T-376-17
Sentencia T-376/17
ACCION DE TUTELA PARA TRASLADO DE DOCENTE-Procedencia excepcional por vulneración de derechos
del trabajador o su núcleo familiar
Para que el juez constitucional pueda entrar a
pronunciarse sobre una decisión de traslado laboral, se requiere lo siguiente:
(i) que la decisión sea ostensiblemente arbitraria, en el sentido que haya sido
adoptada sin consultar en forma adecuada y coherente las circunstancias
particulares del trabajador, e implique una desmejora de sus condiciones de
trabajo; y (ii) que afecte en forma clara, grave y directa los derechos
fundamentales del actor o de su núcleo familiar.
ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Medio de defensa judicial eficaz para
controvertir la legalidad de los actos administrativos
IUS VARIANDI DE PERSONAL DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION-Discrecionalidad limitada de la administración
pública para modificar las condiciones del trabajador
PROCESO ORDINARIO DE TRASLADO DOCENTE-Características
El proceso ordinario se
caracteriza por la existencia de un cronograma vinculado con el calendario
estudiantil y con la realización de una convocatoria en la que se publicitan
las vacantes existentes.
PROCESO EXTRAORDINARIO DE TRASLADO DOCENTE-Características
El proceso extraordinario, cuya
práctica puede realizarse en cualquier época del año, sin necesidad de
sujetarse a un procedimiento reglado, siempre que concurran circunstancias
excepcionales como, por ejemplo, motivos de seguridad personal o problemas de
salud que afecten al docente.
TRASLADO DE
DOCENTES POR PERMUTA
DEBIDO
PROCESO ADMINISTRATIVO-Definición
EXCESO
RITUAL MANIFIESTO-Configuración
SOLICITUD DE
TRASLADO DOCENTE-Ejercicio
del derecho fundamental de petición
Siendo la solicitud de traslado un ejercicio del derecho de petición,
es deber de la administración resolver este tipo de solicitudes atendiendo “(a) el derecho que tienen los
docentes de presentar solicitudes, sin
negarse a recibirlas o a tramitarlas, (b) el deber de resolver
dentro de los términos establecidos, (c) de manera completa y detallada sobre
todos los asuntos indicados en la petición, (d) lo cual debe ser comunicado al
solicitante”.
DERECHO AL DIAGNOSTICO DE UNA ENFERMEDAD HACE PARTE
DEL DERECHO A LA SALUD-Reiteración
de jurisprudencia
El derecho al diagnóstico es un aspecto integrante del derecho a
la salud, por cuanto es indispensable para determinar cuáles son los servicios
y tratamientos que de cara a la situación del paciente resultan adecuados para
preservar o recuperar su salud”.
DERECHO A LA SALUD DEL DOCENTE-Orden a Secretaría de Educación dar trámite al
procedimiento de traslado laboral extraordinario por motivos de salud, si las
consideraciones del concepto médico lo recomendasen
Referencia: Expediente T-5.882.251
Acción de tutela interpuesta por
Bertha Marina Pico Cáceres contra la Secretaría de Educación Departamental de
Boyacá.
Magistrado Ponente:
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Bogotá D.C., nueve (9) de junio de dos
mil diecisiete (2017)
La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por la magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado y los magistrados
Antonio José Lizarazo Ocampo y Alejandro Linares Cantillo, quien la preside, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la
siguiente:
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES
A.
LA DEMANDA DE TUTELA
1. El
diez (10) de junio de dos mil dieciséis (2016), Bertha Marina Pico Cáceres
interpuso acción de tutela contra la Secretaría de Educación Departamental de
Boyacá, con el fin de que sean protegidos sus derechos fundamentales de
petición, salud y trabajo, los cuales considera fueron vulnerados por la
accionada al negarle su traslado laboral. Como consecuencia de lo anterior,
solicitó que se le ordene a la accionada adelantar los procedimientos
administrativos necesarios para aprobar su traslado mediante la permuta[1] con la
profesora Sonia Esperanza Suesca Rodríguez, quien trabaja actualmente en la
Escuela Normal Superior la Presentación sede Santo Cristo del municipio de
Soatá –Boyacá-.
B.
HECHOS RELEVANTES
2. Por
medio del Decreto 034 del veinte (20) de abril de mil novecientos noventa y
cuatro (1994), la accionante Bertha Marina Pico Cáceres, de 58 años de edad,
fue nombrada en propiedad como docente de primaria en el municipio de Chita –Boyacá-[2].
3. El
dieciocho (18) de agosto de dos mil quince (2015), el especialista en salud
ocupacional de Colombiana de Salud S.A., doctor Pedro Osawldo Franco,
diagnosticó a la accionante “reumatismo de tejidos blandos”,
recomendándose mediante concepto médico laboral: (i) a la parte accionante,
realizar ejercicios leves para facilitar el uso de articulaciones comprometidas
por la enfermedad, caminatas en terreno plano, reposo durante el día y dieta
balanceada; y (ii) a la entidad accionada, “permitir la asistencia a todos
los controles y consultas requeridas por especialidad tratante y, si es posible
administrativamente, como medida terapéutica complementaria, asignar labores en
un clima menos frío”[3].
4. El
once (11) de septiembre de dos mil quince (2015), la accionante solicitó a la
entidad accionada su traslado laboral por razones de salud, con base en el
concepto médico laboral antes mencionado[4].
5. El
veinticinco (25) de enero de dos mil dieciséis (2016), en desarrollo de la
audiencia interna de traslados que tuvo lugar en la ciudad de Tunja -Boyacá-, la
accionante, de manera voluntaria, aceptó ser trasladada del municipio de Chita
–Boyacá- al municipio de Gachantivá –Boyacá-[5].
6. Como
consecuencia de lo anterior, el primero (1º) de febrero de  dos mil dieciséis (2016),
por medio de la Resolución Nº 00189, se formalizó el traslado de la accionante
desde la Institución Educativa Normal Superior Sagrado Corazón del municipio de
Chita –Boyacá-, a la Institución Educativa Juan José de Neira del municipio de
Gachantivá –Boyacá-. Dicha Resolución se fundamentó en el concepto médico
laboral emitido el dieciocho (18) de agosto de dos mil quince (2015) por el
médico adscrito a Colombiana de Salud S.A.[6].
7. El
ocho (8) de febrero de dos mil dieciséis (2016), mediante Oficio dirigido al
Secretario de Educación de Boyacá, el Rector de la Institución Educativa Juan
José de Neira del municipio de Gachantivá –Boyacá- manifestó que esta sede no
se acomodaba a ninguna de las exigencias formuladas por el médico laboral, por
lo que expresó que no podía “aceptar el traslado a la Institución Educativa
JUAN JOSE NEIRA de la DOCENTE BERTHA MARINA PICO CACERES porque no me puedo
responsabilizar de este traslado que tiene como responsabilidad la Vida e
integridad física de la Docente”[7].
Sin perjuicio de lo anterior, la accionante fue trasladada a dicha institución
el día primero (1º) de febrero de dos mil dieciséis (2016).
8. El
veintinueve (29) de febrero de dos mil dieciséis (2016), las señoras Bertha
Marina Pico Cáceres y Sonia Esperanza Suesca Rodríguez, a través de un escrito
de petición, le solicitaron al Secretario de Educación de Boyacá el traslado
laboral por medio de permuta[8]
entre ambas, de modo que Sonia Esperanza Suesca Rodríguez, quien ejerce su
actividad docente en la Institución Educativa Escuela Normal Superior la
Presentación, sede Santo Cristo, en el municipio de Soatá –Boyacá-, fuera
asignada a la Institución Educativa Juan José de Neira del municipio de
Gachantivá –Boyacá-, y que la señora Bertha Marina Pico Cáceres, a su vez,
fuera nombrada en la institución educativa en la que se encuentra la señora
Sonia Esperanza Suesca Rodríguez, en el municipio de Soatá –Boyacá-.
9. En
el escrito de tutela presentado por la accionante, consta que la anterior solicitud
se sustentó en que, por un lado, la institución a la que fue trasladada la
accionante en el municipio de Gachantivá no se ajustaba a las exigencias y
condiciones recomendadas por el médico laboral para su caso; y por el otro, al trasladar
a la docente Sonia Esperanza Suesca Rodríguez al municipio de Gachantivá, se le
permitiría a ésta estar más cerca a su familia[9].
10.
El veintiocho (28) de marzo de dos mil dieciséis (2016), mediante oficio
1.2.7-38-2016PQR9651, la Secretaría de Educación Departamental de Boyacá dio respuesta
a la solicitud descrita en el numeral 8 anterior, negando la petición allí
formulada e informando a las peticionarias que la solicitud de permuta entre
docentes es una modalidad del proceso de traslados ordinarios reglamentada en
el artículo 2º del Decreto 520 de 2010, la cual se encuentra sujeta a lo
dispuesto en el calendario establecido para este tipo de procesos[10].
11.
El quince (15) de abril de dos mil dieciséis (2016), por medio de un nuevo
escrito de petición, la accionante reiteró su solicitud de traslado a una
institución educativa que cumpliera con las recomendaciones señaladas por su
médico tratante, con base en el artículo 5 del Decreto 520 de 2010,
manifestando que en lo posible se autorizara la permuta con la profesora Sonia
Esperanza Suesca Rodríguez[11].
12.
El tres (3) de junio de dos mil dieciséis (2016), mediante oficio
1.2.3-38-2016PQR185682, la Secretaría de Educación Departamental de Boyacá dio respuesta
al escrito de petición descrito en el numeral 11 anterior, indicando que no era
posible acceder a dicha petición, debido a que la misma se encontraba por fuera
de los términos establecidos por el Ministerio de Educación para este tipo de
traslados, destacando que para solicitar un traslado por motivos de salud se
requería un concepto médico actualizado y señalando, además, que no se cumplía
con los requisitos necesarios para dar aplicación a la figura del traslado por
permuta[12].
13.
Como consecuencia de lo anterior, el diez (10) de junio de dos mil dieciséis (2016)
la accionante decidió interponer acción de tutela contra la Secretaría de Educación
Departamental de Boyacá, con el fin de que fueran protegidos sus derechos
fundamentales de petición, salud y trabajo, solicitando que se le ordenase a la
accionada adelantar los procedimientos administrativos necesarios para aprobar
su traslado, mediante la permuta con la profesora Sonia Esperanza Suesca
Rodríguez quien trabaja actualmente en la Escuela Normal Superior la
Presentación sede Santo Cristo del municipio de Soatá –Boyacá-[13]. Según la accionante, a
partir de su traslado a la Institución Educativa Juan José de Neira del municipio
de Gachantivá –Boyacá– y debido a las condiciones climáticas y topográficas en
las que se encuentra la misma, ha sufrido una desmejora en su estado de salud,
que le ha llevado a la medicación permanente ante la dificultad para caminar y
de asistir a sus controles médicos.
C.
RESPUESTA DE LA
ENTIDAD ACCIONADA
14. Mediante
escrito presentado el dieciséis (16) de junio de dos mil dieciséis (2016), la
entidad accionada dio contestación a la demanda señalando que no le asistía
razón a la señora Pico Cáceres en afirmar que la demandada había dado
respuestas evasivas a sus requerimientos. Asimismo, destacó que no se le había
vulnerado el derecho de petición a la accionante, pues en las respuestas a las
solicitudes de traslado se señalaba claramente que debía someter su petición a
los procesos establecidos para los traslados ordinarios dispuestos en la ley y
en las circulares Nº 104 de 2014 y 103 de 2015, destacando, además, que
mediante publicación realizada en la página web de la Secretaría de Educación Departamental
de Boyacá se puso en conocimiento de todos los docentes del Departamento el
contenido de la Directiva 02 del 3 de marzo de 2014, en la que se dispuso que
las permutas son consideradas como una modalidad de traslado ordinario y, por
lo tanto, a dichas solicitudes solo se les daba trámite una vez al año y en las
fechas establecidas para el efecto[14].
15.
Por otra parte, manifestó que no era cierto que se hubiere hecho caso omiso respecto
de la petición de traslado de la accionante, pues mediante la Resolución Nº
0189 del 1º de febrero de 2016 fue enviada a una plaza que ella misma escogió
por lo que, en su parecer, resultaba extraño que la señora Pico Cáceres reclamara
su traslado a otro municipio bajo la modalidad de permuta, sin haber recurrido
dicha resolución en la oportunidad pertinente, deduciendo entonces que lo
pretendido por la accionante era lograr el intercambio con la docente Sonia
Esperanza Suesca Rodríguez, amparándose en una supuesta vulneración de sus derechos
que no tienen sustento en razones de salud, pues el concepto médico laboral
esgrimido era el mismo que aquel presentado en el año 2015. En esa medida,
sostuvo que la accionante debía probar si sus condiciones habían variado desde
la fecha referida con la nueva condición climática en su lugar de trabajo[15].
16.
Sumado a lo anterior, señaló que la accionante confundió el traslado por salud,
el cual puede hacerse en cualquier época del año cuando existe diagnóstico
médico laboral – como en efecto se hizo en febrero de 2016 –, con la figura de traslado
vía permuta, la cual debe someterse a los procedimientos institucionales
fijados para su trámite y que, en todo caso, debe incluir a dos docentes que
deseen intercambiar sus plazas, mientras la solicitud de traslado por salud
únicamente involucra al docente afectado[16].
17.
Respecto de la vulneración de la continuidad en el servicio de salud, indicó
que la accionante sigue contando con este servicio en su lugar de trabajo. Por
su parte, en cuanto al derecho al trabajo, señaló que tampoco se le ha
trasgredido a la accionante ni se le ha desmejorado económicamente o se la ha
apartado de su cargo, pues ésta, a la fecha de la respuesta de la entidad
accionada, se encontraba prestando sus servicios en la institución educativa
Juan José de Neira de Gachantivá –Boyacá-, gozando de estabilidad laboral y de
remuneración mensual[17].
18.
Por lo anterior, solicitó que se denegaran las pretensiones de la demanda en
virtud a que en el presente caso no se evidencia un perjuicio irremediable que
pueda ser alegado y, por el contrario, lo que se pretende, en su opinión, es
pretermitir los trámites ordinarios para lograr el traslado a través de
permuta, sin que la demandante hubiere presentado prueba de alteraciones en su
condición de salud de forma posterior al certificado médico expedido el 18 de
agosto de 2015[18].
D.
DECISIONES JUDICIALES
OBJETO DE REVISIÓN
Sentencia proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo
Oral del Circuito de Tunja, el 24 de junio de
2016
19. El
juez, mediante auto del 13 de junio de 2016[19],
resolvió: (i) vincular a la señora Sonia Esperanza Suesca Rodríguez; (ii)
oficiar a la Secretaría de Educación de Boyacá para que allegara informe
detallado de las solicitudes de traslado y/o permuta por motivos de salud de la
accionante junto con el trámite, respuesta y resolución que se le ha dado a las
mismas; (iii) oficiar a Colombiana de Salud S.A., para que remitiera copia de
la historia clínica de la accionante junto con concepto médico laboral en el
que se señale de manera precisa las recomendaciones al empleador respecto de
los problemas de salud de la docente[20];
y (iv) oficiar a la Secretaría de Planeación y Obras Públicas del municipio de
Soatá –Boyacá-[21]
y al Rector de la Institución Educativa Escuela Normal Superior de la
Presentación de Soatá –Boyacá-[22]
para que rindieran informe sobre la ubicación geográfica y condiciones
climáticas y de acceso de la Institución Educativa Escuela Normal Superior de
la Presentación de Soatá, ubicada en el mencionado departamento.
20. Tras
recibir la información requerida, por medio de la sentencia del veinticuatro (24)
de junio de dos mil dieciséis (2016) el juzgado concluyó que la sede de la
institución educativa ubicada en el municipio de Gachantivá – Boyacá-, a la que
fue trasladada de manera voluntaria la actora, no cumplía con los requisitos
mínimos acordes con las recomendaciones realizadas por el médico tratante, y
que, contrario a lo manifestado por la accionante en su escrito de tutela, la
sede de la institución educativa ubicada en el municipio de Soatá –Boyacá-,
respecto de la cual solicitaba su traslado mediante permuta, tampoco cumplía
con las condiciones recomendadas por el médico.
