T-425-10
Sentencia T-425/10
Sentencia T-425/10
ACCION DE TUTELA FRENTE A PARTICULARES CUANDO ESTOS NO
PRESTAN SERVICIOS PUBLICOS-Situación de
subordinación/ DERECHO DE PETICION FRENTE A EMPRESA-Solicitud de copias
de documentos de relación laboral
La Sala concluye que en este
caso es claro el derecho que le asiste al accionante a hacer uso del
derecho de petición frente a la empresa privada para la que laboró. Ahora bien,
esta Corporación ha sostenido que el núcleo esencial del derecho de petición,
reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión solicitada. En ese sentido, para que el mismo
no se vea vulnerado, el ente requerido debe dar una respuesta de fondo, clara,
oportuna y en un tiempo razonable, así como comunicar la respectiva decisión al
peticionario. a lo que se refiere inequívocamente el actor en su derecho
de petición es a las obligaciones que le surgen al empleador una vez terminado
el contrato de trabajo, por lo cual se entiende que el señor Ardila Pardo en su
condición de representante legal de la firma empleadora, debe dar respuesta de
fondo a la petición del actor, no solo en razón a su situación de
subordinación, sino también porque le asiste un deber legal con el mismo, que
se materializa en dar constancia de los documentos que se solicitan y respecto
del cual la empresa ha incurrido en omisión de sus obligaciones.
ACCION DE TUTELA CONTRA REPRESENTANTE LEGAL DE EMPRESA
Es claro que el juez de tutela
no está supeditado a las formalidades que se exigen en otras jurisdicciones, y
en esta medida está dentro de sus facultades la interpretación extensiva que
realice de los hechos que dio a conocer el accionante. Para esta Sala es
claro que el accionante le presentó su derecho de petición al señor Ardila
Pardo porque era él quien ostentaba la calidad de representante legal de la
empresa donde desempeñó sus labores, y en esta medida, le correspondía en razón
de sus funciones -y no a cualquier otro funcionario dentro Petromil S.A.- dar
respuesta a las peticiones que se le formularan. Se observa en el expediente
que el Señor, al momento de contestar la presente acción no desconoció para
nada su calidad de representante legal de la empresa Petromil S.A. Por el
contrario, partiendo de dicho reconocimiento, se limitó a utilizar el argumento
según el cual la acción se había dirigido contra persona distinta, pretendiendo
desdoblar a su favor una realidad que se muestra unívoca. Una tal argumentación
no puede ser avalada por la Sala, pues a más de reflejar un exceso ritual
manifiesto en caso de ser acogida, conllevaría innecesariamente el
desconocimiento de los derechos constitucionales fundamentales del actor. Revisando
el fondo del asunto, se tiene que lo que solicita el actor es que se le expida
copia de los documentos que firmó al momento de terminación de su contrato, y
de los aportes parafiscales que debió haber realizado su empleador, lo cual
según el Código Sustantivo del Trabajo es una de las obligaciones del
contratante al momento de la terminación del vínculo laboral, solicitud que no
tendría sentido alguno de formularse al señor Ardila como persona natural.
Referencia: expediente T-2527334
Acción de
tutela instaurada por Vicente Cassiani Salinas contra Petróleos de Milenio CI
S.A. PETROMIL S.A.
Magistrado
Ponente:
Dr. JUAN
CARLOS HENAO PÉREZ
Bogotá, D.C.,  veintiocho
(28) de mayo de dos mil diez (2010).
La Sala Tercera de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por los Magistrados GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO, JORGE IVÁN PALACIO PALACIO y JUAN CARLOS HENAO PÉREZ quien
la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
profiere la siguiente
SENTENCIA
en el trámite
de revisión del fallo emitido por el Juzgado Cuarto Penal Municipal para
Adolescentes con Función de Control de Garantías de Barranquilla, dentro del
proceso de tutela iniciado por Vicente Cassiani Salinas contra Petróleos de
Milenio CI S.A. PETROMIL S.A.
I. ANTECEDENTES.
1. Hechos.
El veinticinco (25) de septiembre
de dos mil nueve (2009) el Señor Vicente Cassiani Salinas, interpuso acción de
tutela contra Petróleos de Milenio CI S.A. PETROMIL S.A., por considerar
vulnerado su derecho de petición basándose en los siguientes hechos:
1.1    El veintiséis (26) de
junio de dos mil nueve (2009), presentó derecho de petición dirigido al Señor
Fernando Ardila Pardo, representante legal de la sociedad Petromil S.A..
1.2    Mediante derecho de
petición, solicitó que se le entregara copia de los documentos que firmó al
momento de terminación de su contrato laboral, y las constancias de
consignación de aportes a salud, pensión y riesgos profesionales a las
entidades respectivas.
1.3    Manifestó el accionante
que a la fecha de interposición de la tutela no se le había dado respuesta a su
solicitud, razón por la cual consideró vulnerado su derecho fundamental de
petición.
1.4    De acuerdo con los hechos
narrados, el actor solicitó al juez de tutela amparar su derecho fundamental de
petición, y ordenar a Petromil S.A. a través de su representante legal,
contestar de fondo la solicitud instaurada.
2. Intervención de la parte
demandada.
Fernando Ardila Pardo, en su
calidad de representante legal de la empresa Petromil S.A., dio respuesta a la
acción de tutela de la referencia, manifestando que una vez revisada la
petición realizada por el accionante, observa que la misma no fue dirigida a
Petromil S.A., sino a él como persona natural.
Con base en lo anterior, solicita
que se rechace la tutela por haber sido dirigida contra una persona distinta de
la que fue objeto del derecho de petición del accionante.
3. Pruebas relevantes
aportadas al proceso.
3.1 Copia del derecho de petición
dirigido al Señor Fernando Ardila Pardo, por parte del accionante, con fecha de
recibido veintiséis (26) de junio de dos mil nueve (2009).
II. Sentencia objeto de
revisión.
El Juzgado Cuarto Penal Municipal
para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Barranquilla, mediante
sentencia del dieciséis (16) de octubre de dos mil nueve (2009), decidió
denegar el amparo solicitado por el actor, por considerar que al dirigir la
acción de tutela a una persona distinta a la que formuló su derecho de petición
no puede establecerse que la empresa Petromil S.A. haya violado derecho alguno
del actor, y en esta medida la acción no está llamada a prosperar.
Esta sentencia no fue impugnada
por ninguna de las partes.
III. CONSIDERACIONES Y
FUNDAMENTOS.
Remitido el expediente a esta
Corporación, la Sala de Selección número Dos,  mediante Auto del diecinueve
(19) de febrero de dos mil diez (2010), dispuso su revisión por la Corte
Constitucional.
1. Competencia.
Esta Corte es competente para
conocer de la revisión de los fallos materia de acción de tutela, de
conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución
Política y en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y demás
disposiciones pertinentes, así como por la escogencia del caso por la Sala de
Selección.
2. Problema jurídico.
De los hechos narrados y probados
durante el proceso, se desprende que corresponde a la Sala de Revisión
establecer si al actor le fue vulnerado su derecho de petición al no ser
resuelta la solicitud realizada, basándose en que la dirigió al señor Fernando
Ardila Pardo sin haber precisado su condición de representante legal de
Petromil S.A.
Antes de resolver el anterior
problema jurídico, la Sala analizará (i) la procedencia de la acción de tutela frente
a particulares, cuando estos no prestan servicios públicos. Seguidamente, (ii) la
Sala estudiará las amplias facultades que le asisten al juez de tutela, para
interpretar y esclarecer los hechos de la demanda. Finalmente, (iii) se
resolverá el caso en concreto.
2.1. Procedibilidad de la
acción de tutela frente a particulares, cuando estos no prestan servicios
públicos. Situación de subordinación.
1. La Constitución de 1991
instauró la acción de tutela como un mecanismo destinado a la protección de los
derechos fundamentales que se puedan ver vulnerados o amenazados por cualquier
autoridad pública o por un particular encargado de prestar servicios públicos,
o cuando su actuación afecte grave y directamente el interés colectivo, o
respecto de aquellos que el solicitante se encuentre en estado de subordinación
o indefensión[1].
Visto lo anterior, se puede
establecer que la acción de tutela contra particulares es procedente cuando se
rompe la situación de igualdad que rige en principio sus relaciones, de manera
que se convierte en un trato en el que una de las partes tiene prevalencia
sobre la otra. Por lo tanto, se tiene que es un medio de defensa ante cualquier
abuso que pueda presentarse de parte de una persona que ostenta una posición
dominante frente a otra.
2. La diferencia de posiciones
que se puede presentar entre los particulares, puede estar dada por una
relación de subordinación o indefensión entre los mismos, lo cual ha sido
entendido por esta Corporación de la siguiente manera:
“(…) [E]l concepto de
subordinación para la Corte supone “la existencia de una relación jurídica de
dependencia, como ocurre, por ejemplo, con los trabajadores respecto de sus
patronos, o con los estudiantes frente a sus profesores o ante los directivos
del establecimiento al que pertenecen, en tanto que la indefensión, si bien
hace referencia a una relación que también implica la dependencia de una
persona respecto de otra, ella no tiene su origen en la obligatoriedad derivada
de un orden jurídico o social determinado sino en situaciones de naturaleza
fáctica en cuya virtud la persona afectada en su derecho carece de defensa,
entendida ésta como posibilidad de respuesta efectiva ante la violación o
amenaza de que se trate[2]”"[3].
3. Ahora
bien, respecto al derecho de petición, se tiene que el artículo 23 de la
Constitución Política establece que se podrá ejercer de una manera respetuosa
frente a entidades públicas, lo cual no impide que esta herramienta sea
utilizada frente a organizaciones privadas, de acuerdo a las reglas que se han
establecido jurisprudencialmente.
4. Así, en la
Sentencia T-064 de 2000, esta Corte señaló:
“Ahora
bien, si bien es cierto que el derecho de petición que consagra el artículo 23
superior puede ser ejercido por toda persona mediante peticiones respetuosas
ante las autoridades por motivos de interés general o particular y, a obtener
de ellas una pronta y efectiva resolución, no es menos cierto, que por
disposición del Constituyente del 91, también se puede acudir al ejercicio de
este derecho frente a organizaciones privadas en condiciones especiales que la
jurisprudencia tiene establecidas.
Pero,
también ha sostenido esta Corporación, que la falta de reglamentación del
derecho de petición frente a organizaciones privadas, no puede constituirse en
excusa para vulnerar este derecho constitucional fundamental y, mucho menos,
tratándose de derechos de trabajadores o extrabajadores que solicitan
respuestas que atañen a sus derechos laborales y prestacionales.
En efecto,
en sentencia T-374 de 1998, con ponencia del Magistrado José Gregorio
Hernández, se expresó: “ (…)Una cosa es que el derecho de petición no
haya sido reglamentado respecto de organizaciones privadas y otra muy distinta
que se admita, contra diáfanos postulados de la Constitución, que el trabajador
actual o antiguo puede quedar sujeto al ‘sigilo’ de la entidad para la cual
labora o laboró, no respecto de asuntos reservados o privados, sino en relación
con derechos laborales suyos, salariales o prestacionales.
“Admitir
que ello es posible, sin que el medio judicial de protección consagrado en el
artículo 86 de la CP, pueda operar para romper la artificial barrera
interpuesta por el patrono, significaría ostensible desconocimiento de la
dignidad del trabajador y negación de sus derechos básicos”.
5. Esta
posición ha sido reiterada en varias ocasiones[4] por esta Corporación, y
por lo tanto la Sala concluye que en este caso es claro el derecho que le
asiste al accionante a hacer uso del derecho de petición frente a la empresa
privada para la que laboró.
6. Ahora
bien, esta Corporación ha sostenido que el núcleo esencial del derecho de
petición, reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión solicitada. En ese sentido, para que el mismo
no se vea vulnerado, el ente requerido debe dar una respuesta de fondo, clara,
oportuna y en un tiempo razonable, así como comunicar la respectiva decisión al
peticionario.[5]
7. Dentro de este contexto, se
estudiará el caso objeto de revisión, teniendo en cuenta la situación de subordinación
en que se encontraba el accionante respecto del particular contra el que se
dirige la acción.
2.2. Facultad del juez de
tutela de esclarecer los hechos de la demanda.
8. Respecto del papel del juez de
tutela, considera esta Sala que el mismo cuenta con amplias facultades de
interpretación, en razón a su función de garante de los derechos fundamentales
de las personas, de manera tal que su rol es mucho más activo que el de otros
jueces y en esta medida es su deber esclarecer los hechos que dieron origen a
la acción.
9. Al respecto, esta Corporación
ha señalado: “[d]ebe recalcarse que la administración de justicia responde
hoy, con arreglo al artículo 228 de la Constitución, a lineamientos y directrices
diferentes de los que presidían antes de 1991 las determinaciones judiciales.
El ciego culto a la forma y la tendencia a creer que la omisión de fórmulas
sacramentales "tapa los ojos del juez" para contemplar y evaluar
realidades y mutila su ingenio para intentar soluciones jurídicas no explícitas
en el planteamiento de la demanda, han cedido el paso al principio de
prevalencia del Derecho Sustancial y a las concepciones de justicia material
que la jurisprudencia viene desarrollando.
(…)
El juez, especialmente en
materia de tutela, tiene a su cargo un papel activo, independiente, que implica
la búsqueda de la verdad y de la razón, y que riñe con la estática e indolente
posición de quien se limita a encontrar cualquier defecto en la forma de la
demanda para negar el amparo que de él se impetra.
No se olvide que los jueces
son agentes del Estado Social de Derecho y que, como tales, están obligados a
actuar según sus postulados.
La demanda de tutela es,
entonces, apenas el aviso, la alerta dada al juez acerca de que los derechos
fundamentales de alguien están siendo desconocidos o amenazados, por lo cual, a
partir de ella, tiene la responsabilidad de esclarecer los hechos y de adoptar
las providencias oportunas que los preceptos constitucionales exigen.”[6]
10. Por lo tanto, es claro que el
juez de tutela no está supeditado a las formalidades que se exigen en otras
jurisdicciones, y en esta medida está dentro de sus facultades la interpretación
extensiva que realice de los hechos que dio a conocer el accionante.
2.3. Análisis del caso
concreto.
11. De los hechos narrados se
desprende que el actor presentó derecho de petición ante el Señor Fernando
Ardila Pardo, y en vista de que pasados tres meses no obtuvo respuesta alguna
al mismo, interpuso acción de tutela para la salvaguarda de su derecho de
petición contra Petromil S.A., empresa de la cual el señor Ardila Pardo es el
representante legal.
12. El juez de instancia
consideró que al haberse formulado la tutela contra una persona distinta a la
que se dirigió el derecho de petición, el amparo no era posible y por lo tanto
denegó las pretensiones del accionante.
13. Sin embargo, teniendo en
cuenta las amplias facultades que le asisten al juez de tutela según lo visto
en el numeral anterior, esta Sala no puede desconocer que si bien el accionante
dirigió su derecho de petición al señor Ardila, éste no tendría sentido si no
se le hubiese formulado en su calidad de representante legal de la empresa
Petromil S.A., según se desprende del claro e inequívoco contenido de la
petición formulada; de allí que se dirigiera la acción de tutela contra el
señor Ardila como representante legal de la empresa Petromil S.A.
14. En ese orden, para esta Sala
es claro que el accionante le presentó su derecho de petición al señor Ardila
Pardo porque era él quien ostentaba la calidad de representante legal de la
empresa donde desempeñó sus labores, y en esta medida, le correspondía en razón
de sus funciones -y no a cualquier otro funcionario dentro Petromil S.A.- dar
respuesta a las peticiones que se le formularan.
15. Por demás, se observa en el
expediente que el Señor Ardila Pardo, al momento de contestar la presente
acción no desconoció para nada su calidad de representante legal de la empresa
Petromil S.A. Por el contrario, partiendo de dicho reconocimiento, se limitó a
utilizar el argumento según el cual la acción se había dirigido contra persona
distinta, pretendiendo desdoblar a su favor una realidad que se muestra
unívoca. Una tal argumentación no puede ser avalada por la Sala, pues a más de
reflejar un exceso ritual manifiesto en caso de ser acogida, conllevaría
innecesariamente el desconocimiento de los derechos constitucionales fundamentales
del actor.
16. Ahora bien, revisando el
fondo del asunto, se tiene que lo que solicita el actor es que se le expida
copia de los documentos que firmó al momento de terminación de su contrato, y
de los aportes parafiscales que debió haber realizado su empleador, lo cual
según el Código Sustantivo del Trabajo es una de las obligaciones del
contratante al momento de la terminación del vínculo laboral, solicitud que no
tendría sentido alguno de formularse al señor Ardila como persona natural.
16.1. Así, el artículo 57 numeral
7° del Código Sustantivo del Trabajo establece:
“Art. 57.- Obligaciones
especiales del [empleador] . Son obligaciones especiales del [empleador]:
7) Dar al trabajador que lo
solicite, a la expiración del contrato, una certificación en que conste el
tiempo de servicio, la índole de la labor y el salario devengado (…)”’
Así mismo, el Parágrafo 1° del
artículo 65 de esta misma norma establece:
“Artículo 65, PARÁGRAFO 1o.
Para proceder a la terminación del contrato de trabajo establecido en el
artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, el empleador le
deberá informar por escrito al trabajador, a la última dirección registrada,
dentro de los sesenta (60) días siguientes a la terminación del contrato, el
estado de pago de las cotizaciones de Seguridad Social y parafiscalidad sobre
los salarios de los últimos tres meses anteriores a la terminación del
contrato, adjuntando los comprobantes de pago que los certifiquen. (…)”
Subraya fuera de efecto
16.2. De manera tal que a lo que
se refiere inequívocamente el actor en su derecho de petición es a las
obligaciones que le surgen al empleador una vez terminado el contrato de
trabajo, por lo cual se entiende que el señor Ardila Pardo en su condición de
representante legal de la firma empleadora, debe dar respuesta de fondo a la
petición del actor, no solo en razón a su situación de subordinación, sino
también porque le asiste un deber legal con el mismo, que se materializa en dar
constancia de los documentos que se solicitan y respecto del cual la empresa ha
incurrido en omisión de sus obligaciones.
16.3 Respecto
de este tipo de situaciones, esta Corporación en un caso similar al que se
estudia en esta oportunidad, sostuvo:
“[L]a falta de reglamentación del derecho de petición
frente a organizaciones privadas no es excusa para guardar silencio respecto a
las solicitudes presentadas, menos aún si se trata de un ex trabajador que está
solicitando de la entidad para la cual laboró, una respuesta referente a
asuntos que no son de carácter privado de la empresa, sino que tienen que ver
con sus derechos laborales y prestacionales. Sobre este tema en particular,
esta Corporación[7] expresó lo
siguiente:
“Tiene claro la Corte Constitucional
que, fuera de los linderos reglamentarios de la petición respetuosa en interés
general o particular, lo que aquí se controvierte es si un patrono o
ex-patrono, respecto del reclamo de quien es o fue su trabajador, puede
legítimamente, frente a la Constitución como ordenamiento integral, existiendo
en ella fundamentos y valores como la justicia, el trabajo, la dignidad de la
persona, la equidad y la prevalencia del ser humano sobre los factores de
producción y desarrollo, abstenerse arbitrariamente de responderle acerca de si
tiene o no derecho a una reclamación laboral suya, ya sea por salarios,
prestaciones o derechos, legales o extralegales, y aun invocar ante los jueces,
para persistir en su displicente actitud ante el solicitante, un supuesto
derecho "a guardar silencio" acerca del reclamo.
“De nuevo es negativa la respuesta.
Una cosa es que el derecho de petición no haya sido reglamentado respecto de
organizaciones privadas y otra muy distinta que se admita, contra diáfanos
postulados de la Constitución, que el trabajador actual o antiguo puede quedar
sujeto al "sigilo" de la entidad para la cual labora o laboró, no
respecto de asuntos reservados o privados, sino en relación con derechos
laborales suyos, salariales o prestacionales.
“Admitir que ello es posible, sin
que el medio judicial de protección consagrado en el artículo 86 de la CP.
pueda operar para romper la artificial barrera interpuesta por el patrono,
significaría ostensible desconocimiento de la dignidad del trabajador y
negación de sus derechos básicos.”[8]  Subraya fuera de texto.
Por todo lo anterior, esta Sala
revocará el fallo de primera instancia, y en su lugar tutelará el derecho de
petición del accionante.
IV. DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la Sala
Tercera de Revisión, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato
de la Constitución Política,
RESUELVE:
Primero.- Revocar el fallo proferido por el Juzgado
Cuarto Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de
Barranquilla, de fecha 16 de octubre de 2009 y en su lugar CONCEDER el amparo del derecho de petición de Vicente Cassiani
Salinas.
Segundo.-
ORDENAR al señor Señor Fernando Ardila Pardo como representante legal de Petróleos
de Milenio CI S.A. PETROMIL S.A. o a quien haga sus veces, que en el término de
cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de la presente
providencia, de respuesta al derecho de petición elevado por Vicente Cassiani
Salinas el veintiséis (26) de junio de dos mil nueve (2009), de manera que le
suministre en su integridad la información y documentación requerida, y se
expidan copias auténticas de los documentos relacionados en la solicitud.
Tercero.- Líbrese
por Secretaría General la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto
2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese,
publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
JUAN CARLOS HENAO
PÉREZ
Magistrado
Ponente
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE IVÁN PALACIO
PALACIO
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Artículo 86 Constitución Política.
[2] Sentencia T-290 de 1993
[3] Sentencia T-808 de 2003
[4] Al respecto ver Sentencia T- 306 de 1999 , T-374 de 1998, T-389 de 2008, T-707-08.
[5] Sentencia T-249 de 2001, “(i) El derecho de petición es
fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la
democracia participativa, garantizando a su vez otros derechos
constitucionales, como los derechos a la información, a la participación
política y a la libertad de expresión; (ii) el núcleo esencial del derecho de
petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión; (iii) la
petición debe ser resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, precisa y
congruente con lo solicitado; (iv) la respuesta debe producirse dentro de un
plazo razonable, el cual debe ser lo más corto posible(…); (v) la respuesta no
implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una
respuesta escrita; (vi) este derecho, por regla general, se aplica a entidades
estatales, y en algunos casos a los particulares(…); (vii) el silencio
administrativo negativo, entendido como un mecanismo para agotar la vía
gubernativa y acceder a la vía judicial, no satisface el derecho fundamental de
petición (…) pues su objeto es distinto. Por el contrario, el silencio
administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de
petición; (viii) el derecho de petición también es aplicable en la vía
gubernativa (…); (ix) la falta de competencia de la entidad ante quien se
plantea, no la exonera del deber de responder; (…) y (x) ante la presentación
de una petición, la entidad pública debe notificar su respuesta al interesado”.
[6] Sentencia T-463 de 1996
[7]  Sentencia T-374 de 1998.
[8] Sentencia T-707 de 2008.