T-302-17
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-302/17
AGENCIA
OFICIOSA EN TUTELA-Se pueden agenciar derechos ajenos cuando el
titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa
LEGITIMACION POR
ACTIVA EN TUTELA-Persona natural actuando como agente oficiosa de
los niños y niñas del pueblo Wayúu del departamento de La Guajira
ACCION DE TUTELA PARA PROTEGER LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA
SALUD, AL AGUA Y A LA ALIMENTACION DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PUEBLO WAYUU DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA-Procedencia
En este caso la tutela es
procedente, sin importar que haya dimensiones colectivas de los derechos
invocados, que pueden ser objeto de protección mediante una acción popular.
Como lo ha dicho la Cote “un derecho individual no se convierte en
colectivo por el sólo hecho de haber sido exigido simultáneamente con el de
otras personas.” En este caso se alegan vulneraciones a derechos
fundamentales individuales, que han ocurrido de manera generalizada y afectan
simultáneamente a todos los niños y niñas del pueblo Wayúu. La Corte considera
que la acción popular no sería idónea, pues solamente podría proteger los
derechos colectivos como el medio ambiente o la salubridad, pero no el acceso
al agua, la alimentación, ni la salud, que son el aspecto central de este
caso. En otros casos relativos a la idoneidad de medios judiciales
alternativos, la Corte ha sostenido que para que un recurso sea idóneo, la
protección del derecho fundamental presuntamente vulnerado debe ser el “objeto
directo” de ese medio judicial.  Por los anteriores motivos considera
la Corte que se cumple el requisito de subsidiariedad. Los derechos
que se alegan vulnerados (a la salud, al agua y a la alimentación) son
justiciables vía la acción de tutela en razón a que se está desconociendo su
carácter fundamental.
POBLACION WAYUU DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA-Contexto social
NIÑOS Y NIÑAS DEL PUEBLO WAYUU DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA-Situación actual
NIÑOS Y NIÑAS DEL PUEBLO WAYUU DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA-Causas de desnutrición
NIÑOS Y NIÑAS DEL PUEBLO WAYUU DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA-Solución a la crisis de desnutrición
requiere que todas las entidades públicas superen los perjuicios y los
estereotipos étnicos
La Corte considera que la
solución a la crisis de desnutrición de los niños y niñas wayúu requiere que
todas las entidades públicas superen los prejuicios y los estereotipos étnicos.
Es injusto y discriminatorio generalizar sobre toda la población Wayúu para
sostener que “ellos”—refiriéndose a todos los indígenas Wayúu—“no se dejan ayudar”—como
si las facetas prestacionales de los derechos no fueran obligatorias, sino
optativas, cuando se trata de estas comunidades, y como si las comunidades
estuvieran pidiendo “ayudas” o asistencialismo por parte del Estado, cuando lo
cierto es que las comunidades wayúu rechazan las medidas asistencialistas. Es
cierto que existen dificultades en la concertación de los programas, pero estas
dificultades son similares a las que genera una intervención social en
cualquier parte del país. Las dificultades del diálogo y la concertación son
parte del ejercicio ordinario de la función pública, no son un aspecto
extraordinario y particular a la comunidad Wayúu. Hay particularidades propias
de este caso, pero se trata de eso: particularidades de un problema que se
expresa en muchas formas. En este contexto las entidades
públicas deben hacer todo lo que esté a su alcance para dialogar efectivamente
con los destinatarios de las intervenciones del Estado y para ofrecer espacios
efectivos de participación. Lo difícil que pueda ser esta concertación no las
releva de sus obligaciones, y no convierte los derechos fundamentales en
“ayudas” que el Estado central puede otorgar o no de manera discrecional.
DESARROLLO
ARMONICO E INTEGRAL DEL NIÑO-Alcance
Sobre el
principio de desarrollo armónico e integral, la Corte ha establecido que la
protección integral y el interés superior de las personas menores de edad, son
consecuencias jurídicas de su calidad como sujetos de especial protección
constitucional. En palabras de la Corte, tal reconocimiento “[…] significa que la
satisfacción de sus derechos e intereses, debe constituir el objetivo primario
de toda actuación (oficial o privada) que les concierna”. La
jurisprudencia de la Corte ha sostenido que el desarrollo armónico e integral
consiste en el reconocimiento de una “caracterización jurídica específica” para el
niño, basada en la naturaleza prevalente de sus intereses y derechos, que
impone a la familia, la sociedad y el Estado la obligación de darle un trato
acorde a esa importancia “que lo proteja de manera especial, que lo guarde de abusos y
arbitrariedades y que garantice el desarrollo normal y sano del menor desde los
puntos de vista físico, psicológico, intelectual y moral y la correcta
evolución de su personalidad”. Tanto la prevalencia de los derechos de
los niños y niñas como su desarrollo armónico e integral “propenden por el cumplimiento
de los fines esenciales del Estado, en consideración al grado de vulnerabilidad
del menor y a las condiciones especiales requeridas para su crecimiento y
formación, y tiene el propósito de garantizar el desarrollo de su personalidad
al máximo grado”.
DESARROLLO
ARMONICO E INTEGRAL DEL NIÑO-Interrelación con los derechos fundamentales al
agua, a la salud y a la alimentación
DESARROLLO
ARMONICO E INTEGRAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS WAYUU DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA-Amenaza permanente al no tener acceso a los
derechos más esenciales para su vida diaria
POLITICAS PUBLICAS A FAVOR DE NIÑOS Y NIÑAS-Relevancia constitucional
POBLACION WAYUU DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA-Etnia indígena especialmente protegida contra todas las formas de
discriminación y frente a las amenazas contra su supervivencia colectiva
DERECHO A LA AUTODETERMINACION
DE LOS PUEBLOS INDIGENAS-Autonomía política y autogobierno
DERECHO A LA AUTODETERMINACION
DE LOS PUEBLOS INDIGENAS-Vulneración cuando políticas del Estado se construyen sin tener en
cuenta las prácticas e instituciones económicas que han permitido su
subsistencia y cuya disrupción amenaza la desaparición de la misma
POBLACION WAYUU DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA-Debido a las sequías, cierres fronterizos y la incidencia de
actividades extractivas en el Departamento de la Guajira, han perdido
progresivamente las prácticas productivas que les permitían asegurar
autónomamente la alimentación
NIÑOS Y NIÑAS DEL PUEBLO WAYUU-Beneficiarios
de protección especial por parte del Estado por encontrarse en una situación de
debilidad manifiesta
DERECHO A LA IGUALDAD Y PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD-Exigen que los funcionarios públicos no solo cumplan sus funciones
sino que hagan todo lo posible para resolver la crisis de hambre en la Guajira
POBLACION WAYUU DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA-Interdependencia de los derechos al acceso al agua, a la salud, a la
alimentación y a la participación étnica
La situación en el Departamento de La Guajira es un
ejemplo claro de la interdependencia de los derechos, o dicho de otra forma,
del efecto dominó que puede tener el desconocimiento profundo de uno solo de
los derechos fundamentales. En este caso, como se verá a continuación, hay una
violación múltiple de derechos fundamentales. Por una parte, se ha desconocido
el derecho a la salud por las diversas omisiones de las entidades
territoriales, las EPS Indígenas y las IPS Indígenas. Esta violación del
derecho a la salud es causa a la vez de una violación del derecho a la vida,
cuando el resultado de esta serie de equivocaciones es la muerte de un niño.
Pero a esta violación también han contribuido otros desconocimientos de los derechos
fundamentales. Las muertes ocurren frecuentemente en niños que no han recibido
una alimentación adecuada, por omisión bien sea de sus comunidades o de las
entidades estatales que se han comprometido a entregar alimentos—como las
entidades territoriales que operan el Programa de Alimentación Escolar—o
complementos nutricionales—en el caso del ICBF. También ocurren en comunidades
que no tienen acceso al agua, normalmente como efecto de la sequía, agravada
por la falta de provisión de agua en carro tanques, por la ausencia de
mantenimiento a pozos, molinos o jagüeyes y porque el Estado no ha realizado
los proyectos para asegurar un acceso continuo y sostenible al agua potable. De
manera transversal a estos tres aspectos—salud, agua y alimentación—se encuentran
las violaciones de los derechos a la autodeterminación y a la participación de
las comunidades wayúu. La imposición de programas gubernamentales con
desconocimiento de las costumbres, las tradiciones y las instituciones
económicas del pueblo Wayúu no solo configura un daño cultural violatorio de
derechos constitucionalmente reconocidos, sino que es una de las causas de la
inefectividad de las acciones gubernamentales destinadas a garantizar los
derechos de los niños. De manera adicional, estas acciones se dificultan por la
ausencia de infraestructura básica y la baja penetración del Estado colombiano
en la Alta Guajira.
DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA-Contenido
DERECHO
FUNDAMENTAL AL AGUA POTABLE-Instrumentos internacionales que
reconocen su importancia
DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA-Facetas
El fundamento jurídico de éste
derecho, además de reposar en varios textos de tratados internacionales sobre
derechos humanos, supone tres facetas: (i) el derecho a disponer, y a (ii) acceder a
cantidades suficientes de agua, y además, que el mismo sea (iii) de
calidad “para los
usos personales y domésticos.
DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA-Jurisprudencia
constitucional
POBLACION WAYUU DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA-Causas de la carencia de agua potable
Las comunidades wayúu sufren de manera generalizada
una carencia de agua potable. Esta situación tiene al menos dos causas
significativas, (i) el entorno ambiental que ha sufrido periodos extensos de
sequía que secan los pozos naturales y (ii) una omisión de parte de las autoridades
competentes para proveer un servicio sostenible de suministro de agua potable.
POBLACION WAYUU DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA-Causas de la falta de agua potable según la Defensoría del Pueblo
La Defensoría del Pueblo pone
de presente las causas de la falta de agua potable que sufren las comunidades
wayúu: “El fenómeno de aumento de la
temperatura media global de la atmósfera terrestre y de los océanos, ha
afectado de manera desproporcionada a la población indígena wayúu que habita
particularmente en la Alta Guajira (están distribuidos en zonas rurales
desérticas, agrupados en rancherías y en viviendas rústicas las cuales no
cuentan con servicios de agua potable, ni alcantarillado […] la ausencia de
lluvias y la sequía de los jagüeyes agrava los problemas de alimentación […] Si
bien la necesidad básica insatisfecha más apremiante para estas comunidades es
la consecución y el acceso al agua potable, esta situación no responde
únicamente al aumento de las temperaturas y al descenso en las lluvias, pues el
Estado desde el nivel central y desde los entes descentralizados tiene
responsabilidad […] ausencia de políticas públicas claras para el acceso y
disfrute de servicio públicos básicos, acordes a las realidades territoriales
de estas comunidades”.
AGUA POTABLE-Falta
de disponibilidad en el departamento de La Guajira
DERECHO AL AGUA POTABLE-Necesidad de
implementar medidas de contingencia para la provisión de agua en el
departamento de La Guajira
DERECHO AL AGUA POTABLE-Vulneración a
las comunidades wayúu en especial a las ubicadas en la alta Guajira
Las comunidades wayúu, en especial las ubicadas en la
Alta Guajira, sufren una vulneración grave y persistente de su derecho al agua,
en especial en relación con las dimensiones de disponibilidad y accesibilidad. En efecto, un número importante de
comunidades no cuentan con fuentes de agua potable, y quienes cuentan con ellas
tienen dificultades importantes para acceder a ellas. La ausencia de agua
potable incide de manera decisiva en los problemas de desnutrición de los niños
y niñas wayúu. Sin agua potable disponible, accesible y de calidad, ningún
esfuerzo de alimentación o de atención en salud podrá solucionar la crisis de
muertes de niños y niñas en La Guajira.
DERECHO A LA
ALIMENTACION-Contenido
DERECHO A LA
ALIMENTACION-Fundamental
DERECHO
A LA ALIMENTACION-Instrumentos internacionales que reconocen su importancia
DERECHO A LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA-Instrumentos internacionales
DERECHO A LA
SEGURIDAD ALIMENTARIA-Jurisprudencia constitucional
NIÑOS Y NIÑAS DEL PUEBLO WAYUU DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA-Deber del Estado de garantizar la
seguridad alimentaria
La seguridad alimentaria de los niños y niñas del
pueblo Wayúu debe ser garantizada por el Estado a través de las distintas
políticas, tanto a nivel nacional como local. De la misma manera, tal como se
mencionó en estas consideraciones, el derecho a la alimentación de los pueblos
indígenas no se limita a asegurarles la seguridad alimentaria, sino que deben
tenerse en cuenta sus prácticas tradicionales y los alimentos que acostumbran
consumir acordes con sus actividades propias de subsistencia. Así, es relevante
que en la implementación de las políticas públicas que pretenden garantizar la
seguridad alimentaria de los pueblos indígenas, se observe con el mayor respeto
las tradiciones culturales alimenticias del pueblo Wayúu, pues de nada sirve
proveerles alimentos si éstos no son acordes con sus costumbres. El Estado debe
fortalecer sus prácticas tradicionales de subsistencia. En ese sentido, estas
acciones deben tener en cuenta las causas que han generado la situación de
escasez de alimentos, con el objeto de no caer en políticas asistencialistas
sino en soluciones de largo plazo que aseguren a las comunidades la
disponibilidad, la accesibilidad y la calidad alimentaria.
POBLACION WAYUU DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA-Causas de las dificultades para sostener su seguridad alimentaria
DERECHO A LA ALIMENTACION DE LOS NIÑOS Y NIÑAS WAYUU DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA-Vulneración
El derecho a la alimentación de los niños y niñas
wayúu no solo se vulnera por la falta de disponibilidad de alimentos. La
principal vulneración de este derecho se encuentra en la situación de
inseguridad alimentaria causada, entre otros motivos, por la pérdida de las
tradiciones alimentarias según los usos y costumbres del pueblo Wayúu. La
solución para la vulneración de estos derechos no reside, entonces, en la
aplicación de programas asistencialistas para alimentar directamente a los
niños y niñas. Ésta debe incluir, ante todo, iniciativas de seguridad
alimentaria destinadas a fortalecer las capacidades y la autonomía del pueblo
Wayúu.
DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD-Naturaleza y contenido
DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD-Carácter autónomo e irrenunciable
DERECHO A LA SALUD DE NIÑOS,
NIÑAS Y ADOLESCENTES-Fundamental y prevalente
DERECHO A LA
SALUD COMO DERECHO FUNDAMENTAL-Reiteración de
jurisprudencia sobre protección por tutela
DERECHO A LA SALUD DE MIEMBROS
DE COMUNIDADES INDIGENAS-Enfoque diferenciado
El enfoque diferencial en la
prestación de los servicios de salud a las comunidades indígenas exige al menos
las siguientes garantías: (i) producir y emplear sus propias medicinas
tradicionales y curativas; (ii) organizar y prestar los servicios de salud bajo
su propia responsabilidad y control; (iii) organizar y prestar los servicios de
salud por los miembros de las comunidades indígenas conforme a sus convicciones
y creencias; y por último, (iv) intervenir en la planeación, administración y
ejecución de los servicios de salud. La Corte ha resaltado, con el ánimo
de reivindicar los derechos de los miembros de las comunidades indígenas, que
el Estado tiene el deber de construir un sistema de salud acorde a las
diferencias y necesidades propias de los pueblos indígenas.
DERECHO A LA SALUD-Reiteración
de jurisprudencia en relación con el acceso a la prestación de los servicios de
salud en zonas alejadas de centros urbanos
DERECHO A LA SALUD-Deber de las
entidades a nivel nacional y territorial, prestar los servicios de salud a las
poblaciones más vulnerables asentadas lejos de las cabeceras municipales
POBLACION WAYUU DEL DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRA-Situación de atención en salud
DERECHO A LA
SALUD-Vulneración a población wayúu del departamento de
La Guajira
El acceso a la salud es esporádico o
incluso inexistente para algunas comunidades wayúu. Los niños y niñas que
sufren de desnutrición encuentran dificultades en la atención en salud debido a
un modelo de atención inadecuado para las zonas rurales dispersas, la falta de
disponibilidad de la red hospitalaria y los problemas administrativos que
aquejan al Departamento de La Guajira y a sus municipios.
NIÑOS Y NIÑAS DEL PUEBLO WAYUU DEL
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA-Están sufriendo una vulneración
generalizada, desproporcionada e injustificada de los derechos al agua, a la
alimentación y a la salud
DERECHO AL AGUA, A LA ALIMENTACION Y A LA SALUD DE LOS
NIÑOS Y NIÑAS DEL PUEBLO WAYUU DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA-Acciones del
Estado para superar la problemática por vulneración en el goce efectivo de los
derechos
La Sala observa que tanto
entidades del orden nacional como territorial han adelantado una serie de
planes y programas para enfrentar las problemáticas de los derechos a la salud,
agua y alimentación de la población, y concretamente de la niñez wayúu. La
crisis de los niños y niñas del pueblo Wayúu claramente no ha sido ajena a las
entidades. La Sala debe reconocer el esfuerzo de las distintas entidades para
hacer frente a esta crisis y para buscar alternativas para su superación. Sin embargo,
las acciones implementadas por las diferentes entidades estatales tienen
deficiencias que afectan el objetivo principal de garantizar el goce efectivo
de los derechos fundamentales de las niñas y los niños wayúu. Preliminarmente,
se evidencia que existe una multiplicidad de acciones materializadas en planes
y programas que no tienen una cobertura universal y no cuentan con una
sostenibilidad a largo plazo. Igualmente, existe una falta de coordinación
entre las diferentes entidades a nivel nacional y territorial.[352] Para la Sala existe un problema grave que compromete el
diseño, implementación y ejecución de las diferentes acciones del Gobierno y
las entidades locales y es la ausencia de un censo veraz y actualizado de la
población wayúu, y en consecuencia, indicadores claros en relación con las
necesidades básicas insatisfechas. No hay claridad sobre, la cantidad de
población, ni sobre los puntos dispersos de asentamientos y las necesidades
diferenciales. Esto es un factor determinante de que las políticas no generen
un impacto serio y continuo que garantice de manera efectiva el acceso a cada
uno de los programas y planes. Acompañado de lo anterior, las entidades tienen
poco conocimiento en las tradiciones y formas de vida del pueblo Wayúu, como se
puso en evidencia en la ejecución de los programas de alimentación. De la misma
manera, la Sala nota que en cada una de las acciones del Estado no hay claridad
en cuanto a los criterios de selección de los contratistas u operadores para
ejecutar ciertos programas, y al mismo tiempo, tampoco hay claridad sobre
quiénes son los beneficiarios o por qué ciertas poblaciones reciben antes y otras
nunca ciertos servicios.
DERECHO AL AGUA, A LA ALIMENTACION Y A LA SALUD DE LOS
NIÑOS Y NIÑAS DEL PUEBLO WAYUU DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA-Valoración
constitucional de las políticas públicas para el goce efectivo de los derechos
La Constitución no ordena
que las facetas prestacionales de los derechos se cumplan plenamente al primer
día de vigencia de la norma, sino que permite el avance progresivo, de acuerdo
con las limitaciones técnicas, humanas y presupuestales de cada entidad
pública. De esta forma se reconcilian los imperativos morales de la carta de
derechos con las realidades de la escasez de recursos. Sin embargo, en los
casos en que el Estado decide avanzar por pasos en la garantía de los derechos,
este debe al menos tener un plan para hacerlo y dicho plan debe tener algunas
condiciones básicas de racionalidad. Dichas condiciones no permiten a la Corte
juzgar ni pronunciarse sobre la orientación de la política pública o sobre su
contenido, pero sí sobre su existencia y su razonabilidad. La Corte
encuentra que a nivel territorial y a nivel étnico no existe un plan para
garantizar los derechos de los niños y niñas del pueblo Wayúu, o al menos no
hay evidencia de dicho plan en este proceso. Constata además que a nivel
nacional, si bien existe un plan, en la forma de la Alianza por el Agua y por
la Vida, este tiene las siguientes falencias de orden constitucional: (i)
el plan es parcial, pues no incluye todos los elementos ordenados inicialmente
por el Tribunal Superior de Riohacha, ni todos los elementos anunciados por la
Presidencia de la República para 2017; (ii) el plan no es público, pues no se
encuentra publicado en un documento, no está traducido al wayuunaiki y no ha
sido dado a conocer efectivamente a las comunidades wayúu; (iii) el plan no
contempla tiempos de progreso, pues no tiene acciones contempladas más allá de
2017; (iv) no se encuentra orientado al goce efectivo de los derechos, pues no
cuenta con indicadores de resultado y además no contempla el enfoque
diferencial en su formulación; (v) tanto el plan como las intervenciones
puntuales tienen problemas críticos de sostenibilidad; (vi) ni en el plan ni en
las intervenciones puntuales hay criterios transparentes para la selección de
beneficiarios, con lo cual no se está garantizando el derecho a la igualdad; y
(vii) ni en el plan ni en las intervenciones puntuales se están garantizando
espacios de participación reales y efectivos.
ESTADO DE COSAS
INCONSTITUCIONAL-Factores que lo determinan
(i) La vulneración
masiva y generalizada de varios derechos constitucionales que afecta a un
número significativo de personas; (ii) la prolongada omisión de las
autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones para garantizar los
derechos; (iii) la adopción de prácticas inconstitucionales, como la
incorporación de la acción de tutela como parte del procedimiento para
garantizar el derecho conculcado; (iv) la no expedición de medidas
legislativas, administrativas o presupuestales necesarias para evitar la
vulneración de los derechos. (v) La existencia de un problema social cuya
solución compromete la intervención de varias entidades, requiere la adopción
de un conjunto complejo y coordinado de acciones y exige un nivel de recursos
que demanda un esfuerzo presupuestal adicional importante; (vi) si todas
las personas afectadas por el mismo problema acudieran a la acción de tutela
para obtener la protección de sus derechos, se produciría una mayor congestión
judicial. Estos seis factores son indicativos de un estado de cosas
inconstitucional, no son requisitos o criterios taxativos. Como toda decisión
judicial, este tipo de sentencias han valorado y tenido en cuenta las
específicas condiciones fácticas de cada caso. El juez de tutela tiene el deber
de valorar los factores identificados por la jurisprudencia en cada proceso, a
la luz de los hechos que se le presentan. Por supuesto, no es necesario probar
simultáneamente que se verifican los seis factores para poder identificar un
estado de cosas inconstitucional. En un determinado caso pueden concurrir algunas
de forma clara, grave y evidente, pero no todas las circunstancias allí
señaladas. Incluso el juez de tutela puede llegar a identificar otro tipo de
circunstancias relevantes para establecer la existencia de un estado de cosas
inconstitucional, que en los casos hasta ahora estudiados no se ha manifestado.
GOCE EFECTIVO DE LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES A LA ALIMENTACION, A LA SALUD, EL AGUA POTABLE Y A LA
PARTICIPACION DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PUEBLO WAYUU DEL DEPARTAMENTO DE LA
GUAJIRA-Declarar el estado de cosas inconstitucional
La Corte Constitucional constató una
vulneración generalizada, injustificada y desproporcionada de los derechos
fundamentales al agua, a la alimentación, a la seguridad alimentaria y a la
salud de los niños y niñas del pueblo Wayúu. Además constató que las
vulneraciones a los derechos fundamentales son causadas por múltiples causas
dentro de las cuales se destacan fallas estructurales del Gobierno Nacional,
del Departamento de La Guajira, de los municipios demandados y de algunas de
las autoridades tradicionales Wayúu. En consecuencia la Corte observa que en el
Departamento de La Guajira se presenta un estado de cosas inconstitucional en
relación con los derechos de los niños y niñas del pueblo Wayúu.
ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE
LA GUAJIRA-Orden de tomar
las medidas adecuadas y necesarias para construir un Mecanismo Especial de
Seguimiento y Evaluación de las políticas públicas para la superación del
estado de cosas inconstitucional
ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE
LA GUAJIRA-Objetivos
constitucionales mínimos que deben adoptarse para alcanzar un estado de cosas
acorde al orden constitucional
Referencia: Expediente T-5.697.370
Acción de tutela interpuesta por Elson Rafael Rodríguez Beltrán
contra la Presidencia de la República, el Ministerio de Salud y Protección
Social, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural, el Departamento Administrativo de Prosperidad Social, el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, la Superintendencia Nacional de Salud, la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el Departamento de La
Guajira y los municipios de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao.
Magistrado Ponente:
AQUILES ARRIETA GÓMEZ
Bogotá, D.C., ocho
(8) de mayo de dos mil diecisiete (2017).
La Sala Séptima
de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Aquiles
Arrieta Gómez (e), Alberto Rojas Ríos y José Antonio Cepeda Amarís (e), en
ejercicio de sus atribuciones constitucionales, y previo el cumplimiento de los
requisitos y trámites legales y reglamentarios, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES
A continuación
pasa la Sala a exponer los hechos que dieron lugar a la tutela, así como las
solicitudes presentadas y los argumentos en los que se fundaron. Los antecedentes que se describen en este aparte se realizan de
manera resumida. Los detalles de cada una de las intervenciones pueden
consultarse en el ANEXO I de esta providencia.
1.
Acción de tutela
1.1. El 5 de febrero de 2016, el
señor Elson Rafael Rodrigo Rodríguez Beltrán presentó acción de tutela ante el
Tribunal Superior de Bogotá contra el Presidente de la República, el Ministro
de Salud y Protección Social, el Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, el
Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministro de Agricultura y
Desarrollo Rural, la Directora del Departamento de Prosperidad Social, la
Directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Superintendente
Nacional de Salud, el Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo
de Desastres, la Gobernadora de La Guajira , y los alcaldes de Uribia, Manaure,
Riohacha y Maicao “y con la citación e intervención de los representantes de
los pueblos wayúu y de los señores Procurador General de la Nación y Defensor
del Pueblo”.[1]
1.2. Destacó que el 11 de diciembre
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la CIDH) adoptó una
resolución de medidas cautelares en la cual solicitó al Estado de Colombia adoptar “las medidas
necesarias para preservar la vida y la integridad personal de los niñas, niños
y adolescentes de las comunidades de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao del
pueblo wayúu, en el departamento de La Guajira”.[2] Consideró que el Gobierno Nacional “no
ha dado cumplimiento de manera efectiva y con la URGENCIA requerida a las
medidas cautelares dictadas por la CIDH. La prueba es que se siguen muriendo
niños por desnutrición”, además pone de presente que según informes
entregados a la CIDH, “en los últimos ocho años habrían muerto 4770 niños de
la comunidad wuayúu (sic) debido a problemas relacionados con alimentación y
agua potable”. [3]
1.3. El actor consideró que las
entidades accionadas “no han adelantado o lo han hecho parcialmente, dentro
de la órbita de sus competencias, y con la URGENCIA y PRIORIDAD requerida, las
acciones necesarias e indispensables para garantizar plenamente los alimentos,
el agua y la salud de todos los niños wayúu y de los demás niños indígenas de
nuestro país y así evitar que sigan muriendo de hambre”.[4]
1.4. El actor considera vulnerados
los siguientes derechos: “Derecho a la vida (artículo 11), derecho a la
salud (artículos 49 y 50), derechos fundamentales de los niños (artículo 44),
derecho a la igualdad (artículo 13), Convención sobre los Derechos del Niño de
las Naciones Unidas, Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, Convención Americana de Derechos Humano
(sic), Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos sobre
derechos económicos, sociales y culturales, Convenio 169 de la OIT. || Lo
anterior en conexión con el Preámbulo y los artículos 1, 2, 5, 7, 93 y 94 de la
C.P.”
1.5. Solicita al Tribunal que ordene
a las entidades accionadas “desarrollar acciones de EMERGENCIA, URGENTES y
PRIORITARIAS de protección de los niños wayúu que se encuentran en grave riesgo
de morir por desnutrición y que se cumplan de manera INMEDIATA y en su
totalidad las medidas cautelares impuesta (sic) por la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos.”[5]
Así mismo el accionante pide “adoptar las medidas cautelares o provisionales
URGENTES, como suministro de agua y alimentos y la prestación efectiva y de
calidad de los servicios de salud para proteger los derechos citados como
violados o amenazados de los niños del pueblo wayúu, en especial se ordene al
Gobierno Nacional y demás accionadas que en un término perentorio adopte
medidas de EMERGENCIA, PRIORITARIAS Y URGENTES para evitar más muertes de niños
por desnutrición y que se cumplan de manera INMEDIATA y en su totalidad las
medidas cautelares adoptadas por la CIDH.”[6]
2. Trámite ante la primera
instancia
El 18 de febrero de 2016, el
Tribunal Superior de Riohacha, admitió la tutela, ordenó notificar a las
autoridades accionadas, vincular al Procurador General de la Nación y al
Defensor del Pueblo, dictaminó fijar un aviso en la Gobernación y las alcaldías
accionadas para informar comunidades wayúu sobre el proceso de tutela, ordenó
la práctica de pruebas y como medida provisional, ordenó “al Gobierno
Nacional y demás entidades accionadas que, dentro de las veinticuatro (24)
horas siguientes al recibo de la comunicación, adopten las medidas de
emergencia prioritarias y urgentes para evitar más muertes de niños por
desnutrición, y se cumplan de manera inmediata las medidas cautelares adoptadas
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.”
3. Contestaciones
3.1. Defensoría del Pueblo - En
una primera comunicación, adujo: “no es factible aportar la información
probatoria solicitada por su despacho”, pues la Defensoría del Pueblo no
tendría la “facultad de registrar y presentar estadísticas de mortalidad
como las requeridas en la acción de amparo (niños wayuu)”[7]. No obstante
puso de presente que en el año 2014 la Defensoría del Pueblo emitió el informe
defensorial “Crisis Humanitaria en La Guajira, acción integral de la
Defensoría del Pueblo en el departamento” y expidió la Resolución
Defensorial 065 de 2015. A partir de información solicitada por la Defensoría
del Pueblo a la Secretaría de Salud de La Guajira y de “ejercicios de
verificación en territorio”, el apoderado de la Defensoría del Pueblo
presentó tres conclusiones preliminares:
“- Teniendo en cuenta que existe una gran
escases (sic) de agua, las comunidad[es] han perdido las prácticas de sus
economías tradicionales, el pastoreo de ganado ovino y caprino, la siembr[a] de
la yuja (parcela, comunitaria), allí sembraban frijol, sandía[,] maíz[,]
ahuyama, sorgo, mijo[,] afectando directamente la dieta principal del Wayúu.
||  - El cambio climático, derivado en la falta (sic) Las precipitaciones ha[n]
llevado a que el pueblo Wayúu se haya empobrecido, limitando su acceso a los
recursos que le permiten no solamente sobrevivir biológicamente, sino también
mantenerse culturalmente como pueblo, afectando la pervivencia del mismo.  ||  -
La desnutrición se constituye como factor de riesgo en la población para
adquirir otras enfermedades, aunado a esto, se encontró que las Entidades
Administradoras de Planes de Beneficios EAPB, responsables de la población
afiliada no brindan atención oportuna, no abordan la prevención de enfermedades
entre la población.”[8]
En una segunda comunicación, expuso
(i) el Informe Defensorial expedido por esa entidad en 2014, (ii) la Resolución
Defensorial No. 065 de 2015, (iii) los hallazgos de la visita humanitaria
realizada por la Defensoría del Pueblo a La Guajira y (iv) algunas
consideraciones finales.
A manera de conclusión final, el
apoderado de la Defensoría del Pueblo señaló que “el ordenamiento jurídico
vigente le ha otorgado mecanismos a la administración para garantizar que en
todos los casos en que se encuentren en riesgo los derechos de los niños y las
niñas, cuente con facultades para llevar a cabo las acciones que le permitan
garantizar su protección”. [9]
Sugirió que “en casos extremos en donde se plantee una situación tal de
vulneración de derechos de un niño o niña que pueda poner en peligro su vida e
integridad personal y este entre en tensión con el derecho a la autonomía de
los pueblos indígenas, la autoridad administrativa está obligada a tomar la
decisión que favorezca el ejercicio de los derechos del niño o niña (…)”.[10]
Finalmente advirtió que, en criterio de la Defensoría del Pueblo, “las medidas
cautelares impuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH-
no están siendo cumplidas por el gobierno Colombiano, particularmente en lo
referente a la política de nutrición, atención en primera infancia y al
programa de Alimentación escolar -PAE-.”[11]
3.2. Instituto Nacional de Salud
-  Indicó que esa entidad “no tiene estudios sobre las causas de muerte
de los niños porque estas se registran en los certificados de defunción por los
médicos tratantes en la institución donde el niño fallece”. Señaló que la
información a disposición del Instituto “corresponde al registro de los
casos notificados como casos probables de muerte, con base en lo que se
registra en la ficha de notificación de cada evento que realiza cada
institución prestadora de servicios de cada ente territorial, como datos
preliminares y que corresponde a la vigilancia de 2015 y 2016 (base de datos
sin depurar, codificada, que podemos entregar en un tiempo prudencial porque es
necesario hacer ‘legibles los códigos’)”.[12]
3.3. Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible  -  Afirmó que el Ministerio de Ambiente no tiene “injerencia
alguna en los hechos narrados y además, no existe prueba alguna que la
comprometa, razón por la cual solicito se desvincule totalmente de esta acción
de Tutela (sic) a mi poderdante”. Transcribió los artículos 1 y 2 del
Decreto 3570 de 2011 que enumera las funciones del Ministerio de Ambiente y concluyó
que este “no contempla lo relacionado con el tema de desnutrición que
lamentablemente sufren los niños wayúu”.[13]
3.4. Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural  -  Por medio de oficio del 22 de febrero
de 2016 informó al Tribunal que la entidad “no tiene competencia directa
asignada en la Ley para adoptar decisiones dentro del fenómeno de Seguridad
alimentaria en el Departamento de La Guajira (…)”. Aclaró que aunque el
Ministerio de Agricultura tiene dentro de sus funciones el diseño y evaluación
de políticas públicas de “promoción de la seguridad alimentaria” (Decreto
1985 de 2013, art. 15, num. 1), los instrumentos de política sectorial de
agricultura no tenían como “objetivo último” garantizar el derecho a la
alimentación o el auto sostenimiento de las comunidades. Para este propósito
dijo que “existen otras entidades que por su misión institucional les
corresponde y además cuentan con los instrumentos adecuados para atender
prioritariamente a este tipo de demandas en el territorio Nacional”, como
el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.[14] No obstante lo anterior, clarificó que el Ministerio de Agricultura
“no es ajeno a los hechos que originaron la presente solicitud de amparo,
teniendo en cuenta que desde el 2011 hasta el 2016, se han invertido recursos
en programas para la atención de las necesidades de la población en el
Departamento de La Guajira”. El funcionario relacionó algunas estrategias
adelantadas por el Ministerio en desarrollo de la “Alianza Presidencial Por el
Agua y la Vida de La Guajira” y la Alianza Presidencial.[15] Finalmente, cuestionó la legitimación por activa del accionante,
teniendo en cuenta que “ni siquiera reside en el Departamento de La Guajira
y la acción fue radicada inicialmente en la ciudad de Bogotá”. Agregó que
el actor no indicó expresamente estar actuando como agente oficioso y tampoco
individualizó a los titulares de los derechos cuya protección invoca.[16]
3.5. Procuraduría General de la
Nación  -  Expresó que este órgano no es “causante del daño o perjuicio
a los derechos fundamentales que el accionante considera como vulnerados”[17]
y resumió algunas acciones realizadas por la Procuraduría Delegada para la
Prevención en Materia de Derechos Humanos. Entre estas se encuentran una
reunión con los peticionarios de las medidas cautelares de la CIDH, respuesta a
un derecho de petición, solicitud de reuniones al Ministerio de Relaciones
Exteriores y participación en la concertación de las medidas cautelares. Señaló
además que la Procuraduría Judicial de Familia de Riohacha asistió a reuniones
donde se ha insistido en la obligación de las entidades territoriales y el ICBF
de actuar para “tratar de acabar con el flagelo de la desnutrición”. De
otro lado, hizo referencia a también cuatro procesos disciplinarios abiertos
por la Procuraduría Regional de La Guajira por presuntas irregularidades  en el
manejo y ejecución de programas públicos relacionados con la problemática.
3.6. Gobernación de La Guajira –
Secretaría de Asuntos Indígenas  -  Presentó copias de cinco fichas
elaboradas por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en
donde muestran resultados de intervenciones de la entidad relacionadas con
soluciones de agua potable y realizaciones de brigadas de salud en los
municipios de Riohacha, Maicao, Manaure, San Juan del Cesar, Barrancas,
Albania, Dibulla y Uribia.[18]
3.7. Municipio de Maicao  -  Se
opuso a las pretensiones. Afirmó que “el Municipio de Maicao ha procurado la
protección en forma inmediata y ha desarrollado las acciones que (sic)
necesarias para la protección real a la vida, a la integridad física, la
alimentación equilibrada, la salud y la seguridad de los niños y niñas Wayúu”.[19]
Mencionó en este sentido el trabajo de la Secretaría de Salud, la Unidad para
la Gestión del Riesgo de Desastres, la Secretaría de Educación, la Oficina de
Asuntos Indígenas y la Oficina Jurídica. Dijo que “desde cada una de las
dependencias se han gestionado y ejecutado programas y planes de contingencia
para combatir de manera urgente y radical la problemática de desnutrición en
los niños indígenas wayuu”. La diligencia del municipio, según el
apoderado, tendría como consecuencia que “de las estadísticas de muertes de
niños por desnutrición, Maicao es casi nulo, ya que este año a la fecha no se
ha reportado muerte, gracias a Dios en el perímetro urbano ni rural del
Municipio”.[20]
3.8. Departamento Nacional de
Planeación  -  Trasladó por competencia el requerimiento de información
efectuado por el Tribunal Superior de Riohacha al Instituto Nacional de Salud
sobre “las estadísticas de niños Wayúu muertos durante los años 2010 a 2016”.[21]
3.9. Ministerio de Salud y
Protección Social  -  Solicitó “denegar las
súplicas de la presente acción constitucional y en consecuencia exonerar a esta
entidad de las responsabilidades que eventualmente podrían endilgarse en el
marco de la presente acción, por tratarse de un derecho llamado a ser protegido
de manera progresiva y por tanto se están adoptando las medidas propias del
caso.”[22] Afirmó que el Ministerio de Salud, en coordinación
con UNICEF, dio inicio a una prueba piloto en los municipios de Maicao,
Manaure, Uribia y Riohacha. La prueba del programa denominado “Estrategia de
Atención Integral en Salud y Nutrición con enfoque Comunitario” se realizó
a través de las Empresas Sociales del Estado, a través de 17 equipos
extramurales en zonas rurales dispersas del departamento, logrando resultados
satisfactorios.[23]
3.10. Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo De Desastres  -  Solicitó “desvincular
a la Entidad por falta de legitimación por pasiva, conforme las funciones que
cumple (…)”.[24]
3.11. Superintendencia Nacional
de Salud  -  Solicitó “desvincular a esta entidad de toda responsabilidad
dentro de la presente Acción de Tutela” por falta de legitimación por pasiva.[25]
Adicionalmente reportó las actividades realizadas en cumplimiento de la medida
provisional dictada, entre las cuales se encuentran: la realización de una
reunión con el Secretario de Salud del Departamento de La Guajira “para
definir las responsabilidades que tienen las entidades territoriales sobre la
mortalidad por desnutrición de la población infantil menor de 5 años”; requerimientos
formulados a entidades territoriales y a EPS en seguimiento a una queja
formulada por la Fundación Guajira Naciente, así como requerimientos en relación
a cuatro casos sobre menores en el Departamento de La Guajira; apertura de
investigación y formulación de cargos contra la Secretaría Departamental de
Salud del Departamento de La Guajira , por el presunto incumplimiento de los
artículos 43 y 89 la Ley 715 de 2001 y del Plan Decenal de Salud Pública y
Visita de inspección a la Secretaría Departamental de Salud de La Guajira.[26]
La Secretaría Departamental de Salud
de La Guajira, sobre los eventos de mortalidad por (o asociados a) la
desnutrición en menores de cinco años reportados al SIVIGILA (Sistema Nacional
de Vigilancia en Salud Pública), informó, entre otros, los siguientes resultados:
la ausencia de contratación del PIC (Plan de Salud Pública de Intervenciones
Colectivas) en Uribia, la falta de notificación de casos de desnutrición al
ICBF por parte de las IPS, el incumplimiento de directrices para el manejo del
niño desnutrido, la ausencia de programas de promoción de la salud y prevención
de la enfermedad, la inasistencia a control de crecimiento y desarrollo, la
inasistencia de la madre a controles prenatales, la detección tardía del mal
estado nutricional, la demora en acceder a la remisión oportuna, la existencia
de esquemas de vacunación incompletos, la falta de seguimiento ambulatorio del
paciente, la deficiencia de recursos como sales de rehidratación para los
niños, la falta de programas educativos a cuidadores para detectar signos de
alarma y la ausencia de valoración por equipos multidisciplinarios, entre
otros.[27]
3.12. Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio
Afirmó el
Ministerio que “NO tiene funciones como ejecución de planes y programas de
carácter nutricional, así como tampoco tiene injerencia en la inspección,
vigilancia y control en este tema” (fl. 948). Consideró que de acuerdo con
las funciones del Ministerio de Vivienda, no tenía legitimación por pasiva y
solicitó ser desvinculado del proceso de tutela.[28]
3.13. Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar (ICBF)
Solicitó al Tribunal “declarar
que el ICBF adelantó las gestiones ordenadas por la CIDH”.[29] Para esos efectos reportó las acciones adelantadas por el ICBF “en
favor del bienestar y el pleno ejercicio de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes (NNA) del pueblo wayúu –específicamente de los residentes de los
municipios de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao- con anterioridad a la
adopción de las medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH).”[30] Explicó las acciones del ICBF en el desarrollo de tres estrategias
del Gobierno Nacional: (I) microfocalización,[31] (II) plan de acción en el corto plazo para los sectores de agua,
salud y nutrición[32] y (III) Alianza por el Agua y la Vida en La Guajira. Por último, la
funcionaria argumentó la improcedencia de la tutela por carencia actual de
objeto, debido a que las acciones “de EMERGENCIA, URGENCIA y PRIORITARIAS” pedidas
por el actor ya “desarrolla el Estado Colombiano”.[33] De las conclusiones del informe se destacó que “[l]os resultados
encontrados reafirman la problemática nutricional de la población Wayúu,
particularmente de los niños y las niñas. Es imperativo establecer un diálogo
directo con las autoridades indígenas, los padres y madres de familia, para
definir acuerdos en los que prevalezca la vida de los niños y niñas por encima
de cualquier circunstancia o consideración.”[34]
3.14. Presidencia de la República
-  Solicitó declarar la improcedencia de la tutela
por “ausencia de legitimación por activa, pues el demandante invoca la
protección de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados de los niños
Wayúu, pero es claro que no tiene capacidad jurídica para representarlos, ni se
cumplen con los presupuestos constitucionales, legales y jurisprudenciales para
aceptar su agencia oficiosa”.[35] Señaló que el accionante no es
beneficiario de las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos y que “se presume que los niños Wayúu, como todos los
menores de edad del país, están a cargo de algún adulto, como lo son sus
padres, y que serían los llamados a instaurar directamente esta demanda o a
través de apoderado”. Agregó que el accionante tampoco acreditó la
vulneración de “algún derecho propio”.[36]  No obstante lo anterior, expuso las acciones adelantadas por el
Gobierno Nacional. En criterio de la apoderada del Presidente, “es claro que
el demandante desconoce los trámites y acciones adelantadas en torno a la
problemática de La Guajira”.[37] Transcribió apartes del informe de la visita del Presidente de la
República a La Guajira del 19 de febrero de 2016. Adicionalmente, anexó un
informe presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el
Ministerio de Relaciones Exteriores. Dicho informe se refirió a tres
estrategias del Gobierno “destinadas a atender directamente las problemáticas
identificadas por la Comisión, a saber: i) la Estrategia de atención integral
en salud y en nutrición con enfoque comunitario, ii) la Estrategia de
micro-focalización y iii) la Alianza por el Agua y por la Vida.”[38]
4. Fallo de primera instancia
4.1. Mediante sentencia del 1º de
marzo de 2016, la Sala Civil—Familia—Laboral del Tribunal Superior de Riohacha
tuteló los derechos fundamentales a la vida, a la integridad física, a la salud,
a la seguridad social, a la alimentación equilibrada y al acceso al agua
potable de los niños y niñas pertenecientes a la comunidad Wayúu asentada en
los municipios de Maicao, Uribia, Riohacha y Manaure. En consecuencia adoptó
las siguientes órdenes en la parte resolutiva:
“Como medidas de amparo para que cese
la vulneración SE ORDENA:
1. Al señor Presidente de la
República, doctor JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN, en su calidad de Jefe de Estado,
Jefe de Gobierno y máxima autoridad administrativa que, en el término de 48
horas contadas a partir de la notificación del presente fallo, iniciar o
continuar, según sea el caso, un plan de acción cuya elaboración,
presupuestación, contratación  y ejecución deberá adelantarse de manera
articulada y coordinada en el plano interinstitucional e intersectorial,
nacional y regional, de manera que participen todas las entidades accionadas y
las demás que tengan incidencia en la crisis de los derechos fundamentales de
los niños y niñas Wayúu. Así mismo, deberá integrarse a esta gestión las
autoridades indígenas de los pueblos destinatarios del amparo.
El plan a que se hace mención estará
encaminado a:
a). Adoptar las medidas necesarias
para preservar la vida y la integridad personal de los niños y niñas de las
comunidades de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao del pueblo Wayúu, en el
departamento de La Guajira. En particular, dada la situación de emergencia,
adoptar las siguientes medidas específicas:  i) Asegurar la disponibilidad,
accesibilidad y calidad de los servicios de salud en las comunidades de Uribia,
Manaure, Riohacha y Maicao, con un enfoque integral y culturalmente adecuado,
con el fin de atender la desnutrición infantil y enfermedades prevenibles o
evitables;  ||  ii) Tomar medidas inmediatas para que las comunidades
beneficiarias puedan tener a la brevedad posible, acceso al agua potable y
salubre, de manera sostenible y suficiente para la subsistencia de las niñas y los
niños;  ||  iii) Adoptar medidas inmediatas para que las niñas y niños puedan
tener alimentos en calidad y cantidad suficientes para satisfacer las
necesidades alimentarias con pertinencia cultural, así como establecer los
mecanismos idóneos para la identificación de casos de desnutrición para una
intervención inmediata.
b). El incumplimiento de los roles y
tareas señalados por la Presidencia de la República a las entidades accionadas
dentro del Plan a que se ha hecho referencia, se considerará como desacato al
amparo de tutela que se concede mediante la presente sentencia.
c). En el mismo término antes
indicado, bajo la coordinación de la Presidencia de la República y la
participación de todas las entidades accionadas se ordena iniciar la creación,
adecuación o mejoramiento de un sistema de información interinstitucional e
intersectorial que permita a todas las entidades y a los integrantes del SGSSS,
alimentar y conocer una base de datos donde conste cuántos y cuáles son los
menores pertenecientes a estas comunidades y cuál es su situación individual
frente a los riesgos de desnutrición y enfermedades que se han venido
exponiendo, así como los decesos a causa de aquellos. En el mismo sentido se
propenderá por su identificación y registro, contando en lo posible con
sistemas de digitalización de huella o similares, que permitan una depuración
del censo de esta población.
2. Respecto del cumplimiento paulatino
de las órdenes anteriores se informará mensualmente a la Procuraduría General
de la Nación y Defensoría del Pueblo para que ejerzan la vigilancia del caso de
acuerdo a sus competencias.”[39]
4.2. El Tribunal estableció como
probado, en calidad de hecho notorio, que “la población indígena Wayúu
vienen afrontando en los últimos tiempos una situación calamitosa, que afecta
particularmente y de forma generalizada a los niños, niñas y adolescentes como
población más vulnerable, causándoles serias afecciones a la salud relacionadas
con procesos de deshidratación y desnutrición que en los casos más graves ha
significado incluso la muerte.”[40] Para estos efectos hizo referencia al
informe “Crisis Humanitaria en el Departamento de La Guajira 2014” elaborado
por la Defensoría del Pueblo y al informe “El Sueño del agua en la Alta
Guajira” elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
Concluyó que esta situación se derivaba de tres causas: i) la ubicación
geográfica de la población wayúu en “territorio desierto e inhóspito, con
suelos de baja productividad, altas temperaturas, baja pluviosidad y escasas
fuentes hídricas”, ii) el fenómeno de “El Niño” y iii) la situación de la
frontera colombo-venezolana.[41]
4.3. El Tribunal consideró que la
tutela era procedente por tres razones. Primero, porque el grupo de
beneficiarios de la tutela, a pesar de ser indeterminado, “resulta
perfectamente identificable y determinable, pues en ellos comulgan tres
factores diferenciadores como son: la edad (niños y niñas), etnia (indígena
Wayúu) y territorio (asentados en los municipios de Maicao, Riohacha, Uribia y
Manaure).” Segundo, porque los beneficiarios son menores de edad, cuyos
derechos prevalecen sobre los demás. Tercero, porque el caso evidencia un
perjuicio irremediable, ya que “la grave situación actual de las
generaciones en formación, puede considerarse como un riesgo para la
supervivencia de este pueblo indígena”.[42] En relación con poder presentar la tutela, validó la actuación del
accionante como agente oficioso y en todo caso advirtió que la Procuraduría
General de la Nación había coadyuvado la tutela. Razón por la cual, “cualquier
deficiencia en la legitimidad por activa, debe considerarse superada”.[43]
4.4. Tras analizar las competencias
constitucionales, legales y reglamentarias de cada una de las entidades
accionadas concluyó que, “contrario a lo que se planteó en las
contestaciones a la demanda, todas y cada una de las entidades accionadas
tiene, en virtud de la constitución y la ley, una responsabilidad en la prevención
y atención de la crisis humanitaria que vienen padeciendo los niños y niñas de
la Comunidad Wayúu”[44]. A su juicio las entidades accionadas eran responsables de la
crisis que sufren los niños y niñas de la comunidad wayúu. Para la Sala las
consecuencias hablan por sí solas, “pues con una atención diligente ese tipo
de consecuencia no se hubiese presentado, o al menos no en la forma superlativa
como sucedió”.[45] Resaltó que la situación de hambre y sed es generalizada, y que “casi
a diario se reporta un menor en alto riesgo de muerte por enfermedades
estrechamente relacionadas con la desnutrición, deshidratación y deficiente
atención en salud”.[46]
4.5. La Sala del Tribunal observó
que el 11 de diciembre de 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó
medidas cautelares y que el Gobierno Nacional había iniciado acciones para
cumplirlas. Teniendo esto en cuenta consideró necesario “evitar órdenes
contradictorias que terminen por entorpecer la función estatal”,[47] razón por la cual decidió reiterar lo solicitado por la Comisión
Interamericana, “pero esta vez, como medida de amparo de raigambre
constitucional, precisando eso sí, que las órdenes aquí expedidas se limitarán
a la protección de los niños y niñas Wayúu, por ser los destinatarios de la
petición de amparo, lo que no es óbice para que aquellas medidas se hagan
extensivas a los adolescentes pertenecientes a la misma comunidad en virtud de
la cautela internacional antes referida.”[48]
5. Impugnaciones
5.1. Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio  -  Sostuvo que no tiene competencia para ejecutar
proyectos, “ya que en el marco de sus competencias es el rector de la
política del sector; siendo menester reiterar que la estructuración de los
proyectos y la gestión de los recursos recae exclusivamente en el Municipio,
quien debe concertar con el Gestor del PDA, cuáles proyectos se van a ejecutar
en cada vigencia fiscal”.[49]
5.2. Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible  -  El apoderado del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible argumentó que esa entidad tiene la función de formular la
política ambiental “y más aún en lo concerniente a prevenir el riesgo
ecológico… pero no somos responsables de su ejecución, la cual se encuentra a
cargo de las Corporaciones Autónomas Regional[es] (…)”.[50]
5.3. Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres.  -  Señaló que “no se observa en el
proceso, prueba que comprometa responsabilidad alguna por parte de la Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en la medida que la
transgresión imputada por el actor no deviene de ninguna acción u omisión o
alguna conducta que inflija daño atribuible a la entidad”. Reiteró que la
Unidad debe “actuar como apoyo complementario y subsidiario a los esfuerzos
locales, cuando la magnitud de las tareas supera su capacidad o cuando la
situación trasciende su ámbito”, razón por la cual las entidades
territoriales serían las principales responsables en este asunto.[51]
5.4. Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural  -  Consideró que no se cumplieron los supuestos para
legitimar al accionante como agente oficioso. En segundo lugar, manifestó que
el Tribunal omitió “cada una de las estrategias y resultados expuestos de
parte de este Ministerio”. En tercer lugar afirmó: “la política de
seguridad alimentaria no está en cabeza de esta Entidad”.[52]
5.5. Superintendencia Nacional de
Salud  -  Solicitó revocar el fallo de primera instancia, afirmando que
incorrectamente “se dedujo un tipo de responsabilidad objetiva y automática”
de esa entidad, sin que se hubiera individualizado una acción u omisión
específica de la Superintendencia que hubiera vulnerado los derechos de los
niños wayúu.[53]
5.6. Presidencia de la República
-  En primer lugar, aclaró que “el señor Presidente de la República NO
es el representante legal de la Presidencia de la República, de modo que al
conceder la tutela en contra de la entidad, la orden, en principio, deberá
cumplirla su Directora, doctora María Lorena Gutiérrez, o la persona que tenga
la responsabilidad y competencia para el efecto”.[54] Señaló
adicionalmente que las funciones del Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República tienen que ver con la coordinación
interinstitucional, pero no incluyen el cumplimiento de funciones que
corresponden a otras entidades. En ese orden de ideas, la apoderada precisó “las
entidades que de acuerdo con sus competencias son las responsables de cumplir
con las órdenes del fallo impugnado (…)”.[55] Por último,
precisó que “no se observa la razón para conceder la tutela en términos de ‘adoptar
las medidas`, pues ya se adoptaron, el plan se está ejecutando y se le hace
seguimiento permanente con el acompañamiento y participación de todas las
entidades involucradas”.[56]
5.7. Ministerio de Salud y
Protección Social  -  Solicitó revocar o modificar la parte resolutiva “en
lo que respecta a las órdenes allí contenidas que desconocen las acciones
concretas de esta entidad”.[57]
Para estos efectos reiteró la implementación de la prueba piloto de la
“Estrategia de Atención Integral en Salud y Nutrición con enfoque comunitario”.[58]
6. Auto de Nulidad
Por auto del 21 de abril de 2016 la
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, declaró la nulidad de
lo actuado “a partir del auto admisorio de la demanda, dejando a salvo las
pruebas recaudadas (artículo 138 del Código General del Proceso), así como la
medida provisional al efecto dispuesta en el mentado proveído”, debido a
que el auto admisorio habría omitido vincular al proceso a la Presidencia de la
República, la Consejería Presidencial para la Primera Infancia, el Ministerio
de Educación Nacional, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística,
las Secretarías de Salud y Educación de La Guajira y las mismas Secretarías de
los municipios de Maicao, Manaure, Uribia y Riohacha. En consecuencia ordenó
devolver el expediente al Tribunal para que rehiciera la actuación procesal.
En consecuencia, se dispuso “vincular al Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República, la Consejería Presidencial para la Primera
Infancia, el Ministerio de Educación Nacional, el Departamento Administrativo
Nacional de Estadística, las Secretarías de Salud y Educación del Departamento
de La Guajira y de los Municipios de Maicao, Manaure, Uribia y Riohacha (…)”.[59]
Cada una de las entidades vinculadas presentó escritos de contestación.
7. Nuevo fallo de primera
instancia
El Tribunal, reiteró el contenido
del fallo dictado el 1º de marzo de 2016 y la misma parte resolutiva
reproducida en el apartado 4 de esta providencia.[60]
8. Contestaciones allegadas
posteriormente a la decisión de nulidad de la Corte Suprema de Justicia
8.1. Secretaría de Salud de
Maicao
Afirmó que “el Municipio de
Maicao ha procurado la protección en forma inmediata y ha desarrollado las
acciones… necesarias para la protección real y efectiva a la vida, a la
integridad física, la alimentación equilibrada, la salud y la seguridad de los
niños y niñas Wayúu”. Para esos efectos anexó el “Plan de Contingencia
Integral para la Búsqueda y Seguimiento de Niños, Niñas y Gestantes en
condición de desnutrición y/o vulnerabilidad reportados o no por el proceso de
microfocalización”.[61]
8.2. Secretaría de Educación de
Uribia
Informó que desde el inicio del
calendario escolar esa entidad atendió 294 solicitudes de suministro de agua
potable, para lo cual adjuntó un cuadro de requerimientos. Además puso de
presente que en el marco del Programa de Atención Escolar-PAE “se están
atendiendo un Total de: 27.842 Cupos en la Modalidad Complemento Alimentario
Jornada Mañana; 1.535 en la Modalidad Complemento Alimentario Jornada Mañana
para Jornada Única; 2.030 en la Modalidad Almuerzo Jornada Única; y 1.490 en la
Modalidad Internado y Semi-internados, para un consolidado final de 32.897
Cupos”.[62]
8.3. Ministerio de Salud y
Protección Social
Reportó la presencia de prestadores
de servicios de salud en La Guajira, de acuerdo con los datos reportados en el
Registro Especial de Servicios de Salud (REPS), incluyendo el número de IPS y
de ESE, la capacidad instalada de las IPS, y la ubicación geográfica de las
treinta IPS Indígenas registradas en el REPS (Registro Especial de Prestadores
de Salud). Adicionalmente reseñó cinco programas con los cuales interviene el
Ministerio de Salud en La Guajira: Programa de Atención Integral en Salud y
Nutrición con Enfoque Comunitario, Programa para la prevención y reducción de
la anemia nutricional en la primera infancia, Línea nacional de atención a la
desnutrición infantil, Sistema de vigilancia en Salud Pública y Vacunación para
menores de edad.[63]
8.4. Secretarías de Educación y Salud
de Manaure
Reportaron acciones realizadas por
la Secretaría de Salud entre enero y abril de 2016. Respecto de la Secretaría
de Educación, proporcionaron datos sobre recursos del SGP (Sistema General de
Participaciones) y del SGR  (Sistema General de Regalías) que fueron ejecutados
con destino al Programa de Alimentación Escolar (PAE).[64]
9. Impugnaciones
El Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, el Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la
Presidencia de la República, la Superintendencia Nacional de Salud y el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, impugnaron en los mismos términos
ya resumidos en el acápite de las contestaciones. Adicionalmente, la Asociación
de Autoridades Tradicionales Wayúu Shipia Wayúu en calidad de no
recurrente, presentó un escrito de intervención. Afirmaron tener legitimidad
para hacer la solicitud, en calidad de peticionarios ante la CIDH y
representantes de la comunidad beneficiaria de las medidas cautelares.
Transcribieron algunos apartes de un escrito presentado a la Comisión
Interamericana, donde se explica que las acciones realizadas en el marco de la
Alianza por el Agua y la Vida “no les impacta” a las comunidades
indígenas (fl. 2509). Señalaron, por ejemplo, que los miembros de la comunidad
Shipia Wayúu “no cuentan con agua potable, no tienen alimentos y no tienen
acceso al sistema de salud (…)”.[65]
10. Trámite ante la Sala Civil de
la Corte Suprema de Justicia
10.1. Solicitud del Centro de
Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad—Dejusticia y auto de la Magistrada
Ponente
Solicitó copias del expediente y ser
reconocidos como coadyuvantes de las pretensiones del accionante (segunda
instancia, fl. 31). Afirmó tener interés legítimo, debido a que “el asunto
que se debate en el proceso de la referencia, relativo a la crisis de alimentos
y desnutrición en varios municipios del departamento de La Guajira que afecta
de manera grave a varias personas, en especial niños y niñas, pertenecientes al
pueblo Wayúu es un asunto de claro interés público relacionado con nuestro
objeto de trabajo (…)”.[66]
Por auto del 14 de julio de 2016, la Magistrada Ponente, Margarita Cabello
Blanco, reconoció la calidad de coadyuvante de esa organización.[67]
10.2. Coadyuvancia del Centro de
Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad—Dejusticia, el Comité Cívico por la
Dignidad de La Guajira, el Comité de Apoyo a Comunidades Populares-CODACOP y la
Organización Nacional Indígena de Colombia-ONIC
Vivian María Newman Pont, Yazmín
Romero Epiayú, Remedios Uriana y Luis Fernando Arias, actuando en
representación de estas cuatro organizaciones, presentaron coadyuvancia
acompañada por dieciséis autoridades del pueblo Wayúu.[68] Los
coadyuvantes consideraron que los hechos que dieron lugar a la tutela
configuran un estado de cosas inconstitucional. En soporte de este argumento
expusieron en primer lugar la jurisprudencia sobre el estado de cosas
inconstitucional y los parámetros previstos en la Sentencia T-025 de 2004.
Seguidamente explicaron cuatro factores que, a su juicio, inciden en la
vulneración de los derechos fundamentales de los niños y niñas del pueblo
Wayúu. Estos factores son: (a) el problema del hambre en Colombia, (b) la
debilidad institucional del Departamento de La Guajira, (c) la falta de
información sobre el estado de nutrición de los niños y niñas del departamento,
y (d) el impacto ambiental de las industrias extractivas en la región.[69]
11. Fallo de segunda instancia
11.1. En sentencia del 27 de julio
de 2016, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, con
ponencia de la Magistrada Margarita Cabello Blanco, confirmó la decisión de
instancia, pero frente a las órdenes a impartir resolvió lo siguiente:
“PRIMERO: La orden dispuesta en el numeral
segundo (2º) de la parte resolutiva, lo es con destino a la Presidencia de la
República, que será la entidad encargada de coordinar las gestiones y esfuerzos
que se requieran para solventar la crisis humanitaria acaecida en el
departamento de La Guajira, misma que habrá de rendir mensualmente un reporte
de las gestiones adelantadas a la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Riohacha, sin perjuicio de los informes que
se han de remitir a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la
Nación.
SEGUNDO: El lapso otorgado para acatar las
precisas disposiciones aquí impuestas, esto es, que se efectúe por parte de la
Presidencia de la República un organigrama con tiempos razonables y reales,
dando una fijación de plazos claros y detallados para la materialización de
cada uno de los instalamentos que corresponda adoptar en torno a la
satisfacción de las principales áreas de cobertura que son menester, o sea,
desnutrición, salud y falta de acceso al agua potable y salubre de los niños y
niñas Wayúu, será de quince (15) días computados a partir de la data de su
notificación, según aquí se consideró.
TERCERO: En lo demás, el fallo opugnado
permanece incólume.” (segunda instancia, fl. 150 del expediente de revisión)
11.2. La
Corte Suprema de Justicia consideró, en primer lugar, que “[l]as abierta y
ostensiblemente graves circunstancias de desnutrición, mal estado de salud y
falta de acceso al agua potable y salubre en que se encuentran los niños y
niñas pertenecientes a la comunidad indígena Wayúu… son un hecho notorio”,[70] para lo cual citó el análisis realizado por la Defensoría del
Pueblo en el informe “Crisis Humanitaria en La Guajira 2014”. La Corte señaló como vulnerados los derechos de los niños y niñas
wayúu a la vida y a la salud y descartó los argumentos de algunas entidades
demandadas en cuanto a la falta de legitimación por activa. Sin embargo, consideró
necesario modificar el fallo de primera instancia y “determinar que la orden
impartida en punto del Presidente de la República habrá de direccionarse en
cabeza del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República”.[71]
II. ACTUACIONES ADELANTADAS EN
SEDE DE REVISIÓN
1. El Magistrado Sustanciador
profirió un auto de pruebas el 2 de noviembre de 2016, en el cual ofició a
ochenta y nueve (89) entidades públicas y organizaciones privadas para
solicitar información y conceptos técnicos. Así mismo, por intermedio del
Ministerio del Interior, solicitó conceptos a las distintas asociaciones de
autoridades tradicionales wayúu. En respuesta al auto de pruebas se recibieron 2903
folios y once (11) CDs. En cumplimiento del auto de
traslado de las pruebas, proferido el 2 de noviembre de 2016, 38 entidades
emitieron conceptos con destino a la Corte Constitucional.
3. Por otra parte, la Sala de
Revisión realizó una serie de inspecciones judiciales y audiencias públicas en
el Departamento de La Guajira. El 20 de febrero de 2017 las diligencias se
realizaron en los corregimientos de Puerto Estrella, Nazareth y Tawaira, en el municipio
de Uribia, y estuvieron a cargo de los magistrados Aquiles Arrieta Gómez y
Alberto Rojas Ríos, con el acompañamiento del magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio. Las diligencias del 21 y 22 de febrero, en los municipios de Uribia,
Manaure y Riohacha, las realizaron los funcionarios del despacho del Magistrado
Sustanciador.[72] En las diligencias
judiciales en La Guajira se recibieron aproximadamente 5710 folios y se
grabaron 12 horas y 27 minutos en video y audio, de los cuales se corrió
traslado oportunamente a las partes e intervinientes.
4. Para
facilitar la lectura de esta decisión, las actividades en el procedimiento de
revisión se relatan de manera detallada en el Anexo II a la presente sentencia.
III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL
1. Competencia de la Corte
Constitucional
La Sala Séptima de Revisión de
Tutelas de la Corte Constitucional es competente, de conformidad con los
artículos 86 y 241 de la Constitución, y con el Decreto 2591 de 1991, para
revisar el fallo de tutela adoptado en el proceso de esta referencia.
2. Presentación del caso
2.1. El señor Rodríguez Beltrán,
actuando como agente oficioso,[73] presentó a las autoridades judiciales la situación de desnutrición
de los niños y las niñas del pueblo Wayúu, la cual es causa de muertes en el
Departamento de La Guajira, y solicitó la adopción de acciones urgentes y
prioritarias para dar cumplimiento a las medidas cautelares dictadas por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Resolución 60/15.
2.2. La Defensoría del Pueblo y la
Procuraduría General de la Nación apoyaron los argumentos y las pretensiones
del accionante. La Procuraduría General de la Nación además coadyuvó la acción
de tutela. En el trámite de la segunda instancia, la Asociación de Autoridades Tradicionales
Wayúu Shipia Wayúu, el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y
Sociedad—Dejusticia, el Comité Cívico por la Dignidad de La Guajira, el Comité
de Apoyo a Comunidades Populares-CODACOP y la Organización Nacional Indígena de
Colombia-ONIC, junto con dieciséis autoridades wayúu, también coadyuvaron la
acción de tutela.
2.3. Las entidades accionadas
respondieron que el accionante no tenía legitimidad por activa para promover la
acción de tutela como agente oficioso, que la entidad respectiva no tenía
competencia para adoptar acciones respecto de la situación de desnutrición de
los niños y niñas del pueblo Wayúu, o que las acciones adoptadas ya eran
respuesta suficiente y servían como fundamento para negar la tutela presentada.
2.4. El Tribunal Superior de
Riohacha concedió la acción de tutela y ordenó al Presidente de la República
poner en marcha un plan de acción para asegurar salud, agua y alimentación a
los niños y niñas wayúu, así como un sistema de información que permitiera a
todas las entidades y participantes del Sistema General de Seguridad Social en
Salud conocer la situación de salud de los miembros de las comunidades wayúu.
La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia confirmó este fallo, modificando
algunos componentes específicos de su parte resolutiva.
3. Procedibilidad de la acción de
tutela
3.1. El señor Rodríguez Beltrán dijo
actuar como agente oficioso.[74] Algunas entidades
accionadas señalaron que el accionante no tenía legitimidad para actuar como
agente oficioso. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
señaló que éste “ni siquiera reside en el Departamento de La Guajira y la
acción fue radicada inicialmente en la ciudad de Bogotá”,[75]
para resaltar la aparente falta de interés jurídico del accionante en los
derechos fundamentales de los niños y niñas del pueblo Wayúu. La Presidencia de
la República también sostuvo que “el demandante invoca la protección de los
derechos fundamentales presuntamente vulnerados de los niños Wayúu, pero es
claro que no tiene capacidad jurídica para representarlos, ni se cumplen con
los presupuestos constitucionales, legales y jurisprudenciales para aceptar su
agencia oficiosa”.[76]
3.1.1. La agencia oficiosa para la
acción de tutela se encuentra regulada en el artículo 10 del Decreto 2591 de
1991, el cual permite “agenciar derechos ajenos cuando el titular de los
mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa”. Teniendo en
cuenta esta norma, la Corte ha dicho que “en materia de tutela, no se pueden
agenciar derechos ajenos, cuando no se comprueba la imposibilidad del titular
de los mismos para ejercer su propia defensa bajo el entendido de que solo este
puede disponer de sus derechos y propender su protección a través del amparo”.[77]
Estos requisitos se han concebido para evitar “que se tome o aproveche el nombre de otro, sin ninguna clase de
advertencias, para provocar decisiones judiciales con intereses reales
distintos o contra la voluntad del verdadero titular de los derechos que se
invocan”.[78]
3.1.2. Sin embargo, tratándose de niños y niñas, la Corte también
ha advertido que los requisitos de la agencia oficiosa se flexibilizan. Ha
señalado que “cuando se agencian los derechos fundamentales de menores de
edad, la Constitución impone objetivamente la necesidad de su defensa, y por
tanto no interesa realmente una especial calificación del sujeto que promueve
la solicitud de amparo”,[79] razón por la cual
ha concluido que “cualquier persona puede exigir de la autoridad competente,
la garantía de sus derechos fundamentales, sin requisitos adicionales”.[80] Esta regla se ha aplicado
incluso en los casos en que se solicita la protección de los derechos de un
número múltiple de niños y niñas que no han sido individualizados, como el caso
en que se permitió la actuación de un funcionario del Ministerio Público como
agente oficioso de todos los niños y niñas de Bogotá que usaban el sistema de
transporte masivo de la ciudad.[81]
3.1.3. La posibilidad de interponer la tutela como agente oficioso
de un grupo de niños y niñas puede ponerse en duda si en el caso concreto es
posible que el derecho sea protegido de varias formas y no es claro que todos
los niños y niñas prefieran exactamente la misma forma de protección.[82] Sin embargo, cuando la protección
solicitada es “claramente beneficiosa”, es posible agenciar los derechos
ajenos en tutela, aun de un grupo de niños y niñas indeterminados pero
determinables.[83]
3.1.4. Teniendo en cuenta estos
precedentes, la Corte considera que el accionante puede actuar como agente
oficioso en este caso, debido a que los titulares de los derechos agenciados
son personas menores de edad y la protección que solicita a favor de los niños
y niñas del pueblo Wayúu es claramente beneficiosa para ellos.[84]
3.2. Por otra parte, varias
entidades solicitaron su desvinculación de la acción de tutela, manifestando no
tener competencia para actuar en este caso. Esto sería cierto si la tutela
hubiera sido presentada en relación con un sujeto específico y solicitando una
prestación concreta, por ejemplo, alegando una omisión o demora en entrega de
complementos nutricionales por el ICBF. Es obvio que, en tal caso, corresponde
a una sola entidad otorgar la prestación solicitada. Pero en este caso, en que
se ha solicitado la adopción de medidas estructurales y coordinadas entre las
distintas entidades, para determinar la legitimidad por pasiva de la acción no
solo deben revisarse las prestaciones específicas sino las competencias de las
entidades para atacar las causas estructurales de una situación de vulneración
de derechos fundamentales. Las entidades demandadas, en uno u otro grado (bien
por estar fallando en sus obligaciones o por tener obligaciones legales) tienen
relación con la situación estructural que, según el demandante, afecta a todo
niño o niña del pueblo Wayúu.
3.3. Cabe señalar que en este caso
la tutela es procedente, sin importar que haya dimensiones colectivas de los
derechos invocados, que pueden ser objeto de protección mediante una acción
popular. Como lo ha dicho la Cote “[un] derecho individual no se
convierte en colectivo por el sólo hecho de haber sido exigido simultáneamente
con el de otras personas.”[85] En este caso se
alegan vulneraciones a derechos fundamentales individuales, que han ocurrido de
manera generalizada y afectan simultáneamente a todos los niños y niñas del
pueblo Wayúu. La Corte considera que la acción popular no sería idónea, pues
solamente podría proteger los derechos colectivos como el medio ambiente o la
salubridad, pero no el acceso al agua, la alimentación, ni la salud, que son el
aspecto central de este caso.[86] En otros casos relativos
a la idoneidad de medios judiciales alternativos, la Corte ha sostenido que
para que un recurso sea idóneo, la protección del derecho fundamental
presuntamente vulnerado debe ser el “objeto directo” de ese medio
judicial.[87]  Por los anteriores
motivos considera la Corte que se cumple el requisito de subsidiariedad.
3.4. Los derechos que se alegan
vulnerados (a la salud, al agua y a la alimentación) son justiciables vía la
acción de tutela en razón a que se está desconociendo su carácter fundamental.
Como lo ha sostenido la jurisprudencia de la Corte, los derechos económicos,
sociales y culturales contienen facetas prestacionales y de cumplimiento
inmediato, como lo es la existencia de un plan que garantice el goce efectivo
de estos derechos. Toda faceta programática de un derecho, bien sea de
libertad, procesal o social, por ejemplo, requiere al menos de un programa que
conlleve a su goce efectivo:
“Las facetas prestacionales de los derechos
fundamentales de aplicación progresiva suponen, al menos, un contenido básico
exigible judicialmente, no sometido a debate en una democracia, a saber: el
derecho constitucional a que exista un plan escrito, público, orientado a
garantizar progresiva y sosteniblemente el goce efectivo del derecho, sin
discriminación y con espacios de participación en sus diferentes etapas que, en
efecto, se estén implementando. Cuando el juez de tutela constata que una
política pública desconoce abiertamente alguno o varios de estos parámetros
mínimos, estará ante una violación a la Constitución Política.”[88]
3.5. Por último, la Sala advierte
que de manera posterior a que se produjera el fallo de la Sala Civil de la
Corte Suprema de Justicia, la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional
profirió la sentencia T-466 de 2016,[89] en la cual se analizaron
y tutelaron los derechos a la salud y la alimentación adecuada de los niños y
niñas del pueblo Wayúu, por hechos acaecidos con anterioridad a los que se
analizan en el presente caso. Al igual que ocurre en casos de violaciones
masivas de derechos (las violaciones de derechos a la salud, los derechos de
personas privadas de la libertad, los casos de personas víctimas del
desplazamiento), corresponde a esta Sala de Revisión tener en cuenta esta
decisión previa, así como la posibilidad de que esta situación generalizada dé
lugar a más decisiones judiciales emparentadas con estos hechos alegados. Por
supuesto, se resalta, no se configura una actuación temeraria por parte del accionante
por cuanto no había presentado otra acción de tutela previa en tal sentido. De
hecho, la acción resuelta en aquella ocasión se ocupó de estudiar problemas
jurídicos relacionados, pero diferentes. La acción de la referencia hace una
aproximación distinta puesto que tiene en cuenta hechos y acontecimientos
adicionales que no fueron considerados, analizados ni estudiados previamente en
sede judicial. Adicionalmente, se plantea la cuestión de si las políticas
existentes afectan el respeto al carácter multicultural y pluriétnico. Se trata
pues, de valorar hechos nuevos que agravan la situación de los derechos de los
sujetos de especial protección invocados (los niños y las niñas de La Guajira)
y de una nueva perspectiva de análisis.
4. Problema jurídico y estructura
de la decisión
Vistos los diversos y complejos
hechos en los que se enmarca la acción de tutela que se revisa, corresponde a
esta Sala resolver, en término básicos, un complejo problema jurídico, que tiene dos dimensiones: ¿Se vulneran los derechos fundamentales al
desarrollo armónico e integral de las personas menores de edad, al agua, a la
salud y a la alimentación de los niños y niñas del pueblo Wayúu, debido a que  (i) la actuación de las autoridades
estatales es insuficiente para resolver la situación generalizada de desnutrición
y muertes en la Guajira y (ii) con ocasión de la omisión de las autoridades
estatales en formular  e implementar programas que atiendan a la realidad de
las comunidades destinatarias y que tengan en cuenta los usos y costumbres que
los circunscriben?
Para resolver el problema jurídico,
la Sala en primer lugar hará una descripción de la situación (apartado 5),
luego valorará específicamente las vulneraciones de los derechos fundamentales
de los niños y niñas wayúu (apartado 6). Seguidamente analizará las acciones
realizadas por las entidades estatales para resolver la situación (apartado 7)
y las valorará a la luz de los parámetros constitucionales mínimos de las
políticas públicas (apartado 8). Finalmente, resolverá
el problema y determinará las órdenes y remedios a adoptar en el presente caso (apartado
9).
5. Descripción general de la
situación
5.1. Contexto
5.1.1. El
departamento de La Guajira tiene una superficie de 20.848 , lo que
representa el 1.8% del territorio nacional. Es una región situada entre el
extremo nororiental de Colombia y el extremo noroccidental de Venezuela.[90]
Su territorio está conformado por 15 municipios: Riohacha, Maicao, Uribia,
Manaure, El Molino, La Jagua del Pilar, Albania, San Juan del Cesar, Urumita,
Villanueva, Barrancas, Hatonuevo, Fonseca, Dibulla y Distracción. Dentro de su espacio
territorial se identifican 3 parques naturales, 44 corregimientos y numerosos
caseríos de población indígena denominados Rancherías,[91]
dispersas por el territorio predominantemente desértico y de selva seca.[92]
5.1.2. La
Guajira no es un departamento homogéneo. Se reconocen tres grandes áreas entre
las cuales existen profundas diferencias: La Baja Guajira, la Media Guajira y
la Alta Guajira. La Baja Guajira es la más cercana a las estribaciones de la
Sierra Nevada de Santa Marta, tiene condiciones físicas y económicas similares
a toda la sabana vallenata, es más urbanizada y comparte su cultura con el
Departamento del Cesar; allí se encuentran los municipios de la Jagua del
Pilar, Urumita, Villa Nueva, El Molino, San Juan del Cesar, Fonseca y
Distracción. La Media Guajira incluye los municipios de Dibulla, Riohacha,
Hatonuevo, Albania y Barrancas, tiene población con mayor capacidad económica,
dotaciones urbanas mejores y recursos e instituciones estatales. La Alta
Guajira es el área más amplia, desértica, con la presencia mayoritaria de la
etnia Wayúu (95%) e incluye los municipios de Maicao, Manaure y Uribia.[93]
5.1.3. Conforme
a la proyección poblacional realizada por el DANE en el 2005, puede estimarse
que la población total del departamento de La Guajira en 2015 es de 957.797
habitantes, de los cuales 44.9% es población indígena. Además, el 55 % de la
población vive en zonas urbanas y el 45% en zona rural.[94]
5.1.4. El departamento de La Guajira
es el territorio que alberga la mayor cantidad de población indígena de
Colombia, alcanzando un 20% de la población del territorio nacional. Tres
municipios de La Guajira tienen una concentración altísima de población
indígena, estos son: Uribia con un 95,9%, Manaure con un 88,2% y Maicao con un
40,1%.[95] Cabe precisar que en el
Plan Departamental de Desarrollo de la Gobernación de La Guajira[96]
se señala que en la identificación de puntos poblados dispersos en toda la zona
rural, los principales municipios con mayor cantidad de puntos poblados
dispersos, son los municipios de Uribia (con 22.037 puntos poblados), Manaure (con
7.743), Riohacha (con 5.937) y en Maicao (con 5.135).
5.1.5. El pueblo Wayúu está dividido
en clanes matrilineales. Se identifican como miembros de agrupaciones de
parientes uterinos asociados a un determinado territorio y su sistema de
parentesco, constituyéndose en el modo principal de ordenamiento de su vida
social.[97] Se encuentra organizado
en cerca de 22 clanes a los cuales se pertenece por línea materna. Entre los
más numerosos se pueden mencionar Epieyuu, Uliana, Iipuana,
Pushaina, Epinayuu, Apüshana, Jusayuu, Siijona,
Jayaliyuu.[98] En la zona de la Alta
Guajira se encuentran algunos clanes que son comunes localmente, como los Pausayuu
y los Walepushana. Su asentamiento tradicional son las rancherías, a las
cuales se les asigna un nombre geográfico, de una planta, de un animal o con el
apellido transmitido por línea matriarcal (como por ejemplo la tierra de los Ipuana).[99]
Sus asentamientos se encuentran bastante dispersos unos de otros y cada
agrupación está determinada por parientes uterinos.[100]
Sus principales fuentes de subsistencia y alimentación son la pesca, la
agricultura y la cría de ganado. Esta última actividad es la principal, pues
con los chivos, burros y vacas, las comunidades tienen un alimento, una fuente
de ingreso, y en algunos casos, una forma de transporte para el agua.[101]
El pueblo Wayúu ha dependido siempre del ciclo ecológico, ante sequías muy
largas deben cambiar sus asentamientos, y una vez llegan las lluvias pueden
volver a sus actividades de agricultura tradicional.[102]
5.1.6. Según el concepto del ICANH
en el proceso de la referencia, el pueblo Wayúu presenta una fuerte jerarquización
social y sistemas de prestigio que derivan de su actividad socioeconómica
principal que es el pastoreo. La organización social y política del pueblo Wayúu
encuentra su fundamento en los clanes de tipo matrilineal, cuyo núcleo lo
constituyen la madre, el padre y los hijos. Las personas que comparten el
vínculo de carne y sangre de la madre, son los parientes uterinos. Con el padre
y los tíos paternos se comparten la misma sangre, más no la misma carne.[103]
En los grupos familiares existe una ausencia de colectividad o de organización
corporativa.[104] Sin embargo, es posible
identificar un varón mayor que se encarga de organizar equipos de trabajo para
las distintas tareas de la familia, como el pastoreo o la caza, “[empero],
la esfera de influencia política o el grado de autonomía para la toma de
decisiones que conciernen a aspectos vitales de un matrilinaje Wayúu, o de un
grupo de parientes uterinos, puede ser distinto entre los distintos jefes que
se encuentran a cargo en los diferentes asentamientos del grupo familiar”.[105]
Las mujeres demuestran un gran respeto por sus parientes uterinos y tienen una
importante influencia en las decisiones de los hombres, especialmente las de
mayor edad, quienes se consideran sabias y sensatas para la familia.[106]
Igualmente, existen tensiones entre clanes que se caracterizan por las redes
matrimoniales y genealógicas basadas en el matrilinaje o afines. Las disputas
más frecuentes se encuentran asociadas a la competencia por el control
territorial, los procesos de jerarquización política y el desconocimiento de
normas sociales, como el hurto del ganado y el homicidio.[107]
De allí viene la importancia de los palabreros o putchipüu, altas
autoridades morales, quienes gozan de autoridad por su saber ancestral y el
manejo de su palabra y cumplen como mediadores de los conflictos entre clanes.[108]
5.1.7. En relación concreta con los
procesos de jerarquización social y política, como causal frecuente de disputas
entre clanes del pueblo Wayúu, pueden verse como determinantes las mismas
dinámicas sociopolíticas occidentales de las sociedades colombiana y
venezolana, el narcotráfico y contrabando que se ha establecido durante años en
la península, entre otros factores externos, que han generado rupturas y
tensiones en el pueblo Wayúu:
“Adicionalmente, los procesos de proyección
política de las sociedades nacionales colombiana y venezolana hacia el
territorio guajiro, la aparición de fenómenos como el narcotráfico, la
participación en el contrabando, la consecuente urbanización de numerosos
grupos familiares indígenas y con ello la importancia creciente de las
actividades económicas de tipo occidental, se proyectan en el escenario social
y económico de la península promoviendo el surgimiento de nuevos modelos de
riqueza basados en actividades y estimulando procesos de jerarquización social
dentro de la comunidad Wayúu. Así, un clima favorable para la aparición de
nuevas disputas es propiciado desde la propia sociedad nacional a través de los
intereses de dirigentes políticos, funcionarios o comerciantes, quienes buscan
identificar y vincularse con los “caciques” o jefes tradicionales despóticos
cuyo poder pueda arrastrar un gran número de seguidores. Este interlocutor
único -idealizado en la mentalidad de la población no indígena como un ser
poderoso y autoritario- poco tiene que ver con los consensuales jefes
tradicionales Wayúu, pero éste tratará de satisfacer el estereotipo occidental
si de ello se desprenden ventajas políticas o económicas (Saler, 1988:116).
Para lograrlo puede desconocer, e incluso enfrentar a sus propios parientes o a
otros grupos familiares con prestigio y precedencia dentro de un determinado
territorio. // Son frecuentes también las querellas originadas por el
antagonismo que suele darse entre “líderes” innovadores y jefes tradicionales.
Los primeros, usualmente bilingües y habitualmente reconocidos como interlocutores
por varios miembros de la sociedad nacional, son impulsores de los procesos de
cambio social […] Los segundos, ordinariamente monolingües, gozan de un gran
prestigio en la etnia wayuu y tienen dentro de ella la mayor parte de sus
aliados y seguidores. La sana convivencia de ambas figuras en la misma patria Wayúu
(woumainpa’a) se mantendrá si los primeros consultan a los segundos, es decir,
si sus actuaciones son legitimadas por el poder político tradicional. Cuando la
autoridad tradicional es socavada por las actuaciones de los corredores, pueden
presentarse situaciones de enfrentamiento; en estos casos, ambos reclutarían
partidarios entre sus parientes uterinos más cercanos.”[109]
5.1.8. Estas dinámicas en la
organización social y política deben ser previstas por los órganos del Estado
para mitigar y evitar las posibles disputas que puedan generarse entre clanes
que hagan imposible la ejecución de programas que garanticen el goce efectivo
de derechos fundamentales. Cabe además precisar que el pueblo Wayúu cuenta con
un lenguaje autónomo, cuyos ancestros y autoridades más ancianas reservan y
enseñan a los más jóvenes. El wayuunaiki (lengua wayúu) es el idioma más
vital dentro de las lenguas indígenas de Colombia y Venezuela. En zonas de
frontera con otros pueblos indígenas, algunos wayúu hablan lenguas de la Sierra
Nevada de Santa Marta y el añuuniki.
5.1.9. Para las familias del pueblo
Wayúu los niños ocupan un lugar especial. A partir de su concepción tienen el
derecho a recibir cuidados espirituales y medicinales y merecen la atención
exclusiva de la madre en los primeros años de vida. Posteriormente, los padres
y abuelos acompañan su crecimiento y les explican las labores del hogar como
hombres y mujeres. La alimentación es un derecho fundamental para los niños y
niñas wayúu, y en ese sentido, se garantiza la alimentación materna y la
alimentación complementaria de acuerdo a la dieta wayuu. Desde muy temprana
edad se les inculca la educación de conocimientos ancestrales de sus
antepasados y de la autoridad tradicional respectiva. La garantía de los
derechos fundamentales de los niños y niñas wayúu está a cargo de las familias
del padre (oupayu) y de la madre (E’rukuku).[110]
En el mismo sentido, existen “representaciones cognitivas colectivas del
pueblo Wayúu, es decir, culturales, con relación directa a la protección de los
niños y niñas wayúu: representaciones culturales Wayúu que se traducen en
prácticas que pueden contribuir a solucionar y mitigar la situación demandada,
son por ejemplo: el sistema de parentesco matrilineal donde el tío materno
tiene el deber de proteger a sus sobrinos. Existe la ayuda mutua, como ‘cuando
hay cosechas vienen a recoger’ y la solución interna para proteger a niños y
niñas que lo requieren como a los huérfanos o enfermos”.[111]
Con base en eso se recomienda que los programas implementados y la atención
externa que se presta se realicen a la luz del contexto cultural específico
para no generar daños culturales.[112]
5.2. Situación actual de los
niños y niñas del pueblo Wayúu
5.2.1. En el año 2016, el Instituto
Nacional de Salud reportó 355 muertes por desnutrición, de las cuales 70
correspondieron a niños en el Departamento de La Guajira.[113]
Para la fecha de la redacción de este fallo, se habían reportado 43 casos
totales en el país, de los cuales seis correspondieron a La Guajira.[114]
En materia de desnutrición, Colombia se ubica dentro de la tendencia de los
países de América Latina y el Caribe,[115] presentando
en 2010 una prevalencia de desnutrición crónica de 13,2% y de desnutrición
global de 3,4%. La Guajira, sin embargo presentó en la misma encuesta índices
de 27,9% y 11,2% respectivamente.[116] La evaluación de estado
nutricional de niños wayúu realizada entre los años 2013 y 2014 por la
Fundación Cerrejón Guajira Indígena arroja resultados más preocupantes: “prevalencia
de desnutrición crónica del orden del 40%, prevalencia de desnutrición global
del orden del 37% y prevalencia de desnutrición aguda del orden del 15% (...)”.[117]
5.2.2. La desnutrición en menores de
cinco años no necesariamente lleva a la muerte, aunque sí aumenta
significativamente el riesgo de muerte,[118] y en todo
caso tiene consecuencias profundas en el desarrollo de la persona. Quien sufre
de desnutrición durante la primera infancia, puede sufrir más adelante
limitaciones cognitivas, afectaciones de salud, y en general una reducción de
oportunidades para su libre desarrollo de la personalidad.[119]
5.2.3. De acuerdo con análisis
estadísticos realizados por el Ministerio de Salud, la mortalidad por
desnutrición se concentra en los quintiles más bajos de pobreza, en los
segmentos de población con menor acceso a fuentes de agua mejorada, con mayores
necesidades básicas insatisfechas y con mayores barreras a los servicios de
salud de la primera infancia.[120] Para el año 2013, y de acuerdo con datos de esa misma entidad, la
tasa de mortalidad asociada a desnutrición en menores de 5 años en La Guajira fue
de 32,54 por cada 1.000 niños, mientras que el promedio nacional fue de 6,76.[121]
5.2.4. Tratándose de comunidades
indígenas, observa la Corte que al parecer hay una mayor probabilidad de que la
desnutrición aguda antes de los cinco años lleve a la muerte. Según la
vigilancia epidemiológica del Instituto Nacional en Salud para el año 2016, el
26,2% de los casos notificados de desnutrición aguda en menores de cinco años
correspondió a indígenas, mientras que en el 70% se registró como pertenencia
étnica, “otro”.[122]  Sin embargo, esta
relación se reversa en cuanto a muertes por desnutrición. En el mismo año y
según la misma entidad, el 54,6% de los casos notificados de mortalidad en
menores de cinco años con desnutrición correspondió a niños indígenas.[123]
Los datos de mortalidad pueden ser aún mayores para La Guajira teniendo en
cuenta que, según la Defensoría del Pueblo, existe un “altísimo subregistro
de la información reportada al SIVIGILA”.[124]
5.2.5. Según el ejercicio de
microfocalización contratado por el ICBF y aportado al proceso en sede de
revisión, el porcentaje de desnutrición aguda en las comunidades wayúu
encuestadas (2.6%) fue tres veces mayor que la prevalencia nacional registrada
en la Encuesta Nacional de Situación Nutricional de 2010 (0.9%).[125]
De manera similar, el porcentaje de desnutrición crónica (51.8%) fue cuatro
veces mayor a la prevalencia nacional (13.2%).[126]
5.2.6. Las estadísticas confirman
una verdad conocida desde hace varios años por los órganos de control,
instituciones internacionales y organismos de la sociedad civil. Los niños y
niñas wayúu todos los meses mueren de hambre. Es una situación que tiene
múltiples causas y que a la vez debe ser atendida en al menos tres frentes o
ejes temáticos: alimentación, agua y salud. Esta división temática, acogida por
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sus medidas cautelares,[127]
también se refleja en los planes del Gobierno Nacional formulados en respuesta
a las distintas órdenes judiciales. La Corte acoge esta división temática
exclusivamente para efectos de análisis de la situación, pero resalta que todas
las acciones del Estado están interconectadas y son interdependientes. Esta
división temática no debe impedir el concurso de otros sectores administrativos
que no se relacionan de manera inmediata con estos ejes, como puede ser el sector
transporte para aumentar el número de vías secundarias y terciarias en la Alta
Guajira,[128] el sector educación
para mejorar las oportunidades educativas para los niños wayúu o las
autoridades ambientales que deben vigilar el ejercicio adecuado de las distintas
actividades extractivas para evitar la depleción de los recursos naturales
vitales para la seguridad alimentaria.
5.2.7. En los tres ejes descritos,
la situación actual sigue siendo crítica, y han seguido ocurriendo nuevos
hechos. Fundamentalmente, han ocurrido nuevas vulneraciones absolutas y
definitivas del derecho a la vida de niños y niñas, a pesar (i) de las
distintas órdenes que han proferido la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, (ii) de los
distintos planes, programas, iniciativas, alianzas y acciones del Gobierno
Nacional, (iii) de la acción constante de los órganos de control y de la
Superintendencia Nacional de Salud para llamar la atención sobre las
irregularidades que dan lugar a desnutrición y en últimas a la muerte de niños,
y (iv) a pesar de los recursos presupuestales asignados para la atención de los
niños wayúu y a pesar de la movilización de las comunidades y de la sociedad
civil para superar esta situación.
5.2.8. La situación de hambre entre
los niños y niñas del pueblo Wayúu tiene distintas causas, algunas naturales,
otras atribuibles al Estado, otras a las propias comunidades indígenas e,
incluso, otras al gobierno del vecino país de Venezuela cuyos cierres de frontera
han afectado gravemente a las comunidades wayúu que son binacionales y que,
dependiendo de su ubicación en el Departamento de La Guajira, se abastecen
principalmente de los mercados venezolanos. Según Oxfam, que aportó a este
proceso el Mapeo de la situación de los medios de vida y la seguridad
alimentaria de familias vulnerables en la Alta Guajira,[129] el principal determinante de esta crisis “ha
sido el giro forzoso que la población ha tenido que enfrentar, pasando de
abastecerse con productos venezolanos híper-devaluados, subsidiados y de fácil
acceso físico, a abastecerse de productos en Colombia, cuyo acceso físico es
difícil por la precariedad de las vías de comunicación”.[130] En esto coincide el Programa Mundial de Alimentos de
las Naciones Unidas, que cita como una de las causas de la situación, la crisis
en la frontera con Venezuela, lo cual disminuyó las remesas desde Venezuela,
aumentó de manera exorbitante los precios de alimentos y disminuyó la
disponibilidad de alimentos en los municipios de frontera.[131]
5.2.9.
Las temporadas secas y otros fenómenos climáticos, producto del cambio
climático global ocasionado por los seres humanos, han ocasionado cambios abruptos en los hábitos de autosostenimiento de los wayúu.[132] De acuerdo con el mismo informe de Oxfam, en la Alta
Guajira se observan tendencias de desertificación, depredación del bosque
nativo, aumento del nivel del mar, salinización de pozos y disminución de la
fauna marina.[133] El Instituto Colombiano de Antropología e
Historia-ICANH, coincide en este diagnóstico y sostiene que el cambio climático
ha contribuido al debilitamiento progresivo de la práctica del pastoreo y de
los hábitos de autosuficiencia alimentaria del pueblo Wayúu.[134] De igual forma, el Sistema de Fundaciones Cerrejón
observa un “profundo y sistemático
desgarramiento de los modelos tradicionales de organización social”, el cual ha desencadenado en el deterioro
del sistema productivo tradicional de los Wayúu y “dentro de éste el sistema alimentario y culinario permanece en el
umbral de la desaparición”.[135] Agrega
el antropólogo Weildler Guerra que la urbanización y otros cambios sociales
están causando un cambio de hábitos alimenticios que “en algunos
grupos implica la pérdida de conocimientos y prácticas importantes para
mantener un sistema alimentario tradicional”.[136]
5.2.10.
Aunado a causas estructurales o ajenas a la voluntad de los gobiernos, en La
Guajira se observan patrones de discriminación y desconocimiento de los
derechos de las comunidades wayúu. La
Corte Constitucional con anterioridad ha amparado los derechos de estas
comunidades indígenas, cuyos derechos como etnias diferenciadas han sido
desconocidos por las entidades territoriales.[137] De acuerdo con el ICANH, la etnia Wayúu a
lo largo de los años ha sido desplazada de las zonas más aptas para la
agricultura en la Baja Guajira y en el Departamento del Cesar, de forma que
gran parte de este pueblo debe subsistir en las zonas desérticas de la Alta Guajira: “[se] trata de un despojo estructural cuya deuda resultaría incalculable…”.[138] Según la misma entidad, la
polirresidencialidad y el uso del sistema de jagüeyes para la provisión de agua
son algunos de los mecanismos con los cuales el pueblo Wayúu ha “persistido tenazmente en mantener un relativo control territorial de
su economía tradicional en la media y alta Guajira […]”.[139]
5.2.11. A pesar de lo anterior,
algunas autoridades y sectores de la opinión pública atribuyen la crisis casi
exclusivamente a las “extrañas creencias y costumbres” de los Wayúu.[140] Incluso dentro
de este proceso de tutela se encuentran algunas alusiones de entidades del
orden nacional que consideran que los distintos programas adelantados serían
más efectivos si no hubiera dichas tradiciones en el pueblo Wayúu.[141] La Corte
considera que dichas apreciaciones, aunque se encuentran amparadas por la
libertad de expresión,[142] se enfocan exclusivamente en una parte del problema y muy
probablemente se derivan, como considera el ICANH, de “un claro prejuicio
étnico-racial que reditúa viejos esquemas discursivos exotizantes y que tienden
a traducir la alteridad étnica en ‘salvajismo’”.[143] La estigmatización es sentida por las propias comunidades. A modo de
ejemplo, la comunidad de Tawaira, en la Zona Norte Extrema de la Alta Guajira,
escribió a la Corte:
“Nos incomoda, nos duele y sentimos mucho que la
institucionalidad colombiana desde la Rama Ejecutiva nos haya sometido a
comportamientos caprichosos, mediáticos y perseguidores de nuestra condición
cultural por el simple hecho de no hacer parte de familias colombianas influyentes
en la Nación colombiana.”[144]
5.2.12. El desconocimiento de las
tradiciones Wayúu no solo ocasiona un “daño cultural”,[145] sino que además resta efectividad a las políticas públicas. Como lo
afirma la antropóloga Esther Sánchez Botero, el programa de alimentos diseñado
en la actualidad ha devastado la economía propia, la autoridad del tío materno
y las redes de solidaridad.[146] La alusión a la cultura y su identidad étnica no es entonces una
excusa para la pobreza basada en el relativismo cultural. Se trata de un
elemento fundamental para la mejor construcción e implementación de la política
pública. El Sistema de Fundaciones Cerrejón también insiste en tener en cuenta
la cultura para el éxito de las intervenciones sociales:
“La cultura es una variable significativa en la
ecuación del desarrollo. Ignorarla es caer en imprecisiones que conducen al
fracaso de los proyectos que se quieran aplicar entre comunidades con sistemas
distintos al nuestro […] Si la cultura es ignorada, salteada, deteriorada, se
inutilizarán importantes capacidades aplicables al desarrollo y se desatarán
poderosas resistencias. Si, por el contrario, se reconoce, explora, valora y
potencia su aporte, puede ser muy relevante puesto que propiciaría círculos
virtuosos con las otras dimensiones del desarrollo”.[147]
5.2.13. En relación con el derecho a
la alimentación de los niños y niñas Wayúu, la cultura Wayúu puede contribuir
decisivamente a la superación de la crisis actual. En el marco de las
audiencias e inspecciones judiciales adelantadas en el Departamento de La
Guajira, la Corte tuvo la oportunidad de informarse sobre los aspectos de la
cultura Wayúu que inciden de manera positiva en los derechos de los niños. Los pütchipü—o
palabreros—de la Zona Norte de la Alta Guajira informaron a la Corte que el
abandono de las costumbres del pueblo Wayúu es lo que ha llevado a la actual
crisis de hambre.[148] La Corte también
destaca la intervención de Matilde López Arpushana durante la audiencia pública
en la ciudad de Riohacha, que dio cuenta de los principios de la ley de origen
Wayúu en relación con el cuidado de los niños y niñas.[149]
5.2.14. La identidad cultural de los
Wayúu no es un obstáculo para la garantía de los derechos de los niños y niñas.
Considerarlo de esa manera refleja una visión simplista y reduccionista del
problema, alimentada por estereotipos y prejuicios étnicos. Por el contrario,
una parte del problema es el desconocimiento de la identidad cultural, de las
instituciones económicas y de los patrones productivos de los wayúu. Algunas de
las políticas que las entidades públicas ponen de presente en este proceso no
han sido diseñadas teniendo en cuenta las características del pueblo Wayúu, y
este desconocimiento ha derivado en la inefectividad de esas políticas. Así,
por ejemplo, los esquemas de afiliación a la seguridad social en salud no han
tenido en cuenta que el parentesco predominante en la cultura wayúu es el
matrilineal, la entrega de complementos nutricionales ha sido señalado de
ignorar las prácticas culinarias del pueblo Wayúu[150]
y la atención médica y nutricional se ha ofrecido principalmente en las zonas
urbanas,[151] llevando a los niños a
lugares apartados de las rancherías, aspecto que resulta culturalmente
ininteligible para los miembros de las comunidades.[152]
5.2.15. Adicionalmente, algunos
programas son asistencialistas y no promueven la autosuficiencia, con lo cual
se están otorgando soluciones de corto alcance, que a mediano y largo plazo
terminan en deteriorar la autonomía económica y política de las comunidades
indígenas.[153] La disrupción de los
hábitos de autosuficiencia y de los patrones productivos de los wayúu es una de
las causas del hambre, y a la vez el hambre es una de las causas de la
destrucción de la cultura Wayúu.
5.2.16. La diversidad cultural en
este caso no es un obstáculo para la garantía de los derechos de los niños,
sino uno de los derechos que deben ser protegidos si se quiere asegurar la
supervivencia continuada de la etnia Wayúu. Además, las prácticas culturales
wayúu han de ser tenidas en cuenta para la solución de la crisis, pues aunque
pueden existir prácticas que estén contribuyendo a esta, también existen otras
que pueden solucionarla.
5.2.17. La Corte considera que la
solución a la crisis de desnutrición de los niños y niñas wayúu requiere que
todas las entidades públicas superen los prejuicios y los estereotipos étnicos.
Es injusto y discriminatorio generalizar sobre toda la población Wayúu para
sostener que “ellos”—refiriéndose a todos los indígenas Wayúu—“no se
dejan ayudar”—como si las facetas prestacionales de los derechos no fueran
obligatorias, sino optativas, cuando se trata de estas comunidades, y como si
las comunidades estuvieran pidiendo “ayudas” o asistencialismo por parte del
Estado, cuando lo cierto es que las comunidades wayúu rechazan las medidas
asistencialistas. Es cierto que existen dificultades en la concertación de los
programas, pero estas dificultades son similares a las que genera una
intervención social en cualquier parte del país. Las dificultades del diálogo y
la concertación son parte del ejercicio ordinario de la función pública, no son
un aspecto extraordinario y particular a la comunidad Wayúu. Hay
particularidades propias de este caso, pero se trata de eso: particularidades
de un problema que se expresa en muchas formas.
5.2.18. En este contexto las
entidades públicas deben hacer todo lo que esté a su alcance para dialogar
efectivamente con los destinatarios de las intervenciones del Estado y para
ofrecer espacios efectivos de participación. Lo difícil que pueda ser esta concertación
no las releva de sus obligaciones, y no convierte los derechos fundamentales en
“ayudas” que el Estado central puede otorgar o no de manera discrecional.
6. Análisis de vulneración de los
derechos
6.1. Derecho fundamental al
desarrollo armónico e integral de toda persona menor de edad
6.1.1. Los niños y niñas del pueblo
Wayúu merecen una protección reforzada por parte de las autoridades públicas
por al menos los siguientes motivos. En primer lugar, porque según el artículo
44 de la Constitución, “[…] el Estado [tiene] la obligación de asistir
y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el
ejercicio pleno de sus derechos […] [l]os derechos de los niños prevalecen
sobre los derechos de los demás”.
6.1.2. Sobre el principio de
desarrollo armónico e integral, la Corte ha establecido que la protección
integral y el interés superior de las personas menores de edad, son
consecuencias jurídicas de su calidad como sujetos de especial protección
constitucional. En palabras de la Corte, tal reconocimiento “[…] significa
que la satisfacción de sus derechos e intereses, debe constituir el objetivo
primario de toda actuación (oficial o privada) que les concierna”.[154] La
jurisprudencia de la Corte ha sostenido que el desarrollo armónico e integral
consiste en el reconocimiento de una “caracterización jurídica
específica” para el niño, basada en la naturaleza prevalente de sus
intereses y derechos, que impone a la familia, la sociedad y el Estado la
obligación de darle un trato acorde a esa importancia “que lo proteja de
manera especial, que lo guarde de abusos y arbitrariedades y que garantice el
desarrollo normal y sano del menor desde los puntos de vista físico,
psicológico, intelectual y moral y la correcta evolución de su personalidad”.[155] Tanto la
prevalencia de los derechos de los niños y niñas como su desarrollo armónico e
integral “propenden por el cumplimiento de los fines esenciales del Estado,
en consideración al grado de vulnerabilidad del menor y a las condiciones
especiales requeridas para su crecimiento y formación, y tiene el propósito de
garantizar el desarrollo de su personalidad al máximo grado”.[156]
6.1.3. Con base en el mandato
constitucional de garantizar el desarrollo armónico e integral de los niños y
niñas, debe considerarse que los derechos fundamentales al agua, a la salud y a
la alimentación –para este caso-, se interrelacionan inescindiblemente, puesto
que es a través del ejercicio y goce efectivo de los derechos fundamentales que
se logra alcanzar el crecimiento más óptimo de las personas menores de edad.
Por esto, las problemáticas que se presentan en este asunto, evidencian que el
desarrollo armónico e integral de los niños y niñas wayúu se encuentra en
amenaza permanente al no tener acceso a los derechos más esenciales para su
vida diaria.
6.1.4. Este principio de desarrollo
integral se ve reforzado por la prevalencia de los derechos de los niños y
niñas, el cual también tiene importantes efectos jurídicos en este caso. Por un
lado, hace que varios contenidos prestacionales de los derechos sean de
aplicación inmediata, por expreso mandato constitucional.[157]
Entre ellos se encuentra el derecho a una “alimentación equilibrada”,
que como se explicará a continuación, comprende obligaciones de abstención,
prestaciones específicas y garantías de soberanía alimentaria para las
comunidades a las que los niños y niñas pertenecen. Este derecho ha sido
catalogado por la misma jurisprudencia, como uno de aquellos derechos que
provienen de la condición humana del infante.[158]
Por otra parte, sirve como criterio interpretativo para orientar las acciones
de las autoridades, de manera que las distintas decisiones de política pública
deben guiarse por el desarrollo armónico e integral del menor de edad.[159]
6.1.5. La prevalencia de los
derechos de los niños y la obligación de garantizar su desarrollo armónico e
integral, se explican en este caso, por la importancia de las intervenciones
sociales del Estado a favor de la primera infancia. Investigaciones económicas
han demostrado que el desempeño cognitivo, psicosocial, nutricional y de salud
de los niños tiene una fuerte relación con su desarrollo en etapas posteriores
de la vida en aspectos como escolaridad e ingresos.[160]
Además, las políticas de primera infancia son las políticas que generan mayor
retorno de la inversión pública en capital humano.[161]
6.1.6. Las políticas de primera
infancia, y las demás políticas que resultan directa o indirectamente en la
generación de valor público a favor de los niños y las niñas, tienen entonces
una relevancia constitucional indudable. El logro de sus objetivos representa
no solo un resultado favorable para las políticas del Gobierno, sino el
cumplimiento de la obligación constitucional de asegurar a los colombianos del
mañana el esquema más amplio posible de libertades, capacidades y
oportunidades. Por ese motivo deben ser garantizados al mayor nivel posible los
derechos de los niños, y los desconocimientos de sus derechos fundamentales
deben ser prevenidos y estrictamente controlados por la Corte Constitucional,
pues, como ya lo ha dicho este Tribunal, “[d]el niño que hoy es desprovisto
de sus derechos fundamentales no cabe esperar el ser integral y libre del
mañana”.[162]
6.1.7. En segundo lugar, porque
hacen parte del pueblo Wayúu, una etnia indígena que por razón del artículo 7º
de la Constitución debe ser protegida especialmente contra todas las formas de
discriminación y contra las amenazas contra su supervivencia colectiva. El
derecho a la diversidad étnica y cultural no implica únicamente un respeto a
las costumbres o las tradiciones de los pueblos indígenas ni se agota en las
garantías procedimentales para el desarrollo de trámites de consulta previa.
Implica, en su acepción más completa, un derecho a la autodeterminación de los
pueblos indígenas,[163] lo cual incluye
garantías de autogobierno,[164] de libre determinación,[165]
y en relación con este proceso, de perseguir libremente su desarrollo económico
y social y de conservar sus instituciones económicas.[166]
6.1.8. El
derecho a la autodeterminación no solo es desconocido cuando se impide el
desarrollo una práctica ancestral con connotaciones espirituales o cuando se
construye un megaproyecto sin consulta previa. También se vulnera cuando las
políticas del Estado hacia una etnia indígena se construyen sin tener en cuenta
las prácticas e instituciones económicas que han permitido a esa etnia
subsistir durante un largo tiempo y cuya disrupción amenaza la desaparición de
la misma.[167] Esto ocurre con los
Wayúu, quienes debido a la presión de las sequías, los cierres fronterizos y a
la incidencia de las actividades extractivas en el Departamento de La Guajira,
han perdido progresivamente las prácticas productivas que les permitían
asegurar autónomamente la alimentación para los niños, los adultos y los
ancianos.
6.1.9. En tercer lugar, porque en
este caso se encuentran en una situación de debilidad manifiesta, la cual los
hace beneficiarios de protección especial por parte del Estado, según el
artículo 13 de la Constitución. La debilidad manifiesta de los niños indígenas
se hace evidente con el cruce de datos que proporcionó Dejusticia en sus
múltiples intervenciones en este proceso, donde demuestra que “la situación
de muerte por desnutrición en niños y niñas del pueblo Wayúu […] hace parte de
[la] tendencia nacional que golpea con mayor fuerza a los niños y niñas
indígenas y a quienes habitan en zonas rurales”.[168]
Un ejemplo de este impacto desproporcionado se encuentra en la Encuesta
Nacional de Situación Nutricional (ENSIN 2010) en la cual “se observó que en
los niños indígenas que entraron en la muestra, el porcentaje de desnutrición
global fue más del doble que a nivel nacional (7,5% frente a 3,4%)”.[169]
6.1.10. Efectivamente, las brechas
socioeconómicas que el mismo Gobierno Nacional ya ha constatado entre los distintos
territorios del país,[170] son aún más grandes
cuando se trata de los niños de las comunidades indígenas, quienes además de
habitar los departamentos más pobres, habitan por lo general zonas rurales
donde se observa una menor efectividad en las políticas sociales del Estado y
un menor desempeño en los indicadores sociales.
6.1.11. Estos datos hacen evidente
que la situación de los niños y niñas del pueblo Wayúu, aunque es una de las
más graves actualmente en el país, no es una situación única ni tampoco una
ocurrencia insólita o inesperada. Hace parte de una tendencia social en el país
que el Estado tiene el deber de corregir. Los datos también confirman la
necesidad de que esta Corte aplique de manera estricta la protección
constitucional reforzada a favor de sujetos de especial protección como los
niños y niñas del pueblo Wayúu. Esta protección especial incidirá en las
órdenes a dictar por parte de la Corte Constitucional en relación con las
políticas públicas que debe seguir implementando el Estado colombiano para
asegurar el desarrollo armónico e integral, y en consecuencia, el goce efectivo
de los derechos.
6.1.12. El mandato constitucional
sobre la garantía del desarrollo armónico e integral de las personas menores de
edad y su calidad de sujetos de protección especial, al ser niños indígenas,
debe servir para que las autoridades públicas sean especialmente diligentes en
las acciones y los correctivos necesarios en las políticas públicas
relacionadas con la superación de esta situación. El derecho a la igualdad y el
principio de solidaridad exigen que los funcionarios públicos no solo cumplan
sus funciones sino que hagan todo lo que esté a su alcance para resolver la
crisis de hambre en La Guajira. Cada muerte de un niño o una niña wayúu es por
sí sola una tragedia, que debe dar tanta tristeza a la comunidad Wayúu como al
resto de la Nación.
6.2. Interdependencia de los
derechos afectados: acceso al agua, salud, alimentación y participación étnica
6.2.1. Los derechos enunciados en la
Constitución no son una lista dispersa de prestaciones o beneficios. En su
conjunto forman una red de obligaciones a cargo del Estado, de cuyo
cumplimiento depende el logro de la garantía de la dignidad humana.[171] Tanto en la
Constitución de 1991 como en el derecho internacional de los derechos humanos,[172] los derechos se
conciben como interdependientes, de manera que no es posible realizar apenas
una parte de la carta de derechos dejando otra parte sin cumplimiento o
desarrollo:
“sin la satisfacción de unas condiciones mínimas
de existencia, o en términos del artículo primero de la Constitución, sin el
respeto "de la dignidad humana" en cuanto a sus condiciones
materiales de existencia, toda pretensión de efectividad de los derechos
clásicos de libertad e igualdad formal consagrados en el capítulo primero del
título segundo de la Carta, se reducirá a un mero e inocuo formalismo,
irónicamente descrito por Anatole France cuando señalaba que todos los
franceses tenían el mismo derecho de dormir bajo los puentes. Sin la efectividad
de los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos civiles y
políticos son una mascarada. Y a la inversa, sin la efectividad de los derechos
civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y culturales son
insignificantes.”[173]
6.2.2. La situación en el
Departamento de La Guajira es un ejemplo claro de la interdependencia de los
derechos, o dicho de otra forma, del efecto dominó que puede tener el
desconocimiento profundo de uno solo de los derechos fundamentales. En este
caso, como se verá a continuación, hay una violación múltiple de derechos
fundamentales. Por una parte, se ha desconocido el derecho a la salud por las
diversas omisiones de las entidades territoriales, las EPS Indígenas y las IPS
Indígenas. Esta violación del derecho a la salud es causa a la vez de una
violación del derecho a la vida, cuando el resultado de esta serie de
equivocaciones es la muerte de un niño. Pero a esta violación también han
contribuido otros desconocimientos de los derechos fundamentales. Las muertes
ocurren frecuentemente en niños que no han recibido una alimentación adecuada,
por omisión bien sea de sus comunidades o de las entidades estatales que se han
comprometido a entregar alimentos—como las entidades territoriales que operan
el Programa de Alimentación Escolar—o complementos nutricionales—en el caso del
ICBF. También ocurren en comunidades que no tienen acceso al agua, normalmente
como efecto de la sequía, agravada por la falta de provisión de agua en carro
tanques, por la ausencia de mantenimiento a pozos, molinos o jagüeyes y porque
el Estado no ha realizado los proyectos para asegurar un acceso continuo y
sostenible al agua potable. De manera transversal a estos tres aspectos—salud,
agua y alimentación—se encuentran las violaciones de los derechos a la
autodeterminación y a la participación de las comunidades wayúu. La imposición
de programas gubernamentales con desconocimiento de las costumbres, las
tradiciones y las instituciones económicas del pueblo Wayúu no solo configura
un daño cultural violatorio de derechos constitucionalmente reconocidos, sino
que es una de las causas de la inefectividad de las acciones gubernamentales
destinadas a garantizar los derechos de los niños. De manera adicional, estas
acciones se dificultan por la ausencia de infraestructura básica y la baja
penetración del Estado colombiano en la Alta Guajira.
6.2.3. La Corte comparte el criterio
de quienes consideran que ninguna de estas situaciones puede ser descrita como
la causa principal o primigenia de la crisis en el Departamento de La Guajira. Al
parecer, se trata de una serie de círculos viciosos en que cada desconocimiento
de los derechos de los niños y las niñas y de sus comunidades refuerza y ahonda
las vulneraciones de los demás derechos de estas personas, a las que el Estado
y la sociedad deben garantizar un desarrollo armónico. El objetivo que se busca
con esta sentencia es que las instituciones del Estado y las autoridades
indígenas remplacen estos círculos viciosos con una serie de círculos virtuosos,
en los que cada acción y cada esfuerzo positivo redunden en una mayor garantía
de todos los derechos fundamentales. En ese sentido, la Corte debe desestimar
los argumentos que compartimentan las acciones de política pública y las aíslan
del contexto en que se inscriben, con el fin de eximirse de responsabilidad y
de obligaciones en esta crisis estructural, que sin duda supera a las
instituciones puntual y aisladamente consideradas.[174]
La grave situación de los niños y niñas indígenas en La Guajira es multicausal.
Por ese motivo las soluciones requieren del concurso de varios sectores de la
administración y de todos los niveles de gobierno, en la medida que todos
tienen deberes que, conjuntamente, garantizan la disponibilidad o el acceso o
la calidad de las prestaciones que comprenden uno u otro derecho fundamental.[175]
6.3. Derecho al agua
6.3.1. Contenido del derecho al
agua
6.3.1.1.
La Corte desde el principio de su jurisprudencia ha establecido que el derecho
al agua potable es fundamental, porque de él depende la vida misma del ser
humano. En sentencias T-406 de 1992,[176]
T-570 de 1992,[177]
T-578 de 1992,[178]
T-539 de 1993,[179]
entre otras, la Corte dijo:
“El agua constituye fuente de vida y la falta
del servicio atenta directamente con el derecho fundamental a la vida de las
personas. Así pues, el servicio público domiciliario de acueducto y
alcantarillado en tanto que afecte la vida de las personas, la salubridad
pública o la salud, es un derecho constitucional fundamental y como tal ser
objeto de protección a través de la acción de tutela. En este caso el servicio
de acueducto no cumple con la finalidad de satisfacer las necesidades
esenciales de las personas naturales, pues en este caso la conexión o la
habilitación del predio para la construcción posterior de las viviendas
beneficiaría a una persona jurídica para las cuales no constituye derecho
constitucional fundamental.”[180]
En sustento del principio de
dignidad humana, establecido desde el preámbulo de la Carta, las directrices
que rigen un Estado Social y democrático de Derecho, la importancia que se
otorga a los recursos naturales y las obligaciones que se establecen al Estado
para la prestación prevalente del servicio público de agua potable y
saneamiento básico como fines sociales del Estado, el derecho al acceso
continuo y permanente de agua es un pilar fundamental del ordenamiento jurídico
colombiano.[181]
6.3.1.2. El contenido e
interpretación del derecho al agua debe hacerse a la luz de los lineamientos
establecidos por la jurisprudencia constitucional en conjunto con las garantías
establecidas en el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de las
Naciones Unidas a través de la Observación General No. 15 del 2002[182]
que propende porque todas las personas gocen de un mínimo de agua apta para el
consumo, con el cual puedan satisfacer sus necesidades básicas domiciliarias, y
además se prevengan problemas de salud y, en general, sanitarios.[183]
Se dispone el derecho al agua como “el derecho de todos a disponer de agua
suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y
doméstico.”[184]
El fundamento jurídico de éste derecho, además de reposar en varios textos de
tratados internacionales sobre derechos humanos,[185] supone tres
facetas: (i) el derecho a disponer, y a (ii) acceder a cantidades
suficientes de agua, y además, que el mismo sea (iii) de calidad “para los
usos personales y domésticos.”[186]
6.3.1.3. El Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas ha desarrollado el
contenido de cada uno de estos componentes:[187] (a) la
disponibilidad exige que el abastecimiento de agua sea continuo y suficiente
para los usos personales y domésticos, (b) la calidad requiere que el agua sea
salubre y no contenga elementos químicos o residuos tóxicos que amenacen la
salud de las personas, (c) la accesibilidad implica que la población debe
contar con un alcance físico de los servicios e instalaciones del agua. Además,
esta accesibilidad debe ser económica, es decir, los costos y cargos para el
abastecimiento del agua deben ser asequibles, debe observar el principio de no
discriminación y se debe garantizar el acceso a la información sobre el
suministro del agua. Igualmente, mediante la Resolución 64/292, la
Asamblea General de Naciones Unidas, instó a los Estados y organizaciones internacionales
para que proporcionaran los recursos financieros necesarios, mejoraran las
capacidades y la transferencia de tecnología, especialmente en los países en
desarrollo, e intensificaran los esfuerzos para proporcionar agua limpia y
pura, potable, accesible y asequible y saneamiento para todos.
6.3.1.4. El derecho constitucional
al agua, entendido como “el derecho de todos a disponer de agua suficiente,
salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico”,[188]
ha sido protegido por la jurisprudencia constitucional, no sólo desde un ámbito
individual sino también a partir de un enfoque colectivo, pues se trata de un
derecho que está en cabeza de los individuos y de la comunidad. En varias
oportunidades se ha puesto en consideración de esta Corporación casos en los
que han sido comunidades enteras las afectadas por la contaminación o la
ausencia de ese recurso hídrico indispensable para la vida humana. Si bien en
un principio se aplicó la teoría de la conexidad para proteger el derecho al
agua a través de la acción de tutela, a partir del año 2007 se le empezó a
reconocer como un derecho social y autónomo susceptible de protección
constitucional.
6.3.1.5. En una primera etapa la
Corte amparó el derecho al agua a través de la acción de tutela, pero en virtud
de su estrecha relación con el derecho a la vida. En algunas sentencias se estudiaron
tutelas en las que se alegó por parte de los miembros de distintas comunidades
la vulneración a sus derechos fundamentales como consecuencia de la ausencia o
contaminación del agua.[189] Posteriormente, y con
fundamento en la recomendación No. 15 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales en virtud de la cual se reconoció que el
ordenamiento jurídico interno puede ampliar el alcance del derecho al agua al
momento de incorporar los instrumentos internacionales que la desarrollen, la
Corte pasó a considerar el derecho al agua como uno fundamental y autónomo. Así
bien, en sentencia T-270 de 2007,[190] se precisó que: “[…]
el agua potable a la luz del artículo 93 de la Constitución Política de 1991,
en virtud del cual se acoge como criterio de interpretación válido la
recomendación No. 15 del pacto internacional de derechos económicos, sociales y
culturales, debe considerarse como un derecho social autónomo”.[191]
6.3.1.6. La jurisprudencia ha
analizado casos en los que se protegió el derecho fundamental al agua de
distintas comunidades que alegaron su vulneración, por cuenta de la ausencia o
por la contaminación del recurso hídrico.[192] En estas
providencias se ha establecido que el agua potable constituye un derecho
fundamental que hace parte del núcleo esencial del derecho a la vida en
condiciones dignas cuando está destinada al consumo humano.
