T-915-14
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-915/14
DERECHO
FUNDAMENTAL A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES Y LA IMPORTANCIA DE LA PENSION
DE INVALIDEZ-Concepto, naturaleza y protección constitucional
SEGURIDAD
SOCIAL Y SU CONNOTACION COMO SERVICIO PUBLICO Y DERECHO FUNDAMENTAL
La
seguridad social, concebida como un instituto jurídico de naturaleza dual, esto
es, que tiene la condición tanto de derecho fundamental, como de servicio
público esencial bajo la dirección, coordinación y control del Estado, surge
como un medio a través del cual se le garantiza a las personas el ejercicio de
sus derechos subjetivos fundamentales cuando se encuentran frente a la
materialización de algún evento o contingencia que mengüe su estado de
salud, calidad de vida o
capacidad económica, o que se constituya en
un obstáculo para la normal consecución de sus medios mínimos de subsistencia a
través del trabajo.
SEGURIDAD SOCIAL-Concepto/DERECHO
A LA SEGURIDAD SOCIAL-Naturaleza
El concepto de “seguridad social” hace referencia a la
totalidad de las medidas que propenden por el bienestar de la población en lo
relacionado con la protección y cobertura de unas necesidades que han sido
socialmente reconocidas. La fundamentalidad de este especial derecho encuentra
sustento en el principio de dignidad humana y en la satisfacción real de los
derechos humanos, pues a través de este resulta posible que las personas
afronten con decoro las circunstancias difíciles que les obstaculizan o impiden
el normal desarrollo de sus actividades laborales y la consecuente recepción de
los recursos que les permitan ejercer sus derechos subjetivos.
PENSION
DE INVALIDEZ COMO COMPONENTE ESENCIAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL-Fundamentos
El
derecho al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, como medio a
través del cual se materializa el derecho fundamental e irrenunciable a la
seguridad social en un caso específico, se constituye en una prestación
económica mensual que se reconoce a favor de una persona que ha sufrido una
limitación física o mental que ha mermado, en forma considerable, su capacidad
laboral y le impide, tanto el normal ejercicio de sus derechos, como la
consecución de los medios de subsistencia para sí y para su núcleo familiar.
Entre sus fines se encuentra permitir que las personas que, por el acaecimiento
de un determinado siniestro, no pueden procurarse un mínimo de sustento,
adquieran una fuente de ingresos que les permita sobrellevar con dignidad su
actual condición, de forma que les sea posible suplir los gastos de afiliación
al SGSSS y garantizarse de esta manera el acceso a la asistencia médica que
requieren.
PERSONA
INVALIDA-Concepto
Una persona solo puede entenderse como inválida desde el momento
en que a esta le es imposible procurarse por sí misma los medios económicos de
subsistencia; es decir, el estado de invalidez tiene relación directa con el
individuo del que se predica y con su contexto, de forma que es necesario que
se evalúe hasta qué punto se ven afectadas las aptitudes del trabajador para
desarrollar la labor en la que se desenvolvía. Se ha reconocido que la
invalidez de una persona solo puede entenderse constituida desde el momento en
que le es imposible procurarse los medios económicos de subsistencia de los que
con anterioridad derivaba su sustento; es decir, que el estado de invalidez,
por estar en relación directa tanto con el individuo del que se predica, como
con su contexto, debe ser evaluado a partir de “patrones científicos que
midan hasta qué punto el trabajador queda afectado para desempeñar la
labor [que desarrollaba] de acuerdo con las características del
mercado laboral” en el que se desenvuelve.
PENSION DE INVALIDEZ-Cotización
de mínimo 50 semanas durante los tres años anteriores a la fecha de
estructuración
REGIMEN APLICABLE PARA EL
RECONOCIMIENTO DE LA PENSION DE INVALIDEZ Y PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD
Esta Corporación ha reconocido que
dicho principio solo resulta aplicable cuando se demuestra la existencia de una
duda seria y objetiva al momento de elegir entre dos o más normas (o
interpretaciones de las mismas) que resultan aplicables ante la materialización
de un mismo supuesto de hecho, y que implica que el juez tiene la obligación de
optar, previo despliegue de la carga argumentativa y demostrativa
correspondiente, por aquella que permite garantizar, en mayor medida, los
derechos de los trabajadores.
DERECHO
AL MINIMO VITAL-Se deriva de los principios de Estado Social
de Derecho, dignidad humana y solidaridad
El derecho fundamental al mínimo vital ha sido
reconocido por la jurisprudencia como una prerrogativa especial que está
íntimamente relacionada con los principios del Estado social de derecho y
dignidad humana, entre otros. Se trata de
un derecho que ha sido usualmente identificado con una porción de los ingresos
de la persona, que está destinada a la financiación de sus necesidades más
básicas y las de su núcleo familiar, las cuales resultan indispensables para el
efectivo ejercicio de sus derechos y le permiten revestir su existencia de las
condiciones que requiere para desarrollar su dignidad como ser humano.
DERECHO
AL MINIMO VITAL-Requisitos para acreditar vulneración
(i) Que se vea afectada la única fuente
de ingresos de la persona, o que existiendo alguna otra, esta resulte
insuficiente para garantizar la cobertura de sus necesidades; y (ii) que la afectación sea producto de un
hecho injustificado y grave, que genere una situación crítica tanto a nivel
económico, psicológico y social en la vida de la persona y su núcleo familiar.
PRINCIPIO DE
SUBSIDIARIEDAD COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA-Reiteración de jurisprudencia
Como producto del carácter
subsidiario de la acción de tutela, resulta necesario concluir que por regla
general, tal acción solo es procedente cuando el individuo que la invoca no
cuenta con ningún otro medio de defensa a través del cual pueda obtener la
protección requerida, o excepcionalmente, cuando a pesar de existir uno, éste
resulta ineficaz para garantizar la efectividad de los derechos fundamentales
del actor.
DERECHO
A LA SEGURIDAD SOCIAL, AL MINIMO VITAL Y A LA VIDA DIGNA-Orden
a Administradora de Pensiones reconocer y pagar pensión de invalidez
DERECHO
A LA SEGURIDAD SOCIAL, AL MINIMO VITAL Y A LA VIDA DIGNA-Orden
a Colpensiones reconocer y pagar pensión de invalidez
Referencia:
expedientes T-4.189.657, T4.227.679, T-4.233.182, T-4.235.293, T-4.242.909,
T-4.249.198, T-4.250.781 (AC)
Acciones de tutela presentadas por: la ciudadana Sandra
Patricia Avellaneda Velásquez en contra de Seguros Alfa, Porvenir
Administradora de pensiones y otros (T-4.189.657); así como las interpuestas
por  los ciudadanos José Alfredo Herrera Caballero (T- 4.227.679); Jorge Iván
Pérez Orozco (T- 4.233.182); Marleny Daza Velasco(T- 4.235.293); Néstor Fabián
García Hernández (T-4.242.909); Noé Olaya Canizales (T- 4.249.198); y María
Amparo Ramos Barbosa (T- 4.250.781) en contra de PORVENIR (T-4.189.657) y COLPENSIONES
(demás expedientes acumulados).
Magistrada (e) Ponente:
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., primero (1°) de diciembre de
dos mil catorce (2014).
La Sala Octava de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Luis Ernesto Vargas Silva,
María Victoria Calle Correa y Martha Victoria Sáchica Méndez, quien la preside,
en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente
las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la
Constitución Política, así como en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591
de 1991, ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
En el proceso de revisión de los fallos
proferidos dentro de los expedientes: T-4.189.657, en primera instancia
por el Juzgado 72 Civil Municipal de Bogotá y en segunda instancia por el
Juzgado 13 Civil del Circuito de Bogotá, en la acción de tutela interpuesta por
la ciudadana Sandra Patricia Avellaneda Velásquez en contra de Seguros Alfa,
Porvenir Administradora de pensiones y otros; T-4.227.679, en primera
instancia por el Juzgado 29 Laboral del Circuito de Bogotá y en segunda
instancia por el Tribunal Superior Sala Laboral de Bogotá, en la acción de
tutela interpuesta por el ciudadano José Alfredo Herrera Caballero; T-4.233.182,
en única instancia por el Juzgado Promiscuo de Familia de Roldanillo, en la
acción de tutela interpuesta por el ciudadano Jorge Iván Pérez Orozco; T-4.235.293,
en primera instancia por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Caloto –Cauca– y
en segunda instancia por Tribunal Superior Sala Penal de Popayán, en la acción
de tutela interpuesta por la ciudadana Marleny Daza Velasco; T-4.242.909,
en única instancia por el Juzgado 35 Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento de Bogotá, en la acción de tutela interpuesta por el ciudadano
Néstor Fabián García Hernández; T-4.249.198 en única instancia por el
Juzgado 2 Penal del Circuito Especializado de Ibagué –Tolima–, en la acción de
tutela interpuesta por el ciudadano Noé Olaya Canizales; T-4.250.781, en
primera instancia por el Juzgado 36 Laboral del Circuito de Bogotá y en segunda
instancia por Tribunal Superior Sala Penal de Bogotá, en la acción de tutela
interpuesta por la ciudadana María Amparo Ramos Barbosa. Todas las anteriores acciones
de tutela se instauraron en contra de COLPENSIONES.
Los expedientes de referencia fueron
escogidos para revisión mediante Auto del 25 de marzo de 2014, proferido por la
Sala de Selección Número Tres.
I.       ANTECEDENTES
Los ciudadanos: Sandra Patricia Avellaneda Velásquez, José Alfredo Herrera Caballero, Jorge Iván Pérez Orozco, Marleny Daza Velasco, Néstor Fabián García
Hernández, Noé Olaya Canizales y Maria
Amparo Ramos Barbosa, incoaron acciones de
tutela el 16 de septiembre, 15 de octubre, 13 de noviembre, 24 de octubre, 15 de
noviembre y los dos últimos el 09 de octubre de 2013, en contra de la
Seguros Alfa, Porvenir Administradora de pensiones y otros (Expediente
T-4.189.657);  y COLPENSIONES (en los demás casos), invocando el
desconocimiento de sus derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, a
la seguridad social y al mínimo vital por los hechos que a continuación se
resumen:
1.
Expediente T-4.189.657
1.1    Hechos
a. El 21 de junio de 2011 la señora Sandra Patricia Avellaneda fue
sometida al procedimiento quirúrgico de recesión de ovario derecho en razón a
unas masas no identificadas que le fueron encontradas.
b. El día 28 de junio de la misma anualidad fue diagnosticada con un adenocarcinoma
en el intestino delgado en estado de metástasis.
c. Con posterioridad, le fueron practicadas dos cirugías con el objetivo
de extraer el tumor primario y luego se le inició tratamiento paliativo con
quimioterapia.
d. El 25 de Octubre de 2012, el Grupo Interdisciplinario de Calificación
de Pérdida de la Capacidad Laboral y Origen de Seguros Alfa S.A., realizó un
estudio de la PLC de la accionante y dictaminó que, a partir de sus especiales
condiciones, ésta había sido determinada en un 61,35%, con fecha de
estructuración del 28 de junio de 2011.
e. Dentro del término legal, la actora impugnó el dictamen en lo referente
a la fecha de estructuración, pues, en su criterio, la pérdida de capacidad
laboral no se estructuró el día de su diagnóstico, sino que, por el contrario,
ésta se materializó en virtud del tratamiento con quimioterapias y en una fecha
muy posterior a la determinada, razón por la que incluso con posterioridad a la
supuesta estructuración, siguió cotizando.
f. En relación con la anterior solicitud, tanto la junta regional, como la
nacional de calificación de invalidez decidieron confirmar lo resuelto
inicialmente.
g. El día 21 de agosto de 2013 la accionante radicó solicitud para el
estudio y reconocimiento de la pensión de invalidez a la que estima tener
derecho, pero el 24 de septiembre posterior, dicha petición fue denegada por
Porvenir S.A. en razón a que únicamente contaba con veintisiete (27) semanas cotizadas
en los tres (3) años anteriores a la fecha de estructuración.
h. Para finalizar, indica que su núcleo familiar está compuesto por ella
(de 35 años de edad), sus tres hijos menores y su madre, y que todos dependen
de los ingresos que esta última pueda procurarles. De forma que, en razón a que
no ha podido seguir laborando, en la actualidad se encuentran pasando por una
situación económica muy complicada.
1.2. Material probatorio obrante en el expediente
·
Copia de la calificación de la
pérdida de la capacidad laboral expedida por Seguros Alfa S.A.
·
Copia de la impugnación a la fecha
de estructuración fijada por Seguros Alfa S.A. en el anterior dictamen.
·
Copia del dictamen de pérdida de
capacidad laboral expedido por la
Junta Regional de Calificación de Invalidez, en el cual se confirma el primer
peritazgo.
·
Copia de la solicitud de apelación
de la anterior decisión.
·
Copia del dictamen de la
Junta Nacional de Calificación de Invalidez en la cual se confirma lo
resuelto en las dos instancias anteriores.
·
Copia del contrato de trabajo que
venía desarrollando la actora antes de perder la capacidad para seguir laborando.
·
Copia de las cotizaciones
realizadas por el empleador de la accionante con posterioridad a la fecha de
estructuración.
·
Copia de un acta de declaración
extra procesal ante notaría, de la madre de la accionante en la que informa que
es ella quien vela por el sostenimiento de su hija y sus nietos.
·
Copia del Registro Civil de
nacimiento de sus tres hijos menores de edad.
1.3.   Fundamentos jurídicos de la solicitud
de tutela
La accionante considera vulnerados sus
derechos fundamentales a la seguridad social, mínimo vital y vida digna, en razón
a que, en su criterio, le deben ser tenidas en cuenta las semanas cotizadas con
posterioridad a la fecha determinada como de “estructuración”, pues las
circunstancias fácticas en las que se encuentra son asimilables a las que
dieron origen al pronunciamiento de la sentencia T-072 de 2013. De forma que,
los argumentos en virtud de los cuales se concedió el amparo en aquella
ocasión, le deben ser aplicados a efectos de que se le permita, adquirir el
derecho pensional que necesita.
Llama la atención que (i) ella es sujeto
de especial protección constitucional por sufrir de una enfermedad de
naturaleza catastrófica; (ii) se constituye en una mujer cabeza de familia, en
razón a que sus hijos no cuentan con una fuente alternativa de ingresos a los
que ella se encuentra en capacidad de procurarles; y (iii) que su núcleo
familiar no cuenta con los recursos suficientes para garantizar tanto el
sostenimiento de todos sus miembros, como el tratamiento de alto costo que
requiere.
1.4. Respuesta de las entidades accionadas
·
Porvenir S.A.
El representante de la accionada solicitó
se declare la improcedencia de la demanda de tutela en estudio, pues considera
que para debatir la fecha de estructuración de la invalidez, la accionante
cuenta con otros mecanismos ordinarios a los cuales acudir.
·
Seguros Alfa S.A.
Solicitó se denieguen las pretensiones
invocadas, en cuanto sus funciones se limitan a la calificación inicial de la
pérdida de capacidad laboral. Adicionalmente, destacó que la accionante cuenta
con otros mecanismos para exponer sus pretensiones, de forma que la acción de
tutela resulta improcedente.
·
Junta Regional de Calificación
de Invalidez.
Destacó que la presente acción de tutela
resulta improcedente, pues existen otras acciones ordinarias que pueden
resolver los problemas jurídicos planteados.
·
Junta Nacional de Calificación
de Invalidez.