Sumado a esto,
aclaró que si bien las solicitudes de traslado mediante permuta obedecieron, en
principio, a las condiciones de salud de la accionante, el juez constitucional
no puede arrogarse facultades administrativas que no le competen y que
pertenecen a la órbita discrecional de la administración dentro de los procesos
relacionados con las peticiones de permuta y traslados ordinarios previstos en
el artículo 22 de la Ley 715 de 2001. Ante esta situación y debido a que se
requería de manera urgente la reubicación de la accionante para proteger sus
derechos fundamentales a la vida, salud y trabajo, optó por ordenar a la
Secretaría de Educación Departamental de Boyacá que procediera a trasladar y
reubicar a la accionante a una institución educativa que cumpliese con las
condiciones específicas recomendadas por el especialista en salud ocupacional,
a través del concepto médico laboral del 18 de agosto de 2015, ratificado
mediante control del 20 de junio de 2016[23].
Advirtió que en caso de que no existiesen vacantes, la accionada debía proveer
el cargo con la primera vacante que disponible en el Departamento, sin
perjuicio de los trámites ordinarios de permuta que oportunamente gestionara la
accionante.
En todo caso,
determinó que sería deber de ambas partes (accionante y accionada) verificar de
manera previa al traslado las condiciones de la institución educativa
potencial, sin que de ningún modo pudiese verse desmejorada en su calidad de
vida. Lo anterior, respetando los límites del ius variandi. Por último,
destacó que esto se realizaba con base en las facultades que le asisten al juez
constitucional de fallar ultra petita, pues a pesar de no haberse
solicitado el traslado en los términos estudiados, su situación laboral
evidenciaba una vulneración a sus derechos fundamentales[24].
Impugnación
21.
La entidad accionada impugnó esta decisión considerando que: (i) la
administración, con la negativa al escrito de petición de traslado de la
accionante en la modalidad de permuta de fecha veintinueve (29) de febrero de
dos mil dieciséis (2016), actuó de acuerdo a lo que el ordenamiento legal
dispone sobre el particular, por lo que no se vulneraron los derechos
reclamados por la accionante; (ii) con la decisión adoptada en primera
instancia se está castigando la actuación de la accionada, al no tener en
cuenta que la tutela presentada por la accionante es en razón a que se le negó
el traslado en la modalidad de permuta y al omitir que la administración
procedió a la solicitud de traslado por salud presentada por la docente a una
plaza que voluntariamente escogió, quien luego, pretende otro traslado en la
modalidad de permuta; (iii) si para la demandante era tan urgente el traslado,
debió realizar una nueva solicitud ante la administración con un concepto médico
reciente, antes de acudir a la administración de justicia y solicitarlo por
permuta; y (iv) que lo que pretende la administración es que los docentes no
entorpezcan con el cambio de sus decisiones, la prestación del servicio
educativo en desmedro del derecho fundamental a la educación de los niños y niñas
matriculados en las diferentes instituciones educativas[25].
Sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 5, el
8 de agosto de 2016
22.
Mediante sentencia del 8 de agosto de 2016, la Sala de Decisión No. 5 del
Tribunal Administrativo de Boyacá resolvió revocar la sentencia proferida en
primera instancia y, en su lugar, denegar las pretensiones de la acción de tutela.
En este sentido, manifestó que “[l]a afectación de los derechos
fundamentales a la salud y al trabajo alegada por la señora Bertha Marina Pico
Cáceres, es producto de su actuar ligero y poco cuidadoso, en el entendido que
fue ella quien, en primera medida, no eligió entre las plazas oportunamente
ofertadas por la Secretaría de Educación de Boyacá, aquella que le garantizara
unas condiciones óptimas en su labor docente, y en segundo lugar, porque
pretende que se le conceda una permuta a una sede educativa que, valga
recalcar, tampoco atiende las recomendaciones médicas del especialista en salud
ocupacional”. Por lo anterior, concluyó que las respuestas de la Secretaría
de Educación de Boyacá negando las solicitudes de permuta no generaron una vulneración
de los derechos cuya protección solicita la accionante[26].
E.
INSISTENCIA
23.
Mediante escrito presentado el dieciocho (18) de enero de 2017, Hernán
Guillermo Jojoa Santacruz, en calidad de Director Nacional de Recursos y
Acciones Judiciales de la Defensoría del Pueblo, insistió en la selección para
revisión del expediente, “bajo los criterios objetivos y subjetivos de
selección, por la necesidad de pronunciarse sobre una determinada línea
jurisprudencial en relación con el ius variandi y las afecciones de salud del
trabajador, así como la exigencia de aclarar el contenido y alcance de una
derecho fundamental por posible violación o desconocimiento de precedente de la
Corte Constitucional contenido en la jurisprudencia sobre el traslado de
docentes dictaminado por el médico tratante”[27].
24.
En el escrito de insistencia recalcó que la jurisprudencia constitucional
provee de amplias facultades al juez de tutela para que, si encuentra
configurado alguno de los supuestos de traslado, resulte obligatorio que se
reconozca un trato diferencial positivo al trabajador. En esa medida, recordó
que es el médico tratante el facultado para conceptuar e indicar en uno u otro
sentido la necesidad de un traslado por razones de salud. Así las cosas,
consideró que en el presente caso el juez constitucional debía atender al
criterio del médico quien aconsejó el traslado, por lo que una decisión como la
de segunda instancia desconoce “la doctrina constitucional y la
interpretación pro homine de la situación, estableciendo un límite a la
aplicación del tratamiento diferencial positivo en cuanto a traslados de
docentes por afecciones de salud, al considerar que el error inicial de la
docente al escoger el sitio de traslado hacía imposible una nueva reubicación,
y que por lo tanto, las recomendaciones médicas en este sentido y para la
recuperación de la salud de la actora, no se podían atender”[28].
F.
ACTUACIONES
ADELANTADAS ANTE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y PRUEBAS RECAUDADAS EN SEDE DE
REVISIÓN
25.
Por medio de auto del veintisiete (27) de enero de dos mil diecisiete (2017),
la Sala de Selección de Tutelas Número Uno de la Corte Constitucional dispuso
la selección para revisión del expediente T-5.882.251, correspondiéndole esta
labor al Magistrado Alejandro Linares Cantillo[29].
26.
Mediante auto del veintiocho (28) de abril de
dos mil diecisiete (2017), el Magistrado sustanciador, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 64 del Reglamento de la Corte Constitucional, decretó
pruebas en sede de revisión, con el fin de recaudar elementos de juicio
relevantes para el proceso. En consecuencia, en dicho auto el Magistrado
sustanciador resolvió lo siguiente:
“PRIMERO-.
Por Secretaría General de esta Corte, SOLICÍTESE a la ciudadana Bertha
Marina Pico Cáceres, para que, en el término de dos (2) días hábiles contados a
partir de la notificación del presente auto mediante el envío vía correo
electrónico berthamarina25@yahoo.es
y pedrojfp39@gmail.com, se sirva
informar a este despacho:
a)    El nombre de la institución educativa en la que actualmente se
encuentra desempeñando labores de docente, especificando el municipio y
ubicación en la que ésta se encuentra.
b)
Si con posterioridad al 10 de junio de 2016, ha presentado alguna
solicitud de traslado por motivos de salud (con fundamento en lo dispuesto en
el numeral 3 del artículo 5 del Decreto 520 de 2010) y, en caso afirmativo,
adjunte copia de las mismas junto con el trámite, respuesta y cualquier otro
documento relacionado con dicha solicitud.
c)
Si desde el 20 de junio de 2016 se ha realizado algún examen
médico laboral que permita determinar su estado de salud en el actual lugar de
trabajo, así como las recomendaciones que hubiese expedido el médico tratante
al empleador, y, en caso afirmativo, se sirva remitir copia del concepto médico
correspondiente.
d)
Las razones por las cuales sustenta su petición de traslado a la
Secretaría de Educación Departamental de Boyacá, por temas de afectación de su
salud en traslado por permuta, sujeto a lo dispuesto en el artículo 2 del
mencionado Decreto, en lugar, de solicitar su traslado por razones de salud con
base en el numeral 3 del artículo 5 del Decreto 520 de 2010.
e)
Si participó en el proceso ordinario de traslados del último año
lectivo, en seguimiento a lo dispuesto en el cronograma diseñado por el
Ministerio de Educación Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 2 del Decreto 520 de 2010, y de ser el caso, cuál fue el resultado de
dicho proceso.
Para dar respuesta a todos los interrogantes anteriores, remita a esta
Corte, las pruebas o soportes correspondientes. La información podrá ser
enviada al fax de la Secretaría General de la Corte Constitucional, cuyo número
telefónico es 3367582, o al siguiente correo electrónico secretaria2@corteconstitucional.gov.co”.
“SEGUNDO-.
Por Secretaría General de esta Corte, OFÍCIESE a la Secretaría de
Educación Departamental de Boyacá, para que en el término de dos (2) días
hábiles contados a partir de la notificación del presente auto, certifique o
informe a este despacho:
a)
El nombre de la institución educativa en la
que se encuentra laborando actualmente la señora Bertha Marina Pico Cáceres,
junto con el municipio y ubicación en la que ésta se encuentra.
b)
Si para dar respuesta a los derechos de petición formulados por
la accionante, le fue informado de forma previa la condición de salud de la
accionante, y si tuvo en cuenta dicha condición, entre otras variables
relevantes para garantizar el trabajo de la accionante en condiciones dignas.
c)
Si con posterioridad al 10 de junio de 2016, la señora Bertha
Marina Pico Cáceres ha presentado alguna solicitud de traslado por motivos de
salud (con fundamento en lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 5 del
Decreto 520 de 2010) y/o mediante permuta (artículo 2 del mencionado Decreto)
y, en caso afirmativo, adjunte copia de las mismas junto con el trámite,
respuesta y cualquier otro documento relacionado con dicha solicitud.
d)
Si con posterioridad al 10 de junio de 2016, le ha sido informado
por parte del Ministerio de Educación Nacional el cronograma para la
realización por parte de las entidades territoriales certificadas del proceso
de traslados ordinarios de docentes, tal como lo dispone el numeral 1 del
artículo 2 del Decreto No. 520 del 17 de febrero de 2010. De ser afirmativo, si
con base en dicho cronograma, se ha dado trámite a alguna solicitud de permuta
de la accionante formulada con posteridad a la fecha mencionada, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 2 del mencionado Decreto.
e)
Si con posterioridad al 20 de junio de 2016, ha tenido
conocimiento o le ha sido remitido, dictamen médico proferido por Colombiana de
Salud S.A., en su calidad de prestadora del servicio de salud. De haberlo
recibido, sirva informar las medidas adoptadas por la Secretaría, para atender
las necesidades de salud de la accionante.
Para dar respuesta a los interrogantes anteriores, remita a esta Corte,
las pruebas o soportes correspondientes. La información podrá ser enviada al
fax de la Secretaría General de la Corte Constitucional, cuyo número telefónico
es 3367582, o al siguiente correo electrónico secretaria2@corteconstitucional.gov.co”.
“TERCERO-.
Por Secretaría General de esta Corte, OFÍCIESE a Colombiana
de Salud S.A., para que en el término de dos (2) días hábiles contados a partir
de la notificación del presente auto, certifique o informe a este despacho:
a)
Cuál fue el último concepto médico laboral que se le emitió a la
señora Bertha Marina Pico Cáceres, junto con copia del mismo en el que se
evidencie de manera precisa las recomendaciones al empleador respecto de los
quebrantos de salud que padece la accionante.
b)
Copia de la historia médica actualizada de la señora Bertha
Marina Pico Cáceres.
Para dar respuesta a los interrogantes anteriores, remita a esta Corte,
las pruebas o soportes correspondientes. La información podrá ser enviada al
fax de la Secretaría General de la Corte Constitucional, cuyo número telefónico
es 3367582, o al siguiente correo electrónico secretaria2@corteconstitucional.gov.co”.
“CUARTO-.
En cumplimiento del artículo 64 del Reglamento de la Corte
Constitucional, PONER a disposición de las partes o de los terceros con
interés, todas las pruebas recibidas en virtud de lo dispuesto en el presente
auto, para que se pronuncien sobre las mismas en un término de un (1) día
calendario a partir de su recepción”[30].
27. Debido a que
para el ocho (8) de mayo de dos mil diecisiete (2017) no había sido remitida a
la Corte Constitucional la información solicitada, la Sala Tercera de Revisión,
mediante Auto de la misma fecha, y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 64 del Reglamento de la Corte, resolvió “SUSPENDER los
términos del presente proceso por un periodo de un mes”[31].
Información allegada por
Bertha Marina Pico Cáceres, el nueve (9) de mayo de dos mil diecisiete (2017)
28.
Mediante escrito del cinco (5) de mayo de dos mil diecisiete
(2017), recibido en la Secretaría General de la Corte Constitucional el nueve
(9) de mayo del mismo año, la señora Pico Cáceres manifestó lo siguiente: (i)
que actualmente se encuentra desempeñando labores de docente en la Institución
Educativa Juan José Neira del municipio de Gachantivá –Boyacá-; (ii) que
mediante escrito de petición radicado el doce (12) de octubre de 2016 dentro
del proceso de traslados convocado por la Secretaría de Educación, presentó una
nueva solicitud de traslado ante la Secretaría de Educación de Boyacá, el cual
fue resuelto el cinco (5) de diciembre del mismo año por esta Secretaría. En
dicha respuesta la entidad accionada dio viabilidad al traslado vía permuta con
la profesora Sonia Esperanza Suesca Rodríguez. Asimismo, se aclaró que la sede
en la que ésta se encontraba trabajando no tenía sostenibilidad de matrícula y
no garantizaba la continuidad de la planta, por lo que podía ser reubicada
nuevamente en primera instancia. Debido a lo anterior, la accionante decidió
declinar el ofrecimiento hecho por la Secretaría de Educación, solicitando
dejar abierta la posibilidad de ser reubicada en otra plaza que cumpliera con
los requisitos del concepto médico; (iii) que el último concepto médico con el
que cuenta es el emitido el veinte (20) de junio de 2016, el cual se encuentra
vigente, pero aclara que teniendo en cuenta que su enfermedad es degenerativa,
continúa con los controles, terapias y tratamientos médicos que la llevaron a
solicitar el traslado y la subsiguiente presentación de la acción de tutela;
(iv) que la solicitud de traslado del veintinueve (29) de febrero de 2016 (ver supra
núm. 8) fue presentada con base en el artículo 5, numeral 3 del Decreto 520
de 2010, pero debido a que por este procedimiento no se obtuvo un resultado
positivo, se vio obligada a someterse al proceso ordinario de traslados (ver supra
numerales 8 y 11); y (v) que sí participó en el proceso ordinario de
traslados del año 2016[32].
Información allegada por la Secretaría de Educación
Departamental de Boyacá, el diez (10) de mayo de dos mil diecisiete (2017)
29.
Mediante oficio 1.2.7-38-2017 del nueve (9) de mayo de dos mil diecisiete
(2017), recibido en la Secretaría General de la Corte Constitucional el diez
(10) de mayo del mismo año, la señora Rocío del Pilar Corredor Suárez,
Profesional Universitario de Gestión de Personal de la Secretaría de Educación
de Boyacá manifestó lo siguiente: (i) que la accionante actualmente desempeña
labores de docente en la Institución Educativa Juan José Neira del municipio de
Gachantivá –Boyacá-; (ii) que sí conocía la condición de salud de la accionante
y esta situación, en efecto, fue tenida en cuenta para motivar la Resolución de
traslado Nº 00189 (ver supra núm. 6) hacia el lugar donde la actora
trabaja en la actualidad; (iii) que la señora Pico Cáceres radicó varias
solicitudes de traslado por salud y mediante permuta, con posterioridad al diez
(10) de junio de dos mil dieciséis (2016), dentro de las que se encuentran la
2016PQR18682 del quince (15) de abril de 2016, la 2016pqr35662 del dos (2) de
agosto de 2016, la 2016pqr48365 del doce (12) de octubre de 2016 y la
2016pqr56930 del seis (6) de diciembre de 2016; (iv) que mediante Resolución
No. 18483 del veintiuno (21) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), el
Ministerio de Educación Nacional fijó cronograma para la realización de
traslados de docentes y directivos docentes, frente a lo cual la Secretaría de
Educación de Boyacá, mediante Resolución No. 006927 del seis (6) de octubre de
2016, convocó a los docentes a participar en el concurso de traslados. En
respuesta a dicha convocatoria la accionante y la señora Suesca Rodríguez
presentaron de forma conjunta una solicitud de traslado vía permuta el doce
(12) de octubre de 2016, la cual tras la respuesta de la Secretaría de
Educación Departamental de Boyacá el cinco (5) de diciembre de 2016, fue
desistida por las partes (las docentes que solicitaron la permuta) el seis (6)
de diciembre del mismo año; y (v) que no tienen conocimiento de un nuevo
dictamen de médico laboral con posterioridad a aquel con fecha del veinte (20)
de junio de 2016[33].
