C-417-09
República de Colombia
Sentencia C-417/09
JUICIO DE PROPORCIONALIDAD ESTRICTO-Aplicación en norma que restringe un derecho
preferente/EXCEPCION A LA
EXCEPTIO VERITATIS EN DELITOS CONTRA LA
INTEGRIDAD MORAL-No supera juicio de proporcionalidad
En este caso, la
Corte constitucional se enfrenta a una disposición legal contenida en el
numeral primero del artículo 224 de la Ley 599 de 2000, que limita el derecho
de defensa en cuanto a no poder ejercer la exceptio veritatis, y por otro lado,
impone restricciones a la libertad de expresión en sus diversas formas,
habiendo sido reconocido el derecho de libertad de expresión e información,
como un derecho preferente, lo que obliga sin duda alguna a aplicar en el
presente asunto el juicio de proporcionalidad más estricto e intenso, pues no
sólo se enfrenta el juez constitucional a una limitación de derecho
fundamental, sino a una limitación de un derecho fundamental especialmente
valioso para el sistema constitucional en sí mismo. Es decir que el estudio de
la disposición acusada, al momento de analizar los cuatro criterios, debe tener
en cuenta adicionalmente un conjunto de elementos de juicio que aseguran una
valoración íntegra, completa, garante de esta libertad preferente. Resultando
de su aplicación que el fin de la norma es legítimo, la norma es adecuada y
conducente para el logro del fin
perseguido, pero la situación es diferente con los pasos relacionados con la
necesidad y la estricta proporcionalidad, en los que se indaga, si no existen
otros medios menos onerosos para lograr el mismo objetivo perseguido y si las
restricciones que la norma impone sobre un derecho se justifican en función de
los beneficios que se derivan para la vigencia de otros derechos, siendo
indispensable identificar si la medida es útil, razonable, oportuna y también imperiosa
o estrictamente indispensable, de modo que el objetivo legítimo e imperativo no
puede alcanzarse razonablemente por un medio menos restrictivo, observando la
Corte que existen alternativas para alcanzar el fin legítimo perseguido que
hacen innecesario y excesivo imponer la limitación prevista en el artículo 224
numeral 1º del Código penal
DELITOS CONTRA LA
INTEGRIDAD MORAL-Excepción al eximente de responsabilidad aún contando con
prueba que acredite la verdad de la imputación no supera paso de necesidad en
juicio de proporcionalidad
DELITOS CONTRA LA
INTEGRIDAD MORAL-Inadmisión de prueba cuando imputación de conducta punible ha
sido objeto de sentencia absolutoria, preclusión de investigación o cesación de
procedimiento o sus equivalentes, sacrifican innecesariamente y en exceso un
derecho preferente
DELITOS CONTRA LA
INTEGRIDAD MORAL-Bienes jurídicos protegidos/EXCEPCION A LA
EXCEPTIO VERITATIS-Supone limitación a las libertades de expresión e
información y afectación del debido proceso del imputado por calumnia
La
jurisprudencia de esta corporación ha reconocido como bienes jurídicos protegidos
por los delitos contra la integridad moral contemplados en el Título V del Código penal, el buen nombre, la honra y la intimidad, todos derechos
constitucionales fundamentales reconocidos tanto por la
Constitución como por tratados de derechos humanos que hacen parte del bloque
de constitucionalidad, en tanto que la excepción a la eximente de responsabilidad del artículo 224 numeral 1º
del Código Penal, supone una afectación a las libertades de expresión e
información, al igual que el debido
proceso del imputado por calumnia, concretamente en lo que hace a la
imposibilidad de defenderse probando la veracidad de sus afirmaciones sobre
conductas punibles ya resueltas en juicio.
INJURIA Y CALUMNIA-Antecedentes históricos y legislativos/INJURIA
Y CALUMNIA-Conductas típicas que salvaguardan el derecho a la integridad
moral
CALUMNIA-Elementos que la estructuran/INJURIA-Elementos
que la estructuran/INJURIA Y CALUMNIA-Diferencias
LA EXCEPTIO VERITATIS Y SUS EXCEPCIONES-Antecedentes históricos y legislativos
LA EXCEPTIO VERITATIS Y SUS EXCEPCIONES-Tendencias en el derecho comparado
Las tendencias existentes en el Derecho comparado, en
torno a la exceptio veritatis y también a sus excepciones, podrían agruparse
bajo las siguientes tendencias: (i) La extrema que prohíbe en todo caso
demostrar la verdad de lo dicho, en particular cuando se trata de imputaciones
sobre hechos delictivos ya estudiados y desestimados por juez competente,
existiendo sentencia absolutoria; (ii) la intermedia que la admite con
restricciones; (iii) la que reconoce sin limitaciones la exceptio veritatis; y
(iv) la que excluye la responsabilidad penal como forma de proteger los
derechos al honor e integridad moral, tendencia por la que apuesta el sistema
regional de Derechos humanos.
TENDENCIA EXTREMA DE EXCEPCION A LA
EXCEPTIO VERITATIS EN DERECHO COMPARADO-Alemania
TENDENCIA EXTREMA DE EXCEPCION A LA
EXCEPTIO VERITATIS EN DERECHO COMPARADO-Perú
TENDENCIA EXTREMA DE EXCEPCION A LA
EXCEPTIO VERITATIS EN DERECHO COMPARADO-Costa Rica
TENDENCIA INTERMEDIA DE EXCEPCION A LA
EXCEPTIO VERITATIS EN EL DERECHO COMPARADO-Italia
TENDENCIA INTERMEDIA DE EXCEPCION A LA
EXCEPTIO VERITATIS EN EL DERECHO COMPARADO-Argentina
TENDENCIA AMPLIA Y ABIERTA DE LA
EXCEPTIO VERITATIS EN EL DERECHO COMPARADO-España
EXCLUSION DE RESPONSABILIDAD PENAL EN
CONDUCTAS DE INJURIA Y CALUMNIA EN DERECHO COMPARADO-Bosnia y Herzegovina
EXCLUSION DE RESPONSABILIDAD PENAL EN
CONDUCTAS DE INJURIA Y CALUMNIA EN DERECHO COMPARADO-Georgia
EXCLUSION DE RESPONSABILIDAD PENAL EN
CONDUCTAS DE INJURIA Y CALUMNIA EN DERECHO COMPARADO-Ghana
EXCLUSION DE RESPONSABILIDAD PENAL EN
CONDUCTAS DE INJURIA Y CALUMNIA EN DERECHO COMPARADO-Sri Lanka
EXCLUSION DE RESPONSABILIDAD PENAL EN
CONDUCTAS DE INJURIA Y CALUMNIA EN DERECHO COMPARADO-México
EXCLUSION DE RESPONSABILIDAD PENAL EN
CONDUCTAS DE INJURIA Y CALUMNIA EN DERECHO COMPARADO-Panamá
EXCLUSION DE RESPONSABILIDAD PENAL EN
CONDUCTAS DE INJURIA Y CALUMNIA EN DERECHO COMPARADO-Uruguay
EXCLUSION DE RESPONSABILIDAD PENAL EN
CONDUCTAS DE INJURIA Y CALUMNIA EN DERECHO COMPARADO-Brasil
EXCLUSION DE RESPONSABILIDAD PENAL EN
CONDUCTAS DE INJURIA Y CALUMNIA EN DERECHO COMPARADO-Propuesta del Sistema Regional de Derechos Humanos
EXCEPCIONES A LA
EXCEPTIO VERITATIS-Aplicación para delitos de injuria y calumnia/EXCEPCIONES
A LA EXCEPTIO VERITATIS-Aplicación para delitos contra la integridad moral
En
los debates que dieron lugar al código penal vigente se estableció que se debía
mantener como regla común para los delitos contra la integridad moral la
exceptio veritatis o prueba de la verdad, con dos taxativas excepciones. La
primera, que impide al imputado por alguno de tales delitos, prueba de la
veracidad de los hechos imputados, justificada en razón a que el
pronunciamiento definitivo de la justicia acerca de la existencia o no del
delito, o de cualquier causal de justificación o inculpabilidad, debe
prevalecer, cosa que no ocurre cuando ha habido prescripción, por la sencilla
razón de que la justicia no ha hecho un pronunciamiento definitivo sobre la
existencia o no del delito o de cualquier causal de justificación o de
inculpabilidad; esto es que cualquier repetición de las imputaciones resueltas
favorablemente por la justicia no pueden quedar sujetas a demostraciones
distintas a las que se realizan en ésta, lo contrario sería desconocer el
acierto que se presume de toda decisión judicial ejecutoriada, es decir, si se
trata de pronunciamientos judiciales que han hecho tránsito a cosa juzgada, mal
podría aceptarse que pudiesen ser puestos por nadie en tela de juicio, en tanto
equivaldría a tratar de revivir una acusación sobre la que se produjo fallo
definitivo de exculpación, del incriminado.  Asimismo estima la
Corte que dicha causal que impide o hace inadmisible la presentación de prueba
alguna sobre la imputación de cualquier conducta punible, únicamente puede ser
predicable para el delito de calumnia, en cualesquiera de sus modalidades,
pues, en efecto, ese tipo penal se constituye sobre conductas típicas, esto es,
alusivas a delitos y contravenciones, siendo sólo ellas las que pueden ser
punibles. La segunda excepción a la prueba de verdad, se ha dicho que también
resulta legítima, como quiera que no deben ser admitidas pruebas sobre los
hechos cuando se trate de imputaciones relacionadas con la vida sexual,
conyugal o familiar, debido a la consideración de que por encima de cualquier
otro interés está el poner al hogar, como recinto de la familia más respetable
que hay en el seno de la sociedad, a salvo de toda intromisión que pueda
perturbar su reposo y su armonía.
EXCEPCIONES A LA
EXCEPTIO VERITATIS-Ponderación entre los bienes jurídicos que componen la
integridad moral o el honor y las libertades de expresión e información
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA
DERECHO PENAL-Límites
IUS PUNENDI-Titularidad/IUS PUNENDI-Criterios de control
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA DEL
IUS PUNENDI-Criterios que deben
tenerse en cuenta
La Corte reafirma
que cuando se trata de la libertad de configuración legislativa en la fijación
del ius punendi, se debe tener en cuenta que: (i) dicha libertad no es
absoluta; (ii) el control de constitucionalidad se ejerce cotejando con las
normas internacionales de derechos humanos y del Derecho internacional
humanitario, así como respecto de los principios de legalidad y
proporcionalidad y que (iii) cuando se ejerce en relación con este último
principio, la norma solo puede ser declarada inconstitucional cuando demuestre
que es manifiestamente desproporcionada.
DERECHO AL  BUEN NOMBRE Y A LA
HONRA-Concepto/DERECHO AL  BUEN NOMBRE Y A LA
HONRA-No
son absolutos
El
buen nombre es ante todo un concepto que se tiene de alguien es algo que se
adquiere y para su adquisición, además del reconocimiento normativo en la
Constitución, es necesario el mérito esto es la conducta irreprochable de
quien aspira a ser su titular, lo que implica que quien lo desee defender
deberá haber mantenido un adecuado comportamiento que además debe ser
debidamente apreciado por la colectividad. Es el comportamiento (reflejado en
los hechos, conductas, actitudes de la persona) que, una vez hecho público
(manifestado, conocido por terceros) y evaluado por la colectividad (convertido
en imagen, fama, honorabilidad, crédito, etc) habilita al sujeto, gracias a la
existencia de la norma constitucional, para exigir su protección; en tanto que
el derecho a la honra, aunque muy próximo al derecho al buen nombre, se han
señalado como perfiles propios y diferenciales, que representa la estimación o
deferencia con la que, en razón a su dignidad humana, cada persona debe ser
tenida por los demás miembros de la colectividad que le conocen y le tratan. Es
decir, un derecho íntimamente relacionado con las actuaciones de cada persona,
pues de ellas depende la forma como transfiere su imagen y son ellas las que en
últimas fundamentan un criterio objetivo respecto de la honorabilidad del
comportamiento del ciudadano en la sociedad, y aunque son fundamentales y están llamados a ser
amparados por el Estado y respetados por los particulares, no son absolutos, lo
que se explica no sólo por su pertenencia a un sistema de derechos, bienes e
intereses que de suyo anticipan la necesidad de disponer o de reconocer
límites, sino también por su propia naturaleza, como derecho construido por el
titular.
PRINCIPIOS NON BIS IN IDEM, COSA JUZGADA Y
SEGURIDAD JURIDICA-Alcance/PRINCIPIOS
NON BIS IN IDEM, COSA JUZGADA Y SEGURIDAD JURIDICA-No son absolutos
El
principio del non bis in idem y la
cosa juzgada son figuras distintas pero complementarias y ambas vinculadas al
principio de seguridad jurídica. La primera, se reconoce como una manifestación
negativa del derecho de defensa y del debido proceso, esto es, como posición
jurídica subjetiva de defensa para el individuo contra una doble incriminación
por los mismos hechos. La segunda, es una institución que no sólo dota de
fuerza vinculante a las decisiones judiciales, sino que también pone fin a las
controversias, arropa de certeza el resultado de los litigios o procesos,
define concretamente las situaciones de derecho, permite hacer efectivas las
decisiones jurisdiccionales y finalmente evita que las controversias se reabran
indefinidamente con perjuicio de la seguridad jurídica de las personas y el
orden social del Estado. En ambas, confluyen en el mismo propósito de crear en
el titular de derechos sobre quien se ha iniciado un proceso para determinar su
responsabilidad penal y en general sobre el colectivo social, la confianza en
el derecho a que una vez resuelta su situación jurídica, con la decisión de
fondo que establezca, no deba soportar nuevamente otra actuación judicial de la
misma naturaleza y por los mismos hechos.  Ni el principio del non bis in idem,
ni la cosa juzgada, ni la seguridad jurídica, son bienes jurídicos absolutos,
toda vez que pueden entrar en colisión verbigracia con otros intereses
recogidos por el orden normativo, como la justicia material o con los derechos
constitucionales de las víctimas.
EXCEPCION A LA
EXCEPTIO VERITATIS EN DELITO DE CALUMNIA-Afecta contenido del derecho al debido proceso del inculpado
El
impedimento creado por la disposición jurídica que inadmite la prueba sobre la
imputación de cualquier conducta punible que hubiere sido objeto de sentencia
absolutoria, preclusión de la investigación o cesación de procedimiento o sus
equivalentes, genera para el inculpado de calumnia una restricción importante
en cuanto a su derecho de defensa y contradicción, pues le impide acreditar al
juez que los hechos típicos imputados a alguien no son falsos. Esto es, le
impide demostrar la ausencia de tipicidad de la conducta.
LIBERTAD DE EXPRESION E INFORMACION-Carácter preferente en la
Constitución/LIBERTAD DE EXPRESION E INFORMACION-Consecuencias del
carácter preferente
Son tres las presunciones derivadas del carácter preferente de la libertad de
expresión, a saber: (i) presunción de cobertura de una expresión por el ámbito
de protección del derecho constitucional; (ii) presunción de primacía de la
libertad de expresión frente a otros derechos, valores y principios
constitucionales en casos de conflicto; y (iii) sospecha de
inconstitucionalidad de las limitaciones sobre la libertad de expresión y
aplicación de un control de constitucionalidad estricto.
EXCEPCION A LA
EXCEPTIO VERITATIS EN DELITO DE CALUMNIA-Afecta las libertades de expresión e información
La previsión contemplada en el artículo 224 numeral 1º
del Código penal, se presenta en efecto como una afectación sobre las
libertades del artículo 20 constitucional, pues en ella, se sabe ya, para proteger la integridad moral de los
individuos consolidada por la fuerza de cosa juzgada que posee una sentencia
absolutoria (o sus equivalentes), se impide expresar, difundir, informar sobre
la ocurrencia del hecho punible allí juzgado, aún pudiendo demostrarlo. Con
ello se crea un efecto inhibidor mucho más radical sobre las libertades, pues
supone para quien
pretenda ejercerlas, una amenaza de incurrir inequívocamente en el delito, al
no poder probar la veracidad de las imputaciones, al no poder servirse de la
exceptio veritatis.
LIBERTAD DE OPINION-No se ve afectada por excepción a la
exceptio veritatis del delito de calumnia
La injerencia sobre la libertad de opinión, la más libérrima de las
facultades reconocidas al sujeto de derechos en el art. 20 de la
Constitución, no hace parte en principio de los bienes en tensión, pues la
opinión, salvo que se ejerza con un propósito explícito y efectivo de ofender y
causar un daño real sobre alguien o que suponga la inclusión de discursos no
protegidos por la libertad, como la propaganda de la guerra y la apología del
odio que constituya incitación a la violencia, la incitación directa y pública
al genocidio y la pornografía infantil, es y debe ser libre, porque, en un
Estado democrático y pluralista, fundado entre otros, en la dignidad de la
persona humana, teniendo en cuenta que la opinión se trata de un punto de
vista, de un criterio, una percepción de la realidad derivada del ejercicio de
otras libertades fundamentales como las de pensamiento, conciencia y cultos,
tiene que  ser respetada y protegida ampliamente, aún cuando contenga
expresiones consideradas ingratas, ofensivas o perturbadoras para el Estado o
para las personas y la población. Es decir que, distinto de la afirmación sobre
hechos que se presentan a través del ejercicio de la libertad de información o
prensa, llamados a tener respaldo en la realidad, cumplir con los requisitos
constitucionales de la veracidad e imparcialidad o con la responsabilidad
social en el caso de los medios, la opinión en cambio es una idea, un parecer o
forma de ver el mundo, que de hallarse injusta o impertinente, debe combatirse
con otras opiniones o pareceres, no con sanciones de ninguna índole, menos aún
penales.
CENSURA PREVIA-Prohibición en la
Constitución Política
DERECHOS AL  BUEN NOMBRE Y HONRA Y PRINCIPIOS DE
SEGURIDAD JURIDICA Y COSA JUZGADA FRENTE A LIBERTAD DE EXPRESION-Tensión y prevalencia
DERECHOS Y PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES-Ponderación ante conflicto/LIBERTAD DE EXPRESION-Ponderación
cuando entra en conflicto con otros derechos/CONFLICTO DE DERECHOS O
PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES-Aplicación de los métodos de ponderación
A lo largo de la historia de la jurisdicción
constitucional, varios han sido los métodos empleados para juzgar la constitucionalidad
de una ley y para establecer la validez, la legitimidad de una decisión o de un
acto o de un hecho, en términos de salvaguarda de derechos fundamentales,
haciendo parte de dichos esfuerzos de hermenéutica y análisis del derecho, el
recuento sobre algunos de los
diferentes criterios que ha empleado la
Corte constitucional para valorar la constitucionalidad de las normas penales
o disposiciones jurídicas a través de las cuales el Legislador configura el ius
punendi, dentro de las cuales se mencionaron el principio de legalidad, el
principio de proporcionalidad, y aquél sobre desconocimiento abierto de normas
internacionales de derechos humanos y del Derecho internacional humanitario,
siendo del caso destacar
para este asunto, el juicio de proporcionalidad, utilizado frecuentemente para
atender problemas jurídicos relacionados con la limitación de derechos
fundamentales.
JUICIO DE PROPORCIONALIDAD-Justificación/EXCEPCION A LA
EXCEPTIO VERITATIS-Juicio de proporcionalidad
En razón a que la
Corte constitucional se enfrenta a una disposición creada por el legislador
sobre quien reposa el poder de configuración legislativa amplio del ius
punendi, en la que se estableció, que para proteger intensamente unos derechos
fundamentales (la honra y el buen nombre), se restringen de modo absoluto y
definitivo un derecho (al debido proceso-derecho de defensa) y se limitan otros,
en el grado común derivado de los delitos contra la integridad moral (los de
libertad de expresión e información). Todo con motivo de negar la prueba sobre
la verdad, cuando se formulan imputaciones relacionadas con hechos típicos ya
resueltos en proceso judicial que excluye la responsabilidad penal del
investigado, entonces, se debe realizar un juicio de proporcionalidad, dado que
con él se mejora ampliamente el estudio de constitucionalidad de una medida
legislativa que impone limitaciones sobre derechos, y el empleo de esta metodología o forma de razonar ante el
Derecho constitucional, lo que ha pretendido desde su más reciente aparición en
la argumentación jurídica, es elevar la legitimidad de la decisión del juez de la
Constitución.
JUICIO DE PROPORCIONALIDAD-Aplicación/JUICIO DE PROPORCIONALIDAD-Pasos/JUICIO DE PROPORCIONALIDAD-Niveles de intensidad
El
juicio de proporcionalidad consta de distintas etapas, cuya aplicación en cada
caso depende de la intensidad, habiendo sido señalado por la
Corte que el juicio puede ser leve, intermedio o estricto, de acuerdo con la
materia de que se trate, y que el grado de severidad del juicio determina
cuáles etapas del mismo deben ser examinadas. Ha dicho la
Corte que cuando la aplicación del juicio es leve es suficiente con establecer
que el fin propuesto por la norma se ajusta a la
Constitución y es apto para lograr el fin propuesto. También ha indicado que
el test intermedio es más exigente, por cuanto en este caso debe corroborarse
que la medida, además de ser legítima y apta, es efectivamente conducente para
lograr el fin propuesto. Finalmente, la jurisprudencia ha determinado que
cuando el juicio es estricto, también se debe estudiar si la norma es necesaria
y estrictamente proporcional. En cuanto a los pasos, la
Corte ha establecido que se debe establecer: (i) si el fin perseguido por la
norma o medida que se analiza es legítimo desde la perspectiva constitucional;
(ii) si la norma o medida es adecuada para el logro del fin perseguido; (iii)
si la norma es necesaria, es decir, si no existen medios menos onerosos para
lograr el objetivo buscado; y (iv) si la norma es estrictamente proporcional,
con lo cual se indaga si los beneficios que se derivan de su adopción superan
las restricciones que ella conlleva sobre otros derechos y principios
constitucionales – en una relación de costo – beneficio.
Referencia: expediente D-7483
Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral primero del artículo 224 de la
Ley 599 de 2000.
Demandantes: Daniel Bonilla Maldonado y
otros
Magistrado Ponente:
Dr. JUAN CARLOS HENAO PÉREZ
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil
nueve (2009).
La Sala Plena de la
Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y
de los requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991,
ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad,
los ciudadanos Daniel Bonilla Maldonado, Manuel Alejandro Iturralde, Alejandra
Azuero Quijano, Carlos Humberto García Guzmán y Luis Alfredo García Gómez,
presentaron demanda de inconstitucionalidad contra el numeral primero del
artículo 224 de la Ley 599 de 2000.
Cumplidos los trámites constitucionales y legales
propios de los procesos de inconstitucionalidad, la
Corte Constitucional procede a decidir acerca de la demanda en referencia.
II. DISPOSICIÓN DEMANDADA
A continuación se transcribe el texto de la
disposición demandada:
“LEY 599 DE 2000 (julio 24)
Por la cual se expide el Código Penal.
“EL CONGRESO DE COLOMBIA
“DECRETA
Título V
DELITOS CONTRA LA
INTEGRIDAD MORAL
Capítulo único
DE LA
INJURIA Y LA CALUMNIA
Artículo 224. Eximente de responsabilidad.
No será responsable de las conductas descritas en los artículos anteriores
quien probare la veracidad de las imputaciones.
Sin embargo, en ningún caso se admitirá
prueba:
1. Sobre la imputación de cualquier
conducta punible que hubiere sido objeto de sentencia absolutoria, preclusión
de la investigación o cesación de procedimiento o sus equivalentes, excepto si
se tratare de prescripción de la acción, y
2. Sobre la imputación de conductas que se
refieran a la vida sexual, conyugal, marital o de familia o al sujeto pasivo de
un delito contra la libertad y la formación sexuales” (En negrilla, lo demandado).
III. LA DEMANDA
Normas Constitucionales violadas
Consideran los demandantes que el aparte
de la norma acusada, en primer lugar, viola el preámbulo y el artículo 2° de la
Constitución de 1991, específicamente el deber estatal de garantizar la
vigencia de un orden justo. En segundo lugar, estiman que se viola el derecho
fundamental a la igualdad, artículo 13 de la
Constitución. En tercer lugar, en su entender la norma también desconoce el
derecho fundamental al debido proceso, artículo 29 de la
Constitución, concretamente los derechos a la defensa, a presentar pruebas
dentro del proceso penal y a tener la posibilidad de controvertirlas. Por
último, estiman que se atenta contra el derecho a la libertad de información,
artículo 20 de la Constitución, específicamente el derecho a recibir y emitir
información veraz, imparcial y oportuna.
Concepto de la violación:
En primer lugar los demandantes presentan
una “[s]íntesis de los fundamentos de la demanda”. En ella exponen su
argumento nuclear de inconstitucionalidad, que parte de analizar el contenido
normativo del precepto que se acusa, de cuyo estudio coligen que el mismo
contiene una medida de tipo penal que establece un trato diferenciado. Por
esto, la norma debe ser juzgada con aplicación del juicio estricto de
proporcionalidad, el cual conducirá a la declaratoria de inexequibilidad, como
quiera que la medida que la misma contiene no supera todos los requerimientos
exigidos por tal metodología. Así, aunque rebasa el interrogante sobre la
existencia de fines legítimos para su establecimiento y que son el derecho al
honor, al buen nombre y a la seguridad jurídica, así como su idoneidad para
protegerlos, no ocurre lo mismo respecto del criterio de necesidad ni tampoco acerca
del juicio de proporcionalidad propiamente dicho.
Sobre este último particular, señalan, en
efecto, que la disposición acusada no es la única alternativa que existe dentro
del ordenamiento jurídico colombiano para alcanzar los fines señalados. Al
contrario, dicen en su demanda que “existen opciones menos lesivas para los
derechos fundamentales de los sindicados por un delito contra la integridad
moral”. Además, según afirman, las consecuencias de la disposición acusada
afectan “de manera desproporcionada otros derechos y valores
constitucionales”, como son el derecho fundamental al debido proceso
(Artículo 29 de la CP), concretamente el derecho a la defensa y a la
contradicción; configurándose también la afectación del derecho fundamental a
la libertad de información (Artículo 20 de la
CP), teniendo en cuenta que el hecho de no poder presentar pruebas tendientes
a demostrar la veracidad de las imputaciones, constituye para los emisores
potenciales de información, una razón poderosa para abstenerse de dar a conocer
al público hechos, que aunque pueden probarse como veraces, no les van a
permitir eximirse de responsabilidad penal en caso de una denuncia por calumnia
(folio 4).
Otro tanto se establece en lo tocante al test
de igualdad cuya aplicación también se impone, escrutinio que la medida no
supera por crear una desigualdad injustificada entre sujetos que deben ser
tratados del mismo modo.
En efecto, en su entender, se viola la
igualdad, porque la norma acusada “establece un trato diferenciado entre dos
grupos de sindicados por el delito de calumnia. Por un lado, aquellos que son
procesados penalmente por la formulación de imputaciones relacionadas con
hechos delictivos que fueron objeto de sentencia absolutoria, preclusión de la
investigación, cesación del procedimiento o sus equivalentes, y por el otro,
aquellos sindicados que son procesados por la formulación de imputaciones
distintas a los casos anteriormente citados” (folio 46); trato diferenciado
que, según los demandantes, se traduce, para los primeros, “en la
imposibilidad de presentar las pruebas -así existan-, a través de las cuales se
pueda demostrar que las imputaciones formuladas son veraces, y que por lo tanto
eximen de responsabilidad al sindicado”(folios 12 y 13).
Tras dicha presentación, en el libelo se
desarrolla en segundo lugar, el “[e]xamen del contenido de la disposición
demandada”. En este apartado, los accionantes explican cómo el precepto se
enmarca en el capítulo sobre los delitos contra la integridad moral. Dicho
capítulo contiene los delitos de injuria y calumnia en sus modalidades directa
e indirecta, respecto de los cuales se predican penas y también una eximente de
responsabilidad, a saber, la prueba de la veracidad de las imputaciones. Ésta,
empero, no se podrá aplicar en dos tipos de situaciones, una de las cuales es
la demandada y que opera precisamente cuando el inculpado del delito contra el
honor, ha hecho referencia a asuntos que constituyeron una imputación de conducta punible “que
hubiere sido objeto de sentencia absolutoria, preclusión de la investigación o
cesación de procedimiento o sus equivalentes, excepto si se tratare de
prescripción de la acción” (art. 224, num. 1º Código Penal).
En el contexto anterior, deducen que la
excepción a la eximente de responsabilidad penal en cuestión, sólo es aplicable
respecto de la calumnia “tanto en su modalidad directa como indirecta”
(folio 7). Lo anterior por las siguientes razones:
No se puede predicar de la injuria,
porque este tipo penal consiste en hacer “imputaciones deshonrosas” o en
publicarlas o repetirlas, y según la jurisprudencia acogida por la
Corte Suprema de Justicia y por la
Corte Constitucional, aunque las mismas pueden ser veraces o falsas, no son
ellas elementos consustanciales o relevantes para la estructuración del tipo
del delito de injuria (folio 8). En cambio, en la calumnia “se trata
específicamente de la imputación falsa de una conducta punible, hecha con la
intención de causar daño en el patrimonio moral de una persona” (folio 8).
Por ello, cuando el artículo 224 reconoce como eximente de responsabilidad
presentar prueba de la veracidad de las imputaciones, ésta sólo puede ser útil
cuando el dicho falso hace parte del tipo penal, lo cual es únicamente
predicable de la calumnia.
Partiendo de las ideas precedentes, la
demanda presenta un análisis sobre las distintas figuras previstas en el art.
224 num 1º, así como de decisiones en las que la víctima de la calumnia ha sido
absuelta o le ha sido precluida la investigación o cesado el procedimiento.
Se refieren así extensamente al contenido
y condiciones de aplicación de la excepción a la eximente (folios 9
a 13). Una, es la sentencia absolutoria, como “decisión judicial que
resuelve de fondo el asunto objeto de un proceso judicial y reafirma la
presunción de inocencia que acompaña al sindicado durante el procedimiento. Su
pronunciamiento se da cuando, por insuficiencia de pruebas o por falta de
fundamentos jurídicos, el juez desestima los cargos en contra del sindicado o
rechaza la acusación” (folio 10). Por su parte la preclusión de la
investigación y la cesación del procedimiento, reconocen al fiscal o al juez,
cada uno en el momento procesal correspondiente, la competencia para declarar
precluida la investigación penal, o la cesación del procedimiento, cuando,
conforme al art. 39 de la Ley 600 de 2000, “aparezca demostrado que la
conducta no ha existido, o que el sindicado no la ha cometido, o que es
atípica, o que está demostrada una causal excluyente de responsabilidad, o que
la actuación no podía iniciarse o no puede proseguirse…” (folio 11).
Tras la valoración de las tres figuras,
los demandantes anotan que su común denominador es producir los efectos de la
cosa juzgada, así como la extinción de la acción penal. “En consecuencia, se
trata de pronunciamientos judiciales amparados por el principio de ‘non bis in
idem’. Esto quiere decir que una vez proferida sentencia absolutoria, cesación
de procedimiento o preclusión de la investigación, no cabe, como regla general
que el sindicado sea sometido a nuevo juicio de la misma naturaleza por los
mismos hechos” (folio 12). Un principio que se reconoce en el art. 15 del
CPP, según el cual:
“Cosa juzgada. La persona cuya situación
procesal haya sido definida por sentencia ejecutoriada o por providencia que
tenga la misma fuerza vinculante, no será sometida a nuevo proceso por el mismo
hecho, aunque éste se le dé una denominación distinta”.
Todos estos elementos sirven para
justificar por qué a la hora de juzgar la constitucionalidad de la disposición
acusada, el juez constitucional está llamado a aplicar el juicio de
proporcionalidad como herramienta para determinar los límites a la libertad de
configuración del legislador en materia punitiva. Y también deberá llevar a
cabo un test de igualdad, toda vez que “la medida en cuestión no sólo prevé
una sanción penal, sino que establece un trato diferenciado” (folio 13).
En lo que sigue de la demanda, los
accionantes se refieren en forma detallada y extensa al tema del examen de
proporcionalidad en la jurisprudencia de la
Corte Constitucional (folios 13 a 19) y al test integrado de igualdad (folios 19
a 21).
Con base en la anterior exposición,
aplica tales “alternativas metodológicas para el caso sub examine”
(folio 21).
El juicio de proporcionalidad, se dice,
deberá ser estricto porque esta modalidad precisamente se ha previsto para
asuntos directamente relacionados con la disposición acusada y que son: i) “cuando
mayor sea la cercanía del ámbito en que se produce la restricción con el núcleo
esencial del derecho fundamental”, ii) cuando el legislador impone
sanciones penales que suponen “fuertes restricciones a los derechos
fundamentales de los ciudadanos” y iii) cuando las medidas “establecen
restricciones al derecho fundamental a la libertad de expresión e información
(art. 20 C.P.)” (folios 17 y 18).
Se debe entonces aplicar un juicio
estricto, “teniendo en cuenta que la norma demandada establece una sanción
penal… [que]… restringe el núcleo esencial de… dos derechos fundamentales. Por
un lado, el derecho a la libertad de información, entendido su núcleo esencial
como posibilidad de emitir y recibir información veraz, oportuna e imparcial, y
por el otro, el núcleo esencial del derecho al debido proceso, entendido como
posibilidad de presentar y controvertir pruebas dentro del proceso penal”
(folio 22).
Ahora bien, luego de exponer también los
elementos que integran el test de igualdad, propone dos alternativas metodológicas
para utilizar en este caso. La primera, se refiere a que si el Juez
Constitucional no acoge la tesis de que la norma demandada establece un trato
diferenciado, de todas formas debe estudiarse la constitucionalidad, dando
aplicación a las cuatro etapas del juicio estricto de proporcionalidad. Y la
segunda que operaría si la
Corte Constitucional acoge la hipótesis de los demandantes, según la cual la
norma demandada establece un trato diferenciado.
Siguiendo tal proposición se desarrolla
el ejercicio de aplicar el juicio de proporcionalidad a la norma demandada,
estudiando sus cuatro elementos.
Inician los demandantes con el análisis
del primer elemento que consiste en la persecución de un fin constitucionalmente
legítimo. Estiman que la norma demandada razonablemente persigue hacer
efectivo el principio de la seguridad jurídica y en general el derecho a la
integridad moral de la persona. Por ello se supera el primer paso del juicio de
proporcionalidad, “por tratarse de dos bienes de rango constitucional cuya
salvaguarda es indispensable” (folio 25).
El segundo paso, relacionado con la idoneidad
de la medida, la pregunta que plantean los demandantes a ser resuelta es la
siguiente: “¿Es la excepción a la eximente de responsabilidad penal del
numeral primero del artículo 224 del C.P. el medio adecuado para proteger la
integridad moral y la seguridad jurídica?”. Se trata de “establecer si
el hecho de crear una excepción a la eximente de responsabilidad para un tipo
penal es el medio adecuado para proteger la integridad moral de los ciudadanos,
así como la seguridad jurídica del ordenamiento” (folio 26).
Sobre este particular señalan que, en su
opinión, el numeral primero del artículo 224 del C.P. supera este examen, pues,
en efecto, la medida protege de “manera adecuada la integridad moral de los
ciudadanos”. Lo dicho en cuanto “… deja al sindicado sin la posibilidad
de aportar pruebas dentro del proceso penal, [lo que] constituye un claro
desincentivo para quien pretenda divulgar nueva información acerca de un hecho
que ya fue objeto de sentencia absolutoria, cesación o preclusión”.  En
otros términos, “si la protección del buen nombre y la honra de los
ciudadanos se protege al garantizar que no se va a cuestionar la verdad
judicial expresada a través de una sentencia absolutoria…., sin lugar a dudas
la excepción a la eximente es una forma idónea para desincentivar la
divulgación de la información” (folio 26).
Igualmente en lo que respecta a proteger
la seguridad jurídica, pues el contenido de la norma logra “desincentivar
los cuestionamientos a la verdad judicial y garantizar la operancia del non bis
in idem” (folios 26 y 27).
Ahora bien, en lo que hace al tercer
aspecto del juicio de proporcionalidad, esto es, la necesidad, los
actores afirman que la disposición acusada no supera tal criterio. Anotan sobre
este particular que la integridad moral de los ciudadanos, como valor
constitucionalmente protegido cuenta en el ordenamiento jurídico con diversos
mecanismos que garantizan su respeto: la acción de tutela, las acciones civiles
indemnizatorias, el mecanismo de la retractación, la rectificación y la
réplica. Todas estas alternativas “cumplen adecuadamente con el fin
constitucional de protección de la integridad moral de los ciudadanos”
frente “a los excesos de la libertad de expresión” (folio 29).
Así y como quiera que “la sanción
penal debe operar como la ultima ratio al proteger la integridad moral de los
individuos” y en razón a que existen múltiples formas de garantizarla, “resulta
a todas luces desproporcionado mantener dentro del ordenamiento la medida más
gravosa para proteger la integridad moral de los ciudadanos” (folio 30).
Lo mismo ocurre respecto del principio de
seguridad jurídica y su manifestación concreta en el non bis in idem.
Estos conceptos, íntimamente relacionados, a pesar de su importancia en el
orden constitucional y legal, “no constituyen valores absolutos”, cosa
que se aprecia con claridad en las causales que activan la acción de revisión,
en especial las contempladas en los numerales 4º, 5º y 6º del art. 192 CPP y
con las cuales el legislador ha previsto la posibilidad de reabrir, de manera
excepcional, el debate jurídico.
Por esto, a su juicio, en caso de que
aparezcan nuevas pruebas relacionadas con una conducta punible que hubiere sido
objeto de sentencia absolutoria, preclusión de la investigación o cesación de
procedimiento, las disposiciones normativas de interpretación restringida
propias de la acción de revisión en materia penal, constituyen una alternativa
suficientemente garantista para la protección de la seguridad jurídica y menos
gravosa para los derechos del sindicado. “Desde esta perspectiva, la
existencia de dicha acción evidencia que no es necesario mantener dentro del
ordenamiento una medida que -aún cuando protege la seguridad jurídica- resulta
ser la alternativa más gravosa para proteger un fin constitucional que puede
ser amparado a través de otros medios” (folio 32).
La conclusión en este punto es que la
excepción a la eximente de responsabilidad prevista en el numeral primero del
artículo 224 del C.P. tampoco constituye una medida necesaria para garantizar
la seguridad jurídica.
Finalmente, respecto del cuarto paso del
juicio, la proporcionalidad en sentido estricto, los accionantes
consideran que se debe establecer si la protección de los fines
constitucionales perseguidos por el numeral primero del artículo 224 del C.P.
es proporcional a la restricción de los derechos constitucionales al debido
proceso, a la libertad de información y a la vigencia de un orden justo.
En lo que hace a la afectación del
derecho al debido proceso, opinan que la excepción a la eximente de
responsabilidad prevista en la disposición que se demanda, establece una
limitación absoluta a la posibilidad de presentar pruebas por una de las partes
dentro del proceso, componente éste que hace parte del núcleo esencial del
derecho de defensa y a la contradicción y por consiguiente del derecho
fundamental contemplado en el art. 29 de la
Constitución. “Se trata de una restricción sumamente gravosa para el
derecho a la defensa del sindicado, en la medida en que anula por completo su
posibilidad [de] presentar pruebas dentro del proceso, a través de las cuales
pueda demostrar [que] efectivamente las imputaciones realizadas se basan en
información veraz e imparcial” (folios 35-36). En este sentido, se dice, la
medida constituye “una afectación desproporcionada frente a los fines de
seguridad jurídica e integridad moral”, los cuales no obstante ser
constitucionalmente legítimos, no pueden traducirse en despojar por completo de
eficacia al derecho fundamental al debido proceso, situación que es más gravosa
aún cuando las pruebas que la eximente acusada impide presentar, serían el
único mecanismo para demostrar la veracidad de la imputación por parte del
sindicado de calumnia (folio 36).
Sobre la proporcionalidad entre la medida
y la afectación del derecho fundamental a la libertad de información, los
demandantes analizan el contenido de este derecho, los alcances que la
restricción impuesta por la norma demandada tiene sobre el mismo y el grado de
proporcionalidad que la restricción guarda con los fines constitucionales que
se protegen.
De dicha valoración concluyen que, la
medida del numeral primero del art. 224 del Código Penal impone una restricción
desproporcionada.
Es cierto que conforme lo ha afirmado la
doctrina constitucional con claridad, para el bien de la comunidad y para no
atentar contra los derechos de los asociados, el orden público y el interés
general, los medios de comunicación y de manera más amplia el ejercicio del
derecho de divulgar o difundir informaciones poseen una responsabilidad social
consistente en el deber de divulgar informaciones veraces o al menos sometidas
a un razonable proceso de verificación. También es cierto que en la colisión
entre la libertad del art. 20 constitucional y los derechos al honor, la honra
el buen nombre y la intimidad, la información veraz e imparcial sólo puede
difundirse si es de interés público (folios 37
a 40). Sin embargo, en criterio de los actores, con la medida que contiene la
disposición que se demanda, se exceden ampliamente los límites admisibles a la
libertad de información, o como más adelante se indica, su propio contenido
esencial, al anular por completo la posibilidad de demostrar la veracidad de lo
dicho dentro del proceso por calumnia, al negar a los ciudadanos el derecho a ser
informados acerca de aquellos asuntos de interés general que merecen ser
discutidos de forma transparente a través del debate público, al impedir a los
medios obrar con la mencionada responsabilidad social de informar a la sociedad
adecuada y oportunamente.
Y por esto apuntan al cierre de este
análisis que, “[d]esde esta perspectiva, el efecto silenciador que resulta
al mantener dentro del ordenamiento jurídico la excepción al eximente de
responsabilidad para el delito de calumnia constituye una modalidad de censura
previa” (folio 41), lo cual también “trunca el fortalecimiento de la
democracia participativa y pluralista, la formación de la opinión pública y la
construcción de la memoria histórica y la verdad sociológica de la nación”.
De tal modo, una “restricción que implica el desconocimiento del derecho a
demostrar la veracidad de la información, condena también el derecho a la
libertad de información a la ineficacia, y por lo tanto, resulta más gravoso
para el orden constitucional proteger la seguridad jurídica y la integridad
moral a través de la medida, que eliminar la excepción al eximente de
responsabilidad para el delito de calumnia” (folio 42).
Finalmente, en la cuestión sobre la
proporcionalidad entre la medida y la afectación de la vigencia de un orden
justo, entendido como la realización del principio de justicia material,
exponen los demandantes cuál es el fundamento jurídico de dicho valor
constitucional, su contenido y la jurisprudencia de la
Corte Constitucional que lo ha desarrollado, para determinar si debe o no
prevalecer la seguridad jurídica sobre la vigencia de un orden justo.
A este último interrogante se responde
afirmando que la primacía de un orden justo se encuentra ligada a la realización
del principio de justicia material y aunque haya una decisión judicial en
firme, es posible que no coincida con la verdad sobre los hechos. Por tal
motivo aparece como desproporcionada una medida que contra la realización de
uno de los fines del Estado, el orden justo, pretenda hacer prevalecer de
manera absoluta dentro del ordenamiento jurídico una verdad judicial sobre la
justicia material. Pues en “el caso de la vigencia del orden justo, los
derechos de las víctimas de los hechos punibles y el deber correlativo del
Estado de investigar y sancionar los delitos a fin de realizar la justicia
sustancial, constituyen valores constitucionales que exigen en algunos casos la
limitación legítima de la seguridad jurídica…” (folio 44).
Terminan los demandantes, valorando los “caminos
decisorios para la declaratoria de inexequibilidad”, según los cuales, sea
por aplicación del test de igualdad, sea por aplicación del juicio de
proporcionalidad, la medida de la disposición acusada, no supera los más de los
criterios por explorar y en ese tanto se solicita que se declare ser contraria
a la Constitución (folios 45-46).
IV. INTERVENCIONES
1. Ministerio del Interior y de Justicia:
Considera el apoderado del Ministerio del
Interior y de Justicia que la
Corte Constitucional debe declarar exequible la norma acusada.
Para responder a los cargos hechos en la
demanda, se refiere en primer lugar a la libertad de configuración legislativa,
al considerar que la estructura de los tipos penales corresponde al legislador,
tanto en lo que hace a estimar una conducta que por su naturaleza “amerita
una descripción susceptible de responsabilidad en la órbita del derecho penal”,
como para cuando no resulta suficiente, a juicio del legislador, la sanción
prevista debido a la mayor lesividad de las consecuencias del hecho (folio 67).
Esta prerrogativa, se indica, ha sido
ampliamente reconocida por la jurisprudencia de la
Corte Constitucional y se manifiesta tanto en lo que hace a los bienes
jurídicos que se deben proteger a través del ordenamiento penal, como respecto
del señalamiento de las conductas capaces de afectarlos, los instrumentos con
los cuales aquellos se salvaguardan, la clasificación de las penas y su
graduación.
Se reconoce que en los delitos de injuria
y calumnia la eximente de responsabilidad penal relacionada con la prueba de la
veracidad de las imputaciones, refleja la no vulneración del bien jurídico de
la integridad moral, al mismo tiempo que constituye una de las expresiones más
claras del derecho de defensa.
Con todo, precisa que la norma demandada
prevé dos situaciones distintas. Una primera en la cual se excluye la
posibilidad de presentar pruebas sobre la veracidad de las imputaciones que ya
hubieren sido resueltas mediante sentencia absolutoria o cualquiera otra de las
formas de terminación anticipada del proceso. Una segunda, en la que sí es
aplicable la eximente de responsabilidad penal, cuando las imputaciones versan
sobre hechos que ventilados en un proceso penal, no se resolvieron de fondo,
sino por el simple transcurso del tiempo, esto es, por prescripción de la
acción.
Así pues, frente a la primera situación,
encuentra el representante del Ministerio del Interior y de Justicia que tal
medida “constituye una clara aplicación de postulados constitucionales como
la vigencia de un orden justo, el derecho al buen nombre, el derecho a la
honra, al debido proceso, entre otros, y representa igualmente, una garantía de
seguridad jurídica que debe imperar en el Estado social de derecho”. Esto
se explica, en tanto “una vez surtido un proceso en debida forma y agotando
la controversia probatoria del caso, todo fallo favorable al sindicado se tenga
como definitivo” (folio 71).
Advierte por lo demás sobre las “serias
repercusiones” que supondría para la seguridad jurídica, la admisibilidad
de cuestionamientos que so pretexto de conculcar postulados constitucionales se
eleven contra decisiones definitivas. Porque, ciertamente, la seguridad
jurídica es un elemento ínsito en el derecho de acceso a la justicia, pero
también comporta para la persona la certeza del Derecho, la certeza de su interpretación,
así como el derecho de recibir “igual protección” de las autoridades
judiciales (folio 72).
Por otra parte se desarrolla un detallado
análisis sobre el derecho a  invocar como medio de defensa una situación
favorecida por un término prescriptivo, lo cual no desconoce los preceptos
constitucionales invocados en la demanda. Máxime al advertir que, según la
jurisprudencia sentada por la
Corte Constitucional, la prescripción de la acción penal es una institución de
orden público en virtud de la cual el Estado cesa su potestad punitiva por el
cumplimiento del término señalado en la respectiva ley, sin que los operadores
jurídicos hayan adelantado las gestiones necesarias tendientes a demostrar la
responsabilidad del infractor de la ley penal.
Se considera que el sujeto pasivo de una
imputación que se aparta de la verdad y que por tal razón motiva una afectación
de su integridad moral, debe contar con las herramientas jurídico procesales
que le permitan desvirtuar falsas aseveraciones en su contra. No admitir, sin
criterio objetivo alguno, material probatorio que permita a quien se ve
afectado por una imputación el defenderse, constituiría una vulneración de la
garantía al debido proceso, que además, representaría un menoscabo del derecho
de defensa del presunto infractor.
Además, se debe considerar que no
habiendo sido declarada la prescripción y hallándose dentro de los términos
legales, procede la interrupción o la suspensión del término prescriptivo, lo cual
es plenamente compatible con la Carta. Por lo demás, cuando la prescripción
penal ha sido debidamente declarada, haciendo el correspondiente tránsito a
cosa juzgada, o cuando aún no procede su declaratoria por no haberse cumplido
el término requerido para tal efecto, “su invocación en el marco de una
investigación por calumnia o injuria en ejercicio del legítimo derecho que
asiste al imputado, no puede ser entendido como una vulneración de los derechos
constitucionales a la honra, a la igualdad y al debido proceso” (folio 74).
Esto sin descontar que la figura de la
prescripción como causal de extinción de la acción penal, no motiva per se una
cesación de la totalidad de los efectos jurídicos, pues el tránsito a cosa juzgada
de la decisión no opera respecto de la acción civil o de la acción de extinción
de dominio, derivada del injusto.
Se refiere luego el apoderado del
Ministerio a la acción de revisión según la doctrina, para señalar que mediante
ésta, “determinados sujetos pretenden rescindir una sentencia en firme, con
fundamento en vicios externos a la actuación, que por la injusticia material
que conllevan, determinan hacer una excepción al principio de la cosa juzgada”
(folio 75). Es decir que posee carácter restrictivo, de modo que opera sólo
cuando se den las causales taxativamente fijadas en la ley.
Con todo, amparar “la inocencia o la
culpabilidad bajo el manto del principio del ‘non bis in idem originado en un
fallo judicial imbuido de ilegalidad, atenta contra los fines esenciales del
Estado, en tanto se aleja del orden justo pretendido por el Constituyente”
(folio 76). Por ello, no resulta oponible servirse del principio de la cosa
juzgada, cuando sus pilares adolecen de la legitimidad por haberse adoptado la
decisión judicial basada en pruebas falsas o pronunciamientos irregulares que
cohonesten con prácticas impunes. Condiciones que sacrifican los postulados del
rigor procesal e impiden que se logre la verdad real como presupuesto
indispensable para emitir un pronunciamiento judicial (folio 76). De allí que,
siguiendo jurisprudencia de la
Corte Constitucional se afirme en que la acción de revisión tenga por “fin
último…buscar el imperio de la justicia y [la] verdad material, como fines
esenciales del Estado” (folio 12).
A partir de lo expuesto, concluye la
intervención del Ministerio del Interior y de Justicia diciendo que la norma
acusada se ajusta a las previsiones constitucionales y que con la incorporación
de las circunstancias eximentes de responsabilidad “se ha delimitado el
margen de punibilidad, atendiendo criterios de razonabilidad, necesidad y
proporcionalidad, y teniendo en cuenta además, la naturaleza del bien jurídico
y la plena aplicación del principio de legalidad consagrado en el artículo 29
superior”(folio 77).
2. Fiscalía General de la
Nación
El Fiscal General de la
Nación solicita a la Corte Constitucional que se declare la exequibilidad del
artículo 224 -1 de la Ley 599 de 2000.
Inicia su exposición señalando que la
reserva de ley para el ius punendi, es una garantía del Estado moderno
por la cual se le reconoce al legislador una potestad de configuración
normativa que, aunque amplia, no puede desconocer valores, principios y
derechos constitucionales.
En este marco, dice el Fiscal, el
legislador determinó consagrar en el artículo 224 del Código Penal la exceptio
veritatis “que permite la exculpación de la responsabilidad punitiva, si
con las limitaciones previstas en el ordenamiento jurídico positivo se prueba
la veracidad de las afirmaciones sometidas a juicio penal por los delitos
contra la integridad moral” (folio 89). Empero, las limitaciones sobre
dicha excepción tienen por propósito preservar el bien de la seguridad
jurídica, plasmado en el principio del non bis in idem y en los derechos
al buen nombre y a la honra, así como impedir poner en tela de juicio, por
fuera del cauce procesal respectivo, las decisiones judiciales relacionadas con
conductas punibles que hubiesen sido objeto de sentencia absolutoria,
preclusión de la investigación o cesación de procedimiento o sus equivalentes.
Así pues, siguiendo la doctrina
científica, estima que la disposición acusada garantiza la inmutabilidad de los
pronunciamientos judiciales que excluyen de responsabilidad penal, a los
efectos de que no puedan quedar sometidos al escrutinio particular de la
sociedad, hechos que han sido objeto de un proceso conforme a derecho. “Esta
posición de prevalencia de la seguridad jurídica sobre los demás bienes
jurídicos es plenamente consonante con el orden justo perseguido por el texto
supremo” (folio 90).
Reconoce sin embargo el Fiscal que el
precepto que se demanda, en teoría bien podría entrar en colisión con la
justicia material, al dar preferencia a la seguridad jurídica (verdad procesal)
sobre la verdad material y al no permitir probar la veracidad de las
imputaciones a quienes tengan medios de convicción alrededor de unos hechos ya
sometidos a juicio punitivo. Este asunto problemático en todo caso ha sido
dilucidado por el legislador al otorgar prevalencia al non bis in idem,
una determinación que se afirma, resulta “conforme a la cláusula general de
competencia respaldada por la misma jurisprudencia constitucional” y por la
cual se reconoce al legislador el poder de compatibilizar las tensiones que
surgen entre los valores constitucionales (folio 91).
En su opinión, pues, la norma que se
demanda tampoco quebranta el derecho a la información, habida cuenta que “su
teleología es preservar los derechos a la honra y al buen nombre de quienes han
sido exonerados de responsabilidad penal”, derechos que al ser de la misma
estatura de aquél, se convierten en límites admisibles.
Finalmente, señala que no resulta
inconstitucional la norma por violación al derecho a la igualdad, por cuanto “no
pueden equipararse las situaciones procesales en que se encuentran el imputado
de un delito contra la integridad moral y la persona en contra de la cual aquél
dirige imputaciones deshonrosas referidas a hechos o circunstancias que están
cobijados por un pronunciamiento favorable de la justicia penal” (folio 92).
Se está partiendo de dos estadios fácticos disímiles por la protección
constitucional del non bis in idem, el buen nombre y el honor que
ha de predicarse de uno de los extremos de comparación, del cual carece el otro
parámetro de confrontación.
3. Intervención del ciudadano José
Joaquín Castro Rojas
Interviene en su calidad de Director del
Consultorio Jurídico de la Universidad Santo Tomás.
Tras retomar de manera sucinta los
fundamentos de la demanda y formular el problema jurídico que a su juicio se
plantea a la Corte, señala que no es acertado restringir los alcances de la
excepción a la eximente de responsabilidad penal prevista en el numeral primero
del artículo 224 de la Ley 599 de 2000 únicamente al delito de calumnia, porque
se están limitando los alcances que el legislador pretendió darle a la
disposición al momento de su creación, circunstancia que no está permitida al
intérprete y que sólo corresponde al juez constitucional.
Dicho lo anterior, atiende los diferentes
puntos en los que se halla el argumento principal de la demanda, a saber, la
posible vulneración de los derechos a la igualdad, a la defensa, al debido
proceso y a la libertad de información.
A este respecto considera que el efecto
principal de que gozan las decisiones judiciales contenidas en la disposición
que se demanda es la cosa juzgada, “institución procesal por la cual se les
otorga, en uso de la correspondiente seguridad jurídica, el carácter de
inmutabilidad que implica la imposibilidad de impugnar la respuesta mediante
decisión judicial” (folio 97).
Y analizados los alcances de la cosa
juzgada en sede de los institutos jurídicos de la sentencia absolutoria y la
preclusión de la investigación, concluye que con respecto a la primera, debe
afirmarse que es aquélla providencia que pone fin al proceso judicial y con la
que se confirma la presunción de inocencia que acompaña al acusado. En lo que
hace a la segunda, esto es a la preclusión, conforme la sentencia C-920 de 2007
y al art. 334 de la Ley 906 de 2004, se permite la terminación del proceso
penal sin el agotamiento de todas las etapas procesales, ante la ausencia de
mérito para sostener una acusación.
En relación con la cesación de
procedimiento, aclara que aparece consignado en el artículo 39 de la
Ley 600 de 2000, anterior Código de Procedimiento Penal, y que fue asumido por
la Ley 782 de 2002 y la Ley 975 de 2005. Con todo, la normatividad procesal no
hace alusión a la misma, “toda vez que por la nueva dinámica de nuestro
sistema acusatorio, (…) se impuso el principio de concentración e inmediación
de la prueba, por el cual el Juez debe tener contacto directo con el material
probatorio dentro del proceso penal que se adelanta con el fin de acceder a la
verdad real de los hechos” (folio 98).
Del análisis precedente concluye entonces
que no son convincentes los argumentos de los demandantes, pues “facultar la
presentación de pruebas para acreditar la veracidad de los hechos que se
imputan con fundamento en decisiones judiciales en firme que han declarado la
inculpabilidad del encartado, contradice la presunción de inocencia, y por
ende, la seguridad jurídica que ofrece la cosa juzgada” (folio 99). Por lo
demás, los derechos a la libertad de información, a la igualdad, a la defensa y
al debido proceso, no son absolutos y en desarrollo del juicio de
proporcionalidad que pondera los derechos  fundamentales en conflicto, “se
impone el derecho a la intimidad, al buen nombre y a la honra, sobre los
derechos que los demandantes consideran violados, máxime, si tales derechos se
pretenden fundamentar en pruebas que se originan en decisiones judiciales cuyo
desenlace fue la declaración de inocencia de la persona” (folio 99).
De tal suerte, cierra su intervención
afirmando que se debe declarar la exequibilidad del numeral primero del
artículo 224 de la Ley 599 de 2000.
4. Intervención del Ciudadano Carlos
Cortés Castillo
Interviene en su condición de Director
Ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa.
Manifiesta que coadyuva la demanda de la
referencia y solicita que se declare inexequible el numeral primero del
artículo 224 de la Ley 599 de 2000.
En primer lugar, ofrece una versión
resumida de sus argumentos, conforme a los cuales, la disposición demandada i)
no es idónea para proteger uno de los bienes jurídicos previstos por el
legislador, en particular la seguridad jurídica; ii) impone una carga
desproporcionada al ciudadano para el ejercicio de la libre expresión de
pensamiento y de información, en cuanto “inhibe la circulación de
información de manera equiparable a un ejercicio de censura previa, limita la
colaboración de fuentes de información a la revisión de fallos judiciales”
y genera un “efecto inhibidor” dada la imposibilidad de probar la
veracidad de las imputaciones; iii) restringe el debate público sobre temas de
interés general como los que se ventilan ante la administración de justicia, lo
que representa una vulneración de los principios de realización material de la
justicia, al igual que del control democrático ejercido por la opinión pública;
iv) agrava las condiciones en que se ejerce la libertad de prensa en Colombia y
se desarrollan las actividades de las Organizaciones no gubernamentales, en
especial en el marco de la justicia transicional que atraviesa el país (folio
103).
En segundo lugar, presenta el “marco
jurisprudencial y doctrinario”, en el cual retoma la premisa de que “no
habrá censura”, prohibición que hace parte del núcleo fundamental del
derecho previsto en el art. 20 CP. Con todo, cuando resulte necesaria la
imposición de controles al ejercicio de la libertad de informar, ellos deben
reunir determinados requisitos, a saber: ser dispuestos por el Legislador,
respetar la Constitución y los tratados internacionales, ser proporcionales,
esto es, tener como finalidad un interés público, y ser necesarias para la sociedad
democrática. Unas exigencias que buscan evitar que con las restricciones
impuestas se genere la autocensura o el llamado “chilling effect”(folio
105).
En lo que tiene que ver con la relación
entre el precepto acusado y el principio de seguridad jurídica, aunque
identifica a éste, al non bis in idem y también al derecho al honor como
finalidades constitucionales legítimas por aquél perseguidas, no halla idónea
la medida, pues la simple imputación de que trata el numeral 1º del art. 224
del Código penal, “no supone la intervención de una autoridad para la
reapertura de un proceso, o para un doble enjuiciamiento, y por ello, la
seguridad jurídica no resulta vulnerada” (folio 106). Porque cuando “la
imputación referida en la norma demandada se presenta en el seno de la opinión
pública -o a través de los medios de comunicación o en otros escenarios
civiles- tampoco constituye la reapertura de un proceso judicial, ni muchos
menos un doble enjuiciamiento. Si bien este tipo de debates puede ocasionar que
se reabran procesos judiciales -y de ese modo conseguir la consolidación de
otros valores, como la realización material de la justicia y el orden justo-,
eso tendría que darse con sujeción a las normas previstas y haciendo uso de los
recursos pertinentes” (folios 106 y 107).
A la luz de la libertad de expresión,
pasa entonces a analizar la necesidad de la medida, donde encuentra que la
imposibilidad de aportar pruebas sobre la veracidad de la imputación de
cualquier conducta punible objeto de sentencia absolutoria, preclusión,
cesación de procedimiento o equivalentes, “inhibe la circulación de
información de manera equiparable a un ejercicio de censura previa” (folio
108).
Destaca por lo demás el debate que en la
actualidad se surte internacionalmente sobre la proporcionalidad de la sanción
penal como forma de proteger la honra y el buen nombre, discusión en la cual se
ha establecido que aquella es “la ultima ratio dentro del poder impositivo
del Estado”, que el orden jurídico cuenta con otros medios para proteger
los valores constitucionales de la honra y el buen nombre (acción de tutela,
reparaciones civiles, los propios tipos penales de injuria y calumnia), con lo
cual el art. 224, numeral 1º del Código penal resulta a su juicio “desproporcionado
para el ejercicio de las libertades de expresión e información”(folio 109).
Es también desproporcionada la
disposición bajo estudio, en tanto restringe la discusión de temas relacionados
con la administración de justicia, entre otras razones, por cuanto la acción de
revisión generalmente se produce “en el ámbito del debate y la crítica que
se generan en la opinión pública” (folio 110). Y ello es así porque el “debate
público es parte de la esencia misma de los hechos y los procesos que son
abordados por la jurisdicción penal” y el art. 224, num 1º Código Penal,
inhibe ese debate y la crítica sobre la actuación de los integrantes de la
administración de justicia, al no poder oponerse y manifestarse contra una
decisión judicial y al superponer el deber de respetar el honor y la reputación
de funcionarios judiciales que adoptaron la decisión, “a los valores
democráticos de la libertad de expresión”. Todo ello, no obstante el mayor
escrutinio al que como figuras públicas se encuentran sujetos por parte de los
medios de comunicación, en razón de los asuntos que administran (folios
110-111).
En el punto de la relevancia del caso en
el marco del proceso de Justicia Transicional en Colombia, en su opinión, la
norma demandada tiene implicaciones para la libertad de expresión y de
información y éstas cobran especial relevancia en el país con la implementación
de la Ley 975 de 2005, de Justicia y Paz, que persigue la construcción de una
verdad histórica de la Nación, al lado de la correspondiente administración de
justicia. “En ese devenir que suponen los procesos de transición, la
investigación, la denuncia y el debate de ideas, y el periodismo como escenario
en el que principalmente se presentan los tres primeros juegan un papel
primordial” para reclamar a los responsables, reparar a las víctimas y
prevenir la repetición de crímenes semejantes (folio 112).
A los efectos de ilustrar esta
proposición, trae a cuento el caso Kimel vs. Argentina, atendido por la
Corte interamericana de derechos humanos. Aquél el relato de un periodista
argentino sobre cuan importante fue en la transición de ese país a la
democracia, la denuncia, la investigación y los reclamos de justicia por parte
de los periodistas, en la reconstrucción de la verdad y en la declaratoria de
nulidad de las leyes de Punto final y Obediencia debida.
En el marco de la
Ley de Justicia y Paz dice el interviniente que los perpetradores de
violaciones de derechos humanos recibirán sentencias con beneficios jurídicos.
De modo que con una disposición como la que se demanda, se priva al país de un
debate público que permita abordar los juzgamientos producidos, así como la
actividad de la justicia con los grupos armados hoy desmovilizados (folio 114).
Todos estos elementos le sirven entonces
para concluir: “[l]a experiencia comparada y concretamente el caso de los
hechos que ocurrieron en Argentina, demuestra que el rol de la prensa es
contribuir más ampliamente a la justicia y a la verdad en el plano de la
conciencia social. Los fallos judiciales son solo una de las informaciones
llamadas a alimentar la libre formación de la opinión ciudadana. Dentro de los
límites constitucionales establecidos para el ejercicio del derecho a la
libertad de expresión y de información, frente a los cuales el ciudadano deberá
asumir la carga de la prueba de sus afirmaciones e imputaciones, no debe un
marco legal desalentar e inhibir la participación en la discusión de los
asuntos públicos” (folio 111).
5. Intervención de la
Asociación por los Derechos Civiles (ADC)
Los señores Alejandro Carrió, presidente
de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), entidad sin ánimo de lucro con
domicilio en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, Hernán Gulcco y
Alejandro E. Segarra, en calidad de amicus curiae, solicitan en
consonancia con los demandantes, declarar la inconstitucionalidad de la
disposición acusada.
El escrito se inicia con una exposición sobre la
importancia central de la libertad de expresión en el Sistema Interamericano,
conforme lo previsto en el art. 13 de la
Convención Americana de Derechos Humanos, en tanto libertad vital para la
subsistencia del sistema democrático de gobierno. Por esto en la
Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha declarado que las colegiaturas
obligatorias de periodistas son una restricción incompatible con la
Convención, al representar una restricción a las posibilidades de divulgación
del pensamiento y un límite al derecho de expresarse libremente. Y también se
ha dicho que las responsabilidades en el ejercicio del derecho pueden dar lugar
a restricciones, pero ellas deben ser necesarias, orientadas a satisfacer un
interés público imperativo, cumplir un propósito útil u oportuno y ser
proporcionadas al interés que las justifica (Opinión Consultiva No. 5/85, cuya
doctrina se ha reiterado en diferentes asuntos litigiosos que allí se citan)
(folios 119 y 120).
En seguida el escrito trae a cuento las restricciones
específicas que pesan sobre las facultades estatales para reprimir penalmente
el ejercicio de la libertad de expresión, a cuyo respecto señalan también con
base en un pronunciamiento de la Corte interamericana, que si bien no es
contraria a la Convención la imposición de medidas penales para sancionar los
abusos en la expresión de informaciones u opiniones, esta facultad debe ser
analizada con cautela, ponderando entre otros elementos, la gravedad de la
conducta desplegada por quien emite la información, su dolo, el daño causado.
Todo ello, de modo que pueda evidenciarse la necesidad de la medida penal, no
sin olvidar que la carga de la prueba debe recaer sobre el que acusa (Kimel vs.
Argentina, sentencia 2.5., 2008) .
Tras los apuntes anteriores se concluye que la
disposición acusada del Código Penal colombiano es violatoria de los artículos
8.2 y 13 de la Convención   Americana, así como de la doctrina trazada por la
Corte Interamericana, al invertir la carga de la prueba en perjuicio del
denunciado por los delitos de injuria y calumnia; al no hacer predicable para
éste la presunción de inocencia.
En este marco señala que las restricciones impuestas
por el artículo 224, 1º numeral, del Código Penal de Colombia a los derechos
reconocidos en los artículos 8.2 y 13 de la
Convención Americana, en razón de su generalidad y amplitud, no
satisfacen “un interés público imperativo” (OC 5/85, cit.); no se
fundan en una “necesidad verdaderamente excepcional” (caso “Kimel”,
cit); no “limitan más de lo estrictamente necesario el derecho a la
libre expresión” (caso cit.) y además “invierten la carga de la prueba
en perjuicio del imputado” (negrillas y cursivas en el texto) (folio 122
reverso).
Ahora bien, como argumento subsidiario a los que
preceden, afirma que aunque la
Convención americana autoriza de modo excepcional invertir la carga de la
prueba en perjuicio del acusado, no por ello resulta válida la disposición
impugnada.
Es cierto que en la doctrina de la
Corte Interamericana se ha establecido que el periodista es responsable de
constatar de forma razonada sus fuentes, para asegurar el derecho de las
personas a recibir una información no manipulada de los hechos. Empero, por
ello mismo y conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados
Unidos y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no corresponde imputar
responsabilidad al autor por una información verdadera, porque contraría el
principio de la presunción de inocencia, además de ser una medida inadmisible
en una sociedad democrática en cuanto impide conocer la verdad sobre temas de
indudable interés público (folios 122-124 anverso y reverso).
A modo de conclusión afirman que la interpretación de
los derechos en juego debe seguir las pautas del art. 93 de la
Constitución colombiana, que confirma la obligación de cumplir los tratados
prevista en el art. 27 de la
Convención de Viena. Por esto el sentido y alcance de los derechos consagrados
en los artículos 20 y 29 de la CP, deben ser establecidos conforme a la
jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a favor del
individuo y teniendo en cuenta que las restricciones a ser impuestas no pueden
provenir de conceptos indeterminados como el orden público y el bien común,
sino ceñidos a las justas exigencias de una sociedad democrática que tiende al
equilibrio entre los distintos intereses en juego y la plena realización de los
derechos de la persona humana (art. 32.2 de la
Convención) (folios 125-128).
Intervenciones Extemporáneas:
Vistos los informes secretariales que obran a folios
139, 145 y 148 del expediente, las siguientes intervenciones fueron presentadas
extemporáneamente, por lo cual no podrán ser tenidas en cuenta:
1- Yamil Andrés Lima Mora, Oscar Suárez Silva,
Johnatan Javier Otero Devia y Wilson Javier Vargas Leyva, miembros del grupo
investigativo de intervención social de la
Facultad de Derecho de la
Universidad Surcolombiana.
2- Eduardo Márquez González, Director de la
Federación Colombiana de Periodistas.
3- Alex Movilla Andrade, Decano de la
Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la
Universidad Popular del Cesar.
V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO:
El señor Procurador General de la
Nación intervino en el presente proceso para solicitar la declaratoria de
exequibilidad, sin condicionamiento alguno, de la disposición demandada.
Fundamenta su solicitud en los argumentos que se explican a continuación.
Se plantea el problema jurídico de la
siguiente forma: “¿Se vulneran los derechos fundamentales al debido proceso
y la libertad de información, cuando en los procesos contra la integridad
moral, el sindicado no pueda probar la veracidad de sus imputaciones para
eximirse de responsabilidad por el delito de calumnia, si dichas imputaciones
fueron objeto de sentencia absolutoria, preclusión de la investigación, o
cesación de procedimiento, excepto si se tratare de prescripción de la acción?”
(folio 154).
Y para resolverlo, el Procurador comienza
por señalar que no encuentra que la norma demandada encierre un debate de
igualdad, pues en realidad “la demanda concentra la mayor parte de sus
argumentos en dirección a desarrollar paso a paso el test de proporcionalidad”(folio
154).
En efecto, cuando el cargo formulado hace
referencia a la violación del principio y derecho a la igualdad contenido en el
artículo 13 constitucional, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional ha reiterado “que no es suficiente la argumentación
que se limita a afirmar que la disposición acusada establece un trato
discriminatorio contrario a la norma constitucional citada, porque el actor
debe señalar en forma concreta y clara las consecuencias del tratamiento
diferenciado establecido en la norma y las razones por cuales estima que éste
es injustificado y discriminatorio, y por tanto contradice a la
Constitución”, es decir, que resulta necesario “plantear los supuestos
susceptibles de comparación, para determinar cuáles son los que mereciendo
trato igual, han recibido un trato divergente por parte del legislador”
(folio 154).
De este modo, el concepto sólo analiza lo
relativo a la aplicación del test estricto de proporcionalidad, abordando el
contenido y alcance de los delitos contra la integridad moral, para de allí
valorar la constitucionalidad de la prohibición penal.
En desarrollo de la proposición conforme
a la cual “[l]os delitos contra la integridad moral protegen derechos
fundamentales como la honra y el buen nombre”, el Ministerio público
describe los tipos penales y demás disposiciones contempladas en el Título V
del Código Penal, para concluir, siguiendo la jurisprudencia de la
Corte Constitucional, que la consagración penal de los delitos de injuria y
calumnia obedece, entre otras razones, a la alta importancia que el
ordenamiento jurídico colombiano otorga a aquellos derechos, los cuales se
encuentran fuertemente vinculados con el principio y derecho a la dignidad
humana. “De suerte que la opción del legislador de penalizar las falsas
afirmaciones hechas sobre la conducta moral o penal de otra persona se
encuentra en consonancia con los presupuestos y principios que inspiran la
Constitución” (folio 160).
Así mismo, señala que los “delitos
contra la integridad moral, en especial la calumnia, se encuentran fuertemente
atados a la construcción de la verdad judicial y es en ese espacio en el que
debe probarse la comisión del delito, en aras de garantizar el derecho a la
presunción de inocencia”(folio 160). Esto significa, a juicio del
Procurador, que al aplicar el test de proporcionalidad en su nivel más exigente
a la medida penal bajo estudio, sus fines son constitucionales pues representan
la promoción de la seguridad jurídica y el principio de cosa juzgada. La norma
acusada “por tanto, no solamente tiene finalidades restringidas a la verdad
judicial, sino también en la verdad social, por cuanto la decisión que da fin a
la controversia judicial debe ser respetada por las partes y por la comunidad
en general” pues de lo contrario, la decisión del Estado de que una persona
ha incurrido o no en la comisión de un delito, “perdería su eficacia real y
simbólica”, además de arruinar los derechos a la honra, a la intimidad y a
la dignidad humana (folio 161).
También la medida sometida a estudio
pretende proteger otro derecho fundamental que es la presunción de inocencia de
una persona que tras someterse al aparato de justicia, éste no consiguió
desvirtuar. De manera que, conforme la jurisprudencia de la
Corte Constitucional, “si el acusado de la comisión de un delito ha sido
declarado inocente por cuanto no se logró probar su culpabilidad, mediante un
proceso respetuoso del debido proceso que culminó con una providencia con
efectos de cosa juzgada, la verdad judicial debe prevalecer sobre las dudas o
reproches sociales que, pese a dicha decisión, se mantengan, hasta tanto no se
produzca una decisión judicial que desvirtúe dicha presunción” (folio 162).
Identificada pues la presunción de
inocencia como otro fin constitucional perseguido con la medida que se acusa,
se modifica el desarrollo del test de proporcionalidad adelantado por los
accionantes.
En línea con lo anterior, contrario a lo
expuesto por éstos últimos, la disposición acusada cumple el criterio de
necesidad, por cuanto es la forma de preservar la presunción de inocencia, que
ha quedado establecida y confirmada en el proceso “madre” que resolvió con
efectos de cosa juzgada que el sujeto sobre quien versan las imputaciones no
las cometió. Y esta decisión y el análisis probatorio en el que dicha decisión
se sienta, debe ser socialmente respetada.
Pero además, ninguna de las medidas
enunciadas por los accionantes para explicar cómo no es necesario lo previsto
en el numeral 1º del art. 224 del Código Penal, a saber, la acción de tutela,
la reparación civil, la retractación, la rectificación o la réplica, poseen la
repercusión alegada sobre la presunción de inocencia que supone la disposición
acusada. “Si bien dichas medidas son de suma importancia para la protección
de los derechos a la intimidad, el buen nombre y la honra, no resultan
dirigidas a proteger la presunción de inocencia como sí lo hace la exclusión
del material probatorio ya juzgado y que niega la veracidad de los hechos
imputados, para que en otro proceso pretendan concluir lo contrario”
(folios 163-164).
Por esto concluye en este punto que “la
tipificación de la calumnia busca proporcionar a la víctima del delito realizar
una defensa jurídica, cuando considera que se le realizan imputaciones falsas
sobre la comisión de un delito. Si el delito que se le atribuye, además ha sido
previamente investigado y enjuiciado por el aparato de justicia y ha culminado
a su favor, la permanente acusación, pese a la decisión judicial que finiquitó
la discusión, implica una constante afectación del buen nombre y honra del
ciudadano que no ha sido vencido en juicio, pero ante todo, consagra una
vulneración de la presunción de inocencia, puesta en permanente duda por otros.
Se insiste en que la medida busca proteger los principios de seguridad
jurídica, non bis in idem y la presunción de inocencia” (folio 164).
A juicio del Ministerio público, no se
sacrifica entonces en forma desproporcionada el derecho al debido proceso, ni a
aportar ni controvertir las pruebas, ni la libertad de información, “pues el
sindicado de los delitos de injuria o calumnia, directas o indirectas, que
desafía una decisión judicial anterior, puede en todo caso aportar otras
pruebas y controvertirlas en el proceso” (folio 164).
Respecto al debate entre la verdad
judicial, propia del ámbito del derecho y la verdad social que puede conocer el
periodista, se considera que si bien los medios de comunicación cumplen una
función de vigilancia y control fundamental en una sociedad democrática, ello
no significa que puedan desconocer los pronunciamientos judiciales. Y cuando
éstos últimos se han “edificado vulnerando derechos fundamentales, o en
clara confrontación con la memoria histórica de un pueblo, el recurso
extraordinario de revisión constituye un mecanismo eficaz para el
replanteamiento de dicha verdad, en aras de consolidar una nueva verdad
judicial, acorde con la social” (folio 165).
Finaliza el concepto señalando que dado
que los delitos contra la integridad moral de las personas y en especial, la
calumnia, se encuentran fuertemente vinculados a la verdad judicial, y que ésta
ha sido producto de un proceso adelantado con las garantías constitucionales y
legales del debido proceso y la posibilidad de aportar y controvertir pruebas,
la disposición debe ser declarada exequible.
VI. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. Competencia
1.
La Corte Constitucional es competente para conocer de la presente demanda,
conforme a lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4, de la
Constitución, por estar dirigida contra una disposición que forma parte de una
ley.
2. Problema planteado y plan a desarrollar
2.
Conforme a lo propuesto en la demanda de inconstitucionalidad del art. 224, numeral 1º del Código penal, corresponde a esta Corte resolver los siguientes
interrogantes:
¿La
imposibilidad de aportar pruebas sobre la veracidad de las imputaciones de
cualquier conducta punible que
hubieren sido objeto de sentencia absolutoria, preclusión de la investigación o
cesación de procedimiento o sus equivalentes, vulnera el principio de igualdad
al establecer un trato discriminatorio e injustificado para el sujeto que se
hallare en tales circunstancias?
Y ¿es contraria a la
Constitución por suponer vulneración del fin esencial de garantizar la vigencia de un orden
justo, por desconocer los
derechos de defensa y debido proceso, así como por atentar contra la libertad
de información?
3. Para los efectos de atender los anteriores cargos,
se debe evaluar previamente si la demanda es apta y por tanto si puede la
Corte entrar a resolver sobre el fondo del asunto (2.a). Cuestión que de ser
resuelta positivamente, exigirá desarrollar en segundo término un análisis
sobre el contenido del precepto acusado (2.b). En tercer lugar, se deberán
establecer los criterios que el Juez constitucional debe tener en cuenta al
momento de juzgar una disposición como la acusada (2.c), elementos con los
cuales se abordará, como cuarto punto y último, la solución concreta del asunto
(2.d).
2. a. Los cargos a
analizar
4. Como se desprende del párrafo anterior y de los
antecedentes contenidos en esta providencia, hay dos cargos esenciales con los
cuales se ataca la norma acusada. Pasará la
Corte a estudiarlos.
5. Una de las proposiciones que formulan los
accionantes en contra de la exequibilidad del precepto demandado, según se ha
dicho, es que con ella se discrimina a ciertos sujetos activos del delito de
calumnia pues les impide a unos respecto de otros y sin justificación ninguna,
servirse de la exceptio veritatis.
6. Sin embargo, como lo han indicado con acierto el
Ministerio Público y también la
Fiscalía General de la Nación, la norma demandada no encierra un debate de igualdad, pues siguiendo
reiterada jurisprudencia de esta Corte Constitucional, no es suficiente la
argumentación que se limita a afirmar que la disposición acusada establece un
trato discriminatorio contrario al art. 13 constitucional, sino que el actor
debe señalar en forma concreta y clara las consecuencias del tratamiento
diferenciado establecido en aquella y las razones por cuales estima que éste es
injustificado y discriminatorio y por tanto, contradice a la
Constitución.
Es decir, cuando se propone un cargo por desconocimiento
del principio de igualdad, es menester plantear los supuestos susceptibles de
comparación, para determinar cuáles son los que mereciendo trato igual, han
recibido un trato divergente por parte del legislador.
7. A juicio de la
Corte y acorde con lo expuesto por el Señor Procurador General y por el Señor
Fiscal General, los demandantes no presentan el cargo de violación de la
igualdad y el concepto en que se basa tal afirmación. El libelo se construye en
torno del test de proporcionalidad, esto es, de unos derechos e intereses en
tensión y la supuesta forma como los ponderó el Legislador. Pero en lo que hace
a la igualdad, se reduce a afirmar que el art. 224, numeral 1º del Código penal
crea una desigualdad
injustificada entre sujetos que deben ser tratados del mismo modo, sin superar
los criterios de graduación que impone el establecimiento de tales medidas. No
obstante, en ningún momento desarrolla el ejercicio argumentativo que supone tal
valoración.
Se puede incluso afirmar que el
demandante reconoce de manera expresa la improcedencia del cargo, cuando en
muchas oportunidades se ordena el escrito, a partir de la idea de que la
Corte no admita dicha proposición (folios 4, 5,22, 23, 45). Como observa la
Corte, no se señala un verdadero
parámetro de comparación donde se pueda vislumbrar la supuesta discriminación
sino que simplemente se limitan a esbozar unos fundamentos teóricos sin que se
logre realizar el parangón constitucional que requiere el artículo 13 superior.
8. No existiendo entonces en los argumentos de la
demanda la exposición del tertium comparationis, un verdadero marco
constitucional de comparación para poder realizar el estudio de
constitucionalidad de la norma atacada y su supuesta vulneración del derecho a
la igualdad, solo le resta a esta Corporación declararse inhibida para emitir
un pronunciamiento de fondo respecto de la supuesta vulneración del artículo 13
constitucional, acerca del  numeral
primero del artículo 224 de la Ley 599 de 2000, por ineptitud sustantiva de
la demanda.
9. Conforme a lo anterior, la
Corte estudiará los cargos formulados que se relacionan con la presunta
vulneración de la Constitución en cuanto al fin esencial de garantizar la vigencia de un orden justo, a
desconocer los derechos de
defensa y debido proceso y atentar contra la libertad de información, toda vez
que se sustentan con la claridad, certeza, especificidad y suficiencia requeridas a la acción pública de
inconstitucionalidad[1].
2. b. Análisis de la disposición demandada
10.
Como reiteradamente lo ha sostenido este tribunal, no le corresponde a la
Corte constitucional establecer el contenido normativo de las disposiciones de
carácter legal, pues esta es función de los jueces ordinarios en el marco de
sus competencias en la aplicación de las leyes. Sin embargo, en algunas
ocasiones, como ocurre en este asunto, el problema jurídico planteado en la
demanda obliga a desentrañar correctamente el entendimiento que debe darse a la
norma acusada, máxime si existe un debate entre los demandantes y un
interviniente sobre su alcance o ámbito de aplicación (folios 8 y 96
respectivamente).
11.
Con este propósito, se revisan primero los antecedentes históricos y  legislativos,
a fin de establecer cuál ha sido el entorno jurídico y la propia intención del
Legislador que ordenan lo dispuesto en la norma acusada (2.b.1.). Este análisis
será seguido por el estudio del Derecho comparado, con el objeto de identificar
los modelos que existen y con los cuales otros Estados han ordenado la
excepción a la regla de la exceptio veritatis (2.b.2.). En tercer lugar,
se establecerá el contenido específico de la disposición, esto es, su condición
de excepción a la eximente de responsabilidad, los delitos de los que se
predica, así como el esclarecimiento de las instituciones jurídicas en las que
opera y en las que no (2.b.3.). Lo anterior permitirá, en último término,
plantear con precisión el cargo a estudiar (2.b.4).
2.b.1. Antecedentes históricos y legislativos de la
disposición demandada
12.
La regulación penal acerca de las conductas típicas conocidas como “injuria” y
“calumnia”, no es exclusiva de nuestra legislación. Por el contrario, su
reglamentación ha sido constante en toda la historia del Derecho; de allí que
el camino recorrido por la normatividad colombiana, esté determinado directa o
indirectamente por las disposiciones de diferentes ordenamientos jurídicos.
En
lo que atañe al tema objeto de censura, los cambios en la historia del
ordenamiento penal del país[2] respecto de aquellos delitos, pueden identificarse a
partir de las siguientes variables: a) el bien jurídico protegido, b) la
descripción de la conducta objeto de reproche y c) la exceptio veritatis.
2.b.1.a.
Bien jurídico protegido
13.
Las conductas típicas de la injuria y de la calumnia pretenden salvaguardar, en
lo fundamental, el derecho a la integridad moral (Cod. Pen. 1936, 1980, 2000).
En los ordenamientos penales colombianos del siglo XIX fue una constante
catalogar estos tipos penales dentro de bienes jurídicos que se han considerado
semejantes, como lo son el derecho a la honra, a la fama y a la tranquilidad de
los particulares (Cod. Pen. 1837, 1890).
14.
La posición de proteger el derecho a la integridad moral como bien jurídico
fundamental de una persona, fue discutida ampliamente en los debates surtidos
con precedencia al Código Penal de 1936. En los trabajos preparatorios de ese
código[3], el primer problema que se plantearon los
legisladores de la época fue definir la forma de ordenar los delitos llamados a
salvaguardar el bien jurídico del honor. Y basados en la discusión que se
planteó en la legislación comparada que por entonces se analizó[4], y que seguía a Carrara[5], se buscó determinar “si se adopta el método de
colocar bajo títulos diferentes las varias especies de ataques al honor, según
que el culpable se haya dirigido o no a la autoridad judicial, o si se engloban
todas las injurias al patrimonio moral en la rúbrica de los delitos contra las
personas”. Se inclinó la comisión redactora por la segunda opción, tras
considerar que las razones ofrecidas por Carrara para incluir tal conducta
dentro de las infracciones contra la administración de justicia[6], no parecían sólidas.
15.
En efecto, los miembros de la comisión consideraron que el derecho lesionado no
es el único factor a tener en cuenta al momento de catalogar las infracciones,
pues a pesar de que es importante no debe ser excluyente, ya que la intención
delictuosa o dolo, es el que le da el verdadero matiz a las
acciones humanas, amén de que tampoco debía pasar inadvertida “la intensidad
de la violación del derecho, o sea el volumen del daño inmediato sufrido por
las diversas víctimas”.
De
esa manera -dijeron los redactores-, con un denuncio falso el fin del
delincuente es, en la mayoría de los casos, ofender a un particular; así,
aunque la administración de justicia sufra un quebranto, “el derecho a la
buena reputación y a la honra vale más que el derecho a que no se extravíe la
administración de justicia, y el daño y el perjuicio experimentado por el particular
a quien acusa, es incomparablemente mayor que el que experimenta la autoridad
pública”. Así pues, partiendo de la importancia de la intención delictuosa,
el derecho a la integridad moral fue definido como el bien jurídico fundamental
a proteger con los mencionados tipos penales[7].
16.
En cuanto al Código de 1980, no existen registros relevantes dentro de los
debates que precedieron su expedición. Esta ordenación condensa en un capítulo
único los delitos de injuria y calumnia e incluye la eximente de
responsabilidad por prueba de la verdad (art. 317) así como de sus excepciones,
a partir de una fórmula común para ambos delitos, esto último heredado de la
Ley 29 de 1944, conforme adelante se analiza[8].
17.
En los debates que desembocaron en el actual Código Penal[9], Ley 599 de 2000, una vez reconocido el clamor acerca
de la descriminalización, se adujo que estas posturas son “apartadas del
contexto constitucional que califica la honra como derecho fundamental y objeto
de especial garantía a la persona por parte del Estado”[10].
Por
tanto se consideró, citando al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que “el
derecho individual a la protección del propio nombre no refleja más que nuestro
concepto básico de dignidad esencial y valor de todo ser humano, un concepto
que ha de hallarse en la raíz de cualquier sistema decente de libertad
ordenada” (Rosenblatt vs. Baer, 1966).
Igualmente,
se justificó la permanencia de estas figuras, debido a “la intensidad de la
guerra verbal que en nuestro país se vive [que] hace aconsejable
mantener la pena privativa de la libertad. Lo anterior especialmente, por
cuanto por razones políticas, publicitarias y otras, sería muy rentable
injuriar y calumniar, para posteriormente, por la vía de la oblación, extinguir
la punición sin consecuencias de ningún tipo en el ámbito de la prevención
general y especial. Igualmente se propone, que lo constitutivo de la calumnia,
no es la imputación de un hecho falso del cual se predique la tipicidad,
antijuridicidad y culpabilidad, sino que, basta que se impute falsamente una
conducta típica. Causa el mismo daño a la honra, y sus efectos, son igualmente
irreversibles, cuando falsamente se predica que una persona ha sido autora de
un homicidio o un peculado pero bajo el amparo de una causal de ausencia de
responsabilidad”[11] .
2.b.1.b.
Descripción de las conductas objeto de reproche
18.
La característica esencial de la calumnia[12] es la imputación de un hecho falso (Cod. Pen.
1837, 1890, 1936, 1980, 2000). Su variación se centró en las consecuencias que
se derivaran para el calumniado, si el hecho resultare cierto. De ese modo, era
calumnia si el hecho imputado generaba solamente deshonra (Cod. Pen.1837[13]) o si también producía alguna pena o constituía un
delito (Cod. Pen. 1890[14], 1936[15]).
19.
Desde 1980 la calumnia se limitó a la imputación de un hecho tipificado en el
derecho penal; pero en aquél código se castigó la atribución falsa de un hecho
punible  mientras que en el código de 2000, se concluyó que el delito se
configuraba cuando se imputaba una conducta típica, excluyendo de la
imputación los calificativos de antijuridicidad y culpa, que traía el
ordenamiento anterior.
20.
La descripción de la conducta de injuria, por su parte, se basó en
general en el ataque contra la honra. Fue descrita como “toda palabra dicha
contra alguno, capaz en la opinión común, (…) de generar deshonra” (C.P.
1837), o “la ofensa con palabras al honor, la divulgación de vicios
privados, el echar en cara una falta” (Cod. Pen. 1890[16], 1936[17]), o
simplemente, la exteriorización de “imputaciones deshonrosas” (Cod. Pen.
1980, 2000).
Por
ende, imputar hechos delictivos falsos concretos, a sabiendas de que no son
ciertos, es calumniar, mientras que hacer imputaciones o afirmaciones
deshonrosas indeterminadas, o enrostrar condiciones de inferioridad, aunque
sean verdaderas, es injuriar.
21.
En relación con el delito de calumnia, anotó la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia (Auto de 9 de
septiembre de 1983) que los elementos que la estructuran son: “1)La
atribución de un hecho delictuoso a persona determinada o determinable; 2) Que
el hecho delictuoso atribuido sea falso; 3) Que el autor tenga conocimiento de
esa falsedad; y 4) Que el autor tenga la voluntad y conciencia de efectuar la
imputación”.
Frente
a la injuria, la mencionada Corporación, mediante auto de 29 de septiembre de
1983, explicó que el tipo penal se estructura una vez se satisfagan los
siguientes requisitos “1) Que una persona impute a otra conocida o
determinable un hecho deshonroso; 2) Que el imputado tenga conocimiento del
carácter deshonroso del hecho, 3) Que el carácter deshonroso del hecho imputado
dañe o menoscabe la honra de aquella persona; 4) Que el imputador tenga
conciencia de que el hecho atribuido tiene esa capacidad de dañar o menoscabar
la honra de la persona”.
Y
acerca del derecho a opinar, trayendo a colación los autos de 7 y 29 de marzo
de 1894, adujo la Corte Suprema de Justicia que “si todo concepto
mortificante o displicente para el amor propio, pero que no envuelva la
afirmación de un hecho inequívoco, verdaderamente lesivo a la honra, fuera
admitido a una acusación de injuria para ser castigado conforme al C.P., habría
que suponer que el legislador había tenido la pretensión de darle a la sociedad
civil y política la austeridad de un claustro, lo que es inadmisible; eso sería
privar a esa misma sociedad de cierto grado de virilidad inseparable de su
existencia; todas esas ofensas mortificantes a que el hombre está sujeto en la
vida civil salen del dominio del C.P. para caer en el de la opinión”.
2.b.1.c.
Exceptio veritatis
22.
La permisión de la prueba de la verdad en los delitos contra el honor no ha
sido uniforme en la historia. Sin embargo, bien puede decirse, siguiendo en
ello a la doctrina, que la exceptio veritatis se convierte en “la piedra
de toque de la totalidad del sistema jurídico de protección de la honra” de
modo que la “distinción entre sistemas legislativos está en el carácter
decisivo o no decisivo que se acuerde a la verdad”[18].
·
Una institución en la historia
del Derecho
23.
Investigando en los fundamentos de nuestras instituciones jurídicas, la
inadmisión de la prueba sobre la verdad de las imputaciones se remonta, según
Carrara, a la Ley 18, De injuris, del Digesto[19]. En ella se estipulaba: “Al contrario si alguien, con
ánimo de injuriar, da a conocer un delito y lo hace no sólo de propósito sino
con palabras maliciosas y con ánimo deliberatorio, aun cuando sea verdad y
pueda probarse, sin embargo, como la injuria reside en la intención del que la
hace, hay lugar a acción y la existencia de la verdad no servirá de excusa”
[20].
Lo
anterior suponía que, por regla general, la verdad de la injuria no
podía excluir la criminosidad de ella, pues no se admitía que alguien pudiera
poner en escarnio a un ciudadano por un defecto; sin embargo, cuando se trataba
de hechos punibles o de un hecho que le interesaba al público, consideraron que
no podía existir delito si se demostraba que la acusación era cierta[21], es decir que se alababa al que probara la verdad de
su afirmación y se le condenaba cuando resultaba falsa[22]
24.
Y en el medioevo, dice el mismo Carrara, se ahondó en esta forma de admitir la
verdad en el dicho injurioso, cuando Próspero Farinacio proclamó que la verdad
de la injuria inferida, excusa de la pena por injurias[23].
25.
El Derecho moderno se ha mantenido en esa oscilación, entre el considerar
valioso jurídicamente el dicho maligno de otro en cuanto sea cierto y el reprocharlo
y perseguirlo por violación del derecho a la intimidad[24].
Con
todo, dos consideraciones mueven a valorar la prueba de la verdad en los
delitos contra el honor. La primera, referente a que la verdad, por ser tal,
excluye la intención maligna y la segunda fundamentada en un principio social,
según el cual, “como uno de los fines principales de la sociedad humana,(…)
es el de la inspección moral del hombre sobre el hombre, poderosísimo
instrumento del perfeccionamiento recíproco, resulta ilógico admitir esta
inspección sobre los fines de la sociedad humana, aceptando su utilidad
moralizadora, y a un mismo tiempo, prohibir que sea ejercida, por juzgarla
delito”[25].
26.
Difundidas las ideas de libertad en Europa, la verdad de la injuria adquirió
otro carácter. El conocer de asuntos no públicos ni ventilados importa, no
tanto porque revele aspectos personales de interés público, sino porque se
convierte en una forma de controlar a los gobernantes, de inspeccionar las
actividades relacionadas con la cosa pública, de propiciar la formación de una
opinión pública que, de la mano de la imprenta, ofrecen las bases de la
modernidad.
Bajo
este contexto, se introduce en algunos ordenamientos la admisión de la prueba,
en los siguientes eventos: a) cuando se tratara de las actuaciones de un
funcionario público y el hecho imputado se relacionara con el ejercicio de sus
funciones, b) cuando estuviese en curso un proceso penal, o c)
cuando el difamado permitiera probar el hecho imputado[26]. Es decir, la admisión de la verdad porque en ella
subyace un interés público, representado en las calidades del sujeto del dicho y
su relación con el interés general, en el tipo de problema jurídico o de
violación que se plantea o cuando el sujeto pasivo de la injuria así lo admite.
De
entre ellos, cabe destacar la existencia de un proceso penal, en donde la
verdad del hecho imputado se fundamentaba en la sentencia condenatoria (C.P.
francés de 1810, artículo 370). Es decir que “si prueba la verdad del
hecho o si la persona a quien el hecho se atribuye es condenada a causa de él,
después de habérsele atribuido, el autor de la imputación no será punible (…)”
(Artículo 596 Decreto Ley 288 del 14 de septiembre de 1944 Italia), pues “el
juez de la difamación está obligado a fundamentar su convencimiento acerca de
la verdad del aserto injurioso sobre la condena (…) en efecto, la condena, como
se ha dicho, tiene valor de prueba legal de la verdad”[27].
27.
En este sistema se pone en evidencia el principio del ‘res iudicata pro
veritate habetur’, la cosa juzgada se tiene por verdadera, al equiparar
lisa y llanamente, por orden de la ley, la prueba de la verdad con la “sentencia
de condena dada por el mismo hecho contra el difamado”. Es decir que con la
sentencia se fija una presunción de culpabilidad sobre el difamado, a la que “no
puede oponer ninguna prueba (…) [pues], se trata de una prueba legal,
vinculativa para el juez, quien debe conformarse con la sentencia para evitar
contradicción de fallos”[28].
·
La exceptio veritatis en
Colombia
28.
La admisibilidad de la prueba acerca de las imputaciones penales realizadas
fue, y es, la regla general que se aplica en el delito de calumnia (Cod. Pen.
1890[29], 1936[30], 1980[31], 2000). Su permisión ha sido justificada debido a
que:
1) Se compadece con el concepto de que la calumnia es
la imputación de un hecho falso, es decir, probando la verdad de lo
imputado no se incurre en este acto punible.
2) Lo que se pretende salvaguardar con este tipo penal
es el honor merecido, es decir, que el Estado protege, so pena de
sanciones penales, la honra cuando el sujeto pasivo del delito no ha incurrido
en la falta o en la acción vergonzosa que se le ha imputado, pues si ejecuta
efectivamente actos delictuosos o infames se despoja por sí mismo de su
patrimonio moral y no puede pretender el respeto ajeno, o por lo menos no en la
misma medida de un ciudadano cuyo actuar es irreprochable[32]. En otros términos, hay una defraudación cuando se
busca gozar y aprovechar la estimación pública sin merecerlo[33].
3) Existe un interés social en conocer las malas
acciones y sus ejecutores, y en desenmascarar al deshonesto.
Justamente, en los debates previos a la expedición del
Código Penal de 1936, sus redactores consideraron que no permitir la prueba es
el resultado de la falta de limitación entre la injuria y la calumnia, y
demuestra un exceso en el rigor de represión y un recorte “pernicioso” a
la libertad de expresión; si ello fuere así -dijeron- “todas las
infracciones contra el honor quedan reducidas al tipo conocido entre nosotros
por injuria, y se establece en la práctica que no hay derecho a hablar de las
malas acciones ajenas”[34]. Protección personal, en su sentir exagerada, cuando
la reprobación social es una de las formas de sanción existentes y más eficaces
en la vida civilizada.
Señalaron, asimismo, que no puede considerarse como
una infracción, la manifestación de los hechos criminosos o deshonestos ejecutados
por los ciudadanos, especialmente cuando se pretende la defensa de intereses
públicos “dada la amplitud y universalidad que hoy tiene el fuero de
expresar libremente toda idea, y dada la preponderancia que en los Estados
democráticos alcanza la opinión pública”[35].
4) En un Estado democrático debe haber toda amplitud
para expresar las ideas. Y por ello se previó en la ley que, una vez
probado el hecho imputado, quien hacía la imputación quedaba exento de pena (Cod.
Pen. 1890, 1936, 1980) y  hoy en día, queda exento de responsabilidad (Cod. Pen.
2000).
29.
Antes de 1944, por regla general, en la injuria -a diferencia de la calumnia-
no era permitido probar los hechos imputados, pues era indiferente si el hecho
era verdadero o falso, ya que la intención principal estaba en proteger la intimidad.
Con
todo, se crearon excepciones para esta regla cuando la afirmación se
relacionaba con un delito cometido por un empleado o funcionario público,
cuando se trataba de un delito cometido por un particular contra la
causa pública o en los casos en que la ley concedía acción popular
(Cod.Pen. 1890[36]) o cuando al realizar la imputación se  procedía con
el fin de defender un interés público o en cumplimiento de un deber
concreto y determinado (C.P. 1936[37]).
Mas
con la Ley 29 de 1944, denominada la Ley de Prensa, contrario sensu, se
consideró inadmisible la prueba de las imputaciones injuriosas en los mismos
supuestos que existían para las calumniosas[38].
30.
La Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia, refiriéndose a la exceptio veritatis,
determinó que esta restricción a la tutela jurídica del honor estaba fundada en
el culto a la verdad y en el interés social de desenmascarar al deshonesto y
que “la prueba de la verdad de un hecho calumnioso desintegra el delito,
precisamente porque en la calumnia es esencial la falsedad del hecho concreto
imputado; y en tratándose de la injuria, la exceptio veritatis excluye la
ilicitud o antijuridicidad del acto y equivale, en consecuencia, a una causal
de justificación”[39]
·
Limitación a la exceptio
veritatis.
31.
En la disposición que al regular la calumnia permitía probar los hechos
endilgados por el denunciado, según el Código Penal de 1936, se instituyó como
limitación a esa regla, no permitir la prueba cuando i) la imputación de
cualquier hecho punible fuese materia de absolución o sobreseimiento definitivo[40] en Colombia o en el extranjero y cuando ii) la
imputación del hecho se refiriera a la vida conyugal, de familia, o a un delito
contra las buenas costumbres cuya investigación dependiera de la iniciativa
privada.
La
norma antes mencionada fue reiterada en el Código Penal de 1980[41]; mas en éste la exclusión a la posibilidad de
presentar prueba de los hechos endilgados, se amplió al supuesto de que la
imputación del hecho punible hubiese sido objeto de cesación del procedimiento,
excepto si se tratare de prescripción de la acción; la segunda exclusión a la
admisibilidad de la prueba fue descrita como “la imputación de hechos que se
refieran a la vida sexual, conyugal, o de familia, o al sujeto pasivo de un
delito contra la libertad y el pudor sexuales”.
32.
En los debates que dieron lugar al código penal vigente se estableció que se
debía mantener como regla común para los delitos contra la integridad moral la exceptio
veritatis o prueba de la verdad, con dos taxativas excepciones. La primera
excepción, cuyo contenido es el que en este proceso se analiza, y que conforme
el Código penal de 1936 y el de 1980, impide al imputado por alguno de tales
delitos, prueba de la veracidad de los hechos imputados. Una excepción a la
regla que se ha justificado por la doctrina nacional, en razón a que el
pronunciamiento definitivo de la justicia acerca de la existencia o no del
delito, o de cualquier causal de justificación o inculpabilidad, debe
prevalecer, cosa que no ocurre cuando ha habido prescripción.
En
otros términos “cualquier repetición de las imputaciones resueltas
favorablemente por la justicia no pueden quedar sujetas a demostraciones
distintas a las que se realizan en ésta, lo contrario sería desconocer el
acierto que se presume de toda decisión judicial ejecutoriada”[42], es decir, si “se trata de pronunciamientos
judiciales que han hecho tránsito a cosa juzgada, mal podría aceptarse que
pudiesen ser puestos por nadie en tela de juicio, en tanto equivaldría a tratar
de revivir una acusación sobre la que se produjo fallo definitivo de
exculpación, del incriminado…”[43]. Y con
respecto a la salvedad relativa a la prescripción, pues “por la sencilla
razón de que la justicia no ha hecho un pronunciamiento definitivo sobre la
existencia o no del delito o de cualquier causal de justificación o de
inculpabilidad”[44].
A
su vez, respecto de la segunda excepción a la prueba de verdad, se ha dicho que
también resulta legítima, como quiera que no deben ser admitidas pruebas sobre los
hechos cuando se trate de imputaciones relacionadas con la vida sexual,
conyugal o familiar, debido a la consideración de que por encima de cualquier
otro interés está el poner al hogar, como recinto de la familia más respetable
que hay en el seno de la sociedad, a salvo de toda intromisión que pueda
perturbar su reposo y su armonía. Se plasmó así el deseo de proteger el núcleo
familiar y la disponibilidad sexual de una persona y evitar que con el pretexto
de demostrar la veracidad de una afirmación, se den a conocer aspectos íntimos
de la vida familiar[45].
33.
No se enfrenta entonces la Corte constitucional a una disposición improvisada o
de nuevo cuño en nuestro ordenamiento jurídico, sino hereditaria de una
tradición muy larga, de una interpretación zigzagueante desde fuera y en
nuestro propio derecho, con la que el legislador ha realizado la difícil
ponderación entre los bienes jurídicos que componen la integridad moral o el
honor y las libertades de expresión e información.
2.b.2.
Derecho  comparado
34.
Examinados los elementos históricos del ordenamiento colombiano que anteceden y
dan contexto al objeto de la demanda que aquí se resuelve, pasa la
Corte a buscar referencias que ilustren sobre el problema aquí planteado en el
Derecho comparado.
Referencias,
se precisa, que indiquen la respuesta que se ha dado a la prueba de la verdad
en los procesos relacionados con los delitos contra el honor y sus excepciones
en los Estados de derecho del mundo.
Las tendencias existentes en el Derecho
comparado, en torno a la exceptio veritatis y también a sus excepciones,
podrían agruparse bajo las siguientes tendencias:
1. La extrema que prohíbe en todo caso
demostrar la verdad de lo dicho, en particular cuando se trata de imputaciones
sobre hechos delictivos ya estudiados y desestimados por juez competente.
2. La intermedia que la admite con
restricciones.
3. La que reconoce sin limitaciones la exceptio
veritatis.
4. La que excluye la responsabilidad penal como
forma de proteger los derechos al honor e integridad moral, tendencia por la
que apuesta el sistema regional de Derechos humanos.
2.b.2.a. Tendencia extrema. La inadmisibilidad de la
prueba cuando existe sentencia absolutoria acerca del hecho imputado
35. Haciendo referencia específica a la excepción a la
prueba de la verdad tratada en este proceso, Alemania posee una
regulación de la misma línea a la de la disposición acusada en el presente
asunto. Allí se regula sobre la inadmisibilidad de la prueba acerca de un hecho
imputado que fue materia de sentencia absolutoria, expresada en la disposición
190 de su Código Penal[46].
Dicha disposición ha sido entendida como una regla
de prueba que considera como hecho probado lo que se ha juzgado ya en otro
procedimiento, limitándose  de este modo el principio de libre apreciación
probatoria.
36.
Otra referencia que se inscribe en esta tendencia radical, se encuentra en el
Código Penal Peruano[47].
En este país, empero, hay que resaltar como fundamento constitucional
de tal precepto, que toda persona tiene derecho: (…) 4.
A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del
pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio
de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento
algunos”. Todo esto, sin embargo, “bajo las responsabilidades de ley (…)”.
Pero al mismo tiempo tiene derecho: “7. Al honor y a la buena
reputación, a la intimidad personal y familiar así como a la voz y a la imagen
propias” (artículo 2°)”. Y también se establece, con fuerza determinante
como principio y derecho de la función jurisdiccional “13. La prohibición de
revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada. La amnistía, el
indulto, el sobreseimiento definitivo y la prescripción producen los efectos de
cosa juzgada” (artículo 139).
37.
También en el ordenamiento penal costarricense[48] se dispone
que, ante la atribución a una persona de la comisión de un delito[49], el autor por regla
general podrá probar la verdad del hecho imputado, salvo que el delito se trate
de acción o instancia privada[50], y advierte
que, “si el hecho imputado es objeto de un proceso pendiente, el juicio por
calumnia o difamación calumniosa, quedará suspendido hasta que en aquél se
dicte sentencia, la cual hará cosa juzgada acerca de la existencia o
inexistencia del hecho”[51].
2.b.2.b.
La posición intermedia. El ejemplo del Derecho italiano.
38.
Una primera regulación destacable de esta tendencia, es ilustrada por la
llamada prueba liberatoria[52], figura establecida en Italia en el Código
Penal de 1989, y proveniente del artículo 5° del Decreto Ley 288 del
Lugarteniente del Reino del 14 de septiembre de 1944[53], en la que se establece:
“Cuando la ofensa consista en la atribución de un
hecho determinado, la prueba de la verdad del mismo hecho será siempre admitida
en el proceso penal:
1)
Si la persona ofendida es
funcionario público y el hecho que se le atribuye se refiere al ejercicio de
sus funciones.
2)
Si por el hecho atribuido a
la persona ofendida ya se ha abierto o se inicia contra ella un proceso penal;
3)
Si el querellante pide
formalmente que el juicio se extienda a la comprobación de la verdad o la
falsedad del hecho que se le atribuye”.
Tres razones distintas que justifican la prueba de la
verdad y hacen que la ofensa no sea jurídicamente perseguible. La primera que
se da por la persona de quien se trata el hecho imputado: funcionarios públicos
y por la importancia de los asuntos de interés público que atienden y el poder
que ejercen, como por ejemplo el limitar derechos, portar y usar legítimamente las
armas, disponer de bienes públicos y por supuesto, administrar justicia. La segunda
porque la apertura de un proceso penal, demuestra al menos prima facie
que el hecho imputado asunto de la ofensa ha tenido valor suficiente para
activar la administración de justicia penal. Y la tercera, por razón del
ejercicio del derecho de libertad, en concreto de la voluntad libre del propio
difamado de que se investigue lo que se le imputa y que él considera ofensivo.
Ahora
bien, es en especial frente al segundo caso, esto es, ante la existencia de un
proceso penal, que se establecen distinciones relevantes. Se agrega a este
respecto por la disposición en comento: “Si se prueba la verdad del hecho, o
si la persona a quien el hecho se atribuye es condenada a causa de él, después
de habérsele atribuido, el autor de la imputación no será punible (…)”[54].
Lo
anterior, por cuanto ha dicho la doctrina[55], sería difícil admitir la prueba en un proceso ya
cerrado, con sentencia condenatoria irrevocable o con sentencia absolutoria no
impugnable. La fórmula legal es, sin embargo, de recibo cuando se inicia un
proceso penal, es decir, a futuro. El proceso está vigente mientras no se
pronuncie sentencia instructora (artículo 378 y 379), o en el caso de
llamamiento a juicio, mientras no se profiera sentencia irrevocable de
absolución o condena. Fuera de estos términos, sería inoportuna la excepción.
No obstante, podría ser propuesta en caso de reapertura de la investigación “cuando
no haya intervenido ninguna causa extintiva del delito”, pues no hay motivo
para considerar caducado el derecho del ofensor, que tuviera pruebas nuevas y
más eficaces para someter al juicio de los jueces.
La
ley equipara la sentencia de condena con la prueba de la verdad. Es una
consecuencia lógica del mencionado principio de  res iudicata pro veritate
habetur -la cosa juzgada se tiene por verdadera-. Contra esta presunción de
culpabilidad, el difamado no puede proponer ninguna prueba. Ahora bien,
tratándose de una sentencia absolutoria, el difamador no podría ser admitido a
probar con otros medios la verdad de su imputación, ni aunque el difamado
consintiera en ello. En efecto, se trata de una prueba legal, vinculativa para
el juez, quien debe conformarse con la sentencia para evitar la contradicción
de los fallos.
De
este modo, para admitir la prueba del hecho difamatorio, la difamación debe ser
anterior a la condena acerca del hecho imputado, pues en caso de condena
absolutoria precedente, la responsabilidad del difamador quedaría
íntegra.
39. Otro ejemplo de esta tendencia se encuentra
en algunas disposiciones del Derecho penal argentino[56]. En éste, se permite al acusado de injuria probar la
veracidad de su imputación en los siguientes casos: “1. Si la imputación
hubiere tenido por objeto defender o garantizar un interés público actual; 2.
Si el hecho atribuido a la persona ofendida, hubiere dado lugar a un proceso
penal; 3. Si el querellante pidiere la prueba de la imputación dirigida contra
él”; una vez probada la verdad, el acusado queda exento de pena (Artículo
111).
La
prueba de la verdad de la imputación debe procurarse en el juicio de calumnia;
pero si la imputación tiene que ver con hechos que son objeto de discusión en
un proceso que se halla en curso, no pueden tramitarse dos causas en las cuales
se ventile el mismo hecho, de modo que se ha de paralizar el juicio de calumnia
hasta que se dé el resultado del juicio criminal principal, especialmente en el
aspecto objetivo y positivo de la imputación. Así, y siendo similar a la
doctrina italiana “es manifiesto, en efecto, que si el juicio promovido
determina una condena, toda posible imputación de calumnia queda descartada, y
no es necesario, en el juicio de calumnia, la reproducción de la prueba de la
verdad del hecho”[57].
La doctrina argentina sin embargo considera, que esta situación
debe ser valorada con detenimiento. En efecto, “dictada la absolución en el
juicio criminal, no debe considerarse rechazada ‘in limine’ toda prueba
ulterior en el juicio de calumnia, en el cual el demandado, si bien no podrá
probar la verdad objetiva de su imputación, podrá probar en cambio que al hacerla
fue víctima de un error inculpable, esto es que obró de buena fe”[58],  o podría suceder que “… el hecho de
sobreseimiento definitivo no es suficiente por sí para hacer procedente una
acción por calumnia, pues esa resolución puede originarse en otros motivos
distintos de la demostración de la falta de responsabilidad del acusado (C.C.C.
J.P.B.A 5-521)” [59].
Con respecto a la interpretación dada por parte de la
jurisprudencia argentina, se ha asumido que “las garantías constitucionales
requieren que quienes reclamen penal o civilmente daños a la prensa por la
falsedad difamatoria, se trate de un funcionario público, una personalidad
pública o un particular involucrado en una cuestión de trascendencia
institucional, prueben que la noticia o publicación fue efectuada con ‘real
malicia’, o sea, con el conocimiento de que era falsa o con temerario
desinterés acerca de si era falsa o no”[60].
2.b.2.c. Admisibilidad de la prueba frente a una sentencia absolutoria
40. El mejor ejemplo, sobre la tendencia amplia y abierta de admitir la
prueba de la verdad para eximirse de responsabilidad respecto del delito de
calumnia, es España. De esta forma, el Código Penal (L.O. 10 de 1995)
dispone en su acápite de los delitos contra el honor que “es calumnia la
imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario
desprecio hacia la verdad” (artículo 205) y seguidamente establece que “el
acusado por delito de calumnia quedará exento de toda pena probando el hecho
criminal que hubiere imputado”.
43. En lo que respecta a la admisibilidad de la prueba cuando obra una
sentencia absolutoria acerca del hecho que se imputa, se resalta el siguiente
pronunciamiento del Tribunal Constitucional Español, emitido con ocasión a la
presentación de un recurso de amparo[61].
La Sala Segunda del
Tribunal Constitucional de España, al estudiar un recurso de amparo propuesto
contra una sentencia de la sección primera de la audiencia provincial de
Zaragoza, por medio de la cual se condenó por el delito de calumnia a los
accionantes, resolvió otorgar el amparo solicitado, declarar que fue vulnerado
el derecho a la libertad de información de los recurrentes y anular la
sentencia cuestionada. La vulneración en que se basa la acción constitucional
consiste en que “la Audiencia Provincial no tuvo en cuenta las
circunstancias de que la información transmitida era veraz, como se probó con
la abundante prueba testifical y documental practicada para tal fin, y de que
poseía indudable relevancia pública y se refería a personajes públicos, pues
trataba de dar a conocer a la opinión pública las graves deficiencias que se
habían detectado en el funcionamiento del centro penitenciario en cuestión y la
responsabilidad de su dirección en ellas”.
El Tribunal, a fin de sustentar el amparo del derecho fundamental a la
libertad de información, parte de las siguientes premisas:
i) El órgano judicial antes de subsumir en el tipo
penal los hechos declarados, debe determinar si no son desarrollo legítimo de
derechos o libertades constitucionalmente amparables, pues “es obvio que los
hechos probados no pueden ser a un mismo tiempo valorados como actos de
ejercicio de un derecho fundamental y como conductas constitutivas de un
delito, de manera que la ausencia de ese examen previo(...), no es
constitucionalmente admisible” y, por tanto, se consideran de por sí
lesivas y dan lugar a la estimación del recurso de amparo y a la anulación de
la resolución judicial impugnada a través de él.
En el caso concreto, el Tribunal Constitucional
encontró que la Audiencia provincial condenó a los accionantes haciendo caso
omiso de la alegación de que estaban ejerciendo las libertades de expresión e
información, y determinó que “ni siquiera menciona en su sentencia la
posible concurrencia de los derechos fundamentales protegidos en el art. 20.1
CE, y se limita a negar la veracidad de los hechos denunciados por los
recurrentes en Amparo(…), porque ningún ‘atisbo’ encontró el órgano judicial
que pudiera ‘sustentar la exceptio veritatis’, sino todo lo contrario, a la
vista del sobreseimiento de las numerosas denuncias presentadas por los
reclusos contra el centro penitenciario y sus funcionarios, o de las relaciones
absolutorias recaídas en aquellos casos en los que dichas denuncias fueron
tramitadas”.
ii) Antes de que el juez penal entre a enjuiciar la
concurrencia en el caso concreto del tipo penal de calumnia, debe efectuar un
examen para verificar si la conducta sujeta al escrutinio penal constituye o no
un ejercicio de las libertades de expresión o de información del artículo 20.1
CE, ya que dichas libertades pueden operar como causas excluyentes de
antijuridicidad de esa conducta, “so pena de conculcar el art. 20 de no
hacerlo así”.
De este modo, el juez penal debe valorar si el
ejercicio de la libertad de opinión y expresión fue legítima de acuerdo con la
Constitución, esto es, “le impone comprobar si de opiniones se trata, la
ausencia de expresiones manifiestamente injuriosas e innecesarias para lo que
se desea manifestar, y de tratarse de información, que ésta sea veraz”. Por
ende, satisfechos estos supuestos no cabe la sanción penal, pues “la
aplicación del tipo penal no debe resultar, ni desalentadora del ejercicio de
las libertades de expresión e información, ni desproporcionada, ya que así lo
impone la interpretación constitucionalmente conforme de los tipos penales,
rigurosamente motivada y ceñida al campo que la propia constitución ha dejado
fuera del ámbito protegido por el art.20.1 CE”.
iii) El reconocimiento constitucional de las
libertades de expresión y de información ha modificado profundamente la forma
de afrontar el enjuiciamiento de los delitos contra el honor en aquellos
supuestos en los que la conducta a considerar haya sido realizada en ejercicio
de dichas libertades, pues la dimensión constitucional del conflicto hace
insuficiente el criterio subjetivo del animus injuriandi y traslada el
enjuiciamiento a un plano distinto, en el cual no se trata de establecer si con
el ejercicio de las mencionadas libertades se transgrede el honor, sino si tal
ejercicio opera o no como causal excluyente de antijuridicidad, esto es, si las
libertades se ejercen dentro del marco señalado por la
Constitución, “sin que ello implique juicio alguno sobre la aplicación del
tipo penal en cuestión a los hechos declarados por la jurisdicción penal”.
La Audiencia Provincial de Zaragoza examinó sólo si era o no lesiva para el
derecho al honor la información divulgada por los procesados, relacionada con
la imputación de hechos delictivos; bajo esa perspectiva, sostuvo que los
hechos imputados eran objetivamente falsos, debido a que las denuncias
resultaron infructuosas, bien por haber sido sobreseídas o por haber concluido
en fallos absolutorios, así como en que los acusados no intentaron probar  la
verdad de los hechos en el juicio; y que el ánimo de los acusados era el de
difamar con su divulgación.
Al respecto el Tribunal consideró que el órgano
judicial desconoce la doctrina según la cual, “la veracidad de una
información en modo alguno debe identificarse con su ‘realidad
incontrovertible’, puesto que ello constreñiría el cauce comunicativo
únicamente al acogimiento de los hechos que hayan sido plena y exactamente
demostrados, mientras que la
Constitución extiende su garantía también a las informaciones que puedan
resultar erróneas o sencillamente no probadas en juicio, sin que la falta de
interposición o invocación de la exceptio veritatis determine o prejuzgue la
veracidad de una información”.
Con base en lo expuesto, dedujo que estaba acreditado
que los hechos aducidos por los solicitantes del amparo se fundaron en una “ardua
labor de investigación, conveniente y abundantemente documentada y puesta a
disposición de la Audiencia Provincial que fue corroborada, además, por la
prueba testifical y documental practicada en el juicio, y de la que se
desprende con toda claridad la diligencia con la que quienes confeccionaron el
referido informe comprobaron la información sobre las irregularidades
denunciadas, con el grado de cuidado que este Tribunal ha requerido cuando la
divulgación de unos comportamientos (…) pueden redundar (…) en descrédito de
las personas a las que se refiere ”.
Bajo ese entendimiento, quedó en claro que la prueba le corresponde al
calumniador, que es el que afirma; sin embargo, no suministrar la prueba no
quiere decir que sea falso el hecho atribuido, ni que existe delito, pues es
posible que aunque no se demuestre la certeza de la imputación, tal acto sea amparado
por la Constitución.
2.b.2.d.  Destipificación de las conductas de injuria
y calumnia: apuesta del sistema regional de Derechos humanos.
42. Una última tendencia por destacar, aparte de otras existentes[62], se encuentra no ya en los casos en que se acepta sin
limitaciones la verdad como excepción, sino en los que simplemente se ha
excluido la sanción penal como forma de sancionar el dicho calumnioso o
injurioso sobre alguien, por existir otras formas para sancionar tal hecho
cuando es ilegítimo por carecer de verdad o de derecho a difundir información.
Menos
popular, menos extendida, pero como opción clara y cierta, no contra la
majestad de la justicia y la decisión judicial, sí se justifica por el fortalecimiento
material de la democracia, a través de la apertura de espacios para la libertad de expresión y la negación
de fórmulas que la limiten sin justificación suficiente.  Una fórmula, por
cierto adoptada por países con democracias jóvenes, quizás más concientes de la
importancia de crear condiciones para crear opinión pública, para conocer y
poder disentir y criticar el comportamiento humano socialmente relevante, para
admitir que la libertad de expresión es esencial al desarrollo democrático.
Países como Bosnia y Herzegovina (2002), Georgia
(2004), Ghana (2001), Sri Lanka (2002) y México (2006), en los que se ha
destipificado los delitos contra el honor, porque las afrentas que se puedan
producir contra el patrimonio espiritual, la honra, la buena imagen de un
sujeto, pueden ser sancionadas y reparadas de otra forma, porque el derecho
penal es la última ratio y porque es necesario evitar que disposiciones
jurídicas tendientes a proteger unos derechos, se conviertan en herramientas o
instrumentos jurídicos con los cuales se restrinjan ilegítima y
desproporcionadamente otros derechos, como es en este asunto la libertad de
expresión.
Así mismo, Panamá, en el nuevo código penal que entró
a regir en mayo de 2008, excluyó la responsabilidad penal cuando el presunto
afectado por los delitos de injuria y calumnia fuese un funcionario público.
Por su parte, recientemente la
Asamblea General del Poder Legislativo de Uruguay reformó el Código Penal y la
Ley de Prensa, eliminando las sanciones por la divulgación de opiniones o
informaciones sobre funcionarios públicos o sobre asuntos de interés público,
salvo cuando la persona presuntamente afectada logre demostrar la existencia de
real malicia.  Por su parte, en Brasil, el Supremo Tribunal Federal de Brasil,
por sentencia del 30 de abril de 2009, elimina la
Ley de Prensa de 1967 (Lei N° 5250/67/, que imponía duras penas por los
delitos de difamación e injurias, y permitía la censura previa, entre otras
medidas restrictivas del ejercicio de la libertad de expresión, por
considerarla incompatible con Constitución Federal[63].
Dentro de esta tendencia, resulta particularmente
persuasiva la propuesta a la que invita el sistema regional de Derechos
humanos.
En el Informe Anual de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre libertad de expresión de
2008[64], se establece dentro de los ingredientes
que componen la “agenda de hemisférica” para la defensa de tal libertad, la
necesidad de “eliminar las normas que criminalizan la expresión y de impulsar
la proporcionalidad de las sanciones ulteriores”[65].
A este respecto se señala que el ideal de ciudadano
que subyace a las democracias de las Américas y del sistema interamericano de
protección de derechos humanos, es el de “un sujeto deliberante, que tiene
el valor de servirse de su propia inteligencia y que está dispuesto a
discutir con otros las razones de su decisión”. Se trata, dice el informe, de
“tomarse en serio la idea de una ciudadanía democrática y militante”, lo que
implica el “diseño de instituciones que permitan y que no inhiban o dificulten
la deliberación sobre todos los asuntos y fenómenos de relevancia pública”[66].
Por esto es que observa que las instituciones propias
del derecho sancionatorio y en especial del derecho penal resultan de
particular relevancia, pues sirven como medios coercitivos para imponer una
visión única y desalentar la deliberación vigorosa, siendo por lo demás
incompatibles con los principios que orientan los regímenes democráticos y en
particular la libertad de expresión en los términos contemplados en el art. 13
de la Convención Americana de DDHH[67].
En este marco, la
Relatoría especial señala como temas preocupantes y sobre los cuales deben
trabajar tanto el sistema como los propios Estados miembros de la organización:
“(i) La existencia de leyes penales de desacato, injuria y calumnia,
particularmente, cuando se aplican para procesar penalmente a quienes han hecho
valoraciones críticas sobre asuntos de interés público o sobre personas que
tienen relevancia pública; (ii) el uso de la legislación penal para proteger la
‘honra’ o ‘reputación’ de ideas o instituciones (…)”.
Es por ello que importantes decisiones de la
Corte Interamericana sobre libertad de expresión, han estudiado el
enjuiciamiento penal de quienes se habían expresado con opiniones críticas
respecto de asuntos de interés público. En todos estos asuntos, la
Corte declaró la desproporción de tales medidas, a más de ser contrarias al
art. 13 de la Convención[68].
Y se agrega enseguida que tanto la
CIDH como la Relatoría Especial en todos sus informes sobre el tema, “han
enfatizado sobre la necesidad de discriminalizar el ejercicio de esta
libertad y de establecer criterios de proporcionalidad para la fijación de las
responsabilidades ulteriores que puedan surgir de su ejercio abusivo, de
conformidad con los principios 10 y 11 de la
Declaración de Principios[69].
Con base en lo anterior es que la
Relatoría especial insiste en la necesidad de cumplir con lo dispuesto en
tales principios, e insiste igualmente en que la exclusión de tales medidas
penales no busca desproteger derechos como el honor y la privacidad, sin duda
valiosos para la democracia.  “De lo que se trata -dice el informe- es de
asegurarse que la protección de tales bienes no termine comprometiendo una de
las mas importantes condiciones de posibilidad de las sociedades democráticas”[70].
Conviene finalmente observar que mediante Resolución
2434 (XXXVIII-0/08) adoptada por la
Asamblea General de la OEA, “Derecho a la libertad de pensamiento y expresión
y la importancia de los medios de comunicación”, con base en la importancia
ampliamente reconocida de este conjunto de libertades para consolidar las sociedades
democráticas, se contempla dentro de las determinaciones adoptadas: “12.
Invitar a los Estados Miembros a considerar las recomendaciones de la
Relatoría Especial de la CIDH para la
Libertad de Expresión en materia de difamación, en el sentido de derogar o
enmendar las leyes que tipifican como delito el desacato, la difamación, la
injuria y la calumnia, y, en tal sentido, regular estas conductas en el ámbito
exclusivo del derecho civil”.
2.b.2.e. Conclusión parcial
43. El derecho comparado como herramienta para el
análisis de la validez de la norma objeto de estudio, arroja un panorama diverso,
que muestra los ires y venires de la construcción jurídica y la forma de
articular los diferentes derechos reconocidos.  En algunos casos se excluye la
prueba de la verdad sobre hechos estudiados en un proceso concluido con
exoneración del acusado; en otros se admite cuando el proceso penal está en
curso o cuando así lo determine el interés público materia de la imputación.
Finalmente, en otros, se excluye la responsabilidad penal como forma de
proteger la integridad moral de las personas.  Escenario en el que por cierto
se encuentra el sistema americano de DDHH, con su discurso amplio de los
derechos humanos y de la sociedad democrática.
2.b.3. Elementos que configuran el contenido normativo
del art. 224, numeral 1° del Código penal
44.  Estudiadas las referencias históricas y de
derecho comparado que permiten a esta Corte disponer de mayores elementos de
juicio para el caso concreto, se concentra ahora en el análisis de la norma
demandada.
45.  Como se ha indicado, la disposición que se acusa
es el numeral 1° del artículo 224 del Código penal según el cual:
Artículo 224. Eximente de responsabilidad.
No será responsable de las conductas descritas en los artículos anteriores
quien probare la veracidad de las imputaciones.
Sin embargo, en ningún caso se admitirá
prueba:
1. Sobre la imputación de cualquier
conducta punible que hubiere sido objeto de sentencia absolutoria, preclusión
de la investigación o cesación de procedimiento o sus equivalentes, excepto si
se tratare de prescripción de la acción, y
2. Sobre la imputación de conductas que se
refieran a la vida sexual, conyugal, marital o de familia o al sujeto pasivo de
un delito contra la libertad y la formación sexuales.”
(Es el aparte resaltado el que se demanda).
46. En aras de fijar con claridad el contenido y las
implicaciones de la norma acusada, la Corte procederá de la siguiente manera:
En primer término analizará la ubicación del precepto en el Código penal, como
parte del título sobre delitos contra la integridad moral (2.b.3.a); en
segundo, se determinará su condición de excepción a la eximente de
responsabilidad o exceptio veritatis (2.b.3.b). En tercer lugar, se
establecerá el significado de la expresión “conducta punible”, frente a la
expresión “hecho típico” con que se describe el delito de calumnia
(2.b.3.c) y finalmente, en cuarto lugar, se estudiarán las situaciones
jurídicas en las que opera la disposición (2.b.3.d). Lo anterior permitirá,
nuevamente, sacar algunas conclusiones parciales (2.b.3.e).
2.b.3.a. Ubicación del precepto y delitos a
los que se refiere la disposición acusada
47. La disposición acusada, se reitera, hace parte del
art. 224 del Código penal, Ley 599 de 2000, la cual se incorpora en el TITULO
V, Capítulo único, relativo a los “delitos contra la integridad moral”.
En ella se contempla una de las causales
por las cuales no es posible servirse de la eximente de responsabilidad
prevista para tales delitos, a saber, la de probar la veracidad de las
imputaciones. Sin embargo, dada la dependencia que tal previsión normativa
posee no sólo con el enunciado que exceptúa, sino también con las “conductas
previstas en  los artículos anteriores”, a juicio de la
Corte conviene revisar brevemente tales preceptos.
48.
El título V se inicia con el Artículo 220, que tipifica el delito de injuria
que se configura cuando alguien “haga a otra persona imputaciones
deshonrosas”,  lo cual se sanciona con pena de prisión y multa. En el
artículo 221 se establece el delito de calumnia, predicable de
quien “impute falsamente a otro una conducta típica”, con sanciones
semejantes. En el artículo 222 se contemplan los delitos de
injuria y calumnia indirectas, en los que incurre “quien publicare,
reprodujere, repitiere injuria o calumnia imputada por otro, o quien haga la
imputación de modo impersonal o con las expresiones se dice, se asegura u otra
semejante”. En el artículo 223, se establecen las circunstancias especiales
de graduación de la pena, según el medio empleado para expresar el dicho
injurioso o calumniador.
Salvo
lo contemplado en este último art. 223, las restantes disposiciones recogen los
tipos penales que el legislador colombiano ha consagrado para sancionar las
afrentas contra “la integridad moral” de las personas.
2.b.3.b.
El art.  224: La exceptio veritatis y sus excepciones
49.
Frente a las conductas descritas en el 2.b.3.a. inmediatamente precedente, el
art. 224 primer inciso del Código penal contempla la “eximente de responsabilidad”,
según la cual, “No será responsable de las conductas descritas en los
artículos anteriores quien probare la veracidad de las imputaciones”. Esta
eximente ha sido llamada desde el derecho romano la exceptio veritatis[71].
Dicha
eximente, sin embargo, no puede ser invocada en dos eventualidades, aún
contando con las pruebas que acrediten la verdad de la imputación. La segunda,
que no ha sido cuestionada y por consiguiente no será objeto de ninguna
revisión, ocurre cuando la prueba que se pretende aportar verse “ 2. Sobre la imputación de conductas que se
refieran a la vida sexual, conyugal, marital o de familia o al sujeto pasivo de
un delito contra la libertad y la formación sexuales”. Y la primera, que es la cuestionada
constitucionalmente en este asunto, hace inadmisible prueba alguna sobre “la imputación de cualquier conducta punible
que hubiere sido objeto de sentencia absolutoria, preclusión de la investigación
o cesación de procedimiento o sus equivalentes, excepto si se tratare de
prescripción de la acción”.
50.
Los demandantes plantean si la prueba de los hechos imputados opera como
eximente en la calumnia y en la injuria, a pesar de que en esta última pareciera
irrelevante lo verdadero o falso de la imputación.
51.
Dicha cuestión hermenéutica reclama una precisión sobre el inciso primero del
artículo 224 que contempla la exceptio veritatis y da sentido al numeral
demandado que impide que dicha exceptio proceda.
La Corte, obviamente, no
debe pronunciarse ni establecer el alcance del inciso primero del artículo 224
del Código penal, pues no fue acusado. Sin embargo hará breves consideraciones
sobre el mismo, a efecto de extraer algunas conclusiones sobre el objeto del
presente proceso de constitucionalidad.
52. A fin de comprender el
precepto acusado, baste sólo indicar una evidencia: se trata de la fórmula con
la cual se reconoce como atípica la conducta penal contra el derecho a la
integridad moral, cuando la imputación materia de inculpación, ha sido probada
y por tanto es verdadera.
53.
Lo que sí debe establecerse es si la eximente de tal excepción, contenida en el
numeral 1º del art. 224 del Código penal, opera tanto para la injuria como para
la calumnia.
Sobre
este particular, estima la Corte que le asiste razón a los demandantes al
considerar que dicha causal que impide o hace inadmisible la presentación de prueba
alguna sobre “la imputación de cualquier conducta punible”, únicamente puede
ser predicable para el delito de calumnia, en cualesquiera de sus modalidades,
pues, en efecto, ese tipo penal se constituye sobre conductas típicas, esto es,
alusivas a delitos y contravenciones, siendo sólo ellas las que pueden ser
punibles.
Y
frente a la duda que formula el interviniente José Joaquín Castro según la cual
no puede el intérprete reducir el alcance de una disposición cuando el propio
legislador no lo ha hecho, se debe indicar que no hay en esta fijación de
sentido una limitación. No se niega ilegítimamente un propósito de la ley sino
que aplica la regla de interpretación dispuesta en el art. 28 del Código civil
según la cual, las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y
obvio, salvo que el legislador las haya definido expresamente.
Refuerza
dicha interpretación, el análisis que la
Corte Suprema de Justicia efectuaba sobre el carácter excluyente de uno y otro
delito respecto de la misma imputación, pues o bien ese dicho de otro es
deshonroso o bien es una falsa acusación de un hecho típico. “Es procedente
aclarar que la misma imputación no puede dar lugar a calumnia e injuria porque
son dos descripciones excluyentes. Si la afirmación falsa del autor se concreta
en la comisión de un delito o una contravención se tipifica la calumnia, así
dichas afirmaciones sean deshonrosas, la injuria configura en todas aquellas
situaciones en que se ataca la honra imputando al ofendido actuaciones que no
constituyen hecho punible, pero que tienen capacidad para poner en peligro o
lesionar su integridad moral”[72].
De
este modo, cuando se estima que el numeral 1º del art. 224 del Código penal
establece una excepción a la eximente de responsabilidad penal para el delito
de calumnia (en sus modalidades directa e indirecta), se está sirviendo del
propio entendimiento que ley ha dado a la imputación de un hecho punible, que
sólo puede ocurrir respecto del tal delito.
Ahora
bien, aunque esta pueda estimarse una conclusión válida para los más de los
casos, eventualmente cabría la posibilidad de que la imputación sobre conducta
punible, se formulara bajo expresiones distintas del hecho típico, pero que en
todo caso sean deshonrosas pues apunten hacia un comportamiento de tal
naturaleza. Piénsese, por ejemplo, en la imputación “X es amigo de lo ajeno”, y
que tras esta afirmación esté la referencia a un proceso de peculado por
apropiación que se hubiere adelantado contra un individuo y del cual haya
salido exento de responsabilidad. O el caso de la expresión “N es un
chanchullero” y que la misma aluda a un proceso por celebración indebida de
contratos, que hubiere concluido igualmente con absolución.  En estas
circunstancias, por las características de la imputación, no puede hablarse del
delito de calumnia sino del de injuria y en ese tanto, podría admitirse la
aplicación de la excepción a la prueba de la verdad, para este delito.
Salvo
en estas circunstancias, lo contemplado en el art. 224 numeral 1º del Código
penal, se entenderá aplicable para el delito de calumnia y por tanto, a lo
largo de la sentencia esta será la conducta delictiva a la que se acude al
interpretar dicho precepto bajo estudio.
2.b.3.c.
Alcance de la expresión “imputación de cualquier conducta punible”
54.
Conforme ha sido expuesto, la Corte considera que la disposición acusada es una
excepción a la exceptio veritatis para el delito de calumnia. Ocurre
empero que el precepto que configura este delito, para describir la conducta
sobre la cual se produce la imputación falsa, emplea una expresión diferente a
la que se usa en la disposición bajo estudio.
En
efecto, según el art. 221 del Código Penal, el delito de calumnia se concreta
con el hecho de imputar falsamente una conducta típica, esto es, una
conducta definida de modo inequívoco, expreso y claro en la ley penal (art. 10
Código penal). Configuración que como se ha señalado en el acápite de antecedentes,
ha sido dispuesta así con el propósito de proteger a las personas de la
imputación de un delito, que aunque no llegue a ser punible, daña de igual
forma el bien jurídico protegido de la integridad moral.
Lo
anterior significa que se puede incurrir en calumnia cuando se imputa un
delito, como el homicidio, aunque se afirme que quien lo cometió no fue
condenado porque verbigracia actuó en legítima defensa. En todo caso, una
afirmación de tal naturaleza afecta la reputación, la honra, el buen nombre del
individuo sobre quien se formula y el legislador desde tiempo atrás ha
considerado que tal afirmación es digna de reproche.
A
su vez, el art. 224 num 1º del Código Penal, excluye la posibilidad de probar
la veracidad de la imputación sobre cualquier conducta punible, pues la
misma se constituye tanto porque es típica, como también antijurídica y
culpable (art. 9º Código penal). Es decir, la conducta que suma no solo la
condición de ser reconocida nítidamente como delito, sino también lesiva o
atentatoria de bienes jurídicamente tutelados y ejecutada con plena conciencia
e intención de cuasar daño.
Esta
diferente denominación del art. 221 y del art. 224, conducta típica y conducta
punible, impone precisar si tiene alguna repercusión sobre el alcance de la
excepción a la eximente que en este caso se analiza.
En
principio, podría pensarse que al no coincidir las dos nociones, existe un
interés por parte del legislador de obtener resultados distintos. Y por tanto
si el legislador distingue, el intérprete está llamado a distinguir.
Sobre
el particular, sin embargo, la Corte estima que no se puede concluir de tal
manera, porque el numeral 1º del art. 224 del Código penal impide probar la
veracidad de las imputaciones de conducta punible cuando ésta, la punibilidad
misma, ha sido descartada mediante sentencia absolutoria, preclusión, cesación
de procedimiento o sus equivalentes. Decisiones que como en seguida se verá,
pueden adoptarse tanto porque la conducta no sea típica, como porque aún
siéndolo no se haya causado un daño a bien jurídico protegido por el
ordenamiento, o bien porque el sujeto que así actuó no pueda ser considerado
responsable. Es decir que aunque se habla allí de conducta punible, no hay
lugar a sanción porque no se reunió alguno, varios o todos los elementos que
legitiman la aplicación del ius punendi.
En
consecuencia, la diferente forma con que se califica la conducta materia de la
imputación falsa efectuada por el presunto calumniador, como típica en el art.
221 y como punible en el num 1º del art. 224 del Código penal, no tiene en la
práctica ningún efecto, ni por tanto determina un alcance distinto a la hora de
entender el sentido de la excepción a la eximente de responsabilidad penal.
2.b.3.d.
Situaciones
jurídicas en las que opera la excepción del numeral 1º del art. 224 Código
penal
55. La disposición acusada, recuerda la
Corte, establece que no se admitirá prueba cuando la imputación haga
referencia a una conducta punible “que hubiere sido objeto de sentencia absolutoria,
preclusión de la investigación o cesación de procedimiento o sus equivalentes”. Pero también dentro de la misma
proposición, señala que esta excepción a la eximente de responsabilidad penal
tiene a su turno una excepción, que opera cuando la imputación sobre la
conducta punible se hubiere resuelto por “prescripción de la acción”.
Con el fin de identificar el alcance de la
disposición, se hace necesario analizar la forma como el Derecho positivo
ordena tales figuras, de modo que pueda la
Corte establecer cuáles son los elementos comunes y diferenciales.
56.
La sentencia absolutoria representa, conforme el art. 447 CPP, parágrafo (Ley
906 de 2004), una de las opciones que tiene el juez de la causa, al momento de
concluir el proceso. En la Ley 906 de 2004, actual Código de procedimiento
penal, el art. 447 establece las condiciones para emitir fallo de fondo, dentro
del cual se encuentra el absolutorio (parágrafo de tal disposición).
A
su turno la “preclusión” en el Código vigente procede en cualquier
momento, por solicitud del Fiscal al juez de conocimiento, “cuando no existiere
mérito para acusar” (art. 331 CPP)[73]. Dicha
decisión produce efectos de cosa juzgada[74] conforme lo previsto en el art. 334 CPP.
En
lo que hace referencia a la cesación del procedimiento, se ha de señalar que
su aplicación la estipulaba el ordenamiento procesal anterior -Ley 600 de 2000-
en el artículo 39:
“Artículo 39: En cualquier momento de la
investigación en que aparezca demostrado que la conducta no ha existido, o que
el sindicado no la ha cometido, o que es atípica, o que está demostrada una
causal excluyente de responsabilidad, o que la actuación no podía iniciarse o
no puede proseguirse, el Fiscal General de la
Nación o su delegado declarará precluida la investigación penal mediante
providencia interlocutoria.
El juez, considerando las mismas
causales, declarará la cesación de procedimiento cuando se verifiquen durante
la etapa del juicio”.
En
el régimen vigente -Ley 906 de 2004-, debido a que el juez adopta todas las
decisiones propias al proceso, tanto en la etapa de investigación como en la
del juzgamiento, ha sido excluida dicha nominación. Así, la “preclusión”
puede proceder en ambas etapas por decisión del juez o a petición del Fiscal, o
eventualmente del Ministerio público o del defensor (art. 332 par. CPP), con lo
cual se hizo inoperante la figura anterior de la cesación de procedimiento.
En
fin, por lo que se refiere a la prescripción de la acción penal, aparece
contemplada en el art. 83 del Código penal[75], como una forma de extinguir la acción (art. 82, num
4º. Código penal)[76], produciendo efectos de cosa juzgada.
57. No obstante la diferencia entre las
diversas figuras, se revela con facilidad un común denominador: todas ellas
definen la situación jurídica de un sujeto en relación con su responsabilidad
en la comisión de un delito, como decisiones de fondo o de forma, que en todo
caso generan los efectos de cosa juzgada[77] y por tanto prima facie, cierran el
camino para acudir al sistema de administración de justicia con el propósito de
valorar los mismos hechos e imputaciones que tales decisiones atendieron[78].
58. Sin embargo, como se ha anotado, la
prescripción de la acción tiene un trato diferente. El propio legislador la
incluye como excepción a la excepción, es decir, como figura jurídica ante la
cual se hace aplicable la exceptio veritatis y por tanto, es posible
para el inculpado de calumnia probar la verdad de las imputaciones. La
prescripción de la acción también resuelve entonces la situación jurídica de
quien fuere inculpado de un delito, pero no porque se hubiere producido una
decisión que lo hubiere exonerado de responsabilidad, sino por el simple paso
del tiempo[79]. Se trata de una garantía jurídica para
que las situaciones que interesan al derecho queden definidas por él en un
plazo razonable (art.228 CP y art. 4º de la
Ley 270 de 1996, modificado por el art. 4º de la
Ley 1285 de 2009, inciso 1º[80]).
Resulta comprensible que esta situación
jurídica definida a favor del inculpado del delito, al no ser una decisión de
fondo, al no haber contado con un debate probatorio que hubiere establecido
ciertamente la ausencia de los elementos que determinan la conducta punible, no
tenga las condiciones que poseen las demás figuras para impedir al sujeto
inculpado de calumnia, aportar pruebas sobre la veracidad de las imputaciones.
59. Baste en fin señalar que cuando el art.
224, numeral 1º del Código penal incluye dentro del conjunto de decisiones que
hacen inoperante la exceptio veritatis “sus equivalentes”, a juicio de
esta Corte lo que allí se quiere significar es la inclusión de cualesquiera
otras figuras procesales que con decisiones de fondo que hagan tránsito a cosa
juzgada, absuelvan al inculpado de toda responsabilidad por hechos típicos,
antijurídicos, culpables, alguno de ellos o todos juntos.
2.b.3.e. Conclusión parcial
sobre el alcance de la disposición acusada
60. De
conformidad con lo expuesto, para la Corte el art. 224 num. 1º del Código penal
establece una excepción a la exceptio veritatis reconocible por los
siguientes elementos: i) en cuanto a los delitos contra la
integridad moral frente a los cuales es aplicable, opera respecto de los
delitos de calumnia (directa e indirecta), por cuanto sólo ellos se configuran
con la imputación falsa y de hechos tipificados penalmente y en su caso
constitutivos de conducta punible; ii) en cuanto a su contenido específico,
supone la no admisión de pruebas de parte del presunto calumniador, con las
cuales se pretenda demostrar la veracidad de las imputaciones sobre conducta
punible que ya hubieren sido resueltas en un proceso penal, con decisión de
fondo que absuelve y que tiene efectos de cosa juzgada; iii) en cuanto a la
situación que excluye y que por tanto activa nuevamente la eximente de
responsabilidad, se encuentra únicamente la prescripción de la acción penal,
por ser una figura que aunque surte efectos de cosa juzgada e impide reiniciar
proceso contra el posible responsable, no ha resuelto sobre la sustancia del
litigio y en ese sentido, no ha valorado prueba alguna sobre la ocurrencia de
los hechos, su tipicidad y lo más importante, sobre la imputabilidad y
culpabilidad del inculpado en dicho asunto.
2.b.4. Reformulación del cargo de inconstitucionalidad
por resolver
61. Sentado el alcance normativo de la
disposición objeto de estudio, corresponde ahora precisar cuál es, de manera
concreta y puntual, el problema jurídico por resolver.
Así, para la
Sala dicho problema consiste en establecer si el Legislador se ha excedido en
su poder de configuración legislativa del ius punendi, al contemplar
como excepciones a la exceptio veritatis o eximente de responsabilidad
penal por calumnia, las relacionadas con imputaciones sobre conductas punibles
frente a las cuales hubiere pronunciamiento de fondo que haya hecho tránsito a
cosa juzgada, como ocurre con la sentencia absolutoria, la preclusión, la
cesación de procedimiento o sus equivalentes, por desconocer los
derechos de defensa y debido proceso del inculpado por calumnia, así como por
atentar contra la libertad de expresión e información.
62. Con el
objeto de resolver el problema jurídico aquí expuesto, la
Corte deberá continuar su estudio explicando cuáles son los criterios que debe
emplear el juez constitucional cuando analiza una disposición jurídica de orden
penal sustancial, como es la que en el presente asunto se acusa, antes de pasar
a estudiar en concreto la constitucionalidad o no de la norma.
2.c. Los criterios que se deben emplear
para la solución del problema jurídico
63. Para tal efecto, se hará en primer
lugar un estudio sobre la naturaleza y estructura del art. 224 num 1º del
Código penal; en segundo, la definición de los límites al poder de
configuración normativa del legislador en materia penal; en tercer lugar, la
aplicación a casos concretos de tales límites y, finalmente, el estudio de los
bienes jurídicos en juego.
2.c.1. Naturaleza y estructura normativa de
la disposición acusada
64. Observa la
Corte en primer término que la disposición acusada es una norma jurídica de
carácter penal sustancial, con la que se consolida la tipicidad de una conducta
así como su antijuridicidad. En ella se regla una situación jurídica de sujetos
a quienes se les endilgan delitos contra la integridad moral de las personas,
en particular el que supone imputación falsa sobre conducta punible, y se les
excluye la opción de probar la veracidad de lo dicho como forma de exonerarse
de responsabilidad penal, porque sus acusaciones ya han sido desvirtuadas por
un juez con competencia para ello.
65. En cuanto a pertenecer a la categoría
de normas penales sustanciales se anota que éstas son derivadas no sólo del
poder general del Legislador para desarrollar la
Constitución, sus derechos, libertades e instituciones, sino de la antigua
prerrogativa de otorgar a los parlamentos como órganos colegiados,
democrático-representativos, la disposición e imposición del ius punendi, como
Derecho que limita de modo más intenso las libertades y los derechos y cuyo
incumplimiento se sanciona con la libertad misma.
66. En cuanto a su estructura, como
excepción a la eximente de responsabilidad dispuesta en el art. 224 ab
initio (la exceptio veritatis), se manifiesta como posición
jurídica definitiva en contra del inculpado de calumnia y a favor de la
víctima. Como posición jurídica que cierra definitivamente al presunto
calumniador el derecho a presentar pruebas sobre la verdad de aquello por lo
que se le acusa, se trata de una restricción plena creada por el Derecho. Esto
es, de una posición jurídica que excluye de modo definitivo y absoluto la
opción de eximirse de responsabilidad penal con la prueba de la veracidad de
los hechos punibles imputados, por razón de la absolución o exoneración
establecida y con efectos de cosa juzgada y decisión de fondo de un juez
competente. Como posición jurídica absoluta a favor de la víctima de la
calumnia, se protegen de modo rotundo sus derechos a la honra, al buen nombre y
a la inocencia manifiestos en la sentencia absolutoria, en la preclusión o en
la cesación de procedimiento. Es un derecho que, por mandato del Legislador,
prevalece como posición jurídica definitiva frente a la del inculpado del
delito contra la integridad moral y con la que se vigoriza el principio del non
bis in idem y se determina, con la fuerza normativa de la sentencia o del
auto, la inocencia incontrovertible de aquella.
Pero también hay que decir que en la
configuración normativa contenida en ese precepto, por hacer parte de la
regulación sobre los delitos del título V del Código penal, al eliminar el
derecho de probar la verdad del dicho que se manifiesta sobre una conducta
punible que ya fue valorada en un proceso penal con decisión que absuelve al
investigado, está incorporando igualmente una limitación cierta sobre la
libertad de expresión e información prevista en el orden constitucional. Limitación
que se ordena en concreto respecto del derecho de expresarse e informar sobre
un tal asunto, simplemente porque la decisión judicial, de fondo, en firme, que
absuelve, impone guardar silencio.
2.c.2. Los límites a la libertad de configuración
normativa del legislador en materia penal
67. De las anteriores características del precepto
acusado, destaca la Corte que se trata de una norma que proviene del amplio
poder de configuración normativa reconocida al Congreso de la
República. Y no se destaca sólo porque el Ministerio del Interior y de
Justicia y la
Fiscalía General de la Nación abogaron por la declaración de
constitucionalidad de la norma demandada, entre otras razones porque la
Constitución le brinda al legislador un amplio marco de libertad para
configurar las normas penales, sino porque se trata de un criterio determinante
para aplicar el control de constitucionalidad.
68. En sus diferentes sentencias, la
Corte ha reconocido que el legislador goza de un importante margen de
configuración normativa en materia penal. Por ejemplo, en la sentencia C-013 de
1997[81]
cuando reconoció que, en el marco de los preceptos constitucionales y de unos
determinados límites de la norma positiva:
“(…) bien puede el legislador crear o suprimir figuras
delictivas, introducir clasificaciones entre ellas, establecer modalidades
punitivas, graduar las penas aplicables, fijar la clase y magnitud de éstas con
arreglo a criterios de agravación o atenuación de los comportamientos
penalizados, todo de acuerdo con la apreciación, análisis y ponderación que
efectúe acerca de los fenómenos de la vida social y del mayor o menor daño que
ciertos comportamientos puedan estar causando o llegar a causar en el
conglomerado.”
Sin embargo, esa amplia prerrogativa del legislador ha
sido reconocida siempre como sujeta a distintos límites. Se dijo al respecto en
la sentencia C-038 de 1995[82]:
“Así, ha habido una constitucionalización del derecho
penal porque tanto en materia sustantiva como procedimental, la
Carta incorpora preceptos y enuncia valores y postulados - particularmente en
el campo de los derechos fundamentales - que inciden de manera significativa en
el derecho penal y, a la vez, orientan y determinan su alcance. Esto significa
entonces que el Legislador no tiene una discrecionalidad absoluta para definir
los tipos delictivos y los procedimientos penales, ya que debe respetar los
derechos constitucionales de las personas, que aparecen así como el fundamento
y límite del poder punitivo del Estado. Fundamento, porque el ius punendi
debe estar orientado a hacer efectivos esos derechos y valores
constitucionales. Y límite, porque la política criminal del Estado no puede
desconocer los derechos y la dignidad de las personas.
“(…)
“(…) el Legislador puede criminalizar o despenalizar
conductas, siempre que al hacerlo respete los principios, derechos y valores
establecidos por la Constitución. En efecto, como bien lo señala uno de los
ciudadanos intervinientes, el Legislador puede y debe describir conductas en
tipos penales sin que ellas estén prohibidas en forma expresa por la
Constitución, cuando considere que es indispensable acudir al derecho penal,
como última ratio, para defender el interés jurídico de eventual menoscabo y
garantizar así el goce natural y en función social de los derechos de las
personas. El control constitucional, en este caso, es más un control de límites
de la competencia del Legislador, con el fin de evitar excesos punitivos.”
69. Estos criterios sobre los alcances del poder de
configuración legislativa en materia penal, fueron refrendados en la sentencia
C-070 de 1996, en la cual la Corte examinó la constitucionalidad del inciso
primero del artículo 372 del Decreto 100 de 1980, que establecía que cuando en
los delitos contra el patrimonio económico la cosa objeto del ilícito superaba
un valor determinado en pesos, debía  agravarse la pena. En tal pronunciamiento
se declara la constitucionalidad de la norma, en el entendido de que la suma
fijada debía actualizarse en términos de valor constante, con el objeto de
impedir un “exceso injustificado en la punibilidad de los delitos contra el
patrimonio económico por efecto de la pérdida de valor adquisitivo del peso”,
lo cual acarreaba que la sanción fuera desproporcionada. Se recoge así
evidentemente el modelo de aplicación del principio de proporcionalidad al
control de constitucionalidad de las leyes penales, basado en la “prohibición
del exceso”[83].
Dijo entonces la
Corte:
“Ahora bien, en el ejercicio de la potestad punitiva
del Estado, el legislador debe actuar dentro de los límites constitucionales.
Tales límites pueden ser explícitos como implícitos. Así, al Legislador le está
vedado, por voluntad expresa del constituyente, establecer las penas de muerte
(CP art. 11), destierro, prisión perpetua o confiscación (CP art. 34), así como
someter a cualquier persona a torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes (CP art. 12). Por otra parte, en el ejercicio de la facultad
punitiva del Estado, el legislador debe propender a la realización de los fines
sociales del Estado, entre ellos, los de garantizar la efectividad de los
principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución y de asegurar la vigencia de un orden justo (CP art. 2). La
dosimetría de las penas es un asunto librado a la definición legal, pero
corresponde a la Corte velar para que en el uso de la discrecionalidad
legislativa se respeten los principios de razonabilidad y proporcionalidad.”
“(…)
“10. Sin necesidad de elevar el principio de
antijuridicidad (Código Penal, art. 4) al rango de principio supralegal, bien
puede afirmarse que éste tiene su corolario constitucional en el principio de
proporcionalidad o 'prohibición de exceso', deducido jurisprudencialmente de
los artículos 1º (Estado social de derecho, principio de dignidad humana), 2º
(principio de efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución), 5º (reconocimiento de los derechos inalienables de la persona),
6º (responsabilidad por extralimitación de las funciones públicas), 11
(prohibición de la pena de muerte), 12 (prohibición de tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes), 13 (principio de igualdad) y 214 de la
Constitución (proporcionalidad de las medidas excepcionales).
“El Estado Social de derecho, donde la dignidad humana
ocupa un lugar de primer orden, sustrae del amplio margen de libertad
legislativa para la configuración del ordenamiento penal, la facultad de fijar
cualquier pena con independencia de la gravedad del hecho punible y su
incidencia sobre los bienes jurídicos tutelados. El Constituyente erigió los
derechos fundamentales en límites sustantivos del poder punitivo del Estado,
racionalizando su ejercicio. Sólo la utilización medida, justa y ponderada de
la coerción estatal, destinada a proteger los derechos y libertades, es
compatible con los valores y fines del ordenamiento.
“(…)
“En consecuencia, la calidad y la cantidad de la
sanción no son asuntos librados exclusivamente a la voluntad democrática. La
Constitución impone claros límites materiales al legislador (CP arts. 11 y
12). Del principio de igualdad, se derivan los principios de razonabilidad y
proporcionalidad que justifican la diversidad de trato pero atendiendo a las
circunstancias concretas del caso (CP art. 13), juicio que exige evaluar la
relación existente entre los fines perseguidos y los medios utilizados para
alcanzarlos”.
70. De similar tenor es la sentencia C-939 de 2002 que
declaró la inexequibilidad del Decreto 1900 de 2002, dictado por el Presidente
de la República con base en las atribuciones del estado de conmoción interior y
con el cual había creado distintos tipos penales dirigidos a combatir el hurto
y el contrabando de hidrocarburos.[84]
En la sentencia se expresó sobre las limitaciones del legislador, en este caso
legislador material, en materia de tipificación de las penas y establecimiento
de las sanciones:
“5. Respecto del poder punitivo ordinario del Estado, la
Corte Constitucional ha reiterado que el legislador goza de amplia competencia
(libertad de configuración legislativa) para definir cuáles conductas han de
ser consideradas punibles y fijar las penas correspondientes a tales comportamientos.
Así mismo, ha indicado que frente al ejercicio de dicha libertad de
configuración, la Constitución opera como un mecanismo de “control de límites
de competencia del legislador, con el fin de evitar excesos punitivos”[85].
“(…) la Corte ha entendido que los derechos
constitucionales de los asociados se erigen en límite de la potestad punitiva
del Estado, de manera que su núcleo esencial y criterios de razonabilidad,
proporcionalidad y estricta legalidad, constituyen límites materiales para el
ejercicio ordinario de esta competencia estatal[86]. Estos
criterios se aplican tanto a la definición del tipo penal como a la sanción
imponible.
“5.1 Deber de observar la estricta legalidad. En punto a este deber, la
Corte ha señalado (i) que la creación de tipos penales es una competencia
exclusiva del legislador (reserva de ley en sentido material)[87] y que (ii)
es obligatorio respetar el principio de tipicidad: “nullum crimen, nulla
poena, sine lege previa, scripta et certa”[88]. De manera que el legislador está
obligado no sólo a fijar los tipos penales, sino que éstos tienen que respetar
el principio de irretroactividad de las leyes penales (salvo favorabilidad), y
definir la conducta punible de manera clara, precisa e inequívoca[89].
“5.2 Deber de respetar los derechos constitucionales. En relación con los derechos constitucionales, la
Corte ha señalado que los tipos penales, se erigen en mecanismos extremos de
protección de los mismos[90],
y que, en ciertas ocasiones el tipo penal integra el núcleo esencial del
derecho constitucional[91].
Por lo mismo, al definir los tipos penales, el legislador está sometido al
contenido material de los derechos constitucionales[92], así como
los tratados y convenios internacionales relativos a derechos humanos
ratificados por Colombia[93]
y, en general, el bloque de constitucionalidad.
“5.3 Deber de respeto por los principios de
proporcionalidad y razonabilidad.
Respecto de la proporcionalidad y la razonabilidad del tipo penal y su sanción,
la Corte ha indicado que al establecer tratamientos diferenciales se somete a
un juicio estricto de proporcionalidad[94] del tipo, así como de la sanción[95].
La proporcionalidad, implica, además, un juicio de idoneidad del tipo penal.
Así, ante la existencia de bienes jurídicos constitucionales, el legislador
tiene la obligación de definir el tipo penal de manera tal que en realidad
proteja dicho bien constitucional (...).
“(...)
“6. En suma, al igual que ocurre con el resto de
competencias estatales, el ejercicio del poder punitivo está sujeto a
restricciones constitucionales, tanto en lo que respecta a la tipificación como
a la sanción. No podrán tipificarse conductas que desconozcan los derechos
fundamentales, que no resulten idóneas para proteger bienes constitucionales o
que resulten desproporcionadas o irrazonables. Lo mismo puede predicarse de las
sanciones. Estas restricciones, como se indicó antes, operan frente a toda
decisión estatal en materia punitiva”.
Por esto, en el Estado
social de derecho, pluralista y democrático, fundado en el respeto a la
dignidad humana (art. 1º CP), el derecho que se deriva de ese poder normativo
en lo penal, debe crear figuras jurídicas más preventivas que represivas,
representar medios más subsidiarios que principales de alcanzar los fines
constitucionales perseguidos, constituir en fin la ultima ratio en donde
la prohibición y la punición de conductas precisas, sean el resultado
imprescindible para proteger unos bienes jurídicos necesarios para la sociedad
y para sus individuos[96].
71. Sentados los principios
generales que la jurisprudencia de esta corporación ha delineado respecto de la
facultad y los límites del ius punendi, pasa la
Corte a ejemplificar la manera cómo se han aplicado en casos concretos.
2.c.3. Aplicación de los criterios de control de
constitucionalidad en la jurisprudencia.
72. Con base en sus facultades para evitar
los excesos punitivos, la Corte ha declarado la inexequibilidad de distintos
tipos penales.
73. En algunos casos, tal pronunciamiento
se ha producido por encontrar el juez constitucional que las normas penales no
cumplen con el principio de legalidad.
