T-294-04
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-294/04
LEGITIMACION
POR ACTIVA EN TUTELA-Director
del Damarena
Esta Sala no encuentra problema alguno de legitimidad en lo referente a
la interposición de la acción de tutela encaminada a proteger los derechos
fundamentales de la entidad de la cual es director el accionante. En este caso,
el Damarena, siendo la entidad distrital responsable de la protección ambiental
dentro del perímetro urbano de Cartagena, se encuentra legitimada por activa,
en virtud del artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 10° del
Decreto 2591 de 1991.
AGENCIA
OFICIOSA EN TUTELA-Elementos
que deben configurarse
La Corte ha señalado que dos de los elementos de la agencia oficiosa en
materia de tutela son (i) la necesidad de que el agente oficioso manifieste
explícitamente que está actuando como tal, y (ii) que el titular de los derechos
invocados no se encuentre en condiciones para instaurar la acción de tutela a
nombre propio. Por esta razón, la Corte Constitucional ha considerado que son
improcedentes las acciones de tutela interpuestas a nombre de terceros en los
casos en los cuales no se comprueba la imposibilidad circunstancial de que
éstos promuevan su propia defensa.
ACCION
DE TUTELA CONTRA ACCIONES U OMISIONES JUDICIALES-Procedencia
ACCION
DE TUTELA-Presentación
oportuna no puede exigirse en este caso/PRINCIPIO DE INMEDIACION-No
puede operar en este caso
No escapa a la Corte que puede surgir un interrogante respecto de la
aplicación al caso presente del principio de inmediación, según el cual la
acción de tutela es un mecanismo dirigido a la protección de derechos fundamentales
ante situaciones que requieran de una actuación judicial de carácter urgente.
Esta Sala considera que, en virtud de la naturaleza imprescriptible del bien de
uso público cuya propiedad se declaró en las sentencias cuestionadas en este
proceso, carecería de sentido exigir que la acción de tutela dirigida a
proteger los derechos fundamentales eventualmente violados por dichas
providencias, tuviera que ser presentada de manera inmediata. Dicha exigencia
desconocería que, de acuerdo a lo que alega el accionante, éstos derechos se
pueden ver afectados de manera indefinida. Además, los hechos del caso muestran
que la acción de tutela se presentó tan pronto el funcionario, después de
conocer los hechos del caso, llegó al convencimiento de que no tenía a su disposición
una vía judicial alternativa.
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Omitieron aplicar normatividad vigente en relación con
bien de uso público/IMPRESCRIPTIBILIDAD DE BIEN DE USO PUBLICO
La Corte Constitucional encuentra que las sentencias bajo estudio
omitieron aplicar una serie de normas civiles y ambientales, vigentes en la
época, que establecían que el terreno descrito en los testimonios y en la
inspección judicial realizada por el Juez del Circuito, podía ser un bien de
uso público, y por ende, era imprescriptible. En las providencias proferidas
por el juez 6º del Circuito y el Tribunal Superior, se constata la ausencia de
examen alguno acerca de la eventual destinación del terreno al uso público, y
su consecuente imprescriptibilidad. Por lo tanto, la Corte concluye que el
error de dichas autoridades radicó en la no aplicación, y probable
desconocimiento de las disposiciones señaladas en líneas anteriores, y no está
relacionado con una equivocación en materia probatoria.
SENTENCIA
EN PROCESO DE PERTENENCIA-Anulación
por no vinculación al proceso por no estar inscritos en la oficina de
instrumentos públicos
La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ha
establecido que en los casos en los cuales los propietarios de inmuebles cuya
declaración de prescripción se decide en juicio, no han sido vinculados al
proceso, dado que, por “una u otra razón” su titularidad sobre éste no se
encontraba debidamente registrada en la oficina de instrumentos públicos,
incurren en causal de anulación. Así, la Corte Suprema de Justicia ha anulado
varias sentencias declaratorias de pertenencia, en casos en los cuales los
herederos del bien cuya adjudicación se pretendía no estaban inscritos en registro
público como propietarios de éste, y por tal razón no habían sido vinculados al
proceso.
DERECHO
AL DEBIDO PROCESO DE LA NACION-Violación/PROCESO DE PERTENENCIA-Omisión de notificación a la
Nación como propietaria del bien/PROCESO DE PERTENENCIA Y DERECHO AL DEBIDO
PROCESO DE LA NACION–Edicto emplazatorio no resulta suficiente y adecuado
Esta Corporación considera que el edicto emplazatorio
no es un medio adecuado y suficiente para garantizar el derecho a la defensa de
la Nación en los procesos en los cuales se pretende usucapir un bien de uso
público. No es posible pretender que los organismos estatales estén obligados a
verificar cada uno de los edictos emplazatorios que informen acerca del inicio
de procesos de dominio, en la eventualidad de que éstos busquen la apropiación
de bienes de uso público. Dada la cantidad de dichos bienes, y lo indeterminada
de la identificación de éstos, la labor mencionada sería imposible, pues
desbordaría los recursos humanos con que cuenta cualquier infraestructura estatal.
Lo anterior no sucede con, por ejemplo, los bienes fiscales, pues cada entidad
es propietaria de un número fijo de éstos, y a la vez, al ser transables, se
encuentran inscritos en las oficinas de instrumentos públicos. Así, la Sala
considera que, a pesar de que sí se hubiere emplazado por edicto a los
interesados indeterminados, y que en el proceso de pertenencia de la referencia
se hubiere nombrado un curador ad litem, la Nación no tuvo, de manera efectiva,
la oportunidad de contradecir la demanda de pertenencia del bien inmueble
mencionado, por lo que le fueron violados sus derechos de defensa y de
contradicción. Se concluye entonces que las sentencias precitadas
incurrieron en varios errores, mediante los cuales se vulneró el derecho al
debido proceso de la Nación.
DAÑO
AMBIENTAL-No se aplicaron
normas de protección a los manglares
El terreno cuya pertenencia fue
declarada en las sentencias demandadas en el presente proceso, ha sido objeto
de tala de mangle y de rellenos, lo cual a su vez, reduce el drenaje,
interrumpe los flujos hídricos y la capacidad de regeneración de vegetación y
la salinización de agua. Dichas actuaciones desconocen las normas
constitucionales y legales que obligan al Estado y a los particulares a
proteger las riquezas naturales de la Nación, la diversidad e integridad del
ambiente y las áreas de especial importancia ecológica.
DERECHO
AL DEBIDO PROCESO DE LA NACION Y DERECHO DE PROPIEDAD-Tensión entre estos derechos
PRINCIPIO
DE COSA JUZGADA Y PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURIDICA-Tensión entre estos principios
RECURSO
EXTRAORDINARIO DE REVISION-Razones
para que proceda interposición aunque se haya vencido el término
La Corte considera que la solución constitucional más pertinente, en
la cual, a la vez, se protege el derecho al debido proceso de la Nación y se
afectan en menor medida los derechos y principios constitucionales enfrentados,
es permitir, durante un periodo de cuatro meses, que la autoridad competente
interponga el recurso extraordinario de revisión contra las providencias
mediante las cuales se declaró la pertenencia del mencionado terreno.
RECURSO
EXTRAORDINARIO DE REVISION-Ordenes
que se dan en sentencia de tutela mientras se decide
La Corte ordenará, mientras se decide el recurso extraordinario de
revisión referido, que los actuales propietarios del terreno se abstengan (i)
de realizar cerramientos que impidan el libre paso de los particulares y de las
autoridades y (ii) de actuar de forma que se deteriore el equilibrio ecológico
en dicho terreno desconociendo la función ecológica de la propiedad.
Adicionalmente, esta Sala considera necesario proteger a terceros que de buena
fe pretendan adquirir parcial o totalmente el inmueble o a quienes se les dé en
garantía el terreno. Por lo tanto, se ordenará (i) a la oficina de instrumentos
públicos de Cartagena, que registre las limitaciones al dominio del inmueble
dispuestas en la presente providencia judicial y (ii) a los propietarios del
bien, que se abstengan de perfeccionar cualquier acto o contrato que implique
la transferencia parcial o total de la propiedad del inmueble, sin que se le
informe al comprador acerca de la posible destinación del bien al uso público y
del pleito judicial pendiente.
Referencia:
expediente T-663828
Acción de tutela instaurada por Rafael
Vergara Navarro contra el Juzgado 6to Civil del Circuito de Cartagena y la Sala
Civil del  Tribunal Superior de Cartagena.
Magistrado Ponente:
Dr.
MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA
Bogotá, D. C., veinticinco (25) de marzo de
dos mil cuatro (2004).
La Sala Tercera de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los magistrados, Manuel José Cepeda Espinosa,
Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo Escobar Gil, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de la sentencia del 2 de
octubre de 2002 proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema
de Justicia, al resolver la acción de tutela instaurada por Rafael Vergara
Navarro contra el Juzgado 6º Civil del Circuito de Cartagena y la Sala Civil
del Tribunal Superior de Cartagena.
I. ANTECEDENTES
1.
Hechos
El día 14 de junio de 1983, el abogado Aníbal Olier
Bueno presentó demanda de pertenencia contra personas indeterminadas por un
terreno que dijo poseer desde hacía más de 20 años. El 30 de noviembre de 1987,
tras haber intentado notificar a los eventuales interesados en el proceso, a
partir de varios edictos emplazatorios, transmisiones radiales y publicaciones
en diarios escritos, y después de haber nombrado un curador ad litem, el
juzgado 6º Civil del Circuito de Cartagena profirió sentencia, en la que
declaró que el demandante había adquirido, por prescripción extraordinaria
adquisitiva, el dominio del inmueble. El Juez Civil consideró como material
probatorio lo siguiente: (i) Un certificado expedido por el Registrador de
Instrumentos Públicos de acuerdo al cual no era conocido el  propietario del
terreno en cuestión. (ii) Testimonios de dos personas que decían tener
conocimiento de los actos posesorios adelantados por el demandante durante más
de 24 y 15 años respectivamente. (iii) El juez realizó una diligencia de
inspección judicial, en la cual, además de constatar los linderos del predio y
la tenencia en cabeza del señor Olier Bueno, afirmó que parte del terreno se
encontraba cubierto por manglares naturales y permanecía “en algunas oportunidades bajo el agua”.[1]
Al no ser apelada, la anterior providencia fue confirmada
en instancia de consulta por la Sala Civil del Tribunal Superior de Cartagena,
mediante providencia fechada el día 31 de marzo de 1989. El Tribunal verificó
el cumplimiento de los procedimientos establecidos en la ley para el proceso de
prescripción adquisitiva.
2. Acción de
tutela
El día 18 de julio de 2002, Rafael Ernesto Vergara Navarro, director
del Departamento Administrativo del Medio Ambiente y Recursos Naturales de
Cartagena (Damarena) instauró acción de tutela contra las providencias que
declararon y confirmaron la prescripción adquisitiva del inmueble de la
referencia. El actor sostiene que dichas sentencias incurrieron en una vía de
hecho, con fundamento en los siguientes argumentos:
2.1. Las providencias no aplicaron la normatividad civil vigente en la
época, la cual define los terrenos de bajamar como bienes de uso público, y por
ende, imprescriptibles. Esto impedía declarar la prescripción adquisitiva del
terreno mencionado.
2.2. El juez ignoró la evidencia según la cual el predio mencionado
hacía parte de una “zona inundable”, de lo que debía concluir que se
trataba de un terreno de bajamar. Adicionalmente, las sentencias omitieron
adelantar un análisis probatorio acerca de la naturaleza jurídica del bien
inmueble, que incluyera el peritazgo de la Capitanía de Puerto de Cartagena de
la Armada Nacional. Al respecto, el actor anexa un concepto técnico de dicha
Capitanía, suscrito el día 16 de Julio de 2002, en el cual efectivamente se
concluye que “los terrenos en posesión de Aníbal Olier Bueno, Hernán
Bohórquez Montolla, Antonio Nader y Joaquín Liñán, se encuentran sobre terrenos
de bajamar, manglar y zona inundable por la ciénaga que ha sido aparentemente
sometida a rellenos y tala de mangle. (…) El terreno en su totalidad se
encuentra bajo la jurisdicción de la Dirección General marítima y constituye un bien de uso público”[2]
2.3. Por estas razones, las providencias acusadas incurrieron en
defectos sustantivos y fácticos. El actor sostiene que tales errores resultan
en una apropiación indebida de bienes de uso público de especial importancia
ecológica y violan su derecho a la igualdad y a la libre locomoción, pues
impiden su libre tránsito a través de dichos espacios. También, el actor
considera violados el derecho al debido proceso, y el derecho a la vida en
conexidad con “el derecho a la seguridad alimentaria”[3], debido a la vital
importancia que el manglar tiene sobre la conservación de la población animal,
lo que a su vez incide de manera directa sobre la alimentación de las personas
que residen o trabajan alrededor del ecosistema bajo análisis. Sin embargo, el
actor no es claro respecto de las personas a quienes se les vulneran estos
derechos.
3. Intervinientes durante el proceso de tutela.
3.1. El ciudadano Aníbal Olier Bueno, al enterarse del
proceso de tutela en curso, se dirigió al juez de instancia para ejercer su
derecho de defensa con fundamento en tres argumentos:
3.1.1. En cuanto a la procedibilidad de la acción de
tutela, el interviniente estima que en este caso existen otros medios de
defensa para proteger los derechos fundamentales que el demandante estima
violados, como por ejemplo la acción popular dirigida a proteger los derechos
colectivos. La tutela tampoco
procede como mecanismo transitorio pues las decisiones judiciales cuestionadas
no causan “de manera individual” un perjuicio irremediable. De otra
parte, el accionante carece de legitimidad activa para incoar la acción de
tutela, pues no está afectado de manera directa por los eventos del caso, y no
está autorizado para actuar a nombre de sectores indeterminados de la población[4].
3.1.2. Para el actor, las sentencias civiles que
decretaron la prescripción adquisitiva no incurrieron en una vía de hecho,
puesto que durante los procedimientos “se surtieron todos los trámites y
solemnidades legales que establece el artículo 407 del Código de Procedimiento
Civil (…) Además se proveyeron las formalidades de emplazamiento a todos que se
crean con derecho (…).”[5]
3.1.3. El señor Olier Bueno considera que “intentar
derrocar la sentencia que me reconoció el dominio, que es un fallo que tiene
una vigencia de más de quince años, es atentar contra los principios
universales de cosa juzgada, intangibilidad de las decisiones judiciales,
derechos adquiridos, seguridad jurídica, etc. (…)” [6]
3.1.4. El interviniente estima que el accionante incurrió en un
comportamiento temerario, y le “persigue” por motivos personales. Sin
embargo, la intervención de la referencia no expone las razones por las cuales
el accionante le hostiga.
3.1.5. El ocupante del terreno anexa a su misiva una
copia de la providencia fechada el 3 de mayo de 2001, por medio de la cual la
Fiscalía Seccional No 5 de Cartagena calificó el mérito del sumario seguido
contra él. A raíz de la denuncia presentada por el Señor Rafael Ernesto Vergara
Navarro (quien interpuso la acción de tutela objeto de revisión) el
interviniente era investigado por el delito de invasión de áreas de especial
importancia ecológica. La fiscalía decidió precluir la instrucción al
considerar que los daños ambientales producidos en el terreno se debían a la
construcción de un anillo vial y no a las actuaciones del Señor Olier Bueno.
3.2. A su vez, José Camilo de Avila Fernández, quien
actualmente se desempeña como Juez 6º Civil del Circuito de Cartagena[7], ofició al juez de
tutela, expresando que “los defectos que imputa el actor adolece la
sentencia cuestionada como generadores de vía de hecho, no los pone en duda el
hoy titular de este despacho, ya que hoy es de usanza para los eventos en que
se encuentra el juez frente a situaciones como la acaecida con el predio
adquirido, ordenar sin tardanza la correspondiente peritación por la Capitanía
del Puerto de Cartagena, para precisar la prescriptibilidad del bien,
experticia que orienta al juzgador al momento de proferir el fallo. (…)
Sustráese que en este proceso se emplazó a las personas que tuviesen interés en
el inmueble, pero atendida la naturaleza del mismo y su ubicación, entiende el
hoy titular del juzgado que debió citarse al Ministerio Público, pues si bien
los folios emitidos hicieron tránsito a cosa juzgada con efectos “erga omnes”,
la no presencia del Estado para defender el patrimonio público, puede abrir
paso a un proceso ordinario orientado a reivindicar el inmueble y que invalide
la escritura Pública donde se hubiesen protocolizado los fallos, por no haberse
citado al Estado y no quedar comprendido el mismo dentro de los efectos ‘erga
omnes’ ” [8].
De esta manera, el juez 6º considera que a pesar de
existir un defecto grave en la sentencia referida, no es procedente la acción
de tutela, dada la existencia de otros mecanismos judiciales, tales como la
acción reivindicatoria, para la protección de los derechos fundamentales de las
personas perjudicados por los fallos en cuestión.
4. Sentencias de tutela objeto de revisión
4.1. El día 22 de agosto de 2002, la Sala
de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia negó la acción de tutela
instaurada por Rafael Vergara Navarro. La Sala Civil
consideró que las providencias judiciales bajo examen no incurrieron en una vía
de hecho, pues el actor no demostró que los jueces demandados hubieren ignorado
una “prueba contundente” de que el inmueble  prescrito fuera un bien de
uso público. Adicionalmente, la Sala Civil estimó que el actor tenía a su
disposición las “acciones pertinentes para que se debata el punto, como la
acción popular, y eventualmente se obtenga su recuperación.”[9]
4.2. El actor impugnó la decisión
anterior, pues consideró que sí existían dudas acerca de la naturaleza jurídica
del bien en cuestión, y que por lo tanto los jueces han debido decretar pruebas
que dieran luces al respecto. Así mismo, el actor sostuvo que la práctica de la
inspección judicial, al establecer que el terreno permanecía bajo el agua
durante ciertas ocasiones, era un elemento de juicio suficiente para concluir
que se trataba de un terreno de bajamar, ya que dicha situación se ajusta a la
definición establecida por el Decreto 2324 de 1984, según la cual los terrenos
de bajamar son “aquellos que se encuentran cubiertos por la máxima marea y
quedan descubiertos cuando ésta baja.”[10]
Además, el actor afirma que la Sala Civil ignoró otras pruebas que
demostraban que el tenedor había llevado a cabo rellenos sobre el cuerpo del
agua, y que parte del terreno, se encontraba a una distancia muy próxima de las
mareas. Por último, el Señor Vergara Navarro estimó que la decisión de la Sala
Civil es contraria al principio según el cual el desconocimiento de la ley no
excusa, máxime tratándose de un funcionario judicial.
4.3. Por su parte, el Señor Aníbal Olier
Bueno, solicitó a la Sala Laboral que confirmara la decisión tomada por la Sala
de Casación Civil. Adicionalmente a los argumentos esgrimidos en escrito
anterior, fundamentó dicha solicitud en lo siguiente:
Primero, afirma que las sentencias atacadas no
incurrieron en una vía de hecho, en razón a que: (i) durante el proceso de
pertenencia de la referencia “se surtieron todos los trámites y formalidades
legales tendientes a confirmar que dicho bien era prescriptible, y que por lo
tanto no existía ningún impedimento ni legal ni fáctico para ser adquirido por
un particular.”[11]
El interviniente señala que en el juez civil de la referencia “solicitó
conceptos técnicos de entidades ambientales de la época como Inderena y la
Capitanía del Puerto, (…) que coincidieron que el terreno que yo
pretendía que se me adjudicara por prescripción adquisitiva no es una zona de
bajamar y por lo tanto era perfectamente prescriptible.”[12] Sin embargo, ni en el
expediente, ni en las copias del proceso civil bajo estudio, se encuentra que
dichas pruebas hayan sido tenidas en cuenta por los jueces civiles. (ii) El juez
6º civil del circuito no podía tener en cuenta pruebas, que no hacían parte del
proceso.
Segundo, el interviniente sostiene que las pruebas
aportadas por el accionante al proceso de tutela, no pueden ser tenidas en
cuenta, dado que éstas no pudieron ser contradichas anteriormente en un proceso
judicial. Esto sería contrario a su derecho de defensa.
Tercero, no es claro en la acción de
tutela a quién fue vulnerado el derecho al debido proceso. Las entidades
estatales tuvieron oportunidad de controvertir las sentencias de la referencia
(no señala a través de qué mecanismo judicial).
4.4. El 2 de octubre de 2002, la Sala
Laboral de la Corte Suprema de Justicia confirmó el fallo de primera instancia,
con el argumento según el cual no pueden existir acciones de tutela contra
providencias judiciales. La anterior sentencia fue remitida a la Corte
Constitucional y seleccionada por la Sala de Selección Número Once, mediante
auto del 1 de noviembre de 2002, correspondiendo a la Sala Tercera de Revisión
su conocimiento.
5. Pruebas solicitadas por la Corte.
5.1. En el transcurso del proceso de
tutela, la Sala Tercera de Revisión consideró que para resolver el caso
presente era necesario (i) estudiar las acciones judiciales que las autoridades
ambientales del Distrito de Cartagena habían interpuesto al haberse enterado de
las sentencias controvertidas, y (ii) solicitar estudios específicos acerca del
daño ambiental causado a partir de malos usos del terreno y las eventuales
consecuencias para los derechos fundamentales de los habitantes de la zona. La
Corte ordenó al Damarena remitir un informe en el que explicara cómo y en qué
momento, las autoridades ambientales del Distrito de Cartagena tuvieron conocimiento
de las sentencias que declararon la pertenencia del terreno mencionado, y que
describiera todas las acciones judiciales que las autoridades ambientales del
distrito habían interpuesto con los objetivos de  (a) controvertir las
sentencias que declararon la adquisición del terreno en cuestión, (b) recuperar
la posesión y la propiedad del inmueble, o (c) prevenir consecuencias
ambientales nocivas generadas por daños en el predio.
La Corte también ordenó al Damarena indicar si existían estudios especializados
acerca de daños ambientales generados por comportamientos indebidos en el
inmueble y sus consecuencias con respecto a los derechos fundamentales, y
solicitó remitir copia de ellos a la Corporación.
5.2. En virtud de lo anterior, el Damarena envió a la Corte los
siguientes documentos:
5.2.1. Concepto técnico del Damarena, suscrito el día 4 de octubre de
1996, por medio del cual se evaluó el daño ambiental del terreno ocpado por el
Señor Anibal Olier Bueno. Dicho estudio estimó que en el predio se realizaron
rellenos y una posible tala de mangle. El departamento ambiental también
constató lavg presencia de construcciones ilegales. De esta manera, el concepto
concluyó que “el costo aproximado del daño ambiental es de $ 300 millones”.
[13]
En concordancia con dichos resultados, el
Damarena citó al Señor Olier Bueno el día 17 de octubre de 1996[14], momento en el cual
dicha persona exhibió los certificados de valorización distrital y de
inscripción en catastro del inmueble de la referencia[15], además de las
sentencias judiciales que lo declaraban propietario.
5.2.2. Escritura pública No 638 suscrita
ante la Notaría 2ª del Distrito de Cartagena, por medio de la cual se “protocolizó”
la compraventa, de parte del lote al señor Hernán Joel Bohórquez Montoya. En
dicha escritura, el vendedor Olier Bueno, declaró “que el derecho de
posesión sobre el predio transferido en venta se encuentra libre de gravámenes,
limitaciones, embargos, demandas civiles y en general de cualquier perturbación
de hecho o jurídica que impida esta venta”.
5.2.3. Acción popular contra Hernán Joel Bohórquez
interpuesta por el Director del Damarena.
5.2.3.1. El día 5 de julio de 2002, el Director del
Damarena interpuso una acción popular, contra Hernán Joel Bohórquez, quien
había adquirido uno de los lotes de la supuesta propiedad de Aníbal Olier
Bueno. La entidad, al constatar la tala de mangle, el relleno efectuado sobre
el agua que cubre dicho lote, la construcción de sabaleras y la “introducción
de especies ajenas al medio”, estimó que dichas actuaciones eran contrarias
al derecho a un medio ambiente sano. Adicionalmente, el director del Damarena
en la acción popular señaló que las mencionadas actuaciones se habían realizado
sobre un bien de uso público por lo que el Señor Joel Bohórquez no podía ser,
ni propietario ni poseedor de éste.
En dicha acción popular se hace referencia al concepto
técnico No 870 de 11 de abril de 2001, suscrito por la subdirección de gestión
ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique)
que establece que “el aludido sitio se encuentra dentro de las zonas de
recuperación de las Ciénagas de la Virgen y Juan Polo, en donde se han generado
impactos a todo el ecosistema, debido a que los rellenos y el aterramiento para
la construcción de piscinas ha propiciado que se incremente la reducción del
drenaje, la interrupción de flujos hídricos, así como la capacidad de
regeneración natural de la vegetación del manglar y la salinización de este
cuerpo de agua.”[16]
De acuerdo con lo anterior, el Director del Damarena
solicitó, entre otras cosas, “declarar que la zona aludida es un bien de uso
público, que nunca ha salido del patrimonio de la Nación”, la reparación de
la zona, a costas del demandado, para “volver las cosas a su estado anterior”,
y ordenar al accionado desalojar el lugar.[17]
5.2.3.2 El juez 3º Civil del Circuito decidió en
sentencia de primera instancia proferida el 23 de abril de 2003, amparar los
derechos colectivos al medio ambiente. La labor probatoria de dicho juzgado
concluyó que en el predio se constataba la construcción de piscinas, de “varios
inmuebles con destinación habitacional”, de relleno con deshechos de
madera, y de caballerizas. [18]
El Juez concluyó que en el lote de “dominio público”[19] se habían realizado “hechos
por parte del demandado que están causando daños en el entorno y persistir en [ello]
atenta contra los derechos colectivos.”[20]
Por lo anterior, la sentencia ordenó al accionado que
en 30 días iniciara labores “de adecuación del sistema manglárico,
realizando para ello labores de relleno de las piscinas carentes de licencia,
pero bajo la supervisión de Cardique, quien prestará toda la colaboración para
el cumplimiento de cometido”. También ordenó “integrar un comité de
seguimiento, compuesto por el actor, Cardique, la procuradora agraria, con el
fin de realizar el seguimiento al cumplimiento de la presente sentencia.”
Por último, ordenó al accionado “cancelar, a favor del fondo de defensa de
intereses colectivos,  el valor de diez salarios mínimos mensuales.”
Dicha decisión fue apelada por la parte accionante,
quien solicitó dar al accionado órdenes más específicas tendientes al
“restablecimiento ecosistémico” y al desalojo del lugar. También solicitó que
se reivindicara el bien de la Nación.
5.2.3.3. El día 23 de septiembre de 2003,
la Sala Civil del Tribunal Superior de Cartagena decidió en sentencia de
segunda instancia acceder a las peticiones del apelante, en lo relacionado con
la protección de los derechos ambientales, y la tenencia del bien. De otra parte,
el Tribunal consideró que no era debido reivindicar el bien de la referencia
dado que “este punto no ha sido materia del presente proceso, por lo que no
se puede entrar a su estudio.” Por lo anterior, Sala Civil revocó la orden
según la cual el accionado debía adecuar el sistema manglárico y realizar
labores de relleno de las piscinas bajo la supervisión y colaboración de
Cardique, y le ordenó a éste (i) “extraer el relleno efectuado en el terreno
(…), (ii) “demoler las sabaleras construidas (…)” y restablecer el
flujo de aguas, (iii) “demoler las obras de infraestructura que se
encuentran en el terreno” y retirar los escombros, y (iv) desalojar el
lugar “para proceder al restablecimiento ecosistémico.”[21]
5.2.4. Documento escrito por la Contraloría General de
la República, fechado en el mes de Julio de 2000, y titulado “Ocupación
Indebida de Predios y Daños Ambientales en Áreas del Parque Nacional Natural
los Corales del Rosario y de San Bernardo y el Ecosistema de la Ciénaga de la
Virgen” Se estudiaron la gestión administrativa y judicial en torno a los
casos de invasión de particulares a bienes de uso público.
El estudio concluyó que el comportamiento de varias de
las entidades responsables de contrarrestar dicho fenómeno (tales como la
Unidad Administrativa Especial del sistema de Parques Nacionales Naturales, el
Instituto de Reforma Agraria -Incora, la Fiscalía General de la Nación, la
Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique – Cardique, y la Alcaldía
Mayor de Cartagena) ameritaban ser investigadas disciplinariamente.
Específicamente, respecto de la Ciénaga de la Virgen,
el documento afirma que “la interrupción de del flujo dinámico de las aguas
generó un proceso de desecación de estos suelos o que trajo como consecuencia
la tala de mangle para el aprovechamiento de los mismos, personas en posesión
sobre terrenos consolidados realizaron rellenos en algunas de estas áreas de
bajamar contiguas a sus predios || Con base en las acciones
desarrolladas por la Capitanía del puerto de Cartagena (informes periciales),
se define que las áreas que comprendían las antiguas zonas de la Ciénaga de la
Virgen, a pesar de haber perdido su comunicación con ésta, continúan siendo de
bajamar por lo que de acuerdo con la ley son bienes de uso publico a nombre de
la Nación, y al tener esta condición presentan, según la Constitución Política,
las características de inalienables, imprescriptibles e inembargables.”[22]
5.2.5. Comunicación de Rafael Vergara Navarro al
Procurador General de la Nación, del día 21 de mayo de 1999, mediante la cual
denuncia que varias personas disfrutan de la tenencia de áreas de bajamar,
causando graves daños ambientales sin que las autoridades competentes hayan
tomado medidas al respecto.
5.2.6. Informe pericial de la Capitanía de Puerto de
Cartagena de la Armada Nacional, del día 20 de enero de 2000, solicitado por el
Señor Hernán Bohórquez Montoya, con el fin de “determinar la jurisdicción
sobre” su predio. El informe concluye lo siguiente:
“Lote 1: Ubicado sobre áreas de bajamar
originalmente pobladas de manglar, (…) el cual fue talado e intervenido por
acción antrópica con anterioridad a la fecha en que fue adquirido por el Señor
Joel Bohórquez, al Señor Aníbal Olier Bueno (…), y que en manos del Sr
Bohórquez, ha sido rellenado para subir su nivel por encima del nivel medio de
la Ciénaga de la Virgen, y cerrado con un muro de material. Todo el lote se
encuentra sobre bienes de uso público bajo la jurisdicción de la Dirección
General Marítima-CP5.
Lote 2: Ubicado sobre áreas de bajamar (…)
originalmente pobladas de manglar por acción antrópica con anterioridad a la
fecha en que fue adquirido por el Señor Joel Bohórquez, a la Sra. Marleny Gómez
Anaya, (…) cuando ya en él existían una vivienda rústica de madera y 4 piscinas
de sábalo (…).
En manos del Sr. Bohórquez se adelantaron
las demás piscinas y construcciones que se escriben  en el presente concepto,
básicamente enfocadas al desarrollo de un proyecto piscícola de cría de sábalo,
habiendo intervenido mangle, adelantando por conminatoria de Damarena la
reforestación exigida (…)  y obteniendo el restablecimiento del Plan de Manejo
Ambiental para el cultivo de sábalo (…).
Todo el lote se encuentra sobre bienes de
uso público bajo la jurisdicción  de la Dirección General Marítima-CP5.”
5.2.7. Ampliación del Concepto Técnico de la Capitanía
de Puerto, suscrito el 30 de octubre de 2002, que, con fundamentos en una
inspección del terreno, y en un análisis de fotografías aéreas, llega a las
mismas conclusiones que el informe anterior: “(E)l predio de ubicado en el
corregimiento de la Boquilla y que está ocupado por el Sr. Bohórquez, es una
extensa zona de bajamar poblada de manglar que hace parte de la Ciénaga de la
Virgen que ha sido sometido a rellenos para la adecuación de piscinas para
sábalos y caballerizas para equinos. Esta zona es considerada como bien de uso
público."[23]
5.2.8. Oficio No 278 de Rafael Navarro Vergara al
Fiscal General de la Nación, fechado el 1 de abril de 2002, en el cual
manifiesta su descontento con la falta de diligencia de los fiscales de la
ciudad de Cartagena, ante las acciones dirigidas contra la “indiscriminada
tala de mangle, el relleno de cuerpos de agua y la ocupación d e zonas de
reserva.”[24]
II. Consideraciones y Fundamentos
1. Competencia
Es competente esta Sala de Revisión de la
Corte Constitucional con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86,
inciso tercero y 241, numeral noveno de la Constitución Política, en
concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Procedencia de la presente acción
En primer término, la Corte analizará si en este caso
es procedente la acción de tutela. Vistos los antecedentes, la Sala de Revisión
considera que para resolver sobre la procedibilidad de esta acción es necesario
tratar tres asuntos: (i) Se analizará la legitimación activa del actor, (ii) se
estudiará si en el caso presente existen mecanismos judiciales alternos para la
protección de los derechos fundamentales supuestamente vulnerados, y (iii), se
reiterará la jurisprudencia constitucional de acuerdo a la cual es procedente
la acción de tutela contra providencias judiciales, cuando excepcionalmente se
comprueba la existencia de una vía de hecho.
2.1. Legitimidad de la acción por activa
El Señor Rafael Vergara Navarro interpuso
la presente acción de tutela, a la vez, como ciudadano común y en calidad de
servidor público, actuando como Director del Departamento Ambiental Damarena.
El actor solicitó que se protegieran los derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad, a la libre locomoción y a la vida en conexidad con la “seguridad
alimentaria”. A su vez, de la acción de tutela se concluye que el
demandante también intenta proteger los derechos fundamentales de la población
afectada por las sentencias atacadas, aunque no es claro qué derechos de dicha
población se aducen como violados. Por su parte, uno de los intervinientes
considera que, en razón a que las providencias cuestionadas no afectan
directamente los derechos fundamentales del demandante, éste no puede
interponer la acción de tutela.
Por lo tanto, esta Sala pasa a resolver
sobre la legitimidad del actor para interponer la acción de tutela. El análisis
versará sobre la presentación de la tutela (i) a título personal o como
representante de la entidad de la cual el accionante es el director, y (ii),
como agente oficioso de otras personas, supuestamente afectadas por la
prescripción adquisitiva del inmueble cuya propiedad se disputa.
2.1.1. En cuanto al primero de estos
puntos, el accionante interpuso acción de tutela en calidad tanto de “ciudadano”[25], como de director del
Damarena.
2.1.1.1. Primero, el accionante considera
violados su derecho a un medio ambiente sano. En este sentido, el demandante se
encuentra legitimado por activa, ya que, al ser una persona natural, es titular
de la acción de tutela. Sin embargo, como se observará en el apartado 2.2 de
esta sentencia, dichos derechos pueden ser protegidos mediante otros mecanismos
judiciales. Por lo tanto, la acción de tutela no procederá en relación con la
protección del derecho a un medio ambiente sano del accionante.
Segundo, esta Sala no encuentra problema
alguno de legitimidad en lo referente a la interposición de la acción de tutela
encaminada a proteger los derechos fundamentales de la entidad de la cual es
director el accionante.
En este caso, el Damarena, siendo la
entidad distrital responsable de la protección ambiental dentro del perímetro
urbano de Cartagena[26],
se encuentra legitimada por activa, en virtud del artículo 86 de la
Constitución Política y el artículo 10° del Decreto 2591 de 1991. Por su parte,
el problema de si los derechos fundamentales del demandante, y cuáles de ellos,
se ven o no afectados por las providencias atacadas, deberá ser resuelto en el
análisis de fondo.
La Corte tiene de presente que el Damarena,
como entidad responsable de proteger los recursos ambientales del Distrito de
Cartagena, fue reemplazada en virtud de la Ley 768 de 2002, por el
Establecimiento Público Ambiental de Cartagena –EPA.[27] Sin embargo, dicho
cambio no produce ninguna diferencia, pues, como se indicó, esta acción de
tutela es procedente al haber sido interpuesta en nombre de la entidad
responsable de los asuntos ambientales del Distrito de Cartagena,
independientemente de su régimen legal actual.
2.1.2. En cuanto a la interposición de la
acción de tutela con el objetivo de proteger los derechos fundamentales de un
grupo de personas, esta figura corresponde a la agencia oficiosa[28]. Ésta ha sido
reglamentada por el Decreto 2591 de 1991, y a la vez ha sido objeto de
abundante jurisprudencia. La Corte ha señalado que dos de los elementos de la
agencia oficiosa en materia de tutela[29]
son (i) la necesidad de que el agente oficioso manifieste explícitamente que
está actuando como tal[30],
y (ii) que el titular de los derechos invocados no se encuentre en condiciones
para instaurar la acción de tutela a nombre propio.[31] Por esta razón, la
Corte Constitucional ha considerado que son improcedentes las acciones de
tutela interpuestas a nombre de terceros en los casos en los cuales no se
comprueba la imposibilidad circunstancial de que éstos promuevan su propia
defensa.
En el caso presente, el Señor Vergara
Navarro no manifestó de manera expresa, y tampoco se desprende del contenido
del escrito de acción de tutela, que los supuestos agenciados titulares de los
derechos se encuentran en condiciones que les impidan promover por sí mismos la
defensa de sus derechos. Por lo tanto, la Corte no tendrá al representante
legal del Damarena como agente oficioso de las personas indeterminadas cuyos
derechos fundamentales han sido supuestamente vulnerados por las providencias
atacadas. Lo anterior no obsta para que la Corte analice, en caso de que la
tutela fuere procedente, cualquier derecho fundamental pertinente para
pronunciarse sobre los problemas constitucionales que se presenten en este
caso.
2.2. Inexistencia de otros mecanismos
judiciales para proteger los derechos fundamentales vulnerados.
2.2.1. Varios de los intervinientes consideran que en
este caso existen otros mecanismos judiciales adecuados para defender los
derechos fundamentales supuestamente violados. En particular, se mencionan la
acción popular y la acción reivindicatoria.
No obstante, ninguno de los dos mecanismos
mencionados está dirigido a la protección de los derechos fundamentales que el
actor considera vulnerados. Primero, como es bien sabido, la acción popular
está orientada a salvaguardar los derechos colectivos[32]. Así, los derechos
ambientales que el actor estima desconocidos por el mal uso del inmueble en
disputa, pueden ser efectivamente protegidos por dicho mecanismo.[33] Sin embargo, la
mencionada acción no es idónea para la efectiva protección del derecho al
debido proceso, el cual se predica vulnerado.
Segundo, en cuanto a la acción reivindicatoria, este
mecanismo está destinado a la restitución del dominio de una cosa singular[34], en este caso del
inmueble en disputa[35].
Pero, de igual manera que con la acción popular, la reivindicatoria no protege
los derechos fundamentales que el accionante considera violados. Aún si el
Estado recuperara la propiedad del bien inmueble cuya prescripción fue
declarada por las sentencias civiles atacadas, quedaría incólume la violación
del derecho fundamental al debido proceso.
2.2.2. De otra parte, la Corte encuentra que,
propiamente contra las sentencias que declararon y confirmaron la prescripción
adquisitiva, es posible acudir al recurso extraordinario de revisión, el cual
procede contra las sentencias ejecutoriadas en cuyo proceso haya habido una
indebida notificación.[36]
Así, en el caso de haber estado enteradas de las decisiones judiciales, las
entidades ambientales perjudicadas tuvieron la posibilidad de interponer el
recurso extraordinario de revisión. Por lo tanto, es preciso determinar en qué
momento la entidad accionante tuvo conocimiento de las sentencias contra las
cuales se eleva esta acción.
En virtud del artículo 381 de del Código de
Procedimiento Civil, el recurso extraordinario de revisión puede ser
interpuesto dentro de los dos años siguientes al momento en el cual el
perjudicado tuvo conocimiento del registro de la providencia judicial en la
oficina de  instrumentos públicos, con un “límite
máximo de cinco años.”[37]
En el caso presente, el registro de la sentencia de
segunda instancia, mediante la cual se confirmó la prescripción adquisitiva del
terreno, se realizó el día 10 de febrero de 1990. Por lo tanto, el término para
interponer el recurso extraordinario finalizó el día 10 de febrero de 1995.
Ahora bien, tanto del expediente como de la respuesta del Damarena a las
preguntas elevadas por la Sala Tercera de Revisión, se concluye que dicha
entidad no se enteró del registro en instrumentos públicos de las sentencias
precitadas, sino en el mes de octubre de 1996. Así, en el momento en el que las
autoridades ambientales locales tuvieron conocimiento de lo sucedido, ya habían
transcurrido más de cinco años desde el registro de las decisiones judiciales
cuestionadas, por lo que ya había finalizado el término legal para interponer
el recurso extraordinario de revisión.
Podría argumentarse que el registro público de las
sentencias declarativas de pertenencia, al ser un “servicio del Estado”
prestado por funcionarios públicos[38]
tiene precisamente la función de enterar a las entidades estatales acerca de
las sentencias falladas en su contra. De esta forma, el registro de las
decisiones judiciales analizadas es suficiente para entender que las entidades
estatales tuvieron conocimiento de ellas, de lo que se reputaría una
negligencia estatal el no haber recurrido dichas decisiones a tiempo.
Sin embargo, la tesis anterior no es de recibo. Sería
imposible pretender que las autoridades públicas responsables de proteger y
cuidar los bienes de uso público estén obligadas a conocer del registro de
todas las eventuales decisiones judiciales que afecten la propiedad o posesión
de dichos bienes, máxime si se tiene en cuenta que éstos son “inalienables,
imprescriptibles e inembargables” (artículo 63 de la C.P). En este orden de
ideas, no sería razonable que dichas entidades estatales estén compelidas a
tener conocimiento de todas las posibles decisiones judiciales que puedan
proferir los jueces de la República, y que sean registradas en las oficinas de
instrumentos públicos del país.
Así, las autoridades ambientales de Cartagena no
pudieron enterarse de las decisiones judiciales vulneratorias de sus derechos
sino después de caducado el correspondiente recurso judicial, por lo que nunca
contaron con la posibilidad de controvertir dichas providencias.
2.2.3. Por las razones consignadas anteriormente, la
Sala concluye que el demandante no cuenta con otros mecanismos judiciales
dirigidos a proteger los derechos fundamentales que dice le han sido violados.
Por esto, la acción es procedente y la Corte entrará a decidir de fondo.
2.3 Reiteración de jurisprudencia.
Procedencia excepcional de la acción de tutela contra acciones u omisiones
judiciales
2.3.1. La Corte constata que en el presente caso se plantea
un problema jurídico que ya ha sido abordado ampliamente por la jurisprudencia
constitucional, a saber: ¿procede la acción de tutela, contra una providencia
judicial? Para resolver éste problema la sala de revisión reitera lo dicho en
la sentencia T-800A de 2002[39].
