C-856-09
Sentencia C-856/09
Sentencia
C-856/09
CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD DE OBJECION PRESIDENCIAL-Alcance respecto de texto rehecho
e integrado por el Congreso/RATIO DECIDENDI DE SENTENCIA DE OBJECION
PRESIDENCIAL-Límite a la labor de rehacer e integrar un proyecto de ley por
el Congreso
Si bien el trámite de las objeciones
presidenciales se encuentra regulado en los artículos 165, 166, 167, 168 y
241.8 constitucionales; 79.4, 196 a 201 de la Ley 5ª de 1992 y el decreto 2067
de 1991; es, de conformidad con el artículo 167 Superior, que si la Corte
considera que el proyecto es parcialmente inexequible, así lo indicará a la
Cámara en que tuvo su origen para que, oído el ministro del ramo, rehaga e
integre las disposiciones afectadas en términos concordantes con el dictamen de
la Corte, y una vez cumplido este trámite, remita a la Corte el proyecto para
fallo definitivo, comprendiendo la competencia de la Corte Constitucional en
materia de proyectos de ley declarados parcialmente inexequibles, la de
verificar (i) el trámite adelantado en el Congreso de la República (control
formal); y (ii) el cumplimiento del deber de rehacer e integrar el texto del
proyecto de ley, en los términos de la sentencia de control de
constitucionalidad (control material).
CONGRESO DE LA
REPUBLICA-Alcance
de las facultades de rehacer e integrar proyecto de ley declarado parcialmente
inconstitucional/CONGRESO DE LA REPUBLICA-Extralimitación en el
ejercicio de atribuciones/CONGRESO DE LA REPUBLICA EN PROYECTO DE LEY
REHECHO E INTEGRADO-Constituye exceso en el ejercicio de atribuciones
introducir modificaciones que cambien sentido y alcance de disposiciones/CONGRESO
DE LA REPUBLICA EN PROYECTO DE LEY REHECHO E INTEGRADO-Consecuencia de
extralimitación en el ejercicio de atribuciones
Las labores de “rehacer” e “integrar” un
proyecto de ley, aluden a actividades vinculadas con la técnica legislativa,
que en el contexto del trámite constitucional de las objeciones presidenciales,
una vez la Corte ha declarado inexequible parcialmente un proyecto de ley,
consisten en (i) suprimir del texto de la ley los segmentos normativos
declarados inexequibles por la Corte; (ii) agregar o suprimir aquellas
expresiones que resulten estrictamente necesarias para acordarle un sentido
racional al proyecto de ley, visto en su conjunto; (iii) modificar la
numeración y los títulos, de ser necesario; y (iv) realizar los ajustes
gramaticales y sintácticos pertinentes. En últimas, se pretende que el proyecto
de ley, una vez rehecho e integrado, constituya un texto normativo armonioso y
coherente, sin sobrepasar la ratio decidendi del fallo de control de
constitucionalidad, lo que significa que al Congreso le está vedado modificar
aquellos artículos del proyecto de ley que no guarden una relación estrecha, de
conexidad material, con los fundamentos constitucionales que le sirvieron a la
Corte para declarar inexequible una o varias disposiciones de aquél. En el
presente caso si bien el deber de rehacer e integrar el texto del proyecto
recaía exclusivamente sobre los artículos 17 y 21 del proyecto de ley, por
cuanto las demás objeciones fueron encontradas infundadas o se profirió un
fallo inhibitorio; al momento de rehacer e integrar el texto del proyecto de
ley objetado, el  Congreso adoptó tres decisiones en concreto (i) suprimir toda
referencia al sistema sancionatorio por puntos, decisión que se ajusta a la
ratio decidendi de la sentencia C-321 de 2009, en relación con los artículos 17
y 21 del proyecto; (ii) efectuar dos correcciones sintácticas en los artículos
19 y 25, que si bien no incumbían a la labor de rehacer e integrar el texto, la
Corte considera que con ello el Congreso no excedió sus atribuciones, en la
media que los ajustes en la redacción en nada cambian su sentido y alcances; y
(iii) “aclarar” el sentido del artículo 24 del proyecto de ley, hecho que para la
Corte configura una extralimitación en el ejercicio de las facultades del
Congreso, por cuanto la redacción introducida propicia modificaciones al
sentido y alcances del proyecto, por lo que las modificaciones realizadas se
tendrán por no hechas.
OBJECION
PRESIDENCIAL A PROYECTOS DE LEY-Evolución histórica del control
constitucional
TECNICA
LEGISLATIVA-Concepto
TRAMITE
LEGISLATIVO EN PROYECTO DE LEY REHECHO E INTEGRADO EN OBJECIONES
PRESIDENCIALES-Actuaciones
que comprende
Se ha considerado que al Congreso le
corresponde, para dar cumplimiento a la sentencia de la Corte,“confeccionar” un
nuevo texto que resulte compatible con lo dispuesto por la Corte al momento de
realizar el examen de constitucionalidad de las normas objetadas, lo que
comprende: la necesidad de revisar o suprimir los textos viciados e integrarlos
al proyecto de manera que éste finalmente desarrolle en forma cabal la materia
que es objeto de su regulación, “atendiendo las consideraciones y
procedimientos formulados por la Corte Constitucional”, en la que la tarea de
revisión no se limita a eliminar apartes y modificar la numeración del proyecto
de ley objetado, sino que se extiende a armonizar el texto con el fallo de la
Corte, correspondiéndole a la Cámara donde tuvo origen el proyecto de ley
parcialmente inconstitucional, en su respectiva Plenaria, donde se inicie el
proceso de revisión y reforma de las normas inexequibles, previa citación y
oído el concepto del ministro del ramo, o los ministros cuando el proyecto
involucre cuestiones vinculadas con deferentes ministerios, a fin de
integrarlas al proyecto correspondiente, cuidando de que éste mantenga su
“unidad temática”. Superada la etapa anterior, debe pasar el proyecto
modificado a la otra Cámara para su debate y aprobación respectiva, y en el
supuesto de que surjan discrepancias en esta oportunidad, podrá integrarse una
comisión accidental de mediación para que presente una propuesta definitiva a
las plenarias de las cámaras para su aprobación o rechazo.
CONCEPTO DE
MINISTRO EN TRAMITE LEGISLATIVO DE PROYECTO DE LEY QUE SE REHACE E INTEGRA-Omisión
constituye vicio de procedimiento subsanable
SENTENCIA DE
OBJECION PRESIDENCIAL-Cumplimiento/PROYECTO DE LEY QUE REFORMA EL
CODIGO NACIONAL DE TRANSITO, REHECHO  E INTEGRADO EN OBJECIONES PRESIDECIALES-Exequible
por cumplimiento de lo ordenado en sentencia de constitucionalidad
Si bien mediante sentencia C-321 de 2009
la Corte declaró fundada la objeción presidencial contra el artículo 21 y
algunas expresiones del artículo 17 del proyecto de ley, por violar el artículo
29 superior, y en consecuencia declaró su inexequibilidad, resultando claro que
el deber de rehacer e integrar el texto del proyecto recaía exclusivamente
sobre los artículos 17 y 21 del proyecto, por cuanto las demás objeciones
fueron encontradas infundadas o se profirió un fallo inhibitorio. La ratio
decidendi de la sentencia consistió en afirmar que en un mismo texto normativo
no podían coexistir dos sistemas administrativos sancionatorios fundados en un
mismo método no correspondiéndole al juez constitucional decidir cuál de las
dos regulaciones (arts. 17 o 21 del proyecto de ley) resultaba ser más
conveniente, por cuanto, no le corresponde adelantar juicios de valor, ni
tampoco entrar a suplir la voluntad del Congreso de la República. Sin embargo
el Congreso, al momento de rehacer e integrar el texto del proyecto de ley
objetado, adoptó tres decisiones en concreto (i) suprimir toda referencia al
sistema sancionatorio por puntos; (ii) efectuar dos correcciones sintácticas en
los artículos 19 y 25; y (iii) “aclarar” el sentido del artículo 24 del
proyecto de ley. Frente a las dos primeras la Corte encontró que resultaban
exequibles por ajustarse a la exigencia del artículo 167 de la Constitución
Política, y no conllevar cambios en el sentido y alcance de las disposiciones;
en tanto que frente a la decisión de aclarar el artículo 24 del proyecto, la
Corte decidió entenderlas por no realizadas, pues las modificaciones
introducían cambios en el sentido y alcance del proyecto de ley.
TRAMITE
LEGISLATIVO EN PROYECTO DE LEY REHECHO EN OBJECIONES PRESIDENCIALES-Cumplimiento
Referencia:
expediente OP-120
Objeciones Presidenciales al
proyecto de Ley No. 012 de 2006 Cámara, 087 de 2007 Senado, “Por la cual se reforma la Ley 769
de 2002 (Código Nacional de Tránsito) y se dictan otras disposiciones”.
Magistrado
Ponente:
Dr. HUMBERTO
ANTONIO SIERRA PORTO
Bogotá, D.C.,
veinticinco (25) de noviembre de dos mil nueve (2009).
La Sala Plena de
la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y
de los requisitos y trámite establecidos en el decreto 2067 de 1991, ha
proferido la siguiente
SENTENCIA
para decidir sobre las objeciones por inconstitucionalidad
formuladas por el Presidente de la República al proyecto de No. 012 de 2006 Cámara,
087 de 2007 Senado, “Por
la cual se reforma la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito) y se dictan
otras disposiciones”.
I.
ANTECEDENTES
La Corte Constitucional, mediante
sentencia C- 321 de 2009, con ocasión del examen de unas objeciones
presidenciales presentadas al proyecto de ley de No. 012 de 2006 Cámara, 087 de
2007 Senado, “Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de
Tránsito) y se dictan otras disposiciones”, decidió lo siguiente:
“Primero. DECLARARSE
INHIBIDA para proferir un fallo de fondo en relación con el parágrafo 3º
del artículo 3º del proyecto de ley núm. 012 de 2006 Cámara, 087 de 2007
Senado, “Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de
Tránsito) y se dictan otras disposiciones”, por carencia actual de objeto.
Segundo. DECLARAR
INFUNDADA la objeción presidencial presentada contra el parágrafo 3º del
artículo 4º del proyecto de ley núm. 012 de 2006 Cámara, 087 de 2007 Senado, “Por
la cual se reforma la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito) y se dictan
otras disposiciones”, y en consecuencia, se declara EXEQUIBLE.
Tercero. DECLARAR
INFUNDADA la objeción presidencial presentada contra el numeral 4 del
artículo 5 e inciso 1 del artículo 13 del proyecto de ley  núm. 012 de 2006
Cámara, 087 de 2007 Senado, “Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002
(Código Nacional de Tránsito) y se dictan otras disposiciones”, y en
consecuencia, se declara EXEQUIBLE.
Cuarto. DECLARAR
INFUNDADA la objeción presidencial presentada contra el parágrafo 2 del
artículo 8º del proyecto de ley.núm. 012 de 2006 Cámara, 087 de 2007 Senado, “Por
la cual se reforma la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito) y se dictan
otras disposiciones”, y en consecuencia, se declara EXEQUIBLE.
Quinto. DECLARARSE
INHIBIDA para proferir un fallo de fondo en relación con la expresión “nuevos”
del artículo 11 del proyecto de ley núm. 012 de 2006 Cámara, 087 de 2007
Senado, “Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de
Tránsito) y se dictan otras disposiciones”, por carencia actual de objeto.
Sexto. DECLARARSE
INHIBIDA para proferir un fallo de fondo en relación con el parágrafo del
artículo 15 del proyecto de ley núm. 012 de 2006 Cámara, 087 de 2007 Senado, “Por
la cual se reforma la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito) y se dictan
otras disposiciones”, por carencia actual de objeto.
Séptimo. DECLARAR
FUNDADA la objeción presidencial presentada contra el artículo 21 y las
expresiones “Se establece el siguiente sistema de puntos: Por cada infracción
mayor o igual a 8 smlvd 2 puntos. Por cada infracción mayor o igual a 15 smlvd
6 puntos. Por cada infracción mayor o igual a 30 smlvd 8 puntos”, del
artículo 17 del proyecto de ley, por violar el artículo 29 Superior, y en
consecuencia se declaran INEXEQUIBLES.
Octavo. DECLARARSE
INHIBIDA para proferir un fallo de fondo en relación con el parágrafo 3°
del artículo 17 del proyecto de ley núm. 012 de 2006 Cámara, 087 de 2007
Senado, “Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de
Tránsito) y se dictan otras disposiciones”, por carencia actual de objeto.
Noveno. DECLARAR
INFUNDADA la objeción presidencial presentada contra el parágrafo 2º del
artículo 24 del proyecto de ley.núm. 012 de 2006 Cámara, 087 de 2007 Senado, “Por
la cual se reforma la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito) y se dictan
otras disposiciones”, y en consecuencia, se declara EXEQUIBLE.
Décimo. DECLARARSE
INHIBIDA para proferir un fallo de fondo, por el cargo de violación al
principio de legalidad,  en relación con el artículo 24 del proyecto de ley núm.
012 de 2006 Cámara, 087 de 2007 Senado, “Por la cual se reforma la Ley 769
de 2002 (Código Nacional de Tránsito) y se dictan otras disposiciones”.
Decimoprimero. DECLARARSE
INHIBIDA para proferir un fallo de fondo, por el supuesto cargo de
violación al principio de igualdad,  en relación con el artículo transitorio
del artículo 27 del proyecto de ley núm. 012 de 2006 Cámara, 087 de 2007
Senado, “Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de
Tránsito) y se dictan otras disposiciones”, por inepta objeción.
Decimosegundo. DECLARAR
INFUNDADA la objeción presidencial presentada contra el artículo
transitorio del artículo 27 del proyecto de ley núm. 012 de 2006 Cámara, 087 de
2007 Senado, “Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de
Tránsito) y se dictan otras disposiciones”, por el cargo de violación al
principio de autonomía de las entidades territoriales.
Décimo tercero. Ordenar
que este proyecto de ley se DEVUELVA al Congreso de la República, con el
fin de que lo rehaga y una vez cumplido lo anterior, se devuelva a la Corte
para que se verifique su cumplimiento, conforme al artículo 167 de la
Constitución Política, de conformidad con la parte motiva del presente fallo”.
Mediante comunicación recibida en la
Secretaría General de esta Corporación el 1 de octubre de 2009, el Presidente
del Senado de la República remitió, en cumplimiento del artículo 167 Superior y
de la sentencia C- 321 de 2009, el texto del proyecto de ley núm. 012 de 2006
Cámara, 087 de 2007 Senado, “Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002
(Código Nacional de Tránsito) y se dictan otras disposiciones”, incluido “texto
rehecho y sustanciación aprobados por ambas Cámaras el 25 y el 29 de
septiembre, respectivamente”.
La Sala Plena de la Corte, mediante Auto
290 del siete (7) de octubre de 2009, decidió abstenerse de decidir mientras no
se cumplieran los requisitos constitucionales y legales requeridos para
hacerlo. En tal sentido, ordenó a la Secretaría General de esta Corporación que
oficiara a los Secretarios Generales del Senado y Cámara de Representantes, a
efectos de que remitieran, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, las
respectivas Gacetas del Congreso contentivas de los debates y aprobaciones del
texto rehecho.
II. METODOLOGÍA.
En el presente asunto, la Corte adoptará la siguiente
metodología (i) examinará el contenido y el alcance de su competencia respecto
al texto posterior rehecho e integrado por el Congreso de la República; (ii)
resumirá las intervenciones ciudadanas o de entidades estatales presentadas;
(iii) describirá el trámite surtido en el Congreso de la República con posterioridad
a la adopción de la sentencia C- 321 de 2009,  (iv) examinará si aquél se
ajustó a la Constitución; (v) en caso afirmativo, analizará si el Congreso
rehizo e integró el texto del proyecto de ley, en los términos señalados en la
sentencia de la Corte.
1. Competencia de la Corte en relación con el texto
posterior rehecho e integrado por el Congreso de la República
a.     Breve evolución
histórica.
Un examen de los
diversos textos constitucionales nacionales, evidencia que, con algunos matices
y particularidades, el Presidente de la República siempre ha contado con la
facultad constitucional de oponerse a la sanción de un determinado proyecto de
ley, invocando diversas razones de orden jurídico o político, dentro de unos
determinados tiempos, en función de la cantidad de artículos objetados. A
partir de entonces, se traba una discusión con el órgano legislativo, la cual finalmente
es zanjada mediante diversas soluciones establecidas por las Cartas
Políticas, dentro de las cuales, aparecería el control constitucional.
En tal sentido,
es preciso recordar que la Constitución de 1886 reguló la figura de las
objeciones presidenciales por motivos de inconveniencia[1]
o de inconstitucionalidad[2], introduciendo como
importante novedad el control de constitucionalidad para este último caso, en
cabeza de la Corte Suprema de Justicia. En efecto, en los términos del original
artículo 90 de la citada Carta Política “Exceptuase de los dispuesto en el
artículo 88 el caso que el proyecto fuere objetado por inconstitucionalidad. En
este caso, si las Cámaras insistieren, el proyecto pasará a la Corte Suprema,
para que ella, dentro de los seis días, decida sobre su exequibilidad. El fallo
afirmativo de la Corte obliga al Presidente a sancionar la ley. Si fuere
negativo, se archivará el proyecto”.
Pues bien,
dentro de las reformas que conoció la Constitución de 1886 en materia de
control de constitucionalidad sobre las objeciones presidenciales, se tiene que
el Acto Legislativo núm. 3 del 31 de octubre de 1910, dispuso lo siguiente:
“Artículo 41. A la
Corte Suprema de Justicia se le confía la guarda de la integridad de la
Constitución. En consecuencia, además de las facultades que le confieren ésta y
las leyes, tendrá las siguientes:
Decidir
definitivamente sobre la exequibilidad de los Actos Legislativos que hayan sido
objetados como inconstitucionales por el Gobierno, o sobre todas las
leyes o decretos acusados ante ella por cualquier ciudadano como
inconstitucionales, previa audiencia del Procurador General de la Nación”.
Años más tarde,
el Acto Legislativo núm. 1 del 16 de febrero de 1945 modificó la regulación del
control de constitucionalidad sobre las objeciones presidenciales, en los
siguientes términos:
“Artículo 53.
El
artículo 147 de la Constitución quedará así:
Artículo 147.
A la Corte
Suprema de Justicia se le confía la guarda de la integridad de la Constitución.
En consecuencia, además de las facultades que el confieren ésta y las leyes,
tendrá las siguientes:
Decidir
definitivamente sobre la exequibilidad de los proyectos de ley que hayan sido
objetados por el Gobierno como inconstitucionales, o sobre todas las leyes o
decretos dictados por el Gobierno en ejercicio de las atribuciones de que
tratan los artículos 11 y 12 del artículo 69 y el artículo 117 de la
Constitución Nacional, cuando fueren acusados ante ella de inconstitucionalidad
por cualquier ciudadano.
En las acciones
de inexequibilidad deberá intervenir siempre el Procurador General de la
Nación.
Posteriormente,
el Acto Legislativo núm. 1 del 11 de diciembre de 1968 dispuso en relación con
las competencias de la Corte Suprema de Justicia en materia de objeciones
presidenciales por inconstitucionalidad, lo siguiente:
“Artículo 71.
El
artículo 214 de la Constitución Nacional quedará así:
A la Corte
Suprema de Justicia se le confía la guarda de la integridad de la Constitución.
En consecuencia, además de las facultades que le confieren ésta y las leyes,
tendrá las siguientes:
1.     Decidir
definitivamente sobre la exequibilidad de los proyectos de ley que hayan sido
objetados por el Gobierno como inconstitucionales, tanto por su contenido
material como por vicios de procedimiento en su formación.
A su vez, la
actual regulación del trámite de las objeciones presidenciales se encuentra  en
los artículos 165, 166, 167, 168 y 241.8 constitucionales; 79.4, 196 a 201 de la
Ley 5ª de 1992 y el decreto 2067 de 1991.
En tal sentido, de conformidad
con el artículo 167 Superior, si la Corte considera que el proyecto es parcialmente
inexequible, así lo indicará a la Cámara en que tuvo su origen para que,
oído el Ministro del ramo, rehaga e integre las disposiciones afectadas en
términos concordantes con el dictamen de la Corte. Una vez cumplido este
trámite, remitirá a la Corte el proyecto para fallo definitivo.
Aunado a lo
anterior, es preciso tener en cuenta que el artículo 79.4 de la Ley 5ª de 1992
dispone que en cada sesión de las Cámaras y sus Comisiones Permanentes sólo
podrán tratarse los temas incluidos en el orden del día, “en el siguiente
orden: 4) objeciones del Presidente de la República, o quien haga sus veces, a
los proyectos aprobados por el Congreso, e informes de las comisiones
respectivas”. De igual manera, el artículo 200 de la misma normatividad
establece que “Cuando una Cámara hubiere declarado infundadas las objeciones
presentadas por el Gobierno a un proyecto de ley, y la otra las encontrare
fundadas, se archivará el proyecto”.
En este orden de
ideas, la actual regulación constitucional de las objeciones presidenciales, si
bien presenta ciertas semejanzas con aquella de la anterior Carta Política,
ofrece como novedades que el control judicial de constitucionalidad lo realiza la
Corte Constitucional y que a diferencia de la Constitución expirada, que
encargaba de la objeción parcial a la respectiva comisión constitucional
permanente y de la total a la Cámara de origen, la Constitución de 1991 señala
que en todo caso, la reconsideración del proyecto de ley corresponde a
las Cámaras en pleno, con prescindencia de la naturaleza parcial o total de la
objeción formulada o de la causa que la suscite[3].
En este orden de
ideas, un repaso por la historia del constitucionalismo colombiano evidencia la
presencia de ciertas constantes, aparejadas con nuestro sistema presidencial de
gobierno: (i) el Presidente ha contado con la facultad constitucional de
negarse a sancionar un proyecto de ley aprobado debidamente por las Cámaras,
por motivos de inconveniencia; (ii) tal competencia puede ser ejercida sobre la
totalidad del proyecto o respecto a ciertos artículos del mismo; (iii) las
objeciones deben ser presentadas durante un determinado tiempo, en función de
la cantidad de artículos objetados; (iv) el Congreso puede optar por acoger las
observaciones del Ejecutivo o insistir en la aprobación del texto inicial; (v)
en esta segunda hipótesis, a condición de que medien determinadas mayorías
congresionales, el proyecto será finalmente adoptado, debiendo ser sancionado
por el Presidente de la República. De igual manera, en materia de objeciones
presidenciales por motivos de inconstitucionalidad se tiene que (i) en
determinadas Constituciones decimonónicas, aquéllas eran tramitadas de igual
forma que las objeciones por inconveniencia; (ii) sólo hasta 1910 fue
establecido un control judicial de constitucionalidad sobre las mismas, a cargo
de la Corte Suprema de Justicia; (iii) a lo largo de las diversas reformas que
conoció la Carta Política de 1886, se fue perfeccionando el control de
constitucionalidad en materia de objeciones presidenciales por motivos de
inconstitucionalidad, disponiendo la participación del Procurador General de la
Nación y de los ciudadanos; (iv) el control de constitucionalidad se extendió
al contenido material de las objeciones y al examen de vicios de procedimiento
en el trámite de las mismas; y (v) en la actualidad, una vez la Corte declara
parcialmente inexequible un proyecto de ley objetado, el Congreso de la
República debe “rehacer” e “integrar” el nuevo texto del
mencionado proyecto, de conformidad con el fallo proferido por la Corte
Constitucional.
b. Contenido del
deber de “rehacer e integrar” el texto del proyecto de ley y competencia
de la Corte Constitucional.
Tal y como se ha
indicado, una vez la Corte Constitucional decide declarar parcialmente
inexequible un proyecto de ley objetado por el Presidente de la República,
aquél deberá ser devuelto a la Cámara en la cual tuvo origen para que, oído el
Ministro del ramo, “rehaga e integre las disposiciones afectadas en términos
concordantes con el dictamen de la Corte. Una vez cumplido este trámite,
remitirá a la Corte el proyecto para fallo definitivo”.
Pues bien, a lo
largo de su jurisprudencia, esta Corporación ha sentado algunas líneas
jurisprudenciales referentes al sentido del deber que le asiste al Congreso de
“rehacer e integrar” el texto del proyecto de ley objetado, y
correlativamente, el alcance de la competencia del juez constitucional.
Así pues, se ha
considerado que (i) el Congreso debe “confeccionar” un nuevo texto que
resulte compatible con lo dispuesto por la Corte al momento de realizar el
examen de constitucionalidad de las normas objetadas[4];
(ii) la acción del Congreso para dar cumplimiento a la sentencia de la Corte,
comprende en primer lugar, la necesidad de revisar o suprimir los textos
viciados e integrarlos al proyecto de manera que éste finalmente desarrolle en
forma cabal la materia que es objeto de su regulación, “atendiendo las
consideraciones y procedimientos formulados por la Corte Constitucional”[5];
(iii) el control de constitucionalidad que se debe ejercer, una vez cumplido el
deber impuesto al Congreso en el artículo 167 Superior, no se limita a examinar
el trámite congresional, sino igualmente el acatamiento real del fallo
proferido por esta Corporación (control material)[6];
(iv) la tarea de revisión que debe adelantar el Congreso no se limita a
eliminar apartes y modificar la numeración del proyecto de ley objetado, sino
que se extiende a armonizar el texto con el fallo de la Corte, el cual se
expresa en la parte resolutiva y se fundamenta en la ratio decidendi[7];
(v) el Congreso no desarrolla una simple labor “mecánica”, en el sentido
de suprimir del texto los artículos declarados inexequibles por la Corte, sino
que debe reconfigurar materialmente el proyecto de ley[8],
a efectos de cumplir con el fallo del juez constitucional; (vi) se ha admitido
que, en caso de que el Congreso incumpla con su deber de rehacer e integrar
adecuadamente el proyecto de ley, “la fórmula de decisión más adecuada
consistía en reenviar el proyecto de ley a las Cámaras, con el fin de reformular
su texto en términos concordantes con la sentencia que declaró parcialmente
fundadas las objeciones presidenciales”[9]; (vii) la Cámara donde
tuvo origen el proyecto de ley parcialmente inconstitucional, será en la
respectiva Plenaria donde se inicie el proceso de revisión y reforma de las
normas inexequibles, a fin de integrarlas al proyecto correspondiente, cuidando
de que éste mantenga su “unidad temática”[10];
(viii) superada la etapa anterior, debe pasar el proyecto modificado a la otra
Cámara para su debate y aprobación respectiva; en el supuesto de que surjan
discrepancias en esta oportunidad, podrá integrarse una comisión accidental de
mediación para que presente una propuesta definitiva a las plenarias de las
cámaras para su aprobación o rechazo[11]; (ix) configura un vicio
de procedimiento, si no se ordena escuchar al Ministro del Ramo antes de
iniciar el debate en las Plenarias[12]; y (x) la citación puede
comprender varios ministros si el objeto de dicho proyecto involucra cuestiones
vinculadas con diferentes ministerios[13].
Ahora bien, la
Corte estima necesario adelantar algunas precisiones en cuanto al deber de “rehacer”
e “integrar” un proyecto de ley declarado parcialmente inexequible.
Las labores
consistentes en “rehacer” e “integrar” un proyecto de ley, aluden
a actividades vinculadas con la técnica legislativa, entendida ésta como el
arte de redactar los preceptos jurídicos de forma bien estructurada, cumpliendo
con los principios de coherencia y seguridad jurídica.[14]
Al respecto, autores como Bulygin[15], Atienza[16]
y Aguiló[17], entienden por técnica
legislativa un conjunto de recursos y procedimientos encaminados a elaborar un
proyecto de norma jurídica, siguiendo los siguientes pasos: primero, la
justificación o exposición de motivos de la norma; luego, redactando su
contenido material de manera clara, breve, sencilla y accesible para los
destinatarios de la disposición.