Ocurrió de tal modo, por ejemplo, con la sentencia C-559 de 1999[97] mediante la
cual se declaró la inexequibilidad de dos tipos penales en razón de “la ambigüedad de la descripción penal.” La
misma decisión se tomó en la sentencia C-843 de 1999, que halló contraria a la
Constitución una norma sancionatoria pues ella no predeterminaba claramente
las conductas punibles, las sanciones y el procedimiento para imponerlas[98].
También en la sentencia C-739
de 2000, en que la Corte declaró la inconstitucionalidad parcial del  artículo 6 de la
Ley 422 de 1998, que tipificaba el delito de acceso ilegal o prestación ilegal
de los servicios de telecomunicaciones, en razón de que contenía algunas normas
demasiado amplias y equívocas.
En fin, otro caso ilustrativo de la forma como opera
el criterio de legalidad sobre el control constitucional de las leyes penales
se encuentra en la sentencia  C-205
de 2003. En tal asunto, la Corte declaró la inconstitucionalidad de una norma
que disponía que quien comerciara con
autopartes usadas de vehículos automotores y no demostrara su procedencia
lícita sería objeto de la sanción penal establecida para el delito de
receptación. Existía, a juicio de esta corporación, una violación del principio
de legalidad, puesto que no era suficientemente específica, con lo cual
permitía también  penalizar “a quienes, por ejemplo, no conservan las facturas
correspondientes pero comercian con bienes que pueden tener un origen lícito,
ya que sólo quedará exento de responsabilidad quien logre demostrar la
adquisición lícita de los mismos”. De esta manera, la
Corte encontró que “la norma penal resulta siendo ambigua para el ciudadano
por cuanto no establece una clara frontera entre cuándo resulta ser lícito o no
comerciar con esta clase de mercancías, violándose así el principio de nullum
crimen, nulla poena sine lege certa.”
74. En otros casos, la
Corte ha determinado contrarias a la
Constitución normas penales por desconocimiento del principio de
proporcionalidad.
De este tenor fue la decisión tomada en la
Sentencia C-542 de 1993[99],
en la cual se declaró la inexequibilidad y la constitucionalidad condicionada en
varias disposiciones de la Ley 40 de 1993, la llamada Ley antisecuestro, que
sancionaba distintas acciones relacionadas con el pago de dinero a
secuestradores, por haber roto con el principio de “interdicción del exceso”,
frente a los derechos del sujeto activo del delito creado. En efecto, aunque en
la sentencia no se hizo mención del examen de proporcionalidad, en ella se
hicieron distintas consideraciones acerca de que era excesivo sancionar
penalmente a quienes accedieran a pagar para obtener la liberación de una
persona secuestrada[100].
También se empleó dicho criterio en varios
pronunciamientos donde la Corte declaró la inconstitucionalidad de diferentes
normas de la Ley 228 de 1995[101],
en razón de que establecían sanciones mayores para las personas investigadas
por contravenciones que para los sindicados por la comisión de delitos. La
Corte consideró que esa situación era violatoria de los principios de
proporcionalidad y de racionalidad, en particular por excesos en la punición,
respecto de los demás elementos normativos y por romper con los criterios
constitucionales de igualdad.
Fue el caso de la sentencia C-364 de 1996, en la que
se declaró inexequible un artículo que establecía como contravención, el hurto
calificado sobre bienes de valor inferior a diez salarios mínimos. En la
providencia la Corte explicó que el delito de hurto agravado se constituía
cuando el valor de los bienes objeto del delito superaba dicho monto. A
continuación, manifestó que las penas contempladas para la contravención y el
delito eran iguales y que en distintos puntos relacionados con el procedimiento
y con los beneficios “el legislador consagró, en ciertos aspectos, un régimen
igual o más gravoso para la contravención que para el delito...”. Por lo tanto,
concluyó:
“De la confrontación realizada infiere la
Corte que no sólo se estableció la misma pena para el delito y la
contravención, sino que se asignó a esta última un tratamiento más gravoso que
a aquél, lo cual resulta desproporcionado e irrazonable. Si el legislador
consideraba que la conducta de hurto calificado, cuando el valor de lo
apropiado es inferior a diez salarios mínimos legales mensuales, es un hecho de
menor transcendencia sociojurídica, y lo calificó como contravención, debió ser
consecuente con su valoración y, por tanto, debió otorgarle un trato punitivo
menos gravoso que el fijado para el delito.”
Luego, en sentencia C-430 de 1996, la
Corte declaró que era inconstitucional que a las personas condenadas por causa
de contravenciones especiales les fuera negado el subrogado beneficio de la condena
de ejecución condicional, por cuanto ello significaba que tendrían un
tratamiento igual al brindado a las personas que cometían delitos de especial
gravedad. En la sentencia se expuso:
“Así las cosas, el legislador está otorgando un
tratamiento igual, al negar la procedencia de la condena de ejecución
condicional, a los condenados por los delitos de que trata la ley 40 de 1993
-homicidio, secuestro, extorsión, etc.-, y a los condenados por las
contravenciones de que trata la ley 228 de 1995 -hurto agravado, cuando la
cuantía no exceda de 10 salarios mínimos mensuales legales, violación de
habitación ajena, hurto de uso etc.; e incluso, trata con mayor severidad a
quienes cometan tales contravenciones que a los procesados por los hechos
punibles cuyo conocimiento compete a los jueces regionales -terrorismo,
narcotráfico, etc.- lo cual resulta desproporcionado e irrazonable.
“Quienes sean sancionados por la comisión de hechos
tipificados como contravenciones especiales en las leyes 23 de 1991 y 228 de
1995, y las sancionadas con pena de arresto en la ley 30 de 1986 y demás normas
complementarias, no pueden ser objeto de un tratamiento más severo que el que
se otorga a quienes incurren en delitos, dada la menor entidad del hecho
punible y la menor lesión de los bienes jurídicos tutelados; en consecuencia,
la negación del subrogado de la condena de ejecución condicional para este tipo
de contravenciones viola el derecho a la igualdad.”
También en la sentencia C-746 de 1998, se declaró la
inconstitucionalidad de dos normas que establecían un trato más drástico para
los acusados por la contravención especial de hurto agravado que para los
procesados por el delito del mismo nombre, por cuanto  mientras contemplaba que
la reparación integral del daño causado comportaba la extinción de la acción
penal para el caso de los delitos, no ocurría lo mismo para el caso de las
contravenciones:
2.4. Según las ideas expuestas (…) en la libertad
de configuración de los delitos y contravenciones el legislador se encuentra
sometido a los principios de objetividad, racionalidad, proporcionalidad y
finalidad, de modo que si bien goza de cierta autonomía para tipificar los unos
y las otras, no puede extremar los elementos propios de las conductas que
comportan contravención hasta el punto de darles un tratamiento igual o mas
severo que a los delitos. En efecto, no le es permitido al legislador v.gr.
sancionar con una pena mas grave la contravención que el delito, o conceder
mejores beneficios procesales a éste que aquélla, ni imponer el juzgamiento de
la contravenciones por la vía procesal diseñada para el delito. (itálica fuera
de texto).
“(…)
“En síntesis, los segmentos normativos acusados
consagran un trato discriminatorio con respecto a las personas que incurren en
la contravención especial de hurto simple agravado, en relación con las que son
vinculadas a un proceso penal por el delito de hurto simple agravado, pues, al
paso que a las primeras no se les permite la extinción de la acción penal por
la reparación integral del daño causado a la víctima, sino simplemente la
disminución de la pena, a las segundas si se les admite que puedan acudir al
referido mecanismo procesal.
“Hacer más gravosa la situación de la persona incursa
en una contravención, que la dispuesta por la legislación penal para el delito
de hurto, atenta contra el derecho a la igualdad. Es más, avalar la
constitucionalidad de la normatividad analizada equivaldría a admitir que la
legislación penal colombiana es mucho menos severa con quienes hurtan bienes de
gran valor, que con quienes, en muchos casos llevados por apremiantes
circunstancias familiares y personales, se ven expuestos a la tragedia del
delito.”
Una sentencia más reciente, la
C-897 de 2005, empleó los dos criterios aquí tratados, el de legalidad y el de
proporcionalidad, para determinar la constitucionalidad de la norma penal
acusada, que disponía que quien asistiere a una audiencia judicial y se negara
a cumplir deliberadamente las órdenes del juez o magistrado sería condenado
a la misma pena contemplada para el delito de fraude a resolución judicial.
Lo primero que observó la
Sala fue la existencia de otra norma penal que  sancionaba la perturbación en el
desenvolvimiento de las audiencias, razón por la cual no era claro cuál era el
tipo de órdenes  judiciales cuyo desacato se sancionaba con el precepto analizado.
Igualmente, manifestó que la norma tampoco dejaba claro quiénes podían ser
sancionados y cuándo se podía entender que el incumplimiento era deliberado.
Por eso, la Corte determinó que la norma no se ajustaba al principio de
legalidad, por cuanto carecía
“del grado de concreción, precisión y especificidad
que  requiere una disposición penal para hacer posible que los ciudadanos sepan
con claridad, y anticipadamente, cuáles son las conductas que les pueden
acarrear una sanción penal. Así, la indefinición del tipo penal acusado concede
a los jueces una discreción demasiado amplia, casi absoluta, para determinar
cuándo se ha incumplido una orden suya de manera deliberada. Con ello se
vulnera el principio de la reserva legal para la determinación de los delitos
y, además, se permite que incluso las conductas más nimias lleguen a ser
sancionadas drásticamente con base en las interpretaciones judiciales acerca de
la disposición impugnada.”
Pero también se tuvo en cuenta la vulneración manifiesta
del principio de proporcionalidad, por la forma gravosa como se sancionaba
una conducta cuya antijuridicidad era leve.
Al respecto expresó:
“En realidad, la sola asimilación automática de la
conducta aquí analizada con el delito de fraude a resolución judicial aparece
como manifiestamente desproporcionada, pues mientras la actividad sancionada
con este tipo penal se refiere a un claro desacato de una providencia judicial,
la conducta que ocupa a esta providencia se relaciona con actividades que, en el
peor de los casos,  significan agravios menores para la justicia.
“De acuerdo con la argumentación presentada, el
objetivo real de la norma es lograr que todos los mandatos judiciales, sin
excepción, sean cumplidos. Pero el precepto no se dirige a lograr el
cumplimiento de las sentencias y de los autos, o a impedir que se perturbe el
desarrollo de las audiencias, situaciones para las cuales existen normas
propias. El fin de la norma es lograr que, aparte de estas decisiones
judiciales fundamentales, sean obedecidos todos los mandatos de los jueces. Es
decir se trata de lograr que las exigencias de menor categoría que lleguen a
establecer el juez sean también obedecidas. De esta manera, la norma vulnera el
principio de proporcionalidad, puesto que afecta severamente la libertad
personal por la comisión de conductas de reducido impacto dañino para la
administración de justicia. De allí que pueda concluirse que la norma impone un
sacrificio demasiado alto para la libertad de las personas, en relación con el
objetivo que se pretende alcanzar. Y ello es lo que permite asegurar que la
norma vulnera de manera manifiesta el principio de la prohibición del exceso
que se deriva de la noción del Estado de Derecho que prescribe la
arbitrariedad.”
Un último caso relevante en la definición del
precedente judicial sobre el control de constitucionalidad de las leyes
penales, se encuentra en la sentencia C-355 de 2006, donde la
Corte declaró que era exequible el tipo penal del aborto, siempre y cuando se
entendiera que no se incurría en el delito en tres circunstancias, a saber:
“(i) Cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la
salud de la mujer, certificada por un médico; (ii) Cuando exista grave
malformación del feto que haga inviable su vida, certificada por un médico; y,
(iii) Cuando el embarazo sea el resultado de una conducta, debidamente
denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento,
abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no
consentidas , o de incesto.” Por lo tanto, en la sentencia se declaró también
la inconstitucionalidad del artículo del Código Penal que contemplaba que esas
tres situaciones constituían meramente circunstancias de atenuación punitiva.
En la sentencia se expresó:
“(…) si bien no resulta desproporcionada la
protección del nasciturus mediante medidas de carácter penal y en consecuencia
la sanción del aborto resulta ajustada a la
Constitución Política, la penalización del aborto en todas las circunstancias
implica la completa preeminencia de uno de los bienes jurídicos en juego, la
vida del nasciturus, y el consiguiente sacrificio absoluto de todos los
derechos fundamentales de la mujer embarazada, lo que sin duda resulta a todas
luces inconstitucional.
“(…)
“Determinar las hipótesis normativas
particulares en las cuales resulta excesivo exigir a la mujer continuar con la
gestación porque supone la total anulación de sus derechos fundamentales es una
labor que también incumbe al legislador. Una vez ha decidido que las medidas de
carácter penal son las más convenientes para proteger la vida del nasciturus,
le corresponde prever la circunstancias bajo las cuales no resulta excesivo el
sacrificio de los bienes jurídicos de los cuales es titular la mujer gestante.
No obstante, si el legislador no determina estas hipótesis, corresponde al juez
constitucional impedir afectaciones claramente desproporcionadas de los
derechos fundamentales de los cuales es titular la mujer embarazada, sin que
ello signifique que el legislador carezca de competencia para ocuparse del tema
dentro del respeto a los límites constitucionales.
“(…)
“Por tanto, en virtud del principio de conservación
del derecho, resulta necesario proferir una sentencia de exequibilidad
condicionada mediante la cual se considere que no se incurre en el delito de
aborto en las hipótesis a las cuales se ha hecho mención con anterioridad. De
esta manera se impide que la debida protección a la vida en gestación
represente una afectación manifiestamente desproporcionada de los derechos de
la mujer embazada.”
La desproporción manifiesta en la forma de proteger
unos bienes jurídicos respecto de otros, cuando las circunstancias ofrecen
razones claras para regular de modo distinto al previsto en la norma jurídica,
ha sido, entonces, ampliamente utilizada en los juicios de constitucionalidad
de esta corporación.
75. Junto con los anteriores criterios de control
sobre el ius punendi reconocido al Legislador, la
Corte ha declarado en distintas ocasiones la inconstitucionalidad parcial de
normas penales por suponer un desconocimiento de las normas internacionales
de derechos humanos y del Derecho internacional humanitario.
Así, en la sentencia C-177 de 2001 se declaró la
inexequibilidad de una frase del artículo primero de la Ley 589 de 2000, "por medio de la cual se
tipifica el genocidio, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado y la
tortura; y se dictan otras disposiciones." El artículo definía el tipo
penal del genocidio, para lo cual establecía que para la tipificación del
delito era necesario que el grupo perseguido actuara “dentro del margen de la
ley.” La Corte estableció que este condicionamiento era contrario a los
convenios de derecho internacional humanitario y los tratados internacionales
de derechos humanos ratificados por Colombia:
“En efecto, constata esta Corte que, lejos de adoptar
las medidas de adecuación legislativa consonantes con las obligaciones
internacionales que el Estado Colombiano contrajo, en particular, al suscribir la
Convención de las Naciones Unidas para la
Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, que según quedó ya expuesto, el
Estado Colombiano aprobó mediante la Ley 28 de 1959, las que le exigían
tipificar como delito y sancionar severamente las conductas consideradas como
crímenes de lesa humanidad, desvirtuó el propósito que con su consagración
normativa se perseguía, pues restringió la protección de los derechos a la
vida, a la integridad personal y a la libertad de las personas, al concederla
únicamente en tanto y siempre y cuando la conducta atentatoria recaiga sobre un
miembro de  un grupo nacional, étnico, racial, religioso o político “que
actúe dentro de margen de la Ley,” con lo que sacrificó la plena vigencia y
la irrestricta protección que, a los señalados derechos,  reconocen tanto el
Derecho Internacional Humanitario, como el Derecho Internacional de los
Derechos Humanos y los Tratados y Convenios Internacionales que lo codifican.
“En efecto, advierte esta Corte que, contrariamente a
lo dispuesto, principalmente en la ya mencionada Convención para la prevención
y sanción del delito de Genocidio, por razón de lo preceptuado en  la frase
cuestionada, en la legislación penal colombiana quedó por fuera de la
incriminación punitiva, el exterminio de grupos humanos que se encuentren al
margen de la Ley.”
También se estableció que dicho precepto era
incompatible con los principios y valores que inspiraban la
Constitución, así como con distintos derechos fundamentales contemplados en la
misma, y reiteró que ellos constituyen un límite para la libertad del
legislador en materia de determinación de los tipos penales:
“A juicio de esta Corte, la señalada restricción
resulta también inaceptable, por cuanto riñe abiertamente con los principios y
valores que inspiran la Constitución de 1991, toda vez que desconoce en forma
flagrante las garantías de respeto irrestricto de los derechos a la vida y a la
integridad personal que deben reconocerse por igual a todas las personas, ya
que respecto de todos los seres humanos,  tienen el mismo valor.
“(…)
“Esta Corte debe reiterar que los principios y valores
supremos así como los derechos fundamentales que hacen del ciudadano el eje
central de las reglas de convivencia consagradas en la
Carta Política de 1991, se erigen en límites constitucionales de las
competencias de regulación normativa  que incumben al Congreso como titular de
la cláusula general de competencia de modo que, so pretexto del ejercicio de la
libertad de configuración legislativa, no le es dable desconocer valores que,
como la vida, la integridad personal y la proscripción de todo tipo de
discriminación respecto de los derechos inalienables de las personas, de
acuerdo a la Carta Política, son principios fundantes de la organización social
y política, pues así lo proclama el Estatuto Superior.”
Posteriormente, en la sentencia C-317 de 2002 se
declaró la inexequibilidad de una frase del primer inciso del artículo 165 de la
Ley 599 de 2000, que tipificaba el delito de desaparición forzada. La norma
limitaba el círculo de personas particulares que podían cometer este delito al
establecer que serían solamente aquellas que “perteneci[eran] a un grupo armado
al margen de la ley.” También disponía que el delito se configuraba con el
sometimiento de una persona a la privación de la libertad, “seguida de su
ocultamiento y de la negativa a reconocer dicha información o de dar
información sobre su paradero, sustrayéndola del amparo de la ley (…)”. En la
sentencia la Corte aseguró inicialmente:
“De lo anterior se desprenden dos
conclusiones importantes: la primera, que la facultad del legislador para
configurar la legislación penal siempre debe estar orientada hacia la eficaz
protección de los derechos fundamentales; y la segunda, que el juez
constitucional puede verificar si la tipificación de una conducta delictiva
constituye la respuesta adecuada para proteger los derechos fundamentales
tutelados por el Ordenamiento Superior y la legislación internacional que,
según se precisó anteriormente, constituye el parámetro mínimo de protección a
partir del cual el Estado debe orientar su política criminal en esta materia.”
Con base en lo anterior, la
Corte consideró que la norma no cumplía de manera suficiente con lo exigido
por el artículo 12 de la Constitución:
“Es pues evidente que la tipificación del
delito de desaparición forzada en la norma impugnada, como instrumento para
hacer efectiva la garantía consagrada en el artículo 12 Fundamental, resulta
ser insuficiente en cuanto al sujeto activo pues el inciso primero del artículo
165 del Código Penal sólo penaliza al particular que pertenece a un grupo
armado al margen de la ley, excluyendo injustificadamente de tipificación la
conducta de otras personas que potencialmente pueden cometer dicho ilícito.
“Por todo lo anterior,  es claro que la
calificación del sujeto activo que está consignada en el inciso primero de la
norma bajo revisión para el delito de la desaparición forzada resulta a todas
luces  inconstitucional, y en consecuencia, la
Corte procederá a declarar la inconstitucionalidad de las expresiones “perteneciendo
a un grupo armado al margen de la ley” del inciso primero del artículo 165
del Código Penal. (…)
Además, por la misma razón, la
Corte consideró necesario precisar el entendimiento de la norma al establecer:
“Así, pues, como consecuencia de la
declaratoria de inexequibilidad de las expresiones“perteneciendo a un grupo
armado al margen de la ley” el delito de desaparición forzada puede ser
cometido por cualquier particular sin ninguna calificación. Sin embargo, la
Corte considera necesario precisar que si bien este punible se comete cuando
el particular somete a otra persona a privación de su libertad, seguida de
su ocultamiento y de la negativa a reconocer dicha privación o de dar
información sobre su paradero, sustrayéndola del amparo de la ley, debe
entenderse que la conjunción “y” no exige que para cometer la infracción
el particular deba ser  requerido, sino que basta solamente la falta de
información o de la negativa a reconocer la privación de la libertad, por
cuanto según el artículo 33 Superior los particulares no están obligados a
autoincriminarse.”
De la misma manera, en la sentencia C-148 de 2005 se
declaró la inconstitucionalidad del vocablo “grave” contenido en los artículos
137 y 178 del Código Penal, que tipificaban los delitos de tortura en persona
protegida y tortura, respectivamente. La
Corte encontró que la inclusión de ese término dentro del tipo era contraria a
la Convención Americana de Derechos Humanos y a la
Constitución:
“(…)
es clara la contradicción entre  el texto de  los artículos 173 y 178 de la
Ley 599 de 2000 -que tipifican respectivamente los delitos de tortura en
persona protegida y tortura- y  la
Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura[102], instrumento internacional que
en armonía con el artículo 93 superior y el principio pro homine es el
que corresponde tomar en cuenta  en este caso como se explicó en los apartes
preliminares de esta sentencia.
“En
efecto en dicho instrumento internacional aprobado mediante la
Ley 409 de 1997[103] no solamente se excluye la
expresión “graves”  para efectos de la definición de lo que se entiende por
tortura,   sino que se  señala claramente que se entenderá como tortura la
aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de
la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor
físico o angustia psíquica.  Es decir que de acuerdo con la
Convención Interamericana configura el delito de tortura cualquier acto que en
los términos y para los fines allí señalados atente contra la autonomía
personal, incluso si el mismo no causa  sufrimiento o dolor.
“En ese orden de ideas en la medida en que  tanto en
el artículo 137 como en el artículo 138  de la
Ley 599 de 2000 el Legislador al regular respectivamente los delitos de
tortura en persona protegida y de tortura,  incluyó en la definición de estas
conductas  la expresión graves  para calificar los  dolores o sufrimientos
físicos o psíquicos  que se establecen como elementos de la tipificación de los
referidos delitos, no cabe duda  de que desconoció abiertamente  la
Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura y
consecuentemente  vulneró  el artículo 93 superior.[104]
“A ello cabe agregar que como lo señala el señor
Fiscal General de la Nación  en relación con la tortura  el artículo 12
constitucional[105]
no establece ningún tipo de condicionamiento.”
Finalmente, en la sentencia C-291 de 2007, la
Corte declaró la inconstitucionalidad de una  expresión contenida en los
artículos 156 y 157 de la
Ley 599 de 2000, que tipificaban los
delitos de “destrucción o
utilización ilícita de bienes culturales y de lugares de culto” y de “ataque
contra obras e instalaciones que contienen fuerzas peligrosas”,
respectivamente, y de otra expresión contenida en el artículo 148, referido al
delito de “toma de rehenes.” En ambos casos, la
Corte declaró la inconstitucionalidad de las frases, por cuanto ellas
introducían requisitos para la configuración de la conducta delictiva que no
estaban incluidos dentro de las normas convencionales y consuetudinarias de derecho internacional
humanitario que consagraban los bienes jurídicos que pretendían proteger los
tipos penales. Con ello, de acuerdo con la
Corte, se restringía el ámbito de protección previsto en el Derecho
internacional humanitario, lo cual constituía, entre otras cosas, una violación
del bloque de constitucionalidad.
76. Los anteriores planteamientos jurisprudenciales
permiten a la Corte reafirmar que, cuando se trata de la libertad de
configuración legislativa en la fijación del ius punendi, se debe tener
en cuenta que, (i) dicha libertad no es absoluta; (ii) el control de
constitucionalidad se ejerce cotejando con las normas internacionales de
derechos humanos y del Derecho internacional humanitario, así como respecto de
los principios de legalidad y proporcionalidad y que (iii) cuando se ejerce en
relación con este último principio, la norma solo puede ser declarada
inconstitucional cuando demuestre que es manifiestamente desproporcionada.
77. Con base en los anteriores precedentes y
conclusiones, puede entonces la Corte desarrollar un juicio de
constitucionalidad sobre la norma penal objeto de revisión, a los efectos de
determinar si ella ha reunido los criterios de validez y justicia aquí
referidos, a partir de los cuales el Legislador puede desplegar su amplio poder
de configuración normativa.
2.c.4. Los bienes jurídicos en juego
78. Para los efectos que en el apartado
anterior se indican y en ese orden establecer si como lo afirman los
demandantes el art. 224, numeral 1º del Código penal contiene una medida
desproporcionada (folio 4), esto es, más gravosa de la necesaria (folio 30) para
proteger sin ponderación unos derechos y bienes jurídicos respecto de otros (folios
36 y 44), es necesario, previamente y conforme lo señalado en la citada
sentencia C-897 de 2005, “identificar y sopesar en concreto los bienes
jurídicos que se enfrentan en la norma, así como definir en qué medida se ven
afectados por ella”.
79. Los demandantes y
los intervinientes presentan un variado repertorio de bienes jurídicos
diversos, de orden subjetivo y objetivo, que se traban en tensión.
Por una parte se
presentan como bienes jurídicamente protegidos por la disposición en estudio,
los derechos al buen nombre y a la honra, el derecho a no ser juzgado más de
una sola vez por los mismos hechos, el derecho a la presunción de inocencia,
así como los principios de la seguridad jurídica, la cosa juzgada y la
confianza en el Derecho.
Por la otra, como
bienes jurídicos afectados por la medida legislativa bajo análisis, los
derechos de defensa y contradicción del inculpado por calumnia, su libertad de
expresión e información, la prohibición de la censura previa, derechos que además
de garantizar posiciones jurídicas de defensa, crean las condiciones para hacer
efectivo el principio de la democracia participativa.
Corresponde a la
Corte, entonces, realizar un análisis de tales derechos y bienes objetivos,
para determinar si ellos, en efecto, representan bienes jurídicos protegidos o
limitados por la disposición, para luego efectuar la ponderación que amerita el
asunto.
2.c.4.a.
Los bienes jurídicos protegidos
por la disposición demandada
80. En términos
generales, la jurisprudencia de esta corporación[106] ha reconocido como bienes
jurídicos protegidos por los delitos contra la integridad moral contemplados en
el Título
V del Código penal, el
buen nombre, la honra y la intimidad, todos derechos constitucionales
fundamentales reconocidos tanto por la
Constitución (arts. 15, 21, 42), como por tratados de derechos humanos que
hacen parte del bloque de constitucionalidad[107].
Sin embargo, por haberse contemplado en
la norma demandada una excepción a la exceptio veritatis para el delito de calumnia, corresponde
a la Corte establecer con precisión, cuáles son en sentido estricto bienes jurídicos
protegidos y en particular establecer si los mismos corresponden a aquellos
señalados por los demandantes y los intervinientes.
·
El derecho al buen nombre y a
la honra
81. En cuanto al derecho al buen nombre,
señalaba la Corte en la sentencia T-228 de 1994[108], las siguientes precisiones que, por lo demás, han
sido referente conceptual sobre su significado:
“El buen nombre alude al concepto que del individuo
tienen los demás miembros de la sociedad en relación con su comportamiento,
honestidad, decoro, calidades, condiciones humanas y profesionales,
antecedentes y ejecutorias. Representa uno de los más valiosos elementos del
patrimonio moral y social de la persona y constituye factor indispensable de la
dignidad que a cada uno debe ser reconocida.
“Se atenta contra este derecho cuando, sin
justificación ni causa cierta y real, es decir, sin fundamento, se propagan
entre el público -bien en forma directa y personal, ya a través de los medios
de comunicación de masas- informaciones falsas o erróneas o especies que
distorsionan el concepto público que se tiene del individuo y que, por lo
tanto, tienden a socavar el prestigio y la confianza de los que disfruta en el
entorno social en cuyo medio actúa, o cuando en cualquier forma se manipula la
opinión general para desdibujar su imagen. Pero el derecho al buen nombre no es
gratuito. Por su misma naturaleza, exige como presupuesto indispensable el
mérito, esto es, la conducta irreprochable de quien aspira a ser su titular y
el reconocimiento social del mismo. En otros términos, el buen nombre se
adquiere gracias al adecuado comportamiento del individuo, debidamente
apreciado en sus manifestaciones externas por la colectividad”.
De allí que en otros pronunciamientos se
haya relacionado el buen nombre con la reputación o fama, como concepto que de una persona tienen
los demás y que se configura como derecho frente al detrimento que pueda sufrir
producto de expresiones ofensivas o injuriosas o de informaciones falsas,
tendenciosas o erróneas que se difundan sin fundamento y que distorsionen el
concepto público que se tiene del individuo[109]. Un derecho de la personalidad en el que se recogen elementos
especialmente valiosos del patrimonio moral y social, así como un valor
intrínseco de la dignidad humana a ser reconocido tanto por el Estado como por
la sociedad[110].
82. De esta definición de la
jurisprudencia se destacan varios elementos relevantes recogidos por la
doctrina: “El buen nombre es ante todo un ‘concepto que se tiene de alguien’ es
algo que ‘se adquiere’, no es por ejemplo, un derecho del que se goce
indistintamente, a partir de su reconocimiento normativo; tampoco es en un
sentido tradicional un ‘derecho a priori’. Para su adquisición, además
del reconocimiento normativo en la
Constitución, es necesario ‘el mérito’ esto es ‘la conducta irreprochable de
quien aspira a ser su titular’, lo que implica que quien lo desee defender
deberá haber mantenido ‘un adecuado comportamiento’ que además debe ser
‘debidamente apreciado por la colectividad’. Es entonces el comportamiento
(reflejado en los hechos, conductas, actitudes de la persona) que, una vez
hecho público (manifestado, conocido por terceros) y evaluado por la
colectividad (convertido en imagen, fama, honorabilidad, crédito, etc) habilita
al sujeto, gracias a la existencia de la norma constitucional, para exigir su
protección”[111].
83. En lo que hace referencia al derecho a la honra,
aunque muy próximo al derecho al buen nombre, se han señalado como perfiles
propios y diferenciales, que “representa la estimación o deferencia con la que,
en razón a su dignidad humana, cada persona debe ser tenida por los demás
miembros de la colectividad que le conocen y le tratan”, o el ámbito de
protección del sujeto que procura “no menoscabar el valor intrínseco de los
individuos frente a la sociedad y frente a sí mismos”, y que pretende
“garantizar la adecuada consideración y valoración de las personas  dentro de
la colectividad”[112]. Es decir, un derecho “íntimamente relacionado con
las actuaciones de cada persona, pues de ellas depende la forma como transfiere
su imagen y son ellas las que en últimas fundamentan un criterio objetivo
respecto de la honorabilidad del comportamiento del ciudadano en la sociedad”[113].
84. De modo que cuando un individuo ha
sido inculpado por la comisión de un hecho delictivo, no cabe duda que tal
imputación hace referencia a hechos externos, que han afectado derechos o
bienes jurídicos ajenos o indisponibles. A su vez, la exoneración de la que ha
sido beneficiario, mediante sentencia absolutoria, preclusión, cesación de
procedimiento o equivalentes, restablece el concepto social que se tiene de él,
su fama, su reputación, su prestigio, la valía propia ante los demás, el
reconocimiento social de su conducta irreprochable, su adecuado comportamiento
y en definitiva el derecho que le asiste de ser reconocido y apreciado por la
colectividad como inocente por no haber cometido una contravención o un delito.
Es decir que antes que cuidar de la intimidad,
ese ámbito personalísimo, privado y propio del individuo para consigo mismo[114],
lo que se protege aquí, con el respaldo de la providencia del juez, son las
manifestaciones de la personalidad moral del individuo ante sus congéneres.
85. Es del caso señalar que, como suele ocurrir con
todos los bienes protegidos por el ordenamiento, tales derechos a la honra y al
buen nombre, aunque son fundamentales y están llamados a ser amparados por el
Estado y respetados por los particulares, no son absolutos. Y este predicamento
no sólo se explica por su pertenencia a un sistema de derechos, bienes e
intereses que de suyo anticipan la necesidad de disponer o de reconocer
límites, sino también por su propia naturaleza, como derecho “construido” por
el titular.
Por esto la jurisprudencia constitucional ha indicado
que “su radio de acción y conocimiento
es proporcional a la ascendencia que la persona tiene en la sociedad”[115],
lo que trae como consecuencia la subregla
según la cual, cuando el titular del derecho es un personaje público, su
comportamiento, su fama e imagen pueden hallarse legítimamente sujetos a un
mayor control social, producto del ejercicio de otros derechos fundamentales
como las libertades de expresión, opinión e información.
No significa lo anterior que el ejercicio de estas
últimas pueda ser abusivo, al punto de anular los derechos de la personalidad
del personaje público, porque tal ejercicio sería enteramente contrario a la
Constitución y al funcionamiento armónico y ponderado del sistema de derechos,
intereses y bienes jurídicos tutelados. Empero, como lo ha reiterado esta
Corte, “estas personas, al aceptar su
situación social, han consentido tácitamente en una cierta restricción de esos
derechos (…) [pues en efecto] su papel de figuras públicas los convierte en
objeto del interés general, por lo cual es de esperar que tanto sus actividades
públicas como su vida privada sean observadas de manera minuciosa por parte de
la sociedad”[116].
86. En este orden, se
concluye entonces que los derechos a la honra y al buen nombre, como derechos a
la vez fundamentales y no absolutos, son los primeros bienes jurídicos que
busca preservar el art. 224 num 1º del Código penal. En efecto, excluir de los
ámbitos de la libertad de expresión y de la de información el dicho que
atribuye la responsabilidad penal de alguien, al ser un asunto ya resuelto en un proceso penal, se convierte en una
forma intensa y directa de preservar la estima, el aprecio, el reconocimiento
del titular de tales derechos. Más aún cuando se ha superado en franca lid la
afectación, también intensa, del buen nombre y la honra que produce un proceso en
contra, para imponer “la sanción más estigmatizante” que suele existir en los
ordenes jurídicos de los Estados, con penas que son vistas como un severo
“juicio de reproche ético”, con “el castigo que la sociedad reserva a los
hechos más graves”[117].
La protección definitiva que
crea la fuerza jurídica otorgada a la providencia absolutoria, con poder de
constituirse, por mandato del legislador, en una excepción a la exceptio
veritatis, prevalece aún sobre una verdad distinta en la que se reconozcan
conductas penalmente reprochables. Esta lógica de la norma acusada supone que la
posición jurídica de protección a la honra y al buen nombre reposa en la
absolución de un funcionario judicial con competencia y en la imposibilidad de
contradecir esta decisión, bajo ningún concepto, ni siquiera contando con las
pruebas para ello.
La anterior precisión
adquiere mayor importancia si se tiene en cuenta que de no existir la excepción
del art. 224 num 1º del Código Penal y por tanto, de poder hacerse efectiva la exceptio
veritatis con la cual el inculpado de calumnia tuviere permitido probar la
veracidad de sus imputaciones sobre la conducta punible de aquel mismo sujeto
juzgado y absuelto, no habría una afectación de los derechos a la honra y al
buen nombre. Y no habría afectación porque efectivamente, tales derechos se
esculpen por el titular y si existen pruebas que demuestren un comportamiento
digno de punición por parte del Derecho penal, no habría un daño contra una
imagen, una reputación, un reconocimiento social que él mismo ha destruido ante
los demás miembros de la sociedad con su comportamiento.
·
Principio del non bis in
idem, la cosa juzgada y la seguridad jurídica
87. Tanto los demandantes, como la
Fiscalía y el Ministerio público (folios 12, 26 y 27; 89 y 90; 162 y 164,
respectivamente) afirman que la disposición acusada supone una preservación del
principio del non bis in idem, el cual a su vez se fundamenta en la
institución procesal de la cosa juzgada y en el principio de la seguridad
jurídica.
88. Aunque comúnmente se ha hablado del
principio del non bis in idem, en sentido estricto lo que esta figura
representa, es una posición jurídica iusfundamental que hace parte del
debido proceso (art. 29 constitucional y art. 8º del Código penal[118]),
junto con los principios de legalidad,
del juez natural o legal, de favorabilidad y presunción de inocencia y los
derechos a la defensa, a impugnar la sentencia condenatoria y al debido proceso
público sin dilaciones injustificadas, todos los cuales ya representan las
señas de identidad del Estado constitucional de Derecho.
En desarrollo de esos postulados, se dijo en sentencia
C-047 de 2006[119]:
“… corresponde
al Estado demostrar la culpabilidad del sindicado, sin que, por otra parte, el
proceso pueda prolongarse indefinidamente en el tiempo. El sindicado tiene
derecho a que su situación jurídica sea resuelta de manera definitiva, como
culminación de un debido proceso y con plenitud de garantías. Una vez concluido
el proceso (…), no cabe, como regla general, que el sindicado sea sometido a
nuevo juicio de la misma naturaleza por los mismos hechos”.
Dicha prohibición opera en materia sancionatoria y
representa para la persona, con independencia de si fue condenada o absuelta[120],
la aplicación del principio de cosa juzgada “según la cual los jueces no pueden
tramitar y decidir procesos judiciales con objeto y causa idénticos a los de
juicios de la misma índole previamente finiquitados por otro funcionario
judicial[121]”.
Esto es, una garantía que evita el peligro del llamado “ensañamiento punitivo
del Estado”[122].
89. En cuanto a su estructura, el non bis in idem
y la cosa juzgada son figuras distintas pero complementarias. La primera, se reconoce
como una manifestación negativa del derecho de defensa y del debido proceso,
esto es, como posición jurídica subjetiva de defensa para el individuo contra
una doble incriminación por los mismos hechos. La segunda, es una institución
que no sólo dota de fuerza vinculante a las decisiones judiciales, sino que
también pone fin a las controversias, arropa de certeza el resultado de los
litigios o procesos, define concretamente las situaciones de derecho, permite
hacer efectivas las decisiones jurisdiccionales y finalmente evita que las
controversias se reabran indefinidamente con perjuicio de la seguridad jurídica
de las personas y el orden social del Estado[123]. Una cosa juzgada que  como se ha
dicho, cumple con la función negativa de prohibir a los funcionarios judiciales
“conocer, tramitar y fallar sobre lo resuelto”, así como la “función positiva”
de  “dotar de seguridad a las relaciones jurídicas y al ordenamiento jurídico”[124].
Es decir que ambas, el non bis in idem y la
cosa juzgada, confluyen en el mismo propósito de crear en el titular de
derechos sobre quien se ha iniciado un proceso para determinar su
responsabilidad penal y en general sobre el colectivo social, la confianza en
el derecho a que una vez resuelta su situación jurídica, con la decisión de
fondo que establezca, no deba soportar nuevamente otra actuación judicial de la
misma naturaleza y por los mismos hechos.
90. Las dos figuras están a su vez, estrechamente
vinculadas al principio de seguridad jurídica, y en los términos de la
sentencia C-004 de 2003, sirven para “pacificar los conflictos sociales” al poner un punto
final a las controversias, reconociendo una vez ejecutoriadas las sentencias,
“el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas”.
91. Pero del mismo modo en que se anotó respecto de
los derechos a la honra y al buen nombre, tampoco el principio del non bis
in idem, ni la cosa juzgada, ni la seguridad jurídica, son bienes jurídicos
absolutos, toda vez que pueden entrar en colisión verbigracia con otros
intereses recogidos por el orden normativo, como la justicia material o con los
derechos constitucionales de las víctimas.
Frente a la relatividad del principio del non bis
in idem, se pronunció la Corte en sentencia C-554 de 2001, cuando atendió
la demanda de inconstitucionalidad contra la expresión del art. 8º del Código
penal según la cual el citado principio admitía las excepciones previstas en
los instrumentos internacionales. Esta ordenación, dijo la
Corte, no sólo resulta consistente con “el
postulado de la jurisdicción universal que es de observancia imperativa
conforme a lo prescrito en el artículo 9° de la
Carta Política”, sino que además sólo de esta manera “las naciones del mundo,
inspiradas en la necesidad de alcanzar objetivos de interés universal como la
paz mundial, la seguridad de toda la humanidad y la conservación de la especie
humana, cuenten con medidas efectivas”, cuya aplicación demande la
relativización de las mencionadas garantías, sin menoscabar con ello los
valores fundamentales asociados a la dignidad del ser humano.
En sentido semejante, la citada sentencia C-004 de
2003, que atendió la demanda de inconstitucionalidad contra alguna de las
causales previstas para el ejercicio de la acción de revisión[125], dijo sobre
este punto que : “…los derechos de las
víctimas de los hechos punibles y el deber correlativo del Estado de investigar
y sancionar los delitos a fin de realizar la justicia y lograr un orden justo
(CP Preámbulo y arts 2° y 229) son obviamente los valores constitucionales que
pueden claramente colisionar con el non bis in ídem, y que pueden
entonces autorizar, o incluso, exigir una limitación de esa garantía
constitucional del procesado”.
92. Ahora bien, admitir volver a lo ya
juzgado y establecido en decisión de fondo, crea una tensión entre dos
principios constitucionales igualmente importantes: el principio de seguridad
jurídica, y, el principio de justicia material.
Así lo dijo esta Corporación, en
sentencia C-014 de 2004 que resolvía la inconstitucionalidad
formulada contra disposiciones del Código único disciplinario en las que se
establecía la improcedencia de la revocatoria directa de los fallos
disciplinarios absolutorios: La seguridad jurídica a través de la aplicación
del principio non bis in ídem y del derecho que de allí se genera para
el sancionado, a que se “mantenga y perdure en el tiempo la decisión definitiva
proferida y a que ello sea así como un mecanismo de promoción de la convivencia
pacífica”. “Y el principio de justicia material lo hace bajo la forma del deber
que tiene el Estado de promover la vigencia de un orden justo (…) [pues al]
Estado también le incumbe el deber de investigar y sancionar las infracciones
de los deberes funcionales imputables a sus servidores pues para ello ha
radicado el poder disciplinario preferente en el Ministerio Público y ha
establecido la jurisdicción disciplinaria”.
Dicha tensión no puede sin embargo ser
resuelta otorgándole, como se ha hecho desde la tradición del Code civile
de Napoleón, carácter absoluto a la seguridad jurídica, a la cosa juzgada y al non
bis in idem, porque:
“la
imposibilidad absoluta de remover del mundo jurídico un fallo disciplinario,
conduciría en muchos supuestos al sacrificio de la justicia material.
Piénsese, por ejemplo, en la imposibilidad de revocar un fallo sancionatorio
que se sabe, a buen seguro, fue proferido con manifiesto desconocimiento de la Constitución.  Y el segundo, porque en aras de la promoción de un orden justo, a la
administración no le está dado desconocer el efecto vinculante de sus propios
fallos disciplinarios pues ello desconocería el principio de ejecutoriedad de
los actos administrativos y vulneraría el principio de seguridad jurídica”.
93. Ahora bien, los precedentes que aquí se citan, en
todos los casos han entrado a valorar figuras jurídicas que directa y
derechamente facultan a determinados sujetos, para reclamar la reapertura de un
proceso, o la revisión del mismo, o la revocatoria directa de la decisión con
que se ha concluido un proceso sancionador. Actos con los que efectivamente se pone
en duda la estabilidad del Derecho concretado por la declaración o restitución
de una providencia y se admite que pueda volver a iniciarse otro proceso.
94. La pregunta que la
Sala se formula en este punto es si, efectivamente, la inadmisibilidad de
pruebas para demostrar la veracidad de unas imputaciones sobre conducta punible
que ya fue juzgada y desestimada en un proceso penal mediante decisión de
fondo, con las cuales el presunto calumniador pretendiera excluir su
responsabilidad penal, ¿constituye una medida con la cual se salvaguarda el
principio del non bis in idem y los principios procesales y objetivos
anejos (cosa juzgada, seguridad jurídica, confianza en el Derecho)?
La Corte constitucional
responde en un doble sentido. Uno negativo y otro positivo.
Desde el punto de vista formal, no puede considerarse el
principio del non bis in idem como un bien jurídico protegido por el
art. 224, num 1º del Código Penal, pues esta prohibición no refuerza la
posición jurídica que se deriva de tal bien para un sujeto que ha sido juzgado
y absuelto. O, visto de otro modo, porque de no existir tal precepto, esto es,
de poder presentar las referidas pruebas en el proceso por calumnia, no
supondría ello, en principio, que directamente deba reabrirse el proceso penal
contra el individuo exonerado y sobre quien ha recaído la imputación del hecho
típico. Para que tal efecto se produjera, sería necesario que el juez que
conoce la calumnia, por causa de valorar las pruebas sobre la veracidad del
dicho del presunto calumniador, quedara habilitado para reabrir el asunto ya
resuelto, conocerlo, tramitarlo y juzgarlo de nuevo, lo cual no ocurre.
El juez de la calumnia sólo valoraría las pruebas con
el fin de establecer si se incurrió en la conducta delictiva bajo estudio, es
decir en la imputación falsa de un hecho típico, pruebas que por lo
demás, pueden o no convencerlo de ello. Mas en el caso de que sirvieran para
establecer la veracidad de la imputación o sea la ausencia de calumnia, el
reconocimiento de tales medios probatorios únicamente produciría la exclusión
de la responsabilidad penal por falta de tipicidad, en tanto las imputaciones del
presunto calumniador no fueran falsas sino verdaderas. No hay con ello nueva
incriminación ni nuevo juzgamiento bajo el mismo juicio por los mismos hechos.
La actuación para reclamar ante las autoridades correspondientes
desplegar lo que es de su competencia, sólo iría hasta allí. Lo demás ya es
fruto del funcionamiento de otras instituciones jurídicas, es decir, del
ejercicio de las funciones de tales autoridades, con los márgenes de
discrecionalidad que les corresponden (arts. 142 y 111 CPP) pero no efecto
propio, directo, claro de la aplicación de la exceptio veritatis. Sólo
cuando el Fiscal, o el Ministerio público, el defensor y demás intervinientes
legalmente reconocidos (art. 193 CPP), encontraren mérito para incoar la acción
de revisión y esta se iniciara y prosperara porque así lo encuentra la jurisdicción
penal en el marco de sus facultades y funciones, sólo allí, se cumplirían las
condiciones para restringir el principio del non bis in idem, de la cosa
juzgada y  la seguridad jurídica.
Es decir que como se observó en el apartado anterior
sobre el buen nombre y la honra, lo que jurídicamente se crea en el art. 224
num 1º del Código penal es una protección intensa de la integridad moral del
sujeto favorecido con una providencia absolutoria, que impide de pleno derecho
a otro expresarse e informar de modo contrario a lo en ella resuelto.
Sin embargo, no puede la
Corte constitucional negar que, desde el punto de vista material, pragmático, se
protege la cosa juzgada y la seguridad jurídica cuando la norma estudiada impone
una verdad judicial sobre cualquier otra posible y cercena la libertad de
información en el decir y el expresar lo contrario a lo dicho en tal decisión
absolutoria. Es decir que con ella se asegura que no pueda volverse a debatir
en ningún contexto, menos judicialmente, sobre la punibilidad de un sujeto
exonerado en un proceso.
La
superioridad con que en el precepto acusado se reconoce la decisión judicial
absolutoria y su verdad jurídica, tiene entonces una vis expansiva de
ordenación, no sólo sobre la administración de justicia para impedirle prima
facie un nuevo juzgamiento en proceso similar u otro cualquiera, sino también
sobre la colectividad. En este sentido, opera como prohibición por la cual, a
los efectos de preservar la coherencia del orden jurídico, los alcances
generales de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, excluye del debate
democrático, del libre ejercicio de las profesiones y oficios de la
comunicación y su libertad de investigación e información, la discusión, la
acreditación, el reconocimiento de una  responsabilidad penal sobre unos
hechos, sobre el daño ocasionado a unos bienes jurídicos o a la vida,
integridad, honra y bienes de unas víctimas, del sujeto exonerado en la
providencia judicial.
·
¿Presunción de inocencia o
derecho a ser reconocido como inocente?
95. Afirma el Ministerio público (folios
161 y 162) que en la disposición bajo estudio, el legislador también ha velado
por proteger la presunción de inocencia.
96. Este derecho es integrante del debido proceso
descrito en el art. 29 constitucional y en tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados
por el Estado colombiano, que integran el bloque de constitucionalidad. Así, aparece
previsto en el Art. 14, Num. 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, en donde se establece que “[t]oda persona acusada de un delito
tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su
culpabilidad conforme a la ley”; y en el Art. 8, Num. 2, de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos preceptúa que “[t]oda persona
inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se
establezca legalmente su culpabilidad”.
Sobre este tema el Comité de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas ha señalado que, “En virtud de la presunción de inocencia,
la carga de la prueba recae sobre la acusación  y el acusado tiene el beneficio
de la duda. No puede suponerse a nadie culpable a menos que se haya demostrado
la acusación fuera de toda duda razonable. Además, la presunción de inocencia
implica el derecho a ser tratado de conformidad con este principio. Por tanto,
todas las autoridades públicas tienen la obligación de no prejuzgar el
resultado de un proceso”[126].
97. Salvo entonces que el interesado, el
querellante o el Estado prueben lo contrario y desvirtúen la presunción, salvo
que esta conclusión quede plasmada por el juez natural mediante sentencia
condenatoria, el derecho a ser considerado inocente se debe respetar de manera
irrestricta[127].
Tal
respeto se da, por ejemplo en la sentencia
C-626 del 21 de noviembre de 1996, al declarar inexequible una disposición de
una ley que determina el régimen aplicable a las contravenciones especiales, en
la que se establecía una responsabilidad penal objetiva por el ofrecimiento de
bienes muebles usados, “cuya procedencia no esté justificada” (art .9º  de la
Ley 228 de 1995).
En
ese asunto se consideró que tal disposición vulneraba el principio
constitucional de la presunción de inocencia, por cuanto:
“Del artículo 29 de la
Constitución resulta que ni el legislador ni los jueces    pueden presumir la
culpabilidad de nadie.
Es postulado cardinal de nuestro ordenamiento,
respecto del cual el Constituyente no consagró excepciones, el de que toda
persona se presume inocente mientras no se le demuestre lo contrario en el
curso de un debido proceso, ante tribunal competente, conforme a las reglas
preexistentes al acto que se le imputa, y con la plena garantía de su defensa.
Cuando el legislador establece los tipos penales,
señala, en abstracto, conductas que, dentro de la política criminal del Estado
y previa evaluación en torno a las necesidades de justicia imperantes en el
seno de la sociedad, merecen castigo, según el criterio de aquél.
Para que, en el caso concreto de una persona, puedan
ser aplicadas las sanciones previstas en la ley, es indispensable, de
conformidad con las garantías constitucionales aludidas, que se configure y
establezca con certeza, por la competente autoridad judicial, que el procesado
es responsable por el hecho punible que ha dado lugar al juicio.
En nuestro sistema jurídico, ha sido proscrita,
entonces, la responsabilidad objetiva, de lo cual resulta que el legislador no
puede asumir, desde el momento en que consagra el tipo penal, que la sola
circunstancia de haber incurrido un individuo en la conducta tipificada apareja
la necesaria consecuencia de su responsabilidad y de la consiguiente sanción
penal. Esta, al tenor del artículo 29 de la
Carta, únicamente puede proceder del presupuesto de que al procesado "se
le haya declarado judicialmente culpable".
98. Ahora bien, es del caso precisar que
la figura de la presunción de inocencia cobra sentido en el marco de un proceso
y como parte del derecho de defensa que protege al inculpado. Y no obstante las
diferentes medidas adoptadas en defensa de ciertos bienes jurídicos de interés
público que pudieran afectarla (medidas cautelares, detenciones preventivas,
embargos, entre otras), así debe ser considerado a lo largo del juicio, hasta
que haya sentencia condenatoria que desvirtúe dicha presunción, o en su caso,
la confirme.
Pero cuando el proceso ha concluido con
decisión de fondo que declara la inocencia del sujeto por falta de tipicidad,
de antijuridicidad, de imputabilidad o de culpabilidad, la posición jurídica de
presunción queda superada y se confirma la situación jurídica de inocencia
frente al hecho, esto es, el derecho a ser reconocido como ajeno al delito.
99. De este modo, la presunción de
inocencia, con la providencia de absolución en firme, ratifica los derechos a
la honra y al buen nombre y permite que el individuo favorecido con ella, sea definitivamente
considerado inocente. Es decir, la presunción de inocencia como garantía del procesado,
no es en sentido estricto un bien jurídico autónomo protegido por el art. 224
num 1º del Código Penal. Lo que este numeral establece es la protección del
derecho a ser considerado como inocente, a ser respetado y valorado socialmente
como tal, por virtud de la decisión judicial que lo absolvió y confirmó su buen
nombre y prestigio, su honra y dignidad ante los demás.
Dicho reconocimiento bien se puede materializar en el
llamado “derecho al olvido”, figura a la que apenas se ha referido la
jurisprudencia colombiana[128],
pero que en el Derecho comparado europeo puede verse reflejada en las medidas
con que se han protegido los derechos al buen nombre, a la honra y a la
intimidad[129].
Posición jurídica fundada en este caso por la decisión judicial que exonera y
que produce, por el mandato del precepto bajo estudio, un efecto inhibidor sobre
los individuos, para no poder expresar o ventilar ante el juez, ante la opinión
pública, ante los demás, imputación ninguna sobre lo allí resuelto.
·
Conclusiones
sobre los bienes jurídicos protegidos por la disposición
100. Se
concluye entonces que de la totalidad de bienes jurídicos alegados como objeto
de protección por el numeral 1º del art.
224 del Código Penal, lo son, por una parte, los derechos a la honra y al buen
nombre, por virtud de la decisión judicial absolutoria que confirma la
inocencia de un determinado sujeto. Y también
son bienes jurídicos protegidos materialmente, los principios de la cosa
juzgada y de la seguridad jurídica, porque con el precepto acusado se excluye toda
opción de volver a analizar la responsabilidad penal de ese individuo que ya ha
sido exonerado por autoridad competente.
2.c.4.b. Los bienes jurídicos en
tensión
101. Como ya se ha dicho, frente a los
derechos y bienes jurídicos protegidos por la disposición acusada, los
demandantes y algunos intervinientes señalan otros como bienes jurídicos en
tensión o frente a los cuales lo previsto en el art. 224, num 1º del Código
Penal ha generado afectación o límites. Son ellos, el debido proceso del
inculpado de calumnia así como las libertades de expresión e información y la
prohibición de la censura previa.
