T-100-09
Sentencia T-100/09
Sentencia T-100/09
Referencia:
expediente 2054991
Acción de
tutela interpuesta por Fernando Antonio Marín Isaza contra el Instituto de
Seguro Social.
Magistrada
Ponente:
Dra. CLARA
INÉS VARGAS HERNÁNDEZ.
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de
febrero de dos mil nueve (2009).
La Sala Novena de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Clara Inés Vargas Hernández,
Jaime Araújo Rentería y Clara Elena Reales Gutiérrez (E), en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, profiere la siguiente
SENTENCIA
dentro del proceso de revisión
del fallo proferido por el Juzgado Primero Penal para Adolescentes con Función
de Conocimiento de la ciudad de Pereira, en el trámite de la acción de tutela
incoada por Fernando Antonio Marín Isaza contra el Instituto de Seguro Social.
I.
ANTECEDENTES.
El señor Fernando Antonio Marín
Isaza interpuso acción de tutela contra el Instituto de Seguro Social, al
considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, a las personas
de la tercera edad, a la seguridad social, al trabajo, al mínimo vital y a la
dignidad humana. La solicitud de amparo se fundamenta en los siguientes:
1.
Hechos.
Manifiesta que la Junta Regional
de Calificación de Invalidez de Caldas emitió dictamen mediante el cual
calificó la pérdida de su capacidad laboral de origen común, en un 71.03% y con
fecha de estructuración de octubre 15 de 2006. Advierte que para esta última
fecha se encontraba realizando los aportes al sistema de seguridad social en
pensiones.
Señala que, el día 29 de agosto
de 2007, solicitó ante la entidad demandada el reconocimiento y pago de la
pensión de invalidez, petición denegada a través de la Resolución No. 6649 de
octubre 29 de 2007, por cuanto “pese a tener pérdida capacidad laboral del
71.03% y de acreditar 210 semanas válidas para pensión de invalidez de las
cuales 117 semanas fueron cotizadas en los 3 años anteriores a la declaración
de invalidez, no satisfizo la otra exigencia del artículo 1 de la ley 860 de
2003, es decir que no superó el 20% de fidelidad al sistema desde el día en que
cumplió los 20 años de edad y la fecha de la primera calificación del estado de
invalidez, pues, según esa entidad, solo registra 210 semanas –un 83% de
fidelidad, pues requiere 238 semanas, que le impiden acceder a la pensión que
reclama.”
Alega que resulta gravemente
perjudicado por la aplicación del artículo 1° de la ley 860 de 2003, pues la
misma vulnera las garantías constitucionales que en materia de seguridad social
venía disfrutando, por cuanto de haberse configurado la invalidez antes de la
entrada en vigencia de dicho precepto, o si la normatividad no hubiere sido
objeto de modificaciones, hubiera accedido sin ningún reparo a la prestación
que reclama, de conformidad a lo establecido en el artículo 39 de la ley 100 de
1993 en su texto original.
Asimismo, asevera que la negativa
del Instituto demandado lo deja en una grave situación “de indignidad,
indeseable e inaceptable en un Estado Social de Derecho”, teniendo en
cuenta que por su lamentable estado de salud que lo condujo hasta la
declaratoria de invalidez, no cuenta con un ingreso que le permita “satisfacer
las necesidades básicas del diario vivir, principalmente las de alimentación,
salud, servicios públicos y vestido tanto las mía como las de de mi familia”, y
que incluso ha recurrido a la caridad de amigos y familiares, quienes han
tratado de cubrir “en parte la alimentación y la salud”.  Al respecto,
afirma que en gran medida resulta una “ignominia” subsistir en tales
circunstancias, las cuales estima “bochornosas y degradantes para cualquier
ser humano”, en particular cuando se trata de una persona inválida.
Por lo anterior, acude a este
medio, con el objeto que se amparen sus derechos fundamentales a la igualdad, a
las personas de la tercera edad, a la seguridad social, al trabajo, al mínimo
vital y a la dignidad humana. Solicita que se ordene al Instituto demandado que
proceda dar aplicación al artículo 39 de la ley 100 de 1993 en su texto
original y expida la respectiva resolución en la cual reconozca la pensión de
invalidez por riesgo común a partir del 15 de octubre de 2006, fecha de
estructuración de invalidez.
2.
Trámite procesal.
El día 10 de julio de 2007, el
Juzgado Primero Penal para Adolescentes con Función de Conocimiento de la
ciudad de Pereira ordenó correr traslado de la acción de tutela al Instituto de
Seguro Social, quien no obstante, vencido el término para tal efecto, omitió
dar informe acerca de la solicitud de amparo presentada en su contra.
3.
Pruebas.
A continuación se relaciona el
material probatorio relevante que obra en el expediente:
·
Copia del dictamen para la calificación de la pérdida de capacidad
para laboral y determinación de la invalidez, proveniente del Instituto del
Seguro Social de fecha junio 22 de 2007 (folios 19 y 20 del cuaderno
principal).
·
Copia de la Resolución No. 6649 de fecha octubre 29 de 2007
proferida por la entidad demandada (folios 21 y 22 del cuaderno principal).
·
Copia de “relación de novedades Sistema de autoliquidación de
Aportes Mensual – Pensión Informativo No válido para prestaciones económicas” del
demandante, proveniente del Instituto demandado (folios 23 al 25 del
cuaderno principal).
II.
DECISIÓN JUDICIAL OBJETO DE REVISIÓN.
1.
Sentencia de única instancia.
El Juzgado Primero Penal para
Adolescentes con Función de Conocimiento de la ciudad de Pereira, mediante
sentencia de fecha julio 23 de 2008, deniega el amparo solicitado.
Indica que el accionante cuenta
con otros medios de defensa judicial para procurar el reconocimiento del
derecho que demanda, por cuanto ello debe ser resuelto por la justicia
ordinaria laboral. Trae a colación el carácter subsidiario de la acción de tutela,
y aduce que el demandante debe hacer uso de los distintos mecanismos ordinarios
que consagre la ley ante las respectivas autoridades.
De igual manera, señala que la
controversia es de estirpe legal y por ende no puede ser abordada en sede de
tutela, pues de lo contrario se “estaría invadiendo la competencia del juez
natural”. Además estima que no se cumple el presupuesto de inmediatez, toda
vez que la resolución mediante la cual se negó el reconocimiento de la pensión
de invalidez fue proferida en agosto 29 de 2007.
III. CONSIDERACIONES
Y FUNDAMENTOS.
1.
Competencia.
Esta Sala es
competente para conocer el fallo materia de revisión, de conformidad con lo
establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política, en los
artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y demás disposiciones pertinentes.
2.
Presentación del caso y planteamiento del problema jurídico.
2.1.- El demandante manifiesta
que se determinó la pérdida de su capacidad laboral en un porcentaje del
71,03%. Relata que al considerar reunidos los requisitos para acceder a una
pensión de invalidez, solicitó el reconocimiento de dicha prestación ante el
Instituto demandado, quien procedió a negarla, por cuanto no cumplía los
lineamientos señalados en el artículo 1° de la ley 860 de 2003, específicamente
con el requisito de fidelidad al sistema que este exige. Considera que la
aplicación de dicho precepto vulnera sus garantías constitucionales en materia
de seguridad social.
Asimismo, afirma que debido a su
invalidez y a su edad, no puede obtener un ingreso para sufragar los gastos que
demandan la satisfacción de sus necesidades y las de su familia.
El Instituto de Seguro Social
guarda absoluto silencio frente a los hechos y pretensiones en el trámite de la
acción de tutela.
El juez de única instancia
deniega el amparo, al estimar que el reconocimiento de la pensión de invalidez
es una controversia de naturaleza legal, la cual puede ser dirimida por la
justicia ordinaria laboral. De igual manera, sustenta su decisión al considerar
que no se cumple el presupuesto de inmediatez.
2.2.- Acorde con la situación
fáctica planteada y la decisión adoptada por el juez de instancia en el trámite
de la solicitud de amparo objeto de revisión, corresponde a la Sala establecer previamente
la procedencia de la acción de tutela ante la existencia de otros mecanismos de
defensa judicial.
Sólo de llegar a la conclusión
que la acción de tutela es procedente en respuesta al anterior interrogante, la
Sala determinará si se vulneran los derechos fundamentales del demandante, a
quién se le determinó una invalidez en un 71,03%, ante la negativa de
reconocimiento de la pensión de invalidez por parte de la entidad accionada
bajo el argumento de incumplir con la fidelidad al sistema que exige el
artículo 1° de la ley 860 de 2003, norma vigente al momento de la
estructuración de la pérdida de la capacidad laboral, pese a que se ha
considerado que en casos particulares la misma exige requisitos más gravosos
que la norma anterior.
A efectos de dar respuesta a los
problemas jurídicos planteados, la Sala previamente hará unas explicaciones
acerca de la noción del derecho a la seguridad social y del principio de
progresividad que irradia el derecho a la seguridad social. Posteriormente, se
hablará del derecho a la pensión de invalidez como parte de la seguridad
social, su tratamiento constitucional y legal; y por último, se decidirá el
caso concreto.
3.     Procedencia
excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento y pago de
prestaciones sociales. Reiteración de jurisprudencia.
3.1. Según el artículo 86 de la
Constitución, la acción de tutela es un mecanismo de protección directa,
inmediata y efectiva de los derechos fundamentales, cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades
públicas o de los  particulares en los eventos establecidos.
