C-437-19
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-437/19
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA CODIGO CIVIL-Inhibición por ineptitud sustantiva de la
demanda
CONCEPTO DE VIOLACION EN DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Razones claras, ciertas, específicas,
pertinentes y suficientes
OMISION LEGISLATIVA ABSOLUTA-No procede el análisis constitucional
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Tipos/COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-efectos
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Alcance de los eventos que debilitan sus efectos
COSA
JUZGADA CONSTITUCIONAL Y NUEVO JUICIO DE CONSTITUCIONALIDAD-Criterios de valoración
COSA
JUZGADA CONSTITUCIONAL Y NUEVO JUICIO DE CONSTITUCIONALIDAD-Requisitos de la demanda son más rigurosos
CORTE CONSTITUCIONAL-Improcedencia
de pronunciamiento por omisión legislativa absoluta
INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Incumplimiento de carga argumentativa
Referencia: Expediente D-13136
Asunto: Demanda de inconstitucionalidad contra el
numeral 9 (parcial) del artículo 411 del Código Civil
Demandantes:
Liz Lauren Gil
Campillo
Daniel Camilo
Montoya Hurtado
Magistrado
Sustanciador:
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ
Bogotá DC, veinticinco (25) de septiembre de
dos mil diecinueve (2019)
La Sala Plena de la Corte
Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los
requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991,
ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
En desarrollo de la acción pública de
inconstitucionalidad consagrada en el artículo 241, numeral 4, de la
Constitución Política, los ciudadanos Liz Lauren Gil Campillo y Daniel Camilo
Montoya Hurtado instauraron demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 9
(parcial) del artículo 411 del Código Civil.
En Auto del 22 de marzo de 2019, el
Magistrado Sustanciador resolvió admitir la demanda, dispuso su fijación en
lista y, simultáneamente, corrió traslado al señor Procurador General de la
Nación para que rindiera el concepto de su competencia. De igual manera,
resolvió comunicar la iniciación del presente proceso de constitucionalidad al Ministerio de Justicia y del Derecho, al Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, a la Defensoría del Pueblo, a la Academia
Colombiana de Jurisprudencia y a las Facultades de Derecho de las Universidades
Externado, Libre, Sinú, Cooperativa de Bogotá, Eafit de Medellín, Autónoma de
Bucaramanga y Nariño.
Una vez recibido el concepto del Procurador
General de la Nación y cumplido el resto de los trámites previstos en el
artículo 242 del Texto Superior y en el Decreto 2067 de 1991, procede la Corte
a resolver sobre la demanda de la referencia.
II. NORMA DEMANDADA
A continuación, se transcribe el texto del
precepto demandado, conforme con su publicación en el Diario Oficial No. 2.867
del 31 de mayo de 1873, resaltando el numeral cuestionado por los accionantes:
“LEY 84 DE 1873
(26 de mayo)
Diario Oficial No. 2.867 del 31 de mayo de 1873
CÓDIGO CIVIL (…)
EL CONGRESO DE (…) COLOMBIA
DECRETA:
(…)
TITULO XXI
DE LOS ALIMENTOS QUE SE DEBEN POR LEY A CIERTAS PERSONAS
ARTICULO 411.
<TITULARES DEL DERECHO DE ALIMENTOS>. Se deben
alimentos:
1) Al cónyuge.
2) A los
descendientes.
3) A los
ascendientes.
4) <Numeral
modificado por el artículo 23 de la Ley 1a. de 1976. El nuevo texto es el
siguiente:> A cargo del cónyuge culpable, al cónyuge divorciado o separado
de cuerpo sin su culpa.
5) <Numeral
modificado por el artículo 31 de la Ley 75 de 1968. El nuevo texto es el
siguiente:> A los hijos naturales, su posteridad y a los nietos naturales.
6) <Numeral
modificado por el artículo 31 de la Ley 75 de 1968. El nuevo texto es el
siguiente:> A los Ascendientes Naturales.
7) A los hijos
adoptivos.
8) A los padres
adoptantes.
9) A los
hermanos legítimos.
10) Al que hizo
una donación cuantiosa si no hubiere sido rescindida o revocada.
La acción del
donante se dirigirá contra el donatario.
No se deben
alimentos a las personas aquí designadas en los casos en que una ley se los
niegue”.
III. DEMANDA
3.1. Inicialmente, los accionantes advierten
que la expresión acusada ya fue objeto de control abstracto de
constitucionalidad por medio de las Sentencias C-105 de 1994[1] y C-156 de 2003[2]. Sin embargo, estiman
que no existe cosa juzgada constitucional respecto del numeral 9 del artículo
411 del Código Civil, toda vez que existe un cambio en el significado material
de la Constitución, en concreto, en el entendimiento de la institución del
deber de alimentos entre hermanos, en aplicación de la Constitución viviente. En
este sentido, hacen alusión a los requisitos exigidos por esta Corporación para
la aplicación de la citada doctrina, para lo cual acuden a los siguientes
parámetros fijados en la Sentencia C-007 de 2016[3],
a saber: (i) la justificación de un cambio en el marco constitucional; (ii) los
referentes o factores que acreditan dicha modificación; y (iii) la relevancia del
nuevo significado de la Carta, respeto de las razones que motivaron la decisión
adoptada en el pasado.
3.2. En cuanto a lo primero, esto es, la
justificación de un cambio en el marco constitucional, los actores aseguran que
“[c]on la constitucionalización del derecho (…) se ha evolucionado hasta el
punto de que se ha modificado el concepto de familia que traía la Constitución
de 1991, aceptando que el matrimonio no es la única forma”[4] que permite su creación.
Así, por virtud de lo anterior, tal concepto ya no solo incluye a los
integrantes con un vínculo de consanguinidad o civil, sino también a aquellos
unidos por un vínculo social o de hecho, siendo estos últimos “una mirada más
profunda del principio de solidaridad”[5],
ya que son personas que se unen por ayuda mutua y cuyos lazos de apoyo
necesitan ser protegidos por el ordenamiento jurídico.
En este orden de ideas, el hecho de que
hayan transcurrido 24 años desde el primer examen que la Corte hizo al contenido
del numeral 9 artículo 411 del Código Civil, incide en la necesidad de variar
su interpretación, en aras de otorgar igualdad a todos los integrantes de la
familia. Precisamente, en este tiempo, según señalan los accionantes, este
Tribunal ha proferido decisiones en las que ha efectuado una interpretación extensiva
frente a qué es familia, quiénes la integran, cómo se debería dar la igualdad entre
sus miembros, así como sobre su entendimiento en correlación con el principio
de pluralismo, admitiendo la existencia del vínculo de hecho que surge de la
crianza[6].
3.3. En cuanto a lo segundo, es decir, los
referentes o factores que acreditan la modificación del marco constitucional, los
accionantes hacen un recuento jurisprudencial[7],
con el fin de demostrar las modificaciones que ha tenido la figura de la
filiación que, a su vez, han dado lugar al cambio en el concepto de familia, para
señalar que este no solo protege la filiación matrimonial, extramatrimonial o
civil, sino que también incluye la filiación social, es decir, a las familias
de crianza. En consecuencia, afirman que la salvaguarda de la institución
familiar trasciende al concepto original –eminentemente
formal y vinculado con el matrimonio– para dar cabida a uno nuevo, de tipo sustancial,
que surge por diferentes vínculos[8].
En este contexto, consideran que no existe
un sustento que permita predicar la desigualdad “(…) entre los hermanos de
diferentes vínculos, cuando para la Corte existe un principio absoluto de
igualdad entre los hijos. Ya que, en las relaciones familiares, el afecto entre
hermanos es el segundo más importante, después del que tienen los hijos con sus
padres”. Por lo anterior, a su juicio, es claro que la regla de que los hijos
son todos iguales frente a sus padres, no admite que tal igualdad no se
extienda de “forma colateral”[9]
respecto de los hermanos, tengan o no el mismo vínculo marital o matrimonial, pues
de esa manera se logra ajustar los mandatos del Código Civil a los postulados
consagrados en la Carta.
3.4. En cuanto a lo tercero, esto es, la
relevancia del nuevo significado de la Constitución, respecto de las razones
que motivaron el fallo adoptado en el pasado, los demandantes afirman que “si
bien existe una declaratoria de exequibilidad frente al numeral [9] del
artículo 411 del Código Civil que establece alimentos para los ‘hermanos
legítimos’, la realidad colombiana ha venido decantando esa posibilidad [de] que
solo la legitimidad pueda reclamar derechos a sus ascendientes o viceversa.
Siendo este numeral discriminatorio frente a los hijos nacidos fuera de un
vínculo matrimonial o marital, puesto que [esta Corporación] ya ha reconocido
derechos a los hijos extramatrimoniales y a los de crianza”. De esta manera, en
su criterio, “si la Corte [ya declaró] inexequible el término ‘legítimos’
del numeral primero del mismo artículo que refiere a los hijos y por ende (…)
permite que cualquier[a] [de ellos] pueda reclamar a su padre alimentos, no se [advierte]
una razón por la cual se pueda limitar el principio de igualdad únicamente a
los hermanos que compartan un vínculo legal (matrimonio o unión marital de
hecho) que los declare como hermanos legítimos”[10].
Por lo demás, agregan que “sería ineficaz
otorgar a los hijos de crianza la posibilidad de pertenecer a una familia que
se origine por un vínculo social” si estos tienen restringida “la potestad de
requerir de uno de sus hermanos alimentos”, ya que tal alternativa representa
una garantía entre colaterales “de hecho[,] para dimensionar su vida conforme [a
un principio de] dignidad, en los casos [en] que necesite ayuda”. En línea con lo
anterior, señalan que “hoy muchas familias son conformadas de diferentes
maneras” y citan como ejemplos el que “una madre puede tener hijos de
diferentes padres siendo estos hermanos de simple conjunción, reconocidos extramatrimonialmente,
no pudiendo estos pedir alimentos a sus hermanos por el mero hecho de no tener
una filiación legal. O el caso de muchos niños que son acogidos en un hogar
diferente al que nacieron y se criaron como hijos de quienes los cuidaron”[11].
3.5. Finalmente, en cuanto a la invocación
de las normas aparentemente infringidas por la expresión acusada, los
accionantes sostienen que ella es contraria a los siguientes preceptos del
Texto Superior: (i) el artículo 1, en lo referente al principio de pluralismo
frente a la protección de los diferentes tipos de familia, así como respecto del
principio de solidaridad exigible entre sus miembros[12]; (ii) el artículo 5,
que ordena el amparo de la familia como institución básica de la sociedad,
independiente del tipo de filiación[13];
(iii) el artículo 13, que establece el derecho a la igualdad de trato y
proscribe la discriminación en razón del origen familiar[14]; y (iv) el artículo
42, inciso sexto, en el que se consagra la igualdad de derecho entre los hijos[15].
Aunado a lo anterior, también aluden (v) a
la infracción del principio de progresividad, por cuanto la limitación existente
no permite ampliar el deber de alimentos entre los hermanos en términos de
igualdad; al mismo tiempo que se invoca (vi) la violación de los artículos 25
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (sobre el derecho de toda
persona a un nivel de vida adecuado) y 17 de la Convención Americana de
Derechos Humanos (relativo a la protección de la familia), pues en ellos se
dispone la igualdad entre los hijos, sin importar el vínculo que exista entre los
padres[16].
IV. INTERVENCIONES
4.1. Intervención del Ministerio de
Justicia y del Derecho
4.1.1. El Director de Desarrollo del
Derecho y del Ordenamiento Jurídico del Ministerio de Justicia y del Derecho estima
que, en el presente proceso, en primer lugar, respecto de los hermanos
extramatrimoniales, se configura el fenómeno de la cosa juzgada constitucional,
teniendo en cuenta lo decidido en las Sentencias C-105
de 1994[17]
y C-156 de 2003[18]
y, por lo tanto, la Corte debe estarse a lo resuelto en los mencionados fallos.
Para el interviniente, contrario a lo afirmado por los demandantes, las nuevas
expresiones que se han venido incorporando al concepto de familia por vía
jurisprudencial, no constituyen un fundamento suficiente para estimar que las
razones expuestas en las referidas sentencias, para declarar exequible la
disposición acusada, hayan cambiado en el tiempo, toda vez que lo que este
Tribunal ha protegido, a través de esos pronunciamientos, son los vínculos y
lazos de familiaridad que surgen de forma voluntaria entre las personas, mas no
la generación de obligaciones, como lo sería el deber legal de alimentos entre
hermanos[19].
En criterio del representante del
Ministerio, la cosa juzgada constitucional no admite discusión, ya que de forma
expresa se señaló por esta Corporación que la situación en la que se encuentran
los hermanos extramatrimoniales no es equiparable a la relación existente entre
hermanos legítimos, por lo que no es contrario al derecho a la igualdad que tan
solo se consagre la obligación de dar alimentos frente a estos últimos, pues es
posible que no exista un vínculo de hermandad y familiaridad entre hijos de
diferentes uniones, por lo que fijar dicha carga sería contrario al principio
de solidaridad y a la equidad.
4.1.2. En segundo lugar, el interviniente sostiene
que, si bien este Tribunal en dichos pronunciamientos no hizo referencia a los
hermanos de crianza, el argumento ya expuesto se extiende también a su caso, “si
se tiene en cuenta que el legislador [no] ha establecido regulación alguna
frente a [tal figura]”[20].
No obstante, en este caso, no cabe declarar la cosa juzgada, sino que, en su
lugar, esta Corporación debe declararse inhibida para proferir una decisión de
fondo, por la existencia de una omisión legislativa absoluta.
4.1.3. Finalmente, el representante del
Ministerio considera que el precepto acusado no es contrario a la Constitución,
en la medida en que la construcción jurisprudencial que se ha venido
desarrollando es en relación con la igualdad entre los hijos sin que importe la
filiación, por lo que dicha situación no es asimilable ni equiparable respecto
de los diferentes tipos de hermanos. De ahí que, es el legislador al que le
compete regular la extensión de la obligación alimentaria y determinar la forma
como la misma se distribuye.
4.2. Intervención del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar
La representante de Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar solicita a la Corte declarar la inexequibilidad de la
expresión “legítimos” contenida en el numeral 9 del artículo 411 del
Código Civil y la exequibilidad condicionada de la
expresión “A los hermanos”, bajo el entendido de que en ella se debe incluir
a los hermanos extramatrimoniales y de crianza, a la luz del concepto amplio de
familia y que puede concretarse en cada caso particular atendiendo a las reglas
que ha fijado este Tribunal, sobre el alcance e interpretación de los derechos en
el ámbito familiar.
En criterio de la interviniente, en el
presente caso, a pesar de existir un pronunciamiento previo de la Corte
respecto al mismo aparte normativo, esto no significa que este Tribunal hubiese
perdido su competencia para abordar el examen de los problemas jurídicos que se
ponen a su consideración, toda vez que existe una nueva lectura de la
Constitución, a partir del derecho viviente. En este sentido, considera que otorgarle
un régimen de preferencia a un tipo de vínculo familiar, en particular, al que
deviene del matrimonio, no es acorde con el entendimiento actual de la familia
en sentido amplio y vulnera el derecho a la igualdad, así como también los
principios de solidaridad y pluralismo, pues desconoce otro tipo de vínculos de
parentesco y lazos afectivos, como ocurre con los hermanos extramatrimoniales y
de crianza.
