T-034-17
Sentencia T-034/17
LEGITIMACION POR ACTIVA EN TUTELA-Formas previstas por ordenamiento jurídico
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia excepcional
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad
CARACTERIZACION DEL DEFECTO PROCEDIMENTAL POR EXCESO RITUAL
MANIFIESTO-Reiteración de jurisprudencia
La
jurisprudencia constitucional ha caracterizado el defecto procedimental para
señalar que este se configura cuando el juzgador viola derechos fundamentales
al negar el derecho sustancial, ya sea por no aplicar la norma procesal acorde
con el procedimiento de que se trate, o cuando excede la aplicación de
formalidades procesales que hacen nugatorio un derecho.
PROCESO DE
RESTITUCION DE TIERRAS-Naturaleza
PROCESO DE
RESTITUCION DE TIERRAS EN EL CONTEXTO DE JUSTICIA TRANSICIONAL-Objeto
Su objeto consiste en establecer un conjunto de medidas
judiciales, administrativas, sociales y económicas, de carácter individual y
colectivo, en beneficio de las personas que han sido víctimas de infracciones
al Derecho Internacional Humanitario o de graves violaciones de Derechos
Humanos, con ocasión del conflicto armado interno por hechos ocurridos a partir
del 1º de enero de 1985. Todo esto en un marco de justicia transicional en el
que se haga efectivo el goce los derechos de las víctimas a la verdad, la
justicia, la reparación y las garantías de no repetición, a fin de lograr la
reconciliación y una paz sostenible.
PROCESO DE RESTITUCION DE TIERRAS-Contenido
en la ley 1448 de 2011
PROCESO DE RESTITUCION DE TIERRAS-Etapas
administrativa y judicial
PROCESO DE RESTITUCION DE TIERRAS-Competencia
para conocer de las solicitudes de restitución se deriva de si se ha reconocido
personería jurídica a los opositores dentro del proceso
PROCESO DE RESTITUCION DE TIERRAS-Presentación
de las oposiciones
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES EN PROCESO DE RESTITUCION DE TIERRAS-Improcedencia por cuanto no se
incurrió en un defecto procedimental por
exceso ritual al devolver el expediente al juez instructor y no fallar de fondo
Referencia: Expediente
T-5.531.920
Acción de tutela
instaurada por el señor Juan Manuel Pedroza y otros contra la Sala Civil
Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Antioquia.
Procedencia: Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
Asunto: El defecto procedimental
por exceso ritual manifiesto como requisito de procedencia de tutela contra
providencias judiciales, la naturaleza y la debida notificación a las partes en
el proceso de restitución de tierras de la Ley 1448 de 2011
Magistrada sustanciadora:
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Bogotá, D. C.,
veinticinco (25) de enero de dos mil diecisiete (2017).
La Sala Quinta de
Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Jorge Iván
Palacio Palacio y Aquiles Arrieta Gómez (E) y por la Magistrada Gloria Stella
Ortiz Delgado, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha
proferido la siguiente
SENTENCIA
En el trámite de revisión del fallo de segunda
instancia adoptado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, el 6 de abril de 2016, que confirmó la sentencia proferida por la Sala
de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, por medio la cual se negó
el amparo constitucional solicitado por Juan Manuel Pedroza, Elena Parodis
Medina y Donaldo Blanco.
El asunto llegó a la
Corte Constitucional, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 31 del
Decreto 2591 de 1991, por remisión que efectuó la Sala de Casación Laboral de
la Corte Suprema de Justicia. El 19 de septiembre de 2016, la Sala Número Nueve
de Selección de Tutelas de esta Corporación, escogió el presente caso para su
revisión.
I. ANTECEDENTES
El 2 de febrero de 2016[1], la Corporación Jurídica
Yira Castro presentó acción de tutela en representación de los actores en
contra de la Sala
Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Antioquia, por considerar que éste vulneró el derecho fundamental al debido
proceso de sus representados, al negarse a fallar de fondo y, por el contrario,
devolver el proceso de restitución de tierras con el radicado número
47-001-3121-001-2014-0006-00 al Juzgado
1º Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta.
A. Hechos y
pretensiones
1.
La Corporación Jurídica Yira
Castro presentó demanda de restitución y formalización de tierras del predio de
mayor extensión denominado TRANQUILANDIA, en representación de:
Reclamantes
Parcela
Teresa de Jesús Tapias Potes y Manuel de Jesús
Rúa Cabarcas
No. 1 “Los Delirios”
Manuel de Jesús Rúa Tapias y Denis María Nieves
Guevara
No. 2 “El Rubí”
Nicolás Gutiérrez Sánchez y Carmelina Díaz
Cardona
No. 3 “La Esperanza”
Manuel Esteban Cantillo Peña
No. 4 “La Unión”
Donaldo Blanco Balaguer y Mirelbis Laudith
Granados Jiménez
No. 7 “Bella Carolina”
Manuel Esteban Pérez Benavides y Gilma Isabel
Caballero Ramírez
No. 9 “La Cristalina”
Oswaldo Enrique Gutiérrez y Francia Elena Calvo
Caballero
No. 10 “La Ilusión”
Juan Manuel Pedroza y Emperatriz Barros
Montenegro
No. 13 “La Montaña”
Aquiles Francisco Arias e Inés Gutiérrez Gil
No. 14 “Bella Flor”
Pedro Julio Quintero y Luz Marina Benavidez
Mojica
No. 16 “El Manantial”
Jesús Salvador Pedroza Quintero y Yamile Contreras
Salazar
No. 17 “La conquista”
José Cristóbal Fernando Pájaro y Maribel del
Carmen Polo de
la Cruz
No. 18 “El Diamante”
José Dorismel Vuelvas Vergara y María Felicidad
Pérez Ospino
No. 21 “La Esmeralda”
Nuris Esther Pertuz y Eduardo Santiago Caballero
Ramírez
No. 24 “Convención”
José Manuel Carrillo de la Hoz y Erlina Leveti
Durán
No. 25 “El Silencio”
Wilman Gutiérrez Sánchez e Idalie Iluminadas
Tapias Durán
No. 29 “Los Cocos”
Yonis Barón Herrera y Minan Arias
No. 30 “Si nos dejan”
José Antonio Viloria Mercado
No. 35 “El Atardecer”
Moisés Aníbal Martínez y Kelly Jhoana Romo
Fernández
No. 36 “Las Miradas”
Antonio Blanco Balaguer y Briceida Pérez
Benavidez
No. 37 “El Lucero”
Heder Herrera Zuleta y Aracelis Benavidez Mojica
No. 38 “No me quito”
Pedro Matta Alvarado y Carmen Rosa Fagua Bastidas
No. 39 “Los Mangos”
María Isabel Guzmán y Julio cesar Pérez Benavidez
No. 40
“Bella Esperanza”
Arjadis Sarmiento Rivera
No. 41 “La Escondida”
Manuel Armenta Torres Senobia y Raquel Guerra
Suárez
No. 42 “San Miguel”
Esther Julia Ramírez y Gozanga Rodríguez
Jaramillo
No. 44 “La Laguna”
Luis Armenta Guerra y Marelbis Esther Vanegas Rúa
No. 45 “El Delirio”
Julio Armenta Ospino y Eufemia Isabel Vanega
No. 46 “La Uruguay”
Jorge Luis Vergara Gutiérrez y Nancy Esther Pérez
Guzmán
No. 47 “MaryLuz”
Fabriciano Picón Maz y Alis María Rodríguez
No. 48 “Bella Unión”
Omar Alfonso Vuelvas Crespo y Gladys de las Aguas
No. 51 “San Joaquín”
José Antonio Moya Meza y Luz Mary Esther
Sarmiento
No. 52
“La Gota de Oro”
Elena Parodis Medina y Jaime Alfonso Reyes
Divasco
No. 53 “La Vega”
Jaime Jiménez Matta
No. 55
“Los Propósitos”
Hernán Herrera Zuleta y Eustacia Benavidez Mojica
No. 57 “La Macarena”
Pedro Enrique Guerra Suarez y Juana de las  Aguas
Cantillo
No. 58 “Buena Fe”
Gustavo Antonio Ruíz Barrera Arjadis Sarmiento
Gómez
No. 59 “La Esperanza”
Cesar Augusto Sarmiento Calvo y Ruth María
Bolaños González
No. 60 “La Bella”
Miguel Ángel Parodi Medina y Elis Margot Pertuz
Rojas
No. 62 “Alto Plano”
Jairo Rafael Pérez Orozco y Sara Elena Gutiérrez
Díaz
No. 65 “La Carolina”
2.
Mediante auto del 14 de febrero
de 2014[2],
el Juzgado 1º Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de
Santa Marta admitió la demanda de restitución y formalización de los predios
anteriormente referidos, ubicados en el lote de mayor extensión denominado
TRANQUILANDIA, identificado con Folio de Matricula Inmobiliaria Nº 225-11273 de
la Oficina de Instrumentos Públicos de Fundación, el cual se encuentra en el
corregimiento de Buenos Aires, vereda Tranquilandia, Municipio de Aracataca en
el departamento del Magdalena. En particular, el juez enfatizó en que las
demandas se presentaron de manera concentrada por lo que debían admitirse en el
marco de un proceso de restitución colectiva “por la uniformidad con relación
a vecindad de los bienes despojados o abandonados, así como el tiempo y la
homogeneidad en la causa del desplazamiento” [3].
3.
Por otra parte, el Juzgado 1º
Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta
accedió a la solicitud de los demandantes de omitir los nombres, identificación
y núcleo familiar de los reclamantes en la publicación establecida en el
literal e del artículo 86 de la Ley 1448 de 2011[4] y sólo hacer referencia a
la entidad escogida para representarlos[5].
4.
Adicionalmente, el juez
encontró que el INCODER adjudicó varias parcelas del predio TRANQUILANDIA por
lo que decidió vincular a los beneficiarios de dichas adjudicaciones, a saber:
Beneficiario
Parcela
Toribio Rada y Faustino Gómez
Pinilla
No. 1 “Los Delirios”
Juan David Torres Piedrahita
No. 4 “La Unión”
Jair Barrios
No. 7 “Bella Carolina”
Albeiro Enrique Oliveros Pérez y
Yeimis Esther Caballero
Ramírez
No. 9 La “Cristalina”
Jesús Antonio Vieda Restrepo y
Francisco Javier Restrepo
Rodríguez
No. 10 “La Ilusión”
Juan Carlos Gutiérrez Busto y
Misnelis del Rosario Rodríguez
Truyo
No. 13 “La Montaña”
Julio Terraza, Teresa de Jesús
Rúa Tapias y Alejandro
Rodríguez Carmona
No. 14 “Bella Flor”
Aurelio Francisco Rodríguez
Fontalvo y Ana del Carmen
Vergel Trigos
No. 18 “El Diamante”
Jesús Antonio Vieda Quintero y
Banco Davivienda S.A
No. 21 “La Esmeralda”
José Castelar y Lourdes Nacira
Rodríguez
No. 24 “Convención”
Carlos Aurelio Díaz Rodríguez y
Rosa Eufemia Pertuz Vizcaíno
No. 25 “El Silencio”
Amira Esther Barrios Rodríguez y
Óscar Javier Ledesma Vizcaíno
No. 29 “Los Cocos”
Cándida Rosa Pabón de Ramos
No. 30 “Si nos dejan”
Luis Carlos Reyes Silva y
Edelvis Riso Camelo
No. 35 “El Atardecer”
Jhon Jader Muñoz Orozco y Milena
Patricia Palma Pertuz
No. 37 “El Lucero”
Álvaro Andrade
No. 39 “Los Mangos”
Blas del Carmen de la Cruz
Escorcia y Rita Josefa de León
Martínez
No. 40 “Bella
Esperanza”
Héctor Sosa
No. 42 “San Miguel”
Armando Rafael Carmona Rodríguez
y Daisy Isabel
Zambrano Rodríguez
No. 45 “El Delirio”
Armando Rafael Carmona Salcedo,
Banco Agrario de Colombia
S.A y Manuel Rúa
No. 47 “MaryLuz”
Néstor Sosa de la Cruz y Nuris
Isabel Vargas Rivera
No. 48 “Bella Unión”
Sixto Leguía
No. 51 “San Joaquín”
José Manuel Polo Machado y
Katiuska del Carmen Martínez
Álvarez
No. 53 “La Vega”
Jaime Rafael Sanabria Montenegro
y Julio César
Sanabria Montenegro
No. 57 “La Macarena”
José Luis Arévalo Machado
No. 58 “Buena Fe”
Julio González
No. 60 “La Bella”
Socorro Ariza y Fernando Enrique
Valencia Bolaño
No. 59 “La Esperanza”
5.
Con fundamento en lo anterior,
el Juzgado 1º Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de
Santa Marta ordenó: (i) inscribir en la Oficina de Instrumentos Públicos de
Fundación la admisión del proceso en el Folio de Matrícula Inmobiliaria
correspondiente al predio TRANQUILANDIA; (ii) sustraer provisionalmente del
comercio la propiedad del referido predio y suspender los procesos
declarativos, sucesorios, de embargo, divisorios, de deslinde y amojonamiento,
de servidumbre, posesorios de cualquier naturaleza, de restitución de tenencia,
de pertenencia, y de bienes vacantes y mostrencos que se hubieran iniciado
sobre el mismo, (iii) al INCODER suspender y enviar las solicitudes de adjudicaciones
en las que se involucre al predio TRANQUILANDIA.
6.
Asimismo, el juez instructor
decretó las pruebas requeridas por los solicitantes, ordenó la publicación de
la admisión de la solicitud con la omisión de los nombres e identificaciones de
los reclamantes, pero con la información de la organización que los representa
y la individualización de los predios objeto de restitución. También ordenó la
notificación de la admisión de la demanda por el medio más expedito a la
Alcaldía de Aracataca, al Personero del mismo municipio, al procurador Delegado
ante los Juzgados de Restitución de Tierras y a la Unidad Administrativa
Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas.
7.
El 24 de abril de 2014 la
señora Maleneide Jiménez Peñaranda, mediante apoderado judicial[6], radicó escrito de
oposición sobre la restitución de la parcela No. 7 “Bella Carolina”. El abogado
manifestó que el solicitante vendió su predio de forma voluntaria y sin presión
alguna y que la venta se realizó cuando todo el sector se encontraba asegurado [7].
8.
El 25 de abril de la misma
anualidad[8]
el mismo representante radicó la oposición de la restitución de la parcela Nº 4
“La Unión” a nombre de Juan David López Piedrahita. En particular, el abogado
afirmó que el solicitante Manuel Esteban Cantillo Peña vendió el predio por su
labor religiosa evangelizadora y no por presiones en el marco del conflicto
armado.
9.
Asimismo, el 19 de mayo de 2014[9] el apoderado
anteriormente mencionado presentó escrito de oposición, en representación de sus
poderdantes[10]
sobre el despojo y la restitución de las siguientes parcelas: No. 25 “El
Silencio”; No. 29 “Los Cocos”; No. 30 “Si nos dejan”; No. 1 “Los Delirios”; No.
18 “El Diamante”; No. 13 “La Montaña”; No. 9 “La Cristalina”; No. 52 “La Gota
de Oro”; No. 10 “La Ilusión” y No. 21 “La Esmeralda”. En particular, el
apoderado manifestó que se oponía a todas las pretensiones de la demanda debido
a que no se configuró el despojo o el abandono forzado como lo alegan los
reclamantes, y que tanto él como sus representados son terceros de buena fe
exenta de culpa. Lo anterior, bajo el argumento de que dichos predios fueron
adjudicados por el INCODER.
10.
Adicionalmente, el mismo
abogado presentó un escrito en representación de José Manuel Guerrero Vizcaino
en el que se pronunció sobre su oposición a la restitución de la parcela No. 36
“Las Miradas” bajo el mismo argumento de que el predio solicitado fue
adjudicado por el INCODER a su poderdante.
11.
Por otra parte, el 28 de abril
de 2014[11]
otro abogado[12]
radicó en el juzgado su escrito de oposición en representación de:
Opositor representado
Parcela
Toribio Rada y Faustino Gómez
Pinilla
No. 1 “Los Delirios”
Juan David Torres Piedrahita
No. 4 “La Unión”
Jair Barrios
No. 7 “Bella Carolina”
Albeiro Enrique Oliveros Pérez y
Yeimis Esther Caballero
Ramírez
No. 9 La “Cristalina”
Jesús Antonio Vieda Restrepo y
Francisco Javier
Restrepo Rodríguez
No. 10 “La Ilusión”
Juan Carlos Gutiérrez Busto y
Misnelis del Rosario
Rodríguez Truyo
No. 13 “La Montaña”
Julio Terraza, Teresa de Jesús
Rúa tapias y Alejandro
Rodríguez Carmona
No. 14 “Bella Flor”
Aurelio Francisco Rodríguez
Fontalvo y Ana del Carmen
Vergel Trigos
No. 18 “El Diamante”
Jesús Antonio Vieda Quintero y
Banco Davivienda S.A
No. 21 “La Esmeralda”
José Castelar y Lourdes Nacira
Rodríguez
No. 24 “Convención”
Carlos Aurelio Díaz Rodríguez y
Rosa Eufemia Pertuz Vizcaíno
No. 25 “El Silencio”
Amira Esther Barrios Rodríguez y
Óscar Javier Ledesma Vizcaíno
No. 29 “Los Cocos”
Cándida Rosa Pabón de Ramos
No. 30 “Si nos dejan”
Luis Carlos Reyes Silva y Edelvis
Riso Camelo
No. 35 “El Atardecer”
Jhon Jader Muñoz Orozco y Milena
Patricia Palma Pertuz
No. 37 “El Lucero”
Álvaro Andrade
No. 39 “Los Mangos”
Blas del Carmen de la Cruz
Escorcia y Rita Josefa de León
Martínez
No. 40 “Bella
Esperanza”
Héctor Julio Montenegro
No. 42 “San Miguel”
Tomasa Bandera Sánchez
No. 44 “La Laguna”
Armando Rafael Carmona Rodríguez
No. 45 “El Delirio”
Etelvina Esther Marriaga
Cantillo
No. 46 “La Uruguay”
Armando Rafael Carmona Rodríguez
No. 47 “MaryLuz”
Nestor Sosa de la Cruz
No. 48 “Bella Unión”
José Manuel Polo Machado
No. 53 “La Vega”
Olaris del Socorro Castañeda de
la Cruz
parcela No. 55
“Los Propósitos”
José Luis Arévalo Machado
No. 58 “Buena Fe”
James de la Cruz Herrera
No. 62 “Alto Plano”
12.