Información allegada por Colombiana de Salud S.A. el
dieciséis (16) de mayo de dos mil diecisiete (2017)
30.
Mediante oficio firmado por Cristóbal Barón, apoderado judicial de Colombiana
de Salud S.A., recibido en la Secretaría General de la Corte Constitucional el
dieciséis (16) de mayo de dos mil diecisiete (2017), el referido abogado
manifestó que la señora Pico Cáceres se encuentra afiliada a Colombiana de
Salud S.A., y que la última valoración médica realizada a ésta fue el veinte (20)
de junio de dos mil dieciséis (2016), según consta en los anexos de la historia
clínica de la accionante, en la que se reitera tanto que la accionante sufre de
“reumatismo de tejidos blandos”, como las recomendaciones realizadas a
la paciente y el empleador en el concepto médico del dieciocho (18) de agosto
de 2015[34].
Información allegada por la
Secretaría de Educación Departamental de Boyacá, el dieciocho (18) de mayo de
dos mil diecisiete (2017)
31.
Mediante oficio 1.2.7-38-2017pqr24502 del diecisiete (17) de mayo de dos mil
diecisiete (2017), recibido en la Secretaría General de la Corte Constitucional
el dieciocho (18) de mayo del mismo año, la señora Rocío del Pilar Corredor
Suárez, Profesional Universitario de Gestión de Personal de la Secretaría de
Educación Departamental de Boyacá, remitió al expediente copia del oficio con
fecha del seis (6) de diciembre de 2016, mediante el cual la señora Pico
Cáceres desistió de la solicitud de traslado por permuta, agradeciéndole a la
Secretaría de Educación Departamental de Boyacá por haber tenido en cuenta su
petición y solicitando que se le tenga en cuenta para un traslado a una plaza
que cumpla con las condiciones del concepto médico laboral, tal como lo había
solicitado como primera medida en su petición radicada el 12 de octubre de 2016[35].
II.
CONSIDERACIONES
A.
COMPETENCIA
32. Esta
Corte es competente para conocer de esta acción de tutela, de conformidad con
lo establecido en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución
Política, los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, así como en virtud
del Auto del veintisiete (27) de enero de 2017, expedido por la Sala de
Selección de Tutelas Número Uno de esta Corte, que decidió someter a revisión
la decisión adoptada por los jueces de instancia.
B.
CUESTIONES PREVIAS –
PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA
33. En virtud de lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política, los artículos concordantes del Decreto 2591 de 1991 y la
reiterada jurisprudencia constitucional sobre la materia[36], la acción
de tutela tiene un carácter residual y subsidiario. Por lo anterior, solo
procede como mecanismo de protección definitivo (i) cuando el
presunto afectado no disponga de otro medio de defensa judicial; o (ii) cuando
existiendo ese medio carezca de idoneidad o eficacia para proteger de forma
adecuada, oportuna e integral los derechos fundamentales, a la luz de las
circunstancias del caso concreto. Además, procederá como mecanismo transitorio cuando
se interponga para evitar la consumación de un perjuicio irremediable en un
derecho fundamental[37].
En el evento de proceder como mecanismo transitorio, el accionante deberá
ejercer dicha acción en un término máximo de cuatro (4) meses a partir del
fallo de tutela y la protección se extenderá hasta tanto se produzca una
decisión definitiva por parte del juez ordinario[38].
34. Teniendo en cuenta
lo anterior, a continuación se realizará un análisis en el caso concreto de la
procedencia de la acción de tutela.
Procedencia
de la acción de tutela – Caso concreto
35.
Legitimación por activa: Con base en lo dispuesto en el artículo 10 del
Decreto 2591 de 1991[39],
la Corte Constitucional ha concretado las opciones de ejercicio de la acción de
tutela, para el que existe la posibilidad “(i) del ejercicio directo, es
decir, quién interpone la acción de tutela es a quien se le está vulnerando el
derecho fundamental; (ii) por medio de representantes legales, como en el caso
de los menores de edad, los incapaces absolutos, los interdictos y las personas
jurídicas; (iii) por medio de apoderado judicial, caso en el cual el apoderado
debe ostentar la condición de abogado titulado y al escrito de acción se debe
anexar el poder especial para el caso o, en su defecto, el poder general
respectivo; y (iv) por medio de agente oficioso.”[40].
36.
En el presente caso, la acción de tutela resulta procedente en la medida en que
fue interpuesta por la accionante, Bertha Marina Pico Cáceres, a nombre propio,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política de
Colombia y el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, de modo que se cumple con
el requisito de legitimación por activa.
37. Legitimación
por pasiva: De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 86 de la
Constitución, así como en los artículos 5 y 13 del Decreto 2591 de 1991, la
acción de tutela procede contra cualquier acción u omisión en que incurra una
autoridad pública.
38. En
el caso bajo estudio, se encuentra satisfecho el requisito de legitimación en
la causa por pasiva, toda vez que la entidad demandada es la Secretaría de
Educación Departamental de Boyacá, como autoridad pública que desempeña sus
funciones en el nivel territorial, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
715 de 2001.
39. Inmediatez: De acuerdo con la jurisprudencia de
esta Corte, a pesar de no existir un término de caducidad para acudir a la
acción de tutela, ésta debe presentarse en un término prudente y razonable después de ocurrir los hechos que
motivan la afectación o amenaza de los derechos[41]. De este modo, ha dicho este Tribunal que esa relación de inmediatez
entre la solicitud de amparo y el hecho vulnerador de los derechos
fundamentales, debe evaluarse en cada caso concreto, atendiendo a los
principios de razonabilidad y proporcionalidad[42].
40. En
el presente caso, encontramos que: (i) la última solicitud de traslado por
parte de la accionante, antes de la presentación de la acción de tutela, fue
realizada el quince (15) de abril de 2016; (ii) la respuesta a dicha solicitud
de traslado fue emitida el tres (3) de junio de 2016; y (iii) la acción de
tutela fue interpuesta el diez (10) de junio de 2016. Como se observa,
transcurrió un tiempo supremamente corto entre la respuesta a la solicitud de
traslado emitida por la accionada y el momento de interposición del recurso de
amparo, por lo que la Sala considera que en el presente caso se cumple con los
criterios de razonabilidad y proporcionalidad y, en consecuencia, se encuentra
satisfecho el requisito de inmediatez.
41.
Subsidiariedad de la acción de tutela: De conformidad con el artículo 86 de la Carta y el artículo 6º del
Decreto 2591 de 1991, la naturaleza
subsidiaria y residual de la acción de tutela circunscribe la procedencia del
amparo a tres escenarios: (i) la
parte interesada no dispone de otro medio judicial de defensa; (ii) existen
otros medios de defensa judicial, pero son ineficaces para proteger derechos
fundamentales en el caso particular, o (iii) para evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable.
42. En desarrollo de lo anterior, se
ha establecido que aun existiendo otros mecanismos a los cuales puede acudir la
parte demandante, la acción de tutela está llamada a prosperar cuando se
comprueba que los mismos (i) no son lo suficientemente expeditos para evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, evento en el cual se otorgará un
amparo transitorio[43];
o (ii) no son lo suficientemente idóneos para brindar un amparo integral, caso
el cual la tutela procederá como mecanismo definitivo de protección[44].
43.
Lo anterior puede verse reflejado en la sentencia SU-961 de 1999, en la que esta
Corte consideró que: “en cada caso, el juez está en la obligación de
determinar si las acciones disponibles le otorgan una protección eficaz y
completa a quien la interpone. Si no es así, si los mecanismos ordinarios
carecen de tales características, el juez puede otorgar el amparo de dos
maneras distintas, dependiendo de la situación de que se trate. La primera
posibilidad es que las acciones ordinarias sean lo suficientemente amplias para
proveer un remedio integral, pero que no sean lo suficientemente expeditas para
evitar el acontecimiento de un perjuicio irremediable. En este caso será
procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio, mientras se resuelve
el caso a través de la vía ordinaria”. La segunda posibilidad es que las
acciones comunes no sean susceptibles de resolver el problema de forma idónea, circunstancia
en la cual es procedente conceder el amparo de manera directa, como mecanismo
de protección definitiva de los derechos fundamentales[45].
44. De manera particular, frente a la cuestión bajo
estudio, la jurisprudencia ha destacado que el mecanismo de la acción de tutela
no es procedente, por regla general, para solicitar el traslado de un docente
del sector público, “por cuanto una decisión en tal sentido depende de la
petición directa que se formule por el educador, la cual debe agotar el proceso
administrativo, ordinario o extraordinario, dispuesto en la Ley 715 de 2001 y
en el Decreto 520 de 2010”[46].
Además, una vez se haya surtido dicho trámite, la respuesta que se brinde por
la administración es susceptible de ser controvertida, a través de la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho, ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo[47].
De este modo, la posibilidad de oponerse a actos administrativos se encuentra
dentro de las hipótesis previstas en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, cuando al
consagrar el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho se
dispone que: “Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo
amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto
administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho
(…)”.
45. Conviene
recordar que la Corte Constitucional ha señalado de manera general que la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho es idónea y efectiva para
proteger derechos que puedan verse amenazados o vulnerados por actuaciones de
la administración[48].
Igualmente, después de realizar un estudio de la manera como se encuentran
reguladas en la Ley 1437 de 2011, ha señalado que las medidas cautelares que
pueden solicitarse en el marco de los procesos iniciados con base en las
acciones previstas en la mencionada ley tienen esas mismas características[49].
Por esta razón, resulta en principio improcedente la acción de tutela contra
actuaciones de la administración cuando no se ha presentado una acción
contenciosa en la cual se pueden solicitar medidas cautelares. Al respecto, ha
dicho que “[p]or regla general, es improcedente la acción de tutela contra
actos administrativos, por cuanto los medios de control y las medidas
cautelares establecidos en la Ley 1437 de 2011 se presumen idóneos y eficaces
para adelantar el control de legalidad de dichos actos”[50].
46. Sumado a lo anterior, esta misma Corte ha manifestado
que si bien, como se dijo, la regla general es la improcedencia de la acción de
tutela en casos como el aquí estudiado debido a la existencia de otros
mecanismos de defensa para controvertir la decisión tomada, de forma
excepcional se presentan algunos supuestos en los que puede considerarse que
existe una inminente amenaza o vulneración del orden constitucional y por tanto
se hace imperiosa la intervención del juez de tutela[51]. En este sentido, se ha
dispuesto que “para que el juez constitucional pueda entrar a pronunciarse
sobre una decisión de traslado laboral, se requiere lo siguiente: (i) que la
decisión sea ostensiblemente arbitraria, en el sentido que haya sido adoptada
sin consultar en forma adecuada y coherente las circunstancias particulares del
trabajador, e implique una desmejora de sus condiciones de trabajo (T-715 de 1996
y T-288 de 1998); y (ii) que afecte en forma clara, grave y directa los
derechos fundamentales del actor o de su núcleo familiar.”[52] Por esta razón, se ha
admitido que la intervención de juez de tutela se encuentra condicionada “a
un examen particular de las circunstancias fácticas que rodean cada caso
concreto, en las cuales se deberá comprobar la existencia de una carga
desproporcionada en cabeza del docente, por virtud de la cual se pueda
acreditar que el hecho de someterlo a los tiempos del procedimiento ordinario
de traslado, conduciría a un escenario de amenaza real o de vulneración de los
derechos fundamentales del docente o de su núcleo familiar”[53].
47. En el presente caso, esta Sala encuentra que la señora
Pico Cáceres fue trasladada el primero (1º) de febrero de 2016 mediante la
Resolución Nº 00189, tras la oferta de diferentes sedes de traslado por parte
de la administración y luego de aceptar uno de esos destinos, del municipio de
Chita –Boyacá-, al municipio de Gachantivá –Boyacá-. La parte accionada, en su
escrito de contestación, resaltó que resultaba llamativo que la accionante no
hubiese recurrido oportunamente dicha resolución, oponiéndose al lugar al que
fue trasladada por no corresponder con las recomendaciones médicas.
Ante
la situación anteriormente descrita, esta Sala destaca que si bien le asiste
razón a la accionada en su consideración sobre el hecho que la accionante debió
hacer uso de los recursos disponibles de manera oportuna, acudiendo a la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho referida líneas atrás (ver supra,
numerales 44 y 45), por ser este mecanismo el que, por regla general, es
idóneo y eficaz, en el presente caso éste no resultaba idóneo en la medida en
que en nada hubiera contribuido a la protección de su derecho a la salud, el
cual buscaba ser protegido con su solicitud de traslado inicial, pues
retrotraer los efectos de dicha resolución de traslado hubiera hecho que la
accionante retornara al municipio de Chita –Boyacá-, lugar donde igualmente se encontraba
en peligro su derecho fundamental a la salud[54].
48. Sumado a lo anterior, y con base en lo mencionado líneas
atrás, esta Corte ha reiterado que para justificar la procedencia excepcional
de la acción de tutela en materia de traslados laborales, debe verificarse, en
primer lugar, que la decisión tomada (en este caso aquella que niega el
traslado) sea ostensiblemente arbitraria, en el sentido que haya sido adoptada
sin consultar en forma adecuada y coherente las circunstancias particulares del
trabajador; y en segundo lugar, que se presente una afectación clara, grave y
directa de los derechos fundamentales de la parte accionante.
49. Sobre este último presupuesto, la Corte ha
precisado que puede verse afectado en forma grave un derecho fundamental en los
siguientes eventos[55]:
a.
Cuando el traslado
laboral genera serios problemas de salud, “especialmente porque en la
localidad de destino no existan condiciones para brindarle el cuidado médico
requerido”[56].
b.
Cuando el traslado
pone en peligro la vida o la integridad del servidor o de su familia[57].
c.
En los casos en que
las condiciones de salud de los familiares del trabajador pueden incidir, dada
su gravedad e implicaciones, en la decisión acerca de la constitucionalidad del
traslado.
d.
En eventos en los que
la ruptura del núcleo familiar va más allá de una simple separación
transitoria, ha sido originada por causas distintas al traslado mismo o se trata
de circunstancias de carácter superable.
50. En el caso bajo estudio, resulta claro para la Sala
que las negativas dadas por parte de la administración a las solicitudes de
traslado de la accionante (ver supra numerales 10 y 12) se fundamentaron,
de manera general, en que dichas peticiones, al tratarse de una permuta, debían
someterse al trámite ordinario de traslado y, por ende, al calendario
establecido para ello, por lo que la accionante habría presentado dichas
solicitudes de manera extemporánea. Lo anterior, en consideración de esta Sala,
podría llegar a considerar de manera preliminar que la entidad accionada no
consultó en forma adecuada y coherente las circunstancias particulares del
trabajador, en la medida en que obligaba a la actora a esperar hasta la
apertura de un nuevo proceso de traslado con base en el calendario escolar, conociendo
advertencias como la formulada por el Rector de la Institución Educativa Juan
José de Neira del municipio de Gachantivá, quien informó que esta institución
no podía garantizar los derechos de la accionante, pues debido a sus
condiciones, no se ajustaba a ninguna de las exigencias formuladas por el
concepto médico laboral, situación que también fue aceptada por la señora Pico
Cáceres.
51. Por su parte, esta Sala considera que, de igual modo,
se constata una amenaza grave a los derechos fundamentales de la accionante, en
la medida en que el municipio en el que se encuentra ésta no ofrece condiciones
para brindar el cuidado médico requerido, enmarcándose así en el presupuesto (a)
descrito en el numeral 49 visto líneas atrás.
52. Por todo lo anterior, esta Sala considera que en este
caso el juez constitucional se encuentra facultado para intervenir con el fin
de proteger los derechos fundamentales aparentemente vulnerados. Esto, debido a
la inexistencia de un mecanismo eficaz para la protección de los derechos de la
accionante, lo que lleva a concluir que se encuentra satisfecho el requisito de
subsidiariedad y se procederá a realizar el estudio de fondo del presente caso.
C.
PLANTEAMIENTO DEL
PROBLEMA JURÍDICO, MÉTODO Y ESTRUCTURA DE LA DECISIÓN
De conformidad con los hechos expuestos en la Sección I
anterior, corresponde a la Corte analizar si:
53. Las
actuaciones de la Secretaría de Educación Departamental de Boyacá vulneraron
los derechos fundamentales de petición, salud y debido proceso de la docente
Bertha Marina Pico Cáceres, como consecuencia de haberse negado el traslado
laboral solicitado del municipio de Gachantivá –Boyacá-, donde desempeña sus
labores actualmente, al municipio de Soatá –Boyacá-, donde trabaja la profesora
Sonia Esperanza Suesca Rodríguez, con quien se busca la permuta frente al lugar
de trabajo.
54. Con el fin de resolver el problema jurídico planteado,
la Sala procederá a analizar: (i) el ejercicio del ius variandi para la
prestación efectiva del servicio público de educación, sus límites ante las
solicitudes de traslado de docentes y el debido proceso administrativo; (ii) la
solicitud de traslado de docente como ejercicio del derecho fundamental de
petición; (iii) el derecho fundamental a la salud y el diagnóstico como
componente integral de este derecho; y (iv)
resolver el caso concreto.
D.
EL EJERCICIO DEL IUS VARIANDI PARA
LA PRESTACIÓN EFECTIVA DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN, SUS LÍMITES ANTE LAS
SOLICITUDES DE TRASLADO DE DOCENTES Y EL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO.
REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA.
55. El servicio público de educación, cuando se presta a
través de instituciones del Estado, supone el desenvolvimiento de la función
pública y el sometimiento a unas reglas que definen la relación laboral que
surge entre los docentes y la administración. Uno de los principales
instrumentos que rigen esa relación es el ius variandi, el cual ha sido
identificado como una herramienta fundamental en la prestación efectiva del
servicio público de educación, a partir del poder de subordinación que se
ejerce[58].
Con fundamento en lo anterior, se ha admitido que si bien la administración
cuenta con una amplia facultad para proceder a la reubicación laboral de la
planta de docentes que presta sus servicios al Estado, ésta no es ilimitada[59].
Bajo este panorama, la Corte ha
determinado que la facultad antes mencionada “se materializa en la
posibilidad que tiene la respectiva autoridad nominadora, en este caso, la
administración pública, de modificar la sede de la prestación de los servicios
personales, bien sea de oficio para garantizar una continua, eficiente y
oportuna prestación del servicio público de educación cuando las necesidades
así lo impongan, o bien por la solicitud de traslado que realice directamente
un docente”[60].
En esa medida, como lo expresó
recientemente este Tribunal mediante la sentencia T-316 de 2016:
“[a]un cuando en principio esta
facultad es discrecional del empleador, en todo caso su ejercicio debe atender
a las circunstancias específicas del trabajador. En otras palabras, para
adoptar esta determinación existe la carga de consultar el estado de salud, el
escenario familiar, el lugar y tiempo de trabajo, las condiciones salariales,
el rendimiento demostrado, entre otras variables relevantes para garantizar el
trabajo en condiciones dignas. Precisamente, la Corte ha señalado que este poder de subordinación
debe ser empleado sin generar una afectación desproporcionada de los derechos
fundamentales del trabajador, pues, evidentemente,
en ciertas circunstancias una reubicación laboral puede llegar a afectar la
vida familiar más allá de lo razonable, imponiendo cargas excesivas en términos
de garantía a derechos como la salud, la educación o la integridad del núcleo
familiar”[61].
Determinado
lo anterior, a continuación se procederá a analizar el marco jurídico que rige
el traslado de docentes en Colombia de cara al ejercicio del ius variandi en
los términos vistos líneas atrás.
56. En materia de educación pública, el artículo 22 de la
Ley 715 de 2001 le otorga al nominador la facultad discrecional de trasladar a
docentes o directivos docentes, con el fin de asegurar la debida prestación de
este servicio público[62],
realizando el derecho fundamental a la educación de los niños. Esta norma se
complementa con lo dispuesto en el artículo 52 del Decreto 1278 de 2002, en el
que se señala que la situación administrativa del traslado se presenta “cuando
se provee un cargo docente o directivo docente vacante definitivamente, con un
educador en servicio activo que ocupa en propiedad otro con funciones afines y
para el cual se exijan los mismos requisitos aunque sean de distintas entidades
territoriales”. Sumado a esto, en el artículo 53 del mismo Decreto se
establece que los traslados proceden: “a) Discrecionalmente por la autoridad
competente, cuando para la debida prestación del servicio se requiera el
traslado de un docente o directivo docente dentro del mismo distrito o
municipio, o dentro del mismo departamento cuando se trate de municipios no
certificados, con el fin de garantizar un servicio continuo, eficaz y
eficiente; b) Por razones de seguridad debidamente comprobadas; c) Por
solicitud propia.”[63].
El Decreto 520 de 2010,
recopilado en los artículos 2.4.5.1.1 - 2.4.5.1.8 del Decreto Único
Reglamentario del Sector Educación[64],
por su parte, reglamenta el artículo 22 de la Ley 715 de 2001 en relación con
el proceso de traslado de docentes y directivos docentes. Frente a los
traslados por solicitud propia del docente, dicho decreto consagra dos
modalidades de procesos que se pueden llevar acabo: (i) por una parte, el proceso
ordinario, que se caracteriza por la existencia de un cronograma vinculado
con el calendario estudiantil y con la realización de una convocatoria en la
que se publicitan las vacantes existentes; y (ii) por la otra, el proceso
extraordinario, cuya práctica puede realizarse en cualquier época del año,
sin necesidad de sujetarse a un procedimiento reglado, siempre que concurran
circunstancias excepcionales como, por ejemplo, motivos de seguridad personal o
problemas de salud que afecten al docente.
57. El proceso ordinario de traslado se encuentra
consagrado en el artículo 2.4.5.1.2 del Decreto 1075 de 2015[65]. Como fue mencionado
anteriormente, su procedencia se sujeta a períodos específicos de tiempo, con
la finalidad de que no se afecte la oportuna prestación del servicio de
educación. Para tal efecto, cada entidad territorial debe valorar su planta de
personal con miras a garantizar el funcionamiento de sus establecimientos
educativos y así poder expedir un reporte anual de vacantes definitivas que
podrán ser provistas a través de proceso ordinario de traslado. Para ello, se
debe cumplir con el cronograma fijado por el Ministerio de Educación Nacional,
antes del inicio del receso estudiantil de que trata el Decreto 1373 de 2007[66], con el fin
de que al siguiente año escolar, “los docentes trasladados se encuentren
ubicados en los establecimientos educativos receptores”[67], en aras de
garantizar la continua “prestación del servicio educativo”[68].
58. Así las cosas, con base en el cronograma fijado por el
Ministerio de Educación Nacional y el reporte anual de vacantes, la entidad
territorial certificada convocará al proceso de traslado mediante acto
administrativo “en el cual detallará las necesidades del servicio educativo
por atender mediante traslado ordinario de docentes y directivos docentes”[69]. Sumado a
ello, cada entidad territorial certificada deberá realizar la difusión de la
convocatoria durante un periodo mínimo de quince (15) días hábiles anteriores a
la fecha en la cual se dé inicio a la inscripción en el proceso ordinario[70].
59. Cuando la reubicación se realice dentro de la misma entidad
territorial, solo se requerirá un acto administrativo debidamente motivado por
la autoridad nominadora, y cuando se trate de traslados entre departamentos,
distritos o municipios certificados, debe haber, además, un convenio
interadministrativo entre las entidades territoriales involucradas. En este
último supuesto deben encontrarse por los menos dos partes: (i) la entidad
territorial remisora y (ii) la entidad territorial receptora[71].
60. Para que este proceso resulte exitoso, la entidad remisora deberá dar
vía libre a la petición y proceder a desvincular al docente de su planta de
personal. Por su parte, la entidad receptora tendrá que valorar las posibles
vacantes que existan atendiendo a las necesidades de prestación del servicio y,
de ser posible, bajo dicho parámetro, nombrarlo en un cargo de iguales o
mejores condiciones al que se encontraba[72].
Este procedimiento debe tener como fin último la satisfacción del criterio de
eficiencia en la prestación del servicio público de educación y el respeto por los
derechos fundamentales de los docentes o directivos docentes[73].
61. De igual manera, como ya se mencionó, es importante resaltar el hecho
que para finalizar el procedimiento de traslado de un docente, cuando dicha
decisión supera los límites territoriales de la entidad nominadora, se exige
celebrar un convenio interadministrativo. Esta figura supone la existencia de “un
consenso de voluntades entre entidades públicas”[74], el cual genera
obligaciones entre las partes que lo suscriben. En todo caso, por su carácter
dispositivo, cada entidad territorial involucrada tiene la posibilidad de
concertar los términos del traslado atendiendo a las particularidades de su
localización geográfica, de manera que, bajo ninguna circunstancia, se
comprometa la prestación eficiente del servicio educativo[75].
62. Finalmente, para la toma de decisiones y con el fin de priorizar los
traslados, este proceso se sujeta a ciertos parámetros objetivos como el tiempo
de permanencia en el establecimiento educativo en donde el docente se encuentra
prestando el servicio, la obtención de reconocimientos y la postulación a
vacantes del mismo perfil y nivel académico[76].
63. El proceso extraordinario de traslado, por otro
lado, parte de la base de reconocer la existencia de escenarios en los que la
solicitud de traslado no puede sujetarse a la rigurosidad del procedimiento
ordinario, por la ocurrencia de circunstancias excepcionales en la prestación
del servicio, o por las condiciones de urgencia y/o vulnerabilidad en que se
encuentra el docente, las cuales demandan una respuesta oportuna por parte de
la administración para evitar la afectación de sus derechos fundamentales[77].
64. El proceso extraordinario de traslado funciona en el
supuesto en que el docente o directivo docente no puede esperar hasta la
finalización del calendario estudiantil para que se formalice su traslado, pues
dicha solicitud se podrá llevar a cabo en cualquier momento, a partir de la
acreditación de las circunstancias excepcionales que la justifican.
Precisamente, por su carácter especial, se entiende que no produce una
afectación irracional en la prestación del servicio público de la educación, en
la medida en que no se trata de habilitar un escenario de movilidad permanente
de los educadores. En este sentido, el artículo 2.4.5.1.5 del Decreto 1075 de
2015 establece:
“Artículo
2.4.5.1.5. Traslados no sujetos al proceso ordinario. La autoridad
nominadora efectuará el traslado de docentes o directivos docentes mediante
acto administrativo debidamente motivado, en cualquier época del año lectivo,
sin sujeción al proceso ordinario de traslados de que trata este decreto,
cuando se originen en: // 1. Necesidades del servicio de carácter
académico o administrativo, que deban ser resueltas discrecionalmente para
garantizar la continuidad de la prestación del servicio educativo. // En tal
caso, el nominador de la entidad territorial debe adoptar la decisión
correspondiente considerando, en su orden, las solicitudes que habiendo
aplicado al último proceso ordinario de traslado no lo hayan alcanzado. // 2.
Razones de seguridad fundadas en la valoración de riesgo adoptada con base en
la reglamentación que establezca el Ministerio de Educación Nacional. // 3.
Razones de salud del docente o directivo docente, previo dictamen médico del
comité de medicina laboral del prestador del servicio de salud. // 4.
Necesidad de resolver un conflicto que afecte seriamente la convivencia dentro
de un establecimiento educativo, por recomendación sustentada del consejo
directivo”.
65. De la norma anteriormente transcrita se infiere que los escenarios de
procedencia del traslado extraordinario se originan en dos tipos de
necesidades: por una parte, en evitar que se comprometa la prestación eficiente
del servicio de educación ante situaciones inusuales que afecten su desarrollo,
como ocurre con el llamamiento a resolver un conflicto de convivencia o cuando se
invocan necesidades del servicio; y por la otra, en garantizar la efectividad
de los derechos fundamentales del docente, al tener en cuenta circunstancias
apremiantes de seguridad o razones de salud[78].
66. En cuanto al trámite que debe seguir el proceso extraordinario, a
partir del mandato genérico consagrado en el inciso segundo del artículo 22 de
la Ley 715 de 2001[79]
se advierte que cuando el traslado se pide dentro de la misma entidad
territorial, tan solo será necesario que la autoridad nominadora expida un acto
administrativo debidamente motivado en el que dé respuesta a la solicitud
formulada. Por el contrario, si su alcance supone la confluencia de dos
entidades territoriales certificadas, se requerirá, además, de un convenio interadministrativo
entre ellas[80].
67. En este último escenario, las dos partes (entidad remisora y entidad
receptora) deben llegar a un consenso de voluntades sobre la viabilidad y
materialización del traslado solicitado. Para ello, se aplicarán las mismas
exigencias que aquellas establecidas para el proceso ordinario, de acuerdo con
las cuales la entidad receptora deberá valorar la existencia de vacantes en su
planta de personal y las necesidades de prestación del servicio, con el fin de
nombrar al docente en un cargo de iguales o mejores condiciones al que se
encontraba[81].
Con base en lo anterior, puede
concluirse que:
“la
diferencia entre el procedimiento ordinario y el procedimiento extraordinario
radica, esencialmente, en que en el segundo la procedencia de la petición del
docente no se limita al cronograma del calendario estudiantil. Esta
circunstancia, como ya se dijo, no conduce a una afectación irracional del
servicio de educación, ya que no se trata de habilitar un escenario de
movilidad permanente, sino de realizar ajustes excepcionales de la planta de
personal, a partir de la acreditación de las causales especiales que la
justifican. Por lo demás, su operatividad se circunscribe tanto a la
posibilidad razonable de la entidad remisora de cubrir las vacantes que se
derivan del traslado, como a la existencia misma de vacantes en la entidad
receptora, que permitan proveer el cargo que se requiere como resultado de la
solicitud formulada”[82].
68. Por último, y debido a las particularidades que rodean
el caso bajo estudio, debe hacerse referencia a la figura de traslados
recíprocos o permuta de cargos, la cual consiste en el intercambio de docentes
realizado entre dos instituciones educativas respecto de funcionarios con
cargos iguales, cuya procedencia se somete al previo acuerdo entre las
entidades nominadoras, con sujeción al criterio de necesidad y a la
imposibilidad de afectar la composición de las plantas de personal, en los
términos previstos en la Ley 715 de 2001.
69. La figura de traslado mediante permuta se encuentra
consagrada en el inciso 3º del artículo 22 de la Ley 715 de 2001, el cual
establece que “[l]as solicitudes de traslados y las permutas procederán
estrictamente de acuerdo con las necesidades del servicio y no podrán afectarse
con ellos la composición de las plantas de personal de las entidades
territoriales” (subrayado fuera del texto original). Esta Corte, en la
sentencia C-918 de 2002, declaró la exequibilidad de la
expresión “permuta” antes citada, en el marco del análisis del carácter
discrecional de la decisión de traslado adoptada por la autoridad nominadora.
En esta medida, el Tribunal Constitucional entendió que con el cambio que se
introdujo en la regulación legal sobre traslados docentes, la posibilidad de
realizar traslados por permuta depende del ejercicio de una facultad
discrecional del Estado, y no de un acuerdo libre entre dos funcionarios, como
lo disponía anteriormente el artículo 4º del Decreto 180 de 1982[83].
70. Sumado a lo anterior, la figura de permuta en el traslado de docentes
se encuentra referida en el inciso 2º, parágrafo 2º, del artículo 2.4.5.1.2 del
Decreto 1075 de 2015, el cual menciona que “[c]uando se trate de permuta,
con estricta sujeción a la atención de las necesidades del servicio educativo,
según lo establecido en el inciso 3° del artículo 22 de la ley 715 de 2001, no
será autorizado el traslado por la autoridad nominadora si a uno de los dos
solicitantes le faltan cinco (5) años o menos de servicio para alcanzar la edad
de retiro forzoso” (subrayado fuera del texto original). Debido a lo
anterior, se ha considerado que la permuta, al encontrarse dentro del artículo
2º del citado Decreto que regula el proceso ordinario de traslados, es
una figura que debe seguir los mismos lineamientos que aquel.
71. Sin perjuicio de esto, debe destacarse que a
diferencia del traslado tanto ordinario como extraordinario, con la figura de
traslado por permuta en ningún momento se presenta una vacante definitiva en el
empleo que desempeñaba el docente que fue objeto de traslado[84], siendo éste quizás el
elemento más diferenciador entre estas figuras. Independientemente de esto, la modalidad
de traslados recíprocos o permuta de cargos, en principio, parecería enmarcarse
dentro del proceso ordinario o al menos sujetarse al mismo procedimiento de
aquel, que “al estar sujeto a ciertos requisitos, como lo es el referente al
cronograma del cual depende su procedencia, le otorga a la Administración la
posibilidad de realizar un ejercicio ponderado de planeación que garantice la
prestación continua del servicio de educación”[85]. En todo caso, debe
tenerse en cuenta que esta figura, bajo ningún supuesto, se basa en un acuerdo
libre entre dos funcionarios, sino que se enmarca dentro del ejercicio de una
facultad discrecional del Estado, la cual debe ser ejercida con base en los
límites y principios del ius variandi arriba descritos.
72. Sumado a todo lo anterior, debe tenerse en
cuenta que todo procedimiento de traslado debe sujetarse a las reglas relativas
al debido proceso. El artículo 29 de la Constitución Política consagra el
debido proceso como un derecho fundamental aplicable “a toda clase de
actuaciones judiciales y administrativas”. En términos generales, la
jurisprudencia constitucional ha definido este derecho “como el conjunto de garantías previstas en el
ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del
individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante
su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la
justicia”.[86]
73. Del
mismo modo, la Corte Constitucional ha señalado que el respeto a este derecho
fundamental supone que todas las autoridades judiciales y administrativas,
dentro del ámbito de sus competencias, deben ejercer sus funciones con sujeción
a los procedimientos previamente definidos en la ley, respetando las formas
propias de cada juicio, a fin de que los derechos e intereses de los ciudadanos
incursos en una relación jurídica cuenten con la garantía de defensa necesaria
ante posibles actuaciones arbitrarias o abusivas, en el marco de la creación,
modificación o extinción de un derecho o la imposición de una sanción.[87]
74. En
esa medida, el debido proceso se erige como una garantía y a la vez un
principio rector de todas las actuaciones judiciales y administrativas del
Estado[88],
lo cual implica que las autoridades deban realizar sus funciones bajo
parámetros normativos previamente establecidos[89],
permitiendo ejercer control sobre la función pública[90]. Bajo esa premisa, el derecho al debido proceso se manifiesta
como desarrollo del principio de legalidad y como un límite al ejercicio del
poder público, en la medida en que toda competencia asignada a las autoridades
públicas no puede desarrollarse sino conforme a lo dispuesto en el ordenamiento
jurídico, en procura de la garantía de los derechos de los administrados.
75. Como
se desprende de lo establecido en el mismo artículo 29 de la Constitución, el
derecho al debido proceso cobija tanto las actuaciones judiciales como las
administrativas. En efecto, como se señaló en la sentencia C-034 de 2014, “[u]na
de las notas más destacadas de la Constitución Política de 1991 es la extensión
de las garantías propias del debido proceso a las actuaciones administrativas.
Ello demuestra la intención constituyente de establecer un orden normativo en
el que el ejercicio de las funciones públicas se encuentra sujeto a límites
destinados a asegurar la eficacia y protección de la persona, mediante el
respeto por sus derechos fundamentales”.
Bajo este entendido,
el debido proceso se enmarca dentro del contexto de garantizar la correcta
producción de los actos administrativos, lo cual comprende “todo el
ejercicio que debe desarrollar la administración pública en la realización de
sus objetivos y fines estatales, lo que implica que cobija todas las
manifestaciones en cuanto a la formación y ejecución de los actos, a las
peticiones que presenten los particulares, a los procesos que por motivo y con
ocasión de sus funciones cada entidad administrativa debe desarrollar y desde
luego, garantiza la defensa ciudadana al señalarle los medios de impugnación
previstos respecto de las providencias administrativas, cuando crea el
particular que a través de ellas se hayan afectado sus intereses”[91].
76. En
relación con los aspectos básicos que determinan y delimitan el ámbito de
aplicación del debido proceso administrativo, ha dicho la Corte que se trata de
un derecho constitucional fundamental, de aplicación inmediata por disposición
expresa del artículo 29 de la Constitución Política que le reconoce dicho
carácter, “pero que se complementa con el contenido de los artículos 6° del
mismo ordenamiento, en el que se fijan los elementos esenciales de la
responsabilidad jurídica de los servidores públicos, y el artículo 209 que
menciona los principios que orientan la función administrativa del Estado”[92].
Dentro
de ese contexto, la Corte ha definido el debido proceso administrativo como “(i)
el conjunto complejo de condiciones que le impone la ley a la administración,
materializado en el cumplimiento de una secuencia de actos por parte de la
autoridad administrativa, (ii) que guarda relación directa o indirecta entre
sí, y (iii) cuyo fin está previamente determinado de manera constitucional y
legal”[93].
Lo anterior, con el objeto de “(i) asegurar el ordenado
funcionamiento de la administración, (ii) la validez de sus propias actuaciones
y, (iii) resguardar el derecho a la seguridad jurídica y a la defensa de los
administrados”[94].
77.
A lo anterior, la
jurisprudencia de esta Corte ha añadido que, en algunas oportunidades, se
configura una vulneración al derecho al debido proceso como consecuencia de la
“aplicación irreflexiva de normas procesales que conllevan el
desconocimiento consciente de la verdad objetiva allegada a la autoridad que
tiene a su cargo la decisión del asunto”.[95]
Así, ha dicho este Tribunal
que cuando se sobreponen las formas rituales al derecho sustantivo que
claramente deriva de los hechos objeto de decisión, se puede transgredir lo
establecido en el artículo 228 de la Constitución, a causa de la aplicación
excesiva de una norma formal, que de esa manera impide la efectividad de un
derecho sustancial. En este sentido, en la sentencia T-268 de 2010
esta Corte sostuvo que:
“(…) por disposición del
artículo 228 Superior, las formas no deben convertirse en un obstáculo para la
efectividad del derecho sustancial, sino que deben propender por su
realización. Es decir, que las normas procesales son  un medio para lograr
la efectividad de los derechos subjetivos y no fines en sí mismas. Ahora bien,
con fundamento en el derecho de acceso a la administración de justicia y en el
principio de la prevalencia del derecho sustancial, esta Corporación  ha
sostenido que en una providencia judicial puede configurarse un defecto
procedimental por “exceso ritual manifiesto” cuando hay una renuncia consciente
de la verdad jurídica objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en la
aplicación de las normas procesales.”
Sumado a esto, la Corte ha
agregado que la figura del exceso ritual manifiesto debe
suponer, como su mismo nombre lo indica, una aplicación desproporcionada de una
ritualidad o formalismo, que conlleva desconocer la verdad objetiva
de los hechos puestos en consideración del juez o la administración, lo cual
supone que, cuando en sede de tutela se analice la vulneración de un
derecho fundamental por excesiva aplicación de las formas o ritualidades, será
imperativo para el juez examinar si la aplicación de las normas procesales
fue irrazonable, desproporcionada o excesiva[96].
E.
LA SOLICITUD DE
TRASLADO DE DOCENTE COMO EJERCICIO DEL DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN
78. Como se pudo ver
en el acápite anterior, las solicitudes de traslado pueden darse mediante un
proceso ordinario o un proceso extraordinario, respetando siempre el debido
proceso administrativo. Si bien frente a las solicitudes de traslado que elevan
los docentes y que no están sujetas al proceso ordinario, no se contempló de
manera expresa un término de respuesta, la jurisprudencia de esta Corte ha
considerado que “se debe acudir a lo consagrado en el artículo 23 de la
Constitución Política de Colombia, el cual hace alusión al derecho de petición,
el cual es fundamental al estar ubicado en el capítulo 1º del Título II”[97].
79. El artículo 23 de la Constitución
Política de 1991 establece que “toda
persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por
motivos de interés general o particular y obtener una pronta resolución”. El derecho de petición es un
derecho fundamental por sí mismo y, a través de él, se ejercen otros derechos
constitucionales como el debido proceso, la salud, la educación, el trabajo, el
acceso a la administración de justicia, entre otros.
80. El derecho de petición puede ser
interpuesto ante particulares y autoridades públicas. La importancia respecto
de estas últimas radica en que a través de éste, se promueve el funcionamiento
de la administración, se exige el goce de distintas prerrogativas y se accede a
la información. Es por esta razón que dentro de sus garantías se encuentran (i)
la pronta resolución del mismo, es decir que la respuesta debe entregarse
dentro del término legalmente establecido para ello; y (ii) la contestación
debe ser clara y efectiva respecto de lo pedido, de tal manera que permita al
peticionario conocer la situación real de lo solicitado. En esa medida, se ha hecho
énfasis en que se debe dar resolución
integral de la solicitud, de manera que se atienda lo pedido, sin que ello
signifique que la solución tenga que ser positiva. Al respecto, esta Corte ha
dicho que:
“… una respuesta es suficiente
cuando resuelve materialmente la petición y satisface los requerimientos del
solicitante, sin perjuicio de que la respuesta sea negativa a las pretensiones
del peticionario[98]¸es efectiva si la
respuesta soluciona el caso que se plantea[99]; y es congruente si
existe coherencia entre lo respondido y lo pedido, de tal manera que la
solución a lo pedido verse sobre lo preguntado y no sobre un tema semejante o
relativo al asunto principal de la petición, sin que se excluya la posibilidad
de suministrar información adicional que se encuentre relacionada con la
petición propuesta”[100].
En otras palabras, el goce
efectivo del derecho de petición implica que exista una contestación que
resuelva efectivamente lo pedido, sin que implique que la respuesta corresponda
a lo solicitado, puesto que la misma puede ser negativa siempre que sean claras
las razones por las cuales no se accede a lo peticionado; dicho de otra manera,
no puede ser evasiva o abstracta. De la misma forma, se requiere que la
respuesta sea de fondo, clara, congruente, oportuna y
notificada eficazmente[101]. Sobre
el particular la Corte ha dicho que[102]:
“(…) el pronunciamiento debe versar sobre lo
preguntado, sin evasivas y puntualizando en lo que realmente desea conocer el
ciudadano; la claridad de la respuesta está relacionada con “la virtud que le permite al
peticionario entender el porqué del comportamiento de la administración,
independientemente de que esté o no de acuerdo con la resolución finalmente
tomada sobre lo pedido”[103]http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-439-13.htm - _ftn14; por su parte la congruencia implica la coherencia
entre lo respondido y lo pedido. Finalmente, la oportunidad y la notificación
eficaz de la respuesta, constituyen que la misma debe ser suministrada con la
mayor celeridad posible, sin que se exceda el término legal, y notificando de
manera que se garantice que el peticionario tendrá conocimiento de ella”.
81. En consecuencia, esta Sala recalca que siendo la solicitud
de traslado un ejercicio del derecho de petición, es deber de la administración
resolver este tipo de solicitudes atendiendo “(a) el derecho que tienen los
docentes de presentar solicitudes, sin negarse a
recibirlas o a tramitarlas, (b) el deber de resolver dentro de los términos
establecidos, (c) de manera completa y detallada sobre todos los asuntos
indicados en la petición, (d) lo cual debe ser comunicado al solicitante”[104].
F.
DERECHO FUNDAMENTAL A
LA SALUD Y EL DIAGNÓSTICO COMO COMPONENTE INTEGRAL DE ESTE DERECHO. REITERACIÓN
DE JURISPRUDENCIA
82. Como se desprende de lo visto líneas atrás (ver supra
numerales 63-65), uno de los escenarios en los que se origina el traslado
extraordinario es con base en las circunstancias de salud de los docentes. Lo
anterior, en consecuencia, busca la materialización del derecho a la salud
consagrado en la Constitución. De manera particular, el artículo 49 de la Carta contempla el derecho a la salud como un
servicio público a cargo del Estado, quien debe garantizar a todas las personas
su acceso junto con los servicios de promoción, protección y recuperación
conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. De conformidad con este artículo[105], la
salud tiene una doble connotación: (i) como derecho fundamental del que son
titulares todas las personas; y (ii) como servicio público de carácter esencial
cuya prestación es responsabilidad el Estado.
83. El derecho fundamental a la salud ha sido entendido como “la facultad que tiene todo ser
humano de mantener la normalidad orgánica funcional, tanto física como en el
plano de la operatividad mental, y de restablecerse cuando se presente una
perturbación en la estabilidad orgánica y funcional de su ser”[106]. El
Legislador, mediante la Ley Estatuaria 1751 de 2015, reconoció el carácter
fundamental e irrenunciable que comporta el derecho a la salud. De este modo, en
el artículo 8º de esta ley se precisó que la atención en materia de salud debe
prestarse de manera integral, es decir, que “los servicios y tecnologías de salud deberán
ser suministrados de manera completa para prevenir, paliar o curar la
enfermedad, con independencia del origen de la enfermedad o condición de salud,
del sistema de provisión, cubrimiento o financiación definido por el legislador”.
84. Como
lo ha sostenido esta Corte[107], el concepto
de integralidad no implica que la atención médica opere de manera absoluta e
ilimitada, sino que la misma se encuentra condicionada a lo que establezca el
diagnóstico médico. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el
principio de integralidad en materia de salud ha sido entendido como “el
derecho que tiene el paciente a recibir una atención médica completa, esto es,
que le sean suministrados todos los servicios que requiera para garantizar su
vida e integridad física, psíquica y emocional”[108].
85. En cuanto al
derecho al diagnóstico, la Corte ha sostenido que éste “(…) implica la
determinación con precisión y suficiencia de cuál es el estado de salud del
paciente y de cuáles sus condiciones médicas, lo que constituye un presupuesto
necesario para poder brindarle la atención integral (médica, quirúrgica,
hospitalaria y terapéutica) que responda de la mejor manera a la dolencia que
lo aqueja”[109]. Asimismo, se ha señalado que
son tres las etapas de las que está compuesto un diagnostico efectivo: la identificación,
la valoración y la prescripción. La etapa de identificación comprende la
práctica de los exámenes previos que se ordenaron con fundamento en los
síntomas del paciente. Una vez se obtengan los resultados de los exámenes
previos, se requiere una valoración oportuna y completa por parte de los
especialistas que amerite el caso, quienes, en consecuencia, prescribirán los
procedimientos médicos que se requieran para atender el cuadro clínico del
paciente[110]http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/T-036-17.htm -
_ftn35.
86. Teniendo en cuenta lo anterior, se observa
que el diagnóstico ha sido entendido no solo como un instrumento que permite la
materialización de una atención integral en salud, sino también como un derecho
del paciente a que el profesional competente evalúe su situación y determine
cuáles son los servicios, procedimientos, insumos y/o tecnologías que requiere
para preservar o recuperar su salud. En consecuencia, es posible afirmar que “el derecho al
diagnóstico es un aspecto integrante del derecho a la salud, por cuanto es
indispensable para determinar cuáles son los servicios y tratamientos que de
cara a la situación del paciente resultan adecuados para preservar o recuperar
su salud”[111].
G.
SOLUCIÓN AL CASO
CONCRETO
87. En el presente caso, esta Sala debe determinar
si las actuaciones de la Secretaría de Educación Departamental de Boyacá
vulneraron los derechos fundamentales de petición, salud y debido proceso de la
docente Bertha Marina Pico Cáceres, como consecuencia de haberse negado el
traslado laboral solicitado por la actora, mediante permuta entre la
institución educativa ubicada en el municipio de Gachantivá –Boyacá; donde
desempeña sus labores actualmente, al municipio de Soatá –Boyacá; donde trabaja
la docente Sonia Esperanza Suesca Rodríguez, con quien solicita la permuta .
