T-311-98
Sentencia T-311/98
Sentencia T-311/98
ACCION DE TUTELA
CONTRA PARTICULARES-Relación
laboral/SUBORDINACION LABORAL-Alcance
DERECHO AL
TRABAJO EN CONDICIONES DIGNAS Y JUSTAS-Alcance
PRINCIPIO DE
PROPORCIONALIDAD EN LA REMUNERACION DEL TRABAJADOR-Alcance
Claramente ha señalado la Corte que el
derecho fundamental al trabajo, implica a su vez una remuneración acorde con la
labor desarrollada, es decir, deberá compensar el trabajo realizado y no ser el
fruto de una decisión caprichosa de quien paga la labor desarrollada. Además,
la remuneración obedecerá a criterios razonables y objetivos que tengan en
cuenta entre otras razones, la experiencia, preparación y conocimientos del
trabajador.
SALARIO-Aumento periódico acorde con la inflación
PRINCIPIO A
TRABAJO IGUAL SALARIO IGUAL
SALARIO-Discriminación por haberse acogido a
determinado régimen de cesantías
ACCION DE TUTELA-Reembolso de dineros que constituyen pago
de lo debido
Referencia:
Expediente T-158172
Demandante:
Francisco Vega Salcedo
Demandados: Aduanas
Hubermar Ltda. S.I.A.
Magistrado Ponente:
Dr. FABIO MORÓN DÍAZ
Santa Fé de Bogotá D.C., a los veintitrés
(23) días del mes de junio de mil novecientos noventa y ocho (1998).
En cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 241 numeral 9° de la Constitución Política, en concordancia con los
artículos 33 y 36 del Decreto 2591 de 1991, la Sala Laboral del Tribunal Superior
de Cartagena, envió a la Corte Constitucional el expediente de la referencia,
para los efectos de la revisión constitucional de los fallos proferidos el 15
de diciembre de 1997 y el 26 de enero de 1998.
I. ANTECEDENTES
La Sala Octava de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados  ALFREDO BELTRÁN SIERRA,
VLADIMIRO NARANJO MESA Y FABIO MORÓN DÍAZ, procede a revisar las sentencias
proferidas dentro de la acción de tutela promovida por el señor Francisco Vega
Salcedo contra la empresa Aduanas Hubermar Ltda. S.I.A., por la presunta
violación de sus derechos fundamentales a la igualdad y trabajo.
A. HECHOS.
Los hechos que sirven de base al señor Vega
Salcedo para iniciar la presente tutela, se pueden sintetizar en los siguientes
puntos:
1.
El demandante es empleado de la empresa Aduanas
Hubermar Ltda. S.I.A., desde hace más de quince (15) años, cumpliendo con su
función de auxiliar de aduanas y recibiendo como asignación básica mensual la
suma de doscientos veinte mil ($220.000.oo) pesos.
2.
Considera el actor que el llevar tanto tiempo en la
empresa es razón suficiente para que sus patronos le mejoren el nivel salarial,
toda vez que cuenta con gran experiencia.
3.
Justifica también su solicitud en el hecho de que
nuevos empleados en la empresa, más jóvenes que él, y que desempeñan la misma
función, están siendo mejor remunerados.
Ante tal situación el actor solicita su
reajuste salarial en razón a su experiencia y conocimiento. Como consecuencia
del reajuste solicitado, se proceda de la misma forma con los aportes al
I.S.S., o E.P.S., a la cual se encuentre afiliado en su calidad de empleado;
que se reliquiden las prestaciones sociales afectadas con el reajuste salarial
y se haga lo mismo con los aportes a la Caja de Compensación Familiar
correspondiente. Para solicitar lo anterior, consideró el actor que le habían
sido violados sus derechos fundamentales a la igualdad y al trabajo.
