T-049-02
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-049/02
EXCEPCION DE
INCONSTITUCIONALIDAD-Aplicación
“La Constitución es norma de normas.
En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma
jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales.”. De tal mandato se
deriva la figura de la excepción de inconstitucionalidad, la cual puede y debe
ser aplicada por funcionarios judiciales y administrativos. En caso de que
exista una disposición legal que conlleve injusticias manifiestas en su
aplicación y que contradiga la naturaleza del Estado Social de Derecho
Colombiano y el funcionario administrativo no aplique la excepción de
inconstitucionalidad, tal actuación constituiría una vía de hecho y perdería su
validez.
PENSION DE
SOBREVIVIENTES-Derecho
irrenunciable
FAMILIA-Protección igualitaria a la formada por
matrimonio o unión libre/FAMILIA-Formas encuentran reconocimiento en
normas de seguridad social integral
DERECHO A LA
PENSION DE SOBREVIVIENTES-Fundamental
La pensión de sobrevivientes puede
llegar a constituirse en derecho fundamental en caso de que de ella dependa la
garantía del mínimo vital del accionante. Efectivamente, pueden llegar a
conjugarse factores como la avanzada edad del peticionario con su incapacidad
financiera para solventar unas condiciones de vida dignas de no recibir la
mesada pensional.
PENSION DE
SOBREVIVIENTES-Objetivo/PENSION
DE SOBREVIVIENTES-Naturaleza
PENSION DE
SOBREVIVIENTES-Protección
del mínimo vital
VIA DE HECHO POR
INAPLICACION DE LA EXCEPCION DE INCONSTITUCIONALIDAD
Referencia:
expediente T-508716
Peticionarios:
Margarita María Pérez González
Accionado:
Departamento de Antioquia, Secretaría de Recursos Humanos, Dirección de
Prestaciones Sociales y Nómina
Magistrado Ponente:
Dr. MARCO GERARDO
MONROY CABRA
Bogotá D.C.,
treinta y uno  (31)  de enero de dos mil dos (2002).
La Sala Sexta de la
Corte Constitucional, integrada por los Magistrados doctores, Eduardo
Montealegre Lynett, Alvaro Tafur Galvis y Marco Gerardo Monroy Cabra, quien la
preside,  en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales ha
pronunciado la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de
revisión de las sentencias proferidas por el Juzgado Tercero Laboral del
Circuito de Medellín el veinte de junio de 2001 y el Tribunal Superior de
Medellín, Sala Laboral, el veintitrés de agosto de 2001
I. HECHOS
1.  Manifiesta
la señora Margarita María Pérez González, actuando a través de apoderado, que
el señor Carlos Escobar Montoya laboró al servicio del Departamento de
Antioquia y obtuvo la pensión de jubilación el 14 de octubre de 1966.
2.  Aduce
que ella y el señor Escobar hicieron vida marital durante 12 años continuos.
3.  La
peticionaria contrajo matrimonio con el señor Escobar el 2 de julio de 1993,
padeciendo él de diabetes.
4.  Expone
que con posterioridad a su matrimonio, a causa de un accidente su esposo se
infectó de gangrena lo que hizo que fuera necesaria la amputación de las dos
piernas quedando ella al cuidado de su cónyuge por más de tres años.
5.  El
señor Escobar falleció el 14 de junio de 1998, sin que se hubieran procreado
hijos en el matrimonio.
6.  Posteriormente,
ella presentó ante el Departamento de Antioquia, Secretaría de Recursos
Humanos, Dirección de Prestaciones Sociales, petición de sustitución pensional.
7.  No
obstante, aduce la accionante, tal sustitución le fue negada en virtud de lo
consagrado en el artículo 47 de la ley 100 de 1993 que contemplaba:
“En caso de que la
pensión de sobrevivientes se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la
compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo
haciendo vida marital con el causante por lo menos desde el momento en que se
cumplió con los requisitos para tener derecho a una pensión de vejez y hasta su
muerte, y haya convivido con el fallecido, no menos de dos (2) años continuos
con anterioridad a su muerte, salvo que haya procreado uno o más hijos con el
pensionado fallecido.”
