T-464-16
Sentencia T-464/16
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos
generales y especiales de procedibilidad
DEFECTO
MATERIAL O SUSTANTIVO-Configuración
DESCONOCIMIENTO
DEL PRECEDENTE COMO CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia
Frente al defecto por desconocimiento del precedente es
preciso advertir que el mismo  es conocido como
la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado, que por
su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente
considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo. La
relevancia de respetar el precedente atiende a razones de diversa índole, que
en todo caso se complementan. La primera razón, se basa en la necesidad de
proteger el derecho a la igualdad de las personas que acuden a la
administración de justicia y de salvaguardar los principios de buena fe y
seguridad jurídica. Esto, debido a que no tener en cuenta las sentencias
anteriores a un caso que resulta equiparable al analizado, implicaría el
evidente desconocimiento de esos derechos y principios. El segundo argumento se
basa en el reconocimiento del carácter vinculante de las decisiones judiciales,
en especial si son adoptadas por órganos cuya función es unificar jurisprudencia.
PRECEDENTE-Elementos
Esta Corporación fijó los parámetros que permiten
determinar si en un caso es aplicable o no un precedente. Así, la sentencia
T-292 de 2006, estableció que deben verificarse los siguientes criterios: (i)
que en la ratio decidendi de la sentencia anterior se encuentre una regla
jurisprudencial aplicable al caso a resolver; (ii) que esta ratio resuelva un
problema jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso; y (iii) que los
hechos del caso sean equiparables a los resueltos anteriormente. De no
comprobarse la presencia de estos tres elementos esenciales, no es posible
establecer que un conjunto de sentencias anteriores constituye precedente
aplicable al caso concreto, por lo cual al juez no le es exigible dar
aplicación al mismo. De otro modo, cuando se encuentran cumplidos los tres
criterios mencionados, los funcionarios judiciales tienen la posibilidad de
apartarse del precedente siempre y cuando (i) hagan referencia al precedente
que van a inaplicar y (ii) ofrezcan una justificación razonable, seria,
suficiente y proporcionada, que dé cuenta de las razones por las que se apartan
de la regla jurisprudencial previa. Así se protege el carácter dinámico del
derecho y la autonomía e independencia de las que gozan los jueces.
APLICACION
DEL PRINCIPIO DE LA CONDICION MAS BENEFICIOSA A LA PENSION DE SOBREVIVIENTES-Precedente
de la Corte Constitucional
La Sala advierte que
la Corte Constitucional guarda un precedente uniforme con respecto a la
aplicación del principio de condición más beneficiosa en materia de pensión de
sobrevivientes. Así, para esta Corporación, el principio de condición más
beneficiosa permite aplicar el Acuerdo 049 de 1990 cuando se prueba que el causante
ha cumplido con el número de semanas exigidas por la mencionada norma jurídica
durante el término de su vigencia, pese a que la muerte hubiese ocurrido con
posterioridad a la vigencia de las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.  Sin
embargo, desde el 2008, esa posición ha sido valorada en la Corte Suprema de
Justicia, donde una gran mayoría de sus falladores ha adoptado posiciones
diferentes razón por la cual en el presente acápite se presentará un resumen de
dicho cambio.
APLICACION
DEL PRINCIPIO DE LA CONDICION MAS BENEFICIOSA EN MATERIA DE PENSION DE
SOBREVIVIENTES-Cambio de precedente de la Sala Laboral de la Corte
Suprema de Justicia
El precedente de la
Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia sobre la condición más beneficiosa
en materia de pensión de sobrevivientes se ha visto expuesto a modificaciones
recientes por dicha Corporación, restringiéndose su alcance a la consideración
de la ley anterior vigente al momento del fallecimiento del afiliado, bajo el
argumento de salvaguardar los principios de legalidad y seguridad jurídica.
Ahora bien, en tanto que la jurisprudencia de la Corte Constitucional adoptó
las consideraciones jurídicas que la Sala Laboral de la Corte Suprema de
Justicia había realizado en su momento con respecto al principio de la
condición más beneficiosa, para analizar igualmente el alcance de los derechos
al mínimo vital, la seguridad social y debido proceso en el caso de la pensión
de sobreviviente, esta Sala analizará en el caso concreto si el cambio de
precedente efectuado por la máxima autoridad de la justicia ordinaria se ajusta
a los lineamientos de la Carta Política, y si, en consecuencia, la Corte
Constitucional debe adoptar dicha postura y modificar, por lo tanto, su
precedente constitucional.
PRINCIPIO
DE SUPREMACIA CONSTITUCIONAL-Estricto acatamiento del precedente
judicial cuando se trata de jurisprudencia constitucional
La Corte
Constitucional es el órgano de cierre en materia constitucional, y que por lo
tanto, es la encargada de determinar el alcance de los derechos fundamentales
en el ordenamiento jurídico colombiano. En efecto, la Corte Constitucional
determinó que en virtud de la inexistencia de un régimen de transición y de los
principios de buena fe, confianza legítima y favorabilidad, es posible dar
aplicación a una norma anterior, por ejemplo, el Acuerdo 049 de 1990, si el
afiliado realizó sus cotizaciones en vigencia de la mencionada norma jurídica,
cuando una norma posterior resulte desfavorable a su derecho a acceder a la pensión.
PRINCIPIO
DE LA CONDICION MAS BENEFICIOSA-Aplicación a la pensión de sobrevivientes
DERECHO
A LA SEGURIDAD SOCIAL Y AL MINIMO VITAL-Orden a Tribunal
proferir nueva decisión en la que se analice la solicitud de pensión de
sobrevivientes, bajo los preceptos del Acuerdo 049/90
Referencia: expediente T-5.524.106.
Procedencia: Acción de tutela instaurada por María Alicia Martínez
Rodríguez contra la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cúcuta y otros.
Asunto: Tutela contra providencia judicial que negó la aplicación
del principio de condición más beneficiosa para el reconocimiento de la pensión
de sobreviviente.
Magistrada
Ponente:
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Bogotá, D. C., veintinueve (29) de agosto de dos mil dieciséis  (2016)
La
Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
magistrados Jorge Iván Palacio, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y por la
magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado, quien la preside, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En la
revisión del fallo dictado en segunda instancia el 12 de abril de 2016,
proferido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que a
su vez confirmó la decisión del 27 de enero del mismo año de la Sala Laboral de
la misma Corporación, en el sentido de negar la acción presentada por María
Alicia Martínez Rodríguez contra la Sala Laboral del Tribunal Superior del
Distrito de Cúcuta, la Alcaldía Municipal de Villa del Rosario y el Fondo
Territorial de Pensiones Públicas de Norte de Santander. El asunto llegó a la
Corte Constitucional por remisión de la Secretaría de la Sala de Casación Penal
de la Corte Suprema de Justicia, en cumplimiento de los artículos 86 de la
Constitución Política y 31 y 32 del Decreto 2591 de 1991. En auto del 29 de
abril de 2016, la Sala de Selección Número Cinco de esta Corporación escogió la
presente tutela para su revisión.
De
manera inicial, la Sala de Selección decidió acumular el expediente de la
referencia junto a los procesos identificados con los números T-5.492.127,
T-5.532.671 y T-5.550.845 por considerar que existía unidad de materia entre
los mismos. Sin embargo, una vez verificados los hechos de cada uno de los
casos, mediante auto del 27 de julio de 2016[1] la Sala Quinta de Revisión decretó la
desacumulación procesal del expediente que ahora se revisa para que fuera
fallado de manera independiente.
I.
ANTECEDENTES
María
Alicia Martínez Rodríguez presentó acción de tutela el 18 de diciembre de 2015[2]
en contra de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito de Cúcuta, la
Alcaldía de Villa del Rosario y el Fondo Territorial de Pensiones Pública del
Departamento de Norte de Santander. La peticionaria considera que las entidades
demandadas vulneraron su derecho fundamental al debido proceso. En particular, la
actora sostiene que dicha violación se produjo por la decisión del Tribunal
accionado de revocar, mediante providencia del 15 de mayo de 2015, la sentencia
del Juzgado Primero Civil del Circuito de Los Patios que, en audiencia del 30
de septiembre de 2013, ordenó el reconocimiento y pago en favor de la actora de
la pensión de sobrevivientes causada por la muerte de su esposo.
1. Hechos relevantes
1.
La señora María Alicia Martínez Ramírez, de 77 años de edad[3],
manifestó que contrajo matrimonio con el señor Roberto Prieto el 28 de abril de
1965[4],
relación que perduró hasta la muerte de éste último el 15 de noviembre de 2009[5].
2. A
su vez, la peticionaria explicó que su difunto esposo estuvo vinculado a la
Alcaldía de Villa del Rosario desde el primero de enero de 1989 hasta el 30 de
marzo de 1995.  Por otra parte, señaló que su compañero también trabajó como
celador para el Instituto de Cultura y Bellas Artes del Departamento de Norte
de Santander entre el primero de abril de 1979 y el 3 de febrero de 1982.  De
esta forma, señaló que el tiempo total de servicios del señor Roberto Prieto en
las dos entidades públicas fue de 467.5 semanas.
3.
Así, el 2 de noviembre de 2010, la señora Martínez Ramírez, a través de
apoderada judicial, solicitó a la Alcaldía del Municipio de Villa del Rosario
el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente. La entidad, mediante Resolución
del 24 de noviembre de 2010, negó la solicitud al considerar que no se acreditó
que el señor Roberto Prieto hubiera realizado dentro de los tres años
anteriores a la fecha de su fallecimiento cotizaciones al Sistema General de
Pensiones que ascendieran a 50 semanas de acuerdo a lo señalado por la Ley 797
de 2003[6].
4. De
manera posterior, la apoderada de la peticionaria presentó una solicitud en el
mismo sentido ante el Fondo Territorial de Pensiones Públicas del Departamento
de Norte de Santander el 25 de septiembre de 2012. Sin embargo, la entidad
resolvió negar la petición bajo el entendido de que los anexos presentados
junto a la petición no eran originales. Asimismo, sin una motivación precisa,
se limitó a anexar en la respuesta un formato donde se explicaban cuáles eran
los requisitos para recibir una indemnización sustitutiva de parte de la
entidad[7].
5.
El 8 de noviembre de 2012[8], la peticionaria presentó, a través de
su apoderada, una demanda ordinaria laboral contra las entidades públicas con
el fin de que se le reconociera la pensión de sobreviviente. Así, mediante
sentencia del 30 de septiembre de 2013[9], el Juzgado Primero Civil del Circuito
de Los Patios accedió a la pretensión de la actora y ordenó al Fondo
Territorial de Pensiones Públicas de Norte de Santander asumir el pago de la
obligación tomando como base el salario mínimo mensual  y desde la fecha de
fallecimiento del señor Roberto Prieto. Para llegar a esta conclusión, la jueza
-con base a la jurisprudencia vigente de la Corte Suprema de Justicia-
determinó que a la señora Martínez Ramírez se le debía aplicar la condición
pensional más beneficiosa, por lo que el régimen que se aplica a su caso
corresponde al contenido en el Acuerdo 049 de 1990,  que señala que el derecho de
pensión se constituía cuando el causante acumulara 150 semanas cotizadas dentro
de los seis años anterior a su muerte o 300 en cualquier tiempo.
6.
Así las cosas, el 30 de septiembre de 2013 tanto el Fondo de Pensiones
Territorial como la Alcaldía de Villa del Rosario presentaron un recurso de
apelación contra la providencia de la jueza laboral. A causa de lo anterior, la
Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta, en audiencia de juzgamiento del
15 de mayo de 2015, revocó la decisión en su totalidad. Para llegar a esta
decisión, la Corporación consideró que: (i) para el primero de abril de 1994 el
señor Roberto Prieto tenía 64 años de edad por lo que era beneficiario de
régimen de transición definido por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; (ii)
en razón de lo anterior, el régimen aplicable a éste es el contemplado en el
primer parágrafo del artículo 12 de la Ley 797 de 2003 que señala que el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes solo prospera si se acredita una
cotización equivalente a 50 semanas o más dentro de los tres últimos años anteriores
al fallecimiento y ; (iii) de esta manera, si se acude  al principio de la
condición más beneficiosa, se debe aplicar de manera ultractiva el artículo 46 original
de la Ley 100 de 1993, modificado por el ya mencionado artículo 12 de la Ley
797 de 2003, que señala que este tipo de reconocimiento pensional solo procede
si el afiliado hubiere cotizado por lo menos 26 semanas al momento de la muerte
o que, en caso de haber dejado de cotizar, hubiere efectuado aportes por lo
menos 26 semanas del año inmediatamente anterior al momento en que esta se
produzca, hipótesis que en el presente caso tampoco se cumple; y (v) por lo
anterior, la señora Martínez Rodríguez solo tiene derecho a la indemnización
sustitutiva prevista en la ley[10].
Por
otra parte, el Tribunal encontró que la Alcaldía de Villa del Rosario no había
procedido a realizar la respectiva afiliación del señor Prieto en el sistema
general de pensiones. Sin embargo, dicha Corporación consideró que como quiera
que éste no cumplió con los requisitos para causar la pensión de sobreviviente,
de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, el hecho de que
no se constituyera dicha prestación social hacía que no se generará
responsabilidad alguna para el antiguo empleador[11].
7. Por
lo anterior, la señora María Alicia Martínez Ramírez considera que la actuación
de las entidades accionadas, en particular la Sala Laboral del Tribunal Superior
de Cúcuta, vulneraron su derecho fundamental al debido proceso en la medida en que
dicha Corporación Judicial desconoció los precedentes jurisprudenciales
vigentes sobre la materia e incurrió en un defecto sustantivo ya que dicha
actuación aplicó de manera inapropiada las reglas sobre la condición más
beneficiosa en pensiones. En concreto, señaló que el juez laboral no observó
las reglas jurisprudenciales de la Corte Constitucional que indican que, en
casos como lo suyos, la aplicación de la condición más beneficiosa lleva a la
consolidación de su derecho pensional a través de las normas fijadas por el
Acuerdo 049 de 1990[12].
2.
Actuación procesal.
La
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia conoció de la tutela
en primera instancia. Por medio de auto del 18 de enero de 2016 ordenó la
notificación de la tutela a las entidades accionadas y les otorgó un día para
que presentaran una respuesta, enviaran una copia completa del expediente del
proceso laboral ordinario y allegaran información adicional que pudiera ser
relevante para el examen del caso concreto. Así las cosas, las entidades
accionadas dieron respuesta a la tutela en los siguientes términos:
A.
Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta
La
Corporación judicial se opuso a las pretensiones[13],
así: (i) reiteró su posición frente al principio de favorabilidad en materia
pensional en el caso concreto en el sentido de que la norma aplicable es el
artículo 12 de la Ley 797 de 2013 y, en su defecto, el artículo 46 original de
la Ley 100 de 1993 ; y (ii) el amparo es improcedente toda vez que la
peticionaria no presentó de manera oportuna el recurso extraordinario de
casación por lo que la acción no observa el requisito de subsidiariedad exigido
en este tipo de procesos.
B.
Fondo Territorial de Pensiones Públicas del Departamento de Norte de Santander
La
entidad se opuso a las pretensiones[14] al sostener que: (i) no guardó
silencio frente a la petición de la actora lo que se comprueba con la respuesta
que le dio a la misma mediante oficio del 25 de octubre de 2012 en la cual le
solicitó a su apoderada actualizar la documentación allegada y le informó sobre
el procedimiento para el trámite de la indemnización sustitutiva; y (ii) para
la fecha del fallecimiento del señor Roberto Prieto la norma aplicable era la
Ley 797 de 2003, cuyos requisitos no se cumplen y por ello no puede reconocerse
la pensión de sobreviviente como lo advirtió de manera acertada el Tribunal
Superior de Cúcuta.
C. Alcaldía
del Municipio de Villa del Rosario
A
pesar de ser notificada mediante oficio del 20 de enero de 2016[15] la
entidad accionada guardó silencio durante el trámite de la acción de tutela.
3.
Decisiones judiciales objeto de revisión.
A. Sentencia
de primera instancia
Mediante
sentencia del 27 de enero de 2016[16], la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia denegó el amparo por considerar que: (i) la peticionaria
desatendió el carácter residual y subsidiario de la tutela al no interponer
oportunamente el recurso extraordinario de casación contemplado en el artículo
88 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social; (ii) la procedencia
de la pensión de sobreviviente reclamada por la demandante debía estudiarse con
base en los requisitos establecidos en la Ley 797 de 2003, como lo hizo el
Tribunal accionado, a partir del principio de la condición más beneficiosa; y
(ii) por estas razones el Tribunal apoyó su decisión en una argumentación
plausible y razonable.
B. Impugnación
A
través de un memorial del 6 de febrero de 2015[17], la accionante impugnó la decisión de
primera instancia. Así, argumentó que la decisión recurrida no aplicó de manera
acertada el principio de favorabilidad en la medida en que se apartó de los
precedentes fijados por la Corte Constitucional en la materia.
C.
Sentencia de segunda instancia
En
sentencia del 12 de abril de 2016[18], la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia confirmó el fallo de primera instancia, por las siguientes
razones: (i) la señora Martínez Ramírez no interpuso el recurso extraordinario
de casación contra el fallo del Tribunal por lo que la acción no resulta
procedente en la medida en que no cumple con el requisito de subsidiariedad;
(ii) las censuras realizadas por la actora no demuestran un error judicial de
fondo; y (iii) la argumentación del juez laboral no fue caprichosa ya que
responde a una aplicación puntual de los precedentes de la Corte Suprema en lo
que respecta al principio de favorabilidad.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
1. Corresponde a la Corte Constitucional analizar, a través de
esta Sala de Revisión, los fallos proferidos dentro de la acción de tutela de
la referencia, con fundamento en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución y
31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
Asunto bajo revisión y planteamiento de los problemas jurídicos
2. El presente caso se trata de una mujer de 77 años de edad que,
después del fallecimiento de su esposo el 15 de noviembre de 2009, inició el
trámite para el reconocimiento de la pensión de sobreviviente. Durante el
proceso ordinario laboral se comprobó que el cónyuge fallecido de la actora
estuvo vinculado a la Alcaldía Municipal de Villa del Rosario y al Departamento
de Norte de Santander por un periodo correspondiente a 467 semanas, sin que la
primera entidad realizará los aportes al Sistema General de Pensiones. En
primera instancia, la jueza laboral accedió a las pretensiones de la señora
Martínez Rodríguez en razón a que a partir del principio de la condición más
beneficiosa el régimen pensional aplicable era el dispuesto por el Acuerdo 049
de 1990. Así, le ordenó al Fondo Territorial de Norte de Santander reconocer la
prestación a la peticionaria a partir de la fecha del deceso de su compañero.
Sin embargo, tras la impugnación presentada por las entidades afectadas con la
decisión, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta revocó la decisión al
concluir que el régimen aplicable era el desarrollado por el artículo 12 de la Ley
797 de 2003. Por su parte, las entidades accionadas se opusieron a las
pretensiones de la tutela al indicar que el Tribunal no actuó de manera
caprichosa ya que las reglas de favorabilidad indican que el régimen aplicable
no es el alegado por la peticionaria sino aquel contemplado en la Ley 797 de
2003.
3. A su vez, los jueces de instancia de tutela negaron el amparo
al considerar que la peticionaria pretermitió la instancia contemplada en el
recurso extraordinario de casación por lo que desatendió el requisito de
subsidiariedad de la tutela. Asimismo, las dos instancias coincidieron en
señalar que el Tribunal laboral acertó en la aplicación del principio de condición
más beneficiosa por lo que no existió una decisión arbitraria que merezca el
reproche del juez constitucional.
4. De acuerdo con los
antecedentes resumidos anteriormente, esta Sala de Revisión, debe resolver en
primer lugar el siguiente problema jurídico relacionado con la procedencia de
la acción de tutela:
(i)
¿las acción de tutela
presentada por la señora María Alicia Martínez Rodríguez contra la decisión de
la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta del 15 de mayo de 2015 observa
las reglas generales de procedencia de la acción de tutela contra
providenciales judiciales?
Para responder a ese
problema jurídico, a continuación se reiterarán los contenidos de las reglas
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
para determinar si es procedente el estudio de fondo del caso.
Reglas generales
procedibilidad de la acción de tutela contra las sentencias judiciales
-reiteración jurisprudencial[19]-
5.
La procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales es
excepcional  y encuentra su fundamento constitucional en el artículo 86 de la
Constitución[20]. Por su parte, se explica también por
algunas normas que hacen parte del bloque de constitucionalidad[21]
como el artículo 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos[22]
y el artículo 2.3.a del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[23]
.
6.
Inicialmente, el Tribunal desarrolló la teoría de las vías de hecho[24]
para explicar en qué casos el amparo se podía invocar contra una sentencia
judicial. Sin embargo, con la sentencia C-590 de 2005[25],
la Corte Constitucional superó dicho concepto para dar paso a la doctrina de
supuestos de procedibilidad. Así, en la sentencia SU-195 de 2012[26],
esta Corporación reiteró la doctrina establecida en la mencionada sentencia, en
el sentido de condicionar la procedencia de la acción de tutela contra
providencias al cumplimiento de ciertos y rigurosos requisitos de
procedibilidad, agrupados en: (i) requisitos generales de procedibilidad; y
(ii) causales específicas de procedibilidad.
7.
Los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales se pueden resumir de la siguiente manera: (i) que la
cuestión sea de relevancia constitucional; (ii) el agotamiento de todos los
medios de defensa judicial al alcance, salvo que se trate de evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable; (iii) la observancia del requisito de
inmediatez, es decir, que la acción de tutela se interponga en un tiempo
razonable y proporcionado a la ocurrencia del hecho generador de la
vulneración; (iv) si se trata de una irregularidad procesal, que la misma sea
decisiva en la providencia que se impugna en sede de amparo; (v) la
identificación razonable de los hechos que generaron la vulneración de derechos
fundamentales y de haber sido posible, que los mismos hayan sido alegados en el
proceso judicial; y (vi) que no se trate de una tutela contra tutela.
Frente a la exigencia de que lo discutido sea de evidente
relevancia constitucional, esta Corte ha dicho que ello obedece al respeto
por la órbita de acción tanto de los jueces constitucionales, como de los de
las demás jurisdicciones. Debe el juez de tutela, por lo tanto, establecer
clara y expresamente si el asunto puesto a su consideración es realmente una
cuestión de relevancia constitucional, que afecte los derechos fundamentales de
las partes.
