C-852-13
Sentencia C-852/13
Sentencia C-852/13
(27 de noviembre)
FACULTADES DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE SOCIEDADES
DE GESTION COLECTIVA POR PARTE DE DIRECCION NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR-Exequibilidad de los apartes demandados en los
artículo 26, 27, 37 y 38 de la Ley 44 de 1993
En el presente caso, la Corte examinó
la constitucionalidad de los artículos 26, 27, 37 y 38 de la Ley 44 de 1993. En la demanda se señalaba que se
desconocía el artículo 150 numeral 8 y el 333 Superior porque el Legislador
había otorgado al Ejecutivo funciones de control, inspección y vigilancia sobre
las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y conexos, cuando
dichas sociedades no podían ser sujetas a ese control, situación que además
desconocía el derecho a la libertad económica de las mismas. La Corte consideró
que los artículos acusados son exequibles. Se estima que en este caso ha operado el fenómeno de
la cosa juzgada material relativa con relación a la sentencia C-851 de 2013,
por la identidad de los cargos formulados por el demandante y porque las normas acusadas en esta ocasión y aquellas
examinadas en la sentencia C-851 de 2013 tienen contenidos normativos equivalentes,
relativos a la regulación de la facultad de inspección, control y vigilancia de la Dirección
Nacional de Derecho de Autor del Ministerio del Interior sobre las sociedades
de gestión colectiva.
FACULTADES DE INSPECCION, VIGILANCIA Y
CONTROL DE SOCIEDADES DE GESTION COLECTIVA POR PARTE DE DIRECCION NACIONAL DE
DERECHO DE AUTOR-Marco normativo
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Alcance y
efectos
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Fundamento
La cosa juzgada se fundamenta (i) en
la necesidad de preservar la seguridad jurídica que se anuda a la consideración
de Colombia como un Estado Social de Derecho, (ii) en la obligación de proteger
la buena fe al promover la predictibilidad de las decisiones judiciales , (iii)
en el deber de garantizar la autonomía judicial impidiendo que luego de
examinado un asunto por el juez competente y según las reglas vigentes, pueda
reabrirse un debate y (iv) en el deber de asegurar la supremacía de la
Constitución .
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Inexistencia de cosa juzgada en relación con la
sentencia C-124 de 2013
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Configuración de cosa juzgada relativa en relación con
la sentencia C-851 de 2013
Referencia: Expedientes
D-9677
Actor: Jorge
Alonso Garrido Abad
Demanda de inconstitucionalidad contra: de los artículos
26, 27, 37 y 38 de la Ley 44 de 1993 “por la cual se modifica y adiciona la
Ley 23 de 1982 y se modifica la Ley 29 de 1944”.
Magistrado Ponente: MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
I. ANTECEDENTES.
1. Texto normativo demandado (objeto de
revisión).
El ciudadano Jorge Alonso Garrido Abad, en ejercicio de la acción
pública de inconstitucionalidad prevista en los artículos 40-6, 241 y 242 de la
Constitución Política, instauró demanda de inconstitucionalidad, contra apartes
de los artículos 26, 27, 37 y 38 de la Ley 44 de 1993 “por la cual se
modifica y adiciona la Ley 23 de 1982 y se modifica la Ley 29 de 1944”; los textos de los artículos mencionados son los apartes
subrayados son los siguientes:
LEY 44 DE 1993
(febrero 5)
por la cual se modifica y adiciona la Ley 23 de 1982 y
se modifica la Ley 29 de 1944.
El Congreso de Colombia,
DECRETA:
Artículo 26º.-
Las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos
deben ajustarse en el ejercicio y cumplimiento de sus funciones y atribuciones
a las normas de este Capítulo, hallándose sometidas a la inspección y
vigilancia de la Dirección Nacional del Derecho de Autor.
Artículo 27º.-
Con el objeto de garantizar el debido recaudo de las remuneraciones
provenientes de la ejecución pública de las obras musicales y de la comunicación
al público de los fonogramas, las sociedades de gestión colectiva de derechos
de autor y derechos conexos, podrán constituir una entidad recaudadora en la
que tendrán asiento todas las sociedades con idéntico objeto que sean
reconocidas por la Dirección Nacional de Derechos de Autor. El Gobierno
Nacional determinará la forma y condiciones de su constitución, organización,
administración y funcionamiento y ejercerá sobre ella inspección y
vigilancia.