6.3.1.7. La Corte ha indicado que el
derecho al agua es un derecho constitucional complejo que se encuentra
interrelacionado con los demás derechos fundamentales, precisando en qué casos
procede su protección a través de la acción de tutela y en qué casos no. Dijo
al respecto:
“(i) cuando la entidad encargada de
prestar el servicio adopta la decisión de suspender el servicio de agua, dentro
de las reglas establecidas y con el respeto debido a los derechos fundamentales
de la persona y en especial a su mínimo vital, pues en tal caso no viola un derecho
sino que cumple un deber; (ii) cuando el riesgo de las obras pendientes,
inconclusas o deterioradas constituyen una amenaza que no representa un riesgo
real para los derechos fundamentales de las personas; (iii) cuando se pretenda
reclamaciones de carácter puramente económico, que pueden ser reclamadas por
otros medios de defensa judicial, y no impliquen la afectación de derechos
fundamentales; (iv) cuando no se constata que la calidad del agua a la que se
accede no es adecuada para el consumo humano; (v) cuando una persona está
disfrutando el servicio de agua, por medios ilícitos, reconectándose a la
fuerza, y se encuentra disfrutando del goce efectivo de su derecho al agua, por
ejemplo, pierde la posibilidad de reclamar su protección mediante la acción de
tutela. En este caso la persona no pierde sus derechos, pero sí la posibilidad
de legitimar a posteriori sus actos de hecho mediante el procedimiento
constitucional de la tutela; (vi) cuando una persona pretende acceder por sus
propios medios al agua disponible, pero de una forma irregular, desconociendo
los procedimientos y afectando el acceso de las demás personas de la comunidad
que dependen de la misma fuente de agua; (vii) cuando la afectación a la
salubridad pública, como obstrucción a tuberías de alcantarillado, no afecta el
mínimo vital en dignidad de las personas; en tal caso, se trata de una
afectación que puede ser reclamada judicialmente, pero que no es objeto de
acción de tutela”.[193]
Así la jurisprudencia ha establecido
que la carencia de agua para consumo humano es una situación que pone en riesgo
la vida, la salud y la dignidad de las personas afectadas y, frente a ella, la
acción de tutela es el mecanismo más idóneo y eficaz para su protección.[194]
6.3.1.8. En la sentencia C-220 de
2011[195] la Sala Plena estudió la
constitucionalidad del parágrafo 1° del artículo 43 de la Ley 99 de 1993 “Por
la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales
renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras
disposiciones”.  La relevancia de este precedente radica en que la Corte en
Pleno reconoció que el derecho al agua tiene el carácter de fundamental,
precisando que comparte la naturaleza de derecho individual y derecho
colectivo, pues está en cabeza de los individuos y de la comunidad. Asimismo
desarrolló las obligaciones del Estado como garante de la administración y uso
adecuado del recurso hídrico:
“En resumen, el Estado tiene un papel de garante
de la buena administración del recurso hídrico y de la garantía del derecho al
agua. El desarrollo de este rol es una tarea compleja, razón por la cual la
Constitución obliga a diseñar múltiples estrategias dirigidas a garantizar el
uso racional del agua, las cuales deben ser acompañadas del debido soporte
técnico. Esa obligación se ha concretado en la creación de instituciones
encargas de adoptar políticas ambientales y de buena utilización del agua, y de
seguir, vigilar y controlar el cumplimiento de tales políticas. Esas
instituciones tienen a su disposición múltiples herramientas, entre las que se
destacan las económicas y cuya finalidad no es exclusivamente la obtención de
recursos, sino también incentivar o desincentivar ciertas conductas”.[196]
6.3.1.9. Asimismo, la jurisprudencia
ha catalogado el agua como una necesidad básica, universal, inalterable y
objetiva, pues es: (i) un elemento indisoluble de la existencia humana; (ii)
todos requerimos de este recurso para nuestra subsistencia; (iii) nunca se
logrará hacerla desaparecer, ni tampoco reducirla más allá de los topes
biológicos; (iv) no tiene que ver con la percepción subjetiva del mundo o está
ligado a un concepto indeterminado preestablecido, sino que se instituye como
condición ineludible para cada una de las personas que integran el conglomerado
social, lo cual la erige como una necesidad normativa y por tanto se constituye
el fundamento del derecho fundamental al agua.[197]
6.3.1.10. En la sentencia T-256 de
2015[198] en la que se estudió la protección de este derecho a comunidades en
La Guajira,[199] la Corte reiteró el carácter fundamental del derecho al agua,
identificando sus tres contenidos normativos de derecho fundamental: (i) la
disponibilidad; (ii) la calidad; y (iii) la accesibilidad.  Además, hizo
mención a la crisis humanitaria vivida en La Guajira como consecuencia de la
carencia de agua potable, concluyendo que la situación de abastecimiento de
agua en esa región es crítica debido a la falta de políticas claras que den una
verdadera solución a la problemática. La Sala de Revisión realizó una
inspección judicial en el lugar y constató la falta de acceso a un suministro
de agua en los lugares de reasentamiento por causa de la explotación minera
llevada a cabo por la empresa accionada, dificultándose así, cubrir las
necesidades domésticas de la comunidad y el desarrollo de las labores
agrícolas, de pastoreo y cría de animales, de las cuales ésta había derivado
tradicionalmente su sustento. En aquella oportunidad, la Corte concedió el
amparo constitucional invocado y, entre otras cosas, le ordenó a la alcaldía
municipal correspondiente y a Aguas del Sur de La Guajira S.A. E.S.P. adoptar
las medidas transitorias, adecuadas y necesarias para asegurar un mínimo de
acceso, disponibilidad y calidad de agua potable para los miembros de las
comunidades accionantes, mientras se surtía el proceso de consulta previa. Las
órdenes tendientes a adoptar medidas definitivas a favor de todas las
comunidades indígenas y tribales que habitan en el sur del Departamento de La
Guajira, fueron dirigidas a la Gobernación de La Guajira, al Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
6.3.1.11. Con base en las anteriores
consideraciones, la Sala nota que el derecho fundamental al agua potable es uno
de los ejes temáticos del caso de los niños y niñas de las comunidades wayúu.
Este derecho está intrínsecamente relacionado con los demás derechos que se
alegan vulnerados, como lo son la alimentación y la salud, en tanto el agua
constituye una fuente de vida que permita a las personas mantener niveles de
bienestar mínimos. Esto hace, precisamente, que su protección sea procedente a
través de la acción de tutela y no a través de una acción colectiva o popular,
pues no es la faceta colectiva la que se protege en este asunto. En efecto, es
uno de los casos en los que más claramente se ve la indivisibilidad y la
interdependencia de los derechos fundamentales. No existe duda que sin el
acceso al agua las poblaciones, además de no poder tomar líquido, tampoco
pueden cocinar, y en consecuencia, tampoco subsistir. Debe ser agua con calidad
de consumo, pues sin un alimento seguro, su salud se deteriora a tal punto que
puede llevarlas a la muerte.[200] Así, se ha determinado
que el riesgo de inseguridad alimentaria aumenta en las temporadas secas o de
bajas lluvias, en las que las comunidades no cuentan con fuentes hídricas.[201]
Como se mostrará posteriormente, el contexto de las comunidades wayuú evidencia
lo crucial que es la garantía efectiva del acceso al agua. Son comunidades
étnicas tradicionales en condiciones desérticas, alejadas unas de las otras,
enfrentando fuertes retos ambientales, políticos y sociales, situación que no
les permite soportar ser “los últimos en la fila”.[202]
6.3.2. Situación de
disponibilidad de agua potable
6.3.2.1. Las comunidades wayúu
sufren de manera generalizada una carencia de agua potable. Esta situación tiene
al menos dos causas significativas, (i) el entorno ambiental que ha sufrido
periodos extensos de sequía que secan los pozos naturales y (ii) una omisión de
parte de las autoridades competentes para proveer un servicio sostenible de
suministro de agua potable.
6.3.2.2. La Defensoría del Pueblo
pone de presente las causas de la falta de agua potable que sufren las
comunidades wayúu:
“El fenómeno de aumento de la temperatura media
global de la atmósfera terrestre y de los océanos, ha afectado de manera
desproporcionada a la población indígena wayúu que habita particularmente en la
Alta Guajira (están distribuidos en zonas rurales desérticas, agrupados en
rancherías y en viviendas rústicas las cuales no cuentan con servicios de agua
potable, ni alcantarillado […] la ausencia de lluvias y la sequía de los
jagüeyes agrava los problemas de alimentación […] Si bien la necesidad básica
insatisfecha más apremiante para estas comunidades es la consecución y el
acceso al agua potable, esta situación no responde únicamente al aumento de las
temperaturas y al descenso en las lluvias, pues el Estado desde el nivel
central y desde los entes descentralizados tiene responsabilidad […] ausencia
de políticas públicas claras para el acceso y disfrute de servicio públicos
básicos, acordes a las realidades territoriales de estas comunidades”[203]
En el mismo sentido, la Defensoría
del Pueblo estableció la necesidad de implementar medidas de contingencia para
la provisión de agua como “pozos profundos y rehabilitación de jagüeyes
reservorios existentes”. Sin duda la seguridad alimentaria de las
comunidades depende esencialmente del acceso al agua, pues es con ella que se
puede hacer pastoreo y cultivos de pancoger, actividades que constituyen el
sustento básico. La afectación de sus fuentes de alimentación por falta de agua
también la registró Oxfam en su informe, organización que expresó que “la
escasa disponibilidad de agua para el consumo humano y animal, y la ausencia o
deterioro de los micro-acueductos, pozos, molinos y plantas desalinizadoras
actúan como factores agravantes considerables: muchos jagüeyes se han secado, y
las mujeres, los niños y niñas, a cargo del aprovisionamiento de agua para el
hogar, demoran más de 1 hora en llegar a la fuente de agua más cercana que, en
muchos casos, se encuentra contaminada o contiene agua salobre.”[204]
6.3.2.3. Las zonas más afectadas por
la falta de disponibilidad del recurso hídrico son la media y alta Guajira,
donde predomina la población indígena y no existe ningún cuerpo de agua
parecido a un río o lago suficiente para abastecer a la población. Lo que se
encuentra en esta área son los arroyos, los cuales solo permanecen llenos en
temporada de lluvias. Oxfam ha registrado que el agua salobre, que no es apta
para el consumo humano, es utilizada para las actividades diarias, como el aseo
doméstico y personal, mientras que el agua desalinizada, se reparte en carro
tanques o carros cisternas que llegan a puntos céntricos a los que llegan las
personas, sin embargo, “el suministro de agua con carro tanques en la Alta
Guajira, es infortunadamente de escaso cubrimiento, ocasional, y es susceptible
de verse sujeto a presiones de diversa índole”.[205] La Corte confirmó esta apreciación sobre el carácter esporádico del
suministro de agua durante su visita a La Guajira , en particular durante la
audiencia pública en la comunidad de Zucaramana y la inspección judicial de
Casa Azul en el municipio de Manaure.
6.3.2.4. Las cifras de cobertura del
servicio público de agua potable y saneamiento básico en las áreas urbanas del
departamento de La Guajira son inferiores al promedio nacional (97% en
acueducto y 91% en alcantarillado). Según el censo de 2005 del Departamento
Nacional de Estadística la cobertura alcanza el 87% en acueducto y 71% en
alcantarillado.[206]
Solo los municipios de El Molino, Riohacha y Maicao contaron con
suministro de agua apta para el consumo humano en el año 2015. En relación con
las zonas rurales, el departamento presenta bajas coberturas en acueducto y
alcantarillado (22% y 7% respectivamente), lo que contrasta con el promedio
nacional (73% y 70% respectivamente).
6.3.2.5. Por su parte, en el estudio
allegado por el Sistema de Fundaciones Cerrejón se registra que más del 90% de
las comunidades indígenas en los municipios de Albania, Maicao, Manaure y
Uribia tienen necesidades básicas insatisfechas. Entre estas se reporta 95.6%
sin servicio sanitario, 97.7% sin servicio de electricidad ni acueducto, 100%
sin alcantarillado y 99.8% sin servicio de gas.[207]
Con fundamento en el Plan de Desarrollo departamental de La Guajira 2016-2019,
la Fundación Cerrejón, observa que las poblaciones rurales dispersas de la alta
y media Guajira son quienes más sufren de acceso a fuentes de agua suficientes
para el consumo y sus actividades diarias. El informe pone de presente que las
fuentes del recurso hídrico suelen ser tres principales: las aguas lluvias –el
jagüey-,[208] las aguas subterráneas
y las aguas de mar. Al respecto precisa que es esencial evaluar las estrategias
de distribución del agua, toda vez que existen dos retos: (i) la alta
dispersión de las comunidades y (ii) la falta de vías de acceso adecuadas.
6.3.2.6. Algunos miembros de las
comunidades indígenas en el corregimiento de Tawaira manifestaron que su
principal fuente de agua son los jagüeyes, los cuales se definen como “reservorios
de agua superficial de diferentes tamaños expuesto a la intemperie, que sufren
de procesos de degradación por las actividades humanas (pastoreo y residuos
sólidos), también naturales como la sedimentación. Estas condiciones afectan
profundamente la calidad del agua”,[209] pues no es
apta para el consumo humano y afecta la salud de los niños cuando la beben.
Resaltó que las comunidades wayúu se han abastecido de los jagüeyes desde
tiempos ancestrales, pero aclarando que el gobierno del General Rojas Pinilla “contribuyó
mucho a la solución de abastecimiento de agua […] a través de la construcción
de varios jagüeyes de gran tamaño”. Sin embargo, afirmó que estos jagüeyes
no contaron con un plan de sostenibilidad y muchos están sin funcionamiento
actualmente. Las comunidades wayúu pusieron de presente en las audiencias
públicas que los sistemas de almacenamiento de agua y los arroyos de los que se
proveían se encuentran secos y no han contado con acceso al agua potable. Por
tanto, consideran necesario que el Estado promueva un plan de choque en el que
se identifiquen las cusas estructurales de la falta de agua.
6.3.2.7. La Federación de
Asociaciones de Autoridades Tradicionales Wayúu manifestó que muchas veces las
autoridades construyen pozos de agua que tienen baja cobertura toda vez que no
vienen acompañados con la construcción de redes de distribución, como carro-tanques.
Pusieron como ejemplo el pozo en Winpiraren en el municipio de Manaure, el cual
solo tiene como beneficiarios un colegio y seis viviendas pero ignora que
existen casi 90 familias alrededor. Afirmaron también que en el territorio es
muy común observar pozos profundos y molinos deteriorados desde hace muchos
años.
6.3.2.8. Los pütchipü de la
Zona Norte consideran que la falta de agua potable, debido a las sequías y a la
dificultad de transportar agua de los puntos de abastecimiento hasta las
comunidades, es un factor determinante en la crisis de hambre de La Guajira. La
Corte coincide con este análisis y constata que, debido a la falta de
disponibilidad de agua, los niños y niñas del pueblo Wayúu están sufriendo una
vulneración generalizada de su derecho fundamental al agua y, además, como
consecuencia del mismo, de sus derechos fundamentales a la alimentación y a la
salud.
6.3.3. Conclusión sobre
vulneración del derecho al agua
Las comunidades wayúu, en especial
las ubicadas en la Alta Guajira, sufren una vulneración grave y persistente de
su derecho al agua, en especial en relación con las dimensiones de disponibilidad
y accesibilidad. En efecto, un número importante de comunidades no cuentan
con fuentes de agua potable, y quienes cuentan con ellas tienen dificultades
importantes para acceder a ellas. La ausencia de agua potable incide de manera
decisiva en los problemas de desnutrición de los niños y niñas wayúu. Sin agua
potable disponible, accesible y de calidad, ningún esfuerzo de alimentación o
de atención en salud podrá solucionar la crisis de muertes de niños y niñas en
La Guajira.
6.4. Derecho a la alimentación
6.4.1. Contenido del derecho a la
alimentación
6.4.1.1. El derecho fundamental a la
alimentación es mencionado por la Constitución Política en los artículos 43 (la
protección a la mujer en estado de embarazo), 44 (el derecho a la alimentación
equilibrada de los niños y niñas) y como protección especial a la producción alimentaria
y los deberes del Estado para lograrlo, los artículos 64, 65, 66, 78, y 81.
Estas disposiciones establecen (i) el acceso progresivo a la propiedad de
trabajadores agrarios y a los servicios de educación, salud, vivienda,
seguridad social, comunicaciones, comercialización de productos, entre otros,
con el fin de mejorar su ingresos y calidad de vida, (ii) la protección
especial a la producción de alimentos, dándose prioridad al desarrollo integral
de las actividades agrícolas, así como la construcción de obras de
infraestructura física y adecuación de tierras, (iii)  la necesidad de que los
créditos agropecuarios tengan en cuenta los ciclos de cosechas y calamidades
ambientales, (iv) la regulación en el control de la calidad de bienes y
servicios y (v) el deber del Estado de planificar el aprovechamiento de los
recursos naturales, garantizando su desarrollo sostenible, su conservación, su
restauración o sustitución.
6.4.1.2. Por su parte, en el ámbito
del derecho internacional, el derecho a la alimentación ha sido reconocido en
varios instrumentos, así como desarrollado por mecanismos de protección de
derechos humanos.[210]
En el Sistema Universal, el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (1966), en su artículo 11.1 consagra el deber de los
Estados de reconocer a toda persona una calidad de vida adecuada incluyendo una
sana alimentación y el derecho fundamental de toda persona a ser protegida
contra el hambre. Para cumplir con este objetivo los Estados deben mejorar los
métodos de producción, conservación y distribución de alimentos y asegurar una
distribución equitativa de los alimentos en relación con las necesidades. El
Comité del Pacto desarrolló los contenidos de este artículo en relación con el
derecho a la alimentación mediante la Observación General No. 12, en la cual
establece los contenidos mínimos del derecho a la alimentación adecuada: la
disponibilidad y la accesibilidad.
6.4.1.3. En relación con la disponibilidad, “se
entienden las posibilidades que tiene el individuo de alimentarse ya sea
directamente, explotando la tierra productiva u otras fuentes naturales de
alimentos, o mediante sistemas de distribución, elaboración y de
comercialización que funcionen adecuadamente y que puedan trasladar los
alimentos desde el lugar de producción a donde sea necesario según la demanda”.[211] La accesibilidad hace
referencia a que los individuos tengan acceso a alimentos adecuados, tanto en
términos económicos como físicos. Tanto la disponibilidad de alimentos como el
acceso sostenible a ellos, están determinados, entre otros factores, por las
condiciones de sostenibilidad ambiental, las cuales se garantizan ante la
existencia de una gestión pública y comunitaria prudente de los recursos que
aseguren la disponibilidad de alimentos a las generaciones presentes y futuras.
Esto último hace referencia a uno de los contenidos que tiene el derecho a la
alimentación, y es el de la seguridad alimentaria. Este concepto, proveniente
de las demandas de la sociedad civil,[212] entraña una garantía para las generaciones futuras de contar con
los recursos naturales necesarios que garanticen una alimentación adecuada.
6.4.1.4. Igualmente el Comité
resalta que los Estados deben respetar las formas tradicionales de
alimentación. El que los alimentos “deban ser aceptables para una cultura o
unos consumidores determinados significa que hay que tener también en cuenta,
en la medida de lo posible, los valores no relacionados con la nutrición que se
asocian a los alimentos y el consumo de alimentos, así como las preocupaciones
fundamentadas de los consumidores acerca de la naturaleza de los alimentos
disponibles”.[213]
6.4.1.5. Las obligaciones de los
Estados en relación con el derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria
son los mismos que para todo derecho humano. La primera, se dirige al deber de
adoptar medidas para lograr progresivamente el acceso mínimo de alimentos
esenciales suficientes y nutritivamente adecuados para proteger a las personas
del hambre. La segunda obligación es la de respetar, la cual implica que los
Estados no tomen medidas de ningún tipo que tengan como resultado impedir el
acceso libre y adecuado a la alimentación. La tercera obligación, es la de
proteger, la cual requiere adoptar medidas para velar que los particulares o
empresas no priven a las personas del acceso a los alimentos. La cuarta
obligación es de realizar o facilitar, según la cual “el Estado debe
procurar iniciar actividades con el fin de fortalecer el acceso y la
utilización por parte de la población de los recursos y medios que aseguren sus
medios de vida, incluida la seguridad alimentaria”.[214]
La quinta obligación es la de hacer efectivo el derecho, es decir, que cuando
un individuo o grupo de población sea incapaz de autoabastecerse por sus
propios medios por distintas razones, los Estados tienen la obligación de
realizar o hacer efectivo ese derecho de forma directa. De manera que algunas
obligaciones implican acciones inmediatas y otras a largo plazo, sin embargo el
Comité aclara cuándo se incurre en una violación al derecho a la alimentación
adecuada:
“El Pacto se viola cuando un Estado no garantiza
la satisfacción de, al menos, el nivel mínimo esencial necesario para estar
protegido contra el hambre. Al determinar qué medidas u omisiones constituyen
una violación del derecho a la alimentación, es importante distinguir entre la
falta de capacidad y la falta de voluntad de un Estado para cumplir sus
obligaciones. En el caso de que un Estado Parte aduzca que la limitación de sus
recursos le impiden facilitar el acceso a la alimentación a aquellas personas
que no son capaces de obtenerla por sí mismas, el Estado ha de demostrar que ha
hecho todos los esfuerzos posibles por utilizar todos los recursos de que
dispone con el fin de cumplir, con carácter prioritario, esas obligaciones
mínimas.”[215]
6.4.1.6. El cumplimiento de estas
obligaciones, según el Comité, exige aprobar una estrategia nacional que
garantice la seguridad alimentaria y la nutrición, con observancia de los
derechos humanos, objetivos y la formulación de políticas e indicadores
correspondientes. Además, deben preverse recursos disponibles para cumplir los
objetivos formulados y establecer la forma más eficaz de aprovecharlos teniendo
en cuenta los costos.
6.4.1.7. El Relator Especial de las
Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación ha afirmado que es “el
derecho a tener acceso, de manera regular, permanente y libre, sea
directamente, sea mediante compra en dinero, a una alimentación cuantitativa y
cualitativamente adecuada y suficiente, que corresponda a las tradiciones
culturales de la población a que pertenece el consumidor y que garantice una
vida psíquica y física, individual y colectiva, libre de angustias,
satisfactoria y digna”.[216]
6.4.1.8. El derecho a la seguridad
alimentaria implica el derecho de consumir comida saludable que cumpla con los
estándares de nutrición adecuados. La Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura –FAO-, junto con la Organización Mundial de la
Salud, en el marco de la segunda conferencia internacional de nutrición en el
año 2014, emitió la Declaración de Roma sobre Nutrición. Este documento, además
de reconocer las innumerables causas de la malnutrición en la población
mundial, reconoce que los cambios climáticos y ambientales tienen un impacto en
la dieta de las personas. Establece que la seguridad alimentaria y la nutrición
se han visto afectados por los impactos del cambio climático, en particular,
sobre la cantidad, calidad y diversidad de la comida producida.[217]
6.4.1.9. En el caso concreto de los
pueblos indígenas, la relación especial que tienen con el territorio donde se
asientan, no solo se dirige a proteger el lugar de sus ancestros y su pueblo,
sino también el lugar que los alimenta a través de sus siembras y cultivos
tradicionales. La FAO ha establecido que la seguridad alimentaria de los
pueblos indígenas no se limita a satisfacer sus necesidades básicas, sino que
se deben considerar sus dimensiones culturales, Así, el componente de la aceptabilidad
cultural del derecho a la alimentación adquiere una verdadera importancia,
pues a través de la comida que consumen los miembros de comunidades indígenas,
ellos mantienen su identidad y cosmovisión cultural.[218] Lo
anterior, también involucra el respeto de la libre determinación de los pueblos
indígenas, quienes definen sus propias fuentes de su adecuada alimentación y
los medios de producirla. La realización del derecho a la seguridad alimentaria
de los pueblos indígenas implica la observancia de los principios a la
participación, no discriminación, responsabilidad, transparencia y dignidad
humana. De esa forma, no puede garantizarse como un derecho individual sino
colectivo que debe atender como mínimo al cumplimiento de las siguientes
obligaciones estatales: (i) el respeto de los derechos a la cultura, libre
determinación y territorios y recursos naturales del pueblo indígena, (ii) la
protección de las actividades u oficios tradicionales para obtener la comida y
(iii) el deber de proveer la comida mínima esencial acorde con la dieta y la cultura
del pueblo indígena.[219]
6.4.1.10. Con base en lo anterior,
cuando el Estado adopta medidas para garantizar el derecho a la seguridad
alimentaria de los pueblos indígenas, no puede ignorar que los valores
culturales son transversales a los hábitos alimenticios, y por tanto deberá
entablar espacios de diálogo con las comunidades indígenas involucradas con el
fin de que los planes y programas que se implementen sean respetuosos de sus
prácticas tradicionales y su alimentación.
6.4.1.11. Por su parte, la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, pocas veces ha tenido la oportunidad
de analizar el derecho a la alimentación en casos de comunidades indígenas. El
derecho a la alimentación en la jurisprudencia se ha concentrado
mayoritariamente en temas como, la ayuda humanitaria de emergencia de la
población desplazada,[220]
la obligación alimentaria en el núcleo familiar,[221] el derecho
a la alimentación digna de los reclusos,[222]
la garantía del derecho a la alimentación en planteles educativos municipales[223]
y gastos de alimentación en traslados de las EPS,[224] entre
otros. Sin embargo, se hará referencia a las sentencias más relevantes y que
son aplicables al caso que se estudia en esta ocasión.
6.4.1.12. En la sentencia T-605 de
1992,[225]
la Corte estudió la acción de tutela interpuesta por los presidentes de la
Junta de Acción Comunal de la vereda de Mendiguaca (municipio de Santa Marta) y
del Comité de Pescadores de la Poza contra un particular, por prohibirle a los
habitantes de la vereda el acceso al predio denominado Playa Rica, cuya base de
subsistencia era la actividad pesquera ejercida en forma artesanal.[226]
La Corte se refirió a la situación de los pescadores artesanales en Colombia,
indicando que hoy en día es una de las actividades productivas más deprimidas y
marginadas de la economía del país, a pesar de “generar un alimento rico en
proteínas y minerales relativamente barato y sustentar en gran medida el
consumo per capita nacional”.[227]
Se reconoció que la pesca a pequeña escala es ejercida por diferentes grupos
étnicos y culturales en las orillas de los océanos, en las riberas de los ríos
y en las márgenes de las ciénagas, quienes se ven afectados por la
contaminación de las aguas, las trabas de los propietarios ribereños y la
desecación de las ciénagas con destino a la ganadería y agricultura. Los
pescadores artesanales colombianos suelen ser de los grupos más pobres y con
menor capacidad de generar ingresos. Al entender que la pesca era el único
medio de sustento, y dada la situación de indefensión de los accionantes, la
Corte consideró que el accionado amenazó los derechos a la vida, a la paz y al
trabajo de los miembros de la comunidad de Mendiguaca, por lo que le ordenó
cesar en su decisión de prohibir a los pescadores de la zona la utilización del
camino al mar que atraviesa el predio Playa Rica.
6.4.1.13. En la sentencia T-049 de
1995,[228]
la Corte revisó la acción de tutela interpuesta por la Procuraduría Delegada
para la Defensa del Menor y de la Familia contra el Departamento de
Cundinamarca y la Beneficencia de Cundinamarca, en la cual se solicitó el
amparo constitucional a favor de algunos niños en situación de discapacidad que
estaban a cargo de unos establecimientos de beneficencia, a causa de la mala
atención que se les había estado brindado. Según un informe remitido por la
Procuraduría, los menores estaban en estado de desnutrición, no contaban con
los elementos de aseo necesarios y no recibían suficiente atención médica y
psicológica. Frente a la alimentación equilibrada, se reconoció que en virtud del
artículo 44 Superior,[229]
este es un derecho fundamental de todos los niños y todas las niñas,
comprobándose que en el caso concreto existía desnutrición de la totalidad de
los infantes. La Corte confirmó la sentencia de instancia que había amparado
los derechos de los menores y en la que se ordenó la reubicación de los niños,
la adecuación de los Pabellones y la destinación del personal médico y
administrativo necesario, entre otras cosas.
6.4.1.14. En la sentencia C-262 de
1996[230]
la Corte revisó la Ley 243 de 1995 “Por medio de la cual se aprueba el
Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales –UPOV”.
En esta providencia se estableció la obligación del Estado de promover la
actividad científica para fomentar y mejorar la producción de alimentos y la
protección de la propiedad intelectual sobre obtenciones vegetales como derecho
colectivo de las comunidades étnicas, para garantizar su soberanía y
sostenibilidad alimentaria. Se consideró que era necesario proteger las
prácticas tradicionales de producción de los grupos minoritarios por la
relación que existe entre ellos y los recursos naturales con los que ejercen su
oficio. En efecto, se señaló que la intervención sobre las especies vegetales
que los grupos étnicos explotan a través de sus métodos de producción, puede
producir efectos negativos como la desintegración cultural, la desnutrición, la
insatisfacción de las necesidades médicas y de salud, y en general la amenaza a
la supervivencia de la población. La Corte resaltó la relación de subsistencia
que tienen las comunidades étnicas y campesinas con los recursos naturales y
llamó la atención sobre la necesidad de que en los proyectos o decisiones sobre
desarrollo sostenible, se dé prevalencia a los intereses de estas comunidades cuando
su alimento depende de los recursos que explotan y producen tradicionalmente.
6.4.1.15. En la sentencia T-574 de
1996,[231]
la Corte conoció sobre la acción de tutela interpuesta por una comunidad de
pescadores de Salahonda, en el sector La Playa, en el Departamento de Nariño,
que alegaban la vulneración de sus derechos a la libertad de oficio y a la
ecología marítima, debido a las consecuencias perjudiciales que se generaron
por el vertimiento de petróleo en las aguas donde desarrollaban su oficio de pesca,
causado por la falta de mantenimiento de unas mangueras submarinas de propiedad
de la empresa Ecopetrol S.A. En aquella oportunidad se evidenció que la
comunidad efectuaba como única labor de subsistencia la pesca, por lo que el
derecho a la alimentación y el oficio de los pescadores se encontraban en
riesgo inminente. La Corte consideró que el Estado debía garantizar la
participación de la comunidad en las decisiones que pudieran afectar el medio
ambiente, con fundamento en su deber constitucional de proteger la diversidad e
integridad ecológica y social. Con base en estas consideraciones, se tutelaron
los derechos fundamentales a la libertad de oficio y al medio ambiente de los
pescadores, y en consecuencia se ordenó a Ecopetrol efectuar un monitoreo en el
sector del vertimiento para superar sus efectos, además se exigió que dicho monitoreo
fuera realizado por una comisión interinstitucional en la que estuvieran
los representantes de los pescadores de Salahonda, paralelamente se ordenó a
las entidades estatales tomar las medidas necesarias para mitigar los efectos
del derrame del crudo.
6.4.1.16. En la sentencia T-652 de
1998[232]
la Corte estudió la acción de tutela interpuesta por la Comunidad Embera-Katío
del Alto Sinú por la afectación a su mínimo vital, como consecuencia de la
construcción de las obras civiles de la hidroeléctrica Urrá I sobre los ríos
que le servían de sistema de comunicación y de fuente de alimento. La Corte
evidenció que la economía tradicional de subsistencia de esta comunidad se vio
afectada por la obra teniendo en cuenta que se les hizo imposible conservar la
economía de caza, recolecta y cultivos itinerantes que le permitió sobrevivir
durante siglos, viéndose forzada a incorporarse en la economía de mercado para
garantizar su supervivencia. Paradójicamente, su capacidad de comercio, se
encontraba limitada por la legislación ambiental que les prohibía ejercer
actividades agrarias debido a la superposición de sus tierras con el parque
nacional natural.[233]
En este sentido la Corte amparó los derechos fundamentales a la supervivencia,
a la integridad étnica, cultural, social y económica, a la participación y al
debido proceso del pueblo Embera- Katío del Alto Sinú, ordenando a las
autoridades competentes iniciar un proceso de concertación tendiente a fijar el
régimen especial aplicable al área de terreno en la que están superpuestos el
Parque Nacional Natural del Paramillo y los resguardos indígenas.
Adicionalmente, y para efectos de garantizar la supervivencia del pueblo, se
ordenó a la empresa dueña del proyecto que iniciara un proceso de concertación
para determinar el monto de financiación a su cargo para ejecutar el plan
destinado a lograr que las prácticas tradicionales de recolección y caza
pudieran ser reemplazadas en la cultura del pueblo indígena, por las prácticas
productivas compatibles con la función ecológica de su propiedad colectiva
sobre las tierras del resguardo.
6.4.1.17. En la sentencia T-693 de
2011[234]
la Corte estudió si el derecho a la consulta previa del pueblo indígena Achagua
Piapoco fue vulnerado por el Ministerio del Interior y de Justicia al no
certificar la presencia de la comunidad en el área de influencia del proyecto
Oleoducto de los Llanos y por la empresa contratista al no realizar una
consulta previa a su ejecución. La Corte reconoció la íntima relación entre el
derecho al territorio con otros derechos de los pueblos indígenas y tribales
como los derechos a la identidad étnica y cultural, la autodeterminación, la
propiedad colectiva, la consulta previa, la alimentación adecuada, la vivienda
digna, el ambiente sano, el agua y la educación.[235] Al respecto
precisó que la protección de áreas protegidas por importancia ecológica  para
las comunidades indígenas, “también recae sobre zonas […] utilizadas para la
preservación de sus prácticas ancestrales e incluso, sobre aquellas
relacionadas con su subsistencia, es decir, territorios en los que sus
integrantes se dedican a la caza, siembra y recolección conforme a sus usos y
costumbres.  Lo anterior, toda vez que se encuentra comprometido no solo
el derecho al medio ambiente sino también a la soberanía alimentaria”. En
esta sentencia se ampararon los derechos fundamentales invocados y se ordenó a
las entidades accionadas realizar una consulta a las autoridades de la comunidad
indígena con la finalidad de adoptar medidas de compensación cultural por los
impactos del proyecto.
6.4.1.18. En la sentencia T-348 de
2012[236]
la Corte se pronunció sobre la presunta vulneración al derecho fundamental a la
consulta previa por parte del Consorcio Vía al Mar, al omitir brindarle a una
comunidad pesquera un espacio de participación y concertación previo a la
construcción del proyecto “Anillo Vial- Malecón del Barrio Crespo”. En aquella
oportunidad, la Corte se refirió al derecho a la alimentación y al concepto de
soberanía alimentaria, teniendo en cuenta que la pesca representa para estas
comunidades una fuente de alimentación. Al respecto se puso de manifiesto la
importancia de proteger las economías tradicionales de subsistencia, dado que
las comunidades que las practican aseguran su mínimo vital y el alimento de sus
familias, a través de su ejercicio. En este sentido se reconoció que las
comunidades de pescadores artesanales deben ser “especialmente escuchadas” en
los proyectos de infraestructura que afectan el espacio donde ejercen su
oficio, considerando que el área del mar o la playa donde pescan es su espacio
vital y está ligado con la soberanía alimentaria que sobre estas áreas
ejercen. En consecuencia se ordenó al Consorcio Vía al Mar y al Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible realizar las reuniones necesarias para
garantizar el derecho a la participación de la Asociación de Pescadores de
Comfenalco y se les exhortó para que en el futuro garanticen espacios de
participación cuando las obras a ejecutar afecten o puedan afectar las zonas
marítimas o playas donde las comunidades dependan de la actividad pesquera.
6.4.1.19. En la sentencia C-644 de
2012[237]
la Corte revisó la Ley 1450 de 2011 “Por la cual se expide el Plan Nacional
de Desarrollo, 2010-2014”. Los demandantes consideraron que las
disposiciones legales acusadas que levantaban las restricciones a enajenaciones
de tierras originalmente baldías o adquiridas con subsidios integrales,
vulneran el mandato constitucional de especial protección del Estado a la
producción de alimentos. La Corte resaltó la importancia de relacionar el
acceso a la propiedad de los trabajadores agrarios al reconocimiento del
derecho a la alimentación, concluyendo que el campo debe ser entendido como
bien jurídico protegido para garantizar derechos subjetivos e individuales,
derechos sociales y colectivos, y como herramienta básica de la pervivencia y
el progreso personal, familiar y social. Finalmente se consideró que los
artículos de la ley acusados eran inexequibles al ser especialmente regresivos
respecto del derecho de seguridad alimentaria en el mediano y largo plazo, es
decir, del derecho a acceder en condiciones dignas a las fuentes de actividad
económica agroindustrial para asegurar su subsistencia.
6.4.1.20. En la sentencia T-606 de
2015[238]
la Corte se preguntó cómo debía resolverse la tensión originada entre el
derecho al trabajo de los pescadores y comunidades que ancestralmente
utilizaban los ecosistemas del Tayrona y el deber de protección constitucional
de los Parques Nacionales Naturales. Ello a propósito del decomiso de los
implementos de pesca pertenecientes a la Cooperativa de Pescadores de
Barlovento por parte de la Unidad Administrativa del Sistema de Parques
Nacionales, al haber sido hallados pescando en el Parque Natural Tayrona, en
donde se encuentra prohibida esa actividad. La Corte destacó la importancia de
la pesca artesanal para los pueblos indígenas que obtienen sus alimentos en las
cuencas hidrográficas del país y reconoció que la pesca es una de las
actividades agropecuarias que más aporta a la seguridad alimentaria, pues
existe una amplia población que depende del sustento diario a través de la
pesca de pequeña escala o artesanal. Consideró que el derecho al ambiente sano
y al desarrollo sostenible está atado al reconocimiento y a la protección
especial de los derechos de las comunidades a trabajar y subsistir de los
recursos que les ofrece el entorno donde se encuentran, y sobre el que
garantizan su derecho a la alimentación. Finalmente concluyó que la prohibición
de ejercer la pesca artesanal en el parque Tayrona no es una medida
desproporcionada ni arbitraria, pues propende por proteger a las especies
marítimas que habitan en esa área; sin embargo, ello no exime a las autoridades
competentes de adelantar diversas medidas para garantizar una adecuada
compensación a las comunidades ancestrales que obtenían su sustento del
ecosistema en cuestión. En consecuencia la Corte ordenó a la Unidad
Administrativa del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, a la
Corporación Autónoma Regional del Magdalena, a la Gobernación del Magdalena y
al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible realizar un plan de
compensación que garantice a los pescadores artesanales del Parque Nacional
Natural Tayrona la satisfacción de sus derechos fundamentales al trabajo,
soberanía alimentaria y mínimo vital.
6.4.1.21. En la sentencia T-445 de
2016[239]
la Corte se planteó si los entes municipales, a través de una consulta popular
y haciendo uso de su competencia para regular el uso del suelo y garantizar un
ambiente sano, pueden prohibir o excluir la actividad minera del territorio. Al
respecto la Corte hizo énfasis en los efectos que tiene la actividad minera
sobre la seguridad alimentaria, indicando que se ha demostrado que para su
ejercicio, deben sustraerse grandes extensiones de tierra de la posibilidad de
ser explotadas por los sujetos de reforma agraria, lo cual atenta contra el
derecho a la seguridad alimentaria, ya que a menos tierra por adjudicar, menos
alimentos por generar.[240]
En este sentido, y teniendo en cuenta que el derecho al ambiente sano y al
desarrollo sostenible está atado al reconocimiento y a la protección especial
de los derechos de las comunidades campesinas a trabajar y subsistir de los
recursos que les ofrece el entorno donde se encuentran, y sobre el que
garantizan su derecho a la alimentación, la Corte concluyó que la actividad
minera los afecta, en especial en el derecho a la seguridad alimentaria.
Finalmente ordenó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y otros, a
conformar una mesa de trabajo interinstitucional con el objeto de construir una
investigación científica y sociológica en la cual se identifiquen y precisen
las conclusiones gubernamentales respecto a los impactos de la actividad minera
en los ecosistemas.
6.4.1.22. En la sentencia T-466 de
2016[241]
la Corte se preguntó si se vulneraban los derechos fundamentales de los niños y
niñas del pueblo Wayúu, por parte de las autoridades públicas del orden
municipal, departamental y nacional, así como por parte de las autoridades
tradicionales de la comunidad Wayúu, por las situaciones de desnutrición, los
problemas de atención en salud y fallecimientos que se han venido presentando.[242]
Se sostuvo que del deber de brindar especial protección a los niños y niñas
indígenas, del cual es titular el Estado colombiano junto con la familia y la
sociedad, se desprende, entre otras cosas, la garantía del derecho a una
alimentación equilibrada. En esta sentencia se citó la Observación General No.
12 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la cual se
reconoció que del derecho a la alimentación surgen obligaciones específicas
para el Estado colombiano: (i) la obligación de respetar, en virtud de la cual
el Estado debe abstenerse de impedir el acceso al derecho; (ii) la obligación
de proteger, de acuerdo con la cual el Estado debe adoptar medidas con el
propósito de evitar que empresas o particulares desconozcan el derecho a la
alimentación; y (iii) la obligación de realizar, que implica procurar iniciar
actividades para fortalecer el acceso y la utilización de los recursos y medios
que aseguren los medios de vida, por parte de la población (facilitar), y
garantizar la alimentación a los individuos o grupos de individuos que sean
incapaces de disfrutar de este derecho (hacer efectivo). Frente al caso
concreto la Corte encontró que son tres los factores fundamentales que impiden
la eficaz atención en salud y alimentación de las necesidades de la niñez Wayúu:
(i) la ausencia de coordinación efectiva entre los diversos niveles
administrativos, incluyendo los propios de las comunidades indígenas,
evidenciada en un déficit institucional; (ii) la falta de información
estadística sobre la población Wayúu; y (iii) la corrupción que afecta la
prestación de los servicios en favor de los niños y niñas. En este sentido,
tuteló los derechos fundamentales de los niños y niñas Wayúu a la salud y a la
alimentación adecuada, y ordenó la implementación de un conjunto de medidas
inmediatas para la atención de la situación de emergencia que vive la niñez
Wayúu y un conjunto de medidas que contemplen la implementación de políticas
públicas encaminadas a resolver las situaciones estructurales que propiciaron
la situación de vulnerabilidad y prevenir su repetición.
6.4.1.23. Con base en la
jurisprudencia descrita, la seguridad alimentaria de los niños y niñas del
pueblo Wayúu debe ser garantizada por el Estado a través de las distintas
políticas, tanto a nivel nacional como local. De la misma manera, tal como se
mencionó en estas consideraciones, el derecho a la alimentación de los pueblos
indígenas no se limita a asegurarles la seguridad alimentaria, sino que deben
tenerse en cuenta sus prácticas tradicionales y los alimentos que acostumbran
consumir acordes con sus actividades propias de subsistencia. Así, es relevante
que en la implementación de las políticas públicas que pretenden garantizar la
seguridad alimentaria de los pueblos indígenas, se observe con el mayor respeto
las tradiciones culturales alimenticias del pueblo Wayúu, pues de nada sirve
proveerles alimentos si éstos no son acordes con sus costumbres. El Estado debe
fortalecer sus prácticas tradicionales de subsistencia. En ese sentido, estas
acciones deben tener en cuenta las causas que han generado la situación de
escasez de alimentos, con el objeto de no caer en políticas asistencialistas
sino en soluciones de largo plazo que aseguren a las comunidades la
disponibilidad, la accesibilidad y la calidad alimentaria.
6.4.2. Situación de
disponibilidad de alimentos
6.4.2.1. La
crisis alimentaria que se presenta en La Guajira es en realidad una situación
multicausal compleja que se manifiesta en las dificultades para el acceso
físico y económico a los alimentos, el deterioro de los medios productivos
agropecuarios, la desnutrición aguda de 14% en menores de 5 años y las
dificultades crónicas para el acceso al agua y al saneamiento básico.[243]
En el mapa de situación nutricional en Colombia, La Guajira se registra como el
departamento con los niveles más altos de desnutrición crónica. El departamento
se incluye también entre las zonas de más alto registro de hogares con niñas y
niños con anemia y con inseguridad alimentaria general.[244]
6.4.2.2. Entre la ausencia de acceso
económico de los alimentos Oxfam resalta el cierre de las fronteras de
Venezuela: “Las familias de la zona han tenido que afrontar esta pérdida en
su poder adquisitivo alimentario con un déficit total promedio del 40% en las
fuentes habituales del acceso al alimento, siendo las zonas más afectadas la
zona fronteriza por su alta dependencia a las compras en expendios de alimentos
abastecidos casi en su totalidad en Venezuela, así como la zona periurbana por
su mayor dependencia a expendios con mercancía Colombiana que resulta de mayor
valor monetario. En todos los casos, la principal fuente de alimentos que se
disminuyó fue la compra local de alimentos provenientes en Venezuela, además de
la disminución en las fuentes de producción propia afectadas por las temporadas
secas sucesivas”.[245]
6.4.2.3. Como se mencionó antes, la
dieta del pueblo Wayúu se concentra en arroz, maíz, sorgo, chicha de maíz,
azúcares como panela y carnes de chivo y huevos. En el mapeo de Oxfam dejó
constancia que en periodos de escasez de lluvias, las huertas familiares se
abandonan y muy eventualmente las familias pueden consumir frutas, verduras y
las demás clases de alimentos. Por otra parte, algunas rancherías cuentan con
pequeñas tiendas que presentan poco inventario, no cuentan con productos
frescos y se abastecen a través de rutas sin garantías de permanencia.[246]
Los periodos largos de sequía han afectado la fuente principal de subsistencia
de las comunidades Wayúu, como lo es el cuidado de animales como los chivos,
las cabras, ovejas y vacas, animales que sirven de alimento y de productos para
la venta. Sus prácticas tradicionales y su dieta alimentaria se ha visto
gravemente afectada por los cambios ecológicos, y por ello han requerido de las
acciones del Estado para suplir sus fuentes de alimentación.
6.4.2.4. La mayoría de las
comunidades indígenas que participaron dentro del proceso de revisión,
advirtieron que tienen dificultades para sostener su seguridad alimentaria por
diferentes causas: “Al igual que en otros resguardos de la media y alta
Guajira, los casos de desnutrición están asociados principalmente a la escasez
de alimentos y agua potable, deficiencias en los programas de salud y
saneamiento básico. Además, los fenómenos climáticos que durante los últimos
años afectan a la región impiden el desarrollo normal de las actividades
productivas de la etnia wayuu (agricultura y pastoreo) y que da como resultado
un detrimento en su calidad de vida […] los programas sociales implementados
por el gobierno en todo el territorio nacional han desplazado los usos y
costumbres de la etnia wayuu”.[247]
6.4.2.5. De la misma forma sostienen
expertos en el pueblo Wayúu, como el antropólogo Weildler Guerra Curvelo, quien
afirma:
“La muerte de los niños por desnutrición puede
ser el síntoma de una crisis más profunda en lo que respecta a la población
wayuu y sus medios de vida. Podría reflejar un agotamiento de sus actividades
económicas tradicionales frente al crecimiento demográfico de su población, la
vulnerabilidad de su sistema alimentario frente a los cambios en las
condiciones ambientales y en la dinámica de las relaciones fronterizas,
disfuncionalidades en los programas gubernamentales y efectos derivados de
expropiaciones territoriales asociadas a proyectos de desarrollo de carácter
extractivo y de otras actividades como la pesca industrial”.[248]
6.4.2.6. En la alimentación del
pueblo Wayúu lo más importante es preservar los conocimientos tradicionales de
la dieta y preservar los recursos naturales que ofrecen alimento a cada
familia.[249]
Por ejemplo se inculca el cuidado de ciertas semillas y especies vegetales para
los tiempos de sequía. Los expertos que participaron en el proceso bajo
referencia recomiendan: (i) fortalecer los medios de vida de los Wayúu para
aumentar su autonomía alimentaria y reducir su dependencia al mercado o a la
asistencia estatal y (ii) que los programas que se implementan en el territorio
de las comunidades observen el contexto cultural determinado.[250]
6.4.2.7. La situación la resume así
el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas:
“La información existente sobre la situación
nutricional de las personas no es precisa, hay diferentes fuentes de
información y en muchas ocasiones no coinciden entre sí. El proceso de micro
focalización desarrollado por el ICBF donde se realizó valoración nutricional
en comunidades de la zona rural de los municipios de Maicao, Manaure y Uribia a
partir de la toma de medidas antropométricas a los niños, niñas y adolescentes
de 0 a 17 años, a las mujeres gestantes, madres en periodo de lactancia y
adultos mayores reveló que de los 21.584 niños y niñas menores de 5 años
microfocalizados, 1.062 presentaron desnutrición aguda (4.9%), (la prevalencia
nacional es del 0.9%), 19.73% de mujeres gestantes con bajo peso en los 3
municipios así como bajo peso en el 5.67% para las madres en periodo de
lactancia. El 7.2% de los niños y niñas mayores de 6 meses no recibieron ningún
alimento diferente a la leche materna y apenas la cuarta parte (25.4%) recibió
alimentos 3 veces al día.”[251]
6.4.2.8. La Defensoría del Pueblo
reportó las siguientes cifras en el marco de seguimiento al cumplimiento de las
órdenes emitidas por el Tribunal. En la microfocalización realizada al estado
nutricional de niños y niñas de 0 a 4 años por municipio (Maicao, Manaure y
Uribia): “se identificaron 459 niños y niñas con desnutrición aguda con una
prevalencia del 3.1%. Del Total de niños y niñas identificados con desnutrición
aguda, el 60% presentaron retraso de talla. En cuanto al indicador talla para
la edad el mismo informe refiere que 7587 niños y niñas (51.8%) presentan
retraso en talla o desnutrición crónica, 4.099 casos (28%) están en riesgo de
presentar baja talla para la edad y apenas el 20.2% (2.965) tuvo talla adecuada
para la edad”.[252]
6.4.2.9. En los estudios que existen
sobre la situación actual de desnutrición de la población infantil entre 2013 y
2014, se encontró que en promedio los niños y niñas están en un estado de
desnutrición crónica y global, entre leve y moderada. Se destacan como los
factores que más influyen en la solución de los altos índices de desnutrición
crónica presentes en las comunidades: el uso de agua hervida en la preparación
de alimentos, desparasitación, consumo de leche materna, acceso a alimentos y
seguridad alimentaria y la realización de controles médicos periódicos. Al
mismo tiempo se resalta que la ubicación de la comunidad se encuentra
estrechamente ligada a la calidad de vida de la misma.[253]
Para algunos intervinientes, las comunidades rurales dispersas y alejadas de
los centros urbanos son las más afectadas ante la carencia de alimentos, pues
deben recorrer distancias largas por trochas para comprarlos.[254]
6.4.2.10. La Sala observa que las
consideraciones y decisiones de los jueces de instancia, son acordes con la
situación de disponibilidad de alimentos de las comunidades del pueblo Wayúu.
En efecto, del material probatorio allegado al proceso de revisión se puede
evidenciar que, por distintas causas, no hay acceso a alimentos, y si lo hay,
es de manera intermitente, poniendo en riesgo la vida y salud de los Wayúu en
sus territorios. La seguridad alimentaria tradicional, además, se ha visto
afectada por los diferentes programas implementados por el Gobierno, los cuales
no tienen en cuenta sus dietas tradicionales, como se desarrollará más adelante.
6.4.3. Conclusión sobre la vulneración
del derecho a la alimentación
El derecho a la alimentación de los
niños y niñas wayúu no solo se vulnera por la falta de disponibilidad de
alimentos. La principal vulneración de este derecho se encuentra en la
situación de inseguridad alimentaria causada, entre otros motivos, por la
pérdida de las tradiciones alimentarias según los usos y costumbres del pueblo
Wayúu. La solución para la vulneración de estos derechos no reside, entonces,
en la aplicación de programas asistencialistas para alimentar directamente a
los niños y niñas. Ésta debe incluir, ante todo, iniciativas de seguridad
alimentaria destinadas a fortalecer las capacidades y la autonomía del pueblo
Wayúu.
6.5. Derecho a la salud
6.5.1. Contenido del derecho a la
salud
6.5.1.1. Bajo el orden
constitucional vigente el derecho a la salud es un derecho de carácter
fundamental. Así lo ha reconocido la jurisprudencia a lo largo de los años[255]
y el legislador estatutario también lo estableció, en lo dispuesto en el
artículo 2º la Ley 1751 de 2015: “El derecho fundamental a la salud es
autónomo e irrenunciable en lo individual y en lo colectivo. Comprende el
acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad para
la preservación, el mejoramiento y la promoción de la salud. El Estado adoptará
políticas para asegurar la igualdad de trato y oportunidades en el acceso a las
actividades de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación
y paliación para todas las personas. De conformidad con el
artículo 49 de la Constitución Política, su prestación como servicio
público esencial obligatorio, se ejecuta bajo la indelegable dirección,
supervisión, organización, regulación, coordinación y control del Estado.”[256]
6.5.1.2. El control previo de
constitucionalidad a esa ley se ejerció a través de la Sentencia C-313 de 2014.[257]
Cabe mencionar que esta Ley establece la obligación del Estado de garantizar la
disponibilidad de los servicios de salud para toda la población en el territorio
nacional, especialmente para las zonas marginadas o de baja densidad
poblacional. Igualmente establece que el Estado debe adoptar medidas razonables
y eficaces, progresivas y continuas para que los habitantes de las zonas
dispersas accedan oportunamente a los servicios de salud que requieren con
necesidad.
6.5.1.3. Al respecto, la Corte
consideró que estos deberes son la materialización del principio de
universalidad, el cual exige que el Estado preste los servicios de salud a
todos los habitantes del territorio nacional. De esa forma, las medidas que se
tomen para garantizar el goce efectivo del derecho a la salud deben estar
encaminadas a buscar la universalidad del aseguramiento y la posibilidad de que
todos los beneficiarios del sistema general puedan gozar de los servicios
oportunos en todas las partes del país. Lo mismo debe leerse a la luz del
principio de accesibilidad, el cual señala que los servicios de salud deben
estar “al alcance geográfico de toda la población, en especial en los
sectores más vulnerables y marginados (minorías étnicas, indígenas, personas
con discapacidad, enfermos graves, personas mayores, entre otros)”.[258]
6.5.1.4. Debe la Sala indicar que si
bien es cierto que durante la última década del siglo pasado la fundamentalidad
y la justiciabilidad del derecho a la salud fue objeto de debate en términos generales,[259]
lo que respecta específicamente a la fundamentalidad del derecho a la salud de
los niños y las niñas nunca ha fue objeto de debate. En efecto, como la
Constitución Política afirma expresamente en su artículo 44 “Son derechos
fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la
seguridad social […]”.[260] Este mandato
constitucional ha permitido que la Corte en su jurisprudencia haya considerado,
sin debate, que el derecho a la salud debe entenderse como fundamental y
autónomo, en relación con los niños, niñas y adolescentes, como sujetos de
especial protección constitucional.[261] La Corte ha establecido
que la protección a los niños es mayor, pues para asegurar su desarrollo
armónico e integral se debe garantizar el acceso a los servicios de salud que
requiera. Al respecto, precisó que el principio del interés superior del menor
exige reconocer de forma prevalente sus derechos:
“el concepto constitucional de interés
superior del menor, que consiste en reconocer al niño una caracterización
jurídica específica fundada en sus intereses prevalentes y en darle un trato
equivalente a esa prevalencia que lo proteja de manera especial, que lo guarde
de abusos y arbitrariedades y que garantice ‘el desarrollo normal y sano’
del menor desde los puntos de vista físico, sicológico, intelectual y moral y
la correcta evolución de su personalidad. Subrayó la Corte que ese interés
superior del niño corresponde a un concepto relacional, pues parte de hipótesis
en las cuales existen intereses en conflicto ‘cuyo ejercicio de ponderación
debe ser guiado por la protección de los derechos del menor’.”[262]
6.5.1.5. Con
base en ello, la acción de tutela siempre ha sido considerada como un mecanismo
judicial procedente para exigir la protección del derecho a la salud de los
niños y niñas. Al respecto la Corte ha establecido que el núcleo esencial del
derecho a la salud de los niños y niñas que autoriza su protección por vía de
tutela, exige: (i) la existencia de un atentado grave contra la salud de los
menores, (ii) que la situación que se reprocha no pueda evitarse o conjurarse
por la persona afectada, y (iii) que la ausencia de prestación del servicio
ponga en alto riesgo la vida, las capacidades físicas o psíquicas del niño o su
proceso de aprendizaje o socialización.[263] De la misma
forma, en su jurisprudencia más reciente la Corte ha mantenido esta posición y
ha resaltado que el derecho a la salud de los niños y niñas debe ser
garantizado de forma inmediata, prioritaria, preferente y expedita, sin
obstáculos de tipo legal o económico que dificulten su acceso efectivo al
Sistema de Seguridad Social en Salud.[264]
6.5.1.6.
Resultan de la mayor importancia estas consideraciones para el caso bajo análisis,
puesto que la población Wayúu se encuentra tan dispersa en un territorio tan
extenso, que, como se verá en el aparte sobre la descripción de la situación en
salud, esta lejanía ha generado una baja cobertura en los servicios de salud
que se requieren para atender las afectaciones de la desnutrición. Conforme a
ello, las entidades de salud deben observar los principios de universalidad y
accesibilidad para lograr el goce efectivo del derecho a la salud desde todas
sus facetas.
6.5.1.7. El derecho a la salud
también ha sido desarrollado por la jurisprudencia constitucional desde un
enfoque diferenciado cuando de comunidades étnicas se trata. Lo anterior ha
implicado proteger este derecho desde una perspectiva especial que tiene en
cuenta la diversidad étnica y cultural y la exigencia de adaptabilidad
cultural. En uno de sus primeros pronunciamientos sobre este asunto, la Corte
reconoció la medicina tradicional de las comunidades indígenas como una forma
de ejercer el oficio de la medicina.[265] De la misma forma, ha protegido el derecho a la salud de personas
que se encuentran privadas de la libertad y pertenecen a una comunidad
indígena. En la sentencia T-214 de 1997,[266] la Corte se cuestionó si la exigencia de una medicina alternativa
por parte de un anciano perteneciente a una comunidad indígena puede ser o no
factor obligatorio para el traslado de establecimiento carcelario, en cuanto
podría afectar derechos fundamentales. La Corte resolvió amparar los derechos a
la autonomía y a la protección de la diversidad étnica y cultural del recluso,
al considerar que el INPEC vulneró sus derechos fundamentales al no apreciar
las condiciones especiales del accionante. En el mismo sentido, en virtud del
principio de autonomía de las comunidades étnicas y su relación con el derecho
fundamental a la integridad étnica y cultural, la Corte le dio alcance al
derecho de las comunidades indígenas a escoger en forma libre e independiente
la institución que administrará los recursos del régimen subsidiado de salud,
del cual son destinatarios.[267] La Corte recordó los deberes que adquirió el Estado en materia de
seguridad social en salud con respecto a las comunidades étnicas, en virtud del
“Convenio 169 de la OIT, sobre pueblos indígenas y tribales en países
independientes”, concluyendo que los pueblos indígenas tienen derecho a la
libre escogencia de la administradora del régimen subsidiado.
6.5.1.8. La jurisprudencia ha
reconocido la facultad que tienen las comunidades indígenas de administrar los
recursos de salud conforme a su autonomía étnica. En la sentencia T-704 de 2006[268]
la Corte estudió la acción de tutela interpuesta contra la Alcaldía de Uribia,
Guajira, y otras autoridades, por haber impedido a las comunidades asociadas en
Wayúu Ayautayuu de la Alta y Media Guajira percibir y ejecutar los recursos que,
por concepto de participaciones en los ingresos corrientes de la Nación, les
correspondían con cargo a las vigencias fiscales de los años 1999, 2000, 2001 y
2002. Se consideraba que este proceder implicó haber desconocido su derecho
constitucional al reconocimiento y protección de la diversidad étnica y
cultural de los pueblos indígenas. De paso, sus derechos a la dignidad humana,
a la salud, a la educación y a la igualdad. En esta ocasión, la Corte recordó
que el derecho al reconocimiento y protección de la diversidad étnica y
cultural de los pueblos indígenas se materializa a través de dos dimensiones, una
colectiva y otra individual. Por un lado, se protege a la comunidad indígena
como sujeto de derecho, y por otra parte se protege a los individuos
pertenecientes a esa comunidad. En este sentido concluyó que una comunidad
indígena que no tenga a su disposición los recursos básicos para realizar sus
derechos fundamentales a la salud, a la vivienda digna, a la educación, a disponer
de agua potable, no está recibiendo un trato digno y se está desconociendo el
derecho de la colectividad, corriendo el riesgo de sufrir una discriminación
injustificada. Así, la jurisprudencia de la Corte reconoció que la prestación
del derecho a la salud debe tener un enfoque étnico teniendo en cuenta las
prácticas, usos y costumbres de las comunidades indígenas.[269]
6.5.1.9. El
enfoque diferencial en la prestación de los servicios de salud a las
comunidades indígenas exige al menos las siguientes garantías: (i) producir y
emplear sus propias medicinas tradicionales y curativas; (ii) organizar y
prestar los servicios de salud bajo su propia responsabilidad y control; (iii)
organizar y prestar los servicios de salud por los miembros de las comunidades indígenas
conforme a sus convicciones y creencias; y por último, (iv) intervenir en la
planeación, administración y ejecución de los servicios de salud.[270]
La Corte ha resaltado, con el ánimo de reivindicar los derechos de los miembros
de las comunidades indígenas, que el Estado tiene el deber de construir un
sistema de salud acorde a las diferencias y necesidades propias de los pueblos
indígenas.
6.5.1.10. Ahora bien en relación con
el acceso a la prestación de los servicios de salud en zonas alejadas a centros
urbanos, puede mencionarse la sentencia T-462A de 2014.[271]
Se hace referencia a esta sentencia por tratarse de un caso de comunidades
indígenas que se encontraban asentadas en una zona alejada de los centros
urbanos y afectaba su acceso a servicios dignos de salud. En esta ocasión la
Corte revisó la acción de tutela interpuesta por unas comunidades indígenas que
se encuentran en territorios cercanos a los municipios de Suárez y Morales en
el departamento del Cauca, quienes se encontraban alejadas de las cabeceras
municipales debido a la construcción de la Central Hidroeléctrica la Salvajina.
La Sala de Revisión encontró demostrada la violación de los derechos a la libre
circulación y a la salud, debido a que las comunidades no contaban con un hospital
cerca a sus territorios y los centros de salud que había en las veredas no
contaban con los insumos necesarios y suficientes para prestar debidamente los
servicios de salud. En palabras de la Corte:
“La Sala observa que en el caso sub
examine, el hecho que genera la vulneración del derecho a la salud de las
comunidades indígenas accionantes es la ausencia de disponibilidad y la
accesibilidad física a puestos o centros de salud adecuados y equipados para la
integral atención en salud. Como se mencionó, en las veredas no hay puestos de
salud que funcionen de manera continua para cualquier emergencia que se
presente, e incluso, los moradores declararon tener que acudir al hospital de
la cabecera municipal, lo que los obliga a caminar entre dos o más horas para llegar.
Conforme a ello, el Ministerio de Salud, a través del escrito allegado a esta
Corporación, informó que el departamento del Cauca realizó la organización de
la red pública de prestadores de servicios de salud, proceso que incluyó la
creación de la Secretaría Departamental de Salud como organismo de dirección.
Igualmente, afirmó que en los municipios de Suárez y Morales existe presencia
de Empresas Sociales del Estado para la atención en salud de nivel I y precisó
que hay una IPS “Indígena CRIC” en el municipio de Morales. El Ministerio no
hizo referencia a los puestos de salud dentro de las veredas”.[272]
6.5.1.11. Con base en lo anterior,
es deber de las entidades a nivel nacional y territorial, prestar los servicios
de salud a las poblaciones más vulnerables asentadas lejos de las cabeceras
municipales. Las condiciones de accesibilidad física y disponibilidad de los
servicios de salud deben, con mayores razones, ser cumplidos para la protección
de los derechos fundamentales de las poblaciones más vulnerables.
6.5.2. Situación de atención en salud
6.5.2.1. La
población Wayúu del departamento de La Guajira presenta una situación grave en
el acceso a los servicios de salud. Las zonas alejadas con acceso limitado a
centros de salud, la ausencia de sistemas de salud tradicionales y de agua
potable y alimentos balanceados, hacen de la situación de salud un asunto
neurálgico. Existen pocos centros de salud cercanos a las rancherías y a los
lugares donde se asientan las comunidades indígenas, y la ausencia de vías de
acceso adecuadas obstaculiza aún más la posibilidad de acudir a hospitales en
las cabeceras municipales.[273] Por otra parte, una de las manifestaciones más recurrentes durante
las diligencias judiciales realizadas por la Corte en el mes de febrero, es la
multiafiliación de los miembros de una sola familia a diferentes EPS o IPS
indígenas, las cuales prestan distintos servicios de salud.[274]
6.5.2.2. La asignación del Sistema
General de Participaciones en 2017 y recursos no ejecutados en el año 2016 por
el departamento de La Guajira, fue de 23.763 millones, de los cuales 5.983 no
fueron ejecutados.[275] El Conpes muestra las fallas en el manejo y ejecución de los
recursos en el sector salud:
“Además de la existencia de una red de
prestación de servicios de salud que no ha sido viabilizada por el Ministerio
de Salud y Protección Social, el departamento ha presentado problemas en la
gerencia del sector de salud relacionados con: (i) la administración de los
recursos del FDS; (ii) la deficiente defensa jurídica, lo cual ha contribuido a
la afectación de los recursos del sector con medidas cautelares; (iii) la
organización y operación de la prestación de servicios de salud; (iv) la
cofinanciación del aseguramiento; (v) el incumplimiento de las metas de
cobertura de salud pública;
(vi) la deficiente aplicación de los procesos contractuales, y (vii) la
identificación y control de la deuda derivada de la prestación de servicios de
salud. Lo anterior hace evidente el riesgo en la gestión, el acceso y la
calidad en el sector de salud en las competencias de la entidad territorial.”
6.5.2.3. Igualmente el Conpes
evidenció varios eventos de riesgo en lo correspondiente a la prestación de los
servicios de salud en el departamento. Puede resaltarse “el cambio en la
destinación de recursos, un manejo inadecuado de estos y [la] falta de
control en el manejo de las cuentas maestras”.[276] En relación con los procesos contractuales, “la contratación no
estuvo acorde  con los requisitos legales estipulados”[277] e igualmente se
desconocieron procesos de contratación de EPS y de compra en medicamentos no
POS.[278]
6.5.2.4. Por su parte, la defensoría
del Pueblo a través de su informe defensorial de 2014 puso de presente las
siguientes problemáticas en el sector salud en el departamento:
·
“La dispersión y las barreras geográficas de las
comunidades ha hecho difícil el acceso real a los servicios de salud.
·
Bajas coberturas de vacunación y ausencia de
casi todos los programas de promoción y prevención en la región.
·
Los gastos de transporte y alojamiento para
acceder a los servicios de salud cuando lo requieren las comunidades indígenas
no son reconocidos por las aseguradoras.
·
Altos índices de mortalidad materna.
·
Subregistro en la información reportada a las
diferentes instancias.
·
Debilidad de la demanda inducida y los recursos
del Plan de Intervenciones Comunitarias son insuficientes.
·
Los entes territoriales no contratan
oportunamente actividades de salud pública.
·
Los recursos de la UPC diferencial no son
invertidos en atención en salud.
·
No existe coordinación entre las EPS que permita
el apoyo entre estas entidades, especialmente cuando las IPS que contratan,
realizan visitas a comunidades indígenas.
·
Dificultades para la atención integral debido a
que las EPS y las IPS no cuentan con suficiente personal que hable el wayuunaiki.
·
No se cuenta con suficientes entidades de alta
complejidad en el departamento.
·
La desnutrición de los niños y las niñas wayúu
es reconocida por el ICBF como un problema de salud pública.”
6.5.2.5. En las diligencias de la
Corte, se visitó el Hospital de Nazareth, en el que se encontraron los
siguientes hallazgos. Se trata de un hospital nivel 1 ubicado en la Alta
extrema Guajira, sin unidades especializadas, a pesar de requerirse.[279] Cuenta con los
servicios básicos de atención, rayos X, sala de diagnóstico y de urgencias.
Cuenta con una zona enrramada en la que se pretende mantener a los pacientes de
tuberculosis que requieren periodos muy largos, en un entorno amable y
tradicional a su ambiente Wayúu de rancherías.
6.5.2.6. Pero la Institución de
salud de Nazareth también va a las comunidades. El gerente del Hospital guió la
visita y explicó que en el marco de convenios realizados con el ICBF y el
Ministerio de Salud, el año pasado el Hospital pudo conformar 7 equipos
extramurales, compuestos por tres personas (nutricionista, auxiliar y médico),
con los cuales se hacían visitas a las rancherías y se identificaban y atendían
casos de desnutrición. Igualmente el gerente manifestó que estos equipos
duraron 8 meses funcionando y que en el presente año (2017) aún no habían
iniciado su trabajo. En relación con los casos de desnutrición, el gerente
afirmó que el año pasado se recibieron 64 casos, de los cuales se han
recuperado satisfactoriamente 31 y los demás permanecen en tratamiento.
Finalmente, cabe señalar que el gerente expresó que la situación de
desnutrición es multicausal, en la medida en que son muchos factores los que
inciden en la problemática, como la falta de agua y de alimentos.[280] También señaló
que es usual que los niños se recuperen pero al volver a su ranchería reincide
el estado de desnutrición por la falta de alimentos y agua.
6.5.2.7. En la audiencia en el
corregimiento de Tawaira, miembros de diferentes comunidades wayúu expresaron
que hay una ausencia de identificación o reconocimiento de los niños y niñas
desnutridos en las comunidades y que la principal causa de su desnutrición es
la dificultad de acceso al agua potable y servicios de salud oportunos.
6.5.3. Conclusión sobre la
vulneración del derecho a la salud
El acceso a la salud es esporádico o
incluso inexistente para algunas comunidades wayúu. Los niños y niñas que
sufren de desnutrición encuentran dificultades en la atención en salud debido a
un modelo de atención inadecuado para las zonas rurales dispersas, la falta de
disponibilidad de la red hospitalaria y los problemas administrativos que
aquejan al Departamento de La Guajira y a sus municipios.
6.6. Apreciación global de la
situación
Aunque en cualquier país existen
brechas sociales entre poblaciones y entre regiones, para la Corte no es
compatible con los principios del Estado Social de Derecho que en Colombia haya
un departamento donde un niño tiene sesenta veces más probabilidad de morir por
desnutrición que en la capital, ni que haya una etnia entera cuya niñez se vea
amenazada por el hambre. La sucesión de muertes de niños y niñas en La Guajira,
y en especial de niños y niñas pertenecientes al pueblo Wayúu, habla por sí
sola. De las descripciones de cada una de las situaciones de la disponibilidad
de los derechos afectados, se observa que existe un panorama que exige la toma
de decisiones complejas y de corto y largo plazo en las que se encamine la
coordinación de las entidades nacionales y territoriales. En este sentido la Corte
acoge en su integridad el análisis de la situación realizado por el Tribunal
Superior de Riohacha.
En conclusión, la Corte encuentra
que los niños y niñas del pueblo Wayúu están sufriendo una vulneración
generalizada, desproporcionada e injustificada de los derechos al agua, a la
alimentación y a la salud. La Corte por lo tanto confirmará los fallos de
primera y segunda instancia en cuanto ampararon los derechos de los niños wayúu.
7. Acciones del Estado
El Gobierno Nacional y algunas
entidades territoriales reportan una serie de acciones realizadas con el fin de
responder a los problemas descritos con anterioridad. A continuación la Corte
describirá estas acciones en líneas generales y hará algunas apreciaciones
generales sobre las mismas.
7.1. Disponibilidad de agua
7.1.1. El ICBF en julio de 2015
suscribió el Convenio No 1338 con la Unidad Nacional para la gestión de Riesgo
de Desastres (UNGRD) con el fin de aunar esfuerzos técnicos, administrativos y
financieros para enfrentar las causas de la emergencia y la calamidad pública
declarada en el departamento de La Guajira, de conformidad con el Decreto 260
de 2015, con el propósito de promover la seguridad alimentaria y nutricional de
los niños. Los puntos de distribución de agua en los municipios de Manaure,
Riohacha, Maicao, Hatonuevo, Dibulla, Albania y Uribia  fueron definidos en
conjunto entre los Comités Municipales de Gestión del Riesgo, la Unidad
Nacional de Gestión del Riesgo y el mismo ICBF, teniendo como criterios
principales: zonas rurales dispersas, mayor concentración de familias, mayor
concentración de población infantil, mayor necesidad de fuentes de
abastecimiento y almacenamiento de agua y presencia de programas del ICBF.
7.1.2. Afirma que en el marco de
este Convenio se instalaron 148 tanques (con capacidad entre 5.000 y 10.000
litros), la operación de 14 plantas potabilizadoras en Uribia y la distribución
de 281.118.152 litros de agua por medio de carrotanques y microacueductos.[281]
7.1.3. El Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social reportó que adelantó acciones para el
fortalecimiento del suministro de agua apta para el consumo humano. Afirmó que había
desarrollado la etapa de construcción o mejoramiento para el aprovechamiento de
16  pozos profundos con el fin de atender poblaciones núcleo y 89 comunidades
aferentes a estas, con 9121 habitantes aproximadamente. Concretamente reseña
que se reparó un molino de viento en la población de Wimpeshi en el municipio
de Uribia, se realizaron perforaciones de 15 pozos para aprovechamiento de agua
subterránea, 4 en el municipio de Uribia y 11 en el municipio de Manaure.[282] En el marco del
proyecto con ejecución desde el 2015, Prosperidad Social reporta que se
desarrolla la infraestructura de los sistemas de tratamiento de agua y se
efectúa contratación para la construcción de 12 nuevos Sistemas Integrales de
agua, de los cuales ya se ha adelantado un convenio firmado entre las partes,
diagnóstico de visitas de pertinencia de los posibles sitios donde se
realizarán las intervenciones y verificación de disponibilidad de agua en
posibles sitios de intervención. Dentro de los resultados obtenidos para el año
2016 se resaltan 15 sistemas de tratamiento de agua apta para el consumo
humano, cumpliendo la calidad establecida en el Índice de Riesgo de la Calidad
de Agua para Consumo Humano – IRCA-, a través de los cuales se efectúa
aprovisionamiento de agua subterránea tratada y dotación de agua cruda para los
casos en los que el nivel de salobridad es tolerable para realizar actividades
domésticas. De esta infraestructura se abastecen, según Prosperidad Social, 15
centros etnoeducativos y su población núcleo, aunado a 80 poblaciones aferentes
para surtir 8253 habitantes, de los cuales se estiman 3110 estudiantes. Durante
el 2017 se proyecta la terminación de 2 sistemas integrales de agua y la
generación de 12 nuevos centros de abastecimiento de agua para consumo humano
para población núcleo y aferente a un radio de acción de aproximadamente 3.5
km.
7.1.4. El Conpes 3883 reportó que en
el marco del Programa de Agua y Saneamiento para la Prosperidad-Planes
Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y
Saneamiento (PAP-PDA), en el caso de la zona rural, solo se han comprometido el
33% de los recursos, mientras que en la zona urbana se adelanta el 72%.[283]
7.1.5. El Viceministerio de Agua
Potable y Saneamiento Básico informó a la Sala que en el marco del proceso de
estructuración del esquema de suministro de agua potable para las zonas rurales
de los municipios de Uribia, Manaure, Maicao y Riohacha, definió los siguientes
criterios para la selección de puntos donde se implementarán los proyectos
piloto: (i) disponibilidad de información georeferenciada de la distribución de
la población en el territorio, (ii) disponibilidad de información de calidad y
cantidad de agua de pozos profundos existentes, (iii) disponibilidad de
estudios y diseños para la construcción de pozos para abastecimiento de agua en
zonas rurales (Corpoguajira o entidades territoriales) y (iv) socialización y
acuerdos con la Mesa de Concertación Wayúu.[284]
7.1.6. Por su parte, de los informes
allegados por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) se identificaron al
menos 15 proyectos de acueducto y alcantarillado.[285]
Se resaltan los siguientes: (i) Construcción de sistema de almacenamiento de
agua potable para aulas satélites en zona rural del municipio de Uribia, La
Guajira, Caribe. (ii) Construcción de micro acueductos para suministro de agua
potable y segura, utilizando un sistema de bombeo de energía fotovoltaica en
Juyatpana, Galilea, Betania, Santa Clara, Hamaca, Tolda, Monguí y Nueva Lucha,
Riohacha, La Guajira. (iii) Ampliación de reservorios en las comunidades
indígenas del resguardo de alta y media Guajira, Uribia, La Guajira, Caribe.
(iv) Construcción de reservorios en las comunidades del resguardo indígena de
Ariachicanay, Ichichon, Yaichi, Mochomana, Salijanao y Patellamana en la alta Guajira
- municipio de Uribia. (v) Construcción de la estación de bombeo, sistema de
tratamiento y producción de agua potable en el sector industrial del municipio
de Uribia, La Guajira, Caribe.
7.1.7. A nivel territorial, algunas
entidades reportaron acciones para asegurar la disponibilidad de agua potable
de sus habitantes. En principio son la Unidad Municipal
para la Gestión del Riesgo de Desastres  (UMGRD), en convenio con el área de
Servicios Públicos del Departamento Administrativo de Planeación Municipal, las
entidades encargadas de responder a la necesidad inmediata de acceso a agua
potable de las comunidades.
7.1.8. El suministro del líquido se
hace mediante carros cisterna, coordinados por la Sala de Crisis del Municipio
de Maicao.[286]
Se le atribuye a esta política de emergencia, el suministro de 61.500.900
litros de agua, en 409 comunidades con 20.000 familias beneficiarias en el 2015
y de 54.491.200 litros de agua en el 2016.[287]
El municipio de Maicao afirmó que “La mayor dificultad  presentada es el
deterioro de las vías de acceso a un importante número de comunidades a las que
se ha pretendido suministrar el agua a través de vehículos cisterna”,[288]
por lo que el abastecimiento de agua sólo llega a zonas cercanas y medianas al
casco urbano del municipio. Finalmente, se identificó que la programación y
frecuencia del suministro es coordinada de manera telefónica con las
comunidades y la Oficina de Asuntos Indígenas.[289]
7.1.8. Existe también reporte del
Municipio sobre construcción de tanques de almacenamiento de agua potable en
alianza con diversas entidades. Para el 2015 la UNGRD hizo entrega de 33
tanques de almacenamiento, la alianza entre la UNGRD y el ICBF realizó la construcción
de 15 de estos. El Municipio de Maicao, por su parte, hizo entrega de 26
tanques de almacenamiento; beneficiando a 84 familias de la región.[290]
7.1.9. Respecto de soluciones
estructurales para abastecimiento de agua, el municipio refiere el componente
especial de construcción o adecuación de fuentes de aguas existentes de los 6
Proyectos Productivos adelantados dentro de las comunidades de la región en el
2015 y los 8 realizados en el 2016 para 200 familias,[291]
materializados en coordinación con el programa de “Alianza por el Agua y la
Vida”. Así mismo, menciona que en coordinación con la UNGRD y el Departamento
de La Guajira en el 2015 se realizaron 14 Aero-desalinizadores con 1.960 beneficiarios,
10 reparaciones de molinos con 800 beneficiarios y 2 habilitaciones de pozos
que impactó a 300 personas.[292]
De otro lado, en el 2016 el Municipio de Maicao reporta la construcción de 11
molinos en 11 comunidades con 275 familias, 2 jagüeyes en 2 comunidades con 60
familias y 9 estanques en 9 comunidades con 220 familias.[293]
7.1.10. El Municipio de Manaure se
encarga del suministro de agua mediante carro-tanques, provenientes de la
Empresa Acueducto y Alcantarillado Triple A.[294]
Reconoce la entidad que el suministro no se realiza de manera regular, y se
plantea como problemáticas en la distribución la falta de infraestructura vial,
la falta de carro-tanques suficientes y en buen estado, así como la falta de
recursos para el mantenimiento técnico de la operación. De otro lado la FUCAI
considera que existe una falta de articulación institucional, explica que ante
la solicitud de agua de las comunidades, las entidades dirigen la petición a
otras entidades que a su vez la redirigen o no resuelven la problemática.[295]
7.1.11. En el caso del municipio de
Uribia, con ocasión al adelantamiento del Plan de Desarrollo “Todo por Uribia”,
se presentaron medidas que se pretende adoptar, para atender la crisis de
desabastecimiento de agua potable para las comunidades, dentro de las cuales se
reconocen: (i) realizar estudios específicos sobre fuentes y acuíferos, (ii)
elaborar estudios y diseños de micro acueductos, (iii) optimizar reservorios en
zona rural y, por último, (iv) instalar y realizar el mantenimiento de molinos de
viento en zona rural.[296]
7.2. Atención alimentaria
7.2.1. Programas a cargo del ICBF
7.2.1.1. El ICBF ejecuta las
principales acciones en materia de atención alimentaria. Entre las acciones
reportadas se encuentran la entrega gratuita de leche en coordinación con el
Ministerio de Agricultura,[297] la atención en
nutrición y la atención a la primera infancia. El ICBF diseña y contrata
distintas modalidades de atención, entre las cuales se encuentra la
recuperación nutricional en los centros destinados a tal fin, la atención
alimentaria por medio de la modalidad familiar, la atención alimentaria en
modalidad propia y la estrategia de recuperación nutricional “1.000 días para
cambiar el mundo”, entre otras.[298] Para el año 2016, el
ICBF reportó una cobertura de 86.070 beneficiarios en el Departamento de La Guajira,
por medio de nueve servicios distintos.[299] En el
municipio de Manaure, la entidad reportó una cobertura de 62% respecto a la
demanda.
7.2.1.2. Durante las inspecciones
judiciales, funcionarios del ICBF explicaron a la Corte que la atención
alimentaria por medio de la entrega de alimentos o complementos nutricionales a
las familias se sustituiría gradualmente con la llamada “modalidad propia”,
bajo la cual los niños y niñas de cero a cinco años recibirían alimentación en
los distintos centros de desarrollo infantil del ICBF. La modalidad propia,
según estos funcionarios, obedece al enfoque diferencial y sus lineamientos
exigen que los alimentos sean acordes con la dieta tradicional wayúu.[300]
En la inspección judicial en la comunidad de Zucaramana el despacho del
Magistrado Sustanciador constató que el programa tiene la suficiente
flexibilidad para adaptar el menú a las necesidades de cada comunidad.[301]
7.2.1.3. Algunas comunidades
reconocen los logros del ICBF en la disminución de la desnutrición infantil.
Por ejemplo, la Asociación de Autoridades Tradicionales Wayúu de Buenos Aires
indicó que en las comunidades bajo su jurisdicción no se presentan muertes de
niños debido a que el ICBF “es el encargado de dar una buena atención a los
niños de bajo peso”.[302]
7.2.1.4. Otras, sin embargo, han
manifestado su inconformidad con los programas de esta entidad. En el documento
“Consenso de las autoridades indígenas wayúu a expediente T-5.697.370” aportado
a la Corte en la audiencia pública en Riohacha, varias autoridades wayúu
manifiestan su inconformidad con la dimensión cultural de estos programas:
“El ICBF pretende a través de la modalidad
propia, la cual fue impuesta para los programas de primera infancia, desprender
al menor wayuu de su seno familiar y llevarlo a un entorno en el cual se va a
demorar 8 horas, dicho tiempo es demasiado, debido a que en este lapso de
tiempo pueden haber fricciones, que pueden conllevar a lesiones personales del
menor, que entraría a dañar el tejido social, por cuando esta clase de lesiones
en nuestra cultura, se compensa por la persona que ocasionó el daño.”[303]
7.2.1.5. De acuerdo con la
Procuraduría General de la Nación, no hay instrumentos de seguimiento para
evaluar el impacto de la modalidad propia, por lo cual será difícil conocer los
resultados de esta política del ICBF.
7.2.1.6. Por otra parte, en la
ejecución de las distintas modalidades de atención, se han producido
desacuerdos relacionados con la selección de operadores. Varias autoridades
tradicionales wayúu consideran que los operadores elegidos para ejecutar estos
programas no conocen los usos y costumbres de la etnia Wayúu.[304]
Algunas autoridades exigen al ICBF que dentro de la concertación que se realiza
sobre la operación de los programas, se concerte la escogencia del operador.[305]
La posición del ICBF es que dicha concertación no está ordenada por la
Constitución ni por la ley.[306] Dicha posición
encuentra respaldo en un concepto del Ministerio del Interior del 10 de agosto
de 2016 y en la lectura que hace el ICBF de las sentencias T-466 de 2016 y
T-475 de 2016 de la Corte Constitucional. La Corte se pronunciará sobre este
asunto en los apartados 8.8 y 8.9 de esta sentencia.
7.2.1.7. Los contratistas para las
distintas modalidades de atención son entidades sin ánimo de lucro. Estas son
vinculadas por contratación directa y por medio de “contratos de aporte”, de
acuerdo con la Ley 7 de 1979,[307] el Decreto 2150 de 1995[308] y el Decreto 1084 de 2015.[309] Esta última norma define el contrato de aporte como aquel en que “el
Instituto se obliga a proveer a una institución de utilidad pública o social de
los bienes (edificios, dineros, etc.) indispensables para la prestación total o
parcial del servicio, actividad que se cumple bajo la exclusiva responsabilidad
de la institución, con personal de su dependencia, pero de acuerdo con las
normas y el control del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar […]”.
7.2.1.8. La selección de estas
entidades sin ánimo de lucro no parece cumplir con el principio de selección
objetiva. Según el Manual de Contratación actualmente vigente,[310]
el proceso tiene dos pasos principales. El primer paso consiste en conformar el
Banco Nacional de Oferentes a partir de una invitación pública que contiene los
requisitos básicos de habilitación para la entidad que quiera ofrecer el
servicio. El segundo paso, dice el Manual, consiste en seleccionar a una
entidad del Banco de Oferentes:
“Las Direcciones Regionales o la Subdirección
General según el caso, consultarán el Banco Nacional de Oferentes cada vez que
requieran celebrar un contrato de aporte y seleccionarán al oferente, de
conformidad con las reglas que se hayan establecido para cada modalidad de
atención.”[311]
7.2.1.9. El Manual no indica qué
reglas deben seguirse para seleccionar al oferente en caso de que haya varios
de ellos. Simplemente señala que las autoridades “seleccionarán al oferente”.
Esta regla otorga al ICBF, y en particular, a su Dirección Regional en La
Guajira , un amplísimo margen de discrecionalidad en la selección de las
organizaciones a cargo de los programas de atención alimentaria, el cual puede
ser contrario a los principios constitucionales de moralidad e imparcialidad en
la función pública (art. 209 CP).
7.2.1.10. Para la Corte tampoco son
claros los criterios con los cuales se seleccionan las comunidades
beneficiarias de los distintos programas del ICBF. Para algunos programas, el
ICBF afirmó tener en cuenta los resultados del proceso de microfocalización.[312]
Sin embargo, en general, perciben la focalización de comunidades beneficiarias
realizada por el ICBF como poco transparente y parcializada. En la comunidad de
Purpushon, donde se realizó una inspección judicial, miembros de la comunidad
no se explicaban los motivos por los cuales el ICBF no había llegado con sus
programas de alimentación, en un lugar ubicado a menos de una hora del casco
urbano de Riohacha.[313]
7.2.1.11. El ICBF explica que para
la priorización y selección de beneficiarios se tienen en cuenta nueve
criterios,[314] los cuales aparecen igualmente en los manuales operativos de cada
modalidad. Sin embargo, ni el oficio del ICBF ni los respectivos manuales
operativos señalan la forma de medir estos criterios o el peso relativo que
tiene cada uno en la selección de beneficiarios. En el marco de la atención a las
niñas y los niños wayúu, algunos pueden ser demasiado generales para cumplir la
función de priorizar racionalmente los recursos. Este es el caso del criterio
de pertenencia a comunidades étnicas. En este sentido la Corte se
pregunta, ¿si todos los niños susceptibles de recibir estos beneficios
pertenecen a la etnia Wayúu, con qué criterio se seleccionan las comunidades
que recibirán o no las distintas modalidades de atención?
7.2.1.12. A través del Sistema
Electrónico de Contratación Pública (SECOP), la Sala revisó aleatoriamente ocho
contratos suscritos por la Dirección Regional de La Guajira, cuyo municipio de
ejecución correspondiera a alguno de los cuatro municipios demandados por el
actor en esta tutela y cuyo objeto se relacionara con alguno de los programas
de atención alimentaria.[315] En cada contrato una cláusula establece el número de beneficiarios
o de “cupos” a atender, y como ámbito territorial de la atención señala la
jurisdicción entera del municipio.[316] En la misma o en otra cláusula se obliga de manera genérica a la
entidad contratista a cumplir los criterios de focalización establecidos por el
ICBF para el respectivo programa.
7.2.1.13. Los cuatro municipios
demandados en esta tutela tienen extensiones de entre 1.782 y 8.200 km2,
y pueden tener hasta 20.000 puntos poblados en sus zonas rurales. Los
contratos, sin embargo, permiten a la entidad escoger los niños o las madres
que llenarán los “cupos” a atender, siempre que se encuentren dentro del
municipio designado y cumplan con los amplios criterios de focalización que se
han reseñado. En este contexto, a la amplísima discrecionalidad que tiene el
ICBF para seleccionar a la entidad contratista se agrega la discrecionalidad
del contratista para la selección de los beneficiarios. A juicio de la Corte,
el marco institucional y contractual que se acaba de describir abre espacios a
la arbitrariedad y genera riesgos de favoritismos, y por ende, de
discriminación contra comunidades específicas. Ahora bien, el contexto
específico en el que estas reglas son aplicadas puede dar elementos para
advertir o prever mayores riesgos de uso arbitrario de la norma.
7.2.1.14. En suma, los distintos
programas a cargo del ICBF tienen un efecto positivo en la garantía de los
derechos de los niños y niñas wayúu. Sin embargo, a juicio de algunas
comunidades, estos generan impactos negativos a largo plazo, y existe una
controversia entre las comunidades y el ICBF sobre las obligaciones de esta
última a concertar o consultar algunos aspectos de estos programas. Respecto de
estos, encuentra la Corte que no existen criterios objetivos y transparentes
para la selección de contratistas o para la focalización de beneficiarios, lo
cual genera espacios abiertos a la arbitrariedad. Además, no existen en este
momento instrumentos de seguimiento para evaluar el impacto de estos programas
de seguridad alimentaria.
7.2.2. Programa de Alimentación
Escolar
7.2.2.1. Otro programa importante en
materia de atención alimentaria es el Programa de Alimentación Escolar (PAE).[317] Se trata de un
programa diseñado y dirigido por el Ministerio de Educación Nacional y
ejecutado por las entidades territoriales, con recursos del Sistema General de
Participaciones, del Sistema General de Regalías, recursos propios, recursos
del Presupuesto General de la Nación distribuidos por el Ministerio de
Educación Nacional y otras fuentes.[318]
7.2.2.2. El PAE no está concebido
como un programa de atención alimentaria, sino que se encuentra destinado
primariamente a “mantener los niveles de atención, impactar de forma positiva
los procesos de aprendizaje, el desarrollo cognitivo, disminuir el ausentismo y
la deserción y fomentar estilos de vida saludables”.[319] Sin embargo, ante la escasez de agua y alimentos en el Departamento
de La Guajira, el PAE es un elemento fundamental de la alimentación de los
niños y niñas wayúu.
7.2.2.3. Debido a las debilidades
institucionales de las entidades territoriales, la operación del PAE en La
Guajira es intermitente. A la pregunta de la Corte sobre si el PAE había
iniciado su operación en una comunidad en la jurisdicción de Uribia, el
Ministerio de Educación Nacional respondió que a febrero de 2017 “la
comunidad de Zucaramana, al ser parte de la jurisdicción del municipio
certificado en educación de Uribia, al momento no cuenta con operación del PAE
pues el mismo aún no ha iniciado la prestación del servicio educativo”.[320] Lo anterior a
pesar de que para el año 2017 el Ministerio hubiera adjudicado a Uribia la suma
de $1.993.038.139 para la implementación del PAE y $642.351.920 para la
implementación en la modalidad de Jornada Única, con el fin de brindar atención
a 32.827 niños y niñas.[321]
7.2.2.4. Para 2016, el municipio de
Maicao reportó que el PAE no cubrió la totalidad de la vigencia, debido a que
no se contó con todas las fuentes de financiación.[322]
En la visita de febrero de 2016, la Defensoría del Pueblo reportó que “el
programa de alimentación escolar PAE no ha dado inicio y por lo tanto los niños
ni reciben ningún complemento nutricional ni alimentario durante la jornada
académica”.[323] Este hallazgo fue
corroborado por la Procuraduría General de la Nación, que considera que una de
las fallas del PAE es la ausencia de prestación continua del servicio.[324]
7.2.2.5. En el Conpes 3883 de 2017
el Gobierno Nacional encontró “evidencia de situaciones que ponen en riesgo
de manera evidente la ejecución del PAE en los municipios de La Guajira”.[325]
En consecuencia, y de acuerdo con el Decreto 028 de 2008, el Ministerio de
Educación Nacional asumió temporalmente la competencia para prestar el servicio
de alimentación escolar en los quince municipios del Departamento de La Guajira
a través de un administrador temporal.
7.3. Seguridad alimentaria
7.3.1. Mediante documento Conpes 113
de 2008, el Gobierno Nacional adoptó una Política Nacional de Seguridad
Alimentaria y Nutricional (PSAN) y dispuso la adopción de un Plan Nacional de
Seguridad Alimentaria y Nutricional (PNSAN). El PNSAN vigente cubre el periodo
2012-2019, se plantea objetivos en materia de disponibilidad, acceso, consumo,
utilización y aprovechamiento biológico, inocuidad e institucionalidad de la
seguridad alimentaria y nutricional. De acuerdo con el informe remitido a la
Corte en este proceso, para el año 2015 el país presentó un avance considerable
en los indicadores trazadores de hambre y malnutrición.[326]
En ese año, se reportaron logros significativos en la reducción de la
desnutrición infantil pero se señaló que la meta para 2015 establecida en el
PNSAN no había sido alcanzada en los Departamentos de Chocó, Sucre, La Guajira,
Córdoba, Vaupés y Bolívar.[327] También se presentó un
avance significativo en los indicadores de resultado planteados por el mismo
PNSAN.[328]
7.3.2. No obstante lo anterior, no
fue posible para las entidades del orden nacional consultadas en este proceso
indicar la incidencia de los avances en el PNSAN en la situación real del
Departamento de La Guajira. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
indicó que “algunas de las acciones plasmadas en el Plan de Acción en el
marco del […] PNSAN 2012-2019, no son viables de ser ejecutadas [en el
Departamento de La Guajira ].”[329]
7.3.3. El Departamento para la
Prosperidad Social remitió a la Corte la matriz de seguimiento de los
indicadores registrados en el plan de acción.[330] Esta matriz registra los avances a nivel nacional en las 58
acciones a cargo del Ministerio de Agricultura, el DPS, el ICBF el Ministerio
de Ambiente, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Vivienda. Sin embargo,
no contiene ninguna subdivisión regional que permita apreciar el impacto del
PNSAN en el Departamento de La Guajira.
7.3.4. Independientemente del PNSAN,
el Gobierno Nacional reporta una serie de acciones concretas dirigidas a
garantizar la seguridad alimentaria de comunidades wayúu, en el marco de la
Alianza por el Agua y por la Vida. Las principales entidades del Gobierno
comprometidas en este frente han sido el Departamento para la Prosperidad
Social y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
7.3.5. El DPS reportó actividades de
inclusión productiva bajo los encabezados del Programa de Red de Seguridad
Alimentaria ReSA, el programa IRACA y el programa de empleo temporal.[331]
Aunque cada programa tiene especificidades y objetivos propios, estos comparten
un enfoque de generación de capacidades para las comunidades. Las
intervenciones lideradas por el DPS bajo este eje no son asistencialistas, sino
que buscan proveer a las comunidades con las herramientas para continuar
produciendo alimentos.
7.3.6. Dentro de las intervenciones del
programa ReSA, la Corte destaca las denominadas soluciones integrales; intervenciones
de seguridad alimentaria, como la instalación de huertas o apriscos, con
soluciones de agua, como la instalación de un pozo profundo con una planta
potabilizadora. La Corte realizó una inspección judicial a la solución integral
puesta en marcha por el DPS, en concertación con las autoridades tradicionales,
en la comunidad de Sichichón, en la jurisdicción del municipio de Manaure. En
esta visita la Corte constató que el proyecto realizado por el DPS efectivamente
permite a la comunidad mantener la seguridad alimentaria sin la necesidad de
recurrir a programas asistencialistas ni de renunciar a su cultura alimentaria.
La Corte considera que proyectos como el de la comunidad de Sichichón potencian
las capacidades y la autonomía de las comunidades indígenas para producir sus
propios alimentos de acuerdo con sus usos y costumbres. Este proyecto, para la
Corte, es una prueba fehaciente de que la cultura Wayúu y los derechos de los
niños no son incompatibles, y de que el Estado tiene las herramientas en sus
manos para implementar proyectos efectivos y a la vez sensibles a la diversidad
cultural.
7.3.7. Dichos proyectos, sin
embargo, son escasos. En total, la Presidencia de la República reportó a la
Corte que entre 2015 y 2016 se benefició a 123 comunidades con proyectos ReSA, de
las cuales 15 fueron beneficiarias de soluciones integrales. Reportó
adicionalmente 150 comunidades que se beneficiaron de proyectos productivos, de
los cuales 111 fueron desarrollados por el Ministerio de Agricultura, la Unidad
para la Gestión del Riesgo de Desastres, el Incoder y la Gobernación de La
Guajira, 33 por el Ministerio de Agricultura y seis por el Ministerio del
Interior.[332] Como meta para el año 2017 señaló que habría 12 nuevas soluciones
integrales en la Alta Guajira, 33 nuevos proyectos productivos y 2.000
proyectos hortofrutícolas.
7.3.8. Sumando las intervenciones de
las distintas entidades, y asumiendo que cada intervención se da en un punto
poblado distinto, el Gobierno reporta 273 comunidades beneficiarias de
proyectos de seguridad alimentaria en los dos años anteriores y propone
extender esta cobertura en 55 nuevas comunidades. Teniendo en cuenta la
existencia de más de veinte mil puntos poblados en la Alta Guajira, la
cobertura de estos proyectos parecería ser de menos del 2% de las comunidades.
7.3.9. En esta apreciación coincide
la Federación de Asociaciones de Autoridades Tradicionales de La Guajira:
“Prosperidad Social (DPS) ha implementado
algunos proyectos demostrativos en varias comunidades, que demuestra que la
agricultura sí es posible. || Sin embargo esto soluciona la situación de
algunas familias pero no para la mayoría de la comunidad, para el ejemplo, en
Winpiraren el DPS construyó un pozo profundo y adecuó una hectárea para riego,
pero Winpiraren tiene más de 90 viviendas en un área de 4 km2, la
mayoría no se beneficia del pozo ni de la huerta y mucho menos las otras
rancherías aledañas ya que están a 2, 3, 4 o 5 kilómetros de distancia.”[333]
7.3.10. Finalmente, el plan de
acción remitido por la Presidencia de la República señala la construcción de un
centro de acopio en Puerto Estrella como una de las actividades en el eje de
seguridad alimentaria. La Corte inspeccionó este centro de acopio,[334] el cual fue puesto en marcha en diciembre de 2016 (dotación), pero
no había sido inaugurado oficialmente al momento de la visita. El centro de
acopio está diseñado para alimentos y otras provisiones transportadas por
tierra, para la distribución a pequeñas tiendas en la Alta Guajira. Como lo
advirtió el representante de la Cancillería y una persona de la comunidad, el
centro se planteó como una solución a la ausencia de alimentos que venían de la
frontera con Venezuela. En realidad, no se trata de un centro de distribución
para proveer alimentos directamente a las comunidades, sino como una forma de
distribución comercial. Aunque es posible comprar alimentos y provisiones en
este centro, los precios varían de acuerdo al proveedor y son también una
competencia comercial para las demás tiendas. Para la Corte, a primera vista, el
centro de acopio de Puerto Estrella no parece ser una solución adecuada y efectiva
para evitar la inseguridad alimentaria de las comunidades wayúu. El centro de
acopio es un activo que debe usarse de la mejor forma posible.
7.3.11. A nivel territorial, tanto
el Departamento como los municipios tienen el deber de adoptar un plan
territorial de seguridad alimentaria y nutricional.  El Plan Territorial de
Seguridad Alimentaria de Riohacha atiende a tres componentes principales: (i)
disponibilidad de alimentos, (ii) consumo y (iii) aprovechamiento o utilización
biológica de alimentos.[335] En el marco de este
plan, Riohacha reportó algunas actividades concretas como, por ejemplo, una
prueba piloto de unidad de huerta casera en el barrio Las Marías; la
instalación de sistemas de riego por goteo en cultivos; actividades de
sensibilización a madres gestantes y lactantes; el seguimiento a niños
egresados de los centros de recuperación nutricional; la realización de una
mesa de trabajo para la formulación de un plan distrital de seguridad
alimentaria y la “penetración a comunidades para rescate de niños con
desnutrición con padres que se niegan a la atención”.[336]
Riohacha no reportó el plan completo, con todas las acciones comprometidas,
los objetivos, las metas y los plazos.
7.3.12. Uribia reportó la
realización de capacitaciones a productores y pastores.[337]
Maicao reportó la entrega de alimento para animales, en alianza con la Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Manaure no reportó planes ni
acciones específicas relacionadas con la seguridad alimentaria.
7.4. Salud
7.4.1. El Gobierno Nacional ha
realizado tres tipos de acciones en materia de salud. En primer lugar, como
respuesta inmediata a la crisis en La Guajira, el Ministerio de Salud y
Protección Social ha financiado la contratación de diecisiete equipos
extramurales de atención, a través de cinco hospitales del Departamento. Esto
se ha denominado Programa de Atención Integral en Salud y Nutrición con
Enfoque Comunitario.[338] Las metas del programa
se plantean en términos de familias atendidas. En 2016 se atendió a 16.194
familias en Uribia, Manaure, Maicao y Riohacha. Para 2017, el Ministerio de
Salud manifestó que continuaría con este programa. Sin embargo, este no aparece
dentro del cronograma para 2017 en el plan de acción remitido por la
Presidencia de la República. Otra acción importante del Ministerio de Salud ha
sido la habilitación de una línea de atención a la desnutrición aguda que “opera
en alianza con la línea nacional de atención de desastres de este Ministerio,
durante los 7 días de la semana y 24 horas y presta servicios de información,
asesoría y direccionamiento a la población en estado de vulnerabilidad
nutricional”.[339] Entre marzo y
octubre de 2016, esta línea recibió 780 reportes de casos probables de
desnutrición, que fueron a su vez reportados a las EPS.
7.4.2. En segundo lugar, el
Ministerio de Salud ha realizado acciones de formulación de política pública.
Dentro de las acciones más importantes se destaca el diseño del Modelo Integral
de Atención en Salud—MIAS para el Departamento de la Guajira. El Modelo aún no
ha sido implementado.
7.4.3. En tercer lugar, la
Superintendencia Nacional de Salud ha realizado importantes actividades de
inspección, vigilancia y control.  En este proceso se reportaron las siguientes
actuaciones. Esta misma entidad, realizó una auditoría integral en el
departamento de la Guajira en el año 2014, la cual tenía por objeto verificar
el cumplimiento de las obligaciones por parte de las entidades territoriales
frente al Sistema General de Seguridad Social en Salud, específicamente, la
prestación de los servicios de salud y salud pública para la población en
general y poblaciones especiales. De la misma forma, realizó auditorias
integrales a las EPS que operan en el departamento de La Guajira que se
concentraron en el manejo de los recursos administrados. Reportó que impuso
sanciones a 7 EPS “por fallas en la prestación de los servicios de salud a
menores de edad indígenas fallecidos en el departamento de La Guajira”.[340]
Sancionó al departamento de La Guajira “por no gestionar la prestación de
servicios de salud oportunos, eficientes y de calidad a menores de edad
fallecidos pertenecientes a población pobre no asegurada”.[341]
7.4.4. En el marco de la estrategia
de “Red de Controladores del sector Salud”, en el segundo semestre de
2015 la Superintendencia le exigió a las EPS que operaban en el departamento
presentar un Plan de Contingencia, el cual “debía incluir trabajo extramural
y búsqueda activa de niños y niñas en riesgo de desnutrición o con desnutrición
aguda – moderada o severa”.[342]
La Superintendencia, también reportó que mediante Auto No. 0098 de 17 de marzo
de 2015, ordenó una visita intempestiva a la Secretaría Departamental de Salud
de La Guajira. Como resultado de esta visita, resaltó que la ejecución del “Plan
de Contingencia para la Prevención y Control de la Desnutrición para la Guajira
2014”, no se había cumplido en su totalidad. En consecuencia, la
Superintendencia requirió a la Secretaría Departamental de Salud, para que
informara los eventos de mortalidad por causa o asociados a desnutrición en
menores de 5 años reportados al SIVIGILA. La Secretaría reportó 7 eventos. La
Superintendencia encontró que estos datos no concuerdan con lo registrado por
el Instituto Nacional en Salud, el cual, durante el mismo periodo afirmó que
había 10 eventos acaecidos.[343]
7.4.5. La Superintendencia emitió el
Concepto Técnico “Muertes de menores de edad asociada a desnutrición en el
departamento de La Guajira notificados al SIVIGILA, con corte a la Semana
Epidemiológica 19 de 2015”. De la misma manera, la Superintendencia enlista
una serie de actuaciones adelantadas como, reuniones con la Secretaría de Salud
Departamental para hacer seguimiento a los casos de mortalidad infantil con
ocasión de desnutrición, requerimiento de información a diferentes entidades,
visitas y auditorías a EPS que operan en la Guajira, entre otros. Realizó
Auditoría dentro del Plan de Choque para atención a la desnutrición infantil.
Para el año 2017 manifestó que se concentraría en el seguimiento de planes de
mejoramiento, cumplimiento de acciones a través de visitas o auditorías
especiales y trabajo articulado con el Instituto Nacional en Salud.
7.4.6. En respuesta a la información
solicitada por el Magistrado Sustanciador, el Ministerio de Salud requirió a
todas las IPS indígenas ubicadas en el departamento de La Guajira –un total de
30– y las EPS indígenas –se reportó 3–. Al respecto, allegó respuesta de 8 IPS
indígenas y 2 de EPS indígenas.[344]
De la información allegada se puede evidenciar lo siguiente: (a) capacitación
del personal médico, (b) socialización de la ruta integral para la atención de
la desnutrición en los niños y niñas menores de 5 años, (c) preparación y
relación de salidas extramurales a las comunidades indígenas, (d) búsqueda
activa de usuarios que por dificultades sociales, económicas y culturales no
salen de las rancherías, (e) implementación de acciones de recuperación nutricional
con enfoque comunitario y (f) focalización de niños y niñas en riesgo y
desnutridos.
7.4.7. Se evidencia una ausencia del
enfoque diferencial en relación con la cultura wayúu en las actuaciones
adelantadas por las EPS e IPS que reportaron información. Estas instituciones
reportan cifras de niños atendidos pero no especifican lugares ni condiciones
detalladas ni los criterios que utilizaron para definir a qué comunidades
visitar. Se reportó que en algunas comunidades indígenas es difícil acceder a
prestar la atención en salud, dado que los líderes y autoridades son renuentes
a permitir el ingreso del personal del equipo extramural. Se citan las
rancherías Popoya, Playa y Guajirito.[345]
7.4.8. No existe claridad sobre los
criterios que utilizan las IPS y/o EPS para escoger los lugares a los cuales
deben ir los equipos extramurales. Igualmente, se evidencia que no todos los
equipos extramurales tienen la misma composición de especialidades médicas. En
su mayoría cuentan con un médico general, una enfermera, un odontólogo y una
auxiliar de enfermería. Excepcionalmente, cuentan con un nutricionista,
pediatra, trabajador social y especialista en citología.[346]
7.4.9. En relación con las
recomendaciones formuladas por la Defensoría del Pueblo en el informe
defensorial No. 065 de 2015, el Ministerio reportó las siguientes actuaciones:[347]
(i) priorizó las zonas rurales dispersas de la Alta Guajira, (ii) en el año
2015 formuló los “lineamientos para el manejo integrado de la desnutrición
aguda moderada y severa en niños y niñas de 0 a 59 meses de edad” y la “Ruta
específica para la atención integral a la desnutrición aguda”. En
desarrollo de esta última, el Ministerio señaló que se enmarcó el proceso de
implementación del Modelo Integral de Atención en Salud – MIAS, según lo
dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo (Resoluciones 5406 de 2015 y 3202
de 2016), (iii) suscribió un convenio marco con el Ministerio de Relaciones
Exteriores (No. 19 de 2012) para mejorar el acceso de los servicios de salud de
los hospitales públicos ubicados en zonas fronterizas y fortalecer la capacidad
resolutiva de los servicios de salud de los hospitales público ubicados en
zonas fronterizas, a través de la implementación de servicios de telemedicina,
de acuerdo con el Plan Fronteras para la Prosperidad y el Plan País Telesalud
del Ministerio.
7.4.10. En el marco de las
diligencias judiciales adelantadas por la Sala Séptima de Revisión de la Corte
Constitucional los días 20, 21 y 22 de febrero de 2017, miembros de las
comunidades indígenas manifestaron su descontento en relación con la cantidad
de EPS e IPS indígenas existentes en el departamento y la multiafiliación que
hay entre las mismas familias a distintas EPS.
7.5. Información
7.5.1. Las
autoridades públicas no tienen conocimiento completo de las condiciones de vida
de las comunidades wayúu en La Guajira. No existe un dato cierto sobre el
número y la ubicación de las comunidades, ni las necesidades de cada una de
estas.
7.5.2. Entre los años 2015 y 2016 el
ICBF avanzó en este punto al realizar el proceso de microfocalización, que
consistió en un censo de las comunidades y sus necesidades en las zonas rurales
de Manaure, Maicao y Uribia. De acuerdo con la fundación contratada para esta
tarea, “este estudio constituye la aproximación más importante que se ha
hecho en Colombia para conocer la ubicación de la población Wayúu, sus
condiciones de vida y su situación nutricional”.[348]
Los resultados, de acuerdo con el ICBF, fueron compartidos con varias
entidades del orden nacional y territorial para la mejora de sus respectivos
programas, atendiendo de esta forma una recomendación formulada por la
Defensoría del Pueblo.[349]
7.5.3. El Tribunal Superior de
Riohacha ordenó la creación de un sistema de información. Esta orden fue
confirmada por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. En cumplimiento
de esta orden, el Gobierno Nacional inició las gestiones para poner en marcha
dicho sistema. Sin embargo, de acuerdo con los informes recibidos por la Corte
Constitucional,[350] y las respuestas de la Presidencia de la República durante una de
las inspecciones judiciales,[351] el sistema se encuentra aún en la fase de formulación.
7.6. Apreciación global de las
actividades de las autoridades
7.6.1. La Sala observa que tanto
entidades del orden nacional como territorial han adelantado una serie de
planes y programas para enfrentar las problemáticas de los derechos a la salud,
agua y alimentación de la población, y concretamente de la niñez wayúu. La
crisis de los niños y niñas del pueblo Wayúu claramente no ha sido ajena a las
entidades. La Sala debe reconocer el esfuerzo de las distintas entidades para
hacer frente a esta crisis y para buscar alternativas para su superación.
7.6.2. Sin embargo, las acciones
implementadas por las diferentes entidades estatales tienen deficiencias que
afectan el objetivo principal de garantizar el goce efectivo de los derechos
fundamentales de las niñas y los niños wayúu. Preliminarmente, se evidencia que
existe una multiplicidad de acciones materializadas en planes y programas que
no tienen una cobertura universal y no cuentan con una sostenibilidad a largo
plazo. Igualmente, existe una falta de coordinación entre las diferentes
entidades a nivel nacional y territorial.[352]
Para la Sala existe un problema grave que compromete el diseño, implementación
y ejecución de las diferentes acciones del Gobierno y las entidades locales y
es la ausencia de un censo veraz y actualizado de la población wayúu, y en
consecuencia, indicadores claros en relación con las necesidades básicas
insatisfechas. No hay claridad sobre, la cantidad de población, ni sobre los
puntos dispersos de asentamientos y las necesidades diferenciales. Esto es un
factor determinante de que las políticas no generen un impacto serio y continuo
que garantice de manera efectiva el acceso a cada uno de los programas y
planes. Acompañado de lo anterior, las entidades tienen poco conocimiento en
las tradiciones y formas de vida del pueblo Wayúu, como se puso en evidencia en
la ejecución de los programas de alimentación. De la misma manera, la Sala nota
que en cada una de las acciones del Estado no hay claridad en cuanto a los
criterios de selección de los contratistas u operadores para ejecutar ciertos
programas, y al mismo tiempo, tampoco hay claridad sobre quiénes son los
beneficiarios o por qué ciertas poblaciones reciben antes y otras nunca ciertos
servicios.
7.6.3. Con base en lo establecido
anteriormente, la Sala procederá a realizar un análisis constitucional sobre
las políticas públicas mencionadas.
8. Valoración constitucional de
las políticas públicas para el goce efectivo de los derechos de los niños y las
niñas wayúu
La Corte Constitucional no es
competente para formular, ejecutar, evaluar o hacer seguimiento de las
políticas públicas. Su competencia es para confrontarlas con los parámetros
mínimos constitucionales y verificar que en su ejecución se cumpla con un
mínimo del goce efectivo de los derechos fundamentales que se pretendan valer.
A continuación se confrontan las actividades de las autoridades públicas con
dichos parámetros constitucionales.
8.1. Parámetros constitucionales
mínimos de las políticas públicas
8.1.1. Aunque a nivel académico y
conceptual algunos autores han desarrollado distinciones entre los derechos de
primera y segunda generación, o entre derechos civiles y políticos y derechos
sociales, estas distinciones no tienen el alcance de negar o impedir la
justiciabilidad de los derechos que tienen facetas prestacionales. La Corte ha
indicado, para efectos de la protección judicial, que “todos los derechos
tienen contenidos de carácter positivo y negativo”.[353]
Así, aunque en un principio la jurisprudencia haya hecho distinciones entre
derechos fundamentales y derechos sociales, o entre derechos positivos y
derechos de libertad, la posición jurisprudencial ha evolucionado hasta el
punto de sostener que dicha distinción es un “error categorial”,[354]
y que aplicarla para negar el carácter fundamental de los derechos que
implican prestaciones “resultaría no sólo confuso sino contradictorio”.[355]
Dicha evolución, descrita entre otros fallos en la sentencia T-235 de 2011, ha
llevado a la Corte a distinguir, no entre clases de derechos, sino entre facetas
prestacionales y no prestacionales de cada uno de los derechos
constitucionales, para efectos de determinar su exigibilidad por vía judicial.[356]
Así, la pregunta relevante en relación con los derechos que implican cargas
prestacionales significativas para el Estado, no es si el derecho debe ser
protegido por los jueces constitucionales, sino en qué condiciones debe el juez
intervenir y cómo debe materializar su intervención.
8.1.2. Todos los derechos tienen una
faceta negativa, la cual implica simplemente que el Estado debe abstenerse de
vulnerar el contenido de los derechos fundamentales por acción. Por otra parte,
todos los derechos tienen también una faceta positiva, la cual exige al Estado
adoptar acciones, entre las cuales se encuentran tomar medidas concretas y
frecuentemente la formulación e implementación de políticas públicas para
asegurar el goce efectivo del derecho. Por supuesto, las dimensiones y facetas
prestacionales de algunos derechos pueden ser superiores, pero esta diferencia
es de grado y no conceptual. De hecho, las facetas prestacionales dependen
también del contexto fáctico que se tenga.[357]
8.1.3. Esta clasificación es
compatible con el derecho internacional de los derechos humanos, que en materia
de derechos civiles y políticos sostiene que los Estados deben respetar y
garantizar los derechos,[358] y en relación con ciertos derechos económicos, sociales y
culturales señala que estos deben “respetar, proteger y realizar”,[359] “respetar,
proteger y cumplir”,[360] o “respetar, proteger y aplicar”.[361] Dichas
categorías reflejan que, también en el plano internacional, todos los derechos
humanos tienen una faceta negativa o de abstención y una positiva o de acción
de parte del Estado.[362]
8.1.4. Ahora bien, la faceta
positiva o prestacional de los derechos constitucionales se divide en dos
ámbitos: un contenido mínimo indisponible y un contenido adicional de
realización progresiva.[363] Para cada derecho hay un mínimo de contenidos prestacionales que el
Estado debe proporcionar, independientemente de cualquier consideración, los
cuales son de aplicación inmediata y pueden ser solicitados por vía de tutela
en casos individuales. Este mínimo ha sido determinado por la jurisprudencia
constitucional considerando en cada caso las circunstancias particulares de los
peticionarios y las características específicas del derecho tutelado. En
general, se observa una tendencia a proteger como contenidos de cumplimiento
inmediato aquellos que, por tratarse de acciones simples del Estado, no
requieren mayores modificaciones en las prioridades presupuestales[364] y los que
demandan una acción estatal inmediata debido a “la gravedad y urgencia del
asunto”,[365] por ser “imprescindibles para la garantía de la dignidad
humana”,[366] o por existir una norma constitucional
expresa.[367]
8.1.5. Los contenidos prestacionales
que no son de aplicación inmediata están sujetos al principio de progresividad,
lo que quiere decir que las autoridades políticas deben decidir en democracia
cómo y cuándo se materializarán por completo las prestaciones inherentes al
derecho constitucional, pues
“[l]a justicia social y económica, que se logra
gracias a la progresiva e intensiva ejecución de los derechos económicos,
sociales y culturales, se reivindica y se lucha en el foro político. La
dimensión del Estado social de derecho, en cada momento histórico, en cierta
medida, es una variable de la participación ciudadana y de su deseo positivo de
contribuir al fisco y exigir del Estado la prestación de determinados
servicios. […] El Estado social de derecho que para su construcción prescinda
del proceso democrático y que se apoye exclusivamente sobre las sentencias de los
jueces que ordenan prestaciones, sin fundamento legal y presupuestal, no tarda
en convertirse en Estado judicial totalitario y en extirpar toda función a los
otros órganos del Estado y a los ciudadanos mismos como dueños y responsables
de su propio destino”.[368]
8.1.6. El principio de progresividad
tiene al menos tres consecuencias concretas para efectos de la exigibilidad
judicial de los derechos constitucionales. En primer lugar, aunque la
progresividad conlleva un cierto margen de discrecionalidad para que las ramas
políticas decidan cómo garantizar el goce efectivo de los derechos, esta
discrecionalidad se otorga precisamente para garantizar los derechos
fundamentales y no para mantenerlos perpetuamente en un estado de indefinición.
Por ese motivo, ha dicho la Corte que “la progresividad es incompatible, por
definición, con la inacción estatal”,[369] lo cual implica que los titulares de
las prestaciones sujetas a la realización progresiva tienen el derecho a
exigir, al menos, que exista una política pública dirigida a dicha realización.
La Corte ha dicho que respecto de las facetas prestacionales hay un “derecho
constitucional a que exista un plan escrito, público, orientado a garantizar
progresiva y sosteniblemente el goce efectivo del derecho, sin discriminación y
con espacios de participación en sus diferentes etapas que, en efecto, se estén
implementando”.[370] Motivo por el cual el juez constitucional debe intervenir en los
casos en que no existe una política,[371] ésta no se encuentra orientada al goce efectivo de los derechos, no
ha contado con espacios de participación,[372] o simplemente ha quedado en el papel y no ha producido cambios en
el terreno.
8.1.7. En segundo lugar, en los
eventos en que la política pública existe y se materializa, los contenidos contemplados
en esa política se convierten en exigibles por vía de tutela, razón por la cual
la Corte ha considerado que la tutela procede para exigir “el cumplimiento
de obligaciones que hayan recibido concreción política”.[373] Un ejemplo claro
de esta forma de exigibilidad se encuentra en las prestaciones de salud
incluidas en el POS, las cuales la jurisprudencia ha permitido exigir
autónomamente sin la necesidad de demostrar afectaciones concretas del derecho
a la vida.[374] En estos casos no es válida la objeción contramayoritaria ni el
argumento de escasez de recursos, pues lo que está haciendo el juez
constitucional es implementar la voluntad legislativa y administrativa en casos
concretos, en un claro ejercicio de colaboración armónica entre las ramas del
poder público.
8.1.8. En tercer lugar, el principio
de progresividad implica que las autoridades legislativas y administrativas
tienen un margen de discrecionalidad reducido cuando deciden disminuir las
prestaciones que anteriormente se han garantizado, y por lo tanto corresponde
al juez constitucional ejercer un control estricto sobre las medidas
regresivas. En principio, las autoridades deben “aumentar el número y
contenido de las prerrogativas” de manera progresiva, pero dicho deber no
es absoluto, pues existen situaciones en que es posible justificar una
regresión. [375]
8.1.9. Para el análisis de las
medidas regresivas la jurisprudencia plantea un juicio de tres pasos. El primer
paso consiste en determinar si efectivamente se está ante una medida regresiva,
lo cual ocurre al menos en los siguientes casos
“(1) cuando recorta o limita el ámbito
sustantivo de protección del respectivo derecho;[376] (2) cuando
aumentan sustancialmente los requisitos exigidos para acceder al respectivo
derecho;[377]
(3)  cuando disminuye o desvía sensiblemente los recursos públicos destinados a
la satisfacción del derecho”.[378]
8.1.10. El segundo paso es realizar
un juicio estricto de proporcionalidad,[379] el cual
incluye una verificación de que no se esté comprometiendo el contenido mínimo
no disponible de la faceta prestacional del derecho en cuestión:
“[…] cuando una medida regresiva es sometida a
juicio constitucional, corresponderá al Estado demostrar, con datos suficientes
y pertinentes, (1) que la medida busca satisfacer una finalidad constitucional
imperativa; (2) que, luego de una evaluación juiciosa, resulta demostrado que
la medida es efectivamente conducente para lograr la finalidad perseguida; (3)
que luego de un análisis de las distintas alternativas, la medida parece
necesaria para alcanzar el fin propuesto; (4) que no afectan el contenido
mínimo no disponible del derecho social comprometido; (5) que el beneficio que
alcanza es claramente superior al costo que apareja.[380] ”[381]
8.1.11. El tercer paso es la
verificación de una deliberación democrática suficiente en la adopción de la
medida regresiva. Este tercer paso no es mencionado de manera uniforme en la
jurisprudencia, pero ha sido aplicado por la Sala Plena de la Corte
Constitucional al revisar medidas legislativas regresivas[382]
y en la sentencia  C-209 de 2016 se identificó como una de dos “condiciones
indispensables” de constitucionalidad de la medida.[383]
8.1.12. La Sala considera que el
mínimo de deliberación democrática es aplicable no solo a las medidas
legislativas sino también las administrativas, pues el Congreso no es el único
espacio deliberativo previsto por la Constitución. Las medidas regresivas que
no se ven reflejadas en normas legales sino en actos administrativos o en otras
medidas específicas de política pública por parte de la administración, deben
contar con participación suficiente de los afectados. Este requisito ha sido
aplicado por la Corte Constitucional en aquellos casos en que, a pesar de no
ser aplicable la consulta previa concebida para comunidades étnicas, se
considera que la falta de participación de las comunidades afectadas por una
medida administrativa incide en la vulneración de sus derechos fundamentales.[384]
Lo anterior implica que ninguna medida regresiva, por bien concebida y
justificada que esté, puede ser adoptada sin que se haya realizado una
deliberación suficiente que incluya, al menos, a los sectores afectados por la
regresión.
8.1.13. En relación con los niños y
niñas del pueblo Wayúu, la Corte hará énfasis, al dictar las órdenes
estructurales pertinentes, en la necesidad de deliberar conjuntamente con las
comunidades afectadas acerca de las acciones del Estado dirigidas a garantizar
los derechos de los niños, y especialmente las medidas que puedan tenerse como
regresivas, por disminuir los recursos dedicados a solucionar la crisis de
desnutrición, el número de proyectos aprobados o el número de beneficiarios de
un determinado programa. Esto supone, ante todo, ser sensible a los retos y
desafíos que impone todo diálogo multicultural en el que se encuentran
palabras, lenguas y culturas.
8.1.14. Por último, la
jurisprudencia ha señalado que el control constitucional debe ser más estricto
cuando con la regresión se afecta a sujetos de especial protección.[385]
Esto quiere decir que la valoración probatoria al realizar el juicio estricto
de proporcionalidad debe ser más rigurosa, que las eventuales dudas deben
resolverse en contra de la medida regresiva y que la exigencia de un espacio
deliberativo es aún más importante en casos de sujetos de especial protección.
8.1.15. La Corte observa que en el
caso de los niños y niñas del pueblo Wayúu confluyen dos aspectos: se trata de
sujetos de especial protección que por lo general no cuentan con una
participación real en espacios deliberativos y decisorios. Por eso será
necesario, tanto en esta sentencia como en el seguimiento a las órdenes que se
profieran, que la Corte sea particularmente exigente en relación con la
justificación de las medidas regresivas y la verificación de una participación
y deliberación real y efectiva en la adopción de las mismas.
8.1.16. A
continuación, la Corte confrontará los esfuerzos de las entidades reseñados
anteriormente con los parámetros constitucionales mínimos de las políticas
públicas. Es decir, con el “derecho constitucional a que exista un plan
escrito, público, orientado a garantizar progresiva y sosteniblemente el goce
efectivo del derecho, sin discriminación y con espacios de participación en sus
diferentes etapas que, en efecto, se estén implementando”.[386]
8.2. Existencia de un plan
8.2.1. No hay un documento que
recoja de forma sistémica todos los compromisos institucionales para garantizar
los derechos de los niños y niñas del pueblo Wayúu. La Corte ha dicho que “[s]i
el Estado no cuenta con planes o programas orientados a garantizar
progresivamente las facetas prestacionales de los derechos fundamentales, no
puede garantizar su goce efectivo en ese momento, ni podrá hacerlo más
adelante”.[387]
8.2.2. Se observa que las políticas
públicas, en este caso, en algunos aspectos cuentan con un plan, mientras que en
otros no. La Corte destaca la existencia del Plan Nacional de Seguridad
Alimentaria y Nutricional, así como sus antecedentes institucionales como el
Conpes Social 113 de 2008, y del Plan Territorial “Guajira sin Jamushirri”
que tuvo vigencia entre 2008 y 2015.[388] Dichos
planes apuntan al logro de diversos objetivos relacionados con la seguridad
alimentaria, los cuales son compatibles con el goce efectivo de los derechos a
la alimentación y el agua. La Sala observa, sin embargo, que el Plan Nacional
de Seguridad Alimentaria y Nutricional no tiene metas por departamento,
municipio o corregimiento. En ese sentido, si bien puede servir para orientar
la política a nivel nacional, no es suficiente como instrumento de política
pública para la seguridad alimentaria de los niños y niñas del pueblo Wayúu.
Por otra parte, la Corte no tuvo noticia en este proceso de una nueva política
territorial que haya sustituido a “Guajira sin Jamushirri”. Por lo
tanto, ninguno de estos instrumentos se tendrá en cuenta en el análisis de los
siguientes aspectos de política pública.