El deber de agotar todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance del afectado, guarda
relación con la excepcionalidad y subsidiariedad de la acción de tutela, pues
de lo contrario ella se convertiría en una instancia adicional para las partes
en el proceso. Esta exigencia trae consigo la excepción consagrada en el
artículo 86 Superior, que permite que pueda flexibilizarse cuando se trata de evitar
la consumación de un perjuicio irremediable o cuando se pretender proteger
derechos frente a medidas judiciales ordinarias ineficaces.
Adicionalmente, el juez debe verificar que la acción de tutela se
invoque en un término razonable y proporcionado, contado a partir del hecho
vulnerador, a fin de cumplir el requisito de la inmediatez. De no ser
así, se pondrían en juego la seguridad jurídica y la institución de la cosa
juzgada, pues las decisiones judiciales estarían siempre pendientes de una
eventual evaluación constitucional.
Así mismo, cuando se trate de una irregularidad procesal, ésta
debe haber sido decisiva o determinante en la sentencia que se impugna y
debe afectar los derechos fundamentales del peticionario. Este requisito
busca que sólo las irregularidades verdaderamente violatorias de garantías
fundamentales tengan corrección por vía de acción de tutela, de manera que se
excluyan todas aquellas que pudieron subsanarse durante el trámite, o que no se
alegaron en el proceso.
También se exige que la parte accionante identifique
razonablemente los hechos que generaron la vulneración de derechos
fundamentales. Este requisito pretende que el actor ofrezca plena claridad
en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que se imputa a la
decisión judicial. En este punto, es importante que el juez de tutela verifique
que los argumentos se hubieren planteado al interior del proceso judicial, de
haber sido esto posible.
La última exigencia de naturaleza procesal que consagró la
tipología propuesta en la C-590 de 2005, es que la sentencia atacada
no sea de tutela. Así se buscó evitar la prolongación indefinida del debate
constitucional, más aún cuando todas las sentencias de tutela son sometidas a
un proceso de selección ante esta Corporación, trámite después del cual se
tornan definitivas, salvo las escogidas para revisión.
Se
pasa ahora a verificar si se cumple con estos requisitos en el caso de la
tutela interpuesta por la señora María Alicia Martínez Rodríguez.
Análisis
de procedencia en el caso concreto
8.
La Corte encuentra que, en lo que respecta al presente proceso, se cumplen con
los requisitos generales de procedencia antes descritos ya que, en primer
lugar, la cuestión que se plantea es de relevancia constitucional pues guarda
una relación concreta con el alcance del derecho fundamental al debido proceso.
Por
otra parte, aunque en el proceso judicial ordinario la actora no acudió al
recurso extraordinario de casación, la no interposición del mismo no hace que
se desatienda el requisito de agotamiento. En casos similares, esta Corporación
ha considerado cumplido el requisito de agotamiento de los recursos cuando el
mecanismo judicial no utilizado tendría una decisión tardía, pues se pueden
comprometer los derechos fundamentales de los interesados, cuando no están en
edad de trabajar y tienen condiciones económicas precarias. Igualmente, ha
estimado la Corte que la simple verificación de mecanismos judiciales que no se
utilizaron no configura el incumplimiento de la condición de subsidiariedad de
la tutela. Es indispensable evaluar en el caso específico la idoneidad y
efectividad del recurso o la acción para proteger los derechos[27].
Sumado
a lo anterior, cuando se trata de personas en estado de indefensión o
vulnerabilidad la Corte ha determinado que el examen de estos supuestos no debe
ser tan riguroso, y que su condición amerita un tratamiento diferencial
positivo[28]. En este sentido, una de las maneras
en las que un ciudadano se puede encontrar en un estado de indefensión ocurre
cuando son sujetos de especial protección constitucional. Dicha situación ha
sido definida por la Corporación de la siguiente manera:  son sujetos de
especial protección a los niños y niñas, las madres cabeza de familia, las
personas en situación de discapacidad, la población desplazada, los adultos
mayores y todas aquellas personas que por su situación de debilidad
manifiesta se ubican en una posición de desigualdad material con respecto al
resto de la población; motivo por el cual se considera que la pertenencia a
estos grupos poblacionales tiene una incidencia directa en la intensidad de la
evaluación del perjuicio, habida cuenta que las condiciones de debilidad
manifiesta obligan a un tratamiento preferencial en términos de acceso a los
mecanismos judiciales de protección de derechos, a fin de garantizar la
igualdad material a través de discriminaciones afirmativas a favor de los
grupos mencionados[29].
En
ese sentido, esta Corporación ha entendido que el recurso de casación requiere
de una técnica judicial rigurosa dada su naturaleza como mecanismo de revisión,
por parte de la Corte Suprema de Justicia. La finalidad de la casación no es
otra que la revisión de sentencias que sean acusadas de violar la ley sustancial al
cometer una infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea de
la normatividad. En otras palabras, su finalidad es la de defender la unidad e
integridad del ordenamiento jurídico, lograr la eficacia de los instrumentos
internacionales suscritos por Colombia en el derecho interno, proteger los
derechos constitucionales, controlar la legalidad de los fallos, unificar la
jurisprudencia nacional y reparar los agravios irrogados a las partes con
ocasión de la providencia recurrida[30].
Así, por ejemplo, en la Sentencia
T-401 de 2015[31],
la Corte analizó la procedencia de una tutela interpuesta por una persona de la
tercera edad que no acudió al recurso de casación en un proceso ordinario
laboral por el no reconocimiento de una pensión de sobreviviente. En dicha
providencia, el Tribunal señaló que el análisis realizado por el juez para
determinar la configuración del requisito de subsidiariedad no puede limitarse
a una simple constatación de la existencia de otros mecanismos previstos por el
ordenamiento para controvertir la decisión judicial. En efecto, tales
mecanismos tienen que ser idóneos, eficaces y oportunos para la salvaguarda de
los derechos fundamentales alegados por las partes. En ese sentido, señaló la
Corte, que el recurso de casación no resulta ni idóneo ni eficaz para dar una
respuesta oportuna  a la vulneración de los derechos involucrados ya que la
resolución del recurso de casación es, por regla general, dilatada, razón por
la cual para el momento de una futura resolución, la afectación de los derechos
fundamentales de la accionante ya se habría consolidado en forma grave. En este
sentido, ya que se solicita el reconocimiento y pago de la pensión de
sobrevivientes de una persona que supera la edad promedio para ingresar al
mercado laboral es claro que un recurso extraordinario no resultaría idóneo ni
eficaz para la protección inmediata de sus derechos fundamentales.
Bajo esta premisa, se tiene que el
presente proceso involucra a una persona que merece una protección
constitucional reforzada en razón de su condición de sujeto de especial
protección. Así, es relevante recordar que la peticionaria es una persona de 77
años de edad que ya agotó las instancias ordinarias laborales por lo que
exigirle acudir a un medio extraordinario y calificado como la casación
resultaría excesivo. En especial, ya que en la acción de tutela señala que la
decisión de Tribunal ha afectado de manera particular su derecho fundamental al
debido proceso. Esto, acudiendo a las reglas flexibles para determinar el
examen de idoneidad y eficacia  de los mecanismos ordinarios, lleva a la Corte
a concluir que este requisito general de procedencia también se cumple en el
presente caso.
A su vez, en lo referente al
requisito de inmediatez se puede concluir con facilidad que se cumple, ya que
la decisión que se controvierte fue expedida el 15 de mayo de 2015 mientras que
la acción de tutela se presentó el 18 de diciembre del mismo año, de ahí que
entre una actuación y otra transcurrió un periodo de siete meses que se
considera apropiado y razonable. De la misma manera, no existe una irregularidad procesal ya que la petición se fundamenta en la
configuración de defectos materiales y el desconocimiento del precedente
vigente en la sentencia laboral de segunda instancia. Finalmente, en el amparo se
identificaron de manera clara los hechos que generaron la supuesta vulneración;
y la acción se interpuso contra una decisión ordinaria de la Sala Laboral del
Tribunal Superior de Cúcuta y no contra otra sentencia de tutela.
9. Por tal razón, al corroborar que la
tutela revisada cumple con los requisitos generales de procedencia, la Sala
pasará ahora a resolver el problema de fondo que se plantea en la misma y que
puede ser resumido en el siguiente problema jurídico:
(ii)     ¿la sentencia de la Sala
Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta que revocó el reconocimiento de la
pensión de sobreviviente en favor de la actora produjo una vulneración al
derecho fundamental al debido proceso de la actora al incurrir en un defecto
sustantivo y en un desconocimiento del precedente constitucional vigente que en
la materia ha fijado la Corte Constitucional?
Para resolver el problema jurídico, la
Sala: (i) reiterará las reglas sobre causales específicas de procedencia de la
acción de tutela contra sentencias judiciales; (ii) explicará los precedentes
constitucionales en relación con la aplicación de la condición más beneficiosa
en materia pensional; (iii) presentará los cambios en la jurisprudencia de la
Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia respecto del principio de
favorabilidad en pensiones; y (iv) analizará el caso concreto.
Causales
específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales -reiteración de jurisprudencia[32]
10.
Las causales específicas de procedibilidad persiguen el análisis sustancial del
amparo solicitado, así lo advirtió esta Corporación en la sentencia C-590 de
2005[33], que además estableció que basta con
la configuración de alguna de las causales específicas, para que proceda el
amparo respectivo. Tales causales han sido agrupadas por la jurisprudencia
constitucional en forma de defectos, así:
10.1 Defecto orgánico: ocurre cuando el funcionario
judicial que profirió la sentencia impugnada carece, en forma absoluta, de
competencia.
10.2 Defecto procedimental absoluto: surge cuando el juez
actuó totalmente al margen del procedimiento previsto por la ley.
10.3 Defecto fáctico: se presenta cuando la decisión
impugnada carece del apoyo probatorio, que permita aplicar la norma en que se
sustenta la decisión o cuando se desconocen pruebas que tienen influencia
directa en el sentido del fallo.
10.4 Defecto sustantivo: tiene lugar cuando la decisión se
toma con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, cuando existe
una contradicción evidente y grosera entre los fundamentos y la decisión,
cuando se deja de aplicar una norma exigible al caso o cuando se otorga a la
norma jurídica un sentido que no tiene.
10.5 El error inducido: acontece cuando la autoridad
judicial fue objeto de engaños por parte de terceros, que la condujeron a
adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales.
10.6 Decisión sin motivación: se presenta cuando la
sentencia atacada carece de legitimación, debido a que el servidor judicial
incumplió su obligación de dar cuenta, de los fundamentos fácticos y jurídicos que
la soportan.
10.7 Desconocimiento del precedente: se configura cuando
por vía judicial se ha fijado el alcance sobre determinado asunto y el
funcionario judicial, desconoce la regla jurisprudencial establecida. En estos
eventos, la acción de tutela busca garantizar la eficacia jurídica del derecho
fundamental a la igualdad.
10.8 Violación directa de la Constitución: que se deriva
del principio de supremacía de la Constitución, el cual reconoce a la Carta
Política como un supuesto plenamente vinculante y con fuerza normativa.
11. Con respecto al defecto
sustantivo esta Corporación lo ha caracterizado como
la existencia de una falencia o yerro en una providencia judicial, originada en
el proceso de interpretación o aplicación de las disposiciones jurídicas
aplicables al caso sometido al conocimiento del juez. Para que el defecto de
lugar a la procedencia de la acción de tutela, debe tratarse de una
irregularidad de tal identidad, que lleve a la emisión de un fallo que
obstaculice o lesione la efectividad de los derechos constitucionales.
En
la sentencia SU–195 de 2012[34] se estableció que, en sentido
amplio, se está en presencia de esta causal cuando la autoridad judicial
emplea una norma inaplicable al caso concreto, deja de aplicar la norma
adecuada, o interpreta las normas de tal manera que contraría la razonabilidad
jurídica. A su vez, en estricto sentido, lo configuran los siguientes
supuestos: (i) el fundamento de la decisión judicial es una norma que no es
aplicable al caso concreto, por impertinente o porque ha sido derogada, es
inexistente, inexequible o se le reconocen efectos distintos a los otorgados
por el Legislador; (ii) no se hace una interpretación razonable de la norma;
(iii) cuando se aparta del alcance de la norma definido en sentencias con
efectos erga omnes; (iv) la disposición aplicada es regresiva o
contraria a la Constitución; (v) el ordenamiento otorga poder al juez y éste lo
utiliza para fines no previstos en la disposición; (vi) la decisión se funda en
una interpretación no sistemática de la norma, es decir se trata de un grave error en la interpretación; (vii) se
afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial sustenta o
justifica de manera insuficiente su actuación.
12. Frente al defecto por desconocimiento del precedente
es preciso advertir que el mismo  es
conocido como la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un caso
determinado, que por su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos
resueltos, debe necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al
momento de emitir un fallo[35]. La
relevancia de respetar el precedente atiende a razones de diversa índole, que
en todo caso se complementan.
La primera razón, se basa en la necesidad de
proteger el derecho a la igualdad de las personas que acuden a la
administración de justicia y de salvaguardar los principios de buena fe y
seguridad jurídica. Esto, debido a que no tener en cuenta las sentencias
anteriores a un caso que resulta equiparable al analizado, implicaría el
evidente desconocimiento de esos derechos y principios.
El segundo argumento se basa en el reconocimiento
del carácter vinculante de las decisiones judiciales, en especial si son
adoptadas por órganos cuya función es unificar jurisprudencia. Como lo ha
explicado esta Corte, tal reconocimiento se funda en una postura teórica que
señala que “el Derecho no es una aplicación mecánica de consecuencias
jurídicas previstas en preceptos generales, como lo aspiraba la práctica
jurídica de inicios del siglo XIX…, sino una práctica argumentativa racional”[36]. Con lo cual, en últimas,
se le otorga al precedente la categoría de fuente de derecho aplicable al caso
concreto.
Ahora bien, esta Corporación fijó los parámetros
que permiten determinar si en un caso es aplicable o no un precedente. Así, la sentencia
T-292 de 2006[37], estableció que deben verificarse los siguientes criterios:
(i) que en la ratio decidendi de la sentencia anterior se encuentre una regla
jurisprudencial aplicable al caso a resolver; (ii) que esta ratio
resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso; y
(iii) que los hechos del caso sean equiparables a los resueltos
anteriormente.
De no comprobarse la presencia de estos tres
elementos esenciales, no es posible establecer que un conjunto de sentencias
anteriores constituye precedente aplicable al caso concreto, por lo cual al juez
no le es exigible dar aplicación al mismo.
De otro modo, cuando se encuentran cumplidos los
tres criterios mencionados, los funcionarios judiciales tienen la posibilidad
de apartarse del precedente siempre y cuando (i) hagan referencia al precedente
que van a inaplicar y (ii) ofrezcan una justificación razonable, seria,
suficiente y proporcionada, que dé cuenta de las razones por las que se apartan
de la regla jurisprudencial previa[38]. Así se protege el carácter dinámico del derecho y la
autonomía e independencia de las que gozan los jueces.
En esa medida, sólo cuando un juez se aísla de un precedente
establecido y es plenamente aplicable a determinada situación, y no cumple con
la carga argumentativa antes descrita, incurre en la causal de procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, referente al
desconocimiento del precedente judicial, en tanto que, con ese actuar, vulnera
los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso de las personas
que acudieron a la administración de justicia.
Ahora bien, como el
presente caso trata de un posible defecto sustantivo por la aplicación indebida
de la norma aplicable al reconocimiento de la pensión de sobreviviente y un
defecto por el desconocimiento del precedente sobre el principio de la
condición más beneficiosa, la Sala ahora presentará algunas consideraciones
asociadas a este principio.
Jurisprudencia
vigente de la Corte Constitucional en relación con la condición más beneficiosa
para acceder a la pensión de sobreviviente[39]
13. El artículo 53
de la Constitución Política establece una serie de derechos y garantías mínimas
fundamentales en favor de los trabajadores, que no pueden ser resquebrajados o
pretermitidos. Entre estos, se encuentra el principio de favorabilidad en la
aplicación de las normas jurídicas laborales o en la interpretación de éstas,
señalando que el funcionario público deberá optar por dar aplicación a la
situación más favorable al trabajador, cuando exista un conflicto de normas
jurídicas, o dudas en la interpretación de una determinada norma jurídica.
14. Como corolario
del principio de favorabilidad, la Corte Constitucional ha reconocido el alcance
del principio de la condición más beneficiosa, indicando que los trabajadores
tienen derecho a que sus expectativas legítimas de acceder a la pensión de
invalidez,  vejez, o de sobrevivientes, sean protegidas por parte de las
autoridades. Así, la condición más beneficiosa se predica en aquellos casos en
que los ciudadanos han cumplido con uno de los requisitos para acceder a la
pensión, como es el caso del número de semanas cotizadas, pero no con la
totalidad de éstos, por ejemplo, el requisito de edad. En consecuencia, si la
ley pensional es modificada por el Legislador, sin que se prevea un régimen de
transición, puede darse aplicación a la ley vigente al momento de las
cotizaciones, en caso de que éste sea más favorable al trabajador, para salvaguardar
la expectativa legítima de haber cumplido con los requisitos durante la
vigencia de un régimen que habrían dado lugar al reconocimiento de una
prestación bajo el derecho a la seguridad social, ya que de buena fe el
ciudadano accedió a un régimen pensional que le ofrecía unas garantías
legítimamente establecidas, y cumplió con la parte que, en principio, le
correspondía.
En Sentencia C-168
de 1995[40],
la Corte Constitucional hizo referencia al principio de condición más
beneficiosa, señalando que el mismo se garantiza mediante la aplicación del
principio de favorabilidad, el cual exige la aplicación integral de la norma o
interpretación más favorable al trabajador. Así, indicó la Corte que de
conformidad con dicho mandato, cuando una misma situación jurídica está
regulada en distintas fuentes formales del derecho (ley, costumbre, convención
colectiva, etc), o en una misma, es deber de quien ha de aplicar o interpretar
las normas escoger aquella que resulte más beneficiosa o favorezca al
trabajador. La favorabilidad opera, entonces, no sólo cuando existe conflicto
entre dos normas de distinta fuente formal, o entre dos normas de idéntica
fuente, sino también cuando existe una sola norma que admite varias
interpretaciones; la norma así escogida debe ser aplicada en su integridad, ya
que no le está permitido al juez elegir de cada norma lo más ventajoso y crear
una tercera, pues ello lo convertiría en Legislador
15. Ahora bien, la
Corte Constitucional ha dado aplicación también al principio de condición más
beneficiosa para salvaguardar el derecho que tiene el cónyuge supérstite para
acceder a la pensión de sobreviviente. Así, en aquellos casos en que los
afiliados al sistema de seguridad social en pensiones han cumplido con la
totalidad de las semanas de cotización previstas en la ley vigente durante la
fecha de las cotizaciones, pero no con el de la edad, y se ha efectuado un
tránsito legislativo que impone condiciones más gravosas para acceder a la
pensión, la Corte ha optado por dar aplicación al régimen anterior en
consonancia con el principio de la condición más beneficiosa.
Por ejemplo,  en la sentencia T-584
de 2011[41],
la Corte analizó el caso de una accionante que, en su calidad de cónyuge
supérstite, reclamaba el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes
de su esposo, quien había muerto en agosto del año 2004. La accionante
consideraba que tenía derecho a acceder a la pensión de sobreviviente, toda vez
que su esposo había cotizado 447 semanas y el Acuerdo 049 de 1990, vigente para
la fecha de las cotizaciones - las cuales tuvieron lugar entre 1978 y 1988 -,
sólo exigía acreditar trescientas (300) semanas cotizadas en cualquier tiempo.
Sin embargo, el Instituto de Seguros Sociales negó la pensión de sobreviviente,
en esa oportunidad, aduciendo que la ley aplicable era el artículo 12 de la Ley
797 de 2003, que modificó el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, y que exigía la
cotización de 50 semanas en los tres años anteriores a la fecha del
fallecimiento.
La Corte
Constitucional, en la mencionada sentencia, señaló que la accionante sí tenía
derecho a acceder a la pensión de sobreviviente, toda vez que las cotizaciones
se habían realizado en vigencia del Acuerdo 049 de 1990 y antes de la entrada
en vigencia de la Ley 100 de 1993. En consecuencia, al ser el citado Acuerdo la
norma más favorable para la accionante, y haber cumplido las normas para
beneficiarse del régimen de transición incorporadas por la Ley 100 de 1993, la
Corte Constitucional decidió aplicarla y proteger su derecho fundamental al
mínimo vital. Así, manifestó la Corte Constitucional que la entidad encargada
del reconocimiento pensional no podía exigir el cumplimiento de un requisito al
que no estaba sometida la pensión solicitada. En este caso, los requisitos
exigidos debieron examinarse a la luz de los artículos 6 y 25 del Acuerdo 049
de 1990, para efectos de obtener el derecho a la pensión de sobreviviente, los
cuales consisten en reunir 150 semanas de cotización realizadas en los 6 años
anteriores a la muerte o 300 en cualquier tiempo.
De esta manera, el
Tribunal concluyó que la acción de tutela resultaba procedente ante la
afectación de los derechos fundamentales de la accionante, por un lado como
forma de amparar derechos de rango fundamental, y por otro, debido a que los
requerimientos actuales de la actora, como persona de la tercera edad, exigen
una intervención inmediata del juez constitucional, pues el tiempo que gastaría
en el trámite de un proceso ordinario constituye una carga desproporcionada,
evidenciándose un perjuicio grave e inminente que requiere de una atención
urgente, teniendo en cuenta el estado en que se encuentra la accionante.
Asimismo, en la
referida sentencia no solo se realizó una interpretación y aplicación del
principio de favorabilidad en materia laboral contenido en el artículo 53 de la
Constitución Política, sino que también se aplicó el precedente que la Sala
Laboral de la Corte Suprema de Justicia había consolidado con respecto a la
condición más beneficiosa en materia de seguridad social. Así, por ejemplo,  la
Corte Constitucional citó la sentencia del 2 de mayo de 2003 proferida por el
juez laboral de casación, en la que se resolvió un caso de la misma manera[42].
