T-475-00
Sentencia T-475/00
Sentencia
T-475/00
DERECHO A LA
SALUD DEL NIÑO-Implante
coclear por sordera
Omitir un
tratamiento o intervención quirúrgica que puede poner fin a una dolencia o
malestar, es prolongar dichos estados indeseables y atentar contra la dignidad
humana. Por lo anterior, se concederá la tutela ordenando al I.S.S. que si
previa valoración médica de los especialistas de esa entidad o  de los que ella
disponga, se llegare a la conclusión de que es menester un implante coclear, se
realice en el término de un mes, contado a partir de tal diagnóstico sin que
pueda oponerse la exclusión de la operación del  Plan Obligatorio de Salud.
Reiteración de Jurisprudencia
Referencia: expediente T-275822
Acción de tutela
instaurada por Héctor Jaime Rodríguez Vargas, contra el Instituto de Seguros
Sociales.
Magistrado ponente:
Dr. ALVARO TAFUR
GALVIS
Santafé de Bogotá
D.C., a los dos (2) días del mes de mayo de dos mil (2000).
La Sala Novena de
Revisión de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y
241, numeral 9, de la Constitución Política y en el Decreto 2591 de 1991, ha
proferido la siguiente,
SENTENCIA
en el proceso de
revisión de la sentencia proferida por los Juzgados Quince Civil Municipal y
Décimo Civil del Circuito de Santa Fe de Bogotá, dentro de la acción de tutela
instaurada por Héctor Jaime Rodríguez Vargas contra el Instituto de Seguros
Sociales.
I.
ANTECEDENTES.
1.     Hechos.
El señor Héctor Jaime Rodríguez Vargas, interpone
acción de tutela a nombre de su menor hija Karen Tatiana Rodríguez Cuenca,
quien se encuentra afiliada al I.S.S. como su beneficiaria, bajo el número de
afiliación 79.249.797.
Al momento de nacer,
se le detectó a la niña, hoy de cinco años de edad,  una sordera bilateral
profunda, que ha generado la práctica, por parte de los hospitales de la
Misericordia, el Instituto ICAL y la Clínica San Pedro Claver,  de una serie de
exámenes por medio de los cuales se ha llegado a la conclusión de que es
necesario un implante coclear.
Se interpone la
tutela para la protección de los derechos de la menor debido a que no se ha
programado la cirugía esperada desde el mes de marzo de 1999.
1.     Fallos que se revisan.
Los fallos que se revisan, niegan la tutela al
considerar que la entidad accionada actuó legítimamente, de conformidad con los
parámetros establecidos en el P.O.S., en donde se excluye la intervención
solicitada por la menor Karen Tatiana Rodríguez. Agregan además que no existe
prueba fehaciente que revele la necesidad del implante coclear que la menor
necesita.
I.
CONSIDERACIONES
Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE.
1.     Competencia.
De conformidad con
lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y en los
artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, la Corte Constitucional es
competente para revisar la decisión judicial mencionada.
1.     Los derechos a la salud y a la seguridad
social de los niños son fundamentales, según el artículo 44 de la Constitución
Política.- La exclusión de ciertos tratamientos de la cobertura del Plan
Obligatorio de Salud y la jurisprudencia constitucional.
Se trata en esta
oportunidad de reiterar la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en
relación con los tratamientos médicos excluidos del Manual de Actividades,
Intervenciones y Procedimientos del Plan Obligatorio de Salud, contenido en la
Resolución número 5261 del 5 de agosto de 1994, dentro del Sistema General de
Seguridad Social en Salud. Específicamente, aplicar dicha jurisprudencia al
presente caso, en el cual están de por medio derechos fundamentales de un menor
de edad.
La seguridad social
y la salud de los niños son derechos constitucionales de carácter fundamental
y, en cuanto concierne a la viabilidad de la acción de tutela para protegerlos,
ésta procede directamente y no, como sucede en otros casos,  cuando
exclusivamente su amenaza o vulneración significan afectación de  otros
derechos fundamentales como la vida y la integridad personal.[1]
Esta Corporación se
ha ocupado de innumerables casos en los cuales se ha aplicado la reglamentación
del Plan Obligatorio de Salud, sin tener en cuenta el perjuicio que con ello se
causa a quienes requieren de los procedimientos excluidos, a tal punto, que de
ellos dependen sus derechos constitucionales fundamentales a la vida y a la
integridad personal, como regla general. En tales eventos, la Corte ha
inaplicado la reglamentación que excluye el tratamiento o medicamento
requerido, para ordenar que sea suministrado y evitar, de ese modo, que una
reglamentación legal o administrativa impida el goce efectivo de garantías
constitucionales.[2]
En el presente caso
esta probado que la menor de 5 años padece  hipoacucia bilateral profunda
(sordera) además de que su cuadro clínico presenta otras disfuncionalidades
que, según informes anexos al expediente son: retardo del desarrollo del
lenguaje, discapacidad comunicativa como resultado directo de su pérdida
auditiva y luxación  congénita bilateral de cadera.