En su defensa, arguyó que los conceptos
por ella expedidos, entre los que se encuentra la determinación de la fecha de
estructuración de la pérdida de la capacidad laboral, ostentan la condición de
experticios de carácter eminentemente técnico, de forma que la conveniencia o inconveniencia
que ellos representen para la persona calificada, se constituye en un ámbito
ajeno a sus responsabilidades y competencias.
·
Compensar E.P.S.
Solicitó se declarará su falta de
legitimación por pasiva, pues si lo que se pretende es el reconocimiento de un
derecho pensional, la entidad competente es la Administradora de Fondos Pensionales. Igualmente, destaca que existen otros medios de
defensa, por lo que en adición, el amparo deprecado resulta improcedente.
·
People Contact
S.A.S. (Empleador)
Afirma que con su accionar no ha vulnerado
ningún derecho fundamental y que, por el contrario, su conducta ha sido
tendiente por la efectiva protección de estos últimos, pues ha mantenido a la
accionante vinculada al sistema general de seguridad social.
1.5. Sentencias objeto de revisión
·
Fallo de primera instancia
El 2 de octubre de 2013, el Juzgado Setenta
y Dos Civil Municipal de Bogotá, decidió otorgar en forma transitoria el amparo
a los derechos fundamentales invocados por la accionante, en cuanto consideró que
en el presente caso la fecha de estructuración, determinada en la misma fecha
del diagnostico, no refleja el verdadero momento en que dejó de laborar y, en
adición a ello, estimó que la accionante, por padecer de una enfermedad de
carácter catastrófico, debe ser concebida en su calidad de sujeto de especial
protección constitucional y, por tanto, a pesar de contar con los recursos
ordinarios, resulta procedente el amparo transitorio de sus derechos, mientras
la litis es resuelta ante el juez natural.
·
Impugnación
Insatisfecho con la decisión del a-quo,
Porvenir S.A. impugnó lo resuelto y solicitó su revocatoria. Consideró que en
el presente caso el juzgador desconoció el ordenamiento jurídico vigente al
inaplicar el requisito de las cincuenta semanas cotizadas en los últimos tres
años, norma que fue declarada exequible por la
Corte Constitucional en sentencia C-428 de 2009. Estimó igualmente, que la
accionante no satisface este requisito, de forma que no se le vulneró ningún
derecho al negársele la pensión solicitada.
·
Fallo de segunda instancia
El Juzgado Trece Civil del Circuito de
Bogotá, en providencia del 12 de noviembre de 2013 decidió revocar lo dispuesto
por el a-quo y, en su lugar, denegar el amparo solicitado. Esto, pues
consideró que: (i) en el presente caso no se configuraban los supuestos de
hecho en virtud de los cuales es procedente la interposición de una acción de
tutela en contra de particulares; y (ii) no se vio satisfecho el requisito de
subsidiaridad, pues existían otros medios de defensa idóneos que la accionante
no ha usado.
Para finalizar, destaca que la señora
Sandra Patricia no demostró el perjuicio irremediable que, en forma inminente y
cierta, puede llegar a ocasionarse en caso de que el amparo solicitado no sea
concedido, de forma que ni siquiera procede el amparo como un mecanismo
transitorio.
2.
Expediente T-4.227.679
2.1. Hechos
a.  El señor José Alfredo Herrera Caballero, de 48 años de edad, fue
diagnosticado con Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) en el 2007,
pero manifiesta que en esta fecha su enfermedad era asintomática, por lo que no
tenía ninguna discapacidad que le impidiera trabajar.
b.  En la actualidad el actor cuenta con 451,15 semanas cotizadas al
Sistema General de Seguridad Social en Pensiones (SGSSP).
c. Indica que en adición al SIDA que padece, también ha sido afectado por
otras patologías que oportunistamente se benefician de su estado actual de
inmunodepresión y que actualmente le impiden trabajar y procurarse un sustento
propio.
d. El 14 de diciembre de 2011, el actor fue calificado por la
Gerencia Nacional de Atención al Pensionado del Instituto de Seguros Sociales
con una pérdida de la capacidad laboral del 67,90% y una fecha de
estructuración del 28 de diciembre del 2009.
e. Asevera que, contrario a lo señalado en el dictamen, en esta fecha aún
no había perdido la capacidad para seguir laborando. Afirmación que demuestra
con las cotizaciones que siguió realizando al Sistema de Seguridad Social con
posterioridad a ella.
f. El 02 de febrero de 2012, el actor radicó una solicitud de
reconocimiento de la pensión de invalidez por enfermedad común.
g. El 29 de abril de 2013, se notificó al señor José Herrera de la
Resolución No. GNR 074913 del 25 de abril de 2013 mediante la que se le negó
el reconocimiento del derecho pensional solicitado. Esto, en razón a que a la
fecha de estructuración determinada, no cumple con el requisito de las 50
semanas cotizadas en los 3 años anteriores.
2.2.
Material probatorio obrante
en el expediente:
·
Copia de la
Cédula de Ciudadanía del señor José Alfredo Herrera.
·
Copia del dictamen de pérdida de
la capacidad laboral expedido por la
Gerencia Nacional de Atención al Pensionado del ISS.
·
Copia de la
Resolución No. GNR 074913 del 25 de abril de 2013.
·
Copia del reporte de evolución de
la historia de consulta externa del señor José Alfredo Herrera.
·
Copia del reporte de las semanas
cotizadas al SGSSP.
·
En sede de revisión la accionante
remitió a esta Corporación un oficio al que anexó nuevamente las pruebas
anteriormente referenciadas a efectos de que fueran valoradas por esta
Corporación.
2.3.
Fundamentos jurídicos de la
solicitud de tutela
El señor José Alfredo Herrera consideró
vulnerados sus derechos fundamentales al mínimo vital y a la vida digna, entre
otros, en cuanto la negativa en el reconocimiento de su derecho pensional se
encuentra basada en la determinación de una fecha de estructuración que no
corresponde a la realidad, pues para la fecha en que ésta fue establecida, él
se encontraba laborando y su enfermedad aún no se había convertido en un
impedimento para el desarrollo de sus labores ordinarias. Por lo anterior,
solicita que a efectos de establecer la verdadera fecha en que perdió su
capacidad para laborar, se tenga en cuenta el momento en el que en efecto dejó
de trabajar.
2.4. Respuesta de la entidad accionada
A pesar de haber sido efectivamente
notificado del trámite de la presente acción, COLPENSIONES decidió no
contestarla y, por tanto, no expuso argumento, ni prueba alguna que desvirtuara
las afirmaciones del actor.
2.5. Sentencias objeto de revisión
·
Fallo de primera instancia
El 28  de octubre de 2013, el Juzgado
Veintinueve Laboral del Circuito de Bogotá decidió conceder en forma
transitoria el amparo deprecado, pues en su criterio, el actor no sólo se
encuentra en un estado de debilidad manifiesta que le confiere la condición de
sujeto de especial protección constitucional, sino que, en adición a ello,
cuenta con más de 300 semanas cotizadas antes de la entrada en vigencia del
régimen pensional establecido en la Ley 100 de 1993, por lo que en virtud del
principio de favorabilidad y de lo dispuesto por la jurisprudencia uniforme de
las Cortes Constitucional y Suprema, decide aplicar lo dispuesto en el Decreto
758 de 1990 y otorgar el derecho pensional solicitado mientras la litis se
define en forma definitiva ante el juez natural.
·
Impugnación
Inconforme con lo resuelto, el actor
impugnó la decisión de primera instancia, pues consideró que en el presente
caso era necesario que el amparo hubiera sido otorgado en forma definitiva. Al
respecto, estimó que la enfermedad que lo afecta hace que los mecanismos
ordinarios de protección resulten insuficientes e inidóneos a la hora de
garantizar la efectividad de sus derechos fundamentales, pues, en razón al
prolongado tiempo que toma su trámite, terminaría materializándose un perjuicio
de carácter irremediable. Adicionalmente, considera que en virtud de las
particulares condiciones que circunscriben su caso concreto, él debe ser
concebido como un sujeto de especial protección constitucional y, por ello,
otorgársele un trato preferencial por parte de las autoridades estatales.
·
Fallo de segunda instancia
El Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá, Sala Laboral, mediante providencia del 10 de diciembre de 2013
resolvió revocar lo dispuesto por el a-quo y, en su lugar, denegar el
amparo solicitado. En sustento de su decisión, consideró que: (i) el actor
no cumple con los requisitos legalmente instituidos para el reconocimiento de
este tipo de derechos; y (ii) el principio de favorabilidad únicamente
es aplicable cuando existe una duda entre dos disposiciones normativas que
pueden ser aplicables en un caso en concreto.
Al respecto, estimó que la
Corte Constitucional en sentencia C-428 de 2009 declaró la exequibilidad de la
norma que establece el requisito de las 50 semanas cotizadas dentro de los 3
años anteriores a la fecha de estructuración; por ello, considera que al
determinarse que el régimen aplicable para regular el reconocimiento de los
derechos pensionales es la Ley 860 de 2003, no existe duda con respecto a cual
es la normatividad aplicable y, por tanto, un juicio de favorabilidad no es
admisible.
Adicionalmente, expone que en ocasiones la
fecha de estructuración de la pérdida de la capacidad laboral se determina en
una fecha que corresponde a la fecha en que se realizó el diagnostico,
desconociendo así que en muchos casos se trata de enfermedades de carácter
degenerativo que no impiden, en forma inmediata, que la persona siga ejecutando
sus obligaciones laborales. Por lo anterior, y al valorar que en el presente
caso las fechas de estructuración y de diagnostico no son idénticas, considera
que cualquier debate adicional debe ser surtido ante la jurisdicción ordinaria,
pues no existen elementos probatorios que permitan inferir que la fecha
dictaminada por COLPENSIONES, contraría la realidad o es errada.
Para finalizar expone que el principio de
“no reformatio in peius” no es aplicable en los trámites surtidos
durante una acción de tutela, pues resulta necesario que en virtud de los
principios y valores que se encuentran en discusión, el juez de tutela conserve
la competencia para variar las decisiones que considere contravienen
disposiciones constitucionales.
3.      Expediente T-4.233.182
3.1.   Hechos
a.  En el mes de febrero del año 2011, el señor Jorge Iván Pérez Orozco fue
diagnosticado con un tumor ubicado en la región “selar” del cerebro, que le ha
producido ceguera total e irreversible en el ojo derecho y un problema grave y
progresivo de visión en el izquierdo.
b.  Afirma que desde el año 2002 ha estado cotizando en forma ocasional al
SGSSP y que a la fecha cuenta con un total de 209,98 semanas cotizadas.
c. El 04 de mayo de 2012, la
Gerencia Nacional de Atención al Pensionado (Comisión Técnico Laboral del
ISS, seccional de Valle del Cauca) calificó al actor con una pérdida de la
capacidad laboral del 72,30% y estableció como fecha de estructuración de dicha
discapacidad el día 27 de octubre de 2011.
d. El 22 de junio de 2012 el señor Jorge Iván Pérez radicó ante COLPENSIONES
una solicitud de reconocimiento de la pensión de invalidez a la que considera
tener derecho.
e. Dicha solicitud fue denegada a través de Resolución No. GNR 006852 del
17 de noviembre de 2012, en la cual se le informó que no cumplía con el
requisito de de las 50 semanas cotizadas en los 3 años anteriores a la fecha de
estructuración.
f. Inconforme con lo resuelto, el actor interpuso recurso de reposición y
apelación en contra de dicha decisión.
g. Mediante Resolución No. GNR 052498 del 04 de abril de 2013 COLPENSIONES
resolvió en forma negativa la solicitud de reposición. Pero en lo relacionado
con el recurso de apelación, destaca que éste nunca fue resuelto.
3.2. Material probatorio obrante en el
expediente
·
Copia del resumen de la historia
clínica del actor.
·
Copia del reporte de las semanas
cotizadas al SGSSP.
·
Copia del dictamen de pérdida de
la capacidad laboral expedido por la
Gerencia Nacional de Atención al Pensionado del ISS.
·
Copia de la cédula de ciudadanía
del señor Jorge Iván Pérez Orozco.
·
Copia de la
Resolución No. GNR 006852 del 07 de noviembre del año 2012.
·
Copia de la
Impugnación a la Resolución No. GNR 006852 del 07 de noviembre del año 2012.
3.3. Fundamentos jurídicos de la
solicitud de tutela
El señor Jorge Iván Pérez estima
vulnerados sus derechos fundamentales al mínimo vital y a la dignidad humana en
virtud de la negativa de COLPENSIONES en reconocerle el derecho a la pensión de
invalidez a la que se considera acreedor. Esto, en razón a que, en su criterio,
sí cuenta con las 50 semanas exigidas por la
Ley 100 de 1993, pues en sus registros aparecen cotizados 356 días, esto es, 50,85
semanas en los 3 años anteriores a la fecha determinada como de estructuración.
Considera que la entidad accionada le está
descontando un mes de cotización (4 semanas) que su empleador omitió pagar, de
forma que le está trasladando una carga que no era suya y que resulta
desproporcionada a la luz del ordenamiento constitucional vigente. Para
finalizar, indica que en su calidad de sujeto de especial protección constitucional
se le debe otorgar un trato preferencial y, en consecuencia, no deben obligarlo
a acudir a los mecanismos ordinarios de protección que no son lo
suficientemente expeditos como para evitar que, por la ausencia de recursos
económicos, se materialice un perjuicio de carácter irremediable para él y su
núcleo familiar.
3.4. Respuesta de la entidad accionada
A pesar de haber sido efectivamente
notificado del trámite de la presente acción, COLPENSIONES decidió no
contestarla y, por tanto, no expuso argumento, ni prueba alguna que desvirtuara
las afirmaciones del actor.
3.5.  Sentencia objeto de revisión
El Juzgado Promiscuo de Familia de Roldanillo,
Valle del Cauca, mediante providencia del 27 de noviembre de 2013 decidió
conceder el amparo a los derechos de petición y debido proceso del accionante
en razón a que verificó que el recurso de apelación que interpuso en contra de la
Resolución No. GNR 006852 del 7 de noviembre del año 2012 nunca fue resuelto,
pero denegó la protección solicitada con respecto a los derechos al mínimo
vital, vida digna y seguridad social, por cuanto consideró que en virtud de que
no existe una respuesta de fondo y definitiva que resuelva la situación
jurídica del actor, no es posible que el juez de tutela, cuya competencia es
excepcional, injiera en asuntos que aún están por resolver.
4.      Expediente T-4.235.293
4.1.   Hechos
a. La señora Marleny Daza Velasco fue vinculada por el municipio de
Caloto, Cauca, en calidad de empleada de planta desde el mes de enero de 2008,
fecha en la que se vinculó al SGSSP.
b. El 15 de agosto de esa misma anualidad, la actora sufrió un accidente
cardiovascular hemorrágico del cual derivó numerosas incapacidades médicas y
actualmente le es imposible laborar.
c. El 21 de julio de 2009, la
Gerencia Nacional de la Atención al Pensionado del ISS, en su seccional de
Valle del Cauca, le dictaminó a la accionante una pérdida de la capacidad
laboral de un 72,70% y fecha de estructuración del 15 de octubre de 2008.
d. El 28 de marzo de 2011, la señora Marleny Velasco presentó ante el ISS
una solicitud a efectos de obtener el reconocimiento de la pensión de invalidez
a la que estima tener derecho.
e. Mediante Resolución No. 101455 del 19 de agosto de 2011 el ISS denegó
la anterior solicitud, pues consideró que la accionante únicamente contaba con
40,71 semanas cotizadas, de las 50 requeridas, en los 3 años anteriores a la
fecha de estructuración de su invalidez.
f. Inconforme con lo resuelto, la actora interpuso recurso de reposición
y en subsidio apelación en contra de la anterior resolución, los cuales nunca
fueron resueltos.
g. El 26 de agosto de 2013, sin mediar una resolución a los recursos
inicialmente interpuestos y ante las reclamaciones de la accionante, COLPENSIONES
inició nuevo trámite a efectos de determinar la existencia o no del derecho
pensional reclamado y decidió reiterar su negativa en el reconocimiento de ese
derecho.
