T-352-18
Sentencia T-506/12
NOTA DE RELATORIA: Mediante Auto 075 de fecha
20 de febrero de 2019, el cual se anexa en la parte final, se declara la nulidad
de la presente providencia, debido a que se encontró probada la causal de
elusión de análisis de un asunto de relevancia constitucional
Sentencia T-352/18
ACCION DE TUTELA PARA RECONOCIMIENTO DE PENSION DE
VEJEZ-Procedencia excepcional cuando se vulneran derechos de las personas de
la tercera edad
PENSION DE VEJEZ-Concepto/PENSION
DE VEJEZ-Finalidad
DERECHO A LA PENSION DE VEJEZ
EN REGIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACION DEFINIDA-Requisitos
PENSION DE VEJEZ-No puede negarse
reconocimiento y pago por falta de aportes a la seguridad social por parte del
empleador
PENSION DE VEJEZ Y MORA EN
EL PAGO DE LOS APORTES POR PARTE DEL EMPLEADOR-Afiliado o beneficiario no
debe soportar la mora en el traslado de los aportes al sistema ni la inacción
de Colpensiones o las administradoras de fondos de pensiones en el cobro
La obligación de
realizar los aportes para las pensiones de los trabajadores está en cabeza del
empleador. Su omisión no puede generar la negativa de la prestación, toda vez
que las administradoras de fondos deben ejercer su poder para el cobro de las
mismas.
DERECHO A LA PENSION DE VEJEZ-Orden a Colpensiones
reconocer y pagar pensión de vejez al accionante
Referencia: Expediente
T-6.700.575
Acción de
tutela instaurada por el señor Gumersindo Correa Herrera contra la
Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones.
Magistrado
Ponente:
JOSÉ FERNANDO
REYES CUARTAS
Bogotá D.C., treinta (30) de agosto
dos mil dieciocho (2018)
La Sala Octava de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Carlos
Bernal Pulido, Alberto Rojas Ríos y José Fernando Reyes Cuartas, quien la
preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere
la presente:
SENTENCIA
Dentro del trámite de revisión de los
fallos emitidos el 21 de noviembre de 2017 por el Juzgado 8º de Familia de
Bucaramanga (Santander) en primera instancia, y el 17 de enero de 2018 por la
Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga en segunda, en la
acción de tutela interpuesta en el asunto de la referencia.
ANTECEDENTES
Mediante escrito radicado el 7 de noviembre
de 2017 en la Oficina Judicial de Bucaramanga, el señor Gumersindo Correa
Herrera interpuso acción de tutela contra la Administradora Colombiana
de Pensiones, en adelante Colpensiones, invocando el amparo de
los derechos fundamentales a la seguridad social en pensiones, al mínimo vital
y móvil, al debido proceso, a la igualdad, a la favorabilidad y a la dignidad
humana.
Lo anterior porque, a través de la Resolución SUB 159167 del 16 de agosto
de 2017, Colpensiones le negó la pensión de vejez al considerar que no cumplía
con el mínimo de semanas cotizadas exigidas por la Ley. Para
fundamentar la acción relató los siguientes:
Hechos[1]
1. Manifestó que es una persona de 71 años de edad y con una
incapacidad laboral del 41.78% que le impide trabajar para asegurar su sustento
diario. De otro lado, indicó que entre el 1º de octubre de 1970 y el 31 de
enero de 2012 cotizó al Seguro Social un total de 1.048 semanas.
2. Afirmó que solicitó a Colpensiones la corrección de su historia
laboral, en relación con el tiempo servido a las empresas Transportes San
Silvestre S.A. y McKee Intercontinental S.A.[2].
No obstante, con relación a la primera, se le informó que no existían registros
de pago por el período reclamado (enero de 1986 a septiembre de 1987). Y, en
cuanto a la segunda se señaló que solo realizaron aportes entre el 1 de octubre
de 1970 y el 17 de febrero de 1971, más no entre agosto de 1969 a septiembre de
1970 y marzo a junio de 1971.
3. Expuso que, luego de solicitarle a Colpensiones la pensión de vejez,
a través de la Resolución No. SUB 159167 del 16 de agosto de 2017, le negó el
derecho por no reunir el mínimo de semanas cotizadas. Interpuso los recursos de
reposición y apelación. El primero, fue decidido de manera negativa, mediante Resolución
SUB 202340 del 22 de septiembre de 2017, en la cual se le indicó que, si bien contaba
con 1048 semanas cotizadas y era beneficiario del régimen de transición, no
reunía los requisitos del Acuerdo 049 de 1990 y la Ley 797 de 2003.
En el intermedio de las decisiones de los recursos de reposición y
apelación, solicitó, el 29 de septiembre de 2017, la corrección de la historia
laboral para que se completara con el período presuntamente laborado en 1969
para McKee Intercontinental.
Mediante Resolución DIR 18750 del 25 de octubre de 2017, se decidió el
recurso de apelación, confirmando las anteriores. Allí se le indicó que en la
base de datos no se evidenciaba otros períodos cotizados diferentes a los reflejados
en la historia laboral. Igualmente, mediante escrito del día siguiente (26 de
octubre) se le respondió la misma situación y, además, que “las
certificaciones laborales entregadas por usted no constituyen documentos
probatorios de que dicho empleador hubiera realizado pagos para pensión a su
nombre, por lo tanto, no es válido para acreditar estos periodos en su historia
laboral”[3].
4. Indicó que con el período no cotizado por la sociedad McKee
Intercontinental S.A., completaba el total de semanas requeridas para su
pensión, sin embargo, Colpensiones se ha negado a otorgarla y ha desconocido
que aquella era una “Multinacional afiliada a Ecopetrol”.
5. A través de la presente acción de tutela demanda el
amparo de los derechos fundamentales a la seguridad social en pensiones, mínimo
vital y móvil, al debido proceso, a la igualdad, a la favorabilidad y a la dignidad
humana (contenidos en los arts. 48, 53, 29, 13 y 1º de la C. Pol.). En consecuencia,
se declare la nulidad de las Resoluciones que negaron la pensión de vejez y se
ordene a Colpensiones el reconocimiento y pago de la misma.
6. Para sustentar
su petición, aportó con el escrito de tutela varios documentos, entre ellos una
fotocopia simple de una certificación al parecer expedida el 17 de febrero de
1971 por la oficina de Relaciones Industriales de McKee Intercontinental S.A.,
en la que se afirma que prestó los servicios a la compañía “desde noviembre
13/69 hasta febrero 17/71”, es decir, por un período adicional de once (11)
meses al certificado por Colpensiones[4].
Trámite procesal
7. Por auto del 7 de noviembre de 2017[5], el Juzgado 8º
de Familia de Bucaramanga (Santander) admitió la acción de tutela y ordenó
vincular a las empresas Ecopetrol, Mckee Intercontinental S.A. y a Transportes
San Silvestre S.A. Dispuso notificar a la entidad accionada y las vinculadas,
razón por la cual en el expediente y seguido del auto admisorio pueden leerse
los oficios en los que se les comunica de la existencia de la presente acción.
Respuestas de las entidades accionadas
8.
El Director de Acciones Constitucionales de la Gerencia de Defensa Judicial
de Colpensiones, solicitó se declarara improcedente el amparo, puesto que la
acción de tutela no es el mecanismo para resolver litigios de carácter laboral
y, además, no se demostraron los requisitos para determinar el perjuicio
irremediable que daría paso a la tutela transitoria.
De
otro lado, indicó que la entidad ha respondido todas las solicitudes al actor,
y en ese sentido, le ha señalado que si bien al 1º de abril de 1994 contaba con
47 años, no cumplía con el requisito de las 500 semanas cotizadas, pues solo
tenía 493 en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad, ni las 1000,
por tanto, no podría estudiarse la pensión bajo el Acuerdo 049 de 1990. Así
mismo, descartó el régimen de transición, puesto que el señor Gumersindo Correa
Herrera solo tenía 734 semanas al 25 de julio de 2005, cuando la norma exige
750.
9.
La apoderada general de Ecopetrol S.A., solicitó se le desvinculara de la
acción por falta de legitimación por pasiva, puesto que la empresa no ha
vulnerado los derechos del accionante y, además, la tutela está dirigida contra
Colpensiones. Igualmente, pidió se decretara la improcedencia del amparo,
puesto que este mecanismo constitucional no es el medio para discutir derechos
laborales[6].
10.
La Representante legal de Transportes San Silvestre S.A., indicó que, por el
paso del tiempo, no fue posible hallar documentos que demostraran la relación
laboral con el accionante, no obstante, acudieron a Colpensiones,
estableciéndose que el trabajador prestó sus servicios a la sociedad, pero de
manera interrumpida. En ese sentido expidió la certificación laboral pero
conforme con el período informado por Colpensiones.
Solicitó
que no se le impusiera “sanción alguna”, puesto que no se encuentra
legitimada por pasiva, en tanto que la empresa no ha incurrido en “ninguno
de los hechos de la presente acción”.
11.
Por parte de Mckee Intercontinental S.A., no aparece respuesta, pues el oficio
enviado a la misma fue devuelto por la empresa de servicios postales “472”[7].
Pruebas que
obran en el expediente
12. Las pruebas
relevantes aportadas con la acción de tutela y la respuesta de la demandada son
las que a continuación se relacionan:
- Fotocopia de la
cédula de ciudadanía No. 5.590.956 a nombre del señor Gumersindo Correa Herrera,
quien nació el 11 de enero de 1947[8].
- Fotocopia del
Formulario de Solicitud de Correcciones de Historia Laboral, radicada en
Colpensiones el 3 de mayo de 2017, para que se acumule el período “01-1986 a
09-1987” laborado en Transportes San Silvestre S.A.[9].
- Copia del oficio
SEM2017-141683 del 28 de junio de 2017, por el que Colpensiones responde a la
anterior solicitud de corrección de historia laboral al actor. En este se le
indicó que no se encontraron “registros de pagos a su nombre para los
periodos reclamados, por lo anterior, es necesario que nos suministre
documentos probatorios y/o soportes, como tarjetas de reseña, tarjetas de
comprobación de derechos, entre otros, números de afiliación, donde se evidencie
su vínculo laboral”[10].
- Copia del derecho
de petición interpuesto por el actor ante el Gerente Nacional de Colpensiones,
el 13 de julio de 2017, requiriendo el reconocimiento de la pensión de vejez[11].
- Copia de la
Resolución No. SUB 159167 del 16 de agosto de 2017, emitida por Colpensiones, a
través de la cual se negó el reconocimiento y pago de la pensión de vejez al
accionante[12].
- Fotocopia de la
Resolución No. SUB 202340 del 22 de septiembre de 2017, por la cual se resuelve
el recurso de reposición, confirmando el acto administrativo recurrido[13].
- Fotocopia del
formulario de Solicitud de Correcciones de Historia Laboral, radicada en
Colpensiones el 29 de septiembre de 2017, en la que pide se tenga en cuenta el
período “08-1969 a 06-1971” como laborado en McKee Intercontinental S.A.[14].
- Copia de la
Resolución No. DIR 18750 del 25 de octubre de 2017, por la cual se decide el
recurso de apelación interpuesto contra el acto administrativo No. SUB 159167,
confirmándolo[15].
- Copia del oficio
SEM2017-241735 del 26 de octubre de 2017, por el cual Colpensiones responde la
solicitud de corrección de historia laboral al actor. En ella se le informa que
la empresa McKee Intercontinental S.A. “únicamente realizó cotizaciones a su
nombre, para los períodos 1970/10/01 a 1971/02/17, los cuales se encuentran
debidamente acreditados en su historia laboral”. Así mismo, que las “certificaciones
laborales entregadas por usted, no constituyen documentos probatorios de que
dicho empleador hubiera realizado pagos para pensión a su nombre, por lo tanto,
no es válido para acreditar estos períodos en su historia laboral”[16].
- Fotocopia de una
certificación expedida por el departamento de Relaciones Industriales[17] de la sociedad McKee Panamá, S.A.
-Barrancabermeja-, sobre el tiempo de trabajo del señor Gumersindo Correa
Herrera entre el 13 de noviembre de 1969 y el 16 de febrero de 1971.
- Copia del
registro de procedimiento quirúrgico del 20 de mayo de 2010, a nombre del actor[18].
- Fotocopia del
formulario de calificación de la pérdida de capacidad laboral y ocupacional del
8 de noviembre de 2016, expedida por Colpensiones[19].
- Certificado de
existencia y representación legal de Ecopetrol[20].
- Copias de los
certificados mercantiles de las empresas San Silvestre S.A. en liquidación y
Mckee Intercontinental S.A., de las cuales se infiere que las mismas solo
renovaron su registro hasta los años 1984 y 1987, respectivamente[21].
Decisiones de
tutela objeto de revisión
Primera instancia
13. El Juzgado 8º de Familia de Bucaramanga (Santander) mediante
sentencia del 21 de noviembre de 2017 negó el amparo invocado, no obstante, ordenó
a Colpensiones que lo asesorara para solicitar la indemnización sustitutiva de
la pensión de vejez y desvinculó a las tres empresas. La providencia analizó
los presupuestos en los cuales es procedente amparar los derechos de las
personas de especial protección constitucional, los cuales deben estar
debidamente demostrados. De este modo concluyó que en el caso concreto no se
estableció que el actor efectivamente hubiese laborado para la empresa McKee
Intercontinental y que esta cotizara para el mismo. Así se refirió la
providencia:
“En
ese marco de ideas, sobra decir que la acción de tutela no puede desbordar los
límites establecidos por la Ley, o de lo contrario estaríamos afectando la
seguridad jurídico (sic) y el equilibrio económico de nuestro país. Como se
dijo, solo por vía excepcional es viable este amparo, de evidenciarse un
atropello flagrante por parte de las entidades públicas o privadas y tal
atropello no se evidencia por parte de la entidad accionada ya que no se halla
una situación inexacta de datos porque no se probó que existiera información
fuera de la Historia Laboral, o que existieran pagos dejados de hacer de algún
empleador del señor Gumersindo Correa Herrera para que hubieran sido tenidos en
cuenta y así poder valorar, si cumple o no con los requisitos establecidos por
la Ley (…) al accionante le fue imposible probar los aportes al Sistema General
de Seguridad Social en Pensiones de la empresa MCKee Intercontinental S.A. toda
vez que se encuentra liquidada y según lo comentado por el tutelante, dicha
empresa salió del país”[22].
Impugnación
14. El señor Gumersindo Correa Herrera, a través de escrito del 28 de
noviembre de 2017, impugnó la decisión de primera instancia. Indicó que sí
tiene derecho a la pensión de vejez con fundamento en el régimen de transición,
así mismo, insistió en que Colpensiones vulnera sus derechos fundamentales al
negarle la pensión y no actuar conforme lo demanda la ley. Consideró que
cumplió con las exigencias para acceder a la prestación, sin embargo, el juez
no le prestó atención.
Segunda instancia
15. La Sala Civil - Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga
(Santander), mediante sentencia del 17 de enero de 2018, confirmó la decisión
de primera instancia. La providencia resaltó que el actor no demostró los
requisitos de procedencia, en la medida que tiene otro mecanismo de defensa, y
no se acreditó la razón por la cual este sería ineficaz. Además, tampoco allegó
los medios de convicción que acreditaran el derecho pensional que reclamaba.
TRÁMITE SURTIDO
EN SEDE DE REVISIÓN
16. La Sala de
Selección número cuatro[23] de
la Corte Constitucional, mediante auto del 27 de abril de 2018 seleccionó el
expediente T-6.700.575 para revisión y dispuso su reparto al despacho del
Magistrado sustanciador.
