T-470-07
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
T-470/07
ACCION DE TUTELA CONTRA SALA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SUPERIOR DE
LA JUDICATURA-Caso en que no llamó a curso al
demandante
CONCURSO DE MERITOS PARA INGRESAR AL REGISTRO DE ELEGIBLES PARA EL
CARGO DE RELATOR DE CORPORACION NACIONAL
CONCURSO DE MERITOS PARA LA PROVISION DE CARGOS EN LA RAMA JUDICIAL-Factor de experiencia adicional se refiere a la que los aspirantes
acreditan por encima de la mínima requerida para el cargo
Dentro de los concursos de méritos para
la provisión de cargos de carrera en la Rama Judicial, el factor de experiencia
adicional se refiere a aquella que los aspirantes acreditan por encima de la
mínima requerida para el cargo. Para esos efectos, la experiencia profesional
se debe contabilizar a partir de la terminación del respectivo plan de
estudios, según las constancias oportunamente allegadas por el concursante. Si
el concursante únicamente aporta el título de abogado, pero no anexa
certificación sobre la fecha de terminación de estudios, la experiencia
profesional solamente podrá contabilizarse a partir de la fecha del grado. Para
que el cómputo se haga desde la terminación de estudios es preciso que el
concursante lo solicite así y allegue la respectiva constancia. Aunque podría
resultar admisible que un concursante se acoja a la disposición conforme a la
cual en las actuaciones públicas no es posible exigir a los particulares la
copia de documentos que la entidad tenga en su poder o a los que tenga la
facultad legal de acceder, no es menos cierto que para ello debe haber una
manifestación expresa del interesado, en la que conste esa circunstancia.
CONCURSO DE MERITOS PARA LA PROVISION DE CARGOS EN LA RAMA JUDICIAL-Experiencia profesional debe contabilizarse a partir de la
terminación de estudios
Si bien cabe señalar, como se hizo por
el Consejo de Estado que la experiencia profesional debe contabilizarse a
partir de la terminación de estudios, es preciso tener en cuenta que la razón
por la cual ello no ocurrió así en el caso del accionante fue la de que, en la
oportunidad prevista para ello, no se hizo una manifestación expresa sobre el
particular, ni se solicitó que se incorporara al expediente del concursante la
certificación que debía obrar en el registro Nacional de Abogados sobre la
fecha en la que terminó sus estudios de Derecho. Una solicitud en ese sentido
sólo se hizo en el escrito de adición al recurso de reposición, el cual resultaba
a todas luces extemporáneo.
CONVOCATORIA A CONCURSO DE MERITOS-Aplicación
de normas en relación con la oportunidad en la que debe presentarse la
documentación que acredite la experiencia adicional
Para la
Corte, la aplicación de las normas de la convocatoria en relación con la
oportunidad en la que debe presentarse la documentación que acredite la
experiencia que se pretenda hacer valer en el concurso debe ser estricta, aún
cuando ello pueda dar lugar a que no se asigne puntaje por tiempo de experiencia
profesional con el que efectivamente cuenten los concursantes. En criterio de
la Corte, esa consecuencia es legítima, pues es resultado de la omisión del
concursante y no de un proceder arbitrario de la entidad administradora del
concurso. En este caso, la Sala concluye que los concursantes tenían la carga
de presentar, de manera clara, oportuna y con los respectivos soportes, los
elementos que permitieran establecer su experiencia adicional. Sin embargo, el
accionante no allegó de manera oportuna certificación sobre la fecha de
terminación de estudios de su carrera de derecho, ni solicitó que para
acreditarla se tuviese en cuenta la constancia que reposaba en el Registro
Nacional de Abogados, así como tampoco solicitó oportunamente que su experiencia
profesional le fuese contabilizada desde esa fecha. Por consiguiente, no puede
considerarse que la actuación de la Sala Administrativa haya sido un acto
arbitrario y lesivo de los derechos fundamentales del accionante.
CONCURSO DE MERITOS-En la convocatoria
no estaba prevista la asignación de puntos por los estudios de pregrado en
carreras distintas/CONCURSO DE MERITOS-No puede solicitarse en tutela la
asignación de un puntaje específico
En relación con el factor de capacitación adicional, encuentra la
Sala que en la convocatoria no está prevista la asignación de puntos por los
estudios de pregrado en carreras distintas de aquella que constituye el
requisito mínimo del cargo. Para el accionante de esa circunstancia se deriva
una situación injusta, irrazonable y desproporcionada, porque si algún
concursante está en condiciones de acreditar haber realizado estudios de
pregrado, con la intensidad necesaria para obtener el título de tecnólogo en
una carrera que puede considerarse afín con las funciones del cargo para el
cual se aspira, no se entiende la razón por la cual no se le asignan puntos,
pero sí se hace lo propio cuando se acredita la terminación de un curso de
capacitación de sólo 40 horas de duración. Ciertamente la situación planteada
por el accionante sugiere algunos interrogantes en torno al diseño del concurso
y a la posibilidad de que dentro del mismo se hubiese incluido la asignación de
puntos a las situaciones como la que él describe. Sin embargo, ya en el trámite
del concurso no resulta posible solucionar, para casos individuales, la
eventual deficiencia que pudiese encontrarse en el diseño del concurso. Hacerlo
implicaría poner en marcha un ejercicio de discrecionalidad incompatible con la
naturaleza del proceso de selección. Así, por ejemplo, surge el interrogante en
torno a cual debería ser el puntaje a asignar en un caso como el que se plantea
por el accionante: ¿cuarenta puntos, como se solicita en el escrito de tutela,
que equivalen al puntaje previsto en la convocatoria para quien acredite un
doctorado?, o ¿un punto, que fue lo que le asignó al concursante el Consejo
Superior de la Judicatura en ejecución del fallo de tutela y que equivale a la
realización de un curso de capacitación de por lo menos cuarenta horas de duración
en asuntos relacionados?, o ¿deben asignarse 30 puntos o 20 o 10?
Adicionalmente a esa indeterminación sobre el puntaje a asignar, permitir que
ello se haga exclusivamente con base en criterios de razonabilidad por la
autoridad administradora del concurso implicaría abrir un espacio para la
libertad de apreciación de dicha autoridad, con la consecuencia de que los
distintos concursantes podría solicitar la valoración discrecional de distintas
circunstancias, por fuera de la ley del concurso y sin que la misma les
resultase oponible, dadas las consideraciones sobre la razonabilidad o la
proporcionalidad de sus pretensiones.
CONCURSO DE MERITOS-Los aspirantes deben
en igualdad de condiciones sujetarse a las reglas previamente establecidas
En los concursos de méritos los
aspirantes deben, en igualdad de condiciones, sujetarse a las reglas
previamente establecidas, conocidas de manera general y que son garantía de
imparcialidad para todos. En el presente caso, encuentra la Corte que no es
posible acudir a criterios de razonabilidad y de proporcionalidad para asignar
puntajes a los concursantes por situaciones no previstas en la convocatoria. Es
posible que un análisis de las condiciones previstas en la convocatoria muestre
deficiencias en la misma, que incluso hagan posible que sea cuestionada ante
las instancias competentes como contraria a principios superiores, pero, como
garantía de transparencia e imparcialidad, debe aplicarse mientras esté
vigente. En ese escenario, la actuación de la
Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura responde a la
naturaleza del concurso y preserva la garantía de transparencia e imparcialidad
del mismo, sin que la Corte encuentre que la misma pueda considerarse
violatoria de los derechos fundamentales del accionante.
Referencia:
expediente T-1546781
Accionante:
José Guillermo Vásquez Huepo
Demandado:
Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura
Magistrado
Ponente:
Dr.
RODRIGO ESCOBAR GIL
Bogotá, D.C.,   doce (12) de junio de dos mil siete (2007).
La Sala Cuarta de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados Rodrigo Escobar Gil, Marco
Gerardo Monroy Cabra y Nilson Pinilla Pinilla, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, en especial las que le confiere el Decreto 2591 de
1991, ha proferido la siguiente,
SENTENCIA
Dentro del proceso de tutela identificado con el número de
radicación T-1546781 instaurado por José Guillermo Vásquez Huepo contra la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
I.   ANTECEDENTES
1.      La solicitud
José Guillermo Vásquez Huepo, obrando en su propio nombre, presentó
acción de tutela en contra de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura, por una presunta violación de sus derechos fundamentales a la
igualdad en el acceso a la carrera judicial, al debido proceso, de petición y a
la prevalencia del derecho material sobre las formas, en la que considera ha
incurrido la autoridad demandada debido a la decisión de no tener en cuenta
ciertos datos que considera relevantes para su clasificación dentro del
concurso de méritos que se llevó a cabo para integrar el registro de elegibles
para el cargo de relator de Corporación Nacional.
2.      Información a los demandados y
a terceros eventualmente afectados
Mediante Auto de septiembre 29 de 2006 el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca admitió la demanda de tutela y dispuso ponerla en conocimiento del
Presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
3.
Los hechos
3.1.   El actor participó en el
concurso convocado por el Consejo Superior de la Judicatura para la provisión
de cargos de empleos de carrera en las corporaciones nacionales de la Rama
Judicial.
3.2.   El actor superó la prueba de
conocimientos y aptitudes dentro del referido concurso, razón por la cual, de
acuerdo con la convocatoria, debía allegar los documentos necesarios para
acreditar la capacitación, la docencia o la experiencia adicional, lo cual
cumplió mediante escrito de 4 de octubre de 2005. En ese escrito manifestó:
“EXPERIENCIA ADICIONAL
Me encuentro vinculado a la rama judicial, en
forma continua e ininterrumpida desde el 24 de abril de 1982, aunque para los
fines previstos en el inciso final del numeral 2°, del artículo 2° del Acuerdo
en mención (equivalencias de que trata el artículo 41 del Decreto 052 de 1987),
considero suficiente allegar las siguientes certificaciones y/o constancias:
1. Constancia laboral expedida por el Juez Civil
del Circuito, de Purificación (Tolima).
2. Constancia expedida por el Juez 1° Civil del
Circuito de Ibagué (Tol.).
3.  Constancia expedida por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Ibagué (Tol.).
4.     Constancia expedida por el Juez 18 Civil
del Circuito de Bogotá.
5.     Constancia expedida por la Juez
3° Civil del Circuito de Bogotá.
6.     Constancia expedida por la Secretaría de la
Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá D.C. -cargo auxiliar de magistrado-
7.    Constancia expedida por la Secretaría
General del Tribunal Superior de Bogotá D.C. -cargo de juez de la república-.
De conformidad con los anteriores documentos, acredito la experiencia
adicional suficiente para que se me asigne el máximo puntaje, es decir 150
puntos, no sólo en aplicación de las equivalencias como empleado, sino también
por el tiempo laborado con posterioridad del grado de abogado.
CAPACITACIÓN ADICIONAL
Además del grado de abogado que acredité en
anterior oportunidad, se me
ha otorgado los siguientes títulos:
1.     Especialista en Derecho Administrativo, de
la Universidad Libre de Colombia.
2.     Especialista en Seguros, de la Universidad
Externado de Colombia.
3.     Especialista en Derecho Constitucional, de
la Universidad Libre de Colombia.
4.     Especialista en Filosofía del Derecho
y-Teoría Jurídica, de la Universidad Libre de Colombia.
5.     Tecnólogo en Sistematización de Datos, de
la Universidad Antonio Nariño.
6.     Formador  judicial,  módulos  Filosofía
del  Derecho, Interpretación Constitucional e Interpretación Judicial.
Por ende, se me asignen los puntos a que
legalmente tengo derecho, para lo cual ha de tenerse en cuenta que en el caso
de la Tecnología en  Sistemas, es un área relacionada con el cargo de Relator
para el cual concursé, al punto que muchas de las preguntas del examen tenían
que ver con el manejo de archivos y sistemas. Se trata prácticamente de una
carrera universitaria, toda vez que cursé 8 semestres y presenté trabajo de
grado. Por tanto, considero que tengo derecho a que se me asigne como mínimo un
puntaje de 30 puntos, equivalente a una maestría, pues se trata de un ‘área
relacionada con el cargo de aspiración’ (ord. c), numera. 5.1, art.2, Acd. 1899
de 2003.
En lo que atañe al carácter de formador judicial,
debo expresar que no se me alcanzó a expedir la certificación por parte de la
Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Aporto copia de la solicitud respectiva,
para que se tramite internamente por  ustedes.”
3.2.   Mediante Resolución PSAR06-68 de
marzo 15 de 2006, el Consejo Superior de la Judicatura le asignó los siguientes
puntajes:
Examen                                            520.41
Entrevista
85.94
Experiencia
adicional                         63.72
Capacitación y
publicaciones            45.00
PUNTAJE TOTAL                          715.07
3.3.   El accionante recurrió la
anterior resolución, manifestando su inconformidad con los puntajes asignados
en los factores “experiencia adicional” y “capacitación y publicaciones”.
En relación con la capacitación
adicional, el recurrente expresó que únicamente se le asignó un total de 45
puntos, no obstante que acreditó haber realizado (i) cuatro especializaciones
(derecho administrativo, seguros, constitucional y filosofía del derecho), (ii)
ser formador judicial de tres de los más importantes módulos (Interpretación
judicial, Interpretación constitucional y filosofía del derecho), y (iii) haber
cursado el “primer ciclo de formación universitaria por ciclos en Ingeniería de
Sistemas, en la universidad Antonio Nariño, motivo por el cual obtuvo el título
de “Tecnólogo en Sistematización de Datos”. Agrega que dicho título no es de
poca monta, puesto que se trata de una carrera universitaria, con  trabajo de
grado, motivo por el cual solicitó en forma expresa que se asignara un mínimo
de 30 puntos, dado que se trata de un “área relacionada con el cargo de
aspiración”. Expresa que los citados estudios tienen una duración de diez periodos
de cuatro meses cada uno, equivalentes a cuatro años efectivos de estudios,
razón por la cual, pese a que no están expresamente previstos en el Acuerdo
1899 de 2003, teniendo en cuenta que allí se asigna puntaje a cursos desde las
40 horas de duración, deben ser tenidos en cuenta sus estudios.
Señala, además, que asume que no se le
asignó puntaje por la especialización en filosofía del derecho, debido a que no
pudo anexar el respectivo título, pero que debe tenerse en cuenta que acreditó
haber cursado todas las materias, razón por la cual resulta desproporcionado
que no se le reconozca el puntaje, cuando si se hace lo propio con cursos de
sólo 40 horas de duración.
Anota, finalmente, que debe tenérsele
en cuenta la experiencia acumulada superior a 20 años, puesto que dado que en
la convocatoria se establecen equivalencias, debe tenerse en cuenta no sólo la
experiencia posterior al grado, sino la obtenida de la carrera laboral.
3.4.   En escrito presentado por fuera
del término para recurrir, el accionante manifestó adicionar el recurso de
reposición, para solicitar que, de manera subsidiaria, si no procede su recurso
en relación con las equivalencias de capacitación por experiencia adicional,
para efectos de esta última se contabilice su experiencia profesional a partir
de la terminación de estudios, lo cual aconteció el 20 de junio de 1998.
Insiste en que deben aplicársele las
equivalencias previstas en la convocatoria, porque, al desaparecer el requisito
del título de abogado, para contabilizar la experiencia profesional, para el
computo de la ‘experiencia adicional’, no existe razón para denegar las
equivalencias por cada uno de los años de educación superior mencionados en la
convocatoria.
Solicita de manera especial que se
tenga en cuenta la constancia expedida por la Universidad Autónoma de Colombia,
sobre la fecha de terminación de estudios, la cual reposa en el Consejo
Superior de la Judicatura, pues la aportó para acreditar su judicatura.
3.5.   El recurso fue resuelto
desfavorablemente a todas las pretensiones, mediante Resolución PSAR06-258 de
junio 30 de 2006. En esa resolución no se hizo alusión al contenido del escrito
con el cual el accionante dijo adicionar su solicitud de reposición.
Para resolver el recurso la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura hizo las siguientes
consideraciones:
“De conformidad con el artículo 2 literal b) del
numeral 5.1 del Acuerdo No. 1899 de 2003, la Experiencia Adicional y Docencia
dará derecho a 20 puntos por cada año de servicios o proporcional por fracción
de este. El inciso c) del
numeral 5.1 citado, señala que cada título de postgrado en derecho, obtenido y
acreditado por el aspirante se calificará así: Especialización 15
puntos,
Maestría 30 puntos y Doctorado 40 puntos. Los Cursos de Capacitación en áreas
relacionadas con el cargo de aspiración, o en técnicas de oficina, con duración
de 40 horas o más, darán lugar a una calificación de un (1) punto por cada uno,
hasta un máximo de cinco (5).
Igualmente, el numeral 3.7 del artículo 2 del
Acuerdo No. 1899 de 2003,
estableció que los concursantes que hubieren superado las pruebas de
conocimientos y aptitudes previstas en el literal a) de la Fase I de la etapa
de
selección debían presentar ante la Unidad de Administración de la Carrera
Judicial de la Sala Administrativa de esta Corporación, dentro de los (10) días
siguientes a la publicación de la lista de resultados de las pruebas de
conocimientos y aptitudes, fotocopia de los diplomas del título o títulos de
postgrado en derecho o el acta de grado correspondiente, o las certificaciones
que acrediten los estudios, docencia o experiencia adicional a que se refieren
los literales b) y c) del numeral 5.1 de la convocatoria.
Revisada la documentación aportada por el
aspirante, en las oportunidades
previstas en la convocatoria, esto es, tanto al momento de su inscripción como
al momento de presentación de documentación adicional, se tiene que acreditó
título de Abogado de la Universidad Autónoma de Colombia, títulos de
Especialista en Derecho Administrativo, en Seguros y en Derecho Constitucional,
certificación de haber cursado el plan de estudios de la especialización en
Filosofía del Derecho y Teoría Jurídica, y experiencia laboral en la Rama
Judicial equivalente a 2.227 días entre el 30 de julio de 1999 (fecha de grado)
y el 5 de octubre de 2005.
Por tanto, de la Experiencia Adicional y Docencia
acreditada equivalente a 2.227 días, deben descontarse 1.080 días (3 años) que
corresponden a la experiencia exigida para el cumplimiento del requisito mínimo
en los cargos de Relator de Corporación Nacional Nominado y Abogado de
Corporación Nacional (Corte Constitucional) Grado 21.
En consecuencia, como experiencia adicional sólo
pueden ser valorados los días acreditados que excedan al requisito mínimo para
cada cargo en concurso, así: 1.147 días que corresponden a 63.72 puntos a
asignar en el Factor Experiencia adicional; éste puntaje es el que aparece
consignado en el aparte
correspondiente de la resolución recurrida. Por lo tanto, no procede la
modificación de la resolución en ese aspecto.
Finalmente, respecto de la calificación asignada
al Factor Capacitación y
Publicaciones, se reitera que según el literal c) del numeral 5.1 del Artículo
20
del citado Acuerdo 1899, sólo se asignará puntuación por cada título de
postgrado obtenido, así: en Especialización (15 puntos), Maestría (30 puntos)
y Doctorado (40 puntos), conforme a los títulos en postgrados acreditados
(Especialista en Derecho Administrativo, en Seguros y en Derecho
Constitucional), corresponde asignar una calificación de 45 puntos; este último
puntaje es, el que aparece consignado en el aparte correspondiente de la
resolución recurrida. Por tanto, tampoco procede la modificación de la
resolución en ese aspecto.
Ahora bien, frente a su petición de otorgarle
puntaje al título de Tecnólogo en
Sistematización de Datos, debe precisarse que los estudios de pregrado, que
no son requisito mínimo de admisión, no pueden ser valorados como
capacitación adicional, por no cumplir con lo establecido en la citada
normatividad.
Con fundamento en el artículo 164 de la Ley 270 de
1996, la convocatoria es la norma reguladora del concurso y en consecuencia,
sus condiciones y términos son de obligatorio cumplimiento tanto para los
aspirantes como para la Sala.
En consecuencia, no existe razón que conlleve a la
modificación de la decisión
recurrida.”
4.
Fundamento
de la acción
El accionante considera que las
referidas resoluciones del Consejo Superior de la Judicatura son violatorias de
sus derechos fundamentales, por las siguientes razones:
4.1.   No se tuvo en cuenta las equivalencias previstas en la
convocatoria, lo cual le permitía llegar al tope de 150 puntos por el factor de
experiencia adicional.
Expresa el accionante que:
“Tratándose
de concurso para empleados, el artículo 11 del Decreto 785 de 2005, que
reglamentó la ley 909 de 2004, estableció que la experiencia ‘profesional’
se cuenta a partir de la fecha, de, terminación de estudios
universitarios, quiere ello significar que el requisito de tener
‘título de abogado’, como lo exigió la convocatoria, no cuenta para el cómputo
de dicha experiencia.
Y
si cada dos años de experiencia se cuenta como un año de educación
superior, quiere significar que 10 años de experiencia equivale a 5 años de
educación superior, que son los años necesarios para la terminación de estudios
universitarios, de lo que se extrae que como acredité (como en efecto lo hice,
información que posee el Consejo Superior) haber ingresado a la rama Judicial
el 24 de abril de 1982, significa que a partir de abril de 1992 se me debió
contabilizar la experiencia adicional, lo que a su vez traduce que tenía
derecho a que se me asignara, no 63.72 puntos, sino 150 puntos.”
4.2.   En subsidio, señala el accionante, no se tuvo en cuenta la
experiencia adquirida entre la fecha de terminación de estudios (20 de junio de
1998) y la fecha de grado (30 de julio de 1999), sobre la base de que debía
aplicarse la ley antitrámites. Sobre el particular expresa:
“El Consejo Superior de la Judicatura tampoco
analizó la solicitud para se tuviera en cuenta el periodo comprendido entre la
fecha de terminación de estudios universitarios (20 de junio de 1998) y la
fecha de grado (30 de julio de 1999), tal como lo pedí en el escrito de
‘adición al recurso de reposición’, sobre la base de que no tenía necesidad de
allegar la prueba de la fecha en que terminé mis estudios de derecho, en la
medida en que ese dato ya reposaba desde hacía varios años en el mismo Consejo Superior
de la Judicatura, más exactamente en la oficina de Registro Nacional de
Abogados, al punto que la certificación que aporté para tales efectos fue
una copia que tomé de los propios archivos de esa dependencia y que había
allegado cuando acredité los requisitos de la judicatura. Es por eso que la
certificación expedida por la Universidad Autónoma de Colombia en ese sentido,
data de 3 de junio de 1999.”
Agrega que sobre este particular no se
pronunció el Consejo Superior de la Judicatura, no obstante habérselo
solicitado expresamente con fundamento en el artículo 13 del Decreto ley 1250
de 1995, según el cual “en todas las actuaciones públicas, queda
prohibida la exigencia de copias o fotocopias de documentos que la entidad
tenga en su poder, o a los que la entidad pública tenga facultad legal de
acceder”.
4.3.   Finalmente, señala, no se tuvo en cuenta el título de
tecnólogo en sistematización de datos, que corresponde a una carrera
universitaria, siendo que el mismo está íntimamente ligado a las funciones de
relator.
4.4.   Para el accionante, por las anteriores deficiencias, las
decisiones del Consejo Superior de la Judicatura constituyen una auténtica vía
de hecho, por cuanto transgredieron su derecho al debido proceso, desconocieron
su derecho de petición, puesto que no se dio respuesta completa a todos los
argumentos del recurso de reposición, todo lo cual conlleva que se le niegue su
derecho de acceder a cargos públicos, puesto que ha quedado relegado del resto
de concursantes.
4.5.   Considera el accionante que la
acción de tutela es procedente en este caso porque, no obstante que podría
acudir a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, no es menos
cierto que la demora de esa vía la haría ineficaz dada la urgencia del caso,
por lo avanzado del concurso y teniendo en cuenta que la suspensión provisional
de los efectos de la actuación irregular podría dar lugar a que se le excluyera
del curso de formación judicial, lo cual resultaría contraproducente.
5.   Pretensión
Para la protección de los derechos
fundamentales que considera le han sido vulnerados, el accionante solicita que se revoque la resolución por medio del cual se le asignaron los
puntajes dentro del concurso de méritos, para en su lugar
otorgarle el máximo puntaje (150 puntos) por el factor de experiencia
adicional, en virtud a las equivalencias que deben ser aplicadas.
En subsidio,
pide que se le incluyan los puntos por la experiencia adicional
acreditada entre la fecha de terminación de estudios y la fecha de grado.
Solicita,
además, que se incluyan 40 puntos por capacitación adicional, en atención al
título de tecnología en sistematización de datos que acreditó en forma
oportuna.
Expresa el
accionante que como consecuencia de lo anterior, debe disponerse  que se
modifique en su favor el listado que contiene los puntajes obtenidos por los
aspirantes de la fase I, para el cargo de relator de Altas Corporaciones.
6.      La oposición
La Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura, después de presentar una serie de argumentos sobre
la improcedencia de la tutela en este caso, se opuso a las pretensiones del
accionante, con base en las siguientes consideraciones:
6.1.   La experiencia profesional del
accionante adquirida entre la terminación de estudios (20 de julio de 1998) y
la fecha de grado (30 de julio de 1999) no fue valorada debido a que no
presentó la respectiva constancia de terminación de estudios al momento de
realizar su inscripción al concurso o dentro del término adicional concedido al
efecto1.
De conformidad con lo establecido en el
artículo en el artículo 2° del artículo 164 de la Ley 270 de 1996, la
convocatoria es la norma obligatoria que regula todo proceso de selección y,
por consiguiente, es de obligatoria observancia para todos aquellos que decidan
participar en los concursos de méritos. Esta vinculación garantiza las
necesarias condiciones de igualdad en el acceso al ejercicio de las funciones
públicas inherentes a estos cargos. En este sentido, era obligación del accionante,
allegar dentro de los términos señalados en la convocatoria todos los
documentos que pretendiera hacer valer para acreditar los estudios, la docencia
o la experiencia adicional a que se refieren los literales b) y c) del punto
4.1 de la convocatoria.
Agrega la entidad accionada que “[e]l
peticionario pretende que a través del ejercicio de la acción de tutela se
tenga en cuenta la certificación de terminación de materias que presentó ante
la Unidad de Registro Nacional de Abogados cuando solicitó la judicatura, con
miras a que se contabilice su experiencia profesional desde esa fecha y no
desde que obtuvo el grado como abogado, sin allegar copia de la misma al
momento de realizar su inscripción o menos solicitarlo por escrito. Esto sólo
ocurrió cuando allegó el escrito adicional al recurso de reposición que además
fue presentado de manera extemporánea.”
En relación con este tópico, el Consejo
Superior de la Judicatura señala que la Corte Constitucional, en Sentencia de
T-380 de 2005, expresó:
“Esta situación es muy relevante pues si bien es
razonable entender que la entidad que convoca a un concurso público y abierto
no tiene por qué exigirles a los aspirantes el aporte de documentación que ya
reposa en sus archivos, también es cierto que la experiencia laboral con que
ellos cuentan y la existencia de los soportes de esa experiencia en sus hojas
de vida debe ser puesta en conocimiento de la administración para que ésta
proceda a las verificaciones correspondientes. Si se guarda silencio sobre
ello, aquella no cuenta con los elementos de juicio necesarios para proceder a
tal verificación y en tal caso no es razonable esperar, ni mucho menos exigir,
que la entidad convocante del concurso adelante por su cuenta las diligencias
necesarias para determinar los cargos a los que ha estado vinculado un
aspirante y localizar o requerir los soportes documentales correspondientes.
“Esto fue lo que ocurrió, justamente, en el caso
presente pues la actora, ni en el acto de inscripción, ni en el término para la
presentación de documentación adicional, dio cuenta de las vinculaciones
laborales que luego se echaron de menos, ni informó tampoco si había
participado o no en un concurso anterior. Ante ello, no resulta razonable
exigirle a la entidad accionada que adelante por su cuenta las averiguaciones
del caso con miras a reconstruir la totalidad de la experiencia laboral de la
actora y a requerir los soportes documentales que dieran cuenta de ello"
En este orden de ideas, concluye la
Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, no hay duda alguna
que el accionante carece de fundamentos para señalar que a la entidad le
correspondía verificar en los archivos de la Unidad del Registro Nacional de
Abogados la fecha de terminación de sus estudios para asignar el puntaje
correspondiente al factor experiencia adicional, sin haber allegado copia de la
certificación respectiva o haber puesto en conocimiento de la Corporación el
hecho de que la misma obraba en sus archivos.
6.2.   En cuanto hace a la no
aplicación de las equivalencias, la Sala Administrativa del Consejo Superior de
la Judicatura manifiesta, por un lado, que la norma que, de manera general
establecía las equivalencias, fue derogada por la Ley 270 de 1996, y, por otro,
que sólo hay lugar a aplicar las equivalencias previstas en la convocatoria
cuando un aspirante no reúne los requisitos mínimos establecidos por la ley
para acceder a un determinado cargo, pero que las mismas no cuentan para efecto
de contabilizar la experiencia adicional.
6.3.   En relación con la no asignación de puntaje por concepto del
título de Tecnólogo en Sistematización de Datos,  la entidad accionada advierte
que tal como se señaló en la Resolución No. PSAR05-258 del 30 de junio de 2005,
al resolver el recurso de reposición interpuesto por el accionante, los
estudios de pregrado no pueden ser valorados como capacitación adicional por no
cumplir con los presupuestos de la convocatoria.
Agrega la
accionada que la convocatoria señala expresamente los estudios que darían lugar
a la asignación de puntos adicionales en el factor capacitación adicional,
así:  a) Especialización 15 puntos, b) Maestría 30 puntos c) Doctorado 40
puntos y d) cursos de capacitación en áreas relacionadas con el cargo de
aspiración, o en técnicas de oficina, con duración de cuarenta horas o más,
dictadas por entidades oficialmente reconocidas, un punto por cada uno, hasta
un máximo de cinco puntos.
Concluye la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura señalando que el título acreditado por el accionante no se enmarca
dentro de alguna de las situaciones previstas en la convocatoria y, por tanto,
no hay lugar a otorgar puntos por el mismo.
II.      TRAMITE PROCESAL
1.      Primera instancia
El Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante Sentencia de 12 de octubre de 2006, resolvió declarar la
improcedencia de la acción de tutela de la referencia.
Consideró el Tribunal que dado el
carácter subsidiario de la acción de tutela, la misma no procedía en el
presente caso debido a la existencia de medios alternativos de defensa
judicial, puesto que el accionante puede acudir a la jurisdicción de lo
contencioso administrativo para impugnar los actos administrativos que en su
criterio le han ocasionado un perjuicio, y no manifestó acudir al amparo como
mecanismo transitorio, ni acreditó la existencia de un perjuicio irremediable.
Señaló por otra parte el Tribunal, que
también es improcedente la acción de tutela cuando con ella se pretenda
cuestionar actos jurídicos de contenido general, impersonal y abstracto, como
la ley o los reglamentos.
En este contexto agregó que, en el
presente caso, “… de la lectura de la demanda se deduce que, en el fondo, el
actor ataca la legalidad del acto administrativo que fijó las reglas generales
del concurso para acceder a algunos cargos en la rama judicial, esto es el
Acuerdo 1899 de 2003.”
En efecto, prosigue el Tribunal, “… el
demandante cree que algunas de las reglas de esa convocatoria son injustas,
ilegales o inconstitucionales. Así, a manera de ejemplo, dice el actor que
debería contemplarse que una carrera universitaria adicional a la que se exige
como requisito para el cargo de relator, valga lo mismo que un estudio de
posgrado como la especialización y que, el reglamento del concurso sólo
contempla las especializaciones, maestrías, doctorados como aptas para otorgar
puntaje.”
Para el Tribunal, “[e]l juez de tutela
no puede anular o inaplicar actos de contenido general, no sólo por la
consagración expresa en la ley de la causal de improcedencia ya mencionada,
sino porque la tutela no es una acción pública y, por ende, podrían verse
afectados terceros que no estuvieron presentes en el proceso y que, por tanto,
no pudieron ejercer su derecho de defensa. Debe anotarse que una sentencia que
implique la modificación de las reglas contenidas en un acto general,
impersonal y abstracto, afectaría necesariamente los derechos de otros, como lo
serían, por ejemplo, todos los demás concursantes que, en virtud de la
reclasificación del actor quedarían eventualmente excluidos de la convocatoria
o desmejorados en sus derechos.”
2.
Impugnación
En su impugnación el accionante expresa
que la tutela si es procedente, porque la vía contenciosa administrativa
resultaría inocua dado que el concurso se encuentra en trámite y dentro del
mismo ya se inició el curso de formación judicial para relatores y abogados de
altas cortes, razón por la cual se requiere de una medida urgente y definitiva.
Agrega que no impugna por la vía de la
tutela el acto de convocatoria, sino la interpretación que del mismo ha hecho
la entidad accionada y que no se compagina  con la Constitución.
Reitera, finalmente, una serie de
consideraciones que, señala, no fueron tenidas en cuenta por el Tribunal para
decidir, como el hecho de que la entidad accionada no se haya referido a la
totalidad de los aspectos planteados en su recurso.
3.      Segunda instancia
El Consejo de Estado, en sentencia de
diciembre 7 de 2006 resolvió  revocar la sentencia del 12 de octubre de 2006,
mediante la cual el  Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A, decidió ‘negar por improcedente’ la acción de tutela
instaurada, y, en su lugar, conceder la tutela de los derechos fundamentales
del debido proceso, igualdad en el acceso a la carrera Judicial, petición y
prevalencia del derecho material sobre las formas. En consecuencia, el Consejo
de Estado ordenó a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura
que rectifique la calificación obtenida por el peticionario en los factores Experiencia
Adicional y Docencia y Capacitación Adicional y Publicaciones, de acuerdo con
lo expuesto en la parte motiva de la  providencia, y que haga la
reclasificación del peticionario dentro de la lista de elegibles incluida en la
Resolución número PSAR06-68 del 15 de marzo de 2006, que contiene los puntajes
obtenidos por los aspirantes en la fase I del ‘XIV concurso de méritos para la
provisión de cargos de empleados de carrera de las Corporaciones Nacionales de
la Rama Judicial’.
El Consejo de Estado no accedió a la
pretensión relacionada con las equivalencias.
Después de recordar que “… la
inconformidad del peticionario radica en que, según su opinión, no se tuvieron
en cuenta las equivalencias previstas en la convocatoria, que le permitirían
llegar al tope de los 150 puntos en virtud del factor de experiencia adicional;
tampoco se tuvo en cuenta la experiencia adquirida entre la fecha de
terminación de estudios y la fecha de grado, que implicaba algo más de 20
puntos; y, finalmente, no se tuvo en cuenta el título de ‘Tecnólogo en
Sistematización de Datos’,” el Consejo de Estado hizo las siguientes
consideraciones:
“En cuanto al primer punto de
inconformidad, y de acuerdo a la estructura de la convocatoria, se aclara que
las equivalencias de que trata el parágrafo único del artículo 41 del Decreto
052 de 1987 están referidas a los requisitos específicos exigidos para cada
cargo. Esto se demuestra al haber sido incluidas en el punto 2 del artículo 2°
del Acuerdo 1899 de 2003, que trata de los requisitos exigidos para poder
acceder a cada cargo y no en el aparte correspondiente a la experiencia
adicional. Por tanto, no se puede pretender que se apliquen al factor de
Experiencia Adicional, como lo pretende el demandante (folio 2).
Por otro lado, la Corte Constitucional en la
sentencia C-308 de 2004 declaró que algunas normas del Decreto 052 de 1987,
entre ellas el artículo 41, “fueron derogados tácitamente por la Ley
Estatutaria de la Administración de Justicia y no se encuentran en la
actualidad produciendo ningún efecto Jurídico", razón de más para
concluir en la impropiedad de dicha pretensión.
También alega que, para el cómputo del factor de
Capacitación Adicional no se tuvo en cuenta el título de “Tecnólogo en
Sistematización de Datos”, frente a lo cual al entidad demandada expone que,
según los lineamientos del literal c) del numeral 5.1 del artículo 2º de la
convocatoria en cita, dicho título no se encuentra incluido dentro de aquellos
que otorgan puntaje por capacitación adicional.
Sin embargo, se advierte que el inciso tercero del
literal c) –“Capacitación adicional y publicaciones”-, anteriormente
transcrito, dispuso que “los cursos de capacitación en áreas
relacionadas con el cargo de aspiración, o en técnicas de oficina, con duración
de cuarenta (40) horas o más, dictadas por entidades oficialmente reconocidas
darán lugar a una calificación de un (1) punto porcada uno, hasta un máximo de
cinco (5) puntos”.
Para la Sala, resulta claro que el título de
“Tecnólogo en Sistematización de Datos” debe ser contemplado como un curso de
capacitación en área relacionada con el cargo al cual aspira el peticionario o
en técnicas de oficina, toda vez que los contenidos curriculares de dicha
tecnología cumplen tales exigencias y guardan estrecha relación con las
funciones del cargo de Relator.
Ahora, en relación con la experiencia profesional,
el peticionario alega que no se le tuvo en cuenta la experiencia adquirida
entre la fecha de terminación de estudios y la fecha de grado.
De conformidad con el artículo 161 de la Ley 270
de 1996 o Estatutaria de la Administración de Justicia, que exige como
requisito mínimo para acceder a los cargos del nivel profesional el título
profesional o la terminación y aprobación de los estudios superiores, por un
lado, y el artículo 11 del Decreto 785 de 2005 que entiende por experiencia
profesional “la adquirida a partir de la terminación y aprobación de todas
las materias que conforman el pénsum académico de la respectiva formación
profesional, tecnológica o técnica profesional en el ejercicio de las
actividades propias de la profesión o disciplina exigida para el desempeño de
empleo”, por el otro, debe deducirse que la experiencia profesional
comienza a contabilizarse a partir de la terminación de los estudios, siempre y
cuando se acredite el ejercicio de las actividades propias de la profesión,
mediante la presentación de constancias escritas expedidas por la autoridad
competente de las respectivas instituciones oficiales o privadas. De lo
contrario, su contabilización se inicia a partir de la obtención del título
profesional.”
En tal sentido, la Sala encuentra fundados los
reparos del peticionario, en tanto que, según se dejó dicho antes, la
experiencia profesional se empezó a contabilizar a partir de la fecha de grado,
es decir desde el 30 de julio de 1999 y no desde el 20 de junio de 1998, fecha
en que término y aprobó sus estudios, según se demuestra con la certificación
expedida por la Fundación Universidad Autónoma de Colombia (folio 10).
De consiguiente, la Sala concederá parcialmente el
amparo solicitado y ordenará a la Sala Administrativa del Consejo Superior de
la Judicatura que rectifique la calificación obtenida por el peticionario en
los factores Experiencia Adicional y Docencia y Capacitación Adicional y
Publicaciones, atendiendo a lo expuesto en esta providencia, y haga la
reclasificación del peticionario dentro de la lista de elegibles incluida en la
Resolución número PSAR06-68 del 15 de marzo de 2006, que contiene los puntajes
obtenidos por los aspirantes en la fase I del ‘XIV concurso de méritos para la
provisión de cargos de empleados de carrera de las Corporaciones Nacionales de
la Rama Judicial’.”
III.    FUNDAMENTOS
JURIDICOS
1.     Competencia
La Corte Constitucional es competente, a través de esta Sala de
Revisión, para revisar las sentencias proferidas dentro del proceso de la
referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y 241 numeral
9º de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 al 36 del
Decreto 2591 de 1991.
2.     Procedencia de la acción
De acuerdo con la Constitución, la acción de tutela, como mecanismo
de defensa subsidiario y residual para la protección de derechos
constitucionales fundamentales vulnerados o amenazados por la acción u omisión
de cualquier autoridad pública o de los particulares, procede sólo cuando la
persona afectada no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.[1]
En este caso, tal como se puso de
presente por el Consejo de Estado en el fallo de segunda instancia, se tiene
que, si bien para controvertir la actuación que se impugna por la vía de la
acción de tutela, el accionante podría acudir a la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, no es menos cierto que la brevedad de la vigencia
de los concursos de méritos y la inmediatez en el uso de sus resultados, hacen
que esa vía no resulte adecuada para la protección de los derechos constitucionales
que se estiman violados, en especial si se tiene en cuenta que, en este caso,
una eventual suspensión provisional de los efectos del acto administrativo que
se considera lesivo del ordenamiento superior –la resolución mediante la cual
se asignan los puntajes del accionante en el concurso de méritos- no tendría
como consecuencia el restablecimiento inmediato de los derechos del accionante
y, por el contrario, podría dejarlo en una situación de indefinición que lo
perjudicaría en el trámite de las etapas subsiguientes del concurso.
Con base en las anteriores
consideraciones es posible concluir que la vía del amparo constitucional
resulta apropiada para ventilar la controversia que se ha planteado en este
caso.
3.     Problema jurídico
En el presente caso le corresponde a la
Corte definir si en el trámite del concurso de méritos para la provisión de cargos de empleados de
carrera de las Corporaciones Nacionales de la Rama Judicial, la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura violó los derechos fundamentales del accionante
debido a su decisión de, (i) no aplicar las equivalencias previstas en la ley
para el cálculo de la experiencia adicional del concursante, (ii) no tener en
cuenta la experiencia profesional del concursante contabilizada a partir de la
fecha de terminación de estudios, según certificación que obraba en los
archivos de la entidad y, (iii) no asignar puntos en capacitación adicional por
el título de Tecnólogo en Sistematización de Datos oportunamente acreditado por
el concursante.
Para resolver el anterior problema, la
Sala se referirá brevemente a la naturaleza de los concursos de méritos para la
provisión de cargos públicos y, particularmente, a la necesidad de que en los
mismos se asegure el respeto de los principios de transparencia, igualdad y
debido proceso.
4.      Los concursos de méritos para
acceder a los cargos de carrera en las entidades públicas
4.1.   De
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 125 de la Carta, los empleos en los órganos
y entidades del Estado son de carrera, con excepción de los cargos de elección
popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y
los que determine la ley.  Además, el ingreso a los cargos de carrera y el
ascenso en los mismos, se hará previo cumplimiento de los requisitos y
condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los
aspirantes.
4.2.   En la Ley
Estatutaria de la Administración de Justicia se encuentra desarrollado de
manera general el régimen de carrera aplicable a la Rama Judicial del Poder
Público. Allí se han previsto los requisitos especiales para ocupar cargos en
la carrera judicial, los requisitos adicionales para el desempeño de cargos de
empleados, las etapas del proceso de selección, el concurso de méritos, el
curso de formación judicial, el registro de elegibles, la lista de candidatos,
el nombramiento, la evaluación de servicios, las causales de retiro de la
carrera judicial, la competencia para administrar la carrera y las atribuciones
de las corporaciones judiciales y los jueces de la República.
El concurso de
méritos para acceder a la Rama Judicial se encuentra regulado por los artículos
164 y 168 de la Ley 270 de 1996.  Estas disposiciones, entre otras cosas,
facultan a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para
señalar y reglamentar las pruebas que integran la etapa de selección y para
reglamentar el curso de formación judicial.
4.3.   De manera general, la Corte ha señalado que
el concurso de méritos es instrumento que permite que el Estado, con base en criterios de objetividad e
imparcialidad, determine el mérito, las capacidades, la preparación, la
experiencia y las aptitudes de los aspirantes a un cargo, de modo que la
escogencia de quien haya de ocuparlo se haga en función de los mejores
resultados, dejando de lado cualquier tipo de consideración subjetiva o de
influencia de cualquier otra naturaleza.[2]
De acuerdo con la jurisprudencia
constitucional, el régimen de carrera, a partir de claros postulados
constitucionales, persigue, fundamentalmente:
“(i) El optimo funcionamiento en el servicio
público, de forma tal que el mismo se lleve a cabo bajo condiciones de
igualdad, eficiencia, eficacia, imparcialidad y moralidad; siendo condiciones
que se alcanzan a través del proceso de selección de los servidores del Estado
por concurso de méritos y capacidades (C.P. Preámbulo, arts. 1°, 2° y 209).
(ii) Garantizar el ejercicio del derecho de acceso
al desempeño de funciones y cargos públicos, así como la efectividad del
principio de igualdad de trato y oportunidad para quienes aspiran a ingresar al
servicio estatal, a permanecer en él, e incluso, a ascender en el escalafón
(C.P. arts. 13, 25 y 40). Y, finalmente,
(iii) Proteger y respetar los derechos subjetivos
de los trabajadores al servicio del Estado, originados en el principio de
estabilidad en el empleo, en los derechos de ascenso, capacitación profesional,
retiro de la carrera y en los demás beneficios derivados de la condición de
escalafonados (C.P arts. 53, 54 y 125).”
4.4.   La realización de esos objetivos
en el proceso de selección de los servidores públicos, se manifiesta tanto en
el diseño de los concursos de méritos, como, luego, en la ejecución de los
mismos.
Así, el diseño de los concursos debe
estar orientado a lograr una selección objetiva, que cumpla con el doble
propósito de permitir que accedan al servicio del Estado las personas más
idóneas para el desempeño de los distintos cargos, al tiempo que se garantiza
para todos los aspirantes la igualdad de condiciones en el trámite de su
aspiración.
Por otra parte, una vez definidas las
reglas del concurso, las mismas deben aplicarse de manera rigurosa, para evitar
arbitrariedades o subjetivismos que alteren la igualdad o que vayan en
contravía de los procedimientos que de manera general se han fijado en orden a
satisfacer los objetivos del concurso. De este modo, el concurso se desenvuelve
como un trámite estrictamente reglado, que impone precisos límites a las
autoridades encargadas de su administración y ciertas cargas a los
participantes. De manera particular, en orden a garantizar la transparencia del
concurso y la igualdad entre los participantes, el mismo debe desenvolverse con
estricta sujeción a las normas que lo rigen y en especial a las que se hayan
fijado en la convocatoria, que como se señala en el artículo  164 de la Ley 270
de 1996, es la ley del concurso[3]. Quiere esto decir que se reducen los
espacios de libre apreciación por las autoridades en la medida en que, en la
aplicación rigurosa de las reglas está la garantía de imparcialidad en la
selección fundada en el mérito.
Uno de los ámbitos en el que se
manifiesta ese rigor del concurso es en el señalamiento de los requisitos y las
calidades que deben acreditar los participantes así como de las condiciones y
oportunidades para hacerlo. Igualmente rigurosa debe ser la calificación de los
distintos factores tanto eliminatorios como clasificatorios que se hayan
previsto en la convocatoria.
5.      Análisis del caso concreto
5.1.   Mediante Acuerdo 1899 de 2003, la
Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en uso de sus
facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por los
artículos 164, 165 y 168 de la Ley 270 de 1996, decidió convocar a los
interesados en vincularse a la Rama Judicial en los cargos de empleados de
carrera del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema
de Justicia y de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de
la Judicatura.
En el artículo 2º de ese acuerdo se
dispuso que el concurso sería abierto “… mediante convocatoria pública a los
interesados, la cual es norma obligatoria y reguladora de este proceso de
selección …” y se fijaron las condiciones y términos que regirían el concurso
en materia de inscripciones, requisitos y documentación.
En relación con los requisitos para los
distintos cargos, con la documentación adicional a la necesaria para la
inscripción, y con los puntajes en la fase de oposición, aspectos que tienen
particular relevancia para la solución de los problemas jurídicos planteados en
el presente caso, el referido acuerdo señala:
“1.  REQUISITOS GENERALES
Los aspirantes, durante el término de inscripción, deberán acreditar
el cumplimiento de los siguientes requisitos:
1.1  Presentar solicitud de inscripción en la forma y
dentro de los plazos que más adelante se señalan.
1.2  Ser ciudadano en ejercicio y estar en pleno goce
de sus derechos civiles.
1.3    No encontrarse incurso en causal de inhabilidad o
incompatibilidad.
1.4  No haber sido condenado mediante sentencia
definitiva, salvo por delitos políticos o culposos.
1.5  Reunir las condiciones y requisitos mínimos que
para cada cargo establezcan la ley y los acuerdos expedidos por la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
2.    REQUISITOS
ESPECIFICOS
(El acuerdo incluye un cuadro con el
señalamiento de los requisitos específicos para cada uno de los cargos de la
convocatoria)
(…)
De conformidad con parágrafo único del artículo 41 del Decreto 052
de 1987, se tendrán en cuenta las siguientes equivalencias:
Un (1) año de educación superior por dos (2) años de experiencia
relacionada y viceversa.
Un (1) año de educación media por un (1) año de experiencia
relacionada y viceversa.
(…)
3.      INSCRIPCIONES
(…)
3.7.   Presentación
de documentación adicional
Los concursantes que hayan superado las pruebas de conocimiento y
aptitudes previstas en el literal a) de la Fase I de la etapa de selección,
deberán presentar ante la Unidad de Administración de la Carrera Judicial de la
Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, dentro de los (10)
días siguientes a la publicación de las listas de resultados de las pruebas de
conocimientos y aptitudes, los siguientes documentos:
Fotocopia de los diplomas del título o títulos de postgrado en
derecho o el acta de grado correspondiente, o las certificaciones que acrediten
los estudios, docencia o experiencia adicional a que se refieren los literales
b) y c) del punto 4.1 de esta convocatoria.
Un ejemplar de cada una de las obras científicas en áreas del derecho
publicadas por el aspirante.
(…)
Fase I. Oposición.
Esta fase tiene por objeto seleccionar a los aspirantes que serán
admitidos al Curso de Formación Judicial. Está integrada por:
a) Pruebas de conocimientos, aptitudes y habilidades técnicas. Hasta
600 puntos
Los aspirantes admitidos al concurso serán citados a exámenes
escritos de conocimientos, aptitudes y habilidades técnicas, los cuales se
realizarán en la ciudad de Bogotá, D.C., en las fechas, horas y sitios que se
indicarán en la respectiva citación.
Para estas pruebas se construirán las respectivas escalas estándar
que oscilarán entre 0 y 1.000 puntos y para aprobarlas se requerirá obtener un
mínimo de 800 puntos. Solamente quienes obtengan este puntaje mínimo
continuarán en el concurso.
Notificación de resultados  y recursos.
Los resultados de los exámenes de conocimientos, aptitudes y
habilidades técnicas  se darán a conocer mediante resolución expedida por la
Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, la cual se
notificará mediante fijación  por el término de ochos (8) días del respectivo
listado en la Unidad de Administración de la Carrera Judicial.
Contra los resultados, procederá el recurso de reposición que
deberán presentar por escrito los interesados, dentro de los tres (3) días
siguientes a la desfijación de la misma.
b) Experiencia Adicional y Docencia. Hasta 150 puntos.
La experiencia laboral o  el ejercicio profesional independiente con
dedicación de tiempo completo en áreas relacionadas con el cargo de aspiración,
dará derecho a veinte (20) puntos por cada año de servicio o proporcional por
fracción de éste.
La docencia en la cátedra en áreas relacionadas con el cargo de
aspiración dará derecho a diez (10) puntos por cada semestre de ejercicio de
tiempo completo, y a cinco (5) puntos por cada semestre de ejercicio en los
demás casos.
El ejercicio como facilitador o coordinador de programas de
formación y capacitación en la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” en áreas
relacionadas con el cargo de aspiración, dará derecho a diez (10) puntos por
cada año de dedicación, y proporcionalmente por fracción de año.
En todo caso, el total del factor no podrá exceder de 150 puntos.
c) Capacitación adicional y publicaciones. Hasta 150 puntos.
Cada título de postgrado obtenido por el aspirante en áreas del
conocimiento  relacionadas con el cargo de aspiración,  se calificará así:
Especialización 15 puntos, Maestría 30 puntos y Doctorado 40 puntos.
Cada uno de los programas de capacitación impartidos por la Escuela
Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” con una intensidad igual o superior a 125 horas
académicas que hayan sido aprobados, darán derecho a 10 puntos.
Los cursos de capacitación en áreas
relacionadas con el cargo de aspiración, o en técnicas de oficina, con duración
de cuarenta (40) horas o más, dictadas por entidades oficialmente reconocidas
darán lugar a una calificación de un (1) punto por cada uno, hasta un máximo de
cinco (5) puntos.
Por cada obra científica en temas relacionados
con las funciones del  cargo de aspiración, que a juicio de la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura lo amerite, se asignarán
los puntajes determinados en la reglamentación vigente para este efecto. Los
concursantes deberán aportar un ejemplar de las respectivas obras.
En todo caso el total del factor no podrá exceder el puntaje máximo
de 150.
d) Entrevista.  Hasta 100 puntos
Los concursantes serán citados a entrevista personal realizada por comisiones plurales conformadas por
la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
Notificación de resultados  y recursos.
Los resultados finales de la Fase I se darán a conocer mediante
resolución expedida por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura, la cual se notificará mediante fijación  por el término de ochos
(8) días del respectivo listado en la Unidad de Administración de la Carrera
Judicial.
Contra los resultados, procederá el recurso de reposición que
deberán presentar por escrito los interesados, dentro de los tres (3) días
siguientes a la desfijación de la misma.”
A partir de estos apartes de la
convocatoria es posible concluir que:
.-       La previsión sobre
equivalencias, contenida en el numeral  del artículo 2º de  la convocatoria
resulta aplicable para la determinación de los requisitos mínimos para cada uno
de los cargos.
.-       Los concursantes que hubiesen
superado las pruebas de conocimiento y aptitudes previstas en el literal a) de
la Fase I de la etapa de selección, debían presentar ante la Unidad de
Administración de la Carrera Judicial de la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura, dentro de los diez días siguientes a la publicación
de las listas de resultados de las pruebas de conocimientos y aptitudes, los
documentos que acreditasen los estudios, la docencia,
la experiencia adicional y las publicaciones que quisiesen hacer valer en el
concurso.
.-
Para el factor de capacitación
adicional y publicaciones, que otorga hasta 150 puntos, en la convocatoria se
contempló que cada título de postgrado obtenido por el aspirante en áreas del
conocimiento  relacionadas con el cargo de aspiración, se calificará así:
Especialización 15 puntos, Maestría 30 puntos y Doctorado 40 puntos. También se
asignan 10 puntos por cada uno de los programas de capacitación impartidos por
la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” con una intensidad igual o superior
a 125 horas académicas que hayan sido aprobados, y un punto, sin exceder de un
total de cinco, por cada curso de capacitación en áreas relacionadas con el
cargo de aspiración, o en técnicas de oficina, con duración de cuarenta  horas
o más, dictadas por entidades oficialmente reconocidas.
5.2.   La Sala se referirá a
continuación a cada una de las pretensiones del accionante.
5.2.1.          Haciendo un esfuerzo
interpretativo en torno a las solicitudes presentadas por el accionante en
relación con la experiencia adicional, se tiene que, en un particular
entendimiento de las normas del concurso, su pretensión en este campo estaría
orientada a obtener que, aplicando las equivalencias previstas en la
convocatoria, se tomen 10 años de experiencia laboral como equivalentes a los
cinco años necesarios para completar los estudios de derecho, a efecto de que,
a partir de ese momento, su experiencia laboral empiece a contabilizarse como
experiencia adicional.
Además de que el accionante no es claro
en su solicitud, resulta evidente que la misma se origina en una equivocada
comprensión de las normas del concurso, puesto que las equivalencias allí
previstas se aplican para verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos
para el cargo y no tienen incidencia sobre el momento a partir del cual debe
contabilizarse la experiencia adicional.
En efecto, las equivalencias a las que
se refiere el accionante, están previstas en el punto 2 del artículo 2º del
Acuerdo 1899 de 2003, que trata de los requisitos exigidos para poder acceder a
cada cargo y no en el aparte correspondiente a la experiencia adicional.
No se aprecia, por consiguiente, en este
aspecto ninguna irregularidad en la actuación de la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura.
5.2.2.          De manera subsidiaria a
la anterior pretensión, el accionante solicita que para calificar su
experiencia adicional se tome en cuenta la adquirida a partir de la terminación
de estudios.
Dentro de los concursos de méritos para
la provisión de cargos de carrera en la Rama Judicial, el factor de experiencia
adicional se refiere a aquella que los aspirantes acreditan por encima de la
mínima requerida para el cargo. Para esos efectos, la experiencia profesional
se debe contabilizar a partir de la terminación del respectivo plan de
estudios, según las constancias oportunamente allegadas por el concursante. Si
el concursante únicamente aporta el título de abogado, pero no anexa
certificación sobre la fecha de terminación de estudios, la experiencia
profesional solamente podrá contabilizarse a partir de la fecha del grado.
Para que el cómputo se haga desde la terminación de estudios es preciso que el
concursante lo solicite así y allegue la respectiva constancia. Aunque podría
resultar admisible que un concursante se acoja a la disposición conforme a la
cual en las actuaciones públicas no es posible exigir a los particulares la
copia de documentos que la entidad tenga en su poder o a los que tenga la
facultad legal de acceder, no es menos cierto que para ello debe haber una
manifestación expresa del interesado, en la que conste esa circunstancia.
En este caso, si bien cabe señalar, como
se hizo por el Consejo de Estado que la experiencia profesional debe
contabilizarse a partir de la terminación de estudios, es preciso tener en
cuenta que la razón por la cual ello no ocurrió así en el caso del accionante
fue la de que, en la oportunidad prevista para ello, no se hizo una
manifestación expresa sobre el particular, ni se solicitó que se incorporara al
expediente del concursante la certificación que debía obrar en el registro
Nacional de Abogados sobre la fecha en la que terminó sus estudios de Derecho.
Una solicitud en ese sentido sólo se hizo en el escrito de adición al recurso
de reposición, el cual resultaba a todas luces extemporáneo.
Efectivamente, al revisar el expediente
se encuentra que el concursante, con su inscripción, adjuntó certificados de
experiencia laboral y el título de abogado, pero no aportó certificado de
terminación de estudios. En la oportunidad prevista para allegar la
documentación necesaria para acreditar la experiencia adicional, el concursante
tampoco aportó certificado de terminación de estudios, ni solicitó que se le
tuviese en cuenta la experiencia profesional a partir de la terminación de
estudios. Por el contrario, presentó una solicitud de aplicar equivalencias en
términos poco inteligibles, y que, en todo caso, se le tuviese en cuenta la
experiencia adquirida con posterioridad al grado.[4]
En su recurso de reposición el
concursante tampoco fue claro en relación con la experiencia adicional. En
efecto, el concursante diferenció tres acápites de su recurso, distinguidos con
literales, así, en el literal a) cuestiona, fundamentalmente, que no se le haya
tenido en cuenta el título de tecnólogo en sistematización de datos para la
capacitación adicional; el literal b) se orienta a establecer que debe
asignársele puntaje por la especialización en filosofía, no obstante que no
pudo allegar el título correspondiente; y en el literal c), referido
específicamente a la experiencia adicional, consignó lo siguiente:  “… una
interpretación estricta o cerrada del Acuerdo que contiene la convocatoria,
deja por fuera a concursantes idóneos como yo, …  que ha dedicado toda su vida
laboral al servicio de la rama judicial, como que he ocupado todos los cargos
que existen en un juzgado (desde notificador hasta juez –actualmente Juez 34
Civil Municipal y profesor universitario), sin que no (sic) se me haya tenido
en cuenta la experiencia acumulada que acredité superior a 20 años, siendo que
la misma convocatoria establece ‘equivalencias’ que, por ende, no solamente
deben (sic) tomarse la experiencia posterior al grado, sino la obtenida de la
carrera laboral, pues ésta no se borra con la obtención del título, sino que,
por el contrario, se reafirma y crece.”
En este escenario es claro que la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura carecía de soporte para contabilizar la experiencia
profesional del accionante a partir de una fecha distinta de aquella que
efectivamente tuvo en cuenta, esto es la fecha del grado del aspirante.
Esa decisión de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura no puede considerarse lesiva de los derechos fundamentales del
accionante, porque, como se ha puntualizado por la Corte, “… si bien es
razonable entender que la entidad que convoca a un concurso público y abierto
no tiene por qué exigirles a los aspirantes el aporte de documentación que ya
reposa en sus archivos, también es cierto que la experiencia laboral con que
ellos cuentan y la existencia de los soportes de esa experiencia en sus hojas
de vida debe ser puesta en conocimiento de la administración para que ésta
proceda a las verificaciones correspondientes.  Si se guarda silencio sobre
ello, aquella no cuenta con los elementos de juicio necesarios para proceder a
tal verificación y en tal caso no es razonable esperar, ni mucho menos exigir,
que la entidad convocante del concurso adelante por su cuenta las diligencias
necesarias para determinar los cargos a los que ha estado vinculado un
aspirante y para localizar o requerir los soportes documentales
correspondientes.”
Para la Corte,
la aplicación de las normas de la convocatoria en relación con la oportunidad
en la que debe presentarse la documentación que acredite la experiencia que se
pretenda hacer valer en el concurso debe ser estricta, aún cuando ello pueda
dar lugar a que no se asigne puntaje por tiempo de experiencia profesional con
el que efectivamente cuenten los concursantes. En criterio de la Corte, esa
consecuencia es legítima, pues es resultado de la omisión del concursante y no
de un proceder arbitrario de la entidad administradora del concurso.[5]
En este caso, la
Sala concluye que los concursantes tenían la carga de presentar, de manera
clara, oportuna y con los respectivos soportes, los elementos que permitieran
establecer su experiencia adicional. Sin embargo, el accionante no allegó de
manera oportuna certificación sobre la fecha de terminación de estudios de su
carrera de derecho, ni solicitó que para acreditarla se tuviese en cuenta la
constancia que reposaba en el Registro Nacional de Abogados, así como tampoco
solicitó oportunamente que su experiencia profesional le fuese contabilizada
desde esa fecha. Por consiguiente, no puede considerarse que la actuación de la
Sala Administrativa haya sido un acto arbitrario y lesivo de los derechos
fundamentales del accionante.
5.2.3.          Finalmente, en relación con el factor de
capacitación adicional, encuentra la Sala que en la convocatoria no está
prevista la asignación de puntos por los estudios de pregrado en carreras
distintas de aquella que constituye el requisito mínimo del cargo.
Para el accionante de esa circunstancia se deriva una situación
injusta, irrazonable y desproporcionada, porque si algún concursante está en
condiciones de acreditar haber realizado estudios de pregrado, con la
intensidad necesaria para obtener el título de tecnólogo en una carrera que
puede considerarse afín con las funciones del cargo para el cual se aspira, no
se entiende la razón por la cual no se le asignan puntos, pero sí se hace lo
propio  cuando se acredita la terminación de un curso de capacitación de sólo
40 horas de duración.
Ciertamente la situación planteada por el accionante sugiere algunos
interrogantes en torno al diseño del concurso y a la posibilidad de que dentro
del mismo se hubiese incluido la asignación de puntos a las situaciones como la
que él describe. Sin embargo, ya en el trámite del concurso no resulta posible
solucionar, para casos individuales, la eventual deficiencia que pudiese
encontrarse en el diseño del concurso. Hacerlo implicaría poner en marcha un
ejercicio de discrecionalidad incompatible con la naturaleza del proceso de
selección. Así, por ejemplo, surge el interrogante en torno a cual debería ser
el puntaje a asignar en un caso como el que se plantea por el accionante:
¿cuarenta puntos, como se solicita en el escrito de tutela, que equivalen al
puntaje previsto en la convocatoria para quien acredite un doctorado?, o ¿un
punto, que fue lo que le asignó al concursante el Consejo Superior de la
Judicatura en ejecución del fallo de tutela y que equivale a la realización de
un curso de capacitación de por lo menos cuarenta horas de duración en asuntos
relacionados?, o ¿deben asignarse 30 puntos o 20 o 10?.
Adicionalmente a esa indeterminación sobre el puntaje a asignar,
permitir que ello se haga exclusivamente con base en criterios de razonabilidad
por la autoridad administradora del concurso implicaría abrir un espacio para
la libertad de apreciación de dicha autoridad, con la consecuencia de que los
distintos concursantes podría solicitar la valoración discrecional de distintas
circunstancias, por fuera de la ley del concurso y sin que la misma les
resultase oponible, dadas las consideraciones sobre la razonabilidad o la proporcionalidad
de sus pretensiones.
En ese escenario, alguien podría señalar, por ejemplo, que resulta
desproporcionado que al paso que se asigna puntaje a quien haya completado un
curso de capacitación de 40 horas, no se haga el mismo reconocimiento, incluso
en mayor proporción, a quien haya completado un año de estudios de
especialización. Y alguien más podría señalar que para un tiempo equiparable de
estudios, pero a nivel de doctorado, el puntaje debiera ser el doble que el que
se asignase para los estudios de especialización. Y los ejemplos podrían
multiplicarse en distintos frentes.
Si bien, como se expresa por el
accionante, la Corte ha dicho que en ocasiones “…se
presentan casos en los cuales la aplicación directa y estricta de la norma
contemplada, conduce a un resultado odioso o contraproducente que debe ser
remediado mediante una interpretación que de prioridad a consideraciones de
tipo material …”[6],
también es cierto que  en la misma
providencia la Corte concluyó que “[e]l principio de la prevalencia de
la justicia material no puede traducirse en una eliminación de todas aquellas
reglas que aplicadas de manera clara y específica a un caso concreto no producen
el fin propuesto desde el punto de vista del sujeto afectado…”[7] y agregó que “[s]i el
derecho no contara con este tipo de objetividad mínima, cada ciudadano podría
poner de presente las más intrincadas y personales condiciones personales para poner
en tela de juicio su sometimiento al derecho.”[8]
Encuentra la Corte que de manera muy
particular, en los concursos de méritos los aspirantes deben, en igualdad de
condiciones, sujetarse a las reglas previamente establecidas, conocidas de manera
general y que son garantía de imparcialidad para todos. En el presente caso,
encuentra la Corte que no es posible acudir a criterios de razonabilidad y de
proporcionalidad para asignar puntajes a los concursantes por situaciones no
previstas en la convocatoria. Es posible que un análisis de las condiciones
previstas en la convocatoria muestre deficiencias en la misma, que incluso
hagan posible que sea cuestionada ante las instancias competentes como
contraria a principios superiores, pero, como garantía de transparencia e
imparcialidad, debe aplicarse mientras esté vigente. En ese escenario, la actuación de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura responde a la naturaleza del concurso y preserva la garantía de
transparencia e imparcialidad del mismo, sin que la Corte encuentre que la
misma pueda considerarse violatoria de los derechos fundamentales del
accionante.
Con todo, como
se ha señalado por la Corte en otras oportunidades, la improcedencia de la
protección constitucional no impide que el accionante, en su momento y si lo
tiene a bien, cuestione la legalidad de la actuación de la administración ante
la jurisdicción constitucionalmente legitimada para conocer de ese tipo de
controversias.
IV.    DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de
Colombia, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
RESUELVE:
PRIMERO.- REVOCAR el fallo del diciembre 7 de 2006 del Consejo de Estado, mediante
el cual se concedió parcialmente la solicitud de tutela de la referencia y, en
su lugar NEGAR el amparo solicitado.
SEGUNDO.-  LÍBRENSE
las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para
los efectos allí contemplados.
Cópiese, notifíquese, insértese en la gaceta de la Corte
Constitucional y Cúmplase.
RODRIGO
ESCOBAR GIL
Magistrado
Ponente
MARCO
GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
NILSON
PINILLA PINILLA
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
[1] Ver sentencias T-690/05 y T-730/03, entre otras.
[2]    Cfr. Sentencia T-380 de 2005
[3]    Ley 270 de 1996, ARTÍCULO 164.
CONCURSO DE MÉRITOS. El concurso de méritos es el proceso mediante el cual, a
través de la evaluación de conocimientos, destrezas, aptitud, experiencia,
idoneidad moral y condiciones de personalidad de los aspirantes a ocupar cargos
en la carrera judicial, se determina su inclusión en el Registro de Elegibles y
se fijará su ubicación en el mismo.
Los concursos de mérito en
la carrera judicial se regirán por las siguientes normas básicas:
1. Podrán participar en el
concurso los ciudadanos colombianos que de acuerdo con la categoría del cargo
por proveer, reúnan los requisitos correspondientes, así como también los
funcionarios y empleados que encontrándose vinculados al servicio y reuniendo
esos mismos requisitos, aspiren a acceder o a ocupar cargos de distinta
especialidad a la que pertenecen.
2. La convocatoria es norma
obligatoria que regula todo proceso de selección mediante concurso de méritos.
Cada dos años se efectuará de manera ordinaria por la Sala Administrativa de
los Consejos Superior y Seccionales de la Judicatura, y extraordinariamente
cada vez que, según las circunstancias, el Registro de Elegibles resulte
insuficiente.
3. Las solicitudes de los
aspirantes que no reúnan las calidades señaladas en la convocatoria o que no
acrediten el cumplimiento de todos los requisitos en ella exigidos, se
rechazarán mediante resolución motivada contra la cual no habrá recurso en la
vía gubernativa.
4. Todo concurso de méritos
comprenderá dos etapas sucesivas de selección y de clasificación.
La etapa de selección tiene
por objeto la escogencia de los aspirantes que harán parte del correspondiente
Registro de Elegibles y estará integrada por el conjunto de pruebas que, con
sentido eliminatorio, señale y reglamente la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura.
La etapa de clasificación
tiene por objetivo establecer el orden de registro según el mérito de cada
concursante elegible, asignándosele a cada uno un lugar dentro del Registro
para cada clase de cargo y de especialidad.
PARÁGRAFO 1o. La Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura reglamentará de manera
general el contenido y los procedimientos de cada una de las etapas, y señalará
los puntajes correspondientes a las diferentes pruebas que conforman la
primera.
PARÁGRAFO 2o. Las pruebas que
se apliquen en los concursos para proveer cargos de carrera judicial, así como
también toda la documentación que constituya el soporte técnico de aquéllas,
tienen carácter reservado.
[4]  Folio 9 del expediente
[5]    Cfr. Sentencia T-380 de 2005
[6]   Sentencia T-058 de 1995
[7]   Ibid.
[8]   Ibid