8.2.3. La Corte considera que la
Alianza por el Agua y por la Vida, liderada por la Presidencia de la República,
cuenta como un plan.[389] Dicho plan contiene 38
acciones, divididas en los cinco ejes de agua,[390]
seguridad alimentaria,[391] salud,[392]
desnutrición[393] e información.[394]
El plan no contiene todas las acciones realizadas por las entidades, ni todas
las acciones ordenadas por el Tribunal Superior de Riohacha. Tampoco es claro
cuál es el documento que contiene el plan en toda su extensión, pues el anexo
remitido por la Presidencia de la República no incluye todas las acciones que
se proyectan para 2017.[395]
8.2.4. Para la Corte es importante
que todas las acciones de un mismo nivel de gobierno se articulen en un solo
plan dirigido a cumplir objetivos unificados en relación con los derechos de
los niños y niñas del pueblo Wayúu. El plan puede estar contenido en uno o más
documentos, de distintas categorías. Puede comprender, entre otros elementos,
los documentos Conpes cuya elaboración fue ordenada por la Corte en la
Sentencia T-466 de 2016, y el propio Conpes 3883 aprobado por el Gobierno
Nacional el 21 de febrero de 2017. Además puede comprender acciones simultáneas
de distintas entidades.[396] Más allá del número y
la denominación de los documentos a elaborar, es importante que las distintas
actividades se realicen de manera coordinada con miras al cumplimiento de
objetivos comunes. Así, los distintos documentos Conpes y las distintas
acciones deben estar articuladas entre sí para el cumplimiento de los mismos
fines.
8.2.5. En relación con este último
criterio, la Corte considera que varias acciones del Gobierno Nacional no
parecen estar siendo realizadas de manera coordinada ni con la finalidad de
cumplir objetivos comunes. Cada entidad que participa en la Alianza por el Agua
y por la Vida parece estar seleccionando, con distintos criterios, las
comunidades beneficiarias de diversas intervenciones puntuales. Dichas
intervenciones, además, en la mayoría de los casos parecen obedecer a un
enfoque de crisis o de emergencia, en el cual se hace frente a la coyuntura de
un periodo de sequía y no a la situación estructural de la desnutrición de los
niños y niñas wayúu.[397]
8.2.6. La Sala además observa que
dentro del plan de acción remitido por la Presidencia de la República no se
encuentra como proyecto, con tiempos definidos, la creación del sistema de
información ordenado por el Tribunal Superior de Riohacha y por la Corte
Suprema de Justicia. Sobre este punto, la Presidencia informa sobre la
realización de reuniones técnicas y la intención de realizar nuevas reuniones
entre finales de 2016 y comienzos de 2017.[398] En la inspección judicial en el municipio de Manaure, la
Presidencia de la República agregó algunos avances pero no estableció una fecha
clara para la creación del sistema de información.[399] Sobre este punto la Corte recuerda que “una política pública no
es el conjunto de promesas y de directrices que una autoridad pública formula
en un texto”, sino que es “el conjunto de acciones y omisiones de una
autoridad, encaminadas a resolver un problema público”.[400]
8.2.7. La Corte no cuenta con
evidencia de un plan del Departamento de La Guajira ni de los municipios
demandados para garantizar las facetas prestacionales de los derechos al agua,
a la alimentación y a la salud de los niños y niñas del pueblo Wayúu. Tampoco
cuenta con evidencia de planes, aun transmitidos de manera oral, de las
distintas autoridades tradicionales wayúu que intervinieron en este proceso. En
este primer punto del análisis, la Sala destaca que el deber de establecer un
plan no corresponde únicamente al Gobierno Nacional, pues los primeros
responsables de la garantía de servicios básicos como el agua y la salud son
las entidades territoriales.
8.2.8. En relación con este primer
punto, la Corte concluye que existe parcialmente un plan a nivel del Gobierno
Nacional, mientras que en este proceso no hay evidencia de un plan a nivel
territorial ni étnico, para asegurar el goce efectivo de los derechos al agua,
la alimentación y la salud de los niños y niñas del pueblo Wayúu.
8.3. Publicidad del plan
La Corte ha indicado que el plan “debe
estar al alcance de todas las personas, en especial de aquellas que tienen en juego
el respeto, la protección y la garantía de sus derechos fundamentales”.[401] Por ese motivo,
ha dicho que los planes “deben estar escritos y deben poder conocerse”.[402] En el contexto
de este caso, la Sala agrega que los planes, además de estar escritos, deben
ser siempre traducidos al wayuunaiki y deben ser transmitidos oralmente a la
población Wayúu del Departamento de La Guajira. La Corte no cuenta con
evidencia de publicidad de los planes formulados. Ni siquiera los lineamientos
de los programas del ICBF se encuentran traducidos al wayuunaiki.[403] Las comunidades
no conocen los planes del Gobierno Nacional ni de los gobiernos territoriales,
lo cual a juicio de la Corte ha contribuido a la sensación de abandono estatal que
permea el discurso de los Wayúu.
8.4. Tiempos de progreso
Sobre este requisito la Corte ha
establecido que “[e]l plan que exista y esté escrito ha de estar orientado a
asegurar, progresivamente, el goce efectivo de los derechos”, por lo cual
debe tener límites temporales, éstos deben ser razonables, conocidos
públicamente y contar con un cronograma.[404] Por ejemplo, la Alianza por el Agua y por la Vida no cuenta con
límites temporales. Teniendo en cuenta que los proyectos se comprometen
anualmente, no parece haber un horizonte temporal claro para esta política. De
hecho, el último año que aparece comprometido para cada proyecto es 2017, lo
cual revela que las acciones, a pesar de ser útiles y beneficiosas para las
comunidades, no han sido diseñadas como parte de una solución estructural para los
niños y niñas del pueblo Wayúu sino como un conjunto de medidas de choque.
8.5. Goce efectivo
8.5.1. La
Corte ha señalado que “[e]l plan o los planes con que el Estado cuente,
deben estar orientados hacia el goce efectivo del derecho”.[405]
Una posible prueba de este requisito es la presencia de indicadores que
puedan asemejarse a indicadores de goce efectivo de los derechos (IGED).[406]
8.5.2. La Alianza por el Agua y por
la Vida no cuenta con indicadores de resultado, como puede ser la reducción de
alguno de los indicadores de desnutrición o de las muertes por desnutrición en
La Guajira. En este ámbito, el Gobierno Nacional se ha comprometido a acciones
específicas, pero no a objetivos medibles de goce efectivo de los derechos.
8.5.3. El Plan Nacional de Seguridad
Alimentaria y Nutricional sí contiene una batería de indicadores que permiten
medir el éxito de la política del Gobierno, pero estos miden la política
nacional en esta área y no permiten enfocarse específicamente en el desempeño
del Departamento de La Guajira.
8.5.4. Por otra parte, la Sala
destaca la ausencia completa del enfoque diferencial o de diversidad cultural
en la formulación del plan de acción por la Presidencia de la República. Como
se explicó con anterioridad, uno de los derechos vulnerados en este caso es la
diversidad cultural. Por lo tanto, uno de los componentes de cualquier plan en
relación con la crisis de desnutrición de La Guajira tendría que ser el
fortalecimiento de la autonomía política y económica del pueblo Wayúu.
8.6. Avance sostenible
8.6.1. La
Corte ha señalado la necesidad de que la política avance sosteniblemente, “esto
es, debe estar encaminada a la consecución de nuevos logros que se puedan
mantener en el tiempo y no impliquen perder los ya obtenidos previamente”.[407]
8.6.2. Las políticas públicas
puestas a consideración de la Corte no contemplan claramente la consecución de
nuevos logros. Por el contrario, y como lo dijo la Defensoría del Pueblo, la
Alianza por el Agua y por la Vida en la mayoría de sus acciones “no
corresponden a medidas oportunas, inmediatas y de choque para asistir y atender
la emergencia […]”;[408] simplemente recoge “acciones recurrentes dentro de la oferta
programática institucional”.[409] Sobre este punto la Corte resalta que la necesidad de una política
pública para solucionar la crisis de hambre de los niños y niñas wayúu no se
cumple con la sola recopilación de acciones en un documento. La consecución de
nuevos logros requiere, en muchos casos, la formulación de nuevas estrategias
y, como lo indica la Defensoría, una revisión estratégica de la oferta
programática existente.
8.6.3. Dichas acciones,
adicionalmente, no tienen un componente claro de sostenibilidad, lo que implica
un riesgo de perder los logros obtenidos previamente. La ausencia de sostenibilidad
se hizo clara en la inspección judicial de la planta desalinizadora en Puerto
Estrella, la cual, según los habitantes de la zona, no había sido objeto de
mantenimiento oportuno por parte del municipio de Uribia.[410]
Las mismas inquietudes sobre sostenibilidad surgieron posteriormente en la
inspección judicial en Casa Azul, municipio de Manaure, donde las propias
autoridades municipales expresaron dudas sobre la posibilidad de mantener hacia
futuro la operación del programa de distribución de agua por pilas públicas
impulsado desde el nivel nacional.[411] Otros programas, como
las soluciones integrales a cargo del DPS, sí parecen tener un componente más
claro de sostenibilidad, al vincular al municipio a mantener la solución
integral después de dos años de operación.[412] Con todo,
los documentos enviados por la Presidencia de la República con el plan de
acción no contemplan claramente la sostenibilidad de cada proyecto, con lo cual
se corre el riesgo de que las intervenciones proyectadas en el plan de acción
agoten su efectividad después de 2017.
8.6.4. En general, las acciones
puntuales planeadas desde el nivel central tienen riesgos de sostenibilidad si
no se contempla de forma clara su continuidad a nivel territorial. La
sostenibilidad a nivel territorial es uno de los puntos críticos en este caso,
si se tienen en cuenta las grandes debilidades institucionales del Departamento
de La Guajira y de sus municipios.[413] De acuerdo con una evaluación realizada por la Procuraduría General
de la Nación, en el 73.3% de los municipios de La Guajira hay una capacidad
baja para la garantía de los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
La mayoría de municipios en La Guajira tienen un nivel bajo de cumplimiento en
los procesos de rendición de cuentas (0,47% medio, 53,3% bajo), un nivel bajo
de conocimiento sobre los indicadores del contexto territorial (13,3% medio,
60% bajo, 26,7% muy bajo), una baja capacidad técnica de análisis de situación
de derechos (13,3% medio, 73,3% bajo, 13,3% muy bajo), un cumplimiento bajo de
los parámetros sobre el gasto público social (13,3% medio, 73,3% bajo, 13,3%
muy bajo), una arquitectura institucional desfavorable a la implementación de
políticas públicas en infancia, adolescencia y juventud (20% medio, 60% bajo,
20% muy bajo), una capacidad técnica baja para analizar la situación de los
niños y niñas a partir de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (6,7% medio,
66,7% bajo, 26,7% muy bajo), una capacidad técnica baja para garantizar
entornos protectores (13,3% bajo, 86,7% muy bajo) y una capacidad técnica baja
para el reconocimiento y garantía de los derechos humanos (40% medio, 40% bajo,
20% muy bajo).
8.6.5. La Procuraduría también
reporta que, entre los quince municipios y el Departamento de La Guajira, solo
cuatro de ellos incrementaron el gasto público social de año a año.[414] Este informe
concuerda a grandes rasgos con los hallazgos de la Sala a partir de un análisis
de la información remitida por los municipios a la Nación a través del
Formulario Único Territorial.
8.6.6. Por otra parte, la Corte
observa que los proyectos ejecutados por los municipios y por el departamento
con cargo al Sistema General de Regalías parecen tener problemas de
sostenibilidad. Esto se hace evidente con el estudio de cerca de cuarenta
informes aportados al proceso por el Departamento Nacional de Planeación.[415] Dichos informes
evidencian que los proyectos de inversión estructurados por los municipios
buscan cumplir objetivos importantes para el goce efectivo de los derechos,
pero tal como se encuentran estructurados, no son capaces de cumplir esos
objetivos. Para mencionar un solo ejemplo: un proyecto de construcción de ocho
microacueductos en la zona rural de Riohacha, se contrató sin incluir los
filtros para potabilizar el agua y sin un plan de mantenimiento.[416] El Departamento
Nacional de Planeación observó que
“[…] durante la visita de seguimiento a la
operación, se evidenció la no ejecución de la actividad referente al
tratamiento del agua “Filtros caseros con membranas de ultrafiltración SKYBOX”,
implicando el suministro a la población objetivo de agua no potable, tal como
se describe en el estudio de análisis bacteriológico y fisicoquímico realizados
en junio de 2015, lo cual, contrasta con lo manifestado por la comunidad
beneficiaria en visita in situ. Lo anterior conduce a que el proyecto no cumple
en términos de calidad.”[417]
8.6.7. Este tipo de deficiencias se
encuentran en la mayoría de informes de seguimiento aportados por el
Departamento Nacional de Planeación, lo cual, a juicio de la Corte, indica en
general la ausencia de sostenibilidad de las acciones concretas ejecutadas por
los municipios con cargo al Sistema General de Regalías.
8.6.8. La falta de sostenibilidad
también parece darse en relación con el Sistema General de Participaciones. A
la fecha de la visita realizada al Departamento de La Guajira, en la última
semana de febrero, la Corte pudo constatar que aún no se había contratado por
parte de las entidades territoriales el programa de alimentación escolar (PAE).
Esta situación se dio también hacia finales del año 2016, de acuerdo con la
Defensoría del Pueblo.[418]
8.6.9. Por último, el avance
sostenible es puesto en entredicho por las reducciones en cobertura de los
distintos programas. La Procuraduría General de la Nación señaló reducciones de
coberturas en las unidades móviles de atención y de promedios de atención de
los equipos extramurales en salud. Estas reducciones en cobertura se encuentran
en principio prohibidas, a menos que el Gobierno cuente con razones poderosas
para justificarlas, como se explicó anteriormente al desarrollar el principio
de progresividad.
8.6.10. En los casos en que hay un
plan, como la Alianza por el Agua y por la Vida, la Corte observa que no hay
componentes claros de sostenibilidad en todas las instancias. En los casos en
que no hay un plan, pero se realizan intervenciones puntuales, como son los
proyectos ejecutados por los municipios, la Corte considera que la
intermitencia de los servicios, la ausencia de mantenimiento de la
infraestructura y las interrupciones en la contratación, también ponen en
entredicho el requisito constitucional de avance sostenible de las políticas
públicas.
8.7. No discriminación
8.7.1. La Corte ha considerado que “[una]
Administración puede tener muchos problemas y una gran precariedad económica
e institucional para enfrentarlos”, y que dicha precariedad puede
justificar restricciones y limitaciones a los derechos.[419]
Pero esa situación “no puede justificar que lo que se avance se haga con
discriminación, excluyendo a ciertos grupos sociales”.[420]
8.7.2. Los documentos relativos a la
Alianza por el Agua y por la Vida no señalan los criterios con los cuales se
escogieron los beneficiarios de las distintas intervenciones. Dichos criterios
tampoco aparecen en la información remitida por las entidades del Gobierno
Nacional. Las entidades territoriales tampoco han señalado cómo se seleccionan
los beneficiarios.
8.7.3. La
falta de transparencia en los criterios de selección de comunidades
beneficiadas con las intervenciones ha causado una percepción de injusticia
entre las comunidades no beneficiadas. Las intervenciones de algunos miembros
de las comunidades wayúu parecerían indicar, a primera vista, la posibilidad de
que algunos beneficios se estén dando y retirando de manera discrecional por
algunas entidades.
8.7.4. En concreto, la Corte
Constitucional no se explica el motivo por el cual los servicios del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y del municipio de Riohacha no han llegado a
la última comunidad visitada por el despacho del magistrado sustanciador el 22
de febrero de 2017.[421] El caso de esta
comunidad es apenas un ejemplo de muchos, donde las distintas autoridades
tradicionales que no han sido favorecidas con una intervención estatal
concreta, consideran que esta ausencia de atención ha sido la consecuencia del
uso de criterios prohibidos para la distribución de recursos y beneficios.
8.7.5. Una excepción a esta
tendencia es la escogencia de comunidades beneficiarias de las soluciones
integrales del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.[422]
Dicha entidad explicó los criterios técnicos con los cuales se escogen las
comunidades beneficiarias, los cuales se aplican luego de concertar las
posibles comunidades en el marco de la Mesa de Diálogo y Concertación para el
pueblo Wayúu.[423] La Corte considera que
el filtro político que supone este primer paso puede generar un riesgo de
discriminación contra las comunidades que no se encuentran representadas en esa
Mesa.
8.7.6. La Corte no cuenta con
evidencia concluyente de discriminación contra comunidades específicas en la
selección de las intervenciones estatales. Sin embargo, considera que el
mandato de no discriminación incluye el deber de las entidades de explicar, con
criterios claros y transparentes, la razón por la cual unas y no otras
comunidades han sido escogidas y priorizadas para la ejecución de las distintas
intervenciones. Este deber no se cumple si solamente se enumeran los municipios
beneficiados por las intervenciones, especialmente si se tiene en cuenta la
extensión de los municipios involucrados en este caso. El municipio de Uribia,
con una extensión de 8.200 km2, y con más de 20.000 puntos poblados,
es más grande que 76 países del mundo. Para evitar la discriminación o la
percepción de discriminación, las entidades deben avanzar hacia una
focalización más precisa, haciendo un seguimiento de los corregimientos, e
incluso las comunidades, beneficiarias de cada una de las intervenciones.
8.8. Participación
8.8.1. La jurisprudencia ha
considerado “inaceptable constitucionalmente que exista un plan (i) ‘que no
abra espacios de participación para diferentes etapas del plan’, o (ii) ‘que sí
brinde espacios, pero éstos sean inocuos y sólo prevean una participación
intrascendente’”.[424]
8.8.2. La participación es un
requisito de toda política pública, de acuerdo con el artículo 2 de la
Constitución que establece el derecho de todas las personas a participar en las
decisiones que les afectan. El deber de abrir espacios de participación es
particularmente importante cuando se trata de comunidades étnicas, debido a que
estas, en determinados casos, además de tener un derecho genérico de
participación, pueden tener un derecho específico de ser consultadas en los
términos del Convenio 169 de la OIT.
8.8.3. La participación efectiva de
las comunidades en los distintos aspectos de los programas puede ser valiosa
por dos motivos. Primero, porque puede aumentar la efectividad de las
intervenciones, al alertar sobre condiciones específicas del terreno para las
cuales esas intervenciones deben adaptarse. Segundo, porque pueden aumentar la
legitimidad de las intervenciones y de manera más amplia la legitimidad del
Estado.
8.8.4. La Alianza por el Agua y por
la Vida, de acuerdo con el plan de acción enviado por la Presidencia de la
República, no contempla espacios de participación. Algunas de las
intervenciones parecen haber sido concertadas con las autoridades
tradicionales, o con la Mesa de Diálogo y Concertación para el pueblo Wayúu.
Sin embargo, de acuerdo con algunas autoridades tradicionales, esta Mesa no
sería representativa de todo el pueblo Wayúu. Las acciones concretas ejecutadas
por los municipios tampoco parecen tener en cuenta la necesidad de la
concertación ni de la realización de la consulta previa.[425]
8.8.5. Sobre este punto, la Corte
destaca la apreciación del documento de Consenso de las autoridades
indígenas wayúu al expediente T-5.697.370, el cual da cuenta del diálogo de
las autoridades nacionales y territoriales con interlocutores que al parecer no
serían las autoridades legítimas del pueblo Wayúu:
“[…] los funcionarios públicos de la cultura
guajira y los funcionarios de la función pública del orden nacional, como lo es
el Ministerio del Interior y de justicia “crearon” nuevas formas de
desorden para lograr figuras “artificiales” de autoridades Wayúu, “líderes”
etc., sin que nada tuviese que ver con lo expresado en el Derecho Mayor, ley de
origen, la constitución y las leyes.
Este accionar de los funcionarios de la
función pública ha afectado la esencia de lo que es el E’iruku, y toda
su estructura ancestral lo cual permite el sistema de corrupción para la
administración de los recursos del Sistema General de Participación “especial”
de los resguardos indígenas Wayúu y además la aplicación del Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo O.I.T. […] violentando el uso y goce de
nuestros derechos […].
Se emiten resoluciones de autoridades indígenas
por parte de las alcaldías municipales sin ser parte del E’iruku, se
reconocen autoridades sin tener E’iruku, se traslapan asociaciones sobre
otras asociaciones y se crean “autoridades” sobre el territorio ancestral de
otras autoridades, y todo ello refrendado por el Ministerio del Interior y de
Justicia, creando “condiciones favorables” para que NO se nos cumpla el goce
efectivo de los derechos fundamentales”.[426]
8.8.6. La participación entonces parece haberse materializado en un
diálogo con autoridades que no siempre son representativas de la comunidad. La
Corte considera que la situación actual de existencia de múltiples autoridades
tradicionales sin una verdadera legitimidad en los E’iruku de los wayúu,
atenta contra la autonomía del pueblo Wayúu y contra la efectividad de las
intervenciones sociales destinadas a asegurar el goce efectivo de los derechos
de las niñas y los niños de las comunidades. Por este motivo, una de las
órdenes estará dirigida al Ministerio del Interior, para que revise los
criterios y lineamientos para el reconocimiento de autoridades wayúu.
8.8.7. También atenta contra esos
fines la ausencia de consulta previa en los programas a cargo del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar. La sentencia T-466 de 2016 contempla una
excepción al deber de concertar las intervenciones “solo cuando se presenten
situaciones que planteen una amenaza real e inminente de vulneración de los
derechos de los niños”.[427] Esta excepción,
sin embargo, solamente debe aplicarse en estos casos de urgencia. No es una
autorización al Instituto para actuar sin concertar en todos los casos. Además,
incluso cuando se aplique la excepción contemplada en la sentencia T-466 de
2016, se deben mantener los espacios de participación, de manera simultánea con
la ejecución de las actividades urgentes requeridas para salvaguardar los
derechos de los niños y niñas. La excepción prevista en la jurisprudencia de la
Corte solamente permite variar el momento de la consulta previa con el fin de
proteger inmediatamente a los niños, sin que esta sea un obstáculo para iniciar
acciones urgentes, pero no exime a las entidades de realizarla.
8.8.8. La Corte destaca que la
participación debe ser amplia y efectiva. No puede agotarse en capacitaciones o
socializaciones realizadas en los centros urbanos de los municipios, ni en
reuniones de concertación con unas pocas autoridades escogidas para tal fin. La
participación debe ser un proceso deliberativo de las distintas comunidades, en
que todas las personas afectadas tengan la oportunidad de intervenir y dialogar
con quienes toman las decisiones, con anterioridad a la adopción de las mismas.
Solo de esta manera puede haber una participación genuina y efectiva en
contraposición a un espacio inocuo o intrascendente.
8.9. Implementación
Por último, ha dicho la Corte que “[e]l
plan con que se cuente se debe estar implementando efectivamente”.[428]
La Corte considera que las acciones propuestas en la Alianza por el Agua y
por la Vida se están ejecutando, al igual que las acciones puntuales reportadas
por los municipios. En este punto específico, la Corte no encuentra una falla
de la política pública para los niños y niñas del pueblo Wayúu. Sin embargo, la implementación de esas acciones no ha logrado el fin
propuesto, debido a las fallas en la formulación y el seguimiento indicadas
arriba. Por otra parte, la Sala no cuenta con evidencia de implementación
continua de parte de las entidades territoriales.
8.10. Conclusiones del análisis
de los parámetros constitucionales mínimos
8.10.1. La Constitución no ordena
que las facetas prestacionales de los derechos se cumplan plenamente al primer
día de vigencia de la norma, sino que permite el avance progresivo, de acuerdo
con las limitaciones técnicas, humanas y presupuestales de cada entidad
pública. De esta forma se reconcilian los imperativos morales de la carta de
derechos con las realidades de la escasez de recursos. Sin embargo, en los
casos en que el Estado decide avanzar por pasos en la garantía de los derechos,
este debe al menos tener un plan para hacerlo y dicho plan debe tener algunas
condiciones básicas de racionalidad. Dichas condiciones no permiten a la Corte
juzgar ni pronunciarse sobre la orientación de la política pública o sobre su
contenido, pero sí sobre su existencia y su razonabilidad.
8.10.2. La Corte encuentra que a
nivel territorial y a nivel étnico no existe un plan para garantizar los
derechos de los niños y niñas del pueblo Wayúu, o al menos no hay evidencia de
dicho plan en este proceso. Constata además que a nivel nacional, si bien
existe un plan, en la forma de la Alianza por el Agua y por la Vida, este tiene
las siguientes falencias de orden constitucional:[429]
(i) el plan es parcial, pues no incluye todos los elementos ordenados
inicialmente por el Tribunal Superior de Riohacha, ni todos los elementos
anunciados por la Presidencia de la República para 2017; (ii) el plan no es
público, pues no se encuentra publicado en un documento, no está traducido al
wayuunaiki y no ha sido dado a conocer efectivamente a las comunidades wayúu;
(iii) el plan no contempla tiempos de progreso, pues no tiene acciones
contempladas más allá de 2017; (iv) no se encuentra orientado al goce efectivo
de los derechos, pues no cuenta con indicadores de resultado y además no
contempla el enfoque diferencial en su formulación; (v) tanto el plan como las intervenciones
puntuales tienen problemas críticos de sostenibilidad; (vi) ni en el plan ni en
las intervenciones puntuales hay criterios transparentes para la selección de
beneficiarios, con lo cual no se está garantizando el derecho a la igualdad; y
(vii) ni en el plan ni en las intervenciones puntuales se están garantizando
espacios de participación reales y efectivos.
9. Decisiones a adoptar
9.1. Confirmación de los fallos
de instancia y declaratoria de estado de cosas inconstitucional
Con base en las anteriores
consideraciones, la Sala de Revisión  confirmará los fallos de la respectiva
Sala del Tribunal Superior de Riohacha[430] y de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia[431] en todas sus
partes. Adicionalmente, en razón de los hallazgos y las evidencias antes
descritas, la Sala considera que existe una violación generalizada de los
derechos fundamentales a la salud, a la alimentación, al agua potable y a la
participación de los niños y niñas del pueblo Wayúu, específicamente en los
municipios bajo estudio - Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia - causada por
fallas institucionales en los niveles nacional y territorial, sin enfoque
étnico, ausencia de participación del pueblo indígena, políticas públicas sin
sostenibilidad. Con base en ello, la Corte Constitucional constata la
existencia de un estado de cosas inconstitucional respecto del goce efectivo de
los derechos fundamentales antes mencionados. En consecuencia adoptará órdenes
complementarias a los fallos proferidos en la primera y segunda instancia.
9.1.1. Un estado de cosas contrario
al orden constitucional
Un estado de cosas inconstitucional
es (1) una vulneración generalizada de derechos fundamentales respecto de un
número plural de personas, (2) causada por fallas estructurales.[432] El estado de
cosas inconstitucional no es una institución jurídica, sino una constatación
fáctica. El juez constitucional debe declararlo cuando lo evidencia, pero la
presencia o ausencia de un estado de cosas inconstitucional no es requisito
para dictar órdenes complejas o estructurales.[433] El estado de cosas inconstitucional ha sido descrito recientemente
como el evento en que “el texto constitucional carece de efectividad en el
plano de la realidad, tornándose meramente formal”, y en que “las
autoridades públicas, aún al actuar en el marco de sus competencias legales,
tejen su actividad al margen de los derechos humanos y de sus obligaciones
constitucionales, en relación con su respeto y garantía”.[434] En la sentencia
T-025 de 2004 la Corte sistematizó seis factores que han sido valorados en la
jurisprudencia para determinar la existencia de un estado de cosas
inconstitucional:
“(i) la vulneración masiva y generalizada de
varios derechos constitucionales que afecta a un número significativo de
personas;[435]
(ii) la prolongada omisión de las autoridades en el cumplimiento de sus
obligaciones para garantizar los derechos;[436]
(iii) la adopción de prácticas inconstitucionales, como la incorporación de la
acción de tutela como parte del procedimiento para garantizar el derecho
conculcado;[437]
(iv) la no expedición de medidas legislativas, administrativas o presupuestales
necesarias para evitar la vulneración de los derechos.[438] (v) La
existencia de un problema social cuya solución compromete la intervención de
varias entidades, requiere la adopción de un conjunto complejo y coordinado de
acciones y exige un nivel de recursos que demanda un esfuerzo presupuestal
adicional importante;[439]
(vi) si todas las personas afectadas por el mismo problema acudieran a la
acción de tutela para obtener la protección de sus derechos, se produciría una
mayor congestión judicial.[440]”[441]
Estos seis factores son indicativos
de un estado de cosas inconstitucional, no son requisitos o criterios taxativos.
Como toda decisión judicial, este tipo de sentencias han valorado y tenido en
cuenta las específicas condiciones fácticas de cada caso. El juez de tutela
tiene el deber de valorar los factores identificados por la jurisprudencia en cada
proceso, a la luz de los hechos que se le presentan. Por supuesto, no es necesario
probar simultáneamente que se verifican los seis factores para poder
identificar un estado de cosas inconstitucional. En un determinado caso pueden
concurrir algunas de forma clara, grave y evidente, pero no todas las
circunstancias allí señaladas. Incluso el juez de tutela puede llegar a
identificar otro tipo de circunstancias relevantes para establecer la
existencia de un estado de cosas inconstitucional, que en los casos hasta ahora
estudiados no se ha manifestado.
9.1.2. El estado de cosas
analizado
Luego de un extenso trabajo
probatorio la Sala de Revisión pudo constatar la grave situación en la que se
encuentran los derechos fundamentales de los niños y las niñas de la Guajira a
una subsistencia en dignidad, situación que también afecta a otras personas de
la comunidad. La Sala de Revisión practicó 12 diligencias judiciales en La Guajira[442] que aportaron importante material probatorio al proceso, además del
allegado por otros actores y organizaciones.[443]
La Sala constató que en la Guajira
se da una vulneración masiva y generalizada de varios derechos constitucionales
que afecta a un número significativo de personas, en especial de las niñas y
los niños wayúu. Constató también que esto se debía, entre otras razones, a una
prolongada omisión de las autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones
para garantizar los derechos de las niñas y los niños wayúu, en especial las
del nivel territorial. La vulneración generalizada de los derechos de los niños
y niñas del pueblo Wayúu no es causada por la acción u omisión de una sola
entidad. La situación de hambre en La Guajira tiene múltiples causas externas,
como la sequía y los cierres de frontera con Venezuela, así como causas
atribuibles a las entidades públicas, como la ausencia de coordinación y de
políticas públicas sostenibles y efectivamente dirigidas al goce efectivo de
los derechos fundamentales. Esta vulneración generalizada es causada
parcialmente por fallas institucionales en tres niveles de gobierno: el
nacional, el territorial y el étnico. Parte de lo que explica el actual estado
de cosas en la Guajira es que se han dejado de tomar medidas adecuadas y
necesarias de diferentes órdenes (legislativas, administrativas o
presupuestales) para superar la crisis que enfrenta la etnia Wayúu.
Aunque no se ha incorporado la
acción de tutela como parte del procedimiento para garantizar los derechos
fundamentales conculcados, la Sala constata que ya son varias los reclamos
judiciales y las decisiones de altos tribunales de Colombia que la situación de
la Guajira ha suscitado. De hecho, parte de las precisiones que se hará a
medida que se den las órdenes a que haya lugar, es la necesidad de armonizar el
cumplimento de dichas órdenes con las acciones que se han venido tomando para
cumplir las de otras sentencias. Advierte la Sala que si todas las personas
afectadas por la situación actual de la Guajira, acudieran a la acción de
tutela para obtener la protección de los derechos de las niñas y los niños
wayúu, obviamente se produciría una mayor congestión judicial. Como se ha
evidenciado a lo largo de la presente sentencia, los problemas de política
pública son complejos. Su solución no sólo compromete la intervención de varias
entidades, requiere la adopción de un conjunto complejo y coordinado de acciones
y exige un nivel de recursos que demanda un esfuerzo presupuestal adicional
importante, sino que también demanda un alto grado de compromiso con asumir e
implementar una perspectiva pluriétnica y multicultural, que respete, proteja,
aproveche y potencie la cultura Wayúu.
9.1.2.1. La Corte reconoce los
grandes esfuerzos realizados por el Gobierno Nacional para hacer frente a la
crisis de La Guajira. Dichos esfuerzos, sin embargo, no han tenido los
resultados requeridos para el goce efectivo de los derechos fundamentales de
los niños y niñas del pueblo Wayúu. Muchas de las acciones realizadas desde el
nivel central, aunque valiosas y en principio bien concebidas, son puntuales y
muy escasas frente a la magnitud de la crisis y la gran extensión del Departamento
de La Guajira. Además se agrupan en un plan—la Alianza por el Agua y por la
Vida—que no cumple con los parámetros mínimos constitucionales de las políticas
públicas abordados en el capítulo 8 de esta sentencia.
9.1.2.2. Varias de las acciones realizadas
desde el nivel central, como la contratación de equipos extramurales por el
Ministerio de Salud y la construcción de infraestructura de agua, corresponden
en principio a las entidades territoriales. El Gobierno Nacional no tiene la
capacidad, la competencia legal ni los recursos para prestar de manera
permanente los servicios públicos cuya organización y supervisión corresponde
principalmente a las entidades territoriales. Dichas acciones, realizadas desde
el nivel central, deben ser reconocidas y valoradas por la Corte pues
demuestran un compromiso real con el Departamento de La Guajira. Sin embargo,
la garantía de los derechos depende no solo del esfuerzo a nivel nacional sino,
ante todo, del cumplimiento efectivo de los deberes de las entidades territoriales.
9.1.2.3. La Corte observa una
evidente falta de interés de algunas entidades territoriales en la garantía de
los derechos de los niños y niñas del pueblo Wayúu. La Gobernación de La
Guajira no compareció a este proceso a pesar de ser requerida para hacerlo. La
alcaldía de Riohacha no se hizo parte en las inspecciones judiciales realizadas
en la jurisdicción de su municipio. La alcaldía de Uribia acudió a las
diligencias y realizó la reparación de la planta desalinizadora del
corregimiento de Puerto Estrella, cuando se supo de la visita de la Corte
Constitucional.[444] Las autoridades de las
entidades territoriales en La Guajira no se han articulado en un plan para
atacar de frente las causas del hambre en su Departamento. Aunque existen
iniciativas realizadas con apoyo del Gobierno Nacional, estas tampoco parecen
estar claramente orientadas al logro del goce efectivo de los derechos
fundamentales. Las debilidades institucionales de las entidades territoriales
en el Departamento de La Guajira han sido documentadas por el Gobierno
Nacional,[445] por la Procuraduría
General de la Nación y por los coadyuvantes en este proceso. Dichas
debilidades, además de restar efectividad a los programas de los gobiernos
locales, han incidido decisivamente en la vulneración de los derechos de los
niños y niñas wayúu, en especial a la alimentación que les asegura el goce
efectivo de un desarrollo armónico e integral y una vida digna.
9.1.2.4. Igualmente, la Corte
observa graves fallas institucionales a nivel étnico. Las numerosas autoridades
tradicionales que se manifestaron ante la Corte han señalado posibles causas
del hambre en La Guajira y han propuesto soluciones. Llama la atención que en
la mayoría de los casos, y con contadas y muy valiosas excepciones, las asociaciones
de autoridades tradicionales consideran que la carga de resolver el problema de
desnutrición recae exclusivamente en las autoridades públicas nacionales y
territoriales. La Corte considera que las autoridades tradicionales, como
órganos de gobierno de las comunidades wayúu que operan según la ley de origen
o derecho propio, no solo tienen derechos sino que también tienen deberes,
especialmente cuando dichas autoridades son receptoras de los recursos de la
Asignación Especial del Sistema General de Participaciones para Resguardos
Indígenas. En estos casos, en que las autoridades indígenas administran
recursos públicos, su autonomía no puede ser vista como un fin en sí mismo sin
tener en cuenta la garantía de los derechos fundamentales de los niños y las
niñas.
9.1.2.5. Las fallas institucionales
a nivel étnico son en parte atribuibles al Gobierno Nacional, y en especial a
las políticas que han propiciado la fragmentación de la autoridad wayúu y la
creación legal de miles de autoridades tradicionales durante los últimos años.
El reparto de beneficios a este millar de autoridades tradicionales por parte
de las entidades del orden nacional y de los municipios ha permitido la
consolidación de una interacción política fuertemente clientelista y la
creación de instituciones políticas, sin vínculos reales con los E’iruku,
dirigidas a extraer recursos de las autoridades en lugar de distribuirlos
equitativamente entre las comunidades.
9.1.3. Los sistemas de protección
que garantizan el derecho a una vida digna y al desarrollo armónico e integral
de los niños y las niñas wayúu (en especial sus derechos a la alimentación, al
agua y a la salud) se encuentran en un estado de cosas contrario al orden
constitucional vigente
A continuación se analizarán los
hechos mencionados a la luz de los factores identificados por la jurisprudencia
constitucional, para establecer si un determinado estado de cosas es contrario
o no al orden constitucional vigente.[446]
9.1.3.1. En primer lugar, existe una
“vulneración masiva y generalizada de varios derechos constitucionales que
afecta a un número significativo de personas”. Como ya se constató, la
crisis del hambre en La Guajira es un problema multidimensional, que no solo
afecta el derecho a la alimentación en estricto sentido, sino los derechos al
agua y la salud, así como los demás derechos cuya satisfacción depende de la
generación de oportunidades para el desarrollo desde las etapas tempranas de la
niñez, como el derecho a la educación. En los casos extremos, se están
afectando la dignidad humana y el derecho a la vida misma. Estas vulneraciones
no se limitan a sujetos específicos, sino que afectan de manera generalizada a
toda la población wayúu del Departamento de La Guajira, especialmente la que
habita los cuatro municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia, objeto de
revisión en esta tutela, pero que, obviamente tienen efectos masivos y
generalizados en las niñas y los niños de estas áreas.
9.1.3.2. Esta situación se debe en
parte a una “prolongada omisión de las autoridades” y, especialmente, de
las autoridades del orden territorial, que parecieran dejar o trasladar al Gobierno
Nacional la carga de solucionar la crisis de hambre del pueblo Wayúu. Así, en
algunos frentes, como la organización efectiva de la red hospitalaria o la
creación de alternativas para la consecución de agua, la Corte observa que los
municipios y el Departamento no han tomado medidas adecuadas y necesarias para
solucionar la crisis. En general, la Sala no cuenta con evidencia de un plan integral
del Departamento de La Guajira ni de los municipios demandados para garantizar
las facetas prestacionales de los derechos al agua, a la alimentación y a la
salud de los niños y niñas del pueblo Wayúu, lo cual es un indicio de una
omisión prolongada de estas entidades.[447]
9.1.3.3. En esta situación también
se han adoptado prácticas inconstitucionales. No se presenta la situación de “la
incorporación de la acción de tutela como parte del procedimiento para
garantizar el derecho conculcado”, como la detectó la Corte en otros casos
anteriores de estado de cosas inconstitucional, pero en razón a la dificultad
de acceso a los jueces. La Guajira es un departamento principalmente rural, con
un acceso muy bajo a la justicia formal—en el Departamento hay 5,95 jueces por
cada 100.000 habitantes,[448] alrededor de la mitad
del promedio nacional de 11,2—,[449] con bajos niveles
educativos[450] y con una población
dispersa. Probablemente debido a esas circunstancias, las distintas comunidades
wayúu no han accedido a la acción de tutela de forma recurrente para garantizar
sus derechos. De hecho, el presente pronunciamiento de la Corte Constitucional
se produce como efecto de la actuación de un agente oficioso y las condiciones
fácticas para que se diera el reclamo masivo están dadas. Además, existen otras
prácticas inconstitucionales frecuentes. Entre estas, la selección discrecional
de las comunidades beneficiarias de los distintos programas, la omisión
consistente de la consulta previa y la imposición de programas incompatibles
con la cultura indígena. Todo esto, poniendo en riesgo la vida misma de las
niñas y los niños Wayúu.
9.1.3.4. No se han expedido las “medidas
legislativas, administrativas o presupuestales necesarias para evitar la
vulneración de los derechos”. En este punto, la Sala debe reiterar que
reconoce los esfuerzos del Gobierno Nacional para hacer frente a la crisis de
La Guajira. Pero resalta que, en esta crisis, las principales medidas
administrativas y presupuestales deben corresponder a las entidades
territoriales. Aunque con múltiples deficiencias, y con falencias desde el
punto de vista constitucional, el Gobierno Nacional ha formulado un plan para
hacer frente al hambre en La Guajira y lo ha ejecutado parcialmente. Las
entidades territoriales, por otro lado, no han adoptado las medidas necesarias.
No hay un plan territorial de seguridad alimentaria y nutricional, no hay un
documento de red para la prestación de servicios de salud, ni se han planeado
los proyectos a nivel territorial para garantizar el acceso al agua.
9.1.3.5.  La solución del problema “compromete
la intervención de varias entidades”. En este caso, como se evidenció en
las consideraciones previas, la Sala observa que no es suficiente dictar
órdenes simples a entidades determinadas, con competencias concretas, pues la
situación que se presenta es compleja, multidimensional y multisectorial e
involucra, por tanto, la colaboración y coordinación de varias entidades tanto
a nivel nacional como territorial. De esa forma, garantizar el goce efectivo de
los derechos a la alimentación, al agua potable y a la salud de los niños,
niñas y adolescentes indígenas de La Guajira compromete un sistema de
quehaceres que involucra a varios sectores administrativos del nivel nacional,
como el Ministerio del Interior, el departamento Administrativo para la Prosperidad
Social, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio,
así como del Departamento, los municipios y las autoridades ambientales.
9.1.3.6. Por último, “si todas
las personas afectadas por el mismo problema acudieran a la acción de tutela
para obtener la protección de sus derechos, se produciría una mayor congestión
judicial”. La crisis afecta a una gran proporción de la población indígena,
que por lejanía de los centros urbanos y desconocimiento de sus derechos no ha
acudido masivamente a la tutela. Si esto ocurriera, cada familia afectada por
el hambre tendría la posibilidad de reclamar judicialmente a los gobiernos
nacional y locales el cumplimiento de sus derechos, lo cual multiplicaría la
carga de los jueces de La Guajira.
9.1.3.7. Teniendo en cuenta la
evaluación de los anteriores criterios, y debido a que hay una vulneración
generalizada de los derechos fundamentales de personas con una protección
constitucional reforzada (como lo son los niños y niñas del pueblo Wayúu),
causada por fallas institucionales en los niveles nacional y territorial, sin
enfoque étnico, la Corte Constitucional constata la existencia de un estado de
cosas inconstitucional.
9.1.4. Remedios constitucionales
9.1.4.1. Cuando se constata un
estado de cosas inconstitucional es un deber de las entidades estatales tomar
las medidas adecuadas y necesarias para superarlo. Teniendo en cuenta la
importante y especial protección que se debe a los niños y niñas indígenas, el
juez constitucional debe establecer unos mínimos contenidos de progreso que se deben
observar, para asegurar el goce efectivo mínimo de su derecho al mínimo vital
en dignidad. El juez constitucional, como lo sostiene la jurisprudencia, no
puede abrogarse competencias que en democracia fueron asignadas a otras
autoridades y cuyo ejercicio merecen una deliberación política. Así, las
órdenes estructurales que se emiten ante un estado de cosas inconstitucional no
pueden ser detalladas y rígidas, pues deben permitir que sean las autoridades
respectivas y las personas involucradas quienes, en el ejercicio de sus
competencias y sus derechos, adopten las medidas adecuadas y efectivas para
alcanzar los fines constitucionales y, concretamente, el goce efectivo de los
derechos fundamentales.
Superar un estado de cosas
inconstitucional no implica alcanzar la plena protección de los derechos
fundamentales afectados o algún tipo de estado ideal en su protección. La
intervención del juez constitucional en el ámbito de una política pública de la
cual depende el goce efectivo de un derecho fundamental, no está justificada
porque exista algún problema concreto y específico. Como lo evidencian los
factores analizados para valorar si hay o no un estado de cosas contrario a la
Constitución, se debe tratar de una situación crítica y estructural. Por tal
razón, se insiste, superar un estado de cosas inconstitucional no puede
presuponer que antes se alcance la plena protección de los derechos
fundamentales. Se ha de alcanzar un estado de cosas que si bien no sea perfecto
e ideal, sí evidencie que el Estado avanza progresiva y programáticamente hacia
la garantía del goce efectivo del derecho fundamental que se veía afectado. De
acuerdo con la jurisprudencia constitucional, para verificar el cumplimiento de
las órdenes complejas y los particulares remedios constitucionales a los que
llevan este tipo de violaciones estructurales de los derechos, deben atenderse
a los parámetros de cumplimiento que sean establecidos para cada caso. Estos
parámetros, “(…) que deben incluir ‘indicadores cuantitativos’, por
supuesto, y ‘señales de progreso cualitativas’ también,[451] deben
ocuparse, por lo menos, de asuntos de estructura, de proceso y de resultado.”[452]
Con base en tales parámetros, se podrá establecer si hay un nivel de
cumplimiento alto, medio, bajo o, simplemente, incumplimiento.[453]
9.1.4.2. En términos generales esta
Sala considera que para dar por superado el estado de cosas inconstitucional en
este asunto, se requiere que las oportunidades de los niños y niñas wayúu para
construir autónomamente un plan de vida en condiciones de dignidad sean, por lo
menos, las mismas que tienen en promedio las niñas y los niños del resto de
Colombia. Con base en esto, la Sala establecerá una serie de niveles mínimos
que deben alcanzar al menos cuatro indicadores básicos, de acuerdo con el Plan
Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional en los niños y niñas menores de
5 años (a saber  (i) tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 5
años;  (ii) prevalencia de desnutrición crónica en menores de 5 años;
(iii) prevalencia de desnutrición global en menores de 5 años y (iv) prevalencia
de desnutrición aguda). Estos niveles mínimos que deben alcanzar estos
cuatro indicadores básicos en materia de alimentación y nutrición representan un
parámetro de resultado que se debe tener en cuenta para valorar el
cumplimiento de las órdenes que se impartan y para poder concluir que se
alcanzó un estado de cosas que dejó de ser contrario al orden constitucional.
9.1.4.3. Ahora bien, para alcanzar
estos niveles mínimos en los cuatro indicadores básicos de alimentación y
nutrición infantil es necesario precisar e identificar los objetivos
constitucionales básicos a los que se deben orientar las medidas adecuadas y necesarias
que, en virtud de sus competencias, adopten las autoridades respectivas. Se
trata de objetivos constitucionales y fines básicos del Estado que ayudan a
trazar el camino a la superación del estado de cosas inconstitucional. En tal
sentido, la Corte identificará algunos lineamientos constitucionales básicos
relacionados con la conformación de un conjunto de medidas adecuadas y
necesarias para lograr tales cometidos –como un mecanismo de supervisión
especial-, las funciones que vinculan y reclaman la acción de los distintos
actores involucrados en él y las acciones mínimas a realizar para alcanzar unos
objetivos. En síntesis, por una parte se establecerán los mínimos niveles de
progreso que deberán alcanzar los indicadores básicos de alimentación y nutrición,
que constituyen parámetros de resultado para dar por superada la situación de
la grave y sistemática afectación de los derechos al agua, a la alimentación y
la salud. Por otra parte, se adoptarán medidas orientadas a establecer un
proceso de seguimiento al cumplimiento de la sentencia, el cual deberá evaluar
los avances a la luz de los parámetros de estructura, de proceso y de
resultado, tal como lo ha indicado la jurisprudencia. Finalmente, se
identificarán los objetivos y fines constitucionales básicos aplicables al
presente caso, y a los cuales se debe dirigir la actuación del Estado y de las
personas involucradas.
9.1.4.4. Así, el estado de cosas
inconstitucional se entenderá superado cuando, al menos, se alcancen niveles
mínimos de protección en los cuatro indicadores básicos de alimentación y
nutrición infantil. Por tanto, se entenderá superado el estado de cosas
contrario al orden constitucional vigente cuando, al menos:
(i)  El indicador de tasa de mortalidad por desnutrición en menores
de 5 años para el Departamento de La Guajira alcance la meta establecida en
el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PSAN), o al menos
alcance el nivel promedio del país.
Indicador 1. Tasa de mortalidad por
desnutrición en menores de 5 años
Tasa Guajira
Promedio Colombia
Meta PNSAN
32,54 (MSPS 2013).[454]
6,76 (MSPS 2013).[455]
“Reducir la mortalidad infantil evitable
por desnutrición en forma progresiva el 30% en el 2013, 50% en el 2015 y 100%
en 2020”[456]
(ii)  El indicador de prevalencia de desnutrición crónica en menores
de 5 años para el Departamento de La Guajira alcance la meta establecida en
el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, o al menos alcance el
nivel promedio del país.
Indicador 2. Prevalencia de desnutrición
crónica en menores de 5 años
Tasa Guajira
Promedio Colombia
Meta PNSAN
27,9% (ENSIN 2010).
40% (FCGI 2014).[457]
51,8% (ICBF 2015).[458]
13,2% (ENSIN 2010).
8% (2015).[459]
(iii)  El indicador de prevalencia de desnutrición global en menores
de 5 años para el Departamento de La Guajira alcance la meta establecida en
el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, o al menos alcance el
nivel promedio del país.
Indicador 3. Prevalencia de desnutrición
global en menores de 5 años
Tasa Guajira
Promedio Colombia
Meta PNSAN
11,2% (ENSIN 2010).
37% (FCGI 2014).
3,4% (ENSIN 2010).
2,6% (2015).[460]
(iv)  Finalmente, la prevalencia de desnutrición aguda en el
Departamento de La Guajira debe disminuir hasta la meta establecida en el marco
del mecanismo especial de seguimiento que se deberá poner en marcha de
acuerdo con esta sentencia o al menos debe alcanzar el nivel promedio del país.
Indicador 4. Prevalencia de desnutrición
aguda en menores de 5 años
Tasa Guajira[461]
Promedio Colombia
Meta PNSAN
2,6% (ICBF 2015).
0,9% (ENSIN 2010).
El PNSAN no incorpora metas en relación con
la prevalencia de desnutrición aguda.
Estos parámetros, se insiste, son
básicos y mínimos. No agotan de forma completa la materia. Corresponde a la
administración, dentro del ejercicio de sus funciones y facultades, por
ejemplo, construir y monitorear indicadores de goce efectivo del derecho al
agua ajustados a las particulares condiciones a las que se hizo referencia
previamente, que aseguren la disponibilidad, accesibilidad y calidad del
recurso en términos generales, más allá de las dimensiones mínimas básicas que
específicamente son objeto de tutela en el presente caso.
9.1.4.5. Las metas correspondientes
al PNSAN se formularon para el año 2015. El Gobierno Nacional deberá tomar las
medidas adecuadas y necesarias para establecer las metas a nivel nacional para
los próximos años, de acuerdo con el proceso de seguimiento y evaluación del
PNSAN 2012-2019 y con el nuevo instrumento de planeación de alcance nacional
que se formule para los años posteriores a 2019 en relación con la seguridad
alimentaria y nutricional.
9.1.4.6. Los anteriores niveles
mínimos de los indicadores básicos de alimentación y nutrición sirven como parámetros
mínimos de resultado, que deben ser tenidos en cuenta en el presente caso para
determinar si se ha superado o no el estado de cosas inconstitucional. Mientras
no se hayan cumplido las cuatro condiciones enunciadas, mantendrán su vigencia
las órdenes estructurales que se explican a continuación. Por supuesto, las
autoridades son siempre autónomas para fijar planes y metas más ambiciosos, que
vayan más allá de la mínima protección constitucional. En el marco de este
asunto, las autoridades tienen la facultad de evaluar las medidas propuestas por
la Corte, y si consideran que existen medidas alternativas más eficaces, podrán
proponerlas buscando siempre lograr el objetivo de superar el estado de cosas
inconstitucional.
9.2. Seguimiento y evaluación de las políticas públicas para la
superación del estado de cosas inconstitucional
9.2.1. Como lo ha reiterado la
jurisprudencia constitucional, se insiste, “no puede el juez de tutela
abrogarse competencias que, en democracia, han sido asignadas a espacios de
participación y deliberación política”.[462] Por ese
motivo, las órdenes estructurales “no establecen de forma detallada y
específica qué debe hacer la Administración o el respectivo particular”,
sino que “deben estar orientadas a lograr que las autoridades y personas
respectivas sean quienes, en ejercicio de sus competencias, adopten las medidas
a que haya lugar”.[463] En este caso, la
primera orden a dictar será tomar las medidas adecuadas y necesarias para
establecer un mecanismo especial de seguimiento y evaluación de las políticas
públicas para la superación del estado de cosas inconstitucional. Este
mecanismo especial deberá servir para la formulación, ejecución y seguimiento
de las acciones para el cumplimiento de los objetivos vinculantes que se
establecen en el siguiente apartado de esta sentencia (9.3). El mecanismo
especial será el escenario para la construcción armónica de una política
pública respetuosa de los mínimos constitucionales, para la garantía de los
derechos de los niños y niñas del pueblo Wayúu.
9.2.2. Uno de los problemas reiterados
y evidenciado a lo largo de la revisión de las pruebas aportadas al proceso, fue
la falta de articulación y coordinación entre las diferentes autoridades a
nivel local y nacional para la implementación de medidas. La Sala considera
importante, por tanto, ordenar que se tomen las medidas adecuadas y necesarias para
conformar un mecanismo especial de seguimiento que permita mejorar la toma de
decisiones encaminada a superar la crisis. Alguna manera de proceder que
permita una mejor articulación y coordinación, así como evaluar y corregir
cíclicamente las decisiones de política pública que se adopten. En adelante,
por razones de brevedad, se utilizará la expresión “mecanismo” para
hacer referencia al conjunto de medidas que en el marco de esta sentencia y de
las órdenes concurrentes de otras decisiones judiciales (algunas de ellas a las
cuales se hizo referencia en esta sentencia), orientadas a garantizar el goce
efectivo de los derechos de los niños y niñas del pueblo Wayúu, en especial, su
derecho a un desarrollo armónico e integral.
9.2.3. El mecanismo especial
que se conforme para el seguimiento y acompañamiento de las medidas y remedios
constitucionales a tomar, debe ser diseñado de forma precisa por las
autoridades encargadas de garantizar el goce efectivo de los derechos
fundamentales a una vida digna, al desarrollo armónico e integral y,
concretamente, a la alimentación de las niñas y los niños wayúu. No obstante,
la Sala debe advertir unos aspectos mínimos con relación a (1) cuáles
autoridades pueden participar; (2) la necesidad de participación de autoridades
indígenas; (3) la necesidad de dar participación a las organizaciones sociales
que han acompañado el presente proceso, en cumplimiento de sus deberes
constitucionales de solidaridad y protección de los derechos de toda persona
menor de edad y (4) qué entidades deben hacer seguimiento y vigilancia del
cumplimiento.
(1) El mecanismo
debe estar conformado por las autoridades a cargo de formular, ejecutar y
evaluar la política pública de la cual depende el goce efectivo de los derechos
tutelados. De esa forma, no podrán dejar de hacer parte de éste las siguientes autoridades:
(a) las entidades del orden nacional demandadas en este
proceso. (b) Las entidades del orden nacional que convoque la Presidencia de la
República por tener funciones y competencias conexas. (c) El Departamento de La
Guajira. Y (d) los municipios de Riohacha, Maicao, Manaure y Uribia.
(2) Con
el fin de que el diseño, implementación y ejecución de las medidas a tomar
observen un enfoque diferencial, de acuerdo con la Constitución, se debe contar
con la participación de autoridades indígenas. Estas serán aquellas que
sean convocadas para participar efectivamente en las distintas fases de la
política pública, teniendo en cuenta, entre otros, los parámetros de esta
sentencia.
(3) De la
misma manera, en razón de que la sociedad civil en este asunto ha sido
verdaderamente activa al poner de presente la situación de violación de los
derechos humanos de la niñez indígena, las organizaciones y expertos que
participaron en este proceso, podrán participar del seguimiento como veedores
ciudadanos.[464]
(4) Como
autoridades de acompañamiento y supervisión de las actividades que se
implementen en aras de garantizar el goce efectivo de los derechos
fundamentales tutelados en la presente sentencia, participaran las autoridades
del Ministerio Público, de acuerdo con su rol constitucional. En
efecto, la Procuraduría General de la Nación tiene la función de “proteger
los derechos humanos”, y concretamente, “asegurar su efectividad”,
todo esto, “con el auxilio del  Defensor del Pueblo” (art. 277.2 CP).
Además, ambas instituciones tienen la función de “velar” por el
ejercicio diligente y eficiente de las funciones administrativas (art. 277.5
CP).[465]  La verificación judicial
del cumplimiento de las órdenes emitidas en la sentencia lo asumirá, conforme
los artículos 27 y 36 del Decreto 2591 de 1991, el juez de primera instancia (es
decir, el Tribunal Superior de Riohacha). La Corte Constitucional se reservará
la posibilidad de asumir la supervisión y de solucionar cualquier controversia
que se genere relacionada con la interpretación de las órdenes de esta
providencia. En cuanto a los eventuales incidentes de desacato, conforme el
artículo 52 del decreto 2591 de 1991, estos se deben adelantar ante el juez de
primera instancia.
9.2.4. De esa manera, las entidades
a cargo de formular, ejecutar y evaluar las políticas públicas son quienes
deben formular el o los planes para superar el estado de cosas inconstitucional.
Las autoridades indígenas, así como las agrupaciones de la sociedad civil que
han acompañado este proceso, deben tener espacios de participación.
9.3. Acciones a realizar
En el marco del mecanismo de
seguimiento, cada actor mencionado, en virtud de sus competencias
constitucionales y legales, y según los roles previamente descritos, deberá,
realizar las siguientes acciones como punto de partida.  Pero dentro de las
medidas adecuadas y necesarias que se tomen se deberá tomar, por lo menos, las
siguientes acciones: (1) tener en cuenta y responder adecuadamente las
propuestas que ya han presentado las autoridades wayúu y la Defensoría del
Pueblo.  (2) Con base en esa evaluación, construir de forma conjunta las
acciones a tomar, los plazos y metas, así como los indicadores que permitirán
evaluar lo hecho. (3) Mantener el acompañamiento permanente del Ministerio
Público, en especial en el diseño e implementación de las medidas que se
identifiquen como urgentes y necesarias. (4) Realizar la verificación de lo
actuado judicialmente. (5) Establecer espacios de rendición de cuentas y un
cronograma para saber en qué momento se debe dar. A continuación se detallan
cada uno de estos aspectos.
9.3.1. Evaluación de las propuestas de solución que ya se han
presentado por la comunidad wayúu y por la Defensoría del Pueblo
La Defensoría del Pueblo y las
distintas autoridades indígenas que participaron en este proceso de tutela
hicieron llegar a la Corte Constitucional 91 recomendaciones, con distintos
grados de concreción, para solucionar la crisis del hambre de los niños y niñas
wayúu. La matriz de propuestas se encuentra en el Anexo III de esta sentencia.
La Corte no es la autoridad competente para decidir si estas propuestas están o
no bien fundadas. Por lo tanto, la mínima tarea de las entidades consistirá en evaluar
todas las propuestas que ya existen y que han sido presentadas por la propia
comunidad o por la institución encargada de defender los derechos fundamentales.
Dicha evaluación deberá ser realizada de manera independiente por cada una de las
entidades involucradas directamente (a saber, el Gobierno Nacional, el
Departamento de La Guajira, y cada municipio involucrado), de tal suerte que
cada nivel de la Administración aporte su perspectiva al proceso de análisis y
diseño de la política. Sobre cada propuesta, cada uno de estos actores deberá
informar a las entidades que acompañan el cumplimiento de las órdenes (a la
Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación) las
conclusiones a las que llegó, advirtiendo específicamente dos cuestiones: si la
entidad considera que es competente para adoptar la propuesta y, en tal caso,
si se acoge o no. En caso negativo, deberá indicar las razones y sugerir una
alternativa. Esta evaluación preliminar de las propuestas ya existentes deberá
realizarse dentro de los tres meses siguientes a la publicación de esta
sentencia. La Procuraduría General de la Nación deberá pronunciarse dentro del
mes siguiente a la recepción de esa evaluación inicial. Si la Procuraduría
considera infundadas las decisiones de las entidades en relación con las
propuestas remitidas, deberá pronunciarse y determinar, a la luz de los
objetivos constitucionales mínimos, si la entidad en cuestión debe o no
realizar las acciones propuestas por la Defensoría o por las comunidades. De
este pronunciamiento se deberá remitir copia a la respectiva Sala del Tribunal
Superior de Riohacha y a esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional. Por
supuesto, se insiste nuevamente, las autoridades constitucional y legalmente constituidas
mantienen sus competencias, facultades y funciones, de tal suerte que pueden y
deben complementar las acciones acá mencionadas, en aras de lograr el goce
efectivo de los derechos tutelados. En tal virtud, por ejemplo, se podrán
presentar nuevas propuestas que den iguales o mejores soluciones a las ya
existentes. Siempre, por supuesto, trabajando armónicamente con las comunidades
desde el inicio, es decir, desde el momento en que surjan las propuestas.
9.3.2. Construcción conjunta y concreción
de indicadores, acciones, plazos y metas (sobre los parámetros de estructura,
proceso y resultado)
9.3.2.1. Materializar por escrito
y de manera pública las medidas a tomar. Luego del análisis de las propuestas
ya existentes, y en todo caso, dentro de los seis meses siguientes a la notificación
de la presente sentencia, las entidades nacionales y territoriales vinculadas
al proceso de cumplimiento, deberán contar con el o los documentos necesarios que
definan con precisión la ruta a seguir para, progresiva y programáticamente,
llegar a cumplir con el fin esencial constitucional de asegurar el goce
efectivo de los derechos fundamentales tutelados. Los fines constitucionales a
los que deben dirigirse las medidas adecuadas y necesarias que se adopten,
deben contemplar, al menos, los objetivos constitucionales mínimos que se
advierten en las reglas y principios constitucionales aplicables al caso (estos
objetivos mínimos se precisarán en el siguiente apartado del presente capítulo
[9.4]).[466] En otras palabras, las
medidas adecuadas y necesarias que se adopten deben ser para cumplir con la
mínima garantía efectiva de los derechos fundamentales de la niñez wayúu. Estos
objetivos mínimos establecen tanto parámetros sustantivos (dirigidos, ante
todo, a establecer los contenidos básicos de los derechos fundamentales
involucrados cuyo goce efectivo se debe asegurar) como parámetros procedimentales
e institucionales (dirigidos, ante todo, a asegurar que las políticas públicas que
se implementen cumplan con los mínimos constitucionales que aseguren el
ejercicio diligente y eficiente de las funciones administrativas; ante todo,
que las medidas que se adopten e implementen se den con publicidad, transparencia,
participación, no discriminación, información, sostenibilidad y evaluación
cíclica).[467]
9.3.2.2. El o los documentos que
se concreten son parámetros de estructura del cumplimiento de las
órdenes complejas que se impartirán. En tal medida, tal o tales documentos,
deberán establecer, por lo menos, cuáles son las acciones específicas a
realizar, cuáles son las autoridades encargadas de adelantarlas y cuáles son los
plazos en los que se deberán implementar. Como toda política pública de la cual
depende el goce efectivo de un derecho fundamental, se deberá contar con indicadores
que servirán para medir el cumplimiento de los objetivos constitucionales y,
sobre todo, el avance en la garantía del goce efectivo de los derechos
fundamentales tutelados. Los documentos que contemplen las medidas adecuadas y
necesarias que se adopten podrán ser documentos Conpes u otros instrumentos de
política pública. Podrán adoptar la división temática que desde las entidades
públicas se considere pertinente. Y, salvo que se establezca que sea mejor
tomar otra determinación al respecto, las metas que se adopten deberán medirse
al menos cada seis meses.[468]  Las decisiones de política que se adopten deben fundarse sobre
datos ciertos que permitan aproximarse con suficiencia a la realidad. En tanto
la obligación constitucional es la garantía del goce efectivo de los derechos
fundamentales, constitucionalmente es imposible que el hacedor de políticas
públicas deje de lado la realidad y la manera como se afecta. Corresponde al
Gobierno Nacional dentro de sus competencias y a través de los órganos
correspondientes, proponer y asegurar que se cuente con fuentes de datos e
información suficientes y de calidad, así como las cuestiones técnicas en torno
a su uso (por ejemplo: el método de cálculo de los indicadores previstos en
esta providencia para la superación del estado de cosas inconstitucional).
9.3.2.3. Construcción
participativa y deliberativa de los documentos que se adopten y de su
evaluación. Para construir los documentos que estructuren la política, las
entidades vinculadas por esta sentencia deberán establecer un espacio conjunto
de valoración de propuestas, de manera que estas se construyan en un ejercicio
colaborativo entre las distintas entidades públicas, con participación de las
comunidades directamente afectadas y las organizaciones sociales que se han
vinculado. Tales espacios también deben permitir que se evalúen de manera
conjunta antes de ser puestas en conocimiento de los órganos de control, y ello
implica que las comunidades indígenas involucradas tengan conocimiento de la
evaluación de las propuestas y los resultados. El o los documentos de política
pública deberán ser puestos a consideración de la Defensoría del Pueblo y la
Procuraduría General de la Nación. La Defensoría del Pueblo podrá formular
observaciones, y la Procuraduría General de la Nación deberá determinar, dentro
del término de dos semanas posteriores a la entrega del documento su posición
respecto a cada uno de los aspectos. Las entidades que son parte dentro del
proceso deberán acordar, con la coordinación de la Procuraduría General de la
Nación y la Defensoría del Pueblo, un procedimiento para resolver los
conflictos y debates que surjan en torno al cumplimiento de la presente
sentencia, de forma armónica, diligente y eficiente, para asegurar el goce efectivo
de los derechos. Por supuesto deberá seguirse el procedimiento establecido
legalmente en el ordenamiento jurídico actual, si acaso existiese.
9.2.3.4. Los documentos deberán
establecer los parámetros de proceso y de resultado a tener en cuenta, incluyendo
los expresamente señalados en la presente sentencia.  Una vez adoptados los
indicadores, las acciones, los plazos y las metas, las entidades deberán
ejecutar las acciones programadas sin dilación. Los avances, teniendo en cuenta
la urgencia que reclama la protección de los derechos, se deberán reportar al
menos trimestralmente a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de
la Nación. El Gobierno Nacional deberá compendiar y presentar conjuntamente la
información de todas las entidades del orden nacional, a través de la entidad
que designe la Presidencia de la República para esos efectos o por los medios
que considere adecuados. Cada entidad territorial también deberá producir un
informe que ha de ser de carácter público. La Defensoría del Pueblo y la
Procuraduría General de la Nación deberán indicar requisitos y contenidos mínimos
que, de acuerdo a la Constitución y a la Ley, se deberán tener para la
elaboración de estos informes. La evaluación del grado de cumplimiento que se
esté alcanzando (alto, medio, bajo, incumplimiento), se deberá hacer teniendo
en cuenta los parámetros de proceso y de resultado que se acuerden y definan en
los documentos que se adopten. Los parámetros que se establezcan, deberán
contemplar lo dicho en la presente sentencia y en la jurisprudencia
constitucional aplicable.
9.3.3. Seguimiento y
acompañamiento permanente de la Defensoría del Pueblo y validación por la
Procuraduría General de la Nación
Una vez adoptados los indicadores,
las acciones y los plazos para el cumplimiento de los objetivos establecidos para
asegurar el goce efectivo de los derechos fundamentales tutelados en esta
ocasión y aquellos dirigidos a asegurar que las políticas públicas cumplan con
los mínimos constitucionales, la Defensoría del Pueblo deberá dar seguimiento y
acompañamiento permanentemente a la ejecución de las acciones. Podrá hacerlo
mediante el análisis de los informes entregados, requerimientos escritos,
visitas anunciadas o no anunciadas a las dependencias de las entidades, visitas
en terreno para verificar la implementación real de las políticas y todas las
demás acciones que se encuentren dentro de sus competencias. Como resultado de
esta supervisión, la Defensoría del Pueblo deberá elaborar reportes semestrales
de progreso con destino a la Procuraduría General de la Nación, a la respectiva
Sala del Tribunal Superior de Riohacha y a esta Sala de Revisión de la Corte
Constitucional. Se deberá tener en cuenta el grado de cumplimiento alcanzado, a
la luz de los parámetros de estructura, de proceso y de resultado que se
precisen. La Procuraduría General de la Nación además de evaluar los reportes
semestrales de la Defensoría del Pueblo, podrá tener en cuenta los demás insumos
que considere pertinentes. Las recomendaciones que el Ministerio Público
formule, porque considere conducentes al cumplimiento de los objetivos
establecidos en esta sentencia deberán ser atendidas. Las entidades decidirán si
acogen o no las recomendaciones de la Procuraduría. En caso de acogerlas,
deberán indicar expresamente las acciones a realizar para darles curso y
modificar o añadir los documentos que se hayan adoptado, para asegurar la
publicidad de los cambios que se hagan. En caso de no acoger las
recomendaciones que se presenten, deberán expresar las razones que justifiquen
tal decisión. La Procuraduría podrá remitir el asunto al Tribunal Superior de
Riohacha o a esta Sala de Revisión, si considera que su recomendación sí
debería ser acogida.
9.3.4. La vigilancia y supervisión
del cumplimiento corresponde en principio, a la Sala competente del Tribunal
Superior de Riohacha
Como se indicó
previamente, la Sala competente del Tribunal Superior de Riohacha mantendrá, en
principio, la competencia para supervisar el cumplimiento de este fallo, como
corresponde en los términos del artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, hasta que
se supere el grado de afectación de los derechos tutelados, en razón del estado
de cosas inconstitucional. En especial, hasta que se verifique que los cuatro indicadores
básicos de alimentación infantil han llegado a los niveles mínimos que se
fijaron, a partir bien de las metas nacionales oficiales o bien del promedio
nacional (al respecto, ver el primer apartado del presente capítulo [9.1]). El
Tribunal Superior de Riohacha deberá adoptar todas las medidas que considere
conducentes al cumplimiento de este fallo. Se advierte, no obstante, que está
competencia de la respectiva Sala del Tribunal Superior se tiene en principio,
en la medida en que la Corte Constitucional se reservará la posibilidad de
intervenir en el proceso para solucionar cualquier tipo de controversia que se
genere con relación a las órdenes impartidas o al cumplimiento de las mismas,
cuando ello fuere necesario. Por supuesto, conforme al artículo 52 del Decreto
2591, los eventuales incidentes de desacato deberán ser adelantados por el juez
de primera instancia pues, en caso de que se imponga una sanción, la misma
deberá ser sometida a un control de legalidad ante el superior jerárquico (en
el presente caso, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia).
9.3.5. Rendición de cuentas y
cronograma
9.3.5.1. El Gobierno Nacional, el
Departamento de La Guajira y los municipios respectivos, deberán acordar con
las comunidades wayúu los espacios de rendición de cuentas, en los cuales se
deberá informar sobre las acciones propuestas y los avances en cada una de las
acciones. Se deberá hacer una evaluación de lo hecho a la luz de los parámetros
de estructura, proceso y resultado que se hayan establecido. Los ejercicios de
rendición de cuentas deberán realizarse en territorio y deberán estar diseñados
para informar a cada comunidad, al menos, sobre:  (i) el marco general de la
política adoptada para solucionar la crisis del hambre del pueblo Wayúu y (ii)
las acciones que atañen específicamente a la comunidad concernida.  En el marco
de estos espacios, la sociedad civil que ha intervenido en este proceso podrá
participar con el objeto de apoyar la determinación de las medidas más
adecuadas y necesarias para alcanzar un estado de cosas constitucional, que
asegure el goce efectivo de los derechos fundamentales tutelados sostenida y
progresivamente. Las entidades administrativas deberán tomar las medidas
adecuadas y necesarias para garantizar que el Ministerio Público pueda seguir y
acompañar estos espacios.
9.3.5.2. De conformidad con lo
anterior, las entidades deberán cumplir con el siguiente cronograma, cuyos
plazos deben contarse a partir de la última notificación de esta sentencia.
Plazo
Actividad
Mes 3
Entidades nacionales y territoriales: respuesta específica a propuestas de autoridades wayúu y de la
Defensoría del Pueblo (ver Anexo III de esta sentencia).
Mes 4
Procuraduría General de la Nación: pronunciamiento sobre la respuesta a las propuestas e informe del
asunto al Tribunal Superior de Riohacha y a esta Sala de Revisión de la Corte
Constitucional.
Mes 6
Entidades nacionales y territoriales: construcción conjunta de indicadores, acciones y plazos para el
cumplimiento de los objetivos mínimos constitucionales.
Mes 8
Defensoría del Pueblo: observaciones a los indicadores, las acciones y los plazos.  Procuraduría
General de la Nación: aval o no de los indicadores, las acciones y los
plazos, y remisión del asunto al Tribunal Superior de Riohacha, de ser el
caso.
Mes 9 en adelante
Entidades nacionales y territoriales:
remisión de informes trimestrales.
Defensoría del Pueblo: seguimiento y acompañamiento permanente y remisión de informes
semestrales a la Procuraduría General de la Nación.
Procuraduría General de la Nación consideración de informes semestrales, formulación de
recomendaciones y remisión del asunto al Tribunal Superior de Riohacha, de
ser el caso.
9.4. Objetivos constitucionales
mínimos que se deben buscar para alcanzar un estado de cosas acorde al orden
constitucional
El fin básico de las medidas que se
adopten es asegurar el goce efectivo de los derechos a la vida digna, al
desarrollo armónico e integral de las niñas y los niños wayúu, que se han visto
afectados de forma grave, en especial, en lo que a sus derechos fundamentales a
la alimentación, a la salud y al agua concierne. Ahora bien, es preciso que las
autoridades competentes, en conjunto con las comunidades y la sociedad
involucrada, precisen qué implica concretamente proteger tales derechos. Es
decir, es preciso determinar cuáles son los contenidos mínimos y básicos que
contemplan tales derechos y que deben ser objeto de protección. En la medida
que se trata de derechos programáticos y progresivos, es necesario establecer
de manera cierta cuáles son los ámbitos de protección que se irán asegurando y
a qué ritmo, respetando siempre los contenidos mínimos e irrenunciables de protección
que el Estado y la sociedad, en su conjunto, no pueden dejar de respetar,
proteger y garantizar. Por supuesto, se insiste una y otra vez, la Corte no es
competente para indicar los planes específicos que deben formularse e
implementarse para superar el estado de cosas inconstitucional. Esa tarea
corresponde a los órganos elegidos en democracia y dotados con la capacidad
técnica para formular y ejecutar las políticas públicas. En tal medida, la
precisión acerca de la definición de los objetivos y metas a seguir,
corresponde también a los hacedores de la política pública. Sin embargo, es preciso
que esta Sala identifique los fines y objetivos constitucionales mínimos que
deberán ser tenidos en cuenta, sea cual sea la política que se adopte. Se trata
de reglas y principios constitucionales básicos que deben atenderse necesariamente,
so pena de desconocer el principio de supremacía constitucional, que asegura el
sometimiento de cualquier ejercicio del poder al imperio de la Carta Política.
Las medidas cautelares de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las órdenes de la Sentencia T-466
de 2016[469] y las sentencias del Tribunal Superior de Riohacha y de la Corte
Suprema de Justicia en este proceso, ayudan a precisar cuáles son esos mínimos objetivos
constitucionales, con plena fuerza vinculante, que se deben tener en cuenta.
Aquellas decisiones, al igual que esta, se orientan armónicamente a asegurar el
goce efectivo de los derechos tutelados, dentro del marco de su competencia. Los
objetivos constitucionales mínimos deberán materializarse a través de
indicadores de goce efectivo de los derechos (IGED) que, como se dijo, deberán
hacer parte de los documentos que sean adoptados y deberán guiar las
evaluaciones que posteriormente se hagan. Ahora bien, las acciones sugeridas
para el cumplimiento de los objetivos constitucionales mínimos, son
indicativas. Las entidades competentes tienen la facultad y la función de no
realizarlas si, por ejemplo, cuentan con alternativas más efectivas para el
logro de cada objetivo.
Estos objetivos mínimos, ya
mencionados en el apartado anterior, establecen tanto parámetros sustantivos
como parámetros procedimentales e institucionales. Aunque los ocho (8)
objetivos mínimos constitucionales que la Sala de Revisión identifica tienen
relación con los derechos fundamentales, el segundo grupo, el de los objetivos
mínimos institucionales busca, ante todo, fijar parámetros que permitan
verificar que se está logrando el ejercicio constitucionalmente diligente y
eficiente de las funciones administrativas.[470] Todo, por
supuesto, orientado a asegurar el goce efectivo de los derechos fundamentales
tutelados. Los primeros cuatro objetivos mínimos
constitucionales son (1) aumentar la disponibilidad, accesibilidad y calidad del
agua; (2) mejorar la efectividad de los programas de atención alimentaria y
aumentar la cobertura de los de seguridad alimentaria; (3) aumentar y mejorar
las medidas en materia de atención a la salud y (4) mejorar la movilidad (la
libertad de locomoción) de las comunidades wayúu que residen en zonas rurales
dispersas y apartadas. El segundo grupo, los cuatro objetivos mínimos
restantes, orientados a asegurar el ejercicio constitucionalmente diligente y
eficiente de la administración para garantizar el goce efectivo de los derechos
tutelados, son: (5) mejorar la información disponible
para la toma de decisiones, (6) garantizar la imparcialidad y la trasparencia
en la asignación de beneficios y en la selección de contratistas, (7)
garantizar la sostenibilidad de todas las intervenciones estatales en los
diferentes niveles y (8) garantizar un diálogo genuino con las autoridades legítimas
del pueblo Wayúu. Cabe precisar que estos objetivos se fijan como parámetros
básicos de cumplimiento, sin embargo deben observarse los mínimos constitucionales
de las políticas públicas desarrolladas en el capítulo 8 de esta sentencia.[471]
Objetivos constitucionales mínimos
1. Aumentar la disponibilidad,
accesibilidad y calidad del agua
2. Mejorar la efectividad de los programas
de atención alimentaria y aumentar la cobertura de los de seguridad
alimentaria
3. Aumentar y mejorar las medidas
inmediatas y urgentes en materia de salud a cargo del Gobierno Nacional;
formular e implementar una política de salud para La Guajira que permita
asegurar el goce efectivo del derecho a la salud para todos los Wayúu
4. Mejorar la movilidad de las comunidades
wayúu que residen en zonas rurales dispersas
5. Mejorar la información disponible para
la toma de decisiones por todas las autoridades competentes para realizar
acciones tendientes a la superación del estado de cosas inconstitucional
6. Garantizar la imparcialidad y la
transparencia en la asignación de beneficios y en la selección de
contratistas
7. Garantizar la sostenibilidad de todas
las intervenciones estatales
8. Garantizar un diálogo genuino con las
autoridades legítimas del pueblo Wayúu
Por supuesto, estos objetivos
mínimos constitucionales no hacen referencia a todos los objetivos que las
autoridades deben perseguir. Los documentos de política pública que se realicen
en adelante pueden y deben contener los objetivos adicionales a los
identificados, que se requieran o sea conveniente alcanzar. Las autoridades
deben adoptar todas las medidas adecuadas y necesarias para asegurar el goce
efectivo de los derechos, a la luz de los objetivos constitucionales; los
mínimos que acá se plantean y los que las administraciones involucradas en un
contexto de participación planteen. Por supuesto, los objetivos
constitucionales mínimos, así como las órdenes específicas que se impartan, son
vinculantes y obligatorias, y deberán ser implementadas, en un contexto de
participación, en el que sean convocadas las entidades públicas adicionales a
las involucradas en el proceso de revisión, con el objeto de que en la fase de
cumplimiento y en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales
apoyen la superación del estado de cosas inconstitucional. Un anexo a esta
Sentencia dispondrá un cuadro de síntesis de lo que se describirá a
continuación (ver Anexo IV, cuadro detallado).
9.4.1. Primer objetivo:
aumentar la disponibilidad, accesibilidad y calidad de agua
“[…] de qué sirve un poco de arroz
si el mismo ha de contaminarse en su proceso de cocción con las aguas que se
utilizan y que no son aptas para el consumo humano […]”[472]
“[…] con el tiempo de las sequías
largas, lo que quedan son aguas saladas y salobres […]”[473]
“[…] a veces la tenemos que comprar,
a veces cuando el acueducto no tiene la posibilidad de suministrar el agua a
tiempo, a veces tenemos el tanque de 1.000 litros que nos dura ocho días, y el
suministro de agua es cada quince días por parte del acueducto […].”[474]
9.4.1.1. El Tribunal Superior de
Riohacha ordenó a las entidades demandadas “[t]omar medidas inmediatas para
que las comunidades beneficiarias puedan tener a la brevedad posible, acceso al
agua potable y salubre, de manera sostenible y suficiente para la subsistencia
de los niñas y niños”. La Corte confirmará esta orden, que identifica un
objetivo constitucional mínimo a alcanzar en el presente caso, teniendo en
cuenta que uno de los derechos que ha sido objeto de una vulneración
generalizada es el derecho al agua. Este objetivo contempla al menos tres
ámbitos de protección del derecho al agua.
[1] En
primer lugar, la disponibilidad del agua: las comunidades wayúu, desde
la más cercana hasta la más apartada de los centros urbanos, tienen derecho a
un suministro continuo y suficiente de agua, tanto para fines agrícolas como
para consumo humano. El despacho esporádico de carros cisterna, si bien es
beneficioso para las comunidades, no es suficiente para el logro de este objetivo,
pues el Tribunal Superior de Riohacha ordenó un acceso “sostenible y
suficiente”.
[2] En
segundo lugar, el objetivo comprende la accesibilidad, la cual incluye
la accesibilidad física, económica, no discriminación y acceso a la información.
Para las comunidades wayúu, la accesibilidad física implica que las fuentes de
distribución de agua no se encuentren en lugares demasiado lejanos de las
rancherías. La accesibilidad económica implica que los costos no impongan
barreras desproporcionadas e irrazonablemente a los miembros de las comunidades
wayúu. En este sentido, el programa de distribución por pilas públicas
propuesto por el Gobierno, cuyos gastos de funcionamiento serían financiados
por subsidios y por la asignación especial del Sistema General de Participaciones
para resguardos indígenas,[475] puede contribuir a la
dimensión de accesibilidad económica del agua.[476]
Ahora bien, la Corte sugiere que se formulen indicadores de accesibilidad
física que midan la distancia o el tiempo de recorrido entre una fuente de agua
y la comunidad más lejana de su zona de cobertura. Para la medición de la
accesibilidad física debería formularse también un estándar razonable, que
atienda a las necesidades de las comunidades y a las realidades del terreno.
Salvo mejor criterio de las entidades y de las comunidades wayúu, la Corte
considera que un recorrido de más de dos horas a pie para obtener agua es una
barrera irrazonable y desproporcionada. También deberían formularse indicadores
de accesibilidad económica atendiendo a la capacidad adquisitiva de las
familias wayúu.[477]
[3] En
tercer lugar, este objetivo contempla la calidad del agua. No es
suficiente que las comunidades tengan a su disposición pozos o jagüeyes, si el
agua que se obtiene de ellos no es apta para el consumo humano, pues esto
afecta directamente en los procesos de cocción de alimentos. De manera que,
deben tomarse medidas para garantizar que el agua cumpla con unos estándares de
calidad mínimos.[478] Respecto de la calidad debería medirse, como mínimo, el
Índice de Riesgo de Calidad del Agua (IRCA), de acuerdo con los lineamientos de
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.[479] Las metas que se
planteen en calidad deben prever una disminución constante del IRCA en el
Departamento de La Guajira.
9.4.1.2. Para alcanzar este primer
objetivo se pueden realizar múltiples tipos de acciones, algunas de las cuales
ya se vienen adelantando por las entidades demandadas. Entre estas se
encuentran la construcción de pozos profundos, la instalación de plantas desalinizadoras
en las zonas costeras, la instalación de equipos para potabilizar el agua, la
reparación de molinos y jagüeyes, la construcción de microacueductos y la
distribución por carros cisterna, entre otras. El Gobierno Nacional, además, se
encuentra implementando la política establecida en el Conpes 3810 de 2014 “Política
para el suministro de agua potable y saneamiento básico en la zona rural”.
Sin embargo, las acciones previstas en el Plan de Acción y Seguimiento de este
documento Conpes tienen un alto grado de generalidad y en su gran mayoría se
agotan en iniciativas regulatorias, que si bien son importantes, no son
suficientes para materializar el acceso al agua para los niños y niñas del
pueblo Wayúu. Además, las acciones previstas en este Conpes tienen un alcance
nacional y no individualizan comunidades o corregimientos de La Guajira.
Para la Corte, las actividades de
suministro de agua y de construcción de infraestructura de agua, realizadas por
el Gobierno Nacional y las entidades territoriales, han tenido un impacto
positivo en las comunidades. Sin embargo dicho impacto no se ha medido con
indicadores de resultado. En este momento el país no conoce cuál es el
suministro de agua que recibe cada niño wayúu en cada corregimiento y en cada
comunidad del Departamento de La Guajira. Los indicadores que se formulen en
relación con el cumplimiento de este objetivo, deben abarcar las tres
dimensiones del mismo. En relación con la disponibilidad, la Corte
sugiere tener en cuenta el estándar de 20 litros per cápita por día
establecido por la Organización Mundial de la Salud.[480] Uno de los indicadores de disponibilidad, por ejemplo, debería
medir el número de niños wayúu que obtienen un suministro continuo, igual o
superior a ese estándar.
9.4.1.3. La formulación de los
indicadores que se construyan, se insiste, debe realizarse en conjunto entre
las entidades que hacen parte del Mecanismo Especial, en un contexto de
participación y deliberación. En su elaboración, como mínimo, deben abarcarse
las dimensiones de disponibilidad, accesibilidad y calidad del agua. El
Gobierno Nacional, para el cumplimiento de este objetivo, deberá convocar a la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a Corpoguajira. En
especial, el Gobierno deberá adoptar las medidas adecuadas y necesarias para
que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios colabore, en
desarrollo de sus funciones y facultades, y pueda jugar un papel decisivo en la
formulación de los indicadores y el seguimiento a las metas en relación con este
objetivo.
9.4.1.4. Por último, la Corte debe
hacer mención del posible impacto de la actividad minera sobre el acceso al
agua, el cual fue puesto de presente por distintos miembros de la etnia Wayúu,
por Dejusticia y por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. En el
auto de pruebas proferido en este proceso, el despacho del Magistrado
Sustanciador indagó a la empresa Carbones del Cerrejón Limited sobre el posible
impacto de sus actividades sobre el acceso al agua. La empresa remitió información
que demostraría, entre otros aspectos, que (i) las concesiones de agua
otorgadas a esta empresa no representan la mayor parte del uso de los recursos
hídricos en La Guajira y (ii) en todo caso los impactos, de haberlos, se
estarían produciendo en la Baja Guajira donde se encuentra la operación minera,
y no en la Alta Guajira donde se concentra la crisis de desnutrición. La Sala
no cuenta con los elementos de juicio para determinar si existe o no una
relación causal entre la actividad minera a gran escala y la escasez de agua
para las comunidades wayúu. Sin embargo, dicha relación sí ha sido constatada
en casos concretos por otras Salas de la Corte en las sentencias T-256 de 2015[481] y T-704 de 2016.[482] Teniendo en
cuenta estos fallos, para la Corte es necesario que se tomen las medidas
adecuadas y necesarias para que, en el marco del Mecanismo Especial, y con el
apoyo de la Corpoguajira, se contrate un estudio independiente para determinar
si dicha relación causal existe o no, y en caso afirmativo, en qué lugares del
Departamento de La Guajira.[483]
9.4.2. Segundo objetivo: mejorar
la efectividad de los programas de atención alimentaria y aumentar la cobertura
de los de seguridad alimentaria
El Tribunal Superior de Riohacha
ordenó “[a]doptar medidas inmediatas para que las niñas y niños puedan tener
alimentos en calidad y cantidad suficientes para satisfacer las necesidades
alimentarias con pertinencia cultural, así como establecer los mecanismos
idóneos para la identificación de casos de desnutrición para una intervención
inmediata”. La Sala de Revisión confirmará esta orden, indicando que este
objetivo tiene dos dimensiones claramente distinguibles. Una relacionada con la
atención alimentaria y otra con la seguridad alimentaria.
9.4.2.1. Mejorar la efectividad
de los programas de atención alimentaria
“La trampa del asistencialismo significa
hundirnos en pereza y el conformismo, cuando nuestra naturaleza es de gente
trabajadora y creativa.” (Comunidad de Zucaramana).[484]
Los programas de atención alimentaria
comprenden, principalmente, las distintas iniciativas del Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar, y el Programa de Alimentación Escolar financiado por el
Gobierno Nacional y administrado por las entidades territoriales. La Sala de
Revisión constató que los programas de atención alimentaria existen y se
dirigen a garantizar los derechos de los niños y niñas Wayúu. Sin embargo, su
efectividad debe mejorar con el fin de alcanzar los niveles mínimos en los cuatro
indicadores básicos de la alimentación infantil para la superación del estado
de cosas inconstitucional. Entre las posibles acciones para mejorar la
efectividad se encuentran el aumento de cobertura de los programas, el
mejoramiento de la ejecución presupuestal de los mismos, la formulación o reformulación
de sus lineamientos y el diseño de programas compatibles con la cultura Wayúu y
adaptados a las realidades del territorio guajiro. También considera la Corte
que en estos programas debe mejorarse la objetividad y la transparencia para la
selección de contratistas y la selección de comunidades beneficiarias. Este
tema, sin embargo, se tratará posteriormente (sexto objetivo). Los aspectos
relativos a la concertación y la consulta previa se tratan en el octavo objetivo.
9.4.2.1.1. En primer lugar, como
primera protección, no se podrán adoptar medidas de carácter regresivo (al
respecto ver el apartado 8.1).[485] Esto implica que la
cobertura de los programas de atención alimentaria para las comunidades wayúu
deberá mantenerse, y no podrá ser disminuida, a menos que en cada caso las
autoridades puedan demostrar que la comunidad concernida ha alcanzado o puede
alcanzar inmediatamente la autosuficiencia alimentaria, por medio de los
programas de seguridad alimentaria o por sus propios medios independientes. La
programación anual del presupuesto de inversión del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, del Ministerio de Educación Nacional y de las demás
entidades del orden nacional que intervengan en los programas de atención
alimentaria, deberá aplicar esta regla de no regresividad.[486]
Igualmente tanto el departamento de la Guajira y los municipios de Riohacha,
Manaure, Uribia y Maicao deben mantener y mejorar la cobertura de los programas
de atención alimentaria en conjunto con las autoridades nacionales que
consideren competentes.
9.4.2.1.2. Los indicadores y las
metas que se fijen deben abarcar las dimensiones de disponibilidad y
accesibilidad de los alimentos. En relación con la disponibilidad, los
indicadores no solo deben medir el número de beneficiarios, sino la proporción
que estos representan frente a la población total de niños wayúu. Además
deberían contemplar la situación de cada corregimiento y cada comunidad wayúu.
La cobertura podría entonces medirse, por ejemplo, por porcentaje de niños
beneficiados por algún programa, porcentaje de corregimientos cubiertos y
porcentaje de comunidades beneficiadas. La disponibilidad, a la luz del derecho
a la alimentación también contempla la cantidad y calidad suficiente, así como
la aceptabilidad de los alimentos para una cultura determinada.[487] La medición de
este último componente podría realizarse, por ejemplo, con un indicador de
satisfacción de las comunidades en relación con los programas de atención
alimentaria. Los indicadores, por supuesto, también deberán medir la dimensión
de accesibilidad económica y física a la alimentación que protege el derecho
fundamental. La Sala sugiere, por ejemplo, que se formulen indicadores de
accesibilidad física que midan la distancia o el tiempo de recorrido entre un
sitio de entrega de alimentos (por ejemplo, un centro de desarrollo infantil o
una institución educativa habilitada para el PAE) y la comunidad más lejana de
su zona de cobertura. Salvo mejor criterio de las entidades y de las
comunidades wayúu, la Corte considera que un recorrido de más de dos horas a
pie para obtener atención alimentaria es una barrera irrazonable y
desproporcionada.
9.4.2.1.3. En relación con las
modalidades de recuperación alimentaria infantil, y con el propósito de
asegurar el goce efectivo de los derechos de las personas menores de edad más
afectadas, las entidades podrían medir el número de niños con desnutrición que
se recuperaron luego de la intervención de la entidad estatal. Para la Corte,
la meta ideal en este indicador, por supuesto, es el 100%. No menos se puede
buscar para toda persona, igualmente digna.
9.4.2.1.4.  Para el cumplimiento de
este objetivo, especialmente en lo que se refiere a mejorar la efectividad de
los programas de atención alimentaria, el Gobierno Nacional, bien sea en el
marco del Mecanismo Especial, tiene el deber de convocar al Ministerio de
Educación Nacional para que, en ejercicio de sus facultades y funciones
constitucionales y legales, preste la colaboración a que haya lugar para
asegurar el goce efectivo del derecho fundamental.
9.4.2.2. Aumentar la cobertura
de los programas de seguridad alimentaria
“Uno se muere, se mueren los niños,
por falta de empleo. El gobierno lo que tiene que traer es solución de empleo
para todos los wayuu. No venir con un mercado a aliviar dos o tres días. Que
vengan soluciones. Como decir, para los pescadores, que hagan un proyecto
grande de mil, cien, quinientas lanchas. Para que vean que el paisano no tiene
necesidad de estar pidiéndole al Bienestar Familiar ni estar pidiéndole a otros.”[488]
“Prosperidad Social (DPS) ha
implementado algunos proyectos demostrativos en varias comunidades, que
demuestra que la agricultura sí es posible. || Sin embargo esto
soluciona la situación de algunas familias pero no para la mayoría de las
comunidades […].” (Federación de Asociaciones de Autoridades Tradicionales
de La Guajira).[489]
La orden del Tribunal Superior de
Riohacha en relación con las medidas para satisfacer las necesidades
alimentarias de los niños y niñas, que se confirma en esta sentencia, además de
la atención alimentaria, abarca la seguridad alimentaria (como se
explicó previamente [apartado 4.5.3], estas son dos dimensiones distintas del
derecho fundamental a la alimentación). Los programas de seguridad alimentaria
son importantes para el cumplimiento de las condiciones para la superación del
estado de cosas inconstitucional, en especial en cuanto garantizan la soberanía
y autonomía del pueblo afectado. La solución integral del Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social que la Corte visitó en la comunidad
de Sichichón es un ejemplo a seguir para promover la autosuficiencia y para
superar el asistencialismo, potenciando en cambio la autonomía y el
autogobierno de las comunidades Wayúu. Estas iniciativas responden además a un
clamor de varias autoridades Wayúu en el sentido de que el Estado provea a las
comunidades con medios de subsistencia y no con alimentos. La Corte observa,
sin embargo, que estas intervenciones son escasas si se comparan con otras
iniciativas del Estado colombiano en La Guajira.
9.4.2.2.1. El
objetivo en esta materia consiste entonces en un aumento constante en la
cobertura de los programas de seguridad alimentaria. Esto quiere decir que el
número de intervenciones que permiten a las comunidades volver a generar sus
propias fuentes de alimentación de manera autónoma, debe crecer. No obstante, la
Sala de Revisión observa con preocupación que estas soluciones provienen
exclusivamente del Gobierno Nacional. Las actividades en relación con este
objetivo deben incluir la generación de capacidades dentro de los municipios y
las asociaciones de autoridades tradicionales wayúu para realizar
intervenciones en seguridad alimentaria. Las intervenciones en seguridad
alimentaria incluyen por ejemplo, entre otros, programas de generación de
empleo y proyectos productivos adaptados a las distintas partes del territorio
de La Guajira que fomenten la economía familiar wayúu. Estos deben contemplar,
primordialmente, los medios necesarios para que las familias wayúu puedan
sostenerse. Teniendo en cuenta las participaciones y opiniones expresadas por
varios miembros de la comunidad, la Sala de Revisión considera que se deberá
considerar especialmente la posibilidad de proveer burros para el transporte de
agua y alimentos.[490]
9.4.2.2.2. Entre los indicadores para esta dimensión del segundo objetivo constitucional
mínimo, se deberían incluir mediciones de cobertura y distribución geográfica
de los proyectos, de forma que respondan a distintos tipos de terreno en La
Guajira; razón de proyectos realizados por los municipios frente a los
realizados por el Gobierno Nacional, de forma que los primeros eventualmente
sobrepasen a los segundos; y mediciones de individuos, familias, comunidades y
corregimientos beneficiados con los proyectos de seguridad alimentaria. Los
indicadores necesariamente deben contemplar el componente de aceptabilidad
cultural, para lo cual la Corte sugiere incluir un indicador de satisfacción de
las comunidades en relación con los programas de seguridad alimentaria. Es una
dimensión crucial del derecho al desarrollo armónico e integral de los niños y
las niñas wayúu.
9.4.2.2.3. Por último, como se
resaltará más adelante y como ocurre con todas las medidas que se adopten con
ocasión de esta sentencia, la sostenibilidad de los programas que se establezca
es vital para estos proyectos. Por esa razón, los indicadores deben contemplar
la vida útil de los mismos. Por ejemplo, podría medirse el número de proyectos
productivos o soluciones que continúan operando en condiciones óptimas después
de cinco años. En síntesis, es necesario que se contemplen dentro de los
indicadores y las metas, criterios de sostenibilidad y de generación de
capacidades territoriales para la ejecución de proyectos de seguridad alimentaria.
9.4.3. Tercer
objetivo: aumentar y mejorar las medidas inmediatas y urgentes en materia de
salud a cargo del Gobierno Nacional; formular
e implementar una política de salud para La Guajira que permita asegurar el
goce efectivo del derecho a la salud para todos los Wayúu
El objetivo mínimo constitucional en
materia de salud, en el presente caso, contempla dos aspectos básicos. El
primero se ocupa de las medidas inmediatas y urgentes que se han ejecutado
conjuntamente entre el Gobierno Nacional y las entidades territoriales (entre
estas se encuentran los equipos extramurales cofinanciados por el Gobierno
Nacional y contratados con las cinco Empresas Sociales del Estado de la Alta
Guajira y la línea de atención del Ministerio de Salud y Protección Social). El
segundo aspecto de este objetivo, se ocupa de las acciones estructurales que se
deben diseñar e implementar para que a mediano y largo plazo las comunidades
wayúu no dependan de medidas de emergencia (como las brigadas de salud
ejecutadas desde el nivel central), sino que cuenten con una garantía
permanente de sus derechos.
9.4.3.1. Aumentar y mejorar
las medidas inmediatas y urgentes en materia de salud a cargo del Gobierno
Nacional
“En el ejercicio de Evidencia Social, la
Delegada para la Salud, Seguridad Social y Discapacidad de la Defensoría
observó que existen comunidades reportadas como visitadas por los equipos, pero
estas lo niegan, señalando que la atención recibida ha sido por parte de
organizaciones sociales y fundaciones privadas. También, registró las
dificultades en el acceso, distribución, sostenibilidad y efectivo suministro
de las fórmulas terapéuticas listas para el consumo, FTLC.”[491]
El Gobierno Nacional debe continuar
y aumentar la actividad de las brigadas en salud, realizadas desde las cinco
Empresas Sociales del Estado (Riohacha, Maicao, Manaure, Uribia y Nazareth) por
medio de diecisiete equipos extramurales. La Sala de Revisión registra con
preocupación dos hechos, a saber: (i) entre 2016 y 2017 no se ha planteado
ninguna ampliación de la cobertura de este programa y (ii) en el plan de acción
remitido por la Presidencia de la República no aparece esta acción en el
cronograma para 2017.[492] No obstante, resalta la Corte, esta actividad aparece con claridad
en el Conpes 3883 de 2017.[493]
9.4.3.1.1. La Sala reconoce que esta
es una medida de choque cuya permanencia no puede ser garantizada a largo plazo
por el Gobierno Nacional, pues la función del Ministerio de Salud es dirigir la
política pública en salud, no financiar directamente la prestación de servicios
de salud. Esta medida, sin embargo, es la única opción con la que cuentan las
familias wayúu en zonas apartadas que no se encuentran afiliadas a EPS, o cuyas
EPS no han cumplido sus deberes. Ante la crisis de la salud en La Guajira,
evidenciada, entre otras razones, por los múltiples actos administrativos
sancionatorios expedidos por la Superintendencia Nacional de Salud[494] y por el propio
Conpes 3883 de 2017, estas medidas inmediatas del Ministerio de Salud en muchos
casos son lo único que se interpone entre un niño wayúu y la muerte por
desnutrición. Deben entonces realizarse acciones para aumentar y mejorar las
medidas inmediatas. Entre estas acciones pueden estar el aumento en el número
de los equipos extramurales, el aumento de beneficiarios proyectados para los
próximos cuatro años, el aumento en el número de brigadas realizadas, una mayor
publicidad de la línea de atención para desnutrición o el establecimiento de
otras formas de comunicación para quienes no tienen línea telefónica fija.
9.4.3.1.2. Al igual que con el
derecho a la alimentación y el derecho al agua, no pueden adoptarse medidas
regresivas, con fundamento en los principios constitucionales explicados (ver apartado
8.1).[495] Esto implica que la
cobertura de las medidas inmediatas de salud para las comunidades wayúu a cargo
del Gobierno Nacional deberá mantenerse, y no podrá ser disminuida, a menos que
en cada caso las autoridades puedan demostrar que el derecho a la salud de la
respectiva familia o comunidad está siendo garantizado por el sistema de salud
que se haya implementado para La Guajira. La programación anual del presupuesto
de inversión del Ministerio de Salud y Protección Social, así como las
Secretarías Departamental y Municipales de Salud y las distintas Empresas
Sociales del Estado, deberá aplicar esta regla de no regresividad.[496]
9.4.3.1.3. Los indicadores para la
medición de este primer aspecto de este tercer objetivo deberán contemplar, por
ejemplo, el número de familias atendidas, el número de brigadas realizadas, los
resultados en relación con eventos de desnutrición, de enfermedades diarreicas
o enfermedades respiratorias agudas, la cobertura geográfica y la atención a
las zonas más apartadas.
9.4.3.2. Formular e
implementar una política de salud para La Guajira que permita asegurar el goce
efectivo del derecho a la salud para todos los Wayúu
“[El] sistema de seguridad social no es
funcional en territorios dispersos como la Amazonía, el Chocó, la Orinoquía y
La Guajira […]” (Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas Wayúu
Anataweeshii,)[497]
“Se necesitaría en los hospitales que también
haya un ouutsü. No solamente el médico, porque le está aplicando la medicina
occidental, pero eso no le cae bien al niño porque él también necesita de la
medicina tradicional, de la ouutsü, de la médica que tenemos en la cultura
wayuu. Eso debiera respetarse también en los hospitales”. [498]
El Gobierno Nacional, las entidades
territoriales y las autoridades legítimas del pueblo Wayúu deben trabajar
conjuntamente para establecer un modelo de salud que se adecúe a las realidades
de La Guajira. Para la Corte, el modelo de competencia regulada general previsto
en la Ley 100 de 1993 no ha garantizado adecuadamente el goce efectivo el
derecho a la salud de las poblaciones indígenas en zonas dispersas. Existe una
gran cantidad de EPS con afiliados del régimen subsidiado en el Departamento de
La Guajira, así como una gran cantidad de IPS prestando servicios de primer
nivel de complejidad. Sin embargo, los servicios prestados no son oportunos, la
atención extramural es esporádica y las actividades de promoción y prevención
lo son aún más. Además, a pesar de haber una presencia considerable de EPS e
IPS Indígenas, el enfoque diferencial no se materializa en la atención en
salud.
9.4.3.2.1. Algunas de estas
observaciones son un reflejo de los problemas del sistema de salud en todo el
país. Sin embargo, lo que en el resto de Colombia es un problema de baja
eficacia del sistema de salud, en La Guajira se traduce en muertes de niños y niñas
que podrían evitarse a largo plazo con una política de salud diseñada
adecuadamente para las realidades del territorio y para las comunidades que lo
habitan. Es probable, por ejemplo, que el diagnóstico al que llegó el Gobierno
Nacional en relación con el Departamento de Guainía, al expedir el Decreto 2561
de 2014, sea extensible al Departamento de La Guajira. Salvo mejor criterio del
Gobierno Nacional y los órganos de control, la Corte considera que en La
Guajira están dadas las condiciones para dar aplicación al artículo 30 de la
Ley 1438 de 2011, que obliga al Estado a definir los mecanismos para mejorar el
acceso a los servicios de salud en los territorios de población dispersa. En
tal medida, se ordenará al Ministerio de Salud y Protección Social que
determine formalmente si en el Departamento de La Guajira están dadas las
condiciones para aplicar el artículo 30 de la Ley 1438 de 2011.[499]
En caso afirmativo, y con base en una evaluación de la experiencia en Guainía,
deberá iniciar inmediatamente el proceso de concertación con las entidades
territoriales y de consulta previa con el pueblo Wayúu, para efectos de adoptar
un modelo especial de atención en salud para La Guajira. El nuevo modelo, o los
ajustes que se adopten en tal materia, deberán estar operando en el plazo
máximo de dos años a partir de la notificación de esta sentencia.
9.4.3.2.2. Por supuesto, las
autoridades competentes, en el ejercicio de sus facultades y sus funciones,
deberán incluir todas las acciones adecuadas y necesarias para formular e
implementar las políticas públicas, así como otras acciones de carácter
estructural y se tengan por necesarias, que propendan por la garantía del
derecho a la salud. Entre estas se encuentran, por ejemplo, la organización y
consolidación de la red prestadora de servicios de salud en el Departamento,
por parte de las entidades territoriales, y todas las demás condiciones
generales previstas en el Conpes 3883 de 2017 con sujeción a las cuales el
Departamento de La Guajira podrá reasumir la competencia en la prestación del
servicio de salud.[500] Otras acciones importantes en este sentido incluyen las conducentes
a fortalecer las actividades de inspección, vigilancia y control por parte de
la Superintendencia Nacional de Salud, en el contexto particular y específico
de La Guajira, y el estudio de las reformas legislativas necesarias para dotar
a esa entidad de herramientas correctivas (así, por ejemplo, considerar
sanciones alternativas y más efectivas que la multa).
9.4.3.2.3. Los indicadores que se diseñen
y definan para valorar el cumplimiento de este objetivo constitucional mínimo,
necesariamente deben ser consistentes con los indicadores que se han adoptado a
nivel nacional en el marco de la Sentencia T-760 de 2008 y del seguimiento a su
cumplimiento por parte de la Corte, contemplando siempre, por supuesto, un
enfoque diferencial respetuoso del pueblo Wayúu. Respecto de algunas acciones,
los indicadores podrán incluir gestiones como la suscripción de un decreto, la
publicación de un modelo de salud o la apertura de una convocatoria. Sin
embargo, será necesario también incorporar indicadores de resultado
relacionados con la atención en salud de los miembros de la etnia Wayúu y en
especial de sus niños y niñas. Entre ellos, por ejemplo, la cobertura de la
población, el desempeño en actividades de promoción y prevención, vacunación,
atención de enfermedades crónicas, embarazos, tasas de mortalidad infantil y la
incidencia de enfermedades respiratorias.
9.4.4. Cuarto objetivo:
mejorar la movilidad de las comunidades Wayúu que residen en zonas rurales
dispersas
“Estamos fregados por las vías de acceso.
Estas vías no son buenas ni en verano ni en invierno. Ni en verano ni en
invierno es buena. Aquí necesitamos es carretera, porque una comunidad sin
carretera no es nada, eso es pobre, acabose total.”[501]
La movilidad de las comunidades
wayúu, esto es, el goce efectivo y ejercicio de su libertad de locomoción, es
un aspecto crítico para el acceso al agua, la alimentación y la salud. El poder
moverse, especialmente en el contexto de La Guajira, es un presupuesto
necesario para el ejercicio de otros derechos fundamentales. Entre mayor tiempo
se requiera o mayor dificultad haya para llegar a una fuente de abastecimiento
de agua, un centro de salud, un hospital o un punto de atención alimentaria
como un centro de desarrollo infantil o una institución educativa, más difícil
será garantizar los derechos de las personas que residen en comunidades rurales
apartadas.
9.4.4.1. La Guajira es un
departamento predominantemente rural.[502] Las zonas rurales carecen en su mayoría de vías de acceso
adecuadas, aspecto que pudo observar y experimentar la delegación del despacho
del Magistrado Sustanciador durante la visita a este departamento.[503] En criterio de
la Corte, la baja densidad de vías secundarias y terciarias no solo incide
negativamente en la productividad y en el desarrollo,[504] sino que afecta el goce efectivo de los derechos fundamentales en
sus facetas prestacionales.
9.4.4.2. No hay consenso entre las
comunidades Wayúu sobre la conveniencia de la construcción o adecuación de vías
cerca a sus comunidades. Sin embargo, es vital asegurarles movilidad, a través
de los medios que estas comunidades y las entidades públicas, de manera
conjunta y concertada, consideren adecuados. La Sala de Revisión advierte que
una de las principales actividades que puede realizarse para el cumplimiento de
este objetivo es la adecuación de vías secundarias y terciarias, tarea que
corresponde en principio a las entidades territoriales. Estas obras podrían ser
cofinanciadas por el Gobierno Nacional en desarrollo de la política formulada
mediante documento Conpes 3857 de 2016 “Lineamientos de política para la
gestión de la red terciaria”. No obstante, es preciso tener en cuenta la
posición y decisión de las comunidades al respecto. En este sentido, la Corte
solicita al Gobierno Nacional que en el marco del Mecanismo Especial, determine
cuáles y cuántas vías en el Departamento de La Guajira superan el puntaje de
alta prioridad de acuerdo con los criterios establecidos en ese documento,[505]
y considere la posibilidad de modificar los criterios del modelo de
priorización vial municipal establecidos en el Conpes 3857 de 2016, con el fin
de incluir dentro de la dimensión social de estos puntajes, un criterio de
inseguridad alimentaria de la población.[506] El Gobierno
Nacional podrá tomar acciones distintas para mejorar la movilidad de las
comunidades wayúu en las zonas dispersas, siempre y cuando se tomen
concertadamente con las demás autoridades y personas autorizadas, sean acciones
que aseguren el goce efectivo de los derechos tutelados en igual o mayor grado
y, además, se informe a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría
del Pueblo y a esta Sala de Revisión.
9.4.4.3. Un indicador adecuado para
este objetivo, sin perjuicio de los demás que se formulen en la construcción
conjunta entre las entidades, puede ser la longitud de la red terciaria en las
distintas regiones del Departamento de La Guajira. Finalmente, la Sala advierte
que para el cumplimiento de este objetivo el Gobierno Nacional debe convocar al
Ministerio de Transporte, al Instituto Nacional de Vías—INVIAS y al Departamento
Nacional de Planeación para que, en ejercicio de sus funciones y facultades
constitucionales y legales, tome las medidas adecuadas y necesarias que
corresponda.
9.4.5. Quinto objetivo:
mejorar la información disponible para la toma de decisiones por todas las
autoridades competentes para realizar acciones tendientes a la superación del
estado de cosas inconstitucional
“[…] no existe total conocimiento
sobre los factores determinantes del contexto territorial, como lo son las
dinámicas demográficas, sociales, familiares ambientales y económicas […] en el
Departamento de La Guajira y sus municipios existe un desconocimiento sobre la
población rural, la población en situación de discapacidad y especialmente la
población étnica.” (Procuraduría General de la Nación)[507]
Uno de los primeros presupuestos de
toda política pública es contar con información. No es posible estructurar
adecuadamente el problema que se pretende intervenir, así como tampoco adoptar
decisiones con la certeza de que servirán para alcanzar los futuros propuestos,
si no se cuenta con información. Por supuesto, tampoco es posible hacer un
seguimiento a la implementación con certeza ni evaluar adecuadamente. Por esto,
el quinto objetivo constitucional mínimo busca mejorar la información
disponible para la evaluación y de la gestión y la toma de decisiones. Se trata
de una de las condiciones básicas que debe observar toda política pública bajo
el orden constitucional, tal como lo ha reconocido la jurisprudencia
constitucional.[508] Entre las herramientas
para mejorar esta información se encuentran, por ejemplo, el proceso de
microfocalización ya realizado en los municipios de Manaure, Maicao y Uribia,
así como las acciones adecuadas y necesarias que se hayan adoptado para
implementar el sistema de información ordenado por el Tribunal Superior de
Riohacha y la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en las sentencias
respectivas previamente citadas.[509] En tal medida, la Sala
de Revisión confirmará la orden proferida por el Tribunal Superior de Riohacha,
confirmada en segunda instancia por la Corte Suprema de Justicia.[510]
La Sala de Revisión advierte, además, que una de las acciones orientada a
garantizar los derechos fundamentales de los niños y las niñas de La Guajira,
pertinente para el cumplimiento de este objetivo constitucional mínimo, es el
censo mencionado por la Corte en la sentencia T-466 de 2016, el cual debe ser
realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística—DANE.[511]
9.4.5.1. Este objetivo referido a la
información básica que requiere la política pública de la cual depende el goce
efectivo de los derechos fundamentales tutelados a las niñas y los niños wayúu,
debe lograrse por medio de un sistema de información que contenga datos
básicos de cada corregimiento con presencia de comunidades wayúu, incluyendo la
información sobre necesidades básicas insatisfechas y sobre todas las
intervenciones estatales. El sistema adicionalmente podría incluir información
de orden presupuestal, dirigida a asegurar la equidad en la distribución de
beneficios y recursos entre las distintas comunidades de La Guajira. Por
supuesto, para el cabal cumplimiento de este objetivo, las entidades encargadas
deberán evaluar y decidir si procede crear un nuevo sistema, si se debe crear
un mecanismo de interoperabilidad entre los sistemas existentes o si se debe
usar alguna otra herramienta técnica que logre el mismo objetivo de manera más
efectiva. Lo importante es que esté disponible información de calidad y
suficiente para el análisis, diseño, implementación y evaluación de una
política pública que sea accesible, tanto a las entidades encargadas de hacer
la política, como a la sociedad en general. En efecto, la información deberá
estar disponible no solo para las entidades, sino para toda la ciudadanía y en
especial para las comunidades. En ese sentido, la Corte recomienda usar los
principios de datos abiertos promovidos por el Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones en el marco de la Estrategia de Gobierno en
Línea.
9.4.5.2. Como se dijo previamente,
el Gobierno Nacional, a través de la Presidencia de la República deberá
indicar, en el marco del mecanismo de seguimiento, la entidad o las
entidades del orden nacional competentes para asumir el cumplimiento de este
objetivo. Concretamente se ordenará al Gobierno incluir a la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios, que administra el Sistema Único de
Información de Servicios Públicos. El Departamento de La Guajira, así como los
municipios de Riohacha, Maicao, Manaure y Uribia deberán vincularse al
cumplimiento de este objetivo. Para tal efecto, se ordenará que proporcionen toda
la información de que disponen a las autoridades del orden nacional, y prestar
toda la colaboración necesaria para integrar el sistema de información.
9.4.5.3. La Sala considera que un
indicador posible para el cumplimiento de este objetivo puede ser la certificación
de los distintos niveles de interoperabilidad por parte del Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Las entidades también
pueden formular indicadores específicos de logro de metas intermedias para la
conformación del sistema de información, como el número de entidades
incorporadas al sistema, el número de fuentes de datos, o el número de tipos de
datos propuestos que hayan sido efectivamente incorporados.
9.4.5.4.  Por último, la Corte
considera importante que las entidades y el  público cuenten con información
sobre los resultados de las principales intervenciones realizadas en
Departamento de La Guajira. De acuerdo con la intervención de la Procuraduría
General de la Nación, la Corte considera que el Mecanismo Especial deberá
solicitar al Departamento Nacional de Planeación que ponga en marcha una
evaluación de impacto de los programas de alimentación y recuperación
nutricional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el Departamento
de La Guajira, y los demás programas de la Alianza por el Agua y por la Vida
que defina la Presidencia de la República. Igualmente la Presidencia de la
República deberá informar dentro del término de un mes al Departamento Nacional
de Planeación los demás programas que deben ser evaluados en cumplimiento de
esta medida. Para el cumplimiento de este objetivo las autoridades vinculadas
deberán acudir a entidades como por ejemplo la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios, al Departamento Nacional de Planeación y al
Departamento Administrativo Nacional de Estadística.
9.4.6. Sexto objetivo:
garantizar la imparcialidad y la transparencia en la asignación de beneficios y
en la selección de contratistas
Una administración
constitucionalmente diligente y eficiente supone, al menos, garantizar la
transparencia y la imparcialidad de las actuaciones, en especial aquellas de
las cuales depende una política pública necesaria para enfrentar una crisis de
desnutrición infantil multicausal. De las pruebas aportadas y recaudadas al
proceso se advierte que existen, al menos, dos aspectos en los cuales la
transparencia y la imparcialidad de la Administración, en todos sus niveles y
dimensiones es indispensable, a saber: (a) en la asignación de
beneficios necesarios, directa o indirectamente, para asegurar el goce efectivo
de los derechos al agua, a la alimentación o a la salud con urgencia y  (b)
en la selección de los contratistas encargados de realizar acciones con en el
mismo propósito.
9.4.6.1. Garantizar la
imparcialidad y la transparencia en la asignación de beneficios
“También es necesario llamar al Estado a
aplicar criterios de racionalidad a las inversiones que se hagan dentro del territorio Wayúu, ya que debido
al desorden institucional preponderante no se han optimizado los recursos y hay
zonas wayuu a las que se dirigen más esfuerzos presupuestales que a otras, por
motivos del turismo y otros intereses. Sin embargo a las zonas más deprimidas
es evidente que no les llega la inversión del estado.” (Comunidad de Zucaramana)[512]
La Sala de Revisión encontró que las
políticas públicas para la garantía de los derechos de los niños y niñas wayúu
no cumplen de manera suficiente con el principio de no discriminación, pues (i)
no existen criterios claros y transparentes para la selección de los
beneficiarios de las distintas intervenciones, (ii) en un contexto que los
demanda, porque la focalización se realiza en La Guajira en municipios que, por
lo general, son muy extensos y agrupan una gran cantidad de comunidades y
puntos poblados. En muchos casos las autoridades públicas deben escoger a quién
o a quiénes beneficiar con las distintas intervenciones, dado que los recursos
para las mismas son limitados, y en esta escogencia las leyes permiten un
cierto grado de discrecionalidad. Sin embargo, el ejercicio de esa
discrecionalidad en una democracia participativa y deliberativa, y dada la
urgencia que reclama la protección de los derechos de las niñas y los niños las
entidades nacionales, territoriales y ambientales deben ser capaces de
explicar, con base en criterios públicos y constitucionalmente razonables, por
qué se ha decidido beneficiar a unas comunidades en lugar de otras. En
contextos con recursos limitados, que impactan a su vez la capacidad de
protección urgente de las personas a las que se debe mayor protección a la luz
de la Constitución, la legitimidad de las decisiones que imponen tales límites
supone un alto grado de transparencia e imparcialidad.
9.4.6.1.1. En el desarrollo de este aspecto
del sexto objetivo constitucional mínimo, las entidades deben por lo menos,
reportar la información sobre beneficiarios desagregada por corregimientos e
incluso comunidades, o según la zonificación que sea adecuada de acuerdo con
otros criterios. De esta forma las comunidades wayúu y la ciudadanía en general
podrán observar si se están repartiendo los beneficios de manera racional y
equitativa en el Departamento. Los criterios de focalización adoptados por los programas
o la selección de beneficiarios deben ser públicos, objetivos y razonables a la
luz de la Constitución. Para cada intervención estatal, dado el estado de cosas,
las entidades deben demostrar que la elección de una comunidad sobre otra para
la realización de una intervención fue objetiva, que no respondió al arbitrio
de la autoridad pública ni a un criterio prohibido, como pueden ser los
criterios políticos de naturaleza clientelar.
9.4.6.1.2. Así, la Sala considera
que dentro de las acciones para cumplir este objetivo se encuentran, por
ejemplo, la elaboración de criterios públicos y objetivos para la selección de
los beneficiarios de cada una de las demás actividades, así como la publicación
de la manera en que se aplicaron estos criterios en cada caso. De esta forma,
comunidades como Purpushon, visitada por la Corte Constitucional, podrán
conocer las razones por las cuales no tienen aún un acueducto ni una
intervención de los programas de atención alimentaria del Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar.[513]
9.4.6.1.3. Los indicadores para esta
medida pueden incluir el porcentaje de acciones con criterios públicos y
objetivos, publicados por cada entidad, comunicados a las comunidades y
disponibles en wayuunaiki. Las entidades que hacen parte del Mecanismo Especial
deberán informar en wayuunaiki a las comunidades, los criterios públicos y
objetivos que se hayan adoptado para la focalización o selección de los
beneficiarios de cada acción. La Corte considera que este indicador debe ser
vinculante, así como una meta del 100% para el primer semestre de ejecución del
plan o los planes que se formulen, y así lo ordenará. De igual forma ordenará
que dentro de los informes mensuales que se deben remitir a la Defensoría del
Pueblo, las entidades incluyan una explicación de cómo se aplicaron los
criterios públicos y objetivos de asignación de beneficios para cada
intervención. Finalmente las entidades del Mecanismo Especial dentro del plan o
planes que se sometan a consideración de la Procuraduría General de la Nación,
realicen una estimación inicial de los costos y acciones a su cargo, y determinen
si, de acuerdo con las proyecciones existentes, tienen recursos suficientes
para ejecutarlas.
9.4.6.2. Garantizar la
imparcialidad y la transparencia en la selección de contratistas
“Es gravísimo lo que está pasando aquí en La
Guajira, todo lo que han dicho los sabios, todo lo que han dicho los mayores,
eso se resume en corrupción que llega a través de los entes del Estado. Aquí en
La Guajira se ve mucho la problemática social precisamente porque vivimos es de
la politiquería”.[514]
La imparcialidad y la transparencia
también deben cubrir la selección de los contratistas, tanto a nivel nacional
como territorial. Entre las comunidades wayúu existe una percepción de ausencia
de imparcialidad en la selección de contratistas, en especial de los operadores
de los programas de atención alimentaria a cargo de Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar. La Corte no tiene en este proceso los elementos de juicio
ni la competencia para calificar jurídicamente la objetividad en la selección
de contratistas por parte de las distintas entidades. Sin embargo debe
destacarse, como se explicó anteriormente, que el sistema de contratación por
medio del régimen especial de contratos de aporte tiene características que
pueden dar lugar a espacios de arbitrariedad y discriminación en un contexto en
el que se requiere un alto grado de transparencia e imparcialidad. El cumplimiento
de este objetivo mínimo constitucional puede contribuir de manera importante a
la superación del estado de cosas inconstitucional, al garantizar que los
recursos que invierte el Estado en los niños y niñas efectivamente tengan
resultados en la garantía de sus derechos y no se desvíen hacia los patrimonios
privados de terceros.
9.4.6.2.1. Entre las acciones que
pueden implementarse para alcanzar este objetivo se encuentran, por ejemplo, la
utilización de procedimientos de selección objetiva, la disminución de las
contrataciones directas, la creación de pliegos tipo para las distintas clases
de contratación, el uso de criterios exclusivamente objetivos para la selección
de contratistas (la selección por precio, entre otros medios), la publicación
de todos los contratos y la identidad de los contratistas en plataformas
accesibles para las comunidades, disposiciones especiales para la supervisión
de estos contratos, disposiciones especiales para la vigilancia por parte de
los órganos de control, monitoreo por la Comisión Regional de Moralización y
por la Comisión Nacional de Moralización, mecanismos de denuncia de alto nivel,
priorización de las investigaciones y actuaciones sancionatorias o el
establecimiento de canales específicos para recibir denuncias por parte de
órganos investigativos.
9.4.6.2.2. La Sala de Revisión resalta
que en el punto resolutivo séptimo de la Sentencia T-466 de 2016[515]
se insta “a la Procuraduría General de la Nación, a la Fiscalía General de
la Nación, a la Contraloría General de la República, a la Contraloría
Departamental de La Guajira, a las contralorías municipales, a la
Superintendencia Nacional de Salud y a la Superintendencia de Servicios
Públicos, para que den prioridad en la aplicación de los mecanismos a
disposición suya para controlar actos de corrupción y de deficiencias en la
prestación de los servicios involucrados en la realización de los derechos de
los niños Wayúu a la salud, a la alimentación adecuada y al acceso al agua.”
Las acciones que se planteen para cumplir el presente objetivo constitucional
mínimo deben ser consistentes con esa orden de la Sala Tercera de Revisión.