2.3.2. En la sentencia C-543 de 1992[40], citada como
precedente aplicable al caso por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema
de Justicia, se estudió la constitucionalidad de los artículos 11 y 12 del
Decreto 2591 de 1991, normas que regulaban el ejercicio de la acción de tutela
contra senten­cias judiciales. En esta sentencia se resolvió declarar
inexequibles las disposiciones acusadas, por considerar que desconocían las
reglas de competencia fijadas por la Constitución Política y afectaban el
principio de seguridad jurídica.
No obstante, la decisión de la Sala Plena de la Corte
Constitucional no fue absoluta, pues matizó sus efectos al prever casos en los
cuales, de forma excepcional, la acción de tutela es procedente contra
actuaciones que aunque en apariencia estuvieran revestidas de formas jurídicas,
en realidad implicaran una vía de hecho. Al respecto dijo la Sala Plena en la
sentencia C-543 de 1992,
“(…) nada obsta para
que por la vía de la tutela se ordene al juez que ha incurrido en dilación
injustificada en la adopción de decisiones a su cargo que proceda a resolver o
que observe con diligencia los térmi­nos judiciales, ni riñe con los preceptos
constitucionales la utilización de esta figura ante actuaciones de hecho imputables
al funcionario por medio de las cuales se desconozcan o amenacen los derechos
fundamentales, ni tampoco cuando la decisión pueda causar un per­juicio
irremediable, para lo cual sí está constitucionalmente autorizada la tutela
pero como mecanismo transitorio cuyo efecto, por expreso mandato de la Carta es
puramente temporal y queda supeditado a lo que se resuelva de fondo por el juez
ordinario competente (artículos 86 de la Constitución Política y 8º del Decreto
2591 de 1991). En hipótesis como éstas no puede hablarse de atentado alguno
contra  la seguridad jurídica de los asociados, sino que se trata de hacer
realidad los fines que persigue la justicia.”
Esta decisión ha sido interpretada por la jurisprudencia
constitucional la cual ha venido desarrollando el tema. Así, en la sentencia
T-079 de 1993[41]
se consideró, con base en la sentencia C-543 de 1992[42] lo siguiente:
“Una actuación de la
autoridad pública se torna en una vía de hecho susceptible del control
constitucional de la acción de tutela cuando la conducta del agente carece de
fundamento objetivo, obedece a su sola voluntad o capricho y tiene como
consecuencia la vulneración de los derechos fundamentales de la persona.”
Carece de fundamento
objetivo la actuación manifiestamente contraria a la Constitución y a la Ley.
La legitimidad de las decisiones estatales depende de su fundamentación
objetiva y razonable. El principio de legalidad rige el ejercicio de las
funciones públicas (CP art. 121), es condición de existencia de los empleos
públicos (CP art. 122) y su desconocimiento genera la responsabilidad de los
servidores públicos (CP arts. 6, 90). Una decisión de la autoridad no es
constitucional solamente por el hecho de adoptarse en ejercicio de las
funciones del cargo. Ella debe respetar la igualdad de todos ante la ley (CP
art. 13), principio que le imprime a la actuación estatal su carácter
razonable. Se trata de un verdadero límite sustancial a la discrecionalidad de
los servidores públicos, quienes, en el desempeño de sus funciones, no pueden
interpretar y aplicar arbitrariamente las normas, so pena de abandonar
el ámbito del derecho y pasar a patrocinar simple y llanamente actuaciones de
hecho contrarias al Estado de Derecho que les da su legitimidad.”[43]
Las distintas Salas de Revisión de la Corte
Constitucional, atendiendo a la fuerza vinculante de los fallos de
constitucionalidad erga omnes, deciden entonces aplicar en los casos
concretos el precedente establecido por la Sala Plena en la sentencia C-543 de
1992. Así, por ejemplo, puede citarse la sentencia T-158 de 1993, en la que la
Sala Novena de Revisión de la Corte decidió confirmar la decisión de la Sala
Civil del Tribunal Superior de Popayán de conceder el amparo de tutela
solicitado por el accionante en razón a que, según la jurisprudencia de la
Corte Suprema de Justicia, se quebrantó el derecho fundamental del debido
proceso al negar el recurso de apelación exigiéndose un requisito inexistente
en el Código de Procedimiento Civil.[44]
Al respecto también es preciso citar la sentencia T-173 de 1993, en la que, con
ponencia del magistrado José Gregorio Hernández Galindo –ponente de la
sentencia C-543 de 1992–, se consideró lo siguiente,
“Siendo providencias
judiciales los actos contra los cuales se intentó la acción, se impone
verificar la procedencia de ésta, que no es general sino excepcional, a la
luz de las normas fundamentales.
(…)
Según la doctrina de
la Corte, expresada en varias de sus decisiones, particularmente en la
Sentencia No. C-543 proferida por la Sala Plena el 1º de octubre de 1992, la
acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a
situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresión
o la amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema
jurídico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los
jueces a objeto de lograr la protección que haga efectivos los mandatos
constitucionales en defensa de la persona.
(…)
"Así, pues -ha
concluido la Corte-, la tutela no puede converger con vías judiciales diversas
por cuanto no es un mecanismo que sea factible de elegir según la
discrecionalidad del interesado, para esquivar el que de modo específico ha
regulado la ley; no se da la concurrencia entre éste y la acción de tutela
porque siempre prevalece -con la excepción dicha- la acción ordinaria".
Ha agregado que, por
tanto, "...en nuestro sistema pugna con el concepto mismo de esta acción
la idea de aplicarla a procesos en trámite o terminados, ya que unos y otros
llevan implícitos mecanismos pensados cabalmente para la guarda de los derechos,
es decir, constituyen otros medios de defensa judicial" que, a la luz del
artículo 86 de la Constitución, excluyen por regla general la acción de
tutela".
(…)
No obstante, la
regla general de la que se viene tratando no es absoluta y, por tanto, admite
excepciones que han sido reconocidas y precisadas por la Corte Constitucional
en la misma sentencia referida y en fallos posteriores.
(…)
En ese orden de
ideas, la violación flagrante y grosera de la Constitución por parte del juez,
aunque pretenda cubrirse con el manto respetable de la resolución judicial,
puede ser atacada mediante la acción de tutela siempre y cuando se cumplan los
presupuestos contemplados en el artículo 86 de la Constitución y no exista otro
medio al alcance del afectado para la defensa de su derecho.”[45]
Esta doctrina constitucional ha sido
precisada y reiterada en varias sentencias de unificación proferidas por la Sala
Plena de la Corte Constitucional. Por ejemplo, recientemente en la sentencia
SU-1184 de 2001[46]
se dijo,
“La Corte
Constitucional ha construido una nutrida línea de precedentes en materia de
tutela contra providencias judiciales, bajo las condiciones particulares de lo
que se ha denominado la vía de hecho. No es de interés para este proceso en
particular hacer un recuento de dicha línea de precedentes. Baste considerar
que sus elementos básicos fueron fijados en la sentencia T-231 de 1994[47], en la
que se señaló que existe vía de hecho cuando se observan algunos de los cuatro
defectos: sustantivo, orgánico, fáctico y procedimental.”
2.3.3. Por lo tanto, coincide parcialmente esta Sala
de Revisión de la Corte Constitucional con la Sala de Casación Laboral en
reconocer la obligatoriedad que tienen en el sistema jurídico colombiano las
sentencias de constitucionalidad, específicamente la sentencia C-543 de 1992,
pero no comparte el criterio según el cual en dicha sentencia se decidió que
era contrario a la Constitución Política de 1991 el que proceda una acción de
tutela contra una actuación judicial, incluso cuando esta configure una vía
de hecho, o conlleve la amenaza de un perjuicio irreme­diable.
Esta Sala de Revisión subraya que el
artículo 86 de la Constitución dice que la tutela procede cuando los derechos
fundamentales “resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública”. Los jueces son autoridades públicas y sus
providencias constituyen su principal forma de acción.
Además, la Corte Constitucional en sus salas de
revisión y en su Sala Plena ha reiterado que la tutela sí procede contra
providencias judiciales cuando éstas constituyen vías de hecho.
No desconoce esta Sala de Revisión que una sentencia,
como cualquier texto, es objeto de interpretación. Empero, quien interpreta con
autoridad las sentencias de la Corte Constitucional es la propia Corte
Constitucional, así como esta Corporación ha reconocido que quien interpreta
con autoridad las sentencias de la Corte Suprema de Justicia es la propia Corte
Suprema de Justicia, en razón a que su doctrina relativa al alcance de las
leyes en el ámbito de su competencia como “máximo Tribunal de la jurisdicción
ordinaria” (artículo 234 C.P.), constituye un derecho viviente.[48]
2.3.4. Ahora bien, la jurisprudencia ha indicado en
varias oportunidades los casos excepcionales en que el amparo procede la acción
de tutela, indicando que se configura una vía de hecho cuando se presenta, al
menos, uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (1) defecto
sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en una
norma indiscutiblemente inaplicable; (2) defecto fáctico, que ocurre
cuando resulta indudable que el juez carece de sustento probatorio
suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la
decisión; (3) defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello; y, (4) defecto procedimental que aparece en aquellos eventos en los
que se actuó completamente al margen del procedimiento establecido. En
criterio de la Corte “esta sustancial carencia de poder o de desviación del
otorgado por la ley, como reveladores de una manifiesta desconexión entre la
voluntad del ordenamiento y la del funcionario judicial, aparejará su
descalificación como acto judicial.[49]
2.4. No escapa a la Corte que puede surgir un
interrogante respecto de la aplicación al caso presente del principio de
inmediación, según el cual la acción de tutela es un mecanismo dirigido a la
protección de derechos fundamentales ante situaciones que requieran de una
actuación judicial de carácter urgente. Esta Sala considera que, en virtud de
la naturaleza imprescriptible del bien de uso público cuya propiedad se declaró
en las sentencias cuestionadas en este proceso, carecería de sentido exigir que
la acción de tutela dirigida a proteger los derechos fundamentales
eventualmente violados por dichas providencias, tuviera que ser presentada de
manera inmediata. Dicha exigencia desconocería que, de acuerdo a lo que alega
el accionante, éstos derechos se pueden ver afectados de manera indefinida.
Además, los hechos del caso muestran que la acción de tutela se presentó tan
pronto el funcionario, después de conocer los hechos del caso, llegó al
convencimiento de que no tenía a su disposición una vía judicial alternativa.
Pasa la Corte a resolver el fondo del
asunto.
3. Problemas jurídicos a resolver en el
presente proceso.
Esta Corporación resolverá el siguiente problema
jurídico: ¿Violó el debido proceso una sentencia proferida en 1987 que declaró
la prescripción adquisitiva de un bien inmueble de “uso público”, como
resultado de un proceso civil en el cual (i) testigos y peritos describieron el
bien como un terreno parcialmente cubierto por el mar, (ii) el juez se abstuvo
de solicitar el peritazgo de la Capitanía de Puerto de Cartagena, y (iii)
omitió notificar su inicio a cualquier autoridad pública?
De encontrar que la respuesta a la pregunta anterior
es afirmativa, la Corte resolverá un problema jurídico adicional: ¿Puede el
juez de tutela, anular una providencia, en la que se violó el debido proceso,
proferida hace 15 años y que declaró la prescripción adquisitiva de un bien de
uso público?
Para responder a estas preguntas, la Corte
(i) analizará si las sentencias acusadas incurrieron o no en alguna violación
al debido proceso, (ii) determinará si el bien inmueble ha sufrido un deterioro
ambiental, y (iii), estudiará cuál es el remedio constitucional más apropiado
para resolver el caso.
4. Las providencias acusadas omitieron aplicar al caso
algunas normas pertinentes y vulneraron el derecho al debido proceso de la
Nación.
4.1. Pasa la Corte a resumir las sentencias bajo
análisis, para determinar si en ellas se configuraron errores manifiestos.
El 30 de noviembre de 1987, el juzgado 6º Civil del
Circuito de Cartagena declaró que el Señor Anibal Olier Bueno había adquirido,
por prescripción extraordinaria adquisitiva, el dominio del inmueble que
colindaba con la “ciénaga de la virgen”[50].
Dicha decisión fue tomada, después de haber publicado varios edictos
emplazatorios, transmisiones radiales y publicaciones en diarios escritos, a
personas indeterminadas que pudieren tener un interés en el inmueble cuya
prescripción se alegaba.
El Juez Civil se fundamentó en las siguientes
pruebas:
(i) Un certificado expedido por el
Registrador de Instrumentos Públicos de acuerdo al cual no era conocido el
propietario del terreno en cuestión. El certificado dice que el lote “no se ha encontrado en el índice de tarjetero de inmuebles que se
lleva en esta oficina.”[51]
(ii) Testimonios de dos personas que
manifestaron tener conocimiento de los actos posesorios del demandante durante
un periodo mayor a quince y veinticuatro años respectivamente. Uno de los
testigos afirma que la cerca que había construido el Sr Olier Bueno, “se cayó, por cuanto la marea se la destruyó.”[52]
(iii) Inspección judicial en la cual,
además de constatar los linderos del predio y la tenencia en cabeza del señor
Olier Bueno, el juez hizo las siguientes afirmaciones: “Para la determinación de los actos de posesión, el Sr. Juez constata
y deja constancia de que dicho terreno, en su parte posterior, en un área aproximada
de veinte (20) metros, se encuentra cubierto por mangles naturales. En
el resto del área, no existe construcción o edificación alguna. El área antes
señalada como manglar es tierra que se observa permanece  en algunas
oportunidades bajo el agua, dada la humedad que se constata”.[53]
La anterior providencia fue confirmada en instancia de consulta, por la
Sala Civil del Tribunal Superior de Cartagena, mediante providencia fechada el
día 31 de marzo de 1989. Según el Tribunal “toca, pues, admitir que en el
caso de estudio concurren todas las condiciones previstas por la Ley 200 de
1996, y por todos los preceptos aplicables del Código Civil. Por otro lado, se
hizo estricto cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 413 del Código de
Procedimiento Civil. En tales circunstancias, nada más procedente que confirmar
la sentencia consultada.”[54]
4.2.
Las providencias acusadas omitieron aplicar la normatividad vigente en la
época, que describía el terreno como un bien de uso público e imprescriptible.
Si bien en la actualidad varias autoridades públicas
han manifestado que el terreno es un bien de uso público[55], es necesario
determinar si las providencias judiciales proferidas por el Juez 6º Civil del
Circuito y la Sala Civil del Tribunal Superior de Cartagena, se abstuvieron de
aplicar normas, que, en la época, describían el bien como de uso público e
impedían la prescripción del terreno.
La Corte Constitucional encuentra que las
sentencias bajo estudio omitieron aplicar una serie de normas civiles y
ambientales, vigentes en la época, que establecían que el terreno descrito en
los testimonios y en la inspección judicial realizada por el Juez del Circuito,
podía ser un bien de uso público, y por ende, era imprescriptible.
El Código Civil
vigente en la época establece.
Artículo 674. Se llaman bienes de la Unión aquellos cuyo
dominio pertenece a la República.
Si además su uso
pertenece a todos los habitantes, de un territorio, como el de calles, plazas,
puentes y caminos, se llaman bienes de la unión de uso público, o bienes
públicos del territorio.
Los bienes de la Unión
cuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes se llaman bienes de la
Unión o bienes fiscales.
Artículo 2519. Los bienes de uso público no se prescriben
en ningún caso.
Así mismo, el numeral
4º del artículo 413 del Código de Procedimiento Civil señalaba que
“(l)a declaración de
pertenencia no procede respecto de bienes imprescriptibles o de propiedad de
las entidades de derecho público.”[56]
Con fundamento en las anteriores normas, el Juez del
Circuito o la Sala Civil podían concluir que los bienes de uso público
pertenecían a la Nación y no eran prescriptibles. Así mismo, de las siguientes
normas se deduce que el predio cuya posesión alegaba el demandante era un bien
de uso público.[57]
El Decreto-Ley 2324 de 1984, promulgado el 18 de
septiembre de 1984 “por el cual se reorganiza la dirección general marítima”[58] dispone lo siguiente
en su artículo 166:
Artículo 166. Bienes de uso público. Las playas, los
terrenos de bajamar y las aguas marítimas, son bienes de uso público,
por tanto intransferibles a cualquier título a los particulares, quienes
sólo podrán obtener concesiones, permisos o licencias para su uso y goce de
acuerdo a la ley y a las disposiciones del presente decreto. En consecuencia,
tales permisos o licencias no confieren título alguno sobre el suelo n el
subsuelo.
Igualmente, la precitada norma de orden legal define
en su artículo 167 las expresiones, “bajamar” y “terrenos de bajamar” de la
siguiente manera:
Artículo 167:
“Definiciones: Para todos los efectos legales, se entenderá por
(…)
3. Bajamar: La máxima
depresión de las aguas a altura mínima.
4. Terrenos de bajamar:
Los que se encuentran cubiertos por la máxima marca y quedan descubiertos
cuando está baja.
Por su parte, el Código Nacional de Recursos Naturales
(Decreto-Ley 2811 1974) señala en sus artículos 80 y 83:
Artículo 80. Sin perjuicio de los derechos privados
adquiridos con arreglo a la ley, las aguas son de dominio público,
inalienables e imprescriptibles.
Cuando en este Código
se hable de aguas sin otra calificación, se deberán entender las de dominio
público.
Artículo 83. Salvo derechos adquiridos por
particulares, son bienes inalienables e imprescindibles del Estado:
a). El álveo o cauce
natural de las corrientes;
b). El lecho de los
depósitos naturales de agua.
c). Las playas
marítimas, fluviales y lacustres;
d). Una faja
paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos y
lagos, hasta de treinta metros de ancho;
e). Las áreas ocupadas
por los nevados y los cauces de los glaciares;
f). Los estratos o
depósitos de las aguas subterráneas.[59]
Por último, el
Decreto reglamentario 1681 de 1978 dispone:
Artículo 128: Se
declaran dignos de protección, los manglares, estuarios, meandros, ciénagas u
otros hábitats similares de recursos hidrobiológicos, así como los cuerpos de
agua y zonas aledañas en los cuales se adelanten programas de acuicultura, en
una extensión que determinará el INDERENA.
EL INDERENA podrá
prohibir, restringir o condicionar en tales áreas, el desarrollo de actividades
que puedan producir deterioro del ambiente acuático de los recursos
hidrobiológicos.
De las normas anteriores se concluye que los terrenos de bajamar (es
decir aquellos que se encuentran por momentos cubiertos de agua), los bordes
paralelos a la línea de mareas máximas y los franjas cubiertas de agua, estaban
clasificados por normas de carácter legal como bienes de uso público, eran
imprescriptibles, y no eran transferibles, bajo ningún título, a los
particulares. Adicionalmente, la normatividad ambiental en la época otorgaba
una especial protección a los ecosistemas de manglares.
A su vez, el material probatorio en el proceso civil de la referencia
le otorgaba al juzgador suficientes elementos de juicio para cuestionarse
acerca de si el terreno, cuya declaración de pertenencia se pretendía, se
ajustaba a las categorías descritas. En efecto, como se constató en líneas
anteriores, (i) la descripción del bien en la demanda, (ii) uno de los
testimonios, y (iii) los resultados de la inspección judicial, arrojaron que el
predio estaba cubierto por “mangles naturales”, eventualmente por la
marea, y que permanecía en oportunidades bajo el agua.
Por su parte, el año en el que fue expedido el Código
Nacional de Recursos Naturales es 1974. Por lo tanto, dicha norma empezó a
surtir efectos catorce años después de 1960, momento en el que uno de los
testigos afirmó que el Señor Aníbal Olier Bueno inició actos posesorios del
terreno.[60]
Esto descartaría que el demandante hubiere adquirido derechos a la fecha en que
fueron promulgadas las normas en precitadas.
Ahora bien, en las providencias proferidas por el juez 6º del Circuito
y el Tribunal Superior, se constata la ausencia de examen alguno acerca de la
eventual destinación del terreno al uso público, y su consecuente
imprescriptibilidad. Por lo tanto, la Corte concluye que el error de dichas
autoridades radicó en la no aplicación, y probable desconocimiento de las
disposiciones señaladas en líneas anteriores, y no está relacionado con una
equivocación en materia probatoria.[61]
La Corte concluye que las providencias acusadas omitieron analizar si
se debían aplicar varias normas que prohibían la declaración de pertenencia por
prescripción extraordinaria adquisitiva del bien inmueble.
Adicionalmente, de ser confirmado que en
la actualidad dicho bien es de uso público, las sentencias analizadas reñirían
con lo establecido en la Constitución actual, que en su artículo 63 dispone:
“los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras de resguardo, el
patrimonio arqueológico de la Nación, y los demás bienes que determine la ley,
son inalienables, imprescriptibles e inembargables.” Dicha contradicción entre
las providencias analizadas y la Constitución actual, será objeto de análisis
en las consideraciones posteriores de esta sentencia.
4.3. Las providencias acusadas desconocieron el
derecho al debido proceso de la Nación.
En el apartado
anterior se concluyó que en las sentencias proferidas por el Juez 6º Civil del
Circuito y la Sala Civil del Tribunal Superior de Cartagena, dichas autoridades
omitieron tomar en consideración la normatividad de acuerdo a la cual el
terreno era un bien de uso público. Por esta razón, los juzgadores no se
percataron de que la propietaria del predio era la Nación, y en consecuencia,
omitieron vincular a la entidad competente para que ésta pudiere controvertir
la correspondiente demanda de pertenencia.
Cabe entonces preguntarse si dicha omisión vulneró los
derechos de defensa y contradicción de la Nación, y específicamente, si fueron
desconocidos los numerales 5º y 6º del artículo 413 del Código de Procedimiento
Civil[62].
Estos se transcriben a continuación:
Artículo 413.
Declaración de pertenencia. En las demandas sobre declaración de pertenencia se
aplicarán las siguientes reglas:
(…)
5. A la demanda deberá
acompañarse un certificado del registrador de instrumentos públicos acerca de
las personas que figuren como titulares de derechos reales sujetos a registro o
de que no aparece ninguna como tal. Siempre que en el certificado figure alguna
persona como titular de un derecho real principal sobre el bien, la demanda
deberá dirigirse contra ella. [63]
6. En el auto admisorio
de la demanda se ordenará emplazar a las personas que se crean con derechos
sobre el respectivo bien, por medio de edicto (…).
De la normas
precitadas surge el siguiente interrogante: ¿Se viola el derecho de defensa y
de contradicción a la Nación, si en proceso de pertenencia (i) no se le
notificó en calidad de demandado, ya que, en el certificado de la oficina de
instrumentos públicos no se encontraba como propietaria del predio, y (ii) se
emplazó por edicto a las personas que pudieren tener un interés en el terreno?
La
jurisprudencia constitucional no ha solucionado dicho problema. Esta
Corporación ha protegido el derecho fundamental al debido proceso de aquellas
personas propietarias de inmuebles, que no fueron notificadas debidamente de
procesos de pertenencia en su contra, pero en los casos en los cuales el juez
no ha emplazado por medio de edicto a los propietarios indeterminados. Así, en
la sentencia T-265 de 2003[64]
la Corte confirmó una sentencia de tutela proferida por la Sala Civil de la
Corte Suprema de Justicia, la cual, a su vez, había anulado una providencia que
resolvió la consulta de la sentencia de pertenencia y ordenó al juez de primera
instancia que “disponga lo pertinente para dejar indemne el derecho amparado”.
La Sala de tutela consideró que en la sentencia civil se “había incurrido en
un defecto procedimental, porque las personas indeterminadas que pudieran tener
interés en el inmueble no fueron emplazadas en debida forma y, el proceso fue
adelantado sin que se les hubiera designado curador ad litem que los
representara”. Sin embargo, en el presente proceso sí hubo un emplazamiento
debido, y también fue nombrado un curador ad litem.
De igual forma, la Corte Constitucional en sentencia
C-383 de 2000[65]
al estudiar la constitucionalidad del numeral 5º precitado, decidió que dicha
disposición no era contraria al debido proceso, específicamente al derecho a la
defensa de las personas propietarias que no se encontraban registradas en la
oficina de instrumentos públicos, y que por lo tanto, no podían ser notificadas
del proceso de pertenencia. Esto, pues el numeral 6º (también precitado)
disponía el edicto emplazatorio de los interesados indeterminados. Según la
Corte,
“la preocupación del
actor en cuando a la presunta “indefensión” de las personas indeterminadas en
un proceso de pertenencia, es infundada; toda vez, que, si bien es cierto que
el certificado que expide el registrador de instrumentos públicos clarifica con
un alto grado de certeza la situación del sujeto pasivo de la respectiva acción
y, de este modo, establece contra quienes deberá dirigirse la demanda y a
quiénes habrá de notificarse, para efectos de la defensa de sus derechos
sustanciales, también lo es que las personas indeterminadas, con derechos
reales principales sobre el bien, no quedan desprotegidas en la defensa de esos
mismos derechos e intereses, por virtud de un certificado que no las mencione
individualizadamente, dado que su presencia se asegura a través del
emplazamiento que obligatoriamente debe hacérseles (C.P.C., art. 407-6).”
Sin embargo, en aquella ocasión la Corte también
consideró qué sucedía en la hipótesis de que el bien del cual se buscaba la
declaración de prescripción fuere de uso público y por ende, que no se
encontrara registrada en la oficina de instrumentos públicos. Al respecto, la
Corte dijo lo siguiente:
[L]a Corte entra a
examinar el cargo de inconstitucionalidad formulado por el actor por violación
del artículo 63 de la Carta Política, en la medida en que sostiene que cuando
se inicia un proceso de pertenencia con un certificado expedido por el
registrador de instrumentos públicos, en el cual no aparece ningún titular de
derechos reales sujetos a registro sobre el bien en litigio, indefectiblemente
el juez del conocimiento podrá llegar a declarar la pertenencia de un bien
imprescriptible.
(…)
[E]l actor cuestiona
el numeral 5o. del artículo 407 del C.P.C. sin detenerse a analizar lo
establecido en el numeral 4o. de ese mismo artículo, el cual señala que “la
declaración de pertenencia no procede respecto de bienes imprescriptibles o de
propiedad de las entidades de derecho público”. (…)
(…)
Las consideraciones
planteadas determinan a la Corte a rechazar el cargo del actor por violación
del artículo 63 de la Carta Política, pues no es cierto que cuando el
registrador de instrumentos públicos emite un certificado en sentido negativo,
se habilita al juez que conduce el proceso de pertenencia a declararla frente a
un bien imprescriptible.
(…)
[D]icho funcionario
cuenta con las facultades y poderes suficientes para tratar de ubicar a los
eventuales propietarios del bien cuya usucapión se pretende y determinar la
naturaleza jurídica del mismo. Por una parte, a través del ya mencionado edicto
emplazatorio, y por otra parte, mediante una actividad probatoria por medio de
la cual se decreten pruebas de oficio (C.P.C., arts. 179 y 180) en la medida en
que se estimen útiles para la comprobación de los hechos relacionados con el
proceso, especialmente, el de la naturaleza jurídica del bien objeto del
litigio, a fin de darles su correspondiente valoración y poder así resolver
sobre la pretensión de pertenencia, deber inaplazable y exigible a los jueces
del conocimiento de estas causas.
Es más, a las
facultades antes descritas se agrega el deber legal de practicar inspección
judicial sobre el bien en litigio, con el fin de constatar directamente los
hechos relacionados en la demanda y constitutivos de la posesión alegada por el
demandante (C.P.C., art. 407-10). Tal actuación permitirá también esclarecer
las circunstancias de la posesión y del bien materia de la declaración de
pertenencia, todo ello encaminado a precisar, entre otros aspectos, su
naturaleza jurídica. De manera que, observada por el juez la pertenencia del
respectivo bien al grupo de los imprescriptibles, tendrá que inadmitir la
demanda o, en el caso de admitida ésta, no podrá declarar la pertenencia del mismo
en virtud de la prescripción adquisitiva de su dominio, por razón de la expresa
prohibición constitucional y legal.”
Por
lo tanto, en dicha oportunidad la Corte no se pronunció acerca de lo que
sucedía en el caso en el que la demanda que solicitaba la declaración de
pertenencia de un bien de uso público, (i) sí fuere admitida por el juez civil
correspondiente, y (ii) que dicho proceso llegare a finalizar con una sentencia
favorable para el demandante. Así, a la Corte no le correspondió resolver si se
violaba el derecho de defensa de la Nación en el caso en el que la pertenencia
de un bien de uso público fuera declarada a través de un proceso civil en la
cual no se hubiere vinculado a una entidad estatal como parte demandada.
Sin embargo, de la jurisprudencia de la jurisdicción
civil sí se puede derivar una regla que es relevante para solucionar el
presente problema. La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ha
establecido que en los casos en los cuales los propietarios de inmuebles cuya declaración
de prescripción se decide en juicio, no han sido vinculados al proceso, dado
que, por “una u otra razón” su titularidad sobre éste no se encontraba
debidamente registrada en la oficina de instrumentos públicos, incurren en
causal de anulación. Así, la Corte Suprema de Justicia ha anulado varias
sentencias declaratorias de pertenencia, en casos en los cuales los herederos
del bien cuya adjudicación se pretendía no estaban inscritos en registro
público como propietarios de éste, y por tal razón no habían sido vinculados al
proceso. La Sala Civil ha considerado lo siguiente:
“Aconteció
sencillamente que a la hora de la inscripción del título en el registro
inmobiliario se cayó en error cuando fueron alteradas algunas letras de su
apellido.
(…)
Imperioso era, pues,
que se llamara a los herederos a resistir la pretensión,  todo con arreglo a
las hipótesis previstas en el artículo 81 del Código de Procedimiento Civil.
Como así no ocurrió,  naturalmente que es atentatorio del derecho de defensa,
cual lo hace ver el recurrente,  quien,  invocando la calidad de heredero ha
promovido esta demanda de revisión.
Ante falencia
semejante, estructúrase la causal de nulidad consagrada en el numeral 9 del
artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, y con ello el motivo de
revisión aquí invocado,  porque como lo tiene dicho la Sala en casos similares,
si el recurrente no es demandado ni citado para hacerse parte en el proceso de
pertenencia, teniendo la calidad de heredero de quien era propietario del bien
respectivo, la nulidad se configura ‘sin atenuantes’ ”[66]
Esta Corporación considera que el edicto emplazatorio
no es un medio adecuado y suficiente para garantizar el derecho a la defensa de
la Nación en los procesos en los cuales se pretende usucapir un bien de uso
público. No es posible pretender que los organismos estatales estén obligados a
verificar cada uno de los edictos emplazatorios que informen acerca del inicio
de procesos de dominio, en la eventualidad de que éstos busquen la apropiación
de bienes de uso público. Dada la cantidad de dichos bienes, y lo indeterminada
de la identificación de éstos, la labor mencionada sería imposible, pues
desbordaría los recursos humanos con que cuenta cualquier infraestructura
estatal. Lo anterior no sucede con, por ejemplo, los bienes fiscales, pues cada
entidad es propietaria de un número fijo de éstos, y a la vez, al ser
transables, se encuentran inscritos en las oficinas de instrumentos públicos.[67]
Así, la Sala considera que, a pesar de que sí se
hubiere emplazado por edicto a los interesados indeterminados, y que en el
proceso de pertenencia de la referencia se hubiere nombrado un curador ad
litem, la Nación no tuvo, de manera efectiva, la oportunidad de contradecir la
demanda de pertenencia del bien inmueble mencionado, por lo que le fueron
violados sus derechos de defensa y de contradicción.
Se concluye entonces que las sentencias precitadas
incurrieron en varios errores, mediante los cuales se vulneró el derecho al
debido proceso de la Nación. Ahora bien, dado que dichas providencias fueron
dictadas en los años 1987 y 1989 respectivamente, es necesario que esta Sala
tenga en cuenta otros elementos de juicio que serán relevantes para tomar una
decisión acerca de la manera más adecuada de proteger el derecho al debido
proceso de la entidad accionante. Se analizará, en primer lugar, el deterioro
ambiental que han sufrido los predios sobre los cuales los particulares
ostentan un título de propiedad.
5. En el terreno se evidencia un daño ambiental
considerable, lo cual desconoce la normatividad al respecto.
En este apartado, la Corte constatará el
deterioro ambiental que ha sufrido el terreno, lo cual vulnera las normas que
regulan la protección de los manglares.
5.1. La normatividad ambiental señala claramente la protección de los
recursos hidrobiológicos de las ciénagas, tales como los ecosistemas de
manglares, en vista de sus importantes funciones ecosistémicas. Es así como el
Decreto 1681 de 1978 “por el cual se reglamentan [la protección] de
los recursos hidrobiológicos”, dispone en sus artículos 128 y 175:
Artículo 128: Se declaran dignos de protección, los
manglares, estuarios, meandros, ciénagas u otros hábitats similares de recursos
hidrobiológicos, así como los cuerpos de agua y zonas aledañas en los cuales se
adelanten programas de acuicultura, en una extensión que determinará el
INDERENA.
EL INDERENA podrá
prohibir, restringir o condicionar en tales áreas, el desarrollo de actividades
que puedan producir deterioro del ambiente acuático de los recursos
hidrobiológicos.
Artículo 175: Por
considerarse que atentan contra los recursos hidrobiológicos y su ambiente, se
prohiben las siguientes conductas:
(…)
4. Destruir la
vegetación que sirva de refugio o fuente de alimentación a las especies
hidrobiológicas, o alterar o destruir los arrecifes coralinos y abrigos
naturales de esas especies.
(…)
6. Construir obras o
instalar redes, mallas o cualquier otro elemento que impida el libre y
permanente tránsito de los peces en las ciénagas, lagunas, caños y canales
naturales.[68]
Así mismo, la Resolución 1602 de 1995 del Ministerio
del Medio Ambiente, afirma lo siguiente en sus consideraciones:
“[L]os manglares son
vitales para la biodiversidad por ser áreas de protección para los primeros
estadios de vida de los recursos hidrobiológicos; porque aportan nutrientes al
medio marino que constituyen la base de la productividad primaria fundamental
en la cadena alimenticia del océano; porque son básicos para la conservación de
la línea litoral, ya que evitan la erosión que producen las corrientes y las
olas que golpean la costa; y porque cumplen una función filtradora de las
cargas orgánicas provenientes de fuentes terrestres, que en la ausencia de este
recurso causarían graves perjuicios sobre la vida marina.
(…)
[E]n la actualidad
los manglares de Colombia están siendo intervenidos por acciones humanas en
forma negativa debido a que son rellenados con tierra, escombros y otros
materiales, y son objeto de talas indiscriminadas; que en muchos casos los
manglares son utilizados como destino final de vertimientos industriales,
humanos y agropecuarios; que según estudios científicos recientes, si en
Colombia se continúa destruyendo el manglar al ritmo actual, en unos cuarenta
(40) años este recurso natural desaparecerá en la totalidad del territorio
nacional; y que en extensas áreas de la Costa Atlántica el manglar ha
desaparecido por la acción humana.”[69]
Por último, el Convenio sobre Biodiversidad Biológica,
suscrito en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992 y aprobado
por la Ley 165 de 1994, dispone en sus artículos 6º, 7º y 10º que, dada la responsabilidad de los Estados de conservar su
diversidad biológica, (i) se adoptarán medidas relativas a la
utilización de los recursos biológicos para evitar o reducir al mínimo los
efectos adversos para la diversidad biológica; (ii) se prestará ayuda a las
poblaciones locales para preparar y aplicar medidas correctivas en las zonas
degradadas donde la diversidad biológica se ha reducido; y (iii) se fomentará
la cooperación entre las autoridades gubernamentales y el sector privado en la
elaboración de métodos para la utilización sostenible de los recursos
biológicos. De manera más específica, el Convenio para la Protección y el
Desarrollo del Medio Marino en la Región del Gran Caribe, aprobado mediante la
Ley 56 de 1987, dispone en su artículo 4: “Obligaciones generales. || Las
Partes Contratantes adoptarán, individual o conjuntamente, (…) todas las
medidas adecuadas de conformidad con el Derecho Internacional y con arreglo al
presente Convenio y a aquellos de sus Protocolos en vigor en los cuales sean
partes para prevenir, reducir y controlar la contaminación de la zona de
aplicación del Convenio y para asegurar una ordenación racional del medio,
utilizando a estos efectos los medios más viables de que dispongan y en la
medida de sus posibilidades”; y en su artículo 10: “Zonas especialmente
protegidas. || Las Partes Contratantes adoptarán, individual o conjuntamente,
todas las medidas adecuadas para proteger y preservar en la zona de aplicación
del Convenio los ecosistemas raros o vulnerables, así como el hábitat de las
especies diezmadas, amenazadas o en peligro de extinción. Con este objeto las
Partes Contratantes procurarán establecer zonas protegidas. El establecimiento
de estas zonas no afectará a los derechos de otras Partes Contratantes o de
terceros Estados. Además, las Partes Contratantes intercambiarán información
respecto de la administración y ordenación de tales zonas.”[70]
5.2. Sin
embargo, a pesar de la claridad de las normas citadas, se evidencia que el
terreno de que trata el presente proceso ha sido objeto de actuaciones que han
afectado seriamente sus condiciones hidrobiológicas.
La Corte constata que anteriormente a la declaración
de propiedad del bien de uso público, sus poseedores ya realizaban rellenos. En
efecto, los testigos en el proceso de declaración de pertenencia, afirmaron que
el Señor Olier Bueno hacía rellenos del terreno.[71]
Por su parte, el
concepto técnico No 129 elaborado por el Damarena el 4 de octubre de 1996[72], evaluó el daño al ecosistema en el predio
del cual era “poseedor” el Señor Aníbal Olier Bueno. Los resultados de
la inspección fueron los siguientes: “El primer lote se encuentra vacío, rellenado
con lodo-arena, con posible tala de manglar, aunque en su frente existe un
pequeño arbusto de mangle. El segundo predio (…) se encuentra sembrado
con pasto, y tienen una palmera, 7 árboles de coco, un bote de fibra de vidrio,
una canoa de madera, una poza séptica y tienen agua y luz.”[73] En concordancia con dichos resultados el
concepto concluye que se debe “proceder al establecimiento de las sanciones,
así como en la reparación del daño.”[74] El informe concluye que “el costo aproximado del daño ambiental es
de $300 millones”. [75]
Así mismo, el concepto técnico de la Capitanía de Puerto, suscrito el
día 16 de julio de 2002, concluye que “los terrenos en posesión de Anibal
Olier Bueno, Hernán Bohorquez Montolla, Antonio Nader y Joaquín Liñán, se
encuentran sobre terrenos de bajamar, manglar y zona inundable por la ciénaga
que ha sido aparentemente sometida a rellenos y tala de mangle. (…) El terreno
en su totalidad se encuentra bajo la jurisdicción de la Dirección General
marítima y constituye un bien de uso público”[76]
Por su parte, varios estudios, tanto de la Capitanía de Puerto, como de
distintas entidades ambientales, analizaron la integridad ambiental del terreno
del Señor Joel Bohórquez, quien aquirió parte del terreno del Señor Olier Bueno.
Dentro de estos informes se incluyen:
Concepto técnico No 870 de 11 de abril de 2001, suscrito por la
subdirección de gestión ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Canal
del Dique (Cardique) que establece que “el aludido sitio se encuentra dentro
de las zonas de recuperación de las Ciénagas de la Virgen y Juan Polo, en donde
se han generado impactos a todo el ecosistema, debido a que los rellenos y el
aterramiento para la construcción de piscinas ha propiciado que se incremente
la reducción del drenaje, la interrupción de flujos hídricos, así como la
capacidad de regeneración natural de la vegetación del manglar y la
salinización de este cuerpo de agua.”[77]
Informe pericial de la Capitanía de Puerto de
Cartagena de la Armada Nacional, del día 20 de enero de 2000, solicitado por el
Señor Hernán Bohórquez Montoya, con el fin de “determinar la jurisdicción
sobre” su predio. El informe concluye lo siguiente:
“Lote 1: Ubicado sobre áreas de bajamar
originalmente pobladas de manglar, (…) el cual fue talado e intervenido por
acción antrópica con anterioridad a la fecha en que fue adquirido por el Sr.
Joel Bohórquez, al Sr. Aníbal Olier Bueno (…), y que en manos del Sr Bohórquez,
ha sido rellenado para subir su nivel por encima del nivel medio de la Ciénaga
de la Virgen, y cerrado con un muro de material. Todo el lote se encuentra
sobre bienes de uso público bajo la jurisdicción de la Dirección General
Marítima-CP5.
Lote 2: Ubicado sobre áreas de bajamar (…)
originalmente pobladas de manglar por acción antrópica con anterioridad a la
fecha en que fue adquirido por el Sr. Joel Bohórquez, a la Sra. Marleny Gómez
Anaya, (…) cuando ya en él existían una vivienda rústica de madera y 4 piscinas
de sábalo (…).
En manos del Sr. Bohórquez se adelantaron
las demás piscinas y construcciones que se escriben  en el presente concepto,
básicamente enfocadas al desarrollo de un proyecto piscícola de cría de sábalo,
habiendo intervenido mangle, adelantando por conminatoria de Damarena la
reforestación exigida (…)  y obteniendo el restablecimiento del Plan de Manejo
Ambiental para el cultivo de sábalo (…).
Todo el lote se encuentra sobre bienes de
uso público bajo la jurisdicción  de la Dirección General Marítima-CP5.”
Ampliación del Concepto Técnico de la Capitanía de
Puerto, suscrito el 30 de octubre de 2002, que, con fundamentos en una
inspección del terreno, y en un análisis de fotografías aéreas, llega a las
mismas conclusiones que el informe anterior: “(E)l predio de ubicado en el
corregimiento de la Boquilla y que está ocupado por el Sr. Bohórquez, es una
extensa zona de bajamar poblada de manglar que hace parte de la Ciénaga de la
Virgen que ha sido sometido a rellenos para la adecuación de piscinas  para
sábalos y caballerizas para equinos. Esta zona es considerada como bien de uso
público."[78]
Igualmente, la Contraloría General de la Nación
afirma, en documento de julio de 2000 que, en relación con la Ciénaga de la
Virgen, “la interrupción de del flujo dinámico de las aguas generó un
proceso de desecación de estos suelos o que trajo como consecuencia la tala de
mangle para el aprovechamiento de los mismos, personas en posesión sobre
terrenos consolidados realizaron rellenos en algunas de estas áreas de bajamar
contiguas a sus predios || Con base en las acciones desarrolladas por la
Capitanía del Puerto de Cartagena (informes periciales), se define que las
áreas que comprendían las antiguas zonas de la Ciénaga de la Virgen, a pesar de
haber perdido su comunicación con ésta, continúan siendo de bajamar por lo que
de acuerdo con la ley son bienes de uso publico a nombre de la Nación, y al
tener esta condición presentan, según la Constitución Política, las características
de inalienables, imprescriptibles e inembargables.”[79]
Por lo tanto, la Corte encuentra que en
el terreno cuya pertenencia fue declarada en las sentencias analizadas, se ha
talado el mangle y se han efectuado rellenos, lo que a su vez es contrario a la
normatividad ambiental reseñada.
5.3. Por su parte, dicha situación es contraria a los
artículos 8º, 79, 80 y 95-8 de la Constitución, los cuales se transcriben a
continuación.
Artículo 8. Es obligación del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar
de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las
decisiones que puedan afectarlo.
Es deber del Estado
proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos
fines.
Artículo 80. El Estado planificará el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución.
Además, deberá prevenir
y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales
y exigir la reparación de los daños causados.
Así mismo, cooperará
con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas
fronterizas.
Artículo 95. (…) El ejercicio de los derechos y
libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades. El
ejercicio de las libertades y derechos reconocidos en esta Constitución implica
responsabilidades.
(…)
Son deberes de la
persona y del ciudadano:
(…)
8. Proteger los
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un
ambiente sano;
En conclusión, el terreno cuya pertenencia fue
declarada en las sentencias demandadas en el presente proceso, ha sido objeto
de tala de mangle y de rellenos, lo cual a su vez, reduce el drenaje,
interrumpe los flujos hídricos y la capacidad de regeneración de vegetación y
la salinización de agua. Dichas actuaciones desconocen las normas
constitucionales y legales que obligan al Estado y a los particulares a
proteger las riquezas naturales de la Nación, la diversidad e integridad del
ambiente y las áreas de especial importancia ecológica.
6. El remedio constitucional más adecuado para
solucionar el presente problema jurídico y proteger el derecho al debido
proceso del accionante  consiste en permitir a las autoridades ambientales
interponer el recurso extraordinario de revisión.
6.1. En los apartados anteriores, esta Sala concluyó que (i) en las
sentencias analizadas se había incurrido en varios errores contrarios al debido
proceso, y (ii) que el terreno ha sufrido un deterioro ambiental grave. Sin
embargo, lo anterior no es suficiente para resolver el caso presente.
Este proceso presenta un dilema cuyo remedio no es del todo evidente.
Para encontrar una solución constitucional al caso, es pertinente tomar en
consideración, además de lo anotado en líneas anteriores, la eventual
afectación de otros valores constitucionales. Dentro de estos se encuentran los
siguientes:
(i) Es esencial considerar los derechos de las personas a favor de las
cuales las sentencias mencionadas declararon la propiedad del bien inmueble o
les fue vendido una porción de éste, y que hasta el día de hoy han sido
titulares de un derecho de propiedad que goza de presunción de legalidad y por
el cual han sido sujetos pasivos del impuesto predial cobrado por el Distrito
de Cartagena[80].
Durante al menos 15 años, dichas personas han entendido que en realidad son
dueñas del terreno. Así mismo, si se toma en cuenta el periodo anterior a la demanda
de pertenencia instaurada por el Señor Aníbal Olier Bueno, se observa que él
empezó a realizar actos de posesión sobre el terreno desde 1960, es decir,
desde hace aproximadamente 44 años.
(ii) También es necesario que la Corte tome en consideración que las
sentencias contra las cuales se interpone la presente acción de tutela fueron
proferidas en 1987 y 1989 respectivamente, lo que significa que dichas
providencias han gozado de una presunción de legalidad por un periodo de 17 y
15 años. En este orden de ideas, es importante reconocer que la solución del
caso presente también involucra la preservación de los principios de la cosa
juzgada y la seguridad jurídica, los cuales, a su vez, son fundamentales para
una eficiente, eficaz y justa prestación de la administración de justicia, así
como para la salvaguarda de los derechos protegidos por la inmutabilidad de
dichas sentencias.
Así, la Corte debe tomar en consideración la afectación que una
eventual anulación de las sentencias reseñadas produciría, de una parte, sobre
los derechos que el título de propiedad mencionado ha generado sobre los
ocupantes del bien de uso público, y de otra, sobre los principios de la cosa
juzgada y la seguridad jurídica.
En este sentido, en el proceso bajo estudio se presenta una tensión
entre dos conjuntos de valores e intereses constitucionales: (a) el derecho al
debido proceso de la Nación, el ordenamiento constitucional de protección del
medio ambiente, y la norma de orden superior dirigida a la destinación de algunos
bienes al uso público, y (b) los derechos de propiedad que han surgido sobre
las personas que adquirieron el predio o a favor de quienes fue declarada la
pertenencia del terreno, y, como se dijo, los principios de la cosa juzgada y
la seguridad jurídica. El remedio constitucional en este caso específico,
deberá surgir de la ponderación entre estos derechos y principios enfrentados.
Para esto se determinará y comparará la afectación de dichos valores
constitucionales respecto de cada uno de los remedios constitucionales
posibles.
Para encontrar
la solución constitucional más adecuada, la Corte (i) analizará los
pronunciamientos jurisprudenciales respecto de problemas similares, y (ii)
resolverá el caso presente.
6.2. Si bien la jurisprudencia ha señalado consistentemente que, en
relación con el derecho de propiedad, las facultades que se ejercen sobre un
bien particular están limitadas ante (i) el orden ecológico dispuesto en la
Constitución y (ii) la destinación de los bienes de uso público, el asunto
específico bajo estudio no ha sido resuelto todavía por la Corte
Constitucional.
6.2.1. La jurisprudencia de la Corte ha considerado
que la protección del medio ambiente es uno de los valores de mayor importancia
en el régimen constitucional actual. Al respecto, se ha referido a la Carta
como la “Constitución ecológica”, de la cual se desprenden consecuencias
jurídicas reales.
“La Corte coincide
con los demandantes en que la Constitución de 1991 modificó profundamente la
relación normativa de la sociedad colombiana con la naturaleza. Por ello esta
Corporación ha señalado, en anteriores decisiones, que la protección del medio
ambiente ocupa un lugar tan trascendental en el ordenamiento jurídico que la
Carta contiene una verdadera "constitución ecológica", conformada por
todas aquellas disposiciones que regulan la relación de la sociedad con la
naturaleza y que buscan proteger el medio ambiente. Igualmente la Corte ha
precisado que esta Constitución ecológica tiene dentro del ordenamiento
colombiano una triple dimensión: de un lado, la protección al medio ambiente es
un principio que irradia todo el orden jurídico puesto que es obligación del
Estado proteger las riquezas naturales de la Nación (CP art 8). De otro lado,
aparece como el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano,
derecho constitucional que es exigible por diversas vías judiciales (CP art
79). Y, finalmente, de la constitución ecológica derivan un conjunto de
obligaciones impuestas a las autoridades y a los particulares[81]. Es
más, en varias oportunidades, la Corte ha insistido en que la importancia del
medio ambiente en la Constitución es tal que implica para el Estado, en materia
ecológica, “unos deberes calificados de protección”[82].
Igualmente, y conforme a lo señalado por los actores, la Corte también ha
precisado que la Carta constitucionaliza uno de los conceptos más importantes
del pensamiento ecológico moderno, a saber, la idea según la cual el desarrollo
debe ser sostenible.”
La dimensión
ecológica de la Carta y la constitucionalización del concepto de desarrollo
sostenible no son una muletilla retórica ya que tienen consecuencias jurídicas
de talla, pues implican que ciertos conceptos jurídicos y procesos sociales,
que anteriormente se consideraban aceptables, pierden su legitimidad al
desconocer los mandatos ecológicos superiores.”[83]
En este sentido, la Corte ha establecido que algunas normas
que anteriormente se consideraban exclusivamente contenidas en el ordenamiento
civil (por ejemplo, aquellas que regulan el comportamiento entre las personas),
han pasado a formar parte de la esfera del derecho ambiental, como bien
jurídicamente tutelable, con prevalencia sobre las relaciones entre
particulares.
“no toda disposición
jurídica que regula el empleo de un recurso natural debe ser entendida como una
norma ambiental. Por ejemplo, muchos artículos del estatuto civil establecen
cómo se adquieren y transfieren los bienes materiales, que son en muchos casos
recursos naturales, pero no por ello esas disposiciones civiles se transforman
en normas ambientales, ya que no sólo están basadas en el principio de
autonomía de la voluntad sino que, además, están interesadas fundamentalmente
en regular la circulación social de estos bienes, por lo cual la relación entre
las personas y los ecosistemas pasa prácticamente en silencio. En cambio, lo
propio de una norma ambiental es que considera a la naturaleza no sólo como un
objeto de apropiación privada o social sino como un bien jurídicamente
tutelable, con lo cual la relación normativa entre la naturaleza y la sociedad
se transforma, tal y como se mostrará posteriormente en los fundamentos 18 a 21
de esta sentencia. El pensamiento ecológico y las normas ambientales implican
entonces un cambio de paradigma, que obliga a repensar el alcance de muchas de
las categorías jurídicas tradicionales, ya que la finalidad del derecho se
amplía. En efecto, el ordenamiento jurídico ya no sólo buscará regular las
relaciones sociales sino también la relación de la sociedad con la naturaleza,
con el fin de tomar en cuenta el impacto de las dinámicas sociales sobre los
ecosistemas, así como la repercusión del medio ambiente en la vida social.”[84]
Como consecuencia de lo anterior, esta Corporación sostiene que la
propiedad privada, y específicamente la capacidad de apropiación de los
particulares, está limitada por el orden ecológico. Así mismo, dentro de dichos
límites se encuentra el artículo 63 superior, según el cual los bienes de uso
público son imprescriptibles.
“La Constitución
establece límites a la propiedad privada sobre ciertos bienes. Así, frente a
determinados bienes, el ordenamiento puede establecer una reserva al dominio
privado, pues la Carta establece que determinados bienes son inembargables,
imprescriptibles e inalienables (CP art. 63). (…) Sin embargo, en la
medida en que la Constitución reconoce de manera genérica la propiedad privada
(CP art. 58), se entiende que en principio ésta puede recaer sobre los recursos
naturales renovables, que no hayan sido sometidos por la ley a la reserva de
dominio privado previstas por la Carta (CP art. 63)”
[E]n la época
actual, se ha producido una “ecologización” de la propiedad privada, lo cual
tiene notables consecuencias, ya que el propietario individual no sólo debe
respetar los derechos de los miembros de la sociedad de la cual hace parte
(función social de la propiedad) sino que incluso sus facultades se ven
limitadas por los derechos de quienes aún no han nacido, esto es, de las
generaciones futuras, conforme a la función ecológica de la propiedad y a la
idea del desarrollo sostenible.  Por ello el ordenamiento puede imponer
incluso mayores restricciones a la apropiación de los recursos naturales o a
las facultades de los propietarios de los mismos, con lo cual la noción misma
de propiedad privada sufre importantes cambios.
(…)
[E]sa necesaria
reconceptualización del dominio privado sobre los recursos naturales renovables
a la luz de la Constitución ecológica no hace en sí misma inconstitucional la
apropiación privada de tales recursos, en determinados casos y bajo ciertas
condiciones, pues la Carta expresamente reconoce la propiedad adquirida con
arreglo a las leyes.[85]
En resumen, la jurisprudencia de la Corte Constitucional establece que
las normas constitucionales relativas a la protección del medio ambiente fijan
límites, entre otros, al derecho de propiedad privada. Sin embargo, la
jurisprudencia no ha señalado si el alcance de los principios ambientales
protegidos constitucionalmente, puede llegar a desconocer (i) los derechos de
propiedad que surgieron en cabeza de los titulares de los terrenos, y los
principios de seguridad jurídica y cosa juzgada que emanan de que las
providencias por medio de las cuales se declaró la propiedad del inmueble hayan
sido proferidas hace 15 y 17 años respectivamente.
6.2.2. De otra parte, y de manera más específica, la Corte ha señalado
que las normas legales, o los títulos de propiedad, no justifican la
apropiación de un bien de uso público.
Así, mediante la sentencia C-183 de 2003, la Corte declaró inexequible
la expresión “por cualquier razón”, contenida en el numeral 3º del
artículo 6º de la Ley 768 de 2002, de acuerdo al cual los concejos distritales
pueden “gravar con impuesto predial y complementarios las construcciones,
edificaciones o cualquier tipo de mejora sobre bienes de uso público de la
Nación, cuando por cualquier razón estén en manos de particulares.”[86] La Corte consideró que
“desde el punto de
vista jurídico los bienes de uso público de la Nación, no pueden ser ocupados
por los particulares legítimamente conforme a la Constitución, sino cuando se
les hubiere otorgado licencia, concesión o permiso de ocupación temporal”
(…)
“En el evento de
presentarse una ocupación irregular o ilegal en bienes de uso público por parte
de particulares, esto es, sin la debida autorización de la autoridad
competente, el Estado cuenta con los instrumentos necesarios para obtener la
restitución de los mismos, a través del poder de policía o de los demás
mecanismos legales que consagra la ley.
(…)
“es claro entonces,
que los bienes de uso público son imprescriptibles, inalienables e
inembargables, según expresa disposición constitucional (art. 63 C.P.), y, en
consecuencia, la ocupación temporal del bien a título precario ya sea en virtud
de licencia, permiso o concesión, conforme a la ley, no confiere en ningún caso
derecho alguno sobre el suelo ocupado, lo que significa que, con mayor razón no
se adquiere ningún derecho sobre el mismo en caso de detentación irregular de
cualquier bien de uso público, por parte de particulares.”
Igualmente, la jurisprudencia de esta Corporación se ha pronunciado
acerca del numeral 4º del artículo 407 del Código de Procedimiento Civil, según
el cual, como se observó, “la declaración de pertenencia no procede respecto de
bienes imprescriptibles o de propiedad de las entidades de derecho público”. En
aquella ocasión la Corte consideró que “el artículo 407 ordinal 4º del
Código de Procedimiento Civil señala que la declaración de pertenencia no
procede respecto de los bienes de propiedad de las entidades de derecho
público, lo cual significa que los bienes fiscales no pueden ser adquiridos,
conforme a la ley, por prescripción. En esas circunstancias, una persona puede
ocupar, por necesidad, un terreno fiscal para establecer su vivienda, pero no
podrá nunca adquirirlo por prescripción, aun cuando lo poseyera por
varias décadas.”[87]
En igual sentido, en la sentencia T-150 de 1995[88], la Corte encontró que
la decisión de un concejo municipal de desafectar como bien de uso público una
vía terrestre, y el consecuente cierre de ella por parte una sociedad
particular, violaban los derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la
libertad de locomoción de los habitantes del municipio. La Corte concedió la
tutela como mecanismo transitorio, mientras eran interpuestas las acciones
civiles y contenciosas pertinentes para proteger el dominio público, y ordenó
reabrir la vía en cuestión.
Por último, la Corte ha protegido los bienes
ecológicos de uso público de las eventuales extralimitaciones de jueces de la
república. Así para el caso de los ecosistemas de humedales, en sentencia T-572
de 1994, esta Corporación señaló que “no es admisible la existencia de
derechos adquiridos sobre aquellos humedales que no mueran dentro de la misma
heredad, por ser estos bienes de uso público y, por ende, estar excluidos de la
regla de la comerciabilidad.” Esto, al considerar que un juez de la
república había incurrido en una vía de hecho al impedir que el Distrito
Capital participara en un proceso para evitar el remate de unos humedales, “que
no son sólo de uso público cuando no nacen ni mueren en el mismo predio, y por
ende inembargables, sino que además tienen un particular valor ecológico”.
Sin embargo, las sentencias citadas no resolvieron un
problema similar al que estudia la Sala en esta ocasión, y en el cual, como se
observó, están en juego valores constitucionales tales como la propiedad
declarada por medio de una sentencia judicial, y los principios de la cosa
juzgada y la seguridad jurídica.
6.2.3. Igualmente, acerca de un problema parecido se
ha pronunciado la jurisprudencia contencioso administrativa. El Consejo de
Estado ha señalado que las decisiones judiciales mediante las cuales se declara
la pertenencia de un bien de uso público “no tienen eficacia alguna”. La
Sección Primera de la Sala Contencioso Administrativa decidió abstenerse de
anular una resolución proferida por la Capitanía de Puerto de Cartagena que
ordenaba la remoción de un muro que se encontraba sobre una playa. A su vez,
quien había construido el muro, y solicitaba la nulidad del acto administrativo
se fundamentaba, entre otros argumentos, en que, dicha construcción se
encontraba sobre un predio cuya propiedad había sido declarada por prescripción
adquisitiva a su favor, por medio de una sentencia judicial proferida hacía 10
años. El Consejo de Estado consideró lo siguiente:
[L]a actora denuncia
como violad[o] [su derecho de propiedad], en cuyo concepto de la violación
emergen, como cuestión principal la de la eficacia que puede tener en el caso
de la declaración judicial de pertenencia a favor de un particular, (…) así
como la venta posterior que el beneficiario de la sentencia hizo de la actora
de una parte del terreno objeto de dicha declaración (…).
De entrada cabe
decir que tales actos no tienen eficacia alguna respecto de playas y terrenos
de bajamar, por ser ambos, bienes de uso público (…), lo cual determina dos
consecuencias que les restan todo valor jurídico frente a estos bienes, a
saber: de una parte, los bienes de uso público, no se prescriben en ningún caso
(…), y otra, son de la Nación (…).
(…)
[L]a sala debe
concluir que la decisión judicial y el acto contractual aducidos por la actora,
no son oponibles en cuanto comprendan zona de playa y terrenos de bajamar, de
suerte que si dentro de los linderos de los terrenos adquiridos por la sociedad
ahora actora quedó comprendida algún área que esté constituida por playa o por
terrenos de bajamar, el respectivo acto de enajenación no tiene eficacia alguna
respecto de dicha área, por cuanto se entiende que ésta nunca ha salido del
dominio de la Nación, y, a contrario sensu, nunca ha entrado al dominio de la
actora, ni de quien pretendió transferírsela, por fuerza de las razones
jurídicas y geopolíticas anotadas.
En consecuencia, si
en la actuación administrativa (…) se verificó que el muro que ordenó remover
está construido en zona de playa, y en el proceso no se ha desvirtuado que
dicha orden no está desconociendo la sentencia judicial, dado que no es
oponible, en cuanto al área de mención, y menos, vulnera derechos adquiridos o
de propiedad de la actora, por sustracción de materia, ya que no se pueden
desconocer derechos que nunca han nacido a la vida jurídica. Tampoco se
desconoce la cosa juzgada, por cuanto ésta no puede predicarse o consolidarse
respecto de decisiones judiciales que por su objeto son oponibles.” [89]
Si bien en la anterior sentencia el
Consejo de Estado se pronunció acerca de la inoponibilidad de las providencias
que declaran la pertenencia de un bien de uso público, dicho precedente no es
vinculante para el presente proceso. Esto, dado que, por su naturaleza misma,
la jurisdicción contenciosa decidió acerca de la inconstitucionalidad e
ilegalidad del acto administrativo demandando, pero no era competente para
pronunciarse respecto de la nulidad de la providencia judicial de orden civil.
6.2.4. De los párrafos anteriores se deduce que la jurisprudencia
constitucional y la contencioso administrativa[90]
han señalado que el derecho de propiedad sobre un bien tiene limitaciones ante
(i) el orden ecológico dispuesto en la Constitución, y (ii) la destinación de
los bienes de uso público. Pero, como se observó en párrafos anteriores, dichos
pronunciamientos no han resuelto asuntos específicos como el que hoy enfrenta
la Corte, en los cuales un particular haya poseído un bien inmueble durante más
de cuarenta años, con base en un título que goza de la presunción de legalidad,
que nació de unas sentencias proferidas hace más de quince años.
6.3. La Corte entra a analizar las eventuales soluciones
constitucionales que pueden ser aplicadas al asunto bajo estudio. El caso puede
ser resuelto a través de una solución (i) material o (ii) procedimental.
6.3.1. Primero, una solución material consiste en que la Corte decida
abstenerse o no de anular las sentencias en las cuales se incurrió en los
errores descritos en esta sentencia. Sin embargo esta solución presenta varios
problemas:
De una parte, no anular la sentencia que declaró la pertenencia de un
bien de uso público y en el cual se evidencia un daño ambiental grave, sería
desconocer las normas constitucionales precitadas, a partir de las cuales ha
surgido la jurisprudencia resumida en líneas anteriores.
En efecto, sería constitucionalmente inadmisible que los particulares
que ocupan el bien de uso público mencionado puedan ser propietarios de éste,
cuando existe una expresa prohibición constitucional de que ello suceda. En el
mismo sentido, dicha situación sería incompatible con las normas ambientales
mencionadas en párrafos anteriores, las cuales se han visto ya transgredidas
por el detrimento ecológico que se ha presentado. Los valores constitucionales
protegidos, tales como la destinación de los bienes de uso público, y la
protección de los recursos ambientales, prevalecen sobre eventuales derechos de
propiedad que se hubieren podido generar a partir de las equivocaciones de la
jurisdicción civil, y del paso del tiempo.
