T-230-20
Sentencia
T-230/20
Referencia: Expediente T-7.040.215
Asunto: Acción de tutela
instaurada por el señor Christian Fernando Joaqui Tapia en contra de la Empresa
de Acueducto y Alcantarillado de Popayán.
Magistrado Ponente:
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Bogotá D.C., siete (7) de julio de dos mil
veinte (2020).
La Sala Tercera de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados Alejandro Linares Cantillo, Antonio
José Lizarazo Ocampo y Luis Guillermo Guerrero Pérez, quien la preside, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las
previstas en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política y 33 y
subsiguientes del Decreto 2591 de 1991, ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión del fallo de
tutela proferido el 23 de julio de 2018 por el Juzgado Tercero Penal Municipal
para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Popayán (Cauca),
correspondiente al trámite de la acción de amparo constitucional impetrada por
el señor Christian Fernando Joaqui Tapia en contra de la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Popayán.
I. ANTECEDENTES
1.1. Hechos relevantes
1.1.1. A las 17:42 del 6 de junio de 2018, el
señor Christian Fernando Joaqui Tapia, a través de un perfil identificado como
JOAQUI & JOAQUI ABOGADOS ASOCIADOS, remitió un mensaje directo a la página
de Facebook denominada “Acueducto Popayán”, en la que aparece como foto
principal de perfil el logo oficial de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado
de Popayán. El contenido del mensaje se transcribe a continuación:
“En ejercicio del derecho de
petición, de manera comedida solicito se me expida copia del acto
administrativo que otorga la licencia para la intervención en el espacio
público para las obras que se realizan sobre la carrera novena, sector loma
linda y champagnat. De la misma manera, solicito copia del Plan de Manejo de
Tráfico aprobado para la ejecución de la obra y la ocupación del espacio
público. Los documentos pueden ser remitidos por correo electrónico al buzón (…)
o como mensaje a esta cuenta de Facebook, o en físico a la (…). Atentamente,
Christian Joaqui Tapia (…).”[1]
1.1.2. En esa misma fecha, a las 19:19, dicha
publicación tuvo respuesta por la empresa en los siguientes términos:
“Buenas noches. Con mucho
gusto. Nos estaremos comunicando con usted. Que tenga buena noche.”[2]
1.1.3. Posteriormente, el 28 de junio de 2018, a
las 15:55, la empresa accionada envió un mensaje directo al señor Joaqui Tapia en
el que manifestó lo siguiente:
“Apreciado Christian
Joaqui Tapia, le informamos que la petición que ud nos hace, debe ser radicada
directamente en nuestras oficinas a través de medio impreso o enviar la
petición al correo electrónico contactenos@acueductopopayan.com.co para ser
atendida con el mayor de los gustos, ya que nuestras cuentas de redes sociales
no son el medio más pertinente para responder este tipo de solicitudes. Son
medios netamente informativos de nuestras labores en la ciudad y de información
general para todos los usuarios. // Que tenga un buen día J.”[3]
1.2. Solicitud de amparo constitucional
1.2.1. Con fundamento en lo expuesto, el 6 de
julio de 2018 el señor Christian Fernando Joaqui Tapia invocó la protección de
su derecho fundamental de petición consagrado en el artículo 23 de la
Constitución Política, al considerar que no se le brindó una respuesta de fondo
al requerimiento de información presentado el 6 de junio de 2018 a través de la
cuenta de la red social Facebook, a nombre de la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Popayán. Por consiguiente, a través del ejercicio de la
acción de tutela en comento, el actor requirió que se ordenara a la empresa de
servicios públicos contestar adecuadamente la solicitud por él formulada, así
como que se procediera a remitir la información objeto de demanda.
1.2.2. En criterio del accionante, su
requerimiento satisface el contenido mínimo de las peticiones dispuesto en el
artículo 16 de la Ley 1437 de 2011[4],
por lo que la entidad estaba en la obligación de contestar su solicitud,
atendiendo a las exigencias contenidas en la Constitución y la ley.
En este orden de ideas, la afectación a su
derecho fundamental de petición se configura por la falta de trámite y de
respuesta a su requerimiento, como por la exigencia de radicar la solicitud a
través de otros canales, pues la cuenta en la que realizó la petición corresponde
a un medio oficial de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado para atender al
público[5].
1.2.3. A juicio del actor, en virtud de lo
previsto en el artículo 15 de la Ley 1437 de 2011 y en los artículos 2 y 6 de
la Ley 527 de 1999, debe entenderse que las redes sociales, al ser aplicaciones
de intercambio electrónico de comunicaciones y datos, son medios idóneos para radicar
peticiones[6].
En este sentido, “[s]i una cuenta en una red social es un mecanismo de
información oficial de las actividades, obras, logros y rendición de cuentas de
una autoridad pública, también lo debe ser como medio oficial para la recepción
de quejas, denuncias y peticiones en general.”[7]
1.3. Contestación de la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Popayán[8]
1.3.1. En respuesta del 11 de julio de 2018, la
apoderada de la entidad demandada solicitó declarar que no existió afectación
de los derechos fundamentales del señor Joaqui Tapia y, en tal medida, que se
nieguen las pretensiones en contra de la empresa.
1.3.2. Para fundamentar lo anterior, indicó que
a la solicitud en cuestión no se le otorgó trámite como petición, por cuanto la
red social Facebook no es un canal de comunicación oficial de la entidad, en la
medida en que no es administrada por el área de atención al usuario. De ahí que,
la entidad procedió a informar al señor Joaqui Tapia sobre los medios con los
que contaba para presentar su requerimiento de información, de suerte que pudiera
redirigir la solicitud, como una mínima carga ciudadana para poder brindarle una
respuesta eficaz y oportuna.
1.3.3. A continuación, la apoderada expresó que
los mensajes de datos que se dirigen a las entidades a través de las redes
sociales no brindan seguridad suficiente sobre la identidad y legalidad de las
personas que las utilizan. En este sentido, podría resultar riesgoso
suministrar información como la solicitada por el actor a través de dichos
medios, en tanto que se trata de temas propios de actuaciones administrativas y
contractuales de la empresa.
1.3.4. Insistió en que la página de Facebook en
la que el señor Joaqui Tapia había publicado el mensaje de datos, no
correspondía a la cuenta “oficial ni verificada” del Acueducto de Popayán. Para
tal efecto, anexa como pruebas impresiones con la explicación sobre qué son las
páginas y perfiles verificados, y de la página de Facebook creada con el nombre
“Acueducto Popayán”, la cual no cuenta con el símbolo de verificación, pero en
su fotografía aparece el logo oficial de la entidad[9].
1.3.5. Por último, alegó que el mensaje de datos
enviado por el accionante el 6 de junio de 2018, no cumplía con los requisitos
del contenido mínimo de las peticiones que se encuentran consagrados en el
artículo 16 de la Ley 1437 de 2011[10].
Concretamente, en lo relativo a la presentación de las razones que fundamentan
la solicitud formulada.
II. SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN
En sentencia del 23 de julio de 2018, el
Juzgado Tercero Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de
Garantías de Popayán resolvió conceder el amparo del derecho fundamental de
petición del señor Joaqui Tapia. En consecuencia, ordenó a la empresa demandada
que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la decisión
adoptada, procediera a dar respuesta de fondo, clara y congruente a la información
solicitada por el accionante.
Para sustentar lo anterior, el Juzgado
advirtió que el requerimiento formulado por el actor, a través de la red social
Facebook, debió haberse tramitado como una petición, a diferencia de lo
realizado por el Acueducto. Ello, por cuanto la Ley 1755 de 2015 establece que
los medios electrónicos son canales idóneos para que los ciudadanos presenten
solicitudes respetuosas a la administración. Por consiguiente, dado que la
respuesta otorgada por la empresa accionada no fue de fondo, clara, precisa y
congruente, en los términos en que lo exige la jurisprudencia constitucional, se
produjo la violación del derecho de petición del señor Joaqui Tapia.
Esta decisión no fue impugnada.
III. PRUEBAS
En el expediente se encuentran las
siguientes pruebas relevantes:
3.1. Copia impresa de imágenes de pantalla del
messenger de Facebook en las que aparecen los mensajes enviados por el señor
Christian Joaqui Tapia y las respuestas dadas por el Acueducto de Popayán[11],
según se muestran a continuación:
3.2. Copia impresa de imágenes de pantalla
tomadas en el servicio de ayuda de la página de Facebook, en la cual se
responde la pregunta: “¿Qué son las páginas y los perfiles verificados?”[12].
El texto relevante del documento para los efectos de esta sentencia es el
siguiente:
“Facebook verificó algunas
páginas y perfiles para que las personas sepan que son auténticos:
·Si ves una insignia azul  en una página o perfil, significa que
Facebook confirmó que se trata de la página o el perfil auténticos del
personaje público, el medio de comunicación o la marca en cuestión. Ten en
cuenta que no todos los personajes públicos, famosos y marcas en Facebook tienen
insignias azules.
·Si ves una insignia gris  en una página, significa que Facebook
confirmó que se trata de la página auténtica del negocio o la organización en
cuestión. Obtén más información sobre cómo verificar una página.”
3.3. Copia impresa de imágenes de pantalla
sobre la página de Facebook denominada “Acueducto Popayán”, de las cuales se
resaltan los siguientes elementos relevantes para el caso: (i) después del
nombre no aparecen insignias azul ni gris; (ii) la foto utilizada corresponde al
logo oficial de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán según la
página web (http://www.acueductopopayan.com.co/); (iii) la información que se
encuentra publicada concuerda –en gran medida– con la oficial de la página web
de la entidad (información de contacto, ubicación, misión, horario de atención,
dirección, entre otras); y, finalmente, (iv) en la descripción de la página se
precisa que se trata de una organización gubernamental, de servicios públicos, que
presta en particular el de acueducto y alcantarillado[13].
A continuación las copias anexadas al expediente:
3.4. Copia impresa del contenido de la página
web de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán relativa al servicio
al cliente. En la misma se exponen los canales que sirven para atender
solicitudes de los usuarios como: (i) la vía presencial en la sede
administrativa de la empresa; (ii) la vía virtual a través de la página Web de
la entidad en el formulario de PQRS, el chat habilitado o en el formato RSS;
(iii) el canal telefónico a través de PBX de la entidad; y (iv) el canal
escrito al entregar o hacer llegar un documento impreso a la sede administrativa[14].
IV. CONSIDERACIONES
4.1. Competencia
Esta Sala es competente para
revisar la decisión proferida en la acción de tutela de la referencia, con
fundamento en lo previsto en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución
Política. El expediente fue seleccionado por medio de Auto del 13 de noviembre
de 2018 proferido por la Sala de Selección Número Once.
4.2. Trámite en sede de
revisión
4.2.1. En auto del 17 de enero de
2019, el Magistrado Sustanciador se dirigió a la empresa accionada con el fin
de conocer el funcionamiento de algunos procedimientos internos de la entidad
relacionados con el manejo de redes sociales y atención al usuario. Sin embargo,
acaecido el plazo establecido en la providencia, no se recibió respuesta alguna[15].
4.2.2. En el mismo auto referido se ofició al
Departamento Nacional de Planeación (DNP), a través del Programa Nacional de
Servicio al Ciudadano, y al Ministerio de las Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones (MinTIC), para que expusieran si se han desarrollado planes, guías,
lineamientos o algún tipo de reglamentación relacionada con el uso y manejo de
las redes sociales por parte de las entidades del Estado, en particular, de
aquellas que se utilizan como instrumentos para el servicio y atención al
ciudadano.
De igual manera, que rindieran concepto sobre
de: (i) las finalidades y funcionalidades que pueden tener las redes sociales
para el cumplimiento de las atribuciones de las entidades públicas; (ii) las
obligaciones y deberes que se desprenden para tales entidades por su
utilización y manejo; y (iii) si las entidades del Estado tienen la carga de
surtir el proceso de verificación que permite habilitar redes sociales como
Facebook y Twitter para uso institucional.
Por último, exclusivamente en lo que atañe
al Programa Nacional de Servicio al Ciudadano del Departamento Nacional de
Planeación, se solicitó que indicara los parámetros que deben guiar el actuar
de las entidades y funcionarios públicos para el servicio y atención al
ciudadano, así como el grado de obligatoriedad en su observancia.
4.2.2.1. En respuesta del 28 de enero
de 2019, el DNP se pronunció sobre cada uno de los interrogantes planteados en
el auto de pruebas. Inicialmente, en lo que atañe a la reglamentación sobre el
uso de las redes sociales por parte de las entidades del Estado, puso de presente
que el MinTIC es el organismo encargado de la elaboración de planes, guías o
lineamientos frente al manejo de las redes sociales encaminados a la atención
de los usuarios, ya que dicho ministerio es el líder de la política pública en
materia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), y hace
parte de la Comisión Intersectorial de Servicio al Ciudadano[16].
En esta medida, tal entidad “se encarga de la implementación de mecanismos
que conduzcan al mejoramiento de canales de atención no presenciales al
ciudadano de las entidades públicas, de acuerdo con lo señalado en la
estrategia Gobierno en Línea[,] ahora llamado Gobierno Digital.”[17]
Concretamente, destaca una
iniciativa liderada por el MinTIC denominada Fuerza de Tarea Digital, a
partir de la cual se busca “articular a las entidades estatales con los
diferentes procesos de comunicación, mediante las redes sociales, a fin de
llegar a los ciudadanos con un lenguaje más simple, incluyente y que facilite
la participación.”[18]
A continuación, respecto de
las finalidades y funcionalidades de las redes sociales para el ejercicio de la
función pública, expresó que este tipo de TIC brindan una oportunidad de
innovación para mejorar la acción gubernamental, en esencia, en tres aspectos:
(i) en la adecuación a los nuevos patrones de comportamiento de las personas en
la “era digital”; (ii) en la articulación ciudadana con la
administración y en la posibilidad de brindar soluciones colaborativas a los
problemas públicos; y (iii) en la atención al ciudadano de forma inmediata y
adecuada para responder a las necesidades de la población. Así se promueve “la
eficiencia económica en las interacciones con la ciudadanía, puesto que ya no
es necesaria la presencia física en los edificios gubernamentales, generando
con ello ahorro de costos (…)”[19]
En cuanto a las obligaciones
y deberes que se desprenden para las entidades en el manejo de las redes
sociales, precisó que es el MinTIC la entidad encargada de definir los
lineamientos para el uso de las plataformas digitales por parte del Estado. En
todo caso, recordó que el numeral 8 del artículo 7 de la Ley 1437 de 2011
establece que, para la atención al público, las autoridades públicas deben
adoptar medios tecnológicos en el trámite y resolución de peticiones[20].
En lo relativo a si las
autoridades públicas tienen la obligación de cumplir con el proceso de
verificación que se habilita en las redes sociales para el uso institucional de
los perfiles que se creen, advirtió que esa es una carga con la que “preferiblemente”
se debe cumplir a efectos de transmitir la información con mayor
credibilidad, pues así “los ciudadanos tienen certeza de que están
dialogando e interactuando con el vocero oficial o cuenta oficial de una entidad.”[21]
Finalmente, respecto a los
parámetros que deben guiar el actuar de las entidades públicas para el servicio
y atención al ciudadano, expuso que los mismos se encuentran contenidos en el
Documento CONPES 3785 de 2013, en el cual aparece la Política Nacional de
Eficiencia Administrativa al Servicio del Ciudadano. Igualmente, invitó a
conocer sobre las líneas de acompañamiento técnico que brinda el DNP, en el
portal web www.dnp.gov.co/programa-nacional-del-servicio-al-ciudadano/Paginas/Inicio.aspx.
4.2.2.2. En oficio del 28 de enero de
2019, el MinTIC respondió a todos los interrogantes planteados por el
Magistrado Sustanciador. En primer lugar, respecto a los planes, guías y
lineamientos para el manejo de las redes sociales por parte de las entidades
del Estado, puso de presente una iniciativa que viene liderando la Oficina de
Gobierno en Línea del MinTIC denominada URNA DE CRISTAL, la cual tiene
como finalidad promover la participación ciudadana y la transparencia
gubernamental. En el marco de dicho proyecto, se han creado diferentes manuales
de buenas prácticas en el uso de las plataformas y otros medios públicos;
documentación que no tiene carácter normativo, sino que se trata de simples
recomendaciones. La misma puede ser consultada en: www.gobiernoenredes.gov.co. Dentro de dichos manuales,
entre otros, resaltó la existencia de protocolos de interacción en redes
sociales y medios de comunicación, Manual de Facebook, Instagram y Twitter para
entidades del Gobierno, Protocolo de Crisis para Situaciones en las que se pone
el peligro la reputación digital de una entidad.
En segundo lugar, en lo
relativo a las finalidades y funcionalidades de las redes en el desarrollo de
las actividades estatales, y a las obligaciones que en relación con estos
medios se desprenden para las entidades gubernamentales, anotó que en Colombia
no existe una regulación específica sobre de las redes sociales y sobre la
forma cómo tales instrumentos tecnológicos deben ser utilizados por el Estado,
más allá de que sean canales de comunicación para promover la participación y
transparencia[22].
En este sentido, en principio, se presentaría un vacío normativo sobre la
posibilidad que existe de que las plataformas sociales sean un canal para
iniciar trámites administrativos dirigidos a la presentación de peticiones,
quejas o reclamos por parte de los usuarios. No obstante, el MinTIC indicó que,
en atención a las normas que regulan el derecho de petición, sería plausible
encontrar que “las cuentas oficiales de las entidades públicas en redes
sociales pueden llegar a constituirse en un canal “idóneo” para presentar una
PQRD por parte de los ciudadanos.”[23] En este orden de ideas, en
la Resolución 3333 de 2015[24],
así como en el plan de participación ciudadana de la entidad, dicho ministerio reconoció
que los ciudadanos pueden presentar sus peticiones, quejas o recursos (PQR) a
través de las redes sociales, ya que se trata de un canal dispuesto por la
entidad “para la comunicación e interacción con sus usuarios.”[25]
No obstante, para que las
redes sociales permitan dar trámite y respuesta a las peticiones, quejas,
recursos, sugerencias o denuncias (PQRSD) de las entidades públicas, es
necesario, que quede trazabilidad y registro de la actuación administrativa que
ello supone, característica de la cual carece una plataforma social por sí sola
considerada[26].
Por consiguiente, las redes sociales caben para dar respuesta a PQRSD, siempre
que atiendan las exigencias de la Ley 1437 de 2011, así como a los estándares
de gestión documental establecidos por el Archivo General de la Nación, como lo
son, por ejemplo, asignar un número consecutivo de radicado para realizar el
seguimiento del asunto, y direccionar la solicitud al funcionario responsable
de revisarlo. De igual forma, se requiere que dicho procedimiento garantice los
principios de autenticidad, disponibilidad e integridad, en virtud del artículo
6 de la Ley 962 de 2005.
Finalmente, remite algunos
anexos con documentación relevante sobre este asunto, dentro de los cuales se
resaltan los siguientes:
a)     Copia de imagen de pantalla de
la página web www.gobiernoenredes.gov.co, en la que aparece el
Protocolo de Interacción en Redes Sociales. Dicho instrumento busca
proporcionar una guía para interpretar las interacciones que tiene la entidad
pública a través de las plataformas sociales con los ciudadanos, los medios de
comunicación y otras entidades públicas o privadas que denominan “pares de
gobierno”[27].
En el protocolo se presentan recomendaciones
para la organización interna y las dinámicas laborales que debería adoptar una entidad
para dar respuesta de manera adecuada a la demanda de los usuarios en las redes
sociales. De igual forma, se presentan los siguientes cuadros en los que se
indica la forma más adecuada para responder a diferentes tipos de mensajes y
los que no deben ser contestados por la entidad:
Por lo demás, se presenta
una caracterización de los tipos de participación que pueden darse en las redes
sociales, así como de posibles respuestas, a saber:
Imágenes
tomadas de Protocolo de interacción en redes sociales de Gobierno en redes:
http://www.gobiernoenredes.gov.co/protocolo-interaccion-redes-sociales/
Finalmente, en el
documento se encuentra una referencia al modo de proceder ante la publicación
de preguntas repetitivas, denuncias y PQR. En particular, respecto de esta
última es necesario “redireccionar a los canales pertinentes de servicio al
ciudadano de su entidad.”[28]
b)    Copia de imágenes de pantalla
de la página web www.gobiernoenredes.gov.co, en la cual aparece el Manual
de Facebook para entidades de gobierno. En el mismo se presenta un instructivo con
el que se pretenden socializar los pasos para crear una página en dicha red
social. Adicionalmente, se comparten algunas sugerencias sobre cuáles son los
nombres más convenientes para utilizar, y cuál es el tipo de configuración que
se debe adoptar para asegurar un buen y efectivo uso de la plataforma, de
acuerdo con los fines de la entidad.
En relación con el nombre
seleccionado, se advierte que Facebook ofrece la opción de verificar las
cuentas creadas, con miras a que el usuario de la página o perfil pueda tener
certeza sobre la autenticidad de la información que se suministra desde dicha
fuente. En este orden de ideas, en el caso de que se verifique la cuenta, el
sistema incluirá una insignia de color azul junto al nombre y el perfil o
página. De igual forma, se indica que el equipo de Urna de Cristal del MinTIC,
apoya a las entidades de gobierno en el trámite de solicitud de verificaciones.
c)     Copia de imágenes de pantalla
del Protocolo de transición de cuentas de gobierno en redes sociales, en el
cual se encuentra un ABC de buenas prácticas para las cuentas oficiales de las
entidades en las diferentes redes sociales. Concretamente, se busca promover la
efectiva gestión de la red social para los fines de la entidad, a partir de la
identificación del público con el que se pretende tener contacto, el tipo de
contenido al que acceden los usuarios y la forma cómo deben ser atendidas las
demandas por el community manager[29].
d)    También se remiten copias de
imágenes de pantalla de los manuales contenidos en la página web www.gobiernoenredes.gov.co, respecto del manejo de Instagram y
Twitter[30].
De igual forma, existe un protocolo con el que se busca brindar lineamientos a
las entidades del gobierno sobre la manera de prevenir y manejar las crisis en
las redes sociales[31].
e)     Copia de la Resolución 3333 del
22 de diciembre de 2015 expedida por el MinTIC[32], en la cual se reglamenta el trámite
interno para las PQRSD que se formulan ante dicha entidad. En particular, en el
artículo 5 se refiere, entre otros, a las cuentas oficiales de Facebook,
Twitter, página Web y correo institucional como canales oficiales de registro
de las PQRSD[33].