B. PROVIDENCIAS QUE SE REVISAN.
Mediante decisión del 15 de diciembre de
1997, el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Cartagena, concedió la presente
tutela. Consideró dicho juzgado, luego de analizar el acervo probatorio, que no
existe ningún criterio por parte de la entidad demandada para establecer una
diferenciación entre empleados que cumplan una misma función y sin embargo,
reciben diferente asignación salarial. Simplemente se logró determinar que
quien establecía directamente los salarios era la gerencia, obedeciendo a
criterios netamente subjetivos. Además, se pudo establecer que el factor
fundamental que distinguió la diferencia en el salario del actor respecto de
otros compañeros que cumplen su misma función, obedece al régimen de cesantías
escogido por el actor y que no es el previsto por la Ley 50 de 1990. Por lo
tanto, al no estar demostrados los criterios objetivos por los cuales el actor
es objeto de un trato diferente, aunado lo anterior a que durante el trámite de
la presente tutela la entidad demandada resolvió que el actor debía prestar sus
servicios desde su residencia y estar presto a cumplir con cualquier labor que
se le encomendara, se hace más patente y evidente el trato discriminatorio del
cual esta siendo objeto el señor Vega Salcedo, afectando también sus
condiciones laborales.
Por lo anterior, se concedió la tutela y se
ordenó a la empresa Aduanas Hubermar Ltda. S.I.A, para que dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esa decisión,
procediera a nivelar salarialmente por arriba y hacia el futuro al señor Vega
Salcedo, con aquellos otros trabajadores que desempeñen el cargo de Auxiliar de
Aduanas en dicha empresa y que devenguen el mayor salario entre ellos ($
425.000.00), Lo anterior sin perjuicio de que el peticionario pueda acudir,
dentro de los cuatro meses siguientes, ante la jurisdicción laboral para
obtener el pago de las diferencias salariales y prestacionales. Finalmente, se
ordenó a la demandada, abstenerse de realizar actos distintos de los
establecidos y permitidos en la Constitución Política, que impliquen amenaza o
violación de los derechos fundamentales del actor, tales como desproveerlo de
los medios necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones laborales, ni
presionarlo psicológicamente para que se acoja al régimen de la Ley 50 de 1990.
Impugnada la decisión por parte de la
empresa demandada, conoció en segunda instancia la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Cartagena. Dicho Tribunal, mediante decisión del 26 de enero de
1998, resolvió revocar la sentencia de primera instancia. Sustentó el tribunal
su decisión en que en el mismo expediente obra prueba que demuestra que el
menor salario devengado por el actor, obedece a su bajo nivel de eficiencia
frente a quienes cumplen la misma función, tal y como lo afirma el Jefe de Personal
de la empresa demandada. Además, al actor le asiste otra vía de defensa
judicial como lo es la acudir a la jurisdicción laboral. Por tal motivo se
revocó la decisión del a quo.
II. CONSIDERACIONES.
A. Competencia.
Según lo dispuesto por los artículos 86 y
241 de la Constitución Política, esta Sala es competente para revisar las
sentencias proferidas por el Juzgado sexto Laboral del Circuito y la Sala
Laboral del Tribunal Superior, ambos de Cartagena.
B. La tutela
contra particulares respecto de los cuales existe subordinación.
La Corte Constitucional ha sostenido en
numerosas oportunidades, la procedencia excepcional de la tutela cuando los
demandados son particulares.