Por lo demás, considera que la Corte debe pronunciarse,
si así lo estima pertinente, sobre el problema que surge por el uso de lenguaje
a partir del empleo del término “legítimos”, ya que en el caso de los
hermanos, tal expresión conduciría a concluir que existen algunos que son “ilegítimos”,
lo cual no se allana con la evolución constitucional de la institución de la
familia que, según se infiere de la Carta, proscribe toda diferenciación de
trato que tenga por fundamento el origen familiar.
4.3. Intervención de la Defensoría del
Pueblo
La Defensoría del Pueblo solicita declarar la
inexequibilidad de la expresión “legítimos” contenida en el numeral 9
del artículo 411 del Código Civil, y la exequibilidad condicionada de la
expresión “hermanos” prevista en la misma disposición, bajo el
entendido de que procede la obligación de alimentos entre ellos, siempre que se
conozcan y compartan lazos de ayuda, afecto y vida común.
En primer lugar, la entidad argumenta que
no existe cosa juzgada respecto de la expresión acusada, pues los
pronunciamientos realizados con anterioridad no consideraron el concepto de
familia de crianza que ha sido introducido recientemente por la doctrina de la
Constitución viviente. Y, en segundo lugar, propone que se realice un nuevo examen
del precepto legal acusado que permita decidir sobre su alcance jurídico en el
contexto actual, con el fin de que sea respetuoso de los derechos de la familia
y de cada uno de sus miembros, independientemente del origen filial.
En tal examen, para la entidad
interviniente, es importante tener en cuenta el desarrollo que ha existido en el
concepto de familia, a tal punto que hoy existen integrantes que conviven, son
criados y tratados como si lo fueran, aunque no compartan un vínculo consanguíneo,
siendo estos, incluso, en algunos casos, por razones de afecto, más cercanos
que los familiares de sangre o adoptivos.
A partir de lo anterior, propone el
desarrollo del juicio integrado de igualdad en el nivel estricto, para concluir
que la expresión “legítimos” no supera dicho test, ya que no persigue un fin legítimo ni imperioso y, por ello, debe
ser declarada inconstitucional. No obstante, tal declaratoria no se extiende al
resto de la norma, esto es, al deber de alimentos entre hermanos,
respecto del cual solicita el condicionamiento ya señalado, en términos de conocimiento
y lazos de unidad.
4.4. Intervención de la Academia
Colombiana de Jurisprudencia
El representante de la Academia Colombiana
de Jurisprudencia solicita declarar la cosa juzgada constitucional absoluta con
fundamento en la Sentencia C-105 de 1994[21],
pues considera que (i) el concepto de familia consagrado en la Constitución no
se ha modificado, en la medida en que el contenido de los artículos 5 y 42 del
Texto Superior “no ha cambiado en una sola coma”[22]. Por lo demás, afirma
que (ii) la jurisprudencia sobre los hijos de crianza, en nada afecta lo
decidido por la Corte en la sentencia en cita, pues el análisis realizado en
esta última se enfoca en la relación que surge entre hermanos y no en el
vinculo parental. Aunado a lo anterior, (iii) destaca que la Constitución no regula
el deber de alimentos entre hermanos, siendo este un tema que se somete a la libertad
de configuración del legislador[23].
Más allá de lo anterior, y con independencia
de las razones que justifican la cosa juzgada, el interviniente afirma que los
argumentos de la demanda –en todo caso– incumplen las cargas de claridad, pertinencia,
especificidad, certeza y suficiencia, pues no logran suscitar una duda
razonable frente a la constitucionalidad de la disposición impugnada[24].
4.5. Intervención de la Universidad
Externado de Colombia
En escrito enviado por una docente del
Departamento de Derecho Civil de la Universidad Externado de Colombia se solicita
declarar inexequible la expresión “legítimos” del numeral 9 del artículo
411 del Código Civil, por violación de los principios de igualdad y no
discriminación y solidaridad entre los integrantes de la familia, pues limita
el deber de dar alimentos únicamente a los hermanos legítimos. Por otra parte, solicita
declarar la exequibilidad condicionada del resto de la disposición demandada, bajo
el entendido de que se deben alimentos a los hermanos que se hayan integrado a
la unidad familiar (sean estos legítimos, extramatrimoniales o de crianza).
Puntualmente, afirma que, en el presente
caso, a pesar de que en la Sentencia C-105 de 1994[25] la Corte declaró la
exequibilidad de la norma acusada, cabe realizar un nuevo estudio de
constitucionalidad, en razón al cambio en el significado material de la Carta,
lo que conlleva a la necesidad de fijar una nueva interpretación del precepto cuestionado
en relación con los derechos derivados de la familia de crianza.
Sin embargo, en la medida en que pueden
presentarse situaciones en las cuales existan hermanos que ni siquiera se
conocen, ni tienen mayor cercanía o relación, estima que frente a ellos la
obligación alimentaria resultaría en una carga desproporcionada e injusta, motivo
por el cual solicita que se incluya en el fallo el condicionamiento propuesto, en
el que se exige la acreditación de la unidad familiar entre ellos.
V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA
NACIÓN
5.1. El Procurador General de la Nación
solicita a esta Corporación proferir una sentencia integradora en el presente
caso, de forma tal que al declarar inexequible el numeral 9 del artículo 411
del Código Civil, se sustituya lo dispuesto en dicha norma con las siguientes expresiones:
“hermanos de doble conjunción” y “hermanos de simple conjunción
integrantes de un mismo núcleo familiar”, por tratarse de hipótesis
excluidas en la reglamentación actual de forma injustificada. Adicionalmente, en
cuanto a los “hermanos de crianza”, solicita que este Tribunal se
inhiba de adoptar un pronunciamiento de fondo, ya que, al pertenecer a un
asunto no regulado en el ordenamiento jurídico, su alegación se encuadra dentro
de una omisión legislativa absoluta, respecto de la cual la Corte carece de
competencia para llevar a cabo un juicio de constitucionalidad.
5.2. En línea con lo expuesto, la Vista
Fiscal inicialmente advierte que el precepto demandado no ha sido expresamente modificado
por la ley, pese a lo cual se inscribe en un contexto normativo diferente, entre
otras, por la entrada en vigor del Código de Infancia y Adolescencia y la Ley
1060 de 2006[26].
Estas previsiones se caracterizan por ampliar el marco de protección de los
hijos adoptivos y de aquellos nacidos en el seno de una unión marital de hecho que
haya sido formalmente declarada, y los equipara en derechos a los hijos habidos
en el matrimonio, lo que significa que excluyen la importancia del origen de la
filiación. Tal circunstancia, para la Procuraduría, justifica que la norma
acusada sea objeto de una nueva revisión constitucional.
5.3. Sobre esta base, el Procurador señala que
conservar en el ordenamiento jurídico la expresión “legítimos” plantea
un problema constitucional, pues con ocasión de la Constitución de 1991 quedó
erradicada la clasificación derivada del uso de tal concepto en el ámbito de
las relaciones filiales. Lo anterior teniendo en cuenta que, al decir que existen
“hermanos legítimos” implícitamente se da a entender que también hay “hermanos
ilegítimos”, reforzando la idea de que los hijos son legítimos e ilegítimos,
lo que atenta contra el derecho a la igualdad. Por esta razón, concluye que
dicha norma debe ser expulsada del ordenamiento jurídico, aunado a que privilegia
de manera injustificada la filiación matrimonial entre hermanos y excluye de su
ámbito de aplicación varios supuestos que razonablemente deberían incluirse[27].
Por virtud de lo anterior, como ya se dijo,
propone un fallo integrador, en el que se reemplace la expresión hermanos
legítimos, ampliando la causal de alimentos para incluir las distintas
manifestaciones de familia, que también exigen un trato igual, esto es, (i) la
de los hermanos de doble conjunción, es decir, quienes comparten padre y
madre, ya sean aquellos legitimados, nacidos dentro de una unión marital de
hecho o adoptivos; y (ii) la de los hermanos de simple conjunción, entendidos
como los que comparten padre o madre, que se conocen y que han formado parte de
una misma familia.
VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
6.1. Competencia
En virtud de lo previsto en el numeral 4
del artículo 241 del Texto Superior, la Corte es competente para conocer sobre
la demanda de inconstitucionalidad planteada contra el numeral 9 del artículo
411 del Código Civil, toda vez que se trata de un precepto de carácter legal
expedido con fundamento en las atribuciones consagradas en el numeral 1 del
artículo 150 de la Constitución.
6.2. Estructura
de la presente sentencia
6.2.1. Antes de proceder con la formulación
del problema jurídico y en cuanto hace a la posibilidad de este Tribunal de proferir
una decisión de fondo, siguiendo la solicitud del Ministerio Público y los
escritos de intervención radicados por el Ministerio de Justicia y del Derecho
y la Academia Colombiana de Jurisprudencia es
preciso, en primer lugar, que se examine la aptitud de la demanda, es decir, si
la misma se ajusta o no a los mínimos argumentativos de
los cuales depende la prosperidad del juicio abstracto de
constitucionalidad respecto de normas de naturaleza legal (CP art. 241.4 y
Decreto 2067 de 1991), en virtud de su carácter
predominantemente rogado y no oficioso[28].
Lo anterior, por una parte, al invocarse el incumplimiento de las cargas de
claridad, pertinencia, especificidad, certeza y suficiencia[29];
y, por la otra, al estimar que la Corte no puede pronunciarse sobre las
relaciones de crianza en el ámbito del control abstracto, pues ellas no han
sido objeto de definición y regulación por parte del legislador, por lo que se
está en presencia de una omisión legislativa absoluta, en relación con la cual esta
Corporación no tiene competencia para llevar a cabo, tal y como se propone, un juicio
de constitucionalidad[30].
A continuación, en segundo lugar, en caso
de que la demanda permita llevar a cabo un juicio de fondo, se verificará si
frente al precepto legal acusado se presenta el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, pues, como se alega
por dos de los intervinientes[31],
la disposición parcialmente impugnada ya fue objeto de examen
de constitucionalidad con ocasión de la expedición de las Sentencias C-105 de
1994[32]
y C-156 de 2003[33].
Tan solo en el caso de
que la demanda cumpla con las cargas mínimas del juicio de constitucionalidad y
que, además, el texto legal acusado no esté amparado bajo la figura de la cosa
juzgada, se procederá, en tercer lugar, con su examen de fondo[34], previo
planteamiento del problema jurídico y de la fijación de las materias
susceptibles de pronunciamiento.
6.2.2. De llegar
al escenario descrito, cabe señalar que se excluiría el análisis de las
solicitudes realizadas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el
Procurador General de la Nación, en relación con el aparente problema que surge por el uso de lenguaje, en particular, por el
empleo del término “legítimos”, ya que, en su criterio, tal expresión da
lugar a un trato discriminatorio en el ámbito de las relaciones filiales,
en las que, por virtud de lo consagrado en la Constitución, se proscribe toda
diferenciación que tenga por fundamento el origen familiar.
Según se advierte,
tal pretensión no se relaciona con la solicitud formulada por los accionantes,
consistente en adelantar un juicio de igualdad en relación con la norma
demandada, a partir del cambio que alegan en el significado material de la
Carta, respecto del entendimiento del deber de alimentos entre hermanos, sino
que, en su lugar, corresponde a una controversia
distinta que no fue objeto de demanda, que no tiene una justificación que se
infiera de la acusación formulada y cuya mención es realizada por tan solo dos
de los partícipes de este proceso, sin que pueda considerarse que, por ello, se
está en presencia de una violación evidente de un mandato
constitucional, por una parte, porque no existe consenso en las intervenciones
respecto de lo alegado, ya que en varias de ellas se invoca la validez de la disposición
impugnada, sobre la base de las diferencias que se presentan entre los sujetos
comparados y el ejercicio de la potestad de configuración del legislador; y por
la otra, porque existen referentes jurisprudenciales por parte de la
Corte, en los que al establecer el alcance de los derechos y obligaciones en el
ámbito familiar, ha declarado exequible el uso de la expresión “legítimos”, al momento de precisar la
cobertura de los deberes que existen entre hermanos, como ocurre con las
citadas Sentencias C-105 de 1994 y C-156 de 2003[35].
De ahí que, al no
advertirse una infracción evidente de una regla o principio
constitucional[36]
y dado que la controversia expuesta por el ICBF y por el Procurador no goza de
un respaldo general ni concurrente entre los distintos partícipes del proceso, siguiendo la jurisprudencia de este Tribunal[37], en
lo que concierne al ámbito del control derivado del ejercicio de la acción
pública de inconstitucionalidad, cabe concluir que, en este caso, el alcance del
pronunciamiento de la Corte debe limitarse al cargo esbozado únicamente en la
demanda[38],
entre otras, por las siguientes razones: (i) porque el juicio abstracto de
constitucionalidad por vía activa tan solo es procedente cuando se formula una
acusación ciudadana (CP art 241), que satisface los requisitos formales y
materiales de admisión, por lo que son los cargos que allí se exponen los que fijan
el objeto del debate constitucional, en ejercicio de un derecho político de
carácter fundamental (CP art. 40.6); (ii) porque es el contenido de la
acusación el que guía y limita el alcance del pronunciamiento de los ciudadanos
en general, con ocasión del término de fijación en lista; (iii) porque la
obligación de rendir concepto por parte del Procurador General de la Nación se
circunscribe a la pretensión de inconstitucionalidad planteada por el actor,
sin que, por regla general, sea posible ampliar los temas sometidos a examen,
así sean invocados por algunos de los intervinientes, pues, de hacerlo, se
estaría ante un control cuyo origen no es el ejercicio del derecho de acción,
como lo exige la Constitución (CP art. 241), y (iv) porque de asumir un juicio
sobre cargos distintos a los expuestos en la demanda, eliminaría la posibilidad
de quienes participaron en la expedición de la norma de explicar las razones
que justifican su constitucionalidad (CP art. 244), como elemento mínimo de
contradicción que debe tener el juicio abstracto a cargo de la Corte[39].
6.3. Cuestión
Previa. Examen sobre la aptitud de la demanda
6.3.1. La Corte ha establecido de manera
reiterada que aun cuando la acción de inconstitucionalidad es pública e
informal, los demandantes tienen unas cargas mínimas que deben satisfacer para
que se pueda promover el juicio dirigido a confrontar el texto de un precepto
legal con la Constitución. Precisamente, el artículo 2 del Decreto 2067 de 1991
establece los siguientes requisitos que deben contener las demandas de
inconstitucionalidad: (i) el señalamiento de las normas acusadas, bien sea a
través de su transcripción literal o de la inclusión de un ejemplar de una
publicación oficial de las mismas; (ii) la indicación de las normas
constitucionales que se consideran infringidas; (iii) la exposición de las
razones por las cuales dichos textos se estiman violados; (iv) cuando ello
resultare aplicable, el señalamiento del trámite impuesto por la Constitución
para la expedición del acto demandado y la forma en que fue quebrantado; y (v)
la razón por la cual esta Corporación es competente para conocer de la demanda.