La jurisprudencia de esta
Corporación ha considerado que, en principio, la acción de tutela es improcedente
para el reconocimiento y pago de pensiones. Sobre este asunto, ha sostenido que,
por su carácter excepcional, no puede reemplazar a las acciones ordinarias creadas
por el legislador para resolver asuntos de naturaleza litigiosa.[1]
Por un lado, ha destacado la
faceta prestacional que adquiere el derecho a la seguridad social, por cuanto
su contenido debe ser definido en la ley. Es decir, ha estimado a la seguridad
social como un derecho de connotación programática, que depende del desarrollo y
la organización que efectúe el Estado.
Por otra parte, ha considerado
que el reconocimiento y pago de pensiones puede ser solicitado mediante una
serie de mecanismos judiciales, donde pueden verificarse la acreditación de los
requisitos definidos por el legislador. Sobre este aspecto, ha señalado que en
principio, la acción de tutela carecería de la entidad suficiente para
desplazar a dichos mecanismos, dado su carácter residual.
No obstante lo anterior, la
jurisprudencia de la Corte Constitucional también ha dispuesto que el
reconocimiento y pago de la pensión puede llegar a superar el rango de un
conflicto legal y adquirir plena relevancia constitucional.[2]
Así pues, ha definido que bajo ciertas circunstancias, mediante la acción de
tutela se pueden amparar los derechos fundamentales que sean vulnerados ante la
falta del reconocimiento y pago de las mesadas pensionales.
En primer lugar, cuando se trata
lograr el reconocimiento del derecho, la Corte, en principio, se ha limitado a
proteger el derecho de petición[3].
En segundo lugar, la Corte ha
admitido la procedencia excepcional de la acción de tutela cuando el empleador ha
efectuado de manera extemporánea los aportes pensionales, al advertir que la
conducta morosa no puede incidir negativamente en el trabajador[4];
o cuando existe mora en el pago oportuno de las mesadas que afecta la
subsistencia del actor o de su familia[5].
En tercer lugar, en casos
excepcionales ha concedido el amparo para el reconocimiento pensional, en aquellos
eventos en los que se encuentra plenamente demostrado que el recurrente es
titular del derecho que reclama, así como la urgente necesidad de reconocer el
derecho pensional. En efecto, dicho enfoque ha sido adoptado por la Corporación
atendiendo la situación fáctica del caso en concreto. Por ejemplo, cuando
comprueba que los peticionarios se encuentran en circunstancias de debilidad
manifiesta, dependen económicamente de la prestación reclamada y carecen de la capacidad
económica para garantizarse su propia subsistencia[6].
De esta forma, esta Corporación ha
reconocido que su falta de reconocimiento puede conducir a la afectación de
derechos fundamentales como la vida, el mínimo vital o la dignidad humana.[7]
Si bien la Sala reconoce, conforme al ordenamiento jurídico vigente, la
existencia de mecanismos de defensa judicial ante la Jurisdicción Contencioso
Administrativa u Ordinaria Laboral según el caso, a fin de obtener por dichas
vías el reconocimiento de la pensión, sea de vejez, invalidez o sobrevivientes;
también es preciso determinar la eficacia de dichos medios de defensa judicial
frente a las particulares condiciones en que se encuentran los accionantes, tal
y como lo ha considerado este Tribunal:
“[L]os
conflictos legales relacionados con el reconocimiento de derechos
prestacionales, particularmente de carácter pensional, deben ser tramitados a
través de las acciones pertinentes ante la justicia laboral ordinaria, pues se
considera que son mecanismos de defensa eficaces para resolver de manera
cierta, efectiva e integral este tipo de asuntos. Sin embargo, aunque dicha
acción laboral constituye un remedio integral para la protección de los
derechos fundamentales relacionados con el reconocimiento de una pensión, su
trámite procesal - que ante situaciones normales es considerado eficaz en la
protección de los derechos- puede no resultar idóneo para la obtención de los
fines que se persiguen, atendiendo las circunstancias fácticas del caso
concreto o la situación personal de quien solicita el amparo. De esta forma, si
se controvierte un asunto de esta naturaleza a través de la acción de tutela,
el juez constitucional debe evaluar y calificar el conflicto planteado, para
determinar si el medio alternativo de defensa judicial con el que cuenta el
accionante es lo suficientemente expedito para proteger sus derechos
fundamentales, pues de lo contrario, debe ser protegido inmediatamente a través
de la acción de tutela para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
En
efecto, ante este tipo de situaciones excepcionales, el conflicto planteado
puede trascender el nivel legal para convertirse en un problema de rango
constitucional, por lo que el juez de tutela está obligado a conocer de fondo
la solicitud y a tomar las medidas necesarias para la protección del derecho
vulnerado o amenazado.[8]”
Debe recordarse que dentro de las
modalidades de concesión de la acción de tutela, la protección puede ser:
i)
Transitoria, [9] cuando, ante la presencia
de otros mecanismos de defensa judicial dispuestos para el reconocimiento y
pago de las pensiones, se verifica que la tutela se muestra como una medida
necesaria para evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.
Con el fin de constatar la inminencia de un perjuicio iusfundamental irremediable,
la doctrina constitucional consolidada prevé que en el caso concreto se debe
analizar si (i) se esté ante un perjuicio inminente o próximo a suceder, lo que
exige un grado suficiente de certeza respecto de los hechos y la causa del
daño; (ii) el perjuicio es grave, esto es, que conlleve la afectación de un
bien susceptible de determinación jurídica, altamente significativo para la
persona; (iii) se requiere que se tomen medidas urgentes para superar el daño,
las cuales deben ser adecuadas frente a la inminencia del perjuicio según las
circunstancias particulares del caso; (iv) las medidas de protección son
impostergables, lo que significa que deben responder a condiciones de
oportunidad y eficacia, que eviten la consumación del daño irreparable.
(ii)
Definitiva,[10] cuando a pesar de la
existencia de medios de defensa judiciales, los mismos no resultan idóneos o
eficaces al “no goza(r) de la celeridad e inmediatez para la protección de
los derechos fundamentales con la urgencia requerida”[11],
lo cual hace procedente la tutela como mecanismo principal, que puede motivarse
en la relevancia constitucional que tenga el asunto según las circunstancias de
debilidad manifiesta en que se encuentre el solicitante y la condición de
sujeto de especial protección constitucional.
Igualmente, la determinación de
la procedencia excepcional de la acción de tutela en estos eventos exige del
juez un análisis de la situación particular del actor con el fin de determinar
si el medio de defensa judicial ordinario es lo suficientemente expedito para
proteger sus derechos fundamentales, o si se está frente a la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, casos en los cuales el conflicto planteado trasciende
el nivel puramente legal para convertirse en un asunto de carácter
constitucional[12].
Recuérdese que el numeral 1° del
artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, dispone que “la existencia de dichos medios
[de defensa judicial] será apreciada en concreto, en cuanto a su
eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante”.
De la misma manera, el precedente constitucional dispone que la evaluación de
los anteriores requisitos no se reduzca a un simple escrutinio procesal, pues debe
tomarse en consideración las particulares circunstancias de quien reclama la
protección constitucional.
De todos modos, hay que insistir
que no basta valorar las especiales circunstancias del caso concreto para el
otorgar el reconocimiento pensional a través de la acción de tutela, toda vez
que es necesario comprobar que la falta de reconocimiento se basa en
actuaciones que por su contradicción con los preceptos legales y
constitucionales, se encuentra plenamente demostrado que la persona tiene el
correspondiente derecho, tal y como se hizo referencia.
En suma, si bien es cierto que el
juez de tutela, en principio, no es el llamado para resolver este tipo de
conflictos, también lo es que la acción de tutela resulta procedente para
amparar los derechos fundamentales que puedan verse afectados cuando, pese a
ser claro que el recurrente cumple los requisitos legales, la entidad niega el
reconocimiento del derecho.
De igual manera, se advierte que
la pensión de invalidez adquiere una gran relevancia social por cuanto la misma
permite el acceso a una fuente de ingresos para solventar las necesidades
básicas a los asociados que padezcan lesiones significativas que mengüen su
capacidad para laborar.[13]
Asimismo, téngase en cuenta que
en tratándose de la pensión de invalidez,[14] ha dicho esta
Corporación que, igualmente, la acción de tutela es procedente en el evento en
que los recurrentes se encuentren afectados por un cambio legislativo que
establezca condiciones más gravosas al régimen anterior para el reconocimiento
de dicha prestación, al considerar que la aplicación de las nuevas medidas
resultan desproporcionadas en el caso concreto.[15]
3.2. En el asunto objeto de
revisión.
En el presente asunto, el
demandante asevera que atraviesa una grave situación económica. Señala que
debido a su invalidez, se encuentra desprovisto de un ingreso que le permita
cubrir los gastos que demandan la satisfacción de sus propias necesidades, así
como las de su familia.  Al respecto, afirma “Soy una persona que está en
incapacidad para proveerse una calidad de vida digna, pues por mi estado de
invalidez del 71.03% y edad, no puedo obtener ingreso pecuniario alguno para
sufragar los gastos que se exigen para satisfacer las necesidades básicas del
diario vivir, principalmente las de alimentación, salud, servicios públicos y
vestido tanto la (sic) mía como la (sic) de mi familia (...)”. Indica que
por la difícil situación que afrenta, ha debido recurrir a la “caridad de
amigos y algunos familiares”       quienes le han colaborado, en parte, con
los gastos de alimentación y salud, razón por la cual considera que “es una
ignominia tener que subsistir en estas circunstancias bochornosas y degradantes
para cualquier ser humano”
Las anteriores aseveraciones no
solo no fueron controvertidas por la entidad demandada, sino que esta guardó
absoluto silencio, al no contestar el informe que le solicitó el juez de única
instancia.