·
El debido proceso, el derecho
de defensa y de contradicción del inculpado por calumnia: derecho de aportar
pruebas
102. Los demandantes, algunos
intervinientes y el Ministerio público (folios 4, 22 y 36, 99 y 154 y 164
respectivamente), afirman que uno de los bienes jurídicos afectados por la
medida adoptada por el Legislador a través del art. 224, numeral 1º del Código
penal, es el debido proceso del inculpado, en lo que tiene que ver con el
derecho de defensa del presunto calumniador, para aportar pruebas con las que
pudiere exonerarse del delito que se le imputa.
En efecto, el impedimento creado por la disposición
jurídica bajo análisis, genera para el inculpado de calumnia una restricción
importante en cuanto a su derecho de defensa y contradicción, pues le impide
acreditar al juez que los hechos típicos imputados a alguien no son falsos.
Dicho de otro modo, le impide demostrar la ausencia de tipicidad de la
conducta.
103.
De conformidad con el art. 29 constitucional, el debido proceso está
constituido por el in dubio pro reo, la asistencia de un abogado, el
debido proceso público y sin dilaciones injustificadas, la presentación de
pruebas, el derecho a controvertir las que se alleguen en su contra, a impugnar
la sentencia condenatoria y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
Quiere
decir lo anterior que la presentación de las pruebas para demostrar su
inocencia hacen parte de los elementos iusfundamentales de tal derecho y
su restricción afecta derechamente el contenido propio del mismo.
De allí por qué en el art. 8º del Código
de procedimiento penal (ley 906 de 2004) se hayan establecido dentro de los
principios rectores y garantías procesales el de la “defensa” del imputado, el
cual tendrá derecho a:
“ARTÍCULO 8o. (…)
e) Ser oído, asistido y representado
por un abogado de confianza o nombrado por el Estado; (…)
i) Disponer de tiempo razonable y de
medios adecuados para la preparación de la defensa. De manera excepcional podrá
solicitar las prórrogas debidamente justificadas y necesarias para la
celebración de las audiencias a las que deba comparecer;
j) Solicitar, conocer y controvertir
las pruebas;
k) Tener un juicio público, oral,
contradictorio, concentrado, imparcial, con inmediación de las pruebas y sin
dilaciones injustificadas, en el cual pueda, si así lo desea, por sí mismo o
por conducto de su defensor, interrogar en audiencia a los testigos de cargo y
a obtener la comparecencia, de ser necesario aun por medios coercitivos, de
testigos o peritos que puedan arrojar luz sobre los hechos objeto del debate;
Y con los condicionamientos establecidos en la
sentencia C-1260 de 2005:
l) Renunciar a los derechos contemplados en los
literales b) y k) siempre y cuando se trate de una manifestación libre,
consciente, voluntaria y debidamente informada. En estos eventos requerirá
siempre el asesoramiento de su abogado defensor”.
104. Sobre la importancia de la
presentación o petición de pruebas como manifestación del derecho de defensa y
del debido proceso, dijo la Corte en sentencia  C-038 de 1996[130]:
“No cabe duda de que el régimen probatorio (práctica,
valoración y apreciación de las pruebas, medios probatorios, requisitos
sustanciales y procesales aplicables a la aportación de las pruebas etc.), en
general, se libra a la voluntad del Legislador. No obstante, el sistema que se
establezca no puede desconocer la garantía del debido proceso y el respeto y
protección de los restantes bienes y derechos constitucionales”.
“(…) Una pretensión pública subjetiva que integra el
derecho al debido proceso es la de presentar pruebas y controvertir las que se
alleguen en contra (C.P. art., 29). A este respecto, las limitaciones legales
relativas a la conducencia o admisibilidad de un medio específico de prueba,
sólo resultan admisibles si persiguen un fin constitucional y las restricciones
que entrañan son razonables y proporcionadas en relación con el mismo y las
consecuencias que de éste se derivan”.
“(…) La finalidad de la ley -neutralizar un medio
probatorio con el fin de precaver eventuales condenas judiciales en los
procesos laborales-, viola la
Constitución. La finalidad del Estado es la de proteger y garantizar los
derechos de las personas (C.P. art. 2) y ello no se logra ocultando la verdad
que puede judicialmente establecerse mediante el acceso a sus archivos. El
Estado y sus agentes, deben velar y defender los bienes e intereses del Estado.
Para ello, sin embargo, no es necesario obstaculizar la correcta administración
de justicia - que, por el contrario, debe ser secundada en su tarea -,
privándola por ministerio de la ley de elementos probatorios que pueden ser
útiles y relevantes a la hora de aplicar el derecho”.
En
el mismo sentido, se dijo en sentencia T-171 de 2006, que  “el derecho a la
prueba constituye uno de los principales ingredientes del debido proceso, así
como del derecho al acceso a la administración de justicia y el más importante
vehículo para alcanzar la verdad en una investigación judicial”.
Por
ello es que la doctrina ha señalado que la exposición del caso del inculpado,
su acreditación mediante las pruebas que solicita o que reclama,  “sirve no
sólo al interés individual de éste, sino también al hallazgo de la verdad”[131].
105.
Sin embargo, existen circunstancias en las cuales el legislador, también el
juez autorizado por aquél, pueden excluir algunas pruebas del debate procesal
por encontrar que con ellas se vulneran otros derechos llamados a ser
preservados.
Así lo apreció la
Corte en la sentencia C-392 de 2000, cuando al evaluar una disposición que excluía
valor probatorio a los informes de la
Policía Judicial y las versiones suministradas por informantes, encontró que
tal limitación era legítima porque hacía parte de las prerrogativas del
legislador.
“En el presente caso la finalidad buscada por el
legislador es legítima, pues tiene su fundamento en el art. 29 de la
Constitución que consagra la presunción de inocencia, la cual solamente puede
ser destruida cuando se incorporan legal y regularmente al proceso pruebas que
el sindicado esta en la posibilidad de controvertir.
(…)
El legislador ha descartado el valor probatorio de
dichos informes sobre la base de conveniencias políticas, que él libremente ha
apreciado, como podrían ser la unilateralidad de éstos, y la de evitar que los
funcionarios que deban juzgar se atengan exclusivamente a éstos y no produzcan
otras pruebas en el proceso, en aras de la búsqueda de la verdad real, con
desconocimiento de los derechos de los sindicados. Por ello la
Corte, en ejercicio del control constitucional, no se encuentra en condiciones
de cuestionar dichas consideraciones políticas, pues ello corresponde a la
competencia y libertad del legislador para diseñar la norma jurídica procesal”.
Esta hipótesis, aquella según la
cual se establece desde la ley una limitación al derecho de defensa
representada en la exclusión de la prueba de determinados asuntos de interés en
el proceso, no es por lo demás extraña en el Derecho comparado. Así lo observa
Taruffo:
“… en los sistemas procesales
modernos existen reglas que tienen por objeto racionalizar el juicio sobre los
hechos (…). Algunas de estas reglas prohíben el uso de tipos específicos de
medios de prueba o impiden la prueba de algunos hechos (…). En todo caso, estas
normas no impiden la búsqueda de la verdad: regulan las formas en que se pueden
probar los hechos y abarcan sólo áreas limitadas del dominio de la prueba y de
la decisión sobre los hechos”[132].
106. Visto desde otro ángulo, la
excepción a la exceptio veritatis y por tanto la restricción que en
materia probatoria se crea, es una suerte de “privilegio probatorio”,
constituido por reglas o principios que atribuyen a personas específicas, entre
otras, “(...) el derecho a excluir la posibilidad de obtener información
vinculada con una causa. En general, las justificaciones que subyacen a estas
normas son extrínsecas al proceso, aunque puedan afectar el funcionamiento y
los resultados de los procesos judiciales e influir en ellos, simplemente
porque impiden el descubrimiento y la presentación de las pruebas relevantes”[133].
107. Es cierto, entonces, que con lo
previsto en el art. 224, numeral 1º del Código Penal el Legislador ha dispuesto
una limitación al derecho de defensa y contradicción, al restringir plenamente
la prueba de la veracidad de la imputación por conducta típica, como forma de proteger
la integridad moral de quien ha sido favorecido por una decisión judicial de
fondo que lo exonera de responsabilidad penal sobre tal hecho. Nótese, por lo
demás, que a diferencia de lo que dice Taruffo y la propia Corte constitucional
colombiana, en el asunto bajo estudio se trata de una limitación total que no
supone la admisión de unas pruebas y la exclusión de otras, sino, simplemente,
la imposibilidad absoluta de aportarlas.
·
La libertad de expresión, un
bien jurídico preferente
108. Como lo observan los demandantes y
algunos intervinientes, la excepción a la eximente de responsabilidad del art.
224, num 1º del Código Penal, supone una afectación a las libertades de expresión
e información. Es decir que ella hace parte de los bienes jurídicos objeto de
limitación.
109. En efecto, para la
Corte, es claro que la disposición acusada impone limitaciones a la libertad
de expresión en sus distintas variantes, pues como se dijo en sentencia C-489
de 2002, tal es, en términos generales, el resultado que producen los delitos
de injuria y calumnia y las figuras que de ellos se desprenden sobre tales
libertades.
No
es en este sentido gratuito que dentro el Informe de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la libertad de expresión de
2008, sean precisamente la aplicación de los delitos de injuria, calumnia y en los casos extremos de
difamación, los que de modo más frecuente
aparecen como formas en que los Estados miembros[134]
coartan el ejercicio de dicha libertad por parte de periodistas, comunicadores
e investigadores[135].
La previsión contemplada en el art. 224
num. 1º del Código penal, se presenta en efecto como una afectación sobre las
libertades del art. 20 constitucional, pues en ella, se sabe ya, para proteger la integridad moral de los
individuos consolidada por la fuerza de cosa juzgada que posee una sentencia
absolutoria (o sus equivalentes), se impide expresar, difundir, informar sobre
la ocurrencia del hecho punible allí juzgado, aún pudiendo demostrarlo. Con
ello se crea un efecto inhibidor mucho más radical sobre las libertades, pues
supone para quien pretenda
ejercerlas, una amenaza de incurrir inequívocamente en el delito, al no poder
probar la veracidad de las imputaciones, al no poder servirse de la exceptio
veritatis.
Es innecesario entrar en detalles
pormenorizados sobre las diferentes manifestaciones que posee la libertad de
expresión como libertad genérica y las distintas restricciones a las posiciones
jurídicas de libertad que se contemplan en el art. 20 constitucional, que son
producidas por el art. 224 num 1º del Código penal. Porque en todo caso, es
claro que la sanción penal con los delitos de injuria y calumnia, y la
imposibilidad de probar la verdad para librarse de responsabilidad, generan una
disminución de los ámbitos de libertad de quien pretende expresarse sobre la
ocurrencia de unos hechos y sus consecuencias, o difundir dicha información a
través de cualquier medio, incluida la prensa, la televisión, la imprenta. Se
genera una limitación sobre las libertades de expresión stricto sensu,
de información y de prensa.
Debe aclararse, en todo caso,
que la injerencia sobre la libertad de opinión, otra de sus específicas
configuraciones, la más libérrima de las facultades reconocidas al sujeto de
derechos en el art. 20 de la
Constitución, no hace parte en principio de los bienes en tensión, pues la
opinión, salvo que se ejerza con un propósito explícito y efectivo de ofender y
causar un daño real sobre alguien[136] o que suponga la inclusión de
discursos no protegidos por la libertad, como la propaganda de la guerra y la
apología del odio que constituya incitación a la violencia[137],
la incitación directa y pública al genocidio[138] y la pornografía infantil[139],
es y debe muy libre.
Porque, se reitera, en un
Estado democrático y pluralista, fundado entre otros, en la dignidad de la
persona humana, teniendo en cuenta que la opinión se trata de un punto de
vista, de un criterio, una percepción de la realidad derivada del ejercicio de
otras libertades fundamentales como las de pensamiento, conciencia y cultos, tiene
que  ser respetada y protegida ampliamente, aún cuando contenga expresiones
consideradas ingratas, ofensivas o perturbadoras para el Estado o para las
personas y la población. Más aún cuando se trata de los discursos especialmente
protegidos, esto es, cuando la opinión versa sobre el discurso político y
asuntos de interés público[140], sobre funcionarios públicos en
ejercicio de sus funciones[141], sobre candidatos a ocupar cargos
públicos, así como aquellos que expresan elementos esenciales de la identidad o
dignidad personales[142].
Es decir que, distinto de la
afirmación sobre hechos que se presentan a través del ejercicio de la libertad
de información o prensa, llamados a tener respaldo en la realidad, cumplir con los
requisitos constitucionales de la veracidad e imparcialidad o con la
responsabilidad social en el caso de los medios, la opinión en cambio es una
idea, un parecer o forma de ver el mundo, que de hallarse injusta o
impertinente, debe combatirse con otras opiniones o pareceres, no con sanciones
de ninguna índole, menos aún penales[143].
En la
medida en que el artículo 224 num 1º del Código penal establece que no podrá exhibir
prueba sobre la veracidad de las imputaciones cuando se traten de cualquier conducta
punible que hubiere sido objeto de decisión judicial de fondo que exonera o
absuelve, sólo puede hacerse referencia a la expresión o información de hechos
que el Derecho reconoce como punibles. No a la formulación de opiniones sobre
esos hechos y la forma como fueron resueltos en el proceso; no a la apreciación
sobre lo errado de la interpretación del juez de las pruebas o indicios, no al
parecer sobre otros hechos de los cuales se podría derivar la responsabilidad
penal de un individuo librado de ella por un juez penal[144]. No,
en fin, a esas múltiples figuras con que un sujeto comunica o exterioriza la
forma en que discurre sobre razones, probabilidades o conjeturas, referentes a
la verdad o certeza de algo y que pueden suponer el invento, la inferencia, la
conjetura, la aplicación de la lógica o también de la fe, el juego, la risa, el
delirio.
110. Ahora bien, sobre las
características de estas libertades del art. 20 constitucional como bienes
jurídicos afectados por la norma jurídica que se acusa, hay que decir que se
reconocen en el Estado constitucional, como esenciales para el funcionamiento
de la democracia y del Estado de Derecho y la configuración objetiva y
subjetiva del Estado social, pluralista, democrático, descentralizado y
autónomo.
O sea, que con las libertades de expresar y difundir
el pensamiento, de informar y recibir información, no sólo se crea una opinión
pública de lo público y de lo político, sino que también se abren los espacios
para la difusión y discusión del conocimiento, de los estudios y resultados que
arroja la investigación y el desarrollo del trabajo científico, con los cuales
se completa el ejercicio de otros derechos constitucionales.
Se hace referencia, entre otros posibles, a éstos: la
libertad fundamental de investigación (art. 27 CP); el derecho a difundir las
ideas y programas de los partidos, movimientos y agrupaciones políticas creados
(art. 40, num 3º CP); el derecho de las universidades a contar en el apoyo y
estímulos del Estado para desarrollar investigación científica (art. 69, inc 3º
CP), el derecho de todos los colombianos en igualdad de oportunidades de acceso
a la cultura (art. 70, inc 1º CP), el derecho a la investigación, ciencia,
desarrollo y difusión de los valores culturales de la
Nación (art. 70, inc 2º  CP); también la libertad de la búsqueda del
conocimiento y el derecho al incentivo y fomento creado por el Estado, para su
efectivo ejercicio (art. 71 CP); y el derecho de protección para la actividad
periodística, a fin de  garantizar su libertad e independencia profesional
(art. 73 CP)[145].
Derechos y libertades todos, de distinta textura y
naturaleza, pero que en conjunto crean la diversidad y multiplicidad de
opiniones, ideas, conocimiento, que hacen a un verdadero Estado democrático y
pluralista.
Con ello se explica por qué las
libertades de expresión, información, opinión y difusión del pensamiento, se
convierten en herramientas básicas dentro del orden constitucional y de los
derechos fundamentales, en tanto su ejercicio garantiza las condiciones del
debate abierto de la democracia política, científica, cultural, económica
colombianas (art. 2º CP). Bajo esta misma perspectiva es que se comprende por
qué la jurisprudencia las ha considerado como derechos de carácter preferente[146].
Es decir, derechos de libertad que, en caso de conflicto con otros derechos e
intereses constitucionales, se prefieren a éstos y, por tanto, técnicamente se
ubican en un nivel superior dentro de la
Constitución misma, dada “su importancia para la vida democrática y para el
libre intercambio de ideas”[147].
En este sentido se expresó en la sentencia C-010 de
2000[148]:
“3- La libertad de expresión ocupa un lugar preferente
en el ordenamiento constitucional colombiano, no sólo por cuanto juega un papel
esencial en el desarrollo de la autonomía y libertad de las personas (CP art.
16) y en el desarrollo del conocimiento y la cultura (CP art. 71) sino, además,
porque constituye un elemento estructural básico para la existencia de una
verdadera democracia participativa (CP arts. 1º, 3º y 40). Por ello, en
numerosas decisiones, esta Corporación ha destacado la importancia y
trascendencia de esta libertad[149],
que protege no sólo la facultad de difundir y expresar opiniones e ideas, o
libertad de expresión en sentido estricto, sino también la posibilidad de
buscar, recibir y difundir  informaciones de toda índole, o derecho y libertad
de informar y ser informado”[150]
Por su parte en la sentencia T-679 de 2005[151], siguiendo la doctrina sentada por la
Corte[152], que a su vez se establece conforme la línea
argumentativa concebida por la
Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los alcances del artículo 13 de
la Convención Interamericana de Derechos Humanos, relativo a la libertad de expresión,
se afirmó:
“(1) La libertad de expresión goza de una especial
protección en el ordenamiento constitucional colombiano, ya sea bajo el aspecto
de la libertad de información o bajo el aspecto de la libertad de opinión, pues
ambos aspectos se conectan con el papel nuclear que desempeña la libertad de
expresión en la vida social.
(2) Cualquier restricción que se pretenda hacer al
derecho a la libertad de expresión debe estar justificada y motivada por la
aspiración de alcanzar fines compatibles con la democracia y con el respeto por
la dignidad humana.
(3) Las restricciones al derecho a la libertad de
expresión no pueden ser distintas a las establecidas en el artículo 20 de la
Constitución colombiana y a las consagradas por el artículo 13 de la
Convención Interamericana de Derechos Humanos”.
Conforme la sentencia T-391 de 2007[153], también se pueden destacar como consecuencias derivadas del carácter
preferente de la libertad de expresión, tres presunciones que la
protegen: (i) presunción de cobertura de una expresión por el ámbito de
protección del derecho constitucional; (ii) presunción de primacía de la
libertad de expresión frente a otros derechos, valores y principios
constitucionales en casos de conflicto; y (iii) sospecha de inconstitucionalidad
de las limitaciones sobre la libertad de expresión y aplicación de un control de
constitucionalidad estricto.
A todo lo anterior se agrega una
característica singular que completa el conjunto de prerrogativas de la libre
expresión, y que consiste en el carácter constitucionalmente tolerable de
los riesgos generados por la protección de la libertad de expresión y de
las cargas impuestas por su ejercicio, otra vez como consecuencia principal de
su lugar privilegiado dentro del ordenamiento constitucional[154].
Por ello, dice la comentada sentencia, “es
que su ejercicio genera riesgos e impone cargas sociales que resultan por regla
general tolerables, a la luz de los diferentes objetivos que se persiguen
mediante su protección”. Y así, reitera lo dicho por la sentencia C-087 de
1998, donde la Corte sostuvo que
“la libertad de expresión conlleva un
riesgo social implícito en los sistemas democráticos, cuya supresión implicaría
renunciar a uno de los postulados inherentes de tales sistemas; y que en las
sociedades democráticas, es más tolerable el riesgo derivado de los eventuales
daños generados por la expresión, que el riesgo de una restricción general de
la libertad correspondiente. En consecuencia, la expresión –con los riesgos que
conlleva- goza de un margen de inmunidad ante las limitaciones estatales mayor que
el de otras conductas no expresivas que podrían estar cobijadas por otras
libertades”[155].
111. Todos estos elementos
que arropan a la libertad de expresión e información, deberán ser tenidos en
cuenta por la Corte constitucional, al momento de juzgar a la luz de la
Constitución el alcance de la afectación producida por el art. 224 num 1º del
Código Penal acusado.
·
Censura previa
112.
También los demandantes y un interviniente estiman que el precepto demandado
produce un efecto de censura previa, la cual al hallarse prohibida expresamente
por el orden superior, determina la inconstitucionalidad del mismo (en su
orden, folios 41 y 103 y 108).
Debe
precisar la Corte empero, que la censura previa no podría considerarse como un
bien jurídico en tensión, derivado de la ponderación que ha efectuado el
legislador con el objeto de proteger otros bienes jurídicos, como son en este
caso, la honra y el buen nombre.
Y
esto es así porque, como bien se indicó en la referida sentencia T-391 de 2007, “(…), la propia Carta
enuncia en forma contundente una presunción que no admite ser desvirtuada: la
censura previa está prohibida de tal forma que cualquier regulación estatal o
decisión de un funcionario del Estado que constituya censura implica, ipso
jure, una violación del derecho a la libertad de expresión”.
En
este sentido, cuando una conducta está proscrita expresamente del ordenamiento
jurídico, no puede servir de base para la ponderación, por la sencilla razón de
que es una prohibición que no puede ser tenida como uno de los derechos a
ponderar, puesto que no puede ser calificado como tal.
113.
Se trata entonces de una posición jurídica definitiva de defensa reconocida por
el Constituyente y que además hace parte de las garantías con que el Derecho
internacional de los derechos humanos ha protegido la libertad de información.
En
efecto, así ha quedado previsto en el artículo 20 de la
Constitución Política cuando tras garantizar la libertad de expresión en sus
múltiples manifestaciones, se establece en el segundo inciso de la disposición,
en relación concreta con el derecho de informar, que “No habrá censura.”
[Énfasis fuera de texto].
De
igual manera el numeral 2º del artículo 13 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, que  como atrás fue expuesto busca
proteger y promover la libertad de expresión, dispone, en relación con la
prohibición de la censura previa, que: “[e]l ejercicio del derecho previsto
en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a
responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la
ley y ser necesarias para asegurar: a. el respeto a los derechos o a la
reputación de los demás, o b. la protección de la seguridad nacional, el orden
público o la salud o la moral públicas.” [Énfasis fuera de texto].
Sin contemplar una prohibición expresa, el Pacto
Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos en su artículo 19, numeral 2º
al referirse a las libertades de expresión e información y a las responsabilidades
que estas entrañan, consagra la sujeción a restricciones que, en todo caso
deberán “estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: “a)
Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;”b) La
protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral
públicas”  [Énfasis fuera de texto].
Estas
previsiones que, valga anotar, se encuentran reflejadas en otros sistemas
regionales de protección de derechos[156] y en documentos de Derecho
internacional de los derechos humanos especialmente reconocidos[157],
cumplen un propósito claro, a saber, el de reforzar las libertades con las
cuales se difunde el pensamiento, el conocimiento, la información, se crean las
bases para la deliberación democrática, para el debate público de la actividad
del Estado y sus autoridades todas, así como de los particulares, de las
empresas en los ámbitos en que su actividad, por el impacto social que tienen,
admita discusión.
114.
Admitida la proscripción generalizada de la censura, lo que se debe distinguir
es cuándo una limitación dispuesta por el legislador, lejos de representar una
restricción legítima, necesaria y fundada en la necesidad de proteger otros
derechos y bienes jurídicos, supone la anulación de la libertad de informar,
esto es, una censura previa que niega a su titular el derecho a difundir el
conocimiento y a la opinión pública la posibilidad de acceder a tal
información.
Por
este motivo, se debe realizar un breve recorrido por aquellas eventos o
situaciones que han sido consideradas como restricciones válidas,
diferenciándolas de aquellas en los que se ha considerado que se configuran
situaciones inadmisibles de censura. Este proceder permitirá encontrar
criterios hermenéuticos de análisis, al momento de revisar la
constitucionalidad del art. 224 num 1º del Código penal.
115.
La sentencia T-391 de 2007, recogiendo la doctrina constitucional sentada por
esta Corporación, ha precisado que el mandato que prohíbe la censura previa, “en términos generales, supone el control previo de lo que se va a expresar y
el veto de ciertos contenidos expresivos antes de que la información, opinión,
idea, pensamiento o imagen sea difundida, impidiendo tanto al individuo, cuya
expresión ha sido censurada, como a la totalidad de la sociedad potencialmente
receptora del mensaje censurado ejercer su derecho a la libertad de expresión”.
Con todo, se precisa luego, que no todas las “limitaciones razonables que, a través de la ley,
pueden imponerse al ejercicio del derecho a la información, en ciertos casos,
no significan pues, en modo alguno, la imposición de la censura, tal como la
prohíbe expresamente la Constitución (Art. 20). La censura implica una
selección, por parte del Estado, con carácter ideológico y doctrinario, de la
información o de las opiniones que vayan a divulgarse y, por ende, un abierto
atentado al pluralismo político o intelectual, inadmisible en un Estado de
derecho democrático"[158].
Por esto, en una decisión anterior, contenida en la
sentencia T-505 de 2000, se inaplicó el
artículo 5, literal l), de la Ley 182 de 1995[159] por
considerar que con respaldo en ella, la Comisión Nacional de Televisión había suspendido
un programa televisivo, actuación que se configuraba como una censura. En
concreto, la Corte sostuvo:
“La censura está prohibida en la
Constitución, de tal manera que con el mandato superior es incompatible
cualquier disposición de la ley que pueda facultar a la autoridad
administrativa para impedir que se ejerza la libertad constitucionalmente
garantizada a los medios de comunicación, independientemente de su naturaleza.
Ellos, según la Carta, aunque tienen a cargo una responsabilidad social -que
sólo puede deducirse en forma posterior- son libres y, en el cumplimiento de su
función respecto de la sociedad, gozan de la garantía de no ser sometidos en
ningún caso ni por motivo alguno a la censura”
(…) “La
Corte Constitucional entiende que se aplica la censura siempre que los
agentes estatales, so pretexto del ejercicio de sus funciones, verifican el
contenido de lo que un medio de comunicación quiere informar, publicar,
transmitir o expresar, con la finalidad de supeditar la divulgación de ese
contenido a su permiso, autorización o previo examen -así no lo prohiban-, o al
recorte, adaptación, adición o reforma del material que se piensa difundir.
Prohibir, recoger, suspender, interrumpir o suprimir la emisión o publicación
del producto elaborado por el medio son modalidades de censura, aunque también
lo es, a juicio de la Corte, el sólo hecho de que se exija el previo trámite de
una inspección oficial sobre el contenido o el sentido de lo publicable; el
visto bueno o la supervisión de lo que se emite o imprime, pues la sujeción al
dictamen de la autoridad es, de suyo, lesiva de la libertad de expresión o del
derecho a la información, según el caso”.
A pesar de la claridad de las sentencias anteriores,
el precedente que resulta más esclarecedor sobre el concepto de censura previa
y su distinción con otras limitaciones, legítimas y también ilegítimas sobre la
libertad de información, es el también citado caso de la sentencia C-010 de 2000. En ella se resolvió el problema
jurídico planteado por las normas que reglamentan la transmisión de programas
por los servicios de radiodifusión y se señaló que tal derecho podía ser
restringido para los propósitos señalados en el Pacto Internacional sobre
Derechos Civiles y Políticos, es decir para proteger los derechos de los demás
o la seguridad nacional. En este orden se precisó:
“El
carácter preferente de las libertades de expresión, información y de prensa no
significa, sin embargo, que estos derechos sean absolutos y carezcan de
límites. Así, no sólo no existen en general derechos absolutos sino que, en
particular, la libertad de expresión puede colisionar con otros derechos y
valores constitucionales, por lo cual, los tratados de derechos humanos y la
Constitución establecen que ciertas restricciones a esta libertad, son
legítimas. Así, conforme a la
Convención Interamericana y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de las
Naciones Unidas, este derecho puede ser limitado para asegurar (i) el respeto a
los derechos o a la reputación de los demás, o para (ii) la protección de la
seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas. Por ello,
esta Corporación ha también admitido, ciertas restricciones a la libertad de
expresión a fin de proteger y asegurar, en ciertos casos concretos, otros
bienes constitucionales, como el orden público o los derechos a la intimidad o
al buen nombre.”
En
este contexto, para determinar el significado de la censura previa, se observó
que se trataba de “una medida de control
preventivo puesto que la emisión o publicación queda sujeta a una autorización
precedente de la autoridad.”, esto es, una medida por la cual las autoridades, por razones de distinta índole,
impiden u obstaculizan la emisión de un mensaje o la publicación de un
determinado contenido.
Pero ¿cómo distinguir una censura previa de una
restricción legítima? A esto responde la
Corte en la misma decisión, señalando que:
“... una restricción es conforme a la
Convención Interamericana si consiste en una forma de responsabilidad
posterior, pues la censura previa se encuentra prohibida. Además, debe tratarse
de una causal que se encuentre previamente prevista en la ley, de manera clara
y taxativa, y que sea necesaria  para proteger los fines previstos por la
propia Convención, a saber, el respeto a los derechos o a la reputación de los
demás, o la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o
la moral públicas.
“... las limitaciones, basadas
en la imposición de responsabilidades ulteriores por la violación de
prohibiciones previas, no constituyen censura previa y se encuentran claramente
autorizadas por la
Convención Interamericana, siempre y cuando representen medidas necesarias
para defender ciertos bienes constitucionales. Es más, este tratado
precisamente exige que toda restricción a la libertad de expresión haya sido
previa y claramente definida en la ley, como un requisito de seguridad
jurídica, que refuerza la protección a esta libertad, en la medida en que evita
castigos ex post facto en este campo. Una cosa es entonces una prohibición
previa, pero que genera responsabilidades ulteriores, que es legítima, y otra
diversa es la censura previa de una publicación o de una emisión radial, que se
encuentra proscrita por la
Constitución y la
Convención Interamericana”.
“La libertad de expresión puede
ser restringida para proteger el orden público. Pero, para que la limitación
sea legítima, es menester que, en los términos de la
Corte Interamericana, la restricción no sólo se ajuste estrechamente al logro
de ese objetivo sino que, además, sea aquella que limite en menor escala la
libertad de expresión”[160]
116.
No puede decirse entonces que la prohibición de la censura hace parte de los
ámbitos de regulación y ponderación del legislador, a fin de proteger otros
bienes jurídicos. Su función dentro de las diferentes manifestaciones de la
libertad de expresión, en particular de la libertad de información, es la de marcar
límites definitivos al  poder de configuración normativa, en cualesquiera de
los ámbitos que esta comprende, también en el Derecho punitivo.
·
Conclusiones sobre
los bienes jurídicos afectados por la disposición
117.
En atención a lo aquí expuesto, se estiman como bienes jurídicos afectados por
el art. 224 num 1º del Código Penal, el debido proceso del imputado por
calumnia, concretamente en lo que hace a la imposibilidad de defenderse
probando la veracidad de sus afirmaciones sobre conductas punibles ya resueltas
en juicio. Igualmente es un bien jurídico restringido por la disposición la
libertad de expresión e información, al producir un efecto inhibidor para
pronunciarse públicamente y probar sobre conductas de alguien, consideradas
punibles por el ordenamiento jurídico, por existir una decisión judicial que
excluye de responsabilidad penal a ese sujeto. En este último caso hay que
señalar, que se trata de un bien jurídico reconocido por la jurisprudencia
constitucional como preferente.
Estudiados por la
Corte los contenidos de los diferentes derechos cuya aplicación se encuentra
en tensión, por la existencia de la norma acusada, se debe valorar ahora la
ponderación entre los mismos.
2.c.6. El método de la proporcionalidad
Sobre el particular debe recordarse que a lo largo de
la historia de la jurisdicción constitucional, varios han sido los métodos
empleados para juzgar la constitucionalidad de una ley y para establecer la
validez, la legitimidad de una decisión o de un acto o de un hecho, en términos
de salvaguarda de derechos fundamentales.
El Tribunal europeo de derechos humanos y con él los
tribunales constitucionales de algunos estados europeos, comenzaron a construir
y a emplear los criterios de racionalidad, razonabilidad, proporcionalidad,
para establecer la conformidad de las actuaciones públicas con el Derecho
europeo de los DDHH o con las constituciones y los derechos fundamentales en
ellas protegidos. De hecho, la existencia de tales instancias judiciales, desde
mediados del siglo XX y de allí en adelante, han redundado en la mejora del
discurso jurídico constitucional, en la solidez del argumento de supremacía
normativa, sus consecuencias y ha propiciado la permanente búsqueda de una
metodología para que los jueces constitucionales y de los derechos
fundamentales, resuelvan los problemas jurídicos de que conocen.
Hace parte de dichos esfuerzos de hermenéutica y
análisis del derecho, el recuento que se ha expuesto en el apartado pertinente de esta providencia[161],
sobre algunos de los diferentes criterios que ha empleado la
Corte constitucional para valorar la constitucionalidad de las normas penales
o disposiciones jurídicas a través de las cuales el Legislador configura el ius
punendi, dentro de las cuales se mencionaron el principio de legalidad, el
principio de proporcionalidad, y aquél sobre desconocimiento abierto de normas
internacionales de derechos humanos y del Derecho internacional humanitario.
Dentro de ellos, cabe destacar para este asunto y por
cuanto el contenido de la disposición acusada así lo determina, el juicio de
proporcionalidad, utilizado frecuentemente para atender problemas jurídicos relacionados
con la limitación de derechos fundamentales.
El empleo de esta metodología o forma de razonar ante
el Derecho constitucional, lo que ha pretendido desde su más reciente aparición
en la argumentación jurídica[162],
es elevar la legitimidad de la decisión del juez de la
Constitución. Pues siendo una autoridad con un muy delicado e importante poder
de control jurídico de las normas creadas por otros poderes, sus decisiones
deben exhibir condiciones que las revistan de crédito, respeto y seguridad
sobre el sentido de justicia con que el asunto ha sido resuelto. Las decisiones
de los jueces constitucionales deben tener la capacidad de demostrar sin
mayores inquietudes y sobresaltos, por qué deben ser expulsadas del
ordenamiento normas legales, o anuladas en sus efectos actuaciones
administrativas e incluso de los particulares, porque debe prevalecer su
decisión en Derecho, a la del legislador, el gobierno, la libertad de las
personas.
En tal sentido, se decía en la sentencia C-720 de
2007:
Como se ha reconocido de manera unánime desde los
orígenes del constitucionalismo moderno hasta la más avanzada doctrina
constitucional contemporánea, de la verdadera independencia, imparcialidad y templanza
de los jueces como guardianes de la
Constitución depende, finalmente, (especialmente en situaciones de crisis en
las que aumenta el vigor de los ímpetus autoritarios) la solidez y viabilidad
de las instituciones democráticas. Pero al mismo tiempo, es necesario
garantizar que los jueces se sometan a criterios de interpretación razonables
en virtud de los cuales las decisiones resulten suficientemente motivadas y
satisfagan los criterios de coherencia y consistencia que les dan legitimidad.
De esta forma, incluso quienes no coincidan con la decisión judicial, pueden
encontrar que la misma tiene fundamento jurídico. En eso radica, justamente, la
legitimidad de la labor del juez.
“(…) 30. A falta de un mejor instrumento metodológico
para evaluar las razones que se aportan para justificar una restricción a los
derechos fundamentales, la mayoría de los tribunales constitucionales del
hemisferio occidental – incluida esta Corte Constitucional - ha adoptado la
metodología que propone el principio de proporcionalidad. La utilización de
esta herramienta sirve al propósito fundamental de controlar la
constitucionalidad de las decisiones de los órganos políticos que pueden
comprometer los derechos fundamentales y, al mismo tiempo, limitar la
discrecionalidad judicial en estas sensibles materias[163]”.
En el presente caso, entonces, se debe
realizar un juicio de proporcionalidad, porque la
Corte constitucional se enfrenta a una disposición creada por el legislador
sobre quien reposa el poder de configuración legislativa amplio del ius
punendi, en la que se estableció, según se dijo al estudiar la estructura
normativa de la disposición acusada[164], lo siguiente: que para proteger
intensamente unos derechos fundamentales (la honra y el buen nombre), se
restringen de modo absoluto y definitivo un derecho (al debido proceso-derecho
de defensa) y se limitan otros, en el grado común derivado de los delitos
contra la integridad moral (los de libertad de expresión e información). Todo
con motivo de negar la prueba sobre la verdad, cuando se formulan imputaciones
relacionadas con hechos típicos ya resueltos en proceso judicial que excluye la
responsabilidad penal del investigado.
Dicho de modo simplificado, es necesario
emplear el juicio de proporcionalidad porque con él se mejora ampliamente el
estudio de constitucionalidad de una medida legislativa que impone limitaciones
sobre derechos.
2.c.6.a. El juicio de proporcionalidad
estricto y la existencia de un derecho preferente
118. Como se ha manifestado en múltiples ocasiones[165], el juicio de proporcionalidad consta de distintas
etapas, cuya aplicación en cada caso depende de la intensidad de aplicación del
juicio para la situación que se analiza.
Así, la Corte ha establecido que en los distintos
pasos del juicio se debe establecer: (i) si el fin perseguido por la norma o
medida que se analiza es legítimo desde la perspectiva constitucional; (ii) si
la norma o medida es adecuada para el logro del fin perseguido; (iii) si la
norma es necesaria, es decir, si no existen medios menos onerosos para lograr
el objetivo buscado; y (iv) si la norma es estrictamente proporcional, con lo
cual se indaga si los beneficios que se derivan de su adopción superan las
restricciones que ella conlleva sobre otros derechos y principios
constitucionales – en una relación de costo – beneficio.
De la misma manera, la
Corte ha señalado que el juicio puede ser leve, intermedio o estricto, de
acuerdo con la materia de que se trate, y que el grado de severidad del juicio
determina cuáles etapas del mismo deben ser examinadas. Así, la
Corte ha dicho que cuando la aplicación del juicio es leve es suficiente con
establecer que el fin propuesto por la norma se ajusta a la
Constitución y es apto para lograr el fin propuesto. También ha indicado que
el test intermedio es más exigente, por cuanto en este caso debe corroborarse
que la medida, además de ser legítima y apta, es efectivamente conducente para
lograr el fin propuesto. Finalmente, la jurisprudencia ha determinado que
cuando el juicio es estricto, también se debe estudiar si la norma es necesaria
y estrictamente proporcional.
En este caso, la
Corte constitucional se enfrenta a una disposición legal que limita el derecho
de defensa (art. 29 CP) en cuanto a no poder ejercer la exceptio veritatis.
Pero, por otro lado, el art. 224 num 1º del Código penal impone restricciones a
la libertad de expresión en sus diversas formas.
Este último derecho de libertad, ha sido
reconocido como un derecho preferente[166], lo que obliga sin duda alguna a
aplicar en el presente asunto el juicio de proporcionalidad más estricto e
intenso, pues no sólo se enfrenta el juez constitucional a una limitación de
derecho fundamental, sino a una limitación de un derecho fundamental
especialmente valioso para el sistema constitucional en sí mismo. Es decir que
el estudio de la disposición acusada, al momento de analizar los cuatro
criterios mencionados arriba, debe tener en cuenta adicionalmente un conjunto
de elementos de juicio que aseguran una valoración íntegra, completa, garante
de esta libertad preferente.
Porque, siguiendo la jurisprudencia de esta Corte, en
particular la sentencia T-1083 de 2002, las diferentes posiciones jurídicas de
libertad derivadas del art. 20 constitucional, por servir de garantías a los
“espacios de pluralismo dentro de la sociedad”,, pueden ser limitadas sólo bajo
los siguientes supuestos: i) por una “´necesidad
social imperiosa´” y la existencia de ese tipo de necesidad tan elevada,
determina que ii) la medida no sólo deba ser útil, sino que al mismo tiempo debe
ser "´razonable’ u "oportuna"[167], y, iii) en el ejercicio último de
análisis sobre la ponderación o proporcionalidad propiamente dicha de la medida,
uno de los criterios en juego es, precisamente, la existencia de derechos
preferentes que incrementan de modo serio el peso de una libertad sobre otra.
En
términos de la Convención Americana de DDHH y la jurisprudencia de la
Corte IDH, la limitación debe haber sido definida en forma precisa y clara a
través de una ley formal o material, estar orientada al logro de objetivos
imperiosos autorizados por la
Convención (“satisfacer un interés público imperativo”) y ser necesaria en una
sociedad democrática para el logro de tales fines, con un alcance tal que no
limite más de lo estrictamente indispensable para garantizar el pleno ejercicio
y alcance del derecho a la libertad de expresión. Y en cuanto a esto último, se
enfatiza, las limitaciones para defender otros derechos, el orden público u
otras razones especialmente valiosas, no deben equivaler a censura, no pueden
ser discriminatorias ni producir discriminaciones, no pueden ser establecidas
por medios indirectos, y en fin, como estándares de control sobre su
legitimidad, deben ser aplicados los más exigentes[168].
De
la misma manera, en la ya citada sentencia T-391 de 2007 de la
Corte constitucional[169],
se manifestó que las presunciones constitucionales creadas sobre la libertad de
expresión e información, aparte de la prohibición de la censura y el consiguiente
“mayor margen de tolerancia
para los riesgos que puede conllevar el ejercicio de este derecho
constitucional”, impone tres cargas para las autoridades: (i) la carga
definitoria, consistente en establecer la finalidad perseguida a través de
la restricción de la libertad, el fundamento legal de la restricción y la
incidencia específica que la libertad podía tener sobre el bien jurídico que se
pretendía amparar mediante la limitación; (ii) la carga argumentativa,
de acuerdo con la cual la autoridad tiene que demostrar que las presunciones
constitucionales no se aplican al caso; y (iii) la carga probatoria,
mediante la cual las autoridades deben demostrar la solidez de las evidencias
que presentan como justificatorias de la restricción de la libertad de
expresión.
Por lo anterior, por las especiales
exigencias que en la aplicación del juicio de proporcionalidad supone la
limitación que el art. 224 num 1º del Código penal impone sobre la libertad de
expresión como derecho preferente, debe la
Corte resolver en primer lugar sobre ella, antes que sobre el derecho al
debido proceso. Sólo superado tal juicio, si del caso se trata, entrará a
valorar su aplicación, intensidad, desarrollo respecto de aquel otro derecho.
2.d. Aplicación del juicio de
proporcionalidad de la disposición acusada respecto de la libertad de expresión
Así pues, respecto de la finalidad buscada, cabe
indicar que en este caso, y en consonancia con lo expuesto por los demandantes,
es claro que el fin de la norma es legítimo desde la perspectiva
constitucional. La misma Constitución consagra los derechos a la honra y el
buen nombre, en las diferentes manifestaciones que en el presente asunto se ha
destacado. Por lo tanto, un precepto que vele por la protección de estos
derechos fundamentales persigue un fin avalado por la
Constitución.
Lo mismo ocurre con el segundo paso del juicio de
proporcionalidad. La norma es adecuada, e incluso efectivamente conducente para
el logro del fin perseguido. Ciertamente, la decisión legislativa de inadmitir
las pruebas sobre la veracidad de la imputación, en los casos en los que sobre
ella ya obra un pronunciamiento judicial definitivo, diferente al de la
prescripción de la acción, representa un obstáculo muy importante para que las
personas se atrevan a acusar a alguien de la comisión de un hecho delictivo,
sobre el cual ya existe tal pronunciamiento judicial definitivo. Precisamente,
la existencia de esa barrera ayuda a preservar los derechos a la honra y al
buen nombre de las personas, en cuanto a su derecho a tener para sí y ante los
demás una imagen, una reputación, un prestigio, que al mismo tiempo puede
representar un derecho a ser reconocido como inocente porque así lo determinó
un proceso penal del que fue absuelto, o, un derecho al olvido respecto de estos
mismos hechos y por las mismas razones.
119. Diferente es la situación con los pasos
relacionados con la necesidad y la estricta proporcionalidad. Como se ha
indicado, en ellos se indaga, respectivamente, si no existen otros medios menos
onerosos para lograr el mismo objetivo perseguido y si las restricciones que la
norma impone sobre un derecho se justifican en función de los beneficios que se
derivan para la vigencia de otros derechos. En la misma línea, es indispensable
identificar si la medida es útil, razonable, oportuna y también imperiosa o
estrictamente indispensable, de modo que el objetivo legítimo e imperativo no
puede alcanzarse razonablemente por un medio menos restrictivo.
Sobre este particular observa la
Corte que existen las alternativas en el ordenamiento para alcanzar el fin
legítimo perseguido de proteger el buen nombre y la honra de los individuos, que
lo protegen satisfactoriamente y que hacen innecesario y excesivo imponer la
limitación prevista en el art. 224 num. 1º del Código penal.
Como acertadamente lo indican los demandantes (folio
27 y ss), el ordenamiento jurídico colombiano ofrece otros medios a través de
los cuales se protegen cabalmente los derechos consagrados en los arts. 15 y 21
constitucionales.
Por una parte la acción de tutela, protege aspectos
iusfundamentales de la honra y el buen nombre sobre los cuales no existe otro
mecanismo de defensa judicial[170].
Está igualmente la propia sanción penal por los delitos contra la integridad
moral, cuya legitimidad in nuce no se debate en este proceso[171],
pues si se logra probar la falsedad de las imputaciones, se desvirtúa toda
prueba del inculpado por calumnia con la que pretenda afirmar lo contrario, el
sujeto cuya honra y buen nombre han sido mancillados, recibe con la sanción
penal una reparación especialmente valiosa. Sanción que además puede venir
acompañada de una reparación integral que se reclame y recaude o consiga en el
incidente previsto en el art. 102 y siguientes del Código de procedimiento
penal.
También dentro del proceso penal por los delitos del
título V del Código penal, cabe la retractación que consiste, conforme el art.
225 del mismo código, en la manifestación pública y en condiciones de equidad
con la cual se reconoce la mentira y falsedad del aserto, con la cual se repara
derechamente la ofensa inferida sobre la dimensión moral de la víctima de aquellos
delitos[172].
Existe además una garantía constitucional de especial
importancia con la que se busca asegurar el correcto ejercicio de las
libertades del art. 20 constitucional, en especial la libertad de información.
Es el caso de la rectificación[173].
Y cuenta igualmente el titular del derecho al buen
nombre y a la honra la acción de responsabilidad civil, llamada a cubrir con
una indemnización pecuniaria tan cuantiosa como resulte probado el daño acreditado
en juicio.
Pues bien, habida cuenta de todos estos medios
suficientes y pertinentes para alcanzar el fin legítimo perseguido, la
Corte considera que la medida acogida por la norma no es ni imperiosa, ni
útil, y al contrario resulta en extremo gravosa para la libertad de expresión.
La exceptio veritatis libera de la responsabilidad penal cuando la
persona acusada de los delitos de calumnia o injuria demuestra la verdad de sus
afirmaciones. Precisamente, lo que distingue a la norma atacada es que ella
excluye esta eximente incluso para las situaciones en las que la persona
acusada del delito de  calumnia demuestra la veracidad de sus afirmaciones. El
fundamento de la exclusión es el de que los hechos ya fueron tratados por la
justicia penal, la cual dictó un fallo absolutorio, u ordenó la preclusión de la
investigación o la cesación del procedimiento. Como se ha dicho, la norma
persigue un objetivo legítimo y contempla un medio adecuado para obtenerlo. Sin
embargo, constituye una medida excesiva, que limita absolutamente las libertades
de expresión e información.
Ciertamente y conforme con lo visto en el apartado
precedente, la norma acusada no hace ninguna diferenciación sobre las materias
o los hechos que fueron objeto de las imputaciones calificadas como
calumniosas. De esta manera, cuando ya se ha producido una sentencia
absolutoria o se ha ordenado la preclusión de una investigación o la cesación
del procedimiento, no podrá informarse más sobre el punto que fue objeto del
proceso penal, a pesar de que él puede estar relacionado con temas fundamentales
para el orden constitucional colombiano, tales como la vulneración del derecho
internacional humanitario o de los derechos humanos, o para el funcionamiento
de la democracia y las instituciones, como ocurre con las acusaciones contra
figuras públicas o con las investigaciones penales sobre hechos de gran
relevancia pública.
Pero lo más destacable es que la mencionada
información no procede, a pesar de que con ella se aporten las pruebas acerca
de la veracidad de las afirmaciones en las que se imputa a alguien la comisión
de un delito. Es decir, de acuerdo con la norma acusada, para aquellos casos en
los que ya se ha producido una decisión definitiva por parte de la justicia
penal  lo único que procede es el olvido, con independencia de las conductas
imputadas y de su gravedad para el ordenamiento jurídico y para el
funcionamiento de las instituciones nacionales.
Evidentemente, lo anterior representa una limitación radical
de la libertad de expresión que, dado el carácter preferente de este derecho,
no puede aceptarse desde la perspectiva constitucional. Al respecto es
conveniente enfatizar, que  la
Constitución garantiza la libertad de dar y recibir “información veraz e
imparcial” (art. 20). De allí que resulte sorprendente que el ejercicio
apropiado de una de las manifestaciones de la libertad de expresión, sea al
mismo tiempo sancionada penalmente. Si la información  difundida es veraz o por
lo menos se basa en hechos reales y ha sido contrastada con las fuentes
requeridas, no puede legítimamente sancionarse penalmente al que la difunda.
Por eso, cabe concluir que la norma acusada no supera
el paso de la necesidad, por cuanto acogió una medida excesiva para proteger
los derechos a la honra y al buen nombra, y desde el punto de vista material
los principios de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, aboliendo en la
práctica la libertad de expresión e información para los casos analizados. Es
decir, en palabras de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, que han sido acogidas por este
tribunal constitucional, la norma no cumple con el presupuesto de contemplar la
medida “que restrinja en menor escala el derecho protegido”.
120. Por lo demás, es importante tener en cuenta que,
entre otras cosas, en virtud del principio in dubio pro reo, el nivel de
exigencia sobre las pruebas para proceder a imponer una condena penal o para
continuar con el proceso es muy elevado. Ello explica que, con frecuencia, se
observe que mientras los procesos penales abiertos a raíz de ciertos hechos
terminan en forma favorable para el acusado, los procesos civiles o
administrativos iniciados a partir  de los mismos sucesos concluyan en contra
del demandado o del Estado. La norma acusada restringe de manera absoluta la
libertad de expresión e información al establecer que la verdad judicial
surgida de los procesos penales no puede ser contradicha, ni siquiera con la
prueba sobre la veracidad de los hechos imputados a una persona, so pena de que
no opere la eximente de la exceptio veritatis. Obsérvese que, como ha
ocurrido en conocidos casos del Derecho comparado, verbigracia el caso Simpson
en Estados Unidos, la absolución penal[174] que no excluyó la condena civil[175],
impediría que sobre los mismos hechos pudiera existir información.
No se puede comparar entonces el ejercicio democrático
de la libertad de expresión con la facultad de juzgar doblemente a una persona
por los mismos hechos. Lo anterior porque el ejercicio de dicha libertad, no
puede jamás generar sentencias judiciales, con lo cual es imposible que se
conculque el derecho a la cosa juzgada o a no ser juzgado doblemente. Se trata
pues de derechos que se inscriben en niveles diferentes, con consecuencias igualmente
diferentes. Y no puede olvidarse en este momento que la posibilidad de permitir
el debate democrático sobre hechos juzgados por los jueces naturales de las
personas no genera un cierto riesgo para el buen nombre y la honra precisamente
porque, conviene reiterar una vez más, persiste en el ordenamiento legal la exceptio
veritatis, que supone la obligación de expresar opiniones con la prueba de
la “veracidad de las afirmaciones”.
121. Dado que la norma bajo examen no supera el paso
de la necesidad, no es indispensable proceder a analizar si es estrictamente
proporcional. No obstante, puede anotarse que la disposición acusada tampoco
cumple con este requisito. Si bien la norma se dictó para proteger los derechos
a la honra y al buen nombre, y los principios constitucionales de la seguridad
jurídica y la cosa juzgada, ella sacrifica radicalmente la libertad del art. 20
constitucional, ello  es demasiado costoso para una sociedad que se construye
sobre las bases de lo democrático, lo participativo y lo pluralista. Esa
consecuencia es inadmisible desde la óptica constitucional, dado el lugar
preferente y la protección reforzada de que goza esta libertad.
Cabe manifestar que en este punto no es de recibo el
aserto acerca de que la persona que posee una información veraz sobre alguien
que ya ha sido absuelto por el hecho materia de la noticia - o en cuyo favor se
ha declarado la preclusión de la investigación o la cesación del procedimiento
- puede  impugnar esa decisión a través de la acción de revisión. Al respecto
cabe decir, por una lado, que la reglamentación legal de esta acción limita la
titularidad de la misma a “los sujetos procesales que tengan interés jurídico y
hayan sido legalmente reconocidos dentro de la actuación procesal” (art. 221
del Código Penal). Ello significa que el círculo de personas autorizadas para
interponer la acción es muy reducido. Pero, además, la objeción parte de una
premisa falsa. Ciertamente, desde la óptica de la libertad de expresión e
información, de lo que se trata no es de obtener que se corrija una decisión
judicial para lograr una eventual condena penal contra una cierta persona, sino
de asegurar el derecho fundamental de expresarse, de informar y de recibir
información veraz e imparcial. Por eso, en principio, desde esta perspectiva es
indiferente si la decisión dentro del proceso penal puede ser modificada a
través de la acción de revisión.
La norma no es necesaria ni estrictamente
proporcional. En aras de proteger los derechos fundamentales a la honra y el buen
nombre, y los principios constitucionales de la seguridad jurídica y la cosa
juzgada, la norma elimina para los casos contemplados en ella la libertad de
expresión en sus diversas manifestaciones. El amparo de los derechos y
principios que pretende salvaguardar la norma no exigen ni justifican la medida
del art. 224, num. 1º del Código penal.
Por todo lo anterior, la norma será declarada
inconstitucional.
122. Esta decisión empero, no debe entenderse como
base para restar de majestad a la justicia, para reducir la fuerza imperativa
derivada de la cosa juzgada y, como se ha dicho, para minar la seguridad y
confianza en el derecho creado por los jueces al impartir justicia. Todos estos
valores siguen siendo esenciales en el Estado constitucional del Derecho y una
sociedad democrática y respetuosa de los derechos y libertades, requiere de la
existencia y garantía de tales instituciones. Tampoco se trata de sentar una
doctrina que avala una suerte de “dictadura de los periodistas”, privilegiados
sin límites de expresarse e informar sin responsabilidad ninguna y sin soporte
razonable en la realidad, pues un tal ejercicio de esas libertades preferentes,
sería contrario a la lógica y armonía que requiere el sistema de derechos y en
general, el orden constitucional. El fundamento único y exclusivo de esta
decisión se encuentra sólo en el hecho de que la medida allí contenida ha
resultado ser innecesaria y desproporcionada respecto de la libertad de
expresión del art. 20 de la
Constitución.
123. La conclusión alcanzada, exime pues a la
Corte, por resultar innecesario, de cualquier pronunciamiento sobre las restantes
quejas formuladas contra el art. 224, num 1º del Código penal.
VII. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la
Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE:
Primero.- Declarar
INEXEQUIBLE el numeral primero del artículo
224 de la ley 599 de 2000.
Notifíquese, comuníquese,
publíquese, insértese en la Gaceta de la
Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente.
NILSON PINILLA PINILLA
Presidente
Con salvamento de voto
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA
Conjuez
MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Magistrado
JUAN CARLOS HENAO PÉREZ
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
Con salvamento de voto
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
MANUEL URUETA AYOLA
Conjuez
Con salvamento de voto
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
Con salvamento de voto
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
SALVAMENTO DE VOTO DE MANUEL S. URUETA  A LA
SENTENCIA C-417/09 SOBRE EXCEPTIO VERITATIS
EXCEPCION A LA
EXCEPTIO VERITATIS EN DELITOS CONTRA LA
INTEGRIDAD MORAL-Constituye una protección a la cosa juzgada en sentencias
absolutorias (Salvamento de voto)
EXCEPCION A LA
EXCEPTIO VERITATIS EN DELITOS CONTRA LA
INTEGRIDAD MORAL-Respeto de la cosa juzgada de sentencia absolutoria no
limita la libertad de información (Salvamento de voto)
Referencia: expediente D-7483
Con el debido respeto, en mi condición de conjuez, me
separo de la decisión mayoritaria de la
H. Corte Constitucional en el proceso de constitucionalidad que se adelantó
con fundamento en la demanda de inconstitucionalidad contra el numeral primero
del artículo 224 de la Ley 599 de 2000, por la cual se expide el Código Penal,
cuyo texto es el siguiente:
TÍTULO V
DELITOS CONTRA LA
INTEGRIDAD MORAL
Capítulo único
DE LA
INJURIA Y LA CALUMNIA
“Artículo 224. Eximente de responsabilidad.
No será responsable de las conductas descritas en los artículos anteriores
quien probare la veracidad de las imputaciones.
“Sin embargo, en ningún caso se admitirá
prueba:
“1. Sobre la imputación de cualquier
conducta punible que hubiere sido objeto de sentencia absolutoria, preclusión
de la investigación o cesación de procedimiento o sus equivalentes, excepto si
se tratare de prescripción de la acción, y
“2. Sobre la imputación de conductas que se
refieran a la vida sexual, conyugal, marital o de familia o al sujeto pasivo de
un delito contra la libertad y la formación sexuales”
El actor invocó la violación del preámbulo y de los
artículos 2, 13, 20 y 29 de la
Constitución Política. La Corte declaró inexequible la norma acusada.
Se observa que el objeto de la demanda fue la
declaratoria de inexequibilidad de la excepción de la norma del código penal
que consagra la institución que se conoce doctrinalmente como “exceptio
veritatis”, dentro del capítulo de los delitos contra la integridad moral.
Las razones de mi disentimiento que expongo
resumidamente son fundamentalmente dos:
1ª). La norma acusada busca proteger, entre otros
bienes jurídicos, la fuerza de cosa juzgada de las sentencias absolutorias en
los delitos contra la integridad moral, pues en un estado de derecho la
decisión judicial en firme es de obligatorio acatamiento para las autoridades y
para los ciudadanos. Si bien en situaciones no definidas judicialmente, en las
que los delitos contra la integridad moral están tipificados en la falta de
veracidad de la imputación de una conducta punible, los ordenamientos jurídicos
admiten generalmente en esos casos la posibilidad de que el acusado demuestre
la verdad de sus afirmaciones liberándose así de responsabilidad penal.
Pero definida la situación a favor del sujeto pasivo
del delito porque los hechos que sirvieron de fundamento a la acusación se
demostró, dentro de un proceso adelantado con la observancia del debido proceso
y en consecuencia de libertad probatoria y ejercicio del derecho de
contradicción, que eran falsos o inexistentes, debe en esos casos ser
incontrovertible el contenido de esa decisión, a menos que se usen por el
interesado los mecanismos de revisión que brinda el ordenamiento jurídico.
Lo que resulta inadmisible, por razones de seguridad
jurídica, es que lo decidido en una sentencia con autoridad de cosa juzgada
pueda ser indefinidamente puesto de nuevo en discusión. El ordenamiento
procesal penal brinda oportunidades de revisión de lo decidido en una sentencia
a través de acciones legales, a manera de ejemplo, en las hipótesis de
aparecimiento de hechos nuevos o de que surjan pruebas no conocidas al tiempo
de los debates, en tratándose de violación de derechos humanos, o en las
hipótesis en que la sentencia esté fundamentada en pruebas falsas que han
servido para definir un asunto, según lo tiene establecido el artículo 192 de la
Ley 906 de 2004. Y para ello existen unos términos, pues la tranquilidad
social exige que los procesos tengan un final. De no ser así, sobre un mismo
asunto relativo a la integridad moral de una persona, existiría la posibilidad
de su permanente replanteamiento, con grave detrimento del respeto a las
decisiones judiciales. Cuando se admite que los medios de comunicación se
conviertan en tribunales de revisión de sentencias absolutorias, que han
adquirido la fuerza de cosa juzgada, se infiere un detrimento a la majestad de
la justicia. De manera que el principio general de respeto a la cosa juzgada ha
debido conservarse, en los términos del numeral cuestionado.
Situación distinta podría, sin embargo, presentarse en
algunos casos de hipótesis diferentes a las de sentencia absolutoria, cuando la
decisión judicial está fundamentada en circunstancias de carácter procesal que
no implican un juzgamiento sobre la existencia de los hechos investigados, pues
allí podría aceptarse una libertad de crítica en la etapa posterior a la
producción de la decisión, que pueda replantear posteriormente la llamada
“exceptio veritatis” respecto del endilgamiento de la misma conducta ya
investigada a la persona que ha demostrado en juicio su inocencia frente a lo
dicho por el presunto calumniador.
2ª.) No es argumento convincente que el respeto de la
fuerza de cosa juzgada de la sentencia absolutoria que favorece al calumniado
en los delitos contra la integridad moral pueda limitar en manera alguna la
libertad de información, como tampoco que ello signifique limitación a la
crítica jurisprudencial, la cual es susceptible de ser ejercida por
especialistas en la materia e incluso por los opinadores en los medios de
comunicación. Pero esa libertad de información no puede convertirse en
permanente recurso extraordinario de revisión de sentencias absolutorias en un
ordenamiento jurídico democrático.
No es esa situación comparable con la de aquellos
regímenes autoritarios, en donde no existe independencia de los órganos
judiciales por lo que el contenido de ciertas decisiones resulta
controvertible, el cual no es precisamente el caso colombiano, en donde impera
la autonomía de los órganos de la rama. Allá la sentencia absolutoria no tiene
el mismo valor que en un régimen democrático y por ello cuando en esos
regímenes la democracia es restaurada, se hace necesario la revisión de muchas
causas, bajo el impulso de los medios de comunicación.
Por las razones brevemente expuestas en los párrafos
anteriores, considero que la sentencia que declara la inexequibilidad de todo
el numeral 1º del artículo 224 del Código Penal no ha debido darle el mismo
tratamiento a las diversas hipótesis que allí se plantean, ya que no es lo
mismo desde el punto de vista de la seguridad jurídica el valor de una
sentencia absolutoria que una cesación de procedimiento así como también es
necesario decir que el derecho a la información se enaltece con el respeto de
la decisión judicial.
Respetuosamente,
MANUEL S. URUETA
Conjuez
Bogotá, 10 de diciembre de 2009
SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
A LA
SENTENCIA C-417 de 2009
SENTENCIA DE INEXEQUIBILIDAD DE
EXCEPCION A LA EXCEPTIO VERITATIS-Desconoce la jurisprudencia sobre el contenido del principio
de cosa juzgada en materia penal (Salvamento de voto)
El
fundamento único y exclusivo de la declaratoria de inexequibilidad del numeral
1º del artículo 224 del Código Penal, se encuentra sólo en el hecho de que la
medida allí contenida ha resultado ser innecesaria y desproporcionada respecto
de la libertad de expresión del artículo 20 de la
Constitución. Se sienta así un nefasto precedente que parte de  una
desconfianza generalizada en la capacidad de los jueces para construir una
verdad procesal, oponible a las partes y a la sociedad en su conjunto, y un
riesgo permanente para las garantías individuales de todos los individuos,
potenciales destinatarios de la ley penal, quienes no podrán ver en una
sentencia legítimamente producida, un título que los ampare frente a un
eventual ensañamiento punitivo. Así pues, la declaratoria de inexequibilidad de
la prohibición del numeral 1º del artículo 224 del Código Penal, erosiona dramáticamente
el principio de la cosa juzgada y mella la seguridad jurídica, al abrir la
posibilidad de que en cualquier proceso penal por calumnia se cuestione una
sentencia u otra providencia de similares efectos, que se encuentre amparada
con el valor de cosa juzgada.
SENTENCIA DE INEXEQUIBILIDAD DE
EXCEPCION A LA EXCEPTIO VERITATIS-Privilegia la especial prevalencia de las libertades de
expresión e información y desconoce las garantías individuales y los derechos
personalísimos (Salvamento de voto)
La
rotunda afirmación acerca del carácter prevalerte o preferente de la libertad
de expresión, que constituye uno de los argumentos centrales de la sentencia
C-417/09, ante el cual todos los derechos personalísimos involucrados en el
conflicto deberían ceder, constituye un planteamiento de tinte absolutista y
autoritario que implica la declinación por parte del Tribunal constitucional de
su papel medular de procesar y definir de manera adecuada los conflictos que se
pueden presentar entre normas que protegen diferentes bienes jurídicos,
definiendo los límites de cada uno de ellos, velando por el respeto y la plena
vigencia de ambos.
SENTENCIA DE INEXEQUIBILIDAD DE
EXCEPCION A LA EXCEPTIO VERITATIS-Desatiende el derecho comparado que le sirve de referente para
enjuiciar su razonabilidad (Salvamento de voto)
Los
estudios de derecho comparado constituyen una importante herramienta para medir
la razonabilidad de una determinada decisión legislativa y en el presente caso,
a pesar que los referentes normativos de derecho comparado mencionados en el
fallo conducían, en su conjunto, a demostrar la razonabilidad de la decisión
legislativa declarada inexequible, en la medida que la casi totalidad de los
sistemas jurídicos democráticos a los que se alude contemplaban una institución
similar a la examinada, la sentencia desatiende dicho parámetro de
racionalidad.
SENTENCIA DE INEXEQUIBILIDAD DE
EXCEPCION A LA EXCEPTIO VERITATIS-Posibilita la controversia sin límites ni condiciones de
decisiones penales exculpatorias en firme emanadas de autoridad judicial
(Salvamento de voto)
Si bien la jurisprudencia de esta Corte ha destacado
la relevancia política y social de la cosa juzgada, ha admitido, de manera
excepcional, que esta figura no puede ser absoluta pues puede entrar en
colisión con la justicia material del caso concreto. Para ello ha puesto como ejemplo
la existencia de una sentencia que hizo tránsito a cosa juzgada, pero contiene
una clara injusticia. Y ha destacado como mecanismo idóneo para enfrentar estas
situaciones, la acción de revisión que permite en casos excepcionales, dejar
sin valor una sentencia ejecutoriada, cuando hechos o circunstancias
posteriores a la decisión judicial permiten concluir que ésta es injusta. De la
misma manera, en el caso de la tutela contra sentencias, evento en que se han
flexibilizado, a favor de todos los ciudadanos, los principios de cosa juzgada
y el non bis in ídem, que parte del reconocimiento de una serie de principios
que conducen al carácter excepcional y reglado de esta posibilidad jurídica,
fundado explícitamente en que el valor de cosa juzgada de que se rodean las
sentencias judiciales y la inmutabilidad e intangibilidad inherente a tales
pronunciamientos, evita que se genere una situación de permanente incertidumbre
en cuanto a la forma como se han de decidir las controversias. Sin embargo, ese
rigor y cuidado que la Corte aplicó para flexibilizar, de manera excepcional,
la cosa juzgada frente a decisiones judiciales que vulneren derechos
fundamentales no se advierte en este fallo, que permite al imputado por un
delito contra la integridad moral que mediante prueba, en cuya producción no ha
intervenido la autoridad judicial, se desvirtúe la verdad judicialmente
declarada en sentencia en firme.
COSA JUZGADA-Procedencia excepcional de acciones judiciales para
controvertir sentencias absolutorias ejecutoriadas (Salvamento de voto)
EXCEPCION A LA
EXCEPTIO VERITATIS-También tiene sustento en razones epistemológicas
(Salvamento de voto)
El
fundamento de la excepción a la exceptio veritatis, expulsada del ordenamiento
jurídico por la sentencia C-417/09 no se encuentra solamente en la necesidad de
protección de los valores implícitos en la institución de la cosa juzgada, en
el imperativo de tutela de las garantías individuales básicas derivada de esta
categoría, en la importancia de la seguridad jurídica como factor de
estabilidad y confianza en el derecho, sino que también se sustenta en razones
epistemológicas, que enfrenta los conceptos de verdad fáctica y verdad
procesal.
VERDAD FACTICA-Concepto
(Salvamento de voto)
VERDAD PROCESAL-Concepto (Salvamento de voto)
Referencia: Expediente
D-7483
Asunto: Demanda de inconstitucionalidad contra el
numeral primero del artículo 224 de la Ley 599 de 2000.
Magistrado Ponente:
JUAN CARLOS HENAO PÉREZ
Con
el respeto debido a las decisiones de la
Corte, a continuación expongo las razones por las cuales me aparto de las
consideraciones y el sentido de la sentencia C-417 del 26 de junio de 2009,
mediante la cual la Corte declaró inexequible el numeral primero del artículo
224 de la Ley 599 de 2000.
1.
La norma forma parte del artículo 224 del Código Penal, precepto que establece
una eximente de responsabilidad penal para los delitos contra la integridad
moral (injuria y calumnia), previstos en el título V del Código Penal, cuando
el imputado o acusado por estos ilícitos, probare la veracidad de las imputaciones,
justificante conocida en la tradición jurídico penal como exceptio veritatis.
El segmento normativo declarado inexequible preveía una excepción a esa causal
exculpatoria consistente en que en ningún caso se admitiría prueba “Sobre la
imputación de cualquier conducta punible que hubiese sido objeto de sentencia
absolutoria, preclusión de la investigación, o cesación de procedimiento o sus
equivalentes, excepto si se trate de prescripción de la acción”.
2.
De acuerdo con la decisión mayoritaria “el fundamento único y exclusivo”
de la declaratoria de inexequibilidad del numeral 1° del artículo 224 del
Código Penal, “se encuentra sólo en el hecho de que la medida allí
contenida ha resultado ser innecesaria y desproporcionada respecto de la
libertad de expresión del art. 20 de la
Constitución (Fol.108)”. Para quienes suscriben la tesis
mayoritaria esta declaratoria no debe entenderse como base para “restar
majestad a la justicia, para reducir la fuerza imperativa derivada de la cosa
juzgada o para minar la seguridad o la confianza en el derecho creado por los
jueces al impartir justicia”[176]
.
Estas
últimas afirmaciones del fallo, constituyen la única respuesta a los múltiples
esfuerzos persuasivos desplegados en los debates de Sala por quienes como el
suscrito Magistrado, veíamos en la tendencia mayoritaria una lamentable
equivocación, que entraña una amenaza de imprevisibles proporciones para las garantías
fundamentales de todos los individuos, aún de los comunicadores, quienes
también son destinatarios potenciales de la ley penal, fundada aquella en una
absoluta confianza en el poder investigativo y la imparcialidad de los medios
de comunicación, y en un correlativo recelo por la capacidad de la
administración de justicia para investigar y declarar una verdad respetable,
oponible a los demás sujetos procesales y a la sociedad en su conjunto.
3.
Los reparos contra la sentencia se centran en que: (i) parte de un desconocimiento
de la jurisprudencia de esta Corte sobre el contenido material, social y ético
que involucra el principio de la cosa juzgada en materia penal; (ii) se
fundamenta en una especial prevalencia de las libertades de expresión e
información, que no se deriva de una visión integral de la jurisprudencia de
esta Corte, y que termina anulando las garantías individuales y los derechos
personalísimos con los que confluye; (ii) desatiende el derecho comparado que
ella misma cita como referente para medir la razonabilidad de la medida
legislativa enjuiciada: y (iv) a partir de tales desaciertos, y contrariando la
tradición de esta Corte en el respeto por los valores que entraña la cosa
juzgada[177],
abre un espacio no sujeto a ningún tipo de límite o condición, en el que las
decisiones penales exculpatorias en firme, emanadas de una autoridad judicial
de cualquier jerarquía, podrán ser controvertidas y puestas en tela de juicio
ante el juez penal municipal (juez de la calumnia).
5.
Se sienta así un nefasto precedente que parte de una desconfianza generalizada
en la capacidad de los jueces para construir una verdad procesal, oponible a
las partes y a la sociedad en su conjunto, y un riesgo permanente para las
garantías individuales de todos los individuos, potenciales destinatarios de la
ley penal, quienes no podrán ver en una sentencia legítimamente producida, un
título que los ampare frente a un eventual “ensañamiento punitivo”. La
sentencia de la cual me aparto, erosiona la estabilidad que debe
caracterizar el derecho, puesto que no hay nada más contrario a este que la
interinidad e   indefinición permanente de los conflictos.
La sentencia desconoce el sentido de
justicia que incorpora la cosa juzgada, así como la importancia social y
política  de la verdad judicialmente declarada.
6. La jurisprudencia de esta Corte ha destacado que
uno de los propósitos más relevantes de  los procedimientos judiciales, es el de “pacificar los
conflictos sociales”, al poner un punto final a las controversias[178].
La función pacificadora que cumplen los
atributos de firmeza, inmutabilidad y coercibilidad de las decisiones
judiciales ha sido resaltada por esta Corporación en los siguientes términos.
“La firmeza de las decisiones es condición necesaria
para la seguridad jurídica. Si los litigios concluyen definitivamente un día, y
tanto las partes implicadas en él como el resto de la comunidad, tienen certeza
de que a partir de ese momento la decisión judicial es inalterable, el proceso
cumple un papel eficaz en la solución de los conflictos. Este es el sentido de
la cosa juzgada, en relación con la cual la
Corte ha reconocido que hace parte de las garantías del debido proceso,
consagradas en el artículo 29 de la
Constitución, y está implícita en el concepto de administrar justicia”[179].
Esta función pacificadora, atribuida a la cosa juzgada
se manifiesta en una dimensión negativa, que consiste en la prohibición que se
dirige a los funcionarios judiciales para conocer, tramitar y fallar sobre lo
resuelto; y una dimensión positiva  que radica en dotar de seguridad a las
relaciones jurídicas y al ordenamiento jurídico[180].
7. En materia penal, el derecho internacional de los
derechos humanos[181]
y la Constitución (Art. 29) introducen un reforzamiento del poder vinculante de
la cosa juzgada, mediante la prohibición del doble enjuiciamiento, o principio
del non bis in ídem, según el cual, una persona no puede ser juzgada
dos veces por el mismo hecho (CP art. 29). Al respecto esta Corte ha resaltado
que este “postulado se constituye en un límite al ejercicio desproporcionado
e irrazonable  de  la potestad sancionadora del Estado”[182].
Igualmente, esta misma Corporación ha resaltado la estrecha conexidad
conceptual que existe entre la prohibición del doble enjuiciamiento y la cosa
juzgada cuando señaló que “pensar en la noción de “cosa juzgada” sin hacerlo
a la vez en el non bis in idem, es prácticamente un sin sentido; por lo tanto,
cuando el artículo 29 de la
Constitución prohíbe al Estado juzgar a una persona dos veces por el mismo
hecho, está haciendo referencia a ambas”[183].
8. La declaratoria de inexequibilidad de la
prohibición del numeral 1° del artículo 224 del C.P., erosiona drásticamente el
principio de la cosa juzgada y mella de manera significativa la seguridad
jurídica, al abrir la posibilidad de que en cualquier proceso penal por
calumnia se cuestione una sentencia u otra providencia de similares efectos,
que se encuentre amparada con el valor de cosa juzgada. Se resquebraja de esta
manera la importantísima función pacificadora de la cosa juzgada, destacada por
la Corte en tantas oportunidades, a la vez que se priva al sistema jurídico de
las funciones negativa y positiva que cumple el instituto, puesto
que se habilitaría a los funcionarios judiciales para  conocer, tramitar y
fallar sobre lo ya resuelto; a la vez que se despojaría las relaciones
jurídicas y el orden jurídico de los atributos de seguridad y estabilidad,
minando así la confianza en la administración de justicia y en sus dictados.
9. Aunque la sentencia que es objeto de glosa menciona
como uno de los bienes jurídicos enfrentados en la colisión de derechos que
plantea, los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, junto al buen
nombre, la honra y la intimidad, tal consideración se vuelve retórica e inocua
a partir de la exaltación de un carácter preferencial o prevalente
de la libertad de expresión, al punto que le imprimió un signo virtualmente
autoritario y absoluto. Esta perspectiva de preeminencia absoluta de un derecho
sobre otro, a partir de su categorización, conduce a la anulación y al total
sacrificio de unos derechos en favor de otros, alternativa que se muestra
abiertamente contraria a los principios de armonización en que se funda la
interdependencia de los derechos.
La sentencia parte de una defensa absolutista de las
libertades de expresión e información.
10. Uno de los argumentos centrales de la sentencia
C-417/09 es la rotunda afirmación acerca del carácter prevalente o preferente
de la libertad de expresión (Fol. 97), atributo ante el cual todos los derechos
personalísimos involucrados en el conflicto deberían ceder. Este planteamiento
de tinte absolutista y autoritario, no se deriva de una retrospectiva completa
de la jurisprudencia de la Corte.
En efecto, si se revisa de manera completa la
jurisprudencia se advierte que si bien en algunas sentencias hace referencia un
carácter especialmente prevalente  la libertad de expresión e información[184],
en muchos eventos ha dado preeminencia a los derechos a la intimidad a la honra
y al buen nombre estrechamente relacionados con el principio de dignidad humana[185].
En este sentido, en las sentencias T-512/92, T-563/93, T- 259/94, T-522/95,
T-066/98, T-368/98, T-1225/03, T-1198/04, T-626/07, entre otras,  la
Corte admitió restricciones a la libertad informativa, con el propósito de
asegurar no solamente “la imparcialidad” y “veracidad” de la información, sino
también para salvaguardar otros valores constitucionales como los derechos a la
intimidad, a la honra y al buen nombre. Más aún, ni siquiera en aquellos
eventos en que la divulgación esté referida a informaciones de claro interés
público, tal como ocurre con la relacionada con hechos delictivos, se releva a
los medios y a los periodistas de su deber  de corroborar la veracidad de la información,
y de actuar la diligencia y prudencia debidas a fin de no afectar derechos de
terceros.
11. Una aceptación absolutista de la preferencia o la
prevalencia de las libertades de expresión e información sobre otros valores
constitucionales, implica la declinación por parte del Tribunal constitucional
de  su papel medular de procesar y definir de manera adecuada los conflictos
que se pueden presentar entre normas que protegen diferentes bienes jurídicos,
definiendo los límites de cada uno de ellos, velando por el respeto y la plena
vigencia de ambos. El Tribunal constitucional debe cumplir con su obligación de
garantizar simultáneamente las libertades de expresión e información y el
derecho al honor.
La categorización de derechos, subordinado unos a
favor de otros, estableciendo derechos “de primera” y “segunda categoría”
desconoce el sistema de derechos y garantías basado en el carácter
interdependiente de los derechos y el principio de armonización.
12. Sobre el particular la jurisprudencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reafirmado en varias
oportunidades el concepto de que la libertad de expresión es un derecho
fundamental en una sociedad democrática, y ha recordado en simultánea que esta
garantía contemplada en el artículo 13 de la
Convención, no es un derecho absoluto[186]. En este sentido ha indicado que el
ejercicio del derecho a la libertad de expresión se encuentra limitado por
otros derechos fundamentales. En este contexto el derecho a la honra aparece en
esta relación como el referente jurídico esencial para efectuar tal
ponderación. Este derecho se encuentra expresamente protegido por la
Convención en el mismo artículo 13 cuando estipula que el ejercicio del
derecho a la libertad de expresión debe “asegurar el respeto a los derechos
o a la reputación de los demás” (artículo 13.2).
13.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha aclarado, así mismo, que si
bien en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión los medios masivos
de comunicación social no son el único actor, son sin duda, un actor
fundamental, en cuanto se constituyen en “…vehículos para el ejercicio de la
dimensión social de la libertad
de expresión en una sociedad democrática”[187]. Ese Tribunal ha dejado establecido, sin embargo, que
“… es indispensable
que
[los medios] recojan las más diversas informaciones y opiniones. Los referidos
medios, como instrumentos esenciales de la libertad de pensamiento y de
expresión, deben ejercer con responsabilidad la función social que desarrollan”[188].  Y en ese contexto ha advertido sobre la necesidad
de proteger los derechos humanos de quien “enfrenta el poder de los medios”
(párr. 57).
14.
Resulta pertinente destacar que en el sistema Interamericano se identifica una
corriente de pensamiento que alerta sobre el deber de los Estados de proteger
los derechos individuales frente al poder fáctico de los medios de
comunicación, en especial por el contexto de asimetría en que se mueve dicha
relación. Al respecto resulta ilustrativo citar el voto razonado del juez Diego
García Sayán a la sentencia proferida en el caso  Kimel contra Argentina:
“(…) [E]n
las sociedades en las que en ocasiones los derechos del individuo se ven
afectados por el poder fáctico de medios de comunicación en un contexto de asimetría
en el que, como lo establece la sentencia, el Estado debe promover el
equilibrio. Como se dice claramente en la sentencia, en aras de que el Estado
pueda ejercer su derecho de garantizar el derecho a la honra, en una sociedad
democrática se pueden emplear los caminos que la administración de justicia
ofrece –incluidas las responsabilidades penales– dentro del adecuado marco de
proporcionalidad y razonabilidad, y el ejercicio democrático y respetuoso del
conjunto de los derechos humanos por dicha justicia.
15.
Por su parte, la Corte Europea de Derechos Humanos en el Caso Mamere vs.
Francia consideró que “si bien la libertad de expresión tiene un valor
preponderante, especialmente en cuestiones de interés público, no puede
prevalecer siempre en todos los casos sobre la necesidad de proteger el honor y
la reputación, ya sea de personas privadas o de funcionarios públicos”[189].
16.
Los derechos a la honra y el buen nombre, así como el relevante valor social
que incorpora la cosa juzgada como instrumento de pacificación en una sociedad,
son valores constitucionales respecto de los cuales esta Corte tiene también un
deber de garantía, y sin embargo fueron relegado por la sentencia a un lugar
subalterno, a partir de una visión absolutista de las libertades de expresión e
información.
La sentencia se aparta de los rigurosos
criterios de auto restricción que la Corte ha aplicado en eventos en que, de
manera excepcional, ha flexibilizado la cosa juzgada
16. La jurisprudencia de esta Corte  ha destacado la
relevancia política y social de la cosa juzgada. No obstante ha admitido, de
manera excepcional, que esa figura no puede ser absoluta pues puede entrar a
veces en colisión con la justicia material del caso concreto. Para ello ha
puesto como ejemplo la existencia de una sentencia que hizo tránsito a cosa
juzgada, pero contiene una clara injusticia. Y ha destacado como mecanismo
idóneo para enfrentar estas situaciones, la acción de revisión, que permite, en
casos excepcionales, dejar sin valor una sentencia ejecutoriada, cuando hechos
o circunstancias posteriores a la decisión judicial permiten concluir que ésta
es injusta.
No obstante tal
reconocimiento, en supuestos muy específicos, apelando a una sólida
justificación y previendo mecanismos que eviten introducir una generalizada
degradación  de los valores implícitos en la sentencia en firme, la
jurisprudencia de esta Corte ha relativizado el principio de la cosa juzgada y
del non bis in idem.
17. Un primer supuesto que se puede
mencionar fue  el de ampliación de la acción de revisión a las sentencias
penales absolutorias en firme  que entrañan violación a los estándares
internacionales de investigar de manera seria e imparcial graves violaciones a
los derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario.
En tales eventos, señaló la Corte que el
principio de non bis in idem  “puede ser relativizado cuando se trate
de proteger los derechos de las víctimas de hechos punibles que configuran
graves violaciones a los derechos humanos o serias infracciones al derecho
internacional humanitario”. (C-004/03, C-871 de 2003; C-979/05)”.
18. Así en la sentencia C- 04 de 2003 la
Corte declaró la exequibilidad condicionada del numeral 3° del artículo 220
del Código de Procedimiento Penal de 2000 (Ley 600/00) que excluía la sentencia
absolutoria de la acción extraordinaria de revisión. Dijo la
Corte en esa oportunidad que la norma era exequible “en el entendido de que
la acción de revisión por esta causal también procede en los casos de
preclusión de la investigación, cesación de procedimiento y sentencia
absolutoria, siempre y cuando se trate de violación de derechos humanos o
infracciones graves al derecho internacional humanitario, y un pronunciamiento
judicial interno, o una decisión de una instancia internacional de supervisión
y control de derechos humanos, aceptada formalmente por nuestro país, haya
constatado la existencia de hecho nuevo o de la prueba no conocida al tiempo de
los debates. Igualmente, (…)
procede la acción de revisión  contra la preclusión de la investigación, la
cesación de procedimiento y la sentencia absolutoria, en procesos por
violaciones de derechos humanos o infracciones graves al derecho internacional
humanitario, incluso si no existe un hecho nuevo o una prueba no conocida al
tiempo de los debates, siempre y cuando una decisión judicial interna o una
decisión de una instancia internacional de supervisión y control de derechos
humanos, aceptada formalmente por nuestro país, constaten un incumplimiento
protuberante de las obligaciones del Estado colombiano de investigar en forma
seria e imparcial las mencionadas violaciones”[190].
19. Este supuesto se limita a ampliar la
procedibilidad de una acción judicial extraordinaria a los eventos de las
sentencias absolutorias, y se muestra sumamente cuidadoso de la jerarquía de la
prueba que se opone a la sentencia absolutoria – debe ser producida por una
instancia judicial interna o una instancia internacional de control - ,
evidencia que  será además valorada por la
Corte Suprema de Justicia.
20. Un escenario muy distinto es el que ofrece la
sentencia 417/09 a la que me opongo, en la que se permite que mediante una
investigación privada o cualquier tipo de prueba se pretenda desvirtuar una
decisión absolutoria o exculpatoria en firme, sin que de otra parte, se
contemple un cauce procedimental que preserve el principio de contradicción, o
parámetros claros para el efecto por parte del Juez Penal Municipal.
21.  El caso de la tutela contra decisión
judicial.  El segundo evento en que se
han flexibilizado, a favor de todos los ciudadanos, los principios de la cosa
juzgada y el non bis in idem, es el de la procedencia de la acción de
tutela contra sentencias. Este planteamiento jurisprudencial, sin embargo,
parte del reconocimiento de una serie de principios que conducen al carácter
excepcional y reglado de esta posibilidad jurídica. En efecto, toma como punto
de partida la clara aceptación de que las sentencias judiciales constituyen
ámbitos ordinarios de reconocimiento y realización de los derechos fundamentales,
del valor de cosa juzgada de las sentencias a través de las cuales se resuelven
las controversias planteadas ante los jueces, de la garantía del principio de
seguridad jurídica, así como  de la autonomía e independencia que caracterizan
a la jurisdicción en la estructura del poder público inherente a un régimen
democrático[191].
22.
El carácter excepcional y reglado que la
Corte ha admitido respecto de la procedencia de la acción de tutela contra
decisión judicial se funda explícitamente en que “el valor de cosa juzgada
de que se rodean las sentencias judiciales y la inmutabilidad e intangibilidad
inherentes a tales pronunciamientos”, evita que se genere “una situación
de permanente incertidumbre en cuanto a la forma como se han de decidir las
controversias, [en la que] nadie sabría el alcance de sus derechos y de sus
obligaciones correlativas y todos los conflictos serían susceptibles de
dilatarse indefinidamente”.  Así, “el cuestionamiento de la validez de
cualquier sentencia judicial resquebrajaría el principio de seguridad jurídica
y desnudaría la insuficiencia del derecho como instrumento de civilidad”[192].
23.
Para hacer compatibles los mencionados principios – cosa juzgada y seguridad
jurídica - con la efectiva protección de los derechos fundamentales vulnerados
o amenazados por una decisión judicial, la jurisprudencia de esta corporación
previó que “en supuestos sumamente excepcionales la acción de tutela proceda
contra aquellas decisiones que vulneran o amenazan derechos fundamentales”[193].
En tales eventos la tutela sólo procederá “si se cumplen ciertos y rigurosos
requisitos de procedibilidad.  Dentro de estos pueden distinguirse unos de
carácter general, que habilitan la interposición de la tutela, y otros de
carácter específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez
interpuesto”[194].  (Se destaca).
24.
Ese rigor y cuidado que la Corte aplicó para flexibilizar, de manera
excepcional, la cosa juzgada frente a decisiones judiciales que vulneran
derechos fundamentales, no se advierte en el fallo del cual me aparto. El
escenario que con la declaratoria de inexequibilidad del numeral 1° del
artículo 224 de la Ley 599 de 2000 creó la
Corte, permite al imputado por un delito contra la integridad moral que
mediante prueba, en cuya producción no ha intervenido la autoridad judicial, se
desvirtúe la verdad judicialmente declarada en sentencia en firme.
25.
El fallo de la Corte no mide ni se anticipa a las graves implicaciones de su
determinación. Se coloca a la víctima del delito de calumnia – el querellante
–,  quien cuenta con el título que convoca la mayor legitimidad posible (una
sentencia absolutoria en firme) a librar una nueva batalla jurídica, ahora
dentro de un proceso en el cual no se han establecido cauces para su defensa;
ante un juez que probablemente no es el competente para juzgarlo, y enfrentado
a unas pruebas en cuya producción no ha participado.
26.
Este dramático sacrificio de las garantías básicas de todo ciudadano que puede
verse enfrentado a un proceso penal y obtiene decisión absolutoria, no se
compadece con la ilimitada protección que se prodiga al derecho a probar
del querellado por calumnia, vinculado como toda la sociedad por el carácter erga
omnes  de la cosa juzgada. La Corte, inclinó la balanza en favor del
imputado por calumnia, al imprimirle un gran peso al carácter prevalente de la
libertad de información, cuando lo que realmente se regula en la situación
concreta que prevé el precepto acusado, es el derecho de cualquier procesado a
probar en su favor una causal de justificación, ámbito en el cual, como en todo
proceso judicial se debe respetar el valor probatorio que el orden jurídico
otorga a la verdad judicialmente declarada.
27. En la sentencia de la cual me aparto el derecho a
probar del imputado por el delito de calumnia, se colocó en el mismo rango del
derecho de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y serias
infracciones al derecho internacional humanitario que hubieren sido
desconocidos por una sentencia absolutoria de su victimario;
Mediante tal flexibilización, sin ninguna limitación
referida a medios, espacio o tiempo, cualquier persona puede hacer imputaciones
delictuosas a un ciudadano que ha sido amparado por decisión judicial penal en
firme, con la confianza que podrá salir avante en un eventual proceso penal por
calumnia, oponiendo la prueba por él producida o recaudada, a aquella que se
encuentra cobijada por la presunción de verdad judicialmente declarada.
La
sentencia se profiere a espaldas de una la teoría de la “verdad procesal”
concepto en el que se sustenta el principio de la cosa juzgada:
28.
El fundamento de la excepción a la exceptio veritatis que la sentencia
C-417/09 expulsa del ordenamiento jurídico, no se encuentran solamente en la
necesidad de protección de los valores implícitos en la institución de la cosa
juzgada; en el imperativo de tutela de las garantías individuales básicas
derivadas de esta categoría; en la importancia de la seguridad jurídica como
factor de estabilidad y confianza en el derecho; también se sustenta en razones
epistemológicas.
En
este plano, una de las consecuencias que genera la decisión mayoritaria es la
enfrentar dos conceptos que son epistemológicamente distintos: la verdad
fáctica a la que alude el artículo 224 del Código Penal, y la “verdad
procesal” que es aquella declarada en  una providencia judicial, a partir
de un proceso de verificación de esta misma índole.
29.
La prueba de “la veracidad de las imputaciones”, es un concepto de
contenido fáctico. Así lo ha admitido la jurisprudencia de esta Corporación al
señalar que “el
principio de  veracidad de la información hace referencia a hechos o enunciados
de carácter fáctico y por ende verificables; la información es veraz cuando
ella tiene sustento en la realidad (…)[195]. Su
trasgresión  genera la responsabilidad social que puede exigirse al emisor que
divulga una información falsa o inexacta”[196].
También ha admitido que “en muchos eventos, no
resulta fácil establecer si determinada información es respetuosa del principio
de veracidad ya sea por que se trate de hechos  de difícil verificación, ó por
que pese a provenir de una fuente que le ofrezca al medio  la más alta
credibilidad, al final resulte equivocada. Para dar solución a estas eventualidades
se ha considerado por la jurisprudencia que se vulnera el principio de veracidad
cuando se emite un dato fáctico que es contrario a la realidad, siempre que
la información falaz sea emitida por negligencia o imprudencia de quien la
emite[197]”[198].
(Se destaca).
30.
La verdad procesal en cambio es aquella que contiene una tesis judicial
verificable y que ha sido verificada por el juez, en la que confluyen elementos
fácticos (los hechos ocurrido en la realidad) y jurídicos (su valoración
normativa). Una proposición jurisdiccional se llamará “verdad  procesal” si es
verdadera tanto en el aspectos fáctico como en el jurídico[199].
Así,
la decisión de la mayoría pone en relación conceptos que se encuentran en
planos distintos, que obedecen a lógicas diversas, y que no son oponibles entre
sí. La verdad procesal judicialmente declarada, incorpora componentes empíricos
y valorativos, estos últimos no se encentran en la estructura de la verdad
fáctica. No obstante el fallo permite que la verdad establecida en sede
judicial, se ponga en tela de juicio e incluso pueda ser desvirtuada, mediante
elementos fácticos aportados por un sujeto procesal, con base en su particular
visión sobre “la verdad” de un suceso.
La razonabilidad de la medida declarada inexequible. El
derecho comparado como herramienta para establecer este atributo.
31. Para declarar que la medida enjuiciada resultaba
excesiva frente a las libertades de expresión e información, la sentencia trae
algunos referentes del derecho comparado, que se esperaría contribuyeran a
demostrar tal afirmación.
Los estudios de derecho comparado constituyen en
efecto, una importante herramienta para medir la razonabilidad de una
determinada decisión legislativa. La sentencia cita una serie de referentes
normativos pertenecientes a algunos sistemas jurídicos foráneos: Alemania,
Perú, Costa Rica, Italia, Argentina y España. Al lado de estas regulaciones
jurídicas menciona lo que denomina “una tendencia descriminalizadora”
que deduce de un informe de la
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (2008) de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, indicando a partir de ello, que
en este escenario despenalizador “se encuentra el sistema americano
de DDHH, con su discurso amplio de los derechos humanos y de la sociedad
democrática” (Fol. 47).
32. La interpretación que hace el fallo de los
diversos sistemas jurídicos que menciona, en lo relativo a los límites de la exceptio
veritatis, no es exacta. A partir de la propia investigación que presenta
el fallo (folios 37 a 47) es fácil deducir que la tendencia más generalizada es
aquella que limita la exceptio veritatis cuando quiera que exista
sentencia exculpatoria respecto de los hechos en que se fundan las imputaciones.
La sentencia admite que en el caso de los sistemas
jurídicos Alemán[200],
Peruano[201]
y Costarricense[202]
se establece la inadmisibilidad de la prueba cuando existe sentencia
absolutoria acerca del hecho imputado. Respecto del primero sostiene que “dicha
disposición ha sido entendida  como una regla de prueba que
considera como hecho probado lo que se ha juzgado ya en otro procedimiento,
limitándose de este modo el principio de libre apreciación probatoria”[203].
En relación con el sistema italiano, pese a que la
sentencia lo ubica en una “tendencia intermedia”, admite que en dicho
ordenamiento “[T]ratándose de una sentencia absolutoria, el difamador no
podrá ser admitido a probar con otros medios la verdad de su imputación, ni
aunque el difamado consintiera en ello. En efecto, se trata de una prueba
legal, vinculativa para el juez, quien debe conformarse con la sentencia para
evitar la contradicción de los fallos”[204].
En lo que concierne al caso Argentino la sentencia
admite que “si la imputación tiene que ver con hechos –punibles- que son
objeto de discusión en proceso que se halla en curso, no pueden tramitarse dos
causas en las cuales se ventile el mismo hecho, de modo que se ha de paralizar
el juicio de calumnia hasta que se dé el resultado en el juicio criminal
principal, especialmente en el aspecto objetivo y positivo de la imputación”[205].
Hasta aquí lo que demuestran las referencias del fallo
en materia de derecho comparado, es que existe una clara opción de los sistemas
jurídicos aludidos de considerar la sentencia penal (absolutoria o
condenatoria) como una prueba legal vinculante, que debe ser considerada por el
juez de la calumnia, y contra la cual no le es dable probar al imputado por el
delito contra el honor.
32. Sin embargo, la sentencia no reconoce su propia
constatación, e incurre en una inexactitud adicional  al considerar que el caso
español (único citado en esta supuesta tendencia abierta) constituye el ejemplo
paradigmático sobre “la tendencia amplia y abierta de admitir prueba
de la verdad para eximirse de la responsabilidad por calumnia”[206].
Y a reglón seguido cita el artículo 207 de la
LOECr (10/95) que establece que “el acusado por delito de calumnia quedará
excento de toda pena probando el hecho criminal que hubiere imputado”. De
esta regulación no se puede concluir, como lo hace el fallo, que se trata de un
modelo que admite de manera abierta e limitada la prueba de un hecho punible,
aún frente a sentencia absolutoria.
El hecho de que se contemple la exceptio veritatis,
y que en la misma disposición no se establezcan límites explícitos, no
significa que ese sistema no tenga una alta valoración por el principio de cosa
juzgada, y la seguridad jurídica (Art. 9.3 LOECr). Tampoco se puede inferir la
aceptación sin límites de la exceptio veritatis, aún frente a cosa juzgada
absolutoria, a partir de una sentencia de amparo (STC2/2001) proferida por el
tribunal constitucional español. Lo único que demuestra este referente
jurisprudencial al que se le da desmesurada importancia en el fallo (Fols. 42,
43 y 44) es que a través del amparo (o de la tutela) se puede establecer, en
casos concretos, que un juez incurrió en un defecto fáctico al imponer una
condena por el delito de calumnia, sin involucrar en el análisis el peso que
el sistema constitucional le da a la libertad de expresión e información.
34.  De tal manera que la jurisprudencia extranjera
que se cita como ilustrativa y paradigmática de una aceptación sin
restricciones (en España) de la exceptio veritatis, aún frente a un
fallo absolutorio, contempla una hipótesis muy distinta al efecto que produce
la sentencia de la que me aparto. En aquella, es un juez constitucional quien
evalúa en sede de amparo, y frente a un caso concreto, el error fáctico en que
pudo incurrir un juez que sobreseyó por calumnia, en esta sentencia en cambio,
se abre paso a un desconocimiento generalizado del valor de cosa juzgada
implícito en una sentencia penal absolutoria, con las devastadoras
consecuencias que ello comporta para las garantías procesales de los
ciudadanos, para la confianza en el derecho y en la actividad judicial, así
como para el logro de la función inmersa en la cosa juzgada como instrumento de
pacificación en una sociedad.
34. Tampoco es exacto sostener, como lo hace el fallo,
que en el sistema interamericano de derechos humanos exista una “tendencia”
a la descriminalización de los delitos de injuria y calumnia como instrumentos
de protección de la honra y el buen nombre. Sobre tal afirmación resultan
pertinentes dos observaciones: en primer lugar, independientemente de la
posición que se asuma al respecto, traer como argumento para cuestionar la
validez de los límites a la exceptio veritatis una supuesta tendencia
descriminalizadora de los atentados contra el honor, es desviar el debate hacia
un ámbito propio de la política criminal y en principio ajeno a la figura
analizada, dado que esta solo tiene cabida en los sistemas que optan por su
penalización. Y, en segundo lugar si bien es cierto que en el seno del sistema
interamericano de derechos humanos existe una actual e interesante discusión[207]
acerca de si es excesivo y por ende contrario a la
Convención acudir al expediente penal para la protección de los derechos a la
honra y el buen nombre amparados por los artículos 11 y 13.2 de ese
instrumento, la jurisprudencia actual del órgano judicial de ese sistema (la
Corte Interamericana) admite su tutela penal siempre y cuando se respete el
principio de estricta legalidad en la descripción de los tipos penales, y se
aplique como medida excepcional para situaciones de extrema gravedad que pongan
de relieve una manifiesta injusticia[208].
35. A pesar que los referentes
normativos de derecho comparado mencionados en el fallo conducían, en su
conjunto, a demostrar la razonabilidad de la decisión legislativa declarada
inexequible, en la medida que la casi totalidad de los sistemas jurídicos
democráticos a los que se alude contemplaban una institución similar a la
examinada, la sentencia desatiende dicho parámetro de racionalidad.
36. En conclusión, a juicio del suscrito magistrado, la
Corte debió declarar la exequibilidad simple del numeral 1° del artículo 224
del Código Penal puesto que su expulsión del orden jurídico erosiona el
principio de cosa juzgada estimado por esta corporación como un valioso
instrumento de pacificación social; anula los derechos al debido proceso, al non
bis in idem y a los efectos de la sentencia absolutoria en firme de los
ciudadanos que han sido sometidos a proceso penal; e introduce sin ninguna
mesura, límites, ni regulación, una nueva causal para proceder contra sentencia
ejecutoriada, apartándose de la disciplina de autorestricción que la
Corte ha aplicado en esta materia. Todo ello conduce a menguar la confianza en
el sistema jurídico, baluarte insustituible de un sistema democrático, y a
depositar una desmedida confianza en medios de persuasión no
institucionalizados.
En estos términos dejo consignada mi total
discrepancia con las motivaciones y el sentido de la decisión mayoritaria.
LUÍS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
SALVAMENTO
DE VOTO DEL MAGISTRADO
NILSON PINILLA PINILLA A LA
SENTENCIA C-417 DE 2009
SENTENCIA DE INEXEQUIBILIDAD DE
EXCEPCION A LA EXCEPTIO VERITATIS-Desatiende valores y principios de mayor relevancia
constitucional que los que pretendió proteger (Salvamento de voto)
El
precepto contenido en el numeral 1º del artículo 224 de la
Ley 599 de 2000, no quebrantaba en modo alguno la
Constitución, ya que correspondía al desarrollo legítimo de la potestad de
configuración del legislador y  atendía los principios de proporcionalidad y
razonabilidad, por lo que considero que la decisión adoptada por la mayoría de la
Sala Plena de esta corporación desatendió otros valores y principios de
raigambre superior, entre ellos la seguridad jurídica, la cosa juzgada y los
derechos a la honra y al buen nombre, de mayor relevancia constitucional que
los que pretendió proteger.
PRESUNCION DE INOCENCIA-Garantía del debido proceso (Salvamento de voto)
PRINCIPIOS NON BIS IN IDEM, COSA JUZGADA Y
SEGURIDAD JURIDICA-Garantías
de un orden justo (Salvamento de voto)
PRINCIPIOS NON BIS IN IDEM, COSA JUZGADA Y
SEGURIDAD JURIDICA-No son
absolutos/EXCEPCION A LA
EXCEPTIO VERITATIS-Preserva la intangibilidad de las sentencias absolutorias y
otras decisiones judiciales en firme/COSA JUZGADA PENAL ABSOLUTORIA-Efectos erga omnes (Salvamento de voto)
Si
bien la jurisprudencia de la
Corte Constitucional ha indicado que la garantía del non bis in ídem y, por
tanto, la cosa juzgada, no tienen un carácter absoluto, no es el caso frente a
la excepción de la exceptio veritatis, que busca preservar la intangilibidad de
las sentencias absolutorias y otras decisiones judiciales favorables en firme,
y con ello, los derechos a la honra y buen nombre, en tanto el desconocimiento
de la cosa juzgada y de los efectos de las decisiones absolutorias, o
asimilables, que se propicia con la inexequibilidad de la norma objeto de
estudio, conduce a la inseguridad jurídica, ya que se permite cuestionar
decisiones judiciales absolutorias sobre responsabilidad penal que ya han hecho
tránsito a cosa juzgada.
LIBERTAD DE EXPRESION E INFORMACION-Límites (Salvamento de voto)
LIBERTAD DE EXPRESION E INFORMACION-Condiciones frente a derechos subjetivos (Salvamento
de voto)
EXCEPCION AL EXIMENTE DE REPONSABILIDAD EN DELITOS DE
INJURIA Y CALUMNIA-Supresión propicia
la irresponsabilidad (Salvamento de voto)
La
supresión de la excepción al eximente de responsabilidad, tratándose del delito
de calumnia, habida consideración que muchos medios de comunicación, en no
pocas ocasiones, sacrifican la veracidad ante la inmediatez y las ansias de
primicia, o la especulación que garantice sintonía, precipitándose en
afirmaciones que no se compadecen de la honra y el buen nombre de quien no ha
sido declarado judicialmente responsable, o incluso antes de que a lo sumo se
inicie la investigación respectiva, por lo que no habrá límite alguno para que se
realicen irresponsables imputaciones de conductas punibles, bajo el escudo de
la prevalencia de la libertad de expresión.
SENTENCIA DE INEXEQUIBILIDAD DE
EXCEPCION A LA EXCEPTIO VERITATIS-Privilegia la especial prevalencia de las libertades de
expresión e información y desconoce las garantías individuales y derechos
subjetivos (Salvamento de voto)
Referencia: expediente D-7483
Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 1º
del artículo 224 de la Ley 599 de 2000
Magistrado ponente: Juan Carlos Henao Pérez
Con el acostumbrado respeto hacia las decisiones de la
corporación, me permito reiterar sucintamente las razones que, debidamente
expuestas durante el curso del debate en la
Sala Plena, me llevaron a apartarme de la decisión adoptada mediante la
sentencia C-417 de junio 26 de 2009, por medio de la cual fue declarado inexequible
el numeral 1º del artículo 224 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal).
Es mi criterio que ese precepto, excluido del ordenamiento
jurídico a partir de dicha sentencia, no quebrantaba en modo alguno la
Constitución. Por el contrario, correspondía al desarrollo legítimo de la
potestad de configuración del legislador, máxime que atendía los principios
constitucionales de proporcionalidad y razonabilidad.
En tal medida, considero que la decisión adoptada por
la mayoría de la Sala Plena de esta corporación desatendió otros valores y
principios de raigambre superior, entre ellos la seguridad jurídica, la cosa
juzgada y los derechos a la honra y al buen nombre, de mayor relevancia
constitucional que los que pretendió proteger.
Recuérdese que el artículo 224 de la
Ley 599 de 2000 consagra un eximente de responsabilidad de universal y muy
antigua vigencia, denominado exceptio veritatis, frente a delitos contra
la integridad moral. Según esa figura, nadie será responsable de esas conductas
punibles, cuando probare la veracidad de sus imputaciones.
Con todo, esa misma disposición contenía dos
excepciones. Para el caso que ocupó el análisis de la
Corte Constitucional, el numeral 1º declarado inexequible proscribía la
admisión de pruebas relacionadas con la veracidad de lo tildado como calumnia,
esto es, la falsa imputación de una conducta típica (art. 221
L. 599/2000), cuando el comportamiento endilgado “hubiere sido objeto de
sentencia absolutoria, preclusión de la investigación o cesación de
procedimiento o sus equivalentes, excepto si se tratare de la prescripción de
la acción”.
De esa forma, el legislador plausiblemente procuraba
guardar la seguridad jurídica y la cosa juzgada, para blindar, desde su
presunción de acierto, las providencias judiciales como la sentencia
absolutoria, el auto de cesación de procedimiento (L. 600 de 2000), la
resolución de preclusión de la investigación, “o sus equivalentes”,
descartando como una excepción de la excepción a la excepción, aquellos eventos
en que esas decisiones fuesen producto de la constatación de la prescripción de
la acción penal.
A su vez, la consagración de esa preceptiva buscaba salvaguardar
garantías fundamentales, en particular su honra y buen nombre, al igual que la
seguridad jurídica y el principio non bis in ídem, de quien era sujeto
pasivo de la acción por calumnia, frente a ejercicios arbitrarios, por ejemplo,
de la libertad de expresión e información.
Aunado a lo anterior, resulta válido afirmar que una
norma como la encontrada contraria a la
Constitución por cinco de los Magistrados de esta Corte, se encaminaba a
proteger otros bienes jurídicos, como aquellos que se guardan con la
tipificación del delito de calumnia.
Al respecto, cabe recordar que doctrinariamente se
acepta que reprochar penalmente aquellas imputaciones falsas de conductas
típicas, dirigidas contra un individuo determinado, no solamente busca proteger
a la víctima. Se afirma que constituye una forma de impedir que la seriedad y
la majestad de la justicia se vean agraviadas y extraviadas por la falsedad
judicial[209].
En otras palabras, busca proteger no solo al individuo, sino a la administración
de justicia.
