C-585-01
Sentencia C-585/01
Sentencia
C-585/01
INHIBICION DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL-Razones de
violación de unidad temática
COSA JUZGADA
CONSTITUCIONAL-Racionalización
del gasto público
Referencia: expedientes D-3270, D-3273
Demanda de
inconstitucionalidad en contra de la Ley 617 de 2000 y los artículos 32 y 39 de
la Ley 617 de 2000 “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994,
el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de
Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a
fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del
gasto público nacional”.
Demandantes :
Oliverio Moreno Nova y Clara Eugenia Solarte López
Magistrado Ponente :
Dr. ALFREDO BELTRÁN
SIERRA.
Bogotá, D.C., seis (6) de junio de dos mil
uno (2001).
La Sala Plena de la Corte Constitucional,
en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y
trámite establecidos por el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública de
inconstitucionalidad consagrada en el artículo 241-4 de la Constitución Política,
los ciudadanos Oliverio Moreno Nova y Clara Eugenia Solarte López, demandaron
el primero la totalidad de la Ley 617 de 2000 y la segunda los artículos 32 y
39 ídem.
La Sala Plena de esta Corporación en sesión
llevada a cabo el 2 de noviembre de 2000, decidió acumular los expedientes
D-3270 y D-3273 para que sean tramitados y decididos en una misma sentencia.
Por auto de 20 de noviembre del año 2000, el magistrado sustanciador admitió
las demandas presentadas, en consecuencia ordenó fijar en lista las normas
acusadas. Así mismo, dispuso dar traslado al señor Procurador General de la
Nación para que rindiera su concepto, y comunicó la iniciación del asunto al
señor Presidente de la República, al señor Presidente del Congreso de la
República y a los señores Ministros de Justicia y del Derecho, del Interior y
de Hacienda y Crédito Público, con el objeto que si lo estimaban oportuno
conceptuaran sobre la constitucionalidad de la norma demandada.
II.      NORMA
DEMANDADA
El siguiente es el texto de la ley demandada,
conforme a su publicación en el Diario Oficial No. 44188 de 9 de octubre de
2000.
Poder Público - Rama
Legislativa
LEY 617 DE 2000
(octubre 6)
por la cual se
reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de
1986,
se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan
otras normas tendientes
a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización
del gasto público nacional.
El Congreso de
Colombia
DECRETA:
CAPITULO I
Categorización de
las entidades territoriales
Artículo
1°. Categorización presupuestal de los departamentos. En desarrollo del
artículo 302 de la Constitución Política, teniendo en cuenta su capacidad de
gestión administrativa y fiscal y de acuerdo con su población e ingresos
corrientes de libre destinación, establécese la siguiente categorización para
los departamentos:
Categoría
especial.
Todos aquellos departamentos con población superior a dos millones (2.000.000)
de habitantes y cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales sean
superiores a seiscientos mil (600.000) salarios mínimos legales mensuales.
Primera
categoría.
Todos aquellos departamentos con población comprendida entre setecientos mil
uno (700.001) habitantes y dos millones (2.000.000) de habitantes, cuyos
ingresos corrientes de libre destinación anuales igualen o superen ciento
setenta mil uno (170.001) salarios mínimos legales mensuales y hasta seiscientos
mil (600.000) salarios mínimos legales mensuales.
Segunda
categoría.
Todos aquellos departamentos con población comprendida entre trescientos
noventa mil uno (390.001) y setecientos mil (700.000) habitantes y cuyos
ingresos corrientes de libre destinación anuales sean iguales o superiores a
ciento veintidós mil uno (122.001) y hasta de ciento setenta mil (170.000)
salarios mínimos legales mensuales.
Tercera
categoría.
Todos aquellos departamentos con población comprendida entre cien mil uno
(100.001) y trescientos noventa mil (390.000) habitantes y cuyos recursos
corrientes de libre destinación anuales sean superiores a sesenta mil uno
(60.001) y hasta de ciento veintidós mil (122.000) salarios mínimos legales
mensuales.
Cuarta
categoría.
Todos aquellos departamentos con población igual o inferior a cien mil
(100.000) habitantes y cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales
sean iguales o inferiores a sesenta mil (60.000) salarios mínimos legales
mensuales.
Parágrafo
1°. Los departamentos que de acuerdo con su población deban clasificarse en una
determinada categoría, pero superen el monto de ingresos corrientes de libre
destinación anuales señalados en el presente artículo para la misma, se
clasificarán en la categoría inmediatamente superior.
Los
departamentos cuya población corresponda a una categoría determinada, pero
cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales no alcancen el monto
señalado en el presente artículo para la misma, se clasificarán en la categoría
correspondiente a sus ingresos corrientes de libre destinación anuales.
Parágrafo
2°. Sin perjuicio de la categoría que corresponda según los criterios señalados
en el presente artículo, cuando un departamento destine a gastos de
funcionamiento porcentajes superiores a los límites que establece la presente
ley se reclasificará en la categoría inmediatamente inferior.
Parágrafo
3°. Cuando un departamento descienda de categoría, los salarios y/o honorarios
de los servidores públicos serán los que correspondan a la nueva categoría.
Parágrafo
4°. Los Gobernadores determinarán anualmente, mediante decreto expedido antes
del treinta y uno (31) de octubre, la categoría en la que se encuentra
clasificado para el año siguiente, el respectivo departamento.
Para
determinar la categoría, el decreto tendrá como base las certificaciones que
expida el Contralor General de la República sobre los ingresos corrientes de
libre destinación recaudados efectivamente en la vigencia anterior y sobre la
relación porcentual entre los gastos de funcionamiento y los ingresos
corrientes de libre destinación de la vigencia inmediatamente anterior, y la
certificación que expida el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística, DANE, sobre población para el año anterior.
La
Dirección General del Departamento Administrativo Nacional de Estadística,
DANE, y el Contralor General de la República remitirán al gobernador las
certificaciones de que trata el presente artículo, a más tardar el treinta y
uno (31) de julio de cada año.
Si el
respectivo Gobernador no expide la certificación sobre categorización en el
término señalado en el presente parágrafo, dicha certificación será expedida
por el Contador General de la Nación en el mes de noviembre.
Cuando en
el primer semestre del año siguiente al que se evalúa para la categorización,
el departamento demuestre que ha enervado las condiciones para disminuir de
categoría, se calificará en la que acredite en dicho semestre, de acuerdo al
procedimiento establecido anteriormente y teniendo en cuenta la capacidad fiscal.
Parágrafo
transitorio. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, y el
Contralor General de la República, remitirán a los Gobernadores las
certificaciones de que trata el presente artículo dentro de los treinta (30)
días siguientes a la expedición de la presente ley, a efecto de que los
gobernadores determinen, dentro de los quince (15) días siguientes a su recibo,
la categoría en la que se encuentra clasificado el respectivo departamento.
Dicho decreto de categorización deberá ser remitido al Ministerio del Interior
para su registro.
Artículo
2°. Categorización de los distritos y municipios. El artículo 6° de la
Ley 136 de 1994, quedará así:
"Artículo
6°. Categorización de los distritos y municipios. Los distritos y
municipios se clasificarán atendiendo su población e ingresos corrientes de
libre destinación, así:
Categoría
especial.
Todos aquellos distritos o municipios con población superior o igual a los
quinientos mil uno (500.001) habitantes y cuyos ingresos corrientes de libre
destinación anuales superen cuatrocientos mil (400.000) salarios mínimos
legales mensuales.
Primera
categoría.
Todos aquellos distritos o municipios con población comprendida entre cien mil
uno (100.001) y quinientos mil (500.000) habitantes y cuyos ingresos corrientes
de libre destinación anuales sean superiores a cien mil (100.000) y hasta de
cuatrocientos mil (400.000) salarios mínimos legales mensuales.
Segunda
categoría.
Todos aquellos distritos o municipios con población comprendida entre cincuenta
mil uno (50.001) y cien mil (100.000) habitantes y cuyos ingresos corrientes de
libre destinación anuales sean superiores a cincuenta mil (50.000) y hasta de
cien mil (100.000) salarios mínimos legales mensuales.
Tercera
categoría.
Todos aquellos distritos o municipios con población comprendida entre treinta
mil uno (30.001) y cincuenta mil (50.000) habitantes y cuyos ingresos
corrientes de libre destinación anuales sean superiores a treinta mil (30.000)
y hasta de cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales.
Cuarta
categoría.
Todos aquellos distritos o municipios con población comprendida entre veinte
mil uno (20.001) y treinta mil (30.000) habitantes y cuyos ingresos corrientes
de libre destinación anuales sean superiores a veinticinco mil (25.000) y de
hasta de treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales.
Quinta
categoría.
Todos aquellos distritos o municipios con población comprendida entre diez mil
uno (10.001) y veinte mil (20.000) habitantes y cuyos ingresos corrientes de
libre destinación anuales sean superiores a quince mil (15.000) y hasta
veinticinco mil (25.000) salarios mínimos legales mensuales.
Sexta
categoría.
Todos aquellos distritos o municipios con población igual o inferior a diez mil
(10.000) habitantes y con ingresos corrientes de libre destinación anuales no
superiores a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales.
Parágrafo
1°. Los distritos o municipios que de acuerdo con su población deban
clasificarse en una categoría, pero cuyos ingresos corrientes de libre
destinación anuales difieran de los señalados en el presente artículo para la
misma, se clasificarán en la categoría correspondiente a los ingresos
corrientes de libre destinación anuales.
Parágrafo
2°. Ningún municipio podrá aumentar o descender más de dos categorías entre un
año y el siguiente.
Parágrafo
3°. Sin perjuicio de la categoría que corresponda según los criterios señalados
en el presente artículo, cuando un distrito o municipio destine a gastos de
funcionamiento porcentajes superiores a los límites que establece la presente
ley se reclasificará en la categoría inmediatamente inferior.
Parágrafo
4°. Cuando un municipio descienda de categoría, los salarios y/o honorarios de
los servidores públicos serán los que correspondan a la nueva categoría.
Parágrafo
5°. Los alcaldes determinarán anualmente, mediante decreto expedido antes del
treinta y uno (31) de octubre, la categoría en la que se encuentra clasificado
para el año siguiente, el respectivo distrito o municipio.
Para
determinar la categoría, el decreto tendrá como base las certificaciones que
expida el Contralor General de la República sobre los ingresos corrientes de
libre destinación recaudados efectivamente en la vigencia anterior y sobre la
relación porcentual entre los gastos de funcionamiento y los ingresos
corrientes de libre destinación de la vigencia inmediatamente anterior, y la
certificación que expida el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística, DANE, sobre población para el año anterior.
El
Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, y el Contralor
General de la República remitirán al alcalde la certificación de que trata el
presente artículo, a más tardar el treinta y uno (31) de julio de cada año.
Si el
respectivo Alcalde no expide la certificación en el término señalado en el
presente parágrafo, dicha certificación será expedida por el Contador General
de la Nación en el mes de noviembre.
Parágrafo
6°. El salario mínimo legal mensual que servirá de base para la conversión de
los ingresos, será el que corresponda al mismo año de la vigencia de los
ingresos corrientes de libre destinación determinados en el presente artículo.
Parágrafo
7°. Los municipios de frontera con población superior a setenta mil (70.000)
habitantes, por su condición estratégica, se clasificarán como mínimo en la
cuarta categoría, en ningún caso los gastos de funcionamiento de dichos
municipios podrán superar el ciento por ciento de sus ingresos corrientes de
libre destinación.
Parágrafo
8°. Los municipios colindantes con el Distrito Capital, con población superior
a trescientos mil uno (300.001) habitantes, se clasificarán en segunda
categoría.
Parágrafo
9°. Las disposiciones contenidas en el presente artículo serán de aplicación
obligatoria a partir del año 2004.
En el
período comprendido entre el año 2000 y el año 2003, podrán seguirse aplicando
las normas vigentes sobre categorización. En este caso, cuando un municipio
deba asumir una categoría determinada, pero sus ingresos corrientes de libre
destinación sean insuficientes para financiar los gastos de funcionamiento
señalados para la misma, los alcaldes podrán solicitar al Ministerio de
Hacienda y Crédito Público la certificación de la categoría que se adecue a su
capacidad financiera.
La
categoría certificada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público será de
obligatoria adopción.
En estos
eventos, los salarios y honorarios que se establezcan con base en la
categorización deberán ajustarse para la vigencia fiscal en que regirá la nueva
categoría.
Parágrafo
transitorio. "El Departamento Administrativo Nacional de Estadística,
DANE, y el Contralor General de la República, remitirán a los alcaldes las
certificaciones de que trata el presente artículo dentro de los treinta (30)
días siguientes a la expedición de la presente ley, a efecto de que los
alcaldes determinen, dentro de los quince (15) días siguientes a su recibo, la
categoría en la que se encuentra clasificado el respectivo distrito o
municipio. Dicho decreto de categorización deberá ser remitido al Ministerio
del Interior para su registro".
CAPITULO II
Saneamiento fiscal
de las entidades territoriales
Artículo
3°. Financiación de gastos de funcionamiento de las entidades territoriales.
Los gastos de funcionamiento de las entidades territoriales deben financiarse
con sus ingresos corrientes de libre destinación, de tal manera que estos sean
suficientes para atender sus obligaciones corrientes, provisionar el pasivo
prestacional y pensional; y financiar, al menos parcialmente, la inversión pública
autónoma de las mismas.
Parágrafo
1°. Para efectos de lo dispuesto en esta ley se entiende por ingresos
corrientes de libre destinación los ingresos corrientes excluidas las rentas de
destinación específica, entendiendo por estas las destinadas por ley o acto
administrativo a un fin determinado.
Los
ingresos corrientes son los tributarios y los no tributarios, de conformidad
con lo dispuesto en la ley orgánica de presupuesto.
En todo
caso, no se podrán financiar gastos de funcionamiento con recursos de:
a) El
situado fiscal;
b) La
participación de los municipios en los ingresos corrientes de la Nación de
forzosa inversión;
c) Los
ingresos percibidos en favor de terceros que, por mandato legal o convencional,
las entidades territoriales, estén encargadas de administrar, recaudar o
ejecutar;
d) Los
recursos del balance, conformados por los saldos de apropiación financiados con
recursos de destinación específica;
e) Los
recursos de cofinanciación;
f) Las
regalías y compensaciones;
g) Las
operaciones de crédito público, salvo las excepciones que se establezcan en las
leyes especiales sobre la materia;
h) Los
activos, inversiones y rentas titularizadas, así como el producto de los
procesos de titularización;
i) La
sobretasa al ACPM;
j) El
producto de la venta de activos fijos;
k) Otros
aportes y transferencias con destinación específica o de carácter transitorio;
l) Los
rendimientos financieros producto de rentas de destinación específica.
Parágrafo
2°. Los gastos para la financiación de docentes y personal del sector salud que
se financien con cargo a recursos de libre destinación del departamento,
distrito o municipio, y que generen obligaciones que no se extingan en una
vigencia, solo podrán seguirse financiando con ingresos corrientes de libre
destinación.
Parágrafo
3°. Los gastos de funcionamiento que no sean cancelados durante la vigencia
fiscal en que se causen, se seguirán considerando como gastos de funcionamiento
durante la vigencia fiscal en que se paguen.
Parágrafo
4°. Los contratos de prestación de servicios para la realización de actividades
administrativas se clasificarán para los efectos de la presente ley como gastos
de funcionamiento.
Artículo
4°. Valor máximo de los gastos de funcionamiento de los departamentos.
Durante cada vigencia fiscal los gastos de funcionamiento de los departamentos
no podrán superar, como proporción de sus ingresos corrientes de libre
destinación, los siguientes límites:
Categoría
Límite
Especial
50%
Primera
55%
Segunda
60%
Tercera y
cuarta 70%
Artículo
5°. Período de transición para ajustar los gastos de funcionamiento de los
departamentos. Se establece un período de transición a partir del año 2001,
para los departamentos cuyos gastos de funcionamiento superen los límites
establecidos en los artículos anteriores en relación con los ingresos
corrientes de libre destinación, de la siguiente manera:
Año
2001 2002
2003 2004
CATEGORIA
Especial
65,0% 60,0% 55,0% 50,0%
Primera
70,0% 65,0% 60,0% 55,0%
Segunda
75,0% 70,0% 65,0% 60,0%
Tercera y
cuarta 85,0% 80,0% 75,0% 70,0%
Artículo
6°. Valor máximo de los gastos de funcionamiento de los distritos y
municipios. Durante cada vigencia fiscal los gastos de funcionamiento de
los distritos y municipios no podrán superar como proporción de sus ingresos corrientes
de libre destinación, los siguientes límites:
Categoría
Límite
Especial
50%
Primera
65%
Segunda y
tercera 70%
Cuarta,
quinta y sexta 80%
Artículo
7°. Período de transición para ajustar los gastos de funcionamiento de los
distritos y municipios. Se establece un período de transición a partir del
año 2001, para los distritos o municipios cuyos gastos de funcionamiento
superen los límites establecidos en los artículos anteriores en relación con
los ingresos corrientes de libre destinación, de la siguiente manera:
Año
2001 2002
2003 2004
CATEGORIA
Especial
61% 57% 54% 50%
Primera
80% 75% 70% 65%
Segunda y
Tercera 85% 80% 75% 70%
Cuarta,
Quinta y Sexta 95% 90% 85% 80%
Artículo
8°. Valor máximo de los gastos de las Asambleas y Contralorías
Departamentales. A partir del año 2001, durante cada vigencia fiscal, en
las Asambleas de los departamentos de categoría especial los gastos diferentes
a la remuneración de los diputados no podrán superar el ochenta por ciento
(80%) de dicha remuneración. En las Asambleas de los departamentos de
categorías primera y segunda los gastos diferentes a la remuneración de los
diputados no podrán superar el sesenta por ciento (60%) del valor total de
dicha remuneración. En las Asambleas de los departamentos de categorías tercera
y cuarta los gastos diferentes a la remuneración de los diputados no podrán
superar el veinticinco por ciento (25%) del valor total de dicha remuneración.
Las
Contralorías departamentales no podrán superar como porcentaje de los ingresos
corrientes anuales de libre destinación del respectivo departamento, los
límites que se indican a continuación:
Categoría Límite
gastos Contralorías
Especial
1.2%
Primera
2.0%
Segunda
2.5%
Tercera y
Cuarta 3.0%
Artículo
9°. Período de transición para ajustar los gastos de las Contralorías
Departamentales. Se establece un período de transición a partir del año
2001, para los departamentos cuyos gastos en Contralorías superen los límites
establecidos en los artículos anteriores en relación con los ingresos corrientes
de libre destinación, de la siguiente manera:
Año
2001 2002
2003 2004
CATEGORIA
Especial
2.2% 1.8% 1.5% 1.2%
Primera
2.7% 2.5% 2.2% 2.0%
Segunda
3.2% 3.0% 2.7% 2.5%
Tercera y
cuarta 3.7% 3.5% 3.2% 3.0%
Parágrafo.
Las entidades descentralizadas del orden departamental deberán pagar una cuota
de fiscalización hasta del punto dos por ciento (0.2%), calculado sobre el
monto de los ingresos ejecutados por la respectiva entidad en la vigencia
anterior, excluidos los recursos de crédito; los ingresos por la venta de
activos fijos; y los activos, inversiones y rentas titularizados, así como el
producto de los procesos de titularización.
En todo
caso, durante el período de transición los gastos de las Contralorías, sumadas
las transferencias del nivel central y descentralizado, no podrán crecer en
términos constantes en relación con el año anterior. A partir del año 2005 los
gastos de la las contralorías no podrán crecer por encima de la meta de
inflación establecida por el Banco de la República. Para estos propósitos, el
Secretario de Hacienda Departamental, o quien haga sus veces, establecerá los
ajustes que proporcionalmente deberán hacer tanto el nivel central
departamental como las entidades descentralizadas en los porcentajes y cuotas
de auditaje establecidas en el presente artículo.
Artículo
10. Valor máximo de los gastos de los Concejos, Personerías, Contralorías
Distritales y Municipales. Durante cada vigencia fiscal, los gastos de los
concejos no podrán superar el valor correspondiente al total de los honorarios
que se causen por el número de sesiones autorizado en el artículo 20 de esta
ley, más el uno punto cinco por ciento (1.5%) de los ingresos corrientes de
libre destinación.
Los
gastos de personerías, contralorías distritales y municipales, donde las
hubiere, no podrán superar los siguientes límites:
PERSONERIAS
Aportes
máximos en la vigencia
Porcentaje
de los Ingresos
Corrientes
de Libre Destinación
CATEGORIA
Especial
1.6%
Primera
1.7%
Segunda
2.2%
Aportes
Máximos en la vigencia en
Salarios
Mínimos legales mensuales
Tercera
350 SMML
Cuarta
280 SMML
Quinta
190 SMML
Sexta 150
SMML
CONTRALORIAS
Límites a
los gastos de las
Contralorías
municipales. Porcentaje
de los
Ingresos Corrientes de Libre
Destinación
CATEGORIA
Especial
2.8%
Primera
2.5%
Segunda
(más de 100.000 habitantes) 2.8%
Parágrafo.
Los concejos municipales ubicados en cualquier categoría en cuyo municipio los
ingresos de libre destinación no superen los mil millones de pesos
($1.000.000.000) anuales en la vigencia anterior podrán destinar como aportes
adicionales a los honorarios de los concejales para su funcionamiento en la
siguiente vigencia sesenta salarios mínimos legales.
Artículo
11. Período de transición para ajustar los gastos de los concejos, las
personerías, las contralorías distritales y municipales. Se establece un
período de transición a partir del año 2001, para los distritos y municipios
cuyos gastos en concejos, personerías y contralorías, donde las hubiere,
superen los límites establecidos en los artículos anteriores, de forma tal que
al monto máximo de gastos autorizado en salarios mínimos en el artículo décimo
se podrá sumar por período fiscal, los siguientes porcentajes de los ingresos
corrientes de libre destinación de cada entidad:
Año
2001 2002
2003 2004
CONCEJOS
Especial,
Primera y Segunda 1.8% 1.7% 1.6% 1.5%
PERSONERIAS
Especial
1.9% 1.8% 1.7% 1.6%
Primera
2.3% 2.1% 1.9% 1.7%
Segunda
3.2% 2.8% 2.5% 2.2%
CONTRALORIAS
Especial
3.7% 3.4% 3.1% 2.8%
Primera
3.2% 3.0% 2.8% 2.5%
Segunda
3.6% 3.3% 3.0% 2.8%
(más de
100.000 habitantes)
Parágrafo.
Las entidades descentralizadas del orden distrital o municipal deberán pagar
una cuota de fiscalización hasta del punto cuatro por ciento (0.4%), calculado
sobre el monto de los ingresos ejecutados por la respectiva entidad en la
vigencia anterior, excluidos los recursos de crédito; los ingresos por la venta
de activos fijos; y los activos, inversiones y rentas titularizados, así como
el producto de los procesos de titularización.
En todo
caso, durante el período de transición los gastos de las contralorías, sumadas
las transferencias del nivel central y descentralizado, no podrán crecer en
términos constantes en relación con el año anterior. A partir del año 2005 los
gastos de las contralorías no podrán crecer por encima de la meta de inflación
establecida por el Banco de la República. Para estos propósitos, el Secretario
de Hacienda distrital o municipal, o quien haga sus veces, establecerá los
ajustes que proporcionalmente deberán hacer tanto el nivel central departamental
como las entidades descentralizadas en los porcentajes y cuotas de auditaje
establecidas en el presente artículo.
Artículo
12. Facilidades a Entidades Territoriales. Cuando las entidades
territoriales adelanten programas de saneamiento fiscal y financiero, las
rentas de destinación específica sobre las que no recaigan compromisos
adquiridos de las entidades territoriales se aplicarán para dichos programas
quedando suspendida la destinación de los recursos, establecida en la ley,
ordenanzas y acuerdos, con excepción de las determinadas en la Constitución
Política, la Ley 60 de 1993 y las demás normas que modifiquen o adicionen,
hasta tanto queden saneadas sus finanzas.
En
desarrollo de programas de saneamiento fiscal y financiero las entidades
territoriales podrán entregar bienes a título de dación en pago, en condiciones
de mercado.
Artículo
13. Ajuste de los presupuestos. Si durante la vigencia fiscal, el
recaudo efectivo de ingresos corrientes de libre destinación resulta inferior a
la programación en que se fundamentó el presupuesto de rentas del departamento,
distrito o municipio, los recortes, aplazamientos o supresiones que deba hacer
el Ejecutivo afectarán proporcionalmente a todas las secciones que conforman el
presupuesto anual, de manera que en la ejecución efectiva del gasto de la
respectiva vigencia se respeten los límites establecidos en la presente ley.
Artículo
14. Prohibición de transferencias y liquidación de empresas ineficientes. Prohíbese
al sector central departamental, distrital o municipal efectuar transferencias
a las empresas de licores, a las loterías, a las Empresas Prestadoras de
Servicios de Salud y a las instituciones de naturaleza financiera de propiedad
de las entidades territoriales o con participación mayoritaria de ellas, distintas
de las ordenadas por la ley o de las necesarias para la constitución de ellas y
efectuar aportes o créditos, directos o indirectos bajo cualquier modalidad.
Cuando
una Empresa Industrial y Comercial del Estado o sociedad de economía mixta, de
aquellas a que se refiere el presente artículo genere pérdidas durante tres (3)
años seguidos, se presume de pleno derecho que no es viable y deberá liquidarse
o enajenarse la participación estatal en ella, en ese caso sólo procederán las
transferencias, aportes o créditos necesarios para la liquidación.
CAPITULO III
Creación de
municipios y racionalización de los fiscos municipales
Artículo
15. Modifícase el artículo 8° de la Ley 136 de 1994, el cual quedará así:
"Artículo
8°. Requisitos. Para que una porción del territorio de un departamento
pueda ser erigida en municipio se necesita que concurran las siguientes
condiciones:
1. Que el
área del municipio propuesto tenga identidad, atendidas las características
naturales, sociales, económicas y culturales.
2. Que
cuente por lo menos con catorce mil (14.000) habitantes y que el municipio o
municipios de los cuales se pretende segregar no disminuya su población por
debajo de este límite señalado, según certificación del Departamento
Administrativo Nacional de Estadística, Dane.
3. Que el
Municipio propuesto garantice, por lo menos, ingresos corrientes de libre
destinación anuales equivalentes a cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales
vigentes, durante un período no inferior a cuatro (4) años.
4.
Previamente a la presentación del proyecto de ordenanza por la cual se cree un
municipio el órgano departamental de planeación, de acuerdo con la metodología
elaborada por el Departamento Nacional de Planeación debe elaborar el
respectivo estudio, sobre la conveniencia económica y social de la iniciativa y
la viabilidad de la nueva entidad, teniendo en cuenta sus posibilidades
económicas, de infraestructura y su identificación como área de desarrollo. Con
base en dicho estudio, el órgano departamental de planeación deberá expedir
concepto sobre la viabilidad de crear o no el municipio, debiendo pronunciarse
sobre la conveniencia de la medida para el municipio o los municipios de los
cuales se segregaría el nuevo.
En ningún
caso podrá crearse un municipio que sustraiga más de la tercera parte del
territorio del municipio o municipios de los cuales se segrega. De forma previa
a la sanción de la ordenanza de creación del municipio, el Tribunal Contencioso
Administrativo ejercerá control automático previo sobre la legalidad de la
misma. Si el proyecto no se encontrare ajustado a la ley no podrá sancionarse.
Parágrafo
1°. El respectivo proyecto de ordenanza podrá ser presentado a iniciativa del
Gobernador, de los miembros de la Asamblea Departamental o por iniciativa
popular, de conformidad con la ley. Sin embargo, el Gobernador estará obligado
a presentarlo cuando por medio de consulta popular así lo decida la mayoría de
los ciudadanos residentes en el respectivo territorio.
Cuando no
hubiere precedido la consulta popular a la ordenanza que apruebe la creación de
un nuevo municipio, una vez ésta se expida será sometida a referéndum en el que
participen los ciudadanos del respectivo territorio. El referéndum deberá
realizarse en un plazo máximo de (6) seis meses, contados a partir de la fecha
de sanción de la ordenanza. Si el proyecto de ordenanza fuere negado, se
archivará y una nueva iniciativa en el mismo sentido sólo podrá presentarse
tres (3) años después.
Parágrafo
2°. Se podrán crear municipios sin el lleno del requisito poblacional exigido
en el numeral segundo del presente artículo cuando, de conformidad con la
certificación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el municipio que se
vaya a crear garantice ingresos corrientes de libre destinación superiores a
ocho mil (8.000) salarios mínimos mensuales vigentes.
Parágrafo
3°. El Ministerio del Interior llevará un registro sobre los municipios que se
creen. Para tal efecto, el Gobernador del respectivo departamento, una vez sea
surtido el trámite de creación de un municipio, remitirá copia de la ordenanza
y sus anexos a la Dirección General Unidad Administrativa Especial para el
Desarrollo Institucional de los Entes Territoriales del Ministerio del
Interior."
Artículo
16. Modifícase el artículo 9° de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo
2° de la Ley 177 de 1994, el cual quedará así:
"Artículo
9°.
Excepción.
Sin
el lleno de los requisitos establecidos en el artículo anterior, las asambleas
departamentales podrán crear municipios cuando, previo a la presentación de la
ordenanza, el Presidente de la República considere su creación por razones de
defensa nacional.
También
podrán las Asambleas Departamentales elevar a municipios sin el lleno de los
requisitos generales los corregimientos creados por el Gobierno Nacional antes
de 1991 que se encuentren ubicados en las zonas de frontera siempre y cuando no
hagan parte de ningún municipio, previo visto bueno del Presidente de la
República.
Los
concejales de los municipios así creados no percibirán honorarios por su
asistencia a las sesiones."
Artículo
17. Adiciónase el artículo 15 de la Ley 136 de 1994, el cual quedará así:
"Artículo
15. Anexos. El proyecto de ordenanza para la creación de un
municipio se presentará acompañado de una exposición de motivos que incluirá
como anexos los estudios, certificaciones, el concepto expedido por la Oficina
de Planeación Departamental, el mapa preliminar del territorio del municipio
que se pretende crear y los demás documentos que acrediten el cumplimiento de
los requisitos establecidos en la ley".
Artículo
18. Contratos entre entidades territoriales. Sin perjuicio de las reglas
vigentes sobre asociación de municipios y distritos, estos podrán contratar
entre sí, con los departamentos, la Nación, o con las entidades
descentralizadas de estas categorías, la prestación de los servicios a su
cargo, la ejecución de obras o el cumplimiento de funciones administrativas, de
forma tal que su atención resulte más eficiente e implique menor costo.
Artículo
19. Viabilidad financiera de los municipios y distritos. El artículo 20
de la Ley 136 de 1994 quedará así:
"Artículo
20. Viabilidad financiera de los municipios y distritos. Incumplidos
los límites establecidos en los artículos 6° y 10 de la presente ley, el municipio
o distrito respectivo adelantará, durante una vigencia fiscal, un programa de
saneamiento tendiente a obtener, a la mayor brevedad, los porcentajes
autorizados. Dicho programa deberá definir metas precisas de desempeño,
pudiendo contemplar la contratación a que se refiere el artículo anterior o el
esquema de asociación de municipios o distritos de que tratan los artículos 148
y siguientes de la Ley 136 de 1994, entre otros instrumentos.
Si al
término del programa de saneamiento el municipio o distrito no ha logrado
cumplir con los límites establecidos en la presente ley, la Oficina de
Planeación Departamental o el organismo que haga sus veces, someterá a
consideración del Gobernador y de la Asamblea un informe sobre la situación
financiera del municipio o distrito, a fin de que esta última, ordene la
adopción de un nuevo plan de ajuste que contemple, entre otros instrumentos, la
contratación a que se refiere el artículo anterior y la asociación con otros
municipios o distritos para la prestación de los servicios a su cargo, la
ejecución de obras o el cumplimiento de sus funciones administrativas.
Transcurrido
el término que señale la asamblea departamental para la realización del plan de
ajuste, el cual no podrá superar las dos vigencias fiscales consecutivas, y
siempre que el municipio o distrito no haya logrado alcanzar los límites de
gasto establecidos en la presente ley, la asamblea departamental, a iniciativa
del Gobernador, determinará la fusión del respectivo municipio o distrito.
Al
decidir la fusión la respectiva ordenanza expresará claramente a qué distrito,
municipio o municipios limítrofes se agrega el territorio de la entidad que se
fusiona, así como la distribución de los activos, pasivos y contingencias de
dichos municipios o distritos, teniendo en cuenta, entre otros aspectos, la
forma en que se distribuye a la población, la ubicación y destinación de los
activos y el origen de los pasivos.
En el
caso en que se decrete la fusión del municipio o distrito, los recursos de la
participación municipal en los ingresos corrientes de la Nación pendientes por
girar, deberán ser asignados al distrito, municipio o municipios a los cuales
se agrega el territorio, en proporción a la población que absorbe cada uno.
Las
oficinas de Planeación departamental presentarán a consideración de la
respectiva asamblea el primer día de sesiones ordinarias, un informe que cobije
a la totalidad de los distritos y municipios del departamento y a partir del
cual se evalúe la pertinencia de adoptar las medidas a que se refiere el
presente artículo."
Artículo
20. Honorarios de los concejales municipales y distritales. El artículo
66 de la Ley 136 de 1994, quedará así:
"Artículo
66.
Causación de
honorarios. Los honorarios por cada sesión a que asistan los concejales
serán como máximo el equivalente al ciento por ciento (100%) del salario diario
que corresponde al respectivo alcalde.
En los
municipios de categoría especial, primera y segunda se podrán pagar anualmente
hasta ciento cincuenta (150) sesiones ordinarias y hasta treinta (30)
extraordinarias al año. No se podrán pagar honorarios por prórrogas a los
períodos ordinarios.
En los
municipios de categorías tercera a sexta se podrán pagar anualmente hasta
setenta (70) sesiones ordinarias y hasta doce (12) sesiones extraordinarias al
año. No se podrán pagar honorarios por otras sesiones extraordinarias o por las
prórrogas.
A partir
del año 2007, en los municipios de categoría tercera se podrán pagar anualmente
hasta setenta (70) sesiones ordinarias y hasta doce (12) sesiones
extraordinarias al año. En los municipios de categoría cuarta se podrán pagar
anualmente hasta sesenta (60) sesiones ordinarias y hasta doce (12) sesiones
extraordinarias al año. En los municipios de categorías quinta y sexta se
podrán pagar anualmente hasta cuarenta y ocho (48) sesiones ordinarias y hasta
doce (12) sesiones extraordinarias al año. No se podrán pagar honorarios por
otras sesiones extraordinarias o por las prórrogas.
Cuando el
monto máximo de ingresos corrientes de libre destinación que el distrito o
municipio puede gastar en el concejo, sea inferior al monto que de acuerdo con
el presente artículo y la categoría del respectivo municipio se requeriría para
pagar los honorarios de los concejales, éstos deberán reducirse
proporcionalmente para cada uno de los concejales, hasta que el monto a pagar
por ese concepto sume como máximo el límite autorizado en el artículo décimo de
la presente ley.
Parágrafo.
Los honorarios son incompatibles con cualquier asignación proveniente del
tesoro público del respectivo municipio, excepto con aquellas originadas en
pensiones o sustituciones pensionales y las demás excepciones previstas en la
Ley 4ª de 1992".
Artículo
21. Creación y supresión de Contralorías distritales y municipales. El
artículo 156 de la Ley 136 de 1994, quedará así:
"Artículo
156. Creación y supresión de Contralorías distritales y municipales. Unicamente
los municipios y distritos clasificados en categoría especial y primera y
aquellos de segunda categoría que tengan más de cien mil (100.000) habitantes,
podrán crear y organizar sus propias Contralorías.
Las
contralorías de los municipios y distritos a que se refiere el inciso anterior
deberán suprimirse cuando se establezca la incapacidad económica del municipio
o distrito para financiar los gastos de funcionamiento del órgano de control
fiscal, refrendada por la Contaduría General de la Nación.
Parágrafo.
En los municipios o distritos en los cuales no haya Contraloría municipal, la
vigilancia de la gestión fiscal corresponderá a la respectiva Contraloría
departamental. En estos casos no podrá cobrarse cuota de fiscalización u otra
modalidad de imposición similar a los municipios o distritos.
Parágrafo
transitorio. El 31 de diciembre del año 2000 las Contralorías que funcionan en
los municipios o distritos de categoría 2ª, distintas a las autorizadas en el
presente artículo 3ª, 4ª, 5ª y 6ª quedarán suprimidas.
Vencido
el término señalado en el presente parágrafo, no podrá ordenarse gasto alguno
para financiar el funcionamiento de las contralorías de estos municipios o
distritos, salvo los necesarios para su liquidación".
Artículo
22. Salario de contralores y personeros municipales o distritales. El
artículo 159 de la Ley 136 de 1994, quedará así:
"Artículo
159.
El monto de los salarios asignados a los Contralores y Personeros de los
municipios y distritos, en ningún caso podrá superar el ciento por ciento
(100%) del salario del alcalde."
Artículo
23. Pagos a los miembros de las Juntas Administradoras Locales. Los miembros de
las Juntas Administradoras Locales no serán remunerados, ni podrán recibir
directa o indirectamente pago o contraprestación alguna con cargo al Tesoro
público del respectivo municipio.
Artículo
24. Atribuciones del personero como veedor del Tesoro. En los municipios
donde no exista Contraloría municipal, el personero ejercerá las funciones de
veedor del tesoro público. Para tal efecto tendrá las siguientes atribuciones:
1. Velar
por el cumplimiento de los principios rectores de la contratación
administrativa establecidos en la ley, tales como: transparencia, economía,
responsabilidad, ecuación contractual y selección objetiva.
2. Velar
por el cumplimiento de los objetivos del Control Interno establecidos en la
ley, tales como: igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad,
imparcialidad, publicidad y valoración de costos ambientales.
3.
Realizar las visitas, inspecciones y actuaciones que estime oportunas en todas
las dependencias de la administración municipal para el cabal cumplimiento de
sus atribuciones en materia de tesoro público municipal.
4.
Evaluar permanentemente la ejecución de las obras públicas que se adelanten en
el respectivo municipio.
5. Exigir
informes sobre su gestión a los servidores públicos municipales y a cualquier
persona pública o privada que administre fondos o bienes del respectivo
municipio.
6.
Coordinar la conformación democrática a solicitud de personas interesadas o
designar de oficio, comisiones de veeduría ciudadana que velen por el uso
adecuado de los recursos públicos que se gasten o inviertan en la respectiva
jurisdicción.
7.
Solicitar la intervención de las cuentas de la respectiva entidad territorial
por parte de la Contraloría General de la Nación o de la Contraloría
departamental, cuando lo considere necesario.
8. Tomar
las medidas necesarias, de oficio o a petición de un número plural de personas
o de veedurías ciudadanas, para evitar la utilización indebida de recursos
públicos con fines proselitistas.
9.
Promover y certificar la publicación de los acuerdos del respectivo concejo
municipal, de acuerdo con la ley.
10.
Procurar la celebración de los cabildos abiertos reglamentados por la ley. En
ellos presentará los informes sobre el ejercicio de sus atribuciones como
veedor del Tesoro Público.
CAPITULO IV
Racionalización de
los fiscos departamentales
Artículo
25. Asociación de los departamentos. Los departamentos podrán contratar
con otro u otros departamentos o con la Nación, la prestación de los servicios
a su cargo, la ejecución de obras o el cumplimiento de funciones
administrativas, de forma tal que su atención resulte más eficiente e implique
menor costo. Con el mismo propósito, los departamentos podrán asociarse para la
prestación de todos o algunos de los servicios a su cargo.
Artículo
26. Viabilidad financiera de los departamentos. Incumplidos los límites
establecidos en los artículos 4° y 8° de la presente ley durante una vigencia,
el departamento respectivo adelantará un programa de saneamiento fiscal
tendiente a lograr, a la mayor brevedad, los porcentajes autorizados. Dicho
programa deberá definir metas precisas de desempeño y contemplar una o varias
de las alternativas previstas en el artículo anterior. Cuando un departamento
se encuentre en la situación prevista en el presente artículo la remuneración
de los diputados no podrá ser superior a la de los diputados de un departamento
de categoría cuatro.
A partir
del año 2001, el Congreso de la República, a iniciativa del Presidente de la
República, procederá a evaluar la viabilidad financiera de aquellos
departamentos que en la vigencia fiscal precedente hayan registrado gastos de
funcionamiento superiores a los autorizados en la presente ley. Para el efecto,
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público identificará los departamentos que
se hallen en la situación descrita, sobre la base de la valoración presupuestal
y financiera que realice anualmente.
Artículo
27. Salario de los Contralores Departamentales. El monto de los salarios
asignados a los Contralores departamentales en ningún caso podrá superar el
ciento por ciento (100%) del salario del gobernador.
Artículo
28. Remuneración de los Diputados. La remuneración de los diputados de
las Asambleas Departamentales por mes de sesiones corresponderá a la siguiente
tabla a partir del 2001:
Categoría
de departamento Remuneración de diputados
Especial
30 smlm
Primera
26 smlm
Segunda
25 smlm
Tercera y
cuarta 18 smlm
Artículo
29. Sesiones de las Asambleas. El artículo 1° de la Ley 56 de 1993,
quedará así:
"Artículo
1°.
Sesiones de
las Asambleas. Las asambleas sesionarán durante seis (6) meses en forma
ordinaria, así:
El primer
período será, en el primer año de sesiones, del 2 de enero posterior a su
elección al último del mes de febrero de respectivo año.
El
segundo y tercer año de sesiones tendrá como primer período el comprendido
entre el 1° de marzo y el 30 de abril.
El
segundo período será del primero de junio al 30 de julio, y el tercer período,
será del 1° de octubre al 30 de noviembre.
Podrán
sesionar igualmente durante un mes al año de forma extraordinaria, que se
remunerará proporcionalmente al salario fijado.
Parágrafo
1°. La remuneración de los diputados es incompatible con cualquier asignación
proveniente del tesoro público, excepto con aquellas originadas en pensiones o
sustituciones pensionales y las excepciones establecidas en la Ley 4ª de 1992.
Parágrafo
2°. Los Diputados estarán amparados por el régimen de seguridad social previsto
en la Ley 100 de 1993 y sus disposiciones complementarias. En todo caso se les
garantizará aseguramiento para salud y pensiones. El Gobierno Nacional
reglamentará la materia".
CAPITULO V
Reglas para la
transparencia de la gestión departamental, municipal y distrital
Artículo
30. De las inhabilidades de los Gobernadores. No podrá ser inscrito como
candidato, elegido o designado como Gobernador:
1. Quien
haya sido condenado en cualquier época por sentencia judicial, a pena privativa
de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos; o haya perdido la
investidura de congresista o, a partir de la vigencia de la presente ley, la de
diputado o concejal; o excluido del ejercicio de una profesión; o se encuentre
en interdicción para el ejercicio de funciones públicas.
2. Quienes
tengan doble nacionalidad, exceptuando los colombianos por nacimiento.
3. Quien
dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de la elección haya
ejercido como empleado público, jurisdicción o autoridad política, civil,
administrativa o militar, en el respectivo departamento, o quien como empleado
público del orden nacional, departamental o municipal, haya intervenido como
ordenador de gasto en la ejecución de recursos de inversión o celebración de
contratos, que deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo departamento.
4. Quien
dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de
negocios ante entidades públicas del nivel departamental o en la celebración de
contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de
terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el
respectivo departamento. Así mismo, quien dentro del año anterior haya sido
representante legal de entidades que administren tributos, tasas o
contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios
o de seguridad social de salud en el régimen subsidiado en el respectivo
departamento.
5. Quien
tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en segundo
grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, confuncionarios que
dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad
civil, política, administrativa o militar en el respectivo departamento; o con
quienes dentro del mismo lapso hayan sido representantes legales de entidades
que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que
presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social de salud en el
régimen subsidiado en el respectivo departamento.
6. Quien
haya desempeñado el cargo de contralor departamental o procurador delegado en
el respectivo departamento durante un período de doce (12) meses antes de la
elección de gobernador.
7. Quien
haya desempeñado los cargos a que se refiere el artículo 197 de la Constitución
Nacional.
Artículo
31. De las incompatibilidades de los Gobernadores. Los Gobernadores, así
como quienes sean designados en su reemplazo no podrán:
1.
Celebrar en su interés particular por sí o por interpuesta persona o en
representación de otro, contrato alguno con el respectivo departamento, con sus
entidades públicas o privadas que manejen o administren recursos públicos
provenientes del mismo.
2. Tomar
parte en las actividades de los partidos o movimientos políticos, sin perjuicio
de ejercer libremente el derecho al sufragio.
3.
Intervenir en cualquier forma, fuera del ejercicio de sus funciones, en la
celebración de contratos con la administración pública.
4.
Intervenir, en nombre propio o ajeno, en procesos o asuntos, fuera del
ejercicio de sus funciones, en los cuales tenga interés el departamento o sus
entidades descentralizadas.
5. Ser
apoderado o gestor ante entidades o autoridades administrativas o
jurisdiccionales del respectivo departamento, o que administren tributos, tasas
o contribuciones del mismo.
6.
Desempeñar simultáneamente otro cargo o empleo público o privado.
7.
Inscribirse como candidato a cualquier cargo o corporación de elección popular
durante el período para el cual fue elegido.
Artículo
32. Duración de las incompatibilidades de los gobernadores. Las
incompatibilidades de los gobernadores a que se refieren los numerales 1 y 4
tendrán vigencia durante el período constitucional y hasta por doce (12) meses
después del vencimiento del mismo o de la aceptación de la renuncia. En el caso
de la incompatibilidad a que se refiere el numeral 7 tal término será de
veinticuatro (24) meses en la respectiva circunscripción.
Quien
fuere designado como Gobernador, quedará sometido al mismo régimen de
incompatibilidades a partir de su posesión.
Parágrafo.
Para estos efectos, la circunscripción nacional, coincide con cada una de las
circunscripciones territoriales.
Artículo
33. De las inhabilidades de los diputados. No podrá ser inscrito como candidato
ni elegido diputado:
1. Quien
haya sido condenado por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad,
excepto por delitos políticos o culposos; o haya perdido la investidura de
congresista o, a partir de la vigencia de la presente ley, la de diputado o
concejal; o excluido del ejercicio de una profesión; o se encuentre en
interdicción para el ejercicio de funciones públicas.
2.
Quienes tengan doble nacionalidad, exceptuando los colombianos por nacimiento.
3. Quien
dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de la elección haya
ejercido como empleado público, jurisdicción o autoridad política, civil,
administrativa o militar, en el respectivo departamento, o quien como empleado
público del orden nacional, departamental o municipal, haya intervenido como
ordenador de gasto en la ejecución de recursos de inversión o celebración de
contratos, que deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo departamento.
4. Quien
dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de
negocios ante entidades públicas del nivel departamental o en la celebración de
contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de
terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el
respectivo departamento. Así mismo, quien dentro del año anterior haya sido
representante legal de entidades que administren tributos, tasas o
contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios
o de seguridad social de salud en el régimen subsidiado en el respectivo
departamento.
5. Quien
tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en segundo
grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionarios
que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan ejercido
autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo departamento;
o con quienes dentro del mismo lapso hayan sido representantes legales de
entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades
que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social de salud en
el régimen subsidiado en el respectivo departamento. Así mismo, quien esté
vinculado entre sí por matrimonio o unión permanente o parentesco dentro del
tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, y se
inscriba por el mismo partido o movimiento político para elección de cargos o
de corporaciones públicas que deban realizarse en el mismo departamento en la
misma fecha.
Artículo
34. De las incompatibilidades de los diputados. Los diputados no podrán:
1.
Aceptar o desempeñar cargo como empleado oficial; ni vincularse como
contratista con el respectivo departamento.
2.
Intervenir en la gestión de negocios o ser apoderado ante entidades del
respectivo departamento o ante las personas que administren tributos
procedentes del mismo, o celebrar con ellas, por sí o por interpuesta persona,
contrato alguno, con las excepciones de que trata el artículo siguiente.
3. Ser
miembro de juntas o consejos directivos del sector central o descentralizado de
cualquier nivel del respectivo departamento, o de instituciones que administren
tributos, tasas o contribuciones procedentes del mismo.
4.
Celebrar contratos o realizar gestiones con quienes administren, manejen, o
inviertan fondos públicos procedentes del respectivo departamento, o sean
contratistas del mismo, o reciban donaciones de éste.
5. Ser
representante legal, miembro de juntas o consejos directivos, auditor o revisor
fiscal, empleado o contratista de empresas que presten servicios públicos
domiciliarios o de seguridad social en el respectivo departamento.
Parágrafo.
El funcionario público departamental que nombre a un diputado para un empleo o
cargo público o celebre con él un contrato o acepte que actúe como gestor en
nombre propio o de terceros, en contravención a lo dispuesto en el presente
artículo, incurrirá en causal de mala conducta.
Artículo
35. Excepciones. Lo dispuesto en los artículos anteriores no obsta para
que los diputados puedan, directamente o por medio de apoderado, actuar en los
siguientes asuntos:
1. En las
diligencias o actuaciones administrativas y jurisdiccionales en las cuales
conforme a la ley, ellos mismos, su cónyuge, sus padres o sus hijos tengan
interés.
2.
Formular reclamos por el cobro de impuestos, contribuciones, tasas y de multas
que graven a las mismas personas.
3. Usar
los bienes y servicios que las entidades oficiales de cualquier clase, las
prestadoras de servicios públicos domiciliarios y de seguridad social ofrezcan
al público, bajo condiciones comunes a todos los que lo soliciten.
4. Ser
apoderados o defensores en los procesos que se ventilen ante la rama
jurisdiccional del poder público. Sin embargo, los diputados durante su período
constitucional no podrán ser apoderados ni peritos en los procesos de toda
clase que tengan por objeto gestionar intereses fiscales o económicos del
respectivo departamento, los establecimientos públicos, las empresas
comerciales e industriales del orden departamental y las sociedades de economía
mixta en las cuales las mismas entidades tengan más del cincuenta por ciento
(50%) del capital.
Artículo
36. Duración. Las incompatibilidades de los diputados tendrán vigencia
durante el período constitucional para el cual fueron elegidos. En caso de
renuncia se mantendrán durante los seis (6) meses siguientes a su aceptación,
si el lapso que faltare para el vencimiento del periodo fuere superior.
Quien
fuere llamado a ocupar el cargo de diputado, quedará sometido al mismo régimen
de incompatibilidades a partir de su posesión.
Artículo
37. Inhabilidades para ser alcalde. El artículo 95 de la Ley 136 de
1994, quedará así:
"Artículo
95. Inhabilidades para ser alcalde. No podrá ser
inscrito como candidato, ni elegido, ni designado alcalde municipal o
distrital:
1. Quien
haya sido condenado en cualquier época por sentencia judicial a pena privativa
de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos; o haya perdido la
investidura de congresista o, a partir de la vigencia de la presente ley, la de
diputado o concejal; o excluido del ejercicio de una profesión; o se encuentre
en interdicción para el ejercicio de funciones públicas.
2. Quien
dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de la elección haya
ejercido como empleado público, jurisdicción o autoridad política, civil,
administrativa o militar, en el respectivo municipio, o quien como empleado
público del orden nacional, departamental o municipal, haya intervenido como
ordenador del gasto en la ejecución de recursos de inversión o celebración de
contratos, que deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio.
3. Quien
dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de
negocios ante entidades públicas del nivel municipal o en la celebración de
contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de
terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el
respectivo municipio. Así mismo, quien dentro del año anterior a la elección,
haya sido representante legal de entidades que administren tributos, tasas o
contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios
o de seguridad social de salud en el régimen subsidiado en el respectivo
municipio.
4. Quien
tenga vínculos por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco hasta el
segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con
funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan
ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo
municipio; o con quienes dentro del mismo lapso hayan sido representantes
legales de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las
entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social de
salud en el régimen subsidiado en el respectivo municipio.
5. Haber
desempeñado el cargo de contralor o personero del respectivo municipio en un
periodo de doce (12) meses antes de la fecha de la elección."
Artículo
38. Incompatibilidades de los Alcaldes. Los alcaldes, así
como los que los reemplacen en el ejercicio del cargo no podrán:
1.
Celebrar en su interés particular por sí o por interpuesta persona o en
representación de otro, contrato alguno con el respectivo municipio, con sus
entidades públicas o privadas que manejen o administren recursos públicos
provenientes del mismo.
2. Tomar
parte en las actividades de los partidos sin perjuicio de ejercer el derecho al
sufragio.
3.
Intervenir en cualquier forma, fuera del ejercicio de sus funciones, en la
celebración de contratos con la administración pública.
4.
Intervenir, en nombre propio o ajeno, en procesos o asuntos, fuera del
ejercicio de sus funciones, en los cuales tenga interés el municipio, distrito,
o sus entidades descentralizadas.
5. Ser
apoderado o gestor ante entidades o autoridades administrativas o
jurisdiccionales, o que administren tributos.
6.
Desempeñar simultáneamente otro cargo o empleo público o privado.
7.
Inscribirse como candidato a cualquier cargo de elección popular durante el
período para el cual fue elegido.
Parágrafo.
Lo dispuesto en el presente artículo se entiende sin perjuicio de las
excepciones a las incompatibilidades de que tratan los literales a, b, c, y d.
del artículo 46 de la Ley 136 de 1994.
Artículo
39. Duración de las incompatibilidades del alcalde municipal distrital.
Las incompatibilidades de los alcaldes municipales y distritales a que se
refieren los numerales 1 y 4, tendrán vigencia durante el período
constitucional y hasta doce (12) meses después del vencimiento del mismo o de
la aceptación de la renuncia. En el caso de la incompatibilidad a que se
refiere el numeral 7 tal término será de veinticuatro (24) meses en la
respectiva circunscripción.
El mismo
régimen de inhabilidades e incompatibilidades regirá para el Distrito Capital
de Santafé de Bogotá, D.C.
Parágrafo.
Para estos efectos la circunscripción nacional, coincide con cada una de las circunscripciones
territoriales.
Artículo
40. De las inhabilidades de los Concejales. El artículo 43 de la Ley 136
de 1994 quedará así:
"Artículo
43.
Inhabilidades: No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal
municipal o distrital:
1. Quien
haya sido condenado por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad,
excepto por delitos políticos o culposos; o haya perdido la investidura de
congresista o, a partir de la vigencia de la presente ley, la de diputado o
concejal; o excluido del ejercicio de una profesión; o se encuentre en
interdicción para el ejercicio de funciones públicas.
2. Quien
dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de la elección haya
ejercido como empleado público, jurisdicción o autoridad política, civil,
administrativa o militar, en el respectivo municipio o distrito, o quien como
empleado público del orden nacional, departamental o municipal, haya
intervenido como ordenador de gasto en la ejecución de recursos de inversión o
celebración de contratos, que deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo
municipio o distrito.
3. Quien
dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de
negocios ante entidades públicas del nivel municipal o distrital o en la
celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés
propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en
el respectivo municipio o distrito. Así mismo, quien dentro del año anterior
haya sido representante legal de entidades que administren tributos, tasas o
contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios
o de seguridad social en el régimen subsidiado en el respectivo municipio o
distrito.
4. Quien
tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en segundo
grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionarios
que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan ejercido
autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo municipio
o distrito; o con quienes dentro del mismo lapso hayan sido representantes
legales de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las
entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en
el régimen subsidiado en el respectivo municipio o distrito. Así mismo, quien
esté vinculado entre sí por matrimonio o unión permanente o parentesco dentro
del segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, y se
inscriba por el mismo partido o movimiento político para elección de cargos o
de corporaciones públicas que deban realizarse en el mismo municipio o distrito
en la misma fecha."
Artículo
41. De las incompatibilidades de los concejales. Adiciónase el artículo
45 de la Ley 136 de 1994, con los siguientes numerales:
"5°.
Ser representantes legales, miembros de juntas o consejos directivos, auditores
o revisores fiscales, empleados o contratistas de empresas que presten
servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el respectivo
municipio."
Artículo
42. Excepción a las incompatibilidades. El artículo 46 de la Ley 136 de
1994 tendrá un literal c) del siguiente tenor:
"c)
Usar los bienes y servicios que las entidades oficiales de cualquier clase, las
prestadoras de servicios públicos domiciliarios y de seguridad social ofrezcan
al público, bajo condiciones comunes a todos los que lo soliciten."
Artículo
43. Duración de las incompatibilidades. El artículo 47 de la Ley 136 de
1994 quedará así:
"Artículo
47.
Duración de las incompatibilidades. Las incompatibilidades de los
concejales municipales y distritales, tendrán vigencia hasta la terminación del
período constitucional respectivo. En caso de renuncia se mantendrán durante
los seis (6) meses siguientes a su aceptación, si el lapso que faltare para el
vencimiento del período fuere superior.
Quien
fuere llamado a ocupar el cargo de concejal, quedará sometido al mismo régimen
de incompatibilidades a partir de su posesión."
Artículo
44. De las incompatibilidades de los miembros de las juntas administradoras
locales. Adiciónase el artículo 126 de la Ley 136 de 1994, así:
8.
"Ser representantes legales, miembros de juntas o consejos directivos,
auditores o revisores fiscales, empleados o contratistas de empresas que
presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el respectivo
municipio o distrito."
Artículo
45. Excepciones a las incompatibilidades de los miembros de las juntas
administradoras locales. Modificase y adiciónase el artículo 128 de la Ley
136 de 1994, así:
El
literal c) del artículo 128 de la Ley 136 de 1994 quedará así:
"c)
Usar los bienes y servicios que las entidades oficiales de cualquier clase, las
prestadoras de servicios públicos domiciliarios y de seguridad social ofrezcan
al público, bajo condiciones comunes a todos los que lo soliciten."
Artículo
46. Duración de las incompatibilidades de los miembros de las juntas
administradoras locales. El artículo 127 de la Ley 136 de 1994 quedará así:
"Artículo
127. Duración de las incompatibilidades. Las
incompatibilidades de los miembros de juntas administradoras locales
municipales y distritales tendrán vigencia hasta la terminación del período
constitucional respectivo. En caso de renuncia se mantendrán durante los seis
(6) meses siguientes a su aceptación, si el lapso que faltare para el
vencimiento del período fuere superior.
Quien
fuere llamado a ocupar el cargo de miembro de junta administradora local,
quedará sometido al mismo régimen de incompatibilidades a partir de su
posesión."
Artículo
47. Excepción al régimen de incompatibilidades. Se exceptúa del régimen
de incompatibilidades establecido en el presente capítulo el ejercicio de la
cátedra.
Artículo
48. Pérdida de investidura de diputados, concejales municipales y
distritales y de miembros de juntas administradoras locales. Los diputados
y concejales municipales y distritales y miembros de juntas administradoras
locales perderán su investidura:
1. Por
violación del régimen de incompatibilidades o del de conflicto de intereses. No
existirá conflicto de intereses cuando se trate de considerar asuntos que
afecten al concejal o diputado en igualdad de condiciones a las de la
ciudadanía en general.
2. Por la
inasistencia en un mismo período de sesiones a cinco (5) reuniones plenarias o
de comisión en las que se voten proyectos de ordenanza o acuerdo, según el
caso.
3. Por no
tomar posesión del cargo dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha de
instalación de las asambleas o concejos, según el caso, o a la fecha en que
fueren llamados a posesionarse.
4. Por
indebida destinación de dineros públicos.
5. Por
tráfico de influencias debidamente comprobado.
6. Por
las demás causales expresamente previstas en la ley.
Parágrafo
1°. Las causales 2 y 3 no tendrán aplicación cuando medie fuerza mayor.
Parágrafo
2°. La pérdida de la investidura será decretada por el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo con jurisdicción en el respectivo departamento de
acuerdo con la ley, con plena observancia del debido proceso y en un término no
mayor de cuarenta y cinco (45) días hábiles, contados a partir de la fecha de
la solicitud formulada por la mesa directiva de la asamblea departamental o del
concejo municipal o por cualquier ciudadano. La segunda instancia se surtirá
ante la sala o sección del Consejo de Estado que determine la ley en un término
no mayor de quince (15) días.
Artículo
49. Prohibiciones relativas a cónyuges, compañeros permanentes y parientes
de los gobernadores, diputados, alcaldes municipales y distritales; concejales
municipales y distritales; y miembros de juntas administradoras locales
municipales y distritales. Los gobernadores, diputados, alcaldes
municipales y distritales y concejales municipales y distritales, y miembros de
juntas administradoras locales municipales y distritales no podrán nombrar, ser
miembros de juntas o concejos directivos de entidades de sector central o
descentralizado del correspondiente departamento, distrito o municipio ni
miembro de juntas directivas, representantes legales, revisores fiscales,
auditores o administradores de las entidades prestadoras de servicios públicos
domiciliarios o de seguridad social en el respectivo departamento o municipio.
Los
cónyuges o compañeros permanentes de los gobernadores, diputados, alcaldes
municipales y distritales y concejales municipales y distritales, y miembros de
juntas administradoras locales municipales y distritales y sus parientes dentro
del segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o primero civil, no
podrán ser designados funcionarios del respectivo departamento, distrito o
municipio, o de sus entidades descentralizadas.
Los
cónyuges o compañeros permanentes de los gobernadores, diputados, alcaldes
municipales y distritales y concejales municipales y distritales, y miembros de
juntas administradoras locales municipales y distritales y sus parientes dentro
del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, no
podrán ser miembros de juntas o consejos directivos de entidades de los
sectores central o descentralizado del correspondiente departamento, distrito o
municipio ni miembros de juntas directivas, representantes legales, revisores
fiscales, auditores o administradores de entidades prestadoras de los servicios
públicos domiciliarios o de seguridad social en el respectivo departamento,
distrito o municipio; ni contratistas de ninguna de las entidades mencionadas
en este inciso directa o indirectamente.
Parágrafo
1°. Se exceptúan de lo previsto en este artículo, los nombramientos que se
hagan en aplicación de las normas vigentes sobre carrera administrativa.
Parágrafo
2°. Las prohibiciones para el nombramiento, elección o designación de
servidores públicos y trabajadores previstas en este artículo también se
aplicarán en relación con la vinculación de personal a través de contratos de
prestación de servicios.
Artículo
50. Prohibición para el manejo de cupos presupuestales. Prohíbese a los
diputados, concejales y miembros de juntas administradoras locales municipales
y distritales, intervenir en beneficio propio o de su partido o grupo político,
en la asignación de cupos presupuestales o en el manejo, dirección o
utilización de recursos del presupuesto, sin perjuicio de la iniciativa en
materia de gasto que se ejercerá únicamente con ocasión del debate al
respectivo plan de desarrollo y del debate de la ordenanza o acuerdo anual de
presupuesto, en la forma que establecen las Leyes Orgánicas del Plan y del
Presupuesto.
Artículo
51. Extensión de las incompatibilidades de los contralores y personeros.
Las incompatibilidades de los contralores departamentales, distritales y
municipales y de los personeros distritales y municipales tendrán vigencia
durante el período para el cual fueron elegidos y hasta doce (12) meses
posteriores al vencimiento del período respectivo o la aceptación de la
renuncia.
CAPITULO VI
Régimen para Santa
Fe de Bogotá Distrito Capital
Artículo
52. Financiación de gastos de funcionamiento de Santa Fe de Bogotá D.C.
Los gastos de funcionamiento de Santa Fe de Bogotá D.C. deben financiarse con
sus ingresos corrientes de libre destinación, de tal manera que éstos sean
suficientes para atender sus obligaciones corrientes, provisionar el pasivo
prestacional y pensional; y financiar, al menos parcialmente, la inversión
pública autónoma del distrito. En consecuencia, no se podrán financiar gastos
de funcionamiento con recursos de:
a) El
situado fiscal;
b) La
participación de los municipios en los ingresos corrientes de la Nación de
forzosa inversión;
c) Los
ingresos percibidos en favor de terceros que, por mandato legal o convencional,
las entidades territoriales estén encargadas de administrar, recaudar o
ejecutar;
d) Los
recursos del balance, conformados por los saldos de apropiación financiados con
recursos de destinación específica;
e) Los
recursos de cofinanciación;
f) Las
regalías y compensaciones;
g) El
crédito interno o externo;
h) Los
activos, inversiones y rentas titularizados, así como el producto de los
procesos de titularización;
i) La
sobretasa al ACPM;
j) El
producto de la venta de activos fijos;
k) Otros
aportes y transferencias con destinación específica o de carácter transitorio;
l) Los
rendimientos financieros producto de rentas de destinación específica.
Parágrafo
1°. Los gastos para la financiación de docentes y personal del sector salud que
se financien con cargo a recursos de libre destinación del distrito y que
generen obligaciones que no se extingan en una vigencia, sólo podrán seguirse
financiando con ingresos corrientes de libre destinación.
Parágrafo
2°. Los gastos de funcionamiento que no sean cancelados durante la vigencia fiscal
en que se causen, se seguirán considerando como gastos de funcionamiento
durante la vigencia fiscal en que se paguen.
Parágrafo
3°. Los contratos de prestación de servicios para la realización de actividades
de carácter administrativo se clasificarán para los efectos de la presente ley
como gastos de funcionamiento, independientemente del origen de los recursos
con los cuales se financien.
Artículo
53. Valor máximo de los gastos de funcionamiento de Santa Fe de Bogotá,
D. C. Durante cada vigencia fiscal, los gastos de funcionamiento de Santa
Fe de Bogotá, Distrito Capital, incluida la personería, no podrán superar el
cincuenta por ciento (50%) como proporción de sus ingresos corrientes de libre
destinación.
Parágrafo.
Se establece un período de transición a partir del año 2001 para Santa Fe de
Bogotá, Distrito Capital con el fin de dar aplicación a la presente ley así:
Año
2001 2002
2003 2004
Santa Fe
de Bogotá, D. C. 58% 55% 52% 50%
Artículo
54. Valor máximo de los gastos del Concejo y la Contraloría de Santa Fe de
Bogotá, D. C. Durante cada vigencia fiscal, la sumatoria de los gastos del
Concejo y la Contraloría de Santa Fe de Bogotá no superará el monto de gastos
en salarios mínimos legales vigentes, más un porcentaje de los ingresos
corrientes anuales de libre destinación según la siguiente tabla:
Límite en salarios mínimos Porcentaje de los ingresos
legales mensuales corrientes de libre destinación
Concejo
3.640 smlm 2.0%
Contraloría
3.640 smlm 3.0%
Artículo
55. Período de transición para ajustar los gastos del Concejo y la
Contraloría de Santa Fe de Bogotá, D.C. Se establece un período de
transición a partir del año 2001, para que Santa Fe de Bogotá, D. C., ajuste
los gastos del Concejo y la Contraloría, de forma tal que al monto máximo de
gastos autorizados en salarios mínimos en el artículo anterior, se podrá sumar
por período fiscal, los siguientes porcentajes de los ingresos corrientes de
libre destinación:
Año
2001 2002
2003 2004
Concejo
2.3% 2.2% 2.1% 2.0%
Contraloría
3.8% 3.5% 3.3% 3.0%
Artículo
56. Prohibición de transferencias y liquidación de empresas ineficientes.
Prohíbese al sector central del Distrito Capital efectuar transferencias a las
loterías, las empresas prestadoras del servicio de salud y las instituciones de
naturaleza financiera de propiedad del Distrito, si las tuviere o llegase a
tener, o con participación mayoritaria en ellas, distintas de las ordenadas por
la ley o de las necesarias para la constitución de ellas y efectuar aportes o
créditos directos o indirectos bajo cualquier modalidad.
Cuando
una Empresa Industrial y Comercial del Estado o sociedad de economía mixta, de
aquellas a que se refiere el presente artículo genere pérdidas durante tres (3)
años seguidos, se presume de pleno derecho que no es viable y deberá liquidarse
o enajenarse la participación estatal en ella, en ese caso sólo procederán las
transferencias, aportes o créditos para la liquidación.
Artículo
57. Salario del Contralor y el Personero de Santa Fe de Bogotá D. C. El
monto de los salarios asignados al Contralor y al Personero de Santa Fe de
Bogotá, D. C. en ningún caso podrá superar el cien por ciento (100%) del
salario del alcalde.
Artículo
58. Honorarios y Seguros de concejales. A los concejales se les
reconocerán honorarios por su asistencia a las sesiones plenarias y a las de
las comisiones permanentes que tengan lugar en días distintos a los de
aquellas. Por cada sesión a la que concurran, sus honorarios serán iguales a la
remuneración mensual del alcalde mayor dividida por veinte (20).
En todo
caso el monto de los honorarios mensuales de los concejales no excederán la
remuneración mensual del alcalde mayor.
También
tendrán derecho, durante el período para el cual fueron elegidos, a un seguro
de vida equivalente a trescientos (300) salarios mínimos mensuales legales y a
un seguro de salud. El alcalde contratará con una compañía autorizada los
seguros correspondientes.
Cuando
ocurran faltas absolutas, quienes llenen las vacantes correspondientes tendrán
derecho a los beneficios a que se refiere este artículo, desde el momento de su
posesión y hasta que concluya el período respectivo.
El pago
de los honorarios y de las primas de los seguros aquí previstos estará a cargo
del Fondo Rotatorio del Concejo.
Artículo
59. Honorarios y Seguros de ediles. A los ediles se les reconocerán
honorarios por su asistencia a sesiones plenarias y a las de las comisiones
permanentes que tengan lugar en días distintos a los de aquellas. Por cada
sesión a la que concurran, sus honorarios serán iguales a la remuneración del
alcalde local, dividida por veinte (20). Los ediles tendrán derecho a los
mismos seguros reconocidos por esta ley a los concejales.
En ningún
caso los honorarios mensuales de los ediles podrán exceder la remuneración
mensual del alcalde local.
El pago
de los honorarios y de las primas de seguros ordenados estarán a cargo del
respectivo fondo de desarrollo local.
Artículo
60. Inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones para el Alcalde Mayor,
los concejales, los ediles, el contralor y el personero de Santa Fe de Bogotá
Distrito Capital. Las disposiciones en materia de inhabilidades,
incompatibilidades y prohibiciones para ser elegido a cargo o corporación de
elección popular para el nivel municipal y distrital contenidas en el Capítulo
Quinto de la presente ley, rigen para Santa Fe Bogotá Distrito Capital.
CAPITULO VII
Alivios a la Deuda
Territorial
Artículo
61. Requisitos para Otorgar las Garantías. La Nación otorgará garantías
a las obligaciones contraídas por las entidades territoriales con entidades
financieras vigiladas por la Superintendencia Bancaria, cuando se cumplan todos
los siguientes requisitos:
a) Que
las entidades territoriales cuyas deudas se garanticen, requieran de un
programa de ajuste fiscal;
b) Que
las entidades territoriales cuyas deudas se garanticen, se comprometan a
realizar dicho ajuste fiscal, en los términos establecidos en los artículos 5,
7, 8, 9, 11, 53 y 55 de esta ley, y no dispongan de recursos propios
suficientes para efectuarlo;
c) Que
las entidades territoriales tengan deudas que deban ser reestructuradas para
recuperar su capacidad de pago;
d) Que
las entidades financieras se comprometan a otorgar nuevos créditos para
financiar los programas de ajuste fiscal antes mencionados.
e) Que
las obligaciones contraídas con las entidades financieras se reestructuren en
condiciones de plazo y costo que permitan su adecuada atención y el
restablecimiento de su capacidad de pago;
f) Que se
constituya una fiducia de administración y pago de todos los recursos que se
destinarán al pago del endeudamiento que se garantice. En dicha fiducia, se
incluirá la administración de los recursos y el pago de la deuda reestructurada
y garantizada, junto con sus garantías y fuentes de pago. En el acuerdo, las
partes podrán convenir la contratación directa de la fiducia a que se refiere
este literal;
g) Que
los acuerdos de ajuste fiscal se suscriban antes del 30 de junio del 2001.
Parágrafo.
Los créditos para ajuste fiscal a los cuales se refiere la presente ley, se
destinarán a pagar las indemnizaciones, obligaciones, liquidaciones de
contratos de prestación de servicios personales y pasivos del personal que sea
necesario desvincular en el proceso de reestructuración de la entidad
territorial.
Artículo
62. Garantía créditos de ajuste fiscal. La garantía de la Nación será
hasta del cien por ciento (100%) de los nuevos créditos destinados al ajuste
fiscal, cuando se contraten dentro de los plazos establecidos por la presenta
ley y cuenten con la previa autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público.
Artículo
63. Garantía otros créditos. La deuda vigente a 31 de diciembre de 1999
que sea objeto de reestructuración por parte de las entidades financieras
vigiladas por la Superintendencia Bancaria, será garantizada hasta por el
porcentaje que en cada acuerdo de reestructuración se convenga de conformidad
con la ampliación de plazos y reducción de costo contemplados en el mismo, sin
que en ningún caso dicha garantía exceda del cuarenta por ciento (40%).
Artículo
64. Autorizaciones. El otorgamiento de la garantía de la Nación de que
tratan los dos artículos anteriores, sólo requerirá de la autorización del
Ministro de Hacienda y Crédito Público y no afectará los cupos de garantías
autorizados por otras leyes.
Artículo
65. Fondo de Contingencias. Créase en el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público un Fondo de Contingencias como una cuenta sin personería jurídica,
para atender los pagos que por concepto de la garantía tuviere que efectuar la
Nación, en cumplimiento de la presente ley. El Fondo se alimentará con recursos
provenientes del Presupuesto General de la Nación. Los recursos del Fondo
atenderán los pagos solicitados por la fiducia, correspondientes al porcentaje
garantizado por la Nación de la diferencia resultante entre el monto que ha
debido pagar la entidad territorial de conformidad con lo previsto en los
acuerdos de reestructuración y el valor efectivamente recaudado por la fiducia
con este propósito.
En el
evento en que la Nación honre la garantía, ésta se subrogará en los derechos de
la entidad financiera frente a la deuda de la entidad territorial hasta por el
porcentaje correspondiente al pago efectuado.
Artículo
66. Manejo fiduciario. La Nación –Ministerio de Hacienda y Crédito
Público– contratará en forma directa la fiduciaria que manejará el Fondo de que
trata el artículo anterior y hará las apropiaciones presupuestales necesarias
para efectuar los aportes anuales al Fondo, los cuales se entenderán ejecutados
una vez sean transferidos al mismo. Estas apropiaciones se clasificarán en
servicio de la deuda como servicio de pasivos contingentes.
Artículo
67. Control de cumplimiento. Sin perjuicio de las competencias de las
Contralorías Departamentales y Municipales, el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, las entidades financieras acreedoras vigiladas por la Superintendencia
Bancaria y la Contraloría General de la República harán control al cumplimiento
de los acuerdos de reestructuración.
El
incumplimiento de los acuerdos de reestructuración será causal para sancionar a
los alcaldes y gobernadores hasta con destitución del cargo.
En caso
de incumplimiento, la Contraloría General de la República abrirá juicios
fiscales a los responsables de dicho incumplimiento.
CAPITULO VIII
Disposiciones
Finales
Artículo
68. Apoyo al Saneamiento Fiscal. Para la implementación de programas de
saneamiento fiscal y fortalecimiento institucional, las entidades territoriales
y sus descentralizadas podrán, en cualquier momento, contratar créditos en
condiciones blandas con entidades financieras de redescuento como Findeter,
quienes implementarán una línea de crédito para tal fin.
Parágrafo.
En los programas de saneamiento fiscal y fortalecimiento institucional de que
habla el presente artículo, las entidades territoriales y sus descentralizadas
deberán incluir un plan de contingencia para la adaptación de las personas
desvinculadas a una nueva etapa productiva.
Artículo
69. Modifícase el numeral 1 del artículo 58 de la Ley 550 de 1999, el cual
quedará así:
"1.
En el caso del sector central de las entidades territoriales actuará como
promotor el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sin que sea necesario que
se constituyan las garantías establecidas en el artículo 10 por parte de las
dependencias o funcionarios del Ministerio. En todo caso las actuaciones del
Ministerio se harán por conducto de personas naturales.
En el
caso del sector descentralizado la promoción le corresponderá ejercerla a la
Superintendencia que ejerza inspección, control o vigilancia sobre la
respectiva entidad.
Tratándose
de entidades descentralizadas que no estén sujetas a inspección, control o
vigilancia de ninguna superintendencia, la competencia a que se refiere el
presente artículo corresponderá al Ministerio de Hacienda y Crédito
Público."
Artículo
70. De la contratación. No podrá contratar con ninguna entidad estatal
quien aparezca como deudor en mora en las bases de datos de la Dian y en
aquellas que las entidades territoriales establezcan a través de sus
organizaciones gremiales.
Artículo
71. De las indemnizaciones de personal. Los pagos por conceptos de
indemnizaciones de personal en procesos de reducción de planta no se tendrá en
cuenta en los gastos de funcionamiento para efectos de la aplicación de la
presente ley.
Artículo
72. De los bonos pensionales. La redención y/o pago de los bonos
pensionales tipos A y B en las entidades territoriales se atenderán con cargo
al servicio de la deuda de la respectiva entidad territorial.
Artículo
73. Límite a las asignaciones de los servidores públicos territoriales.
Ningún servidor público de una entidad territorial podrá recibir una asignación
superior al salario del gobernador o alcalde.
Artículo
74. Atribuciones de los gobernadores y alcaldes. El gobernador y el
alcalde en ejercicio de las funciones establecidas en los artículos 305 numeral
7° y 315 numeral 7° de la Constitución Política respectivamente, podrán crear,
suprimir y fusionar los empleos de sus dependencias, señalar sus funciones
especiales y fijar sus emolumentos con sujeción a la ley, las ordenanzas y los
acuerdos respectivamente. El gobernador con cargo al tesoro departamental no
podrá crear obligaciones que excedan al monto global fijado para el respectivo
servicio en el presupuesto inicialmente aprobado. El alcalde no podrá crear
obligaciones que excedan el monto globalmente fijado para gastos de personal en
el presupuesto inicialmente aprobado. Para dar cumplimiento a los efectos de la
presente ley.
Artículo
75. Libertad para la creación de dependencias. Sin perjuicio de las
competencias que le han sido asignadas por la ley a los departamentos,
distritos o municipios, éstos no están en la obligación de contar con unidades
administrativas, dependencias, entidades, entes u oficinas para el cumplimiento
de las siguientes funciones: desarrollo de políticas de vivienda de interés
social, defensa del medio ambiente y cumplimiento de las normas en materia
ambiental, atención de quejas y reclamos, asistencia técnica agropecuaria,
promoción del deporte, tránsito, mujer y género, primera dama, información y
servicios a la juventud y promoción, casas de la cultura, consejerías,
veedurías o aquellas cuya creación haya sido ordenada por otras leyes.
Las
unidades administrativas, dependencias, entidades, entes u oficinas a que se
refiere el presente artículo sólo podrán crearse o conservarse cuando los
recursos a que se refiere el artículo tercero de la presente ley sean
suficientes para financiar su funcionamiento. En caso contrario las
competencias deberán asumirse por dependencias afines.
En todo
caso las dependencias que asuman las funciones determinadas en el presente
artículo deberán cumplir con las obligaciones constitucionales y legales de
universalidad, participación comunitaria y democratización e integración
funcional.
Parágrafo
1°. Las funciones de control interno y de contaduría podrán ser ejercidas por
dependencias afines dentro de la respectiva entidad territorial en los
municipios de 3ª , 4ª , 5ª y 6ª categorías.
Parágrafo
2°. Las dependencias que asumen las funciones de los Entes Deportivos
Departamentales, deberán, como mínimo tener Junta Directiva con representación
de ligas, municipios y de Coldeportes Nacional; así como manejar los recursos
de fondos del deporte en cuentas especiales para este fin.
Igualmente,
deberán tener un plan sectorial del deporte de conformidad con la legislación
vigente.
Parágrafo
3°. Los municipios de tercera, cuarta, quinta y sexta categorías no están
obligados a nombrar en los cargos directivos o secretarios de despacho a
personas con título profesional, excepción del Contador que debe ser titulado.
Artículo
76. Titularización de rentas. No se podrá titularizar las rentas de una
entidad territorial por un período superior al mandato del gobernador o
alcalde.
Artículo
77. Readaptación laboral. El Departamento Administrativo de la Función
Pública, los departamentos y municipios serán responsables de establecer y
hacer seguimiento de una política de reinserción en el mercado laboral de las
personas que deben desvincularse en el cumplimiento de las disposiciones de
esta ley.
Dentro de
las actividades que se deban implementar bajo la dirección o coordinación del
Departamento Administrativo de la Función Pública deberán incluirse programas
de capacitación, préstamos y servicio de información laboral. En este proceso
participarán activamente la Escuela Superior de Administración Pública (Esap),
el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), Dansocial, y las demás entidades
del Estado que sean designadas por el gobierno.
Así
mismo, promoverán y fomentarán la creación de cooperativas de trabajo asociado
conformado por el personal desvinculado.
La
omisión total o parcial de esta disposición, dará lugar al ejercicio de la
acción de cumplimiento a que se refiere el artículo 83 y a la imposición de las
sanciones previstas en el artículo 84.
Artículo
78. Unidades de apoyo. Las asambleas y concejos podrán contar con
unidades de apoyo normativo, siempre que se observen los límites de gastos a
que se refieren los artículos 8º, 10, 11, 54 y 55.
Artículo
79. Control social a la gestión pública territorial. El Departamento
Nacional de Planeación publicará en medios de amplia circulación nacional con
la periodicidad que señale el reglamento y por lo menos una vez al año, los
resultados de la evaluación de la gestión de todas las entidades territoriales,
incluidos sus organismos de control, según la metodología que se establezca
para tal efecto.
Artículo
80. Restricción al apoyo financiero de la Nación. Prohíbese a la Nación
otorgar apoyos financieros directos o indirectos a las entidades territoriales
que no cumplan las disposiciones de la presente ley; en consecuencia a ellas no
se les podrá prestar recursos de la Nación, cofinanciar proyectos, garantizar
operaciones de crédito público o transferir cualquier clase de recursos,
distintos de los señalados en la Constitución Política. Tampoco podrán acceder
a nuevos recursos de crédito y las garantías que otorguen no tendrán efecto jurídico.
Tampoco
podrán recibir los apoyos a que se refiere el presente artículo, ni tener
acceso a los recursos del sistema financiero, las entidades territoriales que
no cumplan con las obligaciones en materia de contabilidad pública y no hayan
remitido oportunamente la totalidad de su información contable a la Contaduría
General de la Nación.
Artículo
81. Extensión del control de la Contraloría General de la República. En
desarrollo del inciso tercero del artículo 267 de la Constitución Nacional, la
Contraloría General de la República realizará el control fiscal de las
entidades territoriales que incumplan los límites previstos en la presente ley.
Para el efecto, la Contraloría General de la República gozará de las mismas
facultades que ejerce en relación con la Nación.
Artículo
82. Capacitación a nuevos servidores públicos electos. La Escuela
Superior de Administración Pública (Esap), y las demás instituciones de
educación pública universitaria adelantarán un programa de capacitación en
administración pública, dirigido a los alcaldes, gobernadores y miembros de
corporaciones públicas de elección popular, durante el período que medie entre
su elección y posesión.
Artículo
83. Acción de cumplimiento. Toda persona podrá acudir ante la autoridad
judicial para hacer efectivo el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
ley, de conformidad con lo establecido en la Ley 393 de 1997.
Artículo
84. Sanciones por incumplimiento. El incumplimiento de lo previsto en la
presente ley, constituirá falta gravísima, sancionable disciplinariamente de
conformidad con la ley.
Artículo
85. Areas metropolitanas. Los distritos o municipios ubicados en
jurisdicción de las áreas metropolitanas, se clasificarán atendiendo únicamente
al factor poblacional indicado en el artículo segundo. En todo caso dichos
municipios se clasificarán como mínimo en la categoría cuarta.
Artículo
86. Régimen de transición para el régimen de inhabilidades e
incompatibilidades. El régimen de inhabilidades e incompatibilidades a los
cuales se refiere la presente ley, regirá para las elecciones que se realicen a
partir del año 2001.
Artículo
87. Seguro de vida para los alcaldes. Los alcaldes tendrán derecho
durante el período para el cual han sido elegidos a un seguro de vida. Para tal
efecto, el Concejo autorizará al alcalde para que contrate con una compañía de
seguros legalmente autorizada el seguro previsto en este artículo.
El pago
de las primas estará a cargo del Municipio o Distrito.
Artículo
88. Modifícase el numeral 4° del artículo 69 del Decreto-ley 1421 de 1993,
quedara así:
"Numeral
4°. Aprobar el presupuesto anual del respectivo fondo de desarrollo, previo
concepto favorable del concejo distrital de política económica y fiscal y de
conformidad con los programas y proyectos del plan de desarrollo local.
El
ochenta por ciento (80%) de las apropiaciones no podrá ser inferior al monto de
dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales y el veinte por ciento (20%)
restantes de las apropiaciones no podrá ser inferior al monto de doscientos
(200) salarios mínimos mensuales legales. No podrán hacer apropiaciones para la
iniciación de nuevas obras mientras no estén terminadas las que se hubieren
iniciado en la respectiva localidad para el mismo servicio".
Artículo
89. Gastos inferiores a los límites. Aquellos departamentos, distritos o
municipios que en el año anterior a la entrada en vigencia de esta ley tuvieron
gastos por debajo de los límites establecidos en los artículos anteriores, no
podrán aumentar las participaciones ya alcanzadas en dichos gastos como
proporción de los ingresos corrientes de libre destinación.
Artículo
90. Otorgamiento de créditos. Ninguna entidad financiera podrá otorgar
créditos a las entidades territoriales que incumplan los límites establecidos
en la presente ley, sin la previa autorización del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público y la suscripción de un plan de desempeño en los términos
establecidos en la Ley 358 de 1997 y sus disposiciones complementarias.
Artículo
91. Límite a los gastos del nivel nacional. Durante los próximo cinco
(5) años, contados a partir de la publicación de la presente ley, el
crecimiento anual de los gastos por adquisición de bienes y servicios de los
órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación y de las Empresas
Industriales y Comerciales del Estado y Sociedades de Economía Mixta con el
régimen de aquéllas, dedicadas a actividades no financieras, no podrá superar
en promedio el cincuenta por ciento (50%) de la meta de inflación esperada para
cada año, según las proyecciones del Banco de la República.
El rubro
de viáticos y de gastos de viaje tampoco podrá superar el cincuenta por ciento
(50%) de la mencionada meta de inflación.
Se
exceptúan de esta disposición los gastos para la prestación de los servicios de
salud, los de las Fuerzas Armadas y los del Departamento Administrativo de
Seguridad, DAS.
Parágrafo.
El límite establecido en este artículo para los gastos del nivel nacional
también se aplicará para el Congreso de la República.
Artículo
92. Control a gastos de personal. Durante los próximos cinco (5) años,
contados a partir de la vigencia de la presente ley, el crecimiento anual de
los gastos de personal de las Entidades Públicas Nacionales no podrá superar en
promedio el noventa por ciento (90%) de la meta de inflación esperada para cada
año, según las proyecciones del Banco de la República. A partir del sexto año,
estos gastos no podrán crecer en términos reales.
Artículo
93. Naturaleza de los Gastos de Publicidad. Contratos de Publicidad. Para
los efectos de la presente ley, los gastos de publicidad se computan como
gastos de funcionamiento y en ningún caso podrán considerarse como gastos de
inversión.
Artículo
94. Los Contadores Generales de los Departamentos, además de las funciones
propias de su cargo, deberán cumplir aquéllas relacionadas con los procesos de
consolidación, asesoría y asistencia técnica, capacitación y divulgación y
demás actividades que el Contador General de la Nación considere necesarias
para el desarrollo del Sistema General de Contabilidad Pública en las entidades
departamentales y municipales, en sus sectores central y descentralizado.
Artículo
95. Normas orgánicas. Los artículos 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10,
11,13, 14, 52, 53, 54, 55, 56, 89, 91, 92 y 93 son normas orgánicas de
presupuesto.
Artículo
transitorio. Mientras se expide la ley orgánica de ordenamiento territorial, o
la ley que regule el régimen departamental, el número de diputados por
departamentos será el siguiente:
Amazonas
11
Antioquia
29
Arauca 11
Atlántico
19
Bolívar
18
Boyacá 18
Caldas 16
Caquetá
15
Casanare
11
Cauca 16
Cesar 16
Córdoba
17
Cundinamarca
19
Chocó 15
Huila 16
Guainía
11
Guaviare
11
La
Guajira 15
Magdalena
16
Meta 15
Nariño 17
Norte de
Santander 17
Putumayo
13
Quindío
15
Risaralda
16
San
Andrés 11
Santander
19
Sucre 15
Tolima 17
Valle 25
Vaupés 11
Vichada
11
Artículo
96. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de su
promulgación y deroga los artículos: 17 de la Ley 3 de 1991; parágrafo 3° del
artículo 11 de la Ley 87 de 1993; el segundo inciso del parágrafo del artículo
97 de la Ley 99 de 1993; 57 de la Ley 101 de 1993; 96 y 106 del Decreto 1421 de
1993; la Ley 166 de 1994; artículos 1°, 3°, 5°, 6°, 8° y 11 de la Ley 177 de
1994; el artículo 68 de la Ley 181 de 1995; 53 de la Ley 190 de 1995; los
artículos 7°, 11, 12 y 13 de la Ley 330 de 1996; 23 de la Ley 397 de 1997 y las
demás disposiciones que le sean contrarias. Se deroga lo establecido en el
numeral 4° del artículo 95 de la Ley 136 de 1994 y la expresión "quienes
dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la elección hayan sido
empleados públicos o trabajadores oficiales, ni" del numeral 5° del
artículo 44 de la Ley 200 de 1995.
El
Presidente del honorable Senado de la República,
Mario Uribe Escobar.
El
Secretario General del honorable Senado de la República,
Manuel Enríquez
Rosero.
El
Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
Basilio Villamizar
Trujillo.
El
Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,
Angelino Lizcano
Rivera.
REPUBLICA DE
COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Publíquese
y ejecútese.
Dada en
Bogotá, D. C., a 6 de octubre de 2000.
ANDRES PASTRANA
ARANGO
El
Ministro del Interior,
Humberto de la Calle
Lombana.
El
Ministro de Hacienda y Crédito Publico,
Juan Manuel Santos
Calderón.
AVISO
III.    DEMANDAS
D-3270
Para el ciudadano Oliverio Moreno Nova, la
ley 617 de 2000 vulnera los artículos 151, 157, 158 y 322 de la Constitución
Política.
El actor considera que el trámite surtido
en el Congreso de la República para la discusión y aprobación del proyecto de
Ley 046 de 1999 Cámara, 199 de 1999 Senado, hoy Ley 617 de 2000, se encuentra
afectado en su validez constitucional, en razón a los diversos y grandes vicios
de trámite que se concretan en tres aspectos centrales, a saber: indebida
acumulación de materias que debieron ser tramitadas en proyectos separados;
falta de competencia de las comisiones que tramitaron dicho proyecto y falta de
comisión calificada para las mayorías contenidas en el citado proyecto.
a)  Indebida acumulación de materias en un
mismo proyecto.
Con relación a este cargo, señala el
accionante que la indebida acumulación de materias en un mismo proyecto
proscrita por el artículo 158 Superior, se hace ostensible por la inclusión
dentro del proyecto de ley de normas relativas a leyes orgánicas como las de
presupuesto y ordenamiento territorial, leyes ordinarias como las de control
fiscal, contratación estatal, régimen de seguridad social integral, y leyes
especiales como las relativas al régimen prestacional y salarial de los
empleados públicos. Así mismo, dice el actor que la ley cuestionada, contempla
normas relativas al régimen para el distrito capital, además de la
descentralización administrativa, la racionalización del gasto público y el
régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los servidores territoriales,
entre otras.
Señala el ciudadano demandante, que el
título de la ley acusada demuestra cómo en el contenido de la misma se acumulan
temas relativos a la organización de las entidades territoriales, sus entidades
administrativas y organismos de control, sus presupuestos y límites a los
gastos de las mismas, y el régimen del distrito capital. Considera que esto se
encuentra claramente ilustrado, pues los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 13, 14, 52, 54, 55, 56, 89, 91, 92 y 93, de la Ley 617 de 2000,
corresponden a normas orgánicas de presupuesto, lo cual se pone de manifiesto
en el mismo enunciado del artículo 95 ibidem.
Por otra parte, los artículos 15, 16, 17,
19, 21 y 29 contienen preceptos relativos a normas orgánicas de ordenamiento
territorial. Así mismo, para el accionante, los temas salariales y
prestacionales propios de un decreto ejecutivo, se han acumulado con normas
orgánicas y ordinarias, como puede observarse de la sola lectura de los
artículos 20, 22, 23, 27, 28, 57, 71, 72 y 73, relativos al tema de salarios de
contralores y personeros municipales y otros asuntos; régimen que a su juicio,
debe ser fijado por el Gobierno Nacional en desarrollo de la Ley 4ª de 1992,
proferida por el Legislativo con fundamento en el numeral 19, literal e, del
artículo 150 de la Carta.
La ley demandada según el accionante,
también contiene otros artículos referidos a diversas materias que deben ser
objeto de leyes ordinarias, como la contratación administrativa (arts. 18, 69,
70 y 93); racionalización del gasto público (arts. 25, 26, 61, 63, 64, 65, 66,
67, 68 y 80); régimen de inhabilidades e incompatibilidades (arts. 30 a 51, 86
y 91); carrera administrativa (arts. 74 y 77); régimen disciplinario (art.
84).
Finalmente en relación con este cargo,
atendiendo el mandato superior contenido en el artículo 322, el régimen
político, fiscal y administrativo de Bogotá, debe ser determinado por la
Constitución y por leyes especiales, sin embargo, la ley demandada contiene
regulaciones al mencionado tema en sus artículos 52 a 61.
b)     Falta de competencia de las comisiones que
tramitaron el proyecto de ley.
La acusación concreta de falta de
competencia de las comisiones del Congreso que tramitaron el proyecto de ley
que culminó con la expedición de la Ley 617 de 2000, consiste en que la materia
predominante de dicha ley se refiere a normas orgánicas de presupuesto que debieron
tramitarse por la comisión cuarta, pues se trata de una competencia específica
dada por la materia y la naturaleza de la ley. Así lo dispone la Ley 3 de 1992,
que concede la competencia para conocer de las leyes orgánicas de presupuesto y
el sistema de control fiscal financiero, a la Comisión Cuarta. Esta
circunstancia conculca el numeral 2º artículo 157 de la Constitución Política,
que dispone que ningún proyecto será ley si no ha sido aprobado en la
correspondiente comisión permanente de cada Cámara.
En el caso de la ley demandada, su trámite
se surtió en las Comisiones Primeras del Congreso de la República, cuya
competencia recae sobre la organización territorial y no posee el alcance de
subsumir e incluir temas propios de leyes orgánicas de presupuesto y asuntos
fiscales propios y especiales de las Comisiones Cuartas de presupuesto.
c)      Falta de votación calificada para las
materias contenidas en el proyecto.
Para el actor la “promiscuidad” de
materias contenidas en la Ley 617 de 2000, ha creado un hibrido constitucional,
no permitiendo con ello cumplir con la mayoría calificada en la votación de las
materias constitutivas de leyes orgánicas de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 151 Superior, requisito que fue pretermitido tanto en la Cámara de
Representantes como en el Senado de la República.
D-3273
La ciudadana Clara Eugenia Solarte López
demanda la inexequibilidad de los artículos 32 y 39 de la Ley 617 de 2000, pues
considera que las disposiciones acusadas al extender a veinticuatro meses la
duración de la incompatibilidad prevista en el numeral 7º del artículo 31 para
los gobernadores y en el numeral 7º del artículo 38 para los alcaldes, violan
flagrantemente lo preceptuado por el artículo 179, ordinal 2º de la
Constitución Política.
Considera que la prohibición establecida en
las normas acusadas, consiste en impedir a gobernadores y alcaldes la
inscripción como candidatos a cargos de elección popular hasta veinticuatro
meses después de haber hecho dejación de sus cargos, bien sea por vencimiento
del periodo o por renuncia aceptada.
Manifiesta que vencido el periodo de los
actuales gobernadores y alcaldes a 31 de diciembre de 2000, mal puede
establecérseles una incompatibilidad para inscribirse como candidatos a cargos
de elección popular durante veinticuatro meses, sin transgredir lo dispuesto
por el artículo 179, numeral 2º Superior, que prohibe ser congresista a quienes
hubieren ejercido como empleados públicos jurisdicción o autoridad política,
civil, administrativa o militar, dentro de los doce meses anteriores a la fecha
de la elección.
Aduce la accionante, que tratándose de un
régimen prohibitivo como es el caso de las inhabilidades e incompatibilidades,
no puede la ley, norma subalterna, establecer un término de inhabilidad mayor “bajo
el disfraz de una incompatibilidad”. Se trata entonces, de una ostensible
transgresión de la norma constitucional, pues se configura un choque frontal
con el término prescrito por la Carta para inscribirse como candidatos a cargos
de elección popular, entre ellos el de congresista, que según la actora es el
propósito de la ley.
IV.    INTERVENCIONES
1.  Intervenciones del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público y del Ministerio del Interior.
Estas dos intervenciones serán resumidas
conjuntamente en atención a la similitud de sus argumentaciones, encaminadas a
la defensa de la constitucionalidad de la ley demandada. Los apoderados de las
entidades intervinientes,  manifiestan en síntesis lo siguiente:
Que si bien en la Ley 617 de 2000 se
regularon asuntos propios de ley orgánica del presupuesto, ley orgánica de
ordenamiento territorial, ley especial para el distrito capital, y asuntos
propios de leyes ordinarias, no se configura la violación de los artículos 158
y 322 constitucionales.
Para fundamentar su aseveración, citan
varias sentencias proferidas por esta Corporación, y aducen que frente al
encabezado de la ley el articulado contenido en la misma tiene plena
correspondencia, razón por la cual lo que se debe observar es la relación
objetiva de los temas que trata la ley acusada. En efecto, señalan que tanto la
Ley 136 de 1994, como el Decreto Extraordinario 1222 de 1986 y el Decreto 1421
de 1993, modifican, adicionan o regulan la organización y funcionamiento de los
departamentos, distritos y municipios, circunstancias que se desprenden del
sólo enunciado de dichas normas.
Consideran las entidades intervinientes,
que de la exposición de motivos se deduce que la motivación principal de la ley
consistió en regularizar los gastos de funcionamiento de las entidades
territoriales para impedir el desbordamiento y colapso de la política
macroeconómica. Así mismo, señalan que los mecanismos adoptados para lograr la
viabilidad financiera de las entidades territoriales y el fortalecimiento de la
descentralización, consistieron principalmente en una adición o modificación a
las normas que regulan la organización y funcionamiento de las entidades
territoriales. Por lo tanto, aducen que la materia objeto de la ley demandada
es la organización y funcionamiento de los departamentos, municipios y
distritos, la cual subsume diferentes temas sin que pueda predicarse ausencia
de unidad normativa.
Luego de citar el contenido de diversos
artículos de la ley demandada, señalan que se trata de asuntos que corresponden
a la organización y funcionamiento de las entidades territoriales “luego esa
es la ‘MATERIA’ de que trata la ley”, y añaden que el hecho que algunas de
las normas que regulan el gasto público territorial hayan sido consideradas como
normas que adicionan la Ley Orgánica de Presupuesto, se explica por las
circunstancias económicas de la organización y funcionamiento de las entidades,
pero ello no elimina su pertenencia a la materia dominante y en otros casos, su
relación o nexo de causalidad con la misma.
Para las entidades intervinientes, la
adopción de medidas de política macroeconómica y ser la Ley Orgánica de
Presupuesto el referente único aplicable tanto a la nación como a las entidades
territoriales, no son motivo suficiente para predicar ausencia de unidad
normativa en relación con las normas que regulan la racionalización a los
gastos del nivel nacional, las cuales también se han elevado a norma orgánica
presupuestal. Consideran que justamente por tratarse de temas conexos relacionados
con la organización y funcionamiento de los entes territoriales, la Comisión
Primera Constitucional Permanente de la Cámara, dándole aplicación a lo
dispuesto por los artículos 151 y 152 de la Ley 5ª de 1992, acumuló los
proyectos de Ley 030, 043, 051, 046 y 114 de 1999.
Resaltan las entidades intervinientes,
apoyándose para ello en jurisprudencia de esta Corte, que cuando por relación o
conexidad del cuerpo jurídico normativo se requiera tratar temas propios de
leyes ordinarias, con asuntos propios de leyes generales u orgánicas, el
legislador no se encuentra impedido para ello.
Así las cosas, manifiestan que los asuntos
regulados en la ley acusada guardan una relación directa, objetiva y razonable
con el tema central de la ley, y el hecho de que en forma eventual trate temas
propios de ley ordinaria con lo de ley orgánica o ley especial o estatutaria,
no por ello se vulnera el principio de unidad de materia que contempla el
artículo 158 de la Constitución.
Consideran que con relación a la especialidad
en las leyes que regulan el Distrito Capital, no significa que se deban expedir
leyes independientes para ese fin, sino que se establezcan regulaciones
especiales y específicas, previsión a la que se le dio desarrollo en el
capítulo VI de la ley demandada, por lo tanto, no existe vulneración del
artículo 322 de la Constitución.
En lo que toca con el cargo de falta de
competencia de las comisiones que tramitaron el proyecto de ley, para las
entidades intervinientes la materia dominante y sobre la cual versa el noventa
por ciento del articulado corresponde a la organización y funcionamiento de las
entidades territoriales y, la totalidad del articulado incluidos los que
adicionan la Ley Orgánica de Presupuesto conforman un cuerpo único, integral y
armónico con unidad de materia, razón por la cual “aplicando el aforismo de
que lo accesorio debe seguir la suerte de lo principal, la competencia para el
conocimiento y trámite en el Congreso, corresponde a las secciones encargadas
de la materia dominante”, que en el caso sub examine por tratarse de
asuntos sobre organización territorial, su competencia para el conocimiento y
trámite ante el Congreso corresponde a las comisiones primeras.
Ahora bien, en relación con los cargos
formulados por la ciudadana demandante en contra de los artículos 32 y 39 de la
Ley 617 de 2000, consideran que las normas demandadas no consagran ni
inhabilidades ni incompatibilidades, porque ellas se encuentran previstas en
otros artículos de la mencionada ley. Lo que se consagra, en concepto de las
intervinientes, es el término de duración de algunas incompatibilidades de
gobernadores y alcaldes.
Aducen que el hecho de que las
incompatibilidades allí señaladas limiten eventualmente y de forma temporal el
ejercicio del derecho de postulación, no implica vulneración de los artículos
13, 40, 151 y 152 de la Carta, pues la intención del legislador no fue la de
modificar el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los congresistas,
sino la de establecer el régimen correspondiente a los servidores públicos del
nivel territorial, con fundamento en lo establecido por el artículo 293
Superior, facultad que la Constitución no circunscribió a la expedición de ley
orgánica.
De otra parte, consideran que no se afecta
el núcleo esencial del derecho de postulación, en la medida en que la
restricción establecida para acceder a cargos de elección popular es temporal y
no permanente, que por lo demás tiene su fundamento y justificación en el
principio de transparencia en el manejo de los asuntos públicos y en la
primacía del interés general sobre el particular.
2.      Intervención de la ciudadana Andrea
Carolina Ruíz Rodríguez
La ciudadana interviniente solicita la
declaratoria de exequibilidad de la ley 617 de 2000, aduciendo que el principio
de unidad de materia como lo tiene sentado la jurisprudencia de esta
Corporación, no puede ser entendido como un principio absoluto, es decir que no
puede sobrepasar su finalidad, lo cual significa que el contenido de un
proyecto de ley o de una ley debe ir encaminado a una misma finalidad y, aunque
considerado separadamente pueda parecer diferente, se encuentre ordenado en una
misma dirección.
Considera la interviniente que la ley
demandada no puede ser leída en forma aislada, pues esta contiene un paquete de
medidas tendientes a combatir la situación financiera del país, siendo ello
así, los temas contenidos en la ley versan sobre la organización fiscal y
política de las entidades territoriales. Añade que el criterio que ha fijado la
jurisprudencia de esta Corte para determinar la existencia de unidad de
materia, es la existencia de una relación de causalidad, circunstancia que
resulta evidente del contenido y espíritu de la ley cuya constitucionalidad se
acusa.
Frente al cargo de falta de competencia de
las comisiones que tramitaron el proyecto, manifiesta la interviniente que en
la medida que la Comisión Primera conoce entre otros temas de los relacionados
con la organización territorial, era la Comisión indicada para conocer de los
asuntos que se aprobaron en la Ley 617 de 2000 sobre organización política y
fiscal de las entidades territoriales. Añade que el trámite legislativo se desarrollo
como está previsto en la Constitución y en la ley, pues las votaciones exigidas
por la Constitución se cumplieron, por lo tanto no se puede hablar de vicio de
forma en el trámite de la ley.
En relación con la acusación hecha en
contra de los artículos 32 y 39 de la ley cuestionada, en cuanto extienden al
lapso de veinticuatro meses la incompatibilidad prevista en el numeral 7 de los
artículos 31 y 38, para los gobernadores y alcaldes respectivamente, considera
la interviniente que los argumentos de la demandante no tienen asidero
jurídico, en la medida que de conformidad con el artículo 293 de la
Constitución, es al órgano legislativo a quien le corresponde expedir el
régimen de inhabilidades e incompatibilidades y, en consecuencia, también puede
modificarlo y restringirlo.
3.      Intervención del ciudadano Juan Manuel
Charry Urueña
El ciudadano interviene para coadyuvar las
razones de la demanda, por lo que solicita la declaratoria de inexequibilidad
de las disposiciones acusadas.
Inicia su intervención manifestando que de
la redacción de los artículos 32 y 39 demandados, no puede claramente inferirse
que la prohibición a los gobernadores y alcaldes de inscribirse para cualquier
cargo de elección popular durante el período para el cual fueron elegidos, se
trate de un término adicional al período constitucional de dichos funcionarios.
Por lo tanto, solicita a esta Corporación una interpretación restringida de
dichas disposiciones, como es del caso tratándose de inhabilidades e
incompatibilidades.
Luego de transcribir apartes de sentencias
proferidas por esta Corporación y por la Corte Suprema de Justicia, se refiere
a la cláusula general de competencia que tiene el legislador para desarrollar
la totalidad de las disposiciones de la Carta, salvo las excepciones que ésta
misma establezca, ese principio se encuentra expresamente consagrado en el
artículo 293 Superior, que atribuye al legislador la facultad de establecer las
inhabilidades e incompatibilidades de los ciudadanos elegidos por voto popular
para cargos en las entidades territoriales.
En ese orden de ideas, luego de hacer un
largo recuento jurisprudencial concluye manifestando que el legislador goza de
competencia constitucional para establecer el régimen de inhabilidades e
incompatibilidades, así como las calidades de quienes aspiren a desempeñar un
cargo de elección popular de una entidad territorial, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo constitucional citado. Sin embargo, añade, que esa
atribución constitucional no es ilimitada, pues en el caso de las inhabilidades
electorales su determinación debe hacerse mediante ley estatutaria, además de
que la regulación legal no puede inhibir el derecho a la participación en las
funciones públicas, sin contar que las inhabilidades no pueden ser “irracionales
o excesivas”.
Así las cosas, considera el ciudadano
interviniente que el órgano legislativo al expedir los artículos 32 y 39 de la
Ley 617 de 2000 consagró una inhabilidad electoral desconociendo el trámite de
ley estatutaria, violando el derecho a la participación política, vulnerando el
derecho a la igualdad y al trabajo, que obligan a su declaratoria de
inconstitucionalidad.
Añade que los artículos 32 y 39 de la ley
acusada vulneran en forma abierta el artículo 13 Superior, pues si las disposiciones
acusadas se comparan con otras, como por ejemplo congresistas o funcionarios
distritales con términos de 12 y 6 meses, se comprueba que el término de
veinticuatro meses que establecen las normas acusadas, resulta a todas luces
desproporcionado e inequitativo frente a otras situaciones reguladas por el
legislador.
También manifiesta el interviniente, que el
ejercicio de cargos y funciones públicas, no sólo es un derecho fundamental
sino un deber (art. 95-5 C.P.); por lo tanto, mal puede el legislador
establecer limitaciones innecesarias, irracionales e inequitativas al acceso a
los cargos de elección popular, como ocurre con las disposiciones demandadas.
Finalmente aduce que el artículo 152,
literal a, de la Constitución, dispone que el Congreso de la República regulará
los derechos y deberes fundamentales mediante ley estatutaria y, no tiene
discusión que el acceso a cargos públicos es un derecho y un deber fundamental,
de ahí que su regulación debió surtir el trámite de una ley estatutaria y como
no se surtió las normas acusadas deben ser declaradas inexequibles.
V.  CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA
NACION.
El Ministerio Público en concepto rendido
el 23 de enero del presente año, solicita a esta Corporación la declaratoria de
exequibilidad de la Ley 617 de 2000, por no existir vicios en el trámite de su
expedición; declarar inexequible el artículo 95 ídem, y declarar la
constitucionalidad condicionada de los artículos 32 y 39 la ley acusada.
Considera el Procurador que si bien es
cierto la ley demandada regula diversas materias ese sólo hecho no la hace
inconstitucional, pues ese despacho comparte el principio legislativo de unidad
de materia establecido en varias sentencias proferidas por la Corte Constitucional,
tales como la C-025 de 1993, C-194 de 1993, C-523 de 1995, C-531 de 1995 y
C-648 de 1997, entre otras. Además, añade que ese despacho ya se había
pronunciado en el mismo sentido, en el concepto Nº 2385 de 12 de diciembre de
2000, emitido dentro del proceso de inexequibilidad Nº 3256 contra la misma ley
que ahora se acusa.
Señala el Ministerio Público que en el
concepto emitido en el expediente D-3256, a manera de conclusión expresó que
tratándose del principio de unidad de materia, éste debe ser interpretado de
manera amplia, pues los temas e instituciones afines al tema principal sí
pueden ser regulados por una misma ley, de tal suerte que se facilite la
función integradora de las normas jurídicas y la materialización del contenido
de las mismas. Así las cosas, el Procurador considera que los cargos por ese
aspecto no están llamados a prosperar.
Ahora bien, considera el Ministerio Público
que el artículo 95 de la Ley 617 de 2000, es contrario a la Carta porque siendo
una norma contenida en una ley ordinaria no puede modificar normas de la Ley
Orgánica de Presupuesto, pues en virtud del principio de reserva legal todas
las normas relativas al presupuesto público deben estar contenidas en una ley
orgánica y, en consecuencia, deben ser tramitadas de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 3ª de 1992, esto es, ante las comisiones cuartas
constitucionales permanentes de una y otra cámara, y con la aprobación de la
mayoría absoluta de sus miembros.
En el caso en estudio, dice el Procurador,
las normas se encuentran contenidas en una ley a la cual se le dio el trámite
del procedimiento legislativo ordinario, y por ello, no se exige para su
aprobación el quorum calificado que se prevé para las leyes orgánicas,
resultando entonces inconstitucional el artículo 95 demandado “pues no está
habilitado constitucional ni legalmente para que siendo una norma ordinaria
modifique normas que tienen reserva de ley orgánica”.
Considera el Procurador, que declarada la
inconstitucionalidad del artículo 95 de la Ley 617 de 2000, por no haberse
sometido al procedimiento establecido en la Constitución, las normas que fueron
elevadas a la categoría de normas orgánicas de presupuesto, pierden su carácter
y se convierten en normas ordinarias y en ese entendido se ajustan a la Carta,
pues no sólo modifican códigos sino que permiten fortalecer la
descentralización y la racionalización del gasto público. Así pues, encuentran
justificación constitucional en la medida que al referirse a la organización y
funcionamiento de los entes territoriales constituyen un asunto que le compete
a la Comisión Primera Permanente, a la luz de lo dispuesto en la Ley 5ª de
1992.
Con relación al artículo transitorio de la
ley cuestionada, que hace referencia al número de diputados de las Asambleas
Departamentales como mecanismo transitorio mientras se expide la Ley de
Ordenamiento Territorial, considera el Procurador que se ajusta a la
Constitución, como quiera que el legislador puede en una ley ordinaria de
manera excepcional establecer el número de diputados a las Asambleas
Departamentales, con el fin de actualizarlos de conformidad con el aumento de
la población en cada uno de ellos, con el objetivo de materializar la
realización de la democracia participativa.
Igualmente manifiesta que si bien el número
de diputados debe ser regulado por una Ley Orgánica de Ordenamiento
Territorial, el tema no es de reserva exclusiva de esa ley, sino que la ley
ordinaria que expida el nuevo Código de Régimen Departamental también se puede
ocupar de ello, no para usurpar la reserva de ley orgánica, sino para
determinar la forma de organización y funciones de las Asambleas
Departamentales.
De otra parte, para el Ministerio Público,
los artículos 52 a 60 de la ley demandada no resultan inexequibles, pues siendo
la Ley 617 de 2000 de carácter ordinario, puede reformar los Códigos de Régimen
Municipal, Departamental y el Decreto 1421 de 1993. En su concepto, si bien el
Estatuto Orgánico de Bogotá tiene un carácter especial, porque sólo rige para
el Distrito Capital “no es menos cierto que al ser sometido
constitucionalmente al procedimiento ordinario, podía la Ley 617 de 2000
modificarlo, pues la Ley 5ª de 1993 (sic), no previó otro procedimiento para
ello”.
Finalmente, frente a la demanda de
inconstitucionalidad de los artículos 32 y 39 de la ley demandada, manifiesta
el Procurador, que mediante concepto rendido en el proceso D-3256 solicitó la
constitucionalidad de las normas acusadas. No obstante, considera que si en esa
oportunidad se pronunció a favor de la constitucionalidad de esas
disposiciones, en esta oportunidad el pronunciamiento del Ministerio Público,
será la exequibilidad condicionada.
Aduce que los artículos 32 y 39 de la ley
acusada, relativos a las inhabilidades de gobernadores y alcaldes municipales y
distritales, son de reserva de ley siempre y cuando no tengan relación directa
con las causales de inhabilidades e incompatibilidades de los congresistas,
pues tratándose de cualquier otro empleo el legislador tiene facultad de
señalarlas, no así las de los congresistas, que se encuentran previstas en los
artículos 179 y 180 de la Constitución.
Siendo ello así, para la Procuraduría
General de la Nación, la exequibilidad condicionada de los artículos
mencionados encuentra soporte en los siguientes argumentos: “...los
artículos 32 y 39 aquí demandados, interpretados en armonía con los numerales
séptimos de los artículos 31 y 38 de la Ley 617 de 2000, se ajustan a la Carta,
siempre y cuando se interprete que los gobernadores y alcaldes no pueden
inscribirse como candidatos a cualquier cargo o corporación de elección
popular, durante el período para el cual fueron elegidos, y dentro de los
veinticuatro meses siguientes a la aceptación de la renuncia del cargo o del
vencimiento del período; pero excluyendo a los Congresistas, pues el numeral 2º
del artículo 179 superior, prevé que no podrán ser congresistas ‘Quienes
hubieren ejercido, como empleados públicos, jurisdicción o autoridad política,
civil, administrativa o militar, dentro de los doce meses anteriores a
la fecha de elección; siendo así, el examen que resulta de la comparación de
las normas demandadas con el artículo 179-2 superior, exige la declaración de
una constitucionalidad condicionada en el sentido que si la Constitución señala
que las autoridades que hayan ejercido como empleados públicos dentro del año
anterior a su elección no pueden ser Congresistas, mal puede la Ley 617 en los
artículos demandados, ir más allá del término previsto en la Constitución, para
extender la misma causal prevista en la Carta para Congresistas de doce a
veinticuatro meses”.
VI.  CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.  Competencia.
En virtud de lo dispuesto por el artículo
241-4 la Corte Constitucional es competente para conocer de las demandas de
inconstitucionalidad contra normas de rango legal, como la que se acusa en la
demanda que se estudia.
2.  Ineptitud de la demanda en cuanto al
cargo por “indebida acumulación de materias en un mismo proyecto”
Como se observa, en este cargo el actor
acusa en su integridad la Ley 617 de 2000, por la supuesta vulneración del
artículo 158 de la Constitución, en cuanto en el proyecto se incluyeron normas
de distinta índole, que exigen trámite constitucional distinto, en cuanto unas
corresponden a leyes orgánicas de orden presupuestal, algunas a ley de
ordenamiento territorial y otras quedan bajo la competencia del legislador
ordinario, normas que  no guardan relación entre sí.
Al respecto se señala por la Corte que si
el actor formula un cargo por violación del artículo 158 de la Carta Política,
a él le corresponde la demostración de que las distintas normas que forman
parte del proyecto carecen de unidad temática, pues, conforme a lo dispuesto
por el artículo 2 del Decreto 2067 de 1991, no basta con mencionar la norma
constitucional que se dice infringida, sino que, es indispensable que el actor
precise la razón de la violación de la norma constitucional mediante el juicio
de comparación entre el contenido normativo de la disposición legal objeto de
la acción de inconstitucionalidad y la norma de rango superior contenida en la
Carta Política.  Ello no se hizo en este caso y, por consiguiente, en razón de
tal defecto sustancial de la demanda, no queda a la Corte solución distinta a
la de la inhibición.
3. Cosa Juzgada
Constitucional
En el caso sub examine, observa la Corte
que ya hubo pronunciamiento de la Corporación en cuanto a la acusación de
inconstitucionalidad integral de la Ley 617 de 2000, en relación con el trámite
de la misma en la Comisión Primera y no en la Comisión Cuarta del Congreso de
la República, lo mismo que con respecto a la categoría de normas orgánicas de
algunas de las disposiciones contenidas en esa ley y el cumplimiento de los
requisitos de mayoría calificada exigidos por la Constitución para el efecto.
Igualmente, hubo pronunciamiento de esta Corporación en lo relacionado con la
constitucionalidad de los artículos 32 y 39 de la Ley 617 de 2000, que regularon
lo atinente a las incompatibilidades de gobernadores y alcaldes para participar
en elecciones populares, razones estas por las cuales habrá de estarse a lo
resuelto en la sentencia C-540 de 22 de mayo del año en curso.
Así las cosas, ha operado la cosa juzgada
constitucional, que a la luz del artículo 243 de la Constitución Política
impide a esta Corporación volverse a pronunciar sobre lo decidido.
VII.  DECISION
En mérito de lo expuesto, la Corte
Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre
del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero :  DECLARASE INHIBIDA para pronunciarse sobre el cargo de “indebida
acumulación de materias en un mismo proyecto”, propuesto en la demanda
D-3270, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Segundo :  ESTESE A LO RESUELTO en la sentencia C-540 de 22 de mayo de
2001.
Notifíquese, comuníquese, publíquese,
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.
ALFREDO
BELTRÁN SIERRA
Presidente
JAIME ARAUJO RENTERÍA
Magistrado
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTHA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General