88. En el caso que aquí se analiza,
encuentra la Sala que el primero (1º) de febrero de 2016 se formalizó el
traslado extraordinario, previa solicitud de la señora Pico Cáceres, desde la
Institución Educativa Normal Superior Sagrado Corazón en el municipio de Chita
–Boyacá-, a la Institución Educativa Juan José Neira en el municipio de
Gachantivá –Boyacá- (ver supra numeral 6), siendo la motivación de dicho
traslado la aplicación del concepto médico laboral emitido el 18 de agosto de
2015, por el médico adscrito a Colombiana de Salud S.A., en el cual le fue
diagnosticado a la actora “reumatismo de tejidos blandos”. El anterior
concepto médico había sido utilizado previamente para sustentar una solicitud
de traslado por motivos de salud, radicada por la accionante ante la Secretaría
de Educación Departamental de Boyacá el once (11) de septiembre de 2015, dándose
así aplicación a la figura de ‘traslados no sujetos al proceso ordinario’,
consagrado en el artículo 2.4.5.1.5 del Decreto 1075 de 2015.
89. Como se pudo ver, debido a que la
institución educativa a la que fue trasladada la actora no se ajustaba a las
exigencias y condiciones recomendadas por el concepto médico laboral, tal como
fue manifestado por el Rector de la Institución Educativa Juan José de
Neira del municipio de Gachantivá –Boyacá- (ver supra numeral 7), el veintinueve (29) de febrero de 2016 la accionante decidió
presentar una nueva petición solicitando su traslado laboral, esta vez mediante
permuta con la señora Sonia Esperanza Suesca Rodríguez, quien se encontraba
trabajando en la Institución Educativa Escuela Normal Superior la Presentación
en el municipio de Soatá –Boyacá-.
90. La anterior petición interpuesta por
la accionante fue denegada por parte de la Secretaría de Educación
Departamental de Boyacá el veintiocho (28) de marzo de 2016, al considerar que
la solicitud de traslado mediante permuta es una modalidad del proceso de traslados
ordinarios, reglamentado en el artículo 2.4.5.1.2 del Decreto 1075 de 2015, por
lo que se encontraba sujeta a lo dispuesto en el cronograma establecido para
este proceso, de acuerdo con el calendario estudiantil. Como consecuencia de lo
anterior, el quince (15) de abril de 2016 la señora Pico Cáceres decidió reiterar
esta petición solicitando nuevamente el traslado a una institución educativa
que cumpliera con las recomendaciones médicas señaladas en el concepto médico
laboral del dieciocho (18) de agosto de 2015, y manifestando que en lo posible
se autorizara la permuta con la profesora Sonia Esperanza Suesca Rodríguez. Dicha
petición fue igualmente rechazada por parte de la Secretaría de Educación
Departamental de Boyacá, el tres (3) de junio de 2016, lo que conllevó a que la
actora decidiera interponer la acción de tutela objeto del presente proceso, el
diez (10) de junio de 2016.
91. Potencial vulneración al derecho
al trabajo de la actora: Un análisis de los
hechos del caso permite a esta Sala concluir, en primera medida, que no existe
fundamento para considerar que se presenta una vulneración al derecho al trabajo
de la señora Pico Cáceres, en la medida en que ésta, desde el momento de
interposición de sus solicitudes de traslado y hasta la actualidad, ha podido
ejercer libremente su oficio en la Institución Educativa Juan José Neira del municipio
de Gachantivá –Boyacá-, lugar al que ella mismo consintió en ser trasladada.
92. Potencial vulneración al derecho
de petición de la accionante: En segunda medida, frente al ejercicio del
derecho de petición por parte de la accionante, las solicitudes de traslado,
como se señaló, constituyen un ejercicio del derecho de petición consagrado en
el artículo 23 de la Constitución Política. Por lo anterior, la administración,
al resolver este tipo de solicitudes, debe dar una respuesta de fondo, clara, congruente, oportuna y notificada eficazmente,
conforme a las exigencias propias de este derecho.
Sobre el particular, para esta Sala es
claro que si bien la Secretaría de Educación Departamental de Boyacá dio respuestas
de fondo, claras y congruentes, negando las peticiones de la actora con base en
el hecho de que se trataba de solicitudes sujetas al procedimiento ordinario de
traslado, y que, por ende, no podían ser tramitadas en cualquier momento del
año, sino que estaban sujetas a un cronograma específico vinculado al calendario
escolar; estas respuestas no fueron oportunas, pues se dieron por fuera del
término legal para resolver las peticiones, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 14 de la Ley 1437 de 2011[112]. Por lo anterior, esta Sala encuentra que en el caso que aquí se
analiza, si bien podría considerarse que se presentó una vulneración al derecho
de petición de la accionante debido a que la Secretaría de Educación
Departamental de Boyacá no dio respuesta pronta y oportuna a las solicitudes
elevadas ante la misma, se configura aquí el fenómeno del hecho superado, en la
medida en que la señora Pico Cáceres obtuvo respuesta de fondo a sus
solicitudes, de
tal manera que la decisión que pudiese adoptar el juez respecto del caso
específico resultaría a todas luces inocua y, por lo tanto, contraria al
objetivo de protección previsto para el amparo constitucional[113]. Por lo anterior, la Sala declarará la improcedencia de la tutela
respecto de este derecho particular.
93. Potencial vulneración al debido
proceso administrativo: Como lo ha expresado esta Corte, si bien la
administración, en ejercicio del ius variandi, cuenta con una amplia
facultad para proceder a la reubicación laboral de la planta de docentes que
presta sus servicios al Estado, esta facultad no es ilimitada, pues debe ser
ejercida sin generar una afectación desproporcionada de los derechos
fundamentales del trabajador.
Asimismo, la administración debe tener en
cuenta que en el procedimiento de solicitud de traslado se debe garantizar en
todo momento el derecho al debido proceso administrativo, dando prevalencia al
derecho sustancial sobre las formas, el cual puede ser vulnerado cuando se
presenta un ‘exceso ritual manifiesto’ al aplicar de manera desproporcionada un
formalismo que conlleve a desconocer la verdad objetiva de los hechos puestos
en consideración de la administración. Por ello, es deber del juez
constitucional analizar si la aplicación de ciertas normas fue irrazonable,
desproporcionada o excesiva, y en caso afirmativo, verificar si dicha actuación
vulneró otros derechos fundamentales además del debido proceso.
94. Por otro lado, al estudiar de manera
concreta las circunstancias fácticas que rodearon el caso aquí estudiado, esta
Sala encuentra que no se presentó una vulneración al debido proceso
administrativo. Lo anterior, en la medida en que: (i) frente a la primera
solicitud de traslado (ver supra numerales 4-6), la accionante misma
consintió en su traslado al municipio de Gachantivá –Boyacá-, no pudiendo
alegar que fue enviada de manera arbitraria por parte de la administración,
pues su propia actuación fue la que conllevó a que se ubicara en esta sede;
(ii) en relación con la segunda petición (ver supra numerales 8-10), es
evidente que la accionante solicitó su traslado mediante la figura de permuta,
la cual, como se vio, se encuentra sujeta al procedimiento ordinario de
traslados, debiendo cumplir con el calendario escolar, de modo que no se le
puede endilgar a la Secretaría de Educación Departamental de Boyacá algún tipo
de actuación arbitraria al negar esta petición por haberse dado por fuera del
término establecido para este tipo de traslados; y (iii) en cuanto a la tercera
solicitud (ver supra numerales 11-12), se trató de una reiteración de la
segunda petición, de modo que le era imposible a la accionada suponer que se
trataba de una nueva solicitud, esta vez por causas médicas, más aún cuando en
la misma se reiteraba la petición de traslado mediante permuta, misma que se
encuentra sujeta a las reglas de traslado ordinario.
95. Potencial vulneración al derecho
fundamental a la salud: De conformidad con la
jurisprudencia constitucional aplicable, la Corte evidenció en el presente caso
que el poder de subordinación sobre la accionante, generó una afectación excesiva
a su derecho fundamental a la salud, puesto que le fueron impuestas cargas que
se pueden entender como desproporcionadas, frente a la garantía al derecho a la
salud que le asiste a la accionante. Encuentra sustento lo anterior en el hecho
que como se evidenció en el acervo probatorio la
Institución Educativa Juan José Neira del municipio de Gachantivá –Boyacá- no
cumple con las condiciones mínimas para garantizar el derecho a la salud de la
accionante, conforme a las recomendaciones médicas determinadas en el concepto
médico laboral emitido el dieciocho (18) de agosto de 2015 y ratificado el
veinte (20) de junio de 2016.
96. Debido a lo anterior, esta Sala considera necesario intervenir en el presente caso con
el fin de proteger el derecho a la salud que se encuentra amenazado en la institución
educativa en la que actualmente se encuentra la actora, ya que al haber sido
diagnosticada con una enfermedad degenerativa, se evidencia en el presente caso
una vulneración continua al derecho fundamental a la salud de la accionante, en
su faceta de derecho al diagnóstico. Sin perjuicio de esto, debe resaltar que
el juez constitucional no puede arrogarse facultades
administrativas que no le competen y que pertenecen a la órbita de la administración[114], pues tiene que tener en cuenta que para adelantar los procesos de
traslado de docentes, la ley consagra procedimientos específicos en cabeza de
la administración, los cuales buscan hacer efectivos no sólo los derechos de
los docentes que prestan sus servicios al Estado, sino también garantizar la
debida prestación del servicio público de educación.
97. En este sentido, no puede la Sala, como lo
pretende la señora Pico Cáceres, ordenar su traslado al municipio de Soatá
–Boyacá-[115], pues con esto se estaría interfiriendo en las facultades que precisamente
le pertenecen a la administración. Esto, además, teniendo en cuenta que
como fue comprobado por el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de
Tunja en primera instancia, tras recibir los informes de la Secretaría de
Planeación y Obras Públicas del municipio de Soatá –Boyacá- y el Rector de la
Institución Educativa Escuela Normal de la Presentación de Soatá -Boyacá, esta
sede no cumplía con las condiciones necesarias para seguir las prescripciones
médicas recomendadas a la accionante.
98. No obstante, tras haber comprobado que existen
afectaciones al derecho a la salud de la actora, y teniendo en cuenta que en
este caso se logró verificar que (i) la accionante se encuentra actualmente
trabajando en un lugar que no cumple con las condiciones sugeridas en sus
dictámenes médicos, poniendo en riesgo su derecho a la salud; (ii) las
solicitudes de traslado presentadas por la señora Pico Cáceres, pareciesen
tener como sustento las circunstancias de salud verificadas en sus conceptos
médico laborales; y (iii) la última valoración médico laboral de la accionante
tuvo lugar el veinte (20) de junio de 2016, es decir casi un año antes de la
notificación de la presente sentencia. Por tanto, esta Sala considera que con
el fin de proteger de manera adecuada el derecho fundamental a la salud en su
faceta de derecho al diagnóstico de la señora Pico Cáceres, deberá optarse por
realizar una nueva valoración médica que permita determinar las condiciones de
salud actuales de la accionante y, con base en esta valoración actualizada, dar
un trámite apropiado y una solución definitiva a la situación de la actora.
99. En esa medida, en la parte resolutiva de la
presente providencia se dispondrá (i) revocar la sentencia proferida en segunda
instancia por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 5, el
8 de agosto de 2016, en la que, a su vez, se resolvió revocar la sentencia
proferida en primera instancia por el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del
Circuito de Tunja, el 24 de junio de 2016, para en su lugar conceder el amparo
del derecho fundamental a la salud de la señora Pico Cáceres, vulnerado como
consecuencia de la actuación de la Secretaría de Educación Departamental de
Boyacá; (ii) ordenar a la entidad accionada que, dentro del término de cinco
(5) días hábiles siguientes a la notificación de la presente sentencia, adelante
las gestiones necesarias para la realización de una valoración médico laboral
de la accionante, conforme a las reglas establecidas en la Resolución 2346 del
once (11) de julio de 2007; y (iii) ordenar a la Secretaría de Educación
Departamental de Boyacá, si las consideraciones del diagnóstico médico lo recomendasen,
dar trámite al procedimiento de traslado laboral extraordinario por motivos de
salud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.4.5.1.5 del Decreto 1075
de 2015.
En todo
caso, debe resaltar esta Sala que, de proceder el traslado en los términos
vistos anteriormente, será deber tanto de la accionante, Bertha Marina Pico
Cáceres, como de la accionada, Secretaría de Educación Departamental de Boyacá,
verificar de manera previa las condiciones de la sede potencial para el
traslado de la actora, constatando que ésta cumpla con las condiciones
recomendadas en el concepto médico laboral.
H.
SÍNTESIS DE LA
DECISIÓN
100. De
conformidad con los fundamentos fácticos expuestos en la Sección I de esta
providencia, le correspondió a la Sala Tercera de Revisión determinar si la
Secretaría de Educación Departamental de Boyacá había vulnerado los derechos
fundamentales de petición, salud, debido proceso y trabajo de la señora Bertha
Marina Pico Cáceres, al haber negado las solicitudes de traslado presentadas
por la accionante.
101.
Las solicitudes de traslado de docente constituyen un
ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la
Constitución Política. Por lo anterior, la administración, al resolver este
tipo de solicitudes, debe dar una respuesta de fondo, clara, congruente,
oportuna y notificada eficazmente, conforme a las exigencias propias de este
derecho particular.
102.
La administración, al adelantar el procedimiento de
traslado de docentes, debe garantizar en todo momento el derecho al debido
proceso administrativo, dando prevalencia al derecho sustancial sobre las
formas, conforme a lo establecido en el artículo 228 Superior, el cual puede
ser vulnerado cuando se presenta un ‘exceso ritual manifiesto’ al aplicar de
manera desproporcionada un formalismo que conlleve a desconocer la verdad
objetiva de los hechos puestos en consideración de la administración misma.
103. En materia de educación pública, el artículo 22 de la
Ley 715 de 2001 le otorga a la administración la facultad de trasladar a los
docentes o directivos docentes. El artículo 53 del Decreto 1278 de 2002, por su
parte, señala que dichos traslados proceden (i) discrecionalmente por la
autoridad competente para garantizar la debida prestación del servicio; (ii)
por razones de seguridad debidamente comprobadas; y (iii) por solicitud propia
por parte del trabajador.
104. Tratándose de traslados por solicitud propia del
trabajador, el Decreto 1075 de 2015 consagra dos modalidades de procesos que se
pueden llevar a cabo: (i) el proceso ordinario, que se caracteriza por
la existencia de un cronograma vinculado con el calendario estudiantil y con la
realización de una convocatoria en la que se publicitan las vacantes
existentes; y (ii) el proceso extraordinario, cuya práctica puede
realizarse en cualquier época del año, sin necesidad de sujetarse a un
procedimiento reglado, siempre que concurran circunstancias excepcionales como,
por ejemplo, motivos de seguridad personal o problemas de salud que afecten al
docente.
105. Sumado a esto, la figura de traslados recíprocos o permuta
de cargos se enmarca dentro del proceso ordinario de traslados, por lo que se
sujeta a ciertos requisitos como el referente al cronograma determinado para la
interposición de la respectiva solicitud. Esta figura, como se vio, no se
fundamenta en la voluntad y el acuerdo libre entre dos funcionarios, sino que
se enmarca dentro del ejercicio de una facultad discrecional del Estado, la
cual debe ser ejercida con base en los límites del ius variandi,
desarrollados por la jurisprudencia de esta Corte.
106. Asimismo, se resaltó que uno de los escenarios en
los que se origina el traslado extraordinario es con base en las circunstancias
de salud de los docentes, lo que busca la materialización del derecho
fundamental a la salud consagrado en la Constitución. Este derecho fundamental
del que son titulares todas las personas implica una prestación en cabeza del
Estado, quien deberá realizarlo de manera integral, lo cual no implica
que la atención médica opere de manera absoluta e ilimitada, sino que la misma
se encuentra condicionada a lo que establezca el diagnóstico médico. Lo
anterior ha conllevado a considerar que el diagnóstico sea tenido no solo como
un instrumento que permite la materialización de una atención integral en
salud, sino también como un derecho del paciente a que el profesional
competente evalúe su situación y determine cuáles son los servicios,
procedimientos, insumos y/o tecnologías que requiere para preservar o recuperar
su salud, siendo el derecho al diagnóstico un aspecto que integra el derecho
fundamental a la salud.
107. Teniendo en cuenta lo anterior, al
analizar el caso concreto, la Sala encontró que no existe fundamento para
considerar que existe una vulneración al derecho al trabajo de la señora Pico
Cáceres, en la medida en que ésta, desde el momento de interposición de las
diferentes solicitudes de traslado y hasta la actualidad, ha podido ejercer
libremente su oficio en la Institución Educativa Juan José Neira del municipio
de Gachantivá –Boyacá-, lugar al que ella misma consintió en ser trasladada.