En lo referente a las razones de
inconstitucionalidad, la Corte ha insistido en que el demandante tiene la carga
de formular un cargo concreto de naturaleza constitucional contra la
disposición acusada[40].
Al respecto, en la Sentencia           C-1052 de 2001[41], este
Tribunal señaló que las razones presentadas deben ser claras, ciertas,
específicas, pertinentes y suficientes:
“Son claras cuando
existe un hilo conductor en la argumentación que permite comprender el
contenido de la demanda y las justificaciones en las que se soporta. Son ciertas
cuando la acusación recae sobre una proposición jurídica real y existente,
y no sobre una deducida por el actor o implícita. Son específicas cuando
el actor expone las razones por las cuales el precepto legal demandado vulnera
la Carta Fundamental. Son pertinentes cuando se
emplean argumentos de naturaleza estrictamente constitucional y no de estirpe
legal, doctrinal o de mera conveniencia. Y son suficientes cuando la
acusación no solo es formulada de manera completa, sino que, además, es capaz
de suscitar en el juzgador una duda razonable sobre la exequibilidad de las
disposiciones acusadas.”[42]
Así las cosas, antes de pronunciarse de
fondo, la Corte debe verificar si los accionantes han formulado materialmente
un cargo, pues de no ser así existiría una ineptitud sustantiva de la demanda
que, conforme con la reiterada jurisprudencia de esta Corporación, impediría un
pronunciamiento de fondo y conduciría a una decisión inhibitoria, ya que este
Tribunal carece de competencia para adelantar de oficio el juicio de
constitucionalidad. Sobre este punto, en la Sentencia C-447 de 1997[43],
se sostuvo que:
“Si un ciudadano
demanda una norma, debe cumplir no sólo formalmente sino también materialmente
estos requisitos, pues si no lo hace hay una ineptitud sustancial de la demanda
que, conforme a reiterada jurisprudencia de esta Corporación, impide que la
Corte se pronuncie de fondo. En efecto, el artículo 241 de la Constitución
consagra de manera expresa las funciones de la Corte, y señala que a ella le
corresponde la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución en los
estrictos y precisos términos del artículo. Según esa norma, no corresponde a
la Corte Constitucional revisar oficiosamente las leyes sino examinar aquellas
que han sido demandadas por los ciudadanos, lo cual implica que el trámite de
la acción pública sólo puede adelantarse cuando efectivamente haya habido
demanda, esto es, una acusación en debida forma de un ciudadano contra una
norma legal.”
Si bien por regla general el examen sobre
la aptitud de la demanda se debe realizar en la etapa de admisibilidad, el
ordenamiento jurídico permite que este tipo de decisiones se adopten en la
sentencia[44],
teniendo en cuenta que en algunas ocasiones no es evidente el incumplimiento de
las exigencias mínimas que permiten adelantar el juicio de constitucionalidad,
lo que motiva un análisis con mayor detenimiento por parte de la Sala Plena[45].
6.3.2. Sobre la base de lo expuesto y siendo
uno de los presupuestos mínimos para la procedencia de la acción la existencia
de una disposición jurídica susceptible de control, la Corte se ha declarado incompetente
para conocer de demandas dirigidas en contra de omisiones legislativas
absolutas[46].
Estas suponen el incumplimiento por parte legislador de la obligación de
expedir una regulación expresamente señalada por el Constituyente[47], por lo que se
advierte en ellas una total inactividad legislativa y, por lo tanto, la ausencia
de un texto o precepto legal susceptible de ser confrontado frente a los
mandatos dispuestos en la Constitución.
Sobre el particular, al explicar las
diferencias que existen con las omisiones legislativas relativas, la Corte ha
dicho que:
“Desde
sus primeros pronunciamientos, este Tribunal ha distinguido entre las omisiones
legislativas absolutas y las omisiones legislativas relativas. En
las primeras existe una falta de desarrollo total de un determinado precepto
constitucional; mientras que, en las segundas, el legislador
excluye de un enunciado normativo un ingrediente, consecuencia o condición que,
a partir de un análisis inicial o de una visión global de su contenido, permite
concluir que su consagración resulta esencial para armonizar el texto legal con
los mandatos previstos en la Constitución. Esto significa que, por virtud de la
actuación del legislador, se prescinde de una exigencia derivada de la Carta,
cuya falta de soporte textual genera un problema de constitucionalidad.
Obsérvese
cómo, mientras en las omisiones absolutas, no se ha producido ninguna
disposición legal en relación con una determinada materia, en las omisiones
relativas, por el contrario, sí existe un desarrollo legal vigente, pero
imperfecto, por la ausencia de un aspecto normativo específico en relación con
el cual existe el deber constitucional de adoptar medidas legislativas. Para
esta Corporación, tan solo es procedente el juicio de constitucionalidad
respecto de omisiones relativas, pues en los casos de ausencia total de
regulación no concurre un referente normativo que se pueda confrontar con la
Constitución.”[48]
Los argumentos que explican la
incompetencia de la Corte son, entre otros, los siguientes: (i) no es posible adelantar
un examen de constitucionalidad cuando no existe una norma susceptible de
control[49];
(ii) es indispensable que la demanda recaiga sobre un texto real y no
simplemente sobre uno deducido por el actor o implícito; (iii) la declaración
de inexequibilidad, ya sea total o parcial, requiere previamente definir si se
presenta una oposición entre lo que dispone el precepto acusado y lo que manda
la Constitución[50];
y finalmente, (iv) la ausencia de regulación de una determinada materia no
necesariamente da lugar a un reproche constitucional, ya que los silencios del legislador
en determinados casos son expresiones de su voluntad[51].
6.3.3. Como se advierte del contenido de la
demanda, con el aparte acusado del numeral 9 del artículo 411 del Código Civil que
establece la obligación alimentaria solamente entre hermanos “legítimos”,
se estiman vulnerados los artículos 1, 5, 13 y 42 de la Constitución, el principio de progresividad, y los artículos 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
y 17 de la Convención Americana de Derechos Humanos, por
cuanto excluye de dicha prerrogativa a los hermanos
extramatrimoniales y de crianza.
Para este Tribunal, a pesar de la
invocación que se realiza a varios preceptos constitucionales aparentemente
infringidos, lo cierto es que la demanda tan solo justifica la violación de uno
de ellos, en la medida en que los argumentos que se proponen frente al resto,
lejos de constituir un cargo autónomo, son manifestaciones vinculadas con la
acusación que, en principio, cumple con los mínimos que se exigen para
adelantar un juicio de constitucionalidad.
Precisamente, visto el contenido de la
demanda, la circunstancia previamente descrita se predica tan solo del cargo relativo
a la vulneración del derecho a la igualdad entre los hermanos
legítimos y los hermanos extramatrimoniales y de crianza, respecto de la
titularidad del derecho de alimentos, a partir de la invocación de los
artículos 13 y 42 del Texto Superior.
Ello es así, en cuanto a la carga de claridad, porque los accionantes exponen
una argumentación entendible y coherente que permite captar el contenido y
alcance de las razones de inconstitucionalidad aducidas, respecto de la posible
violación del derecho a la igualdad, con ocasión de la limitación del derecho
de alimentos solo a los hermanos legítimos, toda vez que, según se alega, tal
circunstancia da lugar a un trato discriminatorio en el ámbito familiar con
ocasión del origen del vínculo filial. Esta acusación igualmente satisface la
carga de certeza, pues recae
sobre una proposición jurídica real y existente que hace parte del Código
Civil, y cuya interpretación es objetiva, razonable y se desprende de su tenor
literal, toda vez que allí se define como titulares del derecho de alimentos únicamente
a los hermanos legítimos.
La acusación también cumple con la carga de
especificidad, en tanto
establece de manera concreta una oposición objetiva y verificable entre la
disposición parcialmente demandada y los artículos 13 y 42 del Texto Superior,
al acudir a argumentos determinados y directos que se relacionan concretamente
con la norma objetada y que permiten adelantar un juicio de constitucionalidad.
Por lo demás, se satisfacen de igual forma las cargas de pertinencia y suficiencia, pues la explicación se
estructura sobre la base de argumentos de naturaleza estrictamente
constitucional, vinculados con un problema de igualdad, capaz de suscitar una
duda mínima sobre la exequibilidad de la disposición acusada.
Por lo demás, la jurisprudencia de
la Corte ha sostenido que la admisión de un cargo por
violación del derecho a la igualdad, no se limita a la simple manifestación de
considerar que las normas objeto de controversia establecen una discriminación
y que, por ello, son contrarias al artículo 13 de la Carta[52]. En efecto, para
poder establecer –en un marco relacional– si existe una diferencia de trato
carente de justificación, es preciso que el actor manifieste (i) cuáles son los
sujetos que se comparan y por qué ellos deberían recibir el mismo trato; (ii) en qué sentido se presenta una diferenciación y (iii) con base en
qué criterios es que ella se produce[53].
Estas exigencias se satisfacen en el asunto sub-judice, (a) toda vez que
se comparan a los hermanos legítimos con los hermanos
extramatrimoniales y de crianza, con el argumento de que el Texto Superior
prohíbe la existencia de distinciones de trato con ocasión del origen familiar.
Además, (b) se explica que el soporte que da origen a dicha diferenciación
deviene de una limitación legal y (c) que el criterio que se usa para ello se
respalda exclusivamente en la naturaleza de la relación filial.
6.3.4. A diferencia de lo expuesto, y como
ya se advirtió, la invocación del resto de preceptos
constitucionales (incluidas las remisiones a la DUDH y a la CADH) no
constituyen un cargo autónomo, sino que se articulan como meras manifestaciones
vinculadas con el juicio de igualdad que se propone.
De esta manera, la Sala Plena observa que los
argumentos presentados por los accionantes en torno a la solidaridad entre los
miembros de la familia, parten de la base de referir previamente a la igualdad
de trato entre las distintas expresiones que de dicha institución pueden llegar
a existir, y como en ellas se exteriorizan lazos de apoyo y de ayuda mutua. Lo
mismo ocurre con lo señalado frente al principio de
progresividad, pues lo que se afirma en la demanda es que la limitación
existente no permite ampliar el deber de alimentos entre hermanos, en términos
de igualdad. Y, sin apartarse de esta lógica, se advierte que la invocación de los artículos 25 de la DUDH y 17 de la CADH,
tan solo se realiza para poner de presente que se trata de instrumentos
internacionales en los que se dispone la igualdad de trato entre los hijos, sin
importar el vínculo que exista entre los padres[54].
Por consiguiente, si
bien se considera que la demanda satisface los mínimos argumentativos del
juicio de constitucionalidad, en principio, tal conclusión únicamente se
predica del cargo referente a la violación del derecho a la igualdad (CP arts.
13 y 42), pues el resto de manifestaciones que se realizan no dan lugar a una
acusación autónoma, sino a puntos de apoyo dentro del mismo problema de
constitucionalidad que se invoca.
6.3.5. Con todo, a pesar de que la demanda
parecería satisfacer los requisitos básicos para provocar un pronunciamiento a
cargo de la Corte, cabe verificar las otras dos excepciones que se propusieron
por los intervinientes y la Vista Fiscal, para negar la prosperidad de la
acusación formulada. Ellas se vinculan, por una parte, con la imposibilidad de
adoptar un fallo de fondo respecto de los hermanos de crianza, por la
existencia de una omisión legislativa absoluta; y, por la otra, con la
ocurrencia de una cosa juzgada frente a lo resuelto en las Sentencias C-105 de
1994 y C-156 de 2003, en lo que atañe al juicio de igualdad que se plantea en
relación con los hermanos extramatrimoniales.
6.4. La omisión legislativa absoluta y
los hermanos de crianza
6.4.1. Como se mencionó con anterioridad, cabe
resaltar que los accionantes, además del cargo de igualdad respecto de los
hermanos extramatrimoniales, también alegan la violación del mismo derecho en
relación con los hermanos de crianza. Sobre el particular, tanto el Ministerio
de Justicia y del Derecho como la Procuraduría General de la Nación estiman que
la Corte carece de competencia para pronunciarse sobre este cargo, pues –a su
juicio– lo que existe es una omisión legislativa absoluta, en relación
con un vínculo que no ha sido regulado por el ordenamiento jurídico, de ahí que
lo que procede sea la expedición de un fallo inhibitorio. En resumen, afirman que la categoría de hijos de crianza dentro del concepto de las
denominadas familias de crianza, es una construcción jurisprudencial sin
respaldo legal.
La Sala constata que efectivamente la norma
demandada sobre la cual se predica la presunta omisión, esto es, el numeral 9
del artículo 411 del Código Civil, establece la titularidad del derecho de
alimentos únicamente “[a] los hermanos legítimos” y, como lo señalan los
demandantes, no incluye a los hermanos de crianza, quienes –en su opinión– son
asimilables a aquellos. Sin embargo, siguiendo la jurisprudencia constitucional
que ha sido adoptada en el ámbito del control abstracto respecto de las
familias crianza, este Tribunal considera que no es competente para analizar si
la exclusión alegada genera una desigualdad de trato carente de justificación a
la luz de la Constitución, pues tal planteamiento se erige, en efecto, a partir
de una omisión legislativa absoluta.
6.4.2. En este sentido, en sentencias
preexistentes sobre la materia, la Corte ha señalado que el concepto de familia
de crianza no resulta asimilable a las familias consanguínea y adoptiva, ya que
su reconocimiento y protección se ha dado caso a caso en el ejercicio del
control concreto de constitucionalidad, pues no se acredita la existencia de un
mandato constitucional que imponga al legislador su reconocimiento. Esta
situación impide extender los efectos jurídicos que tienen las relaciones
parentales que surgen a partir de vínculos de consanguinidad o por adopción a
las relaciones entre hijos y padres de crianza, pues dicha unión no es un hecho
que la ley haya previsto como fuente de filiación.
Al respecto, cabe citar in extenso los argumentos recientemente
expuestos por esta Corporación en la Sentencia C-085 de
2019[55],
en la que se analizó la constitucionalidad del artículo 1045 del Código Civil,
relativo al primer orden hereditario sucesoral, por excluir,
según el actor, a los hijos de crianza de forma injustificada. Textualmente, se
dijo que:
“[L]os hijos de
crianza son una categoría de sujetos que ha sido creada por la jurisprudencia
constitucional dentro del concepto de familia de crianza, que bajo
circunstancias muy particulares surge a partir de vínculos de afecto,
solidaridad y respeto entre personas que no tienen un vínculo de parentesco
civil o consanguíneo. Aunque dicha relación ha sido protegida por la Corte
Constitucional en casos excepcionales, dando alcance a los principios de
interés superior del niño, prohibición de discriminación por el origen
familiar, el principio de solidaridad y corresponsabilidad de las familias
extensas quienes, tomando el lugar de los padres, asumen el cuidado de los
niños, en opinión de la Sala Plena, no son una categoría de sujetos comparable
con aquellos incluidos en la norma demandada.