De la misma forma,
en sentencia T-228 de 2014[43],
la Corte estudió el caso de una señora que reclamaba el reconocimiento y pago
de la pensión de sobrevivientes de su fallecido compañero permanente, de quien
dependía económicamente, y quien murió en diciembre de 2008. La demandante
señalaba que entre 1970 y 1983, su compañero había cotizado 403 semanas, razón
por la cual cumplía con los requisitos para acceder a la pensión de
sobrevivientes, en consonancia con lo consagrado en el Acuerdo 049 de 1990. El
Instituto de Seguros Sociales negó la solicitud de la accionante, razón por la
cual inició el respectivo proceso laboral. Sin embargo, el juez de primera
instancia consideró que la ley aplicable no era el Acuerdo 049 de 1990 sino la
ley vigente al momento del fallecimiento del afiliado, esto es, el artículo 12
de la Ley 797 de 2003 que modificó el artículo 46 de la Ley 100 de 1993. Por
esta razón, al igual que en el caso anterior, señaló que no cumplía con la
exigencia de las 50 semanas cotizadas en los tres años anteriores a la muerte,
razón por la cual denegó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.
La Sala Segunda
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, entidad
accionada en dicho trámite de tutela, resolvió el recurso de apelación
interpuesto por el juez de primera instancia y confirmó la sentencia recurrida.
El Tribunal señaló en esa oportunidad que el principio de la condición más
beneficiosa no implicaba la aplicación automática del Acuerdo 049 de 1990. En
efecto, indicó que éste refería la aplicación del artículo 46 de la Ley 100 de
1993 en su texto original, por ser la norma anterior al artículo 12 de la Ley
797 de 2003, norma vigente a la fecha de la muerte del afiliado.
En dicha
providencia, la Corte Constitucional resolvió dejar sin efecto las sentencias
del proceso ordinario y proteger los derechos fundamentales de la accionante.
Así, aplicó los principios de favorabilidad y condición más beneficiosa, y
explicó que el Acuerdo 049 de 1990 debe ser aplicado para reconocer y pagar la
pensión de sobrevivientes, más no la Ley 100 de 1993 y la Ley 797 de 2003, a
pesar de que éstas sean las vigentes a la muerte del asegurado, cuando se
demuestre que: (i) el afiliado realizó sus cotizaciones en vigencia del Acuerdo
049 de 1990, (ii) no realizó cotizaciones con posterioridad al 1º de abril de
1994, y, (iii) la muerte tuvo lugar con posterioridad a dicha fecha.
Aunado a lo anterior,
en esa oportunidad la Corporación citó una sentencia del 9 de julio de 2011 de
la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la que se confirmó el
precedente con respecto a la condición más beneficiosa en tanto si para el momento
de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, se daba el supuesto del número de
semanas cotizadas para que sus beneficiarios pudiesen acceder a la pensión de
sobrevivientes en los términos del Acuerdo 049 de 1990.
De forma más
reciente, en la sentencia T-401 de 2015[44]
esta Sala de Revisión examinó el caso de una persona de la tercera edad cuyo
compañero falleció el 4 de febrero de 2006 tras haber cotizado 708 semanas
entre el 2 de noviembre de 1969 y el 9 de marzo de 1992, lapso durante el cual
se encontraba en vigencia el Acuerdo 049 de 1990. Como en los casos anteriores,
los jueces laborales señalaron que la norma aplicable no era el mencionado
acuerdo sino las reglas generales incorporadas por la Ley 797 de 2003. En dicha
oportunidad, la Corte no solo resolvió revocar las decisiones de los jueces
laborales sino que, atendiendo la situación probada de indefensión, procedió a
ordenar el reconocimiento inmediato de la pensión de sobreviviente bajo el
entendido de que la condición más beneficiosa en materia laboral y pensional,
consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, es de obligatoria
observancia para el juez laboral y las autoridades administrativas facultadas
para efectuar el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente. Por esta
razón, el mismo implica que deberá aplicarse el régimen pensional más favorable
al afiliado o sus familiares en tales casos, si se prueba la existencia de una
expectativa legítima, cuando el Legislador no ha previsto un régimen de
transición en la norma pensional vigente.
16. En conclusión,
la Sala advierte que la Corte Constitucional guarda un precedente uniforme con
respecto a la aplicación del principio de condición más beneficiosa en materia
de pensión de sobrevivientes. Así, para esta Corporación, el principio de condición
más beneficiosa permite aplicar el Acuerdo 049 de 1990 cuando se prueba que el
causante ha cumplido con el número de semanas exigidas por la mencionada norma
jurídica durante el término de su vigencia, pese a que la muerte hubiese
ocurrido con posterioridad a la vigencia de las Leyes 100 de 1993 y 797 de
2003.  Sin embargo, desde el 2008, esa posición ha sido valorada en la
Corte Suprema de Justicia, donde una gran mayoría de sus falladores ha adoptado
posiciones diferentes razón por la cual en el presente acápite se presentará un
resumen de dicho cambio.
Análisis de los
cambios de precedente de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia
respecto del principio de la condición más beneficiosa
17. Si bien en el
capítulo anterior se reseñaron algunas sentencias de la Sala Laboral de la
Corte Suprema de Justicia que coincidían con la interpretación del principio de
condición más beneficiosa que ha realizado el Tribunal Constitucional, es
oportuno advertir que esta entidad modificó su precedente frente al alcance y
aplicación del mismo.
En efecto, observa
la Sala que en las sentencias recientes de la Sala Laboral de la Corte Suprema
de Justicia se indica que para preservar los principios de legalidad y
seguridad jurídica, el Acuerdo 049 de 1990 no debe aplicarse en virtud de la
condición más beneficiosa, en aquellos casos en que el cónyuge o compañero
permanente haya fallecido con posterioridad a la vigencia del artículo 12 de la
Ley 797 de 2003, incluso si las cotizaciones se realizaron en vigencia del
referido acuerdo. El precedente actual de la Corte Suprema establece, por el
contrario, que la norma aplicable es el texto original del artículo 46 de la
Ley 100 de 1993, por ser la norma inmediatamente anterior a la vigente.
18. Así,
inicialmente, en sentencia del 9 de diciembre de 2008, la Sala Laboral de
la Corte Suprema de Justicia indicó que, para efectos de preservar el
principio de seguridad jurídica, al juez laboral le está vedado realizar un
ejercicio histórico con el fin de dar aplicación a cualquier norma pensional
que haya regulado la situación del trabajador en cualquier tiempo. En
consecuencia, para dar aplicación a la condición más beneficiosa en materia
pensional, sólo podrá aplicar la norma jurídica inmediatamente anterior a la vigente[45].
Con todo, la Sala
Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha adoptado el referido precedente en
diversas sentencias de casación, en años recientes, como es el caso de la
sentencia del 25 de julio de 2012, en la que se negó el reconocimiento de la
pensión de invalidez solicitada por el demandante. Dicha Corporación adujo que
la aplicación del principio de la condición más beneficiosa implica únicamente
el análisis del cumplimiento de los requisitos contenidos en la ley
inmediatamente anterior a la vigente para acceder a la pensión[46].
19. Asimismo, en
sentencia del 13 de febrero de 2013, la Sala Laboral de la Corte Suprema de
Justicia reiteró la mencionada posición frente a la limitación de la aplicación
del principio de la condición más beneficiosa. Así, indicó que en el caso
objeto de estudio no era aplicable el Acuerdo 049 de 1990, pese a que en
vigencia de dicha norma jurídica se efectuaron las cotizaciones, toda vez que
el afiliado había fallecido con posterioridad a la vigencia del artículo 12 de
la Ley 797 de 2003. Por el contrario, estableció que, aún si se sugiriera la
pertinencia del principio de la condición más beneficiosa, la norma aplicable
sería el artículo 46 original de la Ley 100 de 1993[47].
De lo anterior se
deduce que el precedente de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia
sobre la condición más beneficiosa en materia de pensión de sobrevivientes se
ha visto expuesto a modificaciones recientes por dicha Corporación,
restringiéndose su alcance a la consideración de la ley anterior vigente al
momento del fallecimiento del afiliado, bajo el argumento de salvaguardar los
principios de legalidad y seguridad jurídica.
20. Ahora bien, en
tanto que la jurisprudencia de la Corte Constitucional adoptó las
consideraciones jurídicas que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia
había realizado en su momento con respecto al principio de la condición más
beneficiosa, para analizar igualmente el alcance de los derechos al mínimo
vital, la seguridad social y debido proceso en el caso de la pensión de
sobreviviente, esta Sala analizará en el caso concreto si el cambio de
precedente efectuado por la máxima autoridad de la justicia ordinaria se ajusta
a los lineamientos de la Carta Política, y si, en consecuencia, la Corte
Constitucional debe adoptar dicha postura y modificar, por lo tanto, su
precedente constitucional.
21. La Corte
Constitucional ha señalado en diversas providencias que en virtud de los
principios de seguridad jurídica, buena fe, confianza legítima e igualdad, los
jueces deben acatar el precedente proferido por los órganos de cierre de las
respectivas jurisdicciones[48].
Sin embargo, también ha establecido que el funcionario judicial puede apartarse
válidamente del precedente, adoptando una carga argumentativa especial. Si se
trata de un precedente constitucional, como se dijo, es vinculante su
aplicación para todos los funcionarios judiciales, a fin de proteger los
derechos fundamentales de los ciudadanos, la prevalencia de la jurisprudencia
de la Corte Constitucional y la igualdad en la aplicación de la ley.
En este sentido,
entre un enfrentamiento de posturas entre Altas Cortes, los jueces pueden
separarse de los precedentes de sus superiores inmediatos, en aras de su
autonomía judicial y la protección de las garantías de la Constitución
Política, por lo cual deberán: (i) indicar explícitamente las razones por las
cuales se apartan del precedente; y (ii) demostrar que la interpretación
adoptada por éste aporta un mejor desarrollo a los derechos y principios
constitucionales. Así, por ejemplo en la sentencia T-656 de 2011[49]
la Corte abordó un caso relacionado con un defecto judicial por
desconocimiento del precedente y advirtió que lo anterior se sustenta en que en
el sistema jurídico colombiano el carácter vinculante del precedente está matizado,
a diferencia de como se presenta en otros sistemas en donde el precedente es
obligatorio.  Sin embargo, lo anterior no habilita a las autoridades
judiciales para el ejercicio indiscriminado de su autonomía y, por ende, al
desconocimiento injustificado del precedente. En esa medida, no podrán
admitirse las posturas que nieguen la fuerza vinculante del precedente o
sustenten un cambio jurisprudencial en el entendimiento particular que el juez
o tribunal tenga de las normas aplicables al caso.
22. Observa la Sala
que en el caso analizado, la Corte Suprema de Justicia también modificó su
propio precedente tradicional, y se apartó del precedente constitucional
adoptado por la Corte Constitucional sobre el alcance del principio de
condición más beneficiosa para acceder a la pensión de sobreviviente, aduciendo
la necesidad de preservar los principios de legalidad y seguridad jurídica. En
este sentido, manifestó que el juez no puede realizar un ejercicio histórico
para aplicar una ley pensional que en algún momento haya regulado la situación
jurídica del afiliado, pues ello devendría en una inexorable inseguridad
jurídica. En consecuencia, sólo estaría facultado para aplicar la norma
inmediatamente anterior a la vigente al momento del fallecimiento del causante.
