C-287-02
LEY 660 DE 2001
Sentencia
C-287/02
TRATADO DE
PROHIBICION COMPLETA DE ENSAYOS NUCLEARES-Control formal
ARMAS NUCLEARES-Reducción mundial/TRATADO DE
PROHIBICION COMPLETA DE ENSAYOS NUCLEARES-Objetivo/ARMAS NUCLEARES-Eliminación
El tratado materia de revisión tiene como
propósito reducir las armas nucleares a escala mundial con el objeto último de
eliminar las armas nucleares y lograr un desarme general y completo bajo
estricto y eficaz control internacional, para lograr el acrecentamiento de la
paz y la seguridad internacionales. Considera como medida eficaz de desarme
nuclear y de no proliferación del mismo en todos sus aspectos, la cesación de
todas las explosiones de ensayo de armas nucleares y de todas las demás
explosiones nucleares, restringiendo el desarrollo y la mejora cualitativa de
las armas nucleares poniéndole fin al adelantamiento de nuevos tipos avanzados
de armas nucleares. También tiene en cuenta que podría contribuir a la
protección del medio ambiente.
TRATADO DE
PROHIBICION COMPLETA DE ENSAYOS NUCLEARES-Compatibilidad con la Constitución
TRATADO DE
PROHIBICION COMPLETA DE ENSAYOS NUCLEARES-Mantenimiento de la paz
ARMAS NUCLEARES-No realización de explosión de ensayo
TRATADO DE
PROHIBICION COMPLETA DE ENSAYOS NUCLEARES-Verificación de cumplimiento
SOBERANIA-Connotación interna y externa/SOBERANIA-Pérdida
de carácter absoluto/SOBERANIA-Regulación de comunidad internacional
SOBERANIA
NACIONAL-No atenta
verificación del cumplimiento del tratado
TRATADO
INTERNACIONAL EN MATERIA DE SOBERANIA NACIONAL-Verificación de cumplimiento
MEDIO AMBIENTE EN
MATERIA DE ARMAS NUCLEARES-Protección
Referencia:
expediente LAT- 206
Revisión
constitucional de la Ley 660 del 30 de julio de 2001 “Por medio de la cual
se aprueba el Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares”, adoptado
en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el diez (10) de septiembre de
mil novecientos noventa y seis (1996).
Magistrada
Ponente:
Dra. CLARA INES VARGAS HERNANDEZ
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de abril de
dos mil dos (2002)
La Sala Plena de la Corte Constitucional,
en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y
trámites establecidos en el Decreto  2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
2.ANTECEDENTES
El día seis (6) de agosto de
dos mil uno (2001), la Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República
remitió a esta Corporación, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 10
del artículo 241 de la Carta Política, fotocopia autenticada de la Ley 660 del
30 de julio de 2001 “Por medio de la cual se aprueba el Tratado de
Prohibición Completa de Ensayos Nucleares”, adoptado en la Asamblea General
de las Naciones Unidas, el diez (10) de septiembre de mil novecientos noventa y
seis (1996).
El día treinta (30) de agosto de dos mil
uno (2001), la Magistrada Ponente avocó el conocimiento del presente asunto, y
ordenó la práctica de algunas pruebas
relacionadas con el trámite legislativo de la citada ley. Recibidas las mismas
se ordenó que por Secretaría General, se procediera a la fijación en lista del
proceso para permitir la intervención ciudadana y se corrió traslado del
expediente al señor Procurador General de la Nación,
para efectos de recibir el respectivo concepto.
Cumplidos los trámites constitucionales y
legales propios de este tipo de procesos la Corte Constitucional procede a
decidir acerca del asunto de la referencia.
II. EL TEXTO DEL TRATADO QUE SE
REVISA Y DE SU LEY APROBATORIA
A
continuación, se transcribe el texto de la Ley cuya constitucionalidad se
revisa, conforme a su publicación en el diario oficial No. 44.503 del 30 de
julio de 2001.
LEY 660 DE 2001
(julio 30)
por medio de la cual se aprueba el
"Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares", adoptado en
la Asamblea General de las Naciones Unidas, el diez (10) de septiembre de mil
novecientos noventa y seis (1996).
EL CONGRESO DE COLOMBIA
Visto el texto del
"Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares", adoptado en
la Asamblea General de las Naciones Unidas, el diez (10) de septiembre de mil
novecientos noventa y seis (1996), que a la letra dice:
(Para ser transcrito: Se
adjunta fotocopia del texto íntegro del Instrumento Internacional mencionado, debidamente
autenticado por el Jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio de Relaciones
Exteriores).
TRATADO DE PROHIBICION COMPLETA
DE LOS ENSAYOS NUCLEARES
PREAMBULO
Los Estados Partes en el
presente Tratado (denominados en lo sucesivo "los Estados Partes"),
Acogiendo con agrado los
acuerdos internacionales y demás medidas positivas adoptadas en los últimos
años en la esfera del desarme nuclear, incluidas reducciones de los arsenales
de armas nucleares, así como en la esfera de la prevención de la proliferación
nuclear en todos sus aspectos,
Subrayando la importancia de la
plena y pronta aplicación de esos acuerdos y medidas,
Convencidos de que la situación
internacional actual ofrece la oportunidad de adoptar nuevas medidas eficaces
hacia el desarme nuclear y contra la proliferación de las armas nucleares en
todos sus aspectos y declarando su propósito de adoptar tales medidas,
Subrayando en consecuencia la
necesidad de seguir realizando esfuerzos sistemáticos y progresivos para
reducir las armas nucleares a escala mundial, con el objetivo último de
eliminar esas armas y de lograr un desarme general y completo bajo estricto y
eficaz control internacional,
Reconociendo que la cesación de
todas las explosiones de ensayo de armas nucleares y de todas las demás
explosiones nucleares, al r estringir el desarrollo y la mejora cualitativa de
las armas nucleares y poner fin al desarrollo de nuevos tipos avanzados de
armas nucleares, constituye una medida eficaz de desarme nuclear y de no
proliferación en todos sus aspectos,
Reconociendo también que el fin
de todas las explosiones de esa índole constituirá por consiguiente un paso
importante en la realización de un proceso sistemático destinado a conseguir el
desarme nuclear,
Convencidos de que la manera más
eficaz de lograr el fin de los ensayos nucleares es la concertación de un
tratado universal de prohibición completa de los ensayos nucleares
internacional y eficazmente verificable, lo que ha sido desde hace mucho tiempo
uno de los objetivos de mayor prioridad de la comunidad internacional en la
esfera del desarme y la no proliferación,
Tomando nota de las
aspiraciones expresadas por las Partes en el Tratado de 1963 por el que se
prohíben los ensayos con armas nucleares en la atmósfera, en el espacio ultraterrestre
y debajo del agua de tratar de lograr la suspensión permanente de todas las
explosiones de ensayo de armas nucleares,
Tomando nota también de las
opiniones expresadas en el sentido de que el presente Tratado podría contribuir
a la protección del medio ambiente,
Afirmando el propósito de
lograr la adhesión de todos los Estados al presente Tratado y su objetivo de
contribuir eficazmente a la prevención de la proliferación de las armas
nucleares en todos sus aspectos y al proceso del desarme nuclear y, por lo
tanto, al acrecentamiento de la paz y la seguridad internacionales,
Han convenido en lo siguiente:
ARTÍCULO I. OBLIGACIONES
BÁSICAS.
1. Cada Estado Parte se
compromete a no realizar ninguna explosión de ensayo de armas nucleares o
cualquiera otra explosión nuclear y a prohibir y prevenir cualquier explosión
nuclear de esta índole en cualquier lugar sometido a su jurisdicción o control.
2. Cada Estado Parte se
compromete asimismo a no causar ni alentar la realización de cualquier
explosión de ensayo de armas nucleares o de cualquiera otra explosión nuclear,
ni a participar de cualquier modo en ella.
ARTÍCULO II. LA ORGANIZACIÓN.
A. DISPOSICIONES GENERALES
1. Los Estados Partes en el
presente Tratado establecen por él la Organización del Tratado de Prohibición
Completa de los Ensayos Nucleares (denominada en lo sucesivo "la
Organización"), para lograr el objeto y propósito del presente Tratado,
asegurar la aplicación de sus disposiciones, incluidas las referentes a la
verificación internacional de su cumplimiento y servir de foro a las consultas
y cooperación entre los Estados Partes.
2. Todos los Estados Partes
serán miembros de la Organización. Ningún Estado Parte será privado de su
condición de miembro de la Organización.
3. La Organización tendrá su
sede en Viena, República de Austria.
4. Por el presente artículo se
establecen los siguientes órganos de la Organización: La Conferencia de los
Estados Partes, el Consejo Ejecutivo y la Secretaría Técnica, que incluirá un
Centro Internacional de Datos.
5. Cada Estado Parte cooperará
con la Organización en el ejercicio de sus funciones de conformidad con el
presente Tratado. Los Estados Partes celebrarán consultas, directamente entre
sí, o por medio de la Organización u otros procedimientos internacionales
apropiados, entre ellos procedimientos celebrados en el marco de las Naciones
Unidas y de conformidad con su Carta, acerca de cualquier cuestión que pueda
plantearse en relación con el objetivo y el propósito del presente Tratado o la
aplicación de sus disposiciones.
6. La Organización realizará
las actividades de verificación previstas para ella en el presente Tratado de
la manera menos intrusiva posible que sea compatible con el oportuno y eficien
te logro de sus objetivos. Solicitará únicamente la información y datos que
sean necesarios para cumplir las responsabilidades que le impone el presente
Tratado. Adoptará toda clase de precauciones para proteger el carácter
confidencial de la información sobre las actividades e instalaciones civiles y
militares de que venga en conocimiento en el cumplimiento del presente Tratado
y, en particular, acatará las disposiciones sobre confidencialidad contenidas
en el presente Tratado.
7. Cada Estado Parte tratará
confidencialmente y manipulará de modo especial la información y datos que
reciba a título reservado de la Organización en relación con la aplicación del
presente Tratado. Tratará esa información y datos exclusivamente en relación
con sus derechos y obligaciones con arreglo al presente Tratado.
8. La Organización, en cuanto
órgano independiente, se esforzará por aprovechar la experiencia y las
instalaciones existentes siempre que sea posible y por lograr la mayor
eficiencia de costos promoviendo arreglos de colaboración con otras
organizaciones internacionales, tales como el Organismo Internacional de
Energía Atómica. Estos arreglos, con la excepción de los de menor importancia y
los de carácter comercial y contractual, constarán en acuerdos que se
presentarán a la Conferencia de los Estados Partes para su aprobación.
9. Los costos de las
actividades de la Organización serán sufragados anualmente por los Estados
Partes de conformidad con la escala de cuotas de las Naciones Unidas ajustada
para tener en cuenta las diferencias de composición entre las Naciones Unidas y
la Organización.
10. Las contribuciones
financieras de los Estados Partes a la Comisión Preparatoria se deducirán de
manera adecuada de sus contribuciones al presupuesto ordinario.
11. El miembro de la Organización
que esté atrasado en el pago de su cuota a la Organización, no tendrá voto en
ésta si el importe de los a trasos es igual o superior a la cuota debida por
dicho miembro por los dos años anteriores. No obstante, la Conferencia de los
Estados Partes podrá permitir que dicho miembro vote si está convencido de que
la falta de pago se debe a circunstancias ajenas a su voluntad.
B. LA CONFERENCIA DE LOS
ESTADOS PARTES
Composición, procedimientos y
adopción de decisiones
12. La Conferencia de los
Estados Partes (denominada en lo sucesivo "la Conferencia"), estará
integrada por todos los Estados Partes. Cada Estado Parte tendrá un
representante en la Conferencia, quien podrá estar acompañado de suplentes y
asesores.
13. El período inicial de
sesiones de la Conferencia será convocado por el Depositario 30 días después, a
más tardar, de la entrada en vigor del presente Tratado.
14. La Conferencia celebrará
períodos ordinarios de sesiones anualmente, salvo que decida otra cosa.
15. Se convocará un período extraordinario
de sesiones de la Conferencia:
a) Cuando lo decida la
Conferencia;
b) Cuando lo solicite el
Consejo Ejecutivo; o
c) Cuando lo solicite cualquier
Estado Parte con el apoyo de la mayoría de los Estados Partes.
El período extraordinario de
sesiones será convocado 30 días después, a más tardar, de la decisión de la
Conferencia, de la solicitud del Consejo Ejecutivo o de la obtención del apoyo
necesario, salvo que se especifique otra cosa en la decisión o solicitud.
16. La Conferencia podrá
también ser convocada como Conferencia de Enmienda, de conformidad con el
artículo VII.
17. La Conferencia podrá
también ser convocada como Conferencia de Examen, de conformi dad con el
artículo VIII.
18. Los períodos de sesiones se
celebrarán en la sede de la Organización, salvo que la Conferencia decida otra
cosa.
19. La Conferencia aprobará su
reglamento. Al comienzo de cada período de sesiones, elegirá a su Presidente y
a los demás miembros de la Mesa que sean necesarios. El Presidente y los demás
miembros de la Mesa ejercerán sus funciones hasta que se nombre un nuevo
Presidente y una nueva Mesa en el próximo período de sesiones.
20. El quórum estará
constituido por la mayoría de los Estados Partes.
21. Cada Estado Parte tendrá un
voto.
22. La Conferencia adoptará
decisiones sobre cuestiones de procedimiento por mayoría de los miembros
presentes y votantes. Las decisiones sobre cuestiones de fondo se adoptarán en
lo posible por consenso. Si no pudiera llegarse a un consenso cuando haya que
adoptar una decisión sobre una cuestión, el Presidente de la Conferencia
aplazará la votación por 24 horas y durante ese aplaza miento hará todo cuanto
sea posible para facilitar el logro del consenso e informará a la Conferencia
antes de que concluya dicho aplazamiento. En caso de que no fuera posible
llegar a un consenso transcurridas 24 horas, la Conferencia adoptará la
decisión por mayoría de dos tercios de los miembros presentes y votantes, a
menos que se disponga otra cosa en el presente Tratado. Cuando se suscite el
problema de si una cuestión es, o no, de fondo, se tratará como cuestión de
fondo, a menos que se decida otra cosa por la mayoría necesaria para adoptar
decisiones sobre cuestiones de fondo.
23. En el ejercicio de las
funciones que se le asignan en el apartado k) del párrafo 26, la Conferencia
adoptará la decisión de añadir a cualquier Estado a la lista de Estados que
figura en el anexo 1 al presente Tratado, de conformidad con el procedimiento
para adoptar decisiones sobre cuestiones de fondo enunciado en el párrafo 22.
No obstante lo dispuesto en el párrafo 22, la Conferencia adoptará por consenso
las decisiones sobre cualquier modificación del anexo al presente Tratado.
Poderes y funciones
24. La Conferencia será el
órgano principal de la Organización. Examinará cualquier cuestión, materia o
problema comprendidos en el ámbito del presente Tratado, incluidos los
relacionados con los poderes y funciones del Consejo Ejecutivo y de la
Secretaría Técnica, de conformidad con el presente Tratado. Podrá hacer
recomendaciones y tomar decisiones sobre cualquier cuestión, materia o problema
comprendidos en el ámbito del presente Tratado que suscite un Estado Parte o
señale a su atención el Consejo Ejecutivo.
25. La Conferencia supervisará
la aplicación y examinará el cumplimiento del presente Tratado y actuará para
promover su objeto y propósito. Supervisará también las actividades del Consejo
Ejecutivo y de la Secretaría Técnica y podrá formular directrices a cualquiera
de ellos para el ejercicio de sus funciones.
26. La Conferencia:
a) Examinará y aprobará el
informe de la Organización sobre la aplicación del presente Tratado y el
programa y presupuesto anuales de la organización, presentados por el Consejo
Ejecutivo y examinará otros informes;
b) Decidirá la escala de cuotas
que hayan de satisfacer los Estados Partes de conformidad con el párrafo 9;
c) Elegirá a los miembros del
Consejo Ejecutivo;
d) Nombrará al Director General
de la Secretaría Técnica (denominado en lo sucesivo "el Director
General");
e) Examinará y aprobará el
reglamento del Consejo Ejecutivo presentado por éste;
f) Estudiará y examinará la
evolución científica y tecnológica que pueda afectar el funcionamiento del
presente Tratado. En este contexto, la Conferencia podrá dar instrucciones al
Director General para establecer una Junta Consultiva Científica que le
permita, en el cumplimiento de sus funciones, prestar asesoramiento
especializado en cuestiones de ciencia y tecnología relacionadas con el presente
Tratado a la Conferencia, al Consejo Ejecutivo o a los Estados Partes. En ese
caso, la Junta Consultiva Científica estará integrada por expertos
independientes que desempeñarán sus funciones a título personal y serán
nombrados, de conformidad con las atribuciones adoptadas por la Conferencia,
sobre la base de sus conocimientos técnicos y experiencia en las esferas
científicas concretas pertinentes para la aplicación del presente Tratado;
g) Adoptará las medidas
necesarias para garantizar el cumplimiento del presente Tratado y remediar
cualquier situación que contravenga sus disposiciones, de conformidad con el
artículo V;
h) Examinará y aprobará en su
período inicial de sesiones cualquier proyecto de acuerdo, arreglo,
disposición, procedimiento, manual de operaciones, directrices y cualquier otro
documento que elabore y recomiende la Comisión Preparatoria;
i) Examinará y aprobará los
acuerdos o arreglos negociados por la Secretaría Técnica con los Estados
Partes, otros Estados y organizaciones internacionales que haya de concertar el
Consejo Ejecutivo en nombre de la Organización con arreglo al apartado h) del
párrafo 38;
j) Establecerá los órganos
subsidiarios que considere necesarios para el ejercicio de sus funciones de
conformidad con el presente Tratado; y
k) Actualizará el anexo 1 al
presente Tratado, según corresponda, de conformidad con el párrafo 23.
C. EL CONSEJO EJECUTIVO
Composición, procedimientos y
adopción de decisiones
27. El Consejo Ejecutivo estará
integrado por 51 miembros. Cada Estado Parte tendrá el derecho, de conformidad
con lo dispuesto en el presente artículo, a formar parte del Consejo Ejecutivo.
28. Teniendo en cuenta la
necesidad de una distribución geográfica equitativa, el Consejo Ejecutivo
estará integrado por:
a) Diez Estados Partes de
Africa;
b) Siete Estados Partes de
Europa oriental;
c) Nueve Estados Partes de
América Latina y el Caribe;
d) Siete Estados Partes del
Oriente Medio y Asia meridional;
e) Diez Estados Partes de
América del Norte y Europa occidental;
f) Ocho Estados Partes de Asia
sudoriental, el Pacífico y el Lejano Oriente.
Todos los Estados de cada una
de las anteriores regiones geográficas se enumeran en el anexo 1 al presente
Tratado. El anexo 1 será actualizado, cuando corresponda, por la Conferencia de
conformidad con el párrafo 23 y el apartado k) del párrafo 26.
El anexo no será objeto de
enmiendas o modificaciones con arreglo a los procedimientos incluidos en el
artículo VII.
29. Los miembros del Consejo
Ejecutivo serán elegidos por la Conferencia. A tal efecto, cada región
geográfica designará Estados Partes de esa región para su elección como
miembros del Consejo Ejecutivo de la manera siguiente:
a) Por lo menos la tercera
parte de los puestos asignados a cada región geográfica será cubierta, teniendo
en cuenta los intereses políticos y de seguridad, por los Estados Partes de esa
región designados sobre la base de las capacidades nucleares pertinentes para
el Tratado según vengan determinadas por datos internacionales y por la totalidad
o cualquiera de los siguientes criterios indicativos según el orden de
prioridad determinado por cada región:
i) Número de instalaciones de
vigilancia del Sistema Internacional de Vigilancia;
ii) Conocimientos técnicos y
experiencia en materia de tecnología de vigilancia; y
iii) Contribución al
presupuesto anual de la Organización;
b) Uno de los puestos asignados
a cada región geográfica será cubierto por rotación por el Estado Parte que sea
el primero en orden alfabético inglés de los Estados Partes de esa región que
más tiempo lleven sin ser miembros del Consejo Ejecutivo desde el momento en
que se hubieran hecho Estados Partes o desde que lo fueran por última vez,
según cual sea el plazo más breve. El Estado Parte designado sobre esta base
podrá renunciar a su puesto. En tal caso, ese Estado presentará una carta de
renuncia al Director General y el puesto será cubierto por el Estado Parte
inmediatamente siguiente en orden de conformidad con el presente apartado; y
c) Los puestos restantes
asignados a cada región geográfica serán cubiertos por Estados Partes
designados de entre todos los Estados Partes de esa región por rotación o
elecciones.
30. Cada miembro del Consejo
Ejecutivo tendrá un representante en él, quien podrá ir acompañado de suplentes
y asesores.
31. Cada miembro del Consejo
Ejecutivo desempeñará sus funciones desde el final del período de sesiones de
la Conferencia en que haya sido elegido hasta el final del segundo período
ordinario anual de sesiones de la Conferencia a partir de esa fecha, salvo que,
en la primera elección del Consejo Ejecutivo, 26 miembros serán elegidos para
que desempeñen sus funciones hasta el final del tercer período ordinario anual
de sesiones de la Conferencia, respetando las proporciones numéricas que se
describen en el párrafo 28.
32. El Consejo Ejecutivo
elaborará su reglamento y lo presentará a la Conferencia para su aprobación.
33. El Consejo Ejecutivo
elegirá su Presidente de entre sus miembros.
34. El Consejo Ejecutivo
celebrará períodos ordinarios de sesiones. Entre períodos ordinarios de
sesiones se reunirá según sea necesario para el ejercicio de sus poderes y
funciones.
35. Cada miembro del Consejo
Ejecutivo tendrá un voto.
36. El Consejo Ejecutivo
adoptará sus decisiones sobre cuestiones de procedimiento por mayoría de todos
sus miembros. Salvo que se disponga otra cosa en el presente Tratado, el
Consejo Ejecutivo adoptará sus decisiones sobre cuestiones de fondo por mayoría
de dos tercios de todos sus miembros. Cuando se suscite el problema de si una
cuestión es, o no, de fondo, se tratará como cuestión de fondo, a menos que se
decida otra cosa por la mayoría necesaria para adoptar decisiones sobre
cuestiones de fondo.
Poderes y funciones
37. El Consejo Ejecutivo será
el Organo Ejecutivo de la Organización. Será responsable ante la Conferencia.
Ejercerá los poderes y funciones que le confíe el presente Tratado. Al hacerlo,
actuará de conformidad con las recomendaciones, decisiones y directrices de la
Conferencia y se asegurará de que sean aplicadas constante y adecuadamente.
38. El Consejo Ejecutivo:
a) Promoverá la aplicación y el
cumplimiento efectivos del presente Tratado;
b) Supervisará las actividades
de la Secretaría Técnica;
c) Formulará recomendaciones a
la Conferencia según sea necesario para el examen de ulteriores propuestas
destinadas a promover el objeto y propósito del presente Tratado;
d) Cooperará con la Autoridad
Nacional de cada Estado Parte;
e) Examinará y presentará a la
Conferencia el proyecto de programa y presupuesto anuales de la Organización,
el proyecto de informe de la Organización sobre la aplicación del presente
Tratado, el informe sobre la realización de sus propias actividades y los demás
informes que considere necesario o que solicite la Conferencia;
f) Establecerá arreglos para
los períodos de sesiones de la Conferencia, incluida la preparación del
proyecto de programa;
g) Examinará propuestas de
modificaciones, sobre cuestiones de carácter administrativo y técnico, al
Protocolo o a los anexos al mismo, de conformidad con el artículo VII y
formulará recomendaciones a los Estados Partes respecto de su aprobación;
h) Concertará acuerdos o
arreglos con los Estados Partes, otros Estados y organizaciones internacionales
en nombre de la Organización, a reserva de la aprobación previa de la
Conferencia y supervisará su aplicación, a excepción de los acuerdos o arreglos
a que se hace referencia en el apartado i);
i) Aprobará acuerdos o arreglos
relativos a la aplicación de las actividades de verificación negociados con los
Estados Partes y otros Estados y supervisará su aplicación; y
j) Aprobará todo nuevo Manual
de Operaciones y toda modificación de los Manuales de Operaciones existentes
que proponga la Secretaría Técnica.
39. El Consejo Ejecutivo podrá
solicitar la convocación de un período extraordinario de sesiones de la
Conferencia.
40. El Consejo Ejecutivo:
a) Facilitará la cooperación
entre los Estados Partes y entre éstos y la Secretaría Técnica, en relación con
la aplicación del presente Tratado, mediante intercambios de información;
b) Facilitará las consultas y
aclaraciones entre los Estados Partes de conformidad con el artículo IV;
c) Recibirá y examinará las
solicitudes e informes de inspecciones in situ de conformidad con el artículo
IV y adoptará medidas al respecto.
41. El Consejo Ejecutivo
examinará cualquier preocupación expresada por un Estado Parte sobre el posible
incumplimiento del presente Tratado y el abuso de los derechos estipulados en
él. Para ello el Consejo Ejecutivo celebrará consultas con los Estados Partes
interesados y, cuando proceda, pedirá a un Estado Parte que adopte medidas para
solucionar la situación dentro de un plazo determinado. En el grado en que el
Consejo Ejecutivo considere necesaria la adopción de ulteriores disposiciones,
adoptará, entre otras, una o más de las medidas siguientes:
a) Notificará a todos los
Estados Partes la cuestión o materia;
b) Señalará la cuestión o
materia a la atención de la Conferencia;
c) Hará recomendaciones a la
Conferencia o adoptará las disposiciones que procedan sobre medidas para
remediar la situación y asegurar el cumplimiento, de conformidad con el
artículo V.
D. LA SECRETARÍA TÉCNICA
42. La Secretaría Técnica
prestará asistencia a los Estados Partes en la aplicación del presente Tratado.
La Secretaría Técnica prestará asistencia a la Conferencia y al Consejo
Ejecutivo en el ejercicio de sus funciones. La Secretaría Técnica llevará a
cabo la verificación y las demás funciones que le confíe el presente Tratado,
así como las que le delegue la Conferencia o el Consejo Ejecutivo de
conformidad con el presente Tratado. La Secretaría Técnica incluirá, como parte
integrante de ella, el Centro Internacional de Datos.
43. De conformidad con el
artículo IV y el Protocolo, la Secretaría Técnica tendrá, entre otras, las
siguientes funciones en relación con la verificación del cumplimiento del
presente Tratado:
a) Encargarse de la supervisión
y coordinación del funcionamiento del Sistema Internacional de Vigilancia;
b) Hacer funcionar el Centro
Internacional de Datos;
c) Recibir, elaborar y analizar
los datos del Sistema Internacional de Vigilancia e informar al respecto, con
carácter regular;
d) Prestar asistencia técnica y
apoyo para la instalación y funcionamiento de estaciones de vigilancia;
e) Prestar asistencia al
Consejo Ejecutivo para facilitar las consultas y las aclaraciones entre los
Estados Partes;
f) Recibir solicitudes de
inspecciones in situ y tramitarlas, facilitar el examen de esas solicitudes por
el Consejo Ejecutivo, llevar a cabo los preparativos para las inspecciones in
situ y prestar apoyo técnico durante su realización, e informar al Consejo
Ejecutivo;
g) Negociar acuerdos o arreglos
con los Estados Partes y otros Estados u organizaciones internacionales y
concertar, a reserva de la aprobación previa del Consejo Ejecutivo, cualquiera
de tales acuerdos o arreglos concernientes a las actividades de verificación
con los Estados Partes y otros Estados; y
h) Prestar asistencia a los
Estados Partes, por conducto de sus Autoridades Nacionales, sobre otras
cuestiones de verificación con arreglo al presente Tratado.
44. La Secretaría Técnica
elaborará y mantendrá, a reserva de la aprobación del Consejo Ejecut ivo, Manuales
de Operaciones por los que se guíe el funcionamiento de los diversos elementos
del régimen de verificación, de conformidad con el artículo IV y el Protocolo.
Esos Manuales no serán parte integrante del presente Tratado ni del Protocolo y
podrán ser modificados por la Secretaría Técnica con la aprobación del Consejo
Ejecutivo. La Secretaría Técnica comunicará sin demora a los Estados Partes
toda modificación de los Manuales de Operaciones.
