T-663-17
Sentencia
T-663/17
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia sobre procedencia excepcional
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad
VIOLACION DIRECTA DE LA CONSTITUCION COMO CAUSAL DE
PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
Esta causal se configura cuando un
juez toma una decisión que va en contra vía de la Constitución porque: “(i) deja
de aplicar una disposición iusfundamental a un caso concreto;
o (ii) aplica la ley al margen de los dictados de la
Constitución”.
CARACTERIZACION
DEL DEFECTO FACTICO COMO CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
El defecto fáctico se configura cuando: (i) existe una
omisión en el decreto de pruebas que eran necesarias en el proceso; (ii) se da
una valoración caprichosa y arbitraria de las pruebas presentadas; o (iii) no
se valora en su integridad el material probatorio.
PRINCIPIO
DEL INTERES SUPERIOR DEL MENOR-Alcance/INTERES
SUPERIOR DEL MENOR-Naturaleza jurídica
DERECHO DE
LOS MENORES DE DIECIOCHO (18) AÑOS A SER ESCUCHADOS Y PRINCIPIO DEL INTERES
SUPERIOR DEL MENOR
De manera específica respecto de los
menores de edad, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, se
refiere al derecho que tienen éstos a ser escuchados en los procesos
judiciales. En efecto, el artículo 12 instituye en cabeza de los Estados
partes, la obligación de garantizar que los niños y niñas estén en condiciones
de formularse su propio juicio y de expresar libremente sus opiniones en todos
los asuntos que los involucren, lo anterior, de conformidad con sus capacidades
evolutivas. También se indica que, para ello, debe darse al menor de edad la
oportunidad de ser escuchado al interior de los procedimientos administrativos
o judiciales dentro de los cuales se tomen decisiones que los afecten, esto, en
consonancia con las leyes nacionales.
DERECHO DE
LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A TENER UNA FAMILIA Y A NO SER SEPARADOS DE
ELLA-Protección constitucional
El artículo 44 consagra el derecho
fundamental de los niños a tener una familia, en la que se salvaguarde su
cuidado y se les provea amor; así como, la garantía de no ser separados de
ella.
DERECHOS DEL NIÑO A TENER UNA
FAMILIA-Circunstancias
de procedencia para separación de familia biológica
RESPONSABILIDAD PARENTAL-Alcance
PROCESO
ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS-Objetivo
El procedimiento administrativo de
restablecimiento de derechos es el mecanismo que prevé la ley para asegurar a
los niños, niñas y adolescentes sus garantías fundamentales.
ADOPCION
COMO MEDIDA DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS DEL NIÑO-Procedencia sujeta al cumplimiento del debido proceso
y garantías para la familia biológica
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Procedencia por violación
directa de la Constitución por indebida aplicación del principio del interés
superior del menor en proceso de homologación de medidas de adoptabilidad de
menor, quien manifestó no querer regresar con sus padres biológicos
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia por incurrir en defecto fáctico en su dimensión
negativa por cuanto Juzgado ignoró u omitió la valoración de una prueba
determinante para la resolución del asunto
La Juez de Familia debió aplicar el principio del
interés superior del niño, en especial los criterios fácticos y jurídicos
(fundamentos 26 y 30 de esta providencia), con el fin de evaluar la medida de
declarar en situación de adoptabilidad a menor. Según el criterio fáctico, el
Juzgado debió ser más cuidadoso en la ponderación de los hechos que fueron
puestos a su consideración durante el proceso a partir de su ejercicio
probatorio.
Referencia: Expedientes T-5929560 y T-6032112 acumulados
Acciones de tutela promovidas por la
Defensoría de Familia asignada a la Secretaría de Integración Social de Atlantis del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar contra el Juzgado XX de
Familia de Atlantis.
Procedencia: Sala de Familia del Tribunal
Superior de Atlantis.
Asunto: Proceso de homologación de medidas
de adoptabilidad de niños, niñas y adolescentes.
Magistrada sustanciadora:
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Bogotá, D. C., treinta (30) de octubre de
dos mil diecisiete (2017).
La Sala Quinta de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por
el Magistrado José Fernando Reyes Cuartas, y las Magistradas Cristina Pardo
Schlesinger y Gloria Stella Ortiz Delgado, quien la preside, en ejercicio de
sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En la revisión de las sentencias dictadas (i) el
15 de noviembre de 2016 por la Sala de Familia del Tribunal Superior de
Atlantis, y (ii) el 9 de febrero de 2017, por la Sala Casación Civil
de la Corte Suprema de Justicia, dentro de las acciones de tutela promovidas
por la Defensoría de Familia asignada a la Secretaría de Integración Social de Atlantis
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en adelante ICBF, contra el
Juzgado XX de Familia de Atlantis (expedientes T- 5929560 y
T-6032112).
Aclaración previa
En razón a que en el presente
caso se estudia la situación de una menor de dieciocho años, la Sala advierte
que como medida de protección de su intimidad, se ha ordenado que se suprima de
esta providencia y de toda futura publicación de la misma, el nombre de la niña
y el de sus familiares, y los datos e informaciones que permitan conocer su
identidad.
Esta versión contiene la
identidad ficticia de las partes involucradas y de los lugares donde sucedieron
los hechos, para efectos de su publicidad[1].
Desacumulación procesal
Al despacho de la suscrita Magistrada, fueron
asignados para revisión los expedientes T-5.929.560 seleccionado el 27 de enero de 2017[2], y T-5.937.833
escogido para revisión el 28 de febrero de 2017[3].
En este último auto se dispuso la acumulación de los asuntos por presentar
unidad de materia. Con posterioridad, el 15 de mayo de 2017, la Sala número 5
de Selección de Tutelas[4]
eligió para revisión el expediente T-6.032.112, y dispuso su acumulación
al expediente T-5.929.560, para que fueran fallados en una misma sentencia.
Los referidos asuntos atienden a tres acciones de
tutela promovidas por la Defensoría de Familia contra el Juzgado XX de
Familia de Atlantis, para buscar la protección de los derechos
fundamentales de dos niñas. Lo anterior, debido a que en diferentes
providencias el referido juzgado se negó a homologar las resoluciones emitidas
por la Defensoría de Familia que declaraban a las menores de edad en situación
de adoptabilidad.
El primero de los casos (expedientes T-5.929.560 y
T-6.032.112), versa sobre los hechos ocurridos a la niña Esperanza,
mientras que el segundo (T-5.937.833) está relacionado con el proceso llevado a
cabo respecto de la niña Alegría.
Después de realizar el estudio
pormenorizado de los expedientes, la Sala Quinta de Revisión de Tutelas
comprobó que si bien los asuntos comparten una situación jurídica común
(controversias sobre procesos administrativos de restablecimiento de derechos
de niños y niñas), los casos concretos atienden a contextos particulares que
deben ser evaluados de forma separada. Por tal razón, el 25 de julio de 2017, la Sala Quinta de Revisión decidió la desacumulación
del expediente T-5.937.833 y emitió la sentencia T-512 de 2017, en ese
caso particular.
A continuación, se narraran los
antecedentes relacionados con el caso de la niña Esperanza (expedientes
T-5.929.560 y T-6.032.112), que contienen el relato de los dos expedientes
señalados.
I.
ANTECEDENTES
Hechos que generaron la presentación de las dos
acciones de tutela
El 29 de noviembre de 2014, la Policía de Infancia y
Adolescencia de Atlantis dejó a disposición de la “Comisaría del CAPIV” a Esperanza, para ese momento de 8 años de edad[5], debido a que estaba perdida. Ese mismo día la niña
fue llevada al Centro Único de Recepción de Niños y Niñas de Atlantis, en adelante CURNN, y fue puesta a disposición de la
Defensoría de Familia. Una vez registrada en el CURNN, Esperanza fue evaluada por Medicina Legal y ante dicha entidad la
niña manifestó que: “mi mamá se fue a tomar con mi papá y cuando llegó se
olvidó que nos había dado plata y nos pegó”. Medicina Legal le otorgó 7
días de incapacidad a la niña.
Debido a estos hechos, ese mismo día -29 de noviembre
de 2014-, la Defensoría profirió auto de apertura de investigación. Según
afirmó esa entidad en las acciones de tutela, los padres de la niña se
presentaron a entrevista con el equipo psicosocial del ICBF, el 3 de diciembre
de 2014.
Con posterioridad, el auto de apertura de la
investigación fue notificado personalmente a la madre de la niña – Minerva
– el 12 de febrero de 2015, y al padre –Pegaso– el día 20 del mismo mes
y año. Indicó la Defensora que en las respectivas declaraciones que realizaron
los padres al momento de notificarse del auto, reconocieron que “maltrataban
a su hija con correa [y] ortiga”[6].
Por lo anterior, el 26 de febrero de 2015, se presentó una denuncia contra los
padres de Esperanza por el delito de violencia intrafamiliar y
maltrato infantil.
Así mismo, la Defensora advirtió que el 11 de febrero
de 2015, el señor Hefesto, en calidad de arrendador de la casa donde
vivía la niña, se ofreció a asumir su custodia. Sin embargo, el 9 de marzo de
2015, la niña fue sometida a una evaluación psicológica en la cual se confirmó
el maltrato con correa y ortiga que ella recibió de sus padres y, además, se
descubrieron “hechos de un presunto abuso sexual por parte del dueño de la
casa Sr. Hefesto”[7].
Por tal motivo, la niña fue remitida al centro “XX”
para iniciar un proceso terapéutico. De igual manera, la Defensoría presentó
denuncia contra Hefesto, para que se investigaran los hechos
relacionados con el presunto abuso sexual.
La Defensoría afirmó que el 19 de marzo de 2015, los
padres de la niña fueron notificados y citados para que asistieran a la “Audiencia
de práctica de pruebas” que se realizaría el día 26 siguiente. Sin embargo,
según se indicó en la acción de tutela, los progenitores no asistieron.
Con posterioridad y dentro del proceso administrativo
de restitución de derechos, en adelante PARD, de Esperanza, se notificó y llamó a declaración a dos tías paternas, a quienes se
les preguntó si estarían dispuestas a hacerse cargo de la niña. La primera –Aurora–
respondió: “si pues yo podría hacerme cargo de la niña pero es un tema que
tendría que hablar con mi compañero, por ahora lo que me interesa es visitarla
y apoyar a mi hermano”[8].
Con posterioridad, Aurora comunicó a la Defensoría que había hablado
con su familia y habían concluido que no tenían medios para hacerse cargo de Esperanza[9]. La segunda –Doris–, indicó: “es
mucha responsabilidad y tengo dos hijos”[10].
El 24 de octubre de 2015, la Defensoría entrevistó a
la madre de la niña, quien, manifestó, entre otras cosas que: “tengo
dificultades con mi esposo, se han presentado situaciones de violencia
intrafamiliar, me ha maltratado físicamente y con amenazas en una oportunidad
estando los niños presentes”[11].
El 28 de octubre siguiente, la Defensoría entrevistó al padre de la niña, quien
sostuvo: “la mamá de los niños… trabaja en la calle del Bronx en una tienda
vendiendo cerveza y monedas para las máquinas y rockolas cuando deja a los
niños con la abuela materna es un riesgo, porque esta señora consume SPA…”[12].
Ese mismo día, los progenitores de Esperanza fueron
remitidos a la Comisaría de Atlantis por violencia intrafamiliar.
El 26 de febrero de 2016, se les citó a la “Audiencia
de fallo” a la que, al parecer, sólo asistió el padre de la niña[13]. En dicha audiencia la
Defensoría propuso que la menor de edad quedara en situación de adoptabilidad, sin
embargo, su padre y una de sus tías paternas se opusieron a la medida. Por
ello, el PARD se envió al trámite de homologación ante un juez, en cumplimiento
al artículo 100 del Código de la Infancia y la Adolescencia.
Ese trámite fue asignado por reparto al Juzgado XX
de Familia de Atlantis, quien después de decretar pruebas[14] y analizar la
situación de la pequeña, decidió no homologar la resolución mediante la cual se
declaraba su situación de adoptabilidad y, en consecuencia, ordenó su reintegro
“inmediato” al seno familiar.
Acciones de tutela presentadas por la Defensoría de
Familia contra la decisión del Juzgado XX de Familia de Atlantis
En contra de esta decisión la Defensora de Familia
presentó dos acciones de tutela, que fueron conocidas por la Sala de Familia
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Atlantis y por la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.
PRIMERA ACCIÓN DE TUTELA – EXPEDIENTE T-5.929.560
La primera acción de tutela fue presentada el 1º de
noviembre de 2016, y en ella se relataron los antecedentes ya reseñados. La Sala de Familia del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Atlantis admitió la solicitud de tutela, ordenó notificar al Juzgado demandado y
vinculó a todos los intervinientes en el proceso de homologación de Esperanza, para que rindieran informe sobre los hechos narrados. Así mismo, solicitó copias auténticas “de
todo lo actuado en el trámite de homologación de la Resolución Nº XX de 22 de
febrero de 2016, en relación con la menor…, el cual se identifica con el número
de radicación 20016-0166”[15].
-
Respuestas de las
partes e intervinientes
Juzgado XX de Familia de Atlantis[16]
La juez solicitó que se negara la presente acción de
tutela, pues su despacho no incurrió en ninguna vulneración de los derechos
fundamentales de la niña. Para sustentar su petición, indicó que la resolución
de adoptabilidad no fue homologada como quiera que de la revisión de la
historia administrativa de la niña, así como de las pruebas que se recaudaron
en el proceso, “se observó que Esperanza cuenta con el apoyo de sus padres,
sus hermanos quienes también son menores de edad y familia extensa, como lo es
su tía paterna, información que en el escrito de tutela la aquí accionante
omite, puesto que en ninguna de sus manifestaciones indica que Esperanza es
melliza, que sus padres tienen a su cargo tres hijos más a quienes tienen en
buenas condiciones entre ellos el hermanito mellizo de la menor, están
escolarizados e inclusive hacen actividades adicionales, relatando solamente la
Defensora de Familia situaciones a su conveniencia (sic)”[17].
Adicionalmente, la funcionaria judicial indicó que si
bien es cierto que existe un presunto abuso sexual materializado por el
arrendador de la casa donde vivía la familia de la niña, también lo es que sus padres
desconocían esos hechos que sólo fueron hallados en las diligencias
administrativas. Precisó que ellos acataron la orden que les impuso la
Defensoría de cambio de residencia “a efectos de garantizar los derechos de
su hija y sus otros hijos y así demostrar el interés y preocupación que les
asiste como padres para efectos del reintegro de su hija nuevamente a su núcleo
familiar”[18].
La juez indicó que si bien no existe constancia
escrita sobre la suspensión de las visitas a la niña, los padres relataron en
interrogatorio que “hace un año aproximadamente no han vuelto a ver a su
hija, ya que en la defensoría de familia no se los permiten”. Señaló que
desde que tuvo conocimiento del caso, los padres se acercaron varias veces al
Juzgado a preguntar por su hija y a hablar con el Procurador adscrito al
despacho. Por ello, previo a resolver el asunto y con el fin de proteger el
derecho de la niña a no ser separada de su familia, ordenó varios interrogatorios
de parte y unas visitas sociales al hogar de la tía paterna y al de los padres
de Esperanza, en las cuales se constataron, entre otras cosas, las
buenas condiciones de sus hermanos.
Advirtió que la Defensora de Familia pretendía que en
el proceso de homologación se tuviera en cuenta una entrevista realizada a la
niña, en la cual manifestó su deseo de no regresar a su hogar, sin embargo, tal
declaración “no obra dentro de las diligencias, ni fue aportada al Juzgado
antes de decidirse sobre su homologación”[19].
Por último, la funcionaria judicial informó que “la
Dra. María Cristina Plazas Michelsen, Directora del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar solicitó cita para hablar con la suscrita, sin manifestar el
motivo de la visita, la cual fue concedida, por lo que se le atendió el día 23
de septiembre de los cursantes, quien llegó preguntando por dos casos
específicos, el de la niña Esperanza y la niña Alegría (también homologación de
adoptabilidad)”[20].
Procuraduría XX Judicial X de Familia[21]
La Procuraduría XX Judicial X de Familia
solicitó negar la acción de tutela al considerar que durante el trámite de
homologación se respetaron y protegieron los derechos de la niña, de
conformidad con la Constitución y la Ley. Indicó que para la Procuraduría es importante
que la menor de edad crezca en el seno de su familia, siempre y cuando se
garanticen las condiciones para la realización y el ejercicio de sus derechos.
Explicó que si bien es cierto se presentaron episodios
de violencia intrafamiliar en el hogar de Esperanza, también lo es que
los padres de la niña solicitaron a la Procuraduría su intervención y
vigilancia administrativa, con el fin de “asumir el rol de padres,
asistiendo a los cursos psicoterapéuticos consistentes en pautas de crianza,
roles paternos y maternos, toxicología y alcoholismo, que sean necesarios…”[22].
Aclaró que los padres sí asistieron a los cursos ordenados por la Defensoría de
Familia, pues existen las constancias que fueron aportadas a la historia de
atención respectiva.
Para la Procuraduría, los hechos de violencia en que
incurrieron los padres de Esperanza son “fruto de una mala formación
y educación de los padres, hechos que son repetitivos en nuestra cultura
familiar, machista y autoritaria, pero esta situación no puede ser la base para
prescindir de los derechos de los padres y de los derechos de la niña a tener
una familia y a no ser separada de ella”[23].
Explicó que en este caso son necesarias medidas de “reeducación” de
los progenitores, en beneficio del proceso formativo de la niña. También
sostuvo que la separación y la resolución de adoptabilidad no puede ser la
única solución ante las dificultades que se presentan en las familias,
situación que parece ser el proceder de la Defensoría de Familia que conoce el
caso.
Adicional a ello, este funcionario puso de presente
algunas conductas extrañas por parte de la Defensora de Familia en este
caso concreto, como: (i) que los padres manifestaron que no pudieron ver
a su hija durante más de un año, porque desconocían el lugar donde se
encontraba, en tanto la Defensora de Familia del caso “siempre” les negó
esa información; y (ii) que esa misma funcionaria desconoce el fallo
proferido por el Juzgado XX de Familia “aduciendo que lo hace en
beneficio del interés superior de la niña”.
Como conclusión, el Procurador XX Judicial
precisó que se deben realizar esfuerzos más contundentes y pertinentes para
lograr la protección de los derechos de la niña, siempre encaminados al
reintegro a su hogar.
Fiscalía XX delegada ante los Jueces Penales del
Circuito de Atlantis – Unidad de Delitos contra la libertad, integridad y
formación sexual[24]
El fiscal delegado remitió copia de todo lo actuado en
el proceso penal iniciado contra el señor Hefesto por el presunto abuso sexual sufrido por Esperanza. Los
documentos aportados, entre otros, son:
-
La denuncia penal
presentada por la Defensoría de Familia[25].
-
Registro civil de nacimiento
de Esperanza [26].
-
Formato de registro de
intervención del 11 de febrero de 2015[27].
En esta intervención se realizó una visita a la residencia de los padres de la
menor de edad, pero no se pudo hacer la entrevista con ellos porque no se
encontraban allí en ese momento.
-
Formato de registro de
intervención del 9 de marzo de 2015[28].
En esta intervención se hizo una entrevista psicológica a la niña en la cual
narró los hechos sobre el presunto abuso sexual[29].
-
Formato sobre las
órdenes dadas a la policía judicial en este caso[30].
-
Informe del
investigador de campo asignado a este caso sobre la visita realizada al CURNN[31].
-
Informe pericial de
clínica forense[32],
en el que se indica que no existen huellas externas de lesión reciente en el
cuerpo de la niña[33].
El fiscal también informó que una vez recibida la
noticia criminal, se activó el programa metodológico de investigación, a partir
del cual: (i) se citó a Hefesto el 4 de
mayo de 2015, y se imputaron cargos en su contra; (ii) se visitó el
CURNN para entrevistar a la Defensora de Familia del caso y solicitar
información pertinente. Se indicó que ella “de manera alevosa… no aportó con
la tarea que le está encomendada de entregar todas las actividades realizadas
en aras del Restablecimiento de Derechos de la menor Esperanza…”[34].
Y (iii) se solicitó el traslado de la menor de edad a un lugar para la
práctica de una entrevista forense en cámara Gessell, según lo dispone la Ley
1562 de 2013, sin embargo, esa prueba no se pudo recaudar porque la Defensora
se negó a dar respuesta a ésta solicitud.
No se obtuvo respuesta de los demás intervinientes
vinculados.
-
Sentencia única
de instancia
El 15 de noviembre de 2016, la Sala de Familia del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Atlantis negó el amparo, toda vez no encontró arbitrariedad o
capricho en la decisión adoptada por el Juzgado XX de Familia de Atlantis, sobre la no homologación de la situación de
adoptabilidad de Esperanza.
En el asunto bajo estudio la Sala observó que “no
existe un total abandono de los padres y de la familia extensa hacia la menor,
que los progenitores acataron las órdenes dictadas, dentro del trámite administrativo,
tendientes a que el grupo familiar se restableciera, tales como el cambio de
lugar de residencia y la asistencia a talleres, aparte de que con las pruebas
recaudadas durante la homologación, interrogatorios de parte y visitas
sociales, se estableció que en el hogar de la menor hay unidad familiar,
cuidados y atención hacia sus otros vástagos, quienes se encuentran estudiando
y asistiendo a actividades extracurriculares, patinaje y batuta, aparte de que
la progenitora no está trabajando para poder cuidarlos, de lo cual concluyó que
la mera situación económica no puede ser pretexto para aplicar una sanción tan
grave como la que se tomó…”[35].
La Defensora de Familia impugnó el 28 de noviembre de
2016, sin embargo, este recurso fue negado debido a su presentación
extemporánea.
SEGUNDA ACCIÓN DE TUTELA – EXPEDIENTE T-6.032.112
La segunda acción de tutela fue presentada el 2 de
diciembre de 2016. La Defensora precisó que, a pesar de que esta actuación
también busca dejar sin efectos la sentencia del Juzgado XX de Familia
de Atlantis, se presentaron hechos nuevos que permiten
incoar un nuevo amparo.
En efecto, señaló que en aras del cumplimiento de la
orden de reintegro al núcleo familiar de la niña Esperanza, se realizó una intervención por parte del equipo psicosocial de la
Institución Invernalia. Indicó que al conocer la decisión de reintegro,
la niña “presentó una reacción adversa, de rechazo hacia el reintegro, miedo
y angustia”[36].
Debido a lo anterior, presentó una solicitud al
Juzgado XX de Familia de Atlantis para que le permitiera llevar a cabo la
respectiva preparación psicológica de la niña Esperanza y un trabajo terapéutico con los padres, con el fin de evitar un
reintegro forzoso y de crear vínculos afectivos entre la niña y su familia
biológica. Sin embargo, ante tal solicitud el Juzgado se declaró incompetente.
Según la Defensora, con esa nueva decisión denegatoria
se vulneraron los derechos fundamentales de Esperanza a la salud mental, psicológica y emocional, a la integridad personal,
a la vida, a un ambiente sano y a la protección contra el abandono físico,
emocional y psico-afectivo.
Por lo anterior, solicitó al juez de tutela, entre
otras pretensiones, “declarar sin ningún valor ni efecto la sentencia
proferida el 19 de octubre de 2016, por el Juzgado XX de Familia de Atlantis”[37]. Así mismo, pidió que se decretara una medida de
suspensión provisional del cumplimiento del fallo del Juzgado XX de
Familia de Atlantis.
Esta acción fue admitida por la Sala de Familia del
Tribunal Superior de Atlantis. Así mismo se ordenó notificar al Juzgado demandado y vinculó a
todos los intervinientes en el proceso de homologación de Esperanza, para que rindieran informe sobre los hechos narrados.
-
Respuestas de las
partes e intervinientes
Juzgado XX de Familia de Atlantis[38]
Después de reiterar algunos argumentos presentados en
la primera acción de amparo, puso de presente que en realidad esta acción de
tutela ataca el fallo proferido por la Sala de Familia del Tribunal, en sede
constitucional, por lo cual resulta abiertamente improcedente, pues se trata de
una tutela contra tutela.
Reitera que, tal y como lo avizoró el Tribunal
Superior, la decisión tomada en el caso de Esperanza tiene respaldo probatorio, fáctico, jurisprudencial, legal y constitucional.
Además está fundada en el interés superior de la niña y en su derecho a
conservar su familia, quien manifestó a funcionarios del ICBF que no quería
estar allí y que no entendía “porque los hermanos no pueden estar con ella”[39].
Por último, advirtió que la acción de tutela es temeraria y por ello deben ser
impuestas las sanciones a que haya lugar.
Defensoría de familia adscrita al Juzgado XX de
Familia de
Atlantis[40]
La Defensora resaltó que sí se presentaron hechos
nuevos en el presente caso, por tanto, la acción es viable. Reseñó la
valoración psicológica adelantada por el equipo psicosocial de la Institución
Invernalia, en la cual, se advirtió del “riesgo inminente, real y
palpable” en que se encuentra la niña de cumplirse el fallo de reintegro al
grupo familiar. Explicó que existe una ruptura grave del núcleo familiar que no
puede ser ignorado por los funcionarios judiciales.
Por tanto, la Defensora solicitó que en este caso se
permita al ICBF continuar con el proceso administrativo de restablecimiento de
derechos, a efectos de verificar las condiciones que los padres le pueden
ofrecer a Esperanza. Afirmó que sólo con un proceso
terapéutico de apoyo psicosocial al medio familiar se puede reactivar un
vínculo “que se encuentra muy deteriorado [ya que] hace más de un año
que la menor no tiene contacto con sus progenitores y se ha generado en ella un
profundo distanciamiento y rechazo”[41].
Procuraduría XX Judicial X de Familia[42]
La Procuraduría XX Judicial X de Familia
solicitó que se negara esta segunda acción de tutela, al estimar que el Juzgado
XX de Familia tomó la decisión correcta al no homologar la Resolución de
adoptabilidad de Esperanza y ordenar su reintegro al hogar. Para la
Procuraduría es claro que el reintegro de la niña debe hacerse tras un proceso
psicológico de apoyo y protección.