17. A través de
auto del 22 de mayo de 2018, se ordenó nuevamente vincular al trámite a las empresas Ecopetrol S.A., McKee Intercontinental S.A. y Transportes
San Silvestre S.A., porque pueden
resultar afectadas con la sentencia a emitirse, pues al
parecer fueron empleadoras del actor. Así mismo, con
fundamento en el artículo 64 del Acuerdo 02 de 2015
(Reglamento Interno de la Corte), que faculta a esta Corporación para allegar elementos
de convicción en sede de revisión, decretó las siguientes pruebas:
- Se solicitó a los Secretarios Generales de las Cámaras de Comercio de
Bogotá y Bucaramanga que remitieran certificaciones sobre
la existencia y representación de McKee Intercontinental S.A. y Transportes San
Silvestre S.A..
- Se requirió al Alcalde y al Personero Municipales de Barrancabermeja
(Santander) que informaran si entre los archivos de dichas oficinas, para los
años 1969 a 1971 se encontraba inscrita la empresa McKee
Intercontinental S.A., dónde funcionaba, quién era su representante legal y qué
relación tenía con Ecopetrol S.A..
- Se pidió a los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Minas y
Energía que indicaran si para los años 1969 a 1971 se hallaba inscrita la
empresa McKee Intercontinental S.A. y si tenía alguna
relación con Ecopetrol S.A..
- Se requirió al representante legal de Ecopetrol S.A. que informara si
la entidad tuvo alguna relación con la empresa McKee Intercontinental S.A..
- Se pidió a la Superintendencia de Sociedades que informara si, entre
los años 1969 a 1971, se encontraba inscrita allí la sociedad McKee
Intercontinental S.A..
- Se solicitó a Colpensiones que remitiera copia de toda la
carpeta que compone la historia laboral del señor Gumersindo Correa Herrera.
- Se pidió al
Hospital Regional del Magdalena Medio, a las clínicas La Magdalena y San José, indicara
si para los años 1969 a 1971 y enero de 1986 a septiembre de 1987 se prestó el
servicio de salud al señor Gumersindo Correa Herrera.
- Se requirió
a Transportes San Silvestre S.A. que remitiera copia de las planillas de pago
de salarios a los conductores realizados entre enero de 1986 a septiembre de
1987.
- Se solicitó
al Ministerio de Transportes, a la Dirección de Tránsito de Bucaramanga y
Director de Tránsito y Transportes de Barrancabermeja, que informaran si allí
se encuentran acreditados los conductores que entre enero de 1986 y septiembre
de 1987 tenía la empresa Transportes San Silvestre S.A. y si entre ellos está
el señor Gumersindo Correa Herrera.
- Se solicitó
a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales que informara si dentro de la
documentación aportada por la Transportadora San Silvestre S.A. aparece el actor
como trabajador entre enero de 1986 y septiembre de 1987.
- Se comisionó
al Juzgado 8º de Familia de Bucaramanga para que escuchara en testimonio al
señor Gumersindo Correa Herrera.
18. En respuesta a las anteriores solicitudes, se allegaron las
siguientes pruebas relevantes:
- La apoderada general de Ecopetrol informó que, de acuerdo con los
registros de la empresa, el señor Gumersindo Correa Herrera no ha tenido
vinculación laboral con la misma, como tampoco existió relación comercial con
la compañía McKee Intercontinental S.A..
En ese orden, señaló que Ecopetrol no es la llamada a pronunciarse
en torno a los temas laborales que presuntamente surgieron entre la empresa
McKee Intercontinental S.A. y el accionante. De otro lado, consideró que la
acción de tutela no es procedente, en la medida que el actor tiene otro medio
de defensa ante la jurisdicción laboral[24].
- El representante
legal de Transportes San Silvestre S.A., también se mantuvo en la información
que dio al momento de responder la tutela en la primera instancia, esto es, que
el señor Correa Herrera prestó sus servicios a la empresa en los períodos
informados por Colpensiones.
Con relación a las
planillas de pago de salarios a conductores entre enero de 1986 a septiembre de
1987 no era posible enviarlas, en razón a la “conflagración que sufrió en
agosto de 1988 la Estación de Servicios que funcionaba en Transportes San Silvestre
S.A. (…) ocasionando la pérdida total de los archivos contables y general que
se llevaban, así como de algunas instalaciones donde funcionaba en ese entonces
la sede administrativa”[25].
- La Cámara de
Comercio de Barrancabermeja envió copia del certificado de existencia y
representación legal de Transportes San Silvestre S.A., cuya matrícula inicial
es del 3 de mayo de 1973. El objeto social es la organización y explotación de
la industria del transporte terrestre automotor urbano, interveredal, mixto,
intermunicipal e interdepartamental, nacional e internacional[26].
- La Cámara de
Comercio de Bogotá remitió copia del certificado de existencia y representación
legal de McKee Intercontinental S.A. El 14 de junio de 1967 se protocolizaron
copias auténticas de la fundación de la sociedad Mckee Panamá (escritura
pública 2355 de la Notaría 10 de Bogotá del 5 de junio de 1967). El 5 de
octubre de 1970 cambia su nombre por el de McKee Intercontinental S.A.. Por
escritura pública 517 del 27 de febrero de 1986 de la Notaría 18 de Bogotá se
protocolizó el documento por el cual se decretó la clausura de operaciones de
la sucursal en Colombia, declarándose en proceso liquidatorio. El objeto social
era la construcción de la planta de parafina en Barrancabermeja[27].
- El Subdirector
Jurídico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público informó que esa cartera
no tiene información sobre la empresa McKee Intercontinental S.A., ni de las
vinculaciones jurídicas con Ecopetrol[28].
- La Secretaria
General de la Alcaldía de Barrancabermeja indicó que en el archivo del
municipio no se evidencia información sobre la inscripción o existencia de la
empresa McKee Intercontinental S.A.[29].
- El Secretario de
la Personería Municipal de Barrancabermeja también negó tener información sobre
la existencia de la compañía McKee Intercontinental S.A.[30].
- La
Superintendencia de Sociedades indicó que entre los años 1969 a 1971 la
sociedad McKee Intercontinental no se hallaba inscrita en esa entidad, lo cual
puede obedecer a que esa empresa se constituyó a partir de 1972, según sus
registros[31].
- El Director de
Acciones Constitucionales de Colpensiones remitió copia del reporte de semanas
cotizadas en pensiones a nombre del actor, actualizado al 28 de mayo de 2018.
En el citado documento se observa que cotizó en total 1048 semanas[32].
- El Subgerente
Científico del Hospital Regional del Magdalena Medio (antes Hospital San
Rafael), expresó que no se encontró archivo clínico del accionante entre los
años 1969 a 1971 y 1986 a 1987[33].
- La Asesora Jurídica
de la Clínica La Magdalena S.A.S. de Barrancabermeja señaló que la misma se
constituyó en persona jurídica a partir de junio de 1988, por lo tanto, para
los años 1969 a 1971 y 1986 a 1987 no existía como tal[34].
- El Asesor
Jurídico de la Clínica San José S.A.S. de Barrancabermeja informó que la
entidad nació a la vida jurídica como institución prestadora de salud en el año
1995, por tanto, para los años 1969 a 1971 y 1986 a 1987 no prestó servicios[35].
- La Directora
Territorial Santander del Ministerio de Transporte expuso que en los archivos
de la entidad no se encuentra registro de conductores que prestaran servicios a
las empresas de transportes[36].
- El Director de la
Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja indicó que para los años
1986 y 1987 no existía la obligación de las empresas transportadoras de
reportar a los organismos de tránsito y transporte el registro de los
conductores. Solo a partir de 1993 (Ley 105, Decretos 1558 de 1998, 170 de 2001
y la Ley 336 de 1996) surge el deber de “formular programas de seguimiento y
control a las infracciones de tránsito de los conductores”. Y en 2014 (Decreto
1047) se establece el registro de conductores de servicio público individual
que deberá ser alimentado por las empresas de transporte habilitadas[37].
- La DIAN aseveró
que no tiene información exógena entre enero de 1986 y septiembre de 1987 para
establecer si el accionante laboró con la empresa San Silvestre S.A. en esa
época. Lo anterior, porque el sistema Muisca modernizó la gestión tributaria a
partir de 2005[38].
- El Juzgado Octavo
de Familia del Circuito de Bucaramanga envió el acta del testimonio vertido por
el señor Gumersindo Correa Herrera[39].
Allí sostuvo que, a pesar de haber tenido relación laboral con la entidad McKee
Intercontinental S.A., no cuenta con el contrato de trabajo y, sobre el tiempo
de servicio de los años 1969 a 1971, solo posee una fotocopia, no tiene
originales de documentos. Así mismo, refirió que tampoco conserva
certificaciones sobre el tiempo laborado para la empresa San Silvestre S.A.,
puesto que cuando fue a solicitarlos, le informaron que “esa papelería se
había acabado”.
Sobre la relación
de McKee Intercontinental S.A. y Ecopetrol indicó que “tenía contratos con
ellos, planta de parafina, planta de poliéster, calderas, pirlex, montajes de
plantas de gasolina, alineaciones de bomba dentro del complejo industrial y
montajes de turbinas de ventiladores de enfriamiento; en eso trabajé yo; es
decir, que era una contratista de Ecopetrol”.
De otro lado, sostuvo
que es una persona que no tiene un salario fijo, paga arriendo en el municipio
de Piedecuesta (Santander) y vela por el sostenimiento de su cónyuge (59 años
de edad) y un hijo (33 años) que está estudiando, puesto que fue retirado de la
entidad donde laboraba (Policía Nacional).
- La Alcaldía de
Barrancabermeja indicó que en el archivo de esa entidad no se encontró
inscripción de la empresa McKee International S.A.[40].
- Finalmente, un
empleado de la Secretaría de esta Corporación informó que no fue posible
entregar las notificaciones a la sociedad McKee Intercontinental, porque en la
dirección anotada indicaron que “la empresa nunca ha existido en esta
ubicación”[41].
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
Competencia
19. Esta Sala
es competente para analizar los fallos materia de revisión, de conformidad con
lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y 31
a 36 del Decreto Estatutario 2591 de 1991.
Presentación del caso
20. El accionante interpuso
acción de tutela contra Colpensiones al considerar vulnerados sus derechos
fundamentales a la seguridad social en pensiones, al
mínimo vital y móvil, al debido proceso, a la igualdad, a la favorabilidad y a
la dignidad humana, porque se le negó la pensión de vejez argumentando que no
cumplía con el requisito relacionado con la densidad de semanas cotizadas.
Adujo, que con el período no cotizado por la empresa McKee Intercontinental
S.A. ajustaba el número de semanas necesario para acceder a la pensión.
En esos términos,
solicitó se declarara la nulidad de las resoluciones que le negaron la pensión
de vejez y se ordenara a Colpensiones que reconociera la prestación.
Problema
jurídico
21. De acuerdo con la situación fáctica planteada y las
decisiones de instancia, corresponde a la
Sala Octava de Revisión determinar, en
primer lugar, si la presente acción de
tutela es el mecanismo procedente para analizar la presunta vulneración de los
derechos fundamentales invocados. De encontrarse satisfechos los requisitos de
procedibilidad, se deberá establecer ¿si Colpensiones vulnera los derechos
fundamentales de la seguridad social en pensiones, al mínimo vital y móvil, al
debido proceso, a la igualdad, favorabilidad y dignidad humana (arts. 1º, 13,
46, 48 y 53 C. Pol.) del actor por no reconocerle la pensión de vejez, bajo el
argumento de que no cumplía con el requisito de semanas cotizadas y no tener en
cuenta el tiempo que aduce laboró en la empresa McKee Intercontinental S.A?
Para resolver el problema jurídico planteado, la Corte
examinará los siguientes temas: (i) procedencia
excepcional de la acción de tutela para reconocimiento de pensiones. De
cumplirse con dichas exigencias, se continuará con: (ii) la pensión de vejez; (iii) la mora en el pago de los aportes
pensionales; y (iv) el análisis del caso concreto.
Procedencia de
la acción de tutela para reconocimiento de pensiones
22. La acción de
tutela como mecanismo para la protección de los derechos fundamentales
vulnerados o amenazados por las entidades públicas y los particulares, en
algunos casos, fue instituida por primera vez en el artículo 86 de la
Constitución de 1991.
Por regla general,
la tutela no procede para acceder al reconocimiento y pago de prestaciones
pensionales en tanto se trata de acreencias laborales, para las cuales existe
otro medio de defensa judicial que debe ser utilizado de manera previa a esta
acción[42].
Empero, cuando se pretende garantizar derechos fundamentales constitucionales
que requieren de protección urgente, la regla puede variar. Ello, porque el
trámite de un proceso ordinario puede ser una carga desproporcionada para la
persona de especial protección constitucional o que, por otras razones, se
encuentra expuesto a un perjuicio irremediable[43].
En ese sentido, la acción de tutela procederá bajo las siguientes condiciones:
“(i)(…) como mecanismo transitorio, cuando a pesar de
la existencia de un medio ordinario de defensa para el reconocimiento de la
prestación, este no impide la ocurrencia de un perjuicio irremediable, conforme
a la especial situación del peticionario[44]; (ii) procede la
tutela como mecanismo definitivo cuando el medio ordinario dispuesto
para resolver las controversias, no es idóneo y eficaz, conforme a las
especiales circunstancias del caso que se estudia[45].
Además, (iii) cuando la acción de tutela es promovida por personas que
requieren especial protección constitucional, como los niños y niñas, mujeres
cabeza de familia, personas en condición de discapacidad, personas de
la tercera edad, entre otros[46],
el examen de procedibilidad de la acción de tutela es menos estricto, a través
de criterios de análisis más amplios, pero no menos rigurosos”[47].
El perjuicio
irremediable, según la jurisprudencia constitucional, se establece a partir de
tres criterios: inminencia, gravedad y urgencia e impostergabilidad. El primero
se refiere a la proximidad del suceso; el segundo, que el agravio se presente
respecto de un bien “altamente significativo para la persona (moral o
material), pero que sea susceptible de determinación jurídica”[48]; y, el tercero, que la situación
demande medidas urgentes y oportunas para superar la adversidad.
Sostiene
igualmente, que los medios judiciales ordinarios deben analizarse de cara a las
características del caso concreto a fin de establecer la idoneidad de los
mismos. Por lo tanto, el funcionario constitucional debe determinar la
composición del núcleo familiar del actor, su situación económica, el grado de
escolaridad, la edad, el estado de salud y el conocimiento que tenga sobre la
forma de hacer efectivos sus derechos, así como el tiempo que lleva esperando
por este[49].
De otro lado, ha
sostenido que cuando se trata de personas de la tercera edad, la acción de
tutela es el mecanismo ideal para defender sus derechos, puesto “que no
resulta proporcional someterlos a un proceso ordinario cuya decisión se difiere
en el tiempo y, por tanto, sería prolongar la incertidumbre acerca del
derecho fundamental que se busca proteger, tornándose el recurso de amparo en
ese evento como el mecanismo de defensa judicial idóneo y eficaz”[50].
23.
En los casos donde se ventilan acciones de tutela contra las resoluciones de
los fondos de pensiones, debe demostrarse que el actor actuó con “un grado
mínimo de diligencia” al momento de buscar la protección del derecho
y que el mínimo vital se haya afectado como consecuencia de la negativa de la
entidad a otorgar la prestación. Además, en el análisis del fondo del asunto,
debe estar probada la existencia y titularidad del derecho reclamado[51].
24. En conclusión, la acción de tutela no es procedente para reclamar
pensiones, salvo que el accionante sea una persona de especial protección
constitucional en cuyo caso el análisis de procedibilidad es menos estricto.
Pensión de vejez
25. El Sistema de Seguridad Social Integral fue
establecido en la Ley 100 de 1993 con la finalidad de garantizar a la población,
el amparo contra posibles eventos derivados de la vejez, invalidez y muerte,
mediante el reconocimiento de las prestaciones pensionales[52].
La pensión de vejez se ha definido como “una prestación económica producto
del ahorro forzoso que tiene como objeto mantener las condiciones de vida de
quienes han cotizado al sistema pensional durante toda su vida laboral”[53]. La jurisprudencia constitucional ha sostenido que como
la pensión de vejez o jubilación se estableció con el fin de proteger a las
personas de la tercera edad y, además, tiene relación con la seguridad social,
la vida y la dignidad, se trata de un derecho de carácter fundamental[54].
26. El Libro
Primero de la Ley 100 de 1993, contentivo del Sistema General de Pensiones,
consagra dos regímenes: (i) el Solidario de
Prima Media con Prestación Definida y (ii) el de Ahorro Individual con
Solidaridad. El artículo 33 establece
los requisitos para acceder a la pensión de vejez en el régimen de prima media,
así:
(i)
Haber cumplido 55 años de edad si es mujer o 60 si es hombre. Empero, a partir
del 1º de enero de 2014, la edad se incrementó a 57 años de edad para la mujer
y 62 para el hombre.
(ii)
Haber cotizado un mínimo de 1000 semanas en cualquier tiempo. Empero a partir
del 1º de enero de 2005 se incrementó en 50 semanas y, a partir, del 1º de
enero de 2006 en 25 semanas cada año hasta llegar a 1300 semanas en el año 2015.
27.
No obstante, como a la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Social existían personas
con expectativas de obtener su pensión, bajo sistemas anteriores, el artículo
36 se estableció un régimen de transición, según el cual: “La edad para
acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas
cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de
entrar en vigencia el sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si
son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres o quince (15) o
más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al
cual se encuentren afiliados”.
Entre
los sistemas anteriores a la Ley de 1993 se encuentra el regulado por el
Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, cuyos
requisitos son los siguientes:
(i)
Tener 60 años o más de edad si es varón o 55 si es mujer.
(ii)
Haber cotizado mínimo 500 semanas dentro de los últimos 20 años anteriores al
momento de cumplir la edad mínima, o haber acreditado 1000 semanas en cualquier
tiempo.
Ahora bien, esta prerrogativa no es absoluta, pues a través del
Acto Legislativo 01 de 2005 se reformó el artículo 48 Superior[55], imponiendo un
término máximo de duración al régimen de transición, esto es, hasta el 31 de
julio de 2010. Por lo tanto, las
personas que no lograron acreditar antes de esta fecha, los requisitos para
acceder a la pensión de vejez conforme con el régimen anterior al cual se
encontraban afiliados, perdieron cualquier posibilidad de pensionarse bajo el
régimen de transición, por lo que solo podrían adquirir su derecho de acuerdo
con los lineamientos de la Ley 100 de 1993.
No obstante,
las personas que a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005 (25
de julio), tenían al menos 750 semanas cotizadas o su equivalente en tiempo de
servicios, no pierden el régimen de transición el 31 de julio de 2010, toda vez
que el mismo se extiende hasta el 31 de diciembre de 2014[56].
Entonces, la vigencia
de la transición pensional está sujeta a que el beneficiario acredite al menos
750 semanas cotizadas o su equivalente en tiempo de servicios a 25 de julio de
2005 y cumpla con los requisitos de pensión del régimen al cual se encontraban
afiliados antes del 31 de diciembre de 2014.
28. En síntesis, la pensión de vejez puede adquirirse
cumpliendo los requisitos del Sistema de Seguridad Social en Pensiones o, de
ser beneficiario del régimen de transición, bajo las normas anteriores a la Ley
100 de 1993 como el Acuerdo 049 de 1990, atendiendo las características
descritas. Además, por ser la pensión de vejez un derecho fundamental es
susceptible de ser garantizado a través de la acción de tutela.
Mora en el pago de los aportes pensionales
29.
En torno a la obligatoriedad del pago de los aportes a la seguridad social por
parte del empleador, el artículo 17 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 4º
de la Ley 797 de 2003, establece:
“Durante la vigencia de la relación laboral y
del contrato de prestación de servicios, deberán efectuarse cotizaciones
obligatorias a los regímenes del sistema general de pensiones por parte de los
afiliados, los empleadores y contratistas con base en el
salario o ingresos por prestación de servicios que aquellos devenguen.
La obligación de cotizar cesa al momento en que el
afiliado reúna los requisitos para acceder a la pensión mínima de vejez, o cuando el afiliado se pensione por invalidez o anticipadamente.
Lo anterior sin perjuicio de los aportes voluntarios
que decida continuar efectuando el afiliado o el empleador en los dos
regímenes”. (Negrilla fuera del texto original).
Asimismo,
el artículo 22[57] de la aquella
legislación dispone que el empleador será el responsable del pago de su aporte
y el del trabajador, y “responderá por la totalidad del aporte aun en el
evento de que no hubiere efectuado el descuento al trabajador”. Igualmente,
los artículos 23 y 53 determinan que el incumplimiento de las obligaciones por
el empleador, acarrea sanciones de tipo pecuniario.
Ahora, la jurisprudencia constitucional ha considerado que
la omisión del empleador en el pago de los aportes para seguridad social no impide
el reconocimiento de la pensión de la persona que ha completado los requisitos
legales para acceder a la misma. En efecto en sentencia T-398 de 2013 se
indicó: “la omisión del empleador en el
aporte de las cotizaciones al sistema, no puede ser imputada al trabajador, ni
podrá derivarse de ésta consecuencias adversas. Estos resultados negativos se
traducen en la no obtención de la pensión mínima, la cual se configura como una
prestación económica que asegura las condiciones mínimas de subsistencia, y
pondría en riesgo los derechos fundamentales al mínimo vital, dignidad humana y
seguridad social del trabajador”.
Por su parte, la sentencia T-079 de 2016 consideró
“consolidada” la línea jurisprudencial con relación a la imposibilidad de transmitir
a los trabajadores las consecuencias negativas de la tardanza del empleador y
el abandono de los fondos de pensión para el cobro de los aportes. “Tal
regla ha sido estructurada considerando que el sistema de pensiones opera sobre
la base de una relación tripartita, a cuyas partes –trabajador, empleador y
administradoras de pensiones- les fueron atribuidas responsabilidades concretas”.
De
igual manera, la ley 100 de 1993
en sus artículos 53 y 57, atribuye a las administradoras del régimen de prima
media con prestación definida las siguientes facultades: “a) verificar la
exactitud de las cotizaciones y aportes u otros informes, cuando lo consideren
necesario; b) adelantar las investigaciones que estimen convenientes para
verificar la ocurrencia de hechos generadores de obligaciones no declarados;
c)  Citar o requerir a los empleadores o agentes retenedores de las
cotizaciones al régimen, o a terceros, para que rindan informes; d)
Exigir a los empleadores o agentes retenedores de las cotizaciones al régimen,
o a terceros, la presentación de documentos o registros de operaciones, cuando
unos u otros estén obligados a llevar libros registrados, y e) Ordenar la
exhibición y examen de los libros, comprobantes y documentos del empleador o
agente retenedor de las cotizaciones al régimen, y realizar las diligencias
necesarias para la correcta y oportuna determinación de las obligaciones”. Así como la facultad de adelantar procesos de cobro
coactivo.
El
procedimiento para constituir en mora al empleador se encuentra reglamentado en
el Decreto 2633 de 1994[58], donde se especifica que
transcurrido el plazo para la consignación de los aportes, sin que los mismos
se hayan efectuado, corresponde a la respectiva administradora de pensiones
constituir en mora al empleador, requiriéndolo para que efectúe el pago. Si el
empleador no se pronuncia al respecto dentro de los 15 días siguientes, la
entidad deberá liquidar la obligación, la cual prestará mérito ejecutivo.
Por
su parte, en la sentencia T-321 de 2016, se insistió en que “cuando el empleador no efectúe
el pago de las cotizaciones al Sistema
General en Pensiones de sus trabajadores, corresponde a los fondos de pensiones
iniciar el respectivo cobro coactivo por las cotizaciones insolutas, sin que
pueda negarse el reconocimiento de los derechos pensionales reclamados por mora
en el pago”.
Recientemente,
en sentencia T-241 de 2017 se conservó esa posición, al advertir que “la
mora patronal no constituye un argumento válido que permita a un fondo de
pensiones fundamentar la negativa del reconocimiento de la pensión de vejez de
un afiliado”. Y en la T-327 del mismo año, se concluyó, que esta
Corporación, de manera uniforme, ha establecido que “la omisión del empleador en el pago de los aportes al sistema
de pensiones no es oponible al trabajador y a su derecho a obtener el pleno
reconocimiento de sus derechos laborales”.
30. Por
consiguiente, en observancia de los deberes que le corresponde asumir tanto al
empleador, como a la administradora de pensiones, no es constitucionalmente
válido que se trasladen a los afiliados del Sistema General de Pensiones las
responsabilidades del empleador y del fondo de pensiones.
En suma, la
obligación de realizar los aportes para las pensiones de los trabajadores está
en cabeza del empleador. Su omisión no puede generar la negativa de la
prestación, toda vez que las administradoras de fondos deben ejercer su poder
para el cobro de las mismas.
Análisis del
caso concreto.
Presentación
del caso
31. En esta oportunidad, la Sala debe pronunciarse en torno
al amparo invocado por el señor Gumersindo Correa Herrera contra Colpensiones,
al considerar que, con la negativa de la pensión de vejez, le ha vulnerado sus
derechos fundamentales.
Por su parte, Colpensiones negó la vulneración de los derechos del
actor, puesto que ha respondido todas las solicitudes y le ha señalado que si
bien es beneficiario del régimen de transición no cumple con los requisitos de
tener 500 semanas cotizadas dentro de los últimos 20 años anteriores al
cumplimiento de la edad, ni las 1000 en cualquier tiempo, para acceder a la
pensión de vejez, en los términos del Acuerdo 049 de 1990. Como tampoco los
cumple con el actual sistema contenido en la Ley 797 de 2003. Así mismo, consideró
que la acción de tutela era improcedente, porque existía otro medio de defensa
judicial y no advertía el perjuicio irremediable.
La empresa Ecopetrol S.A. fue vinculada a la acción. En
respuesta a la tutela solicitó se le desvinculara por no estar legitimada por
pasiva, ya que no ha ejecutado acción u omisión alguna que afecte los derechos
del accionante. De otro lado, aclaró que la compañía McKee Intercontinental “no
ha tenido ninguna relación comercial con Ecopetrol S.A.”, como tampoco
existen registros de vinculación laboral directa o indirectamente del señor
Gumersindo Correa Herrera[59].
A pesar de que se ordenó vincular a la sociedad McKee
Intercontinental S.A., no fue posible obtener sus explicaciones sobre los
hechos, toda vez que no existe desde 1986.
En las dos instancias, los jueces negaron el amparo porque
el accionante no demostró que efectivamente hubiese laborado para la empresa
McKee Intercontinental en el período que reclama. Además, la segunda instancia,
señaló que el accionante tenía otro mecanismo de defensa a su disposición.
En este orden, corresponde a la Sala determinar la
procedencia de la acción y si es posible o no amparar los derechos
fundamentales invocados por el actor en el escrito de tutela.
Procedibilidad formal de la acción de tutela
32. La jurisprudencia constitucional ha sostenido que la
tutela no procede cuando se trata de proteger derechos sociales, especialmente
pensiones, puesto que son asuntos de carácter legal. Sin embargo,
excepcionalmente se ha admitido su procedencia en aquellos casos donde los medios
de defensa no resultan eficaces para protegerlos[60].
Por ejemplo, en los eventos donde el actor se encuentra en situación de
debilidad manifiesta o se trata de una persona de la tercera edad, pues no es constitucionalmente
válido someterlas a un proceso ante la jurisdicción ordinaria[61].
33. Legitimación por activa.
De acuerdo con los artículos 86 Superior y el 10 del Decreto Estatutario 2591
de 1991, la acción de tutela se puede interponer directamente por quienes
consideren que sus derechos fundamentales han sido vulnerados o amenazados por
la acción u omisión de una autoridad pública o los particulares en determinados
casos. En este evento, se encuentra establecido que son los derechos
fundamentales del señor Gumersindo Correa Herrera los que presuntamente fueron
quebrantados, por tanto, se hallaba legitimado para actuar.
34. Legitimación
por pasiva. El artículo 5º del Decreto Ley 2591 de 1991 señala que la
acción de tutela procede contra toda acción u omisión de las autoridades
públicas que vulneren o amenacen vulnerar los derechos fundamentales de los
accionantes[62].
En el caso objeto de estudio, Colpensiones es una entidad de naturaleza pública
que al parecer ha vulnerado los derechos del accionante, por tanto, está legitimada
para ser demandada en esta acción de tutela.
35. Principio
de inmediatez. La jurisprudencia constitucional ha señalado que la
tutela debe ser incoada dentro de un plazo razonable con relación a la ocurrencia
de la vulneración o amenaza del derecho fundamental. Este requisito también se
observa en el asunto que se analiza.
En este punto es
importante tener en cuenta que al estar relacionado el amparo con una
prestación periódica, como es el caso de las mesadas pensionales, la afectación a los derechos fundamentales a la
seguridad social y al mínimo vita es de carácter continuo, por lo que la acción
de tutela resulta procedente mientras persiste la vulneración[63].
En este caso, una
vez se resolvieron los recursos ordinarios de reposición y apelación frente al
acto administrativo que negó la pensión (25 de octubre de 2017), a los once
(11) días, el señor Correa Herrera interpuso la tutela (7 de noviembre de
2017), término que resulta razonable.
36. Principio
de subsidiariedad. De acuerdo con la prueba documental arrimada al
expediente, el señor Gumersindo Correa Herrera es una persona de especial
protección constitucional, ya que a la fecha tiene 71 años de edad[64] y, además, presenta afecciones en su
salud como enfermedad aterosclerótica del corazón, hipertensión esencial
(primaria), cardiomiopatía y deficiencia visual (presbicia), determinantes de
una pérdida de capacidad laboral del 41.78%[65].
Esa situación, que no fue controvertida por las accionadas en este trámite,
permite a la Sala flexibilizar el examen de subsidiariedad en la medida que, en
principio, no resultaría proporcional y razonable remitirlo a la jurisdicción
ordinaria, donde debe soportar la terminación de un proceso, cuando es un hecho
notorio que estos juicios tienen una duración prolongada y, por lo mismo, no se
garantiza la satisfacción del derecho de manera inmediata[66].
De otro lado, debe
tenerse en cuenta que el actor solicitó su pensión a la entidad administrativa
el 13 de julio de 2017 y, una vez le fue negada, presentó los recursos
ordinarios de reposición y apelación, los cuales se decidieron el 22 de
septiembre (Res. SUB202340) y 25 de octubre de 2017 (Res.
DIR18750) confirmando la primera resolución.
Así mismo, el mínimo vital del accionante se afecta como resultado de
la negativa de la prestación pensional pues dada la dificultad para laborar le
es difícil obtener los recursos para su subsistencia y la de su familia. En
efecto, del escrito de tutela y el testimonio vertido por el actor –en el
trámite de revisión- se estableció que no posee casa propia, paga arriendo y
vela por el mantenimiento de su cónyuge y un hijo mayor sin trabajo. Estas
circunstancias no fueron objeto de controversia por la accionada y en ese
sentido opera la presunción de veracidad establecida en el artículo 20 del
Decreto Estatutario 2591 de 1991.
En ese escenario, considera la Corte que en este evento es
procedente, ab initio, estudiar la acción de tutela como mecanismo
transitorio, puesto que se involucran derechos altamente considerables como la
seguridad social y el mínimo vital, de los cuales depende no solo la dignidad
sino la vida de una persona de especial protección constitucional y en
condiciones difíciles para laborar y proveerse de los recursos necesarios para
su subsistencia y la de su familia, requiriendo con urgencia la prestación para
evitar un perjuicio irremediable.
Procedibilidad
material de la acción de tutela
37. Superado el
examen de procedibilidad formal, la Sala abordará el análisis material de la
acción de tutela. En ese sentido, establecerá si se vulneraron los derechos
fundamentales del accionante, dada la negativa de Colpensiones a otorgarle la prestación
pensional reclamada, al no tener en cuenta el periodo laborado en McKee
Intercontinental S.A. Así, se verificará si el señor Correa Herrera cumple los
requisitos que permitan otorgarle la pensión conforme con el régimen de
transición.
38. La pensión de vejez se concede a quienes acrediten las
exigencias del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, la cual, como se expuso en la
parte dogmática de esta decisión, derogó los sistemas anteriores. No obstante,
en dicha legislación se instituyó el régimen de transición para aquellos que al
momento de entrar a regir la mencionada ley reunieran uno de los dos requisitos
consagrados en el artículo 36, es decir, tener 35 años de edad o, más, si es
mujer o 40 si es hombre, o tener 15 años o más de servicios cotizados.
En el caso concreto, se advierte que el señor Gumersindo
Correa Herrera nació el 11 de enero de 1947, por tanto, al momento de entrar en
vigor la Ley 100 de 1993, tenía 47 años y, en consecuencia, es beneficiario del
régimen de transición.
39. En ese orden, el
régimen aplicable al accionante es el que antecedió a la Ley 100 de 1993, esto
es, el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, siempre que
cumpla las exigencias del artículo 12:
“Requisitos de la pensión por vejez. Tendrán derecho a la pensión de vejez las personas que
reúnan los siguientes requisitos:
a) Sesenta (60) o más años de edad si se es varón o
cincuenta y cinco (55) o más años de edad, si se es mujer y,
b) Un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización
pagadas durante los últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las
edades mínimas, o haber acreditado un número de un mil (1.000) semanas de
cotización, sufragadas en cualquier tiempo.”
El señor Correa Herrera cumplió los 60 años de edad el 11 de enero de
2007, por tanto, para acceder a la pensión se requiere que hubiera cotizado 500
semanas entre el 11 de enero de 1987 y aquella fecha. Sin embargo, revisada la historia
laboral emitida por Colpensiones solo cotizó 493 semanas en ese periodo, es
decir, que no cumple con esa exigencia, puesto que en ese lapso de los 20 años
tuvo varias interrupciones y no cotizó (11 de enero al 30 de agosto de 1987 y 8
de febrero de 1992 al  30 de septiembre de 2001).
40. En torno a la segunda opción, que hubiere cotizado 1000 semanas en
cualquier tiempo, debe tenerse en cuenta que el Acto Legislativo
01 de 2005 limitó la transición al determinar que el mismo no podía extenderse después del 31 de julio de 2010, salvo para aquellos
trabajadores de ese régimen que, además, tuvieran cotizadas 750 semanas o su
equivalente en tiempo de servicios al momento de entrar a regir el citado Acto
Legislativo, a los cuales se les mantiene el sistema hasta el 2014. Pues bien,
en este caso, según la prueba reseñada anteriormente, al 31 de julio de 2010,
el accionante tenía 734 semanas cotizadas. Empero, a estas debe sumarse el
tiempo que aparece certificado y que no fue pagado por McKee Intercontinental
S.A., esto es, el período del 13 de noviembre de 1969 al 30 de septiembre de
1970, que equivale a 42,9 semanas, para un total de 776,9[67]. Ello significa que al señor Correa
Herrera se le mantiene el régimen de transición hasta el 31 de diciembre de 2014.
El accionante
cotizó hasta el 31 de julio de 2012 cuando completó 1048 semanas, lo cual le permite
acceder a la pensión de vejez, con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990, en
tanto cotizó más de mil (1000) semanas en “cualquier tiempo” y, además,
tenía 65 años de edad.
Así las cosas, debe
reconocerse que Colpensiones vulnera los derechos fundamentales del accionante,
al negar la pensión de vejez bajo el argumento que no cumplía el requisitos
relacionado con la densidad de semanas para mantener el régimen de transición, a
pesar de que (i) el actor en distintas oportunidades solicitó la corrección de
su historia laboral[68];
y (ii) existe una certificación del Departamento de Relaciones Industriales de
McKee Intercontinental en la cual se indica que el señor Correa Herrera también
laboró entre el 13 de noviembre de 1969 y el 30 de septiembre de 1970,
equivalente a 42,9 semanas, con lo cual no se desmontaría el beneficio
transicional (Acuerdo 049 de 1990).
41. Respecto a
ese documento, donde consta que el accionante laboró con la empresa McKee
Intercontinental S.A. entre el 13 de noviembre de 1969 y el 16 de febrero de
1971, debe resaltar esta Corporación que si bien se trata de una fotocopia
simple, su valor probatorio es el mismo del original, según los términos del
artículo 246 del Código General del Proceso[69],
máxime cuando no fue controvertido por la accionada ni por aquella sociedad que
no pudo ser notificada dada su inexistencia actual. En ese orden, por el
momento, se evidencia el derecho en cabeza del accionante[70].
En este orden de
ideas, encuentra la Sala que el señor Correa Herrera cumple con el presupuesto
de las semanas de cotización para ser acreedor al derecho pensional, estando
exclusivamente en discusión a quién corresponde asumir las semanas necesarias
que le otorgan el derecho al régimen transicional, aspecto de debe ser
dilucidado ante la jurisdicción ordinaria.
Conforme con lo
expuesto, la Sala concederá el amparo de manera transitoria, con el fin de (i) precaver
el perjuicio irremediable que se cierne sobre el actor y (ii) acuda a la
jurisdicción ordinaria laboral para que se dilucide la validez de la
certificación aportada y la entidad que debe asumir el pago de las semanas no
cotizadas, ya sea la sociedad McKee Intercontinental (de acuerdo con la
certificación expedida por esa empresa donde se consigna que el señor Correa
Herrera laboró entre del 13 de noviembre de 1969 al 16 de
febrero de 1971 [71]) o Transportes San Silvestre S.A. (por el supuesto periodo laborado
desde enero de 1986 a septiembre de 1987), pues se precisa de un completo
debate judicial, donde se reconozca a las partes todas las garantías
constitucionales y legales y le permita al juez, a través del material
probatorio recaudado, adquirir certeza sobre el fundamento fáctico y emitir la
decisión que en derecho corresponda.
42. Finalmente, como,
en este trámite, no se demostró que la empresa McKee Intercontinental S.A.,
hubiese sido sustituida por Ecopetrol, no puede ordenársele el pago de las
semanas dejadas de cotizar. En efecto, a pesar de que el actor en el escrito de
tutela insinuó una posible sustitución patronal, posteriormente, en el testimonio
entregado al Juzgado 8 de Familia de Bucaramanga, explicó que la primera era
una contratista de la segunda, lo cual no determina la sustitución patronal.
Aunado a ello, la petrolera en cita, al responder la tutela, informó que no
tenía relación alguna con McKee Intercontinental. Motivo por el cual habrá de
ser el juez ordinario, quien luego de impulsar el respectivo proceso, establecerá
la entidad encargada de reconocer y pagar las semanas no canceladas. De igual
manera, tampoco se estableció que la sociedad Transportes San Silvestre S.A.
estuviera obligada a cancelar otros períodos adicionales a los que refleja la
historia laboral.
Decisiones a adoptar
43. Con fundamento en lo expuesto, la Sala revocará las
decisiones de primera y segunda instancia emitidas por el Juzgado 8º de Familia
de Bucaramanga (Santander) y la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de
Bucaramanga, que negaron la tutela y, en su lugar, se concederá, de manera
transitoria, el amparo a los derechos fundamentales a la seguridad social en
pensiones, al mínimo vital y móvil, a la igualdad y dignidad humana del accionante.
Al señor Gumersindo Correa Herrera se le otorgará un término de cuatro (4)
meses para formular la respectiva demanda laboral, de lo contrario esta
decisión quedará sin efectos[72].
En segundo lugar, se ordenará a Colpensiones que, dentro de
las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia,
realice todas las acciones necesarias encaminadas a reconocer y pagar la
pensión de vejez al señor Gumersindo Correa Herrera, incluyendo el retroactivo
a que haya lugar.
Conclusión
44. En esta
sentencia se examinó la acción de tutela interpuesta por el señor Gumersindo
Correa Herrera que solicitó la pensión de vejez a Colpensiones, pero se
resolvió de manera negativa, porque no cumplía con el número mínimo de semanas
cotizadas, cuando tenía a su favor otro tiempo de servicio laborado para las
empresas Transportes San Silvestre S.A. y McKee Intercontinental S.A.
45. Como problema jurídico se
estableció ¿Colpensiones vulnera los derechos
fundamentales de la seguridad social en pensiones, al mínimo vital y móvil, al
debido proceso, a la igualdad, favorabilidad y dignidad humana (arts. 1º, 11,
46 y 48 C.P.) del actor por no reconocerle la pensión de vejez, bajo el
argumento de que no cumplía con el requisito de semanas cotizadas y no
contabilizar las semanas dejadas de cotizar por la sociedad McKee
Intercontinental S.A.?
46. Para resolver el debate planteado se hizo un
reconocimiento sobre la normatividad de la pensión de vejez y la mora en el pago de los aportes
pensionales. En ese sentido, se consideró oportuno
analizar de fondo la tutela.
47. Se halló que la accionada vulneró los derechos
fundamentales del actor, puesto que la pensión de vejez estuvo mal denegada, en
tanto  el accionante, con la certificación aportada a la tutela, cumple con los
requisitos para acceder a la misma.
48. En ese orden, se revocaron las sentencias de tutela emitidas
en las instancias, a través de las cuales se negó el amparo y, en su lugar, se
concedió, de manera transitoria, ordenándose a Colpensiones que reconozca y
pague la pensión de vejez. Al accionante se le otorgó un término de 4 meses
para presentar la demanda ordinaria laboral, de no hacerlo esta decisión
quedará sin efectos.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Octava de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución
RESUELVE:
Primero. REVOCAR las sentencias del 17 de enero de 2018 emitida
por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga, en segunda
instancia, y la del 11 de octubre de 2017 proferida por el Juzgado 8º de
Familia de Bucaramanga (Santander) en primera instancia, a través de las cuales
se negó la acción invocada por el señor Gumersindo Correa Herrera. En su lugar,
CONCEDER el amparo, de manera transitoria, respecto de
los derechos fundamentales a la seguridad social en pensiones, al mínimo vital
y móvil, a la igualdad y dignidad humana del accionante, hasta que el juez ordinario laboral se pronuncie en
forma definitiva respecto al reconocimiento de este derecho. Para tal
efecto, el señor
Gumersindo Correa Herrera contará con un término de cuatro (4) meses desde la
notificación de este fallo, para formular la demanda laboral ya que de lo
contrario, esta decisión quedará sin efectos[73].
Segundo. ORDENAR a Colpensiones que,
dentro de las cuarenta y ocho (48) siguientes a la notificación de esta
sentencia, proceda a realizar las acciones necesarias tendientes al
reconocimiento y pago de la pensión de vejez del señor Gumersindo Correa
Herrera, incluyendo el valor retroactivo a que haya lugar, conforme con los
lineamientos expuestos en esta providencia.
Tercero. Líbrense las comunicaciones previstas en el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.
JOSÉ
FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ALBERTO
ROJAS RIOS
Magistrado
CARLOS
BERNAL PULIDO
Magistrado
Con
salvamento de voto
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
SALVAMENTO
DE VOTO DEL MAGISTRADO
CARLOS
BERNAL PULIDO
A
LA SENTENCIA T-352/18
ACCION DE TUTELA PARA RECONOCIMIENTO DE PENSION DE
VEJEZ-Debió declararse improcedente por cuanto Colpensiones carece de
legitimación en la causa por pasiva, corresponde a los empleadores quienes
deben responder por no afiliar al trabajador oportunamente (Salvamento de voto)
Referencia:
Expediente T – 6.700.575
Magistrado
Ponente: José Fernando Reyes Cuartas
Con el debido respeto
por las decisiones de la Sala Octava de Revisión de Tutelas, suscribo el
presente salvamento de voto en relación con la sentencia adoptada en el asunto
de la referencia. Mediante esta sentencia se concedió, de manera transitoria,
el amparo solicitado por el accionante y, en consecuencia, se ordenó a
Colpensiones que “proceda a realizar las acciones necesarias tendientes al
reconocimiento y pago de la pensión de vejez (…) incluyendo el retroactivo a
que haya lugar”. En mi criterio, dicha sentencia ha debido declarar improcedente la acción de tutela sub examine.
La improcedencia en este caso resulta evidente habida cuenta de que
Colpensiones carece de legitimación en la causa por pasiva. Desde la vigencia
de la Ley 90 de 1946, la obligación de afiliar a los trabajadores al sistema
pensional es exclusiva del empleador, que no de Colpensiones. Así las cosas,
resulta claro que son los accionistas de la extinta empresa McKee Intercontinental
S.A., ex empleadora del accionante, quienes deben responder por no haberlo
afiliado oportunamente y, por lo tanto, están legitimados en la causa por
pasiva en el presente caso. En tales términos, dicha obligación no está a cargo
ni le resulta exigible a Colpensiones, como erróneamente lo entendió la mayoría
de la Sala en la sentencia de la cual me aparto.
Fecha ut supra,
CARLOS
BERNAL PULIDO
Magistrado
Auto 075/19
Referencia: Solicitud de nulidad de la sentencia T-352 de 2018. Expediente: T-6.700.575
Acción de tutela instaurada por
el señor Gumersindo Correa Herrera contra la Administradora Colombiana de
Pensiones –Colpensiones-, Ecopetrol, Mckee Intercontinental S.A. y Transportes
San Silvestre S.A.
Solicitante: Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones.
Magistrado Ponente:
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Bogotá D.C., veinte
(20) de febrero de dos mil diecinueve (2019).
La Sala Plena de la
Corte Constitucional, en ejercicio de
sus facultades constitucionales y legales, resuelve la solicitud de nulidad
presentada por el Director de Acciones Constitucionales asignado en funciones
de Jefe de Oficina Asesora de Asuntos Legales de la Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones-, contra la sentencia T-352 de 2018, con fundamento
en los siguientes,
I. ANTECEDENTES
Hechos que dieron lugar a la sentencia T-352 de 2018
1.   El señor Gumersindo Correa Herrera interpuso
acción de tutela contra Colpensiones, invocando el amparo de sus derechos
fundamentales a la seguridad social en pensiones, al mínimo vital y móvil, al
debido proceso, a la igualdad, a la favorabilidad y a la dignidad humana,
debido a que a través de la Resolución SUB 159167 de 2017, dicha entidad le
negó la pensión de vejez al considerar que no cumplía con el mínimo de semanas
cotizadas exigidas por la ley. La solicitud de amparo
contó con el siguiente acontecer fáctico.
2.
Manifestó tener
71 años de edad y una pérdida de
capacidad laboral del 41.78%
que le impide obtener su sustento diario. De otro lado, indicó que entre el 1º
de octubre de 1970 y el 31 de enero de 2012 cotizó al “Seguro Social” un total
de 1.048 semanas.
3.
Afirmó que
solicitó a Colpensiones la corrección de su historia laboral, en relación con
el tiempo servido a las empresas Transportes San Silvestre S.A. y McKee
Intercontinental S.A.. No obstante, respecto de la primera, se le informó que
no existían registros de pago por el período reclamado (enero de 1986 a
septiembre de 1987). En cuanto a la segunda, se señaló que solo realizaron
aportes entre el 1 de octubre de 1970 y el 17 de febrero de 1971, más no entre
agosto de 1969 a septiembre de 1970 y marzo a junio de 1971.
4.
Expuso que, a
pesar de no haberse accedido a la corrección de su historia laboral, solicitó a
Colpensiones la pensión de vejez, entidad que a través de la Resolución SUB
159167 del 16 de agosto de 2017, le negó el derecho por no reunir el mínimo de
semanas cotizadas. En contra de esta decisión interpuso los recursos de
reposición y apelación.
5.
La reposición fue
decidida de manera negativa, mediante Resolución SUB 202340 del 22 de
septiembre de 2017, en la cual se le indicó que, si bien contaba con 1048
semanas cotizadas y era beneficiario del régimen de transición, no reunía los
requisitos del Acuerdo 049 de 1990 y la Ley 797 de 2003.
En el intermedio de las decisiones de los recursos de
reposición y apelación, solicitó, el 29 de septiembre de 2017, la corrección de
la historia laboral para que se completara con el período presuntamente
laborado en 1969 para McKee Intercontinental. Para ello anexó una fotocopia
alusiva a una certificación expedida por el departamento de Relaciones
Industriales de la sociedad McKee Panamá, S.A. -Barrancabermeja-, sobre el
tiempo de trabajo del señor Gumersindo Correa Herrera entre el 13 de noviembre
de 1969 y el 16 de febrero de 1971.
6.
Mediante
Resolución DIR 18750 del 25 de octubre de 2017, se decidió el recurso de
apelación, confirmando las anteriores resoluciones. Allí se le indicó que en la
base de datos no se evidenciaba otros períodos cotizados diferentes a los
reflejados en la historia laboral. Igualmente, mediante escrito del día
siguiente (26 de octubre) se le respondió la misma situación y, además, que “las
certificaciones laborales entregadas por usted no constituyen documentos
probatorios de que dicho empleador hubiera realizado pagos para pensión a su
nombre, por lo tanto, no es válido para acreditar estos periodos en su historia
laboral”.
7.
En orden a lo
expuesto, el señor Correa Herrera interpuso acción de tutela con el fin de que
se declararan nulas de las Resoluciones que negaron la pensión de vejez y se
ordenara a Colpensiones el reconocimiento y pago de la misma. Indicó que con el
período no cotizado por la sociedad McKee Intercontinental S.A., completaba el
total de semanas requeridas para su pensión. La acción de tutela se acompañó de
una certificación (copia simple) al parecer expedida por la oficina de
Relaciones Industriales de McKee Intercontinental S.A., en la que se afirma que
prestó los servicios a la compañía “desde noviembre 13/69 hasta febrero
17/71”, es decir, por un período adicional de 11 meses al certificado por
Colpensiones.
8.
El Juzgado 8º de
Familia de Bucaramanga, mediante sentencia del 21 de noviembre de 2017 negó el
amparo invocado, no obstante, ordenó a Colpensiones que asesorara al actor en
orden a obtener la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. Concluyó
que no era posible establecer que el actor efectivamente hubiese laborado para
la empresa McKee Intercontinental y que esta cotizara para el mismo.
9.
La Sala Civil -
Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga-, en sentencia del 17 de enero de
2018, confirmó la decisión de primera instancia. La providencia resaltó que el
actor no demostró los requisitos de procedencia, en la medida que tiene otro
mecanismo de defensa y no se acreditó la razón por la cual este sería ineficaz.
La sentencia T-352 de 2018
10.
La Sala Octava de
Revisión procedió a determinar, en primer lugar, si la presente acción de
tutela era procedente para analizar la presunta vulneración de los derechos
fundamentales invocados. Posteriormente entró a establecer si Colpensiones
vulneró los derechos fundamentales del actor a la seguridad social en pensiones, al mínimo
vital y móvil, a la igualdad y dignidad humana, por no reconocerle la pensión de vejez, bajo el argumento
de que no cumplía con el requisito de semanas cotizadas y no tener en cuenta el
tiempo que aduce laboró en la empresa McKee Intercontinental S.A..
11.
En cuanto a la
procedencia, se determinó que el señor Correa Herrera es una persona de especial protección
constitucional, ya que a la fecha tiene 71 años de edad, con afecciones en su
salud como enfermedad aterosclerótica del corazón, hipertensión esencial
(primaria), cardiomiopatía y deficiencia visual (presbicia), determinantes de
una pérdida de capacidad laboral del 41.78%.
Además se destacó que el actor elevó la solicitud de
reconocimiento pensional el 13 de julio de 2017 y, una vez le fue negada,
presentó los recursos ordinarios de reposición y apelación, los cuales se
decidieron el 22 de septiembre (Res. SUB202340) y 25 de octubre de 2017 (Res. DIR18750) confirmando la
primera resolución.
Así mismo, se estableció que el mínimo vital del accionante
se afectó como resultado de la negativa de la prestación pensional, dada su
dificultad para laborar.
Bajo estos lineamientos se consideró procedente, ab initio, estudiar la
acción de tutela como mecanismo transitorio, “puesto que se involucran
derechos altamente considerables como la seguridad social y el mínimo vital, de
los cuales depende no solo la dignidad sino la vida de una persona de especial
protección constitucional y en condiciones difíciles para laborar y proveerse
de los recursos necesarios para su subsistencia y la de su familia, requiriendo
con urgencia la prestación para evitar un perjuicio irremediable”.
12.
Respecto al análisis material de la acción de
tutela, en primer lugar se señaló que el actor era beneficiario del régimen de
transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993[74], por tener más
de 35 años de edad a la entrada en vigencia de la referida normatividad. Al
respecto se dijo:
“En el caso concreto, se
advierte que el señor Gumersindo Correa Herrera nació el 11 de enero de 1947,
por tanto, al momento de entrar en vigor la Ley 100 de 1993, tenía 47 años y,
en consecuencia, es beneficiario del régimen de transición.”
13.
En consecuencia,
la Sala de Revisión encontró que la normativa aplicable era el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el
Decreto 758 de 1990, que en su artículo 12 establece los siguientes requisitos
para la pensión de vejez: a) Sesenta (60) o más años de edad si se es
varón o cincuenta y cinco (55) o más años de edad, si se es mujer; y b)
un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas durante los últimos
veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, o haber
acreditado un número de un mil (1.000) semanas de cotización, sufragadas en
cualquier tiempo.
14.
Sobre el particular se
estableció que el señor Correa Herrera cumplió los 60 años de edad el 11 de
enero de 2007, por tanto, para acceder a la pensión se requiere que hubiera
cotizado 500 semanas entre el 11 de enero de 1987 y aquella fecha. Sin embargo,
revisada la historia laboral emitida por Colpensiones solo cotizó 493 semanas
en ese periodo, por lo que no cumplía con esta exigencia.
15.
En cuanto a la segunda
opción (cotizar 1000 semanas en cualquier tiempo), se explicó que el Acto Legislativo 01 de 2005 limitó
la transición hasta el 31 julio de 2010, salvo para aquellos trabajadores que tuvieran
cotizadas 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios al momento de
entrar en vigencia el citado Acto Legislativo (25 de julio de 2010), situación
que mantiene el sistema transicional hasta el año 2014. En este sentido, se
determinó que el accionante tenía 734 semanas cotizadas al 25 de julio de 2010[75],
sin embargo, se debió sumar el tiempo que aparece certificado y que no fue
pagado por McKee Intercontinental S.A., esto es, el período del 13 de noviembre
de 1969 al 30 de septiembre de 1970, que equivale a 42,9 semanas, para un total
de 776,9[76]. Lo que significaría mantener el
régimen de transición al señor Correa Herrera hasta el 31 de diciembre de 2014.
En este contexto se explicó que el accionante cotizó hasta el
31 de julio de 2012 cuando completó 1048 semanas, lo cual le permitiría acceder
a la pensión de vejez, con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990, en tanto
cotizó más de mil (1000) semanas en “cualquier tiempo” y contar con más
65 años de edad.
16.
Por tanto, se
consideró que Colpensiones
vulneró los derechos fundamentales del accionante, al negar la pensión de vejez
bajo el argumento que no cumplía el requisitos relacionado con la cantidad de
semanas requeridas para mantener el régimen de transición, a pesar de que (i)
el actor en distintas oportunidades solicitó la corrección de su historia
laboral; y (ii) existe una certificación del Departamento de Relaciones
Industriales de McKee Intercontinental en la cual se indica que el señor Correa
Herrera también laboró entre el 13 de noviembre de 1969 y el 30 de septiembre de
1970, equivalente a 42,9 semanas, con lo cual no se desmontaría el beneficio
transicional (Acuerdo 049 de 1990).
17.
En consecuencia,
la Sala de Revisión concedió el amparo de manera transitoria, con el fin de (i)
precaver el perjuicio irremediable que se cierne sobre el actor y (ii) acuda a
la jurisdicción ordinaria laboral para que se dilucide la validez de la
certificación aportada y la entidad que debe asumir el pago de las semanas no
cotizadas, ya sea la sociedad McKee Intercontinental (de acuerdo con la
certificación expedida por esa empresa donde se consigna que el señor Correa
Herrera laboró entre del 13 de
noviembre de 1969 al 16
de febrero de 1971 [77]) o Transportes San Silvestre S.A.
(por el supuesto periodo laborado desde enero de 1986 a septiembre de 1987),
pues se precisa de un completo debate judicial, donde se reconozca a las partes
todas las garantías constitucionales y legales y le permita al juez, a través
del material probatorio recaudado, adquirir certeza sobre el fundamento fáctico
y emitir la decisión que en derecho corresponda. En este sentido se resolvió:
Primero. REVOCAR las sentencias del
17 de enero de 2018 emitida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de
Bucaramanga, en segunda instancia, y la del 11 de octubre de 2017 proferida por
el Juzgado 8º de Familia de Bucaramanga (Santander) en primera instancia, a
través de las cuales se negó la acción invocada por el señor Gumersindo Correa
Herrera. En su lugar, CONCEDER el amparo, de manera transitoria,
respecto de los derechos fundamentales a la seguridad social en pensiones, al
mínimo vital y móvil, a la igualdad y dignidad humana del accionante, hasta que el juez
ordinario laboral se pronuncie en forma definitiva respecto al reconocimiento
de este derecho. Para tal efecto, el señor Gumersindo Correa Herrera
contará con un término de cuatro (4) meses desde la notificación de este fallo,
para formular la demanda laboral ya que de lo contrario, esta decisión quedará
sin efectos[78].
Segundo. ORDENAR a
Colpensiones que, dentro de las cuarenta y ocho (48) siguientes a la notificación
de esta sentencia, proceda a realizar las acciones necesarias tendientes al
reconocimiento y pago de la pensión de vejez del señor Gumersindo Correa
Herrera, incluyendo el valor retroactivo a que haya lugar, conforme con los
lineamientos expuestos en esta providencia.
II. SOLICITUD DE NULIDAD
1.
Explica que el
accionante a fin de obtener el tiempo de cotización requerido, solicitó
corrección de su historia laboral, en la medida que no reportaban algunas semanas
de cotización con los empleadores Transportes San Silvestre S.A. y Mckee
lntercontinental S.A.. Destacó que en asuntos como el analizado es procedente
la exigencia del denominado cálculo actuarial, el cual se origina, entre otros
casos, por el incumplimiento de la obligación del empleador de reportar la
novedad de ingreso de un nuevo trabajador a su empresa.
2.
En este contexto
señala que es necesario que el accionante inicie las acciones legales
pertinentes que permitan disponer que el empleador efectúe el pago respectivo a
través de la elaboración de un cálculo actuarial, siendo el empleador el
llamado a suplir las cotizaciones que se echan de menos. Agrega que
Colpensiones carece de legitimación en la causa por pasiva para asumir tal
carga, pues desde antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 el
empleador siempre ha sido el responsable de afiliar a los trabajadores al
sistema pensional.
3.
En orden a lo
expuesto, considera que lo ordenado por la Corte Constitucional vulnera el
debido proceso de Colpensiones, en tanto carece de legitimación en la causa por
pasiva para asumir tal carga. Argumenta que incluso desde antes de la
existencia de la Ley 100 de 1993, el empleador es el responsable de afiliar a
los trabajadores al sistema pensional, por lo que son los accionistas de la
extinta empresa McKee lntercontinental S.A., ex empleadora del accionante,
quienes deben responder por no haberlo afiliado oportunamente y, por tanto, esa
empresa está legitimada en la causa por pasiva para responder por el cálculo
actuarial respectivo que subsane su falta.
4.
De acuerdo a lo descrito
afirma que hay una falta
de congruencia entre la parte motiva y la parte resolutiva de la sentencia,
pues se hace todo un análisis sobre la mora en el pago de los aportes durante la
vigencia de la relación laboral e incluso se afirma que: “En este orden de
ideas, encuentra la Sala que el señor Correa Herrera cumple con el presupuesto
de las semanas de cotización para ser acreedor al derecho pensional, estando
exclusivamente en discusión a quién corresponde asumir las semanas necesarias
que le otorgan el derecho al régimen transicional, aspecto de debe ser
dilucidado ante la jurisdicción ordinaria”. Para terminar ordenando a Colpensiones que asuma el pago de
los aportes no realizados por el empleador.
5.
Destaca que la
Sala Octava de Revisión no tuvo en cuenta que desde la Ley 90 de 1946 la
obligación de afiliar a los trabajadores al sistema de pensiones corresponde
exclusivamente al empleador, quien a su vez es el único responsable de realizar
los respectivos aportes a la seguridad social, por lo que resulta del todo
extraño que tal obligación se desplace a esta administradora.
Alegaciones de las partes con ocasión del traslado de las solicitudes
de nulidad
6.
En aplicación del
artículo 106 del Acuerdo 02 de 2015 se corrió traslado de la solicitud de
nulidad a las partes mediante Auto del 23 de agosto de 2018. Al respecto se
recibieron las respuestas que se relacionan a continuación.
7.
Ecopetrol S.A. comenzó
por señalar que no se encontraron registros de vinculación laboral, de manera
directa o indirecta, con el señor Gumersindo Correa Herrera, por lo que no es
la llamada a pronunciarse sobre aspectos que sobre el particular hubieren
existido entre el actor y las empresas McKee Intercontinental SA y Transportes
San Silvestre. A su vez reitera que esa sociedad no ha ejecutado acción ni
omisión alguna que afecte los derechos fundamentales del accionante.
8.
El señor Gumersindo
Correa Herrera pide que no se acceda a la solicitud de nulidad. Expuso que
Colpensiones a través de la presente solicitud de nulidad pretende llevar a una
cuarta instancia el trámite constitucional, por lo que corresponde a la entidad
accionada acatar la decisión adoptada por la Corte.
III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Competencia
1.
De conformidad con lo
previsto en el artículo 49 del Decreto Ley 2067 de 1991, la Sala Plena de la
Corte Constitucional es competente para decidir los incidentes de nulidad que
se promueven contra las sentencias proferidas por esta Corporación[79].
Procedencia excepcional de la nulidad de sentencias dictadas por la
Corte Constitucional. Reiteración de jurisprudencia[80]
2.
El artículo 243 superior
determina que los fallos expedidos por la Corte hacen tránsito a cosa juzgada
constitucional, es decir, se encuentran amparados por el principio de seguridad
jurídica[81].
En este sentido, el artículo 49 del Decreto ley 2067 de 1991[82] establece que, “contra
las sentencias de la Corte Constitucional no procede recurso alguno. La nulidad
de los procesos ante la Corte Constitucional sólo podrá ser alegada antes de
proferido el fallo. Sólo las irregularidades que impliquen violación del debido
proceso podrán servir de base para que el Pleno de la Corte anule el Proceso”.
3.
Al respecto, la
jurisprudencia constitucional de manera reiterada viene sosteniendo que las
nulidades de los procesos adelantados por la Corte pueden invocarse antes de
proferido el fallo, únicamente por violación al debido proceso[83]. Sin embargo, la
interpretación armónica el mencionado artículo 49, implica que incluso después
de proferido el fallo se pueden invocar nulidades imputables directamente al
contenido de la decisión, ya sea a petición de parte o de manera oficiosa.
4.
En este contexto la Corte
ha sido enfática en precisar que: (i) esta clase de incidentes no implica per
se la existencia de un recurso contra las providencias proferidas por esta
Corporación; y (ii) su procedencia no constituye una regla general toda vez que
la posibilidad de que prosperen está restringida a que esté demostrada la
existencia de situaciones jurídicas extraordinarias.
5.
Dado el carácter
excepcional de las nulidades, la Corte encuentra que existen condiciones
necesarias para la procedencia extraordinaria de la nulidad contra sentencias,
distinguiendo dos tipos de presupuestos, formales y materiales.
6.
Respecto de los requisitos
formales se ha afirmado que están orientados a comprobar las exigencias
mínimas que deben existir para poder adelantar un análisis de fondo de la
solicitud de nulidad, y ante la carencia de alguno de ellos la solicitud se
torna improcedente[84].
Entre estos se identifican los siguientes:
(i) Temporalidad: la
solicitud de nulidad debe ser invocada dentro de los tres (3) días siguientes a
la notificación de la sentencia, una vez vencido dicho término, se entienden
saneados los vicios que hubieran dado dar lugar a la declaratoria de la misma[85].
(ii) Legitimación en la causa por activa: En relación con las sentencias de tutelas, puede ser presentado por
las partes o quienes hayan participado en el trámite[86], así como por
un tercero afectado con las órdenes proferidas[87].
(iii) Deber de argumentación: quien pretenda la nulidad de una sentencia de la Corte debe cumplir
previamente con una “exigente carga argumentativa”, en el sentido de
demostrar con base en “fundamentos claros, ciertos, serios y coherentes la
causal de nulidad invocada, la incidencia en la decisión adoptada y la evidente
violación del debido proceso”[88].
No son de recibo razones o interpretaciones que obedezcan al disgusto o inconformismo
del solicitante por la sentencia proferida[89].
En el Auto 342 de 2018 esta Corporación señaló, sobre la carga
argumentativa de la solicitud de nulidad, que debe ser: i) clara, es
decir, debe presentar una exposición lógica de las razones por las cuales
cuestiona la providencia; ii) expresa, esto es, que se funde en
contenidos objetivos y ciertos de la providencia cuestionada, mas no en
interpretaciones subjetivas de la decisión o de la jurisprudencia
constitucional; iii) precisa, pues los cuestionamientos que se hagan a
la sentencia deben ser concretos y no simples juicios generales e
indeterminados acerca de la presunta irregularidad de la providencia; iv) pertinente,
lo cual significa que los argumentos deben referirse a una presunta vulneración
grave al debido proceso y no a reabrir el debate jurídico o probatorio
concluido; y iv) suficiente, en tanto debe aportar los elementos
necesarios que permitan evidenciar la existencia de una presunta irregularidad
violatoria del debido proceso[90].
7.
Se reitera que estos
presupuestos formales de procedencia excepcional de la nulidad contra los
fallos de tutela deben cumplirse de manera concurrente, por lo que de faltar
uno de ellos la Sala Plena estaría relevada de entrar a examinar los
presupuestos materiales invocados por el solicitante[91].
8.
En cuanto a los requisitos
materiales, la jurisprudencia constitucional ha determinado las situaciones
que pueden dar lugar a la declaración de nulidad, al constituir una vulneración
del debido proceso “ostensible, probada, significativa y trascendental, es
decir, que tenga repercusiones sustanciales y directas en la decisión o en sus
efectos”[92],
a saber:
(i) Una decisión es aprobada sin contar con la votación favorable de
las mayorías previstas en la ley o en el reglamento de la Corte Constitucional
(Decretos 2067 y 2591 de 1991, Acuerdo 02 de 2015 y Ley 270 de 1996).
(ii) En la parte resolutiva de la sentencia de tutela se profieren
órdenes a particulares que no fueron vinculados o informados del proceso, a
partir de lo cual no pudieron ejercer su derecho de defensa.
(iii) Existe incongruencia entre la parte motiva de la sentencia y la
parte resolutiva de la misma, que hace anfibológica o ininteligible la decisión
adoptada. Así como en los casos donde el fallo se contradice abiertamente,
siempre que ello tenga incidencia sobre la decisión.
(iv) De manera arbitraria se dejan de analizar asuntos de relevancia
constitucional que tienen efectos transcendentales para el sentido de la
decisión. No obstante, la jurisprudencia ha establecido que en sede de revisión
la Corte no está en la obligación de agotar todos los puntos planteados por la
solicitud de tutela[93],
por lo que cuando una sentencia no estudia un aspecto de una pretensión de la
demanda, no constituye una vulneración del derecho al debido proceso que lleve
a generar la nulidad de la sentencia.
(v) La sentencia proferida por una Sala de Revisión desconoce la cosa
juzgada constitucional.
(vi) La sentencia que desconoce la jurisprudencia en vigor definida
por la Sala Plena de la Corte o por una línea jurisprudencial decantada por las
distintas Sala de Revisión de Tutelas. Sobre el particular el artículo 34 del
Decreto ley 2591 de 1991, establece que todo cambio de jurisprudencia debe ser
decidido por la Sala Plena, por tanto, si una de las Salas de Revisión pretende
cambiar el precedente, termina por extralimitar el ejercicio de sus
competencias, incurriendo en una vulneración al debido proceso.
9.
En suma, la declaratoria
de nulidad de una sentencia proferida por la Corte Constitucional solo tiene
vocación de prosperar si se acreditan todos los requisitos formales y se
demuestra la ocurrencia de una situación que dé lugar a la afectación grave del
debido proceso, como los ejemplos de causales sustanciales a los que se ha
hecho alusión. De no ser así, la naturaleza excepcional de esta clase de
incidentes obliga a denegar la nulidad.
La
elusión de análisis de asuntos de relevancia constitucional
10.
La jurisprudencia
constitucional ha sido reiterativa[94]
al señalar que en el proceso de revisión de tutelas la Corte “no está obligada a estudiar todos los puntos
planteados en la acción de tutela”[95],
en la medida que tiene
la posibilidad de delimitar el tema a ser debatido en las sentencias de
revisión, pues dicho escenario procesal no es una instancia adicional en el
diseño del proceso de amparo[96].
Esta situación se puede dar desde dos aspectos, a saber: (i) referencia expresa
en la sentencia en orden a limitar el objeto de estudio, o (ii) tácitamente,
cuando la sentencia se abstiene de pronunciarse en relación con algunos
aspectos que no tienen relevancia constitucional[97].
11.
Ahora bien, esta potestad
tiene un límite, en la medida que no puede dejar de analizar: (i) los asuntos
que tengan relevancia constitucional; y (ii) aquellos aspectos que de
estudiarse conducirían a una decisión distinta. Entonces, a pesar de que la
Corte Constitucional está facultada para delimitar el tema que pondrá a
consideración del debate, la omisión de un aspecto de la pretensión de la
demanda, no conlleva per se una vulneración del derecho al debido
proceso que genere una nulidad. Sin embargo, si se encuentra que al analizar
los asuntos pretermitidos, ya sean argumentos, pruebas o pretensiones, se
hubiese llegado a una decisión diferente, se puede configurar una violación de
dicha garantía constitucional, dada la importancia de abordar los elementos necesarios para una
valoración constitucional recta y transparente, que atienda a razones de
justicia material y a la prevalencia del derecho sustancial, especialmente en
cuanto a la protección de derechos fundamentales se refiere[98].
12.
En tal sentido,
la causal de nulidad de omisión arbitraria sobre el análisis de aspectos de
relevancia constitucional se configura cuando el estudio de un asunto, por su
importancia constitucional para la protección de derechos fundamentales, no
podía dejarse de lado por la respectiva Sala, y se encuentra de manera clara e
inequívoca que, de haber sido analizados, hubiesen generado una decisión o
trámite distintos.
Incongruencias
entre la parte motiva y resolutiva del fallo, como causal de nulidad
13.
Esta causal se presenta
cuando existe
incertidumbre respecto de la decisión adoptada, la cual se puede materializar
en los siguientes escenarios: (i)
la incoherencia que se presenta en la decisión la hace anfibológica o ininteligible[99];
(ii) la sentencia resuelve jurídicamente una situación fáctica no planteada en
el expediente[100];
y (iii) la decisión carece por completo de fundamentación[101]. Sin embargo, ello no quiere decir que los
criterios que se utilizan para la adecuación de la sentencia (respecto de la
redacción o la argumentación) o el estilo de los fallos (más o menos extensos
en el desarrollo de la argumentación), vulneren el debido proceso[102].
14.
La Corte ha
explicado que la relevancia constitucional de la congruencia en las sentencias
atiende a su relación con: (i) el deber de motivación de las providencias
judiciales; (ii) la garantía del derecho de contradicción y defensa; y (iii) el
control al ejercicio del poder por parte de los jueces[103].
15.
Respecto al deber
de motivación, en el
Auto 157 de 2015 se indicó que esta es una garantía asociada al debido proceso constitucional, un presupuesto
para el control de legalidad de las decisiones, y una condición de legitimidad
de las sentencias, pues exige a los jueces mostrar que sus razonamientos se
enmarcan en el imperio del derecho y no en consideraciones arbitrarias o
caprichosas, mientras permite a la ciudadanía la evaluación crítica de las
providencias.
16.
De cara a la
garantía del derecho de defensa y contradicción, en el Auto 244 de 2015 se sostuvo que la incongruencia “además de
sorprender a las partes del proceso, las sitúa en una situación de indefensión
que, de subsistir, pese a la interposición de los recursos, y con mayor razón
cuando éstos no caben o se han propuesto infructuosamente, se traduce
inexorablemente en la violación definitiva de su derecho de defensa[104]”.
17.
En cuanto al control al ejercicio del poder de
los jueces, en la
referida providencia se indicó que “la exigencia que pesa sobre el funcionario, por las facultades que
tiene de afectar derechos individuales y por su misión de garante del Estado
Social de Derecho, es mayor en la medida en que las razones que debe dar para
justificar sus decisiones deben ser construidas y articuladas de manera mucho
más rigurosa que la de los órganos políticos[105]”.
18.
En suma, no cualquier contradicción o incoherencia
argumentativa da lugar a que se
configure la causal de nulidad, sino solo aquella que pueda calificarse como
una notoria
incongruencia entre la parte motiva y la resolutiva de la sentencia, con
idoneidad suficiente que lleve a alterar el sentido y alcance de la decisión.
Caso concreto
19.
Con fundamento en las
consideraciones previas, se analizará si en el presente asunto prospera la
solicitud de nulidad de la sentencia T-352 de 2018 de acuerdo con los
presupuestos formales y sustanciales referidos en la parte dogmática de esta
decisión. Para tal fin, la Sala estudiará, en primer lugar, el cumplimiento de los requisitos
formales de procedencia de esta clase de peticiones y, posteriormente, en caso
de ser pertinente, analizará la posible configuración de la causal material
alegada.
Constatación de los requisitos formales
20.
Temporalidad. En el presente caso la solicitud de
nulidad fue interpuesta oportunamente, esto es, dentro del término de
ejecutoria del fallo como pasa a explicarse.
21.
A través del
oficio 2214 del 1 de noviembre de 2018, el Juzgado Octavo de Familia de
Bucaramanga, quien fungió como juez de primera instancia en el asunto objeto de
examen, informó que la sentencia T-352 de 2018 fue notificada al señor
Gumersindo Correa Herrera y a Colpensiones.
En relación con el señor Correa Herrera, se le remitió oficio
2044 del 22 de octubre de 2018, el cual fue entregado el 24 de octubre siguiente.
En cuanto a Colpensiones, se le envió oficio 2043 del 22 de octubre de 2018,
cumpliéndose la notificación el 23 de octubre. A su vez, Colpensiones elevó la
presente solicitud de nulidad el 9 de octubre de 2018.
De lo expuesto se extrae que notificación de la decisión se
cumplió bajo la figura de la conducta concluyente, consagrada en el artículo 301 del Código General del Proceso que
establece: “La notificación por conducta concluyente surte los mismos
efectos de la notificación personal. Cuando una parte o un tercero manifieste
que conoce determinada providencia o la mencione en escrito que lleve su firma,
o verbalmente durante una audiencia o diligencia, si queda registro de ello, se
considerará notificada por conducta concluyente de dicha providencia en la
fecha de presentación del escrito o de la manifestación verbal (…)”.
Ante la situación presentada, queda claro que el solicitante
pudo conocer la decisión no notificada formalmente, lo que incluso le permitió
promover el presente incidente, por lo que la Sala Plena entiende que Colpensiones se notificó por conducta concluyente el 9 de
octubre de 2018, lo que
significa que la solicitud de nulidad fue presentada en término.
22.
Legitimidad. En el presente asunto, quien propone la
nulidad es Colpensiones, entidad accionada y respecto de quien finalmente
recayó la orden dada por la Corte Constitucional, por lo que se encuentra
legitimada para actuar en este caso.
23.
Deber de
argumentación. Partiendo de
la base de que quien
alega la nulidad de una sentencia de la Corte Constitucional debe explicar de
forma clara, expresa, precisa, pertinente y suficiente los preceptos
constitucionales transgredidos y la incidencia en la decisión proferida,
tendientes a demostrar que la providencia contiene irregularidades que vulneran
el debido proceso, no es suficiente el expresar razones o interpretaciones
diferentes a las adoptadas, tendientes a mostrar el disgusto o inconformismo
del solicitante con la decisión adoptada.
Por tanto, cualquier inconformidad con la interpretación
realizada por esta Corporación, con la valoración probatoria, o con los
criterios argumentativos que apoyan la sentencia, no constituyen fundamentos
suficientes para solicitar su nulidad, pues esta clase de situaciones no
implican la vulneración del debido proceso, sino que constituyen meras
apreciaciones propias al inconformiso o desacuerdo con la decisión.
9.
En la solicitud
de nulidad Colpensiones alega dos aspectos fundamentales. (i) Por una parte
destaca que carece de
legitimación en la causa por pasiva para asumir tal carga, pues desde antes de
la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 el empleador siempre ha sido el
responsable de afiliar a los trabajadores al sistema pensional, por lo que en asuntos como el analizado es
procedente la exigencia del correspondiente cálculo actuarial, por parte del
empleador, sin que sea posible trasladar a esa administradora tal carga. (ii)
Por otra parte, alega una falta de congruencia entre la parte motiva y la parte
resolutiva de la sentencia, pues se hace todo un análisis sobre la mora en el
pago de los aportes durante la vigencia de la relación laboral, para terminar
ordenando a esa entidad el pago de la pensión de vejez, sin tener en cuenta que
desde la Ley 90 de 1946 la obligación de afiliar a los trabajadores al sistema
de pensiones corresponde exclusivamente al empleador, quien a su vez es el
único responsable de realizar los respectivos aportes a la seguridad social.
24.
En este contexto,
la nulidad propuesta es clara al presentar una exposición lógica de las
razones por las cuales cuestiona la providencia; es expresa, pues se
edifica a partir de dos circunstancias concretas, como son la falta de
legitimación por pasiva para asumir la carga prestacional al tratarse de una
solicitud de pensión previa a la Ley 100 y relevar al empleador de su
obligación de realizar los aportes respectivos; es precisa, ya que
concreta los argumentos expuesto de cara a las hipótesis de nulidad destacadas
por la jurisprudencia constitucional; es pertinente, en la
medida que plantea una presunta vulneración grave al debido proceso; y es suficiente, en tanto
plantea un argumento concreto en orden a destacar la existencia de una presunta
irregularidad violatoria del debido proceso. Con todo se cumple cabalmente con
este presupuesto, por lo que procede la Corte a adelantar el análisis de fondo
de la solicitud de nulidad propuesta.
Análisis
de fondo
25.
Como se explicó,
es procedente la nulidad de las sentencias proferidas por las Salas de Revisión
cuando se presente la omisión en
el análisis de asuntos de relevancia constitucional, el cual se materializa, entre otras
hipótesis, al evidenciar que de haber sido estudiados se hubiese generado una
decisión distinta.
26.
En este caso,
Colpensiones expuso que la Sala Octava de Revisión no tuvo en cuenta que no es
la entidad llamada a responder por la pensión solicitada por el señor
Gumersindo Correa, dado que desde antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, el
empleador era el responsable de afiliar a los trabajadores al sistema pensional, situación que fue regulada
desde la Ley 90 de 1946.
27.
Al respecto
conviene recordar que en la sentencia T-352 de 2018 la Corte consideró que el accionante tenía 734 semanas
cotizadas al 25 de julio de 2010[106],
momento en que entró en vigencia el Acto Legislativo 01 de 2005. No obstante,
se indicó que se debió sumar el tiempo que aparece certificado y que no fue
pagado por McKee Intercontinental S.A., esto es, el período del 13 de noviembre
de 1969 al 30 de septiembre de 1970, que equivale a 42,9 semanas, para un total
de 776,9[107]. Lo que significaría mantener el
régimen de transición al señor Correa Herrera hasta el 31 de diciembre de 2014,
aspecto que le permitiría pensionarse con base en el Acuerdo 049 de 1990.
28.
A partir de lo
anterior, determinó que Colpensiones
vulneró los derechos fundamentales del accionante, al negar la pensión de vejez
por no cumplir con el requisitos de semanas requeridas para mantener el régimen
de transición, a pesar de que (i) el actor en distintas oportunidades solicitó
la corrección de su historia laboral; y (ii) existe una certificación del
Departamento de Relaciones Industriales de McKee Intercontinental en la cual se
indica que el señor Correa Herrera también laboró entre el 13 de noviembre de
1969 y el 30 de septiembre de 1970, equivalente a 42,9 semanas, con lo cual no
se desmontaría el beneficio transicional (Acuerdo 049 de 1990).
29.
En consecuencia,
la Sala de Revisión resolvió conceder el amparo, de manera transitoria y ordenó
a Colpensiones proceder a realizar las acciones necesarias
tendientes al reconocimiento y pago de la pensión de vejez del señor Gumersindo
Correa Herrera, incluyendo el valor retroactivo a que hubiere lugar.
30.
De acuerdo al
contexto expuesto, la Sala Plena considera importante precisar que antes de la
Constitución de 1991, las obligaciones derivadas del reconocimiento de la pensión de
jubilación correspondían al empleador, quien mantenía dicha obligación hasta la
afiliación de sus trabajadores al Instituto de Seguros Sociales o las cajas de
previsión correspondientes.
31.
Fue así como a fin de reglamentar las relaciones con los trabajadores, se
expidió en Colombia la Ley 6ª de 1945 catalogada como el primer estatuto
orgánico laboral, que previó asuntos sobre convenciones de trabajo,
asociaciones profesionales, conflictos colectivos y estatuyó una jurisdicción
especial laboral.
32.   Posteriormente, con
la expedición de la Ley 90 de 1946 se creó el ISS como entidad encargada de
manejar el seguro
social obligatorio para (i) todos los trabajadores nacionales y extranjeros,
que prestaran sus servicios a otra persona en virtud de un contrato expreso o
presunto de trabajo o aprendizaje, (ii) los empleados y obreros que presten sus servicios a
la Nación, los departamentos y los municipios en la construcción y conservación
de las obras públicas y en las empresas o institutos comerciales, industriales,
agrícolas, ganaderos y forestales, y (iii) algunos trabajadores
independientes, por lo que, a dicho instituto debían trasladarse los dineros
provenientes de las cotizaciones para pensiones tanto por los empleadores como
por los trabajadores.
33.
En
consecuencia se generó en los empleadores la obligación de hacer el
aprovisionamiento de las cotizaciones correspondientes al tiempo laborado por
sus trabajadores con el fin de trasladar esos recursos al Instituto de Seguros
Sociales o a las cajas de previsión correspondientes una vez estas asumieran el
aseguramiento de los riesgos de vejez, invalidez y muerte. Con el fin de que el Seguro
Social estuviera en capacidad de asumir el riesgo de vejez, en relación con los
servicios prestados con anterioridad a la expedición la Ley 90 de 1946, en el
artículo 76 se estableció:“(…) el patrono deberá aportar las cuotas
proporcionales correspondientes. Las personas, entidades o empresas que de
conformidad con la legislación anterior están obligadas a reconocer pensiones
de jubilación a sus trabajadores, seguirán afectadas por esta obligación en los
términos de tales normas, respecto de los empleados y obreros que hayan venido
sirviéndoles, hasta que el Instituto convenga en subrogarlas en el pago de
estas pensiones eventuales”.
34.
A su vez, el Decreto 3041 de 1966
(arts. 60[108]
y 61[109])
reguló la subrogación paulatina por la referida entidad al empleador en el
reconocimiento de la entonces pensión de jubilación.
35.   Con todo, desde la Ley 90 de 1946 y el Código
Sustantivo del Trabajo (art. 259) para los demás empleadores públicos y
privados, se impuso la obligación de hacer los aprovisionamientos de capital necesarios para trasladar
las respectivas cotizaciones al sistema de seguro social obligatorio una vez
este fuera organizado y sus entidades asumieran la cobertura de los riesgos de
vejez, invalidez y muerte, por lo que, llegado dicho momento, el empleador debía expedir el
correspondiente bono pensional y trasladarlo al ISS o a la caja de previsión
respectiva, con el fin de que dichas cotizaciones pasaran a formar parte del gran ahorro
necesario para la formación del capital requerido para financiar la pensión del
ex trabajador.
36.
En este
escenario, Colpensiones no es la entidad llamada a responder por las semanas trabajadas y dejadas de cotizar
por la empresa empleadora, dado que las mismas se dieron con anterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, con lo cual su obligación se
centraba en establecer el cálculo actuarial, sin asumir directamente esta
obligación, pues las mismas correspondieron a los periodos trabajados y no
reportados entre agosto de 1969 a septiembre de 1970 y marzo a junio de 1971,
esto es, en vigencia de la Ley 90 de 1946. Máxime cuando se trató de una
empresa privada que según certificado de la Cámara de Comercio de Bogotá, por escritura pública 517 del 27 de
febrero de 1986 de la Notaría 18, se decretó la clausura de operaciones de la
sucursal en Colombia, declarándose en proceso liquidatorio[110]. Con todo, no
era preciso exigir a la referida entidad que asumiera una carga respecto de la
cual no podría repetir contra el obligado a cumplir con el deber de
aprovisionamiento correspondiente.
37.
Teniendo en
cuenta que procede la nulidad cuando las Salas de Revisión dejan de analizar aspectos que de estudiarse
conducirían a una decisión distinta, corresponde a la Sala Plena acceder a la
solicitud de nulidad debido a que se omitió analizar adecuadamente cuál era la parte llamada a responder por las
semanas trabajadas y dejadas de cotizar por el señor Correa Herrera.
38.
De cara a
esta situación, la Corte considera innecesario hacer un análisis alusivo a la
posible incongruencia entre la parte motiva y resolutiva de la decisión, dado
que tal aspecto resulta irrelevante al encontrar estructurada la nulidad, como
se explicó.
Resumen de la decisión
39.
Colpensiones
presentó solicitud de nulidad de la sentencia T-352 de 2018, debido a que carece de legitimación en la causa por pasiva
para asumir tal carga, pues desde antes de la entrada en vigencia de la Ley 100
de 1993 y desde que se profirió la Ley 90 de 1946 el empleador es el
responsable de afiliar a los trabajadores al sistema pensional; y (ii) existe una falta de congruencia
entre la parte motiva y la parte resolutiva de la sentencia, pues se hace todo
un análisis sobre la mora en el pago de los aportes durante la vigencia de la
relación laboral, para terminar ordenando a esa entidad el pago de la pensión
de vejez.
40.   Evaluados los presupuestos formales la Corte
encontró cumplidos los presupuestos de temporalidad, en la medida que la
sentencia se notificó por conducta concluyente y la solicitud se elevó antes
del término de ejecutoria; legitimidad, dado que fue presentada por la
entidad accionada y la llamada a cumplir la orden dada por la Corte
Constitucional; y debida
carga argumentativa en la media que expuso dos circunstancias concretas, como son la
falta de legitimación por pasiva para asumir la carga prestacional al tratarse
de una solicitud de pensión previa a la Ley 100 y relevar al empleador de su
obligación de realizar los aportes respectivos, argumentos enfocados a destacar
la existencia de una presunta irregularidad violatoria del debido proceso.
41.
Analizado el
asunto de fondo, la Corte encontró probada la causal de elusión de análisis de
un asunto de relevancia constitucional, debido a que Colpensiones no era la
entidad llamada a responder por las semanas trabajadas y dejadas de cotizar por
la empresa empleadora pues las mismas se dieron con anterioridad a la entrada
en vigencia de la Ley 100 de 1993. Al respecto la Corte recordó que en sus
inicios, la pensión de vejez se encontraba a cargo del empleador, dado que
antes de entrar a regir la Constitución Política de 1991 y la Ley 100 de 1993,
no había un Sistema Integrado de Seguridad Social sino, por el contrario,
coexistían diferentes regímenes administrados por diversas entidades e incluso
particulares. En esta medida se entendió que la obligación de Colpensiones
radicaba en establecer el cálculo actuarial respectivo, sin que debiera asumir
esta obligación, toda vez que la empresa obligada había sido liquidada.
Por lo expuesto, se resolvió declarar la nulidad de la
sentencia T-352 de 2018.
Decisión
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,
RESUELVE
Primero: DECLARAR la nulidad de la sentencia T-352 de 2018, proferida por la Sala Octava de Revisión de
la Corte Constitucional el 30 de agosto de 2018, en el expediente T-6.700.575,
correspondiente a la acción de tutela presentada por Gumersindo Correa Herrera
contra la Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones-, Ecopetrol,
Mckee Intercontinental S.A. y Transportes San Silvestre S.A..
Segundo: REMITIR el
expediente al despacho del Magistrado sustanciador para que se adelante
nuevamente el trámite de revisión y se emita decisión sobre el presente asunto.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
GLORIA STELLA
ORTIZ DELGADO
Presidenta
Ausente en comisión
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
Ausente en comisión
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Magistrado
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
Ausente en comisión
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Los hechos fueron completados con las pruebas allegadas posteriormente
al expediente.
[2] Empresa clausurada desde el 27 de febrero de 1986, según la Cámara de
Comercio de Bogotá -fls.80 y ss.
[3] Fl. 31 cuaderno principal.
[4] Colpensiones certifica que la citada empresa cotizó por el
período 1/10/1970 al 17/02/1971.
[5] Fl. 30 cuaderno principal.
[6] Fls. 89 y ss. c.
ppal
[7] Fl. 119.
[8] Fl.
9.
[9] Fls. 36 y 37, c. ppal.
[10] Fls.
35 a 37.
[11] Fls.
14 a 19.
[12] Fls.
29 y 30
[13] Fls.
25 a 27.
[14] Fls. 32 y 33 c. ppal.
[15] Fls.
21 a 23.
[16] Fls.
31 a 33.
[17] Firmada por el señor Clímaco Ramírez F., fl. 34.
[18] Fls. 38 a 43.
[19] Fls. 44 a 49.
[20] Fls. 95 a 116.
[21] Fls. 117 y 118 c. ppal.
[22] Fl. 188 c. ppal.
[23] Integrada por los Magistrados Antonio José Lizarazo Ocampo y José
Fernando Reyes Cuartas.
[24] Fls. 54 a 61, c. de revisión.
[25] Fl. 66, c. de rev.
[26] Fls. 68 a 72, c. rev.
[27] Fls. 79 a 81, c. r.
[28] Fl. 90, c. r.
[29] Fl. 96, c. r.
[30] Fl. 97, c. r.
[31] Fl. 99, c. r.
[32] Fls. 100 a 106, c. r.
[33] Fl. 108, c. r.
[34] Fls. 117 a 122, c. r.
[35] Fls. 128 a 131, c. r.
[36] Fls. 133, c. r.
[37] Fls. 141, c. r.
[38] Fls. 143 y 144, c. r.
[39] Fls. 155 a 156, c. r.
[40] Fl.
[41] Fl. 159, c. r.
[42] “Así, la
persona que considere lesionados o amenazados sus derechos fundamentales debe
acudir, en primer lugar, a las vías ordinarias idóneas de defensa para lograr
la protección de aquellos y, en segundo lugar, podrá solicitar la tutela como
mecanismo transitorio para conjurar la consumación de un perjuicio
irremediable”. Sentencia T-1088 de 2005.
[43] Sentencia T-079 de 2016.
[44] Sentencias T–800
de 2012 y T–859 de 2004.
[45] Sentencias T–800
de 2012, T–436 de 2005 y T–108 de 2007, entre otras.
[46] “y todas aquellas personas que por su situación
de debilidad manifiesta los ubican en una posición de desigualdad material con
respecto al resto de la población; motivo por el cual considera que la
pertenencia a estos grupos poblacionales tiene una incidencia directa en la
intensidad de la evaluación del perjuicio, habida cuenta que las condiciones de
debilidad manifiesta obligan a un tratamiento preferencial en términos de
acceso a los mecanismos judiciales de protección de derechos, a fin de
garantizar la igualdad material a través de discriminaciones afirmativas a
favor de los grupos mencionados”. Sentencias T-194
de 2017, T-736 de 2013 y T-495 de 2010.
[47] Sentencia T-471 de 2017. Ver igualmente las sentencias
T–328 de 2011, T-456 de 2004 y T-789 de 2003, entre otras.
[48] Sentencia T-1316 de 2001.
[49] Sentencia
T-079 de 2016.
[50] Sentencia T-194
de 2017 y T-549 de 2012.
[51] Sentencia T-194 de 2017.
[52] Artículo 10.
[53] Sentencia T-639 de 2016.
[54] Sentencia T-456 de 1994 y T-194 de 2017.
[55] Parágrafo
transitorio 4º. El régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993 y
demás normas que desarrollen dicho régimen, no podrá extenderse más allá del 31
de julio de 2010; excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen,
además, tengan cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de
servicios a la entrada en vigencia del presente Acto Legislativo, a los cuales
se les mantendrá dicho régimen hasta el año 2014.
[56] Según el
concepto No. 2194, del 10 de diciembre de 2013, emitido por la Sala de Consulta
y Servicio Civil del Consejo de Estado, la expresión “hasta el año 2014”
contenida en el parágrafo transitorio 4º del artículo 48 de la Constitución
Política, “es comprensiva y no excluyente del año allí referido; además al
no señalarse un día o un mes en ese año, se debe entender que la aplicación del
régimen de transición se puede hacer efectivo hasta el último día de dicho año
2014”.
[57] “El empleador será responsable del pago de su aporte y del aporte
de los trabajadores a su servicio. Para tal efecto, descontará del salario de
cada afiliado, al momento de su pago, el monto de las cotizaciones obligatorias
y el de las voluntarias que expresamente haya autorizado por escrito el
afiliado y trasladará estas sumas a la entidad elegida por el trabajador, justo
con las correspondientes a su aporte, dentro de los plazas que para el efecto
determine el gobierno. // El empleador responderá por la totalidad del aporte aun en
el evento de que no hubiere efectuado el descuento al trabajador”.
