C-843-99
Sentencia
C-843/99
COSA JUZGADA
CONSTITUCIONAL-Alcance
La Corte ha
precisado en varias oportunidades cuáles son los alcances de la cosa juzgada
constitucional y en consecuencia, - acogiendo la doctrina fijada en su momento
por la Corte Suprema de Justicia-, ha establecido criterios definidos para
determinar las atribuciones de la cosa juzgada en cada caso específico. Así,
cuando la Corte confronta la norma acusada con la totalidad de los preceptos de
la Constitución, y no limita los alcances de su decisión, el pronunciamiento
respectivo tiene el valor de cosa juzgada absoluta. Por  el contrario, si la
Corte limita los efectos de su fallo, la cosa juzgada es relativa. Por ejemplo,
ha dicho esta Corporación, en varias oportunidades, que si el estudio de
exequibilidad de una norma recae exclusivamente sobre aspectos formales o de
competencia, tales como el trámite legislativo, exceso en facultades
extraordinarias, promulgación, ausencia de sanción presidencial, etc., el fallo
proferido tiene el carácter de "cosa juzgada relativa". Por
consiguiente, de manera general, los fallos sobre cosa juzgada relativa
expresamente limitan el alcance de la misma, pues restringen la decisión al
preciso ámbito de análisis que se ha llevado a cabo.
COSA JUZGADA
CONSTITUCIONAL Y OBJECION PRESIDENCIAL/RESPONSABILIDAD PENAL DE PERSONA
JURIDICA
No existe cosa
juzgada constitucional absoluta en los casos de objeción presidencial, por
cuanto en tales eventos, el examen constitucional se limita al estudio de los
reparos expresamente formulados por el jefe de Estado. Por consiguiente, en
caso de que la Corte declare infundadas las objeciones, las disposiciones
respectivas pueden ser acusadas por los ciudadanos, y procede una decisión de
fondo, siempre y cuando los cargos planteados por el ciudadano demandante no
coincidan con las objeciones de inconstitucionalidad presentadas por el  Presidente
en su oportunidad. La sentencia C-320 de 1998 no implica cosa juzgada en
relación con el cargo presentado por la demandante, ni con los cuestionamientos
formulados por la Procuraduría, puesto que esa providencia se refirió a un
problema específico, esto es, si puede o no imponerse responsabilidad objetiva
a las personas jurídicas y penalizarse su actividad ilícita, mientras que la
demandante sustenta su acusación en la ausencia de un procedimiento específico
para que pueda imponerse esa responsabilidad penal, mientras que la Vista
Fiscal cuestiona la indeterminación de las penas.
PRINCIPIO DE
LEGALIDAD PENAL
El principio de legalidad penal constituye una de
las principales conquistas del constitucionalismo, pues constituye una
salvaguarda de la seguridad jurídica de los ciudadanos, ya que les
permite conocer previamente las conductas prohibidas y las penas aplicables. De esa manera, ese principio protege la
libertad individual, controla la arbitrariedad judicial y asegura la igualdad
de todas las personas ante el poder punitivo estatal. Por eso es natural que
los tratados de derechos humanos y nuestra Constitución lo incorporen
expresamente cuando establecen que nadie puede ser juzgado sino conforme
a leyes preexistentes al acto que se le imputa.
PRINCIPIO DE
TAXATIVIDAD PENAL
El principio de taxatavidad penal implica no sólo que las conductas
punibles deben estar descritas inequívocamente sino que las sanciones a imponer
deben estar también previamente predeterminadas, esto es, tiene que ser claro cuál
es la pena aplicable, lo cual implica que la ley debe señalar la naturaleza de
las sanciones, sus montos máximos y mínimos, así como los criterios de
proporcionalidad que debe tomar en cuenta el juzgador al imponer en concreto el
castigo.
RESPONSABILIDAD PENAL DE PERSONA JURIDICA-Penas no están claramente
determinadas/PRINCIPIO DE LEGALIDAD-Penas no están claramente
determinadas/SEGURO ECOLOGICO
En ningún momento
la disposición señala cuándo debe el juez aplicar una u otra sanción, ni
especifica sus límites, pues no establece cuál es el término máximo de la
suspensión de la obra o actividad, o del cierre, ni el monto máximo o mínimo de
la multa. Esa mera enunciación de sanciones penales, sin definir límites y
elementos ciertos de aplicación de las distintas penas, viola del principio de
legalidad, pues será el fallador, con criterios subjetivos, quien determine,
con posterioridad a la ocurrencia de los hechos, cuál es la pena aplicable. La
situación es igualmente ambigua en relación con las personas naturales. En
efecto, en este caso, la disposición acusada supone la comisión de un delito
por parte de la persona jurídica y, después de autorizar para ella ciertas
penas, faculta al juez para imponer a los representantes legales, directivos o
funcionarios "involucrados", por acción u omisión, en la conducta
delictiva, sanciones privativas de la libertad, pero sin definir el máximo ni
el mínimo ni tampoco la correspondencia entre cada una de las posibles penas y
las diversas conductas contempladas en los artículos 189, 190, 191 y 197 del
Código Penal. La norma acusada desconoce el principio de legalidad, puesto que
las penas no están claramente determinadas.
RESPONSABILIDAD
PENAL DE PERSONA JURIDICA-Indeterminación
parcial de la conducta/PRINCIPIO DE LEGALIDAD-Violación por
indeterminación parcial de la conducta
La sola
circunstancia de ser "involucrado" a unos hechos que son punibles no
puede constituir un tipo penal, ni tampoco ser la conducta punible como tal.
Atribuir a esa situación la consecuencia según la cual el juez
"puede" imponer al sujeto "sanciones privativas de la
libertad" lleva, ni más ni menos, a dejar en blanco tanto la conducta
punible como la pena misma. Y eso es claramente inconstitucional.
RESPONSABILIDAD
PENAL DE PERSONA JURIDICA-Indeterminación
parcial del procedimiento para el juzgamiento/PRINCIPIO DE LEGALIDAD-Indeterminación
parcial del procedimiento para el juzgamiento
La
indeterminación parcial del procedimiento para el juzgamiento de las personas
jurídicas también desconoce el debido proceso y el principio de legalidad, por
la inexistencia o ausencia  de las "formas propias de un juicio"
definidas en “leyes preexistentes”, las cuales son necesarias para poder
investigar y juzgar a alguien -sea persona natural o persona jurídica- por la
comisión de un hecho punible. En efecto, conforme a la Carta, para que se
puedan imponer sanciones penales, no basta que la ley describa el
comportamiento punible sino que además debe precisar el procedimiento y el juez
competente para investigar y sancionar esas conductas (CP arts 28 y 29). Por
ende, para que puedan sancionarse penalmente a las personas jurídicas, no es
suficiente que el Congreso defina los delitos y las penas imponibles sino que
debe existir en el ordenamiento un procedimiento aplicable.
TIPO PENAL-Ambigüedad/PRINCIPIO DE CONSERVACION
DEL DERECHO-Operancia limitada
La Corte reitera
que en estos casos de ambigüedad en los tipos penales, ya sea por
indeterminación de la conducta o de la sanción, no es procedente que, por medio de una sentencia de exequibilidad
condicionada, esta Coporación precise cuál es la conducta verdaderamente
penalizada, o cuál es la sanción imponible, entre el grupo de aquellas que
pueden subsumirse en la ambigüa descripción legal que ha sido acusada. En esos
eventos el principio de conservación del derecho sólo puede tener una operancia
muy limitada, pues la Carta ha señalado con claridad que corresponde al
Legislador, y no al juez constitucional, establecer los delitos. Por ende, en estos
casos, en general la decisión adecuada es declarar la inconstitucionalidad del
tipo penal ambigüo, a fin de evitar que los jueces asuman la elaboración de la
política criminal, función que no les corresponde.
RESPONSABILIDAD
PENAL DE PERSONA JURIDICA Y PRINCIPIO DE LEGALIDAD
La Corte precisa
que la declaración de inexequibilidad del artículo 26 de la Ley 491 de 1999 no
implica, en manera alguna, un cambio de jurisprudencia en relación con las
sentencias C-320 de 1998 y C-674 de 1998, que señalaron que la ley podía
imponer responsabilidad penal a las personas jurídicas, ya que éstas pueden ser
sujetos activos de distintos tipos penales, en particular de aquellos que
pueden ocasionar grave perjuicio para la comunidad, o afectar bienes jurídicos
con clara protección constitucional, como el medio ambiente. Sin embargo, la
promulgación de esos tipos penales debe respetar el principio de legalidad, por
lo cual, deben aparecer claramente predeterminados las conductas punibles, las
sanciones y el procedimiento para imponerlas. La inconstitucionalidad de la
disposición acusada deriva entonces de la indefinición de esos aspectos, pero
no implica ninguna modificación de la doctrina constitucional desarrollada en
esas sentencias, pues nada en la Constitución se opone a que la ley prevea, en
ciertos casos, formas de responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Referencia: Expediente D-2348
Demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo 26 de la Ley 491 de 1999, “Por la cual
se establece el seguro ecológico, se modifica el código penal y se dictan otras
disposiciones”
Actora: Marcela Adriana Rodríguez Gómez
Temas:
El principio de
legalidad penal excluye la ambigüedad en la descripción de penas y la
indeterminación en los procedimientos
Magistrado Ponente:
Dr. ALEJANDRO
MARTÍNEZ CABALLERO
Santa Fe de Bogotá,
veintisiete (27) de octubre de mil novecientos noventa y nueve (1999).