Téngase en cuenta que el artículo
19 del Decreto 2591 de 1991 dispone que el juez puede requerir información a la
autoridad demandada, cuya omisión injustificada acarreará responsabilidad. Por
su parte, el artículo 20 dispone que si este informe no es rendido dentro del
plazo otorgado, se tendrán por ciertos los hechos y se entrará a resolver de
plano la solicitud de amparo, salvo que el funcionario judicial crea
conveniente otra averiguación previa, caso en el cual decretará y practicará
las pruebas que considere necesarias para adoptar la decisión de fondo.[16]
Así pues, la presunción de
veracidad fue concebida como un instrumento para sancionar el desinterés o
negligencia de la autoridad pública o particular contra quien se ha interpuesto
la demanda de tutela, en aquellos eventos en los que el juez de la acción
requiere informaciones y las autoridades no las rinden dentro del término
judicial propuesto para tal efecto, con el fin que el trámite constitucional pueda
seguir su curso, sin verse supeditado a la respuesta de las entidades
accionadas.
Desde
este panorama, las afirmaciones relativas a la afectación del mínimo vital del
demandante correspondían ser desvirtuadas por parte del Instituto o al juez en
uso de sus facultades oficiosas para el esclarecimiento de los hechos
presentados en la demanda de tutela. De esta suerte, se dará aplicación a la
presunción de veracidad a la que se ha hecho referencia, como quiera que el
ente demandado no otorgó informe que hubiere refutado las aseveraciones del
accionante acerca de la afectación a su mínimo vital, o al menos hubiere
justificado su omisión.
Aunado
a lo anterior, la Sala advierte que en la copia del Dictamen para la
calificación de la pérdida de la capacidad laboral que le fue efectuado al
demandante (folios 19 y 20 del cuaderno principal) se denota que (i) el oficio
que ejercía era como agricultor; y, (ii) que la pérdida de su capacidad para
laborar fue calificada en un alto porcentaje, esto es en un 73.03%.  Asimismo,
de la copia de la Relación de novedades al Sistema de Autoliquidación de
aportes Mensual para Pensión (folios 23 al 25 del cuaderno principal) puede
observarse que  la base de cotización era de un salario mínimo. Las anteriores
precisiones, fortalecen las declaraciones del demandante acerca de la precaria
situación económica por la que atraviesa.
De esta manera, los presupuestos
fácticos del asunto objeto de revisión demuestran la grave situación que
enfrenta el señor Marín.  Ciertamente, la mengua significativa de su capacidad
para laborar –superior al 70%- y no contar con algún ingreso económico, lo
sitúa en un estado de indefensión y vulnerabilidad.
Por tanto, este asunto toma
relevancia constitucional, teniendo en cuenta las circunstancias de debilidad
manifiesta en las que se encuentra el recurrente, lo que amerita la procedencia
excepcional de la acción de tutela para la efectiva protección de sus derechos
fundamentales.
Verificado que la acción de tutela
se convierte en el medio expedito y oportuno para garantizar definitivamente
los derechos fundamentales del señor Marín, procederá la Sala de Revisión a
estudiar el fondo del presente asunto.
4. Nociones sobre el derecho a
la seguridad social. Protección fundamental de los derechos de contenido
prestacional. Carácter progresivo del derecho a la seguridad social.
Reiteración de jurisprudencia.[17]
4.1. La seguridad social tiene
como objeto garantizar derechos irrenunciables mediante la cobertura de los
riesgos que afecten la salud, la capacidad económica y las condiciones de vida
de toda la población.[18] El conjunto de medidas
institucionales que la conforman debe estar dirigido a brindar a los individuos
y sus familias, de manera progresiva, las garantías necesarias para hacer
frente a las distintas contingencias que puedan afectar su capacidad
productiva, de tal forma que obtengan los recursos suficientes para alcanzar
una digna subsistencia.[19]
De conformidad con los artículos
48, 49 y 53 de la Carta Política se reconoce a la seguridad social como un
derecho de índole constitucional y como un servicio público irrenunciable que
debe ser prestado de manera obligatoria. En ellos se establece que la seguridad
social se sustenta en los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad,
integralidad, unidad, participación, y progresividad, cuyo alcance se
materializa en la ley.
Obsérvese que el artículo 48,
dispone que el Estado con la participación de los particulares deba ampliar
progresivamente la cobertura de la seguridad social, la cual puede ser prestada
por entidades públicas o privadas de conformidad con la ley, siempre bajo la
dirección, coordinación y control del Estado.[20]
La seguridad social, considerada
como un derecho de orden prestacional, implica que el acceso al sistema se
encuentre supeditado al desarrollo legislativo.[21]
Es preciso aceptar que el Congreso tiene la facultad para regular y definir
íntegramente el sistema de seguridad social, y que dentro de tales
prerrogativas, se encuentra la posibilidad de establecer los requisitos y
condiciones para acceder a los subsistemas y los beneficios incluidos en estos.
Así pues, la libertad legislativa en estos asuntos es relativamente
amplia, pero no absoluta. Debido a la competencia general, se permite que la
ley defina los procedimientos, alcances y progresos que tendrá la seguridad
social.[22]  Sin embargo, se
antepone como límites inquebrantables a la determinación de esas condiciones:
los mandatos previstos en la Constitución Política, y los principios que
gobiernan el sistema, y, según las disposiciones de carácter internacional y el
artículo 48 de la Carta desarrollado por la jurisprudencia de esta Corporación,
el principio de progresividad.
Al respecto,
ha señalado esta Sala que las normas que regulan la seguridad social, y en
concreto, el sistema de pensiones, deben sujetarse principio de progresividad.
De tal suerte que una medida regresiva es considerada, en principio,
inconstitucional, toda vez que una vez se logren ciertos avances en la
protección de un derecho económico, social o cultural, el mismo no puede ser
desconocido posteriormente.[23]
De igual
forma, el ejercicio legislativo en materia de seguridad social debe ir
encaminado a la ampliación de los beneficios existentes. Por tanto, esta Corte
estima que todo retroceso es constitucionalmente problemático, pues ello
pugnaría con el principio de progresividad.
En efecto, esta Corporación ha señalado que el principio de
progresividad implica una prohibición general en la consagración de medidas
regresivas que signifiquen retrocesos a los beneficios que se hubieren logrado
relativos a la seguridad social. Lo anterior por cuanto el Estado debe lograr
avances en la materialización de este derecho.[24]
Sin embargo,
también ha reconocido que los Estados pueden verse sumergidos en crisis
económicas, las cuales pueden justificar que no se mantengan los niveles de
protección alcanzados. Por ende, la prohibición de retrocesos resulta prima
facie. Sobre este aspecto, la sentencia C-038 de
2004, explicó:
“Esto significa que, como esta Corte ya lo había señalado, un retroceso
debe presumirse en principio inconstitucional, pero puede ser justificable, y
por ello está sometido a un control judicial más severo. Para que pueda ser
constitucional, las autoridades tienen que demostrar que existen imperiosas
razones que hacen necesario ese paso regresivo en el desarrollo de un derecho
social.” [25]
Asimismo, esta Sala, mediante sentencia
T-1040 de 2008,[26] estimó que “En suma,
cualquier disposición que resulte regresiva de los derechos prestacionales, se
presume prima facie su inconstitucionalidad, salvo que ante una imperiosa
necesidad, sea posible establecer que dicho retroceso obedezca criterios de
razonabilidad y proporcionalidad.”
Por consiguiente, señaló que la
presunción de inconstitucionalidad puede ser desvirtuada si se demuestra que la
medida: (i) se encuentra justificada y ajustada al principio de
proporcionalidad; (ii) no desconoce situaciones particulares y concretas
consolidadas bajo la legislación anterior, y por tanto es respetuosa de los
derechos adquiridos; y (iii) no obstante, afecta situaciones consolidadas, se
contemplan mecanismos dirigidos a proteger los derechos adquiridos o legítimas
expectativas, tales como los regímenes de transición.
En este
contexto, y en cumplimiento del principio de progresividad, el Congreso deberá
establecer unos mínimos que no pueden ser desmejorados, hacer efectiva la
ampliación de los beneficios y propender para la creación de garantías más
favorables para la población, al momento de reconocer y fijar las condiciones
de los derechos, beneficios y prestaciones de la seguridad social.[27]
4.2. Esta Corporación, en
diversas oportunidades, ha examinado controversias jurídicas suscitadas por los
cambios normativos que se han presentado en relación con los requisitos para el
reconocimiento de la pensión de invalidez, y ha determinado su compatibilidad
con el principio de progresividad de los derechos sociales en casos concretos.[28]
Al respecto, la sentencia T-1048 de 2008, M.P. Clara Inés Vargas
Hernández realizó un estudio acerca de cada una de ellas, poniendo de presente
los principales fallos que ha proferido esta Corporación.
4.3. Recordemos que anterior a la
ley 100 de 1993, el Decreto 758 de 1990, por el cual se aprobó el Acuerdo 049
de 1990, dictado por el Consejo Nacional de Seguros Obligatorios, en su
artículo 6° señaló que tenían derecho a la pensión de invalidez de origen
común, quienes fueren considerados como inválido permanente total, inválido
permanente absoluto o gran inválido, y además hubieren cotizado para el seguro
de invalidez, vejez y muerte, 150 semanas dentro de los 6 años anteriores a la
fecha del estado de invalidez, o 300 semanas en cualquier época anterior al
estado de invalidez.
Por su
parte, el artículo 39 de la ley 100 de 1993, en su versión original señalaba
que tenían derecho a la pensión de invalidez los afiliados que siendo
declarados inválidos cumplieren con los siguientes requisitos: (i) que se encontraren
cotizando al régimen y lo hubieren hecho, por lo menos, veintiséis semanas al
momento de producirse el estado de invalidez; o, (ii) que habiendo dejado de
cotizar al sistema, hubieren efectuado aportes durante por lo menos veintiséis
semanas del año inmediatamente anterior al momento en que se produjera el
estado de invalidez.
El
anterior artículo ha sido objeto de modificación en dos oportunidades. Por una
parte, la ley 797 en enero 29 de 2003, estableció que tenían derecho a la
pensión de invalidez, quien siendo declarado inválido por enfermedad de origen
común (i) hubiere cotizado 50 semanas en los últimos tres años inmediatamente
anteriores a la fecha de estructuración; y, (ii) además tuviere una fidelidad
de cotización al sistema correspondiente al 25% del tiempo transcurrido entre
el momento en que cumplió 20 años de edad y la fecha de la primera
estructuración.  Si la invalidez se hubiere generado con ocasión a un
accidente, la norma exigía 50 semanas dentro de los tres años inmediatamente
anteriores al hecho causante de la misma. Por último, el parágrafo del
artículo 11 estipulaba que los afiliados menores de 20 años de edad sólo debían
acreditar 26 semanas de cotización durante el último año inmediatamente
anterior al hecho de su invalidez o su declaratoria. No obstante, esta
disposición fue declarada inexequible por esta Corporación mediante Sentencia C-1056 de noviembre 11 de 2003,[29]
al encontrar que en su formación, se habían producido vicios.
Por
otra parte, el artículo 1° de la ley 860 de 2003, que entró a regir a partir de
diciembre 26 de 2003, establece que tienen derecho a la pensión de invalidez
quienes una vez fueren declarados inválidos, reúnan similares condiciones a las
señaladas en el artículo 11 de la ley 797 de 2003, a saber:
“1. Invalidez causada por enfermedad: Que
haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años
inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración y su fidelidad de
cotización para con el sistema sea al menos del veinte por ciento (20%) del
tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte (20) años de edad y
la fecha de la primera calificación del estado de invalidez.
2. Invalidez causada por accidente: Que
haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años
inmediatamente anteriores al hecho causante de la misma, y su fidelidad (de
cotización para con el sistema sea al menos del veinte por ciento (20%) del
tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte (20) años de edad y
la fecha de la primera calificación del estado de invalidez”.
Asimismo,
señala en su parágrafo 1° que los menores de veinte años de edad sólo deben
acreditar veintiséis semanas cotizadas en el último año inmediatamente anterior
al hecho causante de su invalidez o de su declaratoria. Además, el parágrafo 2°
dispone que cuando el afiliado cotice por lo menos el 75% de las semanas
mínimas requeridas para acceder a la pensión de vejez, solo requerirá haber cotizado
25 semanas en los últimos tres (3) años.
4.4. Ahora bien, teniendo en
cuenta estos cambios normativos, esta Corporación ha considerado que se ha
presentado una problemática en la interpretación de las anteriores
disposiciones generada por cuanto el artículo
16 del Código Sustantivo de Trabajo dispone que las normas laborales, al ser de
orden público, tienen efectos generales e inmediatos.
En consecuencia, la norma aplicable a cada caso concreto, en principio,
es aquella que se encontrare vigente al momento en que se consolida el
presupuesto que hace exigible la prestación, en los casos objeto de estudio, la
fecha de la estructuración de la pérdida de la capacidad laboral.
De esta manera, como las normas
laborales tienen efectos irretroactivos, ello obligaría, en principio, a dar
aplicación a la norma vigente al momento de la estructuración de la invalidez,
pese a que las personas hubieren venido realizando sus cotizaciones según el
régimen anterior.
De todos modos, recuérdese que
frente a los cambios normativos que puedan presentarse en la legislación sobre
pensiones, como la variación de los requisitos para acceder a su
reconocimiento, toma suma importancia la necesidad de establecer un régimen de
transición, el cual se justifica ante la expectativa legítima de adquirir el
derecho a la pensión previsto en la ley anterior “por estar próximos a
cumplir los requisitos para pensionarse”[30], así como en el
principio de la confianza legítima que guarda relación con el principio de la
buena fe, por cuanto el administrado confía que la administración mantendrá, en
principio, la vigencia de determinada regulación legal, sin que ello se oponga
a la modificación de la legislación actual.[31]
Adicionalmente, adquiere especial
relevancia que todo tránsito legislativo debe consultar los parámetros de
justicia y equidad, y atender los principios de razonabilidad, proporcionalidad
y progresividad.[32]
4.5. Así las cosas, por una
parte, se han presentado controversias surgidas sobre la aplicación del
artículo 39 de la ley 100 en su versión original y sus posteriores
modificaciones, por quienes venían cotizando, inclusive con anterioridad al
régimen introducido en la mencionada ley.[33]
4.6. Por otra parte, de igual
manera se han generado discusiones acerca de la aplicación de la norma cuando
las personas venían cotizando según los parámetros de la ley 100 de 1993, pero
la estructuración de su invalidez acaeció de manera posterior a las
modificaciones de las que ha sido objeto esta última.
Sobre este punto, valga precisar
que la Corte, en algunos asuntos, al estudiar la compatibilidad entre las
modificaciones legislativas y el principio de progresividad de los derechos
sociales, ha considerado que las mismas han estado
dirigidas a imponer requisitos más rigurosos para acceder la prestación.[34]
En efecto, en ciertos eventos, ha
estimado esta Corporación que los requisitos impuestos en las modificaciones al
artículo 39 de la ley 100 de 1993 han sido más gravosos para acceder al
reconocimiento de la pensión de invalidez, por cuanto: (i) se aumentaron las
semanas de cotización requeridas, teniendo en cuenta que el régimen de la ley
100 de 1993 señalaba el cumplimiento de 26 semanas de cotización al momento de producirse el estado de invalidez, en
cualquier tiempo si la persona se encontraba
cotizando al régimen, o si habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere
efectuado aportes durante por lo menos veintiséis semanas del año
inmediatamente anterior al momento en que se estructuraba el estado de
invalidez;  (ii) se estableció un nuevo requisito de permanencia en el sistema
a partir del artículo 11 de la ley 797 de 2003, y posteriormente, en el artículo
1° de la ley 860 de 2003; y, (iii) los cambios no han contemplado un régimen de
transición para acceder pensión de invalidez.
Así pues, si bien las personas
venían cotizando con un régimen, al momento de la estructuración de la
invalidez, ya habían sido variadas las condiciones para el reconocimiento del
derecho pensional, cuyas disposiciones pueden resultar más gravosas al caso
particular.[35]
En dichos eventos, la Corte ha examinado,
en cada caso concreto si (i) existen razones suficientes que expliquen la imperiosa
necesidad de aplicar la norma vigente al momento de la invalidez; y, (ii) si
esas disposiciones resultan razonables y proporcionadas a la situación
específica que se somete a consideración del juez de tutela.
En este contexto, ha indicado que
“el aumento de los requisitos para el acceso a una prestación propia de la
seguridad social, que tiene por objeto amparar el riesgo generado por la pérdida
de la capacidad laboral derivada de la invalidez, es una medida legislativa que
se muestra prima facie regresiva y, por ende, contraria al principio de
progresividad de los derechos sociales.” [36]
4.7. Por ejemplo, este Tribunal
ha verificado la regresividad que implica la vigencia del artículo 1° de la Ley
860 de 2003 para efectos de acceder a la pensión de invalidez, al exigir
requisitos anteriormente no contemplados por la ley, como ocurre con las
condiciones de fidelidad y el aumento de las semanas de cotización.[37]
Precisamente, la fidelidad al
sistema que exige la ley 860 de 2003 es un presupuesto novedoso que no tenía
ningún precedente, (salvo el artículo 11 de la ley 797 de 2003, declarado
inexequible, tal y como anteriormente se precisó). Al respecto, esta
Corporación ha analizado en diversos pronunciamientos este particular
requisito.[38] Valga precisar que se
estimado regresivo de los derechos sociales en aquellas hipótesis en las
personas  que sufran un estado de invalidez se encontraren afectadas por el
tránsito legislativo.
Téngase en cuenta que la
intención del legislador con la implementación del requisito de fidelidad al
sistema, como presupuesto para obtener la pensión de invalidez, obedeció a la
finalidad de generar una cultura de afiliación al sistema de pensiones, y con
ello una reducción a los fraudes.[39]
Así pues, la sentencia T-221 de
2006[40], señaló que cumplir con
el requisito de fidelidad era más gravoso para las personas que tuvieren más
edad, toda vez que entre mayor fuere la persona, mayores serían las
cotizaciones que tendrían que haber realizado para cumplir con esta hipótesis,
y por tanto la población más afectada por esta norma eran las personas de la
tercera edad. Estimó que ello tornaba en evidente la incompatibilidad del
precepto, al desproteger a este grupo poblacional, objeto de especial
protección. En consecuencia, indicó que la cultura de afiliación al sistema que
propendía la norma, no podía castigar a quienes no venían participando de la
misma, mas aún cuando no se creó un régimen de transición o un mecanismo que
amparare a las personas que bajo distintos supuestos venían cotizando al
sistema. Por ende no podía imponer una cultura de afiliación a las personas que
al momento de entrar en vigencia dicha norma ya hacían parte de la tercera
edad.
Igualmente en sentencia T-069 de
2008[41], se inaplicó el artículo
1° de la ley 860 de 2003, bajo similares argumentos, al accionante, a quien se
le había estructurado su incapacidad laboral en un 68.7%, causada por
enfermedad de origen común el 24 de abril de 2006, habiendo cotizado al sistema
general de pensiones un total de 618 semanas.  En dicha providencia se
mencionó:
“En tal sentido, esta Sala observa que  (i) las
condiciones que ahora debe cumplir el ciudadano son más gravosas e impiden el
acceso a la prestación económica reclamada; (ii) en segundo término, no hay una
fundamentación suficiente sobre la cual se apoye la disminución del nivel de
protección del derecho; (iii) existe una intensa afectación de los derechos de
un discapacitado, quien por su edad y su condición es un sujeto de especial
protección constitucional; (iv) a pesar de que el historial de cotización del
ciudadano inició durante la vigencia de la Ley 100 de 1993 –y de acuerdo a lo
originalmente establecido en ella, el peticionario hubiera accedido de manera
inmediata a la pensión de invalidez, bajo el nuevo régimen no puede acceder a
dicha prestación”.
Asimismo, la sentencia T-080 de
2008,[42] estimó que la aplicación
del artículo 1° de la ley 860 de 2003, en relación a la exigencia del
porcentaje de fidelidad al sistema, vulneraba, inclusive, los derechos del
accionante de 28 años de edad, por cuanto venía efectuando sus cotizaciones
antes de la modificación introducida, aún cuando su invalidez fue estructurada
en su vigencia. Acotó que la aplicación del nuevo régimen hacía nugatorio el
derecho, al no cumplir con el requisito de fidelidad al sistema, que conforme a
la ley 100 de 1993 hubiera podido reclamar, lo que conllevaba al
desconocimiento del principio de progresividad inherente al derecho a la
seguridad social en ausencia de justificación, proporcionalidad y razonabilidad
de dicha disposición. Advirtió que si unos de los fines para la exigencia de la
fidelidad era impedir fraudes al sistema, en casos como el que se analizó, no
solo se presumía la mala fe de los afiliados, sino que generaba que personas,
que de manera sorpresiva se vieran afectadas por un estado de invalidez,
quedaran desprotegidas, y por ende no pudieran acceder a una prestación, cuyo
objeto, precisamente, era contrarrestar tal circunstancia. Al respecto, estimó:
“En efecto, las razones aducidas para la
implementación de los requisitos consagrados en el artículo 1 de la Ley 860 de
2003 son claramente desproporcionadas, circunstancia que resulta más evidente a
la luz de los elementos fácticos del presente asunto. Así, si uno de los
argumentos para la exigencia de la fidelidad de cotización para con el sistema
es impedir que se produzcan fraudes al mismo -consistentes por ejemplo en que
una persona pueda afiliarse por un corto tiempo con el ánimo de exigir el
cubrimiento vitalicio de una pensión por invalidez-, en casos como el presente
es claro que la búsqueda de dicha finalidad a partir de una exigencia como la
señalada, además de presumir la mala fe de los afiliados, genera que personas
que en forma imprevista y sorpresiva se han visto afectadas en su salud por una
grave enfermedad o por un accidente que los lleva a un estado de invalidez,
queden desprotegidas y no puedan acceder a un beneficio establecido
precisamente para evitar esta situación. En este caso, además, el hecho de que
el accionante haya efectuado cotizaciones durante más de un año antes de que se
estructurara el estado de invalidez y que la causa de dicho estado sea una
enfermedad de las denominadas catastróficas que surgen de manera imprevisible y
repentina, demuestran que no existía en él ningún tipo de intención fraudulenta
de acceder a prestaciones pensionales.
En este orden de ideas, resulta desproporcionado y
contrario a la Constitución, particularmente al mandato de progresividad de los
derechos económicos, sociales y culturales, la aplicación rigurosa de la Ley
860 de 2003 a una persona que se encuentra en una situación de debilidad
manifiesta en razón de la grave enfermedad que padece, que por tal razón no
está en capacidad de desarrollar ninguna actividad laboral que le permita
obtener los ingresos necesarios para solventar sus necesidades básicas y quien,
en todo caso, bajo el imperio del régimen anterior al cual cotizó hubiera
tenido derecho a acceder a la pensión de invalidez”.
4.8. A partir de lo anterior, se
tiene que la Corte ha venido señalando que las modificaciones legislativas para
el reconocimiento de la pensión de invalidez pueden afectar a quienes no cumplan
los parámetros en cuya vigencia acaece la pérdida de la capacidad para laborar,
precisamente, por que existe un cambio legislativo que establece condiciones
más gravosas con los que se venían cotizando, sin que para tal efecto, al
menos, se estimare un régimen de transición que respetare las expectativas
legítimas. Evento en el cual la norma anterior puede resultar más progresiva en
el caso concreto.
Por tanto, en estos asuntos,
puede aplicarse directamente la Constitución Política (Art. 4°) frente a
disposiciones que contraríen el principio de  progresividad en los derechos
sociales cuando el tránsito normativo no tenga sustento constitucional, más aún
cuando estén en juego derechos fundamentales, en especial, el derecho al mínimo
vital de quienes no pueden desempeñar una labor con la que puedan atender sus
necesidades, y requieran de una mesada como única fuente de ingreso.
5. Caso concreto.
5.1. El actor manifiesta que se
le determinó la pérdida de su capacidad laboral en un 71.03%, con fecha de
estructuración de octubre 15 de 2006.  Manifiesta que solicitó el
reconocimiento de la pensión de invalidez al Instituto accionado, quien
mediante Resolución No. 6649 de octubre 29 de 20007, resolvió denegarla.
Indica que la razón de la negativa se sustentó por cuanto no cumplía el
requisito de fidelidad al sistema que establece el artículo 1° de la ley 860 de
2003. Considera que dicha negativa vulnera sus derechos fundamentales y las
garantías constitucionales que en materia de seguridad social venía
disfrutando.
El Instituto de Seguro Social
guardó absoluto silencio en el trámite de la acción de tutela presentada por el
señor Marín. Ello, como se explicó anteriormente, conlleva a la aplicación de
la presunción de veracidad de las hechos y pruebas presentadas por el
demandante de la que trata el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, sin
perjuicio a que la Sala analice su particular situación.
5.2. Así pues, del formulario de
Dictamen para la calificación de la pérdida de la capacidad laboral y
determinación de la invalidez de fecha junio 22 de 2007 se indica que la
invalidez del actor fue estructurada en un 71.03% a partir del día octubre 15
de 2006, al padecer una afección de su sistema nervioso (folios 19 y 20 del
cuaderno principal).
Asimismo, la Resolución No. 6649
de octubre 29 de 2007 proferida por el Instituto de Seguro Social señala que el
demandante solicitó, en agosto 29 de 2007, el reconocimiento de la pensión de
invalidez, la cual fue negada (folios 21 y 22 del cuaderno principal).
La anterior resolución invoca que
el recurrente fue declarado inválido por enfermedad común a través de dictamen
médico emitido en junio 22 de 2007 por la Dependencia de Medicina Laboral de la
Seccional Caldas, la cual le determinó un porcentaje de 71.03% de la pérdida de
su capacidad para laborar con una fecha de estructuración de octubre 15 de
2006. Luego, procede a informar lo dispuesto en el artículo 1° de la ley 860 de
2003 que modifica el artículo 39 de la ley 100 de 1993.
Asimismo, de su lectura se
observa la razón por la cual la entidad niega el reconocimiento de la
prestación de invalidez. En la misma se señala:
“Que revisado el reporte de semanas, expedido por la
Gerencia Nacional de Historia Laboral y Nómina de Pensionados del Instituto de
Seguros Sociales, se establece que el asegurado cotizó a este instituto un
total de 210 semanas válidas para pensión de invalidez, esto es con
anterioridad a la fecha de estructuración, de las cuales 117 SEMANAS  fueron
cotizadas en los tres años anteriores, por lo cual se observa que cumple con el
primer requisito que exige acreditar un mínimo de 50 semanas en este período,
sin que por esta sola circunstancia sea suficiente para el reconocimiento de la
prestación.
Que una vez realizado el análisis de la fidelidad para
con el sistema, para el caso concreto del solicitante se encuentra que requiere
cumplir con una fidelidad para con el sistema, para el caso concreto del solicitante
se encuentra que requiere cumplir con una fidelidad mínima equivalente a 238
semanas, encontrándose que en el periodo transcurrido entre el momento en
que cumplió 20 años de edad y la fecha de la primera calificación del estado de
invalidez el asegurado cotizó 210 semanas que equivalen al 8.37% de
fidelidad evidenciándose que no reúne la totalidad de los requisitos para
acceder a la prestación solicitada.”  (Negrillas
en texto original).
5.3. De conformidad con la
situación fáctica planteada y las pruebas allegadas, se observa que la negativa
en el reconocimiento de la pensión de invalidez al actor por parte del ente
demandado se sustentó por cuanto, si bien su invalidez fue estructurada en un
porcentaje superior al 50% y cotizó más de 50 semanas en los tres últimos años
anteriores a la misma, no cumplió con el requisito de fidelidad al sistema que
contempla el artículo 1° de la ley 860 de 2003, el cual modificó el artículo 39 de la ley 100 de 1993.
Así las cosas, corresponde a la
Sala determinar si se  vulneraron los derechos
fundamentales del demandante por la aplicación de una norma que establece
requisitos para el acceso a la pensión de invalidez considerados, en
particulares casos, de naturaleza regresiva de los derechos prestacionales.
Sea lo
primero a indicar que la fecha de estructuración de la invalidez se estableció
el 15 de octubre de 2003, fecha para la cual se encontraba vigente el artículo
1° de la ley 860 de 2003, pues este entró a regir desde el 26 de diciembre
de 2003.
De
igual manera, de las pruebas allegadas al expediente se advierte que el
demandante venía cotizando al sistema de pensiones antes de la entrada en
vigencia del artículo 1° de la ley 860 de 2003. Lo anterior se sugiere a partir
de la relación de novedades al sistema de autoliquidación de aportes mensual
del Instituto de Seguro Social (folios 24 al 25 del cuaderno principal). En
efecto, en dicho documento se señala que el demandante:
·
En el año 1996, en marzo 06, cotizó 7
días (IBC $33.180).[43]
·
En el año 2001, en julio 10, cotizó 3
días (IBC $30.000); así como los meses de agosto, septiembre, octubre,
noviembre y diciembre (IBC $300.000).
·
En el año 2002, cotizó los meses de enero,
febrero, marzo, abril, mayo y junio (IBC de enero, 300.0000; IBC de febrero a
junio $321.000).
·
En el año 2003, cotizó en marzo 05, 01
días (IBC $11.400), así como los meses de abril, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre y diciembre (IBC $342.800).
·
En el año 2004, cotizó los meses de
enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre,
noviembre y diciembre (IBC de enero, $342.800; IBC de febrero a diciembre
$368.000).
·
En el año 2005, cotizó los meses de enero,
febrero, marzo, abril mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y
noviembre. (IBC de enero, $368.000; IBC de febrero a noviembre, $392.000).
·
En el año 2006, cotizó 22 días en abril
08, así como los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre,
noviembre y diciembre (IBC enero, $307.300; IBC mayo a diciembre, $419.000).
·
En el año 2007, cotizó los meses de
enero, febrero, marzo, abril, mayo y septiembre (IBC enero, 419.000; IBC
febrero a septiembre, $445.300).
Desde este panorama, la Sala
estima que el demandante se vio afectado por el tránsito normativo que impuso
la ley 860 de 2003 para el reconocimiento de la pensión de invalidez. Como se
observa del historial de sus cotizaciones al sistema de pensiones, empezó a
hacerlo según las condiciones previstas en la ley 100 de 1993. De manera que
resulta desproporcionado que se le exija una fidelidad al sistema desde el
momento en que cumplió 20 años de edad, pues el Sistema General de Pensiones
del que se le exige mantenerse fiel no existía para la época en la que ingresó
al mismo.
Ahora bien, téngase en cuenta que,
tal y como se señaló en la parte considerativa de esta sentencia, el artículo
1° de la ley 860 de 2003, por una parte, aumenta el número de semanas de
cotización para el reconocimiento de la pensión de invalidez; y por otra, añade
el requisito de fidelidad al sistema, el cual se alcanza una vez se obtenga una
densidad de cotización del 20% entre el lapso desde que el peticionario cumpla
los veinte años de edad hasta la fecha de estructuración de la primera
invalidez. Su finalidad es imponer una cultura de afiliación a la seguridad
social y controlar los fraudes al sistema.
Al analizar dicha finalidad, se
observa que su implementación no tiene un análisis significativo, toda vez que
resulta incompatible que, so pretexto de promover la cultura de la afiliación,
se castigue a quienes carecían de dicho hábito, y por tanto actuaron bajo las
condiciones imperantes hasta antes de la entrada en vigencia de la Ley 860 de
2003.
Así las cosas, tal y como lo ha
estimado esta Corporación “la cultura de afiliación al sistema no se puede
promover castigando a quienes no vienen participando de ella”, mucho menos
cuando no se previó un régimen de transición que protegiera a las personas que
ya venían cotizando al sistema de pensiones, con el que se disminuyera su
impacto negativo.
Aunado a lo anterior, obsérvese
que otro de los fundamentos mediante el cual se adopta la fidelidad al sistema,
como requisito necesario para la pensión de invalidez, es por cuanto se busca
impedir que se produzcan fraudes al sistema de pensiones para quienes se
afiliaren en corto tiempo con la intención de solicitar el acceso indefinido a
la pensión de invalidez.  Sin embargo, dicha finalidad, no solo presume la mala
fe sino que además perturba a quienes padecen de graves enfermedades que los
lleva a un estado de invalidez, y vinieren cotizando al sistema antes de la
exigencia de dicho requisito, como en efecto sucede en el presente asunto.
Así las cosas, resulta
desproporcionado y contrario al principio de progresividad de los derechos
prestacionales la aplicación del artículo 1° de la ley 860 de 2003, puesto que
la exigencia de fidelidad al sistema acarrea en el caso objeto de revisión, una
regresión en el  ámbito de protección de los derechos del demandante, teniendo
en cuenta que su afiliación y ciertas cotizaciones, se efectuaron de cara a las
condiciones previstas en la legislación anterior a la ley 860 de 2003, esto es
el artículo 39 de la ley 100 de 1993, que exigía, a quienes vinieren afiliados
y cotizando al sistema, tan sólo 26 semanas en cualquier tiempo antes de la
estructuración de la invalidez, sin contemplar el mencionado requisito de
fidelidad.
La inconstitucionalidad de la
situación fáctica del presente asunto, ocasionada por la negativa al
reconocimiento de la pensión de invalidez al demandante, se torna inclusive más
evidente si se tiene en cuenta que de haberse dado aplicación al artículo 39 de
la ley 100 de 1993 en su versión original, el actor hubiera accedido al
reconocimiento de la prestación que solicita.
Obsérvese que para el 15 de
octubre de 2005, fecha de estructuración de la invalidez, el actor ya venía
efectuando sus cotizaciones al sistema de pensiones, y que incluso lo hizo en
dicho mes. Recuérdese que el artículo 39 de la ley 100 en su versión original
disponía que tenían derecho a la pensión de invalidez, los afiliados que siendo
declarados inválidos, se encontraren cotizando al régimen y lo hubieren hecho,
por lo menos 26 semanas al momento de la invalidez.  Así pues el demandante
cotizó, antes de la estructuración de su invalidez, más de las 26 semanas
exigidas, a saber: en el año 1996, 7 días; en el año
2001, cotizó 3 días el 10 de julio, y 30 días en agosto, septiembre, octubre,
noviembre y diciembre; en el año 2002, cotizó 30 días en enero, febrero, marzo,
abril, mayo y junio; en el año 2003, cotizó 01 día el 05 de marzo, y 30 días en
abril, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre; en el
año 2004, cotizó 30 días en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo,
junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre; y, en el año
2005, cotizó 30 días en los meses de enero, febrero, marzo, abril mayo, junio,
julio, agosto, septiembre, octubre.
Asimismo,
el mismo ente demandado señaló en la Resolución 6649 de octubre 29 de 2007 que
el actor cotizó 210 semanas con anterioridad a la fecha de estructuración de la
invalidez, de las cuales 117 se efectuaron en los últimos tres años.  De esta
manera, se observa que el actor cumplió mucho más de las veintiséis semanas
exigidas, que frente al artículo 39 de la ley 100 de 1993 en su versión
original, otorgaban el reconocimiento a la pensión de invalidez.
5.4. Por tanto, la ausencia de
justificación, proporcionalidad y razonabilidad de la actuación de la entidad
accionada vulnera el principio de progresividad de los derechos prestacionales,
que además afecta otros derechos de rango iusfundamental. Ciertamente, la
aplicación por parte del Instituto demandado de disposiciones que contrarían
postulados constitucionales, así como de la jurisprudencia constitucional,
vulnera los derechos del actor a la seguridad social, a la vida en condiciones
dignas y al mínimo vital. Lo anterior, si se tiene en cuenta la particular
circunstancia en la que está inmerso el accionante.
Así las cosas, la aplicación del
artículo 1° de la ley 860 de 2003 resulta desproporcionada en el presente
asunto, atendiendo la especial circunstancia del demandante, pues el alto
porcentaje de su invalidez le impide desarrollar una actividad que le permita
sufragar sus necesidades y las de su familia. Además, el amparo a sus derechos
fundamentales implicará el acceso al sistema de seguridad social en salud, y
por ende, garantizará que le pueda ser brindado un tratamiento médico adecuado
que atienda la grave afección que padece.
Por consiguiente,  en el asunto
objeto de revisión resulta indispensable que se ordene la aplicación del
artículo 39 de la ley 100 de 1993 en su versión original para efectos del
reconocimiento de la pensión de invalidez del demandante. En consecuencia, se
ordenará al Instituto de Seguro Social que, dentro de las cuarenta y ocho horas
(48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, si aún no lo hubiere
hecho, proceda a iniciar el trámite pertinente para reconocer y pagar al
demandante, en un plazo que no podrá exceder de quince (15) días, la pensión de
invalidez respectiva, la cual no podrá ser inferior al salario mínimo legal
mensual vigente, desde la fecha en que el actor solicitó su reconocimiento, sin
perjuicio de la compensación a la que hubiere lugar frente a la indemnización
sustitutiva.
IV. DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la Sala
Novena de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia y en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- REVOCAR el fallo
proferido el día julio 23 de 2008 por el Juzgado Primero Penal para
Adolescentes con Función de Conocimiento de la ciudad de Pereira, en el trámite
de la acción de tutela interpuesta por el señor Fernando Antonio Marín Isaza. En
su lugar, CONCEDER el amparo solicitado para proteger sus derechos a la
seguridad social, a la vida en condiciones dignas y al mínimo vital.
Segundo.- ORDENAR al
Instituto de Seguro Social que dentro de las cuarenta y ocho horas (48) horas
siguientes a la notificación de esta sentencia, si aún no lo hubiere hecho,
proceda a iniciar el trámite pertinente para reconocer y pagar al señor Fernando
Antonio Marín Isaza, la pensión de invalidez respectiva, en un plazo que no
podrá exceder de quince (15) días, desde la fecha en que el actor solicitó su
reconocimiento, la cual no podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual
vigente, y sin perjuicio de la compensación a la que hubiere lugar frente a la
indemnización sustitutiva
Tercero.- LÍBRESE por
Secretaría General las comunicaciones previstas en el artículo 36 del decreto
2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese,
publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
CLARA INÉS VARGAS
HERNÁNDEZ
Magistrada Ponente
JAIME ARAÚJO
RENTERÍA
Magistrado
CLARA ELENA REALES
GUTIÉRREZ
Magistrada (E)
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Sobre este punto ver las sentencias: T-138/05, T-454/04, T-425/04,
T-050/04, T-812/02, T-660/99, T-577/99 y T-143/98, entre otras. Al respecto ha
señalado: “El reconocimiento y pago de prestaciones sociales de tipo
económico, por la clase de pretensiones que allí se discuten, persiguen la
definición de derechos litigiosos de naturaleza legal (…) Resulta, entonces,
ajeno a la competencia de los jueces de tutela entrar a decidir sobre los
conflictos jurídicos que surjan alrededor del reconocimiento, liquidación y
orden de pago de una prestación social, por cuanto para ello existen las
respectivas instancias, procedimientos y medios judiciales establecidos por la
ley; de lo contrario, se desnaturalizaría la esencia y finalidad de la acción
de tutela como mecanismo de protección especial pero extraordinario de los
derechos fundamentales de las personas y se ignoraría la índole preventiva de
la labor de los jueces de tutela frente a la amenaza o vulneración de dichos
derechos que les impide dictar órdenes declarativas de derechos litigiosos  de
competencia de otras jurisdicciones”. Sentencia T-660/99,
M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[2] T-860/05, T-344/05, T-043/05, T-1221/05, T-056/94, T-888/01, entre
muchas otras.
[3] Ver sentencias T-170 de 2000, T1166 de 2001, T-001 de 2003, T-325 de
2003, T-326 de 2003, T-422 de 2003, T-588 de 2003, SU- 975 de 2003, T-200 de
2005.
[4] Ver sentencias SU-430 de 1998; T-143 de 1998; T-787 de 2002; T-1011 de
2002, T-1128 de 2005, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[5] Ver sentencias T-278 de 1997; T-559 de 1998; T-160 de 1997; T-009 de
1999; SU-090 de 2000.
[6]  Sentencia T-941 de 2005. MP Clara Inés Vargas Hernández.
[7]
Al respecto la sentencia C-375/04 dispuso: “Pese a su estatus prestacional, en
las eventualidades en las cuales el desconocimiento o vulneración de alguna de
las garantías que comportan el derecho a la seguridad social ponen en cuestión
derechos fundamentales como la vida, la dignidad humana y la integridad
personal, la doctrina constitucional ha sostenido la posibilidad de acudir al
mecanismo sumario y expedito de la acción de tutela para hacer frente a este
tipo de violaciones.”
[8] En el mismo sentido, consultar la sentencia T-1083 de 2002.
[9]
Sobre estos requisitos Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-1316/01.
Esta sentencia sintetiza la regla jurisprudencial reiterada por la Corte a
partir del análisis efectuado en la decisión T-225/93, la cual estudió a
profundidad los elementos que integran las condiciones de inminencia, urgencia,
gravedad e impostergabilidad propios del perjuicio irremediable. Sobre este
particular, la sentencia en comento indicó: “Al examinar cada uno de los términos
que son elementales para la comprensión de la figura del perjuicio
irremediable, nos encontramos con lo siguiente:
A).El perjuicio ha de ser inminente:
"que amenaza o está por suceder prontamente".  Con lo anterior se
diferencia de la expectativa ante un posible daño o menoscabo, porque hay
evidencias fácticas de su presencia real en un corto lapso, que justifica las
medidas prudentes y oportunas para evitar algo probable y no una mera conjetura
hipotética.  Se puede afirmar que, bajo cierto aspecto, lo inminente puede
catalogarse dentro de la estructura fáctica, aunque no necesariamente
consumada.  Lo inminente, pues, desarrolla la operación natural de las cosas,
que tienden hacia un resultado cierto, a no ser que oportunamente se contenga
el proceso iniciado.  Hay inminencias que son incontenibles: cuando es
imposible detener el proceso iniciado.  Pero hay otras que, con el adecuado
empleo de medios en el momento oportuno, pueden evitar el desenlace efectivo.
En los casos en que, por ejemplo, se puede hacer cesar la causa inmediata del
efecto continuado, es cuando vemos que desapareciendo una causa perturbadora se
desvanece el efecto.  Luego siempre hay que mirar la causa que está produciendo
la inminencia.
B). Las
medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable han de ser urgentes,
es decir, como calidad de urgir, en el sentido de que hay que instar o precisar
una cosa a su pronta ejecución o remedio tal como lo define el Diccionario de la
Real Academia.  Es apenas una adecuación entre la inminencia y la respectiva
actuación: si la primera hace relación a la prontitud del evento que está por
realizarse, la segunda alude a su respuesta proporcionada en la prontitud.
Pero además la urgencia se refiere a la precisión con que se ejecuta la medida,
de ahí la necesidad de ajustarse a las circunstancias particulares.  Con lo
expuesto se verifica cómo la precisión y la prontitud señalan la oportunidad de
la urgencia.
C).No basta
cualquier perjuicio, se requiere que este sea grave, lo que equivale a
la gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico
de la persona.  La gravedad obliga a basarse en la importancia que el orden
jurídico concede a determinados bienes bajo su protección, de manera que la
amenaza  a uno de ellos es motivo de actuación oportuna y diligente por parte
de las autoridades públicas.  Luego no se trata de cualquier tipo de
irreparabilidad, sino sólo de aquella que recae sobre un bien de gran
significación para la persona, objetivamente.  Y se anota la objetividad, por
cuanto la gravedad debe ser determinada o determinable, so pena de caer en la
indefinición jurídica, a todas luces inconveniente.
D).La
urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable,
ya que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda su
integridad.  Si hay postergabilidad de la acción, esta corre el riesgo de ser
ineficaz por inoportuna.  Se requiere una acción en el momento de la
inminencia, no cuando ya haya desenlace con efectos antijurídicos.  Se trata
del sentido de precisión y exactitud de la medida, fundamento próximo de la
eficacia de la actuación de las autoridades públicas en la conservación y
restablecimiento de los derechos y garantías básicos para el equilibrio social.
De acuerdo con lo que se ha
esbozado sobre el perjuicio irremediable, se deduce que hay ocasiones en que de
continuar las circunstancias de hecho en que se encuentra una persona, es
inminente e inevitable la destrucción grave de un bien jurídicamente protegido,
de manera que urge la protección inmediata e impostergable por parte del Estado
ya en forma directa o como mecanismo transitorio.”
[10] Sentencias T-1291 de 2005 y  T-221 de 2006.
[11] Sentencia T-1291 de 2005.
[12] Sentencia T-489 de 1999. M.P. Martha Victoria Sáchica de Moncaleano.
Sobre el particular, véase también la sentencia T-326 de 2007, M.P. Rodrigo
Escobar Gil.
[13] Cfr.
C-227 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-221 de 2006, M.P. Rodrigo
Escobar Gil, T-1128 de 2005, M.P. Clara Inés Vargas
Hernández. Al respecto,
no sobra recordar que la sentencia T-1128 de 2005, M.P. Clara Inés Vargas
Hernández, manifestó que el “derecho a la pensión de invalidez adquiere el
carácter de derecho fundamental por sí mismo, por tratarse de una persona que
por haber perdido parte considerable de su capacidad laboral, no puede acceder
al mercado de trabajo, de modo que el reconocimiento de dicha pensión entra a
convertirse en la única fuente de ingresos con la que cuentan para la
satisfacción de sus necesidades básicas, así como para proporcionarse los
controles y tratamientos médicos requeridos dada su discapacidad.”
[14] Sobre el tema, este Tribunal señaló en la Sentencia T-1251 de 2005: “[e]n conclusión, el juez de tutela deberá
examinar, al momento de determinar si una acción de tutela es procedente para
obtener el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, si existe un nexo
entre dicha pretensión con un derecho fundamental que pueda estar siendo
vulnerado, y si del análisis se deduce dicho nexo, deberá conceder el amparo
aun cuando existan mecanismos judiciales, pues no resultan idóneos para la
protección de los derechos fundamentales del demandante”.  Asimismo, consúltese
sentencias T-1128 de 2005, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T-1291 de 2005,
M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T-1064 de 2006, M.P. Clara Inés Vargas
Hernández.
[15] Cfr. T-1064 de 2006, T-1291 de 2005, T-628 de 2007, T-069 de 2008,
T-080 de 2008, T-104 de 2008, T-110 de 2008, entre otras.
[16] En este sentido, mediante sentencia T-232 de 2008,
M.P. Clara Inés Vargas Hernández se señaló que “la consagración de esa presunción obedece al
desarrollo de los principios de inmediatez y celeridad que rigen la acción de
tutela, y se orienta a obtener la eficacia de los derechos constitucionales
fundamentales y el cumplimiento de los deberes que la Carta Política ha
impuesto a las autoridades estatales (Artículos 2, 6, 121 e inciso segundo del
artículo 123 C.P.)[16]”.
[17] Esta Sala de Revisión, mediante sentencia T-1040 de 2008, M.P.
Clara Inés Vargas Hernández realizó un minucioso
estudio acerca del principio de progresividad en la seguridad social y su
incidencia en las reformas legislativas para acceder a la pensión de invalidez,
precisamente en asuntos de similar contenido fáctico al expediente objeto de
revisión.
[18] Ver sentencia C-480 de 1998, M.P.: Fabio Morón Díaz, T-1291 de 2005,
M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[19] Al respecto, consúltense las sentencias C-655
de 2003, T-471 de 1992, T-116 de 1993 , SU-039 de 1998, T-1291 de 2005, M.P.
Clara Inés Vargas Hernández.
[20]  Al respecto, en sentencia T-1064 de 2006,
M.P. Clara Inés Vargas Hernández se señaló: “Lo anterior implica, como lo ha
explicado esta Corporación, que el ordenamiento constitucional ´se ha encargado
de precisar el compromiso que tienen los particulares en la realización de la
seguridad social, pues al margen de atribuirle al Estado la función de
dirección, coordinación, reglamentación y vigilancia, a éstos les asigna “el
derecho y el deber concomitante de participar en la ampliación de la cobertura
y en la ejecución de las prestaciones que les son propias.”[20] De esta manera, la
seguridad social, en los términos en que ha sido concebida, no solo interesa a
los fines del Estado, en el propósito de brindarle a todos los ciudadanos la
protección contra las contingencias sociales y las cargas familiares, sino que
compromete igualmente a la sociedad para el logro y consecución de tales
objetivos.”
[21]  Constitución Política de Colombia, artículo 150, numeral 23. Ver
sentencias: C-126 de 1995,
M.P.
Hernando Herrera Vergara; C-168 de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz;
T-271 de 1995, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-967 de 2003, M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra, entre otras.
[22]  Cfr.T-1064 de 2006 y T-1040 de 2008, M.P.
Clara Inés Vargas Hernández. C-835 de 2003 M.P. Jaime Araujo Rentería. sentencia C-516
de 2004 y T-1291 de 2005.
[23] Cfr. T-1048 de 2008, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[24] C-251 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero; SU-225 de 1998, M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz, C-671 de
2002 y C-038 de 2004, M.P. Eduardo Montealegre Lynett; T-1291 de 2005, M.P.
Clara Inés Vargas Hernández, T-221 de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil, entre
otras. La Corte ha desarrollado el concepto de progresividad del Sistema de
Seguridad Social, para lo cual además se ha fundamentado en la doctrina
internacional más autorizada incluida en los informes del Relator, del Comité
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y los Principios de Limburgo.
[25] M.P. Eduardo Montealegre Lynett.  De igual manera, en la misma
sentencia se señaló que: “Sin embargo, esa regulación sobre
los efectos temporales de las disposiciones laborales debe ser armonizada con
el mandato de progresividad, el cual, como ya se ha explicado largamente,
prohíbe prima facie, los retrocesos en la protección de los derechos sociales.
Ahora bien, cuando las nuevas normas son más favorables a los trabajadores que
se encuentran empleados, el efecto general e inmediato de las normas
incorporadas al CST no plantea ningún problema constitucional, pues desarrolla
el principio de progresividad, al dar aplicación a los contratos laborales en
curso de los avances en la protección de los derechos de los trabajadores. Por
el contrario, ese efecto general inmediato es constitucionalmente problemático
cuando las nuevas regulaciones representan menores garantías para los
trabajadores empleados, puesto que la aplicación inmediata a los contratos ya
existentes hace aún más grave el retroceso en la protección de los derechos
laborales. Por ello la Corte considera que no es posible aplicar mecánicamente
la norma sobre efectos temporales inmediatos de las regulaciones laborales. A
fin de armonizarla con el mandato de progresividad, las nuevas disposiciones
que reduzcan la protección a los trabajadores pueden tener aplicación
inmediata, si aparece claro que el fin constitucional que se persigue y que
eventualmente podría justificar un retroceso en la protección de los derechos
sociales, hace necesario aplicar la medida a los contrato en curso. En caso de
que no aparezca necesaria esa aplicación, la regla de los efectos generales e
inmediatos se torna inconstitucional por su afectación del principio de
progresividad, y por ende los contratos existentes continúan rigiéndose por la normatividad
derogada”.
[26] M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[27] En este sentido, se pronunció esta Corporación en la Sentencia T-221
de 2006 al referirse a la progresividad de la seguridad social, aspecto sobre
el cual señaló que “ (…) implica, de una parte, el deber del Estado de
avanzar en la materialización del derecho en cabeza de todas las personas,
procurando el alcance de mayores beneficios por parte de la población y, de
otra, la prohibición general, en principio, de establecer medidas regresivas,
es decir, medidas que desconozcan reconocimientos que se hayan logrado a favor
de los asociados.”
[28] Ver entre otras, las sentencias T-974 de 2005, M.P. Jaime Araujo
Rentería; T-1291 de 2005, M.P. ; T-221 de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil; T-043
de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-699 A, de 2007, M.P. Rodrigo Escobar
Gil; T-580 de 2007, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; y T-628 de 2007, M.P.
Clara Inés Vargas Hernández.
[29] M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[30] Sentencia C-754 de 2004. M.P. Álvaro Tafur
Galvis.
[31] Cfr. T-1040 de 2008, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[32] Sentencia C-789 de 2002. M.P. Rodrigo Escobar
Gil, y C-1049 de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[33] Ver sentencias T-1064 de 2006, y T-628 de 2007, M.P. Clara Inés Vargas
Hernández.
[34] Sobre el tránsito normativo de la pensión de invalidez, ver entre
otras la sentencia T-043 de 2007, T-047 de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño;
T-641 de 2007, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[35] En sentencia, T-1064 de 2006, M.P. Clara Inés
Vargas Hernández, se estimó: “Además, se ha manifestado que frente a los
cambios normativos que puedan presentarse respecto a los requisitos para
acceder a la pensión de invalidez, la Ley 100 de 1993 no previó un régimen de
transición, el cual no resulta indispensable cuando la nueva normatividad
implica cambios favorables y progresivos en materia de seguridad social. Sin
embargo, cuando se establecen medidas regresivas como la imposición de
requisitos más gravosos para acceder a la pensión, el legislador debe en
principio prever un régimen de transición atendiendo la prohibición prima facie
de retrocesos frente al nivel de protección constitucional alcanzado, y más en tratándose
de regulaciones que afecten a sujetos de especial protección constitucional
como son los disminuidos físicos. Régimen de transición que debe predicarse del
régimen anterior, estableciendo periodos que permitan acoplarse a las
exigencias del nuevo régimen y salvaguarde así las expectativas legítimas de
quienes estaban próximos a cumplir los requisitos para pensionarse. Bajo tal
situación, como la Corte lo ha expuesto en dos sentencias de revisión[35], lo procedente es
aplicar el régimen pensional anterior que resulta más favorable, inaplicando
para el caso la normatividad legal vigente para la fecha de estructuración de
la invalidez”.
[36] Sentencia T-043 de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[37] Ver entre otras, las sentencias T-974 de 2005, M.P.
Jaime Araujo Rentería; T-1291 de 2005, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T-221
de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil; T-043 de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño;
T-699 A, de 2007, M.P. Rodrigo Escobar Gil; T-580 de 2007, M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto; y T-628 de 2007, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[38] Al respecto, consúltese las sentencias T-259 de 2007, M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra, T-1048 de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-1072 de
2007; T-069 de 2008, M.P.Manuel José Cepeda Espinosa; T-080 de 2008, M.P. Rodrigo
Escobar Gil; T-104 de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil; T-110 de 2008, M.P. Jaime
Córdoba Triviño, T-145 de 2008, M.P. Nilson Pinilla Pinilla; T-287 de 2008,
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[39] Cfr. Gaceta del Congreso No. 593. Bogotá, D.C., viernes 14 de
noviembre de 2003, página 10.
[40] M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[41] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[42] M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[43] Entiéndase por IBC, Ingreso Base de Cotización.