T-506-04
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-506/04
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Procedencia
excepcional por vía de hecho judicial
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO-Funciones
administrativas y jurisdiccionales
SUPERINTENDENCIA-Improcedencia de
recursos en función jurisdiccional
RECURSO DE APELACION CONTRA FALLO
DEFINITIVO EN INVESTIGACIONES POR COMPETENCIA DESLEAL-Procedencia a partir
de sentencia C-415/02
SENTENCIA-Congruencia entre
parte motiva y resolutiva
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO-No
incurrió en vía de hecho al no incluir en la parte resolutiva la decisión de
negar el recurso de apelación
Es
indiscutible que la ausencia en la parte resolutiva de la Resolución del 4 de
marzo de 2002, de la decisión de declarar improcedente el recurso de apelación
contra la Resolución del 6 de diciembre de 2001, no tiene la entidad suficiente
para invalidar dicha Resolución, cuando en la parte motiva de la misma, se
encuentran claramente desarrollados los argumentos para negar su procedencia y,
además, textualmente se expresa la decisión de no conceder dicho recurso.
Referencia: expediente T-845144
Peticionario: American Friction Lube Ltda.
Demandado: Superintendencia de Industria y
Comercio.
Magistrado Ponente:
Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL.
Bogotá D. C., veinticinco (25) de
mayo de dos mil cuatro (2004).
La Sala Quinta de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados Rodrigo Escobar Gil, Marco
Gerardo Monroy Cabra y Eduardo Montealegre Lynett, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión de los
fallos de tutela proferidos por la Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá y la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema
de Justicia, en relación con la acción tutelar impetrada por American Friction
Lube Ltda. (en adelante American Ltda.), contra la Superintendencia de
Industria y Comercio.
I.       ANTECEDENTES.
1.      Demanda y pretensiones.
El abogado Jaime Tobar Ordóñez, actuando en
calidad de apoderado  judicial de American Friction Lube Ltda., de conformidad
con poder otorgado por el representante legal de dicho ente societario, señor
Jairo Gutiérrez de Piñeres[1],
interpuso acción de tutela, el día 3 de octubre de 2003, por estimar vulnerados
los derechos fundamentales de la citada sociedad, al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
De conformidad con el accionante, la
Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución No. 41056 del 6 de
diciembre de 2001, declaró responsable por actos de competencia desleal a la
sociedad American Friction Lube Ltda., con fundamento en la demanda interpuesta
por la sociedad Motorkote de Colombia Ltda. Sin embargo, a juicio del actor, la
vía de hecho que se imputa a la citada Superintendencia, se encuentra en la
Resolución No. 07561 del 4 de marzo de 2002, mediante la cual se resolvió
desfavorablemente el recurso de reposición interpuesto contra dicha Resolución
condenatoria y, a su vez, en opinión del demandante, se abstuvo de pronunciarse
sobre el recurso de apelación debidamente interpuesto, desconociendo lo previsto
en el artículo 52 de la Ley 510 de 1999, en concordancia con la jurisprudencia
expuesta por esta Corporación en la Sentencia C-415 de 2002.
Posteriormente, el 29 de octubre de
2002, American Friction Lube Ltda. elevó una solicitud ante la entidad demandada,
solicitando que se pronunciara en relación con el recurso de apelación, sin
obtener respuesta alguna.
En
el escrito de tutela, la sociedad demandante solicita, por una parte, la
protección de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia y, por otra, pretende que se de trámite al recurso
de apelación ante el Tribunal, para lo cual se deberá ordenar previamente a la
Superintendencia de Industria y Comercio expedir la correspondiente Resolución.
2.     Oposición
a la demanda de tutela[2].
En respuesta
a la solicitud de la autoridad judicial, la Superintendencia de Industria y
Comercio, actuando por intermedio de apoderado, se opuso a la demanda de
tutela, con fundamento en los siguientes argumentos:
·
Mediante
Resolución No. 41056 del 6 de diciembre de 2001, la Superintendencia de
Industria y Comercio, en ejercicio de facultades  jurisdiccionales, resolvió un
proceso por competencia desleal, declarando que American Friction Lube Ltda.,
había incurrido en actos de competencia desleal.
·
Dicha
decisión fue confirmada mediante Resolución No. 07561 del 4 de marzo de 2002.
En su parte considerativa, se consignaron las razones por las cuales se estimó
que no era procedente el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución
condenatoria del pasado 6 de diciembre de 2001. Sin embargo, al no hacerse
mención al recurso de alzada en la parte resolutiva, no se interpusieron - por
parte del demandante - los recursos legales pertinentes. En efecto, sostiene
el apoderado de la Superintendencia: “(...) durante el término de ejecutoria
de la Resolución 07561 de 2002, el acá tutelante guardó silencio y no solicitó
la adición y complementación de la providencia, actuación que debía desarrollar
si consideraba que en dicha providencia no se había resuelto un punto que
resultaba pertinente decidir.”
·
Bajo esta
perspectiva, resulta improcedente acudir a la acción de tutela para reparar
dicha omisión, toda vez que ella no sustituye las vías legales previstas por el
ordenamiento jurídico.
·
Adicionalmente, mal podría alegar el accionante un perjuicio irremediable,
frente a hechos que sucedieron hace más de un año y medio.
·
Por otra
parte, las decisiones que nuevamente se pretenden debatir se consolidaron con
anterioridad a la Sentencia C-415 de 2002, en cuya parte motiva, la Corte
expresamente determinó que sólo producía efectos hacía el futuro.
II.      TRAMITE PROCESAL.
1.      Primera instancia.
El Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá, Sala de Decisión Civil,  mediante Sentencia proferida el dieciséis
(16) de octubre de 2003, negó la tutela interpuesta con base en las siguientes
consideraciones:
·   La decisión
atacada en sede de tutela no constituye vía de hecho, toda vez que no se
configura ninguna de las hipótesis que la jurisprudencia constitucional ha
señalado como constitutiva de ella.