La Sala Plena de la
Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de
los requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido
la siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
En ejercicio de la
acción pública de inconstitucionalidad, la ciudadana Marcela Adriana Rodríguez
Gómez demandó el artículo 26 de la Ley 491 de 1999, “Por la cual se establece
el seguro ecológico, se modifica el código penal y se dictan otras
disposiciones”
Cumplidos los
trámites constitucionales y legales propios de los procesos de
inconstitucionalidad, la Corte Constitucional procede a decidir acerca de la
demanda de la referencia.
II.
NORMAS DEMANDADAS
La
norma acusada establece:
LEY 491 DE 1999
“Por la cual se establece el seguro
ecológico, se modifica el código penal y se dictan otras disposiciones”
(...)
“Artículo 26.
Créase el artículo 247B cuyo tenor es el siguiente:
Artículo 247B.
Personas jurídicas. Para los delitos previstos en  los artículos 189, 190, 191
y 197 y en el capítulo anterior, en los eventos en que el hecho punible  sea
imputable a la actividad de una persona jurídica o una sociedad de hecho, el
juez competente, además de las sanciones de multa, cancelación de registro
mercantil, suspensión temporal o definitiva de la  obra o actividad, o cierre
temporal o definitivo del establecimiento o de sus instalaciones podrá imponer
sanciones  privativas de la libertad tanto a los representantes legales,
directivos o funcionarios involucrados, por acción o por omisión en la conducta
delictiva.
Si la conducta
punible se ha realizado en forma clandestina o sin haber obtenido el
correspondiente permiso, autorización o licencia de la autoridad competente se
presumirá la responsabilidad de la persona jurídica".
III.
LA DEMANDA.
Para la demandante,
la norma anteriormente enunciada es inconstitucional, porque desconoce y
vulnera el derecho al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Carta,
teniendo en cuenta que no incluye las disposiciones procedimentales necesarias
para que se puedan imponer y cumplir las penas previstas en ese precepto legal.
Adicionalmente, la actora pone de presente que la omisión en la que incurre la
norma acusada no puede ser subsanada recurriendo a las disposiciones legales
vigentes, teniendo en cuenta que los  mandatos procedimentales que existen  en
materia penal se refieren específicamente a las personas naturales y no a las
personas jurídicas, como se desprende por ejemplo de la flagrancia, la
diligencia de indagatoria, la declaración de persona ausente, la detención
preventiva, etc. Por consiguiente, en opinión de la accionante, "mal haría
un funcionario judicial, sin agotar el debido proceso", pretender
"imponer las penas a las que se refiere el artículo 26 de la ley 491 de
1999". Por lo tanto, solicita la declaratoria de inconstitucionalidad de
la norma acusada, en virtud de la omisión generada por el legislador .
IV-
INTERVENCIONES
1. Intervención
del Ministerio de Justicia y del Derecho
La ciudadana Blanca
Esperanza Niño Izquierdo, actuando como apoderada del Ministerio de Justicia y
del Derecho,  solicita que  la Corte Constitucional se  declarare inhibida
para conocer de la demanda de la referencia, porque en su opinión, existe cosa
juzgada respecto del contenido material del artículo demandado  en virtud de
las sentencias C-320 y C-674 de 1998 de ésta Corporación. Además, estima que el
cargo que presenta la ciudadana está fundado en una omisión legislativa
absoluta, la cual no puede ser conocida por esta Corporación, teniendo en
cuenta que el legislador guarda silencio sobre el procedimiento aplicable para
la materialización de las sanciones penales a imponer a las personas jurídicas.
Por otra parte, para
el Ministerio de Justicia, el artículo acusado y las conductas tipificadas por
el mismo - a saber, incendio, daño en obra de defensa común, provocación de
inundación, derrumbe o tenencia, fabricación o tráfico de sustancias u objetos
peligrosos -, son normas que pretenden responder a las exigencias derivadas de
las diferentes declaraciones y tratados internacionales en materia ambiental.
Es por ello que, en su opinión,  la norma no puede tildarse en sí misma de
inconstitucional, porque desarrolla un deber impuesto al Estado colombiano de
protección y  preservación del ambiente sano.
Ahora bien, el
Ministerio comparte la opinión de la ciudadana demandante respecto de la
imposibilidad aplicar por analogía el procedimiento penal ordinario a las
personas jurídicas, - esto es el Decreto 2700 de 1991 y las normas que lo
integran -, pues las personas jurídicas, a pesar de ser dirigidas por personas
naturales, poseen derechos en sí mismas que deben ser garantizados, tal y como
lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional. En efecto, la interviniente
pone de presente que existen en el ordenamiento penal  figuras que no pueden
ser aplicables a las personas jurídicas, como por ejemplo ocurre con la
definición de la situación jurídica, entre otras, motivo por el cual, es cierto
que no existe procedimiento penal aplicable a la norma en comento. Sin embargo,
concluye la interviniente que  no obstante la no aplicabilidad del
procedimiento penal a la norma en mención, escapa a la competencia de la Corte
conocer de la mencionada disposición y por consiguiente,  estima que esta
Corporación debe declararse  inhibida  para conocer de la demanda por tratarse
de una omisión legislativa absoluta.
2. Intervención
de la Fiscalía General de la Nación.
El Fiscal General de
la Nación, Alfonso Gómez Méndez, interviene en el proceso y defiende la
constitucionalidad de la norma acusada. Para el Fiscal, el punto central de la
demanda es la omisión legislativa generada por la ausencia aparente de un
debido proceso en la instrucción y juzgamiento de las personas jurídicas, razón
por la cual inicia su intervención analizando en qué consisten y cómo se
clasifican tales omisiones, al igual que la competencia de la Corte
Constitucional para conocer de ellas. En este sentido, manifiesta la Fiscalía
que debe entenderse por omisión legislativa, "todo tipo de abstención del
legislador de proferir las leyes que le impone expresamente el
constituyente". Tales omisiones se clasifican en absolutas y relativas, de
las cuáles  las primeras se refieren a la falta de desarrollo legislativo de un
determinado precepto constitucional,  y las segundas responden a la existencia
de una ley, en la cual se regulan algunas relaciones, sin que se cubran todos
los supuestos constitucionales que deberían haber sido estudiados por el
legislador. Frente a las primeras, la Fiscalía sostiene que la Corte
Constitucional es incompetente para conocer de ellas conforme a su propia
jurisprudencia (Sentencia C-543 de 1996. M.P. Carlos Gaviria Díaz), mientras
que las omisiones relativas pueden ser objeto de estudio de  esta Corporación,
porque se relacionan con una actuación imperfecta del legislador.
Ahora bien, teniendo
en cuenta que para la demandante la omisión legislativa es relativa, la
Fiscalía  empieza por estudiar  si existen normas procesales para investigar y
sancionar las personas jurídicas en nuestro régimen legal. Así, en materia de
sanciones para las personas jurídicas, sostiene que el artículo 2º  de la  Ley
365 de 1997, que adicionó  el artículo 61A del Código de Procedimiento Penal,
consagró la posibilidad de cancelar  la personería jurídica de sociedades u
organizaciones dedicadas al desarrollo de actividades delictivas o cierre de
sus locales o establecimientos abiertos al público. Igualmente, el artículo 44
de la ley 190 de 1995 permite que las autoridades judiciales puedan levantar el
velo corporativo de las personas jurídicas cuando fuere necesario determinar el
verdadero beneficiario de las actividades adelantadas  por la persona jurídica.
Sin embargo, sostiene la Fiscalía, que teniendo en cuenta que el debido proceso
debe aplicarse por mandato constitucional a "todas las personas", no
hay forma de puntualizar a través de las normas anteriores,  la estructura que
tendría el procedimiento consagrado en el artículo 61A del Código de
Procedimiento Penal, para declarar la responsabilidad penal de las personas
jurídicas. En el artículo 44 de la ley 190 de 1995 tampoco es claro cuándo la
autoridad puede levantar el velo corporativo ni el procedimiento para ello. Por
consiguiente, concluye la Fiscalía, que tanto el artículo 61A como el 44 antes
mencionado, son artículos que vulneran el debido proceso. Ahora bien, según el
intervinientes, como la acusación no recae sobre los artículos anteriormente
mencionados sino sobre  otra norma diferente, forzosamente debe concluirse que
la disposición demandada no es inexequible, porque respecto de ella no existe
una omisión legislativa relativa como lo pretende la actora, sino una omisión
legislativa absoluta.
En todo caso,
concluye el interviniente, que  pese a que la norma demandada no es
inconstitucional, puede ser ineficaz, "toda vez que el procedimiento
consagrado para la imposición de la sanción a la persona jurídica sería
inconstitucional".
3.  Intervención del Ministerio del Medio Ambiente.
La ciudadana María
Idalid Moreno Ramírez, actuando en representación del Ministerio del
Medio Ambiente, afirma de manera inicial que respecto del
artículo acusado existe cosa juzgada  constitucional, pues considera que ya
existe un pronunciamiento de la Corte sobre el particular en la sentencia
C-320/98.
Por otra parte, y
acorde con el artículo 29 de la Constitución, opina la interviniente que
"cuando se presente la comisión de uno o varios de los delitos a que se
refiere el artículo 26 de la Ley 491 de 1999, que creó para el Código Penal,
(...) se seguirán los procedimientos previstos en el Código de Procedimiento
Penal, precisamente para cumplir el debido proceso preceptuado en el artículo
29 de la Constitución Política".  Considera entonces que el procedimiento
a seguir en este caso es el mismo que corresponde a las personas naturales y
que "se rige de acuerdo a los parámetros establecidos tanto en el Código
Penal como en el de Procedimiento Penal ".
Por ende,  concluye
la interviniente que "cuando la norma  hace referencia a la `persona
jurídica´, debe precisarse que ésta se manifiesta en el mundo jurídico a través
de sus órganos de dirección y administración, entre los cuales figura el
representante legal quien es una persona natural y representa y responde por
las actuaciones de la persona jurídica", motivo por el cual el
procedimiento debe entenderse igual para personas naturales y jurídicas.