De otra parte, al juez de tutela no le corresponde anular dichas
sentencias, pues esto sería desconocer el extenso lapso que ha transcurrido
desde que fueron proferidas y los derechos de las personas beneficiadas por las
providencias judiciales. Que el juez de tutela proceda a anular una sentencia
proferida hace quince o diecisiete años, de la cual dependen no sólo los
intereses de quien adquirió por prescripción el inmueble sino de terceros de
buena fe, afectaría, de manera excesiva los principios de la cosa juzgada[91] y de la seguridad
jurídica que, como se observó, son fundamentales para una adecuada prestación
de la administración de justicia. Así mismo, el juez de tutela estaría
ignorando los efectos que su decisión produciría sobre los derechos de las
personas que han poseído el terreno hace más de cuarenta años y las cuales han
contado con un título idóneo desde hace más de quince. Dicha decisión, entre
otros efectos, podría llegar a generar incertidumbre sobre una cantidad
innumerable de fallos judiciales, lo que así mismo, se traduciría en una
afectación desproporcionada de los principios que rigen la administración de
justicia, y por ende, del interés general que comprende la protección de los
derechos amparados por dichos fallos.
Por las razones anteriores, la Corte considera que una solución
material de orden exclusivamente constitucional al caso presente, dado el alto
grado de complejidad que el asunto comporta y sus elementos específicamente
civiles, es inadecuada y afecta innecesariamente los derechos y principios
mencionados.
6.3.2. Pasa la Corte a determinar si una solución de orden
procedimental es más apropiada para proteger el derecho al debido proceso del
accionante. Ésta consistiría en abrir la posibilidad de que las sentencias
acusadas pudieran ser controvertidas (i) en el curso del trámite diseñado
específicamente para ello y (ii) ante el juez natural para conocer del asunto.
Tal como fue señalado en el apartado 4.2 de esta sentencia, la Nación
no tuvo la oportunidad de controvertir las decisiones judiciales mediante las
cuales se declaró la pertenencia del inmueble. Esto, por razón a que las
entidades ambientales responsables de la protección de dichos terrenos tuvieron
conocimiento real y efectivo de las providencias mencionadas y de su respectivo
registro en instrumentos públicos, en el momento en el cual ya había vencido el
término dispuesto en el Código de Procedimiento Civil para la interposición del
recurso extraordinario de revisión. Se pregunta entonces la Corte si abrir la
posibilidad de interponer el mencionado recurso es la solución más adecuada
para el presente problema.
6.3.2.1. De una parte, es importante
resaltar que la Corte ha aceptado, en casos excepcionales, la posibilidad de
que a través de la acción de tutela sean reabiertos términos procesales que ya
han vencido.
La Corte ha señalado que, en principio,
la acción de tutela no es un mecanismo dirigido a revivir términos que ya han
caducado. La jurisprudencia constitucional ha indicado de manera reiterada que
la acción de tutela es improcedente cuando el accionante intenta revivir
términos para interponer recursos o acciones judiciales a los cuales no ha
acudido y que ya han caducado. Igualmente, en sentencia SU-1299 de 2001[92] la Corte decidió
declarar improcedente una acción de tutela contra una sentencia penal de
segunda instancia que había agravado la condena en perjuicios impuesta por el
juez de primera instancia, decisión contra la cual era procedente el recurso de
casación. A pesar de que la acción de tutela había sido interpuesta en una
fecha anterior al momento en el cual caducaba el recurso extraordinario, la
Corte señaló expresamente que “la denegación de la acción de tutela por
improcedencia no tiene como efecto revivir los términos para interponer el
recurso extraordinario de casación.” En dicha ocasión, la Corte precisó
que:
“(a)ún cuando los
tutelantes presentarón la acción de tutela el 13 de Octubre de 2000, es decir,
dentro del término para interponer el recurso de casación que vencía el 27 de
octubre de 2000, lo cierto es que al no fraccionar sus pretensiones dependiendo
de los medios judiciales idóneos a su alcance y al pretender un pronunciamiento
en sede de tutela respecto de la agravación de la condena indemnizatoria pese a
la existencia de la causal específica de casación para este evento, dejaron
precluir definitivamente los términos de que disponían para interponer en
tiempo el recurso extraordinario de casación. En el presente fallo de tutela,
si bien se concede la protección respecto de la imposición inconstitucional de
la pena de multa, no se ordenará para revivir los términos para la
interposición del recurso de casación.”
Esta Corporación
ha considerado que la acción de tutela no puede ser interpuesta con el objetivo
de revivir términos procesales, cuando el accionante de tutela ha omitido
acudir a los recursos o acciones judiciales pertinentes para controvertir la
providencia judicial acusada y ha dejado vencer los términos correspondientes.[93] Sin embargo, la Corte
ha decidido que existen situaciones en las que, incluso sin haberse intentado
recurso alguno, es procedente excepcionalmente la acción de tutela contra una
providencia judicial, con fundamento en que, por ejemplo, la defensa técnica
con que contó el accionante no fue adecuada, el mecanismo procesal que se
omitió utilizar no es idóneo, o el demandante es un sujeto especialmente
protegido por la Constitución.[94]
Esta Corporación también ha decidido que, en casos muy
excepcionales, es procedente que el juez de tutela permita interponer recursos
cuando los términos para ello ya han vencido. Dicha decisión fue tomada en la
sentencia T-669 de 1996[95],
en la cual la Corte autorizó, bajo ciertas circunstancias excepcionales, a que
los jueces penales “volvieran a abrir” los términos para interponer
recursos. En dicha ocasión la Corte concedió una tutela a varias personas
condenadas penalmente, quienes durante la indagatoria preliminar no habían sido
asistidos por una defensa técnica, en momentos en los cuales la normatividad
penal vigente (artículo 148 del Código de Procedimiento Penal) autorizaba que
durante esta actuación procesal el sindicado fuera acompañado por un “ciudadano
honorable”. Sin embargo, posteriormente a que se hubieren llevado a cabo las
indagatorias, la Corte había declarado la inexequibilidad de la disposición
legal mencionada, argumentando que ésta era contraria al derecho de defensa de
los sindicados.
La Corte consideró que en dicho caso
existía una tensión entre el derecho a la defensa técnica de los accionantes,
por un lado, y los principios de seguridad jurídica y acceso a la justicia, por
el otro, cuyo desconocimiento, a su vez,  podría llevar a una afectación del
interés general. En palabras de la Corte,
“El presente caso
plantea entonces una difícil tensión entre principios constitucionales
encontrados. Así, es cierto que, como lo sostiene el actor, la indagatoria fue
practicada sin abogado y la Corte, en diversas sentencias, ha sostenido que el
derecho a la defensa técnica supone que el imputado sea asistido por un abogado
en todas las fases del proceso[96].
(…)
Sin embargo, es
igualmente cierto que en el momento de practicarse la indagatoria se encontraba
vigente la norma del estatuto penal que autorizaba ese tipo de prácticas
procesales, por lo cual los fiscales actuaron con un cierto sustento normativo,
al menos aparente (…).
(…)
Hay pues una
evidente tensión entre el derecho al debido proceso (CP art. 29), alegado con
acierto por el actor, y la protección del interés general, la seguridad
jurídica y la eficiencia de la administración de justicia (CP arts 1,2, 209 y
228), con base en los cuales sustentan en parte sus decisiones negativas los
jueces de tutela, principios que tienen también raigambre constitucional. En
efecto, no puede olvidarse que la persecución y castigo de los hechos
criminales son elementos esenciales de la protección de la paz social (CP art.
20), la seguridad de las personas y la convivencia pacífica entre los
colombianos (CP art. 2º), bienes que encuentran expresa consagración en la
Carta.”
La Corte solucionó
el problema planteado de la siguiente manera:
“[L]a Corte considera que la única forma
de armonizar estas exigencias es ordenando que, en función del debido proceso,
se rehagan aquellas diligencias en donde los procesados carecieron
injustificadamente de defensa técnica, incluida la indagatoria. Sin embargo, y
en función del interés general, la seguridad jurídica y la eficacia de la
justicia, la nueva práctica de las diligencias no implica retrotraer
integralmente el proceso a esa fase, ni la anulación mecánica de lo actuado con
posterioridad a la misma, ni por ende la liberación automática de los
procesados o condenados. (…)
(…)
(…)[L]a Corte
considera que, una vez practicada la diligencia con asistencia técnica, debe
retroaerse el proceso a una fase procesal que permita un efectivo ejercicio de
la defensa técnica a fin de que la tutela del derecho no sea inocua. Pero, como
se trata de proteger la eficacia de lo actuado, teniendo en cuenta que se ha
vivido una difícil transición constitucional en este campo, la fase procesal a
la cual se retrotrae el proceso debe ser la más próxima a aquella en donde
actualmente se encuentra el proceso, pues de esa manera se concilian en la
mejor forma posible las exigencias de la defensa técnica con la protección a la
eficacia de la justicia. Así por ejemplo, para los condenados en primera
instancia bastará con rehacer la indagatoria y abrir la puerta y los términos
para la correspondiente apelación, en donde el condenado podrá controvertir con
amplitud el material probatorio en su conjunto(…).”
Por lo tanto, esta Corporación consideró
que la tensión entre el derecho a la defensa técnica de los sindicados
accionantes y los principios de seguridad jurídica y acceso a la justicia,
podía solucionarse, para algunos casos específicos, ordenando rehacer diligencias
fuera de los términos ordenados.
En un sentido similar, la Corte en sentencia T-1342 de
2001[97]
decidió conceder como mecanismo transitorio la tutela al derecho a la
personalidad jurídica de una madre y una hija cuya filiación había sido
reconocida por una sentencia judicial sin que en el proceso ordinario se
hubiere practicado la prueba genética que otorga un nivel de certeza mayor y
preferible. La Corte decidió suspender durante cuatro meses los términos para
interponer el recurso extraordinario de revisión contra las sentencia ordinaria
atacada, con el fin de que pudiere ser controvertida la sentencia ordinaria en
caso de que la prueba genética arrojara resultados contrarios a la decisión
judicial tomada. Los fundamentos principales fueron los siguientes:
[T]eniendo en cuenta
que el juez de tutela no puede escatimar esfuerzos para la protección de los
derechos fundamentales quebrantados, y ante la evidencia de que a las partes
involucradas en el proceso que culminó con el reconocimiento de Maria Patricia
como hija de Jorge Ardila, se les quebrantó el debido proceso, porque la prueba
del HLA no se  practicó estando el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
en posibilidad de hacerlo, práctica que habría disipado las dudas que le
asisten a la accionada, ante la certidumbre de que su hijo no podía engendrar,
procede conceder el amparo como mecanismo transitorio, con el objeto de evitar
que quede definida la filiación de Maria Patricia, sin que la señora de Ardila
pueda solicitar su revisión, y con miras a que tal cometido resulte posible
–artículo 86 constitucional-.
Lo anterior porque
la actora tendría que presentar la demanda de revisión, a que se ha hecho
referencia, antes del 14 de febrero de 2002 -artículo 381 del Código de
Procedimiento Civil, y para ello debe contar con la prueba del HLA en su
persona, en la de sus hijos, en la de Maria Patricia y en la de la madre de
ésta -artículo 380 ídem- cometido que resulta imposible dada la inminencia de
las vacaciones judiciales, debido al trámite al que debe someterse una
solicitud de prueba anticipada con audiencia del contrario, y al procedimiento
a que tal solicitud debe sujetarse –artículos 300 y 301 del Código de
Procedimiento Civil-.
De tal suerte que el
término de los dos años que tiene la señora Duarte de Ardila para presentar la
demanda de revisión, en el caso de que el dictamen varias veces mencionado,
arroje el resultado que la misma espera, deberá suspenderse por estar próximo a
vencerse, con el objeto de que se practique la prueba que se dejó de practicar,
y que la accionada evalúe la procedencia de su demanda.
(…)
Lo anterior en razón
de que (…) corresponde al juez de revisión considerar la prueba que los
accionados dejaron de practicar, y con plena sujeción a las garantías
constitucionales de todos los sujetos en conflicto, proceder a revocar o a
confirmar las decisiones sujetas a controversia, y, al juez constitucional
intervenir para que tal cometido resulte posible cuando la violación de las
mentadas garantías, en las decisiones que se han de controvertir, resulte
evidente.”
En resumen, la Corte ha considerado que, en
algunos casos en los cuales los derechos fundamentales de los accionantes
pueden ser protegidos de manera más adecuada a través del trámite judicial
ordinario, es viable permitir para el caso específico que el accionante, en
aras de la realización de la justicia material, pueda interponer los recursos
judiciales pertinentes que ya han vencido. En particular, respecto del recurso
extraordinario de revisión –cuyos términos fueron suspendidos por medio de la
sentencia precitada, la Corte ha establecido que “(..) la revisión, más que un recurso, es un medio para conseguir
la realización de la justicia, pero no de la justicia formal propia de las
sentencias en firme contrarias a derecho, sino de aquella verdadera que
demandan el Preámbulo y los artículos 1º, 228 y 230 del estatuto superior.”[98]
6.3.2.2. En el caso presente, la Corte
considera que reabrir la posibilidad de interponer el recurso extraordinario de
revisión contra las sentencias acusadas, es la solución más apropiada en aras
de la protección al debido proceso de la entidad accionante. El recurrente
podría, por ejemplo, fundamentar el recurso de revisión en la causal descrita
en el numeral 7º del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil[99], pues, como se analizó
en esta providencia, la Nación no fue notificada del proceso de pertenencia por
el inmueble de uso público[100],
o basarse en cualquier otra que sea aplicable dados los hechos del caso.
Ello es preciso en el caso presente pues
concurren varios factores que justifican la aplicación del principio de
prevalencia del derecho sustancial (art. 229 C.P.). Esto, por las siguientes
razones:
Primero, el derecho al debido proceso de la Nación
sería protegido al darle a la entidad responsable de la protección de los
recursos ambientales del Distrito de Cartagena la oportunidad de controvertir
las sentencias acusadas, y de ejercer así su derecho a la defensa.
Segundo, la jurisdicción civil, por su especialidad en
el tema, es la competente para analizar de fondo, a la luz de todos los
elementos del derecho civil, si en el caso presente han nacido o no derechos de
propiedad en cabeza de las personas ocupantes del terreno, y los consecuentes
efectos que esto representa respecto de los derechos ambientales de la
población, y la eventual destinación al uso público del bien.
Tercero, la decisión de reabrir la posibilidad para interponer el
recurso de revisión afecta en menor medida los principios de la cosa juzgada y
la seguridad jurídica, en comparación de la solución alternativa - que el juez
de tutela entre a anular con fundamentos exclusivamente constitucionales la
sentencia civil -. El hecho de que una sentencia judicial de carácter civil
proferida hace 17 años, pueda ser controvertida en sede de tutela es una
excepción procesal que produce una afectación considerable a los principios de
la cosa juzgada y la seguridad jurídica (al fin y al cabo, dichos principios
son el fundamento principal de que existan términos para interponer acciones y
recursos). Sin embargo, que estas sentencias sean controvertidas ante el juez
natural correspondiente, siguiendo las reglas procesales dispuestas
específicamente para ello, y aplicando tanto la Constitución como las normas
civiles pertinentes, constituye una afectación menor a que la solución material
sea adoptada por la jurisdicción de tutela en un procedimiento sumario donde se
analiza exclusivamente el punto de derecho constitucional.
Por las razones anteriores, la Corte considera que la solución
constitucional más pertinente, en la cual, a la vez, se protege el derecho al
debido proceso de la Nación y se afectan en menor medida los derechos y
principios constitucionales enfrentados, es permitir, durante un periodo de
cuatro meses, que la autoridad competente interponga el recurso extraordinario
de revisión contra las providencias mediante las cuales se declaró la
pertenencia del mencionado terreno.
6.3.3. De otra parte, la Corte tiene de presente que mientras se decide
sobre el recurso extraordinario de revisión, puede transcurrir un tiempo
prolongado. Por lo tanto, es pertinente proteger los valores constitucionales
que irremediablemente puedan llegar a verse afectados. En particular, es
necesario impedir la ocurrencia de perjuicios sobre los bienes ambientales
protegidos por la Constitución y las leyes, y sobre la destinación de los
bienes al uso público.
En este orden de ideas, las facultades que los propietarios ejercen
sobre el bien pueden ser limitadas en aras del interés general y de la
protección de los valores constitucionales reseñados. Con base en la
jurisprudencia citada en el apartado 6.2 de esta providencia, las facultes de uso,
goce y disfrute de la propiedad, pueden ser limitadas por la función ambiental
del terreno, y por la destinación de éste al uso público.
Por lo tanto, la Corte ordenará, mientras se decide el recurso
extraordinario de revisión referido, que los actuales propietarios del terreno
se abstengan (i) de realizar cerramientos que impidan el libre paso de los
particulares y de las autoridades y (ii) de actuar de forma que se deteriore el
equilibrio ecológico en dicho terreno desconociendo la función ecológica de la
propiedad.
Adicionalmente, esta Sala considera necesario proteger a terceros que
de buena fe pretendan adquirir parcial o totalmente el inmueble o a quienes se
les dé en garantía el terreno. Por lo tanto, se ordenará (i) a la oficina de
instrumentos públicos de Cartagena, que registre las limitaciones al dominio
del inmueble dispuestas en la presente providencia judicial y (ii) a los
propietarios del bien, que se abstengan de perfeccionar cualquier acto o
contrato que implique la transferencia parcial o total de la propiedad del
inmueble, sin que se le informe al comprador acerca de la posible destinación
del bien al uso público y del pleito judicial pendiente.
III. DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera
de Revisión,
R E S U E L V E
Primero.- LEVANTAR la suspensión del término decretada para decidir el
presente asunto.
Segundo.- REVOCAR las sentencias proferidas el 2 de octubre
de 2002 y el 22 de agosto del mismo año, respectivamente por la Salas de
Casación Laboral, y Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia.
Tercero.- CONCEDER el amparo invocado por el Departamento
Administrativo del Medio Ambiente Damarena al derecho fundamental al debido
proceso.
En consecuencia, dentro de cuatro meses contados a
partir de la notificación de esta providencia, la entidad distrital competente
podrá presentar demanda de revisión contra las sentencias que (i) declararon la
pertenencia del bien inmueble ubicado en el corregimiento de la Boquilla,
jurisdicción del Distrito de Cartagena, con los linderos siguientes: “por el frente, con el Caño del Hoyo del Burro y mide 16 metros; por
la derecha entrando, con propiedad de Andrés Jiménez, y mide 60 mts; por la
izquierda, entrando con Andrés Azán y mide 60 mts.; por el fondo, con la
Ciénaga de la Virgen y mide aprox. 16 mts.”[101],
y (ii) confirmaron dicha decisión.
Cuarto.- Ordenar
a los
señores Aníbal Olier Bueno, Hernán Joel Bohórquez y demás personas que ostenten
títulos de propiedad sobre el terreno precitado, que se abstengan (i) de
realizar cerramientos que impidan el libre paso de los particulares y de las
autoridades, (ii) de actuar tal forma que se deteriore el equilibrio ecológico
del terreno desconociendo la función ecológica de la propiedad y (iii) de
perfeccionar cualquier contrato que implique la transferencia parcial o total
de la propiedad del inmueble, sin que el adquiriente esté plenamente informado
acerca de la posible destinación del bien al uso público y del pleito judicial
pendiente.
Quinto.- Ordenar a la oficina de registro de instrumentos
públicos de Cartagena, que registre en sus libros las limitaciones al dominio
del inmueble, cuya ubicación y linderos fueron descritos en el numeral 2º de la
parte resolutiva de esta sentencia, dispuestas en la presente providencia
judicial.
Sexto.- Por Secretaría, líbrese la comunicación prevista en el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, cópiese, publíquese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
IVÁN HUMBERTO ESCRUCERÍA MAYOLO
Secretario General (E)
[1]
Cfr folio 123 de primer cuaderno del expediente.
[2]
Cfr folio 13 de primer cuaderno de expediente. Énfasis hace parte del texto
original.
[3]
Cfr folio 90 de primer cuaderno del expediente.
[4]
Al respecto, cita la sentencia T-029 de 1994  (MP Vladimiro Naranjo Mesa). Cfr.
folio 132 de primer cuaderno del expediente.
[5]
Cfr folio 133 del primer cuaderno del expediente.
[6]
Cfr folio 133 de primer cuaderno del expediente.
[7]
El juez que profirió la decisión bajo cuestionamiento ya no se encuentra en
dicho cargo.
[8]
Cfr folio 61 de  primer cuaderno del expediente.
[9]
Cfr folio 108 del primer cuaderno del expediente.
[10]
Cfr folio 189 de primer cuaderno del expediente.
[11]
Cfr Folio 33 del 2º cuaderno del expediente.
[12]
Cfr folio 33 del 2º cuaderno del expediente.
[13]
Cfr folio 64 del primer cuaderno del expediente.
[14]
Citación que aparece en el folio 65 del segundo cuaderno del
expediente.
[15]
Cfr folios 66 a 71 del segundo cuaderno del expediente.
[16]
Cfr folio 89 del segundo cuaderno del expediente.
[17]
Cfr folio 90 y 91 del segundo cuaderno del expediente.
[18]
Cfr folio 385 del segundo cuaderno del expediente.
[19]
Cfr folio 387 del segundo cuaderno del expediente.
[20]
Cfr folio 387 del segundo cuaderno del expediente.
[21]
Cfr folio 361 del expediente.
[22]
Cfr folio 132 del segundo cuaderno del expediente.