Uno de los casos en que la tutela resulta
procedente es cuando existe una relación de subordinación entre el demandante y
el particular demandado. Al respecto la sentencia T-172 del 4 de abril de 1997,
Magistrado Ponente Vladimiro Naranjo Mesa, indicó lo siguiente :
“La
jurisprudencia de esta Corporación en relación con la noción de subordinación,
se inclina por considerar que este concepto hace relación a la situación en que
se encuentra una persona, cuando tiene la obligación jurídica de acatar las
órdenes que le imparta un tercero, como consecuencia de  pertenecer ambas partes
a cierta estructura jerárquica predeterminada por un contrato o una norma
jurídica. En este sentido ha dicho por ejemplo lo siguiente :
-“El concepto de
subordinación, como sinónimo de sujeción a un sistema jerarquizado de expresión
de órdenes, en principio concuerda más bien con el fundamento y razón de ser
del contrato de trabajo. Y, aún allí, en el campo del derecho laboral, se
admite la existencia de servicios personales -como, por ejemplo, las asesorías
prestadas por abogados o contadores independientes-, claramente tipificables
fuera del ámbito del Código Sustantivo del Trabajo.” (Sent. T- 003 de 1994,
M.P. Jorge Arango Mejía)
-“La
subordinación laboral, le da al principio de igualdad una fisonomía distinta,
toda vez, que la posición de igualdad existe en el acto de contratación del
trabajador, por lo menos desde el punto de vista jurídico, pero desaparece,
durante el desarrollo del contrato, en que la subordinación del trabajador al
patrono se pone en operación por la necesidad de lograr los objetivos del
contrato. La subordinación implica además, una limitación a la autonomía del
trabajador, dado que el contrato otorga al patrono la potestad de dirigir la
actividad laboral del trabajador, en aras de lograr el mejor rendimiento de la
producción, en beneficio de la empresa. Tales limitaciones a los derechos de
autonomía e igualdad, si bien son constitucionales, legítimas y justificables,
encuentran en el precepto del numeral 4o del artículo 42 del decreto 2591 de
1991, un mecanismo idóneo para evitar abusos, que se generarían en el
desconocimiento de dichos derechos.”  (Sent T-161 de 1993. M.P. Antonio Barrera
Carbonell)
Visto lo anterior, el estado de
subordinación del señor Vega Salcedo es evidente frente a la empresa Aduanas
Hubermar Ltda. S.I.A de la cual es empleado, razón por la cual, resulta
procedente la presente tutela en busca de obtener una protección a sus derechos
fundamentales vulnerados.
B. Derecho al
trabajo en condiciones dignas y justas. Principio constitucional de
proporcionalidad en la remuneración.
El derecho al trabajo, bajo la nueva Carta
Política, se erige como uno de los principales derechos fundamentales que
merecen protección por parte del Estado. De esta manera, el cumplimiento de
todas las normas que sobre la materia laboral se encuentra en el ordenamiento
jurídico nacional, deben ser cumplidas plenamente por los empleadores, sean
estos públicos o privados. Pero lo primordial, es que la protección del derecho
al trabajo se debe centrar en que éste se dé en condiciones dignas y justas. Al
respecto la sentencia SU-519 del 15 de octubre de 1997, Magistrado Ponente José
Gregorio Hernández Galindo, señaló lo siguiente:
"El trabajo
es uno de los valores esenciales de nuestra organización política, tal como lo declara
el Preámbulo de la Constitución y lo reafirma su artículo 1º al señalarlo como
uno de los fundamentos del Estado Social de Derecho.
“Como ya lo dijo
esta Corte, el mandato constitucional de protegerlo como derecho-deber afecta a
todas las ramas y poderes públicos y tiende al cumplimiento de uno de los fines
primordiales del Estado: el de garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes plasmados en la Constitución, particularmente los que, para
el caso del trabajo, se derivan del esfuerzo y la labor del hombre (Cfr. Corte
Constitucional. Sala Plena. Sentencia del 29 de mayo de 1992. Magistrado
Ponente: Dr. Alejandro Martínez Caballero).
“Se protege el
trabajo como derecho fundamental en todas sus modalidades y se asegura el
derecho de toda persona a desempeñarlo en condiciones dignas y justas (Art. 25
C.N.).
“(...).
“El patrono
-oficial o privado- no puede hoy tomar al trabajador apenas como un factor de
producción, lo que sería humillante e implicaría una concepción inconstitucional
consistente en la pura explotación de la persona. Ha de reconocerle su
individualidad y tener en cuenta el respeto que demandan su naturaleza y
necesidades. Debe comprender, asimismo, que de la persona del trabajador
dependen otras y que cada acto que lo involucra, en bien o en mal, repercute
necesariamente en su familia.
“Esta Corte se
refirió al tema en la sentencia 479 del 13 de agosto de 1992, en la cual se
subrayó que la perspectiva humana en la conducción de toda política estatal
sobre trabajo constituye elemento medular de la concepción del Estado Social de
Derecho, "según el cual el Estado y las instituciones políticas y
jurídicas que se fundan en su estructura tienen por objetivo y razón de ser a
la persona y no a la inversa, de donde se concluye que ningún proyecto de
desarrollo económico ni esquema alguno de organización social pueden
constituirse lícitamente si olvidan al hombre como medida y destino final de su
establecimiento".
“Tales principios
son extensivos a las relaciones laborales entre particulares, quienes también
están sujetos a la Constitución y obligados a realizar sus principios.
“De ello se
desprende que toda medida que afecte las condiciones de trabajo, en especial si
tiende a modificarlas, debe ser considerada y sometida a previo análisis sobre
la base insustituible del factor humano y de las circunstancias en medio de las
cuales actúa.
“Aquí debe
decirse que los poderes discrecionales, con frecuencia invocados en el manejo
de personal y que tienen origen en la ley, no pueden ser absolutos si se los
mira desde la perspectiva constitucional. Han de ejercerse sobre una base que,
de suyo, los limita: la del artículo 25 de la Constitución que garantiza unas
condiciones dignas y justas por fuera de las cuales nadie está
obligado a trabajar
“(...)
“El jus
variandi no es absoluto. Está limitado, ante todo, por la norma
constitucional que exige para el trabajo condiciones dignas y justas (art. 25
C.N.), así como por los principios mínimos fundamentales señalados por el
artículo 53 de la Carta en lo que concierne al estatuto del trabajo. Y, por
supuesto, su ejercicio concreto depende de factores tales como las
circunstancias que afectan al trabajador, la situación de su familia, su propia
salud y la de sus allegados, el lugar y el tiempo de trabajo, sus condiciones
salariales, la conducta que ha venido observando y el rendimiento demostrado.
En cada ejercicio de su facultad de modificación el empleador deberá apreciar
el conjunto de estos elementos y adoptar una determinación que los consulte de
manera adecuada y coherente. En últimas, debe tomar en cuenta que mediante
aquella no queda revestido de unas atribuciones omnímodas que toman al
trabajador como simple pieza integrante de la totalidad sino como ser humano
libre, responsable y digno en quien debe cristalizarse la administración de
justicia distributiva a cargo del patrono.
“Esto no implica,
desde luego, la pérdida de la discrecionalidad que la ley confiere al patrono,
oficial o privado, sino que representa un uso razonable de la misma, acorde con
los propósitos de flexibilidad y ajuste que ella persigue". (Cfr. Corte
Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-483 del 27 de octubre de
1993).
“Parte bien
importante de la dignidad y justicia en medio de las cuales el
Constituyente exige que se establezcan y permanezcan las relaciones laborales
consiste en la proporcionalidad entre la remuneración que reciba el trabajador
y la cantidad y calidad de su trabajo (artículo 53 C.P.).” (Negrilla fuera del texto).
Claramente ha señalado la Corte que el
derecho fundamental al trabajo, implica a su vez una remuneración acorde con la
labor desarrollada, es decir, deberá compensar el trabajo realizado y no ser el
fruto de una decisión caprichosa de quien paga la labor desarrollada. Además,
la remuneración obedecerá a criterios razonables y objetivos que tengan en
cuenta entre otras razones, la experiencia, preparación y conocimientos del
trabajador.
Por demás es sabido que los salarios son
dinámicos, es decir, deben ser objeto de aumentos periódicos acordes con la
evolución de la inflación.
Demostrado quedó en el expediente, que el
nivel salarial del demandante es sustancialmente inferior al de los demás
compañeros que cumplen una misma función, sin que el patrono o empleador haya
podido demostrar con criterios razonables y objetivos el trato diferente que
viene prohijando al actor. Por el contrario, y como lo señaló el mismo Jefe de
Personal, los salarios los fija directamente la gerencia, y al no haberse
acogido el actor al régimen de cesantía establecido por la Ley 50 de 1990,
resultó desmejorado en su situación salarial. Lo anterior nos remite a la
jurisprudencia relativa a la igualdad  de las personas frente a la ley , de la
cual también se ocupó la sentencia arriba citada señalando :
“Como la Corte lo
ha manifestado, no se trata de instituir una equiparación o igualación
matemática y ciega, que disponga exactamente lo mismo para todos, sin importar
las diferencias fácticas entre las situaciones jurídicas objeto de consideración.
Estas, por el contrario, según su magnitud y características, ameritan
distinciones y grados en el trato, así como disposiciones variables y adaptadas
a las circunstancias específicas, sin que por el sólo hecho de tal diversidad
se vulnere el postulado de la igualdad ni se desconozcan los mandatos
constitucionales.
“Pero -claro
está- toda distinción entre las personas, para no afectar la igualdad, debe
estar clara y ciertamente fundada en razones que justifiquen el trato distinto.
Ellas no procederán de la voluntad, el capricho o el deseo del sujeto llamado a
impartir las reglas o a aplicarlas, sino de elementos objetivos emanados
cabalmente de las circunstancias distintas, que de suyo reclaman también trato
adecuado a cada una.
“Así ocurre en
materia salarial, pues si dos trabajadores ejecutan la misma labor, tienen la
misma categoría, igual preparación, los mismos horarios e idénticas
responsabilidades, deben ser remunerados en la misma forma y cuantía, sin que
la predilección o animadversión del patrono hacia uno de ellos pueda interferir
el ejercicio del derecho al equilibrio en el salario, garantizado por la Carta
Política en relación con la cantidad y calidad de trabajo.
“Ahora bien, las
diferencias salariales tampoco pueden surgir de consecuencias negativas o
positivas atribuidas a los trabajadores según que hagan o dejen de hacer algo,
ajeno a la labor misma, que pueda ser del agrado o disgusto del patrono.”
Ahora bien, la diferencia salarial que se
presenta entre trabajadores que cumplen una misma función bajo las mismas
condiciones, tampoco puede obedecer a aspectos ajenos a la misma labor del
actor, como puede ser el haberse acogido a un determinado régimen prestacional,
pues la ley en tales casos, no establece diferenciación alguna. Al respecto la
misma sentencia en cita dijo lo siguiente:
“En lo relativo a
la actitud del trabajador respecto a distintos regímenes laborales por cambio
de legislación, en la época de transición, particularmente en la materia que
ahora se debate -la libertad del trabajador privado para acogerse o no a la Ley
50 de 1990-, la Corte Constitucional ha sido enfática al afirmar:
"La
disposición contenida en el numeral 2º del artículo transcrito es imperativa
para quienes celebren contratos de trabajo a partir de la vigencia de la Ley 50
de 1990. No lo es para quienes los tenían celebrados con antelación al momento
de su entrada en vigor. Estos pueden acogerse a la nueva normatividad,
pero en principio y salvo el caso de que voluntaria y espontáneamente
manifiesten su voluntad en contrario, lo relacionado con su auxilio de cesantía
sigue gobernado para ellos por el régimen anterior, es decir, el del Código
Sustantivo del Trabajo.
“Se trata de una
previsión del legislador en cuya virtud modifica el sistema que venía rigiendo,
pero sin afectar a los trabajadores que ya tenían establecidas sus relaciones
contractuales con anterioridad, a menos que ellos mismos resuelvan, por
manifestación expresa, acogerse al nuevo régimen.
“(...)
“Es claro,
entonces, que los trabajadores indicados gozan, en virtud de la misma norma
legal, de la facultad de optar entre uno y otro régimen. La normatividad les
garantiza esa libertad, que no puede ser coartada por los patronos. Su decisión
en determinado sentido no puede convertirse en condición o requisito para
acceder a prerrogativa laboral alguna, ni constituir objeto de transacción en
el curso de negociaciones colectivas.
“Carece de
legitimidad la actitud de la empresa que pretenda presionar a los trabajadores,
mediante ofertas o bajo amenazas, para que se acojan a un régimen que la ley ha
hecho para ellos opcional, pues tales manipulaciones vulneran la libertad
individual consagrada en los artículos 16 y 28 de la Carta y desconocen
abiertamente la misma ley que ha otorgado a aquéllos la facultad de optar.
“También resultan
vulnerados en tales casos el artículo 95, numeral 1, de la Constitución, pues
implica abuso de los derechos del patrono, y el 53, inciso final, Ibídem,
a cuyo tenor los acuerdos y convenios de trabajo no pueden menoscabar la
libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores". (Cfr.
Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-597 del 7 de
diciembre de 1995).
De esta manera, el trato del cual viene
siendo objeto el señor Vega Salcedo, viola abiertamente sus derechos
fundamentales al trabajo y a la igualdad, razón por la cual la presente Sala de
Revisión, procede a revocar el fallo de segunda instancia proferido por la Sala
Laboral del Tribunal Superior de Cartagena y en su lugar confirmar el fallo de
primera instancia con base en las consideraciones aquí expuestas.
Cabe anotar que de acuerdo con escrito
allegado a esta Corporación con fecha 17 de abril de 1998, el demandante aporta
una prueba donde se demuestra que la empresa demandada, en virtud de la
decisión proferida en segunda instancia por la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Cartagena, que revocó la decisión del a quo y en su lugar denegó
sus pretensiones, realizó descuentos directamente de nómina al señor Vega
Salcedo, con el fin de hacer efectivo el reembolso del dinero pagado a éste con
ocasión de la orden impartida por el juez de primera instancia. Es clara la violación
del derecho al trabajo del actor, y muy particularmente en lo tocante con su
remuneración, pues los descuentos que por nómina de hagan a cualquier empleado,
diferentes a los legalmente establecidos, deben ser previamente autorizados por
escrito por el trabajador, lo cual no se ha dado en el presente caso,  ello
sumado al hecho de que el presente  sería un típico evento de pago de lo
debido. Al respecto, la Corte Constitucional, mediante sentencia T-496 de 1993
señaló :
“Al revocar el
fallo del Tribunal Superior, se pregunta ¿tiene la peticionaria Ricardo de
Molina que devolver a la Empresa Electrificadora del Atlántico S.A., el valor
de las cesantías parciales?
“La Sala de
Revisión de la Corte Constitucional considera que la respuesta es negativa, por
las siguientes razones:
“En principio el
derecho a la cesantía parcial le fue reconocido a la señora Minerva Ricardo de
Molina mediante una providencia judicial. Lo que se pretendía a través de la
tutela era lograr la efectividad del derecho reconocido, es decir lo
debido. Ante la conducta negativa de la empresa, la petente sólo tenía dos
caminos: uno esperar que voluntariamente la Empresa  reconociera el derecho de
la trabajadora y dos: iniciar el proceso ejecutivo laboral, por ser ésta la vía
procedente para hacer efectivo un derecho ya reconocido en sentencia
ejecutoriada.
“Ella -la
peticionaria-, optó por una vía equivocada al impetrar la acción de tutela,
hecho que por las razones expuestas en esta sentencia llevan a la Sala a
revocar la decisión del Tribunal, pero frente a los efectos, pues en el caso
concreto no se discute un "pago de lo no debido"; sería absurdo
ordenarle a la accionante devolver lo no debido, pues lo pedido es lo debido,
lo que se cuestiona es la vía utilizada.”[1]
En igual sentido la sentencia T-278 del 27
de junio de 1995, Magistrado Ponente Hernando Herrera Vergara, dijo:
“ (...) en el
evento de que la entidad accionada ya hubiese efectuado los pagos reclamados
por los demandantes, dado el efecto inmediato que deben tener las sentencias de
tutela de instancia, en relación con las acreencias adeudadas recibidos por los
accionantes, de buena fe, de conformidad con el artículo 83 de la Constitución
Política, tales emolumentos no deben ser reembolsados como consecuencia de
la improcedencia de la acción de tutela, ya que se trata del pago de lo debido
a los mismos peticionarios, aunque ordenado hacer efectivo por un medio de
defensa judicial diferente.” (Negrilla fuera del texto).