Artículo 37º.- La Dirección Nacional del Derecho de Autor, en ejercicio de la facultad
de inspección y vigilancia otorgada por esta Ley, podrá adelantar
investigaciones a las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y
derechos conexos, examinar sus libros, sellos, documentos y pedir las
informaciones que considere pertinentes con el fin de verificar el cumplimiento
de las normas legales y estatutarias. Efectuada una investigación, la Dirección
Nacional del Derecho de Autor dará traslado a la sociedad de los cargos a que
haya lugar para que se formulen las aclaraciones y descargos del caso y se
aporten las pruebas que le respaldan.
Parágrafo.-
El Gobierno Nacional reglamentará el procedimiento y los términos a que estará
sujeta la investigación.
Artículo 38º.- La Dirección Nacional del Derecho de Autor una vez
comprobada la infracción a las normas legales y estatutarias podrá imponer,
mediante resolución motivada cualquiera de las siguientes sanciones:
a.
Amonestar por escrito a la
sociedad;
b.
Imponer multas hasta cincuenta
(50) salarios mínimos mensuales, teniendo en cuenta la capacidad económica de
la sociedad; Suspender la personería jurídica hasta por un término de seis (6)
meses, y
d.        Cancelar la personería jurídica.
2. Demanda.
El demandante
solicitó se declaren inexequibles las expresiones subrayadas en las disposiciones
anteriormente transcritas por desconocer los artículos 150 numeral 8 y 333 de la
Constitución Política.
2.1. Cago por desconocimiento de los artículos 150 numeral 8 y 333 de la Constitución
Política.
2.1.1. Se estima infringido
el artículo 150 numeral 8 de la Constitución, por considerar que el legislador
se excedió al asignar al Ejecutivo funciones de inspección y vigilancia que no
le corresponden de acuerdo con el artículo 189 superior.
Afirma que la actividad de las sociedades
de gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos, no está sujeta a
la inspección y vigilancia del Estado ya que no se inscribe en ninguna de las
funciones señaladas en los numerales 21, 22, 24, 25 y 26 del artículo 189
constitucional.
2.3.2. De otro lado, se viola el artículo
333 de la Constitución, porque la norma acusada establece una restricción no
consagrada en la Constitución a la libertad económica que ejercen las
sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos. La
limitación consiste en sujetar la actividad de estas sociedades a la inspección
y vigilancia del Estado. En este sentido, se presentan argumentos idénticos  a
los planteados en relación con la vulneración del numeral 8 del artículo 150
superior.
3.
Intervenciones
3.1. Ministerio del Interior
–Oficina Asesora Jurídica - Dirección Nacional de Derecho de Autor – Unidad
Administrativa Especial -[1]:
inhibición en su defecto
exequibilidad.
Las normas acusadas no desconocen el artículo 150
numeral 8 de la Constitución al no establecer colisión alguna entre las
competencias de la Unidad Administrativa Especial – Dirección Nacional de
Derecho de autor, en relación con las funciones del Presidente en materia de
inspección, vigilancia y control. Tampoco se vulnera el artículo 333 Superior
porque la intervención del Ejecutivo sobre las sociedades de gestión colectiva
de derechos de autor y conexos se da en el marco de los requisitos definidos por
la ley y la jurisprudencia en esta materia. Dichas facultades han sido
establecidas por ministerio de la ley, obedecen a principios de solidaridad en
beneficio de los autores y compositores asociados a dichas sociedades, y tienen
como finalidad evitar inequidades y discriminaciones económicas que serían
contrarias a la Constitución lo cual legitima la intervención del Estado.
3.2.
Amanda Vargas Barrera y Luis Eduardo Guerrero: exequibilidad.
Las normas acusadas no desconocen el artículo 150
numeral 8 de la Constitución ya que resulta necesario realizar el control y
vigilancia de las sociedades de gestión de derechos de autor y conexos, las
cuales administran los intereses de los titulares de los derechos de autor y
conexos. Entonces es fundamental supervisar estas sociedades para garantizar la
correcta explotación y el uso patrimonial de los derechos que representan.
Adicionalmente, el Presidente está facultado para ejercer funciones de
inspección, vigilancia y control de dichas sociedades, en calidad de suprema
autoridad administrativa con las limitaciones establecidas por la ley y por las
causales objetivas que sean necesarias. De otro lado, no se desconoce el
artículo 333 Superior ya que si bien la Constitución reconoce la libertad
económica, también determina que esta no es absoluta y debe supeditarse a los
límites del bien común de modo que el legislador está facultado para restringir
o reglamentar estas actividades.