3.2.10. Así
mismo lo expresó la Sala en la Sentencia C-359 de 2017 en donde consideró que ‘(…)
el reconocimiento de protección de las llamadas familias de crianza y a otro
tipo relaciones familiares que también puedan surgir de situaciones de facto
basadas en lazos de afecto, ayuda mutua, respeto, socorro y solidaridad, es en
principio, atribuible a la jurisprudencia, y, en ese ámbito, no se acredita (…)
la existencia de una norma constitucional que imponga al legislador un mandato
concreto para su reconocimiento’. (…).
3.2.11. En esa
oportunidad la Sala Plena estimó no solo que la demanda era inepta porque no
cumplía los requisitos de especificidad y suficiencia exigidos por la
jurisprudencia constitucional, sino además señaló que no contenía un cargo
debidamente estructurado por omisión legislativa relativa y que lo que
pretendía el demandante era acusar una omisión legislativa absoluta,
que salía de la competencia del juez constitucional, dada la potestad de
configuración normativa que tiene el Congreso de la República.
3.2.12. En el
presente asunto el demandante señala que la disposición acusada excluye de sus
consecuencias jurídicas a un grupo de personas (hijos de crianza) que en su
opinión son asimilables a los que están incluidos en la norma (los hijos por
consanguinidad o adoptivos). Sin embargo, para la Sala Plena la Corte no es
competente para analizar si la exclusión alegada en la demanda genera una
desigualdad negativa que carece de justificación a la luz de los postulados
constitucionales, pues no se erige como una omisión relativa inconstitucional
sino como una omisión legislativa absoluta.
3.2.13. En ese
sentido, no es posible extender los efectos normativos que la legislación civil
establece para las familias consanguínea y adoptiva a las familias de crianza
puesto que no son categorías análogas. La configuración de esta última, no
depende de elementos generales y abstractos establecidos en la ley, sino de
circunstancias muy particulares que solo se pueden identificar caso a caso y
para los que no existe una regulación legislativa que sea subsanable por
omisión. De esta forma lo que materialmente existe es una omisión
legislativa absoluta, frente a la cual la Corte Constitucional no tiene
competencia.
3.2.14.
Ciertamente, no se ha planteado en el ordenamiento jurídico colombiano una
regulación concreta para la familia de crianza. Su reconocimiento y protección
se ha dado caso a caso en el ejercicio del control concreto de
constitucionalidad. Esta labor que no se puede confundir con la labor que
despliega esta Corporación en sede de control abstracto de constitucionalidad,
porque en el primer caso se juzgan casos concretos, mientras que, en el
segundo, la Corte se limita a armonizar un texto legal con los mandatos
previstos en la Constitución. En el control abstracto de constitucionalidad el
juez no hace una aproximación específica a casos concretos, sino que compara la
norma acusada con la Constitución.
3.2.15. El
reconocimiento que esta Corporación le ha otorgado a la familia de crianza no
ha llegado a definir los efectos jurídicos que tiene sobre la filiación y el
parentesco de las personas que hacen parte de ella. En otras palabras, y en la
medida que es una tarea que compete exclusivamente al legislador, no ha
establecido en términos generales la capacidad para ejercer derechos y contraer
obligaciones de los hijos y padres de crianza como sí ocurre en las relaciones
parentales que surgen a partir de vínculos de consanguinidad o por adopción.
3.2.16. La
crianza no es un hecho que la ley haya previsto como fuente de filiación. Los
hijos y padres de crianza carecen de mecanismos legales que acrediten su
condición jurídica en calidad de padres e hijos. El mecanismo particular que la
ley ha establecido para acreditar relaciones entre padres e hijos que no tienen
un vínculo de consanguinidad es el trámite de adopción. Ésta se declara a
través de sentencia judicial y tiene el efecto directo en el registro del
estado civil de los hijos adoptivos. Tal como lo ha establecido el legislador,
la adopción es principalmente y por excelencia, una medida de protección a
través de la cual, bajo la suprema vigilancia del Estado, se establece de
manera irrevocable, la relación paterno-filial entre personas que no la tienen
por naturaleza. La adopción ha sido establecida principalmente como un
mecanismo de protección a la infancia abandonada mediante su incorporación
definitiva a una familia estable.
3.2.17. De allí
que el legislador haya consagrado no solo presunciones legales para la adecuada
protección de los derechos de hijos y padres, sino también los recursos
judiciales idóneos y efectivos para reconocer la calidad de hijo o para hacer
exigibles los derechos que se desprenden de las relaciones parentales, y para
que estas sean oponibles a terceros.
3.2.18. Es
evidente que en la legislación no existe la familia de crianza, de la cual se
derivaría una relación de filiación, de manera que lo que se solicita no es la
subsanación de una omisión legislativa relativa sino de una omisión
legislativa absoluta, ante la cual la Corte Constitucional no tiene
competencia. En consecuencia, lo procedente [es] la inhibición para emitir un
fallo de fondo.”[56]
6.4.3. En conclusión, no es procedente el
juicio que se propone frente a la obligación
alimentaria para los hermanos de crianza, pues al no existir una regulación legal en la que se concrete tal
expresión de familia, lo que se advierte es la presencia de una omisión legislativa
absoluta, respecto de la cual este Tribunal no tiene competencia para
pronunciarse por vía del control abstracto de constitucionalidad, por lo que deberá
en la parte resolutiva de esta sentencia, declararse inhibida para adoptar un
fallo de fondo. De esta manera, en principio, el único cargo que superaría el
examen sobre la aptitud de la demanda, es el relativo a la violación del
derecho a la igualdad entre los hermanos legítimos y extramatrimoniales (CP
arts. 13 y 42). Sin embargo, para llegar a tal conclusión, es preciso verificar
las cargas que se imponen para reabrir un debate respecto de una materia
amparada previamente con una sentencia que hizo tránsito a cosa juzgada
constitucional relativa.
6.5. De las cargas para provocar un nuevo juicio de
constitucionalidad
6.5.1.
Como lo ha sostenido la Corte en otras oportunidades,
la cosa juzgada constitucional es una institución jurídica procesal que
tiene su fundamento en el artículo 243 de la Constitución[57], la cual
parte de la base de otorgarle a las decisiones plasmadas en una sentencia de
constitucionalidad el carácter de inmutables, vinculantes, obligatorias y
definitivas. De ella surge, por un lado, una dimensión positiva consistente en
proveer seguridad a las relaciones jurídicas, y, por el otro, una restricción
negativa referida a la imposibilidad de que el juez vuelva a conocer y decidir
sobre lo resuelto.
Esta figura ha
sido objeto de varios pronunciamientos por parte de la Corte, en los que se han
destacado sus requisitos, modalidades y consecuencias. En este sentido, por
ejemplo, al referir a las distintas categorías que se derivan de su
conceptualización general[58],
este Tribunal ha resaltado la posibilidad de distinguir entre (i) la cosa
juzgada formal y la cosa juzgada material, y (ii) la cosa juzgada absoluta
respecto de la cosa juzgada relativa.
Frente a la
primera de las clasificaciones en mención, la
jurisprudencia de esta Corporación ha dicho que la cosa juzgada formal tiene ocurrencia
cuando existe una decisión previa del juez constitucional en relación con el
mismo texto legal que es llevado posteriormente a su estudio[59]; mientras
que, por el contrario, la cosa juzgada material se presenta cuando existen dos disposiciones distintas que tienen identidad de
contenido normativo y, en relación con una de ellas, la Corte ya ha realizado previamente
un juicio de constitucionalidad[60]. Sobre el particular, en la Sentencia C-310 de 2002[61], se dijo que:
“[La] Corte
[ha entendido] que hay lugar a declarar la existencia de la cosa juzgada formal,
en aquellos eventos en los que existe un pronunciamiento previo del juez
constitucional en relación con el precepto que es sometido a un nuevo y
posterior escrutinio constitucional. Así mismo, la jurisprudencia ha sido
enfática en manifestar que se presenta el fenómeno de la cosa juzgada material cuando
a pesar de haberse demandado una norma formalmente distinta, su materia o
contenido normativo resulta ser idéntico al de otra u otras disposiciones que
ya fueron objeto del juicio de constitucionalidad, sin que el entorno en el
cual se apliquen comporte un cambio sustancial en su alcance y significación.”
Por su parte, en lo que atañe a la segunda
clasificación, la jurisprudencia ha señalado que existe cosa juzgada
absoluta, cuando el pronunciamiento que se realiza por este Tribunal no se
limita en su alcance, por lo que se entiende que la norma fue examinada en su
totalidad y frente a todo el texto constitucional; a diferencia de lo que
ocurre con la cosa juzgada relativa, en la que el juicio realizado por
la Corte se circunscribe dentro de la propia sentencia, ya sea a un determinado
cargo o a un preciso problema jurídico, de forma explícita o implícita. Esta
última circunstancia, siguiendo lo expuesto en la Sentencia           C-774 de
2001[62],
dio lugar a la distinción entre la cosa juzgada relativa explícita y la cosa
juzgada relativa implícita, en los términos que se exponen:  “[Es] [e]xplícita, cuando ‘la disposición
es declarada exequible pero, por diversas razones, la Corte ha limitado su
escrutinio a los cargos del actor, y autoriza entonces que la
constitucionalidad de esa misma norma puede ser nuevamente reexaminada en el
futuro’, es decir, es la propia Corte quien en la parte resolutiva de la
sentencia limita el alcance de la cosa juzgada. [Por el contrario, es]
[i]mplícita (…) cuando la Corte restringe en la parte motiva el alcance de la
cosa juzgada, aunque en la parte resolutiva no se indique dicha limitación, ‘en
tal evento, no existe en realidad una contradicción entre la parte resolutiva y
la argumentación sino una cosa juzgada relativa implícita, pues la Corte
declara exequible la norma, pero bajo el entendido que sólo se ha analizado
determinados cargos’”. En todo caso, por regla general, mientras esta
Corporación no señale que los efectos de una sentencia son relativos, se
entiende que los fallos que ella profiera hacen tránsito a cosa juzgada
absoluta[63],
como mandato que se deriva del artículo 46 de la Ley 270 de 1996 o Ley
Estatutaria de la Administración de Justicia[64].
La principal consecuencia que se deriva de esta
última clasificación es que, mientras una revisión absoluta precluye por
completo la posibilidad de interponer una nueva
demanda de inconstitucionalidad con posterioridad a la sentencia, siempre que
subsistan las normas constitucionales que sirvieron de fundamento a la decisión[65] y se mantenga el mismo contexto fáctico y normativo[66]; por oposición a lo
expuesto, en el caso en el que este Tribunal adopte un fallo relativo, se admite que, en el futuro, se formulen nuevos cargos de inconstitucionalidad
contra la disposición que ha sido objeto de examen, con la única condición
de que ellos sean distintos a los que ya fueron inicialmente analizados. Por
tal razón, para que en este caso se pueda afirmar que existe cosa juzgada, es
necesario acreditar, de un lado, que el precepto legal acusado
fue objeto de juzgamiento en una oportunidad anterior y, de otro, que la
demanda formulada en esa ocasión coincida con la nueva censura sometida al
estudio de la Sala Plena[67].
6.5.2. En línea con lo expuesto,
cabe precisar los efectos o consecuencias que produce la cosa juzgada frente a nuevas
demandas de inconstitucionalidad, a partir de la determinación que haya sido
adoptada previamente por parte de esta Corporación. Así, en primer lugar, si la
Corte ha declarado inexequible una disposición, y la misma ha sido expulsada
del ordenamiento jurídico, no cabe duda de que no existe objeto sobre el cual
pronunciarse de nuevo, por lo cual la demanda debe rechazarse en la etapa de
admisión o, en su defecto, en caso de que el asunto llegue a la instancia de
fallo, lo que procede es ratificar la existencia de la cosa juzgada y estarse a
lo resuelto en la decisión anterior. En la práctica, la decisión produce los
efectos de una cosa juzgada absoluta.
En segundo lugar, de haberse declarado
exequible una disposición que luego es acusada
nuevamente, lo que se impone es verificar el alcance de la decisión previa, con
miras a determinar si hay lugar a un pronunciamiento de fondo o si, por el
contrario, la problemática se entiende resuelta, escenario en el que se aplica
la distinción entre la cosa juzgada absoluta y la cosa juzgada relativa, pues
mientras en el primer evento la demanda deberá rechazarse de plano o, en su
defecto, emitirse un fallo en el que se ratifique la cosa juzgada y se decida estarse
a lo resuelto en el fallo anterior (dependiendo, como ya se dijo, de la
instancia procesal); en el segundo, esto es, cuando la decisión es relativa,
cabe que se aborde el juicio propuesto, pero tan solo frente a los cargos que
no fueron previamente objeto de análisis.
6.5.3. No obstante, la jurisprudencia también ha aclarado que
en hipótesis absolutamente excepcionales cabe enervar los efectos de la cosa
juzgada, aún respecto de fallos de exequibilidad o de exequibilidad
condicionada, tanto en la modalidad de cosa juzgada absoluta como de cosa
juzgada relativa, en este último caso pese a tratarse del mismo cargo que ya
había sido examinado con anterioridad. En la práctica, se autoriza apartarse de la decisión previa y emprender un nuevo
juzgamiento, en lugar de estarse a lo resuelto.
Sobre esta base, la Corte
ha identificado tres hipótesis excepcionales, a saber: (i) cuando se presentan
reformas constitucionales que varían el parámetro de control[68]; (ii)
cuando así lo demanda el carácter dinámico de la Carta[69];
(iii) o cuando existe la necesidad de realizar una nueva ponderación de valores
o principios constitucionales, a partir del cambio de contexto en el que se
inscribe la disposición acusada[70].
Estas mismas categorías han sido descritas recientemente como: (1) modificación
del parámetro de control; (2) cambio en el significado material de la
Constitución y (3) variación del contexto normativo de la disposición o norma objeto
de control[71].