108. Por su parte, en cuanto a la
aparente vulneración del derecho de petición, esta Sala pudo constatar que,
frente a las solicitudes de traslado elevadas por la accionante, la Secretaría
de Educación Departamental de Boyacá dio una respuesta de fondo, clara y
congruente, a pesar de haberse dado por fuera del término legal establecido
para ello. Sin perjuicio de esto, la Sala optó por declarar la improcedencia de
la tutela frente a este derecho, al configurarse el fenómeno del hecho
superado, debido a que la accionante ya recibió respuesta a sus solicitudes, de manera que la decisión que
pudiese adoptar el juez respecto del caso específico resultaría a todas luces
inocua.
109. Sumado a lo anterior, la Sala
encontró que no se había presentado una vulneración al debido proceso
administrativo, debido a que no era posible endilgarle a la administración ninguna
responsabilidad por cuanto la accionante, al formular sus solicitudes de
traslado, no fue clara en determinar si éstas se fundamentaban en
circunstancias de salud (sujetas al proceso extraordinario) o se trataba de un
traslado mediante permuta (sujeto al proceso ordinario de traslados), por lo
que el actuar de la entidad accionada, luego de analizar las circunstancias del
caso y las pruebas recaudadas, no puede tenerse como arbitrario, en la medida
que, actuó y dio respuesta a las solicitudes formuladas por la actora, en línea
con lo dispuesto en la normatividad aplicable para atender las solicitudes de
traslado.
110. Sin perjuicio de esto, se encontró que
debido a que la Institución Educativa Juan José Neira del municipio de
Gachantivá –Boyacá- no cumplía con las condiciones mínimas para garantizar el
derecho a la salud de la accionante, se hacía necesario intervenir con el fin
de determinar de manera precisa la situación médica actual de la señora Pico
Cáceres y así proteger el derecho a la salud de la accionante. A pesar de esto,
se destacó que aun cuando el
juez constitucional no puede arrogarse facultades administrativas que
pertenecen a la órbita discrecional de la administración dentro de los procesos
relacionados con las solicitudes de traslado previstas en el artículo 22 de la
Ley 715 de 2001, desarrollados por el Decreto 520 de 2010 incorporado al
Decreto 1075 de 2015, sí puede verificar, dentro del ámbito de sus
competencias, si existen afectaciones a los derechos invocados por la actora.
Debido
a lo anterior, la Sala consideró que no podía, como lo pretendía la accionante,
ordenar su traslado al municipio de Soatá –Boyacá-, pues con esto se estaría
interfiriendo en las facultades que precisamente le pertenecen a la
administración. En consecuencia, optó por ordenar a la entidad accionada la
realización de todas las gestiones necesarias para llevar a cabo una valoración
médico laboral de la accionante, que permita determinar las condiciones de
salud actuales de ella y, con base en esta valoración actualizada, dar un
trámite apropiado y una solución definitiva a la situación de la actora. En
todo caso, consideró necesario resaltar que, de proceder el traslado en los
términos vistos anteriormente, será deber tanto de la accionante, como de la
accionada, verificar de manera previa las condiciones de la sede potencial para
el traslado de la actora, constatando que ésta cumpla con las condiciones
recomendadas en el concepto médico laboral.
III.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de Revisión de la
Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- LEVANTAR la suspensión de términos, declarada mediante el Auto del ocho (8) de
mayo de dos mil diecisiete (2017).
Segundo.- REVOCAR
la sentencia proferida en segunda instancia por el
Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 5, el 8 de agosto de
2016, en la que se resolvió, a su vez, revocar la sentencia proferida en
primera instancia por el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de
Tunja, el 24 de junio de 2016, para, en su lugar, NEGAR el amparo de los
derechos fundamentales al trabajo y debido proceso, declarar IMPROCEDENTE
la tutela frente al derecho fundamental de petición, y CONCEDER el
amparo del derecho fundamental a la salud de la señora Bertha Marina Pico
Cáceres.
Tercero.- ORDENAR a
la entidad accionada que, dentro del término de cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación de la presente sentencia, adelante todas las gestiones
necesarias para la realización de una valoración médico laboral de la señora
Bertha Marina Pico Cáceres, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución
2346 de 2007.
Cuarto.- ORDENAR
a la Secretaría de Educación Departamental de Boyacá, si las consideraciones
del concepto médico lo recomendasen, dar trámite al procedimiento de traslado
laboral extraordinario por motivos de salud, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 5º del Decreto 520 de 2010, recopilado en el artículo 2.4.5.1.5 del
Decreto 1075 de 2015. En todo caso, de proceder el traslado en los términos
vistos anteriormente, será deber tanto de la señora Bertha Marina Pico Cáceres,
como de la Secretaría de Educación Departamental de Boyacá, verificar de manera
previa las condiciones de la sede potencial para el traslado de la accionante,
constatando que ésta cumpla con las condiciones recomendadas en el concepto
médico laboral.
Quinto.- LIBRAR, a través de la Secretaría General, las comunicaciones de que trata el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, y DISPONER, a través del Juzgado
Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Tunja, la realización de la
notificación a las partes de que trata esa misma norma.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO
JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
ROCÍO
LOAIZA MILIÁN
Secretaria
General (E)
[1]
Decreto 520 de 2010. Artículo 2º. Proceso ordinario de traslados. Parágrafo
2º. Inciso 2º. “Cuando se trate de permuta, con estricta sujeción
a la atención de las necesidades del servicio educativo, según lo establecido
en el inciso 3º del artículo 22 de la ley 715 de 2001, no será autorizado el
traslado por la autoridad nominadora si a uno de los dos solicitantes le faltan
cinco (5) años o menos de servicio para alcanzar la edad de retiro forzoso”
(subrayado fuera del texto original).
[2]
Según consta en cuaderno 1, folio 2.
[3]
Según consta en cuaderno 1, folio 17.
[4]
Según consta en cuaderno 1, folio 58.
[5]
Según consta en cuaderno 1, folio 59.
[6]
Según consta en cuaderno 1, folio 60.
[7]
Según consta en cuaderno 1, folios 23-24.
[8]
Ver, Ley 715 de 2001, artículo 22 y Decreto 520 de 2010, artículo 2, parágrafo
2º.
[9]
Según consta en cuaderno 1, folio 19.
[10]
Según consta en cuaderno 1, folios 21, 22 y 66.
[11]
Según consta en cuaderno 1, folios 27-30.
[12]
Según consta en cuaderno 1, folios 67-69.
[13]
Según consta en cuaderno 1, folios 2-16.
[14]
Según consta en cuaderno 1, folios 51, 52 y 55.
[15]
Según consta en cuaderno 1, folios 53-54.
[16]
Según consta en cuaderno 1, folios 54-55.
[17]
Según consta en cuaderno 1, folio 55.
[18]
Según consta en cuaderno 1, folios 55-56.
[19]
Según consta en cuaderno 1, folios 33-35.
[20]
Mediante informe presentado ante el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito
de Tunja el 16 de junio de 2016, el apoderado judicial de Colombiana de Salud
S.A. responde a la solicitud del Juzgado anexando la historia clínica de la
accionante y determinando que ésta debe ser valorada nuevamente por medicina
laboral para obtener un dictamen médico actualizado. Para ello autoriza cita
por medicina laboral para la accionante para el 20 de junio de 2016 (lo
anterior consta en cuaderno 1, folios 70-77). El concepto médico laboral con
fecha del 20 de junio de 2016 reiteró lo dicho en el concepto médico con fecha
del 18 de agosto de 2015 (según consta en cuaderno 1, folios 124-126).
[21]
Mediante informe presentado por el Secretario de Planeación y Obras Públicas de
Soatá –Boyacá- informó al juzgado que la Institución Educativa se encuentra
ubicada a una distancia aproximada de 5.47 km del área urbana; que el trayecto
del área urbana a la Institución presenta pendientes medias de 6.6% a 11.8% y
pendientes máximas de 21.4% a 44.8%; que el clima promedio del sector se ubica
entre 11º y 13º centígrados con vientos moderados con características húmedas;
y que en cuanto al acceso desde el área urbana, aproximadamente 1.7 km del
trayecto es por carretera pavimentada y 3.7 km son por vía destapada. Lo
anterior consta en cuaderno 1, folios 115-116.
[22]
Mediante informe rendido el 16 de junio de 2016,  Hna. Marisol Mendoza Pardo,
en su calidad de Rectora de la Escuela Normal Superior la Presentación de Soatá
–Boyacá-, manifestó que “la Sede en mención se encuentra ubicada en la
vereda Los Molinos sector de Santo Cristo del municipio de Soatá, el acceso es
por vía terrestre dista a 8 Km del perímetro urbano, de los cuales 2 Km son en
carretera pavimentada y los restantes 6 kms en trocha. Esta vía presenta tramos
pedregosos por su terreno quebrado; el clima de la vereda oscila entre los 12º
y 14º centígrados”. Según consta en cuaderno 1, folio 49.
[23]
Este control fue realizado por Colombiana de Salud S.A., y aportado al
expediente, tras la solicitud de información que requirió el Juzgado Séptimo
Administrativo Oral del Circuito de Tunja mediante auto del 13 de junio de
2016.
[24]
Según consta en cuaderno 2, folios 1-11.
[25]
Según consta en cuaderno 2, folios 13-15.
[26]
Según consta en cuaderno 2, folios 22-31.
[27]
Según consta en cuaderno 3, folio 2.
[28]
Según consta en cuaderno 3, folios 2-8.
[29]
Según consta en cuaderno 3, folios 19-29.
[30]
Según consta en cuaderno 3, folios 32-34.
[31]
Según consta en cuaderno 3, folio 47.
[32]
Según consta en cuaderno 3, folios 58-65.
[33]
Según consta en cuaderno 3, folios 66-120.
[34]
Según consta en cuaderno 3, folios 122-131.
[35]
Según consta en cuaderno 3, folio 132-133.
[36]
Ver, entre otras, sentencias T-119 de
2015, T-250 de 2015, T-446 de 2015, T-548 de 2015 y T-317 de 2015.
[37]
Acerca
del perjuicio irremediable, esta Corte ha señalado que debe reunir ciertos
requisitos para que torne procedente la acción de tutela, a saber: “(i) que
se trate de un hecho cierto e inminente; (ii) que las medidas a tomar deben ser
urgentes; (iii) que la situación a la que se enfrenta la persona es grave; y
finalmente (iv) que las actuaciones de protección han de ser impostergables.” Ver sentencia T-896 de 2007, entre otras.
[38]
Al respecto, el Decreto 2591 de 1991 en su
artículo 8 establece lo siguiente: “[a]ún cuando el afectado disponga de
otro medio de defensa judicial, la acción de tutela procederá cuando se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En el caso
del inciso anterior, el juez señalará expresamente en la sentencia que su orden
permanecerá vigente sólo durante el término que la autoridad judicial
competente utilice para decidir de fondo sobre la acción instaurada por el
afectado. En todo caso el afectado deberá ejercer dicha acción en un término
máximo de cuatro (4) meses a partir del fallo de tutela”.
[39] Decreto
2591 de 1991. Artículo 10. Legitimidad e interés. “La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo
momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus
derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante.
Los poderes se presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos
ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su
propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la
solicitud. También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros
municipales.”
[40]
Ver, entre otras, sentencia T-531 de 2002.
[41] Ver, entre otras, las sentencias T-055 de 2008, T-495
de 2005, T-575 de 2002, T-900 de 2004 y T-403 de 2005.
[42] Ver sentencia T-606 de 2004.
[43] El artículo 86 del Texto Superior dispone que: “(…) Esta acción
sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable. (…)” La jurisprudencia constitucional ha establecido
que la acción de tutela procede como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable, cuando se presenta una situación de amenaza de
vulneración de un derecho fundamental susceptible de concretarse y que pueda
generar un daño irreversible. Para determinar la configuración de un perjuicio
irremediable, en criterio de este Tribunal, deben concurrir los siguientes
elementos: (i) el perjuicio ha de ser inminente, es decir, que está por
suceder; (ii) las medidas que se requieren para conjurarlo han de ser urgentes;
(iii) el perjuicio debe ser grave, esto es, susceptible de generar un daño
transcendente en el haber jurídico de una persona; y (iv) exige una respuesta
impostergable para asegurar la debida protección de los derechos comprometidos.
Véanse, entre otras, las Sentencias C-225 de 1993 y T-808 de 2010.
[44] Esta hipótesis de procedencia se deriva de lo previsto en el
numeral 1 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, conforme al cual: “La
acción de tutela no procederá: 1) Cuando existan otros recursos o medios de
defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será
apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias
en que se encuentra el solicitante”. Subrayado por fuera del texto
original. Sobre esta regla constitucional, se pueden consultar, entre otras,
las Sentencias T-740 de 2015, T-568 de 2015, T-823 de 2014, T-885 de
2013,           T-1007 de 2012, T-179 de 2003, T-500 de 2002, T-135 de 2002,
T-1062 de 2001, T-482 de 2001, SU-1052 de 2000, T-815 de 2000, T-418 de 2000,
T-156 de 2000, T-716 de 1999, SU-086 de 1999, T-554 de 1998, T-384 de 1998 y
T-287 de 1995.
[45] Véanse, además, las Sentencias T-179 de 2003, T-500 de 2002, T-135 de
2002, T-1062 de 2001, T-482 de 2001, SU-1052 de 2000, T-815 de 2000, T-418 de
2000, T-156 de 2000, T-716 de 1999, SU-086 de 1999, T-554 de 1998, T-384 de
1998 y T-287 de 1995, entre otras.
[46]
Ver sentencia T-316 de 2016.
[47]
Ley 1437 de 2011. Artículo
104. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. “La
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer,
además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de
las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones
y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas
las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función
administrativa. // Igualmente conocerá de los siguientes procesos: // 1. Los
relativos a la responsabilidad extracontractual de cualquier entidad pública,
cualquiera que sea el régimen aplicable. // 2. Los relativos a los contratos,
cualquiera que sea su régimen, en los que sea parte una entidad pública o un
particular en ejercicio de funciones propias del Estado. // 3. Los relativos a
contratos celebrados por cualquier entidad prestadora de servicios públicos
domiciliarios en los cuales se incluyan o hayan debido incluirse cláusulas
exorbitantes. // 4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre
los servidores públicos y el Estado, y la seguridad social de los mismos,
cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. //
5. Los que se originen en actos políticos o de gobierno. // 6. Los ejecutivos
derivados de las condenas impuestas y las conciliaciones aprobadas por esta
jurisdicción, así como los provenientes de laudos arbitrales en que hubiere
sido parte una entidad pública; e, igualmente los originados en los contratos
celebrados por esas entidades. // 7. Los recursos extraordinarios contra laudos
arbitrales que definan conflictos relativos a contratos celebrados por
entidades públicas o por particulares en ejercicio de funciones propias del
Estado. // Parágrafo. Para los solos efectos de este Código, se entiende por
entidad pública todo órgano, organismo o entidad estatal, con independencia de
su denominación; las sociedades o empresas en las que el Estado tenga una
participación igual o superior al 50% de su capital; y los entes con aportes o
participación estatal igual o superior al 50%”. (Se subraya fuera del texto
original)
[48]
Ver, sentencia T-030 de 2015.
[49]
Ver, sentencia T-733 de 2014.
[50]
Ver, sentencia T-427 de 2015.
[51]
Ver sentencia T-608 de 2014
[52] Sentencia T-065 de 2007 reiterada en las sentencias
T-316 de 2016, T-489 de 2015, T-608 de 2014, T-236 de 2013, T-543 de 2009 y
T-280 de 2009.
[53] Sentencia T-316 de 2016. Al respecto ver también sentencias:
T-351 de 2014, T-029 de 2010 y T-065 de 2007.
[54]
Esto, siguiendo lo establecido por la sentencia T-040 de 2016, en la que se
estableció que “el medio debe ser idóneo, lo que significa que debe ser
materialmente apto para producir el efecto protector de los derechos
fundamentales”.
[55] Ver, sentencia T-543 de 2009.
[56] Al respecto ver sentencias T- 330 de 1993, T
483 de 1993, T-131 de 1995, T- 514 de 1996, T-181 de 1996, T- 715 de 1996,
T-516 de 1997, T-208 de 1998 y T-532 de 1998.
[57] Ver sentencias T-532 de 29 de 1996 y T-120 de 1997.
[58] El ius variandi ha sido definido como una facultad a
través de la cual el empleador puede modificar las condiciones bajo las cuales
se presta el servicio por parte del trabajador, a partir de las necesidades o
exigencias que se vayan presentando. En particular, dichas condiciones se
relacionan con el modo, lugar, cantidad y tiempo de trabajo. Ver sentencias T-065 de 2007, T-561 de 2013, T-351 de 2014, T-682 de
2014, T-213 de 2015, T-316 de 2016, entre otras.
[59]
Frente al sector público, la Corte ha señalado que la administración goza de un
amplio margen de discrecionalidad para modificar la ubicación territorial de
sus funcionarios o para adecuar el ejercicio de sus funciones, con miras a
lograr una adecuada y mejor prestación del servicio. Al respecto, se ha dicho
que: “(…) la estructura interna que tienen muchas de las entidades del
Estado, en razón a los fines que constitucionalmente les ha sido confiados,
requieren de una planta de personal de carácter global y flexible, que les
permita tener la capacidad suficiente para cumplir cabalmente con las funciones
a su cargo, pudiendo por lo tanto, reubicar o trasladar a sus funcionarios en
cualquiera de sus diferentes sedes o dependencias, en el nivel territorial o
nacional”. Ver sentencia T-752 de 2001.
[60] Ver, sentencia T-561 de 2013.
[61] Al respecto pueden verse también las sentencias T-355 de 2000,
T-065 de 2007 y T-682 de 2014, entre otras.
[62]
Ley 715 de 2001. Artículo 22. Traslados. “Cuando para la debida prestación del servicio educativo
se requiera el traslado de un docente o directivo docente, este se
ejecutará discrecionalmente y por acto debidamente motivado por la
autoridad nominadora departamental, distrital o del municipio certificado
cuando se efectúe dentro de la misma entidad territorial. // Cuando se trate de
traslados entre departamentos, distritos o municipios certificados se
requerirá, además del acto administrativo debidamente motivado, un convenio
interadministrativo entre las entidades territoriales. // Las solicitudes de
traslados y las permutas procederán estrictamente de acuerdo con las
necesidades del servicio y no podrán afectarse con ellos la composición de las
plantas de personal de las entidades territoriales. // El Gobierno Nacional
reglamentará esta disposición”.
[63] Cabe aclarar que con ocasión de una demanda de
inconstitucionalidad presentada contra el citado artículo 53 del Decreto 1278
de 2002, esta Corporación declaró la exequibilidad del literal a), “en el
entendido que esa facultad discrecional debe ser consecuencia de la necesidad
del servicio, con evaluación de las condiciones subjetivas del trabajador y
siempre y cuando se respeten las condiciones mínimas de afinidad funcional
entre el cargo al que fue inicialmente vinculado y el nuevo destino”.
Véase, al respecto, la sentencia C-734 de 2003.
[64]
Decreto 1075 de 2015. “Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Educación”.
[65] El artículo 2.4.5.1.2 del Decreto 1075 de 2015, reproduciendo el
artículo 2º del Decreto 520 de 2010, establece lo siguiente: “Proceso
ordinario de traslados. Adoptada y distribuida la planta de personal
docente y directivo docente de conformidad con los artículos 6° y 7° de la Ley
715 de 2001, cada entidad territorial certificada en educación deberá
implementar el proceso para tramitar los traslados que tengan origen en
solicitud de los docentes o directivos docentes, el cual debe desarrollarse
así: 1. El Ministerio de Educación Nacional fijará cada año, antes de la
iniciación del receso estudiantil de que trata el Decreto 1373 de 2007, el
cronograma para la realización por parte de las entidades territoriales
certificadas del proceso de traslados ordinarios de docentes y directivos
docentes al servicio de las entidades territoriales certificadas, con el fin de
que al inicio del siguiente año escolar los docentes trasladados se encuentren
ubicados en los establecimientos educativos receptores para la oportuna
prestación del servicio educativo. // 2. Cada entidad territorial
certificada expedirá un reporte anual de vacantes definitivas, por
establecimiento educativo, considerando las sedes, haciendo uso del sistema de
información de recursos humanos del que disponga, con corte a 30 de octubre de
cada año para calendario A y 30 de mayo para calendario B. // 3. Con
base en el cronograma fijado por el Ministerio de Educación Nacional y el
reporte anual de vacantes, antes de la iniciación del receso estudiantil
previsto en el Decreto 1373 de 2007, la entidad territorial certificada
convocará al proceso de traslado mediante acto administrativo, en el cual
detallará las necesidades del servicio educativo por atender mediante traslado
ordinario de docentes y directivos docentes, con la indicación del cargo
directivo o del área de desempeño para el caso de los docentes, localización
del establecimiento educativo, considerando las sedes, requisitos, oportunidad
y procedimiento para la inscripción en el proceso de traslados, información
sobre los criterios de priorización para la definición de los mismos, fechas
para la verificación del cumplimiento de los requisitos y de expedición de los
actos administrativos de traslado. 4. Cada entidad territorial
certificada deberá realizar la difusión de la convocatoria durante un periodo
mínimo de quince (15) días hábiles, anteriores a la fecha en la cual dé inicio
a la inscripción en el proceso ordinario de traslados, a través de los medios
más idóneos de que disponga. En todo caso, realizará la difusión en el sitio
web de la secretaría de educación correspondiente y en lugar de fácil acceso al
público. 5. Cumplidas las actividades programadas en el cronograma del
proceso de traslados, la autoridad nominadora de cada entidad territorial
certificada adoptará la decisión que corresponda y la comunicará al docente o
directivo docente, así como a los rectores o directores rurales de los
establecimientos educativos donde se hayan de producir los cambios. // Parágrafo
1º. Antes de la expedición de los actos administrativos que dispongan los
traslados a los que haya lugar, la entidad territorial publicará por lo menos
durante cinco (5) días hábiles, la lista de traslados por realizar como
resultado del proceso ordinario de traslados, con el fin de recibir las
solicitudes de ajuste que los docentes y directivos docentes participantes en
el proceso y la organización sindical respectiva quieran formular, las cuales
serán evaluadas y resueltas por la entidad territorial dentro del cronograma
fijado. // Parágrafo 2º. Los traslados entre departamentos, distritos o
municipios certificados, solicitados por docentes o directivos docentes, se
tramitarán por el proceso dispuesto en este artículo y requieren adicionalmente
convenio interadministrativo entre las entidades territoriales remisora y
receptora, en el cual se convendrán entre otros aspectos las fechas de
efectividad del traslado y de producción de efectos y responsabilidades
fiscales. // Cuando se trate de permuta, con estricta sujeción a la atención de
las necesidades del servicio educativo, según lo establecido en el inciso 3°
del artículo 22 de la ley 715 de 2001, no será autorizado el traslado por la
autoridad nominadora si a uno de los dos solicitantes le faltan cinco (5) años
o menos de servicio para alcanzar la edad de retiro forzoso. // Parágrafo 3º.
El traslado en ningún caso implica ascenso en el Escalafón Docente, ni
interrupción en la relación laboral, ni puede afectar la composición de la
planta de personal”.
[66] Esta norma fue incorporada por los artículos 2.3.3.1.11.1 a
2.3.3.1.11.3 al Decreto Único Reglamentario del Sector Educación. El artículo 1
del Decreto 1373 de 2007 dispone que: “Los establecimientos de educación
preescolar, básica y media incorporarán en su calendario académico cinco (5)
días de receso estudiantil en la semana inmediata anterior al día feriado en
que se conmemora el descubrimiento de América. // Esta semana de receso
estudiantil no modifica el tiempo de clase que deben dedicar los
establecimientos educativos al desarrollo de las áreas obligatorias y
fundamentales establecidas en la Ley 115 de 1994 en sus decretos reglamentarios”.
[67] Decreto 1075 de 2015, artículo 2.4.5.1.2, núm. 1.
[68] Ibídem.
[69]
Decreto 1075 de 2015, artículo 2.4.5.1.2, núm. 3.
[70]
Decreto 1075 de 2015, artículo 2.4.5.1.2, núm. 4.
[71] Ver, sentencia T-316 de 2016. El parágrafo 2 del artículo 2 del
Decreto 520 de 2010 dispone que: “Los traslados entre departamentos,
distritos o municipios certificados, solicitados por docentes o directivos
docentes, se tramitarán por el proceso dispuesto en este artículo y requieren
adicionalmente convenio interadministrativo entre las entidades territoriales
remisora y receptora, en el cual se convendrán entre otros aspectos las fechas
de efectividad del traslado y de producción de efectos y responsabilidades
fiscales. (…)”.
[72] En el Decreto Ley 1278 de 2002 “[p]or el cual se expide el
Estatuto de Profesionalización Docente”, se establece que: “[s]e produce
traslado cuando se provee un cargo docente o directivo docente vacante
definitivamente, con un educador en servicio activo que ocupa en propiedad otro
con funciones afines y para el cual se exijan los mismos requisitos, aunque
sean de distintas entidades territoriales”. Véase también la Sentencia
T-353 de 1999.
[73]
Ver, sentencia T-316 de 2016.
[74] Ver, sentencia T-442 de 2014.
[75]
Ver, sentencia T-316 de 2016.
[76]
Decreto 1075 de 2015. Artículo
2.4.5.1.3. “Criterios para la inscripción. Para la
inscripción en el proceso ordinario de traslados a que se refiere este decreto,
la entidad territorial certificada deberá garantizar condiciones objetivas de
participación de los docentes y directivos docentes interesados y adoptará, por
lo menos, los siguientes criterios: // 1. Lapso mínimo de permanencia
del aspirante en el establecimiento educativo en el cual se encuentra prestando
el servicio como docente o directivo docente. // 2. Postulación a vacantes
del mismo perfil y nivel académico”; Artículo 2.4.5.1.4. Criterios
para la decisión del traslado. “En el acto administrativo de
convocatoria se deberán hacer explícitos, por lo menos, los siguientes
criterios para la adopción de las decisiones de traslado y orden de selección:
// - Obtención de reconocimientos, premios o estímulos por la gestión
pedagógica. // - Mayor tiempo de permanencia en el establecimiento educativo en
el cual se encuentra prestando el servicio docente o directivo docente el aspirante.
// - Necesidad de reubicación laboral del docente o directivo docente a otro
municipio, por razones de salud de su cónyuge o compañero (a) permanente, o
hijos dependientes, de conformidad con la ley. // Cuando dos o más docentes o
directivos docentes estén en igualdad de condiciones para ser trasladados al
mismo lugar de desempeño de funciones, el nominador adoptará la decisión previo
concepto del rector o director rural del establecimiento educativo receptor
cuando se trate de docentes, o del consejo directivo del establecimiento
educativo receptor cuando se trate de directivos docentes. Si tal concepto no
se produce dentro de los cinco (5) días siguientes a su requerimiento, el
nominador adoptará la decisión del caso”.
[77]
Ver, sentencia T-316 de 2016.
[78]
Ibídem.
[79]
Ley 715 de 2001. Artículo
22. Traslados. “Cuando para la debida prestación del servicio educativo
se requiera el traslado de un docente o directivo docente, este se ejecutará
discrecionalmente y por acto debidamente motivado por la autoridad nominadora
departamental, distrital o del municipio certificado cuando se efectúe dentro
de la misma entidad territorial. // Cuando se trate de traslados entre
departamentos, distritos o municipios certificados se requerirá, además del
acto administrativo debidamente motivado, un convenio interadministrativo entre
las entidades territoriales. // Las solicitudes de traslados y las permutas
procederán estrictamente de acuerdo con las necesidades del servicio y no
podrán afectarse con ellos la composición de las plantas de personal de las
entidades territoriales. // El Gobierno Nacional reglamentará esta disposición”.
[80]
Ver, sentencia T-316 de 2016.
[81]
Ibídem.
[82] Ver, sentencia T-316 de 2016.
[83]
Decreto 180 de 1982. Artículo 4.- Traslado por permuta. “La autoridad nominadora podrá ordenar traslados de los
docentes por permuta libremente convenida entre ellos cuando las necesidades
académicas y las disponibilidades presupuestales lo permitan y no existan
motivos de inconveniencia que lo impidan”.
[84] Sobre el particular, en la Sentencia T-377 de 2003 se expuso que:
“En otros términos, el traslado es una figura jurídica diferente
del traslado por permuta. (…) Así, mientras que en el primer evento, la
entidad donde labora el docente trasladado ve reducido el número de empleados
que cumplen sus funciones, en cuanto el empleo que desempeña el funcionario
trasladado queda vacante, en el segundo caso, es decir en el traslado-permuta,
ninguna de las dos entidades educativas ve reducido el número de docentes que
en ellas laboran, por cuanto lo único que ocurre es un intercambio de
funcionarios o, si se quiere, una provisión simultánea de vacantes, con
funcionarios que cumplen los requisitos exigidos para los respectivos cargos.
La diferencia sustancial entre estas dos modalidades es entonces la siguiente:
al darse la primera, se genera una vacancia definitiva en el empleo que
desempeñaba el docente trasladado y, al efectuarse la segunda, no se ocasiona
vacancia definitiva en empleo alguno. Y ello, naturalmente, trae en cada caso
un impacto diferente en relación con la afectación del servicio público”.
[85]
Ver, sentencia T-316 de 2016.
[86]
Ver, sentencia C-980 de 2010.
[87]
Consultar, entre otras, las sentencias C-214 de 1994, T-073 de 1997, T-746 de
2005 y C-1189 de 2005.
[88]
Ver, sentencias C-034 de 2014, T-478 de 2013, T-348 de 2009, T-225 de 2005 y
T-149 de 2002, entre otras.
[89]
Ver, sentencia T-043 de 2016.
[90]
Ver, sentencia T-043 de 2016.
[91]
Ver, sentencia T-442 de 1992 y C-980 de 2010.
[92] Ver, sentencia T-957 de 2011.
[93] Ver, sentencia T-796 de 2006.
[94] Ver
sentencias T-522 de 1992 y T-214 de 2004.
[95]
Ver, sentencia T-158 de 2012.
[96]
Ibíd.
[97]
Ver, sentencia T-961 de 2012.
[98]
Ver, sentencias T-1160A de 2001 y T-581 de 2003.
[99]
Ver, sentencia T-220 de 1994.
[100]
Ver, sentencias T-669 de 2003 y T -259 de 2004.
[101]
Ver, sentencia T-149 de 2013.
[102]
Ver, sentencia T-439 de 2013.
[103]
Ver, sentencia T-968 de 2005.
[104]
Ver, sentencia T-961 de 2012.
[105]
Constitución Política de Colombia. Artículo 49. “La atención
de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del
Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de
promoción, protección y recuperación de la salud. Corresponde al Estado
organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los
habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia,
universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la
prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su
vigilancia y control (…)”.
[106]
Ver,
sentencias T-597 de 1993, reiterada
en las sentencias T-137 de 2003, T-454 de 2008 y  T-566 de 2010.
[107]
Ver, sentencia T-036 de 2017.
[108]
Ver, sentencia T-036 de 2017.
[109]
Ver, sentencia T-027 de 2015.
[110]
Ver, sentencia T-036 de 2017 y T-100 de 2016.
[111]
Ver, sentencia T-036 de 2017.
[112] Ley 1437 de 2011. Artículo 14. Términos para
resolver las distintas modalidades de peticiones. “Salvo
norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá
resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará
sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones: 1. Las
peticiones de documentos deberán resolverse dentro de los diez (10) días
siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al
peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva
solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá
negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las
copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes. 2. Las peticiones
mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las
materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días
siguientes a su recepción. Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere
posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad deberá
informar de inmediato, y en todo caso antes del vencimiento del término
señalado en la ley, esta circunstancia al interesado expresando los motivos de
la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará
respuesta, el cual no podrá exceder del doble del inicialmente previsto”.
[113]
Ver sentencia T-059 de 2016.
[114]
Estas facultades, como se ha visto a lo largo de la presente sentencia, se encuentran
previstas de manera particular en el artículo 22 de la Ley 715 de 2001, el cual
es desarrollado por el Decreto 520 de 2010.
[115]
Ver cuaderno 2, folios 1-11.