En consecuencia, según respetuosamente considero, con
la providencia adoptada por mayoría en esta corporación, fueron relegados esos
propósitos constitucionalmente válidos y admisibles. Así, en adelante se va a
permitir la desatención de providencias judiciales ejecutoriadas, fuera de la
acción de revisión, única vía idónea al respecto cuando se materialice alguna
de las causales legalmente previstas, sin consideración a que entonces,
previamente y con fundamento en la sana crítica, fueron ponderadas en conjunto
todas las pruebas allegadas y se estudió el comportamiento del acusado de haber
incurrido en la presunta calumnia, concluyendo que no había lugar a dar inicio
a su enjuiciamiento, o  no era penalmente responsable, etcétera.
I.
Los principios de acceso a
la justicia, seguridad jurídica y cosa juzgada.
1.1. En el Preámbulo de la
Carta Política y particularmente en desarrollo de los artículos 2º, 29, 228,
229 y 250, se proclama asegurar a los titulares del poder soberano, entre otras
cosas, la justicia. Para tal efecto, resulta imperativo que dentro de un marco
jurídico se garantice un orden social justo, propósito por el cual se
promulgaron las normas que integran la
Constitución, incluido el referido artículo 2º que señala que dentro de la
finalidad esencial del Estado, además de servir a la comunidad, se encuentra el
deber de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes, al
igual que la vigencia de las normas básicas de la convivencia, dentro de lo
cual fulgura para toda persona el acceso a la administración de justicia, que
debe ser debida, oportuna y acertadamente impartida por los Jueces de la
República.
Acorde con lo anterior, mantener ese orden justo
implica que ni la autoridad, ni los particulares, pueden desconocer principios
o derechos fundamentales, entre ellos la cosa juzgada, la seguridad jurídica y
el non bis in ídem.
El artículo 29 de la
Constitución consagra las garantías que integran el derecho al debido proceso,
entre ellas la presunción de inocencia, según la cual toda persona se presume
inocente “mientras no se le haya declarado judicialmente culpable”.
Igualmente, se establece constitucionalmente el
principio del non bis in ídem, que conlleva la garantía de todo
individuo a no ser juzgado dos veces por los mismos hechos, aun cuando se le de
una denominación diferente. Desconocer este principio implica desatender la
seguridad jurídica, a la cual le resulta inmanente la “inmutabilidad e
irrevocabilidad de la cosa juzgada”[210],
dada la estrecha relación existente entre esos principios. Entonces, mutatis
mutandi, la salvedad a la exceptio veritatis es una norma sustancial,
que busca preservar la intangilibidad de las sentencias absolutorias y otras decisiones
judiciales favorables en firme, y con ello, los derechos a la honra y buen
nombre.
Si bien la jurisprudencia de la
Corte Constitucional ha indicado que la garantía del non bis in ídem y,
por tanto, la cosa juzgada, no tienen un carácter absoluto, no es el caso
frente a la excepción de la exceptio veritatis, ahora declarada
inexequible. En efecto, se ha señalado que en el ordenamiento interno
colombiano existen motivos de orden superior que justifican la atenuación de
dichos principios, cuando se trate de defender intereses de inapreciable valor
para la sociedad, a saber, los relacionados con la soberanía nacional, la
existencia y la seguridad del Estado[211], situaciones que no son equiparables
con el asunto objeto del pronunciamiento del cual ahora me aparto.
1.2. Como lo explica Hans Kelsen, en su obra cumbre “Teoría
Pura del Derecho”, los jueces se expresan a través de decisiones judiciales,
las cuales no se deben valorar como un acto meramente declarativo, sino
constitutivo de las circunstancias a las que se refiere y en las que basa su
decisión.
De esta manera, la determinación por el juez de los
hechos que motivan el proceso se funda en lo invocado por las partes y en las
pruebas presentadas durante el juicio; pero la decisión, una vez adoptada,
adquiere valor propio e independiente de los motivos que la determinaron.
Porque sólo el juez tiene competencia para comprobar esos hechos, y cualquier
opinión de terceros –divergente o no- es jurídicamente irrelevante.
1.3. Valga recordar además que la
Corte Constitucional ha señalado que la cosa juzgada penal absoluta tiene
efectos erga omnes, extendiéndose incluso a otras jurisdicciones, como
la civil.
Mediante sentencia C-899 de octubre 7 de 2003,
M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra, esta corporación señaló que en Colombia
existen ciertas causales de absolución según las cuales la decisión del juez
penal tiene los referidos efectos, “interrumpiendo así los procesos civiles
que se sigan coetáneamente contra el procesado e impidiendo la iniciación de
nuevos procesos en los que se pretenda discutir la responsabilidad civil por el
ilícito del cual se le absuelve”.
De ese modo, en la providencia que se acaba de citar,
refiriéndose al caso específico de la Ley 600 de 2000, se explicó (no está en
negrilla en el texto original):
“De conformidad con el artículo 57 del C.P.P., dichas
causales son: a) haberse declarado que la conducta causante del perjuicio no se
realizó, b) haberse declarado que el sindicado no cometió dicha conducta, c)
haberse establecido que el sindicado actuó en estricto cumplimiento de un deber
legal y d) haberse determinado que el sindicado actuó en legítima defensa.
Tal como se dijo, en estos casos el juez civil no está
habilitado por la ley para desconocer la decisión tomada por el juez penal,
razón por la cual deberá dar por terminado el proceso civil iniciado contra el
sindicado o rechazar las demandas que se dirijan contra el mismo y que tengan
como propósito discutir la responsabilidad civil surgida de la conducta que se
le endilgaba.
Ahora bien, la finalidad de dicha medida es evitar las
decisiones contradictorias que pudieran presentarse entre las jurisdicciones
civil y penal. Como fácilmente se observa, no tendría sentido que, por ejemplo,
el juez penal adujera que la conducta causante del perjuicio no se produjo al
tiempo que el juez civil sostuviera que sí lo fue. Es pues evidente que en
este punto la ley pretende evitar contrasentidos que no repercutirían más que
en la propagación de la inseguridad jurídica en el sistema de administración de
justicia.”
Acorde con la referida cita, el desconocimiento de la
cosa juzgada y de los efectos de las decisiones absolutorias, o asimilables,
conduce a la inseguridad jurídica. Por ende, debo reiterar que al haber sido
declarada la inexequibilidad de la norma objeto de estudio, se permite
cuestionar decisiones judiciales absolutorias sobre responsabilidad penal que ya
han hecho tránsito a cosa juzgada.
II.
Los derechos a la honra y
al buen nombre.
Como recalque durante los debates que antecedieron a
la decisión de la que ahora me aparto, aunque poco común, la exceptio
veritatis ha sido aplicada judicialmente en Colombia, frente al ejercicio
legítimo de las garantías consagradas en el artículo 20 de la
Constitución Política, en particular el derecho a la información. Empero, cabe
recordar que jurisprudencialmente se ha reconocido que existen tensiones entre
derechos como la honra y el buen nombre, frente a las facultades de expresar y
difundir pensamientos y opiniones, informar y recibir información veraz e
imparcial y la de fundar medios masivos de comunicación.
La Sala de Casación Penal
de la Corte Suprema de Justicia ha indicado que ante esas tensiones,
jurisdiccionalmente se ha otorgado prelación a las máximas consagradas en el
referido artículo 20 superior. Con todo, se ha puntualizado que no pueden ser
desprotegidos derechos subjetivos del individuo, frente al abuso de las
libertades de expresión, por ende, las informaciones que se difunden deben
ajustarse a la veracidad y a la imparcialidad.
Por resultar de suma relevancia, cabe recordar en
extenso la sentencia proferida por la Sala de Casación Penal en abril 24 de
2008 (rad. 22.808), donde se expresó lo siguiente:
“2.1. El artículo 20 de la
Constitución Política garantiza a toda persona la libertad de expresar y
difundir sus pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información
veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación.
Como es posible que entren en colisión estos derechos
con los de la honra y el buen nombre, la jurisdicción viene otorgando prelación
a los primeros, sin que ello implique que el Estatuto Superior haya dejado
desprotegidos los derechos subjetivos de las personas por el abuso del
ejercicio de dichas libertades, al condicionarlo a su veracidad e imparcialidad,
instituyendo el derecho de rectificación en condiciones de igualdad, y
tipificando los delitos de injuria y calumnia como tutelares del patrimonio
moral.
Así entonces, corresponde a la jurisdicción verificar
si la información se ajusta a las condiciones de veracidad e imparcialidad,
esto es, si refleja la realidad de lo sucedido y se hace sin aversión contra la
persona a que se refiere.
De otro lado, viene reiterando que la distinción entre
los derechos a informar y a opinar gravita en que el primero atañe al relato de
los hechos y circunstancias fácticas en general y, el segundo, a los juicios en
particular hechos por una persona en relación con las cosas examinadas y a
exponer las ideas y conceptos sobre ellas.”
Acorde con la interpretación que se obtiene de la
referida cita, las personas no pueden quedar huérfanas ante un ejercicio
irracional de las libertades de información, máxime cuando con ellos se ven
afectados derechos de igual o mayor valor constitucional, como la intimidad, la
honra y el buen nombre.
La preponderancia de la protección de los derechos del
individuo que es sometido a imputaciones sin contemplación, también había sido
objeto de pronunciamientos por parte de la
Corte Constitucional, donde incluso se afirmó que la búsqueda de la verdad no
puede conllevar al sometimiento de la persona a vejaciones inclementes.
En la sentencia T-022 de enero 29 de 1993,
M. P. Ciro Angarita Barón, se indicó que la verdad debe ceder ante la dignidad
de la persona, acorde con la doctrina jurídica y las corrientes filosóficas.
Por tanto, de tiempo atrás se indicaba, puntualmente, que la exceptio
veritatis no puede tener un carácter absoluto.
En la referida providencia se indicó (está subrayado
en el texto original):
“La verdad no es, pues, la llave milagrosa que abre
dicho muro[212]y
expone al sujeto a observación inclemente, como pez en acuario de cristal. No.
La verdad cede aquí el paso a la dignidad de la persona y a los riesgos
previsibles de la autodeterminación y la maduración en el ejercicio de la
libertad. Como lo ha venido señalando la más autorizada doctrina jurídica y las
corrientes filosóficas que hacen de la persona su eje vital, no es procedente,
por razones apenas obvias, la socorrida exceptio veritatis.”
A renglón seguido, fue refrendada la importancia de
derechos tan importantes como la intimidad, en los siguientes términos (no está
en negrilla en el texto original):
“Esta corporación cree oportuno advertir también que
el derecho a la intimidad no se construye en todos los casos con materiales
extraídos de las canteras de la verdad o bondad absolutas, sino con los más
humildes y propios de la conducta humana en todas sus complejas
manifestaciones. Por tanto, ni la exceptio veritatis, ni la presunta o real
existencia de una conducta desviada son consideraciones suficientes para
desconocer el derecho a la intimidad, con todos los alcances establecidos por
el Constituyente en el artículo 15 de la
Carta. Bondad, probidad e intimidad operan, pues, en orbitas no
necesariamente coincidentes o iguales.”
Lo anterior por cuanto los derechos al honor, a la
honra y al buen nombre están íntimamente relacionados con la garantía de la
intimidad. De un lado, el honor es una característica inherente a toda persona,
independientemente de su origen, etnia, condición o desenvolvimiento social.
Por el contrario, la honra hace referencia a los comportamientos que
trascienden socialmente y que constituyen el concepto que el conglomerado se
forma del individuo, donde se edifica el buen nombre. Por ende, las
manifestaciones que se hagan con fundamento en las apreciaciones de los demás
no pueden socavar la imagen colectiva del individuo[213].
Bajo tales supuestos, al juez le corresponde no sólo buscar
la verdad, sino hacer prevalecer el derecho sustancial sobre el formal, y
procurar la defensa y eficacia de los derechos constitucionales. Así,
libertades como la de información no pueden coartar derechos, valores o
principios de mayor raigambre.
Entonces, tal como expuse ante el pleno de la
corporación, no puede darse preponderancia ilimitada a las libertades
consagradas en el artículo 20 de la
Constitución, sobre otros valores, principios y derechos. Lo contrario sería
propiciar la irresponsabilidad.
Debe recordarse que muchos medios de comunicación,
masivos o no, en no pocas ocasiones sacrifican la veracidad ante la inmediatez
y las ansias de primicia, o la especulación que garantice sintonía,
precipitándose en afirmaciones que no se compadecen de la honra y el buen
nombre, de quien no ha sido declarado judicialmente responsable, o incluso
antes de que a lo sumo se inicie la investigación respectiva, y ahora también
de quien ha quedado exento de reproche.
Así, al ser suprimida la aludida excepción al eximente
de responsabilidad, tratándose del delito de calumnia, no habrá límite alguno
para que los medios de comunicación, principalmente, o cualquier individuo,
realicen irresponsables imputaciones de conductas punibles. Ataques estos que
podrán tener como sujetos pasivos tanto a personas determinadas, cuya inocencia
no ha sido desvirtuada, o aún contra entidades del orden público y los miembros
que las conforman; todo escudado en la prevalencia de la libertad de expresión.
Es de resaltar que la decisión de la cual me aparto se
refirió a la sentencia proferida por la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Herrera Ulloa, de 2 de
julio de 2004, omitiendo la parte motiva de la misma, cuando ésta se refiere a
las restricciones permitidas a la libertad de pensamiento y de expresión en una
sociedad democrática, tal como lo enseña el artículo 13 en sus incisos 2, 4 y 5
de la Convención Americana de Derechos Humanos.
En los anteriores términos dejo planteadas las razones
de mi respetuoso disentimiento con la decisión mayoritaria de la
Sala Plena, proferida mediante la sentencia C-417 de junio 26 de 2009, de
acuerdo con la cual se declaró la inexequibilidad del numeral 1º del artículo 224
de la Ley 599 de 2000.
Fecha ut supra.
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
SALVAMENTO DE
VOTO DEL MAGISTRADO
JORGE IGNACIO
PRETELT CHALJUB
A LA SENTENCIA
C-417/09
CON LA PONENCIA DEL MAGISTRADO Dr. JUAN
CARLOS HENAO PÉREZ, POR LA CUAL SE DECLARÓ INEXEQUIBLE EL NUMERAL PRIMERO DEL
ARTÍCULO 224 DE LA LEY 599 DE 2000
Referencia:
Expediente
D-7483
Problema jurídico
planteado en la sentencia: (i) ¿La imposibilidad de aportar pruebas
sobre la veracidad de las imputaciones de cualquier conducta punible que
hubieren sido objeto de sentencia absolutoria, preclusión de la investigación o
cesación de procedimiento o sus equivalentes, vulnera el principio de igualdad
al establecer un trato discriminatorio e injustificado para el sujeto que se
hallare en tales circunstancias? (¡i) ¿es contraria a
la Constitución por suponer vulneración del fin esencial de garantizar la
vigencia de un orden justo, por desconocer los derechos de defensa y debido
proceso, así como por atentar contra la libertad de información?
Motivo del
Salvamento: En la valoración de la necesidad de la medida y en el
análisis de la proporcionalidad, la ponencia no tuvo en cuenta aspectos fundamentales
que muestran que la decisión correcta es declarar la exequibilidad de la norma.
Salvo el voto en la Sentencia C- 417 de 2009, con el
acostumbrado respeto por las decisiones adoptadas por la mayoría de los
miembros de la Sala Plena de esta Corporación, presento a continuación los
argumentos jurídicos por los cuales me aparto de la decisión acogida por la
Corte. Mi disconformidad se relaciona principalmente con el análisis de la
necesidad de la disposición demandada realizada en la ponencia.
1.
ANTECEDENTES
Demanda de
inconstitucionalidad de la Ley 599 de 2000 artículo 224, el artículo regula los
eximentes de responsabilidad de los delitos de injuria y calumnia, consistentes
en que si se demuestra que es verdadera la imputación no será responsable del
delito, en el aparte demandado dice que no se admitirá prueba cuando la
conducta hubiere sido objeto de sentencia absolutoria, preclusión de la
investigación o cesación de procedimiento o sus equivalentes excepto si se
trata de prescripción de la acción, los cargos formulados por el actor son los
siguientes, la imposibilidad de aportar pruebas sobre la veracidad de las
imputaciones de cualquier conducta punible que hubieren sido objeto de
sentencia absolutoria, preclusión de la investigación o cesación de
procedimiento o sus equivalentes, vulnera el principio de igualdad al
establecer un trato discriminatorio e injustificado para el sujeto que se
hallare en tales circunstancias; y esa restricción es contraria a la
Constitución por suponer vulneración del fin esencial de garantizar la vigencia
de un orden justo, por desconocer los derechos de defensa y debido proceso del
inculpado por calumnia, así como por atentar contra la libertad de información.
La Corte
encuentra que entre el derecho a la honra y el buen nombre, la presunción de
inocencia de quien ha sido absuelto, y el derecho a la libertad de información,
existe una ponderación de este último ya que goza de una protección
constitucional reforzada, al hacer un test de proporcionalidad se encuentra que
el artículo acusado está violando dicho principio y se decide declararlo
inexequible.
2.
FUNDAMENTOS DEL SALVAMENTO
2.1. La norma acusada
consagra una tensión entre normas constitucionalmente protegidas, por lo que la
resolución del asunto debe llevarse a cabo mediante la ponderación. Para
realizar una correcta ponderación debe realizarse un juicio de
proporcionalidad, una herramienta metodológica que busca establecer en un caso
concreto si la medida demandada conciba en debida forma los principios constitucionales
en conflicto. Este juicio consta de tres pasos: El primero busca determinar si
la disposición acusada tiene un fin constitucionalmente admisible y si es
necesaria a la luz de la Carta. En el segundo paso, el juicio de adecuación, se
analiza si para lograr el fin perseguido, la disposición utiliza una medida
adecuada. Finalmente, en el tercer paso la Corte debe examinar si la
disposición acusada es proporcionada en estricto sentido, es decir, si impone o
no un sacrificio en términos de derechos fundamentales demasiado gravoso y
mayor al peso del fin constitucionalmente legítimo que pretende defender. En
este paso el juez constitucional también debe analizar si el sacrificio que la
disposición impone se podría hacer menos gravosos mediante la adopción de
medidas alternativas.
2.2.   La Sala Plena
consideró que el artículo parcialmente acusado consagra una medida que no es
necesaria para proteger el derecho a la honra, al buen nombre, a la cosa
juzgada y a la seguridad jurídica porque limita de manera absoluta la libertad
de información. Para la Sala además la excepción a la exeptio veritatis es una
"especie de censura previa" prohibida por la Constitución. Podría
decirse que la ratio decidendi de la declaratoria de inexequibilidad del
artículo 224 (parcial) de la Ley 599/00 es la siguiente: "la norma
acusada restringe de manera absoluta la libertad de información al establecer
que la verdad judicial surgida de los procesos penales no puede ser
contradicha, ni siquiera con la prueba sobre la veracidad de los hechos
imputados a una persona, so pena de que no opere la eximente de la exceptio
veritatis".
2.3.   No estoy de
acuerdo con esa conclusión, pues considero que en la valoración de la necesidad
de la medida y en el análisis de la proporcionalidad, la ponencia no tuvo en
cuenta aspectos fundamentales que muestran que la decisión correcta es declarar
la exequibilidad de la norma, como paso a explicarlo. Para el efecto me apoyaré
en i) razones desde la perspectiva del tipo penal que se analiza, ii)
argumentos desde el nuevo sistema penal acusatorio, y iii) explicaciones sobre
la necesidad de la excepción a la exceptio veritatis para proteger la
cosa juzgada y la prohibición del non bin in idem que no fueron
analizadas en la ponencia (el límite de la libertad de información relacionada
con la responsabilidad social).
2.4.   El análisis
formal y material de los tipos penales de injuria y calumnia, evidencian lo
siguiente:
(i)
En primer lugar, tiene razón la ponencia al concluir
que la excepción en comento no es aplicable al delito de injuria porque la
prueba de la veracidad hace atípica la conducta. Si la injuria es la imputación
de hechos falso, es lógico que la conducta no sea típica si se prueba la
veracidad. De igual manera, es claro que este tipo penal no depende de otras
valoraciones, es autónomo y no conduce a otro análisis como en el caso de la
calumnia, en la que la imputación de un delito supone necesariamente la
valoración de si hubo o no un delito. Luego, la norma acusada no es aplicable
al delito de injuria.
(ii)       La imputación
del delito es sólo por vía extraprocesal (por medios de comunicación, por
panfletos, por opiniones escritas o verbales en sitios como el trabajo, el
barrio, el edificio etc). Si la imputación alcanzó un proceso, no se trata de
calumnia sino de falsa imputación o falsa denuncia que es un tipo penal
independiente.
(iii)      La disposición no
distingue si la imputación del delito se realizó antes o después de la decisión
exculpatoria. Creo que esa distinción es fundamental, pues si primero se imputa
un delito y después se exculpa por el Estado, es razonable concluir que la
intensión del calumniador únicamente está dirigida a afectar la honra y el buen
nombre. Sin embargo, si se imputa un delito pese a existir una decisión
judicial en firme que dice lo contrario, considero que el calumniador no sólo
afecta los derechos del sujeto pasivo del delito sino también la intangibilidad
de la decisión judicial. La cosa juzgada no sólo tiene como finalidad definir
una controversia e impedir que exista un nuevo pronunciamiento, sino también
otorgar confianza y credibilidad a la sociedad. Entonces, al realizar la
ponderación, la Sala debió tener en cuenta que, al imputar un delito pese a que
ha sido definida la exculpación, el calumniador no sólo afecta el derecho al
honor sino también el principio de credibilidad de la decisión judicial (como
parte del derecho de acceso a la administración de justicia).
(iv)      De otro lado,
para que una persona pueda ser penalmente responsable del delito de calumnia se
requiere: i) que hubiere atribuido un delito a una persona, ii) que la
atribución del hecho delictuoso sea falso, iii) que el sujeto activo del delito
conozca la falsedad y, iv) que exista animus in juriandi, esto es, que el
calumniador tenga como intensión afectar el honor o buen nombre del calumniado.
Entonces, debe tenerse presente que el delito de calumnia es doloso, pues
únicamente puede imputarse esa responsabilidad si se prueba el ánimo de afectar
la honra de una persona y si se prueba que se tenía plena certeza de que el
hecho no existió.
Roxin dice que, en la
teoría final de la acción, es indispensable realizar un "concepto
valorativo o normativo de la culpabilidad" en el caso de los delitos
dolosos, en el que "el enjuiciamiento de la motivación es un proceso
puramente valorativo".
Sobre esa base es claro que la excepción que se estudia
realmente opera en caso de que: i) exista sentencia absolutoria o decisión
penal ejecutoriada que no hubiere encontrado responsable del delito imputado a
una persona, ii) el calumniador atribuya un hecho delictuoso, iii) que el
calumniador supiera que el hecho era falso y, iv) que el sujeto activo tuviera
la intensión dañar el honor del calumniado.
Nótese que ese ánimo dañoso del sujeto
pasivo y que ese conocimiento de la falsedad de la conducta son determinantes
en la ponderación de los derechos en tensión, pues el artículo 20 de la
Constitución protege la libertad de información como un derecho que admite
restricciones, pero sobre todo que está regido por la responsabilidad social
con que debe cumplir su función. Por lo tanto, si existen elementos de juicio
que permiten establecer que la conducta imputada es falsa y que el calumniador
sabía que así lo era y, además, conocía que la justicia falló a favor del
calumniado, no es responsable socialmente poner en funcionamiento nuevamente el
aparato judicial para tratar de demostrar que lo dicho es cierto.
Por otra parte,
en el proceso penal que se adelanta por calumnia, el juez también hace un
juicio de valor sobre el contexto en el que se formularon las imputaciones,
pues sólo si éstas se hicieron con el ánimo de dañar, se sanciona penalmente.
Sin embargo, si las imputaciones se hicieron con el ánimo de generar crítica
social, opiniones políticas o sociales, no habrá responsabilidad penal. En
otras palabras, como el juez penal es también juez constitucional a él
corresponderá establecer si existe un atentado lícito al derecho al honor y
debe protegerse el derecho a la información o a la libertad de expresión. Si
ese atentado es ilícito, deberá prevalecer el derecho al honor.
Ese análisis fue hecho por el Tribunal
Constitucional Alemán. El caso fue explicado por Alexy al estudiar la
ponderación en el derecho constitucional y es este: La revista Titanic
(publicación con un carácter "satírico- literario" dijo que una
persona (que era discapacitada y estaba en la carrera militar) estaba preparada
para matar y que por ello podría considerarse un "militar asesino",
pero que además, era un "tullido". El Tribunal dijo que la expresión
militar asesino no implicaba una calumnia porque el propósito crítico y
ridiculizador de la revista no imputaba responsabilidad penal, de ahí que debía
prevalecer la libertad de expresión. Por el contrario, el haberlo llamado
"tullido" si implicaba una injuria porque era una expresión
peyorativa que fue realizada para humillar y degradar, de ahí que debía
prevalecer el derecho a la honra y a la dignidad. Nótese que el Tribunal, al
hacer un análisis de la calumnia y la injuria, realizó una ponderación entre
los derechos en tensión.
Luego, desde la estructura del tipo penal
de la calumnia, puede inferirse que la norma acusada no limita de manera
excesiva la libertad de información, sino que, por el contrario, constituye una
limitación razonable que deriva de la responsabilidad social que la
Constitución exige a los informadores.
Existe otra razón que muestra que la
norma acusada no es excesiva y, por el contrario, es razonable y proporcionada:
En la ponencia se afirma que la excepción a la excepción de verdad como
eximente de responsabilidad no supera el juicio de necesidad, por cuanto acogió
una medida que impone un sacrificio excesivo en términos de libertad de
información, con el fin de proteger los derechos a la honra y el buen nombre.
Por ejemplo, de acuerdo con la disposición demandada, un periodista en estos
casos no podría demostrar la verdad, aún teniendo las posibilidades de hacerlo.
Sin embargo, eso no es totalmente cierto
en el contexto del nuevo sistema penal acusatorio, en el que se asume el
sistema de roles. En efecto, el periodista podría acudir a la Fiscalía General
de la Nación, como ente acusador, para entregarle todos los elementos de juicio
que le permitan acusar y obtener la condena del delincuente. El escenario
natural, entonces, de la acusación y demostración de la veracidad de lo dicho
por el periodista será el proceso penal que se adelanta contra el delincuente,
al cual podrá asistir el periodista. Esta conclusión de apoya en las siguientes
consideraciones:
(i)
El artículo 142 de la Ley 906 de 2004 señala el deber
de la Fiscalía de suministrar al proceso penal todos los elementos probatorios,
la evidencia física y "toda la información de que tenga noticia".
(ii)       El artículo 149
del Código de Procedimiento Penal, de otro lado, dispone que publicidad como
principio del proceso penal. Luego, el periodista puede asistir al proceso en
el que se juzgará el delito para informarse de qué pruebas se aportaron y qué curso
ha tenido. Si está en desacuerdo con las actuaciones de la Fiscalía, podrá
requerirle que aporte el material probatorio que considere necesario para
probar la veracidad de las afirmaciones relacionadas con el delito.
(iii)    De acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 109, 111 y 112 de la Ley 906 de 2004, el Ministerio
Público también tiene la capacidad de pedir pruebas y aportar las que considere
necesarias para probar la verdad de lo sucedido (si es cierto o no que el
sindicado cometió el delito), en tanto que la Vista Fiscal tiene a su cargo la
defensa de los derechos fundamentales y el orden jurídico. De igual manera,
debe buscar que las decisiones judiciales logren la justicia y la verdad. En
este orden de ideas, el interesado (por ejemplo el periodista) podrá
solicitarle al Ministerio Público que allegue al proceso las pruebas que tenga
en su poder.
(iv)    También es
importante tener en cuenta que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 192
del Código de Procedimiento Penal, la acción de revisión procede "cuando
después de la sentencia conde natoria aparezcan hechos nuevos o surjan pruebas
no conocidas al tiempo de los debates, que establezcan la inocencia del
condenado, o su inimputabilidad". A pesar de que el periodista no tendría
legitimación, es claro que el Ministerio Público y el Fiscal sí la tienen
(artículo 193 del CPP), quienes podrían acceder a petición del periodista o
persona afectada.
(v)       En conclusión, el
periodista si podría demostrar la verdad en el proceso penal del delito, lo
cual muestra que la medida no limita excesivamente la libertad de información.
También considero que hay temas centrales
no suficientemente analizados en la ponencia, tales como los siguientes:
(i)
La exceptio veritatis cuando hay una sentencia a favor de una
persona (que es lo que se implantaría con la decisión de inexequibilidad)
afecta la cosa juzgada material de la sentencia penal, que no es otra cosa que
la afectación del non bin in ídem. La decisión penal
ejecutoriada hace tránsito a cosa juzgada material; esto significa que nadie
puede volver a ser investigado, cuestionado o condenado penalmente por los
mismos hechos, no importa cómo se llame el tipo penal que se estudia.
Es cierto, como dice
la ponencia, que una cosa es el análisis del juez de la calumnia y otra cosa es
el estudio del juez del delito. Sin embargo, cuando en la calumnia se pretende
demostrar la veracidad de lo dicho, simplemente se presenta ante el juez un
nuevo reproche sobre la misma conducta.
Veamos un
ejemplo: María -vecina de apartamento- dijo que Juan entró a su casa y hurtó
sus joyas. Como consecuencia de ese hecho, se iniciaron dos procesos penales:
i) el del hurto, pues se busca averiguar si Juan es penalmente responsable del
delito de hurto y, ii) el de la calumnia, para averiguar si María calumnió a
Juan. El primer proceso terminó primero porque el juez del delito encontró que
Juan no estaba en Bogotá el día en que sucedieron los hechos, luego no podría
haber cometido el delito de hurto y, por tanto, Juan no es autor del delito
imputado. Con la norma acusada, María no podría exonerarse de responsabilidad
demostrando la veracidad de lo dicho, simplemente podría demostrar que lo dijo
sin intención de dañar, que ella tenía la convicción invencible de que Juan se
había robado sus joyas. Si no se demuestra la culpa, María debe ser exonerada.
Pero, sin la disposición demandada -si se aplica lo resuelto por la Sala-,
María podría aportar documentos, pedir testimonios y otras pruebas dirigidas a
demostrar que Juan si estuvo en Bogotá y que él efectivamente se robó sus
joyas.
Ese ejemplo
elemental muestra que la norma acusada sí pretende evitar que se inicien dos
investigaciones paralelas por un mismo hecho (las dos dirigidas a averiguar si
Juan se robó las joyas, pues en el proceso esa es la materia principal y en el
proceso de la calumnia eso exoneraría de responsabilidad al sujeto activo).
También se pretende evitar que una persona que ya fue absuelta por el juez del
delito -con lo que su honor y buen nombre quedan a salvo-, vuelva a ser
reprochado socialmente (con lo que no sólo el buen nombre y el honor quedan en
entredicho, sino también la validez de la decisión judicial, lo cual afecta la
credibilidad de la justicia y genera providencias judiciales contradictorias).
(ii)       La norma acusada
también impide que se generen reproches con repercusiones sociales en forma
paralela: una en manos del Estado (el que busca averiguar si efectivamente
ocurrió un delito y si éste fue cometido por la persona a la que se le imputa)
y otra en manos de un particular (el calumniador que busca demostrar la
veracidad de lo dicho).
Con la norma
acusada se pretende que tanto la Fiscalía como la persona que se tilda de
calumniador estén, en el escenario del proceso penal del delito, comprometidos
y alineados en la búsqueda de la verdad y no, como sería sin la norma acusada
en el escenario del proceso de la calumnia, ubicados en investigaciones
paralelas que fácilmente terminan con conclusiones contradictorias.
Sin la norma
acusada, realmente, al calumniador le interesa más demostrar que dijo la verdad
en el proceso que se eleva en su contra que acudir al proceso del delito a
demostrar la veracidad de lo dicho, pues operaría en forma totalmente autónoma.
(iii)    Jakobs sostiene
que los delitos derivados de las "injurias" no son puramente privados
sino que pertenecen al ámbito social en el que un individuo se realiza. Ese
hecho social del hombre y su pertenencia a la sociedad donde se desenvuelve
hace que la lesión al honor tenga "tintes de un ataque a bienes
públicos". Jakobs también señala que la visión de las "injurias"
desde una perspectiva "exclusivamente personal es demasiado
limitada", pues hay un interés público en su protección.
Así las cosas, me
parece que la posición de la ponencia dirigida a dar una prevalencia en
abstracto siempre a favor de la libertad de información no es acertada, creo
que como todos los derechos siempre debe someterse a la valoración en cada caso
concreto. En especial, cuando el propio artículo 20 de la Constitución muestra
que es un derecho limitado: por el deber de informar veraz y oportunamente y
por el deber de informar con responsabilidad social.
Considero que en
la ponderación no se trata simplemente de darle una prevalencia general a ese
derecho sino de ubicar al derecho al honor en un contexto tan importante como
el de la expresión o información.
(iv) La ponencia
pretende retirar del ordenamiento jurídico la norma acusada porque la considera
violatoria del derecho a la libertad de información. Sin embargo, la norma no
está dirigida a proteger, en todos los casos, ese derecho. ¿La vecina tiene
derecho a "informar" que el vecino se robó las joyas? o ¿el compañero
de trabajo tiene derecho a "informar" que su colega acosa sexualmente
a su secretaria?, o ¿el socio de un club tiene derecho a "informar"
que otro socio tiene por costumbre causar lesiones personales a su esposa?
Considero que el delito de calumnia no sólo se refiere a situaciones de
"censura previa", sino que es tan amplia que desborda el contenido a
que se refiere la ponencia y que debe amparar otro tipo de derechos, como por
ejemplo, el derecho a la intimidad.
En estos términos dejo expuestas las
razones que me llevaron a apartarme de la decisión adoptada por los miembros de
la Sala Plena de esta Corporación en el asunto de la referencia.
Fecha ut supra,
JORGE IGNACIO
PRETELT CHALJUB
Magistrado
[1] Sentencia C- 1052 de 2001
[2] Para el análisis de la disposición normativa acusada
se tuvo en cuenta los Códigos Penales Colombianos de 1837, 1890, 1936, 1980 y
2000.
[3] República de Colombia, Ministerio de Gobierno, Trabajos Preparatorios del Nuevo Código
Penal, Actas de la Comisión de Asuntos Penales y Penitenciarios, Tomo II,
Imprenta Nacional, Bogotá, 1939.
[4] Se tuvieron en cuenta los códigos francés, español,
peruano, argentino, brasilero e italiano. Este último proveniente de 1890 disponía en su artículo 393 que,“el
que al ponerse en comunicación con varias personas reunidas o aun separadas
atribuya a una persona un hecho determinado y de tal naturaleza que pueda
exponerla al desprecio o al odio público o de ofender su honor o su reputación,
se castiga con la reclusión….
Artículo 394: El imputado del delito previsto en el
artículo precedente no será admitido a probar para disculpa suya la verdad o la
notoriedad del hecho atribuido a la persona ofendida. Sin embargo, la prueba de
la verdad se admitirá:
1° Si la persona ofendida es un oficial público, y el
hecho a él atribuido se refiere al ejercicio de sus funciones, salvo lo
dispuesto en los artículos 194 y 198.
2° Si por el hecho atribuido a la persona ofendida se
abra o se inicie un procedimiento penal.
3° Si el querellante pide formalmente que el juicio se
extienda también a buscar la verdad o la falsedad del hecho a él atribuido.
Si la verdad del hecho se prueba o por tal hecho la
persona ofendida es condenada, e autor de la imputación queda exento de pena,
salvo que los medios usados constituyan por si mismos el delito previsto en el artículo
siguiente”.
[5] Se lee así en el Acta No. 147 que
“[a]lgunas de estas legislaciones, siguiendo la enseñanza de este maestro,
reservan el nombre de calumnia para las acusaciones falsas ante la autoridad
judicial y el de difamación judicial para las imputaciones hechas en público, y
muchas confunden en una sola noción lo que entre nosotros se subdivide en
injuria y calumnia”.
[6] Carrara, según la comisión, partiendo de la
consideración de que “el criterio para delimitar el campo de cada infracción
es el derecho por ella suprimido o lesionado, y que cuando un delito atenta
contra varios derechos a la vez se debe preferir en la denominación jurídica el
derecho más importante”, estimó que el perjuicio sufrido por la
autoridad pública con un denuncio falso, imponía un capítulo especial, porque
el derecho social es más importante que el individual.
[7] Se marca entonces una diferencia con la tradición
italiana, que considera el delito de calumnia como una afrenta contra la
administración de justicia.
[8] Vid infra, fundamento jurídico 29 de esta
providencia.
[9] Gaceta del Congreso No. 139, Jueves 6 de agosto de
1998.
[10] Anteriormente la honra en la
Constitución Política estaba consagrado como un deber de protección por parte
de las autoridades “las autoridades de la
República está instituidas para proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en sus vidas, honra y bienes, y para asegurar el cumplimiento de los
deberes sociales del Estado y de los particulares (Acto legislativo No. 1
de 1936). Actualmente se reconoce como un derecho constitucional fundamental en
el artículo 21 C.P: Se garantiza el derecho a la honra. La ley señalará su
protección.
[11] Gaceta del congreso 280 de
20 de noviembre de 1998, p. 68.
[12] La etimología de calumnia es “el griego Kaléo (latín
calo), que significa llamar, excitar, invocar; según otros, es calutum, supino
desusado del verbo antiguo calvi, engañar, enredar, como aludiendo al vano
intento del que trata de asir por los cabellos a un calvo (Digesto, 50, 16 fr.
233)”( Pianigiani, Vocabolario etimológico y Carrara, Programa v, 2610, nota
citado en MAGGIORE Giuseppe, Derecho Penal, Parte Especial, Volumen II, De
los delitos en particular, Editorial Temis, Bogotá, 1972, Pág. 329.
[13] Este código consideró la calumnia como “la
imputación voluntaria que alguno hace a otro de un hecho falso, del que
si fuera cierto podría resultar al calumniado alguna deshonra…”
(Resaltado fuera del texto).
[14] La Ley 19 de 1890 instituyó la calumnia como “la
imputación voluntaria de un hecho falso, del cual, si fuera cierto,
debería resultar al calumniado alguna pena, ó bien deshonra…”;
el hecho imputado se presumía falso mientras no se probara lo contrario y una
vez probado el hecho criminal afirmado, el acusado quedaba exento de pena
(Resaltado fuera del texto).
[15] La calumnia, según el código de 1936, se configura
cuando una persona “por cualquier medio eficaz para divulgar el pensamiento
hace a otro la imputación falsa de un hecho personal concreto, que la
ley haya erigido en delito, o que por su carácter deshonroso o
inmoral, sea susceptible de exponerlo a la animadversión...”(Resalta la
Sala).
En
los debates surtidos en torno a la calumnia se planteó la opción de que dicho
delito consistiera solamente en “la imputación falsa de un hecho o acto
propio, que la ley haya erigido en delito”, y que la “imputación de un
hecho propio que por su carácter deshonroso sea susceptible de exponerlo a  la
animadversión o desprecio público”, constituyera injuria. No obstante, esta
idea fue desechada (Acta No. 122), primando así la noción de calumnia como la
imputación falsa de un hecho que la ley haya erigido como delito o que es
deshonroso.
[16] La injuria comprendía, los siguientes supuestos de
hecho: “1. La ofensa hecha con palabras al honor, al crédito, a la dignidad
y a cuanto constituye la propiedad moral de un individuo; 2. La difamación o
divulgación de vicios puramente privados ó domésticos; 3.La contumelia ó sean
las palabras que envuelven oprobio ó vilipendio, dichas á una persona en su
cara; 4.El omitir ó rehusar hacer la honra ó dar la señal de respeto que según
la ley se deba á una persona, siempre que las circunstancias manifiesten que esta
omisión no dependió de descuido o inadvertencia; y 5. El echar en cara á otro,
en su presencia, delito ó falta que haya cometido, bien sea como empleado ó
como particular”.
[17] Con respecto a la injuria, la referida normatividad,
definió que quien la comete es “el que por cualquier medio eficaz para
divulgar el pensamiento, ataque el honor, la reputación o la dignidad de una
persona, o dé a conocer sus faltas o vicios puramente privados o domésticos…”.
[18] Soler, S. Derecho penal argentino. Buenos
aires, 3ª reimpresión, Tipográfica editora argentina, 1956, p. 228. Citado por
Soria, Carlos. Derecho a la información y derecho a la honra. Barcelona,
editorial Ate, 1981, pp. 57-58.
[19] Carrara, Programa, cita a Goeddeusm eb sus Cons. Marpurg., vol IV, cons. 52, núm. 72.
[20] La versión en latìn que trae Carrara “’secus si
animo injuriandi et aculeo quídam malicioso ex proposito et dileberato animo
crimen pandatur, etiamsi rerum sit et probari possir; cuam iamen ex affectu
facientis injuria consistat, actio tenebit neque veritatis existentita
relevabit’”. En _____, Programa de Derecho Criminal, Parte Especial,
Volumen III, Cuarta Edición, Editorial Temis, Bogotá, 1981, Pág. 152.
[21] Ibídem, Pág. 155. Y a este propósito, también
se cita una sentencia de Paulo, según la cual “Eum qui nocentem infamavir,
non esse bonum et aequum ob eam rem condemnari, percata enim nocentium nota ess
et oportere et expidere” (No es equitativo que sea condenado por este hecho
el que infamó a un culpable, pues conviene y es oportuno que se conozcan las
faltas de los culpables). Una referencia de la que también se sirve la
Comisión redactora del Código de 1936 y que concluye con que tal afirmación “demuestra
que desde los tiempos de la sabiduría latina se ha reconocido la necesidad de
dar un margen de libertad a la facultad natural en el hombre de juzgar a sus
semejantes” (Acta No. 151).
[22] Así en el decreto de los emperadores Valentiniano y
Valente “laudem maximam ac praemium”, en cuya virtud grandes alabanzas y
premios se debían dar al que hubiere probado la verdad del aserto difamatorio,
mientras que aquél cuya afirmación resultaba falsa, era condenado a la pena
capital, “sin vero minime baec vero ostenderit , capitali poena, plectetur”.
En En Maggiore, Giusseppe. Derecho penal, parte especial., vol IV. Bogotá,
Temis, 1989, p. 423, pie de página 284.
[23] Esto es, “veritas illatae iniuriae excusat a poena
iniuriarum”. Sin embargo, en esta época un grupo de pensadores se
dividen, unos se muestran favorables a la verdad  (Mateo, Sarno, Claro,
Fabricio, Farinacio y Covarrubias), mientras que otros se declaran adversos a
ella (Gaddeo, Carpzovio, Boehmero, D’argentré y Cremani); igual ocurre en el
tiempo de las ideologías iluministas humanitarias -como precursor de la verdad
Filangieri y en contra de esta Carmignani. Idem, p. 423.
[24] Un derecho que, dice a mediados del siglo XX Hannah
Arendt,  descubre la modernidad en la rica y diversa esfera de lo privado, de
“lo oculto bajo condiciones de la intimidad” y que no obstante su valía, tan
propenso ha sido a su disminución, a ser desconocido o desfigurado. Vid.  La
condición humana. Barcelona, Paidós, (1958), 2006, pp. 77-78.
[25] Carrara, op. cit., pág. 153.
[26] Estas posturas fueron estudiadas en Italia para la
elaboración del Código Penal de 1889, para el cual se plantearon tres líneas:
i) la admisión incondicionada de la prueba de la verdad inspirada en la
tradición del derecho romano, ii) la no admisión rotunda de la prueba y iii) la
triunfante, Código de Zanardelli, que fue el resultado de la transacción de las
anteriores, en el sentido de negar la prueba de la verdad como regla y
acogiéndola excepcionalmente en casos taxativos. En Maggiore, Giusseppe. Derecho
penal, op.cit., , p. 423.
[27] En Maggiore, Giusseppe. Derecho penal, parte
especial., op.cit., p. 440.
[28] Idem, p. 423
[29] En el Código Penal de 1890 en la calumnia el hecho
imputado se presumía falso mientras no se probara lo contrario; una vez probado
el hecho criminal afirmado el acusado quedaba exento de pena.
Este
Código Penal está enmarcado bajo la
Constitución Política de 1886, que disponía en el artículo 42 que “la
prensa es libre en tiempo de paz, pero responsable con arreglo a las leyes,
cuando atente a la honra de las personas, al orden social o a la tranquilidad
pública…”. La referencia a la libertad de prensa debe hacerse, como quiera
que bajo la Constitución de 1886 se erigieron importantes leyes que
directamente hacían referencia a los tipos penales. Así, los límites a la
prensa fueron primeramente regulados por medio de la
Ley 157 de 1896; en ésta se expuso que “los delitos ocasionados por
producciones ofensivas dan lugar a los juicios llamados de injuria y de
calumnia, los cuales se rigen, tramitan y castigan de acuerdo con la
Ley de procedimiento y el Código Penal” (artículo 31).
Posteriormente,
la Ley 51 de 1898, sobre prensa, considerando el principio constitucional de
su límite de acuerdo con la ley, determinó que “toda imputación falsa de un
hecho que afecte el honor ó la buena reputación de una persona o una
corporación, constituye calumnia” y “toda expresión ultrajante, término
de desprecio ó invectiva para con un individuo ó corporación, si no lleva
consigo la imputación de un hecho, es injuria” (artículo 20). En lo que
atañe a la admisibilidad de la prueba dispuso el artículo 27 de la misma ley
que “no incurrirá en pena alguna el individuo que compruebe la verdad de las
imputaciones suyas tachadas como calumniosas”.
Ahora
bien, en 1922 fue presentado por José Vicente Concha un proyecto de código
penal que seguía las orientaciones del Código Italiano de Zanardelli de 1890.
El código sancionado por medio de la Ley 109 de 1922 no rigió formalmente, toda
vez que su vigencia fue aplazada.
Este
Código Penal en el capítulo denominado de la difamación y la injuria,
castigaba a quien en “presencia de varias personas impute a otro un hecho
preciso que lo exponga al desprecio o animadversión públicos, o que puede
afectar su honor o reputación”. En esta teoría penal es indiferente la
circunstancia de que el hecho deshonroso atribuido a una persona sea falso o
verdadero.
Con
respecto a la prueba, instituyó, contrariando el ordenamiento anterior, la
regla general de su no admisión para eximirse de pena; pero, la permitió en los
eventos en que el ofendido fuese un funcionario público y el hecho se refiriera
al ejercicio de sus funciones, o en el caso en que se esté siguiendo un
procedimiento criminal contra la persona ofendida por el mismo hecho que
constituyera la imputación, o cuando el ofendido mismo pidiera que el proceso
se extendiera a investigar la verdad.
En la exposición preliminar del proyecto de código penal presentado por
el mismo Concha al Congreso Nacional en sus sesiones de 1912, se justifica la
regla general de no admitir prueba de los hechos que dan pretexto a la
difamación, en los siguientes términos: “el abuso que en estas materias se
está presenciando de algunos años a esta parte,  hace necesario buscar un
remedio eficaz que proteja el más preciado de los bienes del ciudadano, y que
al menos a ese respecto se ponga freno a la licencia, causa en no pocas
ocasiones de otros delitos.
“El periodista francés -dice un célebre profesor contemporáneo- puede
difamar sin gran peligro a sus conciudadanos; puede ridiculizar, ultrajar,
injuriar, arrastrar por el lodo sin compasión a los hombres visibles:
gobernantes, funcionarios y Magistrados, sometidos a su capricho. El ciudadano
aterrado ante una prensa que de todo hace mofa, por lo común se resigna a
sufrir en silencio antes que afrontar sus ataques, los depositarios de la
autoridad, salpicados de inmundicias y arrastrados por el arroyo con la cuerda
al cuello; el debate político convertido en altercado indecente y estúpido; el
país que da cada día ante los demás el espectáculo del envilecimiento, la incapacidad
y la villanía de los jefes que eligió; tal es el admirable resultado de la
pretendida libertad de prensa existente, es decir, del exorbitante privilegio
que los legisladores le han conferido’ (M Caudel, Nos libertés politiques, París 1910,
Librería A. Colin.). Apreciaciones
son éstas aplicables a Colombia igualmente, y que hacen pensar en que, si es
necesario conservar libre el palenque de la prensa para el talento, el
patriotismo, la ilustración y el espíritu propagador de principios y de las
luces, debe cerrarse a la vez con severidad a quienes convierten el más hermoso
y fecundo de los inventos de la inteligencia humana, en insidioso y abyecto
medio de desmoralización y delincuencia”(Exposición
preliminar del proyecto de código penal presentado por José Vicente Concha al
Congreso Nacional en sus sesiones de 1912 en Comisión Revisora del Código Penal, La reforma penal
en Colombia, Tomo I, Antecedentes, Imprenta Nacional, Bogotá, 1926, Pág.
29-30).
[30] En el Código Penal de 1936 se estipuló que el acusado
de calumnia quedará exento de las sanciones si prueba la exactitud de las
imputaciones que hubiere hecho.
[31] Este Código dispuso que el responsable de los hechos
punibles de injuria y de calumnia quedará exento de toda pena si probare la veracidad
de las imputaciones.
[32] Este argumento fue señalado por la comisión creada
por medio de la Ley 81 de 1923 para la revisión de la
Ley 109 de 1922. Esta comisión cambió la regla general de inadmisibilidad de
la prueba del fallido Código de 1922 y propuso, acorde con el Código Penal
vigente (1890) y la ley de prensa (51 de 1898), que “… no incurrirá en pena
el individuo que compruebe la verdad de las imputaciones suyas tachadas como
calumniosas”, ello en razón a que “la divulgación de las faltas ajenas,
cuando son verdaderas puede constituir un hecho moralmente reprobable; pero el
derecho que el Estado debe proteger, con sanciones penales, es el de la
incolumidad de la honra, cuando el sujeto pasivo del delito no ha incurrido en
la falta o acción vergonzosa que se le ha imputado” (Acta No. 20 en Actas de las Sesiones de la
Comisión Revisora del Código Penal en Comisión Revisora del Código Penal, la
reforma penal en Colombia, Tomo II [Segunda Parte), Imprenta Nacional, Bogotá
1925, Pág. 383-384].
Similar análisis realizó la comisión que originó el
Código Penal de 1936 y que está dispuesto
en el Acta no. 148 de los Trabajos
Preparatorios del Nuevo Código Penal, p. 79..
[33] De allí “la significación moral y jurídicamente,
sustancialmente diferente entre las imputaciones de hechos falsos y las
imputaciones de hechos verdaderos, aunque el resultado deshonroso se produzca
en ambos casos en condiciones idénticas. El derecho penal que está establecido
para tutelar los derechos y cuya órbita está delimitada por la necesidad de
conservar el orden jurídico externo, no puede reprimir o sancionar todos los
actos jurídicos inmorales, mal intencionados o perversos, sino simplemente
aquellos cuya ejecución pone en peligro la seguridad común y el cumplimiento de
los fines sociales”. Así “imputar hechos deshonrosos, pero ciertos no
constituye un delito, aunque pueda revelar un espíritu despreciable, tanto más
cuanto existe un interés social en conocer las malas acciones y sus ejecutores,
a fin de tomar precauciones en contra de ellos, y existe también una
defraudación en gozar y aprovechar la estimación pública, cuando no se merece”.
Ibídem.
[34] Acta
No. 149.
[35] Acta
No. 151
[36] Se dispuso así en este Código que no se admitirá
probar la certeza de las afirmaciones injuriosas, salvo cuando se “anuncien ó
censuren delito, culpa, defecto o exceso cometido por un funcionario o empleado
público en el ejercicio de sus funciones, ó con relación á ellas; ó delito o
culpa cometido por cualquier otro contra la causa pública, en los casos en que
la ley concede acción popular para acusarlos o denunciarlos”; una vez probado
el hecho, se descartaba la injuria.
[37] En el Código de 1936 se trazó como justificante para
exonerarse de las sanciones el demostrar haber procedido exclusivamente con el
fin de defender un interés público, o en cumplimiento de un deber concreto y
determinado.
[38] La disposición de la
Ley 29 de 1944, sobre prensa, en la
que se determinó la inadmisibilidad de la prueba en la injuria, en los mismos
casos de los instituidos para la calumnia (artículo 335 Cod. Pen. 1936), fue
acogida por el  Decreto 3000 de 1954 y posteriormente por el Código Penal de
1980 y el del 2000. El art. 48 de la Ley de prensa de 1944, determinó
que “[e]n los procesos por injuria es inadmisible la prueba de la exactitud
de las imputaciones injuriosas en los casos del artículo 335 del Código Penal y
además cuando la imputación injuriosa se refiera a cualquiera de los delitos
enumerados en el título XII del libro segundo del Código Penal, o cuando aluda
a la vida privada de las personas”.
Mediante
Decreto 3000 de 1954, el gobierno nacional en uso de las facultades otorgadas
por el artículo 121 de la Constitución de 1886 y en virtud del Decreto 3518 de
1949, por medio del cual declaró turbado el orden público y en estado de sitio
el territorio nacional, y considerando que “uno de los defectos más graves
de nuestra fisonomía social, especialmente en los últimos tiempos radica en la
deplorable frecuencia con que se divulgan calumnias e injurias que atentan
contra el patrimonio moral de los ciudadanos; lo cual además, perturba
constantemente la tranquilidad social y pone en peligro el orden público”,
instituyó en el artículo 15 que: “[q]uedará exento de responsabilidad el
sindicado de injuria o calumnia que probare la exactitud de las imputaciones
que haya hecho. Sin embargo, en ningún proceso por calumnia o por injuria se
admitirá prueba: 1° Sobre la imputación de cualquier hecho punible que hubiere
sido materia de absolución o sobreseimiento definitivo en Colombia o en el
Extranjero; 2° Sobre la existencia de hechos que se refieran a la vida conyugal
o de familia, o a un delito contra las buenas costumbres cuya investigación
dependa de la iniciativa privada, o a un delito contra la libertad y el honor
sexuales, o en general cuando se aluda a la vida privada de las personas. En
los demás casos, si el sindicado no demostrare en el proceso la exactitud de la
imputación, ésta se considerará falsa”.
[39] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
sentencia de 22 de junio de 1956, G.J. Tomo LXXXIII pp. 129 y 130-1956.
[40] Esta Corte, en aras de continuar con el
esclarecimiento del alcance normativo de la disposición acusada, trae a
colación la norma procesal vigente en aquélla época. Precisamente, la
Ley 94 de 1938 dispuso que el sobreseimiento definitivo se configuraba cuando
“1° aparezca que no se ha realizado el hecho que dio lugar a la
investigación, o cuando ese hecho no sea constitutivo de delito; 2° esté
claramente demostrada la inocencia del procesado, y 3°  resulte plenamente
demostrado que el hecho se realizó en alguno de los casos enumerados en los
artículos 23 -eximente de responsabilidad- y 25 –causales de
justificación- del Código Penal”[40]
y en lo que atañe a la sentencia absolutoria contrario sensu determinó
que “[n]o se podrá dictar sentencia condenatoria en materia criminal sin que
obren en el proceso, legalmente producidas, la prueba plena o completa de la
infracción por la cual se llamó a juicio y la de que el procesado es
responsable de ella” (Artículo 203).
[41] Finalmente, es menester señalar que el código
procesal de 1971 (Decreto 409) consagraba que el sobreseimiento definitivo se
configuraba cuando “1° aparezca plenamente comprobado que el hecho imputado
no ha existido, o que el procesado no lo ha cometido, o que la ley no lo
considera como infracción penal, y 2° Cuando resulte plenamente demostrado que
el hecho se realizó en alguno de los casos enumerados en los artículos 23 y 25
del Código Penal” (artículo 491). Con respecto a la cesación del
procedimiento sostuvo que ésta se configuraba cuando, “en cualquier estado
del proceso (…) aparezca plenamente comprobado que el hecho imputado no ha
existido, o que el procesado no lo ha cometido, o que la ley no lo considera
como infracción penal, o que la acción penal no podía iniciarse o proseguirse”  (artículo
163). Con respecto a la sentencia absolutoria, contrario sensu, el
artículo 215 precisó que “no se podrá dictar sentencia condenatoria en
materia criminal sin que obren en el proceso, legalmente producidas, la prueba
plena o completa de la infracción por la cual se llamó a juicio y la de que el
procesado es responsable de ella”.
[42] PEREZ
Luis Carlos, Derecho Penal Colombiano, Parte Especial, Volumen II, Editorial
Temis 1957, Pág. 477 y ss.
[43] MORALES
López Jairo, Código Penal Colombiano, Tomo II, Editorial Jurídica Colombiana,
1985.
[44] Argumento aducido por la comisión que se integró en
virtud del Decreto 416 de marzo 22 de 1972 con la finalidad de elaborar un
anteproyecto de Código Penal que resultó en la expedición del Código de 1980.
[45] Acta No. 119 en Actas de la
Comisión de 1974 en Trabajos Preparatorios, Actas del Nuevo Código Penal
Colombiano (Decreto 100, 141 y 172 de 1980), Parte Especial –Arts. 111
a 322, Volumen II, Colección Pequeño Foro, Edición Dirigida por el Dr. Luis
Carlos Giraldo Marín, Bogotá, 1981, Pág. 160-161.
[46] Este parágrafo dispone que la calumnia es cometida
por “§ 187 Quien contra su propia convicción, afirme o difunda un
hecho no verdadero en relación con otro para hacerlo despreciable o para
desprestigiarlo ante la opinión pública, o para poner en peligro su
credibilidad...”, a lo cual añade que, “si el hecho afirmado o divulgado es un
hecho punible, entonces la demostración de la verdad debe tenerse como probada
cuando el ofendido sea condenado a causa de éste hecho con sentencia
ejecutoriada. La prueba de la verdad por la afirmación o por la divulgación del
hecho, está por el contrario excluida cuando el ofendido sea absuelto con
sentencia ejecutoriada”.
[47] Dice el Código penal del Perú en el artículo 131 que
“el que atribuye falsamente a otro un delito, será reprimido con noventa a
ciento veinte días-multa” y establece el art. 135 que “no se admite en ningún
caso la prueba: 1. Sobre la imputación de cualquier hecho punible que hubiese
sido materia de absolución definitiva en el Perú o en el extranjero”.
[48] Ley 4573 de 4 de mayo de 1970.
[49] Ibídem, artículo 147.
[50] Ibídem, artículo 149.
[51] Ibídem, artículo 150.
[52] En este Código, la injuria (artículo 594) consistía
en ofender el honor o el decoro de una persona presente y la difamación
(artículo 595) es el hecho de quien, comunicándose con varias personas, ofende
la reputación ajena, sin estar presente el ofendido. Bajo este contexto, la
noción de injuria y de difamación difiere del concepto de calumnia usado en el
ordenamiento colombiano, toda vez que en nuestras normas se trata de una
imputación falsa de un hecho delictuoso. Sin embargo, cuando la ofensa consista
en la atribución de un hecho, el ordenamiento italiano dispuso taxativamente
unos casos en los cuales la prueba era admisible.
[53] Disposición que por cierto, recogía la posición
discutida en el debate del Código penal de 1889. Crf. Supra fundamento jurídico
26.
[54] Esta
disposición extiende la exceptio vertitatis
[55] Maggiore Giuseppe, op. cit., pág 387 y ss.
[56]Ley 11.179 T.O. 1984 -actualizado- contempla como
calumnia “la falsa imputación de un delito que dé
lugar a la acción pública…” (Artículo 109)
y como injuria “el que deshonrare o desacreditare a otro…”.
[57] Soler Sebastian, Derecho Penal Argentino, Tomo II,
Tipografica Editora Argentina, 1951, pág 313.
[58] Soler , op. cit, pág 313
[59] Manigot
Marcelo, Código Penal de la
Nación Argentina Anotado y Comentado, Abeldo Perrot, Buenos Aires, 1978, Pág.
331,  citando a Ramos (los delitos contra
el honor 20/03/58 actualizada por Eduardo Aguirre Obarrio, Pág. 256.
[60] T.315 P. 632. 07-04-1992.
[61] Sentencia
STC2/2001.
[62] Existe otra opción legislativa interesante y es la
que se contempla en el criminal law de los Estados Unidos de
Norteamérica. En este caso, como ocurría en el antiguo derecho nórdico, la
carga de la prueba se invierte, pues se considera que es muy oneroso para el
debate público exigir que se pruebe lo afirmado. Se traslada así la carga de la
prueba al afectado, quien debe probar que la información es falsa y que quien
lo informó obró con conocimiento de la falsedad, o con temerario desinterés
acerca de la verdad. Vid. Centro de Estudios e Investigaciones de
Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la
U.N.R. No. 2, que a su vez cita a la
Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. También Soria, Carlos. Derecho
a la información (…) , op. cit, p. 58.
[63] Tomado
de los comunicados de prensa de la
Relatoría especial para la Libertad de Expresión de la
Comisión Interamericana de DDHH. Vid. http://www.cidh.org/Relatoria/
[64] Organización
de Estados Americanos. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe
anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2008, volumen III.
Informe de la Relatoría Especial para la
Libertad de Expresión. Washington, 25 de febrero de 2009. Consultado en
http: //www.cidh.oas.org/annualrep/ 2008sp/ INFORME %20ANUAL%20RELE%202008.pdf.
[65] Idem, p. 205.
[66] Ibidem.
[67] Idem, p. 206.
[68] Se hace referencia a los casos: Herrera Ulloa,
sentencia de 2 de julio de 2004; Ricardo Canese, sentencia de 31 de agosto de
2004; Palamara Iribarne, sentencia de 22 de noviembre de 2005; Kimel vr.
Argentina, sentencia de 2 de mayo de 2008.
[69] Dicen
tales principios “10. Las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la
investigación y difusión de información de interés público.  La protección a la
reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los
casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o
particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés
público.  Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de las
noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de
que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta
negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas” “11. Los
funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la
sociedad.  Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a
funcionarios públicos generalmente conocidas como “leyes de desacato”
atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información”.
[70] Informe
anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2008, volumen III.
Informe de la Relatoría Especial para la
Libertad de Expresión, op. Cit., p.207.
[71] Una institución que como se ha visto en el apartado
2.2.1, ha sido reconocida por los ordenamientos jurídicos de los pueblos
civilizados, desde del propio Digesto de Paulo y el Código de Dioclesiano hasta
nuestros días. Vid.también Guiseppe Maggiore. Derecho penal. Parte Especial.
Volumen IV. Bogotá, Temis, 1972, pp. 423-430.
[72] Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación penal, 5 de abril de 1991, MP Ricardo Calvete Rangel.
[73] Y no existe mérito para acusar, en los siguientes
casos: art. 332 CPP:“1. Imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio
de la acción penal.2. Existencia de una causal que excluya la responsabilidad,
de acuerdo con el Código Penal.3. Inexistencia del hecho investigado.4.
Atipicidad del hecho investigado.5. Ausencia de intervención del imputado en el
hecho investigado.6. Imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia.7.
Vencimiento del término máximo previsto en el inciso segundo del artículo 294 del este código. PARÁGRAFO. Durante
el juzgamiento, de sobrevenir las causales contempladas en los numerales 1o y
3o, el fiscal, el Ministerio Público o la defensa, podrán solicitar al juez de
conocimiento la preclusión”.
En
cuanto a la imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción
penal a que se refiere el numeral 1º del art. 332 CPP, establece el art. 82 del
Código penal: “EXTINCION DE LA
ACCION PENAL. Son causales de extinción de la acción penal: 1. La muerte del
procesado. 2. El desistimiento. 3. La amnistía propia. 4. La prescripción 5. La
oblación. 6. El pago en los casos previstos en la ley. 7. La indemnización
integral en los casos previstos en la ley. 8. La retractación en los casos
previstos en la ley. 9. Las demás que consagre la ley”.
Sobre
la existencia de una causal que excluya la responsabilidad prevista en el
numeral 2º del art. 332 CCP, establece el art. 32 del Código penal. “AUSENCIA
DE RESPONSABILIDAD. No habrá lugar a responsabilidad penal cuando [sic]: 1. En
los eventos de caso fortuito y fuerza mayor. 2. Se actúe con el consentimiento
válidamente emitido por parte del titular del bien jurídico, en los casos en
que se puede disponer del mismo. 3. Se obre en estricto cumplimiento de un
deber legal. 4. Se obre en cumplimiento de orden legítima de autoridad
competente emitida con las formalidades legales. No se podrá reconocer la
obediencia debida cuando se trate de delitos de genocidio, desaparición forzada
y tortura. 5. Se obre en legítimo ejercicio de un derecho, de una actividad
lícita o de un cargo público. 6. Se obre por la necesidad de defender un
derecho propio o ajeno contra injusta agresión actual o inminente, siempre que
la defensa sea proporcionada a la agresión. Se presume la legítima defensa en
quien rechaza al extraño que, indebidamente, intente penetrar o haya penetrado
a su habitación o dependencias inmediatas. 7. Se obre por la necesidad de
proteger un derecho propio o ajeno de un peligro actual o inminente, inevitable
de otra manera, que el agente no haya causado intencionalmente o por
imprudencia y que no tenga el deber jurídico de afrontar. El que exceda los
límites propios de las causales consagradas en los numerales 3, 4, 5, 6 y 7
precedentes, incurrirá en una pena no menor de la sexta parte del mínimo ni
mayor de la mitad del máximo de la señalada para la respectiva conducta
punible. 8. Se obre bajo insuperable coacción ajena. 9. Se obre impulsado por
miedo insuperable. 10. Se obre con error invencible de que no concurre en su conducta
un hecho constitutivo de la descripción típica o de que concurren los
presupuestos objetivos de una causal que excluya la responsabilidad. Si el
error fuere vencible la conducta será punible cuando la ley la hubiere previsto
como culposa. Cuando el agente obre en un error sobre los elementos que
posibilitarían un tipo penal más benigno, responderá por la realización del
supuesto de hecho privilegiado. 11. Se obre con error invencible de la licitud
de su conducta. Si el error fuere vencible la pena se rebajará en la mitad.
Para estimar cumplida la conciencia de la antijuridicidad basta que la persona
haya tenido la oportunidad, en términos razonables, de actualizar el
conocimiento de lo injusto de su conducta. 12. El error invencible sobre una
circunstancia que diere lugar a la atenuación de la punibilidad dará lugar a la
aplicación de la diminuente.
[74] Dice
el art. 334 CPP: “EFECTOS
DE LA DECISIÓN DE PRECLUSIÓN. En
firme la sentencia que decreta la preclusión, cesará con efectos de cosa
juzgada la persecución penal en contra del imputado por esos hechos.
Igualmente, se revocarán todas las medidas cautelares que se le hayan
impuesto”.
[75] Dice el art. 83 Código penal. “TERMINO DE
PRESCRIPCION DE LA ACCION PENAL. La acción penal prescribirá en un tiempo igual
al máximo de la pena fijada en la ley, si fuere privativa de la libertad, pero
en ningún caso será inferior a cinco (5) años, ni excederá de veinte (20),
salvo lo dispuesto en el inciso siguiente de este artículo.
El
término de prescripción para las conductas punibles de genocidio, desaparición
forzada, tortura y desplazamiento forzado, será de treinta (30) años.
<Inciso
adicionado por el artículo 1 de la
Ley 1154 de 2007. El nuevo texto es el siguiente:> Cuando se trate de
delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, o el delito
consagrado en el artículo 237, cometidos en menores de edad, la
acción penal prescribirá en veinte (20) años contados a partir del momento en
que la víctima alcance la mayoría de edad.
En
las conductas punibles que tengan señalada pena no privativa de la libertad, la
acción penal prescribirá en cinco (5) años.
Para
este efecto se tendrán en cuenta las causales sustanciales modificadoras de la
punibilidad.
Al
servidor público que en ejercicio de sus funciones, de su cargo o con ocasión
de ellos realice una conducta punible o participe en ella, el término de
prescripción se aumentará en una tercera parte.
También
se aumentará el término de prescripción, en la mitad, cuando la conducta
punible se hubiere iniciado o consumado en el exterior.
En todo caso, cuando se aumente el término de prescripción, no se
excederá el límite máximo fijado.
[76] En efecto, señala el art. 80 del Código
penal: “. EFECTOS DE LA
EXTINCIÓN. La extinción de la acción penal producirá efectos de cosa juzgada.
Sin embargo, no se extenderá a la acción civil derivada del injusto ni a la
acción de extinción de dominio”.
[77] Así aparece establecido tanto en el
art. 21 de la Ley 906 de 2004, como en el art. 57 de la
Ley 600 de 2000, según los cuales: Art. 21  CPP. “COSA JUZGADA.
La persona cuya situación jurídica haya sido definida por sentencia
ejecutoriada o providencia que tenga la misma fuerza vinculante, no será
sometida a nueva investigación o juzgamiento por los mismos hechos, salvo que
la decisión haya sido obtenida mediante fraude o violencia, o en casos de
violaciones a los derechos humanos o infracciones graves al Derecho
Internacional Humanitario, que se establezcan mediante decisión de una
instancia internacional de supervisión y control de derechos humanos, respecto
de la cual el Estado colombiano ha aceptado formalmente la competencia”.
Artículo 57 de la Ley 600 de 2000. “Efectos de la cosa
juzgada penal absolutoria. La acción civil no podrá iniciarse ni
proseguirse cuando se haya declarado, por providencia en firme, que la conducta
causante del perjuicio no se realizó o que el sindicado no lo cometió o que
obró en estricto cumplimiento de un deber legal o en legítima defensa.
[78] Señala
a sobre el particular Miguel Córdoba: “…. se trata de pronunciamientos
judiciales como resultado de un debate probatorio y jurídico llevado a cabo con
las formas propias que trae la ley; decisiones que, además, en su mayoría, han
hecho tránsito a cosa juzgada y que por tanto no admiten más discusión”. Miguel
Córdoba Angulo. “Delitos contra la integridad moral”. En Lecciones de Derecho
Penal. Parte especial. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2004, p. 219.
[79] Es
decir que “no
se realizan juicios de valor acerca de la inocencia o responsabilidad del
imputado o sindicado, sino que simplemente se reconoce que ha transcurrido un
determinado lapso de tiempo en el cual el Estado, al no ejercer su pretensión
punitiva, perdió el derecho que tiene de castigar”. Idem.
[80] .En este precepto se establece: Artículo 4°. Celeridad y Oralidad. La administración de justicia debe ser
pronta, cumplida y eficaz en la solución de fondo de los asuntos que se sometan
a su conocimiento. Los términos procesales serán perentorios y de estricto
cumplimiento por parte de los funcionarios judiciales. Su violación
injustificada constituye causal de mala conducta, sin perjuicio de las sanciones
penales a que haya lugar. Lo mismo se aplicará respecto de los titulares de la
función disciplinaria.
[81] La sentencia trató sobre una demanda
instaurada contra los artículos 328, 345, 347 y 348 del Decreto 100 de 1980,
que tipificaban los delitos de aborto, infanticidio y abandono de un recién
nacido, cometidos por una mujer que había resultado embarazada como
consecuencia de una violación o de una inseminación artificial no deseada. Los
artículos fueron declarados exequibles. La sentencia contó con el salvamento de
voto conjunto de tres magistrados, y con una aclaración de voto.
[82] La sentencia declaró la constitucionalidad de un
aparte del artículo 201 del Decreto 100 de 1980, que sancionaba el tráfico y
porte de  armas de fuego de defensa personal.
[83] Vid. Gloria Lopera Mesa. Principios de
proporcionalidad y ley penal. Madrid, Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, 2006, p. 263 y ss.
[84] Dos magistrados salvaron su voto,
por cuanto consideraron que la Corte debió haber declarado la
constitucionalidad condicionada del decreto.
[85] Sentencia C-038 de 1995.
[86] Sobre el particular, se pueden revisar las sentencias
C-587 de 1992, C-504 de 1993, C-038 de 1995, C-345 de 1995,  C-070 de 1996,
C-113 de 1996, C-125 de 1996, C-394 de 1996, C-013 de 1997, C-239 de 1997,
C-297 de 1997, C-456 de 1997, C-472 de 1997, C-659 de 1997, C-404 de 1998,
C-083 de 1999, C-996 de 2000, C-1164 de 2000, C-173 de 2001, C-177 de 2001,
entre otras.
[87] Sentencia C-996 de 2000.
[88] Sentencia C-996 de 2000, C-177 de 2001, entre otras.
[89] Sentencia C-1164 de 2000.
[90] Sentencia C-587 de 1992.
[91] Sentencia C-456 de 1997.
[92] Sentencia C-125 de 1996, C-239 de 1997, entre otras.
En relación con los aspectos procedimentales, la
Corte ha fijado igual criterio en relación con la iniciación de la
investigación penal; ver sentencia C-459 de 1995, C-404de 1998.
[93] Sobre el particular ver sentencias C-587 de 1992,
C-404 de 1998, C-177 de 2001.
[94] En realidad, el juicio estricto de igualdad comporta
el juicio de estricta proporcionalidad. Ver sentencia C-125 de 1996.
[95] Sentencia C-070 de 1996.
[96] Vid. también, Santiago Mir Puig. El Derecho penal
en el Estado social y democrático de derecho. Barcelona, Ariel, 1994, p.
44.
[97] Las normas demandadas hacían parte de la
Ley 488 de 1998, “por la cual  se expiden normas en materia Tributaria y se
dictan otras disposiciones fiscales de las Entidades Territoriales” y estaban
dirigidas a punir conductas ligadas al delito de contrabando. Dos magistrados salvaron
su voto.
[98] La norma estaba contenida en la
Ley 491 de 1999, “por la cual se establece el seguro ecológico, se modifica el
Código Penal y se dictan otras disposiciones.” Dos magistrados salvaron su
voto.
[99] La sentencia contó con un salvamento y una aclaración
de voto.
[100] Ciertamente, en las conclusiones de la sentencia se
hicieron planteamientos como los siguientes:
“(…) 2ª. No sólo por declararlo expresamente la
Constitución, sino en virtud de principios universalmente aceptados, la vida
humana y la libertad son valores cuya defensa obliga al Estado y a los
particulares. Quebranta, pues, la
Constitución una norma que erige en delito la conducta razonable de los
particulares encaminada a proteger la vida y la libertad, propias o de un
semejante. Además, es claro que la ley no puede hacer a un lado las causales de
justificación, concretamente el estado de necesidad, en que quedan el
secuestrado, sus parientes, amigos, y la sociedad en general. 3a.-  Se invoca,
para prohibir el pago del rescate, el argumento de la primacía del interés
general.  Pero es menester tener presente que, por su  dignidad,  el hombre es
un fin en sí mismo y no puede ser utilizado como un medio para alcanzar fines
generales, a menos que él voluntaria y libremente lo admita.  Por tanto, el
principio de la primacía del interés general, aceptable en relación con
derechos inferiores, como el de la propiedad, no es válido frente a la razón
que autoriza al ser humano para salvar su vida y su libertad, inherentes a su
dignidad. 4a.-  El Estado tiene los medios para combatir el delito de
secuestro, como los tiene para los demás delitos.  Estos medios, en general,
implican la investigación y el castigo de los criminales. Y no tienen porqué
convertir forzosamente a la víctima o a quienes intenten defenderla, en
delincuentes. 5a.-  El artículo 12 de la
Constitución prohíbe someter a alguien a tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Y a tales tratos se somete a la víctima de un secuestro y a sus allegados,
cuando se les priva de la posibilidad de defenderse por el único medio a su
alcance, agravando la situación causada por los secuestradores”.
[101] “Por la cual se determina el régimen aplicable a las
contravenciones especiales y se dictan otras disposiciones.”
[102] Artículo 1. Los Estados partes se obligan a
prevenir y a sancionar la tortura en los términos de la presente Convención.
Artículo
2. Para los efectos de la presente
Convención se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el
cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con
fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal,
como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá
también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a
anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o
mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica.
No
estarán comprendidos en el concepto de tortura las penas o sufrimientos físicos
o mentales que sean únicamente consecuencia de medidas legales o inherentes a
éstas, siempre que no incluyan la realización de los actos o la aplicación de
los métodos a que se refiere el presente artículo.
[103] Ver Sentencia C-351 de 1998.
[104] Artículo 93.- Los tratados y convenios
internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos
y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el
orden interno.
Los
derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad
con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por
Colombia.
[105] Artículo 12.- Nadie será sometido a
desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes.
[106] En particular, las sentencias T-028 de 1996, T-213 de 2001, C-392 de 2002 y C-489 de
2002.
[107] Así, en el artículo 12 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos se establece que “Nadie será
objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia su domicilio y
su correspondencia, ni de ataques a su honra y reputación. Toda persona tiene
derecho a la protección de la ley contra tales injerencias y ataques.”
Por
su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos estableció en
su artículo 17: 1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias e ilegales
en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques
ilegales a su honra y reputación.
2.
Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o
esos ataques.
Igualmente
el artículo 11 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa
Rica”,  consagra:1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al
reconocimiento de su dignidad.
2.
Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida
privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de
ataques ilegales a su honra y reputación.
3.
Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o
esos ataques.
Y
el artículo 14 del mismo pacto establece en su numeral 1, que  “toda persona
afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a
través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al
público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su
rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley.” Y agrega,
en el numeral 2 que “en ningún caso la rectificación o respuesta eximirán de
las otras responsabilidades legales en se hubiera incurrido.”
[108] En ella se analizaba el reclamo de tutela incoado por
los arrendatarios de un inmueble sometido al régimen de propiedad horizontal,
en el que consideraban vulnerado su derecho al buen nombre al ser publicado en
lugar público y visible, su estado de morosidad con el pago de la
administración.
[109]  Sentencia SU-082 de 1995.
[110] Sentencia T-977 de 1999
[111] Juan Carlos Upegui Mejía. Habeas data. Bogotá,
Universidad Externado de Colombia, 2008, pp. 39-40.
[112] Sentencia T-411 de 1995
[113] Sentencias T-677 de 2005, T-787 de 2004 y
T-482 de 2004.
[114] Porque como en efecto se indicaba en la sentencia C-489 de 2002, “el derecho a la intimidad, está orientado a
garantizar a las personas una esfera de privacidad en su vida personal y
familiar, al margen de las intervenciones arbitrarias del Estado o de terceros.
Comprende de manera particular la protección frente a la divulgación no
autorizada de los asuntos que conciernen a ese ámbito de privacidad”.
[115] Vid.
Sentencias T-510 de 2006, que retoma la sentencia T-603 de 1992.
[116] Sentencia
T-437 de 2004, en la que a su vez se retoman las sentencias  T –1202 de 2000 y T–066 de 1998. Vid también, entre
otras, sentencias T-1682 de 2000, SU 1721 de 2000, T-1319 de 2001.
[117] Gloria Lopera. “Principio de proporcionalidad y
control constitucional de las leyes penales”. En Miguel Carbonell (coord).
El principio de proporcionalidad en el Estado constitucional. Bogotá,
Universidad Externado de Colombia, 2007, p. 209.
[118] ARTICULO 8o. PROHIBICION DE DOBLE INCRIMINACION. A
nadie se le podrá imputar más de una vez la misma conducta punible, cualquiera
sea la denominación jurídica que se le dé o haya dado, salvo lo establecido en
los instrumentos internacionales.
[119] A propósito de definir si la posibilidad de apelar la
sentencia absolutoria en materia penal violaba el principio del non bis in
idem.
[120]  Sentencias T-575 de 1993. También, sentencias C-479
de 1992,  T-520 de 1992, C-543 de 1992; T-368 de 1993; C-214 de 1994; C-264 de
1995; T-652 de 1996.
[121]    Sentencia C-096 de 1993
[122] Sentencia C-004 de 2003. Vid. también C-554 de 2001.
Fundamento 3.6.
[123]  Vid. Hernando Morales Molina. Curso de derecho
procesal civil. Bogotá, editorial ABC, 1985, p. 508.
[124] Sentencia C-774 de 2001, Fundamento 3.1.
[125] Caso en el que se resolvía el problema constitucional
sobre si la consagración de que la acción de revisión por hechos nuevos o
pruebas no conocidas al tiempo de los debates únicamente procedía para
sentencias condenatorias, y en beneficio del condenado, implicaba una
discriminación, así como la vulneración de los derechos de las víctimas y del
principio de prevalencia del derecho sustancial, o, si al contrario, esta
ordenación era manifestación de la libertad de configuración legislativa,
sustentada por lo demás en el principio del non bis in ídem.
[126] Observación
General No. 13. La igualdad ante los tribunales y el derecho de toda persona a
ser oída públicamente por un tribunal competente establecido por la ley. En:
Interpretación de las Normas Internacionales sobre Derechos Humanos. Oficina en
Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,
p. 49.
[127] En este sentido ver, entre otras, sentencias. C-300 de
1994, SU.061 de
2001, C-252 de
2001, C-774 de
2001, C-030 de
2003, C-576 de
2004.
[128] En todos los casos referidos al olvido de
informaciones negativas, como expresión a su vez del buen nombre y garantía del
habeas data. Vid. sentencias T-551 de 1994, C-1066 de 2002, T-713 de 2003 y
T-592 de 2003.
[129]  Los
tradicionales casos del Tribunal constitucional federal alemán, sobre libertad
de expresión, información y prensa, en los que se impidió transmitir un
programa de televisión y la publicación de un libro, en los que para proteger a
un individuo y a su familia, se impuso por el juez constitucional una suerte de
derecho al olvido: Se hace referencia a los casos Lebach de 1973 y Mephisto de
1971 (sentencia BVerGE 30, 173). Vid. al respecto. AA.VV. Libertad de prensa
y derechos fundamentales. Bogotá, Konrad Adenauer Stiftung, DeJusticia,
Andiarios, 2005, pp. 60 y 61.
[130] Decisión
que declara inconstitucional, por ausencia de finalidad legítima, el artículo 3 de la ley 190 de 1995, que prohibía que la
información que se almacena en el Sistema Único de Información de personal,
fuese utilizada como prueba en procesos judiciales o administrativos de
carácter laboral y en la que adicionalmente, se establecía que de la
información registrada sólo se comunicará la identificación del funcionario y las
causales de su desvinculación del servicio o de la terminación anormal de sus
contratos.
[131] Klaus Tiedemann. “El derecho procesal penal”.
Introducción al derecho penal y al derecho penal procesal. Barcelona, Ariel,
1989, p. 184. Citado por Carlos Bernal. El derecho de los derechos. Bogotá,
Universidad Externado de Colombia, 2006, p. 369.
[132] Michele Taruffo. La prueba. Madrid, Marcial
Pons, 2008, p. 24.
[133] Idem, p. 51.
[134] Así
aparece en el caso del Brasil (pp. 39-40); en Ecuador (pp. 59-60); Nicaragua
(p.92); Panamá (p. 93-94); Paraguay (pp. 94-95).
[135] Por
ello, como se apuntó en el estudio de Derecho comparado, en lo relativo a la
doctrina del sistema regional de DDHH, en varios apartados del mismo Informe se
destaca la importancia de eliminar el castigo penal como forma de sancionar los
abusos a la libertad de expresión e información, como quiera que existen
medidas menos restrictivas que pueden ser suficientes para reparar los
perjuicios que tal exceso suponga a derechos ajenos. Y a este respecto se
enfatiza en el Informe respecto de la utilización de los mecanismos penales que
“tanto la Comisión Interamericana como la
Corte Interamericana de Derechos Humanos han considerado en todos los casos
concretos que han sido objeto de su estudio y decisión, que la protección de la
honra o reputación de funcionarios públicos, políticos, personas vinculadas a
la formación de las políticas públicas mediante el mecanismo penal –a través
del procesamiento o condena penales de quienes se expresan bajo los tipos
penales de calumnia, injuria, difamación o desacato- resultaba desproporcionada
e innecesaria en una sociedad democrática” (p. 139 y en el mismo sentido, p. 148).
[136] En este sentido, se decía en la sentencia T-1319 de
2001, caso en el cual se atendía la afectación denunciada por la opinión muy
negativa de un comentarista deportivo sobre un entrenador técnico de fútbol:
“Así las cosas, puede concluirse que si bien existe prima facie una
protección radical a la libertad de opinión, amenazas ciertas y efectivas
contra la honra, el buen nombre y otros derechos fundamentales, autorizan su
sanción, pues ningún derecho constitucional se reputa absoluto. Claro está, no
se trata de molestias producto de la opinión de un tercero. Ha de tratarse de
reales descalificaciones inadmisibles en una democracia constitucional”.
[137] Convención Americana de DDHH, art. 13, 5. En igual
sentido sentencia T-263 de 1998.
[138] Convención para la prevención y la sanción del delito
de genocidio, art. III, c.
[139] Convención sobre los derechos del niño, art. 34 c.
[140] Corte Interamericana de DDHH. Caso Palamara Iribarne,
sentencia de 22 de noviembre de 2005, serie C no. 135, par. 83.
[141] Corte Interamericana de DDHH. Caso Eduardo Kimel,
sentencia de 2 de mayo de 2008, serie C  no. 177, par. 86-88..
[142] Corte Interamericana de DDHH. Caso López Alvarez,
sentencia de 1 de febrero de 2006, serie C no. 141.
[143] Un antecedente importante del derecho comparado sobre
este particular, lo contiene la sentencia Gertz vr. Robert Welch de 1974
proferida por el Tribunal supremo de los Estados Unidos, donde se manifestó que
“no existen falsas ideas [pues] no obstante lo perniciosa que una opinión pueda
parecer, dependemos para su corrección no de la conciencia de jueces y jurados,
sino de la competencia de otras ideas”. Citado por Muñoz Machado, Santiago. Libertad
de prensa y procesos de difamación. Barcelona, Ariel, p. 113.
[144] Esta salvedad es también importante tenerla en cuenta
cuando se admite la posibilidad rara de que el la disposición acusada se
aplique también para el delito de injuria, pues en este caso la imputación
deshonrosa sólo puede hacer referencia a hechos y no a opiniones.
Crf. Supra fundamento jurídico 56.
[145] En esta misma línea se observa en el Informe anual
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre libertad de expresión
de 2008: “la jurisprudencia interamericana ha explicado que la libertad de
expresión es una herramienta clave para el ejercicio de los demás derechos
fundamentales. En efecto, se trata de un mecanismo esencial para el ejercicio
del derecho a la participación, a la libertad religiosa, a la educación, a la
identidad étnica o cultural y, por supuesto, a la igualdad no sólo entendida
como el derecho a la no discriminación, sino como el derecho al goce de ciertos
derechos sociales básicos”.  Informe de la
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, op. cit., p.122.
[146]
Esta categoría proviene del constitucionalismo norteamericano, L.H. Tribe
señala  que el “modelo de los derechos preferentes” se planteó como la
respuesta al derrumbe definitivo del  modelo de “libertad contractual” y que
por tanto tiempo prevaleció en la jurisprudencia del Tribunal supremo de los
E.U, como expresión de las garantías de no intromisión sobre los actos de los
particulares. En efecto, la admisión de la intervención (control) del Estado y
de los estados en la economía y por tanto en la autonomía privada de quienes
participaban activamente en ella,  supuso además de muchas prevenciones y
matices en la interpretación de tal doctrina y en la elaboración de los
precedentes judiciales, la necesidad de establecer los ámbitos en los cuales
era indispensable preservar la libertad plena de toda injerencia. Vid. Laurence H. Tribe. American Constitutional Law, New York, The
Foundation Press Inc, 1988, p. 2-4, 769-770.
[147] Sentencia C-489 de 2002.
[148] En la cual se analizaba la constitucionalidad de
distintas normas de la Ley 74 de 1966, “por la cual se reglamenta la
transmisión de programas por los servicios de radiodifusión”.
[149] Ver en especial, y entre muchas otras, las sentencias
T-609 de 1992, T-066 de 1998 y C-087 de 1998.
[150] Sobre el carácter preferente de la libertad de
expresión, vid también las sentencias T-775 de 2005, T-213 de 2004, T-1198 de
2004.
[151]  Relacionada con la posible vulneración por parte de
Caracol Televisión S.A., al derecho al buen nombre y al honor de la empresa
Conalserg Ltda., con motivo de una nota periodística emitida en horario triple
A, en la que se hace alusión negativa contra ésta.
[152] En la sentencia T-213 de 2004.
[153] La sentencia revocó un fallo de acción popular
dictado por el Consejo de Estado en contra del programa “El Mañanero” de
la emisora de radio La Mega. En la sentencia del proceso de acción
popular se había decidido amparar los derechos colectivos a una eficiente prestación del servicio público de
radiodifusión y los derechos de los consumidores y usuarios de la radio
colombiana, y se había ordenado al Ministerio de Comunicaciones cumplir con sus
funciones de vigilancia y control, y a la
Radio Cadena Nacional R.C.N. adecuar el contenido del programa a la
normatividad que regula la materia.
[154] Esta
particularidad que de modo tan cierto blinda a la libertad de expresión, tiene
como origen una sentencia hito para el constitucionalismo norteamericano, como
fue el caso New York Times vs. Sullivan, en donde entre otros aspectos
importantes se señala: “Algún grado de abuso (…) es inseparable del propio uso
de cada cosa; y en ninguna instancia es más verdad que en la prensa”. Por ello,
según el comentario de Muñoz Machado, “convencer a los demás del propio punto
de vista exige a veces recurrir a la formulación de enunciados falsos. Pero (…)
el pueblo de este país ha comprobado a través de su historia que estas
libertades, incluso con sus excesos o abusos, resultan esenciales para la
formación y el correcto comportamiento de los ciudadanos de una democracia”. En
Muñoz Machado, Santiago. Libertad de prensa y procesos de difamación. Barcelona,
Ariel, 1988, p. 103.
[155] Con todo, enfatiza a continuación el pronunciamiento y muy al hilo del
problema jurídico que resuelve,  sobre la excepción que a esta regla suponen
los derechos de los menores, ante los cuales “la valoración de todos los riesgos sociales adquiere
una connotación especial”. Los riesgos y el impacto con los que se haga posible
una restricción mayor a la libertad en comento, han de ser claramente
demostrados, a fin de evitar restricciones ilegítimas a la libertad de
expresión y la privación a los ciudadanos del acceso a información u opiniones
valiosas.
[156] En el sistema europeo, el Convenio Europeo de
Derechos Humanos en su artículo 10º dispone al respecto: “1. Toda persona tiene
derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de
opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas, sin que
pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de
fronteras. El presente artículo no impide que los Estados sometan a las
empresas de radiodifusión, de cinematografía o de televisión, a un régimen de
autorización previa.2. El ejercicio de estas libertades, que entrañan deberes y
responsabilidades, podrá ser sometido a ciertas formalidades, condiciones,
restricciones o sanciones previstas por la ley, que constituyan medidas
necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la integridad
territorial o la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del
delito, la protección de la salud o de la moral, la protección de la reputación
o de los derechos ajenos, para impedir la divulgación de informaciones
confidenciales o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder
judicial.”
Por
otro lado, en el sistema africano, el artículo 9 de la
Carta de Banjul prescribe en su artículo 9.  “Todo individuo tendrá
derecho a recibir información. 2. Todo individuo tendrá derecho a expresar y
difundir sus opiniones, siempre que respete la ley.”
[157] Este es el caso de “Los Principios de Johannesburgo
sobre Seguridad Nacional, Libertad de Expresión y Acceso a la
Información”, donde se establece: "Principio 24: La expresión no será
objeto de censura previa en interés de proteger la seguridad nacional, excepto
en tiempo de una emergencia pública que amenace la vida del país de acuerdo a
las condiciones establecidas en el Principio 3".
[158] En este sentido, la sentencia C-045 de 1996.
[159] Este artículo dispone que la
Comisión Nacional de Televisión tiene la facultad de “Suspender
temporalmente y de manera preventiva, la emisión de la programación de un
concesionario en casos de extrema gravedad, cuando existan serios indicios de
violación grave de esta Ley, o que atenten de manera grave y directa contra el
orden público. Esta medida deberá ser decretada mediante el voto favorable de las
dos terceras partes de los miembros de la
Junta de la
Comisión Nacional de Televisión. En forma inmediata la
Comisión Nacional de Televisión abrirá la investigación y se dará traslado de
cargos al presunto infractor. La suspensión se mantendrá mientras subsistan las
circunstancias que la motivaron. Si la violación tiene carácter penal, los
hechos serán puestos en conocimiento de la
Fiscalía General de la Nación”.
[160] Sobre las diferentes formas que en Derecho comparado
nacional e internacional han reconocido medidas que representan censura, vid.
en el Sistema interamericano: Opinión Consultiva 5/85 sobre la
La colegiación obligatoria de periodistas (arts.13 y 19 Convención Americana
sobre Derechos Humanos), Informe No. 11/96 (Caso Martell), Informe No. 2/96,
(caso Grenada), Opinión Consultiva OC-7/86 Exigibilidad del derecho de
rectificación o respuesta (arts. 14.1 y 1.1 y 2 Convención Americana sobre
Derechos Humanos); Informe sobre la compatibilidad entre las leyes de desacato
y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en Informe Anual de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1994, Washington, D.C., 1995,
pág.218. Informe sobre leyes de difamación del Relator sobre la libertad de
expresión de 1998 y 2000. CIDH, casos Kimmel, Tristán Donoso, Canese,
Pallomara y Herrera Ulloa. En cuanto a la jurisprudencia del Tribunal Supremo
de los Estados Unidos, los casos Near v. Minnesota, 283 U.S. 697 (1931), y
Washington Post v. Keogh. (1971); en el Sistema Europeo: Casos Castells
v. España, Obserchlick v. Austría, Thorgeirson v. Islandia, Thoma v.
Luxemburgo, Colombani v. Francia.
[161] Cfr. Supra fundamentos jurídicos nos. 76, 77, 78.
[162] Vid. Lopera, Gloria. Principio de proporcionalidad
y ley penal. Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2006,
p. 30-43.
[163] En efecto, la utilización de esta herramienta
argumentativa contribuye a incrementar los niveles de racionalidad y
previsibilidad de las decisiones en los llamados casos difíciles, al fijar un
derrotero por el que debe transitar el intérprete cuando se trata, como en este
caso, de resolver una colisión entre las razones que militan a favor y en
contra de la constitucionalidad de una norma jurídica. En estos casos el juez
se encuentra obligado a identificar y exponer públicamente, los aspectos que
deben ser tenidos en cuenta cuando se trata de evaluar si los medios dispuestos
por las autoridades estatales suponen una intervención legítima en los derechos
de los ciudadanos o si, por el contrario, representan una vulneración
injustificada de los mismos. Otra de las herramientas esenciales para lograr
disminuir la discrecionalidad judicial es el respeto por el precedente
judicial, salvo que existan razones suficientes que puedan justificar
públicamente el cambio en la decisión.
[164] Cfr. supra, fundamentos jurídicos nos. 67, 68,
69.
[165] Ver, entre muchas, las sentencias C-227 de 2004,
C-872 de 2003, C-673 de 2001, C-579 de 2001, C-048 de 2001, C-540 de 2001, C-093
de 2001, C-112 de 2000, C-539
de 1999 y C-318 de 1998.
[166] Cfr. supra fundamento jurídico no. 113.
[167] Criterios que nuestra Corte ha tomado de la doctrina
de la Corte IDH, en especial Caso Herrera Ulloa. Sentencia de 2 de julio
de 2004, Serie Con. 107, párr. 122, que a su vez se fundamenta, entre otras, en
la sentencia de la Corte Europea de Derechos Humanos, caso The Sunday Times, de
26 de abril de 1979, Series A no. 30, párr. no. 59, págs. 35-36. En este último
asunto, se atendió la demanda del periódico Sunday Times contra la
decisión de la Cámara de los Lores por la cual, se había prohibido a aquél,
publicar un artículo en el que denunciaba las malformaciones de niños
concebidos por mujeres que tomaron cierto medicamento producido por una
sociedad británica, así como los “grotescos” acuerdos a los que había llegado
ésta con los padres en relación con los perjuicios causados. Lo anterior, bajo
el entendido de que dicha publicación supondría un prejuzgamiento que afectaría
la administración de la justicia imparcial, que aún no había resuelto los
procesos suscitados por tales hechos. Formulada la demanda ante la
Comisión Europea de Derechos Humanos, ésta y posteriormente el Tribunal,
encuentran que esa decisión había sido contraria al artículo 10 de la
Convención Europea, pues el “margen de apreciación” con que cuentan los
Estados para imponer restricciones, limitaciones y deberes al ejercicio de la
libertad de expresión, no es abiertamente discrecional, sino que debe responder
a una “necesidad social imperiosa”, que como en caso en estudio, determinara
una afectación cierta de la autoridad e imparcialidad del poder judicial. Cfr. Tribunal
Europeo de Derechos Humanos, 25 años de jurisprudencia 1959-1983. Madrid,
publicaciones de las Cortes Generales, s.f., pp. 502-503 y 520.
[168] Informe anual de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2008, volumen III. Informe de la
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, op.cit., pp. 135-150.
[169] La sentencia revocó un fallo de acción popular dictado
por el Consejo de Estado en contra del programa “El Mañanero” de la
emisora de radio La Mega. En la sentencia del proceso de acción popular
se había decidido amparar los derechos
colectivos a una eficiente prestación del servicio público de radiodifusión y
los derechos de los consumidores y usuarios de la radio colombiana, y se había
ordenado al Ministerio de Comunicaciones cumplir con sus funciones de
vigilancia y control, y a la Radio Cadena Nacional R.C.N. adecuar el contenido
del programa a la normatividad que regula la materia.
[170] Vid. entre otras las sentencias T-263 de 1998, T-405
de 2007 y T-947 de 2008.
[171] A pesar de que la doctrina de DDHH más avanzada pone
en tela de juicio su propia necesidad. Crf. Supra fundamento jurídico
45.
[172] Figura que, conforme la sentencia C-489 de 2002,  es
“una manifestación de economía procesal” que “comporta también una protección
adicional de la libertad de expresión, puesto que aún en el evento extremo de
las conductas injuriosas o calumniosas, se excluye la posibilidad de derivar
responsabilidad penal al agente, cuando quiera que el daño causado sea
subsanado como consecuencia de la retractación pública y en condiciones de
equidad”. En todo caso, si bien la misma supone una extinción de la
responsabilidad de la acción penal y la imposibilidad de declarar la
responsabilidad correspondiente, “no contiene un pronunciamiento sobre la
culpabilidad, y por consiguiente, (…) no afecta la responsabilidad civil en que
pueda haber incurrido el agente. Cuando, independientemente de su eventual
connotación penal, con una conducta dolosa o culposa se cause un daño real y
efectivo conforme al artículo 2341 del Código Civil, el afectado podrá acudir a
la jurisdicción civil para obtener la correspondiente indemnización”.
[173]  Sobre el particular, vid. sentencias T-634 de 2001,
T-1198 de 2004, C-162 de 2000, T-123 de 2004. Y reconocida como derecho
fundamental en sentencias T-437 de 2004 y en especial en la
T-626 de 2007, donde se establecen las subreglas o requisitos para que  opere
el restablecimiento informativo y la rectificación en condiciones de equidad se
acomode a los postulados constitucionales.
[174] Superior Court of California, County
of Los Angeles, case People of the State of California versus Orenthal James
Simpson, case number BA097211, October the 2nd, 1995. (Consultado
en: http://walraven.org/simpson/feb10-97.html).
[175] Superior Court of the State of California,
County of Los Angeles, cases: Sharon Rufo, plaintiff versus Orenthal James
Simpson, et. al. defendant, Frederic Goldman et cetera et. al., plaintiffs
versus Orenthal James Simpson et. al., defendants Louis H brown et cetera,
plaintiff versus Orenthal James Simpson, defendant case number SC031947
consolidated with case number SC036340 and case number SC036876 special
verdict. (Consultado en:
http://walraven.org/simpson/feb10-97.html).
[176]
Fol. 108 de la sentencia C-417/09.
[177] En
aparte posterior se demostrará, cómo en los excepcionales  eventos en que la
Corte Constitucional ha ponderado los efectos de la cosa juzgada y en
particular el principio del Non bis idem, con derechos fundamentales
(Tutela contra decisión judicial C-590/05), o casos que involucren graves
violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional
humanitario (C-04/03), ha establecido unos clarísimos lineamientos procesales y
sustanciales  que permiten la coexistencia de la cosa juzgada y las
garantías fundamentales que ella incorpora con esos otros derechos, y su total
anulación en aras de la libertad de expresión, tal cómo ocurre en el presente
evento.
[178]
Corte Constitucional, sentencia C-04 de 2003.
[179] Sentencia  C-548 de 1997, MP Carlos Gaviria Díaz,
[180] Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-774 de 2001.
[181] Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos establece en el artículo 14.7: Nadie podrá ser
juzgado ni lancinado por un delito por el cual haya sido ya condenado o
absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal
de cada país. En que la
Convención Americana sobre Derechos Humanos en el  artículo 8.4 prevé que: El
inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio
por los miemos hechos.
[182] Sentencia C-554 de 2001. MP Clara Inés Vargas
Hernández.  Fundamento 3.6.
[183] Sentencia T-652 de 1996.
[184]
C-010/00. C-094/00, T-1319/01; C-489/02; C-650/03; T-213/04.
[185] Así
aconteció, entre otras, en las sentencias T-414 de 1992, T-512 de 1992, T- 611
de 1992, y más recientemente en la sentencia T- 626 de 2007.
[186] Esta línea jurisprudencia se encuentra plasmada en las sentencias
proferidas en los casos Herrera Ulloa vs. Costa Rica (párr. 120),
Ricardo Canese vs. Paraguay (párr. 95) y Palamara Iribarne vs. Chile
(párr. 79), por la Corte Interamericana de derechos Humanos.
[187]
Cfr. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107,
párr. 117.
[188]
Cfr. Caso Herrera Ulloa, supra nota 1, párr. 117.
[189]
Cfr. Mamère v. France, no. 12697/03, § 27, ECHR 2006.
[190] Similar
criterio se aplicó en la sentencia C.979 de 2005 que declaró INEXEQUIBLE la
expresión “siempre que con esta se extinga la acción penal” del artículo
327 de la Ley 906 de 2004.
[191]
Corte Constitucional, sentencia C.590 de 2005.
[192]
Ib.
[193]
Ib.
[194]
Ib.
[195] Así lo ha señalado la
Corte, entre otras, en las sentencias T-080 de 1993, T-603 de 1992; T-609 de
1992 y T-074 de 1995.
[196]
Corte Constitucional sentencia T-626 de 2007.
[197] Al respecto se pueden
consultar las sentencias T- 512 de 1992 en la que se consideró que constituía
vulneración al principio de veracidad el referirse a una persona como autora de
un crimen cuando estaba siendo investigada penalmente  por el mismo; T-050 de
1993 en la cual se consideró así mismo vulnerado el principio de veracidad  la
referencia a ciertos grupos defensores de derechos humanos como “organizaciones
simpatizantes de grupos al margen de la ley”; T- 563 de 1993 en esta sentencia
se consideró violado este principio, cuando se señaló a una persona como
colaboradora de los carteles de la droga, sin que existiera soporte alguno que
fundamentara esa información; y la sentencia T-369 de 1993 .
[198]
Ibídem.
[199]
Ferrajoli, Luigi. Derecho y Razón. Ed. Trotta, Madrid, 1995,
Pag. 45.
[200] “§ 187
Quien contra su propia convicción, afirme o difunda un hecho no verdadero
en relación con otro para hacerlo despreciable o para desprestigiarlo ante la
opinión pública, o para poner en peligro su credibilidad...”, a lo cual añade
que, “si el hecho afirmado o divulgado es un hecho punible, entonces la
demostración de la verdad debe tenerse como probada cuando el ofendido sea
condenado a causa de éste hecho con sentencia ejecutoriada. La prueba de la
verdad por la afirmación o por la divulgación del hecho, está por el contrario
excluida cuando el ofendido sea absuelto con sentencia ejecutoriada”. (Fallo
p.p. 46).
[201] Artículo 131 del Código
Penal: “el que atribuye falsamente a otro un delito, será reprimido con noventa
a ciento veinte días-multa” y establece el art. 135 que “no se admite en
ningún caso la prueba: 1. Sobre la imputación de cualquier hecho punible que
hubiese sido materia de absolución definitiva en el Perú o en el extranjero”.  (Fol.
38 del fallo, se destaca).
[202] La
Ley 4573 de mayo 4 de 1970 dispone que, ante la atribución a una
persona de la comisión de un delito, el autor por regla general podrá probar la
verdad del hecho imputado, salvo que el delito se trate de acción o instancia
privada[202], y advierte que, “si el hecho imputado
es objeto de un proceso pendiente, el juicio por calumnia o difamación
calumniosa, quedará suspendido hasta que en aquél se dicte sentencia, la cual
hará cosa juzgada acerca de la existencia o inexistencia del hecho”[202].
[203]
Fol. 38 fallo.
[204]
Fol. 40 ib.
[205]
Fol. 41 ib.
[206]
Ibídem.
[207] (…)“[A]ntes
de discurrir sobre la mejor o peor formulación de tipos penales con los que se
pretende combatir los excesos en el ejercicio del derecho a la expresión por
parte de periodistas --que fue el tema en Herrera Ulloa, y vuelve a
serlo, en alguna medida, en Kimel--, es preciso resolver si la vía penal
constituye el medio adecuado --por único, necesario o siquiera conveniente--
para proveer la reacción jurídica que merece una conducta indebida en este
ámbito. 19. Creo que la vía penal no es ese medio adecuado y admisible. Para
afirmarlo tomo en cuenta que existen otros medios de control y reacción menos
restrictivos o lesivos del derecho que se pretende afectar y con los que es
posible lograr el mismo fin, en forma que resulta: a) consecuente con el
derecho del ofendido por el agravio, y b) suficiente para acreditar el reproche
social, que constituye un cauce para la satisfacción del agraviado. Si la vía
penal no es ese medio adecuado, su empleo contravendrá la exigencia de
“necesidad” que invoca el artículo 13.2, el imperativo de “interés general” que
menciona el artículo 30, y las razones vinculadas a la “seguridad de todos y a
las justas exigencias del bien común” que menciona el artículo 32. Esa vía
será, por lo tanto, incompatible con la
Convención Americana y deberá ser reconsiderada”. (Voto concurrente del juez
Sergio García Ramírez a las sentencias proferidas en los casos Kimel vs.
Argentina, y Herrera Ulloa vs. Costa Rica,   por  la
Corte Interamericana de Derechos Humanos).
[208] “La
Corte _ Interamericana - no estima contraria a la
Convención cualquier medida penal a propósito de la expresión de informaciones
u opiniones, pero esta posibilidad se debe analizar con especial cautela,
ponderando al respecto la extrema gravedad de la conducta desplegada por el
emisor de aquéllas, el dolo con que actuó, las características del daño
injustamente causado y otros datos que pongan de manifiesto la absoluta
necesidad de utilizar, en forma verdaderamente excepcional, medidas penales. En
todo momento la carga de la prueba debe recaer en quien formula la acusación.
En este orden de consideraciones, la Corte observa los movimientos en la
jurisprudencia de otros Tribunales encaminados a promover, con racionalidad y
equilibrio, la protección que merecen los derechos en aparente pugna, sin
mellar las garantías que requiere la libre expresión como baluarte del régimen
democrático” (Corte Interamericana de Derechos humanos. Caso Rimel contra
Argentina. Párrafo 78)
[209] Cfr. Maggiore, Giuseppe. Derecho Penal, Parte Especial. Vol.
III. De los delitos en particular, Ed. Temis, Santafé de Bogotá, 2.000. Págs.
328 y ss.
[210] Cfr. C-551 de mayo 30 de 2001,
M. P. Clara Inés Vargas Hernández. En esa providencia se declaró exequible la
expresión “salvo lo establecido en los instrumentos internacionales”,
contenida en el artículo 8° de la Ley 599 de 2000, que consagra la prohibición
de doble incriminación.
[211] C-551 de 2001, ya citada.
[212] En esa providencia se hacía referencia a que el único que puede
administrar (“como a bien tenga”) los derechos al habeas data y a la
intimidad es su titular.
[213]
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Penal, sentencia de noviembre 5 de 2008 (rad. 27.268).