Estas tres hipótesis excepcionales también tienen aplicación respecto de la cosa juzgada
material –diferente disposición, pero igual contenido normativo– como de la cosa juzgada
formal –mismo texto e igual contenido normativo–, con apoyo en el principio de
supremacía constitucional. Precisamente, en la Sentencia C-007 de 2016[72], la
Corte sostuvo lo siguiente:
“3.4.3.1. Si bien [este Tribunal] no desconoce la distinción que existe
entre enunciado normativo y norma, a la que subyace la distinción entre cosa
juzgada formal y material, el deber de asegurar la integridad y supremacía de
la Constitución (art. 4), el respecto al principio democrático (art. 3) y la
cláusula de Estado de Derecho (arts. 1 y 6) apoyan la realización de un nuevo
examen cuando es posible aducir el tipo de razones antes expuestas.
a) Con relación a los casos en los cuales se ha producido la modificación del parámetro de
control constitucional, estima la Corte que proscribir la realización
de un nuevo juicio haría inmunes           –frente a las
reformas de la Constitución o de las normas que integran el bloque de
constitucionalidad– disposiciones declaradas exequibles antes de la
introducción de los cambios constitucionales. Cuando es ello lo que ocurre,
resalta la Corte, no se está exceptuando la cosa juzgada sino reconociendo que,
en realidad, la norma no ha sido analizada a la luz de las disposiciones de
cuyo respeto depende la pertenencia al ordenamiento jurídico. Aquí la Corte no
asume una competencia extraordinaria, sino que reconoce que las decisiones constituyentes
o legislativas que modifican el parámetro de control, deben ser respetadas con
fundamento en el principio democrático y en la cláusula de Estado de
Derecho.
b) En esa misma dirección, cuando ha ocurrido un cambio en la significación
material de la Carta Política y dicho cambio se encuentra debidamente acreditado, impedir el examen de un artículo declarado exequible
en el pasado a la luz de una comprensión de la Carta radicalmente diversa a la
vigente, implicaría una renuncia al deber de garantizar su supremacía e
integridad (art. 4) y a la obligación de reconocer que existe una relación
entre las circunstancias sociales de cada momento histórico y la forma como los
intérpretes de la Constitución identifican su significado. La Corte no
desconoce que este supuesto envuelve dificultades hermenéuticas que deben ser
cuidadosamente consideradas pero que, a juicio de este Tribunal, no constituyen
una razón que impida emprender un nuevo análisis. Como se verá más adelante, en
este tipo de casos es exigible del demandante y de la propia Corte, un esfuerzo
argumentativo especialmente riguroso.
c) Cuando lo que ha ocurrido es una variación del contexto
normativo del objeto de control debido a que el artículo declarado
exequible se integra a un nuevo sistema de normas que, sin cambiar formalmente
su significado –en este caso no existiría cosa juzgada– incide en la
forma en que puede ser comprendido, es imprescindible que se admita su examen
constitucional para evitar que en el proceso de integración a dicho contexto
puedan producirse resultados inconstitucionales. Una lectura del ordenamiento
jurídico como un conjunto de disposiciones aisladas carentes de relaciones
entre ellas no solo resulta inaceptable, sino que, al mismo tiempo, desconoce
que la razón del control constitucional se encuentra en el aseguramiento de la
supremacía constitucional respecto de la totalidad de las normas que lo
integran (arts. 4 y 241).”
6.5.4. Por la naturaleza claramente extraordinaria de los eventos que
permiten enervar la cosa juzgada constitucional, y en relación con el asunto
que es objeto de análisis en esta oportunidad, cabe señalar que este Tribunal ha
establecido las condiciones que debe reunir una demanda en contra de una
disposición cobijada por la cosa juzgada formal, exigencias que encuentran
apoyo en la importancia de los principios que fundamentan el respeto de la cosa
juzgada y en el hecho de que el enunciado normativo ya fue examinado previamente
por la Corte. De lo que se trata es de exigir del demandante una mayor
rigurosidad en la argumentación que se propone, con el propósito de armonizar el
derecho que tienen los ciudadanos a obtener un pronunciamiento de la Corte (CP arts.
40 y 241) con el mandato conforme al cual las decisiones de este Tribunal hacen
tránsito a cosa juzgada constitucional (CP art. 243). Al respecto, en el Auto
066 de 2007[73], esta Corporación señaló que:
“Lo anterior tiene consecuencias directas en la carga de
argumentación exigible al actor para la admisibilidad de la demanda de
inconstitucionalidad.  En efecto, cuando el objetivo de la acción sea que
la Corte adelante un nuevo estudio respecto de una disposición que ha sido
objeto de sentencia de exequibilidad, los requerimientos de la acción no podrán
sopesarse a partir de los criterios derivados del principio pro actione sino que, en contrario, resulta legítimo exigir que la
demanda presente argumentos razonables y suficientes, que permitan desestimar
la presunción de cosa juzgada constitucional absoluta de la que gozan dichos
preceptos, so pena que deba rechazarse en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 6 del Decreto 2067/91.”[74]
En términos
similares, se pronunció la Corte al resolver un recurso de súplica formulado en
contra de un auto que rechazó una demanda, cuyo objeto era una ley aprobatoria
de un tratado internacional, la cual había sido declarada exequible previamente
en la Sentencia C-460 de 2010. Puntualmente, se dijo que:
“En el asunto
sub examine, al revisar el escrito de súplica, se observa que en ningún momento
se explica por qué razón con la expedición de la Sentencia C-913 de 2011 se
produjo un cambio en el contexto normativo, que conduzca a una nueva lectura de
la Carta. Por el contrario, se insiste en la similitud de las normas objeto de
control, para derivar de ellas una supuesta infracción a los principios de
equidad y progresividad tributaria, con relación a los textos acusados
previstos en el artículo 10 de la Ley 1344 de 2009 (…). Bajo esta perspectiva,
esta Corporación no encuentra argumento alguno que le permita enervar los
efectos de la cosa juzgada constitucional, al no haberse acreditado la
existencia de un cambio en los parámetros de control. En efecto, como de forma
reiterada lo ha sostenido la Corte, la falta de formulación de una demanda en
debida forma, impide que este Tribunal pueda confrontar la disposición acusada
con el Texto Superior, ya que         –por vía de acción– no existen
competencias de control oficioso de constitucionalidad.”[75]
Por
consiguiente, es claro que en el escenario objeto de análisis, no puede el
demandante limitarse a enunciar los mismos desacuerdos planteados en el pasado,
para que la Corte emprenda, de manera oficiosa, un nuevo examen que reabra el
debate constitucional, ya que tiene la carga argumentativa de exponer con mayor
rigurosidad las razones que respaldan su pretensión, en la medida en que ya
existe una decisión previa de este Tribunal. Para ello, es indispensable atender
los requerimientos que se enuncian a continuación:
“a) Si el
fundamento de la nueva demanda consiste en la modificación formal de la
Constitución o de normas integradas al bloque de constitucionalidad, deberá
(i) explicar el alcance de la modificación y (ii) demostrar en qué sentido
dicho cambio es relevante para determinar la validez constitucional de la norma
acusada. No bastará con afirmar el cambio, sino que, en virtud de las
exigencias de especificidad y suficiencia, se encuentra a su cargo acreditar
que un nuevo pronunciamiento de la Corte, a la luz de las modificaciones de la
Carta, es imprescindible para garantizar su integridad y supremacía.
b) Si la
demanda se apoya en un cambio del significado material de la Carta en
aplicación de la doctrina de la constitución viviente, es indispensable que en
ella sean expuestas con detalle las razones que demuestran una variación
relevante del marco constitucional con fundamento en el cual se llevó a efecto,
en el pasado, el juzgamiento del artículo que una vez más se impugna. Tal y
como se desprende de los precedentes de esta Corporación, es necesario mostrar
que la forma en que la Constitución es entendida en la actualidad resulta
diferente –en un sentido relevante– a
la forma en que ella fue considerada al momento del primer pronunciamiento. En
esa dirección, la demanda deberá (i) explicar la modificación sufrida por el
marco constitucional, (ii) indicar los referentes o factores que acreditan
dicha modificación y (iii) evidenciar la relevancia de la nueva comprensión
constitucional respecto de las razones de la decisión adoptada en el pasado.
c) Cuando la
demanda se fundamente en el cambio del contexto normativo en el que se inscribe
el texto examinado en la decisión anterior, el ciudadano tiene la obligación
(i) de explicar el alcance de tal variación y (ii) de evidenciar la manera en
que dicho cambio afecta, en un sentido constitucionalmente relevante, la
comprensión del artículo nuevamente acusado.”[76]
6.5.5. Con base en
lo expuesto, en el asunto bajo examen, cabe señalar que en el proceso que concluyó con la expedición de la Sentencia C-105 de 1994[77], esta Corporación tuvo la oportunidad de examinar la
constitucionalidad de la expresión “legítimos” contenida en el numeral 9
del artículo 411 del Código Civil, que ahora se impugna, procediendo a declarar
su exequibilidad, tal como se advierte en el numeral segundo de la parte
resolutiva de dicha providencia:
“Segundo.-
Decláranse EXEQUIBLES las palabras que aparecen en los siguientes
artículos del Código Civil, así: // a) En el artículo 61, la palabra legítimos
que se emplea en los ordinales 5 y 7; // b) En el artículo 411, la
palabra legítimos empleada en el ordinal 9.” (Énfasis por fuera
del texto original).
En aquella
oportunidad, el accionante solicitó declarar la inexequibilidad de la expresión “legítimos” contenida en numerosas
disposiciones del Código Civil[78],
entre ellas, la prevista en el numeral 9 del artículo 411, por considerar que la igualdad que prevé el artículo 42 del Texto Superior, “no sólo debe entenderse para los derechos surgidos entre padres e
hijos, sino para todas aquellas personas que forman parte de la familia, es
decir, los ascendientes, descendientes y colaterales. Igualdad que, [a su
juicio] no es reconocida en la normatividad demandada, y que tampoco puede
entenderse existente hoy con la vigencia de la Ley 29 de 1982, pues se repite,
esta ley sólo reconoció la igualdad entre hijos legítimos, extramatrimoniales y
adoptivos”.
Al examinar el asunto de fondo, como
principio, esta Corporación señaló que la Constitución
sitúa en un plano de igualdad a la familia que surge de
la “voluntad responsable de conformarla”[79],
esto es, la que se constituye por vínculos naturales, y a aquella originada en
el matrimonio, es decir, la que se erige por vínculos jurídicos[80].
Con la base en lo anterior, analizó de manera
particular y concreta cada una de las normas acusadas, iniciando el examen con
un juicio de igualdad frente a los derechos y obligaciones de los hijos legítimos,
extramatrimoniales y adoptivos, teniendo como parámetro lo previsto en los
artículos 13 y 42 de la Constitución Política. Al
respecto, este Tribunal concluyó que en la línea de parentesco que se presenta
entre ascendientes y descendientes se exige una plena igualdad de trato, pues
la Carta proscribe las distinciones motivadas en el origen familiar. Por ello,
en la parte resolutiva de la Sentencia C-105 de 1994 declaró
la inexequibilidad de la expresión “legítimos”,
en esencia, en las normas que
limitaban derechos o establecían obligaciones solo para los padres o los hijos cuyo
vínculo se derivaba del matrimonio, al dar lugar, precisamente, a una
discriminación basada en la estirpe familiar.
Por el contrario, a juicio de este Tribunal, en
tratándose de los derechos y obligaciones establecidos en razón del parentesco
en línea colateral, como es el caso de los hermanos, la expresión “legítimos” debía
conservarse, pues el argumento según el cual la igualdad de derechos y
obligaciones se hereda o se transmite de generación en generación no aplica frente
a los colaterales.
Sobre el particular, en relación con el precepto legal actualmente
censurado, en la parte considerativa de la sentencia en cita, se explica lo
siguiente:
“7o.- Artículo
411. // Es contrario al principio de igualdad el limitar el derecho a los
alimentos legales a los descendientes legítimos, a los ascendientes
legítimos, y a la posteridad legítima de los hijos
naturales.  Lo que está de acuerdo con la Constitución, es reconocer el
derecho a los ascendientes y descendientes de
cualquier clase que sean. // Por el contrario, sería opuesto a la
equidad extender el derecho a todos los hermanos eliminando la
calidad de legítimos exigida por el numeral 9 del artículo
411.  Téngase en cuenta que los hermanos extramatrimoniales que únicamente
son hijos del mismo padre, es posible que ni siquiera se conozcan entre sí, y
no serían parte de la misma familia.  Además, hay que tener presente que
el inciso sexto del artículo 42 de la Constitución consagra la igualdad
de derechos y obligaciones entre los hijos, no entre los hermanos. // (…) //
En esta materia solamente la ley, si se considera conveniente, podrá establecer
los alimentos legales a favor y a cargo de los hermanos extramatrimoniales.”[81]
Con posterioridad al fallo en mención, se destaca la expedición de la
Sentencia C-156 de 2003[82], en la que, si bien no
se demandó de forma directa el numeral 9 del artículo
411 del Código Civil, lo cierto es que este Tribunal decidió aclarar que la
citada disposición se encontraba amparada por la figura de la cosa juzgada
constitucional, con ocasión de la remisión que el artículo 414 del citado
estatuto –que sí había sido demandado– realizaba a lo allí previsto[83]. Por ello, aun cuando el
Ministerio de Justicia y del Derecho y la Academia Colombiana de Jurisprudencia
invocan esta providencia como justificativa de la cosa juzgada, no cabe duda de
que tal figura tan solo podría acreditarse respecto de lo resuelto en la
Sentencia C-105 de 1994.
A pesar de esta conclusión, se resalta que en aquella oportunidad la
Corte precisó que la obligación alimentaria tiene fundamento en los principios
constitucionales de protección a la familia, solidaridad y equidad, contando el
legislador con un amplio margen de configuración para regular la materia y
establecer diferentes intensidades en su cumplimiento. Al respecto, se expuso
lo siguiente:
“15.- La Corte considera que, aunque la obligación alimentaria tiene
fundamento constitucional, como ya se explicó, ello no significa que el legislador
carezca de libertad de configuración para regular el tema. Por ello, bien podía
la ley establecer distintas intensidades de la obligación alimentaria, a fin de
consagrar un deber más intenso para el alimentante en relación con aquellas
personas que le son más próximas y frente a las cuales tiene un mayor deber de
solidaridad, y una obligación menos fuerte frente a otras personas en relación
a las cuales su deber de solidaridad es menor. En tales circunstancias, la
distinción entre distintos tipos de obligaciones alimentarias, tal y como lo
establece la disposición acusada, es producto de la libertad de configuración
del legislador en la materia, pues precisamente reserva los alimentos congruos
(deber más riguroso) para las personas que son más próximas al alimentante en
términos de parentesco, y frente a las cuáles tiene mayores obligaciones de
protección, como los ascendientes, descendientes, cónyuge y compañero,
mientras que establece los alimentos necesarios (obligación menos estricta)
frente a los hermanos, que tienen mayor lejanía familiar y frente a los cuales
el alimentante tiene menores responsabilidades de solidaridad. Esta diferencia
de trato se funda entonces en un juicio político del legislador sobre los
deberes de solidaridad que es compatible con la Carta. En ese sentido, la Corte
declarará la exequibilidad de la definición de alimentos congruos y necesarios
contenida en el artículo 413 del Código Civil. Igualmente, esta Corporación
considera que se ajusta a la Carta que el artículo 414 de ese mismo estatuto,
en armonía con el artículo 411, haya atribuido alimentos necesarios a los
hermanos legítimos.”
6.5.6. En conclusión, a partir de las consideraciones previamente
expuestas, la Sala Plena observa que, en el presente asunto, sí se configura la
cosa juzgada constitucional respecto de lo resuelto en la Sentencia
C-105 de 1994, la cual responde a la siguiente tipología: (i) es formal, en la medida en que existe un
pronunciamiento previo del juez constitucional en relación con el mismo precepto
normativo que ahora es sometido a un escrutinio posterior, esto es, la
expresión “legítimos” del numeral 9 del artículo 411 del Código Civil;
(ii) es relativa, al advertir que el escrutinio realizado por la Corte
se circunscribió en la propia sentencia a un problema jurídico determinado, esto
es, si la igualdad de trato entre hijos legítimos,
extramatrimoniales y adoptivos, que pregonan los artículos 13 y 42 de la Constitución Política, se predica, por
igual, entre los hermanos, en esencia los extramatrimoniales, cargo que
coincide con la censura sometida de nuevo al estudio de
la Sala Plena; (iii) es implícita porque, aunque la Corte no indicó en la parte resolutiva la limitación ya
señalada, sí restringió el alcance de la cosa juzgada en la parte motiva de la Sentencia
C-105 de 1994, al argumentar que la declaratoria de
exequibilidad se hacía solamente bajo el entendido del cargo analizado.
Por lo anterior, en principio, en el asunto sub-judice, esta
Corporación debería estarse a lo resuelto en el fallo en mención, al advertir
la total coincidencia entre el cargo que fue objeto de examen y la acusación
que se plantea en esta oportunidad.
6.5.7. Con todo, a pesar de que se constata la existencia de una cosa
juzgada, en la medida en que el cargo propuesto alude a un cambio en el
significado material de la Constitución, la Corte estima necesario examinar si
se acredita dicha hipótesis
excepcional que permite enervar los efectos de lo que ya fue resuelto en el
pasado, en los términos expuestos en los acápites 6.5.3 y 6.5.4 de esta
providencia. Ello significa evaluar si los demandantes cumplieron con la carga de argumentación exigida para reabrir el debate
constitucional, que se
concreta en “(i) explicar la modificación sufrida por el marco constitucional,
(ii) indicar los referentes o factores que acreditan dicha modificación y (iii)
evidenciar la relevancia de la nueva comprensión constitucional respecto de las
razones de la decisión adoptada en el pasado.”[84]
Como punto de partida, la
Sala Plena advierte que los accionantes aluden al
cambio en el significado material de la Constitución, en lo que corresponde al entendimiento
de la institución del deber de alimentos entre hermanos. Sobre esta base, y
conforme se expuso en el acápite de antecedentes, se pronuncian de manera
concreta sobre los requisitos ya expuestos, lo que implica el deber de la Corte
de verificar si ellos tienen o no la entidad suficiente para enervar los
efectos de la cosa juzgada, ya sea con el objeto de permitir un nuevo fallo de
fondo sobre la materia o, en su lugar, de proceder a una inhibición, al no
verificarse los supuestos que permiten reabrir el debate propuesto.
(i) Así, en
cuanto a la modificación sufrida en el marco constitucional, los actores
aseguran que “[c]on la constitucionalización del derecho (…) se ha evolucionado
hasta el punto de que se ha modificado el concepto de familia que traía la
Constitución de 1991, aceptando que el matrimonio no es la única forma”[85]
que permite su creación. Por virtud de lo anterior, tal concepto ya no solo
incluye a los integrantes con un vínculo de consanguinidad o civil, sino también
a aquellos unidos por un vínculo social o de hecho. En este orden de ideas,
para los accionantes, el que haya transcurrido 24 años desde el primer examen
que la Corte hizo al contenido del numeral 9 artículo 411 del Código Civil,
incide en la necesidad de variar su interpretación, en aras de garantizar la igualdad
de todos los integrantes de la familia, admitiendo, por ejemplo, la existencia
del vínculo de hecho que surge de la crianza[86].
En relación con
lo expuesto, la Corte encuentra que, con fundamento en los artículos 13 y 42 del
Texto Superior, desde sus inicios, este Tribunal señaló que la Constitución
sitúa en un plano de igualdad a la familia que surge de la “voluntad
responsable de conformarla”[87],
esto es, la que se constituye por vínculos naturales, y a aquella originada en
el matrimonio, es decir, la que se erige por vínculos jurídicos[88], siempre que
su existencia se soporte en el amor, el respeto y la solidaridad, entre sus
miembros o integrantes más próximos.  En la actualidad, esta protección abarca tanto
a los matrimonios como a las uniones maritales de hecho, sean estas entre
personas de distinto o del mismo sexo, así como a diversas clases de familia,
tales como, (1) las adoptivas, que prohíjan “como hijo legítimo a quien no
lo es por los lazos de la sangre”[89];
(2) las de crianza, que surgen cuando “un menor ha sido separado de su
familia biológica y ha sido cuidado por una familia distinta durante un período
de tiempo lo suficientemente largo como para que se hayan desarrollado vínculos
afectivos”[90];
(3) las monoparentales, “conformadas por un solo progenitor, junto con los
hijos”[91];
y (4) las ensambladas, esto es, “la estructura familiar originada en el
matrimonio o unión de hecho de una pareja, en la cual uno o ambos de sus
integrantes tiene hijos provenientes de un casamiento o relación previa”[92].
Sobre esta base
y a la luz del principio de igualdad entre hijos legítimos, extramatrimoniales
y adoptivos (CP art 42, inciso 6), tal como se mencionó
con anterioridad, este Tribunal ha señalado que se exige como principio la
igualdad de trato, en la línea de parentesco que se presenta entre ascendientes
y descendientes, pues la Constitución proscribe las distinciones motivadas
en el origen familiar, con la salvedad de que figuras como la familia de
crianza, o incluso la familia ensamblada, al carecer de un marco regulatorio
que las precise, más allá de las expresiones de protección que han tenido en el
marco de la acción de tutela, no permiten todavía adelantar un examen en el
ámbito del control abstracto, por ejemplo, en la eventual asimilación o
equivalencia que puede presentarse frente a quienes son considerados como
hijos, pues lo que materialmente existe es una omisión legislativa absoluta,
respecto de la cual la Corte no tiene competencia.
No obstante, tal
igualdad de trato, como igualmente lo ha advertido la Corte, no se extiende al
ámbito de las relaciones familiares entre colaterales, en específico entre los hermanos, ya que no existe un mandato
constitucional que ordene al legislador equiparar dichas relaciones con las que
se presentan entre padres e hijos, su ascendencia y descendencia, ni con las
relaciones de pareja. En esta materia, como se indicó en la propia Sentencia
C-105 de 1994, lo que opera es el principio básico de autonomía legislativa, siendo
entonces el Congreso el llamado a establecer el régimen de derechos y
obligaciones que podría exigirse entre hermanos, a partir de varios criterios
como la cercanía, la unidad familiar, el conocimiento mutuo, el tiempo de
convivencia, etc.
Ante esta
realidad, no se advierte en la demanda explicación alguna que permita entender
que este marco constitucional ha sufrido algún cambio, por el contrario, la
exposición que se presenta se limita a la mera enunciación de las diversas
clases de familia y a la igualdad de trato que se impone entre descendientes y
ascendientes. Nada de lo que se afirma permite justificar un cambio en el marco
constitucional respecto de las particularidades que tienen las relaciones
colaterales en el ámbito de la familia, y menos aún, imponer un principio
distinto de actuación al legislador, cuando lo que se ha advertido es que
detenta una potestad amplia de configuración, con sujeción a los límites
propios de tal atribución.
Por lo demás, no
es un argumento suficiente el que hayan transcurrido 24
años desde el primer estudio que realizó este Tribunal sobre la norma, pues el
solo transcurso del tiempo no incide en la interpretación de las disposiciones
constitucionales comprometidas en el asunto, ni obliga al legislador a otorgar
igualdad de trato a todos los integrantes de la familia, sin considerar los
grados de parentesco. Finalmente, el cambio constitucional tampoco puede fundarse
en el reconociendo jurisprudencial de la existencia de una multiplicidad de
vínculos de hecho que surgen de la crianza, en concordancia con el principio de
pluralismo, ya que dicho reconocimiento no configura una obligación de
regulación en la materia para el legislador que, como se ha dicho, limite su
libertad de configuración en materia de obligación alimentaria.
(ii) Ahora bien,
en lo que refiere a los factores que invocan los accionantes para justificar el
cambio constitucional, cabe señalar que ellos realizan un recuento
jurisprudencial[93],
con el fin de demostrar las modificaciones que ha tenido la figura de la
filiación, en concreto, para señalar que ella no solo protege a la filiación matrimonial,
extramatrimonial o civil, sino también a la filiación social, es decir, a las
familias de crianza.
Sobre este
punto, la Corte insiste en que el reconocimiento jurisprudencial de la
existencia del vínculo de hecho que surge de la crianza, en concordancia con el
principio de pluralismo, no configura una obligación de regulación para el legislador
que limite su amplia libertad de configuración con respecto a la obligación
alimentaria entre hermanos. Por el contrario, como ya se advirtió, son varios
los factores que debe tener en cuenta y que hacen que, en esta materia, se
imponga el principio básico de autonomía legislativa, como lo ha señalado reiteradamente
la Corte[94].
(iii) Por
último, al no advertirse un cambio en el marco constitucional y al verificar la
insuficiencia de los factores que se invocan para justificarlo, es innecesario
examinar la relevancia que tendría el supuesto nuevo significado frente a la
decisión adoptada en el pasado. Incluso, sin ir más lejos, se tiene que
los referentes jurisprudenciales vigentes relativos al examen concreto de los
derechos y obligaciones civiles entre hermanos, particularmente lo dicho en las
Sentencias C-105 de 1994 y C-156
de 2003, han sido consistentes en mantener en el ordenamiento
jurídico el adjetivo “legítimos”, para precisar
el alcance del deber de alimentos entre hermanos, en el entendido de que no son equiparables las relaciones que existen entre los
hermanos extramatrimoniales y los hermanos legítimos, en la medida en que frente
a los primeros es posible que no existan relaciones de familiaridad, e
inclusive de conocimiento mutuo, por lo que extender el deber alimentario
resultaría contrario al principio de equidad. Este argumento en nada fue
controvertido, por lo que no se advierten elementos de discusión que autoricen
a valorar de nuevo su razonabilidad.
En conclusión,
en el asunto sub examine, se observa que los demandantes no cumplieron
satisfactoriamente con la carga de argumentación exigida para demostrar que se
configura el supuesto cambio en el significado
material de la Constitución frente al
análisis realizado por la Corte en la Sentencia C-105 de 1994, en la que se
declaró la exequibilidad previa con alcance relativo del precepto legal
acusado, por lo que al no verificarse los supuestos mínimos para reabrir el
debate y entrar a proferir un nuevo fallo de fondo sobre la materia, lo
procedente es que la Corte se declare inhibida, por la ineptitud sustantiva de
la demanda.
6.6.
Síntesis de la decisión
En el asunto bajo examen, a partir de lo expuesto en la
demanda, la Corte advirtió que se planteó un juicio de igualdad respecto de la
obligación de alimentos a cargo de los hermanos legítimos prevista en el
numeral 9 del artículo 411 del Código Civil, con el propósito de extenderla a
los hermanos extramatrimoniales y a los hermanos de crianza. Si bien se
invocaron otros mandatos constitucionales, como lo son los relativos a la solidaridad,
a la progresividad y al pluralismo, tales manifestaciones no se efectuaron con
la idea de plantear cargos autónomos, sino como parte de la construcción del
problema de igualdad propuesto.
En cuanto al juicio de igualdad frente a los hermanos de crianza,
al no existir una regulación legal en la que se concrete tal expresión de
familia, siguiendo los precedentes existentes sobre la materia, este Tribunal
concluyó que se está en presencia de una omisión legislativa absoluta, en
relación con la cual carece de competencia para pronunciarse por vía del
control abstracto de constitucionalidad, por lo que decidió inhibirse para
adoptar un fallo de fondo.
A su vez, en lo que atañe a la igualdad de trato alegada
respecto de los hermanos extramatrimoniales, al advertirse que no se cumplieron
con las cargas que se imponen para acreditar la existencia de un cambio en el
marco constitucional frente al análisis realizado por esta Corporación en
la Sentencia C-105 de 1994[95],
en la que se declaró la exequibilidad previa con alcance relativo del precepto
acusado, se decidió que no se verificaron los supuestos mínimos para reabrir el
debate y entrar a proferir un nuevo fallo de fondo sobre la materia, debiendo
por consiguiente la Corte declararse inhibida, por la ineptitud sustantiva de
la demanda.
VII. DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato expreso de la
Constitución.
RESUELVE
Declararse
INHIBIDA para emitir un
pronunciamiento de fondo en relación con los cargos formulados contra la
expresión “legítimos”, contenida en el numeral 9 del artículo 411 del
Código Civil, por las razones expuestas en esta providencia.
GLORIA STELLA ORTÍZ DELGADO
Presidente
CARLOS LIBARDO BERNAL PULIDO
Magistrado
Ausente con permiso
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
Con aclaración de voto
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
Con aclaración de voto
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
Ausente con permiso
MARTHA VICTORIA SACHICA MÉNDEZ
Secretaria General
ACLARACIÓN DE VOTO DE LAMAGISTRADA
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
A LA SENTENCIA C-437/19
MP Luis
Guillermo Guerrero
Expediente
D-13.136.
Aunque comparto
la decisión mayoritaria de la Sala Plena en el sentido de que se configuró cosa
juzgada constitucional en relación con la sentencia C-105 de 1994, aclaro mi
voto con el fin de sostener que le corresponde a la Corte Constitucional, como
guardiana de la Carta Política, excluir del ordenamiento jurídico todas
aquellas expresiones que sean peyorativas o discriminatorias para la sociedad.
De manera que
en futuras ocasiones es necesario que la Corte estudie la posibilidad de
modificar la locución de “hijos legítimos”, dado que esto lleva
necesariamente a considerar que existen unos hijos “ilegítimos”,
denominación que contiene un trato desigual en un mismo nivel de
consanguinidad.
De hecho, esto
es una posición firme y superada por la misma jurisprudencia constitucional, la
cual ha establecido que “(…) la expresión “legítimos” en
caso de permanecer formalmente en el ordenamiento jurídico, generaría un efecto
simbólico negativo en el uso literal del lenguaje que emplea el texto
normativo, ya que reporta una discriminación y estigmatización frente a
aquellos hijos cuyo parentesco es tildado erróneamente de ilegítimo. || Y es que sobre el punto del efecto simbólico
discriminatorio de las normas jurídicas, esta Corporación ha señalado que el
lenguaje al no ser un instrumento neutral de comunicación, debe estar acorde
con los principios y valores constitucionales, sobre todo cuando refiere a las
situaciones jurídicas de inclusión o exclusión frente a ciertas prerrogativas o
derechos, por lo cual expresiones legales degradantes y discriminatorias
atentan contra el principio de la dignidad humana y el derecho a la igualdad”.[96]
Por lo
anterior, comparto la opinión expresada en esta ocasión por el Ministerio
Público que sugería sustituir la palabra “legítimo” del numeral 9º del
artículo 411 del Código Civil, por “hermanos de doble conjunción” y “hermanos
de simple conjunción integrantes de un mismo núcleo familiar”.
Fecha ut supra,
Cristina
Pardo Schlesinger
Magistrada
ACLARACIÓN DE VOTO DE LA MAGISTRADA
DIANA FAJARDO RIVERA
A LA SENTENCIA C-437/19
1.
Acompaño la Sentencia C-437 de 2019[97],
en la cual la Corte se declaró inhibida para emitir un pronunciamiento de fondo
en relación con los cargos formulados contra la expresión “legítimos”,
contenida en el artículo 411 del Código Civil. La posibilidad de extender el
deber de alimentos a hermanos o hermanas que crecieron en un núcleo familiar
distinto es un asunto complejo que, seguramente, continuará siendo objeto de
debate. Sin embargo, comparto la postura de la mayoría porque en esta ocasión
el accionante no aportó los argumentos necesarios para soportar la existencia
de un cambio en el marco constitucional. Debe tenerse en cuenta que la Corte ya
se había pronunciado sobre este asunto en la Sentencia C-105 de 1994[98],
por lo que se hacía perentorio un mayor nivel de argumentación.
