T-092-13
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-092/13
INDEXACION-Concepto/INDEXACION-Desarrollo
legislativo
INDEXACION
DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL-Regulación
antes de la Constitución de 1991
INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL EN LA
JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL
DERECHO
A LA INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL-Universal, fundamental, irrestricto para todos los
pensionados, incluso con anterioridad a la Sentencia C-862 de 2006, tiene valor
de norma adscrita a la Constitución Política
INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL-No actualización con base
en el IPC afecta derechos fundamentales al mínimo vital, seguridad social e
igualdad
INDEXACION
DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL Y MINIMO VITAL-Orden al Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles
Nacionales de Colombia reconozca la indexación de la primera mesada pensional
INDEXACION
DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL-Se
ordena calcular su monto acorde a la fórmula adoptada en la sentencia T-098 de
2005
Referencia: expediente T- 3.540.201
Acción de tutela instaurada por
Rafael Quintana Morales y otros, contra el Fondo de Pasivo Social de los
Ferrocarriles Nacionales de Colombia.
Derecho fundamental invocado: vida,
debido proceso, seguridad social, derechos adquiridos, mínimo vital.
Magistrado Ponente:
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Bogotá D.C., veintiséis (26)
de febrero de dos mil trece (2013)
La Sala Séptima de Revisión
de Tutelas de la Corte Constitucional,
conformada por los magistrados Jorge Ignacio Pretelt Chaljub -quien la
preside-, Alexei Egor Julio Estrada y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, y específicamente de las previstas en
los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, ha proferido
la siguiente
SENTENCIA
En el trámite de revisión del
fallo del 17 de febrero de 2012, adoptado
por la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Barranquilla, que confirmó la decisión del 19 de diciembre de 2011 del Juzgado
Tercero Promiscuo del Circuito de Sabanalarga, que negó el amparo, en el proceso de tutela suscitado por el señor Rafael Quintana Morales y otros, contra el
Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia.
Conforme a lo consagrado en los
artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala
de Selección Número Siete de la Corte Constitucional eligió, para efectos de su
revisión, el asunto de la referencia.
De acuerdo con el artículo 34
del Decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión procede a dictar la sentencia
correspondiente.
1.
ANTECEDENTES
1.1.
SOLICITUD
El señor Rafael Quintana Morales y otros 32 demandantes, pensionados de la empresa Álcalis de Colombia –hoy
liquidada-, por medio de apoderado judicial, presentan acción de tutela contra
el Fondo Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia, con el fin
de que les sean amparados sus derechos fundamentales a la vida, al debido
proceso, a la seguridad social, a los derechos adquiridos, al mínimo vital y a
la protección y asistencia de las personas de la tercera edad. En consecuencia,
solicitan al juez de tutela ordenar al Fondo de Pasivo Social de los
Ferrocarriles Nacionales de Colombia, indexar su primera mesada pensional.
1.2.
HECHOS
1.2.1.  Sostiene el apoderado que los 33 demandantes fueron
pensionados por la empresa Álcalis de Colombia –hoy liquidada-, algunos por
haber cumplido con los requisitos establecidos en la Convención Colectiva de
Trabajo 1992-1994, y otros por orden judicial.
1.2.2.  Agrega que, desde la fecha en que los accionantes
dejaron de trabajar en la mencionada empresa por el cierre de la misma, hasta
el día en que se causó el derecho a la pensión,  transcurrieron varios años.
1.2.3.  Considera que al momento de expedir los actos
administrativos en los que se reconoció la pensión de los accionantes, Álcalis
de Colombia LTDA, en Liquidación, calculó el monto de la primera mesada sin
haber indexado el Ingreso Base de Liquidación, motivo por el cual desconoció la
reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional que reconoce este derecho.
1.2.4.  Relata que posteriormente los demandantes solicitaron
a la empresa que realizara la indexación omitida, y obtuvieron una respuesta
negativa.
1.2.5.  Asevera que ante la denegación de la petición por
parte de la entidad, algunos de los accionantes acudieron a los mecanismos
judiciales ordinarios para hacer valer su reclamación, y les fue dada la misma
respuesta.
1.2.6.  Señala que los 33 accionantes son personas de la
tercera edad y, en este orden de ideas, se encuentran en estado de debilidad
manifiesta, razón por la cual merecen especial protección por parte del Estado[1].
1.2.7.  Afirma el apoderado que los demandantes están viendo
afectado su derecho al mínimo vital, puesto que el dinero que reciben no es
suficiente para sufragar sus gastos.
1.2.8.  Advierte que, [s]i bien es cierto que algunos de
los acá accionantes ya intentaron la protección de sus derechos fundamentales a
través de la acción de tutela, en el presente [sic] no existe temeridad alguna,
pues, al ser proferidas las sentencias T-382 de 2011, de la Corte
Constitucional y la del 28 de febrero de 2011 del H Consejo de Estado, se
habilitan [sic] a los demandantes a buscar nuevamente la protección de dichos
derechos con el sustento de los precedentes nuevos, los cuales vinculan
obligatoriamente a su aplicación por parte de los operadores judiciales que
tengan a su cargo el deber de fallar.
1.3.
TRASLADO Y CONTESTACIÓN DE LA
DEMANDA
Recibida la
solicitud de tutela, el Juzgado Tercero Promiscuo del Circuito de Sabanalarga,
mediante auto del 12 de diciembre de 2011, la admitió y ordenó vincular en
calidad de autoridad accionada al Fondo del Pasivo Social de Ferrocarriles
Nacionales de Colombia.
1.3.1.  Contestación del Fondo del Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia.
El 15 de diciembre de 2011, el
Director General del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de
Colombia dio respuesta a la demanda de tutela y solicitó que fuera rechazada
por improcedente. Lo anterior con fundamento en los siguientes argumentos: (i)
existen otros mecanismos de defensa judicial a los cuales pueden acudir los
accionantes; (ii) hay temeridad en la presentación de la acción, puesto
que algunos habían presentado acciones de tutela en el pasado por los mismos
hechos de la presente; y (iii) no se evidencia una vulneración al mínimo
vital que justifique la procedencia excepcional del amparo, por cuanto los 33
demandantes reciben una mesada pensional por parte del Seguro Social, y el
pago mayor valor [sic] de la mesada pensional y el pago de factores
extralegales que le corresponde cancelar al Ministerio de de Comercio Industria
y Turismo.
Para sustentar tales
afirmaciones, la entidad detalló la situación de cada uno de los tutelantes. La
Sala pasa a resumir la información en el siguiente cuadro.
No.
Accionante
Inició Proceso Ordinario Laboral
Presentó otra tutela por los mismos
hechos
EDAD
1
Carlos Julio Lozano Zúñiga
NO
SÍ
59[2]
2
Emiliano Gómez Babilonia
EN CURSO
SÍ
70
3
Socorro Carrasquilla López - Héctor
Lorenzo Díaz Torres
NO
SÍ
__
4
Oscar Enrique Castillo Peluffo
NO
SÍ
65
5
Alfonso Padilla Faneyte
NO
SÍ
69
6
Julio Abel Zabaleta Lambis
NO
SÍ
69
7
José María Julio Castro
NO
SÍ
65
8
Catalino Blanco Díaz
NO
SÍ
64
9
Rafael Quintana Morales
EN CURSO
SÍ
68
10
Rafael Quintana Zúñiga
NO
SÍ
62
11
Carmen Rosa Lenes Mestre
NO
SÍ
70
12
Lacides Fernando Marrugo Díaz
EN CURSO
SÍ
63
13
Enrique José Cardona Puerta
NO
SÍ
68
14
Juan Antonio Estrada Martínez
NO
SÍ
67
15
Gustavo Narváez Romero
NO
SÍ
64
16
Miguel Jiménez Murillo
NO
SÍ
62
17
Dagoberto Julio Bornachera
NO
SÍ
70
18
Humberto Amaya Pájaro
NO
SÍ
65
19
Jairo Alfonso Castillo Serpa
EN CURSO
SÍ
57
20
Rafael Armando Arellano Garzón
NO
SÍ
65
21
Carlos Julio González Cano
NO
SÍ
62
22
Pedro Quintana Caraballo
EN CURSO
SÍ
69
23
Ramiro Tobón Barragán
NO
SÍ
69
24
Carmen Claro de Martínez - Alcides
Martínez Aguilar
NO
SÍ
__
25
Julio Antonio Luna Ramos
NO
SÍ
69
26
Héctor José Pautt Rivera
NO
SÍ
65
27
Amaury Pérez Gómez
NO
SÍ
65
28
Jaime Arias Pacheco
EN CURSO
SÍ
63
29
José Francisco Peñate Suárez
EN CURSO
SÍ
71
30
Benigno Martínez Vargas
EN CURSO
SÍ
65
31
Arnobis Manuel Miranda López
EN CURSO
SÍ
64
32
Emilse María Castro de Polo - Alejandro
Polo Barrios
NO
SÍ
__
33
Moisés Elías Martín Mestre
NO
SÍ
66
1.4.
DECISIONES JUDICIALES
1.4.1.  Decisión de Primera Instancia
El Juez Tercero Promiscuo del
Circuito de Sabanalarga, Atlántico, en
sentencia del 19 de diciembre de 2011, consideró que en este caso la tutela es
improcedente, por cuanto los accionantes no agotaron los mecanismos de defensa
judicial previstos para este tipo de controversias dentro del proceso ordinario
laboral, antes de acudir a la tutela. Adicionalmente, señaló que del material
probatorio aportado no se deriva que alguno de los accionantes haya visto
afectado su derecho al mínimo vital, pues en la actualidad perciben las
pensiones reconocidas en virtud de la Convención Colectiva de Trabajo celebrada
entre las partes.
1.4.2.  Impugnación
El apoderado impugnó la anterior decisión por
considerar que ésta ignoró que en el presente caso no existe temeridad alguna,
pues, conforme a las sentencias T-382 de 2011, de la Corte Constitucional y la
del 28 de febrero de 2011 del Consejo de Estado, la tutela es procedente para
reclamar la indexación de la primera mesada pensional.
1.4.3.  Decisión de Segunda Instancia
Mediante
sentencia del 17 de febrero de 2012, La Sala de Decisión Civil – Familia del
Tribunal Superior del Distrito judicial de Barranquilla confirmó la decisión
del a quo. Consideró que, conforme a la jurisprudencia constitucional, la
acción de tutela procede para obtener la indexación de la primera mesada
pensional cuando  concurren cuatro requerimientos, a saber: (i) que el
interesado haya adquirido la calidad de pensionado; (ii) que se haya
agotado la actuación en sede gubernativa, mediante el uso de los recursos
propios de esa instancia; (iii) que se haya acudido oportunamente a la
jurisdicción ordinaria con el fin de obtener el reconocimiento de la
indexación; (iv) que se hayan acreditado las condiciones materiales que
justifiquen la protección por vía de tutela.
Posteriormente
procedió a analizar el cumplimiento de tales requisitos en el caso objeto de estudio.
En primer
lugar, reconoció que los 33 peticionarios ostentan la calidad de pensionados.
En segundo
lugar, la Sala dio por probado que los actores agotaron la actuación en sede
gubernativa contra los actos administrativos que negaron el derecho a la
indexación de la primera mesada pensional.
En tercer
lugar, señaló que no se cumple con el requisito de la subsidiariedad, por
cuanto: (i) nueve de los accionantes acudieron a la justicia ordinaria
para que les fuera reconocido el derecho a la indexación de la primera mesada
pensional, y se encuentra que hay pleito pendiente; (ii) trece de los
accionantes promovieron una acción de tutela pretendiendo la indexación y la
misma fue rechazada por improcedente; y (iii) dos de los accionantes
interpusieron acción de tutela de manera independiente y les fue negada.
En cuarto
lugar, consideró que de los hechos no se deriva la ocurrencia de un perjuicio
irremediable, pues los 33 accionantes reciben una pensión, lo que excluye la
posible vulneración del derecho al mínimo vital. Adicionalmente, sostuvo que
las edades de los 33 accionantes están entre los 65 y 69 años, situación que
excluye la posibilidad de afirmar que ostentan la condición de personas de la
tercera edad, y por tanto, no merecen especial protección constitucional.
En
consecuencia, no se evidencia ninguna razón que permita declarar la procedencia
de la tutela como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable.
1.5.
PRUEBAS
1.5.1.  Pruebas que obran en el expediente
1.5.1.1.   Copia de las resoluciones proferidas por Álcalis de
Colombia Ltda., mediante las cuales se reconoció el derecho de pensión de
jubilación convencional y legal a los accionantes por haber cumplido los
requisitos de ley.[3]
1.5.1.2.   Copia de las decisiones proferidas dentro de los
procesos ordinarios iniciados por los accionantes.[4]
1.5.1.3.   Copia de la demanda de tutela presentada el 20 de
agosto de 2010, de la que conoció el Juzgado 8 Administrativo del Circuito de
Cartagena.[5]
1.5.1.4.   Copia de certificaciones médicas en las que constan
los padecimientos de salud de los treinta y tres accionantes.[6]
1.5.1.5.   Treinta y tres declaraciones juramentadas en las
cuales los demandantes afirman que el dinero que devengan no es suficiente para
su subsistencia.[7]
1.5.2.  Pruebas decretadas por la Sala en sede de revisión
Con
el fin de contar con mayores elementos de juicio, la Sala Séptima de
Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, mediante auto del 18 de
octubre de 2012, decretó las siguientes pruebas:
1.5.2.1.
Ordenó al Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Cartagena
informar el estado de los procesos ordinarios laborales No. 2007-0382, en el
cual el señor Emiliano Gómez Babilonia es demandante y, No. 500-2008, en el
cual el señor Rafael Quintana Morales es demandante.
1.5.2.2.
Asimismo,
ordenó al Juzgado Cuarto Laboral del
Circuito de Cartagena informar el estado de los procesos ordinarios laborales
No. 0103-2010, en el cual el señor Benigno Martínez Vargas es demandante, No.