45. Entre las funciones que la
Secretaría Técnica deberá desempeñar respecto de las cuestiones
administrativas, figuran:
a) Preparar y presentar al
Consejo Ejecutivo el proyecto de programa y de presupuesto de la Organización;
b) Preparar y presentar al
Consejo Ejecutivo el proyecto de informe de la Organización sobre la aplicación
del presente Tratado y los demás informes que solicite la Conferencia o el
Consejo Ejecutivo;
c) Prestar apoyo administrativo
y técnico a la Conferencia, al Consejo Ejecutivo y a los demás órganos
subsidiarios;
d) Remitir y recibir comunicaciones
en nombre de la Organización acerca de la aplicación del presente Tratado; y
e) Desempeñar las
responsabilidades administrativas relacionadas con cualquier acuerdo entre la
Organización y otras organizaciones internacionales.
46. Todas las solicitudes y
notificaciones presentadas por los Estados Partes a la Organización serán
transmitidas por conducto de sus Autoridades Nacionales al Director General.
Las solicitudes y notificaciones se redactarán en uno de los idiomas oficiales
del presente Tratado. En sus respuestas, el Director General utilizará el
idioma en que esté redactada la solicitud o notificación que le haya sido
transmitida.
47. En lo que respecta a las
responsabilidades de la Secretaría Técnica concernientes a la preparación y presentación
al Consejo Ejecutivo del proyecto de programa y de presupuesto de la
Organización, la Secretaría Técnica determinará y contabilizará claramente
todos los gastos correspondientes a cada instalación establecida como parte del
Sistema Internacional de Vigilancia. Análogo trato se dará en el proyecto de
programa y de presupuesto a todas las demás actividades de la Organización.
48. La Secretaría Técnica
informará sin demora al Consejo Ejecutivo de cualquier problema que se haya
suscitado en relación con el cumplimiento de sus funciones de que haya tenido
noticia en el desempeño de sus actividades y que no haya podido resolver por
medio de sus consultas con el Estado Parte interesado.
49. La Secretaría Técnica
estará integrada por un Director General, quien será su jefe y más alto oficial
administrativo y los demás funcionarios científicos, técnicos y de otra índole
que sea necesario. El Director General será nombrado por la Conferencia por
recomendación del Consejo Ejecutivo por un mandato de cuatro años, renovable
una sola vez. El primer Director General será nombrado por la Conferencia en su
período inicial de sesiones, previa recomendación de la Comisión Preparatoria.
50. El Director General será
responsable ante la Conferencia y el Consejo Ejecutivo del nombramiento del
personal y de la organización y funcionamiento de la Secretaría Técnica. La
consideración primordial en la contratación de personal y la fijación de sus
condiciones de servicio será la necesidad de lograr los más altos niveles de
conocimientos técnicos profesionales, experiencia, eficiencia, competencia e
integridad. Solamente podrá nombrarse Director General, inspectores o demás
miembros del personal del cuadro orgánico y administrativo a ciudadanos de los
Estados Partes. Deberá tenerse en cuenta la importancia de contratar al
personal con la distribución geográfica más amplia posible. La contratación se
guiará por el princi pio de mantener el mínimo personal que sea necesario para
el adecuado cumplimiento de las responsabilidades de la Secretaría Técnica.
51. El Director General podrá,
según proceda, tras consultar con el Consejo Ejecutivo, establecer grupos de
trabajo temporales de expertos científicos para que formulen recomendaciones
sobre cuestiones concretas.
52. En el cumplimiento de sus
funciones, ni el Director General, ni los inspectores, ni los ayudantes de
inspección, ni los miembros del personal solicitarán ni recibirán instrucciones
de ningún gobierno ni de ninguna otra fuente externa a la Organización. Se
abstendrán de toda acción que pudiera redundar de manera desfavorable en su
condición de funcionarios Internacionales responsables únicamente ante la
Organización. El Director General asumirá la responsabilidad de las actividades
de cualquier grupo de inspección.
53. Cada Estado Parte respetará
el carácter exclusivamente internacional de las responsabilidades del Director
General, de los inspectores, de los ayudantes de inspección y de los miembros
del personal y no tratará de influir en ellos en el cumplimiento de sus
responsabilidades.
E. PRIVILEGIOS E INMUNIDADES
54. La Organización goza rá en
el territorio de un Estado Parte y en cualquier otro lugar sometido a la
jurisdicción y control de éste de la capacidad jurídica y de los privilegios e
inmunidades que sean necesarios para el ejercicio de sus funciones.
55. Los delegados de los
Estados Partes, junto con sus suplentes y asesores, los representantes de
miembros elegidos en el Consejo Ejecutivo, junto con sus suplentes y asesores,
el Director General, los inspectores, los ayudantes de inspección y los
miembros del personal de la Organización, gozarán de los privilegios e
inmunidades que sean necesarios para el ejercicio independiente de sus
funciones en relación con la Organización.
56. La capacidad jurídica,
privilegios e inmunidades a que se hace referencia en el presente artículo
serán definidos en acuerdos entre la Organización y los Estados Partes y en un
acuerdo entre la Organización y el Estado en el que se halle la sede de la
Organización. Esos acuerdos serán examinados y aprobados de conformidad con los
apartados h) e i) del párrafo 26.
57. No obstante lo dispuesto en
los párrafos 54 y 55, los privilegios e inmunidades que disfruten el Director
General, los inspectores, los ayudantes de inspección y los miembros del
personal de la Secretaría Técnica durante el desempeño de actividades de
verificación serán los que se enuncian en el Protocolo.
ARTÍCULO III. MEDIDAS
NACIONALES DE APLICACIÓN.
1. Cada Estado Parte adoptará,
de conformidad con sus procedimientos constitucionales, las medidas necesarias
para aplicar las obligaciones que le impone el presente Tratado. En particular,
adoptará las medidas necesarias para:
a) Prohibir que las personas
naturales y jurídicas realicen en cualquier lugar de su territorio o en
cualquier otro lugar sometido a su jurisdicción de conformidad con el derecho
internacional, cualquier actividad prohibida a un Estado Parte en virtud del
presente Tratado;
b) Prohibir que las personas
naturales y jurídicas realicen cualquiera de esas actividades en cualquier
lugar sometido a su control; y
c) Prohibir, de conformidad con
el derecho internacional, que las personas naturales que tengan su nacionalidad
realicen cualquiera de esas actividades en cualquier lugar.
2. Cada Estado Parte cooperará
con los demás Estados Partes y prestará la asistencia jurídica apropiada para
facilitar el cumplimiento de las obligaciones previstas en el párrafo 1.
3. Cada Estado Parte informará
a la Organización de las medidas adoptadas con arreglo al pre sente artículo.
4. Para cumplir las
obligaciones que le impone el Tratado, cada Estado Parte designará o
establecerá una Autoridad Nacional e informará al respecto a la Organización al
entrar en vigor el Tratado para dicho Estado Parte. La Autoridad Nacional será
el centro nacional de coordinación para mantener el enlace con la Organización
y los demás Estados Partes.
ARTÍCULO IV. VERIFICACIÓN.
A. Disposiciones generales
1. Con objeto de verificar el
cumplimiento del presente Tratado, se establecerá un régimen de verificación
que constará de los elementos siguientes:
a) Un Sistema Internacional de
Vigilancia;
b) Consultas y aclaraciones;
c) Inspecciones in situ; y
d) Medidas de fomento de la
confianza.
En el momento de entrada en
vigor del presente Tratado, el régimen de verificación estará en condiciones de
cumplir los requisitos de verificación del presente Tratado.
2. Las actividades de
verificación se basarán en información objetiva, se limitarán a la materia
objeto del presente Tratado y se llevarán a cabo con el pleno respeto de la
soberanía de los Estados Partes y de la manera menos intrusiva posible que sea
compatible con el logro eficaz y en tiempo oportuno de sus objetivos. Ningún
Estado Parte abusará del derecho de verificación.
3. Cada Estado Parte se
compromete, de conformidad con el presente Tratado, a cooperar, por conducto de
la Autoridad Nacional establecida de conformidad con el párrafo 4 del artículo
III, con la Organización y con los demás Estados Partes para facilitar la
verificación del cumplimiento del Tratado, entre otras cosas, mediante:
a) El establecimiento de los
medios necesarios para participar en esas medidas de verificación y el establecimiento
de los cauces de comunicación necesarios;
b) La comunicación de los datos
obtenidos de las estaciones nacionales que formen parte del Sistema
Internacional de Vigilancia;
c) La participación, cuando
corresponda, en el proceso de consultas y aclaraciones;
d) La autorización de
inspecciones in situ; y
e) La participación, cuando
corresponda, en medidas de fomento de la confianza.
4. Todos los Estados Partes,
con independencia de sus capacidades técnicas y financieras, gozarán de iguales
derechos de verificación y asumirán por igual la obligación de aceptar la
verificación.
5. A los fines del presente
Tratado, ningún Estado Parte se verá impedido de utilizar la información
obtenida por conducto de los medios técnicos nacionales de verificación en
forma compatible con los principios generalmente reconocidos de derecho
internacional, incluido el del respeto de la soberanía de los Estados.
6. Sin perjuicio del derecho de
los Estados Partes a proteger las instalaciones, actividades o emplazamientos
sensitivos no relacionados con el presente Tratado, los Estados Partes no se
injerirán en los elementos del régimen de verificación del presente Tratado o
en los medios técnicos nacionales de verificación que se apliquen de
conformidad con el párrafo 5.
7. Cada Estado Parte tendrá el
derecho de adoptar medidas para proteger las instalaciones sensitivas y
prevenir la revelación de información y datos confidenciales no relacionados
con el presente Tratado.
8. Además, se adoptarán todas
las medidas necesarias para proteger el carácter confidencial de cualquiera
información relacionada con actividades e instalaciones civiles y militares que
se obtenga durante las actividades de verificación.
9. Sin perjuicio del párrafo 8,
la información obtenida por la Organización mediante el régimen de verificación
establecido por el presente Tratado se pondrá a disposición de todos los
Estados Partes de conformidad con las disposiciones pertinentes del presente
Tratado y del Protocolo.
10. Las disposiciones del
presente Tratado no se interpretarán en el sentido de que restringen el
intercambio internacional de datos para fines científicos.
11. Cada Estado Parte se
compromete a cooperar con la Organización y con los demás Estados Partes en la
mejora del régimen de verificación y en el examen de las posibilidades de
verificación de nuevas técnicas de vigilancia, tales como la vigilancia del
impulso electromagnético o la vigilancia por satélite, con miras a elaborar,
cuando proceda, medidas concretas destinadas a acrecentar una verificación
eficiente y poco costosa del Tratado. Las medidas de esta índole se incluirán,
cuando sean aceptadas, en las disposiciones existentes del presente Tratado o
del Protocolo anexo al Tratado o en secciones adicionales del Protocolo, de
conformidad con el artículo VII del Tratado o, si resulta adecuado, quedarán
reflejadas en los Manuales de Operaciones de conformidad con el párrafo 44 del
artículo II.
12. Los Estados Partes se
comprometen a promover la cooperación entre ellos para facilitar en el
intercambio más completo posible de las tecnologías utilizadas en la
verificación del presente Tratado y participar en tal intercambio, a fin de que
todos los Estados Partes fortalezcan sus medidas nacionales de aplicación de la
verificación y se beneficien de la aplicación de esas técnicas con fines
pacíficos.
13. Las disposiciones del
presente Tratado se aplicarán de manera que no se obstaculice el desarrollo
económico y técnico de los Estados Partes encaminado al ulterior desarrollo de
la aplicación de la energía atómica con fines pacíficos.
Responsabilidades de
verificación de la Secretaría Técnica
14. En el cumplimiento de las
responsabilidades que le atribuyen el presente Tratado y el Protocolo en la
esfera de la verificación, en cooperación con los Estados Partes y a los
efectos del presente Tratado, la Secretaría Técnica:
a) Establecerá arreglos para
recibir y distribuir datos y productos de presentación de informes relacionados
con la verificación del presente Tratado de conformidad con sus disposiciones y
mantendrá una infraestructura mundial de comunicaciones apropiada para esta
tarea;
b) De manera habitual, por
conducto de su Centro Internacional de Datos, que será en principio el centro
de coordinación de la Secretaría Técnica para el almacenamiento y el
tratamiento de datos:
i) Recibirá e iniciará
solicitudes de datos del Sistema Internacional de Vigilancia;
ii) Recibirá, según proceda,
datos resultantes del proceso de consultas y aclaraciones, de inspecciones in
situ y de medidas de fomento de la confianza;
iii) Recibirá otros datos
pertinentes de los Estados Partes y de organizaciones internacionales de
conformidad con el Tratado y el Protocolo;
c) Supervisará, coordinará y
garantizará el funcionamiento del Sistema Internacional de Vigilancia y de sus
elementos componentes, así como del Centro Internacional de Datos, de
conformidad con los Manuales de Operaciones pertinentes;
d) Elaborará y analizará
habitualmente los datos del Sistema Internacional de Vigilancia de conformidad
con procedimientos convenidos para lograr la eficaz verificación internacional
del Tratado y contribuir a la pronta solución de las preocupaciones sobre el
cumplimiento;
e) Pondrá todos los datos
primarios y elaborados y cualquier producto de presentación de informes a
disposición de todos los Estados Partes, asumiendo cada Estado Parte la
responsabilidad por la utilización de los datos del Sistema Internacional de
Vigilancia, de conformidad con el párrafo 7 del artículo II y los párrafos 8 y
13 del presente artículo;
f) Facilitará a todos los
Estados Partes acceso equitativo, abierto, conveniente y oportuno a todos los
datos almacenados;
g) Almacenará todos los datos,
tanto primarios como elaborados y productos de presentación de informes;
h) Coordinará y facilitará las
solicitudes de datos adicionales del Sistema Internacional de Vigilancia;
i) Coordinará las solicitudes
de datos adicionales de un Estado Parte a otro Estado Parte;
j) Prestará asistencia técnica
y apoyo para el establecimiento y funcionamiento de instalaciones de vigilancia
y los medios de comunicación respectivos, cuando el Estado interesado solicite
tal asistencia y apoyo;
k) Pondrá a disposición de
cualquier Estado Parte, a petición suya, las técnicas utilizadas por la
Secretaría Técnica y su Centro Internacional de Datos para compilar, almacenar,
elaborar, analizar y comunicar los datos del régimen de verificación; y
l) Vigilará y evaluará el
funcionamiento general del Sistema Internacional de Vigilancia y del Centro
Internacional de Datos y presentará informes al respecto.
15. Los procedimientos
convenidos que ha de utilizar la Secretaría Técnica en el cumplimiento de las
responsabilidades de verificación mencionadas en el párrafo 14 y detalladas en
el Protocolo, serán elaborados en los Manuales de Operaciones pertinentes.
B. El Sistema Internacional de
Vigilancia
16. El Sistema Internacional de
Vigilancia incluirá instalaciones para la vigilancia sismológica, la vigilancia
de los radionúclidos con inclusión de laboratorios homologados, la vigilancia
hidroacústica, la vigilancia infrasónica y los respectivos medios de
comunicación y contará con el apoyo del Centro Internacional de Datos de la
Secretaría Técnica.
17. El Sistema Internacional de
Vigilancia quedará sometido a la autoridad de la Secretaría Técnica. Todas las
instalaciones de vigilancia del Sistema Internacional de Vigilancia serán
propiedad y su funcionamiento estará a cargo de los Estados que las acojan o
que de otro modo sean responsables de ellas de conformidad con el Protocolo.
18. Cada Estado Parte tendrá
derecho a participar en el intercambio internacional de datos y a acceder a
todos los datos que se pongan a disposición del Centro Internacional de Datos.
Cada Estado Parte cooperará con el Centro Internacional de Datos por conducto
de su Autoridad Nacional.
Financiación del Sistema
Internacional de Vigilancia
19. En lo que respecta a las
instalaciones incluidas en el Sistema Internacional de Vigilancia y
especificadas en los cuadros 1-A, 2-A, 3 y 4 del anexo 1 al Protocolo y a su
funcionamiento, en la medida en que el Estado Parte pertinente y la Organización
convengan en que esas instalaciones proporcionen datos al Centro Internacional
de Datos de conformidad con las exigencias técnicas del Protocolo y de los
Manuales de Operaciones pertinentes, la Organización, conforme a lo previsto en
los acuerdos o arreglos concertados en virtud del párrafo 4 de la parte I del
Protocolo, sufragará los costos de:
a) Establecimiento de nuevas
instalaciones y mejora de las ya existentes, salvo que el Estado responsable de
esas instalaciones sufrague él mismo los costos;
b) Funcionamiento y
mantenimiento de las instalaciones del Sistema Internacional de Vigilancia,
incluida la seguridad física de las instalaciones, en su caso, y la aplicación
de procedimientos convenidos de autenticación de datos;
c) Transmisión de datos
(primarios o elaborados), del Sistema Internacional de Vigilancia al Centro
Internacional de Datos por el medio más directo y menos costoso disponible,
incluso, en caso necesario, por conducto de los nódulos de comunicaciones
pertinentes, de las estaciones de vigilancia, de laboratorios e instalaciones
de análisis o de centros nacionales de datos; o esos datos (incluidas muestras,
en su caso) a laboratorios e instalaciones de análisis desde instalaciones de
vigilancia; y
d) Análisis de muestras en nombre
de la Organización.
20. En lo que resp ecta a las
estaciones sismológicas de la red auxiliar que se especifican en el cuadro 1-B
del anexo 1 al Protocolo, la Organización, conforme a lo previsto en los
acuerdos o arreglos concertados en virtud del párrafo 4 de la parte I del
Protocolo, únicamente sufragará los costos de:
a) Transmisión de datos al
Centro Internacional de Datos;
b) Autenticación de los datos
de esas estaciones;
c) Mejora de las estaciones
para que alcancen el nivel técnico necesario, salvo que el Estado responsable
de esas instalaciones sufrague él mismo los costos;
d) Establecimiento, en caso
necesario, de nuevas estaciones para los propósitos del presente Tratado, donde
no existan actualmente instalaciones adecuadas, salvo que el Estado responsable
de esas instalaciones sufrague él mismo los costos; y
e) Cualesquier otros costos
relacionados con el suministro de los datos que necesite la Organización,
conforme a lo especificado en los manuales de operaciones pertinentes.
21. La Organización sufragará
también los costos de la prestación a cada Estado Parte de la selección que
éste pida de la gama normalizada de productos de presentación de informes y
servicios del Centro Internacional de Datos según lo que se especifica en la parte
I, sección F del Protocolo. Los costos de la preparación y transmisión de
cualquier dato o productos adicionales serán sufragados por el Estado Parte
solicitante.
22. Los acuerdos o, en su caso,
los arreglos concertados con los Estados Partes o con los Estados que acojan
las instalaciones del Sistema Internacional de Vigilancia o que de otro modo
sean responsables de ellas incluirán disposiciones para sufragar esos costos.
Esas disposiciones podrán incluir modalidades en virtud de las cuales un Estado
Parte sufrague cualquiera de los costos a que se hace referencia en el apartado
a) del párrafo 19 y en los apartados c) y d) del párrafo 20 respecto de las
instalaciones que acoja o de las que sea responsable y sea compensado con una
reducción correspondiente de su cuota a la Organización. Esa reducción no
rebasará el 50% de la cuota anual del Estado Parte, pero podrá extenderse a
años sucesivos. Un Estado Parte podrá compartir esa reducción con otro Estado
Parte mediante acuerdo o arreglo entre ambos y con el asentimiento del Consejo
Ejecutivo. Los acuerdos o arreglos a que se hace referencia en el presente
párrafo se aprobarán de conformidad con el apartado h) del párrafo 26 y el
apartado i) del párrafo 38 del artículo II.
Modificaciones del Sistema
Internacional de Vigilancia
23. Toda medida a que se haga
referencia en el párrafo 11 y que afecte al Sistema Internacional de Vigilancia
mediante la adición o la supresión de una tecnología de vigilancia se
incorporará, cuando así se convenga, en el Tratado y el Protocolo de
conformidad con los párrafos 1 a 6 del artículo VII.
24. A reserva del asentimiento
de los Estados directamente afectados, las modificaciones del Sistema
Internacional de Vigilancia que se exponen a continuación, se considerarán
cuestiones de carácter administrativo o técnico de conformidad con los párrafos
7 y 8 del artículo VII:
a) Las modificaciones del
número de instalaciones en el Protocolo para una tecnología de vigilancia
determinada especificadas; y
b) Las modificaciones de otros
particulares para determinadas instalaciones tal como figuran en los cuadros
del anexo 1 al Protocolo (incluidos, entre otros, el Estado responsable de la
instalación, emplazamiento, nombre de la instalación, tipo de la instalación y
asignación de una instalación bien sea a la red, sismológica primaria o a la
auxiliar).
Si el Consejo Ejecutivo
recomienda, de conformidad con el apartado d) del párrafo 8 del artículo VII,
que se adopten esas modificaciones, recomendará también normalmente, de
conformidad con el apartado g) del párrafo 8 de dicho artículo, que esas
modificaciones entren en vigor cuando el Director General notifique su
aprobación.
25. Cuando el Director General
presente al Consejo Ejecutivo y a los Estados Partes información y evaluaciones
de conformidad con el apartado b) del párrafo 8 del artículo VII, incluirá
asimismo para el caso de toda propuesta que se haga de conformidad con el
párrafo 24 del presente artículo:
a) La evaluación técnica de la
propuesta;
b) Una declaración de las
consecuencias administrativas y financieras de la propuesta; y
c) Un informe sobre las
consultas celebradas con los Estados directamente afectados por la propuesta,
incluida la indicación de su acuerdo.
Arreglos provisionales
26. En los casos de avería
importante o insubsanable de una instalación de vigilancia incluida en los
cuadros del anexo 1 al Protocolo, o para compensar otras reducciones temporales
de la cobertura de vigilancia, el Director General, en consulta y de acuerdo
con los Estados directamente afectados y con la aprobación del Consejo
Ejecutivo, aplicará arreglos temporales de duración no superior a un año,
renovables en caso necesario durante otro año mediante acuerdo del Consejo
Ejecutivo y de los Estados directamente afectados. Esos arreglos no darán lugar
a que el número de instalaciones operacionales del Sistema Internacional de
Vigilancia sobrepase el número especificado para la red correspondiente;
satisfarán en la medida de lo posible los requisitos técnicos y operacionales
especificados en el Manual de Operaciones para la red correspondiente y se
aplicarán dentro del presupuesto de la Organización. Además, el Director
General adoptará medidas para rectificar la situación y hará propuestas para su
solución permanente. El Director General notificará a todos los Estados Partes
cualquier decisión que se adopte de conformidad con el presente párrafo.
27. Asimismo, los Estados
Partes podrán establecer por separado arreglos de cooperación con la
Organización, a fin de facilitar al Centro Internacional de Datos, datos
suplementarios procedentes de las estaciones nacionales de vigilancia que no
formen parte oficialmente del Sistema Internacional de Vigilancia.
28. Tales acuerdos de
cooperación podrán establecerse de la manera siguiente:
a) A petición de un Estado
Parte y a expensas de ese Estado, la Secretaría Técnica adoptará las
disposiciones necesarias para certificar que una instalación de vigilancia
determinada cumple los requisitos técnicos y operacionales que se especifican
en los Manuales de Operaciones correspondientes para una instalación del
Sistema Internacional de Vigilancia, y establecerá arreglos para autentificar
sus datos. A reserva del asentimiento del Consejo Ejecutivo, la Secretaría
Técnica designará entonces oficialmente a esas instalaciones como instalaciones
nacionales cooperadoras. La Secretaría Técnica adoptará las disposiciones
necesarias para convalidar su homologación, según proceda;
b) La Secretaría Técnica mantendrá
una lista actualizada de las instalaciones nacionales cooperadoras y la
distribuirá a todos los Estados Partes; y
c) A petición de un Estado
Parte, el Centro Internacional de Datos solicitará datos de las instalaciones
nacionales cooperadoras con el fin de facilitar las consultas y aclaraciones y
el examen de las solicitudes de inspección in situ, corriendo los costos de
transmisión por cuenta de ese Estado Parte.
Las condiciones en que se
faciliten los datos suplementarios de esas instalaciones y en que el Centro
Internacional de Datos pueda solicitar nuevos informes o informes acelerados o
aclaraciones, se detallarán en el Manual de Operaciones de la red de vigilancia
correspondiente.
C. Consultas y aclaraciones
29. Sin perjuicio del derecho
de cualquier Estado Parte a solicitar una inspección in situ, los Estados
Partes deberán en primer lugar, siempre que sea posible, hacer todos los
esfuerzos posibles por aclarar y resolver, entre ellos o con la Organización o
por conducto de ésta, cualquier cuestión que pueda suscitar preocupación acerca
del posible incumplimiento de las obligaciones básicas del presente Tratado.
30. El Estado Parte que reciba
directamente de otro Estado Parte una petición formulada con arreglo al párrafo
29, facilitará la aclaración al Estado Parte solicitante lo antes posible,
pero, en cualquier caso, 48 horas después, a más tardar, de haber recibido la
solicitud. Los Estados Partes solicitante y solicitado podrán mantener
informados al Consejo Ejecutivo y al Director General de la solicitud y de la
respuesta.
31. Todo Estado Parte tendrá
derecho a solicitar al Director General que le ayude a aclarar cualquier
cuestión que pueda suscitar preocupación acerca del posible incumplimiento de
las obligaciones básicas del presente Tratado. El Director General facilitará
la información apropiada de que disponga la Secretaría Técnica en relación con
dicha preocupación. El Director General comunicará al Consejo Ejecutivo la
solicitud y la información proporcionada en respuesta a ella si así lo pide el
Estado Parte solicitante.
32. Todo Estado Parte tendrá
derecho a solicitar al Consejo Ejecutivo que obtenga aclaraciones de otro
Estado Parte acerca de cualquier cuestión que pueda suscitar preocupación
acerca del posible incumplimiento de las obligaciones básicas del presente
Tratado. En ese caso, se aplicará lo siguiente:
a) El Consejo Ejecutivo
remitirá la solicitud de aclaración al Estado Parte solicitado por conducto del
Director General 24 horas, a más tardar, de haberla recibido;
b) El Estado Parte solicitado
proporcionará la aclaración al Consejo Ejecutivo tan pronto como sea posible,
pero, en cualquier caso, 48 horas después, a más tardar, de haberla recibido;
c) El Consejo Ejecutivo tomará
nota de la aclaración y la remitirá al Estado Parte, solicitante, 24 horas
después, a más tardar, de haberla recibido;
d) Si el Estado Parte
solicitante considera insuficiente la aclaración, tendrá derecho a solicitar al
Consejo Ejecutivo que obtenga nuevas aclaraciones del Estado Parte solicitado.
El Consejo Ejecutivo informará
sin demora a todos los Estados Partes acerca de toda solicitud de aclaración
prevista en el presente párrafo y también de la respuesta dada por el Estado
Parte solicitado.
33. Si el Estado Parte
solicitante considera insatisfactorias las aclaraciones obtenidas en virtud de
lo dispuesto en el apartado d) del párrafo 32, tendrá derecho a solicitar una
reunión del Consejo Ejecutivo en la que podrán participar los Estados Partes
interesados que no sean miembros del Consejo. En esa reunión, el Consejo
Ejecutivo examinará la cuestión y podrá recomendar cualquier medida de
conformidad con el artículo V.
D. Inspecciones in situ
Solicitud de una inspección in
situ
34. Todo Estado Parte tiene el
derecho de solicitar una inspección in situ, de conformidad con las
disposiciones del presente artículo y la parte II del Protocolo, en el
territorio de cualquier Estado Parte o en cualquier otro lugar sometido a la
jurisdicción o control de éste, o en cualquier zona situada fuera de la
jurisdicción o control de cualquier Estado.
35. El único objeto de una
inspección in situ será aclarar si se ha realizado una explosión de ensayo de
un arma nuclear o cualquier otra explosión nuclear en violación del artículo I
y, en la medida de lo posible, reunir todos los hechos que puedan contribuir a
identificar a cualquier posible infractor.
36. El Estado Parte solicitante
estará obligado a mantener la solicitud de inspección in situ dentro del ámbito
del presente Tratado y a proporcionar en la solicitud de inspección información
de conformidad con el párrafo 37. El Estado Parte solicitante se abstendrá de
formular solicitudes de inspección infundadas o abusivas.
37. La solicitud de inspección
in situ se basará en la información recogida por el Sistema Internacional de
Vigilancia, en cualquier información técnica pertinente obtenida por los medios
técnicos nacionales de verificación de conformidad con los principios de
derecho internacional generalmente reconocidos, o en una combinación de estos
dos métodos. La solicitud incluirá información de conformidad con el párrafo
41, parte II del Protocolo.