Particularmente, el apoderado
indicó que los predios anteriormente referidos fueron adjudicados a sus
poderdantes por el INCODER por lo que ellos son los titulares del derecho de
propiedad sobre tales parcelas.
13.
Igualmente, el 8 de mayo de
2014 un tercer apoderado[13]
presentó dos escritos de oposición. El primero de ellos en representación del
señor Carlos David Andrade Pabón sobre la restitución de la parcela No. 39 “Los
Mangos”[14]
y el segundo como apoderado del señor Julio César Sanabria Montenegro respecto
de la parcela No. 57 “La Macarena” [15].
14.
En relación con el primero, el
abogado manifestó que Carlos David Andrade Pabón y su abuela compraron el
predio “Los Mangos” a su antiguo dueño quien fue beneficiado por la adjudicación
del INCORA, por lo que se prueba la buena fe exenta de culpa de la compra.
Respecto del segundo, el abogado manifestó que su poderdante Julio César
Sanabria Montenegro compró la parcela solicitada a su hermano, y que en ninguna
parte se registra que el predio hubiera sido vendido como consecuencia del
conflicto armado desde que fue adjudicado a la señora Sara Dolores Martínez de
Castañeda quien se lo vendió a su hermano.
15.
Posteriormente, el 13 de mayo
de 2014[16]
este último apoderado presentó escrito de oposición sobre restitución de la
parcela No. 37 “El Lucero” en representación de Jhon Jader Muñoz Orozco y
Milena Patricia Palma Pertuz. Según el apoderado, sus poderdantes tuvieron la
posesión del predio durante 6 años hasta el 22 de diciembre de 2009 cuando les
fue adjudicada por el INCODER.
16.
Por otra parte, el 24 de julio de
2014[17]
el señor Fabián Guerrero Rivero defensor público adscrito a la Regional
Magdalena de la Defensoría del Pueblo presentó escrito de oposición en
representación de la señora Edelvis Rizo Camelo respecto de la parcela No. 35
“El Atardecer”. En particular, el defensor indicó que su representada también
fue víctima de la violencia y que el INCODER le adjudicó el predio solicitado
el 7 de septiembre de 2009.
17.
Con fundamento en lo anterior,
el juez instructor profirió varias providencias en las que admitió los escritos
anteriormente referidos. En efecto, mediante auto del 2 de mayo de 2014[18], el Juzgado 1º Civil del
Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta admitió las
siguientes oposiciones:
Opositor
Parcela
Juan David Torres Piedrahita
No. 4 “La Unión”
Madeleine Jiménez Peñaranda
No. 7 “Bella Carolina”
Jesús Antonio Vieda Quintero
No. 10 “La Ilusión”
Jesús Antonio Vieda Quintero
No. 21 “La Esmeralda”
Héctor Julio Montenegro
Castellón
No. 42 “San Miguel”
Armando Rafael Carmona Rodríguez
No. 45 “El Delirio”
Etelevina Esther Marriaga
Cantillo
No. 46 “La Uruguay”
Armando Rafael Carmona Rodríguez
No. 47 “MaryLuz”
Nestor Sossa de la Cruz
No. 48 “Bella Unión”
Sixto Leguía
No. 51 “San Joaquín”
José Manuel Polo Machado
No. 53 “La Vega”
Olaris Castañeda de la Cruz
No. 55
“Los Propósitos”
José Luis Arévalo Machado
No. 58 “Buena Fe”
18.
Además, en la misma
providencia reconoció a Jesús Antonio Vieda Quintero y a Raúl Alberto Gual Mozo
como apoderados judiciales de sus respectivos opositores. Finalmente, abrió el
proceso a etapa probatoria por el término de 30 días.
19.
Posteriormente, por medio de
auto del 27 de junio de 2014[19]
el Juzgado 1º Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de
Santa Marta admitió los siguientes escritos de oposición:
Opositor
Parcela
Aurelio Francisco Rodríguez Fontalvo
No. 9 La “Cristalina”
Juan Carlos Gutiérrez Bustos
No. 13 “La Montaña”
Carlos Aurelio Díaz Rodríguez
No. 25 “El Silencio”
Oscar Ledesmas Vizcaino
No. 29 “Los Cocos”
Candida Pabón
No. 30 “Si nos dejan”
José Manuel Guerrero Vizcaino
No. 36 “Las Miradas”
Rita Josefa de León Martínez
No. 40
“Bella Esperanza”
Ramit Rafael Rodríguez
No. 52
“La Gota de Oro”
20.
Adicionalmente el juez
instructor decretó algunas pruebas de oficio y las que fueron solicitadas por
los abogados.
21.
Con fundamento en lo
establecido en el artículo 79 de la Ley 1448 de 2011[20], el expediente fue
remitido a la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Antioquia[21] para que se pronunciara
sobre el fondo del asunto. Sin embargo, mediante auto del 31 de julio de 2015[22]  el Tribunal accionado
ordenó la devolución del expediente al juez instructor. En particular, el
Tribunal indicó que los terceros indeterminados no fueron debidamente
notificados, toda vez que no se identificaron las parcelas objeto de
restitución de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 1448 de
2011[23].
Adicionalmente, consideró que se desconoció la diferencia entre la publicación de
la admisión de la solicitud, la vinculación formal de las partes procesales y
el traslado que se debe surtir a las personas determinadas que figuran como
titulares inscritas de derechos en el certificado de tradición y libertad de la
matrícula inmobiliaria de las parcelas reclamadas o quiénes tienen derechos
reales sobre tales predios. En razón a lo anterior, el Tribunal hizo referencia
a la situación de notificación de las personas que figuran como titulares de
derechos reales sobre cada una de las parcelas:
Reclamantes
Parcela
Propietarios
Inscritos
Estado de Notificación
Teresa de Jesús Tapias
Potes y Manuel de Jesús
Rúa Cabarcas
No. “1
Los Delirios”
Nelson
Antonio
Palacio Páez
Inexistencia de la
notificación
Manuel de Jesús Rúa
Tapias y Denis María Nieves
Guevara
No. 2
“El Rubí”
Denis María
Niebles Guevara y Manuel de
Jesús Rúa Tapias[24]
Inexistencia de la
notificación
Manuel Esteban
Cantillo Peña
No. 4
“La Unión”
Juan David
Torres Piedrahita
Ausencia de
notificación personal,
pero se pronunció
Donaldo Blanco Balaguer y Mirelbis Laudith
Granados Jiménez
No. 7
“Bella Carolina”
Maleneide
Jiménez
Peñaranda
Ausencia de
notificación personal,
pero se pronunció
Manuel Esteban
Pérez Benavides y
Gilma Isabel
Caballero Ramírez
No. 9
La “Cristalina”
Yennis
Esther
Caballero Ramírez y
Alveiro
Pérez Gutiérrez
Se notificaron de
manera personal a través
de su abogado pero no se
corrió traslado de la
solicitud
Oswaldo Enrique Gutiérrez
y Francia Elena Calvo Caballero
No. 10
“La Ilusión”
Jesús Antonio
Vieda Quintero  - hipoteca
del predio a DAVIVIENDA
S.A
Se notificó de manera
personal y se le corrió
traslado de la solicitud.
Juan Manuel Pedroza y y Emperatriz
Barros Montenegro
No. 13
“La
Montaña”
Juan
Carlos
Gutiérrez
Bustos Misnelis
del Rosario
Rodríguez Truyo
Juan Carlos Gutiérrez
se notificó
de manera personal a través
de su abogado, pero no se
le corrió el traslado.
Inexistencia de notificación a Misnelis
Aquiles Francisco Arias e e Inés Gutiérrez Gil
No. 14
“Bella Flor”
Teresa de
Jesús Rúas y Alejandro
Augusto
Rodríguez
Carmona
Alejandro se notificó
de manera personal
Inexistencia de notificación a Teresa
José Cristóbal
Fernando Pájaro y
Maribel del Carmen
de la Cruz
No. 18
“El
Diamante”
Aurelio
Francisco
Rodríguez
Fontalvo
Inexistencia de notificación
José Dorismel
Vuelvas Vergara y
María Felicidad Pérez
Ospino
No. 21
“La Esmeralda”
Jesús Antonio
Vieda Quintero - hipoteca del
predio a DAVIVIENDA
S.A
Se notificó de manera
personal
Nuris Esther Pertuz y y Eduardo Santiago
Caballero Ramírez
No.
24 “Convención”
Lourdes Nacira
Rodríguez
Inexistencia
de notificación
José Manuel Carrillo de
la Hoz y Erlina Leveti
Durán
No. 25
“El Silencio”
Carlos Aurelio
Díaz Rodríguez y
Rosa Eufemia
Pertuz Vizcaino
Se notificaron
de manera personal a través
de su abogado pero no se
corrió traslado de la
solicitud
Wilman Gutiérrez Sánchez
e Idalie Iluminadas
Tapias Durán
No. 29
“Los Cocos”
Oscar Javier
Ledesma Viscaino y Amira Esther
Barrios Rodríguez
Embargo ejecutivo
con acción personal
de Juan Bautista
de Arce Pérez a
Oscar Javier
Se notificaron
personalmente a través
de su abogado pero no se
les corrió traslado de la solicitud
Yonis Barón Herrera y
Minan Arias
No. 30
“Si nos
dejan”
Cándida Rosa
Pabón de Ramos
Se notificó de manera
personal a través de su
abogado pero no se le
corrió traslado de la
solicitud
José Antonio
Viloria Mercado
No. 35
“El
Atardecer”
Luis Carlos Reyes
Silva y Edelys
Rizo Camelo
Inexistencia
de notificación
Moisés Aníbal Martínez y y Kelly Jhoana
Romo Fernández
No. 36
“Las
Miradas”
José
Manuel
Guerrero Vizcaino
Inexistencia
de notificación
Antonio Blanco Balaguer y y Briceida Pérez
Benavidez
No. 37
“El Lucero”
Jhon Jader
Muñoz Orozco y Milena Patricia
Palma Pertuz
Jhon Jader Muñoz se
notificó
de manera personal,
pero no se le
corrió traslado de la solicitud.
Milena Palma a pesar de
que no se notificó de
manera personal se
pronunció
Pedro Matta Alvarado y y Carmen Rosa Fagua
Bastidas
No. 39
“Los
Mangos”
INCODER
Se notificó de manera
personal a Carlos Andrade Pabón, poseedor de esa
parcela pero no se le corrió traslado de la solicitud.
Inexistencia de notificación
al INCODER
María Isabel Guzmán y
Julio cesar Pérez
Benavidez
No. 40
“Bella Esperanza”
Rita Josefa de
León Martínez y Blas del Carmen
de la Cruz Escorcia
No se notificaron
de manera personal
pero se pronunciaron
Manuel Armenta Torres y Senobia Raquel Guerra Suárez
No. 42 “San Miguel”
Héctor Julio Montenegro Castellano y
Maritza Llorente Toloza
Héctor Julio Montenegro no se notificó de manera
personal, pero se pronunció.
Inexistencia de notificación
a Maritza Llorente
Luis Armenta Guerra y Marelbis Esther Vanegas Rúa
No. 45 “El Delirio”
Daysi Isabel
Zambrano Rodríguez
y Armando Rafael Carmona
Rodríguez
Armando Carmona no se notificó de manera personal pero se
pronunció.
Inexistencia de notificación a Daysi Zambrano.
Julio Armenta Ospino y Eufemia Isabel Vanega
No. 46 “La Uruguay”
Manuel Martínez Cadena y Etelvina Esther Marriaga
Cantillo
Etelvina Marriaga no se notificó de manera personal pero
se pronunció.
Inexistencia de notificación
a Manuel Martínez
Jorge Luis Vergara
Gutiérrez y Nancy Esther Pérez Guzmán
No. 47 “MaryLuz”
Armando Rafael Carmona Salcedo
Hipoteca Banco Agrario de Colombia.
Armando Carmona no se
notificó de manera personal, pero se pronunció
Fabriciano Picón Maz y
Alis María Rodríguez
No. 48
“Bella
Unión”
Néstor Sosa de la
Cruz y Nuris
Vargas Rivera
Néstor Sosa no se notificó
de manera personal pero se pronunció
Inexistencia de notificación
a Nuris Vargas.
Omar Alfonso Vuelvas Crespo y Gladys de las Aguas
No. 51 “San Joaquín”
Denis María Huelvas Moso y Sixto Rafael
Leguia Larios
Sixto Leguia se notificó de manera personal pero no se
le corrió traslado.
Inexistencia de notificación a Denis Huelvas.
José Antonio Moya Meza y Luz Mary Esther
Sarmiento
No. 52 “La Gota de Oro”
Ana Angulo Lora y Ramith Rafael Rodríguez Buelvas
Ausencia de notificación a
Ana Angulo
Elena Parodis Medina y
Jaime Alfonso Reyes Divasco
No. 53 “La Vega”
Katiuska del Carmen Martínez Álvarez y José Manuel Polo
Machado
Embargo ejecutivo derechos de cuota a favor de DELCO S.A
José Manuel Polo no se notificó de manera personal, pero
se pronunció
Inexistencia de notificación a Katiuska Martínez
Jaime Jiménez Matta
No. 55 “Los Propósitos”
Calixto Fortunato Jiménez Fonseca
Inexistencia de notificación
Hernán Herrera Zuleta y Estuacia Benavidez Mojica
No. 57 “La Macarena”
Julio César
Sanabria Montenegro
Jaime Rafael
Sanabria Montenegro
se notificó de manera
personal pero no se le
corrió traslado de la
solicitud.
No se notificó al
propietario inscrito
Julio César Sanabria
Pedro Enrique Guerra
Suarez y Juana de las
Aguas Cantillo
No. 58
“Buena Fe”
José Luis Arévalo Machado
Inexistencia de notificación
Gustavo Antonio Ruíz Barrera y Arjadis Sarmiento Gómez
No. 59 “La Esperanza”
Marily del Socorro Ariza y Fernando Enrique Valencia
Bolaño
Inexistencia de notificación
Cesar Augusto Sarmiento Calvo y Ruth María
Bolaños González
No. 60 “La Bella”
Aníbal José González Acuña
Inexistencia de notificación
Miguel Ángel Parodi
Medina y Elis Margot
Pertuz Rojas
No. 62 “Alto Plano”
James de la Cruz Herrera y Jaidiz
del Carmen
Fonseca Montes
Inexistencia de notificación
Jairo Rafael Pérez Orozco y Sara Elena Gutiérrez Díaz
No. 65 “La Carolina”
Esperanza Isabel Camargo Noriega
y Martín Manuel Cantillo Romero
Martín Cantillo se notificó
de manera personal pero no
se le corrió traslado de la solicitud.
Inexistencia de notificación
de Isabel Camargo.
22.
Por otra parte, el Tribunal
accionado manifestó que el juez instructor omitió ordenar la suspensión de los
procesos ejecutivos sobre algunas parcelas objeto de restitución, su remisión al
presente proceso y no decretó medidas cautelares respecto de cada una de las
parcelas. En particular el Tribunal manifestó:
“En este sentido, el Juez debe asumir el
compromiso de estudiar el contenido de la solicitud, disponer adecuadamente
todas las ordenes (sic) preceptuadas en el art. 86 de la Ley 1448 de 2011 y
analizar en forma diligente los folios de matrícula inmobiliaria de más (sic)
parcelas objeto de restitución, para garantizar el derecho de defensa a los
sujetos que figuren como titulares de derechos, teniendo en cuenta el plazo
para la presentación de las oposiciones establecido en el art. 88 de la Ley
1448 de 2011 en concordancia con la contabilización de los términos expuesta
por la H. Corte Constitucional en la sentencia C-438 de 2013” [25].
23.
Adicionalmente, el accionado
indicó que en este tipo de procesos es necesario darle la oportunidad a quienes
estén legitimados dentro de los mismos, con el fin de que puedan controvertir
los argumentos de la demanda dentro de un plazo determinado, y no en todas las
etapas del proceso como lo permitió el Juzgado en esta oportunidad.
24.
Asimismo, el Tribunal señaló
que Juez 1º Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa
Marta omitió pronunciarse sobre los escritos de oposición presentados por
Francisco Javier Restrepo Rodríguez, Edelvis Rizo Camelo, José Dorismel,
Osvaldo Gutiérrez Pérez y la Unidad Administrativa de Restitución de Tierras
Despojadas (en adelante UAEGRTD). Además, tampoco se pronunció sobre varios
escritos de desistimiento que debían ser resueltos por el juez instructor de
conformidad con lo establecido en el artículo 79 de la Ley 1448 de 2011, el
cual dispone que tales jueces deben tramitar el proceso hasta antes del fallo y
posteriormente remitirlo a los tribunales especializados para resolver el fondo
del asunto.
25.
Finalmente, el demandado señaló
que no se ordenaría la ruptura procesal en consideración a que los accionantes
presentaron varias peticiones colectivas de reparación transformadora para la
comunidad, por lo que se tomaron el esfuerzo de agrupar diferentes solicitudes
en un solo método de debate para obtener un pronunciamiento único sobre ellas.
26.
En el mismo sentido, el
Tribunal indicó:
“Con el estudio conjunto de la
demanda colectiva se salvaguarda la continencia de la causa, es decir la
necesidad de que cuando dos o más pretensiones tienen un hecho causal común, el
juez se pronuncie una sola vez máxime que en el presente caso subyacen los
derechos de las personas que integran la misma comunidad de Tranquilandia y
ello exige un trato similar para quienes ostentan la misma calidad de víctimas” [26].
27.
Con fundamento en lo anterior, la
Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Antioquia ordenó devolver el expediente al Juzgado 1º
Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta para
que (i) notifique de forma adecuada a los terceros indeterminados tal y como lo
establece el artículo 86 de la Ley 1448 de 2011; (ii) vincule y notifique en
debida forma a los titulares de derechos reales en los certificados de libertad
y tradición de los predios objeto de restitución que no hubieran sido
notificados ni se les hubiera corrido traslado de la solicitud; (iii) evacúe todas
las pruebas decretadas y (iv) se pronuncie sobre la admisibilidad de los
escritos de oposición y los desistimientos presentados por algunos
solicitantes.
28.
Adicionalmente, el Tribunal
compulsó copias al Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, para que
investigue la conducta asumida por el Juez 1º Civil del Circuito Especializado
en Restitución de Tierras de Santa Marta, por incumplir sus deberes en la
dirección adecuada del proceso.
29.
El 31 de agosto de 2015, la
Procuradora 5ª Judicial II para la Restitución de Tierras[27] y la abogada Blanca
Irene López Garzón[28]
-en representación de los reclamantes- presentaron recurso de reposición en
contra del auto que decidió devolver el proceso al juez instructor, bajo el
argumento de que todos los opositores tuvieron la oportunidad de ejercer su
derecho de defensa, en la medida en que algunos fueron notificados del proceso
desde el procedimiento administrativo que se desarrolló previamente en la UAEGRTD,
y otros por conducta concluyente debido a que presentaron escritos de oposición
a través de su apoderado. Además, los recurrentes indicaron que nada impedía al
Tribunal pronunciarse sobre los escritos de desistimiento presentados en el
proceso, en la medida en que la Ley 1448 de 2011 no establecía claramente quién
era el competente para pronunciarse sobre dichas solicitudes.
30.
Por medio de auto proferido el
16 de octubre de 2015[29],
la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de
Antioquia reiteró los argumentos expuestos en la providencia del 31 de julio de
la misma anualidad y rechazó los recursos de reposición por ser extemporáneos. Además,
el Tribunal aclaró el mencionado auto y estableció que los señores Julio César
Sanabria Montenegro, José Manuel Guerrero Vizcaino, Aurelio Francisco Rodríguez
Fontalvo, Nelson Antonio Palacio Peláez y Edelvis Rizo Camelo se entienden
notificados por conducta concluyente.
31.
Con fundamento en lo anterior,
el 2 de febrero de 2016[30],
Juan Manuel Pedroza, Elena Parodis Medina y Donaldo Blanco Balaguer,
promovieron acción de tutela, por medio de la abogada Blanca Irene López
Garzón, integrante de la Corporación Jurídica Yira Castro en contra de la Sala
Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de
Antioquia, por considerar que el accionado vulneró su derecho fundamental al
debido proceso, al devolver el expediente al Juzgado 1º Civil del Circuito
Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta, no pronunciarse de
fondo sobre el asunto y postergar injustificadamente el proceso de restitución.
32.
En efecto, los peticionarios
afirmaron que en el expediente existen suficientes pruebas para determinar que las
partes del proceso fueron notificadas del mismo y hacen una referencia a cada
uno de los casos:
Parte procesal
Actuación
Nelson Antonio Palacio
Presentó escrito de oposición a
la demanda
Denis María Niebles y Manuel de
Jesús Rúa
Actúan como solicitantes dentro
del proceso
Aurelio Francisco Rodríguez
Presentó escrito de oposición a
la demanda
Lourdes Nacira Rodríguez
Rindió declaración juramentada a la
UAEGRTD
Luis Carlos Reyes Silva y Edelvys
Rizo
La señora Rizo presentó escrito de oposición
de la demanda en calidad de
compañera supérstite del señor Reyes
quien murió en el año 2009
José Manuel Guerrero
Presentó escrito de oposición de la demanda a
través de apoderado judicial
Daysi Isabel Zambrano y
Armando Rafael Carmona
El señor Carmona presentó escrito de
oposición a su nombre y en favor de
su compañera permanente la señora Zambrano
Calixto Fortunato Jiménez
Fue asesinado en el año 2002 en la finca
“El Vergel”
Marily del Socorro Ariza
Vendió voluntariamente la parcela No. 59
“La Esperanza” al señor Fernando Enrique
Valencia el 10 de enero de 2011. A juicio de la
Corporación es posible que por lo anterior, la
señora del Socorro no quiera participar como opositora en
el presente proceso
Maritza Llorente Toloza
El señor Héctor Julio Montenegro
presentó escrito de oposición a la demanda
en su nombre y en favor de su
compañera permanente, la señora Llorente
Julio César Sanabria
Presentó escrito de oposición a la demanda
James de la Cruz Herrera y Jaidiz del
Carmen Fonseca
Al analizar de estas dos personas se
dice textualmente: “El señor Héctor
Julio Montenegro presentó escrito de
oposición a la demanda en su nombre y en
favor de su compañera permanente la señora
Maritza Llorente Toloza”[31]
Esperanza Isabel Camargo
El señor Martín Manuel Cantillo
presentó escrito de oposición a la demanda en su nombre y
en favor de su compañera permanente, la señora Camargo
Denis María Huelvas Mozo y Sixto Rafael Leguia
El señor Sixto Rafael Leguia presentó escrito
de oposición a la demanda en su nombre y en favor de su
compañera permanente, la señora Huelvas
Teresa de Jesús Rúa Tapias
El señor Alejandro Augusto Rodríguez
presentó escrito de oposición a la demanda en
su nombre y en favor de su
compañera permanente, la señora Rúa Tapias
33.
Por otra parte, los
peticionarios indican que a su juicio, la notificación a las personas
determinadas e indeterminadas se satisface con la publicación y subsana la
notificación, teniendo en cuenta que el artículo 86 de la Ley 1448 de 2011 no
exige una forma específica de notificación.
34.
Adicionalmente, los accionantes
se pronunciaron sobre la vinculación de las entidades financieras (Banco
Davivienda S.A, Banco Agrario de Colombia) y la Empresa Delco S.A que tienen
derechos reales sobre algunos predios del proceso. En particular, manifestaron
que el artículo previamente citado establece que la publicación de la
notificación de la solicitud surte efectos para todas las personas que tienen
derechos legítimos relacionados con el predio, los acreedores con garantía real
y otros acreedores que tengan derechos relacionados con el predio, por lo que
se realizó la respectiva notificación respecto de ellos.
Con fundamento en lo anterior, los
actores solicitan el amparo de su derecho fundamental al debido proceso y en
consecuencia piden que se dejen sin efectos las providencias proferidas el 31
de julio de 2015 y el 16 de octubre de la misma anualidad por parte de la Sala
Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Antioquia y exhortar a dicho Tribunal para que continúe
con el desarrollo del proceso.
B. Actuaciones en sede de tutela
35.
Mediante auto del 5 de febrero
de 2016[32],
la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia admitió la acción de
tutela, vinculó a la Unidad Administrativa de Restitución de Tierras Despojadas
Territorial Magdalena, al Juzgado 1º Civil del Circuito Especializado en
Restitución de Tierras de Santa Marta y a todas las partes e intervinientes en
el proceso de restitución de tierras promovido respecto del predio denominado
TRANQUILANDIA.
Los accionados e intervinientes contestaron en los
siguientes términos:
Respuesta de la Procuraduría General de la Nación
36.
Por medio de escrito presentado
el 9 de febrero de 2016[33], la Procuradora 5ª Judicial para la Restitución de Tierras
indicó que coadyuvaba la acción de tutela y reiteró los argumentos presentados
en el recurso de reposición interpuesto por dicha entidad en contra del auto proferido
el 31 de julio de 2015 por el Tribunal accionado.
Respuesta de la Sala Civil Especializada en
Restitución de Tierras
37.
Mediante escrito presentado el 9
de febrero de 2016[34] el Tribunal reiteró los fundamentos de las providencias
censuradas y afirmó que los argumentos expuestos en ellas “distan mucho de
ser arbitrarios, caprichosos o producto de la subjetividad del fallador” [35].
C. Decisiones objeto de revisión
Fallo de primera instancia
38.
Por medio de sentencia del 11
de febrero de 2016[36],
la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia negó el amparo
solicitado, por considerar que las providencias censuradas no incurrieron en
ningún defecto que generara la vulneración del derecho al debido proceso de los
peticionarios. En particular, el juez de primera instancia afirmó que en el
proceso de restitución de la referencia el Tribunal accionando encontró que:
(i) no se notificó de forma adecuada a las personas determinadas que figuran
como titulares inscritos en el certificado de tradición y libertad; (ii) no se vinculó
a las personas que tienen derechos reales sobre los predios objeto de
restitución y (iii) a pesar de que varios opositores se presentaron al litigio,
no pudieron participar debido a que no se les corrió traslado de la solicitud,
por lo que el Tribunal decidió devolver el proceso al juez instructor, con
fundamento en lo establecido en los artículos 86, 87 y 93 de la Ley 1448 de
2011.
39.
Por lo anterior, el a quo consideró
que los argumentos expuestos en las providencias censuradas no fueron
caprichosos, absurdos o autoritarios ni desconocieron la ley sustancial, sino
que constituyen una interpretación judicial válida y razonable.
40.
En consecuencia, la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia concluyó que no se evidenciaba
ninguno de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales ni la vulneración del derecho al debido proceso de los
accionantes y por consiguiente negó el amparo constitucional.
Impugnación
41.
El 24 de febrero de 2016[37], los accionantes
presentaron recurso de apelación con los mismos argumentos presentados en la
acción de tutela.
Fallo de segunda instancia
42.
Mediante sentencia del 6 de abril
de 2016[38],
la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia confirmó la
decisión del a quo con fundamento en las mismas consideraciones del juez
de primera instancia.
D. Actuaciones en sede de revisión
43.
Con el fin de contar con
mayores elementos de juicio, mediante auto del 15 de marzo de 2016[39], la Sala Quinta de
Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional vinculó al Consejo Seccional de
la Judicatura de Bolívar para que expresara lo que estimara conveniente sobre
los hechos que sustentan la solicitud de amparo. Adicionalmente, ofició al
Juzgado 1º Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa
Marta para que informara a esta Corporación el estado actual del proceso de
restitución de tierras con el radicado número 47-001-3121-001-2014-0006-00 y
enviara una copia del expediente completo del mismo.
44.
Además, la Sala solicitó a la
Unidad Administrativa de Restitución de Tierras Despojadas Territorial
Magdalena remitir a este Tribunal una copia de los procesos administrativos que
se hubieran iniciado en relación con la restitución de las parcelas ubicadas en
el lote denominado TRANQUILANDIA. Finalmente, se suspendieron los términos del
proceso durante quince (15) días hábiles contados desde la fecha de dicha
providencia.
Respuesta del Juzgado 1º Civil del Circuito
Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta
45.
Mediante escrito radicado el 15
de noviembre de 2016[40]
la Secretaría del Juzgado 1º Civil del Circuito Especializado en Restitución de
Tierras de Santa Marta manifestó que, en cumplimiento de lo ordenado por la
Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Antioquia profirió el auto del 30 de septiembre de 2016
mediante el cual:
a)
ordenó publicar la admisión de
la solicitud con la identificación de los predios;
b)
ordenó notificar personalmente
a:
Notificado
Parcela
Armando Rodríguez
No. 2 “el Rubí”
Banco Davivienda S.A
No. 10 “La Ilusión” y No. 21
“La Esmeralda”
Mislenis del Rosario Rodríguez
Truyo
No. 13 “La Montaña”
Teresa De Jesús Rúa Tapias
No. 14 “Bella Flor”
Lourdes Nacira Rodríguez
No. 24 “La Convención”
Juan Bautista De Arce Pérez
No. 29 “Los Cocos”
NCODER
No. 39 “Los Mangos”
Maritza Llorente Toloza
No. 42 “San Miguel”
Daysi Isabel Zambrano Rodríguez
No. 45 “El Delirio”
Manuel Martínez Cadena
No. 46 “La Uruguay”
Banco Agrario de Colombia
No. 47 “Mary Luz”
Nuris Vargas Rivera
No. 48 “Bella Unión”
Denis María Huelvas Mozo
No. 51 “San Joaquín”
Ramit Rafael Rodríguez y Ana Angulo
Lora
No. 52 “La Gota de Oro”
Katiusca Del Carmen Martínez y la
empresa DELCO S.A
No. 53 “La Vega”
Olaris del Socorro Castañeda de la Cruz
No. 55 “Los Propósitos”
José Luis Arévalo Machado
No. 58 “Buena Fe”
Luis Manuel Cantillo y Marily del Socorro Ariza
No. 59 “La Esperanza”
Aníbal José González Acuña
No. 60 “La Bella”
Jaidiz del Carmen Fonseca Montes
No. 62 “Alto Plano”
Esperanza Isabel Camargo
No. 65 “La Carolina”
c)
decidió desvincular del
presente proceso al señor Francisco Javier Restrepo Rodríguez debido a que
quien figura como titular de la parcela No. 10 “La Ilusión” es el señor Jesús
Antonio Vieda Quintero quien actuaba en calidad de opositor respecto de dicha
parcela.
d)
ordenó al Juzgado 2º Promiscuo
Municipal de Fundación remitir los procesos ejecutivos que se adelantan ante su
despacho en los que actúan DELCO S.A y Juan Bautista de Arce Pérez en calidad
de demandantes contra de José Manuel Polo Machado y Oscar Javier Ledesma;
e)
ordenó a Luis Carlos Reyes
Silva, quien figura como titular de la parcela No. 55 “Los Propósitos”, notificarse
en debida forma del auto admisorio de la demanda y ejerza su derecho a la
contradicción;
f)
accedió a las solicitudes de
desistimiento presentadas por José Dorismel Buelvas Vergara y Osvaldo Enrique
Gutiérrez Pérez;
g)
vinculó al proceso a los
herederos de Luis Carlos Reyes Silva respecto de la parcela No. 35 “El
Atardecer” y a Calixto Fortunato Jiménez sobre la parcela No. 55 “Los
Propósitos”;
h)
inadmitió los escritos de
oposición presentados por la Unidad de Restitución de Tierras en contra las
solicitudes de los señores José Dorismel Buelvas Vergara y Osvaldo Enrique
Gutiérrez Pérez.
46.
Asimismo, en su respuesta a la
Corte Constitucional, el Juzgado indicó que mediante auto del 4 de noviembre de
2016 accedió a una solicitud presentada por el señor Jesús Antonio Vieda
Quintero, en la que pidió al despacho oficiar al Registrador de Instrumentos
Públicos de la ciudad de Fundación para levantar las medidas cautelares que se
impusieron sobre su propiedad (parcela No. 10 “La Ilusión”) y sobre la cual el
Juzgado ordenó la desvinculación del proceso por medio del auto del 30 de
agosto de 2016.
Por lo anterior, el juez instructor ordenó a la
Oficina de Instrumentos Públicos de Fundación cancelar las anotaciones sobre la
referida propiedad debido a que se aceptó la solicitud de desistimiento de los
señores José Dorismel Buelvas Vergara y Osvaldo Enrique Gutiérrez Pérez por no
ostentar la calidad de víctimas debido a que fueron condenados por la
jurisdicción penal por pertenecer a grupos armados.
47.
Adicionalmente, el Juzgado 1º
Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta requirió
a la Corporación Jurídica Yira Castro a hacer efectiva la publicación del auto
admisorio “cuya carga le correspondía a la Corporación Jurídica Yira Castro
en su calidad de representante de las víctimas, carga procesal que fue allegada
al libelo, la cual una vez analizada se vislumbra incompleta por cuanto solo se
publicó una parte de la convocatoria y no en su totalidad como fue dispuesta
por el despacho”[41]
tal y como fue establecido en el auto del 30 de septiembre de 2016.
Además el juez (i) requirió al Juzgado 2º Promiscuo Municipal de Fundación para
remitir los procesos ejecutivos que se adelantan ante su despacho en los que
actúan en calidad de demandantes DELCO S.A y Juan Bautista de Arce Pérez; (ii)
admitió la oposición presentada por la señora Gloria Stella Izaquita Ariza, en
representación del Banco Agrario de Colombia S.A. y en consecuencia ofició a la
Representante Legal de ese banco en la ciudad de Valledupar para que allegara
la copia de la escritura pública No. 914 de diciembre 12 de 2012, donde se
constituye una hipoteca del señor Armando Rafael Carmona Salcedo a favor del
Acreedor Hipotecario Banagrario S.A.
48.
Finalmente, en la misma
providencia, el Juzgado 1º Civil del Circuito Especializado en Restitución de
Tierras Despojadas y Abandonadas de Santa Marta ordenó: “REMITIR el presente
proceso en su integridad al despacho de la Honorable Magistrada MARTA PATRICIA
CAMPO VALERO de la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras de
Cartagena, a efectos de que se prosiga con el trámite pertinente conforme a lo
esbozado en el presente asunto”[42].
Respuesta de la Unidad Administrativa de
Restitución de Tierras Despojadas
49.
Por medio de escrito presentado
el 16 de noviembre de 2016 la Directora Territorial del Magdalena[43] de la Unidad
Administrativa de Restitución de Tierras Despojadas remitió la copia del
proceso solicitado.
En consideración a que el Juzgado 1º Civil del
Circuito Especializado en Restitución de Tierras Despojadas y Abandonadas de
Santa Marta remitió el expediente a la Sala Civil Especializada en
Restitución de Tierras de Cartagena,
mediante auto del 13 de diciembre de 2016, la Magistrada sustanciadora decidió
vincular a dicho Tribunal para que se pronunciara sobre los hechos del presente
asunto.
Respuesta de la Sala Civil Especializada en
Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena
Por medio de escrito recibido el 12 de enero de
2017[44],
la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cartagena manifestó que en el mes de agosto de 2014
recibió el proceso de restitución objeto de estudio, sin embargo, con
fundamento en el Acuerdo No. PSAA14-10241 del 21 de octubre de 2014[45], proferido por la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, el 11 de noviembre de la
misma anualidad el expediente se remitió al Tribunal Superior de Antioquia para
que asumiera el conocimiento del asunto.
Adicionalmente, señaló que desde esa fecha hasta la
actualidad no ha obtenido ninguna información sobre el referido proceso.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
1.
Corresponde a la Corte
Constitucional analizar, en Sala de Revisión, la sentencias proferidas dentro
de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86 y
241-9 de la Constitución y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
Asunto objeto de revisión y
problema jurídico
2.
Como se indicó en el acápite de
hechos, la Corporación Jurídica Yira Castro, presentó acción de tutela en
representación de Juan Manuel Pedroza, Elena Parodis Medina y Donaldo Blanco
Balaguer, por considerar que la Sala Civil Especializada en Restitución de
Tierras del Tribunal Superior de Antioquia vulneró el derecho fundamental al
debido proceso de sus representados, al devolver el expediente al Juzgado 1º
Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta, no
pronunciarse de fondo sobre el asunto y postergar injustificadamente el proceso
de restitución.
Por su parte, el Tribunal accionado considera que
no se vulneró ningún derecho fundamental a los peticionarios toda vez que la
decisión de devolver el proceso se fundamentó en que el juez instructor omitió:
(i) notificar a varios opositores determinados con la identificación adecuada
de los predios a restituir; (ii) correr traslado de la demanda de restitución a
terceros determinados; (iii) pronunciarse sobre la admisibilidad de algunos escritos
de oposición; (iv) decidir sobre el decreto de pruebas solicitadas en las
oposiciones y (v) pronunciarse sobre dos desistimientos presentados por dos de
los reclamantes que representaba la Corporación Jurídica Yira Castro. Por lo
anterior, en defensa de su decisión judicial, el accionado concluyó que el Juzgado
1º Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta incumplió
sus labores de juez instructor establecidas en la Ley 1448 de 2011 y en
consecuencia era necesario devolver el expediente.
3.
Con fundamento en lo anterior,
la Corte Constitucional deberá resolver el siguiente problema jurídico: ¿la Sala
Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de
Antioquia vulneró el derecho fundamental al debido proceso, al devolver el
proceso de restitución de tierras al juez instructor antes de fallar de fondo?
Para resolver las cuestión
planteada, es necesario abordar los siguientes temas: (i) la legitimación por
activa como requisito de procedencia de la acción de tutela y su análisis en el
caso concreto; (ii) los requisitos generales de la procedencia excepcional de
la tutela contra providencias judiciales y su cumplimiento en el caso concreto;
(iii) los requisitos específicos de la procedencia excepcional de la tutela
contra providencias judiciales, en particular el defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto; (vi) la naturaleza del proceso de restitución de
tierras y (vii) el análisis del defecto procedimental alegado en el caso
concreto.
Requisitos de procedencia de la
acción de tutela
4.
De conformidad con lo
establecido en los artículos 86 Superior y 5º del Decreto 2591 de 1991, la
acción de tutela procede contra toda acción u omisión de las autoridades
públicas y en ciertos casos en contra de particulares, que vulneren o amenacen
los derechos fundamentales de los accionantes.
A continuación, la Sala abordará
el análisis del requisito de procedencia de legitimación por activa. Los
presupuestos de subsidiariedad e inmediatez, se estudiarán en los fundamentos 17
a 21 de esta providencia, debido a que éstos tienen una valoración cualificada
cuando se trata de acciones de tutela contra providencias judiciales.
Legitimación por activa como
requisito de procedencia de la acción de tutela
5.
La Constitución Política[46] establece el derecho que
tiene toda persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien
actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales
cuando estos resulten amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento
preferente y sumario.
Igualmente, el artículo 10º del
Decreto 2591 de 1991 establece que toda persona vulnerada o amenazada en uno
de sus derechos fundamentales podrá solicitar el amparo constitucional por
sí misma, por representante, o a través de un agente oficioso, cuando el
titular de los derechos vulnerados o amenazados no esté en condiciones de
promover su propia defensa.
6.
En particular, sobre la
legitimación por activa en los casos de tutelas contra providencias judiciales,
la sentencia T-240 de 2004[47], indicó que, cuando se demuestra que una autoridad
judicial incurre en una vía de hecho, vulnera el derecho fundamental al debido
proceso de todas las personas que intervienen en dicho procedimiento.
Igualmente, en la sentencia T-019 de 2013[48], la Corte estableció que
la legitimación por activa en tutela contra providencias judiciales, se
acredita cuando se demuestra un interés en el resultado del fallo que se
revisa en sede constitucional.
7.
Por otro lado,
en las sentencias T-610 de 2011[49] y T-417 de 2013[50] entre otras[51] este Tribunal ha establecido que el ordenamiento
jurídico colombiano otorga cuatro posibilidades para solicitar el amparo
constitucional al juez de tutela: (i) el ejercicio directo de la acción por
parte del afectado; (ii) a través de representante legal; (iii) por medio de
apoderado judicial; y (iv) mediante agente oficioso.
En relación con
la legitimación por activa mediante apoderado, recientemente en la sentencia
T- 366 de 2015[52], la Corte afirmó
que el representante se encuentra legitimado para solicitar el amparo
constitucional, cuando se acredita que ha sido expresamente autorizado para
ello. Por consiguiente, el apoderado deberá acreditar la condición de abogado
titulado y anexar el poder para presentar la acción de tutela.
8.
En esta
oportunidad, la Corte reitera la regla jurisprudencial que establece que una
persona se encuentra legitimada por activa para presentar la acción de tutela,
cuando demuestra que tiene un interés directo y particular en el proceso y en
la resolución del fallo que se revisa en sede constitucional. Adicionalmente,
la Sala reitera que un apoderado judicial está legitimado para presentar la
acción de tutela cuando éste acredita que se encuentra expresamente autorizado
para ello, a través del poder otorgado por su representado.
Análisis de la legitimación por
activa como requisito de procedencia en el caso concreto
9.
De acuerdo con los fundamentos
jurisprudenciales anteriormente señalados y las pruebas que obran en el
expediente, la Sala encuentra que en el caso objeto estudio, se demuestra que la Corporación Jurídica Yira
Castro, acredita la calidad de apoderada judicial de los accionantes, ya que
aporta el poder concedido por sus representados para instaurar la acción de
tutela de la referencia[53], con lo cual no hay duda sobre la legitimación por activa.
10.
Asimismo, se evidencia que los
peticionarios acreditan su legitimación por activa para presentar la acción de
tutela contra el auto que ordenó la devolución del proceso al juez instructor, en
consideración a que los tres accionantes ostentan la calidad de reclamante en
el proceso de la referencia.
En efecto, de las pruebas del
expediente se demuestra que Juan Manuel Pedroza solicitó la restitución de la
parcela No. 13 denominada “La Montaña”, Elena
Parodis Medina es reclamante de la parcela No. 53 “La Vega” y el señor
Donaldo Blanco Balaguer pidió la restitución de la parcela No. 7 “Bella
Carolina”[54],
todas ellas ubicadas en el lote de mayor extensión denominado TRANQUILANDIA.
Para esta Corporación se evidencia
que los accionantes demuestran que tienen un interés directo en el proceso y en
particular en la decisión del Tribunal de devolverlo al Juzgado 1º Civil del
Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta. Lo anterior,
debido a que ellos son parte dentro del proceso de restitución revisado en esta
oportunidad por lo que cualquier actuación dentro del mismo los afecta de forma
directa. En consecuencia, se concluye que los señores Juan Manuel Pedroza, Elena Parodis Medina
y Donaldo Blanco Balaguer se encuentran legitimados por activa para presentar
la acción de tutela en contra de la Sala Civil Especializada en Restitución de
Tierras del Tribunal Superior de Antioquia.
Procedencia excepcional de la
tutela contra decisiones judiciales
11.  El artículo 86 Superior establece que la
tutela procede contra toda “acción u omisión de cualquier autoridad pública”.
Las autoridades judiciales son autoridades públicas que en el ejercicio de sus
funciones tienen la obligación de ajustarse a la Constitución y a la ley, y
garantizar la efectividad de los principios, deberes y derechos reconocidos en
la Constitución.
12.  Bajo el presupuesto mencionado, la Corte
Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales que quebranten los derechos fundamentales de las partes y
se aparten de los mandatos constitucionales. No obstante, se ha precisado que
la procedencia de la acción de tutela en estos casos debe ser excepcional, con
el fin de que no se desconozcan los principios de cosa juzgada, autonomía e
independencia judicial, seguridad jurídica, y la naturaleza subsidiaria que
caracteriza al mecanismo.
La acción de tutela contra
decisiones judiciales tiene como finalidad efectuar un juicio de validez
constitucional de una providencia que incurre en graves falencias, que la
tornan incompatible con la Carta Política[55].
13.
La Sala Plena de la Corte, en sentencia
C-590 de 2005[56],
señaló que el desarrollo jurisprudencial ha conducido a diferenciar dos tipos
de presupuestos para que proceda la acción de tutela contra providencias
judiciales, a saber: los requisitos generales de procedencia y los requisitos
específicos de procedibilidad.
Requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
14.
De conformidad con la línea
jurisprudencial uniforme y actual de esta Corporación desde la sentencia
C-590 de 2005[57],
los requisitos generales de procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencias judiciales son los siguientes: (i) que la cuestión
que se discuta tenga relevancia constitucional, esto es, que el caso involucre
la posible vulneración de los derechos fundamentales de las partes; (ii) que se
cumpla con el presupuesto de subsidiariedad que caracteriza a la tutela, es
decir, que se hayan agotado todos los medios de defensa judicial al alcance de
la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de inmediatez, o sea, que
la tutela se interponga en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una irregularidad
procesal, ésta debe tener un efecto decisivo en la sentencia que se impugna;
(v) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración, como los derechos vulnerados; y (vi) que no se trate
de sentencias de tutela.
Examen de los requisitos generales
de procedencia de la tutela contra providencias judiciales en el caso que se
analiza
15.
La Sala observa que en este
caso se reúnen todos los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales que ha fijado la jurisprudencia de esta
Corporación, tal y como se muestra a continuación:
16.
En primer lugar, la cuestión
objeto de debate es de evidente relevancia constitucional. En este caso
se encuentra en discusión el derecho fundamental al debido proceso de personas
que han sido víctimas del conflicto armando y que solicitan la restitución de
sus tierras y el restablecimiento de sus derechos fundamentales por medio del proceso
establecido en la Ley 1448 de 2011, en el que no sólo se discute el derecho a
la propiedad de las víctimas, sino también se analizan sus derechos a la
verdad, a la justicia, a la reparación, y a las garantías de no repetición.
17.
En segundo lugar, respecto del
requisito de subsidiariedad, el inciso 4º del artículo 86 de la Norma
Superior consagra este principio como requisito de procedencia de la acción de
tutela y establece que “[e]sta acción sólo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.
Del mismo modo, el numeral 1º del
artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, establece que el amparo constitucional
será improcedente, cuando existan otros medios de defensa judicial eficaces
para resolver la situación particular en la que se encuentre el solicitante.
18.
En relación con este requisito,
en la sentencia T-1008 de 2012[58] reiterada en la T-630
de 2015[59],
esta Corporación estableció que, por regla general, la acción de tutela procede
de manera subsidiaria y por lo tanto, no constituye un medio alternativo o
facultativo, que permita complementar los mecanismos judiciales ordinarios
establecidos por la ley. Adicionalmente, la Corte señaló que no se puede abusar
del amparo constitucional ni evitar el agotamiento de la jurisdicción ordinaria
o contenciosa, con el propósito de obtener un pronunciamiento más ágil y
expedito, toda vez que éste no ha sido consagrado para remplazar los medios
ordinarios existentes.
19.
Ahora bien, en casos de tutela
contra providencia judicial se pueden encontrar dos escenarios, el primero es
que el proceso haya concluido, y el segundo es que el proceso judicial todavía
se encuentre en curso. Este Tribunal ha reiterado en diferentes ocasiones que,
por regla general, la intervención del juez constitucional es limitada en esta
última hipótesis, pues la acción de tutela no puede constituirse como un
mecanismo alternativo o paralelo a los establecidos en la jurisdicción
ordinaria.
En particular, en la sentencia T-425 de 2004[60], esta Corporación indicó
que el amparo constitucional es improcedente, cuando lo que está en discusión
es un derecho que no ha sido reconocido judicial ni extrajudicialmente. Lo
anterior, significa que en principio, la acción de tutela no procede contra
providencias judiciales que no pongan fin a un proceso.
En el mismo sentido, en la sentencia T-083 de
2007[61],
la Corte precisó:
“La jurisprudencia
constitucional ha sido enfática y abundante al considerar que la acción de
tutela no es un mecanismo alternativo o paralelo en la resolución de
conflictos, ni mucho menos que puede utilizarse como medio eficaz para sanear
los yerros cometidos en desarrollo de los diferentes procesos judiciales; es
decir, que no es dable la intromisión de la jurisdicción constitucional en la
órbita propia de la justicia ordinaria sino cuando se presentan unas
especialísimas circunstancias que hacen procedente el amparo como mecanismo
transitorio (…)”.
Esta tesis fue reiterada en la sentencia
T-113 de 3013[62],
en la que este Tribunal estableció que, por regla general, el juez de
tutela no puede intervenir en los procesos judiciales que se encuentren en
curso, debido a que esta acción constitucional no puede desarrollarse de forma
paralela a los mecanismos judiciales establecidos en el proceso ordinario
correspondiente.
20.
A pesar lo anterior, esta
Corporación también ha reconocido que en casos  excepcionales la
intervención del juez constitucional es necesaria para proteger los derechos
sustanciales de las parte, aun cuando el proceso no hubiera llegado a su fin. En
efecto, en la sentencia T-394 de 2014[63], la Corte
estableció que:
“En tal sentido, la Corte ha sido
enfática al considerar que la acción de tutela no es un mecanismo alternativo o
paralelo en la resolución de conflictos, por lo que no es dable la intromisión
de la jurisdicción constitucional en la órbita propia de la justicia ordinaria sino
cuando se presentan unas especialísimas circunstancias que hacen procedente el
amparo”
Esta Sala encuentra que lo anterior ya había sido
previsto por la Corte Constitucional desde sus inicios. En efecto, en la sentencia
C-543 de 1992[64],
este Tribunal determinó que una de las situaciones en las que el juez
constitucional puede intervenir en un proceso en curso se da cuando existe una
dilación injustificada por parte del operador judicial para tomar una decisión
de fondo. Lo anterior, debido a que los derechos fundamentales de las partes se
pueden ver afectados con la demora injustificada del juez del proceso ordinario.
21.
En esta oportunidad, la Corte
reitera su jurisprudencia, en el sentido de que no se cumple con el requisito
de subsidiariedad cuando no se han agotado todos los mecanismos judiciales en
la jurisdicción ordinaria. Asimismo, la Sala reitera que por regla general la
acción de tutela contra providencias judiciales no procede cuando se presenta
contra una decisión que no pone fin al proceso ordinario. No obstante, en casos
excepcionales el juez constitucional puede pronunciarse de fondo sobre la
solicitud de amparo cuando encuentre que los derechos fundamentales de las
partes se pueden vulnerar por la actuación del operador judicial.
22.  En el presente caso se demuestra que el el 31 de agosto de 2015, la Procuradora 5ª
Judicial II para la Restitución de Tierras[65] y la Corporación
Jurídica Yira Castro[66]
-que representa a todos los reclamantes- presentaron recurso de reposición en
contra del auto que decidió devolver el proceso al juez instructor, bajo el
argumento de que todos los opositores tuvieron la oportunidad de ejercer su
derecho de defensa, en la medida en que algunos fueron notificados del proceso
desde el procedimiento administrativo que se desarrolló previamente en la UAEGRTD,
y otros por conducta concluyente debido a que presentaron escritos de oposición
a través de sus respectivos apoderados. Además, los recurrentes indicaron que
nada impedía al Tribunal pronunciarse sobre los escritos de desistimiento
presentados en el proceso, en la medida en que la Ley 1448 de 2011 no
establecía claramente quién era el competente para pronunciarse sobre dichas
solicitudes.
23.  Mediante auto del 16 de octubre de 2015[67], la Sala Civil Especializada
en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Antioquia rechazó los recursos bajo el argumento de que eran extemporáneos. En
particular, el accionado señaló que existen varios actos que no se encuentran
regulados de forma expresa en el proceso de restitución de tierras tales como
el recurso de reposición, por lo que el juez debía acudir a la regulación
procesal general. En esa medida, para el Tribunal, el recurso debió presentarse
dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación de la providencia
censurada lo cual no había ocurrido en este caso.
En el asunto objeto de estudio, la Corte
encuentra que en este caso se dan las condiciones excepcionales que ha referido
la jurisprudencia de esta Corporación para considerar que la acción de tutela
procede aunque el proceso se encuentre en curso, principalmente por cuatro razones:
(i) la especialidad del proceso de restitución de tierras; (ii) la novedad de
dicho procedimiento; (iii) el curso del proceso en el caso particular y (iv) la
vulneración alegada por los accionantes.
(i)
En relación con la
especialidad del procedimiento, la Sala considera que el trámite de restitución
de tierras tiene un carácter especial
y único, teniendo en cuenta que una de sus partes procesales involucra a
personas que han sido reconocidas por el Estado colombiano como víctimas del
conflicto armado[68]. Además, dicho procedimiento gira en torno a los derechos
a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición
de las víctimas, y no sólo sobre la reclamación de los predios despojados [69]. La especialidad del proceso hace imperativo tener
en cuenta sus fines al momento de interpretar la razonabilidad de las
actuaciones del juez.
(ii)
Asimismo, es evidente para la
Sala que este procedimiento es novedoso por lo que no contiene todas las
actuaciones procesales que se derivan de los procedimientos ordinarios. En particular,
la Ley 1448 de 2011 no contempla el recurso de reposición contra las decisiones
de los jueces de tierras, sólo regula dos tipos de recursos, el primero es la
reposición en contra de la decisión de la UAEGRTD que deniega la inscripción en el Registro Único de
Víctimas[70] y el segundo el
recurso de revisión de la sentencia[71]. Por lo
anterior, es necesario que los Tribunales de Restitución de Tierras sean
quienes determinen el alcance de las normas de dicho procedimiento, y con sus
fallos interpreten la aplicación de las actuaciones procesales que no se
encuentren reguladas en el proceso. Lo anterior, no significa que se deban
sacrificar los derechos de los partes, sino que se deben unificar las
interpretaciones de las diferentes Salas Especializadas en Restitución de
Tierras, para que las personas que intervienen en el proceso tengan claridad de
la procedibilidad de sus actuaciones.
(iii)  En cuanto al curso del proceso en el caso particular, la
Sala encuentra que los accionantes y el Ministerio Público presentaron el
recurso de reposición el mismo día, lo que evidencia un indicio de que los
peticionarios consideraron que todavía se encontraban en término para
presentarlo. Además, a pesar de
que el Tribunal rechazó los recursos por extemporáneos, conoció de fondo los
argumentos presentados por los recurrentes y respondió a cada uno de ellos.
Particularmente, el demandado determinó los momentos precisos en los que se
entiende que se corrió traslado a las personas determinadas e indeterminadas,
en consideración a que las reglas para cada situación son diferentes. En
efecto, el Tribunal indicó que de conformidad con el artículo 87 de la Ley 1448
de 2011, se entiende que se ha corrido traslado a las personas indeterminadas
con la publicación de la solicitud de restitución en un diario de amplia
circulación nacional, en la que se identifique el predio reclamado y la persona
que lo abandonó. Por el contrario, el traslado a las personas determinadas se
cumple con la notificación -por el medio más expedito- de la providencia
mediante la cual se admite la solicitud de restitución y el envío de la
demanda. Por lo anterior, el Tribunal reiteró que era necesario devolver el
expediente al juez instructor para que realizara las notificaciones
correspondientes y corriera traslado de la solicitud a algunos los terceros
determinados que no la habían recibido. Adicionalmente, el Tribunal atendió las
solicitudes de los recurrentes y aclaró que los señores Julio Cesar Sanabria
Montenegro, José Manuel Guerrero Vizcaino, Aurelio Francisco Rodríguez
Fontalvo, Nelson Antonio Palacio Peláez y Edelvis Rizo Camelo se entienden
notificados por conducta concluyente.
(iv)
Por último, se evidencia
que los peticionarios no interpusieron la acción de tutela con el fin de
encubrir su negligencia, ni para buscar la reapertura de una oportunidad
procesal que ya ha fenecido, sino que solicitaron el amparo constitucional por
considerar que el Tribunal demandado vulneró su derecho fundamental al debido
proceso, al incurrir en una demora injustificada para fallar de fondo el asunto
al devolver el expediente al juez instructor, lo que constituye uno de los
casos excepcionales reconocidos por la jurisprudencia de esta Corporación para
que la tutela contra providencia judicial sea procedente, aun cuando el proceso
esté en curso.
Con fundamento en lo anterior, Sala considera que
en este caso se cumple con el requisito de subsidiariedad.
24.
En tercer lugar, se demuestra
que la acción de tutela se interpuso en un término razonable, toda vez
que tal y como se indicó anteriormente, el auto que negó la reposición de la
devolución del expediente se profirió el 16 de octubre de 2015 y la tutela se
presentó el 2 de febrero de 2016[72], es decir, tres meses y diecisiete días después de
que se dictó la última providencia censurada.
25.
En cuarto lugar, los demandantes
identificaron de manera razonable los hechos que generaron la vulneración de
sus derechos, así como las irregularidades que, estiman, hacen procedente
la acción de tutela. A pesar de que la apoderada judicial no identificó el
defecto en el que presuntamente incurrieron las providencias censuradas, de los
hechos de la demanda y de las pruebas documentales aportadas en el proceso, se
demuestra que la supuesta vulneración del derecho al debido proceso se deriva de
la negativa del Tribunal demandado de fallar de fondo el asunto y devolver el
expediente al juez instructor bajo el argumento de que éste no había cumplido
con todos los requisitos procesales para que se pudiera tomar una decisión
definitiva del caso.
26.
En quinto lugar, la acción de
tutela no se dirige contra un fallo de tutela. Los demandantes acusan: a)
el auto proferido el 31 de julio de 2015, por Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, mediante el cual se ordenó la devolución del proceso de
la referencia al juez instructor; y b) el auto proferido el 16 de octubre
de 2015 por el mismo Tribunal, mediante el cual se rechazó la reposición de la
decisión anteriormente mencionada.
27.
En consideración a que se
cumplen con todos los requisitos generales de procedencia de la tutela contra
providencias judiciales, la Sala continuará con el análisis de los requisitos
específicos de procedibilidad.
Requisitos específicos de
procedencia de la acción tutela contra providencias judiciales
28.
Los requisitos específicos
aluden a la concurrencia de defectos en el fallo atacado que, en razón de su
gravedad, hacen que tal providencia sea incompatible con los preceptos
constitucionales. De conformidad con la jurisprudencia vigente de esta
Corporación[73],
estos defectos son los siguientes:
Defecto orgánico: ocurre cuando el funcionario
judicial que profirió la sentencia impugnada carece en forma absoluta de
competencia.
Defecto fáctico: se presenta cuando el
juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal
en el que se sustenta la decisión, o cuando la valoración de la prueba fue
absolutamente equivocada.
Error inducido: sucede cuando el Juez o Tribunal
fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la
toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.[74]
Decisión sin motivación: implica el incumplimiento de los
servidores judiciales del deber de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones.
Desconocimiento del precedente: se configura cuando por vía
judicial se ha fijado el alcance sobre determinado asunto y el funcionario
judicial, desconoce la regla jurisprudencial establecida.[75]
Violación directa de la
Constitución: se
estructura cuando el juez ordinario adopta una decisión que desconoce, de forma
específica, postulados de la Carta Política.
Defecto material o sustantivo: ocurre cuando se decide con base
en normas inexistentes, inconstitucionales o claramente inaplicables al caso
concreto, o cuando se presenta una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
Defecto procedimental absoluto: se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.[76]
29.  En atención a los alegatos de los actores, la Sala encuentra
que el argumento central que debe analizar la Corte es si la providencia
proferida por la Sala Civil
Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Antioquia incurrió en
defecto procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto[77] al devolver
el expediente al juez instructor bajo el argumento principal de no haberse
notificado de forma adecuada a algunos opositores ni se les corrió el traslado
de la demanda. Por lo anterior, la Sala efectuará una caracterización más
detallada de esta modalidad de defecto, para proceder a resolver la cuestión
planteada.
El defecto procedimental absoluto
en la modalidad de exceso ritual manifiesto como causal de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales
30.
La jurisprudencia
constitucional[78] ha caracterizado el defecto
procedimental para señalar que este se configura cuando el juzgador viola
derechos fundamentales al negar el derecho sustancial[79],
ya sea por no aplicar la norma procesal acorde con el procedimiento de que se
trate[80],
o cuando excede la aplicación de formalidades procesales que hacen nugatorio
un derecho.[81]
En esos casos, el funcionario
judicial aplica los procedimientos como un obstáculo para la eficacia del
derecho sustancial y, por esta vía sus actuaciones devienen en una denegación
de justicia[82],
causada por la aplicación de disposiciones procesales opuestas a la vigencia de
los derechos fundamentales[83], por la exigencia irreflexiva del
cumplimiento de requisitos formales[84] o por un rigorismo procedimental en la
apreciación de las pruebas.[85] En estas situaciones se
presenta violación de los derechos al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia.
Efectivamente, en relación con el
derecho al debido proceso, tal defecto se configura cuando el funcionario
judicial se aparta del proceso legalmente establecido, ya sea porque sigue un
proceso distinto al aplicable o porque omite una etapa sustancial de éste. En
relación con el derecho fundamental al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, el defecto se produce cuando, se ponen trabas al proceso
y se viola el principio de prevalencia del derecho sustancial con fundamento en
un exceso ritual manifiesto, es decir, convierte los procedimientos en obstáculos para la
eficacia del derecho sustancial.[86]
La formulación del defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto contra providencias judiciales tuvo
como objetivo resolver la aparente tensión entre el derecho al debido proceso
(art. 29 C.P.) y la prevalencia del derecho sustancial (Art. 228 C.P.)[87].
En principio, estos dos mandatos son complementarios pero en ocasiones la
justicia material parecería subordinada a los procedimientos, no obstante, la
jurisprudencia de esta Corte ha señalado que las formalidades procedimentales
son un medio para la realización de los derechos sustantivos y no fines en sí
mismos[88].
31.
La jurisprudencia de esta Corporación también ha señalado cuáles son los
elementos que deben concurrir para que se configure el defecto procedimental
por exceso ritual manifiesto:
“(i) que no haya posibilidad de
corregir la irregularidad por ninguna otra vía, de acuerdo con el carácter
subsidiario de la acción de tutela;
(ii) que el defecto procesal tenga
una incidencia directa en el fallo que se acusa de ser vulneratorio de los
derechos fundamentales;
(iii) que la irregularidad haya
sido alegada al interior del proceso ordinario, salvo que ello hubiera sido
imposible, de acuerdo con las circunstancias del caso específico; y
(iv) que como consecuencia de lo
anterior se presente una vulneración a los derechos fundamentales”[89].
Por ejemplo, la sentencia
T-1306 de 2001[90] indicó que:
“[…] si el derecho procesal se
torna en obstáculo para la efectiva realización de un derecho sustancial
reconocido expresamente por el juez, mal haría éste en darle prevalencia a las
formas haciendo nugatorio un derecho del cual es titular quien acude a la
administración de justicia y desnaturalizando a su vez las normas procesales
cuya clara finalidad es ser medio para la efectiva realización del derecho
material (art. 228).
De lo contrario se estaría
incurriendo en una vía de hecho por exceso ritual manifiesto que es aquel
que se deriva de un fallo en el cual haya una renuncia consciente de la verdad
jurídica objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en la aplicación de
las normas procesales convirtiéndose así en una inaplicación de la justicia
material.” (Negrillas
fuera de texto original).
En ese sentido, la valoración
probatoria no puede negar la realidad que muestran las pruebas por dar
prevalencia a los trámites. Sobre los límites al ejercicio del análisis
probatorio de los jueces, la sentencia T-974 de 2003[91]
dijo lo siguiente:
“Por consiguiente, aun cuando los jueces
gozan de libertad para valorar el material probatorio con sujeción a la sana
crítica, no pueden llegar al extremo de desconocer la justicia material, bajo
la suposición de un exceso ritual probatorio contrario a la prevalencia del
derecho sustancial (art. 228 C.P). Por ello, es su deber dar por probado un
hecho o circunstancia cuando de dicho material emerge clara y objetivamente su
existencia.
(…) Cuando el artículo 228 de la
Constitución establece que en las actuaciones de la Administración de Justicia
‘prevalecerá el derecho sustancial’, está reconociendo que el fin de la
actividad jurisdiccional, y del proceso, es la realización de los derechos
consagrados en abstracto por el derecho objetivo y, por consiguiente, la
solución de los conflictos de intereses. Es evidente que en relación con la
realización de los derechos y la solución de los conflictos, el derecho
procesal, y específicamente el proceso, es un medio.
(…)
Por tanto, se incurre en una vía
de hecho en la interpretación judicial cuando el juez adopta una decisión en desmedro
de los derechos sustantivos en litigio”.
32.
Resulta claro que, cuando se
aplican rigurosamente las normas procesales y con ello se anulan derechos
fundamentales, se configura un defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto que hace procedente la acción de tutela contra providencias
judiciales, correspondiéndole entonces, al juez constitucional, inaplicar la
regla procesal en beneficio de las garantías constitucionales.
33.
En resumen, el defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto es el resultado de una concepción del procedimiento como un
obstáculo para el derecho sustancial con la consecuente denegación de justicia.
Lo anterior significa que, a pesar de que los jueces gozan de una amplia
libertad para valorar el acervo probatorio de conformidad con las reglas de la
sana crítica, la justicia material y la prevalencia del derecho sustancial son
guías para adelantar este proceso valorativo. En este sentido, no existen
requisitos sacramentales inamovibles en materia probatoria o procesal, pues
el juez debe valorar cual es el mecanismo más efectivo para proteger los
derechos fundamentales de las partes, de acuerdo con las particularidades de
cada caso concreto[92].
Naturaleza del proceso de restitución de tierras
El Proceso de Restitución de
Tierras en el Contexto de Justicia Transicional
34.  El proceso de restitución de tierras se encuentra
consagrado en la Ley
1448 de 2011 “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y
reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan
otras disposiciones”. A pesar de que dicho procedimiento hace referencia a
la restitución de un bien material, esta Corporación considera necesario hacer
énfasis en el marco jurídico dentro del cual se encuentra regulado el proceso
de restitución de tierras. Lo anterior, debido a que la Ley 1448 de 2011 es una
norma de justicia transicional y en consecuencia, tiene características que
diferencian sus procedimientos de los previstos en la jurisdicción ordinaria.
35.  Los
artículos 1º y 3º de la Ley 1448 de 2011, disponen que su objeto consiste en
establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas,
de carácter individual y colectivo, en beneficio de las personas que han sido
víctimas de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de graves
violaciones de Derechos Humanos, con ocasión del conflicto armado interno por
hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985. Todo esto en un marco de
justicia transicional en el que se haga efectivo el goce los derechos de las
víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no
repetición, a fin de lograr la reconciliación y una paz sostenible.
Asimismo, el artículo 8º de Ley 1448 de 2011 establece que hacen
parte del contexto de justicia transicional, todos los procesos y mecanismos
judiciales o extrajudiciales relacionados con: (i) el rendimiento de cuentas de
los responsables de las violaciones establecidas en el artículo 3º de la misma
normativa, (ii) la satisfacción de los derechos a la verdad, la justicia,  la
reparación integral de las víctimas e implementación de medidas institucionales
necesarias para garantizar la no repetición de los hechos y (iii) la
desarticulación de las estructuras armadas que se encuentran por fuera de la
ley.
Con fundamento en lo anterior, el artículo 9º de la Ley 1448 de
2011 establece que las autoridades judiciales y administrativas competentes
deben ajustar sus actuaciones para adecuarse al marco de justicia transicional[93].
36.
Por otra parte, se evidencia
que uno de los pilares fundamentales de todos los procesos consagrados en la
Ley 1448 de 2011 es el derecho a la verdad. En particular, el artículo 23 de
tal normativa establece que “Las víctimas, sus familiares y la sociedad
en general tienen el derecho imprescriptible e inalienable a conocer la verdad
acerca de los motivos y las circunstancias en que se cometieron las violaciones
de que trata el artículo 3º de la presente Ley”. (Resaltado fuera del texto
original).
37.
Asimismo, la Ley 1448 de 2011
establece los principios generales por los cuales deben regirse sus
procedimientos. Particularmente, su artículo 4º dispone el principio de
dignidad, el cual constituye el fundamento axiológico de los derechos a la
verdad, a la justicia y a la reparación, y el respeto por la integridad y honra
de las víctimas. En virtud de tal principio, se compromete al Estado a realizar
de forma prioritaria todas las acciones dirigidas al fortalecimiento de la autonomía
de las víctimas para contribuir a su recuperación como ciudadanos.
Adicionalmente, se establece el principio de buena fe según el cual basta con
que la víctima pruebe sumariamente el daño sufrido ante una autoridad
administrativa para que se le releve de la carga de la prueba de la existencia
del mismo.
38.
Esta Corporación se ha
pronunciado sobre el proceso de restitución de tierras en el marco de la
justicia transicional. En efecto, en la sentencia C-820 de 2012[94], reiterada en la sentencia
C-794 de 2014[95],
la Corte indicó que el proceso de restitución de tierras es un elemento
impulsor de la paz, en la medida en que a través de un procedimiento especial y
con efectos diferentes a los consagrados en el régimen del derecho común, se
establecen las reglas para restitución de bienes de las personas que han sido
víctimas del conflicto armado de conformidad con lo establecido en el artículo
3º de la misma normativa.
Igualmente, en la sentencia T-666 de 2015[96] la Corte indicó que el
proceso de restitución de tierras tiene como objetivo la protección de los
derechos de las víctimas y específicamente obedece a los lineamientos
trazados por la Corte Constitucional al declarar el estado de cosas
inconstitucional en relación con las víctimas de desplazamiento forzado.
39.
En este orden de ideas, es a
través del proceso de restitución de tierras que el Legislador materializó la
protección de algunos de los derechos constitucionales fundamentales cuya
vulneración fue puesta de presente por la Corte en la sentencia T-025 de
2004[97],
a saber: (i) el derecho a la vida en condiciones de dignidad; (ii) el derecho a
escoger el lugar de domicilio, en la medida en que para huir de la amenaza que
enfrentan las víctimas de desplazamiento, éstas se ven forzadas a escapar de su
sitio habitual de residencia y trabajo; (iii) los derechos al libre desarrollo
de la personalidad, a la libertad de expresión y de asociación; (iv) la unidad
familiar y a la protección integral de la familia; (v) la libertad de
circulación por el territorio nacional y el derecho a permanecer en el sitio
escogido para vivir; (vi) el derecho al trabajo y la libertad de escoger
profesión u oficio, especialmente en el caso de los agricultores que se ven
forzados a migrar a las ciudades y, en consecuencia, abandonar sus actividades
habituales; y (vii) el derecho a una vivienda digna, puesto que las personas en
condiciones de desplazamiento tienen que abandonar sus propios hogares y
someterse a condiciones inapropiadas de alojamiento en los lugares hacia donde
se desplazan, cuando pueden conseguirlas y no tienen que vivir a la intemperie.
Proceso de Restitución de Tierras
establecido en la Ley 1448 de 2011
40.
El proceso de restitución de tierras se encuentra regulado en el
artículo 72 de la Ley 1448 de 2011, en el que se establecen las acciones de
restitución de las víctimas y, en particular, consagra: a) la acción de restitución
jurídica y material de las tierras a los despojados y desplazados y b)
cuando no sea posible la restitución, el pago de una compensación.
41.
De conformidad con lo consagrado
en el artículo 77 de la Ley 1448 de 2011, existen varias presunciones a favor
de la víctima que deben ser desvirtuadas por los opositores dentro de la etapa
judicial del proceso de restitución. En particular, la norma anteriormente
referida dispone que se presume la ausencia de consentimiento de la víctima o
de causa lícita en cualquier contrato mediante el cual se hubiera transferido
un derecho real, la posesión u ocupación sobre el bien objeto de restitución
dentro del término establecido en el artículo 75 de la Ley previamente referida[98].
42.
Asimismo, el artículo 78 de la
misma normativa establece que la carga de la prueba se traslada al demandado o
a quien se oponga a la pretensión de la víctima, cuando ésta prueba la
propiedad, posesión u ocupación del bien cuya restitución se pretende, y su
reconocimiento como desplazado en el proceso judicial.
43.
Las medidas de restitución adoptadas en este proceso, deben
ostentar las características previstas en el artículo 73 de la Ley 1448 de
2011, de las cuales resultan relevantes para el caso las siguientes: (i) las
medidas de restitución son preferentes frente a otro tipo de proceso; (ii) deben
tener en consideración que el derecho a la restitución es autónomo y opera
independientemente de que se haga o no, el efectivo el retorno de las víctimas;
(iii) se debe reconocer que las víctimas tienen derecho a retornar y ser
reubicadas de forma voluntaria en condiciones de sostenibilidad, seguridad y
dignidad (principio de estabilización); (iv) deben propender por la seguridad
jurídica y el esclarecimiento de la situación de los predios objeto de
restitución; (v) deben prevenir el desplazamiento forzado, proteger la vida e
integridad de los reclamantes y las propiedades y posesiones de las personas
desplazadas; y (vi) deben dirigirse a garantizar la participación plena de las
víctimas en todo el procedimiento[99]. Igualmente, la
misma normativa dispone que uno de los principios que rige el proceso es la
seguridad jurídica de la restitución y el esclarecimiento de la situación de
los predios reclamados.
44.
El proceso de restitución consta de dos etapas: la primera,
consiste en un procedimiento administrativo que tiene como finalidad que la
UAEGRTD incluya la solicitud de la víctima en el Registro de Restitución de
Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, actuación que constituye un
requisito de procedibilidad de la acción de restitución –artículos 76 y 83 de
la Ley 1448 de 2011-; y la segunda etapa es el proceso judicial que inicia con
la presentación de la demanda.
La etapa administrativa del proceso
de restitución inicia con una solicitud de inclusión en el registro. La UAEGRTD
comunica la iniciación del trámite al propietario, poseedor u ocupante- incluso
al segundo ocupante- que se encuentre en el predio cuyo registro se solicita,
para que aporte las pruebas documentales que acrediten su buena fe exenta de
culpa[100].
La UAEGRTD tiene la
obligación de recaudar el acervo probatorio que le permita identificar el
inmueble, la relación del solicitante con el predio y de quienes en ese momento
tengan el dominio, la posesión y/o la tenencia del mismo, para decidir sobre la
inscripción en el registro. La etapa administrativa concluye con la decisión de
la UAEGRTD sobre la inscripción, la cual consta en un acto administrativo motivado.
Una vez incluido en el
registro, el solicitante cumple con el requisito de procedibilidad y puede
ejercer la acción de restitución de tierras, la cual es de carácter real, pues pretende que se
declare la existencia de derechos sobre las tierras despojadas. Además, se
trata de una acción prevalente, (artículo 86 de la Ley 1448 de 2011), pues la
admisión de la solicitud de restitución conlleva la suspensión de todos los
procesos declarativos de derechos reales sobre el predio cuya restitución se
solicita y en general de cualquier proceso que afecte el predio, con excepción
de los procesos de expropiación.
45.  Esta Sala considera relevante resaltar que, de conformidad
con lo establecido en el artículo 91 de la Ley 1448 de 2011, las sentencias
proferidas por los jueces de restitución de tierras no sólo se limitan a pronunciarse
sobre la propiedad, posesión u ocupación del bien objeto de la demanda y a
ordenar las compensaciones correspondientes, toda vez que el juez de
restitución, entre otras, también debe:
(i)
referirse a la identificación,
individualización y deslinde de los inmuebles que se restituyan.
(ii)
ordenar a la oficina de
registro de instrumentos públicos inscribir la sentencia y cancelar todo
antecedente registral sobre gravámenes y limitaciones de dominio, títulos de
tenencia, arrendamientos de la denominada falsa tradición y las medidas
cautelares registradas con posterioridad al despojo o abandono, así como la
cancelación de los asientos e inscripciones registrales.
(iii)
proferir las órdenes
correspondientes para que los inmuebles restituidos queden protegidos en los
términos de la Ley 387 de 1997, siempre y cuando los sujetos a quienes se les
restituya el bien estén de acuerdo con que se profiera dicha orden de
protección.
(iv)
establecer los mecanismos
necesarios para restituir al poseedor favorecido en su derecho por la sentencia
de restitución cuando no se le reconozca el derecho de dominio en la respectiva
providencia.
(v)
tomar las medidas para que se
desengloben o parcelen los respectivos inmuebles cuando el bien a restituir sea
parte de uno de mayor extensión.
(vi)
tomar medidas necesarias para
que se haga efectivo el cumplimiento de las compensaciones de que trata la ley,
y aquellas tendientes a garantizar los derechos de todas las partes en relación
con las mejoras sobre los bienes objeto de restitución.
(vii)
declarar la nulidad de las
decisiones judiciales y/o actos administrativos que pierdan validez con la
sentencia de restitución.
(viii)     cancelar la inscripción de cualquier derecho real
que tuviera un tercero sobre el inmueble objeto de restitución.
(ix)
proferir las órdenes
pertinentes para que la fuerza pública acompañe y colabore en la diligencia de
entrega material de los bienes a restituir y garantizar la efectividad de la
restitución jurídica y material del bien inmueble y la estabilidad en el ejercicio
y goce efectivo de los derechos de las personas reparadas.
(x)
remitir los oficios a la
Fiscalía General de la Nación en caso de que se perciba la posible ocurrencia
de un hecho punible.
Estas características que
diferencian el proceso de restitución de tierras consagrado en la Ley 1448 de
2011, de los procesos en la jurisdicción ordinaria han sido reconocidas por
esta Corporación en diferentes oportunidades.
46.  En efecto, en la sentencia
C-715 de 2012[101], la Corte señaló
que, si bien el proceso de restitución de tierras se encuentra principalmente
asociado a la entrega física y material de bienes inmuebles despojados, la
restitución constituye un componente preferente y esencial del derecho a la
reparación integral de las víctimas, ya que su pretensión es restablecer
plenamente los daños que le han sido causados. En esa medida, todo lo que no se
pueda restituir, debe repararse a la víctima a través de medidas compensatorias
contempladas de forma expresa en la Ley 1448 de 2011.
Asimismo, en la sentencia
C-099 de 2013[102], este Tribunal indicó que al
expedir la Ley 1448 de 2011, el Legislador utilizó fórmulas para armonizar los
derechos de las víctimas, que podrían implicar la restricción del derecho a la
justicia en algunos casos, pero siempre en cumplimiento de unos estándares
mínimos de protección constitucional de los derechos a la verdad, justicia,
reparación y las garantías de no repetición.
En
aquella oportunidad la Sala Plena estableció que, no obstante la brevedad del
proceso, el Legislador dio garantías suficientes para que quienes tengan
interés puedan intervenir en el proceso de restitución, solicitar pruebas y
controvertir las que hayan sido presentadas. En efecto, la Corte determinó que
las exigencias de publicidad que establece la ley para asegurar la presencia de
todos los interesados en la restitución, la posibilidad de que el juez solicite
las pruebas que considere necesarias, el nombramiento de un apoderado judicial
que represente a los terceros determinados que no se presenten al proceso para
hacer valer sus derechos, la intervención obligatoria del Ministerio Público
como garante de los derechos de los despojados y de los opositores, la
participación del representante legal del municipio o municipios donde se
ubique el predio, y en el caso de los procesos iniciados sin la intervención de
la Unidad de Tierras, la posibilidad de tomar parte como posible opositora;
garantizan un debate amplio de los derechos de todos los que tengan interés en
la restitución y de las pruebas que permitan llegar al convencimiento sobre su
procedencia[103].
En
el mismo sentido, en la sentencia T-679 de 2015[104], esta Corporación
indicó que el proceso de restitución creado en la Ley 1448 de 2011, se enmarca
dentro de una política integral de reparación que abarca otros componentes como
la indemnización, la rehabilitación y las medidas de satisfacción. Sin embargo,
por su importancia y complejidad, la restitución de tierras consagra un
proceso judicial particular, que constituye el mecanismo adecuado para decidir
los asuntos particulares de la restitución.
47.  Otra particularidad
del proceso de restitución de tierras es la determinación de competencia para
conocer de las solicitudes de restitución. En efecto, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 79 de la Ley 1448 de 2011 la competencia se deriva de
si se ha reconocido personería a los opositores dentro del proceso, a saber:
“ARTÍCULO
79. COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS PROCESOS DE RESTITUCIÓN. Los
Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial Sala Civil,
especializados en restitución de tierras, decidirán en única
instancia los procesos de restitución de tierras, y los procesos de
formalización de títulos de despojados y de quienes abandonaron en forma
forzosa sus predios, en aquellos casos en que se reconozcan opositores dentro
del proceso. Así mismo, conocerán de las consultas de las sentencias dictadas
por los Jueces Civiles del Circuito, especializados en restitución de tierras.
Los Jueces Civiles
del Circuito, especializados en restitución de tierras, conocerán y decidirán
en única instancia los procesos de restitución de tierras y los
procesos de formalización de títulos de despojados y de quienes abandonaron en
forma forzosa sus predios, en aquellos casos en que no se reconozcan opositores
dentro del proceso.
En los procesos en
que se reconozca personería a opositores, los Jueces Civiles del Circuito,
especializados en restitución de tierras, tramitarán el proceso hasta antes del
fallo y lo remitirán para lo de su competencia al Tribunal Superior de Distrito
Judicial. (Negrilla fuera del texto original).
Así las cosas, es claro que conocen
en única instancia los jueces civiles del circuito especializados en
restitución de tierras, cuando no se presenten opositores. Sin embargo, cuando
se reconoce la personería a los opositores, los jueces deben tramitar e
instruir la totalidad del proceso hasta antes del fallo y posteriormente
remitirlo a la sala civil especializada en restitución de tierras del tribunal
correspondiente para que éste decida el fondo del asunto.
48.  Asimismo, el
parágrafo 1º del artículo 79 mencionado dispone que los Magistrados de los
Tribunales podrán decretar pruebas de oficio en caso de que las consideren
necesarias, sin embargo, no se hace referencia a ninguna otra facultad de
instrucción que tengan los Tribunales cuando reciben el proceso para fallo.
49.  Por otra parte, el
artículo 86 de la Ley 1448 de 2011 consagra de forma explícita el contenido del
auto admisorio de la demanda de restitución, el cual deberá disponer: (i) la
inscripción de la solicitud en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos;
(ii) la sustracción provisional del comercio de los predios cuya restitución se
solicita; (iii) la suspensión de los procesos declarativos de derechos reales,
sucesorios, de embargo, divisorios, de deslinde y amojonamiento, de
servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza, de restitución de tenencia,
de declaración de pertenencia y de bienes vacantes y mostrencos, que se
hubieran iniciado ante la justicia ordinaria en relación con el inmueble o
predio reclamado, así como los procesos ejecutivos, judiciales, notariales y
administrativos que afecten el mismo, con excepción de los procesos de
expropiación; (iv) la notificación del proceso al representante legal del
municipio donde se encuentren ubicados los predios y al Ministerio Público y
(v) la publicación de la admisión de la solicitud, en un diario de amplia
circulación nacional, con la identificación del predio y los nombres e
identificación de la persona que quien abandonó el predio, para que las
personas que tengan derechos legítimos relacionados con el predio comparezcan
al proceso y hagan valer sus derechos.
50.  Además, el artículo
87 de la misma ley establece la obligación de correr traslado de la solicitud a
las personas que aparezcan como titulares inscritos de derechos reales en el
certificado de tradición y libertad de la matrícula inmobiliaria donde esté
ubicado el predio. Adicionalmente, establece de forma expresa que la
publicación a la que se hace referencia en el artículo 86 valdrá como traslado únicamente
para las personas indeterminadas que consideren que deben comparecer al proceso
para hacer valer sus derechos, es decir que no suprime la obligación de
correr traslado a los terceros determinados.
51.  Respecto de la
presentación de las oposiciones, el artículo 88 de la Ley 1448 de 2011 dispone
lo siguiente:
ARTÍCULO
88. OPOSICIONES. Las oposiciones se deberán
presentar ante el juez dentro de los quince (15) días siguientes a la
solicitud. Las oposiciones a la
solicitud efectuadas por particulares se presentarán bajo la gravedad del
juramento y se admitirán, si son pertinentes. Las oposiciones que presente la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, cuando
la solicitud no haya sido tramitada con su intervención deberá ser valorada y
tenida en cuenta por el Juez o Magistrado.
La Unidad Administrativa
Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, cuando no haya
actuado como solicitante podrá presentar oposición a la solicitud de
restitución.
Al escrito de oposición
se acompañarán los documentos que se quieran hacer valer como prueba de la
calidad de despojado del respectivo predio, de la buena fe exenta de
culpa, del justo título del derecho y las demás pruebas que pretenda hacer
valer el opositor en el proceso, referentes al valor del derecho, o la tacha de
la calidad de despojado de la persona o grupo en cuyo favor se presentó la
solicitud de restitución o formalización. (Resaltado
fuera del texto original).
Este Tribunal se
pronunció de forma particular sobre el la expresión normativa subrayada en el
presente artículo. En efecto, en la sentencia C-438 de 2013[105] esta Corporación analizó una demanda
en la que se establecía que la disposición subrayada vulneraba el derecho de
acceso a la justicia y al debido proceso, debido a que desconocía el hecho de
que la solicitud de restitución tiene un trámite de admisión, el cual debía
surtirse antes de empezar a contar el término para la presentación de la
oposición. Para los demandantes la norma permitía que se venciera el término
para presentar los escritos de oposición sin que se hubiese admitido la demanda
de restitución, lo que evidenciaba la vulneración de los derechos fundamentales
invocados.
En esta oportunidad, la
Corte indicó:
“La regla general en los procesos
ordinarios, a efectos de la participación de los demandados o de terceros
interesados, es que sean informados de la existencia de una demanda o solicitud
una vez admitida[106].
Sobre esta base y el reconocimiento de un amplio margen de configuración
legislativa para el establecimiento de las reglas procedimentales de los
distintos procesos judiciales y administrativos, la Corte Constitucional ha
sostenido que dicha regulación “está relacionad[a]
con la aplicación de los principios de razonabilidad y proporcionalidad,
exigibles de toda actuación pública o de los particulares.  Esto implica
que las normas procedimentales deben estar dirigidas a cumplir con propósitos
admisibles desde la perspectiva constitucional, ser adecuados para cumplir con esas
finalidades y no interferir con el núcleo esencial de derechos, principios o
valores superiores”[107]”. (Negrilla fuera del texto original).
Con fundamento en lo
anterior, este Tribunal consideró que el hecho de que no se hiciera referencia
al término de admisión en la expresión demandada obedeció a una omisión
involuntaria de Legislador, quien no tuvo en cuenta las obligaciones relativas
a la publicidad del proceso de restitución y la posibilidad de participación de
terceros interesados. En consecuencia, esta Corporación estableció que el
precepto demandado debe estar acorde con los derechos fundamentales a la
contradicción y a la administración de justicia y en esta medida se debe
entender que el plazo para presentar los escritos de oposición es decir los 15
días, se empezarán a contar a partir de la notificación de la admisión de la
solicitud.
52.  En síntesis, el proceso de restitución de tierras
consagrado en la Ley 1448 de 2011 constituye un mecanismo previsto por el
Legislador para dar cumplimiento a los lineamientos fijados por esta
Corporación en relación con la protección de los derechos de las víctimas de
desplazamiento forzado y despojo. Se trata de una acción real y autónoma, que
garantiza la participación de las distintas personas interesadas, con el fin de
que se llegue a la verdad de los hechos del despojo en un lapso breve, que
impide que su duración se extienda indefinidamente en detrimento de los
derechos de las víctimas del despojo.
53.  Con fundamento en lo anterior, esta Sala concluye
que tal procedimiento no sólo se refiere a intereses individuales consistentes
en la restitución de un bien material, toda vez que se rige por principios y
reglas que van más allá del derecho a la propiedad, pues se convierte en un
proceso de interés público en la medida en que:
(i)   se enmarca dentro de un contexto de justicia
transicional cuya finalidad principal es lograr la paz sostenible y
materializar los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las
garantías de no repetición de las víctimas del conflicto armado reconocidas en
el artículo 3º la Ley 1448 de 2011;
(ii) el derecho a la verdad constituye un pilar
fundamental del proceso de restitución de tierras. Este derecho es
imprescriptible e inalienable y afecta de forma directa el proceso de
restitución;
(iii)
se acepta que los reclamantes
se encuentran en una posición de desventaja frente a sus opositores, por lo que
se establece el principio de buena fe, en virtud del cual, se traslada la carga
de la prueba al demandado cuando el reclamante ha acreditado su calidad de
víctima y su derecho de posesión o propiedad del bien cuya restitución se
pretende.
(iv)
las sentencias proferidas por
los jueces de restitución, no sólo se refieren a la propiedad del bien cuya
restitución se pretende, sino que también se dan órdenes tendientes a lograr de
forma efectiva la restitución jurídica y material del predio, a proteger a los
reclamantes y conocer los hechos que dieron origen al despojo de la víctima.
54.  Por otra parte, según lo establecido por los artículos
anteriormente reseñados, la Corte encuentra que a pesar de que la Ley 1448 de
2011 no diferencia de forma explícita las funciones de los jueces que
intervienen en el proceso de restitución, éstas se pueden resumir de la siguiente
manera:
(i)   los jueces civiles del circuito especializados en restitución de
tierras tienen la obligación de decidir en única instancia de las solicitudes
de restitución de tierras cuando no se presenten opositores. Asimismo,  deben
instruir el proceso hasta antes del fallo, en los casos en los que se haya
reconocido la personería jurídica a los opositores, ya que éstos deben ser fallados
por las salas civiles especializadas en restitución de tierras de los
tribunales correspondientes.
(ii) en consideración a que los jueces civiles del circuito especializados
en restitución de tierras tienen la función de instruir el proceso tienen la
obligación de:
Øproferir el auto admisorio de la solicitud de restitución,
el cual deberá contener entre otros la sustracción provisional del
comercio de los predios cuya restitución se solicita; la suspensión de los
procesos relacionados con derechos reales sobre el predio reclamado, la
notificación del proceso al representante legal del municipio donde se encuentre
ubicado el predio y al Ministerio Público y la publicación de la admisión de la
solicitud en un diario de amplia circulación nacional, en la que se identifique
el predio solicitado y los nombres de las personas que abandonaron el bien.
Øcorrer traslado de
la solicitud a las personas que aparezcan como titulares inscritos de derechos
reales en el certificado de tradición y libertad de la matrícula inmobiliaria
donde esté ubicado el predio cuya restitución se solicita, es decir a los
opositores determinados.
(iii)
las salas civiles
especializadas en restitución de tierras de los tribunales no tienen funciones
de instrucción del proceso y sólo puede decretar pruebas de oficio cuando las
consideren necesarias para fallar el fondo del asunto.
55.  El término para
que los opositores presenten sus escritos empezará a contar desde la
notificación de la admisión de la solicitud. con lo anterior, se resalta la
importancia de que se notifique el inicio del proceso y se corra traslado de la
demanda de forma adecuada a los terceros determinados.
Análisis del defecto procedimental alegado
en el caso concreto
56.
La Corporación Jurídica Yira
Castro presentó acción de tutela en representación de Juan Manuel Pedroza,
Elena Parodis Medina y Donaldo Blanco Balaguer, por considerar que la Sala
Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Antioquia vulneró el derecho fundamental al debido proceso
de sus representados al devolver el expediente al Juzgado 1º Civil del Circuito
Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta, no pronunciarse de
fondo sobre el asunto y, a su juicio, postergar injustificadamente el proceso
de restitución.
El Tribunal demandado considera
que no se vulneró ningún derecho fundamental a los peticionarios toda vez que
la decisión de devolver el proceso se basó en que el juez instructor omitió:
(i) notificar a varios terceros determinados con la identificación adecuada de
los predios a restituir y correrles traslado de la demanda de restitución; (ii)
pronunciarse sobre la admisibilidad de algunos escritos de oposición y (iii)
definir la situación de dos desistimientos presentados por algunos reclamantes
que representaba la Corporación Jurídica Yira Castro.
Ahora bien, en diferentes
oportunidades se han presentado acciones de tutela en las que los actores no
han caracterizado el defecto de la sentencia censurada, por lo que esta
Corporación lo ha determinado con fundamento en los alegatos de los accionantes[108]. En esta oportunidad la
Sala encuentra que el defecto que se invoca es el procedimental, debido a que
los peticionarios consideran que el Tribunal demandado vulneró su derecho
fundamental al debido proceso al devolver el expediente al juez instructor y
exigir actuaciones procesales que en su criterio, no las exige la Ley 1448 de
2011.
57.
En su jurisprudencia, la Corte
Constitucional ha determinado que se configura un defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto cuando el fallador aplica rigurosamente las normas
procesales al punto de anular derechos fundamentales. Lo anterior, en
consideración a que se concibe el procedimiento como un obstáculo para hacer efectivo
el derecho sustancial y en consecuencia se niega el derecho fundamental de
acceso a la justicia.
En este sentido, esta Corporación
reitera que no existen requisitos sacramentales inamovibles en materia
procesal, sin embargo corresponde al juez valorar en cada caso concreto el
mecanismo más efectivo para proteger los derechos fundamentales de todas las
partes involucradas en el proceso.
58.
En el caso objeto de estudio, se
evidencia que la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia devolvió el proceso de
restitución al juez instructor, por
considerar que no podía fallar de fondo el asunto.
59.
Adicionalmente, el Tribunal señaló
que en el caso objeto de estudio se desconoció la diferencia entre (i) la
publicación de la admisión de la solicitud; (ii) la vinculación formal de las
partes procesales y (iii) el traslado que se debe surtir a las personas
determinadas que figuran como titulares inscritas de derechos en el certificado
de tradición y libertad de la matrícula inmobiliaria de las parcelas reclamadas
o quienes tienen derechos reales sobre tales predios.
Por lo anterior, el Tribunal realizó un cuadro
detallado de la situación de notificación y traslado de la solicitud de las
partes sobre cada una de las parcelas, en el que evidenció que a varios
opositores no se les corrió traslado de la demanda otros ni siquiera fueron
notificados.
60.
Por otra parte, el Tribunal
accionado manifestó que el juez instructor omitió ordenar la suspensión de los
procesos ejecutivos sobre algunas parcelas objeto de restitución y decretar
medidas cautelares respecto de cada una de ellas.
61.
Esta Corporación observa que en este
caso el Tribunal accionado no incurrió en un defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto en las providencias emitidas el 31 de julio de 2015 y 16 de octubre de la misma anualidad. En efecto, la
Corte considera que las decisiones se tomaron de conformidad con los principios
y normas que regulan el proceso de restitución de tierras establecido en la Ley
1448 de 2011. En el caso objeto de estudio, se evidencia que a más de 20
opositores no se les corrió traslado de la demanda ni fueron notificados de la
admisión de la solicitud.
Con fundamento en las pruebas del expediente, la
Sala encuentra que no fueron notificadas ni se pronunciaron en la etapa
judicial del proceso las siguientes personas:
Propietarios Inscritos que no fueron notificados
Denis María Niebles Guevara y Manuel de Jesús Rúa
Tapias
Juan Carlos Gutiérrez Bustos Misnelis del Rosario
Rodríguez Truyo
Lourdes Nacira Rodríguez
INCODER
Manuel Martínez Cadena y Etelvina Esther Marriaga
Cantillo
Néstor Sosa de la Cruz y Nuris Vargas Rivera
Ana Angulo Lora y Ramith Rafael Rodríguez Buelvas
Herederos de Calixto Fortunato Jiménez Fonseca
José Luis Arévalo Machado
Marily del Socorro Ariza y Fernando Enrique Valencia
Bolaño
Aníbal José González Acuña
James de la Cruz Herrera y Jaidiz del Carmen Fonseca
Montes
Asimismo, la Corte encuentra que no se cumplió con
la obligación de correr traslado de la solicitud de restitución a las
siguientes personas:
Propietarios Inscritos que no se les corrió
traslado de la solicitud
Yennis Esther Caballero Ramírez y Alveiro Pérez
Gutiérrez
Juan Carlos Gutiérrez Bustos Misnelis del Rosario
Rodríguez Truyo
Lourdes Nacira Rodríguez
Carlos Aurelio Díaz Rodríguez y Rosa Eufemia
Pertuz Vizcaino
Oscar Javier Ledesma Vizcaíno y Amira Esther
Barrios Rodríguez
Cándida Rosa Pabón de Ramos
Jhon Jader Muñoz Orozco y Milena Patricia Palma
Pertuz
Denis María Huelvas Moso y Sixto Rafael Leguia Larios
Julio César Sanabria Montenegro
José Luis Arévalo Machado
Marily del Socorro Ariza y Fernando Enrique Valencia
Bolaño
Aníbal José González Acuña
James de la Cruz Herrera y Jaidiz del Carmen Fonseca
Montes
Esperanza Isabel Camargo Noriega y Martín Manuel Cantillo
Romero
62.
Con lo anterior, se evidencia una
posible vulneración del derecho de defensa y contradicción a los terceros
determinados anteriormente mencionados, el cual debe ser protegido por los
jueces de restitución de tierras. Esto cobra mayor importancia teniendo en
cuenta que, de conformidad con lo establecido en el artículo 88 de la referida
ley y la jurisprudencia de este Tribunal, el término para que los opositores
puedan presentar sus argumentos inicia con la notificación de la admisión de la
solicitud, y que son ellos quienes tienen la carga de la prueba en el proceso
de restitución de tierras y deben probar su buena fe exenta de culpa.
63.
Asimismo, la Corte encuentra
que los jueces civiles especializados en restitución de tierras son quienes
deben realizar las funciones de instrucción del proceso tales como las
notificaciones, el traslado de la solicitud, el decreto de medidas cautelares,
la admisibilidad de los escritos de oposición y el pronunciamiento sobre los
desistimientos presentados en el proceso. Lo anterior, teniendo en cuenta que
estas actuaciones se encuentran determinadas dentro de sus facultades tal y
como se establece en los artículos 79 y 86 de la Ley 1448 de 2011. Además, es
evidente que dichos actos procesales se deben realizar desde el inicio del proceso
ya que éstos determinarán la forma en que éste se desarrollará posteriormente,
por lo que no pueden ser adelantados por los Tribunales quienes reciben el
expediente para tomar la decisión de fondo.
64.
Por otra parte, la Sala
considera que la participación de los opositores en el procedimiento
administrativo no suprime la obligación del juez instructor de notificarlos ni
correrles traslado del inicio del proceso judicial, en particular teniendo en
cuenta que la admisión de la demanda implica la suspensión del ejercicio de
derechos reales sobre los predios reclamados y que el proceso tiene
consecuencias que trascienden la restitución de los mismos.
65.
Finalmente, esta Corporación
resalta que en el desarrollo del proceso se ha hecho evidente la falta de
instrucción adecuada del proceso por parte del Juzgado 1º Civil del Circuito
Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta. En efecto, con las
pruebas recibidas en sede de revisión se evidencia que en el auto proferido el
4 de noviembre de 2016[109]
el juez instructor requirió a la Corporación Jurídica Yira Castro a hacer
efectiva la publicación del auto admisorio y al Juzgado 2º Promiscuo Municipal
de Fundación para remitir los procesos ejecutivos que se adelantan ante su
despacho, y al mismo tiempo ordenó remitir el proceso a la Sala Especializada
en Restitución de Tierras de Cartagena para ser fallado de fondo a pesar de que
es evidente que no se han cumplido con todos los presupuestos para que el caso pueda
ser decidido.
66.
Así las cosas, la Corte encuentra que
las providencias proferidas por la Sala Civil Especializada en Restitución de
Tierras de Antioquia, no incurrieron en un defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto al devolver el expediente al juez instructor y no fallar de
fondo. Lo anterior, debido a que se evidencia que la devolución era indispensable
para garantizar la protección del derecho fundamental al debido proceso de
todas las partes del proceso y materializar su participación efectiva con la
notificación de la admisión de la solicitud y el traslado de la misma, lo cual
se encuentra conforme con los principios que rigen el procedimiento de
restitución de tierras, tales como el de seguridad jurídica y el de eficacia, los
cuales garantizan la estabilidad de la decisión.
Además, la participación adecuada de todas las
partes procesales asegura la efectividad del derecho a la verdad de las
víctimas y asegura que en caso de que se haga efectiva la restitución, ésta no
pueda ser objetada posteriormente por algún vicio procesal.
Conclusiones y decisión a adoptar
67.
En esta oportunidad, la Corte
reitera que por regla general, la acción de tutela contra providencia judicial
es improcedente si cuestiona decisiones que no ponen fin a un proceso
ordinario, sin embargo existen situaciones excepcionales que hacen necesaria la
intervención del juez constitucional. En este caso, se evidencia que se cumplen
con las condiciones para concluir que el asunto objeto de estudio constituye
una de esas situaciones debido a que: (i) el proceso que se revisa es especial
y único; (ii) es un procedimiento novedoso por lo que no contempla el recurso
de reposición contra decisiones judiciales lo que significa que su ausencia
debe ser interpretada por las Salas Especializadas en Restitución de Tierras
correspondientes con el fin de determinar el alcance de dicho recurso, para que
las partes procesales tengan plena certeza de la validez de sus actuaciones
dentro del proceso; (iii) en el caso particular los accionantes tenían una
convicción fundada de que presentaron el recurso en término debido a que el
Ministerio Público presentó la reposición en la misma fecha, y a pesar de que
el Tribunal demandado rechazó los recursos presentados por extemporáneos,
conoció de fondo los argumentos presentados por los recurrentes y aclaró la
decisión controvertida y (iv) en esta oportunidad los peticionarios alegaron la
vulneración de su derecho fundamental al debido proceso por la supuesta mora
injustificada del operador judicial para fallar de fondo, no buscaron
justificar su propia incuria ni revivir una etapa procesal que ya ha terminado.
68.  En relación con
cumplimiento de los requisitos específicos de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, es preciso
concluir que las
decisiones proferidas el 31 de julio de 2015 y el 16 de octubre de la misma
anualidad, emitidas por la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, no incurrieron en un
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto y en consecuencia, no
vulneran el derecho fundamental al debido proceso de los accionantes. Lo
anterior, en consideración a que el Tribunal encontró la posible vulneración
del derecho a la defensa de algunos terceros determinados debido a que no
fueron notificados de la admisión de la demanda ni se les corrió traslado de la
solicitud de restitución.
69.  Asimismo, se concluye que los jueces civiles del circuito
especializados en restitución de tierras son quienes deben realizar todas las
funciones de instrucción dentro del proceso, incluidas las notificaciones a las
partes, correr traslado de la solicitud, pronunciarse sobre la admisibilidad de
las oposiciones entre otras. Lo anterior, debido a que dichas actuaciones
procesales se deben realizar desde el inicio del proceso por lo que no pueden
ser ejecutadas por los tribunales quienes reciben el expediente únicamente para
fallar.
70.  Por las anteriores
razones, la Sala confirmará el fallo
de segunda instancia adoptado por la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, el 6 de abril de 2016, que a su vez confirmó la sentencia
proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el 11
de febrero de 2016, por medio la cual se negó el amparo constitucional
solicitado por Juan Manuel Pedroza, Elena Parodis Medina y Donaldo Blanco
Balaguer.
III.- DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala
Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre
del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.-  CONFIRMAR
el fallo de
segunda instancia adoptado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema
de Justicia, el 6 de abril de 2016, que confirmó la sentencia proferida por la
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el 11 de febrero de 2016,
por medio la cual se negó el amparo constitucional solicitado por Juan Manuel
Pedroza, Elena Parodis Medina y Donaldo Blanco Balaguer.
SEGUNDO.- Por Secretaría General líbrese las
comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los
efectos allí contemplados.
Cópiese, notifíquese, comuníquese,
publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
AQUILES ARRIETA GÓMEZ
Magistrado (E)
MARTHA VICTORIA SÁCHICA
MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Auto admisorio de la demanda de
restitución proferido el 14 de febrero de 2014 por el Juzgado Primero Civil del
Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta, folios 55-167,
cuaderno primera instancia.
[2] Folios 55-167, cuaderno primera
instancia.
[3] Auto admisorio de la demanda de
restitución proferido el 14 de febrero de 2014 por el Juzgado Primero Civil del
Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta, folio 59, cuaderno
primera instancia.
[4]Ley 1448 de 2011, artículo 86 literal e “La publicación de la
admisión de la solicitud, en un diario de amplia circulación nacional, con
inclusión de la identificación del predio y los nombres e identificación de la
persona quien abandonó el predio cuya restitución se solicita, para que las
personas que tengan derechos legítimos relacionados con el predio, los
acreedores con garantía real y otros acreedores de obligaciones relacionadas
con el predio, así como las personas que se consideren afectadas por la
suspensión de procesos y procedimientos administrativos comparezcan al proceso
y hagan valer sus derechos”.
[5] Actualmente los nombres de los
demandantes no tienen reserva. Lo anterior, debido a que mediante Auto del 30
de septiembre de 2016, el Juzgado 1º Civil del Circuito Especializado en
Restitución de Tierras de Santa Marta ordenó hacer la publicación de la
admisión de la solicitud con la inclusión de los nombres de los reclamantes.
[6]  Folios 237-258, cuaderno primera instancia.
[7]  El abogado Jesús Antonio Vieda Quintero, quien representa a
varios opositores y es opositor en el proceso de restitución de tierras
estudiado.
[8]  Folios 237-258, cuaderno primera instancia.
[9]  Folios 259-280, cuaderno primera instancia.
[10]  Folio 259, cuaderno primera instancia.
[11]  Folios 282-287, cuaderno primera instancia.
[12]  El abogado Raúl Alberto Gual Mozo.
[13]  El abogado Daniel Sánchez de la Hoz.
[14]  Folios 288 y 308, cuaderno primera instancia.
[15]  Folios 320-329, cuaderno primera instancia.
[16]  Folios 330-339, cuaderno primera instancia.
[17]  Folios 230-236, cuaderno primera instancia.
[18]  Folios 168-181, cuaderno primera instancia.
[19]  Folios 148-150, cuaderno 2 primera instancia.
[20] “ARTÍCULO 79. COMPETENCIA PARA
CONOCER DE LOS PROCESOS DE RESTITUCIÓN. Los Magistrados de los Tribunales
Superiores de Distrito Judicial Sala Civil, especializados en restitución de
tierras, decidirán en única instancia los procesos de restitución de tierras, y
los procesos de formalización de títulos de despojados y de quienes abandonaron
en forma forzosa sus predios, en aquellos casos en que se reconozcan opositores
dentro del proceso. Así mismo, conocerán de las consultas de las sentencias
dictadas por los Jueces Civiles del Circuito, especializados en restitución de
tierras. Los Jueces Civiles del Circuito, especializados en restitución de
tierras, conocerán y decidirán en única instancia los procesos de restitución
de tierras y los procesos de formalización de títulos de despojados y de
quienes abandonaron en forma forzosa sus predios, en aquellos casos en que no
se reconozcan opositores dentro del proceso. En los procesos en que se
reconozca personería a opositores, los Jueces Civiles del Circuito,
especializados en restitución de tierras, tramitarán el proceso hasta antes del
fallo y lo remitirán para lo de su competencia al Tribunal Superior de Distrito
Judicial. Las sentencias proferidas por los Jueces Civiles del Circuito
especializados en restitución de tierras que no decreten la restitución a favor
del despojado serán objeto de consulta ante el Tribunal Superior de Distrito
Judicial Sala Civil, en defensa del ordenamiento jurídico y la defensa de los
derechos y garantías de los despojados”.
[21] Anteriormente el proceso había
sido remitido a la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, sin embargo el 21 de
octubre de 2014 éste lo remitió a la Sala Civil Especializada en Restitución de
Tierras del Tribunal Superior de Antioquia.
[22] Folios 4-23, cuaderno 1.
[23] “ARTÍCULO 86. ADMISIÓN DE LA
SOLICITUD. El auto que admita la solicitud deberá disponer: a) La inscripción
de la solicitud en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos indicando el
folio de matrícula inmobiliaria y la orden de remisión del oficio de
inscripción por el registrador al Magistrado, junto con el certificado sobre la
situación jurídica del bien, dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo
de la orden de inscripción. b) La sustracción provisional del comercio del
predio o de los predios cuya restitución se solicita, hasta la ejecutoria de la
sentencia. c) La suspensión de los procesos declarativos de derechos reales
sobre el predio cuya restitución se solicita, los procesos sucesorios, de
embargo, divisorios, de deslinde y amojonamiento, de servidumbres, posesorios
de cualquier naturaleza, de restitución de tenencia, de declaración de
pertenencia y de bienes vacantes y mostrencos, que se hubieran iniciado ante la
justicia ordinaria en relación con el inmueble o predio cuya restitución se
solicita, así como los procesos ejecutivos, judiciales, notariales y
administrativos que afecten el predio, con excepción de los procesos de
expropiación.
d) La
notificación del inicio del proceso al representante legal del municipio a
donde esté ubicado el predio, y al Ministerio Público. e) La publicación de la
admisión de la solicitud, en un diario de amplia circulación nacional, con
inclusión de la identificación del predio y los nombres e identificación de la
persona quien abandonó el predio cuya restitución se solicita, para que las
personas que tengan derechos legítimos relacionados con el predio, los
acreedores con garantía real y otros acreedores de obligaciones relacionadas
con el predio, así como las personas que se consideren afectadas por la
suspensión de procesos y procedimientos administrativos comparezcan al proceso
y hagan valer sus derechos. PARÁGRAFO. Adicionalmente el Juez o Magistrado en
este auto o en cualquier estado del proceso podrá decretar las medidas
cautelares que considere pertinentes para prevenir un daño inminente o para
hacer cesar el que se estuviere causando sobre el inmueble.
[24] La repetición de los nombres en
calidad de reclamantes y de opositores es copia exacta del auto del 31 de 2015
proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, folios
4-23, cuaderno 1.
[25] Auto del 31 de julio de 2015
proferido por la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del
Tribunal Superior de Antioquia, folio 17, cuaderno primera instancia.
[26] Auto del 31 de julio de 2015
proferido por la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del
Tribunal Superior de Antioquia, folio 19, cuaderno primera instancia.
[27] Folios 24-32, cuaderno primera
instancia.
[28] Folios 33-41, cuaderno primera
instancia.
[29] Folios 42-54, cuaderno primera
instancia.
[30] Folios 356-371, cuaderno primera
instancia.
[31] Escrito de tutela, folio 358,
cuaderno primera instancia, repite el nombre del opositor anteriormente
mencionado.
[32] Folios 373, cuaderno primera
instancia.
[33] Folios 395-408, cuaderno primera
instancia.
[34] Folios 435-447, cuaderno primera
instancia.
[35] Folios 411, cuaderno primera
instancia.
[36] Folios 435-447, cuaderno primera
instancia.
[37]Folios 467-482, cuaderno primera instancia.
[38]Folios 3-8, cuaderno segunda instancia.
[39] Folios 54-57, cuaderno Corte
Constitucional.
[40] Folios 67-77, cuaderno Corte
Constitucional.
[41] Copia del auto proferido el 4 de
noviembre de 2016 por el Juzgado 1º Civil del Circuito Especializado en
Restitución de Tierras Despojadas y Abandonadas de Santa Marta, folios 238, CD
1, Cuaderno Corte Constitucional.
[42] Copia del auto proferido el 4 de
noviembre de 2016 por el Juzgado 1º Civil del Circuito Especializado en
Restitución de Tierras Despojadas y Abandonadas de Santa Marta, folios 236-239,
CD 1, Cuaderno Corte Constitucional.
[43] Folios 64-66, cuaderno Corte
Constitucional.
[44] Folios 67-75, cuaderno Corte
Constitucional.
[45] “Por el cual se redistribuyen
unos procesos para fallo de la Sala Civil especializada en restitución de
tierras de Cartagena”.
[46] Artículo 86.
[47] M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[48] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[49] M.P. Mauricio González Cuervo.
[50] M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[51] Ver sentencias: T-531 de 2002,
M.P. Eduardo Montealegre Lynett; SU-447 de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo,
y T-889 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[52] M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo.
[53] Folios 1-3, cuaderno 1.
[54] Auto admisorio de la demanda de
restitución proferido el 14 de febrero de 2014 por el Juzgado Primero Civil del
Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta, folios 55-167,
cuaderno primera instancia.
[55] Al respecto, ver la sentencia T-555 de 2009, M.P. Luis Ernesto
Vargas.
[56] M.P. Jaime Córdoba Triviño
[57] M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[58] M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[59] M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[60] M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[61] M.P-Jaime Araujo
Rentería.
[62] M.P-Luis Ernesto
Vargas Silva.
[63] M.P-Alberto Rojas
Ríos.
[64] M.P-José Gregorio
Hernández Galindo.
[65] Folios 24-32, cuaderno primera
instancia.
[66] Folios 33-41, cuaderno primera
instancia.
[67] Folios 42-54, cuaderno primera
instancia.
[68] Artículos 1 y 3 de la Ley 1448 de
2011.
[69] Artículos 28 y 73 de la Ley 1448
de 2011.
[70] Artículo 157 de la Ley 1448 de
2011.
[71] Artículo 92 de la Ley 1448 de 2011.
[72] Auto admisorio de la demanda de
restitución proferido el 14 de febrero de 2014 por el Juzgado Primero Civil del
Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta, folios 55-167,
cuaderno primera instancia.
[73] T-666 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[74] Cfr. Corte Constitucional, sentencia SU-014/01 (M.P.
Martha Victoria Sáchica Méndez): “Es posible distinguir la sentencia
violatoria de derechos fundamentales por defectos propios del aparato judicial
- presupuesto de la vía de hecho -, de aquellas providencias judiciales que
aunque no desconocen de manera directa la Constitución, comportan un perjuicio
iusfundamental como consecuencia del incumplimiento por parte de distintos
órganos estatales de la orden constitucional de colaborar armónicamente con la
administración de justicia con el objeto de garantizar la plena eficacia de los
derechos constitucionales.  Se trata de una suerte de vía de hecho por
consecuencia, en la que el juez, a pesar de haber desplegado los medios a su
alcance para ubicar al procesado, actuó confiado en la recta actuación estatal,
cuando en realidad ésta se ha realizado con vulneración de derechos
constitucionales, al inducirlo en error.  En tales casos - vía de hecho
por consecuencia - se presenta una violación del debido proceso, no atribuible
al funcionario judicial, en la medida en que no lo puede apreciar, como
consecuencia de la actuación inconstitucional de otros órganos estatales.”
[75] Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-292/06 (M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa).
[76] Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-324/96 (M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz): “… sólo en aquellos casos en los cuales el acto
que adscribe la competencia resulte ostensiblemente contrario a derecho, - bien
por la notoria y evidente falta de idoneidad del funcionario que lo expidió,
ora porque su contenido sea abiertamente antijurídico -, el juez constitucional
puede trasladar el vicio del acto habilitante al acto que se produce en
ejercicio de la atribución ilegalmente otorgada. Sólo en las condiciones
descritas puede el juez constitucional afirmar que la facultad para proferir la
decisión judicial cuestionada no entra dentro de la órbita de competencia del
funcionario que la profirió y, por lo tanto, constituye una vía de hecho por
defecto orgánico.
[77] Los demandantes alegan defecto
sustantivo pero construyen toda su argumentación en torno al exceso ritual
manifiesto aunque, como esta sentencia procede a explicar a continuación, hay
relaciones cercanas entre los diferentes tipos de defectos, por lo tanto, sus
diferencias responden a objetivos analíticos.
[78] T-363 de 2013 M.P. Luis Ernesto Vargas.
[79]T-268 de 2010 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T-301 de 2010 M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub y T-893 de 2011 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[80]T-389 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-1267 de 2008
M.P. Mauricio González Cuervo y T-386 de 2010 M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[81]T-327 de 2011 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-591 de 2011
M.P. Luís Ernesto Vargas Silva y T-213 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[82] Sentencia T-1306 de 2001 M.P.
Marco Gerardo Monroy Cabra.
[83] T-386 de 2010 M.P. Nilson
Pinilla, T-429 de 2011 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-893 de 2011 M.P.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[84]T-892 de 2011 M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[85]T-531 de 2010 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, T-950 de 2010
M.P. Nilson Pinilla Pinilla, T-327 de 2011 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[86] Al respecto consultar la
sentencia T-264 de 2009 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Adicionalmente se
pueden consultar las sentencias T-950 de 2011 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio,
T-158 de 2012 M.P. Nilson Pinilla Pinilla y T-213 de 2012 M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva.
[87] T-363 de 2013.
[88]T-104 de 2014 M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva, T-747 de 2013 M.P. Jorge Ignacio Pretelt y T-591 de 2011 M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva.
[89] Sentencia T-264 de 2009. M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva. En igual sentido consultar las
sentencias C-590 de 2005 M.P. Jaime Córdoba Triviño y T-737 de 2007 M.P. Jaime
Córdoba Triviño.
[90] M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[91]M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[92] T-926 de 2014 M.P. Gloria Stella
Ortiz Delgado.
[93] El inciso 5º del artículo 9º de la Ley 1114 de 2011 establece lo
siguiente: “En el marco de la justicia transicional las autoridades
judiciales y administrativas competentes deberán ajustar sus actuaciones al
objetivo primordial de conseguir la reconciliación y la paz duradera y estable.
Para estos efectos se deberá tener en cuenta la sostenibilidad fiscal, la
magnitud de las consecuencias de las violaciones de que trata el artículo 3o de
la presente Ley, y la naturaleza de las mismas.”
[94] M.P. Mauricio González Cuervo.
[95] M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[96] M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[97] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[98] Desde el 1º de enero de 1991
hasta el término de vigencia de la Ley 1448 de 2011.
[99] Sentencia T-244 de 2016, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[100] En la sentencia C-330 de 2016
M.P. María Victoria Calle Correa declaró “exequible la expresión “exenta de
culpa” contenida en los artículos 88, 91, 98 y 105 de la Ley 1448 de 2011, en
el entendido de que es un estándar que debe ser interpretado por los jueces de
forma diferencial, frente a los segundos ocupantes, que demuestren condiciones
de vulnerabilidad, y no hayan tenido relación directa o indirecta con el
despojo, de acuerdo con lo establecido en la parte motiva de esta providencia”.
[101] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[102] M.P. María Victoria Calle Correa.
[103] Sentencia T-666 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[104] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[105] M.P. Alberto Rojas Ríos.
[106] Al respecto ver: Artículos 86 y 87 del
Código de Procedimiento Civil.
[107] C-124 de 2011
[108] Sentencia T-926 de 2014, M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado.
[109] Copia del auto proferido el 4 de
noviembre de 2016 por el Juzgado 1º Civil del Circuito Especializado en
Restitución de Tierras Despojadas y Abandonadas de Santa Marta, folios 238, CD
1, Cuaderno Corte Constitucional.