T-417-08
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-417/08
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES POR VIA DE HECHO-Procedencia
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Evolución
jurisprudencial
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Sentencia C-590
de 2005
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Distinción de
los requisitos de procedibilidad general de la acción de tutela y los de
procedibilidad especial para analizar la validez superior de las sentencias
ejecutoriadas
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos
generales y especiales de procedibilidad
VIA DE HECHO POR DEFECTO FACTICO-Configuración
PRUEBA PERICIAL-Valor probatorio
La prueba pericial tendrá valor probatorio
y, por consiguiente, podrá ser apreciada por el juez solamente si corresponde a
un acto procesal que fue sometido al principio de contradicción y fue regular y
legalmente practicado en el proceso, conforme a las reglas previstas en la ley
para el efecto. Dicho de otro modo, si el dictamen pericial no ha sido
decretado por un juez, o no ha sido controvertido en el proceso, carece de
mérito probatorio y no puede ser valorado judicialmente porque no es una prueba
legalmente practicada.
INFORMES TECNICOS-No son medio de prueba autónomo respecto
de la prueba pericial
INFORMES TECNICOS-Decreto oficioso de dictamen pericial en
situaciones de contradicción de conceptos técnicos
Si a pesar de que la ley es clara: primero,
en autorizar a las partes a presentar, en las oportunidades procesales
previstas, experticios técnicos de personas especializadas en el saber técnico,
artístico o científico que se requiera en el caso concreto para convencer al
juez sobre la veracidad y legalidad de la pretensión y, segundo, en determinar
cuál es la conducta que debe asumir el juez en caso de que se presenten
conceptos contradictorios (el decreto oficioso de un dictamen pericial), es
lógico concluir que la omisión del juez en la práctica de esa prueba pericial
constituye un defecto fáctico que puede ser corregido por vía de tutela cuando
éste hubiere sido determinante en la sentencia.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES POR DEFECTO FACTICO-Nulidad de todo lo actuado por cuanto los jueces de instancia omitieron
decretar de manera oficiosa la prueba pericial ante la existencia de
experticios contradictorios
Referencia: expediente T-1.789.622
Peticionario: Melva Castañeda Rovira
Accionado: Juzgado Quinto Civil del
Circuito de Santa Marta y otros
Magistrado Ponente:
Dr. MARCO GERARDO MONROY CABRA.
Bogotá D.C., treinta (30) de abril de dos
mil ocho (2008).
La Sala Sexta de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados Nilson Pinilla Pinilla, Humberto
Antonio Sierra Porto y Marco Gerardo Monroy Cabra, quien la preside, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales ha pronunciado la
siguiente
SENTENCIA
En el trámite de revisión de las sentencias
del 30 de octubre de 2007 de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia y
del 20 de septiembre de 2007, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior
de Santa Marta, en el proceso de tutela promovido, mediante apoderada, por la
señora Melva Castañeda Rovira contra los Juzgados 7º Civil Municipal y 5º Civil
del Circuito de Santa Marta y el Banco Popular de esa localidad.
I. ANTECEDENTES
1. Derechos fundamentales invocados
El accionante instauró acción de tutela para que se le protejan sus
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la justicia. Para ese
efecto, solicitó que se ordene lo siguiente:
“la suspensión inmediata de toda actuación, dentro de
la segunda instancia del proceso verbal radicado bajo el # 220-2007 que cursa
en el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Santa Marta, como mecanismo
transitorio y en cumplimiento del decreto 2591 del 19-11-91, artículo 7º, para
que no se le ocasionen a la accionante perjuicios económicos de manera injusta.
Tutelar los derechos al debido proceso, a la
administración de justicia, en conexidad con la vivienda digna, y como
consecuencia de ello, ordenar al Juez Quinto Civil del Circuito de Santa Marta
para que dentro de las 48:00 horas siguientes, proceda a revocar las
actuaciones con las cuales decidió la segunda instancia mencionada, por
improcedencia de la decisión adoptada por la juez accionada, al resolver en
segunda instancia la apelación de la sentencia correspondiente, por desconocer
normas elementales de derecho procesal, en relación con la etapa probatoria”
2.1. Hechos
De acuerdo con la exposición planteada por
la apoderada de la accionante en la solicitud de tutela y en diferentes
memoriales aportados al proceso, la situación fáctica que origina el presente
asunto puede resumirse así:
- El 14 de enero de 1997, la señora Melva Castañeda
Rovira suscribió un pagaré a favor del Banco Popular para garantizar el pago
del crédito de vivienda que adquirió para comprar su casa, por valor de
$27.000.000. El crédito se pactó a 180 meses, en UPAC más el 12% efectivo anual
de intereses.
- El 16 de junio de 2006, la accionante
presentó demanda de reducción o pérdida de intereses pactados contra el Banco
Popular, la cual correspondió al Juzgado 7º Civil Municipal de Santa Marta.
- En sentencia del 30 de mayo de 2007, el
juzgado de conocimiento resolvió acceder a las pretensiones de la demanda y
condenar al Banco Popular a restituir a la señora Castañeda Rovira la suma de
$30.412.882.
- La sentencia de primera instancia fue
apelada por la parte demandada, correspondiendo su estudio al Juzgado 5º Civil
del Circuito de Santa Marta, quien en sentencia del 24 de agosto de 2007
resolvió revocar el fallo apelado.
- La sentencia que negó el derecho a la
accionante constituye una vía de hecho porque incurrió en los siguientes
defectos: i) el fallo constituye vía de hecho por defecto sustancial al no
aplicar el artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, según el cual es
deber del juez de segunda instancia devolver el expediente al de primera cuando
encuentre causal de nulidad para que él renueve la actuación anulada. Pese a
ello, el Juez del Circuito no sólo no decretó la nulidad que encontró cuando
evidenció que no se decretaron pruebas para controvertir las aportadas con la
demanda, sino que entró a fallar de fondo el asunto desechando el dictamen
técnico financiero que demostraba el pago de intereses en exceso; ii) el fallo
constituye vía de hecho por defecto fáctico al interpretar de manera “amañada”
el artículo 277 del Código de Procedimiento Civil. Al respecto, dijo que el
juez de segunda instancia dejó de valorar el dictamen técnico aportado por la
demanda, por el hecho de ser un documento emanado de terceros, “como si el
hecho de no provenir de un dictamen pericial judicial le reste el mérito
probatorio con el cual se aportó, y que no fue debidamente controvertido por la
entidad demandada, pese a haber tenido dos oportunidades procesales para ello,
como son el traslado de la demanda y la apertura del proceso a pruebas” y,
iii) el fallo que se reprocha desconoció el numeral 3º del artículo 140 del
Código de Procedimiento Civil, en tanto que pretermitió integralmente la
instancia procesal en la que la entidad demandada debió controvertir la prueba
en cuestión y permitió que el alegato de conclusión del Banco Popular se
convirtiera en un dictamen técnico con base en el cual decidió la controversia.
3. Contestación de la solicitud de tutela
3.1. La Juez Quinta Civil del Circuito de
Santa Marta contestó la tutela de la referencia para solicitar que se denieguen
las pretensiones de la demanda. Dijo que, en el caso concreto, ese despacho no
vulneró derechos fundamentales de las partes, pues su actuación se limitó a
aplicar lo dispuesto en el artículo 360 del Código de Procedimiento Civil.