Expuestas las anteriores consideraciones,
la presente Sala de Revisión, revocará la decisión proferida por la Sala
Laboral del Tribunal Superior de Cartagena y en su lugar se tutelarán los
derechos fundamentales al trabajo e igualdad, confirmándose la decisión de
primera instancia, pero con base en las consideraciones aquí expuestas. Por lo
tanto, se ordenará a la entidad demandada, Aduanas Hubermar Ltda, S,I,A, para
que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la
notificación de ésta decisión, proceda a nivelar salarialmente por arriba y
hacia el futuro al señor Vega Salcedo, con aquellos otros trabajadores que
desempeñen el cargo de Auxiliar de Aduanas en dicha empresa y que devenguen el
mayor salario entre ellos ($ 425.000.00), Lo anterior sin perjuicio de que el
actor pueda acudir, dentro de los cuatro meses siguientes, ante la jurisdicción
laboral para obtener el pago de las diferencias salariales y prestacionales.
Finalmente, se ordenará a la demandada, abstenerse de realizar actos distintos
de los establecidos y permitidos en la Constitución Política, que impliquen
amenaza o violación de  los derechos fundamentales del actor, tales como
desproveerlo de los medios necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones
laborales, ni presionarlo psicológicamente para que se acoja al régimen de la
Ley 50 de 1990. En cuanto a los dineros descontados sin autorización previa, y
por ser estos pago de lo debido, deberán ser reembolsados al actor dentro del
mismo término aquí señalado para el cumplimiento de la sentencia.
III. DECISIÓN
Con base en las expuestas consideraciones,
la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia
en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero. REVOCAR la decisión
proferida por la Sala Laboral del Tribunal superior de Cartagena del 26 de
enero de 1998, y en su lugar CONFIRMAR la decisión proferida en primera
instancia por el Juzgado sexto Laboral del Circuito de Cartagena del 15 de
diciembre del mismo año, pero con base en las consideraciones expuestas en la
parte motiva de esta sentencia.
Segundo. ORDENAR a la empresa
Aduanas Hubermar Ltda S.I.A., para que en el término de cuarenta y ocho (48)
horas, contadas a partir de la notificación de ésta decisión, proceda a nivelar
salarialmente por arriba y hacia el futuro al señor Vega Salcedo, con aquellos
otros trabajadores que desempeñen el cargo de Auxiliar de Aduanas en dicha
empresa y que devenguen el mayor salario entre ellos ($ 425.000.00), Lo
anterior sin perjuicio de que el actor pueda acudir, dentro de los cuatro meses
siguientes, ante la jurisdicción laboral para obtener el pago de las
diferencias salariales y prestacionales. Finalmente, se ordenará a la
demandada, abstenerse de realizar actos distintos de los establecidos y
permitidos en la Constitución Política, que impliquen amenaza o violación de
los derechos fundamentales del actor, tales como desproveerlo de los medios
necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones laborales, ni presionarlo
psicológicamente para que se acoja al régimen de la Ley 50 de 1990. En cuanto a
los dineros descontados sin autorización previa, y por constituir pago de lo
debido, deberán ser reembolsados al actor dentro del mismo término aquí
señalado para el cumplimiento de la sentencia.
Tercero. SÚRTASE el trámite previsto
en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese,
publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
FABIO MORÓN DÍAZ
Magistrado Ponente
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1]
Reiterada en la sentencia T-260 de 1994, Magistrado Ponente Alejandro Martínez
Caballero.