38. El Estado Parte solicitante
presentará la solicitud de inspección in situ al Consejo Ejecutivo y, al mismo
tiempo, al Director General para que éste comience inmediatamente a tramitarla.
Medidas complementarias de la
presentación de una solicitud de inspección in situ
39. El Consejo Ejecutivo
comenzará a examinar la solicitud de inspección in situ inmediatamente después
de haberla recibido.
40. El Director General, tras
recibir la solicitud de inspección in situ, acusará recibo de ella al Estado
Parte solicitante en un plazo de dos horas y la transmitirá al Estado Parte que
se desea inspeccionar en un plazo de seis horas. El Director General se
cerciorará de que la solicitud cumple los requisitos especificados en el
párrafo 41 de la parte II del Protocolo y, en caso necesario, ayudará al Estado
Parte solicitante a cumplimentar la solicitud en la forma correspondiente y
comunicará la solicitud al Consejo Ejecutivo y a todos los demás Estados Partes
en un plazo de 24 horas.
41. Cuando la solicitud de
inspección in situ cumpla los requisitos, la Secretaría Técnica comenzará sin
demora los preparativos para la inspección in situ.
42. El Director General, cuando
reciba una solicitud de inspección in situ concerniente a una zona de
inspección sometida a la jurisdicción o control de un Estado Parte, pedirá
inmediatamente aclaraciones al Estado Parte que se desea inspeccionar a fin de
aclarar y resolver la preocupación suscitada en la solicitud.
43. El Estado Parte que reciba
una petición de aclaración de conformidad con el párrafo 42, proporcionará al
Director General las explicaciones y demás información pertinente de que
disponga tan pronto como sea posible, pero, a más tardar, 72 horas después de
haber recibido la petición de aclaración.
44. El Director General, antes
de que el Consejo Ejecutivo adopte una decisión sobre la solicitud de inspección
in situ, transmitirá inmediatamente al Consejo Ejecutivo toda la información
adicional disponible procedente del Sistema Internacional de Vigilancia o
facilitada por cualquier otro Estado Parte en relación con el fenómeno
especificado en la solicitud, incluida cualquier aclaración que se hubiera
presentado de conformidad con los párrafos 42 y 43, así como cualquier otra
información procedente de la Secretaría Técnica que el Director General pudiera
considerar pertinente o que solicite el Consejo Ejecutivo.
45. A menos que el Estado Parte
solicitante considere que la preocupación suscitada en la solicitu d de
inspección in situ haya sido resuelta y retire la solicitud, el Consejo
Ejecutivo adoptará una decisión sobre la solicitud de conformidad con el párrafo
46.
Decisiones del Consejo
Ejecutivo
46. El Consejo Ejecutivo
adoptará una decisión sobre la solicitud de inspección in situ, 96 horas
después, a más tardar, de haber recibido la solicitud del Estado Parte
solicitante. La decisión de aprobar una inspección in situ deberá adoptarse por
30 votos favorables, por lo menos, de los miembros del Consejo Ejecutivo. Si el
Consejo Ejecutivo no aprueba la inspección, se detendrán los preparativos y no
se adoptará ninguna otra medida en relación con la solicitud.
47. A más tardar, 25 días
después que se haya aprobado la inspección in situ de conformidad con lo
dispuesto en el párrafo 46, el grupo de inspección transmitirá al Consejo
Ejecutivo, por conducto del Director General, un informe sobre la marcha de la inspección.
Se considerará que la continuación de la inspección ha sido aprobada a menos
que el Consejo, 72 horas después, a más tardar, de haber recibido el informe
sobre la marcha de la inspección, decida no proseguir la inspección por mayoría
de todos sus miembros. En caso de que el Consejo Ejecutivo decida no proseguir
la inspección, se dará ésta por terminada y el grupo de inspección saldrá de la
zona de inspección y del territorio del Estado Parte inspeccionado tan pronto
como sea posible de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 109 y 110 de
la parte II del Protocolo.
48. Durante una inspección in
situ, el grupo de inspección podrá presentar al Consejo Ejecutivo, por conducto
del Director General, una propuesta para efectuar perforaciones. El Consejo
Ejecutivo adoptará una decisión sobre esa propuesta 72 horas después, a más
tardar, de haberla recibido. La decisión de aprobar una per foración deberá
adoptarse por mayoría de todos los miembros del Consejo Ejecutivo.
49. El grupo de inspección podrá
pedir al Consejo Ejecutivo, por conducto del Director General, que prorrogue la
inspección durante un máximo de 70 días más allá del plazo de 60 días
especificado en el párrafo 4 de la parte II del Protocolo, si el grupo de
inspección considera que esta prórroga es fundamental para poder cumplir su
mandato. El grupo de inspección indicará en su solicitud cuáles son las
actividades y técnicas enumeradas en el párrafo 69 de la parte II del Protocolo
que se propone aplicar durante el período de prórroga. El Consejo Ejecutivo
adoptará una decisión sobre la solicitud de prórroga 72 horas después, a más
tardar, de haber recibido la solicitud. La decisión de prorrogar el plazo de la
inspección se adoptará por mayoría de todos los miembros del Consejo Ejecutivo.
50. En cualquier momento
después de que se apruebe la continuación de la inspección in situ de
conformidad con lo dispuesto en el párrafo 47, el grupo de inspección podrá
presentar al Consejo Ejecutivo, por conducto del Director General, una
recomendación de que se dé por terminada la inspección. Esa recomendación se
considerará aprobada a menos que el Consejo, 72 horas después, a más tardar, de
haber recibido la recomendación, decida por mayoría de dos tercios de todos sus
miembros no aprobar la terminación de la inspección. En caso de que se dé por
terminada la inspección, el grupo de inspección saldrá de la zona de inspección
y del territorio del Estado Parte inspeccionado tan pronto como sea posible de
conformidad con lo dispuesto en los párrafos 110 y 111 de la parte II del
Protocolo.
51. El Estado Parte solicitante
y el Estado Parte solicitado podrán participar en los debates del Consejo
Ejecutivo sobre la solicitud de inspección in situ sin derecho a voto. El
Estado Parte solicitante y el Estado Parte inspeccionado también podrán
participar sin derecho a voto en las deliberaciones ulteriores del Consejo
Ejecutivo relacionadas con la inspección.< o:p>
52. En un plazo de 24 horas, el
Director General notificará a todos los Estados Partes cualquier decisión
acerca de los informes, las propuestas, las solicitudes y las recomendaciones
que se hagan al Consejo Ejecutivo de conformidad con los párrafos 46 a 50.
Medidas complementarias de la
aprobación de la inspección in situ por el Consejo Ejecutivo.
53. Toda inspección in situ
aprobada por el Consejo Ejecutivo será realizada sin demora por un grupo de
inspección designado por el Director General y de conformidad con las
disposiciones del presente Tratado y el Protocolo. El grupo de inspección
llegará al punto de entrada seis días después, a más tardar, de que el Consejo
Ejecutivo haya recibido la solicitud de inspección in situ enviada por el
Estado Parte solicitante.
54. El Director General
expedirá un mandato de inspección para la realización de la inspección in situ.
El mandato de inspección contendrá la información especificada en el párrafo 42
de la parte II del Protocolo.
55. El Director General
notificará al Estado Parte inspeccionado acerca de la inspección con 24 horas
de antelación, por lo menos, a la llegada prevista del grupo de inspección al
punto de entrada, de conformidad con el párrafo 43 de la parte II del
Protocolo.
La realización de la inspección
in situ
56. Cada Estado Parte permitirá
que la Organización realice una inspección in situ en su territorio o en
lugares sometidos a su jurisdicción o control de conformidad con las
disposiciones del presente Tratado y del Protocolo. Ahora bien, ningún Estado
Parte estará obligado a aceptar la realización simultánea de inspecciones in
situ en su territorio o en lugares sometidos a su jurisdicción o control.
57. De conformidad con lo
dispuesto en el presente Tratado y el Protocolo, el Estado Parte inspeccionado
tendrá:
a) El derecho y la obligación
de hacer cuanto sea razonable para demostrar su cumplimiento del presente
Tratado y, con este fin, de permitir que el grupo de inspección desempeñe su
mandato;
b) El derecho de adoptar las
medidas que considere necesarias para proteger los intereses de seguridad
nacional e impedir la revelación de información confidencial no relacionada con
el propósito de la inspección;
c) La obligación de facilitar
el acceso a la zona inspeccionada, al solo efecto de determinar los hechos
relacionados con el propósito de la inspección, teniendo en cuenta lo dispuesto
en el apartado b) y cualquier obligación constitucional que pudiera tener en
relación con derechos amparados por patentes o los registros y decomisos;
d) La obligación de no invocar
el presente párrafo o el párrafo 88 de la parte II del Protocolo para ocultar
cualquier violación de las obligaciones que le impone el artículo I; y
e) La obligación de no impedir
que el grupo de inspección pueda trasladarse dentro de la zona de inspección y
llevar a cabo las actividades de la inspección de conformidad con el presente
Tratado y el Protocolo.
En el contexto de una
inspección in situ, acceso significa a la vez el acceso físico del grupo de
inspección y del equipo de inspección a la zona de inspección y la realización
de las actividades de la inspección dentro de ésta.
58. La inspección in situ se
realizará de la manera menos intrusiva que sea posible y compatible con el
eficaz y oportuno desempeño del mandato de inspección y de conformidad con los
procedimientos establecidos en el Protocolo. Siempre que sea posible, el grupo
de inspección comenzará utilizando los procedimientos menos intrusivos y
solamente pasará luego a los procedimientos más intrusivos si considera
necesario obtener suficiente información para aclarar la preocupación acerca de
un posible incumplimiento del presente Tratado. Los inspectores tratarán de
obtener únicamente la información y los datos necesarios para el propósito de
la inspección y se esforzarán por reducir al mínimo las injerencias en las
operaciones normales del Estado Parte inspeccionado.
59. El Estado Parte
inspeccionado asistirá al grupo de inspección durante toda la inspección in
situ y facilitará su tarea.
60. En caso que el Estado Parte
inspeccionado, de conformidad con los párrafos 86 a 96, parte II del Protocolo
limite el acceso dentro de la zona de inspección, hará todo cuanto sea
razonable, en consulta con el grupo de inspección, para demostrar por otros
medios su cumplimiento del presente Tratado.
Observadores
61. Por lo que se refiere a los
observadores, se aplicará lo siguiente:
a) El Estado Parte solicitante
podrá, con el asentimiento del Estado Parte inspeccionado, enviar un
representante, que podrá ser nacional del Estado Parte solicitante o de un
tercer Estado, para que observe el desarrollo de la inspección in situ;
b) El Estado Parte
inspeccionado notificará al Director General si acepta, o no, el observador
propuesto dentro de las 12 horas siguientes a la aprobación de la inspección in
situ por el Consejo Ejecutivo;
c) En caso de aceptación, el
Estado Parte inspeccionado concederá acceso al observador de conformidad con el
Protocolo;
d) Normalmente, el Estado Parte
inspeccionado aceptará al observador propuesto, pero, en caso que el Estado
Parte inspeccionado se niegue a ello, hará constar este hecho en el informe de
la inspección.
No podrá haber más de tres
observadores de un conjunto de Estados Partes solicitantes. Informes de una
inspección in situ
62. Los informes de las
inspecciones incluirán:
a) Una descripción de las
actividades realizadas por el grupo de inspección;
b) Las conclusiones de hecho
del grupo de inspección que sean pertinentes para el propósito de la
inspección;
c) Una relación de la
colaboración prestada durante la inspección in situ;
d) Una descripción fáctica del
grado de acceso concedido, incluidos los medios optativos puestos a disposición
del grupo durante la inspección in situ; y
e) Cualquier otro particular
pertinente para el propósito de la inspección.
Podrán adjuntarse al informe
las observaciones discrepantes de los inspectores.
63. El Director General
facilitará al Estado Parte inspeccionado un proyecto del informe de inspección.
El Estado Parte inspeccionado tendrá el derecho de presentar al Director
General sus observaciones y explicaciones en un plazo de 48 horas y de precisar
toda información y datos que, a su juicio, no estén relacionados con el
propósito de la inspección y que no deberían ser distribuidos fuera de la
Secretaría Técnica. El Director General examinará las propuestas de
modificación del proyecto de informe de inspección que formule el Estado Parte
inspeccionado y las aceptará siempre que sea posible. El Director General
incluirá en anexo las observaciones y explicaciones facilitadas por el Estado
Parte inspeccionado sobre el informe de inspección.
64. El Director General
transmitirá sin demora el informe de inspección al Estado Parte solicitante, al
Estado Parte inspeccionado, al Consejo Ejecutivo y a todos los demás Estados
Partes. El Director General transmitirá también prontamente al Consejo
Ejecutivo y a todos los demás Estados Partes todos los resultados de los
análisis de muestras efectuados en laboratorios homologados, de conformidad con
el párrafo 104 de la parte II del Protocolo, los datos pertinentes del Sistema
Internacional de Vigilancia, las evaluaciones de los Estados Partes solicitante
e inspeccionado, y cualquier otra información que el Director General considere
pertinente. En el caso del informe sobre la marcha de la inspección mencionado
en el párrafo 47, el Director General lo transmitirá al Consejo Ejecutivo
dentro del plazo especificado en ese párrafo.
65. El Consejo Ejecutivo, con
arreglo a sus poderes y funciones, examinará el informe de la inspección y
cualquier otro dato facilitado de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 64
y se ocupará de cualquier preocupación sobre:
a) Si ha habido incumplimiento
del presente Tratado; y
b) Si se ha abusado del derecho
a solicitar una inspección in situ.
66. Si, con arreglo a sus
poderes y funciones, el Consejo Ejecutivo llega a la conclusión que se
requieren ulteriores disposiciones en relación al párrafo 65, adoptará las
medidas correspondientes de conformidad con el artículo V.
Solicitudes de inspección in
situ arbitrarias o abusivas
67. Si el Consejo Ejecutivo no
aprueba la inspección in situ basándose en que la solicitud de inspección in
situ es arbitraria o abusiva, o si se pone fin a la inspección por los mismos
motivos, estudiará y decidirá si han de aplicarse medidas adecuadas para tratar
de remediar la situación, entre ellas:
a) Pedir al Estado Parte
solicitante que sufrague los costos de cualquier preparativo realizado por la
Secretaría Técnica;
b) Dejar en suspenso el derecho
del Estado Parte solicitante a solicitar una inspección in situ por el plazo
que determine el Consejo Ejecutivo; y
c) Dejar en suspenso el derecho
del Estado Parte solicitante a formar parte del Consejo Ejecutivo durante un
determinado período.
E. Medidas de fomento de la
confianza
68. Con el fin de:
a) Contribuir a la oportuna
resolución de cualquier preocupación sobre el cumplimiento derivada de la
posible interpretación errónea de datos sobre verificación concernientes a
explosiones químicas; y
b) Ayudar a la calibración de
las estaciones que forman parte de las redes integrantes del Sistema
internacional de Vigilancia, cada Estado Parte se compromete a cooperar con la
Organización y con los demás Estados Partes en la aplicación de las medidas
pertinentes que se indican en la parte III del Protocolo.
ARTÍCULO V. MEDIDAS PARA
REMEDIAR UNA SITUACIÓN Y GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO, INCLUIDAS LAS SANCIONES.
1. La Conferencia, teniendo en
cuenta, entre otras cosas, las recomendaciones del Consejo Ejecutivo, adoptará
las medidas necesarias, según se indica en los párrafos 2 y 3, para asegurar el
cumplimiento de las disposiciones del presente Tratado y remediar y solucionar
cualquier situación que contravenga esas disposiciones.
2. Cuando la Conferencia o el
Consejo Ejecutivo haya pedido a un Estado Parte que remedie una situación que
suscite problemas respecto de su cumplimiento y dicho Estado no atienda esa
petición dentro del plazo estipulado, la Conferencia podrá, entre otras cosas,
decidir restringir o suspender el ejercicio de los derechos y privilegios que
otorga a ese Estado Parte el presente Tratado hasta que la Conferencia decida
otra cosa.
3. En los casos en que pueda
resultar daño para el objeto y propósito del presente Tratado por
incumplimiento de sus obligaciones básicas, la Conferencia podrá recomendar a
los Estados Partes medidas colectivas acordes con el derecho internacional.
4. La Conferencia, o bien, si
el caso es urgente, el Consejo Ejecutivo, podrá señalar la cuestión a la
atención de las Naciones Unidas, incluyendo la información y las conclusiones
pertinentes.
ARTÍCULO VI. SOLUCIÓN DE
CONTROVERSIAS.
1. Las controversias que se
susciten en relación con la aplicación o interpretación del presente Tratado se
solucionarán de conformidad con las disposiciones pertinentes de éste y las
disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas.
2. Cuando se suscite una
controversia entre dos o más Estados Partes, o entre uno o más Estados Partes y
la Organización, en relación con la aplicación o interpretación del presente
Tratado, las partes interesadas se consultarán con miras a la rápida solución
de la controversia mediante negociación o por cualquier otro medio pacífico que
elijan, entre ellos el recurso a los órganos competentes establecidos por el
presente Tratado y por consentimiento mutuo, la remisión a la Corte
Internacional de Justicia de conformidad con el Estatuto de ésta. Las partes
interesadas mantendrán informado al Consejo Ejecutivo de las medidas que se
adopten.
3. El Consejo Ejecutivo podrá
contribuir a la solución de una controversia que se suscite en relación con la
aplicación o interpretación del presente Tratado por cualquier medio que
considere oportuno, incluido el ofrecimiento de sus buenos oficios, el
llamamiento a los Estados Partes en la controversia para que traten de llegar a
una solución mediante el procedimiento que elijan, el sometimiento de la
cuestión a la Conferencia de los Estados Partes y la recomendación de un plazo
para cualquier procedimiento convenido.
4. La Conferencia de los
Estados Partes examinará las cuestiones relacionadas con las controversias
suscitadas por los Estados Partes o que señale a su atención el Consejo
Ejecutivo. La Conferencia, según lo considere necesario, creará órganos para
encomendarles tareas relacionadas con la solución de esas controversias o
confiará dichas tareas a órganos ya existentes, de conformidad con el apartado
j) del párrafo 26 del artículo II.
5. La Conferencia de los
Estados Partes y el Consejo Ejecutivo están facultados cada uno, a reserva de
la autorización de la Asamblea General de las Naciones Unidas, a solicitar una
opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre cualquier
cuestión jurídica que se suscite dentro del ámbito de las actividades de la
Organización. Se concertará con tal fin un acuerdo entre la Organización y las
Naciones Unidas, de conformidad con el apartado h) del párrafo 38 del artículo
II.
6. El presente artículo se
entiende sin perjuicio de los artículos IV y V.
ARTÍCULO VII. ENMIENDAS.
1. En cualquier momento
siguiente a la entrada en vigor del presente Tratado, cualquier Estado Parte
podrá proponer enmiendas a él, al Protocolo o a los anexos al Protocolo.
Cualquier Estado Parte podrá también proponer modificaciones, de conformidad
con el párrafo 7, al Protocolo o a los anexos al Protocolo. Las propuestas de
enmienda estarán sujetas al procedimiento previsto en los párrafos 2 a 6. Las
propuestas de modificación estarán sujetas de conformidad con el párrafo 7, al
procedimiento previsto en el párrafo 8.
2. Las propuestas de enmienda
solamente serán examinadas y adoptadas por una Conferencia de Enmienda.
3. Toda propuesta de enmienda
será comunicada al Director General, quien la distribuirá a todos los Estados
Partes y al Depositario y solicitará las opiniones de los Estados Partes sobre
si debe convocarse una Conferencia de Enmienda para examinar la propuesta. Si
la mayoría de los Estados Partes notifica al Director General, 30 días después,
a más tardar, de haber sido distribuida la propuesta que apoya el ulterior
examen de ésta, el Director General convocará a una Conferencia de Enmienda a
la que se invitará a todos los Estados Partes.
4. La Conferencia de Enmienda
se celebrará inmediatamente después de un período ordinario de sesiones de la
Conferencia, salvo que todos los Estados Partes que apoyen la convocación de
una Conferencia de Enmienda pidan que se celebre antes. En ningún caso se
celebrará una Conferencia de Enmienda menos de 60 días después de la
distribución de la propuesta de enmienda.
5. Las enmiendas serán
adoptadas por la Conferencia de Enmienda por el voto positivo de la mayoría de
los Estados Partes, sin que ningún Estado Parte emita un voto negativo.
6. Las enmiendas entrarán en
vigor para todos los Estados Partes 30 días después del depósito de los
instrumentos de ratificación o de aceptación por todos los Estados Partes que
hayan emitido un voto positivo en la Conferencia de Enmienda.
7. Para garantizar la
viabilidad y eficacia del presente Tratado, las Partes I y III del Protocolo y
los anexos 1 y 2 del Protocolo, serán objeto de modificaciones de conformidad
con el párrafo 8, si las modificaciones propuestas se refieren sólo a
cuestiones de carácter administrativo o técnico. Todas las demás disposiciones
del Protocolo y de sus anexos no estarán sujetas a modificación de conformidad
con el párrafo 8.
8. Las modificaciones
propuestas a que se hace referencia en el párrafo 7 se introducirán de
conformidad con el procedimiento siguiente:
a) El texto de las
modificaciones propuestas será transmitido, junto con la información necesaria,
al Director General. Cualquier Estado Parte y el Director General podrán
proporcionar información adicional para la evaluación de la propuesta. El
Director General comunicará sin demora esas propuestas e información a todos
los Estados Partes, al Consejo Ejecutivo y al Depositario;
b) A más tardar, 60 días
después de haber recibido la propuesta, el Director General procederá a su
evaluación para determinar todas sus posibles consecuencias sobre las
disposiciones del presente Tratado y su aplicación y comunicará tal información
a todos los Estados Partes y al Consejo Ejecutivo;
c) El Consejo Ejecutivo
examinará la propuesta a la luz de toda la información que disponga, incluido
el hecho de si la propuesta se ajusta a los requisitos del párrafo 7. A más
tardar, 90 días después de haber recibido la propuesta, el Consejo Ejecutivo
notificará su recomendación con explicaciones apropiadas a todos los Estados
Partes para su consideración. Los Estados Partes acusarán recibo de la
recomendación en un plazo de diez días;
d) Si el Consejo Ejecutivo recomienda
a todos los Estados Partes que se apruebe la propuesta, se considerará aprobada
ésta si ningún Estado Parte opone objeciones a ella dentro de los 90 días
siguientes a haber recibido la recomendación. Si el Consejo Ejecutivo
recomienda que se rechace la propuesta, se considerará rechazada ésta si ningún
Estado Parte se opone al rechazo dentro de los 90 días siguientes a haber
recibido la recomendación;
e) Si una recomendación del
Consejo Ejecutivo no recibe la aceptación necesaria con arreglo al apartado d),
la Conferencia, en su próximo período de sesiones, adoptará como cuestión de
fondo una decisión sobre la propuesta, incluido el hecho de si se ajusta a los
requisitos del párrafo 7;
f) El Director General
notificará a todos los Estados Partes y al Depositario toda decisión que se
adopte conforme al presente párrafo;
g) Las modificaciones aprobadas
con arreglo a este procedimiento entrarán en vigor para todos los Estados
Partes 180 días después de la fecha en que el Director General notifique su aprobación,
salvo que se establezca otro plazo por recomendación del Consejo Ejecutivo o
decisión de la Conferencia.
ARTÍCULO VIII. EXAMEN DEL
TRATADO.
1. A menos que la mayoría de
los Estados Partes decida otra cosa, diez años después de la entrada en vigor
del presente Tratado se celebrará una Conferencia de los Estados Partes para
examinar el funcionamiento y la eficacia del presente Tratado, con miras a
asegurarse que se estén cumpliendo los objetivos y propósitos del Preámbulo y
las disposiciones del Tratado. En dicho examen se tomará en cuenta toda nueva
evolución científica y tecnológica relacionada con el presente Tratado. S obre
la base de la petición de cualquier Estado Parte, la Conferencia de Examen
estudiará también la posibilidad de permitir que se realicen explosiones
nucleares subterráneas con fines pacíficos. Si la Conferencia de Examen decide
por consenso que pueden autorizarse esas explosiones nucleares, iniciará sin
demora una labor para recomendar a los Estados Partes una enmienda adecuada del
Tratado que impida que se obtengan beneficios militares de esas explosiones
nucleares. Toda enmienda de esta índole que se proponga será comunicada al
Director General por cualquier Estado Parte y se tramitará de conformidad con
lo dispuesto en el artículo VII.
2. En lo sucesivo, a intervalos
de diez años, podrán convocarse otras conferencias de examen con el mismo
objetivo si la Conferencia así lo decide el año anterior como cuestión de
procedimiento. Dichas conferencias podrán convocarse después de un intervalo de
menos de diez años si así lo decide la Conferencia como cuestión de fondo.
3. Normalmente toda conferencia
de examen se celebrará inmediatamente después del período ordinario anual de
sesiones de la Conferencia previsto en el artículo II.
ARTÍCULO IX. DURACIÓN Y
RETIRADA.
1. La duración del presente
Tratado será ilimitada.
2. Todo Estado Parte tendrá
derecho, en ejercicio de su soberanía nacional, a retirarse del presente
Tratado si decide que acontecimientos extraordinarios relacionados con la
materia objeto de éste, han puesto en peligro sus intereses supremos.
3. La retirada se efectuará
mediante notificación hecha con seis meses de antelación a todos los demás
Estados Partes, al Consejo Ejecutivo, al Depositario y al Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas. En la notificación de retirada se expondrá el o los
acontecimientos extraordinarios que, en opinión del Estado Parte, ponen en
peligro sus intereses supremos.
ARTÍCULO X. CONDICIÓN JURÍDICA
DEL PROTOCOLO Y LOS ANEXOS.
Los anexos al presente Tratado,
el Protocolo y los anexos al Protocolo forman parte integrante del Tratado.
Toda referencia al presente Tratado incluye los anexos al presente Tratado, el
Protocolo y los anexos al Protocolo.
ARTÍCULO XI. FIRMA.
El presente Tratado estará
abierto a la firma de todos los Estados antes de su entrada en vigor.
ARTÍCULO XII. RATIFICACIÓN.
1. El presente Tratado será
objeto de ratificación por los Estados Signatarios de conformidad con sus
respectivos procedimientos constitucionales.
ARTÍCULO XIII. ADHESIÓN.
Todo Estado que no firme el
presente Tratado antes de su entrada en vigor, podrá adherirse a él con
posterioridad en cualquier momento.
ARTÍCULO XIV. ENTRADA EN VIGOR.
1. El Presente Tratado entrará
en vigor 180 días después de la fecha en que hayan depositado los instrumentos
de ratificación todos los Estados enumerados en el anexo 2 al presente Tratado,
pero, en ningún caso, antes que hayan transcurrido dos años desde el momento en
que quede abierto a la firma.
2. Si el presente Tratado no
hubiera entrado en vigor tres años después de la fecha del aniversario de su
apertura a la firma, el Depositario convocará una Conferencia de los Estados
que ya hayan depositado sus instrumentos de ratificación a petición de la
mayoría de esos Estados. Esa Conferencia examinará el grado en que se ha
cumplido la exigencia enunciada en el párrafo 1 y estudiará y decidirá por
consenso qué medidas compatibles con el derecho internacional pueden adoptarse
para acelerar el proceso de ratificación con objeto de facilitar la pronta
entrada en vigor del presente Tratado.
3. Salvo que la Conferencia a
que se refiere el párrafo 2 u otras Conferencias de esta índole decidan otra
cosa, este proceso se repetirá en ulteriores aniversarios de la apertura a la
firma del presente Tratado, hasta su entrada en vigor.
4. Se invitará a todos los
Estados Signatarios a que participen en la Conferencia a que se hace referencia
en el párrafo 2 y en cualquiera de las Conferencias posteriores a que se hace
referencia en el párrafo 3, en calidad de observadores.
5. Para los Estados que depositen
sus instrumentos de ratificación o adhesión con posterioridad a la entrada en
vigor del presente Tratado, éste entrará en vigor el trigésimo día después de
la fecha de depósito de sus instrumentos de ratificación o adhesión.
ARTÍCULO XV. RESERVAS.