4- Apoyo
investigativo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional.
Conforme a lo
señalado en el Acta No 24 del 5 de mayo de 1999, la Sala Plena decidió
suscribir acuerdos con algunas universidades, a fin de que éstas apoyen la
labor de la Corte, en tanto que amigas de la misma (amicus curiae), para
lo cual deberán suministrar materiales bibliográficos e información que esta
Corporación les solicite, sobre temas específicos relacionados con los asuntos
estudiados por la Corte. Con base en esos acuerdos, el magistrado ponente
solicitó a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional información sobre
la regulación sustantiva y procesal que, otros ordenamientos nacionales, han
previsto en relación con la responsabilidad penal de las personas jurídicas,
con el fin de que esta Corte pudiera tener más elementos sobre la aplicabilidad
o no de las normas procesales penales sobre personas naturales a las personas
jurídicas. Esta Universidad remitió a esta Corporación un informe detallado
sobre la situación de esta materia en derecho comparado, y en especial en
Francia, Italia,  Alemania, España, Inglaterra y Estados Unidos.
Según el informe,
teniendo en cuenta que es reciente y novedosa la figura de la responsabilidad
penal de las personas jurídicas, existen  tres orientaciones  divergentes  en
cuanto a la forma de abordar el punto.
- La Continental,
derivada principalmente del derecho Francés  y que plantea que las personas
jurídicas no pueden ser sujeto activo de un delito, toda vez que el delito debe
ser colocado en cabeza de las personas que están a  cargo de la sociedad o la
compañía. Sin embargo, esa posición se ha matizado en el derecho comunitario
europeo.
- La Anglosajona o
del Common Law que acepta  (jurisprudencialmente) la responsabilidad de las
personas jurídicas en algunos tipos penales, teniendo en cuenta el beneficio
que experimenta la persona jurídica con  la comisión del punible. En el mismo
sentido,  tal jurisprudencia también sostiene,  que con ello no se lesiona el
principio del "non bis in idem", en la medida en que de una u
otra forma los delitos puestos en cabeza  de las personas naturales que están
a cargo de la sociedad o compañía, son muy diferentes de aquellos por los que
se procesa a las personas jurídicas o sociedades.
- La tercera
posición (a veces no tenida en cuenta por la doctrina) es la Alemana, que tiene
rasgos  característicos de las dos anteriores y desarrolla una conjunción
interesante de ambas, aunque trata el problema desde un punto de vista mas
administrativo.
Desde el punto de
vista procesal, estas legislaciones establecen una cláusula inicial,  - en lo
que para nosotros es la parte general del Código Penal- , en la que se plantean
unas formas especiales  de procesar a las personas jurídicas,  quienes
comparecen representadas por sus directivas, por las personas que tomaron
decisiones que implicaron la comisión de hechos sancionados penalmente y a
nombre de la persona jurídica o en su beneficio, según el caso. En otros
eventos, son procesadas en la persona de su representante legal. Las medidas
previstas contra estas personas jurídicas recaen sobre su funcionalidad  y
sobre su personería jurídica, pues las sanciones son principalmente de tipo
fiscal o económicas. En general, no existe un procedimiento positivo en todos
los países,  para la aplicación de estas sanciones, principalmente porque la
gran mayoría no han consagrado una responsabilidad expresamente penal de tales
personas jurídicas o sociedades de hecho. Los países mas adelantados al
respecto  son los pertenecientes a la familia del Common Law, donde los
procedimientos dependen directamente de la constitución y de la autonomía
judicial, en aplicación de los principios plasmados en la Carta respectiva.
Por otra parte, en
lo concerniente al anteproyecto definitivo del código  penal francés de 1978,
el informe resalta que en él se reconoce el hecho de que un grupo de índole
comercial, industrial o financiero, puede llegar a delinquir y a ser
responsabilizado penalmente, sin perjuicio de la responsabilidad  personal de
quienes  lo integran, cuando el hecho  ha sido cometido "por la voluntad
deliberada de sus órganos en su nombre y en el interés colectivo". Cuando
no se cumple el último requisito, se responsabiliza a los miembros del grupo.
Las sanciones que se estipulan para la persona jurídica son: i) La multa
correccional. ii) La Clausura. Puede ser de  seis meses a 5 años e incluso
definitiva. iii) La interdicción de los mercados públicos por igual lapso.  iv)
La prohibición de emitir cheques, por  uno o hasta  cinco años. v) La
confiscación especial.  vi) La publicación de la sentencia o vii) el
sometimiento a control judicial cuando el ente se crea o cambia su objeto
social para así facilitar el ilícito.
En el derecho
Alemán,  luego de hacer un recuento del debate existente en la actualidad entre
académicos respecto a la posibilidad de establecer una responsabilidad penal a
las personas jurídicas, la Universidad Nacional señala que en estos momento la
legislación de ese país no establece una responsabilidad penal a las personas
jurídicas taxativamente, aunque reconoce que tales entes y organizaciones
tienen que responder por sus faltas, mediante  sanciones administrativas o
contravencionales, generalmente pecuniarias.  Así mismo existe una ley de
delincuencia económica  que contempla la posibilidad de confiscación del
superávit  a las personas jurídicas o sociedades, en el evento de que el
beneficio obtenido sea superior  al permitido y sea consecuencia de la
violación de los preceptos legales referentes  a la regulación de precios. El
procedimiento en estos casos es administrativo.
Por último, el
informe de la Universidad Nacional presenta consideraciones varias sobre la
tradición del Common Law  respecto de la responsabilidad de las personas
jurídicas, pero en materia eminentemente civil. Igualmente, presenta un informe
detallado sobre la jurisprudencia constitucional en materia de responsabilidad
penal de las personas jurídicas, finalizando su escrito con diferentes
consideraciones jurisprudenciales en temas relacionados con los atributos de la
personalidad, suspensión de la personalidad jurídica, levantamiento del velo
corporativo, presunción de inocencia, defensa técnica e inviolabilidad de la
correspondencia.
V- DEL CONCEPTO
DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN.
En su concepto de
rigor, el Procurador General de la Nación (E), Eduardo Montealegre Lynett,
considera que la norma acusada debe ser declarada inconstitucional. Para
justificar esta posición, comienza por señalar que tal y como lo expresa la
Constitución, el Estado tiene el deber de "prevenir y controlar los
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la
reparación de los daños causados", de conformidad con el artículo 80 de la
Carta. En ese orden de ideas, el fundamento de la Ley 491 de 1999 es
precisamente el de cumplir ese mandato constitucional,  y establecer nuevas
obligaciones patrimoniales y ampliar el campo de acción del Derecho Penal
respecto de hechos punibles relacionados con el medio ambiente.  Así, en
opinión de Vista Fiscal,  el artículo 26 acusado, consagra dos tipos de
sanciones penales para quienes con su actividad generen delitos contra los
recursos naturales y el medio ambiente: a) Las imponibles a las personas
jurídicas y sociedades de hecho (multa, cancelación del registro mercantil,
suspensión temporal o definitiva de la obra o actividad, o cierre temporal y
definitivo del establecimiento o de sus instalaciones) ; y b) las que pueden
ordenarse contra las personas naturales, representantes legales, directivos o
funcionarios involucrados (privativas de la libertad).
Considera la
Procuraduría que es respecto de las primeras en donde radica la inconformidad
de la demandante,  ya que la norma no  indicó el camino procesal a seguir, con
lo cual se quebranta el derecho al debido proceso. Ahora bien, para la Vista
Fiscal en términos generales, resulta innecesario cada vez que se crea un tipo
penal, especificar que se ajustará a las disposiciones del Código de
Procedimiento Penal, porque ese es el  procedimiento tradicional. Sin embargo,
en este caso no se puede desconocer que las personas jurídicas y las sociedades
de hecho, adquieren la calidad de procesados, y por lo tanto  tienen todos los
derechos  que la Constitución les reconoce y protege, los cuáles están
directamente relacionados con su naturaleza jurídica. En este sentido, la Vista
Fiscal considera que existen algunos reparos en lo concerniente a la
constitucionalidad del precepto acusado, ante la ausencia del procedimiento
indicado.
Para precisar los
aspectos que considera incongruentes, la Vista Fiscal sostiene que el artículo
26 de la ley 491 de 1999, acusado, creó el artículo 247B, norma que ya existía
en virtud del artículo 9º de la Ley 365 de 1997 y que describe dentro del
capítulo de lavado de activos el reato de Omisión de Control. Esta situación
para el Procurador, constituye un yerro importante, porque genera inseguridad
jurídica en la  adecuación punitiva  o en la resolución de situación jurídica.
También puede conducir  erradamente a que se considere  derogado el artículo
9º  y en consecuencia inexistente el punible allí  contenido.
En ese orden de
ideas, considera la Procuraduría que la norma acusada puede ser contraria al
principio de legalidad, más aún, cuando  tan sólo se hace una enunciación de
las penas pero no se establecen en modo alguno los límites temporales para cada
una, esto es, cuál es el término máximo de la suspensión de la obra o
actividad, del cierre, ni el monto máximo o mínimo de la multa. Tampoco se
indica en que caso hay lugar a imponer una u otra medida, lo cual evidencia una
total ausencia de criterios de dosificación punitiva, lo cual conlleva
igualmente la  violación del principio de proporcionalidad.
Además, para suplir
esta falencia, considera la Vista Fiscal que no es procedente  acudir a los
criterios enunciados en el artículo 61 del Código Penal, por cuanto estos
fueron diseñados para personas naturales y son a todas luces inaplicables
tratándose de personas jurídicas o sociedades de hecho. Cualquier argumento que
indique el fallador entonces,  a la hora de aplicar la disposición normativa,
será sin duda alguna subjetivo, porque no hay  parámetro o límite para las
sanciones, y esa circunstancia puede generar arbitrariedades en la aplicación
de la norma.
Finalmente, en
opinión de la Vista Fiscal,  el referido artículo 26 pareciera establecer como
algo innovador  la posibilidad de imponer penas privativas de la libertad  a
los representantes legales, funcionarios o gestores de los entes, cuando esto
es de la esencia del Derecho Penal. Por ende, si bien lo que verdaderamente
busca el precepto es extender los alcances del poder punitivo estatal a las
personas jurídicas y sociedades de hecho, la redacción de la norma es inversa
“pues pareciera que el legislador, parte casi de la preexistencia de las
sanciones imponibles a las personas jurídicas, para añadir a éstas las que
pueden afectar a las personas naturales”. Esta falencia, "que aisladamente
no podría desencadenar la inconstitucionalidad que ahora se impetra, evidencia
ligereza en la redacción del texto, que por ser incompleto resulta
absolutamente inoperante y en consecuencia desconoce el principio de eficacia.
(...) En ese orden de ideas, prolongar la existencia del artículo cuestionado,
en los términos descritos por el legislador, es inocuo."
VI-
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
Competencia
1. Conforme al
artículo 241 ordinal 4º de la Constitución, la Corte es competente para conocer
de la constitucionalidad del artículo 26 (incisos 1º y 5º) de la Ley 491 de
1999, ya que se trata de una demanda de inconstitucionalidad en contra de una
norma que hace parte de una ley de la República.
Un primer asunto
procesal: ausencia de cosa juzgada.
2. Según la demanda,
el artículo acusado es inconstitucional por una suerte de omisión legislativa
que afecta el debido proceso, teniendo en cuenta que el tipo penal no incluye
las reglas procedimentales que permitan su aplicación, y que no es posible
subsanar esa falencia con las disposiciones existentes en el ordenamiento. Por
su parte, la Procuraduría considera que, fuera de lo anterior, la norma acusada
desconoce también el principio de legalidad, pues enuncia las penas aplicables
pero no establece los límites temporales para cada una de ellas, ni en qué caso
hay lugar a imponer una u otra medida, lo cual evidencia una total ausencia de
criterios de dosificación punitiva, que igualmente afecta el principio de
proporcionalidad. Sin embargo, algunos intervinientes consideran que esos
cargos no deben ser estudiados y no procede una decisión de fondo por cuanto
existe cosa juzgada constitucional, en la medida en que esta Corporación se
pronunció con anterioridad sobre el artículo acusado, en las sentencias
C-320/98 y C-674/98. Comienza pues la Corte por analizar si ha operado o no la
cosa juzgada constitucional en relación con el artículo acusado, y si procede o
no un examen de fondo de los cuestionamientos constitucionales de la actora y
de algunos de los intervinientes.
3. El artículo 243
de la Carta señala que los fallos de la Corte Constitucional hacen tránsito a
cosa juzgada. Ello implica, en términos generales que, con el fin de imprimir
seguridad al tráfico jurídico, las decisiones judiciales de la Corte
Constitucional, son "definitivas y no controvertibles"[1], razón por la cual, el
Decreto 2067 de 1991 consagra la improcedencia de recurso alguno en contra de
estas providencias.  Esta figura, que implica la imposibilidad de estudiar
nuevamente aspectos de una norma sobre los que se ha pronunciado previamente la
Corte,  se ha denominado "cosa juzgada absoluta".
Ahora bien, la Corte
ha precisado en varias oportunidades cuáles son los alcances de la cosa juzgada
constitucional[2]
y en consecuencia, - acogiendo la doctrina fijada en su momento por la Corte
Suprema de Justicia[3]-,
ha establecido criterios definidos para determinar las atribuciones de la cosa
juzgada en cada caso específico. Así, cuando la Corte confronta la norma
acusada con la totalidad de los preceptos de la Constitución, y no limita los
alcances de su decisión, el pronunciamiento respectivo tiene el valor de cosa
juzgada absoluta. Por  el contrario, si la Corte limita los efectos de su
fallo, la cosa juzgada es relativa. Por ejemplo, ha dicho esta Corporación, en
varias oportunidades, que si el estudio de exequibilidad de una norma recae
exclusivamente sobre aspectos formales o de competencia, tales como el trámite
legislativo, exceso en facultades extraordinarias, promulgación, ausencia de
sanción presidencial[4],
etc., el fallo proferido tiene el carácter de "cosa juzgada relativa"[5]. Por consiguiente, de
manera general, los fallos sobre cosa juzgada relativa expresamente limitan el
alcance de la misma, pues restringen la decisión al preciso ámbito de análisis
que se ha llevado a cabo.
4- En tal contexto,
esta Corporación ha precisado que no existe cosa juzgada constitucional
absoluta en los casos de objeción presidencial, por cuanto en tales eventos, el
examen constitucional se limita al estudio de los reparos expresamente
formulados por el jefe de Estado. Por consiguiente, en caso de que la Corte
declare infundadas las objeciones, las disposiciones respectivas pueden ser
acusadas por los ciudadanos, y procede una decisión de fondo, siempre y cuando
los cargos planteados por el ciudadano demandante no coincidan con las
objeciones de inconstitucionalidad presentadas por el  Presidente en su oportunidad.
Así, expresamente la sentencia C-256 de 1997, (M.P. José Gregorio Hernández
Galindo) concluyó al respecto lo siguiente:
“Considera la
Corte que cuando, en ejercicio del control previo de constitucionalidad
(artículos 167 y 241-8 C.P.), ella revisa un determinado proyecto de ley
objetado por el Presidente de la República, el examen que efectúa hace tránsito
a cosa juzgada constitucional (art. 243 C.P.).
No obstante, como
las objeciones presidenciales no siempre recaen sobre la totalidad de las
normas integrantes del proyecto y, si son de carácter formal, señalan apenas
unos específicos motivos de violación de la Carta, los efectos de la cosa
juzgada deben entenderse relacionados tan sólo con las razones expuestas por el
Gobierno al objetar, con los preceptos constitucionales respecto de los cuales
se ha hecho la confrontación y con los aspectos que han sido materia del
análisis explícito efectuado por la Corte.
(...)
Por tanto, la
cosa juzgada es en tales casos relativa, pues la exequibilidad que se declara
no proviene normalmente de un análisis total, que agote las referencias a la
integridad de los preceptos constitucionales y que verse sobre todos los
posibles motivos de inconstitucionalidad, formales y materiales, del proyecto
sometido a su estudio.”[6] (Las subrayas son
fuera del texto original) .
5. En el caso que
nos ocupa, algunos de los intervinientes interpretan que frente al artículo 26
de la Ley 491 de 1999 ha operado la figura jurídica de la cosa juzgada
absoluta, y por consiguiente consideran que  esta Corporación debe inhibirse en
el conocimiento de la norma acusada. Esos argumentos no son de recibo pues no tienen
en cuenta los específicos criterios bajo los cuales fueron proferidas las
sentencias.
Dos sentencias han sido proferidas por esta
Corporación en relación con el artículo 26 de la ley 491 de 1999. Sin embargo,
tales providencias, que son la C-320 de 1998 y la C-674 de 1998, tienen su
fundamento en una objeción presidencial relacionada con la
inconstitucionalidad de la figura de  la responsabilidad penal de las personas
jurídicas, y en especial su responsabilidad objetiva, y en modo alguno hacen referencia
a la naturaleza específica del procedimiento a aplicar en estos eventos, que es
el cargo esencial de la demanda, ni sobre la eventual indeterminación de las
penas, que es el cuestionamiento de la Vista Fiscal. En efecto, tal y como lo
señala la sentencia C-320 de 1998,  la norma sobre la cual el Presidente fijó
su objeción, fue  la siguiente:
"Artículo
26. Créase el
artículo 247 B cuyo tenor es el siguiente:
Personas
Jurídicas.  Para
los delitos previstos en los artículos 189, 190, 191 y 197 y en el capítulo
anterior, en los eventos en que el hecho punible sea imputable a la actividad
de una persona jurídica o una sociedad de hecho, el juez competente, además de
las sanciones de multas, cancelación del registro mercantil, suspensión
temporal o definitiva de la obra o actividad o cierre temporal o definitivo del
establecimiento o de sus instalaciones, podrá imponer sanciones privativas de
la libertad tanto a los representantes legales, directivos o funcionarios involucrados, por acción o
por omisión, en la conducta delictiva.
Si la conducta
punible se ha realizado en forma clandestina o sin haber obtenido el
correspondiente permiso, autorización o licencia de la autoridad competente, se
presumirá la responsabilidad objetiva de la persona jurídica. (Se subraya la parte objetada)."
Por consiguiente, la objeción presidencial en esa
oportunidad recayó sobre el texto antes descrito y se fundamentó en  las
siguientes consideraciones:
"1.
Objeción contra el artículo 26 del proyecto de ley
El Presidente de
la República señala que la presunción de responsabilidad objetiva contemplada
en el artículo 26 del proyecto de ley, desconoce el artículo 29 de la Carta,
que proscribe tal tipo de responsabilidad por actos delictivos, puesto que
contempla el supuesto contrario: la presunción de inocencia."
La
sentencia se centró entonces en el alcance de la responsabilidad penal de las
personas jurídicas, y en la posibilidad de que éstas fueran sujetos activos de
delitos, sin que la Corte hubiera analizado aspectos procedimentales, ni si las
penas se encontraban o no predeterminadas. En ese orden de ideas, la sentencia
C-320 de 1998, MP Eduardo Cifuentes Muñoz, dijo lo siguiente:
"La norma
objetada no descarta que el hecho punible pueda concretarse en cabeza de la
persona jurídica. Así como una persona natural, por ejemplo, puede incurrir en
el delito tipificado en el artículo 197 del C.P., por fabricar una sustancia
tóxica sin facultad legal para hacerlo, es posible que ello se realice por una
persona jurídica, en cuyo caso de acreditarse el nexo entre la conducta y la
actividad de la empresa, el juez competente, según la gravedad de los hechos,
estará facultado para imponer a la persona jurídica infractora una de las
sanciones allí previstas.
En supuestos como
los considerados en los tipos penales - relativos a los delitos de peligro
común o de menoscabo al ambiente -, la persona jurídica puede soportar
jurídicamente atribuciones punitivas. La sanción de naturaleza penal significa
que la conducta reprobada merece el más alto reproche social,
independientemente de quien la cometa. Si la actividad la realiza la persona
jurídica, si ella se beneficia materialmente de la acción censurada, no se ve
por qué la persecución penal habrá de limitarse a sus gestores, dejando
intocado al ente que se encuentra en el origen del reato y que no pocas veces
se nutre financieramente del mismo. Se sabe que normalmente la persona jurídica
trasciende a sus miembros, socios o administradores; éstos suelen sucederse
unos a otros, mientras la corporación como tal permanece. La sanción penal
limitada a los gestores, tan sólo representa una parcial reacción punitiva, si
el beneficiario real del ilícito cuando coincide con la persona jurídica se
rodea de una suerte de inmunidad. La mera indemnización de perjuicios, como
compensación patrimonial, o la sanción de orden administrativo, no expresan de
manera suficiente la estigmatización de las conductas antisociales que se
tipifican como delitos.
(...)
De la misma
manera que el legislador en diversos órdenes parte de la premisa según la cual
las personas jurídicas voluntariamente se apartan de la ley y se exponen en
consecuencia a tener que soportar en razón de sus actos u omisiones ilícitas
las respectivas imputaciones que son el presupuesto de posteriores sanciones,
puede el mismo órgano soberano en los supuestos que establezca y a propósito de
conductas susceptibles de llevarse a cabo por ellas, disponer que tales entes,
al coordinar medios ilícitos con el fin de perseguir sus intereses, autorizan
al juez competente a dar por configurado el presupuesto para aplicar en su caso
la sanción penal prevista en la ley.
(...)
La determinación
de situaciones en las que la imputación penal se proyecte sobre la persona
jurídica, no encuentra en la Constitución Política barrera infranqueable;
máxime si de lo que se trata es de avanzar en términos de justicia y de mejorar
los instrumentos de defensa colectiva. Es un asunto, por tanto, que se libra
dentro del marco de la Carta a la libertad de configuración normativa del
legislador y, concretamente, a su política sancionatoria, la cual puede estimar
necesario por lo menos en ciertos supuestos trascender el ámbito sancionatorio
donde reina exclusivamente la persona natural - muchas veces ejecutora ciega de
designios corporativos provenientes de sus centros hegemónicos -, para ocuparse
directamente de los focos del poder que se refugian en la autonomía reconocida
por la ley y en los medios que ésta pone a su disposición para atentar de
manera grave contra los más altos valores y bienes sociales.
De conformidad
con lo expuesto, la imputación de responsabilidad penal a la persona jurídica
en relación con los delitos a que se ha hecho mención, no viola la Constitución
Política. De otra parte, tratándose de personas jurídicas y sociedades de
hecho, la presunción de responsabilidad, apoyada en la prueba sobre la
realización clandestina del hecho punible o sin haber obtenido el correspondiente
permiso, tampoco comporta quebranto de la Constitución Política. Las
actividades peligrosas que subyacen a los tipos penales descritos, autorizan
plenamente al legislador a calificar la responsabilidad de un sujeto con base
en determinados hechos. La realización de una actividad potencialmente
peligrosa para la sociedad - sujeta a permiso, autorización o licencia previa
-, sin antes obtenerlos, denota un grado de culpabilidad suficiente para que el
legislador autorice al juez competente para tener a la persona jurídica
colocada en esa situación como sujeto responsable del hecho punible. De otro
lado, la realización clandestina del hecho punible, manifiesta un
comportamiento no solamente negligente sino específicamente dirigido a causar
un daño y, por consiguiente, sobre él puede edificarse un presupuesto
específico de responsabilidad.
(...)
Dado que a la
persona jurídica y a la sociedad de hecho, sujetas a una sanción penal, se les
debe garantizar el debido proceso - en los términos de la ley y en lo que
resulte aplicable según su naturaleza -, la Corte considera que la expresión
“objetiva” que aparece en el último inciso del artículo 26 del proyecto es
inexequible. No se puede exponer a un sujeto de derechos a soportar una condena
por la mera causación material de resultados externos, sin que pueda presentar
pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra, incluidas las que
podrían derivar en la exoneración de su responsabilidad.
Justamente, la
posibilidad de que el legislador pueda legítimamente encontrar que en ciertas
hipótesis la persona jurídica es capaz de acción en sentido penal, lleva a la
Corte a descartar para estos efectos la “responsabilidad objetiva”, la cual en
cambio sí puede tener acomodo en lo relativo a la responsabilidad civil (C.P.,
art. 88).
En consecuencia, la
parte resolutiva de la mencionada sentencia declaró “infundadas” las objeciones
presidenciales formulados respecto del artículo 26 del proyecto de ley 235/96
Senado - 154/96 Cámara, “por el cual se establece el seguro ecológico, se
modifica el Código Penal y se dictan otras disposiciones”, salvo en lo que se
refiere a la expresión “objetiva”, que fue declarada inexequible.
Conforme a lo
anterior, la sentencia C-320 de 1998 no implica cosa juzgada en relación con el
cargo presentado por la demandante, ni con los cuestionamientos formulados por
la Procuraduría, puesto que esa providencia se refirió a un problema
específico, esto es, si puede o no imponerse responsabilidad objetiva a las
personas jurídicas y penalizarse su actividad ilícita, mientras que la
demandante sustenta su acusación en la ausencia de un procedimiento específico
para que pueda imponerse esa responsabilidad penal, mientras que la Vista
Fiscal cuestiona la indeterminación de las penas.
6. En ese mismo
orden de ideas, la  sentencia C-674 de 1998, MP Eduardo Cifuentes Muñoz,
tampoco configura cosa juzgada, por cuanto recae sobre las mismas objeciones
presidenciales, una vez que el Congreso modificó el proyecto de ley respectivo,
de conformidad con lo señalado por la Corte en la sentencia C-320 de 1998. Por
ello la sentencia C-674 de 1998 señaló que “la Corte se abstendrá de conocer de
las modificaciones introducidas a los textos objetados, toda vez que algunas
son producto de declarar fundadas las objeciones y, otras, no guardan relación
alguna con el tema de la objeción, punto al cual se limita la competencia de
la Corte (Subrayas no originales)”. La parte resolutiva de esa sentencia
declaró entonces exequibles los artículos 21 y 26 del proyecto de ley 235/96
Senado - 154/96 Cámara, “por el cual se establece el seguro ecológico, se
modifica el Código Penal y se dictan otras disposiciones”, pero exclusivamente
“en lo que se refiere a las objeciones examinadas” (Las subrayas fuera
del texto)
7. No existe
entonces cosa juzgada constitucional absoluta respecto del artículo acusado,
pues no sólo los cargos de la demandante y los cuestionamientos de la Vista
Fiscal son distintos a los de la objeción presidencial, sino, además, porque
expresamente la Corte, reconociendo el alcance restringido de su competencia
cuando examina las objeciones presidenciales, limitó la cosa juzgada respecto
del artículo en mención. Esto significa que la cosa juzgada recae únicamente
sobre el tema de la posibilidad de que la ley imponga responsabilidad penal a
las personas jurídicas, que fue el asunto estudiado en las sentencias C-320 de
1998 y C-674 de 1998 de objeciones presidenciales Por ende, procede un examen
material de otras acusaciones contra el artículo acusado, como pueden ser los
cuestionamientos  de la Vista Fiscal sobre la indeterminación de la pena, o el
cargo de la actora sobre ausencia de procedimiento aplicable. Entra pues la
Corte a estudiar estos aspectos.
El principio de
estricta legalidad y la prohibición de la ambigüedad en la descripción de las
penas.
8- El principio de legalidad penal constituye una de
las principales conquistas del constitucionalismo, pues constituye una
salvaguarda de la seguridad jurídica de los ciudadanos, ya que les
permite conocer previamente las conductas prohibidas y las penas aplicables. De esa manera, ese principio protege la
libertad individual, controla la arbitrariedad judicial y asegura la igualdad
de todas las personas ante el poder punitivo estatal. Por eso es natural que
los tratados de derechos humanos y nuestra Constitución lo incorporen
expresamente cuando establecen que nadie puede ser juzgado sino conforme
a leyes preexistentes al acto que se le imputa (CP art. 29)[7].
Esta
Corte ha precisado además (Ver sentencia C-559 de 1999, MP Alejandro Martínez
Caballero, Fundamentos 15 y ss) que en materia penal, el principio de legalidad
en sentido lato o reserva legal, esto es, que la ley debe definir previamente
los hechos punibles, no es suficiente, y  debe ser complementado por un
principio de legalidad en sentido estricto, también denominado como el
principio de tipicidad o taxatividad, según el cual, las conductas punibles y
las penas deben ser no sólo previa sino taxativa e inequívocamente definidas
por la ley, de suerte, que la labor del juez penal se limite a verificar si una
conducta concreta se adecua a la descripción abstracta realizada por la ley.
Sólo de esa manera el principio de legalidad cumple verdaderamente su función
garantista y democrática, pues sólo así protege la libertad de las personas y
asegura la igualdad ante el poder punitivo estatal. En efecto, únicamente si
las descripciones penales son taxativas, pueden las personas conocer con
exactitud cuáles son los comportamientos prohibidos, y la labor de los jueces,
en el proceso de adecuación típica, se limita a determinar si, conforme a los
hechos probados en el proceso, el acusado cometió o no el hecho punible que se
le imputa.
9-
El principio de taxatavidad penal implica no sólo que las conductas punibles
deben estar descritas inequívocamente sino que las sanciones a imponer deben
estar también previamente predeterminadas, esto es, tiene que ser claro cuál es
la pena aplicable, lo cual implica que la ley debe señalar la naturaleza de las
sanciones, sus montos máximos y mínimos, así como los criterios de
proporcionalidad que debe tomar en cuenta el juzgador al imponer en concreto el
castigo. En efecto, según la Carta, nadie puede ser juzgado sino "conforme a leyes preexistentes al
acto que se le imputa" (CP art. 29), lo cual significa, para lo relativo a
la pena, que es el legislador, única y exclusivamente, el llamado a contemplar
por vía general y abstracta la conducta delictiva y la sanción que le
corresponde. Por su parte, el artículo 15-1
del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 9º de la Convención
Interamericana señalan que a nadie se le “puede imponer pena más grave
que la aplicable en el momento de la comisión del delito”, lo cual significa
que la pena tiene que estar determinada previamente en la ley pues sólo así
puede conocerse con exactitud cuál es la pena más grave aplicable. Por
consiguiente, la Corte coincide con la Vista Fiscal en que si la norma acusada
no establece claramente, ya sea de manera directa, ya sea por remisión a otras
disposiciones legales, cuáles son las penas aplicables, entonces se encuentra
viciada de inconstitucionalidad, pues, contrariamente a lo ordenado por la
Carta y por los pactos internacionales de derechos humanos, en últimas sería el
funcionario judicial, ex post facto, quien definiría las sanciones, y no
la ley en abstracto y de forma previa.
Una obvia pregunta
surge entonces: ¿se encuentran predeterminadas las penas en la disposición
acusada?
10- La norma
demandada señala que en los eventos en que ciertos hechos punibles  sean
imputables a la actividad de una persona jurídica o una sociedad de hecho, el
juez competente, “además de las sanciones de multa, cancelación de registro
mercantil, suspensión temporal o definitiva de la  obra o actividad, o cierre
temporal o definitivo del establecimiento o de sus instalaciones podrá imponer
sanciones  privativas de la libertad tanto a los representantes legales,
directivos o funcionarios involucrados, por acción o por omisión en la conducta
delictiva.”. Sin embargo, la Corte se cuestiona en qué eventos puede imputarse
a una persona jurídica un hecho punible, pues esa conducta no se deduce de la
norma.
Ahora bien, con
relación a la sanción, tal y como lo señala la Vista Fiscal, este artículo
acusado prevé dos tipos de sanciones: así, unas penas son imponibles a las
personas jurídicas y a las sociedades de hecho, mientras que otras sanciones
privativas de la libertad pueden ordenarse contra las personas naturales,
representantes legales, directivos o funcionarios involucrados. Y, como se
verá, en ninguno de los dos casos, la disposición define con claridad la
punibilidad.
11- Así, si el
delito es cometido por la persona jurídica, la norma enuncia varias sanciones
como la multa, la cancelación del registro mercantil, la suspensión temporal o
definitiva de la  obra o actividad, o el cierre temporal o definitivo del
establecimiento o de sus instalaciones. Sin embargo, como bien lo señala la
Vista Fiscal, en ningún momento la disposición señala cuándo debe el juez
aplicar una u otra sanción, ni especifica sus límites, pues no establece cuál
es el término máximo de la suspensión de la obra o actividad, o del cierre, ni
el monto máximo o mínimo de la multa. Por consiguiente, la Corte coincide con
el Procurador en que esa mera enunciación de sanciones penales, sin definir
límites y elementos ciertos de aplicación de las distintas penas, viola del
principio de legalidad, pues será el fallador, con criterios subjetivos, quien
determine, con posterioridad a la ocurrencia de los hechos, cuál es la pena
aplicable.
12- La  situación es
igualmente ambigua en relación con las personas naturales. En efecto, en este
caso, la disposición acusada supone la comisión de un delito por parte de la
persona jurídica y, después de autorizar para ella ciertas penas, faculta al
juez para imponer a los representantes legales, directivos o funcionarios
"involucrados", por acción u omisión, en la conducta delictiva,
sanciones privativas de la libertad, pero sin definir el máximo ni el mínimo ni
tampoco la correspondencia entre cada una de las posibles penas y las diversas
conductas contempladas en los artículos 189, 190, 191 y 197 del Código Penal.
Como puede observarse,
escapando a todos los principios del Derecho Penal y contrariando las garantías
constitucionales de la libertad y del debido proceso, el juez resulta
autorizado por la norma para imponer, si quiere, "sanciones privativas de
la libertad". Es cierto que alguien podría afirmar que esas penas son las
mismas señaladas en los artículos 189, 190, 191 y 197 del Código Penal, pero no
está claro que lo sean, pues de la letra de la norma no surge esa relación. Y
en Derecho Penal no puede admitirse la analogía ni la extensión de unas normas
a otras para la consagración de penas.
Además, en un Estado
de Derecho (CP art. 1º) lo debido es que las penas, dados los supuestos de los
delitos a los que corresponden, se apliquen; no que el juez decida si las
aplica o no, y menos que pueda escoger la pena aplicable, entre varias
posibles.
Por todo ello, la
Corte considera que la Vista Fiscal acierta en señalar que la norma acusada
desconoce el principio de legalidad, puesto que las penas no están claramente
determinadas.
Otras violaciones
del principio de legalidad: indeterminación parcial de la conducta y del
procedimiento.
13- Fuera de lo
anterior, que es de por sí suficiente para concluir que la disposición acusada
es inconstitucional, la Corte no puede dejar de constatar otras ambigüedades de
esa norma penal.
Así, en relación con
las personas naturales, la propia descripción penal es indeterminada. En
efecto, los sujetos activos de los hechos punibles a los que se refiere la
norma  son, al tenor de su texto, los representantes legales, directivos y
funcionarios de la persona jurídica "delincuente", mientras que el
núcleo rector es que aparezcan "involucrados", por acción u omisión, en
la conducta delictiva. Sin embargo, allí no hay verdadera definición de una
conducta típica. Estar "involucrado" en unos hechos que configuran
delito no implica necesariamente haber cometido el delito ni ser copartícipe
del mismo, y menos que el sujeto sea culpable ni penalmente responsable. Estoy
"involucrado" en un proceso penal cuando alguien me sindica o me
señala como persona que ha tenido que ver o que ha tomado parte en los hechos,
pero de la sindicación o señalamiento no se deriva mi culpabilidad ni mi responsabilidad
penal, ni el grado de las mismas, lo que debe ser definido judicialmente previo
un debido proceso tramitado con la totalidad de las garantías constitucionales.
Así, la sola
circunstancia de ser "involucrado" a unos hechos que son punibles no
puede constituir un tipo penal, ni tampoco ser la conducta punible como tal.
Atribuir a esa situación la consecuencia según la cual el juez
"puede" imponer al sujeto "sanciones privativas de la
libertad" lleva, ni más ni menos, a dejar en blanco tanto la conducta punible
como la pena misma. Y eso es claramente inconstitucional.
14- Igualmente, esta
Corporación también considera que, como bien lo señala la actora, existe una
cierta indeterminación en el procedimiento que debe seguirse para sancionar a
las personas jurídicas, pues la ley no prevé un procedimiento especial para tal
efecto, y no es claro que pueda aplicarse integralmente y de manera inequívoca
el procedimiento penal ordinario, designado básicamente para enjuiciar a las
personas naturales.  Un simple ejemplo lo muestra: es discutible si en la
investigación penal de una persona jurídica es procedente o no definir su
situación jurídica. Así, las medidas de aseguramiento previstas por el
ordenamiento procesal vigente -como la detención, la caución, la conminación y
la prohibición de salir del país- están referidas esencialmente a las personas
naturales, y su aplicación a las personas jurídicas resulta muy problemática.
Por ejemplo, no se entiende muy bien cómo puede privarse de su libertad a una
persona jurídica, o prohibírsele salir del país. Por ende, algunos intérpretes
podrían concluir que en estos casos no procede definir la situación jurídica, y
que esta fase es innecesaria, por no ser posible aplicarle a la persona
jurídica ninguna medida de aseguramiento; sin embargo, conforme al estatuto
procesal, la definición de la situación jurídica es un paso necesario del
procedimiento, cuya pretermisión podría entonces ocasionar nulidad de lo
actuado. Además, otros intérpretes podrían concluir que a una persona jurídica
podrían imponérseles algunas formas de conminación y caución, con lo cual no
queda claro si esa fase procesal es o no necesaria.
Esta indeterminación
parcial del procedimiento para el juzgamiento de las personas jurídicas también
desconoce el debido proceso y el principio de legalidad, por la inexistencia o
ausencia  de las "formas propias de un juicio" definidas en “leyes
preexistentes”, las cuales son necesarias para poder investigar y juzgar a
alguien -sea persona natural o persona jurídica- por la comisión de un hecho
punible. En efecto, conforme a la Carta, para que se puedan imponer sanciones
penales, no basta que la ley describa el comportamiento punible sino que además
debe precisar el procedimiento y el juez competente para investigar y sancionar
esas conductas (CP arts 28 y 29). Por ende, para que puedan sancionarse
penalmente a las personas jurídicas, no es suficiente que el Congreso defina
los delitos y las penas imponibles sino que debe existir en el ordenamiento un
procedimiento aplicable. Esto no significa que la ley deba obligatoriamente
establecer un procedimiento especial completo para enjuiciar a las personas
jurídicas, pues muchas de las disposiciones del estatuto procesal ordinario,
previsto para personas naturales, son perfectamente adaptables para la
investigación de las personas jurídicas. Sin embargo, el Legislador debe al
menos establecer una normas, que pueden ser poco numerosas, pero que sean
suficientes para solucionar los interrogantes que suscita la aplicación a las
personas jurídicas de un procedimiento penal diseñado exclusivamente para
enjuiciar a personas naturales.
Control
constitucional, principio de conservación del derecho y descripciones penales
ambiguas
15- Por todo lo
anterior, la Corte considera que, por evidentes problemas de técnica
legislativa, la norma acusada es ambigüa y desconoce el principio de legalidad.
Nuevamente esta Corporación resalta que si
en general en todos los campos del derecho, la buena técnica jurídica es
siempre recomendable, en el campo penal es no sólo importante sino
imprescindible, pues los defectos de redacción de una disposición, que generen
ambiguedad penal, implican en general la inconstitucionalidad de la norma en
cuestión.
Igualmente, la Corte
reitera que en estos casos de ambigüedad en los tipos penales, ya sea por
indeterminación de la conducta o de la sanción, no es procedente que, por medio de una sentencia de exequibilidad
condicionada, esta Coporación precise cuál es la conducta verdaderamente
penalizada, o cuál es la sanción imponible, entre el grupo de aquellas que
pueden subsumirse en la ambigüa descripción legal que ha sido acusada. En
efecto, como lo dijo la sentencia C-559 de 1999, MP Alejandro Martínez
Caballero, Fundamentos 19 y ss, en esos eventos el principio de conservación
del derecho sólo puede tener una operancia muy limitada, pues la Carta ha
señalado con claridad que corresponde al Legislador, y no al juez
constitucional, establecer los delitos (CP art. 29). Por ende, en estos casos,
en general la decisión adecuada es declarar la inconstitucionalidad del tipo
penal ambigüo, a fin de evitar que los jueces asuman la elaboración de la
política criminal, función que no les corresponde.
Por todo lo
anterior, la disposición acusada deberá ser retirada del ordenamiento y así se
hará en la parte resolutiva de esta sentencia.
16- La Corte precisa
que la declaración de inexequibilidad del artículo 26 de la Ley 491 de 1999 no
implica, en manera alguna, un cambio de jurisprudencia en relación con las
sentencias C-320 de 1998 y C-674 de 1998, que señalaron que la ley podía
imponer responsabilidad penal a las personas jurídicas, ya que éstas pueden ser
sujetos activos de distintos tipos penales, en particular de aquellos que
pueden ocasionar grave perjuicio para la comunidad, o afectar bienes jurídicos
con clara protección constitucional, como el medio ambiente. Sin embargo, la
promulgación de esos tipos penales debe respetar el principio de legalidad, por
lo cual, deben aparecer claramente predeterminados las conductas punibles, las
sanciones y el procedimiento para imponerlas. La inconstitucionalidad de la
disposición acusada deriva entonces de la indefinición de esos aspectos, pero
no implica ninguna modificación de la doctrina constitucional desarrollada en
esas sentencias, pues nada en la Constitución se opone a que la ley prevea, en
ciertos casos, formas de responsabilidad penal de las personas jurídicas.
La presente decisión
de inexequibilidad del artículo 26 de la ley 491 de 1999 es entonces
consistente con las sentencias C-320 de 1998 y C-674 de 1998, que en su momento
mantuvieron en el ordenamiento esa disposición. Lo que sucede es que la
particularidad que tienen los procesos por objeciones constitucionales
restringe la competencia de la Corte, por lo cual, en esas sentencias, esta
Corporación se limitó a examinar los reparos formulados por el Presidente, pero
no realizó un examen integral de la norma revisada; en cambio, en el presente
caso, un estudio global de la disposición acusada frente a toda la Carta, que es
el propio de las demandas de inconstitucionalidad, permitió detectar vicios de
inconstitucionalidad que obligan a retirarla del ordenamiento, pero sin que se
modifique la doctrina desarrollada en las sentencias C-320 de 1998 y C-674 de
1998.
17- Finalmente, la
Corte hace un llamado al Legislador para que si, dentro de su libertad de
configuración política, considera necesaria la penalización de conductas que
afectan el medio ambiente, debe  otorgar todas las garantías constitucionales a
los posibles sujetos activos, pues el principio de legalidad de la conducta, de
la pena y del procedimiento se convierte en un imperativo de obligatorio
cumplimiento.
VIII. DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Declarar INEXEQUIBLE
el artículo 26 de la ley 491 de 1999.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional.
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Presidente
ANTONIO BARRERA
CARBONELL            ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado                                                   Magistrado
CARLOS GAVIRIA DÍAZ            JOSÉ
GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO
Magistrado                                            Magistrado
ALEJANDRO MARTÍNEZ
CABALLERO                          FABIO MORÓN DÍAZ
Magistrado
Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS                          VLADIMIRO
NARANJO MESA
Magistrado                                                 Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
Salvamento
de voto a la Sentencia C-843/99
RESPONSABILIDAD
PENAL DE PERSONA JURIDICA Y TIPO PENAL EN BLANCO/SEGURO ECOLOGICO (Salvamento de voto)
es claro que el argumento acogido por la
mayoría, en el sentido de que el precepto acusado no predetermina las penas
imponibles a los sujetos activos del delito, carece de total fundamento pues
está visto que el mismo hace referencia expresa a las sanciones aplicables e
igualmente, en el contexto de las normas que consagran los delitos contra el
medio ambiente, a los mecanismos a partir de los cuales dichas penas debían ser
valorada por el operador jurídico.  En estricto derecho, atendiendo a la
clasificación que la doctrina hace de las conductas delictivas, se trata de un
tipo penal en blanco cuya característica principal está en no describir en
forma completa la conducta, resultando necesario remitirse, para efectos de su
adecuación típica, a otros dispositivos contenidos en el mismo ordenamiento
jurídico o en otro distinto. Esta circunstancia particular, que desde luego no
da lugar a la declaratoria de inexequibilidad del tipo, fue extrañamente
ignorada en la Sentencia y, por supuesto, no permitió adelantar un análisis
juicioso de constitucionalidad de la norma acusada, en armonía con las demás
disposiciones de la ley que hacían referencia expresa al tema. Que no exista un
procedimiento específico para juzgar a las personas jurídicas, tampoco es un
hecho imputable a la norma demandada, pues, como ha quedado visto, su alcance
es eminentemente sustancial y de ninguna forma procesal. Ello se aprecia, no
sólo evaluando su verdadera naturaleza jurídica constitutiva de una conducta
típica y antijurídica, sino también a partir de su inclusión en el “TITULO VII
bis” del Código Penal, a la sazón creado e introducido a dicho ordenamiento por
la precitada Ley 491 de 1999. Si en realidad el legislador se ha abstenido de
expedir las normas que fijen el trámite a seguir para sancionar penalmente a
las personas jurídicas, se trata de una omisión legislativa absoluta, que según
la reiterada jurisprudencia de esta Corporación, da lugar a un fallo
inhibitorio y no a la declaratoria de inexequibilidad del texto normativo
sometido al control de constitucionalidad. Disentimos de la decisión
mayoritaria que en forma equivocada opto por retirar del ordenamiento jurídico
el artículo 26 de la Ley 491 de 1999, desconociendo su verdadero alcance e
ignorando lo dicho en las Sentencias C-320 y C-674 de 1998 de esta Corporación,
que previamente habían estudiado la norma encontrándola ajustada al texto
Superior.
Referencia.  Expediente D-2348
Norma acusada:
artículo 26 de la Ley 491 de 1999.
Nos permitimos
salvar el voto en el asunto de la referencia por las razones que a continuación
resumimos.
Según lo
expuesto por la mayoría, el dispositivo acusado viola el principio de estricta
legalidad penal, ya que no define en forma clara las penas descritas ni el
procedimiento que debe seguirse para su aplicación. En relación con lo primero,
se dijo en la Sentencia que la norma comportaba “una mera enunciación de
sanciones penales, sin definir límites y elementos ciertos de aplicación de las
distintas penas…” siendo el fallador “…con criterios subjetivos, quien
determine, con posterioridad a la ocurrencia de los hechos, cual es la pena
aplicable.” Respecto a lo segundo, se afirmó que “…existe una cierta
indeterminación en el procedimiento que debe seguirse para sancionar a las
personas jurídicas, pues la ley no prevé un procedimiento especial para tal
efecto…”
A nuestro
juicio, los fundamentos que avalan la declaratoria de inexequibilidad de la
norma acusada no son imputables a su texto, en cuanto que por su intermedio
sólo se buscaba ampliar el marco de acción de algunos comportamientos típicos y
antijurídicos que ponen en grave riesgo la seguridad pública y los recursos
naturales, haciéndolos extensivos a las personas jurídicas y a sus
representantes legales en los términos fijados por la misma ley.
Para explicar el
verdadero sentido y alcance de la norma impugnada, resulta de importancia
destacar que según lo preceptuado en el artículo 80 de la Constitución
Política, al Estado le corresponde prevenir y controlar los factores de
deterioro ambiental, como también sancionar aquellas conductas que atenten
contra el ecosistema, procurando la consecuente reparación de los daños que se
le puedan ocasionar. En desarrollo de tales objetivos, el título III de la Ley
491 de 1999 se dedica a reformar y adicionar el Código Penal (C.P.) en lo
relativo a los delitos ambientales, con el ánimo de mejorar y optimizar la
operatividad de la justicia en este campo.
Así, los
artículos 14, 15, 16 y 17 de dicho ordenamiento legal modifican aquellos
delitos que atentan contra la seguridad pública, como son el incendio (art. 189
del C.P.), el daño en obra de defensa común (art. 190 del C.P.), la provocación
de inundación o derrumbe (art. 191 del C.P.) y la tenencia, fabricación y
tráfico de sustancias u objetos peligrosos (art. 197 del C.P.). Igualmente, los
artículos 18 y siguientes incluyen un nuevo título en el Código Penal que
denomina “Delitos Contra los Recursos Naturales y el Ambiente”, y fijan
para éstos nuevos tipos penales y para aquellos que fueron reformados, algunas
disposiciones de aplicación común referidas a las penas accesorias (art. 27), a
la confluencia de sanciones administrativas (art. 28) y a las circunstancias de
atenuación y agravación punitiva (arts. 29 y 30)-.
Dentro de este
contexto, tal como se anunció, el artículo 26 acusado hacía extensiva la
responsabilidad penal de los delitos que atenten contra la seguridad pública y
los recursos naturales, a las personas jurídicas y a sus representantes
legales, directivos o funcionarios, cuando éstos, por acción u omisión,
participan o incurren en tales comportamientos delictivos. Sobre este
particular, la norma enjuiciada señalaba:
“Artículo 26. Créase el artículo 247B cuyo tenor es el
siguiente:
“Artículo 247B. Personas jurídicas. Para los delitos
previstos en los artículos 189, 190, 191 y 197 y en el capítulo anterior, en
los eventos en que el hecho punible sea imputable a la actividad de una persona
jurídica o una sociedad de hecho, el juez competente, además de las sanciones
de multa, cancelación de registro mercantil, suspensión temporal o definitiva de
la obra o actividad, o cierre temporal o definitivo del establecimiento o de
sus instalaciones podrá imponer sanciones privativas de la libertad tanto a los
representantes legales, directivos o funcionarios involucrados, por acción o
por omisión, en la conducta delictiva.
“Si la conducta punible se ha realizado en forma
clandestina o sin haber obtenido el correspondiente permiso, autorización o
licencia de la autoridad competente se presumirá la responsabilidad de la
persona jurídica.”
Del contenido
material de la norma citada se infiere, sin lugar a equívocos, que en relación
con las personas jurídicas, las sanciones a imponer se circunscriben a aquellas
que le pueden ser imputables y que se concretan, según el propio dispositivo, a
las de: “multa, cancelación de registro mercantil, suspensión temporal o
definitiva de la obra o actividad o cierre temporal o definitivo del
establecimiento”. Atendiendo al principio de interpretación sistemática y
armónica de la ley, la aplicación de estas penas se sujeta a los lineamientos
fijados en el propio Código Penal, tal como fue reformado y adicionado por la
propia Ley 491 de 1999.
Sobre este
particular ya la Corte había tenido oportunidad de pronunciarse, precisamente,
al declarar infundadas las objeciones formuladas por el Presidente de la
República contra la norma que ahora es retirada del ordenamiento jurídico:
“Es evidente que las sanciones a ser aplicadas a las personas jurídicas
serán aquéllas susceptibles de ser impuestas a este tipo de sujetos y siempre que
ello lo reclame la defensa del interés protegido. En este sentido, la norma
examinada se refiere a las sanciones pecuniarias, a la cancelación del registro
mercantil, a la suspensión temporal o definitiva de la obra y al cierre
temporal o definitivo del establecimiento o de sus instalaciones. Esta clase de
sanciones - que recaen sobre el factor dinámico de la empresa, su patrimonio o
su actividad - se aviene a la naturaleza de la persona jurídica y, en modo
alguno, resulta contraria a las funciones de la pena. Por el contrario, su
imposición en muchos casos constituye la única manera de no dejar indemnes a
los verdaderos beneficiarios del delito y de expresar de manera inequívoca la
relevancia social de los bienes jurídicos afectados.” (Sentencia C-320/98, M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz)
Entratándose de
las personas naturales que actúan en representación de los entes societarios,
fácil es concluir que su responsabilidad está circunscrita a las penas
privativas de la libertad que se encuentran establecidas en aquellos punibles
que buscan proteger la seguridad pública y el menoscabo al ambiente, las cuales
le son aplicables en la medida en que se demuestre su participación y
responsabilidad en el ilícito.  A este respecto, resulta también de interés
destacar lo dicho en la sentencia precedente, en la que se afirmó:
“No encuentra la Corte que viole la Constitución Política que se
establezca, en el evento descrito por la norma, una sanción privativa de la
libertad aplicable a los representantes legales, directivos o funcionarios de
la persona jurídica o de la sociedad de hecho beneficiaria del ilícito penal.
El hecho típico y antijurídico al cual se refiere la disposición analizada no
es otro que el previsto en los artículos 189, 190, 191 y 197 del Código Penal, de
suerte que si el incendio, el daño en obras de defensa, la provocación de
inundación o derrumbe, o la tenencia, fabricación y tráfico de sustancias u
objetos peligrosos, se vincula de manera directa con la actividad de una
persona jurídica o una sociedad de hecho, no resulta en modo alguno
desproporcionado ni irrazonable que el legislador señale a cargo de sus
administradores sanciones privativas de la libertad.”
Con ello, es
claro que el argumento acogido por la mayoría, en el sentido de que el precepto
acusado no predetermina las penas imponibles a los sujetos activos del delito,
carece de total fundamento pues está visto que el mismo hace referencia expresa
a las sanciones aplicables e igualmente, en el contexto de las normas que
consagran los delitos contra el medio ambiente, a los mecanismos a partir de
los cuales dichas penas debían ser valorada por el operador jurídico.  En
estricto derecho, atendiendo a la clasificación que la doctrina hace de las
conductas delictivas[8],
se trata de un tipo penal en blanco cuya característica principal está en no
describir en forma completa la conducta, resultando necesario remitirse, para
efectos de su adecuación típica, a otros dispositivos contenidos en el mismo
ordenamiento jurídico o en otro distinto. Esta circunstancia particular, que
desde luego no da lugar a la declaratoria de inexequibilidad del tipo, fue
extrañamente ignorada en la Sentencia y, por supuesto, no permitió adelantar un
análisis juicioso de constitucionalidad de la norma acusada, en armonía con las
demás disposiciones de la ley que hacían referencia expresa al tema.
Ahora bien, que
no exista un procedimiento específico para juzgar a las personas jurídicas,
tampoco es un hecho imputable a la norma demandada, pues, como ha quedado
visto, su alcance es eminentemente sustancial y de ninguna forma procesal. Ello
se aprecia, no sólo evaluando su verdadera naturaleza jurídica constitutiva de
una conducta típica y antijurídica, sino también a partir de su inclusión en el
“TITULO VII bis” del Código Penal, a la sazón creado e introducido a dicho
ordenamiento por la precitada Ley 491 de 1999. Si en realidad el legislador se
ha abstenido de expedir las normas que fijen el trámite a seguir para sancionar
penalmente a las personas jurídicas, se trata de una omisión legislativa
absoluta, que según la reiterada jurisprudencia de esta Corporación, da lugar a
un fallo inhibitorio y no a la declaratoria de inexequibilidad del texto
normativo sometido al control de constitucionalidad.
Pero además, si
no está previsto en el ordenamiento un trámite especial para juzgar personas
jurídicas, es evidente que, en lo pertinente, a éstas le es aplicable el
procedimiento fijado para las personas naturales que, en mayor medida, está
diseñado para garantizar el derecho fundamental al debido proceso. De esta
manera, si en el curso del juicio el representante legal de la entidad
considera que se le ha violado al ente societario su derecho a la defensa, tal
como puede ocurrir entratándose de personas naturales, el ordenamiento jurídico
tiene previstos los mecanismos legales adecuados para enderezar la actuación
judicial irregular –nulidades y recursos-.
Sobre este punto
resulta pertinente destacar, que si bien las sociedades constituyen una persona
–jurídica- distinta de los socios que la integran, lo cierto es que sus
actuaciones se ejecutan a través de sus órganos internos de dirección, los
cuales son manejados por personas naturales quienes en últimas son las llamadas
a responder por los actos del ente societario. Ello, por supuesto, justifica
que el procedimiento establecido para juzgar a las personas naturales se haga
extensivo a las personas jurídicas. Para tales efectos, el artículo 31 de la
Ley 491 de 1999 dispuso que: “La Fiscalía General de la Nación, capacitará
adecuadamente a los Fiscales y Miembros del Cuerpo Técnico de Investigaciones
con el fin de tener la idoneidad técnica para instruir las infracciones
tipificadas en las anteriores disposiciones.”
En estos términos, disentimos de la
decisión mayoritaria que en forma equivocada opto por retirar del ordenamiento
jurídico el artículo 26 de la Ley 491 de 1999, desconociendo su verdadero
alcance e ignorando lo dicho en las Sentencias C-320 y C-674 de 1998 de esta
Corporación, que previamente habían estudiado la norma encontrándola ajustada
al texto Superior.
Eduardo Cifuentes Muñoz               Vladimiro
Naranjo Mesa
Magistrado
Magistrado
Fecha ut supra
[1]
Corte Constitucional.  C-416 de 1992. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[2]
Ver entre otras las siguientes sentencias de la Corte Constitucional:
C-456/98; C-342/98; C-115/99; C-131/99
[3]
Corte Constitucional . Sentencia C-003/93. M.P. Ciro Angarita Barón.
[4]
Corte Constitucional. Sentencia  C-256/98. M.P.  Dr. Fabio Morón.
[5]
Ver la sentencia C-004/93. M.P. Ciro Angarita Barón.
[6]
Corte Constitucional. Sentencia C-256 de 1997..
[7]
Ver, entre otras, las sentencias  C-127 de 1993, C-344 de 1996 y C-559 de 1999
[8]
Cfr. Alfonso Reyes Echandía, tratado de” Derecho Penal” (Parte General),
editorial Temis, pág. 113.