[58] ARTICULO
2. DEL PROCEDIMIENTO PARA CONSTITUIR EN MORA AL EMPLEADOR. Vencidos los plazos
señalados para efectuar las consignaciones respectivas por parte de los
empleadores, la entidad administradora, mediante comunicación dirigida al
empleador moroso lo requerirá, si dentro de los quince (15) días siguientes a
dicho requerimiento el empleador no se ha pronunciado, se procederá a elaborar
la liquidación, la cual prestará mérito ejecutivo de conformidad con lo
establecido en el artículo 24 de la Ley 100 de 1993”. // “ARTICULO 5. DEL COBRO
POR VÍA ORDINARIA. En desarrollo del artículo 24 de la Ley 100 de 1993, las
demás entidades administradoras del régimen solidario de prima media con
prestación definida del sector privado y del régimen de ahorro individual con
solidaridad adelantarán su correspondiente acción de cobro ante la jurisdicción
ordinaria, informando a la Superintendencia Bancaria con la periodicidad que
ésta disponga, con carácter general, sobre los empleadores morosos en la
consignación oportuna de los aportes,  así como la estimulación de sus
cuantías e interés moratorio, con sujeción a lo previsto en el artículo 23 de
la Ley 100 de 1993 y demás disposiciones concordantes. Vencidos los plazos
señalados para efectuar las consignaciones respectivas por parte de los
empleadores, la entidad administradora, mediante comunicación dirigida al
empleador moroso lo requerirá. Si dentro de los quince (15) días siguientes a
dicho requerimiento el empleador no se ha pronunciado, se procederá a elaborar
la liquidación, la cual prestará mérito ejecutivo de conformidad con lo establecido
en el artículo 24 de la Ley 100 de 1993.
[59] Fls. 54 y ss. c.
r.
[60] Sentencia SU-130 de 2013.
[61] Ibid.
[62] Cuando (i)
prestan un servicio público; (ii) su conducta afecta grave y directamente el
interés colectivo; y (iii) cuando el actor se encuentra bajo la subordinación o
indefensión en relación con el particular.
[63] Ver sentencias
T-276 de 2018, T-250 de 2018, T-532 de 2017, T-488 de 2015, T-158 de 2006 y T-
328 de 2004.
[64] Ver copia
de la cédula de ciudadanía obrante a folios 13 del cuaderno principal, y en la
cual consta que nació el 11 de enero de 1947.
[65] Según la copia
del formulario de calificación de Colpensiones Fls. 45 y ss. c. ppal.
[66] Al respecto ver
la sentencia T-1093 de 2012  en la cual se precisa, que para concretar el
principio de igualdad material del art. 13 de la C. Política y la garantía del
derecho a acceder en igualdad de condiciones a la administración de justicia,
el examen de las tutelas presentadas por sujetos de especial protección
constitucional debe abordarse “bajo criterios amplios o flexibles, dada la
tutela que la Carta concede en favor de esos colectivos y tomar en cuenta que
aún dentro de la categoría de personas de especial protección constitucional
existen diferencias materiales relevantes que rompen su horizontalidad y los
sitúan en disímiles posiciones de vulnerabilidad que merecen distintos grados
de protección”.  Igualmente puede consultarse la sentencia T-079 de 2016.
[67] Al respecto en
la historia laboral del señor Correa Herrera se consigna que McKee
Intercontinental SA reportó cotización a favor del actor del 01 de octubre de
1970 al 17 de febrero de 1971 (folios 21 y 22 cuaderno principal), sin embargo,
reposa certificación expedida por el Departamento de Relaciones Industriales de
la sociedad McKee Panamá SA –Barrancabermeja-, sobre el tiempo laborado por el
señor Correa Herrera con esa empresa desde el 13 de noviembre de 1969 al 16 de
febrero de 1971 (folio 34 cuaderno principal).
[68] Folios 32 a 37 cuaderno principal.
[69] “Las copias tendrán el mismo valor probatorio
del original, salvo cuando por disposición legal sea necesaria la presentación
del original o de una determinada copia.Sin perjuicio de la presunción de
autenticidad, la parte contra quien se aduzca copia de un documento podrá
solicitar su cotejo con el original, o a falta de este con una copia expedida
con anterioridad a aquella. El cotejo se efectuará mediante exhibición dentro
de la audiencia correspondiente”.
[70] Al respecto se
reitera que la Cámara de Comercio de Bogotá remitió copia
del certificado de existencia y representación legal de McKee Intercontinental
S.A., donde se consigna que el 14 de junio de 1967 se protocolizaron copias
auténticas de la fundación de la sociedad Mckee Panamá (escritura pública 2355
de la Notaría 10 de Bogotá del 5 de junio de 1967). El 5 de octubre de 1970
cambia su nombre por el de McKee Intercontinental S.A.. Por escritura pública
517 del 27 de febrero de 1986 de la Notaría 18 de Bogotá se protocolizó el
documento por el cual se decretó la clausura de operaciones de la sucursal en
Colombia, declarándose en proceso liquidatorio. El objeto social era la
construcción de la planta de parafina en Barrancabermeja (folios 79 a 81
cuaderno de revisión).
[71] Es preciso
advertir que esta sociedad no existe desde 1986 en Colombia, sin embargo, al
parecer subsiste en Panamá.
[72] Conforme con lo
establecido en el artículo 8 del Decreto Ley 2591 de 1991, que en concreto
reza: “Aún cuando el afectado disponga de otro medio de defensa
judicial, la acción de tutela procederá cuando se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable.//En el caso del inciso
anterior, el juez señalará expresamente en la sentencia que su orden
permanecerá vigente sólo durante el término que la autoridad judicial
competente utilice para decidir de fondo sobre la acción instaurada por el
afectado.//En todo caso el afectado deberá ejercer dicha acción en un
término máximo de cuatro (4) meses a partir del fallo de tutela.//Si no se
instaura, cesarán los efectos de éste” (énfasis fuera del texto original).
[73] Ello de
conformidad con lo establecido en el artículo 8 del Decreto Ley 2591 de 1991,
que en concreto reza: “Aún cuando el afectado disponga de otro medio
de defensa judicial, la acción de tutela procederá cuando se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.//En el caso del
inciso anterior, el juez señalará expresamente en la sentencia que su orden
permanecerá vigente sólo durante el término que la autoridad judicial
competente utilice para decidir de fondo sobre la acción instaurada por el
afectado.//En todo caso el afectado deberá ejercer dicha acción en un
término máximo de cuatro (4) meses a partir del fallo de tutela.//Si no se
instaura, cesarán los efectos de éste” (énfasis fuera del texto
original).
[74] La edad para
acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas
cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de
entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si
son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o
mas años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen
anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones
y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se
regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley.
[75] De acuerdo con la certificación expedida por Colpensiones, el
accionante tenía 734 semanas cotizadas al 25 julio de 2005.
[76] Al respecto en
la historia laboral del señor Correa Herrera se consigna que McKee
Intercontinental SA reportó cotización a favor del actor del 01 de octubre de
1970 al 17 de febrero de 1971 (folios 21 y 22 cuaderno principal), sin embargo,
reposa certificación expedida por el Departamento de Relaciones Industriales de
la sociedad McKee Panamá SA –Barrancabermeja-, sobre el tiempo laborado por el
señor Correa Herrera con esa empresa desde el 13 de noviembre de 1969 al 16 de
febrero de 1971 (folio 34 cuaderno principal).
[77] Es preciso
advertir que esta sociedad no existe desde 1986 en Colombia, sin embargo, al
parecer subsiste en Panamá.
[78] Ello de
conformidad con lo establecido en el artículo 8 del Decreto Ley 2591 de 1991,
que en concreto reza: “Aún cuando el afectado disponga de otro medio
de defensa judicial, la acción de tutela procederá cuando se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.//En el caso del
inciso anterior, el juez señalará expresamente en la sentencia que su orden
permanecerá vigente sólo durante el término que la autoridad judicial
competente utilice para decidir de fondo sobre la acción instaurada por el
afectado.//En todo caso el afectado deberá ejercer dicha acción en un
término máximo de cuatro (4) meses a partir del fallo de tutela.//Si no se
instaura, cesarán los efectos de éste” (énfasis fuera del texto
original).
[79] Cfr. Autos 049
de 2017, A-180 de 2016, A-538 de 2015, A-229 de 2014, A-023 de 2013, A-052 de
2012, A-018 de 2011, A-027 de 2010, A-064 de 2009, A-050 de 2008, A-025
de 2007, A-048 de 2006, A-009 de 2005, A-015 de 2004, A-146 de 2003, A-031A de
2002, A-003 de 1998, A-013 de 1997, A-004 de 1996, A-033 de 1995, A-024 de 1994
y  A-008 de 1993, entre otros.
[80] Acápite fundado en el Auto 654 de 2018, que a su vez
reitera los autos 015A y 030 de 2018, 024 de 2017, 202 de 2016, 538 de 2015, 045
de 2014, 155 de 2013, 218 de 2009, entre otros.
[81] Al
respecto la sentencia C-774 de 2001 indicó que las decisiones de este Tribunal
Constitucional son intangibles e inmodificables lo que implica, “como
función negativa, prohibir a los funcionarios judiciales conocer, tramitar y
fallar sobre lo resuelto, y como función positiva, dotar de seguridad a las
relaciones jurídicas y al ordenamiento jurídico”. Esta postura ha sido
destacada en los autos 654, 547 y 285 de 2018, 270 de 2017, 422, 244 y 180 de
2016, 539 y 199 de 2015, 382, 229 y 042 de 2014, 245 de 2012, entre otros.
[82] Por el cual se dicta el régimen procedimental de los
juicios y actuaciones que deban surtirse ante la Corte Constitucional.
[83] Cfr. Autos 090 de 2017, 180 de 2016, 180 de
2015, 382 de 2014, A-168 de 2013, A-245 de 2012, 318 de 2010, 194 de 2008, 196,
262 y 299 de 2006, 162 y 262 de 2003, 053 y 232 de 2001, 013, 074 de 1999; 016,
046, 050, 082 de 2000, entre otros.
[84] Ver autos 024 de 2017, 180 de 2016, 538 de 2015, 045
de 2014, 155 de 2013 y 218 de 2009.
[85] Ver entre otros, autos 232 de 2001, 245 de 2012 y 229
de 2014.
[86] Auto 945 de 2014
[87] En sentencias de
control abstracto de constitucionalidad, la legitimidad se restringe a las
partes y a los sujetos intervienes en el proceso. Cfr. Auto 485 de 2018
[88] Auto 036 de 2017.
[89] En Auto de Sala Plena 185 de 2012 se indicó: “el
carácter excepcional de la nulidad de los fallos de la Corte impone al
solicitante la carga de argumentación de identificar con suficiencia y claridad
una vulneración grave al debido proceso que afectó el sentido de la decisión y
que además se desprende directamente del texto de la sentencia censurada, de
modo que la solicitud de nulidad no puede basarse simplemente en una
inconformidad con la decisión o la ocurrencia de defectos de procedimiento o de
valoración probatoria que no inciden en la decisión final del caso sometido a
estudio”.
[90] Consideración n.° 44 del Auto 342 de 2018.
[91] Autos 097 de 2013, 011 de 2011, entre otros.
[92] Auto 055 de 2005.
[93] En el Auto 238
de 2012 sostuvo que “la Corte tiene la posibilidad de definir el tema que
deliberará en sus sentencias de revisión, en concordancia con el diseño
constitucional que le confirió discrecionalidad para seleccionar los distintos
casos de tutela que revisa. Ahora bien, la delimitación referida puede
realizarse de dos formas, a saber: (i) Mediante referencia expresa en la
sentencia, cuando al analizar los asuntos objeto de revisión circunscribe
claramente el objeto de estudio, o (ii) tácitamente, cuando se abstiene de
pronunciarse en relación con algunos aspectos que no tienen relevancia
constitucional, hecho este que autónomamente considerado no genera violación al
debido proceso (…).”
[94] Ver autos 025 de 2019, 745 y 711 de 2018, entre otros.
[95] Auto 187 de 2015.
[96] Cfr. Auto A-099
de 2016.
[97] Al respecto se
pueden ver los Autos 383 de 2017, 539 y 403 de 2015.
[98] Confrontar Autos
383 de 2017, 389 de 2016 y 052 de 2012.
[99] Auto 091 de 2000.
[100] En Auto  050 de 2000, la Sala Plena dijo que el
principio de congruencia es un elemento esencial de la seguridad jurídica, de
ahí que “Un fallo fundado en consideraciones contrarias al mandato
obligatorio plasmado en su parte resolutiva afecta de modo directo la
indispensable certidumbre de quien ha acudido a los estrados y, por contera,
vulnera el debido proceso, en cuanto implica determinación no sustentada en las
pruebas que fueron objeto de examen y consiguiente olvido de los derechos
procesales de las partes intervinientes, quienes pueden reclamar legítimamente
que las distintas piezas del expediente, su análisis y evaluación, así como los
razonamientos del fallador, se vean reflejados en la decisión obligatoria
tomada por éstos.” Citado en el Auto 244 de 2015.
[101] Auto 227 de 2007.
[102] A-217 de
2007.
[103] Ver auto 244 de 2015.
[104] Cfr. Sentencias
T-231 y T-773 de 2008.
[105] Cfr. Sentencias T-450 de 2001 y T-025 de 2002.
[106] De acuerdo con la certificación expedida por Colpensiones, el
accionante tenía 734 semanas cotizadas al 25 julio de 2005.
[107] Al respecto en
la historia laboral del señor Correa Herrera se consigna que McKee
Intercontinental SA reportó cotización a favor del actor del 01 de octubre de
1970 al 17 de febrero de 1971 (folios 21 y 22 cuaderno principal), sin embargo,
reposa certificación expedida por el Departamento de Relaciones Industriales de
la sociedad McKee Panamá SA –Barrancabermeja-, sobre el tiempo laborado por el
señor Correa Herrera con esa empresa desde el 13 de noviembre de 1969 al 16 de
febrero de 1971 (folio 34 cuaderno principal).
[108] Los trabajadores
que al iniciarse la obligación de asegurarse en el Instituto Colombiano de
Seguros Sociales contra los riesgos de invalidez, vejez y muerte, lleven 15
años o más de servicios continuos o discontinuos en una misma empresa de
capital de ochocientos mil pesos ($800.000) moneda corriente o superior,
ingresarán al Seguro Social obligatorio como afiliados para el riesgo de
invalidez, vejez y muerte. Al cumplirse el tiempo de servicios y la edad
exigidos por el Código Sustantivo del Trabajo podrán exigir la jubilación a
cargo del patrono y este estará obligado a pagar dicha jubilación, pero
continuarán cotizando en este seguro hasta cumplir con los requisitos mínimos
exigidos por el instituto para otorgar la pensión de vejez, y en este momento
el instituto procederá a cubrir dicha pensión, siendo de cuenta del patrono
únicamente el mayor valor, si lo hubiere, entre la pensión otorgada por el
instituto y la que le venía siendo pagada por el patrono.
[109] Los
trabajadores que lleven en una misma empresa de capital de ochocientos mil
pesos ($800.000) moneda corriente o superior, diez años o más de servicios
continuos o discontinuos ingresarán al Seguro Social obligatorio como afiliados
en las mismas condiciones de los anteriores y en caso de ser despedidos porl los
patronos sin justa causa tendrán derecho al cumplir la edad requerida por la
ley al pago de la pensión restringida de que habla el artículo 8º
de la ley 171 de 1961, con la obligación de seguir cotizando de acuerdo con los
reglamentos del Instituto hasta cumplir con los requisitos mínimos exigidos por
éste para otorgar la pensión de vejez, en este momento el instituto procederá a
cubrir dicha pensión restringida. En todo lo demás el afiliado gozará de los
beneficios otorgados por el instituto.
[110] La Cámara de
Comercio de Bogotá remitió copia del certificado de existencia y representación
legal de McKee Intercontinental S.A. El 14 de junio de 1967 se protocolizaron copias
auténticas de la fundación de la sociedad Mckee Panamá (escritura pública 2355
de la Notaría 10 de Bogotá del 5 de junio de 1967). El 5 de octubre de 1970
cambia su nombre por el de McKee Intercontinental S.A.. Por escritura pública
517 del 27 de febrero de 1986 de la Notaría 18 de Bogotá se protocolizó el
documento por el cual se decretó la clausura de operaciones de la sucursal en
Colombia, declarándose en proceso liquidatorio. El objeto social era la
construcción de la planta de parafina en Barrancabermeja