4.
Procuraduría General de la Nación.
Dado que las sociedades de gestión colectiva de
derechos de autor y derechos conexos son particulares que administran los
derechos económicos de los autores y que de este modo recaudan y distribuyen
entre los socios la remuneración proveniente de sus derechos, el funcionamiento
de estas sociedades debe someterse al control del Estado como director de la
economía. Adicionalmente, dichas sociedades cumplen una función administrativa
en desarrollo del principio de descentralización por colaboración, al expedir
certificados de autorización de ejecución y pago del recaudo de derechos de
autor sobre las obras musicales difundidas en establecimientos abiertos al
público, siendo dicho trámite sujeto a la inspección y vigilancia del Estado
sobretodo considerando que el recaudo de los derechos de autor trasciende el
ámbito privado y se convierte en un asunto de interés público. Al margen de lo
anterior, se señala que la protección estatal de los derechos de autor
trasciende los derechos patrimoniales y morales de los mismos, al relacionarse
con la protección de la cultura y el patrimonio cultural como fin
constitucional del Estado, así como con el apoyo y el estímulo de que deben ser
objeto las personas, comunidades e instituciones que desarrollan expresiones
artísticas o culturales.
II.
CONSIDERACIONES
1. Competencia
La
presente demanda de inconstitucionalidad fue formulada por un ciudadano
colombiano, contra disposiciones vigentes contenidas en la Ley 44 de 1993. Por
lo tanto, la Corte Constitucional es competente para pronunciarse sobre las
mismas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 241 numeral 4º de la
Constitución.
2.
Problema jurídico constitucional.
La Corte Constitucional, en guarda de la supremacía de
la Constitución,  resolverá si los
artículos 26, 27, 37 y 38 de la Ley 44 de
1993 “por la cual se modifica y adiciona la Ley 23 de 1982 y se modifica la
Ley 29 de 1944”vulneran los artículos 150 numeral 8 y 333 de la
Constitución por (1) haberse extralimitado el Legislador al asignar al
Ejecutivo, funciones de inspección y vigilancia que no le corresponden de
acuerdo con el artículo 189 superior; y (2) por limitar de modo
desproporcionado la libertad económica que ejercen las sociedades de gestión
colectiva de derechos de autor y derechos conexos.
Sin embargo, antes de abordar estos problemas, la
Corte examinará si se presenta en esta demanda el fenómeno de la cosa juzgada dado
que las mismas normas habían sido declaradas exequibles en la sentencia C-124
de 2013.  Asimismo, los cargos y el contenido de las disposiciones acusadas
coinciden con las de la sentencia C-851 de 2013 presentada por el mismo
ciudadano y recientemente analizada por esta Corporación. En este orden de
ideas, (1) se examinará el marco normativo y específicamente las normas acusadas,
(2) se reiterará la jurisprudencia sobre cosa juzgada, para posteriormente, (3)
determinar si en el presente caso hay lugar al fenómeno de la cosa juzgada.
3. Marco normativo de la demanda.
3.1. La Ley 44 de 1993.
3.1.1. La Ley 44 de 1993 “por la cual se modifica y
adiciona la Ley 23 de 1982 y se modifica la Ley 29 de 1944”, se divide en cinco
capítulos relativos a disposiciones especiales de los derechos de autor, al
Registro Nacional del Derecho de Autor y las obras que en el mismo se pueden
registrar, las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y derechos
conexos, las sanciones, y otros
derechos.
3.1.2. El capítulo sobre
las sociedades de gestión colectiva define su objeto, el modo de constitución y
sus deberes; regula lo referente al reconocimiento de su personería jurídica
mediante resolución motivada conferida por la Dirección Nacional de Derecho de
Autor; describe las atribuciones de dichas sociedades; su funcionamiento y
organización; menciona las facultades de la Asamblea General, el Consejo
Directivo y el Comité de Vigilancia; se refiere al contenido de los estatutos
de estas sociedades; regula la creación de las entidades recaudadoras que
pueden constituir las sociedades y de los fondos documentales con obras y
fonogramas; determina la sujeción de las sociedades al control, inspección y
vigilancia de la Dirección Nacional de Derecho de Autor.
3.2. De las normas acusadas.
3.2.1. Los artículos 26, 27, 37 y 38 de la Ley 44 de
1993 que en esta ocasión son acusados, asignan y regulan las funciones de
control, inspección y vigilancia a la Dirección Nacional de Derecho de Autor
del Ministerio del Interior.
3.2.2. El artículo 26 es la norma que confiere la
competencia a la Dirección Nacional de Derecho de Autor, estableciendo que las
sociedades de gestión colectiva de derechos de autor deben someterse al
control, inspección y vigilancia de dicha entidad.
El artículo 27 se refiere a la posibilidad de crear
entidades recaudadoras de las sociedades de gestión colectiva y las somete a la
inspección y vigilancia de la Dirección Nacional de Derecho de Autor.
El artículo 37 regula la potestad de la Dirección
Nacional de investigar a las sociedades, en ejercicio de sus funciones de
inspección y vigilancia, estableciendo las distintas acciones que puede
emprender para este fin.
El artículo 38 determina la facultad de la Dirección
Nacional de Derecho de Autor de imponer mediante resolución motivada y previa
comprobación de una infracción, sanciones a las sociedades de gestión
colectiva.
3.2.3. En todos los artículos el actor demanda
específicamente lo relacionado con las funciones de inspección y vigilancia de la
Dirección. En los artículos 26 y 27 se subraya expresamente el aparte que
indica esta facultad en cabeza de la Unidad Administrativa Especial y, en los
artículos 37 y 38, que se demandan casi en su totalidad, se hace referencia
exclusivamente a la facultad de investigación de la Dirección y de las
sanciones que puede imponer, acciones también derivadas de la potestad de
inspección y vigilancia a las que se encuentran sujetan las sociedades.
4. La cosa juzgada constitucional.
4.1. La Constitución establece en el artículo 243 que
los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen
tránsito a cosa juzgada constitucional. De igual manera, la Ley 270 de 1996 y
el Decreto 2067 de 1991 disponen que las decisiones adoptadas por la Corte en ejercicio del control de
constitucionalidad son definitivas, de obligatorio cumplimiento y con efectos erga omnes.
4.2. El efecto de la cosa juzgada se produce frente a
las decisiones de constitucionalidad o inconstitucionalidad simple pero también
con relación a aquellas que adoptan alguna forma de modulación tal y como
ocurre, por ejemplo, con las sentencias de constitucionalidad condicionada, las
sentencias integradoras por adición, las sentencias integradoras por
sustitución o las sentencias de exhortación. Asimismo se extiende a las
decisiones que modulan los efectos temporales de la decisión adoptada, tal y
como ocurre con las sentencias con efectos retroactivos o las sentencias de
inexequibilidad diferida[2].
4.3. La cosa juzgada se fundamenta (i) en la necesidad
de preservar la seguridad jurídica que se anuda a la consideración de Colombia
como un Estado Social de Derecho (art. 1), (ii) en la obligación de proteger la
buena fe al promover la predictibilidad de las decisiones judiciales (art. 83),
(iii) en el deber de garantizar la autonomía judicial impidiendo que luego de
examinado un asunto por el juez competente y según las reglas vigentes, pueda
reabrirse un debate (art. 228) y (iv) en el deber de asegurar la supremacía de la
Constitución (art. 4)[3].
4.4. La cosa juzgada puede producir una restricción
para que las autoridades adopten cierto tipo de normas y también supone una
limitación para las autoridades judiciales las cuales no podrán realizar un
nuevo pronunciamiento sobre un asunto ya discutido y decidido[4]. Dependiendo de la
decisión adoptada se producen diferentes efectos de cosa juzgada[5]:
(1) Cuando la decisión ha consistido en declarar la
inconstitucionalidad de una norma, se activa la prohibición comprendida por el
artículo 243 conforme a la cual ninguna autoridad puede reproducir su contenido
material.
(2) En los casos en los que la determinación de la
Corte ha consistido en declarar la constitucionalidad de la norma el efecto,
decantado ampliamente por la jurisprudencia de este Tribunal, consiste en que
no puede suscitarse un nuevo juicio por las mismas razones, a menos que ya no
se encuentren vigentes o hubieren sido modificadas las disposiciones
constitutivas del parámetro de constitucionalidad[6].
(3) A su vez, en el caso de las sentencias de
constitucionalidad condicionada la cosa juzgada tiene como consecuencia, entre
otras posibles[7],
que la interpretación excluida del ordenamiento jurídico (norma)[8] no puede ser objeto de
reproducción o aplicación en otro acto jurídico.
(4) Adicionalmente en los supuestos en los cuales la
Corte ha adoptado una sentencia aditiva la cosa juzgada implica que no se
encuentra permitido reproducir una disposición que omita el elemento que la
Corte ha juzgado necesario adicionar.