·
Teniendo en
cuenta que la Resolución conforma una unidad entre sus partes motiva y
resolutiva, la omisión a la que alude el accionante carece de fundamento, toda
vez que la Resolución No. 07561 de marzo 4 de 2002 (supuestamente incursa en
vía de hecho), se ocupó in extenso del recurso de apelación en la parte
considerativa. Al respecto dijo el Tribunal:
“(...) es así
como el numerado 2.17.2 se tituló ‘Respecto de la apelación del fallo
definitivo del Superintendente en ejercicio de sus (sic) función jurisdiccional
en materia de competencia desleal’, tema que desarrolló para concluir ‘Por las
consideraciones anteriores este Despacho debe proceder a confirmar la decisión
recurrida negando el recurso formulado’, situación que se acompasa con su parte
resolutiva en la cual mantuvo la decisión adoptada en la Resolución No. 41056
de diciembre 6 de 1991, ordenó la notificación y dispuso informar ‘que en su
contra no procede recurso alguno y que se agotó la vía gubernativa’,
agotamiento que al tenor de lo previsto en el artículo 63 del Código
Contencioso Administrativo ocurre, entre otras, “’Cuando los recursos interpuestos
se hayan decidido’ y ‘cuando el acto administrativo quede en firme por no haber
sido interpuestos los  recursos de reposición o de queja’ (...)”.
·   En
consecuencia, no puede predicarse la supuesta omisión por parte de la
Superintendencia de Industria y Comercio para resolver el  recurso de apelación
interpuesto, sino que, por el contrario, éste no fue concedido. De suerte que,
atendiendo a lo dispuesto en los artículos 50 del Código Contencioso
Administrativo y 377 del Código de Procedimiento Civil, era deber del
accionante interponer oportunamente el recurso de queja, “actuación que no
realizó la sociedad promotora de esta acción y cuya omisión torna en
improcedente el amparo, porque el mencionado medio constituye una vía judicial
idónea para los fines que persigue el accionante”.
·   Si se
admitiera en gracia de discusión que la Superintendencia guardó silencio
respecto del recurso de apelación, la sociedad accionante podía en su debida
oportunidad impetrar la adición o complementación de la Resolución. Sin
embargo, dicha petición se elevó en forma extemporánea, el 29 de octubre de
2003.
2.     Impugnación.
El fallo de primera instancia fue impugnado por el
apoderado de American Ltda., aduciendo las siguientes razones:
·   La Resolución No. 07561 de marzo 4 de
2003, sí constituye una vía de hecho, toda vez que se dejó de aplicar el
artículo 52 de la Ley 510 de 1999, teniendo una clara obligación de hacerlo.
·   La no interposición del recurso de queja
no es una causal para denegar la acción de tutela, toda vez que el artículo 50
del Código Contencioso Administrativo señala que es facultativo.
·   Tampoco se podía negar el amparo tutelar
por la falta de solicitud de aclaración o complementación de la providencia que
se cuestiona, porque este tipo de trámites no resulta aplicable. Y si se
llegare a aceptar su aplicabilidad, en nada hubiera remediado la situación de
American Ltda., porque lo que se cuestiona es que el recurso de apelación no
haya sido concedido y no la falta de referencia de este en la parte
resolutiva.
·   La Sentencia C-415 de 2002, no es
aplicable al presente caso toda vez que el procedimiento ante la
Superintendencia de industria y Comercio no había culminado, pues estaba
pendiente la resolución en relación con el recurso de alzada.
3.    Segunda
instancia.
La Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Laboral, mediante Sentencia proferida el dieciocho (18) de noviembre
de 2003, decidió confirmar el fallo impugnado por las siguientes razones:
·
Teniendo en
cuenta el carácter subsidiario de la acción de tutela, resulta improcedente el
presente amparo, toda vez que se pretende, en últimas, que el juez
constitucional ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio la
concesión del recurso de apelación interpuesto contra la Resolución No. 41056
del 6 de diciembre de 2001, cuando los autos ponen de presente no sólo que la
entidad se pronunció sobre el punto en la Resolución No. 07561 de marzo 4 de
2002, a través de la cual, al resolver el recurso de reposición dejó sentado en
la parte motiva las razones para negar la alzada, sino que, además, el
peticionario no utilizó los medios de defensa que le permitían abogar por la
concesión del referido recurso, como es el recurso de queja previsto en los
artículos 377 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.
·   Agrega que la Resolución No. 07561 que
resolvió el recurso de reposición y negó la alzada, fue proferida el 4 de marzo
de 2002, esto es con anterioridad a la Sentencia C-415 del mismo año, en la
cual la Corte Constitucional señaló expresamente que este pronunciamiento
surtía efectos a partir de su aprobación.
·   Se advierte además la incongruencia que
se refleja en el escrito de tutela y en la impugnación, toda vez que en el
primero se señala como motivo de inconformidad la omisión de un pronunciamiento
sobre el recurso de alzada por parte de la Superintendencia de Industria y
Comercio, mientras que, por su parte, en la impugnación se endilga la negativa
de dicho recurso, “(...) eventos ambos para los cuales acomoda el actor los
apartes de la sentencia C-415 de 2002 que le resultan favorables, desconociendo
las claras directrices que se dejaron allí sentadas atinente a que es aplicable
la doble instancia a situaciones consolidadas con anterioridad a la sentencia
de constitucionalidad (...)”.
III.
FUNDAMENTOS JURIDICOS
Competencia.
1. A través de esta Sala de Revisión, la Corte Constitucional es
competente para revisar las sentencias proferidas dentro del proceso de la
referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y 241 numeral
9º de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a 36 del
Decreto 2591 de 1991
Derechos constitucionales violados o amenazados.
2. El accionante solicita la protección de los derechos fundamentales
al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
Problema jurídico.
3. A partir de las circunstancias fácticas que dieron lugar al
ejercicio de la acción de tutela y de las decisiones judiciales adoptadas en
las respectivas instancias, esta Sala de Revisión debe determinar, si la
Superintendencia de Industria y Comercio, incurrió en una vía de hecho en la
Resolución No. 07561 de marzo cuatro (4) de 2002, al omitir en la parte
resolutiva de dicho fallo resolver sobre la procedencia del recurso de
apelación interpuesto contra la Resolución No. 41.045 de diciembre seis (6)
2001, mediante la cual se sancionó a American Ltda. por actos de competencia
desleal.
Reiteración
de jurisprudencia en relación con la procedencia excepcional de la acción de
tutela por vías de hecho.
4. A partir de la Sentencia C-592 de 1993, la jurisprudencia
constitucional ha admitido reiteradamente la procedencia excepcional de la
acción de tutela contra decisiones judiciales incursas en vías de hecho.