Para analizar si
esta nueva postura puede incidir o no en un cambio de precedente de esta
Corporación, esta Sala, siguiendo las directrices anteriores, revisará el caso
de la referencia. Así las cosas, si bien la reciente interpretación de la Sala
Laboral de la Corte Suprema de Justicia es plausible, la Sala debe examinar en
el caso concreto si la interpretación que de la misma hizo el Tribunal Superior
de Cúcuta llevó a desatender disposiciones aplicables a la controversia
pensional de la actora.
Bajo esta premisa,
no puede perderse de vista que la Corte Constitucional es el órgano de cierre
en materia constitucional, y que por lo tanto, es la encargada de determinar el
alcance de los derechos fundamentales en el ordenamiento jurídico colombiano.
En efecto, la Corte Constitucional determinó, como se explicó en el capítulo
anterior, que en virtud de la inexistencia de un régimen de transición y de los
principios de buena fe, confianza legítima y favorabilidad, es posible dar
aplicación a una norma anterior, por ejemplo, el Acuerdo 049 de 1990, si el
afiliado realizó sus cotizaciones en vigencia de la mencionada norma jurídica,
cuando una norma posterior resulte desfavorable a su derecho a acceder a la
pensión.
Para la Corte
Constitucional resulta claro que esta regla tiene como finalidad proteger el
principio de favorabilidad que en materia laboral ha reconocido el
constituyente primario en el artículo 53 de la Constitución Política. A su vez,
el mismo garantiza la protección de la expectativa legítima de aquellos
ciudadanos que, observando el régimen pensional vigente para la fecha de su
afiliación al sistema de seguridad social, efectuaron sus cotizaciones con el
objetivo de obtener su pensión, o el reconocimiento de la pensión de sobreviviente
a sus familiares. Asimismo, es de importancia resaltar que el acceso a la
pensión de sobreviviente resulta necesario para la protección del derecho
fundamental al mínimo vital, especialmente en aquellos casos en que se
evidencia una dependencia económica del cónyuge o compañero permanente
supérstite, con el afiliado fallecido. De esta manera, la aplicación del
principio de favorabilidad en materia pensional, y en especial, de la condición
más beneficiosa, se encuentra directamente ligado a la satisfacción de las
necesidades básicas de los ciudadanos y a la garantía de una vida en
condiciones dignas.
Igualmente, la Sala
considera que el artículo 53 de la Constitución Política no impone un límite
temporal al funcionario judicial para determinar la norma más favorable al
trabajador. En efecto, el principio de favorabilidad implica que el juez, como
garante de los derechos de los ciudadanos, debe determinar en el caso concreto,
cuál norma sería la más favorable al trabajador, y aplicarla, en caso de que ésta
haya regulado su situación jurídica. De esta manera, la restricción impuesta
por la Corte Suprema de Justicia en su actual jurisprudencia, y por el Tribunal
Superior de Cúcuta, frente a la presunta obligación de aplicar únicamente la
norma inmediatamente anterior a la vigente, no resulta ajustada a la finalidad
del principio de la condición más favorable, menos cuando la norma no explicita
o regula en concreto el alcance de las expectativas legítimas generadas por una
normativa en materia pensional.
En efecto, si bien
la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia afirma que
el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 es el que debió ser aplicado para efectos
de proteger el principio de condición más beneficiosa en el caso de la accionante,
lo cierto es que ello desconoce que los derechos y expectativas legítimas se
generaron no con base en esa norma jurídica, sino con base en el Acuerdo 049 de
1990. En este sentido, no es adecuado que la interpretación de la Corte Suprema
de Justicia haya desconocido el valor jurídico del Acuerdo 049 de 1990 en este
caso, el cual deviene no sólo de los principios de favorabilidad y de condición
más beneficiosa, contenidos en el artículo 53 superior, sino de la
jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la materia.
22. En consecuencia,
el argumento esbozado por la Corte Suprema de Justicia en sus providencias más
recientes, frente a la necesidad de preservar los principios de legalidad y
seguridad jurídica, y a su vez, limitar el alcance del principio de condición
más beneficiosa en materia pensional, no es de recibo para la Corporación. Para
la Sala, dicha interpretación no brinda un mayor y más adecuado desarrollo de
los principios y garantías constitucionales, sino que impone una restricción a
los principios de favorabilidad, igualdad y expectativas legítimas, y al
derecho al mínimo vital, protegidos ampliamente por la Corte Constitucional y
la Corte Suprema de Justicia en sus providencias anteriores.
En este sentido, no
puede sobreponerse la aplicación estricta de la ley a la urgencia de
materializar derechos subjetivos de mayor importancia, como es el caso de los
derechos fundamentales de quien ha cumplido uno de los requisitos exigidos para
acceder a la pensión de sobreviviente con base en un determinado régimen
jurídico, el cual, posteriormente, es modificado sin ofrecer un régimen de
transición u otro tipo de alternativa jurídica para el ciudadano. Una
ponderación de los derechos, principios y garantías involucrados, de acuerdo
con los lineamientos contenidos en la Carta Política, permite concluir que debe
prevalecer la protección de los derechos fundamentales al mínimo vital y a la
igualdad que le asisten a los cónyuges o compañeros permanentes supérstites en
la situación objeto de estudio, frente a la importancia de preservar el
principio estricto de legalidad, cuando ya se han consolidado prelativamente,
formas de interpretar decisiones legislativas que garantizan la protección de
los derechos ciudadanos ante aparentes omisiones involuntarias del Legislador.
Análisis del caso
concreto
23. La Corte
Constitucional, en esta oportunidad, se sostiene en su precedente
constitucional, en el entendido de que es posible dar aplicación a una norma
jurídica anterior para efectos de reconocer la pensión de sobreviviente, cuando
el Legislador no ha previsto un régimen de transición. Para ello, será
necesario demostrar que el afiliado cumplió con el número de cotizaciones
exigidas por dicha norma jurídica, y que los aportes se efectuaron durante su
vigencia, conforme a la jurisprudencia tradicional de esta Corporación en ese
tema.
Ahora bien, tal y
como se ha establecido en la presente providencia, en primer lugar resulta
claro que el Tribunal Superior de Cúcuta desconoció el precedente de la Corte
Constitucional respecto al alcance del principio de la condición más
beneficiosa. Es más, no solo omitió acudir al mismo sino que no lo tuvo en
cuenta durante la audiencia de juzgamiento para refutarlo o analizarlo. No
obstante, aplicó el actual precedente de la Corte Suprema de Justicia, que
restringe dicha garantía al análisis de la norma pensional inmediatamente
anterior a la vigente, bajo el argumento de preservar los principios de
legalidad y seguridad jurídica[50].
Por esta razón, y bajo el entendido de que los precedentes verticales aplicados
por el Tribunal Superior accionado corresponden a aquellos de su juez superior,
no es posible concluir que la providencia atacada incurrió en un defecto por
desconocimiento del precedente vertical. Llegar a esta conclusión, implicaría
ordenarle al juez laboral omitir de manera abierta las reglas judiciales
fijadas por el órgano de casación de su jurisdicción lo que, sin duda, no
resistiría análisis constitucional alguno.
Sin embargo, para
esta Sala de revisión si se encuentra acreditado que la actuación judicial
incurrió en un defecto sustantivo en la medida en que la inobservancia
de los procedentes de la Corte Constitucional materializaron una indebida
interpretación que tuvo como consecuencia la inaplicación de una norma
plenamente aplicable. En efecto, tal y como se ha señalado en la presente
providencia, el Acuerdo 049 de 1990 era la norma jurídica aplicable, no sólo en
virtud del precedente consolidado por la Corte Constitucional, sino por razón
de la aplicación del principio de condición más beneficiosa, consagrado en el
artículo 53 de la Constitución Política. Así, en tanto la mencionada norma era
la vigente para la fecha en que el afiliado efectuó las cotizaciones, y
resultaba más favorable para la protección de sus derechos fundamentales, ésta
era la norma que debía ser aplicada al caso concreto. Por esto, al haberse
omitido la norma jurídica y principios constitucionales aplicables para
resolver el caso objeto de estudio, el Tribunal Superior de Cúcuta incurrió en
un defecto sustantivo, que finalizó con la vulneración del derecho fundamental
al debido proceso, a la seguridad social y mínimo vital de la accionante.
Así, el Tribunal
señaló que en tanto la muerte del cónyuge había ocurrido con posterioridad a la
vigencia del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, el Acuerdo 049 de 1990 no era
aplicable al caso concreto. Así, estableció que no se cumplían los requisitos
para acceder a la pensión de sobreviviente contemplados en el artículo 12 de la
Ley 797 de 2003, ni en el artículo 46 original de la Ley 100 de 1993. En
consecuencia, denegó el reconocimiento y pago de la prestación a la accionante.
24. Sobre este
asunto, la Sala reitera que el precedente de la Corte Constitucional en relación
con el alcance del principio de la condición más beneficiosa es claro en
señalar que el juez ordinario y el funcionario administrativo tienen la
obligación de identificar y aplicar la norma más favorable al trabajador o
afiliado al régimen de seguridad social, para garantizar así su derecho al
mínimo vital. En este sentido, si el afiliado cumple con el requisito de número
de cotizaciones en vigencia de una ley que ha regulado enteramente su situación
jurídica, ésta deberá aplicarse preferentemente a la ley vigente.
En el caso
analizado, la Sala observa que el señor Roberto Prieto, como lo reconoció el
Tribunal accionado, era beneficiario del régimen de transición contemplado en
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 ya que para el momento de la entrada en vigencia
de la norma tenía 64 años de edad. Asimismo, durante el proceso ordinario
laboral acreditó un vínculo con el Instituto de Cultura
y Bellas Artes del Departamento de Norte de Santander entre el primero de abril
de 1979 y el 3 de febrero de 1982 y la Alcaldía de Villa del Rosario desde el
primero de enero de 1989 hasta el 30 de marzo de 1995. De esta forma, el tiempo
total de servicios del señor Roberto Prieto en las dos entidades públicas fue
de 467.5 semanas. En ese sentido, excedió el requisito impuesto por el Acuerdo
049 de 1990, norma que como ya se dijo consagraba la obligación de cotizar al
menos de 300 semanas para acceder a la pensión de sobreviviente en cualquier
término.
En cualquier caso,
tal y como ha sido reiterado por la Corte Constitucional, y por los precedentes
anteriores de la Corte Suprema de Justicia sobre el alcance del principio de la
condición más beneficiosa, el hecho de que el afiliado no hubiese realizado las
cotizaciones exigidas por la Ley 797 de 2003 durante los tres años anteriores a
su muerte, no implica que éste o sus familiares hayan sido despojados de su
derecho de acceder a la pensión de sobreviviente. Una interpretación contraria
desconocería el tiempo de trabajo y los aportes efectivamente realizados por
los ciudadanos al sistema de seguridad social, e impondría una prelación
excesiva de las formalidades sobre los derechos subjetivos protegidos por la
Constitución Política. En este sentido, imponer los requisitos consagrados en
el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, bien con la modificación introducida por
el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, o en su versión original, para negar el
acceso a la pensión de sobreviviente, devino en una vulneración ostensible del
derecho fundamental al debido proceso de la señora María Alicia Martínez
Rodríguez. Ello constituyó una violación del precedente de la Corte
Constitucional, y una limitación injustificada de los derechos y garantías
laborales consagrados en la Constitución Política.
Si bien el Tribunal
Superior de Cúcuta fundamentó su decisión en sentencias actuales de la Corte
Suprema de Justicia, y en la necesidad de preservar los principios de legalidad
y seguridad jurídica, lo cierto es que tales argumentos no son suficientes para
desatender una interpretación sistemática y excluir así disposiciones
aplicables al caso concreto. En efecto, el defecto descrito supuso sólo un
reconocimiento del principio de legalidad estricto, sin la debida ponderación
de la importancia de garantizar los derechos fundamentales al mínimo vital,
igualdad y a la seguridad social de la demandante, bajo criterios
jurisprudenciales ya reconocidos por vía de tutela y vía ordinaria.
Para la Corte
Constitucional es claro que la interpretación más adecuada de la Constitución
Política, especialmente de la cláusula de Estado Social de Derecho, es aquella
que da prelación a la protección de los derechos del trabajador sobre la
necesidad de preservar el principio de legalidad en sentido estricto.
Adicionalmente, ello no riñe con el principio de favorabilidad en materia
laboral, contenido en el artículo 53 de la Constitución Política, que obliga a
los servidores públicos a adoptar la aplicación o interpretación de la ley más
favorable en materia laboral y de seguridad social.
25. En consecuencia,
la Sala procederá a revocar las decisiones de tutela que negaron la protección
de los derechos al debido proceso, a la seguridad social y al mínimo vital de
la actora y dejará sin efectos la decisión suscrita por el Tribunal Superior de
Cúcuta el 15 de mayo de 2015 que, a su vez, revocó la decisión del Juzgado
Primero Civil del Circuito de Los Patios que, en sentencia del 30 de septiembre
de 2013, reconoció la pensión de sobreviviente en favor de la peticionario. De
esta manera, la Corte procederá a ordenar que en un tiempo prudencial el
Tribunal expida una nueva providencia observando las consideraciones incluidas
en la presente decisión referida a la aplicación de la condición más favorable
en materia pensional.
Conclusión
26.  Contrario a lo
señalado en la actualidad por la Corte Suprema de Justicia, la Corte
Constitucional reitera que, en consonancia con el principio de la condición más
beneficiosa, y para salvaguardar los derechos a la seguridad social y mínimo
vital, el Acuerdo 049 de 1990 sí puede ser aplicado preferentemente para
reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes. Ello sucederá en aquellos casos
en que se advierta que el causante ha efectuado las cotizaciones exigidas por
la mencionada ley durante su vigencia, y al mismo tiempo, la ley vigente
resulta desfavorable al ciudadano. En ese sentido, los jueces laborales no
pueden apartarse de las reglas jurisprudenciales a menos que cumplan con la
rigurosa carga argumentativa que para este tipo de actuaciones existe. No
observar esta regla, hace que la providencia incurra en un defecto sustantivo
por una inadecuada interpretación que conlleva a la no aplicación de reglas
legales aplicables que conduzcan a la protección integral de los derechos
fundamentales de personas que, como la señora María Alicia Martínez Ramírez,
cumplan con los requisitos para el reconocimiento de una prestación pensional.
III. DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.-
REVOCAR la
decisión proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia que en providencia del 12 de abril de 2016 confirmó la decisión de la
Sala de Casación Laboral de la misma Corporación que negó la acción de tutela
de la referencia. En su lugar, CONCEDER la protección de los derechos
fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y al mínimo vital de la
peticionaria por la actuación del Tribunal Superior de Cúcuta.
Segundo.- DEJAR
SIN EFECTOS la decisión proferida por el Tribunal Superior de
Cúcuta mediante audiencia de juzgamiento de 15 de mayo de 2015, dentro del
proceso laboral ordinario iniciado por la señora María Alicia Martínez
Rodríguez contra la Alcaldía Municipal de Villa del Rosario y el Fondo
Territorial de Pensiones Públicas del Departamento de Norte de Santander.
Tercero.-
ORDENAR a
la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta que, en el término de diez (10)
días contados a partir de la notificación de la presente providencia, expida
una nueva sentencia donde observe las consideraciones realizadas por la Corte
Constitucional en la presente decisión, en especial aquellas referidas con la
aplicación de la condición más beneficiosa en materia pensional.
Cuarto.-
Por Secretaría General, LIBRAR la comunicación a que se refiere el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
GLORIA STELLA
ORTIZ DELGADO
Magistrada
JORGE IVÁN
PALACIO PALACIO
Magistrado
JORGE IGNACIO
PRETELT CHALJUB
Magistrado
Ausente
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1] Auto
de desacumulación (folios 12 A 21; cuaderno de revisión).
[2] Escrito
de tutela (folios 3 a 27; cuaderno de tutela).
[3] Copia
simple de la cédula de ciudadanía de la señora María Alicia Martínez Rodríguez
(folio 73; cuaderno de tutela).
[4] Copia
simple del registro
civil de matrimonio (folio 6; cuaderno del proceso labora ordinario).
[5] Copia
simple registro
civil de defunción (folio 7; cuaderno del proceso laboral ordinario).
[6] Copia
simple de la resolución 471 de 2010 proferida por la Alcaldía de Villa del
Rosario (folios 69 a 71; cuaderno del proceso laboral ordinario).
[7] Copia
simple del oficio FTP-1167 suscrito por la coordinadora del Fondo Territorial
de Pensiones (folio 113; cuaderno del proceso laboral ordinario).
[8] Copia
simple de la demanda ordinaria laboral (folios 31 a 48; cuaderno del proceso
ordinario laboral).
[9]
Sentencia del Juzgado Primero del Circuito Laboral de Los Patios (folios 197 a
211; cuaderno del proceso ordinario laboral).
[10] Audio
de la Audiencia de Juzgamiento de la Sala Laboral del Tribunal Superior de
Medellín (folio 217; cuaderno del proceso ordinario laboral).
[11] Audiencia
de juzgamiento de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta (folio 2017,
cuaderno del proceso ordinario laboral).
[12] En
su tutela, la peticionaria relaciona varias sentencias de la Corte sobre el
tema, en particular la T-566 de 2014 y la T-1074 de 2012.
[13]
Memorial de respuesta de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta
(folios 18 a 25; cuaderno de primera instancia).
[14] Memorial
de respuesta del Fondo Territorial de Pensiones Públicas del Departamento de
Norte de Santander (folios 36 a 39; cuaderno de primera instancia).
[15] Oficio
de notificación (folio 15; cuaderno de primera instancia).
[16] Sentencia
de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia (folios 69 a 73;
cuaderno de primera instancia).
[17] Memorial
de impugnación (folios 101 a 102; cuaderno de primera instancia).
[18]
Sentencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia (folios
3 a 11; cuaderno de primera instancia).
[19]
Con el objetivo de respetar el precedente constitucional, promover una mayor
eficiencia en la administración de justicia y teniendo en cuenta que la Corte
Constitucional ya ha decantado un estándar para resumir de manera detallada las
reglas jurisprudenciales sobre la procedibilidad de la acción de tutela contra
sentencias judiciales se tomará como modelo de reiteración el fijado por la
magistrada sustanciadora en las sentencias T-956 de 2014 y T-667 de 2015.
[20]
Constitución de 1991. Artículo 86.  Toda persona tendrá acción de tutela
para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre,
la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública.
[21]
Para una definición del alcance del concepto de bloque de constitucionalidad
ver, entre otras, las sentencias C-228 de 2009; C-307 de 09; y C-488 de 2009.
[22]
Convención Americana de Derechos Humanos. Artículo 25.1.  Protección Judicial. Toda
persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso
efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos
que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o
la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que
actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
[23]
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Artículo 2.3.a. Cada
uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a garantizar que:
a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto
hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal
violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones
oficiales.
[24]
Para la jurisprudencia anterior al 2005, la vía de hecho “únicamente se
configura sobre la base de una ostensible transgresión del ordenamiento jurídico,
lo cual repercute en que, distorsionado el sentido del proceso, las garantías
constitucionales de quienes son afectados por la determinación judicial -que
entonces pierde la intangibilidad que le es propia- encuentren en el amparo la
única fórmula orientada a realizar, en su caso, el concepto material de la
justicia. Por supuesto, tal posibilidad de tutela no es regla general sino
excepción, y los jueces ante quienes se solicita están obligados a examinar de
manera rigurosa el caso para no desvirtuar los principios de autonomía
funcional de la jurisdicción y de la cosa juzgada”. (Corte Constitucional.
Sentencia T-555 de 1999. Magistrado Ponente: José Gregorio Hernández Galindo).
[25]
Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005. Magistrado Ponente: Jaime
Córdoba Triviño.
[26]
Corte Constitucional. Sentencia SU-195 de 2012. Magistrado Ponente: Jorge Iván
Palacio Palacio.
[27]
Corte Constitucional. Sentencia T-629 de 2015. Magistrado Ponente: Jorge Iván
Palacio Palacio.
[28]
Frente al tema, la Corte ha señalado que “algunos grupos con características
particulares, (…) pueden llegar a sufrir daños o amenazas que, aun cuando para
la generalidad de la sociedad no constituyen perjuicio irremediable, sí lo son
para ellos, pues por encontrarse en otras condiciones de debilidad o
vulnerabilidad, pueden tener repercusiones de mayor trascendencia que
justifican un “tratamiento diferencial positivo”, y que amplia (sic) a su vez
el ámbito de los derechos fundamentales susceptibles de protección por vía de
tutela
Corte Constitucional. Sentencia T-1316 de 01. Magistrado Ponente: Rodrigo
Uprimny Yepes.
[29]
Corte Constitucional. Sentencia T-737de 2013. Magistrado Ponente: Alberto Rojas
Ríos.
[30]
Corte Constitucional. Sentencia T-704 de 2014. Magistrada Ponente: Gloria Stela
Ortiz Delgado.
[31] Corte
Constitucional. Sentencia T-401 de 2015. Magistrada Ponente: Gloria Stella
Ortiz Delgado.
[32]
Con el objetivo de respetar el precedente constitucional, promover una mayor
eficiencia en la administración de justicia y teniendo en cuenta que la Corte
Constitucional ya ha decantado un estándar para resumir de manera detallada las
reglas jurisprudenciales sobre la procedibilidad de la acción de tutela contra
sentencias judiciales se tomará como modelo de reiteración el fijado por la
magistrada sustanciadora en las sentencias T-956 de 2014, SU-053 de 2015 y T-667
de 2015.
[33] Corte
Constitucional. Sentencia C-590 de 2005. Magistrado Ponente: Jaime Córdoba
Triviño.
[34] Corte
Constitucional. Sentencia SU-159 de 2002. Magistrado Ponente: Manuel José
Cepeda Espinosa.
[35]
Cfr. T-292 de 2006; SU-047 de 1999 y C-104 de
1993.
[36] Cfr. C-634 de 2011.
[37]
Corte Constitucional. Sentencia T-292 de 2006. Magistrado Ponente: Manuel José
Cepeda Espinosa.