4.5. Para establecer la existencia de cosa juzgada
constitucional es preciso: (i) Determinar si la norma demandada es la misma que
fue objeto de juzgamiento en una oportunidad precedente; esto implica que no
basta constatar que se trata de idéntico enunciado normativo en tanto el objeto
del control constitucional está constituido por normas[9]; (ii) Es necesario
establecer si los cargos planteados en la nueva oportunidad coinciden con
aquellos examinados en la decisión precedente. Este doble examen se conjuga al
comparar los cargos de inconstitucionalidad analizados en la sentencia anterior
con aquellos que se formulan en la nueva demanda[10].
5.
El efecto de la cosa juzgada en el
caso concreto.
5.1. Teniendo en cuenta lo anterior, es
preciso considerar, en primer lugar, si en el presente caso se configura el
fenómeno de la cosa juzgada con respecto a la sentencia C-124 de 2013.
5.1.1. En dicha sentencia se demandaron los artículos 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33 y 34 de la Ley 1493 de 2011.
5.1.2. En la citada providencia se
resolvió “Declarar EXEQUIBLES los artículos 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33 y 34 de la Ley 1493 de 2011, por los cargos analizados”.
5.1.3. Los cargos analizados en aquella
ocasión se relacionaban con la supuesta vulneración del numeral 2° del artículo
157 Superior, en cuanto los proyectos de ley relativos a la propiedad
intelectual deben iniciar su trámite en las Comisiones Primeras Permanentes
Constitucionales, y las normas demandadas se tramitaron en las Comisiones
Terceras; y los artículos 158 y 169 Superior, por conexidad de materia.
5.1.4. Conforme a lo expuesto, se
desprende que no se configura el fenómeno de la cosa juzgada en relación con la
sentencia C-124 de 2013 por cuanto en esa oportunidad la Corte se ocupó de
examinar otros cargos por vicios de forma declarando la exequibilidad de las
normas con respecto a los mismos.
5.2. Por otra parte, se advierte que recientemente,
la Corte tuvo la oportunidad de analizar la demanda presentada por el mismo
ciudadano contra los artículos 23, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34 de la Ley 1493 de 2011 y decidida en la sentencia C-851 de 2013.
Si bien en este caso se demandan los
artículos 26, 27, 37 y 38 de la Ley 44 de 1993, la Corte considera que se
verifica el fenómeno de la cosa juzgada por los siguientes motivos:
5.2.1.
En la sentencia C-851 de 2013 se demandaron las normas contenidas en el
capítulo VII de la Ley 1493 de 2011 relativo a la “Inspección, Vigilancia,
control y toma de posesión de las sociedades de gestión colectiva de derechos
de autor”. Estas disposiciones regulan
las funciones de la Dirección Nacional de Derecho de Autor del Ministerio del
Interior en relación con la inspección (art. 25), la vigilancia (art. 26),
competencias varias (art. 27), control (art. 28 y 29), imposición de medias
cautelares (art. 30), toma de posesión de las sociedades de gestión colectiva
de derechos de autor y conexos para administración, liquidación de las mismas y
efectos (art. 31, 32 y 33), remisión normativa al Código de Comercio en los
demás aspectos de inspección, vigilancia,
control y liquidación obligatoria no regulados en la ley (art. 34).
5.2.2. En el presente caso, no se
demandan las mismas normas sino otras contenidas en la Ley 44 de 1993. Sin
embargo, lo que se acusa en dichas disposiciones es el hecho de que regulen la
facultad de inspección, control y vigilancia de la Dirección Nacional de
Derecho de Autor del Ministerio del Interior sobre las sociedades de gestión
colectiva. Por lo anterior se trata de normas contenidas en Leyes diferentes
pero que tienen un contenido normativo equivalente a pesar de no ser
textualmente iguales.
5.2.3.
De otro lado, la demanda de la sentencia C-851 de 2013 es idéntica a la demanda
que se examina en este caso. Ambas reprochan la facultad de inspección, control
y vigilancia de la Dirección Nacional de Derecho de Autor del Ministerio del
Interior sobre las sociedades de gestión colectiva considerando que se
desconocen los artículos 150 numeral 8 y
333 de la Constitución por (1) haberse extralimitado el Legislador al asignar al Ejecutivo, funciones de inspección y vigilancia que
no le corresponden de acuerdo con el artículo 189 superior; y (2) por limitar
de modo desproporcionado la libertad económica que ejercen las sociedades de
gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos.
5.2.4. En la sentencia C-851 de 2013 la
Corte decidió “Declarar
EXEQUIBLES, por los cargos examinados, los artículos 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33 y 34 de la Ley 1493 de 2011”.
5.2.5. Habiéndose comprobado que las
normas acusadas en esta ocasión y aquellas examinadas en la sentencia C-851 de
2013 tienen contenidos normativos equivalentes, relativos a la regulación de la
facultad de inspección, control y
vigilancia de la Dirección Nacional de Derecho de Autor del Ministerio del
Interior sobre las sociedades de gestión colectiva, y teniendo en cuenta la
identidad de los cargos formulados por el demandante, la Corte considera que en
este caso ha operado el fenómeno de la cosa juzgada material relativa.
6. Conclusión: síntesis del caso y razón de la decisión.
6.1. Síntesis del caso.
6.1.1. En el presente caso, la Corte
examinó la constitucionalidad de los artículos 26, 27, 37 y 38 de la Ley 44 de 1993.
6.1.2. En la demanda se señalaba que se desconocía el artículo 150 numeral 8 y
el 333 Superior porque el Legislador había otorgado al Ejecutivo funciones de
control, inspección y vigilancia sobre las sociedades de gestión colectiva de
derechos de autor y conexos, cuando dichas sociedades no podían ser sujetas a
ese control, situación que además desconocía el derecho a la libertad económica
de las mismas.
6.1.4. La Corte consideró que los artículos acusados
son exequibles.
6.2. Razón de la decisión.
Se estima que en este caso ha operado el
fenómeno de la cosa juzgada material relativa con relación a la sentencia C-851
de 2013, por la identidad de los cargos formulados por el demandante y porque las normas acusadas en esta ocasión y aquellas
examinadas en la sentencia C-851 de 2013 tienen contenidos normativos
equivalentes, relativos a la regulación de la facultad de inspección, control y vigilancia de la Dirección
Nacional de Derecho de Autor del Ministerio del Interior sobre las sociedades
de gestión colectiva.
III.
DECISIÓN
En
mérito de lo anterior, la Corte Constitucional de la República de Colombia,
administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.-
Declarar EXEQUIBLE los apartes
demandados en los artículos 26, 27, 37 y 38 de la Ley 44 de 1993.
Notifíquese,
comuníquese y cúmplase.
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Presidente
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
NILSON ELÍAS PINILLA PINILLA
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
Ausente en comisión
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
[1] Si bien el Ministerio del Interior presentó una intervención en nombre
la Oficina Jurídica y otra en nombre de la Dirección Nacional de
Derechos de Autor – Unidad Administrativa Especial -, estas son prácticamente
idénticas y al provenir de la misma entidad se considerarán como una sola.
[2] C-462 de 2013.
[3] Así por ejemplo lo ha indicado, entre otras, la sentencia C-600 de
2010.
[4] En ese sentido puede confrontarse la sentencia C-600 de 2010. Según la Corte señalo en la sentencia C-774 de 2001 “[d]e
ella surge una restricción negativa consistente en la imposibilidad de que el
juez constitucional vuelva a conocer y decidir sobre lo resuelto.”
[5] C-462 de 2013.
[6] Así por ejemplo se encuentran las sentencias C-774 de 2001, C-259 de
2008 y C-712 de 2012.
[7] En la sentencia C-433 de 2009 la Corte explicó que cuando se acusa una disposición declarada constitucional de forma condicionada “el nuevo examen de constitucionalidad no
recae sobre el texto legal tal como estaba inicialmente redactado sino sobre la
norma que resulta a partir del fallo de constitucionalidad”.
[8] Aludiendo a la distinción entre enunciado normativo y norma la
sentencia C-1046 de 2001 explicó: “Sin
embargo, lo cierto es que es posible distinguir entre, de una parte, los
enunciados normativos o las disposiciones, esto es, los textos legales y, de
otra parte, los contenidos normativos, o proposiciones jurídicas o reglas de
derecho que se desprenden, por la vía de la interpretación, de esos textos.
Mientras que el enunciado o el texto o la disposición es el objeto sobre el que
recae la actividad interpretativa, las normas, los contenidos materiales o las
proposiciones normativas son el resultado de las misma “
[9] Esta consideración, según lo señala la sentencia C-038 de 2006,
explica conceptualmente la posibilidad de adoptar sentencias de
constitucionalidad condicionada.
[10] C-462 de 2013.