Concretamente, esta Corporación ha dicho:
"(...) La acción de tutela no es el
mecanismo judicial idóneo para controvertir las providencias judiciales, en
particular las que han hecho tránsito a cosa juzgada, salvo que las mismas sean
el resultado de una actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial,
contraria al orden jurídico preestablecido y violatoria de las garantías
constitucionales y legales que integran los derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia(...)”[3].
Así mismo,  la Corte
Constitucional de manera reiterada ha sostenido que la procedencia de la acción
de tutela en contra de providencias judiciales, es excepcional, en razón de que
este mecanismo es de carácter subsidiario y no tiene la virtud de reemplazar
los procedimientos ordinarios, ni está concebido como medio alternativo,
adicional o complementario de éstos.  Por lo tanto, el propósito de la tutela
se limita a la protección efectiva de los derechos fundamentales cuando no
existe otro medio ordinario de defensa, o cuando existiendo, esta se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
En este
sentido, la procedencia de la acción de tutela en contra de providencias
judiciales según el criterio de este Tribunal, se sujeta a la comprobación de
dos condiciones: “la violación de un derecho fundamental y la identificación
plena de la existencia de alguno de los eventos que constituyen causales de
procedibilidad en materia de acción de tutela contra providencias judiciales”[4].
5. Bajo esta perspectiva, la jurisprudencia constitucional ha
identificado cuatro defectos que pueden dar lugar a la existencia de una vía
de hecho, a saber: Orgánico, sustantivo, fáctico o procedimental. Sobre
cada uno de ellos la Corte ha expuesto que:
“(...) a considerado que se presenta un
defecto orgánico cuando la autoridad que tiene a su cargo la dirección
del proceso y profiere la decisión de fondo, no es en realidad su juez natural.
Así mismo, el defecto sustantivo se configura en los casos en que la
decisión judicial es dictada con fundamento en una norma claramente inaplicable
al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia, porque su utilización puede
generar una inconstitucionalidad sobreviniente o, porque su contenido no guarda
relación de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha
aplicado. Por su parte, el defecto fáctico tiene lugar cuando las
pruebas que han sido aportadas al proceso resultan inadecuadas para tomar la
decisión, ya sea por ineptitud jurídica o por simple insuficiencia material.
Finalmente, el defecto procedimental se origina en una manifiesta
desviación de las formas propias del juicio que conduce a una amenaza o
vulneración de los derechos y garantías de alguna de las partes o de los demás
sujetos procesales con interés legítimo (...)”[5].
6.  Visto lo anterior, esta Corporación procederá a
determinar si, en el caso concreto, la Superintendencia de Industria y Comercio
incurrió en la vía de hecho que se le imputa o, por el contrario, su actuación
se ajustó a los lineamientos legales y jurisprudenciales vigentes al momento de
adoptar su decisión.
Breves consideraciones sobre la
jurisprudencia de esta Corporación en relación con el ejercicio simultáneo de
funciones jurisdiccionales y administrativas por parte de la Superintendencia
de Industria y Comercio.
7.  Mediante las Leyes 446 de 1998 y 510 de 1999, el
legislador en desarrollo de lo previsto en el artículo 116 Superior, le
atribuyó a la Superintendencia de Industria y Comercio, el ejercicio de
funciones judiciales en materia de competencia desleal. Al respecto, el citado
artículo Superior, dispone que: “Excepcionalmente la ley podrá atribuir
función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades
administrativas. Sin embargo, no les será permitido adelantar la instrucción de
sumarios ni juzgar delitos”.
Dicha competencia fue inicialmente
reconocida exclusivamente a los jueces de la República en la Ley 256 de 1996
(artículos 24 y 25). No obstante, a partir de la expedición de las leyes de
1998 y 1999, destinadas a la descongestión, eficiencia y acceso a la
administración de justicia, el Congreso de la República mediante el artículo
147 de la Ley 446 de 1998, estableció una competencia a prevención entre
los jueces y la Superintendencia, para resolver conflictos relacionados con la
comisión de actos de competencia desleal. Dicha norma establece que:
“La Superintendencia o el Juez competente
conocerán a prevención de los asuntos de que trata esta parte.
El Superintendente o el Juez competente
declarará de plano la nulidad de lo actuado inmediatamente como tenga
conocimiento de la existencia del proceso inicial y ordenará enviar el
expediente a la autoridad que conoce del mismo. El incumplimiento de este deber
hará incurrir al respectivo funcionario en falta disciplinaria, salvo que
pruebe causa justificativa.
Con base en el artículo 116 de la Constitución
Política, la decisión jurisdiccional de la Superintendencia respectiva, una vez
ejecutoriada, hará tránsito a cosa juzgada”.
8.  Sin embargo, la Ley 446 de 1998 no sólo le atribuyó funciones
judiciales a la Superintendencia de Industria y Comercio en relación con
actos constitutivos de competencia desleal, sino que también le reconoció el
ejercicio simultáneo de funciones administrativas en torno a las mismas
conductas contrarias a la libre y leal competencia económica. Precisamente, el
artículo 143 de la Ley 446 de 1998 determina que: “La Superintendencia de
Industria y Comercio tendrá respecto de las conductas constitutivas de la
competencia desleal las mismas atribuciones señaladas legalmente en relación
con las disposiciones relativas a promoción de la competencia y prácticas
comerciales restrictivas”[6].
En efecto, esta Corporación en Sentencia
C-649 de 2001 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett), con fundamento en los métodos
de interpretación literal, histórico y conforme a la Constitución, concluyó
que: “la interpretación que mejor respeta el principio constitucional de
igualdad, así como lo dispuesto en el artículo 116 Superior, [es aquella],
según la cual, en las normas se atribuyen funciones de tipo administrativo y de
tipo jurisdiccional; y que éstas últimas, serán forzosamente las mismas que
desarrollan los jueces de la República en virtud de lo dispuesto en la Ley 256
de 1996”.