9.4.6.2.3. Los indicadores para este
objetivo deben dar cuenta de una mayor eficiencia y transparencia en la
contratación, y una acción investigativa y sancionatoria más robusta en
relación con posibles actos de corrupción. Entre los posibles indicadores se
encuentran la pluralidad de oferentes para los procesos contractuales, el
aumento de nuevos oferentes, la disminución de las contrataciones directas y
otras modalidades exceptivas, la disminución de los costos de los contratos, el
aumento de investigaciones penales, fiscales y disciplinarias y el aumento de
decisiones de fondo en los procesos penales, fiscales y disciplinarios
relacionados con la contratación de los servicios necesarios para la superación
del estado de cosas inconstitucional que afecta los derechos de los niños y
niñas wayúu.
9.4.6.2.4. La Sala de Revisión considera
que el Gobierno Nacional, bien sea en el marco del Mecanismo Especial, deberá convocar
a la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente– para
que dentro de sus facultades y funciones constitucionales y legales determine
los mecanismos o lineamientos para lograr una mayor eficiencia, transparencia y
optimización de los recursos del Estado en los procesos contractuales que
realicen las entidades del orden nacional y del orden territorial para la
superación del estado de cosas inconstitucional. Se aclara que dichos mecanismos
o lineamientos deberán tomar la forma jurídica que el Gobierno Nacional
considere más efectiva (una circular, una resolución, incluso un decreto,
etc.). Además de convocar a la Agencia Nacional de Contratación Pública
–Colombia Compra Eficiente–, se sugiere convocar y concertar con la Fiscalía
General de la Nación, con la Contraloría General de la República, con la
Contraloría Departamental de La Guajira, así como también con la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios.
9.4.7. Séptimo objetivo:
garantizar la sostenibilidad de todas las intervenciones estatales
“[Para] determinar el valor de los recursos
que se destinan para la población wayuu [es necesario] que esta se haga
con un énfasis diferencial y se tenga en cuenta que la dispersión de la
población wayuu y las dificultades de acceso a las comunidades hacen que todo
sea más costoso […]” (Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas
Wayúu de la Zona de la Marina)[516]
9.4.7.1. Este objetivo constitucional
mínimo tiene dos dimensiones.  [a] En primer lugar se refiere a la
permanencia en el tiempo de los efectos de las intervenciones estatales. Por
ejemplo, en los proyectos que incluyan soluciones tecnológicas se deben prever
las actividades de mantenimiento. En muchos casos las inversiones iniciales las
realizará el Gobierno Nacional pero los gastos recurrentes para mantener las
soluciones funcionando deberán realizarlos las entidades territoriales. El plan
o los planes que se formulen deben prever esta necesidad e identificar
previamente las fuentes de financiación.  [b] En segundo lugar,
se refiere al criterio constitucional de sostenibilidad fiscal establecido en
el artículo 334 de la Constitución Política. La sostenibilidad fiscal implica
que todos los compromisos que hagan las entidades deben tener una fuente de
financiación, y que el Gobierno Nacional y las entidades territoriales deben
realizar un ejercicio de priorización presupuestal para comprometer cada año
recursos suficientes para la consecución de las metas, y en últimas, para el
logro de los demás objetivos vinculantes y la superación del estado de cosas
inconstitucional.
9.4.7.2. Para el logro de este
objetivo, la Corte formulará algunas acciones mínimas, sin perjuicio de las
demás actividades que las entidades consideren pertinentes.
9.4.7.2.1. Las acciones y las
metas que se formulen deben ser realistas desde el punto de vista presupuestal.
Cada entidad del orden nacional cuenta en este momento con proyecciones a tres
años de las posibles apropiaciones que podrá recibir, según el Marco de Gasto
de Mediano Plazo. De igual forma, las entidades territoriales cuentan con sus
propios Marcos Fiscales y Marcos de Gasto de Mediano Plazo, al igual que
proyecciones realizadas desde el Gobierno Nacional en relación con el Sistema
General de Participaciones y el Sistema General de Regalías. La formulación del
plan o los planes para la superación del estado de cosas inconstitucional
deberá tener en cuenta estas proyecciones para que las metas sean realizables. Las
entidades deberán realizar una estimación inicial de los costos de las acciones
a su cargo, y determinar si, de acuerdo con las proyecciones existentes,
tendrán recursos suficientes para ejecutarlas.
9.4.7.2.2. Las entidades además
deben buscar la sostenibilidad a mediano y largo plazo de las distintas
intervenciones. En la búsqueda de este objetivo deben hacer todo lo que
esté a su alcance, de acuerdo con las normas presupuestales, para asegurar la
financiación constante de los distintos proyectos. Esto incluye, donde sea
necesario y viable, el compromiso de vigencias futuras. Se deberán identificar
las acciones que requieran el compromiso de vigencias futuras y la realización
de los trámites conducentes a comprometerlas.
9.4.7.2.3. Se debe priorizar.
Por último, el Gobierno Nacional y las entidades territoriales, al formular sus
respectivos proyectos de presupuesto, deben priorizar la superación del estado
de cosas inconstitucional que afecta los derechos de los niños wayúu. Esta medida
abarca a todas las entidades y dependencias de cada nivel, no solamente a los
Ministerios o Secretarías de Hacienda y de Planeación.
9.4.7.2.4. Los recursos deben
fluir oportunamente. El goce efectivo de un derecho fundamental, en
especial en sus facetas prestacionales, no sólo depende de la existencia de
recursos suficientes, también se necesita que estos fluyan a través de
las entidades de forma adecuada y oportuna, es decir, en el momento que
corresponde. Tan grave es no contar con los recursos, como tenerlos, pero que
estos sean inaccesibles.
9.4.7.3. Las entidades del orden
nacional deberán formular sus respectivos proyectos de inversión y registrarlos
en el Banco de Proyectos de Inversión Nacional (BPIN), salvo mejor y más
eficiente medida, específicamente las actividades y las metas que se aprueben
en el marco del Mecanismo Especial creado por esta sentencia. En tal sentido, el
Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el
Departamento Nacional de Planeación, deberá tomar las medidas adecuadas y
necesarias para superar el estado de cosas inconstitucional como una prioridad
de primer orden para los distintos ejercicios presupuestales, y determinar la
forma en que los recortes presupuestales en la forma de decretos de
aplazamiento y otras figuras, no afecten o afecten mínimamente las acciones
para la superación del estado de cosas inconstitucional. Las protección del
goce efectivo del derecho a una vida digna y a un desarrollo armónico e
integral de las niñas y los niños wayúu es urgente. En tal sentido, también el
Mecanismo Especial solicitará a las entidades territoriales que prioricen la
superación del estado de cosas inconstitucional dentro de la formulación de
proyectos de inversión para la aprobación de los Órganos Colegiados de
Administración y Decisión (OCAD) en el marco del Sistema General de Regalías, y
ordenará al Departamento Nacional de Planeación asesorar a las entidades
territoriales en la formulación de estos proyectos. En el marco del
cumplimiento de esta orden, la Corte sugiere la formulación o actualización de
los proyectos tipo del Departamento Nacional de Planeación para lograr los
distintos objetivos vinculantes de esta sentencia.[517]
9.4.7.4. En relación con el Sistema
General de Participaciones, la Corte toma nota de la decisión del Gobierno
Nacional de asumir la ordenación del gasto en salud, agua potable y educación
en el Departamento de La Guajira.[518] La implementación de esta decisión debe llevar al uso adecuado de
los recursos para lograr, entre otros objetivos, la superación del estado de
cosas inconstitucional que afecta los derechos de los niños y niñas wayúu. El
Mecanismo Especial deberá, con los Ministerios de Hacienda, Salud, Vivienda y
Educación, lograr que en la implementación de esa decisión se contemple la
financiación de las acciones tendientes a la superación de dicho estado de
cosas. Igualmente las entidades territoriales (Riohacha, Maicao, Uribia y
Manaure, específicamente) deberán priorizar este propósito en los gastos a
cargo de los recursos propios, como por ejemplo los provenientes del Sistema
General de Regalías. Por último, el Mecanismo Especial deberá convocar a las
entidades territoriales y a las autoridades wayúu, para que en la suscripción
de los contratos tendientes a determinar los proyectos en que se invertirán los
recursos de la Asignación Especial del Sistema General de Participaciones para
Resguardos Indígenas (AESGPRI),[519] se incluyan prioritariamente proyectos para la superación del
estado de cosas inconstitucional. En este punto, la Corte considera que el
asunto que se abordó en la Sentencia T-155 de 2015 es una problemática
generalizada.[520] Por lo tanto, el Departamento Nacional de Planeación debe realizar
un programa de capacitación en estructuración de proyectos de inversión para
las autoridades wayúu, con énfasis en superar el estado actual de cosas. Este
programa, como todas las demás acciones, deberá contar con espacios de
participación y consulta previa, como se explica en el último objetivo
constitucional mínimo que se identifica.
9.4.7.5. Los indicadores y las metas
que se formulen en relación con estos objetivos deberán dar cuenta, no
solamente del esfuerzo presupuestal realizado, sino de la eficiencia en el
gasto público, de manera que las entidades puedan lograr una mayor garantía de
derechos con los mismos recursos. Salvo mejor criterio de las entidades,
algunos indicadores pueden ser el aumento porcentual de recursos per cápita
destinados a los niños y niñas del pueblo wayúu, el porcentaje de proyectos con
fuentes de financiación aseguradas para todo el horizonte temporal del plan o
los planes que se formulen o la eficiencia del gasto en salud, alimentación y
agua potable para los niños y niñas del pueblo Wayúu. Para el cumplimiento de
este objetivo mínimo constitucional, se insiste, se deberá tener contar con el
apoyo de entidades como el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el
Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Educación Nacional.
9.4.8. Octavo objetivo: garantizar un diálogo genuino con las autoridades
legítimas del pueblo Wayúu
“No se nos ha preguntado por qué los
wayúu de antes no se morían […] o como potabilizábamos el agua en el pasado.”
(Palabreros de la Zona Norte de la Alta Guajira, Nazareth, 20 de febrero de
2017, 33:40)
“No se imagina el gobierno central
el mal que le ha hecho a la gran nación wayuu, el haber graduado a diestra y
siniestra a estos detentadores del poder actual. Para su conocimiento la gran
nación wayuu, jamás ha tenido autoridades tradicionales, siempre hemos sido
representados por nuestros jefes familiares, verdaderas autoridades de la etnia
wayúu” (Comité Cívico de Puerto Estrella)[521]
“Aquí ellos ponen de Jefe Familiar
a veces en el papel, usted es autoridad, usted me recogió votos, tome. Y eso se
ve aquí. Donde dueños de territorios claniles aparece un achon, que es hijo del
varón y no hace parte de ese territorio, y eso se ve bastante. Porque los
verdaderos Jefes Familiares son por línea materna.” (María del Tránsito
Iguarán, Audiencia con los Palabreros de la Zona Norte de la Alta Guajira,
Nazareth, 20 de febrero de 2017, 01:29:36)
“[…] el derecho a participar dentro
de los procesos que nos atañen se lo entregan a organizaciones ajenas a las
nuestras, por componendas de intereses personales en las alcaldías, las
gobernaciones e instituciones del estado, o si permiten que una organización
indígena participe, es bajo componendas politiqueras y económicas […]”
(Asociaciones de Autoridades Tradicionales Wayúu en Uribia)[522]
“Se impone restablecer la confianza
del pueblo Wayúu frente a las acciones del Estado, para lograr una efectiva
garantía de sus derechos fundamentales. En consecuencia, se impone propiciar
espacios de un verdadero diálogo intercultural […].” (Procuraduría General
de la Nación)[523]
Las acciones que se realicen para la
superación del estado de cosas inconstitucional, además de ser efectivas, deben
ser legítimas en los ojos de los miembros del pueblo Wayúu y en el contexto de
un estado social y democrático de derecho multicultural y pluriétnico. De ahí
la importancia de un diálogo genuino entre las entidades públicas y las
autoridades legítimas del pueblo Wayúu. Este es un presupuesto del diálogo y de
la deliberación con autoridades étnicas. La Corte observa que el Gobierno
Nacional y las entidades territoriales no han dialogado en todos los casos con
las autoridades reconocidas como legítimas por el pueblo Wayúu.
9.4.8.1. En este marco debe
resaltarse que la comunidad política wayúu no responde a las nociones
occidentales de democracia representativa ni de poder jerárquico y unificado.
Por lo cual en el pueblo Wayúu no hay un solo mandatario político o grupo
específico de representantes con quienes el Gobierno Nacional y las entidades
territoriales puedan dialogar y establecer una comunicación a nombre de ‘todo
el pueblo Wayúu’. Esto plantea una dificultad logística innegable para las
autoridades públicas y un reto político profundo para la sociedad en general.
Dicha dificultad, sin embargo, no puede llevar al extremo de reconocer oficialmente
a cualquier persona que se autodenomine “líder” o “autoridad tradicional”, pues
el diálogo debe darse con los alaüla’yu o tíos maternos. Para la
Corte es contraevidente que un pueblo actualmente conformado por 22 E’iruku o
‘clanes’ cuente con más de 2.000 autoridades tradicionales registradas ante el
Ministerio del Interior y las secretarías de asuntos indígenas de los distintos
municipios.
9.4.8.2. Al respecto, la Sala observa
que en algunos casos las entidades públicas afirman estar exentas de un deber
de concertar y de realizar consulta previa con las comunidades, y en otros
casos las concertaciones se han realizado como un mero trámite. En tal medida,
la Sala ordenará al Ministerio del Interior y a las entidades territoriales,
que revisen los criterios para el reconocimiento de las autoridades
tradicionales wayúu, con el fin de asegurar la legitimidad en la interlocución
entre las entidades públicas y las autoridades que dicen representar a las
familias y a las comunidades wayúu. En la revisión de estos criterios se deberá
consultar a las comunidades y tener en cuenta las especiales condiciones de su
cultura. En ese sentido, las mismas entidades que expidan lineamientos para el
resto de entidades públicas para que el diálogo respecto de los diversos
proyectos sea un diálogo genuino, deben establecer espacios efectivos de
participación para las comunidades wayúu y respetar los parámetros
internacionales y constitucionales de la consulta previa. Por último, la Sala
resalta que en la ejecución de las acciones que hagan parte del plan o los
planes para la superación del estado de cosas inconstitucional, se debe
respetar el derecho a consulta previa a que haya lugar. Estas consultas deben
realizarse sin perjuicio de la regla constitucional según la cual la consulta
no puede ser un obstáculo para las acciones urgentes destinadas a proteger un
derecho fundamental, en especial, teniendo en cuenta la situación que se
enfrenta.[524] En tales casos, las acciones urgentes podrán ser realizadas sin
consulta previa, lo cual no exime a las autoridades de realizar la consulta de
manera simultánea con la realización de la acción urgente. La Corte reitera que
ni en la Constitución ni en la jurisprudencia constitucional se encuentra una
excepción general a la consulta previa para todas las actividades de atención
alimentaria.
9.4.8.3. Los indicadores respecto de
este objetivo pueden incluir la aceptación de los nuevos criterios y
lineamientos por parte de las distintas comunidades wayúu.  Para el
cumplimiento se debe convocar al Ministerio del Interior.
Vistos y analizados los ocho
objetivos constitucionales mínimos que deben ser alcanzados, así como las
medidas formuladas para la protección de los derechos fundamentales invocados y
de las políticas públicas de las cuales depende el goce efectivo de los mismos,
pasa la Sala a establecer los cometarios generales finales sobre los remedios
constitucionales que se deben adoptar.
9.5. Comentarios finales generales
9.5.1. Parámetros generales para la
formulación de las acciones, los indicadores y las metas
Las acciones, los indicadores y las
metas deberán ser formulados por las entidades públicas vinculadas por esta
sentencia en coordinación y apoyo de las mencionadas en cada objetivo, según
las funciones constitucionales y legales. En el desarrollo de sus labores de
supervisión, los órganos del Ministerio Público y las propias autoridades
judiciales deben tener en cuenta que la competencia para formular la política
pública es del Gobierno Nacional, las entidades territoriales y las autoridades
ambientales. Corresponde a esas entidades, con la colaboración armónica de las
demás ramas del poder, identificar con precisión los problemas de política
pública, determinar las soluciones para estos problemas en el marco de un
procedimiento que ellas mismas deberán definir y evaluar y ajustar cíclicamente
las acciones a implementar. Las entidades deberán informar a la Defensoría del
Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, para que éstas puedan controlar
la forma en que se identifican los problemas y se determinan las soluciones,
con el fin de asegurar que estas soluciones efectivamente propendan por la
superación del estado de cosas inconstitucional. Para esos efectos, la Corte
enuncia a continuación algunos parámetros generales en relación con la
formulación de las acciones, los indicadores y las metas que deberán tenerse en
cuenta, según corresponda, como parámetros de estructura, de proceso y de
resultado al momento de verificar el cumplimiento de lo dispuesto.
9.5.1.1. Las acciones que
se propongan deben ser concretas, observables y corresponder a hechos
materiales y resultados en terreno. Si bien no hay una forma de proceder única
(algunas acciones pueden corresponder a iniciativas reglamentarias o de
planeación; pueden expedirse circulares o formularse nuevos modelos de atención),
el resultado final deben ser acciones reales con beneficiarios concretos de las
comunidades wayúu. En principio, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría
General de la Nación y el Tribunal Superior de Riohacha no deben admitir
acciones reglamentarias o de planeación que no tengan un complemento claro de
implementación en el terreno. Tampoco deben admitir acciones formuladas
exclusivamente con verbos abstractos o aspiracionales como “articular”,
“coordinar”, “promover”, “fortalecer” o “mejorar”, pues estos responden más a
objetivos que a acciones.
9.5.1.2. Los indicadores deben
referirse al goce efectivo del derecho (IGED), los cuales ya han sido usados
por la Corte en el contexto de otras sentencias estructurales.[525] Los IGED en
principio son indicadores que miden el resultado efectivo logrado al respecto, y
no de la gestión. Por supuesto, dentro del plan o los planes que se formulen es
admisible la inclusión de indicadores de gestión, siempre que se encuentren
acompañados por indicadores de resultado y, se insiste, que permitan establecer
que las personas efectivamente gozan de sus derechos. La Defensoría del Pueblo,
la Procuraduría General de la Nación y el Tribunal Superior de Riohacha deben
velar por que el éxito del plan o los planes se mida según los derechos de los
niños efectivamente garantizados, no por la cantidad de litros de agua
entregados o los kilos de alimentos repartidos. Por otra parte, los indicadores
deben tener la mayor precisión posible. Las mediciones globales sobre la
situación del Departamento de La Guajira o de sus municipios son útiles pero no
suficientes. La Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y
el Tribunal Superior de Riohacha deben exigir que los indicadores, en la medida
de lo posible, reflejen la situación de unidades más pequeñas, como los
distintos sectores de cada municipio, los corregimientos e incluso las
comunidades individualmente consideradas.
9.5.1.3. Las metas que
se formulen, y que se medirán con los indicadores de goce efectivo del derecho
(IGED) deben ser razonables. Esto quiere decir que no pueden ser inmediatas e
irrealizables y además deben consultar la realidad fiscal del Estado. Sin
embargo, las metas tampoco deben ser indefinidas. La Defensoría del Pueblo, la
Procuraduría General de la Nación y el Tribunal Superior de Riohacha deben
velar por que las metas reflejen la urgencia de la situación. Las metas deberán
medirse al menos cada seis meses.
9.5.1.4. Por último, la Defensoría
del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y el Tribunal Superior de
Riohacha deben requerir una relación lógica entre todos los elementos
del plan o los planes que se formulen. Por una parte, los indicadores de goce
efectivo del derecho (IGED) deben ser capaces de medir el logro de los
objetivos vinculantes que establece esta sentencia. Por otra, debe asegurarse
una relación causal de forma que (i) las acciones que se efectivamente se implementen,
(ii) puedan lograr las metas planteadas para cada objetivo constitucional
mínimo, (iii) garantizando al menos los contenidos urgentes e impostergables de
protección, alcanzando los niveles mínimos en los cuatro indicadores básicos de
alimentación infantil. En cualquier caso, (iv) toda acción deberá tener,
siempre, el fin de garantizar los derechos fundamentales de los niños y niñas
del pueblo Wayúu, en especial sus derechos a una vida digna y un desarrollo
armónico e integral.
9.5.2. Carácter no taxativo de
los objetivos, indicadores, acciones, plazos y metas
Los objetivos constitucionales
mínimos que se adoptan en esta sentencia reflejan el contenido mínimo que, a
juicio de la Sala, debe tener un plan para la superación del estado de cosas
inconstitucional. Estos objetivos no son taxativos. Las entidades deben ejercer
la iniciativa en la formulación de la política pública para plantear nuevos
objetivos, establecer nuevas formas de identificar y entender los problemas del
Departamento de La Guajira, proponer nuevas herramientas e implementar nuevas
iniciativas, aun si se encuentran por fuera del marco de los objetivos que aquí
se establecen. La presente sentencia no pretende abarcar la política pública de
La Guajira, ni imponer ‘cláusulas pétreas’, sino que establece un marco general
y mínimo a partir del cual las entidades deben seguir actuando, en conjunto con
las comunidades y la sociedad civil, para mejorar las condiciones de quienes habitan
en este Departamento.
De acuerdo con lo anterior, la Sala
adoptará una orden general básica en la que advertirá a las entidades estatales
involucradas, así como al Ministerio Público, para que vigilen y ajusten continuamente
las medidas que se adelanten con el propósito de alcanzar el goce efectivo de
los derechos fundamentales. En efecto, las políticas
públicas deben ser evaluadas y replanteadas, de ser necesario o conveniente, de
forma cíclica y permanente, en un contexto de participación democrática. De tal
forma, que si las autoridades estatales advierten que una medida o acción no es
eficiente para alcanzar el objetivo propuesto, al evaluarla, pueden proponer
una alternativa nueva, siempre y cuando cumpla con los mínimos constitucionales
que se han desarrollado a lo largo de esta providencia. Los remedios
constitucionales que se adopten pueden evolucionar cuando así se requiere para
la protección de los derechos, a diferencia de la decisión judicial de
tutelarlos porque fueron violados, la cual es cosa juzgada y debe mantenerse en
el tiempo.[526]
9.5.3. Compatibilidad con otras
órdenes judiciales
Las entidades vinculadas por esta
sentencia deben cumplir simultáneamente un número considerable de
pronunciamientos judiciales e internacionales relacionados con la situación de
los niños y niñas wayúu. Entre estos se encuentran la Sentencia T-466 de 2016,[527] la sentencia del
14 de febrero de 2017 del Tribunal Superior de Riohacha[528] y las distintas medidas cautelares de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos. Además, el Gobierno Nacional tiene el deber de formular el
Plan de Salvaguarda Étnico del Pueblo Wayúu.[529] Adicionalmente, respecto de casos concretos, las entidades también
deben cumplir las sentencias de la Corte Constitucional sobre el derecho al
agua de comunidades cercanas a la mina de El Cerrejón,[530] sobre la consulta previa para la ampliación de las instalaciones en
Puerto Bolívar[531] y sobre el uso de recursos para los resguardos indígenas,[532] entre otras.
Las órdenes que se profieren en esta
sentencia deben ser leídas de manera armónica con todos los pronunciamientos que
la preceden, en especial la sentencia T-466 de 2016. Esa sentencia ordena al
Gobierno Nacional y a las entidades territoriales la adopción de medidas
urgentes y estructurales con énfasis en la superación de tres dificultades:
ausencia de coordinación, falta de información y corrupción. Las órdenes de
esta providencia son compatibles con las de la T-466 de 2016 y las entidades
deberían evitar la duplicación de tareas para el cumplimiento de ambos fallos.
Las acciones deben estar diseñadas para cumplir simultáneamente, por lo menos, lo
dispuesto en la sentencia T-466 de 2016 y en la presente providencia. Lo
anterior indica que se pueden tomar las acciones que correspondan para poder cumplir
con los informes y plazos establecidos en la parte resolutiva de aquella
sentencia de 2016 y, simultánea y paralelamente, adelantar lo establecido en la
presente sentencia. Las órdenes deben ser cumplidas de forma armónica y bajo
una premisa clara e imperiosa: las órdenes de las sentencias no son un fin en
sí mismo, sólo un medio que busca garantizar el goce efectivo de los derechos
de las niñas y los niños wayúu. Al respecto, la Sala resalta la competencia que
tiene el Tribunal Superior de Riohacha para asegurar el cumplimiento de esta
providencia, como juez de primera instancia, pero a la vez, reconoce que la
Sala Tercera de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, asumió el
cumplimiento de la sentencia T-466 de 2016. Las órdenes emitidas en esta
ocasión deben interpretarse e implementarse como complementarias a las formuladas
previamente. La Corte Constitucional, en cualquier caso, puede tomar medidas
orientadas a asegurar el mejor cumplimiento de las órdenes impartidas.[533]
10. Síntesis de la decisión y de
las órdenes a adoptar
10.1. En respuesta a la acción de
tutela promovida por Elson Rafael Rodríguez Beltrán, como agente oficioso de
los niños y niñas del pueblo Wayúu, el Tribunal Superior de Riohacha ordenó al
Gobierno Nacional adoptar un plan de acción para asegurar la disponibilidad,
accesibilidad y calidad de servicios de salud, para asegurar el acceso al agua
potable y para asegurar alimentos en cantidad y calidad suficientes para los
niños y niñas wayúu, así como crear un sistema de información. La Corte Suprema
de Justicia modificó algunas partes de la orden pero la confirmó en lo
esencial.
10.2. La Sala
de Revisión de la Corte Constitucional solicitó informes a 89 entidades
públicas y organizaciones privadas, convocó a las autoridades tradicionales Wayúu
para que se pronunciaran sobre la tutela y realizó una serie de audiencias e
inspecciones judiciales en el Departamento de La Guajira en febrero de 2017.
Con fundamento en la información obtenida en estas actividades, la Corte
Constitucional constató una vulneración generalizada, injustificada y
desproporcionada de los derechos fundamentales al agua, a la alimentación, a la
seguridad alimentaria y a la salud de los niños y niñas del pueblo Wayúu. Además
constató que las vulneraciones a los derechos fundamentales son causadas por múltiples
causas dentro de las cuales se destacan fallas estructurales del Gobierno
Nacional, del Departamento de La Guajira, de los municipios demandados y de algunas
de las autoridades tradicionales Wayúu. En consecuencia la Corte observa que en
el Departamento de La Guajira se presenta un estado de cosas inconstitucional
en relación con los derechos de los niños y niñas del pueblo Wayúu.
10.3. La Sala analizó las políticas
puestas en marcha por el Gobierno Nacional y las entidades territoriales para
solucionar la crisis de muertes por desnutrición de los niños y niñas wayúu, y
concluyó que estas no cumplen con los parámetros mínimos establecidos por la
jurisprudencia constitucional. En consecuencia, la Corte ordenará (i) la
creación de un mecanismo especial de seguimiento y evaluación de las políticas públicas
para la superación del estado de cosas inconstitucional en el Departamento de
La Guajira, (ii) orientado al cumplimiento de ocho objetivos mínimos
constitucionales. (iii) En cualquier caso, para que se entienda superado el
estado de cosas contrario a la Constitución se requiere, al menos, que se
alcance los niveles mínimos de protección (o bien el estándar fijado por los
planes oficiales, o bien alcanzar el promedio nacional) en los indicadores
básicos de alimentación infantil, en las comunidades wayúu. La Corte reitera que los objetivos mínimos constitucionales
y las órdenes específicas deberán ser atendidos cabalmente, en tanto se trata de presupuestos de la Carta Fundamental. Las acciones y los indicadores deben ser
formulados por las entidades, atendiendo a los ejemplos y lineamientos
señalados en la sentencia. Las autoridades, que conservan sus facultades y
funciones constitucionales y legales, deben tomar las medidas adecuadas y
necesarias para lograr el goce efectivo de los derechos fundamentales de los
niños y niñas del pueblo Wayúu (como ANEXO se incluye un cuadro de síntesis al
respecto, indicando entidades adicionales a ser convocadas al
cumplimiento de cada objetivo, en razón a su papel institucional).
10.4. La Sala insiste en que las entidades
vinculadas al proceso no pueden dejar de reconocer las facultades y las
funciones propias de la Administración y de sus diferentes entidades. Por eso, por
ejemplo, no se debe desconocer ni dejar de lado a aquellas entidades que no
fueron vinculadas al proceso de tutela, pero que bajo el orden constitucional
vigente tienen una misión y una función que no puede ser desconocida, dentro de
la construcción e implementación de las políticas públicas de las cuales
dependen los derechos tutelados de los niños y las niñas wayúu. De forma
similar, el cumplimiento de las órdenes impartidas debe tener en cuenta el paso
del tiempo y el eventual cambio de las condiciones fácticas. Se ha de tener en
cuenta, de la mano de las comunidades wayúu, por ejemplo, el cambio de la
situación que haya tenido lugar en los territorios, entre el momento en que la
Sala terminó de recolectar la pruebas valoradas dentro del proceso y el momento
en que efectivamente la presente sentencia es comunicada a las autoridades
competentes para ser cumplida. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional
es posible para el juez de tutela convocar entidades públicas para cumplir órdenes
que se requieren para proteger los derechos, cuando se trata de labores que hacen
parte de sus funciones y competencias legales y constitucionales. En casos
similares previos, que también dieron lugar a órdenes complejas, la Corte
Constitucional ha vinculado entidades públicas adicionales al momento de dictar
sentencia.[534] Cabe
resaltar también, que esta sentencia no tiene la función de determinar
responsabilidades administrativas específicas de ninguna entidad en particular,
sino que busca que se adopten las medidas adecuadas y necesarias para que las
distintas entidades competentes coordinadamente cooperen entre sí, para lograr
una solución articulada al problema del hambre de la niñez Wayúu en La Guajira.
10.5. Finalmente, insiste la Corte, esta decisión establece los
objetivos que deben lograr las entidades públicas en relación con los derechos
tutelados, pero no determina los medios para lograrlo, más allá de los límites
constitucionales que debe contemplar toda política pública. La Corte enuncia
algunas recomendaciones, pero son las entidades gubernamentales y territoriales,
y las demás entidades públicas y privadas involucradas, quienes deben decidir qué
hacer y qué herramientas utilizar. Es su responsabilidad actuar de forma tal
que, al final, se asegure el goce efectivo de los derechos de los niños y niñas
del pueblo Wayúu, en especial sus derechos a una vida digna y a un desarrollo
armónico e integral, ante la crisis alimentaria que enfrentan.
IV. DECISIÓN
La vulneración generalizada, irrazonable y desproporcionada de los
derechos fundamentales de los niños y niñas de una etnia indígena, causada por
las fallas estructurales de las entidades nacionales y territoriales, configura
un estado de cosas inconstitucional que debe ser superado de manera coordinada
y articulada por todas las entidades del Estado, en especial si se compromete
de forma grave la existencia digna de las niñas y los niños y su desarrollo
armónico e integral (por falta de agua, alimentación y salud), comprometiendo
así también, la existencia misma del pueblo indígena.
En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- CONFIRMAR en todas sus partes el fallo del 27 de julio
de 2016 de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia que confirmó la
sentencia del 1º de marzo de 2016, emitida por el
Tribunal Superior de Riohacha. En consecuencia, TUTELAR los derechos fundamentales a
la salud, al agua potable, a la alimentación y a la seguridad alimentaria de
los niños y niñas del pueblo Wayúu, en los municipios de Riohacha, Manaure,
Maicao y Uribia.
SEGUNDO.- DECLARAR la existencia de un estado de cosas inconstitucional en relación con el goce efectivo de los derechos fundamentales a la
alimentación, a la salud, al agua potable y a la participación de los niños y niñas
del pueblo Wayúu, antes el incumplimiento de los parámetros mínimos constitucionales
aplicables a las políticas públicas del Gobierno Nacional, del Departamento de
La Guajira, de los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia y de las
autoridades indígenas con jurisdicción en esos municipios.
TERCERO.- ORDENAR que se tomen las medidas adecuadas y necesarias para constituir un
Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación
de las Políticas Públicas para la superación del estado de cosas inconstitucional
constatado, teniendo en cuenta para ello los apartados (9.2) y (9.3) de las
consideraciones de esta providencia. El mecanismo deberá realizar las tareas
previstas en el apartado (9.3) y estará dirigido a: (i) garantizar los derechos
de los niños y niñas del pueblo Wayúu al agua, a la alimentación, a la salud, a
la igualdad y a la diversidad cultural. (ii) Cumplir las cuatro condiciones
establecidas en el punto resolutivo décimo para la superación del estado de
cosas inconstitucional. Y (iii) cumplir los objetivos mínimos constitucionales que
se establecen en el punto resolutivo cuarto de esta sentencia. Para este efecto
la Sala ORDENA a la
Presidencia de la República, al Ministerio de Salud y Protección Social, al
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, al Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, al
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, al Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar, a la Superintendencia Nacional de Salud, a la Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, al Departamento de La Guajira
y a los municipios de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao, que cumplan los
objetivos mínimos constitucionales señalados en el punto resolutivo cuarto, de
acuerdo con sus competencias legales y constitucionales, en el marco del
Mecanismo Especial creado de acuerdo con el apartado (9.2), en los términos y
en los plazos señalados en el apartado (9.3) de las consideraciones de esta
providencia, con el fin de superar el estado de cosas inconstitucional
declarado en esta sentencia.
Para que las funciones y labor de
seguimiento del mecanismo especial de seguimiento y evaluación sea efectivo, el
Gobierno Nacional junto con las entidades que han sido vinculadas a este proceso,
deberán convocar al proceso de cumplimiento de la presente sentencia, al menos
a las siguientes entidades, de acuerdo con el marco de sus competencias legales
y constitucionales, para las tareas específicamente previstas en el numeral 9
de las consideraciones y en esta parte resolutiva: Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios, Departamento Administrativo Nacional de
Estadística, Departamento Nacional de Planeación, Corpoguajira, Ministerio de
Educación Nacional, Ministerio de Transporte, INVIAS, Agencia Nacional de
Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente–, Fiscalía General de la
Nación, Contraloría General de la República, Contraloría Departamental de La
Guajira y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Las autoridades
directamente vinculadas al proceso de tutela deberán tomar las medidas
necesarias para contar con la cooperación de las entidades mencionadas. Para el
efecto, se REMITIRÁ copia de esta sentenciaa cada todas las entidades
mencionadas, para que ejerzan sus funciones constitucionales y legales,
incluyendo a la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, a
través de la Secretaría General.
CUARTO.- ADOPTAR los siguientes objetivos constitucionales mínimos, los cuales
deberán ser cumplidos por medio de las acciones que establezcan las entidades
públicas en el marco del Mecanismo Especial, en los términos y plazos señalados
en el apartado 9 de las consideraciones, y cuyas metas serán medidas de acuerdo
con los indicadores que se establezcan en el marco del Mecanismo Especial: (1) aumentar
la disponibilidad, accesibilidad y calidad del agua, (2) mejorar los programas
de atención alimentaria y aumentar la cobertura de los de seguridad
alimentaria, (3) aumentar y mejorar las medidas inmediatas y urgentes en materia
de salud a cargo del Gobierno Nacional; formular e implementar una política de
salud para La Guajira que permita asegurar el goce efectivo del derecho a la
salud para todo el pueblo Wayúu, (4) mejorar la movilidad de las comunidades
Wayúu que residen en zonas rurales dispersas, (5) mejorar la información
disponible para la toma de decisiones por todas las autoridades competentes
para realizar acciones tendientes a la superación del estado de cosas
inconstitucional, (6) garantizar la imparcialidad y la transparencia en la
asignación de beneficios y en la selección de contratistas, (7) garantizar la
sostenibilidad de todas las intervenciones estatales y (8) garantizar un
diálogo genuino con las autoridades legítimas del pueblo Wayúu.
QUINTO.- Las entidades estatales a
través del Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación, deberán considerar
al menos las medidas formuladas en cada uno de los objetivos dispuestos en los
considerandos 9.4.1., 9.4.2., 9.4.3., 9.4.4., 9.4.5., 9.4.6., 9.4.7. y 9.4.8.,
en conjunto con el Anexo IV de la presente providencia. Estas medidas deberán ser implementadas a través de las entidades vinculadas en el
proceso de la referencia en conjunto con otras entidades a quienes se les
convocará al proceso de cumplimiento. De la misma forma, ORDENAR a todas las entidades vinculadas por esta sentencia que en la
ejecución de las acciones que hagan parte del plan o los planes para la
superación del estado de cosas inconstitucional, se realicen las consultas
previas a que haya lugar, sin perjuicio de la regla que protege el interés
superior del menor en caso de acciones urgentes.
SEXTO.- ORDENAR a la Defensoría del Pueblo que realice un seguimiento y
acompañamiento permanente de la construcción y ejecución del o los planes que
se formulen de acuerdo con esta sentencia, para lo cual deberá ejercer todas
las facultades constitucionales y legales con las que cuenta la entidad.
Igualmente ORDENAR a la Defensoría del Pueblo que evalúe semestralmente
el progreso del plan o los planes que formulen las entidades vinculadas por
esta sentencia, con destino a la Procuraduría General de la Nación. Los
indicadores, las acciones y los plazos deberán ser conocidos por la
Procuraduría General de la Nación, previo concepto de la Defensoría del Pueblo.
Por su parte, la Procuraduría General de la Nación deberá pronunciarse sobre
los reportes semestrales remitidos por la Defensoría del Pueblo y deberá
formular las recomendaciones que considere conducentes para el cumplimiento de
los objetivos constitucionales mínimos establecidos en el punto resolutivo cuarto
de esta sentencia. Igualmente, DISPONER que los desacuerdos entre la
Procuraduría General de la Nación y las entidades públicas serán resueltos por
el procedimiento creado por las mismas entidades en el marco del Mecanismo
Especial de Seguimiento, y subsidiariamente, por el Tribunal Superior de
Riohacha en ejercicio de la competencia otorgada por el artículo 27 del Decreto
2591 de 1991. Los incidentes de desacato, en todo caso, son competencia del
juez de primera instancia.
SÉPTIMO.- ORDENAR a las entidades estatales nacionales y entidades territoriales
vinculadas a este proceso, que deben vigilar continuamente la implementación de
las acciones formuladas en esta sentencia a la luz de los parámetros mínimos
constitucionales desarrollados. En consecuencia, si se identifica que alguna de
las medidas dispuestas deja de ser eficiente para el logro de los objetivos
mínimos constitucionales y la superación del estado de cosas inconstitucional
debido a cambios de contexto, deberán evaluar alternativas y proponer las
medidas adecuadas y necesarias para alcanzarlo con diligencia y eficiencia.
OCTAVO.- DISPONER que el Tribunal
Superior de Riohacha mantendrá las competencias previstas en los artículos 27 y
52 del Decreto 2591 de 1991, relacionadas con la supervisión del cumplimiento
de la sentencia y los eventuales incidentes de desacato. En todo caso, la Corte
Constitucional se reserva la posibilidad de asumir la competencia para asegurar
el cumplimiento total o parcial de esta sentencia.
NOVENO.- ORDENAR al Ministerio del Interior adelantar un proceso de divulgación y
comunicación en Wayúu de esta sentencia, el cual deberá generar un diálogo
genuino en la implementación de los objetivos mínimos constitucionales y las
necesidades del pueblo Wayúu. Para el efecto, deberá realizar una traducción
fiel en el lenguaje wayuunaiki, al menos de los hechos, el problema jurídico,
el capítulo 9 y la parte resolutiva de la presente providencia. Deberá
comunicarse de forma oral y deberá quedar un registro audiovisual de esta
divulgación entre las comunidades Wayúu de los municipios de Riohacha, Maicao,
Manaure y Uribia. Se advierte que el proceso de divulgación no puede ser motivo
de excusa para no adelantar el cumplimiento de las órdenes de la presente
providencia.
DÉCIMO.- DISPONER que para que se entienda superado el estado de cosas
inconstitucional, al menos deberán alcanzar los mínimos niveles de dignidad en
los indicadores básicos de nutrición infantil, en los términos establecidos en
esta sentencia (9.1.4.4 al 9.1.4.6.) A saber;
1.     El indicador de tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años para el
Departamento de La Guajira, alcanzar la meta establecida en el Plan Nacional de
Seguridad Alimentaria y Nutricional, o alcanzar el nivel promedio del país.
2.     El indicador de prevalencia de desnutrición crónica en menores de 5
años para el Departamento de La Guajira, alcanzar la meta establecida en el
Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, o alcanzar el nivel
promedio del país.
3.     El indicador de
prevalencia de desnutrición global en menores de 5 años para el Departamento de
La Guajira, alcanzar la meta establecida en el Plan
Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, o alcanzar
el
nivel promedio del país.
4.     La prevalencia de
desnutrición aguda en el Departamento de La Guajira alcance la meta establecida
en el marco del mecanismo especial de seguimiento que se pondrá en marcha de
acuerdo con el punto resolutivo cuarto de esta sentencia, o alcance el nivel
promedio del país.
DÉCIMO
PRIMERO.- LIBRAR las comunicaciones –por la
Secretaría General de la Corte Constitucional–, así como DISPONER las
notificaciones a las partes a través del juez de
primera instancia –la Sala
Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de
Riohacha–, previstas en el artículo 36 del Decreto Ley 2591 de 1991. Los plazos
establecidos en esta sentencia se contarán a partir de la última notificación
que de la misma realice el Tribunal Superior de Riohacha como juez de primera
instancia.
Notifíquese,
comuníquese y cúmplase.
AQUILES
ARRIETA GÓMEZ
Magistrado
(e)
ALBERTO
ROJAS RIOS
Magistrado
JOSÉ
ANTONIO CEPEDA AMARÍS
Magistrado
(e)
ROCÍO
LOAIZA MILIÁN
Secretaria
General (e)
ANEXO I  -  ÍNDICE
I. ANTECEDENTES
1. Acción de tutela
2. Trámite ante la primera instancia
3. Contestaciones
4. Fallo de primera instancia
5. Impugnaciones
6. Auto de Nulidad
7. Nuevo fallo de primera instancia
8. Contestaciones allegadas posteriormente a la decisión
de nulidad de la Corte Suprema de Justicia
9. Impugnaciones
10. Trámite
ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia
11. Fallo de segunda instancia
II. ACTUACIONES ADELANTADAS EN SEDE DE REVISIÓN
III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1. Competencia de la Corte Constitucional
2. Presentación del caso
3. Procedibilidad de la acción de tutela
4. Problema jurídico y estructura de la
decisión
5. Descripción general de la situación
5.1.
Contexto
5.2.
Situación actual de los niños
y niñas del pueblo Wayúu
6. Análisis de vulneración de los derechos
6.1.
Derecho fundamental al
desarrollo armónico e integral de toda persona menor de edad
6.2.
Interdependencia de los
derechos afectados: acceso al agua, salud, alimentación y participación étnica
6.3.
Derecho al agua
6.4.
Derecho a la alimentación
6.5.
Derecho a la salud
6.6.
Apreciación global de la
situación
7. Acciones
del Estado
7.1. Disponibilidad
de agua
7.2. Atención
alimentaria
7.3. Seguridad
alimentaria
7.4. Salud
7.5. Información
7.6.
Apreciación global de las
actividades de las autoridades
8. Valoración constitucional de las políticas
públicas para el goce efectivo de los derechos de los niños y niñas wayúu
8.1.
Parámetros constitucionales
mínimos de las políticas públicas
8.2.
Existencia de un plan
8.3.
Publicidad del plan
8.4.
Tiempos de progreso
8.5.
Goce efectivo
8.6.
Avance sostenible
8.7.
No discriminación
8.8.
Participación
8.9.
Implementación
8.10.
Conclusiones del análisis de
los parámetros constitucionales mínimos
9. Decisiones a
adoptar
9.1. Confirmación de
los fallos de instancia y declaratoria de estado de cosas inconstitucional
9.2.
Seguimiento y evaluación de
las políticas públicas para la superación del estado de cosas inconstitucional
9.3.
Acciones a realizar
9.4.
Objetivos constitucionales
mínimos que se deben buscar para alcanzar un estado de cosas acorde al orden
constitucional
9.5. Comentarios finales
generales
10.
Síntesis de la decisión y de las órdenes a adoptar
IV. DECISIÓN
ANEXO I       -  ÍNDICE
ANEXO II-    ACTUACIONES EN PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA Y EN SEDE DE REVISIÓN
PRIMERA PARTE: ACTUACIONES EN PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA
SEGUNDA PARTE: ACTUACIONES EN SEDE DE REVISIÓN
1. Auto de pruebas del 4 de noviembre de 2016
2. Entidades de orden nacional
3. Entidades del orden territorial
4. Órganos de control
5. Autoridades  tradicionales indígenas
6. Otras intervenciones
ANEXO
III    -  MATRIZ DE PROPUESTAS
ANEXO IV
-  SÍNTESIS
DE OBJETIVOS, INDICADORES, ACCIONES Y ÓRDENES ESPECÍFICAS
ANEXO V
- TABLA DE CONTENIDO
ANEXO II  -  ACTUACIONES EN PRIMERA Y
SEGUNDA INSTANCIA Y EN
SEDE DE REVISIÓN
PRIMERA PARTE: ACTUACIONES EN PRIMERA Y SEGUNDA
INSTANCIA
1. Acción de tutela
El 5 de febrero
de 2016, el señor Elson Rafael Rodrigo Rodríguez Beltrán presentó acción de
tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá contra el Presidente de la
República, el Ministro de Salud y Protección Social, el Ministro de Vivienda,
Ciudad y Territorio, el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, la Directora del Departamento de
Prosperidad Social, la Directora del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, el Superintendente Nacional de Salud, el Director de la Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la Gobernadora de La Guajira ,
y los alcaldes de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao “y con la citación e
intervención de los representantes de los pueblos wayúu y de los señores
Procurador General de la Nación y Defensor del Pueblo” (fl. 1).
El accionante afirma que “en los
últimos días la prensa escrita, la televisión y la radio han registrado la
muerte por desnutrición de niños wayúu, etnia que se ubica en el departamento
de La Guajira”. Señala que “en lo corrido del año 2016, según
información de la misma prensa, han muerto seis niños wayúu por causas
relacionadas con la desnutrición y en el año 2015 murieron 260 niños por falta
de alimentos.”  (fl. 1)
Destaca que el 11 de diciembre la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos adoptó una resolución de medidas
cautelares en la cual solicitó al Estado de Colombia adoptar “las medidas
necesarias para preservar la vida y la integridad personal de los niñas, niños
y adolescentes de las comunidades de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao del
pueblo wayúu, en el departamento de La Guajira”.[535] Considera que el Gobierno Nacional “no
ha dado cumplimiento de manera efectiva y con la URGENCIA requerida a las
medidas cautelares dictadas por la CIDH. La prueba es que se siguen muriendo
niños por desnutrición.” (fl. 1)
El actor pone de presente que según
informes entregados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “en
los últimos ocho años habrían muerto 4770 niños de la comunidad wuayúu (sic)
debido a problemas relacionados con alimentación y agua potable”. Así mismo
recuerda que “La meta del milenio exige que la muerte de niños debe ser máximo
de 17.46% por cada 1000 nacidos vivos. No obstante, en La Guajira es de 31.61%
(El Tiempo 16 de abril de 2015).” (fl. 1)
De acuerdo con el accionante, “Dentro
de un Estado social de Derecho y en pleno siglo XXI, la muerte de un solo niño
por causas relacionadas con desnutrición, además de ser una gran tragedia
nacional, constituye una vergüenza para nuestro país y para los que hacemos
parte de él.” (fl. 1)
El actor considera que las entidades
accionadas “no han adelantado o lo han hecho parcialmente, dentro de la
órbita de sus competencias, y con la URGENCIA y PRIORIDAD requerida, las
acciones necesarias e indispensables para garantizar plenamente los alimentos,
el agua y la salud de todos los niños wayúu y de los demás niños indígenas de
nuestro país y así evitar que sigan muriendo de hambre”. (fl. 1)
El actor recuerda que la Defensoría
del Pueblo “De tiempo atrás” ha alertado a las autoridades sobre la
situación y dice desconocer si la Procuraduría General de la Nación ha
adelantado acciones sobre la misma. (fl. 1)
El actor considera vulnerados los
siguientes derechos:
“Derecho a la vida (artículo 11), derecho a la
salud (artículos 49 y 50), derechos fundamentales de los niños (artículo 44),
derecho a la igualdad (artículo 13), Convención sobre los Derechos del Niño de
las Naciones Unidas, Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, Convención Americana de Derechos Humano
(sic), Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos sobre
derechos económicos, sociales y culturales, Convenio 169 de la OIT. || Lo
anterior en conexión con el Preámbulo y los artículos 1, 2, 5, 7, 93 y 94 de la
C.P.” (fl. 1)
En conclusión solicita al Tribunal
que ordene a las entidades accionadas “desarrollar acciones de EMERGENCIA,
URGENTES y PRIORITARIAS de protección de los niños wayúu que se encuentran en grave
riesgo de morir por desnutrición y que se cumplan de manera INMEDIATA y en su
totalidad las medidas cautelares impuesta (sic) por la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos.” (fl. 2)
Así mismo el accionante pide “adoptar
las medidas cautelares o provisionales URGENTES, como suministro de agua y
alimentos y la prestación efectiva y de calidad de los servicios de salud para
proteger los derechos citados como violados o amenazados de los niños del
pueblo wayúu, en especial se ordene al Gobierno Nacional y demás accionadas que
en un término perentorio adopte medidas de EMERGENCIA, PRIORITARIAS Y URGENTES
para evitar más muertes de niños por desnutrición y que se cumplan de manera
INMEDIATA y en su totalidad las medidas cautelares adoptadas por la CIDH.”
(fl. 2)
2. Traslado por competencia y
trámite ante la primera instancia
Mediante auto del 8 de febrero de
2016, el Magistrado Óscar Maestre Palmera, de la Sala de Familia del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó remitir la actuación al
Tribunal Superior de Riohacha por competencia.
El 18 de febrero de 2016, la
Magistrada María Manuela Bermúdez Carvajalino, de la Sala Civil—Familia—Laboral
del Tribunal Superior de Riohacha, admitió la tutela, ordenó notificar a las
autoridades accionadas, vincular al Procurador General de la Nación y al
Defensor del Pueblo, ordenó fijar un aviso en la Gobernación y las alcaldías
accionadas para informar comunidades wayúu sobre el proceso de tutela, ordenó
la práctica de pruebas[536] y como medida provisional ordenó “al Gobierno Nacional y demás
entidades accionadas que, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al
recibo de la comunicación, adopten las medidas de emergencia prioritarias y
urgentes para evitar más muertes de niños por desnutrición, y se cumplan de
manera inmediata las medidas cautelares adoptadas por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.” (fl. 10)
3. Contestaciones
3.1. Defensoría del Pueblo
3.1.1. Primera comunicación
En cumplimiento de la orden de
práctica de pruebas contenida en el auto admisorio, el señor Jhon Jaime
Cifuentes Trujillo, Jefe de la Oficina Jurídica de la Defensoría del Pueblo,
por oficio del 22 de febrero de 2016 dijo al Tribunal que “no es factible
aportar la información probatoria solicitada por su despacho”, pues la
Defensoría del Pueblo no tendría la “facultad de registrar y presentar
estadísticas de mortalidad como las requeridas en la acción de amparo (niños
wayuu)” (fls. 36-37). No obstante puso de presente que en el año 2014 la
Defensoría del Pueblo emitió el informe defensorial “Crisis Humanitaria en
La Guajira, acción integral de la Defensoría del Pueblo en el departamento” y
expidió la Resolución Defensorial 065 de 2015.
El apoderado de la Defensoría del
Pueblo manifestó adicionalmente que el Defensor del Pueblo (e) Alfonso Cajiao
Cabrera, visitó el Departamento de La Guajira entre el 14 y el 19 de febrero “con
el fin de verificar “in situ” las condiciones de nutrición y salud… con base en
un muestreo aleatorio en rancherías de los municipios de Manaure, Riohacha,
Uribia y Maicao”, visita que daría lugar eventualmente a un nuevo informe
defensorial. Explicó que este nuevo informe “[analizaría] el nivel de
cumplimiento de políticas públicas particularmente el ejercicio de
microfocalización adelantado por el ICBF, la cobertura y calidad del programa
de primera infancia y de restaurantes escolares en el marco del programa de
alimentación escolar (PAE) del Ministerio de Educación, la estrategia de (sic)
integral en salud y la estrategia de potabilidad…” (fl. 37).
A partir de información solicitada
por la Defensoría del Pueblo a la Secretaría de Salud de La Guajira y de “ejercicios
de verificación en territorio”, el apoderado de la Defensoría del Pueblo
presentó tres conclusiones preliminares:
-
“- Teniendo en cuenta que existe una gran
escases (sic) de agua, las comunidad[es] han perdido las prácticas de sus
economías tradicionales, el pastoreo de ganado ovino y caprino, la siembr[a] de
la yuja (parcela, comunitaria), allí sembraban frijol, sandía[,] maíz[,]
ahuyama, sorgo, mijo[,] afectando directamente la dieta principal del Wayúu.
-
El cambio climático, derivado en la falta (sic)
Las precipitaciones ha[n] llevado a que el pueblo Wayúu se haya empobrecido,
limitando su acceso a los recursos que le permiten no solamente sobrevivir
biológicamente, sino también mantenerse culturalmente como pueblo, afectando la
pervivencia del mismo.
-
La desnutrición se constituye como factor de
riesgo en la población para adquirir otras enfermedades, aunado a esto, se
encontró que las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios EAPB,
responsables de la población afiliada no brindan atención oportuna, no abordan
la prevención de enfermedades entre la población.” (fl. 38)
En el mismo oficio se pronunció
sobre la medida provisional decretada por el Tribunal, advirtió que la
Defensoría del Pueblo no sería competente para adoptar medidas con el fin de
aplicar la medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Al oficio anexó un cuadro con datos
de muertes de niños menores de cinco años en los quince municipios de La Guajira,
de 2012 a la sexta semana de 2016 (fl. 43).
3.1.2. Segunda comunicación
En un segundo oficio fechado el 23
de febrero de 2016, el mismo funcionario expuso las consideraciones de la
Defensoría del Pueblo sobre el caso (fl. 563), exponiendo (i) el Informe
Defensorial expedido por esa entidad en 2014, (ii) la Resolución Defensorial
No. 065 de 2015, (iii) los hallazgos de la visita humanitaria realizada por la
Defensoría del Pueblo a La Guajira y (iv) algunas consideraciones finales.
(i) Informe
defensorial “Crisis Humanitaria en La Guajira, acción integral de la Defensoría
del Pueblo en el departamento”
En primer lugar resumió el informe “Crisis
Humanitaria en La Guajira, acción integral de la Defensoría del Pueblo en el
departamento”, enunciando “los principales hallazgos defensoriales y las
recomendaciones pertinentes al derecho a la nutrición de los niños[,] niñas y
adolescentes del departamento de La Guajira” (fl. 564). De acuerdo con la
Defensoría, en el Departamento de La Guajira “se viene[n] presentando
muertes evitables que se producen por falta de prevención y tratamiento tanto
del sistema de salud como de las entidades competentes en la atención de la
infancia y la adolescencia en el país como por parte del ICBF” (fl. 565).
La principal causa de fallecimiento, afirmó, “es la desnutrición existiendo
un altísimo subregistro de la información reportada al SIVIGILA” (fl. 566).
A esto agregó que “el 48.5 de las muertes de niños y niñas por enfermedad
diarreica aguda (EDA) a nivel nacional corresponde a la población indígena…”
(fl. 566).
Señaló que de acuerdo con un estudio
de microfocalización realizado por el ICBF y la Secretaría de Planeación de
Riohacha en 147 comunidades del municipio, “se encontraron 2223 niños y
niñas menores de cinco años dentro de los cuales 2065 no cuentan con ninguna
atención del estado y solo 158 se encuentran en programas de primera infancia
del ICBF, adicionalmente 525 niños y niñas se encontraron con problemas de
desnutrición para intervención inmediata y se encontraron 253 madres gestantes
y lactantes que requerían ser atendidas en salud y nutrición” (fl. 565).
Además puntualizó que “se pudo confirmar en visitas de campo la baja
cobertura de agua potable, saneamiento básico y alimentación, las dificultades
de acceso … a los servicios de salud… [y] fallas en la oportuna intervención y
coordinación de las autoridades de salud nacional y regional” (fl. 567).
Por otra parte indicó que “no
existe una estrategia coordinada desde las instituciones competentes para la
garantía del mínimo vital de agua potable para las comunidades indígenas” y
que “las políticas públicas de nutrición ejecutadas por la gobernación,
alcaldías municipales e ICBF no garantizan la cobertura plena para la totalidad
de niños, niñas en riesgo de desnutrición y la sostenibilidad de los mismos…”
(fl. 565).
El apoderado destacó algunas de las
recomendaciones hechas por la Defensoría del Pueblo en el informe, entre las
cuales se encuentran:
-
A la Gobernación de La Guajira , poner en marcha
“un sistema unificado de información y georreferenciación que permita
generar criterios reales y certeros en la focalización y selección de familias
con énfasis en estado nutricional de niños, niñas y adolescentes y personas
adultas mayores en riesgo de desnutrición especialmente para comunidades
rurales dispersas” (fl. 566).
-
Al ICBF, constituir “equipos de
microfocalización con intervención inmediata en casos de desnutrición
encontrados particularmente en los municipios de Uribia, Manaure, Maicao,
Riohacha y Dibulla…” (fl. 566).
-
También al ICBF, “que a la menor brevedad
implemente el plan de intervención especial en La Guajira que impacte las
problemáticas nutricionales que afectan particularmente a niños[,] niñas y
adolescentes que se presentan en dicho departamento…” (fl. 566).
(ii) Resolución
Defensorial No. 065 de 2015
El apoderado de la Defensoría
adjuntó la Resolución Defensorial No. 065 de 2015 titulada “Crisis
humanitaria en el Departamento de La Guajira”. Esta resolución adoptó el
diagnóstico del Informe Defensorial de 2014 y reiteró los hallazgos del mismo.
En la Resolución el Defensor del Pueblo emitió recomendaciones en nueve
apartados así: (i) salud, (ii) infancia, juventud y adulto mayor, (iii)
indígenas y minorías étnicas, (iv) población en situación de desplazamiento,
(v) prevención de riesgos de violaciones de derechos humanos y DIH, (vi)
derechos colectivos y del ambiente, (vii) seguimiento, evaluación y monitoreo
de las políticas públicas, (viii) mujeres y asuntos de género, y (ix) política
criminal y penitenciaria (fls. 640-650).
(iii) Visita humanitaria del 15 al 19 de febrero de 2016
Resumió los principales hallazgos de
varias defensorías delegadas. La Defensoría Delegada para la Salud, Seguridad
Social y la Discapacidad reportó trece hallazgos, entre los cuales se destacan
los siguientes (fls. 568-570):
-
“… el censo del DANE no corresponde a la
realidad de la población…ya que…hay una diferencia aproximada de 200.000
habitantes en el departamento.”
-
“Los sistemas de información de La Guajira no
son confiables, así como tampoco lo es la notificación de patologías de interés
en salud pública.”
-
“Gran parte de la población indígena wayúu, no
tienen documentos de identidad…”
-
“Algunas EPS Indígenas que funcionan en lugares
donde se ha encontrado población sin seguridad social en salud, no pueden
afiliar más usuarios debido a que se encuentran sancionadas por la
Superintendencia Nacional de Salud o no cuentan con el permiso para afiliarlos
pero no tiene el respaldo financiero.”
-
“A pesar de que las Secretarías de Salud cuentan
con recursos de Salud Pública y del Plan de Inversiones Colectivas -PIC- por
normatividad vigente, no pueden utilizar dichos recursos para la adquisición de
micronutrientes, ni vacunas para intervenir a la población desprotegida.”
-
“Las EPS manifiestan realizar demanda inducida
para los programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en la
población wayúu, pero estas no se ven reflejadas en las comunidades….”
-
“Las EPS manifiestan que los micronutrientes que
se requieren para el manejo de la desnutrición se encuentran fuera del POS y
que esto ha dificultado su entrega.”
-
“Los pediatras manifiestan que las fórmulas
nutricionales que están utilizando intrahospitalariamente (F100 y F75) son
donadas en la actualidad por la UNICEF.”
-
“La comunidad manifiesta que a pesar de que el
Ministerio de Salud y Protección Social se ha esforzado en hacer llegar
micronutrientes a algunas comunidades para paliar la desnutrición, esto no ha
arrojado los resultados esperados debido a que estos micronutrientes deben
administrarse en comida sólida (harina de arroz) una vez al día por 90 días, lo
que es difícil de cumplir ya que no se garantiza que los niños tengan todos los
días al menos una comida sólida y mucho menos que se entregue de manera
ininterrumpida la administración de micronutrientes.”
La Defensoría Delegada para los
Indígenas y las Minorías Étnicas reportó hallazgos de visitas a seis
comunidades (fls. 570-572).
-
Comunidad El Jope (Riohacha): “…se encontró una
escuela satélite … [que]cuenta con un total de 20 alumnos y una profesora
étnica, los cuales en el momento de la verificación a las 9:00 no habían tomado
el desayuno…. En cuanto a la provisión de agua, no se cuenta con este líquido
de manera permanente… de manera periódica se envían carrotanques… [L]a
etnoeducadora asume los costos de transporte de los niños para que puedan
asistir a la escuela…. Ella debe preparar y pagar los alimentos que se cocinan para
los niños, si no hay alimentos y ella no tiene con qué conseguir los mismos,
los niños no comen.”
-
Comunidad Jokoamu (Riohacha): “Esta comunidad se
encuentra en similares condiciones a la comunidad del JOPE…. [S]e encontró que
los programas de nutrición dados por el ICBF, se encuentran en fase de
alistamiento, en consecuencia, no han sido entregados a los niños.”
-
Comunidad Warrarra, clan Ginnu (Uribia): “…los
reservorios de agua existentes se secaron. Actualmente las comunidades están
consumiendo agua en estado de descomposición…. [L]os niños no se encuentran
estudiando, pues no han llegado los programas de alimentos para los niños.”
-
Comunidad Wourre (Maicao): “No se evidenció la
prestación efectiva del programa de 0 a siempre del ICBF… esta comunidad cuenta
actualmente con el apoyo de una empresa privada llamada Begonia Power para la
generación de energía heólica (sic)…. [L]os niños de esta comunidad se
trasladan al centro etnoeducativo situado a tres kilómetros… esto a ocasionado
desertación (sic) escolar.”
-
Comunidad Jununtao (Maicao): “…no hay programa
vigente del ICBF para el componente de nutrición…. Se encontró falta de agua…
les envían un carrotanque la Unidad de Riesgo, la comunidad manifestó han
tenido que asumir costos por concepto de combustible y también hacer
reconocimiento económico al conductor, aun cuando el carro se encuentra
debidamente contratado para proveer el líquido.”
-
Comunidad Jorotsoin (Maicao): “… en cuanto al
agua, estas se encuentran en descomposición. No se encontró presencia de
programas alimentarios del ICBF. ”
La Defensoría Delegada de Infancia,
Juventud y Adulto Mayor reportó veintitrés hallazgos, entre los cuales cabe
destacar los siguientes (fls. 572-581):
-
“…los miembros de la comunidad… no reciben a la
fecha bienestarina líquida, y dicen nunca haberles llegado….”
-
“…el programa de alimentación PAE no ha dado
inicio…”
-
“…en la escuela El periodo… a pesar [de] existir
un comedor escolar, recién construido e inaugurado, este no cuenta con el
inmobiliario adecuado y suficiente… viéndose en la obligación de empezar a
suministrar almuerzos desde las 10.30 am y por ciclos…”
-
“…en las instituciones educativas la baja
asistencia de estudiantes y los profesores manifiestan, se debe al no
suministro de alimentos en la jornada escolar…”
-
“En la escuela el Perico y en la escuela Villa
de Campo Alegre se observó la escases (sic) se profesores y profesoras,
evidenciándose por ejemplo en un solo salón de clase dos grados para una sola
maestra.”
-
“En casi todas las rancherías visitadas
manifiestan haberse presentados (sic) casos de muerte de NN por causas
asociadas a la desnutrición…. Lo que manifiestan los líderes es que en su
mayoría son niños que por no estar registrados no estaban afiliados a ninguna
EPS y los que sí lo están, manifiestan no llevarlos al centro médico por temor
a que fallezcan en los hospitales y esto último es considerado dentro de su
cultura Wayúu como causa de mala energía en su población descendiente…”
-
“Preocupa a la Defensoría del Pueblo los
reiterados casos que se observan de niños y niñas que siendo atendidos por las
EPS en centros de atención médica, son retirados de éstos por orden de los
padres o tíos quienes por razones culturales no permiten que los niños y niñas,
completen su ciclo de atención o de recuperación nutricional, retirándolos de
allí y en algunos de los casos fallecen en las comunidades….”
-
“La profesora de la escuela JOKAMAO… manifiesta
a la defensoría del Pueblo que el ICBF entrega bienestarina o paquetes de
mercados por familia para tres o dos meses pero estos solo alcanza (sic) para
20 días o un mes máximo, por otro lado, no son alimentos propios de su cultura
por lo que en algunas ocasiones el arroz o el frijol es cambiado en el mercado
por maíz.”
-
“…un niño… en condición de desnutrición aguda…
fue retirado por el padre… sin razón alguna y llevado nuevamente a la
comunidad.”
-
“… uno de los problemas para la afiliación a
salud de los NN, [es] el registro civil de nacimiento… por las dificultades de
desplazamiento a los cas[c]os urbanos….”
-
“La funcionaria del ICBF, manifiesta que existen
dos centros de recuperación nutricional en Riohacha y existen DCI en todas las
zonas urbanas de los municipios de La Guajira. … Reconoce que la minuta que se
entrega es la misma que en todo el país y no presenta enfoque diferencial y
adicionan que, aun cuando el paquete que recibe la familia es solamente para el
niño o la niña en riesgo de desnutrición, toda la familia se ve beneficiada del
mismo por la carencia de alimentos para todos.”
-
“En reunión con las EPS y las IPS del
departamento, se indicó que el proceso de recuperación nutricional no está
contemplado en el Plan Obligatorio de Salud -POS-, motivo por el cual no
corresponde a las EPS ni a las IPS la responsabilidad de la recuperación total
de los niños o niñas que ingresan con problemas de desnutrición,
correspondiendo a ellos la atención de la emergencia del ingreso que por lo
general son enfermedades asociadas a ésta.”
-
“En la actualidad existen en el departamento
solamente 15 camas para la recuperación nutricional de 938 casos detectados en
la microfocalización.”
-
“…Los directores de las EPS insisten en la
necesidad de fortalecer el trabajo comunitario para combatir la desnutrición
pues de nada sirve recuperar a un niño lejos de su familia si su familia sigue
sufriendo de hambre y es a ella a la que debe regresar una vez supera la
emergencia. Manifiesta que en la Alta Guajira no existen médicos rurales ni
centros de salud dotados.”
-
“Las EPS e IPS manifiestan que la búsqueda
activa y la demanda inducida… son de alto costo en términos financieros,
humanos y de accesibilidad. || Hacen énfasis en la necesidad de un POS
diferencial y en la mortalidad perinatal que aparentemente está siendo
menospreciada ante la situación mediática de la muerte de menores de edad por
causas asociadas a la desnutrición.”
(iv) Consideraciones
finales
A manera de conclusión final, el
apoderado de la Defensoría del Pueblo señaló que “el ordenamiento jurídico
vigente le ha otorgado mecanismos a la administración para garantizar que en
todos los casos en que se encuentren en riesgo los derechos de los niños y las
niñas, cuente con facultades para llevar a cabo las acciones que le permitan
garantizar su protección” (fl. 582). Sugirió que “en casos extremos en
donde se plantee una situación tal de vulneración de derechos de un niño o niña
que pueda poner en peligro su vida e integridad personal y este entre en
tensión con el derecho a la autonomía de los pueblos indígenas, la autoridad
administrativa está obligada a tomar la decisión que favorezca el ejercicio de
los derechos del niño o niña…” (fl. 582). Finalmente advirtió que, en
criterio de la Defensoría del Pueblo, “las medidas cautelares impuestas por
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH- no están siendo cumplidas
por el gobierno Colombiano, particularmente en lo referente a la política de
nutrición, atención en primera infancia y al programa de Alimentación escolar
-PAE-.” (fl. 583)
3.2. Instituto Nacional de Salud
Martha Lucía Ospina Martínez,
Directora General (e) del Instituto Nacional de Salud, por oficio del 22 de
febrero indicó que esa entidad “no tiene estudios sobre las causas de muerte
de los niños porque estas se registran en los certificados de defunción por los
médicos tratantes en la institución donde el niño fallece” (fl. 54). Señaló
que la información a disposición del Instituto “corresponde al registro de
los casos notificados como casos probables de muerte, con base en lo que se
registra en la ficha de notificación de cada evento que realiza cada institución
prestadora de servicios de cada ente territorial, como datos preliminares y que
corresponde a la vigilancia de 2015 y 2016 (base de datos sin depurar,
codificada, que podemos entregar en un tiempo prudencial porque es necesario
hacer “legibles los códigos”)” (fl. 54).
También aclaró que el DANE clasifica
las causas de muerte en el país con información disponible desde el año 1998 y
proporcionó la dirección electrónica para acceder a esta información.
En un segundo oficio, fechado el 1
de marzo de 2016, agregó a lo anterior:
“…sin embargo, en aras de una colaboración
armónica entre las diferentes ramas del poder público, le remito la base de
datos que se le indicó en la comunicación oficial antes reseñada, de la
información que tiene el INS de lo que se registra en la ficha de notificación
de cada evento, que efectúa cada institución prestadora de servicios de cada
ente territorial, correspondiente a la vigilancia de 2015-2016.” (fl. 1274)
Las fichas enunciadas anteriormente
obran en los folios 1277 a 1402 del expediente.
3.3. Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible
El abogado Jorge Enrique Cortés
Piñeros, actuando como apoderado del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, señaló que los hechos “no [le] constan” por lo cual, dijo, “me
atengo a lo que se demuestre dentro del trámite de la presente acción, aspecto
este que es ajeno a las funciones y objetivos del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible…” (fl. 57). Afirmó que el Ministerio de Ambiente no
tuvo “injerencia alguna en los hechos narrados y además, no existe prueba
alguna que la comprometa, razón por la cual solicito se desvincule totalmente
de esta acción de Tutela (sic) a mi poderdante” (fl. 58). Transcribió los
artículos 1 y 2 del Decreto 3570 de 2011 que enumera las funciones del
Ministerio de Ambiente y concluyó que este “no contempla lo relacionado con
el tema de desnutrición que lamentablemente sufren los niños wayúu” (fl.
59).
3.4. Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural
El señor Edward Daza Guevara,
funcionario de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, por medio de oficio del 22 de febrero de 2016 informó al
Tribunal que esa entidad que “no tiene competencia directa asignada en la
Ley para adoptar decisiones dentro del fenómeno de Seguridad alimentaria en el
Departamento de La Guajira….” (fl. 69). Aclaró que, aunque el Ministerio de
Agricultura tiene dentro de sus funciones el diseño y evaluación de políticas
públicas de “promoción de la seguridad alimentaria” (Decreto 1985 de
2013, art. 15, num. 1), los instrumentos de política sectorial de agricultura
no tenían como “objetivo último” garantizar el derecho a la alimentación
o el auto sostenimiento de las comunidades. Para esos propósitos, dijo, “existen
otras entidades que por su misión institucional les corresponde y además
cuentan con los instrumentos adecuados para atender prioritariamente a este
tipo de demandas en el territorio Nacional”, como el Departamento para la
Prosperidad Social (fl. 70).
No obstante lo anterior, clarificó
que el Ministerio de Agricultura “no es ajeno a los hechos que originaron la
presente solicitud de amparo, teniendo en cuenta que desde el 2011 hasta el
2016, se han invertido recursos en programas para la atención de las necesidades
de la población en el Departamento de La Guajira” (fl. 70). El funcionario
relacionó algunas estrategias adelantadas por el Ministerio en desarrollo de la
“Alianza Presidencial Por el Agua y la Vida de La Guajira”. Dentro de
estas incluyó la perforación de ochenta y cinco (85) pozos de agua, de los
cuales cincuenta y dos (52) estaban en funcionamiento para el momento de la
contestación[537] mientras que treinta y
tres (33) adicionales estaban “en ejecución” (fl. 71). Las soluciones ya
en funcionamiento estarían beneficiando a 1.700 familias de forma directa y 500
de manera indirecta. También mencionó la reparación de setenta (70) molinos de
viento y la recuperación de setenta (70) pozos artesanos, que beneficiarían a
2.000 familias wayúu, y la siembra de ciento diez (110) hectáreas de cultivos
como “berenjena, ají dulce, pepino, habichuela, tomate, pimentón, sandía y
melón” (fl. 71). Además resaltó la entrega de congeladores solares para la
realización de pesca artesanal en los municipios de Uribia, Manaure, Riohacha y
Dibulla. Estas acciones, dijo el funcionario, suman una “inversión global de
$50.000.000.000 entre el 2015 y 2016” de parte del Ministerio de
Agricultura (fl. 71).
Enumeró otras acciones realizadas
por fuera del marco de la Alianza Presidencial, como la construcción de 500
viviendas rurales (inversión de $17.500.000.000), atención a 1.400 víctimas del
conflicto (inversión de $1.400.000.000), capacitación a 200 jóvenes rurales
(inversión de $400.000.000), adjudicación y titulación de predios a favor de
60.000 beneficiarios (inversión de $17.500.000.000) y la puesta a disposición
de 622 hectáreas para la generación de capacidades productivas y proyectos de
desarrollo productivos mediante alianzas productivas.
Sobre la medida provisional
decretada por el Tribunal, el funcionario informó que el Ministro de
Agricultura “realizó una inspección sobre la situación que viven los
habitantes para facilitarles el acceso al agua a cerca de 17.282 guajiros con
fines de consumo humano, animal y producción agrícola a través del programa de
Seguridad Alimentaria” (fl. 72). Reiteró las acciones del Ministerio
relacionadas con pozos de agua y molinos de viento y agregó que, a través de la
Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos, cofinanció proyectos
productivos en La Guajira en un monto de $4.790.754.000. Dichos proyectos
incluyeron la “[i]mplementación de granjas agroecológicas auto sostenibles
para las madres cabezas de familia de las comunidades indígenas del municipio
de Uribia, La Guajira”, la “implementación de un paquete tecnológico”
para fortalecer la cadena productiva del fique en Riohacha, San Juan del Cesar,
Distracción, Fonseca y Dibulla, la implementación de sistemas de riego por
goteo en cultivos de yuca para 145 pequeños productores y la “adecuación de los
galpones y suministro de gallinas ponedoras para la cría, desarrollo y
producción de huevos” en el municipio de Fonseca (fl. 73).
El funcionario luego resumió los
compromisos del Ministerio de Agricultura en relación con las medidas
cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, acordadas en una
reunión presidida por el Viceministro de Asuntos Multilaterales del Ministerio
de Relaciones Exteriores (fls. 74-75).
Finalmente, cuestionó la
legitimación por activa del accionante, teniendo en cuenta que “ni siquiera
reside en el Departamento de La Guajira y la acción fue radicada inicialmente
en la ciudad de Bogotá” (fl. 76). Agregó que el actor no indicó
expresamente estar actuando como agente oficioso y tampoco individualizó a los
titulares de los derechos cuya protección invoca.
Anexó a la contestación una ficha
publicitaria relacionada con la inversión del Ministerio de Agricultura en el
Departamento de La Guajira e impresiones de dos artículos de prensa relatando visitas
del Ministro de Agricultura al Departamento.
3.5. Procuraduría General de la
Nación
Esta entidad expresó que no es “causante
del daño o perjuicio a los derechos fundamentales que el accionante considera
como vulnerados” (fl. 91), razón por la cual solicitó “NEGAR las pretensiones
de amparo propuestas por las accionantes frente a la Procuraduría General de la
Nación, quien ha desatado ingentes acciones dentro del marco preventivo y
disciplinario” (fl. 92).
La apoderada resumió algunas
acciones realizadas por la Procuraduría Delegada para la Prevención en Materia
de Derechos Humanos. Entre estas se encuentran una reunión con los
peticionarios de las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, respuesta a un derecho de petición, solicitud de reuniones al
Ministerio de Relaciones Exteriores y participación en la concertación de las
medidas cautelares.
Señaló además que la Procuraduría
Judicial de Familia de Riohacha asistió a reuniones donde se ha insistido en la
obligación de las entidades territoriales y el ICBF de actuar para “tratar
de acabar con el flagelo de la desnutrición” (fl. 96), intervenciones en
los Consejos de Política Social, solicitudes al Gobernador y los alcaldes,
solicitud a las entidades para dar continuidad a los programas existentes,
recomendación de “implementar unidades móviles que permitan llegar a las
rancherías con una solución directa a su entorno” (fl. 96), acompañamiento
a alcaldes “para tratar el tema de la desnutrición entre su población” (fl.
96), requerimientos a las EPS, requerimientos a las entidades territoriales “para
que se priorice el tema de desnutrición” (fl. 96), entre otras.
Enumeró también cuatro procesos
disciplinarios abiertos por la Procuraduría Regional de La Guajira por (i) “presuntas
irregularidades en la ejecución del Programa PAE al excluir varias comunidades
de áreas rurales del municipio de Riohacha de los desayunos escolares en el año
2013”, (ii) “hallazgos contra operadores de alimentación por
deficiencias en salud y nutrición, alimentos vencidos”, (iii) “presuntas
irregularidades en el manejo del agua, alimentación y salud por parte de
diferentes autoridades públicas” y (iv) “no ejercer la adecuada
supervisión de los contratos… de aportes en tanto no coinciden las cantidades
compradas con las entregadas” (fl. 97).
Finalmente manifestó que el
Ministerio Público coadyuva la acción de tutela y señaló:
“se hace necesaria la identificación de niños en
riesgo y de los entornos correspondientes; la valoración del estado nutricional
y mental; intervención de las autoridades competentes para la atención de las
deficiencias que se llegaren a detectar; Diseñar e implementar una Política
Pública en Educación para indígenas con énfasis en la cobertura, pertinencia y
calidad acorde a las características y necesidades de la población; Creación de
Programas de garantía y soberanía alimentaria que incluya a los procesos
productivos y alimentarios autóctonos de la etnia Wayúu; garantizar el
presupuesto para todas las anteriores; fortalecer el proceso de inspección,
vigilancia y control por parte de los entes territoriales a las EPS e
instituciones prestadoras del servicio de salud, exigiendo el cumplimiento de
programas de atención prenatal, desarrollo de las estrategias: madres gestantes
y lactantes y especialmente que de cada acción de las entidades comprometidas,
se informe a la Procuraduría General de la Nación para realizar los
correspondientes seguimientos.” (fl. 98)
A la intervención adjuntó copias
extensas de los informes de las actuaciones realizadas por el Grupo de
Instancias Internacionales y por el Grupo de Asuntos Étnicos y Población LGBTI
(fls. 105-353).
En escrito separado, la misma
servidora remitió una relación de actuaciones realizadas por la Procuraduría
Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia y Adolescencia y la
Familia, entre las cuales se encuentra una reunión con líderes indígenas,
visitas a rancherías, convocatoria a una audiencia pública el mes de agosto
(2016), requerimientos a distintas entidades, solicitud de intervención de
otras dependencias de la Procuraduría General de la Nación y recopilación de
163 indicadores sobre “el estado de los derechos de las niñas, los niños y
los adolescentes del departamento de La Guajira , esta información se encuentra
en este momento en un proceso de valoración” (fl. 858).
3.6. Gobernación de La Guajira –
Secretaría de Asuntos Indígenas
María Margarita Pimienta Prieto,
Secretaria de Asuntos Indígenas del Departamento de La Guajira , por oficio del
23 de febrero de 2016, presentó copias de cinco fichas elaboradas por la Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, las cuales evidencian que “se
brindaron 3.922 ayudas humanitarias representadas en mercados en las
comunidades de Winpiraren, Jamuchechon, Kousharapo y Maracari del municipio de
Manaure, con un avance del 49,0%” (fl. 389), que se entregaron 12.532.500
litros de agua con carrotanques en los municipios de Riohacha, Maicao, Manaure,
San Juan del Cesar, Barrancas, Albania, Dibulla y Uribia, se entregaron 64
tanques de almacenamiento de agua en estos municipios y además en Fonseca, de
un total de 75 presupuestados para 2016, y se suscribieron convenios entre la
UNGRD y otras entidades del orden nacional para atender la situación de
calamidad decretada en el Departamento de La Guajira. Adicionalmente relató la
realización de cinco brigadas de salud organizadas por el Departamento de La
Guajira y la Fuerza Naval de la Armada Nacional en los municipios de Uribia y
Manaure.
3.7. Municipio de Maicao
El abogado
Manuel David Rocha Pulido, actuando como apoderado del municipio de Maicao,
presentó memorial el 23 de febrero de 2016 en el cual manifestó: “me opongo
a las pretensiones en lo que al Municipio de Maicao corresponde” (fl. 407).
Afirmó que “el Municipio de Maicao ha procurado la protección en forma
inmediata y ha desarrollado las acciones que (sic) necesarias para la
protección real a la vida, a la integridad física, la alimentación equilibrada,
la salud y la seguridad de los niños y niñas Wayúu” (fl. 408). Mencionó
en este sentido el trabajo de la Secretaría de Salud, la Unidad para la Gestión
del Riesgo de Desastres, la Secretaría de Educación, la Oficina de Asuntos
Indígenas y la Oficina Jurídica. Dijo que “desde cada una de las
dependencias gestionadas se ha gestionado y ejecutado programas y planes de
contingencia para combatir de manera urgente y radical la problemática de
desnutrición en los niños indígenas wayuu” (fl. 409). La diligencia del
municipio, según el apoderado, tendría como consecuencia que “de las
estadísticas de muertes de niños por desnutrición, Maicao es casi nulo, ya que
este año a la fecha no se ha reportado muerte, gracias a Dios en el perímetro
urbano ni rural del Municipio” (fl. 409).
El apoderado
adjuntó como pruebas:
-
Oficio firmado por Alain Andrioly Gutiérrez,
Técnico Operativo de Asuntos Indígenas, donde explicó de manera general el
trabajo realizado por la Oficina de Asuntos Indígenas del Municipio de Maicao,
el cual “consiste [en] realizar el debido acompañamiento a las entidades e
instituciones que así lo solicitan…. Estas entidades son encargadas de los
programas de Recuperación Nutricional, las cuales les brindan los diferentes
programas de promoción y prevención en salud, nutrición y apoyo psicosocial a
los diferentes miembros de las comunidades indígenas wayuu (niños y niñas)…” (fl.
428).
-
Oficio firmado por Wilder Pinto Torres, Director
de la Unidad Municipal para la Gestión de Riesgo de Desastres de Maicao, quien
a su vez remitió copia del Decreto 234 del 28 de julio de 2015 proferido por el
Alcalde del Municipio de Maicao, el cual declaró situación de calamidad pública
en el Municipio de Maicao por el término de seis meses (fl. 432), un cuadro
resumiendo cuatro acciones de la UMGRD entre el segundo semestre de 2015 y la
fecha de la tutela (fl. 434),[538] y una presentación de
la misma entidad explicando el marco legal y actos administrativos de
declaratoria de calamidad pública, acciones realizadas entre 2014 y 2015,[539]
necesidades identificadas[540] y la logística dispuesta
para atender esas necesidades (fls. 436-451).
-
Certificación firmada por Javier Díaz Daza,
Enlace Municipal del Programa Más Familias en Acción, según la cual “[l]os
pagos realizados para la fecha del 28 de Diciembre del 2015 al 20 de Enero del
2016 se cancelaron 5.099 familias no bancarizadas pertenecientes al programa de
Indígenas de Mas Familias en Acción en el municipio de [M]Maicao – Guajira.” (fl.
452).
-
Actas de la Secretaría de Salud de Maicao donde
constan campañas de promoción al aseguramiento, celebradas los días 26 de
septiembre de 2015, 31 de octubre de 2015 y 7 de noviembre de 2015, así como
múltiples oficios enviados entre la Secretaría de Salud y distintas IPS
Indígenas, donde se solicitan y se hace constancia del envío, de micronutrientes
y desparasitantes, e igualmente se envían bases de datos de usuarios con
desnutrición (fls. 454-509).
-
Informe de Gestión del Convenio 004 entre el
Municipio de Maicao y la IPSI Sumuywajat para el periodo entre el 1 de junio y
el 2 de diciembre de 2015, cuyo objeto fue el “Fortalecimiento de proyectos
de nutrición en el municipio de Maicao año 2015” (fls. 510-578). Se
describen actividades como la caracterización de población vulnerable no
vinculada al SGSSS, verificación de entrega de suplementos, micronutrientes y
desparasitantes a niños menores de 5 años no afiliados, vigilancia e inspección
de las valoraciones nutricionales realizadas trimestralmente por las IPS del
municipio, jornadas de búsquedas de niños menores de 2 años con desnutrición
para canalizarlos a centros de recuperación nutricional del ICBF,[541]
inspección y vigilancia a la entrega de micronutrientes y desparasitantes,
estrategia “informar, educar y comunicar a los padres de familia sobre la
importancia de la desparasitación y entrega de suplementos a los niños y
niñas…”, revisión y verificación de registros de entrega de suplementos y
desparasitantes, elaboración y ejecución de un plan de supervisión a los
centros de recuperación nutricional, reuniones de socialización del Plan de
Seguridad Alimentaria y Nutricional del municipio, solicitud de capacitación a
manipuladores de alimentos para disminuir enfermedades transmitidas por
alimentos, acompañamiento a centros de atención infantil para la investigación
epidemiológica, educación, información y comunicación dirigidas a madres
gestantes y lactantes, realización de feria de salud nutricional, entre otras.
-
Oficio firmado por Olver Choles Magdaniell,
Secretario de Educación Municipal de Maicao, en el cual explica la ejecución
del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el municipio. Señala que en los
años 2014 y 2015 en desarrollo del PAE se suministraron 22.084 cupos,
financiados con $2.642.504.940 provenientes del Sistema General de
Participaciones y el Sistema General de Regalías. Para el año 2015 se afirma
que se invirtieron $12.538.744.284 entre recursos del Sistema General de
Participaciones, el Sistema General de Regalías, el Presupuesto General de la
Nación (Ministerio de Educación Nacional) y recursos propios de la Gobernación.
Finalmente, para el año 2016 señala que se proyecta invertir $7.940.763.010
entre recursos de las mismas fuentes enumeradas con anterioridad, con el fin de
suministrar 27.088 raciones diarias entre zonas rurales y urbanas. (fls.
579-583).
3.8. Departamento Nacional de
Planeación
Luz Yolanda Morales Peña,
Coordinadora del Grupo de Asuntos Judiciales (E), del Departamento Nacional de
Planeación, trasladó por competencia el requerimiento de información efectuado
por el Tribunal Superior de Riohacha sobre “las estadísticas de niños Wayúu
muertos durante los años 2010 a 2016”, al Instituto Nacional de Salud (fl.
849).
3.9. Ministerio de Salud y
Protección Social
Luis Gabriel Fernández Franco,
Director Jurídico del Ministerio de Salud y Protección Social, solicitó “denegar
las súplicas de la presente acción constitucional y en consecuencia exonerar a
esta entidad de las responsabilidades que eventualmente podrían endilgarse en
el marco de la presente acción, por tratarse de un derecho llamado a ser
protegido de manera progresiva y por tanto se están adoptando las medidas
propias del caso.” (fl. 853).
El funcionario afirmó que el
Ministerio de Salud, en coordinación con UNICEF, dio inicio a una prueba piloto
en los municipios de Maicao, Manaure, Uribia y Riohacha. La prueba del programa
denominado “Estrategia de Atención Integral en Salud y Nutrición con enfoque
Comunitario” se realizó a través de las Empresas Sociales del Estado y
consistió en la priorización de la atención a la población infantil, madres
gestantes y adultos mayores en zonas rurales dispersas a través de 17 equipos
extramurales. Señaló que se lograron resultados “satisfactorios logrando
atender a diciembre de 2015 un total de 9.684 familias, 867 gestantes y 8.200
niños y niñas menores de 5 años de los cuales 286 se identificaron con
desnutrición aguda moderada o severa y recibieron tratamiento terapéutico en su
comunidad… sólo 10 niños requirieron remisión al ámbito intrahospitalario….
Dichas acciones permitieron la reducción de la prevalencia de desnutrición
aguda de 3,4% a 2,6%.” Destacó adicionalmente la existencia de una línea de
emergencias para la notificación de casos de desnutrición, y afirmó que para
2016 el Ministerio de Salud daría “continuidad a la estrategia manteniendo
los equipos extramurales en campo y adicionalmente fortalecerá la práctica de
la lactancia materna a través del apoyo efectivo para la instalación y
mantenimiento de la misma en las comunidades” (fl. 853)
3.10. Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres
Benjamín Ricardo Collante Fernández,
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres—UNGRD, solicitó “desvincular a la Entidad por falta de
legitimación por pasiva, conforme las funciones que cumple…” (fl. 861).
Enunció las funciones de la UNGRD como entidad de “dirección y coordinación
del [Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres SNPAD], de
formulación, implementación, articulación y evaluación de la política pública
nacional en materia de gestión del riesgo de desastres…” (fl. 685). Señaló
que “los órganos del nivel territorial son los organismos que deben
desarrollar en el municipio actividades tendientes al logro de los objetivos y
propósitos del Sistema, estos niveles son la base del Sistema en el cual recae
en primera instancia la responsabilidad de enfrentar la problemática, los
niveles departamental y nacional están organizados y actúan como apoyo
complementario y subsidiario a los esfuerzos locales, cuando la magnitud de las
tareas supera su capacidad o cuando la situación trasciende su ámbito” (fl.
864)
3.11. Superintendencia Nacional de Salud
Andrés Orlando Ortegón Ocampo,
asesor del despacho del Superintendente Nacional de Salud, solicitó “desvincular
a esta entidad de toda responsabilidad dentro de la presente Acción de Tutela” por
falta de legitimación por pasiva (fl 878).
Adicionalmente reportó las
actividades realizadas en cumplimiento de la medida provisional dictada por la
Magistrada Ponente, entre las cuales se encuentran:
-
Reunión con el Secretario de Salud del
Departamento de La Guajira “para definir las responsabilidades que tienen las
entidades territoriales sobre la mortalidad por desnutrición de la población
infantil menor de 5 años”, en la cual la entidad “presentó las advertencias
frente a las entidades territoriales para evaluar los resultados en este tema”.
De acuerdo con el funcionario, la Secretaría de Salud “y otras autoridades
territoriales” adoptaron varios compromisos. Así mismo se hizo seguimiento a
los casos nominales reportados por el Instituto Nacional de Salud y se envió un
oficio a los alcaldes municipales para que reportaran las acciones adelantadas
de acuerdo con el “Plan de contingencia para la prevención y control de la
desnutrición 2014-2015” (fl. 882).
-
Requerimientos formulados a entidades
territoriales y a EPS en seguimiento a una queja formulada por la Fundación
Guajira Naciente, así como requerimientos en reacción a cuatro casos sobre
menores en el Departamento de La Guajira (fl. 884).
-
Apertura de investigación y formulación de
cargos contra la Secretaría Departamental de Salud del Departamento de La
Guajira , por el presunto incumplimiento de los artículos 43 y 89 la Ley 715 de
2001 y del Plan Decenal de Salud Pública (fls. 886-887).
-
Visita de inspección a la Secretaría
Departamental de Salud de La Guajira, luego de la cual se establecieron los
siguientes hallazgos:
“a) La entidad territorial
presuntamente no se encuentra liderando el proceso de elaboración de la ruta de
atención oportuna y coordinada con el sector salud que permita superar las
barreras de acceso a los servicios de salud, principalmente en casos de niños
con desnutrición, o en riesgo de tal situación…
b) La ejecución del “Plan de
Contingencia para la Prevención y Control de la Desnutrición para La Guajira”
no se ha cumplido en su totalidad.
c) El “Plan de Contingencia para la
Prevención y Control de la Desnutrición para La Guajira” acordado y ajustado,
carece de indicadores que permitan medir el impacto de las gestiones realizadas…
d) La Dirección Departamental de Salud
omitió realizar Unidades de Análisis para la totalidad de los casos de muertes
(42 casos) durante la vigencia 2014 tal como lo requiere los lineamientos
emanados del Instituto Nacional de Salud….
e) Se presentaron retrasos en la
contratación de las acciones PIC 2014 y 2015…
f) El Departamento de La Guajira, no
logró coberturas útiles de vacunación en la vigencia 2014….” (fl. 888)
Los anteriores hallazgos fueron trasladados
a la Superintendencia Delegada de Procesos Administrativos, que abrió un
proceso administrativo sancionatorio.
Se requirió a la Secretaría
Departamental de Salud de La Guajira para que informara sobre los eventos de
mortalidad por o asociados a la desnutrición en menores de cinco años reportados
al SIVIGILA. La Secretaría “remitió información de siete (7) eventos…” (fl.
888).
La Superintendencia analizó la
información y llegó a las siguientes conclusiones:
“La información reportada por la
Secretaría Departamental de Salud de La Guajira no coincide con los datos
reportados por el Instituto Nacional de Salud…” (fl. 888). Mientras que la
entidad territorial reportó siete muertes, el SIVIGILA tenía diez.
“De los siete (7) eventos notificados
por el Ente Territorial, solo seis (6) cuentan con unidades de análisis de los
casos presentados y de estos, solo dos (2) cuentan con investigación de campo.
…” (fl. 889)
Reportó los resultados de las seis
unidades de análisis realizadas, entre los cuales se encontraron la ausencia de
contratación del PIC en Uribia, la falta de notificación de casos de
desnutrición al ICBF por parte de la IPS, el incumplimiento de directrices para
el manejo del niño desnutrido, la ausencia de programas de promoción de la
salud y prevención de la enfermedad, la inasistencia a control de crecimiento y
desarrollo, la inasistencia de la madre a controles prenatales, la detección
tardía del mal estado nutricional, la demora en acceder a la remisión oportuna,
la existencia de esquemas de vacunación incompletos, la falta de seguimiento
ambulatorio del paciente, la deficiencia de recursos como sales de
rehidratación para los niños, la falta de programas educativos a cuidadores
para detectar signos de alarma, la ausencia de valoración por equipos
multidisciplinarios, entre otros (fl. 889).
Informó sobre presuntos
incumplimientos por parte de cuatro Empresas Administradoras de Planes de
Beneficio (EAPB), entre los cuales se encuentran la ausencia de administración
y gestión del riesgo, la inexistencia de acciones e intervenciones de
protección específica y detección temprana, la omisión en garantizar la
prestación de planes de beneficios y acciones de promoción de la salud, la
falta de atención en salud ambulatoria, entre otros (fl. 890).
Por último presentó consideraciones
sobre las competencias de otras entidades, especialmente las competencias de
las entidades territoriales en relación con el suministro de agua potable y
saneamiento básico.
A la respuesta anexó copias de las
actas de las reuniones, de los requerimientos y de los actos administrativos
referidos anteriormente.
3.12. Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio
Jenny Maritza Herrera Báez,
apoderada del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, destacó las
funciones del ICBF, del Ministerio de Salud y Protección Social, del
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y de la Agencia Nacional
para la Superación de la Pobreza Extrema. Afirmó que el Ministerio de Vivienda “NO
tiene funciones como ejecución de planes y programas de carácter nutricional, así
como tampoco tiene injerencia en la inspección, vigilancia y control en este
tema” (fl. 948). Consideró que, de acuerdo con las funciones del Ministerio
representado, este no tenía legitimación por pasiva y solicitó que el
Ministerio fuera desvinculado del proceso de tutela.
3.13. Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar
Luz Karime Fernández Castillo, Jefe
de la Oficina Asesora Jurídica del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
(ICBF), solicitó al Tribunal “declarar que el ICBF adelantó las gestiones
ordenadas por la CIDH” (fl. 969). Para esos efectos reportó las acciones
adelantadas por el ICBF “en favor del bienestar y el pleno ejercicio de los
derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA) del pueblo wayúu
–específicamente de los residentes de los municipios de Uribia, Manaure,
Riohacha y Maicao- con anterioridad a la adopción de las medidas cautelares por
parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).” (fl. 961)
Explicó las acciones del ICBF en el
desarrollo de tres estrategias del Gobierno Nacional: (I) microfocalización,
(II) plan de acción en el corto plazo para los sectores de agua, salud y
nutrición y (III) Alianza por el Agua y la Vida en La Guajira.
I. Microfocalización
De acuerdo con la funcionaria del
ICBF, esta estrategia “se realizó en dos fases: la primera se llevó a cabo
entre noviembre de 2014 y febrero de 2015, y la segunda inició en junio y
concluyó su operativo de campo en diciembre del 2015” (fl. 962). Afirmó que
este proceso se realizó en los municipios de Manaure, Uribia y Maicao, con base
en “la participación voluntaria de las comunidades … el consentimiento y la
autorización expresa de las autoridades tradicionales … y … el uso exclusivo de
los datos suministrados para propósitos de estudio e intervención poblacional”
(fl. 962). Este ejercicio, según la funcionaria, arrojó los siguientes
resultados generales:
“…se trabajó con 83.892 personas que
conforman 19.723 familias distribuidas en 1.566 rancherías de los municipios de
Manaure, Maicao y Uribia, de los cuales 15.345 son niños y niñas menores de 5
años.” (fl. 962)
“… el Instituto cuenta con información
de atención de 897 niños y niñas menores de 5 años en estado de desnutrición
aguda moderada y aguda severa (5,84% de la población micro-focalizada menor de
5 años) y 91 gestantes de bajo peso, que fueron atendidos en el marco de la
Ruta de atención a la desnutrición. Se han salvado muchas vidas.” (fl. 962)
“…como resultado acumulado de las fases
I y II del proceso de micro-focalización… la Dirección de Primera Infancia
cuenta con información para la atención de 4.003 niños y niñas menores de 5
años cuyo estado nutricional es adecuado pero en riesgo por las condiciones
ambientales y socio-culturales.” (fl. 962)
Señaló adicionalmente que para “el
mes de marzo de los corrientes” el ICBF contaría con el análisis completo
de los datos recaudados como resultado de la Fase II (fl. 963).
II. Plan
de Acción en el corto plazo para los sectores de agua, salud y nutrición
Indicó que el ICBF diseñó, en conjunto
con el Ministerio de Salud y Protección Social, “una Ruta para la Atención a
la Desnutrición”, la cual “permite direccionar los casos de desnutrición
aguda-moderada y severa al sistema de salud, para que una vez recibida la
atención necesaria de acuerdo con su condición, sean vinculados posterior y
paulatinamente a las modalidades de Recuperación Nutricional y/o atención a la
Primera Infancia del ICBF” (fl. 964). Además se refirió al “desarrollo
de cuatro líneas para la atención de los niños, niñas y adolescentes en el
corto y mediano plazo”, las cuales comprenden:
“a) Fortalecimiento de la Ruta de
Atención a la Desnutrición de niños y niñas menores de 5 años y madres
gestantes.
b) Atención integral a la población
micro-focalizada bajo un proceso de articulación del Sistema Nacional de
Bienestar Familiar-SNBF.
c) Seguimiento integral a los
principales eventos de interés de salud y nutrición en Salud Pública.
d) Inicio y seguimiento al modelo de
atención en salud basado en comunidad” (fl. 964).
III. Alianza
por el Agua y la Vida en La Guajira
Señaló que la “Alianza por el
Agua y por la Vida” lanzada en junio de 2015 por el Presidente de la
República trazó los siguientes cuatro objetivos:
“Duplicar cobertura de agua
en el área rural del departamento.
Incrementar en 50% la cobertura de los
programas de seguridad alimentaria identificados.
Atender de forma inmediata el 100% de
los casos de desnutrición aguda.
Atender de manera integral al 100% de
los casos en riesgo de desnutrición identificados.” (fl. 964)
Afirmó que en desarrollo de los
compromisos adoptados, el ICBF “suscribió en el 2015 un convenio
interadministrativo con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres
(UNGRD) para la atención de las necesidades de agua potable en la región” (fl.
965). Este convenio “financió actividades de abastecimiento de agua e
instalación de tanques con capacidad de 5.000 y 10.000 litros en puntos
estacionales definidos por la UNGRD y el Instituto…” (fl. 965). Puntualizó
que “se adquirieron 148 tanques para el abastecimiento de agua a partir de
la movilización permanente de 23 carro-tanques en los municipios de Manaure,
Riohacha, Uribia, Maicao, Hatonuevo, Dibulla y Albania”, y que “se apoyó
la operación de 14 plantas potabilizadoras del municipio de Uribia mediante
suministro de combustible y se entregaron 13.478.500 litros de agua” (fl.
966).
Como acciones a realizar en un
futuro destacó el diseño de un “cronograma de trabajo para la construcción
de una Modalidad de Atención Propia para las Zonas Rurales Dispersas, a partir
de la adecuación de las modalidades de atención existentes, que permita abordar
de una mejor forma la territorio (sic) gracias a la información de
micro-focalización y articular con mayor pertinencia la oferta de las
diferentes direcciones del Instituto” (fl. 966). También anunció que en
2016 el ICBF concentraría sus esfuerzos en las siguientes acciones:
-
“El acompañamiento a los entes territoriales
en la formulación del componente de primera infancia, niñez y adolescencia de
los planes de desarrollo departamental y municipal 2016.”
-
“La socialización de los resultados finales
del proceso de micro-focalización…”
-
“La profundización de la atención permanente
y prioritaria de los niños, niñas y adolescentes vinculados a las modalidades
Primera Infancia, Recuperación Nutricional, Generaciones con Bienestar,
Familias y Comunidades, Territorios Étnicos y Familias con Bienestar.”
-
“El aseguramiento de la calidad y la
ampliación paulatina de la oferta institucional…”
-
“El fortalecimiento y mejoramiento permanente
del talento humano y de los procesos de la institución.” (fls. 966-967)
Por último, la
funcionaria argumentó la improcedencia de la tutela por carencia actual de
objeto, debido a que las acciones “de EMERGENCIA, URGENCIA y PRIORITARIAS” pedidas
por el actor ya “desarrolla el Estado Colombiano” (fl. 969).
Al oficio se
anexó el Informe Final del Contrato 1199-2014 “Microfocalización para la
Intervención Sociofamiliar Prioritaria de la Población Wayúu”, presentado
el 27 de marzo de 2015 por la Fundación para el Trabajo, Desarrollo y Progreso
de las Comunidades-MANA (fls. 972-1010). El informe describe los resultados de
las encuestas realizadas en rancherías wayúu en los municipios de Uribia,
Manaure y Maicao entre noviembre de 2014 y febrero de 2015. El informe arrojó,
entre otros, los siguientes resultados de caracterización de la población
microfocalizada:
-
Se encuestaron 34.703 personas pertenecientes a
7.994 familias en 694 rancherías.
-
Estas incluyeron a 6.557 menores de 5 años, 10.782
de 5 a 17 años, 322 madres gestantes, 682 madres lactantes y 2.191 adultos de
60 y más años.
-
De los niños menores de 5 años, “181 (3.2%)
presentaron desnutrición aguda… De los niños y niñas con desnutrición aguda, 69
presentaron desnutrición aguda severa (1,2% del total de niños y niñas de esta
edad…” (fl. 1001).
-
“… el porcentaje de desnutrición aguda es tres
veces mayor que la prevalencia nacional (0.9%)…” (fl. 1001).
-
Según el indicador de peso para la talla, se
encontró: 181 (3,2%) con desnutrición aguda, 583 (10,2%) con riesgo de peso
bajo para la talla, 3806 (66,5%) con peso adecuado, 806 (14,1%) con sobrepeso y
348 (6,1%) con obesidad.
-
“… 774 niños y niñas menores de 5 años
presentaron diarrea en los últimos 15 días, lo cual corresponde al 11,8% de la
población de esta edad…” (fl. 1001).
-
Según el indicador de talla para la edad, se
encontró: 3380 (59,0%) con retraso en talla, 1409 (24,6%) con riesgo de talla
baja para la edad y 935 (16,3%) con talla adecuada.
-
El 65,7% de los niños no recibió algo distinto a
leche materna el día anterior.
-
Se realizó tamizaje nutricional y se encontró a
25 niños con desnutrición y 427 con riesgo nutricional, todos los cuales fueron
reportados al ICBF.
-
Se encontró que “En los menores de 5 años, el
29,5% no están afiliados” a una EPS (fl. 1005).
-
El 69,5% de los encuestados, y el 73,1% de niños
y niñas menores de 5 años, no asisten a ningún programa de nutrición y salud.
De estos, el 4,2% consumen bienestarina.
-
“Menos de la mitad de las rancherías (46,9%)
consumen agua dulce; solamente 6 rancherías cuentan con planta desalinizadora:
2 en Manaure y 4 en Uribia; El 51,3% se abastece de agua lluvia, situación
grave teniendo en cuenta los periodos de sequía que vive el departamento. En el
79,8% de las rancherías se extrae el agua manualmente y la gran mayoría
almacena el agua en pimpinas y tanques plásticos.” (fl. 1006)
De las
conclusiones del informe se destacan las siguientes:
“Los resultados encontrados reafirman
la problemática nutricional de la población Wayúu, particularmente de los niños
y las niñas. Es imperativo establecer un diálogo directo con las autoridades
indígenas, los padres y madres de familia, para definir acuerdos en los que
prevalezca la vida de los niños y niñas por encima de cualquier circunstancia o
consideración.” (fl. 1008)
“Un porcentaje importante de la
población está afiliada al sistema de salud; sin embargo, no tienen acceso a
los servicios. La distancia de las viviendas no puede ser la disculpa para la
falta de atención, más aún cuando las familias carecen de recursos para
trasladarse hasta donde se encuentra el punto de atención y no existen vías ni
medios de transporte. El Plan de Intervenciones Colectivas y las acciones de
promoción y prevención contempladas en el POS deberían estar al alcance de
todos. Desplazarse hasta las rancherías y acordar con las autoridades y médicos
tradicionales una atención consensuada, es necesario.” (fl. 1008)
“Es necesario dar un giro a la
relación de la institucionalidad con las autoridades indígenas con el fin de
establecer colaboración y corresponsabilidad en torno a los problemas de
inseguridad alimentaria y el acceso al agua que están afectando la salud y la
nutrición infantil” (fl. 1008)
“…Se recomienda hacer seguimiento a
las familias microfocalizadas.” (fl. 1008)
“Se recomienda trabajar en la
recuperación de la cultura alimentaria de la población wayuu. Esto pasa por
identificar las prácticas de siembra y de producción de agua ancestrales,
reconocer los cambios en el clima y sus efectos y motivar particularmente a los
hombres a trabajar en este sentido, de manera cotidiana y con la visión de
seguridad alimentaria y sostenibilidad ambiental. Los programas de asistencia
alimentaria deberán ir acompañados de organización comunitaria y desarrollo de
capacidades para el trabajo.” (fl. 1008)
3.14. Presidencia de la República
Martha Alicia Corssy Martínez,
apoderada del Presidente de la República y de la Presidencia de la República,
solicitó declarar la improcedencia de la tutela por “ausencia de legitimación
por activa, pues el demandante invoca la protección de los derechos
fundamentales presuntamente vulnerados de los niños Wayúu, pero es claro que no
tiene capacidad jurídica para representarlos, ni se cumplen con los
presupuestos constitucionales, legales y jurisprudenciales para aceptar su
agencia oficiosa” (fl. 1039).
Señaló que el accionante no es
beneficiario de las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos y que “se presume que los niños Wayúu, como todos los
menores de edad del país, están a cargo de algún adulto, como lo son sus
padres, y que serían los llamados a instaurar directamente esta demanda o a
través de apoderado” (fl. 1020). Agregó que el accionante tampoco acreditó
la vulneración de “algún derecho propio” (fl. 1023).
No obstante lo anterior, expuso las
acciones adelantadas por el Gobierno Nacional. En criterio de la apoderada del
Presidente, “es claro que el demandante desconoce los trámites y acciones
adelantadas en torno a la problemática de La Guajira ” (fl. 1035).
Transcribió apartes del informe de la visita del Presidente de la República a
La Guajira del 19 de febrero de 2016, del cual se destacan los siguientes
avances:
-
Entrega de 457 tanques con capacidad de
almacenamiento de 3 millones de litros de agua.
-
Reparto de 388 millones de litros de agua en 369
carrotanques desde 2014.
-
52 carrotanques en operación y 44 en
movilización.
-
Entrega de 25 equipos de Banco de Maquinaria a
la Gobernación por parte de la UNGRD.
-
222 proyectos de soluciones de agua “entre
arreglo de pozos, desalinizadores y arreglo de jagüeyes…” (fl. 1036).
-
12.170 hogares beneficiados por “proyectos de
seguridad alimentaria ReSA, un programa de producción de alimentos permanente,
de rescate de productos autóctonos y de adquisición de hábitos alimentarios
saludables, que busca contribuir a la autonomía alimentaria de los diferentes
grupos étnicos del país” (fl. 1036).
-
125 comunidades con proyectos ReSA en la Alta
Guajira.
-
15 soluciones integrales construidas en la Alta
Guajira.
-
122 comunidades con proyectos productivos
entregados por el Ministerio de Agricultura, y 26 por la UNGRD.
-
4.700 ayudas humanitarias repartidas por la
UNGRD en Manaure.
-
6.613 toneladas de alimento para ganado
repartidas por la UNGRD.
-
21% menos casos de desnutrición en 2015 que en
2014 (38 muertes de niños menores de cinco años con diagnóstico de desnutrición
reportadas por el INS).
-
Atención extramural a 9.684 familias de la zona
rural de la Alta Guajira.
-
La desnutrición aguda en niños menores de 5 años
pasó de 3,4% a 2,6%.
Además anunció las acciones que se
realizarían en 2016, entre las cuales se encuentran:
-
Obras para el abastecimiento de agua potable.
-
Entrega de 60.000 kits alimentarios por la
UNGRD.
-
Entrega de 105 tanques por parte de la UNGRD.
-
Dos interconexiones eléctricas:
“Cuestecitas-Riohacha y Riohacha-Maicao” (fl. 1038), desarrollo de parques
eólicos e interconexión con dos subestaciones.
-
10.000 hogares adicionales beneficiados por
proyectos de seguridad alimentaria ReSA.
-
“12 soluciones integrales adicionales en 2016 en
la Alta Guajira con la UNGRD” (fl. 1038).
-
“33 nuevas Unidades Productivas del MADR” (fl.
1038)
-
“… esperamos llegar a 30 equipos” extramurales
de salud “con el apoyo de las entidades territoriales” (fl. 1038)
-
“Implementación del Modelo Integral de Atención
en Salud para Zonas Dispersas” (fl. 1038)
-
Capacitaciones, implementación de estrategias,
modelos y lineamientos en materia de salud.
-
En atención a la primera infancia: 300
cogestores, 7 nuevas unidades móviles del ICBF, 64.639 cupos en atención a la
primera infancia, un nuevo centro en Manaure, 17.600 cupos de recuperación
nutricional, entrega de 255.213 litros de leche y 36 mil bolsas de bienestarina
a 9.100 familias seleccionadas, entre otras acciones anunciadas.
La apoderada adicionalmente anexó un
informe presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el
Ministerio de Relaciones Exteriores. Dicho informe se refirió a tres
estrategias del Gobierno “destinadas a atender directamente las
problemáticas identificadas por la Comisión, a saber: i) la Estrategia de
atención integral en salud y en nutrición con enfoque comunitario, ii) la
Estrategia de micro-focalización y iii) la Alianza por el Agua y por la Vida.” (fl.
1061)
Sobre la primera estrategia, el
informe señala la conformación de “17 equipos extramurales de salud” y
la contratación de “77 agentes comunitarios, que se encargan de hacer
seguimiento en campo a las recomendaciones dejadas por el equipo extramural,
así como de realizar vigilancia epidemiológica…” (fl. 1062). Los
integrantes de estos equipos y los gestores hablan wayuunaiki. Esta estrategia,
según el informe, “se ha consolidado como un mecanismo idóneo para la
identificación de casos de desnutrición y con ello, la intervención inmediata
en el inicio de la recuperación nutricional de los niños y las niñas…” (fl.
1062). Dice que “entre julio y noviembre de 2015 se atendió un total de
8.987 familias, 867 gestantes y 7.979 niños y niñas menores de 5 años. Se
identificaron 261 casos de niños con desnutrición aguda, a los cuales se inició
el tratamiento terapéutico comunitario. Tan solo 10 niños requirieron ser
remitidos a una institución de salud” (fl. 1062). Esta estrategia habría
arrojado el resultado de “reducir la prevalencia de desnutrición aguda de
3,4% a 2,6%”, y de “152 niños y niñas diagnosticados con desnutrición
aguda moderada, 123 mejoraron su estado de salud” (fl. 1062).
En relación con la estrategia de
microfocalización, el informe describe dos fases, la primera entre noviembre de
2015 y febrero de 2015 y la segunda entre junio y diciembre de 2015, “cubriendo
el 100% del territorio de los municipios de Maicao, Manaure y Uribia” (fl.
1063). Se identificaron 442 niños con desnutrición y 36 gestantes con bajo
peso, “quienes fueron remitidos de inmediato a los enlaces definidos con las
secretarías de salud municipales, donde recibieron atención de acuerdo con su
condición y fueron remitidos a los Centros Zonales para su vinculación a las
diferentes modalidades de Recuperación Nutricional” (fl. 1063).
Respecto de la tercera estrategia,
la Alianza por el Agua y por la Vida, el informe reporta que 14 entidades del
Gobierno Nacional “han realizado visitas de diálogo y concertación con
representantes de 330 comunidades Wayúu de Manaure, Maicao, Uribia y zona rural
de Riohacha durante el 2015, definiendo compromisos puntuales con las mismas
para desarrollar soluciones de agua, salud y nutrición en la zona rural de la
Alta Guajira” (fl. 1064).
El informe presenta intervenciones
puntuales del Departamento para la Prosperidad Social, el ICBF y la UNGRD, así
como los resultados de reuniones de las autoridades nacionales con autoridades
indígenas. Finalmente relata las acciones del Ministerio de Relaciones
Exteriores en la concertación con el peticionario y las comunidades
beneficiarias de las medidas cautelares.
4. Fallo de primera instancia
Mediante fallo del 1 de marzo de
2016, la Sala Civil—Familia—Laboral del Tribunal Superior de Riohacha tuteló
los derechos fundamentales a la vida, integridad física, salud, seguridad
social, alimentación equilibrada y acceso al agua potable de los niños y niñas
pertenecientes a la comunidad Wayúu asentada en los municipios de Maicao,
Uribia, Riohacha y Manaure. En consecuencia adoptó las siguientes órdenes en la
parte resolutiva:
“Como medidas de amparo para que cese
la vulneración SE ORDENA:
1. Al señor Presidente de la
República, doctor JUAN MANUEL SANTOS CALDERON, en su calidad de Jefe de Estado,
Jefe de Gobierno y máxima autoridad administrativa que, en el término de 48
horas contadas a partir de la notificación del presente fallo, iniciar o
continuar, según sea el caso, un plan de acción cuya elaboración,
presupuestación, contratación  y ejecución deberá adelantarse de manera articulada
y coordinada en el plano interinstitucional e intersectorial, nacional y
regional, de manera que participen todas las entidades accionadas y las demás
que tengan incidencia en la crisis de los derechos fundamentales de los niños y
niñas Wayúu. Así mismo, deberá integrarse a esta gestión las autoridades
indígenas de los pueblos destinatarios del amparo.
El plan a que se hace mención estará
encaminado a:
a. Adoptar las medidas necesarias para
preservar la vida y la integridad personal de los niños y niñas de las
comunidades de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao del pueblo Wayúu, en el
departamento de La Guajira. En particular, dada la situación de emergencia,
adoptar las siguientes medidas específicas:
i) Asegurar la disponibilidad,
accesibilidad y calidad de los servicios de salud en las comunidades de Uribia,
Manaure, Riohacha y Maicao, con un enfoque integral y culturalmente adecuado,
con el fin de atender la desnutrición infantil y enfermedades prevenibles o
evitables;
ii) Tomar medidas inmediatas para que
las comunidades beneficiarias puedan tener a la brevedad posible, acceso al
agua potable y salubre, de manera sostenible y suficiente para la subsistencia
de las niñas y los niños;
iii) Adoptar medidas inmediatas para
que las niñas y niños puedan tener alimentos en calidad y cantidad suficientes
para satisfacer las necesidades alimentarias con pertinencia cultural, así como
establecer los mecanismos idóneos para la identificación de casos de
desnutrición para una intervención inmediata.
b. El incumplimiento de los roles y
tareas señalados por la Presidencia de la República a las entidades accionadas
dentro del Plan a que se ha hecho referencia, se considerará como desacato al
amparo de tutela que se concede mediante la presente sentencia.
c. En el mismo término antes indicado,
bajo la coordinación de la Presidencia de la República y la participación de
todas las entidades accionadas se ordena iniciar la creación, adecuación o
mejoramiento de un sistema de información interinstitucional e intersectorial
que permita a todas las entidades y a los integrantes del SGSSS, alimentar y
conocer una base de datos donde conste cuántos y cuáles son los menores
pertenecientes a estas comunidades y cuál es su situación individual frente a
los riesgos de desnutrición y enfermedades que se han venido exponiendo, así
como los decesos a causa de aquellos. En el mismo sentido se propenderá por su
identificación y registro, contando en lo posible con sistemas de
digitalización de huella o similares, que permitan una depuración del censo de
esta población.
2. Respecto del cumplimiento paulatino
de las órdenes anteriores se informará mensualmente a la Procuraduría General
de la Nación y Defensoría del Pueblo para que ejerzan la vigilancia del caso de
acuerdo a sus competencias.” (fl. 1191-1192)
El Tribunal consideró probado, en
calidad de hecho notorio, que “la población indígena Wayúu vienen afrontando
en los últimos tiempos una situación calamitosa, que afecta particularmente y
de forma generalizada a los niños, niñas y adolescentes como población más
vulnerable, causándoles serias afecciones a la salud relacionadas con procesos
de deshidratación y desnutrición que en los casos más graves ha significado
incluso la muerte.” (fl. 1175) Para estos efectos hizo referencia al informe
“Crisis Humanitaria en el Departamento de La Guajira 2014” elaborado por
la Defensoría del Pueblo y al informe “El Sueño del agua en la Alta Guajira”
elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
Para el Tribunal, también era claro
y no era objeto de debate que esta situación se derivaba de alumnos tres
causas: i) la ubicación geográfica de la población wayúu en “territorio
desierto e inhóspito, con suelos de baja productividad, altas temperaturas,
baja pluviosidad y escasas fuentes hídricas”, ii) el fenómeno de “El Niño”
y iii) la situación de la frontera colombo-venezolana (fl. 1175-1176).
El Tribunal consideró que la tutela
era procedente por tres razones. Primero, porque el grupo de beneficiarios de
la tutela, a pesar de ser indeterminado, “resulta perfectamente
identificable y determinable, pues en ellos comulgan tres factores
diferenciadores como son: la edad (niños y niñas), etnia (indígena Wayúu) y
territorio (asentados en los municipios de Maicao, Riohacha, Uribia y Manaure).”
(fl. 1178) Segundo, porque los beneficiarios son menores de edad, cuyos
derechos prevalecen sobre los demás. Tercero, porque el caso evidencia un
perjuicio irremediable, ya que “la grave situación actual de las
generaciones en formación, puede considerarse como un riesgo para la
supervivencia de este pueblo indígena” (fl. 1179).
En relación con la legitimación
activa, validó la actuación del accionante como agente oficioso y en todo caso
advirtió que la Procuraduría General de la Nación había coadyuvado la tutela.
Razón por la cual, “cualquier deficiencia en la legitimidad por activa, debe
considerarse superada” (fl. 1180).
El Tribunal citó el artículo 44 de
la Constitución y señaló que los derechos de los niños y niñas de pueblos
indígenas deben ser reconocidos de acuerdo con una perspectiva diferencial.
Posteriormente analizó las
competencias constitucionales, legales y reglamentarias de cada una de las
entidades accionadas y concluyó que, “contrario a lo que se planteó en las
contestaciones a la demanda, todas y cada una de las entidades accionadas
tiene, en virtud de la constitución y la ley, una responsabilidad en la
prevención y atención de la crisis humanitaria que vienen padeciendo los niños
y niñas de la Comunidad Wayúu” (fl. 1180).
Consideró el Tribunal que las
entidades accionadas eran responsables de la crisis que sufren los niños y
niñas de la comunidad wayúu. Para la Sala, las solas consecuencias hablan por
sí solas, “pues con una atención diligente ese tipo de consecuencia no se
hubiese presentado, o al menos no en la forma superlativa como sucedió” (fl.
1185). Resaltó que la situación de hambre y sed es generalizada, y que “casi
a diario se reporta un menor en alto riesgo de muerte por enfermedades
estrechamente relacionadas con la desnutrición, deshidratación y deficiente
atención en salud” (fl. 1185). Extrajo algunas aseveraciones graves del
informe de la Defensoría del Pueblo y acto seguido afirmó:
“…aún si en gracia de discusión se tuviese por
cierta toda la actividad de respuesta alegada por las entidades accionadas, y
en especial aquellas reseñadas en el detallado informe presentado por la
Presidencia de la República, lo cierto es que la fuerza de los hechos demuestra
que hubo una insuficiente gestión estatal frente al riesgo al que están
sometidos los niños y niñas Wayúu.” (fl. 1187).
La Sala observó que el 11 de
diciembre de 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas
cautelares y que el Gobierno Nacional había iniciado acciones para cumplirlas.
Teniendo esto en cuenta consideró necesario “evitar órdenes contradictorias
que terminen por entorpecer la función estatal” (fl. 1189), razón por la
cual decidió reiterar lo solicitado por la Comisión Interamericana, “pero
esta vez, como medida de amparo de raigambre constitucional, precisando eso sí,
que las órdenes aquí expedidas se limitarán a la protección de los niños y
niñas Wayúu, por ser los destinatarios de la petición de amparo, lo que no es
óbice para que aquellas medidas se hagan extensivas a los adolescentes
pertenecientes a la misma comunidad en virtud de la cautela internacional antes
referida.” (fl. 1189)
5. Impugnaciones
5.1. Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio
La apoderada el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio impugnó la decisión, sosteniendo que ese
Ministerio no tiene competencia para ejecutar proyectos, “ya que en el marco
de sus competencias es el rector de la política del sector; siendo menester
reiterar que la estructuración de los proyectos y la gestión de los recursos recae
exclusivamente en el Municipio, quien debe concertar con el Gestor del PDA,
cuáles proyectos se van a ejecutar en cada vigencia fiscal” (fls.
1472-1473).
5.2. Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible
El apoderado del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible argumentó que esa entidad tiene la función de
formular la política ambiental “y más aún en lo concerniente a prevenir el
riesgo ecológico… pero no somos responsables de su ejecución, la cual se
encuentra a cargo de las Corporaciones Autónomas Regional[es]…” (fl. 1477).
Reseñó la reglamentación de la “Política Nacional para la Gestión Integral
del Recurso Hídrico” en 2012, y de la “Política Nacional Ambiental para
el Desarrollo Sostenible de los Espacios Oceánicos y las Zonas Costera e Insulares
de Colombia” en 2013. Observó que “este Ministerio dentro de las
funciones que le fueron asignadas a través del Decreto Ley 35701 de 2011, no
contempla de manera alguna el tema de la desnutrición” (fl. 1479).
5.3. Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres
El Jefe de la Oficina Asesora
Jurídica de esta entidad indicó que “la UNGRD, como parte del Sistema, tiene
competencias en materia de gestión del riesgo de desastres, tales atribuciones
no son operativas sino esencialmente de dirección y coordinación del sistema,
de formulación, implementación, articulación y evaluación de la política
pública nacional en materia de gestión del riesgo de desastres” (fl. 1500).
Señaló que “no se observa en el proceso, prueba que comprometa responsabilidad
alguna por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres,
en la medida que la transgresión imputada por el actor no deviene de ninguna
acción u omisión o alguna conducta que inflija daño atribuible a la entidad”
(fl. 1500). Reiteró que la Unidad debe “actuar como apoyo complementario y
subsidiario a los esfuerzos locales, cuando la magnitud de las tareas supera su
capacidad o cuando la situación trasciende su ámbito” (fl. 1502), razón por
la cual las entidades territoriales serían las principales responsables en este
asunto.
5.4. Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural
El Coordinador del Grupo de Procesos
Judiciales del Ministerio de Agricultura solicitó revocar el fallo de primera
instancia y desvincular a ese Ministerio. Consideró en primer lugar que no se
cumplieron los supuestos para legitimar al accionante como agente oficioso,
pues “la agencia oficiosa es permitida constitucionalmente cuando se
manifieste expresamente esa condición y se demuestre que el afectado se encuentra
imposibilitado para interponerla; pero, en el caso concreto tal condición no se
encuentra manifestada expresamente, sino que así lo considera el Tribunal
Superior de Riohacha – Sala Civil Familia, y atendiendo a esa primera premisa
que fue desconocida…” (fl. 1505). En segundo lugar, manifestó que el
Tribunal omitió “cada uno de las estrategias y resultados expuestos de parte
de este Ministerio” (fl. 1505). En tercer lugar afirmó que “la política
de seguridad alimentaria no está en cabeza de esta Entidad, y la misión es la
de desarrollar la labor de promoción de la seguridad alimentaria en el marco de
la participación del Ministerio en la Política Nacional de Seguridad
Alimentaria y Nutricional -PSAN-, consolidada en el CONPES 113 de 2008” (fl.
1505). Por último reseñó los principales elementos de la Política Nacional de
Seguridad Alimentaria y Nutricional, las contribuciones del Ministerio en el
marco de la Alianza por el Agua y por la Vida y reiteró que otras entidades del
Gobierno Nacional serían responsables en este asunto, como el Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social, “entidad que cuenta con el
Programa Red de Seguridad Alimentaria – RESA, IRACA y en términos generales los
programas que coordina la Dirección de Inclusión Productiva y Sostenibilidad de
dicha entidad.” (fl. 1507)
5.5. Superintendencia Nacional de
Salud
El asesor del Despacho del
Superintendente solicitó revocar el fallo de primera instancia, afirmando que
incorrectamente “se dedujo un tipo de responsabilidad objetiva y automática”
de esa entidad (fl. 1514), sin que se hubiera individualizado una acción u
omisión específica de la Superintendencia que hubiera vulnerado los derechos de
los niños wayúu. Resaltó las competencias del ICBF en materia de nutrición y de
las entidades territoriales en materia de agua potable, y reiteró las
actuaciones adelantadas, de las cuales se dio cuenta en la contestación a la
acción de tutela.
5.6. Presidencia de la República
La apoderada de la Presidencia de la
República, en primer lugar, aclaró que “el señor Presidente de la República NO
es el representante legal de la Presidencia de la República, de modo que al
conceder la tutela en contra de la entidad, la orden, en principio, deberá
cumplirla su Directora, doctora María Lorena Gutiérrez, o la persona que tenga
la responsabilidad y competencia para el efecto” (fl. 1570). Señaló
adicionalmente que las funciones del Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República tienen que ver con la coordinación
interinstitucional, pero no incluyen el cumplimiento de funciones que
corresponden a otras entidades. En ese orden de ideas, la apoderada precisó “las
entidades que de acuerdo con sus competencias son las responsables de cumplir
con las órdenes del fallo impugnado…” (fl. 1576). Por último, precisó que “no
se observa la razón para conceder la tutela en términos de “adoptar las medidas”,
pues ya se adoptaron, el plan se está ejecutando y se le hace seguimiento
permanente con el acompañamiento y participación de todas las entidades
involucradas” (fl. 1577). Para estos efectos adjuntó la agenda de reuniones en
La Guajira que se realizarían a mediados de marzo así como la minuta de una
reunión de seguimiento sostenida en la Presidencia de la República con varias
entidades.
5.7. Ministerio de Salud y
Protección Social
El Director Jurídico del Ministerio
de Salud y Protección Social impugnó la tutela, solicitando revocar o modificar
la parte resolutiva “en lo que respecta a las órdenes allí contenidas que
desconocen las acciones concretas de esta entidad” (fl. 1605). Para estos
efectos reiteró la implementación de la prueba piloto de la “Estrategia de
Atención Integral en Salud y Nutrición con enfoque comunitario” (fl. 1604)
y la intención del Ministerio de continuar ese programa en 2016 a través de
varias Empresas Sociales del Estado. Igualmente reiteró que el Ministerio de
Salud “está gestionando una línea telefónica gratuita a nivel nacional para
el reporte de dichos casos por parte de la comunidad y las entidades del orden
nacional y territorial.” (fl. 1604)
6. Auto de nulidad
Por auto del 21 de abril de 2016, la
Magistrada Margarita Cabello Blanco, de la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia, declaró la nulidad de lo actuado “a partir del auto
admisorio de la demanda, dejando a salvo las pruebas recaudadas (artículo 138
del Código General del Proceso), así como la medida provisional al efecto
dispuesta en el mentado proveído”, debido a que el auto admisorio habría
omitido vincular al proceso a la Presidencia de la República, la Consejería
Presidencial para la Primera Infancia, el Ministerio de Educación Nacional, el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística, las Secretarías de Salud y
Educación de La Guajira y las mismas Secretarías de los municipios de Maicao,
Manaure, Uribia y Riohacha. En consecuencia ordenó devolver el expediente al
Tribunal para que rehiciera la actuación procesal.
7. Auto del Tribunal
Por auto del 18 de mayo de 2016, la
Magistrada Ponente, María Manuela Bermúdez Carvajalino, decidió:
“OBEDEZCASE Y CUMPLASE lo resuelto por
la Sala de Casación Civil de la Honorable Corte Suprema de Justicia en su
proveído de fecha veintiuno (21) de abril de dos mil dieciséis (2016).
En consecuencia, se dispone vincular al
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, la Consejería
Presidencial para la Primera Infancia, el Ministerio de Educación Nacional, el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística, las Secretarías de Salud y
Educación del Departamento de La Guajira y de los Municipios de Maicao,
Manaure, Uribia y Riohacha….” (fl. 1706)
8. Comunicación del accionante
El 19 de mayo de 2016 el accionante,
Elson Rafael Rodríguez Beltrán radicó un escrito ante el Tribunal remitiendo
una nota de prensa que da cuenta del aumento de muertes de niños wayúu por
desnutrición. Se preguntó: “Hasta cuándo seguirá esta terrible tragedia y la
indiferencia. ¿Cuántas muertes más de niños y niñas deben ocurrir para que
Ustedes Honorables Magistrados adopten las decisiones que esta situación
amerita?” (fl. 1712) Además solicitó al Tribunal “declarar… el estado de
cosas inconstitucionales y en consecuencia, impartir las órdenes que sean del
caso para evitar que más niños sigan muriendo de hambre” (fl. 1712).
9. Contestaciones de nuevas entidades
vinculadas
9.1. Departamento Administrativo
Nacional de Estadística
La Jefe de la Oficina Asesora
Jurídica del DANE manifestó que esta entidad es “totalmente ajena en el caso
que nos atañe” teniendo en cuenta sus funciones legales (fl. 1804). Por tal
motivo solicitó desvincular al DANE de la tutela.
En un segundo escrito de respuesta
aclaró que en la primera notificación se había recibido la acción de tutela
correspondiente a otro expediente, y por lo tanto debía responder una vez más
en este proceso. Indicó que el DANE “no tiene dentro de sus funciones la de
formular políticas públicas de planes, programas y proyectos del Sector
Administrativo de Salud y Protección Social, así como tampoco la implementación
de la gestión del riesgo de desastres según las políticas de desarrollo
sostenible, ni tampoco promover la seguridad alimentaria y nutricional en el
desarrollo de la primera infancia, los niños, niñas y adolescente (sic) o
garantizar la protección integral” (fl. 1937).
9.2. Ministerio de Educación
Nacional
Margarita María Ruiz Ortegón,
Asesora de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Educación Nacional,
presentó un memorial relacionado con un caso distinto, referido a una tutela
donde se solicitaba al Tribunal ordenar a una empresa “no efectuar más
contaminación, hasta que se lleve a cabo la consulta previa” (fl. 1818).
Solicitó desvincular al Ministerio de Educación de esa tutela, pero no hizo
ningún pronunciamiento sobre los hechos o los problemas jurídicos planteados en
este proceso.
9.3. Presidencia de la República
La apoderada de la Presidencia de la
República reiteró las consideraciones ya resumidas en los acápites 3.14 y 5.6
de esta providencia.
9.4. Alcaldía de Riohacha
Carlos Mario Guerra Camargo, Jefe de
la Oficina Asesora Jurídica del Distrito de Riohacha, se acogió al fallo ya
proferido por el Tribunal “por lo tanto considero si su señoría lo considera
me acojo a las decisiones que su digno despacho considere” (fl. 1867).
9.5. Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres
El Jefe de la
Oficina Asesora Jurídica de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres se refirió a la respuesta dada inicialmente a la acción de tutela.
9.6. Superintendencia Nacional de
Salud
El asesor del Despacho del Superintendente
Nacional de Salud se pronunció en los mismos términos que en su contestación
original, la cual se encuentra resumida en el acápite 3.11 de esta providencia.
9.7. Ministerio de Salud y
Protección Social
El Director Jurídico del Ministerio
de Salud y Protección Social manifestó que el oficio enviado por el Tribunal “llegó
sin el cuerpo de este, razón por la cual desconocemos a profundidad los hechos
que dan origen a la acción impetrada” (fl. 1927). Solicitó al Tribunal “enviar
los anexos respectivos, o ampliar la información suministrada con el fin de
pronunciarnos respecto de la mencionada acción y efectivamente ejercer el
derecho de defensa que compete a esta Entidad…” (fl. 1928).
9.8. Secretaría de Educación del
Departamento de La Guajira
Gledy Foliaco Rebolledo, Secretaria
de Educación del Departamento de La Guajira, solicitó “desvincular a la
Secretaría de Educación Departamental de La Guajira del proceso…” (fl.
1933). Observó que “dentro de las funciones inherentes al sector educativo no
se encuentran la prestación del Servicio de Agua Potable, Suministro de
Alimentación y Prestación de Servicios de Salud, motivo real de la
interposición de la acción de tutela instaurada por el actor” (fl. 1932).
Reconoció que existen normas dirigidas a garantizar el suministro de
alimentación escolar, a través del Programa de Alimentación Escolar (Decreto
1852 de 2015 y Resolución 16432 de 2015), pero aclaró que ese programa es una
estrategia para “fortalecer la… permanencia escolar”, pero no es “un
programa de carácter público que pretende solucionar las condiciones
nutricionales de la población wayúu en estado de desnutrición…” (fl. 1933).
Para la Secretaria de Educación, el objetivo del PAE, debía diferenciarse de “la
recuperación nutricional de la población infantil que se encuentra en estado de
desnutrición, la cual obedece a competencias propias e inherentes del Sector
Salud y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar…” (fl. 1933).
10. Nuevo fallo de primera instancia
El 31 de mayo de 2016 el Tribunal
Superior de Riohacha dictó, una vez más, sentencia de primera instancia. El
Tribunal señaló que “la vinculación de las entidades del orden nacional y
departamental no propiciaron debate alguno”, razón por la cual reiteró el
contenido del fallo dictado el 1 de marzo de 2016 (fl. 2019) y la misma parte
resolutiva reproducida en el apartado 4 de esta providencia.
11. Contestaciones extemporáneas
11.1. Secretaría de Salud de Maicao
Justo Vergara Viloria, Secretario de
Salud Municipal de Maicao, afirmó que “el Municipio de Maicao ha procurado
la protección en forma inmediata y ha desarrollado las acciones… necesarias
para la protección real y efectiva a la vida, a la integridad física, la
alimentación equilibrada, la salud y la seguridad de los niños y niñas Wayúu”
(fl. 2250). Para esos efectos anexó el “Plan de Contingencia Integral para
la Búsqueda y Seguimiento de Niños, Niñas y Gestantes en condición de
desnutrición y/o vulnerabilidad reportados o no por el proceso de
microfocalización” (fl. 2253).
En este documento se afirma que se
visitaron veinticinco comunidades wayúu en Maicao, en las cuales se atendieron
82 niños y niñas menores de 5 años, llegando al siguiente diagnóstico
nutricional usando el “método de Puntaje Z”: 20 niños (24,39%) con estado
nutricional adecuado, 36 (43,9%) con riesgo nutricional, 10 (12,2%) con
desnutrición aguda moderada, 13 (15,9%) con desnutrición aguda severa y tres
(3,7%) con sobrepeso (fl. 2255). El documento relata algunos casos específicos
y proporciona evidencias fotográficas de mediciones realizadas a los niños y
atención intrahospitalaria prestada a los mismos.
11.2. Secretaría de Educación de Uribia
Roberto Luis Orozco Gómez,
Secretario de Educación del Municipio de Uribia, informó que desde el inicio
del calendario escolar esa entidad atendió 294 solicitudes de suministro de
agua potable, para lo cual adjuntó un cuadro de requerimientos. Además puso de
presente que en el marco del Programa de Atención Escolar-PAE “se están
atendiendo un Total de: 27.842 Cupos en la Modalidad Complemento Alimentario
Jornada Mañana; 1.535 en la Modalidad Complemento Alimentario Jornada Mañana
para Jornada Única; 2.030 en la Modalidad Almuerzo Jornada Única; y 1.490 en la
Modalidad Internado y Semi-internados, para un consolidado final de 32.897
Cupos” (fl. 2402).
11.3. Ministerio de Salud y Protección
Social
Martha Isabel Liévano Cantor,
Directora Jurídica (E) del Ministerio de Salud y Protección Social, precisó que
de acuerdo con la Ley 715 de 2001, “es el departamento de La Guajira el
competente en la organización, dirección y administración de la prestación de
los servicios de salud en el departamento y no, el Ministerio de Salud y
Protección Social” (fl. 2457). Además señaló que de conformidad con el
artículo 156 de la Ley 1450 de 2011 (Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014),
las entidades territoriales debían elaborar un “Programa Territorial de
Reorganización, Rediseño y Modernización de las redes de Empresas Sociales del
Estado – ESE”, lo cual no fue cumplido por el Departamento de La Guajira (fl.
2458).
Reportó la presencia de prestadores
de servicios de salud en La Guajira, de acuerdo con los datos reportados en el
Registro Especial de Servicios de Salud (REPS), incluyendo el número de IPS y
de ESE, la capacidad instalada de las IPS, y la ubicación geográfica de las
treinta IPS Indígenas registradas en el REPS.
Adicionalmente reseñó cinco
programas con los cuales interviene el Ministerio de Salud en La Guajira:
a) Programa
de Atención Integral en Salud y Nutrición con Enfoque Comunitario
Esta estrategia “inició en junio
de 2015, con la contratación de 17 equipos extramurales de salud y 17
promotores” (fl. 2462), contratados por las ESE de Manaure, Uribia,
Nazareth, Riohacha y Maicao. En febrero de 2016 se suscribieron “5 contratos
con los hospitales públicos de los municipios de Uribia, Maicao, Manaure y
Riohacha” (fl. 2462), con el fin de contratar 17 grupos de trabajo. La
apoderada afirmó que los resultados en 2015 fueron “satisfactorios”, pues
se atención “de julio a diciembre del 2015, un total de 9.684 familias, 867
gestantes y 8.200 niños y niñas menores de 5 años, de los cuales 286 se
identificaron con desnutrición aguda moderada o severa y recibieron tratamiento
terapéutico en su comunidad. Estos niños recuperaron su estado nutricional y
sólo 10 requirieron remisión al ámbito intrahospitalario, para recibir el
tratamiento de las patologías agregadas. Dichas acciones permitieron la
reducción de la prevalencia de desnutrición aguda de 3,4% a 2,6%.” (fl.
2463) Agregó que para la vigencia 2016 se habían atendido “2267 familias,
189 mujeres en gestación, 1592 niños y niñas menores de 5 años de los cuales se
han diagnosticado con desnutrición aguda 70 y se encuentran en tratamiento
ambulatorio con seguimiento estrecho…” (fl. 2463).
b) Programa
para la prevención y reducción de la anemia nutricional en la primera infancia
La funcionaria señaló que este
programa fue rediseñado e inició en 2015 “en los 15 municipios del
departamento, teniendo como población objetivo el 100% de los niños y niñas de
6 a 23 meses e incorporando entre sus acciones la fortificación casera con
micronutrientes en polvo a través de la consulta de crecimiento y desarrollo y
en el marco del Programa de Atención Integral en Salud y Nutrición con Enfoque
Comunitario en las zonas rurales dispersas de los 4 municipios de Uribia,
Manaure, Maicao y Riohacha” (fl. 2463).
c) Línea
nacional de atención a la desnutrición infantil
La funcionaria reportó que se puso
en marcha una línea de atención que “atiende 24 horas y siete días” y
además “dispone de traducción a Wayúunaiki para los seguimientos y
continuidad de procesos en los casos de consulta por parte de no hispano
parlantes” (fl. 2464).
d) Sistema
de vigilancia en Salud Pública
Indicó que “[a] partir del 2016
se coordina con el Instituto Nacional de Salud – INS la inclusión de la
vigilancia del evento de la desnutrición aguda moderada y severa en menores de
cinco años” (fl. 2464).
e) Vacunación
para menores de edad
Reportó la cobertura útil de
vacunación desagregada por los cuatro municipios de Uribia, Maicao, Manaure y
Riohacha y reportó los recursos priorizados por la Secretaría de Salud
Departamental para la atención de la salud nutricional de acuerdo con el
Formulario Único Territorial.
11.4. Secretarías de Educación y Salud
de Manaure
Eduin Alberto Ramírez, Secretario de
Educación del Municipio de Manaure, y Yelkin Eliécer Velásquez Mercado,
Secretario de Salud del mismo municipio, informaron las acciones realizadas por
el Municipio.
Reportaron acciones realizadas por
la Secretaría de Salud entre enero y abril de 2016, entre las cuales se
destacan:
-
“…actividades encaminadas a la promoción de la
afiliación para aumentar las coberturas al ingreso del régimen subsidiado…”
(fl. 2494)
-
“…mesas de trabajo con las EAPB, IPS y demás
actores…” (fl. 2494).
-
…modificaciones a la infraestructura del centro
de salud del barrio Berlín, con el fin de operar un Centro de Recuperación
Nutricional (CRN) para el manejo de los pacientes con desnutrición… el cual
debe ser operado con un convenio interadministrativo con el ICBF” (fl. 2494).
-
“…mesa de trabajo con la comunidad del
corregimiento de aremashain, con el fin de gestionar un Centro de Recuperación
Nutricional…” (fl. 2494)
-
“… jornadas de salud con el acompañamiento del
batallón militar…” (fl. 2494)
-
Otras solicitudes, requerimientos y reuniones.
Respecto de la Secretaría de
Educación, proporcionaron datos sobre recursos del SGP y del SGR que fueron
ejecutados con destino al Programa de Alimentación Escolar (fl. 2496).
12. Impugnaciones
12.1. Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible
El Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible impugnó el fallo en los mismos términos que el oficio
resumido en el acápite 5.2 de esta providencia.
12.2. Departamento Administrativo para
la Prosperidad Social
Lucy Edrey Acevedo Meneses, Jefe de
la Oficina Asesora Jurídica del DPS, dijo: “No es cierto Señor Magistrado
que el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – PROSPERIDAD
SOCIAL, no haya adelantado las acciones necesarias tendientes a mejorar las
condiciones de vulnerabilidad en que se encuentran los indígenas Wayuu del
Departamento de La Guajira , específicamente de los Municipios de Uribia,
Manaure, Riohacha y Maicao… toda vez que esta Entidad, ha creado programas,
estrategias y procesos de focalización tendientes a mejorar las situaciones de
vulnerabilidad en las que se puedan encontrar estas poblaciones” (fl.
2338).
Como evidencia de lo anterior
transcribió apartes de un informe presentado por la Oficina Asesora de
Planeación de esa misma entidad, en el cual se deja constancia de las
siguientes acciones:
1. ReSA
Seguridad alimentaria SAN
Cobertura de 12.170 familias en
todos los municipios de La Guajira entre el segundo semestre de 2015 y primer
semestre de 2016.
$15.000 millones invertidos en el
año 2015.
10.000 cupos adicionales, con
inversión de $12.000 millones en 2016, para el Departamento de La Guajira
Inicio del proceso de focalización
indicativa de los 10.000 cupos para 2016-2017 en los cuatro municipios
priorizados en la Alianza por el Agua y la Vida (Manaure, Maicao, Uribia y
Riohacha).
2. Alianza
por el Agua y Vida en La Guajira
Construcción de 17 pozos de agua,
“beneficiando a 119 comunidades con 9.121 habitantes ya censados en 16
poblaciones (1 en proceso de censo)” (fl. 2340), con valor aproximado de $9.900
millones.
12 soluciones integrales adicionales
a desarrollar en 2016.
14 apriscos para proyecto productivo
con ovino-caprinos, 11 hectáreas para la producción de alimentos y 2
poblaciones con fortalecimiento en pesca.
15 comunidades atendidas con
proyectos de seguridad alimentaria ReSA, con cobertura de 1.100 familias.
6 reservorios en el municipio de
Uribia.
3. Programa
IRACA
“Desde el 2015, Iraca adelanta
una intervención en el departamento de La Guajira en los municipios de Riohacha
y Uribia. En el primero se atienden 300 hogares asentados en 9 comunidades en
territorios de resguardo; por su parte en el Resguardo de la Alta y Media
Guajira se atienden 1563 hogares – hogares en 48 comunidades. … El programa
Iraca continuará su intervención durante la vigencia 2016 en estas mismas
comunidades…” (fl. 2341).
4. Familias
en su Tierra –FEST
Transferencias monetarias
condicionadas a 624 hogares desplazados que retornaron o se reubicaron en
Dibulla, San Juan del Cesar y Villanueva.
Se espera inscribir a 497 familias
para 2016 en Albania, Fonseca, Riohacha y San Juan del Cesar.
5. Programa
de Empleo Temporal
1.000 personas (600 de Maicao y 400
de Uribia) vinculadas a contrato de trabajo de medio tiempo por seis meses con
la Federación Nacional de Departamentos, el cual culmina en mayo de 2016.
6. Más
Familias en Acción
23.522 familias indígenas recibieron
las transferencias monetarias condicionadas en 2015.
7. Jóvenes
en Acción
“Para el 2015 y 2016 se cuenta
con 5.128 jóvenes inscritos en los municipios de Riohacha, Fonseca y Maicao
cuya inversión en incentivos entregados la fecha que asciende a los $7.128
Millones de pesos” (fl. 2343).
8. Operación
Prolongada de Socorro y Recuperación – OPSR
Asistencia alimentaria para 13.155
personas, de las cuales 6.629 pertenecen a la etnia Wayúu.
9. Proyectos
de Vivienda de Interés Prioritario – VIP
Nueve proyectos asignados.
10. Operación
de la Red UNIDOS
En 2016, acompañamiento a 44.768
hogares en situación de pobreza extrema, de los cuales 24.114 corresponden a
comunidades étnicas.
12.3. Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres
El Jefe de la Oficina Asesora
Jurídica de esta entidad impugnó en los mismos términos ya resumidos en el
acápite 5.3 de esta providencia.
12.4. Presidencia de la República
La apoderada de la Presidencia de la
República impugnó en los mismos términos ya resumidos en el acápite 5.6 de esta
providencia.
12.5. Superintendencia Nacional
de Salud
El asesor del Despacho del
Superintendente Nacional de Salud impugnó en los mismos términos ya resumidos
en el acápite 5.5 de esta providencia.
12.6. Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural
El Coordinador del Grupo de Procesos
Judiciales del Ministerio de Agricultura impugnó en los mismos términos ya
resumidos en el acápite 5.4 de esta providencia.
13. Intervención de la Asociación
de Autoridades Tradicionales Wayúu Shipia Wayúu en calidad de no
recurrente
Carolina Sáchica Moreno, abogada de
la Asociación de Autoridades Tradicionales Wayúu Shipia Wayúu, y Javier Rojas
Uriana, líder indígena, solicitaron mantener el fallo de primera instancia.
Afirmaron tener legitimidad para hacer la solicitud, en calidad de peticionarios
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y representantes de la
comunidad beneficiaria de las medidas cautelares. Transcribieron algunos
apartes de un escrito presentado a la Comisión Interamericana, donde se explica
que las acciones realizadas en el marco de la Alianza por el Agua y la Vida “no
les impacta” a las comunidades indígenas (fl. 2509). Señalaron, por
ejemplo, que los miembros de la comunidad Shipia Wayúu “no cuentan con agua
potable, no tienen alimentos y no tienen acceso al sistema de salud…” (fl.
2510).
14. Trámite ante la Sala Civil de
la Corte Suprema de Justicia
14.1. Comunicación del accionante
El señor Elson Rafael Rodrigo
Rodríguez Beltrán pidió a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia “confirmar el fallo … y por tanto, mantener las órdenes impartidas,
por encontrarse ajustadas a la Constitución Política y a los tratados
internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad” (segunda
instancia, fl. 29).
Señaló como “contrario a la Constitución
Política… conocer que en Colombia mueren niños, niñas y adolescentes de hambre;
que los índices de muerte de niños haya aumentado en un 50% del 2011 al 2015 al
pasar de 20% a 30% de fallecidos por cada 1000 nacidos; que el Presidente de la
República haya reconocido públicamente hace unos meses que niños bajo la
protección del ICBF han muerto de hambre; que el ICBF desmienta sobre el punto
al Presidente de la República; que el señor Procurador General de la Nación
afirme que la muerte de niños en La Guajira es un homicidio inadmisible y que
el Gobierno, solicite el levantamiento de las medidas cautelares impuestas por
la CIDH sin haber solucionado de fondo el problema y lo más grave que no suceda
nada” (segunda instancia, fl. 29). Argumentó adicionalmente que se presenta
un “estado de cosas inconstitucional” de acuerdo con los parámetros de
la Sentencia T-025 de 2004.
Por último puntualizó que según el
informe anual de UNICEF Colombia de 2015, “en Colombia se presentan 932 mil
nacimientos anuales, el 9% de los niños nacen con un peso inferior a 2.500
gramos, lo cual es uno de los principales factores de riesgo para la mortalidad
de bebés recién nacidos y 1 de cada 10 niños en Colombia sufre desnutrición
crónica” (segunda instancia, fl. 29).
14.2. Solicitud del Centro de
Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad—Dejusticia y auto de la Magistrada
Ponente
Vivian María Newman Pont,
representante legal suplente del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y
Sociedad –Dejusticia-, solicitó “se nos autorice la expedición de copias del
expediente y se nos reconozca como coadyuvante dentro de este proceso”
(segunda instancia, fl. 31). Afirmó tener interés legítimo, debido a que “el
asunto que se debate en el proceso de la referencia, relativo a la crisis de alimentos
y desnutrición en varios municipios del departamento de La Guajira que afecta
de manera grave a varias personas, en especial niños y niñas, pertenecientes al
pueblo Wayúu es un asunto de claro interés público relacionado con nuestro
objeto de trabajo…” (segunda instancia, fl. 31).
Por auto del 14 de julio de 2016, la
Magistrada Ponente, Margarita Cabello Blanco, reconoció la calidad de
coadyuvante de esa organización (segunda instancia, fl. 40).
14.3. Coadyuvancia del Centro de
Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad—Dejusticia, el Comité Cívico por la
Dignidad de La Guajira , el Comité de Apoyo a Comunidades Populares-CODACOP y
la Organización Nacional Indígena de Colombia-ONIC
Vivian María Newman Pont, Yazmín
Romero Epiayú, Remedios Uriana y Luis Fernando Arias, actuando en
representación de estas cuatro organizaciones, presentaron coadyuvancia
acompañada por dieciséis autoridades del pueblo Wayúu[542].
En primer lugar expusieron sus
consideraciones sobre subsidiariedad y la agencia oficiosa en la acción de
tutela. En relación con la subsidiariedad, afirmaron que los titulares de los
derechos bajo amenaza se exponían a sufrir un perjuicio irremediable. En cuanto
a la agencia oficiosa, argumentaron que en casos de menores de edad, el
accionante no tenía la obligación de señalar las razones por las cuales los
agenciados no podían interponer directamente la acción de tutela y citaron la
Sentencia T-688 de 2012 donde se establece que “[c]uando la agencia oficiosa
es ejercida con el fin de proteger los derechos fundamentales de un menor, la
jurisprudencia de este tribunal Constitucional ha dispuesto que cualquier
persona se encuentra legitimada para promover el recurso de amparo” (segunda
instancia, fl. 84).
Los coadyuvantes consideraron que
los hechos que dieron lugar a la tutela configuran un estado de cosas
inconstitucional. En soporte de este argumento expusieron en primer lugar la
jurisprudencia sobre el estado de cosas inconstitucional y los parámetros
previstos en la Sentencia T-025 de 2004. Seguidamente explicaron cuatro
factores que, a su juicio, inciden en la vulneración de los derechos
fundamentales de los niños y niñas del pueblo Wayúu. Estos factores son: (a) el
problema del hambre en Colombia, (b) la debilidad institucional del
Departamento de La Guajira , (c) la falta de información sobre el estado de
nutrición de los niños y niñas del departamento, y (d) el impacto ambiental de
las industrias extractivas en la región.
(a) El
problema del hambre en La Guajira
Según los
coadyuvantes, Colombia no logró cumplir el Objetivo del Milenio relacionado con
la reducción de la desnutrición crónica y global en menores de cinco años. Esto
se debería a las brechas existentes “entre regiones urbanas y rurales, así
como entre poblaciones con un origen étnico y no étnico” (segunda
instancia, fl. 86). Así, “mientras que los indígenas representan el uno
punto cinco por ciento (1.5%) de la población, las muertes por y asociadas a
desnutrición de este grupo étnico es del sesenta y nueve punto dos por ciento
(69.2%), dos punto seis (2.6) veces más que las muertes de personas sin
pertenencia étnica, lo cual parece dar cuenta de una situación de desigualdad
estructural en este sentido” (segunda instancia, fl. 86).
(b) Debilidad
institucional en el departamento de La Guajira
Los coadyuvantes sostuvieron que la
falta de capacidad institucional en La Guajira se evidencia con la interinidad
en los más altos cargos del departamento y la frecuencia con la cual sus
gobernadores han sido investigados por presuntos actos de corrupción. Señalaron
que esta debilidad institucional es confirmada por el índice de desempeño
integral de los municipios, que al parecer mostraría una correlación con la
prevalencia de desnutrición, y por el bajo puntaje de La Guajira en el Índice
de Transparencia de las Entidades Públicas 2013-2014. Esto, según los
coadyuvantes, “ha incidido directamente en el tema alimentario, a pesar de
que el Estado central ha asignado recursos importantes para la alimentación de
los niños y niñas en todo el país, son constantes las quejas por la
ineficiencia en el manejo de los recursos en La Guajira” (segunda
instancia, fl. 88).
(c) Falta
de información sobre el estado de la nutrición de niños y niñas
Bajo este encabezado explicaron que
los datos más recientes se encuentran en la Encuesta Nacional de Situación
Nutricional (ENSIN) de 2010. La información más actualizada del Instituto
Nacional de Salud, según los coadyuvantes, “solo muestra la etapa más grave
de la desnutrición: cuando los niños mueren; evitando así poder tomar acciones
preventivas para evitar este desenlace” (segunda instancia, fl. 89).
Señalaron que a nivel departamental “tampoco existe interés por llevar un
registro del nivel de desnutrición de los niños” (segunda instancia, fl.
89).
(d) Impacto
ambiental de las industrias extractivas en La Guajira
Los coadyuvantes pusieron de
presente que un posible proyecto de modificación del cauce del río Ranchería
para beneficio del complejo extractivo El Cerrejón, “podrí[a]tener un
impacto significativo en el acceso a las fuentes de agua para el pueblo Wayúu y
de esta manera empeorar la situación de sequía y hambre en la región” (segunda
instancia, fl. 91). Citaron un documento del Colectivo de Abogados José Alvear
Restrepo que hace referencia a los impactos ambientales de la minería en La Guajira.
(e) Situación
concreta de la comunidad Wayúu
Los coadyuvantes señalaron como “los
problemas más graves que afectan al pueblo Wayúu, relacionados con el objeto de
este litigio” (segunda instancia, fl. 92), los siguientes:
-
Una situación de “baja cobertura de acueducto
y alcantarillado… [,]mala calidad del agua… [y]un alto precio que los
habitantes de la región deben sufragar por este servicio” (segunda
instancia, fl. 93). Resaltaron que Maicao y Riohacha están “entre los tres
(3) municipios con menor cobertura de acueducto y alcantarillado entre los
grandes prestadores” y que el metro cúbico del agua en La Guajira cuesta “casi
tres (3) veces más que el promedio nacional” (segunda instancia, fl. 93).
-
El 70% de pozos y molinos se encuentra “inoperante
por falta de mantenimiento” (segunda instancia, fl. 93), y que “ni la
Nación ni el departamento o los municipios tienen identificadas las fuentes que
proveen de agua a los distintos asentamientos humanos de la zona” (segunda
instancia, fl. 93).
-
Según la ENSIN 2010, La Guajira es el
departamento con mayor porcentaje de desnutrición global, con 11.2%, que “es
más de tres (3) veces mayor al promedio nacional de tres punto cuatro por
ciento (3.4%)…” (segunda instancia, fl. 95). Se reportan brechas similares
respecto del promedio nacional en relación con la desnutrición crónica, la
desnutrición en adultos, la inseguridad alimentaria y la inseguridad
alimentaria severa.
-
Solo el 84.2% de la población indígena está
afiliado a una EPS Indígena, sin tener en cuenta los problemas de subregistro
de niños que no tienen documento de identidad.
Seguidamente los coadyuvantes
explicaron que esta situación cumplía con los seis criterios establecidos en la
Sentencia T-025 de 2004 para la declaración de un estado de cosas
inconstitucional. En primer lugar observaron una vulneración generalizada de
los derechos a la alimentación, a la seguridad alimentaria, al agua, a la
salud, de la protección especial de los derechos de los niños, la protección
especial de los derechos de las comunidades indígenas y el derecho a la
igualdad.
En segundo lugar, sustentaron la
omisión prolongada de las autoridades en la apreciación del Tribunal Superior
de Riohacha, que consideró que al seguir presentándose los resultados de
muertes de niños por desnutrición “puede… considerarse que algo ha fallado” (segunda
instancia, fl. 107). Reconociendo las medidas adoptadas por el Gobierno,
adujeron que estas fueron acciones urgentes en respuesta a las medidas cautelares
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero no medidas
estructurales dirigidas a remover las causas de las vulneraciones de derechos
fundamentales. Invitaron entonces a la Corte Suprema de Justicia a distinguir
dos tipos de acciones, las urgentes y la estructurales, y resaltaron que “[e]n
este caso, por mucho tiempo n ose tomaron las acciones estructurales para
garantizar los fines del Estado y los derechos de los niños Wayúu, que se
encontraban en un estado de vulnerabilidad conocido, aunque se han tomado
acciones urgentes para atender la crisis humanitaria, sobre las cuales aún es
prematuro evaluar su impacto” (segunda instancia, fl. 109). Consideraron
que “[l]a mera afirmación de que se han realizado acciones… está lejos de
cumplir plenamente las obligaciones constitucionales que en este caso no son
simplemente de medio, sino de resultado…” (segunda instancia, fl. 109).
Solicitaron entonces invertir la carga de la prueba contra el Estado,
destacando que “ante situaciones de muertes de niños y niñas por
desnutrición, el Estado tiene la carga de la prueba sobre su debida diligencia
para prevenirlas y atenderlas” (segunda instancia, fl. 109).
En tercer lugar, afirmaron que se
habían adoptado prácticas inconstitucionales como parte del procedimiento para
garantizar los derechos vulnerados, pues los wayúu tuvieron que recurrir a
acciones judiciales y a las medidas cautelares ante la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos.
En cuarto lugar, señalaron la
existencia de un problema social cuya solución compromete la intervención de
varias entidades, requiere la adopción de un conjunto complejo y coordinado de
acciones y exige un nivel de recursos que demanda un esfuerzo presupuestal
adicional importante. Resaltaron la necesidad de medidas coordinadas del ICBF,
con los Ministerios de Salud y Educación y con las entidades territoriales,
adicionado con “acciones que permitan el acceso al agua” para lo cual,
dijeron, se hace necesario “que las autoridades departamentales hagan
seguimiento a la construcción y mantenimiento de los ´jagüeyes’ y que además se
coordinen con las autoridades de nivel nacional en materia ambiental para la
protección de los recursos hídricos de la zona” (segunda instancia, fl.
110). Así mismo, hicieron énfasis en la necesidad de establecer “un marco
claro de responsabilidades en el Estado” y de “formas de participación
institucionalizadas que permitan la participación de la comunidad en los
distintos momentos de la política pública más allá de la respuesta de urgencia
a la crisis” (segunda instancia, fl. 111).
Finalmente, anotaron que si todas
las personas afectadas por el mismo problema acudieran a la tutela, se
produciría una mayor congestión judicial, mencionando que “el número total
de personas afectadas por la problemática alimentaria que afecta al
departamento de La Guajira puede ser del rango de las doscientas setenta mil
cuatrocientas trece (270.413) personas” (segunda instancia, fl. 112).
En la última sección del escrito,
detallaron algunas alternativas para superar el estado de cosas
inconstitucional. En primer lugar propusieron una clasificación de medidas
estructurales adoptadas con anterioridad por la Corte, respecto de los factores
del contenido sustantivo del fallo, los remedios adoptados y el monitoreo de las
órdenes. Según los coadyuvantes, las sentencias con un enfoque “dialógico” tienen
mayor probabilidad de éxito que aquellas con enfoque “monológico” (segunda
instancia, fl. 115).
Recomendaron
algunas medidas que podrían adoptarse por parte de la Corte Suprema de Justicia
para superar el estado de cosas inconstitucional, así:
(i) Medidas
inmediatas
·
Declaración del estado de cosas
inconstitucional.
·
Orden de realizar un diagnóstico claro de forma
concertada y coordinada con las autoridades wayúu.
·
Orden de continuar medidas de atención de
emergencia en alimentación y agua potable, de manera culturalmente aceptable y
respetando la dieta tradicional del pueblo Wayúu.
·
Orden de continuar medidas de atención de
emergencia en salud, culturalmente aceptables, y garantizando el derecho al
consentimiento previo, libre e informado.
(ii) Medidas
de corto plazo (3 meses)
·
Plan para garantizar el acceso al agua potable.
·
Plan para garantizar la atención en salud.
(iii) Medidas
de mediano y largo plazo (6 meses)
·
Plan para mejorar la capacidad institucional de
las autoridades con presencia en La Guajira.
·
Orden de recolectar información continua,
desagregada y completa en materia de nutrición.
Finalmente, en cuanto al seguimiento
de las órdenes, recomendaron a la Corte Suprema de Justicia  establecer “mecanismos
fuertes de seguimiento, que fomenten diálogo entre las instituciones públicas,
comunidades afectadas, organizaciones de la sociedad civil, y expertos en temas
ambientales y sociales” (segunda instancia, fl. 120), lo cual implicaría la
creación de una sala especial de seguimiento similar a las establecidas por la
Corte Constitucional para las Sentencias T-025 de 2004 y T-760 de 2008.
Consideraron que, teniendo en cuenta
las posibles cargas administrativas para la Corte, otra opción sería “la
creación de una comisión de seguimiento para las órdenes que se profieran, la
cual podría estar presidida por un relator o comisionado especial” (segunda
instancia, fl. 120).
15. Fallo de segunda instancia
En sentencia del 27 de julio de
2016, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia
de la Magistrada Margarita Cabello Blanco, resolvió:
“PRIMERO: La orden dispuesta en el
numeral segundo (2º) de la parte resolutiva, lo es con destino a la Presidencia
de la República, que será la entidad encargada de coordinar las gestiones y
esfuerzos que se requieran para solventar la crisis humanitaria acaecida en el
departamento de La Guajira , misma que habrá de rendir mensualmente un reporte
de las gestiones adelantadas a la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Riohacha, sin perjuicio de los informes que
se han de remitir a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la
Nación.
SEGUNDO: El lapso otorgado para acatar
las precisas disposiciones aquí impuestas, esto es, que se efectúe por parte de
la Presidencia de la República un organigrama con tiempos razonables y reales,
dando una fijación de plazos claros y detallados para la materialización de
cada uno de los instalamentos que corresponda adoptar en torno a la
satisfacción de las principales áreas de cobertura que son menester, o sea,
desnutrición, salud y falta de acceso al agua potable y salubre de los niños y
niñas Wayúu, será de quince (15) días computados a partir de la data de su
notificación, según aquí se consideró.
TERCERO: En lo demás, el fallo impugnado
permanece incólume.” (segunda instancia, fl. 150)
La Corte Suprema de Justicia
consideró, en primer lugar, que “[las] abierta y ostensiblemente graves
circunstancias de desnutrición, mal estado de salud y falta de acceso al agua
potable y salubre en que se encuentran los niños y niñas pertenecientes a la
comunidad indígena Wayúu… son un hecho notorio” (segunda instancia, fl.
143), para lo cual citó el análisis realizado por la Defensoría del Pueblo en
el informe “Crisis Humanitaria en La Guajira 2014”.
La Corte señaló como vulnerados los
derechos de los niños y niñas wayúu a la vida y a la salud, y descartó los
argumentos de algunas entidades demandadas en cuanto a la falta de legitimación
por activa.
Consideró, sin embargo, necesario
modificar el fallo de primera instancia y “determinar que la orden impartida
en punto del Presidente de la República habrá de direccionarse en cabeza del
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República” (segunda
instancia, fl. 147).
ANEXO II
SEGUNDA PARTE: ACTUACIONES EN SEDE DE REVISIÓN
1. Auto de pruebas del 4
de noviembre de 2016
El Despacho del Magistrado
Sustanciador decretó pruebas con el fin de constatar, la situación actual de
los niños y niñas del pueblo Wayúu, el estado de indicadores oficiales y no
oficiales en materia de salud, alimentación y acceso al agua potable, las
capacidades institucionales del Departamento de La Guajira y de sus municipios,
el esfuerzo presupuestal de las entidades del orden nacional y de las entidades
territoriales en relación con estos tres aspectos, el avance de los distintos
planes formulados por la Nación y por las entidades territoriales, los canales
de coordinación entre las entidades y las comunidades indígenas, las posibles
causas de la situación actual incluyendo posibles causas ambientales, los
aspectos culturales del pueblo Wayúu que pueden incidir en la situación y en su
solución, y las medidas tomadas hasta ahora por las autoridades públicas en
cumplimiento de los fallos de instancia.
Con el fin de obtener esa
información, se ofició al Tribunal Superior de Riohacha, a la Defensoría del
Pueblo, a la Procuraduría General de la Nación, a la Presidencia de la
República, al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Sostenible, al Ministerio
de Salud y Protección Social, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al
Instituto Nacional de Salud, al Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social, a la Gobernación del Departamento de La Guajira , Alcaldía del Distrito
de Riohacha y las Alcaldías de los municipios de Maicao, Uribia y Manaure, a la
Superintendencia Nacional de Salud, al Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Departamento Nacional de
Planeación, a la Contraloría general de la república, al Consejo Seccional de
la Judicatura de La Guajira , Sala Jurisdiccional Disciplinaria, a la
Secretaria Departamental de Planeación del Departamento de La Guajira ,
Secretarias de Planeación de los municipios de Albania, Barrancas, Dibulla,
Distracción, El Molino, Fonseca, Hatonuevo, La Jagua del Pilar, Maicao,
Manaure, San Juan del Cesar, Uribia, Urumita y Villanueva y la Secretaria de
Planeación del Distrito de Riohacha, a la Gobernación del Departamento de La
Guajira , a las Alcaldías de los municipios de Albania, Barrancas, Dibulla,
Distracción, El Molino, Fonseca, Hatonuevo, La Jagua del Pilar, Maicao,
Manaure, San Juan del Cesar, Uribia, Urumita y Villanueva y la Secretaria de
Planeación del Distrito de Riohacha, al Ministerio del Interior, al accionante
Elson Rafael Rodrigo Rodríguez Beltrán, a la Procuraduría General de la Nación,
a la Defensoría del Pueblo, al Centro de Estudios de Derecho, Justicia y
Sociedad-Dejusticia, al Comité Cívico por la Dignidad de La Guajira , al Comité
de Apoyo a Comunidades Populares -CODACOP, a la Organización Nacional Indígena
de Colombia-ONIC y a la Asociación de Autoridades Tradicionales Shipia Wayúu, a
que se pronuncie sobre los hechos que dieron lugar a la acción de tutela,
indicando sus causas y posibles alternativas de solución. Al Observatorio del
Caribe Colombiano, al Centro de Pensamiento Guajira 360°, al Sistema de
Fundaciones Cerrejón, al Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas,
al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, al Fondo de las Naciones
UNIDAS para la Infancia, a la Organización de las naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura, a Oxfam Colombia, al Grupo de Investigación de
Equidad y Seguridad Alimentaria y Nutricional del Departamento de Nutrición de
la Universidad Nacional de Colombia, a la Escuela de Gobierno de la Universidad
de los Andes, al Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo de la
Universidad de los Andes y a la División de Humanidades y Ciencias Sociales de
la Universidad del Norte a participar en el presente proceso. Pronunciarse
sobre los hechos y las posibles alternativas de solución. A los Gobernadores de
Atlántico, Bolívar, Córdoba, Magdalena, Cesar y Sucre para que se pronuncie
sobre los hechos, las causa y posibles alternativas de solución.
A continuación se resumen las
respuestas de las distintas entidades.
2. Entidades de orden nacional
2.1. Presidencia de la
República
La Presidencia de la República,
reportó información aportada por la Dirección de Gobierno y Áreas Estratégicas, dependencia encargada de atender el cumplimiento de los fallos
proferidos por los jueces de instancia dentro de la mencionada acción de
tutela.
En
primer lugar, anexó copia del Plan de Acción remitido en cumplimiento a la
orden de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. En referencia a los
avances en la creación, adecuación o mejoramiento del sistema de información
ordenado por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, afirma que  se han
desarrollado las siguientes acciones: (i) Cuatro reuniones técnicas para
evaluar el alcance y los requisitos técnicos del Sistema de Información
Interinstitucional, los equipos disponibles y necesarios, la posibilidad de
avanzar en un proyecto de cooperación Sur-Sur con la Provincia de Salta
(Argentina) que le permita al Gobierno Nacional adelantar un piloto de
recolección y sistematización de información. A estas reuniones han asistido el
Departamento Administrativo de Prosperidad Social (DPS), el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el Fondo de Adaptación, el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y la Agencia Presidencial de Cooperación
Internacional de Colombia (APC). (ii) Una solicitud a las entidades de la
Alianza sobre la elaboración de matriz de análisis de los sistemas de
información/bases de datos de cada una de sus entidades; así como el análisis
de sus instrumentos de captura de información en territorio, con el fin de
generar una homologación de formularios con el resto de instituciones
involucradas.[543]
Respecto de los avances de la
Alianza por el Agua y la Vida se reportaron resultados obtenidos en las
acciones realizadas en el 2015, de los cuales se destacan:
En relación al suministro de agua:
(i) la conformación de una mesa técnica de agua liderada por el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y territorio, (ii) la entrega de 561 millones de litros de
agua en todo el departamento, (iii) la entrega de 457 tanques con capacidad de
almacenamiento de 3 millones de litros de agua, (iv) la entrega de 45
aerodesalinizadores, (v) la perforación de dos pozos  en donde se adelantan
pruebas de bombeo y caracterización del agua, y (vi) 249 proyectos de
soluciones de agua en el marco de la Alianza por el Agua y la Vida.[544]
En relación a la seguridad
Alimentaria se reportan para 2015: (i) 123 comunidades con proyectos ReSA con
enfoque diferencial étnico en la Alta Guajira, (ii) 15 soluciones integrales
adelantadas por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,
(iii) 150 comunidades beneficiadas con proyectos productivos y (iv) la entrega
de 4.768 toneladas de alimento para ganado.[545]
En relación a la salud y nutrición
se reportaron en el año 2015: (i) una disminución el 21% en la mortalidad de
niños menores de 5 años, en comparación al 2012; (ii) el nacimiento  del
programa de atención integral en salud y nutrición con enfoque comunitario en
La Guajira ; (iii) los 17 equipos extramurales focalizaron 9.684 familias,
atendieron a 8.200 niños menores de 5 años, de los cuales 296 fueron
identificados con diagnóstico de desnutrición aguda; (iv) 867 mujeres gestantes
recibieron atención prenatal, (v) se habilitó la primera fase de la línea de
atención a la desnutrición; (vi) se realizó la primera etapa de la
microfocalización del ICBF en Maicao, Uribia y Manaure y (v) se adelantó la
operación del Programa de Alimentación Escolar.[546]
Posteriormente, respecto las
acciones realizadas por la Alianza en el 2016, se observaron, entre otros
resultados, los siguientes:
En relación al suministro de agua:
(i) la entrega de 183.187.614 litros de agua por la UNGRD, (ii) se asignó un
monto de $17.000 millones para cofinanciar el “Sistema De Respaldo Por Pozos
Profundos Para El Abastecimiento Del Acueducto El Municipio De Riohacha, Fase I
SENA-Batallón”; (iii) la rehabilitación y optimización de 11 sistemas de
abastecimiento de agua dentro del “Proyecto De Atención De La Emergencia Por
El Desabastecimiento  De Agua De Las Comunidades Indígenas Rurales En El
Municipio De Uribia Del Departamento De La Guajira ”; (iv) la financiación
de obras del Sistema de acueducto y alcantarillado para el corregimiento de
Paraguachón municipio de Maicao, La Guajira; (v) implementación del piloto de
abastecimiento sostenible de agua mediante el sistema de pilas públicas; (vi)
la instalación de sistema de desalinización y tratamiento de agua potable del
pozo de Siapana-Uribia; (vii) entrega de 105 tanques con capacidad de 10.000 y
5.000 litros; y (viii) entrega de centro de acopio  el 22 de septiembre de 2016
por parte de la UCGRD, en el corregimiento de Puerto estrella, Uribia.[547]
En relación a la Seguridad
Alimentaria, para el 2016 se reportaron: (i) 10.000 familias beneficiadas con
los proyectos ReSA e IRACA; (ii) 12 soluciones integrales, (iii) 33 proyectos
productivos y (iv) el proyecto de construir 2.000 proyectos de
hortofruticultura.[548]
En relación a la Salud, para el
2016: (i) los 17 equipos extramurales atendieron a 12.219 niños menores de 5
años, de los cuales fueron identificados 318 con desnutrición aguda moderada o
severa, logrando que a la fecha de presentación del informe, se recuperaran
258; (ii) se realizó el pre diseño para la implementación del MIAS: Modelo
Integral de Atención en Salud, destinando recursos por $120 millones; (iii) se
consolidó la línea nacional de atención a la desnutrición infantil, reportando
780 casos para el departamento de La Guajira  en el 2016; (iv) la inclusión del
evento de la desnutrición en el sistema nacional de vigilancia en salud pública
SIVIGILA y (v) la conformación del programa territorial de reorganización,
rediseño y modernización de las redes de ESE (documento red) que tiene como
finalidad la depuración de EPS en el departamento y la recuperación de la red
pública hospitalaria.[549]
En relación a la Atención a los
niños, niñas y adolescentes se reportaron por el ICBF: (i) el funcionamiento de
11 unidades móviles que atendieron a 27.331 personas en las zonas rurales; (ii)
la existencia de más de 84.0000 cupos para la atención de niños menores de 5
años en todo el departamento; (iii) el pilotaje del Modelo Propio e
Intercultural De Atención; (iv) el diseño de la Estrategia De Recuperación
Nutricional “Modalidad Mixta. 1000 Días Para Cambiar El Mundo”, que
atiene nutricionalmente a madres gestantes y niños menores de 5 años; (v) la
implementación de 4 centros de recuperación nutricional – CNR; (vi)  4.250
cupos dentro del programa Generaciones con Bienestar; (vi) 1.750 familias
beneficiaria del proyecto Familias con Bienestar y (vii) la creación de nuevo
Centro Zonal del ICBF en Nazareth, Uribia.[550]
Dentro de su intervención, la
Presidencia presentó información aportada por el Ministerio de Educación
Nacional; en donde afirma haber una destinación presupuestaria del
$43.139.937.776, de diferentes fuentes de financiación, con la finalidad de
garantizar la operación del Programa de Alimentación Escolar  (PAE), durante
todo el año 2016. Reportó la entrega total de 239.642 raciones contratadas y
entregadas en 93 instalaciones educativas del departamento. [551]
2.2. Ministerio de Relaciones Exteriores
Como entidad de articulación
estatal, encargada de coordinar el seguimiento a la implementación de las
medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decretó
al Estado, reportó la Cancillería, las acciones adelantadas en el marco de la
Alianza por el Agua y la Vida en La Guajira , en tanto se ha configurado como
la estrategia mediante la cual “se busca articular las intervenciones de las
diferentes entidades del Gobierno Nacional, con miras a desarrollar soluciones
de agua, salud y nutrición en la zona rural de la Ala Guajira, a corto, mediano
y largo plazo”.[552]
Remitió copia de la nota diplomática
S-GSORO-16-066883 de fecha 25 de julio de 2016, mediante la cual actualizó la
información relativa a los avances alcanzados en el marco de las estrategias
reportadas a la Comisión Interamericana dentro del trámite de las medidas
cautelares en cuestión. El informe presenta los resultados enunciados en el
acápite 1.1 del presente anexo, en informe presentado por la Presidencia de la
República.
2.3. Departamento
Nacional de Planeación (DNP)
El Departamento Nacional de Planeación
reportó los proyectos de inversión a cargo del Presupuesto General de la Nación
para las vigencias 2013 a 2016, así como los proyectos con cargo a los
presupuestos bienales 2013-2014 y 2015-2016 del Sistema General de Regalías,
remitiendo copia digital de los informes del Sistema de Monitoreo, Seguimiento,
Control y Evaluación (SMSCE).
En relación a la negociación de
Contratos Plan para el Departamento de La Guajira , el DNP en coordinación con
la Dirección de áreas estratégicas de la Presidencia que lidera la Alianza por
el Agua y la Vida en La Guajira, manifestó que “se encuentra atendiendo las
órdenes dispuestas por la Honorable Corte Constitucional  a través (sic) la
formulación de un documento CONPES de Contrato Plan, cuyo fin es articular
esfuerzos institucionales de los niveles de gobierno nacional, departamental y
municipal para definir la política pública para el territorio”.[553]
Adujo la entidad que el uso de un
documento CONPES de Contrato Plan para abordar la política sectorial del
departamento de La Guajira es deseable, en la medida en que se constituye como
una herramienta de planeación de territorio y de gobernanza multinivel que se
concreta en una cuerdo marco de voluntades de carácter estratégico entre la
Nación y las entidades territoriales. Manifestó que esta herramienta “contiene
los arreglos programáticos y de desempeño definidos entre las partes para la
ejecución asociada de proyectos de desarrollo territorial que contemplan la
concurrencia de esfuerzos de inversión nacional y territorial”[554].
En virtud a lo anterior, declaró la
entidad que la solicitud de suscripción de  Contrato Plan del departamento de La
Guajira se hizo el 12 de octubre de 2015, junto con una matriz de proyectos
preliminar.
Declaró que el Grupo de Contratos
Plan se encuentra avanzando en la consolidación de la información de
diagnóstico territorial en los sectores de salud, alimentación y agua potable y
saneamiento básico con un enfoque territorial y poblacional; pues es necesario
establecer las causas de mortalidad infantil por rango poblacional; identificar
las fuentes de información que permitan caracterizar el territorio en cuanto la
disponibilidad de alimentos, así como identificar la situación de oferta
hídrica superficial y subterránea para plantear un esquema de prestación de
servicios públicos de agua potable y alcantarillado.[555]
2.4. Ministerio de Salud
y de Protección Social
2.4.1. Primera
Comunicación
El
Ministerio de Salud y de Protección Social, el 23 de noviembre de 2016, envió
el informe de los Resultados obtenidos, respecto a las acciones realizadas en
el 2015, bajo los siguientes términos:
“En el marco del programa de atención
integral en salud y Nutrición con enfoque comunitario para el departamento de
La Guajira , cuyo objetivo  general se orienta a desarrollar las acciones de
promoción de la salud y prevención de la enfermedad a la población en condición
de vulnerabilidad (mujeres gestantes, niñas y niños menores de cinco años de
edad y sus familias) de las zonas rurales dispersas de los municipios de
Riohacha , Maicao, Manaure y Uribia de ese departamento, se obtuvo los
siguientes resultados:
Atención en salud a un total de 9.684
familias y dentro de estas se atendieron a 867 gestantes y 8.200 niños y niñas
menores de 5 años, de este grupo 286 se identificaron con desnutrición aguda
moderada o severa, razón por la cual recibieron el respectivo tratamiento
terapéutico en la comunidad. Estos niños recuperaron su estado nutricional  y
solo 10 requirieron remisión al ámbito intrahospitalaria, para recibir el
tratamiento de las patologías agregadas. Dichas acciones permitieron la
reducción de la prevalecía de desnutrición  aguda de 3,4% a 2,6 %, entre julio
a diciembre de 2015”[556]
Adujo que, las acciones en salud
fueron logradas a través de la contratación realizada por la Empresas Sociales
del Estado ESE de Manaure, Uribia, Nazaret,  Riohacha y Maicao de 17 equipos
extramurales de Salud, la cual fue apoyada por el Ministerio de Salud y
Protección Social mediante transferencia de recursos al Departamento de La
Guajira, a través de la Resolución 1092 del 2015, como apoyo al estado de
emergencia en ese departamento.
Manifestó que, para el 2016 en el
marco del programa de Atención Integral en Salud y Nutrición con enfoque
comunitario, “con corte al 31 de octubre, se han atendido a través de
equipos extramurales 12.219 niños y niñas menores de 5 años, de los cuales 318
fueron identificados con desnutrición  aguda moderada severa y han sido
tratados  conforme a los lineamientos de atención a la desnutrición aguda
expedidos por este ministerio, logrando a la fecha 258 niños y niñas se
recuperen. Los demás niños y niñas siguen siendo tratados”.[557]
Así mismo, el Ministerio de Salud y
Protección social, indicó que para el 2017  “continuará avanzando en la
implementación del Modelo Integral de atención en Salud MIAS en el departamento
de La Guajira , en cuyo marco estratégico se abordaran Rutas integrales de
Atención en Salud – RIAS para la promoción y mantenimiento de la Salud y para
la gestión y atención de grupos de riesgo o eventos específicos, entre los que
se priorizo la RIA  a la desnutrición aguda en niños menores de 5 años, incluyendo
la continuidad de la implementación del programa de Atención Integral en Salud
y Nutrición con enfoque comunitario, liderado por la Entidad Territorial, en
articulación con Entidades Administradoras de Planes de Beneficios EAPB y el
Ministerio de Salud y protección social”.[558]
Por otra
parte, el Ministerio de Salud  y de Protección Social
envió Informe  de  Seguimiento al Plan Nacional de Seguridad alimentaria y
nutricional PNSAN 2012 – 2019, en el cual, la CISAN  hace seguimiento  al
cumplimiento de las acciones establecidas en el plan: centraliza, organiza y
provee información oportuna, pertinente y confiable sobre el avance de las
estrategias, políticas, proyectos y programas enmarcados en el PNSAN.
Además, buscó también desarrollar y
apoyar análisis y recomendaciones a los procesos de diseño y gestión de las
intervenciones en SAN. Este documento es la versión ejecutiva del primer
informe de avance SSyE del  PNSAN, en el cual se presentaron los resultados de
seguimiento, con las siguientes recomendaciones:
“El desarrollo de programas de
asistencia alimentaria, transferencias condicionadas, atención de desastre  y
de intervención especifica en población desplazada, seguramente han contribuido
a los avances observados en reducción  de la pobreza y la miseria, así como del
hambre y la desnutrición misma. Sin embargo,  de forma paralela y de manera
articulada a esto, se deben  también enfatizar y  ahondar las acciones que
generen capacidades en las poblaciones vulnerables, promover programas para la
vinculación productiva y laboral sostenible , y que cuente con mayores
herramientas para la selección de alimentos que garanticen  una alimentación de
cálida , equilibrada y saludable.
Aunque se ha venido avanzado y
consolidado instancias y acciones intersectoriales en SAN,  los desafíos en un
abordaje multidimensional y transectorial aún son grandes. Dados todos los
determinantes estructurales e intermedios que afecten la malnutrición, se
requiere de acción  entre el orden nacional, departamental y municipal.
Así mismo, se hace, se hace necesario
profundizar  tal y como lo establece el PNSAN,  en el “establecimiento  y
fomento de normas que viabilicen la conformación de alianzas entre el Estado  y
diferentes  grupos sociales en planes y proyectos de SAN”, así como la
“conformación y desarrollo de alianza, que conlleven a pactos y acuerdos”
orientados a enfrentar las problemáticas en torno a la SAN.
En cuanto a la construcción y desarrollo
de la institucionalidad para la SAN, a pesar de los avances en el establecimiento
de mecanismos de articulación intersectorial, aún están por desarrollarse
estrategias establecidas en el PNSAN  como son la promoción e incentivo al
desarrollo de instrumentos financieros comunes dirigidos a grupos vulnerables
y la armonización de los objetivos de la SAN a través de planes institucionales
dentro de cada entidad entidades la CISAN con sus políticas sectoriales.”[559]
Entidades prestadoras de salud
(PS-I)
IPS –I  Sol Wayúu, dando
contestación al requerimiento del Ministerio de Salud y Protección Social,
indicó que como institución Prestadora de Salud indígena no tienen
responsabilidad alguna de los hechos aducidos en la Acción de  Tutela
T-5.697.370, “Nuestra entidad a IPS-I presta servicios integrales de salud
de acuerdo a lo autorizado por la promotora de Salud dentro de un modelo
intercultural que responden a las necesidades tanto de los pueblos indígenas
como demás grupos sociales, teniendo en cuenta sus cosmovisiones, adecuando las
políticas de salud pública en concordancia con los diferentes usos y
costumbres, contribuyendo al fortalecimiento de la identidad cultural, el
equilibrio con el cosmos y mejoramiento por las condiciones de vida ”.[560]
A su vez, Anas Wayuu EPS-I manifestó
que “la desnutrición como  origen de muerte de menores indígenas wayuu,
tiene sus causas multisectoriales, entre los que prima la falta de intervención
efectiva de los determinantes sociales intermedios, que refuerzan la situación
precaria en la que se encuentran los indígenas Wayuu en La Guajira; agravada
con la crisis del vecino país de Venezuela que agudizo la situación de
vulnerabilidad frente a la adquisición y provisión de alimentos para el
Departamento de La Guajira en especial para los municipios de Uribia, Maicao y
Manaure por parte de la comunidad wayuu.”[561]
Pese a lo anterior, “la empresa
garantiza su acceso a los servicios de salud de baja complejidad a través de su
red prestadora en los municipios de residencia Maicao, Uribia, Manaure,
Riohacha Albania, Barrancas”.[562]
2.4.2. Segunda
comunicación
En respuesta a la prueba solicitada
mediante oficio OPTB1117-16 allegado el 13 de enero de 2017, en la que
requirieron a las EPS Indígenas y a las IPS Indígenas domiciliadas en el
Departamento de La Guajira, para que se pronunciaran sobre los hechos que
dieron lugar a la acción de tutela, de las cuales se recibieron 8 respuestas
adicionales de las IPS Indígenas  y 2 EPS Indígenas.
2.4.2.1. IPS – I
a) Centro Integral de Salud  IPSI
- CID Salud
Los Resultados obtenidos de las
acciones realizadas del 2015, por  el  Centro Integral de Salud  IPSI - CID
Salud, para  la disminución de la morbi- mortalidad de la Desnutrición en el
municipio de Riohacha, se obtuvieron:
“842 atenciones con nutricionista, los
cuales fueron diagnosticados 317 pacientes con riesgo de Desnutrición
protecalorica  leve, 198 Desnutrición  Protecalorica moderada y 47 casos  de
desnutrición protecalorica severa (estos diagnósticos no estaban relacionados
con la resolución 5406 debido a  que esta no estaba socializada por este
tiempo), A estos  usuarios se les realizó seguimiento  al tratamiento y su
recuperación nutricional, por lo tanto no tuvieron mortalidad esos casos.
Durante el año realizamos 22
penetraciones a comunidades indígenas donde se realizaron consultas de
morbilidad y consultas de promoción y prevención, realizando búsqueda activa de
casos  de enfermedades de salud  pública, además ofreciendo el servicio
integral de la institución en compañía de la EPS”[563]
Avances de las acciones y resultados
obtenidos en el 2016:
·
“Capacitación del personal médico en el cual se
obtuvo adherencia al protocolo y manejo de la enfermedad.
·
Socialización de ruta  integral para  la
atención  de la desnutrición en los niños menores de 5 años  a todos los
empleados asistenciales en la institución.
·
Plantear ante la EPS el pago de jornadas de
salud extramural, ya que no son  pagadas a la IPS.
·
Búsqueda activa de algunos usuarios
insistentes a los seguimientos de control por la DNT   […]”.[564]
Acciones proyectadas en 2017, lograr
fortalecer los lineamientos del DNT, responsabilidades de las IPS, mejorar la
contratación con la EPS donde se refleja el costo adicional que conlleva a
tener un equipo extramural.
b) Anasu Ainwa Ipsi
Indicó que una  mayoría de los
usuarios, pertenecen a la etnia wayuu y  “viven  una crisis humanitaria de
enormes repercusiones sociales, ya que en la situación encaja  en dicha
definición , como la situación que amenaza la salud, la seguridad o el
bienestar de una comunidad o grupos de personas de un país o una región, que puede
ser causada por factores políticos, ambientales o por la no satisfacción de sus
necesidades básicas, que lo debilitan hasta el punto de precisar ayuda y
cooperación internacional que satisfaga sus necesidades de hambre,
infraestructura, educación , etc”.[565]
“[D]e acuerdo con el Rol que desempeñaron en el
SGSSSS, estaremos prestos, como siempre a recibir directrices que nos indiquen
las autoridades judiciales tanto como los alimentos del Ministerio de
respectivo ramo y demás autoridades públicas en materia de atención a la salud
y protección de la vida de niños y niñas wayuu”.[566]
c) Unidad Médica Wayúu Anouta Wakuaipa IPSI
Informaron que la IPSI, realizó las
siguientes actuaciones “cambio de equipos biomédicos, salida de equipos
extramurales, contratación de vehículos para la búsqueda de los pacientes que
por dificultades económicas no pueden salir de las rancherías, capacitaciones
permanentes y evaluaciones”.[567]
d) Asukulaa Anaa Ipsi
En atención a la solicitud,
informaron  que para la vigencia del 2015, la IPS Asukulaa Anaa, atendió
programas de crecimiento y desarrollo mediante  acciones extramurales en los
cuales:
“516 niños y niñas fueron remitidos a
valoración  por nutrición  y pediatría, con diagnósticos de ajo peso 24,
desnutrición proteico – calórica  39, de los cuales ninguno se les solicito
tratamiento la formula terapéutica por parte de los especialistas, continuando
su atención por medicina general en sus controles de crecimiento y desarrollo.
Para el año 2016, se han atendido un
total de 928 niños, de los cuales fueron remitidos a valoración pediátrica  y
Nutrición con diagnóstico de desnutrición proteico- calórica por medicina
general un total de 60”.[568]
e) Eiteraa Jawaapia Ips
Manifestó que “hemos venido
desarrollando en nuestra labor de prestación de servicio de salud y adopción de
lineamientos técnicos para la atención integral de los niños y niñas menores de
5 años en estado de desnutrición de la resolución 5406 de 2015 (capacitaciones
y seguimientos de ruta )y de las actividades de bienestar social ejecutados
para mejorar la condición de vida de la población wayuu”.[569]
f) A-Inmajaa Wayúu Ipsi
Indicó que en lo que respecta a la
implementación de acciones de Recuperación Nutricional con Enfoque Comunitario:
“nuestro alcance se limita a las
obligaciones contractuales adquiridas por la EPS, en lo que concierne al POS de
primer nivel de atención ambulatoria, que incluye el programa de prevención de
la enfermedad y promoción de  la salud definido por la Resolución  0412 del
2000 […]
la situación fáctica que sustenta las pretensiones de
la tutela, se puede sintetizar para el caso de las IPSI Indígenas, de la
siguiente manera ; el valor de la UPC  contratada para nuestro caso es
insuficiente para garantizar acciones de atención en salud y Recuperación
Nutricional a todas las comunidades , y cobertura 100 % optima a las zonas
rurales , ya que estas acciones demandan costos elevados en su operación por el
tipo de transporte que se debe utilizar, el equipo de transporte que se debe
utilizar, el costo del equipo de profesionales interdisciplinarios,
herramientas optimas de medición […]
Los cuales no son pagados por las EPS  a los
prestadores, quedando de presente que mientras no exista una UPC  diferencial
para atender los requerimientos de salud de la población indígena asentada en
los territorios indígenas es posible disminuir los indicadores negativos”.[570]
Asimismo indicaron: “consideramos
respetuosamente , que con  los hechos trascendentales que han ocurrido , en el
Departamento de La Guajira y la continua muerte de niños wayuu a causa de
hambre , ha faltado por parte del Gobierno Nacional, la implementación de medidas
excepcionales y de urgencia, que den respuesta y solución de fondo a estos
lamentables acontecimientos .”[571]
g) Erejeeria Wayúu Ipsi
Con Fundamento en las directrices
del Ministerio de Salud y la Protección Social, la IPSI Erejeeria Wayúu indicó
que:
“se han programado actividades propias
de la IPSI, con acciones intramural y extramural, se focalizan niños en riesgos
y desnutridos y se enrutan, según los delineamientos de la Resolución 005 del
Ministerio de Salud.  Actividades que se realizan dentro de la institución en
consulta,  en los programas de Crecimiento y Desarrollo, y Nutrición, como
brigadas que se realizan a las comunidades teniendo en cuenta los parámetros
Antropomédicos de los indicadores establecidos por el ministerio a través de la
Resolución 4605 del 2016 […]
Es importante recordar al Ministerio de Salud: que los
compromisos adquiridos e incumplidos por  el Gobierno, como resultado de las
tutelas anterior,  se llevaron  CIDH, por violación de los derechos humanos, de
los menores wayuu. La entidad internacional, considera que los indígenas : “ se
encuentran en riesgo debido a la presunta falta de agua potable y el estado de
desnutrición de niñas y niños de la comunidad ” El Gobierno no ha dado
cumplimiento de manera efectiva con la urgencia requerida a las medidas
cautelares  dictadas por CIDH,  en otros sectores del departamento los niños
siguen muriendo y los indígenas no ven por ningún lado soluciones de la zona
afectada,  las acciones para proveer de agua potable y otros  servicios
esenciales a los indígenas wayuu de La Guajira Colombiana”.[572]
h) Ezeq- Salud    I.P.S.I.
La
I.P.S.I.  Ezeq- Salud manifestó que:
“En esta institución se prestan los Servicios de baja
complejidad en salud a  la población afiliada al régimen subsidiado en salud
con cobertura de acuerdo a contratos de prestación de servicios celebrados con
distintas E.P.S.
Actualmente la cobertura poblacional de la Institución
asciende a 16.916 afiliados, conformados por indígenas y no indígenas, con una
población infantil de 1.696, (discriminados por EPS así: Comparta 1130,
Dusakawi 240, Salud  Vida 326) dentro de los cuales no se han obtenido reportes
de muertes por desnutrición u otras causas.
Atendiendo a las necesidades de esta población “se
insistió  mediante múltiples solicitudes ante la Secretaria de Salud del
Departamento hasta obtener  la cantidad  de 380 formulas terapéuticas, agotada
la cantidad suministrada, no fue posible el suministró de nuevas unidades por
parte d la autoridad departamental para continuar  reforzando el estado de
salud nutricional de estos niños”[573]
En
el desarrollo de la Actividad Extramural durante el semestre 2016, I.P.S.I.
Ezeq- Salud Indicó “se visitaron 147 comunidades en las cuales se les ha
brindado la atención en salud a un total de niños y niñas menores de 10 años”.[574]
Entre
las patologías encontradas en zona rural del municipio de Riohacha en el años
2016, se pudo demostrar que “de acuerdo con las valoraciones realizadas por
el medico se encontraron 183 patologías, las cuales fueron diagnosticadas  y
tratadas, haciendo entrega inmediata y oportuna del tratamiento según su
patología diagnosticada por el equipo extramural”.[575]
2.4.2.2. EPS-I
a) Asociación
de Cabildos Indígenas del Cesar y La Guajira – Dusakawi E.P.S.I.
De acuerdo a la solicitud de
información acerca de la implementación de los lineamientos Técnicos para la
atención integral de las niñas y los niños menores de cinco (5) años con
Desnutrición aguda relacionados,  Dusakawi E.P.S.I.  Comunicó que:
“ha venido presentando los servicios de
salud en beneficio a la población indígena, ofreciendo sus servicios en los
departamentos de La Guajira, garantizando una  prestación de servicio  acorde
con las características  socioculturales de cada pueblo, contribuyendo  a
fortalecer el saber y los planes de vida propios, los recursos y autonomía de
los pueblos indígenas en sus territorios.
En los Últimos años la problemática de
desnutrición en la población indígena, que representan  la mayoría de la
población afiliada a  Dusakawi E.P.S.I. ,  se ha venido incrementando,
necesidades y responsabilidad compartidas con demás instituciones
comprometidas tal es el caso de La Guajira en donde  53 %  de los casos
diagnosticados con desnutrición corresponden a estos municipios priorizados
como Manaure, Maicao, Riohacha ” [576]
Por lo anterior, la Institución ha
fortalecido las acciones relacionadas al (i) Fortalecimiento  de las
estrategias de atención extramural, (ii) Disponibilidad  y capacidad resolutiva
de la Red prestadora de servicios para la atención de la DNT  aguda, (iii)
Mejoramiento de Recurso Humano de las Instituciones  para los Municipios Priorizados,
(iv) Fortalecimiento de la accesibilidad para mejoramiento de la calidad del
servicio de los menores con los medios de transporte extramural y
acompañamiento de los agentes de salud en estos municipios, (v) prestación de
modelo de abordaje a la desnutrición en La Guajira, (vi) Seguimiento a las
acciones completarías en seguridad alimentaria y nutricional con otros
sectores.
Señaló que siendo la desnutrición la
razón por la cual “nos vemos comprometidos como entidad en la implementación
de un sistema de búsqueda o captación  mediante el proceso de visita a las
comunidades, concertación  con las autoridades y familias  o cuidadores que
permiten en primera instancia el paso para abordar esta población, teniendo en
cuenta que el indígena no accede a los servicios de salud  tan fácilmente por
las múltiples situaciones culturales”.[577]
b) Asociación
Indígena del Cauca – AIC  EPS-I
Respecto a las acciones y
estrategias de detección o identificación de casos de niñas y niños menores de
cinco años con cuadro de desnutrición o riesgo por bajo peso para la talla.
La  AIC  EPS-I , en coordinación con la IPSI Minga, encargada  de la ejecución
del proyecto de salud Indígena (atención diferencial de salud ) –  creó una
estrategia llamada  Tejedores de la vida  Wayúu, “con el objetivo de
Contribuir en la recuperación nutricional de la población infantil Wayúu,
donde  se realizan diferentes tareas como ser: demanda inducida( remisión a
todo niño con riesgo o estado de desnutrición ) e inscripción y seguimiento al
despertar  de las semillas, se realizan  barridos  por toda la comunidad, pero
debido al medio ambiente  adverso dificulta las actividades programadas y la
migración de la comunidad en busca de mejor ingreso económico y calidad de
vida  nos dificulta  las visitas programadas   por el promotor  o equipo
extramural .”[578]
Como medida estratégica la
Asociación Indígena del Cauca – AIC  EPS-I Indicó que “se incorporó al
programa de salud Indígena, el equipo extramural, conformado por médico
general, psicología, nutrición, enfermera jefe ;como principal función realizar
el seguimiento de los niños  en riesgo y estado de desnutrición, pero  por las
adversidades  medio ambientales  y migración constante de las familias Wayúu
dificulta el trabajo y seguimiento del equipo, se anexa seguimiento de
promotores y equipo extramural además el acompañamiento familiar ”.[579]
2.4.3. Tercera Comunicación
El Ministerio de Salud y Protección
Social, envió  Informe de Gestión de fecha  28 de  febrero de 2017, en el cual
indicó los requisitos que debe cumplir una comunidad indígena para ser
beneficiaria de sus programas y si el Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social hace concertaciones.
Por lo anterior, se informó que el
Gobierno Nacional a través de Prosperidad Social se encuentra adelantando en
los Municipios de Uribia, Manaure y Maicao del Departamento de La Guajira, “la
Estrategia Integral de Seguridad Alimentaria, Nutrición y Agua,  que beneficia
a 28 comunidades mediante la ejecución del convenio 046 de 2014, celebrado
entre la Fundación Panamericana  para el Desarrollo FUPAD  y El Departamento
para la Prosperidad  Social.”[580]
En el marco de esto, se atendió a 16 comunidades, 9 en el Municipio de Manaure
y 7 en el Municipio de Uribia (convenio que se encuentra en liquidación.
Informó que los requisitos que debe
cumplir la comunidad indígena para ser beneficiaria de sus programas son los
siguientes:
“1. Contar con Centro Etnicoeducativo,
2. No contar con una solución de agua  para el consumo, 3. Que estas
comunidades no se encuentren entre ellas en ningún tipo de conflicto humano, 4.
Puntos centrales que permitieran acceso al agua a varias comunidades. 5. En
cada intervención se realizó el proceso de focalización en compañía de las
administraciones municipales de Uribia, Manaure y Maicao, además los
profesionales  sociales contratados por el operador son Wayúu y manejan la
lengua Wayunaiqui,  realizando en cada una de las comunidades priorizadas
concertaciones en compañía del Ministerio del Interior, autoridades
tradicionales beneficiarias, comunidad beneficiaria, Representante del
Municipio, el operador y representantes de la Prosperidad Social, de estas
concertaciones reposan actas  y archivos fotográficos, los cuales se encuentran
debidamente remitidos al Ministerio del Interior.
Prosperidad Social no hace intervención
alguna en el Departamento de La Guajira, sin concertación previa con las
comunidades. A la fecha hemos llegado con los programas RESA, IRACA e
INFRAESTRUCTURA  y para cada uno de ellos  cuenta con el requisito de la concertación
realizado tal y como consta en las actas suscritas  por los representantes y
prosperidad social”.[581]
2.5. Ministerio de
Vivienda: Viceministerio De Agua Potable y Saneamiento Básico
En respuesta a la prueba solicitada
mediante oficio OPTB 1131/16 de la inspección  Judicial de Casa Azul en el
Municipio de Manaure,  el 2 de Marzo de 2017, el Viceministro de Agua Potable y
Saneamiento Básico, indicó que en el marco del proceso de estructuración del
esquema de suministro de agua potable para las zonas rurales de los municipios
de Uribia, Manaure y Riohacha, definió los siguientes criterios para la
selección de puntos donde se implementaran proyectos:
·
Disponibilidad de Información georreferenciada
de la distribución de la población en el territorio.
·
Disponibilidad de Información de calidad y
cantidad de agua de pozos profundos existentes.
·
Disponibilidad de estudios y diseños para la
construcción de pozos para abastecimiento de agua en zonas rurales
(Corpoguajira o entidades territoriales).
·
Socialización y acuerdos con la Mesa de
Concertación Wayúu.
2.6. Ministerio de
Educación
En atención a los requerimientos de
información de la Inspección Judicial realizada a la comunidad Zucaramana, el
Ministerio de Educación envió informe indicando qué acciones desde el Gobierno
Nacional, Departamental o Municipal se realizaron para el proceso de tránsito
desde la Educación Inicial a la Educación Formal y qué articulación ha tenido
el Ministerio de Educación Nacional con el ICBF  para el tránsito entre la Educación
Inicial y la Educación Formal.
Por lo anterior, el Ministerio de
Educación ha evidenciado que las transiciones que mayor impacto tienen son “Al
momento de ingresar los niños y las niñas a la educación inicial, las que
suceden cuando las niñas y los niños ingresan a la educación formal, las
transiciones que suceden cuando los niños y las niñas se encuentran en la
educación formal”.[582]
En el anterior contexto, el
Ministerio de Educación Nacional brinda lineamientos de política para que la
ocurrencia de las transiciones sea intencionada y armónica con el fin de “potenciar
el desarrollo integral de la primera infancia, mejorar la calidad de las
interacciones entre los adultos y los niños, y con esto la calidad del proceso
educativo pedagógico y garantizar la continuidad y permanencia de las niñas y
niños en el sistema educativo ( continuidades pedagógicas y mejores procesos de
matrícula”.[583]
Corolario a lo anterior, la
Dirección de Primera Infancia del Ministerio de Educación Nacional diseñó, en
vigencia 2015, la estrategia “¡Todos Listos!”, en el cual se enmarca la guía de
orientaciones para la promoción de transiciones armónicas en el entorno
educativo de los 0-7 años, utilizando  criterios para focalizar entidades
territoriales certificadas en educación para la implementación de ¡Todos
Listos!, como: “El Compromiso con  la Educación  Inicial, Alertas en los
índices de deserción en grado transición y primero, Alertas en los índices de
repitencia en primero de primaria”.[584] Afirmó que esta estrategia que solo fue
implementada en el Municipio de Maicao.
Ahora, como parte de la revisión
citada dentro del proceso de implementación de la estrategia Ruta de Transito
Armónico, se coordinó entre el Ministerio de Educación, el Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar (ICBF) y el Departamento para la Prosperidad Social (
DPS), “se socializó durante el año 2016 a los líderes de cobertura  de la
Secretaria de Educación en encuentros regionales; para el departamento de La
Guajira y sus entidades territoriales certificadas  en educación , el encuentro
se realizó en Cartagena el 6 de octubre de 2016”.[585]
Finalmente el Ministerio de Educación
Nacional firmó convenio con el ICBF,  para aunar esfuerzos técnicos y
administrativos “para la implementación del servicio de atención integral a
la primera infancia en el grado de transición en entidades territoriales
certificadas en educación y para el fortalecimiento de las prácticas
pedagógicas en los hogares comunitarios de bienestar”.[586]
2.7. Dirección de
Asuntos Étnicos de la Unidad para las Victimas
La Dirección de asuntos Étnicos de
la unidad para las víctimas, recibió copia en el que junto a otros firmantes, “manifiestan
no haber recibido ayuda humanitaria en el marco del retorno a la comunidad
indígena Wayúu de Alitayen, corregimiento El Pájaro dentro del resguardo Alta y
Media Guajira. Así mismo, refieren carecer de agua potable y proyectos
productivos para la subsistencia de 111 familias que se relacionan”.[587]
Por lo anterior, “en la más reciente disposición , la circular interna de la
unidad para las victimas  No. 003 de 20 de octubre  de 2015, establece los
procedimientos para dar trámite a la solicitud d ayuda humanitaria de las
víctimas de desplazamiento forzado así como los procedimientos para identificar
carencias de cara a la medición de la subsistencia mínima”. [588]
Según informe Dirección de asuntos Étnicos de la unidad Para las victimas  “se
determinó que un total de un 819 personas cruzadas por medio  de los listados
censales que ustedes remitieron, pertenecientes a las comunidades de Altayen,
Calabacito, Lamalet I, Uriakat II, Las Americas, Kustema, Lounay, Walerumana,
Tapuaja, Churupa y Kousimana, solo se encontraron 19 personas incluidas en el
Registro Único de víctimas y solo 6 han recibido ayuda humanitaria”.[589]
Finalmente en atención al bajo número
de las personas incluidas en el RUV, conviene recordar que el primer paso para
que sea reconocida la condición de víctima o cualquier otro hecho victimizante,
debe ser conforme a lo establecido por la Ley 1448 y el Decreto Ley 4633 de
2011.
2.8. Dirección de
Asuntos indígenas  Rom y Minorías
En atención a la solicitud allegada
Soliwou Laulayu, resguardo ubicado  en la jurisdicción del Municipio de
Riohacha del departamento de La Guajira, se adujo que “en igual sentido informo
la reunión en las instalaciones de la Agencia Nacional  de Tierras, el día 7 de
julio de 2016, por medio del cual se dejó el precedente frente a la solicitud
respecto al proceso de constitución del resguardo en mención”.[590]
2.9. Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)
Primera Comunicación
El ICBF informó, que realizó proceso
puntual de micro-focalización entre el año 2014 y 2015, en la zona rural de los
municipios de Uribia, Manaure y Maicao, con el fin de avanzar la
caracterización de las familias del departamento de forma articulada y con
enfoque diferencial las políticas, programas y servicios de atención a la
población más vulnerable, lo que constituye una aproximación a la población
Wayúu, sus condiciones de vida y su situación nacional a partir de:
a)    Participación voluntaria de las comunidades
b)    Consentimiento y autorización expresado las autoridades
tradicionales (reconocidas como tales por la comunidad de cada ranchería).
c)
Inversión $8.157.044.650, la
microfo-focalizacion se realizó en dos fases: la primera se llevó a cabo entre
noviembre 2014 y febrero de 2015, y la segunda inicio en junio y concluyó en
diciembre de 2015.
d)    Permitió geo-referenciar; identificar las condiciones de salud y
nutrición de los niños, niñas , adolescentes , mujeres gestantes y en periodo
de lactancia, cobertura de servicios públicos , acceso a fuentes de agua y
sistemas de almacenamiento y disponibilidad de alimentos y determinar, y
remisión según ruta de atención a las diferentes entidades a nivel territorial.
Corolario a lo anterior, en el marco
de la micro-focalización 2014 - 2015 realizado por el ICBF y en respuesta a la
situación nutricional de la población infantil abordada por la alta guajira, “se
diseñó e implemento “la ruta integral para la atención  a la desnutrición aguda
en población menor de 5 años, en articulación del Ministerio de Salud y
Protección Social que los identificadas con desnutrición aguda”.[591]
Del mismo modo, para mitigar la
problemática de desnutrición de La Guajira, teniendo en cuenta las condiciones
geográficas y dispersión de la población, y con el fin de garantizar los
derechos de los niños, niñas y adolescentes, el ICBF “Fortaleció la
Estrategia de Recuperación Nutricional para la vigencia 2016, con el Fin de
atender la población en el proceso de micro-focalización, así como aquella en
vulnerabilidad nutricional. La estrategia de Recuperación Nutricional tiene
como objetivo contribuir a mejorar y /o recuperar el estado nutricional de
niños y niñas menores de cinco (5) años  de edad, mujeres gestantes y madres en
periodo de lactancia, a través de acciones de atención y promoción de las
buenas prácticas de salud y nutrición con la corresponsabilidad de la familia,
la comunidad y las instituciones del Sistema Nacional de Bienestar Familiar
(SNBF)”.[592]
2.10. Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social
2.10.1. Primera
Comunicación
El Departamento Administrativo para
La Prosperidad Social presentó el resultado obtenido con las acciones
realizadas en el año 2015 con el programa  Red de Seguridad Alimentaria, que
tiene como objetivo principal mejorar el acceso y el consumo de los alimentos
de las familias, mediante la producción de alimentos para el autoconsumo, la
promoción de hábitos alimentarios saludables y el uso de alimentos y productos
locales para contribuir con la disminución del hambre y el mejoramiento de la
seguridad alimentaria en el país.
Sobre el 2015 el programa Red de
Seguridad Alimentaria declaró que: “se desarrolló en 15 municipios del
departamento de La Guajira, con cobertura en de 12.170 hogares, específicamente
en los municipios de la alta Guajira, con un balance de las actividades
desarrolladas durante el 2015 con una cobertura de 4.880 hogares”.[593]
Adicionalmente, para el 2016 los
3.780 hogares vinculados en 2015 hacen parte de las 123 comunidades indígenas
recibieron el 100 % de encuentros motivacionales, entregas de insumos 100%
todas las familias, quienes recibieron, “tanques  de 250 lt, vajillas,
filtros, delantales, cofias, abono orgánico, poli sombra, alambre de púa, pala,
palín”[594],
entre otros.
2.10.2. Segunda
Comunicación
El ICBF, mediante comunicación del 7
de marzo de 2017, incorporó las respuestas a los interrogantes realizados por
la Honorable Corte Constitucional en el marco de las inspecciones judiciales y
audiencias públicas realizadas los días 20, 21 y 22 de febrero de 2017. De la
siguiente forma:
·
¿Por qué el ICBF no concerta el operador con las
comunidades?
El ICBF manifestó que en materia de
contratación de los servicios o programas de atención de la entidad, Decreto-
Ley 2150 de 1995, proferido con base en facultades previstas en la Ley 190 del
mismo año, conocido como estatuto anticorrupción en su artículo 122, “estableció
que para la prestación del servicio de bienes familiar se podrán celebrar
directamente los contratos con entidades sin ánimo de lucro del sistema
Nacional de Bienestar Familiar”.[595]
Es por esto que el ICBF a través del contrato de aporte, contrata con las
entidades sin ánimo de lucro que integran el Sistema Nacional de Bienestar
Familiar, las cuales se obligan a garantizar la calidad y continuidad de la
atención a los niños, las niñas los y las adolescentes y los integrantes de la
familia por medio de programas representativos.
En ese sentido, corresponde al ICBF
por mandato legal, la escogencia del operador que ejecutará los programas que
implementa el instituto, “siendo imposible que se deje esta facultad a las
comunidades étnicas, entre otros aspectos, por el hecho de que estos programas
no sólo van dirigidos a la población de primera infancia del territorio”,
[596]
teniendo en cuenta el enfoque diferencial.
Atendiendo a las necesidades de
contratación afirmó que “la concertación o la consulta previa no puede ser
usada como un mecanismo para burlar, morigerar o menguar los requisitos que la
Ley impone para la contratación, por tal razón si una comunidad o consejo
comunitario desea presentarse como candidato a operador de los programas de
primera infancia del ICBF, dicha comunidad o consejo debe cumplir estrictamente
los requisitos de contratación  y los pliegos de condiciones del proceso”.[597]
Ahora bien, con respecto a la
operación de los servicios de la modalidad propia manifestó que se puede
contemplar por dos vías:
a) “La
contratación directa en aquellos casos en los cuales no exista Banco Nacional
de oferentes o existiendo, no se contempló alguna modalidad, municipio o zona o
tipo de circunstancia especifica de prestación de servicio público de bienestar
familiar, caso en el cual corresponderá a la dependencia o a la respectiva
regional en la cual surja la necesidad”[598]
siempre y cuando cumpla con los requisitos legales.
b) Como
segunda opción, “para la prestación del servicio público de bienestar
familiar en territorios indígenas no habitados, y en territorios de población
de raza Negra, Afrocolombiana, Raizal, Palenquera y Rom, se utilizara la
modalidad de contratación que corresponda de conformidad a la Ley, sin que para
ello requiera que el prestador del servicio, se encuentre habilitado en el
Banco Nacional de Oferentes del ICBF”.[599]
Por otro lado, la Corte
Constitucional manifestó que el ICBF no cuenta con los lineamientos claros para
la implementación de las modalidades de atención, frente a lo cual la
subdirectora de Operaciones para la atención de la Primera Infancia indicó que
todo su manual operativo se encuentra publicado en la página Web del Instituto,
y que por ende, toda la ciudadanía tiene acceso a los documentos respectivos.
Frente a dicha explicación se preguntó:
·
¿Se encuentran los manuales redactados en el idioma
wayúu?
El ICBF manifestó que las
modalidades de educación inicial cuentan con unas condiciones establecidas de
calidad bajo el liderazgo del Ministerio de Educación. Estas condiciones de
calidad, en el componente Administrativo y de Gestión, establecen en el
estándar 53 notas 3 y 4, en cuanto al reconocimiento del idioma Wayúu lo
siguiente: Nota 3 “la documentación reconoce las formas e instrumentos que las
comunidades proponen desde su lengua y cultura”. [600] Nota 4 “las
Entidades Administradoras del servicio EAS promoverán que los instrumentos y
formatos de la modalidad estén en la lengua de las comunidades usuarias”.
[601]
·
¿Si la comunidad no tiene internet de qué otra
forma pueden acceder a conocer los manuales?
Indicó que los manuales operativos “se
encuentran impresos tanto en los Centros Zonales como en la Dirección Regional
de La Guajira. El instituto siempre está presto a poner a disposición de las
comunidades y autoridades los manuales operativos”.[602]
·
¿Cuáles son los aspectos a concertar con las comunidades?
Adujo “respecto a la atención
integral a la primera infancia, en los planes de desarrollo 2010 – 2014
prosperidad para todos, las entidades del Estado participaron en la consulta
previa con la comisión Consultiva de Alto nivel de Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y palenqueras, la Mesa permanente de concertación con
los Pueblos y Organizadores Indígenas y la Comisión Nacional de diálogo con el
pueblo Rom o Gitano, se hizo expreso el acuerdo de concertar la prestación  del
servicio con las comunidades étnicas”.[603]
En ese sentido, desde la Dirección
de Primera Infancia del ICBF dentro de las acciones que desarrolla, contempla
la implementación de servicios que garanticen una atención pertinente y de
calidad a los grupos poblacionales pertenecientes a las comunidades étnicas,
teniendo en cuenta: (i) la concertación es un espacio de dialogo, (ii) la
concertación tiene como objetico principal llegar a acuerdos con las
comunidades sobre los componentes de la atención, y (iii) la concertación es
también un espacio ideal para reafirmar el principio de corresponsabilidad.
·
¿Qué resultados positivos y negativos han tenido
estos procesos de concertación?
En 2016 y lo que va de 2017, el ICBF
ha sostenido permanentes espacios de diálogos y concertación con las
comunidades y autoridades étnicas de La Guajira.
Estos espacios de diálogo y
concertación han tenido como principales aspectos positivos: “(i) reafirmar
el principio de corresponsabilidad con las comunidades, principio que refiere a
la concurrencia de actores y acciones conducentes a la garantía de derechos de
los niños y niñas; (ii) han sido escenarios propios parapara generar
empoderamiento en las comunidades sobre los programas de primera infancia el
ICBF, lo que abona terreno para una veeduría comunitaria de la prestación del
servicio con pertenencia y calidad; (iii) han generado los derroteros para la
atención, pues los acuerdos a los que se llegan con las comunidades y sus
autoridades en la fase de concertación  del manual operativo de la modalidad,
definen las características de la prestación del servicio”. [604]
Por otro lado, dentro de los
aspectos a mejorar de destaca: “(i) la necesidad de que en estos espacios de
diálogo y concertación se de prelación a la voz de las comunidades y sus autoridades
y que no sean cooptados por personas ajenas al servicio con intereses en la
contratación u otros intereses; (ii) mejorar los canales y vías de convocatoria
para garantizar que a dichos espacios acudan el mayor número posible de
autoridades y miembros de las comunidades.”[605]
·
¿Cómo se realiza el proceso de supervisión a la
operación de los servicios de las modalidades de La Guajira?
Siendo el objetivo principal
realizar el control y el monitoreo permanente a las entidades Administradoras
del Servicio (EAS) que prestan los servicios de atención integral a la primera
infancia, estas se supervisan así: “la supervisión de los contratos, por
regla general se encuentran en cabeza de los coordinadores del centro zonal,
estos a su vez cuentan con equipos de apoyo a la supervisión que encargan,
entre otros asuntos, de la realización  de visitas a las unidades de servicio y
sedes administrativas de las Entidades Administradoras de Servicio, así como la
realización de informes y reportes periódicos sobre el ejercicio”. [606]
·
¿Cómo se realiza la focalización de los
beneficiarios de los servicios?
Entendiendo la focalización como el
proceso mediante el cual se garantiza que el gasto social se asigne a los
grupos y población más pobre y vulnerable, definida en la Ley 715 de 2001. Esta
priorización y selección de los beneficiarios se realiza teniendo en cuenta los
siguientes criterios: (i) Víctimas de hechos violentos asociados al conflicto
armado, Ley 1448 de 2001 y los Decretos Ley 4633, 4634 y 4635 de 2001, (ii) egresados
o usuarios de las modalidades de la Estrategia de recuperación Nutricional,
(iii) quienes se encuentran en proceso administrativo de restablecimiento de
derechos, (iv) pertenecientes a familias identificadas a través de la
Estrategia para la Superación de la Pobreza Extrema, (v) remitidos por las
entidades SNBF que se encuentren en situación de vulnerabilidad, (vi)
pertenecientes a comunidades étnicas, (vii) con discapacidad, que cumple con al
menos uno de los criterios de priorización, (viii) pertenecientes a los
proyectos 100 mil viviendas y viviendas de interés prioritarios, y (ix)
pertenecientes a hogares cuyo puntaje de Sisben sea igual o inferior a los
nuevos puntos de corte definidos para Primera Infancia.[607]
·
¿Qué pasa desde el momento en que se contrata el
operador, la ejecución del contrato y cierre del servicio?
Adujo que una vez se suscribe el
contrato de aporte, durante su ejecución, el ICBF a través de los Centros
Zonales brinda asistencia técnica a las EAS con el fin de que fortalezcan los
componentes de la atención.
Así mismo, tanto para el inicio como
para la ejecución y cierre del servicio, los Manuales Operativos de cada
modalidad de atención señalan las actividades que deben ser realizadas por las Entidades
Administradoras del Servicio –EAS-. En este sentido se encontró: (i) fase I
concertación; (ii) fase II preparatoria, la cual involucra el desarrollo de
actividades de aislamiento y (iii) fase III implementación del Servicio, que
incluye las actividades relacionadas directamente con la prestación de la
atención y su inicio. [608]
2.10.3. Tercera comunicación
Grupo de Trabajo
Infraestructura Social.
Indicó mediante oficio de fecha 11
de octubre de 2016  que “prosperidad social desarrolla actualmente en los
municipios de Uribia, Manaure y Maicao estrategia integral de Seguridad Social Alimentaria,
Nutrición y Agua, y que en el marco de la estrategia suscribió convenio
interadministrativo No. 204 de 2016 con la Universidad nacional  para la
Gestión del Riesgo de Desastres – Fondo Nacional de gestión de riesgo UNGD.
[…]”.[609]
Finalmente es preciso indicar, “que
en cuanto al abastecimiento de agua potable las comunidades rurales en La Guajira,
puntualmente para el municipio de Manaure “el gobierno nacional a través del
ministerio de vivienda, ciudad y territorio- viceministerio de agua, formula la
implementación de una estrategia para la distribución del agua potable a
poblaciones indígenas rurales dispersas”.[610]
Asociación de Autoridades
Tradicionales Indígenas Wayúu del área de influencia inmediata de las salinas
marítimas industriales de Manaure.  Mediante oficio de 18 de febrero de 2016,
solicitaron perforación de pozos profundos para comunidades indígenas wayuu –
municipio de Manaure La Guajira a fin de “dar por solucionado uno  de los problemas
más frecuentes que nos aqueja a diario de la falta de agua en esta zona, debido
por el intenso verano que azota nuestra región, por causa de la crisis de la
fuerte sequía efecto del fenómeno del niño”.[611]
La comunidad Talat’sh  Tepichi
expresó que “son una organización de mujeres wayuu de diferentes zonas de La
Guajira, que decidieron construir en el 2004, una entidad que impulsara la
protección integral de la niñez, indígena,  de la mano de la familia, la
sociedad y el Estado, en el marco de la Nación pluriétnica y cultural colombiana,
la cual denominamos fundación talat’sh tepichi, que en nuestro idioma wayunaiki
significa niños felices”.[612]
Por lo anterior “solicitan
presentar un informe detallado de nuestras apreciaciones  sobre el
fallecimiento de más de mil niños wayuu en los últimos años”.[613]
2.11. Superintendencia Nacional De Salud.
La Superintendencia Nacional de
Salud, procedió a enviar informe de la Superintendencia Delegada para la
Supervisión Institucional y la Superintendencia Delegada para la Protección al
Usuario.
2.11.1. Superintendencia
Delegada para la Supervisión Institucional
Como consecuencia de los hallazgos
establecidos en la auditorías realizadas, durante el primer semestre 2015, se
impusieron sanciones a las EPS Anawayuu, Dusakawi, Comfacor, Comparta, Aic y
Coprecom, por la violación de normas que rigen el Sistema General de Seguridad
Social en Salud, por fallas en la prestación del servicio de salud a menores de
edad indígenas fallecidos en el departamento de La Guajira y que estaban
afiliados a dichas EPS. Las EPS  no implementaron programas de salud y
prevención de enfermedades garantizando en el lugar de residencia de los
menores la prestación del servicio de salud y acceso al derecho a la salud
junto con el esquema completo de vacunación.[614]
De igual manera fue sancionado el Departamento
de La Guajira por no gestionar la prestación de servicios de salud oportunos,
eficientes y de calidad a menores fallecidos pertenecientes a la población
pobre no asegurada. A su vez por no cumplir  varias de sus responsabilidades de
dirección, coordinación y vigilancia del sector de salud en el territorio de su
jurisdicción, así: a) No realizar acciones de seguimiento a las mesas de
trabajo que realizarían diferentes actores del departamento para elaborar la
Ruta de Atención de los niños con desnutrición o riesgo nutricional. b) No
realizar seguimiento a los procesos de acceso y atención en salud de los niños,
niñas madres gestantes del pueblo wayuu. c) Ejecutar parcialmente el “Plan para
la implementación de acciones que permitan contribuir  con la disminución de
la  desnutrición infantil en La Guajira 2014- 2015.” d) No lograra coberturas
útiles de vacunación en la vigencia 2014 para los biológicos: Toxoide
Tetánico, DPT Acelular y Sarampión Rubeola, frente al Programa Ampliado de
Inmunización – PAI. e) No evidenciar gestión para asegurar el funcionamiento de
la Red de Bancos de Sangre en el Departamento. f) No realizar seguimiento ni
evaluación del plan de choque para la Reducción de la Mortalidad Materna
remitido a la Superintendencia Nacional de Salud desde el año 2011.”[615]
La Superintendencia
Nacional de Salud mediante Auto No.0098 del 17 de marzo de 2015, ordenó la
visita intempestiva a la Secretaria Departamental de Salud de La Guajira , en
la se establecieron  los siguientes hallazgos:
a)
“La entidad territorial presuntamente no se
encuentra liderando el proceso de elaboración de ruta de atención oportuna y
coordinada con el sector de salud que permita superar las barreras de acceso a
los servicios de salud, principalmente en los casos de niños con desnutrición o
riesgo de tal situación.
b)    La ejecución del  Plan  de Contingencia para la Prevención y Control
de la Desnutrición para La Guajira 2014, no se ha cumplido en su totalidad.
c)
El Plan  de Contingencia para la Prevención y
Control de la Desnutrición para La Guajira 2014, acordado y ajustado, carece de
indicadores que permitan medir el impacto de las gestiones realizadas para
efectos de disminuir la mortalidad infantil por desnutrición o asociados a
esta.
d)    LA Dirección Departamental de Salud omitió realizar Unidades de
Análisis  para la totalidad de los casos de muertes (42 casos) durante la
vigencia del 2014.
e)
El Departamento de La Guajira no logro
coberturas útiles de vacunación en la vigencia 2014,  con el fin de disminuir
la mortalidad por enfermedades inmunoprevenibles, mediante la efectiva gestión
y administración del PAI en Colombia y sus territorios.”[616]
Así mismo se logró establecer que “la
Secretaria Departamental de salud de La Guajira no coincide con los datos
reportados por el Instituto Nacional de Salud, lo anterior, demuestra  que la
Secretaria de Salud no reporta información de forma confiable, oportuna y clara”.[617]
La Superintendencia Nacional de
Salud, “mediante los Autos mencionados ordeno: Realizar visita, en
cumplimiento de la medida cautelar No. 51-15 del 11 de enero de 2015 d la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Acción de Tutela
No.44001-22-14-002-2016-00003-000, de la Resolución 5406 de 2015 y de la Circular
Externa 00005 de 2016, al municipio de Uribia, Manaure, Maicao y al
departamento de La Guajira y/o aquellas entidades vigiladas por la
Superintendencia Nacional de Salud”.[618]
La Delegada para la Supervisión
Institucional elaboró un informe final con los diferentes hallazgos encontrados
de cada visita realizada a los vigilados,  así mismo  solicitó Plan de
Mejoramiento, los cuales se encuentran en este Estado:
“[…] visitas a entidades territoriales:
Plan De Mejoramiento Departamento de La Guajira: APROBADO PARCIALEMNTE. Plan de
Mejoramiento Riohacha: NO SE APRUEBA. Plan de Mejoramiento Manaure: NO SE
APRUEBA. Plan de Mejoramiento de Uribia: No lo ha sido entregado. Se retiró
requerimiento.
[…] Respecto a la evaluación de EPS: Actualmente
y teniendo en cuenta que se deben conservar los principios de equidad y el
bloque constitucional especial de normas frente a las EPSI, esta
Superintendencia se encuentra modelando  el ajuste metodológico para la toma
de decisión frente a la revocatoria parcial de la habilitación de algunas EPS
que operan en el Departamento de La Guajira. Vistas EPS: Los planes de
mejoramiento remitidos con las acciones desarrolladas para subsanar de fondo
los hallazgos encontrados están  en revisión para ser remitidos a los vigilados
con las observaciones técnicas respectivas.
[…] Seguimiento de los Casos reportados por la
Circular 005: Total de casos requeridos 1775;  actualmente la gran mayoría de
estos casos se encuentran en seguimiento por lo cual, si se encuentran
irregularidades en el cumplimiento d la normatividad vigente, se podría dar
traslado a la Delegada de Procesos Administrativos, la cual conocería de
acuerdo  con sus facultades y establecería si existe merito o no a sanción.
La Dirección de Atención al usuario  requirió a
las EPS correspondientes, adicional a la información puntual sobre cada uno de
los casos, información donde la EPS soporte  la aplicación  de acciones con
ocasión a la evaluación de las respuestas remitidas por las mismas a los
requerimientos en comento: Asociación Indígena del Cauca: 11 casos. Asociación
Mutual Barrios Unidos de Quibdó Ambuq EPSS: 17 casos. Anas Wayúu EPSI: 48
casos. Cafesalud EPS: 21 Casos. Cajacopi Atlántico EPS: 3 casos.  Comfacor EPS:
10 casos Comfaguajira EPS: 53 Casos Comparta EPS: 90 casos. Coomeva EPS: 12 casos.
Coosalud ESS EPS – S: 7 casos. Dusakawi EPSI: 34 casos. Emdisalud ESS: 34 casos
.Nueva EPS: 12 casos.  Salud Vida EPS: 71 casos.  Sura EPS: 39 casos. Ecoopsos EPS:
2 casos. Sura EPS: 39 casos. Manexka EPS: 14 casos. Pijao Salud EPS: 2 casos. Secretaria
Departamental de Salud de La Guajira: 58 Casos […]. ”[619]
2.11.2. Superintendencia Delegada
para la Protección al Usuario
La Dirección de Atención al Usuario
a través de sus diferentes grupos de trabajo requirió a varias EPS, IPS y Entes
Territoriales con el fin de que dentro de un término establecido informen lo
referente a la prestación de Servicios de Salud a menores en estado de
desnutrición o riesgo de padecerla. Para un total de Casos Requeridos desde el
2015 al 2016: 1775, lo cuales en su mayoría se encuentran en seguimiento.
“La Dirección de Atención al Usuario
tuvo conocimiento de los casos  relacionados a continuación, de los cuales en
ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control requerirá a las
EPS correspondientes, adicional a la información puntual sobre cada uno de los
casos, se les solicitara información a las EPS  teniendo en cuenta lo
incompleto o de lo que se le solicite ampliación con ocasión a la evaluación
de las respuestas remitidas.
Asociación Indígena del Cauca: 11 casos.
Asociación  Mutual Barrios Unidos de Quibdó Ambuq EPSS: 17 casos. Anas Wayúu
EPSI: 48 casos. Cafesalud EPS: 21 Casos. Cajacopi Atlántico EPS: 3 casos.
Comfacor EPS: 10 casos Comfaguajira EPS: 53 Casos Comparta EPS: 90 casos. Coomeva
EPS: 12 casos. Coosalud ESS EPS – S: 7 casos. Dusakawi EPSI: 34 casos. Emdisalud
ESS: 34 casos .Nueva EPS: 12 casos.  Salud Vida EPS: 71 casos.  Sura EPS: 39 casos.
Ecoopsos EPS: 2 casos. Sura EPS: 39 casos. Manexka EPS: 14 casos. Pijao Salud EPS:
2 casos. Secretaria Departamental de Salud de La Guajira: 58 Casos .Total de
casos: 538”.[620]
En Requerimiento a La Secretaria
Departamental de Salud de La Guajira , “La Superintendencia Nacional de
Salud  tuvo conocimiento sobre presuntas deficiencias en la prestación de los
servicios de salud de los menores de edad del   municipio de Riohacha , de los
cuales al parecer, 20  niños presentan cuadro de desnutrición aguda, 12 niños
desnutrición aguda severa, 154 niños a riesgo de peso bajo para la talla, 140
niños obesidad, 387 niños sobrepeso y 1767 niños con peso adecuado para la
talla”.[621]
Así mismo,  en requerimiento a la
Asociación de Cabildos Indígenas del Cesar  y La Guajira Dusakawi EPSI, Comfaguajira,
Anas wayuu EPSI.  La Superintendencia Nacional de Salud tuvo conocimiento
“sobre presuntas deficiencias en la prestación de los servicios de salud de
los menores de edad del municipio de Riohacha, lo que condujo a un cuadro de
desnutrición aguda, en algunos casos,  y al riesgo de peso bajo para la  talla”.[622]
En respuesta a dicho requerimiento:
La Asociación De Cabildos Indígenas
Del Cesar  y La Guajira “Dusakawi EPSI” manifestó que:
“[…] hemos realizado la trazabilidad de
cada menor relacionado y hemos encontrado que la mayoría de los casos se les ha
garantizado los servicios requeridos y han sido ubicados dentro del territorio
donde habitan. Además una vez efectuado análisis de la atención a los menores
relacionado en los programas de preventivos y de los niveles de atención  ha
determinado que son muchos los factores  que están presentes en las comunidades
indígenas afiliados al Municipio Riohacha entre estas podemos resaltar:
·
Las costumbres y creencias tradicionales
ancestrales, hacen que tengamos barreras culturales al momento de la prestación
de salud o ejecución de las  actividades preventivas.
·
Dificultad de la accesibilidad  de la población
a donde se les presta el servicio.
·
Carecen de las condiciones básicas ( luz, agua
potable, recolección de basuras y otras )
·
Hay problemas o carencia económica para
garantizar una alimentación adecuada para la edad del menor, en condiciones de
vida digna en las comunidades indígenas, esto hace que estos menores sean mucho
más vulnerables a la desnutrición la cual es de origen multifactorial y su
abordaje igualmente es con acciones conjunta de las instituciones
comprometidas.
Dusakawi EPSI  ha dispuesto acciones
para abordar la prestación  de servicio de salud en estas comunidades:
1. Fortaleciendo la búsqueda activa de
menores en las comunidades, implementación de la estrategia de demanda inducida
adoptada a las propias comunidades  y/o rancherías dispersas en los territorios
indígenas.
2. Evaluación y seguimiento permanente
de los programas de promoción y prevención a la Red contratada programa de crecimiento
y desarrollo demás programas de impacto.
3. Contamos con tres agentes de
Demanda inducida indígena- bilingüe, auxiliares de enfermería capacitados en
programas preventivos, una jefe profesional que coordina las acciones
preventivas y con auditor medico en los instituciones prestadores de servicios
y un respectivo guía hospitalario para apoyo la atención médica.
4. Se cuenta con una Casa de Paso para
alojar los (las) usuarios con problemas de difícil accesibilidad y amerita
atención médica, con el acompañamiento de algún familiar cercano.
5. Contamos con 2 vehículos para apoyo
en el transporte a los usuarios, garantizando así, que puedan desplazarse a la
red de servicios para la respectiva atención, acompañamiento y posteriormente
devolverlos a sus viviendas.”[623]
2.11.2.1.
Comfaguajira
Informó que no se presentaron
demoras en la atención de los servicios requeridos por los menores, ni demora
en las autorizaciones de los mismos y que para los servicios que han requerido
se tiene cobertura en el municipio de Riohacha, La Guajira.[624]
2.11.2.2. Anas wayuu EPSI
En atención al requerimiento de la
Superintendencia Nacional de Salud, el 30 de Noviembre de 2015 Anas wayuu
EPSI,  emitió información en relación con el listado de menores afiliados a la
EPSI, en el cual se estableció que:
“Al momento no existen servicios pendientes por
autorizar, las autorizaciones en la EPSI cumplen con la oportunidad establecida
en el estándar por el nivel central, o sea no tenemos demoras en las
autorizaciones con los menores relacionados en su petición”[625]
Así mismo indicó que “Las razones
de interrupción de la continuidad de la atención se deben a la
poliresidencialidad de la población, asociada a cambios climáticos que obligan
la migración , por escases de agua y alimentos y en época de lluvia como lo
manifiestan las actas, el crecimiento de los  ríos que dificulta el tránsito”.[626]
Con el fin de obtener el diagnóstico
nutricional y la clasificación de la desnutrición proteica calórica y
prescripción del plan de atención nutricional que se le dará al paciente dos
alternativas: “si el paciente no tiene patología agregada será manejado por
el nutricionista mediante tratamiento nutricional con dieta y educación
alimentaria, si el paciente además de desnutrición proteico calórica, presenta
patología agregada como alteraciones hormonales, anemias, avitaminosis, deberá
ser ,anejado por un grupo multidisciplinario”.[627]
La Superintendencia Nacional de
Salud Mediante Resoluciones No. 004239 de 2015, No. 003173 de 2015,  No. 003202
de 2015,  No. 003174 de 2015, No. 003281 de 2015,  No. 003172 de 2015, No.
003289 de 2015, No. 003197 de 2015  por medio de las cuales se resolvió
investigación administrativa en contra de la asociación indígena del Cauca – Sic
EPS Indígena, Caja de Compensación Familiar de Córdoba – Comfacor , Caja de
Previsión Social de Comunicaciones – Caprecom, Anas Wayúu EPSI, Departamento de
La Guajira - secretaria Departamental de Salud , Comfaguajira, Sanciona con una
multa equivalente a Trecientos (300) Salarios Mínimos Legales Mensuales
Vigentes y al  Departamento de La Guajira - Secretaria Departamental de Salud y
a Título Personal a José María Ballesteros Valdivieso Gobernador de La Guajira Sanciona,
la asociación Indígena del Cauca – Sic EPS Indígena,  con una multa equivalente
a Setecientos (700) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes.
3. Entidades del orden
territorial
3.1. Gobernación del Atlántico
La Gobernación del Departamento del
Atlántico en comunicación del 16 de noviembre de 2016, manifestó no haber vulnerado
derecho alguno que amerite un pronunciamiento sobre los hechos de la tutela;
aclara que no tiene incidencia respecto de la situación actual de los niños del
pueblo Wayúu.[628]
En comunicación del 7 de diciembre
de 2012, la entidad se refirió a los sectores de alimentación, salud y
saneamiento básico de la siguiente forma:
“Según consta en el acto No. 007 de OCAD Región
Caribe, en sesión realizada el 15 de marzo de 2013, se presentó a consideración
de ese órgano colegiado el proyecto: CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES FINALES FONSECA
Y DISTRACCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE La Guajira, el cual fue votado negativo por
los tres niveles de Gobierno, indicando en la decisión: “No se viabiliza, ni
prioriza, ni aprueba el proyecto por falta de recursos”. Este proyecto fue
presentado en Fase III y correspondía al sector Agua Potable y Saneamiento
Básico”.[629]
La entidad señaló que la Secretaría Técnica del OCAD Región Caribe
fue asumida por el departamento del Atlántico el 22 de mayo de 2013; con
anterioridad a cargo del departamento de Bolívar. Adujo que en el acta de
entrega número 007 del 2013 se dejó información relacionada con la
viabilización, priorización y aprobación del proyecto denominado “Apoyo A
Las Estrategias De Acceso Y Permanencia A Través De Los Programas De
Alimentación Y Transporte Escolar Todo El Departamento, La Guajira , Caribe –
BPIN 2013000020019”, el cual fue presentado por el departamento de La
Guajira .[630]
Anexó mediante medio magnético – CD ocho documentos del OCAD Región
Caribe.[631]
3.2. Gobernación de
Córdoba
La
Gobernación manifestó que no puede hacer referencia a la situación concreta de
los hechos que dieron lugar a la acción de tutela, aseguran dentro de su
comunicado: “no tenemos injerencia directa sobre comunidad Wayúu, por lo
tanto no tenemos datos precisos sobre este hecho. No obstante lo anterior, la
Gobernación de Córdoba, ha estado siempre dispuesta a brindar apoyo a estos
entes territoriales si así lo requiriesen”.[632]
3.3. Gobernación de
Magdalena
La Gobernación del Magdalena, tras
tomar en consideración que el pueblo Wayúu habita la árida península de La
Guajira al norte de Colombia y noroeste de Venezuela, sobre el mar Caribe,
consideró que en la medida en que los casos de desnutrición de niños y niñas
Wayúu se vienen presentando en varios municipios de La Guajira donde tienen los
indígenas sus asentamientos; no ostenta el Departamento del Cesar la
legitimidad por activa en la presente acción de tutela. Comunicó que no tiene
plena y completa competencia para entregar recursos para la población indígena
infantil Wayúu, ya que no están radicados en el territorio del Magdalena, por
ende no es de dicha jurisdicción.[633]
3.4. Municipio De Riohacha
3.4.1. Seguridad alimentaria
La
Secretaría de Salud Distrital de Riohacha presentó el Plan Territorial de
Seguridad Alimentaria de Riohacha, que atiende a tres componentes principales:
(i) Disponibilidad de alimentos, (ii) consumo y (iii) aprovechamiento o
utilización biológica de alimentos. Dentro del programa se identificaron
diversas actividades municipales tendientes a intervenir en la problemática de
desnutrición infantil del municipio, entre ellos: Una prueba piloto de unidad
de huerta casera, en el barrio Las Marías de la Comuna 10 de Riohacha
beneficiando 73 familias; rehabilitación de sistemas sostenibles para el
abastecimiento de agua y fortalecimientos a la seguridad alimentaria, a través
de cultivos con riego por goteo en comunidades indígenas wayuu en los
municipios de Riohacha, Albania, Maicao, Manaure Y Uribia; sensibilización a
madres  gestantes y lactantes  en la  importancia  de la lactancia materna los
primeros  seis meses  de  vida  y hasta  los  dos años alimentación
complementaria   en   las   empresas   públicas; penetración a comunidades para
rescate de niños con desnutrición con padres que se niegan a la atención; entre
otros. [634]
Se
encontró que las actividades realizadas en desarrollo del el Plan Territorial
de Seguridad Alimentaria de Riohacha, son pruebas piloto, predominantemente
informativas (conversatorios), de seguimiento o de caracterización, por lo que
no se identificaron acciones contundentes de intervención municipal dentro del
Plan Territorial, que generen impacto estructural dentro de la problemática de
desnutrición infantil, ni tampoco, un plan de acción estructurado para superar
la problemática en un plazo de tiempo razonable. [635]
3.4.2. Atención en salud
En
relación a la atención de salud, el informe presentado por el Municipio de
Riohacha manifestó que, respecto a infraestructura de atención, cuenta con 15
entidades prestadoras de salud.[636]
Identificó
un alto índice de mortalidad infantil asociado a afectaciones en el periodo
perinatal, enfermedades respiratorias, infecciosas de aparato gastrointestinal;
todas ellas agravadas por la desnutrición, factor que incrementa el riesgo de
morbilidad.[637]
Para
diciembre de 2015 el cruce de información reportó 3.171 personas sin afiliación
al SGSSS. Igualmente, advierte un desequilibrio de la oferta de servicio de
salud frente a demanda, tanto en el sector público como privado, especialmente
en los servicios de urgencias, pues solo hay en el municipio 5 instituciones
con ese servicio habilitado para toda la población[638]
Declaró
el Municipio de Riohacha que, en la Atención en Salud a comunidades étnicas se
presentaron problemáticas de: (i) dificultad en el acceso debido a la
dispersión de la población, las largas distancias territoriales y  la mala
calidad de las vías; (ii) baja complejidad y atención efectiva por falta de
infraestructura, dotación y personal de las entidades prestadores de salud;
(iii) los servicios extramurales impactan a un bajo número de beneficiarios
étnicos, debido a que dentro de la misma comunidad y familia hay afiliaciones
en distintas EPS, que causa atenciones marginales[639].
Finalmente, manifestó el municipio que “las costumbres de la cultura wayuu
se convierte en una barrera u obstáculo para la implementación de medidas
terapéuticas contra la desnutrición”.
3.5. Municipio de Uribia
3.5.1. Atención alimentaria
La Secretaría de Planeación y
Desarrollo Social de Uribia, presentó actividades realizadas dentro del Plan
Territorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Uribia y el Plan de Desarrollo
“Todo por Uribia”. Refirió la entrega de 13,5 toneladas de alimentos en 300
núcleos familiares, con un total de 300 beneficiarios en la región,
materializado por UNICEF; la atención alimentaria para menores de 5 a 17 años
mediante el desarrollo del PAE; así como la implementación de Centros de
Desarrollo Infantil, Modalidad Propia, Recuperación Nutricional con enfoque
comunitario y Asistencia Alimentaria de los Primeros 1000 Días de Vida, en
alianza con el ICBF[640]. No se refirieron de
dichos programas, resultados de la implementación, cobertura o impacto,
susceptibles de valoración por la Corte. [641]
3.5.2. Seguridad alimentaria
Con ocasión al adelanto del Plan
Territorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Uribia, se presentó como
actividad de intervención la asistencia técnica a través de capacitaciones a
productores y pastores por parte del Municipio de Uribia. No se presentó más
información que la enunciación del proyecto.[642]
3.5.3. Situación de
disponibilidad de agua
Con
ocasión al adelanto del Plan de Desarrollo “Todo por Uribia”, se
presentaron medidas que pretende adoptar por el Municipio, para atender a la
crisis de desabastecimiento de agua potable para las comunidades, dentro de los
cuales se reconoce: (i) realizar estudios específicos sobre fuentes y
acuíferos, (ii) elaborar estudios y diseños de micro acueductos, (iii)
Optimizar de reservorios en zona rural y (iv) Instalar y realizar el
mantenimiento de molinos de viento en zona rural.[643]
3.5.4. Atención en salud
En el
marco del Plan de Desarrollo “Todo por Uribia”, en relación con la atención en
salud, se presentaron una serie de medidas que pretende adoptar el municipio
para responder a la problemática de atención en salud dentro de la región, a
saber: (i) Desarrollo de jornadas de caracterización de condiciones de entorno,
vivienda y escuelas del municipio; (ii) Realizar Jornadas de Salud Integral; (iii)
Jornadas de caracterización de población vulnerable no afiliada al SGSSS;  (iv)
Difusión de la política nacional de seguridad alimentaria; (v) Articulación de
los sectores del SGSSS dentro del municipio; (vi) Promoción de la ruta específica
para la atención integrada de las niñas y los niños menores de 5 años con
desnutrición aguda; (vii) Canalización de gestantes a los controles prenatales,
medido por el número de mujeres atendidas; (viii) Implementación de estrategias
para identificar a la población no asegurada.[644]
3.6. Municipio De
Manaure
3.6.1. Atención
alimentaria
El Municipio de Manaure afirmó haber
respondido a la problemática de atención alimentaria infantil mediante la
implementación de dos programas: (i) la apertura de un Centro de Recuperación
Nutricional Municipal (CRN), enfocado en desnutrición de niños menores de 5
años, mujeres gestantes y madres en periodo de lactancia y (ii) la
implementación del programa de atención nutricional para los primeros 1000 días
de vida, que pretende dar apoyo nutricional a madres gestantes, lactantes y
niños menores de 5 años de edad.[645]
3.6.2. Situación de disponibilidad de agua
El Municipio de Maicao se encargó
del suministro de agua mediante carro-tanques, proveniente de la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado Triple A. Reconoce la entidad que el suministro no
se realiza de manera regular, y se plantea como problemáticas en la
distribución la falta de infraestructura vial, falta de carro-tanques
suficientes y en buen estado, así como la falta de recursos para el
mantenimiento técnico de la operación.[646]
3.6.3. Atención en salud
La Secretaría de Salud Municipal de
Manaure presentó tres implementaciones tendientes a mejorar la problemática de
atención en salud para niños, niñas y adolescentes en la región: (i)
Implementación de mesas de trabajo  con las EPS, para capacitar  sobre la
patología de desnutrición y adoptar medidas adecuadas; (ii) la adquisición de
una ambulancia para el municipio en el 2012 y el proyecto de adquirir una
segunda en el 2017; y (iii) la consolidación de 04 equipos extramurales[647]
en convenio con Ministerio de Salud y 06 equipos extramurales laborando para
cada IPS dentro del municipio.[648]
Adicionalmente, la Secretaría de
Salud Municipal de Manaure afirmó haber realizado actividades encaminadas a
identificación de las comunidades en zona rural, en colaboración con la Unidad
de Atención a la Población Vulnerable (UDAPV) de la Registraduría Nacional del
Estado Civil. Realizando jornadas en donde se entregan gratuitamente documentos
de identidad y se incentiva la afiliación a régimen subsidiado de seguridad
social.[649]
3.6.4. Unidad Municipal de
Manaure Para La Gestión Del Riesgo De Desastres (UMGRD)
Acciones realizadas durante el año
2015 y 2016:[650]
2015
2016
ACCIÓN
REALIZADA
CANTIDAD
FAMILIAS
BENEFICIADAS
CANTIDAD
FAMILIAS
BENEFICIADAS
Suministro del agua
61.500.900 Lts
20.000 FLIAS
54.491.200 LTS
10.800 FLIAS
Asistencia Humanitaria
1.000Kit Alimentarios
344 FLIAS
5068 KIT ALIMENTARIOS
Alimento Animal
380 Toneladas
486 Productores
Entrega de Tanques
33, 15, 36
84 Flias
14 tanques de 5.000 Lts
350 Flias
Agua y Saneamiento
6 Proy. Product, 14 Aerodesalinizadores, 10
Repar. Molinos, 2 Habilit. De Pozos
1.960, 800, 300 Flias
11Molino,2 Jagueyes,9 Estanques
275 Flias , 60 Flias, 220 Flias
Leche para la Paz
86.478 Lts
467 Flias
9.800 Lts
350 Flias
Donaciones Dian
13.259 kg
250 Flias
13.951 kg
7.000 Flias
Proyectos productivos para la seguridad
alimentaria
16 proyectos – convenio ministerio de
agricultura,8Proyectos Ministerio – UNGRD
400 Flias, 200 Flias
Fuente: “Umgrd – Unidad Municipal Para La Gestión
Del Riesgo De Desastres –Acciones Realizadas Durante El Año 2015 – 2016”.[651]
3.7. Municipio De Maicao
Frente a la atención en salud, el
acceso al agua, la alimentación y saneamiento básico para la niñez manifestó
que “la administración municipal, a través de la UMGRD viene realizando
diversas actividades en materia de saneamiento básico y otros elementos, es así
que hoy podemos manifestar que a raíz de la declaratoria de calamidad  pública
declarada a principios del año 201, se inició el servicio de recolección de
aseo en tres de los corregimientos del municipio entre ellos, carraipia,
paraguachón y cuatro vías, así mismo se viene distribuyendo miles de litros de
agua en estas y otras comunidades, en las que se han beneficiado 500 familias
wayuu”.[652]
Asimismo, en el tema de alimentación en articulación con el Departamento y la
Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo, “se ha planteado en el marco del
plan de acciones específicas la entrega de 12.000 kit alimentarios para
beneficiar igual número de familias indígenas asentadas en nuestra jurisdicción”.[653]
El Ministerio de educación Nacional,
mediante resolución No. 19637 del 13 de Octubre de 2016, “Comprometió
Recursos para Financiar el Programa de Alimentación Escolar en el municipio de
Maicao y asegurar comprometer vigencias futuras 2017, para iniciar con el
calendario escolar”.[654]
3.8. Municipio De La
Jagua del Pilar
Manifestó el municipio de La Jagua
del Pilar, que se encuentra ubicado en el sur del Departamento de La Guajira con
intermediaciones con el Departamento del Cesar. Apuntó que su zona rural está
compuesta por un corregimiento y tres veredas, dentro de las cuales no existen
asentamientos o resguardos indígenas. En razón a que el pueblo Wayúu no se
encuentra asentado en dicho territorio, adujo el municipio que se encuentra
imposibilitado para referir cualquier información útil dentro de la acción de
tutela.[655]
3.9. Municipio de Fonseca
El Municipio de Fonseca expresó que
el 27 de agosto de 2016 se actualizó el decreto que conforma el Comité Técnico
e Seguridad Alimentaria y nutricional del Municipio de Fonseca, el cual
estipula los lineamientos para los entes que tienen injerencia directa en el tema
se seguridad alimentaria municipal. Presentó así mismo, la actualización del
plan de seguridad alimentaria municipal, el cual contiene un diagnóstico de la
situación del municipio, las metas e indicadores acorde al plan de desarrollo “Construyendo
cambio Para La Paz 2016”.[656]
En relación a la asignación de
recursos del Sistema General de Participaciones y de recursos propios del
municipio, mencionó que para la temática de nutrición y salud en menores, se
han realizado tres contratos en los que se apoya el programa de alimentación
escolar (PAE). [657]
Finalmente, el Municipio de Fonseca
aportó las metas del plan de desarrollo en temas de salud y alimentación.
3.10. Municipio de
Distracción
En relación a la problemática de
morbilidad infantil, el Municipio de Distracción manifestó:
“Es importante mencionar que los WAYÚU
argumentan que ellos no están dejando morir a sus niños y niñas. Pero es bueno
aclarar que sus costumbres han sido fuerte adversario para que los niños y
niñas acudan oportunamente a los centros de salud. También se puede decir que
la falta de oportunidades de empleo, el abandono del Estado, y la sequía que se
ha sufrido en nuestro Departamento han sido causales fortuitas de lo que se ha
presentado.”[658]
3.11. Municipio de
Villanueva
Declaró el Municipio de Villanueva
que no existen resguardos de indígenas Wayúu reconocidos. No obstante, dio a
conocer que en particular dentro de su plan de desarrollo “La Oportunidad Es
Para Todos 2016-2019” se estableció un capitulo para la población
vulnerable de agua potable y saneamiento. [659]
4. Órganos de control
4.1. Contraloría General
de la Republica.
En
comunicación del 18 de noviembre de 2016, la Contraloría remitió 24 informes de
auditoría liberados entre el 2013 y 2016, relacionados con el departamento de
La Guajira y que incluyeran hallazgos sobre proyectos relacionados con la
salud, alimentación y acceso al agua potable para niños y niñas del pueblo
Wayúu.[660]
Remitió el órgano de control, la
relación de los procesos de responsabilidad fiscal en donde se han investigado
hechos originados con antecedentes y hallazgos fiscales relacionados con la
salud, alimentación y acceso al agua potable de niños y niñas Wayúu y
comunidades indígenas del Departamento de La Guajira, en las vigencias 2013-
2016. Arrojando un total de 176 procesos de responsabilidad fiscal, en cuantía
de $57.626.521.918,80.[661]
4.2. Procuraduría
General de la Nación
4.2.1. Primera
Comunicación
En comunicación realizada el 11 de
noviembre de 2016 por la Procuradora Delegada para la Defensa de los Derechos
de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, la Procuraduría General de la
Nación se pronunció sobre los hechos que dieron lugar a la acción de tutela.
Dentro de su informe, la
Procuraduría Delegada refirió que La Guajira afronta desde hace varios años una
difícil situación de conocimiento nacional relacionada con los hechos de la
tutela objeto de revisión; por lo anterior, manifestó haber ejercido su función
preventiva mediante el inicio de acciones en la región “llamando la atención
de algunas Entidades del Estado frente a la precariedad de la garantía de los
derechos de la comunidad Wayúu, especialmente de las niñas, los niños y los
adolescentes pertenecientes a esta etnia”.[662]
Ante la crisis humanitaria del
Departamento, en ejercicio de su función preventiva y de control de gestión,
elaboró el Informe “Pueblo Wayúu, con hambre de dignidad, sed de justicia y
otras necesidades insatisfechas”, en donde se plasman las actividades
realizadas durante los años 2012-2016 para garantizar los derechos de la
mencionada población y posteriormente, las de seguimiento a las Medidas
Cautelares No. 51/15 otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, así como el amparo concedido el 1 de marzo del 2016 a través de la
acción de tutela proferida por el Tribunal Superior de Riohacha.
En resumen, en el concepto
presentado por este órgano de control ante la Corte Constitucional “solicitó
que declarara el estado de cosas institucionales en La Guajira ante la
vulneración sistemática de derechos en esa región y además algunas
recomendaciones efectuadas a varias Entidades de orden nacional y departamental
en aras de velar por la protección de los derechos de la comunidad Wayúu”.[663]
Recalcó la entidad que en lo corrido del año 2016 “la fría
estadística de niños muertos en La Guajira por causa de la desnutrición ya
supera el número total de niños fallecidos en el anterior” ,[664] antes de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
decretara sus medidas  cautelares y antes de que el Estado con la dirección del
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República iniciara las
acciones para la superación de la crisis; lo cual “implica la ineficacia de
las acciones ejecutadas, la ausencia de Estado en la región y el fracaso total
de los planes de mitigación y superación de las necesidades de esta comunidad”.[665]
En relación a la solicitud de la
Corte Constitucional de indicar las posibles alternativas de solución para esta
problemática, la interviniente manifestó que “no están atribuidas legal ni
constitucionalmente a este Órgano de Control las funciones de plantear, aprobar
y ejecutar la política pública que se requeriría para superar tan lamentables
hechos”;[666] por lo que se pronuncia de fondo.
Dentro del Informe “Pueblo Wayúu,
con hambre de dignidad, sed de justicia y otras necesidades insatisfechas”,
La Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la
Adolescencia y la Familia, identificó una serie de dificultades que deben tener
en cuenta los proyectos de intervención estatal para poder superar la crisis:
Dificultades
Características
La Guajira es una de las regiones con
mayor diversidad étnica. Los datos existentes no se ajustan a la realidad
Se señaló que en todo el Departamento
residen numerosas colectividades de diversas culturas, así como pueblos
desplazados de otras regiones.
Los datos censales y estadísticos a nivel
de población étnica en el Departamento son inexactos e irreales, por lo que
dejó constancia sobre las discrepancias existentes entre las proyecciones del
DANE y su realidad poblacional.[667]
El Derecho a la identidad no se ha
garantizado a gran parte de la población
Una realidad de las comunidades
indígenas, afrodescendientes e incluso campesinas, es que muchos niños,
incluso jóvenes y adultos que nacen dentro de sus comunidades no son
registrados, y si no se surte este trámite, formalmente no existen para el
Estado Colombiano. Lo mismo ocurre con muchos casos de defunciones, que no se
registran en los sistemas de información oficiales.
“Es inadmisible que aún no se hayan
tomado los correctivos para superar esta situación que impide que las
personas se beneficien de servicios sociales básicos que el Estado colombiano
está obligado a proporcionar y que ayudan a su desarrollo y protección como
la salud, la educación, la vivienda, la alimentación, etc. […]”[668]
Avances en el proceso de
microfocalización realizado en el año 2014, sin embargo, persisten cifras que
no concuerdan.
De esta microfocalización realizada por
el Departamento se destaca que la población menor de 17 años corresponde al
rango de 46.6% y 50.0%, cifra superior a la proyectada por el DANE que está
en 42%, esto indica que La Guajira ocuparía el primer lugar a nivel nacional
en cuanto a número de habitantes menores de 17 años. También se puede concluir
que mientras para el país la población menor de 5 años es de 7.2%, el ICBF
señaló que la cifra está en 16.5% y en los resultados del Departamento está
en el rango del 23.2%, cifras que triplican el promedio nacional. [669]
El análisis realizado a la población
menor de 5 años afiliada al Sistema de Salud, comparado con las proyecciones
del DANE para ese grupo de edad, permite concluir que aproximadamente 50.401
niños y niñas menores de 5 años se encuentran sin cobertura de salud y que
las zonas más afectadas (Manaure, Uribia y Riohacha) fueron las que
precisamente fueron amparadas por las Medidas Cautelares de la Comisión[670]
Cobertura deficiente en vacunación
De acuerdo con los últimos indicadores en
materia de vacunación, La Guajira estaría a punto de alcanzar las coberturas
útiles, según los cálculos de población infantil DANE, pero como la
percepción del Departamento es que la población es mucho mayor, éstos
indicadores se irían al suelo[671]
Sub-registro en los casos de mortalidad
materna
El Departamento manifestó su preocupación
al no existir datos en algunos municipios como Fonseca, Hatonuevo, La Jagua,
El Molino, Distracción o Albania, o las cifras extremadamente altas que
presentan Manaure, Uribia, Maicao, Barrancas o Riohacha. Específicamente en este
tema el municipio de “Manaure en el año 2013 presentó una tasa de mortalidad
materna 17 veces más alta que la Nación y Uribia presentó una tasa de
mortalidad materna 9 veces más alta que el país, justificada precisamente por
la falta de oportunidad de atención”[672]
Falta de promoción de la salud sexual y
reproductiva.
Conlleva a que se presente más pobreza y
que las niñas y las adolescentes no tengan proyecto de vida claro.[673]
La Guajira debe garantizar el derecho a
la educación para hacer posible su desarrollo económico y social.
Refiere el Plan de Desarrollo que través
de la microfocalización, fue posible la identificación de 278 centros
educativos y aulas satélites en la Media y Alta Guajira y que las
estimaciones de este conteo corresponde únicamente al 30% de la cobertura
real del territorio[674]
Escasez de agua potable.
El estudio sobre la situación del agua en
la media y alta Guajira, pudo evidenciar la existencia de gran cantidad de
obras públicas conformadas por jagüeyes, reservorios y represas, los cuales
por razones de las inclemencias climáticas se encuentran en un proceso
desabastecimiento. La tendencia es que los ciclos de sequías no sólo se
vuelvan más repetitivos, sino más prolongados, observándose un claro proceso
acelerado de desertificación del territorio, lo que implica que el agua será
más escasa con los años frente a una población indígena rural dispersa con
una alta tasa de crecimiento poblacional, lo que generará que la crisis
humanitaria vivida en el periodo 2012 - 2016 serán una constante hacia el
futuro con pérdida de vidas en el proceso, especialmente de niños y niñas[675]
La Sequía de la región afecta la calidad
de vida de la población en general pero especialmente la de los Wayúu
Indudablemente la problemática ambiental
más grave del Departamento tiene que ver con el agotamiento de fuentes de
Agua en las tierras planas, lo que afecta notoriamente la calidad de vida de
la población y limita la capacidad de tener más animales y ampliar sus
siembras: “La problemática de agua incide en la calidad de vida de los Wayúu,
la carencia de un buen sistema de abastecimiento y la escasez de la misma,
puede concebirse como una amenaza real para la subsistencia de la población
indígena, afectando la condición física, el medio de vida, la salud y las
posibilidades productivas”[676]
No permitirles participación a los Wayúu
en la adopción de decisiones que los afectan.
Cada comunidad debe ser entendida desde
su propio territorio, la gran nación Wayúu es una sola, con una sola lengua y
una sola cultura, pero incluso entre ellos hay diferencias, no es lo mismo
los Wayúu de la alta Guajira, que los Wayúu del sur del Departamento, porque
sus entornos son diferentes y la forma de satisfacer sus necesidades, aunque
con rasgos comunes, también presentan marcadas diferencias, por lo tanto, las
prioridades sociales tienden a cambiar en unas frente a las otras “Este
Órgano de Control reitera la necesidad de que las autoridades competentes
fortalezcan las capacidades de participación y toma de decisiones que
redunden al mejoramiento de su calidad de vida.”[677]
La ausencia vías de acceso a las
comunidades contribuye más a la problemática en salud y dificulta el
desarrollo de la región y la prestación de servicios.
Se tiene claro que en las zonas rurales
donde se ubica la población dispersa no se cuenta con vías aptas para
movilizarse, “en verano las trochas son traficables, pero en inviernos
estas comunidades quedan 100% aisladas, y los riesgos poblacionales, que en
un momento es azotada por la sequía, es golpeada aún más fuerte por el
invierno” [678]
En segundo lugar, también en
cumplimiento de la orden de práctica de pruebas la Procuradora Delegada para la
Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, el 10 de
noviembre de 2016 remitió 161 folios, copias de seis informes que fueron
remitidos hasta la fecha por el Departamento Administrativo de la Presidencia
de la República a dicha Procuraduría Delegada, en cumplimiento de la sentencia
de tutela Nº 44001-22-14-002-2016-00003-00 proferida por el Tribunal Superior
de Riohacha.
En virtud de la anterior remisión,
de la información suministrada en el sexto informe de cumplimiento a la
Sentencia de Tutela Nº 44001-22-14-002-2016-00003-00 proferida por el Tribunal
Superior de Riohacha, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República, en el marco de la Alianza por el Agua y la Vida en La Guajira reportó
las siguientes acciones:
4.2.1.1. Acceso al agua
En los
temas relacionados con el acceso al agua, en el Plan de Acción de la Alianza
por el Agua y la Vida en La Guajira se adelantaron 249 proyectos, denominados “Soluciones
de Agua”, de las cuales “12 se encuentran en fase de diagnóstico, 52 en
ejecución y 185 terminadas. Estas soluciones, incluyen entre otras acciones la
construcción y rehabilitación de pozos, instalación de sistemas de bombeo
solar-fotovoltáico, rehabilitación de molinos, instalación de sistemas de
tratamiento e instalación de sistemas de almacenamiento”.[679]
4.2.1.2. Seguridad
alimentaria
En los temas relacionados con la
seguridad alimentaria, en el Plan de Acción de la Alianza por el Agua y la Vida
en La Guajira “se adelantan 26 proyectos ReSA (Estrategia liderada por
Prosperidad Social) en todo el Departamento, los cuales terminaron en el 2015 y
beneficiaron a 7.100 hogares. […] En el 2015 se dio inicio a otros 13 proyectos
que ya culminaron y beneficiaron a 7.290 hogares aproximadamente. Sumados a
estos 39 proyectos, se dio inicio en noviembre de 2015 a la intervención ReSA,
con enfoque diferencial étnico, que busca beneficiar 3.780 hogares adicionales
a los ya intervenidos desde el 2014”.[680]
4.2.1.3. Atención en
salud
En relación al tema de atención en
salud, la Alianza por el Agua y la Vida en La Guajira ha establecido tres
intervenciones específicas:
La Atención Integral De Salud Y Nutrición
Con Enfoque Comunitario.
Donde se incluye la implementación de la
ruta de atención de la desnutrición directamente en las rancherías, mediante
el despliegue de 17 equipos extramurales con un médico, una enfermera, un auxiliar
de enfermería y un trabajador social, apoyados con 62 gestores de salud
comunitarios, y un equipo coordinador conformado por un nutricionista, dos
consejeras en lactancia materna y un profesional de la salud como coordinador
general[681]
La implementación del Modelo Integral
de Atención en Salud para Zonas Dispersas en la Alta Guajira.
Reportado en proceso de pre-diseño y que,
según la entidad, implicarán actividades con comunidad o de participación
social. No obstante, reporta la suspensión momentánea de dichas actividades
en razón al proceso electoral que tuvo lugar en noviembre de 2016.[682]
Centros de Recuperación Nutricional
(CRN).
Atención en espacios destinados para
recuperar el estado de salud y nutricional de los niños y niñas menores de 6
años de edad con diagnóstico de desnutrición aguda severa o moderada, por
medio de una intervención interdisciplinaria que involucra a la familia y la
comunidad con el fin de contribuir en la disminución de las muertes por o
asociadas a la desnutrición y a la detección temprana de la misma”[683].  Reporta el informe que el ICBF
financia la operación de 4 centros de recuperación nutricional con un
presupuesto superior a $1.490 millones, en los que se han atendido 443 niños
y niñas con desnutrición aguda moderada o severa.
Adicionalmente, el mismo informe
reporta que en el marco de la Medida Cautelar de la Comisión de Derechos
Humanos, la Superintendencia Nacional de Salud manifestó estar modelando el
ajuste metodológico para la toma de decisión frente a la revocatoria parcial de
la habilitación de algunas EPS que operan en el Departamento de La Guajira.
4.2.1.4. Nutrición
En los temas relacionados con la
nutrición, el Plan de Acción de la Alianza por el Agua y la Vida en La Guajira estableció
8 intervenciones específicas direccionadas a la identificación de los casos de
desnutrición de menores[684]: (i) Línea de atención a la desnutrición. Consistente en la
atención telefónica gratuita para identificar casos de desnutrición aguda las
24h. (ii) Capacitaciones en el Lineamiento y Ruta para la atención.
Capacitaciones especializadas para profesionales de la salud. (iii) Orientación
y seguimiento técnico a la implementación del servicio, y a su fundamentación
en articulación con el MEN, ICBF y el SNBF mediante un grupo de seguimiento
departamental. (iv) Orientación y seguimiento técnico al proceso de
fortalecimiento de las capacidades para la gestión (planeación, implementación
y evaluación) de las políticas para el desarrollo integral de la Primera
Infancia en el departamento de La Guajira. (v) Identificación de casos de
desnutrición – ICBF. Primordialmente realizada en los Centros de Recuperación
Nutricional. (vi) Atención a la primera infancia. Programas de atención a la
primera infancia, primordialmente adelantados por el ICBF. (vii) Funcionamiento
Permanente de 11 Unidades Móviles (4 Unidades Móviles de la Regional La Guajira
y 7 itinerantes para la atención y caracterización de rancherías en el
departamento). (viii) Implementación de la Estrategia de Complementación Nutricional.[685]
4.2.1. Segunda
Comunicación
El Procurador General de la Nación,
intervino en el proceso en referencia el 14 de marzo de 2017, con el fin de
aportar algunos elementos de juicio para a decisión, así como plasmar la
posición del Ministerio Público frente a la crisis que actualmente sufre el
pueblo Wayúu, especialmente su población infantil.
Concluyó la Procuraduría que pese a
los esfuerzos del Gobierno Nacional y los entes territoriales municipales y
departamentales han desplegado para superar el estado de cosas
inconstitucionales que vive la población Wayúu, considera imperativo que la
Corte Constitucional, en su Sala Plena, declare formalmente la existencia de
ese estado y unifique en una sola decisión las órdenes y medidas que se deben
adoptar para  lograr una efectiva protección de los derechos, entre otros, de
los niños, niñas y madres gestantes y lactantes pertenecientes a la comunidad
Wayúu.[686]
Indicó la Procuraduría que deben
impartirse órdenes y medidas que exijan de los planes, programas, acciones  se
diseñen o se replanteen, de tal forma que obedezcan a  un enfoque realmente
diferencial, así como deben contar con cronogramas específicos que permitan su
seguimiento y evaluación para atender de forma efectiva las causas de la crisis.[687]
En adición, señaló la importancia de tener en cuenta la “bajísima capacidad
técnica, administrativa y financiera que tiene el departamento como los entes
territoriales que lo componen para proteger y garantizar los derechos de la
población asentada en su territorio”.[688]
Igualmente, estableció la necesidad
de restablecer la confianza con el pueblo Wayúu frente a las acciones del
estado, para lograr una efectiva garantía de sus derechos fundamentales. Se
impuso “propiciar espacios de verdadero diálogo intercultural que permita a
cada una de las partes exponer sus puntos de vista y las alternativas de
solución […]. En especial, se considera
importante restaurar la confianza frente al ICBF en su condición de rector del
Sistema Nacional de Bienestar Familiar, lo que exige medir el impacto de sus
líneas de atención en la comunidad teniendo en cuenta los usos  y costumbres de
esta y el principio de interés superior de los niños”.[689]
La
Procuraduría consideró que “las líneas para la atención de las necesidades
inmediatas de los niños y niñas wayúu, siguen diseñadas bajo una lógica que
atienden de forma eficaz la problemática de estos”.[690] Señaló que el modelo de atención propia,
diseñado por el ICBF, no parece ser la respuesta requerida por la comunidad
para superar a corto plazo el problema de desnutrición y alimentación de
aquellas que lo padecen, toda vez que sigue respondiendo a la lógica de
“cupos”, y por tanto, existe una fracción de la población que no es atendida
aún si requiere atención inmediata, pues “está probado que existen
comunidades en las que pese a que el ICBF tiene implementado uno de sus
programas o líneas de atención, existen niños y niñas no atendidos. Igual se
registra frente a la atención en salud” .[691]
De otro
lado, apuntó la Procuraduría la necesidad  de colaboración por parte de las
comunidades Wayúu en la búsqueda de soluciones definitivas para la problemática
planteada, a efectos de permitir al Estado identificar y atender de manera
efectiva la población vulnerable, de manera que “es imperativo que el Estado
intente el diálogo intercultural con las autoridades tradicionales”.[692]
Manifestó
que la política de Estado diseñada para superar la presente crisis, debe dar
respuesta a una problemática compleja y estructural, por lo que debe incluir
respuesta a los diferentes frentes de la problemática, tales como: fuentes de
trabajo, construcción de vías de acceso, suministro efectivo y continuo de agua
potable y saneamiento básico, reconocimiento de la economía familiar y la
importancia que en ella tienen los animales.[693]
La Entidad
señaló que el acceso y distribución del agua, es el factor que genera mayor
vulneración de derechos, “las tasas de morbilidad y mortalidad infantil en
las comunidades Wayúu, se explica en mayor parte en la falta de acceso a este
recurso”,[694] por lo que es relevante replantear los
mecanismos que hasta la fecha se han diseñado para responder a la problemática,
en tanto la distribución de agua en carro tanques no está llegando a todas las
comunidades.[695] Requirió la Procuraduría, revisar el
alcance y la cobertura de esta medida, debido a que a corto plazo no se
evidencia que los mecanismos implementados para satisfacer la necesidad (pilas
públicas, pozos profundos, plantas desalinizadoras, entre otros), no garantizan
el acceso inmediato y urgente al recurso hídrico.
4.3. Defensoría del
Pueblo.
4.3.1. Primera
Comunicación
EL Defensor del Pueblo envió el 23
de noviembre de 2016 a la Corporación “Informe de Seguimiento a las
Recomendaciones de la Resolución Defensorial No. 065 de 2015, Crisis
Humanitaria de La Guajira – Énfasis situación nutricional de niños, niñas y
adolescentes”, que contiene información relevante de caracterización de la
problemática objeto de análisis, así como de las instituciones del orden
nacional y regional implicadas. Presentó información relacionada con los
municipios de Riohacha, Maicao, Uribia y Manaure recaudada en visita de
seguimiento llevada a cabo en el mes de febrero de 2016.
La Defensoría del Pueblo presentó
las consideraciones en relación con las situaciones que influencian y agravan
la crisis humanitaria que afecta al pueblo indígena Wayúu en el departamento de
La Guajira refiriéndose a: a) el cambio climático y fenómeno del niño, b) el
conflicto armado colombiano, c) la situación actual en la zona de frontera con
Venezuela en el Departamento de La Guajira, d) la crisis ambiental y e) la
explotación minera en el departamento, de la siguiente manera:
4.3.1.1. Cambio
Climático y fenómeno del Niño
El fenómeno de aumento de la temperatura
media global de la atmósfera terrestre y de los océanos, afectó de manera
desproporcionada a la población indígena Wayúu que habita particularmente la
Alta Guajira y que comprende los municipios de Uribia, Manaure, Maicao y
Riohacha, en razón a que los grupos humanos (comunidades) están distribuidos en
zonas rurales desérticas, agrupados en rancherías y en viviendas rusticas las
cuales no cuentan con servicios de agua potable, ni alcantarillado.[696]
“Si bien la
necesidad básica insatisfecha más apremiante para estas comunidades es la
consecución y el acceso al agua potable, esta situación no responde únicamente
al aumento de las temperaturas y al descenso en las lluvias, pues el Estado
desde el nivel central y desde los entes descentralizados tiene responsabilidad
por no haber asumido las acciones necesarias para avanzar de manera eficaz en
la resolución de la crisis en este territorio; situación  que se videncia en la
ausencia de políticas públicas claras para el acceso y disfrute de servicios
públicos básicos, acordes a las realidades territoriales de estas comunidades,
que procuren la prevención y mitigación de los efectos adversos de situaciones
como el calentamiento global o el fenómeno del niño”.[697]
4.3.1.2. El conflicto
armado en Colombia
El conflicto armado también llegó
con fuerza a La Guajira en los años 90. Manifestó la entidad:
“En la región de
la Alta Guajira entraron a  los paramilitares, apoderándose de los puertos y
generando problemas de violaciones a los derechos humanos […] En la Baja
Guajira hizo presencia la guerrilla con diferentes frentes que impactaron la
agricultura y la ganadería en la región desde 1990 hasta el 2008”[698]
4.3.1.3. Situación actual en la
zona de frontera en el departamento de La Guajira
La población de colombianos y
venezolanos que habitan esta región fronteriza, incluyendo la población
indígena Wayúu, dependía exclusivamente del intercambio comercial y de
transporte de personas, artículos de primera necesidad y combustible o del
contrabando menor o “bachaqueo como comúnmente se le denomina a la actividad
que consiste en comprar productos o artículos de primera necesidad como azúcar,
arroz, leche , maíz, útiles de aseo, entre otros, en los centro de mercado de
Venezuela, los cuales tienen un bajo costo por ser subsidiados” .[699] En
este sentido identifica la entidad que la venta de productos Venezolanos
introducidos a Colombia de manera ilegal, constituía una actividad económica
común de la región. Presenta en su informe que “En septiembre de 2015, el
Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, dispuso ampliar el estado de
excepción a los municipios de Mara, Guajira y Almirante Padilla en el estado de
Zulia […]  y procedió al cierre del punto fronterizo de Paraguachón, por
considerar que este corredor comercial se había constituido en foco de
contrabando e inseguridad para los ciudadanos venezolanos. Lo anterior trajo
como consecuencia que la población indígena Wayúu fronteriza quedara sin acceso
a productos alimenticios traídos de Venezuela y que constituían la base de su
alimentación”.[700]
4.3.1.3. Crisis Ambiental
La Defensoría estableció en relación
a este punto que “se evidencian los daños y destrozos causados al lecho de
las lagunas naturales de San Juan y San Agustín y la depredación de los
manglares, lo que arruinó la pesca de dichas lagunas acabando con productos
como el camarón y lebrancho; la tala y queda indiscriminada en consecución del
carbón vegetal, afectaron a su vez el ecosistema de La Guajira”.[701]
4.3.1.5. Explotación minera en La
Guajira
En La Guajira,
se ha adelantado la explotación minera desde hace varias décadas, sin embargo
se evidencia el ingreso de nuevos actores, que afectan e impactan negativamente
los ecosistemas y en particular el agua,  “estos proyectos en La Guajira han
generado grandes recursos por regalías y muchos más a la Nación, sin embargo
estos ingresos no han repercutido en el bienestar de la población indígena del
departamento.”[702]
Dentro del Informe de Seguimiento a
las Recomendaciones de la Resolución Defensorial No. 065 de 2015, la
Defensoría  reportó 52 hallazgos, entre los cuales se destacan los siguientes:
i. Los
miembros de las comunidades no recibieron asistencia y atención de parte de los
programas del ICBF durante el año 2015 y 2016. En relación con el suministro de
bienestarina líquida, indicaron que a la fecha no había sido entregada a
ninguna de las familias de las comunidades[703].
ii. El
programa de alimentación Escolar – PAE, no se realizó en el 2016 y por tanto
los niños no reciben ningún complemento nutricional ni alimentario durante la
jornada académica.[704]
iii. Los
líderes de las comunidades indígenas manifestaron que uno de los problemas para
la afiliación a salud es la carencia de registro civil de nacimiento.[705]
iv. Toda
la problemática se agrava cuando se trata de las comunidades indígenas
denominadas “no resguardadas” por no estar certificadas por el Ministerio del
Interior o encontrarse en proceso para ello”[706]
v. Existe
una muy fuerte resistencia a la medicina occidental por parte de los indígenas
lo cual aunado  a las gigantescas distancias, hace mucho más difícil la
intervención,  reclaman un sistema de salud realmente diferencial.[707]
vi. “El
programa de ‘Cero a Siempre’ es un buen programa pero descuida a los menores
entre 6 y 17 años lo cual agrava mucho más la situación toda vez que en
especial las niñas desde el momento de su desarrollo menstrual, entre los 11 y
14 años, ya están aptas para concebir hijos por costumbres indígenas.”[708]
vii.
“Los sistemas de información en La Guajira no son confiables, así como tampoco
lo es la notificación de patologías de interés en salud pública a pesar de que
el departamento presenta una cobertura en la afiliación de salud del 100%, esto
no refleja la realidad,  donde se encuentra población sin ningún tipo de
afiliación”[709].
viii. “Persiste
la desarticulación y descoordinación intergubernamental e interinstitucional de
las intervenciones públicas y de terceros”[710]
ix. En
relación al acceso a agua de las comunidades, la Defensoría declaró que “los
jagüeyes, reservorios y los embalses en marzo de 2016 se encontraban en estado
crítico, la mayoría de ellos vacíos o con niveles mínimos”. [711]
Declaró la Defensoría, haber
solicitado a la Presidencia de la República información sobre los proyectos
adelantados en el departamento de La Guajira en donde se contemplara la
realización de sistemas de potabilización del agua para superar la emergencia
que viven las comunidades del departamento; manifestó que como respuesta a
dicha solicitud el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural  respondió “informando
que la Unidades Productivas sólo contemplaban el suministro de agua para el
riego y la alimentación de ovinos y caprinos”. Por su parte el Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio “informó a la Defensoría que en el marco de
la “Alianza por el Agua y la Vida en La Guajira” se trabaja en la
identificación de necesidades, atención  de comunidades y en la estructuración
de soluciones de distribución y abastecimiento de agua potable para la zona
rural de los municipios de la media y alta Guajira”. De otro lado,  adujo que
la Presidencia de la República en su cuarto informe, “reportó 249 proyectos
denominados “Soluciones de Agua”, de las cuales 12 se encontraban en
diagnóstico, 59 en ejecución y 178 terminadas y operando”. Igualmente
manifestó que “se reportan 17 soluciones integrales, 4 en Uribia y 9 en
Manaure […] todas contemplan el sistema de tratamiento”.[712]
La Defensoría del Pueblo en el
Informe de Seguimiento a las Recomendaciones de la Resolución Defensorial No.
065 de 2015, reportó una serie de recomendaciones relacionadas dentro del Anexo
III de la presente sentencia.
4.3.2. Segunda Comunicación
La Defensoría del Pueblo logró
determinar a través de la verificación en terreno respuestas de la crisis
humanitaria en La Guajira por parte del Gobierno Nacional, en ejercicio de
Evidencia Social, desarrollado por cinco de sus  delegadas y de las
observaciones contextuales, tanto de expertos como representantes y líderes Wayúu.
De acuerdo con lo dispuesto por el Tribunal  Superior de Riohacha, al estudiar,
revisar y analizar el ente informes de seguimiento (con sus respectivos anexos),
presentados por  la dirección de Gobierno y Áreas Estratégicas, se observan:
-
“contradicciones o ambigüedades en la
información suministrada.
-
Deficiencias en la calidad de los datos aportados
y su respectiva validación.
-
Dificultades en la trazabilidad de cada una de
las intervenciones tanto en términos técnicos como financieros
-
Carencia de categorías ordenadoras del reporte
-
Ausencia de las acciones territoriales
orientadas al cumplimiento del fallo en el reporte.
-
Debilidad en cuanto a la estrategia de
presentación de la información (más allá de agruparla por componentes) y su
respectivo análisis en función de lo ordenado por el tribunal, al igual que de
los resultados obtenidos y los impactos deseados.
Los  problemas enunciados, no solo hacen
dispendiosa la labor sino que, dificultan  la valoración de la información en
función tanto del  cumplimiento del fallo, como de la asertividad de la
respuesta en el territorio en aras de garantía y goce efectivo de derechos”.[713]
Información deficiente y no
válida para la toma de decisiones públicas que redunda en iniciativa sin
criterios explícitos para su adopción, definición e implementación.
La Defensoría
evidenció que “En los siete informes de seguimiento  no se especifican los
criterios por los cuales se adoptaron las acciones e intervenciones que se
listan en la matriz del plan elaborado  en el marco de la “alianza por el agua
y la vida en La Guajira”. Tampoco se presenta qué tipo de información se
consideró para su estructuración, […]” [714]
Actuaciones sin el sistema de
información ordenado por el fallo del Tribunal Superior de Riohacha
En el  fallo quedó consignado que “el
imperativo de conocer cuáles y cuantos  son los niños y niñas wayuu que están
en situación de riesgo. Para tal efecto, el tribunal superior de Riohacha
ordeno configurar un sistema de información  institucional e intersectorial. Al
cierre del presente documento dicho sistema no existe aún. Lo más cercano  a un
proceso de identificación y caracterización de población fue el ejercicio de
micro-focalización  impulsado por el ICBF; no obstante, su utilidad, a cumplir
al parecer, es limitada. Cabe resaltar que sin este proceso no es posible
cumplir con el objetivo de atender la totalidad de los niños y niñas con
desnutrición”.[715]
La Alianza presenta problemas en
cuanto a la estrategia efectiva de coordinación nacional y articulación
Nacional – Territorio.
La alianza por
el Agua y la Vida es presentada por el Gobierno Nacional
“como su estrategia rectora de
coordinación interinstitucional para la región se puede  concluir  que  se
trata de una instancia de encuentro entre diversas agencias nacionales, pero
que el carácter de sus decisiones no es vinculante ni en un escenario institucional
ni en uno interinstitucional. La Alianza presenta deficiencias para la
coordinación efectiva de las acciones del gobierno central, al igual que como
mecanismo de articulación nación y territorio.
Así mismo no realiza seguimiento a las
acciones en el marco de las funciones que debe cumplir el Consejo Departamental
o Municipal de política social como articulación funcional entre entidades
territoriales, nacionales, participación de la sociedad civil a través de los
jefes de cabildo o resguardo de la región.”[716]
Ofertas generales para demandas particulares,
sin asertividad cultural y sin responder a objetivos estratégicos
La mayoría de las acciones del plan
están inscritas en ofertas generales, que no atienden a las demandas
particulares del pueblo Wayúu y adolecen de enfoque diferencial.
Debilidad en el papel de
intermediación entre la Nación y el Territorio
Un hallazgo del ejercicio Evidencia
Social por la Defensoría del Pueblo, en noviembre de 2016, “tiene que ver
con que el departamento no está cumpliendo ese rol de bisagra entre la Nación y
los municipios. Tal situación  se debe, en parte a la crisis política que lo ha
atravesado y a todo el proceso de elecciones atípicas que ha vivido. La nueva
administración departamental, deberá entrar a asumir el papel de conexión entre
los diferentes niveles de gobierno. Ello en armonía con la Gerencia in situ,
arquitectura  institucional que se propone en las recomendaciones del presente
documento”.[717]
Ofertas Centradas en coberturas,
sin atender a otros criterios presentes en el enfoque de derechos y diferencial
Las acciones para atender y superar
en su mayoría corresponden a “la oferta programática recurrente de las instituciones
accionadas por el Tribunal Superior de Riohacha. Cuando advierten apuestas adicionales,
estas se caracterizan por incrementos de los  cupos, beneficiarios, centros
entre otras variables o unidades de medida de oferta, mas no en innovaciones en
su diseño y desarrollo […].
Recomendaciones Específicas
El Contexto, con alcance más general
-
Información, Difusión Y formación de las
Decisiones Judiciales
La
Defensoría del Pueblo indicó que “conviene que se diseñe una metodología ágil
de comunicación de las decisiones judiciales, se informe los involucrados  y se
informe sobre los objetivos comunes para superar la crisis. El ministerio del
interior, con el acompañamiento técnico de la cancillería y el concurso de la
Gerencia In Situ, tienen un papel primordial que cumplir al respecto […]”.[718]
-
Cualificar el reporte en Aras de un seguimiento
más estratégico
Para el
logro de esta recomendación, se sugiere “respetando la independencia de la
rama y la división de poderes del Estado, que la Corte Constitucional en sede
de revisión, modifique la periodicidad  del Reporte  que deben presentar las
entidades accionadas sobre el cumplimiento del fallo de tutela […]”[719]
-
Evaluación ejecutiva de los resultados de la
alianza
Considerando
que la Alianza por el agua  y la vida en La Guajira, se presentó como la
estrategia de coordinación rectora “conviene realizar una evaluación de este
proceso y sus resultados de mediano plazo. Tal valoración cobra mayor
pertinencia al advertir que el plan de acción de la Alianza es presentado por
el Gobierno Nacional como el plan ordenado por el Tribunal Superior de Riohacha
[…]”[720]
Salud y
Nutrición
-
Equipos extramurales, de su articulación y
enfoque diferencial
Sin duda
promover una atención in situ por medio de equipos extramurales, es una acción
necesaria y pertinente. “Esta no solo debe asistir y atender la crisis, sino
operar regularmente en el marco de las acciones de prevención y promoción de la
salud, dadas las particularidades territoriales  y poblacionales de la región,
con una visión de atención integral  que tenga en cuenta el contexto familiar,
social y comunitario de la población […][721]
-
Control, vigilancia y supervisión
La
superintendencia Nacional de Salud deberá implementar “las
medidas necesarias para que, en uso de sus competencias, registren, coordinen
reporten las acciones de aseguramiento, salud pública y prestación de servicios
relaciones con las intervenciones públicas y/o privadas orientadas a superar la
situación de salud y desnutrición de los niños y las niñas Wayúu”.
5. Autoridades  tradicionales
indígenas
5.1. Asociación de autoridades
tradicionales wayuu Una Apuchon
Declaró la Asociación, que el
resguardo indígena Una Apuchon creado mediante Resolución No. 051 del 2000
proferida por el INCORA, está conformado por 23 comunidades y posee una
extensión de 1180 Hz de territorio.  Aseguran que para el 2014 la población
total del resguardo era de 7.871 habitantes, que son una comunidad dependiente
económicamente de la agricultura, el pastoreo y la elaboración de artesanías.[722]
Adujo la Asociación que en censo
poblacional realizado en el 2014, había en el Resguardo 52 niños entre los 0 y
5 años de edad y 960 entre los 6 y los 10 años de edad; de los cuales se
identificaron 28 casos de desnutrición infantil aguda, 5 casos de desnutrición
grave y el 80% de los niños en edad escolar presentaron bajo peso en relación
con su edad. Declaró la Asociación que “uno de los niños diagnosticado con
desnutrición permanece ingresado en la unidad de cuidados intensivos recibiendo
tratamiento”.[723] Dentro de su
intervención, la Asociación expresó que:
“Al igual que en otros Resguardos de la media y
alta Guajira, los casos de desnutrición están asociados principalmente a la
escasez de alimentos y agua potable, deficiencias en los programas de salud y
saneamiento básico. […] Los fenómenos climáticos que durante los últimos años
afectan a la región impiden el desarrollo normal de las actividades productivas
de la etnia Wayúu (agricultura y pastoreo) y que da como resultado un
detrimento en su calidad de vida. […] los programas sociales implementados por
el gobierno en todo el territorio nacional han desplazado los usos y costumbres
de la etnia Wayúu, olvidando que un único modelo no puede ser aplicado a las
diferentes comunidades indígenas existentes en el país porque perderían su
autonomía”.[724]
La Asociación De Autoridades Tradicionales
Wayúu Una Apuchon, presenta una serie de recomendaciones y alternativas de
solución que son relacionadas en el Anexo III de la presente sentencia.
5.2. Asociación de Autoridades
Tradicionales Indígenas Wayúu Shipia Wayúu.
La
Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas Wayúu Shipia Wayúu, se
pronunció de la siguiente forma:
“Frente a los hechos a que se hace
referencia en el citado auto, será del caso aclarar que tiene que ver con la
decisión de medidas cautelares proferida por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos 11 de diciembre de 2015 a favor del Pueblo Wayúu, donde actué
en representación  de la Asociación Shipia Wayúu en calidad de peticionario […]
Los hechos puestos en conocimiento de la citada instancia internacional fueron
expuestos por la misma CIDH en la decisión de medidas cautelares, vigentes a la
fecha.
En el curso del presente año han sido
proferidas dos decisiones relacionadas con los mismos hechos:
a) Acción de tutela No. 5317898
promovida por Shipia Wayúu contra instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
proferida por la Corte Constitucional.
b) Acción de tutela No. 2016-01719
promovida por Shipia Wayúu contra la Presidencia de la República y otros,
proferida por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia”.[725]
Como posible solución a la
problemática, la Asociación sugirió el acatamiento de las decisiones judiciales
mencionadas y las medidas cautelares de  la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos.
5.3. Resguardo Indígena Caicemapa
El Resguardo Indígena Caicemapa se
pronunció frente al esfuerzo presupuestal de las entidades del orden nacional y
de las entidades territoriales, anexando contrato y acta de concertación para
la administración de los recursos de la asignación especial del sistema general
de participaciones para los resguardos indígenas celebrado entre el Municipio
de Distracción y el Resguardo Indígena Wayúu de Caicemapa con vigencia para el
año 2015, en los cuales se estableció presupuesto de gasto para educación
(conectividad a internet) y para cultura. De igual manera, adjuntó concepto de
viabilidad de proyecto que buscaba servicios técnicos para la instalación y
montaje de la conectividad a internet con conexión WIFI para educación y
concepto de viabilidad para proyecto referente al I Encuentro cultural para el
fortalecimiento de la identidad y tradición de la cultura Wayúu.[726]
5.4. Resguardo Indígena Wayúu De
Potrerito, Municipio De Distracción
El Resguardo Indígena Wayúu de
Potrerito del Municipio de Distracción, Departamento de La Guajira, anexó
presupuesto de inversión del Resguardo Indígena Wayúu de Potrerito 2016, el
cual dispuso asignación presupuestal por concepto de desarrollo comunitario,
cultura y proyectos productivos. Así como actas por medio de las cuales se
aprobó y adicionó presupuesto de ingresos y gastos del mencionado resguardo
indígena. Igualmente, adjuntó perfil del proyecto para el programa de seguridad
alimentaria a través de suministro e instalación de quipo de bombeo de agua
para fortalecer la producción de alimentos a través de las Yujas (huerta
comunitaria).  El Resguardo Indígena Wayúu de Potrerito, también aportó
concepto de viabilidad de proyecto para cerramiento de la enramada comunitaria
del resguardo indígena que buscaba efectuar eventos sociales y concepto de viabilidad
para el proyecto concerniente al repoblamiento ovino caprino en el resguardo,
con el fin de proteger su principal fuente de trabajo de acuerdo a costumbres y
tradiciones. En materia de educación, este resguardo adjuntó perfil y estudio
de viabilidad del proyecto denominado Luma Ekirajiapulee enramada para
el desarrollo de actividades de educación propia en el resguardo indígena de
Potrerito Municipio de Distracción.[727]
5.5. Asociación De Autoridades
Indígenas Tradicionales Wayúu Del Clan Ipuana De La Zona De Irauri
La Asociación De Autoridades
Indígenas Tradicionales Wayúu Del Clan Ipuana De La Zona De Irauri, enunció
algunas de las circunstancias que identifica como causa de la crisis que afecta
al pueblo Wayúu.
En
primer lugar, expone que la población rural del departamento es dispersa;
Uribia por ejemplo, “cuenta con aproximadamente 22.037 puntos poblados, y
una densidad poblacional alta”[728], aunado a la existencia de desplazamiento individual o masivo de
miembros del pueblo Wayúu por parte de grupo armados al margen de la ley.
[729]
En segundo lugar, manifestó que el
cambio climático “originó intensos veranos (4 años) a lo largo y ancho de la
península de La Guajira, problemas de seguridad alimentaria, escasez de agua,
extinción de especies propias de la flora y la fauna del territorio de La Guajira,
para lo cual no estábamos preparados”;[730] en adición
indicó que con la llegada de las lluvias, se incrementó el desabastecimiento de
alimentos en las comunidades de la zona rural debido al “pésimo estado de las
vías”.[731] Apuntó que existe una
complejidad geográfica dentro del territorio del departamento: “es muy
grande y con características muy diferentes en sus zonas, vías de acces[o] [,] caminos de herradura, trochas y en épocas
lluviosas inestables”.[732]
En relación
con la calidad de vida, manifestó la Asociación que existen “necesidades
básicas insatisfechas: carencia de agua apta para el consumo humano,  vías de
acceso en condiciones deplorables, deficiente prestación de servicios públicos,
hospitales en crisis causados por la politiquería, improvisación de aulas
escolares en enramadas y en el peor de los casos debajo de los árboles”.[733] Así mismo, adujo que existe deterioro de la salud de los miembros de la
comunidad “al desaparecer plantas y animales necesarios para práctica de
medicina tradicional para restaurar la salud. A ellos hay que sumarle los
efectos espirituales sobre la vida de los médicos  tradicionales ante la muerte
de sus seres queridos por física hambre”.[734]
En lo referente a la situación económica de la
población del departamento manifestó que el cierre de los puertos de la región
por parte del Estado Colombiano, sin que se plantearan políticas de sustitución
de dicha actividad económica; acabó con la fuente de ingresos a la población Wayúu
de la zona.[735]
Finalmente,
aseguró que la reforma de la ley de Regalías que afecta el PAE, otorga recursos
insuficientes que no alcanza para la alimentación de la población estudiantil y
dispara la deserción escolar.[736]
La Asociación De Autoridades
Indígenas Tradicionales Wayúu Del Clan Ipuana De La Zona De Irauri, presenta
una serie de recomendaciones y alternativas de solución que son relacionadas en
el Anexo III de la presente sentencia.
5.6. Asociación de Autoridades
Indígenas Suliwaou Laulayú
Según la visión presentada por la
Asociación de Autoridades Indígenas Suliwaou Laulayú, de la problemática, es
posible establecer las causas de la crisis en los siguientes aspectos:
“El pueblo indígena Wayúu afronta graves
problemas de seguridad alimentaria y escasez de agua generada por los intensos
veranos y el cambio climático regional que aunado a la complejidad geográfica,
cultural y social de la región y la deficiente atención en salud, estas situaciones
han desencadenado las tasas de morbilidad infantil asociada con problemas de
desnutrición.
En Conclusión, la situación de abastecimiento de
agua en esa región es crítica ya que no hay garantía mínima por parte del
Estado del derecho fundamental al agua, es decir, no hay políticas claras que
den una verdadera solución al tema, generando un aumento en los índices de
pobreza, desnutrición, enfermedades catastróficas, imposibilidad de desarrollo
e insatisfacción de mínimas necesidades básicas.
Hay una crisis económica social que afronta la
región, debido a la falta de políticas para la implementación de oportunidades
de trabajo que afecta en gran medida a la población indígena, quienes
históricamente obtenían su sustento diario por medio del comercio informal y el
trueque. La eliminación del contrabando sin la creación de dichas medidas, así
como también la poca participación de las comunidades indígenas al momento de
definir y priorizar el destino de los recursos otorgados por medio del Sistema
General de Participaciones, la explotación de los recursos minero-energéticos y
a presencia de grupos armados al margen de la ley, han impedido el desarrollo y
una mejor organización política, económica y social en el Departamento de La Guajira.
Las comunidades acentuadas en el territorio son
minorías que no tienen conocimiento de sus derechos y de la protección de los
mismos, así como tampoco de los beneficios a los cuales puede acceder. La falta
de la igualdad al momento de la implementación de las políticas públicas y el
mal manejo e inversión de los recursos destinados al mejoramiento,
organización, desarrollo y autoabastecimiento de las comunidades indígenas
afecta masiva y sistemáticamente no solo diversos derechos fundamentales
subjetivos sino la existencia del pluralismo y a diversidad étnica en
Colombia.”[737]
En relación con la coordinación
interadministrativa, con líderes y autoridades tradicionales; La Asociación
señaló que existe un precario conocimiento de la población y sus
características por parte del Estado. Al respecto, manifestó que “la falta
de un sistema estadístico sobre la población Wayúu limita la capacidad de
respuesta oportuna e integral del estado frente a situaciones de crisis”,[738]
de manera que la efectividad de los programas requiere de una medición
diagnóstica y estadística acertada y razonable.
De otro lado, apuntó La Asociación
que “existen dificultades para la identificación de los interlocutores
válidos de las comunidades, incluso cuando acuden a las reuniones con las
Entidades del estado. Se pueden decir que no existen líderes con representación
única a la hora de tomar decisiones participativas con las comunidades”,[739]
toda vez que para las comunidades Wayúu, existen más de 3.000 cabezas de clan
reconocidos por el Estado Colombiano. [740]
5.7. Consenso de Autoridades
Indígenas Wayúu
En escrito del 22 de Febrero de
2017,17 Autoridades Tradicionales Indígenas manifestaron que:
“Para comprender ciertas cosas de nuestro
Derecho Mayor y Ley de Origen, le damos a conocer elementos que pueden
clarificar muchas cosas de las que nos suceden a diario:
E’irukuu: es la estructura de organización
social de las familias, tanto de origen mítico e histórico, descendientes de
nuestra madre Mma (tierra), ubicados en una porción del territorio comprendido
entre suelo, subsuelo y sobresuelo, cohesionados por el acceso a la
alimentación (huertas , depósitos o acceso al agua, acceso a frutos silvestres
y  a la cría de ganado), para que lo cuidemos y administremos mediante el
Derecho Mayor y la Ley de origen con las respectivas normas que a diario
utilizamos para forjar nuestra  nación.
A’laulaa: son jefes familiares de linaje
territorial, representado por algún  e’irukuu quienes bajo los mandatos del
Derecho Mayor y la ley de origen Wayúu administran todo lo relacionado a las
cosas de convivencia armónica, como lo son el uso del agua para la ganadería y
la fauna y la propiedad de los animales en los pequeños núcleos de convivencia.
Putchipu’u: Es un ente jurídico que aplica el
código de administración de la justicia , son personas que tienen conocimiento
pleno de la etimología  del idioma Wayuunaiki y de la historia  del proceso de
convivencia y alianzas territoriales, quienes mediante  el principio de que
todas las voces  (de la naturaleza: piedras, viento, lluvia , aves e incluso
también el de la gente) al llegar  a nuestro estómago “ sube” al corazón, de
allí a la cabeza y luego a la boca en donde las expresiones dulces, de armonía
salen delante d los dientes, para generar la dialéctica y en el análisis de las
cosas actuales y del pasado se determinen soluciones de convivencia pacífica
entre los distintos linajes y E’irukuu y el proceso de interculturalidad.
Son ellos quienes disfrutan del ejercicio de la
dignidad desde lo espiritual bajo los mandatos del Derecho Mayor y desarrollan
la dialéctica de la ley de origen Wayúu mediante la elegancia filosófica en el
discurso en Wayunaikii, en su máxima expresión intelectual […]
La organización indígena de Colombia ONIC,
concertó con el Gobierno Nacional la expedición del Decreto Ley 1088 de 1993
que dice en su Artículo 1º Aplicabilidad. Los cabildos y/o Autoridades
Tradicionales Indígenas, en representación de sus respectivos territorios
indígenas, podrán conformar asociaciones de conformidad con el presente
decreto, indicándose de esta manera un reconocimiento parcial a nuestros sueños
e ilusiones en lo representativo para el ejercicio de nuestra autonomía como
autoridades indígenas en nuestros territorios.
De allí en adelante surgen otras normas que
reconocen derechos en el desarrollo de nuestra autonomía, pero de igual manera
los funcionarios públicos de la cultura guajira y los funcionarios de la
función pública del orden nacional, como lo es el Ministerio del interior y de
justicia “crearon “nuevas formas de desorden para lograr figuras “artificiales”
de autoridades Wayúu, “lideres” etc., sin que nada tuviese que ver con lo
expresado en el derecho mayor, ley de origen , la constitución y las leyes”[741]
En relación con la atención de la
primera infancia por el ICBF, el Consenso de las Autoridades Indígenas Wayúu se
pronunció de la siguiente forma:
La comunidad wayuu es una cultura
que respeta y valora los derechos de los niños tal y como lo consagra el art.
44 de la Constitución Política de Colombia. De igual manera, que la familia, la
sociedad y el estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para
garantizar su desarrollo armónico e integral según su propia cosmovisión
cultural.[742]
No obstante, el ICBF a través de la
modalidad propia, impuso diversas disposiciones en los programas de primera
infancia, que conllevan a lesionar su cultura. Ejemplo de estas son: “la
imposición a las comunidad indígenas el modelo de educación inicial que está
establecido por el estado para toda la población general, la imposición de
pautas de crianza y resolución de conflictos […], los recursos humanos como los
docentes, trabajadores sociales, coordinadores, nutricionistas etc., que labora
en las comunidades indígenas, no tiene conocimiento de la cultura no hablan el
wayunaiky y los indígenas no hablan al español”.[743] Esto
ampliamente relacionado con la situación fáctica generada por falta de
infraestructura necesaria para la atención de la primera infancia, por la falta
de garantía relacionada con el  suministro de agua potable en los puntos de
atención de niños, por la falta de electrificación en más del 90% de las
comunidades que permita la refrigeración y el mantenimiento de los alimentos,
generan la debilidad manifiesta de la población infante Wayúu.
Así mismo indicaron, “el gobierno
Colombiano intenta cambiar y separar los derechos de los niños de sus derechos
colectivos, culturales, territoriales, alimenticios, espirituales y
jurisdiccionales, que en su conjunto conforman la garantía de sus derechos
milenarios a su propia educación”. Dado que “la educación está basada en
lo que el gobierno cree que es bueno para nosotros, sin tener en cuenta que el
pueblo wayuu tiene desde tiempos remotos un sistema de educación inicial propia”.[744]
Por otra parte, expusieron que el
ICBF no cumplió con el principio constitucional de consulta previa, en virtud
del bloque de constitucionalidad de cual hace parte Convenio 169 de 1.989 de la
OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, ratificado por la Ley 21 de 1.991 y del
artículo 330 de la Constitución política. Reflejado en la modalidad propia
impuesta a la comunidad Wayúu anteriormente expuesta y en el incumplimiento de
tutelas: TSR/SG-9306 del Tribunal Superior de Riohacha y la comunicación del
director de primera infancia, según correspondencia No S-2016-613789-0101.[745]
Al manifestarse respecto del tema de
afectación al medio ambiente y la minería en el Departamento, las Autoridades
Indígenas Wayúu se pronunció de la siguiente forma:
·
Cambio Climático
Manifestaron que “ante el
calentamiento global las temperaturas de las aguas del mar se han elevado lo
que causa el alejamiento de los peces de la costa que eran parte de nuestra
dieta alimentaria, nuestras pequeñas embarcaciones no nos permiten ir a mayores
distancias para obtener los peces necesarios en nuestra alimentación”.[746]
Además, “la alta temperatura del
mar hace que Guaguia (Dios Huracán) que nos visitaba entre cinco a diez años,
ahora se hace presente en el territorio durante más de diez años, lo cual no
permite que sus aguas  abastezcan los territorios de los distintos E’iruku, lo
cual afecta estructuralmente la dieta alimentaria”.[747]
·
El cambio climático y la extracción
En relación con la extracción minera
en el cerrejón, el Consejo de las Autoridades Indígenas Wayúu, concluyó que “la
extracción minera en el cerrejón ha cambiado el curso de las aguas de nuestro
Dios-rio Perrankanagua (rio de ranchería) que durante más de treinta años ha
dejado de abastecer las aguas de los ríos subterráneos que abastecía las
grandes sabanas ubicadas entre las áreas rurales de Manaure, Uribia, Riohacha y
Maicao” [748]
siendo un peligro potencial para la supervivencia física del pueblo Wayúu.
Por otro lado, “los sitios de
abastecimiento de alimentos de las áreas aledañas a la mina del cerrejón que
hoy posee más de 60.000 hectáreas, está destruido completamente, ya que se secaron
las aguas superficiales y subterráneas que servían para la siembra, generando
graves y profundos problemas de seguridad y autonomía alimentaria”. [749]
·
La minería del carbón
El gobierno central al contratar la
explotación de Carbón del Cerrejón, creó condiciones desfavorables para los
miembros de la nación Wayúu por las siguientes razones:
1. “Creó
una reserva industrial para la extracción del carbón que hoy tiene más de
sesenta mil (60.000) hectáreas que contaminan el suelo, subsuelo y sobresuelo,
afectando todo el habitad, se destruyó y se destruye la ganadería al acabarse
las fuentes aguas superficiales y subterráneas del Dios-Rio Perrakanagua que
abastecía lo necesario para la autonomía alimentaria de los E’iruku”. [750]
2. “Creó
una reserva industrial de 150 kilómetros de largo por dos kilómetros de ancho
para uso exclusivo de una vía férrea […] que durante más de tres décadas
destruye la economía Wayúu al matar en su andar a miles y miles de ovejos y
chivos”[751].
Adujo que, para la expuesta concesión férrea y para la concesión de Puerto
Bolívar no se realizó consulta previa alguna.
·
Las minas de sal de Manaure
Es de anotar que en dicho municipio
se encuentran las más altas cifras de muertes por desnutrición o causas
asociadas, y debido a la “intransigencia del gobierno central en no querer
entregar los activos de esta concesión Salinas a Sama Ltda.”.[752]
Ordenado por el Consejo de Estado, se han presentado las siguientes
consecuencias:
“[M]ás de mil (1.000) personas mujeres
trabajadoras de la sal, en nueve (9) años no se les permita ejercer sus
trabajos en las charcas de Shorshimana y Manaure, de esos recursos se compraban
alimentos para brindar los nutrientes necesarios para miles de niños Wayúu en
todo el territorio ancestral de la sabana y el Municipio de Manaure […]. Más de
170 familias que explotan la sal en las charcas de Manaure abajo no se les
permite el uso libre de Salmuera para producir y comercializar sal” [753]
Al manifestarse respecto del tema de
acceso al agua potable, las Autoridades Indígenas Wayúu se pronunciaron de la
siguiente forma:
“El pueblo Wayúu carece de agua potable, es un
problema vital pues del agua emana la vida y todo su conjunto. Por esta
carencia se afectan los derechos fundamentales como son la vida, la salud y la
educación.”[754]
Sobre la temática de desarrollo
rural, comentario y familiar, las Autoridades Indígenas Wayúu se pronunció de
la siguiente forma:
El desarrollo rural, comunitario y
familiar de la nación Wayúu está estrechamente vinculado a sus territorios
ancestrales y toda actividad a desarrollarse de los usos y costumbres
milenarias. Los más relevantes para la comunidad Wayúu son: (i) no hay un plan
que garantice el agua para la producción agrícola y pecuaria en las comunidades
indígenas, (ii) en las zonas donde comúnmente los indígenas sembraban cultivos
está en cero hectáreas, (iii) la desnutrición no tiene como causa solo la falta
de alimentos, esto tiene orígenes más claros como la pobreza extrema causada
por la falta de empleo y el abandono del Estado.[755]
Sobre el tema de salud, las
Autoridades Indígenas Wayúu se pronunciaron de la siguiente forma:
“Dentro de este derecho fundamental que hace
parte del universo espiritual propio de la comunidad Wayúu, es importante
resaltar los siguientes problemas: (i) las barreras lingüística en la
prestación de los servicios de salud, (ii) la falta de oportunidad
accesibilidad en la prestación de los servicios, (iii) no existen centro de
salud en las comunidades indígenas (iv) la falta de un enfoque diferencial
entre la población general y la comunidad Wayúu” [756]
En referencia a
la temática de educación, las Autoridades Indígenas Wayúu se pronunció de la
siguiente forma:
Pese a la
mejoría al acceso a la educación a través de programas etno-educativos y
escuelas satelitales, muchas instituciones educativas funcionan en enramadas y
sin acceso a agua, energía ni saneamiento básico, es decir, “los niños Wayúu
estudian en las peores condiciones posibles […], para algunas comunidades la
escuela queda lejos y el transporte público siempre comienza tarde o se acaba
temprano”.[757]
En la mayoría de las escuelas solo hay grados hasta tercero de primaria, de
allí en adelante no pueden seguir estudiando porque no hay oferta en el
territorio.[758]
Cabe resaltar, “la mayoría de las
escuelitas no cuentan con agua potable ni saneamiento básico, los niños deben
hacer sus necesidades fisiológicas en el monte, algunas escuelitas tienen pozos
pocos profundos con molinos, pero muchas están dañados”.[759]
5.8. Asociación de Autoridades
Tradicionales Wayúu Kaitu
Manifestó la Asociación de
Autoridades Tradicionales Wayúu Kaitu que la desnutrición es una problemática
que afecta no únicamente a la niñez, sino a toda la comunidad wayúu, al
respecto se pronunció de la siguiente forma:
“[…] los problemas asociados con la
desnutrición, no solo de la niñez wayuu, población afectada especialmente con
el flagelo reseñado, sino de toda la comunidad wayuu, la cual se encuentra en
mayor proporción sumida en la extrema pobreza, aunado a la deficiencia en los
servicios de salud ofrecidos a esta población de especial protección
constitucional y en general a todos los ciudadanos colombianos, ya que
actualmente en esta sección del país se presenta una crisis en el sistema de
salud, incide igualmente la falta de cooperación y concertación entre
organismos estatales y no estatales en pro de la aminoración de las
problemáticas asociadas a la desnutrición, siendo a muerte únicamente uno de
ello[s], el de mayor impacto para la sociedad, a través de planes y programas
de alimentación y nutrición adecuados, también es de resorte indicar que
influye en la propagación del mismo ciertas costumbres arraigadas en las
familia[s] de la cultura wayuu”.[760]
En relación a las causas que dan
origen a la problemática de desnutrición y la consecuente mortalidad infantil,
La Asociación manifestó no ser la autoridad competente para pronunciarse sobre
las mismas.[761]
Consideró La Asociación que las
soluciones que se planteen deben centrar sus esfuerzos en: (i) garantizar la
atención en salud no únicamente a los niños de 0 a 5 años, sino a toda la
población Wayúu, (ii) hacer seguimiento al Plan de Acción interinstitucional e
intersectorial, nacional y regional, descrito en el fallo de primera instancia;
(iii) fortalecer los programas adelantados por el DPS; (iv) llevar a cabo todas
las intervenciones necesarias para la garantía de los derechos fundamentales
del pueblo Wayúu y acoger las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo.[762]
5.9. Asociación de Autoridades
Tradicionales Indígenas Wayúu de la Zona de la Marina
La Asociación de Autoridades
Tradicionales Indígenas Wayúu de la Zona de la Marina dio respuesta a cada uno
de los hechos enunciados en la tutela, de lo que se resalta que:
“Es cierto que en lo[s]  últimos se ha
publicado información de muertes de niños wayuu por causas relacionadas con la
desnutrición. […] Se padece mucho en la alta Guajira por la escasez de agua
potable pero no podría afirmar que esos niños solo viven con un vaso de chicha
al días en un situación que no me consta […] Es cierto [,] el Gobierno Nacional
se encuentra en deuda con las comunidades indígenas de la etnia wayuu, en lo
que respecta a los temas aludidos y que ha llevado [a] la muerte por causas
asociadas a la desnutrición de algunos menores.
[…] la población wayuu no posee los recursos
necesarios para la obtención de una alimentación adecuada por múltiples y
diversas razones entre ellas la falta de agua y la generación de empleo.\\  […]
independientemente del número de niños wayuu muertos la obligación del estado
colombiano es garantizar la vida la salud y la integridad de nuestros niños y
no se está haciendo en debida forma”[763]
La Asociación de Autoridades
Tradicionales Indígenas Wayúu de la Zona de la Marina, presenta una serie de
recomendaciones y alternativas de solución que son relacionadas en el Anexo III
de la presente sentencia.
5.10. Asociación de Autoridades
Tradicionales Wayúu Zona de la Sabana
La Asociación de Autoridades
Tradicionales Indígenas Wayúu de la Zona de la Sabana, se pronunció de la
siguiente forma:
“Dando lugar a lo expuesto por la
H.C.C. refiero lo siguiente: la población étnica wayuu ancestralmente convivía
de manera armónica con la naturaleza el bienestar socioeconómico  era producto
del equilibrio con la naturaleza esto nos permitió tener una infancia plena no
había espacio para la escasez de alimentos todo lo contrario las familias
garantizaban su seguridad alimentaria con sus cultivos tradicionales y sus
rebaños de ovinos y caprinos eran inmensos era poco lo que se extraía de la
cultura occidental para subsistir ya que el estado no ejercía soberanía en todo
el territorio y no existía tanta tecnología este escenario ha cambiado
totalmente con la llegada de la sequía/factor climático obteniendo como
resultado toda escasez y perdida del bienestar wayuu evidenciando lo siguiente:
·
La pérdida por completo de los rebaños que
generaban las proteínas del autoconsumo a las familias.
·
La deforestación del suelo en muchos territorios
n existe capa de vegetación.
·
La no siembra de los cultivos tradicionales esto
ha generado que el wayuu desplace esta actividad por otros como son conducir
motos, ciclo taxis, mano de obra no calificada y el ingreso que obtienen no
permite cubrir todas las necesidades básicas del hogar.
·
El aumento permanente y robo de los pocos
rebaños que quedan por parte de algunos indígenas que ha generado conflicto
entre muchas familias.
·
Específicamente en el Sector Sabana Jurisdicción
del Municipio de Manaure no existen vías de transporte que faciliten las
penetraciones a las comunidades a si sea una principal”.[764]
La Asociación de Autoridades
Tradicionales Indígenas Wayúu de la Zona de la Sabana, presenta una serie de
recomendaciones y alternativas de solución que son relacionadas en el Anexo III
de la presente sentencia.
5.11. Autoridades Tradicionales
Indígenas Wayúu de la Asociación Anataweeshi
La Asociación Anataweeshi declaró
que en el departamento de La Guajira existe un desorden institucional, que se
ve reflejado en la ausencia de un “documento oficial que indique la
existencia de un plan de salvaguardia para la etnia Wayúu”[765].
En relación con la situación de
desnutrición y mortalidad infantil, la Asociación se pronunció de la siguiente
forma:
“[…]Una de las cosas que consideramos
apremiantes y que contribuyó con la tragedia humanitaria donde semanalmente
perdemos 2 y 3 vidas de niños wayuu debido a que el sistema de Seguridad Social
no es funcionan en territorios dispersos como en […] La Guajira y de ello las
instituciones como la superintendencia de salud tiene conocimiento en detalle
de toda la operación institucional para que empresas de salud indígenas y no
indígenas con cobertura en los territorios indígenas pueden legalizar y evadir
responsabilidad de atención de prevención y atención en el servicio a la
población vulnerable.
[…] La consulta previa, concertación y
diseño de la política para la atención de la Política para los pueblos
indígenas invocan ciertos parámetros del derecho internacional que el ICBF se
niega a cumplir y por ello recurre a NEGAR INSTITUCIONES PROPIAS DE LOS PUEBLOS
INDÍGENAS en cuanto a la articulación para la atención de niños, niñas y la
familia en programas oficiales y en cambio DEFINE, INSTRUYE, ORIENTA Y ORDENA
la intromisión institucional DE FUNDACIONES, CORPORACIONES, UNIONES TEMPORALES,
EMPRESAS FAMILIARES Y COMERCIALES Y ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES en los
territorios ancestrales Wayúu sin medir el impacto de las mismas y
contraviniendo el orden jurídico de protección a la comunidades indígenas en
sus territorios. Estas actuaciones están justificadas en el PODER INSTITUCIONAL
DEL ICBF EN CUANTO A QUE EXISTE UN FUERO SUPERIOR AL ESTATUTO CONTRACTUAL,  el
cual permite desaforadamente y de manera desplanificada PACTAR DIRECTAMENTE
CONE STAS la atención de por lo menos 33 mil niños en los municipios de Manaure,
Uribia y Maicao […]”[766]
La Asociación Anataweeshi, presenta
una serie de recomendaciones y alternativas de solución que son relacionadas en
el Anexo III de la presente sentencia.
5.12. Asociación de Autoridades
Tradicional Indígena Wayúu: Trópico Azul de Uribia
Manifestó la Asociación de
Autoridades Tradicional Indígena Wayúu Trópico Azul de Uribia, que los mayores
casos de muertes de niños, niñas y adolescentes wayúu se dieron en comunidades
y rancherías del municipio de Manaure, y no en la alta Guajira. En relación con
la presencia institucional, declaró que:
“El difícil y poco acceso a estas zonas
de la alta Guajira por parte del gobierno municipal, departamental y nacional
debido a los distantes sitios de referencia y al mal camino por tierra, hacen
que muchas familias guajiras colombianas que habitan en zonas de fronteras con
Venezuela, no puedan ser atendidas en: Salud, Educación, Alimentación, Vivienda
y en mejorarle su manera de producir y producción y así ayudar con sus entradas
económicas al hogar, etc.
[…] La Asociación “trópico azul” ha presentado
y gestionado ante la oficina de asuntos indígenas del municipio proyectos de
alimentos de consumo humano, las jornadas de identificación en la Registraduría,
carnetización en salud con diferentes, EPS, Secretaría de Salud y Hospital
Municipal, para todas las familias que ampara la asociación, ha gestionado el
suministro de AGUA POTABLE Y TRATADA en las instalaciones de la triple AAA
(Acueducto, aseo y alcantarillado) en este municipio, construido y adecuado
albercas para que sirvan de depósito del agua traída con tarro tanque en dos de
las tres Rancherías que ampara”[767]
La Asociación “negó ser culpable”
de los hechos de la acción de tutela, en la medida en que aseguró que dentro
del territorio de su resguardo no se han presentado casos de muerte de niños,
niñas y adolescentes wayúu por causas de desnutrición y asociados. [768]
5.13. Asociación de Autoridades
Tradicionales Wayúu de Buenos Aires
La Asociación de Autoridades
Tradicionales Wayúu de Buenos Aires, se manifestó respecto a los hechos de la
tutela en la siguiente forma:
“En nuestra comunidad no se ha
presentado dichos hechos sobre a muerte de niños de desnutrición. Ya que se
maneja un control mediante un  programa de desnutrición, el cual se realiza por
parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, ya que el centro
zonal es el encargado de dar una buena atención a los niños de bajo peso.
La sequía de La Guajira [h]a golpeado
a la comunidad Wayúu de manera tal que el agua si ha de primera necesidad para
las comunidades, se han tomado medidas a través de ayudas por parte de la
Alcaldía Municipal, Gobernación y la Unidad Nacional para la gestión de riesgos
y desastres por medio del abastecimiento de agua por medio de carro tanques para
el suministro a los diferentes hogares wayuu, no ha sido una solución cartera,
ni exacta pero si ayuda a solventar una problemática del agua en un 70% pero el
Wayúu sigue en espera de solucionar la necesidad en un 100%.
En la parte de salud nuestra comunidad
cuenta con el Centro de Salud Puerto Estrella que siempre está disponible para
la atención de salud para niños y niñas de la comunidad, en segunda instancia
contamos con HPS Hospital de Nazaret, un hospital en el cual se encuentra lo
más necesario para la atención en salud esta misma nos presta los servicios de
penetración a las comunidades periódicamente y le dan asistencia médica a las
rancherías pertenecientes a esta asociación.
En conclusión en la Alta si se observa
un poco de contingencia con respecto a la falta de alimentos, esto se da debido
al cierre de la frontera con el vecino país Venezuela debido a la mal toma de
decisiones tomadas por el presidente vecino, una decisión que desabastece a la
alta guajira en toda su extensión.
Las entidades gubernamentales y alcaldía
deben buscar o proponer más soluciones para surtir más agua a las comunidades
por medio de carro tanques, pozos y jagüeyes, ya que es una de la solución más
certera para solventar esta problemática.”[769]
5.14. Asociación de Autoridades
Tradicionales Wayúu de la Zona de Amuruluba
La
Asociación de Autoridades Tradicionales Wayúu de la Zona de Amuruluba manifestó
a la Corte que los hechos que han dado origen a la acción de tutela
interpuesta, son ocasionados por diversas causas, dentro de las cuales refirió
las siguientes:
“1. Los  recursos asignados por parte
del Estado Colombiano para la atención de los niños y niñas no son suficientes,
para contrarrestar la crisis humanitaria que atraviesa La Guajira.
2. La reforma a los recursos de
regalías también ha incidido demasiado, porque anteriormente el Municipio de
Manaure destinaba recursos para la atención de los niños y niñas, como apoyo a
los distintos programas que mejoren la calidad de vida de la comunidad Wayúu.
3. La reforma de las regalías, de
igual forma ha afectado los recursos que le destinaban a la Corporación
Autónoma Regional de La Guajira “CORPOGUAJIRA”, entidad que también apoyaba a
las comunidades indígenas en las soluciones de agua para el consumo humano.
4. El Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, Las Entidades Promotoras de Salud, Instituciones
Prestadoras del Servicio, Empresas Sociales del Estado y Secretarías de Salud,
no trabajan de manera coordinada, lo cual conlleva a que las acciones aisladas
no sean suficientes y terminan estigmatizando a nuestra comunidad wayuu,
atribuyéndoles que parte de la crisis se debe a los usos y costumbre, posición
totalmente errónea.
5. La entidades mencionadas en el
numeral anterior no cuentan con un equipo interdisciplinario idóneo para la
atención de la población wayuu, cuentan con profesionales que desconocen
nuestro Derecho Propio, y el personal vinculado que pertenecen a nuestra etnia,
con tienen sentido de pertenencia con su pueblo y solo se limitan a cumplir con
unas acciones insuficientes, para propender por una estabilidad laboral.
6. La modalidad de Contratación
utilizada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para la atención
de los niños y niñas de nuestra comunidad Wayúu, no busca su finalidad social,
sino, que se ha convertido en un sistema de corrupción, comenzando por los
mismos funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que no
consulta con las comunidades, para que los programas marchen de la mejor forma,
al contrario, imponen operadores que no aplican el enfoque diferencial,
desviando los recursos en aras de satisfacer las necesidades personales de los
contratistas y de los funcionarios del ICBF.
7. Los órganos de control tampoco
desempeñan a cabalidad sus funciones Constitucionales y Legales, lo cual
conlleva a que los encargados de atender a la población con recursos públicos,
utilicen de manera inapropiada los recursos, ocasionando con ello la crisis en
La Guajira, para el ICBF el operador cumplido con las obligaciones contractuales
es que le entrega dadivas, a los cuales favorece maquillándoles los informes de
ejecución. Y los malos operadores son aquellos que practican la trasparencia”[770]
La Asociación de Autoridades
Tradicionales Wayúu de la Zona de Amuruluba, presenta una serie de
recomendaciones y alternativas de solución que son relacionadas en el Anexo III
de la presente sentencia.
5.15. Asociación de Autoridades
Tradicionales Indígenas del Área de Influencia Inmediata de las Salinas Marítimas
Industriales de Manaure, La Guajira : Sumain-Ichi
La
Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas Sumain-Ichi manifestó a la
Corte que dentro de su región existe una preocupación constante por las
comunidades indígenas del municipio de Manaure en relación a la falta de agua
potable, pues “están consumiendo agua de lluvia que han represados en los
Arroyos en los Jagüeyes es un agua contaminada”.[771]
Calificaron como urgente el suministro de agua potable a través de carros
cisterna “como lo venía haciendo la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y
Desastres en el año 2016 y el suministro de la ayuda humanitaria, mientras se
hace el estudio técnico de la construcción del nuevo Pozo Profundo en la
comunidad indígena de Mapayat”.[772]
Adujo
la Asociación que mantiene un dialogo “directo y abierto” con el
Gobierno Nacional; no obstante, solicitaron el cumplimiento de las acciones
inmediatas y efectivas, en razón a los acuerdos que la Asociación manifiesta
haber firmado con el Gobierno Nacional.[773]
En relación con la necesidad de
participación de las comunidades y la coordinación inter-institucional, la
Asociación Sumain-Ichi afirmó:
“[N]ecesitamos realizar trabajos de campo en las
comunidades indígenas en proyectos de Inversiones Sociales Sostenibles [,]
recopilar informaciones, ideas, que generen oportunidades positivas para el
desarrollo de las comunidades, establecer un equipo de trabajo permanente de
varias Comisiones en el territorio wayuu compuesta por el Gobierno Nacional,
Regional y Local con profesionales hablantes de la lengua wayuunaiki, para
obtener un resultado efectivo de las intervenciones”[774]
Sobre
la situación de atención en salud y educación, la Asociación señaló el “mal
manejo” de las políticas, en razón a que los niños deber recorrer grandes
distancias para ser atendidos en salud, o para tener educación de calidad. De
otro lado, punteó como problemática la proliferación de IPSI-IPS, en la medida
en que “prestan el servicio de atención muy mala, no entregan completos los medicamentos
[,] citas de especializaciones hasta 2 meses […] sábados, domingos y festivos
no hay atención”[775]
La Asociación exige del Gobierno
Nacional una intervención urgente Económica en proyectos que generen un impacto
de bienestar para la comunidad indígena Wayúu.[776]
5.16. Autoridades tradicionales
de la Comunidad de Zucaramana
Las Autoridades tradicionales de
Zucaramana, de pronunciaron  respecto a la problemática, afirmaron que dicho
territorio corresponde a la zona de mayor y extrema vulnerabilidad en el
departamento de La Guajira.
Manifestaron que el cambio de los
ciclos de lluvia y la trasformación social, motivada en la presencia de grupos
armados al margen de la ley dentro del territorio, fueron los factores más
prominentes y determinantes dentro de la crisis actual de las comunidades del
territorio.[777] Por lo anterior, las
autoridades se refirieron de la siguiente forma a la necesidad de intervención
estatal:
“ Consideramos que todas las actuaciones del
estado destinadas a esta zona debe ser adelantada desde la perspectiva de
restablecimiento de derechos colectivos de los clanes afectados señalando la
condición de zona víctima de las múltiples y sistemáticas agresiones de
derechos humanos por más de 10 años de presencia paramilitar, como punto de
partida del porqué de la depresión social y económico de nuestra zona, que han
sido las principales causas de la muerte de nuestro[s] niños wayuu en nuestra
región”[778]
5.17. Consenso de las Autoridades
Indígenas del Distrito de Riohacha
El Consenso de Autoridades Indígenas
de Riohacha, se pronunció resaltando que la comunidad wayúu es una cultura que
respeta y valora los derechos de los niños tal y como lo consagra el artículo
44 de la Constitución Nacional.
Declaró el Consenso lo siguiente: “Reprochamos
y tildamos de mentirosa y maquiavélicas, las afirmaciones de la señora Cristina
Plaza en los medios nacionales, en el sentido de que los Wayúu no respetan los
derechos de los niños”[779]. Con posterioridad a
ello, se encargó de presentar un recuento de cómo la etnia indígena Wayúu es
protectora de los derechos de los niños, mediante rituales y costumbres que muestran
su importancia.[780]
5.18. Autoridades Indígenas Wayúu
del resguardo de la Alta y Media Guajira, jurisdicción del Municipio de Uribia.
Las Autoridades indígenas wayúu del
resguardo de la Alta y Media Guajira, en la jurisdicción de Uribia,
manifestaron:
“[S]e cumplan las medidas judiciales nacionales
e internacionales que están vigentes en la actualidad a favor del Pueblo  Wayúu
respetando nuestros usos y costumbres, para que garantizar el derecho a la
vida, a la dignidad humana, a la salud, a la seguridad alimentaria, a una
educación indígena propia, el derecho al agua potable, al buen nombre y el
derecho a participar en su propio desarrollo; la crisis que padecemos no es
producto de un desastre intempestivo, es producto de un abandono permanente y
el único responsable en el Estado Colombiano, a quien hay que exigirle el
cumplimiento la garantía y protección de derechos fundamentales que
corresponden al Pueblo Wayúu”.[781]
5.19. Autoridades Tradicionales
Suuwou Saulayu  de La Guajira
Indicaron  que
tienen sus asentamientos sin resguardar en zona rural del Municipio de Riohacha
“los cuales subsisten de una manera  precaria ante la indiferencia del Estado
en el municipio de Riohacha, se reiteraron  las solicitud de resguardo
fechadas  el 2 de junio de 2011 y en las que posteriormente se brindó plano con
ubicación”.[782]
5.20 Asociación de Autoridades
Tradicionales Anas Anawa de Carraipia Norte
La Asociación de Autoridades
Tradicionales Anas Anawa de Carraipia Norte se pronunció respecto a la
problemática del acceso al agua potable manifestando que el pueblo Wayúu ha
acudido a los jagüeyes tradicionalmente, en búsqueda de agua; no obstante,
desde hace diez años, estos reservorios de agua artificial se han secado poco a
poco, y han sufrido procesos de degradación por las actividades humanas, que
alteran negativamente la calidad del poco agua que se encuentra en los mismos.[783]
5.21. Autoridades Indígenas y
Líderes Familiares de las comunidades de: Aranaipa, Jirrumana, Guanapaimana,
Uyatpana, Utyapana 2, Pera’a, Paraguachon, Ichipa, San Felipe, Jotomana,
Jaipachon, Guadalajara, Maimajasay, Ipalu, Shalimaama, Uriunaka, Pipamana,
Jepirralut, Juluwawain, Pesuapa, Koushalain, Mukulumana, Kasuto, Shiten, San
Luis y el Jobo
Las Autoridades Indígenas y Líderes
Familiares de las comunidades de: Aranaipa, Jirrumana, Guanapaimana, Uyatpana,
Utyapana 2, Pera’a, Paraguachon, Ichipa, San Felipe, Jotomana, Jaipachon,
Guadalajara, Maimajasay, Ipalu, Shalimaama, Uriunaka, Pipamana, Jepirralut,
Juluwawain, Pesuapa, Koushalain, Mukulumana, Kasuto, Shiten, San Luis y el
Jobo; presentaron escrito en donde solicitan la protección de sus derechos
constitucionales a la consulta previa y autonomía del pueblo Wayúu; que
manifestaron están siendo vulnerados.
Se presentó en el documento que la Superintendencia
de Salud emitió actos administrativos en donde se ordena el retiro de la
habilitación para operar en el departamento de La Guajira a las EPS AMBUQ,
COOSALUD, COMPARTA, entre otras. Manifestaron que en razón a que fueron
reasignados a bases de datos de otras EPS sin ser previamente consultados, se
han vulnerado los derechos fundamentales de consulta previa y autonomía.[784]
5.22. Federación de Asociaciones
de Autoridades Tradicionales de La Guajira
En calidad de miembros de la
comunidad Wayúu del municipio de Manaure, la Asociación presentó mediante
escrito una propuesta para garantizar derechos no solo a la primera infancia
sino a toda la población rural indígena.
Dentro del informe presentado, se
observó cartografía del departamento de La Guajira, en donde se estructuraron
69 zonas de desarrollo rural que permite a las comunidades garantizar sus
derechos fundamentales y a su vez comenzar a ser parte de las soluciones
necesarias.[785]
Se identificaron en Manaure zona
rural, 11.286 puntos poblados que equivaldría a aproximadamente 19.193
viviendas, con una población estimada wayúu de 93.866 personas rurales
dispersas, de los cuales 46.935 será menores de 17 años y 11.267 menores de 5
años.[786]
La propuesta que adelantó la
Federación dentro del documento, consistió en la expansión o implementación
dentro del área rural del municipio de Manaure de los programas de Redes de
Seguridad Alimentaria (ReSA), Centros de Desarrollo y Atención Infantil,
Centros de Salud con enfoque diferencial, Construcción de pozos profundos de
gran capacidad y micro redes para llevar el agua hasta las casas.[787]
6. Otras intervenciones
6.1. World Food Programme
(WFP): Programa Mundial de Alimentos
El
Programa Mundial de Alimentos (en adelante PMA) se pronunció acerca de las
consideraciones a tener en cuenta para analizar la problemática de La Guajira,
así como de la estrategia que tiene la Organización para intervenir
positivamente en la asistencia de la población vulnerable de esta región.
Presenta
el PMA que la mayor parte de sus acciones o intervenciones tienen lugar en la
media y alta Guajira; toda vez que cerca de un 45% de la población del
departamento es indígena,  el 7.5% son población negra; y se calcula que un
45.2% del total de la población del departamento vive en las zonas rurales. A
su vez, expone la entidad que, el índice de necesidades básicas insatisfechas
promedio en las zonas rurales del departamento es del 88.2% y en las cabeceras
municipales de poco más del 37%.[788] En general, La Guajira tiene
las tasas más altas de pobreza, desnutrición, y acceso a servicios básicos.
Indica la Organización que los
patrones de caída de lluvias son altamente inestables, “lo cual impacta las
cosechas y los medios de vida y el acceso al agua potable”. Exhibe que
hasta principio de 2016, La Guajira experimentó una sequía prolongada de casi 4
años debido al fenómeno del niño: “la mayoría de las comunidades no tienen
acceso a agua segura para el consumo humano ni para el consumo de animales y/o
actividades agrícolas”.[789]
En adición, presenta el PMA que no
existen vías suficientes que logren conectar las comunidades dela zona rural
dispersa con las cabeceras municipales, los costos de transporte desde y hacia
las zonas rurales son elevados y dificultan el acceso de las familias a la
oferta institucional existente que está asentada en las cabeceras municipales.[790]
En relación con la problemática de
desnutrición, la organización manifestó:
“La información existente sobre la situación
nutricional de las personas no es precisa, hay diferentes fuentes de
información y en muchas ocasiones no coinciden entre sí. El proceso de micro
focalización desarrollado por el ICBF donde se realizó valoración nutricional
en comunidades de la zona rural de los municipios de Maicao, Manaure y Uribia a
partir de la toma de medidas antropométricas a los niños, niñas y adolescentes
de 0 a 17 años, las mujeres gestantes, madres en periodo de lactancia y adultos
mayores reveló que de los 21.584 niños y niñas menores de 5 años
microfocalizados, 1.062 presentaron desnutrición aguda (4.9%), (la prevalencia
nacional es de 0.9%), 19.73% de mujeres gestantes con bajo peso en 3 los
municipios así como bajo peso en el 5.67% para las madres en periodo de
lactancia. El 7.2% de los niños y niñas mayores de 6 meses no recibieron ningún
alimento diferente a la leche materna y apenas la cuarta parte (25.4%) recibió
alimentos 3 veces al día”.[791]
Relacionó
la entidad estos resultados con una alta inseguridad alimentaria de las
familias que carecen de alimentos para ofrecer a los niños y niñas.
Indica
además que la Guajira presenta graves afectaciones a causa de la confrontación
directa y posicionamiento de múltiples actores del conflicto armado interno,
como grupos guerrilleros o grupos pos-desmovilizados. Actores ilegales que se
disputan las redes de tráfico de estupefacientes y contrabando de mercancías,
proveniente de países como Venezuela y las islas del Caribe.[792]
Lo anterior se ve agravado con la
situación de crisis en la frontera venezolana, que ha impactado la economía del
departamento y particularmente, los medios de subsistencia de las comunidades
Wayúu que recibían remesas en especie o en dinero provenientes de familiares de
Venezuela.[793]
La estrategia del PMA en La Guajira combina
la asistencia humanitaria con la recuperación y el fortalecimiento de los
medios de vida comunitarios. Manifestó que:
“La estrategia tiene como objetivos el aumento
de la resiliencia ante desastres naturales y socioeconómicos y el mejoramiento
de la seguridad alimentaria y nutricional en el departamento a través de un
enfoque familiar. […] el PMA propone un paquete integral que incluye la
prevención de la desnutrición mediante transferencias condicionadas basadas en
dinero o en especie a todos los miembros de familia, la realización de
capacitaciones enfocadas en el mejoramiento de la nutrición y las prácticas de
autocuidado, facilitar el acceso a agua para la producción mediante el uso de
tecnologías alternativas, el mejoramiento de los sistemas productivos y sus
cadenas de distribución mediante el impulso a los cultivos locales, la
recuperación de prácticas ancestrales y semilla local, así como el estímulo a
pequeños productores para establecer redes de intercambio de alimentos a nivel
local”.[794]
Afirma el PMA que esta estrategia de
intervención para La Guajira está orientada a apoyar al gobierno nacional en el
logro de los objetivos de desarrollo sostenible 2 Hambre Cero y 17 Alianzas
para el logro de los objetivos; no obstante, permite la suficiente flexibilidad
para contribuir al desarrollo sostenible de las comunidades con mayor
vulnerabilidad desde un punto de vista étnico diferencial.[795]
6.2. Oxfam
En respuesta a la invitación
extendida, la Directora de Oxfam en Colombia aportó  el 21 de noviembre de 2015
informe de “Mapeo De La Situación De Los Medios De Vida Y Seguridad
Alimentaria De Familias Vulnerables En La Alta Guajira”, publicado por la
organización en el año 2014, en donde se describe “la situación que enfrenta
el pueblo Wayúu de la Alta Guajira, consecuencia de la silenciosa crisis de
lento surgimiento que viene enfrentando desde hace décadas”.[796]
En
relación a la descripción geográfica y cultural del pueblo Wayúu en la Alta
Guajira, la organización afirmó:
“En un ecosistema predominantemente semidesértico
vive el pueblo Wayúu de la Alta Guajira. La crianza de especies caprinas y
ovinas, el tejido artesanal, la pesca en la zona litoral, el comercio no
regulado con Venezuela, y la extracción de yeso, constituyen los principales
medios de vida de este pueblo ancestral.
Sus habitantes transitaban sin problema entre
Colombia y Venezuela, porque este pueblo indígena, desde sus orígenes, ocupa un
territorio que comprende ambos países. Hasta hace poco, en Venezuela encontraba
programas sociales de ayuda y mercado laboral, lo que permitía a las familias
Wayúu encontraba programas sociales de ayuda y mercado laboral, lo que permitía
a las familias Wayúu encontrar fuentes de ingreso con las que vivir. Enviaba
remesas a sus familias en Colombia y frecuentaban sus lugares de rigen en
territorio colombiano, en una dinámica pluri-residencial”[797]
Aseveró la entidad que a raíz de la
presencia de controles al tránsito de personas y mercancías en la frontera
colombo-venezolana, así como los cambios en la economía del país vecino, han
limitado su acceso a las ayudas y mercados que encontraban en Venezuela. Esto
sucedió en una época en la que dentro del territorio de la Alta Guajira
colombiana, se presentaba una temporada seca anómala que “recrudecía las
condiciones de vida […]; condiciones que ya eran extremas por la ausencia
histórica del Estado, y por las condiciones de exclusión en las que ha vivido
el pueblo Wayúu”.[798]
El
informe indicó que durante los últimos años la población Wayúu ha enfrentado
una sucesión de crisis consecutivas de orden natural y antrópicas:
“[L]las inundaciones de la ola invernal en el
año 2010, la instalación de una temporada seca anómala y muy intensa desde el
2014, dos temporadas secas similares en el 2012 y 2013, un proceso de deterioro
de la institucionalidad y economía venezolana que ha conducido a la
hiperinflación, la devaluación de la moneda del país vecino, el
desabastecimiento y las restricciones al comercio ilegal de alimentos y
combustibles hacia la Alta Guajira colombiana (y otras áreas fronterizas)”.[799]
El mapeo concluyó que la población
Wayúu de la Alta Guajira “se encuentra en una situación crítica de
inseguridad alimentaria. Muestra Brechas en sus fuentes de acceso al alimento
de hasta un 80% y un incremento de 183% en sus gastos habituales en
alimentación”.[800] Adujo que el principal
determinante de la problemática ha sido el giro forzoso de abastecerse con
productos venezolanos híper-devaluados, subsidiados y de fácil acceso físico, a
abastecerse de productos en Colombia, cuyo acceso es difícil por la precariedad
de las vías de comunicación.[801]
Se pronunció la entidad respecto de
la situación de acceso al agua potable de la siguiente forma:
“La escasa disponibilidad de agua para el
consumo humano y animal, y la ausencia o deterioro de los micro-acueductos,
pozos, molinos y plantas desalinizadoras actúan como factores agravantes
considerables: muchos jagüeyes se han secado, y las mujeres, los niños y niñas,
a cargo del aprovisionamiento de agua para el hogar, demoran más de 1 hora en
llegar a la fuente de agua más cercana que, en muchos casos, se encuentra
contaminada o contiene agua salobre.”[802]
Manifestó
que para sobrevivir, las familias han recurrido a la venta de su principal
capital económico: sus chivos, “a la fecha de este mapeo (diciembre de 2014
esta estrategia de sobrevivencia ha significado una descapitalización acumulada
del 50% de los activos familiares totales”.[803]
De otro lado, en relación con la
problemática de desnutrición, adujo que “las cifras de anemia y de retardo
del crecimiento infantil registradas en 67% y 73% respectivamente, confirman la
severidad del problema. La desnutrición aguda en menores de 5 años se acerca al
13% lo que es clasificado como de seria gravedad por lo criterios sanitarios
internacionales” [804]. Identificó que las comunidades más afectadas hasta ahora son las
que habitan la zona fronteriza con Venezuela; y las más vulnerables son las que
se encuentran en la zona periurbana cercana a la cabecera municipal de Uribia.
Apuntó que las personas ubicadas en las zonas costera y de serranías se
encuentran ligeramente mejor por tener mayor disponibilidad del recurso
hídrico; sin embargo también son altamente vulnerables por compartir con las
otras regiones amenazas comunes, a saber: “la interrupción de las rutas de
abastecimiento de combustible y alimentos desde Venezuela, el difícil acceso
geográfico, la débil presencia institucional, la desertificación y erosión
progresiva, la ausencia de lluvias habituales, y la precaria escala y
rentabilidad de sus medios de vida”.[805]
Manifestó la entidad, que la
elaboración del informe aportado hizo parte de un trabajo realizado por Oxfam
en tres corregimientos de la Alta Guajira (Porshina, Tawaira y Siapana) en
octubre de 2014 con fondos propios y del Fondo ERF (Emergency Reponse Fund)
para Colombia, administrado por OCHA (United Nations Office for Coordination of
Humanitarian Affaires). Al respecto, la entidad puntualizó que:
“Mediante la reparación de micro sistemas de
abastecimiento de agua con energía eólica y solar, este proyecto ha logrado que
llegue el agua a lugares en los que desde durante años no hubo suministro. La
relación con las comunidades y con las autoridades tradicionales organizadas en
la Asociación Wayúu Araurayu, nos permitió emprender un trabajo colectivo para
la implementación de soluciones participativas”[806]
Dentro del informe, la entidad
propuso soluciones a partir de las costumbres del pueblo Wayúu, e insistió en
que la crisis de la región no debe ser gestionada con una sucesión de
respuestas de emergencia cortas, pues existen pronósticos del IDEAM que
permiten anticipar un empeoramiento de la situación de sequía de la región. Al
respecto se pronuncia la entidad de la siguiente forma:
“Se necesitan medidas de corto, mediano y largo
plazo […]. Estas Medidas deben incluir la rehabilitación de sistemas de agua ya
existentes e inoperantes por años de abandono, una reconfiguración de los
canales de abastecimiento alimentario que dé a las familias garantías mínimas
de acceso a alimentos básicos, sistemas de rendición de cuentas que garanticen
la transparencia en la ejecución de recursos, una infraestructura de servicios
competitiva, un fortalecimiento institucional, y una decidida voluntad por
coordinar y consultar las estrategias de desarrollo local con las autoridades
tradicionales y con las comunidades del pueblo Wayúu”.[807]
Finalmente, afirmó que las
comunidades pueden presentar propuestas de solución valiosas para terminar con
la crisis que aqueja al pueblo indígena.[808]
6.3. Mesa de Diálogo y Concertación
Para el Pueblo Wayúu Colombiano
La Mesa de Diálogo y Concertación
Para el Pueblo Wayúu Colombiano, se pronunció respecto a los hechos de la
siguiente forma:
“[E]stamos frente a un Estado arrogante
que ha violentado sistemáticamente  todos nuestros Derechos, tanto que
pareciera que la verdadera política de Estado es nuestro exterminio y no
nuestra protección […] Hoy con preocupación observamos como al opinar respecto
de lo que nos parece inmediatamente es asumido, como palos en la rueda del
camino; han sido muchas voces que han salido de representantes del gobierno
manifestando que no se debe atender las solicitudes de consulta previa, toda
vez que para lo único que sirven es para oponerse al desarrollo de las
comunidades […]. Nosotros poseemos una manera de mirar el universo distinta a
conforme la ven los que no son indígenas. A eso se le llama cosmovisión. […]
Nosotros los Wayúu también poseemos sitios sagrados y desde nuestra visión
observamos y opinamos al respecto, que la intervención a nuestros territorios
ancestrales no debe ser impuesta sino consensada.
Sí ha habido corrupción, pero ella no
es fruto exclusivamente de los políticos Guajiros, el País hoy está sumergido
en el más alto índice de corrupción e inmoralidad […] ¿Debe el pueblo wayuu responder
por las falencias del Estado? ¿Quiere acaso el país responsabilizar a los
indígenas wayuu de sus incontables arbitrariedades? Ninguna institución del
Estado ha promovido al sentir de las autoridades indígenas wayuu más irrespeto
en sus comunidades que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para la
muestra las discusiones sin resultado, producto de que mantienen en una
posición de no consultar previamente los programas, ni la ejecución de estos en
los territorios indígenas.
[…] La escasez de agua como la escasez
de justicia con uno de nuestros mayores problemas, de qué sirve un poco de
arroz si el mismo ha de contaminarse en su proceso de cocción con las aguas que
se utilizan y que no son aptas para el consumo  humano,  si estudios realizados
en zonas donde se consideran más posible recomiendan hervirla aún para regar el
suelo.
[…] Nada tenemos más que nuestra gran
resistencia, existen grandes falencias en atención a los niños, graves
problemas de entendimiento con el ICBF, no hay fuentes de empleos, gran
problema, por eso, solicitamos se ordenen estrategias que la implementarse
traigan inmersos los proyectos productivos tan necesitados en nuestra
Península.
[…] el Gobierno […] parece hacer de
nuestra tragedia y nuestros muertos un chiste macabro, pero es más doloroso aún
saber que más allá del abandono y la estigmatización, nos toca soportar también
la burla cruel  de hacernos  creer de los inentendimientos se ha pretendido
hacer creer, que nosotros somos los directos culpables de las muerte[s]  de
nuestros niños. Aseveración ésta por demás irrespetuosa, ya que se basan
supuestamente en conceptos culturales”[809]
6.4. Junta Mayor de Palabreros
Wayúu
La Junta Mayor de Palabreros, como
organización autónoma de carácter cultural, responsable de la formulación y
desarrollo del “Plan Especial de Salvaguardia P.E.S. del Sistema Normativo
Wayúu”; con el fin de establecer acuerdos de entendimiento y respeto desde
el lenguaje; se encargó de conceptualizar los siguientes términos:
·
Cultura Wayúu: es el resultado de un pasado
histórico que a través del tiempo ha conservado entre sus miembros el sistema
de conocimiento milenario, cimentado en el territorio ancestral comprendido en
la península de La Guajira.[810]
·
Preceptos del sistema normativo Wayúu: Los miembros
del pueblo Wayúu se rigen por un sistema de normas ancestrales que se aplican
socialmente a través de la autoridad moral del Pütchipü’üi, quien actúa como delegado autorizado en la solución de
conflictos inter-claniles.[811]
·
El sistema normativo Wayúu aplicado por el
Pütchipü’üi (Palabrero): En el orden social se consagra el principio de
reparación a mutuo en las diferencias. En el orden social se consagra el principio
de reparación a través de la entrega de compensación por daños y perjuicios que
son ocasionados, ya sea en forma accidental o premeditada, en cuya formalidad
se tipifican infracciones que van desde una calumnia hasta un delito de
homicidio grave. [812]
·
Derecho Wayúu: Se fundamenta en el valor sagrado
de la vida en todas sus formas y manifestación. El propio mito de la creación
Wayúu, representado en la unión mítica de MMA (la tierra madre) y el padre
JUYAA (el gran espíritu del agua y lluvia), explica el origen de la vida en
completa armonía y equilibrio con los demás elementos de la naturaleza, lo cual
se traduce en la estrecha relación de los seres Wayúu con la tierra y el
territorio.[813]
·
De la relación estrecha con la tierra y el
territorio, se consagra el Derecho Wayúu como precepto normativo para la aplicación
social de justicia, en cuyos principios se fundamentan los procedimientos y ritos
que garantizan las condiciones deseadas de Bienestar Espiritual (Anaa A´in) y
Bienestar Físico-social (Anaa Akuai´paa) de cada individuo Wayúu incorporado en
la relación de armonía y correspondencia con el entorno.[814]
·
Deberes Wayúu: Son todas las responsabilidades
legales que corresponden a cada miembro Wayúu incorporado en la forma estricta
del linaje matrilineal, en cuyo  núcleo clanil se afianzan los valores sociales
y los principios que garantizan las relaciones de armonía y reciprocidad; tales
como, el respeto mutuo, la correspondencia espiritual, convivir en hermandad,
entre otros.[815]
·
El parentesco y la Representación Familiar: la
institución social de la familia se fundamenta en la unidad clanil denominada
Ei´rukuu, en cuya estructura familiar se reconoce la trascendencia del linaje
matrilineal para conservar la identidad del grupo y la continuidad del grupo nuclear.[816]
·
En la organización social Wayúu se reconocen
tres tipo de autoridades tradicionales que ejercen funciones sociales de
acuerdo a las siguientes facultades: Ouutsú (Autoridad Espiritual), Alaü’layuu
(Autoridad Clanil), Pütchipü’üi (Autoridad Moral).[817]
·
De otro lado, el “Territorio Ancestral y
Territorial” es el espacio vital donde se desarrolla la vida social,
espiritual, cultural, económica y política de los miembros Wayúu, en cuyas
características geográficas se interpreta el modo mismo de la vida y el sentido
propio de pertenencia a una colectividad.[818]
6.5. Consejo Superior de
Palabreros
El Consejo Superior de Palabreros
del municipio de Riohacha, mediante escrito aportado realizó las siguientes
solicitudes:
“1. Se declare el estado de cosas
inconstitucionales la crisis y la problemática del pueblo Wayúu, a efectos de
que el Gobierno Nacional diseñe y aplique una política pública indígena
concertada […].
2. En razón  a la enorme gravedad de
la situación de crisis humanitaria, evitar la desnutrición infantil en La
Guajira y falta de acceso al agua como lo señaló la CIDH el Estado colombiano
debe asumir con propiedad su deber para solucionar de forma y de fondo toda
crisis en que se encuentra el pueblo wayuu, mediante una política de seguridad
alimentaria integral, acorde a las tradiciones y hábitos alimenticios de estas
comunidades.
3.  Se declare que la cultura del
pueblo Wayúu está en peligro y en estado de amenaza al exterminio de sus
prácticas y tradiciones […].
4. Se ordene al Ministerio del
Interior – Dirección de Etnias en conjunto con la Agencia Nacional de Tierras –
ANT y IGAC, lleven a cabo la delimitación y demarcación de los territorios
ancestrales, tradicionales o de asentamiento comunal, previo a la realización
de la verificación territorial que permita una delimitación geográfica.
5. Se ordene el estado para que
cualquier solicitud de concesión, permiso para ejecución de obra, proyecto o
empresa que pretenda explotar los territorios, debe hacer previa concertación y
consulta a estos […]”[819]
6.6. Empresa de Acueducto, Aseo y
Alcantarillado de Manaure E.S.P
La Empresa de Acueducto, Aseo y Alcantarillado de Manaure  E.S.P.
mediante oficio de  20 de Febrero de 2017,  dio respuesta a la circular 09  de
14 de Febrero de 2017 emitida por  la procuraduría General de la Nación en la
que se solicitaban las acciones inmediatas que se han tomado a efectos de
garantizar el acceso a agua potable, EAAAM E.S.P indico que “el suministro
de agua a las comunidades indígenas  Wayúu de Manaure en el 2016 fue en total
de 15.479.135  Litros”.[820]
6.7. INCODER - Promoción,
seguimiento y asuntos étnicos
Dando respuesta al oficio de la
Dirección territorial Guajira, de fecha 11 de Mayo de 2014, la comunidad del
corregimiento de Juan y Medio, mediante escrito en el que se suscita la compra
del predio Bancadera para  la construcción de un resguardo, se les  informo que
“de conformidad con lo establecido en el Decreto 2164 de 1995, se requiere que
estos Sena complementados con los requisitos necesarios para iniciar el
proceso de constitución del resguardo”.[821] Por lo
anterior “su solicitud será tramitada  una vez se complete el expediente y
se cierren los procesos priorizados por CNTI y los compromisos hechos en la
minga de la maría”.[822]
6.8. Comunidad de la sabana
Mediante escrito indicó que “somos
familias indígenas wuyúu que nos encontramos asentadas en el corregimiento de
juan y medio por medio de este comunicamos que tenemos reconocimiento de
ministerio del interior y de justicia como Comunidad Indígena Wayúu de la
Sabana Juan y Medio Municipio de Riohacha Departamento de La Guajira , somos
más de 20 familias todo lo que ha sucedido hasta el día en cuanto al proceso de
reubicación de familias afro descendientes en este predio nos hemos sentido
discriminados  y rechazados por lo que no nos han tenido en cuenta para la
realización de ese proyecto y nos han incivilizado […]”
6.9. La comunidad Indígenas Wayúu
Santa Rosa
La comunidad Indígenas Wayúu Santa
Rosa solicitó mediante escrito de 22 de febrero de 2017, ante el Director
Técnico de Primera Infancia del ICBF, “ayuda humanitaria nos asignen 20
cupos para el programa de la primera infancia con modalidad propias, comunidad
indígena wayuu santa rosa”[823] victimas el conflicto armado.
6.10. Comunidades
Afrodescendientes del Departamento de La Guajira
Las Comunidades Afrodescendientes
del departamento de La Guajira, presentaron mediante escrito, solicitudes de
intervención con el objetivo de suplir las necesidades básicas que no son
satisfechas dentro de su comunidad “ya [sea] por el abandono estatal o por
el menosprecio de algunas instituciones como el ICBF [y] la AGENCIA NACIONAL DE
TIERRAS Que a pesar de haber fallo emitidos por honorables magistrados y jueces
de la república”.[824] Relacionaron los fallos de tutela
44-001-40-31-05-002-2016-00035-00, 44-001-33-33-002-00023-00, y
44-001-31-10-2016-00106-00, en contra del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar regional Guajira, en donde se tuteló el derecho a la consulta previa y
concertación, el principio de autonomía y autogobierno de las comunidades
negras del departamento de La Guajira .[825]
Solicitó la Comunidad que las
entidades a nivel nacional atiendan sus necesidades, mediante requerimiento al
Ministerio de Educación, DNP, Agencia Nacional de Tierras, Ministerio de
Vivienda, Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura, Ministerio del
Interior, ICBF, así como los órganos de control; para que realicen políticas y
proyectos en materia de Educación, Vivienda, Ciencias, Tecnología y educación,
Cobertura de Servicios Públicos, Protección del Medio Ambiente, Cultura,
Deporte, Atención a las Víctimas.
6.11. Cerrejón
El Cerrejón
indicó que su actuar en el presente proceso se limita a proveer a la Corte
información que resulte relevante a juicio del Magistrado Sustanciador, con la
finalidad de establecer un diálogo constructivo que facilite la decisión de la
presente acción.
Manifestó el Cerrejón que: “es
importante resaltar […], que Cerrejón no tiene, ni ha tenido, la
condición de ser sujeto procesal en la presente acción de tutela, pues no ha
sido sujeto accionado en la medida en que las pretensiones de la tutela no se
han dirigido en su contra. Tampoco ha sido vinculado de oficio por los jueces
de instancia”.[826]
Entendió el
Cerrejón  la presente acción como una oportunidad para ofrecer la visión de la
Institución sobre la problemática que ha aquejado a la población infantil wayuu,
sobre “las acciones que la Compañía ha efectuado con miras al mejoramiento
del entorno social de los lugares en los cuales efectúa actividades y, así
mismo, sobre las posibles acciones futuras a implementar por parte de los entes
estatales encargados de la gestión de los aspectos a los cuales se ha referido
el Despacho, esto es, acceso al agua, alimentación y salud” .[827] En razón a
lo anterior, adjuntó dentro del documento relación de los diversos programas
sociales adelantados en el área de influencia de la Compañía.[828]
Se resaltó
dentro de la intervención la existencia de informes o comunicaciones de algunas
comunidades ancestrales, el ICANH o Dejusticia, según los cuales, la
problemática a la cual se refiere el proceso en relación con el acceso al agua
por parte de las comunidades Wayúu, podría deberse parcialmente a las
actividades llevadas a cabo por la Compañía en el área circundante al río
Ranchería. Al respecto, afirmó la compañía que “dichas afirmaciones no son
exactas, […] el Cerrejón desarrolla sus actividades en la parte media de la
cuenca del río Ranchería, ubicada en la media-baja Guajira, mientras que las
comunidades accionantes y a la cuales se han referido las sentencias de
instancia se localizan mayoritariamente en la alta Guajira, en su mayoría por
fuera de la cuenca del río Ranchería”.[829]
Adujo la entidad que, las
intervenciones en los cuerpos de agua han contado con los correspondientes
permisos de las autoridades ambientales, a partir de los estudios técnicos
respectivos. En razón a ello, anexó al memorial informes técnicos elaborados
por las firmas INGETEC y TRUST, centrados en los temas ambientales de la
actividad minera llevada a cabo por Cerrejón, “particularmente en lo que
tiene que ver con el uso responsable del agua”.[830]
En adición,
resaltó que al no haber sido accionado, ni vinculado al proceso en alguna de
las instancias. Cerrejón no ha sido convocado al proceso como un sujeto
potencialmente destinatario de las órdenes que se impartan en el fallo
definitivo.
6.12. Centro de Estudios de
Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia)
Esta Organización Nacional con
vocación regional e internacional concluyó “que el fenómeno de la
desnutrición de los niños y niñas del pueblo Wayúu en La Guajira involucra un
conjunto de factores relacionados con la ecología regional, la disponibilidad,
las dinámicas de uso y las relaciones de apropiación de tierras y aguas, entre
otros medios y relaciones de producción en el proceso de abastecimiento de los
alimentos, su distribución y su consumo”.[831] Así mismo
adujo, “el problema también está relacionado con la pobreza, bajo desarrollo de
los territorios, falta de oportunidades, inexistencia de ingresos que los
padres puedan sostener las familias, lo cual a su vez está asociado a la falta
de educación, deficiencias de salud, falta vías, economías inexistentes etc.”.[832]
Dada la situación fáctica, el Centro
de Estudios De Derecho, Justicia y Sociedad planteó las siguientes medidas como
forma de suplir la problemática planteada:
·
Medidas inmediatas
“(ii) Que se ordene declarar un estado de cosas
inconstitucional en relación a la crisis del agua y alimentación del pueblo
Wayúu, en especial de sus niños y niñas, la cual viola sus derechos a la
alimentación, agua, educación, salud, y autodeterminación […]; (ii) que se
ordene a las autoridades competentes de los niveles municipal, departamental y
nacional que establezcan o continúen medidas de atención de emergencia para
garantizar aliento y agua potable en cantidades suficientes, de calidad y de
manera continua, a los niños y niñas del pueblo Wayúu en el departamento de La
Guajira […]; (iii) que se ordene a las autoridades competentes de los niveles
municipal, departamental y nacional que establezcan o continúen medidas de
atención de emergencia para garantizar la atención en salud de los niños y
niñas del pueblo Wayúu afectados por la desnutrición, las cuales deberán ser
culturalmente aceptables, garantizar el derecho al consentimiento previo, libre
e informado”.[833]
·
Medidas de corto plazo
En relación a las
medidas de corto plazo, que se ordene a las autoridades competentes de los
niveles municipal, departamental y nacional que, dentro de un plazo de tres (3)
meses, elaboren y pongan en marcha un plan para garantizar (i) el acceso al
agua potable, (ii) la atención en salud, (iii) la seguridad y soberanía
alimentarias, (iii) la implementación del Programa de Alimentación escolar,
(iv) el registro de los niños y niñas que hacen parte del pueblo Wayúu, (v) un
plan orientado a solucionar el conflicto fronterizo colombo-venezolano, de
manera que se permita la reunificación de las familias.[834]
·
Medidas de largo plazo
En relación con
las medidas de largo plazo, la Organización solicitó que: (i) “se ordene a
las entidades competentes de los niveles nacional, departamental y municipal
que, dentro de seis (6) meses, diseñen y pongan en marcha un plan para mejorar
la capacidad institucional de las autoridades de todos los niveles que tienen
presencia en La Guajira, en especial aquellas que tienen competencias en
relación con la garantía de los derechos al agua, alimentación y educación”.[835]
Por último, solicitó (ii) que se ordene al Instituto Nacional de Salud, y
al instituto colombiano de Bienestar Familiar, así como las demás entidades
encargadas del monitoreo de la situación en salud y Nutrición en Colombia, “recolectar
información continua, desagregada, oportuna y completa en materia de nutrición
que permita tomar medidas preventivas en relación con situaciones graves de
desnutrición”.[836]
6.13. Universidad Nacional
El grupo de investigación de Equidad
y Seguridad Alimentaria y Nutricional del Observatorio de Seguridad y Soberanía
Alimentaria de la Universidad Nacional – OBSSAN-UN, remite el documento
académico denominado “El Estado De Cosas Inconstitucional Del Derecho Fundamental
A La Seguridad Alimentaria Y Nutricional” de octubre de 2014.
En el
mencionado informe, el OBSSAN-UN inicialmente se encarga de presentar el
desarrollo jurisprudencial respecto de la declaratoria del estado de cosas
inconstitucional. Se ocupa de enunciar las ocasiones en las que la Corte
Constitucional ha hecho uso de la figura desde 1997 y las características y
reglas desarrolladas a lo largo de los años, por esta institución.[837]
Con posterioridad, el informe se
encarga de presentar los antecedentes del derecho a la Seguridad Alimentaria y
Nutricional, reconocido inicialmente en la Declaración Universal de Derechos
Humanos de 1948 en su artículo 25; enunciado en el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales; declarado en el Protocolo Adicional
a La Convención Americana Sobre Derechos Humanos En Materia De Derechos
Económicos, Sociales Y Culturales- Protocolo de San Salvador; así como en la
Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996; cada uno de ellos ratificados
debidamente por el Estado Colombiano.[838]
En cuando al concepto de “seguridad
alimentaria”, menciona el OBSSAN-UN que la FAO en el 2011 lo definió de la
siguiente forma:
“Hay seguridad alimentaria y nutricional cuando
todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a
alimentos en cantidad y de calidad suficientes en términos de variedad,
diversidad, contenido de nutrientes e inocuidad para satisfacer sus necesidades
alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos, a fin de llevar una
vida activa y sana, y tienen un entorno sanitario y una salud, educación y
cuidados adecuados”[839]
Apunta la institución, que aún si no
se reconoce expresamente el derecho fundamental a la alimentación dentro del
texto constitucional colombiano de 1991, éste en su artículo 44 se reconoce
dentro de los derechos de los niños cuando establece que “son derechos
fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la
seguridad social, la alimentación equilibrada, […]”[840].
De igual forma, manifestó la entidad que, en los artículos 43 y 46 de la Carta
Magna, hay un reconocimiento tácito del derecho en mención al reconocer
subsidios alimentarios a la gestante desempleada y a los adultos mayores. [841]
Presenta como tesis central del
documento la procedencia de la declaración  del estado de cosas
inconstitucional en relación con el derecho fundamental a la seguridad
alimentaria y nutricional, en razón a que existe una violación masiva y
generalizada de derechos fundamentales conexos a la alimentación en un alto
porcentaje de la población, tales como: el derecho fundamental a la vida, a la
integridad física, a la salud, al agua potable, al trabajo, a la educación,
entre otros.[842]
Con posterioridad al análisis de
subsunción a los requisitos de declaratoria para el estado de cosas
inconstitucional, concluye la institución:
“El derecho fundamental a la Seguridad
Alimentaria y Nutricional, es un derecho que  requiere acciones por parte del
Estado para su materialización, la constante falta de interés que ha  demostrado
el Gobierno y el Legislador para regularlo, ha generado que las diferentes
instituciones promuevan programas asistenciales, que lo afectan de manera
negativa, ya que en lugar de generar autonomía, auto-subsistencia y desarrollo
de la ciudad, genera dependencia, subdesarrollo  y altos costos, no sólo
económicos sino en la desintegración de tejido  social y de aumento en la
inseguridad alimentaria y nutricional. Una población con un inadecuado estado
nutricional tiene mayor probabilidad  de desarrollar enfermedades crónicas y
morbilidades, de tener bajo rendimiento escolar y laboral, lo que afecta
directamente la producción, la pobreza e inequidad agrava esta situación y
genera un ciclo de estas vulneraciones”.[843]
En razón a ello, al observar que se
cumplen los presupuestos planteados por la Corte Constitucional, el declarar el
estado de cosas inconstitucional permitirá encausar la voluntad y agenda
política de las instituciones, revalorando sus acciones para que se ejecuten
medidas tendientes a su cumplimiento.[844]
6.14. Weildler Guerra Curvelo
En calidad de profesional en
antropología con experiencia en investigaciones etnográficas sobre la sociedad
Wayúu, el señor Weildler Guerra Curvelo se pronunció sobre los puntos según
solicitud de la Corte Constitucional, de la siguiente forma:
(i) ¿Existen prácticas y tradiciones
culturales del pueblo Wayúu que puedan contribuir a solucionar y mitigar los
efectos los efectos de la situación de desnutrición de los niños y niñas Wayúu?
En su opinión, diversas prácticas
culturales pueden contribuir a solucionar o a mitigar los efectos de la
desnutrición. La más importante de ellas es “la preservación y trasmisión
del conocimiento que este pueblo indígena posee sobre el territorio peninsular
y sobre la oferta de recursos que este ofrece y que ha sido el fundamento de su
sistema alimentario tradicional”[845], pone como
ejemplo el aprovechamiento de diversas semillas que se reservaban para los
periodos de sequía y la utilización como alimento de diversas especies de
vegetales y animales endémicas de la península.
Analiza que la heterogeneidad social
y económica de la población Wayúu contemporánea comprende pastores, cazadores,
pescadores marinos, exploradores de sal, recolectores de frutos silvestres, y
agricultores, lo que conlleva variados modos de relación con el medio ambiente;
manifestó que “Ellos perciben que cada especie vive en continuos cambios en
su comportamiento y en su interacción con otras especies y con el ambiente.
Muchos rituales indígenas se fundamentan en el entendimiento de que las
dinámicas de las poblaciones de animales y plantas no son inmutables, lo cual
les ayudaba a predecir mejor y a conseguir un mejor suministro de alimentos”.[846]
En adición, una práctica cultural
digna de resaltar es la existencia de redes de solidaridad y de intercambio de
alimentos en las épocas de vendimia, en la obtención de especies marinas en
zonas costeras y estuarios y en otras actividades económicas. Muchas de las
especies obtenidas se regalan a parientes o vecinos y el excedente se destina
al mercado.[847]
(ii) ¿Existen prácticas y
tradiciones culturales del pueblo Wayúu incidan negativamente en la situación
de desnutrición de los niños y niñas Wayúu?
Manifestó el señor Guerra que:
“El modelo convencional de atención en salud en
Colombia plantea fuertes barreras culturales y lingüísticas a la población
indígena. Parte de la terapéutica tradicional de la enfermedad entre los Wayúu
es rodear al paciente del afecto de su familia extensa. Dado que los lugares de
atención se encuentran en centros urbanos de La Guajira , o fuera de esta
entidad territorial, el costo económico y emocional del traslado y la
manutención de los familiares del paciente por fuera del territorio es muy
alto.  La idea de que existe un poder abstracto y superior que puede ordenar el
ingreso, la separación y el aislamiento de uno de sus miembros en un centro
hospitalario para recibir atención intramural puede ser ininteligible para
algunos grupos familiares Wayúu”.[848]
Asegura
que, un acercamiento del personal médico a los principios y prácticas
terapéuticas de la medicina tradicional Wayúu debería ser más beneficioso para
la solución de la situación actual de los niños y niñas indígenas.[849]
(iii) ¿Qué elementos de las
prácticas y tradiciones culturales del pueblo Wayúu deben tener en cuenta las
autoridades nacionales, las entidades territoriales y la Corte Constitucional,
al considerar opciones de solución en materia de alimentación, salud y agua
potable para los niños y niñas Wayúu?
Al
respecto señaló:
“Debe tenerse en cuenta todo el “corpus” de
conocimientos tradicionales acerca de: 1) cómo los Wayúu organizaron las
relaciones humano-ambientales que se expresan en concepciones e interacciones
con el entorno; 2) sus concepciones sobre la condición de “persona” que se
otorga a diferentes seres vivientes como cerros, vegetales, astros, entidades
no humanas, y animales incluyendo la condición ontológica de los niños y niñas;
3) el sistema alimentario tradicional; 4) las conceptualizaciones y prácticas
tradicionales de la salud”.[850]
Ante
dicha situación considera pertinente fortalecer los medios de vida de la
comunidad para aumentar su autonomía alimentaria y reducir su dependencia tanto
del mercado como de la asistencia estatal.[851]
6.15. Esther Sánchez Botero
La doctora Esther Sánchez Botero,
antropóloga Ph.D. a partir de su experiencia en la formulación de política
pública de atención al menor y a la familia indígena, se pronunció sobre los
puntos según solicitud de la Corte Constitucional, de la siguiente forma:
(i) ¿Existen prácticas y tradiciones
culturales del pueblo Wayúu que puedan contribuir a solucionar y mitigar los
efectos los efectos de la situación de desnutrición de los niños y niñas Wayúu?
“Sí existen representaciones cognitivas
colectivas del pueblo Wayúu, es decir culturales, con relación directa a la
protección de niños y niñas Wayúu; representaciones culturales Wayúu que se
traducen en prácticas que pueden contribuir a solucionar y mitigar la situación
demandada son, por ejemplo: el sistema de parentesco matrilineal donde el tío
materno tiene el deber de proteger a sus sobrinos.
Existe la ayuda mutua […] y la
solución interna para proteger a niños y niñas que lo requieren a los huérfanos
o enfermos.
Esas expresiones de cultura no son ni
conocidas, ni valoradas, ni tenidas en cuenta por las instituciones públicas y
privadas, que tienen el deber constitucional de estar al tanto y de actuar con
base en ese conocimiento […]. El proceso de una atención externa que ignora la
cultura en que opera un programa de alimentos desconociendo el contexto en que
se implementa, ha generado gran impacto, devastando la economía propia, la
autoridad del tío materno y las redes de solidaridad.
Los fines como nutrir, o proteger a los
niños y niñas en dificultad, no pueden estar separados de los medios”.[852]
Manifestó que, al desconocer el
contexto cultural o negarlo e imponer otros referentes cognitivos, expresos en
otras maneras de seleccionar el alimento y bajo otras ideas completamente
extrañas, como lo son los alimentos en polvo; genera una naturalización de
elementos externos por parte de los miembros de las comunidades; generando un
daño cultural.[853] Por lo que una medida a
trabajar es contribuir a restablecer “el orden cultural de autoestima de los
comunitarios y de las autoridades que se encuentra deteriorado por la
relaciones establecidas y publicitadas por los medios, por el limosneo/
caridad, y por las llegada de productos que irrespetan los hábitos alimenticios
y los recursos alimentarios y culinarios propios”.[854]
(ii) ¿Existen prácticas y
tradiciones culturales del pueblo Wayúu incidan negativamente en la situación
de desnutrición de los niños y niñas Wayúu?
Considera la interviniente que el
matrimonio precoz y con este la maternidad temprana, son prácticas que inciden negativamente
en la situación de desnutrición infantil dentro de la población Wayúu. El alto
número de hijos es “un modo de vivir culturalmente la maternidad, la
familia, el clan, hoy por hoy incide de manera negativa en la situación de
desnutrición de todos los miembros de las familias cuyo sustento no permite
recuperar el desgaste energético”.[855]
(iii) ¿Qué elementos de las
prácticas y tradiciones culturales del pueblo Wayúu deben tener en cuenta las
autoridades nacionales, las entidades territoriales y la Corte Constitucional,
al considerar opciones de solución en materia de alimentación, salud y agua
potable para los niños y niñas Wayúu?
En primer lugar, la profesora
Sánchez recomienda atender a la autonomía del pueblo Wayúu dentro del
planteamiento de programas. Quiere decir que “se tienen que planear todas
las acciones a realizar con ellos. Implica que su comprensión, aceptación y
compromiso se pueda realizar un sondeo en manos expertas que investiguen: los
recursos alimentarios tradicionales […], los recursos alimentarios ausentes
culturalmente importantes […], los recursos externos que fueron apropiados y
que hoy responden a sus hábitos alimenticios; y la posibilidad de un programa
de entrega de alimentos al costo en el lugar de  vivienda (rancherías) […]”.[856]
6.16. Instituto Colombiano de
Antropología e Historia (ICANH)
(i) ¿Existen prácticas y tradiciones
culturales del pueblo Wayúu que puedan contribuir a solucionar y mitigar los
efectos los efectos de la situación de desnutrición de los niños y niñas Wayúu?
Al respecto, el ICANH considera que
puede hacerse uso de la concepción tradicional del piache o autchi
(médico tradicional), en la medida en que el pueblo Wayúu confía en que los
problemas asociados a desnutrición, parasitosis y tuberculosis, puede ser
tratado por ésta figura tradicional. De ahí la importancia de combinar la
medicina tradicional y la medicina occidental dentro del sistema médico wuayúu.[857]
(ii) ¿Existen prácticas y
tradiciones culturales del pueblo Wayúu incidan negativamente en la situación
de desnutrición de los niños y niñas Wayúu?
Mencionó el ICANH, que a raíz del
fenómeno de mortalidad infantil, y la falta de un plan de intervención estatal
coordinado, han surgido “varias explicaciones entre las cuales se
responsabiliza a los propios indígenas wayúu de la muerte de sus hijos”,[858]
debido a las “extrañas creencias y costumbres” de la comunidad[859].
Manifestó que dicho argumento, además de contener un claro prejuicio
étnico-racial, en donde se asemejan los comportamientos de la población
étnicamente diferenciada al “salvajismo”;  desvía la atención de la
problemática de fondo que es de la reproducción étnica de los Wayúu y su
continuidad como pueblo diferenciado del Caribe colombiano. [860]
(iii) ¿Qué elementos de las
prácticas y tradiciones culturales del pueblo Wayúu deben tener en cuenta las
autoridades nacionales, las entidades territoriales y la Corte Constitucional,
al considerar opciones de solución en materia de alimentación, salud y agua
potable para los niños y niñas Wayúu?
Indicó el Instituto que hay que
tener en cuenta diversos factores que han influido en las costumbres
ancestrales del pueblo Wayúu y que han determinado en gran medida la crisis
actual, de la siguiente forma:
“Pueblo de pastores y de pescadores, de
comerciantes y tejedoras, los wayúu han persistido tenazmente en mantener el
relativo control de su economía tradicional en la media y alta Guajira, aunque
subordinados por el avance de una sociedad urbana impulsada por la industria
petrolera, carbonífera, salinera y por el contrabando. La polirresidencialidad
o alternancia estacional de asentamiento a lo largo de la península y en los
centros urbanos, ha sido una forma de hacerle frente el embate de sequías
periódicas cada vez más intensas y a la consecuente escasez de agua en toda la
península. El verano dificulta las tareas de pastoreo porque los
desplazamientos por el agua deben ser cada vez mayores, y se va muriendo el
ganado; y cuando se acrecienta la sequía, la familia migra. […] El pueblo Wayúu
presenta una fuerte jerarquización social y sistemas de prestigio que derivan
de la actividad socioeconómica principal: el pastoreo. El ganado es un bien de
prestigio que […] resulta fundamental  para garantizar la ritualidad de los wayuu,
quienes poseen un antiguo sistema de dones-contradones dentro del cual chivos y
en menor medida, las vacas, son fuertemente valorados. […]
[…] Se sabe que le cambio climático ha
trastocado la estación de lluvias tan esencial para la reproducción del orden
cultural wayuu y las bases de su bienestar. Esto ha influido en el
debilitamiento progresivo de la autosuficiencia en la economía tradicional wayuu
especialmente, del pastoreo que ha sido el eje de la economía tradicional, la
organización social y patrones de residencia […]
[…] Entre el 2008 y el 2013 en La
Guajira murieron 4.112 niños por  desnutrición. Esta gravísima situación se
atribuye a la escasez de agua potable en la región  que en los últimos años se
ha agudizado por una larga sequía […] La escasez de agua potable no es un hecho
desconectado de los mecanismos extractivos de la economía de enclave, y que
principalmente representa la mina El Cerrejón que opera principalmente en la
baja Guajira […]
[…] Las transformaciones
socio-ambientales y entre ellas, el desarrollo regional han acarreado el
secamiento de escorrentías intermitentes, mortandad de animales –con la
consecuente desaparición de la fuente de proteína asociada- destrucción de la
cobertura vegetal y erosión, todo ello en detrimento de sistemas de control
social, pautas de asentamiento, nociones de hábitat y conocimientos médico
tradicionales.”[861]
6.17. Fundación Caminos de
Identidad (FUCAI)
6.17.1. Atención alimentaria
Puntualiza la Fundación Caminos de
Identidad (FUCAI) que la capacidad de respuesta del Centro de Recuperación
Nutricional Municipal (CRN) no es suficiente para la demanda del municipio
respecto a la recuperación nutricional (15 cupos para un municipio de alrededor
de 800 comunidades),[862]
y que los programas de recuperación familiar carecen de la cobertura suficiente
para superar la crisis de desnutrición infantil en el Municipio.
Refirió que los programas de
alimentación no se diseñan para atender problemas estructurales, ni se ejecutan
organizadamente; expresó que pocas veces se plantean atendiendo al enfoque diferencial,
pues incluyen alimentos que no son propios de la región o la cultura, y generan
divisiones internas al priorizar sólo algunas familias dentro de una misma
comunidad, en donde generalmente las problemáticas son comunes.[863]
6.17.2. Seguridad alimentaria
Respecto a la seguridad Alimentaria,
la FUCAI refirió los programas de Soluciones Integrales desarrollados por el
Departamento de Protección Social, no obstante, indicó que dichas
intervenciones son escasas para generar impacto generalizado dentro de la
región.[864]
6.17.3. Situación de
disponibilidad de agua
Consideró que existe una falta de
articulación institucional, explicó que ante la solicitud de agua de las
comunidades, las entidades dirigen la petición a otras entidades que a su vez
la redirigen o no resuelven la problemática.[865]
6.17.4. Atención en salud
En relación con la atención
hospitalaria, adujo que el único hospital Nivel I del municipio de Manaure, no
cuenta con capacidad de respuesta para la totalidad de la población. Las
familias son obligadas a trasladarse a albergues de paso en zonas lejanas que
rompen las dinámicas familiares propias de la cultura. Analizó que los motivos
de renuncia voluntaria más comunes a los tratamientos médicos son: (i) tener
que dejar el resto de la familia en estado de abandono temporal por trasladarse
al centro médico por varios días; y que (ii) los gastos de transporte y estadía
no pueden ser cubiertos por la madre o padre del paciente, en este caso, los
menores que padecen de desnutrición aguda.[866]
6.18. Comunidad de Puerto
Estrella. Uribia.
La Comunidad del Puerto Estrella del
municipio de Uribia, se manifestó respecto a las problemáticas de la siguiente
forma:
En el área de la salud, adujo la
comunidad, contar con un centro de salud con infraestructura “insuficiente
para atender a todo el corregimiento de puerto estrella, donde solo se atienden
consultas externas de primer nivel, no se cuenta con una farmacia adecuada y la
que nos ofrecen está muy lejos del centro de salud”.[867]
Se pronunció sobre la ejecución de
las políticas municipales, que son anunciadas dentro de las campañas, pero que
difícilmente son cumplidas, como ejemplo presenta lo siguiente: “hace tres
años a nuestro pueblo llegó una planta desalinizadora la cual duró a la intemperie
en total abandono, después de varias solicitudes de parte nuestra, se le hizo
una caseta y un pozo de 5 metros que todavía es insuficiente y no ha dejado
trabajar la planta 100% […], con su presencia nuestro pueblo tiene dos días de
funcionamiento en un 40%”.[868]
En relación al PAE, la comunidad
manifestó que su cumplimiento no es satisfactorio, por ser de carácter
irregular y sin instalaciones adecuadas de  cocina. Presentaron la ausencia de
equipos de refrigeración, como una barrera para conservar los alimentos que se
entregan en las aulas satélites. [869]
ANEXO III
MATRIZ DE PROPUESTAS
Las propuestas aparecen a
continuación en forma resumida. Todas las entidades vinculadas por esta
sentencia deberán consultar los documentos en que se encuentran estas
propuestas, los cuales se encuentran en el expediente. Con ese propósito, en la
tercera columna del cuadro a continuación se señala la ubicación de cada
propuesta en el expediente.
#
Actor
Propuesta
Ubicación en el expediente[870]
5.
Defensoría del Pueblo
Hacer extensivos todos los servicios a comunidades
“resguardadas” y “no resguardadas”.
Folio 284.
6.
Defensoría del Pueblo
Establecer con el mayor grado de certeza la cantidad
de habitantes del Departamento.
Folio 285.
7.
Defensoría del Pueblo
Registrar de manera de manera oportuna y eficaz los
indicadores de mortalidad por IRA y EDA.
Folio 285.
8.
Defensoría del Pueblo
Crear el indicador de mortalidad materna en el
SIVIGILA.
Folio 285.
9.
Defensoría del Pueblo
Que los casos de desnutrición aguda sean siempre
tratados por el sector salud.
Folio 285.
10.
Defensoría del Pueblo
Tomar medidas inmediatas como resultado de la
microfocalización.
Folio 285.
11.
Defensoría del Pueblo
Establecer mecanismos apropiados para que los niños,
niñas y adolescentes tengan acceso a los servicios de salud.
Folio 285.
12.
Defensoría del Pueblo
Evitar que existan periodos del año en que los
beneficiarios de los programas de nutrición dejen de recibir el beneficio.
Folio 285.
13.
Defensoría del Pueblo
Implementar programas que contemplen la integración
y fortalecimiento del núcleo familiar y la participación comunitaria.
Folio 285.
14.
Defensoría del Pueblo
Establecer un centro de recuperación nutricional en
cada uno de los municipios afectados (Riohacha, Manaure, Maicao, Uribia y
Dibulla).
Folio 285.
15.
Defensoría del Pueblo
Compulsar copias para las investigaciones
disciplinarias, fiscales y penales a que hubiere lugar, debido a la no
entrega de la bienestarina líquida.
Folio 286.
16.
Defensoría del Pueblo
Acompañamiento y asesoría a los municipios para
efectos de la prestación del servicio de alimentación escolar.
Folio 286.
17.
Defensoría del Pueblo
Adelantar jornadas de registro e identificación de
la totalidad de los habitantes del Departamento de La Guajira.
Folio 286.
18.
Defensoría del Pueblo
Tomar las previsiones para que toda la población
infantil tenga acceso a los servicios de salud.
Folio 286.
19.
Defensoría del Pueblo
Adelantar las gestiones necesarias para que las EPS
adelanten actividades de promoción y prevención.
Folio 286.
20.
Defensoría del Pueblo
Distribuir adecuadamente las ayudas humanitarias que
se reciban de otras entidades.
Folio 286.
21.
Defensoría del Pueblo
Establecer el horizonte temporal y criterios
materiales y de medición, fundamentados en desnutrición, discapacidad y
muertes evitables.
Folio 287.
22.
Defensoría del Pueblo
Establecer los instrumentos jurídicos necesarios y
las apropiaciones presupuestales pertinentes u otros mecanismos.
Folio 287.
23.
Defensoría del Pueblo
Establecer un plan y una ruta priorizadas de
atención, intervención, distribución y consumo efectivo de nutrientes y
seguimiento individualizado, a los niños con desnutrición aguda captados en
la microfocalización.
Folio 287.
24.
Defensoría del Pueblo
Elaborar un plan para ajustar o estimar el censo de
población total y población en riesgo.
Folio 287.
25.
Defensoría del Pueblo
Centralizar todas las acciones de intervención y
contratación homogénea frente a los operadores.
Folio 287.
26.
Defensoría del Pueblo
Establecer una estrategia y un plan conjunto e
integral de vigilancia, inspección y control a través de veedurías locales.
Folio 287.
27.
Defensoría del Pueblo
Construir los planes de seguridad alimentaria y
nutricional a nivel departamental y municipal.
Folio 288.
28.
Defensoría del Pueblo
Adoptar las medidas necesarias para la sostenibilidad
y la cobertura del Programa de Alimentación Escolar y del servicio de
transporte escolar.
Folio 288.
29.
Defensoría del Pueblo
Fortalecer sistemas de información en educación.
Folio 288.
30.
Defensoría del Pueblo
Realizar diagnósticos de infraestructura educativa.
Folio 288.
31.
Defensoría del Pueblo
Identificar y priorizar la calidad y cantidad de
agua para consumo humano.
Folio 289.
32.
Defensoría del Pueblo
Tratar los pozos actuales así como los que se
encuentran en prospección, exploración y perforación para garantizar
potabilidad.
Folio 289.
33.
Defensoría del Pueblo
Ejecutar las obras necesarias para conectar los
acueductos a la represa El Cercado.
Folio 289.
34.
Defensoría del Pueblo
Capacitar a las comunidades sobre el buen uso y
operación de los pozos.
Folio 289.
35.
Defensoría del Pueblo
Analizar el uso del agua otorgado a los proyectos
minero-energéticos, de agricultura y ganadería en el Departamento.
Folio 289.
36.
Comunidad Tawaira, Zona Norte Extrema de la Alta
Guajira
Que desde el ICBF se expida una declaración pública
donde la directora general reconozca que los niños y niñas wayuu y quienes
integra esta cultura somos seres humanos, sujetos de derechos y tenemos
garantías constitucionales en la república de Colombia.
Folios 1430-1433.
37.
Comunidad Tawaira, Zona Norte Extrema de la Alta
Guajira
Nombrar por decreto de interés nacional y soberanía
una dirección científica ad hoc en el ICBF nacional para que atienda,
revise, direccione, estructure y adopte un plan de acción científico,
estructural inmediato, mediano y largo plazo, para salvar vidas de seres
humanos y con un protocolo ético de informar sobre la problemática.
Folios 1430-1433.
38.
Comunidad Tawaira, Zona Norte Extrema de la Alta
Guajira
Ejecutar alcance del auto 004/2009 para la
protección de los niños wayuu consultando y conectando a las directivas de
las 197 asociaciones wayuu legalmente registradas ante el ministerio del
interior y se protocolice, oficialmente  wayuu sobre información y familia.
Folios 1430-1433.
39.
Comunidad Tawaira, Zona Norte Extrema de la Alta
Guajira
Suspender la intromisión de fundaciones y
corporaciones que contratan la atención del servicio de los programas de cero
a siempre de territorios wayuu ya que lo vienen haciendo de manera,
inconsulta, inhumana, desordenada y sin eliminar indicador protocolario legal
para la atención de niños en especial los 29.000 que están haciendo en los
municipios de Uribia y Manaure bajo actuaciones de imposición.
Folios 1430-1433.
40.
Comunidad Tawaira, Zona Norte Extrema de la Alta
Guajira
Dar aplicación a la tutela T-007, T-704, C-921/
2008, T-155/2015 las cuales ordenan garantías para la salvaguarda wayuu que
pueden subsistir y tener acceso al agua potable.
Folios 1430-1433.
41.
Asociación de Autoridades Tradicionales Wayúu del
Clan Ipuana de la Zona de Irauri
Entender que las comunidades indígenas Wayúu somos
diferentes, que el desarrollo del pueblo debe darse acorde a nuestra
cosmovisión, a nuestro territorio y debe ser construido con la participación
de los wayuu.
Folios 1460-1462.
42.
Asociación de Autoridades Tradicionales Wayúu del
Clan Ipuana de la Zona de Irauri
Proponemos al ICBF la modalidad CDI propio y
ayatajirrawa, construcción de vías de acceso que permitan el desplazamiento
del pueblo wayuu, a lo largo y ancho del territorio wayuu.
Folios 1460-1462.
43.
Asociación de Autoridades Tradicionales Wayúu del
Clan Ipuana de la Zona de Irauri
Programas, planes o proyectos tendientes a mitigar
el cambio climático.
Folios 1460-1462.
44.
Asociación de Autoridades Tradicionales Wayúu del
Clan Ipuana de la Zona de Irauri
Proyectos productivos, encaminados a fortalecer las
actividades productivas tradicionales, canales de comercialización para la
producción artesanal que permitan generar empleo y por ende ingresos
económicos para las familias.
Folios 1460-1462.
45.
Asociación de Autoridades Indígenas Suliwaou Laulayú
Fortalecer los medios de vida de los habitantes de
La Guajira.
Folios 1922- 1937.
46.
Asociación de Autoridades Indígenas Suliwaou Laulayú
Crear zonas exclusivas de pesca artesanal.
Folios 1922- 1937.
47.
Asociación de Autoridades Indígenas Suliwaou Laulayú
Promover el reconocimiento y la preservación de los
conocimientos indígenas sobre sus sistemas alimentarios.
Folios 1922- 1937.
48.
Asociación de Autoridades Indígenas Suliwaou Laulayú
La disposición de saneamiento básico para las
familias.
Folios 1922- 1937.
49.
Asociación de Autoridades Indígenas Suliwaou Laulayú
Facilitar el acceso a las comunidades a través de la
construcción de vías.
Folios 1922- 1937.
50.
Asociación de Autoridades Tradicionales Wayúu Kaitu
Garantizar la atención en salud no solo a los niños
de 0-5 años, sino a la totalidad de la población wayuu.
Folios 2060 - 2062.
51.
Asociación de Autoridades Tradicionales Wayúu Kaitu
Dar seguimiento al plan de acción interinstitucional
e intersectorial, nacional y regional.
Folios 2060 - 2062.
52.
Asociación de Autoridades Tradicionales Wayúu Kaitu
Fortalecer los diferentes programas adelantados por
el DPS en el departamento de La Guajira, relacionadas con seguridad
alimentaria, empleos temporales y ayuda en proyectos de vivienda.
Folios 2060 - 2062.
53.
Asociación de Autoridades Tradicionales Wayúu Kaitu
Encaminar los esfuerzos al avance de las acciones
tendientes a garantizar el acceso al agua potable.
Folios 2060 - 2062.
54.
Asociación de Autoridades Tradicionales Wayúu Kaitu
Llevar a cabo todas las intervenciones necesarias
para las garantías de los derechos fundamentales de los niños wayuu.
Folios 2060 - 2062.
55.
Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas Wayúu
Anataweeshii
Que el Presidente de la República haciendo uso de
las facultades constitucionales y como PREMIO NOBEL DE PAZ ordene la
integración de una comisión de notables científicos como COMISION DE  LA
VERDAD para que se le diga a los colombianos y a la sociedad internacional
verdaderas causas de las fatalidades ocurridas entre el mes de enero de 2009
y 6 de diciembre de 2016.
Folios 2070 – 2073.
56.
Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas Wayúu
Anataweeshii
Convocar extraordinariamente a la mesa nacional
permanente de concertación de los pueblos indígenas para analizar y buscar
medidas inmediatas, medianas y de largo plazo para detener la tragedia de los
niños wayuu.
Folios 2070 – 2073.
57.
Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas Wayúu
Anataweeshii
Que el Presidente de la República designe una
persona AD HOC como director nacional del ICBF con perfil científico
para dirigir desde el orden nacional un plan inmediato de acción y protección
a la familia wayuu y la población vulnerable y de esta manera evitar la
tragedia humana.
Folios 2070 – 2073.
58.
Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas Wayúu
de la Zona de la Marina
Se garantice a la población wayuu el acceso
permanente al agua potable ya sea a través del proyecto de la represa del rio
ranchería o cualquier otra forma.
Folios 2076-2078.
59.
Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas Wayúu
de la Zona de la Marina
Se busque la manera de generar empleo para el
indígena wayuu de forma tal que le permita llevar el sustento a su familia de
una manera digna permanente.
Folios 2076-2079.
60.
Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas Wayúu
de la Zona de la Marina
Se pueda llevar a las comunidades indígenas una
educación de calidad, con los equipos y tecnología de la que se dispone en el
resto de Colombia, tales como equipos de cómputo y tecnología de informática,
aulas y pupitres adecuados.
Folios 2076-2080.
61.
Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas Wayúu
de la Zona de la Marina
Que para determinar el valor de los recursos que se
destinan para la población wayuu esta se haga con un énfasis diferencial y se
tenga en cuenta que la dispersión de la población wayuu y las dificultades de
acceso a las comunidades hacen que todo sea más costoso y lo que hace que los
escasos recursos destinados para el cumplimiento de objetivos sociales se
reduzcan dada la cantidad de gastos que genera ponerlos en la zona, que se
tenga en cuenta que las circunstancias en La Guajira no son las mismas del
centro del país.
Folios 2076-2081.
62.
Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas Wayúu
de la Zona de la Marina
Construir una infraestructura de vías que permitan
la intercomunicación de manera ágil entre la comunidad wayuu de la alta
guajira con el resto del departamento y de Colombia.
Folios 2076-2082.
63.
Asociación de Autoridades Tradicionales Wayúu de la
Zona de la Sabana
Realizar actividades preventivas y correctivas para
los pocos molinos de viento que suministran el agua en las comunidades
indígenas.
Folios 2085-2087.
64.
Asociación de Autoridades Tradicionales Wayúu de la
Zona de la Sabana
Fortalecer aquellas actividades propias del auto
sostenimiento.
Folios 2085-2087.
65.
Asociación de Autoridades Tradicionales Wayúu de la
Zona de la Sabana
Que los programas que propone el ICBF sean para todo
el núcleo familiar.
Folios 2085-2087.
66.
Asociación de Autoridades Tradicionales Wayúu de la
Zona de la Sabana
Mejorar las vías que comunican a las comunidades
indígenas con el municipio
Folios 2085-2087.
67.
Asociación de Autoridades Tradicionales Wayúu
Trópico Azul
Construir carreteras vías de comunicaciones
terrestres, viviendas dignas para salvaguardar la humanidad y vida de las
familias y cada una de los habitantes en este municipio y demás que los
proteja de las inclemencias del tiempo, la naturaleza y de las fieras
salvajes.
Folios 2089-2091.
68.
Asociación de Autoridades Tradicionales Wayúu
Trópico Azul
Fuentes de trabajo manteniendo los usos y
costumbres  cono el hilar hilos para hacer mochilas, chinchorros, waireñas,
adornos, etc. Los cuales podrían intercambiarse comercialmente, adquirir
otras cosas y ganar algo de dinero para su sustento económico.
Folios 2089-2091.
69.
Asociación de Autoridades Tradicionales Wayúu
Trópico Azul
Invertir mensual y puntualmente en la alimentación y
salud de los indígenas wayuu suministrándoles alimentos y medicamentos
esenciales y básicos para su dispensa y botiquín casero, a cada familia, a
cada comunidad y a cada municipio.
Folios 2089-2091.
70.
Asociación de Autoridades Tradicionales Wayúu
Trópico Azul
Invertir en el abastecimiento del agua potable y tratada
mediante carro tanques hacia las diferentes comunidades en este municipio
Folios 2089-2091.
71.
Asociación Autoridades Tradicionales Shipia Wayúu
Acatar las decisiones proferidas por la Corte
Suprema de Justicia, Corte Constitucional y Comisión Interamericana de
Derechos Humanos.
72.
Asociación de Autoridades Tradicionales Wayúu de
Buenos Aires
Las entidades gubernamentales y alcaldía deben
buscar o proponer más soluciones para surtir más agua a las comunidades por
medio de carro tanques, pozos y jagüeyes, ya que es la solución más certera
para solventar esta problemática.
Folios 2144-2148.
73.
Asociación de Autoridades Tradicionales Wayúu de la
Zona de Amuruluba
Destinar recursos para la atención integral del
pueblo wayuu.
Folios 2176-2177.
74.
Asociación de Autoridades Tradicionales Wayúu de la
Zona de Amuruluba
Conminar a las autoridades que atienden la población
wayuu, para que trabajen de manera coordinada.
Folios 2176-2177.
75.
Asociación de Autoridades Tradicionales Wayúu de la
Zona de Amuruluba
Conminar a las entidades que atienden a la población
wayuu para que los miembros de sus equipos interdisciplinarios sean la etnia
y con sentido de pertenencia y humanitaria.
Folios 2176-2177.
76.
Asociación de Autoridades Tradicionales Wayúu de la
Zona de Amuruluba
Exhortar al ICBF para que realice una verdadera
supervisión de los recursos asignados.
Folios 2176-2177.
77.
Asociación de Autoridades Tradicionales Wayúu de la
Zona de Amuruluba
Asignar al ICBF recursos para el seguimiento y
monitoreo de los programas de atención a la población wayuu.
Folios 2176-2177.
78.
Asociación de Autoridades Tradicionales Wayúu de la
Zona de Amuruluba
Exhortar a los órganos de control para que a través
de estrategias investigativas desmantelen los funcionarios corruptos del
ICBF.
Folios 2176-2177.
79.
Asociación de Autoridades Tradicionales Wayúu de la
Zona de Amuruluba
Exhortar al Ministerio del Interior para que el plan
de salvaguarda sea discutido con las autoridades tradicionales, con el fin de
construir un plan que garantice la pervivencia del pueblo wayuu.
Folios 2176-2177.
80.
Varias Asociaciones en Uribia
Que el gobierno nacional actúe de inmediato según
los recursos legales que existen o puedan aligerar la creación de las
entidades territoriales indígenas que están consideradas en la constitución
política de Colombia.
Folios 2255-2269.
81.
Varias Asociaciones Wayúu
Que los alcaldes municipales donde están asentados
los resguardos permitan que las asociaciones y organizaciones indígenas wayuu
sean las que administren los recursos de la asignación especial del sistema
general de participación para los resguardos indígenas.
Folios 2255-2269.
82.
Varias Asociaciones Wayúu
Que el gobierno colombiano en todas sus estructuras
los deje gobernar y administrar con sus sistemas propios dentro del marco de
la ley.
Folios 2255-2269.
83.
Varias Asociaciones Wayúu
Que el gobierno le dé cumplimiento a lo ordenado en
la sentencia T-025 de 2004.
Folios 2255-2269.
84.
Varias Asociaciones Wayúu
Que se cumplan las medidas judiciales nacionales e
internacionales que están vigentes en la actualidad a favor del pueblo wayuu.
Folios 2255-2269.
85.
Asociación de Autoridades tradicionales wayuu UNA
APUCHON
Aplicar programas y estrategias sociales que vayan
de la mano de los usos y costumbres de cada etnia y así permitir el
desarrollo social y económico armónico de las comunidades en sus territorios
propios
Folios 1169-1170.
86.
Asociación de Autoridades tradicionales wayuu UNA
APUCHON
Frente al tema de agua potable y saneamiento básico
se debe diseñar y ejecutar programas auto sostenibles que permitan el consumo
por parte de los pobladores rurales con el fin de disminuir las enfermedades
diarreicas agudas que es uno de los factores que incide en la muerte de
menores de edad asociadas a la desnutrición aguda ; así mismo , las
soluciones de agua potable a implementar en las comunidades indígenas deben
contar con los estándares de calidad en materia de potabilización y operación
de los sistemas de bombeo y extracción mediante la utilización de energías
alternativas.
Folios 1169-1170.
87.
Asociación de Autoridades tradicionales wayuu UNA
APUCHON
Respecto a la seguridad alimentaria del departamento
de La Guajira presenta el indicador de pobreza multidimensional del 84.5%
como motivo por el cual el ministerio de agricultura debe implementar
programas en materia agrícola y pecuaria acorde con las características
agrologicas de los suelos; a su vez la implementación de sistemas de riego de
pequeña escala que permita mejorar el nivel de productividad y la generación
de ingresos de los núcleos familiares de la etnia wayuu
Folios 1169-1170
88.
Asociación de Autoridades tradicionales wayuu UNA
APUCHON
En relación con la atención integral a primera
infancia debe aumentarse la cobertura; la selección de operadores de los
programas debe estar basado en criterios de eficiencia e idoneidad y los
programas de alimentación escolar deben implementarse a partir del inicio de
la jornada escolar hasta su culminación en el mes de noviembre debido a que
múltiples ocasiones el contrato se realiza por parte de los entes
territoriales a mediados de cada anualidad.
Folios 1169-1170.
89.
Comunidades Afrodescendientes Del Departamento De La
Guajira
Implementar la política pública en el Departamento
de La Guajira , con el acompañamiento de la Gobernación de La Guajira , los
municipios, el distrito de Riohacha y el ministerio del interior
Folio 3180
90.
Comunidades Afrodescendientes Del Departamento De La
Guajira
Cobertura en la salud para la población
afrodescendiente en La Guajira
Folio 3180
91.
Comunidades Afrodescendientes Del Departamento De La
Guajira
Garantizar la educación inicial de las niñas y niños
de la población afrodescendiente de La Guajira , y que el ministerio del
interior le haga el acompañamiento al Instituto Colombiano De Bienestar
Familiar para que estos niños obtenga el auto reconocimiento dentro de los
consejos comunitario y las organizaciones de base existentes ene l
Departamento de La Guajira
Folio 3181
92.
Comunidades Afrodescendientes Del Departamento De La
Guajira
Implementar la catedra de estudios afrocolombiano en
todas las instituciones públicas y privadas del Departamento de La Guajira
Folio 3181
93.
Comunidades Afrodescendientes Del Departamento De La
Guajira
Ampliar las plazas para docentes afrodescendientes
Folio 3181
94.
Comunidades Afrodescendientes Del Departamento De La
Guajira
Construcción de nuevos centros educativos y mejorar
las plantas físicas de los existentes
Folio 3181
95.
Comunidades Afrodescendientes Del Departamento De La
Guajira
Implementar proyectos de vivienda urbana y rural y
de mejoramiento para la población afrodescendiente del Departamento de La
Guajira , teniendo en cuenta el enfoque diferencial afro, debido a que en
esta población es prioritaria
Folio 3181
96.
Comunidades Afrodescendientes Del Departamento De La
Guajira
Implementar proyectos , planes y programas en el
Departamento de La Guajira para que nos ayude a darle un vuelco en el déficit
que tenemos en el avance tecnológico
Folio 3181
97.
Comunidades Afrodescendientes Del Departamento De La
Guajira
Satisfacer a la población afro del Departamento de
La Guajira sus necesidades insatisfechas en lo relacionado con los servicios
públicos
Folio 3181
98.
Comunidades Afrodescendientes Del Departamento De La
Guajira
Inclusión en todos los programas que maneja DPS para
a población afrodescendiente urbana y rural
Folio 3182
99.
Comunidades Afrodescendientes Del Departamento De La
Guajira
Preservar y proteger el medio ambiente
Folio 3182
100.
Comunidades Afrodescendientes Del Departamento De La
Guajira
Que el ministerio de medio ambiente y desarrollo
sostenible de seguimiento  a los programas planes y proyectos que viene
ejecutando la Corporación Autónoma Regional De La Guajira , el distrito de
Riohacha y todos los municipios del Departamento de La Guajira
Folio 3182
101.
Comunidades Afrodescendientes Del Departamento De La
Guajira
Concertar con toda la población afrodescendiente
todo lo relacionado con el nuevo censo nacional de población y vivienda
Folio 3182
102.
Comunidades Afrodescendientes Del Departamento De La
Guajira
Implementar programas y proyectos culturales donde
se divulguen usos y costumbres
Folio 3182
103.
Comunidades Afrodescendientes Del Departamento De La
Guajira
La práctica de los juegos tradicionales y
ancestrales afrodescendientes en el Departamento de La Guajira con sus
respectivos municipios y distritos, además del mejoramiento y construcción de
escenarios deportivos
Folio 3182
104.
Comunidades Afrodescendientes Del Departamento De La
Guajira
Implementar la política pública de la mujer donde se
garantice la igualdad de los derechos de la mujer afrodescendiente
Folio 3183
105.
Comunidades Afrodescendientes Del Departamento De La
Guajira
Facilitar la puesta en marcha de planes, programas y
proyectos a través de organizaciones de donde pueda participar y actuar de
forma incluyente a la mujer afrodescendiente.
Folio 3183
106.
Comunidades Afrodescendientes Del Departamento De La
Guajira
Implementación de todos los planes, proyectos y
programas a la población afroguajira garantizando nuestros derechos y la no
repetición de los mismo
Folio 3183
107.
Comunidades Afrodescendientes Del Departamento De La
Guajira
Implementar proyectos y programas con el enfoque
diferencial que favorezcan  el bienestar integral del adulto mayor
Folio 3183
108.
Comunidades Afrodescendientes Del Departamento De La
Guajira
Que el ministerio de agricultura realice proyectos
productivos agropecuarios, ganaderos, piscicultura y los demás que de este
ministerio se deriven
Folio 3183
109.
Comunidades Afrodescendientes Del Departamento De La
Guajira
Que la agencia de tierras le entregue a las
organizaciones campesinas y concejos comunitarios afrodescendientes que
llevan varios años de haber hecho la solicitud y a la fecha no han tenido
respuesta
Folio 3183
110.
Comunidades Afrodescendientes Del Departamento De La
Guajira
Capacitación a las comunidades afrodescendientes,
funcionarios de entes territoriales, en legislación afrocolombiana y oportuna
intervención y seguimiento a los procesos que llevan a cabo todas las
alcaldías y el distrito de Riohacha.
Folio 3183
111.
Comunidad De Zucaramana, Resguardo De La Alta Y
Media Guajira
Agenciar y aunar los recursos técnicos, presupuestales,
técnicos, humanos, empresariales e institucionales para concentrar todos los
esfuerzos posibles emanados de la ley y la constitución, para desarrollar
macro proyectos de solución de agua de alto impacto en nuestro zona
Folio 3285
112.
Comunidad De Zucaramana, Resguardo De La Alta Y
Media Guajira
Adelantar todas las acciones urgentes e inmediatas
para que los niños y todos los miembros de las comunidades puedan subsistir y
que todas estas soluciones se articulen de tal forma que se dé por cada zona
Folio 3286
113.
Comunidad De Zucaramana, Resguardo De La Alta Y
Media Guajira
La construcción de la política de atención para el
pueblo wayuu, así como las mejores formas de atención y prevención de las
enfermedades desde la visión wayuu y su articulación con la medicina
occidental
Folio 3286
114.
Comunidad De Zucaramana, Resguardo De La Alta Y
Media Guajira
Iniciar un proyecto piloto de atención integral e
intercultural en salud de carácter descentralizado, construido desde las
comunidades wayuu y agenciado y administrado científicamente por una
institución universitaria de gran prestigio nacional
Folio 3286
115.
Comunidad De Zucaramana, Resguardo De La Alta Y
Media Guajira
Redefinir la política portuaria de la región wayuu
para estudiar las formas más justas y equilibradas para garantizar la
participación y trabajo digno de los pobladores de la zona
Folio 3286
116.
Comunidad De Zucaramana, Resguardo De La Alta Y
Media Guajira
Concentrar los recursos así como beneficios en
general que se desprenden de la calidad de víctima de las comunidades de esta
región en el marco del cumplimiento de la sentencia TO25  de 2009
Folio 3286
117.
Comunidad De Zucaramana, Resguardo De La Alta Y
Media Guajira
Que se respete la interlocución directa sobre la
ejecución de recursos que beneficien a nuestra población
Folio 3287
118.
Comunidad De Zucaramana, Resguardo De La Alta Y
Media Guajira
Demandar las acciones de reinversión social de la
empresa carbonífera el Cerrejón, ante tantos años de ausencia de compromisos
frente a la restauración comunitaria frente a afectaciones territoriales y
ambientales con consecuencias para la salud y demás.
Folio 3287
119.
Comunidad De Zucaramana, Resguardo De La Alta Y
Media Guajira
Solicitamos la consolidación de procesos de
capacitación y consolidación de una escuela de pensamiento y de derechos
indígenas para nuestra zona.
Folio 3287
120.
Comunidad De Zucaramana, Resguardo De La Alta Y
Media Guajira
Solicitamos la apertura de los canales de
interlocución y comunicación directa desde las comunidades del pueblo wayuu
hacia la corte constitucional de Colombia.
Folio 3287
121.
Consenso De Las Autoridades Indígenas Wayúu
Es necesario para nuestra cultura wayuu conciliar
posiciones y llegar a un punto intermedio que ermita el dialogo intercultural
Folio 2975
122.
Consenso De Las Autoridades Indígenas Wayúu
Fortalecimiento técnico y administrativo de
organizaciones de base indígena y reconocidas por las autoridades
tradicionales wayuu
Folio 2975
123.
Consenso De Las Autoridades Indígenas Wayúu
Reforestación de zonas áridas y desérticas
Folio 2976
124.
Consenso De Las Autoridades Indígenas Wayúu
Recuperar zonas de manglares
Folio 2976
125.
Consenso De Las Autoridades Indígenas Wayúu
Irrigación del desierto y zonas áridas
Folio 2976
126.
Consenso De Las Autoridades Indígenas Wayúu
Devolver el rio ranchería a su cauce natural
Folio 2977
127.
Consenso De Las Autoridades Indígenas Wayúu
No desviar el arroyo bruno
Folio 2977
128.
Consenso De Las Autoridades Indígenas Wayúu
No permitir más afectaciones y alteraciones de
nuestras fuentes hídricas
Folio 2977
129.
Consenso De Las Autoridades Indígenas Wayúu
Incorporar el territorio ancestral donde está
ubicado el corredor férreo y Puerto Bolívar, al resguardo de la alta y media
guajira
Folio 2978
130.
Consenso De Las Autoridades Indígenas Wayúu
No desviar el arroyo bruno
Folio 2978
131.
Consenso De Las Autoridades Indígenas Wayúu
No permitir más afectaciones y alteraciones de
nuestras fuentes hídricas
Folio 2978
132.
Consenso De Las Autoridades Indígenas Wayúu
Priorizar el uso del agua superficial y subterránea
para el consumo del pueblo wayuu
Folio 2978
133.
Consenso De Las Autoridades Indígenas Wayúu
Realizar  el proceso de consulta previa para la
prórroga de la concesión
Folio 2978
134.
Consenso De Las Autoridades Indígenas Wayúu
Invertir en territorio ancestral wayuu el 50% de los
recursos financieros provenientes de las regalías del carbón para sectores
como desarrollo rula salud primera infancia educación, agua potable,
vivienda, saneamiento básico, proyectos productivos, generación de ingresos y
creación de empresas
Folio 2978
135.
Consenso De Las Autoridades Indígenas Wayúu
Dictar medidas cautelares para proteger el rio
Ranchería y sus afluentes como arroyo bruno
Folio 2978
136.
Consenso De Las Autoridades Indígenas Wayúu
Dictar medidas cautelares para proteger todas las
fuentes de agua que hacen parte del mundo y cosmovisión wayuu como arroyo
limo, urraichi, payushumana, karawamana, shimulu, petsuapa entre otros
Folio 2978
137.
Consenso De Las Autoridades Indígenas Wayúu
Que el Ministro De Comercio Industria Y Turismo debe
cumplir las sentencias de las altas cortes en entregar los activos de la
concesión minera y portuaria a SAMA LTDA para que cese el desempleo.
Folio 2979
138.
Consenso De Las Autoridades Indígenas Wayúu
Cumplir a cabalidad con el acuerdo entre el IFI
Concesión De Salinas Y La Comunidad Wayúu De Manaure
Folio 2979
139.
Consenso De Las Autoridades Indígenas Wayúu
Construir represas en todo el territorio wayuu  para
aprovechar las aguas de las lluvias  y represarla y utilizarlas en verano
Folio 2980
140.
Consenso De Las Autoridades Indígenas Wayúu
Masificar los molinos de viento ara la extracción de
agua y dotarlos con sistemas de micro acueductos y ubicarlos estratégicamente
en territorios wayuu
Folio 2980
141.
Consenso De Las Autoridades Indígenas Wayúu
Desarrollar pozos artesanos de extracción de agua en
los territorios wayuu
Folio 2980
142.
Consenso De Las Autoridades Indígenas Wayúu
Implementación amplia y suficiente de sistemas de
extracción de agua a través de equipos y herramientas de energía solar
Folio 2980
143.
Consenso De Las Autoridades Indígenas Wayúu
Implementar a lo largo de la zona costera de la
península de La Guajira sistema desalinizadores y potabilizadores ; y
generación de micro acueductos para garantizar  y aprovechar las aguas del
mar caribe
Folio 2980
144.
Consenso De Las Autoridades Indígenas Wayúu
Cuidar y proteger los reservorios de agua
Folio 2980
145.
Consenso De Las Autoridades Indígenas Wayúu
Dictar medidas cautelares para proteger al rio
Ranchería y su afluente como Arroyo Bruno
Folio 2980
146.
Consenso De Las Autoridades Indígenas Wayúu
Dictar medidas cautelares para proteger todas las
fuentes de agua que hacen parte del mundo y cosmovisión wayuu como arroyo
limo, urraichi, payushumana, karawamana, shimulu, petsuapa entre otros
Folio 2980
147.
Consenso De Las Autoridades Indígenas Wayúu
Incentivar de forma masiva y con inversión económica
y financiera sistemas modernos de irrigación
Folio 2981
148.
Consenso De Las Autoridades Indígenas Wayúu
Incentivar de forma masiva y con inversión económica
y financiera proyectos productivos
Folio 2981
149.
Consenso De Las Autoridades Indígenas Wayúu
Incentivar de forma masiva  y con inversión
económica y financiera proyectos de ganadería
Folio 2981
150.
Consenso De Las Autoridades Indígenas Wayúu
Incentivar de forma masiva y con inversión económica
y financiera proyectos de pesca artesanal
Folio 2981
151.
Consenso De Las Autoridades Indígenas Wayúu
Proteger y salvaguardar la producción wayuu de
carbón vegetal y actividades económicas milenarias
Folio 2981
152.
Consenso De Las Autoridades Indígenas Wayúu
Salvaguardar los territorios ancestrales donde hay
jagüeyes, pozos de agua y cementerios
Folio 2981
153.
Consenso De Las Autoridades Indígenas Wayúu
Ordenar a quien corresponda la protección de los
territorios ancestrales a través de la titulación de resguardo indígena wayuu
Folio 2982
154.
Consenso De Las Autoridades Indígenas Wayúu
Desarrollar procesos de atención integral en salud
ajustados a la cosmovisión wayuu
Folio 2983
155.
Consenso De Las Autoridades Indígenas Wayúu
Incluir medicamentos y prácticas de salud
tradicionales
Folio 2983
156.
Consenso De Las Autoridades Indígenas Wayúu
Contar con centros de salud en territorios
Indígenas, completamente dotados y atención 24 horas
Folio 2983
157.
Consenso De Las Autoridades Indígenas Wayúu
Contar con talento humano wayuu
Folio 2983
158.
Consenso De Las Autoridades Indígenas Wayúu
Se exige calidad y sentido de pertenencia de la EPS
Folio 2983
159.
Consenso De Las Autoridades Indígenas Wayúu
Realizar verdaderos procesos de prevención y
promoción en salud
Folio 2983
160.
Consenso De Las Autoridades Indígenas Wayúu
Contar con hospitales de alta calidad y con los
equipos tecnológicos necesarios
Folio 2983
161.
Consenso De Las Autoridades Indígenas Wayúu
Desarrollar procesos óptimos de educación propia
Folio 2983
162.
Consenso De Las Autoridades Indígenas Wayúu
Articular educación integral de educación, alimentación
y transporte
Folio 2983
163.
Consenso De Las Autoridades Indígenas Wayúu
Contar con infraestructura educativa adecuada,
Folio 2983
164.
Consenso De Las Autoridades Indígenas Wayúu
Contar con zonas de esparcimiento, recreación y
diversión
Folio 2983
165.
Consenso De Las Autoridades Indígenas Wayúu
Contar con agua potable y energía renovable
Folio 2983
166.
Consenso De Las Autoridades Indígenas Wayúu
Contar con tecnología, información  y
comunicaciones.
Folio 2983
167.
Asociaciones De Autoridades Tradicionales Wayúu Del
Municipio De Uribia
Que el gobierno nacional actúe de inmediato según
los recursos legales que existen o puedan aligerar procesos como la creación
de entidades territoriales Indígenas
Folio 3317
168.
Asociaciones De Autoridades Tradicionales Wayúu Del
Municipio De Uribia
Que los alcaldes municipales donde están asentados
nuestros resguardos permitan que nuestras asociaciones Indígenas wayuu sean
las que administren los recursos de AESGPRI
Folio 3317
169.
Asociaciones De Autoridades Tradicionales Wayúu Del
Municipio De Uribia
Que el gobierno colombiano en todas sus estructuras
nos deje gobernar y administrar con nuestros sistemas propios
Folio 3317
170.
Asociaciones De Autoridades Tradicionales Wayúu Del
Municipio De Uribia
Que el gobierno le dé cumplimiento a lo ordenado en
la sentencia T025 de 2004
Folio 3317
171.
Asociaciones De Autoridades Tradicionales Wayúu Del
Municipio De Uribia
Que se cumplan las medidas judiciales nacionales e
internacionales que están vigentes en la actualidad
Folio 3318
172.
Consejo Superior De Palabreros
Acabar con la "contratocracia" y la
intermediación de la meritocracia de cualquier ente o entidad operadora, para
que la ejecución la hagan las mismas autoridades Indígenas mediante convenios
inter-administrativos
Folio 3328
173.
Consejo Superior De Palabreros
Que el suministro proporcional alimenticio y
nutritivo que hace el bienestar familiar sea en restaurantes escolares o
centros infantiles
Folio 3328
174.
Consejo Superior De Palabreros
Orientar y establecer políticas diferenciadas
acordes a los patrones culturales de cada pueblo indígena
Folio 3329
175.
Consejo Superior De Palabreros
Reemplazar los alimentos suministrados por productos
tradicionales familiarizados a las costumbres alimenticias
Folio 3329
176.
Consejo Superior De Palabreros
Promover interinstitucionalmente una coordinación
con las EPS, IPS que malgastan y dilapidan los recursos en programas que no
son adecuados
Folio 3330
177.
Consejo Superior De Palabreros
Una buena y correcta atención en salud y nutricional
en los niños wayuu, se debe implementar y diseñar sistémica y
sistemáticamente entre organismos
Folio 3330
178.
Federación De Asociaciones De Autoridades
Tradicionales De La Guajira
Desarrollar programas de redes de seguridad
alimentaria, centros de desarrollo y atención infantil, centros de salud con
enfoque diferencial,
Folio 3370
179.
Federación De Asociaciones De Autoridades
Tradicionales De La Guajira
La construcción de una visión del desarrollo que
permita a las comunidades superar su actual crisis
Folio 3372
180.
Federación De Asociaciones De Autoridades
Tradicionales De La Guajira
La construcción de pozos debe hacerse en cantidad
suficiente que garantice a toda la población el acceso al agua
Folio 3374
181.
Federación De Asociaciones De Autoridades Tradicionales
De La Guajira
Es fundamental la construcción de muchos pozos tipo
DPS, también se requiere la creación de un operador que le haga mantenimiento
a la infraestructura
Folio 3374
182.
Federación De Asociaciones De Autoridades
Tradicionales De La Guajira
Se requiere desarrollar programas para reducir el
analfabetismo en población de 15 años o mas
Folio 3383
183.
Federación De Asociaciones De Autoridades
Tradicionales De La Guajira
Se requiere mejorar la infraestructura de las
instituciones
Folio 3385
184.
Federación De Asociaciones De Autoridades
Tradicionales De La Guajira
Las familias necesitan ser autosuficientes, por esta
razón se necesitan las ayudas humanitarias pero no de forma permanente
Folio 3388
185.
Federación De Asociaciones De Autoridades
Tradicionales De La Guajira
Hay que elevar el valor de los productos artesanales
mediante la eliminación de intermediarios, mejoras de calidad y cantidad y
generar una marca propia étnica
Folio 3391
186.
Federación De Asociaciones De Autoridades Tradicionales
De La Guajira
Se requiere crear tiendas comunitarias Indígenas
wayuu en zonas estratégicas de la zona rural dispersa de los municipios, que
serán administradas por organizaciones Indígenas existentes y de reconocida
tradición e idoneidad, aplicando un enfoque diferencial y étnico y aceptando
inicialmente el trueque mientras se monetiza la economía de la región
Folio 3392
187.
Federación De Asociaciones De Autoridades
Tradicionales De La Guajira
Transferir capacidades a las mismas organizaciones
Indígenas apara que sean gestoras de su propio desarrollo
Folio 3394
188.
Federación De Asociaciones De Autoridades
Tradicionales De La Guajira
Garantizar la oferta de bienes y servicios de
primera necesidad dentro de los territorios
Folio 3394
189.
Federación De Asociaciones De Autoridades
Tradicionales De La Guajira
Los Indígenas podrán adquirir bienes y servicios a
través del trueque
Folio 3394
190.
Federación De Asociaciones De Autoridades
Tradicionales De La Guajira
Que se brinde apoyo haciendo mercadeo y gestión ante
cadenas de almacenes y empresas de turismo y artesanías para vender estos
productos
Folio 3394
191.
Federación De Asociaciones De Autoridades
Tradicionales De La Guajira
Buscar alianzas con otras entidades para brindar
capacitación a artesanas wayuu para mejorar la calidad de sus productos
Folio 3394
192.
Federación De Asociaciones De Autoridades
Tradicionales De La Guajira
Manaure necesitaría 349,5 kilómetros de vías
verdales para garantizar acceso a la población
Folio 3396
193.
Federación De Asociaciones De Autoridades
Tradicionales De La Guajira
Contar con centros de salud dentro de los
territorios
Folio 3398
194.
Federación De Asociaciones De Autoridades
Tradicionales De La Guajira
Combinar la medicina tradicional con la occidental
Folio 3398
195.
Federación De Asociaciones De Autoridades
Tradicionales De La Guajira
Construir mejores viviendas con mejores materiales
pero respetando el enfoque diferencial
Folio 3400
196.
Federación De Asociaciones De Autoridades
Tradicionales De La Guajira
Modificar estrategias de intervención de la
problemática de las etnias de La Guajira
Folio 3406
197.
Federación De Asociaciones De Autoridades
Tradicionales De La Guajira
Desarrollar agricultura para tierras semidesérticas,
esto requiere crear un centro de investigación agropecuaria e intercambiar
experiencias con otros países
Folio 3410
198.
Federación De Asociaciones De Autoridades
Tradicionales De La Guajira
No pensar solo en agricultura de subsistencia, sino
que les permita generar excedentes para su comercialización y así generar
ingresos.
Folio 3410
199.
Federación De Asociaciones De Autoridades
Tradicionales De La Guajira
Creación e implementación de plan de adaptación al
cambio climático y un plan para combatir el cambio climático
Folio 3413
200.
Federación De Asociaciones De Autoridades
Tradicionales De La Guajira
Adoptar una cedula binacional que le permita cruzar
la frontera como territorio propio
Folio 3414
201.
Federación De Asociaciones De Autoridades
Tradicionales De La Guajira
Programar en forma fija que se haga presencia de
instituciones del estado a ofertar sus servicios
Folio 3414
202.
Federación De Asociaciones De Autoridades
Tradicionales De La Guajira
Se requieren puestos de votación cerca de sus
comunidades donde puedan ejercer sus derechos electorales
Folio 3415
ANEXO IV
SÍNTESIS DE OBJETIVOS, INDICADORES, ACCIONES Y ÓRDENES ESPECÍFICAS
A continuación
se presenta un cuadro en el que se resumen los objetivos, los indicadores, las acciones
y las órdenes a las que se han hecho referencia en la sentencia, así como las
entidades a las que se debe convocar, en razón a sus funciones y facultades,
para asegurar que las políticas públicas logren asegurar el goce efectivo de
los derechos fundamentales de las niñas y los niños de la comunidad Wayúu.
Indicadores básicos
Acciones básicas a considerar
Ordenes específicas
1.
Primer objetivo: Aumentar la disponibilidad, accesibilidad y calidad del
agua.
Entidades
a convocar:
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y Corpoguajira
Porcentaje
de niños wayúu, en cada corregimiento y en cada comunidad, con suministro
continuo, superior a 20 litros per cápita por día.
Porcentaje
de comunidades con recorridos menores a 2 horas para el acceso a una fuente
de agua.
Indicadores
de costos del agua por corregimiento y por comunidad.
Disminución
del Índice de Riesgo de Calidad de Agua en cada corregimiento.
Pozos
profundos.
Plantas
desalinizadoras.
Equipos
para la potabilización.
Microacueductos.
Reparación
de molinos y jagüeyes.
Distribución
continua y regular por carros cisterna.
Acciones
previstas en el Conpes 3810 de 2014.
Los
indicadores y las metas deben abarcar todas las dimensiones de
disponibilidad, accesibilidad y calidad.
Los
indicadores y metas de calidad deben medir, como mínimo, el Índice de Riesgo
de Calidad del Agua (IRCA). Las metas deben prever una disminución constante
del IRCA en La Guajira.
Corpoguajira
debe contratar un estudio independiente para establecer si hay una relación
entre la actividad minera y la escasez de agua potable para las comunidades
wayúu.
2.
Segundo objetivo: mejorar la efectividad de los programas de atención
alimentaria y aumentar la cobertura de los de seguridad alimentaria
2.1.
Mejorar la efectividad de los programas de atención alimentaria
Entidades
a convocar: Ministerio
de Educación Nacional
Porcentaje
de niños wayúu beneficiados.
Porcentaje
de corregimientos y comunidades beneficiadas.
Porcentaje
de comunidades con recorridos menores a 2 horas para el acceso a un punto de
atención alimentaria.
Porcentaje
de niños con desnutrición que se recuperaron.
Porcentaje
de satisfacción de las comunidades.
Aumento
en la cobertura de los programas.
Reformulación
de los lineamientos.
Diseño
de programas compatibles con la cultura wayúu y adaptados a las realidades
del territorio wayúu.
Los
indicadores y las metas deben abarcar las dimensiones de disponibilidad y
accesibilidad de los alimentos.
Orden
de no regresividad.
2.2.
Aumentar la cobertura de los programas de seguridad alimentaria
Porcentaje
de niños wayúu beneficiados.
Porcentaje
de corregimientos y comunidades beneficiadas.
Distribución
geográfica de los proyectos por tipo de región en La Guajira.
Proporción
de proyectos realizados por los municipios frente a proyectos realizados por
el Gobierno Nacional.
Porcentaje
de satisfacción de las comunidades.
Porcentaje
de proyectos productivos de más de cinco años que continúan operando en
condiciones óptimas.
Aumento
en la cobertura de los programas.
Generar
capacidades dentro de los municipios y las asociaciones de autoridades
tradicionales wayúu para realizar intervenciones en seguridad alimentaria.
Programas
de generación de empleo.
Proyectos
productivos adaptados a las distintas partes del territorio wayúu.
Provisión
de burros.
Los
indicadores y las metas deben incluir criterios de sostenibilidad y de
generación e capacidades territoriales para la ejecución de proyectos de
seguridad alimentaria.
3.
Tercer objetivo: aumentar y mejorar las medidas inmediatas y urgentes en materia
de salud a cargo del Gobierno Nacional; formular e implementar una política
de salud para La Guajira que permita asegurar el goce efectivo del derecho a
la salud para todos los Wayúu
3.1.
Aumentar y mejorar las medidas inmediatas y urgentes en materia de salud a
cargo del Gobierno Nacional
Número
de familias atendidas.
Número
de brigadas realizadas.
Resultados
en relación con eventos de desnutrición, enfermedades diarreicas y
enfermedades respiratorias agudas.
Cobertura
geográfica y cobertura poblacional.
Atención
a zonas más apartadas.
Aumentar
equipos extramurales.
Aumentar
beneficiarios proyectados para los próximos cuatro años.
Aumentar
el número de brigadas por equipo extramural.
Publicitarla
línea de atención para desnutrición.
Establecer
formas de comunicación para quienes no tienen línea de telefonía fija.
Orden
de no regresividad.
3.2.
Formular e implementar una política de salud para La Guajira que permita
asegurar el goce efectivo del derecho a la salud para todos los wayúu.
Indicadores
consistentes con los adoptados en seguimiento de la Sentencia T-760 de 2008.
Cobertura
de población.
Desempeño
en promoción y prevención.
Vacunación.
Atención
de enfermedades crónicas.
Incidencia
de eventos de desnutrición.
Incidencias
de eventos de enfermedades respiratorias y enfermedades diarreicas agudas.
Organizar
y consolidar la red prestadora de servicios de salud en el Departamento.
Fortalecer
las actividades de inspección, vigilancia y control de la Superintendencia
Nacional de Salud.
Estudiar
la viabilidad de reformas legislativas para dotar a la Superintendencia
Nacional de Salud de herramientas correctivas más efectivas que la multa.
Determinar
si es aplicable el artículo 30 de la Ley 1438 de 2011. En caso afirmativo,
implementar un nuevo modelo para la salud en La Guajira en el plazo máximo de
dos años.
4.
Cuarto Objetivo: Mejorar la movilidad de las comunidades wayúu que residen en
zonas rurales dispersas.
Entidades
a convocar: Ministerio
de Transporte; INVIAS y Departamento Nacional de Planeación
Longitud
de la red vial terciaria.
Construcción
y adecuación de vías secundarias y terciarias.
Otras
soluciones de movilidad concertadas con las comunidades.
Considerar
la posibilidad de modificar el modelo de priorización vial municipal del
Conpes 3857 de 2016 para incluir un criterio de inseguridad alimentaria.
5.
Quinto objetivo: mejorar la información disponible para la toma de
decisiones por todas las autoridades competentes para realizar acciones
tendientes a la superación del estado de cosas inconstitucional
Entidades
a convocar:
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios; Departamento
Administrativo Nacional de Estadística y Departamento Nacional de Planeación.
Certificación
de niveles de interoperabilidad por el MinTIC.
Logro
de metas intermedias (número de entidades vinculadas, número de fuentes de
datos, etc.)
Sistema
de información.
Esquema
de interoperabilidad.
Censo
a realizar por el DANE, de acuerdo con la sentencia T-466 de 2016.
Evaluación
de impacto de los programas del ICBF y los demás que defina la Presidencia de
la República.
Crear
sistema de información ordenado por el Tribunal Superior de Riohacha.
6. Sexto objetivo: Garantizar la
imparcialidad y la transparencia en la asignación de beneficios y en la
selección de contratistas
6.1.
Garantizar la imparcialidad y la transparencia en la asignación de
beneficios
Porcentaje
de acciones comprometidas con criterios públicos y objetivos.
Establecer
criterios públicos y objetivos para la focalización o selección de
beneficiarios de cada acción.
Explicar
públicamente cómo se aplicaron esos criterios en cada caso.
Publicación,
comunicación efectiva a las comunidades y traducción al wayuunaiki de los
criterios públicos y objetivos para la focalización o selección de
beneficiarios de cada acción.
6.2.
Garantizar la imparcialidad y la transparencia en la selección de
contratistas
Entidades
a convocar: (i) Agencia
Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente–; (ii)
Departamento Nacional de Planeación; (iii) Fiscalía General de la Nación;
(iv) Contraloría General de la República; (v) Contraloría Departamental de La
Guajira; y (vi) Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
Pluralidad
de oferentes.
Aumento
de nuevos oferentes.
Disminución
de contrataciones directas y otras modalidades excepcionales.
Disminución
de costos de los contratos.
Aumento
de investigaciones penales, fiscales y disciplinarias.
Aumento
de decisiones de fondo en procesos penales, fiscales y disciplinarios.
Procedimientos
de selección objetiva.
Disminuir
contrataciones directas.
Pliegos
tipo para distintas clases de contrato.
Criterios
exclusivamente objetivos para la selección de contratistas.
Publicación
de todos los contratos en plataformas accesibles para las comunidades.
Disposiciones
especiales para la supervisión.
Disposiciones
especiales para la vigilancia.
Monitoreo
por Comisiones Nacional y Regional de Moralización.
Mecanismos
de denuncia de alto nivel.
Priorización
de investigaciones y actuaciones sancionatorias.
Canales
específicos para recibir denuncias.
Determinación
de los mecanismos, por parte de Colombia Compra Eficiente, para lograr una
mayor eficiencia, transparencia y optimización de los recursos del Estado en
la superación del estado de cosas inconstitucional.
7.
Séptimo objetivo: garantizar la sostenibilidad de todas las intervenciones
estatales
Entidades
a convocar: Ministerio
de Hacienda y Crédito Público y Departamento Nacional de Planeación
Aumento
porcentual de recursos per cápita destinados a los niños y niñas del pueblo
Wayúu.
Porcentaje
de proyectos con fuentes de financiación aseguradas para todo el horizonte
temporal del plan.
Eficiencia
en el gasto público en salud, educación y agua para los niños y niñas del
pueblo Wayúu.
Formular
o actualizar proyectos tipo del Departamento Nacional de Planeación.
Determinar
inicialmente los costos de las acciones y establecer inicialmente la
suficiencia o no de recursos.
Identificar
las acciones que requieran vigencias futuras y realizar los trámites para
comprometerlas.
Priorizar
la superación del estado de cosas inconstitucional en la formulación de
proyectos de inversión nacionales.
Priorizar
la superación del estado de cosas inconstitucional en los recortes
presupuestales que se realicen por medio de decretos de aplazamiento y otras
figuras.
Priorizar
la superación del estado de cosas inconstitucional en la formulación de
proyectos a cargo del Sistema General de Regalías. El Departamento Nacional
de Planeación deberá asesorar a las entidades territoriales.
Contemplar
la superación del estado de cosas inconstitucional en la ejecución de la
decisión del Gobierno Nacional de asumir la ordenación del gasto en salud,
educación y agua en el Departamento.
Priorizar
la superación del estado de cosas inconstitucional en el uso de los recursos
propios por parte de las entidades territoriales.
Priorizar
la superación del estado de cosas inconstitucional en la suscripción de los contratos
para el uso de los recursos de la asignación especial para resguardos
indígenas del Sistema General de Participaciones. Los gastos que se
contemplen deberán adscribirse a uno o más objetivos vinculantes de esta
sentencia.
Programa
de capacitación en estructuración de proyectos de inversión, con énfasis en
la superación del estado de cosas inconstitucional, para las autoridades
wayúu
8.
Octavo objetivo: garantizar un diálogo genuino con las autoridades
legítimas del pueblo Wayúu
Entidad
a convocar: Ministerio del Interior
Aceptación
de criterios y lineamientos por parte de las distintas comunidades wayúu.
Revisar
criterios para el reconocimiento de autoridades tradicionales wayúu.
Expedir
lineamientos para la concertación, la participación y la consulta previa para
las acciones tendientes a superar el estado de cosas inconstitucional.
Realizar
consulta previa sobre todas las acciones que hagan parte del plan o los
planes, sin perjuicio de la regla que permite ejecutar acciones urgentes sin
consulta previa.
ANEXO V  -  TABLA
DE CONTENIDO
I. ANTECEDENTES
1. Acción de tutela
2. Trámite ante la primera instancia
3. Contestaciones
3.1.  Defensoría del Pueblo
3.2.  Instituto Nacional de Salud
3.3.  Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible
3.4.  Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural
3.5. Procuraduría General de la Nación
3.6.  Gobernación de La Guajira –
Secretaría de Asuntos Indígenas
3.7.  Municipio de Maicao
3.8.  Departamento Nacional de Planeación
3.9. Ministerio de Salud y Protección
Social
3.10. Unidad Nacional para la Gestión Del
Riesgo De Desastres
3.11. Superintendencia Nacional de Salud
3.12. Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio
3.13. Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF)
3.14. Presidencia de la República
4. Fallo de primera instancia
5. Impugnaciones
5.1. Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio
5.2. Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible
5.3. Unidad Nacional para la Gestión del
Riego de Desastres
5.4. Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural
5.5. Superintendencia Nacional de Salud
5.6. Presidencia de la República
5.7. Ministerio de Salud y Protección
Social
6. Auto de Nulidad
7. Nuevo fallo de primera instancia
8. Contestaciones allegadas posteriormente
a la decisión de nulidad de la Corte Suprema de Justicia
8.1. Secretaría de Salud de Maicao
8.2. Secretaría de Educación de Uribia
8.3. Ministerio de Salud y Protección
Social
8.4. Secretarías de Educación y Salud de
Manaure
9. Impugnaciones
10. Trámite ante la Sala Civil de la Corte Suprema de
Justicia
10.1. Solicitud del Centro de Estudios de
Derecho, Justicia y Sociedad—Dejusticia y auto de la Magistrada Ponente
10.2. Coadyuvancia del Centro de Estudios
de Derecho, Justicia y Sociedad—Dejusticia, el Comité Cívico por la Dignidad de
La Guajira, el Comité de Apoyo a Comunidades Populares-CODACOP y la
Organización Nacional Indígena de Colombia-ONIC
11. Fallo de segunda instancia
II. ACTUACIONES ADELANTADAS EN SEDE DE REVISION
III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1. Competencia de la Corte Constitucional
2. Presentación del caso
3. Procedibilidad de la acción de tutela
4. Problema jurídico y estructura de la decisión
5. Descripción general de la situación
5.1. Contexto
5.2. Situación actual de los niños y niñas del pueblo
Wayúu
6. Análisis de vulneración de los derechos
6.1. Derecho fundamental al desarrollo armónico e
integral de toda persona menor de edad
6.2. Interdependencia de los derechos afectados:
acceso al agua, salud, alimentación y participación étnica
6.3. Derecho al agua
6.3.1. Contenido del derecho al agua
6.3.2. Situación de disponibilidad de agua potable
6.3.3. Conclusión sobre vulneración del derecho al
agua
6.4. Derecho a la alimentación
6.4.1. Contenido del derecho a la alimentación
6.4.2. Situación de disponibilidad de alimentos
6.4.3. Conclusión sobre vulneración del derecho a la
alimentación
6.5. Derecho a la salud
6.5.1. Contenido del derecho a la salud
6.5.2. Situación de atención en salud
6.5.3. Conclusión sobre la vulneración del derecho a
la salud
6.6. Apreciación global de la situación
7. Acciones del Estado
7.1. Disponibilidad de agua
7.2. Atención alimentaria
7.2.1. Programas a cargo del ICBF
7.2.2. Programa de Alimentación Escolar
7.3. Seguridad alimentaria
7.4. Salud
7.5. Información
7.6. Apreciación global de las actividades de las
autoridades
8. Valoración constitucional de las políticas públicas
para el goce efectivo de los derechos de los niños y niñas wayúu
8.1. Parámetros constitucionales mínimos de las
políticas públicas
8.2. Existencia de un plan
8.3. Publicidad del plan
8.4. Tiempos de progreso
8.5. Goce efectivo
8.6. Avance sostenible
8.7. No discriminación
8.8. Participación
8.9. Implementación
8.10. Conclusiones del análisis de los parámetros
constitucionales mínimos
9. Decisiones a adoptar
9.1. Confirmación de los fallos de instancia y
declaratoria de estado de cosas inconstitucional
9.1.1. Un estado de cosas contrario al
orden constitucional
9.1.2. El estado de cosas analizado
9.1.3. Los sistemas de protección que garantizan el
derecho a una vida digna y al desarrollo armónico e integral de los niños y las
niñas wayúu (en especial sus derechos a la alimentación, el agua y la salud) se
encuentran en un estado de cosas contrario al orden constitucional vigente
9.1.4. Remedios constitucionales
9.2. Seguimiento y evaluación de las políticas
públicas para la superación del estado de cosas inconstitucional
9.3. Acciones a realizar
9.3.1. Evaluación de las propuestas de solución que ya
se han presentado por la comunidad wayúu y por la Defensoría del Pueblo.
9.3.2. Construcción conjunta y concertación de
indicadores, acciones, plazos y metas (sobre los parámetros de estructura,
proceso y resultado)
9.3.3. Seguimiento y acompañamiento permanente de la
Defensoría del Pueblo y validación por la Procuraduría General de la Nación
9.3.4. La vigilacia y supervisión del cumplimiento
corresponde en principio, a la Sala competente del Tribunal Superior de Riohacha
9.3.5. Rendición de cuentas y cronograma
9.4. Objetivos constitucionales mínimos que se deben
buscar para alcanzar un estado de cosas acorde al orden constitucional
9.4.1. Primer objetivo: aumentar la disponibilidad,
accesibilidad y calidad de agua
9.4.2. Segundo objetivo: mejorar la efectividad de los
programas de atención alimentaria y aumentar la cobertura de los de seguridad
alimentaria
9.4.2.1. Mejorar la efectividad de los programas de
atención alimentaria
9.4.2.2. Aumentar la cobertura de los programas de
seguridad alimentaria
9.4.3. Tercer objetivo: aumentar y mejorar las medidas
inmediatas y urgentes en materia de salud a cargo del Gobierno Nacional;
formular e implementar una política de salud para La Guajira que permita
asegurar el goce efectivo del derecho a la salud para todos los Wayúu
9.4.3.1. Aumentar y mejorar las medidas
inmediatas y urgentes en materia de salud a cargo del Gobierno Nacional
9.4.3.2. Formular e implementar una
política de salud para La Guajira que permita asegurar el goce efectivo del
derecho a la salud para todos los Wayúu
9.4.4. Cuarto objetivo: mejorar la movilidad de las
comunidades Wayúu que residen en zonas rurales dispersas
9.4.5. Quinto objetivo: mejorar la información
disponible para la toma de decisiones por todas las autoridades competentes
para realizar acciones tendientes a la superación del estado de cosas
inconstitucional
9.4.6. Sexto objetivo: garantizar la imparcialidad y
la transparencia en la asignación de beneficios y en la selección de contratistas
9.4.6.1. Garantizar la imparcialidad y la
transparencia en la asignación de beneficios
9.4.6.2. Garantizar la imparcialidad y la
transparencia en la selección de contratistas
9.4.7. Séptimo objetivo: garantizar la sostenibilidad
de todas las intervenciones estatales
9.4.8. Octavo objetivo: garantizar un diálogo genuino
con las autoridades legítimas del pueblo Wayúu
9.5. Comentarios finales
generales
9.5.1. Parámetros generales para la formulación de las
acciones, los indicadores y las metas
9.5.2. Carácter no taxativo de los objetivos,
indicadores, acciones, plazos y metas
9.5.3. Compatibilidad con otras órdenes judiciales
10. Síntesis de la decisión y de las órdenes a adoptar
V. DECISIÓN
ANEXO I       -  ÍNDICE
ANEXO II     - ACTUACIONES EN PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA Y EN SEDE DE REVISIÓN
PRIMERA PARTE: ACTUACIONES EN PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA
1. Acción de tutela
2. Traslado por competencia y trámite ante la primera
instancia
3. Contestaciones
3.1. Defensoría del Pueblo
3.2. Instituto Nacional de Salud
3.3. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
3.4. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
3.5. Procuraduría General de la Nación
3.6. Gobernación de  La Guajira – Secretaría de
Asuntos Indígenas
3.7. Municipio de Maicao
3.8. Departamento Nacional de Planeación
3.9. Ministerio de Salud y Protección Social
3.10. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres
3.11. Superintendencia Nacional de Salud
3.12. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
3.13. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
3.14. Presidencia de la República
4. Fallo de primera instancia
5. Impugnaciones
5.1. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
5.2. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
5.3. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres
5.4. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
5.5. Superintendencia Nacional de Salud
5.6. Presidencia de la República
5.7. Ministerio de Salud y Protección Social
6. Auto de nulidad
7. Auto del Tribunal
8. Comunicación del accionante
9. Contestaciones de nuevas entidades vinculadas
9.1. Departamento Administrativo Nacional de
Estadística
9.2. Ministerio de Educación Nacional
9.3. Presidencia de la República
9.4. Alcaldía de Riohacha
9.5. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres
9.6. Superintendencia Nacional de Salud
9.7. Ministerio de Salud y Protección Social
9.8. Secretaría de Educación del Departamento de La
Guajira
10. Nuevo fallo de primera instancia
11. Contestaciones extemporáneas
11.1. Secretaría de Salud de Maicao
11.2. Secretaría de Educación de Uribia
11.3. Ministerio de Salud y Protección Social
11.4. Secretarías de Educación y Salud de Manaure
12. Impugnaciones
12.1. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
12.2. Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social
12.3. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres
12.4. Presidencia de la República
12.5. Superintendencia Nacional de Salud
12.6. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
13. Intervención de la Asociación de Autoridades
Tradicionales Wayúu Shipia Wayúu en calidad de no recurrente
14. Trámite ante la Sala Civil de la Corte Suprema de
Justicia
14.1. Comunicación del accionante
14.2. Solicitud del Centro de Estudios de Derecho,
Justicia y Sociedad—Dejusticia y auto de la Magistrada Ponente
14.3. Coadyuvancia del Centro de Estudios de Derecho,
Justicia y Sociedad—Dejusticia, el Comité Cívico por la Dignidad de La Guajira
, el Comité de Apoyo a Comunidades Populares-CODACOP y la Organización Nacional
Indígena de Colombia-ONIC
(a)
El problema del hambre
en La Guajira
(b) Debilidad institucional en el departamento de La
Guajira
(c) Falta de información sobre el estado de la
nutrición de niños y niñas
(d) Impacto ambiental de las industrias extractivas en
La Guajira
(e) Situación concreta de la comunidad Wayúu
Medidas
(i) Medidas inmediatas
(ii) Medidas de corto plazo (3 meses)
(iii) Medidas de mediano y largo plazo (6 meses)
15. Fallo de segunda instancia
SEGUNDA PARTE: ACTUACIONES EN SEDE DE REVISIÓN
1. Auto de pruebas del 4 de noviembre de 2016
2. Entidades de orden nacional
2.1. Presidencia de la República
2.2. Ministerio de Relaciones Exteriores
2.3. Departamento Nacional de Planeación (DNP)
2.4. Ministerio de Salud y de Protección Social
2.4.1. Primera Comunicación
2.4.2. Segunda comunicación
2.4.2.1. IPS – I
a) Centro Integral de Salud  IPSI - CID Salud
b) Anasu Ainwa Ipsi
c) Unidad Médica  Wayuu Anouta Wakuaipa IPSI
d) Asukulaa Anaa Ipsi
e) Eiteraa Jawaapia Ips
f) A-Inmajaa Wayuu Ipsi
g) Erejeeria Wayuu Ipsi
h) Ezeq- Salud    I.P.S.I.
2.4.2.2. EPS-I
a) Asociación de Cabildos Indígenas del Cesar y  La
Guajira – Dusakawi E.P.S.I.
b) Asociación Indígena del Cauca – AIC  EPS-I
2.4.3. Tercera Comunicación
2.5. Ministerio de Vivienda: Viceministerio De Agua
Potable y Saneamiento Básico
2.6. Ministerio de Educación
2.7. Dirección de Asuntos Étnicos de la Unidad para
las Victimas
2.8. Dirección de Asuntos indígenas  Rom y Minorías
2.9. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)
2.10. Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social
2.10.1. Primera Comunicación
2.10.2. Segunda Comunicación
2.10.3. Tercera comunicación
2.11. Superintendencia Nacional De Salud.
2.11.1. Superintendencia Delegada para la Supervisión
Institucional
2.11.2. Superintendencia Delegada para la Protección
al Usuario
2.11.2.1. Comfaguajira
2.11.2.2. Anas wayuu EPSI
3. Entidades del orden territorial
3.1. Gobernación del Atlántico
3.2. Gobernación de Córdoba
3.3. Gobernación de Magdalena.
3.4. Municipio De Riohacha
3.4.1. Seguridad alimentaria
3.4.2. Atención en salud
3.5. Municipio de Uribia
3.5.1. Atención alimentaria
3.5.2. Seguridad alimentaria
3.5.3. Situación de disponibilidad de agua
3.5.4. Atención en salud
3.6. Municipio De Manaure
3.6.1. Atención alimentaria
3.6.2. Situación de disponibilidad de agua
3.6.3. Atención en salud
3.6.4. Unidad Municipal de Manaure
Para La Gestión Del Riesgo De Desastres (UMGRD)
3.7. Municipio De Maicao
3.8. Municipio De La Jagua del Pilar
3.9. Municipio de Fonseca
3.10. Municipio de Distracción
3.11. Municipio de Villanueva
4. Órganos de control
4.1. Contraloría General de la Republica.
4.2. Procuraduría General de la Nación
4.2.1. Primera Comunicación
4.2.1.1. Acceso al agua
4.2.1.2. Seguridad alimentaria
4.2.1.3. Atención en salud
4.2.1.4. Nutrición
4.2.2. Segunda Comunicación
4.3. Defensoría del Pueblo.
4.3.1. Primera Comunicación
4.3.1.1. Cambio Climático y fenómeno del Niño
4.3.1.2. El conflicto armado en Colombia
4.3.1.3. Situación actual en la zona de frontera en el
departamento de La Guajira
4.3.1.4. Crisis Ambiental
4.3.1.5. Explotación minera en La Guajira
4.3.2. Segunda Comunicación
5. Autoridades  tradicionales indígenas
5.1. Asociación de autoridades
tradicionales wayuu Una Apuchon
5.2. Asociación de Autoridades
Tradicionales Indígenas Wayúu Shipia Wayuu.
5.3. Resguardo Indígena Caicemapa
5.4. Resguardo Indígena Wayuu De Potrerito,
Municipio De Distracción
5.5. Asociación De Autoridades Indígenas
Tradicionales Wayúu Del Clan Ipuana De     La Zona De Irauri.
5.6. Asociación de Autoridades Indígenas
Suliwaou Laulayú
5.7. Consenso de Autoridades Indígenas
Wayúu
5.8. Asociación de Autoridades Tradicionales
Wayúu Kaitu
5.9. Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas
Wayúu de la Zona de la Marina.
5.10. Asociación de Autoridades Tradicionales Wayúu
Zona de la Sabana
5.11. Autoridades Tradicionales Indígenas
Wayúu de la Asociación Anataweeshi
5.12. Asociación de Autoridades Tradicional Indígena
Wayúu: Trópico Azul de Uribia
5.13. Asociación de Autoridades
Tradicionales Wayúu de Buenos Aires
5.14. Asociación de Autoridades
Tradicionales Wayúu de la Zona de Amuruluba
5.15. Asociación de Autoridades
Tradicionales Indígenas del Área de Influencia Inmediata de las Salinas
Maritimas Industriales de Manaure, La Guajira : Sumain-Ichi
5.16. Autoridades
tradicionales de la Comunidad de Zucaramana
5.17. Consenso de las
Autoridades Indígenas del Distrito de Riohacha
5.18. Autoridades Indígenas  Wayúu
del resguardo de la Alta y Media Guajira, jurisdicción del Municipio de Uribia.
5.19. Autoridades
Tradicionales Suuwou Saulayu  de  La Guajira
5.20. Asociación de
Autoridades Tradicionales Anas Anawa de Carraipia Norte
5.21. Autoridades Indígenas y
Líderes Familiares de las comunidades de: Aranaipa, Jirrumana, Guanapaimana,
Uyatpana, Utyapana 2, Pera’a, Paraguachon, Ichipa, San Felipe, Jotomana,
Jaipachon, Guadalajara, Maimajasay, Ipalu, Shalimaama, Uriunaka, Pipamana,
Jepirralut, Juluwawain, Pesuapa, Koushalain, Mukulumana, Kasuto, Shiten, San
Luis y el Jobo
5.22. Federación de
Asociaciones de Autoridades Tradicionales de La Guajira
6. Otras intervenciones
6.1. World food prgramme (WFP ): Programa
Mundial de Alimentos
6.2. Oxfam.
6.3. Mesa de Diálogo y Concertación Para el
Pueblo Wayúu Colombiano
6.4. Junta Mayor de Palabreros Wayúu
6.5. Consejo Superior de Palabreros
6.6. Empresa de Acueducto, Aseo y
Alcantarillado de Manaure E.S.P
6.7. INCODER - Promoción, seguimiento y
asuntos étnicos.
6.8. Comunidad de la sabana
6.9. La comunidad Indígenas Wayuu Santa
Rosa
6.10. Comunidades Afrodescendientes del
Departamento de La Guajira
6.11. Cerrejón
6.12. Centro de Estudios de Derecho,
Justicia y Sociedad (Dejusticia)
6.13. Universidad Nacional
6.14. Weildler Guerra Curvelo
6.15. Esther Sánchez Botero
6.16. Instituto Colombiano de Antropología
e Historia (ICANH)
6.17. Fundación Caminos de Identidad
(FUCAI).
6.17.1. Atención alimentaria
6.17.2. Seguridad alimentaria
6.17.3. Situación de disponibilidad de agua
6.17.4. Atención en salud
6.18. Comunidad de
Puerto Estrella. Uribia.
ANEXO III    -  MATRIZ DE
PROPUESTAS
ANEXO IV
-  SÍNTESIS
DE OBJETIVOS, INDICADORES, ACCIONES Y ÓRDENES ESPECÍFICAS
ANEXO V
- TABLA DE CONTENIDO
[1] Expediente, Cuaderno de Instancia, folio 1.
[2] Ver Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Resolución
60/2015, Medidas Cautelares No. 51/15 – “Asunto niñas, niños y adolescentes de
las comunidades de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao del pueblo Wayúu,
asentados en el departamento de La Guajira , respecto de Colombia”, 11 de
diciembre de 2015.
[3] Expediente, Cuaderno de Instancia, folio 1.
[4] Expediente, Cuaderno de Instancia, folio 1.
[5] Expediente, Cuaderno de Instancia, folio 2.
[6] Expediente, Cuaderno de Instancia, folio 2.
[7] Expediente, Cuaderno de Instancia, folios 36-37.
[8] Expediente, Cuaderno de Instancia, folio 38.
[9] Expediente, Cuaderno de Instancia, folio 582.
[10] Expediente, Cuaderno de Instancia, folio 582.
[11] Expediente, Cuaderno de Instancia, folio 583.
[12] Expediente, Cuaderno de Instancia, folio 54.
[13] Expediente, Cuaderno de Instancia, folio 58.59.
[14] Expediente, Cuaderno de Instancia, folio 69-70.
[15] Expediente, Cuaderno de Instancia, folio70.
[16] Expediente, Cuaderno de Instancia, folio 76
[17] Expediente, Cuaderno de Instancia, folio 91.
[18] Expediente, Cuaderno de Instancia, folio 389.
[19] Expediente, Cuaderno de Instancia, folio 408.
[20] Expediente, Cuaderno de Instancia, folio 409.
[21] Expediente, Cuaderno de Instancia, folio 849.
[22] Expediente, Cuaderno de Instancia, folio 853.
[23] Expediente, Cuaderno de Instancia, folio 853.
[24] Expediente, Cuaderno de Instancia, folio 861.
[25] Expediente, Cuaderno de Instancia, folio 878.
[26] Expediente, Cuaderno de Instancia, folio 8682 a 887.
[27] Expediente, Cuaderno de Instancia, folio 889.
[28] Expediente, Cuaderno de Instancia, folio 948.
[29] Expediente, Cuaderno de Instancia, folio 969.
[30] Expediente, Cuaderno de Instancia, folio 961.
[31] “Como resultado acumulado de las fases I y II del proceso de
micro-focalización… la Dirección de Primera Infancia cuenta con información
para la atención de 4.003 niños y niñas menores de 5 años cuyo estado
nutricional es adecuado pero en riesgo por las condiciones ambientales y
socio-culturales”. Expediente, Cuaderno de Instancia, folio 962.
[32] La cual “permite direccionar los casos de desnutrición
aguda-moderada y severa al sistema de salud, para que una vez recibida la
atención necesaria de acuerdo con su condición, sean vinculados posterior y
paulatinamente a las modalidades de Recuperación Nutricional y/o atención a la
Primera Infancia del ICBF”. Expediente, Cuaderno de Instancia, folio 964.
[33] Expediente, Cuaderno de Instancia, folio 969.
[34] Expediente, Cuaderno de Instancia, folio 1008.
[35] Expediente, Cuaderno de Instancia, folio 1039.
[36] Expediente, Cuaderno de Instancia, folio 1020-1023
[37] Expediente, Cuaderno de Instancia, folio 1035.
[38] Expediente, Cuaderno de Instancia, folio 1061.
[39] Expediente, Cuaderno de Instancia, folio 1191-1192.
[40] Expediente, Cuaderno de Instancia, folio 1175.
[41] Expediente, Cuaderno de Instancia, folio 1175-1176.
[42] Expediente, Cuaderno de Instancia, folio 1178-1179.
[43] Expediente, Cuaderno de Instancia, folio 1180.
[44] Expediente, Cuaderno de Instancia, folio 1180.
[45] Expediente, Cuaderno de Instancia, folio 1185.
[46] Expediente, Cuaderno de Instancia, folio 1185.
[47] Expediente, Cuaderno de Instancia, folio 1189.
[48] Expediente, Cuaderno de Instancia, folio 1189.
[49] Expediente, Cuaderno de Instancia, folio 1472-1473
[50] Expediente, Cuaderno de Instancia, folio 1477.
[51] Expediente, Cuaderno de Instancia, folio 1500-1502.
[52] Expediente, Cuaderno de Instancia, folio 1505.
[53] Expediente, Cuaderno de Instancia, folio 1514.
[54] Expediente, Cuaderno de Instancia, folio 1570.
[55] Expediente, Cuaderno de Instancia, folio 1576.
[56] Expediente, Cuaderno de Instancia, folio 1577.
[57] Expediente, Cuaderno de Instancia, folio 1605.
[58] Expediente, Cuaderno de Instancia, folio 1604.
[59] Expediente, Cuaderno de Instancia, folio 1706.
[60] Expediente, Cuaderno de Instancia, folio 2019.
[61] Expediente, Cuaderno de Instancia, folio 2250-2253.
[62] Expediente, Cuaderno de Instancia, folio 2402.
[63] Expediente, Cuaderno de Instancia, folio 2458-2464.
[64] Expediente, Cuaderno de Instancia, folio 2494-2496.
[65] Expediente, Cuaderno de Instancia, folio 2509-2510.
[66] Expediente, Cuaderno de segunda instancia, folio 31
[67] Expediente, Cuaderno de segunda instancia, folio 40
[68] Adhirieron a la coadyuvancia las siguientes personas: Guillermina
Uriana, Autoridad Wayúu de Los Ciruelos, Cipriano Aguilar, Autoridad Wayúu de
Koloyosu, Jairo Ipuana, Autoridad Wayúu de Etkishimana, Guillermo Epieyu,
Autoridad de Pactain, Jorge Bonivento, Autoridad Wayúu de Cucurumana, Gilberto
Deluque, Autoridad Wayúu de Pulitchamana, Franciliano Bonivento, Autoridad
Wayúu de Jutpunare, Edita Arpushana, Autoridad Wayúu de Kapuchirramana, Curri
Epiayu Epieyu, Autoridad Wayúu de Jasachon, Nubia Márquez, Autoridad Wayúu de
Punta Sierra, Pedro Manuel Uriana, Autoridad Wayúu de Los Olivos, Alejandro
Pushaina, Autoridad Wayúu de Carreteramana, Feligno A. Uriana, Autoridad Wayúu
de Mañatu, Belisario Pushaina, Autoridad Wayúu de Loma Fresca, Hilario Cortés
Ipuana, Autoridad Wayúu de Maishimana y Gladis Pushaina, Autoridad Wayúu de
Cascajalito.
[69] Expediente, Cuaderno de segunda instancia, folios 86-120
[70] Expediente, Cuaderno de segunda instancia, folio 143.
[71] Expediente, Cuaderno de segunda instancia, folio 147.
[72] En las diligencias participaron, por parte del despacho del
magistrado sustanciador, los funcionarios Guillermo Otálora Lozano (Magistrado
Auxiliar), Carolina Restrepo Herrera (Profesional Especializada 33) y Martha
Agudelo Córdoba (Auxiliar ad honorem). La Sala Séptima de Revisión agradece
especialmente la colaboración de las siguientes entidades en la realización de
estas diligencias: Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación,
Ejército Nacional, Policía Nacional. También agradece el trabajo de los
auxiliares ad honorem Laura Juliana Conde Narváez y Carlos Ernesto Cornejo Díaz
en el procesamiento de la información recibida y la edición de esta sentencia.
[73] Expediente,
Cuaderno de Revisión, folio 2.
[74] Para esos efectos el actor citó la sentencia T-197 de 2011 (MP
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) que establece: “Cuando se trata de agenciar
derechos fundamentales de niños, niñas o adolescentes, los requisitos no tienen
aplicación, pues esta Corporación ha explicado que éstos son sujetos de
especial protección, frente a los cuales el Estado, la sociedad y la familia
están obligados a su protección, razón por la que cualquier persona está
llamada a actuar como agente oficioso de sus derechos”.
[75] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 76.
[76] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 1039.
[77] Corte Constitucional, sentencia T-609 de 2015 (MP Jorge Iván
Palacio Palacio). La Corte tuteló los derechos a la salud, la vida y la
dignidad humana de una paciente que padecía de cáncer, cuyos derechos fueron
oficiados por su hijo menor de edad.
[78] Corte Constitucional, sentencia T-277 de 1997 (MP José Gregorio
Hernández Galindo). La Corte declaró procedente una acción de tutela presentada
por el esposo de una paciente afectada por una artrosis de cadera.
[79] Corte Constitucional, sentencia T-120 de 2009 (MP Clara Inés Vargas
Hernández). La Corte tuteló los derechos a la salud y la vida de una niña cuyos
derechos fueron agenciados oficiosamente por su tía.
[80] Corte Constitucional, sentencia T-955 de 2013 (MP Luis Ernesto
Vargas Silva). La Corte protegió el derecho a la familia y no ser separada de
ella de una niña cuyos derechos fueron vulnerados en un proceso judicial de
custodia. Señaló que “cuando una persona solicita el amparo constitucional,
actuando como agente oficioso de un menor de edad, no es necesario manifestar
esta situación en el escrito y menos aún probar que el representado está en
imposibilidad de presentarla por su cuenta”.
[81] Corte Constitucional, sentencia T-087 de 2005 (MP Manuel José
Cepeda Espinosa). La Corte tuteló los derechos de todos los niños y niñas de
brazos usuarios del sistema Transmilenio, de Bogotá.
[82] Corte Constitucional, sentencia T-523 de 2016 (MP Gloria Stella
Ortiz Delgado). En este caso la Corte admitió la procedencia de una tutela
presentada por una madre en representación de su hijo, pero no como agente
oficiosa de los demás estudiantes del colegio. En este caso, la Sala consideró
que la protección del derecho invocado implicaba “elegir entre dos formas
diferentes de protección del derecho”, por lo cual “una sola persona no puede
actuar como agente oficioso de todos los menores de edad en similares circunstancias
a las de su hijo, pues no necesariamente el modelo que ella ha escogido es el
que prefieran los otros niños y sus representantes”.
[83] Corte Constitucional, sentencia T-523 de 2016 (MP Gloria Stella
Ortiz Delgado).
[84] Cabe precisar que la jurisprudencia constitucional ha interpretado
el artículo 44 de la Constitución Política en el sentido de afirmar que el
vocablo “niños” es un concepto amplio donde se incluyen los adolescentes “y por
tanto gozan de protección especial por parte de la familia, la sociedad y el
Estado y son titulares de los derechos fundamentales en él consagrados, que
prevalecen sobre los derechos de los demás. En este sentido ha señalado que la
distinción constitucional entre niños y adolescentes no tiene como finalidad
otorgar a estos últimos distinta protección, sino otorgarles participación en
los organismos públicos y privados que adopten decisiones que les conciernen,
teniendo en cuenta su mayor grado de desarrollo respecto de los primeros.”
Corte Constitucional, sentencia T-740 de 2008 (MP Jaime Araújo Rentería).
[85] Corte
Constitucional, sentencia T-087 de 2005 (MP Manuel José Cepeda Espinosa). Caso
de niños de brazos en el sistema Transmilenio de Bogotá.
[86] Cabe precisar que la Corte en la sentencia T-595 de 2002 (MP Manuel
José Cepeda Espinosa), precisó que los derechos fundamentales, incluso las
libertades clásicas, tienen un contenido positivo y prestacional, que es
exigible a través de la acción de tutela. En palabras de la Corte:  “La
libertad de locomoción suele ser considerada un derecho de dimensión negativa o
defensiva, por cuanto se ha entendido que su función consiste en ser un límite
al ejercicio del poder del Estado en defensa de la libertad del individuo. El
creer que su goce efectivo implica únicamente el freno a las acciones del
Estado o requiere tan sólo la inacción estatal ha llevado a suponer que las
libertades suelen ser garantías que no comprometen gasto público. No comparte
esta Sala de Revisión esta tesis. Casos como el que se estudia en esta
sentencia, evidencian que derechos fundamentales llamados de libertad, como el
de locomoción, pueden tener una faceta positiva y de orden prestacional. Como
se dijo, en las ciudades contemporáneas la libertad de locomoción depende en
gran medida del servicio público de transporte. Sin éste difícilmente es
posible desplazarse a lo largo de una urbe, incluso para las personas que no
tienen una limitación física. El carácter prestacional de las libertades surge
de la dimensión positiva de éstas. En la sociedades modernas, donde el uso de
la libertad individual depende de acciones y prestaciones públicas – servicio
público de transporte, de telecomunicaciones, de salud, etc – y donde la
seguridad personal cuesta, no es posible sostener la tesis del carácter
negativo de las libertades básicas.” Como se establecerá en esta providencia
cuando se desarrolle el contenido de cada uno de los derechos enunciados, su
carácter positivo y prestacional es el que está siendo presuntamente vulnerado
por las autoridades competentes.
[87] Corte Constitucional, sentencia T-292 de 2006 (MP Manuel José
Cepeda Espinosa).
[88] Corte Constitucional, sentencia T-595 de 2002 (MP Manuel José
Cepeda Espinosa). Esta sentencia ha sido reiterada entre otras por las
sentencias T-508 de 2010 (MP Mauricio González Cuervo), T-192 de 2014 (MP
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; AV Jorge Iván Palacio Palacio), T-269 de 2016
(MP María Victoria Calle Correa).
[89] Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2016 (MP Alejandro Linares
Cantillo).
[90] En
Venezuela hay una estrecha banda costera guajira que pertenece al estado de
Zulia, con una superficie de 2.369 km2, y una población Wayúu de 65.545
habitantes. El estado de Zulia se considera uno de los más ricos de Venezuela
debido a su extracción petrolera. OXFAM. “Mapeo de la situación de los medios
de vida y seguridad alimentaria de familias vulnerables en la Alta Guajira”
(2014).
[91] “Las rancherías (piichipala) o caseríos wayúu se componen de
viviendas cercadas por paredes de bahareque y techos elaborados con el corazón
del cardón o (yotojolo), una madera de gran resistencia y versatilidad térmica
–fresca de día cálida de noche-, uno o dos corrales para los chivos y
eventualmente alguna vaca; un pozo, cazimba o jagüey (o depósito natural de
aguas lluvias de muy diversos tamaños), un molino de viento o una alberca donde
recolectar agua traída en carrotanque, y un cementerio familiar”. Concepto
allegado por el ICANH Rad. 5622, en Secretaría General 7 de diciembre de 2016.
[92] Departamento de La Guajira. Análisis de Situación Salud, La Guajira,
2011. P. 18-19.
[93]  Informe de la Visita realizada al Departamento de La Guajira entre
los días 4 y 5 de febrero de 2016. Universidad Nacional de Colombia, Facultad
de Ciencias, de Ciencias Humanas, de Enfermería, de Medicina y de Odontología.
Bogotá. 2016. P.3 y 4.
[94] “La Guajira: Causas y consecuencias de su crisis”. Comité Cívico
por la Dignidad de La Guajira. Escrito allegado por el Presidente, Felipe
Rodríguez R. el 27 de febrero de 2017 en la Corte Constitucional. Cabe precisar
que el Plan Departamental de La Guajira (2016-2019) señala en su página 44 que
“la percepción que tiene el Departamento es que en la realidad la población
rural del Departamento puede ser superior a la Urbana en una relación 40%
urbana a 60% rural, contrario a lo que proyecta las cifras oficiales”.
[95] (DANE, 2009-2010).
[96] Plan de Desarrollo 2016-2019. Gobernación de La Guajira.
[97] Plan de Desarrollo 2016-2019. Gobernación de La Guajira.
[98] Plan de Desarrollo 2016-2019. Gobernación de La Guajira.
[99] Morales Guerrero, Enrique R. “Zenú, Embéra, Wayú. Tres culturas
aborígenes”. Fondo Nacional Universitario (2004). P. 146.
[100] Morales Guerrero, Enrique R. “Zenú, Embéra, Wayú. Tres culturas
aborígenes”. Fondo Nacional Universitario (2004). P. 146.
[101] “El ganado entre los guajiros representa riqueza acumulada para
obtener estatus social, prestigio, además de constituir un medio de garantizar
la subsistencia de sus dueños. Aunque, por lo general se intercambia como
mercancía que genera parte de los ingresos monetarios, sigue siendo intercambiado
con fines no comerciales para pactar una alianza matrimonial, los derechos
sobre descendencia y para pagar toda clase de compensaciones”. Morales
Guerrero, Enrique R. “Zenú, Embéra, Wayú. Tres culturas aborígenes”. Fondo
Nacional Universitario (2004). P. 151.
[102] Morales Guerrero, Enrique R. “Zenú, Embéra, Wayú. Tres culturas
aborígenes”. Fondo Nacional Universitario (2004). P. 150-151.
[103] Los nexos de consanguinidad, en especial
los que se tienen con los parientes maternos, son muy importantes en la organización
social wayúu. Los conjuntos socialmente significativos de un individuo wayúu
son sus apüshii o parientes maternos y los o'upayuu o parientes uterinos
apüshii de su padre. Guerrra Curvelo, Weildler. “La
disputa y la palabra. La ley en la sociedad wayuu”. Premios Nacionales de
Cultura 2001. Antropología. Ministerio de Cultura (2002). P. 74.
[104] “Actualmente los guajiros se identifican como miembros de
agrupaciones de parientes uterinos asociados a un determinado territorio, y su
sistema de parentesco, y no la descendencia matrilineal, constituye el modo
principal a disposición de ellos, para ordenar su vida social. Es decir, el
parentesco es la base de sus relaciones sociales. // […] se caracterizan,
además, por carecer de una organización política centralizada. Sobresale en
esta sociedad la ausencia de órganos especializados de gobierno, la falta de
liderazgo, de instituciones jurídicas constituidas, en pocas palabras, de una
vida política organizada. No obstante, están organizados según principios de
parentesco, y son los lazos de parentesco los que desempeñan el papel más
destacado en la organización política”. Morales Guerrero, Enrique R. “Zenú,
Embéra, Wayú. Tres culturas aborígenes”. Fondo Nacional Universitario (2004).
P. 154. En el mismo sentido lo señala Guerrra Curvelo, Weildler. “La disputa y
la palabra. La ley en la sociedad wayuu”. Premios Nacionales de Cultura 2001.
Antropología. Ministerio de Cultura (2002). P. 66 y 70.
[105] Guerrra Curvelo, Weildler. “La disputa y la palabra. La ley en la
sociedad wayuu”. Premios Nacionales de Cultura 2001. Antropología. Ministerio
de Cultura (2002). P. 79.
[106] Guerrra Curvelo, Weildler. “La disputa y la palabra. La ley en la
sociedad wayuu”. Premios Nacionales de Cultura 2001. Antropología. Ministerio
de Cultura (2002). P. 78.
[107] Guerrra Curvelo, Weildler. “La disputa y la palabra. La ley en la
sociedad wayuu”. Premios Nacionales de Cultura 2001. Antropología. Ministerio
de Cultura (2002). P. 86.
[108] Concepto allegado por el ICANH Rad. 5622, en Secretaría General el
7 de diciembre de 2016. Esto también puede ser corroborado por literatura
especializada en el pueblo Wayúu y su organización política, en Guerrra
Curvelo, Weildler. “La disputa y la palabra. La ley en la sociedad wayuu”.
Premios Nacionales de Cultura 2001. Antropología. Ministerio de Cultura (2002).
[109] Guerrra Curvelo, Weildler. “La disputa y la palabra. La ley en la
sociedad wayuu”. Premios Nacionales de Cultura 2001. Antropología. Ministerio
de Cultura (2002). P. 93 y 94.
[110] Expediente, Cuaderno de Revisión, folios 4277 y 4278.
[111] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio1325.
[112] Expediente,
Cuaderno de Revisión, folio1325.
[113] Consulta
en el portal de SIVIGILA (http:// http://portalsivigila.ins.gov.co).
[114] Consulta en el portal de SIVIGILA (http:// http://portalsivigila.ins.gov.co).
[115] Datos
de la ENSIN 2010, analizados en relación con otros países en el informe de la
FAO, Panorama de la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el
Caribe 2013, 2014, p. 7.
[116] ICBF,
Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia 2010, p. 113.
[117] Expediente,
Cuaderno de Revisión, folio 1186.
[118] INS, Informe del evento desnutrición aguda moderada y severa en
menores de cinco años, hasta el periodo epidemiológico XII, Colombia, 2016, p.
3.
[119] INS,
Informe del evento desnutrición aguda moderada y severa en menores de cinco
años, hasta el periodo epidemiológico XII, Colombia, 2016, p. 3.
[120] Ministerio de Salud y Protección Social, Análisis de situación de
salud (ASIS) Colombia, 2015, páginas 92-93. Respectivamente, los datos son: (i)
la mortalidad por desnutrición es 8,92 veces más alta en el primer quintil de
pobreza que en el último, (ii) el 72% de la mortalidad por desnutrición se
concentra en el 50% de la población que tiene menor porcentaje de acceso a
fuentes de agua mejorada, (iii) el 80% se concentra en el 50% de la población
con mayor porcentaje de personas con necesidades básicas insatisfechas, (iv) el
80% de la mortalidad por desnutrición se concentra en el 50% de la población
con mayor proporción de barreras a los servicios de salud de la primera
infancia.
[121] Consulta en http://www.osancolombia.gov.co, datos oficiales del SISPRO del Ministerio de Salud y Protección
Social. El Departamento de La Guajira no es el único con cifras elevadas de
muertes por desnutrición. La Sala destaca que otros departamentos periféricos
como Guainía (155,7), Vichada (82,15), Vaupés (66,86), Amazonas (48,29) y Chocó
(34,79) se encuentran en una situación similar. La cifra más baja se encuentra
en Bogotá, con una tasa de 0,16, seguida por Cundinamarca (0,83), Huila (0,88)
y Antioquia (1,71).
[122] INS,
Informe del evento desnutrición aguda moderada y severa en menores de cinco
años, hasta el periodo epidemiológico XII, Colombia, 2016, p. 8
[123] INS,
Informe del evento mortalidad por y asociada a desnutrición en menores de cinco
años hasta el periodo epidemiológico IX, Colombia, 2016, p. 9. Pese a que la
comparación de las cifras no corresponde a los mismos periodos epidemiológicos,
una revisión de los datos recabados en distintos años confirma la misma
tendencia: aunque la mayor parte de los casos de desnutrición aguda se presenta
en niños no pertenecientes a comunidades étnicas, la mayor parte de casos de
mortalidad por desnutrición sí se presenta en comunidades indígenas.
[124] Expediente,
Cuaderno de Revisión, folio 566.
[125] Oficio
del ICBF, fls. 626 y siguientes del cuaderno de pruebas en sede de revisión,
anexo en CD, Contrato de aporte No. 1105 de 2015 suscrito entre el ICBF y
Fundación para el Trabajo, Desarrollo y Progreso de las Comunidades “Maná” –
Segunda fase del proceso de identificación, caracterización nutricional y
sociofamiliar de los niños, niñas, adolescentes y sus familias, en los
municipios de Uribia, Manaure y Maicao del Departamento de La Guajira – Informe
Final, Riohacha, Diciembre de 2015, p. 105.
[126] Oficio
del ICBF, fls. 626 y siguientes del cuaderno de pruebas en sede de revisión,
anexo en CD, Contrato de aporte No. 1105 de 2015 suscrito entre el ICBF y
Fundación para el Trabajo, Desarrollo y Progreso de las Comunidades “Maná” –
Segunda fase del proceso de identificación, caracterización nutricional y
sociofamiliar de los niños, niñas, adolescentes y sus familias, en los
municipios de Uribia, Manaure y Maicao del Departamento de La Guajira – Informe
Final, Riohacha, Diciembre de 2015, p. 106. Dejusticia coincide con esta
apreciación. Expediente, cuaderno de instancia, folios 95 y 96.
[127] CIDH.
Asunto niñas, niños y adolescentes de las comunidades de Uribia, Manaure,
Riohacha, y Maicao del Pueblo Wayúu, asentados en el departamento de La
Guajira, respecto de Colombia. Medidas Cautelares No. 51/15. 11 de diciembre de
2015.
[128] Según
el diagnóstico del Conpes 3857 de 2016 “Lineamientos de política para la
gestión de la red terciaria”, “los municipios con mayores densidades de vías
terciarias tienden a tener menores tasas de incidencia de la pobreza” (Conpes
3857 de 2016, p. 30). Este diagnóstico parte de la relación de causalidad entre
la baja densidad de vías secundarias y terciarias y la pobreza: “el aislamiento
y la falta de infraestructura de transporte afectan también directamente la
productividad debido a la dificultad de acceso a mercados, los altos costos de
transacción y el no aprovechamiento de economías de aglomeración (Webb 2013)”,
ver Leonardo Villar & Juan Mauricio Ramírez, “Infraestructura regional y
pobreza rural”, Documentos de Trabajo (Working Papers). No. 61, Fedesarrollo,
2014, p. 20. Ver también la intervención del Programa Mundial de Alimentos de
las Naciones Unidas que señala, como uno de los problemas, que “[n]o existen
vías suficientes que logren conectar las comunidades de la zona rural dispersa
con las cabeceras municipales…”. Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 1218.
Este diagnóstico lo comparten las propias comunidades wayúu que citan, entre
los factores que contribuyen a la crisis, la ausencia de vías para la movilidad
del pueblo Wayúu. Ver, por ejemplo, la intervención de la Asociación de
Autoridades Tradicionales Wayúu del Clan Ipuana de la Zona de Irauri,
Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 1461.
[129] Expediente,
Cuaderno de Revisión, folios 1215 - 1261. Por ser un documento disponible en
línea, las referencias de páginas se hacen al documento que se encuentra en el
siguiente enlace y que es idéntico al que se encuentra en el expediente:
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/diagnostico_seguridad_alimentaria_alta_guajira_2015_oxfam2.pdf
[130] Expediente,
Cuaderno de Revisión, folio 1218.
[131] Expediente,
Cuaderno de Revisión, folio 1208.
[132] Expediente, cuaderno de instancia, folio 38. Defensoría del Pueblo
(“las comunidades han perdido las prácticas de sus economías tradicionales… El
cambio climático…”).
[133] Expediente,
Cuaderno de Revisión, folio 1228.
[134] Expediente,
Cuaderno de Revisión, folios 1912-1919.
[135] Expediente,
Cuaderno de Revisión, folio 1183.
[136] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 1330.
[137] Corte Constitucional, sentencia T-155 de 2015 (MP Mauricio González
Cuervo).
[138] Expediente,
Cuaderno de Revisión, folios 1911 – 1937.
[139] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 1913.
[140] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 1912.
[141] En
su intervención escrita, el municipio de Maicao señaló que “los padres Wayúu no
priorizan a los niños en materia alimentaria”; Expediente, Cuaderno de Revisión,
folio 815. El Distrito de Riohacha igualmente manifestó que “las costumbres de
la cultura wayuu se convierte en una barrera u obstáculo para la implementación
de medidas terapéuticas contra la desnutrición”; Expediente, Cuaderno de
Revisión, folio 854.
[142] Corte
Constitucional, sentencia T-466 de 2016 (MP Alejandro Linares Cantillo).
[143] Expediente,
Cuaderno de Revisión, folio 1919.
[144] Expediente,
Cuaderno de Revisión, folio 1434.
[145] Expediente,
Cuaderno de Revisión, folio 1321.
[146] Expediente,
Cuaderno de Revisión, folio 1321.
[147] Expediente,
Cuaderno de Revisión, folio 1188.
[148] Audiencia
con los Palabreros (Putchipü) de la Alta Guajira y Magistrados de la Corte
Constitucional, corregimiento de Nazareth, Uribia, La Guajira. Lunes 20 de
febrero de 2017. CD No. 2, minuto 24.
[149] Dijo: “los niños siguen muriendo en la Guajira (…) los niños deben
entenderse de manera diferencial (…) pero las instituciones del Estado crean
programas que no están dirigidos a la población indígena (…) los niños no son
ajenos a las particularidades de la comunidad indígena (…) [… en] la cultura
wayuu se condena la práctica del aborto se protege la vida y la familia […] el
núcleo esencial que protege a los niños. Tiene derecho a recibir cuidados
medicinales tradicionales (1:29:10) tienen el derecho a la atención inclusiva
de la madre y la familia materna, la madre se dedica a los cuidados necesarios
incluida la lactancia. Los niños y niñas tienen derecho en los primeros 6 años
[…] la responsabilidad de la familia es indelegable. Todo niño tiene derecho a
los bienes de su familia, los niños tienen garantizados sus derechos en la
comunidad (…) Sí velamos por los derechos de nuestros niños y niñas los
cuidamos con nuestra cultura y amor, es por eso que nosotros hacemos claridad
hoy a La Guajira, a Colombia y a ustedes magistrados que nosotros cuidamos a
nuestros niños y niñas”; “pregunten cuántos niños indígenas llegan alguna vez
maltratados, Ninguno” Audiencia pública en Riohacha, Riohacha, La Guajira.
Lunes 22 de febrero de 2017. CD No. 7, 1h y 19 minutos.
[150] En este punto, sin embargo, tanto el ICBF como sus operadores han
insistido en la compatibilidad de los lineamientos de sus programas de
alimentación con las costumbres del pueblo Wayúu. En la inspección judicial en
Nazareth y en Zucaramana se insistió, por parte de la entidad, en la
importancia del enfoque diferencial en la operación de los programas de
alimentación.
[151] Durante la inspección judicial del Hospital de Nazareth, la Corte
constató que este es el único hospital de primer nivel disponible para toda la
zona norte de la Alta Guajira, y que para la atención especializada se
requieren traslados a hospitales en Riohacha o Maicao. Para miembros de ciertas
comunidades, esto puede significar desplazamientos de más de ocho horas y la
permanencia en ciudades por un tiempo prolongado.
[152] Expediente,
Cuaderno de Revisión, folio 1331. Weildler Guerra: “La idea de que existe un
poder abstracto y superior que puede ordenar el ingreso, la separación y el
aislamiento de uno de sus miembros en un centro hospitalario para recibir
atención intramural puede ser ininteligible para algunos familiares wayuu. En
ocasiones, algunos padres o tíos maternos de los pacientes han retirado a estos
de los centros hospitalarios aunque no haya culminado su recuperación. Hay un
sentimiento de pérdida de control de la situación y del propio paciente que
lleva a estas reacciones catalogadas como “irracionales” por parte de las
autoridades hospitalarias y de los medios de comunicación nacional. Esto
estimula el arraigo de los prejuicios que expresa el personal médico de la
sociedad nacional acerca de las prácticas y concepciones indígenas de la salud,
incluida su medicina tradicional, haciéndoles los únicos responsables de la
persistencia del problema de desnutrición”.
[153] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 3284. El antropólogo
Weildler Guerra indica que “los procesos de urbanización y cambio cultural […]
han llevado a una creciente desconexión entre el sistema alimentario y el
territorio, a la pérdida de conocimientos y a una creciente dependencia de las
familias indígenas de los programas asistencialistas que diseñan los entes
gubernamentales”. La alusión al asistencialismo o al paternalismo se encuentra
también en las intervenciones de la comunidad de Zucaramana y otras cercanas,
que afirma que “No compartimos más programas asistencialistas que eliminen las
capacidades propias y culturales de desarrollar el trabajo colectivo e
individual de los hombres y las mujeres Wayuu. La trampa del asistencialismo
significa hundirnos en pereza y el conformismo, cuando nuestra naturaleza es de
gente trabajadora y creativa.”. En el mismo sentido se pronuncia la Federación
de Asociaciones de Autoridades Tradicionales de La Guajira: “[…] las familias
necesitan ser autosuficientes, no están de acuerdo con las ayudas humanitarias
en forma permanente porque genera dependencia y eso vulnera la honra del pueblo
wayuu […]”, Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 1331, Según la autoridad
tradicional de Katsaliamana, “La política asistencialista del Gobierno
Nacional, orquestada con todas estas multinacionales y su gabinete ministerial
nos conduce al etnocidio y nos condena a la miseria”, Expediente, Cuaderno de
Revisión, folio 3035.
[154] Corte Constitucional, sentencias T-572 de 2010 (MP Juan Carlos Henao
Pérez) y T-068 de 2011 (MP Juan Carlos Henao Pérez).
[155] Corte
Constitucional, sentencias T-518 de 1998 (MP José Gregorio Hernández Galindo),
T-979 de 2001 (MP Jaime Córdoba Triviño), T-572 de 2010 (MP Juan Carlos Henao
Pérez).
[156] Corte
Constitucional, sentencia T-979 de 2001 (MP Jaime Córdoba Triviño).
[157] El
artículo 8 de la Ley 1098 de 2006 define el interés superior del niño como “[…]
el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción
integral y simultánea de todos sus Derechos Humanos, que son universales,
prevalentes e interdependientes.” La sentencia T-224 de 2005 (MP Clara Inés
Vargas Hernández), analizó el caso de una madre que solicitó a la entidad de
salud el suministro de leche para el alimento de su bebé y la entidad se negó a
suministrarlo por estar fuera del POS. La Corte estableció que en virtud del
principio del interés superior del menor, los derechos a la salud y a una
alimentación equilibrada del niño debían garantizarse por parte de las
entidades prestadoras de salud. En palabras de la Corte: “(...) el derecho a la
salud en el caso de los niños, en cuanto derivado necesario del derecho a la
vida,  es un derecho fundamental prevalente y por tanto de protección
inmediata cuando se amenaza o vulnera su núcleo esencial. Por tal motivo el
Estado tiene, en desarrollo de la función protectora que le es esencial y
dentro del límite de su capacidad, el deber irrenunciable e incondicional de
amparar la salud de los niños, elevado constitucionalmente a la condición
de derecho fundamental por el artículo 44 de la Constitución Política.”
Igualmente en sentencias T-557 de 2003 (MP Clara Inés Vargas Hernández), T-329
de 2010 (MP Jorge Iván palacio Palacio), C-434 de 2010 (MP Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub), entre otras, se establece la especial protección de los
derechos de los niños en sus facetas prestacionales.
[158] Corte Constitucional, sentencia T-008 de 1992 (MP Fabio Morón Díaz,
Simón Rodríguez Rodríguez y Jaime Sanín Greiffenstein).
[159] En una de sus primeras sentencias sobre los derechos fundamentales
de los niños y niñas, la Corte precisó el contenido del artículo 44 de la
Carta. Para ello, citó a la Comisión Quinta de la Asamblea Nacional
Constituyente, la cual estableció que “en este articulado se distinguen los
derechos esenciales del niño que garantizan a éste un desarrollo armónico e
integral como ser humano. Estos derechos no sólo están relacionados con la
vida, la integridad, el nombre y la nacionalidad, sino que también hacen del
niño sujeto de derecho, en la medida en que -por medio de la familia, la
Sociedad y el Estado- le asegura la salud, la educación y la cultura.”. Con
fundamento en los antecedentes de la disposición, señaló que “los derechos de
los niños tienen en ese sentido, una primacía reconocida por el Constituyente
frente a los derechos de las demás personas. De otra parte, la expresión
derechos fundamentales de los niños tiene una doble connotación: implica el
reconocimiento de la titularidad de que disponen, de los derechos
fundamentales, para los enunciados en el artículo 44 y la primacía señalada; y
simultáneamente muestra el particular interés del Constituyente de habilitar,
en el Estado Social de Derecho, los procedimientos legales y las acciones de la
familia, la Sociedad y el estado con el propósito claro de hacerlos una pronta
realidad, en la parte de los derechos asistenciales que se relacionan en el
primer inciso, tal como lo estatuye con la lógica proteccionista que le es
propia al inciso 2o. de la norma comentada.” Corte Constitucional, sentencia T-008
de 1992 (MP Fabio Morón Díaz, Simón Rodríguez Rodríguez y Jaime Sanín
Greiffenstein).
[160] Raquel
Bernal & Adriana Camacho, “La política de primera infancia en el contexto
de la equidad y movilidad social en Colombia”, Serie Documentos Cede, 2012-33,
p. 6.
[161] Raquel Bernal & Adriana Camacho, “La política de primera
infancia en el contexto de la equidad y movilidad social en Colombia”, Serie
Documentos Cede, 2012-33, p. 11.
[162] Corte
Constitucional, sentencia T-1265 de 2001 (MP Jaime Córdoba Triviño).
[163] Declaración
de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas,
A/RES/61/295, 10 de diciembre de 2007, artículo 3. Esta declaración ha sido
aplicada por la Corte Constitucional en varias ocasiones, como en las
Sentencias T-005 de 2016 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), T-197 de 2016 (MP
Jorge Iván Palacio Palacio), T-213 de 2016 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) y
C-389 de 2016 (MP María Victoria Calle Correa; AV Jorge Iván Palacio Palacio;
SPV Luis Ernesto Vargas Silva; AV María Victoria Calle Correa). La Declaración
fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con 143 votos a
favor, cuatro en contra y 11 abstenciones. La delegación de Colombia hizo parte
de quienes se abstuvieron de votar, pero lo hizo principalmente por estar en desacuerdo
con los artículos 19, 30 y 32. El delegado colombiano agregó en su discurso, en
relación con los demás temas tratados por esa Declaración, que “[l]a
Constitución y la legislación colombianas, así como los instrumentos
internacionales ratificados por nuestro país, están de acuerdo con la mayoría
de las disposiciones de la Declaración sobre los derechos de los pueblos
indígenas”. Ver documento de las Naciones Unidas A/61/PV.107, páginas 18-20.
[164] Declaración
de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas,
A/RES/61/295, 10 de diciembre de 2007, artículo 4.
[165] Declaración
de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas,
A/RES/61/295, 10 de diciembre de 2007, artículo 4.
[166] Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los
pueblos indígenas, A/RES/61/295, 10 de diciembre de 2007, artículos 3 y 5.
[167] El
artículo 7.1 del Convenio 169 de la OIT establece “Los pueblos interesados
deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al
proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias,
instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de
alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo
económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la
formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo
nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.” Igualmente la
Corte en su jurisprudencia ha establecido la necesidad de consultar la Ley del
Plan Nacional de Desarrollo cuando contenga proyectos que pueden afectar en
forma directa y específica a grupos indígenas. Ver, sentencia C-461 de 2008 (MP
Manuel José Cepeda Espinosa; SV Jaime Araújo Rentería).
[168] Expediente,
cuaderno de instancia, folio 86.
[169] ICBF,
Encuesta Nacional de Situación Nutricional en Colombia 2010, p. 87.
[170] Ver,
por ejemplo, Departamento Nacional de Planeación, Plan Nacional de Desarrollo
2014-2018 “Todos por un nuevo país”, Tomo I, pp. 38-39 (cruce entre afectación
por conflicto armado e índice de desempeño de la justicia local), 57 (pobreza
es mayor en las zonas rurales que en las urbanas, y mayor en departamentos como
Chocó, La Guajira y Córdoba que el promedio nacional, y que Bogotá, Cundinamarca
y Santander, que se encuentran debajo del promedio), 60 (alto índice de
desigualdad del PIB per cápita entre departamentos en relación con países de la
OCDE). Ver también, Departamento Nacional de Planeación, El campo colombiano:
un camino hacia el bienestar y la paz. Informe detallado de la misión para la
transformación del campo, Tomo 1, p. 35 (“La población rural sigue siendo más
pobre que la urbana, tiene menores oportunidades —tanto económicas como
sociales— y menos acceso a los servicios del Estado, lo que repercute
directamente en su calidad de vida, en las oportunidades para su desarrollo y,
en definitiva, en la movilidad social.”)
[171] Corte
Constitucional, sentencia T-227 de 2003 (MP Eduardo Montealegre Lynett). En un
caso relacionado con el derecho a la información la Corte discutió los
criterios de identificación de los derechos fundamentales y sostuvo que “[s]erá
fundamental todo derecho constitucional que funcionalmente esté dirigido a
lograr la dignidad humana y sea traducible en un derecho subjetivo. Es decir,
en la medida en que resulte necesario para lograr la libertad de elección de un
plan de vida concreto y la posibilidad de funcionar en sociedad y desarrollar
un papel activo en ella.”
[172] Declaración
y Programa de Acción de Viena, 25 de junio de 1993, A/CONF.157/23, Art. I.5:
“Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y
están relacionados entre sí”.
[173] Corte
Constitucional, sentencia T-406 de 1992 (MP Ciro Angarita Barón).
[174] Por
ejemplo, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio,
a nivel nacional, y a nivel territorial la Secretaría de Educación
Departamental de La Guajira que, a pesar de tener a su cargo el Programa de
Alimentación Escolar, señaló que “dentro de las funciones inherentes al sector
educativo no se encuentran la prestación del Servicio de Agua Potable,
Suministro de Alimentación y Prestación de Servicios de Salud, motivo real de
la interposición de la acción de tutela instaurada por el actor”. (Expediente,
Cuaderno de Revisión, folio 1932).
[175] Por
ejemplo, según la Asociación de Autoridades Tradicionales Wayúu del Clan Ipuana
de la Zona de Irauri, “La desnutrición es un problema social que no se
soluciona si no hay: oportunidades de empleo, generación de ingresos, políticas
para contrarrestar el cambio climático, programas de abastecimiento de agua con
sistemas no convencionales a lo largo y ancho de la península de La Guajira,
Programas de Seguridad alimentaria y nutricional acorde a la dieta nutricional
del Pueblo Wayuu, para lo cual proponemos al ICBF la modalidad CDI propio y
Ayatajirrawa, construcción de vías de acceso que permitan el desplazamiento del
pueblo wayuu, a lo largo y ancho del territorio Wayuu.” Expediente, Cuaderno de
Revisión, folio 1461.
[176] Corte Constitucional, sentencia T-406 de 1992 (MP Ciro Angarita
Barón).
[177] Corte Constitucional, sentencia T-570 de 1992 (MP Jaime Sanín
Greiffenstein).
[178] Corte Constitucional, sentencia T-578 de 1992 (MP Alejandro
Martínez Caballero).
[179] Corte Constitucional, sentencia T-539 de 1993 (MP José Gregorio
Hernández Galindo).
[180] Corte Constitucional, sentencia T-578 de 1992 (MP Alejandro
Martínez Caballero).
[181] Corte Constitucional, sentencias T-570 de 1992 (MP Jaime Sanín
Greiffenstein), T-578 de 1992 (MP Alejandro Martínez Caballero), T-539 de 1993
(MP José Gregorio Hernández Galindo), T-244 de 1994 (MP Hernando Herrera
Vergara), T-092 de 1995 (MP Hernando Herrera Vergara), T-418 de 2010 (MP María
Victoria Calle Correa), T-916 de 2011 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; SPV
Humberto Antonio Sierra Porto), T-188 de 2012 (MP Humberto Antonio Sierra
Porto), T-028 de 2014 (MP María Victoria Calle Correa, AV Luís Guillermo Guerrero Pérez),
T-139 de 2016 (MP Jorge Iván Palacio Palacio) y T-245 de 2016 (MP Gloria Stella
Ortiz Delgado).
[182] El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales en el artículo 11 consagró el derecho al agua en los siguientes
términos: “1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de
toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia”.
[183] Observación General No. 15 (2002), del Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. Dice al respecto: “6.
El agua es necesaria para diversas finalidades, aparte de los usos personales y
domésticos, y para el ejercicio de muchos de los derechos reconocidos en el
Pacto. Por ejemplo, el agua es necesaria para producir alimentos (el derecho a
una alimentación adecuada) y para asegurar la higiene ambiental (el derecho a
la salud). El agua es fundamental para procurarse medios de subsistencia (el
derecho a ganarse la vida mediante un trabajo) y para disfrutar de determinadas
prácticas culturales (el derecho a participar en la vida cultural). Sin
embargo, en la asignación del agua debe concederse prioridad al derecho de
utilizarla para fines personales y domésticos. También debe darse prioridad a
los recursos hídricos necesarios para evitar el hambre y las enfermedades, así
como para cumplir las obligaciones fundamentales que entraña cada uno de los
derechos del Pacto.” Esta observación, específicamente, ha sido usada en el
pasado por la Corte, por ejemplo en sentencias como T-312 de 2012 (MP Luis
Ernesto Vargas Silva), T-028 de 2014 (MP María Victoria Calle Correa) y T-129
de 2017 (MP Aquiles Arrieta Gómez).
[184] Observación General No. 15 (2002), del Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. Parágrafo número 2.
Al respecto continua: “[…] Un abastecimiento adecuado de agua salubre es
necesario para evitar la muerte por deshidratación, para reducir el riesgo de
las enfermedades relacionadas con el agua y para satisfacer las necesidades de
consumo y cocina y las necesidades de higiene personal y doméstica.”
[185] Observación General No. 15 (2002), del Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. Dice al respecto: “3.
En el párrafo 1 del artículo 11 del Pacto se enumeran una serie de derechos que
dimanan del derecho a un nivel de vida adecuado, ‘incluso alimentación, vestido
y vivienda adecuados’, y son indispensables para su realización. El uso de la
palabra ‘incluso’ indica que esta enumeración de derechos no pretendía ser
exhaustiva. El derecho al agua se encuadra claramente en la categoría de las
garantías indispensables para asegurar un nivel de vida adecuado, en particular
porque es una de las condiciones fundamentales para la supervivencia. Además,
el Comité ha reconocido anteriormente que el agua es un derecho humano amparado
por el párrafo 1 del artículo 11 (véase la Observación general Nº 6 (1995). El
derecho al agua también está indisolublemente asociado al derecho al más alto
nivel posible de salud (párrafo 1 del artículo 12) y al derecho a una vivienda
y una alimentación adecuadas (párrafo 1 del artículo 11). Este derecho también
debe considerarse conjuntamente con otros derechos consagrados en la Carta
Internacional de Derechos Humanos, en primer lugar el derecho a la vida y a la
dignidad humana.  ||  4. El derecho al agua ha sido reconocido en un gran
número de documentos internacionales, tales como tratados, declaraciones y
otras normas. Por ejemplo, en el párrafo 2 del artículo 14 de la Convención
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer se
dispone que los Estados Partes asegurarán a las mujeres el derecho a
"gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de
[...] el abastecimiento de agua". En el párrafo 2 del artículo 24 de la
Convención sobre los Derechos del Niño se exige a los Estados Partes que luchen
contra las enfermedades y la malnutrición mediante ‘el suministro de alimentos
nutritivos adecuados y agua potable salubre’.  || 5. El Comité se ha ocupado
constantemente del derecho al agua en su examen de los informes de los Estados
Partes, de conformidad con sus directrices generales revisadas sobre la forma y
el contenido de los informes presentados por los Estados Partes con arreglo a
los artículos 16 y 17 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales y sus observaciones generales.”
[186] Observación General Nº 15 (2002), del Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. Parágrafo número 12.
[187] Observación General Nº 15 (2002), del
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas.
Parágrafo número 12.
[188] Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación
General No. 15.
[189] Al respecto ver: Corte Constitucional, sentencias T-570 de 1992 (MP
Jaime Sanín Greiffenstein), T-232 de 1993 (MP Alejandro Martínez Caballero),
T-539 de 1993 (MP José Gregorio Hernández), T-244 de 1994 (MP Hernando Herrera
Vergara), T-523 de 1994 (MP Alejandro Martínez Caballero), T-092 de 1995 (MP
Alejandro Herrera Vergara), T-379 de 1995 (MP Antonio Barrera Carbonell), T-413
de 1995 (MP Alejandro Martínez Caballero), T-375 de 1996 (MP Eduardo Cifuentes
Muñoz), T-309 de 1999 (MP Alfredo Beltrán Sierra), T-410 de 2003 (MP Jaime
Córdoba Triviño) y T-1104 de 2005 (MP Jaime Araújo Rentería).
[190] Corte Constitucional, sentencia T-270 de 2007 (MP Jaime Araújo
Rentería).
[191] Corte Constitucional, sentencia T-270 de 2007 (MP Jaime Araújo
Rentería).
[192] Corte Constitucional, sentencias T-888 de 2008 (MP Marco Gerardo
Monroy Cabra), T-381 de 2009 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-143 de 2010
(MP María Victoria Calle Correa, AV Mauricio González Cuervo), T-418 de 2010
(MP María Victoria Calle Correa), T-616 de 2010 (MP Luis Ernesto Vargas Silva),
C-220 de 2011 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, AV Mauricio González Cuervo),
T-188 de 2012 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-1080 de 2012 (MP Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub), T-652 de 2013 (MP Alberto Rojas Ríos), T-256 de 2015
(MP Martha Victoria Sáchica Méndez, AV Luis Ernesto Vargas Silva), T-245 de
2016 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado).
[193] Corte Constitucional, sentencia T-143 de 2010 (MP María Victoria
Calle Correa, AV Mauricio González Cuervo) y T-418 de 2010 (MP María Victoria
Calle Correa).
[194] Corte Constitucional, sentencia T-616 de 2010 (MP Luis Ernesto Vargas
Silva).
[195] Corte Constitucional, sentencia C-220 de 2011 (MP Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub; AV Mauricio González Cuervo).
[196] Corte Constitucional, sentencia C-220 de 2011 (MP Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub; AV Mauricio González Cuervo).
[197] Corte Constitucional, sentencia T-188 de 2012 (MP Humberto Antonio
Sierra Porto).
[198] Corte Constitucional, sentencia T-256 de 2015 (MP Martha Victoria
Sáchica Méndez; AV Luis Ernesto Vargas Silva). La Corte estudió la acción de
tutela instaurada por miembros de la comunidad ancestral de negros
afrodescendientes de los corregimientos de Patilla y Chancleta del Municipio de
Barrancas, La Guajira, contra la empresa Carbones del Cerrejón Limited.
[199] La Corte estudió la acción de tutela interpuesta por algunos
miembros de la comunidad de negros afrodescendientes de los corregimientos de
Patilla y Chancleta del Municipio de Barrancas, La Guajira, contra una empresa
de carbones, como consecuencia del proceso de reubicación iniciado debido a la
explotación carbonífera a cielo abierto. Los accionantes alegaron, entre otras
cosas, que en el lugar donde fueron reubicados se presentaron dificultades
debido a “la carencia del servicio de agua, la ausencia de todos los
componentes esenciales del derecho vital al agua, como son, la accesibilidad,
la disponibilidad y calidad”. Corte Constitucional, sentencia T-256 de 2015 (MP
Martha Victoria Sáchica Méndez; AV Luis Ernesto Vargas Silva).
[200] La Defensoría del Pueblo fija esta interrelación en su informe de
2014, en el que afirma que “el pueblo indígena Wayúu afronta graves problemas
de seguridad alimentaria y escases de agua generada por los intensos veranos y
el cambio climático regional que aunado a la complejidad geográfica, cultural y
social de la región y la deficiente atención en salud, estas situaciones han
desencadenado altas tasas de morbimortalidad infantil asociada con problemas de
desnutrición”.
[201] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 1218.
[202] Así lo estableció la Corte Constitucional en la sentencia T-418 de
2010, en la cual señaló: “(ii) Toda persona tiene derecho a que la
Administración atienda adecuadamente su petición de acceder al servicio de
agua, y a que, por lo menos, exista un plan que asegure, progresivamente, el
goce efectivo de esta dimensión del derecho al agua. Esta dimensión positiva
del derecho al agua supone, por lo menos  (*) contar con un plan, (**) que
permita, progresivamente, el goce efectivo del derecho, y  (***) que
posibilite la participación de los afectados en el diseño, ejecución y
evaluación de dicho plan, en este caso en los términos de las leyes vigentes
que desarrollan la Constitución en este ámbito. (iii)  Las personas que
habitan en el sector rural y tienen limitados recursos económicos, tienen
derecho a ser protegidas especialmente, asegurándoles que no sean ‘los
últimos de la fila’ en acceder al agua potable. (iv) Mientras se implementa
el plan que asegure el goce efectivo de los derechos a los accionantes, deberán
adoptarse medidas paliativas que aseguren algún mínimo acceso de supervivencia
a agua potable.  (v) Se viola el derecho al agua de una persona, al
emplear los trámites y procedimientos ante la administración como obstáculos
para impedirle acceder al servicio de agua. (vi) Reconocer que se desconoce un
derecho constitucional no es una razón que pueda ser usada como justificación
para desconocer otro derecho constitucional.”
[203] Expediente, Cuaderno de Revisión, folios 268-290.
[204] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio
1219.
[205] Oxfam. “Mapeo de la situación de los medios
de vida y la seguridad alimentaria de familias vulnerables de la Alta Guajira”.
Diciembre de 2014.
[206] Documento CONPES 3883. “Adopción de la medida correctiva de
asunción temporal de la competencia de la prestación de los servicios de salud,
educación, alimentación escolar y agua potable y saneamiento básico en el
departamento de La Guajira, en aplicación del Decreto 028 de 2008”. 21 de
febrero de 2017. Fl. 37.
[207] Intervención de la Directora Ejecutiva del Sistema de Fundaciones
Cerrejón (Cuaderno No. 5, folios 1182-1192). El Programa Mundial de Alimentos
reportó a esta Corporación en su intervención que “cerca de un 45% de la
población del departamento es indígena, el 7.5% son población negra y/o
afrocolombianos. Se calcula que el 45.2% del total de la población del
departamento vive en las zonas rurales y el 54.8% en las cabeceras de 15
municipios. El índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) promedio en
las zonas rurales del departamento es del 88.2% y en las cabeceras municipales
de poco más de 37%”. Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 1208.
[208] Muchos de los informes allegados en sede de revisión, como el del
Programa Mundial de Alimentos, establecen que los estadios de caída de lluvias
son muy inestables, pues son susceptibles de tener periodos muy largos de
sequía como el que se tuvo hasta principios de 2016, que cumplió casi 4 años de
muy pocas lluvias lo que afectó notablemente el acceso al agua de las
comunidades indígenas.
[209] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 3346.
[210] La Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 25), la
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer de 1979 (preámbulo), la Convención sobre Derechos del Niño de 1989
(artículos 6 y 24), la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad
de 2006 (artículo 28), el Protocolo adicional de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
Protocolo de “San Salvador” de 1988 (artículo 12), entre otros. Sobre el
derecho a la alimentación concretamente, pueden mencionarse los siguientes:
Declaración Universal sobre la Erradicación del Hambre y la Malnutrición de
1974, la Declaración Mundial sobre la Nutrición de 1992, la Declaración de Roma
sobre la Seguridad Alimentaria Mundial de 1966, la Resolución 2004/19 de la
Asamblea General de las Naciones Unidas y las Directrices Voluntarias de la FAO
de 2004.
[211] ONU. Comité del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales. Observación General No. 12 (1999).
[212] Para el efecto, puede verse la sentencia T-348 de 2012 (MP
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), en la cual se hace una referencia a los
conceptos sobre “seguridad alimentaria” y “soberanía alimentaria”.
[213] ONU. Comité del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales. Observación General No. 12 (1999).
[214] ONU. Comité del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales. Observación General No. 12 (1999).
[215] ONU. Comité del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales. Observación General No. 12 (1999).
[216] “El Derecho a la Alimentación
Adecuada”. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura – FAO. Folleto Informativo No. 34. (2010).
[217] Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO). Disponible en: http://www.fao.org/3/a-ml542e.pdf
[218] FAO. “The Right of adequate food and
indigenous people. How can the right to food benefit indigenous people”. Disponible en: http://www.fao.org/docrep/016/ap552e/ap552e.pdf El texto afirma que la seguridad
alimentaria de los pueblos indígenas, al considerarse su dimensión cultural,
debe verse como algo más profundo, que de una mera satisfacción de necesidades
físicas. El componente de la “aceptabilidad cultural” del derecho a la
alimentación adquiere una importancia esencial en el caso de los pueblos
indígenas. La cultura es un aspecto esencial cuando se analiza el derecho a la
alimentación de las comunidades étnicas, porque es indispensable comprender la
comida conforme a sus usos, identidades y costumbres. Los pueblos indígenas
todavía tienen prácticas tradicionales colectivas e individuales  que se
concentran en actividades de pastoreo, agricultura, caza, pesca, entre otras.
Estas actividades representan –además de ser su fuente de alimento y
subsistencia- un aspecto relevante en su identidad cultural. Por tanto, es
importante tener en cuenta, que muchos pueblos indígenas entienden el derecho a
la alimentación con un derecho colectivo.
[219] FAO. “The Right of adequate food and
indigenous people. How can the right to food benefit indigenous people”. Disponible en: http://www.fao.org/docrep/016/ap552e/ap552e.pdf El mismo documento resalta la Declaración de Atlitán, documento en
el que se recogen estos estándares. Se afirma que esta Declaración es la más
comprensiva y conocida sobre el derecho a la alimentación de los pueblos
indígenas. Está dividido en cuatro partes: (i) la declaración en sí misma sobre
el reconocimiento de este derecho a los pueblos indígenas, (ii) una lista sobre
los obstáculos que existen para lograr la seguridad alimentaria de estos
pueblos, (iii) una lista sobre los obstáculos para lograr la garantía de la
soberanía alimentaria, y (iv) unas recomedaciones en relación sobre las
acciones que deben tomarse para alcanzar el goce efectivo del derecho a la
alimentación de los pueblos indígenas. La Declaración resalta la importancia de
garantizar el derecho a la alimentación como un derecho de naturaleza colectiva
que debe observarse a la luz de la libre autodeterminación.
[220] Corte Constitucional, sentencia T-025 de 2004 (MP Manuel José
Cepeda Espinosa), entre muchas otras que desarrollan la línea de protección
especial a la población desplazada, como la sentencia T-367 de 2010 (MP María
Victoria Calle Correa).
[221] Corte Constitucional, sentencias T-049 de 1995 (MP Alejandro
Martínez Caballero), T-212 de 2002 (MP Jaime Araújo Rentería), entre otras.
[222] Corte Constitucional, sentencias T-714 de 1996 (MP Eduardo
Cifuentes Muñoz), T-718 de 1999 (MP José Gregorio Hernández Galindo), y T-391
de 2015 (MP Luis Guillermo Guerrero Pérez; AV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo),
entre otras.
[223] Corte Constitucional, sentencia T-273 de 2014 (MP María Victoria
Calle Correa).
[224] Corte Constitucional, sentencias T-036 de 2013 (MP Jorge Iván
Palacio Palacio) y T-029 de 2014 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[225] Corte Constitucional, sentencia T-605 de 1992 (MP Eduardo Cifuentes
Muñoz).
[226] La Corte consideró que: “El conflicto de intereses entre
particulares puede adquirir importancia constitucional y justificar la
intervención del Estado si las dimensiones y características del conflicto
vulneran o amenazan derechos fundamentales. El enfrentamiento entre el
propietario o poseedor de la finca "Playa Rica" y los pescadores de
Mendiguaca por el acceso al mar no plantea simplemente una controversia civil
en torno a una servidumbre de paso. Pone de presente el creciente y progresivo
desplazamiento de los originales habitantes de las zonas costeras del mar caribe colombiano por parte de la
industria hotelera”. (Corte Constitucional, sentencia T-605 de 1992, MP.
Eduardo Cifuentes Muñoz).
[227] Corte Constitucional, Sentencia T-605 de 1992 (MP Eduardo Cifuentes
Muñoz).
[228] Corte Constitucional, sentencia T049 de 1995 (MP Alejandro Martínez
Caballero).
[229] Constitución Política, Artículo 44. “Son derechos fundamentales de
los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la
alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser
separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación
y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de
abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación
laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos
consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales
ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen la
obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico
e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir
de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los
derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”.
[230] Corte Constitucional, sentencia C-262 de 1996 (MP Eduardo Cifuentes
Muñoz).
[231] Corte Constitucional, sentencia T-574 de 1996 (MP Alejandro
Martínez Caballero).
[232] Corte Constitucional, sentencia T-652 de 1998 (MP Carlos Gaviria
Díaz).
[233] “La pesca cotidiana, que de manera gratuita enriquecía la dieta
embera con proteínas y grasas de origen animal, se hizo improductiva y no podrá
volverse a practicar hasta después de una década o más; la caza, práctica
esporádica y complementaria, no tiene objeto en los terrenos deforestados de
Iwagadó y requiere de largos desplazamientos en Karagabí, a más de ser
insuficiente para compensar la pérdida del pescado; la entresaca de madera está
prohibida, y la rotación de cultivos seriamente restringida con la
superposición de las tierras de los actuales resguardos con el Parque Nacional
Natural; adicionalmente, con la inundación de la presa perderán las vegas
aluviales que les permitían obtener al menos dos ricas cosechas al año; las
corrientes que les permitían transportarse serán reemplazadas por aguas
quietas; los referentes geográficos conocidos por todos y los sitios sagrados
relacionados con rápidos y estrechos del río ya no van a estar allí cuando se
inunde la presa”. Corte Constitucional, Sentencia T-652 de 1998 (MP Carlos
Gaviria Díaz).
[234] Corte Constitucional, sentencia T-693 de 2011 (MP Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub).
[235] “La Sala se permite recordar que para la comunidad Achagua, como
sus miembros manifestaron durante la inspección judicial, el territorio es un
elemento fundamental de su identidad y cohesión social, pues está ligado
íntimamente a su memoria histórica y, además, de él depende la supervivencia de
la comunidad no solamente desde el punto de vista económico –ya que de allí
obtienen el alimento y el sustento de las familias, sino también desde el punto
de vista cultural y social”. (Corte Constitucional, Sentencia T-693 de 2011 (MP
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[236] Corte Constitucional, sentencia T-348 de 2012 (MP Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub).
[237] Corte Constitucional, sentencia T-644 de 2012 (MP Adriana María
Guillén Arango, SV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SV Mauricio González
Cuervo, SV Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, SV Humberto Antonio Sierra Porto).
[238] Corte Constitucional, sentencia T-606 de 2016 (MP Jorge Iván
Palacio Palacio).
[239] Corte Constitucional, sentencia T-445 de 2016 (MP Jorge Iván
Palacio Palacio; AV Alberto Rojas Ríos).
[240] “Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que la minería
actualmente imposibilita la titulación de casi 7 millones de hectáreas de
bienes baldíos a campesinos y sujetos de reforma agraria en el país. Esta cifra
adquiere especial relevancia si se tiene en cuenta que los cálculos más
extremistas respecto al número de hectáreas que fueron despojadas o abandonadas
en el marco del conflicto armado tan solo hablan de la sustracción de 6
millones de las mismas. Es decir, conforme lo reconoce el propio gobierno, si
se analizan los impactos de la actividad minera respecto al derecho a la
seguridad alimentaria de los campesinos colombianos, se puede concluir que la
minería ha tenido mayores impactos que el conflicto armado”. Corte
Constitucional, Sentencia T-445 de 2016 (MP Jorge Iván Palacio Palacio, AV
Alberto Rojas Ríos).
[241] Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2016 (MP Alejandro Linares
Cantillo).
[242] También se planteó si “¿se vulneran los derechos al buen nombre, la
honra, la igualdad y la rectificación de la Asociación por las declaraciones de
funcionarias el ICBF, difundidas por distintos medios de comunicación, en las
que presuntamente se asigna responsabilidad a las familias de la comunidad
Wayúu por situaciones de desnutrición, desatención de problemas de salud y
fallecimiento de niños, derivadas de sus costumbres alimenticias?” (Corte
Constitucional, Sentencia T-466 de 2016, MP Alejandro Linares Cantillo).
[243] Expediente, Cuaderno de Revisión, folios 1216 – 1260. Oxfam: “Mapeo
de la situación de los medios de vida y la seguridad alimentaria de familias
vulnerables de la Alta Guajira”.
[244] Expediente,
Cuaderno de Revisión, folios 1216 – 1260. Oxfam: “Mapeo de la situación de los
medios de vida y la seguridad alimentaria de familias vulnerables de la Alta
Guajira”.
[245] Expediente,
Cuaderno de Revisión, folios 1216 – 1260. Oxfam: “Mapeo de la situación de los
medios de vida y la seguridad alimentaria de familias vulnerables de la Alta
Guajira”.
[246] Expediente,
Cuaderno de Revisión, folios 1216 – 1260. Oxfam: “Mapeo de la situación de los
medios de vida y la seguridad alimentaria de familias vulnerables de la Alta
Guajira”.
[247] Expediente,
Cuaderno de Revisión, folios 1168 y 1169.
[248] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 1330.
[249] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 1330.
[250] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 1325.
[251] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 1209.
[252] Defensoría del Pueblo. “Informe de seguimiento al fallo de tutela.
Situación humanitaria en La Guajira” (2016).
[253] Expediente, Cuaderno de Revisión, folios 1182 a 1192.
[254] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 1341.
[255] A partir de las sentencias T-144 de 2008 (MP Clara Inés Vargas
Hernández) y T-760 de 2008 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), la Corte reconoció
que la salud es un derecho fundamental que debe ser garantizado a todos los
seres humanos igualmente dignos y que no hacerlo conduce a que se presente un
déficit de protección constitucionalmente inadmisible. Se explicó que no todos
los derechos están consagrados expresamente en el texto constitucional, pues
existen derechos que siendo inherentes a la persona humana, como el derecho a
la salud, no están enunciados en la Constitución Política. Esta postura ha sido
reiterada desde entonces en las sentencias T-650 de 2009 (MP Humberto Antonio
Sierra Porto), T-1030 de 2010 (MP Mauricio González Cuervo), T-309 de 2011 (MP
Humberto Antonio Sierra Porto), T-745 de 2014 (MP Mauricio González Cuervo),
T-362 de 2016 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), entre otras.
[256] Ley 1751 de 2015 “por medio de la cual se regula el derecho
fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones”.
[257] Corte Constitucional, sentencia C-313 de 2014 (MP Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo; AV Luis Ernesto Vargas Silva; AV María Victoria Calle Correa;
AV y SV Mauricio González Cuervo; AV y SV Luis Guillermo Guerrero Pérez; AV
Alberto Rojas Ríos; SPV Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[258] Corte Constitucional, sentencia C-313 de 2014 (MP Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo; AV Luis Ernesto Vargas Silva; AV María Victoria Calle Correa;
AV y SV Mauricio González Cuervo; AV y SV Luis Guillermo Guerrero Pérez; AV
Alberto Rojas Ríos; SPV Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[259] En un primer momento se admitió la procedencia de la acción de
tutela para proteger el derecho a la salud, pero no en sí mismo sino dada su
estrecha relación con el derecho a la vida, con fundamento en la teoría de la
conexidad. En ese sentido, ver entre otras, Corte Constitucional, sentencias T-484
de 1992 (MP Fabio Morón Díaz), T-548 de 1992 (MP Ciro Angarita Barón), T-328 de
1993 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz), T-494 de 1993 (MP Vladimiro Naranjo Mesa),
T-154 de 1994 (MP Hernando Herrera Vergara), T-192 de 1994 (MP José Gregorio
Hernández Galindo), T-157 de 1995 (MP Hernando Herrera Vergara), T-271 de 1995
(MP Alejandro Martínez Caballero), T-281 de 1996 (MP Julio César Ortiz
Gutiérrez), T-312 de 1996 (MP Alejandro Martínez Caballero), T-757 de 1998 (MP
Alejandro Martínez Caballero), T-926 de 1999 (MP Carlos Gaviria Díaz), T-1081
de 2001 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra), T-1050 de 2003 (MP Clara Inés Vargas
Hernández), T-955 de 2005 (MP Alberto Beltrán Sierra), entre otras, la Corte
diferenció entre dos dimensiones del derecho a la salud: la salud como derecho
fundamental y la salud como un deber asistencial a cargo del Estado,
concluyendo que la frontera entre ambas es imprecisa y que en principio, puede
afirmarse que el derecho a la salud es fundamental cuando está relacionado con
la protección a la vida. Se recordó que los derechos constitucionales
fundamentales se determinan no sólo por la mención expresa que de ellos haga la
Constitución, sino también por su significación misma para la realización de
los valores y principios consagrados en ella, además de su conexión con otros
derechos fundamentales expresamente reconocidos como tales. Así evolucionó la
teoría de la conexidad.
[260] Constitución Política, artículo 44.
[261] Corte Constitucional, sentencias T-531 de 1992 (MP Eduardo
Cifuentes Muños; SV José Gregorio Hernández Galindo), T-287 de 1994 (MP Antonio
Barrera Carbonell), T-408 de 1995 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz), T-514 de 1998
(MP José Gregorio Hernández Galindo), T-415 de 1998 (MP Alejandro Martínez
Caballero), T-556 de 1998 (MP José Gregorio Hernández Galindo), T-117 de 1999
(MP Alfredo Beltrán Sierra), Sentencia T-860 de 2003 (MP Eduardo
Montealegre Lynett), T-223 de 2004 (MP Eduardo Montealegre Lynett), T-538 de
2004 (MP Clara Inés Vargas Hernández), T-170 de 2010 (MP Mauricio González Cuervo),
T-110 de 2012 (MP María Victoria Calle Correa), T-562 de 2014 (MP Gloria Stella
Ortiz Delgado) y T-653 de 2016 (MP Luis Ernesto Vargas Silva). En todas estas
providencias la Corte Constitucional conoció casos en los que el derecho
fundamental a la salud de personas menores de edad se encontraba en riesgo y
concedió la protección mediante la acción de tutela por considerar que se
trataba de sujetos de especial protección.
[262] Corte Constitucional, sentencia T-514 de 1998 (MP José Gregorio
Hernández Galindo).
[263] Corte Constitucional, sentencia SU-225 de 1998 (MP Eduardo
Cifuentes Muñoz).
[264] Corte Constitucional, sentencia T-155 de 2014 (MP María Victoria
Calle Correa) y T-395 de 2015 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[265] Corte Constitucional, sentencia C-377 de 1994 (MP Jorge Arango
Mejía). En esta sentencia la Corte estudió la exequibilidad del artículo 2º de
la Ley 4 de 1962 “Por la cual se dictan normas relativas al ejercicio de la
Medicina y Cirugía”, que disponía quiénes podían ejercer la medicina y cirugía.
En la demanda de inconstitucionalidad se planteaba que las normas acusadas no
podían prohibir el ejercicio de la medicina a los empíricos, “porque al hacerlo
violan derechos constitucionales fundamentales del que ejerce la profesión
médica sin estar legalmente autorizado, lo mismo que quien decide ser paciente
suyo”. La Corte declaró exequible el artículo demandado al considerar que “la
libertad de escoger profesión y oficio, entendida ésta como la que requiere una
formación académica, no pugna con la facultad concedida al legislador de exigir
títulos de idoneidad”, y frente al tema de las comunidades indígenas aclaró que
lo dicho no implica que “en algunos grupos especiales, tales como las tribus
indígenas, no puedan existir brujos, chamanes o curanderos que se dediquen a su
oficio según sus prácticas ancestrales”.
[266] Corte Constitucional, sentencia T-214 de 1997 (MP Alejandro
Martínez Caballero). En esa sentencia se puso a consideración de la Corte el
caso de un miembro de la comunidad indígena de los Yaguas, que tenía 72 años y
que se encontraba recluido en la cárcel Modelo de Bogotá, el cual solicitó al
Director del INPEC el traslado a la cárcel de Leticia, ya que padecía cáncer y
lo único que le había impedido el avance de la enfermedad era el tratamiento
que la comunidad indígena a la que pertenecía le estaba suministrando.
[267] Corte Constitucional, sentencia T-379 de 2003 (MP Clara Inés Vargas
Hernández). Correspondió a la Corte determinar si la Alcaldía Municipal de
Aldana, Nariño, al no dar cumplimiento a la decisión de traslado de
administradora de régimen subsidiado -ARS-, adoptada por la comunidad indígena
de Pastas con base en lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 691 de 2001,
desconoció los derechos fundamentales de petición, debido proceso, defensa,
vida digna, integridad étnica, libre autodeterminación, salud e igualdad.
[268] Corte Constitucional, sentencia T-704 de 2006 (MP Humberto Antonio
Sierra Porto).
[269] Corte Constitucional, sentencia C-063 de 2010 (MP Humberto Antonio
Sierra Porto). En esta sentencia la Corte estudió la demanda de
constitucionalidad presentada contra el artículo 14 de la Ley 1122 de 2007 “por
la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad
Social en salud y se dictan otras disposiciones”, sobre la afiliación de los
desplazados y desmovilizados a una EPS pública nacional, con ocasión de la
presunta afectación a los derechos de las comunidades indígenas que se
encuentran en situación de desplazamiento, al imponerles su afiliación a un
régimen de salud distinto al que fue creado especialmente por ellas. La Corte
consideró que los derechos de los grupos indígenas son uno de aquellos casos
donde el concepto de universalidad se denota como insuficiente para dar
solución a las necesidades de protección existentes, pues “los sistemas
pluriculturales han puesto de presente que la protección que es inherente a los
derechos humanos exige el reconocimiento de un contenido especial, que sea
acorde con una forma de vida que tiene su propio concepto acerca de ideales
como la dignidad y la solidaridad”. En cuanto al régimen de protección social
en salud previsto para las comunidades indígenas, la Corte destacó que: “i. El
mismo responde a una concepción plural respecto del servicio de salud, que
impone a los operadores jurídicos que lo desarrollen la necesidad de hacer
consideraciones respecto del entorno natural, el cuadro de enfermedades, la
base alimentaria, los procedimientos de curación tradicionales, los
medicamentos para tal efecto utilizados y demás elementos que diferencien a las
comunidades indígenas de la sociedad mayoritaria. // ii. En esta medida se ha
avanzado en la implementación de un sistema de aseguramiento en salud que
responda a las condiciones de vida de las comunidades en materias como subsidio
a la prestación del servicio, afiliación conjunta de toda la comunidad,
prelación respecto de otros sectores poblacionales, participación de sus
autoridades legítimas y tradicionales en la toma de decisiones, etc. //iii. El
sistema de seguridad social en salud de las poblaciones deberá prever un plan
obligatorio de salud adaptado a las necesidades que cada comunidad tenga,
atendiendo aspectos propios de la comunidad como son su cuadro epidemiológico,
sus procedimientos de curación y los medicamentos que la comunidad emplea”.
[270] Corte Constitucional, sentencia T-920 de 2011 (MP Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub). La Corte se preguntó si la Alcaldía de Rosas vulneró los
derechos de los miembros del Cabildo Indígena Intiyaku de Rosas, Cauca, al
impedirles el traslado colectivo a la Asociación Indígena del Cauca EPS-I.
[271] Corte Constitucional, sentencia T-462A de 2014 (MP Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub).
[272] Corte Constitucional, sentencia T-462A de2014 (MP Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub).
[273] Esta
apreciación es compartida por Dejusticia, organización que afirmó en su informe
de las diligencias judiciales: “Existen pocos puestos
de salud habilitados en las rancherías, mientras los hospitales y servicios de
salud están ubicados en las zonas más urbanas. Dada la dispersión territorial
de las comunidades, el pésimo estado de las vías (que se vuelven totalmente
inaccesibles durante el invierno), y la falta de transporte, el acceso de la
población rural a estos centros de salud es limitado y difícil”. Expediente,
Cuaderno de Revisión, folios 4393 - 4435.
[274] Audiencia pública en Riohacha, La Guajira. Lunes 22 de febrero de
2017. CD No.7, 2h y 35 minutos. Inspección judicial en la comunidad de
Purpushon, Manaure, La Guajira. Miércoles 22 de febrero de 2017. CD No.6,
minuto 6.
[275] Documento
CONPES 3883. “Adopción de la medida correctiva de asunción temporal de la
competencia de la prestación de los servicios de salud, educación, alimentación
escolar y agua potable y saneamiento básico en el departamento de La Guajira,
en aplicación del Decreto 028 de 2008”. 21 de febrero de 2017.
[276] Documento
CONPES 3883. “Adopción de la medida correctiva de asunción temporal de la
competencia de la prestación de los servicios de salud, educación, alimentación
escolar y agua potable y saneamiento básico en el departamento de La Guajira,
en aplicación del Decreto 028 de 2008”. 21 de febrero de 2017. Folio 19.
[277] Documento
CONPES 3883. “Adopción de la medida correctiva de asunción temporal de la
competencia de la prestación de los servicios de salud, educación, alimentación
escolar y agua potable y saneamiento básico en el departamento de La Guajira,
en aplicación del Decreto 028 de 2008”. 21 de febrero de 2017. Folio 20.
[278] Documento
CONPES 3883. “Adopción de la medida correctiva de asunción temporal de la
competencia de la prestación de los servicios de salud, educación, alimentación
escolar y agua potable y saneamiento básico en el departamento de La Guajira,
en aplicación del Decreto 028 de 2008”. 21 de febrero de 2017. Folio 20.
[279] Expediente, Cuaderno de Revisión, folios 4396 – 4435 y 5171 – 5214.
Consideración que es compartida por la Defensoría del pueblo y Dejusticia.
[280] Inspección  judicial en el Hospital de Nazareth, corregimiento de
Nazareth, Uribia, La Guajira. Lunes 20 de febrero de 2017. CD No. 3,
declaraciones del señor William de Jesús Curvelo
Peláez, gerente del E.S.E. Hospital Nazareth. El informe de Dejusticia
concuerda con estas apreciaciones: “La población de la zona de alta Guajira con
influencia del Hospital de Nazareth equivale a cincuenta y dos mil usuarios,
sin embargo solo treinta y dos mil parecen estar en el registro formal de
salud, el resto es atendido como vinculado al sistema. Se trata de un hospital
nivel 1, sin unidades especializadas, que cuenta con seis médicos para la atención.
Para los habitantes de rancherías alejadas, sin puestos de salud, o con puestos
de salud no habilitados, como Tawaira, ir al médico implica pagar cincuenta mil
pesos en una moto hasta Nazareth, o en su lugar caminar cinco horas. La Jefa de
Enfermería del hospital nos informó que muchos niños sufren de desnutrición no
por la falta de alimentación per se, sino por consumir agua no potable, lo cual
causa enfermedades gastrointestinales, diarrea, y parásitos. Estas condiciones
limitan la capacidad del niño de absorber los nutrientes necesarios […]”.
[281] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 629.
[282] Reporta concretamente 14 comunidades en donde se perforaron los
pozos: Samutpio, Media Luna Jawou, Kasutalain, Jurura (Uribia), Coucharapo,
Jamuchenchon, Nazareth, Winpiraren El Corral, Panchomana, Kasisca, Sichichon,
Ichien, Walaschen y Mapachira (Manaure).
[283] Documento CONPES 3883. “Adopción de la medida correctiva de
asunción temporal de la competencia de la prestación de los servicios de salud,
educación, alimentación escolar y agua potable y saneamiento básico en el
departamento de La Guajira, en aplicación del Decreto 028 de 2008”. 21 de
febrero de 2017. Fl. 38. “El 16 de abril de 2007 se firmó el crédito BIRF 7434
por un monto de USD 90 millones, con el propósito de financiar parcialmente el
Programa de Transformación Estructural de los Servicios de Agua y Saneamiento
en el departamento de La Guajira, con vencimiento al 31 de diciembre de 2011.
Mediante la enmienda firmada al 29 de diciembre de 2011, se extendió hasta el
15 de octubre de 2015 y posteriormente fue prorrogado hasta el 15 abril de
2017.”
[284] Expediente,
Cuaderno de Revisión, folio 2906.
[285] Expediente, Anexo Virtual: CD aportado por el DNP.
[286] Expediente,
Cuaderno de Revisión, folio 711.
[287] Expediente, Cuaderno de Revisión, folios 711-712.
[288] Expediente,
Cuaderno de Revisión, folio 699.
[289] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 699.
[290] Expediente,
Cuaderno de Revisión, folio 711.
[291] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 699.
[292] Expediente,
Cuaderno de Revisión, folio 711.
[293] Expediente,
Cuaderno de Revisión, folio 712.
[294] Expediente,
Cuaderno de Revisión, folio 1897.
[295] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 1898.
[296] Expediente, Cuaderno de Revisión, folios  1404- 1405.
[297] Expediente,
Cuaderno de Revisión, folio 629.
[298] Expediente,
Cuaderno de Revisión, folios 627 – 651.
[299] Expediente,
Cuaderno de Revisión, folio 5121. El ICBF reporta los siguientes servicios:
atención propia e intercultural (3.616 beneficiarios), CDI con arriendo (6.916
beneficiarios), CDI sin arriendo (8.568 beneficiarios), desarrollo infantil en
medio familiar sin arriendo (56.206 beneficiarios), hogares con bienestar
(1.140, 1.368 y 5.520 beneficiarios en tres modalidades distintas), hogares
infantiles (1.485 beneficiarios) y servicio especial para la primera infancia
(1.251 beneficiarios).
[300] Inspección
judicial en la comunidad de Zucaramana, corregimiento de Irraipa, Uribia, La
Guajira. Martes 21 de febrero de 2017. CD No. 5.
[301] Inspección
judicial en la comunidad de Zucaramana, corregimiento de Irraipa, Uribia, La
Guajira. Martes 21 de febrero de 2017. CD No. 5.
[302] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 2144.
[303] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 2970.
[304] Ver, por ejemplo, las intervenciones de la comunidad de Tawaira,
Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 1431; y de la Asociación de Autoridades
Tradicionales Indígenas Wayuu Anataweeshii, Expediente, Cuaderno de Revisión,
folio 2070. Igualmente, en Nazareth los palabreros de la Zona Norte de la Alta
Guajira afirmaron que “el Bienestar Familiar hasta el momento no nos ha
preguntado, no se ha sentado con nosotros, cómo quieren que se trabaje con los
niños, cómo quieren la dieta alimentaria de los niños, qué productos les
gustaría. […] aquí el Bienestar Familiar impone fundaciones y llegan sin
avisar. Es una política errada, para nosotros, que el Bienestar Familiar no
concerte, no lleve a un diálogo equitativo para el beneficio de los niños. […]
Si no se nos pregunta, si no hay un diálogo directo, si no hay una
concertación—estas fundaciones, aparte de que son ajenas al territorio, no
conocen nuestras costumbres, y el Bienestar Familiar lo impone a rajatabla y
hasta sin nuestra presencia—entonces esa política está errada.” (Audiencia con
los Palabreros (Putchipü) de la Alta Guajira y Magistrados de la Corte
Constitucional, corregimiento de Nazareth, Uribia, La Guajira. Lunes 20 de
febrero de 2017. CD No. 2, 1h y 7 minutos.
[305] Audiencia
pública, corregimiento de Taguaira, Uribia, La Guajira. Lunes 20 de febrero de
2017. CD No. 4.
[306] Audiencia
pública, corregimiento de Taguaira, Uribia, La Guajira. Lunes 20 de febrero de
2017. CD No. 4. Expediente, Cuaderno de Revisión, folios 5111-5125.
[307] Ley 7 de 1979. Por la cual se dictan normas para la protección de
la niñez, se establece el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, se reorganiza
el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y se dictan otras disposiciones.
[308] Decreto
2150 de 1995. Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o
trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.
[309] Decreto
1084 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del
Sector de Inclusión Social y Reconciliación.
[310] Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Manual de Contratación.
Consultado en http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/Descargas1/Contratacion1/M1.ABS%20Manual%20de%20Contrataci%C3%B3n%202016%20v1%20-%20Octubre%20de%202016.pdf
[311] Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, Manual de Contratación, p. 53.
[312] Expediente,
Cuaderno de Revisión, folios 632-633.
[313] Inspección judicial en la comunidad de Purpushon, Manaure, La
Guajira. Miércoles 22 de febrero de 2017. CD No. 6.
[314] Los criterios son: “- Víctimas de hechos violentos, asociados al
conflicto armado, […]. – Egresados o usuarios de las modalidades de la
Estrategia de Recuperación Nutricional: […] – Quienes se encuentran en proceso
administrativo de restablecimiento de derechos […] – Pertenecientes a familias
identificadas a través de la Estrategia para la Superación de la Pobreza
Extrema – Red UNIDOS. – Remitidos por las entidades del SNBF que se encuentren
en situación de vulnerabilidad o riesgo de vulneración de derechos. –
Pertenecientes a comunidades étnicas […] que demanden el servicio. – Con
discapacidad, que cumpla al menos uno de los criterios de priorización. –
Pertenecientes a los proyectos de las 100 mil viviendas y Viviendas de Interés
Prioritario. – Pertenecientes a hogares cuyo puntaje SISBEN […] sea igual o
inferior a los nuevos puntos de corte definidos para Primera Infancia”. Expediente, Cuaderno
de Revisión, folios 5111 - 5125.
[315] Se revisaron los siguientes contratos. Riohacha: (1)
Contrato de Aporte 051 de 2017 celebrado entre el ICBF—Regional Guajira y la
Fundación Wale Keru, por valor de $3.250.028.448 para la atención de 1.296
cupos de niños y niñas menores de 5 años y menores de 6 meses, en la modalidad
propia e intercultural, en el municipio de Riohacha; (2) Contrato de Aporte 138
celebrado entre el ICBF—Regional Guajira y el Consorcio Wayuu Tepitcheen, por
valor de $320.620.400 para la atención de 400 cupos de niños y niñas menores de
5 años y mujeres gestantes y lactantes en el municipio de Riohacha; Uribia:
(3) Contrato de Aporte No. 265 de 2016 celebrado entre el ICBF—Regional Guajira
y la Fundación Guajira Naciente, por valor de $1.170.858.000, para la atención
de 1.200 cupos de niños y niñas menores de 5 años o hasta su ingreso a la
escolaridad, en la modalidad Desarrollo Infantil en Medio Familiar en el
municipio de Uribia; (4) Contrato de Aporte No. 578 de 2016 celebrado entre el
ICBF—Regional Guajira y la Asociación de Autoridades Tradicionales Wayuu de
“Jekennu de Uribia”, por valor de $4.583.812.212, para la atención de 1.746
cupos de niños y niñas menores de 5 años y menores de 6 meses, en la modalidad
propia e intercultural, en el municipio de Uribia; Manaure: (5)
Contrato de Aporte No. 409 de 2016 celebrado entre el ICBF – Regional Guajira y
la Unión Temporal Wale-Keru, por valor de $399.675.627 para la atención de 450
cupos de niños y niñas menores de 5 años, así como mujeres gestantes y
lactantes, en la modalidad propia en el municipio de Manaure; (6) Contrato de
Aporte No. 402 de 2016 celebrado entre el ICBF – Regional Guajira y la Unión
Temporal Pekijirrawa, por valor de $604.262.516 para la atención de 572 cupos
de niños y niñas menores de 5 años, así como mujeres gestantes y lactantes en
el municipio de Manaure; Maicao: (7) Contrato de Aporte
No. 415 de 2016 celebrado entre el ICBF – Regional Guajira y la Asociación de
Autoridades Tradicionales Wuimpala de La Guajira, por valor de $391.838.850
para la atención de 450 cupos de niñas y niños menores de 5 años, así como
mujeres gestantes y lactantes, en la modalidad propia en el municipio de
Maicao; (8) Contrato de Aporte No. 290 de 2016 celebrado entre el ICBF –
Regional Guajira y la Organización Indígena de la Guajira Yanama, por valor de
$944.492.120 para la atención de 968 cupos de niños y niñas menores de 5 años o
hasta su ingreso al grado de escolaridad, así como mujeres gestantes y
lactantes, en la modalidad de Desarrollo Infantil en Medio Familiar en el
municipio de Maicao.
[316] En todos los contratos examinados es la cláusula cuarta, que
contiene las obligaciones generales de la entidad administradora del servicio.
[317] Ver Decreto 1852 de 2015 “"Por el cual se adiciona el Decreto
1075 de 2015 Único Reglamentario del Sector Educación, para reglamentar el parágrafo
40 del artículo 136 de la Ley 1450 de 2011, el numeral 20 del artículo 6 de la
Ley 1551 de 2012, el parágrafo 2 del artículo 2 de la Ley 715 de 2001 y los
artículos 16,17,18 Y 19 de la Ley 1176 de 2007, en lo referente al Programa de
Alimentación Escolar - PAE” y Ministerio de Educación Nacional, Resolución
16432 de 2015 “Por la cual se expiden los lineamientos
Técnicos-Administrativos, los estándares y las condiciones mínimas del Programa
de Alimentación Escolar – PAE”.
[318] Ministerio
de Educación Nacional, Resolución 16432 de 2015, artículo 2.1.
[319] Decreto
1075 de 2015, artículo 2.3.10.2.1.
[320] Expediente, Cuaderno de Revisión, folios 5171-5213.
[321] Expediente, Cuaderno de Revisión, folios 5171-5213.
[322] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 762.
[323]Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 277.
[324] Expediente,
Cuaderno de Revisión, folios 5246 - 5264.
[325] Documento
CONPES 3883 de 21 de febrero de 2017: “Adopción de la medida correctiva de
asunción temporal de la competencia de la prestación de los servicios de salud,
educación, alimentación escolar, y agua potable y saneamiento básico en el
departamento de La Guajira, en aplicación del decreto 028 de 2008”, p. 33.
[326] Informe
de seguimiento al PNSAN, presentado en medio digital por el Ministerio de Salud
y Protección Social.
[327] Informe de seguimiento al PNSAN, presentado en medio digital por el
Ministerio de Salud y Protección Social.
[328] Informe de seguimiento al PNSAN, presentado en medio digital por el
Ministerio de Salud y Protección Social.
[329] Expediente,
Cuaderno de Revisión, folio 541.
[330] Expediente, Anexo Virtual: CD aportado por el Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social.
[331] Expediente, Cuaderno de Revisión, folios 659 - 681.
[332] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 511.
[333] Expediente,
Cuaderno de Revisión, folio 661.
[334] Inspección judicial en la Alta Guajira. Visita realizada el día
lunes 20 de febrero de 2017 a las 10:38 am.
[335] Expediente, Cuaderno de Revisión, folios 1882-1883.
[336] Expediente, Anexo Virtual: CD aportado por el Municipio de
Riohacha.
[337] Expediente, Cuaderno de Revisión, folios 1404-1405.
[338] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 546
[339] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio
546.
[340] Expediente. Cuaderno de Revisión, folio 771.
[341] Expediente. Cuaderno Revisión, folio 771.
[342] Expediente. Cuaderno Revisión, folio 772.
[343] Expediente. Cuaderno de Revisión, folio 783.
[344] Expediente, Cuaderno de Revisión, folios 2181 al 2185.
[345] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 2203.
[346] Información tomada de los resultados reportados por la
Superintendencia en la auditoría integral a las EPS.
[347] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 550.
[348] Informe final del proceso de microfocalización, aportado en medio
digital por el ICBF.
[349] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 632
[350] Expediente, Cuaderno de Revisión, folios 508 y 632
[351] Inspección judicial en Casa Azul, Manaure, La Guajira. Martes 21 de
febrero de 2017. CD No. 7, Casa Azul parte III, minuto 19.
[352] En esto concuerda la Procuraduría General de la Nación en el
concepto sobre las diligencias judiciales.
[353] Corte Constitucional, sentencia C-486 de 2016 (MP María Victoria
Calle Correa; AV Aquiles Arrieta Gómez; AV Gloria Stella Ortiz Delgado; SV Luis
Guillermo Guerrero Pérez; SV Alejandro Linares Cantillo;  SPV Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo). Posición acogida, entre otras, en las sentencias T-427 de
1992 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz), T-595 de 2002 (MP Manuel José Cepeda
Espinosa), T-087 de 2005 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-792 de 2005 (MP
Clara Inés Vargas Hernández), T-133 de 2006 (MP Humberto Sierra Porto), T-884
de 2006 (MP Humberto Sierra Porto), T-016 de 2007 (MP Humberto Sierra Porto),
T-760 de 2008 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-294 de 2009 (MP Clara Elena
Reales Gutiérrez), SU-062 de 2010 (MP Humberto Sierra Porto), T-235 de 2011 (MP
Luis Ernesto Vargas Silva), C-372 de 2011 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; SV
María Victoria Calle Correa; SV Humberto Sierra Porto), T-175 de 2013 (MP María
Victoria Calle Correa; AV Luis Guillermo Guerrero Pérez), T-594 de 2013 (MP
Luis Ernesto Vargas Silva), T-388 de 2013 (MP María Victoria Calle Correa) y
T-197 de 2014 (MP Alberto Rojas Ríos).
[354] Corte Constitucional, sentencia T-760 de 2008 (MP Manuel José
Cepeda Espinosa) (“…la condición de ‘prestacional’ no se predica de la
categoría ‘derecho’, sino de la ‘faceta de un derecho’. Es un error categorial
hablar de ‘derechos prestacionales’, pues, como se dijo, todo derecho tiene
facetas prestacionales y facetas no prestacionales”). Posición reiterada en las
Sentencias T-294 de 2009 (MP Clara Elena Reales Gutiérrez), T-594 de 2013 (MP
Luis Ernesto Vargas Silva), T-729 de 2013 (MP María Victoria Calle Correa; AV
Luis Guillermo Guerrero Pérez) y T-903 de 2013 (MP María Victoria Calle
Correa).
[355] Corte Constitucional, sentencia T-016 de 2007 (MP Humberto Sierra
Porto) (“la implementación práctica de los derechos constitucionales
fundamentales siempre dependerá de una mayor o menor erogación presupuestaria,
de forma tal, que despojar a los derechos prestacionales – como el derecho a la
salud, a la educación, a la vivienda, al acceso al agua potable entre otros -
de su carácter de derechos fundamentales resultaría no sólo confuso sino
contradictorio”). Posición reiterada en las sentencias SU-062 de 2010 (MP
Humberto Sierra Porto), C-288 de 2012 (MP Luis Ernesto Vargas Silva; AV Nilson
Pinilla; SV Humberto Sierra Porto), T-730 de 2012 (MP Alexei Julio Estrada),
T-986A de 2012 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), SU-856 de 2013 (MP Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub), T-894 de 2013 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), T-024
de 2015 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; AV Gloria Stella Ortiz Delgado),
SU-023 de 2015 (MP Martha Victoria Sáchica Méndez; AV María Victoria Calle
Correa), T-043 de 2015 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), T-347 de 2015 (MP Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub) y T-433 de 2016 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[356] Corte Constitucional, sentencia T-235 de 2011 (MP Luis Ernesto
Vargas Silva).
[357] Por ejemplo, qué tantas acciones positivas y decididas supone para
el Estado proteger la libertad de prensa, depende del tipo y grado de amenazas
que las personas dedicadas al periodismo deben enferntar.
[358] Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 2.
Ver también Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 31, “La índole
de la obligación jurídica general impuesta a los Estados Partes en el Pacto”,
CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, 26 de mayo de 2004, párr. 6: “La obligación jurídica
prescrita en el párrafo 1 del artículo 2 es tanto de carácter negativo como
positivo. […]”
[359] Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, Observación
General No. 12, “El derecho a una alimentación adecuada (artículo 11)”,
E/C.12/1999/5, 12 de mayo de 1999, párr. 15.
[360] Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, Observación
General No. 14, “El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud
(artículo 12)”, E/C.12/2000/4, 11 de agosto de 2000, párr. 33; Observación
General No. 15, “El derecho al agua (artículos 11 y 12 del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales)”, E/C.12/2002/11, 20 de enero de
2003, párr. 20; Observación General No. 16, “La igualdad de derechos del hombre
y la mujer al disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales
(artículo 3)”, E/C.12/2005/4, 11 de agosto de 2005, párr. 17; Observación
General No. 17, “El derecho de toda persona a beneficiarse de la protección de
los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las
producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autor(a) (apartado
c) del párrafo 1 del artículo 15 del Pacto)”, E/C.12/GC/17, 12 de enero de
2006, párr. 28; Observación General No. 21, “Derecho de toda persona a
participar en la vida cultural (artículo 15, párrafo 1 a), del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales)”, E/C.12/GC/21, 21
de diciembre de 2009, párr. 48.
[361] Comité
de Derechos Económicos Sociales y Culturales, Observación General No. 18, “El
derecho al trabajo (artículo 6)”, E/C.12/GC/18, 6 de febrero de 2006, párr. 22;
Observación General No. 19, “El derecho a la seguridad social (artículo 9)”,
E/C.12/GC/19, 4 de febrero de 2008, párr. 43.
[362] Así
lo explicó la Corte en la sentencia T-760 de 2008 (MP Manuel José Cepeda
Espinosa), al considerar las categorías obligacionales sugeridas por la
Observación General No. 14 del Comité de DESC: “Esta clasificación resalta el
hecho de que todo derecho fundamental tiene facetas de carácter positivo y
facetas de carácter negativo. En efecto, dentro de las obligaciones de respeto,
de protección y de garantía, derivadas de un derecho fundamental como la salud,
se entremezclan los dos tipos de facetas, obligaciones en las que se demanda
‘hacer’ algo al Estado o a ciertas entidades privadas responsables (positivas),
y obligaciones en las que se les demanda ‘dejar de hacer’ algo (negativas).
Así, por ejemplo, respetar el derecho a la salud puede implicar no realizar un
experimento en contra de la voluntad de una persona, pero también puede
implicar tomar las medidas adecuadas y necesarias para deshacerse de los
residuos hospitalarios. De forma similar, la obligación de protección puede
implicar la elaboración de una compleja política pública, por ejemplo en
vacunación, pero también puede implicar dejar sin efecto una decisión
administrativa o una determinada regulación.”
[363] Corte Constitucional, sentencias T-760 de 2008 (MP Manuel José
Cepeda Espinosa) y T-235 de 2011 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[364] Corte
Constitucional, sentencias T-760 de 2008 (MP Manuel José Cepeda Espinosa) y
T-235 de 2011 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[365] Corte Constitucional, sentencias T-760 de 2008 (MP Manuel José
Cepeda Espinosa) y T-294 de 2009 (MP Clara Elena Reales Gutiérrez).
[366] Corte Constitucional, sentencia T-235 de 2011 (MP Luis Ernesto
Vargas Silva).
[367] Por ejemplo, los derechos establecidos en los artículos 44 y 50 de
la Constitución Política son mínimos indisponibles que pueden ser exigidos
directamente mediante la acción de tutela.
[368] Corte Constitucional, sentencia SU-111 de 1997 (MP Eduardo
Cifuentes Muñoz). En este caso la Corte indagó acerca de la legitimidad de las
decisiones judiciales con impactos presupuestales importantes.
[369] Corte Constitucional, sentencia C-493 de 2015 (MP María Victoria
Calle Correa; AV Mauricio González Cuervo; SV Luis Guillermo Guerrero Pérez).
[370] Corte
Constitucional, sentencia T-388 de 2013 (MP María Victoria Calle Correa). Esta
sentencia recoge y sistematiza los fundamentos expuestos en las sentencias
T-595 de 2002 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-025 de 2004 (MP Manuel José
Cepeda Espinosa) y C-351 de 2013 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[371] La
inexistencia de un plan se constató en las Sentencias T-595 de 2002 (MP Manuel
José Cepeda Espinosa), T-294 de 2009 (MP Clara Elena Reales Gutiérrez), T-553
de 2011 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) y T-043 de 2015 (MP Jorge Iván
Palacio Palacio).
[372] La
existencia de un plan sin participación de los afectados, en ese caso
recicladores, se constató en la sentencia T-291 de 2009 (MP Clara Elena Reales
Gutiérrez).
[373] Corte Constitucional, sentencia T-235 de 2011 (MP Luis Ernesto
Vargas Silva).
[374] Corte Constitucional, sentencia T-016 de 2007 (MP Humberto Sierra
Porto).
[375] Corte Constitucional, sentencia C-931 de 2004 (MP Marco Gerardo
Monroy Cabra; AV Manuel José Cepeda Espinosa; SPV Alfredo Beltrán Sierra, Jaime
Araújo Rentería y Clara Inés Vargas Hernández). En este caso la Corte analizó
una medida presupuestal de congelación de las transferencias a las
universidades públicas y la evaluó usando un juicio estricto de razonabilidad.
Concluyó que “la medida de congelación del gasto social en educación no está
constitucionalmente justificada, pues a pesar de que el objetivo de reducir el
déficit fiscal es imperioso y relevante a la luz de la Carta, no existe una
razón clara que explique por qué esta medida no era excesiva, por qué era
necesaria para superar el déficit fiscal de manera que no pudiera ser
substituida por otra menos lesiva de los principios constitucionales, en qué
medida la cobertura poblacional y la prestación del servicio de educación
superior se vería reducida, etc.”
[376] Corte Constitucional, sentencia C-038 de 2004 (MP Eduardo
Montealegre Lynett; AV y SV Alfredo Beltrán Sierra; SV Jaime Araújo Rentería;
SPV Clara Inés Vargas Hernández; AV Jaime Córdoba Triviño).
[377] En este sentido, Corte Constitucional, sentencia C-789 de 2002 (MP
Rodrigo Escobar Gil), a través de la cual la Corte aplicó la prohibición de
regresividad  a una ley que aumentaba los requisitos para acceder a la pensión.
[378] Corte
Constitucional, sentencia C-507 de 2008 (MP Jaime Córdoba Triviño; SPV Jaime
Araújo Rentería; SPV Clara Inés Vargas Hernández). En este caso la Corte
declaró inexequibles las normas del Plan Nacional de Desarrollo que reducían
los recursos destinados a la educación superior. Esta lista indicativa de casos
de regresividad se encuentra reiterada en las sentencias C-630 de 2011 (MP
María Victoria Calle Correa; SV Luis Ernesto Vargas Silva), T-428 de 2012 (MP
María Victoria Calle Correa), T-469 de 2013 (MP Luis Ernesto Vargas Silva),
C-313 de 2014 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; AV Luis Ernesto Vargas
Silva; SPV y AV Mauricio González Cuervo) y C-486 de 2016 (MP María Victoria
Calle Correa; AV Gloria Stella Ortiz Delgado; SV Alejandro Linares Cantillo).
[379] Sobre
las características generales del juicio estricto de proporcionalidad, ver
Corte Constitucional, sentencia C-673 de 2001 (MP Manuel José Cepeda Espinosa;
AV Jaime Araújo Rentería).
[380] Cfr.
Sentencias C-1064 de 2001 C-671 de 2002, C-931 de 2004.
[381] Corte
Constitucional, sentencia C-507 de 2008 (MP Jaime Córdoba Triviño; SPV Jaime
Araújo Rentería; SPV Clara Inés Vargas Hernández).  Condiciones reiteradas en
las sentencias C-428 de 2009 (MP Mauricio González Cuervo; SPV María Victoria
Calle Correa; SPV Jorge Iván Palacio Palacio), C-444 de 2009 (MP Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub), C-556 de 2009 (MP Nilson Pinilla Pinilla), C-727 de 2009 (MP
María Victoria Calle Correa; AV María Victoria Calle Correa y Luis Ernesto
Vargas Silva; AV Jorge Iván Palacio Palacio), C-228 de 2011 (MP Juan Carlos
Henao Pérez), T-482 de 2011 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), C-630 de 2011 (MP
María Victoria Calle Correa; SV Luis Ernesto Vargas Silva), T-428 de 2012 (MP
María Victoria Calle Correa), T-924 de 2012 (MP Alexei Julio Estrada), T-574 de
2013 (MP Alberto Rojas Ríos), C-313 de 2014 (MP Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo; AV Luis Ernesto Vargas Silva; SPV y AV Mauricio González Cuervo),
T-524 de 2014 (MP María Victoria Calle Correa), C-493 de 2015 (MP María
Victoria Calle Correa; AV Mauricio González Cuervo; SV Luis Guillermo Guerrero
Pérez) y C-298 de 2016 (MP Alberto Rojas Ríos; SPV María Victoria Calle Correa;
SPV Luis Guillermo Guerrero Pérez; SPV Gloria Stella Ortiz Delgado; SPV Jorge
Iván Palacio; SPV Alberto Rojas Ríos). A su vez, el juicio de proporcionalidad
sistematizado en la Sentencia C-507 de 2008 tiene como antecedentes los
pronunciamientos de la Corte en las Sentencias C-1064 de 2001 (MP Manuel José
Cepeda Espinosa y Jaime Córdoba Triviño; SV Clara Inés Vargas Hernández y Jaime
Araújo Rentería; SV Álvaro Tafur Galvis), C-671 de 2002 (MP Eduardo Montealegre
Lynett), C-038 de 2004, M.P. (MP Eduardo Montealegre Lynett; SV Alfredo Beltrán
Sierra; SPV Jaime Araújo Rentería; SPV Clara Inés Vargas Hernández; SV Jaime
Córdoba Triviño) y C-931 de 2004 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra; SPV Alfredo
Beltrán Sierra, Jaime Araújo Rentería y Clara Inés Vargas Hernández; AV Manuel
José Cepeda Espinosa).
[382] Por
ejemplo, en la sentencias C-776 de 2003 (MP Manuel José Cepeda Espinosa; SV
Jaime Araújo Rentería), C-038 de 2004 (MP Eduardo Montealegre Lynett; SV
Alfredo Beltrán Sierra; SV Jaime Araújo Rentería; SV Clara Inés Vargas
Hernández; SV Jaime Córdoba Triviño) y C-644 de 2012 (MP Adriana Guillén
Arango; SV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; SV Jorge Ignacio Pretelt Chaljub;
SV Mauricio González Cuervo; SV Humberto Sierra Porto), la verificación de la
deliberación legislativa fue un elemento decisivo para la exequibilidad o
inexequibilidad de la norma demandada.
[383] Corte Constitucional, sentencia C-209 de 2016 (MP Jorge Iván
Palacio; SV Alejandro Linares Cantillo; SV Gloria Stella Ortiz Delgado).
[384] Corte
Constitucional, sentencia T-348 de 2012 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub). En
esta sentencia la Corte estudió la acción de tutela de una asociación de
pescadores quienes alegaban la vulneración de su derecho a la participación por
la ejecución de unas obras de construcción en las playas donde ejercían su
oficio. La Corte amparó el derecho a la participación de la asociación de
pescadores y ordenó a las entidades involucradas realizar los espacios de
concertación necesarios para diagnosticar impactos y establecer medidas de
reparación. Estas consideraciones fueron posteriormente reiteradas en el caso
de los impactos negativos generados por la hidroeléctrica El Quimbo, en la
sentencia T-135 de 2013 (MP Jorge Iván Palacio Palacio). Igualmente, en
relación a los espacios de participación comunitaria en los procesos de licenciamiento ambiental, y en
general, en las decisiones y procesos de planificación de políticas que puedan
afectar el ambiente sano, las sentencias C-328 de 1995 (MP Eduardo Cifuentes
Muñoz), C-593 de 1995 (MP Fabio Morón Díaz) y C-135 de 1996 (MP Jorge Arango
Mejía, Eduardo Cifuentes Muñoz y Alejandro Martínez Caballero), son
providencias iniciales que establecieron que la participación comunitaria debe
ser previa, toda vez que es la mejor forma de armonizar las obligaciones
estatales de protección del medio ambiente con los intereses de la comunidad, y
adquiere mayor relevancia en los eventos en que la actividad pueda ocasionar un
daño considerable o irreversible al medio ambiente, para concertar medidas de
compensación y de reparación acordes con la naturaleza de la comunidad
afectada.
[385] Corte Constitucional, sentencia C-991 de 2004 (MP Marco Gerardo
Monroy Cabra). Consideración reiterada en las Sentencias T-1291 de 2005 (MP Clara
Inés Vargas Hernández), T-1318 de 2005 (MP Humberto Sierra Porto), C-507 de
2008 (MP Jaime Córdoba Triviño; SPV Jaime Araújo Rentería; SPV Clara Inés
Vargas Hernández), C-428 de 2009 (MP Mauricio González Cuervo; SPV María
Victoria Calle Correa; SPV Jorge Iván Palacio Palacio), C-556 de 2009 (MP
Nilson Pinilla Pinilla), C-727 de 2009 (MP María Victoria Calle Correa; AV
María Victoria Calle Correa y Luis Ernesto Vargas Silva; AV Jorge Iván Palacio
Palacio), C-630 de 2011 (MP María Victoria Calle Correa; SV Luis Ernesto Vargas
Silva), C-744 de 2012 (MP Nilson Pinilla Pinilla; AV Luis Guillermo Guerrero
Pérez; AV María Victoria Calle Correa; AV Luis Ernesto Vargas Silva), C-313 de
2014 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; AV Luis Ernesto Vargas Silva; SPV y
AV Mauricio González Cuervo) y C-298 de 2016 (MP Alberto Rojas Ríos; SPV María
Victoria Calle Correa; SPV Luis Guillermo Guerrero Pérez; SPV Gloria Stella
Ortiz Delgado; SPV Jorge Iván Palacio Palacio; SPV Alberto Rojas Ríos). En
estas sentencias la Corte evaluó medidas legislativas aparentemente regresivas
que afectaban a sujetos de especial protección o en condiciones de debilidad
manifiesta y determinó que el análisis constitucional debe hacerse a través de
un test estricto.
[386] Corte
Constitucional, sentencia T-388 de 2013 (MP María Victoria Calle Correa). Esta
sentencia recoge y sistematiza los fundamentos expuestos en las sentencias
T-595 de 2002 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-025 de 2004 (MP Manuel José
Cepeda Espinosa) y C-351 de 2013 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[387] Corte Constitucional, sentencia T-388 de 2013 (MP María Victoria
Calle Correa).
[388] Ministerio de Salud y Protección Social, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar & Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura, Compilado nacional del estado actual de los
planes departamentales de seguridad alimentaria y  nutricional, 2015, p. 71.
Consultado en http://www.osancolombia.gov.co/portals/0/planes.pdf
[389] El
plan de acción de la Alianza por el Agua y por la Vida fue remitido en medio
digital por la Presidencia de la República. Enumera 38 proyectos, indicando el
nombre, el presupuesto, la entidad ejecutora, el cronograma de 2014 a 2017, los
municipios o comunidades que se benefician de la intervención, los recursos por
municipio y el estado de cada proyecto.
[390] Diecisiete proyectos a cargo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social, el Ministerio de Relaciones
Exteriores, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres,
Corpoguajira, la Gobernación de La Guajira y el Municipio de Maicao.
[391] Ocho proyectos a cargo del Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres,
la Presidencia de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Ministerio de Educación
Nacional.
[392] Cuatro proyectos a cargo del Ministerio de Salud y Protección
Social, la Gobernación de La Guajira y la Superintendencia Nacional de Salud.
Dos de estos proyectos comprenden la misma actividad—diecisiete equipos
extramurales—en distintos momentos. Uno de estos proyectos comprende la
expedición de una circular por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.
[393] Ocho
proyectos a cargo del Ministerio de Salud y Protección Social, la Presidencia
de la República (Consejería para la Primera Infancia) y el Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar.
[394] Un
proyecto consistente en la depuración del censo de población a cargo del DANE.
[395] En
el oficio OFI16-00113134 / JMSC 110200 del 29 de noviembre de 2016, se
comprometen proyectos para 2017 como el sistema de acueducto de Paraguachón a
cargo del Ministerio de Vivienda, las actividades de la Consejería para la
Primera Infancia, las actividades a cargo de la Unidad de Planeación Minero
Energética, entre otras, los cuales no se incluyen en el plan de acción que se
anexa al mismo oficio.
[396] Por
ejemplo, para la Corte no tiene relevancia constitucional si los proyectos
productivos los realiza una sola entidad como el DPS, o los realizan tres
entidades distintas como está ocurriendo en este momento. El reparto de tareas
para conseguir la eficiencia, la especialización y las economías de escala, son
decisiones discrecionales del Gobierno, siempre que se respeten los parámetros
constitucionales mínimos de las políticas públicas.
[397] Entre estos se encuentran los diecisiete equipos extramurales del
Ministerio de Salud y la provisión de agua por carro cisterna por la UNGRD.
Ambas son iniciativas loables y claramente beneficiosas para las comunidades.
Pero para la Corte no es claro el impacto a largo plazo de las mismas en el
cumplimiento de objetivos comunes para la garantía de los derechos de los
niños.
[398] Folios 509-510 del cuaderno de pruebas en sede de revisión.
[399] Inspección judicial en Casa Azul, Manaure, La Guajira. Martes 21 de
febrero de 2017. CD No.7, Casa Azul parte III, minuto 19.
[400] Corte Constitucional, sentencia T-388 de 2013 (MP María Victoria
Calle Correa).
[401] Corte Constitucional, sentencia T-388 de 2013 (MP María Victoria
Calle Correa).
[402] Corte Constitucional, sentencia T-388 de 2013 (MP María Victoria
Calle Correa).
[403] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio
4332.
[404] Corte Constitucional, sentencia T-388 de 2013 (MP María Victoria
Calle Correa).
[405] Corte Constitucional, sentencia T-388 de 2013 (MP María Victoria
Calle Correa).
[406] Corte Constitucional, sentencia T-388 de 2013 (MP María Victoria
Calle Correa): “Esta herramienta permite medir de forma específica y concreta,
además del resultado, los esfuerzos o los impactos de la política en términos
generales, por mencionar algunos de los tipos de indicadores clásicos, el
avance en el respeto, la protección y la garantía de los derechos
fundamentales.”
[407] Corte Constitucional, sentencia T-388 de 2013 (MP María Victoria
Calle Correa).
[408] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio
5199.
[409] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio
5199.
[410] Inspección judicial planta desalinizadora, corregimiento de Puerto
Estrella, Uribia, La Guajira. Lunes 20 de febrero de 2017. CD No. 1.
[411] Inspección judicial en Casa Azul, Manaure, La Guajira. Martes 21 de
febrero de 2017. CD No.7, Casa Azul parte II y III.
[412] Inspección judicial en la comunidad de Sichichón, Manaure, La
Guajira. Miércoles 22 de febrero de 2017. CD No. 6.
[413] Procuraduría General de la Nación. Expediente, Cuaderno de
Revisión, folio 5162. Así también lo manifestó Dejusticia en su informe de la
visita a la Guajira los días de la inspección judicial adelantada por la Corte
Constitucional. Esto también fue puesto de presente en el Conpes 3883 (21 de
febrero de 2017), en el que el gobierno nacional decidió la adopción de medidas
de corrección para la prestación de los servicios a la educación, salud, agua
potable, saneamiento básico, entre otros, dados los “eventos de riesgo en la
prestación de los servicios de salud, educación, alimentación escolar, y agua
potable y saneamiento básico financiados con [los recursos del Sistema General
de Participaciones]”. La Defensoría del Pueblo lo puso de presente en su
informe sobre la inspección judicial, cuaderno de diligencias judiciales No.
19, folio 5178.  El Ministerio Público también advirtió a la Corte que una de
las causas que genera la ineficacia de las políticas públicas en el
departamento es la falta de capacidad técnica, administrativa y financiera de
las autoridades locales: “en el departamento de La Guajira son mínimas o
incipientes las condiciones administrativas, de gestión técnica y financiera
como de conocimientos específicos y habilidades técnicas para entender,
analizar y dar respuesta efectiva a cualquier evento para la planificación, la
ejecución y el seguimiento de políticas públicas a favor de la garantía de los
derechos de los sujetos de especial protección, lo que impide su efectiva
materialización”. Expediente de revisión, folio Expediente, Cuaderno de
Revisión, folios 5246 - 5264.
[414] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio
5162.
[415] La Sala examinó los informes de seguimiento a los proyectos de
inversión, emitidos por el Sistema de Monitoreo y Evaluación del Sistema
General de Regalías.
[416] Visita de seguimiento a la operación del proyecto con código BPIN
20133218000008, “CONSTRUCCIÓN DE MICRO ACUEDUCTOS PARA SUMINISTRO DE AGUA
POTABLE Y SEGURA, UTILIZANDO UN SISTEMA DE BOMBEO DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA EN
JUYATPANA, GALILEA, BETANIA, SANTA CLARA, HAMACA, TOLDA, MONGUÍ Y NUEVA LUCHA,
RIOHACHA, LA GUAJIRA”, del 1 al 5 de agosto de 2016.
[417] Visita de seguimiento a la operación del proyecto con código BPIN
20133218000008, “CONSTRUCCIÓN DE MICRO ACUEDUCTOS PARA SUMINISTRO DE AGUA
POTABLE Y SEGURA, UTILIZANDO UN SISTEMA DE BOMBEO DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA EN
JUYATPANA, GALILEA, BETANIA, SANTA CLARA, HAMACA, TOLDA, MONGUÍ Y NUEVA LUCHA,
RIOHACHA, LA GUAJIRA”, del 1 al 5 de agosto de 2016.
[418] Cuaderno número 2, folio 277: “Algunos profesores de las instituciones
educativas visitadas ponen en conocimiento que a la fecha, el programa de
alimentación escolar PAE no ha dado inicio […]”.
[419] Corte Constitucional, sentencia T-388 de 2013 (MP María Victoria
Calle Correa).
[420] Corte Constitucional, sentencia T-388 de 2013 (MP María Victoria
Calle Correa).
[421] Inspección judicial en la comunidad de Purpushon, Manaure, La
Guajira. Miércoles 22 de febrero de 2017. CD No. 6.
[422] Inspección
judicial en la comunidad de Sichichon, Manaure, La Guajira. Miércoles 22 de
febrero de 2017. CD No. 6.
[423] Inspección judicial en la comunidad de Sichichon, Manaure, La
Guajira. Miércoles 22 de febrero de 2017. CD No. 6.
[424] Corte Constitucional, sentencia T-388 de 2013 (MP María Victoria
Calle Correa).
[425] La ausencia de consulta previa se pone de presente en los informes
enviados en medio digital por el Departamento Nacional de Planeación.
[426] Cuaderno, Folio 2989. En este diagnóstico coincide el Consejo
Superior de Palabreros: “es un error posesionar a autoridades tradicionales en
comunidades donde están asentados varios Clanes para que este los represente,
pues no hay compadecencia entre los unos y otros sino existe vínculo materno
Clanil” (fl. 3334).
[427] Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2016 (MP Alejandro Linares
Cantillo).
[428] Corte Constitucional, sentencia T-388 de 2013 (MP María Victoria
Calle Correa).
[429] Puede verse lo considerado en los numerales 8.2.5; 8.4; 8.5.2;
8.6.2; 8.6.10; 8.7.2 y 8.8.4 de esta providencia.
[430] Tribunal Superior de Riohacha, Sala Civil-Familia-Laboral, sentencia
del 1 de marzo de 2016 (MP María Manuela Bermúdez Carvajalino).
[431] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 27
de julio de 2016 (MP Margarita Cabello Blanco).
[432]  Corte Constitucional,
sentencia SU-090 de 2000 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz) “El estado de cosas
inconstitucional se predica de aquellas situaciones en las que (1) se presenta
una repetida violación de derechos fundamentales de muchas personas - que
pueden entonces recurrir a la acción de tutela para obtener la defensa de sus
derechos y colmar así los despachos judiciales - y (2) cuando la causa de esa
vulneración no es imputable únicamente a la autoridad demandada, sino que
reposa en factores estructurales.” Reiterada en las Sentencias T-025 de 2004
(MP Manuel José Cepeda Espinosa) y T-762 de 2015 (MP Gloria Stella Ortiz
Delgado).
[433] De hecho, la Corte Constitucional ha dictado múltiples órdenes
estructurales sin una previa declaración de estado de cosas inconstitucional.
Ver, por ejemplo, Corte Constitucional, sentencias T-760 de 2008 (MP Manuel
José Cepeda Espinosa) y T-488 de 2014 (MP Jorge Iván Palacio Palacio; SPV
Gloria Stella Ortiz Delgado).
[434] Corte Constitucional, sentencia T-762 de 2015 (MP Gloria Stella
Ortiz Delgado).
[435] Por
ejemplo en la sentencia SU-559 de 1997 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz), donde la
Corte declaró un estado de cosas inconstitucional por la omisión de dos
municipios de afiliar a los docentes a su cargo al Fondo Nacional de
Prestaciones del Magisterio, a pesar de que se hacían los descuentos respectivos
de los salarios devengados para el pago de dichos aportes, al encontrar que la
vulneración a muchos maestros de todo el país.  Dijo la Corte: “30. De acuerdo
a lo expuesto, la situación planteada por los actores tiene que examinarse
desde una doble perspectiva. De una parte, se trata de un problema general que
afecta a un número significativo de docentes en el país y cuyas causas se
relacionan con la ejecución desordenada e irracional de la política educativa.
De otra parte, la acción de tutela compromete a dos municipios que por falta de
recursos no han dado cumplimiento efectivo a sus obligaciones frente a los
educadores que han instaurado la acción de tutela.”
[436] Por ejemplo, en la sentencia T-153 de 1998 (MP Eduardo Cifuentes
Muñoz), que declaró el estado de cosas inconstitucional por el hacinamiento y
las condiciones indignas de reclusión en las distintas cárceles colombianas,
dijo la Corte: “Asimismo, como se vio en el aparte acerca del hacinamiento
desde una perspectiva histórica, el fenómeno de la congestión carcelaria ha
sido recurrente, e incluso han existido períodos en los que la sobrepoblación
ha alcanzado grados mucho más extremos que el actual. A pesar de ello no se
percibe de parte del Estado el diseño de políticas destinadas a evitar situaciones
como la actual. Del análisis histórico surge la conclusión de que la actitud
del Estado ante estas situaciones es siempre reactiva, es decir que solamente
ha actuado en este campo cuando se encuentra en presencia de circunstancias
explosivas, como la actual. En esas circunstancias ha recurrido tanto a la
despenalización o  la rebaja de penas, como a la construcción apurada de
centros de reclusión.”
[437] Por
ejemplo, en la sentencia T-068 de 1998 (MP Alejandro Martínez Caballero), en la
que se declaró un estado de cosas inconstitucional por la mora habitual de Caja
Nacional de Previsión en resolver las peticiones presentadas por jubilados. La
Corte dijo: “8. Así mismo, como se constató en la inspección judicial, la
acción de tutela es prácticamente un requisito para que se resuelva la
solicitud dentro del término legal, la cual genera un procedimiento
administrativo paralelo que produce un desgaste del aparato judicial y una
tergiversación del objetivo de la acción de tutela, lo cual afecta gravemente
el interés general y el interés particular de quienes vienen siendo afectados
de manera directa por la ineficiencia de la Caja Nacional de Previsión, pese a
que se aprecia una superación en comparación con el caos anterior, de todas
maneras tratándose de jubilados el esfuerzo estatal debe ser el máximo.”
[438] Por
ejemplo en la sentencia T-1695 de 2000 (MP Marta Victoria Sáchica Méndez), en
donde la Corte declaró la continuidad del estado de cosas inconstitucional por
la falta de convocatoria al concurso para el nombramiento de notarios,  la
Corte señala que la falta de una disposición que permitiera la convocatoria a
un concurso general de méritos hacia que el estado de cosas inconstitucional
declarado en la sentencia SU-250 de 1998 (MP Alejandro Martínez Caballero),
continuara. Dijo la Corte:  “En este orden, cabe concluir, que si bien la
convocatoria efectuada por el acuerdo Nº 9 de 1999 no vulnera frente a los
demás aspirantes el derecho a la igualdad de los actores para acceder al cargo
de notario en los circuitos para los cuales se abrió el concurso, lo cierto es
que sí restringió la igualdad de oportunidades de los aspirantes al no incluir
todas las plazas notariales, en abierto desconocimiento del precepto
constitucional, lo que sin duda configura una vulneración de un derecho
fundamental, que persistirá en tanto no se realice un concurso de méritos en
las condiciones establecidas por la Carta Política y reiteradas por la
jurisprudencia constitucional. (...) Por lo anterior, y reconocida la
continuidad del estado de cosas inconstitucional declarado por la Corte
Constitucional desde la sentencia SU-250/98, al no poner en funcionamiento la
carrera notarial, que si bien se trató de subsanar por el órgano competente al
convocar el concurso de méritos de que trata esta providencia, el mismo no se
hizo conforme a la Constitución, pues debía haber incluido todas las plazas de
notario existentes en el país y garantizar no sólo las mismas oportunidades
para todos los participantes, sino aplicación plena de los preceptos constitucionales.
Así las cosas, el restablecimiento de los derechos fundamentales de los actores
y la observancia del ordenamiento superior sólo puede producirse cuando la
provisión de los cargos de notario se realice mediante la celebración de un
concurso de méritos abierto y público que tenga como objeto cumplir el mandato
constitucional tantas veces reseñado. Para el efecto, no basta entonces, la
simple suspensión del proceso de concurso, hecho que ya se produjo, pues el
estado de cosas inconstitucional persiste, lo que exige que el Consejo Superior
de la Carrera Notarial, en un término razonable, convoque a un concurso general
y abierto para conformar las listas de elegibles a la totalidad de los cargos
de notario público en el país, tal como habrá de ordenarse en esta
providencia.”
[439] Por
ejemplo, en la sentencia T-068 de 1998 (MP Alejandro Martínez Caballero), la
Corte dijo: “De acuerdo con estadísticas que presenta la misma entidad
demandada, durante los años 1995, 1996 y 1997 se instauraron cerca de 14.086
acciones de tutela en contra de la Caja Nacional de Previsión y, si se realiza
un cotejo con la totalidad de expedientes de tutela que se remitieron para
eventual revisión a esta Corporación en esos años (aproximadamente 94000), se
observa como casi un 16% de todas la tutelas del país se dirigen contra esa
entidad. Esto significa que existe un problema estructural de ineficiencia e
inoperancia administrativa, lo cual se considera un inconveniente general que
afecta a un número significativo de personas que buscan obtener prestaciones
económicas a las que consideran tener derecho.” Igualmente, en la sentencia
T-153 de 1998 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz), la Corte dijo lo siguiente: “53. En
las sentencias SU-559 de 1997 y T-068 de 1998 esta Corporación ha hecho uso de
la figura del estado de cosas inconstitucional con el fin de buscar remedio a
situaciones de vulneración de los derechos fundamentales  que tengan un
carácter general - en tanto que afectan a multitud de personas -, y cuyas
causas sean de naturaleza estructural - es decir que, por lo regular, no se
originan de manera exclusiva en la autoridad demandada y, por lo tanto, su
solución exige la acción mancomunada de distintas entidades. En estas
condiciones, la Corte ha considerado que dado que miles de personas se
encuentran en igual situación y que si todas acudieran a la tutela podrían
congestionar de manera innecesaria la administración de justicia, lo más
indicado es dictar órdenes a las instituciones oficiales competentes con el fin
de que pongan en acción sus facultades para eliminar ese estado de cosas
inconstitucional.”
[440] En
la misma sentencia T-068 de 1998, se dijo: “10. Por todo lo anterior, esta Sala
de Revisión concluye que la situación presentada en la entidad demandada
produce un estado de cosas inconstitucional, lo cual no sólo afecta derechos
individuales tendientes a viabilizar las pretensiones, a través de tutela, sino
también afecta a todo el aparato jurisdiccional que se congestiona y lo afecta
en la efectividad del cumplimiento oportuno de sus obligaciones.”
[441] Corte Constitucional, sentencia T-025 de 2004 (MP Manuel José
Cepeda Espinosa).
[442] Lunes 20 de febrero: Lugar: corregimiento de Puerto Estrella,
Uribia; (1) Inspección judicial planta desalinizadora; (2) Centro de Acopio de
alimentos; Lugar: corregimiento de Nazareth, Uribia; (3) Inspección Centro de
Desarrollo Infantil (CEDI) – ICBF; (4) Audiencia con los Palabreros (putchipü)
de la Alta Guajira y los Magistrados de la Corte Constitucional; (5) Inspección
judicial en el Hospital de Nazareth. Lugar: corregimiento de Taguaira, Uribia;
(6) Audiencia pública.  Martes 21 de febrero: Lugar: corregimiento Irraipa,
Uribia (7) Inspección judicial en la comunidad Zucaramana; Lugar: municipio de
Manaure; (8) Audiencia en Arroyo Limón, Manaure; (9) Inspección judicial Casa
Azul, Manaure. Miércoles 22 de febrero: Lugar: municipio de Manaure; (10)
Inspección judicial comunidad Si`chichón; Lugar: Riohacha; (11) Inspección
judicial en la Comunidad purpushon (12) Audiencia pública en el Centro Cultural
de Riohacha.
[443] Se recibieron aproximadamente 5710 folios y
se grabaron 12 horas y 27 minutos en video y audio, de los cuales se corrió
traslado oportunamente a las partes e intervinientes. La delegación de la Corte
Constitucional contó con el acompañamiento de funcionarios de la Defensoría del
Pueblo y de la Procuraduría General de la Nación en todo momento. Estas
entidades, aparte de apoyar las diligencias de la inspección judicial,
presentaron conceptos separados sobre las conclusiones de las diligencias. Se
visitaron más de 8 lugares distintos de tres municipios (Manaure, Riohacha y
Uribia). La delegación hizo presencia en varios puntos de la alta
Guajira. El proceso de revisión cuenta con más de 40 intervenciones
presentadas por entidades del orden nacional, entidades territoriales,
organizaciones no gubernamentales y representantes de comunidades indígenas
wayúu, expertos en la cultura wayúu, entre otros. Toda esta información se
encuentra detallada en el Anexo II de la providencia.
[444] En la inspección judicial de la planta desalinizadora de Puerto
Estrella, los miembros de la comunidad local pusieron de presente la
intermitencia del servicio de esta planta. Inspección judicial planta
desalinizadora, corregimiento de Puerto Estrella, Uribia, La Guajira. Lunes 20
de febrero de 2017. CD No. 1. Varios de ellos afirmaron que la planta se
prendió para que la Corte, en su visita la encontrara funcionando.
[445] Conpes 3883 de 2017 “Adopción de la medida correctiva de asunción
temporal de la competencia de la prestación de los servicios de salud,
educación, alimentación escolar, y agua potable y saneamiento básico en el
departamento de La Guajira, en aplicación del Decreto 028/2008”.
[446] Se hará referencia a los factores de
análisis ya citados. Ver al respecto: Corte
Constitucional, sentencia T-025 de 2004 (MP Manuel José Cepeda Espinosa).
[447] El Conpes 3883 de 2017 evidencia esta situación y determina la
necesidad de poner frente a los riesgos generados por la falta de operatividad
territorial: “se ve la necesidad de adoptar medidas preventivas o correctivas,
con la finalidad de asegurar la continuidad, cobertura y calidad en los
servicios financiados con recursos del SGP. En particular, los anteriores
eventos de riesgo se configuran como una de las razones que justifican la
adopción de la medida correctiva de asunción temporal de la competencia en la
prestación de los servicios financiados con estos recursos (i. e. no adopción o
incumplimiento del plan de desempeño, y riesgo inminente en la utilización de
los recursos o prestación de los servicios)” p. 10.
[448] Cálculos de la Sala, teniendo en cuenta que hay 57 despachos
judiciales en el Departamento, incluyendo Consejo Seccional de la Judicatura,
Tribunal Superior y juzgados municipales y del circuito, y tomando como referencia
los 957.979 habitantes (ver párrafo 5.1.3 arriba).
[449] Ver Corporación Excelencia en la Justicia, “Tasa de jueces por
habitantes en Colombia y el mundo” en http://www.cej.org.co/index.php/todos-justi/2566-tasa-de-jueces-por-habitantes-en-colombia-y-el-mundo
[450] De acuerdo con la CEPAL, “[e]n La Guajira las tasas de
analfabetismo de los indígenas rurales sobrepasan el 50%”, http://www.cepal.org/celade/noticias/paginas/2/40392/1_La_Guajira.pdf
[451] OEA (2008) Lineamientos para la elaboración de indicadores de
progreso en materia de derechos económicos, sociales y Culturales. Doc. 14. 19
de julio, 2008. [N°28].
[452] Corte Constitucional, sentencia T-388 de 2013 (MP María Victoria
Calle Correa; SPV Mauricio González Cuervo). Al respecto se indicó: “[1] Los parámetros de estructura se ocupan de medir y valorar
instrumentos formales, presentados dentro de plazos establecidos jurídicamente,
en los que las autoridades competentes definan, a partir de una metodología
coherente y coordinada: las metas y objetivos, el marco normativo y regulatorio
necesario para adelantar las acciones (u omisiones requeridas), una estrategia,
un plan de acción concreto y un cronograma. Por supuesto, también se deben
valorar que se hayan definido indicadores que permitan medir el desempeño,
especialmente en términos de goce efectivo del derecho.  […]  ||  [2] Los parámetros
de proceso reflejan “[…] una relación o secuencialidad entre los
instrumentos de política pública adoptados por el Estado (parámetros de
estructura) y la consecución de objetivos intermedios que acumulados se
convierten en parámetros de resultado, los cuales a su vez están relacionados
con la materialización de derechos […]; los parámetros de proceso
deben hacer explícita la relación o secuencialidad entre los parámetros de
estructura y los de resultado.” […] En otras palabras, los parámetros de proceso buscan medir la
calidad y la magnitud de los esfuerzos realizados para asegurar el goce
efectivo de un derecho fundamental.  […]  ||  [3] Los parámetros de resultado se ocupan de medir los
logros, individuales y colectivos, que reflejen el grado de goce efectivo de un
derecho fundamental en un determinado contexto. Son parámetros que buscan medir
el impacto real de las estrategias, los programas y las intervenciones o las
omisiones. […] En cualquier
caso, se ha de contar con indicadores de goce efectivo del derecho (IGED), que
aseguren medir específicamente la realización progresiva del derecho
fundamental que se esté evaluando. Estos indicadores de goce efectivo deberían
ser sensibles a las diferentes etapas y momentos de diseño, implementación y
proceso de evaluación de la política adoptada.”
[453] Ha dicho la Corte al respecto: “(1) El nivel de cumplimiento alto, implica que los parámetros
evidencien la existencia de un plan completo, coherente y racionalmente
orientado a asegurar el goce efectivo del derecho fundamental, que se está
implementando adecuadamente y que evidencia progresos y avances reales y
tangibles en el goce efectivo del derecho, o indicios claros de que éstos
efectivamente se darán.  (2) El nivel de cumplimiento medio, supone que
los parámetros muestren que se cuenta con planes e instituciones formalmente
aceptables, que medianamente se estén implementando y evidencien algunos
resultados que impactan favorablemente el goce efectivo del derecho.  (3) El
nivel de cumplimiento bajo, que los parámetros revelen deficientes
planes e instituciones, pobres ejecuciones  y resultados parciales y limitados,
o evidencia de que así serán.  (4) El incumplimiento supone que los
parámetros revelen que no se cuenta con planes e instituciones al menos
deficientes, que no se haya adelantado prácticamente ninguna acción de las
planeadas, o que no se hayan alcanzado mejoras en la realización progresiva del
goce efectivo derecho fundamental, o que se tenga indicios ciertos de que eso
será así. Por supuesto, en esta categoría estarían aquellos casos en los que el
nivel de protección que existía al momento de impartir la orden compleja no
sólo no avanzo, o avanzó insignificantemente, sino en los que se haya
retrocedido en asegurar el goce efectivo del derecho.”
Corte Constitucional, sentencia T-388 de 2013 (MP María
Victoria Calle Correa; SPV Mauricio González Cuervo).
[454] Dato tomado de la página web oficial de seguimiento al Plan
Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (www.osancolombia.gov.co). La fuente de estos datos, indicada en esa página web, es el
SISPRO del Ministerio de Salud y Protección Social.
[455] Dato tomado de la página web oficial de seguimiento al Plan
Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (www.osancolombia.gov.co). La fuente de estos datos, indicada en esa página web, es el
SISPRO del Ministerio de Salud y Protección Social.
[456] Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, página 43.
[457] Encuesta realizada entre 2013 y 2014 por la Fundación Cerrejón
Guajira Indígena.
[458] Resultados del ejercicio de microfocalización contratado por el
ICBF.
[459] Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, página 43.
[460] Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, página 43.
[461] La ENSIN 2010 no incluye un dato de desnutrición aguda por
departamento. La Sala consultó para estos efectos el libro publicado por el
ICBF con los resultados de la ENSIN, páginas 111-113 (Tablas 2 y 3).
[462] Corte Constitucional, sentencia T-388 de 2013 (MP María Victoria
Calle Correa; SPV Mauricio González Cuervo).
[463] Corte Constitucional, sentencia T-388 de 2013 (MP María Victoria
Calle Correa; SPV Mauricio González Cuervo).
[464] Por ejemplo, organizaciones tales como la ONIC y las diferentes
asociaciones del pueblo Wayúu, así como OXFAM y Dejusticia, entre otras.
[465] Constitución Política de Colombia, “ARTÍCULO  277. El Procurador General de la Nación, por
sí o por medio de sus delegados y agentes, tendrá las siguientes funciones: ||
1. Vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones
judiciales y los actos administrativos. || 2. Proteger los derechos
humanos y asegurar su efectividad, con el auxilio del Defensor del Pueblo. ||
3. Defender los intereses de la sociedad. || 4. Defender los
intereses colectivos, en especial el ambiente. || 5. Velar por el
ejercicio diligente y eficiente de las funciones administrativas (…)”.
[466] Al respecto ver el
Anexo IV que contempla un cuadro detallado al respecto.
[467] Al respecto, ver los
parámetros constitucionales mínimos de las políticas públicas referidos en el capítulo 8 de esta sentencia y el cuarto apartado del presente capítulo
(9.4).
[468] Por ejemplo, las entidades encargadas de
cumplir las órdenes, así como aquellas que se ocupan de seguir y acompañar el
cumplimiento de las mismas, podrían concluir que el monitoreo debe darse en
períodos menores de tiempo.
[469] Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2016 (MP Alejandro Linares
Cantillo).
[470] La Procuraduría General de la Nación, como lo establece el artículo
277 de la Constitución, no sólo debe ‘proteger los derechos humano y asegurar
su efectividad, con el auxilio del Defensor del Pueblo’, sino que además debe
‘velar por el ejercicio diligente y eficiente de las funciones
administrativas’.
[471] La existencia de un plan, la publicidad del plan, tiempos de
progreso, lograr el goce efectivo del derecho, avance sostenible, no
discriminación, participación y la implementación. Corte Constitucional,
sentencia T-388 de 2013 (MP María Victoria Calle Correa). Esta sentencia recoge
y sistematiza los fundamentos expuestos en las sentencias T-595 de 2002 (MP
Manuel José Cepeda Espinosa), T-025 de 2004 (MP Manuel José Cepeda Espinosa) y
C-351 de 2013 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[472] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 3272.
[473]Audiencia con los Palabreros (Putchipü) de la Alta Guajira y
Magistrados de la Corte Constitucional, corregimiento de Nazareth, Uribia, La
Guajira. Lunes 20 de febrero de 2017. CD No. 2, minuto 42.
[474] Audiencia en Arroyo Limón, Manaure, La Guajira. Martes 21 de
febrero de 2017. CD No. 4, minuto 29.
[475] Inspección judicial en Casa Azul, Manaure, La Guajira. Martes 21 de
febrero de 2017. CD No. 7, Casa Azul parte I, II y III.
[476] Los estándares internacionales de accesibilidad incluyen criterios
de no discriminación y acceso a la información, los cuales, será abordados
posteriormente.
[477] El informe de Oxfam sobre seguridad alimentaria en la Alta Guajira
estima los ingresos promedio de las familias de cada región.
[478] En sus visitas la Corte constató que esta era la situación de
algunas comunidades. Accedían a poca agua y de muy mala calidad.
[479] Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Calidad del
agua, 2013, consultado en http://www.superservicios.gov.co/content/download/11236/91400/version/1/file/Calidad+del+Agua.pdf
[480] World Health Organization, Domestic Water Quantity, Service Level
and Health, consultado en http://www.who.int/water_sanitation_health/diseases/WSH03.02.pdf
[481] Corte Constitucional, sentencia T-256 de 2015 (MP Martha Victoria
Sáchica Méndez; AV Luis Ernesto Vargas Silva).
[482] Corte Constitucional, sentencia T-704 de 2016 (MP Luis Ernesto
Vargas Silva; SV Luis Guillermo Guerrero Pérez).
[483] Esta Sala de Revisión pone de presente que
actualmente en la Corte Constitucional se adelanta el estudio del proceso
T-5443609, en el cual se estudia una tutela puesta por tres comunidades
indígenas wayúu de la media y baja Guajira contra la empresa
Cerrejón Limited y contra la ANLA, entre otras razones, con ocasión del impacto
que la modificación del cauce de un río y su uso en la minería puede tener en
el ambiente en que habitan y, consecuentemente, en sus derechos fundamentales.
[484] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio
3284
[485] Según la sentencia C-570 de 2008 (MP Jaime Córdoba Triviño; SPV
Jaime Araújo Rentería; SPV Clara Inés Vargas Hernández), se está ante una
medida regresiva en los siguientes tres casos: “(1) cuando recorta o limita el
ámbito sustantivo de protección del respectivo derecho;  (2) cuando aumentan
sustancialmente los requisitos exigidos para acceder al respectivo derecho;
(3)  cuando disminuye o desvía sensiblemente los recursos públicos destinados a
la satisfacción del derecho”.
[486] Lo anterior no implica que el presupuesto siempre deba ser igual o
mayor al del año anterior, pues es posible que las entidades encuentren maneras
más eficientes de proveer los mismos servicios, pero la cobertura debe
mantenerse en las mismas o mejores condiciones de disponibilidad y
accesibilidad.
[487] Ver apartado 6.4.1.
[488] Audiencia en la comunidad de Zucaramana, corregimiento de Irraipa,
Uribia, La Guajira. Martes 21 de febrero de 2017. CD No. 5, minuto 31.
[489] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio
3410.
[490] En general, la Sala de Revisión constató un malestar en las
comunidades wayúu, ante la pérdida de muchos de sus animales, los cuales
cumplían un papel determinante en su economía y en su subsistencia. Los burros
en especial, son cruciales para el transporte de las comunidades, en especial,
para el transporte de agua y de alimentos.
[491] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio
5191.
[492] Expediente , Anexo Virtual, CD aportado por
la Presidencia de la Republica
[493] Conpes 3883 de 2017 “Adopción de la medida correctiva de asunción
temporal de la competencia de la prestación de los servicios de salud, educación,
alimentación escolar, y agua potable y saneamiento básico en el departamento de
La Guajira, en aplicación del Decreto 028/2008”, p. 24: “Adicional a las
anteriores condiciones generales, la administración departamental también
deberá garantizar la continuidad del Programa de Atención Integral en Salud y
Nutrición con enfoque comunitario que se está desarrollando actualmente en las
zonas rurales dispersas de los 4 municipios de la Alta Guajira, en el marco del
Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS). Para esto, la entidad territorial
deberá destinar los recursos necesarios para propender por la continuidad de
los equipos extramurales y los promotores de salud comunitarios en el año
2017.” Ver también Tabla 8, página 58.
[494] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio
771, 886 – 996.
[495] Según la sentencia C-570 de 2008 (MP Jaime Córdoba Triviño; SPV
Jaime Araújo Rentería; SPV Clara Inés Vargas Hernández), se está ante una
medida regresiva en los siguientes tres casos: “(1) cuando recorta o limita el
ámbito sustantivo de protección del respectivo derecho;  (2) cuando aumentan
sustancialmente los requisitos exigidos para acceder al respectivo derecho;
(3)  cuando disminuye o desvía sensiblemente los recursos públicos destinados a
la satisfacción del derecho”.
[496] Esto no implica que el presupuesto siempre deba ser igual o mayor
al del año anterior, pues es posible que las entidades encuentren maneras más
eficientes de proveer los mismos servicios, pero la cobertura debe mantenerse
en las mismas o mejores condiciones.
[497] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio
2072.
[498] Audiencia con los Palabreros (Putchipü) de la Alta Guajira y
Magistrados de la Corte Constitucional, corregimiento de Nazareth, Uribia, La
Guajira. Lunes 20 de febrero de 2017. CD No. 2, 1h y 18 minutos.
[499] Ley 1438 de 2011, artículo 30: “Aseguramiento en territorios con
población dispersa geográficamente. El Gobierno Nacional definirá los
territorios de población dispersa y los mecanismos que permitan mejorar el
acceso a los servicios de salud de dichas comunidades y fortalecerá el
aseguramiento.”
[500] Conpes 3883 de 2017 “Adopción de la medida correctiva de asunción
temporal de la competencia de la prestación de los servicios de salud,
educación, alimentación escolar, y agua potable y saneamiento básico en el
departamento de La Guajira, en aplicación del Decreto 028/2008”, p. 22.
[501] Intervención de David Rodríguez Epieyu. Audiencia en la comunidad
de Zucaramana, corregimiento de Irraipa, Uribia, La Guajira. Martes 21 de
febrero de 2017. CD No. 5, minuto 36.
[502] Ver Jeaneth Rojas & Jesús Rivera, “La ruralidad en Colombia:
una aproximación a su cuantificación”, Revista ib Núm. 1, Vol. 1, p. 115
(indicando que La Guajira tiene cerca de 70% en ruralidad departamental).
[503] La inspección judicial realizada por la Corte Constitucional tuvo
que sortear varias dificultades logísticas para poder ser llevada a cabo. El
mayor obstáculo que tuvo que superarse fue, precisamente, el del transporte; el
poder llegar hasta las comunidades.
[504] Ver Leonardo Villar & Juan Mauricio Ramírez, “Infraestructura
regional y pobreza rural”, Documentos de Trabajo (Working Papers). No. 61,
Fedesarrollo, 2014, p. 20.
[505] Conpes 3857 de 2016 “Lineamientos de política para la gestión de la
red terciaria”, página 43, Tabla 4 (Asignación de puntajes para la priorización
de las vías terciarias de un municipio o región).
[506] Conpes 3857 de 2016 “Lineamientos de política para la gestión de la
red terciaria”, páginas 40-42. Actualmente, los criterios son (i) población,
(ii) acceso dotacional y (iii) sustitución de cultivos. Mientras que los
primeros dos criterios obedecen a los objetivos transversales de la política de
vías secundarias y terciarias, el tercero responde a una necesidad coyuntural
del Gobierno Nacional. Esto parecería indicar la posibilidad de incluir otros
criterios complementarios, como en este caso, la inseguridad alimentaria, con
el fin de priorizar comunidades como las de La Guajira, que debido a la
ausencia de vías de acceso carecen de disponibilidad de agua y de alimentos.
[507] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio
5160.
[508] Al respecto ver las consideraciones del capítulo anterior de las
consideraciones de la presente sentencia y de los primeros apartados del
presente capítulo.
[509] Sentencia del 1º de
marzo de 2016 de la Sala Civil—Familia—Laboral del Tribunal Superior de
Riohacha; y sentencia de segunda instancia del 27 de julio de 2016 de la Sala
de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.
[510] La orden del Tribunal consiste en “iniciar la creación, adecuación
o mejoramiento de un sistema de información interinstitucional e intersectorial
que permita a todas las entidades y a los integrantes del SGSSS, alimentar y
conocer una base de datos donde conste cuántos y cuáles son los menores
pertenecientes a estas comunidades y cuál es su situación individual frente a
los riesgos de desnutrición y enfermedades que se han venido exponiendo, así
como los decesos a causa de aquellos. En el mismo sentido se propenderá por su
identificación y registro, contando en lo posible con sistemas de digitalización
de huella o similares, que permitan una depuración del censo de esta
población”.
[511] Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2016 (MP Alejandro Linares
Cantillo): “150. Además, destaca esta Sala la precariedad de las cifras
oficiales específicamente referidas al pueblo Wayúu, que dejan dudas acerca de
la capacidad institucional para implementar planes, programas, proyectos o
estrategias dirigidos específicamente a esta nación indígena. Debido a la
importancia de la información estadística para la formulación de políticas
públicas, esta Sala establecerá como uno de los mínimos para la atención de las
situaciones estructurales que aquejan a la niñez wayúu la realización por parte
del DANE de un censo y la elaboración estadística conducente para la identificación
de la realidad demográfica y de necesidades básicas insatisfechas de la
comunidad Wayúu. Para la elaboración del censo y el procesamiento de la
información, el nivel nacional contará con dos años contados a partir de la
publicación de la presente providencia.”
[512] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio
3285.
[513] Inspección judicial en la comunidad de Purpushon, Manaure, La
Guajira. Miércoles 22 de febrero de 2017. CD No. 6.
[514] Intervención de María del Tránsito Iguarán. Audiencia con los
Palabreros (Putchipü) de la Alta Guajira y Magistrados de la Corte
Constitucional, corregimiento de Nazareth, Uribia, La Guajira. Lunes 20 de
febrero de 2017. CD No. 2, 1h y 21 minutos.
[515] Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2016 (MP Alejandro Linares
Cantillo).
[516] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio
2077.
[517] Ver https://proyectostipo.dnp.gov.co/
[518] Conpes 3883 de 2017 “Adopción de la medida correctiva de asunción
temporal de la competencia de la prestación de los servicios de salud,
educación, alimentación escolar y agua potable y saneamiento básico en el
departamento de La Guajira, en aplicación del Decreto 028/2008”.
[519] Ley 715 de 2001, artículo 83.
[520] Corte Constitucional, sentencia T-155 de 2015 (MP Mauricio González
Cuervo).
[521] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio
3147.
[522] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio
3312.
[523] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio
5163.
[524] Corte Constitucional, sentencias T-466 de 2016 (MP Alejandro
Linares Cantillo) y T-475 de 2016 (MP Alejandro Linares Cantillo; SV Gloria
Stella Ortiz Delgado).
[525] Corte Constitucional, auto A-109 de 2007 (MP Manuel José Cepeda
Espinosa).
[526] Sobre la distinción entre la decisión de un juez de tutela y las
órdenes impartidas ver la sentencia T-086 de 2003 (MP Manuel José Cepeda
Espinosa) y las demás que la reiteran.
[527] Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2016 (MP Alejandro Linares
Cantillo).
[528] Tribunal Superior de Riohacha, sentencia del 14 de febrero de 2017,
proceso 44001-22-14-000-2017-00002-00 (MP Hoover Ramos Salas). Ordenó realizar
consulta previa para la prestación de servicios del Programa de Alimentación
Escolar, etnoeducación y transporte escolar.
[529] Corte Constitucional, auto A-004 de 2009 (MP Manuel José Cepeda
Espinosa).
[530] Corte Constitucional, sentencia T-256 de 2015 (MP Martha Victoria
Sáchica Méndez; AV Luis Ernesto Vargas Silva).
[531] Corte Constitucional, sentencia T-704 de 2016 (MP Luis Ernesto
Vargas Silva; SV Luis Guillermo Guerrero Pérez).
[532] Corte Constitucional, sentencia T-155 de 2015 (MP Mauricio González
Cuervo).
[533] Por ejemplo, la Corte puede unificar la supervisión de cumplimiento
de sentencias que ordenan medidas estructurales referentes al mismo sector en
casos distintos. Así lo ha hecho, por ejemplo, con relación a la situación
carcelaria y al seguimiento del cumplimiento de las sentencias T-388 de 2013
(MP María Victoria Calle Correa; SPV Mauricio González Cuervo) y T-762 de 2015
(MP Gloria Stella Ortiz Delgado).
[534] Ver entre otras, por ejemplo: Corte Constitucional, sentencias
T-488 de 2014 (MP Jorge Iván Palacio Palacio) y T-762 de 2015 (MP Gloria Stella
Ortiz Delgado).
[535] Ver Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Resolución
60/2015, Medidas Cautelares No. 51/15 – “Asunto niñas, niños y adolescentes de
las comunidades de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao del pueblo Wayúu,
asentados en el departamento de La Guajira , respecto de Colombia”, 11 de
diciembre de 2015.
[536] “Cuarto: Se ordena la práctica de las siguientes pruebas: i)
Téngase como pruebas los informes rendidos por las autoridades accionadas y los
documentos anexos; ii) Ediciones digitales de los diarios El Tiempo, El
Espectador, revista Semana, Las dos orillas, radio La FM, radio RCN, CARACOL
radio, WRADIO, BLURADIO, y telenoticieros de la semana del 1º al 5 de febrero
de 2016, así como las medidas cautelares impuestas por la CIDH el 11 de
noviembre de 2015, las cuales se consultaran en su oportunidad. iii) Solicitar
a la DEFENSORIA DEL PUEBLO y al DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION que, dentro
de las veinticuatro (24) horas siguientes al recibo de la comunicación, remitan
las estadísticas de niños wayúu muertos durante los años 2010 a 2016.
Ofícieseles; iv) Requiérase al INSTITUTO NACIONAL DE SALUD para que remita con
destino a la presente acción los estudios sobre las causas de muerte de los
niños wayúu durante los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016.
Ofíciese.”
[537] Ubicados en “los municipios de Albania, Barrancas, Fonseca,
Distracción, El Molino, Maicao, Manaure, Hato Nuevo, San Juan del Cesar, Riohacha
y Uribia” (fl. 72).
[538] Las cuatro acciones son: (1) “Leche para la paz”, que habría
beneficiado a 467 familias con la entrega de 88.730 litros de leche en cinco
ciclos a partir de agosto de 2015, (2) entrega de donaciones de la DIAN, que
habría consistido en la entrega de pescado, camarones, arroz, azúcar y queso a
500 familias; (3) microfocalizaciones, acción consistente en identificar casos
y reportarlos al ICBF, lo cual habría beneficiado a 350 familias; y (4)
georreferenciaciones, bajo lo cual se habría diligenciado un directorio con
coordenadas, nombre de la autoridad, número de teléfono, número de familias,
inventario de recursos y vías de acceso.
[539] Las acciones consistieron en (1) suministro de 101.426.000 litros
de agua en vehículo cisterna, beneficiando a 26.700 familias; (2) asistencia
humanitaria consistente en kits de alimentos proporcionados por la UNGRD o el
ICBF, hamacas, alimento para animales, tanques, y leche bajo el programa “Leche
para la paz”, la cual habría beneficiado a 16.517 familias con unos programas y
2.467 con otros; (3) agua saneamiento, consistente en la perforación de dos
pozos por el Servicio Geológico Nacional, la habilitación de 19 pozos por el
operador de aguas (5.000 familias), la puesta en marcha de dos proyectos productivos
por la UNGRD y un Ministerio que no se especifica (200 familias), la
instalación de 14 aerodesalinizadores (1.460 familias) y la reparación de dos
pozos (150 familias) y diez molinos (400 familias) por parte del municipio.
[540] Se identificaron necesidades sin cuantificar en materia de
suministro de agua, asistencia humanitaria y agua y saneamiento.
[541] En total suman 147 niños identificados.
[542] Adhirieron a la coadyuvancia las siguientes personas: Guillermina
Uriana, Autoridad Wayúu de Los Ciruelos, Cipriano Aguilar, Autoridad Wayúu de
Koloyosu, Jairo Ipuana, Autoridad Wayúu de Etkishimana, Guillermo Epieyu,
Autoridad de Pactain, Jorge Bonivento, Autoridad Wayúu de Cucurumana, Gilberto
Deluque, Autoridad Wayúu de Pulitchamana, Franciliano Bonivento, Autoridad
Wayúu de Jutpunare, Edita Arpushana, Autoridad Wayúu de Kapuchirramana, Curri
Epiayu Epieyu, Autoridad Wayúu de Jasachon, Nubia Márquez, Autoridad Wayúu de
Punta Sierra, Pedro Manuel Uriana, Autoridad Wayúu de Los Olivos, Alejandro
Pushaina, Autoridad Wayúu de Carreteramana, Feligno A. Uriana, Autoridad Wayúu
de Mañatu, Belisario Pushaina, Autoridad Wayúu de Loma Fresca, Hilario Cortés
Ipuana, Autoridad Wayúu de Maishimana y Gladis Pushaina, Autoridad Wayúu de
Cascajalito.
[543] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 508.
[544] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 510.
[545] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 510 - 511.
[546] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 511 - 513.
[547] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 514 – 515.
[548] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 515.
[549] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 515-519.
[550] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 520 - 521.
[551] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 522 – 525.
[552] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 1120.
[553] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 1135.
[554] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 1135.
[555] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 1136.
[556] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 546
[557] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 547
[558] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 548
[559] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 567
[560] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 587
[561] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 601
[562] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 603
[563] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 2187
[564] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 2187
[565] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 2191
[566] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 2191
[567] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 2192
[568]  Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 2193
[569] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 2194
[570] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 2196
[571] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 2197
[572] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 2198
[573] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 2200
[574] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 2201
[575] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 2202
[576]  Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 2868
[577] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 2868
[578]  Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 2876
[579] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 2878
[580] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 2906
[581] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 2906
[582] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 2910
[583] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 2910
[584] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 2910
[585] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 2910
[586] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 2910-2911
[587] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 3055
[588] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 3055
[589]  Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 3055
[590] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 3060
[591] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 631
[592] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 633
[593] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 661
[594] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 662
[595] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 4328.
[596] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 4329.
[597] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 4330.
[598] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 4331
[599] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 4331
[600] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 4369
[601] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 4369
[602] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 4369
[603] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 4333
[604] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 4371
[605] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 4371
[606] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 4371
[607] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 4371
[608] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 4372
[609] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 3127
[610] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 3127
[611]Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 3131
[612] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 3145.
[613] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 3145.
[614] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 771.
[615] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 771.
[616] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 783.
[617]Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 783.
[618] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 788.
[619] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 791.
[620] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 837.
[621] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 838.
[622] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 852.
[623] Expediente, Cuaderno de Revisión 4, folio 854.
[624] Expediente, Cuaderno de Revisión 4, folio 857
[625] Expediente, Cuaderno de Revisión 4, folio 859
[626] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 869
[627] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 869
[628] Expediente, Cuaderno de Revisión, folios 1300.
[629] Expediente, Cuaderno de Revisión, folios 1865.
[630] Expediente, Cuaderno de Revisión, folios 1866.
[631] Expediente, Cuaderno de Revisión, folios 1867.
[632] Expediente, Cuaderno de Revisión, folios 1302.
[633] Expediente, Cuaderno de Revisión, folios 1306.
[634] Expediente, Cuaderno de Revisión, folios 1882-883.
[635] Expediente, Cuaderno de Revisión, folios 1882-883.
[636] Expediente, Cuaderno de Revisión, folios 1882-883.
[637] Expediente, Cuaderno de Revisión, folios 1882-883.
[638] Expediente, Cuaderno de Revisión, folios 1882-883.
[639] Expediente, Cuaderno de Revisión, folios 1882.
[640] Expediente, Cuaderno de Revisión, folios 1404- 1405.
[641] Expediente, Cuaderno de Revisión, folios 1404- 1405.
[642] Expediente, Cuaderno de Revisión, folios 1404- 1405.
[643] Expediente, Cuaderno de Revisión, folios 1404- 1405.
[644] Expediente, Cuaderno de Revisión, folios 1404- 1405.
[645] Expediente, Cuaderno de Revisión, folios 1457- 1458.
[646] Expediente, Cuaderno de Revisión, folios 1897.
[647] Equipo extramural: medico, enfermera, auxiliar de enfermería y
trabajador social bilingüe en wayuunaiki.
[648] Expediente, Cuaderno de Revisión, folios 1457- 1458
[649] Expediente, Cuaderno de Revisión, folios 1457- 1458
[650] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 714,715
[651] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 714,715
[652] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 799.
[653] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 799.
[654] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 761.
[655] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 1912.
[656] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 1947.
[657] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 1947- 1948.
[658] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 2057.
[659] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 2102.
[660] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 1159 – 1562.
[661] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 1163.
[662] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 504.
[663] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 504
[664] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 504
[665] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 504
[666] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 504
[667] Expediente, Anexo Virtual: CD aportado por la Procuraduría General
de la Nación.
[668] Expediente, Anexo Virtual: CD aportado por la Procuraduría General
de la Nación.
[669] Expediente, Anexo Virtual: CD aportado por la Procuraduría General
de la Nación.
[670] Expediente, Anexo Virtual: CD aportado por la Procuraduría General
de la Nación.
[671] Expediente, Anexo Virtual: CD aportado por la Procuraduría General
de la Nación.
[672] Expediente, Anexo Virtual: CD aportado por la Procuraduría General
de la Nación.
[673] Expediente, Anexo Virtual: CD aportado por la Procuraduría General
de la Nación.
[674] Expediente, Anexo Virtual: CD aportado por la Procuraduría General
de la Nación.
[675] Expediente, Anexo Virtual: CD aportado por la Procuraduría General
de la Nación.
[676] Expediente, Anexo Virtual: CD aportado por la Procuraduría General
de la Nación.
[677] Expediente, Anexo Virtual: CD aportado por la Procuraduría General
de la Nación.
[678] Expediente, Anexo Virtual: CD aportado por la Procuraduría General
de la Nación.
[679] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 324.
[680] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 333.
[681] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 335.
[682] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 336.
[683] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 336.
[684] Expediente, Cuaderno de Revisión, folios 337-346.
[685] Expediente, Cuaderno de Revisión, folios 337-346.
[686] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 5163.
[687] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 5163.
[688] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 5163.
[689] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 5163.
[690] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 5164.
[691] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 5163.
[692] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 5163.
[693] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 5163.
[694] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 5163.
[695] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 5163.
[696] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 273.
[697] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 273.
[698] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 273.
[699] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 273 y 274.
[700] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 273 y 274.
[701] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 274.
[702] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 275.
[703] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 277.
[704] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 277.
[705] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 278.
[706] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 278.
[707] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 278.
[708] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 279.
[709] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 281.
[710] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 281.
[711] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 283.
[712] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 284.
[713] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 5198
[714] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 5198
[715] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 5198
[716] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 5198
[717] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 5196
[718] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 5209
[719] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 5209
[720] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 5210
[721] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 5212
[722] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 1168.
[723] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 1168.
[724] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 1168.
[725] Expediente, Cuaderno de Revisión, folios 1171- 1172.
[726] Expediente, Cuaderno de Revisión, folios 1602- 1637.
[727] Expediente, Cuaderno de Revisión, folios 1638-1647.
[728] Expediente, Cuaderno de Revisión, folios 1868.
[729] Expediente, Cuaderno de Revisión, folios 1868.
[730] Expediente, Cuaderno de Revisión, folios 1868.
[731] Expediente, Cuaderno de Revisión, folios 1868.
[732] Expediente, Cuaderno de Revisión, folios 1868.
[733] Expediente, Cuaderno de Revisión, folios 1869.
[734] Expediente, Cuaderno de Revisión, folios 1869.
[735] Expediente, Cuaderno de Revisión, folios 1869.
[736] Expediente, Cuaderno de Revisión, folios 1869.
[737] Expediente, Cuaderno de Revisión, folios 1922 - 1923.
[738] Expediente, Cuaderno de Revisión, folios 1932.
[739] Expediente, Cuaderno de Revisión, folios 1932.
[740] Expediente, Cuaderno de Revisión, folios 1932.
[741] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 4280.
[742] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 2966.
[743] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 2966.
[744] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 4281.
[745] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio
4281.
[746] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 4286
[747] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 4286
[748] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 4286
[749] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 4286
[750] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 4287
[751] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 4287
[752] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 4288
[753] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 4288
[754] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 4288
[755] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 4292
[756] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 4293
[757] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 4294
[758] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 4294
[759] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 4294
[760] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 2060.
[761] Expediente, Cuaderno de Revisión, folios 2061
[762] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 2061.
[763] Expediente, Cuaderno de Revisión, folios 2077- 2077.
[764] Expediente, Cuaderno de Revisión, folios 2084 – 2085.
[765] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 2071.
[766] Expediente, Cuaderno de Revisión, folios 2072 – 2073.
[767] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 2090.
[768] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 2090.
[769] Expediente, Cuaderno de Revisión, folios 2144 – 2145.
[770] Expediente, Cuaderno de Revisión, folios 2175- 2177.
[771] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 3168.
[772] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 3168.
[773] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 3168.
[774] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 3168.
[775] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 3169.
[776] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 3169.
[777] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 3282 - 2385
[778] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 3284
[779] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 3293.
[780] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 3293 - 3303.
[781] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 3318.
[782] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 3062
[783] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 3346.
[784] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 3242.
[785] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 3368 – 3516.
[786] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 3368 – 3516.
[787] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 3370
[788] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 1208.
[789] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 1208.
[790] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 1208.
[791] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 1209.
[792] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 1209.
[793] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 1208.
[794] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 1209.
[795] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 1211.
[796] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 1218.
[797] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 1218
[798] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 1218
[799] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 1218
[800] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 1218
[801] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 1218
[802] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 1218
[803] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 1218
[804] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 1218.
[805] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 1218.
[806] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 1218.
[807] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 1218.
[808] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 1219.
[809] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 3270-3275
[810] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 3173
[811] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 3174
[812] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 3174
[813] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 3174
[814] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 3175
[815] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 3175
[816] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 3176
[817] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 3176
[818] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 3176
[819] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 3323 – 3324.
[820] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 3043
[821]  Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 3071
[822]Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 3072
[823] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 3106
[824] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 3179 - 3180
[825] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 3180
[826] Expediente, Cuaderno de Revisión, folios 4865.
[827] Expediente, Cuaderno de Revisión, folios 4865.
[828] Expediente, Cuaderno de Revisión, folios 4895 – 4901.
[829] Expediente, Cuaderno de Revisión, folios 4866.
[830] Expediente, Cuaderno de Revisión, folios 4867.
[831] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 4398
[832] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 4398
[833] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 4432
[834] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 4432
[835] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 4433
[836] Expediente, Cuaderno de Revisión, folio 4433
[837] Expediente, Cuaderno de Revisión, folios 1268-1270.
[838] Expediente, Cuaderno de Revisión, folios 1269-1271.
[839] Expediente, Cuaderno de Revisión, folios 1271.
[840] Expediente, Cuaderno de Revisión, folios 1272.
[841] Expediente, Cuaderno de Revisión, folios 1275.
[842] Expediente, Cuaderno de Revisión, folios 1276.
[843] Expediente, Cuaderno de Revisión, folios 1279.
[844] Expediente, Cuaderno de Revisión, folios 1279.
[845] Expediente, Cuaderno de Revisión, folios 1330.
[846] Expediente, Cuaderno de Revisión, folios 1330.
[847] Expediente, Cuaderno de Revisión, folios 1330.
[848] Expediente, Cuaderno de Revisión, folios 1331.
[849] Expediente, Cuaderno de Revisión, folios 1331.
[850] Expediente, Cuaderno de Revisión, folios 1332.
[851] Expediente, Cuaderno de Revisión, folios 1332.
[852] Expediente, Cuaderno de Revisión, folios 1322.
[853] Expediente, Cuaderno de Revisión, folios 1322.
[854] Expediente, Cuaderno de Revisión, folios 1322.
[855] Expediente, Cuaderno de Revisión, folios 1323.
[856] Expediente, Cuaderno de Revisión, folios 1323.
[857] Expediente, Cuaderno de Revisión, folios 1918.
[858] Expediente, Cuaderno de Revisión, folios 1919.
[859] Expediente, Cuaderno de Revisión, folios 1919.
[860] Expediente, Cuaderno de Revisión, folios 1919.
[861] Expediente, Cuaderno de Revisión, folios 1912-1917.
[862] Expediente, Cuaderno de Revisión, folios 1898.
[863] Expediente, Cuaderno de Revisión, folios 1898.
[864] Expediente, Cuaderno de Revisión, folios 1898.
[865] Expediente, Cuaderno de Revisión, folios 1898. Refiere la FUCAI que
de una muestra de 33 comunidades, 29 están a la espera de una solución de agua
a mediano-largo plazo.
[866] Expediente, Cuaderno de Revisión, folios 1896 – 1900.
[867] Expediente, Cuaderno de Revisión, folios 3165.
[868] Expediente, Cuaderno de Revisión, folios 3165.
[869] Expediente, Cuaderno de Revisión, folios 3165.
[870] Todos los folios indicados hacen parte de los cuadernos en sede de
revisión.