3.2. La Gerente de la oficina de Santa
Marta del Banco Popular contestó la tutela para pedir que se nieguen las
pretensiones de la demanda. Para sustentar su solicitud, en resumen, dijo lo
siguiente:
- La acción de tutela no es el medio
judicial adecuado para controvertir las sentencias ni para revivir etapas
procesales concluidas, de acuerdo con lo señalado por la Corte Constitucional
en sentencia C-543 de 1992. En consecuencia, mediante este mecanismo no se
puede dejar sin efectos una sentencia ejecutoriada que hizo tránsito a cosa
juzgada.
- El proceso instaurado por la señora
Castañeda Rovira contra el Banco Popular se adelantó con la observancia de
todas las formalidades exigidas por la ley, pues consideró válidamente que la
prueba presentada por la parte demandante no era un dictamen y por ello no
requería dar traslado a la contraparte.
- La sentencia reprochada no vulneró
derechos fundamentales de la accionante. Por el contrario, ella tuvo acceso a
la justicia en dos instancias y pudo valerse de todos los medios de pruebas que
consideró necesarios para apoyar sus pretensiones, pese a lo cual no pudo
demostrar que el banco cobró intereses en exceso.
- La accionante no puede ahora alegar la
existencia de una nulidad en el trámite de primera instancia que debió decretar
de oficio el juez de segunda instancia, pues como esa irregularidad también
pudo ser pedida por la parte actora y eso no se hizo, se entendió subsanada,
por lo que “como pretende que por su negligencia se decrete tal nulidad cuando
el resultado del fallo de la apelación no favorece sus intereses”.
3.3. A pesar de que el Juzgado Séptimo
Civil Municipal de Santa Marta fue notificado de la admisión de la tutela, éste
guardó silencio.
4. Decisiones judiciales
4.1. En
primera instancia, mediante sentencia del 20 de septiembre de 2007, la Sala
Civil del Tribunal Superior de Santa Marta resolvió negar la tutela interpuesta,
mediante apoderada, por la señora Melva Castañeda Rovira. Para llegar a esa
conclusión, en resumen, manifestó lo siguiente:
- De acuerdo
con la jurisprudencia constitucional, solamente pueden ser analizadas en sede
de tutela las decisiones judiciales que “aunque revistan semblante de
providencias emitidas por el juzgador de conocimiento, en realidad no lo sean,
al desprenderse totalmente del manto de legalidad que las debe cobijar, siendo
productor de su mero capricho, denominándose vías de hecho”. Por esta razón, el
análisis judicial de una sentencia debe ser absolutamente excepcional.
- En el
asunto concreto no se observa la existencia de defectos sustantivos o fácticos
que lleven a concluir que se está en presencia de una vía de hecho, pues la
demandante plantea argumentos que muestran su disparidad con el criterio
jurídico adoptado en el fallo y no que exista una equivocación en el mismo.
- El fallo
controvertido se ajusta a los artículos 183, 236 y 238 del Código de
Procedimiento Civil, en tanto que presenta un concepto razonable sobre la
imposibilidad de valorar una prueba que, al tenerla en cuenta como lo hizo el
juez de primera instancia, vulneró el debido proceso de la contraparte.
- No es
posible decretar la nulidad de lo actuado desde la etapa probatoria en primera
instancia, en tanto que para subsanar la supuesta irregularidad que reclama
debió acudir a los mecanismos ordinarios que establece el ordenamiento jurídico
para el efecto.
- No existió
pretermisión de instancia. Al analizar el expediente completo del proceso
adelantado por la señora Castañeda contra el Banco Popular se evidencia que los
jueces adelantaron cada una de las ritualidades previstas en la ley para el
efecto y la decisión de segunda instancia se produjo en audiencia, tal y como
lo dispone el artículo 432 del Código de Procedimiento Civil.
4.2. En
segunda instancia, mediante sentencia del 30 de octubre de 2007, la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia resolvió confirmar la
sentencia apelada. Como fundamento de su decisión, en resumen, manifestó lo
siguiente:
- En cuanto a
los reproches consistentes en el hecho de no haber decretado la nulidad de la
actuación por supuestas irregularidades ocurridas en la etapa probatoria y
haber pretermitido una instancia, la Corte Suprema considera que esas
circunstancias debieron debatirse en el proceso y ante los jueces competentes,
pese a lo cual “la actora optó por callar, las pruebas no dicen otra cosa,
permitiendo, con ese proceder, que las oportunidades procesales vencieran en
silencio”. De esta forma y teniendo en cuenta que la acción de tutela tiene
carácter residual, el asunto objeto de estudio resulta improcedente.
- En relación
con la valoración de las pruebas, se tiene que la sentencia cuestionada examinó
razonablemente el asunto sometido a su consideración, lo cual descarta la
existencia de un hecho caprichoso o una vía de hecho judicial. Por el
contrario, dentro de la sana crítica, la sentencia concluye que el estudio
financiero aportado por la demandante no podía valorarse como un dictamen
pericial porque no se le corrió traslado a la parte demandada para que tuviera
la oportunidad de objetar, sino que debía tenerse como un documento emanado de
terceros que no demuestra el pago excesivo de intereses que alegaba la
demandante. Así, concluyó que “el funcionario judicial accionado realizó una
razonable interpretación tanto de la situación fáctica como jurídica, de la
cual si bien eventualmente puede disentirse, no se erige en razón suficiente
para conceder el amparo, pues las simples inconformidades de las partes con las
decisiones tomadas en el desarrollo normal de los procesos no constituyen, per
se, una vía de hecho”.
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Competencia.
1. De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 86 y 241 de la Constitución y 33 a 36 del Decreto Ley 2591 de 1991,
esta Sala es competente para revisar la sentencia del 30 de octubre de 2007,
proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia,
mediante la cual confirmó la sentencia del 20 de septiembre de 2007 de la Sala
Civil del Tribunal Superior de Santa Marta, en cuanto negó el amparo
solicitado.
Presentación del caso y del problema
jurídico.
2. La accionante considera vulnerados sus
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la justicia porque, en
el proceso verbal que adelantó contra el Banco Popular para obtener la
devolución de dineros que a su juicio pagó en exceso en la obligación
crediticia adquirida para la compra de su vivienda, el juez de segunda
instancia negó sus pretensiones al no encontrar probados los supuestos de la
demanda. A esa conclusión llegó porque no valoró un informe técnico que
presentó la demanda al considerar que aquel no tenía la calidad de dictamen
pericial porque no se le dio traslado a la contraparte para controvertirlo,
sino que debía tenerse como un documento emanado de terceros, con lo cual no se
prueba el pago excesivo que alegaba la parte demandante. Por el contrario, el
juez de primera instancia, había dicho que ese mismo informe debía ser valorado
como concepto de expertos con plena eficacia probatoria y, por lo tanto,
demostraba la existencia de un monto a favor de la demandante.
Los jueces de tutela negaron el amparo
solicitado porque consideraron que la sentencia cuestionada –la de segunda
instancia- no incurrió en vía de hecho por defecto fáctico, en tanto que es
razonable sostener que no podía valorar una prueba que no había sido sometida a
contradicción de la contraparte. Luego, era válido negar las pretensiones de la
demanda por falta de prueba del supuesto de hecho en que se funda la demanda.
3. En consideración con lo anterior, a la
Sala corresponde averiguar si los Juzgados 7º Civil Municipal y 5º Civil del Circuito
de Santa Marta incurrieron en una vía de hecho por defecto fáctico al apreciar
en sus sentencias, como dictamen pericial o como documento emanado de terceros,
una prueba aportada en la demanda para demostrar el pago excesivo de intereses
que pretendía su devolución en el proceso verbal que originó esta tutela. Para
ello, corresponderá estudiar: i) si procede la acción de tutela contra
sentencias ejecutoriadas; ii) si la falta o indebida apreciación probatoria en
un proceso civil puede ser valorada por el juez de tutela para dejar sin
efectos la decisión judicial definitiva. En caso de que las respuestas a las
anteriores formulaciones sean positivas, debe analizarse: iii) si un concepto
técnico que aporta la demanda tiene eficacia probatoria y si su falta de
estudio de fondo puede catalogarse como un defecto fáctico determinante para
resolver el asunto sometido a su decisión; iv) finalmente, la Sala entrará a resolver
el caso concreto.
Procedencia excepcional de la acción de
tutela contra sentencias ejecutoriadas. Reiteración de jurisprudencia
4. En múltiples oportunidades esta
Corporación ha dejado en claro que si bien es cierto la acción de tutela contra
providencias judiciales no procede porque, en sentencia C-543 de 1992, la Corte
Constitucional declaró inexequibles los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591
de 1991, que la regulaban, no es menos cierto que esa misma providencia dejó
abierta la posibilidad de cuestionar la validez constitucional de las
sentencias ejecutoriadas cuando éstas configuren verdaderas vías de hecho
judicial.
5. Precisamente por esa razón, la Corte ha
venido desarrollando una doctrina uniforme y constante que permite tener
claridad sobre el concepto, los presupuestos y la manera de identificar la
existencia de vías de hecho. Sin embargo, a partir de la resuelto en la
sentencia C-590 de 2005[1], el concepto de vía de
hecho como requisito fundamental para acudir a la acción de tutela contra
providencias judiciales, fue incluido dentro de un concepto más amplio de
requisitos de procedibilidad especial de esta acción constitucional, por lo que
la jurisprudencia constitucional actual no sólo reitera la procedencia
excepcional de la tutela contra providencias que constituyen vía de hecho, sino
que amplia la posibilidad de acudir al juez constitucional para que analice si
una sentencia ejecutoriada es contraria a los valores, principios, derechos y
garantías constitucionales como instrumento dirigido a obtener la eficacia
normativa de la Carta.
Así, la sentencia C-590 de 2005, se
fundamentó en seis argumentos principales para apoyar su conclusión, a saber:
i) la interpretación literal de los artículos 86 de la Carta, 2º del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 25 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, según los cuales existirá un recurso breve, informal y
rápido para la defensa de los derechos fundamentales de las personas cuando
éstos resulten amenazados o vulnerados por la acción u omisión de cualquier
autoridad pública, lo que incluye a los jueces; ii) la interpretación histórica
del artículo 86 de la Constitución muestra que la mayoría de los miembros de la
Asamblea Nacional Constituyente no quisieron limitar la procedencia de la
tutela contra providencias judiciales, en tanto que una propuesta que se
dirigía en ese sentido fue derrotada; iii) en las Constituciones con eficacia
normativa como la Colombiana (artículo 4º), la tutela contra sentencias juega
un papel preponderante, pues de esta forma se asegura la sujeción de todos los
órganos del Estado a los mandatos superiores; iv) la tutela es la garantía
última de defensa de los derechos fundamentales, en tanto que “es el
mecanismo más preciado para actualizar el derecho y nutrirlo de los valores,
principios y derechos del Estado Social y Democrático de Derecho”; v) la
tutela es el mecanismo de unificación de la jurisprudencia constitucional si se
tiene en cuenta la existencia del control de constitucionalidad difuso y, vi)
el principio de seguridad jurídica sólo puede soportarse en actuaciones
judiciales legítimas y razonables desde la perspectiva constitucional.
6. Con base en lo anterior, es posible
distinguir los requisitos de procedibilidad general de la acción de tutela y
los de procedibilidad especial para analizar la validez superior de las
sentencias ejecutoriadas. Mientras que los primeros, se refieren a los
requisitos que debe reunir toda acción de tutela para que resulte procedente,
los segundos son específicos para la tutela contra sentencias porque con ellos
se logra armonizar los principios constitucionales en tensión, tales como: de un
lado, la cosa juzgada que implica seguridad jurídica y terminación judicial
definitiva de las controversias y, de otro, la defensa de los derechos
fundamentales afectados y la eficacia normativa superior de la Constitución.
De esta manera se tiene que los requisitos
de procedibilidad general de la acción de tutela contra sentencias son:
i) la existencia de derechos fundamentales amenazados o vulnerados con la
acción u omisión de un funcionario judicial, en tanto que sólo serán objeto de
protección por esta vía los asuntos con incidencia iusfundamental y se
excluyen los de relevancia legal; ii) el agotamiento o ineficacia de los
mecanismos ordinarios de defensa judicial para la protección de los derechos
fundamentales afectados, puesto que la acción de tutela es un mecanismo
residual y subsidiario y, iii) la formulación de la tutela dentro de un término
razonable al de su ocurrencia, como quiera que la inmediatez es uno de los presupuestos
esenciales de esta acción constitucional.
7. Y, los requisitos de procebilidad
específica de la tutela contra providencias judiciales son la existencia de
una vía de hecho por: i) defecto orgánico, aquel que se produce por la
incompetencia del juez que produjo la decisión atacada, ii) defecto sustantivo,
cuando se profiere la decisión con base en una norma inaplicable al caso
concreto, ya sea porque la norma no existía –fue derogada o declarada
inexequible-, o porque la disposición resultaba inconstitucional para el caso
concreto, o porque no regulaba el supuesto de hecho al cual se aplica, iii)
defecto fáctico, aquel que se presenta por la indebida o ausente valoración
probatoria, iv) defecto procedimental, que ocurre cuando el juez se aparta del
procedimiento que para el caso concreto señala la ley, v) por consecuencia,
cuando la decisión judicial se apoya en hechos o datos aportados al proceso por
otra autoridad que resultan irregulares y afectan gravemente los derechos
fundamentales del accionante, presentándose de esa forma un error inducido, v) cuando
el juez adopta una decisión sin motivación suficiente para apoyar su
conclusión, vi) cuando se desconoce el precedente horizontal y vertical y, vii)
cuando existe violación directa de la Constitución[2].
Conforme a lo anterior, la acción de tutela
procede contra decisiones judiciales, como las que ahora se reprochan, siempre
y cuando éstas violen derechos fundamentales y con ello se demuestre una de las
causales especiales de procedibilidad de la acción constitucional. Por consiguiente,
lejos de descartar prima facie la procedencia de esta acción
constitucional contra providencias judiciales, debe analizarse si en el caso
concreto existe alguno de los
defectos que constituyen la vía de hecho judicial.
Como el presente asunto se fundamenta en la
existencia de un supuesto defecto fáctico que autorizaría la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala procede a recordar en
qué consiste, de acuerdo con la jurisprudencia reiterada de la Corporación.
Vía de hecho por defecto fáctico.
Reiteración de jurisprudencia
8. En numerosas providencias la Corte
Constitucional ha indicado que el juez de tutela puede analizar la validez
constitucional de una sentencia ejecutoriada por defecto fáctico cuando la
decisión se adopta con base en deficiencias probatorias del proceso. Ahora, a
pesar de que es cierto que el juez goza de un margen importante de
discrecionalidad en la apreciación de las pruebas porque eso hace parte de la
autonomía e independencia judicial (artículo 228 de la Carta) y de la facultad
implícita a la función judicial de análisis integral de las pruebas dentro de
la sana crítica (artículo 187 del Código de Procedimiento Civil), también es
cierto que esa discrecionalidad no puede confundirse con arbitrariedad ni con
absoluta libertad en la apreciación judicial de la prueba, pues el juez no sólo
está sometido a la Constitución y a la proscripción de la arbitrariedad en el
Estado Social de Derecho, sino a las reglas legales que determinan pautas
obligatorias para el juez en la apreciación probatoria. Así por ejemplo, los
artículos 29 de la Carta y 174 del Código de Procedimiento Civil señalan que es
nula, de pleno derecho, la prueba recaudada con violación del debido proceso y
que toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente
aportadas al proceso. En el mismo sentido, el artículo 178 del estatuto
procesal civil dice que el juez debe rechazar in limine las pruebas
prohibidas, las ineficaces, las impertinentes y las manifiestamente superfluas.