4.2. Material probatorio obrante en el
expediente
·
Copia de la cédula de ciudadanía
de la señora Marleny Daza Velasco.
·
Copia del reporte de las semanas
cotizadas al SGSSP.
·
Copia del dictamen de pérdida de
la capacidad laboral expedido por la
Gerencia Nacional de Atención al Pensionado del ISS.
·
Copia de la
Resolución No. 101455 del 19 de agosto de 2011.
·
Copia de la
Resolución No. 213875 del 26 de agosto de 2013.
·
Historia clínica de la señora
Marleny Daza Velasco.
·
Copia de las incapacidades médicas
de las que fue objeto la señora Marleny Daza.
·
Copia de escrito de impugnación presentado
en contra de la Resolución No. 101455 de 2011.
·
Certificado expedido por la
Oficina de Talento Humano del Municipio de Caloto
4.3.   Fundamentos jurídicos de la
solicitud de tutela
La señora Marleny Daza Velasco acudió a la
acción de tutela con el objetivo de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al mínimo vital, vida digna y seguridad social, en virtud de la
negativa de COLPENSIONES en reconocerle el derecho a la pensión de invalidez al
que, en su criterio, es acreedora. Al respecto, considera que si bien dentro de
los 3 años anteriores a la fecha de estructuración tan solo cuenta con 40,71 semanas
cotizadas, siguió cotizando con posterioridad a esta fecha. Por lo anterior,
estima que en virtud de la línea jurisprudencial que ha manejado la
Corte Constitucional sobre esta temática, resulta necesario (i) que le tengan
en cuenta las semanas cotizadas hasta la fecha del dictamen de PLC; y (ii) le
reconozcan el derecho pensional que urgentemente requiere por ostentar la
condición de sujeto de especial protección constitucional (tener 66 años y una
pérdida de la capacidad laboral del 72,70%) y no tener medios para procurarse
su propia subsistencia.
4.4. Respuesta de la entidad accionada
A pesar de haber sido efectivamente
notificado del trámite de la presente acción, COLPENSIONES decidió no
contestarla y, por tanto, no expuso argumento, ni prueba alguna que desvirtuara
las afirmaciones del actor.
4.5. Sentencias objeto de revisión
·
Fallo de primera instancia
El Juzgado Promiscuo del Circuito de
Caloto –Cauca–, en sentencia del 12 de noviembre de 2012 decidió denegar el
amparo a los derechos fundamentales solicitado por la accionante. Esto, en
razón a que, en su criterio, la peticionaria dejó pasar demasiado tiempo entre
la conducta que estima vulneradora de sus derechos, esto es, la
Resolución No. 101455 de 2011 y la presentación de la presente acción de
tutela, de forma que se incumplió con el requisito de inmediatez consustancial
a este especial mecanismo de protección. Adicionalmente, el a quo estima
que la accionante cuenta con otros mecanismos de protección a los que puede
acudir, los cuales, a su parecer, resultan completamente idóneos para procurar
la defensa de sus intereses.
·
Impugnación
Inconforme con lo resuelto, la ciudadana
Marleny Daza Velasco impugnó la decisión y solicitó su revocatoria en razón a
que, a su parecer, el juzgado de primera instancia no debió haber aplicado los
principios de subsidiaridad e inmediatez de forma tan estricta y que, por el
contrario, era menester que se tuviera en cuenta su condición de sujeto de
especial protección (por su edad de 66 años y estado de invalidez). Por lo
anterior, considera que era necesario concluir que: (i) resulta desproporcionado
exigirle el agotamiento de los mecanismos ordinarios de defensa, pues estos
demandan una gran cantidad de esfuerzo y tiempo, de los que por su condición no
tiene la posibilidad de disponer; y (ii) que si bien una gran cantidad de
tiempo transcurrió entre la actuación que se acusa de vulneradora de sus derechos
fundamentales y la interposición de la presente acción de amparo, esto no es
óbice para que, como lo ha indicado la jurisprudencia constitucional, dicha
acción pueda considerarse procedente ante la persistencia de la afectación y la
actualidad del daño que de ella puede surgir.
·
Fallo de segunda instancia
El Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Popayán, Sala Penal, mediante sentencia del 13 de diciembre de 2013 decidió
confirmar lo resuelto por el a quo. En sustento de su posición, expuso
que si bien en virtud de la condición de sujeto de especial protección sería
plausible realizar un estudio de procedibilidad más laxo, en el presente caso no
se evidencia que exista claridad con respecto a si la accionante cumple o no
con los requisitos legalmente establecidos a efectos de adquirir el derecho
pensional que reclama. Por lo anterior, considera que al no existir claridad
con respecto a la titularidad del derecho, es menester que la actora acuda a
los mecanismos ordinarios de defensa, de forma que sea posible determinar, a
partir de un estudio escrupuloso de las particularidades de su caso, si su
pretensión resulta procedente o no.
5. Expediente T-4.242.909
5.1. Hechos
a. En enero del año 2011, el señor Néstor Fabián García fue víctima de un
atraco con arma de fuego en el que recibió un disparo en la cabeza que le
produjo graves secuelas en su salud, entre las que resalta: “bradipsiquia”,
desorientación, así como pérdida de la visión en el ojo derecho y de audición
en el oído izquierdo.
b. A raíz de dicho acontecimiento, el accionante fue calificado con una pérdida
de la capacidad laboral del 61,35% y se le dictaminó fecha de estructuración
del 02 de enero de 2011.
c. En el transcurso de su vida, el actor ha cotizado un total de 228,57
semanas.
d. El 30 de julio de 2012, el señor Néstor Fabián solicitó el
reconocimiento y pago de la pensión de invalidez a la que estima tener derecho,
pero a través de Resolución No. GNR 004768 del 15 de noviembre de 2012 le fue
denegada su pretensión, pues se estimó que no cumplía con el requisito de las
50 semanas cotizadas en los 3 años anteriores a la fecha de estructuración.
e. Afirma que actualmente vive con sus padres, su hermana, los cuatro
hijos de su hermana y su hija, y que todos dependen económicamente del ingreso
de su padre, quien a pesar de devengar un millón de pesos mensuales, no cuenta
con la capacidad económica para procurarles las condiciones mínimas para una
subsistencia digna.
5.2. Material probatorio obrante en el
expediente
·
Copia de la
Resolución No. GNR 004768 del 15 de noviembre de 2012.
·
Copia de la cédula de ciudadanía
del señor Néstor Fabián García.
·
Copia de la historia clínica del
agenciado.
·
Copia de la notificación del
dictamen de PCL No. 1898 del 11 de abril de 2012.
·
Copia del acta de la diligencia
ampliación a los hechos de la acción de tutela, realizada por el Juzgado 35
Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá.
·
Copia del reporte de las semanas
cotizadas al SGSSP.
5.3. Fundamentos jurídicos de la
solicitud de tutela
El ciudadano Hugo Alberto Bermúdez en
calidad de agente oficioso del actor interpuso acción de tutela por considerar
vulnerados los derechos fundamentales del señor Néstor Fabián García a la
seguridad social, vida digna y mínimo vital, en razón a la negativa de COLPENSIONES
de reconocer y pagar el derecho a la pensión de invalidez al que estima tener
derecho. El actor considera que la entidad accionada no tuvo en cuenta las
especiales condiciones que circunscriben su caso y que no solo le otorgan la
condición de sujeto de especial protección constitucional (por ser una persona
joven, esto es, de 30 años de edad, y por su condición de invalidez), sino que,
en adición a ello, lo hacen acreedor a un trato preferencial.
5.4. Respuesta de la entidad accionada
A pesar de haber sido efectivamente
notificado del trámite de la presente acción, COLPENSIONES decidió no
contestarla y, por tanto, no expuso argumento, ni prueba alguna que desvirtuara
las afirmaciones del actor.
5.5. Sentencia objeto de revisión
El Juzgado 35 Penal del Circuito con
Funciones de Conocimiento de Bogotá, en sentencia del 2 de diciembre de 2013
decidió denegar el amparo solicitado, por considerar que en el presente caso (i)
el actor cuenta con otros mecanismos ordinarios de defensa y (ii) que si
bien ostenta la condición de sujeto de especial protección, no es posible
vislumbrar la inminente materialización de un perjuicio irremediable que
amerite la intervención excepcional del juez de tutela. Al respecto, destacó
que los padres del actor son quienes se han encargado de velar por su
subsistencia, de forma que sus necesidades más básicas se encuentran cubiertas.
5.6. Trámite en sede de revisión
Mediante auto del 2 de julio de 2014, el
despacho sustanciador decretó la práctica de unas pruebas a efectos de tener
mejores elementos probatorios a partir de los cuales poder realizar un
pronunciamiento con respecto al caso planteado.
En virtud de dicha actuación, se
recibieron, por parte de esta Corporación, los siguientes documentos:
-
Complementación de los hechos que
motivaron la presente acción, presentada por el agente oficioso del señor
Néstor Fabián García.
-
Dictamen 1898 del 11 de abril de
2012, realizado por la Gerencia Nacional de Atención al Pensionado del
Instituto Nacional de Seguros Sociales, en el que dictaminó la pérdida de
capacidad laboral del agenciado y la fecha de estructuración de su invalidez.
-
Reporte de semanas cotizadas por
el ciudadano Néstor Fabián García al Sistema General de Seguridad Social en
Pensiones.
6.      Expediente T-4.249.198
6.1. Hechos
a. El señor Noé Olaya Canizales, de 51 años de edad,  fue diagnosticado
con SIDA en el año 2001; a pesar de lo anterior, siguió laborando en forma
esporádica según se lo permitían sus capacidades hasta el año 2011.
b. Adicional a la patología que padece, actualmente ha desarrollado toxoplasmosis
cerebral, epilepsia y neumonía, enfermedades que actualmente le impiden
desenvolverse normalmente en el conglomerado social.
c. Mediante dictamen No. 2014 del 16 de marzo de 2011, el ISS calificó al
señor Noé Olaya Canizales con una pérdida de la capacidad laboral del 79.45% y
fecha de estructuración del 01 de enero de 2001.
d. El día 9 de mayo de 2011 el actor solicitó el reconocimiento de su
pensión de invalidez, pero ésta le fue denegada a través de Resolución No. 4062
del 11 de agosto de 2011, en cuanto se consideró que no cumplía con el
requisito de las 26 semanas cotizadas en el año anterior a la fecha de
estructuración (en aplicación de lo dispuesto en el 39 de la
Ley 100 –requisito existente antes de la modificación establecida en la
Ley 860 de 2003–).
e. Inconforme con lo resuelto, el señor Noé Olaya impugnó la anterior
resolución, pues, en su criterio, sí cumple el requisito que le es reprochado,
pues estuvo cotizando en forma ininterrumpida entre el mes de abril de 1999 y
diciembre de 2001.
f.  Hasta el momento de interposición de la presente acción de tutela, COLPENSIONES
ha omitido resolver la impugnación propuesta.
6.2. Material probatorio obrante en el
expediente
·
Copia del dictamen de pérdida de
la capacidad laboral No. 2014 del 16 de marzo de 2011, expedido por el ISS.
·
Copia de la cédula de ciudadanía
del señor Noé Olaya Canizales.
·
Copia de la
Resolución No. 4062 del 11 de agosto de 2011, mediante la cual se negó la
solicitud de reconocimiento del derecho a la pensión de invalidez del señor Noé
Olaya Canizales.
·
Copia del escrito de impugnación a
la Resolución No. 4062 de 2011.
·
Copia de la
Resolución No. GNR 140311 del 21 de junio de 2013, mediante la cual se
resolvió el recurso de apelación interpuesto en contra de la
Resolución No. 4062 del 11 de agosto de 2011.
·
Certificado de afiliación al
Sistema General de Seguridad Social en Salud, entre los periodos de Abril de
1999 y Diciembre del 2001.
·
Copia del reporte de las semanas
cotizadas al SGSSP.
·
Copia del acta de la declaración
realizada por la señora Olga Lucía Olaya Canizales con respecto a la condición
actual del accionante, quien se presentó en representación de los intereses del
señor Noé Olaya Canizales quien para el momento en que se realizó esta
diligencia se encontraba en un complicado estado de salud.
·
En sede de revisión el actor
allegó su historia clínica a efectos de que fuera valorada por esta Corporación
6.3.   Fundamentos jurídicos de la
solicitud de tutela
El accionante estima vulnerados sus
derechos fundamentales de petición, mínimo vital, seguridad social y vida
digna, en cuanto COLPENSIONES no solo negó su solicitud de reconocimiento
pensional, sino que, en adición a ello, no ha resuelto el recurso de
impugnación que interpuso contra dicha decisión.
Destaca que COLPENSIONES desconoce que él
en efecto cumple con el requisito de las 26 semanas en el año anterior a la
estructuración pues estuvo trabajando entre el año 1999 y el 2001.
Para finalizar, destaca que también se
hace omisión a que su enfermedad (SIDA) es una enfermedad de carácter
degenerativo, de forma que si bien fue diagnosticado en el 2001, él siguió
trabajando con posterioridad a esa fecha.
6.4. Respuesta de la entidad accionada
COLPENSIONES respondió a la presente
acción de tutela e informó que a través de Resolución No. GNR 140311 del 21 de
junio de 2013 resolvió el recurso de impugnación interpuesto en contra de la
Resolución No. 4062 de 2011, de forma que en la actualidad la pretensión del
actor se encuentra satisfecha y por tanto se materializó el fenómeno de
carencia actual de objeto por hecho superado.
6.5. Sentencia objeto de revisión
El Juzgado Segundo Penal del Circuito
Especializado de Ibagué, Tolima, mediante sentencia del 23 de octubre de 2013,
decidió denegar el amparo solicitado, toda vez que consideró que en el presente
caso la pretensión del accionante se encontraba satisfecha. Al respecto, indicó
que el recurso de apelación que se encontraba sin respuesta, actualmente ha
sido resuelto, por lo que la intervención del juez constitucional ya no es
necesaria.
7.      Expediente T-4.250.781
7.1.   Hechos
a. La ciudadana María Amparo Ramos Barbosa de 58 años de edad, hasta la
fecha, ha cotizado un total de 754 semanas al SGSSP.
b. La accionante se encuentra casada con el señor Miguel Eduardo Romo Arévalo
(de 72 años de edad) y afirma que ninguno de los dos cuenta con alguna fuente
de ingresos de la que puedan derivar la satisfacción de sus necesidades básicas
de subsistencia.
c. Indica que en la actualidad, tanto ella, como su cónyuge obtienen el
sustento de los aportes que esporádicamente les puede hacer su hija.
d. La señora María Amparo Ramos fue diagnosticada con numerosas
patologías entre las que se encuentran: síndrome de Perry, Parkinson secundario
no especificado, hipotiroidismo, hipertensión esencial primaria y desnutrición.
e. Mediante dictamen No. 201311260WW del 2 de mayo de 2013, COLPENSIONES
calificó a la actora con una pérdida de la capacidad laboral del 79,03% y fecha
de estructuración del 18 de julio de 2011.
f. A través de Resolución No. GNR 132561 del 18 de junio de 2013 COLPENSIONES
decidió denegar el reconocimiento a la pensión de invalidez solicitada por la
Señora María Amparo Ramos en razón a que ésta no cumple con el requisito de
las 50 semanas cotizadas en los tres años anteriores a la estructuración de la
invalidez.
7.2. Material probatorio obrante en el
expediente
·
Copia de la cédula de ciudadanía
de la señora Maria Amparo Ramos Barbosa.
·
Copia del dictamen No. 201311260WW
del 2 de mayo de 2013 de COLPENSIONES.
·
Copia de la
Resolución No. GNR 132561 del 18 de junio de 2013 de COLPENSIONES.
·
Copia del reporte de las semanas
cotizadas al SGSSP.
7.3. Fundamentos jurídicos de la
solicitud de tutela
El accionante considera vulnerados sus
derechos fundamentales a la seguridad social, mínimo vital y vida digna, en
razón a que COLPENSIONES le negó el reconocimiento del derecho a la pensión de invalidez
al que estima ser acreedora.
Al respecto, llama la atención en que ella,
por haber contado con más de 35 años de edad antes de la entrada en vigencia de
la Ley 100, tiene derecho a los beneficios contemplados en el régimen de
transición, esto es, pensionarse con tan solo 1000 semanas cotizadas en
cualquier tiempo, o 500 semanas en los últimos 20 años antes de alcanzar la
edad de jubilación (55 años).
Por lo anterior, considera que al serle
exigibles sólo 500 semanas, resulta necesario concluir que al contar en este
momento con 754, supera con creces el 75% establecido en el parágrafo segundo
del artículo 39 de la Ley 100 de 1993[1],
de forma que satisface el requisito de las 25 semanas cotizadas en los tres
años anteriores a la fecha de estructuración.
Adicionalmente, destaca que, en su
criterio, la jurisprudencia constitucional ha reconocido la posibilidad de
tomar la fecha del dictamen de pérdida de la capacidad laboral, como fecha a
partir de la cual se realiza el conteo de las 50 semanas en los tres años
anteriores. Por ello, solicita que ante la eventualidad de que su anterior
argumento sea considerado infundado, se le aplique este criterio, pues en
virtud de él, cuenta con 120 semanas en los tres años anteriores.
7.4. Respuesta de la entidad accionada
A pesar de haber sido efectivamente
notificado del trámite de la presente acción, COLPENSIONES decidió no
contestarla y por tanto, no expuso argumento, ni prueba alguna que desvirtuara
las afirmaciones del actor.
7.5.   Sentencias objeto de revisión
·
Fallo de primera instancia
El Juzgado Treinta y Seis Laboral del
Circuito de Bogotá, mediante sentencia del 24 de octubre de 2013 decidió
denegar el amparo invocado por la señora María Amparo Ramos, por cuanto consideró
que en el presente caso no es claro el que la accionante cumpla con los
requisitos legales y constitucionales[2]
para ser acreedora al régimen de transición y, por tanto, no estima plausible
tomar fundamento en el Decreto 758 de 1990. Adicionalmente, indica que incluso si
este se tuviera en cuenta, resulta evidente que la accionante completó las 750
semanas, esto es, el 75% de las semanas requeridas, con posterioridad a la
fecha de estructuración de la invalidez, por lo que tampoco se cumple con este
requisito.
Así mismo, llama la atención en que en el
presente caso no se vislumbra en forma indefectible la inminente
materialización de un perjuicio irremediable que amerite la excepcional
intervención del juez constitucional, pues consideró que tal y como lo expuso
la accionante en su escrito de tutela, ella y su esposo reciben recursos de su
hija, de los que derivan su subsistencia.
Para finalizar, en relación con la
pretensión subsidiaria de la tutela, destaca que ésta debe ser debatida a
través de un proceso ordinario que cuente con todas las garantías necesarias
para determinar si en efecto la fecha de estructuración cuestionada es errada y
no corresponde a la fecha en que perdió la capacidad para seguir laborando.
·
Impugnación
Inconforme con lo resuelto, la accionante impugnó
la anterior providencia, pues estimó que el juzgado de primera instancia
desconoció: (i) los argumentos en virtud de los cuales estima tener
derecho a la prestación social que reclama y (ii) que si bien su hija les
suministra recursos económicos, estos les son otorgados en forma esporádica y
no alcanzan para cubrir sus necesidades más básicas.
·
Fallo de segunda instancia
El Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá, Sala Laboral, mediante sentencia del cuatro (04) de diciembre de
2013 decidió confirmar lo resuelto por el a-quo. Consideró que en el
presente caso no se evidenciaba la inminente materialización de un perjuicio
irremediable; de forma que al existir otros mecanismos ordinarios de defensa a
través de los cuales es posible obtener la satisfacción de las pretensiones que
en esta sede plantea, la presente solicitud de amparo resulta improcedente.
II.      CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.
Competencia
La Corte Constitucional es competente para pronunciarse en
sede de revisión en relación con el presente fallo de tutela, de conformidad
con lo previsto en los artículos 86 y 241 de la
Constitución Política Colombiana, así como en los artículos 33 y siguientes
del Decreto 2591 de 1991 y las demás disposiciones pertinentes.
2.      Problemas jurídicos y planteamiento de los casos
Mediante los procesos de
tutela objeto de revisión, los distintos actores, en su condición de usuarios
del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, solicitan la protección
de sus derechos fundamentales a la seguridad social, mínimo vital y vida digna,
presuntamente vulnerados por las entidades demandadas, en razón a que les ha
sido negado el derecho a la pensión de invalidez, al que estiman ser acreedores.
A efectos de resolver los
casos planteados esta Corporación deberá
dar respuesta a los siguientes problemas jurídicos: (i) ¿se vulneran los
derechos fundamentales de los accionantes al aplicarse, en forma estricta, la
fecha de estructuración establecida en el dictamen de pérdida de la capacidad
laboral y desconocerse así los tiempos que cotizaron con posterioridad, esto
es, aquellos en virtud de los cuales logran demostrar que aquella no
corresponde al momento en que efectivamente perdieron la capacidad para seguir
trabajando?; (ii) ¿se vulneran los derechos fundamentales del actor al
transferírsele la carga de haber asumido el pago de las cotizaciones a
pensiones que su empleador dejó de cancelar?; (iii) ¿se desconocen las
garantías fundamentales de una persona cuando a pesar de contar con 49,71
semanas cotizadas en los 3 años anteriores a la fecha determinada como de
estructuración, se le aplica mecánicamente el requisito de las 50 semanas
contenido en el numeral 1 del artículo 39 de la Ley 100 de 1993 y se le deja en
una condición de absoluta indefensión?; (iv) ¿se vulneran los derechos
de un individuo al desconocerse la existencia de las 300 semanas que cotizó con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y que, ante la
ocurrencia de un evento en virtud del cual pierda su capacidad para seguir
laborando, lo hacen acreedor al derecho a la pensión de invalidez que reclama?
Para dar solución a estas
interrogantes, la Sala procederá a realizar un análisis de la jurisprudencia
constitucional sobre: (i) el derecho a la seguridad social y a la
pensión de invalidez, su concepto, naturaleza y protección constitucional; (ii)
el requisito de 50 semanas de cotización en los tres años anteriores a la fecha
de estructuración de la invalidez, exigibilidad y flexibilización en su
estudio; (iii) aplicabilidad del principio de favorabilidad para obtener
el reconocimiento de la pensión de invalidez; (iv) el derecho al mínimo
vital y su naturaleza cualitativa; y (v) la procedencia excepcional de
la acción de tutela cuando existen mecanismos ordinarios de protección.
3. El derecho a la seguridad social y
a la pensión de invalidez, concepto, naturaleza y protección constitucional.
Reiteración de jurisprudencia.
3.1. El Estado Colombiano, definido desde la Constitución
de 1991 como un Estado Social de Derecho, tiene a su cargo la obligación de
garantizar la eficacia de los principios y derechos consagrados en la
Constitución, no sólo desde una perspectiva negativa, esto es, procurando que
no se vulneren los derechos de las personas, sino que en adición de ello, se
encuentra compelido a tomar las medidas necesarias que permitan su efectiva
materialización y ejercicio.
En este orden de ideas, la seguridad social, concebida como un
instituto jurídico de naturaleza dual, esto es, que tiene la condición tanto de
derecho fundamental, como de servicio público esencial bajo la dirección,
coordinación y control del Estado[3],
surge como un medio a través
del cual se le garantiza a las personas el ejercicio de sus derechos subjetivos
fundamentales cuando se encuentran frente a la materialización de algún evento
o contingencia que mengüe su estado de salud, calidad de vida o capacidad económica, o que se constituya en un obstáculo para la normal
consecución de sus medios mínimos de subsistencia a través del trabajo.
Esta Corporación, en sentencia T-628 de
2007, estableció, en relación con la finalidad de la seguridad social, que ésta:
“guarda necesaria correspondencia con
los fines esenciales del Estado social de derecho como el servir a la comunidad; promover la
prosperidad general; garantizar la efectividad de los principios y derechos
constitucionales; promover las condiciones para una igualdad real y efectiva;
adoptar medidas a favor de grupos discriminados o marginados; proteger especialmente
a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se
encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta; y reconocer sin
discriminación alguna de la primacía de los derechos inalienables de la persona
como sujeto, razón de ser y fin último del poder político[4], donde el
gasto público social tiene prioridad sobre cualquier otra asignación[5]
Adicional a lo expuesto, es necesario destacar que el
concepto de “seguridad social” hace referencia a la totalidad de las medidas
que propenden por el bienestar de la población en lo relacionado con la
protección y cobertura de unas necesidades que han sido socialmente
reconocidas, por ello, con respecto al contenido de este especial derecho, el Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, en su Observación General No. 19 destacó
que:
“El derecho a la seguridad social incluye el derecho a
obtener y mantener prestaciones sociales, ya sea en efectivo o en especie, sin
discriminación, con el fin de obtener protección, en particular contra: a)
la falta de ingresos procedentes del trabajo debido a enfermedad, invalidez,
maternidad, accidente laboral, vejez o muerte de un familiar; b) gastos
excesivos de atención de salud; c) apoyo familiar insuficiente, en
particular para los hijos y los familiares a cargo.”
En reiteradas ocasiones, esta
Corporación ha señalado que la fundamentalidad de este especial derecho
encuentra sustento en el principio de dignidad humana y en la satisfacción real
de los derechos humanos, pues a través de este resulta posible que las personas
afronten con decoro las circunstancias difíciles que les obstaculizan o impiden
el normal desarrollo de sus actividades laborales y la consecuente recepción de
los recursos que les permitan ejercer sus derechos subjetivos.[6]
En ese orden de ideas, esta
Corporación, en sentencia T-200 de 2010, destacó que la importancia de este
derecho radica en que “su máxima realización posible es una condición
ineludible de la posibilidad real de goce del resto de libertades inscritas en
el texto constitucional” y, por tanto, se constituye en un elemento
esencial para la materialización del modelo de Estado que hemos acogido y que
nos define como una sociedad fundada en los principios de dignidad humana,
solidaridad, trabajo y prevalecía del interés general[7].
3.2. El derecho al reconocimiento y pago
de la pensión de invalidez, como medio a través del cual se materializa el
derecho fundamental e irrenunciable a la seguridad social en un caso específico,
se constituye en una prestación económica mensual que se reconoce a favor de
una persona que ha sufrido una limitación física o mental que ha mermado, en forma
considerable, su capacidad laboral y le impide, tanto el normal ejercicio de
sus derechos, como la consecución de los medios de subsistencia para sí y para
su núcleo familiar.[8]
Entre sus fines se encuentra permitir que las personas que, por el acaecimiento
de un determinado siniestro, no pueden procurarse un mínimo de sustento,
adquieran una fuente de ingresos que les permita sobrellevar con dignidad su
actual condición, de forma que les sea posible suplir los gastos de afiliación
al SGSSS y garantizarse de esta manera el acceso a la asistencia médica que
requieren.
Al respecto, resulta necesario
destacar que cuando se hace referencia a una merma considerable en la
capacidad laboral de una persona, la jurisprudencia ha reconocido que debe
materializarse una discapacidad que se manifieste a tal punto, que pueda ser subsumida
dentro del concepto de “invalidez”, esto es, que la afectación a la salud
física, mental, intelectual o sensorial de la persona sea lo suficientemente
grave como para impedir que ésta, no solo desarrolle una actividad laboral
remunerada y, así, pueda valerse por sí sola para subsistir dignamente, sino
que además le creé barreras infranqueables que cercenen su posibilidad de
injerir en forma plena y efectiva dentro de un conglomerado social.[9]
Ahora bien, la pérdida de la capacidad laboral de una persona
se establece a través de una evaluación de carácter técnico-científico, que
realizan las entidades autorizadas para el efecto por la
Ley, con respecto a: (i) el nivel de afectación que ha causado en la capacidad
laboral de un sujeto la ocurrencia de un determinado suceso; (ii) el origen de
esta situación; y (iii) la fecha en que se estructuró la invalidez (de haberse
materializado).[10]
Con respecto a la fecha de estructuración, el Decreto 917 de
1999 estableció que esta correspondía al momento en el que el individuo padece
de una “pérdida en su capacidad
laboral en forma permanente y definitiva”
y en el caso de las personas que padecen de enfermedades degenerativas, el
momento en el que el afiliado ve disminuidas sus capacidades físicas y mentales
en tal grado que se le hace imposible desarrollar la actividad económicamente
productiva en virtud de la cual derivaba su sustento diario, la cual debe estar
fundamentada en “la historia clínica, los exámenes clínicos y de ayuda
diagnóstica, y puede ser anterior o corresponder a la fecha de calificación”.
Al
respecto, se ha indicado que una persona solo puede entenderse como inválida
desde el momento en que a esta le es imposible procurarse por sí misma los medios
económicos de subsistencia; es decir, el estado de invalidez tiene relación directa
con el individuo del que se predica y con su contexto, de forma que es
necesario que se evalúe hasta qué punto se ven afectadas las aptitudes del
trabajador para desarrollar la labor en la que se desenvolvía.
De otro lado, se ha reconocido que la invalidez de una
persona solo puede entenderse constituida desde el momento en que le es
imposible procurarse los medios económicos de subsistencia de los que con
anterioridad derivaba su sustento[11];
es decir, que el estado de invalidez, por estar en relación directa tanto con el
individuo del que se predica, como con su contexto, debe ser evaluado a partir
de “patrones científicos que midan hasta qué punto el trabajador
queda afectado para desempeñar la labor [que desarrollaba] de acuerdo
con las características del mercado laboral”[12]
en el que se desenvuelve.
3.3. Ahora bien, para los trabajadores
dependientes, el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones (S.G.S.S.P.)
ha establecido una forma específica de realizar los aportes, esto es,
dividiendo la carga de asumirlos entre el trabajador y su empleador[13] y estableciendo en cabeza de
este último la responsabilidad de pagar, mediante el correspondiente descuento
del salario del trabajador, estos dineros ante la entidad encargada de
administrarlos.[14]
Adicionalmente, la Ley 100 de 1993 ha
consagrado en cabeza de las Entidades Administradoras de Pensiones (EAP)
diversos mecanismos a través de los cuales les es posible asegurar el pago de
los aportes que por alguna razón no les han sido efectivamente cancelados por
los empleadores[15],
de forma que ante el incumplimiento o mora de estos, las EAP están facultadas
por la Ley para imponer sanciones, así como para liquidar los valores adeudados[16] y para realizar el cobro
coactivo de sus créditos.[17]
Por lo anterior, se ha sostenido en forma reiterativa por la jurisprudencia de
esta Corporación[18],
que resulta inaceptable que ante la negligencia en el efectivo ejercicio de sus
funciones, las EAP trasladen al trabajador (parte más débil entre los sujetos
que participan en el S.G.S.S.P.) la carga de asumir el cobro de los dineros
adeudados, o aún peor, el pago de estos; pues dicha conducta equivaldría a
imputar al trabajador las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones
legales del empleador, así como la correlativa omisión de la EAP en su cobro[19].
En este orden de ideas, si es
obligación del empleador realizar los descuentos al trabajador y reportar a la
EAP el pago de estos dineros y si le corresponde a estas últimas realizar el
cobro correspondiente ante la eventual mora en la que el empleador pueda
incurrir, resulta evidente que el trabajador no tiene injerencia alguna en la
falta de pago de las cotizaciones requeridas a efectos de adquirir el derecho
pensional, razón por la cual imponerle a éste la responsabilidad de
materializar el efectivo traslado de las cotizaciones exigidas por la Ley, se
constituye en un requisito innecesariamente gravoso para el empleado y le
impone una barrera infranqueable para el goce de su derecho pensional, así como
del correlativo ejercicio de los demás derechos subjetivos que de él dependen.
4. El requisito de 50 semanas de
cotización en los tres años anteriores a la fecha de estructuración de la
invalidez, exigibilidad y flexibilización en su estudio
4.1. En relación con el requisito
establecido en el numeral primero del artículo 39 de la Ley 100 de 1993, esto
es, el relacionado con las 50 semanas que debe acreditarse han sido cotizadas
durante los tres años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez de
quien pretende el reconocimiento del derecho a este tipo de pensión, resulta
necesario destacar que si bien esta Corporación, en sentencia C-428 de 2009,
declaró su exequibilidad por los cargos analizados, y las sentencias que expide
esta Corte en ejercicio de su función de control abstracto de
constitucionalidad hacen tránsito a cosa juzgada[20] (por lo que son de imperativo
cumplimiento incluso para sí misma), esto no es óbice para que en una ocasión
futura pueda llegarse a cuestionar la misma norma por otros argumentos que no
hayan sido objeto de estudio en aquella ocasión.
Al respecto, esta Corte considera
necesario aclarar que en la sentencia C-428 de 2009 la Sala Plena se limitó a
determinar, en abstracto, la exequibilidad de la norma en comento únicamente frente
al cargo que cuestionó el acatamiento del principio de progresividad en materia
laboral (contenido en el artículo 53 de la Carta Política), pues consideró que
la modificación realizada, si bien incrementó el número de semanas requeridas a
efectos de adquirir el derecho a la pensión de invalidez, también aumentó el
tiempo en el cual estas podían ser aportadas al sistema. En otras palabras, la
cosa juzgada constitucional que se configuró con respecto a dicho requisito
está circunscrita al cargo analizado y no impide que, por vía de excepción[21], los jueces evalúen la
constitucionalidad de la norma y determinen si su aplicación en un caso en
concreto, desconoce principios constitucionales de mayor envergadura y hace
necesario que, en la práctica, se inaplique la norma a efectos de proteger el
ordenamiento superior.
En este orden de ideas, si bien esta
Corporación ha expresado que cuando quiera que exista un pronunciamiento de la
Sala Plena que implique la materialización del fenómeno de cosa juzgada, los
jueces deben abstenerse de aplicar la excepción de inconstitucionalidad, en el
presente caso la cosa juzgada que se constituyó con respecto al requisito
objeto de estudio fue relativa y, por tanto, permite o habilita al juez
constitucional para efectuar nuevos pronunciamientos al respecto, siempre y
cuando no se discutan los temas ya resueltos en la ratio decidendi de
dicha providencia.
4.2. En
relación con el requisito en comento, se llama la atención en que esta
Corporación en sentencia T-138 de 2012 decidió proteger los derechos
fundamentales de una persona con VIH/SIDA cuando ésta no cumplía con el
requisito de las 50 semanas, pero se encontraba muy cerca de hacerlo. En dicho
caso la actora contaba con 49 semanas cotizadas al sistema con anterioridad a
la fecha determinada como de estructuración de su invalidez y se consideró que,
en virtud del principio de solidaridad que rige el Sistema de Seguridad Social
en Colombia, así como a partir de la finalidad que cumple el requisito de los
mínimos de cotización[22],
resultaba desproporcionado aseverar que una persona ha contribuido lo
suficiente como para hacerse acreedora a una pensión de invalidez cuando ha
cotizado 50 semanas, pero no cuando tan solo ha aportado 49.
En aquella ocasión se indicó que para el caso de las
personas con VIH/SIDA y, en especial en el de la accionante (quien ostenta unas
condiciones que considera especialísimas y que habilitan para ese caso en
específico la excepcional intervención del juez constitucional), es posible
realizar un análisis del requisito de densidad en las cotizaciones desde una
perspectiva pro homine, de forma que a partir de las especiales
condiciones del actor, aquél se vea flexibilizado y racionalizado al punto de
que permita garantizar tanto los derechos fundamentales de las personas, en
especial la seguridad social y la vida en condiciones dignas, como la
efectividad del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, sin
desconocer su sostenibilidad.
Adicionalmente, con respecto al fallo en mención, la
Magistrada María Victoria Calle decidió aclarar su voto en cuanto se encontraba
en desacuerdo con la forma en que se limitó la aplicabilidad del precedente en
esa ocasión creado, pues en su criterio resultaba evidente que los supuestos de
hecho que dieron lugar a la decisión allí adoptada configuran tan solo una de
las diversas situaciones que pueden llegar a materializarse y generar así una
desprotección irrazonable y desproporcionada en las personas que se encuentran
en condición de discapacidad y que están “demasiado cerca” de cumplir con los
requisitos legales para acceder al derecho a la pensión de invalidez que
reclaman.
Destacó que las reglas allí desarrolladas permiten que
el juez constitucional determine, a partir de un juicio de ponderación, si las
semanas cotizadas por una persona, en conjunción con las condiciones
particulares que circunscriben su caso en concreto, pueden entenderse como
suficientes como para satisfacer el requisito de densidad de cotizaciones
exigido a efectos de hacerse acreedor al derecho a la pensión de invalidez,
destacando que como es natural en todo juicio de ponderación, entre más se
aleje el juez de las 50 semanas “…deberá aceptar que afecta con mayor
intensidad lo principios de uno de los extremos involucrados…”[23].
Ahora bien, también resulta necesario destacar que
esta Corte, más recientemente, en sentencia T-670 de 2013 conoció el caso de
una persona que tan solo contaba con 43,14 semanas de cotización al sistema
durante los 3 años anteriores a la estructuración de su invalidez y en aquella
ocasión la Sala Cuarta de Revisión decidió denegar el amparo solicitado, puesto
que consideró que en efecto no se veía satisfecho el requisito de densidad en
las cotizaciones, sin efectuar consideración alguna en relación con las
especiales circunstancias del actor, ni valorar la afectación que el
reconocimiento del derecho reclamado hubiera podido generar en el sistema. Se
destaca igualmente que en ese caso, el Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio
salvó el voto indicando que a pesar de que una interpretación ajustada a lo
taxativamente dispuesto por el ordenamiento jurídico permitiría llegar a la
conclusión arribada en esa ocasión por la Sala; se constituye en función del
juez constitucional armonizar el ordenamiento jurídico y, en virtud de postulados
de justicia material, permitir que personas inmersas en casos extremos como
aquél, no queden sometidas a un estado de desprotección absoluta.
En dicho salvamento de voto, adicionalmente se
realizaron pronunciamientos en relación con la sostenibilidad del sistema
asegurador y las condiciones particulares del actor, las cuales le llevaron a
concluir que en ese caso en particular habría resultado necesaria la
intervención excepcional del juez de tutela a efectos de inaplicar el requisito
de las 50 semanas y conceder el amparo deprecado.
4.3. Considera
la Sala que dado el precedente anteriormente referenciado, es necesario que se
aclare la situación jurídica particular de las personas que estando muy cerca
de adquirir el derecho a la pensión de invalidez, no satisfacen a cabalidad los
requisitos legalmente establecidos al respecto, pero se encuentran muy próximos
a cumplirlos, de forma que se evalúe si la condición de desprotección en la que
terminan viéndose inmersos se muestra desproporcionada e irrazonable.
Al respecto, debe ponerse de presente que en estos
casos, en los que se enfrenta el derecho de una persona afectada por una
discapacidad a adquirir una fuente de ingresos que le garantice un mínimo de
subsistencia, y la sostenibilidad del Sistema General de Seguridad Social en
Pensiones, no existe una respuesta única que se constituya en una regla general
y abstracta con la virtualidad de resolver la controversia. Por lo anterior, es
necesario que en cada caso en concreto el juez constitucional estudie las
condiciones particulares del actor y realice un juicio de ponderación que tenga
en cuenta los costos que inaplicar este tipo de requisitos, suponen para el
sistema y determine si la aplicación mecánica de la norma en estudio termina desconociendo
en forma desproporcionada los derechos fundamentales del accionante.
En este orden de ideas, el juez constitucional se
encuentra facultado para que, en aras de obtener la efectiva garantía y
protección de los intereses por los que propende el ordenamiento jurídico
superior, flexibilice el estudio de los requisitos en comento, de forma que en
el momento de determinar la titularidad del derecho reclamado se tengan en
cuenta la patologías de las que está siendo sujeto el actor, la cantidad de
semanas que acredita haber aportado al sistema y el contexto general en el que
se desarrolla su existencia (personas que dependen de él, fuentes alternativas
de ingresos, la condición de indefensión que le produce la enfermedad que lo afecta,
etc.). De forma que a partir de un juicio de valor que pondere en qué medida se
ven afectados los intereses en discusión (teniendo para ello como base lo
dispuesto por la Ley, esto es el requisito de las 50 semanas cotizadas en los
tres años anteriores a la fecha de estructuración), el juez constitucional determine
si es posible que se entienda satisfecho este requisito a pesar de no estar
efectivamente cumplido. Lo anterior, sin olvidar que entre más se aleje de su
plena satisfacción, en mayor medida se van a ver afectados los intereses
ubicados en el otro sector de la balanza y, por tanto, la carga argumentativa y
demostrativa que debe agotar se hace más exigente.
En conclusión, tal y como se indicó en su aclaración
de voto a la sentencia T-138 de 2012, esta Sala considera que debe existir “la
posibilidad de aplicar al excepción de inconstitucionalidad frente a casos
extremos pasa por la ponderación de las situaciones de cada controversia”,
de forma que “si bien el requisito tiene la estructura de una regla (si se
acreditan 50 semanas se accede al derecho, si son menos, no), su aplicación
puede llevarse a cabo en el plano de los principios que representa”.
5. Aplicabilidad del principio de
favorabilidad para obtener el reconocimiento de la pensión de invalidez.
Reiteración de jurisprudencia.
El artículo 53 de la Constitución Política
de Colombia hace una enunciación de los “principios fundamentales” en los que
se encuentra fundado el instituto jurídico del trabajo; entre ellos, resulta
necesario destacar, a efectos de analizar el problema jurídico planteado, el
normalmente referido como de “favorabilidad” y que aparece instituido en la
Carta Política como “la situación más favorable al trabajador en caso de
duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho”.[24]
Esta Corporación ha reconocido que dicho
principio solo resulta aplicable cuando se demuestra la existencia de una duda
seria y objetiva al momento de elegir entre dos o más normas (o
interpretaciones de las mismas) que resultan aplicables ante la materialización
de un mismo supuesto de hecho, y que implica que el juez tiene la obligación de
optar, previo despliegue de la carga argumentativa y demostrativa
correspondiente, por aquella que permite garantizar, en mayor medida, los
derechos de los trabajadores.
Ahora bien, en relación con la
normatividad que regula lo correspondiente al derecho a la pensión de
invalidez, se destaca que el artículo 6 del Decreto 758 de 1990[25] (norma anterior a la entrada en
vigencia del actual Sistema de Seguridad Social Integral estatuido en la Ley
100 de 1993) consagraba unos requisitos para adquirir este especial derecho, e
instituía que una persona se hacía acreedora a él, si había “cotizado para el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte,
ciento cincuenta (150) semanas dentro de los seis (6) años anteriores a la
fecha del estado de invalidez, o trescientas (300) semanas, en cualquier época,
con anterioridad al estado de invalidez”[26];
requisitos que pueden interpretarse como más beneficiosos que aquellos que
fueron introducidos en la Ley 100 de 1993 con posterioridad (incluso después de
sus numerosas modificaciones). Lo anterior, en cuanto se eliminó la posibilidad
de que tras acreditar una cierta cantidad de semanas en cualquier tiempo, en
caso de materializarse alguna contingencia que generara la pérdida de capacidad
laboral de la persona, fuera posible que ésta accediera al derecho pensional
que ha empezado a necesitar.
En virtud de lo anterior, y ante la evidencia de que
el nuevo sistema legal instituido en la Ley 100 de 1993 no previó un régimen
especial de transición a efectos de adquirir el derecho a la pensión de
invalidez, esta Corporación ha considerado necesario inaplicar la normativa
actual a efectos de dar primacía a los derechos fundamentales de los ciudadanos
y, así, aplicarles cuando quiera que la omisión del legislador de contemplar un
régimen intermedio que permitiera la transición de un modelo a otro afecte sus
derechos fundamentales, las normatividades que les resultan más favorables.
En este orden de ideas, la Corte Constitucional, en
numerosas ocasiones, ha determinado la aplicabilidad del Decreto 758 de 1990 en
los eventos en que se encuentra verificado que el accionante había satisfecho a
cabalidad, con anterioridad a la entrada en vigencia del nuevo Sistema General
de Seguridad Social en Pensiones, esto es, el 1 de abril de 1994, el requisito
de las 300 semanas de cotizaciones en el transcurso de su vida laboral, aun
cuando la fecha de estructuración se haya materializado en vigencia de la Ley
100 de 1993.
6. El derecho al mínimo vital y su
naturaleza cualitativa. Reiteración de jurisprudencia
El derecho fundamental al mínimo
vital ha sido reconocido por la jurisprudencia como una prerrogativa especial
que está íntimamente relacionada con los principios del Estado social de
derecho y dignidad humana, entre otros.
Se trata de un derecho que ha sido
usualmente identificado con una porción de los ingresos de la persona, que está
destinada a la financiación de sus necesidades más básicas y las de su núcleo
familiar, las cuales resultan indispensables para el efectivo ejercicio de sus
derechos y le permiten revestir su existencia de las condiciones que requiere
para desarrollar su dignidad como ser humano. En otras palabras, no basta
simplemente con garantizar el suministro de la totalidad de los elementos
necesarios para la subsistencia biológica de la persona, se trata de otorgarle
los medios para que éste pueda desarrollar su individualidad dentro de un
conglomerado social.[27]
En este sentido se ha reconocido que
la idea de un mínimo para la digna y autónoma subsistencia depende de una
valoración cualitativa de las condiciones especiales de cada persona, siendo
inaceptable un criterio que enumere y encuentre satisfechas sus necesidades
fisiológicas y desconozca así, las particularidades que circunscriben su
individualidad.
Resulta importante destacar que el
derecho fundamental al mínimo vital, a pesar de su estrecha relación con el
concepto de salario mínimo, no guarda identidad con este y, por tanto, existen
situaciones en las que proteger el salario mínimo de una persona no significa
garantizarle las condiciones básicas para que pueda vivir autónoma y
dignamente.
Al respecto en sentencia C-776 de 2003, la Corte
determinó que:
“El objeto del derecho fundamental al
mínimo vital abarca todas las medidas positivas o negativas constitucionalmente
ordenadas con el fin de evitar que la persona se vea reducida en su valor
intrínseco como ser humano debido a que no cuenta con las condiciones
materiales que le permitan llevar una existencia digna. Este derecho
fundamental busca garantizar que la persona, centro del ordenamiento jurídico,
no se convierta en instrumento de otros fines, objetivos, propósitos, bienes o
intereses, por importantes o valiosos que ellos sean. Tal derecho protege a la
persona, en consecuencia, contra toda forma de degradación que comprometa no
sólo su subsistencia física sino por sobre todo su valor intrínseco.”
Para finalizar, resulta pertinente
destacar que esta Corporación ha reconocido la existencia de unos requisitos
que permiten verificar o acreditar la existencia de una vulneración a este
especial derecho, entre ellas se distinguen: (i) que se vea afectada la
única fuente de ingresos de la persona, o que existiendo alguna otra, esta
resulte insuficiente para garantizar la cobertura de sus necesidades; y (ii)
que la afectación sea producto de un hecho injustificado y grave, que genere
una situación crítica tanto a nivel económico, psicológico y social en la vida
de la persona y su núcleo familiar.[28]
7.
Procedencia excepcional de la acción de tutela
cuando existen mecanismos ordinarios de protección. Reiteración de
jurisprudencia
La acción de tutela fue concebida como un mecanismo
jurisdiccional que tiende por la protección efectiva e inmediata de los
derechos fundamentales de los individuos y que se caracteriza por ostentar un
carácter residual o subsidiario y por tanto excepcional, pues se parte del
supuesto de que en un Estado social de derecho como el que se consagra en
nuestro ordenamiento superior, existen mecanismos ordinarios para asegurar la
protección de estos intereses de naturaleza fundamental. En este orden de
ideas, resulta pertinente destacar que el carácter residual de este especial
mecanismo obedece a la necesidad de preservar el reparto de competencias
establecido por la constitución a las diferentes autoridades y que se
fundamenta en los principios de autonomía e independencia judicial.[29]
Por lo anterior, y como producto del carácter subsidiario de
la acción de tutela, resulta necesario concluir que por regla general, tal
acción solo es procedente cuando el individuo que la invoca no cuenta con
ningún otro medio de defensa a través del cual pueda obtener la protección
requerida, o excepcionalmente, cuando a pesar de existir uno, éste resulta
ineficaz para garantizar la efectividad de los derechos fundamentales del
actor.
Al respecto, esta Corporación ha señalado que la ineficacia
de los mecanismos ordinarios puede derivarse de tres supuestos de hecho específicos,
cuales son: (i) cuando se acredita que a través de estos le es imposible
al actor obtener un amparo integral a sus derechos fundamentales y por tanto,
resulta indispensable un pronunciamiento por parte del juez constitucional que
resuelva en forma definitiva la litis planteada; (ii) cuando se
evidencia que la protección a través de los procedimientos ordinarios no
resulta lo suficientemente expedita como para impedir la configuración de un
perjuicio de carácter irremediable, caso en el cual el juez de la acción de
amparo se encuentra compelido a efectuar una orden que permita la protección
provisional de los derechos del actor, mientras sus pretensiones se resuelven
ante el juez natural; y (iii) cuando la persona que solicita el amparo
ostenta la condición de sujeto de especial protección constitucional y, por
tanto, su situación requiere de una especial consideración.
En este sentido, la jurisprudencia de esta Corte ha
establecido ciertos criterios con base a los cuales es posible determinar la
ocurrencia o no de un perjuicio que pueda tildarse de irremediable. Entre ellos
se encuentran: (i) se esté ante un daño inminente o próximo a
suceder, lo que exige un grado suficiente de certeza respecto de los hechos y
la causa del daño; (ii) de ocurrir, no existiría forma de repararlo; (iii)
el perjuicio debe ser grave, esto es, que conlleve la afectación de un
bien susceptible de determinación jurídica que se estime como altamente
significativo para la persona; (iv) se requieran medidas urgentes
para superar la condición de amenaza en la que se encuentra, las cuales deben
ser adecuadas frente a la inminencia del perjuicio y, a su vez, deben
considerar las circunstancias particulares del caso; y (v) las medidas
de protección deben ser impostergables, lo que significa que deben
responder a condiciones de oportunidad y eficacia, que eviten la consumación
del daño irreparable.[30]
IV. CASOS EN CONCRETO
1.
Examen de procedibilidad
Como
medida previa, antes de proceder con el estudio de fondo de los casos
planteados en esta sede, es necesario tener en cuenta que, tal y como se indicó
con anterioridad, por regla general la acción de tutela solo es procedente
cuando constituye el único mecanismo de defensa que permite la protección de
las garantías iusfundamentales del individuo, pero dicha regla encuentra
una excepción en los eventos en que se evidencia que, tras un estudio de las
condiciones fácticas del actor, se materializa al menos uno de los supuestos
que permiten la flexibilización del estudio de este requisito, esto es, (i)
que se prevea la inminente materialización de un perjuicio de carácter
irremediable que haga necesaria la intervención provisional o transitoria del
juez constitucional, o (ii) que se estime que el medio ordinario de
defensa existente no resulta lo suficientemente eficaz o idóneo como para
permitir la eventual definición de la controversia planteada y la consecuente
protección de los derechos fundamentales objeto de discusión.
De
ahí que tal y como lo ha reconocido en forma reiterada la jurisprudencia de
esta Corporación, la posibilidad de someter controversias relacionadas con el
reconocimiento del derecho a la seguridad social, en su faceta prestacional, a
consideración de los jueces de tutela, se encuentra restringida a la
materialización de situaciones de suyo excepcionales en las que imponerles a
los solicitantes la carga de acudir a los mecanismos ordinarios de protección
se constituye en una medida desproporcionada y que no se compadece de las
condiciones particulares de las que son sujetos.[31]
Por
lo anterior, la Sala realizará un estudio de los supuestos fácticos que
circunscriben cada uno de los casos objeto de estudio, esto es, considerará el
estado de salud de los peticionarios, su edad, capacidad para procurarse por sí
mismos los medios de subsistencia y las condiciones de sus núcleos familiares,
de forma que sea posible determinar la idoneidad de los mecanismos judiciales
ordinarios existentes.
Ahora
bien, en el presente caso se evidencia que lo que pretenden los diversos
accionantes es el reconocimiento de su derecho prestacional a la pensión de
invalidez, el cual consideran les ha sido negado en contravía de lo dispuesto
por el ordenamiento jurídico vigente y, en virtud de ello, actualmente indican
estarse viendo afectados por las diversas patologías que han reducido su
capacidad laboral en un porcentaje superior al 50%, las cuales en la gran
mayoría de los casos se constituyen en enfermedades catastróficas de carácter
degenerativo[32]
que se encuentran en estados muy avanzados e incluso terminales y, por tanto,
hacen completamente nugatoria la protección que se pueda otorgar si esta no es
procurada con la mayor diligencia posible.
Adicionalmente,
se destaca que los actores se encuentran completamente desprovistos de fuentes
alternativas de ingresos, pues no cuentan con las aptitudes requeridas para
desempeñarse en el mercado laboral y procurarse así, tanto un mínimo de
subsistencia como el pago de los aportes al S.G.S.S.S. a efectos de hacerse acreedores
a la atención en salud que sus patologías les exigen. E incluso, en algunos
casos, los actores se ven afectados por los efectos de la avanzada edad o de
una corta expectativa de supervivencia, razón por la cual se considera que en
estos casos los medios ordinarios de protección existentes resultan incluso aún
menos idóneos para otorgar en forma efectiva el amparo requerido y, por ello,
la tutela termina por constituirse en el único mecanismo en virtud del cual les
es posible obtener el reconocimiento del derecho que reclaman.
Por
todo lo anterior, resulta mandatorio concluir que ante la evidencia de que
exigirle a estas personas el agotamiento de un proceso jurisdiccional ordinario
puede resultar en exceso gravoso para el efectivo ejercicio de sus derechos
fundamentales, la acción de tutela resulta procedente para resolver la presente
controversia no solo como mecanismo transitorio, sino como una forma de
resolver en forma definitiva sobre sus pretensiones y determinar así si en su
cabeza recae la titularidad del derecho que reclaman.
2. Análisis de la vulneración iusfundamental
·
Expediente T-4.189.657
En el caso sub-examine se estudia la situación
jurídica de la ciudadana Sandra Patricia Avellaneda Velázquez, de 35 años de
edad, quien fue diagnosticada el día 28 de junio del 2011 con un adenocarcinoma
en estado metastásico dentro del intestino delgado y a quien, a partir de ello,
se dictaminó con una pérdida de capacidad laboral del 61,35% y fecha de
estructuración en el mismo momento del diagnóstico.
La accionante solicitó el reconocimiento al derecho a
la pensión de invalidez al que estima tener derecho, pero éste le fue denegado
en cuanto se estimó que no cumplió con el requisito de las 50 semanas cotizadas
durante los 3 años anteriores a la fecha que se determinó como de
estructuración de su pérdida de capacidad laboral.
La Sala evidencia que si bien la accionante, tal y
como lo informó Porvenir en su intervención a la presente acción de tutela, tan
solo cuenta con un total de 27 semanas cotizadas en los tres años anteriores a
la fecha de estructuración, también resulta diáfano que la fecha señalada en el
dictamen no representa el momento en que la accionante perdió, en forma
permanente y definitiva[33],
la capacidad para seguir procurándose a través del trabajo los medios para una
digna subsistencia. Lo anterior, pues ésta siguió aportando al Sistema General
de Seguridad Social en Pensiones con posterioridad a esta fecha una cantidad de
semanas muy superior a las 23 que le hacían falta, cotizaciones que no le
fueron tenidas en cuenta y que le permitirían cubrir, con creces, las 50
semanas que legalmente se ha exigido deben ser cotizadas a efectos de adquirir
el derecho a la pensión de invalidez.
Ahora bien, resulta necesario destacar que la
jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido la existencia de eventos en
virtud de los cuales el dictamen de determinación de la pérdida de capacidad
laboral se aparta de la realidad, razón por la cual se constituye en tarea del
juez constitucional verificar, a partir de los elementos probatorios que logre
recaudar, la fecha material o real de configuración de la invalidez, de forma
que sea posible realizar el cálculo de las semanas efectivamente cotizadas en
los tres años anteriores a este momento[34].
En este orden de ideas, en el presente caso se muestra diáfano que la
accionante siguió cotizando con posterioridad a la fecha en que se determinó su
invalidez, lo cual denota que ésta, aún después de la fecha fijada como de
estructuración, pudo seguir realizando cotizaciones al sistema y, por tal
motivo, se tomará como fecha de consolidación de la invalidez, aquella en la
cual se efectuó el correspondiente dictamen de invalidez, esto es, el 23 de
octubre de 2012.
De lo expuesto y lo efectivamente verificado del
material probatorio obrante en el expediente, la Sala encuentra acreditado que:
(i) la accionante en efecto presenta un pérdida de capacidad laboral superior
al 50%; (ii) con posterioridad a la fecha determinada como de estructuración de
su invalidez, la actora continuó efectuando cotizaciones al SGSSP; y (iii) que
teniendo como fecha de estructuración el momento en que se efectuó el dictamen
de invalidez, la accionante cuenta con más de 50 semanas cotizadas en los tres
años anteriores.
En consecuencia, al evidenciarse que: (i) las
especiales circunstancias de la accionante y de su núcleo familiar habilitan la
excepcional intervención del juez constitucional; y (ii) que a la luz de la
jurisprudencia de esta Corporación, la ciudadana Sandra Patricia Avellaneda
Velázquez cumple con los requisitos legalmente exigibles para hacerse acreedora
al derecho que reclama, se revocará lo dispuesto por el ad quem y, en su
lugar, se concederá el amparo reclamado en el sentido de ordenar el
reconocimiento y pago del derecho a la pensión de invalidez de la ciudadana
Sandra Patricia Avellaneda.
·
Expediente T-4.227.679
En relación con el presente caso, la Sala estudiará la
situación jurídica del ciudadano José Alfredo Herrera Caballero, de 48 años de
edad, quien a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, cuenta con
más de 300 semanas cotizadas al SGSSP y fue diagnosticado con Síndrome de
Inmuno-Deficiencia Adquirida en el año 2007, patología en virtud de la cual fue
dictaminado con un 67,90% de pérdida de capacidad laboral y con fecha de
estructuración de la invalidez del 28 de diciembre del 2009.
El 29 de abril de 2012, el actor solicitó el
reconocimiento del derecho a la pensión de invalidez a la que estima tener
derecho, pero este le fue denegado en cuanto se consideró, por parte de COLPENSIONES,
que no satisfacía a cabalidad el requisito de las 50 semanas cotizadas en los
tres años anteriores a la fecha de estructuración.
Al respecto, esta Sala considera que la entidad
accionada no realizó un estudio apropiado de las particularidades del caso y no
denotó que el actor, a pesar de no haberlo indicado expresamente en su
petición, y a pesar de no contar con ninguna semana cotizada en los tres años
anteriores a la fecha fijada como de estructuración de su invalidez, sí ostenta
más de 300 semanas cotizadas antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de
1993 y, por tanto, a la luz de la jurisprudencia constitucional y en virtud del
principio de favorabilidad, cumple a cabalidad con los requisitos legalmente
establecidos[35]
para hacerse acreedor al derecho a la pensión de invalidez que reclama.
Por lo anterior, la Sala revocará las sentencias de
instancia y en su lugar concederá el amparo a los derechos fundamentales del ciudadano
José Alfredo Herrera Caballero, en el sentido de ordenar a COLPENSIONES que
proceda al reconocimiento y pago del derecho a la pensión de invalidez al que
tiene derecho el accionante desde el momento en que se determinó la
estructuración de su invalidez.
·
Expediente T-4.233.182
A continuación, se estudia la situación del ciudadano
Jorge Iván Pérez Orozco, de 31 años de edad, quien fue diagnosticado con un
tumor cerebral del que derivó una pérdida de capacidad laboral del 72,30% con
fecha de estructuración del 27 de octubre de 2011.
El 22 de junio de 2012, el actor solicitó a COLPENSIONES
el reconocimiento del derecho a la pensión de invalidez al que considera tener
derecho, pero este le fue negado por cuanto se estimó que no había cumplido con
el requisito de las 50 semanas cotizadas en los tres años anteriores a la fecha
de estructuración. Al respecto, alega que él sí cumplió con este requisito,
pero que COLPENSIONES le está desconociendo el tiempo que laboró en marzo de
2011, pues tal y como aparece en los reportes de cotización, “su empleador
presenta deuda por no pago”.
Se llama la atención en que en el presente caso el
juez constitucional determinó el amparo de los derechos fundamentales de
petición y debido proceso en cuanto consideró que COLPENSIONES había omitido
dar resolución a la impugnación realizada por el accionante, del acto
administrativo que le negó el reconocimiento de su derecho pensional. A pesar
de lo anterior, la Sala estima que en virtud de las particularidades del caso y
del flagrante desconocimiento de las garantías fundamentales del actor, es
necesario que esta Corporación proceda con el estudio de fondo de su solicitud
y determine si en efecto es acreedor al derecho pensional que reclama.
Ahora bien, para la Sala resulta evidente que, a la
luz de la jurisprudencia constitucional sobre la materia, la obligación de
realizar el cobro de los aportes que injustificadamente se haya omitido pagar
por parte del empleador, se encuentra en cabeza de las entidades
administradoras de pensiones. Por lo anterior, se considera que, si se tienen en
cuenta las semanas que el ciudadano Jorge Iván Pérez Orozco  laboró en marzo de
2011, con respecto a las cuales su empleador de aquella época se encuentra en
mora, en efecto satisface a cabalidad el requisito de las 50 semanas cotizadas
dentro de los tres años anteriores a la fecha de estructuración, razón por la
cual se revocará lo dispuesto por los jueces de instancia y en su lugar se concederá
el amparo solicitado y se ordenará a COLPENSIONES el reconocimiento y pago de
la pensión de invalidez a la que el actor tiene derecho.
·
Expediente T-4.235.293
Con respecto a la situación de la ciudadana Marleny
Daza Velasco, de 67 años de edad, quien sufrió un accidente cardiovascular
hemorrágico y, en virtud de éste fue calificada con una pérdida de capacidad
laboral del 72,20% y fecha de estructuración del 15 de octubre de 2008, se
resalta que solicitó el reconocimiento a la pensión de invalidez a la que estima
tener derecho, pero le fue negada el 19 de agosto del año 2011, pues se
consideró que en los tres años anteriores a la fecha determinada como de
estructuración, tan solo cuenta con 40,71 semanas cotizadas y por tanto, no
satisface los requisitos legalmente exigibles para reconocer el derecho a la
pensión de invalidez en cabeza de una persona.
Al respecto, la Sala considera que si bien, tal y como
se indicó en la Resolución 101455 del 19 de agosto de 2011, la accionante tan
solo cuenta con 40,71 semanas cotizadas en los tres años anteriores a la fecha
en que se dictaminó la estructuración de su invalidez, se evidencia que la
fecha señalada en el dictamen no representa el momento en que la accionante
perdió, en forma permanente y definitiva[36],
la capacidad para seguir procurándose a través del trabajo los medios para una
digna subsistencia. Pues, con posterioridad a esta fecha, la accionante
continuó realizando sus cotizaciones al SGSSP y en total ha superado con creces
el requisito de las 50 semanas de cotización que debe verse satisfecho a
efectos de hacerse acreedora al derecho a la pensión de invalidez.
Ahora bien, se recuerda que la jurisprudencia de esta
Corporación ha reconocido la posibilidad de que el dictamen que determine la
pérdida de capacidad laboral de una persona se aparte de la realidad y por
ello, estableció en cabeza del juez constitucional la responsabilidad de
verificar la fecha material o real de configuración de la invalidez, de forma
que sea posible realizar el cálculo de las semanas efectivamente cotizadas en
los tres años anteriores a este momento[37].
Por lo anterior, y al verificarse que la accionante
siguió cotizando al SGSSP con posterioridad a la fecha que se determinó como de
estructuración de su invalidez, se concluye que ella, incluso después de esta
fecha tuvo la posibilidad de seguir efectuando cotizaciones y, por ello, debe
tomarse la fecha en que se efectuó el dictamen de invalidez, como la fecha en
que efectivamente se consolidó su pérdida de capacidad laboral, esto es, el 21
de julio de 2009.
A manera de conclusión, y en virtud de los argumentos
esbozados en la parte considerativa, se estima necesario concluir que la
ciudadana Marleny Velasco: (i) se encuentra en inmersa en condiciones fácticas
excepcionales que ameritan la especial intervención del juez constitucional; y
(ii) efectivamente cumplió a cabalidad con los requisitos que le eran exigibles
a efectos de obtener el reconocimiento del derecho pensional que reclama, pues
presenta una pérdida de capacidad laboral superior al 50% y, si se parte de la
idea de que su estructuración se materializó en la fecha de expedición del
dictamen de invalidez, satisface a cabalidad con el requisito de las 50 semanas
en los tres años anteriores.
En consecuencia, la Sala revocará lo dispuesto por los
jueces constitucionales de instancia y, en su lugar, concederá el amparo
deprecado en el sentido de ordenar a COLPENSIONES que reconozca y pague el
derecho a la pensión de vejez de la accionante, teniendo para ello como fecha
de estructuración el momento en que se produjo el dictamen de pérdida de
capacidad laboral.
·
Expediente T-4.242.909
En relación con el estudio del caso del ciudadano
Néstor Fabián García, de 30 años de edad, se destaca que éste fue víctima de un
incidente en el que recibió un disparo en la cabeza que le produjo graves
secuelas en su salud y del que derivó en una pérdida de capacidad laboral del
61,35%, con fecha de estructuración del 2 de enero de 2011.
El actor solicitó el reconocimiento del derecho a la
pensión de invalidez a la que estima tener derecho, pero le fue negado por COLPENSIONES
por cuanto consideró que no se encontraba satisfecho el requisito de las 50
semanas cotizadas en los tres años anteriores a la fecha determinada como de
estructuración de su invalidez y, por tanto, los supuestos fácticos necesarios
a efectos de proceder con el reconocimiento de este especial derecho no se
acreditaron.
Se destaca que de un estudio concienzudo del material
probatorio que reposa en el expediente, resulta evidente que si bien el actor,
tal y como lo indicó COLPENSIONES mediante Resolución No. GNR 004768 del 15 de
noviembre de 2012, no cumple con el requisito de las 50 semanas cotizadas con
anterioridad a la fecha en que se dictaminó la estructuración de su invalidez,
pues tan solo ostenta un total de 41,17 semanas. También es necesario concluir,
que la fecha determinada en el dictamen como de estructuración de su invalidez,
no representa el momento en el que el accionante se vio desprovisto, en los
términos del Decreto 917 de 1999, de la capacidad para seguir procurándose por
sí mismo los medios para una digna subsistencia. Esto, pues el actor siguió
aportando al SGSSP con posterioridad a esta fecha y, en virtud de ello, resulta
necesario concluir durante este periodo de tiempo aún no se había materializado
la pérdida de su capacidad laboral.
Ahora bien, de lo efectivamente verificado en el
expediente, la Sala encuentra acreditado que el actor realizó tantas
cotizaciones con posterioridad a la fecha en que se determinó su invalidez, que
si se toma como fecha de estructuración el momento en que se expidió el
dictamen de pérdida de la capacidad laboral, el actor satisface a cabalidad con
la totalidad de los requisitos establecidos para el reconocimiento del derecho
a la pensión de invalidez a la que considera ser acreedor.
En virtud de lo expuesto, la Sala considera que en el
caso del ciudadano Néstor Fabián García en efecto se materializan
circunstancias excepcionales que habilitan la intervención del juez
constitucional y, en consecuencia, por verificarse la efectiva satisfacción de
la totalidad de los requisitos legalmente exigibles para hacerse acreedor al
derecho a la pensión de invalidez que en esta sede se solicita, se revocará lo
dispuesto por los jueces de instancia y, en su lugar, se concederá el amparo deprecado
y se ordenará a COLPENSIONES el reconocimiento y pago del derecho a la pensión
de invalidez a la que el actor se hizo acreedor.
·
Expediente T-4.249.198
El ciudadano Noé Olaya Canizales, de 51 años de edad,
fue diagnosticado con Síndrome de Inmuno-Deficiencia Adquirida en el año 2001.
Afirma que en virtud del estado de inmuno-depresión en el que se encuentra
inmerso, actualmente padece de numerosas patologías adicionales de las cuales
ha derivado una pérdida de capacidad laboral del 79,46% y fecha de
estructuración de su invalidez del 1 de enero de 2001.
En el presente caso, se evidencia que el juez de
instancia consideró que no era necesario realizar un pronunciamiento de fondo
en cuanto se había materializado el fenómeno de carencia actual de objeto por
hecho superado, en razón a que la accionada, durante el trámite de la presente
acción, dio efectiva respuesta a los requerimientos planteados por el actor.
Al respecto, la Sala considera que la manera en que el
juzgado de instancia resolvió la litis planteada no resulta acorde con
el goce efectivo de los derechos fundamentales del actor, toda vez que no
verificó ni evaluó que la respuesta de COLPENSIONES determinó negar nuevamente
el derecho reclamado sin valorar extensivamente las particularidades de las que
es sujeto y aplicando estricta y mecánicamente la fecha de estructuración
fijada en el dictamen de pérdida de la capacidad laborar.
Ahora bien, se encuentra probado en el expediente que
el 9 de mayo de 2011, el actor solicitó el reconocimiento del derecho pensional
al que estima tener derecho, pero le fue negado mediante Resolución No. GNR
140311 de 21 de junio de 2013, en cuanto COLPENSIONES consideró que no se
encontraba satisfecho el requisito contenido en el numeral primero del artículo
39 de la Ley 100 de 1993, esto es, el correspondiente a las 50 semanas
cotizadas en los tres años anteriores a la fecha determinada como de
estructuración de su invalidez.
En relación con lo anterior, evidencia la Sala que si
bien en efecto el actor no cuenta con las 50 semanas cotizadas en los tres años
anteriores al momento en el que se determinó que había acaecido la pérdida de
su capacidad laboral, de lo efectivamente probado en el expediente, resulta diáfano
que el actor con posterioridad a esta fecha siguió laborando y realizando
cotizaciones según sus capacidades se lo permitían. De lo anterior, se infiere
que la fecha establecida en el dictamen como el momento en el que el actor
perdió, en forma permanente y definitiva, la capacidad de procurarse los medios
básicos de subsistencia no corresponde con la fecha en la que éste en efecto se
vio imposibilitado para seguir laborando.
Se reitera, que esta Corporación en los eventos en los
que se ha demostrado que la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad
laboral no corresponde con la realidad, ha establecido en cabeza del juez
constitucional la obligación de determinar, a partir de los elementos
probatorios que a bien tenga, la fecha en que efectivamente el actor se vio
imposibilitado para seguir procurándose los medios para una digna subsistencia
a través del trabajo, de forma que le sea posible entrar a realizar el cálculo
de las 50 semanas cotizadas en los tres años anteriores a la fecha en que indudablemente
se estructuró la invalidez.
En este orden, en virtud de que se encuentra
acreditado que el actor continuó ejerciendo sus labores con posterioridad a la
fecha que se dictaminó como de estructuración de su invalidez y que si te toma
como fecha de estructuración el momento en el que se expidió el dictamen de pérdida
de capacidad laboral, esto es, el 16 de marzo de 2011, sí se satisface a
cabalidad el requisito de las 50 semanas cotizadas en los tres años anteriores.
Verificado en el caso concreto, el efectivo
cumplimiento de todos los requisitos legalmente establecidos para adquirir el
derecho a la pensión de invalidez que es reclamado por vía de la tutela
constitucional, la Sala procederá a revocar lo dispuesto por el juez de tutela
y, en su lugar, concederá el amparo solicitado por el ciudadano Noé Olaya
Canizales y ordenará a COLPENSIONES que se le reconozca y pague el derecho a la
pensión de invalidez a la que el actor se hizo acreedor.
·
Expediente T-4.250.781
Para finalizar, en relación con el caso de la
ciudadana María Amparo Ramos Barbosa de 58 años de edad, se vislumbra que ésta
ha sido diagnosticada con numerosas patologías de las que ha derivado una
pérdida de capacidad laboral del 79,03% y fecha de estructuración del 18 de
julio de 2011.
La accionante radicó ante COLPENSIONES una solicitud
de reconocimiento y pago del derecho a la pensión de invalidez al que estima
tener derecho, pero éste le fue negado pues, en criterio de la autoridad
administrativa accionada, la actora no satisfizo a cabalidad el requisito de
las 50 semanas cotizadas en los tres años anteriores a la fecha determinada
como de estructuración de su invalidez, requisito sine qua non el
reconocimiento de este especial tipo de derechos resulta improcedente.
En esta ocasión se destaca que si bien la accionante,
tal y como lo indicó COLPENSIONES en Resolución GNR 132561 del 18 de junio de
2013, no cumple con el requisito de las 50 semanas cotizadas durante los tres
años anteriores a la fecha determinada como de estructuración de su invalidez,
se evidencia que ésta sí registra un total de 49,71 semanas si se tienen en
cuenta las 4,29 semanas que figuran como “en deuda por no pago del subsidio por
el Estado”, las cuales a la luz de la jurisprudencia de esta Corte no pueden
ser desconocidas por las administradoras de pensiones, excusándose en su propia
negligencia en el uso de los mecanismos que ha creado la Ley para ejercer su
cobro, pues de permitirse tan reprochable accionar se trasladaría la carga de
efectuar los aportes a la parte del SGSSP más desprovista de los medios para
efectuarlos.
Se destaca igualmente que con posterioridad a este
momento, la actora siguió realizando los aportes al SGSSP hasta que sus
capacidades le permitieron seguir haciéndolo (inicialmente a través de los
subsidios del Estado, y luego empleándose para efectuar labores que aún se
encontraba en la capacidad de hacer; superando así, con creces, el total de
semanas requerido por la legislación laboral a efectos de hacerse acreedora al
derecho a la pensión de invalidez que reclama.
En este orden de ideas, la Sala considera
indispensable que en esta oportunidad, dado el precedente sentado por la Corte
en sentencia T-138 de 2012 y a partir de lo expuesto en la parte considerativa
de la presente providencia, se aplique por analogía, en virtud del principio de
solidaridad y a partir de una interpretación pro homine del ordenamiento
jurídico, el marco de protección que se otorgó en esa ocasión a una persona que
padece de VIH/SIDA y es objeto de determinadas circunstancias particulares, a
aquellas que, encontrándose en condiciones de debilidad manifiesta como
producto de las patologías que los afectan, hayan reunido una cantidad de
semanas considerablemente cercana a la requerida antes de la fecha de
estructuración.
Lo que en este caso se traduce en autorizar que, a
partir de un estudio de las condiciones particulares de la accionante, esto es,
su alto porcentaje de pérdida de capacidad laboral[38],
lo cerca que estuvo de satisfacer plenamente el requisito (pues solo le
faltaron 0,29 semanas, o lo equivalente a dos días de cotizaciones) y sus
condiciones familiares[39],
se entienda satisfecho el requisito de las 50 semanas cotizadas con
anterioridad a la fecha de estructuración, con las 49,71 que acredita haber
cotizado.
En consecuencia, por reunir la totalidad de los
requisitos que le eran exigibles, la Sala procederá a revocar las decisiones de
instancia, para, en su lugar, conceder el amparo reclamado por la ciudadana
María Amparo Ramos Barbosa y ordenar a COLPENSIONES que proceda con el
reconocimiento y pago del derecho a la pensión de invalidez a la que se ha
reconocido es acreedora.
V.      DECISIÓN
Con fundamento en las consideraciones expuestas, la
Sala Octava de Revisión de la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO.- LEVANTAR la suspensión de términos que fue decretada durante el
trámite de revisión de los presentes expedientes.
SEGUNDO.- REVOCAR los fallos proferidos en primera
instancia el dos (02) de octubre de dos
mil trece (2013) por el Juzgado Setenta y Dos Civil Municipal de Bogotá y, en
segunda instancia, el doce (12) de noviembre de dos mil trece (2013), por el
Juzgado Trece Civil del Circuito de Bogotá, en
el trámite de la acción de tutela interpuesta por la ciudadana Sandra
Patricia Avellaneda Velásquez en contra de Seguros Alfa, Porvenir
Administradora de pensiones y otros y, en
consecuencia, CONCEDER el amparo
de sus derechos fundamentales al mínimo vital, seguridad social y a la vida en
condiciones dignas.
TERCERO.- ORDENAR a PORVENIR
Administradora de Pensiones que dentro del
término de cuarenta y ocho (48)
horas siguientes a la
notificación de la presente providencia, proceda a expedir un acto mediante el cual reconozca y
se comience a pagar la pensión de invalidez a la ciudadana Sandra Patricia
Avellaneda Velásquez, desde la
fecha en que se expidió el dictamen de pérdida de su capacidad laboral y, por
tanto, a la luz de lo dispuesto en esta providencia, cumplió a cabalidad con
los requisitos para adquirir el estatus pensional. Lo anterior, sin
exigirle el cumplimiento de requisitos adicionales que no estén previstos en la
Constitución o en la Ley.