En este orden de
ideas, la técnica legislativa consiste en un conjunto de reglas encaminadas a
ajustar la conducta funcional del legislador, para la adecuada elaboración de
la ley.
Pues bien, la actividad
consistente en “rehacer”, según el Diccionario de la Real Academia
Española, consiste en “1. Volver a hacer lo que se había deshecho, o hecho mal. 2 tr. Reformar, refundir”; en tanto que por “integrar”
se entiende “1. Dicho de las partes: Constituir un todo. 2. tr.
Completar un todo con las partes que faltaban. 3. tr.
Hacer que alguien o algo pase a formar parte de un todo”.
Así las cosas,
entendiendo las expresiones “rehacer” e “integrar” en el contexto
del trámite constitucional de las objeciones presidenciales, se tiene que la
labor del Congreso, una vez la Corte ha declarado inexequible parcialmente un
proyecto de ley, consisten en (i) suprimir del texto de la ley los segmentos
normativos declarados inexequibles por la Corte; (ii) agregar o suprimir
aquellas expresiones que resulten estrictamente necesarias para acordarle un
sentido racional al proyecto de ley, visto en su conjunto; (iii) modificar la
numeración y los títulos, de ser necesario; y (iv) realizar los ajustes
gramaticales y sintácticos pertinentes. En últimas, se pretende que el proyecto
de ley, una vez rehecho e integrado, constituya un texto normativo armonioso y
coherente.
Ahora bien, esas
labores realizadas por el Congreso de la República, no sólo deben estar
orientadas por los clásicos principios de la técnica legislativa, sino que no
pueden sobrepasar la ratio decidendi del fallo de control de
constitucionalidad. Lo anterior significa que, le está vedado al Congreso
modificar aquellos artículos del proyecto de ley que no guarden una relación
estrecha, de conexidad material, con los fundamentos constitucionales que le
sirvieron a la Corte para declarar inexequible una o varias disposiciones de
aquél. En otras palabras, si bien el Congreso puede realizar los ajustes
técnicos necesarios en el proyecto de ley objetado, introduciendo incluso las
modificaciones que sean pertinentes en artículos no inicialmente objetados por
el Presidente de la República, también lo es que dicha facultad se encuentra
limitada por las razones constitucionales que motivaron el fallo de la Corte.
En suma, la
competencia de la Corte Constitucional en materia de proyectos de ley
declarados parcialmente inexequibles, se extiende a verificar (i) el trámite
adelantado en el Congreso de la República (control formal); y (ii) el
cumplimiento del deber de rehacer e integrar el texto del proyecto de ley, en
los términos de la sentencia de control de constitucionalidad (control
material).
2.
Intervenciones ciudadanas y de entidades estatales.
El Ministro de
Transporte, mediante escrito radicado el 2 de Octubre de 2009 en la Secretaría
General de la Corte, manifiesta lo siguiente:
“Con fundamento
en el artículo 167 de la Constitución Política, este Despacho Ministerial a
través de escrito identificado con el No. 322681 y radicado el día 13 de agosto
en la secretaría de la Cámara de Representantes, propuso el contenido de los
artículos del proyecto basado en el fallo proferido por esa Corporación en
sentencia C- 321 del 11 de mayo de 2009.
Surge una gran
preocupación por la discrepancia que se ha presentado entre el Congreso de la
República y el ejecutivo respecto a la interpretación dada a la objeción
presentada al artículo 17 del proyecto que contempla un sistema de puntos. La
objeción se fundamenta en mostrar las incongruencias e imprecisiones
contempladas en el sistema de puntos que contiene el artículo 17 del proyecto.
Hecho el análisis por la Honorable Corte Constitucional, ésta la encuentra
fundada, dado que como ya se manifestó, el alcance de la objeción presentada
iba dirigido a demostrar la violación a las normas, con la redacción del
artículo 17 cuestionado. El sistema de puntos allí establecido además de ser
impreciso, es incongruente, y con su inclusión pone en incertidumbre al
operador jurídico dejándole al albedrío, cual de los dos sistemas debe aplicar,
pues el artículo 21 del proyecto igualmente contempla un sistema de puntos, que
a diferencia del citado sistema de puntos del 17, es preciso y congruente con
las demás disposiciones del Código Nacional de Tránsito.
Lo anterior
significa que al salir del mundo jurídico el aparte del sistema de puntos del
artículo 17, le da plena validez a los argumentos expuestos por el ejecutivo,
pero ello no implica que el artículo 21 que no fue objetado por el ejecutivo,
deba ser declarado inexequible; se entiende entonces, que queda vigente el
sistema de puntos contemplado en el artículo 21, disposición que no fue objeto
de ninguna discusión jurídica  y por ende debe producir plenos efectos
jurídicos en el control de las infracciones de tránsito cometidas por los
conductores.
De acuerdo a lo
expuesto, queda establecido con meridiana claridad que es el artículo 17 del
proyecto, el que debe ser declarado inexequible, más no el artículo 21, pues en
la parte resolutiva de la sentencia se declararon inexequibles los artículos 17
y 21 del proyecto.
Por lo anterior
solicito comedidamente sea aclarado el contenido y el alcance de la sentencia,
tanto en la parte considerativa como en la parte resolutiva, respecto a la
objeción presentada al artículo 17 citado”.
3. Trámite
surtido en el Congreso de la República con posterioridad a la adopción de la
sentencia C- 321 de 2009.
3.1. Cámara de
Representantes.
3.1.1.
Conformación de Comisión Accidental y rendición de informe.
El día 4 de
agosto de 2009, los Representantes Alonso Acosta y Gloria Stella Díaz Ortiz,
actuando en su calidad de integrantes de la Comisión Accidental conformada para
rehacer e integrar el texto del Proyecto de Ley núm. 012 de 2006 Cámara, 087 de
2007 Senado, “por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 Código Nacional de
Tránsito” procedieron a rendir el correspondiente informe, de conformidad
con el texto publicado en la Gaceta del Congreso núm. 675 de 2009 (pp. 1
y ss.).
3.1.2. Anuncio y
votación del informe de la Comisión Accidental en Plenaria.
El texto del
Informe del Texto Rehecho se encuentra publicado en la Gaceta del Congreso
núm. 675 de 2009. Fue anunciado previamente a su votación en sesión
plenaria el día 5 de agosto de 2009, según consta en el Acta de Plenaria núm.
194 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso núm. 889 de 2009.El
texto del anuncio es el siguiente:
La Secretaría General informa,
doctora Flor Marina Daza:
Se anuncian los siguientes
proyectos para la sesión Plenaria del día 11 de agosto o para la
siguiente sesión en la cual se debatan proyectos de ley o actos legislativos.
(…)
Informe de texto rehecho
Informe para rehacer e integrar
el texto del Proyecto de ley número 012 de 2006 Cámara, 087 de 2007 Senado, por
la cual se reforma la Ley 769 de 2002, Código Nacional de Tránsito y se dictan
otras disposiciones.
Durante la
Sesión Plenaria núm. 195 del 11 de agosto de 2009, la cual se encuentra
publicada en la Gaceta del Congreso núm. 1051 de 2009 , fue aprobado el
Informe del Texto Rehecho e Integrado, en los siguientes términos:
“Dirección de la Sesión por la
Presidencia, doctor James Britto Peláez:
Aviso que se va a cerrar el
registro.
Subsecretaria General Doctora
Flor Marina Daza Ramírez:
El Presidente autoriza al doctor
Carlos Zuluaga a votar manualmente, doctor Zuluaga, vota Sí.
Subsecretaria General, doctora
Flor Marina Daza Ramírez:
El Presidente autoriza votar al
doctor Ramiro Devia, vota Sí.
Dirección de la Sesión por la
Presidencia, doctor James Britto Peláez:
Se cierra el registro, por favor señor
Secretario informar el resultado de la votación.
Secretario General, doctor Jesús
Alfonso Rodríguez C.:
Se cierra el registro. Por el Sí
104 y por el No 3.”
3.1.3. Rendición
del concepto del Ministro de Transporte.
El 21 de julio
de 2009, el Presidente de la Cámara de Representantes le remitió al Ministro de
Transporte una “Carta de
notificación para pronunciamiento al Ministro de Transporte 012 de 2006 Cámara,
087 de 2007 Senado”,
la cual aparece publicada en la Gaceta del Congreso núm. 734 de 2009, y cuyo texto es el siguiente:
“Bogotá, D.
C., 21 de julio de 2009
S.G.2-1789/2009
Doctor
ANDRES URIEL
GALLEGO HENAO
Ministro de
Transporte
CAN, Avenida El
Dorado
Bogotá, D. C.
Asunto: Proyecto de ley número
012 de 2006 Cámara, 087 de 2007 Senado, por la cual se reforma la Ley 769 de 2002
(Código Nacional de Tránsito) y se dictan otras disposiciones.
Respetado señor
Ministro:
Por instrucciones del señor
Presidente de la Corporación, doctor Edgar Alfonso Gómez Román, y en
cumplimiento de la Sentencia número C-321 del 11 de mayo de 2009, proferida por
la Sala Plena de la honorable Corte Constitucional, y en concordancia con el
artículo 167 de la Constitución Política Colombiana, de la manera más atenta y
respetuosa, me permito solicitarle en calidad de Ministro del Ramo,
pronunciarse acerca del proyecto de ley en referencia.
Lo anterior, con el propósito de
Rehacer e Integrar las disposiciones afectadas en términos concordantes con el
dictamen de la Corte, para fallo definitivo.
Para tal efecto, me permito
anexar a la presente, copia de la sentencia en mención, copia del informe de
Objeciones Presidenciales, copia del Informe de la Comisión accidental
designada para tal efecto y copia del texto ley.
Cordialmente,
El Secretario
General, Alfonso Rodríguez Camargo”.
Luego, el 28 de
julio de 2009, el Presidente de la Cámara de Representantes le remitió al mismo
funcionario una “Carta de
reiteración para pronunciamiento al Ministro de Transporte 012 de 2006 Cámara,
087 de 2007 Senado”,
texto que aparece publicado en la Gaceta del Congreso núm. 734 de 2009.
Finalmente, el día 13 de agosto de
2009, según publicación que aparece en la Gaceta del Congreso núm. 734 de 2009, el Ministro de Transporte
procedió a rendir el concepto de rigor. En dicho documento, el funcionario
manifiesta lo siguiente:
“En atención a lo previsto en el
artículo 167 Constitucional, este Despacho procede a analizar y rehacer e
integrar los artículos del proyecto enunciado y que fueron objetados por el
ejecutivo, dando cumplimiento a lo manifestado por la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-321 del 11 de mayo de 2009 en los siguientes términos:
a) Primera
objeción. Parágrafo 3° del artículo 3°.
Con la eliminación del parágrafo
3°, se subsana la objeción presentada; por tanto no hay observación por parte
del Ministerio.
b) Segunda objeción. Inciso 4° y
parágrafos 2° y 3° del artículo 4°, e inciso 2° del artículo 6°.
Con la supresión de la segunda
parte del inciso 4° del artículo 4° del proyecto y la eliminación del segundo
párrafo del artículo 6° del proyecto, desaparece la contradicción que contenía
el proyecto; por tanto no hay observación por parte de este Ministerio.
Respecto al parágrafo 3° del
artículo 4°, se acoge lo dicho por la Corte y por tanto se mantiene este
parágrafo.
c) Tercera
objeción. Numeral 4, artículo 5° e inciso 1° del artículo 13.
Considera la Corte que la
redacción de los artículos 5° y 13 no constituyen violación al régimen
constitucional y que por el contrario se advierte es una discusión de carácter
fáctico que se escapa a la órbita de competencia del juez constitucional.
Respecto al plazo para el
cumplimiento de los requisitos para obtener la acreditación expresa que el
Gobierno Nacional cuenta con un tiempo adicional prudencial, esto es, el
término de los doce (12) meses establecidos en el parágrafo 2° del artículo 5°
del proyecto de ley respecto de los Centros de Reconocimiento de Conductores,
no contemplándose este plazo para la habilitación y acreditación de los Centros
de Diagnóstico Automotor de que habla el artículo 13 del proyecto. Por tanto y
para compaginar el articulado con lo expresado por la Corte y la Procuraduría,
se hace necesario contemplar el mismo plazo citado en el parágrafo 2° del
artículo 4° para los Centros de Diagnóstico Automotor en el artículo 13 del
proyecto.
Lo anterior atendiendo a que el
proceso de acreditación para estos dos entes tiene la misma finalidad y el
procedimiento a aplicarse debe ser transversal.
De acuerdo a lo expuesto el
artículo 5° del proyecto queda igual y al artículo 13 se le adiciona el
parágrafo 2° del artículo 5° del proyecto así:
Artículo 13. El artículo 53 de la Ley 769 de
2002 quedará así:
Artículo 53. Centros de
Diagnóstico Automotor.
La revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes se realizará en
centros de diagnóstico automotor, legalmente constituidos, que posean las
condiciones que determinen los reglamentos emitidos por el Ministerio de
Transporte y el Ministerio del Medio Ambiente en lo de sus competencias. El
Ministerio de Transporte habilitará dichos centros, los cuales previamente
deberán contar con reconocimiento en el Sistema Nacional de Normalización,
Certificación y Metrología acreditándose como organismo de inspección.
Los requisitos, procedimientos,
pruebas, personal, equipos, pruebas y sistemas de información mínimos que debe
acreditar el centro de diagnóstico automotor, para obtener la mencionada
acreditación serán estipulados por la Superintendencia de Industria y Comercio,
con alcance a lo establecido en la reglamentación del Ministerio de Transporte.
Los resultados de la revisión
técnico-mecánica y de emisiones contaminantes serán consignados en un documento
uniforme cuyas características determinará el Ministerio de Transporte. Para la
revisión del vehículo automotor, se requerirá únicamente la presentación de su
licencia de tránsito y el correspondiente seguro obligatorio.
Parágrafo 1°. Quien no porte dicho documento
incurrirá en las sanciones previstas en la ley. Para todos los efectos legales,
este será considerado como documento público.
Parágrafo 2°. El Ministerio de Transporte
reglamentará para que en un plazo de hasta 12 meses los Centros de Diagnóstico
Automotor cumplan con los requisitos de habilitación y acreditación.
d) Cuarta objeción. Parágrafo 2° del artículo 8°.
Se acoge lo expresado por la
Corte Constitucional; por tanto se mantiene el citado parágrafo 2° del artículo
8° del proyecto.
e) Quinta
objeción. Artículo 11.
Con la supresión de la palabra
¿nuevos¿ queda subsanada la inconstitucionalidad planteada. En consecuencia no
se incorpora su contenido al proyecto.
f) Sexta
objeción. Parágrafo del artículo 15.
Con la eliminación del parágrafo
de este artículo se subsana la inconstitucionalidad planteada.
g) Séptima
objeción. Artículos 17 y 21.
a) Primer
párrafo del artículo 17
Este Ministerio no comparte el
análisis hecho por el Congreso de la República respecto a la inseguridad
jurídica que se generaría en materia de sanciones, por el reporte de las
infracciones de tránsito realizado por los Organismos de Tránsito al sistema
RUNT, dado que el Organismo de Tránsito es el generador de la información y es
quien tiene la obligación de reportar al Registro Único Nacional de Tránsito
esta información. Además, es el Organismo de Tránsito quien alimenta la información
manejada por el SIMIT; por tanto mal podría aceptarse que la información que un
Organismo de Tránsito reporte al sistema RUNT no sea veraz y atente contra el
principio de legalidad como así lo expresa esa Corporación, mientras que la
manejada por el SIMIT que es la misma información sí atienda el principio de
legalidad y sea confiable y veraz.
Un segundo aspecto que deja
preocupado a este Despacho es la conclusión a la que llega la honorable Corte
Constitucional, en cuanto a que procede a examinar acerca de si la creación del
Registro Único Nacional de Tránsito vulnera los artículos constitucionales 209
y 287, toda vez que lo manifestado en la objeción presidencial se fundamenta en
la dualidad de funciones ejercidas tanto por el SIMIT como por el RUNT. Este
último y que no está siendo cuestionada su legalidad, es un sistema de
información creado mediante la Ley 769 de 2002 con el fin de integrar la
información no solamente de las infracciones de tránsito sino de toda la información
que se origina por los actores del transporte y el tránsito y que se encuentran
descritos en el artículo 8°, siendo por tanto el RUNT el sistema padre de todos
los trámites mencionados, mientras que el SIMIT es un sistema que solamente
registra las infracciones.
De otra parte no comparte este
despacho que el problema planteado sea técnico, como así lo concluye la Corte
Constitucional, toda vez que insistimos, hay una dualidad de funciones entre
estos dos sistemas, desconociéndose con su implementación los principios de la
administración pública del artículo 209 y generando con él un gasto
significativo e innecesario a las entidades territoriales toda vez que, con la
implementación del RUNT, el Organismos de Tránsito reportará directamente la
información sin costo alguno. En segundo término con esta disposición están
obligando a los Organismos de Tránsito a utilizar una intermediación para
reportar la información de infracciones que ellos originan y que bien podrían
reportarla directamente sin costo alguno.
Además lo manifestado en este
fallo contraría lo manifestado en otra oportunidad por la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-477 de 2003, cuando declaró inexequible el parágrafo del
artículo 10 de la Ley 769 de 2002, que determinaba que en todas las
dependencias de los Organismos de Tránsito debía existir una sede del SIMIT.
Dado que la Corte a través de
esta sentencia se pronunció sobre este primer párrafo del artículo 17 del
proyecto, determinando que, por ser un problema de carácter técnico, se escapa
de la competencia del juez constitucional y por tanto no hace un
pronunciamiento de fondo, no queda otra alternativa que acoger lo allí
manifestado, reiterando que este Ministerio no comparte la posición asumida por
la Corte.
b) Sistema de
puntos frente a la comisión de infracciones de tránsito
Respecto a
este punto surge por parte del Ministerio una preocupación, dada la falta de
claridad en la parte resolutiva de la Sentencia en su artículo séptimo y los
aspectos considerados por la honorable Corte al momento del análisis hecho a la
objeción presentada por el Presidente de la República.
Concluye la Corte que no pueden
coexistir, en un mismo texto normativo, dos sistemas sancionatorios por puntos
diferentes por cuanto ello dejaría al arbitrio del juzgador cuál aplicar. Así
mismo considera fundada la objeción presidencial presentada contra el artículo
21 y las expresiones “Se establece el siguiente sistema de puntos: Por
cada infracción mayor o igual a 8 smlvd 2 puntos. Por cada infracción mayor o
igual a 15 smlvd 6 puntos, Por cada infracción mayor o igual a 30 smlvd 8
puntos”, del artículo 17 del proyecto de ley, por violar el artículo 29
Superior y como consecuencia expresa la Corte “...se declaran INEXEQUIBLES”.
Analizadas las razones expuestas
por el Presidente de la República, se encuentra que allí se detectaron las
inconsistencias que presenta el artículo 17, el cual entre otros aspectos no
atiende el principio de proporcionalidad ni desde la perspectiva cuantitativa
ni cualitativa; no guarda correspondencia entre el monto de las sanciones
pecuniarias y la pérdida de puntos, entre la gravedad de la falta y la sanción
impuesta.
De los argumentos presentados se
encuentra, como así lo expresa la Procuraduría, que el sistema de puntos
consagrado en el artículo 21 del proyecto es racionalmente más claro y preciso
que el establecido en el artículo 17 objetado.
Igualmente señala el Presidente
en la sustentación de la objeción presentada que, bajo lo dispuesto por el
artículo 7° del proyecto, a través del cual se modificó el artículo 26 del
CNTT, donde se establecen las causales de suspensión y cancelación de la
licencia de conducción, el sistema de puntos contemplado en el artículo 17 del
proyecto no sería aplicable, por cuanto en dicho artículo se citó en forma
expresa el sistema de puntos contemplado en el artículo 21 del proyecto, a
través del cual se implemento el sistema de puntos acorde con las infracciones
del artículo 131 del Código Nacional de Tránsito.
Así mismo se concluye en la
objeción presentada por el Presidente de la República que dadas las
consideraciones y referencias que se hacen en los demás artículos del proyecto
objeto de estudio es procedente se mantenga únicamente el sistema de puntos
consagrado en el artículo 21 del proyecto que modifica el artículo 131 del
CNTT.
Se sustenta esta posición además
porque en el proyecto existen otros artículos que fueron construidos en forma
coordinada con el sistema de puntos del artículo 21 como son los artículos 4°
del proyecto en su parágrafo 1° que contempló la asignación de doce (12) puntos
a los titulares de licencia de conducción de cualquier categoría los cuales
serán reducidos o recuperados de acuerdo con su comportamiento como conductor
y, en el artículo 7° del proyecto, se establece en el numeral 5, como causal de
suspensión de la licencia de conducción, la pérdida de (6) puntos y en las
causales de cancelación en el numeral 7 la pérdida de doce (12) puntos. En
otras palabras el número de puntos determina si existió reincidencia en la
comisión de una infracción o no, produciendo los efectos descritos de
suspensión o cancelación.
De acuerdo a lo expuesto por la
Corte Constitucional como se mencionó anteriormente, no deben coexistir dos
sistemas sancionatorios y la objeción presentada demuestra son las
inconsistencias que adolece el sistema de puntos contemplado en el artículo 17
del proyecto, mientras que por el contrario el artículo 21 como se expresó
guarda coherencia con los demás artículos del proyecto y con su contenido
mismo; por tanto y teniendo en cuenta el análisis hecho por la Corte
Constitucional inferimos que lo que se declaró inexequible por el juez superior
en el artículo séptimo de la sentencia son las expresiones: “Se establece
el siguiente sistema de puntos: Por cada infracción mayor o igual a 8 smlvd 2
puntos, Por cada infracción mayor o igual a 15 smlvd 6 puntos. Por cada
infracción mayor o igual a 30 smlvd 8 puntos”, del artículo 17 del
proyecto de ley.
Es importante destacar que sin el
sistema de puntos contemplado en el artículo 21 del proyecto, las Autoridades
de Tránsito no podrían decretar ni la suspensión, ni la cancelación de la
licencia de conducción, lo que generaría una impunidad y una desarticulación en
el sistema sancionatorio en materia de tránsito, ya que a través de estas dos
figuras es que se materializa la sanción.
Expuesto lo anterior se concluye
que se mantiene en su integridad el artículo 21 del proyecto de ley y se
elimina la parte del artículo 17 del proyecto declarada inexequible por la
Corte Constitucional, subsanándose de esta manera la inconstitucionalidad
planteada.
h) Octava
objeción. Parágrafo 3° del artículo 17.
Con la eliminación del parágrafo
3° del artículo 17 del proyecto se subsana la objeción presentada; por tanto no
hay observación por parte del Ministerio.
i) Novena objeción. Parágrafo 2° del artículo 24.
En esta objeción se plasmaron por
parte de la Presidencia de la República tres inconsistencias, dos de ellas
violatorias de normas constitucionales y, de acuerdo al análisis hecho por la
Corte Constitucional, considera este Ministerio no hubo pronunciamiento por
parte del alto tribunal sobre dos de ellas.
a) Parágrafo 2°
del artículo 24
Se acoge lo expresado por la
Corte Constitucional respecto a que no se configura violación al principio de
autonomía de los entes territoriales.
En cuanto a la modificación
introducida por el legislador al parágrafo objeto de estudio, en concepto de
este Ministerio, es un asunto completamente ajeno al proceso de objeciones,
pero igualmente no se puede desconocer que la redacción original era ambigua y
lo que hace la modificación es precisar que el descuento que se está
concediendo es el primero señalado en el artículo 24, esto es el del 50%.
Siendo este parágrafo
transitorio, porque tan sólo será aplicable por un término de doce (12) meses
contados a partir de la vigencia de la ley, el legislador afecto el contenido
del citado artículo 24 del proyecto el cual es permanente, cambiando la
expresión: “en estos casos” por la expresión “en este
último caso”, entendiendo que se pretendió con esta modificación beneficiar
a los deudores descritos en el parágrafo 2° del artículo 24.
Tal como se hace la modificación
al artículo, solamente los infractores que obtienen el descuento del 25% serán
los obligados a asistir al curso y no, los que obtienen el beneficio del 50%,
generando de esta manera una desigualdad.
Es de advertir que la Corte
Constitucional no se pronunció sobre la modificación introducida al artículo 24
que, como en el anterior caso, no guarda relación causal con las objeciones
presentadas por el Presidente de la República y que, en la modificación hecha
al contenido del parágrafo 2°, se declaró inhibida para pronunciarse.
No obstante lo anterior, se
reitera, el Congreso de la República, además de haber introducido una
modificación al contenido del parágrafo 2° del artículo 24 del proyecto que no
tiene relación causal con las objeciones presentadas por el Presidente de la
República, procedió a modificar el contenido del artículo 24, en el sentido de
suprimir el curso para quienes están obligados a pagar el 50% del valor de la
infracción, razón por la cual este Ministerio deja a consideración del Congreso
integrar este artículo con el objeto de que, si lo estiman a bien, se
replanteen el texto del artículo y el parágrafo 2°.
b) Contradicción
entre los artículos 24 y 22 del proyecto
Respecto a la contradicción
evidenciada entre los artículos 22 y 24 que expresan “Si el contraventor
no comparece sin justa causa comprobada en este tiempo, la multa será aumentada
hasta por el doble de su valor¿ y ¿...si fuere declarado
contraventor se le impondrá el cien por ciento (100%) del valor de la multa”.
Respectivamente, la Corte Constitucional no hizo mención alguna, pero
efectivamente en su momento el Congreso de la República acogió la objeción
presentada y eliminó la expresión del artículo 22, quedando de esta manera
superada la inconstitucionalidad.
En este orden de ideas los
artículos 22 y 24 del proyecto de ley quedarán de la siguiente manera:
Artículo 22. El artículo 135 de la Ley 769 de
2002 quedará así:
Artículo 135. Procedimiento. Ante la comisión de una
contravención, la autoridad de tránsito debe seguir el procedimiento siguiente
para imponer el comparendo:
Ordenará detener la marcha del
vehículo y le extenderá al conductor la orden de comparendo en la que ordenará
al infractor presentarse ante la autoridad de tránsito competente dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes. Al conductor se le entregará copia de la
orden de comparendo.
Para el servicio además se
enviará por correo dentro de los tres (3) días hábiles siguientes copia del
comparendo al propietario del vehículo, a la empresa a la cual se encuentra
vinculado y a la Superintendencia de Puertos y Transporte para lo de su
competencia.
La orden de comparendo deberá
estar firmada por el conductor, siempre y cuando ello sea posible. Si el
conductor se negara a firmar o a presentar la licencia, firmará por él un
testigo, el cual deberá identificarse plenamente con el número de su cédula de
ciudadanía o pasaporte, dirección de domicilio y teléfono si lo tuviere.
No obstante
lo anterior, las autoridades competentes podrán contratar el servicio de medios
técnicos y tecnológicos que permitan evidenciar la comisión de infracciones o
contravenciones, el vehículo, la fecha, el lugar y la hora. En tal caso se
enviará por correo dentro de los tres (3) días hábiles siguientes la infracción
y sus soportes al propietario quien estará obligado al pago de la multa. Para
el servicio público además se enviará por correo dentro de este mismo término
copia del comparendo y sus soportes a la empresa a la cual se encuentre
vinculado y a la Superintendencia de Puertos y Transporte para lo de su
competencia.
El Ministerio de Transporte
determinará las características técnicas del formulario de comparendo único
nacional, así como su sistema de reparto. En este se indicará al conductor que
tendrá derecho a nombrar un apoderado si así lo desea y que en la audiencia,
para la que se le cite, se decretarán o practicarán las pruebas que solicite.
El comparendo deberá además proveer el espacio para consignar la dirección del
inculpado o del testigo que lo haya suscrito por este.
Parágrafo 1°. La autoridad de tránsito
entregará al funcionario competente o a la entidad que aquella encargue para su
recaudo, dentro de las doce (12) horas siguientes, la copia de la orden de
comparendo, so pena de incurrir en causal de mala conducta.
Cuando se trate de agentes de
policía de carreteras, la entrega de esta copia se hará por conducto del
comandante de la ruta o del comandante director del servicio.
Parágrafo 2°. Los organismos de tránsito
podrán suscribir contratos o convenios con entes públicos o privados, con el
fin de dar aplicación a los principios de celeridad y eficiencia en el cobro de
las multas.
j) Décima objeción. Artículo 27.
Se acoge lo expresado por la
Corte Constitucional, por tanto se mantiene el contenido del artículo 27
transitorio del proyecto.
Hechas las observaciones por
parte de este Ministerio y atendiendo lo expresado por la Corte Constitucional,
procedemos a integrar el articulado el cual se anexa al presente oficio.
Cordialmente,
El Ministro de Transporte,
Andrés
Uriel Gallego Henao.
Anexo: veinticinco
(25) folios”.
A continuación,
el Ministro de Transporte procede a presentar el texto rehecho e integrado de
todo el Código Nacional de Tránsito, de conformidad con sus observaciones,
anteriormente transcritas.
3.1.4. Rendición
de un nuevo informe para rehacer e integrar el texto definitivo.
El día 19 de
agosto de 2009, es decir, luego de haberse votado favorablemente en Plenaria el
Informe de la Comisión Accidental, los integrantes de esta última, procedieron
a rendir un nuevo informe, argumentando lo siguiente:
“Este informe se presenta por segunda vez, en razón
a que en la primera ocasión, el Ministro del ramo no había hecho su
pronunciamiento, por lo que era imposible tener en cuenta sus observaciones en
ese momento. Habiendo rendido su concepto el Ministro, mediante comunicación
fechada el 12 de agosto y radicada ante esta Corporación el 13 de agosto,
procede ahora la Comisión a presentar de nuevo el informe de texto rehecho e
integrado”.
Una vez
analizada la sentencia proferida por la Corte Constitucional y el informe
rendido por el Ministro de Transporte, los integrantes de la Comisión
Accidental  propusieron lo siguiente:
“III.
PROPOSICION
De acuerdo con
lo dispuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia C-321 del 11 de mayo
de 2009, para rehacer e integrar el texto del Proyecto de ley número 012 de
2006 Cámara, 087 de 2007 Senado, por la cual se reforma la Ley 769 de
2002 ¿ Código Nacional de Tránsito, y se dictan otras disposiciones, y una
vez oído el Ministro de Transporte, se propone:
1. Rehacer el
texto del artículo 4° del proyecto, que modifica el artículo 17 de la Ley 769
de 2002, eliminando el parágrafo que se refiere a la licencia con el sistema de
puntos, en razón a la declaratoria de inexequibilidad realizada por parte de la
Corte Constitucional. El parágrafo eliminado consagraba:
Parágrafo 1º. Al
titular de la licencia de conducción de cualquier categoría, se le asignará un
total de doce (12) puntos, los cuales serán reducidos o recuperados de acuerdo
con su comportamiento, como conductor, de conformidad con lo establecido en
este código.
2. Rehacer el
texto del artículo 7° del proyecto, que modifica el artículo 26 de la Ley 769
de 2002, eliminando los numerales referidos al sistema de puntos en las
licencias de conducción, de la siguiente manera:
a) En las
causales de suspensión de la licencia se elimina el numeral 5, que consagraba:
5. Por la
pérdida de seis (6) puntos, se suspenderá por el término de seis (6) meses. Los
puntos se perderán de acuerdo a lo establecido en el artículo 131 del presente
código.
b) En las
causales de cancelación de la licencia se elimina el numeral 7, que consagraba:
7. Por la
pérdida de los doce (12) puntos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 131
del presente código. Esta sanción se hará efectiva una vez queden en firme los
actos administrativos correspondientes.
Además, se
ajusta la redacción del parágrafo para garantizar la consonancia y coherencia
de todo el artículo, así:
Parágrafo. La suspensión o
cancelación de la licencia de conducción implica la entrega obligatoria del
documento a la autoridad de tránsito competente para imponer la sanción por el
período de la suspensión o a partir de la cancelación de ella.
La notificación
de la suspensión o cancelación de la licencia de conducción, se realizará de
conformidad con las disposiciones aplicables del Código Contencioso
Administrativo.
Transcurridos
tres años desde la cancelación, el conductor podrá volver a solicitar una nueva
licencia de conducción.
3. Rehacer el
texto del artículo 17 del proyecto, que modifica el artículo 93 de la Ley 769
de 2002, eliminando los apartes que establecían el sistema de puntos, dada la
declaratoria de inexequibilidad efectuada por la honorable Corte
Constitucional. Los apartes eliminados son los siguientes:
Se establece el
siguiente sistema de puntos:
Por cada
infracción mayor o igual a 8 smlvd 2 puntos.
Por cada
infracción mayor o igual a 15 smlvd 6 puntos.
Por cada
infracción mayor o igual a 30 smlvd 8 puntos.
4. Rehacer el texto
del artículo 21 del proyecto, que modifica el artículo 131 de la Ley 769 de
2002, eliminando los apartes que se refieren al sistema de puntos, dada la
declaratoria de inexequibilidad efectuada por la honorable Corte
Constitucional. Los apartes eliminados son los que se subrayan a continuación:
Artículo 131.
Pérdida de puntos y multas. Los infractores de las normas de tránsito serán
sancionados con la imposición de multas o con multas y pérdida de puntos,
de acuerdo con el tipo de infracción así:
B. Será
sancionado con multa equivalente a ocho (8) salarios mínimos legales diarios
vigentes y la pérdida de un (1) punto, el conductor y/o
propietario de un vehículo automotor que incurra en cualquiera de las
siguientes infracciones:
C. Será
sancionado con multa equivalente a quince (15) salarios mínimos legales diarios
vigentes y la pérdida de dos (2) puntos, el conductor y/o
propietario de un vehículo automotor que incurra en cualquiera de las
siguientes infracciones:
D. Será
sancionado con multa equivalente a treinta (30) salarios mínimos legales
diarios vigentes y la pérdida de tres (3) puntos, el conductor
y/o propietario de un vehículo automotor que incurra en cualquiera de las siguientes
infracciones:
E. Será
sancionado con multa equivalente a cuarenta y cinco (45) salarios mínimos
legales diarios vigentes y con la pérdida de seis (6) puntos el
conductor y/o propietario de un vehículo automotor que incurra en cualquiera de
las siguientes infracciones:
E.3. Conducir en
estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias alucinógenas, se atenderá
a lo establecido en el artículo 152 de este código. Si se trata de conductores
de vehículos de servicio público, de transporte escolar o de instructor de
conducción, la multa pecuniaria, la pérdida de puntos y el
período de suspensión de la licencia se duplicarán. En todos los casos de
embriaguez el vehículo será inmovilizado y el estado de embriaguez o
alcoholemia se establecerá mediante una prueba que no cause lesión, la cual
será determinada por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Además, se
eliminan los parágrafos que hacían referencia, de igual manera, al sistema de
puntos. Los parágrafos eliminados son los siguientes:
Parágrafo 1°. El
conductor que no haya sido sancionado en un período de un (1) año, se le
restablecerán los puntos perdidos.
Parágrafo 2°.
Las infracciones de tránsito, cuya sanción sea la imposición de multas
descritas en otros artículos de la Ley 769 de 2002, darán lugar además a la
pérdida de 1, 2, 3 ó 6 puntos, si la sanción de multa es en su orden de 8, 15,
30 ó 45 salarios mínimos legales diarios vigentes¿.
5. En virtud de la
facultad integradora, se efectuaron dos correcciones sintácticas en los
artículos 19 y 25, las cuales se subrayan y a la vez se destacan en negrilla,
así: En el artículo 19, la palabra El y en el artículo 25: grado de
embriaguez.
Artículo 19. El artículo 102
de la Ley 769 de 2002, quedará así:
Artículo 102. Manejo
de escombros.
Cada
municipio determinará el lugar o lugares autorizados para la disposición final
de los escombros que se produzcan en su jurisdicción, el manejo de estos
materiales se hará debidamente aislado impidiendo que se disemine por las vías
y de acuerdo con la normatividad ambiental vigente, bajo la responsabilidad del
portador del permiso que haya otorgado la autoridad de tránsito quien será responsable
del control de vigilancia del cumplimiento de la norma, sin perjuicio que se le
determine la responsabilidad sobre daños en bienes de uso público. El
incumplimiento de esta norma se sancionará con multa de treinta (30) smldv.
Parágrafo. Será sancionado
con una multa de (30) smldv, quien transportando agregados minerales como
arena, triturado o concretos, no aísle perfectamente la carga y permita que
ella se esparza por las vías públicas, poniendo en riesgo la seguridad de otros
vehículos.
Artículo 25. El artículo 152
de la Ley 769 de 2002, quedará así.
Artículo 152. Grado
de alcoholemia. En un término no superior a 30 días
contados a partir de la expedición de la presente ley, el Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses mediante resolución establecerá los límites
de los diferentes grados de estado de embriaguez.
Si hecha la
prueba de alcoholemia se establece:
Segundo grado de
embriaguez, adicionalmente a la sanción multa, se decretará la suspensión de la
licencia de conducción entre dos (2) y tres (3) años, y la obligación de
realizar curso de sensibilización, conocimientos y consecuencias de la
alcoholemia y drogadicción en centros de rehabilitación debidamente
autorizados, por un mínimo de cuarenta (40) horas.
Tercer grado
de embriaguez, a más de la sanción de multa, se decretará la suspensión
entre tres (3) y diez (10) años de la licencia de conducción, y la obligación
de realizar curso de sensibilización, conocimientos y consecuencias de la
alcoholemia y drogadicción en centros de rehabilitación debidamente
autorizados, por un mínimo de ochenta (80) horas.
Será criterio
para fijar esta sanción, la reincidencia, haber causado daño a personas o cosas
a causa de la embriaguez o haber intentado darse a la fuga.
Parágrafo 1°. La reincidencia
en un tercer grado de embriaguez será causal para determinar la cancelación
definitiva de la licencia de conducción.
Parágrafo 2°. La
certificación de la sensibilización será indispensable para la entrega de la
licencia de conducción suspendida.
6. En ejercicio de
la facultad integradora del texto del Proyecto, se aclara el texto del artículo
24 del proyecto de ley, así:
Artículo 24. El artículo 136
de la Ley 769 de 2002, quedará así.
Artículo 136.
Reducción de la multa. Una vez surtida la orden de comparendo,
si el inculpado acepta la comisión de la infracción, podrá sin necesidad de
otra actuación administrativa, cancelar el cincuenta por ciento (50%) del valor
de la multa dentro de los cinco días siguientes a la orden de comparendo, o
podrá cancelar el setenta y cinco por ciento (75%) del valor de la multa, si
paga dentro de los veinte días siguientes a la orden de comparendo. En
cualquiera de estos dos eventos, deberá asistir obligatoriamente a un
curso sobre normas de tránsito en el Centro Integral de Atención, donde
cancelará un veinticinco por ciento (25%) del valor de la multa,
y el veinticinco (25%) o el cincuenta (50%)
restante, según el caso, lo pagará al organismo de tránsito. Si
aceptada la infracción, esta no se paga en las oportunidades antes indicadas,
el contraventor deberá cancelar el (100%) del valor de la multa más sus
correspondientes intereses moratorios.
Si el inculpado
rechaza la comisión de la infracción, deberá comparecer ante el funcionario en
audiencia pública para que este decrete las pruebas conducentes que le sean
solicitadas y las de oficio que considere útiles. En la misma audiencia, si
fuere posible, se practicarán las pruebas y se sancionará o absolverá al
inculpado. Si fuere declarado contraventor, se le impondrá el ciento por ciento
(100%) del valor de la multa prevista en este código.
Si el inculpado
no compareciere sin justa causa comprobada dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes, la autoridad de tránsito después de 30 días de ocurrida la presunta
infracción seguirá el proceso, entendiéndose que queda vinculado al mismo,
fallándose en audiencia pública y notificándose en estrados.
Los organismos
de tránsito de manera gratuita podrán celebrar acuerdos para el recaudo de las
multas y podrán establecer convenios con los bancos para este fin. El pago de
la multa y la comparecencia podrán efectuarse en cualquier lugar del país.
Parágrafo 1°. En los lugares
donde existan inspecciones ambulantes de tránsito, los funcionarios competentes
podrán imponer al infractor la sanción correspondiente en el sitio y hora donde
se haya cometido la contravención respetando el derecho de defensa.
Parágrafo 2°. A partir de la
entrada en vigencia de la presente ley y por un periodo de doce (12) meses,
todos los conductores que tengan pendiente el pago de infracciones de tránsito,
podrán acogerse al descuento del cincuenta por ciento (50%) del valor de la
multa y de los intereses.
De los
honorables Representantes,
Gloria Stella
Díaz Ortiz, Alonso Acosta Osio, Representantes a la Cámara.
TEXTO
REHECHO E INTEGRADO  DEL PROYECTO DE LEY NUMERO 012  DE 2006 CAMARA, 087 DE
2007 SENADO
por
la cual se reforma la Ley 769 de 2002, Código Nacional
de Tránsito, y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de
Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. El
artículo 1° de la Ley 769 de 2002, quedará así:
Artículo 1°. Ambito
de aplicación y principios. Las normas del presente código rigen en
todo el territorio nacional y regulan la circulación de los peatones, usuarios,
pasajeros, conductores, motociclistas, ciclistas, agentes de tránsito y
vehículos por las vías públicas o privadas que están abiertas al público, o en
las vías privadas que internamente circulen vehículos; así como la actuación y
procedimientos de las autoridades de tránsito.
En desarrollo de lo dispuesto por el artículo 24 de la Constitución
Política, todo colombiano tiene derecho a circular libremente por el territorio
nacional, pero está sujeto a la intervención y reglamentación de las
autoridades para garantía de la seguridad y comodidad de los habitantes,
especialmente de los peatones y de los discapacitados físicos y mentales, para
la preservación de un ambiente sano y la protección del uso común del espacio
público.
Le corresponde
al Ministerio de Transporte como autoridad suprema de tránsito definir,
orientar, vigilar e inspeccionar la ejecución de la política nacional en
materia de tránsito.
Las autoridades
de tránsito promoverán la difusión y el conocimiento de las disposiciones
contenidas en este código.
Los principios
rectores de este código son seguridad de los usuarios, la movilidad, la
calidad, la oportunidad, el cubrimiento, la libertad de acceso, la plena
identificación, libre circulación, educación y descentralización.
Artículo 2°. El
artículo 3º de la Ley 769 de 2002, quedará así:
Artículo 3°. Autoridades
de tránsito.
Para
los efectos de la presente ley entiéndase que son autoridades de tránsito, en
su orden, las siguientes:
El Ministro de
Transporte.
Los Gobernadores
y los Alcaldes.
Los organismos
de tránsito de carácter departamental, municipal o distrital.
La Policía
Nacional a través de la Dirección de Tránsito y Transporte.
Los Inspectores
de Policía, los Inspectores de Tránsito, Corregidores o quien haga sus veces en
cada ente territorial.
La
Superintendencia General de Puertos y Transporte.
Las Fuerzas Militares para cumplir exclusivamente lo dispuesto en el
parágrafo 5º de este artículo.
Los Agentes de
Tránsito y Transporte.
Parágrafo 1º. Las entidades
públicas o privadas a las que mediante delegación o convenio les sean asignadas
determinadas funciones de tránsito constituirán organismos de apoyo a las
autoridades de tránsito.
Parágrafo 2º. El Gobierno nacional podrá delegar en los organismos de
tránsito las funciones que por Ley le corresponden al Ministerio de Transporte.
Parágrafo 3º. Las
autoridades, los organismos de tránsito, las entidades públicas o privadas que
constituyan organismos de apoyo serán vigiladas y controladas por la
Superintendencia de Puertos y Transporte.
Parágrafo 4º. La facultad de
autoridad de tránsito otorgada a los cuerpos especializados de la Policía
Nacional se ejercerá como una competencia a prevención.
Parágrafo 5º. Las Fuerzas
Militares podrán ejecutar la labor de regulación del tránsito, en aquellas
áreas donde no haya presencia de autoridad de tránsito.
Artículo 3°. El
artículo 5° de la Ley 769 de 2002, quedará así:
Artículo 5°. Demarcación
y señalización vial. El Ministerio de Transporte reglamentará
en un término no mayor de 60 días posteriores a la sanción de esta ley, las
características técnicas de la demarcación y señalización de toda la
infraestructura vial y su aplicación y cumplimiento será responsabilidad de
cada uno de los organismos de tránsito en su respectiva jurisdicción.
Parágrafo 1°. El Ministerio
de Transporte respetará y acogerá los convenios internacionales que se hayan
suscrito o se suscriban en relación con la reglamentación de la ubicación,
instalación, demarcación y señalización vial.
Parágrafo 2°. La información
vial y la señalización urbana deberá hacerse con material antivandálico,
vitrificado, que garantice una vida útil mínima de 10 años y, cuando así se
aconseje, material retrorreflectante.
Artículo 4°. El
artículo 17 de la Ley 769 de 2002, quedará así:
< b>Artículo 17. Otorgamiento.
La licencia de conducción será otorgada por primera vez a quien cumpla con
todos los requisitos descritos en el artículo 19 de este código, por la entidad
pública o privada autorizada para el efecto por el organismo de tránsito en su
respectiva jurisdicción.
El formato de la
licencia de conducción será único nacional, para lo cual el Ministerio de
Transporte establecerá la ficha técnica para su elaboración y los mecanismos de
control correspondiente.
Las nuevas
licencias de conducción contendrán, como mínimo, los siguientes datos: nombre
completo del conductor, número del documento de identificación, huella, tipo de
sangre, fecha de nacimiento, categoría de licencia, restricciones, fecha de
expedición y organismo que la expidió.
Dentro de las
características técnicas que contendrán las licencias de conducción se
incluirán, entre otros, un código de barra bidimensional u otro dispositivo
electrónico, magnético u óptico con los datos del registro que permita la
lectura y actualización de estos. Las nuevas licencias de conducción deberán
permitir al organismo de tránsito confrontar la identidad del respectivo
titular de conformidad con las normas de ley vigentes sobre la materia, sin
costo alguno.
Parágrafo 1°. Quien
actualmente sea titular de una licencia de conducción, que no cumpla con las
condiciones técnicas establecidas en el presente artículo y en la
reglamentación que para tal efecto expida el Ministerio de Transporte, deberá
sustituirla en un término de cuarenta y ocho (48) meses contados a partir de la
promulgación de la presente ley, de conformidad con lo previsto por el artículo
15 de la Ley 1005 de 2006. Para tal efecto, deberá presentar paz y salvo por
infracciones de tránsito y el certificado indicado en el artículo 19 del
presente código.
Parágrafo 2°. Para garantizar la gratuidad del
cambio de licencias se autoriza a los organismos de tránsito descontar, por una
sola vez, una suma igual a 1 salario mínimo, legal diario vigente (smldv), por
cada licencia expedida, de los recursos que obligatoriamente debe transferir al
Ministerio de Transporte por concepto de especies venales.
Artículo 5°. El
artículo 19 de la Ley 769 de 2002, quedará así:
Artículo 19. Requisitos. Podrá obtener
por primera vez una licencia de conducción para vehículos quien acredite el
cumplimiento de los siguientes requisitos:
Para vehículos
de servicio diferente del servicio público:
1. Saber leer y
escribir.
2. Tener 16 años
cumplidos.
3. Aprobar un
examen teórico-práctico de conducción para vehículos particulares que
realizarán los organismos de tránsito de acuerdo con la reglamentación que
expida el Ministerio de Transporte, o presentar un certificado de aptitud en
conducción otorgado por un centro de enseñanza automovilística debidamente
aprobado por el Ministerio de Educación Nacional en coordinación con el
Ministerio de Transporte.
4. Certificado
de aptitud física, mental y de coordinación motriz para conducir expedido por
un centro de reconocimiento de conductores habilitado por el Ministerio de
Transporte y debidamente acreditado como organismo de certificación de personas
en el área de conductores de vehículos automotores.
Para vehículos
de servicio público:
Los mismos
requisitos enumerados anteriormente, a excepción de la edad mínima que será de
18 años cumplidos y de los exámenes teórico-prácticos y de aptitud física y
mental o los certificados de aptitud de conducción expedidos que estarán
referidos a la conducción de vehículo de servicio público.
Parágrafo 1°. Para obtener la
licencia de conducción por primera vez, o la recategorización, renovación y
refrendación de la misma, se debe demostrar ante las autoridades de tránsito la
aptitud física, mental y de coordinación motriz, valiéndose para su valoración
de los medios tecnológicos sistematizados y digitalizados requeridos, que
permitan medir y evaluar dentro de los rangos establecidos por el Ministerio de
Transporte según los parámetros y límites internacionales, entre otros, las
capacidades de visión y orientación auditiva, la agudeza visual y campimetría,
los tiempos de reacción y recuperación al encandilamiento, la capacidad de
coordinación entre la aceleración y el frenado, la coordinación integral motriz
de la persona, la discriminación de colores y la phoria horizontal y vertical.
Parágrafo 2°. El Ministerio
de Transporte reglamentará para que en un plazo de hasta 12 meses los centros
de reconocimiento de conductores cumplan con los requisitos de habilitación y
acreditación.
Parágrafo 3°. El Ministerio
de Transporte reglamentará los costos del examen, teniendo como referencia los
valores actuales, haciendo ajustes anuales hasta por el índice de precios al
consumidor, IPC.
Artículo 6°. El
artículo 22 de la Ley 769 de 2002, quedará así:
Artículo 22. Vigencia
de la licencia de conducción. Las licencias de conducción para
vehículos de servicio diferente al público, tendrán una vigencia indefinida. No
obstante, cada cinco (5) años, el titular de la licencia deberá refrendarla,
para lo cual se practicará un nuevo examen de aptitud física, mental y de
coordinación motriz, que permitirá establecer que se mantienen las aptitudes
requeridas para conducir.
Las licencias de
conducción para vehículos de servicio público tendrán una vigencia de tres (3)
años, al cabo de los cuales se solicitará su refrendación, presentando un nuevo
examen de aptitud física, mental y de coordinación motriz, y el registro de
información o certificado en el que conste que se encuentra al día por concepto
de pago de multas por infracciones a las normas de tránsito, debidamente
ejecutoriadas.
Parágrafo. Todos los
conductores de servicio público mayores de sesenta (60) años deberán refrendar
su licencia de conducción anualmente, demostrando mediante el respectivo
examen, su aptitud física, mental y de coordinación motriz. De igual manera lo
harán cada tres (3) años los conductores de servicio diferente al público, a
partir de los sesenta y cinco (65) años de edad.
Artículo 7°. El
artículo 26 de la Ley 769 de 2002, quedará así:
Artículo 26. Causales
de suspensión o cancelación. La licencia de conducción se suspenderá:
1. Por
disposición de las autoridades de tránsito, basada en la imposibilidad
transitoria, física o mental para conducir, soportado en un certificado médico
o en el examen de aptitud física, mental o de coordinación expedido por un
Centro de Reconocimiento de Conductores legalmente habilitado.
2. Por decisión
judicial.
3. Por
encontrarse en estado de embriaguez o bajo el efecto de drogas alucinógenas
determinado por la autoridad competente de conformidad con lo consagrado en el
artículo 152 de este código.
4. Por prestar
servicio público de transporte con vehículos particulares, salvo cuando el
orden público lo justifique, previa decisión en tal sentido de la autoridad
respectiva.
La licencia de
conducción se cancelará:
1. Por disposición
de las autoridades de tránsito basada en la imposibilidad permanente física o
mental para conducir, soportada en un certificado médico o en el examen de
aptitud física, mental y de coordinación motriz expedido por un Centro  de
Reconocimiento de Conductores legalmente habilitado.
2. Por decisión
judicial.
3. Por muerte
del titular. La Registraduría Nacional del Estado Civil está obligada a
reportar a los sistemas creados por los artículos 8° y 10 del presente
ordenamiento, el fallecimiento del titular.
4. Reincidencia
al encontrarse conduciendo en cualquier grado de estado de embriaguez o bajo el
efecto de drogas alucinógenas determinado por autoridad competente, en
concordancia con el artículo 152 de este código.
5. Por
reincidencia en la prestación del servicio público de transporte con vehículos
particulares sin justa causa.
6. Por hacer uso
de la licencia de conducción estando suspendida.
7. Por obtener
por medios fraudulentos la expedición de una licencia de conducción, sin
perjuicio de las acciones penales que correspondan.
Parágrafo. La
suspensión o cancelación de la licencia de conducción implica la entrega
obligatoria del documento a la autoridad de tránsito competente para imponer la
sanción por el período de la suspensión o a partir de la cancelación de ella.
La notificación
de la suspensión o cancelación de la licencia de conducción se realizará de
conformidad con las disposiciones aplicables del Código Contencioso Administrativo.
Transcurridos
tres años desde la cancelación, el conductor podrá volver a solicitar una nueva
licencia de conducción.
Artículo 8°. El
artículo 28 de la Ley 769 de 2002 quedará así:
Artículo 28. Condiciones
tecnomecánicas, de emisiones contaminantes y de operación. Para que un
vehículo pueda transitar por el territorio nacional, debe garantizar como
mínimo un perfecto funcionamiento de frenos, del sistema de dirección, del
sistema de suspensión, del sistema de señales visuales y audibles permitidas y
del sistema de escape de gases; y demostrar un estado adecuado de llantas, del
conjunto de vidrios de seguridad y de los espejos y cumplir con las normas de
emisiones contaminantes que establezcan las autoridades ambientales.
Parágrafo 1°. Las autoridades
de tránsito ejercerán en los vehículos de servicio público de transporte, un
control y verificación del correcto funcionamiento y calibración de los
dispositivos utilizados para el cobro en la prestación de un servicio público.
Parágrafo 2°. La
Superintendencia de Puertos y Transporte, contratará los servicios de un centro
de llamadas, el cual estará bajo su vigilancia, inspección y control, mediante
el cual cualquier persona podrá reportar la comisión de infracciones de
tránsito, o la violación al régimen de sanciones por parte de las empresas de
servicio público de transporte terrestre automotor. Las llamadas no tendrán
costo alguno. Los costos de dicho servicio serán sufragados por las empresas de
servicio público de transporte automotor en proporción al número de vehículos
vinculados.
Con dicho
propósito, los vehículos de servicio público y oficial, de manera obligatoria
deberán llevar un aviso visible tanto en el interior como en el exterior en el
que se señale el número telefónico correspondiente al centro de llamadas antes
indicado.
Los vehículos de
servicio público deberán llevar además marcado en los costados y en el techo el
número de la placa según normas que profiera el Ministerio de Transporte.
Las obligaciones
previstas en este artículo y la contratación de los servicios del centro de
llamadas deberán implementarse en un término no mayor de un (1) año contado a
partir de la fecha de promulgación de la presente ley.
Artículo 9°. El
Capítulo VIII del Título II de la Ley 769 de 2002, quedará así:
CAPITULO VIII
Revisión
técnico-mecánica  y de emisiones contaminantes
Artículo 10. El
artículo 50 de la Ley 769 de 2002, quedará así:
Artículo 50. Condiciones
mecánicas, ambientales y de seguridad. Por razones de
seguridad vial y de protección al ambiente, el propietario o tenedor del
vehículo de placas nacionales o extranjeras, que transite por el territorio
nacional, tendrá la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones mecánicas,
ambientales y de seguridad.
Artículo 11. El
artículo 51 de la Ley 769 de 2002, quedará así:
Artículo 51. Revisión periódica de
los vehículos.
Todos los vehículos automotores, deben someterse anualmente a revisión
técnico-mecánica y de emisiones contaminantes. Los vehículos de servicio
particular, se someterán a dicha revisión cada dos (2) años durante sus
primeros seis (6) años contados a partir de la fecha de su matrícula; las
motocicletas lo harán anualmente.
La revisión
estará destinada a verificar:
1. El adecuado
estado de la carrocería.
2. Niveles de
emisión de gases y elementos contaminantes acordes con la legislación vigente
sobre la materia.
3. El buen
funcionamiento del sistema mecánico.
4.
Funcionamiento adecuado del sistema eléctrico y del conjunto óptico.
5. Eficiencia
del sistema de combustión interno.
6. Elementos de
seguridad.
7. Buen estado
del sistema de frenos constatando, especialmente, en el caso en que este opere
con aire, que no emita señales acústicas por encima de los niveles permitidos.
8.
Las llantas del vehículo.
9. Del
funcionamiento de los sistemas y elementos de emergencia.
10. Del buen
funcionamiento de los dispositivos utilizados para el cobro en la prestación
del servicio público.
Artículo 12. El
artículo 52 de la Ley 769 de 2002, quedará así:
Artículo 52. Primera
revisión de los vehículos automotores. Los vehículos
nuevos se someterán a la primera revisión técnico-mecánica y de emisiones
contaminantes al cumplir dos (2) años contados a partir de su fecha de
matrícula.
Parágrafo. Los vehículos
automotores de placas extranjeras, que ingresen temporalmente y hasta por tres
(3) meses al país, no requerirán la revisión técnico-mecánica y de emisiones
contaminantes.
Artículo 13. El
artículo 53 de la Ley 769 de 2002, quedará así:
Artículo 53. Centros
de diagnóstico automotor. La revisión técnico-mecánica y de
emisiones contaminantes se realizará en centros de diagnóstico automotor,
legalmente constituidos, que posean las condiciones que determinen los
reglamentos emitidos por el Ministerio de Transporte y el Ministerio del Medio
Ambiente en lo de sus competencias. El Ministerio de Transporte habilitará
dichos centros, los cuales previamente deberán contar con reconocimiento en el
Sistema Nacional de Normalización, Certificación y Metrología acreditándose
como organismo de inspección.
Los requisitos,
procedimientos, pruebas, personal, equipos, pruebas y sistemas de información
mínimos que debe acreditar el centro de diagnóstico automotor, para obtener la
mencionada acreditación serán estipulados por la Superintendencia de Industria
y Comercio, con alcance a lo establecido en la reglamentación del Ministerio de
Transporte.
Los resultados
de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, serán consignados
en un documento uniforme cuyas características determinará el Ministerio de
Transporte. Para la revisión del vehículo automotor, se requerirá únicamente la
presentación de su licencia de tránsito y el correspondiente seguro
obligatorio.
Parágrafo 1°. Quien no porte
dicho documento incurrirá en las sanciones previstas en la ley. Para todos los
efectos legales este será considerado como documento público.
Artículo 14. El
artículo 54 de la Ley 769 de 2002, quedará así:
Artículo 54. Registro
computarizado.
Los
Centros de diagnóstico automotor llevarán un registro computarizado de los
resultados de las revisiones técnico-mecánicas y de emisiones contaminantes de
cada vehículo, incluso de los que no la aprueben.
Artículo 15. El
artículo 76 de la Ley 769 de 2002, quedará así:
Artículo 76. Lugares
prohibidos para estacionar. Está prohibido estacionar vehículos en
los siguientes lugares:
Sobre andenes,
zonas verdes o sobre espacio público destinado para peatones, recreación o
conservación.
En vías
arterias, autopistas, zonas de seguridad, o dentro de un cruce.
En vías
principales y colectoras en las cuales expresamente se indique la prohibición o
la restricción en relación con horarios o tipos de vehículos.
En puentes,
viaductos, túneles, pasos bajos, estructuras elevadas o en cualquiera de los
accesos a estos.
En zonas
expresamente destinadas para estacionamiento o parada de cierto tipo de
vehículos, incluyendo las paradas de vehículos de servicio público, o para
limitados físicos.
En carriles dedicados a
transporte masivo sin autorización.
A una distancia
mayor de treinta (30) centímetros de la acera.
En doble fila de
vehículos estacionados, o frente a hidrantes y entradas de garajes.
En curvas.
Donde interfiera
con la salida de vehículos estacionados.
Donde las
autoridades de tránsito lo prohíban.
En zona de
seguridad y de protección de la vía férrea, en la vía principal, vías
secundarias, apartaderos, estaciones y anexidades férreas.
El
incumplimiento de esta norma se sancionará con treinta (30) salarios mínimos
legales diarios vigentes, smldv.
Artículo 16. El
artículo 91 de la Ley 769 de 2002, quedará así:
Artículo 91. De
los paraderos.
Todo conductor
de vehículo de servicio público de transporte terrestre automotor debe recoger
o dejar pasajeros exclusivamente en los sitios permitidos por las autoridades
competentes y conforme con las rutas y horarios, según sea el caso.
El
incumplimiento de esta norma se sancionará con treinta (30) smldv, las empresas
de servicio público a las cuales se encuentren vinculados tales vehículos serán
solidariamente responsables por el pago de la multa.
Artículo 17. El
artículo 93 de la Ley 769 de 2002, quedará así:
Artículo 93. Control
de infracciones de conductores. Los organismos de tránsito deberán
reportar diariamente al Sistema Integrado de Multas y Sanciones por
infracciones de tránsito las infracciones impuestas, para que este a su vez,
conforme y mantenga disponible el Registro Único Nacional de Tránsito RUNT.
Parágrafo 1°. La
Superintendencia de Puertos y Transporte sancionará con multa equivalente a
cien salarios mínimos legales mensuales vigentes (100 smlmv) a las empresas de
transporte público terrestre automotor, que tengan en ejercicio a conductores
con licencia de conducción suspendida o cancelada.
Parágrafo 2°.
Las empresas de transporte público terrestre automotor deberán establecer
programas de control y seguimiento de las infracciones de tránsito de los
conductores a su servicio. Dicho programa deberá enviarse mensualmente por las
empresas de transporte público terrestre automotor a la Superintendencia de
Puertos y Transporte. Las empresas que no cumplan con lo antes indicado serán
sancionadas por dicha entidad con una multa equivalente a cien salarios mínimos
legales mensuales vigentes (100 smlmv).
Artículo 18. La
Ley 769 de 2002, tendrá el siguiente artículo nuevo:
Artículo 93-1. Solidaridad
por multas. Serán
solidariamente responsables por el pago de multas por infracciones de tránsito
el propietario y la empresa a la cual esté vinculado el vehículo automotor, en
aquellas infracciones imputables a los propietarios o a las empresas.
Artículo 19. El
artículo 102 de la Ley 769 de 2002, quedará así:
Artículo 102. Manejo
de escombros.
Cada
municipio determinará el lugar o lugares autorizados para la disposición final
de los escombros que se produzcan en su jurisdicción, el manejo de estos materiales
se hará debidamente aislado impidiendo que se disemine por las vías y de
acuerdo con la normatividad ambiental vigente, bajo la responsabilidad del
portador del permiso que haya otorgado la autoridad de tránsito quien será
responsable del control de vigilancia del cumplimiento de la norma, sin
perjuicio que se le determine la responsabilidad sobre daños en bienes de uso
público. El incumplimiento de esta norma, se sancionará con multa de treinta
(30) smldv.
Parágrafo. Será sancionado
con una multa de (30) smldv, quien transportando agregados minerales como:
Arena, triturado o concretos, no aísle perfectamente la carga y permita que
ella se esparza por las vías públicas, poniendo en riesgo la seguridad de otros
vehículos.
Artículo 20. El
artículo 122 de la Ley 769 de 2002, quedará así:
Artículo 122. Tipos
de sanciones.
Las
sanciones por infracciones del presente código son:
1. Amonestación.
2. Multa.
3. Retención
preventiva de la licencia de conducción.
4. Suspensión de
la licencia de conducción.
5. Suspensión o cancelación del permiso o registro.
6.
Inmovilización del vehículo.
7. Retención
preventiva del vehículo.
8. Cancelación
definitiva de la licencia de conducción.
Las sanciones
señaladas en este artículo se impondrán como principales o accesorias al
responsable de la infracción, independientemente de las sanciones ambientales a
que haya lugar por violación de cualquiera de las regulaciones, prohibiciones y
restricciones sobre emisiones contaminantes y generación de ruido por fuentes
móviles.
Parágrafo 1°. Ante la
Comisión de Infracciones Ambientales se impondrán, por las autoridades de
tránsito respectivas, las siguientes sanciones:
1. Multa
equivalente a treinta (30) salarios mínimos legales diarios.
2. Suspensión de
la licencia de conducción hasta por seis (6) meses, por la segunda vez, además
de una multa igual a la prevista en el numeral 1, si el conductor fuere el
propietario del vehículo.
3. Revocatoria o
caducidad de la licencia de conducción por la tercera vez, además de una multa
igual a la prevista en el numeral 1, si el conductor fuere propietario del
vehículo.
4.
Inmovilización del vehículo, la cual procederá sin perjuicio de la imposición
de las otras sanciones.
En los casos de
infracción a las prohibiciones sobre dispositivos o accesorios generadores del
ruido, sobre sirenas y alarmas, lo mismo que sobre el uso del silenciador se
procederá a la inmediata inmovilización del vehículo, sin perjuicio de las
demás sanciones que correspondan.
Cuando quiera
que se infrinjan las prohibiciones, restricciones o regulaciones sobre
emisiones contaminantes por vehículos automotores, se seguirá el siguiente
procedimiento:
El agente de
vigilancia del tráfico que detecte o advierta una infracción a las normas de
emisión de contaminantes o de generación de ruido por vehículos automotores,
entregará al presunto infractor una boleta de citación para que el vehículo sea
presentado en un centro de diagnóstico para una inspección técnica en un
término que no podrá exceder de quince (15) días. En la citación se indicará la
modalidad de la presunta infracción que la ocasiona. Esto sin perjuicio de la
vigencia del certificado de la obligatoria revisión técnico-mecánica y de
gases.
Realizada la
inspección técnica y determinada así la naturaleza de la infracción, el centro
de diagnóstico donde aquella se hubiere practicado, entregará al presunto
infractor copia del resultado del examen practicado al vehículo y remitirá el
original a la autoridad de tránsito competente, para que, previa audiencia del
interesado, se imponga la sanción que en cada caso proceda.
En caso de que
el infractor citado no presentare el vehículo para la práctica de la visita de
inspección en la fecha y hora señaladas, salvo causal comprobada de fuerza
mayor o caso fortuito, las multas a que hubiere lugar se aumentarán hasta en el
doble y el vehículo podrá ser inmovilizado por la autoridad de tránsito
respectiva, hasta tanto el infractor garantice mediante caución la reparación
del vehículo.
Practicada la
inspección técnica, el infractor dispondrá de un término de quince (15) días
para reparar el vehículo y corregir la falla que haya sido detectada en el
centro de diagnóstico y deberá presentarlo, antes del vencimiento de este nuevo
término, para la práctica de una nueva inspección con el fin de determinar que
los defectos del vehículo, causantes de la infracción a las normas ambientales,
han sido corregidos. Vencido el plazo y practicada la nueva revisión, si el
vehículo no cumple las normas o es sorprendido en circulación en la vía
pública, será inmovilizado.
Cuando la
autoridad de tránsito detecte una ostensible y grave violación de las normas
ambientales podrá ordenar al infractor la inmediata revisión técnica del
vehículo en un centro de diagnóstico autorizado para la práctica de la
inspección técnica.
Si practicada la
inspección técnica se establece que el vehículo cumple las normas ambientales,
no habrá lugar a la aplicación de multas.
Quedan exentos
de inspección técnica los vehículos impulsados con motor de gasolina, durante
los tres (3) primeros meses de vigencia del certificado de movilización, a
menos que incurran en flagrante y ostensible violación de las normas
ambientales.
No habrá lugar a
inspección técnica en casos de infracción a las normas ambientales por emisión
de polvo, partículas, o humos provenientes de la carga descubierta de vehículos
automotores.
En tal caso, el
agente de tránsito ordenará la detención del vehículo y entregará al infractor
un comparendo o boleta de citación para que comparezca ante la autoridad de
tránsito competente, a una audiencia en la que se decidirá sobre la imposición
de la sanción que proceda.
Los agentes de
tránsito podrán inmovilizar hasta por veinticuatro (24) horas, debiendo
informar de ello a la autoridad de tránsito competente, los vehículos que
ocasionen emisiones fugitivas provenientes de la carga descubierta, hasta tanto
se tomen por el infractor las medidas apropiadas para impedir dichas emisiones,
sin perjuicio de la aplicación de las demás sanciones que correspondan.
Parágrafo 2°. Para efectos
del presente código, y salvo disposición contraria, la multa debe entenderse
establecida en salarios mínimos diarios legales vigentes.
Artículo 21. El
artículo 131 de la Ley 769 de 2002, quedará así:
Artículo 131. Multas.
Los
infractores de las normas de tránsito serán sancionados con la imposición de
multas, de acuerdo con el tipo de infracción así:
A. Será
sancionado con multa equivalente a cuatro (4) salarios mínimos legales diarios
vigentes el conductor de un vehículo no automotor o de tracción animal que
incurra en cualquiera de las siguientes infracciones:
A.1 No transitar
por la derecha de la vía.
A.2 Agarrarse de
otro vehículo en circulación.
A.3 Transportar
personas o cosas que disminuyan su visibilidad e incomoden la conducción.
A.4 Transitar
por andenes y demás lugares destinados al tránsito de peatones.
A.5 No respetar
las señales de tránsito.
A.6 Transitar
sin los dispositivos luminosos requeridos.
A.7 Transitar sin dispositivos que permitan la para da inmediata o con
ellos, pero en estado defectuoso.
A.8 Transitar
por zonas prohibidas.
A.9 Adelantar
entre dos (2) vehículos automotores que estén en sus respectivos carriles.
A.10 Conducir
por la vía férrea o por zonas de protección y seguridad.
A.11 Transitar
por zonas restringidas o por vías de alta velocidad como autopistas y arterias,
en este caso el vehículo no automotor será inmovilizado.
A.12 Prestar
servicio público con este tipo de vehículos. Además, el vehículo será
inmovilizado por primera vez, por el término de cinco días, por segunda vez
veinte días y por tercera vez cuarenta días.
B. Será
sancionado con multa equivalente a ocho (8) salarios mínimos legales diarios
vigentes el conductor y/o propietario de un vehículo automotor que incurra en
cualquiera de las siguientes infracciones:
B.1 Conducir un
vehículo sin llevar consigo la licencia de conducción.
B.2 Conducir un
vehículo con la licencia de conducción vencida.
B.3 Sin placas,
o sin el permiso vigente expedido por autoridad de tránsito.
B.4 Con placas
adulteradas.
B.5 Con una sola
placa, o sin el permiso vigente expedido por autoridad de tránsito.
B.6 Con placas
falsas.
En estos casos los vehículos serán inmovilizados.
B.7 No informar
a la autoridad de tránsito competente el cambio de motor o color de un
vehículo.
En ambos casos,
el vehículo será inmovilizado.
B.8 No pagar el
peaje en los sitios establecidos.
B.9 Utilizar
equipos de sonido a volúmenes que incomoden a los pasajeros de un vehículo de
servicio público.
B.10 Conducir un
vehículo con vidrios polarizados, entintados u oscurecidos, sin portar el
permiso respectivo, de acuerdo a la reglamentación existente sobre la materia.
B.11 Conducir un
vehículo con propaganda, publicidad o adhesivos en sus vidrios que obstaculicen
la visibilidad.
B.12 No respetar
las normas establecidas por la autoridad competente para el tránsito de
cortejos fúnebres.
B.13 No respetar
las formaciones de tropas, la marcha de desfiles, procesiones, entierros, filas
estudiantiles y las manifestaciones públicas y actividades deportivas,
debidamente autorizadas por las autoridades de tránsito.
B.14 Remolcar
otro vehículo violando lo dispuesto por este código.
B.15 Conducir un
vehículo de servicio público que no lleve el aviso de tarifas oficiales en
condiciones de fácil lectura para los pasajeros o poseer este aviso deteriorado
o adulterado.
B.16 Permitir
que en un vehículo de servicio público para transporte de pasajeros se lleven
animales u objetos que incomoden a los pasajeros.
B.17 Abandonar
un vehículo de servicio público con pasajeros.
B.18 Conducir un
vehículo de transporte público individual de pasajeros sin cumplir con lo
estipulado en el presente código.
B.19 Realizar el
cargue o descargue de un vehículo en sitios y horas prohibidas por las
autoridades competentes, de acuerdo con lo establecido en las normas
correspondientes.
B.20 Transportar carne, pescado o
alimentos fácilmente corruptibles, en vehículos que no cumplan las condiciones
fijadas por el Ministerio de Transporte.
B.21 Lavar
vehículos en vía pública, en ríos, en canales y en quebradas.
B.22 Llevar
niños menores de diez (10) años en el asiento delantero.
B.23 Utilizar
radios, equipos de sonido o de amplificación a volúmenes que superen los
decibeles máximos establecidos por las autoridades ambientales. De igual forma
utilizar pantallas, proyectores de imagen o similares en la parte delantera de
los vehículos, mientras esté en movimiento.
C. Será
sancionado con multa equivalente a quince (15) salarios mínimos legales diarios
vigentes el conductor y/o propietario de un vehículo automotor que incurra en
cualquiera de las siguientes infracciones:
C.1 Presentar licencia
de conducción adulterada o ajena, lo cual dará lugar a la inmovilización del
vehículo.
C.2 Estacionar
un vehículo en sitios prohibidos.
C.3 Bloquear una
calzada o intersección con un vehículo, salvo cuando el bloqueo obedezca a la
ocurrencia de un accidente de tránsito.
C.4 Estacionar un vehículo sin tomar las debidas precauciones o sin
colocar a la distancia señalada por este código, las señales de peligro
reglamentarias.
C.5 No reducir
la velocidad según lo indicado por este código, cuando transite por un cruce
escolar en los horarios y días de funcionamiento de la institución educativa.
Así mismo, cuando transite por cruces de hospitales o terminales de pasajeros.
C.6 No utilizar
el cinturón de seguridad por parte de los ocupantes del vehículo.
C.7 Dejar de
señalizar con las luces direccionales o mediante señales de mano y con la
debida anticipación, la maniobra de giro o de cambio de carril.
C.8 Transitar
sin los dispositivos luminosos requeridos o sin los elementos determinados en
este código.
C.9 No respetar las señales de detención en el cruce de una línea
férrea, o conducir por la vía férrea o por las zonas de protección y seguridad
de ella.
C.10 Conducir un
vehículo con una o varias puertas abiertas.
C.11 No portar
el equipo de prevención y seguridad establecido en este código o en la
reglamentación correspondiente.
C.12 Proveer de
combustible un vehículo automotor con el motor encendido.
C.13 Conducir un
vehículo automotor sin las adaptaciones pertinentes, cuando el conductor padece
de limitación física.
C.14 Transitar
por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente.
Además, el vehículo será inmovilizado.
C.15 Conducir un
vehículo, particular o de servicio público, excediendo la capacidad autorizada
en la licencia de tránsito o tarjeta de operación.
C.16 Conducir un
vehículo escolar sin el permiso respectivo o los distintivos reglamentarios,
además el vehículo será inmovilizado.
C.17 Circular
con combinaciones de vehículos de dos (2) o más unidades remolcadas, sin
autorización especial de autoridad competente.
C.18 Conducir un
vehículo autorizado para prestar servicio público con el taxímetro dañado, con
los sellos rotos o etiquetas adhesivas con calibración vencida o adulteradas o
cuando se carezca de él, o cuando aún teniéndolo, no cumpla con las normas
mínimas de calidad y seguridad exigidas por la autoridad competente o este no
esté en funcionamiento, además el vehículo será inmovilizado.
C.19 Dejar o
recoger pasajeros en sitios distintos de los demarcados por las autoridades.
C.20 Conducir un
vehículo de carga en que se transporten materiales de construcción o a granel
sin las medidas de protección, higiene y seguridad ordenadas. Además el
vehículo será inmovilizado.
C.21 No asegurar
la carga para evitar que se caigan en la vía las cosas transportadas. Además,
se inmovilizará el vehículo hasta tanto se remedie la situación.
C.22 Transportar
carga de dimensiones superiores a las autorizadas sin cumplir con los
requisitos exigidos. Además, el vehículo será inmovilizado hasta que se remedie
dicha situación.
C.23 Impartir en
vías públicas al público enseñanza práctica para conducir, sin estar autorizado
para ello.
C.24 Conducir
motocicleta sin observar las normas establecidas en el presente código.
C.25 Transitar,
cuando hubiere más de un carril, por el carril izquierdo de la vía a velocidad
que entorpezca el tránsito de los demás vehículos.
C.26 Transitar
en vehículos de 3.5 o más toneladas por el carril izquierdo de la vía cuando
hubiere más de un carril.
C.27 Conducir un
vehículo cuya carga o pasajeros obstruyan la visibilidad del conductor hacia el
frente, atrás o costados, o impidan el control sobre el sistema de dirección,
frenos o seguridad. Además el vehículo será inmovilizado.
C.28 Hacer uso
de dispositivos propios de vehículos de emergencia, por parte de conductores de
otro tipo de vehículos.
C. 29 Conducir
un vehículo a velocidad superior a la máxima permitida.
C.30 No atender
una señal de ceda el paso.
C.31 No acatar
las señales o requerimientos impartidos por los agentes de tránsito.
C.32. No
respetar el paso de peatones que cruzan una vía en sitio permitido para ellos o
no darles la prelación en las franjas para ello establecidas.
C.33 Poner un
vehículo en marcha sin las precauciones para evitar choques.
C.34 Reparar un
vehículo en las vías públicas, parque o acera, o hacerlo en caso de emergencia,
sin atender el procedimiento señalado en este código.
C.35 No realizar
la revisión técnico-mecánica en el plazo legal establecido o cuando el vehículo
no se encuentre en adecuadas condiciones técnico-mecánicas o de emisiones
contaminantes, aún cuando porte los certificados correspondientes, además el
vehículo será inmovilizado.
C.36 Transportar
carga en contenedores sin los dispositivos especiales de sujeción. El vehículo
será inmovilizado.
C.37 Transportar
pasajeros en el platón de una camioneta picó o en la plataforma de un vehículo
de carga, trátese de furgón o plataforma de estacas.
C.38 Usar sistemas
móviles de comunicación o teléfonos instalados en los vehículos al momento de
conducir, exceptuando si estos son utilizados con accesorios o equipos
auxiliares que permitan tener las manos libres.
C. 39. Vulnerar
las reglas de estacionamiento contenidas en el artículo 77 de este código.
D. Será
sancionado con multa equivalente a treinta (30) salarios mínimos legales
diarios vigentes el conductor y/o propietario de un vehículo automotor que
incurra en cualquiera de las siguientes infracciones:
D.1 Guiar un
vehículo sin haber obtenido la licencia de conducción correspondiente. Además,
el vehículo será inmovilizado en el lugar de los hechos, hasta que este sea
retirado por una persona autorizada por el infractor con licencia de
conducción.
D.2 Conducir sin
portar los seguros ordenados por la ley. Además, el vehículo será inmovilizado.
D.3 Transitar en
sentido contrario al estipulado para la vía, calzada o carril. En el caso de
motocicletas se procederá a su inmovilización hasta tanto no se pague el valor
de la multa o la autoridad competente decida sobre su imposición en los
términos de los artículos 135 y 136 del Código Nacional de Tránsito.
D.4 No detenerse ante una luz roja o amarilla de semáforo, una señal de
¿PARE¿ o un semáforo intermitente en rojo. En el caso de motocicletas se
procederá a su inmovilización hasta tanto no se pague el valor de la multa o la
autoridad competente decida sobre su imposición en los términos de los
artículos 135 y 136 del Código Nacional de Tránsito.
D.5 Conducir un
vehículo sobre aceras, plazas, vías peatonales, separadores, bermas,
demarcaciones de canalización, zonas verdes o vías especiales para vehículos no
motorizados. En el caso de motocicletas se procederá a su inmovilización hasta
tanto no se pague el valor de la multa o la autoridad competente decida sobre
su imposición en los términos de los artículos 135 y 136 del Código Nacional de
Tránsito.
D.6 Adelantar a
otro vehículo en berma, túnel, puente, curva, pasos a nivel y cruces no
regulados o al aproximarse a la cima de una cuesta o donde la señal de tránsito
correspondiente lo indique. En el caso de motocicletas se procederá a su
inmovilización hasta tanto no se pague el valor de la multa o la autoridad
competente decida sobre su imposición en los términos de los artículos 135 y
136 del Código Nacional de Tránsito.
D.7 Conducir realizando maniobras altamente peligrosas e irresponsables
que pongan en peligro a las personas o las cosas. En el caso de motocicletas se
procederá a su inmovilización hasta tanto no se pague el valor de la multa o la
autoridad competente decida sobre su imposición en los términos de los
artículos 135 y 136 del Código Nacional de Tránsito.
D.8 Conducir un
vehículo sin luces o sin los dispositivos luminosos de posición, direccionales
o de freno, o con alguna de ellas dañada, en las horas o circunstancias en que
lo exige este código. Además, el vehículo será inmovilizado, cuando no le
funcionen dos (2) o más de estas luces.
D.9 No permitir
el paso de los vehículos de emergencia.
D.10 Conducir un
vehículo para transporte escolar con exceso de velocidad.
D.11 Permitir el
servicio público de pasajeros que no tenga las salidas de emergencia exigidas.
En este caso, la multa se impondrá solidariamente a la empresa a la cual esté
afiliado y al propietario. Si se tratare de vehículo particular, se impondrá la
sanción solidariamente al propietario.
D.12 Conducir un
vehículo que, sin la debida autorización, se destine a un servicio diferente de
aquel para el cual tiene licencia de tránsito. Además, el vehículo será
inmovilizado por primera vez, por el término de cinco días, por segunda vez
veinte días y por tercera vez cuarenta días.
D.13 En caso de
transportar carga con peso superior al autorizado el vehículo será inmovilizado
y el exceso deberá ser transbordado.
D.14 Las
autoridades de tránsito ordenarán la inmovilización inmediata de los vehículos
que usen para su movilización combustibles no regulados como gas propano u
otros que pongan en peligro la vida de los usuarios o de los peatones.
D.15 Cambio del recorrido
o trazado de la ruta para vehículo de servicio de transporte público de
pasajeros, autorizado por el organismo de tránsito correspondiente. En este
caso, la multa se impondrá solidariamente a la empresa a la cual esté afiliado
el vehículo y al propietario. Además el vehículo será inmovilizado, salvo casos
de fuerza mayor que sean debidamente autorizados por el agente de tránsito.
E. Será
sancionado con multa equivalente a cuarenta y cinco (45) salarios mínimos
legales diarios vigentes el conductor y/o propietario de un vehículo automotor
que incurra en cualquiera de las siguientes infracciones:
E.1. Proveer
combustible a vehículos de servicio público con pasajeros a bordo.
E.2 Negarse a
prestar el servicio público sin causa justificada, siempre que dicha negativa
cause alteración del orden público.
E.3. Conducir en
estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias alucinógenas, se atenderá
a lo establecido en el artículo 152 de este código. Si se trata de conductores
de vehículos de servicio público, de transporte escolar o de instructor de
conducción, la multa pecuniaria y el período de suspensión de la licencia se
duplicarán. En todos los casos de embriaguez el vehículo será inmovilizado y el
estado de embriaguez o alcoholemia se establecerá mediante una prueba que no
cause lesión, la cual será determinada por el Instituto de Medicina Legal y
Ciencias Forenses.
E.4.
Transportar en el mismo vehículo y al mismo tiempo personas y sustancias
peligrosas como explosivos, tóxicos, radiactivos, combustibles no autorizados,
etc. En estos casos se suspenderá la licencia por un (1) año y por dos (2) años
cada vez que reincida. El vehículo será inmovilizado por un (1) año cada vez.
Artículo 22. El
artículo 135 de la Ley 769 de 2002, quedará así:
Artículo 135. Procedimiento. Ante la
comisión de una contravención, la autoridad de tránsito debe seguir el
procedimiento siguiente para imponer el comparendo:
Ordenará detener
la marcha del vehículo y le extenderá al conductor la orden de comparendo en la
que ordenará al infractor presentarse ante la autoridad de tránsito competente
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. Al conductor se le entregará
copia de la orden de comparendo.
Para el servicio
además se enviará por correo dentro de los tres (3) días hábiles siguientes
copia del comparendo al propietario del vehículo, a la empresa a la cual se
encuentra vinculado y a la Superintendencia de Puertos y Transporte para lo de
su competencia.
La orden de
comparendo deberá estar firmada por el conductor, siempre y cuando ello sea
posible. Si el conductor se negara a firmar o a presentar la licencia, firmará
por él un testigo, el cual deberá identificarse plenamente con el número de su
cédula de ciudadanía o pasaporte, dirección de domicilio y teléfono si lo
tuviere.
No
obstante lo anterior, las autoridades competentes podrán contratar el servicio
de medios técnicos y tecnológicos que permitan evidenciar la comisión de infracciones
o contravenciones, el vehículo, la fecha, el lugar y la hora. En tal caso se
enviará por correo dentro de los tres (3) días hábiles siguientes la infracción
y sus soportes al propietario quien estará obligado al pago de la multa. Para
el servicio público además se enviará por correo dentro de este mismo término
copia del comparendo y sus soportes a la empresa a la cual se encuentre
vinculado y a la Superintendencia de Puertos y Transporte para lo de su
competencia.
El Ministerio de
Transporte determinará las características técnicas del formulario de
comparendo único nacional, así como su sistema de reparto. En este se indicará
al conductor que tendrá derecho a nombrar un apoderado si así lo desea y que en
la audiencia, para la que se le cite, se decretarán o practicarán las pruebas
que solicite. El comparendo deberá además proveer el espacio para consignar la
dirección del inculpado o del testigo que lo haya suscrito por este.
Parágrafo 1º. La autoridad de tránsito entregará al funcionario
competente o a la entidad que aquella encargue para su recaudo, dentro de las
doce (12) horas siguientes, la copia de la orden de comparendo, so pena de
incurrir en causal de mala conducta.
Cuando se trate
de agentes de policía de carreteras, la entrega de esta copia se hará por
conducto del comandante de la ruta o del comandante director del servicio.
Parágrafo 2º. Los organismos
de tránsito podrán suscribir contratos o convenios con entes públicos o
privados con el fin de dar aplicación a los principios de celeridad y
eficiencia en el cobro de las multas.
Artículo 23. El
Capítulo IV del Título IV Sanciones y Procedimientos de la Ley 769 de 2002,
quedará así:
CAPITULO IV
Actuación en
caso de imposición  de comparendo
Artículo 24. El
artículo 136 de la Ley 769 de 2002, quedará así.
Artículo 136. Reducción
de la multa. Una
vez surtida la orden de comparendo, si el inculpado acepta la comisión de la
infracción, podrá sin necesidad de otra actuación administrativa, cancelar el
cincuenta por ciento (50%) del valor de la multa dentro de los cinco días
siguientes a la orden de comparendo, o podrá cancelar el setenta y cinco por
ciento (75%) del valor de la multa, si paga dentro de los veinte días
siguientes a la orden de comparendo. En cualquiera de estos dos eventos, deberá
asistir obligatoriamente a un curso sobre normas de tránsito en el Centro
Integral de Atención, donde cancelará un veinticinco por ciento (25%) del
valor de la multa, y el veinticinco (25%) o el cincuenta (50%) restante, según
el caso, lo pagará al organismo de tránsito. Si aceptada la infracción, esta no
se paga en las oportunidades antes indicadas, el contraventor deberá cancelar
el (100%) del valor de la multa más sus correspondientes intereses moratorios.
Si el inculpado
rechaza la comisión de la infracción, deberá comparecer ante el funcionario en
audiencia pública para que este decrete las pruebas conducentes que le sean
solicitadas y las de oficio que considere útiles. En la misma audiencia, si
fuere posible, se practicarán las pruebas y se sancionará o absolverá al
inculpado. Si fuere declarado contraventor, se le impondrá el ciento por ciento
(100%) del valor de la multa prevista en este código.
Si el inculpado no
compareciere sin justa causa comprobada dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes, la autoridad de tránsito después de 30 días de ocurrida la presunta
infracción seguirá el proceso, entendiéndose que queda vinculado al mismo,
fallándose en audiencia pública y notificándose en estrados.
Los organismos
de tránsito de manera gratuita podrán celebrar acuerdos para el recaudo de las
multas y podrán establecer convenios con los bancos para este fin. El pago de
la multa y la comparecencia podrán efectuarse en cualquier lugar del país.
Parágrafo 1°. En
los lugares donde existan inspecciones ambulantes de tránsito, los funcionarios
competentes podrán imponer al infractor la sanción correspondiente en el sitio
y hora donde se haya cometido la contravención respetando el derecho de
defensa.
Parágrafo 2°. A partir de la
entrada en vigencia de la presente ley y por un periodo de doce (12) meses,
todos los conductores que tengan pendiente el pago de infracciones de tránsito,
podrán acogerse al descuento del cincuenta por ciento (50%) del valor de la
multa y de los intereses.
Artículo 25. El
artículo 152 de la Ley 769 de 2002, quedará así.
Artículo 152. Grado
de alcoholemia. En un término no superior a 30 días
contados a partir de la expedición de la presente ley, el Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses mediante resolución establecerá los límites
de los diferentes grados de estado de embriaguez.
Si hecha la
prueba de alcoholemia se establece:
Segundo grado de embriaguez, adicionalmente a la sanción multa, se
decretará la suspensión de la licencia de conducción entre dos (2) y tres (3)
años, y la obligación de realizar curso de sensibilización, conocimientos y
consecuencias de la alcoholemia y drogadicción en centros de rehabilitación
debidamente autorizados, por un mínimo de cuarenta (40) horas.
Tercer grado de embriaguez, a más de la sanción de multa, se decretará
la suspensión entre tres (3) y diez (10) años de la licencia de conducción, y
la obligación de realizar curso de sensibilización, conocimientos y
consecuencias de la alcoholemia y drogadicción en centros de rehabilitación
debidamente autorizados, por un mínimo de ochenta (80) horas.
Será criterio
para fijar esta sanción, la reincidencia, haber causado daño a personas o cosas
a causa de la embriaguez o haber intentado darse a la fuga.
Parágrafo 1°. La reincidencia
en un tercer grado de embriaguez, será causal para determinar la cancelación
definitiva de la licencia de conducción.
Parágrafo 2°. La
certificación de la sensibilización será indispensable para la entrega de la
licencia de conducción suspendida.
Artículo 26. El
artículo 159 de la Ley 769 de 2002, quedará así.
Artículo 159. Cumplimiento. La ejecución de
las sanciones que se impongan por violación de las normas de tránsito, estará a
cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el
hecho, quienes estarán investidas de jurisdicción coactiva para el cobro,
cuando ello fuere necesario y prescribirán en tres años contados a partir de la
ocurrencia del hecho y se interrumpirá con la presentación de la demanda.
Las autoridades
de tránsito deberán establecer públicamente a más tardar en el mes de enero de
cada año, planes y programas destinados al cobro de dichas sanciones y dentro
de este mismo periodo rendirán cuentas públicas sobre la ejecución de los
mismos.
Parágrafo 1°. Las autoridades
de tránsito podrán contratar el cobro de las multas que se impongan por la
comisión de infracciones de tránsito.
Parágrafo 2º. Las multas
serán de propiedad exclusiva de los organismos de tránsito donde se cometió la
infracción de acuerdo con su jurisdicción. El monto de aquellas multas que sean
impuestas sobre las vías nacionales, por parte del personal de la Policía
Nacional de Colombia, adscrito a la Dirección de Tránsito y Transporte, se
distribuirá el 50% para el municipio donde se entregue el correspondiente
comparendo y el otro 50% para la Dirección de Tránsito y Transporte de la
Policía Nacional, con destino a la capacitación de su personal adscrito, planes
de educación y seguridad vial que adelante esta especialidad a lo largo de la
red vial nacional, locaciones que suplan las necesidades del servicio y la
construcción de la Escuela de Seguridad Vial de la Policía Nacional.
Artículo 27. La
Ley 769 de 2002, tendrá el siguiente artículo transitorio:
Artículo
transitorio. Facúltese
a los Gobernadores y Alcaldes municipales y distritales, hasta el 31 de
diciembre de 2009, para decretar amnistías a los infractores de tránsito y para
adoptar medidas para el saneamiento de cartera de infracciones que no haya sido
objeto de notificación del mandamiento de pago por vía ejecutiva y no supere
los cinco (5) años de ocurridos los hechos que dieron lugar a la actuación.
Artículo 28. La
presente ley rige a partir de su promulgación y deroga todas las disposiciones
que le sean contrarias.
De los
honorables Representantes,
Gloria Stella
Díaz Ortiz, Alonso Acosta Osio,  Representantes a la Cámara.
3.1.5. Nuevos
anuncio y votación del informe en Plenaria.
En la Gaceta
del Congreso núm. 1011 de 2009 se encuentra publicada el Acta de Sesión
Plenaria núm. 198 del 19 de agosto de 2009, en la cual se realizó el anuncio
previo a la votación y aprobación del texto rehecho del proyecto de ley. El
texto es el siguiente:
“Subsecretaria
General, doctora Flor Marina Daza Ramírez.
Se anuncian los siguientes
proyectos para la Sesión Plenaria del día 25 de agosto o para la
siguiente Sesión Plenaria en la cual se debatan proyectos de ley o actos
legislativos.
Proyecto de ley 012 de 2006
Cámara, 087 de 2007 Senado, por la cual se reforma la ley 769 de 2002,
publicado en la Gaceta del Congreso número 741 de 2009”.
En la Gaceta
del Congreso núm. 989 de 2009 se encuentra publicada el Acta de Sesión
Plenaria núm. 199 del 25 de agosto de 2009, durante la cual fue aprobado el
Texto Rehecho e Integrado del proyecto de ley. La votación fue la siguiente:
“Secretario General
doctor Jesús Alfonso Rodríguez C. informa:
Se cierra el registro, por el SI
107, por el NO 2. Ha sido aprobado el informe de texto rehecho”.
De igual manera,
la Secretaria General (e) de la Cámara de Representantes certificó que a la
Sesión Plenaria del 25 de agosto de 2009 se hicieron presentes ciento sesenta
(160) Representantes y que se realizó votación nominal de la siguiente manera:
“Por el Si: 107; por el No: 2”.
3.2. Senado de la
República.
El 4 de agosto
de 2009, los integrantes de la Comisión Accidental presentaron el respectivo
informe, tal y como aparece publicado en la Gaceta del Congreso núm, 713
del 11 de agosto de 2009.
En cuanto al
anuncio previo a votación del texto rehecho e integrado se tiene que aquél fue
realizado durante la sesión ordinaria del día martes 22 de septiembre de 2009,
de conformidad con el Acta de Plenaria núm. 10, publicada en la Gaceta del
Congreso núm.  987 del 1º de octubre de 2009:
“Por instrucciones de la
Presidencia y de conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2003, por Secretaría
se anuncian los proyectos que se discutirán y aprobarán en la próxima
sesión.
Señor Presidente, los siguientes
son los anuncios de los Proyectos para la próxima sesión:
Texto Rehecho del Proyecto de ley
número 087 de 2007 Senado, 012 de 2006 Cámara, por la cual se reforma la Ley
769 de 2002 ¿ Código Nacional de Tránsito, y se dictan otras disposiciones.
Ahora bien, en
cuanto a la votación del texto rehecho, el Secretario General del Senado
certifica lo siguiente:
“La discusión y
aprobación del texto rehecho según Acta número 11 del 29 de septiembre de 2009.
La votación fue de 51 votos por el SI y 3 por el NO para un total de 54 votos
en consecuencia el proyecto fue aprobado como consta en el informe de
sustanciación de la Oficina de Leyes del Senado de la República. Se encuentra
en la Imprenta Nacional en Preprensa para su publicación”.
4. Análisis
formal de constitucionalidad.
4.1. Examen del
trámite surtido en la Cámara de Representantes.
Una vez revisado
el trámite que se surtió en la Cámara de Representantes luego de la expedición
de la sentencia C- 321 se constata que, si bien se presentó un vicio de
procedimiento, el mismo fue saneado.
En efecto, como
se explicó, el día 4 de agosto de 2009, los integrantes de la Comisión
Accidental conformada para rehacer e integrar el texto del proyecto de ley
número 012 de 2006 Cámara, 087 de 2007 Senado, rindieron su respectivo informe
al Presidente de dicha Corporación.
El día 5 de
agosto de 2009, según consta en el Acta de Plenaria núm. 194 de la misma
fecha, publicada en la Gaceta del Congreso núm. 889 de 2009, fue anunciada la
votación en Plenaria, para el día 11 de agosto. Ese día fue aprobado en
Plenaria el Informe del Texto Rehecho e Integrado.
El día 13 de agosto de 2009, luego de dos requerimientos, el
Ministro de Transporte procedió a rendir el concepto de rigor.
El día 19 de
agosto de 2009, es decir, luego de haberse votado favorablemente en
Plenaria el Informe de la Comisión Accidental, los integrantes de esta última,
procedieron a rendir un nuevo informe, argumentando lo siguiente:
“Este informe se presenta por segunda vez, en razón
a que en la primera ocasión, el Ministro del ramo no había hecho su
pronunciamiento, por lo que era imposible tener en cuenta sus observaciones en
ese momento. Habiendo rendido su concepto el Ministro, mediante comunicación
fechada el 12 de agosto y radicada ante esta Corporación el 13 de agosto,
procede ahora la Comisión a presentar de nuevo el informe de texto rehecho e
integrado”.
En la Gaceta
del Congreso núm. 1011 de 2009 se encuentra publicada el Acta de Sesión
Plenaria núm. 198 del 19 de agosto de 2009, en la cual se realizó el anuncio
previo a la votación y aprobación del texto rehecho del proyecto de ley. El
texto es el siguiente:
“Subsecretaria
General, doctora Flor Marina Daza Ramírez.
Se anuncian los siguientes
proyectos para la Sesión Plenaria del día 25 de agosto o para la
siguiente Sesión Plenaria en la cual se debatan proyectos de ley o actos
legislativos.
Proyecto de ley 012 de 2006
Cámara, 087 de 2007 Senado, por la cual se reforma la ley 769 de 2002,
publicado en la Gaceta del Congreso número 741 de 2009”.
En la Gaceta
del Congreso núm. 989 de 2009 se encuentra publicada el Acta de Sesión
Plenaria núm. 199 del 25 de agosto de 2009, durante la cual fue aprobado
el Texto Rehecho e Integrado del proyecto de ley. La votación fue la siguiente:
“Secretario General
doctor Jesús Alfonso Rodríguez C. informa:
Se cierra el registro, por el SI
107, por el NO 2. Ha sido aprobado el informe de texto rehecho”.
De igual manera,
la Secretaria General (e) de la Cámara de Representantes certificó que a la
Sesión Plenaria del 25 de agosto de 2009 se hicieron presentes ciento sesenta
(160) Representantes y que se realizó votación nominal de la siguiente manera:
“Por el Si: 107; por el No: 2”.
Así las cosas,
resultaba evidente que se había incurrido en un vicio de procedimiento por
cuanto se votó el informe para rehacer e integrar el texto del proyecto de ley,
sin que previamente se hubiese escuchado el concepto del Ministro del Ramo. Al
respecto, la Constitución, en su artículo 167, prescribe:
“Si la Corte
considera que el proyecto es parcialmente inexequible, así lo indicará a la
Cámara en que tuvo su origen para que, oído el Ministro del ramo, rehaga
e integre las disposiciones afectadas en términos concordantes con el dictamen
de la Corte. Una vez cumplido este trámite, remitirá a la Corte el proyecto
para fallo definitivo.
Ahora bien, una
vez detectado el mencionado vicio, la Cámara de Representantes procedió a
repetir lo actuado, es decir, se rindió el informe, se anunció la votación y
ésta fue llevada a cabo tal como había sido anunciada.
Así las cosas, la
Corte concluye que el trámite que surtió en la Cámara de Representantes se
ajusta a la Constitución.
4.2. Examen del
trámite surtido en el Senado de la República.
Una vez revisado
el trámite que se surtió en el Senado de la República, luego de la expedición
de la sentencia C- 321 se constata que no se presentó vicio alguno de
procedimiento.
En efecto, tal y
como aparece publicado en la Gaceta del Congreso núm. 713 del 11 de
agosto de 2009, los senadores conocieron el informe elaborado por los
integrantes de la Comisión Accidental encargada de rehacer e integrar el texto
del proyecto de ley.
Posteriormente, durante
la sesión ordinaria del día  martes 22 de septiembre de 2009, de conformidad
con el Acta de Plenaria núm. 10, publicada en la Gaceta del Congreso núm.
987 del 1º de octubre de 2009, se realizó el anuncio de votación, en los
siguientes términos:
“Por instrucciones de la
Presidencia y de conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2003, por Secretaría
se anuncian los proyectos que se discutirán y aprobarán en la próxima
sesión.
Señor Presidente, los siguientes
son los anuncios de los Proyectos para la próxima sesión:
Texto Rehecho del Proyecto de ley
número 087 de 2007 Senado, 012 de 2006 Cámara, por la cual se reforma la Ley
769 de 2002 ¿ Código Nacional de Tránsito, y se dictan otras disposiciones.
Ahora bien, en
cuanto a la votación del texto rehecho, el Secretario General del Senado
certifica lo siguiente:
“La discusión y
aprobación del texto rehecho según Acta número 11 del 29 de septiembre de 2009.
La votación fue de 51 votos por el SI y 3 por el NO para un total de 54 votos
en consecuencia el proyecto fue aprobado como consta en el informe de
sustanciación de la Oficina de Leyes del Senado de la República. Se encuentra
en la Imprenta Nacional en Preprensa para su publicación”.
5. Análisis
material de constitucionalidad.
51. Sentido y
alcance de la sentencia C- 321 de 2009.
La Corte
Constitucional, en sentencia C- 321 de 2009, adoptó tres clases de decisiones,
a saber:
a.     Objeciones
presidenciales declaradas infundadas.
- Declarar
infundada la objeción presidencial presentada contra el parágrafo 3º del
artículo 4º del proyecto de ley  núm. 012 de 2006 Cámara, 087 de 2007 Senado, “Por
la cual se reforma la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito) y se dictan
otras disposiciones”, y en consecuencia, se declara exequible
- Declarar
infundada la objeción presidencial presentada contra el numeral 4 del artículo
5 e inciso 1 del artículo 13 del proyecto de ley  núm. 012 de 2006 Cámara, 087
de 2007 Senado, “Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 (Código Nacional
de Tránsito) y se dictan otras disposiciones”, y en consecuencia, se
declara exequible.
- Declarar
infundada la objeción presidencial presentada contra el parágrafo 2 del
artículo 8º del proyecto de ley.núm. 012 de 2006 Cámara, 087 de 2007 Senado, “Por
la cual se reforma la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito) y se dictan
otras disposiciones”, y en consecuencia, se declara exequible.
- Declarar
infundada la objeción presidencial presentada contra el parágrafo 2º del
artículo 24 del proyecto de ley.núm. 012 de 2006 Cámara, 087 de 2007 Senado, “Por
la cual se reforma la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito) y se dictan
otras disposiciones”, y en consecuencia, se declara exequible.
- Declarar
infundada la objeción presidencial presentada contra el artículo transitorio
del artículo 27 del proyecto de ley núm. 012 de 2006 Cámara, 087 de 2007
Senado, “Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de
Tránsito) y se dictan otras disposiciones”, por el cargo de violación al
principio de autonomía de las entidades territoriales.
b.    Objeciones
presidenciales con fallo inhibitorio.
- Declararse
inhibida para proferir un fallo de fondo en relación con el parágrafo 3º del
artículo 3º del proyecto de ley núm. 012 de 2006 Cámara, 087 de 2007 Senado, “Por
la cual se reforma la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito) y se dictan
otras disposiciones”, por carencia actual de objeto.
- Declararse
inhibida para proferir un fallo de fondo en relación con la expresión “nuevos”
del artículo 11 del proyecto de ley núm. 012 de 2006 Cámara, 087 de 2007
Senado, “Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de
Tránsito) y se dictan otras disposiciones”, por carencia actual de objeto.
- Declararse
inhibida para proferir un fallo de fondo en relación con el parágrafo del
artículo 15 del proyecto de ley núm. 012 de 2006 Cámara, 087 de 2007 Senado, “Por
la cual se reforma la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito) y se dictan
otras disposiciones”, por carencia actual de objeto.
- Declararse
inhibida para proferir un fallo de fondo en relación con el parágrafo 3° del
artículo 17 del proyecto de ley núm. 012 de 2006 Cámara, 087 de 2007 Senado, “Por
la cual se reforma la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito) y se dictan
otras disposiciones”, por carencia actual de objeto.
- Declararse
inhibida para proferir un fallo de fondo, por el cargo de violación al
principio de legalidad, en relación con el artículo 24 del proyecto de ley núm.
012 de 2006 Cámara, 087 de 2007 Senado, “Por la cual se reforma la Ley 769
de 2002 (Código Nacional de Tránsito) y se dictan otras disposiciones”.
- Declararse
inhibida para proferir un fallo de fondo, por el supuesto cargo de violación al
principio de igualdad,  en relación con el artículo transitorio del artículo 27
del proyecto de ley núm. 012 de 2006 Cámara, 087 de 2007 Senado, “Por la
cual se reforma la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito) y se dictan
otras disposiciones”, por inepta objeción.
c.      Objeciones
presidenciales declaradas fundadas.
- Declarar
fundada la objeción presidencial presentada contra el artículo 21 y las
expresiones “Se establece el siguiente sistema de puntos: Por cada
infracción mayor o igual a 8 smlvd 2 puntos. Por cada infracción mayor o igual
a 15 smlvd 6 puntos. Por cada infracción mayor o igual a 30 smlvd 8 puntos”,
del artículo 17 del proyecto de ley, por violar el artículo 29 Superior, y en
consecuencia se declaran inexequibles.
Pues bien, queda
claro que el deber de rehacer e integrar el texto del proyecto de ley recaía
exclusivamente sobre los artículos 17 y 21 del proyecto de ley, por cuanto, las
demás objeciones fueron encontradas infundadas o se profirió un fallo
inhibitorio.
Al respecto,
cabe precisar que la Corte consideró que, si bien formalmente el Presidente de la
República sólo objetó por inconstitucional el artículo 17 del proyecto de ley,
esta Corporación estimó que, con base en la argumentación jurídica planteada en
el escrito contentivo de la objeción presidencial, al igual que la postura
asumida por el Congreso de la República, lo cierto es que también fue objeto de
reproche el artículo 21 del mencionado proyecto de ley. De allí que se haya
decidido adelantar la correspondiente integración normativa.
En tal sentido,
recuérdese que el Presidente alegó que la coexistencia de dos sistemas
administrativos sancionatorios en una misma ley, para los efectos aquellos
consagrados en los artículos 17 y 21 (sistemas de sanciones por puntos por la
comisión de infracciones de tránsito), violaba el derecho fundamental al debido
proceso, en especial, el principio de la legalidad.
Ahora bien, la
Corte consideró que la objeción presidencial estaba llamada a prosperar, por
las siguientes razones:
“4.3. Resolución del caso
por la Corte.
4.3.1. Examen del sistema de
sanciones de tránsito establecido por el legislador frente al artículo 29
Superior.
Según el Presidente de la
República, la disposición introduce un sistema de puntos frente a la comisión
de infracciones de tránsito con incoherencias y contradicciones que dificultan
su aplicación efectiva, contraviniendo el principio de legalidad contenido en
el artículo 29 de la Constitución Política que exige que el legislador debe
establecer reglas claras para la investigación y aplicación de sanciones con
observancia del principio de legalidad.
El reproche del Ejecutivo parte
de indicar que el artículo 17 contempla un sistema de descuento de puntos de la
licencia de conducción por infracciones de tránsito que es diferente al sistema
de descuento de puntos establecido en el artículo 21 del mismo Proyecto de ley;
de igual manera, el artículo 17 modifica el artículo 93 de la Ley 769 de 2002,
el cual se encuentra en el Capítulo IV del Título III del Código Nacional de
Tránsito Terrestre haciendo alusión a las normas de comportamiento para el
transporte público.
Esto genera, según el Presidente
de la República, una contradicción normativa que va en contra del principio de
legalidad procesal y permite comportamientos arbitrarios del operador jurídico,
porque no se sabe si el sistema sancionatorio cuestionado va dirigido exclusivamente
a los conductores de transporte público o a todos los conductores; y porque ese
sistema es diferente al establecido en el artículo 21 del Proyecto de ley, como
se puede observar:
Artículo
17
Artículo
21
Multa
Puntos
Multa
Puntos
8 smldv
2
8 smldv
1
15 smldv
6
15 smldv
2
30 smldv
8
30 smldv
3
45 smldv
6
Es más, según el Presidente de la
República, la contradicción normativa presente entre los artículos 17 y 21 del
proyecto de ley, puede llevar al “colapso del sistema, en especial, en lo que
se refiere a la suspensión y cancelación de la licencia de conducción”. Alega
igualmente que el artículo 17 establece un sistema desproporcionado de
sanciones.
La Vista Fiscal, por su parte,
comparte la objeción presidencial por cuanto, en su concepto, el artículo 21 es
racionalmente más claro y preciso que el establecido en el artículo 17
objetado, “lo que abarca su proporcionalidad (principio de favorabilidad
procesal)”.
La Corte Constitucional considera
que la objeción presidencial es parcialmente fundada, por las siguientes
razones.
El artículo 93 del actual Código
Nacional de Tránsito y Transporte dispone lo siguiente:
“ARTÍCULO 93. CONTROL DE
INFRACCIONES DE CONDUCTORES DE SERVICIO PÚBLICO. Los organismos de tránsito
remitirán mensualmente a las empresas de transporte público las estadísticas
sobre las infracciones de tránsito de los conductores y éstas a su vez
remitirán los programas de control que deberán establecer para los conductores.
Ahora bien, el artículo 17 del
proyecto de ley introduce un conjunto de importantes modificaciones a la
mencionada disposición, como son las siguientes:
Se establece una obligación,
en cabeza de los organismos de tránsito, de reportarle diariamente al
Sistema Integrado de Multas y Sanciones, las correspondientes sanciones
impuestas, a efectos de que éste conforme y mantenga disponible el
Registro Único de Tránsito RUNT.
Se establece un sistema de
puntos, consistente en que por cada infracción mayor a determinados
salarios mínimos legales mensuales vigentes, el conductor recibirá como
sanción un cierto número de puntos.
Se establece una facultad
sancionatoria en cabeza de la Superintendencia de Puertos y Transporte
sobre las empresas de transporte que permitan conducir a personas con
licencia suspendida o cancelada.
Se establece una obligación
a cargo de las empresas de transporte público consistente en establecer
programas de seguimiento y control de las infracciones.
Se dispone que la consulta
de la base de datos denominada SIMIT, será gratuita.
Adviértase, desde ya, que el tema
del sistema de sanciones por puntos, es tan sólo uno de los aspectos regulados
por el artículo 17 del proyecto de ley objetado.
Por otra parte, el actual
artículo 131 del Código Nacional de Tránsito y Transporte, establece todo un
listado de las multas que deben cancelar los conductores infractores, sanciones
que, como se saben son calculadas en salarios mínimos legales mensuales
vigentes.
En tal sentido, artículo 21
del proyecto de ley, modifica el actual régimen sancionatorio en el sentido de
establecer que “Los
infractores de las normas de tránsito serán sancionados con la imposición de
multas o con multas y pérdida de puntos, de acuerdo con el tipo de infracción
así…”. De tal suerte que, las sanciones son reagrupadas por el legislador, con
las siguientes letras:
A. Será sancionado con multa
equivalente a cuatro (4) salarios mínimos legales diarios vigentes, el
conductor de un vehículo no automotor o de tracción animal que incurra en
cualquiera de las siguientes infracciones:
(…)
B. Será sancionado con multa
equivalente a ocho (8) salarios mínimos legales diarios vigentes y la pérdida
de un (1) punto, el conductor y/o propietario de un vehículo automotor que
incurra en cualquiera de las siguientes infracciones:
(…)
C. Será sancionado con multa
equivalente a quince (15) salarios mínimos legales diarios vigentes y la
pérdida de dos (2) puntos, el conductor y/o propietario de un vehículo
automotor que incurra en cualquiera de las siguientes infracciones:
(…)
D. Será sancionado con multa
equivalente a treinta (30) salarios mínimos legales diarios vigentes y la
pérdida de tres (3) puntos, el conductor y/o propietario de un vehículo
automotor que incurra en cualquiera de las siguientes infracciones:
(…)
E. Será sancionado con multa
equivalente a cuarenta y cinco (45) salarios mínimos legales diarios vigentes y
con la pérdida de seis (6) puntos el conductor y/o propietario de un vehículo
automotor que incurra en cualquiera de las siguientes infracciones:
Adicionalmente, se establecen los
siguientes dos parágrafos:
Parágrafo 1°. El conductor que no
haya sido sancionado en un período de un (1) año, se le restablecerán los
puntos perdidos.
Parágrafo 2°. Las infracciones de
tránsito, cuya sanción sea la imposición de multas descritas en otros artículos
de la Ley 769 de 2002, darán lugar además, a la pérdida de 1, 2, 3 ó 6 puntos,
si la sanción de multa es en su orden de 8, 15, 30 ó 45 salarios mínimos
legales diarios vigentes.
Ahora bien, confrontados los dos
sistemas sanciones por puntos, es decir, aquel establecido en el artículo 17
del proyecto, con aquel del 21, la Corte encuentra que el siguiente cuadro
presentado por el Presidente de la República, corresponde a la realidad:
Artículo
17
Artículo
21
Multa
Puntos
Multa
Puntos
8 smldv
2
8 smldv
1
15 smldv
6
15 smldv
2
30 smldv
8
30 smldv
3
45 smldv
6
Quiere ello decir que, como lo
sostiene la Vista Fiscal, existe ciertas contradicciones entre dos sistemas
sancionatorios que vulneran los principios orientadores del derecho
administrativo sancionatorio. Al respecto, la Corte en sentencia C- 564 de
2000, en relación con el principio de legalidad en materia sancionatoria,
consideró lo siguiente:
(…)
En el presente caso, no pueden
coexistir, en un mismo texto normativo, dos sistemas sancionatorios por puntos
diferentes, por cuanto ello dejaría al arbitrio del juzgador cuál aplicar.
En este orden de ideas, la Corte
considera fundada la objeción presidencial presentada contra el artículo 21 y
las expresiones “Se establece el siguiente sistema de puntos: Por cada
infracción mayor o igual a 8 smlvd 2 puntos. Por cada infracción mayor o igual
a 15 smlvd 6 puntos. Por cada infracción mayor o igual a 30 smlvd 8 puntos”,
del artículo 17 del proyecto de ley, por violar el artículo 29 Superior, y en
consecuencia se declaran INEXEQUIBLES.
Pues bien, es
preciso tener en cuenta que la controversia constitucional planteada por el
Presidente de la República en sentencia C- 321 de 2009, apuntaba precisamente a
que la coexistencia de dos sistemas administrativos sancionatorios, basados
ambos en el método de puntos a la licencia de conducción en función de la
infracción de tránsito cometida, y cuya aplicación simultánea conducía a la
arbitrariedad del funcionario encargado de velar por el cumplimiento de la
norma, violaba el artículo 29 Superior.
La Vista Fiscal,
por su parte, compartió la objeción presidencial por cuanto, en su concepto, el
artículo 21 del proyecto de ley resultaba ser más preciso y proporcionado, que
aquel establecido en el artículo 17 del mismo.
Por su parte, el
Ministro de Transporte, en su escrito de intervención le solicita a la Corte
que aclare su fallo en el sentido de que “es el artículo 17 del proyecto, el
que debe ser declarado inexequible, más no el artículo 21, pues en la parte
resolutiva de la sentencia se declararon inexequibles los artículos 17 y 21 del
proyecto”.
Así pues, una
vez examinado el texto de la sentencia C- 321 de 2009, y analizada la petición
del Ministro de Transporte, queda claro que (i) la ratio decidendi de la
sentencia consistió simplemente en afirmar que, en un mismo texto normativo no
podían coexistir dos sistemas administrativos sancionatorios fundados en un
mismo método (imposición de puntos a la licencia de conducción); (ii) la Corte
no sostuvo que el sistema de sanción por puntos, estipulado en el texto del
proyecto de ley, violase per se el artículo 29 Superior; (iii) el juez
constitucional tampoco podía decidir cuál de las dos regulaciones (arts. 17 o
21 del proyecto de ley) resultaba ser más conveniente, por cuanto, no le
corresponde adelantar juicios de valor, ni tampoco entrar a suplir la voluntad
del Congreso de la República; y (iv) de igual manera, le está vedado a la Corte
aclarar extemporáneamente el sentido de un fallo, tal y como lo solicitó el
funcionario interviniente.
Puestas así las
cosas, la competencia de la Corte se limita a establecer si el Congreso de la
República, luego de haber rehecho e integrado el proyecto de ley, mantuvo dos
sistemas sancionatorios administrativos semejantes, en este caso, por puntos
sobre la licencia de conducción.
5.2.
Trascripción
del texto rehecho e integrado por el Congreso de la República.
Una vez
examinada la labor que realizó la Corte en sentencia C- 321 de 2009, al igual
que la ratio decidendi del fallo, debe esta Corporación entrar a analizar
si el Congreso de la República cumplió lo decido por el juez constitucional.
Para tales
efectos, la Corte trascribirá los apartes pertinentes de la propuestas
realizadas por los integrantes de la Comisión Accidental, y a continuación, el
contenido del texto aprobado en Plenarias de Cámara y Senado, que es el mismo
por lo demás.
Así pues, luego
de analizado el concepto rendido por el Ministro de Transporte, la Comisión
Accidental propuso rehacer e integrar el proyecto de ley en los siguientes
aspectos:
1.
Rehacer
el texto del artículo 4° del proyecto, que modifica el artículo 17 de la Ley
769 de 2002, eliminando el parágrafo que se refiere a la licencia con el
sistema de puntos, en razón a la declaratoria de inexequibilidad
realizada por parte de la Corte Constitucional. El parágrafo eliminado
consagraba:
(…)
2.
Rehacer
el texto del artículo 7° del proyecto, que modifica el artículo 26 de la Ley
769 de 2002, eliminando los numerales referidos al sistema de puntos en
las licencias de conducción, de la siguiente manera:
(…)
3.
Rehacer
el texto del artículo 17 del proyecto, que modifica el artículo 93 de la Ley
769 de 2002, eliminando los apartes que establecían el sistema de puntos,
dada la declaratoria de inexequibilidad efectuada por la honorable Corte
Constitucional. Los apartes eliminados son los siguientes:
(….)
4.
Rehacer
el texto del artículo 21 del proyecto, que modifica el artículo 131 de la Ley
769 de 2002, eliminando los apartes que se refieren al sistema de puntos,
dada la declaratoria de inexequibilidad efectuada por la honorable Corte
Constitucional. Los apartes eliminados son los que se subrayan a continuación:
(…)
5.
En
virtud de la facultad integradora, se efectuaron dos correcciones
sintácticas en los artículos 19 y 25, las cuales se subrayan y a la vez
se destacan en negrilla, así: En el artículo 19, la palabra El y en el
artículo 25: grado de embriaguez.
6.
En
ejercicio de la facultad integradora del texto del Proyecto, se aclara
el texto del artículo 24 del proyecto de ley, así:
“Artículo 24. El artículo 136
de la Ley 769 de 2002, quedará así.
Artículo 136.
Reducción de la multa. Una vez surtida la orden de comparendo,
si el inculpado acepta la comisión de la infracción, podrá sin necesidad de
otra actuación administrativa, cancelar el cincuenta por ciento (50%) del valor
de la multa dentro de los cinco días siguientes a la orden de comparendo, o
podrá cancelar el setenta y cinco por ciento (75%) del valor de la multa, si
paga dentro de los veinte días siguientes a la orden de comparendo. En
cualquiera de estos dos eventos, deberá asistir obligatoriamente a un
curso sobre normas de tránsito en el Centro Integral de Atención, donde
cancelará un veinticinco por ciento (25%) del valor de la multa,
y el veinticinco (25%) o el cincuenta (50%)
restante, según el caso, lo pagará al organismo de tránsito. Si
aceptada la infracción, esta no se paga en las oportunidades antes indicadas,
el contraventor deberá cancelar el (100%) del valor de la multa más sus
correspondientes intereses moratorios.
Si el inculpado
rechaza la comisión de la infracción, deberá comparecer ante el funcionario en
audiencia pública para que este decrete las pruebas conducentes que le sean
solicitadas y las de oficio que considere útiles. En la misma audiencia, si
fuere posible, se practicarán las pruebas y se sancionará o absolverá al
inculpado. Si fuere declarado contraventor, se le impondrá el ciento por ciento
(100%) del valor de la multa prevista en este código.
Si el inculpado
no compareciere sin justa causa comprobada dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes, la autoridad de tránsito después de 30 días de ocurrida la presunta
infracción seguirá el proceso, entendiéndose que queda vinculado al mismo,
fallándose en audiencia pública y notificándose en estrados.
Los organismos
de tránsito de manera gratuita podrán celebrar acuerdos para el recaudo de las
multas y podrán establecer convenios con los bancos para este fin. El pago de
la multa y la comparecencia podrán efectuarse en cualquier lugar del país.
Parágrafo 1°. En los lugares
donde existan inspecciones ambulantes de tránsito, los funcionarios competentes
podrán imponer al infractor la sanción correspondiente en el sitio y hora donde
se haya cometido la contravención respetando el derecho de defensa.
Parágrafo 2°. A partir de la
entrada en vigencia de la presente ley y por un periodo de doce (12) meses, todos
los conductores que tengan pendiente el pago de infracciones de tránsito,
podrán acogerse al descuento del cincuenta por ciento (50%) del valor de la
multa y de los intereses.
Así las cosas,
al momento de rehacer e integrar el texto del proyecto de ley objetado, el
Congreso adoptó tres decisiones en concreto (i) suprimir toda referencia al
sistema sancionatorio por puntos; (ii) efectuar dos correcciones sintácticas en
los artículos 19 y 25; y (iii) “aclarar” el sentido del artículo 24 del
proyecto de ley.
Conforme con lo
anterior, el texto rehecho e integrado, analizado y aprobado por las Plenarias
de Senado y Cámara fue el siguiente:
“TEXTO
REHECHO E INTEGRADO  DEL PROYECTO DE LEY NUMERO 012  DE 2006 CAMARA, 087 DE
2007 SENADO
por la cual se
reforma la Ley 769 de 2002, Código Nacional
de Tránsito, y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de
Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. El
artículo 1° de la Ley 769 de 2002, quedará así:
Artículo 1°. Ambito
de aplicación y principios. Las normas del presente código rigen en
todo el territorio nacional y regulan la circulación de los peatones, usuarios,
pasajeros, conductores, motociclistas, ciclistas, agentes de tránsito y
vehículos por las vías públicas o privadas que están abiertas al público, o en
las vías privadas que internamente circulen vehículos; así como la actuación y
procedimientos de las autoridades de tránsito.
En desarrollo de lo dispuesto por el artículo 24 de la Constitución
Política, todo colombiano tiene derecho a circular libremente por el territorio
nacional, pero está sujeto a la intervención y reglamentación de las
autoridades para garantía de la seguridad y comodidad de los habitantes,
especialmente de los peatones y de los discapacitados físicos y mentales, para
la preservación de un ambiente sano y la protección del uso común del espacio
público.
Le corresponde
al Ministerio de Transporte como autoridad suprema de tránsito definir,
orientar, vigilar e inspeccionar la ejecución de la política nacional en
materia de tránsito.
Las autoridades
de tránsito promoverán la difusión y el conocimiento de las disposiciones
contenidas en este código.
Los principios
rectores de este código son seguridad de los usuarios, la movilidad, la
calidad, la oportunidad, el cubrimiento, la libertad de acceso, la plena
identificación, libre circulación, educación y descentralización.
Artículo 2°. El
artículo 3º de la Ley 769 de 2002, quedará así:
Artículo 3°. Autoridades
de tránsito.
Para
los efectos de la presente ley entiéndase que son autoridades de tránsito, en
su orden, las siguientes:
El Ministro de
Transporte.
Los Gobernadores
y los Alcaldes.
Los organismos
de tránsito de carácter departamental, municipal o distrital.
La Policía
Nacional a través de la Dirección de Tránsito y Transporte.
Los Inspectores
de Policía, los Inspectores de Tránsito, Corregidores o quien haga sus veces en
cada ente territorial.
La Superintendencia
General de Puertos y Transporte.
Las Fuerzas Militares para cumplir exclusivamente lo dispuesto en el
parágrafo 5º de este artículo.
Los Agentes de
Tránsito y Transporte.
Parágrafo 1º. Las entidades
públicas o privadas a las que mediante delegación o convenio les sean asignadas
determinadas funciones de tránsito constituirán organismos de apoyo a las
autoridades de tránsito.
Parágrafo 2º. El Gobierno nacional podrá delegar en los organismos de
tránsito las funciones que por Ley le corresponden al Ministerio de Transporte.
Parágrafo 3º. Las
autoridades, los organismos de tránsito, las entidades públicas o privadas que
constituyan organismos de apoyo serán vigiladas y controladas por la
Superintendencia de Puertos y Transporte.
Parágrafo 4º. La facultad de
autoridad de tránsito otorgada a los cuerpos especializados de la Policía
Nacional se ejercerá como una competencia a prevención.
Parágrafo 5º. Las Fuerzas
Militares podrán ejecutar la labor de regulación del tránsito, en aquellas
áreas donde no haya presencia de autoridad de tránsito.
Artículo 3°. El
artículo 5° de la Ley 769 de 2002, quedará así:
Artículo 5°. Demarcación
y señalización vial. El Ministerio de Transporte reglamentará
en un término no mayor de 60 días posteriores a la sanción de esta ley, las
características técnicas de la demarcación y señalización de toda la
infraestructura vial y su aplicación y cumplimiento será responsabilidad de
cada uno de los organismos de tránsito en su respectiva jurisdicción.
Parágrafo 1°. El Ministerio
de Transporte respetará y acogerá los convenios internacionales que se hayan
suscrito o se suscriban en relación con la reglamentación de la ubicación,
instalación, demarcación y señalización vial.
Parágrafo 2°. La información
vial y la señalización urbana deberá hacerse con material antivandálico,
vitrificado, que garantice una vida útil mínima de 10 años y, cuando así se
aconseje, material retrorreflectante.
Artículo 4°. El
artículo 17 de la Ley 769 de 2002, quedará así:
< b>Artículo 17. Otorgamiento.
La licencia de conducción será otorgada por primera vez a quien cumpla con
todos los requisitos descritos en el artículo 19 de este código, por la entidad
pública o privada autorizada para el efecto por el organismo de tránsito en su
respectiva jurisdicción.
El formato de la
licencia de conducción será único nacional, para lo cual el Ministerio de
Transporte establecerá la ficha técnica para su elaboración y los mecanismos de
control correspondiente.
Las nuevas
licencias de conducción contendrán, como mínimo, los siguientes datos: nombre
completo del conductor, número del documento de identificación, huella, tipo de
sangre, fecha de nacimiento, categoría de licencia, restricciones, fecha de
expedición y organismo que la expidió.
Dentro de las
características técnicas que contendrán las licencias de conducción se
incluirán, entre otros, un código de barra bidimensional u otro dispositivo
electrónico, magnético u óptico con los datos del registro que permita la
lectura y actualización de estos. Las nuevas licencias de conducción deberán
permitir al organismo de tránsito confrontar la identidad del respectivo
titular de conformidad con las normas de ley vigentes sobre la materia, sin
costo alguno.
Parágrafo 1°. Quien
actualmente sea titular de una licencia de conducción, que no cumpla con las
condiciones técnicas establecidas en el presente artículo y en la
reglamentación que para tal efecto expida el Ministerio de Transporte, deberá
sustituirla en un término de cuarenta y ocho (48) meses contados a partir de la
promulgación de la presente ley, de conformidad con lo previsto por el artículo
15 de la Ley 1005 de 2006. Para tal efecto, deberá presentar paz y salvo por
infracciones de tránsito y el certificado indicado en el artículo 19 del
presente código.
Parágrafo 2°. Para garantizar la gratuidad del
cambio de licencias se autoriza a los organismos de tránsito descontar, por una
sola vez, una suma igual a 1 salario mínimo, legal diario vigente (smldv), por
cada licencia expedida, de los recursos que obligatoriamente debe transferir al
Ministerio de Transporte por concepto de especies venales.
Artículo 5°. El
artículo 19 de la Ley 769 de 2002, quedará así:
Artículo 19. Requisitos. Podrá obtener
por primera vez una licencia de conducción para vehículos quien acredite el
cumplimiento de los siguientes requisitos:
Para vehículos
de servicio diferente del servicio público:
1. Saber leer y
escribir.
2. Tener 16 años
cumplidos.
3. Aprobar un
examen teórico-práctico de conducción para vehículos particulares que
realizarán los organismos de tránsito de acuerdo con la reglamentación que
expida el Ministerio de Transporte, o presentar un certificado de aptitud en
conducción otorgado por un centro de enseñanza automovilística debidamente
aprobado por el Ministerio de Educación Nacional en coordinación con el
Ministerio de Transporte.
4. Certificado
de aptitud física, mental y de coordinación motriz para conducir expedido por
un centro de reconocimiento de conductores habilitado por el Ministerio de
Transporte y debidamente acreditado como organismo de certificación de personas
en el área de conductores de vehículos automotores.
Para vehículos
de servicio público:
Los mismos
requisitos enumerados anteriormente, a excepción de la edad mínima que será de
18 años cumplidos y de los exámenes teórico-prácticos y de aptitud física y
mental o los certificados de aptitud de conducción expedidos que estarán
referidos a la conducción de vehículo de servicio público.
Parágrafo 1°. Para obtener la
licencia de conducción por primera vez, o la recategorización, renovación y
refrendación de la misma, se debe demostrar ante las autoridades de tránsito la
aptitud física, mental y de coordinación motriz, valiéndose para su valoración
de los medios tecnológicos sistematizados y digitalizados requeridos, que
permitan medir y evaluar dentro de los rangos establecidos por el Ministerio de
Transporte según los parámetros y límites internacionales, entre otros, las
capacidades de visión y orientación auditiva, la agudeza visual y campimetría,
los tiempos de reacción y recuperación al encandilamiento, la capacidad de
coordinación entre la aceleración y el frenado, la coordinación integral motriz
de la persona, la discriminación de colores y la phoria horizontal y vertical.
Parágrafo 2°. El Ministerio
de Transporte reglamentará para que en un plazo de hasta 12 meses los centros
de reconocimiento de conductores cumplan con los requisitos de habilitación y
acreditación.
Parágrafo 3°. El Ministerio
de Transporte reglamentará los costos del examen, teniendo como referencia los
valores actuales, haciendo ajustes anuales hasta por el índice de precios al
consumidor, IPC.
Artículo 6°. El
artículo 22 de la Ley 769 de 2002, quedará así:
Artículo 22. Vigencia
de la licencia de conducción. Las licencias de conducción para
vehículos de servicio diferente al público, tendrán una vigencia indefinida. No
obstante, cada cinco (5) años, el titular de la licencia deberá refrendarla,
para lo cual se practicará un nuevo examen de aptitud física, mental y de
coordinación motriz, que permitirá establecer que se mantienen las aptitudes
requeridas para conducir.
Las licencias de
conducción para vehículos de servicio público tendrán una vigencia de tres (3)
años, al cabo de los cuales se solicitará su refrendación, presentando un nuevo
examen de aptitud física, mental y de coordinación motriz, y el registro de
información o certificado en el que conste que se encuentra al día por concepto
de pago de multas por infracciones a las normas de tránsito, debidamente
ejecutoriadas.
Parágrafo. Todos los
conductores de servicio público mayores de sesenta (60) años deberán refrendar
su licencia de conducción anualmente, demostrando mediante el respectivo
examen, su aptitud física, mental y de coordinación motriz. De igual manera lo
harán cada tres (3) años los conductores de servicio diferente al público, a
partir de los sesenta y cinco (65) años de edad.
Artículo 7°. El
artículo 26 de la Ley 769 de 2002, quedará así:
Artículo 26. Causales
de suspensión o cancelación. La licencia de conducción se suspenderá:
1. Por
disposición de las autoridades de tránsito, basada en la imposibilidad
transitoria, física o mental para conducir, soportado en un certificado médico
o en el examen de aptitud física, mental o de coordinación expedido por un
Centro de Reconocimiento de Conductores legalmente habilitado.
2. Por decisión
judicial.
3. Por
encontrarse en estado de embriaguez o bajo el efecto de drogas alucinógenas
determinado por la autoridad competente de conformidad con lo consagrado en el
artículo 152 de este código.
4. Por prestar
servicio público de transporte con vehículos particulares, salvo cuando el
orden público lo justifique, previa decisión en tal sentido de la autoridad
respectiva.
La licencia de
conducción se cancelará:
1. Por
disposición de las autoridades de tránsito basada en la imposibilidad
permanente física o mental para conducir, soportada en un certificado médico o
en el examen de aptitud física, mental y de coordinación motriz expedido por un
Centro  de Reconocimiento de Conductores legalmente habilitado.
2. Por decisión
judicial.
3. Por muerte
del titular. La Registraduría Nacional del Estado Civil está obligada a
reportar a los sistemas creados por los artículos 8° y 10 del presente
ordenamiento, el fallecimiento del titular.
4. Reincidencia
al encontrarse conduciendo en cualquier grado de estado de embriaguez o bajo el
efecto de drogas alucinógenas determinado por autoridad competente, en
concordancia con el artículo 152 de este código.
5. Por
reincidencia en la prestación del servicio público de transporte con vehículos
particulares sin justa causa.
6. Por hacer uso
de la licencia de conducción estando suspendida.
7. Por obtener
por medios fraudulentos la expedición de una licencia de conducción, sin
perjuicio de las acciones penales que correspondan.
Parágrafo. La
suspensión o cancelación de la licencia de conducción implica la entrega
obligatoria del documento a la autoridad de tránsito competente para imponer la
sanción por el período de la suspensión o a partir de la cancelación de ella.
La notificación
de la suspensión o cancelación de la licencia de conducción se realizará de
conformidad con las disposiciones aplicables del Código Contencioso
Administrativo.
Transcurridos
tres años desde la cancelación, el conductor podrá volver a solicitar una nueva
licencia de conducción.
Artículo 8°. El
artículo 28 de la Ley 769 de 2002 quedará así:
Artículo 28. Condiciones
tecnomecánicas, de emisiones contaminantes y de operación. Para que un
vehículo pueda transitar por el territorio nacional, debe garantizar como
mínimo un perfecto funcionamiento de frenos, del sistema de dirección, del
sistema de suspensión, del sistema de señales visuales y audibles permitidas y
del sistema de escape de gases; y demostrar un estado adecuado de llantas, del
conjunto de vidrios de seguridad y de los espejos y cumplir con las normas de
emisiones contaminantes que establezcan las autoridades ambientales.
Parágrafo 1°. Las autoridades
de tránsito ejercerán en los vehículos de servicio público de transporte, un
control y verificación del correcto funcionamiento y calibración de los
dispositivos utilizados para el cobro en la prestación de un servicio público.
Parágrafo 2°. La
Superintendencia de Puertos y Transporte, contratará los servicios de un centro
de llamadas, el cual estará bajo su vigilancia, inspección y control, mediante
el cual cualquier persona podrá reportar la comisión de infracciones de
tránsito, o la violación al régimen de sanciones por parte de las empresas de
servicio público de transporte terrestre automotor. Las llamadas no tendrán
costo alguno. Los costos de dicho servicio serán sufragados por las empresas de
servicio público de transporte automotor en proporción al número de vehículos
vinculados.
Con dicho
propósito, los vehículos de servicio público y oficial, de manera obligatoria
deberán llevar un aviso visible tanto en el interior como en el exterior en el
que se señale el número telefónico correspondiente al centro de llamadas antes
indicado.
Los vehículos de
servicio público deberán llevar además marcado en los costados y en el techo el
número de la placa según normas que profiera el Ministerio de Transporte.
Las obligaciones
previstas en este artículo y la contratación de los servicios del centro de
llamadas deberán implementarse en un término no mayor de un (1) año contado a
partir de la fecha de promulgación de la presente ley.
Artículo 9°. El
Capítulo VIII del Título II de la Ley 769 de 2002, quedará así:
CAPITULO VIII
Revisión
técnico-mecánica  y de emisiones contaminantes
Artículo 10. El
artículo 50 de la Ley 769 de 2002, quedará así:
Artículo 50. Condiciones
mecánicas, ambientales y de seguridad. Por razones de
seguridad vial y de protección al ambiente, el propietario o tenedor del
vehículo de placas nacionales o extranjeras, que transite por el territorio
nacional, tendrá la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones mecánicas,
ambientales y de seguridad.
Artículo 11. El
artículo 51 de la Ley 769 de 2002, quedará así:
Artículo
51. Revisión periódica de los vehículos. Todos los
vehículos automotores, deben someterse anualmente a revisión técnico-mecánica y
de emisiones contaminantes. Los vehículos de servicio particular, se someterán
a dicha revisión cada dos (2) años durante sus primeros seis (6) años contados
a partir de la fecha de su matrícula; las motocicletas lo harán anualmente.
La revisión
estará destinada a verificar:
1. El adecuado
estado de la carrocería.
2. Niveles de
emisión de gases y elementos contaminantes acordes con la legislación vigente
sobre la materia.
3. El buen
funcionamiento del sistema mecánico.
4.
Funcionamiento adecuado del sistema eléctrico y del conjunto óptico.
5. Eficiencia
del sistema de combustión interno.
6. Elementos de
seguridad.
7. Buen estado
del sistema de frenos constatando, especialmente, en el caso en que este opere
con aire, que no emita señales acústicas por encima de los niveles permitidos.
8.
Las llantas del vehículo.
9. Del
funcionamiento de los sistemas y elementos de emergencia.
10. Del buen
funcionamiento de los dispositivos utilizados para el cobro en la prestación
del servicio público.
Artículo 12. El
artículo 52 de la Ley 769 de 2002, quedará así:
Artículo 52. Primera
revisión de los vehículos automotores. Los vehículos
nuevos se someterán a la primera revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes
al cumplir dos (2) años contados a partir de su fecha de matrícula.
Parágrafo. Los vehículos
automotores de placas extranjeras, que ingresen temporalmente y hasta por tres
(3) meses al país, no requerirán la revisión técnico-mecánica y de emisiones
contaminantes.
