T-419-08
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-419/08
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Evolución
jurisprudencial
JUEZ DE TUTELA-No le compete valorar automáticamente los medios de
prueba acopiados y apreciados en forma legal y oportuna en el proceso
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Inexistencia
de vulneración al debido proceso por haberse valorado las pruebas aportadas al
proceso ejecutivo
Referencia: expediente T-1792041.
Acción de tutela instaurada por
Carlos Jesús Cantillo Ballén, contra el Tribunal Superior  de Bogotá, Sala
Civil.
Procedencia: Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Laboral.
Magistrado Ponente:
Dr. NILSON PINILLA PINILLA
Bogotá, D. C., treinta (30) de abril
de dos mil ocho (2008).
La Sala Séptima de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los magistrados Nilson Pinilla Pinilla, Humberto
Antonio Sierra Porto y Clara Inés Vargas Hernández, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
en la revisión del fallo
adoptado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, por
medio del cual fue confirmado el proferido por la Sala Civil de la misma Corte,
dentro de la acción de tutela instaurada por Carlos Jesús Cantillo Ballén
contra el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil.
El expediente arribó a la Corte
Constitucional por remisión efectuada por la secretaría de la referida Sala de
Casación Laboral, en virtud de lo ordenado por el inciso final del artículo 32 del
Decreto 2591 de 1991. La Sala Primera de Selección de Tutelas de esta
corporación eligió el 24 de enero de 2008, para efectos de su revisión, el
asunto de la referencia.
I. ANTECEDENTES.
El actor promovió acción de tutela en agosto
30 de 2007, contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala
Civil, reclamando protección de su derecho al debido proceso, por hechos que a
continuación son resumidos.
A. Hechos y narración efectuada en la
demanda.
1. El Juzgado 19 Civil del
Circuito de Bogotá, admitió el 17 de abril de 1998 la demanda ejecutiva
instaurada por el Banco Uconal S.A. (hoy Banco del Estado S.A. en liquidación)
contra Carlos Jesús Cantillo Ballén, Carmen Patricia Lozano Parra y Mercedes
López Ibarra, dentro del cual se solicitaron y decretaron medidas cautelares sobre
cuentas bancarias del aquí accionante y un inmueble de su propiedad, que “afectaron
el normal desarrollo de mis actividades laborales, durante un término de 42
meses” (f. 1 cd. inicial).
2. La parte ejecutante, a
través de apoderado judicial, solicitó levantar las medidas cautelares sobre
los bienes del ejecutado, lo cual efectivamente se dispuso mediante providencia
de junio 29 de 2001, aduciendo falsedad en los pagarés base de la ejecución,
donde se determinó y concluyó que la firma había sido suplantada y por tanto no
provenía del aquí actor.
3. En consecuencia, por
intermedio de apoderado el ahora actor promovió incidente de perjuicios, el día
11 de octubre de 2001, donde se practicaron las pruebas requeridas. Mediante
auto de julio 30 de 2004, corregido el 8 de septiembre del mismo año, el
Juzgado de conocimiento reguló los perjuicios causados, condenando al Banco a
pagarlos por valor de mil ciento veinticinco millones setecientos mil pesos ($
1’125.700.000) dentro de los ocho (8) días siguientes a la ejecutoria de la
providencia, suma indexada de acuerdo al Índice de Precios del Consumidor (IPC),
y al pago de intereses del 6% anual, hasta la fecha de pago.
4. Al ser impugnada dicha
decisión en representación del referido Banco, el asunto llegó al Tribunal
Superior de Bogotá, Sala Civil, que mediante providencia de julio 9 de 2007
revocó la recurrida y, en su lugar, absolvió “de todos los cargos al Banco
del Estado S. A.” (f. 36 cd. inicial).
5. En la demanda se estima que
esa decisión del Tribunal comporta una violación al debido proceso, por no
tener en cuenta las pruebas que aportó para la sustentación del perjuicio
ocasionado por la entidad bancaria.
B. La demanda de tutela.
A partir de estos hechos, el demandante
interpone acción de tutela al considerar que el Tribunal no valoró
correctamente las pruebas por él aportadas, vulnerándole así el debido proceso;
por ende, solicita que se le protejan los derechos invocados y, en consecuencia,
se declare “sin ningún valor ni efecto el auto de julio 9 de 2007 proferido
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial, Sala Civil”, que revocó la
providencia dictada en julio 30 de 2004 por el Juzgado 19 Civil del Circuito de
Bogotá.
C. Documentos relevantes
allegados en copia.
1. Sentencia proferida por el
Juzgado 19 Civil del Circuito de Bogotá, en julio 30 de 2004, por medio de la
cual le fue reconocido al “incidentante Carlos Jesús Cantillo Ballén la suma
de mil ciento veinticinco millones setecientos mil pesos”, a cargo de la parte
demandante Banco Unión hoy Banco del Estado, por perjuicios causados al
demandado (f. 48 cd. Corte Suprema de Justicia).
2. Acta de la audiencia pública
de abril 23 de 2002, en la cual el Juzgado 19 Civil del Circuito de Bogotá recibió
testimonio a Juan Diego Jiménez León, Livía Esther Jiménez González y Lorenzo
Hernández (fs. 75 al 86 ib.).
3. Certificación emitida por la
Asociación de Residentes de Santa Ana Oriental a solicitud del accionante, donde
consta la fecha de  los “avisos instalados en la portería N° 1, ´ARRIENDO
PENT HAUSE´ (sic) en la carrera 4 Este No. 110-94”, correspondientes
a 1999, por un total de $ 54.000 (f. 87 ib.).
4. Certificación expedida por
MONTECZ LTDA, Nit 860.505.983-3, indicando que el doctor Carlos Cantillo Ballén
prestó servicios de consultaría y asesoría de forma independiente en licitaciones
públicas y privadas del sector gasífero y petrolero, en Colombia y en el
exterior, entre 1985 y junio de 1998; anota que “la causa fundamental para
no continuar laborando con nosotros como persona natural y jurídica; obedeció
exclusivamente a los embargos ejecutados a su patrimonio, reporte a las
centrales de información financiera que promovió el Banco Uconal S.A. hoy Banco
del Estado S.A.…” Además, efectúa referencia a su responsabilidad y
cumplimiento de las obligaciones adquiridas y hace constar ingresos “a un
promedio anual de $ 85.000.000 (ochenta y cinco millones de pesos)”  (f. 95
ib.).
5. Declaración de renta y
complementarios de 1996, de Carlos Jesús Cantillo Ballén, en cuyo renglón 11 se
lee “Honorarios y Comisiones $82.334.000” y en el 58 “total a pagar
$ 49.000” (f. 96 ib.).
6. Contrato de consignación de
un activo fijo  (camioneta), celebrado entre Carlos Jesús Cantillo Ballén
(consignante) y Autoferia S.C.A. (consignatario) (fs. 110 a 111 ib.), vehículo
que era de la firma Consultarías y Representaciones Consorcio Cantillo Ballén
(f. 113 ib).
D. Fallo de primera
instancia.
La Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia de septiembre 21 de 2007, denegó
la tutela al considerar que “bajo el prisma de lo que configura el debido
proceso, no es pertinente atribuir su quebranto a asuntos que tienen que ver
exclusivamente con la autonomía que asiste al sentenciador para apreciar la
prueba recaudada” (f. 143 ib.) y que la valoración probatoria hecha por la
Sala accionada no muestra interpretación irracional o ilógica, o que no ajuste
con la evidencia presentada, de donde infiere ninguna vulneración de derecho
fundamental.
E. Impugnación.
Mediante escrito presentado en octubre 10
de 2007 (fs. 3 a 9 cd. 2ª instancia), la parte actora  sustentó la impugnación que
interpuso contra el referido fallo, en solicitud de revocarlo y, en su lugar,
acceder a la protección del debido proceso.
Asevera que “el criterio de la Sala
parece más bien un formato preconcebido para despachar de manera rápida y sin
contratiempos un fallo denegatorio de amparo constitucional, sin adentrarse a
estudiar a fondo todos y cada uno de los testimonios y documentos recepcionados
y aportados dentro del incidente de perjuicios”.
Bajo tales supuestos, considera que “la
Sala no se tomó el trabajo de estudiar el proceso remitido por el Juzgado 19
Civil del Circuito de Bogotá con los A-Z y anexos contentivos de los documentos
demostrativos de los perjuicios causados al suscrito, con las medidas
cautelares practicadas dentro de la ejecución referida”.
Igualmente, reprocha que no se puede hablar
de autonomía del sentenciador para apreciar la prueba recaudada, cuando
precisamente el Tribunal la ignoró (f. 5 ib.), a pesar de estar debidamente
especificada, indicando que a folios 75 al 86 del expediente de tutela “figuran
tres (3) testimonios armónicos y concordantes en las circunstancias de tiempo,
modo y lugar que prueban la intención de arrendar el apartamento cautelado y la
imposibilidad de hacerlo dado el gravamen”, al igual que cartas y
dictámenes periciales que demuestran que “el Pent-house amoblado estuvo
desocupado durante mi permanencia en el exterior”.
F. Fallo de segunda instancia.
La Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, en fallo de octubre 30 de 2007, confirmó la sentencia impugnada, al encontrar que la
providencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, fue
producto de la labor interpretativa del operador jurídico, quien dentro de su
ámbito de autonomía y en aplicación del principio de la sana critica analizó de
manera detallada cada uno de lo hechos que habrían originado los perjuicios
cuya declaración se pretendía, valorándolos con argumentos que no se apartan
del orden normativo aplicable para el caso en estudio, ni evidencian
vulneración de algún derecho fundamental de los sujetos involucrados en la
litis (f. 17 de la Corte Suprema).
Se trata de la autonomía del juez, quien
debe analizar las pruebas en conjunto y de acuerdo con la sana crítica (art. 187
C. de P. C.), siendo esta su función principal, para cumplir la cual fue
investido de precisas facultades, en orden a dirimir las controversias de su
competencia, labor que “no puede ser usurpada por el juez constitucional so
pretexto de tener una nueva o mejor concepción sobre el pleito, pues con ello
no solo estaría suplantando al juez natural, sino coartando su autonomía e
independencia para dirimir el conflicto, máxime si se observa, como sucede en
el presente caso, que la decisión atacada consultó en todo caso con reglas
mínimas de razonabilidad jurídica” (f. 17 ib).
III. CONSIDERACIONES DE LA
CORTE CONSTITUCIONAL.
Primera. Competencia.
Esta corporación es competente
para examinar la determinación referida, en Sala de Revisión, al tenor de lo
dispuesto en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución y 31 a 36 del
Decreto 2591 de 1991.
Segunda. El asunto objeto de
discusión.
Corresponde a esta Sala de
Revisión determinar si el derecho al debido proceso invocado por el señor Carlos
Jesús Cantillo Ballén, fue vulnerado por el Tribunal Superior de Bogotá, al proferir
una sentencia que revocó la indemnización de perjuicios por la suma de mil
ciento veinticinco millones setecientos mil pesos ($ 1.125.700.000), que en su
momento determinó a su favor el Juzgado 19 Civil del Circuito de Bogotá.
Tercera. Acción de tutela contra providencias
judiciales. Supuestos excepcionales de procedibilidad.
Debe recordarse que mediante sentencia
C-543 del 1° de octubre de 1992 (M. P. José Gregorio Hernández Galindo), fueron
declarados inexequibles los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, que
preveían y regulaban la acción de tutela contra decisiones judiciales que
pongan fin a un proceso, precisamente al estimar inviable el especial amparo
constitucional, en actuaciones dentro de la cuales están previstos, al interior
del respectivo proceso, los mecanismos de protección de los derechos
fundamentales. Sin embargo, en la misma providencia se hizo mención a la eventual
procedencia, ante “una actuación de hecho” perpetrada por el propio
funcionario judicial.
Al respecto, esta corporación determinó en
el citado pronunciamiento:
“Se comprende, en consecuencia, que cuando
se ha tenido al alcance un medio judicial ordinario y, más aún, cuando ese
medio se ha agotado y se ha adelantado un proceso, no puede pretenderse
adicionar al trámite ya surtido una acción de tutela, pues al tenor del
artículo 86 de la Constitución, dicho mecanismo es improcedente por la sola
existencia de otra posibilidad judicial de protección, aún sin que ella haya
culminado en un pronunciamiento definitorio del derecho.  Bien puede afirmarse
que, tratándose de instrumentos dirigidos a la preservación de los derechos, el
medio judicial por excelencia es el proceso…En el sentir de esta Corte,
nadie puede alegar que careció de medios de defensa si gozó de la oportunidad
de un proceso y menos todavía si tomó parte en él hasta su conclusión y ejerció
los recursos de que disponía. Pero, claro está, si pese a las ocasiones de
defensa dentro del proceso y a las posibilidades de impugnación del fallo que
le otorgaba el sistema jurídico en obedecimiento a claros principios
constitucionales (artículos 29 y 31 de la Carta), el interesado se abstuvo de
utilizar los mecanismos a su disposición, tampoco puede acudir a la institución
de la tutela como última tabla de salvación de sus pretensiones, por cuanto
ello implica el alegato de su propia incuria contra el principio universalmente
aceptado y desvirtúa el carácter subsidiario de la acción. Sobre el tema ha
declarado la Corte Constitucional a propósito de casos concretos:
‘Quien no ha hecho uso oportuno y adecuado
de los medios procesales que la ley le ofrece para obtener el reconocimiento de
sus derechos o prerrogativas se abandona voluntariamente a las consecuencias de
los fallos que le son adversos. De su conducta omisiva no es responsable el
Estado ni puede admitirse que la firmeza de los proveídos sobre los cuales el
interesado no ejerció recurso constituya transgresión u ofensa a unos derechos
que, pudiendo, no hizo valer en ocasión propicia.  Es inútil, por tanto, apelar
a la tutela, cual si se tratara de una instancia nueva y extraordinaria, con el
propósito de resarcir los daños causados por el propio descuido procesal.’[1]
Vistas así las cosas, en nuestro sistema
pugna con el concepto mismo de esta acción la idea de aplicarla a procesos en
trámite o terminados, ya que unos y otros llevan implícitos mecanismos pensados
cabalmente para la guarda de los derechos, es decir, constituyen por definición
‘otros medios de defensa judicial’ que, a la luz del artículo 86 de la
Constitución, excluyen por regla general la acción de tutela.”
Paulatinamente fue conformándose la
doctrina de la “vía de hecho”, a partir de la cual y de manera
excepcionalísima, se permite el uso de la acción de tutela para remover
aquellas “decisiones” que formal y materialmente contrarían, de manera
evidente y grave, el ordenamiento constitucional, de modo que no pueden en
realidad reputarse como verdaderas providencias judiciales, pues sólo son
arbitrariedades con apariencia de tales.
Esa noción de “vía de hecho” se ha
venido desarrollando en la jurisprudencia de la Corte[2],
de manera tal que actualmente se acude al concepto de causales de
procedibilidad genéricas y especiales de la acción de tutela contra
providencias judiciales, que abarca distintos supuestos que, para la mayoría de
la Corte, posibilitan más ampliamente que una decisión judicial que pueda implicar
vulneración grave de derechos fundamentales, sea dejada sin efectos mediante un
fallo de tutela.
Cuarta. Por regla general, al juez de tutela no le compete valorar
autónomamente los medios de prueba acopiados y apreciados en forma legal y
oportuna en el proceso. Reiteración de jurisprudencia.
La sentencia no es simplemente
un documento suscrito por el Juez, sino que debe ser el resultado de una apreciación
exhaustiva, que tiene lugar en dos planos diversos: el objetivo, que es
propiamente el proceso considerado en sentido jurídico, integrado por las
varias etapas que la ley contempla; y el subjetivo, que corresponde a la
operación mental efectuada por el fallador, en cuyo fondo lógico hay un
silogismo que tiene como premisa mayor la norma general y abstracta, por
premisa menor los hechos controvertidos y por conclusión la parte resolutiva
del fallo, que se constituye en mandato concreto, obligatorio para quienes
fueron partes dentro del proceso.
Tal razonamiento no encierra
únicamente el desarrollo de una operación lógica sino que requiere, para
alcanzar el nivel de lo justo, como exigen los fines del derecho, una disquisición
sobre el contenido de la preceptiva correspondiente y una apreciación conjunta de
las pruebas llevadas al proceso, para definir la solución que, en el sustentado
raciocinio del juez, se ajusta a las exigencias de la constitución y de la ley[3].
La Corte Constitucional ha hecho énfasis en que las
discrepancias respecto de la valoración de las evidencias, de ninguna manera amerita
la revocación por vía de tutela de una providencia, pues ello sería tanto como
admitir la superioridad del criterio del juez de tutela sobre la apreciación del
juez ordinario, en directo menoscabo del principio de autonomía judicial. De
allí que la jurisprudencia alerte sobre la procedencia de la tutela, únicamente
en caso de que la evaluación probatoria sea ostensiblemente incorrecta y encubra
una arbitrariedad palpable. Sobre el caso la corporación ha sostenido:
“Respecto de la vía de hecho por defecto
fáctico, la Corte[4] ha sido
clara en orientar y limitar su procedibilidad a la manifiesta actuación
arbitraria o abusiva del funcionario judicial, descartando cualquier tipo de
reconocimiento frente a la eventual discrepancia interpretativa que pueda
surgir al interior del debate jurídico y probatorio. No es factible alegar la
ocurrencia de una vía de hecho, cuando la providencia judicial encuentra
fundamento en un determinado criterio jurídico o en una razonable
interpretación de las normas que son aplicables al caso, ya que tal situación
afectaría de manera grave los principios constitucionales de autonomía e
independencia judicial que, en forma precisa, habilitan al juez para aplicar la
ley y para fijarle en concreto su verdadero sentido y alcance.
´Así entonces, para sustentar el fundamento
de las distintas decisiones, los jueces dentro de la órbita de sus
competencias, son autónomos e independientes y en sus providencias sólo están
sometidos al imperio de la ley (art. 230 C.P.)´[5], gozan de
la potestad de valorar las pruebas allegadas al proceso de acuerdo a las reglas
de la sana crítica y según los parámetros de la lógica y la experiencia.”[6]
El constituyente estableció
jurisdicciones autónomas separadas y el legítimo funcionamiento de cada una de
ellas debe ser respetado, lo cual no hace posible que el juez constitucional
penetre en el ámbito que la propia Carta ha reservado a jurisdicciones como la
ordinaria o la contenciosa administrativa, a fin de resolver puntos de derecho
que están o estuvieron al cuidado de estas.
Quinta. Análisis
del caso concreto.
El señor  Carlos Jesús Cantillo Ballén pretende, con
el ejercicio de la acción de tutela, que se declare “sin ningún valor ni efecto
el auto de julio 9 de 2007”, proferido por la Sala Civil del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante el cual revocó la providencia
proferida por el Juzgado 19 Civil del Circuito y en su lugar negó el
reconocimiento de $ 1.125’700.000 a favor del accionante como perjuicios
causados; lo anterior, al no hallar nexo causal entre unas medidas cautelares
decretadas (embargo de un bien inmueble y dos cuentas bancarias) y la venta de
los vehículos, el cierre del Consorcio Cantillo Cía. Ltda. y los hechos hipotéticos
y futuros en que se sustentaron los perjuicios.
La censura que eleva el accionante frente a la actuación
judicial, emerge de su deseo de hacer revocar la providencia del Tribunal, al
considerar que no valoró las pruebas recaudadas que, según él, demuestran el
perjuicio causado, a partir de lo cual dice que se le está vulnerando el debido
proceso, pero quien invoca tal vulneración debe comprobar la existencia de la
irregularidad sustancial que afecta la estructura o las garantías que le son
inmanentes.
Bajo tales supuestos, encuentra la Sala que al señor Cantillo
Ballén no se le ha conculcado el derecho que invoca en la presente acción, como
quiera que resulta ajeno a la realidad que no hayan sido valoradas las pruebas
que, según él, demostrarían el perjuicio causado. Que el Tribunal no acogiera el
valor concedido por el a quo, no surgió de una arbitrariedad ni de algún irregular
comportamiento, sino precisamente del análisis racionalmente realizado en la
segunda instancia, al considerar que:
“… respecto del embargo del apartamento, la
Sala ha de decir que esa cautela se registró en el folio de matricula
inmobiliaria el 08 de junio de 1998, y no obstante, dicho inmueble no fue
objeto de secuestro, razón por la cual el incidentante no  fue separado
materialmente del mismo, y siguiendo con esta secuencia, los cánones de
arrendamiento que reclama y que el juzgado reconoció en el auto censurado caen
dentro del campo de lo hipotético, en el entendido que Carlos Castillo Ballén
tenía el usufructo en forma real. En relación con el embargo de los dineros que
el incidentante tenía en su cuenta corriente de los Bancos Citibank y
Occidente, sobre el particular se observa que la primera entidad practicó la
medida reteniendo la suma de $2.234.53 y la segunda, reteniendo la cifra de
$36.389.69 y señalando que la cuenta se encuentra inactiva. Por otra parte el
Juez en el auto censurado impuso al Banco la obligación de pagar perjuicios con
ocasión de la pérdida de la representación, consultoría y asesoría que el
Consorcio Cantillo ofrecía a la sociedad Montezc Ltda., pero la condena por
este concepto, amén de involucrar a una tercera persona, no guarda relación con
las medidas cautelares dispuestas, porque el embargo del apartamento sin llevar
a cabo el secuestro en el peor de los casos no podía afectar al incidentante en
su condición de representante legal del consorcio y considerado como persona
natural… se pone en evidencia cuando quiera que ni por asomo el incidentante
adujo tal perjuicio en esta especifica condición. Y finalmente la venta de los
vehículos del mismo modo no guarda relación con las medidas cautelares en
mención, puesto que se destaca que, de una parte, tales automotores no eran de
propiedad del incidentante sino de la ya mencionada sociedad Consorcio Cantillo
y Cia. y Martha Jiménez de Cantillo, y otra, no existe prueba de que los
dineros percibidos por esta negociación hubiesen sido invertidos para menguar
los efectos del embargo del apartamento en cuestión.”
Lo anterior evidencia que los
elementos de convicción acopiados aportadas sí fueron estudiados y analizados
por el ad quem (f. 36 cd. Corte Suprema), apareciendo infundada la afirmación del
accionante al aseverar que el
Tribunal no valoró correctamente las pruebas por él aportadas, vulnerándole así
el debido proceso; en consecuencia, solicitó la protección de los derechos invocados
y que se declaré “sin ningún valor ni efecto el auto de julio 9 de 2007 proferido
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial, Sala Civil”, que revocó la
providencia proferida en julio 30 de 2004 por el Juzgado 19 Civil del Circuito
de Bogotá. Lo anterior, porque el
Tribunal tenía que valorar “las  pruebas aportadas en su debida oportunidad
procesal, que sirvieron de base para el incidente de perjuicios”, con cuyo
fundamento reclama “la providencia que en derecho corresponda”.
La valoración probatoria es la apreciación que, con
base en la lógica, la ciencia y la experiencia, realiza el Juez sobre los
elementos de juicio aportados a un proceso y en el fallo se materializa la
operación mental efectuada de acuerdo con las reglas de la sana critica,
garantizándose a los distintos sujetos procesales la utilización de los
instrumentos o medios conducentes a la protección de sus intereses, que siempre
tuvo a su alcance el ahora accionante, dentro del proceso civil que en su
contra se adelantó.
Así, no es posible fundamentar lo pretendido por el
actor, sin hallar actuación alguna que pudiese constituir vía de hecho y
remotamente condujere a la remoción de la decisión adoptada por el despacho
accionado, cuando razonadamente resolvió la apelación sobre la providencia
emitida por el Juzgado 19 Civil del Circuito de Bogotá; nada puede dar lugar a
que la acción de tutela funja como adicional instancia a las establecidas en la
acción respectiva, lo cual, de ser acogido, sí conllevaría flagrante
quebrantamiento del debido proceso.
Tal como se indicó con antelación y contrario a lo
manifestado por el actor, quien pretende revivir un debate probatorio que se
encuentra concluido, el Tribunal accionado sí valoró las pruebas, pero llegó a
una conclusión adversa a sus pretensiones. Ello rebate que exista vulneración
al debido proceso, resultando así infructuosa la tutela instaurada, lo cual
determina que se confirme la sentencia proferida por la Sala de Casación Laboral
de la Corte Suprema de Justicia en octubre 30 de de 2007, que en su momento confirmó
la dictada por la Sala de Casación Civil en septiembre 21 del mismo año, en acertada
denegación del amparo instado.
IV.- DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la
Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- CONFIRMAR el fallo de octubre 30 de 2007, proferido por la Sala
de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, por medio del cual fue confirmado
el dictado en septiembre 21 del mismo año, por la Sala de Casación Civil,
dentro de la acción de tutela instaurada por el señor Carlos Jesús Cantillo
Ballén contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil.
Segundo.- Por Secretaría General, LÍBRESE la
comunicación a que alude el artículo 36 del decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese e insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional. Cúmplase.
NILSON PINILLA
PINILLA
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO
SIERRA PORTO
Magistrado
CLARA INÉS
VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
[1] Cfr. T-520, septiembre 16
de 1992.
[2]
Cfr., entre muchas otras, T-079 y T-173 de 1993; T-231 de 1994; T-492 y T-518
de 1995; T-008 de 1998; T-260 de 1999; T-1072 de 2000; T-1009, SU-1184 y SU-881
de 2005; T-088, T-196, T-332, T-539, T-565, en algunas
de estas últimas con salvamento de voto de quien obra como ponente de este
fallo.
[3] C-543 de octubre 1 de 1992,
M. P. José Gregorio Hernández Galindo.
[4]
“Ver entre otras la Sentencia T-1001- 2001. M. P. Rodrigo Escobar Gil.”
[5]
“Ver, entre otras, la sentencia T-073 febrero 17 de 1997. M.P. Vladimiro
Naranjo Mesa.”
[6] T-066 enero 28 de 2005.
M. P. Rodrigo Escobar Gil.