Adicional a ello, resaltó que los hechos narrados por
la Defensoría en las acciones de tutela son contradictorios y omiten hechos
relevantes que deben ser tenidos en cuenta. Así explicó con varios ejemplos:
-
La defensora, basada en
el informe psicológico de la Institución Invernalia, afirmó
equivocadamente que la niña había huido de la casa varias veces. Según pudo
comprobar la Procuraduría, lo anterior no es cierto y, por el contrario, lo que
se extrae de la historia de atención de la niña es que fue hallada por la Policía
porque se perdió en un parque en el que se encontraba con sus tres hermanos el
día 28 de noviembre de 2014. Para la Procuraduría resulta contradictorio que la
Defensoría argumente que la niña no puede ser reintegrada al hogar porque “volvería
a escaparse de su casa”, cuando al parecer, la niña se extravió, no se
escapó.
-
Otra de las
contradicciones que pone en evidencia la Procuraduría, es que la Defensoría de
Familia y el ICBF afirman constantemente, “hasta el extremo de acudir a los
medios de comunicación radiales (CARACOL y RCN)”, que los padres de Esperanza “abandonaron a su hija desde el momento en que fue
entregada por la policía al ICBF y que desde esa fecha hasta el momento han
pasado más de 2 años sin que los padres se hayan interesado por su hija”. Contrario a estas afirmaciones, la
Procuraduría advierte que los padres han buscado afanosamente ubicar a su hija,
y que hasta el momento en que supieron donde se encontraba, fueron a visitarla.
La Procuraduría explica que hubo un lapso de tres meses en el cual los padres
no fueron a su encuentro porque pasaban por una difícil situación sentimental.
La Procuraduría hace evidente que la última
vez que la madre vio a la hija fue hace menos de un año y que, posteriormente,
no fue posible el contacto entre madre e hija porque el ICBF se lo impedía.
-
Adicional a lo
anterior, la Procuraduría rescata que del expediente del PARD se extrae que: (i)
los padres cambiaron de residencia para alejar a la niña y a sus otros hijos
del presunto abusador sexual de la menor de edad; (ii) que reconocieron
haber castigado a sus hijos con ortiga y correa, pero explicaron que lo hacían
porque así fueron criados ellos. Así mismo, aseguraron que después de los talleres
a los que asistieron corrigieron sus pautas de crianza para educar a sus hijos;
(iii) que el ICBF les exigió a los padres hacerse los exámenes de
toxicología para demostrar que no son consumidores de SPA ni alcohólicos. Sin
embargo, esa institución no tuvo en cuenta que “cada examen costaba la suma
de cincuenta mil pesos… lo que implicaba un gasto de doscientos mil pesos y que
su pecunio familiar dependía de su trabajo de reciclaje”. Adicional a ello,
que los padres están dispuestos a practicarse los exámenes en las instituciones
donde no tengan un costo tal alto.
Por todo lo anterior, la Procuraduría insistió en que
si bien hubo errores por parte de los padres en los patrones de crianza,
también lo es que los mismos necesitaban orientación y apoyo para cambiar sus
pautas de educación. Sin embargo, lo que obtuvieron del ICBF fue la imposición
de una de las medidas más severas y drásticas como la declaración de
adoptabilidad de la niña. Por consiguiente, consideró que la decisión adoptada
por el Juzgado XX de Familia de Atlantis fue la acertada.
Por último, resaltó que el reintegro de la niña al
hogar es una medida necesaria para proteger los derechos de ésta, que debe
estar precedida de una “etapa previa de preparación y apoyo psicológico para
el egreso del sistema de protección de la niña”. Etapa que “ya se está
realizando por parte de la Defensoría de Familia, toda vez que ha hecho
tratamiento psicológico a la menor de edad y una visita social al medio
familiar al lugar de residencia de los padres”.
-
Sentencia de
primera instancia
El 16 de diciembre de 2016, el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de
Atlantis, negó el
amparo solicitado por la Defensora de Familia al estimar que la orden del
Juzgado XX de Familia de Atlantis no es contraria a la Constitución ni a la
Ley. Adicional a ello, para el Tribunal es claro que, de acuerdo con la Ley,
existe un marco de acción para la entidad administrativa, en este caso el ICBF
y la Defensoría, respecto del cumplimiento de la orden de reintegro de la niña
a su hogar. Sostuvo que a quien le corresponde garantizar “sin mayor
traumatismo el ingreso de la menor de edad a su núcleo familiar es al INSTITUTO
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR”.
Sin embargo, al evidenciar la resistencia presentada
por la parte activa, el Tribunal tuteló de manera oficiosa los derechos
fundamentales y prevalentes de la menor de edad. En consecuencia, ordenó al
ICBF: (i) diseñar un plan de intervención con la participación de un
equipo interdisciplinario, para buscar el reintegro al medio familiar; (ii)
incluir a los progenitores en programas de asesorías de padres en la formación
de pautas de crianzas y de educación; y (iii) orientar e implementar un
programa de acompañamiento a la familia de la menor de edad, en procura de
obtener los beneficios sociales y económicos que brinda el Estado.
-
Impugnación
La Defensoría impugnó la anterior decisión, pues
consideró que el Tribunal no tenía razón en establecer que el ICBF o la
Defensoría cuentan con el referido marco de acción. Así mismo, porque considera
que el Tribunal falló sin revisar las pruebas obrantes en el expediente. Debido
a lo anterior, y a otros reparos, la Defensoría solicitó que se homologue la
Resolución de adoptabilidad de la niña Esperanza.
-
Sentencia de
segunda instancia
La Corte Suprema de Justicia, Sala Casación Civil, a
través de sentencia del 9 de febrero de 2017, confirmó la decisión. Para
la Sala, en primer lugar, era evidente que la mayoría de argumentos estaban
dirigidos a atacar una decisión judicial que ya había sido objeto de estudio
(la sentencia de no homologación), por tal razón, estimó que la presente acción
reflejaba un “empleo excesivo de esta herramienta especial de salvaguarda
constitucional”.
En segundo lugar, encontró que del escrito de impugnación
se advierte la inconformidad de la defensora con la decisión del juez de
familia, respecto del tiempo que debe tomar el proceso de reintegro de la niña
a su hogar. Para la Sala, esa discusión también estaba zanjada en tanto el
mismo Juzgado le informó a la defensora que ella era la competente para
determinar las acciones necesarias para cumplir las órdenes emitidas. Por lo
cual, la defensora tiene un deber de intervenir “de manera diligente y
eficaz, propendiendo por el restablecimiento de los vínculos paterno y materno
filiales con la menor…”.
Por último, la Sala destacó que la adopción es una de
las medidas más extremas que pueden tomarse en torno a los hijos, razón por la
cual, ésta sólo se puede ordenar ante la imposibilidad de materializar otras gestiones
tendientes a reestablecer el orden familiar.
II.
ACTUACIONES EN
SEDE DE REVISIÓN
-
Auto de pruebas del
2 de marzo de 2017
Mediante auto del 2 de marzo de 2017, la Magistrada
sustanciadora decretó pruebas en el presente asunto debido a la necesidad de
contar con mayores elementos de juicio. En este auto se solicitó al ICBF
aclarar los siguientes puntos:
i)
Si tiene
conocimiento de ¿en dónde se encuentra actualmente la niña Esperanza;
ii)
Si tiene
conocimiento y ha entrado en contacto con los padres de la niña después del
fallo que negó la homologación de la Resolución Nº XX del 22 de febrero de 2016;
iii)
Si ha realizado
el seguimiento psicosocial para verificar el cumplimiento de los compromisos
adquiridos por los padres de la menor de edad; y
iv)
Si adoptó
medidas en cumplimiento del fallo proferido por el Juzgado XX de Familia de Atlantis dentro
del proceso de homologación de la referida Resolución, en caso afirmativo,
indique cuáles.
Ante el referido requerimiento se obtuvieron las
siguientes respuestas e intervenciones, que fueron remitidas a este despacho a
través de la Secretaría General de esta Corporación:
Respuesta de la Defensoría de Familia asignada al caso[43]
La Defensora de Familia asignada indicó que “actualmente
la niña ‘Esperanza’ se encuentra ubicada en la Fundación Invernalia, desde el 20/09/2016, lo cual es de conocimiento de
sus progenitores”. Refiere
que la Defensoría sí ha tenido contacto con los padres de Esperanza, en
múltiples ocasiones[44].
Afirmó que el 22 de diciembre de 2016 se realizó una
audiencia con el acompañamiento del Ministerio Público y los padres de la niña,
para dar cumplimiento a la orden del juez. Sin embargo, el reintegro de la niña
al núcleo familiar no se ha producido, entre otras razones, (i) por “el
estado de afectación psicológica y emocional de la niña”; (ii) porque
los padres no han realizado el cambio de domicilio; y (iii) debido a que
los padres han asistido intermitentemente a los procesos terapéuticos ordenados
y faltan algunas pruebas como la de toxicol.
En su respuesta, la Defensora indicó que solicitó “a
la Filarmónica de Atlantis” una certificación sobre la eventual vinculación
de los hermanos de Esperanza a sus programas. Sin embargo, esa entidad
afirmó que los referidos niños no están vinculados a esa institución.
Finalmente, hizo algunas aclaraciones respecto de los
hechos narrados en el auto de pruebas. Asimismo, la Defensora allegó a este
Despacho copias del PARD de la niña Esperanza.
Intervención del Juzgado XX de Familia de Atlantis [45]
La Juez accionada se pronunció respecto de la
respuesta ofrecida por la Defensoría de Familia. Refirió que la Defensora con
su actuación sólo ha intentado incumplir la orden de restitución de la niña al
núcleo familiar que fue impartida. En efecto, -señaló- “no existe diligencia
alguna, ni trámite que indique que la Defensora ha propendido por el
acercamiento de Esperanza hacia sus padres y hermanos, no obra prueba de una
sola citación para los padres y Esperanza para determinar su reencuentro y la
reacción de la niña al verlos, como quiera que sólo se limita a adoptar
valoraciones donde dicen que la niña no quiere ver ni saber de sus padres”.
Explicó que la Defensora en este caso no ha mostrado
interés en fortalecer los lazos familiares, sino todo lo contrario, con lo cual
desconoce los presupuestos procesales, constitucionales, jurisprudenciales y
doctrinales en la materia. Adicionalmente, advirtió sobre la eventual
modificación del expediente del PARD “a efectos de hacer incurrir en error a
los Honorables Magistrados”, por tanto, remitió las copias del expediente
que fue allegado a su despacho.
Intervención de la Defensora de Familia adscrita al
Juzgado XX de Familia de Atlantis[46]
La referida Defensora adscrita reiteró y respaldó los
argumentos presentados por la Defensora de Familia que lleva el caso de Esperanza,
pues “previo a realizar un estudio juicioso y concienzudo de la historia
socio familiar, adelantado por el ICBF”, encontró que existen suficientes
pruebas para determinar el desinterés de los padres y el abandono al que fue
sometida la niña. Por tanto, la juez debió homologar la labor llevada a cabo
por la Defensoría.
Adicional a ello, sugirió que “sería interesante
que se escuche en entrevista a la niña, antes de la toma de la decisión, teniendo
en cuenta que nos encontramos frente a la prevalencia de sus derechos. Lo
anterior de conformidad con el artículo 26 de la Ley 1098 de 2006”. Para la
Defensora, es importante conocer la percepción de la niña, ya que este proceso
ha durado aproximadamente dos años y medio, en los cuales se “quebrantaron
los lazos afectivos con la familia biológica, a quienes no extraña”. Aunado
a lo anterior, explicó que ha sido imposible reintegrar a la infante al núcleo
familiar, porque ella es renuente a regresar con su familia biológica.
Refirió que a pesar de que lo ideal es que los niños y
niñas crezcan en el seno de sus familias biológicas, muchas veces eso no es
posible. Por lo tanto, la adopción es una alternativa jurídica que busca
satisfacer los derechos fundamentales de los niños y niñas. Afirmó que en el
presente caso el ICBF no puede tomar una medida de restablecimiento de derechos
diferente a la Resolución de adoptabilidad de Esperanza, en tanto ésta
es la más idónea, dado que “la alta permanencia en el ICBF [es] atribuible
a la negligencia, falta de interés y compromiso de sus padres en recuperarla”.
Intervención de la Dirección General del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar[47]
La Dirección General del ICBF, después de relatar los
hechos que dieron origen al presente asunto, explicó que “fue necesario
interponer una segunda acción de tutela en contra de la Juez XX de Familia de
Atlantis, como quiera que fue conocida por parte de la niña Esperanza la
decisión proferida por la citada juez y el fallo de tutela del 15 de noviembre
del 2016 emitido por el Tribunal Superior de Atlantis – Sala de Familia, se realizó intervención por parte
del equipo psicosocial de la Institución Invernalia, toda vez que la menor de edad presentó una reacción
adversa, de rechazo hacía el reintegro, miedo y angustia”[48].
Según explicó el ICBF, el “informe psicológico”
es un hecho nuevo que evidencia que la niña no cuenta con una estabilidad
emocional para reintegrarse al núcleo de su familia biológica. Indicó que la
Defensoría de Familia solicitó a la juez autorización para iniciar un proceso
de preparación psicológica y terapéutica con la niña y los padres, con el fin
de evitar un reintegro forzoso y fallido. Sin embargo, tal solicitud fue
negada.
Esta segunda tutela fue fallada por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Atlantis, Sala Familia, quien negó las
pretensiones principales de la Defensoría, pero tuteló oficiosamente los
derechos de la niña Esperanza y ordenó al ICBF diseñar un plan de
intervención que brinde a la niña y a los padres las condiciones para el
reintegro en un plazo razonable, entre otras actuaciones. Tal decisión fue
apelada por la Defensoría y confirmada por la Sala Civil de la Corte Suprema de
Justicia[49].
De otra parte, el ICBF explicó que tanto la juez de
instancia, como los jueces de tutela han desconocido flagrantemente el material
probatorio existente en el proceso de restablecimiento de derechos de Esperanza,
en especial aquellas pruebas encaminadas a demostrar los episodios de violencia
y maltrato al que fue sometida la infante. Por ello, el ICBF “no comparte y
rechaza el análisis que hace la juez minimizando y normalizando conductas
violentas como castigos físicos continuo con ortiga en contra de la niña que
constituyen maltrato infantil, bajo el argumento que con éstas se forman a los
menores de edad ‘… como personas de bien’”[50].
El ICBF trae a colación que la juez en su sentencia
descartó los hechos constitutivos de abuso sexual sobre la niña, debido a que “no
hubo certeza” sobre los mismos en tanto el dictamen pericial no arrojó huellas
físicas del abuso. Consideró que ello desconoce que hay conductas de tipo
abusivo que si bien no dejan huellas físicas en los niños y niñas, son
constitutivas de violencia sexual, debido a sus implicaciones emocionales y
alteraciones al funcionamiento psíquico que las mismas producen. Explicó que
las huellas psicológicas estaban probadas a partir del dictamen pericial
aportado al proceso.
Así mismo, resaltó que la juez determinó “la
supuesta idoneidad de los padres basada en un solo informe social, y las
entrevistas realizadas a los mismos, desconociendo todo el trabajo realizado
por el equipo técnico interdisciplinario del ICBF y demás instituciones
especializadas en psicología como lo es Asociación XX…”. Reiteró que a
pesar de todo ello, la juez no quiso escuchar a la niña y, en esa medida,
vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y a ser escuchada
consagrados tanto en la legislación nacional como en los tratados
internacionales relativos a la protección de los niños y niñas.
Por todo lo expuesto, el ICBF concluyó que a pesar de
que se brindaron todas las herramientas posibles a los progenitores de Esperanza
para que lograran tenerla bajo su cuidado y custodia, no tuvieron éxito. Por el
contrario, la niña ha permanecido bajo la protección del ICBF por más de dos
años en los cuales los padres asumieron una conducta “abandónica (sic)
y negligente”. Por tanto, la Juez no podía avalar tal conducta y soportarlo
en deficiencias generadas por “factores supuestamente económicos”, de
manera tal que debió haber avalado la homologación. Por tales motivos, solicitó
a la Corte Constitucional hacer una “revisión exhaustiva del proceso y [adoptar]
decisiones que salvaguarden los derechos fundamentales de Esperanza”[51].
Comunicación a los familiares de Esperanza
El auto del 2 de marzo de 2017 y las pruebas allegadas
fueron puestas a disposición de las partes vinculadas en este proceso, en
especial, de los señores Pegaso y Minerva. El escrito fue recibido en la dirección de notificación que los
padres aportaron el 23 de marzo de 2017[52].
De igual manera, se hizo extensiva la comunicación a Aurora mediante
oficio del 21 de marzo de 2017[53].
Sin embargo, no se recibió ninguna respuesta por parte de los familiares de Esperanza.
-
Auto de pruebas del
28 de agosto de 2017
Con
el fin de aclarar algunas situaciones que fueron puestas en conocimiento del
despacho sustanciador, en especial, a partir de este primer recaudo probatorio
y del estudio del expediente de la segunda acción de tutela (T-6.032.112)
acumulado, la Magistrada sustanciadora emitió un auto adicional el 28 de
agosto de 2017, en el cual se dispusieron, entre otras acciones las
siguientes:
(i)
Se decretó, a través de
un despacho comisorio, la práctica de una entrevista a la niña Esperanza para que esta sea escuchada. La entrevista estuvo encaminada
a verificar:
-
¿Cuál es la percepción
de la niña respecto de los vínculos familiares con su padre, su madre y sus
hermanos?
-
¿Cuál es la opinión de
la niña respecto de la decisión de ser reintegrada a su familia nuclear?
-
¿Cuál es la opinión de
la niña respecto de una eventual adopción?
(ii)
Se ofició a la Defensoría de Familia del caso, para que informara a esta
Corporación:
-
Si tiene conocimiento y
ha entrado en contacto con los padres de la niña después del fallo de tutela
proferido por el Tribunal Superior del Distrito judicial de Atlantis, el 16 de diciembre de 2016. En caso de responder
afirmativamente, informe todo lo relevante al respecto.
-
Qué gestiones ha
realizado y en qué estado se encuentra el plan de intervención para el
reintegro de la niña al medio familiar, ordenado por el Tribunal Superior de Atlantis.
(iii)
Se ofició a la
Directora del Centro de Servicios Psicológicos de la Facultad de Psicología de
la Universidad de la Académica para que, remitiera a esta Sala un
informe en el cual se consignen las recomendaciones pertinentes, desde una
perspectiva psicológica, respecto del presente caso. Así mismo, se solicitó
opinión sobre la viabilidad del restablecimiento de los vínculos afectivos y
familiares entre la niña y los padres, de acuerdo con el perfil psicológico de
los involucrados.
Finalmente, en este auto se decretó la
suspensión de los términos para fallar por 45 días hábiles contados a partir de la fecha del auto, de conformidad con
lo establecido en el artículo 64 del Acuerdo 02 de 2015. En ese sentido, los términos
se reanudaron el 30 de octubre de 2017.
Ante el referido requerimiento se obtuvieron las
siguientes respuestas e intervenciones, que fueron remitidas a este despacho a
través de la Secretaría General de esta Corporación:
Centro de servicios psicológicos de la
Universidad de la Académica[54]
La Jefe del Centro de Servicios
Psicológicos de la Universidad de la Académica indicó que “no puedo
enviar ningún documento que soporte algún trabajo desde psicología”.
Defensoría de Familia asignada a la
Secretaría de Integración Social del Distrito, a través del Centro CURNN[55]
Integrantes del Centro CURNN presentaron un
informe[56]
sobre las actuaciones que adelantaron en el caso de la referencia a partir de
la sentencia del Tribunal Superior de Atlantis, así:
-       El 22 de diciembre de 2016, la
Defensora de Familia realizó una audiencia con los padres de Esperanza y el Ministerio Público, con el fin de restablecer
los derechos de la niña. Allí se les informó a los padres sobre la negativa de
la niña respecto de regresar al hogar, por tanto, se acordó con ellos reiniciar
el proceso terapéutico que les permite adquirir herramientas y pautas de
crianza adecuadas. Se les informa que ese proceso se llevará a cabo en la Fundación
Obsidiana, quienes tienen convenio con el ICBF y por ello no deben
asumir ningún costo. De igual manera, los padres fueron remitidos para la
realización de los exámenes de toxicología y al grupo de apoyo de alcohólicos
anónimos.
-       El 30 de diciembre 2016, los padres
fueron remitidos a la subdirección local de Atlantis, para que pudieran
acceder a los servicios que presta el Distrito en materia de apoyo económico y
social. Se indica que después de esta remisión la Defensoría de Familia ignora
el curso de esta petición por no ser de su competencia.
-       El 13 de enero de 2017, se adelantó
una reunión con la coordinadora de la Fundación Obsidiana quien reportó
que la madre de la niña sólo asistió a la entrevista inicial del proceso y que
el padre no se hizo presente durante el mismo.
-       El 16 de enero de 2017, se realizó
una audiencia con la presencia de la madre de la niña. Allí informó que asistió
a una sesión del proceso terapéutico, que está pendiente de tomarse la prueba
de toxicología, que aún no tiene las certificaciones escolares de sus otros
hijos porque no han empezado clases, entre otros.
-       El 8 de marzo de 2017, se contactó
telefónicamente a la madre de la niña para verificar los avances en el
cumplimiento de los compromisos adquiridos y poder iniciar de manera paulatina
los encuentros con la niña. Sin embargo, la madre explicó que presentó una
petición a la EPS para que le practicara la prueba de toxicología, pero no
recuerda en qué tramite está tal solicitud. Así mismo, relató que no ha
asistido a las reuniones de alcohólicos anónimos porque está yendo a las citas
en la fundación Obsidiana.
-       El 27 de marzo de 2017, una
integrante de la Fundación Obsidiana informó a la Defensoría de Familia
el cierre del proceso terapéutico con los padres de Esperanza, “debido a su inasistencia”. Sostuvo que los
padres fueron citados en cuatro fechas diferentes, de las cuales la madre solo
asistió a una y el padre a ninguna.
Se reporta que desde esta última fecha
ninguno de los padres ha establecido contacto con el equipo psicosocial de la
Defensoría de Familia y tampoco se han acercado a la Fundación Invernalia
“teniendo pleno conocimiento de la ubicación de su hija”. Tampoco han
allegado los exámenes médicos, ni cumplido los demás compromisos. Se afirma que
la Defensoría de Familia ha reiniciado todas las acciones necesarias para que Esperanza regrese a su hogar, sin embargo la familia “no
responde de manera asertiva, demostrando su falta de interés para recuperar a
su hija”.
Por último, el Centro asignado a la
Secretaría de Integración Social del Distrito sostiene que Esperanza está actualmente estudiando en el colegio Manuela
Beltrán, que es una niña reservada a la que le cuesta establecer vínculos, sin
embargo, cuando un adulto muestra interés en escucharla se torna receptiva. El
18 de agosto de 2017 terminó su proceso de intervención en la Fundación Obsidiana,
en el cual logró elaborar un duelo y descubrir y aprender herramientas para
afrontar su vida.
Entrevista ordenada por la Sala Quinta de
Revisión de Tutelas
Mediante oficio del 28 de septiembre de
2017, la Defensoría de Familia informó que en “el día y la hora señalado (sic)
no se presentó ningún funcionario a realizar la entrevista ordenada”. De igual manera, según reporte presentado por la
Secretaría General de esta Corporación remitido al despacho el 25 de septiembre
de 2017 el auto venció y ningún funcionario judicial presentó el informe
requerido.
Comunicación a los familiares de Esperanza
El auto del 28 de agosto de 2017 y las pruebas
allegadas fueron puestas a disposición de las partes vinculadas en este
proceso, en especial, de los señores Pegaso y Minerva, en las direcciones de notificación que
los padres aportaron[57].
Sin embargo, en esta ocasión el citador de la Corte Constitucional presentó un
informe en el que reportó que “pese a que esta información fue suministrada
por las personas que residen en sus alrededores, por cuanto puede verificarse
que las direcciones no corresponden, no fue posible la entrega de lo anunciado,
toda vez que los remisores no pueden ser ubicados”[58].
De igual manera, se hizo extensiva la comunicación a Aurora
mediante oficio del 26 de septiembre de 2017[59].
Sin embargo, no se recibió ninguna respuesta por parte de los familiares de
Esperanza.
-
Auto de pruebas del
9 de octubre de 2017
Ante la renuencia de la autoridad judicial comisionada
en cumplir la orden y la necesidad de la prueba, la Magistrada sustanciadora
decretó nuevamente la práctica de la entrevista a la niña Esperanza para que, de
conformidad con lo establecido en el artículo 26 del Código de la Infancia y la
Adolescencia[60],
esta fuera escuchada. En esta oportunidad pidió el acompañamiento de la
Procuraduría delegada para la Infancia y la Adolescencia.
Práctica de la entrevista
La entrevista fue practicada el 17 de octubre de
2017, en las instalaciones de la Fundación la Madre y el Niño, y según
consta en el Acta de la diligencia[61],
inició a las 8:45 a.m. y finalizó a las 9:19 a.m. A la anterior diligencia
asistieron la Magistrada sustanciadora, la Procuradora delegada para la
Infancia y la Adolescencia, la psicóloga de la niña y la niña. Como se previó
en el Auto, la entrevista estaba principalmente dirigida a conocer la opinión
de la menor de edad respecto de tres preguntas específicas. Así se llegó a las
siguientes respuestas:
-
¿Cuál es la percepción
de la niña respecto de los vínculos familiares con su padre, su madre y sus
hermanos?
La niña narra que sus padres le pegaban y la
maltrataban y, por tal motivo, ella se encuentra en la Fundación. Afirma que “sus
padres no existen para ella”[62]
y que no quiere volver a verlos. Dice que su madre “le pegaba por nada”[63] y
no hizo nada cuando se enteró de que el señor de la casa donde vivían la tocaba.
Respecto de su padre afirma que casi no trabajaba y lo recuerda borracho. Durante
todo el tiempo de la entrevista, la niña no manifestó ningún recuerdo positivo
respecto de éstos y dice que no quiere volver con ellos, pues no se siente
protegida.
Esperanza recuerda con cariño a sus hermanos, dice que piensa en ellos y se
lamenta porque cree que no están bien. Evoca particularmente a su hermano
menor.
-
¿Cuál es la opinión de
la niña respecto de la decisión de ser reintegrada a su familia nuclear?
Esperanza sostuvo que para ella “no existe”[64]
la opción de volver con sus padres. Dice que cuando era pequeña y vivía con
ellos siempre pensaba en irse. Indica que ella no se perdió, sino que se escapó
de su casa y ante la posibilidad del reintegro hace especial énfasis en que “volvería
a volarme de la casa”. Afirma que si la reintegran a su hogar ella: “saldría
a caminar y caminar y caminar en línea recta, no importa a donde, lejos de
ellos”[65].
-
¿Cuál es la opinión de
la niña respecto de una eventual adopción?
Esperanza dice que ve la adopción como una opción, afirma que espera que si
vienen otros papás estos “sean buenos”[66].
Entiende que también es una posibilidad estar en la Fundación. Entre tres
caminos que se le propusieron (1. volver con los padres, 2. irse con unos
padres nuevos o 3. quedarse en la fundación), sostuvo “El primero no existe
en mi país[67],
me gusta el segundo si los papas son buenos y el tercero está bien”[68].
Comunicación a los familiares de Esperanza
El auto del 28 de agosto de 2017 y las pruebas
allegadas fueron puestas a disposición de las partes vinculadas en este
proceso, en especial, de los señores Pegaso y Minerva, en las direcciones de notificación que
los padres aportaron[69].
Sin embargo, en esta ocasión el citador de la Corte Constitucional presentó un
informe en el que reportó que “pese a que esta información fue suministrada
por las personas que residen en sus alrededores, por cuanto puede verificarse
que las direcciones no corresponden, no fue posible la entrega de lo anunciado,
toda vez que los remisores no pueden ser ubicados”[70].
De igual manera, se hizo extensiva la comunicación a Aurora
mediante oficio del 26 de septiembre de 2017[71].
Sin embargo, no se recibió ninguna respuesta por parte de los familiares de
Esperanza.
III.
CONSIDERACIONES
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
COMPETENCIA
1. Corresponde a la Corte Constitucional analizar, en
Sala de Revisión, los fallos proferidos dentro de la acción de tutela en
referencia, con fundamento en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución y 31
a 36 del Decreto 2591 de 1991.
PRESENTACIÓN DEL CASO
2.
La Defensoría de Familia llevó a cabo un PARD a favor de la niña Esperanza, debido a que la Policía Nacional la encontró en la calle. El PARD se
desarrolló por aproximadamente 1 año y 3 meses, tiempo durante el cual los
padres adquirieron ciertos compromisos y estuvieron en procesos terapéuticos
para buscar el reintegro de la niña a su hogar. Sin embargo, después de las
verificaciones hechas por la Defensoría, esa entidad decidió declarar en
situación de adoptabilidad a la niña Esperanza, a
través de la Resolución Nº XX del 22 de febrero de 2016.
En
la audiencia de fallo de ese proceso, estuvieron presentes el padre y una tía
paterna de la niña, quienes se opusieron a la Resolución que declaraba la situación
de adoptabilidad. Por tal motivo, la Defensoría de Familia presentó una acción
de homologación de la Resolución ante los Juzgados de Familia (Reparto).
3.
Al estudiar el caso, el Juzgado XX de Familia de Atlantis denegó la
homologación de la Resolución de adoptabilidad, debido a que no encontró
suficientes elementos de prueba que permitieran establecer que la Defensoría
había agotado todos los esfuerzos para reintegrar a la niña a su hogar, que
además estaba conformado por otros 3 menores de edad que se encontraban en buenas
condiciones. Así mismo, consideró que no se buscó a la familia extensa de la
niña y se impuso la medida más lesiva para la unidad familiar. En consecuencia,
el Juzgado le ordenó a la Defensoría efectuar el reintegro inmediato de la niña
a su núcleo familiar.
Contra esa decisión, la Defensoría de Familia presentó
dos acciones de tutela, al estimar que el
Juzgado omitió valorar las actuaciones y las pruebas recaudadas en el PARD, que
mostraban que la mejor opción para la protección de los derechos de la niña era
la declaración de adoptabilidad. Para la Defensoría, el Juzgado vulneró los
derechos fundamentales de Esperanza a la
vida digna, a la integridad personal, a la protección y desarrollo integral, a
la salud mental, al interés superior del menor de edad y al debido proceso,
entre otros.
4.
La primera acción de tutela fue conocida por la Sala de Familia del Tribunal
Superior de Atlantis, que negó el amparo invocado, al estimar que el Juzgado acertó en su decisión, en
tanto “no existe un total abandono de los padres y de la familia extensa
hacia la menor”[72].
Si bien se presentó impugnación, la misma fue extemporánea.
Según la Defensoría de Familia, cuando intentaron
hacer efectiva la orden del Juzgado XX de Familia, respecto del
reintegro de la niña a su hogar, hubo “una reacción adversa, de rechazo
hacia el reintegro, miedo y angustia”[73]
por parte de Esperanza. Esta reacción constituyó un hecho nuevo
que habilitó la posibilidad de presentar una segunda acción de tutela contra el
Juzgado XX de Familia de Atlantis. En esta
ocasión, la Defensoría denunció particularmente que puso en conocimiento de la
Juez la situación de riesgo en que estaba la niña, por ello era imperioso que
la autoridad judicial la escuchara y reevaluara su decisión. Para la
Defensoría, no se escuchó la opinión de la niña sobre su familia con quien,
según informó, ya se habían roto los vínculos afectivos debido a la falta de
contacto y la ausencia de un interés real de la familia por recuperar a Esperanza.
5. La segunda acción constitucional también fue conocida
por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Atlantis. Allí se negó la pretensión de dejar sin efectos la sentencia del Juzgado
XX de Familia, pero se tutelaron “de manera oficiosa” los
derechos de la niña y se ordenó a la Defensoría diseñar un plan de intervención
para que los padres de Esperanza alcanzaran las condiciones adecuadas para
su reintegro. Esta decisión fue impugnada y, en segunda instancia, la Sala
Civil de la Corte Suprema de Justicia confirmó el fallo.
EXAMEN DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE
TUTELA
6.
De acuerdo con los antecedentes reseñados, la Sala de Revisión, inicialmente, debe determinar si las acciones de tutela contra providencias
judiciales resultan procedentes. De quedar habilitada la competencia de esta
Corporación, se pasará a efectuar el estudio de fondo en este caso concreto. De conformidad con lo planteado, en un
primer momento, la Sala debe analizar si a la luz de la jurisprudencia sobre
tutela contra providencias judiciales, la presente solicitud de amparo cumple
los requisitos generales. Para lo anterior, primero se reiterarán dichos
requisitos y luego se analizará si se reúnen en el caso concreto.
Legitimación por activa
7. El artículo 86 de la Constitución
establece la facultad que tiene toda persona para interponer la acción de
tutela por sí misma o por quien actúe a su nombre, con el fin de reclamar ante
los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando quiera
que estos resulten vulnerados o amenazados. La legitimidad para el ejercicio de
esta acción está prevista en el artículo 10[74]
del Decreto 2591 de 1991, el cual establece que ésta puede ser presentada (i) directamente por el afectado, (ii) a través de
su representante legal, (iii) por medio de apoderado judicial, o (iv)
por medio de un agente oficioso[75].
8. En estos casos (T-5929560 y
T-6032112), la Defensora de Familia asignada para llevar a cabo el
proceso de la niña Esperanza manifestó que presentó las acciones, “en
interés de la niña” y en su calidad de defensora. En esos términos, es
evidente que a la luz de la jurisprudencia constitucional existe legitimación
por activa para agenciar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, por
parte de terceros que manifiesten ese interés, más aún, si se trata de una
autoridad pública que tiene bajo su responsabilidad el cuidado integral de un
menor de edad.
En efecto, según la Sentencia T-844 de
2011[76],
cuando se trata de agenciar derechos
fundamentales de niños, niñas o adolescentes es necesario que se flexibilicen
las reglas sobre agencia oficiosa, ya que se trata de sujetos de especial protección constitucional,
respecto de los cuales el Estado, la sociedad y la familia tienen la obligación
de garantizar la prevalencia de sus derechos, en los términos del artículo 44
constitucional. Por tal razón, se indicó que la garantía de los derechos
de este grupo es corresponsabilidad de todos[77].
De igual manera, la legitimación de la
Defensoría de Familia está sustentada en las obligaciones que se derivan de los
artículos 40[78]
y 41[79]
del Código de la Infancia y la Adolescencia.
Legitimación por pasiva
9. La legitimación por pasiva en la acción
de tutela hace referencia a la aptitud legal de la entidad contra quien se
dirige la acción, de ser la llamada a responder por la vulneración o amenaza
del derecho fundamental, en caso de que la transgresión del derecho alegado
resulte demostrada[80].
Sobre el particular, el artículo 86 de la
Constitución establece que la tutela procede contra cualquier autoridad
pública. Por lo tanto, es posible concluir que el Juzgado XX de Familia
de Atlantis está legitimado por pasiva en los dos expedientes que aquí se analizan (T-5929560
y T-6032112).
Temeridad en la presentación de la acción de tutela en
el expediente T-6032112
10. La jurisprudencia de la Corte
ha sostenido que la temeridad puede ser comprendida de dos formas diferentes.
La primera concepción se refiere a que dicha institución solo puede
configurarse si el accionante actúa de mala fe[81]. La
segunda definición desecha ese elemento para su consolidación, y solamente
exige que para su perfeccionamiento, el accionante presente varias veces una
demanda de tutela por los mismos hechos sin justificación alguna[82], según la interpretación literal del
artículo 38 del Decreto 2591 de 1991.
Ante
tal ambivalencia, la Corte concluyó que para declarar improcedente la acción de
amparo por temeridad, debe acreditarse el actuar doloso y de mala fe del
peticionario, toda vez que esa es la única interpretación que legitima la restricción
del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia que implica
el ejercicio de la acción de tutela.
En este sentido, la
temeridad se configura cuando concurran los siguientes elementos: (i)
identidad de partes; (ii) identidad de hechos; (iii) identidad de pretensiones;
y (iv) la ausencia de justificación en la presentación de la nueva demanda,
vinculada a un actuar doloso y de mala fe por parte del libelista[83].
11. De lo expuesto con anterioridad, es claro para
esta Sala que la temeridad no se configuró, en relación a la segunda
acción de tutela presentada por la Defensoría de Familia como agente oficioso
de Esperanza. Lo anterior, porque si bien existe, entre
ambas acciones de tutela identidad de partes y de pretensiones, ocurrieron
hechos novedosos que avalaron, de manera razonable, el actuar de la Defensoría
en la presentación de la segunda acción de tutela.
En efecto, la accionante presentó un informe del
equipo psicosocial de la Fundación Invernalia, en el cual se describe la
reacción adversa de Esperanza respecto de la decisión del juez. En este
informe también se reporta la necesidad de proteger la salud mental y emocional
de la niña, por lo que se solicitó permiso para llevar a cabo un proceso de
re-vinculación afectiva para que el reintegro no sea fallido. Ante este informe,
que fue posterior al PARD y a la primera acción de tutela, la Defensoría pidió
al Juzgado XX de Familia de Atlantis que la orden no se cumpliera de forma
inmediata, sino a través del referido proceso psicosocial. Sin embargo, ante
tal solicitud el Juzgado se declaró incompetente.
Estos hechos, sumados a la necesidad de salvaguardar
los derechos fundamentales de un sujeto de especial protección constitucional,
hacen que la segunda acción de amparo, sea procedente pues: (i) hubo una
justificación razonable para el actuar de la Defensoría y (ii) no se vislumbra
ninguna actuación de mala fe o de abuso del derecho; sino por el contrario el
ánimo de cumplir a cabalidad con sus deberes constitucionales y legales en
defensa de los derechos prevalentes de los derechos de la niña. Adicionalmente,
no se puede perder de vista que en este caso, los hechos posteriores ocurrieron
después de que hubo un intento por reintegrar a la niña a su hogar, sin que el
mismo fuera exitoso. Es decir, se evidencian nuevas situaciones que implican la
eventual vulneración de los derechos fundamentales de Esperanza, que no pueden simplemente ser ignoradas.
Reglas jurisprudenciales sobre la procedencia
excepcional de la acción de tutela contra sentencias judiciales. Reiteración de
jurisprudencia
12. El artículo 86 de la Constitución Política
consagró la acción de tutela como un mecanismo de protección de derechos
fundamentales, cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por acción u
omisión de cualquier autoridad pública, incluidas las autoridades judiciales.
En desarrollo de este precepto, los artículos 11, 12 y
40 del Decreto 2591 de 1991 previeron la posibilidad de que cuando los jueces
emitieran decisiones que vulneraran garantías fundamentales, las mismas fueran
susceptibles de control por vía de tutela. Sin embargo, la Corte Constitucional
mediante la Sentencia C-543 de 1992[84]
declaró la inexequibilidad de los referidos artículos. En ese fallo la
Corte precisó que permitir el ejercicio de la acción de tutela contra
providencias judiciales, transgredía la autonomía y la independencia judicial y
contrariaba los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica.
13. No obstante en tal declaración de inexequibilidad,
esta Corporación también estableció la doctrina de las vías de hecho,
mediante la cual se plantea que la acción de tutela sí puede ser invocada
contra una providencia judicial, cuando ésta es producto de una manifiesta
situación de hecho, creada por actos u omisiones de los jueces, que implica la
trasgresión o amenaza de un derecho fundamental. En esa medida, a partir de
1992 se permitió la procedencia de la acción de tutela para atacar, por
ejemplo, sentencias que se hubieran basado en normas inaplicables, proferidas
con carencia absoluta de competencia o bajo un procedimiento ajeno al fijado
por la legislación vigente. Tales vías de hecho fueron identificándose
caso a caso[85].
14. Más adelante, esta Corte emitió la Sentencia
C-590 de 2005[86],
en la que la doctrina de las vías de hecho fue replanteada en los
términos de los avances jurisprudenciales que se dieron en ese interregno. En
dicho fallo, la Corte diferenció dos tipos de requisitos de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, así: (i) requisitos
generales de procedencia, con naturaleza procesal y (ii) causales
específicas de procedibilidad, de naturaleza sustantiva.
Requisitos generales de procedencia excepcional de la
acción de tutela contra providencias judiciales
15. La Corte en la Sentencia C-590 de 2005
buscó hacer compatible el control por vía de tutela de las decisiones
judiciales, con los principios de cosa juzgada, independencia, autonomía
judicial y seguridad jurídica. Por ello estableció diversas condiciones
procesales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, que deben superarse en su totalidad, a fin de avalar el estudio posterior de las denominadas causales
específicas.
Tales
condiciones son: (i) que la cuestión sea de relevancia constitucional; (ii) que
se hayan agotado todos los medios de defensa judiciales al alcance; (iii)
que se cumpla el principio de inmediatez; (iv) si se trata de una
irregularidad procesal, que la misma sea decisiva en el proceso; (v) que
se identifiquen, de manera razonable, los hechos que generaron la vulneración
de derechos fundamentales y (vi) que no se trate de una tutela contra
otra tutela.
15.1. Frente a la exigencia de que lo discutido sea de evidente relevancia constitucional, esta Corte ha dicho que ello obedece al respeto por
la órbita de acción tanto de los jueces constitucionales, como de los de las
demás jurisdicciones. Debe el juez de tutela, por lo tanto, establecer clara y
expresamente si el asunto puesto a su consideración es realmente una cuestión
de relevancia constitucional, que afecte los derechos fundamentales de las
partes.
15.2.
El deber de agotar todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance del afectado, guarda relación con la
excepcionalidad y subsidiariedad de la acción de tutela, pues de lo contrario
ella se convertiría en una alternativa adicional para las partes en el proceso.
Esta exigencia trae consigo la excepción consagrada en el artículo 86 Superior,
que permite que la misma pueda flexibilizarse cuando se trata de evitar la
consumación de un perjuicio irremediable.
15.3.
Adicionalmente, el juez debe verificar que la acción de tutela se invoque en un
término razonable y proporcionado, contado a partir del hecho vulnerador, a fin
de cumplir el requisito de la inmediatez. De no ser así, se pondrían en
juego la seguridad jurídica y la institución de la cosa juzgada, pues las
decisiones judiciales estarían siempre pendientes de una eventual evaluación
constitucional.
15.4.
Así mismo, cuando se trate de una irregularidad procesal, ésta debe haber
sido decisiva o determinante en la sentencia que se impugna y debe
afectar los derechos fundamentales del peticionario. Este requisito busca
que sólo las irregularidades verdaderamente violatorias de garantías
fundamentales tengan corrección por vía de acción de tutela, de manera que, se
excluyan todas aquellas que pudieron subsanarse durante el trámite, o que no se
alegaron en el proceso.
15.5.
También se exige que la parte accionante identifique razonablemente los
hechos que generaron la vulneración de derechos fundamentales. Este
requisito pretende que el actor ofrezca plena claridad en cuanto al fundamento
de la afectación de derechos que se imputa a la decisión judicial. En este
punto, es importante que el juez de tutela verifique que los argumentos se
hubieren planteado al interior del proceso judicial, de haber sido esto
posible.
15.6.
La última exigencia de naturaleza procesal que consagró la tipología propuesta
en la C-590 de 2005, fue que la sentencia atacada no sea de tutela. Así
se buscó evitar la prolongación indefinida del debate constitucional, más aún
cuando todas las sentencias de tutela son sometidas a un proceso de selección
ante esta Corporación, trámite después del cual se tornan definitivas, salvo
las escogidas para revisión.
Examen
de requisitos generales de procedencia en este asunto
16. Enunciados los anteriores requisitos, es necesario
que esta Sala identifique si en el caso concreto se cumplen o no.
16.1. El
presente asunto es de evidente relevancia constitucional, en tanto versa
sobre la protección de los derechos fundamentales de una niña, que en los
términos del artículo 44 de la Constitución son prevalentes en el ordenamiento
jurídico colombiano[87]. Además,
la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Colombia
también está institucionalizada a partir del bloque de constitucionalidad, a
través del cual se integra al derecho interno la Convención sobre los Derechos
del Niño.
16.2.
La Defensoría de Familia agotó todos los medios de defensa ordinarios
que tuvo a su alcance. En efecto, una vez operó la oposición por parte del
padre y de la tía paterna de la niña a la Resolución de adoptabilidad de ésta,
la Defensoría presentó la solicitud de homologación ante el Juzgado de Familia.
En los términos del numeral 1º del artículo 119 del Código de la Infancia y la
Adolescencia, este proceso es competencia del Juez de Familia en única
instancia[88].
Es decir, una vez dictada la primera decisión, la Defensora no tenía otro medio
para atacarla, por lo cual, al suponer un peligro sobre los derechos de la
niña, presentó las acciones de tutela.
16.3.
La Sala encuentra que también se cumple el requisito de inmediatez, ya
que la sentencia del Juzgado XX de Familia de Atlantis que no homologó
la Resolución de adoptabilidad, es del 19 de octubre de 2016, y la primera
acción de tutela (T-5929560) fue presentada el 1º de noviembre de ese año.
Es decir, se desplegó en un tiempo razonable de 20 días posteriores al acto
acusado.
Respecto
de la segunda acción de tutela (T-6032112) ha de indicarse que la misma
se presentó el 2 de diciembre de 2016, lapso durante el cual ocurrió un hecho
nuevo –la reacción de la niña respecto de la orden del Juzgado XX de
Familia–. Tiempo que también se encuentra dentro del parámetro de razonabilidad
exigido a través de éste requisito, más aún si se tiene en cuenta que en el
entretanto la Defensoría llevó a cabo varias acciones al interior del PARD.
16.4.
Si bien la Defensoría presentó, en ambas acciones de tutela, escritos confusos
y desordenados, identificó de manera sumaria los hechos que considera
violatorios de los derechos fundamentales de la niña y consignó las
pretensiones respecto del Juzgado XX de Familia de Atlantis.
Adicional
a ello, si bien no señaló expresamente que considera que la entidad judicial
incurrió en violación directa de la Constitución y en defecto fáctico, esas
ideas sí se desprenden tácitamente de los escritos de tutela, en los cuales se
explicó que una evaluación de las pruebas obrantes en el PARD y la práctica de
una entrevista a la niña, conducían a establecer que los padres de Esperanza no eran aptos
para ejercer el cuidado y la protección de los derechos de ésta, en especial,
por su falta de interés en el proceso y por los episodios de violencia que se
acreditaron. Así mismo, explicó que la aplicación del principio del interés
superior en este caso concreto, pasaba por verificar las condiciones
psicológicas y emocionales de la niña respecto del reintegro a su hogar. Así,
la autoridad identificó claramente dos razones separables: (i) una situación en
relación con la valoración probatoria y (ii) otra relacionada con el
desconocimiento de un principio de protección de niños, niñas y adolescentes
que se desprende del artículo 44 Superior y del bloque de constitucionalidad.
16.5.
Por último, evidentemente no se trata de una irregularidad procesal, ni de una
acción de tutela contra sentencia de esa misma naturaleza.
Por
todo lo anterior, esta Sala de Revisión encuentra que estas acciones de tutela
son procedentes y, en esa medida, pasará a plantear los problemas jurídicos y a
realizar el estudio de fondo.
PLANTEAMIENTO DE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS
17.
De conformidad con lo expuesto, esta Sala encuentra que, para plantear los problemas
jurídicos derivados de las dos acciones de tutela presentadas, es necesario
analizar, al menos dos momentos. El primero, relacionado con la
primera acción de tutela y la actuación tanto judicial como administrativa
desplegada hasta el momento en que se emite esa primera decisión (T-5929560).
A partir de estas actuaciones, esta Sala debe establecer si:
-
¿los derechos fundamentales de Esperanza fueron
vulnerados por las autoridades dentro del proceso administrativo de
restablecimiento de derechos (PARD)?
-
¿el Juzgado XX de Familia
de Atlantis incurrió
o no en violación directa de la Constitución y en defecto fáctico (i) al
no homologar la resolución de adoptabilidad de la niña Esperanza y (ii)
al ordenar su reintegro inmediato al hogar?
18.
El segundo momento, tiene conexión con la presentación de la
segunda acción de tutela (T-6032112). En esa medida, es necesario
evaluar si:
-
¿las autoridades judiciales
involucradas en esta segunda acción de tutela vulneraron el principio del
interés superior del menor de edad, en especial, el derecho de Esperanza a ser escuchada
y a que su opinión se tuviera en cuenta, de acuerdo a sus capacidades evolutivas,
dentro de un proceso en el que se tomaba una decisión determinante para su
vida?
19. Para resolver tales problemas jurídicos,
es necesario analizar los siguientes temas: (i) las causales específicas
de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales; (ii)
la violación directa de la Constitución y el defecto fáctico como causales
específicas, y las condiciones para su configuración; (iii) la
naturaleza y el alcance del interés superior de los niños, niñas y adolescentes
y sus derechos a ser
escuchados y a tener una familia y a no ser separados de ella; (iv) el proceso administrativo de restablecimiento de
derechos y la procedencia de la adopción como una medida de protección de los
niños y las niñas. Finalmente, (v) se responderán las preguntas
formuladas y así se resolverá el caso concreto.
ESTUDIO
DE FONDO DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Causales
específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales
20. Frente a las causales específicas de
procedibilidad,
esta Corporación ha emitido innumerables fallos[89]
en los cuales ha desarrollado jurisprudencialmente los parámetros a partir de los cuales el operador
jurídico pueda identificar aquellos escenarios en los que la acción de tutela
resulta procedente para controvertir los posibles defectos de las
decisiones judiciales, para con ello determinar si hay o no lugar a la protección,
excepcional y restrictiva, de los derechos fundamentales por vía de la acción
de tutela[90].
Así,
la jurisprudencia entendía que existían básicamente tres defectos, el
sustantivo, el procedimental y el fáctico; sin embargo, producto de una labor
de sistematización sobre la materia, la Sentencia C-590 de 2005  indicó se configura una vía de hecho cuando se acredite alguna
de estas causales:
·
Defecto orgánico que ocurre cuando el funcionario judicial que
profirió la sentencia impugnada carece, en forma absoluta, de
competencia.
·
Defecto procedimental absoluto que surge cuando el juez actuó totalmente al margen
del procedimiento previsto por la ley.
·
Defecto fáctico que se presenta cuando la decisión impugnada carece
del apoyo probatorio que permita aplicar la norma en que se sustenta la
decisión.
·
Defecto material o sustantivo que tiene lugar cuando la decisión se toma con
fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, o cuando existe una
contradicción evidente y grosera entre los fundamentos y la decisión.
·
El error inducido que acontece cuando la autoridad judicial fue objeto
de engaños por parte de terceros, que la condujeron a adoptar una decisión que
afecta derechos fundamentales.
·
Decisión sin motivación que presenta cuando la sentencia atacada carece de
legitimación, debido a que el servidor judicial incumplió su obligación de dar
cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos que la soportan.
·
Desconocimiento del precedente que se configura cuando por vía judicial se ha fijado
un alcance sobre determinado tema, y el funcionario judicial, desconoce la
regla jurisprudencial establecida. En estos casos eventos, la acción de tutela
busca garantizar la eficacia jurídica del derecho fundamental a la igualdad.
·
Violación directa de la
Constitución que se deriva del
principio de supremacía de la Constitución, el cual reconoce a la Carta
Política como documento plenamente vinculante y con fuerza normativa.
En
el caso sub examine se alegan las causales referentes a la violación
directa de la Constitución y al defecto fáctico, por tanto, esta Sala efectuará
una breve caracterización de tales ítems, a fin de viabilizar el estudio del
caso concreto.
Violación
directa de la Constitución
21.
Desde la interpretación que esta Corporación le ha dado al artículo 4º, se ha
establecido que la Constitución Política de 1991, tiene carácter vinculante y
fuerza normativa. Estos lineamientos guían nuestro actual modelo de
ordenamiento jurídico e implican que los preceptos y mandatos constitucionales
son de aplicación directa.
La
fuerza normativa de la Constitución es, entonces, lo que da fundamento a la
causal de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales
por violación directa a los mandatos constitucionales, en tanto, es factible
que una decisión judicial desconozca o aplique indebida e irrazonablemente
tales postulados.
22.
De manera específica, esta causal se configura cuando un juez toma una decisión
que va en contra vía de la Constitución
porque: “(i) deja de aplicar una
disposición iusfundamental a un caso concreto; o (ii) aplica
la ley al margen de los dictados de la
Constitución”[91].
Así
mismo esta Corte ha precisado que procede la tutela contra providencias
judiciales por violación directa de la Constitución, cuando: a) en la solución
del caso se deja de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad
con el precedente constitucional[92];
b) se trata de la violación evidente a un derecho fundamental de
aplicación inmediata; c) los jueces, con
sus fallos, vulneran derechos fundamentales porque no tienen en cuenta el
principio de interpretación conforme con la Constitución[93];
y d) si el juez encuentra, deduce o se le interpela sobre una norma
incompatible con la Constitución, y no aplica las disposiciones
constitucionales con preferencia a las legales (excepción de
inconstitucionalidad)[94].
En
consecuencia, “esta Corporación, en su jurisprudencia, ha
precisado que el defecto de la violación directa de la Constitución es una
causal de tutela contra providencia judicial que se origina en la obligación
que les asiste a todas las autoridades judiciales de velar por el cumplimiento
del mandato consagrado en el artículo 4° de la Carta Política, según el
cual ‘la Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad
entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las
disposiciones constitucionales’”[95].
Defecto
fáctico
23. Desde sus inicios esta Corte estableció
que los jueces de conocimiento tienen amplias facultades para efectuar el
análisis del material probatorio en cada caso concreto[96]. Por ello,
esta Corporación determinó que cuando se alega un error de carácter probatorio,
la evaluación de la providencia judicial por parte de un juez de tutela, debe
privilegiar los principios de autonomía e independencia judicial[97].
No obstante, tal poder debe estar inspirado en los
principios de la sana crítica, atender necesariamente criterios de objetividad,
racionalidad, legalidad y motivación, entre otros, y respetar la Constitución y
la ley. De lo contrario, el margen de apreciación del juez sería entendido como
arbitrariedad judicial, hipótesis en la cual se configuraría la causal por
defecto fáctico y el juez de tutela podría revocar la providencia atacada[98].
24. Esta Corporación ha establecido, en su múltiple
jurisprudencia, que el defecto fáctico se configura cuando: (i) existe
una omisión en el decreto de pruebas que eran necesarias en el proceso; (ii)
se da una valoración caprichosa y arbitraria de las pruebas presentadas; o (iii)
no se valora en su integridad el material probatorio. Así mismo, esta Corte
puntualizó que el defecto estudiado tiene dos dimensiones, una positiva[99]
y otra negativa[100].
La primera se presenta cuando el juez
efectúa una valoración por “completo equivocada”, o fundamenta su decisión
en una prueba no apta para ello. Esta dimensión implica la evaluación de
errores en la apreciación del hecho o de la prueba que se presentan cuando el
juzgador se equivoca: (i) al
fijar el contenido de la misma, porque la distorsiona, cercena o adiciona en su
expresión fáctica y hace que produzca efectos que objetivamente no se
establecen de ella; o (ii) porque al momento de otorgarle mérito
persuasivo a una prueba, el juez se aparta de los criterios técnico-científicos
o los postulados de la lógica, las leyes de la ciencia o las reglas de la
experiencia, es decir, no aplica los principios de la sana crítica, como método
de valoración probatoria[101].
En cuanto a la segunda dimensión del
defecto fáctico, la negativa, se produce cuando el juez omite o ignora la valoración de una prueba
determinante o no decreta su práctica sin justificación alguna. Esta dimensión comprende las omisiones en
la apreciación de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los
hechos analizados por el juez[102].
Sobre el particular esta Corte expuso, en la Sentencia T-233 de 2007[103]:
“El juez, en el ejercicio de su facultad de
valoración, deja de apreciar una prueba fundamental para la solución del
proceso, ignora sin razones suficientes elementos probatorios cruciales o, simplemente,
efectúa un análisis ostensiblemente deficiente e inexacto respecto del
contenido fáctico del elemento probatorio”.
25. En suma, el defecto fáctico ha sido definido por
la jurisprudencia constitucional como aquel que surge o se presenta por omisión
en el decreto y la práctica de las pruebas; la no valoración del acervo
probatorio y el desconocimiento de las reglas de la sana crítica[104].
Por último, la Corte también lo ha derivado de problemas intrínsecos
relacionados con los soportes probatorios[105].
Naturaleza y alcance del interés superior
del niño[106]
26. El
artículo 44 de la Constitución establece algunos de los derechos fundamentales
de los niños, niñas y adolescentes, en adelante NNA, identifica las personas y
entidades que tienen a su cargo deberes respecto de este grupo, y determina que
los derechos de los niños y niñas prevalecen sobre los de los demás.
En efecto, de acuerdo con la norma citada,
los niños no sólo son sujetos de derechos, sino que sus intereses prevalecen en
el ordenamiento jurídico. Así pues, siempre que se protejan las prerrogativas a
favor de los menores de edad cobra relevancia el interés superior del niño, lo
que significa que todas las medidas que les conciernan, “(…) deben atender a
éste sobre otras consideraciones y derechos, para así apuntar a que los menores
de edad reciban un trato preferente, de forma que se garantice su desarrollo
integral y armónico como miembros de la sociedad”[107].
El principio mencionado es desarrollado por
el Código de la Infancia y la Adolescencia, que en su artículo 8º define el
interés superior del niño, niña o adolescente como “el imperativo que obliga
a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de
todos sus Derechos Humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes”.
27. En el mismo sentido, la Convención
sobre Derechos del Niño[108]
consagra la obligación de las autoridades de tener una consideración
especial para la satisfacción y protección de los derechos de los NNA.
Específicamente, el artículo 3.1. del instrumento mencionado dispone que “[e]n
todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones
públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades
administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que
se atenderá será el interés superior del niño”.
28. En la mayoría de los casos relacionados
con menores de edad, las autoridades están investidas de un margen de
discrecionalidad importante, que en todo caso, debe privilegiar los derechos de
éstos. Por ello, la aplicación del principio del interés superior del menor
adquiere trascendental relevancia, especialmente, a efectos de eliminar los
riesgos que puede generar la discrecionalidad que se requiere para hacer este
tipo de valoraciones.
Así, para efectos de analizar cómo opera el
interés superior de los niños, niñas y adolescentes, en Sentencia T-510 de
2003[109]
esta Corporación fijó estándares de satisfacción de este principio y los
clasificó como fácticos y jurídicos. Los primeros exigen que se analicen
íntegramente las circunstancias específicas del caso, mientras que los segundos
se refieren “a los parámetros y criterios establecidos por el ordenamiento
jurídico para promover el bienestar infantil”[110].
29. En la valoración de los criterios
fácticos, el operador debe siempre efectuar una cuidadosa ponderación de
las circunstancias que rodean al niño, niña o adolescente involucrado. “Para
ello, las autoridades deben prestar la debida atención a las valoraciones de
los profesionales que se hayan realizado en relación con dicho menor, y deberán
aplicar los conocimientos y métodos científicos y técnicos que estén a
disposición para garantizar que la decisión adoptada sea la que mejor satisface
el interés prevaleciente en cuestión”[111].
30. Ahora bien, son criterios
jurídicos para determinar el interés superior de los niños, niñas y
adolescentes en un caso particular:
(i)
La garantía del desarrollo integral del menor
de edad;
(ii)
La garantía de las
condiciones necesarias para el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales;
(iii)
La protección
frente a riesgos prohibidos;
(iv)
El equilibrio de
sus derechos con los de sus familiares (si se altera dicho equilibrio, debe
adoptarse la decisión que mejor satisfaga los derechos de los niños, niñas y
adolescentes);
(v)
La provisión de un ambiente familiar apto
para su desarrollo;
(vi)
La necesidad de
justificar con razones de peso la intervención del Estado en las relaciones
familiares; y
(vii)
El deber de
evitar cambios desfavorables en las condiciones de los niños y niñas involucrados[112].
30. En conclusión, siempre que las
autoridades administrativas y operadores judiciales adopten una decisión de la
que puedan resultar afectados los derechos de un menor de edad, deberán aplicar
el principio de primacía de su interés superior, y en particular acudir a los
criterios fácticos y jurídicos fijados por la jurisprudencia constitucional
para establecer cuáles son las condiciones que mejor satisfacen sus derechos.
El derecho de los niños, niñas y
adolescentes a ser escuchados, como componente esencial del principio del
interés superior del menor
31. Adicionalmente, en desarrollos
jurisprudenciales posteriores, se ha sumado a los criterios arriba reseñados, (viii)
el respeto por el derecho de los niños y niñas a ser escuchados y de
participar en las decisiones que los involucran, de conformidad con sus
capacidades evolutivas[113].
Así, por ejemplo, la Sentencia T-115 de 2014[114], indicó:
“Los
niños tiene voz propia y como tal, deben ser escuchados y sus intereses
visibilizados. El derecho de un niño a ser escuchado, además del plano
procesal, tiene una especial connotación en el ámbito familiar y social, dado
que la mayoría de las decisiones que, representándolos, toman los padres,
tienen consecuencias directas en sus opciones vitales, y resulta apenas acertado
que, atendiendo al nivel de sus habilidades comunicativas y su desarrollo, los
progenitores tomen en serio la opinión, las necesidades, la rutina y el interés
de sus menores hijos para decidir sobre sus vidas, desde luego aclarando que se
tratan de referentes significativos, que no unívocos”.
32. Este desarrollo en la jurisprudencia, ha
tenido especial fundamento en los tratados internacionales que han protegido el
derecho a ser escuchado que tiene toda persona sin exclusión alguna. Particularmente,
esta Corte ha hecho referencia al Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos (artículo 14[115])
y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 8.11[116]).
De manera específica respecto de los
menores de edad, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, se
refiere al derecho que tienen éstos a ser escuchados en los procesos
judiciales. En efecto, el artículo 12[117]
instituye en cabeza de los Estados partes, la obligación de garantizar que los
niños y niñas estén en condiciones de formularse su propio juicio y de expresar
libremente sus opiniones en todos los asuntos que los involucren, lo anterior, de
conformidad con sus capacidades evolutivas. También se indica que, para ello,
debe darse al menor de edad la oportunidad de ser escuchado al interior de los
procedimientos administrativos o judiciales dentro de los cuales se tomen
decisiones que los afecten, esto, en consonancia con las leyes nacionales.
Al interpretar ese artículo, el Comité de
Derechos del Niño indicó en su Observación General Nº 12[118], que el correcto
entendimiento del principio de interés superior del menor de edad pasa, necesariamente,
por el respeto de los componentes establecidos en el artículo 12 de la
Convención, pues con su escucha se facilita el papel esencial de éstos en las
decisiones que los afectan, y contribuye a su desarrollo integral como sujetos
cuya capacidad está en evolución y crecimiento.
33. En cumplimiento de esas obligaciones
internacionales, el Estado colombiano, a través del Legislador, previó en el
artículo 26[119]
del Código de la Infancia y la Adolescencia, que el respeto al debido
proceso de los niños, está estrechamente ligado a que en toda actuación
administrativa, judicial o de cualquier otra naturaleza en que estén
involucrados, éstos tengan la posibilidad de ser escuchados y de que
sus opiniones sean tenidas en cuenta, en la medida de sus capacidades y de su
madurez.
34. En la Sentencia T-955 de 2013[120], se identificaron
algunas premisas fundamentales que, si bien se derivan de la referida
Observación General citada, tienen plena aplicación en el ordenamiento jurídico
interno, debido a su incorporación a través de la interpretación de normas
internas que ha efectuado la jurisprudencia de esta Corte. Tales premisas son:
-
“Los niños son capaces
de expresar sus opiniones;
-
No es necesario que
los niños conozcan de manera exhaustiva todos los aspectos de un asunto que los
afecte, basta con una comprensión que les permita formarse un juicio propio;
-
Los niños deben
poder expresar sus opiniones sin presión y escoger si quieren ejercer el
derecho a ser escuchados;
-
Quienes van a
escuchar al niño, así como sus padres o tutores, deben informarle el asunto y
las posibles decisiones que pueden adoptarse como consecuencia del ejercicio de
su derecho;
-
Se debe evaluar la
capacidad del niño o niña, para tener en cuenta sus opiniones y comunicarle
la influencia de éstas en el resultado del proceso;
-
La madurez de los
niños debe establecerse a partir de su capacidad para expresar sus opiniones de forma
razonable e independiente.”
35. Ahora
bien, se desprende de lo expuesto hasta el momento que el derecho de los niños
a ser escuchado no es absoluto, pues tal prerrogativa tiene límites en su
ejercicio, marcados por las capacidades evolutivas de los NNA. Así mismo,
es claro que escuchar en estos casos es permitir la participación activa de los
menores de edad en las decisiones que los afecta, pero ello no implica que las
autoridades o los adultos estén obligados a hacer lo que los NNA digan o
manifiesten.
Así, estos límites deben ser evaluados caso a caso por
la autoridad a cargo, sin que se puedan establecer estándares universales. Lo
anterior, pues los procesos cognitivos, intelectuales, psicológicos y/o físicos,
entre otros, varían de individuo a individuo, y están generalmente asociados a
su entorno familiar, social y/o cultural, entre otros aspectos, que deben ser
valorados a la hora de tener en cuenta la opinión del menor de edad[121].
Por ejemplo, en la Sentencia T-844 de 2011 se resaltó que el Comité
de los Derechos del Niño recomendó que los Estados parte de la Convención no
fijaran un límite de edad para efectos de hacer efectivo este derecho, pues
ello restringiría la posibilidad de los niños a ser escuchados. Lo anterior con
fundamento en que: “Hay estudios que demuestran que el niño es capaz de
formarse opiniones desde muy temprana edad, incluso cuando todavía no puede
expresarlas verbalmente. Por consiguiente, la plena aplicación del artículo
12 exige el reconocimiento y respeto de las formas no verbales de comunicación,
como el juego, la expresión corporal y facial y el dibujo y la pintura,
mediante las cuales los niños muy pequeños demuestran capacidad de comprender,
elegir y tener preferencias”[122].
36. Así mismo, esta Corte ha establecido que el Estado debe partir de una presunción de
capacidad del niño o niña para formarse su propio juicio respecto de los
asuntos que afectan su vida y reconocerles el derecho a expresarse. Es decir,
no les corresponde demostrar previamente que tienen esa capacidad, sino que “de
ser pertinente, la autoridad respectiva debe argumentar específicamente por qué
no va a tomar en cuenta la opción del niño o la niña”[123].
Por ello, es la autoridad, en particular, la que debe evaluar si la opinión del
niño fue independiente, autónoma, informada, entre otros aspectos. Esta
valoración que si bien es discrecional, no puede ser arbitraria y debe tener en
consideración el interés superior del menor de edad.
37. En suma, de lo expuesto hasta el
momento, se puede concluir claramente que según
la normativa nacional e internacional, y la jurisprudencia constitucional[124], (i)
los NNA deben ser escuchados y tienen el derecho a que sus opiniones sean tenidas
en cuenta en todos los procesos que los afecten. Este derecho hace parte integrante
del principio del interés superior del menor de edad, en especial en decisiones
determinantes que se tomen sobre ellos en procesos judiciales y
administrativos. (ii) Ahora bien, también es claro que esta prerrogativa
tiene límites en su ejercicio, marcados por las capacidades evolutivas de los
menores de edad, que inciden directamente en el mayor o menor peso que se le da
a la participación del niño en la toma de una decisión.
El derecho de los niños, niñas y
adolescentes a tener una familia y a no ser separados de ella
38. El
artículo 5º Superior prevé la obligación del Estado de amparar a la familia
como institución básica de la sociedad. En el mismo sentido, el artículo 42
determina que la familia es un derecho de todas las personas y reitera la obligación
del Estado de protegerla. Además, el artículo 44 consagra el derecho
fundamental de los niños a tener una familia, en la que se salvaguarde su
cuidado y se les provea amor; así como, la garantía de no ser separados de
ella.
La Ley 1098 de 2006[125],
desarrolla los derechos fundamentales de los niños a la familia, al cuidado y
al amor, y determina que “los
niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a tener y crecer en el seno
de la familia, a ser acogidos y no ser expulsados de ella y sólo podrán ser
separados de la familia cuando ésta no garantice las condiciones para la
realización y el ejercicio de sus derechos”[126]. Igualmente, el artículo 23 de la misma ley dispone
que los niños, las niñas y los adolescentes, tienen derecho a que sus padres,
en forma permanente y solidaria, asuman directa y oportunamente su custodia
para su desarrollo integral.
De las normas antes citadas se evidencia que el
derecho de los niños a tener una familia (i) es de carácter fundamental,
y (ii) conlleva la existencia de otras garantías fundamentales como son
los derechos a no ser separados de ella y a recibir cuidado y amor[127].
39. En distintas
ocasiones, la Corte Constitucional ha protegido por vía de tutela el derecho de
los niños a la familia en relación con la prohibición de que sean separados de
ella, en el entendido de que
las relaciones de los padres con sus hijos deben propender por garantizar el
desarrollo armónico e integral de los niños, lo que posibilita su estabilidad y
facilita la confianza en sí mismos, la seguridad y los sentimientos de auto
valoración[128].
No obstante, la jurisprudencia
constitucional también ha establecido que esa protección no es absoluta,
puesto que el derecho de los niños a tener una familia y a no ser separados de
ella “(…) no radica en la subsistencia
nominal o aparente de un grupo humano (padres titulares de la patria potestad)
sino que implica la integración real del menor en un medio propicio para su
desarrollo, que presupone la presencia de estrechos vínculos de afecto y confianza
y que exige relaciones equilibradas y armónicas entre los padres y el
pedagógico comportamiento de éstos respecto de sus hijos”[129].
Así, el derecho de los niños a la familia y a no
ser separados de ella supone que, como regla general, se garantice su estabilidad.
En efecto, cualquier determinación de las autoridades en relación con este tema
debe tomar en consideración la necesidad de que los niños permanezcan en un
hogar, para que su desarrollo sea estable y no se interrumpa el ejercicio de
otros derechos, como la educación y la salud.
Sin embargo, la regla
mencionada admite como excepción que los niños, niñas y adolescentes puedan ser separados de sus padres y/o de su núcleo familiar, cuando
así lo imponga su interés superior.
40. Para establecer si la
prevalencia del interés superior de un niño exige que sea separado o no de su
núcleo familiar, además de los criterios generales de análisis ya mencionados,
en la sentencia T-510 de
2003[130],
la Corte Constitucional identificó algunos
parámetros adicionales a tener en cuenta.
En primer lugar, existen
hechos que pueden llegar a determinar que un niño o niña deben ser ubicados en
un lugar distinto de su familia, tales como: (i)
la existencia de riesgos ciertos para la vida, la integridad o la salud del
menor de edad; (ii) los antecedentes de abuso (físico, sexual o
psicológico) en la familia, y (iii) las circunstancias frente a las
cuales el artículo 44 Superior ordena protección, esto es, abandono, violencia
física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica
y trabajos riesgosos.
En segundo lugar,
las circunstancias que pueden constituir motivos de peso para separar a un niño
de su familia son “aquellos hechos o situaciones que pueden constituir
indicadores fuertes sobre la ineptitud de un cierto grupo familiar, pero que
también pueden estar justificados por consideraciones en pro del menor,
dadas las circunstancias del caso en concreto: por ejemplo, el hecho de haber
entregado al niño en adopción o de haber delegado el cuidado diario de un menor
de edad en personas distintas de sus padres”[131].
En tercer lugar,
esta Corte identificó cuatro circunstancias que son insuficientes para motivar
la separación de un menor de edad de su familia biológica, a saber: (i)
que la familia viva en condiciones de escasez económica; (ii) que los
miembros de la familia no cuenten con educación básica; (iii) que alguno
de los integrantes de la familia biológica haya mentido ante las autoridades
con el fin de recuperar al niño o niña; y (iv) que alguno de los padres
o familiares tenga mal carácter (siempre que no haya incurrido en abuso o en
violencia intrafamiliar).
41. Estos criterios, están
estrechamente relacionados con el concepto de responsabilidad parental, que ha
sido definido como “un conjunto amplio de derecho y deberes orientados hacia
la promoción y salvaguarda del bienestar del niño”[132].
Según el artículo 14 del Código de la Infancia y la Adolescencia, “la
responsabilidad parental es un complemento de la patria potestad establecida en
la legislación civil. Es además, la obligación inherente a la orientación,
cuidado, acompañamiento y crianza de los niños, las niñas y los adolescentes
durante su proceso de formación. Esto incluye la responsabilidad compartida y
solidaria del padre y la madre de asegurarse que los niños, las niñas y los
adolescentes puedan lograr el máximo nivel de satisfacción de sus derechos”.
En efecto, si los adultos
tienen deberes de cuidado y protección, así como de fomento del desarrollo
integral respecto de los niños y niñas, el Estado debe vigilar, sin una
intervención arbitraria o abusiva, por el pleno cumplimiento de tales deberes
en favor de los menores de edad, ante el incumplimiento de tales obligaciones
derivadas de la responsabilidad parental.
42. Al respecto, también
es importante resaltar que el concepto de responsabilidad parental aborda unos
mínimos que no pueden estar definidos a través de conceptos “cerrados” o
tradicionales de familia, o estar sustentados en criterios sospechosos de
discriminación como la religión, el género, la orientación sexual, la condición
social, la presencia de enfermedades como el VIH, u otras. En efecto:
“En esta materia donde el Derecho de Familia de las
sociedades democráticas y el propio Derecho Internacional de los Derechos Humanos
ha contribuido de manera particularmente decidida. Así, la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, siguiendo a su par europea, ha sostenido que la Convención
Americana no se encuentra determinado un concepto cerrado de familia, ni mucho
menos se protege sólo un modelo “tradicional” de la misma. A su vez, el
Tribunal ha reiterado que el concepto de vida Familiar no está reducido
únicamente al matrimonio y debe abarcar otros lazos familiares de hecho donde
las partes tienen vida en común por fuera del matrimonio, a la vez que rechaza
una percepción limitada y estereotipada del concepto de familia que no tiene
base en la Convención al no existir un modelo específico de familia”[133].
No obstante todo lo
anterior, si existen sustentadas razones de peso que conlleven a orientar una u
otra decisión respecto de la separación de un menor de edad de su núcleo
familiar, las mismas no pueden ser ignoradas por la autoridad. De acuerdo con
estos criterios, que deben servir de fundamento a la decisión de apartar a un
menor de edad de su familia biológica, para decretar la separación es
indispensable hacer una valoración integral de las circunstancias fácticas de
cada caso.
43. En suma, todas las decisiones que adopten las
autoridades administrativas y judiciales al respecto deben guiarse por el
interés superior de los menores de edad, que supone que se realice un análisis
minucioso de las circunstancias particulares de los niños para determinar si, excepcionalmente,
procede la separación de los padres. Por regla general, opera el derecho de los
niños a no ser separados de sus familias y a que no haya intervenciones
arbitrarias por parte de las autoridades estatales en sus hogares. Estas
intervenciones operan de forma excepcional, siempre para salvaguardar sus
derechos.
El procedimiento administrativo de
restablecimiento de derechos
44. De conformidad con el artículo 44 de la
Constitución, la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de
asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y
el ejercicio pleno de sus derechos.
En el mismo sentido, el Código de la
Infancia y la Adolescencia dispone que la familia tiene la obligación de
promover la igualdad de derechos, el afecto, la solidaridad y el respeto
recíproco entre todos sus integrantes y, además, el deber de asegurar a los
niños su continuidad y permanencia en el ciclo educativo.
Adicionalmente, el artículo 41 de la misma
normativa le asigna al Estado distintos deberes, dentro de los cuales se
encuentra el de asegurar la protección y el efectivo restablecimiento de los
derechos que hayan sido vulnerados. En esa medida, el procedimiento
administrativo de restablecimiento de derechos es el mecanismo que prevé la ley
para asegurar a los niños, niñas y adolescentes sus garantías fundamentales.
45. En particular, el artículo 50
del Código de la Infancia y la Adolescencia indica que “se entiende por
restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, la
restauración de su dignidad e integridad como sujetos y de la capacidad para
hacer un ejercicio efectivo de los derechos que le han sido vulnerados”[134].
Además, el artículo 52 de la misma
normativa establece que el restablecimiento de los derechos es responsabilidad
del Estado, a través de las autoridades públicas, las cuales tienen la
obligación de adelantar el trámite respecto de los menores de edad que se
encuentran en condiciones de riesgo o vulnerabilidad, para que el Sistema
Nacional de Bienestar Familiar garantice su vinculación a los servicios
sociales[135].
El ejercicio de aquella obligación estatal implica
que, de manera inmediata, la autoridad competente compruebe el estado de
cumplimiento de cada uno de los derechos de los niños, las niñas y los
adolescentes, y verifique: (i) el estado de salud física y psicológica; (ii)
el estado de nutrición y vacunación; (iii) la inscripción en el
Registro Civil de Nacimiento; (iv) la ubicación de la familia de origen;
(v) el entorno familiar y la identificación, tanto de elementos
protectores, como de riesgo para la vigencia de los derechos; (vi) la
vinculación al sistema de salud y seguridad social; y (vii) la
vinculación al sistema educativo[136].
46. Con fundamento en los medios de prueba obtenidos
en la etapa de verificación de derechos, las autoridades administrativas
referidas pueden adoptar alguna de las medidas de restablecimiento previstas en
el artículo 53 del código en cita, las cuales por regla general son de carácter
transitorio, pues deben ser modificadas o suspendidas en caso de que se alteren
las circunstancias que les dieron lugar[137].
Tales medidas pueden ser[138]:
“1. Amonestación con asistencia obligatoria
a curso pedagógico.
2. Retiro inmediato del niño, niña o
adolescente de la actividad que amenace o vulnere sus derechos o de las
actividades ilícitas en que se pueda encontrar y ubicación en un programa de
atención especializada para el restablecimiento del derecho vulnerado.
3. Ubicación inmediata en medio familiar.
4. Ubicación en centros de emergencia para
los casos en que no procede la ubicación en los hogares de paso.
5. La adopción.
6. Además de las anteriores, se aplicarán
las consagradas en otras disposiciones legales, o cualquier otra que garantice
la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes.
7. Promover las acciones policivas,
administrativas o judiciales a que haya lugar.”
Se desprende del Código que la adopción de medidas de
restablecimiento de derechos, tiene como fundamento la verificación metódica de
las circunstancias particulares en las que se encuentra el menor de edad, con
el fin de determinar si existe una real amenaza o vulneración de sus derechos
fundamentales.
47. La Corte Constitucional ha fijado
reglas para la adopción de medidas de restablecimiento de derechos de los
menores de edad, y específicamente ha señalado que el decreto y práctica de
medidas de restablecimiento de derechos están sujetos a límites
constitucionales, tales como la motivación objetiva[139], por tal
razón toda medida “debe encontrarse precedida y soportada por labores de verificación,
encaminadas a determinar la existencia de una real situación de abandono,
riesgo o peligro que se cierne sobre los derechos fundamentales del niño, niña
o adolescente”[140].
En ese orden de ideas, las medidas de restablecimiento deben estar
justificadas de manera explícita, y además deben ser razonables y
proporcionadas[141].
Estos estándares argumentativos limitan el margen de discrecionalidad que
ostentan las autoridades competentes según el artículo 96 del Código de la
Infancia y la Adolescencia (las defensorías y comisarías de familia)[142]
para prevenir, garantizar y restablecer los derechos[143].
48. La jurisprudencia constitucional ha
establecido algunos elementos que deben considerar tales decisiones, en razón a
que se trata de procesos técnicos e interdisciplinarios complejos.
Particularmente, la sentencia T-572 de 2009, indicó que estas medidas
deben[144]:
-
Estar precedidas por un
examen integral de la situación de niño o niña. En efecto, se ha
indicado que la toma de una medida no puede basarse en apariencias, preconceptos
o prejuicios, sino que su fundamento debe sostenerse en evidencias concretas y
criterios objetivos[145].
-
Deben responder a una lógica
de gradación. En efecto, la gravedad de los hechos, justifica la
adopción de medidas más drásticas y, por el contrario, hechos reprochables pero
menos gravosos requieren de medidas que reparen y reconduzcan las relaciones
familiares[146].
-
Deben se proporcionales
y propender por el máximo bienestar posible de los niños y niñas y de sus
familias[147].
-
Se deben adoptar por un
término razonable.
-
Cuando impliquen la separación del niño de su
familia, deben ser excepcionales, preferiblemente temporales y deben
basarse en evidencia de que aquella no es apta para cumplir con sus funciones
básicas, pues el niño tiene derecho a vivir con ella, así como a recibir
protección contra injerencias arbitrarias e ilegales en su ámbito familiar[148].
-
Deben estar
justificadas en el principio de interés superior del niño;
-
No pueden basarse
únicamente en la carencia de recursos económicos de la familia,
especialmente cuando conlleven la separación del niño de su familia; y
-
En ningún caso pueden
significar una desmejora de la situación del niño o niña[149].
49. En conclusión, cuando las autoridades
decretan una medida de restablecimiento de derechos a favor de un menor de
edad, deben ir más allá de la revisión de los requisitos sustanciales del
asunto, pues están en la obligación de ejercer sus competencias legales de
conformidad con los mandatos de la Constitución y tal imperativo implica
proteger los derechos fundamentales de los NNA de manera prevalente, con
fundamento en criterios de razonabilidad y proporcionalidad.
En este sentido, cualquier medida de
restablecimiento de derechos debe estar precedida por un análisis de
oportunidad, conducencia y conveniencia aplicadas al caso concreto. Lo
contrario podría conllevar, de manera paradójica, a la negación de los derechos
que el Estado pretende proteger y a la admisión de la arbitrariedad como regla,
en contra del derecho fundamental al debido proceso administrativo.
Procedencia de la adopción como medida de
restablecimiento de derechos
50. La adopción es una de las medidas más drásticas
que el defensor de familia puede tomar en favor de los niños y niñas, que tiene
fundamento en el artículo 53 del Código de la Infancia y la Adolescencia. Esta medida de protección
debe ser acogida bajo la supervisión estatal y, según los artículos 61 a 63 del
referido Código, es irrevocable, procede para menores de 18 años y genera
obligaciones en favor del niño[150].
Esta medida sólo puede ser tomada por un defensor de
familia, quien después de llevar a cabo un proceso administrativo de
restablecimiento de derechos, constate que el niño o niña carece de familia
biológica nuclear o extensa o que teniéndola, ésta no garantiza la protección y
el desarrollo de los derechos del niño. La decisión se adopta en el marco de la
audiencia de fallo administrativo, y debe estar fundada en las pruebas que el
Defensor haya recaudado durante el PARD.
51. Es claro que la acción estatal debe estar
orientada principalmente a que se conserve la unidad familiar en el marco de un
ambiente que salvaguarde los derechos de los menores de edad. Sin embargo,
cuando ello no es posible el Defensor puede acudir a una medida, si se quiere
de última ratio, como la adopción, siempre y cuando se respeten todas
las garantías procesales y constitucionales de los intervinientes.
En efecto, “acorde con lo dispuesto en la ley y la jurisprudencia
de esta corporación, la procedencia de la adopción como medida de
restablecimiento de derechos estará sujeta al cumplimiento del debido proceso y
al agotamiento de todos los medios necesarios para asegurar el cumplimiento de
derechos en la familia biológica de los niños, niñas o adolescentes, en aras de
proteger la unidad familiar y sin que se logre obtener un resultado adecuado,
en conclusión, la declaración de adoptabilidad será la última opción, cuando
definitivamente sea el medio idóneo para protegerlos”[151].
52. Según el artículo 108 del Código de la
Infancia y la Adolescencia, cuando algún interesado se oponga a la declaración
de adoptabilidad de un niño, una niña o un adolescente, el Defensor de Familia
deberá remitir el expediente al Juez de Familia para su homologación, quien
conocerá en única instancia[152].
Durante este trámite el juez de familia tiene una
competencia amplia que “no se limita a que se cumplan las reglas procesales
sino que también le permite establecer si la actuación administrativa atendió
el interés superior del niño, la niña o el adolescente en proceso de
restablecimiento de derechos y, por esta vía, también tiene el deber de ordenar
las medidas que considere necesarias para el efectivo restablecimiento de los
derechos del niño”. Así, el juez de familia en el trámite de la
homologación debe ir más allá de la revisión del debido proceso y de las
exigencias del trámite administrativo, ya que su obligación es efectuar una
evaluación integral de los requisitos sustanciales del asunto, para establecer
si la medida es oportuna, conducente y conveniente para el interés de los
niños, niñas o adolescentes.
Así mismo, el artículo 123 del referido
estatuto dispone que la sentencia de homologación de la declaratoria de
adoptabilidad se dictará de plano; producirá, respecto de los padres, la
terminación de la patria potestad del niño, la niña o el adolescente adoptable
y deberá ser inscrita en el libro de varios de la notaría o de la Oficina de
Registro del Estado Civil.
Sin embargo, si el juez advierte la omisión
de alguno de los requisitos legales, ordenará devolver el expediente al
Defensor de Familia para que lo subsane. Cuando no se homologa la decisión de adoptabilidad y, como se indicó, se
devuelve el expediente al Defensor de Familia, éste no puede obviar las
consideraciones hechas por el juez en el marco del proceso de homologación, y
por el contrario, su actuar debe estar dirigido a atender tales
consideraciones.
En suma, según esta Corporación, el trámite
de homologación de la medida de adoptabilidad, principalmente evalúa la legalidad de la actuación de la Defensoría de Familia,
con miras a verificar el respeto tanto de los derechos de los niños, niñas o
adolescentes, como de las demás partes involucradas (padres y familiares). Así
mismo, es un trámite dirigido a subsanar los defectos en que se hubiere podido
incurrir por parte de esa autoridad administrativa[153].
53. Establecidos los parámetros
constitucionales para que se puedan adoptar medidas de restablecimiento de
derechos de niños, niñas y adolescentes y descritos los requisitos y
procedimientos legales que son exigibles para tomar como medida la adopción de
un niño, es necesario que esta Sala pase a estudiar el caso sometido a su
revisión.
ESTUDIO DEL CASO CONCRETO
54. Con el objeto de estudiar los problemas jurídicos
planteados en los fundamentos 17 y 18 de esta providencia, es necesario que esta Sala verifique, en primer lugar, las
actuaciones que se llevaron a cabo al interior del referido proceso
administrativo; en segundo lugar, lo ocurrido en la etapa de homologación de la
Resolución XX del 22 de febrero de 2016 y de la decisión del Juzgado XX
de Familia de Atlantis. A partir de este análisis será posible encontrar las
respuestas que surgen de la primera acción de tutela (T-5929560);
es decir, establecer:
-
¿los derechos fundamentales de Esperanza fueron
vulnerados por las autoridades dentro del proceso administrativo de
restablecimiento de derechos (PARD)?
-
¿el Juzgado XX de Familia
de Atlantis incurrió
o no en violación directa de la Constitución y en defecto fáctico (i) al
no homologar la resolución de adoptabilidad de la niña Esperanza y (ii)
al ordenar su reintegro inmediato al hogar?
Posteriormente,
es imperioso revisar los hechos nuevos que dieron lugar a la presentación de la
segunda acción de tutela (T-6032112), y a las circunstancias
evidenciadas a partir del recaudo probatorio ejercido en sede de revisión, lo
anterior, con el objetivo de evaluar las decisiones de tutela que se
profirieron dentro de este proceso y la situación actual y real de la menor de
edad; es decir, evaluar si:
-
¿si las autoridades judiciales
involucradas en la segunda acción de tutela vulneraron el derecho de Esperanza a ser escuchada
y a que su opinión se tuviera en cuenta, de acuerdo a sus capacidades
evolutivas, dentro de un proceso en el que se tomaba una decisión determinante
para su vida?
Para
facilitar esta labor, el despacho sustanciador realizó un cuadro en el cual se
identificaron todas las actuaciones que se surtieron al interior del PARD de Esperanza. El cuadro anexo a esta providencia contiene un
resumen más detallado de las actuaciones que aquí se enunciarán a fin de
evaluar la acción de las autoridades.
PRIMERA ACCIÓN DE TUTELA: RESPUESTA A LOS PROBLEMAS JURÍDICOS DERIVADOS
DEL EXPEDIENTE T-5929560.
-
Evaluación de la
actuación de la Defensoría de Familia respecto de su obligación de proteger los
derechos de la niña Esperanza
55. Tal y como se estableció ut supra, el Estado, a
través del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, tiene a su cargo la
protección de los derechos fundamentales de los niños y niñas, y en particular
el deber de restablecerlos cuando quiera que éstos sean amenazados. En
ejercicio de dicha competencia, las autoridades pertinentes están obligadas a
efectuar la verificación metódica de las circunstancias particulares en las que
se encuentra el menor de edad, para determinar si existe una real amenaza o
vulneración de sus derechos fundamentales.
Además, la adopción de medidas de
restablecimiento de derechos debe
estar precedida y soportada por labores de verificación, encaminadas a
determinar la existencia de una real situación de abandono, riesgo o peligro
que se cierne sobre los derechos fundamentales de los NNA, y justificarse
en el interés superior del niño.
En particular, las autoridades que tomen estas medidas
deben soportarlas en criterios jurídicos y fácticos que determinen el interés
superior de los niños, tales como propender por su desarrollo integral, proporcionar las condiciones necesarias para
el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales, protegerlos frente a
riesgos prohibidos, y proveer un ambiente familiar apto para su
desarrollo. De igual manera, respetar el derecho que tienen a ser escuchados y
a no ser separados de su familia, siempre y cuando las circunstancias lo
permitan, de acuerdo a los límites que ya fueron referenciados en esta
providencia.
Así pues, en caso de que las autoridades encargadas de
adelantar los procesos de restablecimiento de los menores de edad, no tengan en
cuenta los criterios antes mencionados y adopten medidas de restablecimiento de
derechos que los sometan a riesgos prohibidos, se desconocerían el interés
superior del niño y sus derechos.
56. En el caso objeto de estudio, la Defensoría de
Familia asumió conocimiento de la situación de la niña Esperanza debido a la recepción que tuvo de ésta por parte de
la Policía de Infancia y Adolescencia el 29 de noviembre de 2014[154]. Ese mismo día, adoptó
una medida de protección en favor de la niña y la remitió al Centro Único de Recepción
de Niños y Niñas –CURNN–. Así mismo, ordenó su evaluación por parte de Medicina
Legal, quien determinó 7 días de incapacidad para la menor de edad, debido a
que tenía golpes contundentes en la espalda y en sus miembros inferiores[155].
Según consta en el Formato de verificación del estado
de cumplimiento de derechos, realizado el 2 de diciembre de 2014 con la
presencia de la madre de la niña, se pudo extraer que, al momento de la
intervención de la Defensoría de Familia, Esperanza [156]:
-
Tenía 8 años de edad[157].
-
Estaba registrada en la
base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
-
Tenía vinculación a
salud vigente en la EPS Capital Salud, y tenía completo su carné de vacunación.
-
Estaba inscrita en el colegio
Francisco Javier Matiz, en primer grado – jornada tarde.
-
No se reportó estado de
la vivienda ni de su entorno familiar.
-
Ingresó en estado “aceptable
de salud”, pero con golpes contundentes en la espalda y en los miembros
inferiores producto de presunto maltrato intrafamiliar.
-
Reportó que su madre “se
fue a tomar con mi papá y cuando llegó se olvidó que nos había dado plata y nos
pegó”.
57. Debido al presunto maltrato intrafamiliar, el
3 de diciembre de 2014, la Defensoría se entrevistó con los padres de la niña,
quienes habían sido contactados por la Policía debido a las denuncias de desaparición
de su hija que realizó la madre, el 30 de noviembre de 2014[158]. Allí se les comunicó
de la apertura del PARD y se les remitió a cursos de pedagogía sobre derechos
de los niños[159].
Al evaluar esta primera actuación de la Defensoría, la
Sala encuentra que las medidas tomadas (ubicación temporal en institución
y amonestación a padres con cursos pedagógicos), cumplen los criterios
que se mencionaron ut supra y se ajustan a la Constitución. En efecto,
ante la evidencia de maltrato infantil, probada a través del informe de
medicina legal, la niña debía ser ubicada temporalmente en una institución de
la red del ICBF y los padres amonestados por negligencia y presunto maltrato, con
la asistencia a cursos pedagógicos.
58. Después de este momento, la Defensoría siguió el
proceso de restablecimiento de derechos y cumplió formalmente sus obligaciones
de seguimiento físico, psicológico y social a la niña y a su familia. Así por
ejemplo, según consta en el expediente del PARD, se realizaron varias
intervenciones como:
-
Valoraciones
psicológicas a la niña[160].
-
Entrevistas con la
madre[161].
-
Entrevistas con el
padre[162].
-
Visitas domiciliarias[163].
-
Denuncias penales por
hechos de actos sexuales abusivos en contra de la niña[164].
-
Entre otras acciones.
59. En este punto, se encuentra probado que los padres
se ausentaron del proceso por dos meses aproximadamente, desde el 3 de
diciembre de 2014 hasta el 12 de febrero del 2015. Sin embargo, aseguraron
que atravesaban por una difícil situación económica y no tenían dinero para
asistir a las citaciones que les hacía la Defensoría. En especial, la madre
indicó que uno de sus otros hijos se enfermó, lo que también repercutió en que
no pudieran asistir a algunas de las citas, pero reiteró que estaba dispuesta a
cumplir con sus compromisos para que le devolvieran a la niña[165]. El padre relató que
es reciclador, que no estaba vinculado a ningún programa social de la Alcaldía
y que para ese momento debían 5 meses de arriendo. En entrevista con la
Defensoría, explicó que les pegó a sus hijos con correa y ortiga, pero que su
intención era formarlos como lo hicieron con él. También afirmó que quería
recuperar a su hija[166].
Durante esta etapa del proceso (desde el 12 de febrero
al 26 de marzo de 2015 aprox.), se desprende de varias valoraciones psicológicas,
que los padres tenían una actitud receptiva respecto de cambiar sus pautas de
crianza y evitar la violencia como patrón de educación[167]. Sin embargo, debían
cumplir algunos compromisos para poder proceder al reintegro de la niña al
hogar. Tales obligaciones estaban relacionadas con:
-
El cambio de residencia
debido a que el arrendador era el presunto abusador sexual de la niña.
-
La asistencia a los
talleres sobre los derechos de los niños.
-
La asistencia a
procesos psicoterapéuticos.
-
Exámenes de toxicología
de ambos padres.
-
Certificado de
asistencia a alcohólicos anónimos.
60. Según la Defensoría los padres incumplieron tales
obligaciones y por ello, emitió la Resolución Nº XX del 26 de marzo
de 2015, en la cual declaró a la niña en situación de vulneración de
derechos y adoptó nuevas medidas como: (i) traslado de la niña a una
institución especializada de larga duración, (ii) búsqueda de familia
extensa y (iii) nuevas amonestaciones a los padres de la niña “por las
conductas en que incurrieron”. En dicha Resolución la Defensoría afirmó que
“la red familiar de la niña…, no cuenta en la actualidad con la posibilidad
ni con las condiciones emocionales ni psicológicas de brindarle la atención
especializada que requiere según el ciclo vital de desarrolla en la que se
encuentra”[168].
61. Respecto de esta nueva adopción de medidas la
Corte encuentra que si bien la Defensoría justificó su actuar en la
intermitencia de los padres respecto del cumplimiento de los compromisos
asumidos por éstos, esa entidad también asumió una conducta contraria a la
protección integral del núcleo familiar. Lo anterior, pues no tomó en
consideración las condiciones socioeconómicas de los progenitores, que
mostraban la vulnerabilidad del grupo familiar como tal.
En efecto, la Defensoría en esta etapa sólo se centró
en identificar los errores que cometieron los padres de la niña e ignoró los
esfuerzos que éstos hicieron a pesar de las condiciones estructurales de
marginación y pobreza en que se encontraban. Esto es reprochable a la luz de la
jurisprudencia constitucional, que siempre ha advertido a las autoridades
administrativas que, en estos casos, deben propender por un tratamiento
integral de protección, pues el bienestar del niño o la niña dependen,
principalmente, de su entorno familiar y social. Así, se recuerda que la Sentencia
T-572 de 2009[169],
reiteró:
“En este orden de ideas, y recapitulando, la Sala
considera que la familia, en tanto que núcleo fundamental de la
sociedad, debe ser protegida de manera integral por el Estado. En tal
sentido, más allá de la definición que de aquélla se tenga, las autoridades
públicas, en tanto que se está ante un derecho fundamental, deben abstenerse de
adoptar medidas administrativas o judiciales que, en la práctica, impliquen
violar la unidad familiar, so pretexto, por ejemplo, de amparar los derechos
fundamentales de alguno de sus integrantes. Al mismo tiempo, desde la faceta
prestacional del derecho a la unidad familiar, aquéllas se encuentran
constitucionalmente obligadas a diseñar e implementar políticas públicas
eficaces que propendan por la preservación del núcleo familiar, medidas
positivas que apunten, precisamente, a lograr un difícil equilibrio entre la
satisfacción de las necesidades económicas de las familias y la atención y
cuidados especiales que merecen los niños, en especial, aquellos de menor edad…”
62. Por tal motivo, esta Sala no puede pasar por alto
esa actitud de la Defensoría, que también se configura a través de la omisión en
la adopción de medidas positivas a favor del grupo familiar que estaba inmerso
en una situación de marginalidad por motivos económicos. Así, advertirá a la
Defensoría para que se abstenga de incurrir en este tipo de acciones y/u
omisiones que sesgan la integralidad del tratamiento que deben recibir las
familias, cuyo fin último es propender por el bienestar de los menores de edad,
que se desarrollan en su interior y atienden a que el derecho de los niños a no
ser separados de sus familias se cumpla cabalmente, pues busca fortalecer los
espacios de crecimiento, en atención al interés superior del menor de edad.
63. El proceso continuó y después de la Resolución Nº XX
del 26 de marzo de 2015, se encontró probado en el expediente del PARD que los
padres sí habían asistido a varias sesiones de psicoterapia en la Universidad Estudiar
y a los talleres programados por la Defensoría y la Personería[170]. Así mismo, que los
padres reconocieron, a través de las intervenciones psicosociales, nuevas
técnicas para corregir a sus hijos, distintas a la violencia física, como la
prohibición de ver televisión, de salir al parque o de jugar “atari”. Esta
información está consignada en el Formato de Registro de Intervención del 27 de
marzo de 2015.
De igual manera, se desprende de la entrevista clínica
que se hizo a la niña, el 13 de mayo de 2015[171], que ésta a pesar de
reconocer situaciones de riesgo asociadas a la convivencia de la casa donde
vivía (por los actos sexuales abusivos de los que fue víctima), refiere “una
relación positiva y cercana afectivamente con sus padres, así como sus hermanos.
A nivel del grupo familiar niega situaciones de riesgo”[172]. Por tal motivo, se
recomendó especialmente el cambio de domicilio de los padres.
64. En el informe de visita de la madre y de los
hermanos de la niña, realizada el 24 de junio de 2015, se indicó que la niña
insistió en  “irse de la institución y volver a casa”[173].
Además, se acreditó la asistencia de la madre y de los hermanos de Esperanza a dos sesiones en la “Asociación XX”[174]. Con
posterioridad, se encuentra probado que los padres no habían cambiado de
domicilio para el 1º de julio de 2015, lo anterior pues para acceder a los
lugares que habían encontrado, se les exigía un fiador con finca raíz, en tanto
el padre de la niña es reciclador y no tenía suficientes ingresos. Todo lo cual
fue informado a las autoridades.
Esta situación finalmente cambió el 5 de agosto de
2015, cuando los padres lograron trasladarse a otra casa[175]. Así mismo, se extrae
del expediente que la Defensoría se contactó con el abuelo paterno y una tía
paterna, ésta última visitó a la niña y, en principio, afirmó que eventualmente
ella podría hacerse cargo de
Esperanza [176].
A partir de los hechos probados hasta el momento, la
Psicóloga que llevaba el caso de Esperanza emitió
un informe preliminar el 11 de septiembre de 2015, en el cual reportó que
la familia de la niña ha asistido a los talleres y ha participado en el proceso
terapéutico de la Asociación XX[177].
65. Hasta este punto, la Corte reconoce que si bien la
Defensoría de Familia incurrió en algunas faltas, ya señaladas, esa entidad
re-direccionó sus actuaciones y las encaminó a propender por el bienestar
integral de la niña y de su grupo familiar. Sin embargo, a partir del 30 de
septiembre de 2015 el proceso de la niña se enfrentó a varias dificultades que
la afectaron,  como el cambio de Defensora de Familia asignada al
caso[178],
la separación de sus padres por problemas de violencia intrafamiliar[179], que repercutió en
que las visitas a la niña disminuyeran, la difícil situación económica que
afrontó la madre con la ausencia del padre, entre otras.
Todas estas dificultades repercutieron de manera
significativa en Esperanza, quien durante diciembre de 2015 dejó
de recibir visitas de sus padres y sus hermanos. Este hecho tuvo
profundas consecuencias en la salud mental y emocional de Esperanza y, en especial, varió la percepción que la
niña tenía de su familia, particularmente de su padre. Esta información se desprende del informe
de evolución presentado por la psicóloga del caso[180], que reportó, entre
otras cosas, que:
-
La niña muestra rechazo
frente al padre y deseo de estar con su madre y sus hermanos.
-
La niña experimentó
sentimientos de abandono y olvido.
-
La familia se volvió a
distanciar del PARD, por situaciones de violencia intrafamiliar.
-
En la institución le
explican que su larga permanencia en la institución obedecía a que sus padres
no habían cumplido con los compromisos necesarios para el retorno al hogar.
-
La niña culminó el
proceso terapéutico y ha fortalecido su autoestima, a pesar de que dice que no
cree en su papá, quiere irse con su mamá y hermanos.
A pesar de los intentos de contacto con sus padres,
como se indicó, no hubo encuentro con ellos en diciembre de 2015, razón por la
cual la niña estuvo emocionalmente afectada.
Por las anteriores dificultades, en especial, las
relacionadas con la ausencia de los padres durante este lapso, la niña en el
informe del 14 de enero de 2016, contempla la posibilidad de aceptar la
adopción. Por tal motivo, después de una reunión con equipo psicosocial[181] y de citar nuevamente
a los padres de la niña[182],
la Defensoría adopta un nueva medida y emite la Resolución Nº XX del
22 de febrero de 2016, por la cual declara a Esperanza en situación de adoptabilidad. Lo anterior, es justificado en que
después de un proceso largo y complejo con los padres de la niña, los mismos no
pudieron garantizar unas condiciones mínimas que aseguraran la eliminación de
la violencia intrafamiliar y los episodios riesgosos asociados al alcohol.
66. Como se relató en los antecedentes, a la Audiencia
de Fallo asistieron el padre y la tía paterna de la niña, quienes se opusieron
a la Resolución. Por tal razón se inició el proceso de homologación de la
Resolución de adoptabilidad. En ese momento el padre aceptó que su familia
pasaba por dificultades, derivadas del conflicto de la pareja, denunció que la
madre de los menores de edad los dejó a cargo de la abuela materna, quien no
era apta para cuidarlos porque consumía SPA[183].
Adicional a ello, la tía paterna, quien en principio había afirmado que sí
podía hacerse cargo de la niña, señaló que “al hablarlo con su esposo y su
familia decidieron que no tenían los medios económicos para poder hacerlo”[184].
67. De las pruebas obrantes en el PARD, se acredita
que la Defensoría sí desplegó su actuar para buscar a la familia extensa
de la niña, sin embargo, no tuvo éxito en encontrar condiciones óptimas para
entregarla. Así, se entrevistó con: (i) Las tías paternas de la niña,
una de las cuales – Aurora – había manifestado su intención de
cuidarla, pero tal posibilidad no se materializó debido a sus condiciones
familiares[185].
La otra tía – Doris– desde el principio indicó que no podía hacerse
cargo de Esperanza[186]. (ii) El abuelo paterno –Prospero
Cruz– quien simplemente informó que su hijo estaba buscando una nueva casa y
facilitó los teléfonos de contactos de sus otras hijas, pero no manifestó su
intención de cuidar a su nieta. (iii) Familia extensa materna. En
el informe de seguimiento del 7 de diciembre de 2015, la madre expresó que no
cuenta con una red de apoyo de su familia extensa que pueda asumir la custodia
temporal de la niña.
68. Así, esta Sala de Revisión corroboró que si bien,
la declaratoria de adoptabilidad es una de las medidas más drásticas que se
pueden tomar respecto de un NNA, en este caso esa medida era necesaria para
proteger los derechos fundamentales de Esperanza. En efecto, si aplicamos el estándar propuesto por
esta Corte, encontramos que:
-
La Resolución de
adoptabilidad en este caso concreto estuvo precedida de un examen
integral de la situación de la niña y estuvo fundada en evidencias
concretas y criterios objetivos. Tal examen se verificó a través del análisis
del expediente del PARD, a partir del cual se evidenció que la niña sí estuvo
sometida a situaciones de violencia intrafamiliar, asociadas al alcohol,
y de violencia sexual, relacionada con conductas de abandono y/o
negligencia de los padres de la niña. Así mismo, se desprendió del análisis que
hubo varios intentos por parte de los padres de recuperar a la niña, pero no
lograron acreditar las condiciones mínimas para que su reintegro fuera posible.
-
La medida respondió a
una lógica de gradación, pues si bien en principio no se
evidenció un abandono o una negligencia total, el mismo si fue comprobando a lo
largo del proceso, en el que los padres a pesar de los esfuerzos y las
dificultades, no lograron consolidar un ambiente libre de violencia y/o riesgos
para Esperanza, quien evidentemente no podía estar
sometida a la intermitencia de las acciones de sus padres, pues como se
comprobó, ello le generó profundas heridas emocionales y psíquicas que mellaron
su confianza en sus padres. Por lo tanto, después del largo y progresivo
proceso, era necesaria la toma de una medida como la adopción.
-
La Resolución de
adoptabilidad de Esperanza fue proporcional al  máximo
bienestar posible al que en este momento podía acceder la niña, ante el grave
quebrantamiento de los vínculos emocionales de ella en relación a sus padres y
su conducta. En este punto es importante advertir que si bien los padres pudieron
no tener la intención de causar un daño a su hija, sí lo hicieron y ante tal
afectación es necesaria la intervención estatal.
-
A pesar de que el término
para la adopción de esta medida fue prolongado, el mismo fue necesario para que
se otorgaran a la familia de Esperanza todas las oportunidades y herramientas
para reintegrar a la niña al hogar. Sólo después de agotar esas opciones era
posible la toma de esta decisión.
-
Se comprobó en este
caso, con evidencia probatoria, que ni la familia nuclear ni la extensa eran aptos
para asumir el cuidado y la custodia de Esperanza, por tanto en este caso, de manera excepcional, la
separación de la niña y su familia debía ser permanente, para lograr una real e
integral protección de sus derechos fundamentales.
-
Estuvo justificada en
el principio de interés superior del niño; pues la prolongación
de un proceso de restablecimiento de derechos de manera indefinida y
condicionada a la voluntad y constancia de los padres, hacía que se perdiera de
vista que la niña, como ser humano, se afectaba con cada actuación que
prolongara la indefinición de su situación. Lo que además comprometió su
desarrollo integral y la formación de su autoestima, pues la indefinición
conllevó a aumentar sus niveles de estrés, ansiedad y la sensación de soledad.
-
Para esta Sala es claro
que la medida no tuvo como fundamento la carencia de recursos económicos
de la familia, como se afirmó por parte de la Procuraduría, pues si bien la
Defensoría al inicio del proceso cometió errores al respecto, posteriormente redireccionó
su actuar y brindó herramientas de apoyo a la familia, en la medida de sus
competencias. De igual forma, probó que el núcleo familiar no acreditó las
mínimas condiciones para que la niña pudiera ser reintegrada a su hogar, lo
cual agravaba los riesgos asociados (i) al consumo de alcohol y de violencia
física como patrón de educación, (ii) a la ausencia de atención de necesidades
de cuidado integral, y (iii) a la eliminación de riesgos de violencia sexual, entre
otros.
En
otras palabras, si bien la Defensoría, inicialmente, ignoró que los padres no
cumplieron los compromisos debido a sus condiciones de dificultad económica,
esa entidad, se percató de su error y brindó varias alternativas para que los
padres pudieran cumplir con sus compromisos y hacerse los exámenes exigidos de
forma gratuita. Sin embargo, la familia no acreditó las condiciones y
compromisos mínimos para que la niña pudiera reintegrarse al hogar.
-
En este caso, la
Resolución de adoptabilidad de la niña no solo no significó una desmejora
de su situación, sino que constituía la mejor decisión para el
bienestar futuro de la niña.
69. Respuesta al primer problema jurídico:
Por las razones expuestas, esta Sala encuentra que, si
bien la Defensoría cometió algunos errores al interior del PADR, no se
vulneraron los derechos fundamentales de Esperanza dentro del PARD que culminó con la expedición de la Resolución Nº XX
del 22 de febrero de 2016, que la declaró en estado de adoptabilidad.
A pesar de lo anterior, esta Sala advertirá a
las Defensorías de Familia y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que
en el marco de su actuación, deben integrar un visión holística de las familias
de los menores de edad al momento de adoptar cualquier clase de medidas. Lo
anterior, pues del bienestar del grupo familiar depende en gran medida el bienestar
del niño.
Una vez resuelto el primer problema jurídico, esta
Sala continúa con el análisis propuesto.
-
Evaluación de la
actuación del Juzgado XX de Familia de Atlantis y de la Defensoría de Familia dentro del proceso
judicial
70. Inicialmente, es importante resaltar que la acción
de tutela es un medio excepcionalísimo de protección de derechos fundamentales.
Así mismo, que el juez de tutela, al evaluar la eventual configuración de los
defectos alegados, debe privilegiar los principios de autonomía e
independencia judicial, de manera tal que sólo una actuación u omisión
verdaderamente caprichosa y/o arbitraria o contraria a la Constitución, da
lugar a que se revoque una providencia judicial por este ítem.
En la primera acción de tutela (T-5929560)
propuesta por la Defensoría de Familia se indicó que la sentencia de la Juez XX
de Familia de Atlantis había incurrido en defecto fáctico y en violación directa de la
Constitución. Bajo estos parámetros es necesario abordar la pregunta de si el
Juzgado XX de Familia incurrió en tales defectos: (i) al no
homologar la resolución de adoptabilidad de Esperanza y (ii) al ordenar su reintegro inmediato al hogar.
71. Después de analizar las actuaciones de las
autoridades tanto administrativas como judiciales esta Sala concluye que: (i)
la Defensoría de Familia y las autoridades del ICBF incurrieron en conductas
reprochables al interior del proceso de homologación; y (ii) el Juzgado XX
de Familia de Atlantis incurrió en violación directa de la Constitución, por indebida
aplicación del principio del interés superior del menor. Lo anterior, por las
razones que se enuncian a continuación:
72. La Defensoría de Familia y las autoridades
del ICBF incurrieron en conductas reprochables al interior de proceso judicial
de homologación de la Resolución de adoptabilidad de Esperanza. Las
referidas actuaciones consistieron en:
72.1 No aportar completo el expediente del PARD al
momento de presentar la acción de homologación de la Resolución de
adoptabilidad. En efecto según lo informó la Juez XX de Familia de Atlantis el
expediente del PARD no fue aportado en su totalidad al Juzgado, razón por la
cual el mismo tuvo que solicitar pruebas adicionales. Este hecho se pudo
comprobar después de revisar el expediente original del PARD que estaba anexo
al expediente T-6032112 y las copias que remitió a este despacho la Juez XX
de Familia. Esta conducta es altamente reprochable, pues la ausencia de
información repercutió en la Juez de Familia incurriera en error y no tuviera
la certeza de llegar a la mejor decisión posible.
72.2 No contar los hechos de forma objetiva, de manera
que omitió aspectos altamente relevantes e incurrió en contradicciones, tanto
en la acción de homologación como en las acciones de amparo constitucional.
En efecto, la Defensora de Familia afirmó en la acción
de tutela que la madre de la niña no se presentó al proceso sino hasta el 12 de
febrero de 2015, lo cual no es cierto, pues la madre presentó la denuncia por
la desaparición de su hija el 30 de noviembre de 2014 y estuvo presente en la
firma de compromisos el 3 de diciembre de ese mismo año.
Así mismo, en la acción de homologación y en la acción
de tutela la Defensora relata que los padres maltrataron a su hija con correa y
ortiga (lo cual es cierto), pero ocultó también mencionar que los mismos
reconocieron que para ellos esta conducta era un patrón de crianza inadecuada,
con lo cual, parcializó los hechos contados a los jueces.
La Defensoría en la acción de tutela y en el proceso
de homologación afirmó que los padres no habían asistido a ninguno de los
talleres y que habían abandonado a su hija, sin tener en consideración todos
los matices que tuvo este proceso desde su etapa administrativa hasta la
judicial.
Estos son hechos reprochables pues a través de estas
conductas la Defensoría logró que la Juez XX de Familia incurriera en
errores, que en últimas redundaron en la vulneración de los derechos de los
involucrados, principalmente, de Esperanza. En
efecto, la falta de consistencia y coherencia de los relatos y las pruebas
presentadas en la acción de homologación conllevó a la prolongación innecesaria
e indebida del presente proceso, que a su vez, ha generado en la niña episodios
de ansiedad.
73. Por lo tanto, este despacho considera necesario en
este caso declarar que las autoridades administrativas del ICBF incurrieron
en conductas reprochables al interior de proceso judicial de homologación de la
Resolución de adoptabilidad de
Esperanza. En
consecuencia, se advierte a tales autoridades que, en lo sucesivo, se abstengan
de perpetrar tales hechos.
74. Ahora bien, el Juzgado XX de Familia
incurrió en violación directa de la Constitución, pues en el análisis del caso
no aplicó los criterios fácticos y jurídicos que comprenden el principio del
interés superior del niño. Para determinar lo anterior, el primer punto
que resalta esta Sala de Revisión de Tutelas es que si bien el trámite de
homologación es de única instancia, la decisión de no homologar una
Resolución de adoptabilidad puede ser revisada por el juez en varias ocasiones.
Lo anterior en los términos del artículo 123 (inciso 2º) del Código de la
Infancia y la Adolescencia[187].
Circunstancia que no ocurre con la decisión de homologar la adoptabilidad, pues
ésta actuación es, en principio, inmutable, según el artículo 103 (inciso 2º)
ibídem[188].
En efecto, la posibilidad de que el Juez de Familia
devuelva las actuaciones en un trámite de homologación de adoptabilidad, hasta
tanto se cumplan todos los requisitos formales y sustantivos, atiende a que la
adopción es una de las medidas más drásticas que se pueden tomar en este tipo
de procesos, pues evidentemente está dirigida a cambiar diametralmente la vida
de los niños y las niñas que son dados en adopción, y por ello, las autoridades
deben propender por tener la máxima certeza posible respecto de que la decisión
tomada va reportar el mayor beneficio para el receptor de la medida.
75. Inicialmente, es importante resaltar que el
Juzgado en el marco de su autonomía e independencia, encontró que faltaban
datos relevantes para llegar a tomar una decisión con certeza respecto de la
adopción de la niña, lo anterior, pues según lo informó a esta Corporación, la
Defensoría no aportó la totalidad de la documentación relevante, ni del
expediente del PARD. Por tal motivo, decretó algunas pruebas que develaron unos
nuevos hechos, respecto de los que se habían probado en el expediente del PARD.
Estos hechos estaban relacionados con un nuevo momento en la familia de Esperanza, en el cual la misma estaba unida.
76. Esta primera actuación, nos muestra que el Juzgado
XX de Familia, no incurrió en defecto fáctico en su dimensión positiva,
pues ejerció su poder oficioso para verificar algunas de las condiciones
actuales de los padres de
Esperanza. Esta
conclusión, hace parte de la primera respuesta al problema jurídico propuesto.
Ahora bien, pasa la Sala a examinar si con la decisión
de no homologar la Resolución de adoptabilidad de Esperanza y ordenar su reintegro inmediato el Juzgado incurrió en defecto
fáctico en su dimensión negativa y en violación directa de la Constitución.
Para ello, se estableció previamente que la Constitución colombiana tiene
fuerza vinculante y que de ella (art. 44) se deriva un deber de todos los
jueces de aplicar el principio superior del menor y que la dimensión negativa
del defecto fáctico opera cuando el juez ignora u omite la valoración de una
prueba determinante para la resolución del asunto. En este caso, encuentra la
Corte que el Juzgado XX incumplió esos deberes, por las siguientes
razones:
77. En primer lugar, en este caso, la
Juez XX de Familia debió aplicar el principio del interés superior del
niño, en especial los criterios fácticos y jurídicos (fundamentos 26 y 30 de
esta providencia), con el fin de evaluar la medida de declarar en situación
de adoptabilidad a
Esperanza. Según el criterio
fáctico, el Juzgado debió ser más cuidadoso en la ponderación de los
hechos que fueron puestos a su consideración durante el proceso a partir de su
ejercicio probatorio.
En efecto, está claro que cuando se emitió la
Resolución de adoptabilidad (22 de febrero de 2016), la familia se
encontraba dividida porque los padres estaban separados y tenían conflictos
internos que repercutieron en que los mismos se marginaran del proceso y
causaran un daño emocional a su hija, quien, como se indicó, tuvo que pasar por
un trabajo psicológico para entender por qué llevaba tanto tiempo en las
instituciones del ICBF. Tal y como ya se indicó, esa ausencia (diciembre de
2015) marcó un cambio de actitud de la niña respecto de sus padres.
Sin embargo, al momento en que la Juez XX de
Familia decretó pruebas (30 de junio de 2016[189]), el núcleo familiar
estaba de nuevo reunido y la relación de pareja de los progenitores había
mejorado. En efecto, esta Sala encuentra que se probó dentro del procedimiento
judicial que para el 22 de agosto de 2016, los padres de Esperanza estaban viviendo juntos con sus otros tres hijos[190]. Así mismo que vivían
en un inquilinato con servicios públicos básicos, que el padre respondía por el
100% de la carga económica de la familia y la madre se había dedicado al
cuidado de sus hijos. Esta información consta en el acta de la visita social
ordenada por el Juzgado y realizada el 23 de septiembre de 2016[191].
Con fundamento en esta nueva información, el Juzgado
argumentó:
“… no se desconoce que hubo por parte del padre de la
niña una situación de descuido para que ella se extraviara, acción reprochable
pero que no apareja una medida tan severa como lo es la adopción, ya que la
misma opera cuando realmente se requiera y efectivamente está demostrado el
total desinterés por parte de los padre y la familia extensa…
Cierto es el derecho de la niña a tener una familia, y
que mejor que sea la familia consanguínea, a menos que ésta le haya vulnerado
en forma grave esos derechos a la menor, en este caso a Esperanza, lo cual no se evidencia en el presente asunto,
puesto que como se ha indicado letras atrás, la niña tiene a sus padres,
quienes están interesados en ella; por lo tanto, por parte de este Juzgado no
se ve una razón tan grave de imponer como medida de restablecimiento de
derechos la de la adopción…”[192].
78. Esta Sala encuentra que tal variación en las dinámicas
de las relaciones interpersonales y familiares, hace parte del libre ejercicio
de la autonomía y de las libertades de las que goza cualquier persona. Sin
embargo, las mismas tienen un límite, cuando el desarrollo de tales dinámicas
de pareja, afectan a los niños y niñas, de tal forma que produzcan en ellos un
impacto tan negativo que repercute determinantemente en su bienestar. Tal y
como se evidenció en este caso, pues la inestabilidad de los padres en el
proceso administrativo, finalmente repercutió en un daño emocional a la niña,
que generó a su vez la ruptura de los vínculos de confianza respecto de ellos.
Si bien, la conducta de los padres puede llegar a
tener diversas justificaciones y explicaciones, lo cierto es que la misma tuvo
incidencias en los derechos de la niña que la afectaron. Y en la ponderación de
los derechos de éstos y los de la menor de edad, es claro el mandato
constitucional de prevalencia de los últimos (art. 44 C. P.). No se trata en
este caso, solamente de reprochar el cumplimiento o no de las responsabilidades
derivadas de los roles maternos y/o paternos, sino de la afectación real que
se produjo por la intermitencia de la familia, en la salud emocional de la niña.
En este caso, se probó que ese no era un riesgo hipotético para Esperanza, sino real pues tenía soporte en varios conceptos
psicológicos que obraban en el expediente del PARD.
Por tal motivo, incluso teniendo presente que las
condiciones familiares mejoraron en la etapa judicial del proceso, la Juez
debió efectuar una evaluación integral del mismo, que para ese entonces llevaba
aproximadamente dos años, y tener en cuenta la situación real y actual de
la pequeña. Por consiguiente es claro que efectuó una valoración probatoria
incompleta que genera que su decisión se vea afectada por un defecto fáctico.
79. En segundo lugar, tampoco acertó la
Juez en la aplicación de los criterios jurídicos que sirven para
dar forma al principio del interés superior del niño. En efecto, uno de estos
criterios refiere a que si se altera el equilibrio entre los derechos de los
familiares y los de los niños, la decisión que debe adoptarse es la que mejor
satisfaga las necesidades del infante. En este caso, durante un proceso extenso
y prolongado hubo varias alteraciones en las dinámicas interpersonales de los
adultos involucrados, las cuales produjeron consecuencias negativas en la salud
mental de Esperanza, quien también pasó por un proceso difícil
de asimilación de las situaciones.
En efecto, la niña en un principio quería volver a
casa, extrañaba a sus hermanos y a sus padres, no entendía por qué estaba
durante tanto tiempo en un lugar lejos de su hogar, y guardaba la ilusión de
reencontrase con ellos. Sin embargo, como se evidenció, esta situación cambió a
partir de diciembre de 2015, cuando ella tuvo episodios de tristeza, ansiedad y
rabia al enfrentarse al hecho de que sus padres no la visitaban.
Una vez más se recuerda, que sin perjuicio de las
dinámicas interpersonales de los padres, ellos como adultos tenían una
responsabilidad frente a la niña, que al ser incumplida de manera reiterativa
quebró los vínculos de confianza de Esperanza respecto de ellos y le generó una herida emocional que fue difícil de
superar para ella. Es decir, se alteró el equilibrio entre sus derechos y
los de sus familiares, por ello la decisión debía ser en su favor. Lo que, como
se ha ilustrado, no ocurrió.
80. Estas dos razones relacionadas con la indebida
aplicación del principio del interés superior del menor, unidas a las evidencias
de maltrato físico, emocional y sexual que la niña vivió cuando estaba al
cuidado de sus padres, y al incumplimiento de unas mínimas garantías que eran
necesarias para que el reintegro de la niña pudiera hacerse efectivo, constituían
elementos de juicio que la Juez XX de Familia valoró en incumplimiento
del principio superior del menor de edad. Por tanto, adoptó una decisión que
incurre en defecto fáctico (dimensión negativa) y en violación directa de la
Constitución.
En efecto, se reitera que según lo indicado en el
fundamento 68 de esta providencia, esta Sala corroboró que la declaratoria de
adoptabilidad era la decisión que mejor satisfacía el interés de Esperanza en este caso concreto. Lo anterior porque: (i)
se adoptó después de un examen integral de la situación de la niña; (ii) atendió
a una lógica de gradación; (iii) fue proporcional; (iv) si bien
se tomó en un término prolongado, precisamente el mismo fue necesario para
ofrecer todas las herramientas y oportunidades a la familia de la niña en
búsqueda del reintegro; (v) se tomó como última ratio, de manera
excepcional; (vi) atendió al principio del interés superior de la niña; (vii)
no se debió a la carencia de recursos económicos de su familia, sino a que la
misma no acreditó las mínimas condiciones de garantía de sus derechos; (viii)
no desmejoró su situación.
81. Respuesta al segundo problema jurídico:
Por las razones expuestas, esta Sala encuentra que el
Juzgado XX de Familia de Atlantis sí incurrió en defecto fáctico (dimensión
negativa) y violación directa de la Constitución al no homologar la resolución
de adoptabilidad de Esperanza y al ordenar su reintegro inmediato.
SEGUNDA ACCIÓN DE TUTELA: RESPUESTA A LOS PROBLEMAS JURÍDICOS DERIVADOS
DEL EXPEDIENTE T-6032112.
82. Ahora bien, como se desprende de los antecedentes,
es claro que después del fallo del 19 de octubre de 2016 (que no homologó la
Resolución de adoptabilidad y ordenó el reintegro inmediato de la niña), la
Defensoría inició los trámites para cumplir con el reintegro de la niña a su hogar.
Sin embargo, esas actuaciones no fueron inmediatas como lo exigía la
orden debido a varias razones.
En efecto, se probó que el 29 de noviembre de 2016,
el Procurador XX Judicial X de Familia solicitó a la Defensoría
el cumplimiento inmediato de la orden del Juzgado, lo anterior, por
solicitud directa de los progenitores[193].
Por tal motivo, la Defensoría de Familia citó a los padres de la niña en el
CURNN, el 30 de noviembre de 2016, para realizar el reintegro ordenado[194]. Sin embargo, tal
reintegro no ocurrió pues la niña “se negó rotundamente” al traslado de
donde se encontraba (Fundación Invernalia) hasta el CURNN. Los padres sí
estuvieron presentes en esa diligencia.
83. El 1º de diciembre siguiente, la Defensoría
radicó ante el Juzgado XX de Familia un escrito en el que solicitó que
la orden de reintegro se cumpliera de forma paulatina, para que se
permitiera la preparación psicológica de Esperanza. Lo anterior, debido a que ella no había tenido contacto con sus
padres por más de dos años y manifestó “no querer regresar con sus padres”[195].
Para dar soporte a esta petición anexó el informe psicológico que se hizo de la
niña el 30 de noviembre de 2016[196].
Del referido reporte se extrae que:
“… en las ocasiones en que se realizaron
ejemplificaciones en donde Esperanza podría
volver con su familia biológica las reacción de la niña fueron de manera
reiterativa y firme, mostrando coherencia en su lenguaje emocional, verbal y
actitudinal, diciendo ‘no quiero volver a mi casa porque si vuelvo me pegan y
me vuelvo a escapar. Además en mi casa mi papá toma mucho trago y nos pega
borracho, me genera fastidio y mi mama no me cree. Ellos no van a cambiar por
eso yo prefiero quedarme acá’. Dicha expresión está acompañada de sentimientos
de tristeza, rabia, impotencia y miedo”[197].
Así mismo, se ilustró que “según estudios
realizados por la Universidad de Londres…, se ha podido confirmar que el
cerebro de los niños víctimas de maltrato se vuelve híper vigilante, lo que
genera desgaste emocional y cognitivo, con grandes niveles de ansiedad y que a
futuro pueden desencadenar trastornos mentales…”[198]. Finalmente, en el
concepto se dejó claro que la niña “no está preparada para retomar la
cotidianidad con su familia biológica”[199],
por lo que se corre el riesgo de un reintegro fallido y de una nueva lesión
emocional. Por consiguiente, se deben disminuir al máximo tales riesgos.
Esta petición no fue atendida por el Juzgado XX
de Familia de Atlantis, quien se limitó a informar a la
solicitante que ese despacho judicial “perdió competencia respecto del
proceso de la referencia al momento de proferir la sentencia de fecha del 19 de
octubre de la presente anualidad”.
Debido a lo anterior, ese mismo día -1º de
diciembre-, la Defensora se reunió con los padres de la niña y la psicóloga
del Centro La María (donde estuvo por un tiempo la niña) y les explicó que en
esta ocasión debía comprometerse realmente en la culminación de un proceso
psicológico conjunto para que el reintegro se pudiera realizar de forma exitosa
y respetando los derechos de
Esperanza. A lo que los
padres accedieron.
84. A la par del inicio del proceso terapéutico con
los padres y con Esperanza, la Defensora de Familia presentó la
segunda acción de tutela, con el fin de proteger los derechos de Esperanza, pues como se evidenció, cumplir la orden del
reintegro inmediato afectaba la salud emocional y psíquica de la niña. Por
ello, la Defensoría presentó una nueva acción de tutela el 2 de diciembre,
que si bien estaba encaminada, literalmente, a cuestionar la decisión inicial
del Juzgado XX de Familia de no homologar la adoptabilidad, en realidad,
su principal cuestionamiento se dirigió contra la orden de reintegrar de manera
inmediata a la niña a su hogar y la decisión del Juzgado de no modificar sus
órdenes, incluso ante la evidencia de la afectación emocional de la niña.
En este caso, la Defensoría de Familia hizo especial
hincapié en la necesidad de escuchar la opinión de Esperanza, quien había pasado por un largo y difícil proceso en
el que se había forjado su propia opinión sobre sus padres, pese a ello, las
autoridades judiciales no escucharon a la niña.
85. En este segundo momento, marcado por la reacción
de la niña respecto de la decisión judicial, esta Corte considera que las
autoridades judiciales vulneraron el derecho de Esperanza de ser escuchada de conformidad con sus capacidades evolutivas.
En efecto, tanto el Juzgado XX de Familia (al
declararse incompetente), como el Tribunal Superior de Atlantis y la
Corte Suprema de Justicia incumplieron el deber de escuchar a Esperanza antes de adoptar una decisión que la
afectaba, al interior del
proceso de homologación y del posterior proceso de tutela. Lo anterior,
tendiendo especial consideración a los nuevos hechos puestos en conocimiento de
tales autoridades judiciales por parte de la Defensoría de Familia.
En particular, esta Sala reprocha que el Juzgado XX
de Familia de Atlantis indagó sólo sobre las condiciones de los padres de la niña y no sobre
las de ella. Lo cual era relevante en este caso pues, debido a la larga
duración del proceso la opinión de Esperanza había variado.
Del acervo probatorio se deducía que la niña había cambiado de opinión respecto
de querer volver a su hogar y esa comprobación también debió darse por parte
del Juzgado de Familia, en cumplimiento del artículo 26 del Código de la
Infancia y la Adolescencia y todas las normas nacionales e internacionales que
le dan fundamento.
Como se indicó (fundamentos 31 a 37 de esta
providencia) la opinión de los niños debe ser escuchada y tenida en cuenta,
en relación a sus capacidades evolutivas. En este caso, los informes
psicológicos que obraban en el expediente del PARD coincidían en establecer que
Esperanza es una niña madura, que es capaz de
expresar sus opiniones de manera independiente y autónoma cuando se siente en
ambientes de confianza, que sus capacidades son coherentes con su edad
biológica y que su discurso es consistente (condiciones comprobadas a través de
la entrevista que se le practicó a la niña en sede de Revisión).
Teniendo en cuenta esas condiciones, no se explica la
Sala por qué el Juzgado omitió su deber de escuchar a la niña, en este segundo
escenario en el que se evidenció una consecuencia de su orden que era
contraproducente. Lo anterior, aunado a que era relevante conocer su opinión
respecto de la situación actual de sus padres y de su familia, cuando estaba
acreditada la capacidad de Esperanza de expresar sus opiniones en función de su edad (10 años para ese
momento) y madurez, de acuerdo con las premisas derivadas de la Opinión General
No. 12 del Comité de Derechos del Niño, a las que se hizo referencia.
86. Así mismo, se reprocha la actuación de las
autoridades judiciales en sede de tutela, quienes tuvieron el panorama completo
de la compleja situación de
Esperanza, pues las
entrevistas psicológicas generaban dudas sobre si la orden de reintegro de la
niña a su hogar, era la decisión que mejor atendía el interés superior de ésta.
Así, ante la existencia de la duda, era necesaria la práctica de una
entrevista, para que la niña diera su opinión respecto de las decisiones que sobre
ella se estaban adoptando.
Lo anterior, pues a lo largo del proceso
administrativo y judicial ella había alcanzado una estabilidad emocional y
psíquica que se vio alterada por la decisión del Juez en el proceso de
homologación y de las instancias en esta segunda acción de tutela. Ignorar esas
eventuales consecuencias, implica en estos casos incumplir con la aplicación
del interés superior del niño, en especial, con el criterio de evitar
cambios desfavorables en las condiciones de los niños y niñas.
En efecto, al no indagar por la situación de Esperanza (no escucharla) el Juzgado, el Tribunal y la Corte
Suprema, adoptaron decisiones que conllevaban a un cambio evidentemente
desfavorable de sus condiciones, en tanto, la alteraron y le generaron episodios
de ansiedad e impotencia, según los informes psicológicos reseñados. En efecto,
para este momento Esperanza ya contaba con 11 años de edad y su
madurez y capacidad de evaluar la situación estaban acreditadas. Así, ante la
evidencia de un informe psicológico en el cual se advertía la afectación en
la salud emocional y mental de Esperanza, ocasionada por la orden del Juzgado (reintegro
inmediato), las autoridades judiciales no podían olvidar que los derechos
de Esperanza eran prevalentes sobre los de los demás
involucrados, incluso sobre los derechos de sus padres, en la medida en que
estaba en riesgo su salud emocional.
Por ello, debió atenderse las necesidades reales de la
menor de edad, humanizar el proceso que se estaba llevando a cabo, y no caer en
un excesivo formalismo, tal y como lo ocurrió en este caso. Se perdió de vista
que las decisiones debían estar efectivamente encaminadas a proteger los
derechos de la niña.
87. Teniendo en cuenta lo anterior, y ante
la necesidad que en el presente asunto se dé una respuesta institucional
adecuada, pronta y efectiva, que ponga fin a los trámites y actuaciones que
la niña ha transitado durante casi tres años que lleva su PARD, la Magistrada
sustanciadora practicó una entrevista a la niña, el día 17 de octubre de
2017, con el acompañamiento de la Procuraduría Delegada para la Infancia y
la Adolescencia, a partir de la cual se garantizó el derecho de Esperanza a ser escuchada en este proceso y a que su opinión
sea tenida en consideración, de conformidad con sus capacidades evolutivas.
Así, después de ese acercamiento a la menor de edad,
del decreto de otro tipo de pruebas y del examen acucioso de los expedientes de
tutela y del PARD, esta Corte, siguiendo los criterios decisorios aplicables a
este caso, encuentra que es necesario garantizar el correcto equilibrio de los
derechos de los niños y de sus familiares y evitar que la niña sufra cambios
desfavorables en sus condiciones actuales.
En efecto, de acuerdo con la jurisprudencia de esta
Corporación “el interés superior y prevaleciente del menor es un concepto
relacional, es decir, que se predica de situaciones en las cuales deban
armonizarse los derechos e intereses de un determinado niño con los de otra u
otras personas con los cuales han entrado en conflicto”[200], por
tanto no existe una regla que permita establecer cuál es la mejor
alternativa en estos casos, salvo el mandato de hacer prevalecer el interés de
los niños.
En este caso encuentra la Corte que la
mejor manera de armonizar los derechos de Esperanza con los de sus familiares, es partir de la evaluación integral del
largo y complejo proceso que reporta, a través de los informes psicológicos, efectuado
por la niña, en el cual se rompieron los vínculos afectivos con sus padres
(debido a las situaciones de maltrato y negligencia de las que fue víctima), y
que en la actualidad ella sanó una huella emocional que corre el riesgo de
reabrirse. Así mismo, que si bien los padres tienen unos derechos que deben ser
respetados y promovidos por las autoridades, en este caso el ejercicio de esos
derechos implica un riesgo alto para la salud emocional de la niña. Por tal
motivo, la armonización de esos derechos no podía, en este caso particular y
concreto, pasar por adoptar una medida de reintegro al hogar.
88. Respuesta al tercer problema jurídico:
En conclusión, es claro que las autoridades judiciales
involucradas en el proceso de homologación y en el proceso de tutela
(T-6032112) vulneraron el derecho de Esperanza a ser escuchada y a que su opinión fuera tenida en cuenta, de
conformidad con sus capacidades evolutivas, dentro de una actuación en la que
se adoptaba una decisión determinante para su vida.
89. Ahora bien, como se describió en los
antecedentes, antes de efectuar la práctica de la entrevista por parte de la
Magistrada sustanciadora, este despacho decretó la prueba y ordenó un despacho
comisorio para que un juzgado de familia, elegido por reparto, practicara la
respectiva prueba el día 22 de septiembre de 2017. Lo anterior, en virtud a que
tales entes judiciales tienen a su disposición un equipo psicosocial que podía
darle mayor precisión a la entrevista. Sin embargo, al parecer la oficina de
reparto nunca dio trámite al Auto del 28 de agosto de 2017 emitido por la Sala
Quinta de Revisión de Tutelas, por tal razón ninguna autoridad judicial se
presentó, en la hora y fecha fijadas, para la realización de la prueba, a pesar
de que todo en la Fundación Invernalia estaba dispuesto para ello y
según lo informaron Esperanza estuvo a la espera de esa visita.
Hasta el momento no se encuentra
justificación alguna para que las autoridades encargadas hayan omitido su deber
respecto del cumplimiento de las órdenes emitidas por la Corte Constitucional,
por tanto, es necesario que se compulsen copias de la presente sentencia, del
Auto del 28 de agosto de 2017 y de un informe presentado por los funcionarios
de la Corte Constitucional encargados de hacer el seguimiento a dicho auto[201], al Consejo Superior
de la Judicatura, Sala Disciplinaria, para que investigue esta conducta de
acuerdo a sus competencias.
Conclusiones y decisiones a adoptar
90. En este caso, la Defensoría de Familia cumplió con
los parámetros y requisitos establecidos en la ley y en la jurisprudencia
constitucional para decretar la situación de adoptabilidad de la niña Esperanza. Sin embargo, incurrió en varias conductas
reprochables tanto en el proceso administrativo como en la etapa judicial.
El Juzgado XX
de Familia de Atlantis incurrió en defecto fáctico (dimensión negativa) y en violación directa
de la Constitución, al no aplicar los criterios que componen el principio del
interés superior del niño en este caso concreto. Particularmente aquellos
referidos a la armonización de los derechos de los niños y los de los
familiares y al deber de evitar cambios desfavorables en sus condiciones
(T-5929560).
Tanto el juez del proceso ordinario como los jueces de
tutela en este asunto vulneraron el derecho de Esperanza a ser escuchada de acuerdo a sus capacidades evolutivas, en el proceso
de la toma de una decisión que la afectaba directamente (T-6032112).
90. Por lo anterior, es necesario que esta Sala Quinta
de Revisión de Tutelas:
90.1 Levante los términos de suspensión
decretados a través del auto del 28 de agosto de 2017.
90.2 Revoque
las sentencias dictadas (i)
el 15 de noviembre de 2016 por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Atlantis, dentro del expediente T-5929560, y (ii) el 9
de febrero de 2017, por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, que
confirmó la proferida el 16 de diciembre de 2016 por la misma Sala del Tribunal
Superior de Atlantis, dentro del expediente T-6032112, que
negaron las acciones de tutela promovidas por la Defensoría de Familia, contra
el Juzgado XX de Familia de Atlantis. Para en
su lugar, tutelar los derechos fundamentales de Esperanza.
90.3 En consecuencia, deje sin efectos la
sentencia proferida el 19 de octubre de 2016, por el Juzgado XX de
Familia de Atlantis, en tanto incurrió en violación directa de
la Constitución al no homologar la Resolución Nº XX del 22 de febrero de
2016, que declaró la situación de adoptabilidad de la niña Esperanza.
90.4 Ordene al Juzgado XX de
Familia de Atlantis que en un término no superior a los diez
(10) días siguientes a la notificación de la presente sentencia, emita una
sentencia de reemplazo dentro de la acción de homologación de la Resolución de
adoptabilidad de Esperanza, en la cual se recoja la integridad de las
consideraciones expuestas en esta providencia.
90.5 Ordene al Juzgado XX de
Familia que remita copia de la nueva sentencia a esta Sala de Revisión de
Tutelas y a la Procuraduría Delegada para la Infancia y la Adolescencia, dentro
de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su expedición.
90.6 Advierta a las Defensorías de Familia y al
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que en el marco de su actuación,
deben integrar un visión holística de las familias de los menores de edad al
momento de adoptar cualquier clase de medidas. Lo anterior, pues del bienestar
del grupo familiar depende en gran medida el bienestar del niño.
90.7 Compulse copias
de la presente sentencia, del
Auto del 28 de agosto de 2017 y del informe presentado por los funcionarios de
la Corte Constitucional encargados de hacer el seguimiento a dicho auto[202], al Consejo Superior
de la Judicatura, Sala Disciplinaria, para que investigue esta conducta de
acuerdo a sus competencias.
90.8 Debido a que en el presente proceso
están involucrados derechos de otros menores de edad (los hermanos de Esperanza), es necesario ordenar al Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar que, dentro del marco de sus competencias, vele por la
salvaguarda de los derechos de éstos.
IV.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Quinta de Revisión
de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato  de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO: LEVANTAR los términos de suspensión decretados a través del auto del 28 de
agosto de 2017.
SEGUNDO:
REVOCAR las sentencias dictadas (i) el 15 de
noviembre por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Atlantis, dentro del expediente T-5929560, y (ii) el 9
de febrero de 2017, por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, que
confirmó la proferida el 16 de diciembre de 2016 por la misma Sala del Tribunal
Superior de Atlantis, dentro del expediente T-6032112, que
negaron las acciones de tutela promovidas por la Defensoría de Familia, contra
el Juzgado XX de Familia de Atlantis. En su
lugar, TUTELAR los derechos fundamentales de Esperanza.
TERCERO: En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida el 19
de octubre de 2016, por el Juzgado XX de Familia de Atlantis, en tanto incurrió en violación directa de la
Constitución al no homologar la Resolución Nº XX del 22 de febrero de
2016, que declaró la situación de adoptabilidad de la niña Esperanza.
CUARTO: ORDENAR al Juzgado XX de Familia de Atlantis que en un término no superior a los diez (10) días
siguientes a la notificación de la presente providencia, emita una sentencia de
reemplazo dentro de la acción de homologación de la Resolución de adoptabilidad
de Esperanza, en la cual se recoja la integridad de las
consideraciones expuestas en esta providencia.
QUINTO: ORDENAR al Juzgado XX de Familia que remita copia
de la nueva sentencia a esta Sala de Revisión de Tutelas y a la Procuraduría
Delegada para la Infancia y la Adolescencia, dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas siguientes a su expedición.
SEXTO: ADVERTIR a las Defensorías de Familia y al Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar, que en el marco de sus actuaciones, deben integrar una
visión holística de las familias de los menores de edad al momento de adoptar
cualquier clase de medidas. Lo anterior, pues del bienestar del grupo familiar
depende en gran medida el bienestar del niño.
SÉPTIMO: COMPULSAR COPIAS de la presente sentencia, del Auto del 28
de agosto de 2017 y del informe presentado por los funcionarios de la Corte
Constitucional encargados de hacer el seguimiento a dicho auto[203], al Consejo Superior
de la Judicatura, Sala Disciplinaria, para que investigue esta conducta de
acuerdo a sus competencias.
OCTAVO: ORDENAR al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que,
dentro del marco de sus competencias, vele por la salvaguarda de los derechos
de los hermanos de
Esperanza, si a ello
hubiere lugar.
NOVENO: Por Secretaría General, LIBRAR la comunicación a que se refiere
el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese e insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional. Cúmplase.
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
CRISTINA PARDO SCHLSINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ROCÍO LOAIZA MILLÁN
Secretaria General (e.)
[1]
La decisión de excluir de cualquier publicación los nombres originales de
menores de edad implicados en procesos de tutela y de los de sus familiares ha
sido adoptada -entre otras- en las siguientes sentencias: T-523 de 1992, T-442
de 1994, T-420 de 1996, T-1390 de 2000, T-1025 de 2002 y T-510 de 2003.
[2]
La Sala número 1 de Selección de Tutelas de esta
Corporación, presidida por los Magistrados Jorge Iván Palacio Palacio y
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[3]
La Sala número 2 de Selección de Tutelas, presidida
por el Magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez y la Magistrada María Victoria
Calle Correa.
[4]
La Sala número 2 de Selección de Tutelas, presidida
por los Magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez e Iván Humberto Escrucería
Mayolo.
[5] En la actualidad Esperanza cuenta con 11 años de edad.
[6]
Folio 2 cd. Inicial Expediente T-5.929.560.
[7]
Folio 2 ib.
[8]
Folio 2 ib.
[9]
Folio 296 y 297, expediente del PARD. Informe de visita social a la casa de la
tía paterna del 19 de agosto de 2016.
[10] Folio 2 ib.
[11] Folio 2 ib.
[12] Folio 2 ib.
[13] En tal audiencia se le preguntó a éste la razón por la cual había
incumplido los compromisos establecidos en el proceso administrativo, a lo cual
respondió: “- el de allegar los resultados de la asistencia alcohólicos
anónimos (sic): porque nosotros Minerva y yo no quisimos asistir al proceso. No sé ni qué decir. –Los
resultados de las pruebas de toxicol: no fui porque no tenía tiempo y no tenía
cómo pagarlos. – La Asistencia a Proceso Terapéutico, así como el de no asistir
a la Fundación XX: solo fuimos una sola vez”. Folio 3 ib.
[14] La Juez ordenó un interrogatorio a los padres de Esperanza y
una visita social tanto al hogar de los mismos, como al de la tía paterna.
[15] Auto del 2 de noviembre de 2016. Folio 11 ib.
[16] Respuesta presentada el 4 de noviembre de 2016, por el Juez XX
de Familia de Atlantis,
folios 24 a 26 ib.
[17] Folio 24 ib.
[18] Folio 24 ib.
[19] Folio 25 ib.
[20] Folio 26 ib.
[21] Respuesta presentada el 8 de noviembre de 2016, por el Procurador XX
Judicial X de Familia. Folios 28 a 32 ib.
[22] Folio 29 ib.
[23] Folios 29 y 30 ib.
[24] Respuesta presentada el 11 de noviembre de 2016 por el
Fiscal XX delegado ante los Jueces Penales del Circuito de Atlantis – Unidad de Delitos contra la
libertad, integridad y formación sexual. Folios 37 a 68 ib.
[25] Folios 38 a 41 ib.
[26] Folio 42 ib.
[27] Folios 43 a 44 ib.
[28] Folio 45 ib.
[29] El relato de la niña en este documento es el siguiente: “nadie
sabe ni siquiera a mi hermano mayor, solo sabe el menor… es que un día el ser
de la casa Don Hefesto golpeó en la puerta y me dijo que
subiera con mi hermano al cuarto de él y entonces yo subí, él me dijo que
íbamos a jugar con el computar (sic) y por hacerle caso el señor cogió a
mi hermano y se metió a la cama y me comenzó a besar y decir cosas de tata y no
sé qué…” Folio 45 ib.
[30] Folios 48 a 49 ib.
[31] Folios 50 a 51 ib.
[32] Folio 60 ib.
[33] Se indica que “Región anal y genital sin lesiones, himen anular
íntegro no dilatable, en el momento del examen no presenta evidencia clínica de
embarazo no de enfermedad de transmisión sexual, los hallazgos encontrados no
permiten descartar ni confirmar manipulaciones sexuales tales como tocamientos
ya que no dejan huellas físicas hay que tener en cuenta el relato dado por la
menor”
[34] Folio 67 ib.
[35] Folio 78 ib.
[36] Folio. 1 cd. Inicial, expediente T-6032112.
[37] Folio 9 ib.
[38] Respuesta presentada el 7 de diciembre de 2016, por el Juez XX
de Familia de Atlantis, folios 28 a 29 ib.
[39] Folio 29 ib.
[40] Respuesta presentada el 9 de diciembre de 2016, por la
defensora de familia adscrita al Juzgado XX de Familia de Atlantis.
[41] Folio 32 ib.
[42] Respuesta presentada el 9 de diciembre de 2016, por el Procurador XX
Judicial X de Familia. Folios 28 a 32 ib.
[43] Respuesta allegada el 13 de marzo de 2017. Folios 48 a 58 cd.
Corte T-5929560.
[44] Hace un inventario de actuaciones como visitas del equipo
psicosocial al lugar de habitación, entre otros.
[45] Respuesta allegada el 24 de marzo de 2017. Folios 59 a 61
cd. Corte T-5929560.
[46] Escrito allegado el 29 de marzo de 2017, por la Defensora de
Familia del ICBF, adscrita al Juzgado XX de Familia de Atlantis. Folios 67 a 73 cd. Corte T-5929560.
[47] Escrito allegado el 20 de abril de 2017, por el jefe de la
oficina jurídica del ICBF. Folios 75 a 81 cd. Corte T-5929560.
[48] Folio 76 cd. Corte T-5929560.
[49] Ese expediente es el número de radicado T-6032112.
[50] Folio 78 cd. Corte T-5929560.
[51] Folio 81 cd. Corte T-5929560.
[52] Folio 39 y 45 cd. Corte T-5929560.
[53] Folio 44 cd. Corte T-5929560.
[54] Escrito allegado el 18 de septiembre de 2017, por el jefe del
Centro de Servicios Psicológicos de la Facultad de Psicología de la Universidad
de la Académica. Folios 165 a 166 cd. Corte T-5929560.
[55] Escrito allegado el 13 de septiembre de 2017, por la psicóloga y el
trabajador social respectivamente, del Centro CURNN.
[56] Este informe se presenta a petición de la Defensora de Familia
Adscrita a la Secretaría de Integración Social.
[57] Folio 198 y 204 cd. Corte T-5929560.
[58] Folio 199 205 y  cd. Corte T-5929560. Informe presentado por
el citador de la Corte Constitucional.
[59] Folio 203 cd. Corte T-5929560.
[60] Artículo 26. Derecho al debido proceso. Los niños, las niñas
y los adolescentes tienen derecho a que se les apliquen las garantías del
debido proceso en todas las actuaciones administrativas y judiciales en que se
encuentren involucrados.
En toda
actuación administrativa, judicial o de cualquier otra naturaleza en que estén
involucrados, los niños, las niñas y los adolescentes, tendrán derecho a ser
escuchados y sus opiniones deberán ser tenidas en cuenta.
[61] Folios 214 a 216 cd. Corte. La entrevista fue grabada en su
totalidad y consta en un CD que hace parte integral del Acta.
[62] Cd. En el cual consta la grabación de la entrevista.
[63] Cd. En el cual consta la grabación de la entrevista.
[64] Cd. En el cual consta la grabación de la entrevista.
[65] Cd. En el cual consta la grabación de la entrevista.
[66] Cd. En el cual consta la grabación de la entrevista.
[67] En la entrevista se le preguntó a Esperanza por su cuento favorito, a lo que respondió: “Alicia en el país de
la Maravillas”. Por tal motivo, durante la entrevista se hizo una semblanza a
su cuento favorito.
[68] Cd. En el cual consta la grabación de la entrevista.
[69] Folio 253 y 260 cd. Corte T-5929560.
[70] Folio 254 y 261 cd. Corte T-5929560. Informe presentado por
el citador de la Corte Constitucional.
[71] Folio 259 cd. Corte T-5929560.
[72] Folio 78 ib.
[73] Folio 1 cd. T-6032112
[74] ARTICULO 10. LEGITIMIDAD E INTERÉS. “La acción de tutela podrá
ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o
amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a
través de representante. Los poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los
mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal
circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.
También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros
municipales.”
[75] Sentencia T-531 de 2002. M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[76] M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, en la cual se reitera la sentencia
T-197 de 2011 del mismo ponente. En esta sentencia se evaluó el caso de una
niña que fue declarada en situación de abandono y posteriormente de
adoptabilidad. A pesar de que la niña ya estaba viviendo con su familia
adoptiva, ella reclamaba ver a sus abuelos, pues ellos no tuvieron conocimiento
de todo el proceso. El ICBF negó todo contacto de la niña con su familia. La
madre adoptiva de la niña, presentó una acción de tutela contra el ICBF para
buscar la protección de los derechos de la menor de edad. Sin embargo, los
jueces de instancia negaron la acción de tutela al estimar que no existía
legitimación por activa.
[77] “La corresponsabilidad de todos en la protección de este grupo,
permite que cualquier persona pueda exigir de la autoridad competente el
cumplimiento y garantía de sus derechos, como expresamente lo consagra el
precepto constitucional  en cita. Por tanto, es  deber de  todo individuo en
nuestra sociedad actuar como agente oficioso de los  derechos y garantías de
los niños, niñas y adolescentes ante la vulneración o amenaza de sus derechos
en donde es irrelevante si tiene o no un representante legal, porque se repite,
la Constitución impuso la corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la
familia en su efectiva protección, lo que se traduce en que fue el mismo
Constituyente el que  estableció la legitimación en la causa de cualquier
persona para actuar en nombre de los niños, niñas o adolescentes que se
encuentren en estado de riesgo o vulneración de sus derechos. No en pocas
ocasiones es el representante legal el agente de la vulneración, en
consecuencia, no se puede  exigir que actúe en defensa de los derechos de su
representado, pues puede acontecer que éste, por negligencia, ignorancia o
simplemente como sujeto activo de la vulneración, omita hacer uso de los
instrumentos jurídicos diseñados para lograr el amparo de quien se encuentra
bajo su representación.” Sentencia T-844 de 2011, precitada.
[78] Artículo 40. Obligaciones de la sociedad. En
cumplimiento de los principios de corresponsabilidad y solidaridad, las
organizaciones de la sociedad civil, las asociaciones, las empresas, el
comercio organizado, los gremios económicos y demás personas jurídicas, así
como las personas naturales, tienen la obligación y la responsabilidad de tomar
parte activa en el logro de la vigencia efectiva de los derechos y garantías de
los niños, las niñas y los adolescentes. En este sentido, deberán:
1.
Conocer, respetar y promover estos derechos y su carácter prevalente.
2.
Responder con acciones que procuren la protección inmediata ante situaciones
que amenacen o menoscaben estos derechos.
3.
Participar activamente en la formulación, gestión, evaluación, seguimiento y
control de las políticas públicas relacionadas con la infancia y la
adolescencia.
4. Dar
aviso o denunciar por cualquier medio, los delitos o las acciones que los
vulneren o amenacen.
5.
Colaborar con las autoridades en la aplicación de las disposiciones de la
presente ley.
6. Las
demás acciones que sean necesarias para asegurar el ejercicio de los derechos
de los niños, las niñas y los adolescente
[79] Artículo 41. Obligaciones del Estado. El Estado es el
contexto institucional en el desarrollo integral de los niños, las niñas y los
adolescentes. En cumplimiento de sus funciones en los niveles nacional, departamental,
distrital y municipal deberá:
1.
Garantizar el ejercicio de todos los derechos de los niños, las niñas y los
adolescentes (…)
[80] Ver sentencias T-1015 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis y T-780 de
2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[81] Sentencia T-502 de 2008. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[82] Ver entre otras, sentencias: SU-154
de 2006 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-986 de 2004 M. P. Humberto Sierra
Porto, T-410 de 2005 M.P. Clara Inés Vargas
[83] Ver entre otras, sentencias: T-568 de 2006 M.P. Jaime Córdoba Triviño,
T-951 de 2005 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-410 de 2005 M.P. Clara Inés
Vargas Hernández.
[84] Corte Constitucional, M. P. José Gregorio Hernández Galindo
[85] Al respecto ver, entre otras, las sentencias de la Corte
Constitucional SU-159 de 2002 y T-522 de 2001, en ambas M. P. Manuel José
Cepeda Espinosa; T-462 de 2003 y T-1031 de 2001, en ambas M. P. Eduardo
Montealegre Lynett y T-1625 de 2000, M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez.
[86] M. P. Jaime Córdoba Triviño. En este fallo se declaró inexequible
una expresión del artículo 185 de la Ley 906 de 2004, que impedía el ejercicio
de cualquier acción, incluida la tutela, contra las sentencias proferidas por
la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
[87] Situaciones que ya han sido estudiadas por esta Corte
Constitucional. Ver entre otras T-376 de 2014 M. P. Nilson Pinilla Pinilla;
T-094 de 2013 M. P. Jorge Ignacio Pretel Chaljub; T-572 de 2010 M. P. Juan
Carlos Henao Pérez.
[88] Artículo 119. Competencia del Juez de Familia en
Única Instancia. Sin perjuicio de las competencias asignadas por otras
leyes, corresponde al juez de familia, en única instancia:
1. La
homologación de la resolución que declara la adoptabilidad de niños, niñas o
adolescentes.
2. La revisión
de las decisiones administrativas proferidas por el Defensor de Familia o el
comisario de familia, en los casos previstos en esta ley.
3. De la
restitución internacional de niños, niñas y adolescentes.
4. Resolver
sobre el restablecimiento de derechos cuando el defensor o el Comisario de
Familia haya perdido competencia.
Parágrafo. Los asuntos regulados en este código deberían ser tramitados con
prelación sobre los demás, excepto los de tutela y habeas corpus, y en todo
caso el fallo deberá proferirse dentro de los dos meses siguientes al recibo de
la demanda, del informe o del expediente, según el caso. El incumplimiento de
dicho término constituye causal de mala conducta.
[89] Corte Constitucional, ver entre muchas otras las sentencias T-620
de 2013, M. P. Jorge Iván Palacio Palacio; T-612 de 2012, M. P. Humberto
Antonio Sierra Porto; T-584 de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-661 de
2011, M. P. Jorge Iván Palacio Palacio; T-671 de 2010; , M. P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub; T-217 de 2010, M. P. Gabriel Eduardo Martelo Mendoza; T-949 de
2009, M. P. Mauricio González Cuervo; T-555 de
2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-584 de 2008, M. P. Humberto
Antonio Sierra Porto; T-796 de 2008, M. P. Clara Inés Vargas Hernández; T-233 de 2007, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra;
T-1027 de 2006, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-812 de 2005, M. P. Rodrigo
Escobar Gil.
[90] Corte Constitucional, T-419 de 2011, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo; T-1257 de 2008, M. P. Nilson Pinilla Pinilla.
[91]Sentencia T-704 de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva. También
ver sentencias T-310 de 2009, M. P.
Mauricio González Cuervo y T-555 de 2009 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[92] Caso en el cual también se incurriría en la causal por
desconocimiento del precedente. Al respecto ver, entre muchas otras, las
sentencias T-292 de 2006, M. P. Manuel José
Cepeda Espinosa, SU-047 de 1999 y C-104 de 1993, en ambas M. P. Alejandro
Martínez Caballero.
[93] Sentencia T-704 de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva. También ver, las sentencia T-199 de
2005, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-590 de 2009, M. P. Luis Ernesto
Vargas Silva y T-809 de 2010, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
[94] Ver entre otras, T-522 de 2001, Manuel José Cepeda
Espinosa y T-685 de 2005, M. P. Clara Inés Vargas
Hernández.
[95] SU-918 de 2013, M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[96] La Corte Constitucional, en sentencia T-055 de 1997, M. P. Eduardo
Cifuentes Muñoz, determinó que, en lo que hace al análisis del material
probatorio, la independencia judicial cobra mayor valor y trascendencia.
[97] Corte Constitucional, ver entre otras, las sentencias T-231 de 1994, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-442 de 1994,
M. P. Antonio Barrera Carbonell; T-008 de 1998, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz;
T-025 de 2001, M. P. Eduardo Montealegre Lynett; SU-159 de 2002, M. P. Manuel
José Cepeda Espinosa; T-109 de 2005, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-264 de
2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-114 de 2010, M. P. Mauricio González
Cuervo, SU-198 de 2013, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva. En ésta última se
indicó expresamente: “la intervención
del juez de tutela, en relación con el manejo dado por el juez de conocimiento
es, y debe ser, de carácter extremadamente reducido. El respeto por los
principios de autonomía judicial y del juez natural, impiden que el juez de
tutela realice un examen exhaustivo del material probatorio”.
[98] Ver sentencia T-442 de 1994,
M. P. Alejandro Martínez Caballero. Allí se indicó: “si bien el juzgador
goza de un gran poder discrecional para valorar el material probatorio en el
cual debe fundar su decisión y formar libremente su convencimiento,
inspirándose en los principios científicos de la sana crítica…, dicho poder
jamás puede ser arbitrario; su actividad evaluativa probatoria supone
necesariamente la adopción de criterios objetivos, racionales, serios y
responsables. No se adecua a este desiderátum, la negación o valoración
arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba, que se presenta cuando el
juez simplemente ignora la prueba u omite su valoración o sin razón valedera
alguna no da por probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge
clara y objetivamente.”
[99] Cfr., entre otras, Corte Constitucional SU-159 de 2002, precitada.
[100] Cfr., entre otras, Corte Constitucional T-442 de 1994 y SU-159 de
2002, precitadas.
[101] Estos errores han sido nombrados por la Corte Suprema de Justicia
como falso juicio de identidad y falso raciocinio.
[102] Corte Constitucional, T-464 de 2001 M. P. Jorge Iván Palacio
Palacio.
[103] M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[104] Corte Constitucional T-458 de 2007 M. P. Álvaro
Tafur Galvis.
[105] Corte Constitucional T-436 de 2009 M. P. Humberto Antonio Sierra
Porto.
[106] Las presentes consideraciones ya habían sido planteadas por la
Magistrada sustanciadora en las sentencias T-512 de 2017 y T-387 de 2016. En la primera ocasión, la Sala estudió una acción de
tutela presentada a favor de una niña que fue declarada en adoptabilidad debido
a que su madre no podría hacerse cargo de ella y no tenía ningún familiar que
asumiera su cuidado. La madre estaba privada de la libertad y su hija estaba al
cuidado de un tercero sin vínculo sanguíneo, en un hogar en el que la niña no
estaba escolarizada, no se garantizaban sus derechos básicos y había sido
víctima de actos sexuales abusivos. En la segunda acción de tutela, la Sala
Quinta estudió el caso de una niña sobre la cual el ICBF había adoptado una
medida de protección, dentro del PARD, consistente en otorgar el cuidado y la
custodia personal de la menor de edad a su tía paterna. El padre de la niña
presentó la acción de tutela al considerar que su hermana podía explotar
sexualmente a su hija, por tanto, reclamaba la custodia y el cuidado ante el
ICBF.
[107]Sentencia T-767 de 2013; M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[108] Este instrumento hace parte del bloque de constitucionalidad y, por
tanto, conforma el ordenamiento interno, en concordancia con el artículo 93 de
la Constitución Política.
[109] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[110] Sentencia T-510 de 2013, M. P. Nilson
Pinilla Pinilla.
[111] Sentencia T-397 de 2004, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[112] Esta regla fue formulada en las sentencias T-397 de 2004 M. P.
Manuel José Cepeda Espinosa y T-572 de 2010, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
[113] Ver entre otras, sentencias T-844 de 2011 M. P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub; T-276 de 2012 M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y T-955 de
2013 M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[114] M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[115] Artículo 14: “Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y
con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial,
establecido por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación de carácter
penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u
obligaciones de carácter civil.”
[116] Artículo 8.11: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas
garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente,
independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la
sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la
determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o
de cualquier otro carácter”.
[117] Artículo 12: “1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté
en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión
libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en
cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño.
2. Con tal
fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo
procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente
o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con
las normas de procedimiento de la ley nacional”.
[118] Se hace la aclaración que este tipo de Observaciones no son parte
integrante del Bloque de Constitucionalidad, y en esta sentencia se citan como
referentes doctrinales que ilustran la labor del juez constitucional en este
caso particular.
[119] Artículo 26. Derecho al debido proceso. Los
niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a que se les apliquen las
garantías del debido proceso en todas las actuaciones administrativas y
judiciales en que se encuentren involucrados.
En toda actuación
administrativa, judicial o de cualquier otra naturaleza en que estén
involucrados, los niños, las niñas y los adolescentes, tendrán derecho a ser
escuchados y sus opiniones deberán ser tenidas en cuenta.
[120] M. P. Luis Ernesto Vargas Silva
[121] “Se ha demostrado en estudios que la
información, la experiencia, el entorno, las expectativas sociales y culturales
y el nivel de apoyo contribuyen al desarrollo de la capacidad del niño para
formarse una opinión. Por ese motivo, las opiniones del niño tienen que
evaluarse mediante un examen caso por caso”. Sentencia T-844 de 2011.
[122] Observación General número 12 de 2009 del Comité de los derechos
del niño.
[123] Sentencia T-955 de 2013, precitada.
[124] Ver sentencias: T-276 de 2012 M. P. Jorge Ignacio Pretel Chaljub;
T-115 de 2014 y T212 de 2014, en ambas, M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez;
T-376 de 2014 M. P. Nilson Pinilla Pinilla, entre otras. En sentencia T-844 de
2011 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt.), se indicó: “Siguiendo las
recomendaciones que emitió el Comité sobre los Derechos del Niño acerca de esta
importante garantía, la Corte
considera relevante señalar que la opinión del menor de dieciocho años debe
siempre tenerse en cuenta en
donde la razonabilidad o no de su dicho, dependerá de la madurez con que exprese sus
juicios acerca de los hechos que los afectan, razón por la que en cada caso se impone su análisis independientemente
de la edad del niño, niña o adolescente. // Se ha indicado que la madurez y la
autonomía de este grupo de especial protección no están  asociadas a la
edad, sino a su entorno familiar, social, cultural en el que se han
desenvuelto. En este contexto, la opinión del niño, niña y adolescente siempre
debe tenerse en cuenta, y su ´madurez´ debe
analizarse para cada caso concreto, es decir, a partir de la  capacidad
que demuestre  el niño, niña o adolescente involucrado  para entender
lo que está sucediendo”.
[125]“Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia”.
[126] Artículo 22 de la Ley 1098 de 2006.
[127] Ver sentencia T-767 de 2013; M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[128] Sobre el particular, se pueden
consultar las sentencias T-110 de 1995 M.P. Antonio Barrera Carbonell y
T-049 de 1999 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[129] Sentencia C-997 de 2004, M.P. Jaime
Córdoba Triviño.
[130] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[131] Sentencia T-510 de 2003, M.  P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[132] ESPEJO YAKSIC, Nicolás. “El derecho a la vida familia,
los derechos del niño y la responsabilidad parental”, en Responsabilidad
Parental. Ed. Legal Plublishing Chile. Santiago, 2017.
[133] ESPEJO YAKSIC, Nicolás. “El derecho a la vida familia,
los derechos del niño y la responsabilidad parental”, en Responsabilidad
Parental. Ed. Legal Plublishing Chile. Santiago, 2017.
[134] Distintas sentencias han destacado la importancia de esta norma,
ver, entre otras, las sentencias T-044 de 2014 y T-075 de 2013; M.P. Nilson
Pinilla.
[135] La sentencia T-851A de 2012 M.P.
Nilson Pinilla, hace un recuento de la normatividad en la materia y se analiza
un caso sobre el tema.
[136] Artículo 52 del Código de la Infancia y la Adolescencia.
[137] De conformidad con el artículo 103 del Código de la Infancia y la
Adolescencia:
“La
autoridad administrativa que haya adoptado las medidas de protección previstas
en este Código podrá modificarlas o suspenderlas cuando esté demostrada la
alteración de las circunstancias que dieron lugar a ellas. La resolución que
así lo disponga se notificará en la forma prevista en el inciso 3o del artículo
anterior y estará sometida a la impugnación y a los controles judiciales
establecidos para la que impone las medidas.
Este
artículo no se aplicará cuando se haya homologado por el juez la declaratoria
de adoptabilidad o decretado la adopción.”
[138] Artículo 53 Código de la infancia y la adolescencia.
[139] Sentencia T-768 de 2013 M.P. Jorge
Ignacio Pretelt.
[140] Sentencia T-572 de 2009. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[141] Sentencia T-851A de 2012, M. P. Nilson Pinilla Pinilla.
[142] Los comisarios de familia, en los lugares donde existen defensores
de familia, solamente pueden ocuparse en los casos de violencia intrafamiliar.
En los lugares donde no hay defensores, conocen de cualquier amenaza o
vulneración de los derechos de los niños y pueden tomar cualquier medida de
restablecimiento, salvo la declaración de adoptabilidad del niño que le
corresponde al defensor de familia.
[143] Código de Infancia y Adolescencia artículo 99.
[144] Reglas reiteradas en las sentencias: T-572 de 2009 M. P. Humberto
Antonio Sierra Porto; T-572 de 2010 M. P. Juan Carlos Henao Pérez; T-671 de
2010, M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-502 de 2011, M. P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub; T-580A de 2011, M. P. Mauricio González Cuervo; T-376 de 2014
M. P. Nilson Pinilla Pinilla, T-773 de 2015 M. P. Luis Guillermo Guerrero
Pérez, T-387 de 2016 M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado, entre otras.
[145] En la sentencia T-572 de 2009, se revisaron las
decisiones adoptadas dentro del proceso de tutela iniciado por los padres de un
niño contra un comisario de familia, debido a que este último había ordenado su
ubicación en hogar sustituto, bajo el argumento de que se había encontrado sólo
en el hogar y con hambre. En esa ocasión, la Corte reiteró que la adopción
de medias de restablecimiento deben sujetarse a los principios de
proporcionalidad e interés superior del menor. En consecuencia, pese a que
el niño había sido reintegrado provisionalmente al núcleo familiar, en el
trámite de la tutela se concluyó que la autoridad accionada sí había vulnerado
sus derechos fundamentales y los de sus padres, pues (i) decretó una diligencia
de allanamiento y rescate del menor de edad, sin que existiera evidencia que la
justificara, y (ii) la medida de restablecimiento de ubicación en hogar
sustituto había sido desproporcionada, ya que no estaba respaldada con
evidencia, no respondió a una lógica de graduación y se basó en un criterio
arbitrario, este es, equiparar a un niño de cabello largo con un niño en abandono.
Por estas razones, la Corte Constitucional concedió el amparo.
[146] En la sentencia T-502 de 2011, M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub,
la Corte recordó que (i) las medidas de restablecimiento que pueden adoptar los
defensores de familia deben ser graduales y proporcionales a los hechos. En ese
asunto, se revisaron las decisiones de instancia dictadas en el proceso tutelar
iniciado por una pareja de compañeros, que invocaban la protección de los
derechos de sus dos hijos menores de edad, a tener una familia y no ser
separados de ella, y a la unidad familiar. Los peticionarios alegaban que el
ICBF había declarado a sus hijos en estado de adoptabilidad, con fundamento
en que presuntamente no contaban con registro civil de nacimiento, afiliación
al sistema de salud y cuadro de vacunas. En sede de revisión, la Corte
verificó que la decisión de adoptabilidad no había sido homologada por el juez
de familia respectivo, pese a lo cual los niños no habían sido reincorporados
al hogar; que funcionarios del ICBF les habían hecho exigencias
desproporcionadas para devolverles sus hijos, como someterse a cirugías para
control de natalidad, y que desde hacía cerca de un año no les era permitido
ver a sus hijos. En dicho asunto, se concluyó que el ICBF sí había vulnerado
los derechos de los accionantes y sus hijos a la unidad familiar y a tener una
familia, así como los derechos de los primeros al debido proceso y a la
autodeterminación reproductiva.
[147] En la sentencia T-572 de 2010, M. P. Juan Carlos Henao
Pérez, la Corte examinó los fallos de instancia dictados dentro del proceso
iniciado por la madre de un niño con síndrome de Down, contra el ICBF, debido a
que había ordenado su ubicación en hogar de paso, porque la madre del niño
supuestamente había tolerado conductas sexuales abusivas en contra del niño por
parte de un docente. Esta corporación concluyó que la imposición de la
medida de restablecimiento era desproporcionada, y que en el proceso
administrativo de restablecimiento de derechos se había lesionado el derecho al
debido proceso de la tutelante. En ese fallo, la Corte indicó que en el proceso
administrativo se habían presentado varias anomalías como (i) no promover la
reunificación familiar; (ii) no hacer esfuerzos para vincular a la familia
extensa del niño, con el fin de estructurar una red de apoyo para la
reconstrucción del vínculo materno filial; (iii) no adoptar un programa
terapéutico de apoyo psicológico a la madre con el propósito de restaurar su
vínculo con el niño y corregir las irregularidades que inicialmente pudieron
dar lugar a la medida de restablecimiento; (iv) basarse exclusivamente en
conceptos de los profesionales del hogar donde se hallaba al niño construidos
desde la conveniencia para el hogar de las visitas de la madre, y no a partir
de una valoración integral de ésta; y (v) crear expectativas a la madre de
reunificación familiar, sin que se adoptaran medidas para el efecto. Por estas
razones y teniendo en cuenta que varios profesionales conceptuaron que no
existían razones Sico-sociales que impidieran a la peticionaría reasumir su rol
materno, la Corte concedió la tutela y ordenó el diseño de un plan para el
restablecimiento progresivo de la relación materno-filial, teniendo en cuenta
que habían transcurrido seis años desde la declaración en situación de abandono
del menor.
[148] En la sentencia T-671 de 2010, M. P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub, esta Corporación reiteró la obligación del ICBF de adoptar
medidas de restablecimiento proporcionales, ordenar la reubicación de un niño
solamente cuando esté probado el perjuicio al que está expuesto en el medio
familiar en que se encuentra y garantizar el debido proceso de la familia y el
menor. En aquel asunto, la Corte revisó las decisiones de instancia dictadas
dentro de una acción de tutela promovida por el ICBF contra la providencia de
un juez de familia que había negado la homologación de la decisión de
adoptabilidad de una niña. La menor había sido entregada por su madre al padre,
por no tener recursos para su sostenimiento. La progenitora finalmente se
vinculó al proceso, pero el ICBF concluyó que ni ella ni su madre (abuela
materna de la niña) tenían la aptitud “mental” para encargarse de su
cuidado, razón por la cual solicitó nuevamente la homologación de la decisión
de adoptabilidad. El juez se opuso y ordenó restablecer las visitas de la
abuela materna. Por esta razón, el ICBF interpuso acción de tutela contra la
decisión del juez de familia. La Corte recordó que la intervención del
Estado en las relaciones familiares únicamente puede tener lugar como medio
subsidiario de protección de los niños afectados, pues la primera llamada a
cumplir con los deberes correlativos a los derechos fundamentales de los niños,
es la familia.
[149] En el fallo T-580A de 2011, M. P. Mauricio González
Cuervo, la Corte reiteró que la intervención del Estado en el ámbito familiar
debe ser justificada y proporcional, y debe propender por mejores
condiciones para el niño o la niña. En ese asunto, la Corte revisó los
fallos de instancias dictados dentro del proceso iniciado por una pareja que
había acogido en su hogar a una niña que les fue entregada por la abuela
materna, debido a que sus padres tenían problemas mentales y no tenían recursos
para su sostenimiento. Los accionantes registraron a la niña y la cuidaban como
su hija. Interpusieron la tutela porque fueron citados al ICBF y se les informó
que se iniciaría un proceso de restablecimiento de derechos para la protección
de los derechos de la niña, lo que consideraron causaría perjuicios morales a
la niña y vulneraba su derecho al debido proceso. En el curso de la tutela, la
niña fue ubicada en hogar sustituto. La Sala de Revisión observó que en el caso
concreto se había desconocido el interés superior de la niña, pues a pesar de
que existían indicios de la necesidad de la medida de restablecimiento, ésta (i)
fue intempestiva y arbitraria, debido a que no estuvo precedida y soportada
por las labores de verificación encaminadas a determinar la existencia de una
real situación de amenaza, inobservancia o vulneración, de los derechos
fundamentales; (ii) fue desproporcionada, pues aunque existían indicios de que
la niña estaba en situación de vulnerabilidad, por la ausencia de la familia
biológica, no obraba evidencia de que la niña estuviera ante un riesgo real de
tal magnitud que justificara una medida de restablecimiento tan drástica,
teniendo en cuenta los lazos afectivos que la niña había desarrollado con la
familia de hecho, y la decisión no fue precedida por la evaluación de medidas
de restablecimiento más favorables a la situación familiar de la niña, como la
medida de ubicación en medio familiar o en hogar amigo. Por esas razones, se
concluyó que la decisión del ICBF de ubicar a la menor de edad en hogar
sustituto había significado un cambio desfavorable en sus condiciones y
representaba una media arbitraria y desproporcionada.
[150] Artículo 61. Adopción. La adopción es, principalmente
y por excelencia, una medida de protección a través de la cual, bajo la suprema
vigilancia del Estado, se establece de manera irrevocable, la relación
paterno-filial entre personas que no la tienen por naturaleza.
Artículo 63. Procedencia
de la adopción. Sólo podrán adoptarse los menores de 18 años
declarados en situación de adoptabilidad, o aquellos cuya adopción haya sido
consentida previamente por sus padres.
Si el menor tuviere bienes,
la adopción se hará con las formalidades exigidas para los guardadores.
Artículo 64. Efectos
jurídicos de la adopción. La adopción produce los siguientes
efectos:
1. Adoptante y adoptivo
adquieren, por la adopción, los derechos y obligaciones de padre o madre e
hijo.
2. La adopción establece
parentesco civil entre el adoptivo y el adoptante, que se extiende en todas las
líneas y grados a los consanguíneos, adoptivos o afines de estos.
3. El adoptivo llevará como
apellidos los de los adoptantes. En cuanto al nombre, sólo podrá ser modificado
cuando el adoptado sea menor de tres (3) años, o consienta en ello, o el Juez
encontrare justificadas las razones de su cambio.
4. Por la adopción, el
adoptivo deja de pertenecer a su familia y se extingue todo parentesco de
consanguinidad, bajo reserva del impedimento matrimonial del ordinal 9° del
artículo 140 del Código Civil.
5. Si el adoptante es
el cónyuge o compañero permanente del padre o madre de sangre del
adoptivo, tales efectos no se producirán respecto de este último, con el cual
conservará los vínculos en su familia.
[151] T-376 de 2014 M. P. Nilson Pinilla Pinilla.
[152] Artículo 119 del Código de la Infancia y la Adolescencia.
[153] Sentencias T-079 de 1993, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz, T-293 de
1999, M. P. Antonio Barrera Carbonell y T-502 M. P. Jorge Ignacio Pretel
Chaljub, entre otras.
[154] Folio 2, expediente del PARD.
[155] Folio 6, expediente del PARD.
[156] Folio 9, expediente del PARD.
[157] En la actualidad Esperanza cuenta con 11 años
de edad.
[158] Folio 16, expediente del PARD.
[159] Folios 30 y 31, expediente del PARD.
[160] Folio 20 a 23, 60, 62, expediente del PARD.
[161] Folios 39, 42 y 43, 64 expediente del PARD.
[162] Folios 45, 46, 50, 64 expediente del PARD.
[163] Folios 48 expediente del PARD.
[164] Folios 26, 98 expediente del PARD.
[165] Folio 39, expediente del PARD.
[166] Folio 50, expediente del PARD. 20 de febrero de 2015.
[167] Folio 60, expediente del PARD.
[168] Folios 104 a 112, expediente del PARD.
[169] M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[170] Folio 122, expediente del PARD.
[171] Folios 130 a 145, expediente del PARD.
[172] Folios 130 a 145, expediente del PARD.
[173] Folios 149 a 150, expediente del PARD.
[174] Folios 149 a 150, expediente del PARD.
[175] Folio 171, expediente del PARD. Informe del 5 de agosto de 2015.
[176] Folios 167, 171 a 173, expediente del PARD. Informes del 5 y
del 10 de agosto de 2015.
[177] En este informe también se refiere que el niño menor expresó que su
padre había tocado sus partes íntimas. Cuando la madre y el padre son
consultados respecto de tal afirmación ambos concuerdan en que por esos días el
niño tuvo problemas con el control de esfínteres, por ese su padre revisó
constantemente sus partes íntimas para verificar si necesitaba cambiarse o no.
Por ello se indica que se hizo un ejercicio para que los padres tomaran
conciencia de la importancia de respetar el territorio corporal de los niños,
sin embargo, se descartó cualquier intención abusiva por parte del padre.
[178] Folio 177, expediente del PARD. A partir de este momento el
caso fue asumido por la Defensora Milena Beatriz Brito
[179] Folio 190, expediente del PARD
[180] Folios 219 a 226, expediente del PARD.
[181] Folio 235, expediente del PARD. En este informe se reportó
que los padres de la niña son los que deben ejercer los roles paternos y maternos,
sin embargo, ninguno de los dos “ha mostrado un interés personal en el
desempeño de su rol. Vemos que no han podido lograr una estabilidad emocional,
económica y habitacional”. Lo anterior, según la visita domiciliaria que
efectuaron el 24 de octubre de 2015 a la nueva casa de los padres.
[182] Folios 230 a 234, expediente del PARD.
[183] Folios 194, 196 a 203, expediente del PARD. Informe de
entrevista con el padre y de visita social hecha a la casa donde estaba la
madre.
[184] Folio 295 y 296, expediente del PARD. Informe de visita
social a la casa de la tía paterna.
[185] Folio 295 y 296, expediente del PARD. Informe de visita
social a la casa de la tía paterna.
[186] Folios 165 y 166, expediente del PARD. Declaración
juramentada de la tía paterna.
[187] Artículo 123. Homologación de la declaratoria de
adoptabilidad. La sentencia de homologación de la declaratoria de
adoptabilidad se dictará de plano; producirá, respecto de los padres, la
terminación de la patria potestad del niño, la niña o el adolescente adoptable
y deberá ser inscrita en el libro de varios de la notaría o de la Oficina de
Registro del Estado Civil.
Si el
juez advierte la omisión de alguno de los requisitos legales, ordenará devolver
el expediente al Defensor de Familia para que lo subsane.
[188] Artículo 103. Carácter transitorio de las medidas. La
autoridad administrativa que haya adoptado las medidas de protección previstas
en este Código podrá modificarlas o suspenderlas cuando esté demostrada la
alteración de las circunstancias que dieron lugar a ellas. La resolución que
así lo disponga se notificará en la forma prevista en el inciso 3° del artículo
anterior y estará sometida a la impugnación y a los controles judiciales
establecidos para la que impone las medidas.
Este
artículo no se aplicará cuando se haya homologado por el juez la declaratoria
de adoptabilidad o decretado la adopción
[189] Folio 294, expediente del PARD.
[190] Folio 297 a 299, expediente del PARD.
[191] Folio 305 a 307, expediente del PARD.
[192] Folio 325, expediente del PARD.
[193] Folio 367, expediente del PARD.
[194] Folio 378, expediente del PARD.
[195] Folio 382, expediente del PARD.
[196] Folios 383 a 386, expediente del PARD.
[197] Folio 384, expediente del PARD.
[198] Folio 384, expediente del PARD.
[199] Folio 384, expediente del PARD.
[200] Sentencia T-397 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda.
[201] Folios ____ cd. Corte, expediente T-5929560
[202] Folios ____ cd. Corte, expediente T-5929560
[203] Folios ____ cd. Corte, expediente T-5929560