En consecuencia, aunque el juez es autónomo para valorar los medios probatorios
aportados al proceso como instrumento para lograr la certeza judicial, esa
actividad está limitada por el deber que se impone legal y constitucionalmente
de apreciar razonablemente la prueba.
9. Por lo anterior, la jurisprudencia de
esta Corporación[3] ha considerado la
existencia de una vía de hecho por defecto fáctico por dos caminos, a saber:
El primero, por omisión: sucede cuando sin
razón justificada el juez se niega a dar por probado un hecho que aparece
claramente en el proceso. Nótese que esta deficiencia probatoria no sólo se
presenta cuando el funcionario sustanciador: i) niega, ignora o no valora
arbitrariamente las pruebas debida y oportunamente solicitadas por las partes,
sino también cuando, ii) a pesar de que la ley le confiere la facultad o el
deber de decretar la prueba, él no lo hace por razones que no resultan
justificadas. De hecho, no debe olvidarse que aún en los procesos con tendencia
dispositiva, la ley ha autorizado al juez a decretar pruebas de oficio[4]
cuando existen aspectos oscuros o dudas razonables que le impiden adoptar una
decisión definitiva. Pero, incluso, existen ocasiones en las que la ley le
impone al juez el deber de practicar determinadas pruebas como instrumento
válido para percibir la real ocurrencia de un hecho.
Un ejemplo de este tipo de defectos se
encuentra, entre otros, en la sentencia T-949 de 2003[5],
en la cual se encontró que el juez de la causa decidió un asunto penal sin
identificar correctamente a la persona sometida al proceso penal, quién además
había sido suplantada. La Sala Séptima de Revisión concluyó que al juez
correspondía decretar las pruebas pertinentes para identificar al sujeto activo
del delito investigado y la falta de ellas constituía un claro defecto fáctico
que autorizaba a ordenar al juez competente la modificación de la decisión
judicial. En el mismo sentido, la sentencia T-554 de 2003[6],
dejó sin efectos la decisión de un fiscal que dispuso la preclusión de una
investigación penal sin la práctica de un dictamen de Medicina Legal que se
requería para determinar si una menor había sido víctima del delito sexual que
se le imputaba al sindicado. Igualmente, en sentencia T-713 de 2005[7],
la Sala Quinta de Revisión declaró la nulidad de una sentencia de segunda
instancia porque el juez no se pronunció respecto de la solicitud de práctica
de pruebas que el actor había formulado en ese momento procesal.
El segundo, defecto fáctico por acción: se
presenta cuando a pesar de que las pruebas reposan en el proceso hay: i) una
errada interpretación de ellas, ya sea porque se da por probado un hecho que no
aparece en el proceso, o porque se examinan de manera incompleta, o ii) cuando
las valoró a pesar de que eran ilegales o ineptas, o iii) fueron indebidamente
practicadas o recaudadas, de tal forma que se vulneró el debido proceso y el
derecho de defensa de la contraparte.
Dentro de este tipo de casos, se encuentra
la sentencia T-808 de 2006[8], por medio de la cual la
Sala Tercera de Revisión, dejó sin efectos una sentencia proferida por un
juzgado de familia que otorgó permiso de salida del país a una menor, porque
valoró de manera incompleta y parcial pruebas determinantes para adoptar la
decisión. De igual forma, la sentencia T-1103 de 2004, declaró la nulidad de un
auto que admitió la demanda de interdicción judicial por demencia sin el certificado
médico que lo acredite que es la prueba insustituible para el efecto, pero con
la valoración de otras pruebas (testimonios y un historial de tratamientos de
hospitalización de varios años atrás) que no son relevantes en ese momento
procesal.
10. En todo caso, la jurisprudencia
constitucional[9] ha dicho que procede la
protección de los derechos fundamentales afectados con una sentencia
ejecutoriada cuando el defecto fáctico resulta determinante para la decisión, esto
es, cuando el error en el juicio valorativo de la prueba sea “de tal entidad
que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una
incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse
en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que
ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia”[10].
Entonces, el sólo hecho de que la parte reclame la presencia de una prueba sin
que sea definitiva para la decisión o que el juez se equivoque en la valoración
o apreciación probatoria, no es suficiente para que proceda la tutela por vía
de hecho, pues el juez constitucional solamente está autorizado a dejar sin
efectos una sentencia cuando se evidencia que el resultado judicial es
contrario a la Constitución, viola derechos fundamentales y cambia la verdad
procesal.
Aceptada la procedencia de la acción de
tutela para analizar la validez constitucional de sentencias que pudieron
incurrir en defectos fácticos y que afectaron derechos fundamentales, procede la
Sala a estudiar si un concepto técnico que aporta la demanda tiene eficacia
probatoria y si su falta de estudio de fondo puede catalogarse como un defecto
fáctico determinante para resolver el asunto sometido a su decisión.
Eficacia probatoria de los conceptos
técnicos y su diferencia con el dictamen pericial
11. Aunque la doctrina[11]
discute sobre la naturaleza jurídica de la peritación porque una parte de ella
la considera un medio de prueba y otra parte sostiene que es un instrumento de
apoyo para complementar los conocimientos del juez, lo cierto es que nuestra
legislación siempre la ha reconocido como una prueba calificada. En efecto, el
artículo 233 del Código de Procedimiento Civil se refiere a la “prueba
pericial” como un medio para verificar hechos que interesan al proceso y que
requieran conocimientos científicos, técnicos o artísticos. Así, entonces, la
prueba pericial busca aportar al proceso elementos de juicio ajenos al saber
jurídico que se requieren para resolver la controversia jurídica sometida a
decisión del juez.
De acuerdo con el Código de Procedimiento
Civil, la prueba pericial se caracteriza por: i) expresar conceptos
cualificados de expertos en materias científicas, técnicas o artísticas, pero
bajo ningún punto sobre aspectos jurídicos (artículo 236, numeral 1º), pues es
evidente que el juez no requiere apoyo en la disciplina que le es propia; ii) quién
lo emite no expresa hechos, sino conceptos técnicos relevantes en el proceso.
En efecto, a los peritos no les consta la situación fáctica que origina la
intervención judicial, puesto que, a pesar de que pueden pedir información
sobre los hechos sometidos a controversia, su intervención tiene como objetivo emitir
juicios especializados que ilustran al juez sobre aspectos que son ajenos a su saber.
Esto es precisamente lo que diferencia el dictamen pericial del testimonio
técnico, porque mientras en el segundo se han percibido los hechos, el primero
resulta ajeno a ellos (artículos 213 y siguientes); iii) es un concepto
especializado imparcial[12], puesto que el hecho de
que los peritos están sometidos a las mismas causales de impedimentos y
recusaciones que los jueces muestra que debe ser un tercero ajeno a la
contienda (artículo 235); iv) se practica por encargo judicial previo, de ahí
que claramente se deduce que no es un manifestación de conocimientos espontánea
ni su contenido puede corresponder a la voluntad de una de las partes (artículo
236, numeral 2º); v) el dictamen pericial debe ser motivado en forma clara,
oportuna, detallada y suficientemente (artículo 237) y, vi) para que pueda ser
valorado judicialmente, esto es, para que pueda atribuírsele eficacia
probatoria requiere haberse sometido a las condiciones y al procedimiento
establecido en la ley[13] y, en especial, a la
contradicción por la contraparte[14] (artículos 236 a 241).
12. En cuanto a la oportunidad para
solicitar y practicar la prueba pericial, es importante recordar que el
Estatuto Procesal Civil regula dos situaciones, a saber:
La primera, cuando una de las partes
solicita el decreto de la prueba anticipada al proceso. El artículo 300, tal y
como fue modificado por el artículo 28 de la Ley 794 de 2003, dispone que
cualquiera de las partes puede pedir, ante el juez del lugar donde deba
practicarse, el decreto de un dictamen de peritos, “con o sin citación de la
parte contraria”. Por su parte, el artículo 301 del Código de Procedimiento
Civil dice que las pruebas anticipadas “se sujetarán a las reglas
establecidas para la práctica de cada una de ellas en el curso del proceso”
y que las objeciones al dictamen pericial “se tramitarán como incidente”[15].
Por eso, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha señalado que, en
caso de que el dictamen anticipado sea practicado sin citación de la parte
contraria, de todas maneras en el transcurso del proceso debe corrérsele
traslado para que ejerza su derecho a la contradicción, puesto que “para que sea eficaz en el proceso judicial donde se pretenda hacer
valer, deba producirse siempre con citación y audiencia de la presunta
contraparte”[16]. No puede ser
otro el sentido de la norma legal si se analiza de conformidad con lo previsto
en el artículo 29 de la Carta que indica, sin excepción, que el requisito de
validez de toda prueba es la efectividad del debido proceso y con éste del
derecho de defensa.
La segunda, dentro del proceso, que es la
manera más usual de practicar el dictamen pericial. Esta prueba puede
originarse de oficio (artículos 233, 179 y 361 del Código de Procedimiento
Civil), por mutuo acuerdo, o a petición de parte (artículo 236, numeral 1º del
mismo código). Así, la parte demandante puede solicitar el dictamen en la
demanda (artículo 75, numeral 10), en el escrito de reforma de la demanda
(artículo 89, numeral 2º) y en el memorial que contesta las excepciones
(artículo 99, numeral 3º). A su turno, la parte demandada puede solicitar la práctica
de esta prueba en la contestación de la demanda (artículo 92, numeral 4º) y en
el escrito que formula excepciones (artículo 98 del Código de Procedimiento
Civil).
En todo caso, el dictamen pericial debe
someterse al procedimiento establecido en la ley para que la contraparte ejerza
su derecho de defensa mediante la contradicción del mismo, la cual puede
consistir en la objeción por error grave o en la solicitud de aclaración,
complementación o adición (artículo 238 del Código de Procedimiento Civil).
13. Así las cosas, se concluye que la
prueba pericial tendrá valor probatorio y, por consiguiente, podrá ser
apreciada por el juez solamente si corresponde a un acto procesal que fue
sometido al principio de contradicción y fue regular y legalmente practicado en
el proceso, conforme a las reglas previstas en la ley para el efecto. Dicho de
otro modo, si el dictamen pericial no ha sido decretado por un juez, o no ha
sido controvertido en el proceso, carece de mérito probatorio y no puede ser
valorado judicialmente porque no es una prueba legalmente practicada.
14. Ahora bien, con la dinámica del
derecho, el legislador diseñó un nuevo concepto de prueba judicial técnica,
distinto a la prueba pericial, que tiene como finalidad autorizar a las partes
a aportar al proceso conceptos técnicos, científicos o artísticos que han sido
elaborados por fuera del proceso y por encargo de una de las partes que ha
escogido al profesional que emite su opinión. En efecto, por primera vez, el
artículo 21 del Decreto 2651 de 1991, autorizó a las partes, de común acuerdo,
a presentar informes técnicos que estaban destinados a dejar sin validez un
dictamen pericial. Esa norma dispone lo siguiente:
“En todo proceso las partes de común
acuerdo pueden, antes de que se dicte sentencia de primera o única instancia o
laudo arbitral, realizar los siguientes actos probatorios:
1. Presentar informes científicos, técnicos
o artísticos, emitidos por cualquier persona natural o jurídica, sobre la
totalidad de los puntos objeto de dictamen pericial; en este caso, el juez
ordenará agregarlo al expediente y se prescindirá total o parcialmente del
dictamen pericial en la forma que soliciten las partes al presentarlo”.
Posteriormente, en el capítulo 4 de las
pruebas, el artículo 10 de la Ley 446 de 1998, señaló que
“Para la solicitud, aportación y práctica
de pruebas, además de las disposiciones generales contenidas en el Código de
Procedimiento Civil y demás disposiciones, se dará aplicación a las siguientes
reglas:
1. Cualquiera de las partes, en las
oportunidades procesales para solicitar pruebas, podrá presentar experticios
emitidos por instituciones o profesionales especializados. De existir
contradicción entre varios de ellos, el juez procederá a decretar el peritazgo
correspondiente”
Esa norma fue reiterada, en idéntico
sentido, en el artículo 18 de la Ley 794 de 2003, que modificó el artículo 183
del Código de Procedimiento Civil, al disponer como oportunidad probatoria,
entre otras, la siguiente:
“Cualquiera de las partes, en las
oportunidades procesales para solicitar pruebas, podrá presentar experticios
emitidos por instituciones o profesionales especializados. De existir
contradicción entre varios de ellos, el juez procederá a decretar el peritazgo
correspondiente”
15. Nótese que las experticias técnicas que
hacen referencia éstas no son los mismos dictámenes periciales regulados en los
artículos 233 a 242 del Código de Procedimiento Civil, ni los informes técnicos
de entidades y dependencias oficiales que reglamenta el artículo 243 del mismo
estatuto procesal, por cuanto no se practican por mandato judicial, ni en el
curso de una actuación judicial que impliquen intervención del juez, ni están
sometidos a las ritualidades de posesión, recusaciones e impedimentos que sí se
exigen para los peritos. Por el contrario, este tipo de pruebas se origina en
un encargo de la parte que lo escoge y sin la intervención judicial que
delimite su práctica y su contenido, pues ello corresponde a una solicitud
previa al proceso.
La incorporación de los conceptos técnicos se
efectúa válidamente de la misma manera que se aportan al proceso las demás pruebas
documentales, puesto que el Código de Procedimiento Civil expresamente señala
que podrán ser aportados en las oportunidades procesales correspondientes para
solicitar pruebas (demanda, complementación de la demanda, solicitud de
excepciones, contestación de la demanda y escrito que contesta las
excepciones).
En cuanto a la contradicción de los
conceptos técnicos se tiene que no se ejerce mediante el traslado de 3 días,
como ocurre en la prueba pericial, sino en las oportunidades previstas en el
procedimiento para que la contraparte manifieste su oposición y sus razones
para restar credibilidad al mismo. Por esa misma razón, la validez de su
incorporación al proceso se valora dentro de la sana crítica judicial, como las
demás pruebas, y se aprecian en conjunto, pues al igual que el dictamen
pericial, el juez es autónomo para valorar las pruebas técnicas y verificar la
veracidad de sus fundamentos y conclusiones, en tanto que es al juez, y no al
perito o al profesional especializado, a quién corresponde administrar justicia
y resolver la controversia que se somete a su decisión final. De esta forma, es
evidente que aunque el juez no se encuentra atado a la opinión técnica porque
debe someterla a su valoración y apreciación objetiva y razonada, la
especialidad de los conocimientos que se expresan en los documentos técnicos sí
constituye un importante instrumento de apoyo judicial para su convencimiento.