9. En relación con el procedimiento judicial previsto
en el ordenamiento jurídico para adelantar los procesos por competencia desleal
al interior de la Superintendencia de Industria y Comercio, la Corte en
Sentencia C-384 de 2000 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa) reconoció que el
legislador goza de un amplio margen de libertad de configuración para
establecer diversas reglas y procedimientos en los trámites judiciales que se
adelantan ante dicha Superintendencia, aún cuando sobre esa materia también
exista un trámite judicial ordinario ante los jueces de la república. Lo
anterior, siempre y cuando se acaten los principios y normas constitucionales
de obligatoria observancia, tales como, el derecho a la igualdad. Bajo este
contexto, esta Corporación señaló que: “(...) no sería factible que respecto
de situaciones procesales exactamente iguales, la ley definiera que en unas
procede un recurso determinado y en las otras no”.
Con fundamento en lo expuesto, la Corte
Constitucional determinó que el artículo 148 de la Ley 446 de 1998, modificado
por el artículo 52 de la Ley 510 de 1999, en el aparte correspondiente, según
el cual: “Los actos que dicten las Superintendencia en uso de sus facultades
jurisdiccionales no tendrán acción o recuso alguno ante las autoridades
judiciales. Sin embargo, la decisión por la cual las entidades se declaren
incompetentes y la del fallo definitivo, serán apelables ante las mismas”;
se encontraba acorde con la Constitución, pues el establecimiento como regla
general de la improcedencia de recursos contra los actos jurisdiccionales que
profieran las Superintendencias, no desconoce la Carta Fundamental y, en
concreto, el derecho a la igualdad, al corresponder al libre ejercicio de la
potestad de configuración normativa reconocida al legislador.
Esta Corporación declaró:
“(...) Desde este punto de vista, la Corte
encuentra que la norma bajo examen, en cuanto se refiere a la improcedencia de
recursos, se ajusta a los mandatos superiores. En efecto, la libertad
configurativa del legislador se ha ejercido acudiendo a criterios que hacen
referencia a situaciones procesales particulares y diferenciadas de cualquier
otra, por lo cual el principio de igualdad resulta respetado. Las funciones
jurisdiccionales que ejercen las Superintendencias, no se llevan a cabo bajo
principios absolutamente iguales a los que rigen las funciones que ejercen los
organismos que componen la Rama Judicial; antes bien existen justamente para
adelantarse respondiendo a principios propios, en circunstancias diversas de
aquellas en las cuales se administra justicia de manera ordinaria similarmente
con lo que sucede con la justicia arbitral (...)”.
10.  Pese al anterior pronunciamiento, la aplicación de la
citada norma, es decir, del artículo 148 de la Ley 446 de 1998, modificado por
el artículo 52 de la Ley 510 de 1999, generó diversos problemas procesales a
partir de las distintas interpretaciones doctrinarias que sobre su contenido
realizaron los operadores jurídicos. Especialmente, en relación con el
siguiente aparte que se subraya y resalta, a saber: “Los actos que dicten
las Superintendencia en uso de sus facultades jurisdiccionales no tendrán
acción o recuso alguno ante las autoridades judiciales. Sin embargo, la
decisión por la cual las entidades se declaren incompetentes y la del fallo
definitivo, serán apelables ante las mismas”.
Por una parte, un sector de la doctrina y
la misma Superintendencia de Industria y Comercio (demandada en la presente
acción), consideraban que la expresión “ante las mismas” tenía como
referencia a las Superintendencias. Con base en lo anterior, concluían que el
recurso de apelación previsto por el artículo 148 de la Ley 446 de 1998,
modificado por el artículo 52 de la Ley 520 de 1999, debía tramitarse ante las
mismas Superintendencias, si la estructura jerárquica y funcional, así
lo permitían.
Otro sector de la doctrina, por el
contrario, asumía que la segunda parte de la disposición reseñada, establecía
una excepción integral a la regla general dispuesta en la parte primera de
dicha disposición. En ese orden de ideas, la expresión “ante las mismas”
tenía como referencia a las autoridades judiciales y no a las
Superintendencias.
11.  La Corte en Sentencia C-415 de 2002 (M.P. Eduardo
Montealegre Lynett), con fundamento en los métodos de interpretación literal o
sintáctico, lógico, teleológico, sistemático y conforme a la Constitución,
concluyó que: “(...) la interpretación más acorde con el principio de
coherencia e integridad, es aquella que entiende que la disposición estipula
que el recurso de apelación contra la decisión en la cual se declara
incompetente o el fallo definitivo deben surtirse ante las autoridades
judiciales. En efecto, los argumentos sintáctico, semántico, lógico y
sistemático dan más fuerza a esta interpretación, que los criterios sintáctico
y teleológico de la primera interpretación. De igual forma, tal compresión del
artículo acusado, respeta el principio constitucional de excepcionalidad en la
atribución de facultades jurisdiccionales a las autoridades administrativas y
evita efectos traumáticos para el aparto judicial, que se producirían cuando
existen dos interpretaciones contrarias sobre una misma disposición”[7].
12.  Ante la dificultad en la compresión de la norma y
dadas las diversas interpretaciones razonables de la misma, la Corte concluyó
que la procedencia excepcional del recurso de apelación ante las autoridades
judiciales, en relación con el fallo definitivo y en torno a la declaratoria de
incompetencia, únicamente se tornaba obligatoria a partir de la comunicación
del fallo de la referencia, es decir, a partir del día 28 de mayo de 2002,
fecha en la cual se comunicó la aprobación en Sala Plena de la Sentencia C-415
de 2002.
La doctrina sobre la materia fue expuesta
por esta Corporación, en los siguientes términos:
“No retroactividad de los fallos de
control de constitucionalidad.
49. Es bien
sabido que por regla general, los fallos de esta Corporación en materia de
control abstracto de constitucionalidad, sólo tienen efectos hacia el futuro.
En este caso en concreto, la Sala estima conveniente reafirmar este criterio,
por cuanto resulta necesario dar firmeza a los actos jurisdiccionales de las
superintendencias anteriores al pronunciamiento de la Corte, en virtud del
mandato constitucional de debido proceso y de la garantía judicial de la cosa
juzgada. Si bien la dificultad en la comprensión de la disposición pudo
eventualmente conducir el procedimiento diseñado para los actos
jurisdiccionales de las superintendencias, por un camino distinto al aquí
señalado, tal situación no puede llegar a afectar las situaciones ya
consolidadas. Además, en caso de existir por esa vía, una vulneración
ostensible al debido proceso, tal y como lo manifestó esta Corporación en la
sentencia C–384 de 2000, existe un mecanismo de defensa con el cual solucionar
esta vulneración y proteger los derechos fundamentales involucrados. (...)”.