Artículo 13. El
artículo 53 de la Ley 769 de 2002, quedará así:
Artículo 53. Centros
de diagnóstico automotor. La revisión técnico-mecánica y de
emisiones contaminantes se realizará en centros de diagnóstico automotor,
legalmente constituidos, que posean las condiciones que determinen los
reglamentos emitidos por el Ministerio de Transporte y el Ministerio del Medio
Ambiente en lo de sus competencias. El Ministerio de Transporte habilitará
dichos centros, los cuales previamente deberán contar con reconocimiento en el
Sistema Nacional de Normalización, Certificación y Metrología acreditándose
como organismo de inspección.
Los requisitos,
procedimientos, pruebas, personal, equipos, pruebas y sistemas de información mínimos
que debe acreditar el centro de diagnóstico automotor, para obtener la
mencionada acreditación serán estipulados por la Superintendencia de Industria
y Comercio, con alcance a lo establecido en la reglamentación del Ministerio de
Transporte.
Los resultados
de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, serán consignados
en un documento uniforme cuyas características determinará el Ministerio de
Transporte. Para la revisión del vehículo automotor, se requerirá únicamente la
presentación de su licencia de tránsito y el correspondiente seguro
obligatorio.
Parágrafo 1°. Quien no porte
dicho documento incurrirá en las sanciones previstas en la ley. Para todos los
efectos legales este será considerado como documento público.
Artículo 14. El
artículo 54 de la Ley 769 de 2002, quedará así:
Artículo 54. Registro
computarizado.
Los
Centros de diagnóstico automotor llevarán un registro computarizado de los
resultados de las revisiones técnico-mecánicas y de emisiones contaminantes de
cada vehículo, incluso de los que no la aprueben.
Artículo 15. El
artículo 76 de la Ley 769 de 2002, quedará así:
Artículo 76. Lugares
prohibidos para estacionar. Está prohibido estacionar vehículos en
los siguientes lugares:
Sobre andenes,
zonas verdes o sobre espacio público destinado para peatones, recreación o
conservación.
En vías
arterias, autopistas, zonas de seguridad, o dentro de un cruce.
En vías
principales y colectoras en las cuales expresamente se indique la prohibición o
la restricción en relación con horarios o tipos de vehículos.
En puentes,
viaductos, túneles, pasos bajos, estructuras elevadas o en cualquiera de los
accesos a estos.
En zonas
expresamente destinadas para estacionamiento o parada de cierto tipo de
vehículos, incluyendo las paradas de vehículos de servicio público, o para
limitados físicos.
En carriles dedicados a
transporte masivo sin autorización.
A una distancia
mayor de treinta (30) centímetros de la acera.
En doble fila de
vehículos estacionados, o frente a hidrantes y entradas de garajes.
En curvas.
Donde interfiera
con la salida de vehículos estacionados.
Donde las
autoridades de tránsito lo prohíban.
En zona de
seguridad y de protección de la vía férrea, en la vía principal, vías
secundarias, apartaderos, estaciones y anexidades férreas.
El
incumplimiento de esta norma se sancionará con treinta (30) salarios mínimos
legales diarios vigentes, smldv.
Artículo 16. El
artículo 91 de la Ley 769 de 2002, quedará así:
Artículo 91. De
los paraderos.
Todo conductor
de vehículo de servicio público de transporte terrestre automotor debe recoger
o dejar pasajeros exclusivamente en los sitios permitidos por las autoridades
competentes y conforme con las rutas y horarios, según sea el caso.
El
incumplimiento de esta norma se sancionará con treinta (30) smldv, las empresas
de servicio público a las cuales se encuentren vinculados tales vehículos serán
solidariamente responsables por el pago de la multa.
Artículo 17. El
artículo 93 de la Ley 769 de 2002, quedará así:
Artículo 93. Control
de infracciones de conductores. Los organismos de tránsito deberán
reportar diariamente al Sistema Integrado de Multas y Sanciones por
infracciones de tránsito las infracciones impuestas, para que este a su vez,
conforme y mantenga disponible el Registro Unico Nacional de Tránsito RUNT.
Parágrafo 1°. La
Superintendencia de Puertos y Transporte sancionará con multa equivalente a
cien salarios mínimos legales mensuales vigentes (100 smlmv) a las empresas de
transporte público terrestre automotor, que tengan en ejercicio a conductores
con licencia de conducción suspendida o cancelada.
Parágrafo 2°.
Las empresas de transporte público terrestre automotor deberán establecer
programas de control y seguimiento de las infracciones de tránsito de los
conductores a su servicio. Dicho programa deberá enviarse mensualmente por las
empresas de transporte público terrestre automotor a la Superintendencia de
Puertos y Transporte. Las empresas que no cumplan con lo antes indicado serán
sancionadas por dicha entidad con una multa equivalente a cien salarios mínimos
legales mensuales vigentes (100 smlmv).
Artículo 18. La
Ley 769 de 2002, tendrá el siguiente artículo nuevo:
Artículo 93-1. Solidaridad
por multas. Serán
solidariamente responsables por el pago de multas por infracciones de tránsito
el propietario y la empresa a la cual esté vinculado el vehículo automotor, en
aquellas infracciones imputables a los propietarios o a las empresas.
Artículo 19. El
artículo 102 de la Ley 769 de 2002, quedará así:
Artículo 102. Manejo
de escombros.
Cada
municipio determinará el lugar o lugares autorizados para la disposición final
de los escombros que se produzcan en su jurisdicción, el manejo de estos
materiales se hará debidamente aislado impidiendo que se disemine por las vías
y de acuerdo con la normatividad ambiental vigente, bajo la responsabilidad del
portador del permiso que haya otorgado la autoridad de tránsito quien será
responsable del control de vigilancia del cumplimiento de la norma, sin
perjuicio que se le determine la responsabilidad sobre daños en bienes de uso
público. El incumplimiento de esta norma, se sancionará con multa de treinta
(30) smldv.
Parágrafo. Será sancionado
con una multa de (30) smldv, quien transportando agregados minerales como:
Arena, triturado o concretos, no aísle perfectamente la carga y permita que
ella se esparza por las vías públicas, poniendo en riesgo la seguridad de otros
vehículos.
Artículo 20. El
artículo 122 de la Ley 769 de 2002, quedará así:
Artículo 122. Tipos
de sanciones.
Las
sanciones por infracciones del presente código son:
1. Amonestación.
2. Multa.
3. Retención
preventiva de la licencia de conducción.
4. Suspensión de
la licencia de conducción.
5. Suspensión o cancelación del permiso o registro.
6.
Inmovilización del vehículo.
7. Retención
preventiva del vehículo.
8. Cancelación
definitiva de la licencia de conducción.
Las sanciones
señaladas en este artículo se impondrán como principales o accesorias al
responsable de la infracción, independientemente de las sanciones ambientales a
que haya lugar por violación de cualquiera de las regulaciones, prohibiciones y
restricciones sobre emisiones contaminantes y generación de ruido por fuentes
móviles.
Parágrafo 1°. Ante la
Comisión de Infracciones Ambientales se impondrán, por las autoridades de
tránsito respectivas, las siguientes sanciones:
1. Multa
equivalente a treinta (30) salarios mínimos legales diarios.
2. Suspensión de
la licencia de conducción hasta por seis (6) meses, por la segunda vez, además
de una multa igual a la prevista en el numeral 1, si el conductor fuere el
propietario del vehículo.
3. Revocatoria o
caducidad de la licencia de conducción por la tercera vez, además de una multa
igual a la prevista en el numeral 1, si el conductor fuere propietario del
vehículo.
4.
Inmovilización del vehículo, la cual procederá sin perjuicio de la imposición
de las otras sanciones.
En los casos de
infracción a las prohibiciones sobre dispositivos o accesorios generadores del
ruido, sobre sirenas y alarmas, lo mismo que sobre el uso del silenciador se
procederá a la inmediata inmovilización del vehículo, sin perjuicio de las
demás sanciones que correspondan.
Cuando quiera
que se infrinjan las prohibiciones, restricciones o regulaciones sobre
emisiones contaminantes por vehículos automotores, se seguirá el siguiente
procedimiento:
El agente de
vigilancia del tráfico que detecte o advierta una infracción a las normas de
emisión de contaminantes o de generación de ruido por vehículos automotores,
entregará al presunto infractor una boleta de citación para que el vehículo sea
presentado en un centro de diagnóstico para una inspección técnica en un
término que no podrá exceder de quince (15) días. En la citación se indicará la
modalidad de la presunta infracción que la ocasiona. Esto sin perjuicio de la
vigencia del certificado de la obligatoria revisión técnico-mecánica y de
gases.
Realizada la
inspección técnica y determinada así la naturaleza de la infracción, el centro
de diagnóstico donde aquella se hubiere practicado, entregará al presunto
infractor copia del resultado del examen practicado al vehículo y remitirá el
original a la autoridad de tránsito competente, para que, previa audiencia del
interesado, se imponga la sanción que en cada caso proceda.
En caso de que
el infractor citado no presentare el vehículo para la práctica de la visita de
inspección en la fecha y hora señaladas, salvo causal comprobada de fuerza
mayor o caso fortuito, las multas a que hubiere lugar se aumentarán hasta en el
doble y el vehículo podrá ser inmovilizado por la autoridad de tránsito
respectiva, hasta tanto el infractor garantice mediante caución la reparación
del vehículo.
Practicada la
inspección técnica, el infractor dispondrá de un término de quince (15) días
para reparar el vehículo y corregir la falla que haya sido detectada en el
centro de diagnóstico y deberá presentarlo, antes del vencimiento de este nuevo
término, para la práctica de una nueva inspección con el fin de determinar que
los defectos del vehículo, causantes de la infracción a las normas ambientales,
han sido corregidos. Vencido el plazo y practicada la nueva revisión, si el
vehículo no cumple las normas o es sorprendido en circulación en la vía
pública, será inmovilizado.
Cuando la
autoridad de tránsito detecte una ostensible y grave violación de las normas
ambientales podrá ordenar al infractor la inmediata revisión técnica del
vehículo en un centro de diagnóstico autorizado para la práctica de la
inspección técnica.
Si practicada la
inspección técnica se establece que el vehículo cumple las normas ambientales,
no habrá lugar a la aplicación de multas.
Quedan exentos
de inspección técnica los vehículos impulsados con motor de gasolina, durante
los tres (3) primeros meses de vigencia del certificado de movilización, a
menos que incurran en flagrante y ostensible violación de las normas
ambientales.
No habrá lugar a
inspección técnica en casos de infracción a las normas ambientales por emisión
de polvo, partículas, o humos provenientes de la carga descubierta de vehículos
automotores.
En tal caso, el
agente de tránsito ordenará la detención del vehículo y entregará al infractor
un comparendo o boleta de citación para que comparezca ante la autoridad de
tránsito competente, a una audiencia en la que se decidirá sobre la imposición
de la sanción que proceda.
Los agentes de
tránsito podrán inmovilizar hasta por veinticuatro (24) horas, debiendo
informar de ello a la autoridad de tránsito competente, los vehículos que
ocasionen emisiones fugitivas provenientes de la carga descubierta, hasta tanto
se tomen por el infractor las medidas apropiadas para impedir dichas emisiones,
sin perjuicio de la aplicación de las demás sanciones que correspondan.
Parágrafo 2°. Para efectos
del presente código, y salvo disposición contraria, la multa debe entenderse
establecida en salarios mínimos diarios legales vigentes.
Artículo 21. El
artículo 131 de la Ley 769 de 2002, quedará así:
Artículo 131. Multas.
Los
infractores de las normas de tránsito serán sancionados con la imposición de
multas, de acuerdo con el tipo de infracción así:
A. Será
sancionado con multa equivalente a cuatro (4) salarios mínimos legales diarios
vigentes el conductor de un vehículo no automotor o de tracción animal que
incurra en cualquiera de las siguientes infracciones:
A.1 No transitar
por la derecha de la vía.
A.2 Agarrarse de
otro vehículo en circulación.
A.3 Transportar
personas o cosas que disminuyan su visibilidad e incomoden la conducción.
A.4 Transitar
por andenes y demás lugares destinados al tránsito de peatones.
A.5 No respetar
las señales de tránsito.
A.6 Transitar
sin los dispositivos luminosos requeridos.
A.7 Transitar sin dispositivos que permitan la para da inmediata o con
ellos, pero en estado defectuoso.
A.8 Transitar
por zonas prohibidas.
A.9 Adelantar
entre dos (2) vehículos automotores que estén en sus respectivos carriles.
A.10 Conducir
por la vía férrea o por zonas de protección y seguridad.
A.11 Transitar
por zonas restringidas o por vías de alta velocidad como autopistas y arterias,
en este caso el vehículo no automotor será inmovilizado.
A.12 Prestar
servicio público con este tipo de vehículos. Además, el vehículo será
inmovilizado por primera vez, por el término de cinco días, por segunda vez
veinte días y por tercera vez cuarenta días.
B. Será
sancionado con multa equivalente a ocho (8) salarios mínimos legales diarios
vigentes el conductor y/o propietario de un vehículo automotor que incurra en
cualquiera de las siguientes infracciones:
B.1 Conducir un
vehículo sin llevar consigo la licencia de conducción.
B.2 Conducir un
vehículo con la licencia de conducción vencida.
B.3 Sin placas,
o sin el permiso vigente expedido por autoridad de tránsito.
B.4 Con placas
adulteradas.
B.5 Con una sola
placa, o sin el permiso vigente expedido por autoridad de tránsito.
B.6 Con placas
falsas.
En estos casos los vehículos serán inmovilizados.
B.7 No informar
a la autoridad de tránsito competente el cambio de motor o color de un
vehículo.
En ambos casos,
el vehículo será inmovilizado.
B.8 No pagar el
peaje en los sitios establecidos.
B.9 Utilizar
equipos de sonido a volúmenes que incomoden a los pasajeros de un vehículo de
servicio público.
B.10 Conducir un
vehículo con vidrios polarizados, entintados u oscurecidos, sin portar el
permiso respectivo, de acuerdo a la reglamentación existente sobre la materia.
B.11 Conducir un
vehículo con propaganda, publicidad o adhesivos en sus vidrios que obstaculicen
la visibilidad.
B.12 No respetar
las normas establecidas por la autoridad competente para el tránsito de
cortejos fúnebres.
B.13 No respetar
las formaciones de tropas, la marcha de desfiles, procesiones, entierros, filas
estudiantiles y las manifestaciones públicas y actividades deportivas,
debidamente autorizadas por las autoridades de tránsito.
B.14 Remolcar
otro vehículo violando lo dispuesto por este código.
B.15 Conducir un
vehículo de servicio público que no lleve el aviso de tarifas oficiales en
condiciones de fácil lectura para los pasajeros o poseer este aviso deteriorado
o adulterado.
B.16 Permitir
que en un vehículo de servicio público para transporte de pasajeros se lleven
animales u objetos que incomoden a los pasajeros.
B.17 Abandonar
un vehículo de servicio público con pasajeros.
B.18 Conducir un
vehículo de transporte público individual de pasajeros sin cumplir con lo
estipulado en el presente código.
B.19 Realizar el
cargue o descargue de un vehículo en sitios y horas prohibidas por las
autoridades competentes, de acuerdo con lo establecido en las normas
correspondientes.
B.20 Transportar carne, pescado o
alimentos fácilmente corruptibles, en vehículos que no cumplan las condiciones
fijadas por el Ministerio de Transporte.
B.21 Lavar
vehículos en vía pública, en ríos, en canales y en quebradas.
B.22 Llevar
niños menores de diez (10) años en el asiento delantero.
B.23 Utilizar
radios, equipos de sonido o de amplificación a volúmenes que superen los
decibeles máximos establecidos por las autoridades ambientales. De igual forma
utilizar pantallas, proyectores de imagen o similares en la parte delantera de
los vehículos, mientras esté en movimiento.
C. Será
sancionado con multa equivalente a quince (15) salarios mínimos legales diarios
vigentes el conductor y/o propietario de un vehículo automotor que incurra en
cualquiera de las siguientes infracciones:
C.1 Presentar
licencia de conducción adulterada o ajena, lo cual dará lugar a la
inmovilización del vehículo.
C.2 Estacionar
un vehículo en sitios prohibidos.
C.3 Bloquear una
calzada o intersección con un vehículo, salvo cuando el bloqueo obedezca a la
ocurrencia de un accidente de tránsito.
C.4 Estacionar un vehículo sin tomar las debidas precauciones o sin
colocar a la distancia señalada por este código, las señales de peligro
reglamentarias.
C.5 No reducir
la velocidad según lo indicado por este código, cuando transite por un cruce
escolar en los horarios y días de funcionamiento de la institución educativa.
Así mismo, cuando transite por cruces de hospitales o terminales de pasajeros.
C.6 No utilizar
el cinturón de seguridad por parte de los ocupantes del vehículo.
C.7 Dejar de
señalizar con las luces direccionales o mediante señales de mano y con la
debida anticipación, la maniobra de giro o de cambio de carril.
C.8 Transitar
sin los dispositivos luminosos requeridos o sin los elementos determinados en
este código.
C.9 No respetar las señales de detención en el cruce de una línea
férrea, o conducir por la vía férrea o por las zonas de protección y seguridad
de ella.
C.10 Conducir un
vehículo con una o varias puertas abiertas.
C.11 No portar
el equipo de prevención y seguridad establecido en este código o en la
reglamentación correspondiente.
C.12 Proveer de
combustible un vehículo automotor con el motor encendido.
C.13 Conducir un
vehículo automotor sin las adaptaciones pertinentes, cuando el conductor padece
de limitación física.
C.14 Transitar
por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente.
Además, el vehículo será inmovilizado.
C.15 Conducir un
vehículo, particular o de servicio público, excediendo la capacidad autorizada
en la licencia de tránsito o tarjeta de operación.
C.16 Conducir un
vehículo escolar sin el permiso respectivo o los distintivos reglamentarios,
además el vehículo será inmovilizado.
C.17 Circular
con combinaciones de vehículos de dos (2) o más unidades remolcadas, sin
autorización especial de autoridad competente.
C.18 Conducir un
vehículo autorizado para prestar servicio público con el taxímetro dañado, con
los sellos rotos o etiquetas adhesivas con calibración vencida o adulteradas o
cuando se carezca de él, o cuando aún teniéndolo, no cumpla con las normas
mínimas de calidad y seguridad exigidas por la autoridad competente o este no
esté en funcionamiento, además el vehículo será inmovilizado.
C.19 Dejar o
recoger pasajeros en sitios distintos de los demarcados por las autoridades.
C.20 Conducir un
vehículo de carga en que se transporten materiales de construcción o a granel
sin las medidas de protección, higiene y seguridad ordenadas. Además el
vehículo será inmovilizado.
C.21 No asegurar
la carga para evitar que se caigan en la vía las cosas transportadas. Además,
se inmovilizará el vehículo hasta tanto se remedie la situación.
C.22 Transportar
carga de dimensiones superiores a las autorizadas sin cumplir con los
requisitos exigidos. Además, el vehículo será inmovilizado hasta que se remedie
dicha situación.
C.23 Impartir en
vías públicas al público enseñanza práctica para conducir, sin estar autorizado
para ello.
C.24 Conducir
motocicleta sin observar las normas establecidas en el presente código.
C.25 Transitar,
cuando hubiere más de un carril, por el carril izquierdo de la vía a velocidad
que entorpezca el tránsito de los demás vehículos.
C.26 Transitar
en vehículos de 3.5 o más toneladas por el carril izquierdo de la vía cuando
hubiere más de un carril.
C.27 Conducir un
vehículo cuya carga o pasajeros obstruyan la visibilidad del conductor hacia el
frente, atrás o costados, o impidan el control sobre el sistema de dirección,
frenos o seguridad. Además el vehículo será inmovilizado.
C.28 Hacer uso
de dispositivos propios de vehículos de emergencia, por parte de conductores de
otro tipo de vehículos.
C. 29 Conducir
un vehículo a velocidad superior a la máxima permitida.
C.30 No atender
una señal de ceda el paso.
C.31 No acatar
las señales o requerimientos impartidos por los agentes de tránsito.
C.32. No
respetar el paso de peatones que cruzan una vía en sitio permitido para ellos o
no darles la prelación en las franjas para ello establecidas.
C.33 Poner un
vehículo en marcha sin las precauciones para evitar choques.
C.34 Reparar un
vehículo en las vías públicas, parque o acera, o hacerlo en caso de emergencia,
sin atender el procedimiento señalado en este código.
C.35 No realizar
la revisión técnico-mecánica en el plazo legal establecido o cuando el vehículo
no se encuentre en adecuadas condiciones técnico-mecánicas o de emisiones
contaminantes, aún cuando porte los certificados correspondientes, además el
vehículo será inmovilizado.
C.36 Transportar
carga en contenedores sin los dispositivos especiales de sujeción. El vehículo
será inmovilizado.
C.37 Transportar
pasajeros en el platón de una camioneta picó o en la plataforma de un vehículo
de carga, trátese de furgón o plataforma de estacas.
C.38 Usar
sistemas móviles de comunicación o teléfonos instalados en los vehículos al
momento de conducir, exceptuando si estos son utilizados con accesorios o
equipos auxiliares que permitan tener las manos libres.
C. 39. Vulnerar
las reglas de estacionamiento contenidas en el artículo 77 de este código.
D. Será
sancionado con multa equivalente a treinta (30) salarios mínimos legales
diarios vigentes el conductor y/o propietario de un vehículo automotor que
incurra en cualquiera de las siguientes infracciones:
D.1 Guiar un
vehículo sin haber obtenido la licencia de conducción correspondiente. Además,
el vehículo será inmovilizado en el lugar de los hechos, hasta que este sea
retirado por una persona autorizada por el infractor con licencia de
conducción.
D.2 Conducir sin
portar los seguros ordenados por la ley. Además, el vehículo será inmovilizado.
D.3 Transitar en
sentido contrario al estipulado para la vía, calzada o carril. En el caso de
motocicletas se procederá a su inmovilización hasta tanto no se pague el valor
de la multa o la autoridad competente decida sobre su imposición en los
términos de los artículos 135 y 136 del Código Nacional de Tránsito.
D.4 No detenerse ante una luz roja o amarilla de semáforo, una señal de
¿PARE¿ o un semáforo intermitente en rojo. En el caso de motocicletas se
procederá a su inmovilización hasta tanto no se pague el valor de la multa o la
autoridad competente decida sobre su imposición en los términos de los
artículos 135 y 136 del Código Nacional de Tránsito.
D.5 Conducir un
vehículo sobre aceras, plazas, vías peatonales, separadores, bermas,
demarcaciones de canalización, zonas verdes o vías especiales para vehículos no
motorizados. En el caso de motocicletas se procederá a su inmovilización hasta
tanto no se pague el valor de la multa o la autoridad competente decida sobre
su imposición en los términos de los artículos 135 y 136 del Código Nacional de
Tránsito.
D.6 Adelantar a
otro vehículo en berma, túnel, puente, curva, pasos a nivel y cruces no
regulados o al aproximarse a la cima de una cuesta o donde la señal de tránsito
correspondiente lo indique. En el caso de motocicletas se procederá a su
inmovilización hasta tanto no se pague el valor de la multa o la autoridad
competente decida sobre su imposición en los términos de los artículos 135 y
136 del Código Nacional de Tránsito.
D.7 Conducir realizando maniobras altamente peligrosas e irresponsables
que pongan en peligro a las personas o las cosas. En el caso de motocicletas se
procederá a su inmovilización hasta tanto no se pague el valor de la multa o la
autoridad competente decida sobre su imposición en los términos de los
artículos 135 y 136 del Código Nacional de Tránsito.
D.8 Conducir un
vehículo sin luces o sin los dispositivos luminosos de posición, direccionales
o de freno, o con alguna de ellas dañada, en las horas o circunstancias en que
lo exige este código. Además, el vehículo será inmovilizado, cuando no le
funcionen dos (2) o más de estas luces.
D.9 No permitir
el paso de los vehículos de emergencia.
D.10 Conducir un
vehículo para transporte escolar con exceso de velocidad.
D.11 Permitir el
servicio público de pasajeros que no tenga las salidas de emergencia exigidas.
En este caso, la multa se impondrá solidariamente a la empresa a la cual esté
afiliado y al propietario. Si se tratare de vehículo particular, se impondrá la
sanción solidariamente al propietario.
D.12 Conducir un
vehículo que, sin la debida autorización, se destine a un servicio diferente de
aquel para el cual tiene licencia de tránsito. Además, el vehículo será
inmovilizado por primera vez, por el término de cinco días, por segunda vez
veinte días y por tercera vez cuarenta días.
D.13 En caso de
transportar carga con peso superior al autorizado el vehículo será inmovilizado
y el exceso deberá ser transbordado.
D.14 Las
autoridades de tránsito ordenarán la inmovilización inmediata de los vehículos
que usen para su movilización combustibles no regulados como gas propano u
otros que pongan en peligro la vida de los usuarios o de los peatones.
D.15 Cambio del
recorrido o trazado de la ruta para vehículo de servicio de transporte público
de pasajeros, autorizado por el organismo de tránsito correspondiente. En este
caso, la multa se impondrá solidariamente a la empresa a la cual esté afiliado
el vehículo y al propietario. Además el vehículo será inmovilizado, salvo casos
de fuerza mayor que sean debidamente autorizados por el agente de tránsito.
E. Será
sancionado con multa equivalente a cuarenta y cinco (45) salarios mínimos
legales diarios vigentes el conductor y/o propietario de un vehículo automotor
que incurra en cualquiera de las siguientes infracciones:
E.1. Proveer
combustible a vehículos de servicio público con pasajeros a bordo.
E.2 Negarse a
prestar el servicio público sin causa justificada, siempre que dicha negativa
cause alteración del orden público.
E.3. Conducir en
estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias alucinógenas, se atenderá
a lo establecido en el artículo 152 de este código. Si se trata de conductores
de vehículos de servicio público, de transporte escolar o de instructor de
conducción, la multa pecuniaria y el período de suspensión de la licencia se
duplicarán. En todos los casos de embriaguez el vehículo será inmovilizado y el
estado de embriaguez o alcoholemia se establecerá mediante una prueba que no
cause lesión, la cual será determinada por el Instituto de Medicina Legal y
Ciencias Forenses.
E.4.
Transportar en el mismo vehículo y al mismo tiempo personas y sustancias
peligrosas como explosivos, tóxicos, radiactivos, combustibles no autorizados,
etc. En estos casos se suspenderá la licencia por un (1) año y por dos (2) años
cada vez que reincida. El vehículo será inmovilizado por un (1) año cada vez.
Artículo 22. El
artículo 135 de la Ley 769 de 2002, quedará así:
Artículo 135. Procedimiento. Ante la
comisión de una contravención, la autoridad de tránsito debe seguir el
procedimiento siguiente para imponer el comparendo:
Ordenará detener
la marcha del vehículo y le extenderá al conductor la orden de comparendo en la
que ordenará al infractor presentarse ante la autoridad de tránsito competente
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. Al conductor se le entregará
copia de la orden de comparendo.
Para el servicio
además se enviará por correo dentro de los tres (3) días hábiles siguientes
copia del comparendo al propietario del vehículo, a la empresa a la cual se
encuentra vinculado y a la Superintendencia de Puertos y Transporte para lo de
su competencia.
La orden de
comparendo deberá estar firmada por el conductor, siempre y cuando ello sea
posible. Si el conductor se negara a firmar o a presentar la licencia, firmará
por él un testigo, el cual deberá identificarse plenamente con el número de su
cédula de ciudadanía o pasaporte, dirección de domicilio y teléfono si lo
tuviere.
No
obstante lo anterior, las autoridades competentes podrán contratar el servicio
de medios técnicos y tecnológicos que permitan evidenciar la comisión de
infracciones o contravenciones, el vehículo, la fecha, el lugar y la hora. En
tal caso se enviará por correo dentro de los tres (3) días hábiles siguientes
la infracción y sus soportes al propietario quien estará obligado al pago de la
multa. Para el servicio público además se enviará por correo dentro de este
mismo término copia del comparendo y sus soportes a la empresa a la cual se encuentre
vinculado y a la Superintendencia de Puertos y Transporte para lo de su
competencia.
El Ministerio de
Transporte determinará las características técnicas del formulario de
comparendo único nacional, así como su sistema de reparto. En este se indicará
al conductor que tendrá derecho a nombrar un apoderado si así lo desea y que en
la audiencia, para la que se le cite, se decretarán o practicarán las pruebas
que solicite. El comparendo deberá además proveer el espacio para consignar la
dirección del inculpado o del testigo que lo haya suscrito por este.
Parágrafo 1º. La autoridad de tránsito entregará al funcionario
competente o a la entidad que aquella encargue para su recaudo, dentro de las
doce (12) horas siguientes, la copia de la orden de comparendo, so pena de
incurrir en causal de mala conducta.
Cuando se trate
de agentes de policía de carreteras, la entrega de esta copia se hará por
conducto del comandante de la ruta o del comandante director del servicio.
Parágrafo 2º. Los organismos
de tránsito podrán suscribir contratos o convenios con entes públicos o
privados con el fin de dar aplicación a los principios de celeridad y
eficiencia en el cobro de las multas.
Artículo 23. El
Capítulo IV del Título IV Sanciones y Procedimientos de la Ley 769 de 2002,
quedará así:
CAPITULO IV
Actuación en
caso de imposición  de comparendo
Artículo 24. El
artículo 136 de la Ley 769 de 2002, quedará así.
Artículo 136. Reducción
de la multa. Una
vez surtida la orden de comparendo, si el inculpado acepta la comisión de la
infracción, podrá sin necesidad de otra actuación administrativa, cancelar el
cincuenta por ciento (50%) del valor de la multa dentro de los cinco días
siguientes a la orden de comparendo, o podrá cancelar el setenta y cinco por
ciento (75%) del valor de la multa, si paga dentro de los veinte días
siguientes a la orden de comparendo. En cualquiera de estos dos eventos, deberá
asistir obligatoriamente a un curso sobre normas de tránsito en el Centro
Integral de Atención, donde cancelará un veinticinco por ciento (25%) del
valor de la multa, y el veinticinco (25%) o el cincuenta (50%) restante, según
el caso, lo pagará al organismo de tránsito. Si aceptada la infracción, esta no
se paga en las oportunidades antes indicadas, el contraventor deberá cancelar
el (100%) del valor de la multa más sus correspondientes intereses moratorios.
Si el inculpado
rechaza la comisión de la infracción, deberá comparecer ante el funcionario en
audiencia pública para que este decrete las pruebas conducentes que le sean
solicitadas y las de oficio que considere útiles. En la misma audiencia, si
fuere posible, se practicarán las pruebas y se sancionará o absolverá al
inculpado. Si fuere declarado contraventor, se le impondrá el ciento por ciento
(100%) del valor de la multa prevista en este código.
Si el inculpado
no compareciere sin justa causa comprobada dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes, la autoridad de tránsito después de 30 días de ocurrida la presunta
infracción seguirá el proceso, entendiéndose que queda vinculado al mismo,
fallándose en audiencia pública y notificándose en estrados.
Los organismos
de tránsito de manera gratuita podrán celebrar acuerdos para el recaudo de las
multas y podrán establecer convenios con los bancos para este fin. El pago de
la multa y la comparecencia podrán efectuarse en cualquier lugar del país.
Parágrafo 1°. En
los lugares donde existan inspecciones ambulantes de tránsito, los funcionarios
competentes podrán imponer al infractor la sanción correspondiente en el sitio
y hora donde se haya cometido la contravención respetando el derecho de
defensa.
Parágrafo 2°. A partir de la
entrada en vigencia de la presente ley y por un periodo de doce (12) meses,
todos los conductores que tengan pendiente el pago de infracciones de tránsito,
podrán acogerse al descuento del cincuenta por ciento (50%) del valor de la
multa y de los intereses.
Artículo 25. El
artículo 152 de la Ley 769 de 2002, quedará así.
Artículo 152. Grado
de alcoholemia. En un término no superior a 30 días
contados a partir de la expedición de la presente ley, el Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses mediante resolución establecerá los límites
de los diferentes grados de estado de embriaguez.
Si hecha la
prueba de alcoholemia se establece:
Segundo grado de embriaguez, adicionalmente a la sanción multa, se
decretará la suspensión de la licencia de conducción entre dos (2) y tres (3)
años, y la obligación de realizar curso de sensibilización, conocimientos y
consecuencias de la alcoholemia y drogadicción en centros de rehabilitación
debidamente autorizados, por un mínimo de cuarenta (40) horas.
Tercer grado de embriaguez, a más de la sanción de multa, se decretará
la suspensión entre tres (3) y diez (10) años de la licencia de conducción, y
la obligación de realizar curso de sensibilización, conocimientos y
consecuencias de la alcoholemia y drogadicción en centros de rehabilitación
debidamente autorizados, por un mínimo de ochenta (80) horas.
Será criterio
para fijar esta sanción, la reincidencia, haber causado daño a personas o cosas
a causa de la embriaguez o haber intentado darse a la fuga.
Parágrafo 1°. La reincidencia
en un tercer grado de embriaguez, será causal para determinar la cancelación
definitiva de la licencia de conducción.
Parágrafo 2°. La
certificación de la sensibilización será indispensable para la entrega de la
licencia de conducción suspendida.
Artículo 26. El
artículo 159 de la Ley 769 de 2002, quedará así.
Artículo 159. Cumplimiento. La ejecución de
las sanciones que se impongan por violación de las normas de tránsito, estará a
cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el
hecho, quienes estarán investidas de jurisdicción coactiva para el cobro,
cuando ello fuere necesario y prescribirán en tres años contados a partir de la
ocurrencia del hecho y se interrumpirá con la presentación de la demanda.
Las autoridades
de tránsito deberán establecer públicamente a más tardar en el mes de enero de
cada año, planes y programas destinados al cobro de dichas sanciones y dentro
de este mismo periodo rendirán cuentas públicas sobre la ejecución de los
mismos.
Parágrafo 1°. Las autoridades
de tránsito podrán contratar el cobro de las multas que se impongan por la
comisión de infracciones de tránsito.
Parágrafo 2º. Las multas
serán de propiedad exclusiva de los organismos de tránsito donde se cometió la
infracción de acuerdo con su jurisdicción. El monto de aquellas multas que sean
impuestas sobre las vías nacionales, por parte del personal de la Policía
Nacional de Colombia, adscrito a la Dirección de Tránsito y Transporte, se
distribuirá el 50% para el municipio donde se entregue el correspondiente
comparendo y el otro 50% para la Dirección de Tránsito y Transporte de la
Policía Nacional, con destino a la capacitación de su personal adscrito, planes
de educación y seguridad vial que adelante esta especialidad a lo largo de la
red vial nacional, locaciones que suplan las necesidades del servicio y la
construcción de la Escuela de Seguridad Vial de la Policía Nacional.
Artículo 27. La
Ley 769 de 2002, tendrá el siguiente artículo transitorio:
Artículo
transitorio. Facúltese
a los Gobernadores y Alcaldes municipales y distritales, hasta el 31 de
diciembre de 2009, para decretar amnistías a los infractores de tránsito y para
adoptar medidas para el saneamiento de cartera de infracciones que no haya sido
objeto de notificación del mandamiento de pago por vía ejecutiva y no supere
los cinco (5) años de ocurridos los hechos que dieron lugar a la actuación.
Artículo 28. La
presente ley rige a partir de su promulgación y deroga todas las disposiciones
que le sean contrarias”.
5.3.
Examen
acerca del cumplimiento del fallo de la Corte.
5.3.1.  La supresión en
el texto del proyecto de ley de toda referencia al sistema sancionatorio por
puntos.
Como se ha
explicado, la Corte en sentencia C- 321 de 2009 se limitó a considerar que, en
un mismo texto normativo no podían coexistir dos sistemas administrativos
sancionatorios fundados en un mismo método, como lo es aquel de la imposición
de puntos a la licencia de conducción.
El Congreso de la
República decidió, en consecuencia, rehacer e integrar el proyecto de ley
suprimiendo toda referencia al mencionado sistema. De igual manera, hubiera
sido igualmente válido haber dejado un solo sistema sancionatorio. Ambas
decisiones se ajustan a la ratio decidendi de la sentencia C- 321 de
2009, por cuanto, se insiste, el problema estribaba en la coexistencia de dos artículos
en el proyecto de ley que regulaban un mismo tema (sistema de sanciones a los
conductores por puntos), pero de diferente manera (uno más gravoso que el
otro).
En este orden de
ideas, la Corte declarará cumplida la exigencia del artículo 167 de la
Constitución Política, en cuanto a los artículos 17 y 21 del proyecto de Ley No.
012 de 2006 Cámara, 087 de 2007 Senado, “Por la cual se reforma la Ley 769 de
2002 (Código Nacional de Tránsito) y se dictan otras disposiciones”. En
consecuencia, los declarará EXEQUIBLES.
5.3.2.  Las correcciones
sintácticas en los artículos 19 y 25.
Para mayor
claridad, la Corte transcribirá, a doble columna, los artículos originales del
proyecto de ley y su nueva versión, luego de las correcciones elaboradas por el
Congreso.
Texto original
Texto ajustado
por el Congreso
Artículo 19. El artículo 102 de la Ley 769
de 2002, quedará así:
Artículo 102. Manejo de
escombros.
Cada municipio
determinará el lugar o lugares autorizados para la disposición final de los
escombros que se produzcan en su jurisdicción, el manejo de estos materiales
se hará debidamente aislado impidiendo que se disemine por las vías y de
acuerdo con la normatividad ambiental vigente, bajo la responsabilidad del
portador del permiso que haya otorgado la autoridad de tránsito quien será
responsable del control de vigilancia del cumplimiento de la norma, sin
perjuicio que se le determine la responsabilidad sobre daños en bienes de uso
público, el incumplimiento de esta norma, se sancionará con multa de treinta
(30) s.m.l.d.v.
Parágrafo. Será sancionado con una multa
de (30) s.m.l.d.v., quien transportando agregados minerales como: Arena,
triturado o concretos, no aísle perfectamente la carga y permita que ella se
esparza por las vías públicas, poniendo en riesgo la seguridad de otros
vehículos.
Artículo 25. El artículo 152 de la Ley 769 de 2002, quedará así.
Artículo 152. Grado
de alcoholemia. En un término no superior a 30 días
contados a partir de la expedición de la presente ley, el Instituto Nacional
de Medicina Legal y Ciencias Forenses mediante resolución establecerá los
límites de los diferentes grados de estado de embriaguez.
Si hecha la
prueba de alcoholemia se establece:
Segundo grado
de embriaguez, adicionalmente a la sanción multa, se decretará la suspensión
de la licencia de conducción entre dos (2) y tres (3) años, y la obligación
de realizar curso de sensibilización, conocimientos y consecuencias de la
alcoholemia y drogadicción en centros de rehabilitación debidamente
autorizados, por un mínimo de cuarenta (40) horas.
Tercer grado y
se decretará, a más de la sanción de multa, se decretará la suspensión entre
tres (3) y diez (10) años de la licencia de conducción, y la obligación de
realizar curso de sensibilización, conocimientos y consecuencias de la
alcoholemia y drogadicción en centros de rehabilitación debidamente
autorizados, por un mínimo de ochenta (80) horas.
Será criterio
para fijar esta sanción, la reincidencia, haber causado daño a personas o
cosas a causa de la embriaguez o haber intentado darse a la fuga.
Parágrafo 1°. La
reincidencia en un tercer grado de embriaguez, será causal para determinar la
cancelación definitiva de la licencia de conducción.
Parágrafo 2°. La
certificación de la sensibilización será indispensable para la entrega de la
licencia de conducción suspendida.
Artículo
19. El artículo 102 de la Ley 769 de 2002, quedará así:
Artículo
102. Manejo de escombros. Cada municipio determinará el
lugar o lugares autorizados para la disposición final de los escombros que se
produzcan en su jurisdicción, el manejo de estos materiales se hará
debidamente aislado impidiendo que se disemine por las vías y de acuerdo con
la normatividad ambiental vigente, bajo la responsabilidad del portador del
permiso que haya otorgado la autoridad de tránsito quien será responsable del
control de vigilancia del cumplimiento de la norma, sin perjuicio que se le
determine la responsabilidad sobre daños en bienes de uso público. El incumplimiento
de esta norma, se sancionará con multa de treinta (30) smldv.
Parágrafo. Será
sancionado con una multa de (30) smldv, quien transportando agregados
minerales como: Arena, triturado o concretos, no aísle perfectamente la carga
y permita que ella se esparza por las vías públicas, poniendo en riesgo la
seguridad de otros vehículos.
Artículo
25.
El artículo 152 de la Ley 769 de 2002, quedará así.
Artículo 152. Grado
de alcoholemia. En un término no superior a 30 días
contados a partir de la expedición de la presente ley, el Instituto Nacional
de Medicina Legal y Ciencias Forenses mediante resolución establecerá los
límites de los diferentes grados de estado de embriaguez.
Si hecha la
prueba de alcoholemia se establece:
Segundo grado
de embriaguez, adicionalmente a la sanción multa, se decretará la suspensión
de la licencia de conducción entre dos (2) y tres (3) años, y la obligación
de realizar curso de sensibilización, conocimientos y consecuencias de la
alcoholemia y drogadicción en centros de rehabilitación debidamente
autorizados, por un mínimo de cuarenta (40) horas.
Tercer grado
de embriaguez, a más de la sanción de multa, se decretará la
suspensión entre tres (3) y diez (10) años de la licencia de conducción, y la
obligación de realizar curso de sensibilización, conocimientos y
consecuencias de la alcoholemia y drogadicción en centros de rehabilitación
debidamente autorizados, por un mínimo de ochenta (80) horas.
Será criterio
para fijar esta sanción, la reincidencia, haber causado daño a personas o
cosas a causa de la embriaguez o haber intentado darse a la fuga.
Parágrafo 1°. La
reincidencia en un tercer grado de embriaguez será causal para determinar la
cancelación definitiva de la licencia de conducción.
Parágrafo 2°. La
certificación de la sensibilización será indispensable para la entrega de la
licencia de conducción suspendida.
Una vez
confrontados ambos textos, la Corte considera que, si bien la labor de rehacer
e integrar el texto del proyecto no incumbía los artículos 19 y 25 del mismo,
por cuanto no se trataba del tema del sistema de puntos, el Congreso no se
excedió en sus atribuciones por cuanto se limitó realizar unos ajustes de
redacción de las citadas disposiciones, que en nada cambian sus sentidos y
alcances. Todo lo contrario, se contribuyen a mejorar la calidad de la ley.
Así las cosas, la
Corte declarará que, en la reelaboración del proyecto de ley No. 012 de 2006
Cámara, 087 de 2007 Senado, “Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 (Código
Nacional de Tránsito) y se dictan otras disposiciones, en lo concerniente a los
artículos 19 y 25 no se desconoció la Constitución, y por ende, se declaran
EXEQUIBLES.
5.3.3.  La aclaración
del sentido del artículo 24 del proyecto de ley.
Finalmente, los
integrantes de la Comisión Accidental decidieron “aclarar” el texto del
artículo 24 del proyecto de ley, el cual tampoco tiene que ver con el sistema
de sanción por puntos, sino con el tema de la reducción de multas. Para mayor
claridad, se exponen los dos textos de los artículos.
Texto original
Texto
“aclarado” por el Congreso.
Artículo
24. El artículo 136 de la Ley 769 de 2002, quedará así.
Artículo 136. Reducción de la
Multa. Una vez surtida la orden de
comparendo, si el inculpado acepta la comisión de la infracción, podrá sin
necesidad de otra actuación administrativa, cancelar el cincuenta por ciento
(50%) del valor de la multa dentro de los cinco días siguientes a la orden de
comparendo, igualmente, o podrá cancelar el setenta y cinco (75%) del valor
de la multa, si paga dentro de los veinte días siguientes a la orden de
comparendo, en estos casos deberá asistir obligatoriamente a un curso sobre
normas de tránsito en el Centro Integral de Atención, donde se cancelará  un
25 % y el excedente se pagará al organismo de tránsito. Si aceptada la
infracción, esta no se paga en las oportunidades antes indicadas, el
inculpado deberá cancelar el (100%) del valor de la multa más sus
correspondientes intereses moratorios.
Si el
inculpado rechaza la comisión de la infracción, el inculpado deberá
comparecer ante el funcionario en audiencia pública para que este decrete las
pruebas conducentes que le sean solicitadas y las de oficio que considere
útiles.
Si el
contraventor no compareciere sin justa causa comprobada dentro de los cinco
(5) días hábiles siguientes, la autoridad de tránsito después de 30 días de
ocurrida la presunta infracción seguirá el proceso, entendiéndose que queda
vinculado al mismo, fallándose en audiencia pública y notificándose en
estrados.
En la misma audiencia, si fuere
posible, se practicarán las pruebas y se sancionará o absolverá al inculpado.
Si fuere declarado contraventor, se le impondrá el cien por ciento (100%) del
valor de la multa prevista en el código.
Los organismos de tránsito de
manera gratuita podrán celebrar acuerdos  para el recaudo de las multas y
podrán establecer convenios con los bancos para este fin. El pago de la multa
y la comparecencia  podrá efectuarse en cualquier lugar del país.
Parágrafo
1°. En los lugares donde existan inspecciones ambulantes de tránsito,
los funcionarios competentes podrán imponer al infractor la sanción
correspondiente en el sitio y hora donde se haya cometido la contravención
respetando el derecho de defensa.
Parágrafo 2°. A partir de la entrada en
vigencia de la presente ley y por un periodo de doce (12) meses, todos los
conductores que tengan pendiente el pago de infracciones de tránsito podrán
acogerse al descuento previsto en el presente artículo.
Artículo 24. El artículo 136 de la Ley 769
de 2002, quedará así.
Artículo 136. Reducción de la
multa. Una vez
surtida la orden de comparendo, si el inculpado acepta la comisión de la
infracción, podrá sin necesidad de otra actuación administrativa, cancelar el
cincuenta por ciento (50%) del valor de la multa dentro de los cinco días
siguientes a la orden de comparendo, o podrá cancelar el setenta y cinco por
ciento (75%) del valor de la multa, si paga dentro de los veinte días
siguientes a la orden de comparendo. En cualquiera de estos dos eventos,
deberá asistir obligatoriamente a un curso sobre normas de tránsito en el
Centro Integral de Atención, donde cancelará un veinticinco por ciento (25%)
del valor de la multa, y el veinticinco (25%) o el cincuenta (50%)
restante, según el caso, lo pagará al organismo de tránsito. Si
aceptada la infracción, esta no se paga en las oportunidades antes indicadas,
el contraventor deberá cancelar el (100%) del valor de la multa más sus
correspondientes intereses moratorios.
Si el inculpado rechaza la
comisión de la infracción, deberá comparecer ante el funcionario en audiencia
pública para que este decrete las pruebas conducentes que le sean solicitadas
y las de oficio que considere útiles.
En la misma audiencia, si fuere
posible, se practicarán las pruebas y se sancionará o absolverá al inculpado.
Si fuere declarado contraventor, se le impondrá el ciento por ciento (100%)
del valor de la multa prevista en este código.
Si el inculpado no compareciere
sin justa causa comprobada dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes,
la autoridad de tránsito después de 30 días de ocurrida la presunta
infracción seguirá el proceso, entendiéndose que queda vinculado al mismo,
fallándose en audiencia pública y notificándose en estrados.
Los organismos de tránsito de
manera gratuita podrán celebrar acuerdos para el recaudo de las multas y
podrán establecer convenios con los bancos para este fin. El pago de la multa
y la comparecencia podrán efectuarse en cualquier lugar del país.
Parágrafo 1°. En los lugares donde existan
inspecciones ambulantes de tránsito, los funcionarios competentes
podrán imponer al infractor la
sanción correspondiente en el sitio y hora donde se haya cometido la
contravención respetando el derecho de defensa.
Parágrafo 2°. A partir de la entrada en
vigencia de la presente ley y por un periodo de doce (12) meses, todos los
conductores que tengan pendiente el pago de infracciones de tránsito, podrán
acogerse al descuento del cincuenta por ciento (50%) del valor de la multa y
de los intereses.
En cuanto a la
justificación de los señalados cambios, los integrantes de la Comisión
Accidental señalaron, luego de resumir la objeción presidencial planteada
contra el artículo 24 del proyecto de ley, lo siguiente ( Gaceta del Congreso
núm. 741 de 2009, p. 12):
“Fue en atención
a esa objeción presidencial, que el Congreso de la República ajustó el texto,
para aclarar los efectos del descuento por pago dentro de los veinte días
siguientes a la comisión de la infracción. No obstante lo anterior, es de
reconocer que en el texto definitivo del artículo 24, surgió una
ambigüedad no deseada por el legislador, como se deriva de las
consideraciones ya señaladas, por lo cual, en ejercicio de la facultad de
integrar el texto del proyecto, se realizará la aclaración pertinente, así…
Como se puede
apreciar, el Congreso de la República introdujo diversas modificaciones al
sentido y alcance del proyecto de ley, que van mucho más allá de un problema de
sintaxis, extralimitándose en el ejercicio de sus facultades.
En efecto, como
se puede apreciar, so pretexto del reexamen del proyecto de ley objetado, el
Congreso introdujo cambios importantes en la regulación de las multas. Veamos.
En el texto
inicial se dispuso una “reducción de la multa” según la cual, una vez surtida
la orden de comparendo, si el inculpado aceptaba la comisión de la falta,
podía, sin necesidad de otra actuación administrativa, cancelar el 50% del
valor de la multa dentro de los cinco días siguientes. Si pagaba dentro de los
20 días siguientes, la multa debía ser pagada en un 75%. En ambos casos, se
debía asistir obligatoriamente a un curso integral de tránsito, “donde
cancelará un 25 % y el excedente se pagará al organismo de tránsito”.
Agrega la norma que, si aceptada la infracción, esta no es pagada en las
oportunidades antes indicadas, el inculpado deberá pagar el 100% de la
correspondiente multa, más los intereses moratorios.
La norma rehecha
por el Congreso, por el contrario, dispone en materia de reducción de multas de
tránsito que, si el inculpado acepta la comisión de la infracción podrá, sin
necesidad de otra actuación administrativa, cancelar el 50% del valor de la
multa, dentro de los 5 días siguientes, o cancelar un 75% de la misma si paga
dentro de los 20 días siguientes. A reglón seguido, dispone que, en ambos
casos, deberá acudir a  un curso integral de tránsito “donde cancelará un
veinticinco (25%) del valor de la multa, y el veinticinco (25%) o el cincuenta
(50%) restante, según caso, lo pagará al organismo de tránsito”.
Como se puede
apreciar, en ambos casos la forma de operar la reducción de la multa es
diferente. En efecto, mientras que en el primero se alude al pago de un 25%, en
el segundo, se dispone el pago de un “25% del valor de la multa, y el
veinticinco (25%) o el cincuenta (50%) restante, según caso, lo pagará al
organismo de tránsito”. En otras palabras, la forma de liquidar las multas
varió sustancialmente del texto original al rehecho, facultad de la cual
carecía el Congreso de la República, por la sencilla razón, se insiste, que el
fallo de la Corte no ordenaba modificar, de manera alguna, la forma de liquidar
las multas de tránsito ni la reducción de las mismas. En consecuencia, el
Congreso se excedió en el ejercicio de sus facultades constitucionales.
En este orden de
ideas, la Corte declarará que, en la reelaboración del proyecto de ley  No. 012
de 2006 Cámara, 087 de 2007 Senado, “Por la cual se reforma la Ley 769 de
2002 (Código Nacional de Tránsito) y se dictan otras disposiciones”, en
relación con el artículo 24 del mismo, el Congreso se excedió en el ejercicio
de sus funciones. En consecuencia, las modificaciones realizadas a aquél se
entenderán por no hechas.
III. DECISIÓN
En mérito a las
consideraciones expuestas, la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución
RESUELVE:
Primero. Levantar los
términos para fallar.
Segundo. Declarar
cumplida la exigencia del artículo 167 de la Constitución Política, en cuanto a
los artículos 17 y 21 del proyecto de Ley No. 012 de 2006 Cámara, 087 de 2007
Senado, “Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de
Tránsito) y se dictan otras disposiciones”. En consecuencia, los declarará EXEQUIBLES.
Tercero. Declarar que en
la reelaboración del proyecto de ley  No. 012 de 2006 Cámara, 087 de 2007
Senado, “Por la cual
se reforma la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito) y se dictan otras
disposiciones”, en lo concerniente a los artículos 19 y 25 no se desconoció
la Constitución, y por ende, se declaran EXEQUIBLES.
Cuarto. Declarar que
en la reelaboración del proyecto de ley  No. 012 de 2006 Cámara, 087 de
2007 Senado, “Por la
cual se reforma la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito) y se dictan
otras disposiciones”, en relación con el artículo 24 del mismo, el Congreso se
excedió en el ejercicio de sus funciones. En consecuencia, las modificaciones
realizadas al mencionado artículo se entenderán por no realizadas.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional,
cúmplase y archívese el expediente.
NILSON ELIAS
PINILLA PINILLA
Presidente
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
JUAN CARLOS
HENAO PEREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE IVAN PALACIO PALACIO
Magistrado
JORGE IGNACIO
PRETELT CHALJUB
Magistrado
MARIA VICTORIA
CALLE CORREA
Magistrada
HUMBERTO ANTONIO
SIERRA PORTO
Magistrado
LUIS ERNESTO
VARGAS SILVA
Magistrado
Ausente en
comisión.
MARTHA VICTORIA
SACHICA MENDEZ
Secretaria
General
[1] Arts. 86 a 88
de la Constitución de 1886.
[2] Manuel Gaona Cruz, Control
y reforma de la Constitución en Colombia, Bogotá, 1983.
[3] Ver al respecto,
sentencia C- 241 de 1994. En dicha sentencia, la Corte consideró que “El
Constituyente de 1991 radicó en las Cámara plenas, la competencia de
reconsiderar un proyecto de ley que ha sido objetado, bien por razones de
inconveniencia o de inconstitucionalidad, en todo o en parte, resulta a las
claras el quebrantamiento de los preceptos constitucionales relacionados por el
fragmento acusado pues, con  abierto desconocimiento de los mandatos
superiores, restablece el sistema  que imperaba bajo la Constitución anterior,
el cual fue concientemente modificado por el Constituyente de 1991. La Corte
encuentra una ostensible violación a los artículos 165 y 167 de la Carta
Política, como quiera que lo normado en el artículo 197 de la ley 5a. de 1992,
de hecho restaura el sistema de la Carta de 1886 que el Constituyente de 1991
eliminó, con lo cual frustra el propósito que lo condujo a confiarle a las
Plenarias de las Cámaras el segundo debate del proyecto objetado, que no es
otro que el de asegurar la activa y decisiva  participación de la mayoría de
los miembros del cuerpo legislativo en la decisión de las objeciones
presidenciales”.
[4] Auto 168 de
2007.
[5] Sentencia C-
1076 de 2000.
[6] Auto 008ª de
2004.
[7] Ibídem.
[8] Ibídem.
[9] Auto 168 de
2007.
[10] Auto 309 de
2001.
[11] Ibídem.
[12] Ibídem.
[13] Ibidem.
[14]
Sainz Moreno, Técnica legislativa, Madrid, Civitas, 1995.
[15] Bulygin, E., Teoría
y técnica de la legislación, México, 1991.
[16] Atienza, M,
Razón práctica y legislación, México, 1991.
[17] Aguilo J., Técnica
legislativa y documentación autonómica de legislación, Madrid, 1990.