16. Precisamente por las razones expuestas,
el legislador consideró prudente y necesario imponer al juez el deber de
decretar un dictamen pericial en el curso del proceso de su competencia cuando,
en ejercicio de sus derechos de acceso a la justicia y de contradicción, las
partes aportan conceptos técnicos contradictorios. En efecto, es evidente que
los artículos 10 de la Ley 446 de 1998 y 183 del Código de Procedimiento Civil,
en la forma en que fue modificado por el artículo 18 de la Ley 794 de 2003, no
señala para el juez una atribución facultativa sino obligatoria que consiste en
decretar un peritazgo cuando existe contradicción entre los experticios
emitidos por profesionales especializados que hubieren sido oportunamente
aportados por las partes. Entonces, en situaciones de contradicción de
conceptos técnicos especializados la ley estableció una consecuencia
determinada a cargo del juez de conocimiento, la cual consiste en el decreto
oficioso de un dictamen pericial que se practicará en los términos previstos en
el Código de Procedimiento Civil.
En consecuencia, si a pesar de que la ley
es clara: primero, en autorizar a las partes a presentar, en las oportunidades
procesales previstas, experticios técnicos de personas especializadas en el
saber técnico, artístico o científico que se requiera en el caso concreto para
convencer al juez sobre la veracidad y legalidad de la pretensión y, segundo,
en determinar cuál es la conducta que debe asumir el juez en caso de que se
presenten conceptos contradictorios (el decreto oficioso de un dictamen
pericial), es lógico concluir que la omisión del juez en la práctica de esa
prueba pericial constituye un defecto fáctico que puede ser corregido por vía
de tutela cuando éste hubiere sido determinante en la sentencia.
17. Con base en lo expuesto, la Sala
procede a estudiar si el caso concreto se presentaron los requisitos de
procedibilidad general y especial para que proceda la tutela contra
providencias judiciales ejecutoriadas y, en especial, si existió vía de hecho
por defecto fáctico que autorizaría al juez constitucional a dejar sin efectos
la sentencia que, a juicio de la accionante, vulneró sus derechos
fundamentales.
Análisis del caso concreto
18. Se vio en precedencia, que la acción de
tutela es procedente si se demuestran tres requisitos generales de
procedibilidad, a saber: la inmediatez, la inexistencia o ineficacia de medios
judiciales ordinarios de protección de los derechos inculcados y que se alegue
la afectación de derechos de rango fundamental.
En cuanto al requisito de la inmediatez, la
Sala lo encuentra perfectamente satisfecho, puesto que la sentencia que origina
el reproche de la accionante fue proferida el 24 de agosto de 2007 y la acción
de tutela fue instaurada el 6 de septiembre de ese mismo año. Luego, es
evidente la actualidad de la supuesta afectación de los derechos fundamentales
cuya protección se pretende y la diligencia con que actuó la accionante.
De igual manera, es claro que la accionante
no cuenta con otro medio de defensa judicial para proteger sus derechos
fundamentales, en tanto que la decisión que reprocha fue proferida por el
Juzgado Quinto Civil del Circuito de Santa Marta en segunda instancia,
sentencia contra la cual no procede el recurso de casación (artículos 366, 367
y 434 del Código de Procedimiento Civil).
También se encuentra que, en el asunto sub
iúdice, se discute la afectación de derechos de rango fundamental, puesto
que la peticionaria considera que la sentencia del 24 de agosto de 2007 del
Juzgado 5º Civil del Circuito de Santa Marta, vulneró los derechos al debido
proceso y de acceso a la justicia al no valorar un concepto técnico que aportó
al proceso verbal sumario la parte demandante. De igual manera, la accionante
dijo que los jueces demandados (quienes conocieron de la demanda de reducción o
pérdida de intereses pactados formulada contra el Banco Popular) debieron
ordenar el traslado contemplado en la ley para que el Banco Popular ejerciera
su derecho de defensa respecto de lo conceptuado por expertos en el “dictamen
pericial” que aportó al proceso la parte demandante. Por esas razones, la
accionante concluyó que el Juzgado 5º Civil del Circuito de Santa Marta debió
decretar la nulidad de lo actuado en primera instancia y no dejar de valorar
una prueba  regular y oportunamente aportada al proceso. Eso muestra, entonces,
que se discute la validez legal y constitucional del trámite y de la decisión
final que las autoridades judiciales emitieron en el proceso verbal sumario que
la señora Castañeda Rovira formuló contra el Banco Popular, por lo que es claro
que se pretende la protección del proceso debido y del acceso a la justicia,
dos derechos que han sido tradicionalmente considerados por la jurisprudencia
constitucional de rango fundamental.
19. De otra parte, es necesario determinar
si, en efecto, existe una vía de hecho judicial que autorice la intervención
del juez de tutela para la protección de los derechos al debido proceso y de
acceso a la justicia. En tal virtud, para analizar si hay defecto fáctico por
omisión en el decreto de una prueba, o en la valoración inadecuada de ella, o
si se desconoció el trámite señalado en la ley para la valoración y aprobación
de la misma, en el expediente de tutela se tiene probado lo siguiente:
- Tal y como se lee en la demanda
presentada, mediante apoderada, por la señora Melva Castañeda Rovira contra el
Banco Popular, en el proceso verbal de reducción o pérdida de intereses
pactados, esa parte aportó como prueba documental el “estudio financiero
realizado por la perito financiero, dra. Gloria Amanda Cano, quien hace parte
de la actual lista de auxiliares de la justicia de esta jurisdicción”
(folio 19 del cuaderno 1).
-En la contestación de la demanda, la
apoderada del Banco Popular se refirió a ese documento así:
“como quiera que, de la redacción de los
hechos enumerados se desprende que, con base en un experticio aportado con la
demanda, se considera por la actora que existen mayores valores cobrados por
concepto de intereses en exceso y a una tasa que supera lo permitido por la
ley, llegando incluso a los topes de usura, debo expresar al despacho que esto
NO ES CIERTO, porque conviene recordar al señor juez que las liquidaciones y reliquidaciones
de créditos de vivienda individual son aspectos eminentemente reglados; por lo
tanto, la única metodología aplicable es la establecida en las normas jurídicas
vigentes.
A pesar de lo anterior la profesional que
elaboró el estudio anexo y la circular 07 del 27 de enero de 2000 emitida por
Superintendencia bancaria y que constituye la manera única y legal vigente para
realizar las reliquidaciones.
Además se desconocen también las
condiciones en que fue otorgado el crédito y que previamente fueron informadas
a la deudora, hoy demandante, en la carta de aprobación” (folio 55 del cuaderno 1).
En esa misma oportunidad, como prueba
aportada por la parte demandada, el Banco anexó un concepto técnico al indicar
que adjuntaba a la contestación de la demanda “un INFORME TECNICO, elaborado
por el Departamento de Unidad de Crédito Hipotecario, del BANCO POPULAR”
(folio 57 del cuaderno 1).
- Fallida la conciliación entre las partes,
mediante auto del 7 de diciembre de 2006, el Juzgado 7º Civil Municipal de
Santa Marta abrió el proceso a pruebas y tuvo las aportadas por las partes,
así: por la demandante, entre otras, el “estudio financiero del crédito
hipotecario antes relacionado” y por la parte demandada, entre otras, la “copia
del informe técnico otorgado a la demandante” (folio 62 del cuaderno 1).
- El Juzgado 7º Civil Municipal de Santa
Marta profirió sentencia el 30 de mayo de 2007, accediendo a las pretensiones
de la demanda en el sentido de condenar al Banco Popular a restituir a la
señora Castañeda Rovira la suma de $30.412.882. Para llegar a esa conclusión
dijo que “para lograr tener la certeza del hecho del cobro excesivo de
intereses, el juez debe recurrir a todos los recursos que la institucionalidad
coloca a su disposición para estos casos: concretamente, mediante informes
técnicos, tales como los que brindan entidades oficiales como la
Superintendencia Bancaria o el Banco de la República, quienes por función
propia se enteran de los efectos de la inflación y al devaluación de la moneda.
O en su defecto, echar mano de las declaraciones científicas que emiten los
auxiliares de la justicia, porque son los medios que se consideran idóneos para
dilucidar lo que realmente debían los deudores hipotecarios del sistema UPAC, a
los Bancos”.
En la valoración específica de la prueba,
el juzgado de primera instancia dijo que respecto de la liquidación del crédito
elaborada por la parte demandada “no puede otorgarse de suyo el grado de
idoneidad a la elaborada por la entidad crediticia, ni aún, si la liquidación
cuenta con el visto bueno de la Superintendencia Bancaria, pues el criterio
expuesto por dicha entidad administrativa, respecto de la revisión hecha por
ella a las liquidaciones por créditos hipotecarios que otorgaron las entidades
financieras bajo el régimen del sistema UPAC; no es de carácter absoluto e
infalible, y precisamente por eso, no puede dársele el mérito necesario para
que sea plena prueba…”. Por el contrario, consideró que la liquidación de
los intereses elaborada por la parte demandante es válida porque “sus
afirmaciones se basan en concepto pericial (folios 20 al 31 del cuaderno
único), prueba que fue sometida a los rigores de la publicidad y la
contradicción, no siendo controvertida por la parte a quien se opone, luego, en
honor a la equidad debe aceptarse su eficacia para el fin propuesto.// El
dictamen pericial, como toda experticia, tiene por objeto una declaración de
ciencia, proferida por un tercero sobre una situación controvertida en el
proceso” (folios 63 a 75 del cuaderno 1).
- En el escrito que motiva el recurso de
impugnación a la sentencia formulado por el Banco Popular, la apoderada
solicitó que “se ordene un nuevo dictamen pericial por un auxiliar de la
justicia dicho (sic) dictamen observe las normas vigentes que regulan la Ley
546/99” (folio 83 del cuaderno 1).
- En segunda instancia, no hubo decreto
oficioso de pruebas. En sentencia del 24 de agosto de 2007, el Juzgado Quinto
Civil del Circuito de Santa Marta revocó el fallo impugnado en consideración
con dos argumentos principales: El primero, contrario a lo dicho por el juez de
primera instancia, el ad quem no podía valorar la prueba aportada al
proceso por la parte demandante porque no se surtió el trámite previsto en la
ley para la contradicción de la experticia por parte de la contraparte. Al
respecto, dijo:
“Como prueba del cobro de exceso de los
intereses la parte demandante aportó con el libelo de la demanda un estudio
financiero que tuvo el a-quo como dictamen pericial, por lo que miraremos lo
referente a ello; ‘en el artículo 183 del C. de P. C., con la importancia que
ello tiene, se incorporó el numeral 1º del artículo 10 de la Ley 446 de 1998,
norma que habilita a las partes para presentar, ‘en las oportunidades para
solicitar pruebas’, experticias emitidas por instituciones o profesionales
especializados, que podrán convertirse en dictamen pericial, si la parte
contraria no las controvierte.
De esta manera, vino a quedar claro que el
dictamen pericial no exige que sea el juez o el magistrado quien designe el
perito, so pretexto de que el numeral 1º del artículo 9º, así como el numeral
2º del artículo 236 del C. de P. C., así lo disponen. Estas reglas subsisten
para el caso de que sea necesario que el juez decrete el dictamen pertinente,
como acontecerá cuando ninguna de las partes presente la experticia, o cuando
habiéndolo hecho ambas, exista contradicción entre ellas.
Ahora bien, es útil precisar que la
contradicción del concepto pericial, cuando una de las partes lo representa,
está sujeta a lo dispuesto en el artículo 238 del C. de P. C., lo que significa
que el juez, en el auto de pruebas, deberá ordenar que aquella se tenga como
dictamen pericial y correr traslado a la parte contraria por tres días, para
que esta pueda solicitar que se complemente o aclare, u objetarlo por error
grave. Desde ningún punto de vista se podría afirmar, que esas peticiones deben
ser formuladas en la contestación de la demanda, si la experticia que se
presentó como anexo de ésta, o dentro del traslado de las excepciones de
mérito, si se allegó con la contestación, no sólo porque la prueba no ha sido
decretada, sino también porque, por vía de ejemplo, si el demandado aporte del
concepto, no formula excepciones, no tendría el actor oportunidad para
contradecir la experticia.
Con todo, no se pierda de vista que como la
experticia presentada por una de las partes, tiene vocación de dictamen su
contraria, para evitar este efecto, deberá presentar en la oportunidad procesal
correspondiente, otro concepto que la contradiga. Quiere ello significar que si
el demandante aporta un concepto pericial con su demanda y el demandado no hace
lo propio en la contestación, o dentro de los tres días siguientes a la
audiencia de que trata el artículo 101 del C. de P. C., cuando ha ello hubiere
lugar, el juez, al momento de decretar pruebas, deberá ordenar tener esa
experticia como dictamen, desde luego sujeta a contradicción…”
El segundo: como el estudio financiero
aportado por la parte demandante no debe valorarse como dictamen pericial, sino
como documento emanado de terceros, no da certeza de que la entidad financiera
demandada hubiere cobrado intereses por encima de los señalados por la
Superintendencia Bancaria y como el artículo 177 del Código de Procedimiento
Civil dispone que la carga de la prueba corresponde al demandante, se concluye
que deben negarse las pretensiones por falta de prueba.
20. Con base en lo probado en el proceso y
lo dicho en los fundamentos jurídicos 11 a 16 de esta providencia, la Sala
infiere cuatro conclusiones:
a) En el proceso verbal de reducción o
pérdida de intereses promovido por Melva Castañeda Rovira contra el Banco
Popular, las partes presentaron oportunamente, como prueba dirigida a sustentar
sus argumentos, experticias técnicas emitidas por profesionales especializados,
antes del proceso, los cuales resultaron contradictorios.
b) Como se explicó en precedencia, las
experticias aportadas por las partes en la demanda y la contestación de la
demanda no pueden considerarse pruebas periciales, entre otras razones, porque
no fueron ordenados ni practicados a instancia del juez competente. Sin
embargo, se trataba de conceptos técnicos que tienen eficacia probatoria, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 183 del Código de Procedimiento Civil
y 10 de la Ley 446 de 1998. Dicho de otro modo, el hecho de que no sean
dictámenes periciales no significa que no tengan valor probatorio en el
proceso, pues simplemente se trata de pruebas distintas que están sometidas a
las reglas del debido proceso previstas en la ley.
c) A pesar de que se trataba de experticias
oportunamente presentadas por las partes y que resultaron contradictorias, los
jueces de conocimiento no decretaron el peritazgo a que hacen referencia los
artículos 183 del Código de Procedimiento Civil y 10 de la Ley 446 de 1998,
como única manera prevista en la ley de aportar elementos de juicio suficientes
y pertinentes para resolver la controversia. De ahí que hay que tener en cuenta
que es deber del juez de primera o de segunda instancia decretar un peritaje
cuando exista contradicción entre experticias emitidas por instituciones o
profesionales especializados y si el juez no cumple este deber incurre en vía
de hecho por omisión por cuanto impide que se establezca la verdad de los
hechos materia del proceso.
d) La valoración de los conceptos técnicos
aportados al proceso fue determinante en la decisión. En efecto, con la
apreciación de la experticia presentada por la parte demandante, el a quo
concluyó que debía acceder a las pretensiones de la demanda; mientras que, por
el contrario, el ad quem consideró que ese documento no debía valorarse
como dictamen pericial sino como documento emanado de terceros, razón por la
cual concluyó que no se había demostrado el supuesto de hecho en que se apoyaba
la demanda.
21. Lo anterior muestra con claridad que
los jueces de instancia omitieron el deber legal de decretar de manera oficiosa
la prueba pericial que ordenan los artículos 183 del Código de Procedimiento
Civil y 10 de la Ley 446 de 1998 cuando existen experticios contradictorios,
pese a lo cual resolvieron de fondo el asunto planteado. Cabe advertir que la
prueba de oficio no solamente debió ser decretada por el juez de primera
instancia en el auto que decreta pruebas y practicada en la audiencia
respectiva (artículo 432 del Código de Procedimiento Civil), sino también pudo
ser decretada por el juez de segunda instancia, quién está autorizado para el
efecto cuando la prueba verse “sobre hechos ocurridos después de transcurrida
la oportunidad para pedir pruebas en primera instancia” (artículo 361, numeral
3º, del Código de Procedimiento Civil).
En consecuencia, para la Sala es claro que
los jueces de instancia incurrieron en una vía de hecho por omisión que vulneró
el debido proceso y el derecho de defensa de la accionante y que resultó
determinante para la decisión final. Por esa razón, la acción de tutela debe
prosperar para declarar la nulidad de lo actuado en los Juzgados 7º Civil
Municipal de Santa Marta y 5º Civil del Circuito de esa misma ciudad, en el
proceso verbal de reducción o pérdida de intereses adelantado por Melva
Castañeda Rovira contra el Banco Popular, a partir de la audiencia del 30 de
mayo de 2007. Como consecuencia de ello, el juez de primera instancia, en el
término de cuarenta y ocho siguientes a la notificación del presente fallo,
decretará la prueba a que hace referencia el artículo 183 del Código de
Procedimiento Civil y, una vez adelantado el procedimiento señalado en la ley,
procederá a dictar la sentencia correspondiente con la valoración, en conjunto,
de las pruebas regular y oportunamente allegadas e incorporadas al proceso.
III.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de
Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo, y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 30 de octubre de 2007,
proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. En su
lugar, CONCEDER la tutela de los derechos al debido proceso y de acceso
a la justicia de la señora Melva Castañeda Rovira.
SEGUNDO: DECLARAR LA NULIDAD DE TODO LO ACTUADO en el proceso verbal
de reducción o pérdida de intereses adelantado por Melva Castañeda Rovira
contra el Banco Popular, por violación del derecho al debido proceso y de
defensa, a partir de la audiencia celebrada el 30 de mayo de 2007 por el
Juzgado Séptimo Civil Municipal de Santa Marta. Como consecuencia de ello, el
juez de primera instancia, en el término de cuarenta y ocho horas siguientes a
la notificación del presente fallo, decretará la prueba a que hace referencia
el artículo 183 del Código de Procedimiento Civil, inciso 2º, y, una vez
adelantado el procedimiento señalado en la ley, procederá a dictar la sentencia
correspondiente con la valoración, en conjunto, de las pruebas regular y
oportunamente allegadas e incorporadas al proceso.
TERCERO: Por la Secretaría, líbrese la comunicación de que
trata el  artículo 36 del decreto 2591 de 1991
Cópiese, notifíquese, comuníquese,
publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] En
dicha oportunidad, la Corte declaró inexequible la expresión “ni acción”
contenida en el artículo 185 de la Ley 906 de 2004. Con esa expresión, el
legislador excluía la posibilidad de acudir al  juez constitucional, en ejercicio
de la acción de tutela, para discutir la validez superior de la sentencia que
resuelve el recurso de casación, por lo que la Corte la consideró contraria a
los artículos 1º, 2º y 86 de la Constitución, 2º del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos y 25 de la Convención Americana de Derechos
Humanos.
[2] Sobre
el concepto de cada uno de los defectos, entre muchas otras, pueden verse las
sentencias T-079 de 1993, T-231 de 1994, T-329 de 1996, SU-047 de 1999, T-1031
de 2001, SU-159 de 2002, T-441 de 2003 y C-590 de 2005.
[3] Entre
muchas otras, pueden consultarse las sentencias T-104 de 2007, T-086 de 2007,
SU-159 de 2002, T-808 de 2006, T-996 de 2003, T-550 de 2002 y T-923 de 2004.
[4] Los artículos 180 del Código de Procedimiento Civil,
54 del Código Procesal del Trabajo y 169 del Código Contencioso Administrativo
autorizan la práctica de pruebas de oficio. Obviamente esta facultad dependerá de la autorización
legal para el efecto, pues en el caso, por ejemplo, de lo dispuesto en el
artículo 361 de la Ley 906 de 2004, según el cual el juez penal de conocimiento
no puede decretar pruebas de oficio en la etapa de juzgamiento, no es posible
exigirle al juez algo distinto a lo expresamente permitido. En este aspecto,
puede verse la sentencia C-396 de 2007.
[5] M.P.
Eduardo Montealegre Lynett.
[6] M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[7] M.P.
Rodrigo Escobar Gil
[8] M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa
[9] Sentencias
T-T-699 de 2005, T-199 de 2005, T-039 de 2005, T-673 de 2005, T-183 de 2006,
T-639 de 2003, T-673 de 2004, entre muchas otras.
[10] Sentencia
T-442 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell. Reiterada en la sentencia SU-159
de 2002. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[11] En
relación con la discusión doctrinaria sobre la naturaleza jurídica de la
peritación, puede verse un resumen completo en Teoría General de la Prueba
Judicial. Devis Echandía, Hernando. Tomo II. Editorial Temis. Bogotá. 2002.
Páginas 301 y siguientes
[12] La
sentencia T-1034 de 2006, M.P. Humberto Sierra Porto, dijo que “el valor de
la prueba pericial reposa en la imparcialidad del perito y en sus conocimientos
técnicos y científicos especializados”, de ahí que una decisión que se
apoye en una prueba que no reúne ese requisito, vulnera el debido proceso. Sin
embargo, dijo que para que proceda la tutela por vía de hecho por defecto
fáctico, debe demostrarse que esa prueba fue determinante para la decisión.
[13] En
sentencia T-920 de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, se concluyó que uno
de los requisitos para la validez del peritaje es que los peritos no excedan
los límites del encargo, por lo que un error de ese tipo podría constituir una
vía de hecho por defecto fáctico sólo si esa prueba ha sido fundamental en la
decisión
[14] La
sentencia T-796 de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández, concluyó que una
autoridad administrativa vulneró el debido proceso y el derecho de defensa de
una empresa particular porque omitió correr traslado de la respuesta que los
peritos dieron a una solicitud de aclaración o complementación de un dictamen
pericial en que se basó la liquidación de un contrato estatal. En el mismo
sentido, la sentencia T-579 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, dijo que
se presenta una vía de hecho por defecto fáctico cuando la autoridad judicial
apoya su decisión en un dictamen pericial que no dio traslado a las partes para
ejercer oportunamente su derecho de defensa.
[15] Esa
disposición fue declarada exequible por la Corte Constitucional en sentencia
C-830 de 2002. M.P. Jaime Araújo Rentaría.
[16] Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia. Sentencia SC-093 del 17 de julio de 2006, expediente 2097-01. M.P.
Cesar Julio Valencia Copete.