0128-2007, en el cual el señor Arnobis Manuel Miranda López es demandante, y el
promovido por el señor Pedro Quintana Caraballo contra Álcalis de Colombia Ltda
– En Liquidación.
1.5.2.3.
Por último,
ordenó al Juzgado Primero Laboral Adjunto
del Circuito de Cartagena informar el estado del Proceso Ordinario Laboral de
Radicación No. 2009-00253-00, en el cual el señor Jaime Arias Pacheco es
demandante.
1.5.3. Sobre lo solicitado a cada juzgado, y las respuestas allegadas a la
Secretaría General de la Corte Constitucional, se hará referencia a lo largo
del análisis del caso concreto.
2.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
2.1.
COMPETENCIA
Con base en las
facultades conferidas por los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la
Constitución, la Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte
Constitucional es competente para
revisar el fallo de tutela adoptado en el
proceso de la referencia.
2.2.
PROBLEMA JURÍDICO
En atención a lo expuesto,
corresponde a la Corte Constitucional determinar si el Fondo de Pasivo Social
de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia vulnera los derechos fundamentales
a la vida, al debido proceso, a la seguridad
social, y al mínimo vital, de los 33 accionantes, al negarse a indexar sus
mesadas pensionales.
Para resolver
estas preguntas, la Sala, primero, analizará el derecho constitucional a
la indexación de la primera mesada pensional; y, segundo,
abordará el caso concreto.
2.3.
LA INDEXACIÓN DE LA PRIMERA
MESADA PENSIONAL
2.3.1.  El concepto de indexación y su desarrollo legislativo
La indexación se constituye en
uno de los instrumentos para hacer frente a los efectos de la inflación en el campo de las obligaciones dinerarias[8], es decir, de aquellas
que deben satisfacerse mediante el pago de una cantidad de moneda determinada
-entre las que se cuentan por supuesto, las obligaciones laborales. Lo
anterior, en la medida en que la inflación produce una pérdida de la capacidad
adquisitiva de la moneda. Tal actualización se lleva a cabo mediante distintos
mecanismos, los cuales permiten la revisión y corrección periódica de las
prestaciones debidas, uno de los cuales es la indexación.
La indexación ha sido definida
como un “sistema que consiste en la adecuación automática de las magnitudes
monetarias a las variaciones del nivel de precios, con el fin de mantener
constante, el valor real de éstos, para lo cual se utilizan diversos parámetros
que solos o combinados entre sí, suelen ser: el aumento del costo de la vida,
el nivel de aumento de precios mayoristas, los salarios de los trabajadores,
los precios de productos alimenticios de primera necesidad, etc.”[9].
2.3.1.1.      El concepto de indexación, indización o corrección
monetaria fue por primera vez establecido por los Decretos 677, 678 y 1229 de
1972, con el fin de incentivar el ahorro privado hacia la construcción. De la
misma manera, el artículo 187 del Código Contencioso Administrativo, Decreto
2282 de 1984, señalaba que las condenas proferidas por la jurisdicción de lo
contencioso administrativo sólo podrían ajustarse tomando como base el índice
de precios al consumidor, o el inciso final del artículo 308 del C.P.C.
(modificado por el Decreto 2282 de 1989), el cual indicaba que la actualización
de las condenas a pagar sumas de dinero con reajuste monetario se haría en el
proceso ejecutivo correspondiente. Asímismo, la Ley 14 de 1984 introdujo el
reajuste periódico de los pagos tributarios al Estado y la Ley 56 de 1985 de
los cánones de arrendamiento.[10]
En el derecho laboral la pérdida
del valor adquisitivo del dinero adquiere una especial importancia, en
razón a que del trabajo depende la subsistencia y la realización de un proyecto
de vida. Desde el año 1970, el legislador ha expedido disposiciones encaminadas
a hacer frente a los problemas inflacionarios frente a los ingresos de los
asalariados.
2.3.1.2.      En lo que tiene que ver con las pensiones, inicialmente el Código Sustantivo del Trabajo preveía
en su artículo 261 una congelación del salario base para el cómputo de la
pensión de jubilación y consagraba que una vez adquiridos los requisitos para
acceder a la prestación, no se tenían en cuenta las modificaciones del salario
durante el periodo posterior. Esta disposición fue derogada por la Ley 171 de
1961.
Posteriormente, las leyes 10 de
1972, 4ª de 1976 y 71 de 1988, establecieron que las pensiones serían
reajustadas, cada año, de acuerdo al aumento en el salario mínimo. Igualmente,
algunos regímenes especiales como el de los congresistas, consagraron
mecanismos para asegurar el poder adquisitivo de la prestación. Así, el
artículo 17 de la Ley 4ª de 1992, dispuso que éstas se aumentaran en el mismo
porcentaje que se reajusta el salario mínimo.
2.3.1.3.  La Ley 100 de 1993 consagra expresamente
el derecho al mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones.
En primer lugar, la
pensión de jubilación prevista en el Código Sustantivo del Trabajo, fue
sustituida por la pensión de vejez introducida
por la Ley 100 de 1993. Esta normatividad, en su artículo 21, prevé la
actualización del ingreso base para la liquidación de las pensiones no sólo de
vejez sino también la de invalidez y sobreviviente,  “con base en la
variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida
el DANE”.
Del mismo modo, el artículo 36
contempla que los beneficiarios del régimen de transición tendrán derecho a que
se les liquide la pensión en las condiciones de favorabilidad vigentes al
momento en que cumplieron tales requisitos, dentro de las cuales se incluye la
indexación del salario base para la liquidación de la pensión. En relación con
la pensión sanción el artículo 133 de la Ley 100 de 1993 consagra que “La cuantía de la pensión será directamente
proporcional al tiempo de servicios respecto de la que le habría correspondido
al trabajador en caso de reunir todos los requisitos para acceder a la pensión
de vejez en el régimen de prima media con prestación definida y se liquidará
con base en el promedio devengado en los últimos diez (10) años de servicios,
actualizado con base en la variación del índice de precios al consumidor
certificada por el DANE”.[11]
2.3.2.  La indexación de la primera mesada pensional y su
regulación antes de la Constitución de 1991
Del recuento anterior se observa
que el legislador ha previsto la manera de actualizar la mesada de quien ha
adquirido el derecho a la pensión al momento de encontrarse laborando. Sin
embargo, el problema de la indexación de la primera mesada pensional surge en
razón de la inexistencia de una norma que establezca con precisión la base para
liquidar la pensión de jubilación de quien se retire o sea retirado del
servicio sin cumplir la edad requerida, pero cuyo reconocimiento pensional es
hecho en forma posterior.
En efecto, el artículo 260 del
Código Sustantivo del Trabajo establecía la posibilidad del retiro del servicio
a los 20 años, a condición que con el cumplimiento de la edad requerida se
reconocería el derecho pensional. Señalaba la disposición:
“El
trabajador que se retire o sea retirado del servicio sin haber cumplido la edad
expresada tiene derecho a la pensión al llegar a dicha edad, siempre que haya
cumplido el requisito de los veinte (20) años de servicio.”
Sin embargo, como se observa,
la norma no soluciona el problema de la diferencia salarial, causada por la
inflación, entre el cumplimiento de los 20 años de servicio y el reconocimiento
de la pensión por el cumplimiento de la edad. Esta ausencia de previsión de una
fórmula de indexación ha originado numerosos problemas interpretativos que han
sido resueltos en sede judicial.
2.3.2.1.      Al respecto, la Sección Primera de la Corte Suprema de
Justicia, desde 1982 hasta el 18 de abril de 1999, acogió la fórmula de la
indexación de la primera mesada pensional como mecanismo para garantizar el
poder adquisitivo de estas pensiones ante el fenómeno de la inflación. En estos
términos, en la decisión del 8 de agosto de 1982, la Sección Primera de la Sala
de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia consideró:
“ii) La indexación laboral
El derecho laboral es sin
duda alguna uno de los campos jurídicos en los cuales adquiere primordial
importancia la consideración de los problemas de equidad, humanos y sociales,
que surgen de la inflación galopante. No puede olvidarse que del trabajo depende
la subsistencia y la realización de los seres humanos, y que el derecho laboral
tiene un contenido específicamente económico, en cuanto regula jurídicamente
las relaciones de los principales factores de producción –el trabajo, el
capital y la empresa -, afectados directamente por la inflación. Sin embargo,
justo es confesar que la estimulación de este grave problema, por la ley por la
doctrina y por la jurisprudencia de Colombia ha sido mínima por no decir
inexistente o nula. Se reduciría al hecho de que, en la práctica el salario
mínimo se reajusta periódicamente, como es de elemental justicia, teniendo en
cuenta el alza en el costo de la vida, aunque no de manera obligatoria,
proporcionada o automática. Y a que, como es sabido, las pensiones de jubilación
o de vejez, de invalidez y de sobrevivientes, se reajustan por mandato de la
ley teniendo en cuenta esos aumentos en el salario mínimo (Leyes 10 de 1972 y
4° de 1976).”
Cabe señalar que la Sección
Segunda de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, sostenía la tesis
contraria y consideraba que no era posible la aplicación de la teoría de la
indexación a las deudas laborales, a menos que estuviese expresamente
consagrado por el legislador (Sentencia
de 11 de abril de 1987)[12].
Sin embargo, en la Sentencia del 8 de abril de 1991 (proferida con anterioridad
a la expedición de la Constitución el 7 de julio de 1991) se unificó la postura
de la Sala Laboral y se dijo que la indexación era un factor o modalidad del
daño emergente y que, por tanto, al disponer pago de los perjuicios
compensatorios que se encontraban tasados expresamente en el artículo 8º del
Decreto 2351 de 1965, debía ser incluida para que la satisfacción de la
obligación fuera completa. [13]
Esta orientación fue extendida
por parte de la  Corte Suprema de Justicia no sólo respecto de la pensión
sanción prevista en el artículo 267 del C. S. T., sino en pensiones
convencionales y la pensión prevista en el numeral 2 del artículo 260 del
C. S. T[14].
2.3.2.2.  Tal posición fue reiterada en pronunciamientos
posteriores también con posterioridad a la entrada en vigencia de la
Constitución de 1991. En la Sentencia del 13 de noviembre de 1991, la Corte
Suprema de Justicia, Sala Laboral sostuvo que las obligaciones dinerarias
insolutas debían ser actualizadas. Señaló que esto se derivaba de los principios
del derecho al trabajo consagrados en la nueva Carta Política. Dijo dicha
Corporación:
“Más aún, en la misma
Constitución Política del país, recientemente promulgada, se establecieron
disposiciones que reflejan la consideración de aquél fenómeno, como el artículo
53, en el cual, entre los “principios mínimos fundamentales” que deben
observarse por el Congreso cuando cumpla el deber de expedir el “estatuto del
trabajo” se señaló el de que la remuneración del trabajador debe consagrarse
con carácter de “vital y móvil”; además de que en el inciso 3° se
garantizó “el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones
legales.” Y el artículo 48, referente a la seguridad social, defirió a la ley
la definición de “los medios para que los recursos destinados a pensiones
mantengan su poder adquisitivo constante.”
Se trata, entonces, de un
problema que, no obstante haber traído la atención del legislador en varios
campos, aún no ha recibido consagración positiva específica para el derecho al
trabajo, fuera de los importantes principios constitucionales destacados. Sin
embargo, ello lejos de ser un obstáculo para recibir un correctivo, por lo
menos en el caso concreto, es un acicate para la búsqueda de la solución que requiere,
pues “el derecho laboral es sin duda alguna  uno de los campos jurídicos
en los cuales adquiere primordial importancia la consideración de los problemas
de equidad, humanos y sociales, que surgen de la inflación galopante” Subrayado
y comillas en el texto original -.[15]
De la misma manera, en la
sentencia de 15 de septiembre de 1992 la Sección Primera de la Sala Laboral de la
Corte Suprema de Justicia reconoció expresamente que la indexación procedía
cuando entre la terminación del contrato de trabajo y la exigibilidad de la
pensión transcurría un tiempo que hacía imposible, por las razones anotadas,
que el último salario pudiese ser la base de la prestación jubilatoria, como
quiera que sobre aquél “se proyectan indudablemente los efectos negativos de
la inflación (...)”
En estos mismos términos, se
encuentra la Sentencia del 11 de diciembre de 1996 al referirse al asunto
objeto de estudio:
“Esta Sala de la Corte ha
tenido la oportunidad de manifestarse respecto de la procedencia de la
indexación de la primera mesada de la pensión, cuando el cálculo pertinente se
basa en un salario antiguo y por lo mismo envilecido, que ha perdido su poder
adquisitivo al punto de que la pensión se reduciría a la mínima legal, no
obstante que el salario, en su momento, superaba en varias veces ese mínimo.
Pero en las ocasiones
anteriores, se trataba de mesadas que, como la de la pensión - sanción y la
originada en el acuerdo conciliatorio, constituían derechos adquiridos desde la
época de vigencia del salario cuestionado, y sujetos solamente a la condición
del cumplimiento de la edad correspondiente. Entonces dijo la Corte:
“Conforme razonó la Sala en
la oportunidad memorada, es obvio que en el presente caso le asiste al promotor
del juicio el derecho a que, para la primera mesada de su pensión de
jubilación, se tenga en cuenta la corrección monetaria de la cifra que traduce
el salario devengado en el último año de servicios, desde la fecha de su retiro
de la empresa hasta la fecha de exigibilidad de la prestación social en
referencia...”
2.3.2.3.  No obstante, en sentencia del 18 de agosto de 1999, la
Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, cambió su jurisprudencia y
señaló que la indexación sólo procede en los casos en que el legislador la haya
previsto. Esto sólo ocurre en las pensiones reconocidas después de la
expedición de la Ley 100 de 1993. Los argumentos en que basó su decisión fueron
los siguientes, sin antes advertir que varios Magistrados salvaron su voto
defendiendo la postura anterior de la Corporación:
1. “(...) [L]as normas
reguladoras de la pensión de jubilación de los sectores particular y público
establecieron que ésta equivale al 75% del promedio de los salarios devengados
durante el último año de servicios (art. 260 C.S.T) o del salario promedio que sirvió de base para los aportes en dicho lapso (art. 1° Ley 33 de 1985)”.
2. “(...) [L]a única
base de liquidación pensional, la introdujo la Ley 100 de 1993 que para éstos
efectos rige desde el primero de abril de 1994, sin que pueda aplicarse en
forma retroactiva (...).
3. “(...) [P]ara
actualizar la base de la liquidación pensional (...) es indispensable tener en
cuenta, no el salario del último año de servicios, sino el “Ingreso Base
de Liquidación”, conformado por el “promedio de salarios o rentas sobre los
cuales ha cotizado el afiliado durante diez (10) años anteriores al
reconocimiento de la pensión actualizados anualmente con base en la variación
del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE””[16].
2.3.2.4.  Esta nueva postura de la Corte Suprema de
Justicia fue atacada, vía tutela y declarada contraria a los postulados
constitucionales en Sentencia SU 120 de 2003[17]. De la misma
manera, el derecho universal a la indexación de la primera mesada
pensional fue reconocido en sede de control abstracto en las Sentencias C-862 [18]y
C-891A de 2006[19].
2.3.2.5.  En virtud de tales sentencias de constitucionalidad, la
Sala Laboral nuevamente aceptó la procedencia de la indexación de la primera
mesada pensional para pensiones reconocidas después de la expedición de la
Carta Política.[20]
2.3.2.6.  En efecto, en el año 2007, la Corte
Suprema de Justicia, Sala Laboral, en fallo del 31 de julio de 2007 M.P. Camilo Tarquino Gallego, estableció una nueva
orientación jurisprudencial en relación con el tema de la indexación de la
mesada pensional y reconoció su procedencia, no sólo frente a las pensiones
de carácter legal sino convencional. Además, desde el año 2009 aplica un
criterio matemático más efectivo frente a la actualización de los salarios
bases de liquidación[21].
2.3.2.7.  Del anterior recuento puede deducirse que
desde el año 1982, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia elaboró y
reiteró su posición respecto a la procedencia de la indexación de la primera
mesada pensional como un derecho de los trabajadores basado en la justicia, en la equidad y en los
principios del derecho laboral. En este sentido, sólo hasta el año de 1999 se
produce un cambio de jurisprudencia, y por tanto, aunque, como se desarrollará
más adelante, la Constitución de 1991 eleva a rango constitucional el derecho a
la indexación de la mesada pensional, antes de la expedición de la Carta, la
jurisprudencia ya la había reconocido.
2.3.3.  La indexación de la primera mesada
pensional en la jurisprudencia constitucional
A partir de una interpretación
sistemática de los preceptos previstos tanto en el preámbulo de la Constitución
Política, como en sus artículos 1°, 25, 48 y 53, la jurisprudencia de la Corte
Constitucional se ha pronunciado, sobre el carácter constitucional del derecho
al mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, una de cuyas
manifestaciones más importantes es el derecho a obtener su actualización.
Así, puede señalarse que a
partir de la Constitución de 1991, la garantía del mantenimiento del poder
adquisitivo de las pensiones adquiere rango constitucional, contenido
especialmente en los artículos 48 y 53 de la Carta. En el primero de ellos, el
Constituyente establece una obligación perentoria al legislador al consagrar
que “La ley definirá los medios para que los recurso destinados a pensiones
mantengan su poder adquisitivo constante”. Por su parte, el artículo 53
establece que  “[e]l Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al
reajuste periódico de las pensiones legales”.
La Corporación ha considerado,
además,  que esta garantía se encuentra vinculada con el principio in dubio
pro operario, los postulados del Estado Social de Derecho, la protección a
las personas de la tercera edad, el derecho a la igualdad y al mínimo vital.
2.3.3.1.  Como referente jurisprudencial se encuentra la
Sentencia SU-120 de 2003[22],
en la cual se unificó la doctrina sentada hasta ese momento por las Salas de
Revisión de esta Corporación concerniente a la procedencia de la indexación
pensional por medio de la acción de tutela, en aplicación, entre otros, de los
principios laborales de favorabilidad y efectividad de los derechos.
En dicha oportunidad, la Corte estudió
si el cambio de jurisprudencia adoptado por la Corte Suprema de Justicia en
Sentencia del 18 de agosto de 1999, Sala Laboral, relacionado con la
improcedencia de la indexación de la primera mesada pensional, constituía una
vía de hecho por desconocimiento de los principios constitucionales que rigen
las relaciones laborales consagrados en el artículo 53 de la Constitución.
En primer lugar, reconoció la
Corporación que existía un vacío normativo en relación con el ingreso base de
liquidación de aquellas personas que, en virtud del numeral 2 del artículo 260
del Código Sustantivo del Trabajo, ya habían adquirido los requisitos de tiempo
trabajado para acceder a la pensión, pero no contaban con la edad requerida.
Esta laguna debía ser resuelta
aplicando el principio in dubio pro operario, como recurso obligado para
el fallador en su labor de determinar el referente normativo para solventar
asuntos del derecho del trabajo no contemplados explícitamente en el
ordenamiento. En razón del mismo, entre dos o más fuentes formales del derecho
aplicables a una determinada situación laboral, debería elegirse aquella que
favorezca al trabajador, y entre dos o más interpretaciones posibles de una
misma disposición, debería preferir la que lo beneficie. Agregando además, que
tal interpretación devenía de la equidad que debe regir las relaciones
laborales, en donde el trabajador se constituye en su parte débil.
En este orden de ideas,
“incumbe al juez confrontar la situación concreta de las personas que aspiran a
acceder a la pensión en las condiciones anotadas y remediar la injusticia que
se deriva de la omisión legislativa anotada, obrando en todo conforme lo habría
hecho el legislador, de haber considerado la situación específica, es decir
conforme con la Constitución Política”. En razón de la anterior, consideró la
Corporación que procede la indexación de la primera mesada pensional cuando el
“valor actual de la pensión y el valor inicial de la misma arrojan una
diferencia a favor del trabajador, los obligados deben reintegrar
lo dejado de pagar, para que “quienes con el paso de los años han visto
aminorar el poder adquisitivo de su pensión (…) logren compensar el desmedro
patrimonial sufrido (...) porque (...) el ente estatal debe permanecer
vigilante de los derechos de los pensionados, sin distingo de su capacidad
económica, debido a que integran uno de los grupos sometidos a su especial
protección (...)”
2.3.3.2.  De igual manera, en el ámbito del control abstracto de
constitucionalidad, mediante las sentencias C-862 de 2006[23] y C-891-A
del mismo año[24],
esta Corporación se pronunció sobre la exequibilidad de los artículos 8° de la
Ley 171 de 1961 y 260 (parcial) del Código Sustantivo del Trabajo,
respectivamente, proclamando el derecho universal de los jubilados a la
indexación de la primera mesada pensional.
En dichas providencias,
consideró la Corporación que el derecho a la indexación de la primera mesada
pensional no sólo se deriva de la aplicación del principio in dubio pro
operario, sino que se constituye en una de las consecuencias de la
consagración del Estado colombiano como Estado Social de Derecho. En términos
de la providencia “cabe recordar brevemente que el surgimiento y
consolidación del Estado social de derecho estuvo ligado al reconocimiento y
garantía de derechos económicos, sociales y culturales, entre los que ocupa un
lugar destacado el derecho a la seguridad social, de manera tal que la
actualización periódica de las mesadas pensionales sería una aplicación
concreta de los deberes de garantía y satisfacción a cargo del Estado colombiano
en materia de los derechos económicos, sociales y culturales en virtud del
modelo expresamente adoptado por el artículo primero constitucional.”
Agregó además que la
actualización periódica de la mesada pensional es un mecanismo para garantizar
el derecho al mínimo vital de las personas de la tercera edad, pues de lo
contrario, la pérdida del poder adquisitivo de la misma les impediría
satisfacer sus necesidades. Por tal razón, la indexación de la pensión es una
medida concreta a favor de los pensionados, que, por regla general, son adultos
mayores o personas de la tercera edad, es decir, sujetos de especial protección
constitucional.
En relación con las normas
estudiadas, consideró la Corte que se estaba en presencia de una omisión
legislativa relativa porque el legislador “al regular una situación
determinada, éste no tiene en cuenta, omite, o deja de lado, supuestos de hecho
que, al momento de aplicarse el precepto correspondiente, genera tratamientos
inequitativos o el desconocimiento de derechos de los destinatarios de la norma
respectiva”. En relación con la manera de solventar la omisión sostuvo:
La jurisprudencia
constitucional en sede de tutela ha señalado de manera reiterada la forma como
debe subsanarse la omisión en comento. En efecto en las distintas ocasiones en
las cuales la Sala Plena[25]
y las distintas salas de decisión[26]
de esta Corporación han tenido que examinar casos de trabajadores pensionados
en virtud del numeral segundo del artículo 260 del C. S. T., cuya pensión había
sido calculada sin indexar el salario base para la liquidación de la primera
mesada, han sostenido que en virtud del derecho constitucional al mantenimiento
del poder adquisitivo de las pensiones (el cual como antes se sostuvo se deriva
de los artículos 48 y 53 constitucionales); amén de otros mandatos de rango
constitucional tales como el principio in dubio pro operario, el principio de
solidaridad y la especial protección de las personas de la tercera edad; debe
indexarse el salario base para la liquidación de la pensión de jubilación de
aquellas personas que se retiran o son retiradas del servicio luego de haber
laborado más de veinte años, pero sin haber alcanzado la edad señalada por el
numeral primero del artículo 260 del C. S. T.
Por todo lo anterior, la
Corporación consideró “exequibles los numerales 1 y 2 del artículo 260 del
C. S. T. en el entendido que el salario base para la liquidación de la pensión
de jubilación de que trata este precepto deberá ser actualizado con base en la
variación del índice de precios del consumidor IPC certificada por el DANE.”
En igual sentido, se pronunció la Corporación en relación con el artículo 8  de
la Ley 171 de 1961.
2.3.3.3.  El derecho a la indexación de la primera mesada
pensional también ha sido reconocido en sede de tutela tanto con anterioridad
como con posterioridad a la Sentencia SU-120 de 2003. Así, la Corporación ha
estudiado en múltiples oportunidades las acciones de amparo interpuestas por
pensionados que, tras agotar todos los instrumentos ante la justicia ordinaria
laboral, solicitaron al juez de tutela el reconocimiento de la actualización de
su pensión, tal ha sido el caso de las Sentencias T-663 de 2003, T-1169 de
2003, T-815  de 2004, T-805 de 2004, T-098 de 2005, T-045 de 2007, T-390 de 2009
y T-447 de 2009, T-362 de 2010, entre otras.
En la sentencia T-663 de
2003[27],
la Corte estudió el caso de varios trabajadores de Bancafé que adquirieron el
derecho a la pensión después de varios años de retiro, razón por la cual el
monto de su pensión fue sustancialmente inferior al salario que percibían en
aquél entonces, así, por ejemplo, en uno de ellos el actor estuvo vinculado a
Bancafé hasta marzo de 1983, fecha en la cual devengaba un salario equivalente
a 7.74 salarios mínimos legales mensuales, mientras que en 1993 el Banco le
reconoció una pensión equivalente al salario mínimo legal mensual.
La Corte amparó el derecho a la
indexación de la primera mesada pensional y revocó los fallos proferidos por la
Sala de Casación Laboral, mediante los cuales no casaba las sentencias de
segunda instancia que denegaban el reajuste de la mesada pensional en algunos
casos; o en otros, revocó la decisión de primera instancia que había ordenado
su reajuste. Así mismo, la Corte dejó sin efectos las sentencias proferidas
dentro de las acciones promovidas por los afectados ante la justicia ordinaria
y ordenó al juez natural o a la Sala de Casación Laboral decidir los recursos
de casación, con sujeción a los artículos 13, 29, 48 y 53 de la Constitución
Política. Señaló así mismo la Corporación:
Fueron razones fundadas en
la ocurrencia de vías de hecho por parte de las autoridades judiciales y que
admiten la intervención del juez constitucional; en la observancia de la
igualdad y la confianza legítima en la aplicación de la ley; en la sujeción de
los jueces a la doctrina probable, a la observancia de los postulados
Superiores sobre el principio de favorabilidad y del principio pro operario; a
los alcances de las disposiciones que regulan la pensión de jubilación; a la
aplicación de los principios de equidad, la jurisprudencia y los principios
generales del derecho y en la atribución constitucional de la Corte Suprema de
Justicia de unificar la jurisprudencia nacional del trabajo, las que condujeron
a la Corte Constitucional a conceder la protección de los derechos
fundamentales a la igualdad, debido proceso y seguridad social y del principio
constitucional de favorabilidad a los entonces accionantes y, por la semejanza
de situaciones, serán los mismos fundamentos que reiterará esta Sala para
decidir en el proceso de revisión de los expedientes de la referencia.
En la providencia T-1169 de
2003[28],
la Corporación estudió el caso de un trabajador de la Empresa Pfaff de
Colombia, que por decisión judicial había sido condenada al pago de una pensión
sanción de jubilación al primero cuando cumpliera 50 años de edad y en cuantía
directamente proporcional al tiempo de servicio y al salario devengado. En el
año de 1997, el peticionario cumplió 50 años de edad y con ello se consolidó su
derecho al pago pensional. Para calcular el monto de la primera mesada, el liquidador
de la empresa consideró que “la condena no fue para el año 1.977 sino para
el año 1.997 y el valor a pagar será el que hubiere correspondido por su tiempo
y en proporción al salario recibido”.  De esta manera, concluyó que el
pago sería de $10.280.65 pesos mensuales, pero ajustó esa cuantía a un salario
mínimo legal.
La Corte no sólo dijo que se
vulneraba los derechos al mínimo vital y a la remuneración vital y móvil del
pensionado al recibir una mesada inferior a la que tenía derecho, sino que
consideró que en el caso en concreto no debían agotarse los mecanismos
ordinarios, por cuanto le empresa estaba a punto de ser liquidada, razón por la
cual ordenó directamente la indexación. Dijo la Corporación:
“Al decidir sobre la
procedencia de indexar la primera mesada pensional, los jueces no pueden
desconocer la necesidad de mantener el equilibrio en las relaciones de trabajo
y el valor adquisitivo de las pensiones como lo indican los artículos 53 y 230
de la Carta Política. Y tampoco pueden apartarse del querer legislador, para
quien ha sido una preocupación constante regular el monto y la oportunidad de
los reajustes pensionales.  De manera que si el juzgador no opta por lo
expuesto, sino que decide resolver sobre la indexación de la primera mesada
pensional acudiendo a soluciones que no consultan los criterios auxiliares de
la actividad judicial, hacen necesaria la intervención del Juez constitucional
para restablecer los derechos fundamentales mínimos de los trabajadores.”
De la misma manera, en la Sentencia
T-805 de 2004[29],
la Corte analizó el caso de un trabajador que había estado vinculado al Banco
Andino de Colombia desde el 7 de febrero de 1962 hasta el 30 de septiembre de
1978, y desde el 17 de mayo de 1965 hasta el 8 de septiembre de 1979,
respectivamente. Su pensión le fue reconocida a partir del 5 de febrero de
1994, cuando cumplió 50 años de edad, liquidada sobre un promedio mensual de
$30.030 o un salario mínimo de la época, reduciendo sus mesadas en un 62.43%
con relación a su valor real, toda vez que a la fecha de la desvinculación de
la entidad, su salario equivalía a 8 salarios mínimos legales mensuales. El
actor acudió a la jurisdicción laboral sin encontrar protección para sus
derechos. La Corte concedió el amparo y consideró que cuando sea pertinente
decidir la procedencia de la indexación pensional, es imperativo tener en
cuenta  la necesidad de mantener el valor adquisitivo de las pensiones, y
el equilibrio en las relaciones de trabajo, de acuerdo a lo señalado en los
artículos 53 y 230 de la Carta.
Esta misma posición fue asumida
por la Corporación en Sentencia T-815 de 2004[30], que
estudió también la petición de indexación de un ex trabajador del Banco Andino,
con la particularidad de que su retiro se había acordado mediante Acta de
conciliación celebrada ante un juez laboral en el año de 1979, conviniendo
dentro de la misma su derecho a la pensión de vejez cuando cumpliera los 60
años de edad. Ésta le fue efectivamente liquidada el 25 de mayo de 1997 por un
valor de $ 58.795 equivalente a un salario mínimo legal de la época. Este valor
que resultaba inferior al real en un 92% porque cuando se retiró del Banco
Andino en liquidación la pensión equivalía a 13 salarios mínimos.
Tanto en la Sentencia T-805
de 2004 como en la Sentencia T-815 de 2004, a pesar de dirigirse
contra las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, la orden
se impartió directamente al Banco demandado en razón de la tesis sostenida por
dicha Corporación, que negaba el derecho a la indexación.
En la sentencia T-098 de
2005[31],
la Corte conoció el caso de un pensionado que estuvo vinculado al Citibank
por 25 años. Al momento de retirarse, su salario equivalía a más de veinte
salarios mínimos legales mensuales de la época. Sin embargo, la pensión que
comenzó a disfrutar equivalía tan solo a tres salarios mínimos, perdiendo de
esta manera casi un 80% de su ingreso. En esta oportunidad, la Corte también
ordenó directamente actualizar la base de liquidación de la pensión del actor,
de acuerdo con el índice de precios al consumidor. Adicionalmente se ordenó al
banco pagar los montos adeudados y actualizados no prescritos.
Estos casos guardan identidad
fáctica con los contenidos en la providencias T-045 de 2007[32],  T-390
de 2009[33]
y T-447 de 2009[34],
T-362 de 2010[35],
en las cuales la Corporación reiteró su posición sobre la indexación de la
primera mesada pensional.
De lo anterior se concluye que
la jurisprudencia constitucional ha entendido que la indexación es un mecanismo
para garantizar la actualización del salario base para liquidación de la
primera mesada pensional, cuando ha mediado un tiempo sustancial entre el
momento en que el trabajador se retira de su empresa y el reconocimiento de la
pensión. Dicha garantía tiene fundamento en el derecho constitucional de los
pensionados a mantener el poder adquisitivo de la pensión y reside
fundamentalmente en los artículos 48 y 53 de la Carta.
2.3.4.  La indexación de la primera mesada pensional encuentra
sustento en claros preceptos constitucionales
El derecho a la indexación de
la primera mesada pensional materializa diversos preceptos de rango
constitucional, y por tanto, a partir de la Constitución de 1991 existe “un
derecho constitucional de los pensionados a mantener el poder adquisitivo de su
mesada pensional”. Éste, se deduce no solamente de lo consagrado
expresamente en el artículo 53 de la Carta Política de 1991, sino que se deriva
de una interpretación sistemática de distintos enunciados normativos
constitucionales.
En estos términos, para la
configuración del derecho constitucional de los pensionados al mantenimiento
del poder adquisitivo de la mesada pensional resultan también relevantes
principios y derechos fundamentales consagrados en la Carta de 1991, como el
principio in dubio pro operario (art. 48 de la C.P.), el principio de
Estado social de derecho (Art. 1 constitucional), la especial protección
constitucional a las personas de la tercera edad (Art. 46 de la C. P.), el
derecho fundamental a la igualdad (Art. 13 de la C. P. ) y el derecho al mínimo
vital.
Es por ello que al estudiar si
resulta procedente o no la indexación de la primera mesada pensional, el
intérprete debe dar aplicación al principio in dubio pro operario[36] que impone
elegir, en caso de duda, por la interpretación que más favorezca al trabajador[37].
En el caso en estudio, la
solución más favorable es el mantenimiento del valor económico de la mesada
pensional, además que es ésta la que se encuentra acorde con el ordenamiento
constitucional, sin importar si aquellas tienen un origen legal o convencional,
como lo precisó esta Corte en la siguiente decisión:
“Entre tales derechos se
encuentra el que surge de la aplicación del principio de favorabilidad
que la Constitución entiende como “... situación más favorable al trabajador en
caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de
derecho... ”.
Siendo la ley una de esas
fuentes, su interpretación, cuando se presenta la hipótesis de la cual parte la
norma - la duda -, no puede ser ninguna diferente de la que más favorezca al
trabajador. Ella es obligatoria, preeminente e ineludible para el juez.
Allí la autonomía judicial
para interpretar los mandatos legales pasa a ser muy relativa: el juez puede
interpretar la ley que aplica, pero no le es dable hacerlo en contra del
trabajador, esto es, seleccionando entre dos o más entendimientos posibles
aquel que ostensiblemente lo desfavorece o perjudica. Es forzoso que el
fallador entienda la norma de manera que la opción escogida sea la que
beneficie en mejor forma y de manera más amplia al trabajador, por lo cual, de
acuerdo con la Constitución, es su deber rechazar los sentidos que para el
trabajador resulten desfavorables u odiosos. El juez no puede escoger con
libertad entre las diversas opciones por cuanto ya la Constitución lo ha hecho
por él y de manera imperativa y prevalente. No vacila la Corte en afirmar que
toda trasgresión a esta regla superior en el curso de un proceso judicial
constituye vía de hecho e implica desconocimiento flagrante de los derechos
fundamentales del trabajador, en especial el del debido proceso.” (Subrayas fuera del texto)[38].
2.3.5.  La jurisprudencia constitucional ha predicado el
carácter universal de la indexación de la primera mesada pensional
No existe ninguna razón
constitucionalmente válida para sostener que el derecho a la actualización de
la mesada pensional sea predicable exclusivamente a determinadas categorías de
pensionados, cuando todos se encuentran en la misma situación y todos se ven
afectados en su mínimo vital por la depreciación monetaria.
Al respecto, la jurisprudencia
constitucional ha señalado expresamente que éste es un derecho de carácter
universal que debe ser garantizado a todos los pensionados. De lo contrario, se
produciría una grave vulneración del derecho a la igualdad que constituye un
trato discriminatorio.
En términos de la Sentencia C-862
de 2006 “el derecho a la actualización de la mesada pensional no puede
ser reconocido exclusivamente a determinadas categorías de pensionados, porque
un trato diferenciado de esta naturaleza carecería de justificación
constitucional, y se torna por tanto en un trato discriminatorio.”
Cabe señalar, además, que esta
providencia dejó sentado el carácter universal del derecho y dijo expresamente
que no resultaba posible hacer distinciones relacionadas con tránsitos
normativos. Sobre el particular sostuvo:
“Si
bien el derecho a la actualización de la mesada pensional surge en virtud de lo
que la doctrina ha denominado el proceso de especificación en el reconocimiento
de los derechos, de manera tal que su titularidad se reserva a una determinada
categoría de sujetos -los pensionados- dentro de tal categoría su
titularidad ha de ser universal, y por lo tanto exclusiones derivadas del
tránsito legislativo carecen de justificación.” (Subrayado fuera del texto)
Luego concluyó:
“De
acuerdo con estas definiciones, la universalidad del derecho a la indexación de
la primera mesada pensional significa que este beneficio se aplique a las
pensiones reconocidas en cualquier tiempo y sin que importe su origen,
sea éste convencional o legal, toda vez que el fenómeno de pérdida de poder
adquisitivo que es consecuencia de la inflación, afecta por igual a todos los
jubilados”. (Subrayado fuera del texto)
2.3.5.1.  De la misma manera, la Corte ha ordenado y protegido
el derecho a la indexación de la primera mesada pensional a todas las clases de
pensiones, sin importar el origen de la prestación. Es decir, con independencia
que la misma provenga de la ley, de una convención o de una orden judicial.
Así, desde la sentencia SU-120
de 2003[39]
y T-663 de 2003[40]
se concedió el amparo a personas que disfrutaban de pensiones de jubilación de
origen convencional, sin que se tuviera en cuenta que no se trataba de
pensiones legales. En la Sentencia T-469 de 2005[41], se
desestimó el argumento del demandado según el cual el accionante no tenía
derecho a la actualización del salario base de liquidación de la primera mesada
pensional porque, al ser su pensión de carácter convencional, se le debían
aplicar exclusivamente las normas de la convención colectiva y ésta no la
preveía. Indicó la Corte que “a la jurisprudencia es indiferente que la
pensión que es objeto de indexación tenga origen legal o convencional, ya que
lo relevante en estos casos es la situación de desprotección en que se
encuentra el pensionado al recibir como mesada una suma desactualizada con la
cual no pueda solventar sus necesidades y las de su familia”.
En el mismo sentido se
pronunció en la sentencia T-696 de 2007[42]. Allí se consideró que el fenómeno inflacionario
afecta a todos por igual y por tanto, no puede diferenciarse entre el origen de
la pensión “como quiera que el
problema de la pérdida de poder adquisitivo, consecuencia del fenómeno
inflacionario, no les es ajeno, de suerte que una conclusión diferente
impondría una carga desproporcionada a estos pensionados en el sentido de
soportar la pérdida de poder adquisitivo de su mesada pensional bajo el prurito
de los beneficios extralegales de que fueron acreedores por la suscripción de
la convención colectiva que rige su derecho pensional”.
En la decisión más reciente
sobre el tema, la sentencia SU-1073 de 2012[43], la Sala Plena de esta
Corporación reiteró la universalidad del derecho a la indexación de la primera
mesada pensional, y afirmó que éste es predicable de todas las personas
pensionadas, no sólo de aquellas que adquirieron tal calidad en aplicación de
una convención colectiva, sino también de las que la adquirieron antes de la
vigencia de la Constitución de 1991. En efecto, todos los pensionados sufren
las graves consecuencias de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, es
decir todos se encuentran en la misma situación y por tanto, deben recibir
igual tratamiento.
En síntesis, la Corte
Constitucional dejó claro que a todos los pensionados, sin distinción
alguna, no sólo debe garantizárseles que sus pensiones sean actualizadas
anualmente una vez han sido reconocidas por la entidad competente, sino que
también existe un derecho constitucional a la actualización del salario
base para la liquidación de la primera mesada.[44]
2.3.
CASO CONCRETO
2.3.1.  Resumen de los antecedentes
Los 33
demandantes presentan acción de tutela contra el Fondo de Pasivo Social de los
Ferrocarriles Nacionales de Colombia, por considerar que tal entidad vulnera sus
derechos fundamentales a la vida, al debido proceso, a la seguridad social, y
al mínimo vital, al negarse a efectuar la indexación de la primera mesada
pensional, por considerar que se trata de (…) una pensión convencional, es
decir, que proviene de un acuerdo voluntario de las partes (patrono y
sindicato) plasmado en la Convención, en la cual no existe una disposición
expresa que ordene que durante el lapso de tiempo transcurrido entre la
finalización de la relación laboral como trabajador y el momento en que se
adquiere el derecho pensional, se debe indexar la base salarial. Es claro
entonces, que durante ese lapso, no se devengó salario, por tanto no existen
incrementos anuales[45].
En consecuencia, solicitan al juez de tutela ordenar a la entidad reconocer la
indexación de sus primeras mesadas, pagar los valores dejados de percibir y, en
lo sucesivo, efectuar el pago de la pensión indexada.
Por su parte, el Fondo de
Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia solicitó al juez de
tutela rechazar la acción, debido a que se trata de una acción temeraria y,
además, los demandantes no han agotado los mecanismos judiciales idóneos para
obtener el reconocimiento de la indexación de su primera mesada pensional.
El Juez Tercero Promiscuo del
Circuito de Sabanalarga, Atlántico, consideró que en este caso la tutela es
improcedente, por cuanto los accionantes no acudieron al proceso ordinario
laboral. Adicionalmente, señaló que no se está ante la posibilidad de que los
tutelantes sufran un perjuicio irremediable, por cuanto en la actualidad
perciben su pensión de jubilación. En segunda instancia, la Sala Civil del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá confirmó el fallo impugnado,
por compartir los mismos argumentos del a quo.
2.3.2. Consideraciones sobre la posible temeridad en el caso
estudiado
2.3.2.1.
En
su contestación, el Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales de
Colombia alegó que la acción de tutela bajo estudio es temeraria, puesto que,
con anterioridad, los 33 accionantes han presentado tutelas por los mismos
hechos y con las mismas pretensiones, y les han sido negadas.
El artículo 38 del Decreto 2591
de 1991 determina que [c]uando sin motivo expresamente justificado la misma
acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante
varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas
las solicitudes. Este precepto
ha sido desarrollado por la jurisprudencia de esta Corporación, según la cual se
configura la temeridad en la presentación de dos o más acciones de tutela,
cuando se cumplen 4 requisitos, a saber: (i) la identidad en el
accionante; (ii) la identidad en el accionado; (iii) la identidad
en los hechos; y (iv) la ausencia de justificación suficiente.[46]
En relación con el último de
estos requisitos, la jurisprudencia[47]
ha señalado que la buena fe se presume en todas las actuaciones de los
particulares ante las autoridades públicas, de suerte que, cuando se estudia la
temeridad en un caso específico, resulta imperativo demostrar que se
incurrió, real y efectivamente en una conducta proscrita por el ordenamiento,
porque la reiteración de solicitudes de amparo no tiene justificación[48](Negrillas
fuera del texto). En este sentido, la presencia de una actuación temeraria debe
ser analizada con mucho cuidado para evitar situaciones o condenas injustas,
motivo por el cual se han consagrado los requisitos anteriormente señalados.
Por ende, la aplicación del
artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 exige al juez valorar las circunstancias
específicas que rodearon la presentación de dos o más demandas de tutela, por
la misma persona o su representante, en solicitud de igual protección, con el
propósito de establecer si el accionante incurrió efectivamente en una actuación
contraria a derecho.
En efecto, la Corte
Constitucional ha sostenido que, en los casos en que se formule más de una
acción de tutela con coincidencia de partes, hechos y pretensiones, el juez
puede considerarla temeraria siempre que observe que dicha actuación:
(i)
resulta amañada, en la medida en
que el actor se reserva para cada demanda los argumentos o pruebas que
convalidan sus pretensiones[49];
(ii)       denote el propósito desleal de obtener la
satisfacción del interés individual a toda costa, jugando con la eventualidad
de una interpretación judicial que, entre varias, pudiera resultar favorable[50];
(iii)      deje al descubierto el abuso del derecho porque
deliberadamente y sin tener razón, de mala fe se instaura la acción[51]; o
(iv)      se pretenda a través de personas inescrupulosas
asaltar la buena fe de los administradores de justicia[52].
Además, la Corte ha establecido
que aún en los eventos en que se presente la identidad de partes, hechos y
pretensiones, es posible concluir que la actuación no es temeraria, entre
otros, en los casos que a continuación se señalan:
Esta Corporación ha señalado
algunos casos en que a pesar de existir la triple identidad en los asuntos no
se configura la actuación temeraria toda vez que se funda i) en las condiciones
del actor que lo coloca en estado de ignorancia o de especial vulnerabilidad o
indefensión en que actúa por miedo insuperable o la necesidad extrema de
defender sus derechos, ii) en el asesoramiento equivocado de los profesionales
del derecho, iii) en nuevos eventos que aparecen con posterioridad a la acción
o que se omitieron en el trámite de la misma u otra situación que no se hubiere
tomado como fundamento para decidir la tutela anterior que involucre la
necesidad de protección de los derechos, y iv) en la presentación de una nueva
acción ante la existencia de una sentencia de unificación de la Corte
Constitucional[53];
[cuando el actor] en sus
actuaciones siempre puso de presente a los jueces de tutela la previa
existencia de una demanda de igual naturaleza[54].
2.3.2.2.
Sobre el particular, en la
sentencia T-812 de 2005[55]
esta Corporación señaló los criterios que el fallador debe verificar para
determinar la existencia de una conducta abusiva en el uso de este mecanismo
constitucional. Dijo la Corte:
“i) Que las acciones de
tutela se presenten en diferentes oportunidades, con base en los mismos hechos
y reclamando la protección de los mismos derechos;
ii) Que quien presenta la
tutela sea la misma persona o su representante;
iii) Que no haya una expresa justificación que respalde el trámite de
la nueva acción de tutela.”
En consecuencia,
el juez de tutela se encuentra obligado a realizar un estudio de las distintas
acciones de tutela con el fin de determinar si en realidad existe identidad de
sujetos, hechos y pretensiones. En este sentido, el análisis no puede limitarse
a un aspecto meramente formal. En la sentencia T-919 de 2003[56], esta
Corporación estableció:
“Cuando en un
proceso aparezca como factible la declaración de improcedencia en virtud de una
posible identidad de partes, hechos y pretensiones, el juez tiene el deber de
verificar que tal posibilidad en efecto se configure en el caso concreto y
adicionalmente que no existe una causa razonable para hacer uso nuevamente de
la acción, en el caso de que efectivamente se presente la identidad.
En efecto, el
juez no puede partir de la base de que los ciudadanos conocen el derecho y las
normas en toda su extensión para a partir de esa premisa, deducir de las
simples afirmaciones del accionante la decisión del caso, sin entrar a estudiar
las implicaciones, el alcance y la pertinencia de éstas.  Antes bien es el juez
el llamado y obligado a conocer el derecho - iura novit curia-, por lo tanto
ante un caso en el que se evidencia un posible desconocimiento del significado
de las normas y en consecuencia un posible detrimento de los intereses de quien
solicita el amparo, es deber del juez constatar no solo lo dicho por el
accionante sino su significado. Lo contrario podría conducir a una injusta
negación de acceso a la administración de justicia.”
Al respecto se señaló que, en
los casos en los que el ciudadano intenta nuevamente una acción de tutela
contra el sujeto vinculado al proceso, a pesar de ser improcedente el amparo,
no puede predicarse temeridad, cuando el juez no vislumbra mala fe por parte
del accionante.
En este sentido, la
jurisprudencia constitucional ha distinguido claramente la improcedencia de la
temeridad. La Corporación ha establecido que cuando el juez constitucional,
luego de un análisis detallado de los procesos de tutela, ha verificado la
identidad de hechos, partes y pretensiones (triple identidad) debe proceder a
la declaración de su improcedencia. Por el contrario, la actuación temeraria,
“(...) debe encontrarse plenamente acreditada y no puede ser inferida de la
simple improcedencia de la acción de tutela.”[57]
En sentencia T-919 de 2003[58], la Corte
Constitucional consideró que:
“Por ello, los
efectos para el peticionario que ha presentado varias de estas acciones van
desde el rechazo o la decisión desfavorable por improcedencia de la solicitud
de amparo repetida, hasta la imposición de sanciones pecuniarias y penales
cuando se haya constatado la actuación temeraria. Pero se reitera, es posible
que “(...) se presenten eventos de improcedencia con ausencia de temeridad, ya
que puede ocurrir que se presenten varias tutelas bajo los mismos hechos y
derechos en ausencia de una actitud temeraria del demandante, configurándose
solamente la declaración de improcedencia.”
No obstante lo señalado, el
juez constitucional también debe ser sensible a la interposición de nuevas
acciones de tutela que aparentemente son idénticas a otra u otras peticiones
formuladas anteriormente, pero que se sustentan en hechos que no habían
ocurrido para ese entonces, que no eran conocidos por el actor en el momento de
presentar la primera demanda, o que sólo en la actualidad afectan gravemente
sus condiciones mínimas de subsistencia.”
En esta misma providencia, la Corporación definió el
término temeridad “como una actitud contraria al principio de buena fe
constitucional consagrado en el artículo 83 de la misma, y cuyo ejercicio se
describe como la interposición sucesiva de tutelas por la misma causa, sin
motivo expresamente justificado.”
2.3.2.3.
Descendiendo al caso bajo
estudio, de las pruebas que obran en el expediente se observa que efectivamente
los accionantes acudieron a la acción de tutela con el fin de que les fuera
reconocido el derecho a la indexación de la primera mesada pensional, así:
(i)
Los señores Enrique José Cardona Puerta, Juan Antonio Estrada Martínez,
Gustavo Narváez Romero, Miguel Jiménez Murillo, Dagoberto
Julio Bornachera, Humberto Amaya Pájaro,
Jairo Alfonso Castillo Serpa, Rafael Armando Arellano Garzón, Carlos Julio González Cano, Pedro
Quintana Caraballo, Ramiro Tobón Barragán,
Carmen Claro de Martínez, Julio Antonio Luna Ramos,
Héctor José Pautt Rivera, Amaury Pérez Gómez, Jaime
Arias Pacheco; instauraron una acción de tutela ante el Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito de Bolívar, en contra del Fondo de Pasivo Social de
los Ferrocarriles Nacionales de Colombia, solicitando el reconocimiento de la
indexación de su primera mesada pensional, petición que les fue concedida. En
segunda instancia el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bolívar,
mediante providencia del 16 de noviembre de 2010, revocó la decisión y rechazó
la tutela por no haber sido agotada la jurisdicción ordinaria.
(ii)
En otra
oportunidad, los señores Enrique José Cardona Puerta, Juan Antonio Estrada
Martínez, Gustavo
Narváez Romero, Miguel Jiménez Murillo,
Dagoberto Julio Bornachera, Humberto Amaya Pájaro, Jairo
Alfonso Castillo Serpa, Rafael Armando
Arellano Garzón, Pedro Quintana Caraballo,
Ramiro Tobón Barragán, Carmen Claro de Martínez, Julio Antonio Luna Ramos, Héctor José Pautt Rivera, Amaury
Pérez Gómez, Jaime Arias Pacheco, Emiliano
Gómez Babilonia, Socorro Carrasquilla López,
Oscar Enrique Castillo Peluffo, Alfonso
Padilla Faneyte, Julio Abel Zabaleta Lambis,
José María Julio Castro, Catalino Blanco Díaz, Rafael
Quintana Morales, Rafael Quintana Zúñiga,
Carmen Rosa Lenes Mestre, Lacides Fernando Marrugo Díaz, Enrique José Cardona Puerta, Juan Antonio Estrada Martínez, Gustavo
Narváez Romero, Miguel Jiménez Murillo,
Dagoberto Julio Bornachera, Humberto Amaya Pájaro, Jairo
Alfonso Castillo Serpa, Rafael Armando
Arellano Garzón, Carlos Julio González Cano,
Pedro Quintana Caraballo, Ramiro Tobón Barragán, Carmen
Claro de Martínez, Julio Antonio Luna Ramos, Héctor
José Pautt Rivera, Amaury Pérez Gómez, Jaime Arias Pacheco, José
Francisco Peñate Suárez, Benigno Martínez
Vargas, Arnobis Manuel Miranda López, Emilse María Castro de Polo, Moisés Elías Martín Mestre
y Carlos Julio Lozano Zúñiga; presentaron una tutela
por los mismos hechos, y compartiendo las mismas pretensiones, ante el Juzgado
2 Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar, el cual profirió
sentencia el  29 de septiembre de 2011 y negó el amparo por encontrar que no se
cumplía con el requisito de la subsidiariedad.
En virtud de lo
anterior, podría pensarse que hay temeridad por parte de los 33 accionantes,
pues en el pasado interpusieron tutelas que en las cuales (i) los accionantes
fueron los mismos que los de la presente; (ii) el demandado fue el Fondo de
Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia; (iii) versaron sobre
los mismos hechos y reclamaron la misma pretensión de la presente.
No obstante, advierte la
Sala que el apoderado sí presenta una razón suficiente para interponer
la tutela en esta nueva oportunidad, situación que excluye la temeridad
en el caso que se analiza. Lo anterior, por cuanto en el mismo escrito de tutela se indica que, a pesar de que
los peticionarios han solicitado el amparo por los mismos hechos en otras
oportunidades, consideran que en el período comprendido entre la interposición
de las tutelas anteriores y ésta, se dio un cambio en la jurisprudencia
constitucional, debido a que la sentencia T-382 de 2011[59]
se admitió la procedencia de la tutela para reclamar acreencias laborales
directamente, sin que se requiera haber agotado el proceso ordinario laboral.
En este sentido, el apoderado considera que la decisión mencionada, en la que la Corte
Constitucional decidió conceder la indexación de la primera mesada pensional a
5 empleados de la empresa Álcalis de Colombia Ltda., sin tener en cuenta que
los accionantes no habían agotado todos los recursos dentro del proceso
ordinario laboral, constituye un hecho nuevo que sustenta la interposición de
la tutela. La Sala encuentra que esta justificación es válida para excluir la
temeridad, por las siguientes razones:
(i)
En la sentencia invocada,
T-382 de 2011[60],
los señores Felio de Jesús Hernández Torres, Jaime Atencio
Martínez, Humberto Castillo Torres, Osvaldo Rafael Arnedo Puello y Ricardo
Villanueva Rojas, interpusieron acción de
tutela contra el Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales de
Colombia y el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, con el fin de que les
fueran protegidos sus derechos fundamentales a la vida digna, al debido
proceso, a la asistencia de las personas de la tercera edad, a la igualdad, a
la dignidad humana y a la seguridad. En consecuencia solicitaron que les fuera
reconocida la indexación de la primera mesada pensional.
En este caso a los 5
demandantes, ex trabajadores de la empresa Álcalis de Colombia Ltda., les
fueron reconocidas sus pensiones de jubilación al cumplir los requisitos
exigidos por el artículo 130, literal d) de la Convención Colectiva de Trabajo,
vigente entre 1992 y 1994. El valor de sus pensiones no fue indexado, razón por
la cual presentaron demanda ordinaria con el fin de obtener la indexación de la
primera mesada pensional.
En aquella oportunidad la
Corte decidió conceder el amparo, en razón a que los poderdantes eran todos
señores de 61 o 62 años de edad y su mínimo vital había sido menguado por la
falta de actualización del monto de la pensión, que constituye el único
sustento para sus familias. Adicionalmente, sostuvo que la negativa de la
indexación de la mesada pensional no estaba acorde con la línea jurisprudencial
de la Corte Constitucional y, particularmente, con los efectos erga omnes de la
sentencia C-862 de 2006 antes citada, sobre el mantenimiento del poder
adquisitivo de las pensiones.
Adicionalmente
estableció que, los pronunciamientos de esta
corporación y el derecho a la igualdad imponen equilibrar las pensiones
reconocidas a trabajadores de equivalente nivel de ingresos, independientemente
de la época en que hayan sido concedidas, lo cual se consigue a través de la
indexación, reclamada en esta acción a favor de los cinco pensionados de la
extinta empresa Alcalis de Colombia.
(ii)
Adicionalmente, cabe anotar
que existe una sentencia hito que se profirió en el trámite de la acción.
Recientemente esta Corporación unificó la interpretación que deben seguir,
tanto la justicia ordinaria laboral, como las autoridades administrativas
encargadas del reconocimiento y pago de pensiones, frente al tema del derecho
universal a la indexación de la primera mesada pensional, a través de la
sentencia SU-1073 de 2012[61]
en la que también se dijo:
(…) resulta evidente que la
negativa de la indexación en la primera mesada pensional se encuentra
produciendo graves efectos en el mínimo vital de los pensionados que mes por
mes reciben una suma significativamente inferior a la que tienen derecho y que
no se compadece con el esfuerzo laboral que realizaron en su vida productiva.
(…)
De la misma manera, negar el
derecho a la indexación de la primera mesada pensional a aquellos cuyo derecho
fue reconocido con anterioridad a la expedición de 1991 dejaría sin protección
a personas que por su avanzada edad y en razón a su especial situación de
indefensión, son sujetos de especial protección del Estado. Además, al ser
adultos mayores, debe presumirse que la pensión en su único ingreso, más cuando
existen enormes dificultades en el ingreso al mercado laboral.
Es por este motivo que la Sala considera que no se configura la
temeridad, puesto que los accionantes, de buena fe, presentaron un motivo
expresamente justificado, para interponer nuevamente la acción de tutela, cual
es la decisión que la Corte Constitucional profirió con posterioridad a la
presentación de las tutelas anteriores.
En consecuencia, la
Sala procederá a estudiar si la decisión del Fondo de Pasivo Social de los
Ferrocarriles Nacionales de Colombia, en el sentido de negarse indexar la
primera mesada pensional de los tutelantes, por considerar que quienes se
pensionaron bajo la convención colectiva celebrada entre la empresa Álcalis de
Colombia Ltda. y sus trabajadores, no tenían derecho a la indexación, vulnera
sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la igualdad, a la indexación y a
la seguridad social.
2.3.3. Consideraciones sobre el cumplimiento del requisito de subsidiariedad en el caso estudiado
En primer lugar, la Sala deberá
establecer la procedencia de esta acción, y determinar si los treinta y tres
demandantes cuentan con otro mecanismo de defensa judicial, distinto de la
tutela, para la protección de sus derechos fundamentales.
El principio de subsidiaridad
está consagrado en el inciso 4º del artículo 86 de la Constitución, que
establece que “[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga
de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. En este orden de
ideas, existiendo otros mecanismos de defensa judicial para la protección reclamada,
se debe recurrir a ellos antes de pretender el amparo por vía de tutela.
No obstante, aún existiendo un mecanismo ordinario de protección de los derechos del
afectado, la tutela procederá si en el
caso concreto se acredita (i) que aquél no es idóneo o (ii) que siendo apto
para conseguir la protección, en razón a
la inminencia de un perjuicio irremediable, pierde su idoneidad para garantizar
la eficacia de los postulados constitucionales, caso en el cual la Carta prevé
la procedencia excepcional de la tutela.
El primer evento se presenta
cuando el medio judicial
previsto para resolver la respectiva controversia no resulta idóneo ni eficaz,
debido a que, por ejemplo, no permite resolver el conflicto en su dimensión
constitucional o no ofrece una solución pronta, por lo que la normativa admite
que la acción de tutela proceda excepcionalmente. El requisito de la idoneidad ha
sido interpretado por la Corte a la luz del principio según el cual el juez de tutela debe dar prioridad a la realización
de los derechos sobre las consideraciones de índole formal.[62]
La aptitud del medio de defensa ordinario debe ser analizada en cada
caso concreto, teniendo en cuenta las características procesales del mecanismo,
las circunstancias del peticionario y el derecho fundamental involucrado. Esto
significa que un medio judicial excluye la procedencia de la acción de tutela,
cuando salvaguarda de manera eficaz el derecho fundamental invocado.[63]
En el trámite de la presente
tutela el juez de instancia consideró que el requisito de la subsidiariedad no
se cumplía, por cuanto los accionantes no acudieron a la jurisdicción ordinaria
laboral para reclamar la indexación de su primera mesada pensional.
Sin embargo, tal argumento no
puede ser admitido, pues deja de lado la realidad fáctica del caso e ignora
que, aunque la acción ordinaria laboral es el mecanismo previsto para reconocer
la indexación de la primera mesada pensional, la situación particular de los
accionantes, evidencia que el proceso ordinario laboral no resulta efectivo
para la protección de este derecho fundamental.
Esto es así por cuanto: (i)
los treinta y tres tutelantes superan los sesenta años, es decir que se trata
de personas de la tercera edad, que merecen especial protección por parte del
Estado; (ii) todos acreditaron tener problemas de salud y está
comprobado que, a pesar de que todos perciben una pensión, en promedio, el
valor de las mismas es de 1,5 salarios mínimos; y (iii) nueve de ellos
iniciaron procesos laborales en contra de Álcalis de Colombia Ltda..
Además, debe anotarse que las
condiciones particulares de este caso demuestran que el proceso ordinario
laboral no es apto para garantizar los derechos a la igualdad y a la indexación
de los demandantes, pues, si tanto la jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia, como la de la Corte Constitucional, son claras en establecer que el
derecho a la indexación de la primera mesada pensional debe ser reconocido sin
importar cuál es el origen de la prestación –convencional o legal-, no tiene
sentido instar a los accionantes de este caso a acudir a la jurisdicción ordinaria
para conseguir que el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de
Colombia dé cumplimiento a la jurisprudencia de las Altas Cortes.
Por consiguiente, es la tutela el mecanismo idóneo y
definitivo para la protección de los derechos a la igualdad y a la indexación de
los demandantes, quienes se encuentran en estado de indefensión ante la entidad,
debido a que la decisión de negar el reconocimiento y pago de su mesada
pensional indexada, en razón a que sus pensiones tuvieron origen en una
Convención Colectiva, impone una carga desproporcionada a estos adultos mayores
y desconoce en forma flagrante la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
2.3.4.      La negativa de la entidad constituye una vulneración
de los derechos a la igualdad y al mínimo vital de los demandantes
2.3.4.1.
De los hechos narrados en el
escrito de tutela y los documentos aportados en el trámite de la acción, la
Sala encuentra probados los siguientes hechos:
a)    Los treinta y tres accionantes son ex trabajadores de
la empresa Álcalis de Colombia Ltda. -hoy liquidadada-, cuyas edades están
entre los 60 y 72 años de edad[64].
b)    En razón a su edad, todos tienen problemas de salud.
c)     No tienen más ingreso que las pensiones que devengan,
las cuales ascienden, en promedio, a 1.5 salarios mínimos legales mensuales.
d)    A través de distintas resoluciones Álcalis Ltda. se
negó a efectuar la indexación de la primera mesada pensional de los accionantes
por considerar que la suma que les fue reconocida no es susceptible de
indexación por tratarse de una pensión convencional, es decir, que proviene de
un acuerdo voluntario de las partes (patrono y sindicato) plasmado en la
Convención, en la cual no existe una disposición expresa que ordene que durante
el lapso de tiempo transcurrido entre la finalización de la relación laboral
como trabajador y el momento en que se adquiere el derecho pensional, se debe
indexar la base salarial. Es claro entonces, que durante ese lapso, no se
devengó salario, por tanto no existen incrementos anuales.[65]
e)     Nueve de los accionantes han reclamado la indexación
de la primera mesada pensional en procesos ordinarios que aún continúan
vigentes.
f)      Es tan evidente la vulneración de los derechos de los
pensionados que, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia
profirió las sentencias (i) del 25 de octubre de 2011[66] en el proceso ordinario
promovido por Lacides Fernando Marrugo Díaz contra Álcalis de Colombia Ltda.[67], y (ii) del
14 de febrero de 2012[68],
en el proceso seguido por Arnobis Manuel Miranda López, José Torres Valdelamar,
y otros contra  la misma entidad[69].
g)    Todos los accionantes han acudido a la tutela en el
pasado, con el fin de obtener la indexación de su primera mesada pensional,
pero tales acciones fueron rechazadas por improcedentes, dado que los
tutelantes no acudieron al proceso ordinario laboral para conseguir la
indexación de sus pensiones.
2.3.4.2.
Tal como se estableció en las
consideraciones generales de esta providencia, la jurisprudencia constitucional
ha señalado expresamente que el derecho a la indexación de la primera mesada
pensional es predicable de todas las categorías de pensionados y, por lo
tanto, resulta vulneratorio de los principios constitucionales que informan la
seguridad social y el derecho laboral, negar su procedencia a aquellos que adquirieron
el derecho en virtud de una convención colectiva que no consagraba tal derecho.
En consecuencia, observa la
Sala que el Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia
vulneró los derechos a la igualdad y a la indexación de los accionantes,
porque, conforme a la jurisprudencia de esta Corporación, la actualización de
la mesada pensional es universal y, en consecuencia, no es posible afirmar que
estos le asisten exclusivamente a determinadas categorías de pensionados,
debido a que todos ven afectado su mínimo vital por la depreciación monetaria.
En este orden de ideas, la
autoridad administrativa demandada incumplió el deber de aplicar la
interpretación que la Corte ha hecho del derecho constitucional a la
indexación. Así pues, teniendo en cuenta que, tanto el precedente
constitucional, como el precedente ordinario laboral, constituyen una fuente
obligatoria de derecho para el operador administrativo, se evidencia que el
Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia incumplió su
obligación de tener en cuenta los precedentes jurisprudenciales que por los
mismos hechos y pretensiones, se hubieren proferido[70].
2.3.4.3.
Adicionalmente, es necesario
resaltar que la Corte Constitucional ha conocido, en sede de revisión de
tutela, de múltiples casos en los que se ha amparado el derecho a la indexación
de ex trabajadores oficiales de la empresa Álcalis de Colombia Ltda., que
vieron vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad y al mínimo vital.[71]
En este orden de
ideas, la Sala encuentra que la actitud presentada por la empresa industrial y
comercial del Estado, Álcalis de Colombia Ltda., hoy liquidada, y el Fondo de
Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia, consistente en negar
sistemáticamente el reconocimiento de la indexación de la primera mesada
pensional a todos los empleados que se pensionaron conforme a la convención
colectiva celebrada entre los trabajadores sindicalizados y la empresa
mencionada, ha sido reprochada en el pasado por la Corte Constitucional.
Cabe reiterar que
esta Corporación rechaza esa práctica inconstitucional, que además de
desconocer la Carta Política, omite el deber de las autoridades administrativas
de aplicar la interpretación que los máximos órganos de cada jurisdicción han
dado a las normas y a la Constitución. Tal como se señaló en las
consideraciones generales de esta providencia, tanto la jurisprudencia de la
Corte Suprema de Justicia, como la de la Corte Constitucional, han sido claras
en establecer que el carácter de universalidad propio del derecho a la
indexación, impide que las autoridades nieguen la posibilidad de mantener el
poder adquisitivo de las pensiones, bajo el argumento de que la prestación fue
reconocida con fundamento en una convención colectiva que no contemplaba la
indexación.
Es por esta razón,
que resulta desproporcionado exigir a los 33 accionantes de esta tutela, acudir
a la jurisdicción laboral para reclamar un derecho del cual existe plena
certeza. La Sala considera que en esta oportunidad, la práctica
inconstitucional que llevó a cabo la empresa Álcalis de Colombia Ltda. y que ha
sido perpetrada por el Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales
de Colombia, vulneró de manera sistemática los derechos de sus ex trabajadores.
2.3.4.4.
Por las razones expuestas, es
preciso reiterar que la negativa por parte de la empresa Álclalis de Colombia
Ltda. y del Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia,
para indexar la pensión de sus ex trabajadores, desconoce los artículos 48 y 53
de la Constitución Política que consagran el deber de garantizar el poder
adquisitivo de las pensiones, así como los principios de favorabilidad y de
indubio pro operario a favor del trabajador.
2.3.5.  Conclusión y decisión a adoptar
Tal como se señaló en las
consideraciones relativas al cumplimiento del requisito de la subsidiariedad
–numeral 2.3.3. de esta sentencia-, en este caso las condiciones particulares
de los accionantes permiten concluir que los mecanismos judiciales ordinarios
no son idóneos para obtener la protección de los derechos invocados por los
accionantes. Esto ocurre porque: (i) se trata de sujetos que merecen
especial protección del Estado en razón a su edad y a sus precarias condiciones
de salud, (ii) existe plena certeza de que son titulares del derecho a
mantener el poder adquisitivo de sus pensiones, (iii) todos agotaron la
vía gubernativa para controvertir las decisiones que negaron su derecho a la
indexación de la primera mesada pensional, y (iv) el proceso ordinario
laboral conlleva una espera mayor, que prolonga en el tiempo la vulneración
señalada.
En síntesis, la Sala observa
que las condiciones particulares
de este caso demuestran que el proceso ordinario laboral no es idóneo para
garantizar los derechos a la igualdad y a la indexación de los demandantes,
quienes son adultos mayores y perciben pensiones que no son suficientes para
llevar una vida digna. En este orden de ideas, ante la absoluta certeza de la
existencia del derecho a la indexación en este caso, no tiene justificación
instar a los accionantes a acudir a la jurisdicción ordinaria para
conseguir que el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia
dé cumplimiento a la jurisprudencia de las Altas Cortes. En consecuencia, el
amparo será reconocido de forma definitiva.
Por otra
parte, se demostró que el Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles
Nacionales de Colombia vulneró los derechos fundamentales a la igualdad, al
mínimo vital, a la seguridad social y a la indexación, de los adultos mayores Carlos Julio Lozano Zúñiga, Emiliano
Gómez Babilonia, Socorro Carrasquilla López[72],
Oscar Enrique Castillo Peluffo, Alfonso Padilla Faneyte, Julio Abel Zabaleta Lambis, José
María Julio Castro, Catalino Blanco Díaz,
Rafael Quintana Morales, Rafael Quintana Zúñiga, Carmen
Rosa Lenes Mestre, Lacides Fernando Marrugo
Díaz, Enrique José Cardona Puerta, Juan Antonio Estrada Martínez, Gustavo Narváez Romero, Miguel
Jiménez Murillo, Dagoberto Julio Bornachera,
Humberto Amaya Pájaro, Jairo Alfonso Castillo Serpa, Rafael
Armando Arellano Garzón, Carlos Julio González
Cano, Pedro Quintana Caraballo, Ramiro Tobón Barragán, Carmen
Claro de Martínez[73],
Julio Antonio Luna Ramos, Héctor José Pautt Rivera, Amaury Pérez Gómez, Jaime
Arias Pacheco, José Francisco Peñate Suárez,
Benigno Martínez Vargas, Arnobis Manuel Miranda López, Emilse María Castro de Polo[74] y Moisés
Elías Martín Mestre; al negarse a efectuar la indexación de su primera
mesada pensional.
Ahora bien, las órdenes a tomar
se definirán teniendo en cuenta que los tutelantes están en una de tres
circunstancias distintas, a saber: (i) aquellos que no acudieron al proceso
ordinario laboral, (ii) aquellos que acudieron a la jurisdicción ordinaria y
tienen procesos en curso, y (iii) aquellos acudieron a la jurisdicción
ordinaria y sus procesos han concluido.
2.3.5.1.
En primer lugar, para las personas que no acudieron a la jurisdicción
ordinaria laboral para reclamar la indexación de su primera mesada pensional.
Tal como se señaló, la Sala procederá a conceder el amparo a estos accionantes
de manera definitiva, en razón a que se trata de sujetos que merecen especial
protección del Estado en razón a su edad y a sus precarias condiciones de
salud, existe plena certeza de que son titulares del derecho a mantener el
poder adquisitivo de sus pensiones, y por tanto resulta desproporcionado exigir
que agoten un proceso ordinario laboral, el cual conlleva una espera mayor, prolonga
en el tiempo la vulneración señalada, y no es idóneo para reclamar un derecho
del cual existe plena certeza.
2.3.5.2.
En segundo lugar, para aquellos que acudieron a la jurisdicción
ordinaria y tienen procesos en curso.  La Sala reconoce la existencia de siete
procesos judiciales vigentes contra la empresa Álcalis de Colombia Ltda., cuyo
estado se resume en el siguiente cuadro.
No.
Accionante
Proceso Ordinario Laboral
Juez de Primera Instancia
Juez de Segunda Instancia
Casación
Sala Laboral CJS
1
Emiliano Gómez Babilonia
Juzgado Sexto Laboral del Circuito de
Cartagena
PENDIENTE DE DECISIÓN
2
Rafael Quintana Morales
Juzgado Sexto Laboral del Circuito de
Cartagena
3
Jairo Alfonso Castillo Serpa
Juzgado Octavo Laboral del Circuito de
Cartagena
PENDIENTE DE DECISIÓN
4
Pedro Quintana Caraballo
Juzgado Tercero Laboral del Circuito de
Cartagena
5
Jaime Arias Pacheco
Juzgado Primero Laboral del Circuito de
Cartagena
6
José Francisco Peñate Suárez
Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de
Cartagena
7
Benigno Martínez Vargas
Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de
Cartagena
Al respecto, teniendo en cuenta
que se demostró (i) que los actores son titulares del derecho a la indexación,
(ii) que se encuentran en condición de extrema vulnerabilidad y (iii) que la
acción de tutela resulta procedente de manera definitiva ante la manifiesta
ineficacia de los medios ordinarios de defensa judicial; se autorizará a los
accionantes señalados, a retirar las demandas ordinarias laborales presentadas
contra Álcalis de Colombia Ltda.
Adicionalmente, observa la Sala
que en el caso específico de estos siete tutelantes, es innecesario exigir a
los accionantes esperar la terminación de los procesos ordinarios y en
consecuencia, sufragar el costo que estos representan y esperar a que se
resuelvan los recursos que presente la contraparte, siendo que existe la
certeza absoluta de la titularidad del derecho a la indexación.
Por otra parte, cabe agregar
que el hecho de continuar con los referidos procesos llevaría a congestionar el
aparato judicial, sin existir una justificación para el efecto, por cuanto sus
pretensiones serán resueltas por medio de esta decisión de tutela, que ya
definió la certeza del derecho que está siendo controvertido ante la
jurisdicción ordinaria.
En tercer lugar, para aquellos que acudieron a la jurisdicción
ordinaria y sus procesos han concluido. En el trámite de la acción ante esta
Corporación, se verificó que los procesos ordinarios iniciados por los
accionantes Arnobis Manuel Miranda López y Lacides Fernando Marrugo Díaz,
concluyeron en sede de casación, con sentencias favorables para ambos. En
consecuencia, aunque la vulneración alegada existió, la Sala observa que para
el caso de estos dos accionantes, se está ante un hecho superado, pues durante
el trámite de revisión de esta tutela en esta Corte, sobrevino la ocurrencia de
hechos que demuestran que la transgresión de los derechos fundamentales, en
principio informada a través de la instauración de la acción, ha cesado.
2.3.5.3.
En consecuencia, la Sala revocará la sentencia del 17 de febrero de 2012, proferida por la Sala
Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla,
que confirmó la decisión del 19 de diciembre de 2011 del Juzgado Tercero
Promiscuo del Circuito de Sabanalarga,
que negó el amparo, y en su lugar: (i) concederá
la tutela a 31 de los accionantes; (ii) declarará la existencia de un
hecho superado, en el caso de los señores Arnobis Manuel Miranda López y
Lacides Fernando Marrugo Díaz; y (iii) autorizará a los señores miliano Gómez Babilonia, Rafael Quintana Morales,
Jairo Alfonso Castillo Serpa, Pedro Quintana Caraballo, Jaime Arias Pacheco,
José Francisco Peñate Suárez, Benigno Martínez Vargas; a retirar las demandas ordinarias laborales
presentadas contra Álcalis de Colombia Ltda.
3.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de
Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- LEVANTAR la suspensión de los
términos para decidir, ordenada mediante auto del dieciocho (18) de octubre de
2012.
SEGUNDO.- REVOCAR la decisión adoptada por la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Barranquilla el 17 de febrero de 2012, que confirmó la
decisión del 19 de diciembre de 2011 del Juzgado Tercero Promiscuo del Circuito
de Sabanalarga, que negó el amparo, dentro del trámite de la acción de tutela promovida
por Rafael Quintana Morales y otros, y en su lugar, CONCEDER el amparo.
TERCERO.- ORDENAR al Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia,
que en el término de diez (10) días, contados a partir de la notificación de
esta providencia, proceda a indexar la primera mesada pensional del señor Carlos Julio Lozano Zúñiga, de conformidad con
la fórmula contenida en la sentencia T-098 de 2005. De igual manera, ORDENAR
el pago retroactivo de las diferencias entre los valores efectivamente
recibidos y el valor de la mesada indexada que, conforme a los artículos 488 y
489 del Código Sustantivo del Trabajo, no se encuentren prescritas.
CUARTO.- ORDENAR al Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia,
que en el término de diez (10) días, contados a partir de la notificación de
esta providencia, proceda a indexar la primera mesada pensional del señor Emiliano Gómez Babilonia, de conformidad con la
fórmula contenida en la sentencia T-098 de 2005. De igual manera, ORDENAR
el pago retroactivo de las diferencias entre los valores efectivamente
recibidos y el valor de la mesada indexada que, conforme a los artículos 488 y
489 del Código Sustantivo del Trabajo, no se encuentren prescritas.
QUINTO.- ORDENAR al Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia,
que en el término de diez (10) días, contados a partir de la notificación de
esta providencia, proceda a indexar la primera mesada pensional de la señora Socorro Carrasquilla López, de conformidad con
la fórmula contenida en la sentencia T-098 de 2005. De igual manera, ORDENAR
el pago retroactivo de las diferencias entre los valores efectivamente
recibidos y el valor de la mesada indexada que, conforme a los artículos 488 y
489 del Código Sustantivo del Trabajo, no se encuentren prescritas.
SEXTO.- ORDENAR
al Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia, que en
el término de diez (10) días, contados a partir de la notificación de esta
providencia, proceda a indexar la primera mesada pensional del señor Oscar Enrique Castillo Peluffo, de conformidad
con la fórmula contenida en la sentencia T-098 de 2005. De igual manera, ORDENAR
el pago retroactivo de las diferencias entre los valores efectivamente
recibidos y el valor de la mesada indexada que, conforme a los artículos 488 y
489 del Código Sustantivo del Trabajo, no se encuentren prescritas.
SÉPTIMO.- ORDENAR al Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia,
que en el término de diez (10) días, contados a partir de la notificación de
esta providencia, proceda a indexar la primera mesada pensional del señor Alfonso Padilla Faneyte, de conformidad con la
fórmula contenida en la sentencia T-098 de 2005. De igual manera, ORDENAR
el pago retroactivo de las diferencias entre los valores efectivamente
recibidos y el valor de la mesada indexada que, conforme a los artículos 488 y
489 del Código Sustantivo del Trabajo, no se encuentren prescritas.
OCTAVO.- ORDENAR al Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia,
que en el término de diez (10) días, contados a partir de la notificación de
esta providencia, proceda a indexar la primera mesada pensional del señor Julio Abel Zabaleta Lambis, de conformidad con
la fórmula contenida en la sentencia T-098 de 2005. De igual manera, ORDENAR
el pago retroactivo de las diferencias entre los valores efectivamente recibidos
y el valor de la mesada indexada que, conforme a los artículos 488 y 489 del
Código Sustantivo del Trabajo, no se encuentren prescritas.
NOVENO.- ORDENAR al Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia,
que en el término de diez (10) días, contados a partir de la notificación de
esta providencia, proceda a indexar la primera mesada pensional del señor José María Julio Castro, de conformidad con la
fórmula contenida en la sentencia T-098 de 2005. De igual manera, ORDENAR
el pago retroactivo de las diferencias entre los valores efectivamente
recibidos y el valor de la mesada indexada que, conforme a los artículos 488 y
489 del Código Sustantivo del Trabajo, no se encuentren prescritas.
DÉCIMO.- ORDENAR al Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia,
que en el término de diez (10) días, contados a partir de la notificación de
esta providencia, proceda a indexar la primera mesada pensional del señor Catalino Blanco Díaz, de conformidad con la
fórmula contenida en la sentencia T-098 de 2005. De igual manera, ORDENAR
el pago retroactivo de las diferencias entre los valores efectivamente
recibidos y el valor de la mesada indexada que, conforme a los artículos 488 y
489 del Código Sustantivo del Trabajo, no se encuentren prescritas.
DECIMOPRIMERO.- ORDENAR al Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles
Nacionales de Colombia, que en el término de diez (10) días, contados a partir
de la notificación de esta providencia, proceda a indexar la primera mesada
pensional del señor Rafael Quintana Morales,
de conformidad con la fórmula contenida en la sentencia T-098 de 2005. De igual
manera, ORDENAR el pago retroactivo de las diferencias entre los valores
efectivamente recibidos y el valor de la mesada indexada que, conforme a los
artículos 488 y 489 del Código Sustantivo del Trabajo, no se encuentren
prescritas.
DECIMOSEGUNDO.- ORDENAR al Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles
Nacionales de Colombia, que en el término de diez (10) días, contados a partir
de la notificación de esta providencia, proceda a indexar la primera mesada
pensional del señor Rafael Quintana Zúñiga,
de conformidad con la fórmula contenida en la sentencia T-098 de 2005. De igual
manera, ORDENAR el pago retroactivo de las diferencias entre los valores
efectivamente recibidos y el valor de la mesada indexada que, conforme a los
artículos 488 y 489 del Código Sustantivo del Trabajo, no se encuentren
prescritas.
DECIMOTERCERO.- ORDENAR al Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles
Nacionales de Colombia, que en el término de diez (10) días, contados a partir
de la notificación de esta providencia, proceda a indexar la primera mesada
pensional de la señora Carmen Rosa Lenes Mestre,
de conformidad con la fórmula contenida en la sentencia T-098 de 2005. De igual
manera, ORDENAR el pago retroactivo de las diferencias entre los valores
efectivamente recibidos y el valor de la mesada indexada que, conforme a los
artículos 488 y 489 del Código Sustantivo del Trabajo, no se encuentren
prescritas.
DECIMOCUARTO.- DECLARAR LA EXISTENCIA DE UN HECHO SUPERADO en el caso del
señor Lacides
Fernando Marrugo Díaz.