4.3. Procedencia de la acción
de tutela
Para iniciar el análisis del
caso de referencia, esta Corporación debe
agotar el examen de procedencia de la acción de tutela propuesta por el señor
Christian Fernando Joaqui Tapia.
4.3.1. Para tal efecto, visto el caso concreto, se observa
que se cumplen con los requisitos de legitimación en la causa tanto por
activa como por pasiva. En cuanto a la primera, porque el accionante actúa como
persona natural y es el titular del derecho objeto de estudio[34].
En cuanto a la segunda[35],
porque la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán es una empresa de
servicios públicos mixta en la que el Estado es dueño de más del 90% de su
capital, y pertenece a la Rama Ejecutiva dentro del sector descentralizado por
servicios, como se consagra en los artículos 38 y 68[36]
de la Ley 489 de 1998. En esa medida, ostentan la calidad de autoridad pública,
y frente a ella es que se endilga la violación del derecho invocado, el cual,
por lo demás, se encuentra dentro de su marco de actuación.
4.3.2. También se advierte el cumplimiento del requisito
de inmediatez[37],
toda vez que la conducta que dio lugar a la presunta vulneración del derecho
fundamental en el caso concreto se generó con el mensaje enviado por la empresa
de acueducto el 28 de junio de 2018, en el cual se manifiesta, implícitamente,
que no se procedía a dar trámite de fondo a la petición y se solicitaba
redireccionar la solicitud a los canales de atención habilitados por la
empresa. Por lo que se entiende que se obró en un término razonable, pues la
acción se interpuso solo ocho días después de ocurridos los hechos, esto es, el
seis de julio del año en cita.
4.3.3. Finalmente, respecto del requisito de subsidiariedad,
es preciso anotar que, visto el asunto sub-judice, el recurso de amparo
es el mecanismo de defensa judicial idóneo y eficaz para la protección del derecho
de petición[38], si se tiene en cuenta que, en el
ordenamiento colombiano no existe otra alternativa para proceder a su amparo,
tal y como insistentemente lo ha señalado esta Corporación[39].
Recogiendo lo expuesto hasta el momento, se entiende
que el recurso de amparo constitucional resulta procedente en la cuestión
objeto de estudio. En esa medida, se pasa a plantear el problema jurídico.
4.4. Problema jurídico y
esquema para la solución
4.4.1. Teniendo en cuenta que la
tutela es procedente en esta oportunidad, partir de las circunstancias que
dieron lugar al ejercicio de la acción de tutela, de las pruebas recaudadas y
de la decisión adoptada por el juez de instancia, esta Corporación debe determinar
si la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán vulneró el derecho
fundamental de petición del señor Christian Fernando Joaqui Tapia, al no haberle
dado trámite a la solicitud de entrega de documentos e información por él
realizada a través de mensaje directo a la entidad demandada en la red social Facebook,
e indicarle sobre la necesidad de direccionar su petición a los canales
dispuestos por ella para atender tales requerimientos, con el argumento de que
la vía utilizada corresponde a un medio netamente informativo y no a una
herramienta oficial para el trámite de las actuaciones ante la empresa.
4.4.2. Con el fin de resolver este
problema jurídico, en primer lugar, la Sala reiterará la jurisprudencia
constitucional sobre el derecho de petición y las obligaciones que de dicha
garantía se derivan para las autoridades públicas y los particulares, haciendo
especial énfasis en las reglas aplicables en esta materia para las empresas de
servicios públicos. En segundo lugar, hará referencia a las redes sociales en
internet y a su impacto en el cumplimiento de funciones por parte del Estado,
particularmente, en lo que respecta a las obligaciones de atención al público. En
este apartado, se abordará la problemática puntual de si las plataformas
sociales –como Facebook– pueden constituirse en un canal idóneo para la
presentación de solicitudes en ejercicio del derecho fundamental consagrado en
el artículo 23 de la Constitución. Finalmente, se procederá a realizar el
análisis del caso concreto.
4.5. Derecho
de petición
4.5.1. Caracterización del derecho de petición. El artículo 23 de la Constitución dispone
que “[t]oda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las
autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta
resolución.” Esta garantía ha sido denominada derecho fundamental de
petición, con el cual se promueve un canal de diálogo entre los administrados y
la administración, “cuya fluidez
y eficacia constituye una exigencia impostergable para los ordenamientos
organizados bajo la insignia del Estado Democrático de Derecho”[40]. De acuerdo con la jurisprudencia
constitucional, esta garantía tiene dos componentes esenciales: (i) la posibilidad de formular peticiones
respetuosas ante las autoridades, y como correlativo a ello, (ii) la garantía
de que se otorgue respuesta de fondo, eficaz, oportuna y congruente con lo
solicitado. Con fundamento en ello, su núcleo esencial se circunscribe a la
formulación de la petición, a la pronta resolución, a la existencia de una respuesta
de fondo y a la notificación de la decisión al peticionario.
4.5.2. Formulación de la
petición. En
virtud del derecho de petición cualquier persona podrá dirigir solicitudes
respetuosas a las autoridades, ya sea verbalmente, por escrito o por cualquier
otro medio idóneo (art. 23 CN y art. 13 CPACA). En otras palabras, la petición
puede, por regla general, formularse ante autoridades públicas, siendo, en
muchas ocasiones, una de las formas de iniciar o impulsar procedimientos
administrativos. Estas últimas tienen la obligación de recibirlas, tramitarlas
y responderlas de forma clara, oportuna, suficiente y congruente con lo pedido,
de acuerdo con los estándares establecidos por la ley[41]. En tratándose de autoridades
judiciales, la solicitud también es procedente, siempre que el objeto del
requerimiento no recaiga sobre procesos judiciales en curso[42].
4.5.2.1. Las peticiones también podrán elevarse
excepcionalmente ante organizaciones privadas. En los artículos 32 y 33 de la
Ley 1437 de 2011, modificados por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015[43], se estipula que cualquier persona
tiene el derecho de formular solicitudes ante entidades de orden privado sin
importar si cuentan o no con personería jurídica[44], cuando se trate de garantizar sus
derechos fundamentales. En el ejercicio del derecho frente a privados existen
iguales deberes de recibir, dar trámite y resolver de forma clara, oportuna,
suficiente y congruente, siempre que sean compatibles con las funciones que
ejercen[45].
En otras palabras, los
particulares, independientemente de su naturaleza jurídica, son asimilables a
las autoridades públicas, para determinados efectos, entre ellos, el
relacionado con el derecho de petición.
4.5.2.2. Teniendo en cuenta el asunto sobre el que
conoce la Sala en esta oportunidad, es preciso aclarar el escenario jurídico
que en esta materia resulta exigible a las empresas de servicios públicos, las
cuales pueden tener una naturaleza pública, mixta o privada[46]. En este orden de ideas, cabe
distinguir entre, por una parte, el derecho de petición como manifestación del derecho fundamental
contenido en la Constitución y, por otra, la obligación de atender las
peticiones que presenten los usuarios en el marco de actividades reguladas,
particularmente la prestación de servicios públicos.
Frente a este último, de
acuerdo con la amplia libertad de configuración por parte del legislador en
virtud del artículo 365 de la Constitución[47],
la Ley 142 de 1994[48]
fija normas relativas a la defensa de los usuarios o suscriptores –incluso
aquellos potenciales[49]–
del contrato de prestación del servicio[50].
Para ello, todas las personas que presten servicios públicos domiciliarios
deberán contar con una “Oficina de Peticiones, Quejas y Recursos”, “la cual tiene la obligación
de recibir, atender, tramitar y responder las peticiones o reclamos y recursos
verbales o escritos que presenten los usuarios, los suscriptores o los
suscriptores potenciales en relación con el servicio o los servicios que presta
dicha empresa.”[51]
En todo caso, por
fuera del régimen de prestación de servicio (usuario-prestador) también cabe la
formulación de peticiones. Frente a este escenario, el régimen aplicable
dependerá de la naturaleza de las empresas de servicios públicos ante las que
sean elevadas las solicitudes. Concretamente, cuando se trate de entidades
oficiales o mixtas, las cuales hacen parte de la Rama Ejecutiva, dentro del
sector descentralizado por servicios (art. 38 y 68 de la Ley 489 de 1998) y,
por ende, ostentan la calidad de autoridades públicas, se encuentran sujetas a
lo dispuesto en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo[52]. Por su parte, si el requerimiento de un
no usuario se dirige a una empresa privada, se aplicarán las reglas relativas
al derecho de petición para particulares en los términos ya descritos[53].
4.5.3. Pronta resolución. Otro de los componentes del
núcleo esencial del derecho de petición, consiste en que las solicitudes
formuladas ante autoridades o particulares deben ser resueltas en el menor
tiempo posible, sin que se exceda el término fijado por la ley para tal efecto.
4.5.3.1. El artículo 14 de la Ley 1437
de 2011 dispone un término general de 15 días hábiles siguientes a la recepción
de la solicitud para dar respuesta, salvo que la ley hubiera determinado plazos
especiales para cierto tipo de actuaciones[54]. Esa misma disposición normativa se
refiere a dos términos especiales aplicables a los requerimientos de documentos
o información, y a las consultas formuladas a las autoridades relacionadas con
orientación, consejo o punto de vista frente a materias a su cargo. Los
primeros deberán ser resueltos en los 10 días hábiles siguientes a la
recepción, mientras que los segundos dentro de los 30 días siguientes.
De incumplirse
con cualquiera de estos plazos, la autoridad podrá ser objeto de sanciones
disciplinarias. Por ello, el parágrafo del precitado artículo 14 del CPACA
admite la posibilidad de ampliar el término para brindar una respuesta cuando
por circunstancias particulares se haga imposible resolver el asunto en los
plazos legales. De encontrarse en dicho escenario, se deberá comunicar al
solicitante tal situación, e indicar el tiempo razonable en el que se dará
respuesta –el cual no podrá exceder el doble del inicialmente previsto por la
ley–. Esta hipótesis es excepcional, esto es, solo cuando existan razones
suficientes que justifiquen la imposibilidad de resolver los requerimientos en
los plazos indicados en la ley.
Cuando se trata
de peticiones relacionadas con la solicitud de documentos o de información, el
artículo 14 de la Ley 1437 de 2011 establece un silencio administrativo
positivo que opera cuando no se ha brindado respuesta dentro del término de 10
días hábiles que consagra la norma. En esos eventos, la autoridad debe proceder
a la entrega de los documentos dentro de los tres días hábiles siguientes al
vencimiento del plazo.
Como ya se anunciaba,
el plazo para la respuesta de fondo se contabiliza desde el momento en que la
autoridad o el particular recibieron la solicitud por cualquiera de los medios
habilitados para tal efecto, siempre que estos permitan la comunicación o
transferencia de datos. En otras palabras, los términos para contestar empiezan
a correr a partir de que el peticionario manifiesta su requerimiento, (i) ya
sea verbalmente en las oficinas o medios telefónicos, (ii) por escrito
–utilizando medios electrónicos que funcionen como canales de comunicación
entre las dos partes, o por medio impreso en las oficinas o direcciones de la
entidad pública o privada–, o (iii) también por cualquier otro medio que
resulte idóneo para la transferencia de datos.
4.5.3.2. Para el caso de las empresas de servicios
públicos, como ya se anunciaba, las reglas varían dependiendo de si las
peticiones y recursos son o no elevados por usuarios o suscriptores –incluso
los potenciales– de las empresas de servicios públicos. Entonces, ante un marco
del régimen de prestación del servicio (usuario-prestador), el artículo 158 de
la Ley 142 de 1994 determina una regla especial según la cual las peticiones,
quejas y recursos deberán resolverse en un término de 15 días hábiles, contados
a partir de la fecha de la presentación. Cumplido dicho plazo, se configura el
silencio administrativo positivo. Mientras que, cuando las solicitudes sean
formuladas por no usuarios, se aplicarán las mencionadas reglas del CPACA.
4.5.4. Respuesta de fondo. Otro componente del núcleo
esencial supone que la contestación a los derechos de petición debe observar
ciertas condiciones para que sea constitucionalmente válida. Al respecto, esta
Corporación ha señalado que la respuesta de la autoridad debe ser: “(i) clara,
esto es, inteligible y contentiva de argumentos de fácil comprensión; (ii) precisa,
de manera que atienda directamente lo pedido sin reparar en información
impertinente y sin incurrir en fórmulas evasivas o elusivas ; (iii) congruente,
de suerte que abarque la materia objeto de la petición y sea conforme con lo
solicitado; y además (iv) consecuente con el trámite que se ha surtido,
de manera que, si la respuesta se produce con motivo de un derecho de petición
formulada dentro de un procedimiento del que conoce la autoridad de la cual el
interesado requiere la información, no basta con ofrecer una respuesta como si
se tratara de una petición aislada o ex novo, sino que, si resulta
relevante, debe darse cuenta del trámite que se ha surtido y de las razones por
las cuales la petición resulta o no procedente”[55]
(se resalta fuera del original).
La respuesta de fondo no implica tener que
otorgar necesariamente lo solicitado por el interesado[56],
salvo cuando esté involucrado el derecho de acceso a la información pública
(art. 74 C.P.[57]),
dado que, por regla general, existe el “deber constitucional de las autoridades
públicas de entregarle, a quien lo solicite, informaciones claras, completas,
oportunas, ciertas y actualizadas sobre cualquier actividad del Estado.”[58]
Sobre este punto, es preciso anotar que al tratarse de una garantía fundamental
que permite el ejercicio de muchos otros derechos fundamentales, así como la
consolidación de la democracia, las restricciones al derecho de petición y de
información deben ser excepcionales y deberán estar previamente consagradas en
la ley. Al respecto, en el Título III de la Ley 1712 de 2014 se hace referencia
a los casos especiales en los cuales se puede negar el acceso a la información,
por ejemplo, entre otros, al tratarse de información clasificada y reservada, o
que pueda causar daños a personas naturales o jurídicas en su derecho a la
intimidad, vida, salud, seguridad o secretos comerciales, industriales y
profesionales.
En las hipótesis
en que la autoridad a quien se dirigió la solicitud no sea la competente para
pronunciarse sobre el fondo de lo requerido, también se preserva la obligación
de contestar, consistente en informar al interesado sobre la falta de capacidad
legal para dar respuesta y, a su vez, remitir a la entidad encargada de
pronunciarse sobre el asunto formulado por el peticionario[59].
4.5.5. Notificación de la decisión. Finalmente, para que el
componente de respuesta de la petición se materialice, es imperativo que el
solicitante conozca el contenido de la contestación realizada. Para ello, la
autoridad deberá realizar la efectiva notificación de su decisión, de
conformidad con los estándares contenidos en el CPACA[60].
El deber de notificación de mantiene, incluso, cuando se trate de contestaciones
dirigidas a explicar sobre la falta de competencia de la autoridad e informar
sobre la remisión a la entidad encargada.
4.5.6. Agotada la anterior caracterización sobre
el derecho de petición y en consideración al fondo del asunto sometido a examen de la Corte,
se considera necesario puntualizar sobre las formas de canalizar o presentar
las solicitudes respetuosas, las distintas manifestaciones del derecho bajo
estudio y aquellas expresiones que, por regla general, no originan una
obligación de respuesta.
4.5.6.1. Formas
de canalizar las peticiones. El derecho de petición se puede canalizar a través de
medios físicos o electrónicos de que disponga el sujeto público obligado, por
regla general, de acuerdo con la preferencia del solicitante. Tales canales
físicos o electrónicos pueden actuarse de forma verbal, escrita o por cualquier
otra vía idónea que sirva para la comunicación o transferencia de datos[61].
4.5.6.1.1. Ahora bien, los medios
físicos pueden definirse como aquellos soportes tangibles a partir de los
cuales es posible registrar la manifestación de un hecho o acto. Dentro de los
más comunes para la presentación de solicitudes se destacan la formulación
presencial –ya sea verbal o por escrito– en los espacios físicos destinados por
la autoridad, y el correo físico o postal para remitir el documento a la
dirección destinada para tal efecto. En cualquiera de los dos eventos, al
peticionario debe asignársele un radicado o algún tipo de constancia sobre la
presentación de la solicitud, de manera que sea posible hacer su seguimiento.
Por su parte, los
medios electrónicos son herramientas que permiten la producción,
almacenamiento o transmisión digitalizada de documentos, datos e informaciones,
a través de cualquier red de comunicación abierta o restringida. Esta última
supone un diálogo entre sujetos –al menos un emisor y un receptor– en el que se
da una transmisión de señales que tienen un código común[62].
Estas herramientas tecnológicas se encuentran contenidas en las Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones (TIC), que son “el conjunto de recursos,
herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios,
que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de
información como voz, datos, texto, video e imágenes.”[63]
Dentro de estos servicios se resaltan los de telemática e informática en los
que se ubica la Internet[64],
hoy por hoy, medio que, por excelencia, facilita la transmisión de información
y comunicaciones entre la población.
4.5.6.1.2. De acuerdo con el artículo 5
del CPACA, la formulación de peticiones podrá realizarse por cualquier medio
tecnológico disponible por la entidad pública[65]. Y, de manera armónica con lo
anterior, el artículo 7 del mismo código establece como deberes de las
entidades, por una parte, adoptar medios tecnológicos para tramitar y resolver
las solicitudes, y, por la otra, gestionar todas las peticiones que se alleguen
vía fax o por medios electrónicos[66].
En este orden de
ideas, el CPACA no se limita a unos canales específicos para permitir el
ejercicio del derecho de petición, sino que, en su lugar, adopta una
formulación amplia que permite irse adecuando a los constantes avances
tecnológicos en materia de TIC´s. En otras palabras, el marco normativo que
regula el derecho de petición abre la puerta para que cualquier tipo de medio
electrónico que sea idóneo para la comunicación o transferencia de datos, pueda
ser tenido como vía para el ejercicio de esta garantía superior[67].
4.5.6.1.3. Sin duda, los cambios
tecnológicos han planteado retos en la actualización de los ordenamientos
jurídicos, de manera que las facilidades que proveen puedan impactar de manera
positiva la vida de la sociedad, así como el accionar de la administración
pública. El régimen normativo nacional ha venido mutando para darle cabida a
las TIC´s en el ejercicio de funciones públicas, por ejemplo, (i) en el
reconocimiento de efectos jurídicos de los mensajes de datos (Ley 527 de 1999[68]),
(ii) haciendo parte de los deberes del Estado la utilización de canales
digitales y (iii) flexibilizando los trámites ante la administración con la
incorporación de herramientas tecnológicas (Ley 962 de 2005[69]).
Estos cambios han impactado el ejercicio del derecho de petición, como pasa a
explicarse.
4.5.6.1.3.1. Con la Ley 527 de 1999[70]
se abrió paso en Colombia al comercio electrónico y se reconocieron los efectos
jurídicos que tiene la información compartida por medios electrónicos. En
concreto, se dispuso que ante la exigencia normativa de que alguna información
deba constar por escrito, ese requisito se satisface con un mensaje de datos[71].
Este último se define en la ley como: “[l]a información generada, enviada,
recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares,
como pudieran ser, entre otros, el Intercambio Electrónico de Datos (EDI),
Internet, el correo electrónico, el telegrama, el télex o el telefax;”[72].
En la Sentencia
C-662 de 2000[73],
esta Corporación señaló que “[e]l mensaje de datos como tal debe recibir el
mismo tratamiento de los documentos consignados en papel, es decir, debe
dársele la misma eficacia jurídica, por cuanto el mensaje de datos comporta los
mismos criterios de un documento.” Aunado a ello, se aclaró que el
reconocimiento de dicha asimilación permite ajustar al derecho no solo a las prácticas
modernas de comunicación, sino también a todos los adelantos tecnológicos que
se generen en el futuro.
La información y
contenido que se encuentre en un mensaje de datos tienen plena eficacia
probatoria, dada la integridad que se predica de dicho instrumento (siempre que
su contenido no se hubiere alterado), característica que puede satisfacerse a
partir de los sistemas de protección de la información como la criptografía y
las firmas electrónicas[74].
Frente al grado de confiabilidad del mensaje, se debe precisar que este “será
determinado a la luz de los fines para los que se generó la información y de
todas las circunstancias relevantes del caso.”[75] Al respecto, la Corte
manifestó que “los documentos electrónicos están en capacidad de brindar similares
niveles de seguridad que el papel y, en la mayoría de los casos, un mayor grado
de confiabilidad y rapidez, especialmente con respecto a la identificación del
origen y el contenido de los datos, siempre que se cumplan los requisitos
técnicos y jurídicos plasmados en la ley.”[76]
En este orden de
ideas, las peticiones formuladas a través de mensajes de datos en los
diferentes medios electrónicos habilitados por la autoridad pública
–siempre que permitan la comunicación–, deberán ser recibidos y tramitados tal
como si se tratara de un medio físico.
Por lo demás, los
mensajes de datos que se utilicen, siguiendo los mismos parámetros básicos del
ejercicio del derecho de petición, deberán poder determinar quién es el
solicitante y que esa persona sea quien en definitiva aprueba el contenido
enviado. Sobre el particular, el artículo 7 de la precitada Ley 527 de 1999
establece que la identificación del sujeto en un documento se podrá realizar
mediante (i) la constatación del método utilizado, el cual deberá identificar
al iniciador de la comunicación, a la vez que tendrá que permitir inferir la
aprobación de su contenido. Aunado a ello, (ii) dicho método deberá ser “tanto
confiable como apropiado para el propósito por el cual el mensaje fue generado
o comunicado”[77].
En general, este tipo de medios exigen sistemas de protección de la información
como la criptografía (posibilidad de crear un perfil con una contraseña que
solo conozca el titular de la cuenta) o también la firma digital, esto es, un
tipo de firma electrónica acreditada que ofrece seguridad sobre la identidad
del firmante y la autenticidad de los documentos en que se utiliza (art. 28,
L.527/99[78]).
Finalmente, se
debe demostrar que la petición remitida por medios electrónicos cumple con las
características de integridad y confiabilidad (art. 9, L.527/99), es decir, que
el canal utilizado cuente con condiciones que permitan realizar un seguimiento
al mensaje de datos, tanto desde el momento en que fue enviado por el
originador hasta que fue recibido por su destinatario, a efectos de establecer
si su contenido resultó o no alterado en algún punto.