[38]
Cfr., T-082 de 2011, M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-794 de 2011, M. P.
Jorge Iván Palacio Palacio y C-634 de 2011, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva. En
esta última, dicho en otras palabras se explica: “La Corte también refirió al
grado de vinculación para las autoridades judiciales del precedente
jurisprudencial emitido por las altas cortes.  Resulta válido que dichas
autoridades, merced de la autonomía que les reconoce la Carta Política, puedan
en eventos concretos apartarse del precedente, pero en cualquier caso esa
opción argumentativa está sometida a estrictos requisitos, entre otros (i)
hacer explícitas las razones por las cuales se aparte de la jurisprudencia en
vigor sobre la materia objeto de escrutinio judicial; y (ii) demostrar
suficientemente que la interpretación alternativa que se ofrece desarrolla de
mejor manera los derechos, principios y valores constitucionales.  Esta
opción, aceptada por la jurisprudencia de este Tribunal, está sustentada en
reconocer que el sistema jurídico colombiano responde a una tradición de
derecho legislado, la cual matiza, aunque no elimina, el carácter vinculante
del precedente, lo que no sucede con otros modelos propios del derecho
consuetudinario, donde el precedente es obligatorio, basado en el principio del
stare decisis.”
[39]
Con el objetivo de respetar el precedente constitucional, promover una mayor
eficiencia en la administración de justicia y teniendo en cuenta que la Corte
Constitucional ya ha decantado un estándar para resumir de manera detallada las
reglas jurisprudenciales sobre en relación con la condición más beneficiosa se
tomará como modelo de reiteración el fijado por la magistrada sustanciadora en
la sentencia T-401 de 2015.
[40] Corte
Constitucional. Sentencia C-168 de 1995. Magistrado Ponente: Carlos Gaviria
Díaz.
[41] Corte
Constitucional. Sentencia T-584 de 2011. Magistrado Ponente: Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub.
[42] La
referida providencia señaló que: “el tema que ocupa la atención de la
Sala ha sido tratado en reiterada jurisprudencia por esta Sala, inicialmente en
la sentencia del 13 de agosto de 1997, radicación 9758, decisión en que se ha
concluido, que a pesar de que el asegurado, no aportante al sistema, no
cuente con 26 semanas de cotización dentro del año anterior al fallecimiento,
pero que haya satisfecho, antes de la vigencia del Sistema General de Pensiones
que instituyó la ley 100 de 1993, la densidad de cotizaciones a que aluden los
artículos 6 y 25 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la
misma anualidad, sus beneficiarios son acreedores a la correspondiente
prestación económica, con observancia de los principios de equidad,
proporcionalidad y condición más beneficiosa; puesto que no puede tener más derecho
quien menos densidad de cotizaciones posee, e igualmente, que si con solo 26
semanas de cotización se tiene derecho a la pensión de sobrevivientes, con
mayor razón en este caso, en que el asegurado fallecido tenía aportadas
990 semanas (…)  La Corte, ha reiterado el criterio expuesto en la sentencia
atrás aludida, entre otras, en la de julio 9 de 2001, radicación No. 16269, en
que se puntualizó (…) Ha dicho hasta la saciedad la Corte Suprema de Justicia
en forma mayoritaria, en casos iguales al presente contra la misma demandada
que no se puede negar la pensión de sobrevivientes a los derechohabientes de un
afiliado so pretexto de no reunir éste 26 semanas de cotización en el año
anterior a su deceso, si durante su vinculación con la seguridad social cumplió
cabalmente con los requisitos exigidos por el artículo 6º del Acuerdo 049 de
1990 (…) Lo anterior se ha basado, entre múltiples fundamentos, en el texto del
inciso cuarto del artículo 48 de la ley 100 de 1993, que garantiza el derecho
a  optar por una pensión de sobrevivientes equivalente al régimen de pensión de
sobrevivientes del vigente con anterioridad de la Ley 100 de 1993 bajo los
principios medulares de la seguridad social; en el artículo 53 de la carta
fundamental y en el postulado de la condición más beneficiosa”. (Cfr.
Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 2 de mayo de
2003. Radicado 19792. Magistrado Ponente: Luis Javier Osorio López).
[43]
Corte Constitucional. Sentencia T-228 de 2014. Magistrado Ponente: Nilson
Pinilla Pinilla.
[44]
Corte Constitucional. Sentencia T-401 de 2015. Magistrada Ponente: Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub.
[45] La
Corte Suprema se pronunció de la siguiente manera con respecto a este punto: “en
otras palabras, no es admisible aducir, como parámetro para la aplicación de la
condición más beneficiosa, cualquier norma legal que haya regulado el asunto en
algún momento pretérito en que se ha desarrollado la vinculación de la persona
con el sistema de la seguridad social, sino la que regía inmediatamente antes
de adquirir plena eficacia y validez el precepto aplicable conforme a las
reglas generales del derecho. Más explícitamente, un asunto al que ha de
aplicarse la Ley 797 de 2003, o la 860 del mismo año, si se considera más
rigurosa ésta frente a la norma remplazada, es preciso establecer si se
satisficieron los requisitos y condiciones de la derogada disposición para, en
caso afirmativo, hacer valer la condición más beneficiosa. Lo que no puede
el juez es desplegar un ejercicio histórico, a fin de encontrar alguna otra
legislación, más allá de la Ley 100 de 1993 que haya precedido –a su vez- a la
norma anteriormente derogada por la que viene al caso,  para darle un[a]
especie de efectos “plusultractivos”, que resquebraja el valor de la seguridad
jurídica”. (Cfr. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación
Laboral. Sentencia del 9 de diciembre de 2008.  Radicado 32642. Magistrada
Ponente: Elsy del Pilar Cuello Calderón).
[46] En
aquella oportunidad la Corte reiteró que: “como atrás quedó explicado, para
poder aplicar el principio de la condición más beneficiosa de acuerdo con el
criterio jurisprudencial que se está fijando, es necesario que el afiliado
cumpla con la densidad de semanas de la norma inmediatamente precedente en las
hipótesis que se han señalado, para este caso en particular el artículo 39 de
la Ley 100 de 1993, que es la disposición que fue modificada o remplazada por
el artículo 1° de la Ley 860 de 2003, no siendo en consecuencia cualquier otra
norma anterior (…) de ahí que, el hecho indiscutido de que el actor
tenga más de 300 semanas cotizadas al 1° de abril de 1994 cuando entró a regir
la Ley 100 de República de Colombia Corte Suprema de Justicia EXP. 38674 29
1993, no tiene para este asunto en particular ninguna incidencia, en la medida
que bajo el amparo de la llamada condición mas beneficiosa, los requisitos para
acceder a la pensión de invalidez no son los contenidos en el artículo 6° del
Acuerdo 049 de 1990, sino los previstos en el artículo 39 de la Ley 100 de
1993”. (Cfr.
Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 25 de julio
de 2012 Radicado 38674. Magistrado Ponente: Carlos Ernesto Molina Monsalve):
[47] En
esta oportunidad el Tribunal reiteró que lo siguiente: “ahora
bien, de acuerdo a lo dicho, no podría el censor eventualmente pretender la
aplicación del Acuerdo 049 de 1990, a través del principio de la condición más
beneficiosa, toda vez que si, como lo dejó sentado el tribunal, el deceso del
causante se produjo el 19 de marzo de 2007, en vigencia de la Ley 797 de 2003,
la norma correctamente aplicable según dicho principio sería el artículo 46 de
la Ley 100 de 1993, antes de ser modificado por el artículo 12 de dicho
ordenamiento de 2003, cuyas exigencias tampoco se reunirían en este caso, pues
según la historia laboral del afiliado fallecido allegada al proceso, al
momento de producirse la muerte, no se encontraba cotizando ni, tampoco,
reportaba aportes por 26 semanas dentro del año inmediatamente anterior a esa
fecha, como lo exigía la norma en cuestión (…) de
manera pues que, como en este caso no se reúnen las condiciones previstas en el
artículo 12 de la Ley 797 de 2003, bajo cuya vigencia se produjo el deceso del
causante, no podían aplicarse las previsiones del Acuerdo 049 de 1990, por lo
que no incurrió el tribunal en los dislates de que lo acusa la censura, menos
en este caso,  en donde se dio por demostrado y, no se discute, que el
causante antes de la Ley 100 de 1993 solo había cotizado 406, 57 semanas y no
las 500 que aduce”. (Cfr. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación
Laboral. Sentencia del 13 de febrero de 2013. Radicado 45506. Magistrado
Ponente: Rigoberto Echeverri Bueno).
[48] Ver, entre otras, sentencias C-836 de 2001.
Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil; C-634 de 2011. Magistrado Ponente:
Luis Ernesto Vargas Silva; y T-656 de 2011. Magistrado Ponente: Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub.
[49]
Corte Constitucional. Sentencia T-656 de 2011. Magistrado Ponente: Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub.
[50] En
particular, el Tribunal señaló que: “el señor Roberto Prieto tiene fecha de
nacimiento el 20 de diciembre de 1929, es decir, que para el primero de abril
de 1994 tenía 64 años con 3 meses de edad, lo que significa que es beneficiario
del régimen de transición del inciso segundo del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 por lo que para efectos de la densidad de cotizaciones, el régimen
anterior aplicable es el fijado pro el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, con
las modificaciones que le hayan sido introducidas, entre otras, por la Ley 797
de 2003 (en razón de lo anterior) al señor Roberto Prieto le era aplicable el
artículo 12 de la Ley 797 de 2003 que dice que cuando un afiliado haya cotizado
el número de semanas mínimo requerido en el régimen de prima en tiempo anterior
a su fallecimiento sin que haya tramitado o recibido una indemnización
sustitutiva de la pensión de vejez o la devolución de saldos de que trata el
artículo 66 de esa ley, sus beneficiarios tendrán derecho a la pensión de
sobrevivientes (…) Según criterio de la Sala, el señor Roberto Prieto no cumple
con lo exigido en la norma, ya que no reunió las 500 semanas de cotización en
los último 20 años anteriores a su fallecimiento, esto es desde el 15 de
noviembre de 1989 hasta el 15 de noviembre de 2009, así como tampoco están
demostradas las 1000 semanas en cualquier tiempo (…) la extensa jurisprudencia
de la Corte Suprema de Justicia y de esta Sala ha dicho que el principio de
favorabilidad en materia laboral no significa que se deba escrutar
indefinidamente en el pasado hasta encontrar una condición que pueda ser
cumplida por quien alega el mencionado principio que le beneficie (…) de
acuerdo con los argumentos esbozados, esta Sala considera que si bien es cierto
que el señor Roberto Prieto no reunió los requisitos exigidos por el artículo
12 de la Ley 797 de 2013 al momento de su fallecimiento para conceder el
derecho de pensión de sobreviviente la señora María Alicia Martínez Rodríguez
en calidad de cónyuge, también lo es que la demandante tiene derecho a que se
le pague la indemnización sustitutiva (…) por lo tanto no le queda otra
alternativa a esta Sala que la de revocar en todas partes la sentencia apelada,
para en su lugar absolver a las entidades demandas de todos los cargos
incoados”. [Transcripción de la audiencia de juzgamiento realizada por el
despacho de la magistrada sustanciadora (folio 2017, cuaderno del proceso
ordinario laboral)].