[23]
Folio 216 del segundo cuaderno del expediente.
[24]
Folio 304 del segundo cuaderno del expediente.
[25]
Cfr folio 1 del segundo cuaderno del expediente.
[26]
Esto, de acuerdo a los artículos 65 y 66 de la Ley 99 de 1993: Artículo 65 “Funciones
de los Municipios, de los Distritos y del Distrito Capital de Santafé de
Bogotá. Corresponde en materia ambiental a los municipios, y a los distritos
con régimen constitucional especial, además de las funciones que les sean
delegadas por la ley o de las que deleguen o transfieran a los alcaldes por el
Ministerio del Medio Ambiente o por las Corporaciones Autónomas Regionales, las
siguientes atribuciones especiales: || 1) Promover y ejecutar programas y
políticas nacionales, regionales y sectoriales en relación con el medio
ambiente y los recursos naturales renovables; elaborar los planes programas y
proyectos ambientales municipales articulados a los planes, programas y
proyectos regionales, departamentales y nacionales. || 2) Dictar con sujeción a
las disposiciones legales reglamentarias superiores, las normas necesarias para
el control, la preservación y la defensa del patrimonio ecológico del
municipio; || 3) Adoptar los planes, programas y proyectos de desarrollo
ambiental y de los recursos naturales renovables, que hayan sido discutidos y
aprobadas a nivel regional, conforme a las normas de planificación ambiental de
que trata la presente ley; || 4) Participar en la elaboración de planes, programas
y proyectos de desarrollo ambiental y de los recursos naturales renovables a
nivel departamental. || 5) Colaborar con las Corporaciones Autónomas
Regionales, en la elaboración de los planes regionales y en la ejecución de
programas, proyectos y tareas necesarias para la conservación del medio
ambiente y los recursos naturales renovables; || 6) Ejercer, a través del
alcalde como primera autoridad de policía con el apoyo de la Policía Nacional y
en Coordinación con las demás entidades del Sistema Nacional Ambiental (SINA),
con sujeción a la distribución legal de competencias, funciones de control y
vigilancia del medio ambiente y los recursos naturales renovables, con el fin
de velar por el cumplimiento de los deberes del Estado y de los particulares en
materia ambiental y de proteger el derecho constitucional a un ambiente sano;
|| 7) Coordinar y dirigir, con la asesoría de las Corporaciones Autónomas
Regionales, las actividades permanentes de control y vigilancia ambientales que
se realicen en el territorio del municipio o distrito con el apoyo de la fuerza
pública, en relación con la movilización, procesamiento, uso, aprovechamiento y
comercialización de los recursos naturales renovables o con actividades
contaminantes y degradantes de las aguas, el aire o el suelo; || 8) Dictar,
dentro de los límites establecidos por la ley, los reglamentos y las
disposiciones superiores, las normas de ordenamiento territorial del municipio
y las regulaciones sobre usos del suelo; || 9) Ejecutar obras o proyectos de
descontaminación de corrientes o depósitos de agua afectados por vertimientos
del municipio, así como programas de disposición, eliminación y reciclaje de
residuos líquidos y sólidos y de control a las emisiones contaminantes del
aire. || 10) Promover, cofinanciar o ejecutar, en coordinación con los entes
directores y organismos ejecutores del Sistema Nacional de Adecuación de
Tierras y con las Corporaciones Autónomas Regionales, obras y proyectos de
irrigación, drenaje, recuperación de tierras, defensa contra las inundaciones y
regulación de cauces o corrientes de agua, para el adecuado manejo y
aprovechamiento de cuencas y microcuencas hidrográficas. || Parágrafo. Las
Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria a Pequeños Productores,
Umatas, prestarán el servicio de asistencia técnica y harán transferencia de
tecnología en lo relacionado con la defensa del medio ambiente y a la
protección de los recursos naturales renovables.” Artículo 66-. “Competencias
de Grandes Centros Urbanos. Los municipios, distritos o áreas metropolitanas
cuya población urbana fuere igual o superior a un millón de habitantes
(1'000.000) ejercerá dentro del perímetro urbano de las mismas funciones
atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales, en lo que fuere aplicable
al medio ambiente urbano. Además de las licencias ambientales, concesiones,
permisos y autorizaciones que les corresponda otorgar para el ejercicio de las
actividades o la ejecución de obras dentro del territorio de su jurisdicción,
las autoridades municipales, distritales o metropolitanas tendrán la
responsabilidad de efectuar el control de vertimientos y emisiones
contaminantes, disposición de desechos sólidos y de residuos tóxicos y
peligrosos, dictar las medidas de corrección o mitigación de daños ambientales
y adelantar proyectos de saneamiento y descontaminación. || Los municipios
distritos o áreas metropolitanas de que trata el presente artículo asumirán
ante las Corporaciones Autónomas Regionales la obligación de transferir el 50%
del recaudo de las tasas retributivas o compensatorias causadas dentro del
perímetro urbano y de servicios, por el vertimiento de afluentes contaminantes
conducidos por la red de servicios públicos y arrojados de dicho perímetro,
según el grado de materias contaminantes no eliminadas con que se haga el
vertimiento.”
[27]
El artículo 13 de la Ley 768 de 2002 dice lo siguiente: “Competencia
ambiental. Los Distritos de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla ejercerán,
dentro del perímetro urbano de la cabecera distrital, las mismas funciones
atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales en lo que fuere aplicable
al medio ambiente urbano, en los mismos términos del artículo 66 de la Ley 99
de 1993. || Para tal fin, los respectivos Concejos Distritales, a iniciativa
del Alcalde, de acuerdo con lo establecido en el artículo 313 de la
Constitución Política crearán un Establecimiento Público, que desempeñará las
funciones de autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, el cual contará
con un Consejo Directivo conformado por: || El Gobernador del respectivo
departamento. || El Alcalde del respectivo distrito. || Dos representantes del
sector privado, elegidos por los gremios. || Un representante de las entidades sin
ánimo de lucro que tengan jurisdicción en el distrito y cuyo objeto principal
sea la protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables,
elegido de la misma forma que los delegados de las corporaciones autónomas
regionales. || El Ministro del Medio Ambiente o su delegado. || El Director del
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives de Andreís” ‑
Invemar. || El Director de la Dirección General Marítima o su delegado. || El
Director de la Corporación Autónoma Regional con jurisdicción en el
departamento al cual pertenece el respectivo distrito. || El establecimiento
público contará con un Director General nombrado por el alcalde distrital. ||
El concejo distrital determinará el régimen de patrimonio y rentas de las autoridades
a que hace referencia el presente artículo, garantizando la suficiencia
presupuestal para el correcto cumplimiento de sus funciones, sin perjuicio de
otros recursos que determine la ley.”
[28]
Para un análisis detallado de la agencia oficiosa en materia de tutela  y de la
jurisprudencia constitucional al respecto, ver la sentencia T-531 de 2002 (MP
Eduardo Montealegre Lynett) en la cual la Corte negó una acción de tutela pues
en ésta no se configuró la legitimación en la causa por activa.
[29]
Acerca de los elementos de la agencia oficiosa en la acción de tutela, la
sentencia T-531 de 2002 precitada dijo lo siguiente: “Los elementos
normativos de la agencia oficiosa están señalados expresamente en el decreto
2591 de 1991 y de manera implícita en la Constitución y en los decretos
reglamentarios de la acción tutela. La Sala los sintetiza de la siguiente
manera: (i) La manifestaciónpp del
agente oficioso en el sentido de actuar como tal. (ii) La circunstancia real,
que se desprenda del escrito de tutela ya por figurar expresamente o porque del
contenido se pueda inferirpp,
consistente en que el titular del derecho fundamental no está en condiciones
físicaspp o mentalespp para promover su propia defensa. (iii) La
existencia de la agencia no implicapp
una relación formalpp entre el agente y
los agenciados titulares de los derechos (iv) La ratificaciónpp oportunapp
por parte del agenciado de los hechos y de las pretensiones consignados en el
escrito de acción de tutela por el agente.”
[30]
El artículo 10 del decreto 2591 de 1991, en lo pertinente establece que “tal
circunstancia (…) deberá manifestarse en la solicitud”. Así, en la sentencia
T-573 de 2001 (Alfredo Beltrán Sierra) la Corte negó la acción de tutela, pues
la enfermedad del agenciado no le impedía promover su propia defensa y
adicionalmente, el promotor de la tutela no había manifestado expresamente que
el agenciado no se encontraba en condiciones para promover la acción en la
demanda de  tutela.  La Corte que en este caso se configuró “la falta de legitimación
en la causa. Sobre el requisito de manifestar que se actúa bajo tal condición y
que el agenciado se encuentra en imposibilidad de promover su defensa, la Corte
ha realizado interpretaciones dirigidas a restarle rigidez según las
circunstancias del caso.  Por ejemplo en la Sentencia T-555 de 1996 la Corte
resolvió el caso de un agente oficioso (estudiante de consultorio jurídico) que
promovió tutela a favor de una persona para lograr protección de su derecho a
la no reformatio in pejus, y no manifestó la circunstancia de
imposibilidad de promover su propia defensa en la cual aquel se encontraba. En
esta oportunidad   la Corte concedió la tutela bajo la idea según la cual los
derechos involucrados tenían además una dimensión objetiva que hacía imperiosa
su protección, por lo cual “en aquellos casos en que, como en el presente, se
encuentra de por medio la efectividad de un derecho fundamental con dimensiones
de carácter objetivo y la violación a este derecho es manifiesta y constatable prima
facie, el agente oficioso - en razón de la naturaleza del derecho
fundamental cuya vulneración se debate - actúa, adicionalmente, en nombre de un
interés general, que supera el interés individual de la persona cuyos derechos
agencia.”
[31]
Al respecto, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 dispone los siguiente: “Artículo
10. Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo
momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus
derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante.
Los poderes se presumirán auténticos. || También se pueden agenciar derechos
ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su
propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la
solicitud. || También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los
personeros municipales.” (Subraya fuera de texto)
[32]
Así lo establece el artículo 2º del la Ley 472 de 1998: “(…) Las acciones
populares se ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro,
la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos,
o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible.”
[33]
Así lo ha dispuesto la Corte en varias ocasiones. Ver por ejemplo la sentencia
T-354 de 1996 (MP Jorge Arango Mejía), en la cual la Corte negó por
improcedente una acción de tutela que intentaba evitar la realización de una construcción
sobre un bien de uso público.
[34]
El artículo 946 del Código Civil dice: “La reivindicación o acción de dominio
es la que tiene el dueño de una cosa singular, de que no está en posesión, para
que el poseedor de ella sea condenado a restituirla.” Por su parte el artículo
950 del Código Civil señala: “La acción reivindicatoria o de dominio
corresponde al que tiene la propiedad plena o nuda, absoluta o fiduciaria de la
cosa”; en concordancia con el artículo 952, “(l)a acción de dominio se
dirige contra el actual poseedor.” A su vez, la jurisprudencia de la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ha señalado que mediante la
acción de la referencia puede buscarse “la anulación indirecta, y la
descalificación del título del demandado, para despejada la vía, darle
prevalencia al título del actor.” (Ver por ejemplo las sentencias de 23 de
noviembre de 1956 y de 23 octubre de 1992)
[35]
En cuanto a la prescripción de dicha acción, el artículo 2536 del Código Civil
(modificado por el artículo 8º de la Ley 791 de 2002), dispone: La acción
ejecutiva se prescribe por cinco (5) años. Y la ordinaria por diez (10). || La
acción ejecutiva se convierte en ordinaria por el lapso de cinco (5) años, y convertida
en ordinaria durará solamente otros cinco (5). || Una vez interrumpida o
renunciada una prescripción, comenzará a contarse nuevamente el respectivo
término. Con anterioridad de la Ley 791 de 2002, la norma precitada era del
siguiente tenor literal: "La acción ejecutiva se prescribe por diez años,
y la ordinaria por veinte. || La acción ejecutiva se convierte en ordinaria por
el lapso de diez años, y convertida en ordinaria durará solamente otros
diez".
[36]
Artículos 379 y 380 numeral 7º del Código de Procedimiento Civil, que señala la
indebida representación o falta de notificación como causal para interponer el recurso.
[37]
Respecto del término para interponer el recurso extraordinario de revisión, el
artículo 381 del Código de Procedimiento Civil dice: “El recurso podrá
interponerse dentro de los dos años siguientes a la ejecutoria de la respectiva
sentencia, cuando se invoque alguna de las causales consagradas en los
numerales, 1º, 6º, 8º, y 9º del artículo precedente. || Cuando se alegue la
causal prevista en el numeral 7º del mencionado artículo, los dos años
comenzarán a correr desde el día en que la parte perjudicada con la sentencia o
su representante haya tenido conocimiento de ella, con límite máximo de cinco
años. No obstante, cuando la sentencia deba ser inscrita en un registro
público, los anteriores términos sólo comenzarán a correr a partir de la fecha
del registro. (…)”
[38]
El artículo 1º del Decreto 1250 de 1970 (estatuto del registro de instrumentos
públicos) dice: “El registro de instrumentos públicos es un servicio del
Estado, que se prestará por funcionarios públicos, en la forma aquí
establecida, y para los fines y con los efectos consagrados en las leyes.”
(subraya fuera de texto)
[39]
MP Manuel José Cepeda Espinosa. Esta sentencia confirma una decisión de la Sala
de Casación Laboral que había negado una acción de tutela contra una sentencia,
pero no por los argumentos esgrimidos por la Sala Laboral, según los cuales
nunca eran procedentes las tutelas contra providencias judiciales. La Corte
estableció que cuando existe una vía de hecho sí es procedente la tutela contra
providencias judiciales, pero que en el caso bajo estudio no se presentaba
dicho fenómeno.
[40]
M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[41]
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[42]
M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[43]
En la sentencia T-079 de 1993 la Sala Tercera de Revisión de la Corte
Constitucional decidió confirmar el fallo proferido por la Sala de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia dentro del proceso de acción de tutela
estudiado, mediante el cual confirmó la decisión que había adoptado el juez de
tutela de primera instancia (Sala Civil del Tribunal Superior de Cartagena).
Para la Sala de Casación Civil fue evidente la vulneración del derecho
fundamental al debido proceso de la accionante, ya que las declaraciones
allegadas al expediente del proceso acusado, no podían ser fundamento de la
decisión por haber sido rendidas como versiones libres y espontáneas y no bajo
la gravedad del juramento, según las exigencias de los artículos 175 C.P.C. y
55 del Código del Menor. La Corte Suprema agregó, además, que las pruebas
testimoniales debían ser ordenadas mediante auto del funcionario instructor,
con el fin que contra ellas fuera posible ejercer el derecho de contradicción.
[44]
En la sentencia T-158/93 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa) se consideró: “Aunque
esta Corte declaró inexequible el artículo 40 del Decreto 2591 de 1991, la
doctrina acogida por esta misma Corporación, ha señalado que es procedente la
acción de tutela cuando se ejerce para impedir que las autoridades públicas,
mediante vías de hecho vulneren o amenacen derechos fundamentales. El
caso que nos ocupa enmarca cabalmente dentro de los parámetros de esta
excepción, por cuanto existe en él evidencia de una flagrante violación de la
ley, constitutiva de una vía de hecho, en detrimento del derecho fundamental al
debido proceso. (…) El proceso es un juicio y es lícito en cuanto implica un
acto de justicia. Y como es evidente por la naturaleza procesal, se requieren
tres condiciones para que un proceso sea debido: Primera, que proceda de una
inclinación por la justicia;  Segunda, que proceda de la autoridad competente;
Tercera, que se profiera  de acuerdo con la recta razón de la prudencia, en
este caso, que se coteje integralmente toda pretensión, de tal manera que
siempre esté presente el derecho de defensa, y que el juez en ningún momento se
arrogue prerrogativas que no están regladas por la ley, ni exija, asimismo,
requisitos extralegales.  Siempre que faltaren estas condiciones,  o alguna de
ellas, el juicio será vicioso e ilícito: en primer lugar, porque es contrario a
la rectitud de justicia el impedir el derecho natural a la defensa; en segundo
lugar, porque si el juez impone requisitos que no están autorizados por la ley,
estaría extralimitándose en sus funciones; en tercer lugar, porque falta la
rectitud de la razón jurídica.”
[45]
Acento fuera del texto.
[46]
M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[47]
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[48]
En la sentencia C-557 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda) se consideró al
respecto lo siguiente: “Si bien el control de constitucionalidad de las normas
es un control abstracto porque no surge de su aplicación en un pro­ceso
particular, ello no significa que el juicio de exequibilidad deba efectuarse
sin tener en cuenta el contexto dentro del cual la norma fue creada (i.e.
su nacimiento), y dentro del cual ha sido interpretada (i.e. ha vi­vido).
En fin: en buena medida, el sentido de toda norma jurídica depende del contexto
dentro del cual es aplicada. || Ahora, dentro de las múltiples dimensiones de
ese contexto –bien sea la lingüística, que permite fijar su sentido natural, o
bien la sociológica, que hace posible apreciar sus funciones reales- se destaca
la actividad de los expertos que han interpretado los conceptos técnicos que
ella contiene y que los han aplicado a casos concretos. Obviamente, esos
expertos son los jueces y los doctrinantes especializados en la materia tratada
en la norma; dentro de ellos, una posición preeminente la ocupan los órganos
judiciales colegiados que se encuentran en la cima de una jurisdicción. Así lo
ha establecido la Constitución al definir al Consejo de Estado como “tribunal
supremo de lo contencioso administrativo” (art. 237- 1 de la CP) y a la Corte
Suprema de Justicia como “máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria” (art.
234 de la CP). Por lo tanto, la jurisprudencia de ambos órganos es un referente
indispensable para apreciar el significado viviente de las normas demandadas.
Al prestarles la atención que su ubicación institucional exige, la Corte
Constitucional está valorando su labor hermenéutica dentro de un mismo sistema
jurídico. Obviamente, cuando no exista jurisprudencia sobre las normas objeto
del control constitucional, la Corte Constitucional tendrá que acudir a otras
fuentes del derecho para interpretar los artículos demandados.”
[49] Sentencia T-231/94 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[50]
La descripción de los linderos del inmueble incluye, en repetidas ocasiones,
que “en el fondo” el lote colindaba con la ciénaga de la virgen. Esto se
observa, entre otros, en la demanda civil y en el certificado de la oficina de
instrumentos públicos. Cfr folios 77 y 79 del primer cuaderno del expediente.
[51]
Cfr folio 79 del primer cuaderno del expediente.
[52]
Cfr folio 39 del cuaderno de copias del expediente.
[53]Subraya
fuera de texto. Cfr folio 123 de primer cuaderno del expediente.
[54]
Cfr folio 53 del cuaderno de copias del expediente.
[55]Esto
se concluye, entre otras cosas, de varios informes de la Capitanía de Puerto de
Cartagena que se fundamentan tanto en fotografías aéreas como en inspecciones
personales. Cfr folios 13 y 64 del primer cuaderno del expediente.
[56]
El artículo 413 pasó a ser el artículo 407 en el Código de Procedimiento Civil,
en virtud del Decreto 2282 de 1989.
[57]
Las subrayas en las normas citadas no hacen parte del texto original.
[58]
Dicho decreto fue expedido en virtud de las facultades extraordinarias
otorgadas al Presidente de la República por la Ley 19 de 1983.
[59]
Subrayas fuera de texto.
[60]
El Señor Catalino Noriega declaró el 7 de junio de 1984 que Aníbal Olier Bueno
poseía el terreno desde hacía  24 años, es decir, desde el 7 de junio de 1960.
[61]
El artículo 413 del Código de Procedimiento Civil (Decreto 1400 de 1970)
regulaba el procedimiento para la declaración de pertenencia: “Artículo 413.
Declaración de pertenencia. En las demandas sobre declaración de pertenencia se
aplicarán las siguientes reglas: || 1 Estará legitimado para pedir la
declaración de pertenencia, todo aquel que pretenda haber adquirido el bien por
prescripción ordinaria o extraordinaria. || 2. Los acreedores podrán hacer
valer la prescripción adquisitiva a favor de su deudor, a pesar de la renuncia
de éste. || 3 Podrá también pedir la declaración de pertenencia el comunero que
con exclusión de los otros condueños y por el término de la prescripción
extraordinaria, haya poseído materialmente el bien común o parte de él, siempre
que su explotación económica no se haya producido por acuerdo con los demás
comuneros o por disposición de autoridad judicial o del administrador de la
comunidad. || 4 No procede la declaración de pertenencia si antes de consumarse
la prescripción estaba en curso un proceso de división del bien común, ni
respecto de bienes imprescriptibles o de propiedad de las entidades de derecho
público. || 5 A la demanda deberá acompañarse un certificado del registrador de
instrumentos públicos acerca de las personas que figuren como titulares de
derechos reales sujetos a registro o de que no aparece ninguna como tal.
Siempre que en el certificado figure alguna persona como titular de un derecho
real principal sobre el bien, la demanda deberá dirigirse contra ella. || 6 En
el auto admisorio de la demanda se ordenará emplazar a las personas que se
crean con derechos sobre el respectivo bien, por medio de edicto que deberá
expresar: a). El nombre de la persona que promovió el proceso y la naturaleza
de éste y de la prescripción alegada. b). El llamamiento de los que se crean
con derecho a tales bienes, para que concurran al proceso a más tardar dentro
de los quince días siguientes a la última publicación; c). La especificación de
los bienes, con expresión de su ubicación, linderos, número o nombre. || 7. El
edicto se publicará en la forma y por las veces que dispone el artículo 318. ||
8 Transcurridos quince días después de la última publicación se entenderá
surtido el emplazamiento de las personas indeterminadas a las que se les
designará curador ad litem, quien ejercerá el cargo hasta la terminación del
proceso. || 9. Las personas que concurran al proceso en virtud del
emplazamiento, podrán contestar la demanda dentro de los diez días siguientes a
la fecha en que aquel quede surtido. Las que se presenten posteriormente,
tomarán el proceso en el estado en que lo encuentren. || 10 El juez deberá
practicar forzosamente inspección judicial sobre el terreno, para verificar los
hechos relatados en la demanda y constitutivos de la posesión alegada por el
demandante. || 11. La sentencia que acoja las pretensiones de la demanda será
consultada y una vez en firme producirá efectos erga omnes. El juez ordenará su
inscripción en el competente registro.” Dicha norma fue modificada al pasar a
ser, en virtud del numeral 210 del artículo 1º del Decreto 2282 de 1989, el
artículo 407 del Código de Procedimiento Civil.
[62]
En el presente, el numeral 5º del artículo 407 del Código, a partir del Decreto
2282/89, artículo 1º  numeral 210.
[63]
El numeral 5º del artículo 407 del Código de Procedimiento Civil actual dice:
“5. A la demanda deberá acompañarse un certificado del registrador de
instrumentos públicos en donde consten las personas que figuren como titulares
de derechos reales sujetos a registro, o que no aparece ninguna como tal.
Siempre que en el certificado figure determinada persona como titular de un
derecho real principal sobre el bien, la demanda deberá dirigirse contra ella.”
[64]
MP Alfredo Beltrán Sierra.
[65]
MP Álvaro Tafur Galvis.
[66]
Sentencias de la Sala de Casación Civil, MP Manuel Ardila Velásquez, del 14 de
enero de 2003.
[67]
El Estatuto del Registro de Instrumentos Públicos (Decreto 1250 de 1970)
establece en su artículo 2º, que “[e]stán sujetos a registro: 1. Todo acto,
contrato, providencia judicial, administrativa o arbitral que implique Constitución,
declaración, aclaración, adjudicación, modificación, limitación, gravamen,
medida cautelar, traslación o extinción del dominio u otro derecho real
principal o accesorio sobre bienes raíces, salvo la cesión del crédito
hipotecario y prendario.” Sin embargo, el registro no incluye los bienes, cuyas
características han sido descritas por la Ley como de uso público, sin que se
haya hecho una especificación acerca del terreno y sus linderos. En caso en que
el juez tenga dudas acerca de la naturaleza de un bien del cual se solicita la
declaración de pertenencia, éste debe acudir a la Capitanía de Puerto, que,
como se ha constatado a lo largo de este proceso, es la entidad competente para
evaluar si el inmueble es o no de uso público.
[68] La totalidad de la
norma dice así: “Artículo 175: Por considerarse que atentan contra los recursos
hidrobiológicos y su ambiente, se prohiben las siguientes conductas: || 1.
Pescar con los siguientes medios: | a. Explosivos y sustancias venenosas como
barbasco, fique y otras semejantes que produzcan la muerte o el aletargamiento
de los individuos de especies hidrobiológicas; | b. Aparejos, redes, aparatos
de arrastre, instrumentos no autorizados o de especificaciones que no
correspondan a las permitidas, o que siendo de estas, se usen en lugares
distintos a aquellos en que su uso esté permitido; | c. Armas de fuego; | d.
Agitando las aguas y produciendo ruido en ellas con palos, piedras u otros
objetos para obligar a los peces a enmallarse en las redes o para reunirlos en
determinados lugares. || 2. Desecar, variar o bajar el nivel de los ríos,
lagunas, ciénagas o cualquiera otra fuente, con fines de pesca. || 3. Arrojar a
un medio acuático permanente o temporal, productos, sustancias o desperdicios
que puedan causar daño a la vida acuática en general, y a sus criaderos en
particular. || 4. Destruir la vegetación que sirva de refugio o fuente de
alimentación a las especies hidrobiológicas, o alterar o destruir los arrecifes
coralinos y abrigos naturales de esas especies. || 5. Destruir arrecifes
coralinos, dañar o alterar los abrigos o el medio  ecológico de especies de
recursos hidrobiológicos, o estas especies como consecuencia de actividades de
exploración o explotación de recursos naturales no renovables no permitidas, o
en contravención a las disposiciones que regulan estas actividades con base en
el artículo 39 del Decreto - Ley 2811 de 1974. || 6. Construir obras o instalar
redes, mallas o cualquier otro elemento que impida el libre y permanente
tránsito de los peces en las ciénagas, lagunas, caños y canales naturales.”
[69]
Dicha resolución definió manglares como “los ecosistemas de zonas costeras en
los que se relacionan especies arbóreas de diferentes familias denominadas
mangle con otras plantas, con animales que allí habitan permanentemente o
durante algunas fases de su vida, y con las aguas, los suelos y otros
componentes del ambiente.”
[70]
Para otras zonas geográficas de aplicación ver el Convenio para la protección
del medio marino y la zona costera del pacífico sudeste, aprobado por medio de
la Ley 45 de 1985, y el Protocolo para la conservación y administración de las
áreas marítimas costeras protegidas del Pacífico Sudeste, aprobado en la Ley 12
de 1992. Por último, ver también el Protocolo relativo a las áreas y flora y
fauna silvestres especialmente protegidas por el Convenio para la Protección y
el Desarrollo del Medio Marino de la región del Gran Caribe, 1991 y los Anexos
a dicho Protocolo adoptados en Kingston el 11 de junio de 1991, que en Colombia
fueron aprobados por medio de la Ley 356 de 1997.
[71]
El  Señor Catalino Noriega Valiente, al ser preguntado por el Juez si Aníbal
Olier Bueno ejercía actos de señor y dueño, respondió que “si, lo ha cercado
en varias oportunidades, lo limpia, lo cuida y construyó (…) una casita que
se derrumbó por el viento (…). El me paga por cuidarle el terreno y
limpiárselo, y rellenarlo.”(subraya fuera de texto) Cfr folio
122 del primer cuaderno del expediente. Por su parte, la Sra Sonia Jay,
responde a la misma pregunta diciendo que el poseedor “ha hecho rellenos de
arena.” Cfr folio 59 del cuaderno de copias del expediente.
[72]
Dicho concepto, fue realizado, según escrito de la parte accionante, “de
acuerdo a una serie de acciones de control y vigilancia sobre las zonas de
manglar o de bajamar en la zona norte, en el corregimiento de la boquilla (…)”
Folio 95 del segundo cuaderno del expediente.
[73]
Cfr folio 63 del segundo cuaderno del expediente.
[74]
Cfr folio 64 del segundo cuaderno del expediente.
[75]
Cfr folio 64 del primer cuaderno del expediente.
[76]
Cfr folio 13 de primer cuaderno de expediente. Énfasis hace parte del texto
original.
[77]
Cfr folio 89 del segundo cuaderno del expediente.
[78]
Folio 216 del segundo cuaderno del expediente.
[79]
Cfr folio 132 del segundo cuaderno del expediente.
[80] En principio, el argumento según el cual el
ocupante ha sido sujeto pasivo del impuesto predial no es una razón suficiente
para considerar que esta persona goza de algún derecho sobre el bien. La Corte
encuentra que el argumento planteado por el Señor Aníbal Olier Bueno, quien
afirma que uno de los factores que prueban su propiedad sobre el bien, es que
la administración distrital de Cartagena le ha cobrado el impuesto predial, no
es de recibo. Una serie de actuaciones administrativas, como lo son el cobro
del impuesto predial, son insuficientes para legitimar una situación que riñe
con varias normas constitucionales. Podría llegar a aceptarse que el cobro de
impuestos sobre una propiedad contribuyan a que se consoliden las expectativas
generadas sobre los supuestos propietarios. Sin embargo, como se observó en los
párrafos anteriores, dichas expectativas no son suficientes para que se
consoliden situaciones que desde el punto de vista constitucional son
inaceptables. De otra parte, la Corte ha considerado que no existe relación
entre una norma que permita a un municipio cobrar un impuesto a una persona que
goza de un bien de uso público, y el propio dominio de este inmueble. En este
sentido, se consideró lo siguiente: “Ahora bien, la pregunta que surge es si
pueden los concejos distritales imponer un gravamen sobre bienes de uso público
que se encuentren en manos de particulares? A juicio de la Corte la respuesta
es afirmativa por las siguientes razones: || (…) || Si bien resulta
cierto que los bienes de uso público no están gravados con el impuesto predial
y complementario, por cuanto se trata de un impuesto que recae sobre la
propiedad raíz, el legislador por razones de política fiscal, reconociendo una
situación de hecho, consideró que en los distritos especiales de Cartagena,
Santa Marta y Barranquilla, cuya creación se llevó a cabo directamente por el
constituyente los concejos distritales pudieran gravar con dicho impuesto las
construcciones, edificaciones y cualquier otro tipo de mejoras que realicen los
particulares sobre bienes de uso público, teniendo en cuenta que se trata de
inmuebles por adhesión permanente. En tal virtud, mientras se encuentren “en
manos de particulares” y ellos los estén aprovechando económicamente, hasta
tanto no vuelvan al dominio del Estado bien por el vencimiento de los términos
señalados en las autorizaciones legalmente otorgadas, o mientras el Estado
logra la restitución de dichos bienes en caso de que se encuentren en manos de
particulares en forma ilegal o irregular, no contraría la Carta Política que el
Congreso considere como predios objeto de gravamen esas construcciones,
edificaciones o mejoras a que se refiere la norma acusada. || (…) || [E]l
legislador no está autorizando la enajenación de bienes nacionales,
sencillamente se está facultando a los concejos distritales para gravar con
impuesto predial las construcciones, edificaciones o mejoras que sobre esos
bienes se efectúen dado el aprovechamiento económico que los particulares están
derivado de ellas, sin que ello implique que el pago de dicho impuesto genere
algún derecho sobre el terreno ocupado, como lo establece el inciso final del
artículo 6, numeral 3, de la Ley 768 de 2002, aspecto éste último que el actor
no se detiene a analizar, es más, ni siquiera transcribe en el escrito de
demanda.” (Sentencia C-183 de 2003 precitada)
[81]
Ver, entre otras, las sentencias T-411 de 1992, C-058 de 1994, C-519 de 1994,
C-495 de 1996 y C-535 de 1996.
[82]
Ver, entre otras, las sentencias C-328 de 1995 y C-535 de 1996.
[83]
Sentencia C-126 de 1998 (MP Alejandro Martínez Caballero). Dicho fundamento fue
esgrimido por la Corte para señalar que no existía una contradicción normativa
entre el Código de Recursos Naturales y la Constitución.
[84]
Sentencia C-126 de 1998 (MP Alejandro Martínez Caballero). En dicha ocasión, la
Corte consideró que el Presidente de la República no había transgredido las
facultades excepcionales otorgadas por el Legislador para modificar la legislación ambiental, pues dicha competencia
incluía “la posibilidad de modificar la legislación civil sobre recursos
naturales con el fin de convertir esas disposiciones de derecho privado en
normas ambientales.”
[85] Sentencia C-126 de 1998 precitada.
Dichos fundamentos llevaron a la Corte a declarar la exequibilidad de
disposiciones del Código de Recursos Naturales Renovables, que aceptaban la
propiedad privada sobre algunos recursos naturales renovables, “en el
entendido de que ellas deben ser interpretadas tomando en cuenta la función
ecológica de la propiedad”.
[86]
La expresión subrayada es la declarada inexequible por la Corte en dicha
ocasión.
[87]Subraya
fuera de texto. Sentencia C-256 de 1996 (MP Alejandro Martínez Caballero) en la
cual la Corte declaró exequible el artículo 58 de la Ley 9ª de 1989, de acuerdo
a la cual, bajo ciertas condiciones, las entidades públicas del orden nacional
cederían a título gratuito los inmuebles de su propiedad que fueran bienes
fiscales y que hubieran sido ocupados ilegalmente para vivienda de interés
social. Igualmente, la Corte declaró la exequibilidad de la norma precitada al
considerar que la imprescriptibilidad de los bienes fiscales, además de los de
uso público, no vulneraba los derechos a la igualdad, a la propiedad, ni el
principio de prevalecía del derecho sustancial. Al respecto, ver la sentencia
C-530 de 1996 (MP Jorge Arango Mejía). En el mismo sentido se pronunció la
Corte Suprema de Justicia, al estudiar la concordancia del numeral 4º reseñado
con el artículo 30 de la constitución anterior (derecho de propiedad). En dicha
oportunidad la Corte Suprema consideró: “[A]l excluir los bienes fiscales de
propiedad de las entidades de derecho público de la acción de pertenencia, como
lo dispone la norma acusada, no se presenta infracción del artículo 30 de la
Constitución, por desconocimiento de su función social, sino que ese
tratamiento es el que corresponde al titular de su dominio, y a su naturaleza,
de bienes del Estado y a su destinación final de servicio público.”
Sentencia de noviembre 16 de 1978, MP Luis Carlos Sáchica.
[88]
MP Alejandro Martínez Caballero. Ver también las sentencias T-230 de 1993 (MP
Carlos Gaviria Díaz). en el mismo sentido, las sentencias T-605 y T-566 de 1992
(MPs Eduardo Cifuentes Muñoz y Alejandro Martínez Caballero respectivamente)
decidieron que es contrario a los derechos fundamentales de los particulares
que les sea impedido el libre acceso y circulación a los predios de uso público
por parte de ocupantes o poseedores.
[89]
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, 23 de marzo de 2001, CP
Manuel S Urueta Ayola, Actor, Inversiones Araujo Perdomo Ltda. En el mismo
sentido se pronunció la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en
sentencia de septiembre de 1996, expediente S-404.
[90] Adicionalmente, el legislador, al expedir
la Ley 9ª de 1989, señaló en qué sentido deben ser resueltos eventuales
conflictos entre el dominio público y los particulares cuando éstos últimos han
poseído por altos periodos de tiempo bienes que pertenecen al Estado o a la
Nación. El artículo 58 de dicha Ley señala lo siguiente: “Artículo
58: Las entidades públicas
del orden nacional cederán a título gratuito los inmuebles de su propiedad que
sean bienes fiscales y que hayan sido ocupados ilegalmente para vivienda de
interés social, siempre y cuando la ocupación ilegal haya ocurrido con
anterioridad al veintiocho (28) de julio de mil novecientos ochenta y ocho
(1988). La cesión gratuita mediante escritura pública, se efectuará a favor de
los ocupantes. Las demás entidades públicas podrán efectuar la cesión en los
términos aquí señalados. || En ningún caso procederá la cesión anterior en el
caso de los bienes de uso público ni en el de los bienes fiscales destinados a
la salud y a la educación. Tampoco procederá cuando se trate de inmuebles
ubicados en zonas insalubres o que presenten peligro para la población.” Esta
norma fue declarada exequible por la Corte Constitucional, mediante sentencia
C-251 de 1996 (MP Alejandro Martínez Caballero) precitada. De lo anterior se
deducen los criterios que tuvo en cuenta el Congreso de la República para
resolver qué derechos detentan quienes han sido poseedores de bienes de dominio
público: Las entidades nacionales “cederán” gratuitamente dichos bienes
cuando éstos (i) sean bienes fiscales, (ii) la ocupación ilegal haya comenzado
antes del día 28 de julio de 1988, (iii) su destinación haya sido la vivienda
de interés social, (iv) y no se trate “en ningún caso” de (a) bienes de uso
público, (b) bienes fiscales destinados a la educación y a la salud, o (c)
bienes ubicados en zonas insalubres o peligrosas para la población.
[91]
La Corte tiene de presente que mediante la sentencia C-543 de 1992 (MP José
Gregorio Hernández Galindo) esta Corporación declaró inexequible el artículo 11
del Decreto 2591 de 1991, de acuerdo al cual la acción de tutela contra
providencias judiciales caducaba después de dos meses. Sin, embargo el caso
bajo análisis en esta ocasión presenta un problema distinto. Es evidente la
diferencia que existe entre una norma que prohibe la interposición de la acción
de tutela contra providencias judiciales después del corto lapso de dos meses,
y el caso presente, en el cual la Corte decide cuál debe ser la solución
constitucional a aplicar cuando la providencia en la cual se puede haber
incurrido en una vía de hecho fue proferida hace más de quince años.
[92]
MP Manuel José Cepeda Espinosa; SV. Manuel José Cepeda Espinosa y Rodrigo
Uprimny Yepes.
[93]
En cuanto a la existencia de otro medio de defensa judicial,
en la sentencia C-543 de 1992, la Corte señaló: “Se comprende, en
consecuencia, que cuando se ha tenido al alcance un medio judicial ordinario y,
más aún, cuando ese medio se ha agotado y se ha adelantado un proceso, no puede
pretenderse adicionar al trámite ya surtido una acción de tutela, pues al tenor
del artículo 86 de la Constitución, dicho mecanismo es improcedente por la sola
existencia de otra posibilidad judicial de protección, aún sin que ella haya
culminado en un pronunciamiento definitorio del derecho. Bien puede afirmarse
que, tratándose de instrumentos dirigidos a la preservación de los derechos, el
medio judicial por excelencia es el proceso, tal como lo acreditan sus
remotos orígenes. En el sentir de esta Corte, nadie puede alegar que careció de
medios de defensa si gozó de la oportunidad de un proceso y menos todavía si
tomó parte en él hasta su conclusión y ejerció los recursos de que disponía.
Pero, claro está, si pese a las ocasiones de defensa dentro del proceso y a las
posibilidades de impugnación del fallo que le otorgaba el sistema jurídico en
obedecimiento a claros principios constitucionales (artículos 29 y 31 de la
Carta), el interesado se abstuvo de utilizar los mecanismos a su disposición,
tampoco puede acudir a la institución de la tutela como última tabla de
salvación de sus pretensiones, por cuanto ello implica el alegato de su propia
incuria contra el principio universalmente aceptado y desvirtúa el carácter
subsidiario de la acción.” En esta sentencia, la
Corte resolvió en este fallo declarar inexequible los artículos 11 y 12 del
decreto 2591 de 1991, en los cuales se establecía un término de caducidad para
presentar la acción de tutela contra sentencias, pues consideró que salvo
aquellos casos en los que el funcionario hubiese actuado por vías de hecho, la
acción de tutela no procede contra providencias judiciales.
[94]
Al respecto, ver el resumen de la jurisprudencia realizado en la sentencia
T-289 de 2003 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), por medio de la cual la Sala
Tercera de Revisión concedió la tutela al derecho al debido proceso a una madre
cabeza de familia, quien no había apelado la decisión penal contra la cual se
dirigía la acción de tutela, pero que no había contado con una defensa adecuada
a lo largo del proceso. En el mismo sentido, ver también las sentencias T-329
de 1996 (MP José Gregorio Hernández Galindo), T-573 de 1997 (MP Jorge Arango Mejía)
y T-654 de 1998 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz).
[95]
MP Alejandro Martínez Caballero; SV Hernando Herrera Vergara.
[96]Ver
sentencias C-592/93 y C-049/96 MP Dr. Fabio Morón Díaz,  SU-044/95 M. P. Dr.
Antonio Barrera Carbonell, C-071/95 MP Dr. Carlos Gaviria Díaz y T-240/96 Dr.
Vladimiro Naranjo Mesa.
[97]
MP Alvaro Tafur Galvis.
[98]Sentencia
T-1342 de 2001 precitada.  Ver también la sentencia C-739 de 2001 (MP Álvaro
Tafur Galvis) y la de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y
Agraria, expediente 6253, sentencia del 2 de agosto de 1998, MP Rafael Romero
Sierra.
[99]
Numeral precitado anteriormente.
[100] La Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación
Civil, ha decidido que las sentencias que declaran la prescripción adquisitiva
de un bien no surten efectos erga omnes cuando no han sido debidamente
notificadas a su propietario. La Sala Civil ha considerado lo siguiente: “[C]onocido
es que la sentencia estimatoria que se profiera en un proceso de pertenencia
produce efectos erga omnes, esto es, contra todo el mundo. Pero, para que ello
sea así se requiere, entre otros requisitos, que “quien sea titular de derechos
reales sujetos a registro sobre el bien materia de la declaración de
pertenencia, haya sido demandado de modo nominativo, que la demanda se haya
dirigido contra él y que el auto admisorio de la demanda le haya sido
notificado legalmente, pues de otra manera el fallo no le es oponible.”
Sentencia de la Sala de Casación Civil y Agraria, MP. Pedro Lafont Pianetta,
del 17 de septiembre de 1996 , en la cual se decretó la nulidad de una
sentencia que declaró la prescripción adquisitiva de un inmueble cuyo
propietario, estaba registrado como tal en la oficina de instrumentos públicos,
pero a quien no se le había dirigido la demanda de pertenencia. En el mismo
sentido, ver la sentencia del 8 de septiembre de 1983. Ahora bien, en virtud
del artículo 384 del Código de Procedimiento Civil, de encontrar fundamentado
el cargo por el numeral 7º del artículo 380, el juez de revisión debe declarar
la nulidad de lo actuado en el proceso.
[101]
Descripción de los linderos del inmueble en la sentencia mediante la cual
se declaró su pertenencia. Cfr folio 141 del primer cuaderno del expediente.