8.  Estima
la accionante que con tal negativa, y en virtud de que es una persona de 74
años de edad de escasos recursos que vive de lo que una sobrina le da, se le
están vulnerando los derechos a la vida, seguridad social, dignidad humana y
protección de las personas de la tercera edad.
II.
DECISIONES
JUDICIALES
A. Primera Instancia
El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de
Medellín en fallo del veinte de junio de 2001, denegó la tutela por considerar
que la accionante contaba con otro mecanismo idóneo de protección de sus
derechos como el proceso ordinario laboral.
B. Segunda instancia.
El Tribunal Superior
de Medellín, Sala Laboral, en sentencia del veintitrés de agosto de 2001,
confirmó el fallo del a quo por estimar que a pesar de que la accionante había
interpuesto la tutela para evitar un perjuicio irremediable, de lo cual se
desprendía que la pedía como mecanismo transitorio de protección, ella contaba con
un mecanismo idóneo de protección judicial para discutir lo referente a la
pensión de sustitución.
Además, en el
proceso no aparece prueba de perjuicio irremediable alguno.
III.   PRUEBAS
1.  Certificado
de defunción expedido por la Notaría Primera de Itaguí Antioquia el 15 de julio
de 1998 según el cual el señor Carlos Escobar Montoya padeció de muerte natural
el 14 de julio de 1998.
2.  Registro
de matrimonio expedido el 2 de julio de 1993 en la Notaría  Única de Itaguí
Antioquia el 2 de julio de 1993 en el cual consta que el señor Carlos Escobar
Montoya contrajo matrimonio católico con la señora Margarita María Pérez
González el 2 de junio de 1993.
3.  Resolución
#4053 del Departamento de Antioquia, Secretaría del Recurso Humano, Dirección
de Prestaciones Sociales y Nómina en la cual se niega el derecho a la pensión
de sobrevivientes a la accionante por no reunir los requisitos del artículo 47
de la ley 100 de 1993.
4.  Copia
de la cédula de la accionante según la cual ella nació el 28 de diciembre de
1926.
IV.  CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
A. Competencia.
Esta Corte es competente de conformidad con
los artículos 86 y 241 de la Constitución Nacional, y el decreto 2591 de 1991,
para revisar el presente fallo de tutela.
0
Fundamentos
1.Problema jurídico
En el presente caso se debe determinar si
el no reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a la señora Margarita
María Pérez González en virtud de la no convivencia con el señor Carlos
Escobara Montoya con anterioridad a que él cumpliera los requisitos para
pensión de jubilación constituye una vía de hecho administrativa que vulnere el
derecho a la seguridad social en conexidad con la vida de la accionante.
2.Vía de hecho por no aplicación de la excepción de
inconstitucionalidad
Los funcionarios administrativos están
cubiertos por la obligatoriedad de las normas constitucionales y legales. De
esta manera, deben enfocar su comportamiento según lo establezcan tales
preceptos.
Si bien en virtud del principio de legalidad
los funcionarios administrativos deben ceñir su comportamiento de acuerdo con
la ley, la cual se presume constitucional de no haber sido declarada
inexequible, la aplicación de la misma al caso concreto no puede darse de
manera ciega. En consecuencia, el ejercicio de su cargo debe verse guiado por
la integridad del ordenamiento normativo, incluyendo la Constitución, y de
concluir que la aplicación de la ley conllevaría resultados contrarios al
querer de la Carta Política, es su deber inaplicar la ley y aplicar la
Constitución para la solución del caso concreto.
En efecto, el artículo 4 constitucional
establece que “la Constitución es norma de normas. En todo caso de
incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se
aplicarán las disposiciones constitucionales.”. De tal mandato se deriva la
figura de la excepción de inconstitucionalidad, la cual puede y debe ser
aplicada por funcionarios judiciales y administrativos.
En caso de que exista una disposición legal
que conlleve injusticias manifiestas en su aplicación y que contradiga la
naturaleza del Estado Social de Derecho Colombiano y el funcionario
administrativo no aplique la excepción de inconstitucionalidad, tal actuación
constituiría una vía de hecho y perdería su validez.
El funcionario que aplica la norma no
solamente debe tener en cuenta durante su ejercicio el tenor literal de la
leyes. Su actuar debe verse iluminado por las reglas y principios de carácter
constitucional. En referencia a este aspecto, y estudiando la  materia de
pensiones, dijo la Corte:
“Ese principio de
reconocer la eficacia real de los derechos de las personas, y uno de esos
derechos es la seguridad social en pensiones, plantea la obligación para los
operadores jurídicos (entre ellos los funcionarios que tramitan las solicitudes
de pensiones en el I.S.S.) de superar las simples normas reglamentarias,
para poner especial cuidado en los principios constitucionales y ponderar y
reflexionar sobre los valores jurídicos y los derechos fundamentales
constitucionales (T-715/99, M.P. Alejandro Martínez Caballero). O sea que
no solamente se deben leer los reglamentos del I.S.S. sino que hay que aplicar
de manera preferencial la Constitución, las leyes de la República e
interpretarlas respetándose los derechos, los principios y los valores. Por
consiguiente, las Resoluciones del I.S.S. que solo tienen en cuenta la
reglamentación interna de la Institución y la Ley 100 de 1993, carecen de
motivación suficiente porque pasan por alto la Constitución Política y otras
leyes que pueden y generalmente son necesarias para resolver cada caso
concreto”[1].
3. Pensión de sobrevivientes como derecho
irrenunciable
La Constitución Política establece en su
artículo 48 que la seguridad social es un derecho de naturaleza irrenunciable,
como “manifestación concreta del Estado Social de Derecho”[2]. Tal derecho está
constituido a su vez por varias expresiones entre las cuales se encuentra el
derecho a pensión en sus diferentes modalidades, las cuales incluyen la pensión
de sobrevivientes.
Al ser ésta una proyección concreta de la
seguridad social, tiene el carácter de irrenunciable. La Corte en numerosas
ocasiones ha protegido a través de la tutela el derecho a percibir mesadas
pensiónales[3]
de pensión de sobrevivientes e inclusive ha reconocido la pensión de
sobrevivientes, por considerarla como derecho irrenunciable.
En anterior ocasión, con referencia a las
familias conformadas por vínculo matrimonial y aquellas extramatrimoniales, la
Corte consideró que no debería existir diferenciación en cuanto a la protección
irrenunciable a las manifestaciones del derecho a la seguridad social:
”(...) la
Carta Magna protege la familia matrimonial y extramatrimonial, en cuanto llenen
las características que establece el legislador para proteger este tipo de
instituciones sociales. Las diversas formas de familia protegidas
constitucionalmente, encuentran reconocimiento pleno en las normas sobre la
seguridad social integral, entendida ésta como el conjunto de instituciones,
procedimientos, sistemas legales, de que disponen las personas y la comunidad,
para garantizar los derechos irrenunciables a la misma, cuyo
propósito es obtener una  calidad de vida acorde con la dignidad humana y
precaver el cubrimiento de necesidades futuras, mediante la estructuración de
un régimen de salud o uno pensional que proteja al trabajador y a su núcleo
familiar ante las contingencias como la invalidez, la enfermedad, la vejez o
aún la muerte.”[4](subrayas
y resaltado nuestro)
Al ordenar reanudación del pago de las
mesadas de pensión de sobrevivientes a hijos de los causantes dijo la Corte:
“Si bien, dicho
reconocimiento [de la pensión de sobrevivientes] se hizo con base en las normas
vigentes en ese momento (Decreto 3041 de 1966), la entidad demandada está
desconociendo el principio de favorabilidad que en materia laboral consagra la
misma Carta Política de 1991 en su artículo 53, en la cual el derecho a la
seguridad social eleva su categoría a nivel constitucional y surge como un
derecho irrenunciable, que si bien, no se constituye  per se como
fundamental, puede ser objeto de protección por vía de tutela, en los casos en
que, de su amparo dependa la efectividad de otros derechos, estos sí, de
carácter fundamental.”[5](subrayas
y resaltado nuestro)
4.Derecho la
pensión de sobrevivientes como derecho fundamental
La pensión de
sobrevivientes puede llegar a constituirse en derecho fundamental en caso de
que de ella dependa la garantía del mínimo vital del accionante. Efectivamente,
pueden llegar a conjugarse factores como la avanzada edad del peticionario con
su incapacidad financiera para solventar unas condiciones de vida dignas de no
recibir la mesada pensional. La Corte Constitucional ha corroborado tal
afirmación a través de su jurisprudencia.
“Es decir, que el
juez constitucional, en el caso sometido a revisión, no podía desconocer que el
mínimo vital de las accionantes, como el de sus hijos menores, se ha visto
afectado por la negativa tanto de la empresa empleadora como de la compañía de
riesgos profesionales, de reconocer la pensión [de sobrevivientes] a la que
éstos tienen derecho. Mínimo vital que, en los términos de la jurisprudencia
constitucional, está definido como “los requerimientos básicos indispensables
para asegurar la digna subsistencia de la persona y de su familia, no solamente
en lo relativo a alimentación y vestuario sino en lo referente a salud,
educación, vivienda, seguridad social y medio ambiente, en cuanto factores
insustituibles para la preservación de una calidad de vida que, no obstante su
modestia, corresponda a las exigencias más elementales del ser humano” (Corte
Constitucional, sentencia T-011 de 1998. Magistrado ponente, doctor José
Gregorio Hernández Galindo).
(...)
En el caso
planteado, es claro que las actoras requieren la pensión de sobrevivientes de
que trata el artículo 49 del decreto 1295 de 1994, reglamentario de la ley 100
de 1993, como su único medio de subsistencia y la de sus menores hijos, a
efectos de garantizar su mínimo vital. Derecho que, si bien tiene un carácter
prestacional, adquiere, dadas las condiciones de las accionantes y de los
menores, el carácter de fundamental, en tanto que está en juego su  derecho a
la subsistencia”.  [6]
La naturaleza de la
pensión de sobrevivientes hace que en la mayoría de los casos tal prestación
vaya ligada a la protección del mínimo vital de los beneficiarios. Así se puede
observar en la definición que de ésta ha elaborado la Corte:
“La pensión de
sobrevivientes busca impedir que, ocurrida la muerte de una persona, quienes
dependían de ella se vean obligados a soportar individualmente las cargas
materiales y espirituales de su fallecimiento. Desde esta perspectiva, ha dicho
la Corte, "la sustitución pensional responde a la necesidad de mantener
para su beneficiario, al menos el mismo grado de seguridad social y económica
con que contaba en vida del pensionado fallecido, que al desconocerse puede
significar, en no pocos casos, reducirlo a una evidente desprotección y
posiblemente a la  miseria"..” [7](el
subrayado es nuestro)
Al tener esta naturaleza la pensión de
sobrevivientes, su pago es la manifestación efectiva de la protección al mínimo
vital. Ha manifestado esta Corporación que:
“El pago de la
pensión de sobrevivientes ya sea a los familiares del trabajador pensionado
(numeral 1º del artículo 46 de la Ley 100 de 1993) o aquellos afiliados al
sistema de pensiones a que alude el numeral 2º atacado parcialmente, tiene como
finalidad evitar “que las personas allegadas al trabajador y beneficiarias del
producto de su actividad laboral queden por el simple hecho de su fallecimiento
en el desamparo o la desprotección”[8].
A este respecto se ha dicho además que “La pensión de sobrevivientes busca
impedir que, ocurrida la muerte de una persona, quienes dependían de ella se
vean obligados a soportar individualmente las cargas materiales y espirituales
de su fallecimiento”[9]”[10]
Por último refiriéndose a la naturaleza de derecho
fundamental que puede llegar a tener el derecho a pensión de sobrevivientes,
dijo la Corte:
“Este derecho
es cierto e indiscutible, irrenunciable; la transmisión en el sector privado
fue reglada por la Ley 33 de 1973 artículo 1º. Teniendo como antecedentes el
Código Sustantivo del Trabajo art. 275, Ley 171 de 1961 art. 12, Ley 5º de 1969
art. 1º, Decreto 435 de 1971 art. 15 y la Ley 10 de 1972 art. 10. En la Ley 100
de 1993 a esta situación se le da el calificativo de Pensión de Sobrevivientes
(artículo 46 a 49). Se ratifica que a ella tiene derecho en forma vitalicia el
cónyuge supérstite y se aclara que además son beneficiarios los hijos menores
de 18 años y hasta los 25 siempre que estén incapacitados para trabajar por
razón de sus estudios y si dependían económicamente del causante al momento de
su muerte, y, los hijos inválidos si dependían económicamente del causante  y
mientras subsistan las condiciones de invalidez (art. 47-b)
Ese derecho,
para los beneficiarios es derecho fundamental por estar contenido dentro de
valores tutelables: el derecho a la vida, a la seguridad social, a la salud, al
trabajo. Es
inalienable, inherente y esencial. Y, hay una situación de indefensión del
beneficiario respecto a quien debe pagarle la mesada.[11]"(el
subrayado es nuestro)
5. La sentencia C-117/01 y el estudio de la
constitucionalidad del artículo 47, literal a) de  la ley 100 de 1993
Si bien para el momento en el cual se negó
el reconocimiento de la pensión de jubilación la norma no había sido declarada
inconstitucional, fue un caso como el previsto hipotéticamente por la Corte en
la sentencia C-1176/01 el que tuvo que asumir el Departamento de Antioquia,
Secretaría del Recurso Humano, Dirección de Prestaciones Sociales y Nómina. En
el estudio de constitucionalidad de esta norma dijo esta Corporación:
“Tal es el caso,
para nada descabellado, de quien se hizo acreedor a una pensión de invalidez a
los 30 años, contrajo matrimonio a los 32 y vivió con su cónyuge hasta su
muerte, ocurrida a los 65. En estas circunstancias, la imposibilidad de ser
titular de la pensión de sobrevivientes, por cumplirse la condición de haberse
iniciado la vida marital con posterioridad al momento en que el causante
adquiere el derecho a la pensión, es una restricción que sobrepasa los límites
de lo razonable y desconoce los criterios vertebrales de interpretación,
vinculados a la pensión de sobrevivientes, así como el propósito del
legislador al instituir esta prestación social.
No es necesario
hacer mayores lucubraciones para entender que, a partir del ejemplo visto, así
como de otros análogos, la aplicación de la norma conduce a una enorme
injusticia.
(...)
En este sentido, no
estaría acorde con la justicia que se le negara el reconocimiento de la
pensión de sobrevivientes al cónyuge o compañero permanente de un pensionado
por vejez, con quien inició vida marital cuando éste contaba 62 años, y con
quien convivió por espacio de 10 ó 20 años y hasta su muerte.
En verdad que
la consideración de haber iniciado vida común con el causante antes de que éste
adquiera el derecho a la pensión de vejez o invalidez, no es un requisito que
consulte la verdadera esencia de la pensión de sobrevivientes, en cuanto que
aquél no hace referencia a los factores reales que inciden en el reconocimiento
de esta prestación. En otros términos, el hito que marca, en la relación de
pareja, el inicio de la vida marital, es por completo ajeno y extraño a la
duración de la misma y a la convivencia efectiva que pueda existir al momento
de ocurrida la muerte del causante.”[12](el
subrayado es nuestro)
La aplicación de esta norma no sólo
quebrantaba los principios que fundamentaban la pensión de sobrevivientes, sino
que, en criterio de la Corte también vulneraba el derecho a la igualdad y la
presunción de buena fe. Al respecto dijo esta Corporación:
“La restricción
demasiado amplia que figura en la norma acusada quebranta en estos términos el
principio de igualdad, contenido en el artículo 13 de la Carta Política, porque
establece un tratamiento diferenciado, a todas luces injusto, frente a quienes
inician vida marital con el causante con anterioridad a que éste adquiera el
derecho a la pensión. El tratamiento discriminatorio viene impuesto, entonces,
por una coincidencia de fechas que no atiende a la verdadera intención de las
partes cuando deciden iniciar una vida común, lo cual va en detrimento obvio de
la protección prevalente que el Estado debe a la familia como institución
básica de la sociedad (art. 5º C.P.)
La Corte
considera además que la condición que viene impuesta por la norma incluye un
elemento perturbador del principio de la presunción de buena fe, consagrado en
el artículo 83 de la Constitución Política, pues supone que todo aquel que
inicia vida marital con el pensionado, después de que éste ha adquirido el
derecho a la pensión, concibe la intención fraudulenta de ser el titular de
dicha prestación. Se desconoce también por esta vía el derecho legítimo de
quien decide iniciar vida de pareja con el pensionado, sin previo conocimiento
de que éste es titular de una pensión de vejez o invalidez, hipótesis que
también resulta atentatoria del principio de presunción de buena fe.”
6. Del caso en concreto
Esta Sala de revisión concederá la tutela
de los derechos fundamentales a la seguridad social en pensiones en conexidad
con el mínimo vital y el debido proceso de la señora  Margarita María Pérez por
existir una vía de hecho por inaplicación de la excepción de
inconstitucionalidad en la resolución de negativa de la pensión de
sobrevivientes.
En repetidas ocasiones, la Corte
Constitucional frente al estudio de un caso en concreto, en ejercicio de la
excepción de inconstitucionalidad ha inaplicado normas que de regular el caso
en estudio conllevarían resultados inconstitucionales. En el presente caso,
esta Sala encuentra que la norma que sirvió de base para negar la pensión de
sobrevivientes (“por lo menos desde el momento en que éste cumplió con los
requisitos para tener derecho a una pensión de vejez o invalidez”,  literal a)
del artículo 47 de la ley 100 de 1993) ha salido del ordenamiento jurídico[13].
Frente a tal situación y en virtud de que
la vulneración de los principios de la Constitución en el caso de la accionante
no puede quedar incólume, esta Sala analizará la existencia de una vía de hecho
por inaplicación de la excepción de inconstitucionalidad en la presente tutela.
Observa esta Sala que no obstante que la
señora Margarita María Pérez González adujo haber estado conviviendo con el
señor Escobar por 12 años continuos y probó haberse casado con el mismo el 2 de
junio de 1993, los funcionarios que conocieron de su solicitud de pensión,
obviando la vulneración del derecho a la igualdad con respecto a otros casos en
los que quien solicitaba la pensión y el occiso sí habían iniciado su
convivencia antes de que éste hubiera adquirido su pensión, se la negaron.
Además, al negar el derecho a pensión se
presumió la mala fe de la accionante quien no convivió por tantos años con el
señor Escobar por el mero deseo de obtener su pensión una vez éste muriera. La
convivencia desinteresada de la accionante la demuestra el hecho de que
convivieran por doce años, contrajera matrimonio en junio de 1993 con el
mencionado señor y, según se narra en los hechos, la peticionaria cuidara de su
esposo quien padeció de diabetes por varios años inclusive cuando tuvieron que
amputarle las piernas a causa de un accidente el cual le generó gangrena. En
circunstancias tales, no era válido que por aplicación de una norma que para el
caso concreto contrariaba ampliamente la Constitución los funcionarios negaran
el derecho a pensión.
Simultáneamente con los mencionados
derechos, la resolución que niega la pensión también desconoció la protección
especial a las personas de la tercera edad, ya que la accionante al momento de
solicitar la tutela contaba con 72 años y la pensión de sobrevivientes era un
ingreso que le permitiría vivir este periodo de su vida en condiciones dignas.
En la actualidad, la accionante cuenta
con 74 años de edad y manifiesta estar viviendo con una de sus sobrinas y
dependiendo económicamente de ella en virtud de que su avanzada edad le impide
mantenerse por si misma. En consecuencia, la pensión de sobrevivientes, ahora
más que nunca, es la garantía de su mínimo vital.
En consecuencia, se configuró en esta
ocasión una vía de hecho administrativa por no aplicación de la excepción de
inconstitucionalidad, la cual deberá ser subsanada.
V.  DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
PRIMERO :
REVOCAR las sentencias
proferidas por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín el veinte de
junio de 2001 y el Tribunal Superior de Medellín, Sala Laboral, el veintitrés
de agosto de 2001 y, en consecuencia, CONCEDER la tutela   a los
derechos a la seguridad social en pensiones en conexidad con el mínimo vital y
al debido proceso de la señora Margarita María Pérez González
SEGUNDA : ORDENAR al Departamento de Antioquia,
Secretaría del Recurso Humano, Dirección de Prestaciones Sociales y Nómina que
en el término de 48 horas, posteriores a la  notificación de la presente
sentencia, profiera una nueva resolución con respecto a la solicitud de pensión
de sobrevivientes de la accionante, teniendo en cuenta los considerandos de la
presente sentencia.
TERCERO : Para los efectos del artículo 36 del decreto 2591 de
1991, el juzgado de origen hará las notificaciones y tomará las medidas
conducentes para el cumplimiento de esta sentencia.
Cópiese, notifíquese, comuníquese,
publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
[CC1]
[1] Ver sentencia T-827/99, M.P. Alejandro Martínez Caballero
[2] Ver sentencia T-202/97, M.P. Fabio Morón Díaz (En esta ocasión el
empleador de los accionantes no vinculaba a los accionados al sistema de
seguridad social en salud)
[3] Ver sentencia T-264/01, M.P. Alfredo Beltrán Sierra ( En este
caso, el Seguro Social   había suspendido el pago de una mesada de pensión de
sobrevivientes a la accionante por haber cumplido los 18 años –basándose en una
norma ya derogada-, no obstante que su educación dependía del dinero requerido.
La Corte reiteró una vez más la irrenunciabilidad del derecho a pensión de
sobrevivientes como manifestación de seguridad social        ) En el mismo
sentido ver las sentencias T-283/00, M.P. José Gregorio Hernández Galindo,
T-196/00 y T-323/00 del mismo Magistrado.
[4] Ver sentencia T.842/99, M.P. Fabio Morón Díaz (En esta ocasión la
Corte reconoció el derecho a pensión de sobrevivientes a la accionante una vez
constatada la efectiva convivencia por más de quince años con el occiso, asunto
que no valoró debidamente el Seguro Social al negar el derecho a pensión. La
accionante de edad avanzada (77) años dependía de la pensión de sobrevivientes
para la garantía de su mínimo vital)
[5] Ver sentencia T-907/00, M.P. Alejandro Martínez Caballero (En
este caso se analizaban los mismos hechos de la T-264/01, anteriormente
relacionada)
[6] Ver sentencia T-384/98, M.P. Alfredo Beltrán Sierra (En esta
ocasión la aseguradora a cargo de reconocer la pensión de sobrevivientes de las
accionantes no la reconocía en virtud de la falta de pago de las últimas
cotizaciones por parte del empleador. Este a su  vez  decía que no le
correspondía la obligación del reconocimiento y pago de la pensión de
jubilación ,  sino que la responsable era la aseguradora.  La Corte, buscando
la protección del mínimo vital,   concedió la tutela como mecanismo transitorio
de protección al ordenar a la aseguradora el reconocimiento de tal pensión
mientras la justicia ordinaria decidía quien era el obligado.)
[7] Ver sentencia C-080/99, M.P. Alejandro Martínez Caballero
[8] Sentencia T-190 de 1993 M.P., Eduardo
Cifuentes Muñoz.
[9] Idem
[10] Ver sentencia C-617/01, M.P. Álvaro Tafur Galvis
[11] Sentencia T-173/94, Magistrado Ponente: Dr. Alejandro Martínez
Caballero (En este caso la Corte ordenó que se reanudara el pago de mesadas
pensionales a la accionante a quien el empleador de su fallecido esposo hacía
varios años que no pagaba.)
[12] Ver sentencia C-1176/01, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
[13] Ver sentencia C-1176/01, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
[CC1]