Cumplidas tales
exigencias, las cuales se resumen en (i) determinar quién es el solicitante,
(ii) que esa persona aprueba lo enviado y (iii) verificar que el medio
electrónico cumpla con características de integridad y confiabilidad, las
autoridades no podrán negarse a recibir y tramitar las peticiones que sean
formuladas ante ellas por medio de mensajes de datos, a partir de cualquier
tipo de plataforma tecnológica que permita la comunicación entre el particular
y la entidad.
4.5.6.1.3.2. Por otro lado, con la Ley 962
de 2005[79]
se impulsa la modernización de la administración pública, a partir de la
reducción y eliminación de trámites innecesarios ante las entidades del Estado
o que pudieran realizarse de manera más rápida con apoyo de las TIC. Por tal
motivo, el objeto de la ley se encaminó a “facilitar las relaciones de los
particulares con la Administración Pública”[80].
Para ello, se
integran los medios tecnológicos en el funcionamiento del Estado. Así, el
artículo 6 de la ley dispone que las entidades podrán atender los trámites y
procedimientos que sean de su competencia, a partir de cualquier medio
tecnológico o documento electrónico, con miras a materializar los principios
constitucionales que deben guiar la función administrativa, tal como aparecen
consignados en el artículo 209 de la Constitución[81].
En la Sentencia T-013 de 2008[82],
esta Corporación se refirió a la aplicación de la Ley 962 de 2005 en los
trámites relacionados con el ejercicio del derecho fundamental de petición,
siendo los canales tecnológicos una de las posibilidades que tienen las
personas para acercarse a la administración pública.
Igualmente, con
esta misma finalidad el Decreto 019 de 2012[83], estipuló que las autoridades deben
incentivar el uso de TIC´s para que los procesos administrativos “se
adelanten con diligencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones
injustificadas”[84]. Y, a su vez, se determinó
que la presentación de solicitudes, quejas, recomendaciones o reclamos podría
realizarse a través de medios electrónicos, cuando los interesados residan en
una ciudad diferente a la de la sede de la entidad[85].
Con esta
normativa, se refuerza la obligación de las entidades públicas de utilizar
medios tecnológicos para hacer más fácil el contacto con el Estado, así como
facilitar el ejercicio del derecho fundamental de petición, en los términos en
que ha venido siendo expuesto[86].
4.5.6.1.4. De lo que se advierte hasta
el momento, queda claridad respecto del deber de las autoridades de garantizar
la atención personal al público y de disponer de medios tecnológicos para el
trámite y resolución de peticiones, incluyendo para ello el uso de medios
alternativos[87].
De esta manera, las autoridades deben contar con vías suficientes que les
permitan a las personas elegir entre medios físicos y electrónicos para
formular sus solicitudes[88].
En todo caso, cabe resaltar que los medios tecnológicos por sí solos no
constituyen canales suficientes para garantizar el pleno desarrollo del derecho
en mención, por cuanto, si bien los avances en materia de TIC han sido amplios,
no todas las personas disponen hoy en día de los recursos o herramientas
necesarias –como un computador– para lograr su plena efectividad. En ese
sentido, resulta imperativo que se mantengan aún las vías físicas.
En la línea de lo
expuesto, por ejemplo, en la ya citada Sentencia T-013 de 2008, la Corte se
pronunció sobre una acción de tutela interpuesta por quien había presentado una
solicitud ante la Secretaría de Educación del Departamento de Caldas, con el
fin de que se expidieran dos certificaciones laborales. En la respuesta
otorgada por la entidad demandada, se le informó a la actora que ese tipo de
trámites solo podían ser adelantados a través de la página web entre los días 1
a 10 de cada mes, por lo que debía direccionar su solicitud. Al abordar el
estudio del caso, la Sala de Revisión reiteró el deber de las autoridades
públicas de contar con canales digitales, como páginas web, para que por medio
de la Internet se pudieran adelantar trámites ante ellas. También resaltó que
el ejercicio del derecho de petición no puede limitarse a canales exclusivos de
comunicación, sino que, por el contrario, “los ciudadanos deben estar en
posición de escoger, de acuerdo con sus posibilidades de acceso a un
computador, qué medio implementar, ya sea el derecho de petición en documento
físico que se radica en las dependencias de cada entidad, o a través de la
página web correspondiente.”[89]
En consecuencia, consideró que la Secretaría de Educación había vulnerado el
derecho de petición de la accionante, al restringir el ejercicio de su derecho
a la vía tecnológica.
Lo anterior resulta
de especial trascendencia, como lo dispone la ley, a efectos de materializar el
derecho de las personas ante las autoridades a “[p]resentar peticiones en
cualquiera de sus modalidades, verbalmente, o por escrito, o por cualquier otro
medio idóneo y sin necesidad de apoderado, así como a obtener información y
orientación acerca de los requisitos que las disposiciones vigentes exijan para
tal efecto. // Las anteriores actuaciones podrán ser adelantadas o promovidas
por cualquier medio tecnológico o electrónico disponible en la entidad, aún por
fuera de las horas de atención al público.”[90]
En efecto, en concordancia con esta disposición normativa, y dadas las
posibilidades que hoy brindan los medios electrónicos, es claro que, por regla
general, el deber de las autoridades de brindar atención al público, ya no se
circunscribe a un horario de atención dispuesto por las entidades, sino que,
ante la existencia de vías tecnológicas disponibles las 24 horas y que
habilitan canales de comunicación, las solicitudes deberán recibirse en
cualquier momento, sin que ello suponga la obligación de responder de manera
inmediata, sino en los términos legales establecidos para tal efecto.
En este orden de
ideas, como ya se anunció en el apartado anterior, una de las excepciones a la
citada regla, refiere a lo previsto en el artículo 15 del CPACA que habilita a
las autoridades para exigir que ciertas peticiones se presenten por vía escrita
(en físico), para lo cual, deberán facilitar a los interesados formularios que
permitan estandarizar tales solicitudes. Esta posibilidad, que podría leerse en
un primer momento como una limitación al ejercicio del derecho de petición, por
cuanto se restringe la elección del medio a utilizar por parte del interesado,
fue avalada por esta Corporación, al considerar que se trata de una medida
extraordinaria de la que se pueden valer las entidades públicas, sujeta a
estrictos criterios de razonabilidad y proporcionalidad[91].
4.5.6.1.5. En suma, las solicitudes que
se presenten ante las autoridades podrán realizarse por vía verbal, escrita o
cualquier otro medio idóneo que sirva para la comunicación, para lo cual, por
regla general, el particular tendrá la posibilidad de escoger entre canales
físicos o electrónicos que hayan sido habilitados por la entidad. Cada
autoridad tiene la posibilidad de determinar cuáles son los espacios tantos
físicos como electrónicos de que dispondrá para mantener comunicación con la
ciudadanía, teniendo en cuenta sus funciones, presupuesto y posibilidad de
atención efectiva. En todo caso, siguiendo lo dispuesto en la ley y conforme a
la jurisprudencia se aclara que cualquier tipo de medio tecnológico habilitado
por la entidad y que funcione como un puente de comunicación entre las personas
y las entidades, podrá ser utilizado para el ejercicio del derecho fundamental
de petición. De ahí que, siempre deberá ser atendido por los funcionarios
correspondientes para dar respuesta a las solicitudes, quejas, denuncias y
reclamos que se canalicen por dicho medio.
4.5.6.2. Manifestaciones
del derecho de petición y expresiones que no constituyen el ejercicio de la
garantía fundamental.
4.5.6.2.1. Al tratarse de un derecho
derivado del texto constitucional, sus elementos esenciales no pueden ser otros
diferentes a los que aparecen en el mandato del artículo 23 Superior, como lo
es el carácter respetuoso de la solicitud presentada y la obligación de
respuesta por parte de la autoridad. Es por ello que el inciso 2 del artículo
13 del CPACA incluye una presunción legal, según la cual toda actuación que se
realice ante las autoridades se entiende soportada en el ejercicio del derecho
de petición y, por consiguiente, debe ser contestada.
Aun cuando el
artículo 16 del CPACA estipula unos
parámetros materiales mínimos con miras a que la autoridad tenga los elementos
suficientes para brindar la respuesta[92], el hecho de que falte
alguno de ellos no deriva en el rechazo o archivo del requerimiento. Por el
contrario, la obligación de respuesta por parte de la entidad se activa con la
recepción de la solicitud (sin importar que sea verbal o escrita), y ésta tiene
la carga de completar los elementos sustantivos que requiera para poder cumplir
con su deber constitucional, en los términos y plazos en que dispone la ley.
Ello incluye la posibilidad de escribir al peticionario para que complemente la
solicitud, y solamente en el caso de que el interesado no aporte lo necesario
en el mes siguiente a la respuesta dada, la entidad puede archivar el asunto[93].
Por su parte, el
artículo 13 del CPACA contiene un primer acercamiento a las actuaciones que
caben dentro del derecho fundamental, al incluir un catálogo de solicitudes
sobre las pretensiones que podrían constituir el ejercicio del derecho
fundamental, el cual es enunciativo y no restrictivo[94].
Entonces, entre otras actuaciones, la persona podría requerir: “el
reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la
resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir
información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular
consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos.”
Teniendo en
cuenta lo anterior, se realiza a continuación una corta explicación de los
tipos generales de manifestaciones que, en principio, supondrían el ejercicio
del derecho de petición, así como de aquellas expresiones que no se encuentran
amparadas en esta garantía constitucional.
Manifestaciones del derecho de petición
Según
el interés que persigue
Petición
de interés general
Se puede
presentar en diferentes supuestos: cuando se pretende que la autoridad
intervenga en la satisfacción de necesidades de los miembros de la sociedad,
o como forma de participación del ciudadano en la función pública, entre
otros.
Petición
de interés particular
A través de su
uso se persigue el reconocimiento o la garantía de derechos subjetivos.
Según
la pretensión invocada
Solicitud
de información o documentación
Tienen el
objeto de obtener acceso a información o documentos relativos a la acción de
las autoridades correspondientes.
Cumplimiento
de un deber constitucional o legal
Actuación que
impulsa una persona para exigir a la autoridad el cumplimiento de una función
o un deber consignado en las normas que lo rigen, sin necesidad de iniciar un
procedimiento judicial para tal efecto.
Garantía
o reconocimiento de un derecho
El
requerimiento se encamina al reconocimiento de un derecho o a la garantía del
mismo a partir de una acción de la autoridad respectiva.
Consulta
Se formula a
efectos de que la autoridad presente su punto de vista, concepto u opinión
respecto de materias relacionadas con sus atribuciones. La respuesta de este
tipo de petición no supone la configuración de un acto administrativo, toda
vez que lo remitido por la autoridad no es vinculante, ni produce efectos
jurídicos y contra ella no proceden recursos administrativos o acciones ante
la jurisdicción de lo contencioso administrativo[95].
Queja
Comunicación en
la que se manifiesta una inconformidad o descontento en relación con una
conducta o acción de las autoridades en el desarrollo de sus funciones.
Denuncia
Poner en
conocimiento de la autoridad respectiva una conducta, con el fin de que, si
así lo estima y por las vías pertinentes, se adelante la investigación que
corresponda[96].
Reclamo
Es la exigencia
o demanda de una solución ante la prestación indebida de un servicio o falta
de atención de una solicitud.
Recurso
Figura jurídica
a través de la cual se controvierten decisiones de la administración para que
las modifique, aclare o revoque
En cuanto las
expresiones que no necesariamente suponen una obligación de respuesta, y que,
eventualmente, podrían ser rechazadas por la autoridad, se encuentran:
Expresiones que no se consideran derecho de petición
Peticiones o
comentarios irrespetuosos, hostiles u ofensivos
Los términos
respetuosos en que deberán formularse las solicitudes suponen una restricción
al objeto del derecho de petición y al nacimiento de las obligaciones que se
desprenden de su ejercicio. Tal como se adelantó en apartados anteriores,
cuando las personas omitan esta carga, las autoridades se encuentran
habilitadas por la ley para no proceder a su trámite. En todo caso se reitera
que la interpretación que realice la autoridad en estos eventos debe ser
restrictiva de manera que las limitaciones al ejercicio del derecho de
petición sean mínimas[97].
Actuaciones en
el marco de  procesos judiciales o administrativos (disciplinario y fiscal)
Como se anunció
anteriormente, las actuaciones que se realicen como parte de los trámites
judiciales o administrativos no tienen la naturaleza del derecho de petición,
sino que se encuentran cobijados por las normas especiales de procedimiento[98].
Opiniones,
críticas constructivas, felicitaciones o sugerencias
La
manifestación de una idea sobre la gestión realizada por la autoridad o el
servicio que ha estado prestando a la comunidad no se considera como un
ejercicio del derecho de petición, por cuanto no exigen una respuesta.
4.5.6.2.2. En conclusión, en ningún caso
la autoridad concernida podrá rechazar alguna de las manifestaciones que
configuran el ejercicio del derecho de petición. Ni siquiera en el evento de
que no se cumpla con el contenido mínimo dispuesto en el artículo 16 de la Ley
1437 de 2011[99],
ya que la autoridad tiene la carga de requerir al interesado la información,
documentación o trámites necesarios para adoptar una decisión de fondo. Durante
el tiempo en que se corrige o completa la petición, no correrán los plazos que
exige la ley para la contestación.
En todo caso, es
preciso advertir que el examen que sobre estos asuntos realice la autoridad, en
aras de determinar si una manifestación recibida debe ser objeto de respuesta o
no, tiene que hacerse bajo marcos flexibles, aplicando aquello que resulte más
favorable al peticionario.
Agotado este
primer capítulo relativo al derecho de petición, se procede con el desarrollo
sobre las redes sociales en internet y sobre la manera como aquellas han
impactado el manejo de lo público y la garantía del instrumento constitucional
en estudio.
4.6. Las redes
sociales en la Internet, su impacto en el servicio al ciudadano que brindan las
autoridades públicas y la garantía constitucional del derecho de petición a los
ojos de las nuevas TICs.
4.6.1. Redes
sociales en la Internet. Con el avance de la tecnología, la Internet se ha
convertido en el canal más efectivo para la comunicación y la divulgación de información.
En el marco de esa herramienta, las comunidades virtuales en las que diferentes
usuarios con intereses y gustos en común interactúan –las denominadas redes
sociales–, representan un espacio digital que ha promovido la comunicación
inmediata entre distintos actores y el acceso directo a información, casi que
en tiempo real.
De acuerdo con el
Manual de Gestión de la Comunicación en Redes Sociales publicado por el
Gobierno de Colombia, las redes sociales en internet “[f]uncionan como una
plataforma de comunicaciones que permite conectar gente que se conoce o que
desea conocerse, y que les permite centralizar recursos, como fotos y videos,
en un lugar fácil de acceder y administrados por los usuarios mismos.”[100]
Cada una de las redes sociales tiene un objetivo específico, y satisface
diferentes necesidades de comunicación e información en la sociedad. Teniendo
en cuenta que en el presente caso se encuentra involucrada la plataforma
virtual Facebook, se procederá a realizar una corta exposición sobre esta.
4.6.2. Red
social Facebook. Facebook es la red social que “permite a los usuarios
comunicarse, interactuar y compartir contenido como textos, fotos, videos y
enlaces de interés”[101]. De acuerdo con la página
oficial:
“Facebook es
un servicio de redes sociales online, con sede en Menlo Park, California.
Nuestra misión es dar a las personas la capacidad de crear comunidades y hacer
del mundo un lugar más conectado. A través de esta plataforma, los usuarios
pueden consumir contenido en la sección de noticias, chatear con amigos en
Facebook Messenger, crear páginas del perfil personales y de empresa, compartir
fotos y videos, y unirse a grupos.”[102]
En concordancia
con las condiciones del servicio de Facebook[103], cualquier persona natural o
jurídica puede hacer parte de la comunidad, salvo (i) los menores de 13 años,
(ii) quienes hubiesen sido condenados por delitos sexuales o (iii) a los que
les hayan inhabilitado su cuenta de Facebook por incumplimiento de las
condiciones y políticas de la red social. Con miras a promover un ambiente virtual
seguro y transparente, la plataforma solicita a los usuarios que al crear un
perfil utilicen el mismo nombre con el que se identifican en su vida cotidiana,
brindar información precisa, crear una sola cuenta, hacer uso de la
bibliografía para fines personales y no compartir su contraseña con otras
personas, ni transferir el manejo de su cuenta.
Cabe mencionar
igualmente que Facebook ofrece la posibilidad de crear un perfil de usuario o
una página. El primero se encuentra dirigido principalmente a personas
naturales. Al utilizar un perfil se debe realizar una “lista de amigos”
respecto de quienes se admite que tengan acceso a la información que se publica
en la red social. Esta lista va creciendo en la medida en que se acepta la
invitación de otras personas o cuando otros aceptan la invitación que el dueño
del perfil ha remitido. Facebook permite al usuario bloquear o restringir el
acceso a información de las personas que se encuentran, incluso, en la lista de
amigos. La publicidad de la información contenida o compartida a partir de
perfiles dependerá de las configuraciones de privacidad que sean elegidas por
el usuario.
El segundo es el
formato diseñado para el uso de instituciones, organizaciones y empresas, ya
que permite compartir la información de manera pública sin tener que ser
admitido como “amigo”. Entre otras ventajas, se puede destacar que esta
modalidad permite la posibilidad de tener distintos administradores en aras de
garantizar mayor flexibilidad al gestionar contenidos. Facebook brinda una
variedad de opciones sobre el tipo de página que se va a crear, dentro de las
que aparecen las siguientes: lugar o negocio local; empresa, organización o
institución; marca o producto; artista, grupo musical o personaje público;
entretenimiento; causa o comunidad. En cada uno de estos tipos de páginas se
encuentran diferentes categorías. Por ejemplo, para el caso de “empresa,
organización o institución” se puede determinar que se trata de una
“organización gubernamental”.
Dentro de las
interacciones habilitadas en esta red se destacan las publicaciones de los usuarios,
las cuales pueden o no tener un destinatario directo, y respecto de las que otros
usuarios pueden realizar comentarios. Los receptores de tales publicaciones
podrán ser limitados a través de la configuración y herramientas de privacidad
elegidas por cada sujeto[104].
También se encuentran las comunicaciones que se pueden dar entre dos o más
usuarios por medio de la mensajería instantánea o directa que incluye la
plataforma. Para el caso de las páginas de Facebook, es posible establecer como
configuración, que las personas que la siguen no se puedan poner en contacto
con el administrador de forma privada por medio de mensajes[105].
4.6.3. El
uso de redes sociales en internet por parte de las autoridades públicas. El
auge de las redes sociales como medios digitales de interacción ha permeado,
incluso, la actividad del Estado. Uno de los impactos más evidentes es que
tales herramientas han facilitado la comunicación entre la administración y los
administrados, y ha exigido al Estado complementar el ejercicio de sus
funciones con lo digital, participando incluso en las redes sociales.
La inmediatez intrínseca
a los medios electrónicos de comunicación –como las redes sociales– ha
despertado en la sociedad la exigencia de ser informados sobre lo que acontece
con el Estado en el momento justo en que ocurren los hechos, así como la
necesidad de las entidades de proporcionar esa información sin dilaciones. Ello
ha demostrado que las redes suponen una doble direccionalidad en la
comunicación, y permiten la garantía de un diálogo entre el Estado y los
ciudadanos en los medios digitales. De ahí que, con estas herramientas se
genera una mayor participación de los ciudadanos en lo público, quienes tienen
la posibilidad de supervisar a las autoridades.
En todo caso, este
nuevo escenario de interacción supone retos para la administración pública, en
cuanto implica potenciar la capacidad del Estado de oír y de procesar toda la
información a la que tiene acceso por los medios digitales. Ello necesariamente
tiene un impacto en las plantas de personal de las entidades, su organización,
estructura y distribución de funciones entre los empleados, funcionarios o
servidores.
Para lograr que
el Estado se sumerja en el mundo digital, el Gobierno, en cabeza del Ministerio
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, ha liderado diferentes
políticas en materia de TIC, con el propósito de promover y guiar a las
entidades públicas en el tránsito hacia la incorporación de las herramientas
tecnológicas en el cumplimiento de las funciones asignadas a cada una de ellas.
Tal como lo mencionaron el DNP y el Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones en la respuesta otorgada a esta Corporación en el proceso
de la referencia, se destacan como iniciativas en este sentido: (i) la
denominada Fuerza de Tarea Digital, a partir de la cual se busca “articular
a las entidades estatales con los diferentes procesos de comunicación, mediante
las redes sociales, a fin de llegar a los ciudadanos con un lenguaje más
simple, incluyente y que facilite la participación”[106];
y (ii) la llamada Urna de Cristal, en cuyo marco se han creado
manuales de buenas prácticas en el uso de las plataformas sociales y otros
medios públicos, con miras a promover la participación ciudadana y la
transparencia gubernamental.
En relación con
esta última, los diferentes manuales pueden ser consultados en la página web www.gobiernoenredes.gov.co. Tales textos no tienen
carácter normativo ni obligatorio para las entidades, sino que simplemente
recogen buenas prácticas que se pueden asumir en el Estado, en aras de la
transparencia y participación del ciudadano en la toma de las decisiones por
parte de los gobernantes. En otras palabras, se tratan de recomendaciones que
pueden seguir las entidades cuando deciden incorporar el uso de las redes
sociales para apoyar sus labores. Para el tema que ocupa a la Sala, se resalta
el Protocolo de interacción en redes sociales[107],
pues abre la posibilidad a que tales instrumentos sean utilizados para recibir
denuncias y PQR, las cuales deben ser redireccionadas por la autoridad a los
canales de servicio al ciudadano o a los canales de denuncias estatales que
correspondan.
De igual manera,
como ya se anunciaba en la información brindada por el MinTIC (numeral 4.2.2.2
de esta sentencia), Gobierno en redes también ofrece protocolos
específicos sobre el manejo de algunas plataformas sociales, como lo son
Facebook, Instagram y Twitter. Teniendo en cuenta el asunto objeto de decisión en
la presente tutela, solamente se hará mención al documento contentivo de buenas
prácticas para el uso de Facebook.
4.6.4. El
uso de Facebook por parte de autoridades públicas. En el Manual adoptado
por el Gobierno sobre la materia[108],
se señala que “[l]as entidades (…) pueden encontrar en esta red social
una excelente oportunidad para divulgar temas relacionados con su gestión,
interactuar con los ciudadanos y responder sus inquietudes.”[109]
Para ello, expone algunas recomendaciones sobre la forma en que la
autoridad debe utilizar el máximo potencial que ofrece Facebook.
Al respecto, se señala
que a las entidades les corresponde usar una página y no el perfil de usuario,
la cual tiene que estar identificada como “empresa, organización o institución”
y en la categoría de “organización gubernamental”. En relación con el nombre de
la página, se recuerda la necesidad de que permita identificar claramente a la
autoridad de otras entidades.
Con miras a
garantizar la idoneidad de la página creada por la autoridad, Facebook ha creado
un procedimiento de verificación para que los usuarios puedan distinguir
aquellas cuentas que son auténticas respecto de aquellas que no lo son, con el
fin de garantizar la transparencia, confianza y seguridad de que la información
suministrada, esto es, que es fidedigna y que corresponde con la fuente
oficial. Así pues, una vez se ha surtido el proceso de verificación, al lado
del nombre de la página o perfil aparece una insignia azul o gris. La azul es
para identificar personajes públicos, medios de comunicación o marcas, mientras
que la gris se asigna a los negocios u organizaciones.
En la página web
de Gobierno en Redes se encuentra otra guía en la que se brindan algunos
lineamientos para adelantar el proceso de verificación de la página de Facebook[110].
Concretamente, el trámite se puede realizar respecto de aquellas que responden
a la categoría de “Negocio local” o “Compañías y organizaciones”. Es importante
mencionar que el equipo de Urna de Cristal del MinTIC, apoya a las entidades de
gobierno en la solicitud de tales verificaciones.
4.6.5. El
derecho de petición y el deber de atención al público por parte de las
autoridades desde la órbita de las nuevas TICs. Se procederá ahora a explicar
el fundamento constitucional del servicio que presta el Estado a las personas,
así como el peso que tiene la obligación de atención al público por medios
físicos, personales y digitales. A continuación, se examinará si las redes
sociales como plataformas que facilitan la comunicación pueden constituirse en uno
de los medios electrónicos para el ejercicio del derecho de petición. De manera
particular, dadas las circunstancias del asunto subjudice, se analizará
el escenario frente a Facebook.
4.6.5.1. El servicio y la atención al
ciudadano tienen un claro fundamento constitucional en los artículos 2[111],
23[112]
y 74[113]
de la Carta Fundamental, cuando se hace referencia a los fines esenciales del
Estado de servir a la comunidad y de facilitar la participación de todos en las
decisiones que los afectan y, además, cuando se reconocen como derechos
fundamentales la posibilidad de formular peticiones ante las autoridades, y de
obtener respuesta de su parte, aunado al derecho que tienen las personas de
acceder a los documentos públicos. Estos mandatos deben ser cumplidos en virtud
de los principios que guían la función administrativa como lo son la igualdad,
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad[114].
4.6.5.2. En lo que respecta a la
aplicación de las redes sociales como parte de la regulación del derecho
fundamental de petición, no existe una referencia expresa en las normas que
desarrollan tal garantía.
Sin embargo, la
Corte es consciente que las normas no pueden realizar una regulación específica
sobre todos los aspectos que se presentan en la vida en sociedad, y mucho menos
tratándose de aspectos tecnológicos en los que los cambios son constantes. De
hacerlo, el precepto jurídico resultaría inane y posiblemente inoperante hasta
que fuera actualizado por el órgano legislativo. Por ello, las normas pueden
incluir regulaciones generales abiertas que puedan adecuarse a los cambios
sociales y, a partir de la labor de los jueces en cada caso concreto, podrían
dar lugar a nuevos escenarios que antes no habían sido siquiera imaginados por
el legislador, pero que se encuentran en consonancia con la finalidad y con la
apertura textual con que fue creada la norma.
En el caso del
CPACA, se indica que este compendio normativo fue aprobado con la finalidad de
incluir en el procedimiento administrativo los medios electrónicos a efectos de
lograr un mayor acercamiento del ciudadano con el Estado y facilitar los
trámites que el primero debe realizar[115]. Incluso, frente a la posibilidad
de presentar peticiones, las normas del Código se formulan con un lenguaje
abierto que genera la posibilidad para que cualquier medio electrónico que
permita la comunicación sea una vía a través de la cual se puedan elevar solicitudes
que deberán ser tramitadas y resueltas de conformidad con las exigencias
legales. La única limitación a esta posibilidad es, precisamente, que la
entidad tenga habilitado ese canal tecnológico.
Así las cosas, en
concordancia con lo explicado en el numeral 4.4.6.1 de esta providencia en
relación con la idoneidad de un medio electrónico para servir como vía para la
formulación de una petición en ejercicio de esta garantía fundamental, la Sala
advierte que si una entidad del Estado decide utilizar una red social y ésta
admite una comunicación bidireccional, como deber correlativo, le asiste la
obligación de tramitar las solicitudes que por esa vía se formulen, siguiendo
las exigencias legales para tal efecto.
4.6.5.3. Ahora bien, es preciso
destacar que no todos los mensajes que sean recibidos en la plataforma
social son manifestaciones del derecho de petición. Como se advirtió en la
primera parte de las consideraciones generales, los componentes sine qua non
de este derecho implican que la solicitud se realice en términos
respetuosos y la garantía de que deba ser resuelta de fondo, clara, congruente
y en términos por la entidad.
De igual forma,
se anunció que la identificación del peticionario adquiere especial relevancia,
por cuanto es una información necesaria para que la entidad pueda materializar
su deber de contestar la solicitud. Bajo este panorama, es necesario reconocer
que, en tratándose de expresiones del derecho por medios electrónicos, se
presentan mayores retos para determinar de manera suficiente al peticionario.
En tal medida, se deben tener en cuenta las reglas establecidas en la Ley 527
de 1999, en relación con la confiabilidad de los mensajes de datos presentados
por medios electrónicos.
En el caso de las
redes sociales, la identificación puede resultar compleja ante la posibilidad
de que existan cuentas falsas, con nombres que no corresponden muchas veces con
la identidad real de la persona que utiliza la red, o que pueden ser hackeadas[116].
Por ello, y como
regla sobre el particular, se impone que los mensajes de datos que se utilicen para
formular solicitudes respetuosas deberán poder determinar quién es el
solicitante, y que esa persona aprueba el contenido enviado. Sobre esto, el
artículo 7 de la precitada Ley 527 de 1999 establece que la identificación del
sujeto se podrá dar en los casos de los mensajes de datos, siempre que: (i) el
método utilizado “permita identificar al iniciador del mensaje de datos y (…)
que el contenido cuenta con su aprobación;” y (ii) “[q]ue el método sea
tanto confiable como apropiado[,] para el propósito por el cual el
mensaje fue generado o comunicado”[117]. Para ello, este tipo de medios
deben contar con sistemas de protección de la información como la criptografía (posibilidad
de crear un perfil con una contraseña que solo conozca el titular de la cuenta)
o la firma digital, esto es, un tipo de firma electrónica acreditada que ofrece
seguridad sobre la identidad del firmante y la autenticidad de los documentos
en que se utilizan (art. 28, L.527/99).
En este mismo
sentido, se debe poder demostrar que la petición remitida por medios
electrónicos cumple con las características de integridad y confiabilidad (art.
9, L.527/99), lo que significa, que el canal utilizado cuente con condiciones
que permitan realizar un seguimiento al mensaje desde que fue enviado por el
originador hasta que fue recibido por su destinatario, con el fin de establecer
si su contenido resultó o no alterado en algún punto.
En consecuencia,
cuando se ejerza el derecho de petición por medio de una red social y lo que se
solicite sea información pública, la entidad debe contar con el soporte básico
de datos que el propio interesado le suministre para identificar al sujeto
respecto del cual se crea un deber de notificación, como, por ejemplo, su
nombre completo y datos sobre otros medios electrónicos o físicos en los cuales
se le podría brindar una respuesta, ya sea que estos datos consten en el perfil
utilizado como originador del mensaje o que se incluyan en el texto electrónico
que haya sido remitido. Lo anterior, sin perjuicio de la notificación de la
respuesta, la cual podrá hacerse por medio de la plataforma digital a partir de
la cual se inició la comunicación por el usuario, a menos que se haya eliminado
o suspendido la cuenta correspondiente, en cuyo caso no existirá un
incumplimiento de la entidad, sino que, ante la imposibilidad hacer posible la
notificación, se configura una causal de fuerza mayor que, por lo demás, enervaría
el silencio administrativo positivo.
En todo caso, al
tratarse del ejercicio de un derecho fundamental, la entidad debe obrar de
forma flexible y favorable al ciudadano cuando se encuentre en zonas grises
respecto al cumplimiento o no de dichas características mínimas que debe
contener la petición, incluso, de omitirse algún dato en el mensaje que pudiera
servir para identificar a la persona, la entidad deberá proceder a solicitarlo
al interesado[118].
Es preciso anotar
que tales lineamientos no necesariamente son aplicables cuando la información
solicitada corresponde, por ejemplo, a datos sensibles, conforme a la ley de habeas
data[119]. En este escenario,
parecería necesario que la entidad pueda exigir algunos requisitos adicionales
en aras de determinar la autenticidad del solicitante.
4.6.5.4. Es importante tener presente
que cada red social ofrece diferentes servicios para satisfacer de diversas
maneras las necesidades de información y comunicación de la sociedad. Es por
ello que respecto de cada plataforma se debe hacer un análisis con miras a
establecer si un mensaje corresponde o no al ejercicio del derecho fundamental
de petición.
Cabe advertir que
en el caso de que la entidad cree una página, como lo sugieren los protocolos
de Gobierno en Redes, ello podría dar lugar a la interacción con la ciudadanía
de la siguiente manera: (i) respuestas a sus publicaciones, que normalmente se
asemejan a expresiones que no constituyen el ejercicio del derecho de petición
tal como opiniones o sugerencias, cuyo trámite por parte del administrador es
opcional; y (ii) mensajes directos por chat. En cualquiera de los dos
escenarios existe la posibilidad de recibir mensajes de datos que impliquen,
como se ha expuesto, el ejercicio del derecho de petición, más allá de que, en
la primera de ellas la probabilidad de que ocurra es menor. Es importante
mencionar que, de crearse una página, la autoridad tiene la posibilidad de
restringir sus configuraciones para que los usuarios no puedan enviar mensajes
instantáneos por el chat, sin que ello suponga una restricción del derecho
fundamental, ya que existen otros medios para el ejercicio del mismo como se ha
reiterado en varias oportunidades en esta providencia.
En este orden de
ideas, si una entidad pública decide crear una página o perfil de Facebook
deberá determinar si la misma tendrá una finalidad meramente informativa, para
compartir su gestión con la ciudadanía, o si también mantendrá habilitada la
interacción a través de los mensajes directos. En este último escenario, se
deberá tener en cuenta que la administración de la página supondría la
posibilidad de que los usuarios utilicen este medio para ejercer su derecho
fundamental de petición. En otras palabras, si mantiene activa esa opción, la
entidad debe darle trámite a las peticiones que se presenten.
De ahí que, se
encuentra dentro de la esfera de su competencia, determinar cuál es la fórmula
que adopta, teniendo en cuenta su capacidad para brindar atención al usuario
por medios tecnológicos. Ello necesariamente deviene en la obligación de
redireccionar el requerimiento allegado por vía de la red social al área
competente para brindar respuesta. Precisamente, una de las sugerencias que se
realizan en los protocolos de Gobierno en redes, consisten en que la
dependencia encargada de la administración de cuentas o perfiles de la entidad,
una vez recibida una comunicación o mensaje de datos que, por su nominación,
naturaleza y conforme a los criterios de flexibilidad, implique el ejercicio
del derecho de petición, proceda a su envío inmediato a la oficina de atención
al público o a los centros de denuncia correspondientes, para que sean ellos
los que le den trámite a la solicitud y resuelvan lo requerido por el
ciudadano, en los términos consagrados en la ley.
Por su parte,
cabe anotar que en el escenario en que la entidad deshabilite el chat de
mensajería directa de Facebook, quedará abierto el canal para recibir
expresiones de la ciudadanía que normalmente no constituyen el ejercicio del
derecho de petición (opiniones, sugerencias o felicitaciones), cuyo trámite por
el administrador es opcional. En esa medida, de identificarse excepcionalmente
una petición, la entidad deberá prever si en esos casos será respondida por la
misma vía, o redireccionada internamente a los canales de PQR[120].
Teniendo en cuenta el volumen de intercambio que puede generarse, es válido no
dar respuesta por este canal, y los términos para contestar de manera oportuna
empezarán a correr desde que sea recibida por el área encargada de tramitar la
solicitud.
Finalmente, en
relación con el uso de la red social Facebook, cabe mencionar que las entidades
del Estado tienen una carga adicional cuando deciden valerse de esta plataforma,
como lo es surtir el proceso de verificación, por el cual se confirma que la
página o perfil son auténticos y que la información que se publica corresponde
con una fuente oficial. Este es un deber relevante en el marco de los
principios de transparencia y publicidad de la función pública[121].
Sin embargo, el hecho que una entidad no haya cumplido con esta obligación no
puede trasladarse al usuario, siempre que la cuenta de la entidad tenga otro
tipo de elementos que permitan deducir, bajo el principio de la buena fe, que
se está ante una cuenta oficial y manejada por la autoridad.
4.7. Caso
concreto.
4.7.1. Resumen de las circunstancias fácticas. El 6 de junio de 2018, el accionante remitió desde un
perfil identificado como JOAQUI & JOAQUI ABOGADOS ASOCIADOS, un mensaje
directo en el chat de Facebook a una página denominada “Acueducto de Popayán”, requiriendo
copia de algunos documentos relacionados con las obras que realizaba la empresa
de servicios públicos en el sector de loma linda y champagnat en Popayán (copia del acto administrativo que otorga la licencia para
la intervención en el espacio público para las obras que se realizan sobre la
carrera novena, sector loma linda y champagnat y copia del Plan de Manejo de
Tráfico aprobado para la ejecución de la obra y la ocupación del espacio
público). Al final del mensaje se incluyó el nombre completo del peticionario,
con número de cédula e información del lugar de notificación, en el cual el
actor brindó tanto la posibilidad de hacerlo a través de la misma red social,
como en físico o mediante un correo electrónico. Ese mismo día se le contestó
por parte del administrador de la página informando la recepción del mensaje y
advirtiendo que se comunicarían con él. Para el día 28 del mismo mes y año, la
empresa se dirigió al actor pidiéndole que redireccionara su petición a alguno
de los medios dispuestos por la entidad, dado que las “cuentas en redes
sociales no son el medio más pertinente para responder este tipo de
solicitudes.”
Como consecuencia de lo
anterior, a través de la acción de tutela objeto de revisión el señor Joaqui
Tapia invocó la protección de su derecho fundamental de petición y exigió una
respuesta de fondo por parte del Acueducto. En concreto, consideró que dicha
entidad tenía la obligación de proferir una contestación a la solicitud de
información formulada por medio de Facebook, pues: (i) el requerimiento cumplía
con los requisitos exigidos en el artículo 16 del CPACA, y (ii) el medio
utilizado para dirigirse a la entidad es idóneo para tramitar manifestaciones en
desarrollo del citado derecho. En esta medida, la empresa no debía exigirle
redirigir su solicitud a otros canales de atención al público.
En el marco del trámite del
amparo, la Empresa de Acueducto contestó a la demanda y argumentó que en este
caso no se presentó una afectación a la garantía constitucional invocada por el
tutelante. En primer lugar, expresó que la red social Facebook no es un canal
de atención oficial, ya que la cuenta no es administrada por el área de
atención al usuario. De igual forma, señaló que ella no se encuentra verificada
y, por ende, no es oficial. En ese entendido, al solicitar al actor
redireccionar el requerimiento informando sobre los otros medios habilitados
para recibir peticiones, procedió, a su juicio, de forma diligente.
En segundo lugar, argumentó
que los mensajes de datos no pueden ser utilizados para el ejercicio del derecho
de petición, toda vez que ellos no brindan la seguridad suficiente sobre la
identidad de las personas que utilizan las cuentas a través de las cuales se
originan. En este orden de ideas, podría resultar riesgoso entregar información
por estos medios, aun cuando sea pública, como lo es la requerida por el
accionante, pues su manejo debe realizarse de forma responsable al incorporar asuntos
delicados[122].
Por último, alegó que el
mensaje de datos remitido no cumplía con los mínimos exigidos por el artículo
16 de la Ley 1437 de 2011, particularmente en lo relativo a la explicación de
las razones que fundamentan la petición.
Como se expuso en el acápite
de antecedentes, el presente asunto fue conocido en única instancia por el
Juzgado Tercero Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de
Garantías de Popayán, el cual decidió conceder el amparo del derecho de
petición. Puntualmente, ordenó a la empresa accionada dar respuesta de fondo,
clara y congruente con lo solicitado por el actor. Frente al caso concreto, la
autoridad advirtió que en la Ley 1755 de 2015 se encuentra de manera expresa
que los medios electrónicos son canales idóneos para que los ciudadanos activen
el citado derecho ante la administración, por lo que, la autoridad estaba en la
obligación de dar respuesta de fondo al requerimiento.
4.7.2. Estudio de fondo. Una vez agotado el anterior examen, la
Sala de Revisión deberá determinar si la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán
vulneró el derecho fundamental de petición del señor Christian Fernando Joaqui
Tapia, al no darle trámite a la solicitud de documentos e información remitida
a través de mensaje directo en la red social Facebook, y por imponerle la
necesidad de direccionar su petición a los canales dispuestos por la entidad
para atender tales requerimientos, bajo el fundamento que las redes sociales no
son el medio que permita dar respuesta a este tipo de actuaciones, sino
que, su finalidad, es de carácter netamente informativo. Lo anterior, tomando
en consideración que el mensaje remitido se realizó a través de una
comunicación directa en Facebook, desde un perfil denominado JOAQUI &
JOAQUI ABOGADOS ASOCIADOS a una página identificada como Acueducto de Popayán
–Organización gubernamental–, incluyendo, al final del texto el nombre y la
cédula del accionante, así como la información de contacto específica para dar
respuesta.
4.7.2.1. Al respecto, se debe precisar
que el señor Joaqui Tapia, como persona natural, en principio, está facultado
para formular una solicitud ante la empresa de servicios públicos accionada
dada su calidad de entidad de la Rama Ejecutiva, la cual tiene la obligación de
dar respuesta, de acuerdo con las exigencias constitucionales y legales que
existen sobre el particular. En otras palabras, la petición no se realiza en el
ámbito del contrato de servicios públicos, como usuario, suscriptor o potencial
suscriptor, sino como administrado, como ciudadano, en ejercicio de su derecho
de petición ante autoridades públicas, regulado en el CPACA. En este caso, en
la modalidad de acceso a información.
Aclarado lo anterior, no cabe
duda de que el debate en esta oportunidad se presenta en otro escenario, esto
es, en relación con el medio utilizado por el actor para formular el
requerimiento a la administración para acceso a la información, a través de un
mensaje directo en el chat habilitado por la entidad demandada en la red social
Facebook.
4.7.2.2. Tal como fue desarrollado en
el aparte de consideraciones generales de esta providencia, el CPACA de ninguna
manera restringe a ciertas formas o canales el ejercicio del derecho a
presentar peticiones, sino que, por el contrario, utiliza un esquema amplio y abierto
para el efecto, siendo posible formular solicitudes por vía verbal o escrita.
En cuanto a esta última, también se admite la utilización de cualquier tipo de medio
electrónico, siempre que éste permita la comunicación y la entidad lo tenga
habilitado para su uso.
En este orden de ideas, a
diferencia de lo alegado por el accionado, los mensajes de datos regulados en
la Ley 527 de 1999 son herramientas que permiten y facilitan el ejercicio del
derecho de petición, en tanto que tienen igual eficacia jurídica que un
documento consignado en papel. Tal como se explicó en el apartado de
consideraciones generales, ese instrumento de comunicación está dotado de
integridad siempre que su contenido no hubiese sido alterado; característica
que fácilmente puede satisfacerse a partir de los sistemas de protección de la
información como la criptografía y las firmas digitales. De ahí que, las
peticiones elevadas a través de mensajes de datos en los diferentes medios
electrónicos habilitados por una autoridad pública –siempre que permitan la
comunicación–, deberán ser recibidos y tramitados tal como si se tratara de un
medio físico.
En
el caso de las redes sociales, se indicó que algunas de ellas permiten la transferencia
de datos y la comunicación bidireccional, por lo que si una entidad crea su
cuenta, los canales que se habiliten como consecuencia de ello, son vías a
través de las cuales los usuarios pueden eventualmente acudir para ejercer su
derecho fundamental de petición. En todo caso, es preciso destacar que no toda
manifestación que hagan los administrados en los medios digitales deben ser
tratadas como ejercicio de dicha garantía constitucional. Tal como se
anunciaba, al menos en el caso de Facebook cuando se crea una página (como
ocurre en el caso concreto), muchas de las respuestas a las publicaciones que
haga la entidad serán opiniones o sugerencias, cuyo trámite por el
administrador es opcional. En esa medida, ante el volumen de intercambio que
puede generarse, podría ser válido que la entidad disponga los medios para
racionalizar la atención de las solicitudes, y deshabilite la posibilidad de
recibir mensajes directos de los ciudadanos, de manera que su cuenta no sea, en
principio, un medio para tramitar derechos de petición.
En consecuencia, de
habilitarse en una red social como Facebook la posibilidad de recibir mensajes
directos, la institución debe prever las modificaciones internas de
distribución de trabajo que corresponden, a efectos de responder efectivamente
a la demanda de atención al público que se suscita con la creación de una
cuenta en alguna red social. Esto necesariamente implica la obligación de direccionar
internamente la petición recibida por el chat hacia el área competente para dar
respuesta.
De ahí que, alejado
de lo mencionado por la entidad accionada, no cabe duda de que las redes
sociales pueden ser medios idóneos para la presentación de solicitudes, y que carece
de trascendencia alguna la circunstancia de que su administración no se
encuentre en cabeza del área de servicio al ciudadano o atención al usuario.
Los trámites internos para responder a la nueva demanda de PQR que se suscita con
la utilización de redes sociales, dependerá directamente de la entidad, sin que
dicha carga se pueda transferir al ciudadano[123].
De lo expuesto hasta el
momento, la Sala entiende que el mensaje remitido por el accionante a través de
mensaje directo a la página de Facebook denominada “Acueducto de Popayán”, en
principio, debe ser entendido como parte del ejercicio del derecho de petición,
toda vez que fue formulado a través de un medio idóneo. En particular, dado que
la plataforma utilizada para enviar la petición fue la página de Facebook de la
entidad demandada, la cual tenía habilitada la opción de recibir mensajes
directos por parte de la ciudadanía. En esa medida, el Acueducto debió proceder
a remitir internamente la solicitud al área correspondiente para que se
brindara respuesta.
No obstante, aún se presentan
algunos asuntos que requieren de mayor precisión a efectos de establecer si se generó
o no una afectación de la garantía constitucional en estudio, a saber: (i) si
el contenido del mensaje responde a los estándares establecidos por la ley y la
jurisprudencia para el ejercicio del derecho de petición y, específicamente, si
es posible una identificación suficiente del solicitante; y (ii) si se exime a
la empresa de dar respuesta por el hecho de que la página de Facebook a la cual
se remitió el mensaje no hubiera surtido hasta ese momento el proceso de
verificación.
4.7.2.3. En relación con el primero de
estos interrogantes, como se anunciaba previamente, el artículo 16 del CPACA contiene
los parámetros mínimos que deben tener los derechos de petición para que puedan
ser respondidos por la entidad, y el hecho que la solicitud no contenga alguno
de ellos, no constituye una barrera para el ejercicio del derecho. Por
el contrario, de estimarse necesario complementar la información dada por el
solicitante, la entidad deberá buscar directamente los elementos faltantes de
contar con la información, o solicitarle al peticionario que los remita. En
cuanto al requisito relativo a las “razones en las que se fundamenta la
petición”, es preciso anotar que, en muchos casos, la sola lectura de la solicitud
permite inferir la justificación de la misma. Por lo demás, no resultaría
razonable descartar la petición de plano por esa sola circunstancia, pues, como
se ha dicho, el deber de la entidad es requerir entonces la explicación de la
justificación, y no ampararse en su supuesta omisión, para no cumplir sus
obligaciones como entidad de la Administración Pública.
Bajo este entendido, se
desvirtúa uno de los argumentos presentados en la contestación de la demanda
por la empresa accionada, según la cual se anunciaba que no había transgresión del
derecho constitucional por cuanto en el mensaje de datos no se exponían las
razones que fundamentaban la petición. Lo anterior, por cuanto de la lectura de
la misma era posible determinar su justificación, esto es, conocer los
supuestos de una actuación reglada (acceso a la información pública), y tener
los soportes necesarios que permitiesen, dado el caso, ejercer un control
ciudadano por vía administrativa o judicial (derecho de control al ejercicio
del poder público).
Ahora bien, la cuestión que
resulta indispensable abordar, más allá de lo explicado, tiene que ver con la importancia
de la identificación del originador del mensaje de datos en las redes sociales,
sobre todo al tener en cuenta que el perfil desde el que se envió se identifica
como “JOAQUI & JOAQUI ABOGADOS ASOCIADOS”.
En las consideraciones
generales se indicó que, en tratándose de manifestaciones realizadas por
mensajes de datos en redes sociales, la identificación del solicitante cobra
especial trascendencia, por cuanto tal información tiene un vínculo directo con
la posibilidad de que la entidad cumpla con su obligación de respuesta, e
incluso, para poder completar la solicitud de ser necesario. Teniendo en cuenta
que en el marco del uso de las redes sociales se presentan algunos riesgos que
podrían poner en entredicho la confiabilidad de un mensaje por la imposibilidad
de determinar quién es el solicitante y si esa persona aprueba el contenido
enviado, se debe examinar en el caso concreto si se cumplen con los parámetros
que sobre este asunto se consagran en la Ley 527 de 1999.
Específicamente, el artículo
7 de dicha ley establece que la identificación del sujeto se podrá siempre que:
(i) el método utilizado “permita [determinar] al iniciador del
mensaje de datos y (…) [presumir] el contenido cuenta con su aprobación;”
y (ii) “[q]ue el método sea tanto confiable como apropiado para el propósito
por el cual el mensaje fue generado o comunicado”[124].
Para ello, este tipo de medios deben contar con sistemas de protección de la
información como la criptografía o la firma digital, al tiempo que deben
cumplir con las características de integridad y confiabilidad (art. 9,
L.527/99), esto es, que el canal utilizado cuenta con condiciones que permitan
realizar un seguimiento al mensaje de datos desde que fue enviado por el
originador hasta que fue recibido por su destinatario, con miras a establecer
si su contenido resultó o no alterado en algún punto.
En cuanto al caso de la
referencia, se tiene que la solicitud de información pública fue remitida por
el chat directo de Facebook desde un perfil denominado “JOAQUI & JOAQUI
ABOGADOS ASOCIADOS” a una página identificada como “Acueducto de Popayán”. Al
respecto, se debe tener presente que los perfiles creados en dicha red social
cuentan con sistemas de protección de la información, pues exigen un usuario y
contraseña para ingresar a la cuenta. De igual forma, cumplen con
características de integridad y confiabilidad, en la medida en que los mensajes
remitidos por el chat son identificados con fecha y hora de remisión, incluso,
fecha y hora de lectura del mensaje por parte de su receptor. Si es un mensaje
enviado a diferentes perfiles o páginas, es posible determinar quién lo ha
leído y quién no. De manera adicional, es preciso advertir que el medio
utilizado para remitir la solicitud de información fue el chat de Facebook, que
supone la comunicación directa entre el interesado y el administrador de la
página, por lo que se estima que, sin duda, es un canal adecuado para dirigir
este tipo de peticiones, en concordancia con lo que ya ha sido explicado en
esta providencia sobre este particular.
En cuanto a la posibilidad de
identificar al iniciador del mensaje, se observa que la cuenta utilizada se
invoca como de titularidad una persona jurídica dedicada al ejercicio del
derecho (y que lleva el apellido del accionante). Con esa sola característica
no sería posible, en principio, determinar si el señor Christian Fernando
Joaqui Tapia fue el originador del mensaje de datos y que efectivamente aprueba
su contenido, en tanto que este tipo de cuentas institucionales pueden tener
diferentes administradores.
Sin embargo, aparecen otras
circunstancias relevantes que deben ser tenidas en cuenta por la Sala para
considerar sí existe o no claridad sobre el originador. Así pues, por un lado
se tiene que el objeto de la solicitud del accionante era de carácter público y
no estaba sujeto a reserva alguna, razón por la cual, el estándar exigible
frente a la identificación del peticionario puede ser menor. Por otra parte y
en concordancia con lo anterior, se advierte que al final del mensaje se
encuentra el nombre completo del tutelante, junto con su número de cédula (el
cual coincide con el que aparece en el expediente de tutela), y que, además, se
incluye otra información como lo es la relativa al lugar de notificación esperada
de la respuesta de la entidad demandada, a saber: el correo electrónico (chris@joaquiabogados.co) y una dirección física en Popayán. Para
la Corte, la flexibilidad que identifica la valoración jurídica del ejercicio
de los derechos de petición, como ha explicado, permiten inferir que las
circunstancias descritas son suficientes para concluir que el requerimiento
remitido por Facebook fue enviado efectivamente por el señor Christian Fernando
Joaqui Tapia.
En consecuencia, se observa
que en el escenario descrito era posible identificar de manera suficiente al
iniciador del mensaje, razón por la cual, la empresa de servicios públicos
accionada debería haber cumplido a cabalidad con su deber de respuesta y
notificación derivado del ejercicio del derecho de petición.
4.7.2.4. En cuanto al segundo
escenario presentado, la Corte colige que el hecho de que la página de Facebook
denominada “Acueducto de Popayán” no contara con la insignia que acreditaba la
autenticidad de la cuenta, no exime a la entidad demandada de dar respuesta a
la solicitud formulada por dicho medio idóneo[125].
Lo anterior,
atendiendo a que el proceso de verificación es un trámite voluntario que
realizan los usuarios de la red social, con el fin de generar confianza y
seguridad de que la información suministrada corresponde con la fuente oficial.
Entonces, no por el hecho de que se omita realizar tal procedimiento, se puede
inferir que la cuenta no corresponde con el nombre de usuario utilizado o que
la información suministrada no sea fidedigna. Mucho menos, cuando se presentan
otros elementos de juicio que permiten inferir razonablemente que se trata de
una página oficial, tal como sucede en el sub judice.
Para el caso que
ocupa a este Tribunal, no cabe duda de que la página a la cual se remitió el
mensaje efectivamente corresponde con la de la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Popayán (que fue demandada en esta oportunidad), toda vez
que: (i) el nombre utilizado era “Acueducto de Popayán”; (ii) en la foto de
identificación de la página aparece el logo oficial de la entidad; (iii) la
información que se encuentra publicada corresponde con la incluida en la web
oficial y (iv) en la descripción aparece que es una organización gubernamental,
de servicios públicos, que presta el servicio de acueducto y alcantarillado. A
ello debe sumársele el hecho de que en el proceso de amparo, la entidad
accionada nunca negó ser titular de la cuenta y haber tenido conocimiento sobre
mensaje objeto de discusión.
Respecto a este
asunto, solo resta reiterar que las entidades del Estado al incorporarse al
mundo de las redes sociales y utilizar estas herramientas en el cumplimiento de
sus funciones, deben actuar de conformidad con los principios de la función
pública. Así las cosas, en virtud de los principios de transparencia y
publicidad, las autoridades tienen la carga de surtir los procesos de
verificación que permiten contribuir con la confianza y seguridad de la
información suministrada como fuente oficial en el marco de la plataforma. Para
realizar este trámite pueden solicitar el apoyo del equipo de Gobierno en Redes,
tal y como el MinTIC le informó a este Tribunal.
4.7.2.5. En suma, de conformidad con
lo expuesto, la Sala concluye que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Popayán vulneró el derecho de petición del señor Christian Fernando Joaqui
Tapia, pues tenía la obligación de brindarle una respuesta de fondo de
conformidad con los estándares legales y jurisprudenciales para el efecto. En
esa medida, al habérsele solicitado al actor redireccionar el requerimiento
informando sobre los otros medios habilitados para recibir solicitudes, se le
trasladó una carga que corresponde a la entidad, relativa a la tramitación
interna de las peticiones que deben resolver.
4.7.2.6. En conclusión, por las
razones aquí expuestas, la Corte procederá a confirmar la sentencia del 23 de
julio de 2018 proferida por el Juzgado Tercero Penal Municipal para
Adolescentes con Función de Control de Garantías de Popayán, en la cual se
decidió amparar el derecho fundamental de petición del actor y se ordenó a la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán responder a la solicitud
dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo.
4.7.3. Levantamiento de los términos
judiciales
En virtud de la emergencia generada por la
pandemia del COVID-19, el Consejo Superior de la Judicatura suspendió los
términos judiciales desde el 16 de marzo hasta el 30 de junio de 2020[126],
por lo que, para poder proceder al trámite anterior, es necesario realizar el
levantamiento de los términos.
Para tal efecto, cabe mencionar que en el
Auto 121 de 2020, la Sala Plena de esta Corporación autorizó a las Salas de
Revisión a realizar el levantamiento de la suspensión de términos en casos
concretos, mediante una decisión motivada, de conformidad con el estudio de los
siguientes supuestos: “(i) la urgencia en adoptar una decisión de fondo o
una medida provisional dirigida a la protección de los derechos fundamentales;
(ii) la importancia nacional que revista el caso; y (iii) la posibilidad
material de que el asunto pueda ser tramitado y decidido de forma compatible
con las condiciones actuales de aislamiento preventivo obligatorio, sin que
ello implique la imposición de cargas desproporcionadas a las partes o a las
autoridades concernidas.”
Esta Sala de Revisión considera necesario
realizar el levantamiento de la suspensión de términos en el asunto de la
referencia, pues se cumplen con los criterios indicados teniendo en cuenta que
existe una posibilidad material de tramitar el presente asunto, así como de
adoptar una decisión en concordancia con las medidas relacionadas con el aislamiento
preventivo obligatorio. Lo anterior, en tanto que se cuenta con direcciones
electrónicas para realizar las notificaciones correspondientes. Así las cosas,
se estima que el referido trámite no impone una carga desproporcionada a la
autoridad competente para su cumplimiento en los términos del artículo 14 del
Acuerdo PCSJA20-11567 del 5 de junio de 2020[127], pues, como se advirtió, de manera
general, se puede materializar mediante el uso de tecnologías de la información
y las comunicaciones.
4.7.4. Resumen y razón de la
decisión
En
esta sentencia la Sala analiza el caso de un derecho de petición presentado por
mensaje directo dirigido al perfil de Facebook del Acueducto de Popayán, requiriendo
copia de algunos documentos relativos a las obras que realizaba la empresa en
un sector del municipio. La respuesta de la entidad fue solicitar al tutelante
redirigir su requerimiento a los canales autorizados, toda vez que las redes
sociales no tenían ese propósito.
Al
respecto, se considera que, si bien es constitucional y legalmente admisible
que las entidades definan los canales autorizados para el trámite de
solicitudes ciudadanas, lo cierto es que, en concordancia con la regulación
amplia contenida en el CPACA sobre el derecho de petición, cuando una entidad
hace uso de redes sociales, como Facebook, debe tener presente que ellas
también constituyen un medio idóneo para el ejercicio del citado derecho, de
carácter electrónico, dado que permiten una comunicación bidireccional con los
usuarios. Lo anterior, siempre que la solicitud se realice en términos
respetuosos, se trate de una de las expresiones que suponen el ejercicio de tal
derecho, y se pueda identificar al originador del mensaje, así como determinar
que este aprueba su contenido.
En
este sentido, si la red social permite una comunicación con doble
direccionalidad, los mensajes que cumplan con las características propias del
derecho de petición tendrán que ser resueltas por la entidad, de acuerdo con
los estándares constitucionales y legales correspondientes, a menos que ella
elimine dicha opción y tan solo deje habilitado un canal oficial. En efecto, a
pesar de que un organismo señale una dependencia como la habilitada para el
trámite de peticiones, si ella utiliza redes sociales bidireccionales asume la
posibilidad de que algún ciudadano formule por esa vía una solicitud que reúna
los requisitos de una petición, la cual debe ser tramitada, como lo dispone el
CPACA, en desarrollo del artículo 23 de la Constitución[128].
Para tal efecto, la entidad podrá determinar si redirecciona directamente tales
solicitudes al área encargada de atención al usuario, o habilita su trámite por
la Dependencia que recibió la comunicación, o asume cualquier otra medida que
estime pertinente, sin que la carga de redirigir la solicitud pueda ser
trasladada al peticionario.
Sobre
este punto, cabe anotar que, al menos en lo que concierne a Facebook, los
perfiles de las entidades permiten deshabilitar la recepción de mensajes
directos por los ciudadanos, de manera que la cuenta no sea, en principio, un
medio para tramitar PQR. Pero, de no eliminar esa posibilidad, y de permitir que,
por ejemplo, por el “muro” se reciba un mensaje de datos que suponga la
obligación constitucional de respuesta, se deberá dar trámite en los términos
en que fue descrito en este fallo (numeral 4.6.5.4), lo que no se ve afectado
por la falta de agotamiento del proceso de verificación de una cuenta, siempre
que se logre probar que efectivamente fue creado por la entidad y esta utiliza
para, entre otros fines, informar a la ciudadanía.
Frente
al caso concreto, se estimó que, si bien el Acueducto tenía asignada una
dependencia para tramitar los PQR que eran presentados por los canales
dispuestos para tal efecto, al crear el perfil de Facebook mantuvo habilitada
la comunicación bidireccional, por lo que tenía la carga de redireccionar
internamente la petición para dar el trámite correspondiente a efectos de
responder la solicitud de fondo, de manera oportuna, clara, precisa, congruente
y consecuente. Lo anterior, sumando al hecho que se verificó que el
requerimiento del accionante se había realizado en términos respetuosos, cumplía
con las exigencias legales y constitucionales, y era posible identificar al
originador del mensaje y que este aprobaba su contenido.
V. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera
de Revisión, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución Política,
RESUELVE
PRIMERO. LEVANTAR la suspensión de términos
del expediente T-7.040.215, de conformidad con la parte considerativa de esta
providencia.
SEGUNDO. Por las razones presentadas
en este fallo, CONFIRMAR la sentencia del 23 de julio de 2018 proferida
por el Juzgado Tercero Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control
de Garantías de Popayán.
TERCERO.  Por Secretaría General, LÍBRESE
la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese,
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
Aclaración de voto
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Folios 10 a 11 del cuaderno 2. Se elimina la información de
notificación dada por el actor con el fin de proteger sus datos personales.
[2] Folios 10 a 11 del cuaderno 2.
[3] Folios 10 a 11 del cuaderno 2.
[4] “ARTÍCULO 16. CONTENIDO DE LAS PETICIONES. <Artículo
modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. El nuevo texto es el
siguiente:> Toda petición deberá contener, por lo menos: // 1. La
designación de la autoridad a la que se dirige. // 2. Los nombres y apellidos
completos del solicitante y de su representante y o apoderado, si es el caso,
con indicación de su documento de identidad y de la dirección donde recibirá
correspondencia. El peticionario podrá agregar el número de fax o la dirección
electrónica. Si el peticionario es una persona privada que deba estar inscrita
en el registro mercantil, estará obligada a indicar su dirección electrónica.
// 3. El objeto de la petición. // 4. Las razones en las que fundamenta su
petición. // 5. La relación de los documentos que desee presentar para iniciar
el trámite. // 6. La firma del peticionario cuando fuere el caso. // PARÁGRAFO
1o. La autoridad tiene la obligación de examinar integralmente la petición, y
en ningún caso la estimará incompleta por falta de requisitos o documentos que
no se encuentren dentro del marco jurídico vigente, que no sean necesarios para
resolverla o que se encuentren dentro de sus archivos. // PARÁGRAFO 2o. En
ningún caso podrá ser rechazada la petición por motivos de fundamentación
inadecuada o incompleta.”
[5] Para argumentar que se trataba de una cuenta oficial, el accionante
anunció: “Desde cualquier computador o teléfono inteligente con conexión a
internet se puede acceder a la url http://www.facebook.com/acueducto.popayan/ y
conocer información oficial de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Popayán. En ese perfil se publican campañas institucionales sobre el cuidado de
las redes de acueducto, información sobre cierres viales, horarios de atención
al público, etc.
[6] Los artículos en los que se fundamenta el argumento del
actor se transcriben a continuación: Ley 1437 de 2011, “Artículo 15.
Presentación y radicación de peticiones. Las peticiones podrán presentarse
verbalmente y deberá quedar constancia de la misma, o por escrito, y a través
de cualquier medio idóneo para la comunicación o transferencia de datos. Los
recursos se presentarán conforme a las normas especiales de este código. (…)”.
Ley 527 de 1999, “Artículo 2. DEFINICIONES. Para los efectos de la presente
ley se entenderá por: a) Mensaje de datos. La información generada, enviada,
recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares,
como pudieran ser, entre otros, el Intercambio Electrónico de Datos (EDI),
Internet, el correo electrónico, el telegrama, el télex o el telefax; (…)”;
“Artículo 6. ESCRITO. Cuando cualquier norma requiera que la información conste
por escrito, ese requisito quedará satisfecho con un mensaje de datos, si la
información que éste contiene es accesible para su posterior consulta. // Lo
dispuesto en este artículo se aplicará tanto si el requisito establecido en
cualquier norma constituye una obligación, como si las normas prevén
consecuencias en el caso de que la información no conste por escrito.”
[7] Folio 6 del cuaderno 2.
[8] Folios 19 a 33 del cuaderno 2.
[9] Folios 23 a 25 del cuaderno 2.
[10] “ARTÍCULO 16. CONTENIDO DE LAS PETICIONES. <Artículo
modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. El nuevo texto es el
siguiente:> Toda petición deberá contener, por lo menos: // 1. La
designación de la autoridad a la que se dirige. // 2. Los nombres y apellidos
completos del solicitante y de su representante y o apoderado, si es el caso,
con indicación de su documento de identidad y de la dirección donde recibirá
correspondencia. El peticionario podrá agregar el número de fax o la dirección
electrónica. Si el peticionario es una persona privada que deba estar inscrita
en el registro mercantil, estará obligada a indicar su dirección electrónica.
// 3. El objeto de la petición. // 4. Las razones en las que fundamenta su
petición. // 5. La relación de los documentos que desee presentar para iniciar
el trámite. // 6. La firma del peticionario cuando fuere el caso. // PARÁGRAFO
1o. La autoridad tiene la obligación de examinar integralmente la petición, y
en ningún caso la estimará incompleta por falta de requisitos o documentos que
no se encuentren dentro del marco jurídico vigente, que no sean necesarios para
resolverla o que se encuentren dentro de sus archivos. // PARÁGRAFO 2o. En ningún
caso podrá ser rechazada la petición por motivos de fundamentación inadecuada o
incompleta.”
[11] Folios 10 y 11 del cuaderno 2.
[12] Folios 22 y 23 del cuaderno 2.
[13] Folios 24 a 25 del cuaderno 2. Información corroborada para el 18
de marzo de 2019.
[14] Folio 24 del cuaderno 2. También puede observarse en el siguiente
link: http://www.acueductopopayan.com.co/servicio-al-cliente/
(última consulta el 18 de marzo de 2019).
[15] Véase constancia enviada por Secretaría General de la Corte
Constitucional en oficio del 5 de febrero de 2019 (folio 82 del cuaderno
principal).
[16] Comisión establecida a partir del Decreto 2623 de 2009 “Por el
cual se crea el Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano.”, la cual está
conformada por el MinTIC, DNP, Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE), Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) y
la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) o su delegado (art. 9).
Tiene como función principal coordinar el Sistema Nacional de Servicio al
Ciudadano que es desarrollado en el precitado acto administrativo (art. 8).
[17] Folio 26 del cuaderno principal.
[18] Folio 26 del cuaderno principal.
[19] Folio 27 del cuaderno principal.
[20] Ley 1437 de 2011: “ARTÍCULO 7o. DEBERES DE LAS AUTORIDADES EN LA
ATENCIÓN AL PÚBLICO. Las autoridades tendrán, frente a las personas que ante
ellas acudan y en relación con los asuntos que tramiten, los siguientes
deberes: (…) // 8. Adoptar medios tecnológicos para el trámite y resolución de
peticiones, y permitir el uso de medios alternativos para quienes no dispongan
de aquellos.”
[21] Folio 27 del cuaderno principal.
[22] Se presenta como ejemplo la Ley 1712 de 2014 “por medio
de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la
Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”, en la que se
consagra que la información pública debe ponerse a disposición de los
interesados a través de diferentes canales, como lo son los de comunicación
electrónica. Folio 29 del cuaderno principal.
[23] Folio 29 del cuaderno principal. Los preceptos normativos
citados en el oficio de MinTIC fueron: (i) Artículo 15 de la Ley 1437 de 2011:
“ARTÍCULO 15. PRESENTACIÓN Y RADICACIÓN DE PETICIONES. <Artículo
CONDICIONALMENTE exequible> <Artículo modificado por el artículo 1 de la
Ley 1755 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> Las peticiones
podrán presentarse verbalmente y deberá quedar constancia de la misma, o por
escrito, y a través de cualquier medio idóneo para la comunicación o
transferencia de datos. Los recursos se presentarán conforme a las
normas especiales de este código. // Cuando una petición no se acompañe de los
documentos e informaciones requeridos por la ley, en el acto de recibo la
autoridad deberá indicar al peticionario los que falten. // Si este insiste en
que se radique, así se hará dejando constancia de los requisitos o documentos
faltantes. Si quien presenta una petición verbal pide constancia de haberla
presentado, el funcionario la expedirá en forma sucinta. // Las autoridades
podrán exigir que ciertas peticiones se presenten por escrito, y pondrán a
disposición de los interesados, sin costo, a menos que una ley expresamente
señale lo contrario, formularios y otros instrumentos estandarizados para
facilitar su diligenciamiento. En todo caso, los peticionarios no quedarán
impedidos para aportar o formular con su petición argumentos, pruebas o
documentos adicionales que los formularios no contemplen, sin que por su
utilización las autoridades queden relevadas del deber de resolver sobre todos
los aspectos y pruebas que les sean planteados o presentados más allá del
contenido de dichos formularios. // A la petición escrita se podrá acompañar
una copia que, recibida por el funcionario respectivo con anotación de la fecha
y hora de su presentación, y del número y clase de los documentos anexos,
tendrá el mismo valor legal del original y se devolverá al interesado a través
de cualquier medio idóneo para la comunicación o transferencia de datos. Esta
autenticación no causará costo alguno al peticionario. // PARÁGRAFO 1o.
En caso de que la petición sea enviada a través de cualquier medio idóneo para
la comunicación o transferencia de datos, esta tendrá como datos de fecha y
hora de radicación, así como el número y clase de documentos recibidos, los
registrados en el medio por el cual se han recibido los documentos. // PARÁGRAFO
2o. Ninguna autoridad podrá negarse a la recepción y radicación de solicitudes
y peticiones respetuosas. // PARÁGRAFO 3o. Cuando la petición se
presente verbalmente ella deberá efectuarse en la oficina o dependencia que
cada entidad defina para ese efecto. El Gobierno Nacional reglamentará la
materia en un plazo no mayor a noventa (90) días, a partir de la promulgación
de la presente ley.”; y (ii) Artículo 6 de Ley 962 de 2005: “ARTÍCULO
6o. MEDIOS TECNOLÓGICOS. Para atender los trámites y procedimientos de su
competencia, los organismos y entidades de la Administración Pública deberán
ponerlos en conocimiento de los ciudadanos en la forma prevista en las
disposiciones vigentes, o emplear, adicionalmente, cualquier medio tecnológico
o documento electrónico de que dispongan, a fin de hacer efectivos los
principios de igualdad, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad,
moralidad y eficacia en la función administrativa. Para el efecto, podrán
implementar las condiciones y requisitos de seguridad que para cada caso sean
procedentes, sin perjuicio de las competencias que en esta materia tengan
algunas entidades especializadas. // La sustanciación de las actuaciones así
como la expedición de los actos administrativos, tendrán lugar en la forma
prevista en las disposiciones vigentes. Para el trámite, notificación y
publicación de tales actuaciones y actos, podrán adicionalmente utilizarse soportes,
medios y aplicaciones electrónicas. // Toda persona podrá presentar
peticiones, quejas, reclamaciones o recursos, mediante cualquier medio
tecnológico o electrónico del cual dispongan las entidades y organismos de la
Administración Pública. // En los casos de peticiones relacionadas con
el reconocimiento de una prestación económica en todo caso deben allegarse los
documentos físicos que soporten el derecho que se reclama. // La
utilización de medios electrónicos se regirá por lo dispuesto en la Ley 527 de
1999 y en las normas que la complementen, adicionen o modifiquen, en
concordancia con las disposiciones del Capítulo 8 del Título XIII, Sección
Tercera, Libro Segundo, artículos 251 a 293, del Código de Procedimiento Civil,
y demás normas aplicables, siempre que sea posible verificar la identidad del
remitente, así como la fecha de recibo del documento. // PARÁGRAFO 1o.
Las entidades y organismos de la Administración Pública deberán hacer públicos
los medios tecnológicos o electrónicos de que dispongan, para permitir su
utilización. // PARÁGRAFO 2o. En todo caso, el uso de los medios
tecnológicos y electrónicos para adelantar trámites y competencias de la
Administración Pública deberá garantizar los principios de autenticidad,
disponibilidad e integridad. // PARÁGRAFO 3o. Cuando la sustanciación
de las actuaciones y actos administrativos se realice por medios electrónicos,
las firmas autógrafas que los mismos requieran, podrán ser sustituidas por un
certificado digital que asegure la identidad del suscriptor, de conformidad con
lo que para el efecto establezca el Gobierno Nacional.” (Énfasis fuera del
original)
[24] “Por el cual se reglamenta el trámite de las peticiones,
consultas, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias presentadas ante el
Ministerio/FondoTIC”
[25] Folio 29 del cuaderno principal.
[26] El MinTIC explica: “En lo que hace al uso de redes
sociales por parte del entidades del [E]stado, hoy no existe una normatividad
que lo regule, siempre que el mismo concepto de redes se encuentra alejado de las
exigencias establecidas en la Ley 1437 de 2011 para la habilitación de canales
electrónicos para adelantar procedimientos administrativos. // Lo anterior
siempre que las redes sociales son de propiedad de terceros y por cuanto con
las mismas no se garantiza la correcta y adecuada gestión documental, ya que no
es posible almacenar las intervenciones realizadas en una red social para su
reproducción, consulta y/o utilización a futuro, y toda vez que no permite
garantizar la autenticidad, integridad y disponibilidad tanto de las peticiones
recibidas, como de los ciudadanos que las formulan.” Folio 29 del cuaderno
principal.
[27] Folio 41 del cuaderno principal.
[28] Folio 43 del cuaderno principal y en el siguiente link
correspondiente al portal Gobierno en Redes: http://www.gobiernoenredes.gov.co/protocolo-interaccion-redes-sociales/
[29] Folio 62 del cuaderno principal y en el siguiente enlace: http://www.gobiernoenredes.gov.co/protocolo-transicion-cuentas-gobierno-redes-sociales/
[30] Folios 51 a 57 del cuaderno principal y en los siguientes dos
enlaces: http://www.gobiernoenredes.gov.co/manual-de-instagram-para-entidades-de-gobierno/
y http://www.gobiernoenredes.gov.co/manual-twitter-entidades-gobierno/
[31] Folio 58 del cuaderno principal y en el siguiente enlace: http://www.gobiernoenredes.gov.co/protocolo-de-crisis-redes/
[32] “Por la cual se reglamenta el trámite de las peticiones,
consultas, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias presentadas ante el
Ministerio/Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”
[33] Resolución 3333 de 2015: “Artículo 5. Canales oficiales de
registro de las PQRSD. Los canales oficiales de ingreso para las PQRSD, son los
que se relacionan a continuación: // 1. Presencial: Punto de Atención al
Público en las instalaciones del Ministerio/Fondo de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, ubicado en la carrera 8 entre calles 12 y 13
de Bogotá en los puntos presenciales de atención en actividades donde participe
la Entidad. // 2. Buzón de sugerencias: Urna ubicada en el primer piso del
Punto Atención Presencial del Ministerio/Fondo de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones, en donde el interesado puede depositar su PQRSD. // 3.
Virtual: Cuenta Facebook: Ministerio TIC Colombia // Cuenta Twitter:
@mintic_responde // Página Web: www.mintic.gov.co
en el link Atención al Público – Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y
denuncias (PQRSD) // Correo institucional: minticresponde@mintic.gov.co
// 4. Telefónico: Centro Nacional de Contacto o Call Center Línea Gratuita:
01-800-0914014, en Bogotá 57(1) 3443460 o al fax 57(1) 3442293 y la línea
anticorrupción 01-800-0912667. // 5. Servicio Postal: Remisión de PQRSD a
través de empresas de servicios postales a la carrera 8 entre calles 12 y 13 de
la ciudad de Bogotá.”
[34] El artículo 86 de la Constitución Política dispone que: “Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí
misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus
derechos constitucionales fundamentales (…)” Igualmente, en el Decreto 2591
de 1991, se contempla que: “Artículo 10. Legitimidad e interés. La
acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien
actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán
auténticos. (…)”. Énfasis por fuera del texto original.
[35] Respecto de la legitimación por pasiva, el artículo 86 del Texto
Superior establece que la tutela tiene por objeto la protección efectiva e
inmediata de los derechos fundamentales, cuando quiera que estos resulten
vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o
por el actuar de los particulares, en los casos previstos en la Constitución y
en la ley. En este contexto, según lo señalado de manera reiterada por la
Corte, en lo que respecta a esta modalidad de legitimación, es necesario acreditar
dos requisitos, por una parte, que se trate de uno de los sujetos respecto de
los cuales procede el amparo; y por la otra, que la conducta que genera la
vulneración o amenaza del derecho se pueda vincular, directa o indirectamente,
con su acción u omisión. Sobre el particular, en la Sentencia T-1001 de 2006,
M.P. Jaime Araujo Rentería, se expuso que: “la legitimación en la causa como
requisito de procedibilidad exige la presencia de un nexo de causalidad entre
la vulneración de los derechos del demandante y la acción u omisión de la
autoridad o el particular demandado, vínculo sin el cual la tutela se torna
improcedente (…)”.
[36] Ley 489 de 1998: “ARTICULO
38. INTEGRACION DE LA RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO EN EL ORDEN NACIONAL. La Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional,
está integrada por los siguientes organismos y entidades: // (…) 2. Del Sector
descentralizado por servicios: // a) Los
establecimientos públicos; // b) Las empresas industriales y comerciales
del Estado; // c) Las superintendencias y las unidades
administrativas especiales con personería jurídica; // d) Las empresas
sociales del Estado y las empresas oficiales de servicios públicos
domiciliarios; // e) Los institutos científicos y
tecnológicos; // f) Las sociedades públicas y las sociedades de
economía mixta; // g) Las demás entidades administrativas nacionales con
personería jurídica que cree, organice o autorice la ley para que formen parte
de la Rama Ejecutiva del Poder Público. (…) ARTICULO 68. ENTIDADES DESCENTRALIZADAS. Son entidades descentralizadas del orden nacional, los
establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado,
las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta, las
superintendencias y las unidades administrativas especiales con personería
jurídica, las empresas sociales del Estado, las empresas oficiales de
servicios públicos y las demás entidades creadas por la ley o con su
autorización, cuyo objeto principal sea el ejercicio de funciones
administrativas, la prestación de servicios públicos o la realización de
actividades industriales o comerciales con personería jurídica, autonomía
administrativa y patrimonio propio. Como órganos del Estado aun cuando gozan de
autonomía administrativa están sujetas al control político y a la suprema
dirección del órgano de la administración al cual están adscritas. // Las
entidades descentralizadas se sujetan a las reglas señaladas en la Constitución
Política, en la presente ley, en las leyes que las creen y determinen su estructura
orgánica y a sus estatutos internos. // Los organismos y entidades
descentralizados, sujetos a regímenes especiales por mandato de la Constitución
Política, se someterán a las disposiciones que para ellos establezca la
respectiva ley. // PARAGRAFO 1o. De conformidad con el inciso
segundo del artículo 210 de la
Constitución Política, el régimen jurídico aquí previsto para las entidades descentralizadas
es aplicable a las de las entidades territoriales sin perjuicio de las
competencias asignadas por la Constitución y la ley a las autoridades del orden
territorial. // PARAGRAFO 2o. Los organismos o entidades del
Sector Descentralizado que tengan como objetivo desarrollar actividades
científicas y tecnológicas, se sujetarán a la Legislación de Ciencia y
Tecnología y su organización será determinada por el Gobierno Nacional. //
PARAGRAFO 3o. Lo dispuesto en el presente artículo no se aplica a
las corporaciones civiles sin ánimo de lucro de derecho privado, vinculadas al
Ministerio del Medio Ambiente, creadas por la Ley 99 de 1993.”
[37] La acción de tutela también exige que su interposición se lleve a
cabo dentro de un plazo razonable, contabilizado a partir del momento en el que
se generó la vulneración o amenaza del derecho fundamental, de manera que el
amparo responda a la exigencia constitucional de ser un instrumento judicial de
aplicación inmediata y urgente (CP art. 86), con miras a asegurar la
efectividad concreta y actual del derecho objeto de violación o amenaza. Este
requisito ha sido identificado por la jurisprudencia de la Corte como el
principio de inmediatez.
[38] Sobre el particular se puede consultar las Sentencias T-084
de 2015, M.P. María Victoria Calle Correa, y T-206 de 2018, M.P. Alejandro
Linares Cantillo.
[39] Sentencia T-077 de 2018, M.P. Antonio José Lizarazo: “(…) esta
Corte ha estimado que el ordenamiento jurídico colombiano no tiene previsto un
medio de defensa judicial idóneo ni eficaz diferente de la acción de tutela, de
modo que quien resulte afectado por la vulneración de este derecho fundamental
no dispone de ningún mecanismo ordinario de naturaleza judicial que le permita
efectivizar el mismo. Por esta razón, quien encuentre que la debida resolución
a su derecho de petición no ocurrió, esto es, que se quebrantó su garantía
fundamental, puede acudir directamente a la acción de amparo constitucional. //
En la Sentencia C- 951 de 2014, mediante la cual la Sala Plena de esta Corporación
estudió la constitucionalidad del proyecto de Ley Estatutaria No. 65 del 2012
Senado, – 227 de 2013 Cámara “Por medio del cual se regula el derecho
fundamental de petición y se sustituye el título del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, señaló que el derecho de
petición se aplica a todo el procedimiento administrativo, trámite que incluye
los recursos ordinarios y extraordinarios, de manera que su no resolución
oportuna o adecuada también es susceptible de corregirse a través de la acción
de tutela. De esta manera, la acción de tutela es el único mecanismo idóneo y
eficaz para garantizar la protección del derecho fundamental de petición, del
cual hacen parte los recursos administrativos ante las autoridades.” Véanse,
entre otras, las Sentencias T-149 de 2013, T-084 de 2015, T-138 de 2017 y T-206
de 2018.
[40] Sentencia T-251 de 2009, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[41] Artículo 5 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el
artículo 1 de la Ley 1755 de 2015: “DERECHOS DE LAS PERSONAS ANTE LAS
AUTORIDADES. En sus relaciones con las autoridades toda persona tiene derecho
a: // 1. Presentar peticiones en cualquiera de sus modalidades, verbalmente, o
por escrito, o por cualquier otro medio idóneo y sin necesidad de apoderado,
así como a obtener información y orientación acerca de los requisitos que las
disposiciones vigentes exijan para tal efecto. // Las anteriores actuaciones
podrán ser adelantadas o promovidas por cualquier medio tecnológico o
electrónico disponible en la entidad, aún por fuera de las horas de atención al
público. (…)” Artículo 13: “OBJETO Y MODALIDADES DEL DERECHO DE PETICIÓN
ANTE AUTORIDADES. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones
respetuosas a las autoridades, en los términos señalados en este código, por
motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución completa
y de fondo sobre la misma. // Toda actuación que inicie cualquier persona ante
las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el
artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo.
Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar: el reconocimiento de
un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una
situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir información,
consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas,
quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos. // El ejercicio del derecho
de petición es gratuito y puede realizarse sin necesidad de representación a
través de abogado, o de persona mayor cuando se trate de menores en relación a
las entidades dedicadas a su protección o formación.”
[42] En relación con el derecho de petición presentado ante jueces, la
Sentencia C-951 de 2014 explicó: “En estos eventos, el alcance de este derecho
encuentra limitaciones, por ello, se ha especificado que deben diferenciarse
las peticiones que se formulen ante los jueces, las cuales serán de dos clases:
(i) las referidas a actuaciones estrictamente judiciales, que por tales se
encuentran reguladas en el procedimiento respectivo, debiéndose sujetar
entonces la decisión a los términos y etapas procesales previstos para el
efecto; y (ii) aquellas que por ser ajenas al contenido mismo de la litis
e impulsos procesales, deben ser atendidas por la autoridad judicial en su
condición, bajo las normas generales del derecho de petición que rigen la
administración, esto es, el Código Contencioso Administrativo”. Por tanto, el
juez tendrá que responder la petición de una persona que no verse sobre
materias del proceso sometido a su competencia.”
[43] “ARTÍCULO 32. DERECHO DE PETICIÓN ANTE ORGANIZACIONES PRIVADAS
PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. Toda persona podrá ejercer el
derecho de petición para garantizar sus derechos fundamentales ante
organizaciones privadas con o sin personería jurídica, tales como sociedades,
corporaciones, fundaciones, asociaciones, organizaciones religiosas,
cooperativas, instituciones financieras o clubes. // Salvo norma legal especial,
el trámite y resolución de estas peticiones estarán sometidos a los principios
y reglas establecidos en el Capítulo I de este título. // Las organizaciones
privadas solo podrán invocar la reserva de la información solicitada en los
casos expresamente establecidos en la Constitución Política y la ley. // Las
peticiones ante las empresas o personas que administran archivos y bases de
datos de carácter financiero, crediticio, comercial, de servicios y las
provenientes de terceros países se regirán por lo dispuesto en la Ley
Estatutaria del Hábeas Data. // PARÁGRAFO 1o. Este derecho también podrá
ejercerse ante personas naturales cuando frente a ellas el solicitante se
encuentre en situaciones de indefensión, subordinación o la persona natural se
encuentre ejerciendo una función o posición dominante frente al peticionario.
// PARÁGRAFO 2o. Los personeros municipales y distritales y la Defensoría del
Pueblo prestarán asistencia eficaz e inmediata a toda persona que la solicite,
para garantizarle el ejercicio del derecho constitucional de petición que
hubiere ejercido o desee ejercer ante organizaciones o instituciones privadas.
// PARÁGRAFO 3o. Ninguna entidad privada podrá negarse a la recepción y
radicación de solicitudes y peticiones respetuosas, so pena de incurrir en
sanciones y/o multas por parte de las autoridades competentes. // ARTÍCULO 33.
DERECHO DE PETICIÓN DE LOS USUARIOS ANTE INSTITUCIONES PRIVADAS. Sin perjuicio
de lo dispuesto en leyes especiales, a las Cajas de Compensación Familiar, a
las Instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral, a las entidades que
conforman el sistema financiero y bursátil y a aquellas empresas que prestan
servicios públicos y servicios públicos domiciliarios, que se rijan por el
derecho privado, se les aplicarán en sus relaciones con los usuarios, en lo
pertinente, las disposiciones sobre derecho de petición previstas en los dos
capítulos anteriores.”
[44] Esta Corporación recogió los supuestos en los que es
procedente la solicitud frente a particulares: “(i) La prestación de un
servicio público o el desempeño funciones públicas: dentro de este supuesto se
destacan las entidades financieras, bancarias o cooperativas, en tanto que se
trata de personas jurídicas que desempeñan actividades que son consideradas
servicio público. De igual forma, se traen a colación las universidades de
carácter privado, las cuales prestan el servicio público de educación. Respecto
de la segunda situación, se destacan las actividades de los curadores urbanos,
quienes son particulares encargados de la verificación del cumplimiento de la
normatividad urbanística o de edificación. // En los mencionados eventos, el
derecho de petición opera como si se tratase de una autoridad pública y, por
consiguiente, al ser similar la situación y la calidad del particular a una
autoridad pública, tiene el deber de dar respuesta a las peticiones presentadas
en virtud del artículo 23 de la Constitución Política. // (ii) El ejercicio del
derecho de petición como medio para proteger un derecho fundamental; // (iii)
En aquellos asuntos en los cuales exista una relación especial de poder entre
el peticionario y la organización de privada, la cual puede ser reglada o de
facto. A propósito de ello, la Ley 1755 de 2015, en cuya virtud se reguló el
derecho fundamental de petición, dispuso que el citado derecho se podía ejercer
ante personas naturales cuando frente a ellas el solicitante se encontrara en:
i) situaciones de indefensión o subordinación o, ii) la persona natural se
encuentre ejerciendo una función o posición dominante frente al peticionario.” Sentencia T-451 de 2017, M.P. Carlos Bernal Pulido.
[45] El artículo 32 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el
artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, fue declarado exequible condicionado en su
aparte “estarán sometidos a los principios y reglas establecidos en el
Capítulo I de este título”, bajo el entendido que “al derecho de petición
ante organizaciones privadas se aplicarán, en lo pertinente, aquellas
disposiciones del Capítulo I que sean compatibles con la naturaleza de las
funciones que ejercen los particulares.” Sentencia C-951 de 2014, M.P. Martha
Victoria Sáchica Méndez.
[46] De acuerdo con el artículo 14 de la Ley 142 de 1994, las empresas
de servicios públicos pueden ser: “(…) 14.5. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
OFICIAL. Es aquella en cuyo capital la Nación, las entidades territoriales, o
las entidades descentralizadas de aquella o estas tienen el 100% de los
aportes. // 14.6. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS MIXTA. Es aquella en cuyo
capital la Nación, las entidades territoriales, o las entidades
descentralizadas de aquella o éstas tienen aportes iguales o superiores al 50%.
// 14.7. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS PRIVADA. Es aquella cuyo capital
pertenece mayoritariamente a particulares, o a entidades surgidas de convenios
internacionales que deseen someterse íntegramente para estos efectos a las
reglas a las que se someten los particulares.”
[47] Artículo 365 de la Constitución: “ARTICULO 365. Los
servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber
del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del
territorio nacional. // Los servicios públicos estarán sometidos al régimen
jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o
indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso,
el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos
servicios. Si por razones de soberanía o de interés social, el Estado, mediante
ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra cámara, por
iniciativa del Gobierno decide reservarse determinadas actividades estratégicas
o servicios públicos, deberá indemnizar previa y plenamente a las personas que
en virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio de una actividad lícita.”
(Se subraya fuera del original)
[48] “Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos
domiciliarios y se dictan otras disposiciones.”
[49] De conformidad con el artículo 14 de la Ley 142 de 1994, se
definen de la siguiente manera los conceptos de usuario, suscriptor y
suscriptor potencial: “14.31. SUSCRIPTOR. Persona natural o jurídica con la cual se ha celebrado un
contrato de condiciones uniformes de servicios públicos. // 14.32.
SUSCRIPTOR POTENCIAL. Persona que ha iniciado consultas para
convertirse en usuario de los servicios públicos. // 14.33. USUARIO. Persona
natural o jurídica que se beneficia con la prestación de un servicio público,
bien como propietario del inmueble en donde este se presta, o como receptor
directo del servicio. A este último usuario se denomina también consumidor.” Se destaca que en la Sentencia C-513 de 2019, la Corte consideró
que la regulación para el trámite de las reclamaciones ante empresas de
servicios públicos domiciliarios puede variar dependiendo del tipo de servicio
que se preste, como por ejemplo los domiciliarios y los de comunicaciones,
dadas las diferencias de orden contractual entre los usuarios o suscriptores de
cada uno de ellos.
[50] Artículo 152 de la Ley 142 de 1994: “ARTÍCULO 152. DERECHO DE PETICIÓN Y DE RECURSO. Es de la esencia del contrato de servicios públicos que el
suscriptor o usuario pueda presentar a la empresa peticiones, quejas y recursos
relativos al contrato de servicios públicos. // Las normas sobre presentación,
trámite y decisión de recursos se interpretarán y aplicarán teniendo en cuenta
las costumbres de las empresas comerciales en el trato con su clientela, de
modo que, en cuanto la ley no disponga otra cosa, se proceda de acuerdo con
tales costumbres.”
[51] Artículo 153 de la Ley 142 de 1994: “Todas las personas prestadoras de servicios públicos domiciliarios
constituirán una "Oficina de Peticiones, Quejas y Recursos", la cual
tiene la obligación de recibir, atender, tramitar y responder las peticiones o
reclamos y recursos verbales o escritos que presenten los usuarios, los
suscriptores o los suscriptores potenciales en relación con el servicio o los
servicios que presta dicha empresa. // Estas "Oficinas" llevarán una
detallada relación de las peticiones y recursos presentados y del trámite y las
respuestas que dieron.   // Las peticiones y recursos serán
tramitados de conformidad con las normas vigentes sobre el derecho de
petición.”
[52] Artículo 3 de la Ley 1437 de 2011: “ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS. Todas
las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las
actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios
consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y
en las leyes especiales. (…)”
[53] Artículos 32 y 33 de la Ley 1437 de 2011.
[54] “ARTÍCULO 14. TÉRMINOS
PARA RESOLVER LAS DISTINTAS MODALIDADES DE PETICIONES. <Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 1755
de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> Salvo norma legal especial y so
pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los
quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial
la resolución de las siguientes peticiones: // 1. Las peticiones de documentos
y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a
su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se
entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido
aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de
dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán
dentro de los tres (3) días siguientes. // 2. Las peticiones mediante las
cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a
su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su
recepción. // PARÁGRAFO. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver
la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta
circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la
ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable
en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del
inicialmente previsto.”
[55] Sentencia T-610 de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil. Véase también,
entre otras, las sentencias T-430 de 2017, T-206 de 2018, T-217 de 2018, T-397
de 2018 y T-007 de 2019.
[56] Desde sus inicios, esta Corporación
diferenció el derecho de petición del derecho de lo pedido. Puntualmente, se ha
dicho que: “no se debe confundir el derecho de petición (…) con el contenido de
lo que se pide, es decir[,] con la materia de la petición. La falta de respuesta
o la resolución tardía son formas de violación de aquél y son susceptibles de
la actuación protectora del juez mediante el uso de la acción de tutela, pues
en tales casos se conculca un derecho constitucional fundamental. En cambio, lo
que se debate ante la jurisdicción cuando se acusa el acto, expreso o presunto,
proferido por la administración, alude al fondo de lo pedido, de manera
independiente del derecho de petición como tal. Allí se discute la legalidad de
la actuación administrativa o del acto correspondiente, de acuerdo con las
normas a las que estaba sometida la administración, es decir que no está en
juego el derecho fundamental de que se trata sino otros derechos para cuya
defensa existen las vías judiciales contempladas en el Código Contencioso
Administrativo y, por tanto, respecto de ella no cabe la acción de tutela salvo
la hipótesis del perjuicio irremediable (artículo 86 C.N).” Sentencia T-242 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
Véanse también, entre otras, las Sentencias T-180 de 2001, T-192 de 2007, T-558
de 2012 y T-155 de 2018.
[57] Artículo 74 de la Constitución Política: “Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos
públicos salvo los casos que establezca la ley. (…)”
[58] En relación con el alcance de este derecho
fundamental, la Corte Constitucional ha observado que “[l]a ley que limita el derecho fundamental de acceso a la libertad de
información debe ser precisa y clara al definir qué tipo de información
puede ser objeto de reserva y qué autoridades pueden establecer dicha reserva.
En efecto, la Constitución en este sentido rechaza las normas
genéricas o vagas que pueden terminar siendo una especie de habilitación
general a las autoridades para mantener en secreto toda la información que
discrecionalmente consideren adecuado. Para que esto no ocurra y no se
invierta la regla general de la publicidad, la
ley debe establecer con claridad y precisión el tipo de información que puede
ser objeto de reserva, las condiciones en las cuales dicha reserva puede
oponerse a los ciudadanos, las autoridades que pueden aplicarla y los sistemas
de control que operan sobre las actuaciones que por tal razón permanecen
reservadas.” Sentencia C-491
de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño, reiterada en la Sentencia C-274 de 2013,
M.P. María Victoria Calle Correa. Lo anterior resulta de especial importancia,
por ejemplo, en el caso de las víctimas, ya que el derecho de acceso a la
información es “una herramienta esencial para la satisfacción del
derecho a la verdad de las víctimas de actuaciones arbitrarias y de violaciones
de derechos humanos y para garantizar el derecho a la memoria histórica de la
sociedad.” Cita es tomada de la Sentencia C-491 de 2007, M.P. Jaime
Córdoba Triviño. Véanse, entre otras, las Sentencias
C-274 de 2013, T-487 de 2017, C-007 de 2018 y C-067 de 2018.
[59] Véanse, entre otras, las Sentencias T-219 de 2001, T-1006 de 2001,
T-229 de 2005 y T-396 de 2013. Cabe también hacer referencia al deber de
información consagrado en el artículo 8 de la Ley 1437 de 2011, de acuerdo con
el cual las autoridades han de mantener a disposición de toda persona
información completa y actualizada en el sitio de atención y en la página
electrónica, así como suministrarla a través de los medios impresos y
eletrónicos de que disponga. Dicha exigencia se da respecto de las normas que
determinan la competencia de la entidad, las funciones de sus distintas
dependencias y servicios que se prestan, procedimientos y trámites internos de
la entidad, actos administrativos de carácter general, entre otras cosas.
[60] Capítulo V de la Ley 1437 de 2011, sobre PUBLICACIONES, CITACIOES,
COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES.
[61] Ley 1437 de 2011: “ARTÍCULO 15. PRESENTACIÓN Y RADICACIÓN
DE PETICIONES. <Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de
2015. El nuevo texto es el siguiente:> Las peticiones podrán presentarse
verbalmente y deberá quedar constancia de la misma, o por escrito, y a través
de cualquier medio idóneo para la comunicación o transferencia de datos. Los
recursos se presentarán conforme a las normas especiales de este código. //
Cuando una petición no se acompañe de los documentos e informaciones requeridos
por la ley, en el acto de recibo la autoridad deberá indicar al peticionario
los que falten. // Si este insiste en que se radique, así se hará dejando
constancia de los requisitos o documentos faltantes. Si quien presenta una
petición verbal pide constancia de haberla presentado, el funcionario la
expedirá en forma sucinta. // Las autoridades podrán exigir que ciertas
peticiones se presenten por escrito, y pondrán a disposición de los
interesados, sin costo, a menos que una ley expresamente señale lo contrario,
formularios y otros instrumentos estandarizados para facilitar su
diligenciamiento. En todo caso, los peticionarios no quedarán impedidos para
aportar o formular con su petición argumentos, pruebas o documentos adicionales
que los formularios no contemplen, sin que por su utilización las autoridades
queden relevadas del deber de resolver sobre todos los aspectos y pruebas que
les sean planteados o presentados más allá del contenido de dichos formularios.
// A la petición escrita se podrá acompañar una copia que, recibida por el
funcionario respectivo con anotación de la fecha y hora de su presentación, y
del número y clase de los documentos anexos, tendrá el mismo valor legal del
original y se devolverá al interesado a través de cualquier medio idóneo para
la comunicación o transferencia de datos. Esta autenticación no causará costo
alguno al peticionario. // PARÁGRAFO 1o. En caso de que la petición sea enviada
a través de cualquier medio idóneo para la comunicación o transferencia de
datos, esta tendrá como datos de fecha y hora de radicación, así como el número
y clase de documentos recibidos, los registrados en el medio por el cual se han
recibido los documentos. // PARÁGRAFO 2o. Ninguna autoridad podrá negarse a la
recepción y radicación de solicitudes y peticiones respetuosas. // PARÁGRAFO
3o. Cuando la petición se presente verbalmente ella deberá efectuarse en la
oficina o dependencia que cada entidad defina para ese efecto. El Gobierno
Nacional reglamentará la materia en un plazo no mayor a noventa (90) días, a
partir de la promulgación de la presente ley.”
[62] Véase Real Academia Española en: https://dle.rae.es/?id=A58xn3c
y Gobierno en Línea en: http://centrodeinnovacion.gobiernoenlinea.gov.co/es/investigaciones/los-medios-electronicos-como-herramienta-estrategica-de-la-comunicacion-publica
[63] Artículo 6 de la Ley 1341 de 2009 “Por
la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y
la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
–TIC–, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones.”
[64] En la Sentencia T-013 de 2008, M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra, se definió el Internet como “el conjunto de redes
interconectadas que permiten la comunicación y el desarrollo de numerosos
servicios, como la transmisión, depósito, clasificación, almacenamiento,
recuperación y tránsito de información de manera ilimitada.”
[65] Ley 1437 de 2011: “ARTÍCULO
5. DERECHOS DE LAS PERSONAS ANTE LAS AUTORIDADES. En sus relaciones con las autoridades toda persona tiene
derecho a: // 1. Presentar peticiones en cualquiera de sus modalidades,
verbalmente, o por escrito, o por cualquier otro medio idóneo y sin necesidad
de apoderado, así como a obtener información y orientación acerca de los
requisitos que las disposiciones vigentes exijan para tal efecto. // Las
anteriores actuaciones podrán ser adelantadas o promovidas por cualquier medio
tecnológico o electrónico disponible en la entidad, aún por fuera de las horas
de atención al público. (…)”
[66] Ley 1437 de 2011: “ARTÍCULO
7o. DEBERES DE LAS AUTORIDADES EN LA ATENCIÓN AL PÚBLICO. Las autoridades tendrán, frente a las personas que ante
ellas acudan y en relación con los asuntos que tramiten, los siguientes
deberes: // 1. Dar trato respetuoso, considerado y diligente a todas las
personas sin distinción. (…) // 6. Tramitar las peticiones que lleguen vía fax
o por medios electrónicos, de conformidad con lo previsto en el numeral 1 del
artículo 5o de este Código. (…)
// 8. Adoptar medios tecnológicos para el trámite y resolución de peticiones, y
permitir el uso de medios alternativos para quienes no dispongan de aquellos.
(…)”
[67] En la Sentencia C-951 de 2014, este Tribunal indicó que
cualquier otro medio idóneo para el ejercicio del derecho de petición se
determina por su utilidad “para comunicar o trasmitir información con una
redacción abierta y dúctil, [lo] que permite que la disposición se
actualice con las distintas tecnologías que puedan llegar a crearse para la
comunicación y trasferencia de datos y sea válido su uso para ejercer el
derecho de petición, sin que esas herramientas innovadoras pero idóneas
para el efecto se conviertan en espacios vedados para ejercer el derecho de
petición” (se resalta por fuera del original).
[68] “Por medio de la cual se define y
reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y
de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se
dictan otras disposiciones.”
[69] “Por la
cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos
administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares
que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.”
[70] “Por medio de la cual se define y
reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y
de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se
dictan otras disposiciones.”
[71] Ley 527 de 1999: “ARTICULO 6o.
ESCRITO. Cuando cualquier norma
requiera que la información conste por escrito, ese requisito quedará
satisfecho con un mensaje de datos, si la información que éste contiene es
accesible para su posterior consulta. Lo dispuesto en este artículo se
aplicará tanto si el requisito establecido en cualquier norma constituye una
obligación, como si las normas prevén consecuencias en el caso de que la
información no conste por escrito.”
[72] Ley 527 de 1999, artículo 2, literal a).
[73] M.P. Fabio Morón Díaz.
[74] Sentencia C-662 de 2000, M.P. Fabio Morón Díaz.
[75] Ley 527 de 1999: “ARTICULO
9o. INTEGRIDAD DE UN MENSAJE DE DATOS. Para
efectos del artículo anterior, se considerará que la información consignada en
un mensaje de datos es íntegra, si ésta ha permanecido completa e inalterada,
salvo la adición de algún endoso o de algún cambio que sea inherente al proceso
de comunicación, archivo o presentación. El grado de confiabilidad requerido,
será determinado a la luz de los fines para los que se generó la información y
de todas las circunstancias relevantes del caso. // ARTICULO 10.
ADMISIBILIDAD Y FUERZA PROBATORIA DE LOS MENSAJES DE DATOS. Los
mensajes de datos serán admisibles como medios de prueba y su fuerza probatoria
es la otorgada en las disposiciones del Capítulo VIII del Título XIII, Sección
Tercera, Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil. // En toda
actuación administrativa o judicial, no se negará eficacia, validez o fuerza
obligatoria y probatoria a todo tipo de información en forma de un mensaje de
datos, por el sólo hecho que se trate de un mensaje de datos o en razón de no
haber sido presentado en su forma original.”
[76] Sentencia C-662 de 2000, M.P. Fabio Morón Díaz. Tal como se
describe en este fallo judicial, la criptografía es “una rama de las
matemáticas aplicadas que se ocupa de transformar, mediante un procedimiento
sencillo, mensajes en formas aparentemente ininteligibles y devolverlas a su
forma original. Mediante el uso de un equipo físico especial, los operadores
crean un par de códigos matemáticos, a saber: una clave secreta o privada,
conocida únicamente por su autor, y una clave pública, conocida como del
público.”
[77] Ley 527 de 1999: “ARTICULO 7o.
FIRMA. Cuando cualquier norma exija
la presencia de una firma o establezca ciertas consecuencias en ausencia de la
misma, en relación con un mensaje de datos, se entenderá satisfecho dicho
requerimiento si: // a) Se ha utilizado un método que permita identificar
al iniciador de un mensaje de datos y para indicar que el contenido cuenta con
su aprobación; // b) Que el método sea tanto confiable como apropiado para el
propósito por el cual el mensaje fue generado o comunicado. // Lo
dispuesto en este artículo se aplicará tanto si el requisito establecido en
cualquier norma constituye una obligación, como si las normas simplemente
prevén consecuencias en el caso de que no exista una firma.”
[78] Ley 527 de 1999: “ARTICULO
28. ATRIBUTOS JURIDICOS DE UNA FIRMA DIGITAL. Cuando una firma digital haya sido fijada en un mensaje de
datos se presume que el suscriptor de aquella tenía la intención de acreditar
ese mensaje de datos y de ser vinculado con el contenido del mismo. // PARAGRAFO.
El uso de una firma digital tendrá la misma fuerza y efectos que el uso de una
firma manuscrita, si aquélla incorpora los siguientes atributos: // 1. Es
única a la persona que la usa. // 2. Es susceptible de ser
verificada. // 3. Está bajo el control exclusivo de la persona que la
usa. // 4. Está ligada a la información o mensaje, de tal manera que si
éstos son cambiados, la firma digital es invalidada. // 5. Está conforme a
las reglamentaciones adoptadas por el Gobierno Nacional.”
[79] “Por la cual se dictan disposiciones
sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los
organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones
públicas o prestan servicios públicos.” “ARTÍCULO 6o. MEDIOS TECNOLÓGICOS. Para
atender los trámites y procedimientos de su competencia, los organismos y
entidades de la Administración Pública deberán ponerlos en conocimiento de los
ciudadanos en la forma prevista en las disposiciones vigentes, o emplear,
adicionalmente, cualquier medio tecnológico o documento electrónico de que
dispongan, a fin de hacer efectivos los principios de igualdad, economía,
celeridad, imparcialidad, publicidad, moralidad y eficacia en la función
administrativa. Para el efecto, podrán implementar las condiciones y requisitos
de seguridad que para cada caso sean procedentes, sin perjuicio de las
competencias que en esta materia tengan algunas entidades especializadas. // La
sustanciación de las actuaciones así como la expedición de los actos administrativos,
tendrán lugar en la forma prevista en las disposiciones vigentes. Para el
trámite, notificación y publicación de tales actuaciones y actos, podrán
adicionalmente utilizarse soportes, medios y aplicaciones electrónicas. // Toda
persona podrá presentar peticiones, quejas, reclamaciones o recursos, mediante
cualquier medio tecnológico o electrónico del cual dispongan las entidades y
organismos de la Administración Pública. // En los casos de peticiones
relacionadas con el reconocimiento de una prestación económica en todo caso
deben allegarse los documentos físicos que soporten el derecho que se reclama.
// La utilización de medios electrónicos se regirá por lo dispuesto en la
Ley 527 de 1999 y en
las normas que la complementen, adicionen o modifiquen, en concordancia con las
disposiciones del Capítulo 8 del Título XIII, Sección Tercera, Libro Segundo,
artículos 251 a 293, del Código de
Procedimiento Civil, y demás normas aplicables, siempre que sea posible
verificar la identidad del remitente, así como la fecha de recibo del
documento. // PARÁGRAFO 1o. Las entidades y organismos de la
Administración Pública deberán hacer públicos los medios tecnológicos o
electrónicos de que dispongan, para permitir su utilización. // PARÁGRAFO
2o. En todo caso, el uso de los medios tecnológicos y electrónicos
para adelantar trámites y competencias de la Administración Pública deberá
garantizar los principios de autenticidad, disponibilidad e integridad. // PARÁGRAFO
3o. Cuando la sustanciación de las actuaciones y actos administrativos
se realice por medios electrónicos, las firmas autógrafas que los mismos
requieran, podrán ser sustituidas por un certificado digital que asegure la
identidad del suscriptor, de conformidad con lo que para el efecto establezca
el Gobierno Nacional.”
[80] Ley 962 de 2005: “ARTÍCULO
1o. OBJETO Y PRINCIPIOS RECTORES. La
presente ley tiene por objeto facilitar las relaciones de los particulares con
la Administración Pública, de tal forma que las actuaciones que deban surtirse
ante ella para el ejercicio de actividades, derechos o cumplimiento de
obligaciones se desarrollen de conformidad con los principios establecidos en
los artículos 83, 84, 209 y 333 de la Carta
Política. (…)”
[81] Constitución Política: “ARTICULO 209. La
función administrativa está al servicio de los intereses generales y se
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia,
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización,
la delegación y la desconcentración de funciones. // Las autoridades administrativas
deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del
Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control
interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.” Ley 962 de 2005: “ARTÍCULO 6o. MEDIOS TECNOLÓGICOS. Para
atender los trámites y procedimientos de su competencia, los organismos y
entidades de la Administración Pública deberán ponerlos en conocimiento de los
ciudadanos en la forma prevista en las disposiciones vigentes, o emplear, adicionalmente,
cualquier medio tecnológico o documento electrónico de que dispongan, a fin de
hacer efectivos los principios de igualdad, economía, celeridad, imparcialidad,
publicidad, moralidad y eficacia en la función administrativa. Para el efecto,
podrán implementar las condiciones y requisitos de seguridad que para cada caso
sean procedentes, sin perjuicio de las competencias que en esta materia tengan
algunas entidades especializadas. // La sustanciación de las actuaciones así
como la expedición de los actos administrativos, tendrán lugar en la forma
prevista en las disposiciones vigentes. Para el trámite, notificación y
publicación de tales actuaciones y actos, podrán adicionalmente utilizarse
soportes, medios y aplicaciones electrónicas. // Toda persona podrá presentar
peticiones, quejas, reclamaciones o recursos, mediante cualquier medio
tecnológico o electrónico del cual dispongan las entidades y organismos de la
Administración Pública. // En los casos de peticiones relacionadas con el
reconocimiento de una prestación económica en todo caso deben allegarse los
documentos físicos que soporten el derecho que se reclama. // La utilización de
medios electrónicos se regirá por lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y en
las normas que la complementen, adicionen o modifiquen, en concordancia con las
disposiciones del Capítulo 8 del Título XIII, Sección Tercera, Libro Segundo,
artículos 251 a 293, del Código de
Procedimiento Civil, y demás normas aplicables, siempre que sea posible
verificar la identidad del remitente, así como la fecha de recibo del
documento. // PARÁGRAFO 1o. Las entidades y organismos de la
Administración Pública deberán hacer públicos los medios tecnológicos o
electrónicos de que dispongan, para permitir su utilización. // PARÁGRAFO 2o. En
todo caso, el uso de los medios tecnológicos y electrónicos para adelantar
trámites y competencias de la Administración Pública deberá garantizar los
principios de autenticidad, disponibilidad e integridad. // PARÁGRAFO 3o. Cuando
la sustanciación de las actuaciones y actos administrativos se realice por
medios electrónicos, las firmas autógrafas que los mismos requieran, podrán ser
sustituidas por un certificado digital que asegure la identidad del suscriptor,
de conformidad con lo que para el efecto establezca el Gobierno Nacional.”
[82] M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[83] “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración
Pública.”
[84] Decreto 019 de 2012: “ARTICULO 4.
CELERIDAD EN LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS. Las
autoridades tienen el impulso oficioso de los procesos administrativos; deben
utilizar formularios gratuitos para actuaciones en serie, cuando la naturaleza
de ellas lo haga posible y cuando sea asunto de su competencia, suprimir los
trámites innecesarios, sin que ello las releve de la obligación de considerar y
valorar todos los argumentos de los interesados y los medios de pruebas
decretados y practicados; deben incentivar el uso de las tecnologías de la
información y las comunicaciones a efectos de que los procesos administrativos
se adelanten con diligencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones
injustificadas; y deben adoptar las decisiones administrativas en el menor
tiempo posible.”
[85] Decreto 019 de 2012: “ARTICULO 14.
PRESENTACIÓN DE SOCITUDES, QUEJAS, RECOMENDACIONES O RECLAMOS FUERA DE LA SEDE
DE LA ENTIDAD. Los interesados que
residan en una ciudad diferente a la de la sede de la entidad u organismo al
que se dirigen, pueden presentar sus solicitudes, quejas, recomendaciones o
reclamaciones a través de medios electrónicos, de sus dependencias regionales o
seccionales. Si ellas no existieren, deberán hacerlo a través de aquellas en
quienes deleguen en aplicación del artículo 9 de la Ley 489 de 1998, o a través
de convenios que se suscriban para el efecto. En todo caso, los respectivos
escritos deberán ser remitidos a la autoridad correspondiente dentro de las 24
horas siguientes.”
[86] Con esta misma finalidad el Departamento de Planeación
Nacional profirió el Documento CONPES 3072 el 9 de febrero de 2000, en el cual
se consigan los lineamientos para el uso de las TIC como una herramienta de
desarrollo económico, político y social del Estado.
[87] Ley 1437 de 2011: “ARTÍCULO 7o. DEBERES DE LAS
AUTORIDADES EN LA ATENCIÓN AL PÚBLICO. Las autoridades tendrán, frente a las
personas que ante ellas acudan y en relación con los asuntos que tramiten, los
siguientes deberes: // 1. Dar trato respetuoso, considerado y diligente a todas
las personas sin distinción. // 2. Garantizar atención personal al público,
como mínimo durante cuarenta (40) horas a la semana, las cuales se distribuirán
en horarios que satisfagan las necesidades del servicio. // 3. Atender a todas
las personas que hubieran ingresado a sus oficinas dentro del horario normal de
atención. // 4. Establecer un sistema de turnos acorde con las necesidades del
servicio y las nuevas tecnologías, para la ordenada atención de peticiones, quejas,
denuncias o reclamos, sin perjuicio de lo señalado en el numeral 6 del artículo
5o de este Código. // 5. Expedir, hacer visible y actualizar anualmente una
carta de trato digno al usuario donde la respectiva autoridad especifique todos
los derechos de los usuarios y los medios puestos a su disposición para
garantizarlos efectivamente. // 6. Tramitar las peticiones que lleguen vía fax
o por medios electrónicos, de conformidad con lo previsto en el numeral 1 del
artículo 5o de este Código. // 7. Atribuir a dependencias especializadas la
función de atender quejas y reclamos, y dar orientación al público. // 8.
Adoptar medios tecnológicos para el trámite y resolución de peticiones, y
permitir el uso de medios alternativos para quienes no dispongan de aquellos.
// 9. Habilitar espacios idóneos para la consulta de expedientes y documentos,
así como para la atención cómoda y ordenada del público. // 10. Todos los demás
que señalen la Constitución, la ley y los reglamentos.”
[88] Al respecto, se debe advertir que el artículo 15 de la Ley
1437 de 2011 habilita a las autoridades para determinar que cierto tipo de
peticiones deban ser presentadas por escrito, para lo cual se tendrán que poner
a disposición de los usuarios formularios u otros instrumentos estandarizados que
faciliten la labor del ciudadano. Esta posibilidad no puede degenerar en una
regla general, tal como lo advirtió la Corte, de manera que se excluya la
opción de formular requerimientos verbales.
[89] Sentencia T-013 de 2008, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[90] Numeral 1 del artículo 5 de la Ley 1437 de 2011.
[91] Sentencia C-951 de 2014, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez.
[92] Ley 1437 de 2011: “ARTÍCULO
16. CONTENIDO DE LAS PETICIONES. <Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:>
Toda petición deberá contener, por lo menos: // 1.
La designación de la autoridad a la que se dirige. // 2. Los nombres y
apellidos completos del solicitante y de su representante y o apoderado, si es
el caso, con indicación de su documento de identidad y de la dirección donde
recibirá correspondencia. El peticionario podrá agregar el número de fax o la
dirección electrónica. Si el peticionario es una persona privada que deba estar
inscrita en el registro mercantil, estará obligada a indicar su dirección
electrónica. // 3. El objeto de la petición. // 4. Las razones en las que
fundamenta su petición. // 5. La relación de los documentos que desee presentar
para iniciar el trámite. // 6. La firma del peticionario cuando fuere el caso.”
[93] Ley 1437 de 2011: “Artículo 16. (…)PARÁGRAFO
1o. La autoridad tiene la obligación de
examinar integralmente la petición, y en ningún caso la estimará incompleta por
falta de requisitos o documentos que no se encuentren dentro del marco jurídico
vigente, que no sean necesarios para resolverla o que se encuentren dentro de
sus archivos. // PARÁGRAFO 2o. En ningún caso podrá ser rechazada la
petición por motivos de fundamentación inadecuada o incompleta. “Artículo 17. Peticiones Incompletas y desistimiento tácito. En
virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una petición
ya radicada está incompleta o que el peticionario deba realizar una gestión de
trámite a su cargo, necesaria para adoptar una decisión de fondo, y que la
actuación pueda continuar sin oponerse a la ley, requerirá al peticionario
dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación para que la
complete en el término máximo de un (1) mes. // A partir del día siguiente en
que el interesado aporte los documentos o informes requeridos, se reactivará el
término para resolver la petición. // Se entenderá que el peticionario ha
desistido de su solicitud o de la actuación cuando no satisfaga el
requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite prórroga
hasta por un término igual. // Vencidos los términos establecidos en este
artículo, sin que el peticionario haya cumplido el requerimiento, la autoridad
decretará el desistimiento y el archivo del expediente, mediante acto
administrativo motivado, que se notificará personalmente, contra el cual
únicamente procede recurso de reposición, sin perjuicio de que la respectiva
solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos
legales.”
[94] Sentencia C-951 de 2014, M.P. Martha Victoria Sáchica
Méndez.
[95] Sentencia T-1075 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[96] Sobre esta modalidad, es preciso traer a colación lo advertido
por esta Corporación en la Sentencia C-951 de 2014: “Por
otra parte, de acuerdo a la interpretación sistemática del enunciado normativo,
cuando allí se alude a la posibilidad de apelar al derecho de petición para
formular denuncias e interponer recursos no hace referencia a aquellas
denuncias que dan inicio a una actuación penal, ni la interposición de recursos
incluye aquellos que en ejercicio del derecho a la defensa puedan instaurarse
en el curso de las actuaciones judiciales, cuyo trámite se regirá por las
reglas que particularmente fijen los procedimientos judiciales, toda vez que
debe entenderse que el artículo 13 que el legislador estatutario incorpora a la
parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, se aplica frente a las actuaciones administrativas, no así a
los procesos judiciales[199].” De igual forma, es precio destacar que tampoco
cabe para abrir procesos disciplinarios o fiscales.
[97] Artículo 19 de la Ley 1437 de 2011: “PETICIONES IRRESPETUOSAS, OSCURAS O REITERATIVAS. <Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 1755
de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> Toda petición debe ser respetuosa
so pena de rechazo. Solo cuando no se comprenda la finalidad u objeto de la
petición esta se devolverá al interesado para que la corrija o aclare dentro de
los diez (10) días siguientes. En caso de no corregirse o aclararse, se
archivará la petición. En ningún caso se devolverán peticiones que se
consideren inadecuadas o incompletas. // Respecto de peticiones reiterativas ya
resueltas, la autoridad podrá remitirse a las respuestas anteriores, salvo que
se trate de derechos imprescriptibles, o de peticiones que se hubieren negado
por no acreditar requisitos, siempre que en la nueva petición se subsane.”
[98] En palabras de esta Corporación, cuando se presentan
solicitudes a una autoridad judicial “deben distinguirse dos
situaciones: la primera se presenta cuando en ejercicio del derecho de petición
se requieren asuntos que están vinculados de manera estricta a la función
judicial y, la segunda, cuando ella versa sobre aspectos de carácter meramente
administrativo.  En el primer evento estas solicitudes encuentran sus
límites en las reglas de las formas propias de cada juicio y, por tanto, la
presentación de la solicitud no implica, de manera alguna, el desconocimiento
de los términos y demás formalidades aplicables al proceso. No obstante, se
debe aclarar, cuando las solicitudes son elevadas por los sujetos procesales, a
fin de hacer efectivas sus prerrogativas constitucionales, éstas deben ser
examinadas de manera minuciosa ya que la efectividad de la petición tendrá un
vínculo estrecho con el debido proceso y el acceso a la administración de
justicia.  En el segundo evento, cuando la solicitud versa sobre asuntos
de índole administrativa, ha sido claro para esta corporación que los
parámetros que deben guiar su trámite son los establecidos en las disposiciones
del Código contencioso Administrativo.” Sentencia T-920 de 2008, M.P. Clara
Inés Vargas Hernández. Véanse también las Sentencias
T-414 de 1995 y T-297 de 2006.
[99] Artículo 16 de la Ley 1437 de 2011: “CONTENIDO DE LAS PETICIONES. <Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 1755
de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> Toda petición deberá contener, por
lo menos: // 1. La designación de la autoridad a la que se dirige. // 2. Los
nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante y o
apoderado, si es el caso, con indicación de su documento de identidad y de la
dirección donde recibirá correspondencia. El peticionario podrá agregar el
número de fax o la dirección electrónica. Si el peticionario es una persona
privada que deba estar inscrita en el registro mercantil, estará obligada a
indicar su dirección electrónica. // 3. El objeto de la petición. // 4. Las
razones en las que fundamenta su petición. // 5. La relación de los documentos
que desee presentar para iniciar el trámite. // 6. La firma del peticionario
cuando fuere el caso. (…)”
[100] Véase el Manual de Gestión de la Comunicación en Redes
Sociales, Gobierno de Colombia en: http://www.redialab.gov.co/wp-content/uploads/2015/08/MANUAL-GENERAL-DE-REDES-SOCIALES.pdf
[101] Véase el Manual de Gestión de la Comunicación en Redes
Sociales, Gobierno de Colombia en: http://www.redialab.gov.co/wp-content/uploads/2015/08/MANUAL-GENERAL-DE-REDES-SOCIALES.pdf
[102] Encontrado el 26 de septiembre de 2019 en: https://www.facebook.com/business/help/785455638255832
[103] Encontrados el 26 de septiembre de 2019 en: https://www.facebook.com/legal/terms
[104] En las configuraciones de cada perfil o página se podrá
elegir quiénes pueden ver las publicaciones que se realicen, quiénes pueden
enviarte solicitudes de amistad, ver tu lista de amigos, las opciones para que
otras personas ubiquen el perfil, entre otras cosas.
[105] Para más información sobre la forma en que se puede desactivar el
contacto directo y privado con la organización o entidad que ha creado la
página, se puede consultar el siguiente link: https://www.facebook.com/help/307375982614147
Visto el 26 de septiembre de 2019.
[106] Folio 26 del cuaderno principal.
[107] Ver el siguiente enlace: http://www.gobiernoenredes.gov.co/protocolo-interaccion-redes-sociales/
(Encontrado el 24 de septiembre de 2019).
[108] El documento puede ser consultado en el siguiente enlace: http://www.gobiernoenredes.gov.co/manual-facebok-entidades-gobierno/
(Encontrado el 24 de septiembre de 2019).
[109] Véase: http://www.gobiernoenredes.gov.co/manual-facebok-entidades-gobierno/
(Encontrado el 24 de septiembre de 2019).
[110] Véase: http://www.gobiernoenredes.gov.co/verificar-pagina-facebook/
(Encontrado el 24 de septiembre de 2019). En esta página se precisa que: “La
verificación es el mecanismo por medio del cual Facebook confirma que una
página o perfil son auténticos, de forma que los usuarios puedan consultarlos y
seguirlos con mayor confianza y seguridad. (…) La solicitud de verificación de
una cuenta debe ser hecha por el administrador de la misma; la respuesta
depende de diversos factores, como: - Que la cuenta esté completa, es
decir que cuente con foto de perfil, foto de portada, descripción, información
de contacto, publicaciones, etc – Que cumpla las normas de Facebook,
especialmente en lo relacionado con el nombre de la cuenta. – Que sea de
interés público. Se requiere se administrador de la página y tener un
teléfono autorizado de la empresa o entidad, o algún documento de
identificación de la misma.”
[111] Constitución Política: “Artículo 2. Son fines esenciales del
Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los
afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la
Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial
y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. // Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las
personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás
derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales
del Estado y de los particulares.”
[112] Constitución Política: “Artículo 23. Toda persona tiene derecho
a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés
general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá
reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los
derechos fundamentales.”
[113] Constitución Política: “Artículo 74. Todas las personas
tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que
establezca la ley. // El secreto profesional es inviolable”
[114] Artículo 209 de la Constitución Política: “La función administrativa está al servicio de los intereses
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad,
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante
la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. // Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones
para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración
pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los
términos que señale la ley.” En la Sentencia C-951
de 2014, se indicó: “De otra parte, el derecho de petición tiene relación con
el artículo 209 de la Carta Política, que regula los principios de la función
pública, como quiera que las solicitudes de las personas configuran la forma
por excelencia, con la cual se inician las actuaciones de las autoridades, las
cuales deben ceñirse a tales principios. Es así como, en el procedimiento del
derecho de petición, las entidades estatales y particulares deben actuar
guiadas por la igualdad, la moralidad, la eficacia, la economía, la celeridad,
la imparcialidad y la publicidad. La Ley 1437 de 2011 reconoció esa obligación
al señalar que los principios del artículo 3º, disposiciones que se
corresponden con los mandatos de optimización reconocidos por la Constitución,
se aplican a la primera parte del Código, apartado en la que se encuentra el
derecho de petición. Por esta razón, la Corte ha resaltado el nexo del derecho
de petición con la función pública, al advertir que esa garantía implica el
“establecimiento de una comunicación efectiva entre la Administración y los
Ciudadanos, cuya fluidez y eficacia constituye una exigencia impostergable para
los ordenamientos organizados bajo la insignia del Estado Democrático de
Derecho”.
[115] Por ello, se dijo que existe una “obligación
de la administración de ofrecer a los ciudadanos, a los usuarios, a los
clientes de la administración todas las facilidades para que tengan acceso
rápido por vía electrónica y así entonces suprimir definitivamente las colas,
la utilización de papeles en los trámites, la conglomeración de personas en
centros de atención al público, porque la idea es que definitivamente el
ciudadano llegue a las administraciones por medios electrónicos, desde su casa,
desde su sitio de trabajo, de una manera instantánea, [pues,] naturalmente[,]
ellos generan la posibilidad de que pueda ser atendido mucho más prontamente
que a través de los medios tradicionales.” Gaceta del Congreso 963
del 24 de noviembre de 2010, Actas de Comisión Primera de la Cámara de
Representantes.
[116] Este término se utiliza para hacer referencia a las cuentas
cuya seguridad establecida por la plataforma (usuario y contraseña) violentada
por una persona experta en el manejo informático, sin el consentimiento del
titular del perfil. De esta manera, una persona que no es propietaria de la
cuenta tiene acceso a ella y puede utilizarla indiscriminadamente.
[117] Artículo 7 de la Ley 527 de 1999.
[118] De no obtenerse respuesta, se aplican las reglas incluidas
en el CPACA sobre el desistimiento tácito de la petición (art. 17).
[119] Ley 1581 de 2012: “ARTÍCULO 5o.
DATOS SENSIBLES. Para los propósitos
de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la
intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación,
tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación
política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a
sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva
intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y
garantías de partidos políticos de oposición así como los datos relativos a la
salud, a la vida sexual y los datos biométricos.”
[120] Artículo 22 de la Ley 1437 de 2011: “ORGANIZACIÓN PARA EL TRÁMITE INTERNO Y DECISIÓN DE LAS PETICIONES.<Artículo CONDICIONALMENTE exequible> <Artículo
modificado por el artículo 1 de la Ley 1755
de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> Las autoridades reglamentarán la
tramitación interna de las peticiones que les corresponda resolver, y la manera
de atender las quejas para garantizar el buen funcionamiento de los servicios a
su cargo. // Cuando más de diez (10) personas formulen peticiones análogas, de
información, de interés general o de consulta, la Administración podrá dar una
única respuesta que publicará en un diario de amplia circulación, la pondrá en
su página web y entregará copias de la misma a quienes las soliciten.”
[121] Ley 1437 de 2011: “ARTÍCULO
3o. PRINCIPIOS. Todas las autoridades
deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y
procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la
Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes
especiales. // Las
actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los
principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad,
participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación,
eficacia, economía y celeridad. (…) // 8. En virtud del
principio de transparencia, la actividad administrativa es del dominio público,
por consiguiente, toda persona puede conocer las actuaciones de la
administración, salvo reserva legal. // 9. En virtud del principio de
publicidad, las autoridades darán a conocer al público y a los interesados, en
forma sistemática y permanente, sin que medie petición alguna, sus actos,
contratos y resoluciones, mediante las comunicaciones, notificaciones y
publicaciones que ordene la ley, incluyendo el empleo de tecnologías que
permitan difundir de manera masiva tal información de conformidad con lo
dispuesto en este Código. Cuando el interesado deba asumir el costo de la
publicación, esta no podrá exceder en ningún caso el valor de la misma. (…)”
[122] Cabe aclarar que, en ningún momento, se invocó el carácter
reservado de la información solicitada o la imposibilidad de entregarla por
razón de su contenido.
[123] Artículo 22 de la Ley 1437 de 2011: “ORGANIZACIÓN PARA EL TRÁMITE INTERNO Y DECISIÓN DE LAS PETICIONES.<Artículo CONDICIONALMENTE exequible> <Artículo
modificado por el artículo 1 de la Ley 1755
de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> Las autoridades reglamentarán la
tramitación interna de las peticiones que les corresponda resolver, y la manera
de atender las quejas para garantizar el buen funcionamiento de los servicios a
su cargo. // Cuando más de diez (10) personas formulen peticiones análogas, de
información, de interés general o de consulta, la Administración podrá dar una
única respuesta que publicará en un diario de amplia circulación, la pondrá en
su página web y entregará copias de la misma a quienes las soliciten.”
[124] Ley 527 de 1999: “ARTICULO 7o. FIRMA. Cuando cualquier norma exija la presencia de una firma o
establezca ciertas consecuencias en ausencia de la misma, en relación con un
mensaje de datos, se entenderá satisfecho dicho requerimiento si: // a) Se
ha utilizado un método que permita identificar al iniciador de un mensaje de
datos y para indicar que el contenido cuenta con su aprobación; // b) Que el
método sea tanto confiable como apropiado para el propósito por el cual el
mensaje fue generado o comunicado. // Lo dispuesto en este artículo se
aplicará tanto si el requisito establecido en cualquier norma constituye una
obligación, como si las normas simplemente prevén consecuencias en el caso de
que no exista una firma.”
[125] Es importante resaltar que, a la fecha, la página de
Facebook “Acueducto de Popayán” ya cuenta con la insignia correspondiente.
[126] Véanse los siguientes acuerdos del Consejo Superior de la
Judicatura: PCSJA20-11517, PCSJA20-11518, PCSJA20-11519,
PCSJA20-11521 y PCSJA20-11526 de marzo de 2020, PCSJA20-11532
del 11 de abril de 2020, PCSJA20-11546 del 25 de abril
de 2020, PCSJA20-11549 del 7 de mayo 2020, PCSJA20-11556 del 22 de mayo de 2020 y PCSJA20-11567 del 5 de junio de 2020.
[127] “Artículo 14. Prestación del servicio.
Mientras dure la suspensión de términos, así como cuando ésta se levante, los
servidores de la Rama Judicial continuarán trabajando de manera preferente en
su casa mediante el uso de las tecnologías de la información y las
comunicaciones. Cuando para cumplir con las funciones o la prestación del
servicio sea necesaria la presencialidad en la sede de trabajo se atenderán las
disposiciones establecidas en el presente Acuerdo.”
[128] Al respecto, es preciso recordar que el artículo 5 de la Ley
1437 de 2011 dispone: “DERECHOS DE LAS PERSONAS ANTE LAS AUTORIDADES. En sus
relaciones con las autoridades toda persona tiene derecho a: // 1. Presentar
peticiones en cualquiera de sus modalidades, verbalmente, o por escrito, o por
cualquier otro medio idóneo y sin necesidad de apoderado, así como a obtener
información y orientación acerca de los requisitos que las disposiciones
vigentes exijan para tal efecto. // Las anteriores actuaciones podrán ser
adelantadas o promovidas por cualquier medio tecnológico o electrónico
disponible en la entidad, aún por fuera de las horas de atención al público.”
De igual forma, el artículo 6 de la Ley 962 de 2005 ya mencionaba que: “(…) Toda
persona podrá presentar peticiones, quejas, reclamaciones o recursos, mediante
cualquier medio tecnológico o electrónico del cual dispongan las entidades y
organismos de la Administración Pública. (…)”. En ambos casos el
subrayado no corresponde al texto original.