13. Con fundamento en los anteriores argumentos, procederá
esta Corporación a resolver el caso concreto. Sin embargo, la Sala Quinta de
Revisión considera necesario traer a colación dos (2) pronunciamientos previos
que sobre la misma materia han realizado otras Salas de Revisión, con el
propósito de articular el alcance de la doctrina constitucional en estos temas.
- La Sala Cuarta de Revisión[8], en Sentencia T-660 de
2003 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), se pronunció en relación con la acción de
tutela instaurada por Comcel S.A. contra la Superintendencia de Industria y
Comercio y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala Civil -.
En dicha oportunidad, la Superintendencia
de Industria y Comercio mediante Resolución No. 16400 del 25 de julio de 2000 -
previa solicitud de adición de la Resolución No. 12835 por parte de
Comcel S.A.-; decidió declarar improcedente el recurso de apelación. Decisión
frente a la cual, en su debido momento procesal, se interpuso el recurso de
queja ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, quien se
declaró incompetente para tramitar dicho recurso, aduciendo que la Corte
Constitucional había establecido que no procedía la apelación contra las
decisiones de las Superintendencias.
El accionante pretendía el amparo de los
derechos fundamentales al debido proceso, doble instancia, igualdad y acceso a
la administración de justicia y, por ende, solicitaba ordenar a la
Superintendencia de Industria y Comercio dar trámite al recurso de apelación
debidamente interpuesto, en los términos previstos por la jurisprudencia de
esta Corporación.
La Corte negó el amparo constitucional
impetrado al considerar que no resultaba viable, en los términos previstos en
la Sentencia C-415 de 2002, aplicar retroactivamente las sentencias de
constitucionalidad condicionada a hechos ocurridos con anterioridad al
pronunciamiento de esta Corporación.
En la parte motiva del citado fallo, la
Corte expuso la anterior doctrina constitucional, en los siguientes términos:
“(...) No obstante, la procedencia del
recurso de apelación ante las autoridades judiciales contra el fallo definitivo
de las Superintendencias cuando ejerzan funciones jurisdiccionales tan sólo se
torna obligatoria a partir del Fallo en referencia (C-415 de 2002), en cuanto
los efectos de las decisiones que adopta la Corte Constitucional en ejercicio
del control de constitucionalidad rigen hacia futuro, tal como se precisa en
dicha providencia.
En aquella sentencia, esta Corporación
justificó la reiteración sobre la no retroactividad de las sentencias de
constitucionalidad en la necesidad de ‘dar firmeza a los actos jurisdiccionales
de las superintendencias anteriores al pronunciamiento de la Corte, en virtud
del mandato constitucional del debido proceso y de la garantía judicial de la
cosa juzgada. Si bien la dificultad en la comprensión de la disposición pudo
eventualmente conducir el procedimiento diseñado para los actos
jurisdiccionales de las superintendencias, por un camino distinto al aquí señalado,
tal situación no puede llegar a afectar las situaciones ya consolidadas’.
Así entonces, antes de la sentencia C-415
de 2002 resultaba razonable y admisible la interpretación dada a la norma por
parte de la Superintendencia de Industria y Comercio para decidir sobre la
improcedencia del recurso de apelación contra la decisión adoptada en la
investigación que adelantó contra COMCEL por competencia desleal. Téngase en
cuenta que la última resolución de la Superintendencia fue del 2 de febrero de
2001 y la sentencia fue aprobada en la Sala Plena de la Corte Constitucional en
la sesión del 28 de mayo de 2002. Por ende, la Superintendencia de Industria y
Comercio, al decidir sobre la improcedencia del recurso de apelación
interpuesto por COMCEL, no incurrió en una vía de hecho que amerite la
intervención del juez de tutela.
Ahora bien, la circunstancia de haber
dispuesto en la sentencia C-384 de 2000 que la acción de tutela procede contra
las decisiones de las superintendencias que profieran en ejercicio de funciones
jurisdiccionales, no significa que en cualquier evento tales decisiones de las
Superintendencias puedan ser impugnadas ante el juez constitucional.
Como se indicó en acápite precedente, la
tutela está instituida para la protección de derechos fundamentales de toda
persona cuando sean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que establezca
la ley. Así entonces, en cuanto la declaratoria de improcedencia del recurso de
apelación por parte de la entidad accionada no implicó vulneración o amenaza de
los derechos fundamentales invocados por COMCEL y dado que la Sentencia C-415
de 2002 surte efectos a partir de su aprobación y deja en firme las decisiones
anteriores de las Superintendencias que optaron por la otra interpretación que
razonablemente admitía el artículo 148 de la Ley 446 de 1998, no se otorgará el
amparo invocado por la sociedad accionante (...)”
- La Sala Novena de Revisión[9], en Sentencia T-200 de
2004 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), se pronunció en relación con la acción
de tutela interpuesta por la Sociedad Multillantas Ltda. contra la Superintendencia
de Industria y Comercio y la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito de
Bogotá.
En la presente oportunidad, la
Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución No. 30359 del 20
de septiembre de 2002 - con fundamento en un oficio proferido el 26 de julio de
2002, previo ejercicio del derecho de petición en interés particular por parte
de Multillantas Ltda.-; decidió que: “(...) “cuando en esta última [es
decir, en la Resolución No. 4724 del 20 de febrero de 2002] la Superintendencia
manifestó que no procedía ningún recurso, estaba claramente pronunciándose
sobre la apelación presentada por el apoderado de Multillantas Ltda.,
desestimándola”.
El 9 de octubre de 2002, el apoderado de
Multillantas Ltda. interpuso recurso de queja ante el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá. Esa Corporación resolvió negativamente la
petición, argumentando que la Resolución 14779 del 20 de febrero de 2002 si
bien negó el recurso de reposición, “no  expresó nada respecto del recurso
subsidiario”. Además, indicó que esa decisión no fue cuestionada a través
de los recursos ordinarios ni complementada de oficio o a petición de las
partes.  Señala finalmente que: “las copias aportadas por el recurrente a
este Tribunal para sustentar el recurso de queja fueron expedidas en virtud de
un derecho de petición, y no aparece acreditado que Multillantas limitada
hubiese propuesto reposición contra la providencia que negó la alzada contra la
resolución  04724 del 20 de febrero de 2002, ni que en subsidio de ello se
hubiesen reclamado las copias para tramitar la queja, pues el recurso de
reposición y las copias se presentaron contra el oficio 98058885 A 00000087
notificado el 30 de julio de 2002, ni mucho menos aparece el testimonio del
Secretario sobre la fecha de expedición de las copias; no se dan las exigencias
del artículo 378 del Código de Procedimiento Civil para que deba resolverse el
recurso de queja aducido”.
El accionante igualmente pretendía el
amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, doble instancia,
igualdad y acceso a la administración de justicia y, por ende, solicitaba
ordenar a la Superintendencia de Industria y Comercio dar trámite al recurso de
apelación debidamente interpuesto, en los términos previstos por la Sentencia
C-415 de 2002 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett).
La Corte concedió el amparo constitucional
impetrado al considerar que se había vulnerado el derecho fundamental al debido
proceso. A su juicio, la Superintendencia de Industria y Comercio desconoció el
citado derecho, al no dar trámite alguno al recurso de apelación
debidamente interpuesto. Bajo este contexto, no se trataba de una aplicación
retroactiva de la Sentencia C-415 de 2002, sino que, por el contrario, el
amparo tutelar tenía como fuente autónoma la transgresión del debido proceso, a
partir de la irrazonable posición de la Superintendencia de no atender la
solicitud del accionante, lo cual impedía calificar como “situación
consolidada” la actuación desarrollada por dicha Superintendencia.
En la parte motiva del citado fallo, esta
Corporación pronunció la anterior jurisprudencia:
“(...) la decisión que
aquí se tomará, no está haciendo retroactiva la decisión adoptada en la
Sentencia C-415 de 2002. Por el contrario, el presente estudio tiene como
fundamento la legislación vigente al momento de ocurrir los hechos. Cabe
resaltar que en la sentencia C-415 de 2002, la Corte hizo un control abstracto
de constitucionalidad, que le impedía realizar una confrontación con la
Constitución con base en una hipótesis de aplicación de la norma, como por
ejemplo, la aducida por la Superintendencia de Industria y Comercio cuando
intervino en ese proceso. Sin embargo, esta Corporación avizorando
eventualidades de este tipo, precisó que en aquellos eventos en los cuales
pudiera constatarse la existencia una vulneración ostensible al debido proceso,
entonces “tal y como lo manifestó esta corporación en la sentencia C – 384 de
2000, existe un mecanismo de defensa con el cual solucionar esta vulneración y
proteger los derechos fundamentales involucrados” (Fundamento jurídico 49). Es
decir, se señaló que  las partes contaban con la posibilidad de interponer la
acción de tutela para evitar la vulneración de los derechos fundamentales
involucrados.
Con todo, como puede
observarse, el hecho de que la Superintendencia no se haya pronunciado
como autoridad judicial en ningún momento sobre el recurso de apelación, hace
concluir que su providencia no era una “situación
consolidada” al momento de proferirse la sentencia C-415 de 2002. Como bien se
sabe, el fallo de la Corte comenzó a tener efectos desde el día 28 de mayo de
2002, fecha en la cual la Sala Plena tomó la decisión[10], y
para esa fecha la Superintendencia de Industria y Comercio no había dado ningún
trámite al recurso de apelación. Este punto, hace variar las circunstancias de
hecho de este proceso, respecto de las estudiadas por la Sala Cuarta de
Revisión en el expediente T- 620.087, sentencia T-660 de 2003 (...)”. (Subrayado por fuera
del texto original).
Caso Concreto
14.  De conformidad con el accionante, la Superintendencia
de Industria y Comercio mediante Resolución No. 07561 del 4 de marzo de 2002,
incurrió en una vía de hecho, al abstenerse de pronunciarse sobre el recurso de
apelación debidamente interpuesto, desconociendo lo previsto en el artículo 52
de la Ley 510 de 1999, en concordancia con la jurisprudencia expuesta por esta
Corporación en la Sentencia C-415 de 2002.
De acuerdo
con las circunstancias fácticas del caso y los argumentos expuestos en los
fundamentos 7 a 13 de esta providencia, encuentra la Corte que la acción de
tutela no está llamada a prosperar, por las consideraciones que a continuación
se exponen:
15. En primer lugar, la Superintendencia de Industria y
Comercio en la Resolución No. 07561 del 4 de marzo de 2002, sí se pronunció
expresamente en relación con la procedencia del recurso de apelación
interpuesto por American Ltda. En efecto, a juicio de la doctrina vigente para
el momento de la citada Resolución, la Superintendencia entendía que la
apelación debía surtirse ante ella misma, y como la decisión era proferida directamente
por el Superintendente de Industria y Comercio, frente a quien de conformidad
con el artículo 50 del Código Contencioso Administrativo no existe una
autoridad jerárquica superior, dicho recurso - en materia de competencia
desleal- resultaba improcedente.
Así lo señaló puntualmente la
Superintendencia de Industria y Comercio, en la Resolución acusada de incurrir
en vía de hecho, en los siguientes términos:
“(...) 2.17. Respecto de la
improcedencia de los recursos de apelación contra las decisiones proferidas por
el Superintendente de Industria y Comercio.
En relación con la no procedencia del
recurso de apelación, este Despacho se pronuncia así:
2.17.1.
Facultades jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio en
materia de competencia desleal.
(...)
2.17.2. Respecto de la apelación del fallo
definitivo del Superintendente en ejercicio de su función en materia de
competencia desleal.
Posición doctrinal.
En términos generales.
El debate jurídico que ocupa la atención
del Despacho ha girado en torno a la interpretación del párrafo 3° del artículo
148 de la Ley 446 de 1998, modificado por el artículo 52 de la Ley 510 de 1999,
que reza:
‘Los actos que dicten las Superintendencia
en uso de sus facultades jurisdiccionales no tendrán acción o recurso alguno
ante las autoridades judiciales. Sin embargo, la decisión por la cual las
entidades se declaren incompetentes y la del fallo definitivo, serán apelables
ante las mismas’
Una adecuada y correcta exégesis del texto
en mención es que contra las decisiones que profieran las Superintendencia no
cabe recurso alguno ante las autoridades judiciales. Empero, la decisión
mediante la cual se declaren incompetentes, así como la decisión definitiva
tienen recurso de apelación ante las mismas Superintendencias.
Un claro y armónico entendimiento de la
norma se produce al leer la norma de la siguiente manera, teniendo en cuanta
que cuando el texto normativo se refiere a “las entidades”, está aludiendo a
“las Superintendencias”.
(...)
El querer del legislador al otorgarle las
atribuciones a las Superintendencias fue el de no establecer una segunda
instancia ante las autoridades jurisdiccionales. Empero, consideró que la
decisión por la cual las Superintendencias se declaren incompetentes y la del
fallo definitivo, serán apelables ante las mismas Superintendencias,
entendiéndose que serán apelables los actos definitivos de las
Superintendencias que sean emitidos por funcionarios diferentes al
Superintendente, pues las decisiones de este no son susceptibles de recurso de
apelación, conforme al artículo 50 del Código Contencioso Administrativo.
(...)
En el caso específico de la
Superintendencia de Industria y Comercio, la decisión definitiva de
investigaciones por competencia desleal está radicada en cabeza del
Superintendente por la remisión expresa que los artículos 143 y 144 de la Ley
446 de 1998 hacen a las atribuciones y facultades sobre promoción de la
competencia y prácticas comerciales restrictivas. Por mandato del artículo 50
del Código Contencioso Administrativo, las decisiones de los Superintendentes
no son apelables.
(...)
Por las consideraciones anteriores este
Despacho debe proceder a confirmar la decisión recurrida negando el recurso
formulado”[11]
Surge entonces el siguiente interrogante:
¿Se incurre en una vía de hecho por parte de la Superintendencia de Industria y
Comercio, al no incluir en la parte resolutiva de la Resolución No. 07561 del 4
de marzo de 2002, la decisión de negar el recurso de apelación, cuando fue
debidamente argumentada su improcedencia en la parte motiva?
A juicio de esta Corporación, dicha
omisión no es suficiente para determinar que una providencia judicial ha
incurrido en vía de hecho. En efecto, esta Corporación en Sentencia T-852 de
2002 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), consideró que tanto la parte motiva como la
parte resolutiva de una providencia judicial constituyen un sólo acto procesal
y, por lo mismo, la ausencia de una orden o disposición en la parte resolutiva
de una decisión, pero cuya existencia y validez es indiscutible en la parte
motiva de la misma, no es un argumento suficiente para considerar ilegal,
ineficaz o inexistente el juicio argumentativo desarrollado por el juez.
La doctrina sobre la materia ha sido
precisada por la Corte, en los siguientes términos:
“(...) 4.6.6. Que tales órdenes se hayan
consignado en la parte motiva de la sentencia y no en la resolutiva, no es un
argumento de suficiencia para suponer que aquellas son inexistentes, inválidas
o ineficaces y, en ese contexto, que la decisión de traslado adoptada en
segunda instancia carece de todo sustento jurídico. Sobre este particular,
habrá de señalar la Sala que si bien el hecho constituye una omisión del
fallador, en cuanto es la parte resolutiva de la sentencia el escenario natural
para que el juez consigne las decisiones a tomar en el proceso, se trata en
realidad de una simple irregularidad formal que no tiene porqué afectar o
alterar la propia finalidad sustantiva de la providencia y la ejecutividad de
la medida. Recuérdese que la sentencia, entendida como el juicio argumentativo
dirigido a fundamentar una decisión judicial definitiva, comporta un sólo acto
procesal que, como tal, permite fijar su verdadero sentido a partir de una
interpretación sistemática y armónica de todas sus partes cuando ello sea
necesario. A este respecto, es de observar que, por expresa disposición legal[12], el
dictamen emitido por el juez en la parte resolutiva del fallo debe encontrar
sustento en el discurso argumentativo de la parte motiva, lo que lleva a
suponer que existe entre una y otra una relación directa de conexidad material
que confirma su carácter unívoco.
4.6.7. En este
sentido, en virtud del principio de instrumentalidad de las formas, según el
cual las ritualidades de orden procesal “no tienen un valor en sí mismo y deben
interpretarse teleológicamente al servicio de un fin sustantivo”[13], ha de
precisarse que, si como resultado de la fundamentación jurídica y probatoria,
en la parte motiva de la providencia el juez de la causa ordenó la revocatoria
de la medida de aseguramiento de detención preventiva y el traslado del actor a
la Penitenciaría Nacional Modelo, su alcance y eficacia jurídica debe
considerarse en sentido amplio para entender que la orden sí estaba dada,
privilegiándose con ello el valor material de la justicia sobre la mera omisión
de un tramite de naturaleza adjetiva, que en nada afecta el derecho a la
defensa pues, a la luz del antiguo Código de Procedimiento Penal (Decreto 2700
de 1991) - que era la norma aplicable al caso en controversia -, tales medidas
constituían una consecuencia necesaria y obligatoria de la condena impuesta al
actor y del hecho de habérsele negado el beneficio de la condena de ejecución
condicional. Cabe destacar, en lo atinente al principio de instrumentalidad de
las formas, que éste encuentra fundamento en el artículo 228 de la Carta
Política, al disponerse allí que en los trámites procesales debe prevalecer el
derecho sustancial sobre el adjetivo (...)”[14] .
Por consiguiente, es indiscutible que la
ausencia en la parte resolutiva de la Resolución No. 07561 del 4 de marzo de
2002, de la decisión de declarar improcedente el recurso de apelación contra la
Resolución No. 41056 del 6 de diciembre de 2001, no tiene la entidad suficiente
para invalidar dicha Resolución, cuando en la parte motiva de la misma, se
encuentran claramente desarrollados los argumentos para negar su procedencia y,
además, textualmente se expresa la decisión de no conceder dicho recurso.
Precisamente, la Superintendencia de Industria y Comercio, en la Resolución
acusada de incurrir en vía de hecho, dispuso que: “2.17.2. Respecto de la
apelación del fallo definitivo del Superintendente en ejercicio de su función
en materia de competencia desleal.(...) Por las consideraciones
anteriores este Despacho debe proceder a confirmar la decisión recurrida
negando el recurso formulado”.
16.  En segundo lugar, como la Superintendencia de
Industria y Comercio sí dio respuesta al accionante en relación con la
procedencia o no del recurso de apelación, la doctrina expuesta por esta
Corporación en la Sentencia T-200 de 2004 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández),
no resulta aplicable. Por el contrario, es procedente reiterar la doctrina
formulada en la Sentencia T-660 de 2003 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), pues para
el momento en el cual se profirió la decisión de constitucionalidad
condicionada mediante la cual se entendió que el recurso de apelación precedía
ante las autoridades judiciales (C-415 de 2002), el presente asunto se
encontraba plenamente consolidado.
Téngase en cuenta que la última
Resolución de la Superintendencia de Industria y Comercio fue del 4 de marzo de
2002 y la Sentencia C-415 de 2002 se adoptó hasta el día 28 de mayo de 2002. De
suerte que, la Superintendencia desconocía la doctrina formulada por esta
Corporación y, por lo mismo, es imposible exigirle su aplicación retroactiva,
tal y como lo dispuso la Corte, en el fallo de constitucionalidad referido.
En efecto, en la citada Sentencia C-415 de
2002 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett), la Corte determinó que las decisiones
adoptadas con fundamento en la interpretación razonable que hasta ese momento
habían expuesto las Superintendencias en relación con el alcance del artículo
148 de la Ley 446 de 1998, modificado por el artículo 52 de la Ley 510 de 1999,
debían preservar su firmeza, en virtud del acatamiento del derecho
fundamental al debido proceso y a la garantía judicial de la cosa juzgada.
Es preciso entonces recordar la citada
doctrina, la cual se expuso en los siguientes términos:
“No retroactividad de los fallos de
control de constitucionalidad.
49. Es bien sabido que por regla general,
los fallos de esta Corporación en materia de control abstracto de
constitucionalidad, sólo tienen efectos hacia el futuro. En este caso en
concreto, la Sala estima conveniente reafirmar este criterio, por cuanto
resulta necesario dar firmeza a los actos jurisdiccionales de las
superintendencias anteriores al pronunciamiento de la Corte, en virtud del
mandato constitucional de debido proceso y de la garantía judicial de la cosa
juzgada. Si bien la dificultad en la comprensión de la disposición pudo
eventualmente conducir el procedimiento diseñado para los actos
jurisdiccionales de las superintendencias, por un camino distinto al aquí
señalado, tal situación no puede llegar a afectar las situaciones ya
consolidadas. Además, en caso de existir por esa vía, una vulneración
ostensible al debido proceso, tal y como lo manifestó esta Corporación en la
sentencia C–384 de 2000, existe un mecanismo de defensa con el cual solucionar
esta vulneración y proteger los derechos fundamentales involucrados. (...)”
17.  La Corte considera pertinente recordar que la acción
de tutela es un mecanismo subsidiario de defensa judicial (C.P. art. 86), la
cual - por su propia naturaleza- no está llamada a suplir la falta de ejercicio
de los recursos ordinarios previstos en el ordenamiento jurídico por parte de
los demandantes.
En el presente caso, como lo resaltan
las instancias judiciales, el accionante no interpuso, en su debido momento, el
recurso de queja. El cual precisamente tiene como propósito obtener que se
conceda el recurso de apelación por parte del superior jerárquico, cuando el
juez de primera instancia deniega su procedencia.
IV.
DECISION.
En mérito de
lo expuesto, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
RESUELVE
Primero.
CONFIRMAR la sentencia del dieciocho (18) de
noviembre de 2003 proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema
de Justicia, mediante la cual denegó el amparo solicitado
Segundo. LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Cópiese,
notifíquese, insértese en la gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Magistrado
IVAN HUMBERTO ESCRUCERIA MAYOLO
Secretario General (e)
[1]             Poder
especial para la interposición de la acción de amparo constitucional (artículo
10 del Decreto 2591 de 1991), visible a folio 1 del expediente del presente
proceso.
[2]             El juez
de instancia mediante providencia del 7 de octubre de 2003, procedió a
notificar la presente demanda de tutela a la Superintendencia de Industria y
Comercio.
[3]             Véase:
Sentencia T-1169 de 2001. M.P.
Rodrigo Escobar Gil.
[4]             Véase:
Sentencia T-056 de 2004. M.P.
Marco Gerardo Monroy Cabra
[5]             Sentencia
T-082 de 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[6]             Dichas
atribuciones se encuentran previstas -en esencia- en la Ley 155 de 1959 y en el
Decreto 2153 de 1992. Disposiciones que le otorgan a la Superintendencia de
Industria y Comercio funciones típicamente administrativas destinadas a
vigilar, controlar y sancionar actos contrarios a la libre competencia
económica, tales como, la imposición de multas y la aceptación de garantías por
la comisión de actos o acuerdos contrarios a la libre competencia o por la
realización de conductas incursas en abusos de posición dominante.
[7]             Subrayado
por fuera del texto original.
[8]             Sala
compuesta por los Magistrados: Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil y
Marco Gerardo Monroy Cabra.
[9]             Sala
compuesta por los Magistrados: Clara Inés Vargas Hernández, Jaime Araujo
Rentería y Alfredo Beltrán Sierra.
[10]           Recuérdese
que los efectos de las sentencias de Control Constitucional tienen efectos
desde el día siguiente a la fecha en la que se toma la decisión, y no desde la
notificación de la sentencia. Este ha sido el criterio utilizado, por ejemplo,
en la Sentencia T-660 de 2003.
[11]           Subrayado
por fuera del texto original.
[12]           Los
artículos 303 y 304 del Código de Procedimiento Civil, señalan explícitamente
que las sentencias deben ser motivadas. En concordancia con las norma citadas,
el artículo 170 del anterior Código de Procedimiento Penal (Decreto 2700 de
1991), reproducido en la actual normatividad adjetiva (Ley 600 de 2002), señala
el contenido de las sentencias disponiendo que éstas deberán contener, entre
otros, el análisis de los alegatos y la valoración jurídica de las pruebas en
que ha se fundarse la decisión, la calificación jurídica de los hechos y de la
situación del procesado, y los fundamentos jurídicos relacionados con la
indemnización de perjuicios.
[13]           Sentencia
C-737 de 2001. M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[14]           Sentencia
T-852 de 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil.