SU296-20
Sentencia SU296/20
Referencia: Expedientes T-7.736.908 y T-7.746.453
Acciones de
tutela interpuestas por Omar Cárdenas López y Hernando Mejía Mejía en contra de
la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia
Magistrado ponente:
CARLOS BERNAL PULIDO
Bogotá, D.C., seis (6) de agosto de dos mil veinte
(2020)
La
Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES
1.
Síntesis del caso. El 2 de
agosto de 2019, Omar Cárdenas López y Hernando Mejía Mejía (en adelante, los
accionantes) presentaron, de forma separada, acciones de tutela en contra de la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia (en adelante, la Sala de
Casación Penal). Esto, por cuanto esta autoridad judicial, mediante el auto de
26 de junio de 2019, inadmitió sus demandas de casación. A juicio de los
accionantes, la decisión de inadmisión vulneró sus derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia. En sus respectivas
demandas de casación, los accionantes habían solicitado a la Sala de Casación
Penal “casar” la sentencia proferida el 9 de octubre de 2018 por la Sala
Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué[1].
Mediante esta decisión, dicho Tribunal había confirmado la sentencia de 20 de
febrero de 2018 dictada por el Juez Séptimo Penal del Circuito de Ibagué. En
esta última Sentencia, el Juez había condenado a los accionantes por el delito
de “contrato sin cumplimiento de los requisitos legales en concurso
homogéneo”[2].
2.
Relación contractual que dio
origen al proceso penal. El 4 de
diciembre de 1995, la Empresa de Energía Eléctrica del Tolima (en adelante,
Electrolima) y la Sociedad Energética de Melgar S.A. (en adelante, SEM)
celebraron el contrato No. 054 para la construcción y la remodelación de
infraestructura para el transporte de energía eléctrica en el departamento del
Tolima. En relación con este contrato, las partes suscribieron tres adiciones
los días 14 de agosto y 9 de octubre de 1996, así como el 27 de septiembre de
1997. A su vez, el 7 de octubre de 1997, Electrolima y ASECON Ltda., empresa
filial de SEM[3],
suscribieron el contrato No. 055, “bajo la figura de urgencia evidente”[4].
Las partes, fechas de celebración, objetos y adiciones de dichos contratos se
sintetizan en el siguiente cuadro:
Contrato
Objeto
Adición
Contrato No. 054 de 4 de diciembre de 1995.
Electrolima y SEM
SEM se
obligó a favor de Electrolima, principalmente, a lo siguiente:
(i)   “[E]laborar los
diseños y realizar ampliación y remodelación de la actual subestación Flandes”;
(ii)     “[C]onstruir
la subestación Lanceros” y
(iii) “[C]onstruir una
línea de transmisión (…) entre las subestaciones de Flandes y la nueva
subestación Lanceros”[5].
Primera adición. 14 de agosto
de 1996. SEM se obligó a favor de Electrolima a llevar a cabo “la
modernización de la sub estación Flandes, [la] optimización de la sub
estación Lanceros Melgar y [la] construcción de la sub estación Carmen
de Apicalá, las cuales conforman el proyecto regional
Electrolima-Flandes-Carmen de Apicalá”[6].
Segunda adición. 9 de octubre
de 1996. SEM se obligó a favor de Electrolima a “constru[ir] y
opera[r] (…) [el] sistema conformado por las siguientes obras:
a) construcción de la sub estación Cunday a 34.5 KV de acuerdo a la propuesta
de SEM, b) construcción en el mismo sector de la sub estación Melgar
totalmente nueva para reemplazar la actual, c) construcción de una línea a
34.5 KV entre Cunday y Villarica, d) construcción de la línea 34.5 KV entre
la subestación Melgar e Iconozo y e) remodelación de la línea 34.5 KV entre
Carmen de Apicalá y Cunday”[7].
Tercera adición. 27 de
septiembre de 1997.  Electrolima se obligó
a entregarle al contratista “la operación y mantenimiento preventivo de la
sub estación Flandes”[8].
Contrato No. 055 de 7 de octubre de 1997.
Electrolima y ASECON
ASECON se obligó a favor de Electrolima a ejecutar
la:
(i)“[C]onstrucción y remodelación de las redes de
distribución (actuales y futuras) de los municipios de Melgar, Carmen
de Apicalá, zonas aledañas y demás municipios de la zona de influencia del
proyecto”[9];
(ii)
“[O]peración y
mantenimiento del sistema de distribución eléctrica (actuales y futuras)”[10]
de los mismos municipios y
(iii) “[S]upervisión y control del proceso de facturación
y recaudo realizados por Electrolima”[11].
N/A
3.
Investigación penal. El 24 de noviembre de 1997, la
Fiscalía 50 Seccional de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de
Ibagué inició la investigación preliminar por presuntas irregularidades en la
celebración de las tres adiciones al contrato No. 054 y del contrato No. 055.
El 20 de agosto de 1998, esta misma Fiscalía “dispuso la apertura de
instrucción y la vinculación mediante indagatoria de (…) Hernando Mejía Mejía”[12]. La investigación fue asumida por la
Fiscalía 20 adscrita a la Unidad Nacional de Anticorrupción Delegada ante los
Jueces Penales del Circuito de Bogotá[13].
Mediante diligencia de indagatoria llevada a cabo los días 13 y 14 de diciembre
de 2001, dicha Fiscalía vinculó al proceso a Omar Cárdenas López[14]. La investigación fue “designada
con posterioridad”[15]
a la Fiscalía 73 Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá. El 24 de octubre
de 2011, esta Fiscalía “profirió resolución de acusación contra (…) Hernando
Mejía Mejía y Omar Cárdenas López como autores del delito de contrato sin
cumplimiento de requisitos legales”[16].
Así mismo, “declaró la preclusión frente a los punibles de peculado
por apropiación y falsedad ideológica en documento público”[17]. La resolución de acusación fue recurrida
por los acusados y “confirmada por la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte
Suprema de Justicia, en proveído del 9 de abril de 2012”[18].
4.
Sentencia penal de primera instancia. El 20 de febrero de
2018, el Juez Séptimo Penal del Circuito de Ibagué condenó a los accionantes,
en calidad de autores, por el delito de “contrato sin cumplimiento de los
requisitos legales en concurso homogéneo”[19].
Para el Juez, la conducta ilícita se configuró porque los accionantes eludieron
“los procedimientos de selección objetiva y [de] planeación”[20]. Esto, debido a que las tres
adiciones del contrato No. 054 de 1995 (i) “eran verdaderos
contratos, pues contaban con un objeto propio y diferente del contrato
principal”[21]
y (ii) tenían por objeto actividades “previsible[s]
desde”[22]
el contrato inicial, por tanto, “vulneraron (…) el principio de planeación”[23] que rige
la contratación estatal. Además, el Juez constató que la
situación del suministro eléctrico en el lugar y en la época de los hechos no “amerita[ba]
declarar la urgencia evidente”[24],
en el marco de la cual se suscribió el contrato No. 055 de 1997. Por
consiguiente, el Juez concluyó que, tanto en las adiciones del contrato No. 054
como en la celebración del contrato No. 055, “se obviaron estudios previos,
no se analizó la conveniencia [y] no se permitió la oportunidad de
llamar a otros oferentes”[25]. El Juez encontró acreditado que los
accionantes intervinieron en el trámite y celebración de los contratos objeto
de reproche penal en ejercicio de los cargos que desempeñaban en ese momento,
así:
Accionante
Cargo
Actuación
Hernando Mejía Mejía
“[S]e desempeñó como gerente de la
Electrificadora del Tolima S.A. E.S.P.”[26].
“[P]articipó de forma activa y directa en el
trámite y celebración de las adiciones 1, 2, 3 [al contrato No. 054] y
del contrato 055 de 1997, pues fue quien las suscribió”[27].
Omar Cárdenas López
Fungió como “miembro de la Junta Directiva de
Electrolima, en representación del Ministerio de Minas y Energía, como jefe
de la Dirección de Energía”[28].
“Intervin[o] activa y decisivamente en la
etapa precontractual de las tres adiciones [al contrato No. 054] y en
el contrato 055 de 1997”[29].
5.
En concreto, la sentencia
condenatoria se fundó en que el Juez constató que la conducta de los
accionantes era típica, antijurídica y culpable. Lo primero, porque “concurr[ieron]
todos los elementos objetivos y subjetivos descritos en el tipo penal
–artículo 146 del Decreto Ley 100 de 1980–”[30].
Esto, debido a que el Juez verificó que los accionantes, “en calidad de
funcionarios públicos y en ejercicio de las funciones asignadas a su cargo,
participaron activamente en la etapa precontractual y contractual de las
adiciones realizadas al contrato BOOT 054 de 1995 (…) y [el] contrato
055 de 1997 suscrito bajo la justificación de urgencia evidente, sin cumplir
con los presupuestos legales de esta figura, modalidades que usaron para omitir
los requisitos establecidos para este tipo de actos, con el fin de favorecer al
contratista”[31].
Lo segundo, por cuanto la referida conducta “vulneró el bien jurídico
tutelado por el legislador a través de este tipo penal que (…) es la legalidad
en la contratación estatal y, de contera, la administración pública”[32].
Lo tercero, porque “los agentes infractores gozaban de plena capacidad
física y mental, no se demostró que fueran inimputables [y] tampoco que
hubieran actuado presionados o bajo coacción, conocían lo que estaban haciendo
y cómo debía hacerse; y aun así optaron por actuar en contravía de las normas
establecidas previamente para la suscripción de esos actos jurídicos”[33].
6.
Apelaciones. Mediante apoderado judicial y de forma separada, los
accionantes interpusieron recurso de apelación en contra de la referida
sentencia condenatoria. Los argumentos esgrimidos por los accionantes en sede
de apelación fueron los siguientes:
Accionante
Argumento de apelación
Hernando Mejía Mejía
Afirmó que la decisión condenatoria se fundamentó en
“enunciaciones vacuas, genéricas, etéreas y gaseosas” y solicitó
declarar “una nulidad por la absoluta falta de respuesta (…) a [sus] planteamientos
en sede de alegatos de conclusión” [34].
Omar Cárdenas López
Sostuvo que dentro del proceso no se acreditó que
hubiere incurrido en las conductas delictivas en “razón del ejercicio de
sus funciones”[35]
como miembro de la Junta Directiva de Electrolima y, por tanto, debió
declararse la atipicidad de su conducta.
7.
Sentencia penal de segunda
instancia. El 9 de octubre de 2018,
la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué confirmó la
sentencia de primera instancia. Esto, tras constatar que ninguno de los
recurrentes desvirtuó la argumentación de la sentencia condenatoria. Al
respecto, el Tribunal concluyó que las adiciones contractuales fueron
contrarias a derecho, por cuanto tuvieron como objeto “amparar obras nuevas”[36].
A su vez, consideró “desacertada [la] declaratoria de urgencia
evidente”[37],
dado que la “problemática energética databa de varios años atrás”[38].
El Tribunal sostuvo que tales irregularidades “permitieron que se
realizara una contratación directa y adjudicación [al mismo] (…)
contratista de 4 objetos contractuales diferentes y nuevos, desconociéndose los
principios de transparencia y selección objetiva”[39].
En relación con cada apelante, el Tribunal fundamentó su decisión en los
siguientes argumentos:
Accionante
Consideraciones del Tribunal
Hernando Mejía Mejía
El Tribunal concluyó que el recurso de este
accionante no contenía “un estudio concreto y delimitado del caso
particular”[40].
Dicho recurso no permitía conocer “los argumentos que favorecen a[l]
[recurrente] y la incidencia de los mismos en torno a variar el sentido de
la decisión proferida”[41].
Sin perjuicio de lo anterior y con el fin de “salvaguarda[r] los
derechos fundamentales del procesado”[42],
el Tribunal “advirti[ó] que no resulta ser cierta la ausencia de
respuesta de los alegatos conclusivos (…) [relativos a la] falta de
acreditación de elemento subjetivo del tipo de contrato sin cumplimiento de
requisitos legales”[43],
porque este elemento “sí fue analizado en la sentencia de primera
instancia”[44].
Omar Cárdenas López
El Tribunal desestimó los argumentos del recurrente,
tras constatar que la aprobación de las tres adiciones contractuales y del
segundo contrato “forma[ba] parte de su rol funcional”[45]
como miembro de la Junta Directiva de Electrolima. Esto, por cuanto los
estatutos de la entidad asignaron a dicho órgano la función de “evaluar la
programación anual de contratos, su conveniencia y oportunidad”[46].
En consecuencia, el Tribunal consideró que estaba acreditado que el
recurrente “participó activa y decididamente en el trámite precontractual
de los convenios por cuya celebración resultó condenado en primera instancia”[47].
Por último, el Tribunal precisó que el reproche penal al accionante “no
surge de un análisis del incumplimiento de los presupuestos legales al
momento de contratar (…), sino de la omisión de verificar que todos los
presupuestos necesarios para llevar a cabo en legal forma la contratación (…)
se llevara a cabo (sic) y acorde a lo reglado en los Estatutos internos de
contratación”[48].
8.
Demandas de casación. El 10 de mayo de 2019, los accionantes, de forma
separada, presentaron demandas de casación en contra de la sentencia de segunda
instancia proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Ibagué. Ambas demandas se fundaron en la causal primera de casación[49]. Hernando
Mejía Mejía planteó dos cargos de casación, uno principal y otro subsidiario,
mientras que Omar Cárdenas López planteó un solo cargo. El contenido de dichos
cargos es el siguiente:
Accionante
Cargos de casación
Hernando Mejía Mejía
Cargo principal.
El accionante afirmó que los jueces de instancia aplicaron “una
responsabilidad objetiva (…) y desconocie[ron] las reglas para
estructurar el hecho punible”[50],
porque “indicaron que el elemento subjetivo incorporado en el tipo penal
(…) contemplado en el artículo 146 del Decreto 100 de 1980 (…) no requería
probarse”[51].
Por tanto, a juicio del accionante, se incurrió en violación directa de la
ley sustancial, “al configurarse un error de tipo”[52], por no haberse
probado el elemento subjetivo del delito “contrato sin requisitos legales”,
previsto por el artículo 146 del Código Penal de 1980.
Cargo subsidiario.
El accionante sostuvo que los jueces de instancia no valoraron las pruebas
que “demostr[aban] (…) [que su] intención, al suscribir las
3 adiciones y el contrato 055 de 1997, en ningún momento estuvo enlistada a
defraudar los principios que regían su actuar”[53]. Por esta razón, concluyó
que se configuró violación indirecta de la ley sustancial, en la modalidad de
“error de hecho por falso juicio de existencia por omisión”[54].
Omar Cárdenas López
Único cargo.
Para el accionante, el Tribunal desconoció que él, como miembro de la Junta
Directiva de Electrolima, no tenía “potencialidad decisoria en la fase
precontractual”[55],
porque dicho órgano no era competente para “tramitar las adiciones
contractuales”[56].
Por el contrario, la Junta Directiva se limitaba a “evaluar la
programación anual de los contratos, su conveniencia y oportunidad”[57]. Argumentó
que, de acuerdo con la Ley 80 de 1993, el representante legal de la entidad
era el competente para “ordenar y dirigir la celebración de licitaciones o
concursos y para escoger contratistas”[58]
y este no podía atribuirle la función contractual a la Junta Directiva,
porque esta no es subordinada de aquel[59].
En consecuencia, el accionante afirmó que la sentencia de segunda instancia
incurrió “en violación directa de la ley al deducir [su]
responsabilidad penal, (…) [en tanto que] la conducta no se
adec[uaba] al tipo [penal] descrito”[60], porque él no tenía “la
competencia funcional para adelantar las labores contractuales”[61].
9.
Inadmisión de las demandas de
casación. Mediante el auto de 26 de
junio de 2019, la Sala de Casación Penal decidió “inadmitir las demandas de
casación presentadas por los defensores de Omar Cárdenas López [y] Hernando
Mejía Mejía”[62].
Esto, debido a que concluyó que los recurrentes incumplieron con el deber
de formular los cargos “indicando en forma clara y precisa sus fundamentos”[63],
previsto por el artículo 212.3 de la Ley 600 de 2000. Lo anterior, por cuanto “no
sustenta[ron] un reparo atendible en sede del recurso extraordinario y
tampoco demostra[ron] la necesidad de un fallo en esta sede para lograr
uno de los fines de control constitucional”[64]. De un lado,
la Sala de Casación Penal constató que el cargo principal de Hernando Mejía Mejía “falt[ó] al principio
de corrección material”[65]
y el subsidiario “carec[ía] de respaldo en el proceso”[66]. Del otro,
la Sala de Casación Penal advirtió que el único cargo formulado por Omar
Cárdenas López pretendía “rebatir los fundamentos fácticos de la sentencia”[67] impugnada,
con lo cual “incumpl[ió] el presupuesto fundamental de una infracción
legal directa”[68].
Al respecto, la Sala de Casación Penal sostuvo que cuando se aduce “violación
directa de la ley sustancial”, como causal de casación, “el debate no gira en torno a la corrección de los hechos
declarados en el fallo ni del ejercicio de valoración probatoria a partir del
cual aquellos fueron fijados, sino a la debida aplicación del derecho”[69]. A
continuación, se sintetizan los motivos que sustentaron la inadmisión de las
demandas de los accionantes:
Accionante
Motivos de la inadmisión
Hernando
Mejía Mejía
En
relación con el cargo principal, la Sala de Casación Penal constató
que el juez de primera instancia “tuvo presente en su análisis que la
tipicidad atribuida exigía un elemento subjetivo especial y, coherente con
ello, expuso las razones probatorias que le permitían tenerlo reunido en el
caso”[70].
Así mismo, la Sala de Casación Penal verificó que “en varias partes de la
sentencia se mostró el análisis probatorio que permitió concluir (…) que
[Hernando Mejía Mejía] actuó con dolo y con el especial propósito de
favorecer al contratista”[71].
En consecuencia, concluyó que el cargo de casación “falt[ó] al
principio de corrección material y (…) desconoc[ió] los hechos que se
declararon probados, porque no es cierto que la sentencia haya aseverado que
el elemento subjetivo especial consagrado, de manera expresa, en el artículo
146 del C.P. de 1980, o su prueba, fuese superfluo o innecesario [para] la
configuración típica del delito (…) y tampoco lo es que (…) se haya
omitido su valoración en la conducta”[72].
Respecto
del cargo subsidiario, la Sala de Casación Penal constató que “la
existencia de un propósito loable en la contratación irregular (…) y, por
ende, la ausencia de voluntad de burlar los principios que rigen esta
actuación, fue considerado por el juez, pero descartado ante la prueba que
indicaba que, por el contrario, en Hernando Mejía Mejía concurría el dolo de
tramitar contratos sin cumplimiento de requisitos legales y, además, el
especial ánimo de favorecer con ello al contratista”[73]. En consecuencia, la Sala de
Casación Penal concluyó que el alegado “error de existencia carec[ía]
de respaldo en el proceso”[74],
porque, en las sentencias condenatorias, los jueces de instancia sí tuvieron
en consideración “la información sobre los hechos [que] aportarían
[los medios probatorios indicados por el recurrente]”[75]. En otras palabras, la Sala de Casación
Penal concluyó que el reproche del accionante no era conforme a la verdad
procesal, porque los jueces de instancia, con fundamento en el material
probatorio que obra en el expediente, demostraron “el ingrediente
subjetivo del tipo”[76].
Omar
Cárdenas López
La Sala
de Casación Penal constató que la demanda de casación se fundó en “la
premisa [fáctica] contraria”[77]
a la que el Tribunal expuso como fundamento de su decisión, esto es, que “la
autorización de [los contratos] por parte de los miembros de la Junta
Directiva en que fungía (…) Omar Cárdenas López (…) [era] contraria a
derecho y forma[ba] parte de su rol funcional”[78]. Los argumentos expuestos en la
demanda de casación “se utiliza[ron] para rebatir los fundamentos
fácticos de la sentencia”[79],
lo cual no corresponde con la sustentación de la causal invocada por el
accionante, esto es, “la violación directa de la ley sustancial”[80]. En efecto, la Sala de Casación
Penal advirtió que el accionante “falt[ó] a la verdad procesal,
porque omiti[ó] la mención de los otros artículos [de los
estatutos de Electrolima] (…) que, de manera unívoca, establecen que un
requisito de la tramitación de los contratos cuya cuantía sea igual o
superior a 1.000 s.m.m.l.v., como fueron los adicionales al [contrato No.
054], es la autorización previa de la Junta”[81]. De igual forma, en el proceso
penal se acreditó “la participación con voz y voto de Omar Cárdenas López
en sesiones de la Junta Directiva en la que se debatieron los 3 contratos
adicionales y la declaratoria de urgencia evidente que habilitó la selección
directa en el contrato 055 de 1997”[82].
En consecuencia, la Sala de Casación Penal concluyó que el accionante “pretend[ía]
demostrar la incorrección del juicio de tipicidad de la conducta (…) a partir
de hechos o circunstancias distintos a los que se tuvieron como probados en
la decisión condenatoria”[83].
10.
Recursos de reposición en contra del auto que inadmitió las
demandas de casación. El 15 de julio de 2019, los accionantes presentaron,
por separado, recursos de reposición en contra del auto de 26 de junio del
mismo año. Ambos accionantes coincidieron en afirmar que “el auto que
inadmiti[ó] la[s] demanda[s] no realiz[ó] un
estudio formal de la[s] misma[s], sino que decid[ió] [los]
recurso[s] de casación de fondo”[84]. En efecto, a juicio de los
accionantes, la Sala de Casación Penal no se limitó a verificar el “interés
del demandante y los requisitos formales de la demanda, señalados expresamente
en el artículo 212”[85]
del Código de Procedimiento Penal. En su criterio, las demandas de casación
debieron ser admitidas, porque los cargos fueron formulados “de forma clara
y precisa, cumpliendo a cabalidad [los] requisitos de forma”[86].
11.
Autos de rechazo de los
recursos de reposición. Mediante los
autos de 17 y 24 de julio de 2019[87],
la Sala de Casación Penal rechazó los recursos de reposición interpuestos por
los accionantes en contra del auto de 26 de junio de 2019. Al respecto,
concluyó que los recursos eran improcedentes, porque el artículo 189 de la Ley
600 de 2000, “que regula la viabilidad de la reposición, no incluye las
providencias interlocutorias que se dicten en sede extraordinaria de casación”[88]. Por último,
la Sala de Casación Penal resaltó que esta conclusión ha sido sostenida por su
jurisprudencia “de manera uniforme y reiterada, aun con posterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 906 de 2004, que prevé el mecanismo de la
insistencia”[89].
12.
Solicitudes de tutela. El 2 de agosto de 2019, Omar Cárdenas López y
Hernando Mejía Mejía, en escritos independientes,
presentaron acciones de tutela en contra de la Sala de Casación Penal, por
cuanto esta autoridad judicial, mediante el auto de 26 de junio de 2019,
inadmitió sus demandas de casación. Los accionantes solicitaron: (i)
dejar sin efectos el referido auto y (ii) ordenar a la Sala de Casación
Penal que admita las demandas de casación[90].
Así mismo, como medida provisional, pidieron “suspender los efectos del auto
(…) que se ataca”[91].
A juicio de los accionantes, el auto cuestionado vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
Esto, debido a que la Sala de Casación Penal inadmitió las demandas de casación
“con argumentos de fondo y no de forma, (…) [pese a que cumplían] con
los requisitos establecidos en el artículo 212 de la Ley 600 de 2000”[92].
En particular, señalaron que, en dicha providencia, la Sala de Casación Penal
incurrió en los siguientes defectos:
12.1.    Defecto sustantivo.
A juicio de los accionantes, el auto cuestionado incurrió en “defecto
sustantivo por falta de motivación de la decisión judicial”, porque “la
motivación de la inadmisión no se dirig[ió] a los requisitos de forma,
sino que decid[ió] la casación haciendo un estudio de fondo de los
cargos formulados en la[s] demanda[s] de casación”[93].
En particular, afirmaron que la Sala de Casación Penal debió motivar la decisión
de inadmisión de dichas de demandas “en el incumplimiento de las exigencias
indicadas en el artículo 212 de [la Ley 600 de 2000]”[94].
En consecuencia, al omitir este análisis formal, el auto cuestionado adolece de
“ausencia de motivación”[95].
12.2.    Desconocimiento del precedente. La Sala Plena advierte que los escritos de tutela de
los accionantes aluden a la posible configuración del defecto de
desconocimiento del precedente. Sobre el particular, los accionantes señalaron
que el auto cuestionado desconoció la sentencia SU-635 de 2015, por medio de la
cual la Corte Constitucional resolvió “un caso de idénticas características”[96]
a las de las tutelas sub examine y “unificó el criterio que debe
obedecer la Sala de Casación Penal al momento de calificar una demanda de
casación, en la cual solo deben verificarse los requisitos de forma y no
decidir de fondo la demanda”[97].
13.
Autos de admisión de las acciones de tutela. Mediante dos autos
de 5 de agosto de 2019, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia resolvió: (i) admitir las acciones de tutela presentadas por Hernando
Mejía Mejía y Omar Cárdenas López, (ii) negar las medidas provisionales
solicitadas y (iii) notificar “a la Sala Penal del Tribunal de Ibagué,
el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de esa ciudad y a los intervinientes
dentro del juicio penal seguido en contra de [los] actor[es]”[98].
14.
Contestación de la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Por medio de dos
escritos de 8 de agosto de 2019, la magistrada ponente del auto cuestionado
solicitó declarar improcedentes las acciones de tutela, porque, a su juicio, no
cumplen los requisitos generales ni específicos para su procedencia en contra
de providencias judiciales[99].
Así mismo, sostuvo que, a los casos sub examine, “no le[s] es
aplicable la sentencia SU-635/2015”[100].
En relación con cada caso particular, la Sala de Casación Penal planteó los
siguientes argumentos:
Accionante
Respuesta de la Sala de
Casación Penal
Hernando Mejía Mejía
Esta demanda fue
inadmitida “por la sencilla razón de que el recurrente (…) no se atuvo a
la verdad procesal”[101].
Respecto del cargo principal, la Sala de Casación Penal constató que
“en la sentencia condenatoria impugnada jamás se expresó que el
elemento subjetivo especial consagrado (…) en el art. 146 del C.P. de 1980, o
su prueba, fuese superfluo (…), por el contrario, el juzgador tuvo presente
en su análisis que la tipicidad atribuida exigía un elemento subjetivo
especial y (…) expuso las razones probatorias que le permitían tenerlo
reunido en el caso”[102].
En cuanto al cargo subsidiario, señaló que este había sido desestimado, “porque
se corroboró que la sentencia impugnada (…) sí examinó la tesis de la
ausencia de dolo en el procesado, pero la descartó porque existía prueba que
indicaba que (…) concurría ese elemento típico subjetivo”[103]. Por último, la Sala de Casación
Penal destacó que el accionante “falt[ó] a la verdad” en su
escrito de tutela al afirmar “que la decisión judicial cuestionada
desbordó el juicio de admisión de la demanda de casación”[104]. Esto, porque “las
consideraciones probatorias que (…) subray[ó] el accionante no son de
la Sala de Casación Penal, sino de la sentencia impugnada, que fueron traídas
a colación para demostrar al recurrente la ausencia de la debida
sustentación, ajustada a la realidad, de un falso juicio de existencia”[105].
Omar Cárdenas López
La inadmisión de esta
demanda obedeció a que “no indicó de forma clara y precisa los
fundamentos de una violación directa de la ley sustancial, (…) incumpliendo
el requisito contemplado en el numeral 3 del artículo 212 del C.P.P/2000”[106]. Esto, por cuanto “desconoció
el presupuesto básico de sustentación de cualquiera de las modalidades de
violación directa de la ley sustancial”[107]. En concreto, la argumentación se
fundó en “la controversia de una premisa fáctica de la sentencia
condenatoria”[108],
pese a que, “en el ámbito de esa causal de casación, el debate no puede
girar en torno a la corrección de los hechos declarados en el fallo ni del
ejercicio de valoración probatoria a partir del cual aquellos fueron fijados”[109].
15.
Intervenciones en primera
instancia. Por medio de dos escritos
de 6 y 8 de agosto de 2019, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Ibagué señaló que “como quiera que [los] accionante[s]
controvierte[n] en esta sede de tutela la decisión de la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema, no esbozar[ía] argumento alguno al
respecto”[110].
A su vez, por medio de escrito de 12 de agosto de 2019, el Juez Séptimo Penal
del Circuito de Ibagué intervino dentro del proceso de tutela iniciado
por Omar Cárdenas López y señaló que “las razones de hecho y derecho que
llevaron a la Sala de Casación Penal a la inadmisión de la demanda presentada
por la defensa (…), se encuentran debidamente consignadas en la decisión del 26
de junio de 2019”[111].
Por último, la Dirección Seccional de Bogotá de la Fiscalía General de la
Nación, mediante dos escritos de 8 de agosto de 2019, solicitó: (i) ser
desvinculada de los procesos de tutela[112]
y (ii) desestimar “la pretensión en lo que respecta a la presunta
vulneración de derechos fundamentales (…) dado que (…) esta Dirección Seccional
[nunca tuvo la] posibilidad de vulnerar los derechos fundamentales” [113]
invocados por los accionantes.
16.
Decisiones de primera instancia. Mediante dos sentencias
de 15 de agosto de 2019, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia negó los amparos solicitados. Esto, por cuanto concluyó que la Sala de
Casación Penal no vulneró los derechos fundamentales de los accionantes, habida
cuenta de que “se ocupó de examinar la pertinencia de la técnica de cada uno
de los cargos formulados con miras a establecer si aquellos eran susceptibles
de ser estudiados bajo el tamiz propio del control legal y constitucional que se
acomete en dicha sede”[114].
Por tanto, la Sala de Casación Civil sostuvo que el auto se dictó conforme a lo
previsto por el artículo 212 “del Código de Procedimiento Penal –Ley 600 de 2000– (…) que establece los requisitos formales de la
demanda que supeditan su admisibilidad, y que, en consecuencia, implica para [la Sala de Casación Penal] definir, previa y puntualmente, si
los reparos formulados se adecuan a las causales previstas a fin de que se
habilite el estudio”[115].
Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Sala de Casación Civil
concluyó que el auto de 26 de junio de 2019 “se fundamentó en una
hermenéutica respetable en torno a los requisitos que conlleva la calificación
de la demanda de casación para su admisión”[116]. De igual
forma, resaltó que la acción de tutela no puede usarse “a efectos de debatir
de nuevo las tesis jurídicas sobre un determinado asunto agotado en sede
ordinaria”[117] y que “no corresponde al juez de
tutela posicionarse como un árbitro o autoridad encargada de decidir sobre un proceso
y definir si el criterio del tutelante prevalece sobre el del funcionario
competente”[118].
17.
Impugnaciones. El 26 de agosto de 2019, los accionantes impugnaron,
en escritos independientes, las decisiones de primera instancia. En ambos
casos, los accionantes reiteraron que, por medio del auto de 26 de junio de
2019, la Sala de Casación Penal vulneró sus derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia, por las mismas razones
expuestas en sus escritos de tutela. De igual forma, destacaron que el auto
cuestionado desconoció la sentencia SU-635 de 2015, por medio de la cual la
Sala Plena de la Corte Constitucional “unificó el criterio al que debe
obedecer la Sala de Casación Penal al momento de calificar una demanda de casación,
donde solo deben verificarse los requisitos de forma y no decidir de fondo la
demanda”[119].
18.
Decisiones de segunda instancia. Mediante
sentencias de 2 y 9 de octubre de 2019, la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia confirmó las sentencias de primera instancia y destacó que
la acción de tutela no es “una instancia más en donde se puedan debatir
temas examinados en su oportunidad por el juez competente”[120]. En
particular, la Sala de Casación Laboral concluyó que: (i) la providencia
cuestionada “no es arbitraria o caprichosa, ni está desprovista de sustento
jurídico”[121]
y (ii) la sentencia SU-635 de 2015 “no es aplicable, pues en el
análisis que hizo la Sala enjuiciada, encontró de entrada que se desconocieron
los presupuestos básicos de sustentación de cualquiera de las modalidades de
violación directa o indirecta”[122].
Por último, la Sala de Casación Laboral sostuvo que mediante la acción de
tutela no se pueden corregir “las falencias u omisiones cometidas por [el]
procurador judicial”[123].
19.
Actuaciones en sede de revisión. Por medio del auto de 16
de diciembre de 2019, la Sala de Selección de Tutelas Número Doce seleccionó
los expedientes sub examine, los acumuló y los asignó al magistrado
Carlos Bernal Pulido[124].
Mediante el auto de 11 de febrero de 2020, el
magistrado sustanciador, con el fin de allegar al proceso de revisión de tutela los elementos probatorios necesarios para
adoptar una decisión de fondo, ordenó
que, por medio de la Secretaría General, se solicitara al Juzgado Séptimo Penal
del Circuito de Ibagué, en calidad de préstamo, los cuadernos principales del
expediente correspondiente al proceso penal en el que
se condenó a los accionantes[125]. En sesión de 12 de febrero de 2020, la Sala Plena de
la Corte Constitucional estudió el informe presentado por el magistrado
sustanciador en relación con los expedientes sub examine[126],
decidió “avocar conocimiento” y suspender los términos de conformidad
con lo previsto por el artículo 59 del Acuerdo 2 de 2015[127].
20.
Intervención de la Sala de
Casación Penal. Mediante escrito de 5
de marzo de 2020, la magistrada ponente del auto cuestionado “reiter[ó] la
solicitud de improcedencia”[128],
porque “no se reúnen las condiciones específicas de procedencia de la acción
de tutela contra una decisión judicial”[129].
En particular, la magistrada sostuvo que no se configuraron los defectos: (i)
orgánico, debido a que “la Corte Suprema es competente para resolver todo lo
concerniente al control constitucional y legal de las sentencias de segunda
instancia”[130];
(ii) procedimental absoluto, “porque el estudio de admisibilidad de
las demandas de casación (…) se adelantó conforme al trámite previsto”[131]
por el Código de Procedimiento Penal; (iii) fáctico, por cuanto el auto
controvertido se limitó “a verificar si los demandantes cumplieron con la
carga de sustentar los errores de hecho o de derecho (…) [y, así mismo,] (…)
el juicio de admisibilidad consistió en constatar si la premisa fáctica de la
sentencia impugnada fue respetada por aquellos para, a partir de allí,
constatar que desarrollaron los cargos [alegados]”[132]
ni (iv) sustantivo, porque la decisión de inadmisión de las demandas de
casación “se fund[ó] en las normas legales (…) [y en] fundamentos
(…) pertinentes y suficientes para negar el estudio de fondo de las
pretensiones casacionales”[133].
De igual forma, la magistrada afirmó que “no se tuvo ni se tiene noticia de
que la Sala de Casación Penal haya sido víctima del error inducido”[134]
y, por último, señaló que “las determinaciones adoptadas no desconocen el
precedente ni la Constitución, por el contrario, se ajustan a la competencia
del tribunal de casación y a los principios y finalidades del recurso
extraordinario”[135].
21.
Intervenciones de los
accionantes. Por medio de
comunicación de 20 de febrero de 2020, Hernando Mejía Mejía manifestó la
necesidad de “una decisión que permita la revisión de [su] caso en
sede de casación, garantizando [su] acceso a la administración de
justicia”[136].
También reiteró que la Sala de Casación Penal inadmitió su demanda de casación
“con argumentos de fondo, al afirmar que el elemento subjetivo del tipo
penal de celebración de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, se
encuentra en el hecho de que las obras complementarias que [él] contrat[ó]
debieron contemplarse en el contrato inicial [No. 054], sin tener en
cuenta que [él] no era el gerente de Electrolima cuando se suscribió el
contrato inicial”[137].
Así mismo, mediante comunicación de 10 de marzo de 2020, Omar Cárdenas López
informó que no tiene “antecedentes de ninguna índole y h[a] procedido
siempre de buena fe”[138].
El accionante señaló que “solo busc[a] que se permita, en la Corte
Suprema, el debido análisis de los argumentos jurídicos expuestos mediante
casación”[139]
y, por último, insistió en que “dentro de [sus] funciones nunca
estuvo la aprobación de contratos, sino únicamente, la Junta [Directiva] en
pleno autorizaba los planes de desarrollo de la electrificadora”[140].
II.
CONSIDERACIONES
1.
Objeto de la decisión, problemas
jurídicos y metodología
22.
Objeto de la decisión. La Sala Plena advierte que los casos sub examine
versan sobre la posible configuración de dos defectos específicos en el auto de
26 de junio de 2019, por medio del cual la Sala de Casación Penal inadmitió las
demandas de casación promovidas por los accionantes. Los defectos alegados por los
accionantes fueron: (i) sustantivo, por “falta de motivación de la
decisión judicial”, y (ii) desconocimiento del precedente de la
Corte Constitucional, en particular, de la sentencia SU-635 de 2015.
23.
Problemas jurídicos. Corresponde a la Sala Plena resolver los siguientes
problemas jurídicos: ¿las solicitudes de tutela sub examine cumplen los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela en contra de
providencias judiciales? De ser así, ¿el auto cuestionado incurrió en los
defectos sustantivo y de desconocimiento del precedente de la Corte
Constitucional, alegados por los accionantes?
24.
Metodología. Para resolver tales problemas jurídicos, la Sala
Plena seguirá la siguiente metodología: (i) verificará el cumplimiento
de los requisitos generales de procedibilidad de las acciones de tutela sub
judice, (ii) analizará la normativa sobre la procedibilidad del
recurso de casación penal y reiterará la jurisprudencia de la Sala de Casación
Penal y de la Corte Constitucional al respecto y, por último, (iii) examinará
la configuración de los defectos específicos alegados por los accionantes.
2.
Análisis de procedibilidad
25.
Las acciones de tutela satisfacen el
requisito de legitimación en la causa por activa. Esto,
por dos razones: (i) los accionantes fueron quienes, por medio de
apoderado, presentaron las demandas de casación que resultaron inadmitidas por
la Sala de Casación Penal, y (ii) son titulares de los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia,
cuya vulneración atribuyen al auto de 26 de junio de 2019. En consecuencia,
se encuentran legitimados para solicitar el amparo de tales derechos
fundamentales.
26.
Las acciones de tutela satisfacen el
requisito de legitimación en la causa por pasiva. Esto,
por cuanto la Sala de Casación Penal es la autoridad judicial que profirió el
auto de 26 de junio de 2019, mediante el cual decidió “inadmitir las
demandas de casación presentadas por los defensores de Omar Cárdenas López [y]
Hernando Mejía Mejía”[141].
En consecuencia, la accionada es la autoridad que habría incurrido en la presunta
vulneración de los derechos fundamentales invocados y, por tanto, se encuentra
legitimada en la causa por pasiva.
27.
Las acciones de tutela cumplen con el
requisito de inmediatez. El 26 de junio de 2019, la Sala de Casación Penal profirió
el auto por medio del cual decidió inadmitir las demandas de casación
promovidas por los accionantes. A su vez, tanto Hernando Mejía Mejía como Omar
Cárdenas López presentaron sus escritos de tutela el 2 de agosto de 2019. En estos
términos, la Sala Plena constata que transcurrió un mes y siete días entre la
inadmisión de las demandas de casación y las solicitudes de amparo, lapso que satisface el requisito de inmediatez.
28.
Las acciones de
tutela satisfacen el requisito de relevancia
constitucional. Esto, por cuanto la
controversia planteada en las solicitudes de tutela versa sobre la posible
vulneración de los derechos fundamentales de los accionantes, que no sobre un
asunto “meramente legal y/o económico”[142].
Mediante las acciones de tutela se pretende “dejar sin efectos” el auto
de 26 de junio de 2019[143],
por medio del cual la Sala de Casación Penal inadmitió las demandas de casación
promovidas por los accionantes en contra de la sentencia de segunda instancia que
los condenó por el delito de “contrato sin cumplimiento de los requisitos
legales” y les impuso, a cada uno, pena de 5 años y 6 meses de prisión, así
como “inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas” [144]
por 1 año, 4 meses y 15 días. Debido a la decisión de inadmisión, la Sala de
Casación Penal se abstuvo de tramitar y decidir de fondo las demandas de
casación interpuestas por los accionantes y, por tanto, de examinar y revisar
los cargos formulados en contra de las referidas sentencias condenatorias. De
igual forma, los casos sub judice involucran el posible desconocimiento
del precedente fijado por la Sala Plena de la Corte Constitucional. En estos
términos, la decisión cuestionada tiene, sin duda, relevancia constitucional,
por cuanto implica determinar si con la decisión de inadmisión: (i) se
vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia de los accionantes en el marco de las referidas
casaciones y (ii) se desconoció el precedente constitucional.
29.
Las acciones de tutela satisfacen el
requisito de subsidiariedad. Los accionantes no
cuentan con otro mecanismo judicial para controvertir el auto por medio del
cual la Sala de Casación Penal inadmitió las demandas de casación. Lo
anterior, debido a que la Ley 600 de 2000, en el marco de la cual se adelantó
el proceso penal, no prevé recurso alguno en contra del auto que inadmite la
demanda de casación[145].
En este sentido, la Corte Constitucional[146]
y la Sala de Casación Penal[147]
han reconocido que “el legislador no estableció la posibilidad de
controvertir ese auto mediante reposición, queja, ni insistencia”[148].
Por tanto, la acción de tutela satisface el requisito de subsidiariedad.
30.
Las dos solicitudes de tutela cumplen con los
demás requisitos de procedibilidad de la acción de tutela en contra de
providencia judicial. Los accionantes
identificaron de forma razonable las irregularidades de la providencia
cuestionada que generó la posible vulneración de derechos fundamentales.
Las irregularidades alegadas tienen efectos determinantes en la decisión cuestionada,
porque, de acreditarse dichos defectos, la decisión de inadmisión de las
demandas de casación carecería de motivación y habría desconocido el precedente
alegado por los accionantes. En tal caso, para enervar la vulneración de sus
derechos fundamentales, la Sala de Casación Penal debería evaluar de nuevo la
admisibilidad de ambas casaciones y, de encontrar acreditados todos los
requisitos de procedibilidad, resolver de fondo las demandas de los accionantes.
Por último, la acción de tutela no se dirige en contra de una sentencia de
tutela, sino del auto mediante el cual la Sala de Casación Penal inadmitió
las demandas de casación presentadas por los accionantes.
31.
En tales términos, las solicitudes
de amparo promovidas por los accionantes satisfacen los requisitos generales de
procedibilidad de las acciones de tutela en contra de providencias judiciales.
3.
Procedibilidad del recurso
extraordinario de casación en materia penal. Reiteración de jurisprudencia
32.
Recurso extraordinario de
casación en materia penal. El recurso
de casación es “un mecanismo extraordinario de impugnación estatuido por el
legislador para que la Corte Suprema de Justicia, a petición del interesado,
revise la legalidad de las sentencias de segunda instancia proferidas por los
Tribunales Superiores de Distrito Judicial”[149].
El Legislador ha dispuesto que la casación en materia penal persigue las
siguientes finalidades: (i) “la efectividad del derecho material”[150],
(ii) el respeto de “las garantías debidas a las personas que
intervienen en la actuación penal”[151],
(iii) “la reparación de los agravios inferidos a las partes con la
sentencia demandada”[152]
y (iv) “la unificación de la jurisprudencia”[153].
En este sentido, la Corte Constitucional ha destacado la importancia de la
casación para lograr “la
mayor coherencia posible del sistema legal (…) [y] el respeto del derecho objetivo”[154]
y, por consiguiente, “velar por la realización del
ordenamiento constitucional –no solamente legal– [así como] por la
realización de los derechos fundamentales”[155].
33.
Procedibilidad de las demandas
de casación en materia penal. El
capítulo IX de la Ley 600 de 2000 dispuso los requisitos de procedibilidad de
las demandas de casación en materia penal[156].
En particular, previó (i) las causales con fundamento en las cuales
deben formularse los cargos de casación, (ii) las reglas sobre la
legitimación en la causa, (iii) el límite temporal para la presentación
de la casación y (iv) los requisitos formales que deben cumplir tales demandas.
El siguiente cuadro sintetiza los requisitos de procedibilidad previstos por la
Ley 600 de 2000 en relación con las demandas de casación en materia penal:
Requisito de procedibilidad
Contenido
Causales
En materia penal, la casación procede por
los siguientes motivos[157]:
1. Cuando la sentencia sea violatoria de
una norma de derecho sustancial. Si la violación de la norma sustancial
proviene de error de hecho o de derecho en la apreciación de determinada
prueba, es necesario que así lo alegue el demandante.
2. Cuando la sentencia no esté en
consonancia con los cargos formulados en la resolución de acusación.
3. Cuando la sentencia se haya dictado en
un juicio viciado de nulidad.
Legitimación
Legitimación por activa. La demanda de casación podrá ser presentada por el
Fiscal, el Ministerio Público, el Defensor y los demás sujetos procesales.
Estos últimos podrán hacerlo directamente, si fueren abogados titulados
y autorizados legalmente para ejercer la profesión[158].
Legitimación por pasiva. A su vez, la demanda de casación procede en contra
de las sentencias proferidas en segunda instancia por los Tribunales
Superiores de Distrito Judicial y el Tribunal Penal Militar, en los procesos
que se hubieren adelantado por los delitos que tengan señalada pena privativa
de la libertad cuyo máximo exceda de ocho años, aun cuando la sanción
impuesta haya sido una medida de seguridad[159].
Límite temporal
El recurso deber ser interpuesto dentro de los
quince (15) días siguientes a la última notificación de la sentencia de
segunda instancia y en un término posterior común de treinta (30) días se
presentará la demanda. Si la demanda se presenta extemporáneamente, el
tribunal así lo declarará mediante auto que admite el recurso de reposición[160].
Requisitos formales
La demanda de casación deberá contener[161]:
1. La identificación de los sujetos
procesales y de la sentencia demandada.
2. Una síntesis de los hechos materia de
juzgamiento y de la actuación procesal.
3. “La enunciación de la causal y
la formulación del cargo, indicando en forma clara y precisa sus fundamentos
y las normas que el demandante estime infringidas”[162].
4. Si fueren varios los cargos, se
sustentarán en capítulos separados.
Es permitido formular cargos excluyentes
de manera subsidiaria.
34.
Admisibilidad de las demandas
de casación en materia penal. El
artículo 213 de la Ley 600 de 2000 dispuso que la Sala de Casación Penal deberá
inadmitir la demanda de casación cuando “el demandante care[zca] de
interés o la demanda no re[úna] los requisitos” previstos por esta
Ley.  Al respecto, la Sala de Casación Penal ha concluido que la demanda
de casación debe inadmitirse cuando: (i) “el censor carece de interés
jurídico para recurrir” [163];
(ii) “no señala el motivo en que apoya la pretensión”[164],
es decir, no indica alguna de “las causales taxativamente señaladas en el ordenamiento procesal”[165]
o (iii) no “fundamenta los
cargos de manera clara y precisa”[166].
En tales términos, el recurrente “tiene la carga de presentar una
demanda que reúna las exigencias formales y sustanciales establecidas por el
legislador y desarrolladas por la jurisprudencia”[167], so pena de que la Sala de Casación
Penal decida inadmitir la casación. A su vez, la
Corte Constitucional ha advertido que la decisión
sobre la admisibilidad de la demanda de casación no está “sujet[a] a [la]
discrecionalidad”[168] de la Sala de Casación Penal, toda vez que esta solo puede
inadmitir la demanda que no cumpla con los “requisitos exigidos por la ley
para su admisión”[169]. En consecuencia, esta Corte ha sostenido que la decisión de
inadmisión no puede fundamentarse en “apreciaciones sobre el fondo
del asunto”[170],
esto es, en el examen material de “los problemas que se plantean en la
demanda”[171],
sino que debe fundarse exclusivamente en el incumplimiento “de los
requisitos propios del recurso”[172].
35.
La exigencia de enunciar la
causal y formular el cargo, “indicando
en forma clara y precisa sus fundamentos”, es requisito formal para la admisión
de las demandas de casación.
Al estipular los “requisitos formales de la demanda”, el artículo 212.3 de la Ley 600 de 2000 prevé que la
demanda de casación debe contener “la enunciación de la causal y la
formulación del cargo, indicando en forma clara y precisa sus fundamentos y las
normas que el demandante estime infringidas”. Al respecto, la Sala de Casación
Penal ha sostenido que este requisito formal implica que el recurrente “desarroll[e]
el ataque con arreglo a los requerimientos formales que impone la
causal planteada y la lógica del cargo propuesto”[173]. Es decir, en virtud del referido
requisito de procedibilidad, el recurrente “está
obligado a consignar de manera precisa y concisa tanto las causales invocadas
como sus fundamentos”[174],
así como a “acreditar la afectación de derechos fundamentales y justificar
la necesidad del fallo de casación, de cara al cumplimiento de alguno de sus
fines”[175].
Lo anterior supone el “acatamiento de las reglas de técnica propias de la
casación”[176],
de tal suerte que, “mediante argumentos lógicos, coherentes y claros”[177],
la Sala de Casación pueda evidenciar “la posible ocurrencia de errores –de
procedimiento o juzgamiento– relevantes”[178].
36.
La finalidad de este
requisito formal es “permitirle a la
Corte [Suprema de Justicia] establecer
sin dificultad cuál es el error atribuido al sentenciador que ocasiona la
violación de la ley o la afectación de las garantías fundamentales de las
partes”[179]
y, por contera, que “la Corte pueda dar [una respuesta adecuada] a
los reproches planteados”[180].
Así mismo, esta exigencia se fundamenta en “la naturaleza extraordinaria del
recurso de casación”[181]
y en la “presunción de acierto y legalidad inherente a los fallos de
instancia”[182],
la cual debe ser desvirtuada por el recurrente “apoyándose para ello en las
causales taxativamente consagradas en la ley”[183].
La Sala de Casación Penal ha sostenido que el cumplimiento de este requisito debe analizarse,
entre otros, a la luz del “principio
de sustentación suficiente”[184], es decir, “que
con la demanda sea suficiente para que se case total o parcialmente la
sentencia”[185],
así como del principio de “corrección
material”, en virtud del cual “las
razones, los fundamentos y el contenido del ataque deben corresponder en un
todo con la verdad procesal”[186],
de tal forma que “lo
aseverado en el cargo de verdad se corresponda con lo que contienen las
decisiones”[187]
de instancia[188].
En tales términos, la Sala de Casación Penal ha concluido que “no son admisibles las demandas que, bajo el
pretexto de acreditar configurado uno o más yerros demandables en esta sede,
pretenden en realidad controvertir los fundamentos jurídicos o probatorios del
fallo atacado e imponer un criterio particular sobre el consignado en la
providencia”[189].
37.
Así las cosas, en la fase de admisibilidad de
las demandas de casación en materia penal, la Sala de Casación Penal debe determinar
que la formulación del cargo “sea clara y precisa [en] sus
fundamentos”[190] y, por tanto, idónea para adelantar el análisis propio de la
casación penal[191]. En este sentido, la Corte Constitucional ha reiterado la
jurisprudencia de la Sala de Casación Penal, según la cual es su deber “verificar,
en la formulación y las censuras formuladas por los casacionistas, si se
cumplen las exigencias de lógica y demostración exigidas por el legislador y
desarrolladas por la jurisprudencia para evitar que el recurso extraordinario
de casación se convierta en una instancia adicional a las ordinarias”[192]. Del mismo modo, la Corte ha
reconocido que el estudio de “la carga argumentativa del
casacionista”[193], el cual se lleva a cabo en la fase
de admisibilidad, implica verificar que el recurrente hubiere respetado el “principio
de corrección material, esto es, que sus alegatos [sean] fieles y leales
a la realidad del proceso”[194],
por lo que, de no ser así “la demanda debe (…) inadmitirse”[195].
38.
Por último, la Corte
Constitucional ha concluido que los “requisitos que se exigen para la
formulación de la demanda de casación”[196]
están justificados en “la naturaleza excepcional y extraordinaria”[197]
de este recurso. Además, dichos requisitos “son necesarios para que el tribunal de casación pueda ejercer un
verdadero control jurídico sobre la decisión impugnada”[198],
así como para garantizar que “las demandas tengan unos mínimos
lógicos y de coherencia para postular y demostrar los cargos que en ellas se
proponen”[199]. Al respecto, esta
Corte ha destacado que, “de acuerdo a la jurisprudencia
constitucional”[200],
la Sala de Casación Penal “ha
establecido que (…) una demanda de casación [puede ser] inadmitida (…) cuando de su inicial estudio se descarte la posibilidad de
desarrollar en la sentencia alguno de los fines de la casación”[201]. En estos casos, el juez de tutela no tiene la competencia ni el
deber de “corregir o replantear
demandas de casación”[202]
que han sido inadmitidas por “indebida sustentación” de los cargos
formulados en contra de la sentencia de segunda instancia[203].
39.
El contenido del requisito formal
de las demandas de casación penal relativo a la “formula[ción] del
cargo, indicando en forma clara y precisa sus fundamentos”, previsto por el
artículo 212.3 de la Ley 600 de 2000, se sintetiza de la siguiente manera:
Requisito formal de la demanda de
casación – Art. 212.3 de la Ley 600 de 2000
“La enunciación de la
causal y la formulación del cargo, indicando en forma clara y precisa sus
fundamentos”
En virtud de este requisito, el recurrente debe:
1.     “[D]esarrollar
el ataque con arreglo a los
requerimientos formales que impone la causal planteada y la lógica del
cargo propuesto”[204].
2.     Presentar “argumentos lógicos, coherentes y
claros”, de tal manera que se evidencie “la posible ocurrencia
de errores –de procedimiento o juzgamiento– relevantes”[205].
3.     Respetar “los principios de autonomía, no contradicción,
coherencia y razón suficiente”
en la formulación y sustentación de los cargos de casación[206].
4.
Fundamentar los cargos de
casación en atención, entre otros, al principio de corrección material, esto
es, que “los fundamentos y el contenido del ataque se correspondan en un
todo con la verdad procesal” [207].
5.     Sustentar el cargo de casación de tal forma que su
argumentación no pretenda simplemente “controvertir los fundamentos
jurídicos o probatorios del fallo atacado e imponer un criterio particular
sobre el consignado en la providencia”[208].
4.
Análisis sobre la
configuración de los defectos específicos alegados por los accionantes
40.
En sus solicitudes de tutela, los
accionantes señalaron que, en el auto de 26 de junio de 2019, la Sala de
Casación Penal incurrió en los defectos sustantivo y de desconocimiento de
precedente, por las siguientes razones:
40.1.    Defecto sustantivo.
A juicio de los accionantes, el auto cuestionado incurrió en “defecto
sustantivo por falta de motivación de la decisión judicial”, porque “la
motivación de la inadmisión no se dirig[ió] a los requisitos de forma,
sino que decid[ió] la casación haciendo un estudio de fondo de los
cargos formulados en la[s] demanda[s] de casación”[209].
En particular, afirmaron que la Sala de Casación Penal debió motivar la
decisión de inadmisión de dichas de demandas “en el incumplimiento de las
exigencias indicadas en el artículo 212 de [la Ley 600 de 2000]”[210].
En consecuencia, al omitir este análisis formal, el auto cuestionado adolece de
“ausencia de motivación”[211].
40.2.    Desconocimiento del precedente. La Sala Plena advierte que los escritos de tutela de
los accionantes aluden a la posible configuración del defecto de
desconocimiento del precedente. Sobre el particular, los accionantes señalaron
que el auto cuestionado desconoció la sentencia SU-635 de 2015, por medio de la
cual la Corte Constitucional resolvió “un caso de idénticas características”[212]
al de las acciones sub examine y “unificó el criterio que debe obedecer
la Sala de Casación Penal al momento de calificar una demanda de casación, en
la cual solo deben verificarse los requisitos de forma y no decidir de fondo la
demanda”[213].
41.
A continuación, la Sala Plena
examinará si el auto cuestionado incurrió en los defectos alegados por los
accionantes.
4.1. Análisis sobre la presunta configuración del
defecto sustantivo
42.
Defecto sustantivo. Este defecto es una de las “causales especiales de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales”[214].
Este defecto tiene fundamento en que “la competencia asignada a las
autoridades judiciales para interpretar y aplicar las normas jurídicas (…) no
es en ningún caso absoluta”[215].
En términos generales, este defecto se configura
cuando el juez “desconoce las disposiciones de
rango legal o infralegal aplicables en un caso determinado”[216]
o “realiza una interpretación
irrazonable, desproporcionada, arbitraria y caprichosa de la norma o la
jurisprudencia aplicable al caso, generando una decisión que se torna contraria
a la efectividad de los derechos fundamentales”[217]. Por el contrario, este
defecto no se configura por “la mera inconformidad con el análisis efectuado
por la autoridad judicial”[218].
43.
La Corte Constitucional ha
identificado los supuestos en los que se configura el defecto sustantivo. Entre
otros, esta Corte ha sostenido que el juez incurre en este defecto cuando[219]:
(i) aplica “una
disposición (…) que perdió vigencia”; (ii) resuelve el caso
con fundamento en “un precepto manifiestamente inaplicable”; (iii)
interpreta de forma “contraevidente (…) o claramente irrazonable o
desproporcionada” la normativa que regula el caso; (iv) “se
abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una violación
manifiesta de la Constitución, siempre que su declaración haya sido solicitada
por alguna de las partes en el proceso”; (v) “incurre
en incongruencia entre los fundamentos jurídicos y la decisión”[220] y (vi) adopta
la decisión “[sin] motivación material
o [esta] es manifiestamente
irrazonable”[221].
Sin perjuicio de lo anterior, la
Sala Plena advierte que la Corte Constitucional ha definido la falta de
motivación de la decisión judicial como una causal independiente de procedibilidad de la tutela en contra de
providencia judicial, cuando así lo han argumentado los accionantes en sus
escritos de tutela[222].
44.
Defecto sustantivo por ausencia
de motivación. La ausencia de
motivación se fundamenta en “la importancia
que tiene una argumentación suficiente y motivada por parte de los jueces
dentro de las sentencias que profieren”[223] para “proteger los derechos de
los ciudadanos (…) [que acceden a] la administración de justicia”[224].
Este defecto se configura siempre que “el
juez omit[e] explicar las razones de su decisión, de tal manera que para
el ciudadano no resulte posible entender los fundamentos en que aquella se
hubiere basado”[225].
Por el contrario, “cuando el juez
cumple con su deber de informar los motivos o razones que respaldan su
decisión, pero los sujetos procesales no la comparten, (…) no podría abrirse
paso este pretendido defecto, pues en tal evento la controversia radica en
realidad en el contenido de la motivación, más que en la supuesta ausencia de
ella”[226].
Además, con fundamento en este defecto, la acción de tutela procede en contra
de providencias cuya “argumentación [es] insuficiente, defectuosa o
inexistente” y, por ende, arbitraria[227].
45.
La Corte Constitucional ha
sostenido que el “defecto sustantivo por ausencia de motivación” se
configura cuando, al decidir sobre su admisión, la Sala de Casación Penal “analiz[a]
y se pronunci[a] de fondo sobre los cargos planteados” en las
demandas de casación[228].
Lo anterior, por cuanto el análisis de fondo sobre los errores
sustanciales o procesales en los que posiblemente incurrió la sentencia
impugnada solo es pertinente si dicha Sala ejerce “la casación oficiosa”[229], porque “estima que se est[á]
vulnerando algún derecho del [recurrente]”[230]. En otras palabras, el defecto en
cuestión se configura cuando “la Corte Suprema de Justicia (…) se pronuncia sobre temas de fondo
frente a cada cargo, [pero] decide inadmitir el
recurso”[231]. Esto, debido a que la decisión de inadmisión de las demandas de casación en materia penal solo puede estar
motivada en el incumplimiento de los requisitos formales dispuestos por la Ley,
que no en el análisis de fondo o material de los cargos[232], lo cual excluye cualquier
consideración respecto de “la responsabilidad penal de los
acusados”[233] o “la legalidad de los fallos de
instancia”[234].
46.
En el auto de 26 de junio de
2019, la Sala de Casación Penal no incurrió en el defecto sustantivo por
ausencia de motivación alegado por los accionantes. En efecto, dicha Sala fundamentó su decisión de
inadmisión de las demandas de casación en el incumplimiento de los requisitos formales
previstos por el artículo 212 de la Ley 600 de 2000, en particular, el relativo
a “la formulación del cargo, indicando en
forma clara y precisa sus fundamentos”.
Contrario a lo sostenido por los accionantes, dicha providencia no se fundó en
consideraciones de fondo o materiales sobre los cargos de casación formulados. Por
lo demás, la Corte considera que la decisión de inadmitir las demandas de
casación promovidas por los accionantes fue proferida con motivación suficiente
y razonable, ajustada a la Ley y a la jurisprudencia, como se evidencia a
continuación.
47.
La decisión de inadmisión de
las demandas de casación se fundamentó en el incumplimiento de los requisitos
de procedibilidad previstos por el artículo 212 de la Ley 600 de 2000. En concreto, la Sala de Casación Penal constató que los
accionantes no cumplieron con el requisito formal previsto por el artículo
212.3 ibídem, que exige al recurrente formular el cargo, “indicando
en forma clara y precisa sus fundamentos”[235].
En la revisión de los cargos formulados por los accionantes, la Sala de
Casación Penal se limitó a verificar que (i) los reparos de los
recurrentes fueran acordes a “la verdad procesal” y que (ii) los
argumentos que sustentaban cada cargo fueran compatibles y coherentes con la
causal invocada. Tras constatar el
incumplimiento de estos requisitos, la Sala de Casación Penal decidió inadmitir
dichas demandas de casación. A continuación, la Sala Plena presenta el
análisis llevado a cabo por la Sala de Casación Penal sobre los cargos de
casación formulados por los accionantes:
47.1.    En relación con los cargos planteados por Hernando
Mejía Mejía, la Sala de Casación Penal constató que (i) el cargo principal
“falt[ó] al principio de corrección material y (…) desconoc[ió]
los hechos que se declararon probados”[236]
y (ii) el cargo subsidiario “carec[ía] de respaldo en el
proceso”[237].
Esto, debido a que, contrario a lo sostenido por el accionante en su demanda de
casación, la sentencia condenatoria sí “tuvo presente en su análisis que la
tipicidad atribuida exigía un elemento subjetivo especial”[238] y valoró “la
información sobre los hechos [que] aportaban [los medios probatorios
obrantes en el expediente]”[239],
así como “la ausencia de voluntad de burlar los principios que rigen [la
contratación estatal, por lo cual este elemento sí] fue considerado por el
juez, pero descartado ante la prueba que indicaba lo contrario”[240].
En otras palabras, la Sala de Casación Penal concluyó que los cargos de
casación formulados por el accionante no eran conformes a “la verdad
procesal”[241],
porque el Tribunal, con fundamento en el material probatorio allegado al
expediente, sí valoró y entendió acreditado “el ingrediente subjetivo del
tipo”[242].
47.2.    Respecto del cargo único formulado por Omar Cárdenas
López, la Sala de Casación Penal sostuvo que el accionante fundamentó su
reproche en “la premisa [fáctica] contraria”[243] a la que el Tribunal
utilizó como fundamento de su decisión. Esto, porque el accionante “pretend[ía]
demostrar la incorrección del juicio de tipicidad de la conducta (…) a partir
de hechos o circunstancias distintos a los que se tuvieron como probados en la
decisión condenatoria”[244].
Dado lo anterior, la Sala de Casación Penal concluyó que el cargo de este
accionante, además de desconocer lo acreditado en el proceso penal, buscaba
“rebatir los fundamentos fácticos de la sentencia”[245] y, por
tanto, “incumpl[ió] con el presupuesto
fundamental de una infracción legal directa, [que] es la inmutabilidad
de la premisa fáctica de la sentencia [impugnada]”[246].
En este sentido, la Sala de Casación Penal reiteró que la causal de violación
directa de la ley sustancial, invocada por el recurrente, solo puede estar
fundamentada en argumentos sobre “la debida aplicación del derecho”[247],
lo cual excluye cualquier consideración “en torno a la corrección de los
hechos declarados en el fallo [y] del ejercicio de valoración probatoria”[248].
48.
La Sala de Casación Penal limitó su análisis al incumplimiento
de los requisitos formales y no tuvo en cuenta consideraciones de fondo. Lejos
de inadmitirse “por consideraciones de fondo
sobre el objeto del proceso penal”[249],
la Sala Plena constata que las demandas de casación fueron inadmitidas, porque no
cumplían con el requisito previsto por el “numeral 3 del artículo 212 del
C.P.P./2000”[250].
En concreto, la demanda de Hernando Mejía Mejía fue inadmitida “por la
sencilla razón de que el recurrente (…) no se atuvo a la verdad procesal”[251],
es decir, que sus reproches no se “ajusta[ban] a la realidad”[252]. Esto,
por cuanto desconoció los hechos probados en el expediente y falseó las
valoraciones y consideraciones del Tribunal al respecto. A su vez, la demanda
de Omar Cárdenas López fue inadmitida porque “no indicó de forma
clara y precisa los fundamentos de una violación directa de la ley sustancial”[253].
Esto, debido a que sustentó el cargo de casación a partir de “la
controversia de una premisa fáctica de la sentencia condenatoria”[254] y no presentó el análisis propio de
la causal invocada, el cual implica demostrar la existencia de “equívocos en
la premisa jurídica de la sentencia”[255]
impugnada.
49.
La Sala Plena advierte que, en el
auto sub examine, la Sala de Casación Penal no tuvo en cuenta
consideraciones de fondo, no emitió juicio alguno sobre la tipicidad, la antijuridicidad
o la culpabilidad de las conductas de los accionantes, ni tampoco valoró la
legalidad o la corrección de las sentencias condenatorias. Al respecto,
la Sala Plena constata que cualquier confrontación “de las providencias cuestionadas con
los argumentos de la[s]
demanda[s] de casación”[256]
tuvo como fin comprobar el cumplimiento del principio de “corrección
material”, así como verificar que los argumentos que sustentaban
cada cargo fueran compatibles y coherentes con la causal invocada. En este sentido, “el ejercicio de
confrontación de las piezas procesales y de las providencias cuestionadas, con
los argumentos de la demanda de casación, para efectos de decidir acerca de si
esta se admite o no, no puede confundirse con una resolución de fondo del
asunto”[257].
50.
En los casos sub
examine, cuando la Sala de Casación Penal se refirió al contenido de las
sentencias emitidas por el Tribunal, lo hizo con el único fin de verificar si,
como afirmó Hernando Mejía Mejía en su demanda, dichas decisiones (i) “indicaron
que el elemento subjetivo incorporado en el tipo penal (…) no requería probarse”[258]
y (ii) “excluye[ron] de manera arbitraria los elementos de prueba
que demostrarían (…) [la] ausencia de dolo”[259]. Del mismo modo, las alusiones
a la sentencia condenatoria en contra de Omar Cárdenas López y a algunas normas
que regían proceso de contratación tuvieron por objeto ilustrar por qué la
argumentación presentada en la demanda de casación no correspondía a la
naturaleza de la causal invocada, es decir, en qué términos dicha demanda había
incumplido “el presupuesto fundamental de una infracción legal directa”[260], esto es, “la inmutabilidad
de la premisa fáctica de la sentencia” impugnada[261] y, en su lugar, la
argumentación del accionante se limitaba a controvertir las premisas fácticas
de la sentencia condenatoria.
51.
Así las cosas, la Sala Plena advierte
que la Sala de Casación Penal inadmitió las demandas de casación debido a que constató
que los recurrentes no (i) respetaron
el principio de “corrección material”[262]
ni (ii) “desarroll[aron] el
ataque con arreglo a los requerimientos formales que impone la causal
planteada y la lógica del cargo propuesto”[263]. Lo primero, por cuanto fundamentaron sus cargos en premisas que “carec[ían]
de respaldo en el proceso”[264].
En otras palabras, “las razones, los fundamentos y el contenido”[265]
de los cargos de casación formulados no eran conformes a “la verdad procesal”[266],
porque desconocieron los hechos acreditados en el expediente, así como las
valoraciones y las consideraciones de los fallos emitidos por el Tribunal. Lo
segundo, porque, pese a invocar
la causal de violación directa de la ley sustancial, la argumentación tuvo por
objeto cuestionar los hechos “que se
tuvieron como probados en la decisión condenatoria”[267].
Por tanto, los argumentos no resultaban compatibles “lógicos, ni coherentes”
con la causal invocada[268].
Dado lo anterior, la Sala de Casación Penal concluyó que los cargos adolecían de “indebida motivación”[269],
“no sustenta[ron] un reparo atendible en sede del recurso
extraordinario y tampoco demostra[ron] la necesidad de un fallo en esta
sede para lograr uno de los fines de control constitucional”[270].
52.
En suma, la Sala Plena constata
que, mediante el auto de 26 de junio de 2019, la Sala de Casación Penal expuso
con claridad y suficiencia los motivos por los cuales concluyó que las demandas
de casación promovidas por los accionantes debían ser inadmitidas. Tales
motivos se circunscribieron al incumplimiento del requisito formal previsto por
el artículo 212.3 de la Ley 600 de 2000 y, por ende, resultan razonables, en
tanto no incluyeron consideración o análisis alguno sobre la responsabilidad
penal de los accionantes ni la legalidad de los fallos de instancia. En otras
palabras, el análisis que sustentó la inadmisión de las demandas se limitó a
verificar que los accionantes incumplieron su deber de formular los cargos de
casación, “indicando en forma clara y precisa sus fundamentos”, exigido
por el Legislador para la procedencia de estas demandas. De tal suerte que el
auto cuestionado no solo se fundamentó en argumentos claros y suficientes, sino
que, además, los planteamientos que justificaron la inadmisión son razonables,
en tanto se fundan en los supuestos previstos por la Ley y la jurisprudencia
para examinar la admisibilidad de las demandas de casación.
53.
Por las anteriores razones, la
Sala Plena concluye que el presunto defecto sustantivo alegado por los actores
no se configura en la providencia demandada.
4.2. Análisis sobre la alegada configuración de
desconocimiento del precedente
54.
Defecto de desconocimiento del
precedente. Este defecto es otra de
las “causales especiales de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales”[271],
el cual tiene como fundamento “los principios de seguridad jurídica,
igualdad, buena fe y confianza legítima”[272].
La Corte Constitucional ha sostenido que este defecto se configura cuando, sin
justificación, los jueces se apartan de “una decisión [que] constituye
precedente aplicable a un caso concreto”[273] y, en consecuencia, “adoptan
decisiones disímiles frente a casos semejantes”[274].
De igual forma, esta Corte ha concluido que no basta que “los hechos del caso sean equiparables a los
resueltos anteriormente”[275] para afirmar que la decisión
previa constituye precedente vinculante
para resolver el caso, sino que, además, es necesario que su ratio decidendi contenga “una regla jurisprudencial aplicable al
caso sub examine”[276] y “resuelva un
problema jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso”[277]. Por tanto,
esta Corte ha concluido que no se configura el defecto de desconocimiento del
precedente cuando la ratio decidendi de
la sentencia alegada como desconocida “no es aplicable, por tratarse de un
caso distinto”[278].
55.
Esta Corte ha sostenido que los
jueces deben respetar la ratio decidendi de las “providencias de
unificación”[279],
en tanto “sustenta la decisión en el caso concreto y se prefigura como una
prescripción que regulará los casos análogos en el futuro”[280].
Sin embargo, ha precisado que el desconocimiento
del precedente no se configura “si
el juez tuvo razones fundadas para apartarse del precedente judicial, bien por
encontrar diferencias fácticas entre el precedente y el caso analizado, bien
por considerar que la decisión debería ser adoptada de otra manera para lograr
una interpretación más armónica en relación con los principios
constitucionales, y más favorable a la vigencia y efectividad de los derechos
fundamentales, de acuerdo con el principio pro homine”[281].
Al respecto, la Corte Constitucional ha sostenido que sobre el juez que decide
apartarse del precedente recaen las cargas de transparencia y suficiencia.
La primera exige que el juez identifique el
“precedente que (…) busca modificar o desconocer”[282]. La segunda implica que el juez exponga “de manera
suficiente y razonada los motivos por los cuales considera que es necesario
apartarse [del precedente]”[283],
lo cual puede obedecer a (i) la existencia de “diferencias y
similitudes jurídicamente relevantes entre ambos casos”[284]
o (ii) “que el anterior precedente ha perdido vigencia para resolver
asuntos futuros, bien sea por el cambio normativo o por la simple
transformación social”[285].
Por tanto, “sólo cuando un juez se
aísla de un precedente establecido y plenamente aplicable a determinada
situación, sin cumplir con la carga argumentativa referida, incurre en la
causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales,
referente al desconocimiento del precedente judicial”[286].
56.
En el auto de 26 de junio de
2019, la Sala de Casación Penal no incurrió en el desconocimiento del
precedente alegado por los accionantes.
Por el contrario, la decisión de inadmisión adoptada por dicha Sala,
mediante el auto cuestionado, respetó la regla fijada por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-635 de 2015. De acuerdo con esta sentencia,
la Sala de Casación Penal incurre en “defecto sustantivo por ausencia de
motivación”[287]
cuando fundamenta la decisión de inadmisión de demandas de casación en el
análisis de fondo de los cargos formulados, que no en el incumplimiento de los
requisitos formales previstos por el Legislador. Pues bien, en los casos sub
examine, la Sala de Casación Penal inadmitió las demandas de casación
promovidas por los accionantes, porque constató que no
cumplieron con el requisito previsto por el artículo 212.3 de la Ley 600 de
2000 relativo a formular los cargos, “indicando en forma clara y precisa sus
fundamentos”[288].
Por tanto, la decisión de inadmisión de las demandas de casación estuvo motivada
en el incumplimiento de dicho requisito formal, que no en
consideraciones sobre el fondo de los asuntos planteados en las demandas.
57.
En la sentencia SU-635 de 2015, la Corte Constitucional se
pronunció respecto de los límites del examen de admisión de las demandas de
casación en materia penal. Esta Corte sostuvo que la Sala de Casación Penal
debe motivar la decisión de inadmisión de demandas de casación solo en el
incumplimiento de los requisitos formales previstos por la Ley y, por ende, no
puede fundamentar dicha decisión en consideraciones sobre el fondo de los asuntos
que dieron origen a los cargos de casación. En estos términos, la sentencia
SU-635 de 2015 se fundó en lo dispuesto por el artículo 213 de la Ley 600 de
2000, relativo a la “calificación” de las demandas de casación penal, el
cual dispone que estas solo pueden ser inadmitidas “si el demandante carece
de interés o la demanda no reúne los requisitos” previstos por el artículo
212 ibidem. En consecuencia, en el examen de admisión de los recursos de
casación, la Sala de Casación Penal no puede analizar el “fondo sobre los
cargos planteados”[289].
58.
En su demanda de casación[290],
el accionante de ese caso formuló cuatro cargos con fundamento en la causal
primera[291]
y dos cargos fundados en la causal tercera[292].
Con fundamento en la causal primera, en la modalidad de violación indirecta de
la ley sustancial, “propuso cuatro teorías según las cuales [él] debía
[ser] abs[suelto] (…) por atipicidad objetiva o subjetiva del
delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales”[293]. A su vez, con base en la causal
tercera, argumentó que la sentencia estaba viciada nulidad, porque vulneró su
derecho al debido proceso, dado que la “condena al pago de perjuicios”
desconoció lo previsto por el artículo 306 de la Ley 600 de 2000. En particular
sostuvo que (i) “la decisión del
a quo no [tenía] el carácter
de sentencia, sino de [auto] interlocutorio”[294] y que (ii)
“no se le brindó la oportunidad de cuestionar la decisión que en esta materia
se dictó en segunda instancia”[295].
59.
En relación con los cargos fundados en la causal primera, la Sala
de Casación Penal consideró que el casacionista (i) “al ser ingeniero
civil, contaba con la carrera profesional más apta para comprender problemas
vinculados con los diseños, su complementación y el cambio de material”[296]; (ii) formuló
argumentos relativos al “al error de tipo” y “a la posición de
garante”, los cuales “eran absolutamente improcedentes, [dadas las]
funciones del Director del IDU coordinar, controlar y dirigir las funciones técnicas
y administrativas de los proyectos de la entidad”[297]; (iii)
“ostentaba una posición de garante que lo obligaba a verificar los diseños,
asegurarse que fueran complementados y que se supervisara el material utilizado
por el contratista”[298] y, (iv) “había
dejado el resultado típico de la conducta (vulnerar los principios de la
contratación administrativa) librados al azar”[299] y, por tanto,
“a su conducta le eran atribuibles tanto el tipo objetivo como el
subjetivo”[300]. Por último, respecto
de los cargos fundados en la causal tercera, la Sala de Casación Penal concluyó
que “la postura del casacionista no era convincente”[301], porque “cualquier
decisión sobre los perjuicios (…) hac[ía] parte fundamental del fallo
condenatorio”[302] y reiteró los argumentos
del Tribunal que sustentaron la condena al pago de perjuicios[303].
60.
Dado lo anterior, en la sentencia SU-635 de 2015,
la Corte Constitucional concluyó que la Sala de Casación Penal había incurrido
en defecto “sustantivo por ausencia de motivación”[304]. Esto,
por cuanto constató que la decisión de inadmisión de la demanda de
casación no se fundamentó en el incumplimiento de “los
requisitos propios del recurso”, sino en el examen material “de
problemas que se plante[aban] en la demanda”, esto es, en “un
análisis de fondo sobre cada asunto”. En efecto, dicha Sala “evaluó
cada [cargo] realizando
apreciaciones sobre el fondo del asunto para finalmente inadmitir el recurso”.
En particular, esta Corte constató que la Sala de Casación Penal analizó la responsabilidad penal del recurrente y con fundamento en
tales consideraciones decidió inadmitir la demanda. En este sentido, mediante
el auto de inadmisión, dicha Sala (i) “estudió la imputación del delito de celebración
de contrato sin cumplimiento de requisitos legales”, (ii) concluyó que
el recurrente “se hallaba en una posición de garantía” y, por último, (iii)
sostuvo que la profesión del recurrente “era la más apta para poder
entender los inconvenientes referidos a los diseños y al relleno fluido como
material utilizado en la obra”. Al respecto, esta Corte advirtió que la
Sala de Casación Penal “debió haberse pronunciado sobre los
requisitos formales que se exigen del recurso en la ley”, en lugar de “analiz[ar]
y pronunci[arse] de fondo sobre los cargos planteados”.
61.
A la luz de lo anterior, la Sala Plena concluye que, en los casos
sub examine, la Sala de Casación Penal no desconoció la sentencia SU-635
de 2015. Por el contrario, con la decisión de inadmisión adoptada por medio del
auto cuestionado, respetó la regla fijada por la Corte Constitucional mediante
dicha sentencia. En efecto, como
se evidenció en la sección anterior, la Sala de Casación Penal inadmitió las
demandas de casación promovidas por los accionantes debido a que constató que
no cumplían el requisito formal previsto por el artículo 212.3 de la Ley 600 de
2000 relativo a formular el cargo “indicando en forma clara y precisa sus
fundamentos”. De un lado, la demanda de Hernando Mejía Mejía fue
inadmitida porque “las razones, los
fundamentos y el contenido”[305]
de los cargos de casación formulados no eran conformes a “la verdad procesal”[306] y
desconocieron los hechos acreditados en el expediente, así como las
valoraciones y las consideraciones emitidas por el Tribunal. De otro lado, la
demanda de Omar Cárdenas López fue inadmitida porque, con su cargo, buscaba “rebatir
los fundamentos fácticos de la sentencia”[307], lo cual es
incompatible con el cargo relativo a la “infracción legal directa”[308].
62.
En tales términos, es claro que,
conforme a la regla fijada en la sentencia SU-635 de 2015, la Sala de Casación
Penal circunscribió el análisis de admisibilidad a verificar el cumplimiento de
los requisitos formales previstos por el artículo 212 de la Ley 600 de 2000.
Por tanto, la decisión de inadmisión de las demandas de casación estuvo desprovista
de consideraciones respecto del fondo de los asuntos planteados por los
accionantes. En efecto, la referida Sala no emitió juicios de valor sobre su
responsabilidad penal, ni sobre la legalidad o corrección de las decisiones de
instancia. Por el contrario, la decisión de inadmisión estuvo motivada en el
incumplimiento del deber de “indica[r] en forma clara y precisa [los]
fundamentos”[309]
de los cargos de casación, previsto por el artículo 212.3 ibídem. En
consecuencia, la Sala de Casación Penal “calificó” las demandas de
casación promovidas por los accionantes de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 213 de la misma Ley y de manera compatible con la regla fijada por la
sentencia SU-635 de 2015, sin que se advierta desconocimiento de precedente alguno.
63.
Por las anteriores razones, la
Sala Plena concluye que el presunto desconocimiento del precedente alegado por
los actores no se configura en la providencia demandada.
5.
Síntesis del caso
64.
Hernando Mejía Mejía y Omar Cárdenas López, en escritos independientes,
interpusieron acciones de tutela en contra de la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Esto, por cuanto esta
autoridad judicial, mediante el auto de 26 de junio de 2019, inadmitió sus
demandas de casación en contra de la sentencia de 8 de octubre de 2018
proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué. Por medio
de dicha sentencia, el Tribunal confirmó la decisión de condenarlos como
coautores del delito de “contrato sin cumplimiento de los requisitos legales”.
En sus solicitudes de tutela, los accionantes argumentaron que el auto
cuestionado incurrió en el defecto sustantivo “por falta de motivación de la
decisión judicial” y en desconocimiento del precedente de la sentencia
SU-635 de 2015. Por tanto, sostuvieron que dicha decisión vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. La
Sala Plena verificó que en los casos sub judice se satisfacen los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela en contra de
providencias judiciales, pero no se configura ninguno de los defectos
específicos alegados por los accionantes.
65.
En concreto, la Sala Plena concluyó que no se configuró el
defecto sustantivo. Esto, porque, mediante el
auto de 26 de junio de 2019, la Sala de Casación Penal expuso con claridad y
suficiencia los motivos por los cuales concluyó que las demandas de casación
promovidas por los accionantes debían ser inadmitidas. Además, tales motivos se
limitaron al incumplimiento del requisito formal previsto por el artículo 212.3
de la Ley 600 de 2000 y no incluyeron consideración alguna sobre la
responsabilidad penal de los accionantes ni la legalidad de los fallos de
instancia. De igual forma, la Sala Plena concluyó que la Sala de
Casación Penal no desconoció el precedente. En efecto, contrario a lo afirmado
por los accionantes, con la decisión adoptada por medio del auto cuestionado, dicha
Sala respetó la regla fijada por la Corte Constitucional mediante la sentencia
SU-635 de 2015. Esto, habida cuenta de que la Sala de Casación Penal inadmitió
las demandas de casación por cuanto los accionantes no cumplieron el requisito
relativo a formular el cargo “indicando en forma clara y precisa sus
fundamentos”. Esto, dado que los argumentos que sustentaban los cargos (i)
no eran conformes a la verdad procesal y (ii) no correspondían a las
exigencias propias de la causal invocada.
III.
DECISIÓN
Con
base en las consideraciones expuestas, la Sala Plena de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE
Primero.– CONFIRMAR las sentencias de 2 y 9 de octubre de 2019 proferidas por la Sala
de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, por medio de las cuales
confirmó las sentencias de 15 de agosto de 2019 dictadas por la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, mediante las cuales negó los
amparos solicitados por Omar Cárdenas López y Hernando Mejía Mejía.
Segundo.– DEVOLVER los
cuadernos principales del expediente 730013104008-2012-00073-00 al Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Ibagué.
Tercero.– LIBRAR, por
Secretaría General, la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto
2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Comuníquese
y cúmplase,
-Ausente
con permiso-
ALBERTO ROJAS RÍOS
Presidente
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1]
Exp.T-7.736.908 (en adelante, Exp. A). Cdno. 1, fls. 2 a 28.
Exp. T-7.746.453 (en adelante, Exp. B). Cdno. 1, fls. 2 a 33.
[2]
Exp. A Cdno. 1, fl. 227 (reverso).
[3] Exp. A. Cdno. 1, fl. 215.
[4] Exp. A. Cdno. 1, fl. 192 (reverso).
La “urgencia evidente” fue declarada mediante la Resolución 209 de 17 de
junio de 1997, proferida por Electrolima, “a través de su Gerente y con el
aval del órgano directivo”. (Exp. A. Cdno. 1, fl. 211).
[5] Exp. A. Cdno. 1, fl. 202.
[6] Exp. A. Cdno. 1, fl. 202 (reverso).
[7] Exp. A. Cdno. 1, fls. 202 (reverso) a 203.
[8]
Exp. A. Cdno. 1, fl. 203 (reverso).
[9]
Exp. A. Cdno. 1, fl. 203.
[10]
Id.
[11] Exp. A. Cdno. 1,
fl. 203 (reverso). Esto incluía “labores de lectura de contadores,
corte, reconexión y recuperación de pérdidas”.
[12] Exp. A. Cdno. 1, fl. 192. Cdno.
original 2, fl. 148. La diligencia de indagatoria se llevó a cabo el 16 de
octubre de 1998. (Cdno. original 2, fls. 59 a 69).
[13]
Esto, en virtud de la “asignación especial” efectuada en favor de esta
Fiscalía. (Exp. A. Cdno. 1, fl. 233).
[14] Cdno. original 7, fls. 136 a 166.
[15] Id.
[16] Id.
[17] Id.
[18] Id.
[19] Exp. A. Cdno. 1,
fl. 227 (reverso). Inicialmente, el caso fue repartido al Juzgado Octavo
Penal del Circuito. Sin embargo, dicho juzgado fue “convertido al Sistema
Penal Acusatorio” y, por tanto, el proceso fue repartido al Juzgado Séptimo
Penal del Circuito de Ibagué. Esta autoridad judicial asumió el conocimiento
del proceso el 6 de agosto de 2012. La audiencia preparatoria se celebró los
días 29 de mayo y 10 de septiembre de 2013, así como el 20 de junio de 2014.
Por último, la audiencia pública de juzgamiento se llevó a cabo los días 20 de
septiembre y 16 de noviembre de 2016, así como los días 17 de enero, 21 de
febrero y 14 de marzo de 2017. (Exp. A. Cdno. 1, fl. 192).
Cada uno de los accionantes fue condenado a “pena principal de cinco (5)
años, seis (6) meses de prisión, multa de veintisiete punto cinco (27.5)
salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio
de derechos u funciones públicas por un periodo de un (1) año, cuatro (4)
meses, quince 15 días”. (Exp. A. Cdno. 1, fl. 227).
[20] Exp. A. Cdno. 1, fl. 211.
[21] Exp. A. Cdno. 1,
fl. 215.
[22] Exp. A. Cdno. 1,
fl. 202. El Juez constató que “desde que se presentó
el informe de Gerencia ante la Junta Directiva de Electrolima que data del 27
de junio de 1995, ya se relacionaban algunas obras que no habían tenido un
adecuado desarrollo, como la subestación del Carmen de Apicalá y la estación de
Melgar; sin embargo, en lugar de incluirlas en el contrato BOOT 054 de 1995, se
tramitaron como adiciones del mismo, de donde se colige que siendo la situación
previsible desde los albores de la contratación respectiva, no se tuvo en
cuenta, vulnerando de entrada el principio de planeación (…). Las adiciones
superaron en un trescientos por ciento (300%) aproximadamente el valor del
contrato principal”.
[23]
Id.
[24] Exp. A. Cdno. 1, fl. 203 (reverso). En concreto, el Juez encontró
que la “problemática (…) con el
suministro de energía (…) se había mantenido por más de 20 años”. (Exp. A. Cdno. 1, 203).
[25]
Exp. A. Cdno. 1, fl. 215 (reverso).
[26] Id. Hernando Mejía
Mejía fue representante legal de Electrolima “en el periodo comprendido
entre junio de 1996 a enero de 1998”.
[27] Exp. A. Cdno. 1,
fl. 215.
[28] Id.
[29] Id. Al respecto, el Juez también constató que la Junta Directiva tenía “una función de control en
dichas contrataciones”.
[30] Exp. A. Cdno. 1, fl. 219. Artículo
146 del Decreto 100 de 1980: “Contrato sin cumplimiento de requisitos
legales. El empleado oficial que por razón del ejercicio de sus funciones
tramite contratos sin observancia de los requisitos legales o que lo celebre o liquide
sin verificar el cumplimiento de los mismos, incurrirá en prisión de seis (6)
meses a tres (3) años, multa de un mil a cien mil pesos e interdicción del
ejercicio de derechos y funciones públicas de uno (1) a cinco (5) años”. El
referido artículo fue modificado por el artículo 1 del Decreto 141 de 1980: “Los artículos 68, 146, 235, 265 y 334 del nuevo Código Penal
quedarán así: (…) Artículo 146. Contrato sin cumplimiento de requisitos
legales. El empleado oficial que por razón del ejercicio de sus funciones y con
el propósito de obtener un provecho ilícito para sí, para el contratista o para
un tercero, tramite contrato sin observancia de los requisitos legales
esenciales o lo celebre o liquide sin verificar el cumplimiento de los mismos,
incurrirá en prisión de seis (6) meses a tres (3) años, multa de un mil a cien
mil pesos e interdicción de derechos y funciones públicas de uno (1) a cinco
(5) años (…)”. Por su parte, el artículo 57 de
la Ley 80 de 1993 aumentó las penas para esta conducta punible, al respecto,
dispuso que: “[e]l servidor público que realice alguna de las
conductas tipificadas en los artículos 144, 145 y 146 del Código Penal,
incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años y en multa de veinte (20) a
ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales”.
[31]
Exp. A. Cdno. 1, fl. 219 (reverso).
[32]
Id.
[33]
Exp. A. Cdno. 1, fl. 220.
[34] Exp. A. Cdno. 1,
fl. 249. A juicio del
recurrente, el Juez de primera instancia no dio respuesta a sus alegatos de
conclusión “específicamente en lo que
tiene que ver con la estructuración del elemento subjetivo del tipo”.
[35] Exp. A. Cdno. 1, fl. 248.
[36]
Exp. A. Cdno. 1, fl. 274.
[37] Id.
[38]
Id.
[39] Id.
[40] Exp. B. Cdno. 1, fl. 170.
[41] Id.
[42] Id.
[43] Id.
[44] Id. En cuanto a la
solicitud de nulidad, el Tribunal concluyó
que no había lugar a declarar nulidad alguna, porque el recurrente incumplió el
deber de “señalar el contenido omitido en análisis”, así como la
obligación de “demostrar la necesidad del remedio extremo y último de
la declaratoria de anulación”. (Exp. B. Cdno. 1, fl. 170).
[45]
Exp. A. Cdno. 1, fl. 279.
[46]
Id.
[47] Id.
[48]
Exp. A. Cdno. 1, fls. 280 a 281.
[49] Artículo 207 de la Ley 600 de 2000: “En materia
penal, la casación procede por los siguientes motivos: 1. Cuando la sentencia
sea violatoria de una norma de derecho sustancial. Si la violación de la norma
sustancial proviene de error de hecho o de derecho en la apreciación de
determinada prueba, es necesario que así lo alegue el demandante”.
[50] Exp. B, Cdno. 1, fl.12.
[51] Id.
[52] Id.
[53] Exp. B. Cdno. 1,
fl. 27. En concreto, el accionante sostuvo que los jueces penales no tuvieron
en cuenta las siguientes pruebas: (i) su declaración en la diligencia de
indagatoria, (ii) la declaración de Tarciso Leal García y (iii)
la declaración de José Antonio Molina Torres. (Exp. A. Cdno. 1, fls. 24 a 27).
[54] Exp. B. Cdno. 1, fl. 12.
[55]
Exp. A. Cdno. 1, fl. 15.
[56]
Exp. A. Cdno. 1, fl. 16.
[57]
Exp. A. Cdno. 1, fl. 15, alusivo al artículo 15 de los Estatutos de
Electrolima.
[58] Exp. A. Cdno. 1, fl. 16. El
accionante hizo referencia al artículo 11 de la Ley 80 de 1993, vigente para el
momento de los hechos.
[59]
Exp. A. Cdno. 1, fl. 18.
[60]
Exp. A. Cdno. 1, fl. 11.
[61]
Exp. A. Cdno. 1, fl. 22.
[62] Exp. B. Cdno. 1, fl. 65.
[63] Exp. A. Cdno. 1, fl. 46. Exp. B. Cdno. 1, fl. 192
(reverso). Cfr. Art. 212.3 de la Ley 600 de 2000.
[64] Exp. A. Cdno. 1, fl. 65. Exp. B. Cdno. 1, fl. 202.
[65] Exp. A. Cdno. 1, fl. 54. Ex. B. Cdno. 1, fl. 196 (reverso).
[66]
Exp. A. Cdno. 1, fl. 59. Ex. B. Cdno. 1, fl. 199.
[67]
Exp. A. Cdno. 1, fl. 52.
[68]
Exp. A. Cdno. 1, fl. 49.
[69]
Exp. A. Cdno. 1, fl. 48.
[70]
Exp. A. Cdno. 1, fl. 55.
[71]
Id.
[72] Exp. B. Cdno. 1, fls. 196 (reverso) a 197.
[73]
Exp. B. Cdno. 1, fl. 197.
[74] Exp. B. Cdno. 1, fl. 199.
[75]
Exp. B. Cdno. 1, fl. 198.
[76]
Id.
[77] Exp. A. Cdno. 1, fl. 49.
[78] Exp. A. Cdno. 1, fl. 52.
[79] Id.
[80] Id.
[81] Exp. A. Cdno. 1, fl. 51.
[82] Id.
[83] Exp. A. Cdno. 1, fl. 49.
[84] Exp. A. Cdno. 1, fl. 75.
[85]
Exp. B. Cdno. 1, fl. 76.
[86]
Exp. B. Cdno. 1, fl. 82.
[87] Exp. A. Cdno. 1,
fls. 136 a 139. Exp. B. Cdno. 1, fls. 83 a 89.
[88] Exp. A. Cdno. 1, fl. 137 (reverso). Exp. B. Cdno, 1, fl. 85.
[89]
Id. Exp. B. Cdno, 1, fl. 86.
[90]
Exp. A. Cdno. 1, fls. 88 a 89. Exp. B. Cdno. 1, fls. 92 a 93.
[91]
Exp. A. Cdno. 1, fl. 87. Exp. B. Cdno. 1, fl. 91.
[92]
Exp. A. Cdno. 1, fl. 91. Exp. B. Cdno. 1, fl. 95.
[93]
Exp. A. Cdno. 1, fl. 95. Exp. B. Cdno. 1, fl. 101.
[94]
Exp. A. Cdno. 1, fl. 96. Exp. B. Cdno. 1, fl. 102.
[95]
Id.
[96] Exp. B. Cdno. 1, fl. 102.
[97]
Exp. B. Cdno. 1, fl. 90.
[98]
Exp. A. Cdno. 1, fl. 101. Exp. B. Cdno. 1, fl. 108.
[99] Exp. A. Cdno. 1, fls. 132 a 135. Exp. B. Cdno. 1, fls. 179 a 183.
[100] Exp. A. Cdno. 1, fl. 134. Exp. B. Cdno. 1, fl. 182.
[101] Exp. B. Cdno. 1, fl. 181.
[102] Id.
[103] Id.
[104] Exp. B. Cdno. 1, fl. 182.
[105]
Id.
[106] Exp. A. Cdno. 1, fl. 134.
[107] Id.
[108] Exp. A. Cdno. 1, fl. 133.
[109] Id. Así mismo, en
su respuesta, la magistrada indicó que la causal de casación alegada por el
accionante “cubre, exclusivamente, equívocos de la premisa jurídica de la
sentencia, razón por la cual la labor de demostración del vicio consistirá en
evidenciar un error por exclusión evidente, aplicación indebida o
interpretación errónea de una norma –constitucional o legal– llamada a regular
el caso juzgado”.
[110] Exp. A. Cdno. 1, fl. 167. Exp. B. Cdno. 1, fl. 146
(reverso).
[111]
Exp. A. Cdno. 1, fl. 178.
[112]
Exp. B. Cdno. 1, fl. 134.
[113]
Exp. A. Cdno. 1, fl. 161.
[114]
Exp. A. Cdno. 1, fl. 185.
[115]
Exp. B. Cdno. 1, fl. 212 (reverso).
[116]
Exp. A. Cdno. 1, fl. 185. Exp. B. Cdno. 1, fl. 214.
[117]
Exp. A. Cdno. 1, fls. 184 (reverso) a 185. Exp. B. Cdno. 1, fl. 213 (reverso).
[118]
Exp. A. Cdno. 1, fl. 185.
[119]
Exp. A. Cdno. 1, fl. 362. Exp. B. Cdno. 1, fl. 240.
[120]
Exp. B. Cdno. 2, fl. 6.
[121]
Exp. A. Cdno. 2, fl. 8.
[122]
Exp. A. Cdno. 2, fl. 8 (reverso).
[123]
Exp. B. Cdno. 2, fl. 6.
[124]
Exp. A. Cdno. de revisión, fls. 7 a 18. Exp. B. Cdno. de revisión, fls. 7 a 18.
[125]
Exp. A. Cdno. de revisión, fls. 21 a 22.
[126]
Este informe se rindió en los términos previstos por el artículo 61 del Acuerdo
2 de 2015.
[127]
Exp. A. Cdno. de revisión, fl. 24. Exp. B. Cdno. de revisión,
fl. 22.
[128]
Exp. A. Cdno. de revisión, fl. 56.
[129]
Id.
[130]
Exp. A. Cdno. de revisión, fl. 57.
[131] Id.
[132] Id.
[133] Exp. A. Cdno. de revisión, fls. 57 a 58.
[134]
Exp. A. Cdno. de revisión, fl. 58.
[135]
Id.
[136] Exp. A. Cdno. principal, fl. 31.
[137] Id.
[138] Exp. A. Cdno. principal, fl. 61.
[139] Id.
[140] Id.
[141] Exp. A. Cdno. 1, fl. 65. Exp. B. Cdno. 1,
fl. 202.
[142]
Sentencias SU-573 de 2019 y SU-439 de 2017, entre otras.
[143] Exp. A. Cdno. 1, fls. 88 a 89. Exp. B. Cdno. 1, fls. 92 a 93.
[144]
Exp. A. Cdno. 1, fl. 227 (reverso).
[145]
Cfr. Artículos 187 y 189 de la Ley 600 de
2000.
[146]
Sentencias T-105 de 2019, T-133 de 2010 y T-024 de 2010.
[147] Sala de Casación Penal, auto de 28
de mayo de 2014, radicado 42255. Cfr. Sala de Casación Penal, auto de 15 de diciembre de 2016, radicado
44163; auto de 4 diciembre de 2014, radicado 41110; auto de 11 diciembre de
2013, radicado 41316; auto de 19 de octubre de 2011, radicado 35365; auto de 3
de diciembre de 2009, radicado 32588 y auto de 19 de noviembre de 2009,
radicado 33009.
[148] Sentencia T-105 de 2019.
[149] Sala de Casación Penal, auto de 29
de enero de 2020, radicado 56402 y auto de 16 de diciembre de 2019, radicado
54324. Cfr. Sala de Casación Penal, auto de 12 de
febrero de 2020, radicado 56148.
[150]
Artículo 205 de la Ley 600 de 2000. Cfr. Artículo 180
de la Ley 906 de 2004.
[151] Id.
[152] Id.
[153] Id.
[154]
Sentencias SU-635 de 2015, C-880 de 2014 y C-1065 de 2000.
[155] Sentencias C-880
de 2014 y C-372 de 2011.
[156] Las demandas de casación que
antecedieron a las acciones de tutela sub examine se tramitaron a la luz
de la Ley 600 de 2000. Por esta razón, la Sala Plena sintetizará las causales y
los requisitos de admisibilidad previstos por esta ley para la procedencia de
las demandas de casación.
[157] Artículo 207 de la
Ley 600 de 2000.
[158]
Artículo 209 de la Ley 600 de 2000. Cfr. Artículo 182
de la Ley 906 de 2004.
[159] Artículo 205 de la Ley 600 de 2000.
El inciso final de este artículo dispone que, “de manera excepcional, la
Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, discrecionalmente, puede admitir la
demanda de casación contra sentencias de segunda instancia distintas a las
arriba mencionadas, a la solicitud de cualquiera de los sujetos procesales,
cuando lo considere necesario para el desarrollo de la jurisprudencia o la
garantía de los derechos fundamentales, siempre que reúna los demás requisitos
exigidos por la ley”.
[160]
Artículo 210 de la Ley 600 de 2000. Cfr. Artículo 183
de la Ley 906 de 2004.
[161]
Artículo 212 de la Ley 600 de 2000.
[162]
Id. Cfr. Artículo 183 de la Ley
906 de 2004.
[163] Sala de Casación
Penal, auto de 27 de agosto de 2019, radicado 53961.
[164]
Id.
[165]
Sala de Casación Penal, auto de 25 de septiembre de 2019,
radicado 55806.
[166] Sala de Casación
Penal, auto de 27 de agosto de 2019, radicado 53961. Sobre el particular, la
Sala de Casación Penal también ha destacado que, si “la Sala adviert[e]
la necesidad de un pronunciamiento de fondo para alcanzar alguno de los
objetivos del recurso”, podrá admitir la demanda de casación, pese al incumplimiento
de los requisitos de procedibilidad.
[167]
Sala de Casación Penal, auto de 12 de febrero de 2020,
radicado 56148.
[168] Id. En este sentido, la Sala de
Casación Penal ha sostenido que la admisión de la demanda de casación “supone, entre otros aspectos, la debida presentación de la
demanda, en la cual el censor está obligado a exponer de manera precisa y
concisa las causales invocadas y sus fundamentos, en aras de demostrar la
afectación de derechos fundamentales y la justificación del fallo de casación”. (Sala de Casación Penal, auto de 27 de
agosto de 2019, radicado 55109).
[169] Sentencia SU-635 de 2015. En esta
sentencia, la Corte Constitucional reiteró lo sostenido por la Sala de Casación
en la sentencia de 7 de julio de 2008, radicado 29886, esto es, que la demanda
de casación debe inadmitirse, “en principio, cuando el demandante no tenga
interés para acceder al recurso; en segundo lugar, cuando se trate de una
demanda infundada, es decir que su fundamentación no evidencia una
eventual violación de garantías fundamentales; y, por último, cuando de su
inicial estudio se descarte la posibilidad de desarrollar en la sentencia
alguno de los fines de la casación”.
[170]
Id.
[171] Id. En la sentencia C-1065 de 2000,
la Corte Constitucional sostuvo que “es razonable concluir que en materia de
casación la regla general es la improcedencia del recurso; la excepción, su
procedencia, en los casos previstos en la ley”.
[172]
Id.
[173] Sala de Casación Penal, auto de 26
de junio de 2019, radicado 51101.
[174] Sala de Casación Penal, auto de 23
de octubre de 2019, radicado 51231. Cfr. Sala de Casación Penal, auto de
30 de octubre de 2019, radicado 54170.
[175]
Id.
[176]
Sala de Casación Penal, auto de 30 de octubre de 2019, radicado 55156.
[177]
Id.
[178]
Id.
[179]
Sala de Casación Penal, auto de 2 de octubre de 2019, radicado 54912.
[180] Sala de Casación Penal, auto de 26
de junio de 2019, radicado 51101. Cfr. Sala de Casación Penal, auto de
30 de octubre de 2019, radicado 54170.
[181]
Id.
[182]
Id.
[183]
Id.
[184] Sala de Casación Penal, auto de 30
de octubre de 2019, radicado 54170. Cfr. Sala de Casación Penal, auto de
9 de junio de 2019, radicado 29019.
[185] Id.
[186] Sala de Casación
Penal, auto de 25 de septiembre de 2019, radicado 54902. Cfr. Sala de
Casación Penal, auto de 2 de diciembre de 2019, radicado 55759 y auto de 27 de agosto
de 2019, radicado 52160.
[187]
Sala de Casación Penal, auto de 6 de agosto de 2019, radicado
52591.
[188] Los otros
principios que rigen el recurso de casación en materia penal son: (i)
“el de limitación, que implica para la Corte la imposibilidad de suplir los
vacíos, ni corregir las deficiencias de la demanda”; (ii) “el de
crítica vinculante, que implica que la alegación se debe fundar en las causales
taxativamente previstas en la ley, atendiendo a los requisitos de forma y
contenido de cada reproche” y (iii) “los de autonomía, coherencia
y no contradicción que comportan la postulación independiente de cada censura
en procura de mantener la identidad temática y evitar la entremezcla de
argumentos y propuestas excluyentes”. (Sala de Casación Penal, auto de 6 de agosto de 2019, radicado 52591, entre otros).
[189]
Sala de Casación Penal, auto de 30 de octubre de 2019, radicado 55156.
[190]
Artículo 212.3 de la Ley 600 de 2000.
[191] Cfr. Sala de Casación Penal,
auto de 28 de septiembre de 2011, radicado 35069.
[192]
Sentencia SU-635 de 2015.
[193]
Sentencia T-105 de 2019.
[194]
Id.
[195]
Id.
[196]
Sentencia C-596 de 2000.
[197]
Id.
[198] Id.
[199]
Id.
[200]
Sentencia SU-635 de 2015.
[201]
Id.
[202]
Sentencia SU-004 de 2018.
[203]
Cfr. Id.
[204] Sala de Casación Penal, auto de 26
de junio de 2019, radicado 51101.
[205] Id. Cfr. Sala de Casación
Penal, auto de 30 de octubre de 2019, radicado 54170 y auto de 26 de septiembre
de 2018, radicado 53531, entre otros.
[206]
Sala de Casación Penal, auto de 30 de octubre de 2019, radicado 54170.
[207]
Sala de Casación Penal, auto de 6 de agosto de 2019, radicado
52591.
[208]
Sala de Casación Penal, auto de 30 de octubre de 2019, radicado 55156.
[209] Exp. A. Cdno. 1, fl. 95. Exp. B. Cdno. 1, fl. 101.
[210]
Exp. A. Cdno. 1, fl. 96. Exp. B. Cdno. 1, fl. 102.
[211]
Id.
[212] Exp. B. Cdno. 1, fl. 102.
[213]
Exp. B. Cdno. 1, fl. 90.
[214] Sentencias SU-116 de 2018, SU-072
de 2018, SU-057 de 2018, SU-769 de 2014 y C-590 de 2005, entre otras. En la
sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional sostuvo que basta con que se
configure al menos una de las causales específicas “para que proceda una
tutela contra una sentencia”.
[215]
Id. Cfr. Sentencia SU-210 de 2017.
[216]
Sentencia SU-448 de 2016.
[217] Sentencia SU-035
de 2018. Cfr. Sentencias T-453 de 2017, SU-050 de 2017, SU-427 de
2016, SU-432 de 2015 y SU-241 de 2015.
[218] Id. Cfr. Sentencia T-118A de
2013. En efecto, “no cualquier divergencia frente al criterio interpretativo
en una decisión judicial configura un defecto sustantivo, [sino] solo
aquellas que resultan irrazonables, desproporcionadas, arbitrarias y
caprichosas”. (Sentencias SU-238 de 2019 y SU-490
de 2016). Por tanto, la providencia judicial incurre en defecto
sustantivo solo cuando el error en la aplicación o interpretación del
ordenamiento jurídico es “de tal entidad que haya llevado a proferir una
decisión que obstaculice o lesione la efectividad de los derechos fundamentales”.
(Sentencias SU-238 de 2019, SU-427 de 2016,
SU-432 de 2015 y SU-241 de 2015).
[219]
Sentencia SU-448 de 2016. Cfr. Sentencias SU-448 de
2011, T-161 de 2010, T-436 de 2009, T-087 de 2007, T-292 de 2006, T-462 de
2003, T-522 de 2001, T-1625 de 2000 y T-193 de 1995.
[220]
Sentencia SU-659 de 2015.
[221] Sentencia SU-573
de 2017. Cfr. Sentencias SU-072 de 2018, SU-632 de 2017, SU-489 de 2016
y SU-448 de 2016, entre otras.
[222] Sentencias T-105
de 2019, T-041 de 2018, SU-489 de 2016, SU-635 de 2015 y T-064 de 2010, entre
otras. En la sentencia T-041 de 2018, la Corte Constitucional sostuvo que “la
necesidad de que las decisiones de los jueces estén plenamente sustentadas en
el marco jurídico aplicable y en los supuestos fácticos objeto de estudio,
condujo a que la ausencia de motivación de la decisión judicial se convirtiera
en una causal independiente de procedibilidad de la tutela contra sentencias,
tras ser valorada, en varias ocasiones, como una hipótesis de defecto sustantivo
o material”. Además, la sentencia C-590 de 2005 incluyó la “decisión sin
motivación” dentro de las causales de procedibilidad de la acción de tutela
en contra de providencias judiciales.
[223]
Sentencia SU-635 de 2015.
[224]
Sentencia SU-448 de 2016.
[225]
Sentencia SU-489 de 2016.
[226]
Id.
[227]
Sentencias SU-448 de 2016 y T-267 de 2013.
[228]
Sentencia SU-635 de 2015.
[229]
Id.
[230]
Id.
[231]
Id.
[232] Cfr. Id. En esta sentencia, la Corte Constitucional concluyó que la
Sala de Casación Penal, al inadmitir la demanda de casación, solo “debió
pronunciar[se] sobre los requisitos de forma que consideraba no eran
cumplidos por la demanda de casación”.
[233]
Sentencia T-105 de 2019.
[234]
Id.
[235] Art. 212.3 de la Ley 600 de 2000. Cfr. Exp. A. Cdno. 1, fl.
46.
[236]
Exp. B. Cdno. 1, fl. 196 (reverso).
[237] Exp. B. Cdno. 1, fl. 199.
[238]
Exp. A. Cdno. 1, fl. 55.
[239]
Exp. B. Cdno. 1, fl. 198.
[240] Id.
[241]
Exp. B. Cdno. 1, fl. 181.
[242]
Exp. B. Cdno. 1, fl. 198.
[243] Exp. A. Cdno. 1, fl. 49.
[244] Exp. A. Cdno. 1, fl. 49.
[245] Exp. A. Cdno. 1, fl. 52.
[246]
Exp. A. Cdno. 1, fl. 49. Exp. B. Cdno. 1, fl. 194.
[247]
Exp. A. Cdno. 48. Exp. B. Cdno. 1, fl. 193 (reverso).
[248] Id. Sobre el particular, la Sala de
Casación Penal reiteró que, cuando se invoca la causal de violación directa de
la ley sustancial, el recurrente debe “evidenciar un error por exclusión
evidente, aplicación indebida o interpretación errónea de una norma
–constitucional o legal– llamada a regular el caso juzgado”.
[249]
Exp. B. Cdno. 1, fl. 180.
[250]
Id. Exp. A. Cdno. 1. fl. 134.
[251]
Exp. B. Cdno. 1, fl. 181.
[252]
Exp. B. Cdno. 1, fl. 182.
[253] Exp. A. Cdno. 1, fl. 134.
[254]
Exp. A. Cdno. 1, fl. 133.
[255]
Id.
[256] Sentencia T-105 de 2019.
[257] Id. Al respecto, la Sala de Casación Penal ha
sostenido que “[c]ontrastar la demanda para efectos de su no admisión, bien sea
con el fallo recurrido o cualquier otra pieza procesal que obre en las
diligencias (sentencia de primera instancia, acusación, etc.), no representa
resolver de fondo el problema jurídico traído a colación por el demandante”. (Sala de Casación Penal, sentencia de 22 de julio de 2016, radicado
42930).
[258] Exp. B. Cdno. 1, fl.12.
[259] Exp. B. Cdno. 1, fl. 24.
[260]
Exp. A. Cdno. 1, fl. 49.
[261] Id.
[262] Cfr. Sala de Casación Penal, auto de 2 de diciembre de 2019, radicado
55759; auto de 25 de septiembre de 2019, radicado 54902 y auto de 27 de agosto
de 2019, radicado 52160.
[263] Sala de Casación Penal, auto de 26
de junio de 2019, radicado 51101.
[264] Exp. B. Cdno. 1, fl. 199.
[265]
Sala de Casación Penal, auto de 25 de septiembre de 2019,
radicado 54902. Cfr. Sala de Casación Penal, auto de 2 de diciembre de
2019, radicado 55759 y auto de 27 de agosto de 2019, radicado 52160.
[266] Sala de Casación Penal, auto de 25 de septiembre de
2019, radicado 54902. Cfr. Sala de Casación Penal, auto de 2 de
diciembre de 2019, radicado 55759 y auto de 27 de agosto de 2019, radicado
52160.
[267] Exp. A. Cdno. 1, fl. 49.
[268]
Cfr. Sala de Casación Penal, auto de 30 de octubre de 2019, radicado
55156.
[269]
Sentencia SU-004 de 2018.
[270]
Exp. A. Cdno. 1, fl. 65. Exp. B. Cdno. 1, fl. 202.
[271] Sentencia C-590 de 2005. Cfr.
SU-267 de 2019, SU-055 de 2018, SU-086 de 2018, SU-113 de 2018, SU-611 de 2017,
SU-091 de 2016, SU-424 de 2016, SU-501 de 2015, SU-053 de 2015, SU-288 de 2015,
SU-567 de 2015, SU-056 de 2014, SU-874 de 2014, SU-407 de 2013, entre otras.
[272]
Sentencia SU-267 de 2019. Cfr. Sentencia SU-288 de 2015.
[273]
Sentencia SU-424 de
2016.
[274]
Sentencia SU-288 de 2015. Cfr. Sentencia SU-047 de 1999.
[275]
Sentencia SU-424 de
2016.
[276] Id.
[277] Id. En la
sentencia SU-288 de 2015, esta Corte destacó la importancia de identificar
“los argumentos jurídicos que constituyen el precedente y que, por tanto,
resultan vinculantes y deben ser atendidos para resolver casos futuros”.
[278] Sentencia SU-069
de 2018. En este sentido, en la sentencia SU-086 de 2018, la Corte
Constitucional destacó la importancia de distinguir “entre aquello
que efectivamente tuvo incidencia en el pronunciamiento anterior, ratio
decidendi, y por lo tanto posee fuerza normativa a futuro, de aquello sin la
trascendencia suficiente para ello, considerado doctrinalmente como obiter
dicta”. Así mismo, sostuvo que “la vinculación [al
precedente] implica que el juez que considere necesario apartarse del
precedente, asuma la carga argumentativa requerida para el efecto”.
[279] Sentencia SU-113 de 2018. En esta
sentencia, la Corte reiteró que “si una autoridad judicial decide apartarse
de un precedente, es necesario que exponga razones con peso y fuerza suficiente
que permita comprender el porqué de la aplicación de la nueva interpretación.
Con tal propósito, el juez debe cumplir dos requisitos establecidos por la
jurisprudencia constitucional. El primero, refiere al requisito de
transparencia, es decir, del cual se colige que ‘las cargas que se imponen para
apartarse de un procedente, dependen de la autoridad que la profirió’ (…).
El segundo, es decir, el requisito de suficiencia, tiene
que ver con que el juez debe exponer razones suficientes y válidas, ‘a la luz del ordenamiento jurídico y los supuestos fácticos
del caso nuevo que justifiquen el cambio jurisprudencial’”.
[280]
Sentencias SU-113 de 2018 y SU-068 de 2018.
[281]
Sentencias SU-091 de 2016 y T-351 de 2011.
[282]
Sentencia SU-267 de 2019.
[283]
Id. Cfr. Sentencia SU-432 de
2015.
[284] Sentencia SU-432
de 2015. En este caso, el juez debe “explicar por qué unas
[similitudes y diferencias] pesan más que otras, tal como lo exige el
principio de igualdad siempre que se pretenda dar un trato diferente a dos
situaciones, en principio, semejantes”.
[285]
Sentencia SU-113 de 2018.
[286]
Sentencia SU-424 de 2016.
[287] Sentencia SU-635
de 2015. En la referida sentencia, la Corte sostuvo que
“la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia al
inadmitir la demanda de casación interpuesta por el apoderado del
[accionante] debió haberse pronunciado sobre los requisitos formales que se
exigen del recurso en la ley. Por el contrario, se refirió a cada asunto puesto
a su consideración realizando un estudio de fondo sobre cada cargo, lo cual
resultaría pertinente si esa Corte estimaba que se estaba vulnerando algún
derecho del [accionante] profiriendo un fallo como producto de una
casación oficiosa, sin embargo, su decisión fue contraria a la argumentación
utilizada, llegando a un fallo incoherente y contradictorio con las
consideraciones omitidas”.
[288] Art. 212.3 de la Ley 600 de 2000. Cfr. Exp. A. Cdno. 1, fl.
46. Exp. B. Cdno. 1, fl. 192 (reverso).
[289]
Sentencia SU-635 de 2015.
[290] La demanda de casación fue
promovida en contra de la sentencia de 30 de julio de 2013, proferida por
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, por medio de la cual
confirmó la condena del accionante por el delito de contrato sin el
cumplimiento de los requisitos legales. En su demanda de
casación, el accionante formuló un cargo principal y cinco subsidiarios.
[291] Id. En concreto,
el casacionista invocó la causal primera de casación en la modalidad de “violación
indirecta de la ley sustancial”.
[292]
En particular, el casacionista invocó la causal tercera “porque la sentencia
de condena al pago de perjuicios se dictó con violación del debido proceso, numeral
2° del artículo 306” de la Ley 600 de 2000.
[293]
Sentencia SU-635 de 2015.
[294] Id.
[295]
Id.
[296] Id.
[297]
Id.
[298]
Id.
[299]
Id.
[300]
Id.
[301]
Id.
[302]
Id.
[303]
Id.
[304] Por el contario, la Corte
Constitucional concluyó que no se habían configurado los defectos fáctico y de
violación directa de la Constitución, que también habían sido alegados por el
accionante.
[305]
Sala de Casación Penal, auto de 25 de septiembre de 2019, radicado 54902. Cfr.
Sala de Casación Penal, auto de 2 de diciembre de 2019, radicado 55759 y auto
de 27 de agosto de 2019, radicado 52160.
[306] Exp. B. Cdno. 1, fl. 181.
[307]
Exp. A. Cdno. 1, fl. 52.
[308]
Exp. A. Cdno. 1, fl. 49.
[309] Art. 212.3 de la Ley 600 de 2000. Cfr. Exp. A. Cdno. 1, fl.
46.