Los artículos y los anexos del
presente Tratado no podrán ser objeto de reservas. Las disposiciones del
Protocolo del presente Tratado y los anexos al Protocolo no podrán ser objeto
de reservas que sean incompatibles con su objeto y propósito.
ARTÍCULO XVI. DEPOSITARIO.
1. El Secretario General de las
Naciones Unidas será el Depositario del presente Tratado y recibirá las firmas,
los instrumentos de ratificación y los instrumentos de adhesión.
2. El Depositario comunicará
sin demora a todos los Estados Signatarios y a todos los Estados que se
adhieran al Tratado la fecha de cada firma, la fecha de depósito de cada
instrumento de ratificación o de adhesión, la fecha de entrada en vigor del
Tratado y de cualquier enmienda y modificación a él y la recepción de otras
notificaciones.
3. El Depositario remitirá
copias debidamente certificadas del presente Tratado a los Gobiernos de los
Estados Signatarios y de los Estados que se adhieran al Tratado.
4. El presente Tratado será
registrado por el Depositario de conformidad con el artículo 102 de la Carta de
las Naciones Unidas.
ARTÍCULO XVII. TEXTOS
AUTÉNTICOS.
El presente Tratado, cuyos
textos árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos,
quedará depositado en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
ANEXO 1 AL TRATADO
Lista de Estados con arreglo al
párrafo 28 del artículo II
Africa
Angola, Argelia, Benin,
Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Chad, Camerún, Comoras, Congo, Côte
d'Ivoire, Djibouti, Egipto, Eritrea, Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea,
Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Jamahiriya Arabe Libia, Kenya, Lesotho,
Liberia, Madagascar, Malawi, Malí, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Mozambique,
Namibia, Níger, Nigeria, República Centroafricana, República Unida de Tanzania,
Rwanda, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Somalia,
Sudáfrica, Sudán, Swazilandia, Togo, Túnez, Uganda, Zaire, Zambia, Zimbabwe.
Europa oriental
Albania, Armenia, Azerbaiyán,
Belarús, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia,
Estonia, Federación de Rusia, Georgia, Hungría, la antigua República Yugoslava
de Macedonia, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, República de
Moldova, Rumania, Ucrania, Yugoslavia.
América Latina y el Caribe
Antigua y Barbuda, Argentina,
Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba,
Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras,
Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa
Lucía, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Suriname, Trinidad y
Tobago, Uruguay, Venezuela.
Oriente Medio y Asia meridional
Afganistán, Arabia Saudita,
Bahrein, Bangladesh, Bhután, Emiratos Árabes Unidos, India, Irán (República
Islámica del), Iraq, Israel, Jordania, Kazakstán, Kirguistán, Kuwait, Líbano,
Maldivas, Nepal, Omán, Pakistán, Qatar, República Arabe Siria, Sri Lanka,
Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Yemen.
América del Norte y Europa
occidental
Alemania, Andorra, Austria,
Bélgica, Canadá, Chipre, Dinamarca, España, Estados Unidos de América,
Finlandia, Francia, Grecia, Islandia, Irlanda, Italia, Liechtenstein,
Luxemburgo, Malta, Mónaco, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, San Marino, Santa Sede, Suecia, Suiza, Turquía.
Asia sudoriental, Pacífico y
Lejano Oriente
Australia, Brunei Darussalam,
Camboya, China, Fiji, Filipinas, Indonesia, Japón, Kiribati, República
Democrática Popular Lao, Malasia, Islas Cook, Islas Marshall, Islas Salomón,
Micronesia (Estados Federados de), Mongolia, Myanmar, Nauru, Niue, Nueva
Zelandia, Palau, Papua Nueva Guinea, República de Corea, República Popular
Democrática de Corea, Samoa, Singapur, Tailandia, Tonga, Tuvalu, Vanuatu,
Vietnam.
Anexo 2 al Tratado
Lista de Estados con arreglo al
Artículo XIV
Lista de los Estados miembros
de la Conferencia de Desarme, al 18 de junio de 1996, que participaron
oficialmente en la labor del período de sesiones de 1996 de la Conferencia y
que figuran en el cuadro 1 de la edición de abril de 1996 de "Nuclear
Power Reactors in the World", del Organismo Internacional de Energía
Atómica y de los Estados miembros de la Conferencia de Desarme, al 18 de junio
de 1996, que participaron oficialmente en la labor del período de sesiones de
1996 de la Conferencia y que figuran en el cuadro 1 de la edición de diciembre
de 1995 de "Nuclear Research Reactors in the World", del Organismo
Internacional de Energía Atómica: Alemania, Argelia, Argentina, Australia,
Austria, Bangladesh, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, China, Colombia,
Egipto, Eslovaquia, España, Estados Unidos de América, Federación de Rusia,
Finlandia, Francia, Hungría, India, Indonesia, Irán (República Islámica del),
Israel, Italia, Japón, México, Noruega, Países Bajos, Pakistán, Perú, Polonia,
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República de Corea, República
Popular Democrática de Corea, Rumania, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Turquía,
Ucrania, Vietnam y Zaire.
Protocolo al Tratado de
Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares
PARTE 1. EL SISTEMA
INTERNACIONAL DE VIGILANCIA Y LAS FUNCIONES DEL CENTRO INTERNACIONAL DE DATOS.
A. DISPOSICIONES GENERALES
1. El Sistema Internacional de
Vigilancia comprenderá las instalaciones de vigilancia previstas en el párrafo
16 del artículo IV y los medios de comunicación correspondientes.
2. Las instalaciones de
vigilancia incluidas en el Sistema Internacional de Vigilancia serán las
instalaciones especificadas en el anexo 1 al presente Protocolo. El Sistema
Internacional de Vigilancia cumplirá las exigencias técnicas y operacionales
que se especifiquen en los manuales de operaciones pertinentes.
3. La Organización, de
conformidad con el artículo II y en colaboración y consulta con los Estados
Partes, con otros Estados y con las organizaciones internacionales que proceda,
establecerá y coordinará la operación y el mantenimiento, así como cualquier
modificación o desarrollo que pueda convenirse en el futuro del Sistema Internacional
de Vigilancia.
4. De conformidad con los
acuerdos o arreglos y procedimientos del caso, un Estado Parte u otro Estado
que acoja instalaciones del Sistema Internacional de Vigilancia o que de otro
modo sea responsable de ellas y la Secretaría Técnica se pondrán de acuerdo y
cooperarán para establecer, hacer funcionar, mejorar, financiar y mantener las
instalaciones de vigilancia, los laboratorios homologados conexos y los medios
de comunicación correspondientes emplazados en las zonas sometidas a su
jurisdicción o control o en cualquier otro lugar de conformidad con el Derecho
Internacional. Esa cooperación se llevará a cabo de acuerdo con las exigencias
de seguridad y autenticación y las especificaciones técnicas contenidas en los
manuales de operaciones pertinentes. Dicho Estado Permitirá el acceso de la
Secretaría Técnica a la instalación de vigilancia para comprobar el equipo y
los enlaces de comunicaciones y convendrá en introducir los cambios necesarios
en el equipo y en los procedimientos operacionales para satisfacer las normas
convenidas. La Secretaría Técnica facilitará a esos Estados la asistencia
técnica apropiada que el Consejo Ejecutivo considere necesario para el buen
funcionamiento de la instalación como parte del Sistema Internacional de
Vigilancia.
5. Las modalidades para esa
cooperación entre la Organización y los Estados Partes que acojan instalaciones
del Sistema Internacional de Vigilancia o que de otro modo sean responsables de
ellas, se establecerán en acuerdos o arreglos, según convenga en cada caso.
B. VIGILANCIA SISMOLÓGICA
6. Cada Estado Parte se
compromete a cooperar en un intercambio internacional de datos sismológicos
para facilitar la verificación del cumplimiento del presente Tratado. Esa
cooperación abarcará el establecimiento y funcionamiento de una red mundial de
e staciones de vigilancia sismológica primarias y auxiliares. Esas estaciones
proporcionarán datos al Centro Internacional de Datos con arreglo a
procedimientos convenidos.
7. La red de estaciones primarias
estará integrada por las 50 estaciones especificadas en el cuadro 1-A del anexo
1 al presente Protocolo. Esas estaciones cumplirán los requisitos técnicos y
operacionales especificados en el Manual de Operaciones para la vigilancia
sismológica y el intercambio internacional de datos sismológicos. Los datos
ininterrumpidos procedentes de las estaciones primarias se transmitirán de
manera instantánea al Centro Internacional de Datos, directamente o por
conducto de un centro nacional de datos.
8. A fin de complementar la red
primaria, una red auxiliar de 120 estaciones proporcionará información al
Centro Internacional de Datos, previa solicitud directamente o por conducto de
los centros nacionales de datos. Las estaciones auxiliares que hayan de utilizarse
se enumeran en el cuadro 1-B del anexo 1 al presente Protocolo. Las estaciones
auxiliares satisfarán los requisitos técnicos y de funcionamiento especificados
en el Manual de Operaciones para la vigilancia sismológica y el intercambio
internacional de datos sismológicos. Los datos procedentes de las estaciones
auxiliares podrán ser solicitados en cualquier momento por el Centro
Internacional de Datos y serán facilitados inmediatamente a través de
conexiones directas de computadoras.
C. VIGILANCIA DE RADIONÚCLIDOS
9. Cada Estado Parte se
compromete a cooperar en un intercambio internacional de datos sobre los
radionúclidos de la atmósfera para facilitar la verificación del cumplimiento
del presente Tratado. Esa cooperación abarcará el establecimiento y funcionamiento
de una red mundial de estaciones de vigilancia de radionúclidos y laboratorios
certificados. La red proporcionará datos al Centro Internacional de Datos con
arreglo a procedimientos convenidos.
10. La red de estaciones para
la medición de radionúclidos en la atmósfera comprenderá una red general de 80
estaciones, según se especifica en el cuadro 2-A del anexo 1 al presente
Protocolo. Todas las estaciones deberán poder vigilar la presencia de las
macropartículas pertinentes en la atmósfera. Cuarenta de ellas deberán también
ser capaces de vigilar la presencia de los gases nobles pertinentes una vez que
entre en vigor el presente Tratado. A tal efecto, la Conferencia aprobará en su
período inicial de sesiones una recomendación de la Comisión Preparatoria
acerca de cuáles serán las 40 estaciones del cuadro 2-A del presente Protocolo
que podrán vigilar los gases nobles. En su primer período ordinario anual de
sesiones, la Conferencia examinará un plan para aplicar la capacidad de
vigilancia de los gases nobles en toda la red y adoptará una decisión al
respecto. El Director General preparará un informe a la Conferencia acerca de
las modalidades de esa aplicación. Todas las estaciones de vigilancia
satisfarán los requisitos técnicos y operacionales especificados en el Manual
de Operaciones para la vigilancia de los radionúclidos y el intercambio
internacional de datos sobre radionúclidos.
11. La red de estaciones para
la vigilancia de los radionúclidos contará con el apoyo de laboratorios, que
serán homologados por la Secretaría Técnica de conformidad con el manual de
operaciones correspondiente, para realizar, bajo contrato con la Organización y
mediante el sistema de pago por servicios, los análisis de las muestras
obtenidas por las estaciones de vigilancia de radionúclidos. La Secretaría
Técnica recurrirá también, según proceda, a los laboratorios especificados en
el cuadro 2-B del anexo 1 al presente Protocolo y adecuadamente equipados, para
realizar análisis adicionales de muestras obtenidas por las estaciones de
vigilancia de los radionúclidos. Con el asentimiento del Consejo Ejecutivo, la
Secretaría Técnica podrá homologar más laboratorios para que realicen el
análisis normal de las muestras obtenidas por estaciones de vigilancia manual
cuando sea necesario. Todos los laboratorios homologados proporcionarán los
resultados de esos análisis al Centro Internacional de Datos y al hacerlo,
satisfarán los requisitos técnicos y operacionales que se especifican en el
Manual de Operaciones sobre la vigilancia de radionúclidos y el intercambio
internacional de datos sobre radionúclidos.
D. VIGILANCIA HIDROACÚSTICA
12. Cada Estado Parte se
compromete a cooperar en un intercambio internacional de datos hidroacústicos
para facilitar la verificación del cumplimiento del presente Tratado. Esa
cooperación abarcará el establecimiento y funcionamiento de una red mundial de
estac iones de vigilancia hidroacústica. Esas estaciones proporcionarán datos
al Centro Internacional de Datos con arreglo a procedimientos convenidos.
13. La red de estaciones
hidroacústicas comprenderá las estaciones especificadas en el cuadro 3 del
anexo 1 al presente Protocolo e incluirá una red mundial de 6 hidrófonos y 5
estaciones de fase T. Esas estaciones satisfarán los requisitos técnicos y
operacionales especificados en el Manual de Operaciones para la vigilancia
hidroacústica y el intercambio internacional de datos hidroacústicos.
E. VIGILANCIA INFRASÓNICA
14. Cada Estado Parte se
compromete a cooperar en un intercambio internacional de datos infrasónicos
para facilitar la verificación del cumplimiento del presente Tratado. Esa
cooperación abarcará el establecimiento y funcionamiento de una red mundial de
estaciones de vigilancia infrasónica. Esas estaciones proporcionarán datos al Centro
Internacional de Datos con arreglo a procedimientos convenidos.
15. La red de estaciones
infrasónicas estará integrada por las estaciones enumeradas en el cuadro 4 del
anexo 1 al presente Protocolo y comprenderá una red general de 60 estaciones.
Esas estaciones satisfarán los requisitos técnicos y operacionales
especificados en el Manual de Operaciones para la vigilancia infrasónica y el
intercambio internacional de datos infrasónicos.
F. FUNCIONES DEL CENTRO
INTERNACIONAL DE DATOS
16. El Centro Internacional de
Datos recibirá, recopilará, tratará, analizará y archivará datos de las
instalaciones del Sistema Internacional de Vigilancia, incluidos los resultados
del análisis realizado en laboratorios homologados e informará al respecto.
17. Los procedimientos
concretos y criterios uniformes de examen de fenómenos que haya de adoptar el
Centro Internacional de Datos para realizar las funciones convenidas, en
particular para la elaboración de productos uniformes de presentación de
informes y el desempeño de una gama uniforme de servicios para los Estados
Partes, constarán en el Manual de Operaciones para el Centro Internacional de
Datos y se detallarán progresivamente. Esos procedimientos y criterios serán
desarrollados inicialmente por la Comisión Preparatoria y serán aprobados por
la Conferencia de los Estados Partes en su primer período de sesiones.
Productos uniformes del Centro
Internacional de Datos
18. El Centro Internacional de
Datos aplicará regularmente métodos de elaboración automática y análisis humano
interactivo a los datos primarios del Sistema Internacional de Vigilancia para
producir y archivar los productos uniformes del Centro Internacional de Datos
en nombre de todos los Estados Partes. Estos productos serán suministrados
gratuitamente a los Estados Partes y no prejuzgarán las decisiones definitivas
respecto de la naturaleza de ningún fenómeno, cuya adopción seguirá
correspondiendo a los Estados Partes, e incluirán:
a) Listas integradas de todas
las señales detectadas por el Sistema Internacional de Vigilancia, así como
listas y boletines uniformes de fenómenos, incluidos los valores e
incertidumbres asociados, calculados para cada fenómeno localizado por el
Centro Internacional de Datos, sobre la base de un conjunto de parámetros uniformes;
b) Los boletines uniformes de
fenómenos examinados que resulten de la aplicación por el Centro Internacional
de Datos de los criterios uniformes de examen de fenómenos a cada fenómeno,
utilizando los parámetros de caracterización especificados en el anexo 2 al
presente Protocolo, con el objetivo de caracterizar, destacando en el boletín
uniforme de fenómenos y por consiguiente excluyendo de este modo, los fenómenos
que se considere corresponden a fenómenos naturales o no nucleares o fenómenos
artificiales. Los boletines uniformes de fenómenos indicarán numéricamente para
cada fenómeno el grado en que éste cumple, o no, los criterios de examen de
fenómenos. Al aplicar los criterios uniformes de examen de fenómenos, el Centro
Internacional de Datos utilizará al mismo tiempo los criterios de examen
mundiales y suplementarios para tener en cuenta las variaciones regionales
cuando proceda. El Centro Internacional de Datos irá mejorando paulatinamente
sus capacidades técnicas a medida que se obtenga experiencia en el
funcionamiento del Sistema Internacional de Vigilancia;
c) Resúmenes ejecutivos, en los
que se resumen los datos obtenidos y archivados por el Centro Internacional de
Datos, los productos del Centro Internacional de Datos y el rendimiento y el
estado operacional del Sistema de Vigilancia y el Centro Internacional de
Datos, y
d) Extractos o subconjuntos de
los productos uniformes del Centro Internacional de Datos especificados en los
apartados a) a c), seleccionados de acuerdo con la solicitud de un Estado Parte
concreto.
19. El Centro Internacional de
Datos llevará a cabo estudios especiales, gratuitamente para los Estados
Partes, a fin de proceder a un examen técnico a fondo mediante análisis por
expertos de los datos del Sistema Internacional de Vigilancia, si así lo
solicita la Organización o un Estado Parte, para mejorar los valores estimados
de los parámetros uniformes de la señal y el fenómeno.
Servicios del Centro
Internacional de Datos a los Estados Partes
20. El Centro Internacional de
Datos proporcionará a los Estados Partes un acceso abierto, igual, oportuno y
conveniente a todos los datos del Sistema Internacional de Vigilancia,
primarios o tratados, a todos los productos del Centro Internacional de Datos y
a todos los demás datos del Sistema Internacional de Vigilancia incluidos en el
archivo del Centro Internacional de Datos o, por conducto del Centro
Internacional de Datos, a las instalaciones del Sistema Internacional de
Vigilancia. Los métodos para apoyar el acceso a los datos y el suministro de
éstos incluirán los servicios siguientes:
a) Envío automático y periódico
al Estado Parte de los productos del Centro Internacional de Datos o de la
selección de éstos pedida por el Estado Parte y, si así se solicita, la
selección de los datos del Sistema Internacional de Vigilancia indicada por el
Estado Parte;
b) Suministro de los datos o
productos generados en respuesta a peticiones especiales de Estados Partes para
que se recuperen del Centro Internacional de datos y de las instalaciones de
archivo de datos y productos del Sistema Internacional de Vigilancia, incluido
el acceso electrónico interactivo a la base de datos del Centro Internacional
de Datos, y
c) Asistencia a Estados Partes,
a petición de éstos y gratuitamente si se trata de esfuerzos razonables, para
el análisis técnico por expertos de los datos del Sistema Internacional de
Vigilancia y otros datos pertinentes facilitados por el Estado Parte
solicitante, a fin de ayudar al Estado Parte interesado a identificar la fuente
de fenómenos concretos. El resultado de todos esos análisis técnicos se
considerará un producto del Estado Parte solicitante, pero se pondrá a
disposición de todos los Estados Partes.
Los servicios del Centro
Internacional de Datos especificados en los apartados a) y b) se facilitarán
gratuitamente a todos los Estados Partes. Los volúmenes y formatos de datos se
determinarán en el Manual de Operaciones para el Centro Internacional de Datos.
Examen nacional de fenómenos
21. Si así lo solicita un
Estado Parte, el Centro Internacional de Datos aplicará a cualquiera de sus
productos uniformes, de manera habitual y automática, los criterios para el
examen nacional de fenómenos establecidos por ese Estado Parte, y proporcionará
los resultados de dicho análisis a ese Estado Parte. Ese servicio se prestará
gratuitamente al Estado Parte solicitante. El resultado de esos procesos de
examen nacional de datos se considerará como un producto del Estado Parte
solicitante.
Asistencia técnica
22. El Centro Internacional de
Datos proporcionará asistencia técnica a los Estados Partes que se la
soliciten:
a) En la formulación de sus
necesidades para la selección y examen de datos y productos;
b) Instalando en el Centro
Internacional de Datos, gratuitamente para el Estado Parte solicitante si se
trata de esfuerzos razonables, algoritmos de computadora o programas
facilitados por ese Estado Parte para computar nuevos parámetros de la señal y
el fenómeno que no estén incluidos en el Manual de Operaciones para el Centro
Internacional de Datos, considerándose el resultado como producto del Estado
Parte solicitante; y
c) Prestando asistencia a los
Estados Partes para desarrollar la capacidad de recibir, elaborar y analizar
datos del Sistema Internacional de Vigilancia en un centro nacional de datos.
23. El Centro Internacional de
Datos vigilará constantemente el estado operacional de las instalaciones del
Sistema Internacional de Vigilancia, de los enlaces de comunicaciones y de sus
propios sistemas de elaboración y presentará informes al respecto. Notificará
inmediatamente a los responsables si el rendimiento operacional de cualquier
componente no satisface los niveles convenidos que se indiquen en el Manual de
Operaciones correspondiente.
PARTE II. INSPECCIONES IN SITU
A. DISPOSICIONES GENERALES
1. Los procedimientos incluidos
en la presente parte se aplicarán de conformidad con las disposiciones
previstas para las inspecciones in situ en el artículo IV.
2. La inspección in situ se
llevará a cabo en la zona donde se haya producido el fenómeno que haya motivado
la solicitud de inspección in situ.
3. La zona de una inspección in
situ será continua y su superficie no excederá de 1.000 km2. No deberá haber
ninguna distancia linear superior a los 50 km en ninguna dirección.
4. La inspección in situ no
durará más de 60 días a partir de la fecha en que se haya aprobado la solicitud
de inspección in situ de conformidad con el párrafo 46 del artículo IV, si bien
se podrá prorrogar por un máximo de 70 días de conformidad con el párrafo 49
del artículo IV.
5. Si la zona de inspección
especificada en el mandato de inspección se extiende por el territorio u otro
lugar bajo la jurisdicción o control de más de un Estado Parte, las
disposiciones para las inspecciones in situ se aplicarán, según convenga, a
cada uno de los Estados por los que se extiende la zona de inspección.
6. Cuando la zona de inspección
esté bajo la jurisdicción o control del Estado Parte inspeccionado, pero se
encuentre en el territorio de otro Estado Parte, o cuando el acceso desde el
punto de entrada a la zona de inspección requiera transitar por el territorio
de un Estado Parte que no sea el Estado Parte inspeccionado, este último
ejercerá los derechos y cumplirá las obligaciones concernientes a tales
inspecciones de conformidad con el presente Protocolo. En ese caso, el Estado
Parte en cuyo territorio esté situada la zona de la inspección facilitará la
inspección y proporcionará el apoyo necesario para que el grupo de inspección
pueda desempeñar sus tareas de manera oportuna y eficaz. Los Estados Partes por
cuyo territorio sea necesario transitar para llegar a la zona de inspección
facilitarán dicho tránsito.
7. Cuando la zona de la
inspección esté bajo la jurisdicción o control del Estado Parte inspeccionado
pero se encuentre en el territorio de un Estado que no sea parte en el presente
Tratado, el Estado Parte inspeccionado adoptará las medidas necesarias para
garantizar que la inspección pueda llevarse a cabo de conformidad con el
presente Protocolo. El Estado Parte que tenga bajo su jurisdicción o control
una o más zonas situadas en el territorio de otro Estado que no sea parte en el
presente Tratado adoptará las medidas necesarias para garantizar que el Estado
en cuyo territorio se encuentra la zona de inspección acepte a los inspectores
y los ayudantes de inspección designados para ese Estado Parte. Si un Estado
Parte inspeccionado no está en condiciones de garantizar el acceso, deberá
demostrar que ha adoptado todas las medidas necesarias para hacerlo.
8. Cuando la zona de inspección
se encuentre situada en el territorio de un Estado Parte pero esté bajo la
jurisdicción o control de un Estado que no sea parte en el presente Tratado, el
Estado Parte adoptará todas las medidas que quepa exigir a un Estado Parte
inspeccionado y a un Estado Parte en cuyo territorio se encuentre la zona de
inspección, sin perjuicio de las normas y prácticas del derecho internacional,
para garantizar que la insp ección in situ pueda realizarse de conformidad con
el presente Protocolo. Si el Estado Parte no está en condiciones de garantizar
el acceso a la zona de inspección, deberá demostrar que ha adoptado todas las
medidas necesarias para hacerlo, sin perjuicio de las normas y prácticas del
derecho internacional.
9. El número de miembros del
grupo de inspección se mantendrá al mínimo necesario para el adecuado
cumplimiento del mandato de inspección. El número total de miembros del grupo
de inspección presentes en el territorio del Estado Parte inspeccionado en un
momento dado, salvo cuando se realicen perforaciones, no excederá de 40
personas. Ningún nacional del Estado Parte solicitante ni del Estado Parte
inspeccionado podrá ser miembro del grupo de inspección.
10. El Director General
determinará el número de miembros del grupo de inspección y lo seleccionará a
partir de la lista de inspectores y ayudantes de inspección teniendo en cuenta
las circunstancias de la solicitud de que se trate.
11. El Estado Parte
inspeccionado proporcionará o hará lo necesario para proporcionar al grupo de
inspección los servicios necesarios, tales como medios de comunicación,
interpretación, transporte, espacio de trabajo, alojamiento, comida y atención
médica.
12. La Organización reembolsará
al Estado Parte inspeccionado, en un plazo razonablemente breve después de
terminada la inspección, todos los gastos, incluidos los mencionados en los
párrafos 11 y 49, relacionados con la estancia y las actividades funcionales
del grupo de inspección en el territorio del Estado Parte inspeccionado.
13. Los procedimientos para la
realización de las inspecciones in situ se detallarán en el Manual de
Operaciones para las inspecciones in situ.
B. ARREGLOS PERMANENTES
Designación de inspectores y
ayudantes de inspección
14. El grupo de inspección
podrá estar constituido de inspectores y ayudantes de inspección. Las
inspecciones in situ solamente serán realizadas por inspectores calificados
designados especialmente para esta función. Podrán ser asistidos por ayudantes
de inspección designados especialmente, tales como personal técnico y
administrativo, tripulaciones aéreas e intérpretes.
15. El nombramiento de los
inspectores y ayudantes de inspección será propuesto por los Estados Partes o,
en el caso de.. de la Secretaría Técnica, por el Director General, sobre la
base de sus conocimientos y experiencia que sean pertinentes para el propósito
y las funciones de las inspecciones in situ. Los candidatos serán aprobados
previamente por los Estados Partes de conformidad con lo dispuesto en el
párrafo 18.
16. Cada Estado Parte
comunicará al Director General, 30 días después, a más tardar, de la entrada en
vigor para él del presente Tratado, el nombre, la fecha de nacimiento, el sexo,
la categoría, las calificaciones y la experiencia profesional de las personas
propuestas por el Estado Parte para ser nombradas inspectores y ayudantes de
inspección.
17. A más tardar, 60 días
después de la entrada en vigor del prese nte Tratado, la Secretaría Técnica
comunicará por escrito a todos los Estados Partes, una lista inicial con el
nombre, la nacionalidad, la fecha de nacimiento, el sexo y la categoría de los
inspectores y los ayudantes de inspección propuestos para nombramiento por el
Director General y los Estados Partes, así como una descripción de sus
calificaciones y experiencia profesional.
18. Cada Estado Parte acusará
recibo inmediatamente de la lista inicial de inspectores y ayudantes de
inspección propuestos para nombramiento. Se considerará aceptado a todo
inspector o ayudante de inspección incluido en esa lista a menos que un Estado
Parte declare por escrito, 30 días después, a más tardar, de haber acusado
recibo de la lista, que no acepta el nombramiento. El Estado Parte podrá
indicar el motivo de la objeción. En caso de no aceptación, el inspector o
ayudante de inspección propuesto no realizará actividades de inspección in situ
ni participará en ellas en el territorio del Estado Parte que haya declarado
que no acepta el nombramiento, ni en cualquier otro lugar sometido a la
jurisdicción o control de ese Estado. La Secretaría Técnica confirmará
inmediatamente el recibo de la notificación de objeción.
19. Siempre que el Director
General o un Estado Parte proponga adiciones o cambios en la lista de
inspectores y ayudantes de inspección, se designarán suplentes de los
inspectores y ayudantes de inspección del mismo modo previsto para la lista
inicial. Cada Estado Parte deberá notificar prontamente a la Secretaría Técnica
si un inspector o ayudante de inspección propuesto por él no puede seguir
desempeñando las funciones de inspector o ayudante de inspección.
20. La Secretaría Técnica
mantendrá actualizada la lista de inspectores y ayudantes de inspección y
notificará a todos los Estados Partes cualquier adición o cambio que se haga en
la lista.
21. El Estado Parte que
solicite una inspección in situ podrá proponer que un inspector de la lista de
inspectores y ayudantes de inspección actúe como observador suyo de conformidad
con lo dispuesto en el párrafo 61 del artículo IV.
22. A reserva de lo dispuesto
en el párrafo 23, un Estado Parte tendrá el derecho de rechazar en cualquier
momento a un inspector o ayudante de inspección que ya hubiera sido aceptado.
Notificará por escrito su objeción a la Secretaría Técnica y podrá incluir el
motivo de ella. La objeción surtirá efecto 30 días después de que la Secretaría
Técnica haya recibido la notificación. La Secretaría Técnica confirmará
inmediatamente el recibo de la notificación de objeción y comunicará a los
Estados Partes objetante y nombrante la fecha del cese de nombramiento de ese
inspector o ayudante de inspección para ese Estado Parte.
23. El Estado Parte al que se
le haya notificado una inspección no tratará de excluir del grupo de inspección
a ninguno de los inspectores o ayudantes de inspección incluidos en el mandato
de inspección.
24. El número de inspectores y
ayudantes de inspección aceptados por un Estado Parte debe ser suficiente para
que se disponga de un número adecuado de inspectores y ayudantes de inspección.
Si el Director General considera que el hecho de que un Estado Parte no acepte
los inspectores o ayudantes de inspección propuestos, obstaculiza el
nombramiento de un número suficiente de inspectores y ayudantes de inspección o
dificulta de otro modo el cumplimiento eficaz de los propósitos de la
inspección in situ, remitirá la cuestión al Consejo Ejecutivo.
25. Todo inspector incluido en
la lista de inspectores y ayudantes de inspección recibirá la formación
correspondiente. Esa formación será impartida por la Secretaría Técnica de
conformidad con los procedimientos descritos en el Manual de Operaci ones para
las inspecciones in situ. La Secretaría Técnica coordinará, de acuerdo con los
Estados Partes, un calendario de formación para los inspectores.
Privilegios e Inmunidades
26. Tras la aceptación de la
lista inicial de inspectores y ayudantes de inspección conforme con lo
dispuesto en el párrafo 18, o según haya sido modificada posteriormente de
conformidad con el párrafo 19, cada Estado Parte deberá expedir, con arreglo a
sus procedimientos nacionales y previa solicitud de los inspectores o ayudantes
de inspección, visados para múltiples entradas/salidas y/o tránsito y los demás
documentos que necesite cada inspector o ayudante de inspección para entrar y
permanecer en el territorio de ese Estado Parte con el solo objeto de realizar
actividades de inspección. Cada Estado Parte expedirá los visados o documentos
de viaje necesarios a tal efecto, 48 horas después, a más tardar, de haber
recibido la solicitud o inmediatamente después de la llegada del grupo de
inspección al punto de entrada en el territorio del Estado Parte. Esos
documentos tendrán la validez necesaria para que los inspectores o ayudantes de
inspección permanezcan en el territorio del Estado Parte inspeccionado con el
solo objeto de realizar las actividades de inspección.
27. Para el eficaz ejercicio de
sus funciones, se otorgará a los miembros de los grupos de inspección los
privilegios e inmunidades establecidos en los apartados a) a i). Los
Privilegios e Inmunidades se otorgarán a los miembros del grupo de inspección
en consideración al presente Tratado y no para el provecho particular de las
personas. Los Privilegios e Inmunidades les serán otorgados para la totalidad
del período que transcurra entre la llegada al territorio del Estado Parte
inspeccionado y la salida de él y, posteriormente, respecto de los actos
realizados con anterioridad en el ejercicio de sus funciones oficiales.
a) Se otorgará a los miembros
del grupo de inspección la inviolabilidad de que gozan los agentes diplomáticos
en virtud del artículo 29 de la Convención de Viena sobre Relaciones
Diplomáticas de 18 de abril de 1961;
b ) Se otorgará a las viviendas
y locales de oficina ocupados por el grupo que realice actividades de
inspección de conformidad con el presente Tratado la inviolabilidad y la
protección de que gozan los locales de los agentes diplomáticos en virtud del
párrafo 1 del artículo 30 de la Convención de Viena sobre Relaciones
Diplomáticas;
c) Los documentos y la
correspondencia, incluidos los archivos del grupo de inspección, gozarán de la
inviolabilidad otorgada a todos los documentos y la correspondencia de los
agentes diplomáticos en virtud del párrafo 2 del artículo 30 de la Convención
de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. El grupo de inspección tendrá derecho a
utilizar códigos para sus comunicaciones con la Secretaría Técnica;
d) Las muestras y el equipo
aprobado que lleven consigo los miembros del grupo de inspección serán
inviolables, a reserva de las disposiciones contenidas en el presente Tratado y
estarán exentos de todo derecho arancelario. Las muestras peligrosas se
transportarán de conformidad con los reglamentos correspondientes;
e) Se otorgará a los miembros
del grupo de inspección las inmunidades de que gozan los agentes diplomáticos
en virtud de los párrafos 1, 2 y 3 del artículo 31 de la Convención de Viena
sobre Relaciones Diplomáticas;
f) Se otorgará a los miembros
del grupo de inspección que realicen las actividades prescritas con arreglo al
presente Tratado, la exención de derechos e impuestos de que gozan los agentes
diplomáticos en virtud del artículo 34 de la Convenció de Viena sobre
Relaciones Diplomáticas;
g) Se permitirá a los miembros
del grupo de inspección introducir en el territorio del Estado Parte
inspeccionado, libres de derechos arancelarios o gravámenes semejantes,
artículos de uso personal, con excepción de aquellos artículos cuya importación
o exportación esté prohibida por la ley o sujeta a cuarentena;
h) Se otorgará a los miembros
del grupo de inspección las mismas facilidades en materia de moneda extranjera
y cambio de que gozan los representantes de los gobiernos extranjeros en
misiones oficiales temporales;
i) Los miembros del grupo de
inspección no realizarán ninguna actividad profesional o comercial en beneficio
propio en el territorio del Estado Parte inspeccionado.
28. Cuando estén en tránsito
por el territorio de Estados Partes que no sea el Estado Parte inspeccionado,
se otorgará a los miembros del grupo de inspección los privilegios e
inmunidades de que gozan los agentes diplomáticos en virtud del párrafo 1 del
artículo 40 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Se
otorgará a los documentos y la correspondencia, incluidos los archivos, las
muestras y el equipo aprobado que lleven consigo, los privilegios e inmunidades
enunciados en los apartados c) y d) del párrafo 27.
29. Sin perjuicio de sus
privilegios e inmunidades, los miembros del grupo de inspección estarán
obligados a respetar las leyes y los reglamentos del Estado Parte inspeccionado
y, en la medida que sea compatible con el mandato de inspección, estarán
obligados a no injerirse en los asuntos internos de ese Estado. Si el Estado
Parte inspeccionado considera que ha habido abuso de los privilegios e
inmunidades especificados en el presente Protocolo, se celebrarán consultas
entre dicho Estado Parte y el Director General para determinar si se ha
producido un abuso y si así se considera, impedir su repetición.
30. El Director General podrá
renunciar a la inmunidad de jurisdicción de los miembros del grupo de
inspección en aquellos casos en que, a su juicio, dicha inmunidad dificulte la
acción de la justicia y pueda hacerlo sin perjuicio de la aplicación de las
disposiciones del presente Tratado. La renuncia deberá ser siempre expresa.
31. Se otorgará a los
observadores los mismos privilegios e inmunidades concedidos a los miembros del
grupo de inspección en virtud de la presente sección, salvo los previstos en el
apartado d) del párrafo 27.
Puntos de entrada
32. Cada Estado Parte designará
sus puntos de entrada y facilitará la información necesaria a la Secretaría
Técnica, 30 días después, a más tardar, de la entrada en vigor para él del
presente Tratado. Esos puntos de entrada deberán estar situados de forma que el
grupo de inspección pueda llegar a cualquier zona de inspección desde un punto
de entrada, por lo menos, en el plazo de 24 horas. La Secretaría Técnica
comunicará a todos los Estados Partes la ubicación de los puntos de entrada.
Los puntos de entrada podrán servir también de puntos de salida.
33. Cada Estado Parte podrá
cambiar sus puntos de entrada, mediante una notificación de dicho cambio a la
Secretaría Técnica. Los cambios serán efectivos 30 días después de que la
Secretaría Técnica reciba dicha notificación, con el fin de poder hacer la
debida notificación a todos los Estados Partes.
34. Si la Secretaría Técnica
considera que los puntos de entrada son insuficientes para la realización de las
inspecciones en tiempo oportuno o que los cambios de los puntos de entrada
propuestos por el Estado Parte dificultarían dicha realización en tiempo
oportuno, entablará consultas con el Estado Parte de que se trate para resolver
el problema.
Arreglos para la utilización de
aeronaves de vuelo no regular
35. Cuando no sea posible
viajar en tiempo oportuno hasta el punto de entrada utilizando vuelos
comerciales regulares, el grupo de inspección podrá utilizar aeronaves de vuelo
no regular. A más tardar, 30 días después de la entrada en vigor del presente
Tratado, cada Estado Parte comunicará a la Secretaría Técnica el número de la
autorización diplomática permanente para aeronaves de vuelo no regular que
transporten un grupo de inspección y el equipo necesario para la inspección. El
plan de vuelo de las aeronaves corresponderá a las rutas aéreas internacionales
convenidas entre los Estados Partes y la Secretaría Técnica como base para
dicha autorización diplomática.
Equipo de inspección aprobado
36. En su período inicial de
sesiones, la Conferencia examinará y aprobará una lista de equipo para su
utilización durante las inspecciones in situ. Cada Estado Parte podrá presentar
propuestas para la inclusión de equipo en la lista. Las especificaciones para
el empleo del equipo, tal como se detallan en el Manual de Operaciones para las
inspecciones in situ, tendrán en cuenta las consideraciones de seguridad y
confidencialidad del lugar donde probablemente se vaya a utilizar ese equipo.
37. El equipo que se vaya a
utilizar durante la inspección in situ consistirá en el equipo básico para las
actividades y técnicas de inspección especificadas en el párrafo 69 y el equipo
auxiliar necesario para llevar a cabo de manera eficaz y oportuna las
inspecciones in situ.
38. La Secretaría Técnica
garantizará que pueda disponerse cuando sea necesario de todos los tipos de
equipo aprobado para las inspecciones in situ. Cuando se requiera para una
inspección in situ, la Secretaría Técnica certificará debidamente que el equipo
ha sido calibrado, mantenido y protegido. Con objeto de facilitar la
comprobación del equipo en el punto de entrada por el Estado Parte
inspeccionado, la Secretaría Técnica proporcionará documentación y fijará
sellos para autentificar la certificación.
39. Todo equipo mantenido
permanentemente estará custodiado por la Secretaría Técnica. La Secretaría
Técnica será la responsable del mantenimiento y calibración de ese equipo.
40. Según proceda, la
Secretaría Técnica concertará arreglos con los Estados Partes para proporcionar
el equipo mencionado en la lista. Esos Estados Partes serán los responsables de
mantener y calibrar tal equipo.
C. SOLICITUD DE INSPECCIÓN IN
SITU, MANDATO DE INSPECCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE INSPECCIÓN
Solicitud de inspección in
situ­
41. De conformidad con el
párrafo 37 del artículo IV, en la solicitud de una inspección in situ se
incluirá como mínimo la información siguiente:
a) Las coordenadas geográficas
y verticales estimadas de la localización del fenómeno que haya motivado la
solicitud, con indicación del posible margen de error;
b) Los límites propuestos para
la zona de inspección, especificados en un mapa y de conformidad con lo
dispuesto en los párrafos 2 y 3;
c) El Estado o los Estados
Partes que deban ser inspeccionados o una indicación de que la zona que haya de
inspeccionarse o parte de ella no está sometida a la jurisdicción o el control
de ningún Estado;
d) El probable medio del
fenómeno que haya motivado la solicitud;
e) La hora en que se estima se
produjo el fenómeno que haya motivado la solicitud, con indicación del posible
margen de error;
f) Todos los datos en que se
basa la solicitud;
g) Los datos personales del
observador propuesto, en caso de haberlo; y
h) Los resultados de un proceso
de consulta y aclaración de conformidad con lo dispuesto en el artículo IV o
una explicación, si procede, de las razones por las que no se ha realizado un
proceso de consulta y aclaración.
Mandato de inspección
42. El mandato de inspección in
situ incluirá:
a) La decisión del Consejo
Ejecutivo acerca de la solicitud de inspección in situ;
b) El nombre del Estado o los
Estados Partes que deban ser inspeccionados o una de indicación que la zona de
inspección o parte de ella no está sometida a la jurisdicción o el control de
ningún Estado;
c) La ubicación y los límites
de la zona de inspección especificados en un mapa teniendo en cuenta toda la
información en que se haya basado la solicitud y toda la demás información
técnica que se disponga, en consulta con el Estado Parte solicitante;
d) Los tipos de actividades del
grupo de inspección previstos en la zona de inspección;
e) El punto de entrada que vaya
a utilizar el grupo de inspección;
f) Los puntos de tránsito o de
base según proceda;
g) El nombre del jefe del grupo
de inspección;
h) Los nombres de los miembros
del grupo de inspección;
i) El nombre del observador
propuesto, en caso de haberlo; y
j) La lista del equipo que vaya
a utilizarse en la zona de inspección.
Si el Consejo Ejecutivo adopta
alguna decisión de conformidad con los párrafos 46 a 49 del artículo IV que
exija una modificación del mandato de inspección, el Director General podrá
actualizar el mandato en relación con los apartados d), h) y j) según proceda.
El Director General notificará inmediatamente al Estado Parte inspeccionado
cualquier modificación de ese tipo.
Notificación de la inspección
43. La notificación hecha por
el Director General de conformidad con el párrafo 55 del artículo IV, incluirá
la información siguiente:
a) El mandato de inspección;
b) La fecha y la hora estimadas
de llegada del grupo de inspección al punto de entrada;
c) Los medios para llegar al
punto de entrada;
d) Cuando proceda, el número de
la autorización diplomática permanente para las aeronaves en vuelo no regular;
y
e) Una lista del equipo que el
Director General pida que facilite el Estado Parte inspeccionado al grupo de
inspección para su utilización en la zona de inspección.
44. El Estado Parte Inspeccionado
acusará recibo de la notificación hecha por el Director General, 12 horas
después, a más tardar, de haberla recibido.
D. ACTIVIDADES PREVIAS A LA
INSPECCIÓN
Entrada en el territorio del
Estado Parte inspeccionado, actividades en el punto de entrada y traslado a la
zona de inspección
45. El Estado Parte
inspeccionado que haya sido notificado de la llegada de un grupo de inspección
adoptará las medidas necesarias para la entrada inmediata de éste en su
territorio.
46. Cuando se utilice una
aeronave en vuelo no regular para el viaje hasta el punto de entrada, la
Secretaría Técnica facilitará al Estado Parte inspeccionado, por conducto de la
Autoridad Nacional, el plan de vuelo de la aeronave desde el último aeropuerto
utilizado antes de entrar en el espacio aéreo del Estado Parte hasta el punto
de entrada, por lo menos seis horas antes de la hora de salida prevista de ese
aeropuerto. Dicho plan se presentará de conformidad con los procedimientos de
la Organización de Aviación Civil Internacional aplicables a las aeronaves
civiles. La Secretaría Técnica incluirá en las observaciones del plan de vuelo
el número de la autorización diplomática permanente y la notificación apropiada
para identificar la aeronave como aeronave de inspección. Si se utiliza una aeronave
militar, la Secretaría Técnica solicitará previamente autorización al Estado
Parte inspeccionado para entrar en su espacio aéreo.
47. Por lo menos tres horas
antes de la prevista para la salida del grupo de inspección del último
aeropuerto utilizado antes de entrar en el espacio aéreo del Estado Parte
inspeccionado, éste garantizará la aprobación del plan de vuelo presentado de
conformidad con lo dispuesto en el párrafo 46 a fin de que el grupo de
inspección pueda llegar al punto de entrada a la hora prevista.
48. En caso necesario, el jefe
del grupo de inspección y el representante del Estado Parte inspeccionado
determinarán de común acuerdo el punto de base y el plan de vuelo desde el
punto de entrada hasta el punto de base y, de ser preciso, hasta la zona de
inspección.
49. El Estado Parte
inspeccionado proporcionará estacionamiento, protección de seguridad, los
servicios de mantenimiento y el combustible que pida la Secretaría Técnica para
la aeronave del grupo de inspección en el punto de entrada y, cuando sea
necesario, en el punto de base y en la zona de inspección. Dicha aeronave no
estará sujeta al pago de derechos de aterrizaje, tasas de salida ni gravámenes
semejantes. El presente párrafo se aplicará también a las aeronaves utilizadas
en sobrevuelos durante la inspección in situ.
50. A reserva de lo dispuesto
en el párrafo 51, el Estado Parte inspeccionado no podrá oponerse en modo
alguno a que el grupo de inspección lleve consigo al territorio de ese Estado
Parte el equipo aprobado de conformidad con el mandato de inspección, ni podrá
oponerse a su empleo de conformidad con las disposiciones del Tratado y del
presente Protocolo.
51. Sin perjuicio del plazo
previsto en el párrafo 54, el Estado Parte inspeccionado tendrá derecho a
comprobar en presencia de miembros del grupo de inspección en el punto de
entrada que el equipo ha sido aprobado y certificado de conformidad con el
párrafo 38. El Estado Parte inspeccionado podrá excluir cualquier parte del
equipo que no sea conforme al mandato de inspección o que no haya sido aprobada
y certificada con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 38.
52. Nada más llegar al punto de
entrada y sin perjuicio del plazo especificado en el párrafo 54, el jefe del
grupo de inspección presentará al representante del Estado Parte inspeccionado
el mandato de inspección y el plan inicial de inspección preparado por el grupo
de inspección, con especificación de las actividades que éste vaya a llevar a
cabo. El grupo de inspección será informado por representantes del Estado Parte
inspeccionado con ayuda de mapas y otros documentos según proceda. La sesión de
información abarcará las características naturales pertinentes del terreno,
cuestiones de seguridad y confidencialidad y arreglos logísticos para la
inspección. El Estado Parte inspeccionado podrá indicar lugares dentro de la
zona de inspección que, a su juicio, no estén relacionados con el propósito de
la inspección.
53. Tras la sesión de
información previa a la inspección, el grupo de inspección, según proceda, modificará
el plan inicial de inspección teniendo en cuenta cualquier observación hecha
por el Estado Parte inspeccionado. Se facilitará el plan de inspección
modificado al representante del Estado Parte inspeccionado.
54. El Estado Parte
inspeccionado hará todo cuanto esté a su alcance para proporcionar asistencia y
garantizar el traslado en condiciones de seguridad del grupo de inspección, el
equipo aprobado especificado en los párrafos 50 y 51 y el equipaje desde el
punto de entrada hasta la zona de inspección, 36 horas después, a más tardar,
de la llegada al punto de entrada, de no haberse convenido otros horarios
dentro del plazo especificado en el párrafo 57.
55. Para confirmar que la zona
a que se ha transportado al grupo de inspección corresponde a la zona de
inspección especificada en el mandato de inspección, el grupo de inspección
tendrá derecho a utilizar el equipo de determinación de la localización
aprobado. El Estado Parte inspeccionado ayudará al grupo de inspección en esta
tarea.
E. Realización de las
inspecciones
Normas generales
56. El grupo de inspección
desempeñará sus funciones de conformidad con las disposiciones del Tratado y
del presente Protocolo.
57. El grupo de inspección
comenzará sus actividades de inspección en la zona de inspección tan pronto
como sea posible, pero, en ningún caso, más tarde de 72 horas después de la
llegada al punto de entrada.
58. Las actividades del grupo
de inspección se organizarán de manera que pueda desempeñar oportuna y
eficazmente sus funciones y que cause el menor inconveniente posible al Estado
Parte inspeccionado y la menor perturbación posible en la zona de inspección.
59. En los casos en que se haya
pedido al Estado Parte inspeccionado, de conformidad con el apartado e) del
párrafo 43 o durante la inspección, que facilite equipo al grupo de inspección
para su utilización en la zona de inspección, el Estado Parte inspeccionado
satisfará la solicitud en la medida que le sea posible.
60. Entre los derechos y
obligaciones del grupo de inspección durante la inspección in situ, figurarán:
a) El derecho a determinar la
forma en que deba realizarse la inspección, de conformidad con el mandato de
inspección y teniendo en cuenta las medidas que hubiera podido adoptar el
Estado Parte inspeccionado con arreglo a las disposiciones relativas al acceso
controlado;
b) El derecho a modificar el
plan de inspección, según sea necesario, para garantizar la eficaz realización
de la inspección;
c) La obligación de tener en
cuenta las recomendaciones y modificaciones sugeridas por el Estado Parte
inspeccionado respecto del plan de inspección;
d) El derecho a solicitar
aclaraciones en relación con las ambigüedades que puedan surgir durante la
inspección;
e) La obligación de utilizar
solamente las técnicas especificadas en el párrafo 69 y de abstenerse de
actividades que no guarden relación con el propósito de la inspección. El grupo
obtendrá y documentará los hechos que estén relacionados con el propósito de la
inspección, pero no tratará de documentar la información que claramente no
guarde relación con ello. Todo material obtenido y que ulteriormente pueda
considerarse sin pertinencia, será devuelto al Estado Parte inspeccionado;
f) La obligación de tener en
cuenta y de incluir en sus informes los datos y las explicaciones acerca del
carácter del fenómeno que haya motivado la solicitud facilitados por el Estado
Parte inspeccionado y procedentes de las redes nacionales de vigilancia de ese
Estado y de otras fuentes;
g) La obligación de facilitar
al Estado Parte inspeccionado, a solicitud suya, ejemplares de la información y
de los datos obtenidos en la zona de inspección; y
h) La obligación de respetar la
confidencialidad y los reglamentos de seguridad y sanidad del Estado Parte
inspeccionado.
61. Entre los derechos y
obligaciones del Estado Parte inspeccionado durante la inspección in situ,
figurarán:
a) El derecho a formular
recomendaciones en cualquier momento al grupo de inspección respecto de una
posible modificación del plan de inspección;
b) El derecho y la obligación
de asignar un representante de enlace con el grupo de inspección;
c) El derecho a que
representantes suyos acompañen al grupo de inspección durante el desempeño de
sus tareas y observen todas las actividades de inspección realizadas por el
grupo. Esto no demorará o dificultará de otro modo en el ejercicio de las
funciones del grupo de inspección;
d) El derecho a facilitar
información suplementaria y a pedir que se obtengan y documenten nuevos datos
que considere pertinentes para la inspección;
e) El derecho de examinar todos
los productos fotográficos y de medición, así como las muestras y a quedarse
con cualesquiera fotografías o partes de éstas que muestren lugares sensibles
no relacionados con el propósito de la inspección. El Estado Parte
inspeccionado tendrá derecho a recibir duplicados de todos los productos
fotográficos y de medición. El Estado Parte inspeccionado tendrá el derecho de
quedarse con los originales fotográficos y productos fotográficos de primera
generación y de precintar bajo sello conjunto las fotografías o partes de ellas
dentro de su territorio. El Estado Parte inspeccionado tendrá el derecho de
proporcionar su propio fotógrafo para que tome las fotografías fijas o los
videos que solicite el grupo de inspección. De no ser así, esas funciones serán
realizadas por miembros del grupo de inspección;
f) El derecho a proporcionar al
grupo de inspección datos y explicaciones sobre el carácter del fenómeno que
haya motivado la solicitud procedentes de sus redes nacionales de vigilancia y
de otras fuentes; y
g) La obligación de ofrecer al
grupo de inspección las aclaraciones que necesite para resolver cualquier
ambigüedad que pudiera surgir durante la inspección.
Comunicaciones
62. Durante la inspección in
situ, los miembros del grupo de inspección tendrán derecho en todo momento a
comunicarse entre sí y con la Secretaría Técnica. A tal efecto, podrán utilizar
su propio equipo debidamente aprobado y homologado, con el consentimiento del
Estado Parte inspeccionado, en la medida en que éste no les facilite acceso a
otros medios de telecomunicación.
Observador
63. De conformidad con lo
dispuesto en el párrafo 61 del artículo IV, el Estado Parte solicitante se mantendrá
en contacto con la Secretaría Técnica para coordinar la llegada del observador
al mismo punto de entrada o punto de base que el grupo de inspección dentro de
un plazo razonable a partir de la llegada del grupo de inspección.
64. El observador tendrá
derecho durante todo el período de inspección a estar en comunicación con la
embajada que el Estado Parte solicitante tenga en el Estado Parte inspeccionado
o, de no haberla, con el propio Estado Parte solicitante.
65. El observador tendrá
derecho a personarse en la zona de inspección y a tener acceso a ella según lo
haya concedido el Estado Parte inspeccionado.
66. El observador tendrá el
derecho de formular recomendaciones al grupo de inspección durante toda la
inspección.
67. El grupo de inspección
mantendrá informado al observador acerca de la realización de la inspección y
de sus conclusiones durante toda la inspección.
68. El Estado Parte
inspeccionado proporcionará o dispondrá los servicios necesarios para el
observador, análogos a los que disfruta el grupo de inspección según se
describen en el párrafo 11, durante todo el período de inspección. Todos los
gastos relacionados con la estancia del observador en el territorio del Estado
Parte inspeccionado serán sufragados por el Estado Parte solicitante.
Actividades y técnicas de
inspección
69. Se podrán realizar las
actividades de inspección y utilizar las técnicas siguientes, de conformidad
con las disposiciones relativas al acceso controlado, la obtención,
manipulación y análisis de muestras y los sobrevuelos:
a) Determinación de la posición
desde el aire y en la superficie para confirmar los límites de la zona de
inspección y establecer coordenadas de emplazamientos situados en ella, en
apoyo de las actividades de inspección;
b) Observación visual y
obtención de imágenes de video y fotográficas y multiespectrales, incluidas
mediciones por rayos infrarrojos, en la superficie y debajo de ella y desde el
aire para buscar anomalías o artefactos;
c) Medición de los niveles de
radiación por encima de la superficie, en ella y debajo de ella, sirviéndose de
la vigilancia de las radiaciones gamma y del análisis de resolución energética
desde el aire, en la superficie o debajo de ella, para buscar e identificar
anomalías de radiación;
d) Obtención de muestras del
medio ambiente y análisis de sólidos, líquidos y gases por encima de la zona,
en la superficie y debajo de ella para detectar anomalías;
e) Vigilancia sismológica
pasiva de las réplicas para localizar la zona de búsqueda y facilitar la
determinación del carácter del fenómeno;
f) Sismometría de resonancia y
levantamientos sismológicos activos para buscar y localizar anomalías
subterráneas, incluidas cavidades y escombreras;
g) Planimetría magnética y
gravitatoria, radar de penetración en el suelo y mediciones de la conductividad
eléctrica en la superficie y desde el aire, según proceda, para detectar
anomalías o artefactos; y
h) Perforaciones para obtener
muestras radiactivas.
70. Hasta 25 días después de la
aprobación de la inspección in situ de conformidad con el párrafo 46 del
artículo IV, el grupo de inspección tendrá el derecho de realizar cualquiera de
las actividades y de utilizar cualquiera de las técnicas enumeradas en los
apartados a) a e) del párrafo 69. Tras la aprobación de la continuación de la
inspección de conformidad con el párrafo 47 del artículo IV, el grupo de
inspección tendrá el derecho de realizar cualquiera de las actividades y de
utilizar cualquiera de las técnicas enumeradas en los apartados a) a g) del
párrafo 69. El grupo de inspección solamente realizará perforaciones con la
aprobación del Consejo Ejecutivo, de conformidad con el párrafo 48 del artículo
IV. En caso de que el grupo de inspección solicite una prórroga de la duración
de la inspección de conformidad con el párrafo 49 del artículo IV, indicará en
su solicitud las actividades y técnicas enumeradas en el párrafo 69 que se
propone realizar o utilizar a fin de poder cumplir su mandato.
Sobrevuelos
71. El grupo de inspección
tendrá el derecho de realizar un sobrevuelo de la zona de inspección durante la
inspección in situ para proporcionar al grupo de inspección una orientación
general de la zona de inspección, reducir y determinar el emplazamiento más
favorable para la inspección basada en tierra y facilitar la obtención de
pruebas fácticas, utilizando el equipo especificado en el párrafo 79.
72. El sobrevuelo se realizará
lo antes posible. La duración total del sobrevuelo no excederá de 12 horas.
73. Se podrán efectuar
ulteriores sobrevuelos, utilizando el equipo especificado en los párrafos 79 y
80, con el asentimiento del Estado Parte inspeccionado.
74. La zona que vaya a ser
sobrevolada no rebasará los límites de la zona de inspección.
75. El Estado Parte
inspeccionado tendrá el derecho de imponer restricciones o, en casos
excepcionales y razonablemente justificados, prohibiciones a los sobrevuelos de
las zonas sensibles que no estén relacionadas con los propósitos de la
inspección. Las restricciones podrán concernir a la altitud de vuelo, el número
de pasadas y de vuelos en círculo, la duración del tiempo de permanencia
inmóvil en el aire, el tipo de aeronave, el número de inspectores a bordo y el
tipo de mediciones y observaciones. Si el grupo de inspección considera que las
restricciones o prohibiciones al sobrevuelo de zonas sensibles pueden
obstaculizar el desempeño de su mandato, el Estado Parte inspeccionado hará
todo cuanto sea razonable para ofrecer otros medios de inspección.
76. Los sobrevuelos se
realizarán con arreglo a un plan de vuelo debidamente presentado y aprobado de
conformidad con las normas y reglamentos de aviación del Estado Parte
inspeccionado. Durante todas las operaciones de vuelo se observarán
estrictamente los reglamentos de seguridad en vuelo del Estado Parte
inspeccionado.
77. Como norma general, durante
los sobrevuelos solamente se autorizará el aterrizaje a los fines de descanso o
para repostar.
78. Los sobrevuelos se
realizarán a las altitudes solicitadas por el grupo de inspección que sean
compatibles con las actividades que hayan de realizarse y las condiciones de
visibilidad, así como los reglamentos de aviación y de seguridad del Estado
Parte inspeccionado y su derecho a proteger información sensible no relacionada
con los propósitos de la inspección. Los sobrevuelos se realizarán a una altura
máxima de 1.500 m sobre la superficie.
79. Pa ra los sobrevuelos que
se realicen de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 71 y 72, se podrá
utilizar a bordo de la aeronave el siguiente equipo:
a) Prismáticos;
b Equipo de determinación
pasiva de la localización;
c) Videocámaras; y
d) Cámaras de foto fija
manuales.
80. Para cualquier sobrevuelo
adicional que se realice de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 73, los
inspectores que estén a bordo de la aeronave podrán utilizar también equipo
portátil y de instalación fácil para:
a) Obtención de imágenes
multiespectrales (incluso de infrarrojos);
b) Espectroscopia de rayos
gamma; y
c) Planimetría magnética.
81. Los sobrevuelos se realizarán
con una aeronave relativamente lenta de ala fija o rotatoria. La aeronave
deberá ofrecer una vista amplia y sin obstrucción de la superficie.
82. El Estado Parte
inspeccionado tendrá el derecho de proporcionar su propia aeronave equipada
previamente de la manera adecuada, de conformidad con las exigencias técnicas
del Manual de Operaciones pertinente y su tripulación. De no ser así, la
Secretaría Técnica proporcionará o fletará la aeronave.
83. En caso de que la
Secretaría Técnica proporcione o flete la aeronave, el Estado Parte
inspeccionado tendrá el derecho de comprobar la aeronave para asegurarse que
esté provista del equipo de inspección aprobado. Esa comprobación deberá
concluirse dentro del plazo especificado en el párrafo 57.
84. El personal a bordo de la
aeronave estará integrado por:
a) El número mínimo de
tripulantes compatible con la operación segura de la aeronave;
b) Hasta cuatro miembros del
grupo de inspección;
c) Hasta dos representantes del
Estado Parte inspeccionado;
d) Un observador, de haberlo, a
reserva de la autorización del Estado Parte inspeccionado; y
e) Un intérprete, en caso
necesario.
85. Los procedimientos para
llevar a cabo los sobrevuelos se detallarán en el Manual de Operaciones para
las inspecciones in situ.
Acceso controlado
86. El grupo de inspección
tendrá el derecho de acceder a la zona de inspección de conformidad con las
disposiciones del Tratado y del presente Protocolo.
87. El Estado Parte
inspeccionado proporcionará acceso a la zona de inspección de conformidad con
los plazos especificados en el párrafo 57.
88. De conformidad con el
párrafo 57 del artículo IV y el párrafo 86 supra, entre los derechos y
obligaciones del Estado Parte inspeccionado figurarán:
a) El derecho a tomar medidas
para proteger las instalaciones y emplazamientos sensibles de conformidad con
el presente Protocolo;
b) La obligación de hacer todo
esfuerzo razonable para satisfacer las exigencias del mandato de inspección por
otros medios cuando se limite el acceso dentro de la zona de inspección. La
solución de las cuestiones que pudieran plantearse respecto de uno o más
aspectos de la inspección no demorará la realización de otros aspectos de la
inspección por el grupo ni se injerirá en ellas; y
c) El derecho a adoptar la
decisión final respecto de cualquier acceso del grupo de inspección, teniendo
en cuenta sus obligaciones en virtud del presente Tratado y las disposiciones
sobre el acceso controlado.
89. De conformidad con el
apartado b) del párrafo 57 del artículo IV y el apartado a) del párrafo 88
supra, el Estado Parte inspeccionado tendrá derecho de adoptar medidas en toda
la zona de inspección para proteger las instalaciones y emplazamientos
sensibles y para impedir que se divulgue información confidencial que no esté
relacionada con el propósito de la inspección. Entre esas medidas podrán
figurar:
a) Recubrimiento de
presentaciones visuales, material y equipo sensibles;
b) Limitación de las mediciones
de la actividad de radionúclidos y la radiación nuclear a la comprobación de la
presencia o ausencia de los tipos y energías de radiación pertinentes para el
propósito de la inspección;
c) Limitación de la toma o el
análisis de muestras a la comprobación de la presencia o ausencia de productos
radiactivos y otros productos pertinentes para el propósito de la inspección;
d) Control del acceso a los
edificios y otras estructuras de conformidad con lo dispuesto en los párrafos
90 y 91; y
e) Declaración de lugares de
acceso limitado de conformidad con los párrafos 92 a 96.
90. Se aplazará el acceso a los
edificios y otras estructuras hasta que se haya aprobado la continuación de la
inspección in situ de conformidad con el párrafo 47 del artículo IV, salvo el
acceso a los edificios y otras estructuras que alberguen la entrada a una mina,
otras excavaciones o cavernas de gran volumen a las que no se pueda acceder de
otra forma. En relación con esos edificios y estructuras, el grupo de
inspección solamente tendrá derecho de tránsito, según lo disponga el Estado
Parte inspeccionado, a fin de entrar en esas minas, cavernas u otras
excavaciones.
91. Si, una vez aprobada la
continuación de la inspección de conformidad con el párrafo 47 del artículo IV,
el grupo de inspección demuestra de forma verosímil al Estado Parte
inspeccionado que el acceso a los edificios y otras estructuras es necesario
para cumplir el mandato de inspección y que las actividades necesarias
autorizadas en el mandato no pueden realizarse desde el exterior, el grupo de
inspección tendrá derecho de acceso a esos edificios y otras estructuras. El
jefe del grupo de inspección solicitará acceso a un edificio o estructura
específico indicando la finalidad de ese acceso, el número de inspectores y las
actividades previstas. Las modalidades de acceso serán objeto de negociación
entre el grupo de inspección y el Estado Parte inspeccionado. El Estado Parte
inspeccionado tendrá el derecho de imponer restricciones o, en casos
excepcionales y con una justificación razonable, prohibiciones al acceso a
edificios y otras estructuras.
92. Cuando se declaren zonas de
acceso restringido de conformidad con el apartado e) del párrafo 89, ninguna de
ellas podrá tener más de 4 km2. El Estado Parte inspeccionado tendrá el derecho
de declarar hasta 50 km2 de zonas de acceso restringido. Si se declara más de
una zona de acceso restringido, cada una de ellas estará separada de las demás
por una distancia mínima de 20 m. Cada zona de acceso restringido tendrá
límites claramente definidos y accesibles.
93. Se comunicará al jefe del
grupo de inspección la superficie, la ubicación y los límites de las zonas de
acceso restringido no más tarde del momento en que el grupo de inspección
solicite acceso a un emplazamiento que incluya la totalidad o par te de esa zona
de acceso restringido.
94. El grupo de inspección
tendrá el derecho de emplazar equipo y adoptar otras medidas necesarias para
realizar la inspección hasta el límite de una zona de acceso restringido.
95. Se permitirá al grupo de
inspección que observe visualmente todas las zonas abiertas dentro de la zona
de acceso restringido desde el límite de esa zona.
96. El grupo de inspección hará
todo cuanto sea razonable para cumplir el mandato de inspección fuera de las
zonas que hayan sido declaradas de acceso restringido antes de solicitar acceso
a ellas. Si, en cualquier momento, el grupo de inspección demuestra de forma
verosímil al Estado Parte inspeccionado que las actividades necesarias
autorizadas en el mandato no podrían llevarse a cabo desde el exterior y que es
necesario el acceso a las zonas de acceso restringido para cumplir el mandato,
se concederá acceso a algunos miembros del grupo de inspección para realizar
tareas específicas dentro de la zona. El Estado Parte inspeccionado tendrá el
derecho de recubrir o proteger de otro modo equipo, objetos y materiales
sensibles que no estén relacionados con el propósito de la inspección. El
número de inspectores se mantendrá al mínimo necesario para llevar a término
las tareas relacionadas con la inspección. Las modalidades de ese acceso serán
objeto de negociación entre el grupo de inspección y el Estado Parte
inspeccionado.
Obtención, manipulación y
análisis de muestras
97. A reserva de lo dispuesto
en los párrafos 86 a 96 y 98 a 100, el grupo de inspección tendrá el derecho de
obtener muestras pertinentes en la zona de inspección y sacarlas de ella.
98. Siempre que sea posible, el
grupo de inspección analizará las muestras in situ. El Estado Parte
inspeccionado tendrá derecho a que representantes suyos presencien el análisis
de las muestras in situ. A petición del grupo de inspección, el Estado Parte
inspeccionado, de conformidad con procedimientos convenidos, prestará
asistencia para el análisis de muestras in situ. El grupo de inspección tendrá
el derecho de transferir muestras para que sean analizadas fuera de la zona de
inspección en laboratorios designados por la Organización únicamente si
demuestra que el análisis de muestras necesario no puede realizarse in situ.
99. El Estado Parte
inspeccionado tendrá derecho a conservar porciones de todas las muestras
obtenidas cuando se analicen dichas muestras y podrá tomar duplicados de las
muestras.
100. El Estado Parte
inspeccionado tendrá derecho a pedir que se le devuelvan todas las muestras no
utilizadas o porciones de ellas.
101. Los laboratorios
designados realizarán los análisis químicos y físicos de las muestras enviadas
para su análisis fuera de la zona de inspección. Los detalles para esos
análisis se expondrán en el Manual de Operaciones para inspecciones in situ.
102. El Director General tendrá
la responsabilidad principal de garantizar la seguridad, la integridad y la
conservación de las muestras, así como de asegurar la confidencialidad de las
muestras transferidas para su análisis fuera de la zona de inspección. El
Director General así lo hará de conformidad con los procedimientos contenidos
en el Manual de Operaciones para las inspecciones in situ. En todo caso, el
Director General:
a) Establecerá un régimen
estricto para la obtención, manipulación, transporte y análisis de las
muestras;
b) Homologará los laboratorios
designados para realizar diferentes tipos de análisis;
c) Supervisará la normalización
del equipo y los procedimientos en los laboratorios designados y del equipo
analítico móvil y los procedimientos;
d) Supervisará el control de
calidad y las normas generales en relación con la homologación de esos
laboratorios y con el equipo móvil y los procedimientos, y
e) Elegirá entre los
laboratorios designados los que hayan de realizar funciones analíticas o de
otra índole en relación con investigaciones concretas.
103. Cuando sea necesario
realizar análisis fuera de la zona de inspección, las muestras serán analizadas
por lo menos en dos laboratorios designados. La Secretaría Técnica garantizará
el rápido desarrollo de los análisis. La Secretaría Técnica será responsable de
las muestras y toda muestra no utilizada o porciones de ella se devolverán a la
Secretaría Técnica.
104. La Secretaría Técnica
recopilará los resultados de los análisis de las muestras efectuados en
laboratorios que guarden relación con el propósito de la inspección. De
conformidad con el párrafo 63 del artículo IV el Director General transmitirá
prontamente esos resultados al Estado Parte inspeccionado para que éste formule
observaciones y seguidamente al Consejo Ejecutivo y a todos los demás Estados
Partes e incluirá información detallada respecto del equipo y los métodos
utilizados por los laboratorios designados.
Realización de inspecciones en
las zonas no sometidas a la jurisdicción o control de ningún Estado
105. En el caso de una
inspección in situ en una zona que no esté sometida a la jurisdicción o control
de ningún Estado, el Director General consultará a los Estados Partes
interesados a fin de convenir los puntos de tránsito y base para fa cilitar la
rápida llegada del grupo de inspección a la zona de inspección.
106. Los Estados Partes en cuyo
territorio estén situados los puntos de tránsito y base contribuirán, en la
medida de lo posible, a facilitar la inspección, incluido el transporte del
grupo de inspección, su equipaje y equipo a la zona de inspección y
proporcionarán también los servicios correspondientes especificados en el
párrafo 11. La Organización reembolsará a los Estados Partes que presten asistencia
todos los gastos en que hayan incurrido.
107. A reserva de la aprobación
del Consejo Ejecutivo, el Director General podrá negociar arreglos permanentes
con los Estados Partes para proporcionar asistencia en el caso de una
inspección in situ en una zona que no esté sometida a la jurisdicción o control
de ningún Estado.
108. En el caso de que uno o
más Estados hayan realizado una investigación de un fenómeno ambiguo en una
zona no sometida a la jurisdicción o control de ningún Estado antes de que se
haya formulado una solicitud de inspección in situ en dicha zona, el Consejo
Ejecutivo podrá tener en cuenta los resultados de esa investigación en las
deliberaciones a que proceda de conformidad con el artículo IV.
Procedimientos posteriores a la
inspección
109. Una vez finalizada la
inspección, el grupo de inspección se reunirá con el representante del Estado
Parte inspeccionado para examinar las conclusiones preliminares del grupo de
inspección y aclarar cualquier ambigüedad. El grupo de inspección proporcionará
por escrito al representante del Estado Parte inspeccionado sus conclusiones
preliminares redactadas según un formato normalizado, junto con una lista de
muestras y cualquier otro material que hubiera tomado de la zona de inspección
de conformidad con el párrafo 98. El jefe del grupo de inspección firmará ese
documento. Para indicar que ha tomado conocimiento de su contenido, el
representante del Estado Parte inspeccionado firmará a su vez el documento. La
reunión concluirá, a más tardar, 24 horas después de que haya finalizado la
inspección.
Partida
110. Una vez concluidos los
procedimientos posteriores a la inspección, el grupo de inspección y el
observador saldrán tan pronto como sea posible del territorio del Estado Parte
inspeccionado. El Estado Parte inspeccionado hará cuanto esté a su alcance para
ofrecer asistencia y garantizar el traslado del grupo de inspección, el equipo
y los equipajes hasta el punto de salida en condiciones de seguridad. A menos
que el Estado Parte inspeccionado y el grupo de inspección acuerden otra cosa,
se utilizará para la salida el mismo punto que para la entrada.
PARTE
III. MEDIDAS DE FOMENTO DE LA CONFIANZA.
1. De conformidad con el
párrafo 68 del artículo IV, cada Estado Parte notificará de manera voluntaria a
la Secretaría Técnica cualquier explosión química en la que se utilicen 300 o
más toneladas de material explosivo equivalente de TNT, detonado en una sola
explosión en cualquier lugar de su territorio o en cualquier lugar sometido a
su jurisdicción o control. De ser posible, esa notificación se hará con
antelación. La notificación deberá incluir particulares completos sobre la
localización, el momento, la cantidad y el tipo de explosivo utilizado y sobre
la configuración y finalidad prevista de la explosión.
2. Cada Estado Parte, de manera
voluntaria y tan pronto como sea posible después de la entrada en vigor del
presente Tratado, proporcionará a la Secretaría Técnica info rmación
relacionada con la utilización nacional de todas las demás explosiones químicas
de potencia superior a 300 toneladas de equivalente de TNT y actualizará
posteriormente esa información a intervalos anuales. En especial, el Estado
Parte se esforzará por comunicar:
a) La localización geográfica
de los emplazamientos en que se originen las explosiones;
b) La naturaleza de las
actividades que producen esas explosiones y el perfil general y la frecuencia
de éstas;
c) Cualquier otro particular
pertinente, de disponerse de él, y
d) Por ayudar a la Secretaría
Técnica a aclarar los orígenes de cualquier fenómeno de ese tipo que pudiera
detectar el Sistema Internacional de Vigilancia.
3. De manera voluntaria y según
arreglos mutuamente aceptables, el Estado Parte podrá invitar a representantes
de la Secretaría Técnica o de otros Estados Partes a que visiten los
emplazamientos situados en su territorio a que se hace referencia en los
párrafos 1 y 2.
4. A los fines de calibrar el
Sistema Internacional de Vigilancia, los Estados Partes podrán ponerse en
contacto con la Secretaría Técnica para llevar a cabo explosiones químicas de
calibración o para proporcionar la información pertinente sobre las explosiones
químicas previstas con otros fines.
ANEXO 1 AL PROTOCOLO
Cuadro 1-A
Lista de estaciones
sismológicas que constituyen la red primaria
Estado encargado
de la estación Emplazamiento
Latitud Longitud Tipo
1. Argentina PLCA 40,7 S 70,6 O
3-C
Paso Flores 2. Australia WRAO
19,9 S 134,3 E Complejo
Warramunga, NT
3. Australia ASAR 23,7 S 133,9
E Complejo
Alice Springs, NT
4. Australia STKA 31,9 S 141,6
E 3-C Stephens Creek, SA
5. Australia MAW 67,6 S 62,9 E
3-C
Mawson, Antártida
6. Bolivia LPAZ 16,3 S 68,1 O
3-C La Paz 7. Brasil BDFB 15,6 S 48,0 O 3-C
Brasilia 8. Canadá ULMC 50,2 N
95,9 O 3-C
Lac du Bonnet, Han.
9. Canadá YKAC 62,5 N 114,6 O
Complejo
Yellowknife, N.W.T.
10. Canadá SCH 54,8 N 66,8 O
3-C
Schefferville,
Quebec
11. República BGCA 05,2 N 18,4
E 3-C
Centroafricana Bangui
12. China HAI 49,3 N 119,7 E
3-C >
Hailar Complejo
13. China LZH 36,1 N 103,8 E
3-C >
Lanzhou Complejo 14. Colombia
XSA 04,9 N 74,3 O 3-C El Rosal 15. Côte d'Ivoire DBIC 06,7 N 04,9 O 3-C
Dimbroko 16. Egipto LXEG 26,0 N
33,0 E Complejo
Luxor 17. Finlandia FINES 61,4
N 26,1 E Complejo Lahti 18. Francia PPT 17,6 S 149,6 O 3-C Tahití
Estado encargado
de la estación Emplazamiento
Latitud Longitud Tipo
19. Alemania GEC2 48,9 N 13,7 E
Complejo Freyung 20. Por determinar Por determinar Por Por Por determinar
determinar determinar
21. Irán (República THR 35,8 N
51,4 E 3-C islámica del) Teherán 22. Japón MJAR 36,5 N 138,2 E Complejo
Matsushiro 23. Kazakstán MAK 46,8 N 82,0 E Complejo Makanchi 24. Kenya KMBO
01,1 S 37,2 E 3-C Kilimambogo 25. Mongolia JAVM 48,0 N 106,8 E 3-C >
Javhlant Complejo 26. Níger Nuevo Por Por 3-C >
emplazamiento determinar
determinar Complejo
27. Noruega NAO 60,8 N 10,8 E
Complejo Hamar 28. Noruega ARAO 69,5 N 25,5 E Complejo Karasjok 29. Pakistán
PRPK 33,7 N 73,3 E Complejo Pari 30. Paraguay CPUP 26,3 S 57,3 O 3-C Villa
Florida 31. República de KSRS 37,5 N 127,9 E Complejo Corea Wonju 32.
Federación de KBZ 43,7 N 42,9 E 3-C Rusia Khabaz 33. Federación de ZALR 53,9 N
84,8 E 3-C > Rusia Zalesovo Complejo. 34. Federación de NRI 69,0 N 88,0 E
3-C Rusia Norilsk 35. Federación de PDY 59,6 N 112,6 E 3-C > Rusia Peleduy
Complejo
36. Federación de PET 53,1 N
157,8 E 3-C > Rusia Petropavlosk- Complejo Kamchatka 37. Federación de USK
44,2 N 132,0 E 3-C > Rusia Ussuriysk Complejo 38. Arabia Saudita Nuevo Por
Por Complejo
emplazamiento determinar
determinar 39. Sudáfrica BOSA 28,6 S 25,6 E 3-C Boshof 40. España ESDC 39,7 N
04,0 O Complejo Sonseca 41. Tailandia CMTO 18,8 N 99,0 E Complejo Chiang Mai
42. Túnez THA 35,6 N 08,7 E 3-C Thala 43. Turquía BRTR 39,9 N 32,8 E complejo
Belbashi El complejo será reinstalado en Keskin 44. Turkmenistán GEYT 37,9 N
58,1 E Complejo Alibeck 45. Ucrania AKASG 50,4 N 29,1 E Complejo Malin 46.
Estados Unidos LJTX 29,3 N 103,7 O Complejo de América Lajitas, TX 47. Estados
Unidos MNV 38,4 N 118,2 O Complejo de América Mina, NV 48. Estados Unidos PIWY
42,8 N 109,6 O Complejo de América Pinedale, WY 49. Estados Unidos ELAK 64,8 N
146,9 O Complejo de América Eilson, AK 50. Estados Unidos VNDA 77,5 S 161,9 E
3-C de América Vanda, Antártida
Clave: 3-C > complejo:
Indica que las instalaciones pueden comenzar a funcionar en el Sistema
Internacional de Vigilancia en calidad de estación de tres componentes que
deberá ser convertida ulteriormente en complejo.
Cuadro 1-B
Lista de estaciones
sismológicas que constituyen la red auxiliar
Estado encargado
de la estación Emplazamiento
Latitud Longitud Tipo
1. Argentina CFA 31,6 S 68,2 O
3-C Coronel Fontana 2. Argentina USHA 55,0 S 68,0 O 3-C Ushuaia 3. Armenia GNI
40,1 N 44,7 E 3-C Garni 4. Australia CTA 20,1 S 146,3 E 3-C Charters Towers,
QLD 5. Australia FITZ 18,1 S 125,6 E 3-C Fitzroy Crossing, WA 6. Australia NWAO
32,9 S 117,2 E 3-C Narrogin, WA 7. Bangladesh CHT 22,4 N 91,8 E 3-C Chittagong
8. Bolivia SIV 16,0 S 61,1 O 3-C San Ignacio 9. Botswana LBTB 25,0 S 25,6 E 3-C
Lobatse 10. Brasil PTGA 07,0 S 60,0 O 3-C Pitinga 11. Brasil RGNB 6,9 S 37,0 O
3-C Rio Grande do Norte 12. Canadá FPB 63,7 N 68,5 O 3-C Iqaluit, N.W.T. 13.
Canadá DLBC 58,4 N 130,0 O 3-C Dease Lake, B.C. 14. Canadá SADO 44,8 N 79,1 O
3-C Sadowa, Ont. 15. Canadá BBB 52,2 N 128,1 O 3-C Bella Bella, B.C. 16. Canadá
MBC 76,2 N 119,4 O 3-C Mould Bay, N.W.T. 17. Canadá INK 68,3 N 133,5 O 3-C
Inuvik, N.W.T. 18. Chile RPN 27,2 S 109,4 O 3-C Isla de Pascua 19. Chile LVC
22,6 S 68,9 O 3-C Limón Verde 20. China BJT 40,0 N 116,2 E 3-C Baijiatuan 21.
China KMI 25,2 N 102,8 E 3-C Kunming 22. China SSE 31,1 N 121,2 E 3-C Shesan
23. China XAN 34,0 N 108,9 E 3-C Xi'an 24. Islas Cook RAR 21,2 S 159,8 O 3-C
Rarotonga 25. Costa Rica JTS 10,3 N 85,0 O 3-C Las Juntas de Abangares 26.
República Checa VRAC 49,3 N 16,6 E 3-C Vranov 27. Dinamarca SFJ 67,0 N 50,6 O
3-C Sondre Stromfjord, Groenlandia 28. Djibouti ATD 11,5 N 42,9 E 3-C Arta
Tunnel 29. Egipto KEG 29,9 N 31,8 E 3-C Kottamya 30. Etiopía FURI 8,9 N 38,7 E
3-C Furi 31. Fiji MSVF 17,8 S 178,1 E 3-C Monasavu, Viti
Levu 32. Francia NOUC 22,1 S
166,3 E 3-C Port Laguerre, Nueva Caledonia
Estado encargado
de la estación Emplazamiento
Latitud Longitud Tipo
33. Francia KOG 5,2 N 52,7 O
3-C Kourou, Guyana Francesa 34. Gabón BAMB 1,7 S 13,6 E 3-C Bambay 35.
Alemania/ –- 70,6 S 8,4 O 3-C Sudáfrica Estación SANAE, Antártida 36. Grecia
IDI 35,3 N 24,9 E 3-C Anogia, Creta 37. Guatemala RDG 15,0 N 90,5 O 3-C Rabir
38. Islandia BORG 64,8 N 21,3 O 3-C Borgarnes 39. Por determinar Por Por Por
Por determinar determinar determinar determinar 40. Indonesia PACI 6,5 S 107,0
E 3-C
Cibinong, Jawa Barat 41.
Indonesia JAY 2,5 S 140,7 E 3-C
Jayapura, Irian Jaya 42. Indonesia
SWI 0,9 S 131,3 E 3-C Sorong, Irian Jaya 43. Indonesia PSI 2,7 N 98,9 E 3-C
Parapat, Sumatra 44. Indonesia KAPI 5,0 S 119,8 E 3-C
Kappang, Sulawesi Selatan 45.
Indonesia KUG 10,2 S 123,6 E 3-C Kupang,
Nusatenggara Timor 46. Irán
(República KRM 30,3 N 57,1 E 3-C Islámica del) Kerman 47. Irán (República MSN
31,9 N 49,3 E Islámica del) Masjed-Solayman 48. Israel MBH 29,8 N 34,9 E 3-C
Eilath 49. Israel PARD 32,6 N 35,3 E Complejo Parod 50. Italia ENAS 37,5 N 14,3
E 3-C Enna, Sicilia 51. Japón JNU 33,1 N 130,9 E 3-C Ohita, Kyushu 52. Japón
Jow 26,8 N 128,3 E 3-C Kunigami, Okinawa 53. Japón JHJ 33,1 N 139,8 E 3-C
Hachijojima, Isla de Izu 54. Japón JKA 44,1 N 142,6 E 3-C Kamikawa-asahi,
Hokkaido 55. Japón JCJ 27,1 N 142,2 E 3-C Chichijima,
Ogasawara 50. Jordania –- 32,5
N 37,6 E 3-C Ashqof 57. Kazakstán BRVK 53,1 N 70,3 E Complejo Borovoye 58.
Kazakstán KURK 50,7 N 78,6 E Complejo Kurchatov 59. Kazakstán AKTO 50,4 N 58,0
E 3-C Aktyubinsk 60. Kirguistán AAK 42,6 N 74,5 E 3-C Ala-Archa 61. Madagascar
TAN 18,9 S 47,6 E 3-C Antananarivo 62. Malí KOWA 14,5 N 4,0 O 3-C Kowa 63.
México TEYM 20,2 N 88,3 O 3-C Tepich, Yucatán
Estado encargado
de la estación Emplazamiento
Latitud Longitud Tipo
64. México TUVM 18,0 N 94,4 O
3-C Tuzandepeti,
Veracruz 65. México LPBM 24,2 N
110,2 O 3-C La Paz, Baja California Sur 66. Marruecos MDT 32,8 N 4,6 O 3-C
Midelt 67. Namibia TSUM 19,1 S 17,4 E 3-C Tesumeb 68. Nepal EVN 28,0 N 86,8 E
3-C Everest 69. Nueva Zelandia EWZ 43,5 S 170,9 E 3-C Erewhon, Isla
South
70. Nueva Zelandia RAO 29,2 S
177,9 O 3-C Isla Raoul
71. Nueva Zelandia URZ 38,3 S
177,1 E 3-C Urewera, Isla
North
72. Noruega SPITS 78,2 N 16,4 E
Complejo Spitsbergen
73. Noruega JMI 70,9 N 8,7 O
3-C Jan Mayen
74. Omán WSAR 23,0 N 58,0 E 3-C
Wadi Sarin 75. Papua Nueva PMG 9,4 S 147,2 E 3-C Guinea Port Moresby 76. Papua
Nueva BIAL 5,3 S 151,1 E 3-C Guinea Bialla 77. Perú CAJP 7,0 S 78,0 O 3-C
Cajamarca
78. Perú NNA 12,0 S 76,8 O 3-C
Nana
79. Filipinas DAV 7,1 N 125,6 E
S-C Davao, Mindanao
80. Filipinas TGY 14,1 N 120,9
E 3-C Tagaytay, Luzón 81. Rumania MLR 45,5 N 25,9 E 3-C Muntele Rosu 82.
Federación de KIRV 58,6 N 49,4 E 3-C Rusia Kirov 83. Federación de KIVO 44,0 N
42,7 E Complejo Rusia Kislovodsk 84. Federación de OBN 55,1 N 36,6 E 3-C Rusia
Obninsk 85. Federación de ARU 56,4 N 58,6 E 3-C Rusia Arti 86. Federación de
SEY 62,9 N 152,4 E 3-C Rusia Seymchan 87. Federación de TLY 51,7 N 103,6 E 3-C
Rusia Talaya 88. Federación de YAK 62,0 N 129,7 E 3-C Rusia Yakutsk 89.
Federación de URG 51,1 N 132,3 E 3-C Rusia Urgal 90. Federación de BIL 68,0 N
166,4 E 3-C Rusia Bilibino
91. Federación de TIXI 71,6 N
128,9 E 3-C Rusia Tiksi 92. Federación de YSS 47,0 N 142,8 E 3-C Rusia
Yuzhno-Sakhalinsk 93. Federación de MA2 59,6 N 150,8 E 3-C Rusia Magadan 94.
Federación de ZIL 53,9 N 57,0 E 3-C Rusia Zilim 95. Samoa AFI 13,9 S 171,8 O
3-C Afiamalu 96. Arabia Saudita RAYN 23,6 N 45,6 E 3-C Ar Rayn
Estado encargado
de la estación Emplazamiento
Latitud Longitud Tipo
97. Senegal MBO
Mbour 14,4 N 17,0 O 3-C 98.
Islas Salomón HNR
Honiara,
Guadalcanal 9,4 S 160,0 E 3-C
99. Sudáfrica SUR
Sutherland 32,4 S 20,8 E 3-C
100. Sri Lanka COC
Colombo 6,9 N 79,9 E 3-C 101.
Suecia HFS
Hagfors 60,1 N 13,7 E Complejo
102. Suiza DAVOS
Davos 46,8 N 9,8 E 3-C 103.
Uganda MBRU
Mbarara 0,4 S 30,4 E 3-C 104.
Reino Unido EKA
Eskdalemuir 55,3 N 3,2 O
Complejo 105. Estados Unidos GUMO
de América Guam,
Islas Marianas 13,6 N 144,9 E
3-C 106. Estados Unidos PMSA
de América Palmer Station,
Antártida 64,8 S 64,1 O 3-C
107. Estados Unidos TKL
de América Tuckaleechee
Caverns, TN 35,7 N 83,8 O 3-C
108. Estados Unidos PFCA
de América Piñon Flat, CA 33,6
N 116,5 O 3-C 109. Estados Unidos YBH
de América Yreka, CA 41,7 N
122,7 O 3-C 110. Estados Unidos KDC
de América Isla de Kodiak, AK
57,8 N 152,5 O 3-C 111. Estados Unidos ALQ
de América Albuquerque, NM 35,0
N 106,5 O 3-C 112. Estados Unidos ATTU
de América Isla de Attu, AK
52,8 N 172,7 E 3-C 113. Estados Unidos ELK 40,7 N 115,2 O 3-C de América Elko,
NV 114. Estados Unidos SPA 90,0 S – 3-C de América Polo Sur, Antártida 115.
Estados Unidos NEW 48,3 N 117,1 O 3-C de América Newport, WA 116. Estados
Unidos SJG 18,1 N 66,2 O 3-C de América San Juan, PR 117. Venezuela SDV 8,9 N
70,6 O 3-C Santo Domingo 118. Venezuela PCRV 10,2 N 64,6 O 3-C Puerto la Cruz
119. Zambia LSZ 15,3 S 28,2 E 3-C Lusaka 120. Zimbabwe BUL Se Se 3-C Bulawayo
comunicará comunicará
Cuadro 2-A
Lista de estaciones de
radionúclidos
Estado encargado
de la estación Emplazamiento
Latitud Longitud
1. Argentina Buenos Aires 34,0
S 58,0 O 2. Argentina Salta 24,0 S 65,0 O
3. Argentina Bariloche 41,1 S
71,3 O
4. Australia Melbourne, VIC
37,5 S 144,6 E
5. Australia Mawson, Antártida
67,6 S 62,5 E
6. Australia Townsville, QLD
19,2 S 146,8 E
7. Australia Isla Macquarie
54,0 S 159,0 E
8. Australia Islas Cocos 12,0 S
97,0 E
9. Australia Darwin, NT 12,4 S
130,7 E
Estado encargado
de la estación Emplazamiento
Latitud Longitud
10. Australia Perth, WA 31,9 S
116,0 E
11. Brasil Rio de Janeiro 22,5
S 43,1 O
12. Brasil Recife 8,0 S 35,0 O
13. Camerún Douala 4,2 N 9,9 E
14. Canadá Vancouver, B.C. 49,3
N 123,2 O
15. Canadá Resolute, N.W.T.
74,7 N 94,9 O
16. Canadá Yellowknife, N.W.T.
62,5 N 114,5 O
17. Canadá St. John's, N.L.
47,0 N 53,0 O
18. Chile Punta Arenas 53,1 S
70,6 O
19. Chile Hanga Roa, Isla de
Pascua 27,1 S 108,4 O
20. China Beijing 39,8 N 116,2
E
21. China Lanzhou 35,8 N 103,3
E
22. China Guangzhou 23,0 N
113,3 E
23. Islas Cook Rarotonga 21,2 S
159,8 O
24. Ecuador Isla San Cristóbal,
1,0 S 89,2 O
Islas Galápagos
25. Etiopía Filtu 5,5 N 42,7 E
26. Fiji Nadi 18,0 S 177,5 E
27. Francia Papeete, Tahití
17,0 S 150,0 W
28. Francia Point-á-Pitre,
Guadalupe 17,0 N 62,0 O
29. Francia Isla de la Reunión
21,1 S 55,6 E
30. Francia Port-aux-Français,
49,0 S 70,0 E
Kerguelen
31. Francia Cayena, Guyana
Francesa 5,0 N 52,0 O
32. Francia Dumont d'Urville,
66,0 S 140,0 E
Antártida
33. Alemania Schauinsland/Friburgo
47,9 N 7,9 E
34. Islandia Reykjavik 64,4 N
21,9 O
35. Por Por Por Por
determinar determinar
determinar determinar
36. Irán (República
Islámica del) Teherán 35,0 N
52,0 E
37. Japón Okinawa 26,5 N 127,9
E
38. Japón Takasaki, Gunma 36,3
N 139,0 E
39. Kiribati Kiritimati 2,0 N
157,0 O
40. Kuwait Ciudad de Kuwait
29,0 N 48,0 E
41. Libia Misratah 32,5 N 15,0
E
42. Malasia Kuala Lumpur 2,6 N
101,5 E
43. Mauritania Nuakchott 18,0 N
17,0 O
44. México Baja California 28,0
N 113,0 O
45. Mongolia Ulaanbaatar 47,5 N
107,0 E
46. Nueva
Zelandia Isla Chatham 44,0 S
176,0 O 47. Nueva
Zelandia Kaitaia 35,1 S 172,3 E
48. Níger Bilma 18,0 N 13,0 E
49. Noruega Spitsbergen 78,2N
16,4 E
50. Panamá Ciudad de Panamá 8,9
N 79,6 O
51. Papua Nueva
Guinea New Hanover 3,0 S 150,0
E
52. Filipinas Ciudad de Quezón
14,5 N 121,0 E
53. Portugal Ponta Delgada, São
Miguel, Azores 37,4 N 25,4 O
54. Federación
de Rusia Kirov 58,6 N 49,4 E
55. Federación
de Rusia Norilsk 69,0 N 88,0 E
56. Federación
de Rusia Peleduy 59,6 N 112,6 E
57. Federación
de Rusia Bilibino 68,0 N 166,4
E
Estado encargado
de la estación Emplazamiento
Latitud Longitud
58. Federación
de Rusia Ussuriysk 43,7 N 131,9
E
59. Federación
de Rusia Zalesovo 53,9 N 84,8 E
60. Federación Petropavlovsk-
de Rusia Kamchatka 53,1 N 155,8
E
61. Federación
de Rusia Dubna 56,7 N 37,3 E
62. Sudáfrica Isla Marion 46,5
S 37,0 E
63. Suecia Estocolmo 59,4 N
18,0 E
64. Tanzania Dar es Salam 6,0 S
39,0 E
65. Tailandia Bangkok 13,8 N
100,5 E
66. Reino Unido
BIOT/Archipiélago
de Chagos 7,0 S 72,0 E
67. Reino Unido Santa Helena
16,0 S 6,0 O
68. Reino Unido Tristán da
Cunha 37,0 S 12,3 O
69. Reino Unido Halley,
Antártida 76,0 S 28,0 O
70. Estados Unidos
de América Sacramento, CA 38,7
N 121,4 O
71. Estados Unidos
de América Sand Point, AK 55,0
N 160,0 O
72. Estados Unidos Melbourne,
FL 28,3 N 80,6 O de América 73. Estados Unidos Palmer Station,
de América Antártida 64,5 S
64,0 O
74. Estados Unidos Ashland, KS
37,2 N 99,8 O de América
75. Estados Unidos
Charlottesville, VA 38,0 N 78,0 O de América
76. Estados Unidos Salchaket,
AK 64,4 N 147,1 O de América
77. Estados Unidos Isla Wake
19,3 N 166,6 E de América
78. Estados Unidos Isla Midway
28,0 N 177,0 O de América
79. Estados Unidos Oahu, HI
21,5 N 158,0 O de América
80. Estados Unidos Upi, Guam
13,7 N 144,9 E de América
Cuadro 2-B
Lista de laboratorios de
radionúclidos
Estado encargado Nombre y lugar
del laboratorio
del laboratorio
1. Argentina Junta Nacional de
Reglamentación Nuclear
Buenos Aires
2. Australia Australian
Radiation Laboratory
Melbourne, VIC
3. Austria Centro de
Investigación de Austria
Seibersdorf
4. Brasil Instituto de
Protección contra las Radiaciones y Dosimetría
Rio de Janeiro
5. Canadá Health Canadá
Ottawa, Ont.
6. China Beijing
7. Finlandia Centro para las
Radiaciones y la Seguridad Nuclear Helsinki
8. Francia Comisión de Energía
Atómica
Montlhéry
9. Israel Centro de
Investigaciones Nucleares de Soreq Yavne
10. Italia Laboratorio del
Organismo Nacional
para la Protección del Medio
Ambiente
Roma
Estado encargado Nombre y lugar
del laboratorio
del laboratorio
11. Japón Instituto de
Investigaciones de Energía
Atómica del Japón
Tokai, Ibaraki
12. Nueva Zelandia Laboratorio
Nacional de Radiación
Christchurh
13. Federación Servicio
Especial de Verificación
de Rusia del Ministerio de
Defensa
Laboratorio Central de Control
de Radiación
Moscú
14. Sudáfrica Corporación de
Energía Atómica
Pelindaba
15. Reino Unido AWE Blacknest
Chilton
16. Estados Unidos Laboratorios
Centrales de McClellan
de América Sacramento, CA
Cuadro 3
Lista de estaciones
hidroacústicas
Estado encargado
de la estación Emplazamiento
Latitud Longitud Tipo
1. Australia Cabo Leeuwin, WA
34,4 S 115,1 E Hidrófono 2. Canadá Islas Queen Charlotte,
B. C. 53,3 N 133,5 O Fase T 3.
Chile Isla Juan Fernández 33,7 S 78,8 O Hidrófono
4. Francia Islas Crozet 46,5 S
52,2 E Hidrófono
5. Francia Guadalupe 16,3 N
61,1 O Fase T
6. México Isla Clarion 18,2 N
114,6 O Fase T
7. Portugal Flores 39,3 N 31,3
O Fase T
8. Reino Unido
BIOT/Archipiélago
de Chagos 7,3 S 72,4 E
Hidrófono 9. Reino Unido Tristán da Cunha 37,2 S 12,5 O Fase T 10. Estados
Unidos
de América Ascensión 8,0 S 14,4
O Hidrófono
11. Estados Unidos
de América Isla Wake 19,3 N
166,6 E Hidrófono
Cuadro 4
Lista de estaciones
infrasónicas
Estado encargado
de la estación Emplazamiento
Latitud Longitud
1. Argentina Paso Flores 40,7 S
70,6 O
2. Argentina Ushuaia 55,0 S
68,0 O
3. Australia Base Davis,
Antártida 68,4 S 77,6 E
4. Australia Narrogin, WA 32,9
S 117,2 E
5. Australia Hobart, TAS 42,1 S
147,2 E
6. Australia Islas Cocos 12,3 S
97,0 E
7. Australia Warramunga, NT
19,9 S 134,3 E
8. Bolivia La Paz 16,3 S 68,1 O
9. Brasil Brasilia 15,6 S 48,0
O
10. Canadá Lac du Bonnet, Man.
50,2 N 95,9 O
11. Cabo Verde Islas de Cabo
Verde 16,0 N 24,0 O
12. República
Centroafricana Bangui 5,2 N
18,4 E
13. Chile Isla de Pascua 27,0 S
109,2 O
14. Chile Isla Juan Fernández
33,8 S 80,7 O
15. China Beijing 40,0 N 116,0
E
16. China Kunming 25,0 N 102,8
E
17. Cõte d'lvoire Dimbokro 6,7
N 4,9 O
18. Dinamarca Dundas,
Groenlandia 76,5 N 68,7 O
Estado encargado
de la estación Emplazamiento
Latitud Longitud
19. Djibouti Djibouti 11,3 N
43,5 E
20. Ecuador Islas Galápagos 0,0
N 91,7 O
21. Francia Islas Marquesas
10,0 S 140,0 O
22. Francia Port LaGuerre,
Nueva Caledonia 22,1 S 166,3 E
23. Francia Kerguelen 49,2 S
69,1 E
24. Francia Tahití 17,6 S 149,6
O
25. Francia Kourou, Guyana
Francesa 5,2 N 52,7 O
26. Alemania Freyung 48,9 N
13,7 E
27. Alemania Georg von
Neumayer,
Antártida 70,6 S 8,4 O
28. Por determinar Por Por Por
determinar determinar
determinar
29. Irán (República
Islámica del) Teherán 35,7 N
51,4 E
30. Japón Tsukuba 36,0 N 140,1
E
31. Kazakstán Aktyubinsk 50,4 N
58,0 E
32. Kenya Kilimanbogo 1,3 S
36,8 E
33. Madagascar Antananarivo
18,8 S 47,5 E
34. Mongolia Javhlant 48,0 N
106,8 E
35. Namibia Tsumeb 19,1 S 17,4
E
36. Nueva Zelandia Isla Chatham
44,0 S 176,0 O
37. Noruega Karasjok 69,5 N
25,5 E
38. Pakistán Rahimyar Khan 28,2
N 70,3 E
39. Palau Palau 7,5 N 134,5 E
40. Papua Nueva
Guinea Rabaul 4,1 S 152,1 E
41. Paraguay Villa Florida 26,3
S 57,3 O
42. Portugal Azores 37,8 N 25,5
O
43. Federación
de Rusia Dubna 56,7 N 37,3 E
44. Federación Petropavlovsk-
de Rusia Kamchatka 53,1 N 158,8
E
45. Federación Ussuriysk 43,7 N
131,9 E
de Rusia
46. Federación Zalesovo 53,9 N
84,8 E
de Rusia
47. Sudáfrica Boshof 28,6 S
25,4 E
48. Túnez Thala 35,6 N 8,7 E
49. Reino Unido Tristán da
Cunha 37,0 S 12,3 O
50. Reino Unido Ascensión 8,0 S
14,3 O
51. Reino Unido Bermudas 32,0 N
64,5 O
52. Reino Unido
BIOT/Archipiélago 5,0 S 72,0 E de Chagos
53. Estados Unidos Eilson, AK
64,8 N 146,9 O
de América
54. Estados Unidos Siple
Station, 75,5 S 83,6 O
de América Antártida
55. Estados Unidos Windiess
Bight,
de América Antártida 77,5 S
161,8 E 56. Estados Unidos
de América Newport, WA 48,3 N
117,1 O 57. Estados Unidos
de América Piñon Flat, CA 33,6
N 116,5 O 58. Estados Unidos
de América Islas Midway 28,1 N
177,2 O 59. Estados Unidos
de América Hawai, HI 19,6 N
155,3 O 60. Estados Unidos
de América Isla Wake 19,3 N
166,6 E
ANEXO 2 AL PROTOCOLO
Lista de parámetros de
caracterización para el examen uniforme
de fenómenos por el Centro
Internacional de Datos
1. Los criterios del Centro
Internacional de Datos para el examen uniforme de fenómenos se basarán en los
parámetros uniformes de caracterización de fenómenos determinados durante el
tratamiento combinado de datos de todas las técnicas de vigilancia del Sistema
Internacional de Vigilancia. En el examen uniforme de fenómenos se utilizarán
criterios de examen mundiales y suplementarios a fin de tomar en consideración
las variaciones regionales cuando proceda.
2. En el caso de fenómenos
detectados por el componente sismológico del Sistema Internacional de
Vigilancia, podrán aplicarse, entre otros, los parámetros siguientes:
– Localización del fenómeno;
– Profundidad del fenómeno;
– Relación entre las magnitudes
de las ondas de superficie y las ondas internas;
– Contenido de frecuencia de la
señal;
– Relaciones espectrales de las
fases;
– Dentado espectral;
– Primer movimiento de la onda
P;
– Mecanismo focal;
– Excitación relativa de las
fases sísmicas;
– Medidas de comparación con
otros fenómenos y grupos de fenómenos; y
– Discriminantes regionales
cuando proceda.
3. En el caso de fenómenos
detectados por el componente hidroacústico del Sistema Internacional de
Vigilancia podrán aplicarse, entre otros, los parámetros siguientes:
– Contenido de frecuencia de la
señal incluida la frecuencia de ángulo, la energía de banda ancha, la
frecuencia central media y la anchura de banda;
– Duración de las señales en
función de la frecuencia;
– Relación espectral; e
– Indicaciones de las señales
del impulso de burbuja y del retraso del impulso de burbuja.
4. En el caso de fenómenos
detectados por el componente infrasónico del Sistema Internacional de
Vigilancia podrán aplicarse, entre otros, los parámetros siguientes:
– Contenido y dispersión de la
frecuencia de la señal;
– Duración de la señal; y
– Amplitud máxima.
5. En el caso de fenómenos
detectados por el componente de radionúclidos del Sistema Internacional de
Vigilancia podrán aplicarse, entre otros, los parámetros siguientes:
– Concentración de fondo de
radionúclidos naturales y artificiales;
– Concentración de productos de
fisión y activación específicos fuera de las observaciones normales; y
– Relaciones entre un producto
de fisión y activación específico y otro.
Rama Ejecutiva del Poder Publico
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Santa Fe de Bogotá, D. C., 24 de noviembre
de 1999
Aprobado. Sométase a consideración del
honorable Congreso Nacional para los efectos constitucionales.
ANDRES PASTRANA ARANGO
El Ministro de Relaciones Exteriores,
GUILLERMO FERNÁNDEZ DE SOTO.
DECRETA:
ARTÍCULO 1o. Apruébase el "Tratado de
Prohibición Completa de Ensayos Nucleares", adoptado en la Asamblea
General de las Naciones Unidas, el diez (10) de septiembre de mil novecientos
noventa y seis (1996).
ARTÍCULO 2o. De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 1o. de la Ley 7a. de 1944, el "Tratado de
Prohibición Completa de Ensayos Nucleares", adoptado en la Asamblea
General de las Naciones Unidas, el diez (10) de septiembre de mil novecientos
noventa y seis (1996), que por el artículo primero de esta ley se aprueba,
obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo
internacional respecto del mismo.
ARTÍCULO 3o. La presente ley rige a partir
de la fecha de su publicación.
El Presidente del honorable Senado de la
República,
MARIO URIBE ESCOBAR.
El Secretario General del honorable Senado
de la República,
MANUEL ENRÍQUEZ ROSERO.
El Presidente de la honorable Cámara de
Representantes,
BASILIO VILLAMIZAR TRUJILLO.
El Secretario General de la honorable
Cámara de Representantes,
ANGELINO LIZCANO RIVERA.
REPUBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL
Comuníquese y cúmplase.
Ejecútese, previa revisión de la Corte
Constitucional, conforme al artículo 241-10 de la Constitución Política.
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de julio de
2001.
ANDRES PASTRANA ARANGO
El Ministro de Relaciones Exteriores,
GUILLERMO FERNÁNDEZ DE SOTO.
El Ministro de Defensa Nacional,
GUSTAVO BELL LEMUS.
III.    EL CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
El señor Procurador General de la Nación
en concepto No. 2726, recibido el día veinte (20) de noviembre de dos mil uno
(2001), solicita a la Corte declarar la exequibilidad del “Tratado de
Prohibición Completa de Ensayos Nucleares”, adoptado en la Asamblea General
de las Naciones Unidas el 10 de septiembre de 1996 y la Ley 660 de 2001
aprobatoria del mismo, con fundamento en las siguientes consideraciones.
En primer término,
analiza la representación del Estado Colombiano para suscribir el
tratado objeto de revisión, indicando que dado que Colombia es Estado Parte de
la Organización de Naciones Unidas basta con saber que dicho instrumento
internacional fue ratificado por Colombia, recibiendo la sanción ejecutiva por
parte del señor Presidente de la República, doctor Andrés Pastrana Arango y el
doctor Guillermo Fernández de Soto en su calidad de Ministro de Relaciones
Exteriores, según consta en la Gaceta del Congreso No. 294 del 1° de agosto de
2000. Por ello, no encuentra reparo de constitucionalidad alguno respecto de la
competencia para la suscripción del mismo.
En segundo lugar, la Vista Fiscal observa
que el trámite de la Ley aprobatoria del Instrumento Público Internacional (Ley
660 de 2001) se ajusta a las exigencias constitucionales y legales.
Seguidamente el Procurador entra a
estudiar el contenido material del tratado, concluyendo que su texto, su
protocolo y anexos no vulneran en ningún aspecto la Carta Política, pues
considera que dicho instrumento se contrae al establecimiento de una nueva
herramienta para el logro de los objetivos plasmados en la Constitución
relacionados con la regulación, control, planificación y la adopción de
estrategias que tiendan a mitigar y a desaparecer completamente los impactos
negativos y los daños que causan los ensayos nucleares en los sistemas
ecológicos y climáticos del planeta.
El Procurador considera que por ser
Colombia uno de los Estados Parte del Tratado, cumple a cabalidad con lo
dispuesto en los artículos 79 y 80 de la Constitución Política, en el sentido
de que con esta prohibición se está preservando y salvaguardando el derecho
colectivo a un ambiente sano, cumpliendo a su vez con la obligación estatal de
prevenir y controlar los factores que puedan deteriorar el medio ambiente, lo
que sin duda constituye una tácita protección a otros derechos constitucionales
fundamentales como lo son la salud, la vida y la integridad física de los
habitantes del país.
Continúa su análisis señalando que con la
adopción del tratado se desarrolla el precepto constitucional consagrado en el
artículo 81, que prohibe “la fabricación, importación, posesión y uso de
armas químicas, biológicas y nucleares, así como la introducción al territorio
nacional de residuos nucleares y desechos tóxicos”.
Finalmente, estima que la adopción de este Instrumento
Internacional de ninguna manera desconoce la soberanía nacional, pues el mismo
se erige como un elemento indispensable para la obtención del principio de la
dignidad humana y el derecho a la paz, toda vez que el Estado puede apoyarse en
este tratado, para asegurar de manera concreta que los adelantos científicos y
tecnológicos suscitados en el mundo sean dirigidos al mejoramiento total de la
calidad de vida de la humanidad.
IV.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. La Competencia y el objeto
de control
Según lo previsto en el
artículo 241 numeral 10 de la Constitución Política corresponde a la Corte el
control automático de constitucionalidad sobre los tratados internacionales y
las leyes que los aprueban.
2. La constitucionalidad del tratado y de
la ley aprobatoria en sus aspectos formales
La revisión de constitucionalidad del
tratado materia de estudio, así como de su ley aprobatoria, por aspectos de
forma, comprenderá tanto la facultad de representación del Estado Colombiano
para la firma del respectivo instrumento internacional, como la verificación
del trámite legislativo de la Ley aprobatoria del mismo en el Congreso de la
República.
2.1. La representación del Estado colombiano en la
firma del tratado
Con base en los documentos allegados al
expediente se aprecia que el tratado sub examine fue suscrito por la
señora Ministra de Relaciones Exteriores de la época, María Emma Mejía, el día
diez (10) de septiembre de mil novecientos noventa y seis (1996), quien de
conformidad con lo previsto en el artículo 7° de la Convención de Viena de 1969
sobre el Derecho de los Tratados, incorporada a nuestro ordenamiento mediante
la Ley 406 de 1997, no requería de la presentación de plenos poderes para la
suscripción del mencionado tratado. Además, este fue posteriormente objeto de
aprobación ejecutiva por parte del Presidente de la República el día 24 de
noviembre de 1999, confirmación que de acuerdo con la misma Convención subsana
cualquier vicio sobre la representación del Estado Colombiano.
2.2.
Examen del
trámite de la Ley 660 de 2001
Con fundamento en los antecedentes
legislativos, las actas publicadas en las Gacetas del Congreso de la República
y las certificaciones remitidas a la Corte por el Senado de la República y la
Cámara de Representantes, se pudo determinar que el trámite surtido en esa
Corporación para la expedición de la Ley No. 660 de 2001, fue el siguiente:
a)     El día 24 de noviembre de 1999, el Gobierno
Nacional a través de los Ministros de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional
presentó ante el Senado de la República el proyecto de ley aprobatoria del
tratado materia de estudio, el cual fue radicado bajo el número 30/00 Senado y
publicado junto con la respectiva exposición de motivos en la Gaceta del
Congreso No. 294 del 1° de agosto de 2000 (páginas 1 a 28)[1]
b)    La ponencia para primer debate en la
Comisión Segunda del Senado de la República, fue presentada por los
congresistas Jimmy Chamorro Cruz y Juan Gabriel Uribe Vegalara, siendo
publicada en la Gaceta del Congreso No. 418 del 12 de octubre de 2000 (páginas
5 y 6)[2]
c)     De conformidad con la certificación
expedida por el Secretario de la Comisión Segunda del Senado de la República de
fecha 5 de septiembre de 2001[3], dicha comisión aprobó en primer debate el
proyecto de ley en la sesión llevada a cabo el día 17 de octubre de 2000, con
una votación de 9 senadores a favor y ninguno en contra.
d)    La ponencia para segundo debate fue
presentada por los Senadores Jimmy Chamorro Cruz y Juan Gabriel Uribe Vegalara,
la cual fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 437 del 2 de noviembre de
2000 (páginas 7 y 8)[4]
e)     De conformidad con la certificación
expedida por el Secretario General del Senado de la República[5], el proyecto de ley fue aprobado en la
plenaria del Senado el 15 de diciembre de 2000[6], con un quórum de 92 senadores de 102.
f)      Radicado el proyecto de ley en la Cámara de
Representantes con el número 135/01, se le repartió a la Comisión Segunda
Constitucional Permanente, siendo designados como ponentes los Representantes
Julio Angel Restrepo Ospina, Jhony Aparicio Ramírez y Nelly Moreno Rojas, cuya
ponencia fue publicada en la gaceta del Congreso No. 106 del 5 de abril de 2001
(páginas 1 y 2).
g)     La Comisión Segunda de la Cámara de
Representantes, aprobó por unanimidad en primer debate el proyecto de ley en la
sesión llevada a cabo el día 25 de abril de 2001[7].
h)    La ponencia para segundo debate presentada
por los Representantes Julio Angel Restrepo Ospina, Jhony Aparicio Ramírez y
Nelly Moreno Rojas, fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 244 del 24 de
mayo de 2001 (página 4)[8]
i)       De conformidad con la certificación
expedida por el Secretario General de la Cámara de Representantes[9] el proyecto de ley fue aprobado en la
plenaria de esta corporación legislativa el día 13 de junio de 2001[10], mediante 127 votos afirmativos.
j)
El Presidente de la
República, Doctor Andrés Pastrana Arango, sancionó la Ley 660 el 30 de julio de
2001.
k)
El texto de dicha Ley fue
remitido a la Corte Constitucional para su revisión el día 6 de agosto del
mismo año, dentro del término máximo de 6 días señalados para el efecto por el
artículo 241 numeral 10 de la Carta Política.
Por lo tanto la
Corte concluye que no existe ningún vicio de forma en el trámite de la Ley 660
de 2001, por cuanto el Congreso de la República tramito el proyecto de ley de
acuerdo a lo dispuesto por la Constitución. Su trámite inicio su curso en el
Senado de la República como lo exige el artículo 154 de la Constitución; fue
publicado antes de darle trámite en las comisiones respectivas; aprobado en
primero y segundo debate en cada una de las cámaras legislativas; las ponencias
respectivas tanto en las comisiones como en las plenarias fueron publicadas
antes de iniciarse los debates correspondientes; y, entre el primero y segundo
debate en cada Cámara mediaron los términos a que alude el artículo 160 de la
Constitución
3. Examen material del tratado objeto de
revisión
El examen de fondo que le
corresponde efectuar a la Corte Constitucional, consiste en comparar las
disposiciones del texto del tratado internacional que se revisa, con la
totalidad de las disposiciones constitucionales para determinar si las primeras
se ajustan a ésta, independientemente de consideraciones de conveniencia,
oportunidad, efectividad, utilidad o eficiencia las cuales son ajenas a la
competencia de esta Corporación.
El tratado de Prohibición Completa de
Ensayos Nucleares consta de un preámbulo y 17 artículos, protocolo y anexos.
3.1 Preámbulo del tratado
El  tratado sub examine, adoptado en
la Asamblea General de Naciones Unidas, el diez (10) de septiembre de mil
novecientos noventa y seis (1996), manifiesta que acoge los acuerdos
internacionales y demás medidas positivas adoptadas en los últimos años en la
esfera del desarme nuclear, incluyendo la reducción de los arsenales de armas
nucleares, así como la consagración de medidas tendientes a la prevención de la
proliferación nuclear en todos sus aspectos.
El tratado materia de revisión tiene como
propósito reducir las armas nucleares a escala mundial con el objeto último de
eliminar las armas nucleares y lograr un desarme general y completo bajo
estricto y eficaz control internacional, para lograr el acrecentamiento de la
paz y la seguridad internacionales.
El tratado considera como medida eficaz de
desarme nuclear y de no proliferación del mismo en todos sus aspectos, la
cesación de todas las explosiones de ensayo de armas nucleares y de todas las
demás explosiones nucleares, restringiendo el desarrollo y la mejora
cualitativa de las armas nucleares poniéndole fin al adelantamiento de nuevos
tipos avanzados de armas nucleares.
El tratado también tiene en cuenta que
podría contribuir a la protección del medio ambiente.
3.2 Articulado del tratado
El artículo I, contiene las
obligaciones básicas que asume cada Estado Parte. La primera consistente en no
realizar ninguna explosión de ensayo de armas nucleares o cualquier otra
explosión nuclear, y prohibir y prevenir cualquier explosión nuclear en
cualquier lugar sometido a su jurisdicción o control. Y la segunda referida a
no causar ni alentar la realización de cualquier explosión de ensayo de armas
nucleares o de cualquier otra explosión nuclear, ni a participar de cualquier
modo en ella.
En el artículo II, los Estados
Partes del tratado en estudio establecen la Organización del Tratado de
Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares para lograr el objetivo y
propósitos del tratado y asegurar la aplicación de sus disposiciones incluidas
las referentes a la verificación internacional de su cumplimiento y servir de
foro a las consultas y cooperación entre los Estados Partes.
Las disposiciones generales indican quienes
son los miembros de dicha Organización; su sede; los órganos de la
Organización; la cooperación que cada Estado Parte debe ofrecer a ella; las
actividades que realizará la Organización de acuerdo a sus objetivos; el manejo
confidencial de la información que cada miembro reciba respecto de la
Organización; la forma como serán sufragados los costos de las actividades de
la Organización; y, la contribución financiera que corresponde a cada Estado
Parte y los efectos que el no aporte puede acarrear para los miembros.
Ese mismo artículo establece la
composición, procedimiento y adopción de decisiones de la Conferencia de los
Estados Partes, del Consejo Ejecutivo, de la Secretaría Técnica y los
privilegios e inmunidades correspondientes.
El artículo III, dispone bajo el
titulo de “Medidas Nacionales de Aplicación”, las medidas necesarias que
cada Estado Parte debe adoptar de conformidad con sus procedimientos
constitucionales, para aplicar las obligaciones que le impone dicho tratado.
El artículo IV, establece el régimen
de verificación del cumplimiento del tratado, que comprende un sistema
internacional de vigilancia, consultas y aclaraciones, inspecciones in situ y
medidas de fomento y confianza.
El artículo V, establece las
medidas para remediar y solucionar cualquier situación que contravenga las
disposiciones del tratado y la forma de garantizar su cumplimiento, incluidas
las sanciones.
El artículo VI, contempla la forma
de solución de controversias que se susciten en relación con la aplicación o
interpretación del tratado, las cuales se tramitarán de conformidad con lo
estipulado en éste y de acuerdo con la Carta de Naciones Unidas. De la misma
manera señala que la conferencia de los Estados
Partes y el Consejo Ejecutivo están facultados cada uno, previa la autorización
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, para solicitar una opinión
consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre cualquier cuestión
jurídica que se suscite dentro del ámbito de las actividades de la Organización
del tratado.
El artículo VII, establece que en
cualquier momento después de la entrada en vigor del tratado cualquier Estado
Parte podrá proponer enmiendas o modificaciones a él, al protocolo o a sus
anexos, las que se sujetarán a los procedimientos que señala el tratado y se
adoptarán por la Conferencia de Enmiendas por el voto positivo de la mayoría de
los Estados Partes, sin que ninguno emita un voto negativo.
El artículo VIII, dispone que 10
años después de la entrada en vigor del tratado, a menos que la mayoría de los
Estados Partes decida otra cosa, se celebrará una Conferencia con la
concurrencia de todos los Estados Partes, para examinar el funcionamiento y la
eficacia del mismo, tomando en cuenta la evolución científica y tecnológica. De
igual forma se señala la posibilidad de estudiar, previa petición de cualquier
Estado Parte, la realización de pruebas nucleares subterráneas con fines
pacíficos. Y que, en lo sucesivo a intervalos de 10 años se podrán convocar
otras Conferencias de examen con el mismo objetivo si la Conferencia así lo
decide el año anterior como cuestión de procedimiento.
El artículo IX, establece que la
duración del tratado será ilimitada pero todo Estado Parte tendrá derecho a
retirarse en ejercicio de su soberanía nacional, por acontecimientos
extraordinarios relacionados con la materia objeto de este, y que pongan en
peligro sus intereses supremos.
El artículo X, regula la condición
jurídica del protocolo y sus anexos, indicando que forman parte integrante del
tratado.
El artículo XI, determina que el
tratado bajo revisión estará abierto a la firma de todos los Estados antes de
su entrada en vigor.
El artículo XII,  estipula que este
tratado será objeto de ratificación por los Estados signatarios de acuerdo con
sus procedimientos constitucionales.
El artículo XIII, dispone que todos
los Estados que no firmen el presente tratado antes de su entrada en vigor
podrán adherirse a él con posterioridad, en cualquier momento.
El artículo XIV, prescribe que la
entrada en vigor del tratado se producirá 180 días después de la fecha en que
todos los Estados enumerados en el anexo 2, entre los cuales se encuentra
Colombia, hayan depositado los instrumentos de ratificación; sin que en ningún
caso hubieren transcurrido dos años desde el momento en que quedó abierto a las
firmas.
El artículo XV, establece que las
normas y los anexos del presente tratado no podrán ser objeto de reservas.
El artículo XVI, determina que el
Secretario General de las Naciones Unidas será el depositario del presente
tratado y recibirá las firmas, los instrumentos de ratificación y los
instrumentos de adhesión, debiendo comunicar a todos los Estados las fechas de
las firmas del tratado, de las ratificaciones y de las adhesiones.
El artículo XVII, establece que son
auténticos los textos del tratado escritos en árabe, español, chino, francés,
ingles y ruso y quedará depositado en poder del Secretario General de las
Naciones Unidas.
3.2. El Tratado de Prohibición
Completa de Ensayos Nucleares, y su compatibilidad con la Carta
Los propósitos enunciados en el
preámbulo del tratado en estudio de contribuir eficazmente a la prevención de
la proliferación de armas nucleares en todos sus aspectos y al proceso de
desarme nuclear, y por lo tanto, al acrecentamiento de la paz y la seguridad
internacionales, guardan consonancia con la orientación humanista y pacifista
que orienta la Constitución Política Colombiana, tanto en las relaciones
internas como en las externas. Armoniza entonces, con el preámbulo de nuestra
Constitución que consagra como fines del Estado asegurar la vida, la
convivencia, la libertad y la paz, con miras a garantizar un orden político,
económico y social justo, y con el artículo 2 ídem que considera como fines
esenciales del Estado, entre otros, defender la independencia nacional,
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la
vigencia de un orden justo.
El tratado en estudio igualmente
se ajusta a lo dispuesto en el artículo 22 Superior según el cual “la paz es
un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento” y sobre el cual esta
Corporación expresó lo siguiente:
“7.  El artículo
22 de la Constitución establece que la paz es un derecho y un deber de
obligatorio cumplimiento.  En su concepción más sencilla, la paz significa
ausencia de guerra.  En este sentido, y acorde con las normas internacionales[11], para la Corte, el mandato del artículo 22
de la Carta, debe entenderse en un sentido fuerte, esto es, no como una mera
aspiración ni como la expresión de una utopía, sino como una regla de conducta
que debe inspirar a todos los colombianos y que debe conducir a la solución de
los conflictos de manera pacífica.  En otra oportunidad[12] la Corte indicó al respecto:
“Desde una
perspectiva constitucional, la paz no debe ser entendida como la ausencia de
conflictos sino como la posibilidad de tramitarlos pacíficamente”.
Este llamado a
la solución pacífica de los conflictos apareja, además, una decidida opción por
el respeto a la dignidad humana. En efecto, la legitimidad de las soluciones
pacíficas a los conflictos que puedan presentarse en la sociedad está en
relación directa con el adecuado debate y consenso que se logre en un ambiente
democrático. Por su parte, la solución violenta de los conflictos sociales y
personales únicamente conduce a la anulación del ser humano y a la destrucción
de las sociedades. A este respecto la Corte ha señalado:
“3.7. El logro de
la convivencia pacífica en una sociedad no sólo es una cuestión de medios
institucionales y personales para contrarrestar la violencia; es también un
asunto cultural. La paz no es simplemente el resultado de la eliminación de los
conflictos, también es la consecuencia de la convicción ciudadana en la
conveniencia de los métodos jurídicos de solución de  conflictos. Una sociedad
que centre sus esperanzas de convivencia pacífica en los métodos de disuasión
por medio de las armas de fuego es una sociedad fundada en un pacto frágil y deleznable.
Las relaciones intersubjetivas estarían construidas en el temor y la
desconfianza recíprocas, de tal manera que la ausencia de cooperación,
entendimiento y confianza como bases del progreso social serían un obstáculo
insalvable para el crecimiento individual y colectivo.”[13]
Así las cosas,
resulta de la Protección de la Paz (C.P. art. 22) un derecho a prevenir la
guerra. A todos los colombianos les asiste el derecho a intentar, por distintos
medios, todos ellos no violentos, que la guerra no sea una realidad.  Sin
embargo, este derecho a prevenir la guerra debe ser encauzado y organizado.  De
ahí que, en tanto que representante legítimo de los intereses de los
colombianos y custodio de los derechos de todos los residentes, al Estado
colombiano le corresponda el deber fundamental de prevención de la guerra.
8.  El deber de
prevención de la guerra, que se desprende naturalmente del concepto de dignidad
humana, es un claro propósito internacional.  En efecto, el artículo 1 de la
Carta de las Naciones Unidas indica que los propósitos de las Naciones Unidas
son los de “mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin:
tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a
la paz, y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la
paz...”.
Este deber de
prevención de la guerra tiene hondas implicaciones internas e internacionales.
En el plano internacional, limitándose al tema del tratado objeto de revisión,
cabe señalar que de la Carta de las Naciones Unidas se desprende que el
armamentismo constituye un obstáculo para la paz. El artículo 26 señala que el
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tendrá a su cargo, “a fin de
promover el establecimiento y mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales con la menor desviación posible de los recursos humanos y
económicos del mundo hacia los armamentos”, diseñar un “sistema de regulación
de armamentos” que se someterá a consideración de los miembros de las Naciones
Unidas.  Así las cosas, el tratado que revisa la Corte, a partir de los
postulados de las Naciones Unidas[14], constituye un instrumento que asiste al
Estado en el deber de prevenir, en el ámbito mundial, la guerra.  Desde el
punto de vista constitucional, Colombia tiene el deber de colaborar y de
participar en el logro del desarme mundial, pues los beneficios de alcanzar
dicha meta guardan relación directa con su obligación constitucional de
“proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra,
bienes, creencias, y demás derechos y libertades” (C.P. art. 2).
Desde el punto de
vista interno el deber de prevenir la guerra, en el ámbito restringido objeto
de análisis, explica la regla establecida en el artículo 81 de la Carta
relativa a la prohibición de fabricar, importar, producir y utilizar ciertos
tipos de armas (entre ellas las químicas) y, por otra parte, la inexistencia de
un derecho constitucional al porte o tenencia de armas[15] por parte de particulares.
9. Ahora bien, el principio
de dignidad humana y el derecho a la paz no sólo imponen el deber de prevenir
la guerra sino que, en caso de un conflicto inevitable, obligan al Estado a
morigerar sus efectos.  Así como no toda guerra es legítima, no todo medio
utilizado puede admitirse como legítimo.  La humanización de la guerra, lo ha
señalado la Corte, constituye una proyección del derecho a la paz.”[16]
También guarda perfecta armonía con lo
previsto en el artículo 81 Superior que establece la prohibición de “la
fabricación, importación, posesión y uso de ramas químicas, biológicas y
nucleares, así como la introducción al territorio nacional de residuos
nucleares y desechos tóxicos”. Y, desarrolla los postulados de la Carta
fundamental en cuanto se orienta a proteger derechos fundamentales como la vida
(C.P. art. 11), la salud (C.P. art. 49), la dignidad humana (C.P. art. 1), la
integridad física de los habitantes del territorio Colombiano, y la
preservación y salvaguarda del derecho a un ambiente sano (C.P. art. 79).
Cabe mencionar, que Colombia ha ratificado
otros instrumentos internacionales que persiguen como fin esencial el
mantenimiento de la paz tales como el Tratado de Renuncia a la Guerra o “Pacto
de París” de 1928, el Tratado americano de Soluciones Pacificas o “Pacto de
Bogotá” de 1948, e incluso las Cartas de la Organización Estados Americanos y
de las Naciones Unidas, propósitos y fines que también están presentes en la
Organización de Estado Americanos OEA. Entonces “la búsqueda le la paz es un
objetivo que ha existido desde siempre entre los Estados y frente al cual
Colombia siempre a permanecido atenta ya sea prestado la colaboración necesaria
o ratificando los diferentes instrumentos internacionales que persiguen ese
fin”.[17]
Colombia también suscribió la CONVENCIÓN SOBRE PRERROGATIVAS E INMUNIDADES DEL ORGANISMO
PARA LA PROSCRIPCIÓN DE LAS ARMAS NUCLEARES EN LA AMÉRICA LATINA (OPANAL),
hecha en ciudad de México, D.F., el veintitrés (23) de diciembre de mil
novecientos sesenta y nueve (1969), aprobado mediante ley 559 de 2000. Al
efectuar el control respectivo sobre la constitucionalidad de dicha Convención
la Corte mediante sentencia C-1333 de 2000 expresó:
“La presente convención es un desarrollo del llamado
“Tratado de Tlatelolco”, que proscribió las armas nucleares en América Latina.
En efecto, este nuevo convenio jurídico simplemente busca dotar al “Organismo
para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina” (OPANAL),
creado por el Tratado de Tlatelolco, de los instrumentos jurídicos y de las
inmunidades y prerrogativas que sean necesarios para que esa organización pueda
adelantar adecuadamente sus funciones. Ahora bien, el Tratado de Tlatelolco fue
aprobado por el Congreso mediante la Ley 45 de 1971, ratificado el 4º de agosto
de 1972  y entró en vigor para Colombia el 6º de septiembre de ese año.
Posteriormente, por medio de la Ley 303 de 1996, el Congreso aprobó varias
enmiendas a ese Tratado de Tlatelolco, las cuáles fueron declaradas
constitucionales por esta Corte por medio de la sentencia C-176 de 1997, MP
Alejandro Martínez Caballero. Al estudiar esas enmiendas al Tratado de
Tlatelolco, esta Corporación resaltó que el sentido y los propósitos de ese
tratado, que pretendía hacer de América Latina una región libre de armas nucleares,
armonizaban plenamente con la Carta. Dijo entonces esta Corporación:
“La
Corte no puede sino resaltar la perfecta armonía entre los objetivos de ese
tratado y la filosofía humanista y pacifista que inspira a la Constitución
colombiana, no sólo en la regulación de las relaciones sociales internas sino
en la proyección del país en el ámbito internacional. Así, conforme a la Carta,
Colombia favorece la integración latinoamericana (CP Preámbulo y arts 9º y
227), con lo cual coincide con el ámbito mismo de aplicación del convenio.
Igualmente, el país se orienta en sus relaciones internacionales por los
principios del derecho internacional (CP art. 9º), entre los cuales se destaca
la proscripción de la guerra como medio para solucionar las controversias
internacionales. Finalmente, y en relación específica con el tema, la Carta
establece de manera tajante que en el territorio colombiano está prohibida la
fabricación, importación, posesión y uso de armas nucleares (CP art. 81), por
lo cual la Constitución y el objetivo del Tratado de Tlatelolco se encuentran
en total acuerdo”[18].
Ajustado a la
Constitución el preámbulo del tratado en estudio,  se observa entonces que
también se ajustan a la Carta las obligaciones básicas que asume cada Estado
Parte en dicho tratado y relativas a no realizar ninguna explosión de ensayo de
armas nucleares o cualquier otra explosión nuclear, y a prohibir y prevenir
cualquier explosión nuclear de esta índole en cualquier lugar sometidos a su
jurisdicción y control, así como también la de no causar ni alentar la
realización de cualquier explosión de ensayo de armas nucleares o de cualquiera
otra explosión nuclear, ni a participar de cualquier modo en ella.
Tampoco se encuentra reparo
constitucional alguno al establecimiento que hacen los Estados Partes de la
Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, pues
con ella justamente se pretende, tal como se dispone en el tratado, lograr el
objetivo y propósito del mismo y asegurar la aplicación de sus disposiciones.
El tratado prevé también la
adopción por cada uno de los Estado Partes de las medidas necesarias para
aplicar las obligaciones que impone el tratado, pero se indica que ellas se
tomaran de acuerdo con los procedimientos constitucionales de cada Estado
Parte.
En cuanto al
artículo IV del Tratado, considera la Corte que el sometimiento de nuestro país
a la verificación del cumplimiento del tratado no se opone al concepto de
soberanía nacional pues se trata del establecimiento de un control en una
materia que es fundamental para la paz mundial. En efecto y como lo ha dicho
esta Corporación se encuentra conforme a la Constitución un procedimiento de
esta naturaleza “…si los Estados se comprometen a no producir ni utilizar
dispositivos atómicos bélicos, es natural que se prevean instrumentos jurídicos
que permitan asegurar la observancia de esas normas, para lo cual es
indispensable la existencia de inspecciones por organismos internacionales a
las instalaciones de los distintos países que sean susceptibles de producir
armas nucleares. La norma será entonces declarada exequible”.[19]
La aceptación por
parte de Colombia de la verificación del cumplimiento del tratado en estudio
tampoco implica una violación al principio de no intervención que se ha
entendido como “el respeto a la soberanía de los estados, esto es la
prohibición de ingerir en los asuntos internos de otros, mediante hechos o
actos destinados  a lograr objetivos de diversa índole (económicos, políticos,
sociales, etc.)”[20]
En nuestra
Constitución, tanto en el preámbulo como en los artículos 1 y 3 ibídem, se
consagró a Colombia como un Estado Social de derecho, democrático,
participativo y pluralista, y se estableció que la soberanía reside
exclusivamente en el pueblo del cual emana el poder publico, quien lo puede
ejercer directamente o por medio de sus representantes. Y, el artículo 9
Superior consagra que las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la
soberanía nacional, el respeto a la auto determinación de los pueblos y en el
reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por
Colombia, y entrego la dirección de las relaciones internacionales al
Presidente de la República (C.N numeral 2 artículo 189). Dado que cada
comunidad nacional esta necesariamente avocada a convivir y relacionarse con
los demás países, lo que debe hacerse bajo reglas comunes aceptadas por los
respectivos sujetos, debe entenderse que la soberanía no tiene solamente una
connotación interna sino que también se refleja en el ámbito externo. Los
problemas graves existentes hoy en día y para cuya superación se requiere de la
colaboración de otros Estado hace pensar que se deba permitir cierta
flexibilidad en esta materia siempre bajo el entendido de que se proteja el núcleo
de la libertad Estatal propio de la auto determinación y sin desconocer reglas
y principios de aceptación universal. Por lo tanto, el concepto de soberanía ha
perdido, hoy en día, su carácter absoluto y excluyente para someterse a la
regulación de la comunidad internacional.
Por lo anterior
considera la Corte que la aceptación de la verificación del cumplimiento del
tratado no atenta contra la soberanía nacional pues ella persigue fines
legítimos como el acrecentamiento de la paz y la seguridad internacionales,
previniendo la proliferación de armas nucleares y el desarme nuclear en todos
sus aspectos en el ámbito mundial.
Sobre la
verificación del cumplimiento del tratado se consagro en el mismo una
regulación especifica que prevé que ella se basara en información objetiva, se
limitará a la materia objeto del tratado, y se llevará a cabo con el pleno
respeto de la soberanía de los Estado Partes y de la manera menos intrusiva
posible que sea compatible con el logro eficaz y en tiempo oportuno de sus objetivos,
resaltando que ningún Estado Parte podrá abusar del derecho de verificación.
Igualmente se consagra que todos los Estados Partes, con independencia de sus
capacidades técnicas y financiera, gozaran de iguales derechos de verificación
y asumirán por igual la obligación de aceptar la verificación.
Estas
determinaciones, permiten considerar que la verificación del cumplimiento del
tratado que acepta nuestro país no vulnera su soberanía.
Considera la
Corte que también se ajusta a nuestra Constitución el objetivo que persigue el
tratado en estudio de poder contribuir a la protección del medio ambiente. El
artículo 79 de nuestra Constitución consagra que “Todas las personas tienen
derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la
comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger
la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines”.
Las explosiones de ensayo de armas nucleares y demás explosiones nucleares
necesariamente tienen un gran impacto ecológico, y traen consecuencias para la
salud humana y el medio ambiente; por eso cualquier tratado que apruebe
Colombia que pretenda prohibir completamente tales ensayos y explosiones que se
orienten a preservar el deterioro del ambiente que con ellas se pueda estar
generando antes de oponerse a nuestra Constitución la desarrolla plenamente.
De la misma forma la
incorporación del tratado a nuestra legislación se convierte en una herramienta
indispensable hacia la integración de nuestro país con todas las naciones del
mundo (Preámbulo y artículos 9 y 227 de la C.P.), lo que se logrará mediante la
búsqueda del desarme nuclear total, el control de los medios de producción de
dichas armas y por consiguiente la prohibición de efectuar cualquier tipo de
ensayo nuclear en el planeta.
En conclusión
considera la Corte que la Ley 660 del 30 de julio de
2001 “Por medio de la cual se aprueba el Tratado de Prohibición Completa de
Ensayos Nucleares”, adoptado en la Asamblea General de las Naciones Unidas,
el diez (10) de septiembre de mil novecientos noventa y seis (1996), así como
el respectivo tratado, no adolecen de vicio alguno de
inconstitucionalidad y, por tanto, serán declarados exequibles por esta
Corporación, ya que los mismos se ajustan a las disposiciones de nuestra Carta
Política.
V.  DECISION
En mérito de lo expuesto, la Corte
Constitucional, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- Declarar EXEQUIBLE el “Tratado de Prohibición Completa de Ensayos
Nucleares”, adoptado en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el diez
(10) de septiembre de mil novecientos noventa y seis (1996).
Segundo.- Declarar EXEQUIBLE la Ley 660 del 30 de julio de 2001 “Por medio de la cual se
aprueba el Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares”, adoptado
en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el diez (10) de septiembre de
mil novecientos noventa y seis (1996).
Tercero.- ORDENAR la comunicación de la
presente sentencia al Presidente de la República, a los Ministros de Relaciones
Exteriores y Defensa, para los fines contemplados en el numeral 10 del artículo
241 de la Carta Política.
Notifíquese, comuníquese,
publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el
expediente.
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Presidente
ALFREDO BELTRAN SIERRA
Magistrado
JAIME ARAUJO RENTERIA
Magistrado
MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CORDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INES VARGAS HERNANDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria
General
LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
HACE CONSTAR:
Que el H. Magistrado doctor Marco
Gerardo Monroy Cabra, no firma la presente sentencia por cuanto se encuentra en
permiso, el cual fue debidamente autorizado por la Sala Plena.
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
HACE CONSTAR:
Que el H. Magistrado doctor Manuel José
Cepeda Espinosa, no firma la presente sentencia por cuanto se encuentra en
comisión en el exterior, la cual fue debidamente autorizada por la Sala Plena.
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
[1]  Anexo No. 1,
folios 161 a 184
[2] Anexo No. 1, folios
186 y 187
[3] Anexo No. 1, folio
4
[4] Anexo No. 1, folios
189 y 190
[5] Anexo No. 1, folio
3
[6]
Gaceta del Congreso No. 51 del 14 de febrero de 2001 (páginas 1 y 49) -Anexo
No. 1, folios 191 a 193-
[7] Folios 141 y 156
reverso
[8] Folio 142
[9] Folio 136
[10] Gaceta del Congreso
No. 342 del 16 de julio de 2001 (páginas 1 y 20).
[11] Estatuto del
Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, 1945 y resolución 95 del 11 de
diciembre de 1946 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
[12] Sentencia C-225/95.
[13] Sentencia C-296/95.
[14] Si bien es cierto
la Carta de las Naciones Unidas no es un tratado de derechos humanos y, por lo
tanto, prima facie no puede aplicarse como guía interpretativa en los términos
del artículo 93 de la Carta, no puede desconocerse que, en el plano del derecho
a la paz, constituye una clara guía sobre lo que se consideran amenazas a la
paz y los medios para enfrentarlos.
[15] Ver sentencias
C-031/95, C-038/95 y C-296/95. En esta última la Corte señala: “La Corte ha
entendido entonces que la Constitución de 1991 crea un monopolio estatal sobre
todas las armas y que el porte o posesión por parte de los particulares depende
de que el Estado otorgue el correspondiente permiso”.
[16] Sentencia C-328 de
2000 M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz
[17] Sentencia C-381 de
1996 M.P. Dr. Hernando Herrera Vergara
[18] Sentencia C-176 de
1997. MP Alejandro Martínez Caballero, Fundamento No 11.
[19] Sentencia C-176 de
1997 M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero
[20] Sentencia C 187 de
1996 M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz