T-673-97
Sentencia T-673/97
Sentencia
T-673/97
ACCION DE TUTELA-Improcedencia general pago de acreencias
laborales
Referencia:
Expediente T-125374
Acción de Tutela
instaurada por Misael Vaca Sánchez contra el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, el Consejo Superior de la Judicatura -Sala Administrativa-,la
Dirección Seccional de Carrera Judicial de Santa Fe de Bogotá y Cundinamarca y
la Pagaduría de la Rama Judicial
Magistrado Ponente:
Dr. JOSÉ GREGORIO
HERNÁNDEZ GALINDO
Sentencia aprobada
en Santa Fe de Bogotá, D.C., a los once (11) días del mes de diciembre de mil
novecientos noventa y siete (1997).
Se revisan las
providencias proferidas por el Juzgado Quinto Penal del Circuito y por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá, Sala Penal, al
resolver sobre la acción de tutela en referencia.
I. INFORMACION
PRELIMINAR
El ciudadano MISAEL
SANCHEZ VACA, actuando en nombre propio, propuso acción de tutela contra el Ministerio
de Hacienda y Crédito Público, la Sala Administrativa del Consejo Superior de
la Judicatura, la Dirección Seccional de Carrera Judicial de Santa Fe de Bogotá
y Cundinamarca y la Pagaduría de la Rama Judicial, por considerar violados sus
derechos fundamentales a la igualdad y la seguridad social.
Afirmó el accionante
haber laborado durante 23 años al servicio de la Rama Judicial, al cabo de los
cuales solicitó el pago de sus acreencias laborales, entre ellas sueldos, prima
de antigüedad, de navidad, de servicios y prima vacacional, como también el
subsidio de alimentación, por el período comprendido entre el 29 de agosto de
1989 y 30 de agosto de 1990, petición elevada mediante escrito de fecha 12 de
julio de 1993.
La Dirección
Seccional de Administración Judicial de Santa Fe de Bogotá y Cundinamarca
profirió la Resolución No. 4925 del 15 de abril de 1996, por medio de la cual
se denegó la petición, argumentado que las acreencias laborales solicitadas se
encontraban liquidadas e incluidas en los cuadros respectivos para solicitud de
presupuesto, pero, por no contar con partida presupuestal para atender tales
obligaciones correspondientes al rubro "pasivos exigibles-vigencias
expiradas", no se podía expedir el acto administrativo que ordenara su
cancelación.
Al observar el
peticionario que la respuesta dada por la Dirección a través de la Resolución
mencionada no respondía a su petición, ejerció la acción de tutela, aduciendo
violación del mencionado derecho fundamental, por lo cual solicitó al Juez ordenar
a la Dirección demandada expedir el acto administrativo que resolviera acerca
de la solicitud del pago de sus acreencias laborales. Es así como la demandada
profirió la Resolución No. 5871 del 5 de agosto de 1996, mediante la cual se
dijo aclarar el artículo 1 de la Resolución No. 4925 del 15 de abril de 1996.
Afirmó el actor que,
como el Juzgado de tutela consideró que con los actos administrativos antes
referidos se restableció el derecho de petición, inicialmente vulnerado,
dispuso el archivo del expediente.
Por el contrario, a
juicio del accionante, como el amparo concedido por violación al derecho
fundamental de petición resultó inoperante, ineficaz y burlado, promovió nueva
acción de tutela en procura del amparo y protección a sus derechos
fundamentales a la igualdad y a la seguridad social.
Solicitó, por tanto,
que le fueran canceladas sus prestaciones sociales reconocidas y liquidadas
mediante actos administrativos, argumentando que a otros servidores de la Rama
Judicial sí se les han pagado, incluso con reconocimiento de intereses, razón
por la cual observa un trato discriminatorio y arbitrario por parte de las
entidades demandadas.
II. LAS
DECISIONES JUDICIALES
En primera instancia
el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Santa Fe de Bogotá, mediante
providencia de veintiuno de noviembre de 1996, decidió denegar la tutela por
considerar que no existía violación de los derechos fundamentales invocados por
el actor.
En primer término
consideró la primera instancia que no se había vulnerado el derecho a la
igualdad, de acuerdo con el argumento planteado por el accionante, ya que la
conducta atribuida a la Administración, y en efecto asumida por ella, no
constituía un trato discriminatorio en relación con la situación del
demandante, pues se llevó a cabo atendiendo estrictamente el orden de
presentación y radicación de las diferentes solicitudes que se formularon.
Tampoco -dijo- fue
observada una violación del derecho a la seguridad social, ya que su amparo
sólo procede en casos concretos, en la medida en que resulta directa su
relación con un derecho fundamental.
Agregó que las
acreencias laborales adeudadas y solicitadas por vía de tute
la podían ser
reclamadas a través de otros medios de defensa judicial, específicamente a
través de las acciones ejecutivas exigibles ante la jurisdicción laboral, toda
vez que la Administración ya reconoció la existencia de las obligaciones
laborales.
En segunda instancia
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá, Sala Penal,
mediante providencia de fecha cuatro de febrero de 1997, confirmó la sentencia,
al reafirmar la argumentación jurídica planteada.
III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1.
Competencia
Esta Corte es
competente para efectuar la revisión de los fallos en referencia, con arreglo a
lo dispuesto por los artículos 86 y 241, numeral 9, y según el Decreto 2591 de
1991.
2. Improcedencia
de la tutela
La Corte considera
que en este caso deben ser confirmadas las decisiones de instancia pues, en
efecto, la acción incoada era improcedente.
Como lo ha reiterado
esta Corporación (Cfr. Sentencia T-01 del 21 de enero de 1997), respecto de
reclamaciones de carácter puramente laboral, a no ser que se configure una de
las excepcionales circunstancias que, con base en los principios y normas
constitucionales, la jurisprudencia ha delineado claramente (especialmente por
falta de efectividad del medio judicial ordinario en el caso concreto,
violación de derechos fundamentales de personas de la tercera edad, afectación
del mínimo vital), existen mecanismos de defensa en el sistema jurídico, lo
que, a la luz del artículo 86 de la Carta, impide la viabilidad de la acción de
tutela.
Así, en el presente
asunto, han sido solicitadas por tutela todas las prestaciones sociales del
actor, sin que se haya probado ninguno de los elementos extraordinarios en
mención, por cuya virtud se hubiese podido justificar la tutela, y sin que se
haya establecido la inminencia de un perjuicio irremediable.
Tampoco aprecia la
Corte, según lo que aparece en el expediente, una vulneración directa de
preceptos constitucionales ni una afrenta probada de los derechos fundamentales
del accionante, lo que significa que se está ante una controversia de
naturaleza puramente laboral.
El accionante ha
debido agotar los trámites judiciales ordinarios, en vez de sustituir por el
amparo los procesos señalados en la ley, pues aquél está única y
específicamente previsto para la protección de los derechos fundamentales.
DECISION
Con fundamento en
las consideraciones expuestas, la Sala Quinta de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE:
Primero.-
CONFIRMAR los fallos objeto de revisión.
Segundo.- DESE
cumplimiento a lo previsto en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado Ponente
Presidente de la Sala
HERNANDO HERRERA
VERGARA         ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General