2.
Ahora bien, me parece importante aclarar mi voto
dado que no acompaño un argumento presentado en la Sentencia, a modo de obiter
dicta, con el cual se subestima el impacto del lenguaje en los derechos
fundamentales de las personas y se convalida una expresión que puede resultar
indigna para referirse a determinados familiares. Tanto la Procuraduría General
de la Nación como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar cuestionaron,
en sus intervenciones ante la Corte, la expresión “legítimos”, por
tratarse de un vocablo que “da lugar a un trato discriminatorio en el ámbito
de las relaciones filiales”. Esta pretensión, adicional al cargo formulado
en la demanda, fue descartada por la Sentencia bajo los siguientes argumentos:
“Según se advierte, tal pretensión no se relaciona con la solicitud
formulada por los accionantes, consistente en adelantar un juicio de igualdad
en relación con la norma demandada, a partir del cambio que alegan en el
significado material de la Carta, respecto del entendimiento del deber de
alimentos entre hermanos, sino que, en su lugar, corresponde a una controversia
distinta que no fue objeto de demanda, que no tiene una justificación que se
infiera de la acusación formulada y cuya mención es realizada por tan solo dos
de los partícipes de este proceso, sin que pueda considerarse que, por ello,
se está en presencia de una violación evidente de un mandato
constitucional, por una parte, porque no existe consenso en las intervenciones
respecto de lo alegado, ya que en varias de ellas se invoca la validez de la
disposición impugnada, sobre la base de las diferencias que se presentan entre
los sujetos comparados y el ejercicio de la potestad de configuración del
legislador; y por la otra, porque existen referentes jurisprudenciales por
parte de la Corte, en los que al establecer el alcance de los derechos y
obligaciones en el ámbito familiar, ha declarado exequible el uso de la
expresión “legítimos”, al momento de precisar la cobertura de los
deberes que existen entre hermanos, como ocurre con las citadas Sentencias C-105 de 1994 y C-156 de 2003”[99] (subrayado
fuera del original).
3.
Entiendo la dificultad de estudiar un cargo que
no fue debidamente formulado en la demanda, pero considero que la Sentencia se
equivoca al cerrar la puerta a este análisis, sobre todo, al afirmar que la
expresión “legítimos” –empleada para clasificar a las personas según su
origen familiar- no representa una violación “evidente” de un mandato
constitucional. Este argumento no solo resultaba innecesario, sino que además
demuestra una falta de sensibilidad del juez constitucional frente a
expresiones que llevan consigo una marcada connotación peyorativa.
4.
Contrario a lo que este párrafo sostiene, la
jurisprudencia constitucional ha venido actuando con mayor prudencia frente al
lenguaje que usa el derecho, incluyendo aquel que emplea en sus providencias. Ha explicado la Corte que el lenguaje no siempre es neutral: “Su
potencial para reflejar y para promover nuevas realidades, y su importancia
para la realización de derechos y principios, hacen que el lenguaje empleado
por el Legislador sea relevante”[100].
El lenguaje tiene también una función simbólica, en la que se entiende
como un fenómeno social, cultural e institucional que refleja ideas, valores y
concepciones vigentes en un contexto; al tiempo que valida y construye
prácticas. Esta función cobra especial relevancia en expresiones que conllevan
en sí mismas una fuerte carga emotiva[101].
5.
Es por ello que “el lenguaje debe ajustarse
al contenido axiológico de la Carta de 1991”[102]. Lo
anterior, sin embargo, no significa que la Corte se convierta en un revisor lingüístico, por cuanto su análisis constitucional “involucra
consideraciones históricas, sociológicas y de uso del idioma”[103]
con miras a establecer cómo el mensaje y los símbolos que emanan de una
expresión pueden repercutir sobre los derechos fundamentales de las personas.
Siguiendo este raciocinio, la Corte se ha pronunciado, en varias ocasiones, con
respecto a expresiones legales que constituyen una verdadera ofensa a la
dignidad humana, entre las que se destacan las
siguientes: (i) las palabras para referirse a personas en situación de
discapacidad[104],
(ii) asuntos relacionados con el género[105];
y, (iii) en relaciones de subordinación “empleador - trabajador”[106].
6.
En esta ocasión, la Sentencia afirma que la
expresión “legítimos”, empleada para clasificar las relaciones
familiares, no implica una infracción evidente de una regla o principio
constitucional. Afirmación que no puedo compartir. El concepto de “legítimo”
fue introducido en el Código Civil de 1873 para reivindicar exclusivamente a
las relaciones familiares causadas dentro del vínculo del matrimonio; lo que a
su vez supondría que ciertas relaciones o familiares son “ilegítimos”,
incorrectos o contrarios a la Ley[107].
Con razón, en la Sentencia C-451 de 2016, la Corte reprochó el uso de esta
expresión -en otros apartados del Código Civil- por cuanto que: “la expresión “legítimos” en caso de permanecer formalmente en el
ordenamiento jurídico, generaría un efecto simbólico negativo en el uso literal
del lenguaje en la pauta hermenéutica, ya que reporta una discriminación y
estigmatización frente a aquellos hijos cuyo parentesco es tildado erróneamente
de ilegítimo”[108].
7.
“La sensibilidad del juez hacia los
problemas constitucionales es una virtud imprescindible en la tarea de hacer
justicia”[109]. Por ello, me preocupa que esta Sentencia descarte ab initio que haya
problemas evidentes con el empleo de la categoría de “legítimos/ilegítimos”
al momento de definir el estado familiar. La historia y el presente nacional
nos han ofrecido suficientes ejemplos de cómo estas categorías legales se han
convertido en verdaderas parámetros de discriminación y trasgresión a la
dignidad humana; frente a las cuales el juez constitucional no debe ser
indiferente, sino más bien advertir posibles patrones de discriminación que
afectan la dignidad.
8.
En este caso la Corte se abstuvo de reabrir el
debate constitucional resuelto inicialmente por la Sentencia C-105 de 1994,
respecto del deber de alimentos frente a hermanos ajenos al núcleo familiar.
Coincido en que el accionante no aportó los argumentos suficientes para activar
nuevamente el control de constitucionalidad sobre esta norma, pero confío
también en que este asunto volverá a discutirse y que, llegado el momento, la
Sala Plena hará valer el mandato constitucional frente al uso de expresiones
que acarrean un mensaje excluyente y descalificatorio.
Fecha ut supra
Diana Fajardo Rivera
Magistrada
[1] M.P. Jorge Arango Mejía.
[2] M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[3] M.P. Alejandro Linares Cantillo.
[4] Folio 5 del cuaderno principal.
[5] Folio 5 del cuaderno principal.
[6] Ibídem.
[7] Al respecto, citan las Sentencias T-199 de 1996, T-572 de 2009,
T-586 de 1999, T-887 de 2009, C-577 de 2011, T-606 de 2013, T-942 de 2014,
T-074 de 2016 y T-281 de 2018. También, la Sentencia STC6009 de 2018 de la Corte Suprema de Justicia y la Sentencia SCE, 2 sep. 2009, rad. 17997 de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, reiterada en la SCE, 11 jul. 2013, rad. 31252.
[8] Folios 6 a 11 del cuaderno principal.
[9] Folios 8 y 9 del cuaderno principal.
[10] Folios 11 y 12 del cuaderno principal.
[11] Ibídem.
[12] “Artículo 1. Colombia es un
Estado social de derecho organizado en forma de República unitaria,
descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática,
participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana,
en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la
prevalencia del interés general”. Sombreado por
fuera del texto original.
[13] “Artículo 5. El Estado reconoce,
sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la
persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad”.
[14] “Artículo 13. Todas las personas
nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de
las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades
sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar,
lengua, religión, opinión política o filosófica. (…)”. Sombreado por fuera del texto original.
[15] “Artículo 42. (…) Los hijos
habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o
con asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes. (…)”.
[16]  “Artículo
25 de la DUDH. 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado
que le asegure, así
como a su familia, la salud y el
bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la
asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a
los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros
casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias
independientes de su voluntad. // 2. La maternidad y la infancia tienen derecho
a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o
fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.” “Artículo 17
de la CADH. Protección a la Familia. 1. La familia es el elemento natural y
fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado. //
2. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a
fundar una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por
las leyes internas, en la medida en que éstas no afecten al principio de no
discriminación establecido en esta Convención. // 3. El matrimonio no
puede celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los contrayentes. // 4.
Los Estados Partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad
de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en
cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo.
En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la protección
necesaria de los hijos, sobre la base única del interés y conveniencia de
ellos. // 5. La ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos
fuera de matrimonio como a los nacidos dentro del mismo.”
[17] M.P. Jorge Arango Mejía.
[18] M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[19] Folios 52 y 53
del cuaderno principal.
[20] Folio 53 del cuaderno principal.
[21] M.P. Jorge Arango Mejía.
[22] Folio 46 del cuaderno principal.
[23] Folio 48 del cuaderno principal.
[24] Folios 44 y 45 del cuaderno principal. Textualmente, el interviniente dice
lo siguiente: “1) Claridad.- La demanda no tiene coherencia
argumentativa tal que le permita a la Corte identificar con nitidez el contenido
de la censura y su justificación. Los argumentos son vagos. Cita varias
sentencias de tutela cuyos efectos son inter-partes y no pueden modificar la
Constitución para generar un nuevo concepto de familia, ni un nuevo concepto de
obligaciones entre hermanos. // 2) Certeza.- Los argumentos tienen como
finalidad sembrar la esperanza de que los H. Magistrados generen incertidumbre
respecto de la Constitucionalidad de la expresión HERMANOS LEGÍTIMOS y si lo
consideran viable declaren la inconstitucionalidad. Una demanda de esta
naturaleza debe ser contundente de tal manera que el demandante tenga la
convicción de que logrará convencer a la H. Corte de la inconstitucionalidad.
Las meras esperanzas no son suficientes para generar convencimiento de
inconstitucionalidad. // 3) Especificidad.- La demanda no contiene un
cargo contra el numeral 9 del Art. 411. Parte del principio de que hay
cosa juzgada que podría ser desconocida si en los H. Magistrados se crea alguna
incertidumbre sobre la constitucionalidad de la norma. El cargo es abstracto y
extremadamente vago e inocuo. // 4) Pertinencia.- Los argumentos de la
demanda se fundan en un presunto cambio de la idea de familia en la
Constitución. Pero no hay una sola referencia a cambios respecto de las
obligaciones entre hermanos y menos respecto de la obligación de alimentos. // 5)
Suficiencia.- En la demanda no hay exposición de elementos de juicio
(argumentativos y probatorios) necesarios para iniciar el estudio de
constitucionalidad respecto del precepto objeto de reproche. Y no se logra
vencer la presunción de legalidad o beneficio de derecho de la norma.”.
Folios 44 y 45.
[25] M.P. Jorge Arango Mejía.
[26] “Por la cual se modifican las normas
que regulan la impugnación de la paternidad y la maternidad”.
[27] A esta conclusión se llega como parte del
desarrollo del test estricto de igualdad.
[28] En la Sentencia C-104 de 2016, M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez, se manifestó que: “el control de
constitucionalidad de las leyes es una función jurisdiccional que se activa, por
regla general, a través del ejercicio del derecho de acción de los ciudadanos,
para lo cual se exige la presentación de una demanda de inconstitucionalidad,
sin perjuicio de los casos en los que la propia Constitución impone controles
automáticos, como ocurre con las leyes aprobatorias de tratados internacionales
o las leyes estatutarias.”
[29] Intervención de la Academia Colombiana de
Jurisprudencia.
[30] Intervención del Ministerio de Justicia y
del Derecho y concepto del Procurador General de la Nación.
[31] Intervenciones del Ministerio de Justicia
y del Derecho y de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.
[32] M.P. Jorge Arango Mejía.
[33] M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[34] Como lo solicitan el Ministerio Público, el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, la Defensoría del Pueblo y la representante
de la Universidad Externado de Colombia.
[35] Esta situación difiere de lo que ha
ocurrido en las relaciones entre padres e hijos, sus ascendientes y
descendientes, por virtud del mandato expreso consagrado en el inciso 7 del
artículo 42 del Texto Superior, conforme al cual: “Los hijos habidos en el
matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia
científica, tienen iguales derechos y deberes”. Con justificación en esta
norma y en el artículo 13 del Texto Superior, la Corte
ha declarado la inexequibilidad de la expresión “legítimos” contenida en
varias disposiciones del
Código Civil, que hacen referencia a las relaciones familiares entre padre e
hijos, ascendientes y descendientes, porque desconocen el principio de igualdad de trato ante la
ley y la igualdad de derechos y deberes entre los hijos. Véanse, entre otras,
las Sentencias C-1026 de 2004, C-404
de 2013,        C-451 de 2016,
C-046 de 2017 y C-043 de 2018.
[36] Sentencia C-284 de 2014, M.P. María
Victoria Calle Correa
[37] Sentencias C-717 de 2003,
C-572 de 2004, C-888 de 2004, C-353 de 2006, C-292 de 2007, C-766 de 2013 y
C-587 de 2014.
[38] En desarrollo de lo
expuesto, por ejemplo, este Tribunal se ha abstenido de
pronunciarse sobre nuevos cargos planteados por el Procurador General de la
Nación, en las Sentencias C-130 de 2004, C-237A de 2004, C-211 de 2007, C-292
de 2007 y C-766 de 2013, al entender que el alcance
de su concepto se circunscribe a la acusación formulada por el demandante, esto
es, a aquellos cargos que han sido objeto de valoración para su admisión por
parte del órgano de control constitucional, y que también han sido materia de
pronunciamiento por quienes voluntaria u obligatoriamente intervienen en el
proceso.
[39] En este punto, la Sala estima necesario
realizar dos precisiones. La primera consiste en señalar que la regla general
que limita el pronunciamiento a los cargos realizados y a la norma demandada
tan solo tiene aplicación en el ámbito del ejercicio de la acción pública de
inconstitucionalidad, pues cuando se trata de expresiones de control de
carácter automático e integral, como ocurre con los proyectos de ley
estatutaria o con los decretos legislativos expedidos bajo estados de
excepción, la Corte asume la revisión de las normas sometidas a examen respecto
de la totalidad de los mandatos dispuestos en la Carta, tal y como se infiere
de lo previsto en el artículo 22 del Decreto 2067 de 1991 (la norma en cita
dispone: “Artículo 22. La Corte Constitucional deberá confrontar las
disposiciones sometidas a control con la totalidad de los preceptos de la
Constitución, especialmente los del título II (…). // La Corte Constitucional
podrá fundar una declaración de inconstitucionalidad en la violación de
cualquier norma constitucional, así ésta no hubiere sido invocada en el curso
del proceso) y lo ha admitido a su vez la jurisprudencia de este Tribunal
(v.gr., en la Sentencia  C-174 de 2017, M.P. María Victoria Calle Correa). Y,
la segunda, implica admitir que, como toda regla general, la limitación del pronunciamiento
de la Corte a los cargos realizados y a la norma demandada admite excepciones,
como ha sucedido en aquellos casos (a) en los que se extiende el
control de constitucionalidad a preceptos que no fueron inicialmente demandados
por vía de la integración normativa (Sentencias C-539 de 1999, C-010 de 2018 y
C-207 de 2019) o (b) cuando se advierte una violación evidente
o flagrante de un mandato constitucional, con ocasión de lo manifestado por
los intervinientes o por el Ministerio Público. Precisamente, sobre este punto,
en la Sentencia C-284 de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa, este Tribunal
manifestó que la extensión del control más allá de los cargos formulados supone
verificar los siguientes requisitos: “i. Debe haber
una demanda de inconstitucionalidad con aptitud para provocar un
pronunciamiento de fondo. No es entonces admisible ejercer un control cuando no
exista acción pública, o cuando esta no reúna las condiciones de claridad,
certeza, pertinencia, suficiencia y especificidad, pues esto sería desconocer
que en el fondo no hay demanda ciudadana, presupuesto imprescindible para
activar la competencia de la Corte, en virtud del artículo 241 numeral 4 de la
Constitución. El control sobre las leyes ordinarias y los decretos con fuerza
de ley se activa en virtud de una demanda en forma, y por lo mismo esta
facultad no implica para la Corte un poder de construir cargos de
inconstitucionalidad, allí donde no existen. // ii. El control que ejerza la Corte, en virtud de esta potestad,
debe versar sobre una norma efectivamente demandada, o susceptible de
controlarse en virtud de una integración de la unidad normativa, de conformidad
con los estrictos y precisos términos del artículo 241. Esta facultad no la
autoriza entonces para pronunciarse de oficio sobre normas no acusadas mediante
acción pública, y en casos en los cuales no se den los presupuestos de la
integración normativa. // iii.
Este poder tiene como límite, que el acto sujeto a control admita una
revisión de constitucionalidad por razones normativas no planteadas en la
demanda. // iv. Cuando se trate de vicios sujetos a la caducidad de la
acción pública (CP arts. 242 y 379), esta última debe haber sido instaurada
antes de que expire el término de caducidad, pues de lo contrario resulta
inviable ejercer esta competencia de control.// v. Debe ser clara la competencia de la Corte para ejercer este
tipo de revisión de constitucionalidad sobre la norma acusada. // vi. Finalmente, es admisible
controlar el acto demandado a la luz de normas constitucionales no invocadas en
la demanda, sólo si se advierte un vicio evidente de inconstitucionalidad.
En ese caso las intervenciones ciudadanas, o el Procurador General u otras
Cortes suelen ponerlo de presente antes de la decisión de la Corte
Constitucional, y en tal medida no puede decirse que el control afecte la
participación ciudadana en el control constitucional, ya que la evidencia del
vicio activa previamente un debate al respecto”. Énfasis por fuera del
texto original.
[40] Al respecto, se pueden consultar las sentencias C-447 de 1997,
C-509 de 1996 y C-236 de 1997.
[41] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[42] Sentencia C-121 de 2018, M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez.
[43] M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[44] Decreto 2067 de 1991, art. 6.
[45] Sobre el particular, la Corte ha dicho
que: “[Si] bien el momento procesal ideal para pronunciarse sobre la
inexistencia de cargos de inconstitucionalidad es la etapa en la que se decide
sobre la admisibilidad de la demanda, por resultar más acorde con la garantía
de la expectativa que tienen los ciudadanos de recibir un pronunciamiento de
fondo sobre la constitucionalidad de las disposiciones demandadas por ellos,
esta decisión también puede adoptarse al momento de proferir un fallo, pues es
en esta etapa procesal en la que la Corte analiza con mayor detenimiento y
profundidad las acusaciones presentadas por los ciudadanos en las demandas de
inconstitucionalidad”. Sentencia C-874 de 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
En el mismo sentido se pueden consultar las Sentencias C-954 de 2007, C-623 de
2008, C-894 de 2009, C-055 de 2013 y C-281 de 2013. En esta última expresamente
se expuso que: “Aun cuando en principio, es en el auto admisorio donde se
define si la demanda cumple o no con los requisitos mínimos de procedibilidad,
ese primer análisis responde a una valoración apenas sumaria de la acción,
llevada a cabo únicamente por cuenta del magistrado ponente, razón por la cual,
la misma no compromete ni define la competencia del pleno de la Corte, que es
en quien reside la función constitucional de decidir de fondo sobre las
demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes
y los decretos con fuerza de ley (CP art. 241-4-5).” M.P. Mauricio González
Cuervo.
[46] Véanse, entre otras, las Sentencias C-178
de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y C-489 de 2012, M.P. Adriana María
Guillén Arango.
[47] Al respecto, en la Sentencia C-664 de 2006, M.P. Humberto Antonio
Sierra Porto, se expuso que: “Las omisiones legislativas hacen referencia a
la inactividad del legislador o el incumplimiento por parte de este último de
su deber de legislar expresamente señalado en la Constitución. No se trata,
entonces, simplemente de un no hacer sino que consiste en un no hacer algo
normativamente predeterminado, se requiere por lo tanto la existencia de un
deber jurídico de legislar respecto del cual la conducta pasiva del legislador
resulta constitucionalmente incompatible para que ésta pudiera ser calificada
de omisión o inactividad legislativa, en otro supuesto se trataría de una
conducta jurídicamente irrelevante, meramente política, que no infringe los
limites normativos que circunscriben el ejercicio del poder legislativo”..
[48] Sentencia C-121 de 2018, M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez.
[49] Sentencia C-543 de 1996, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[50] Sentencias C-504 de 1995, M.P.
José Gregorio Hernández Galindo y C-146 de 1998, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[51] Sentencia C-038 de 2006, M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto.
[52] Sentencia C-715 de 2006, M.P. Álvaro Tafur
Galvis.
[53] Así, por ejemplo, en la Sentencia C-022 de
1996, M.P. Carlos Gaviria Díaz, se expuso que: “Se debe señalar con claridad
los grupos involucrados, el trato introducido por las normas demandadas que
genera la vulneración del derecho a la igualdad y qué justifica dar un
tratamiento distinto al contenido en las normas acusadas, toda vez que la
realización de la igualdad no le impone al legislador la obligación de otorgar
a todos los sujetos el mismo tratamiento jurídico, ya que no todos se
encuentran bajo situaciones fácticas similares ni gozan de las mismas
condiciones o prerrogativas personales e institucionales”. Este
precedente ha sido reiterado recientemente en las Sentencias C-104 y 179 de
2016.
[54] Expresamente, como se transcribió con
anterioridad, en ellos se dispone lo siguiente: “Artículo 25 de la DUDH.
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure,
así
como a su familia, la salud y el
bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la
asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a
los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros
casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias
independientes de su voluntad. // 2. La maternidad y la infancia tienen
derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de
matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.” “Artículo
17 de la CADH. Protección a la Familia. 1. La familia es el elemento
natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el
Estado. // 2. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer
matrimonio y a fundar una familia si tienen la edad y las condiciones
requeridas para ello por las leyes internas, en la medida en que éstas no
afecten al principio de no discriminación establecido en esta Convención. //
3. El matrimonio no puede celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de
los contrayentes. // 4. Los Estados Partes deben tomar medidas
apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de
responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el
matrimonio y en caso de disolución del mismo. En caso de disolución, se
adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria de los hijos,
sobre la base única del interés y conveniencia de ellos. // 5. La ley
debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera de matrimonio
como a los nacidos dentro del mismo.”
[55] M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
[56] Énfasis por fuera del texto original.
[57] Dispone la norma en cita: “Los fallos que la Corte dicte en
ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada
constitucional. (…)”.
[58] Sobre la materia se pueden consultar, entre otras, las Sentencias
C-774 de 2001, C-310 de 2002, C-004 de 2003, C-039 de 2003, C-1122 de 2004,
C-469 de 2008, C-600 de 2010, C-283 de 2011, C-254A de 2012 y         C-1017 de
2012.
[59] Sentencia C-489 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[60] Sentencia C-427 de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[61] M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[62] M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[63] Sentencia C-478 de 1998, M.P. Alejandro
Martínez Caballero.
[64] La norma en cita dispone que: “Artículo
46. Control integral y cosa juzgada constitucional. En desarrollo del
artículo 241 de la Constitución Política, la Corte Constitucional deberá
confrontar las disposiciones sometidas a su control con la totalidad de los
preceptos de la Constitución”.
[65] En este punto, es preciso resaltar lo
dispuesto en la parte final del artículo 243 de la Constitución, según el cual:
“Ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico
declarado inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta
las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma
ordinaria y la Constitución”. Énfasis por fuera del texto original.
[66] Como en
reiteradas ocasiones lo ha señalado este Tribunal, en
virtud de la teoría de la constitución viviente, el
juez constitucional tiene la obligación de tener cuenta los cambios que se
presentan en la sociedad, pues puede ocurrir que un nuevo análisis sobre normas
que en un tiempo fueron consideradas exequibles, a la luz de una nueva realidad, ya no lo sean.
[67] Así se destacó recientemente en la Sentencia
C-112 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
[68] En la Sentencia C-460 de 2008, M.P. Nilson
Pinilla Pinilla, se negó la existencia de una cosa
juzgada, por los cambios constitucionales introducidos al sistema penal de
enjuiciamiento.
[69] En la Sentencia C-774 de 2001, M.P.
Rodrigo Escobar Gil, se apeló al concepto de constitución viviente para realizar un
nuevo examen de constitucionalidad sobre la figura de la detención preventiva.
Al respecto, se dijo que: “El concepto de ‘Constitución viviente’ puede
significar que en un momento dado, a la luz de los cambios económicos,
sociales, políticos, e incluso ideológicos y culturales de una comunidad, no
resulte sostenible, a la luz de la Constitución, -que es expresión,
precisamente, en sus contenidos normativos y valorativos, de esas realidades-
un pronunciamiento que la Corte haya hecho en el pasado, con fundamento en significaciones
constitucionales materialmente diferentes a aquellas que ahora deben regir el
juicio de Constitucionalidad de una determinada norma.”
[70] En la Sentencia C-228 de 2002, MM.PP. Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo
Montealegre Lynett, se realizó una nueva ponderación
de valores y principios constitucionales para determinar el alcance de los
derechos de las víctimas, específicamente en lo referente a los derechos a la
verdad, a la justicia y a la reparación.
[71] Sentencia C-007
de 2016, M.P. Alejandro Linares Cantillo. Con base en
la Sentencia C-073 de 2014, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[72] M.P. Alejandro Linares Cantillo.
[73] M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[74] Énfasis por fuera del texto original.
[75] Auto 136 de 2014, M.P. Luis Guillermo
Guerrero Pérez.
[76] Sentencia C-007
de 2016, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
[77] M.P. Jorge Arango Mejía.
[78] Las normas acusadas fueron los artículos 61 (parcial), 222, 244, 249, 260, 411
(parcial), 457 (parcial), 465 (parcial), 537 (parcial),
550 (parcial), 596, 1016 (parcial), 1025 (parcial), 1047, 1226 (parcial),
1242, 1236, 1253, 1259, 1261 y 1266
(parcial), todas del Código Civil.
[79] CP art. 42.
[80] Conceptualización reiterada en la Sentencia C-595 de 1996, M.P.
Jorge Arango Mejía.
[81] Énfasis por fuera del texto original.
[82] M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[83] La norma en cita dispone que: “Artículo 414.
<Alimentos congruos>. Se deben
alimentos congruos a las personas designadas en los números 1o, 2o, 3o, 4o y 10
del artículo 411, menos
en los casos en que la ley los limite expresamente a lo necesario para la subsistencia; y
generalmente en los casos en que el alimentario se haya hecho culpable de
injuria grave contra la persona que le debía alimentos. // Se deben asimismo alimentos congruos en
el caso del artículo 330. // En el caso de injuria atroz cesará enteramente la obligación de
prestar alimentos. // Para
los efectos de este artículo, constituyen injuria atroz los delitos graves y
aquellos delitos leves que entrañen ataque a la persona del que debe,
alimentos. Constituyen injuria grave los demás delitos leves contra cualquiera
de los derechos individuales de la misma persona que debe alimentos.”
[84] Sentencia C-007 de 2016, M.P. Alejandro
Linares Cantillo.
[85] Folio 5 del cuaderno principal.
[86] Ibidem.
[87] CP art. 42.
[88] Conceptualización reiterada en la Sentencia C-595 de 1996, M.P.
Jorge Arango Mejía.
[89] Sentencia C-577 de 2011, M.P. Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo.
[90] Ibídem.
[91] Ibídem.
[92] Ibídem.
[93] Al respecto, citan las Sentencias T-199 de 1996, T-572 de 2009,
T-586 de 1999, T-887 de 2009, C-577 de 2011, T-606 de 2013, T-942 de 2014,
T-074 de 2016 y T-281 de 2018. También, la Sentencia STC6009 de 2018 de la Corte Suprema de Justicia y la Sentencia SCE, 2 sep. 2009, rad. 17997 de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, reiterada en la SCE, 11 jul. 2013, rad. 31252.
[94] Sentencia C-156 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[95] M.P. Jorge Arango Mejía.
[96] Sentencia C-404 de 2013 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[97] M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[98] M.P. Jorge Arango Mejía.
[99] Supra,
párr. 6.2.2.
[100] Sentencia C-001 de 2018. M.P. Diana Fajardo Rivera. Ver también Sentencia
C-095 de 2019. MP. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[101] En este sentido se sostuvo en la Sentencia
C-1088 de 2004: “El uso emotivo de las palabras utilizadas por el legislador
al formular una regla de derecho determinada puede interferir derechos
fundamentales de las personas y por ello el juez constitucional se halla
legitimado para resolver los problemas constitucionales que se deriven de ello
y que le sean planteados en ejercicio de la acción pública e informal de
inconstitucionalidad. Y cuando el juez constitucional asume esta función, lejos
de incurrir en excesos, está cumpliendo, de manera legítima, con la tarea que
se le ha encomendado: Defender la integridad y supremacía de la Carta
Política”. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[102] Sentencia C-804 de 2006. M.P. Humberto Sierra Porto.
[103] Sentencia C-001 de 2018. M.P. Diana Fajardo Rivera.
[104] Ver sentencias C-478 de 2003. M.P. Clara Inés Vargas Hernández;
C-1088 de 2004. M.P. Jaime Córdoba Triviño; C-458 de 2015. M.P. Gloria Stella
Ortiz Delgado, entre otras.
[105] Sentencia C-804 de 2006. M.P. Humberto Sierra Porto.
[106] Sentencia C-001 de 2018. M.P. Diana Fajardo Rivera.
[107] Entre las múltiples acepciones de la
palabra legítimo según la Real Academia de la Lengua Española aparecen:
(i) conforme a las leyes; (ii) lícito, justo; (iii) Cierto, genuino y verdadero
en cualquier línea. Consultado en https://dle.rae.es/leg%C3%ADtimo?m=form
[108] Sentencia C-451 de 2016. M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva.
[109] Sentencia T-605 de 1992. M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz, reiterada en la Sentencia SU-214 de
2016. M.P. Alberto Rojas Ríos.