CUARTO.- REVOCAR
los fallos
proferidos en primera instancia el
veintiocho (28) de octubre de dos mil trece (2013) por el Juzgado Veintinueve
Laboral del Circuito de Bogotá y, en segunda instancia, el diez (10) de
diciembre de dos mil trece (2013), por la Sala Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, en el trámite de la
acción de tutela interpuesta por el ciudadano José Alfredo Herrera
Caballero en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES) y, en consecuencia,
CONCEDER el amparo de sus derechos fundamentales al
mínimo vital, seguridad social y a la vida en condiciones dignas.
QUINTO.- ORDENAR a COLPENSIONES
que, dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de
la presente providencia, proceda a expedir un acto mediante el cual se
reconozca y se comience a pagar la pensión de
invalidez al ciudadano
José Alfredo Herrera Caballero desde la fecha en que se estructuró su pérdida de
capacidad laboral y, por tanto, a la luz de lo dispuesto en esta providencia,
adquirió el estatus pensional reclamado. Lo anterior, sin
exigirle el cumplimiento de requisitos adicionales que no estén previstos en la
Constitución o en la Ley.
SEXTO.- REVOCAR
PARCIALMENTE el
fallo proferido en única instancia el
veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013) por el Juzgado Promiscuo
de Familia de Roldanillo, Valle del Cauca, en el
trámite de la acción de tutela interpuesta por el ciudadano Jorge Iván
Pérez Orozco en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones
(COLPENSIONES) y, en consecuencia, CONCEDER adicionalmente
el amparo de sus derechos
fundamentales al mínimo vital, seguridad social y a la vida en condiciones
dignas.
SEPTIMO.- ORDENAR a COLPENSIONES
que, dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de
la presente providencia, proceda a expedir un acto mediante el cual se
reconozca y comience a pagar la pensión de
invalidez al ciudadano
Jorge Iván Pérez Orozco desde la fecha en que se
estructuró su pérdida de capacidad laboral y, por tanto, a la luz de lo
dispuesto en esta providencia, adquirió el estatus pensional reclamado. Lo
anterior, sin exigirle el cumplimiento de requisitos adicionales que no estén
previstos en la Constitución o en la Ley.
OCTAVO.- REVOCAR
los fallos
proferidos en primera instancia el doce
(12) de noviembre de dos mil doce (2012) por el Juzgado Promiscuo del Circuito
de Caloto –Cauca– y en segunda instancia, el trece (13) de diciembre de dos mil
trece (2013), por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Popayán, en el trámite de la acción de tutela
interpuesta por la ciudadana Marleny Daza Velasco en contra de la
Administradora Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES) y, en consecuencia, CONCEDER el amparo
de sus derechos fundamentales al mínimo vital, seguridad social y a la vida en
condiciones dignas.
NOVENO.- ORDENAR a COLPENSIONES
que, dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de
la presente providencia, proceda a expedir un acto mediante el cual se
reconozca y comience a pagar la pensión de
invalidez a la
ciudadana Marleny Daza Velasco desde la fecha en
que se expidió el dictamen de pérdida de su capacidad laboral y, por tanto, a
la luz de los dispuesto en esta providencia, cumplió a cabalidad con los
requisitos para adquirir el estatus pensional. Lo anterior, sin
exigirle el cumplimiento de requisitos adicionales que no estén previstos en la
Constitución o en la Ley.
DECIMO.- REVOCAR
el fallo
proferido en única instancia el dos (02)
de diciembre de dos mil trece (2013) por el Juzgado 35 Penal del Circuito con
Funciones de Conocimiento de Bogotá, en el
trámite de la acción de tutela interpuesta por el ciudadano Hugo Alberto
Bermúdez en calidad de agente oficioso del señor Néstor Fabián García Hernández
en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES) y, en consecuencia,
CONCEDER el amparo de sus derechos fundamentales al
mínimo vital, seguridad social y a la vida en condiciones dignas.
DECIMO PRIMERO.- ORDENAR a COLPENSIONES que,
dentro del término de cuarenta
y ocho (48) horas siguientes
a la notificación de la presente providencia,
proceda a expedir un acto mediante
el cual se reconozca y comience a pagar la pensión de invalidez del ciudadano Néstor Fabián García Hernández desde la fecha en que se expidió el dictamen de
pérdida de su capacidad laboral y, por tanto, a la luz de los dispuesto en esta
providencia, cumplió a cabalidad con los requisitos para adquirir el estatus
pensional. Lo anterior, sin exigirle el cumplimiento de requisitos
adicionales que no estén previstos en la Constitución o en la Ley.
DECIMO SEGUNDO.- REVOCAR el fallo proferido en única instancia el veintitrés (23) de octubre de dos mil trece (2013) por el Juzgado Segundo Penal del Circuito
Especializado de Ibagué –Tolima–, en el trámite
de la acción de tutela interpuesta por el ciudadano Noé Olaya Canizales
en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES) y, en consecuencia,
CONCEDER el amparo de sus derechos fundamentales al
mínimo vital, seguridad social y a la vida en condiciones dignas.
DECIMO TERCERO.- ORDENAR a COLPENSIONES que,
dentro del término de cuarenta
y ocho (48) horas siguientes
a la notificación de la presente providencia,
proceda a expedir un acto mediante
el cual se reconozca y comience a pagar la pensión de invalidez del ciudadano Noé Olaya Canizales desde la fecha en que se expidió el dictamen de pérdida de su capacidad
laboral y, por tanto, a la luz de lo dispuesto en esta providencia, cumplió a
cabalidad con los requisitos para adquirir el estatus pensional. Lo anterior, sin
exigirle el cumplimiento de requisitos adicionales que no estén previstos en la
Constitución o en la Ley.
DECIMO CUARTO.- REVOCAR los
fallos proferidos en primera instancia el
veinticuatro (24) de octubre de dos mil trece (2013) por el Juzgado Treinta y
Seis Laboral del Circuito de Bogotá y, en segunda instancia, el cuatro (04) de
diciembre de dos mil trece ( 2013), por la Sala Laboral del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá, en el trámite
de la acción de tutela interpuesta por la ciudadana María Amparo Ramos
Barbosa en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES) y, en consecuencia,
CONCEDER el amparo de sus derechos fundamentales al
mínimo vital, seguridad social y a la vida en condiciones dignas.
DECIMO QUINTO.- ORDENAR a COLPENSIONES
que, dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de
la presente providencia, proceda a expedir un acto mediante el cual se
reconozca y comience a pagar la pensión de
invalidez a la
ciudadana María Amparo Ramos Barbosa desde la
fecha en que se estructuró su pérdida de capacidad laboral y, por tanto, a la
luz de lo dispuesto en esta providencia, adquirió el estatus pensional
reclamado. Lo anterior, sin exigirle el cumplimiento de requisitos
adicionales que no estén previstos en la Constitución o en la Ley.
DECIMO
SEXTO.- Por Secretaría General de
esta Corporación, LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo
36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Cópiese,
Notifíquese, insértese en la gaceta de la Corte Constitucional y Cúmplase,
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Magistrada (e)
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
ANDRES MUTIS VANEGAS
Secretario General (e)
[1]
Norma que establece la posibilidad de que las personas que
hayan cotizado más del 75% de las semanas que requieren para acceder al derecho
a la pensión de vejez, puedan hacerse acreedores a una pensión de invalidez con
tan sólo 25 semanas cotizadas en los tres años anteriores a la fecha de
estructuración de su invalidez.
[2]
Contemplados tanto en el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993 como en el Acto Legislativo 01 de 2005.
[3]
Artículo 48 de la
Constitución Política de Colombia.
[4]
“Artículos 2, 13, 5 de la
Constitución. Véase la sentencia C-575 de 1992.”
[5]
“Artículo 366 de la
Constitución.”
[6]
Ver, entre otras, las sentencias T-032 de 2012; T-072 de 2013 y T-146 de 2013.
[7]
Constitución Política de Colombia, Artículo 1.
[8]
Ver entre otras, las Sentencias: T-461 de 2012; T-146 de 2013.
[9]
Ver entre otras, las Sentencias: T-262 de 2012; T-022 de 2013.
[10]
Corte Constitucional. Sentencia T-022 de 2013. Magistrado
Ponente: María Victoria Calle Correa.
[11]
Corte Constitucional. Sentencia T-262 de 2012. Magistrado Ponente: Jorge Iván
Palacio Palacio.
[12]
Corte Suprema de Justicia. Sentencia 17187 del 27 de noviembre de 2001.
Magistrado Ponente: German Valdez Sánchez.
[13]
Artículo 20 de la Ley 100 de 1993.
[14]
Artículo 22 de la Ley 100 de 1993
[15]
Artículos 23, 24, 53 y 57 de la Ley 100 de 1993
[16]
Liquidación que a la luz del artículo 24 de la Ley 100 de 1993 presta merito
ejecutivo.
[17]
Artículo 57 de la Ley 100 de 1993.
[18]
Corte Constitucional. Sentencias C-177 de 1998, T-363 de 1998, T-106 de 2006,
T-920 de 2010, T-855 de 2011 y T-726 de 2013.
[19]
Corte Constitucional. Sentencia T-726 de 2013.
[20]
Fenómeno que tiene por finalidad impedir que los
funcionarios judiciales conozcan, tramiten y resuelvan sobre un tema que ya ha
sido objeto de un pronunciamiento previo y, así, dotar de seguridad a las
relaciones jurídicas entre particulares y entre éstos y las autoridades
estatales. Al respecto, se ha señalado que este fenómeno puede
materializarse en forma “absoluta” o “relativa”, la primera, se da cuando el
pronunciamiento que realiza esta Corporación en sede de control abstracto de
constitucionalidad, no se encuentra limitado por la propia sentencia, es decir,
que implica la exequibilidad o inexequibilidad de la norma frente a la
totalidad del ordenamiento constitucional; y la segunda, cuando el juez
constitucional limita los efectos de la decisión, dejando abierta la
posibilidad para que en un futuro se formulen nuevos y diferentes cargos de
inconstitucionalidad contra la norma que fue objeto de estudio (Sentencia C-332
de 2013,).
[21]
En sentencia C-122 de 2011, esta Corporación destacó que: “La excepción de inconstitucionalidad o el
control de constitucionalidad por vía de excepción, se fundamenta en la
actualidad en el artículo 4º de la Constitución, que establece que  “La
Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la
Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones
constitucionales…”. Esta norma hace que nuestro sistema de control de
constitucionalidad sea calificado por la doctrina como un sistema mixto ya que
combina un control concentrado en cabeza de la Corte Constitucional y un
control difuso de constitucionalidad en donde cualquier autoridad puede dejar
de aplicar la ley u otra norma jurídica por ser contraria a la Constitución. De
otra parte hay que tener en cuenta que el control por vía de excepción lo puede
realizar cualquier juez, autoridad administrativa e incluso particulares que
tengan que aplicar una norma jurídica en un caso concreto. Este tipo de control
se  realiza a solicitud de parte en un proceso judicial o ex officio por
parte de la autoridad o el particular al momento de aplicar una  norma
jurídica que encuentre contraria a la Constitución.  En
este caso se debe subrayar que la norma legal o reglamentaria que haya sido
exceptuada por inconstitucional no desaparece del sistema jurídico y continúa
siendo válida ya que los efectos del control por vía de excepción son inter
partes, solo se aplican para el caso concreto y no anulan en forma definitiva
la norma que se considera contraria a la Constitución.”
[22]
Que propende por una proporcionalidad económica entre los
aportes realizados por un individuo y la posibilidad que este tiene de
beneficiarse de una prestación a cargo del sistema. Ver Sentencia T-138 de
2012.
[23]
En su aclaración de voto a la sentencia T-138 de 2012 destacó
que los principios y valores que componen los extremos en discusión son, por un
lado: la especial protección a las personas con discapacidad, el principio de
solidaridad, la equidad y los derechos fundamentales a la seguridad social en
pensiones y mínimo vital, al que se agrega la vida en condiciones dignas; y de
otro: la eficiencia económica
del sistema, el principio democrático que da un lugar preponderante al
Legislador en la configuración del derecho a la pensión, y el principio de
igualdad.
[24]
Al respecto, en sentencia C-168 de 1995, se indicó que: “De conformidad con este mandato, cuando
una misma situación jurídica se halla regulada en distintas fuentes formales
del derecho (ley, costumbre, convención colectiva, etc), o en una misma, es
deber de quien ha de aplicar o interpretar las normas escoger aquella que
resulte más beneficiosa o favorezca al trabajador. La favorabilidad opera,
entonces, no sólo cuando existe conflicto entre dos normas de distinta fuente
formal, o entre dos normas de idéntica fuente, sino también cuando existe una
sola norma que admite varias interpretaciones; la norma así escogida debe ser
aplicada en su integridad, ya que no le está permitido al juez elegir de cada
norma lo más ventajoso y crear una tercera, pues se estaría convirtiendo en
legislador.”
[25]
Mediante el cual se aprobó el Acuerdo 049 de 1990.
[26]
Literal “b)” del artículo 6 del Decreto 758 de 1990.
[27]
Consultar entre otras sentencias: T-211 de 2011, T-378 de 2012
y T-891 de 2013.
[28]
Corte Constitucional. Sentencia T-211 de 2011. Magistrado
Ponente: Juan Carlos Henao Pérez.
[29]
Corte Constitucional. Sentencia T-063 de 2013. Magistrado
Ponente: Luís Guillermo Guerrero.
[30]
Consultar entre otras sentencias: T-132 de 2006, T-463 de
2012, T-706 de 2012, T-063-13 y T-090 de 2013,
[31]
En sentencia T-453 de 2012 se recordó por parte de esta Corporación que el
estudio de procedibilidad puede ser flexibilizado cuando los sujetos que
reclaman el amparo constitucional ostentan la condición de sujetos de especial
protección constitucional, esto es, se trata de niños, personas de la tercera
edad, disminuidos físicos y sensoriales, madres cabeza de familia, desplazadas
por la violencia o quienes se encuentran en situación de extrema pobreza.
Destacándose que el juez constitucional tiene la labor de valorar la situación
particular del actor y determinar si, en virtud de dichas condiciones,
someterlo a los mecanismos judiciales ordinarios puede hacer que la protección
que aquellos le puedan otorgar resulte insuficiente o carezca de idoneidad para
cumplir con el propósito pretendido.
[32]
Entre las que se encuentran, S.I.D.A., cáncer, tumores
cerebrales y enfermedades cardiovasculares avanzadas.
[33]
Tal y como lo establece el Decreto 917de 1999 en su artículo 3°.
[34]
Corte Constitucional. Sentencia T-043 de 2014.
[35]
Artículo 6 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado mediante Decreto 758 de 1990.
[36]
Tal y como lo establece el Decreto 917de 1999 en su artículo 3°.
[37]
Corte Constitucional. Sentencia T-043 de 2014.
[38]
El cual fue dictaminado en un 79,03% y fue producto de las diversas patologías
que padece, esto es, síndrome de Perry,
Parkinson, hipotiroidismo, hipertensión y desnutrición.
[39]
Pues según se indicó en la sección de antecedentes de la
presente providencia, la actora tiene 58 años de edad, su esposo 72 y ninguno
de los dos cuenta con fuente alguna de ingresos de la que puedan derivar su
congrua subsistencia.