A pesar de que la
demanda afirma que la menor requiere un implante coclear, es decir, un
dispositivo que se coloca en el oído interno y permite a la persona con sordera
congénita o adquirida, acceder al mundo del sonido y desarrollar un lenguaje
adecuado, no existe una prueba en el expediente que soporte tal afirmación.
Sin embargo,
teniendo en cuenta que la garantía constitucional de la integridad personal,
como su nombre lo indica, implica el mantenimiento de todas las funciones
corporales en un estado de normalidad, cuando conseguir dicho resultado es
posible, y cuando no, al menos aproximarse a tal situación, vemos que la niña
a nombre de quien se interpone la tutela es una discapacitada auditiva, que ha
recibido los tratamientos médicos que los médicos han prescrito,[3]
pero permanece su problema de audición y por consiguiente no ha sido posible
acercarse al estado de normalidad señalado.
Con la interposición
de la tutela por parte de su padre, cabe pensar que  la niña Tatiana Rodríguez
aún no ha accedido al sonido, ni al lenguaje, no obstante que se le han
proporcionado audífonos, tratamientos y terapias necesarias. Todavía debe
hacerse entender con movimientos y señales, situación que quizás  podría
superar con el implante coclear requerido, según lo dictaminen los
especialistas. Recuérdese que a este respecto,  la  jurisprudencia de la Corte
ha sido enfática, señalando que omitir un tratamiento o intervención quirúrgica
que puede poner fin a una dolencia o malestar, es prolongar dichos estados
indeseables y atentar contra la dignidad humana.[4]
Por lo anterior, se
concederá la tutela ordenando al I.S.S. que si previa valoración médica de los
especialistas de esa entidad o  de los que ella disponga, se llegare a la
conclusión de que es menester un implante coclear, se realice en el término de
un mes, contado a partir de tal diagnóstico sin que pueda oponerse la exclusión
de la operación del  Plan Obligatorio de Salud.
En el evento en que
se tome la decisión anterior, se reitera la jurisprudencia sobre la
materia, en el sentido de que las Entidades Promotoras de Salud deben correr
con los costos que el tratamiento excluido del P.O.S. demande, pero les aguarda
el derecho de reclamar en contra de la subcuenta respectiva del Fondo de
Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social Integral en
Salud, los sobrecostos en que incurran, en vista de que la relación entre tales
entidades y el Estado, se repite, es contractual, en la cual previamente el mismo
Estado ha fijado las reglas de juego, razón por la cual todo lo que se salga de
ellas debe asumirlo él, so pena de que se altere gravemente el equilibrio
financiero del contrato.[5]
I.
DECISIÓN.
En mérito de lo
expuesto, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución Nacional,
RESUELVE
Primero. REVOCAR
la sentencia pronunciada dentro del presente asunto por el Juzgado Décimo Civil
del Circuito de Santa Fe de Bogotá.
Segundo. CONCEDER
la tutela de los derechos a la vida, la integridad personal, la salud y la
seguridad social de Karen Tatiana Rodríguez Cuenca.
Segundo. ORDENAR a
la Empresa Promotora de Salud del Seguro Social, Seccional Cundinamarca, que si
previo dictamen de los especialistas, se llegare a la conclusión de la
necesidad de un implante coclear, se proceda a dicha intervención en el término
de un mes contado a partir de la fecha del diagnóstico, sin que pueda oponer la
entidad la existencia de normas legales que excluyan el tratamiento del Plan
Obligatorio de Salud.
Tercero. En
caso de procederse a la cirugía de implante coclear, la E.P.S. del Seguro
Social, podrá repetir lo pagado en cumplimiento de la orden contenida en el
numeral tercero, en contra del Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema de
Seguridad Social Integral en Salud, subcuenta de enfermedades catastróficas.
Cuarto. Por
Secretaria, líbrese la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto
2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado ponente
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Magistrado
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión,
sentencia T-640 de 1997, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[2] Al respecto, ver Corte Constitucional, Sala Segunda
de Revisión, sentencias T-114 y 640 de 1997, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[3] Folios 69 a 72  y 77
[4] Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión,
sentencia T-499 de 1992, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, reiterada por la Sala
Segunda de Revisión en la sentencia T-322 de 1997, M.P. Antonio Barrera
Carbonell.
[5] Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-480 de
1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero.