante la
Secretaría de Educación Departamental de Nariño, la cual fue despachada
desfavorablemente por la entidad, argumentado, entre otras razones, las
siguientes: (i) el Departamento de Nariño cuenta con una planta de carácter
global y flexible que permite cubrir las necesidades que se susciten en la
prestación del servicio de educación, (ii) existe una relación técnica
alumno-docente bajo la cual se establece el promedio de estudiantes que debe
estar a cargo de cada educador en la respectiva jurisdicción territorial y
(iii) el acceder a la solicitud de traslado generaría una necesidad en el
servicio educativo, además que desconocería otros casos en los cuales sí se ha
ordenado, por medio del mecanismo tuitivo de los derechos fundamentales, el
traslado de un docente a otro establecimiento educativo por razones de salud.
Así pues, considera el actor que tal
negativa comporta la vulneración de sus derechos constitucionales
fundamentales, por cuanto la Secretaría de Educación Departamental de Nariño no
tuvo en cuenta, al resolver la solicitud de traslado que efectuó, el
desmejoramiento que ha sufrido su estado de salud a causa de los prolongados
desplazamientos que a pie o en motocicleta se ve abocado a realizar por
interregnos que superan las dos horas de recorrido para llegar a las
instalaciones del Centro Educativo al que fue asignado, sin olvidar que debe
hacer el mismo desplazamiento de regreso a Pasto, ciudad en donde son atendidos
sus requerimientos en salud a cargo de PROINSALUD.
En esa medida, acude al recurso de amparo
constitucional e insta al juez de tutela para que ampare los derechos fundamentales
que resultan transgredidos, de tal manera que se le ordene a la Secretaría de
Educación Departamental de Nariño efectuar su traslado a otro centro educativo
en donde no sea necesario realizar largas caminatas o desplazamientos en
motocicleta, y desde donde resulte más cómodo el traslado hacia la ciudad de
Pasto, con el propósito de que pueda recibir la atención médica que requiere
para mejorar su estado de salud.
Para tal efecto, puso de presente que el
traslado eventualmente podría hacerse al casco urbano de los municipios de
Chachaguí, la Florida, Nariño, Tangua, Yacuanquer, Buesaco o a cualquiera de
los corregimientos aledaños al municipio de Pasto, lugares “desde donde
mejoraría considerablemente las condiciones de desplazamiento al lugar de
trabajo y el desplazamiento a la atención médica que requiere”.
3. Oposición a la demanda de tutela.
Mediante
escrito del veinticuatro (24) de octubre de dos mil ocho (2008), la Secretaria
de Educación (E) del Departamento de Nariño, dio respuesta al requerimiento del
Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pasto en los siguientes términos:
- Que,
de acuerdo con la Ley 115 de 1994, la administración de los servicios
educativos estatales corresponde a la Nación y a las entidades territoriales,
por lo que el Departamento de Nariño asume la competencia a través de la
Secretaría de Educación Departamental para organizar y dirigir tal servicio
público en su jurisdicción.
- Por
otra parte, en virtud de lo establecido por el artículo 6 de la Ley 715 de 2001,
en concordancia con las facultades señaladas en el artículo 153 de la Ley 115
de 1994, el Departamento de Nariño tiene competencia para administrar las
instituciones educativas y todo su personal docente y administrativo,
conformando la planta global de cargos, efectuando concursos, nombramientos de
personal requerido, administrando los ascensos y, además, decidiendo sobre el traslado
de funcionarios entre sus instituciones educativas mediante acto administrativo
debidamente motivado.
- Las
solicitudes de traslados procederán en sentido estricto de acuerdo con las
necesidades del servicio y ello no podrá afectar en modo alguno la composición
de las plantas de personal de las entidades territoriales. Asimismo, será la
autoridad nominadora quien decidirá acerca de una solicitud de traslado,
teniendo en cuenta, entre otras cosas, que quien solicitare el respectivo
traslado hubiese prestado como mínimo 3 años de servicio en el establecimiento
educativo. De esta forma, la normatividad ha estipulado que en materia de
traslados existe una potestad discrecional radicada en cabeza del nominador, la
cual debe prevalecer al momento de satisfacer las necesidades del servicio.
-
Conforme al tenor de lo dispuesto por el Decreto No. 3222 de 2003[1],
para que se autorice el traslado de un docente adscrito al Departamento hacía
otra entidad territorial, bien sea en comisión, encargo o por medio de
cualquier otra figura administrativa, debe existir previamente un convenio
interadministrativo, el cual debe obedecer a la necesidad del servicio
imperante en el lugar de destino.
- A
través del Decreto No. 3020 de 2002 se establecieron los criterios y los
procedimientos para organizar las plantas de personal docente y
administrativo-docente del servicio educativo estatal que prestan las entidades
territoriales certificadas; y se determinó que las mismas se fijan de manera
global, de acuerdo con las necesidades en la prestación del servicio educativo,
de suerte que así se materializan los criterios de eficiencia y racionalidad.
- Lo
anterior encuentra fundamento, incluso, en jurisprudencia de la Corte
Constitucional sobre la materia, la cual ha precisado que la planta de personal
global y flexible tiene por fin garantizar a la administración pública mayor
capacidad de manejo de su planta de funcionarios, con el objeto de atender las cambiantes
necesidades del servicio y de cumplir de manera eficiente con las funciones que
le corresponden[2].
-
Refiriéndose al caso concreto, sostiene que el accionante pertenece a la Planta
Global de docentes de la Secretaría de Educación Departamental de Nariño, lo
que implica que para su caso se aplica la normatividad general vigente para
empleados públicos, específicamente aquella desarrollada en materia de
traslados, nombramientos y demás situaciones administrativas que surjan con
ocasión de la actividad docente.
- En
consecuencia, por virtud del Decreto 3222 de 2003, los traslados solo pueden
realizarse cuando el docente o directivo docente ha prestado como mínimo tres
(3) años de servicio en el establecimiento educativo, lo cual, en el caso del
actor, sólo se hace efectivo hasta el año 2009; época para la que podría
accederse de manera favorable a su solicitud, en atención a que cumpliría el
requisito previsto en la norma mencionada.
- En
lo que guarda relación con las afecciones que alega padecer el accionante,
puntualiza que efectúa a cabalidad el pago de los aportes al Sistema de
Seguridad Social en Salud, con el objetivo de que éste sea atendido debidamente
y goce de los servicios a que hubiere lugar con ocasión de sus requerimientos.
- Advierte
que de la historia clínica allegada por el demandante no se evidencia que los
profesionales de la salud hayan sugerido en algún momento su reubicación a un
nuevo lugar de trabajo, por lo que fuerza concluir que su traslado al Centro
Educativo El Yunga, si bien resulta prolongado no se constituye en la causa u
origen de las enfermedades que actualmente padece.
- Con
todo, indica que las diversas oportunidades en que el actor ha requerido
ausentarse de su lugar de trabajo en plena jornada laboral para asistir a
controles médicos, la entidad ha obrado dentro del marco normativo previsto en los
Decretos 2277 de 1979 y 1278 de 2002, conforme con los cuales se otorgan
permisos remunerados al educador que lo requiera, hasta por tres días hábiles
consecutivos en un mes, siempre que medie justa causa para ello. En ese
sentido, atendiendo al caso concreto, en la medida en que así lo requiera el
demandante, tiene derecho a solicitar el respectivo permiso remunerado para
someterse a los controles y tratamientos médicos que demande su estado de
salud.
-
Ahora bien, frente al argumento esbozado por el demandante según el cual son
desfavorables las condiciones de acceso al Centro Educativo El Yunga,
contrapone la Resolución 3254 de 2007, que determina las instituciones y los
Centros Educativos que en la jurisdicción del Departamento de Nariño se
encuentran catalogados como zonas de difícil acceso, dentro de las cuales no
aparece relacionada como tal el Centro Educativo El Yunga, con sede en el
municipio de San Lorenzo; razón por la cual carece de asidero lo afirmado por
el actor en ese sentido.
-Finalmente,
señala que el recurso de amparo constitucional promovido por el actor deviene
improcedente, como quiera que no es el instrumento de defensa judicial idóneo
para resolver acerca de la pretensión formulada en el caso de autos, máxime,
cuando del mismo no se advierte la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
4. Pruebas que obran en el expediente.
Dentro del expediente de tutela, se
encuentran como pruebas relevantes, las siguientes:
- Copia
de Acto Administrativo del 26 de diciembre de 2005 por medio del cual la
Gobernación de Nariño, a través de la Secretaría de Educación y Cultura, le
comunica al actor que en virtud del Decreto No. 2208 del 21 de diciembre de
2005 fue trasladado como Docente al Centro Educativo El Yunga, ubicado en el
municipio de San Lorenzo (Folio 22)
- Copia
de declaración extraprocesal rendida ante el notario cuarto del circuito de
Pasto, en la cual el señor Evercito Lorenzo Córdoba, Director del Centro
Educativo El Yunga manifestó, bajo la gravedad de juramento, que Carlos Paredes
Martínez presenta serios problemas de salud que han mermado su desempeño
laboral. Además, pone de presente la dificultad existente para movilizarse por
la zona, en atención a las deficientes condiciones que caracterizan las vías de
acceso, lo cual riñe con la necesidad del demandante de asistir a los controles
y tratamientos médicos que le son prestados en la ciudad de Pasto, como quiera
que reside en aquel municipio.
Anota,
del mismo modo, que la salud del señor Carlos Paredes Martínez se ha visto
afectada como consecuencia de los largos desplazamientos que a pie o en
motocicleta debe realizar diariamente, ya que estos suponen recorridos de un
poco más de 100 kilómetros en promedio tanto de ida como de regreso, esto es, desde
la ciudad de Pasto hasta el lugar donde queda ubicado el Centro Educativo al
cual fue asignado y viceversa, para arribar nuevamente al sitio de su residencia
en el municipio de Pasto (Folios 24 a 26)
-
Copia de certificación laboral expedida el 29 de octubre de 2007 por la
Secretaría de Educación Departamental de Nariño, en donde hace constar que el
señor Carlos Paredes Martínez presta sus servicios como Docente en el Centro
Educativo El Yunga, ubicado en el municipio de San Lorenzo, y que devenga un
sueldo de $1.339.703 (Folio 28)
- Documentos
en original y fotocopia que dan cuenta de la epicrisis, los controles, terapias
físicas, citas, ayudas diagnósticas, fórmulas y prescripciones practicadas y
suministradas al actor, además de las incapacidades médicas que le han sido
reconocidas con ocasión de las patologías que lo aquejan (Folios 30 a 105)
-
Copia de la solicitud de traslado presentada el 22 de abril de 2008 por Carlos
Paredes Martínez ante la Secretaría de Educación Departamental de Nariño
(Folios 108 y 109)
-
Copia del oficio No. 1679 por medio del cual la Secretaría de Educación
Departamental de Nariño decide despachar desfavorablemente la solicitud elevada
por el docente Carlos Paredes Martínez (Folio 111)
II.
DECISIÓN JUDICIAL DE INSTANCIA
En
providencia del cinco (05) de noviembre de dos mil ocho, el Juzgado Cuarto
Penal del Circuito de San Juan de Pasto, resolvió denegar el amparo
constitucional impetrado con apoyo en las siguientes consideraciones:
Manifiesta
el despacho judicial, con base en abundante jurisprudencia constitucional proferida
en relación con el tema de la discrecionalidad de la administración pública
para reubicar a sus funcionarios[3] y en el material
probatorio oportunamente allegado al proceso, que en el caso concreto el actuar
desplegado por la entidad demandada, en el sentido de negar la solicitud de traslado
del actor, obedeció, no ya a criterios infundados o caprichosos, sino, por el
contrario, a la necesidad de garantizar la prestación eficiente, oportuna,
racional y con calidad del servicio de educación a todos los sectores de la
población, especialmente, atendiendo a la situación de aquellos que concurren a
los centros y establecimientos educativos ubicados en los sitios más apartados
y de difícil acceso.
Por otra
parte, si bien es cierto que existe una serie de prerrogativas radicadas en
cabeza del actor para atender contingencias tales como las dolencias que
actualmente padece, no lo es menos que mediante la concesión de permisos,
licencias e, incluso, incapacidades, puede garantizarse su estado de salud, sin
que por ello deba surtirse forzosamente su traslado a otra institución
educativa.
Inclusive, a la luz de tal perspectiva, conviene
resaltar que los médicos tratantes en ningún momento emitieron recomendación o
concepto alguno relacionado con el traslado del actor a otro establecimiento
educativo, entre otras cosas, porque no se logró demostrar que con el mismo se
mejore per se su estado de salud.
En todo caso, la solicitud elevada debe ser tenida en
cuenta de manera prioritaria, en la medida en que las necesidades del servicio
así lo demanden, puesto que no puede desconocerse en modo alguno las difíciles
circunstancias bajo las cuales se imparte la educación en el Departamento de
Nariño, en donde imperan los municipios y veredas ubicados en zonas de difícil
acceso y por cuyas vías escasean los medios de transporte.
Cabe resaltar que la anterior decisión no fue
recurrida por ninguna de las partes involucradas en el asunto sub-exámine.
III. CONSIDERACIONES
1. Competencia.
Es competente esta Sala de la Corte
Constitucional para revisar la decisión proferida dentro de la acción de tutela
de la referencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241
numeral 9º de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a
36 del Decreto 2591 de 1991 y en cumplimiento del Auto del 12 de diciembre de
2008, proferido por la Sala de Selección de Tutelas Número Doce de esta
Corporación.
2. Procedibilidad de la Acción de Tutela.
2.1 Legitimación por activa.
De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución
Política, la acción de tutela ha sido prevista como un instrumento de defensa
judicial al que puede acudir cualquier persona para reclamar la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
éstos resulten vulnerados o amenazados por cuenta de las acciones u omisiones
de las autoridades públicas y, excepcionalmente, de los particulares. Por lo
tanto, en el presente asunto, el señor Carlos Paredes Martínez se encuentra
legitimado para promover directamente la acción de tutela a fin de reclamar la
protección de sus derechos fundamentales presuntamente quebrantados por la
Secretaría de Educación Departamental de Nariño.
2.2 Legitimación pasiva.
Al tenor de lo dispuesto por el artículo 5
del Decreto 2591 de 1991, la Secretaría de Educación Departamental de Nariño se
encuentra legitimada como parte pasiva en el presente proceso, dada su calidad
de autoridad pública.
3. Problema Jurídico
De acuerdo con el supuesto fáctico expuesto y con el
fallo proferido en la respectiva instancia judicial, en esta oportunidad le
corresponde a la Corte establecer si la Secretaría de Educación Departamental
de Nariño quebrantó los derechos constitucionales fundamentales del actor a la
vida digna y a la salud, al dar respuesta negativa a su solicitud de traslado
como docente a otro establecimiento educativo que no le exija trasladarse a pie
o en motocicleta por largos trayectos que agraven las afecciones que padece.
Para
tal propósito, esta Sala se ocupará, en primer lugar, de establecer la
procedencia del mecanismo de amparo constitucional para controvertir decisiones
sobre traslados de carácter laboral, concretamente en el caso de los docentes
que se encuentran al servicio del Estado. En segundo término, de resultar
procedente la acción de tutela, deberá revisarse la jurisprudencia
constitucional existente en relación con el alcance constitucional del ius
variandi para luego, finalmente, resolver el problema jurídico formulado en
precedencia.
4. De la procedencia excepcional de la acción de
tutela para controvertir decisiones sobre traslados de docentes. Reiteración jurisprudencial.
Conforme lo ha señalado esta Corporación en
innumerables pronunciamientos sobre la materia, la acción de tutela, en
términos generales, no se configura como el mecanismo judicial apropiado para
que mediante ella se controviertan tanto las decisiones que ordenan
reubicaciones laborales como aquellas que niegan solicitudes de traslado, concretamente
por el hecho de que el ordenamiento jurídico ha delineado un sistema de control
judicial mediante acciones y recursos especiales que admiten el cuestionamiento
de actos de esa naturaleza, como lo es el caso de las acciones laborales y la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho[4].
Precisamente, ello encuentra fundamento en el carácter
supletivo que el artículo 86 Superior le ha asignado a la acción de tutela, en
virtud del cual tal instrumento de defensa judicial solo es procedente de
manera subsidiaria y residual cuando no existan otros medios de defensa a los
que se pueda acudir, o cuando existiendo éstos, se promueva para precaver la
ocurrencia de un perjuicio irremediable. Dicho de otro modo: el recurso de
amparo constitucional fue concebido como una institución procesal destinada a
garantizar una protección efectiva y actual, pero supletoria, de los derechos
fundamentales[5].
Ha sido pues, bajo esa línea de orientación, que la
jurisprudencia constitucional ha reconocido la procedencia excepcional del
mecanismo de amparo constitucional para controvertir decisiones relacionadas
con traslados de trabajadores, las cuales bien pueden obedecer, como ya se
expuso, a situaciones en que se procure reconsiderar una decisión de
reubicación, ora cuando se solicite un traslado que la autoridad nominadora se niega a conceder; siempre
que en tales eventos se acredite, en todo caso, una amenaza o violación grave e
irremediable a los derechos fundamentales[6].
En este sentido, la jurisprudencia constitucional se
ha ocupado, a través de distintos fallos sobre la materia[7], de fijar las condiciones que deben cumplirse para
que proceda la protección constitucional impetrada. Así, ha dispuesto que, para
que haya lugar a un pronunciamiento de fondo sobre una decisión de traslado
laboral, se requiere “(i)
que la decisión sea ostensiblemente arbitraria, en el sentido que haya sido
adoptada sin consultar en forma adecuada y coherente las circunstancias
particulares del trabajador, e implique una desmejora de sus condiciones de
trabajo[8]; y (ii)
que afecte en forma clara, grave y directa los derechos fundamentales del actor
o de su núcleo familiar” [9].
En cuanto hace al último de los presupuestos,
ha puntualizado la Corte que la afectación clara, grave y directa a los
derechos fundamentales del peticionario o de su núcleo familiar, puede tener
lugar en diversas circunstancias que deben aparecer debidamente acreditadas en
el respectivo expediente. Sobre el particular, valga aclarar que de la misma
jurisprudencia constitucional emerge una serie de sub-reglas a partir de las
cuales se ha podido entender como afectado en forma grave un derecho
fundamental, a saber:
a.
Cuando el traslado
laboral genera serios problemas de salud, “especialmente porque en la
localidad de destino no existan condiciones para brindarle el cuidado médico
requerido”[10].
b.
Cuando el traslado pone
en peligro la vida o la integridad del servidor o de su familia[11].
c.
En los eventos en que
las condiciones de salud de los familiares del trabajador, pueden incidir, dada
su gravedad e implicaciones, en la decisión acerca de la constitucionalidad del
traslado.
d.
Y, en aquellos eventos
donde la ruptura del núcleo familiar va más allá de una simple separación
transitoria, ha sido originada por causas distintas al traslado mismo o se trata
de circunstancias de carácter superable.[12]
Conviene destacar, igualmente, a propósito
de los parámetros anteriormente señalados, que la jurisprudencia constitucional
ha puesto de presente que los mismos deben corresponder a situaciones en las
que se evidencien cargas desproporcionadas e irrazonables, y no que por sí
solas impliquen cambios o alteraciones que puedan ser considerados insubstanciales
o soportables en las condiciones de vida y en la cotidianidad de las labores
que a diario se ejercen[13].
En todo caso, de configurarse alguno de
ellos, es imperativo que la administración, y en su debida oportunidad el juez
de tutela, reconozcan un trato diferencial positivo al trabajador, de suerte
que con ello se garanticen sus derechos al trabajo en condiciones dignas y
justas, a la unidad familiar y a la salud en íntima conexión con la vida [14].
A ello, resta por agregarse, con respecto a
la intervención excepcional del juez de tutela frente a las controversias que
se susciten en torno al tema de traslados laborales, sea ya por reubicación o
por la negativa a surtirla, que ésta se encuentra supeditada al análisis de las
circunstancias que rodean cada situación particular y a la debida acreditación[15]
que de las mismas se haga en el caso concreto, para determinar, finalmente,
sobre la eventual existencia de una amenaza o vulneración grave de derechos
fundamentales[16].
5. El ejercicio del ius variandi frente
a las solicitudes de traslado de los docentes.
En
reiterada jurisprudencia de esta Corporación el ius variandi se lo ha
definido como una de las expresiones del poder de subordinación que sobre los trabajadores
ejerce el empleador, la cual se materializa en la facultad de variar las
condiciones en que se realiza la prestación personal del servicio, es decir, la
potestad de modificar el modo, el lugar, la cantidad o el tiempo de trabajo[17].
Tal
facultad, específicamente en materia de traslados de docentes del sector
público, se concreta en la posibilidad que tiene la respectiva autoridad
nominadora de modificar la sede de la prestación de los servicios personales,
bien sea discrecionalmente para garantizar una continua, eficiente y oportuna prestación
del servicio público de educación cuando las necesidades así lo impongan, o
bien por la solicitud de traslado que realice directamente un docente.
En
efecto, así lo dispone expresamente el artículo 22 de la Ley 715 de 2001, el
cual otorga al nominador la facultad discrecional de trasladar a docentes o
directivos docentes, siempre que se requiera para la debida prestación del
servicio educativo, (…) “por acto debidamente motivado por la autoridad
nominadora departamental, distrital o del municipio certificado cuando se
efectúe dentro de la misma entidad territorial.
Adicionalmente,
dicha disposición establece que en aquellos eventos en que se trate de
traslados entre departamentos, distritos o municipios certificados se
requerirá, además del acto administrativo debidamente motivado, un convenio
interadministrativo entre las entidades territoriales.
Ahora
bien, en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por el artículo
111 de la Ley anteriormente citada, el Gobierno Nacional expidió el Decreto Ley
No. 1278 de 2002[18], con el cual se aclaró
que la situación administrativa del traslado se presenta “cuando se provee
un cargo docente o directivo docente vacante definitivamente, con un educador
en servicio activo que ocupa en propiedad otro con funciones afines y para el
cual se exijan los mismos requisitos aunque sean de distintas entidades
territoriales”, precisando, para el efecto, los eventos en que procede:
“ARTÍCULO 53. MODALIDADES DE TRASLADO. Los traslados proceden:
a) Discrecionalmente por la autoridad competente,
cuando para la debida prestación del servicio se requiera el traslado de un
docente o directivo docente dentro del mismo distrito o municipio, o dentro del
mismo departamento cuando se trate de municipios no certificados, con el fin de
garantizar un servicio continuo, eficaz y eficiente;
b) Por razones de seguridad debidamente
comprobadas;
c) Por solicitud propia.
PARÁGRAFO. El Gobierno Nacional
reglamentará las modalidades de traslado y las condiciones para hacerlas
efectivas, teniendo en cuenta que los traslados prevalecerán sobre los listados
de elegibles del concurso dentro de la respectiva entidad territorial
certificada; que deben responder a criterios de igualdad, transparencia,
objetividad y méritos tanto en relación con sus condiciones de ingreso al
servicio y a la carrera docente, como en el desempeño de sus funciones y en las
evaluaciones de competencias; y que el traslado por razones de seguridad debe
prevalecer sobre cualquier otra modalidad de provisión de los empleos de
carrera docente.”
Con posterioridad, el Decreto No. 3222 del 2003 reglamentó
el artículo 22 de la Ley 715 de 2001 y en su artículo 2º aclaró que “Cuando
para la debida prestación del servicio educativo se requiera el traslado de un
docente o directivo docente, la autoridad nominadora efectuará el traslado
mediante acto administrativo debidamente motivado. Para todo traslado la
autoridad nominadora deberá tener en cuenta las necesidades del servicio y la
disponibilidad presupuestal.
Adicionalmente, dispuso que “Los traslados por necesidades del servicio
son de carácter discrecional y pueden tener origen en: a) disposición de la
autoridad nominadora, b) solicitud de los docentes o directivos docentes”.
Así mismo, estableció que las solicitudes de traslado
que se sustenten en razones de salud, y estén verificadas por la entidad
territorial teniendo en cuenta el concepto de la entidad prestadora de
servicios de salud, podrán ser atendidas en cualquier época del año y no se
sujetarán a los siguientes criterios para decidir sobre los traslados
solicitados por los docentes o directivos docentes establecidos en la ya
mencionada disposición normativa, a saber:
“Para los traslados solicitados por los
docentes o directivos docentes, la entidad territorial certificada hará pública
la información sobre los cargos de docentes y directivos docentes disponibles
en los establecimientos educativos de su jurisdicción, como mínimo dos (2)
meses antes de la finalización del año lectivo, conforme al calendario
académico adoptado. Estos traslados se harán efectivos en el primer mes del año
lectivo siguiente.
“Para decidir sobre los traslados
solicitados por los docentes o directivos docentes, la autoridad nominadora
tendrá en cuenta los siguientes criterios: a) El docente o directivo docente
debe haber prestado como mínimo tres (3) años de servicio en el establecimiento
educativo, b) La evaluación de desempeño del año anterior debe ser
satisfactoria de acuerdo con la metodología establecida por el Ministerio de
Educación Nacional.
En este orden de ideas, tenemos que las
disposiciones legales aludidas permiten el traslado del personal docente del
sector público por decisión discrecional de la administración o por solicitud
del interesado, supeditando su procedencia, en todo caso, a las necesidades del
servicio y a la protección de otros principios tales como la igualdad, la
transparencia y la objetividad[19].
Con todo, no sobra recordar que esta
Corporación ha indicado, a propósito de diversos pronunciamientos sobre el
particular[20], que el ejercicio del ius
variandi no tiene un carácter absoluto, en la medida en que dicha potestad
encuentra límites claramente definidos en la propia Constitución Política,
especialmente, en las disposiciones que exigen que el trabajo se desenvuelva en
condiciones dignas y justas, en las que consagran los derechos de los
trabajadores y facultan a éstos para reclamar a sus empleadores por la
satisfacción de las garantías necesarias para el normal cumplimiento de sus
labores y, en general, en los principios mínimos fundamentales que deben regir
las relaciones de trabajo y que se encuentran contenidos en el Artículo 53
Superior.
Así, por ejemplo, mediante Sentencia T-922
de 2008, esta Corte decidió conceder el amparo constitucional deprecado por una
madre cabeza de familia de un menor discapacitado que se desempeñaba como docente
en la ciudad de Quibdó, pero que fue trasladada al corregimiento de San Martín,
el cual se encuentra localizado a 4 horas de esa cabecera municipal por vía
acuática. En dicha oportunidad, esta Corporación adujo que si bien, la
estabilidad de la carrera docente no implicaba una inalterabilidad de la sede
de trabajo o inamovilidad de los profesores, en aras de atender las necesidades
básicas insatisfechas en materia de educación, la figura del traslado no sólo
puede ser concebida como un instrumento de protección del interés general, sino
también como un mecanismo para defender algunos derechos del docente, tales
como el derecho a la vida, a la salud e integridad personal y familiar.
En cuanto tiene que ver con el ejercicio
del ius variandi a cargo del empleador, dijo la Corte en el citado
fallo:
“La facultad legal otorgada a la entidad
territorial nominadora de autorizar traslados por necesidad del servicio es una
potestad discrecional pero no arbitraria, en tanto que se explica a partir de
condiciones objetivas y está obligada a valorar situaciones individuales del
trabajador, como quiera que la figura del traslado no sólo está concebida como
un instrumento de protección del interés general, sino también como un
mecanismo para defender algunos derechos del docente, tales como el derecho a
la vida, a la salud e integridad personal y familiar. En otras palabras, la
potestad del Estado para trasladar los profesores del servicio público no es
absoluta, pues está limitada por los derechos fundamentales del trabajador y su
familia[21]”.
En
suma, de conformidad con la jurisprudencia constitucional relativa al ius
variandi en materia de traslado de docentes, la facultad del empleador para
modificar las condiciones laborales de sus trabajadores, debe desarrollarse
verificando, entre otros aspectos, las circunstancias que afectan al
trabajador, la situación familiar, su estado de salud y el de sus allegados, el
lugar y el tiempo de trabajo, sus condiciones salariales, el comportamiento que
ha venido observando y el rendimiento demostrado[22].
Ahora
bien, con base en las consideraciones expuestas, entra pues la Sala a
pronunciarse sobre el caso concreto.
6. Caso Concreto
De acuerdo con
los hechos relacionados por las partes y las pruebas que obran en el
expediente, se tiene que, en primer lugar, el señor Carlos Paredes Martínez se
desempeña como docente del Departamento de Nariño desde el año 1975, siendo su
último traslado el ordenado por la Secretaría de Educación del Departamento al
Centro Educativo El Yunga, jurisdicción del municipio de San Lorenzo, a través
del Decreto No. 2208 del 21 de diciembre de 2005; época desde la cual viene
ejerciendo sus labores en el área de básica primaria en la mencionada
institución.
En segundo término, se destaca el hecho de
que el actor ha sido diagnosticado actualmente con las patologías “gonartrosis
incipiente” y “urolitiasis”, cuyos síntomas atribuye a los prolongados
trayectos que recorre a pie y en motocicleta para arribar al centro educativo
al cual fue asignado. A ese respecto, precisa que para trasladarse a la zona
donde se encuentra ubicado el establecimiento educativo, partiendo de su lugar
de residencia, la cual se encuentra en la ciudad de Pasto, se demora, en
promedio, un poco más de dos horas, teniendo en cuenta para ello el déficit
existente en materia de servicio público de transporte y las difíciles
condiciones que caracterizan las vías de acceso al lugar de trabajo.
Puntualiza,
además, que como consecuencia de los continuos desplazamientos que a pie o en
motocicleta realiza a diario, sus afecciones se han agudizado, en la medida en que
presenta cada vez con mayor frecuencia dolores en las articulaciones de las
rodillas y en zonas lumbares, los cuales se intensifican cuando se pone en
constante movimiento.
Tal escenario,
condujo al señor Carlos Paredes Martínez a solicitar ante la Secretaría de
Educación Departamental de Nariño su traslado a otro centro educativo que no se
encuentre tan alejado de su lugar de residencia y que, por tanto, no le imponga
el recorrer amplios trayectos para su traslado habitual a su sitio de trabajo,
entre otras razones, porque los servicios médicos que recibe le son
suministrados a través de la IPS PROINSALUD en la ciudad de Pasto.
No obstante tales consideraciones, la
Secretaría de Educación Departamental de Nariño resolvió negar la solicitud a
ella presentada, como quiera que, a su juicio, el peticionario no acreditó la
relación de causalidad que debe existir entre el origen de los padecimientos
que actualmente lo aquejan y la necesidad del traslado como única solución
viable para garantizar una eventual mejoría de su estado de salud.
Inclusive, sostuvo que tal decisión obedecía,
principalmente, a las necesidades del servicio público de educación y a los
requerimientos de personal docente en lugares apartados o distantes de las
cabeceras municipales cuyas condiciones de acceso se tornan difíciles.
Además, puso de presente que, de
conformidad con la normatividad vigente en la materia, a la fecha de radicación
de la solicitud de traslado, esto es, el 22 de abril de 2008, el peticionario
no cumplía con el requisito previsto en el artículo 2 del Decreto 3222 de 2003,
al tenor del cual sólo pueden ser decididas las solicitudes sobre traslados
cuando se acredite haber prestado como mínimo 3 años de servicio en el
establecimiento educativo, por lo que sólo hasta el año 2009 se entendería
ajustada su solicitud a la disposición normativa referida.
Por su parte, al considerar que la respuesta otorgada vulneraba sus
derechos constitucionales fundamentales, habida cuenta que en la misma no se
tuvo en cuenta su real condición de salud, el señor Carlos Paredes Martínez
promovió la presente acción de tutela con el fin de que fuera autorizado su
traslado a otro centro educativo en donde no fuere necesario realizar largas
caminatas o prolongados desplazamientos en motocicleta, y desde donde resulte
más cómodo el traslado hacia la ciudad de Pasto, con el objetivo de que pueda
recibir la debida atención médica que requiere para mejorar su estado de salud.
Del asunto conoció el Juzgado Cuarto Penal
del Circuito de la ciudad de San Juan de Pasto, quien determinó negar el amparo
constitucional solicitado, acogiendo, en su totalidad, las razones esbozadas
por la entidad demandada para no autorizar la solicitud de traslado elevada,
entre las cuales destaca la no comprobación, por parte del actor, de
recomendación médica relacionada con su necesidad de ser trasladado de lugar de
trabajo, para con ello evitar, de alguna manera, el agravamiento de sus
dolencias. Con todo, indicó que la solicitud efectuada debe ser tenida en
cuenta de manera prioritaria, siempre que las necesidades del servicio
educativo lo permitan.
Ahora bien, una
vez armonizados los hechos expuestos en la presente acción de tutela, esta Sala
de Revisión arriba a la conclusión de que la respuesta de la entidad demandada,
en donde se decide negar el traslado solicitado por el actor a otro
establecimiento educativo, no tiene la entidad suficiente para que de ella
pueda predicarse la vulneración de los derechos constitucionales fundamentales
alegados en el presente caso. Veamos:
Por un lado, de
acuerdo con los elementos de juicio oportunamente incorporados al proceso, para
la Sala es claro que no se acreditó la existencia de nexo causal entre las
enfermedades que padece el accionante y las condiciones de acceso a su lugar de
trabajo[23]. Esto último, como
quiera que nada establecieron los distintos experticios médicos allegados por
el actor sobre que éste deba evitar los traslados en trayectos largos o que se
recomendaba un determinado medio de transporte por su condición, ni mucho menos
refieren qué consecuencias enfrentaría el actor en caso de que transitara por
vías en mal estado o de difícil acceso, teniendo en cuenta lo alegado en el
escrito de la demanda.
Por otra parte,
ha de anotarse que el actor no agotó en debida forma las respectivas instancias
administrativas a las que podía acudir, mediante el ejercicio de una actividad,
si se quiere, mínima, a través de la cual lograra comprobar ante la autoridad
nominadora, en este caso, la Secretaría de Educación Departamental de Nariño,
las deficientes condiciones de transporte de la zona donde se encuentra ubicado
el Centro Educativo El Yunga y el nocivo efecto que tienen sobre su salud los
prolongados desplazamientos que a pie o en motocicleta realiza a diario, tanto
de ida a su sitio de trabajo ubicado en jurisdicción del municipio de San
Lorenzo, como de regreso al lugar donde queda ubicada su residencia, esto es,
en la ciudad de Pasto.
Incluso, tampoco
consiguió acreditar la imposibilidad de acceder a una solución distinta del
traslado de establecimiento educativo, como por ejemplo, la fijación de su
residencia en una zona aledaña a aquella donde debe ejercer sus labores como
docente.
A lo expuesto en
precedencia debe agregarse que las consecuencias adversas que alega padecer el
actor en su estado de salud, en principio, son atribuibles a su propia decisión
de residir en la ciudad de Pasto, si se tiene en cuenta que desde el año 2005
fue asignado al Centro Educativo El Yunga, en jurisdicción del municipio de San
Lorenzo, sin que ello, inicialmente, reportara para el actor dificultad o
traumatismo alguno que incidiera desfavorablemente en sus condiciones
particulares.
Con base en tales
consideraciones, se impondría, desde luego, el negar el amparo constitucional
solicitado, habida consideración de la no comprobación de una vulneración cuya
entidad pudiera comprometer derechos de connotación fundamental,
particularmente, frente a la negativa de la entidad demandada de consentir en
el traslado pretendido por el actor.
Sin embargo, esta
Sala de Revisión advierte, atendiendo al análisis de la conducta desplegada por
la entidad demandada, que logra advertirse, de alguna manera, que en el caso
concreto se evidencia una eventual vulneración a los derechos de petición e,
indirectamente, al de la salud del actor, como quiera que ésta no actuó con la
diligencia debida que imponía el estudio de la situación a ella planteada, en
el sentido de prestar atención a los derechos fundamentales puestos en
discusión: los derechos de los niños a recibir una educación eficiente,
oportuna y con calidad, sea en cualquier zona, por apartada que ésta resulte, y
los derechos a la vida digna y a la salud de un docente que acude a la
administración para que coadyuve en la búsqueda de una solución que procure
atender su particular situación.
En efecto, si bien
es cierto que la solicitud que efectuó el actor careció por entero de los
elementos de juicio necesarios para tomar una decisión de fondo en relación con
la autorización o no del traslado, también lo es que la Secretaría de Educación
Departamental tenía un deber de orientación, a la luz del cual se le imponía la
obligación de recurrir a la búsqueda de todos aquellos factores que pudieren
incidir de una u otra forma en la posible autorización del traslado, en la
medida en que hubiesen sido acreditadas plenamente las dolencias que aquejan al
actor y su posible conexión con las condiciones en que desarrolla sus labores.
A este respecto,
valga destacar, que no son de recibo para esta Sala de Revisión las
consideraciones abstractas formuladas por la entidad demandada para atender la
solicitud de traslado del accionante, pues incluso lucen totalmente
impertinentes a la luz del análisis que realmente debe adelantarse en
consideración a la situación que se pone de presente en la mencionada
solicitud. Tal es el caso de unos de los apartes en que fundamentó la respuesta
que con ocasión del requerimiento judicial en sede de tutela se le realizó, a
partir de la cual adujo que para acceder al estudio de la solicitud de traslado
del actor, era necesario que se acreditaran los requisitos previstos por el
artículo 2 del Decreto No. 3222 del 2003, cuando en la misma disposición se
establece que tal criterio no puede ser tenido en cuenta cuando la referida
solicitud se alegue con fundamento en razones de salud.
Esto significa
que a la entidad demandada le correspondía dirigir una actuación encaminada a
establecer la real situación que envolvía al peticionario, de suerte que debió,
para llegar a una determinación sobre la solicitud de traslado, estudiar y
analizar por completo el estado de salud del solicitante, la posible causalidad
existente entre sus padecimientos y la valoración de las condiciones de
accesibilidad al sitio de trabajo, así como apreciar las diferentes
alternativas de solución a las que hubiere lugar; y, en todo caso, de ser
necesario, evaluar las posibilidades de hacer efectivo el traslado a otro
centro educativo.
En esa medida, esta Sala de Revisión le
ordenará a la Secretaría de Educación Departamental de Nariño que aborde
nuevamente el estudio de la solicitud de traslado elevada por el señor Carlos
Paredes Martínez, en donde tenga en cuenta todo lo anteriormente planteado en
orden a establecer, finalmente, si hay o no lugar a autorizar el traslado a
otro establecimiento educativo.
Adicionalmente, deberá tenerse en cuenta el
hecho de que el actor cumple el requisito previsto por el artículo 2 del
Decreto 3222 de 2003, conforme con el cual se requiere, para que la autoridad
nominadora proceda a decidir sobre solicitudes de traslados, que el docente o
directivo docente que lo solicita haya prestado como mínimo tres (3) años de
servicio en el establecimiento educativo. Esto, por cuanto el señor Carlos
Paredes Martínez se desempeña como docente del Centro Educativo El Yunga, desde
el mes de diciembre del año 2005.
IV.    DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión
de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO: REVOCAR la Sentencia proferida por el Juzgado
Cuarto Penal del Circuito de San Juan de Pasto y, en su lugar, CONCEDER
el amparo constitucional de los derechos fundamentales de petición y de salud
del señor Carlos Paredes Martínez, por las consideraciones expuestas en esta
providencia.
SEGUNDO: ORDENAR a la Secretaría de Educación Departamental de Nariño
que, en el término de diez (10) días a partir de la notificación de esta
providencia, proceda a abordar nuevamente el estudio de la solicitud de
traslado elevada por el actor, con base en el estudio y análisis que realice de
su estado de salud, la valoración de la causalidad existente entre sus
padecimientos y las condiciones de accesibilidad al sitio de trabajo, así como
la apreciación de las diferentes alternativas de solución a las que hubiere
lugar; y, en todo caso, de ser necesario, evaluar las posibilidades de hacer efectivo
el traslado a otro centro educativo.
TERCERO: Líbrense las comunicaciones de que trata el artículo
36 del decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Cópiese, notifíquese, insértese en la gaceta de la
Corte Constitucional y Cúmplase.
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado Ponente
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
Ausente con excusa
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] “Por el cual se reglamenta
el artículo 22 de la Ley 715 de 2001, en relación con traslados de docentes y
directivos docentes de los establecimientos educativos estatales”.
[2] En efecto, cita
las Sentencias C-447 de 1996 y la T-715 de 1996, las cuales se refieren a la
flexibilidad reconocida a las plantas de personal en la administración pública,
para con ello no solo hacer eficaz la prestación de un servicio público, sino
que, también, desarrollar y materializar principios constitucionales como el de
la celeridad y economía para alcanzar los objetivos del Estado Social de
Derecho.
[3] Sobre el particular citó las Sentencias SU-559 de 1997, T-1183 de
2004, T-1040 de 2001 y T-1183 de 2004.
[4] En este sentido pueden verse las Sentencias
T-1156 de 2004, T-346 de 2001, T-1498 de 2000, T-965 de 2000, T-288 de 1998,
T-715 de 1996, T-016 de 1995 y T-483 de 1993.
[5] Consultar, entre otras, la Sentencia T-608 de 1998.
[6] Al respecto, revisar las Sentencias T-468 de 2002,
T-346 de 2001, T-077 de 2001, T-1498 de 2000, T-965 de 2000, T-355 de 2000,
T-503 de 1999, T-288 de 1998, T-715 de 1996, T-016 de 1995.
[7] Consultar, entre otras, la Sentencia T-965 de
2000.
[8] Consultar, entre otras, las SentenciasT-715/96
y T-288/98.
[9] Sentencia T-065 de 2007.
[10] Consultar, entre otras, las
Sentencias T- 330 de 1993, T 483 de 1993, T-131 de 1995, T- 514 de 1996, T-181
de 1996, T- 715 de 1996, T-516 de 1997, T-208 de 1998 y T-532 de 1998.
[11] Consultar, entre otras, las Sentencias T-532 de
1996 y T-120 de 1997.
[12]. Por vía de ejemplo, en la Sentencia T-593 de
1992 la Corte concedió la tutela a una trabajadora de una empresa particular
que había sido trasladada de Bogotá a Melgar, debido a que en la primera ciudad
residían sus cuatro hijos y dos de ellos padecían graves problemas de salud.
Así mismo, en la Sentencia T-447 de 1994 la Corte protegió a una docente que
pretendía su traslado y el de su cónyuge –también docente- a la ciudad de
Bogotá, ya que su hija sufría microcefalia y presentaba problemas de
aprendizaje. En la Sentencia T-514 de 1996, la Corte concedió la tutela a dos
docentes que habían sido trasladados, debido a que padecían serios quebrantos
de salud debidamente acreditados: uno de ellos sufría cáncer y el otro,
hipertensión arterial severa y problemas en su columna vertebral. De manera
similar, en la Sentencia T-503 de 1999 se otorgó el amparo a un trabajador de
una empresa privada que fue trasladado de Sincelejo a Riohacha. En aquella
oportunidad, la Corte pudo comprobar que con el paso del tiempo el cambio de
sede había afectado el proceso de aprendizaje de uno de los hijos del
demandante, debido a la ausencia del padre y el estrecho vínculo afectivo que
los unía. De igual forma, consultar las Sentencias T-503 de 1999, T-965 de
2000, T-1498 de 2000, T-346 de 2001, T- 468 de 2002, T-825 de 2003 y T- 256 de
2003.
[13] Consultar, entre otras, la Sentencia T-969 de 2005. Allí se explicó
que “no toda implicación de orden familiar y económico del trabajador
causada por el traslado tiene relevancia constitucional para determinar la
necesidad del amparo, sino solamente aquellas que afecten de manera grave su
situación personal o familiar. De lo contrario, en la práctica se haría
imposible la reubicación de los funcionarios de acuerdo con las necesidades y
objetivos de la entidad empleadora”.
[14] Consultar, entre otras, la Sentencia T-486 de
2004.
[15] Al respecto, ver las Sentencias T-532 de 1998 y
T-353 de 1999.
[16] Así, por ejemplo, en el campo del servicio
público de educación, la Corte, mediante Sentencia T-201 de 2008, decidió
denegar el amparo constitucional de los derechos fundamentales a la vida digna
y a la salud de un docente que solicitaba un traslado a otro centro educativo
distinto del que le había sido asignado, alegando para ello que el lugar donde
se encontraba ubicado el mencionado centro educativo incidía negativamente en
su enfermedad. En dicha oportunidad, esta Corporación sostuvo que al tratarse
de un traslado solicitado por el docente, era necesario entonces tener en cuenta
si la negativa de la entidad nominadora devenía arbitraria e injustificada
frente a las razones planteadas por el interesado, aclarando, en todo caso, la
necesidad de acreditar que el statu quo que el empleador se niega a
modificar cause una vulneración cierta, clara y directa a los derechos
fundamentales del trabajador o de uno o más miembros de su familia inmediata,
relacionados con la salud en conexidad con la vida, o con la seguridad
personal, o con la unidad del grupo familiar al que el trabajador pertenece, de
suerte que de no cumplirse con tales presupuestos, forzoso sería concluir que
la acción de tutela no tendría vocación de prosperidad.
[17] Consultar, entre otras, la Sentencia T-797 de 2005.
[18] Con ocasión de una demanda de
inconstitucionalidad  presentada contra el artículo 53 del Decreto 1278 de
2002, mediante Sentencia C-734 de 2003, la Corte Constitucional declaró su
exequibilidad “en el entendido que esa facultad discrecional debe ser
consecuencia de la necesidad del servicio, con evaluación de las condiciones
subjetivas del trabajador y siempre y cuando se respeten las condiciones
mínimas de afinidad funcional entre el cargo al que fue inicialmente vinculado
y el nuevo destino”.
[19] Sobre la discrecionalidad de la administración en lo que se refiere
a traslados del personal docente, véanse las sentencias C-918 de 2002 y C-734
de 2003, mediante las cuales se resolvieron las demandas de
inconstitucionalidad presentadas contra los artículos 22 de la Ley 715 de 2001
y 53 del Decreto Ley 1278 de 2002.
[20] Consultar, entre otras, las Sentencias T-407 de 1992, T-532, T-584,
T-707 de 1998, T-503 de 1999, T-1571 de 2000, T-077, T-346, T-704, T-1041 de
2001, T-026 de 2002, T-256 de 2003, T-165 de 2004 y T-797 de 2005.
[21] La sentencia T-969 de 2005 concretó la regla a que se hace
referencia, de la siguiente manera: “la facultad del empleador de trasladar
a sus trabajadores no es absoluta, porque de un lado, aquélla encuentra sus
límites en las disposiciones de la Constitución Política que exigen que el
trabajo se desarrolle en condiciones dignas y justas, respetando los principios
fundamentales señalados en el artículo 53 superior, y, de otro, los
trabajadores están facultados para exigir a su empleador las satisfacción de
aquellas garantías necesarias para el normal cumplimiento de sus tareas”
[22] Consultar, entre otras, las Sentencias T-483 de 1993, T-503 de
1999, T-1156 de 2004 y T-797 de 2005.
[23] En este sentido, puede verse la sentencia T-815 de 2003.