DECIMOQUINTO.- ORDENAR al Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles
Nacionales de Colombia, que en el término de diez (10) días, contados a partir
de la notificación de esta providencia, proceda a indexar la primera mesada
pensional del señor Enrique José Cardona Puerta,
de conformidad con la fórmula contenida en la sentencia T-098 de 2005. De igual
manera, ORDENAR el pago retroactivo de las diferencias entre los valores
efectivamente recibidos y el valor de la mesada indexada que, conforme a los
artículos 488 y 489 del Código Sustantivo del Trabajo, no se encuentren
prescritas.
DECIMOSEXTO.- ORDENAR al Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles
Nacionales de Colombia, que en el término de diez (10) días, contados a partir
de la notificación de esta providencia, proceda a indexar la primera mesada
pensional del señor Juan Antonio Estrada Martínez,
de conformidad con la fórmula contenida en la sentencia T-098 de 2005. De igual
manera, ORDENAR el pago retroactivo de las diferencias entre los valores
efectivamente recibidos y el valor de la mesada indexada que, conforme a los
artículos 488 y 489 del Código Sustantivo del Trabajo, no se encuentren
prescritas.
DECIMOSÉPTIMO.- ORDENAR al Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles
Nacionales de Colombia, que en el término de diez (10) días, contados a partir
de la notificación de esta providencia, proceda a indexar la primera mesada
pensional del señor Gustavo Narváez Romero,
de conformidad con la fórmula contenida en la sentencia T-098 de 2005. De igual
manera, ORDENAR el pago retroactivo de las diferencias entre los valores
efectivamente recibidos y el valor de la mesada indexada que, conforme a los
artículos 488 y 489 del Código Sustantivo del Trabajo, no se encuentren
prescritas.
DECIMOCTAVO.- ORDENAR al Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles
Nacionales de Colombia, que en el término de diez (10) días, contados a partir
de la notificación de esta providencia, proceda a indexar la primera mesada
pensional del señor Miguel Jiménez Murillo,
de conformidad con la fórmula contenida en la sentencia T-098 de 2005. De igual
manera, ORDENAR el pago retroactivo de las diferencias entre los valores
efectivamente recibidos y el valor de la mesada indexada que, conforme a los
artículos 488 y 489 del Código Sustantivo del Trabajo, no se encuentren
prescritas.
DECIMONOVENO.- ORDENAR al Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles
Nacionales de Colombia, que en el término de diez (10) días, contados a partir
de la notificación de esta providencia, proceda a indexar la primera mesada
pensional del señor Dagoberto Julio Bornachera,
de conformidad con la fórmula contenida en la sentencia T-098 de 2005. De igual
manera, ORDENAR el pago retroactivo de las diferencias entre los valores
efectivamente recibidos y el valor de la mesada indexada que, conforme a los
artículos 488 y 489 del Código Sustantivo del Trabajo, no se encuentren
prescritas.
VIGÉSIMO.- ORDENAR al Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia,
que en el término de diez (10) días, contados a partir de la notificación de
esta providencia, proceda a indexar la primera mesada pensional del señor Humberto Amaya Pájaro, de conformidad con la
fórmula contenida en la sentencia T-098 de 2005. De igual manera, ORDENAR
el pago retroactivo de las diferencias entre los valores efectivamente
recibidos y el valor de la mesada indexada que, conforme a los artículos 488 y
489 del Código Sustantivo del Trabajo, no se encuentren prescritas.
VIGESIMOPRIMERO.- ORDENAR al Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles
Nacionales de Colombia, que en el término de diez (10) días, contados a partir
de la notificación de esta providencia, proceda a indexar la primera mesada
pensional del señor Jairo Alfonso Castillo Serpa,
de conformidad con la fórmula contenida en la sentencia T-098 de 2005. De igual
manera, ORDENAR el pago retroactivo de las diferencias entre los valores
efectivamente recibidos y el valor de la mesada indexada que, conforme a los
artículos 488 y 489 del Código Sustantivo del Trabajo, no se encuentren
prescritas.
VIGESIMOSEGUNDO.- ORDENAR al Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles
Nacionales de Colombia, que en el término de diez (10) días, contados a partir
de la notificación de esta providencia, proceda a indexar la primera mesada
pensional del señor Rafael Armando Arellano Garzón,
de conformidad con la fórmula contenida en la sentencia T-098 de 2005. De igual
manera, ORDENAR el pago retroactivo de las diferencias entre los valores
efectivamente recibidos y el valor de la mesada indexada que, conforme a los
artículos 488 y 489 del Código Sustantivo del Trabajo, no se encuentren
prescritas.
VIGESIMOTERCERO.- ORDENAR al Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles
Nacionales de Colombia, que en el término de diez (10) días, contados a partir
de la notificación de esta providencia, proceda a indexar la primera mesada
pensional del señor Carlos Julio González Cano,
de conformidad con la fórmula contenida en la sentencia T-098 de 2005. De igual
manera, ORDENAR el pago retroactivo de las diferencias entre los valores
efectivamente recibidos y el valor de la mesada indexada que, conforme a los
artículos 488 y 489 del Código Sustantivo del Trabajo, no se encuentren
prescritas.
VIGESIMOQUINTO.- ORDENAR al Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles
Nacionales de Colombia, que en el término de diez (10) días, contados a partir
de la notificación de esta providencia, proceda a indexar la primera mesada
pensional del señor Pedro Quintana Caraballo,
de conformidad con la fórmula contenida en la sentencia T-098 de 2005. De igual
manera, ORDENAR el pago retroactivo de las diferencias entre los valores
efectivamente recibidos y el valor de la mesada indexada que, conforme a los
artículos 488 y 489 del Código Sustantivo del Trabajo, no se encuentren
prescritas.
VIGESIMOSEXTO.- ORDENAR al Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles
Nacionales de Colombia, que en el término de diez (10) días, contados a partir
de la notificación de esta providencia, proceda a indexar la primera mesada
pensional del señor Ramiro Tobón Barragán,
de conformidad con la fórmula contenida en la sentencia T-098 de 2005. De igual
manera, ORDENAR el pago retroactivo de las diferencias entre los valores
efectivamente recibidos y el valor de la mesada indexada que, conforme a los
artículos 488 y 489 del Código Sustantivo del Trabajo, no se encuentren
prescritas.
VIGESIMOSÉPTIMO.- ORDENAR al Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles
Nacionales de Colombia, que en el término de diez (10) días, contados a partir
de la notificación de esta providencia, proceda a indexar la primera mesada
pensional de la señora Carmen Claro de Martínez,
de conformidad con la fórmula contenida en la sentencia T-098 de 2005. De igual
manera, ORDENAR el pago retroactivo de las diferencias entre los valores
efectivamente recibidos y el valor de la mesada indexada que, conforme a los
artículos 488 y 489 del Código Sustantivo del Trabajo, no se encuentren
prescritas.
VIGESIMOCTAVO.- ORDENAR al Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles
Nacionales de Colombia, que en el término de diez (10) días, contados a partir
de la notificación de esta providencia, proceda a indexar la primera mesada
pensional del señor Julio Antonio Luna Ramos,
de conformidad con la fórmula contenida en la sentencia T-098 de 2005. De igual
manera, ORDENAR el pago retroactivo de las diferencias entre los valores
efectivamente recibidos y el valor de la mesada indexada que, conforme a los
artículos 488 y 489 del Código Sustantivo del Trabajo, no se encuentren
prescritas.
VIGESIMONOVENO. ORDENAR al Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles
Nacionales de Colombia, que en el término de diez (10) días, contados a partir
de la notificación de esta providencia, proceda a indexar la primera mesada
pensional del señor Héctor José Pautt Rivera,
de conformidad con la fórmula contenida en la sentencia T-098 de 2005. De igual
manera, ORDENAR el pago retroactivo de las diferencias entre los valores
efectivamente recibidos y el valor de la mesada indexada que, conforme a los
artículos 488 y 489 del Código Sustantivo del Trabajo, no se encuentren
prescritas.
TRIGÉSIMO.- ORDENAR al Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia,
que en el término de diez (10) días, contados a partir de la notificación de
esta providencia, proceda a indexar la primera mesada pensional del señor Amaury Pérez Gómez, de conformidad con la
fórmula contenida en la sentencia T-098 de 2005. De igual manera, ORDENAR
el pago retroactivo de las diferencias entre los valores efectivamente
recibidos y el valor de la mesada indexada que, conforme a los artículos 488 y
489 del Código Sustantivo del Trabajo, no se encuentren prescritas.
TRIGESIMOPRIMERO.- ORDENAR al Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles
Nacionales de Colombia, que en el término de diez (10) días, contados a partir
de la notificación de esta providencia, proceda a indexar la primera mesada
pensional del señor Jaime Arias Pacheco,
de conformidad con la fórmula contenida en la sentencia T-098 de 2005. De igual
manera, ORDENAR el pago retroactivo de las diferencias entre los valores
efectivamente recibidos y el valor de la mesada indexada que, conforme a los artículos
488 y 489 del Código Sustantivo del Trabajo, no se encuentren prescritas.
TRIGESIMOSEGUNDO.- ORDENAR al Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles
Nacionales de Colombia, que en el término de diez (10) días, contados a partir
de la notificación de esta providencia, proceda a indexar la primera mesada
pensional del señor José Francisco Peñate Suárez,
de conformidad con la fórmula contenida en la sentencia T-098 de 2005. De igual
manera, ORDENAR el pago retroactivo de las diferencias entre los valores
efectivamente recibidos y el valor de la mesada indexada que, conforme a los
artículos 488 y 489 del Código Sustantivo del Trabajo, no se encuentren
prescritas.
TRIGESIMOTERCERO.- ORDENAR al Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles
Nacionales de Colombia, que en el término de diez (10) días, contados a partir
de la notificación de esta providencia, proceda a indexar la primera mesada
pensional del señor Benigno Martínez Vargas,
de conformidad con la fórmula contenida en la sentencia T-098 de 2005. De igual
manera, ORDENAR el pago retroactivo de las diferencias entre los valores
efectivamente recibidos y el valor de la mesada indexada que, conforme a los
artículos 488 y 489 del Código Sustantivo del Trabajo, no se encuentren
prescritas.
TRIGESIMOCUARTO.- DECLARAR LA EXISTENCIA DE UN HECHO SUPERADO en el caso del
señor Arnobis
Manuel Miranda López.
TRIGESIMOQUINTO.- ORDENAR al Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles
Nacionales de Colombia, que en el término de diez (10) días, contados a partir
de la notificación de esta providencia, proceda a indexar la primera mesada
pensional de la señora Emilse María Castro de Polo,
de conformidad con la fórmula contenida en la sentencia T-098 de 2005. De igual
manera, ORDENAR el pago retroactivo de las diferencias entre los valores
efectivamente recibidos y el valor de la mesada indexada que, conforme a los
artículos 488 y 489 del Código Sustantivo del Trabajo, no se encuentren
prescritas.
TRIGESIMOSEXTO.- ORDENAR al Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles
Nacionales de Colombia, que en el término de diez (10) días, contados a partir
de la notificación de esta providencia, proceda a indexar la primera mesada
pensional del señor Moisés Elías Martín Mestre,
de conformidad con la fórmula contenida en la sentencia T-098 de 2005. De igual
manera, ORDENAR el pago retroactivo de las diferencias entre los valores
efectivamente recibidos y el valor de la mesada indexada que, conforme a los
artículos 488 y 489 del Código Sustantivo del Trabajo, no se encuentren
prescritas.
TRIGESIMOSÉPTIMO.- AUTORIZAR
a los señores Emiliano Gómez
Babilonia, Rafael Quintana Morales, Jairo Alfonso Castillo Serpa, Pedro
Quintana Caraballo, Jaime Arias Pacheco, José Francisco Peñate Suárez, Benigno
Martínez Vargas para que, dentro de los diez (10) días siguientes a la
notificación de esta sentencia, si así lo desean, desistan del proceso
ordinario laboral, promovido por ellos contra Álcalis de Colombia Ltda. y
otros, que cursan actualmente en los juzgados Primero Laboral del Circuito de
Cartagena, Tercero Laboral del Circuito de Cartagena, Cuarto Laboral del
Circuito de Cartagena, Sexto Laboral del Circuito de Cartagena y Octavo Laboral
del Circuito de Cartagena.
TRIGESIMOCTAVO.- Por Secretaría General líbrese las comunicaciones de
que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí
contemplados.
Cópiese, notifíquese,
comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
ALEXEI EGOR JULIO ESTRADA
Magistrado
Con salvamento de voto
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] En el cuaderno de primera instancia se encuentran múltiples
constancias médicas que demuestran los distintos padecimientos físicos de los
accionantes.
[2] Cumplirá 60 años en junio de 2013.
[3] Folios 59 - 60, 64 – 67, 70 – 71, 97 – 102, 106 – 109, 112 – 121, 124
– 127, 132 – 136, 139 – 142,  150 – 153, 155 – 160, 166 – 169, 172 – 177, 199 –
201, 221 – 227, 232 – 237, 246 - 251, cuaderno de primera instancia.
[4] Cuadernos de anexos de primera instancia.
[5] Folios 174 a 201, Cuaderno de contestación de tutela.
[6] Cuaderno de primera instancia.
[7] Cuadernos de primera instancia y Cuaderno de anexos #1.
[8] La doctrina distingue entre las obligaciones dinerarias y las
obligaciones de valor, en las primeras “el acreedor obtiene, con la prestación
de la suma de dinero que constituye el objeto de su crédito, un poder
adquisitivo abstracto; en otras palabras, el dinero asume el carácter de una
auténtica mercancía que se adquiere como tal y se constituye en objeto de la
obligación del deudor, mientras que en las segundas “el dinero no es el objeto
propio, pero como la moneda tiene la función de ser el común denominador de
todos los valores, ella entra a ocupar el lugar del objeto propio, o sea, que
no es la prestación originaria sino una prestación sustitutiva”. Ernesto Jiménez Díaz, “La indexación en
los conflictos laborales” en Revista de Derecho Social, No. 32,
diciembre de 1991, p. 23-24.
[9] Jiménez Díaz, loc. cit.,
p. 25.
[10] Cfr. Sentencia C-862 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
[11] Cf. Sentencia C-862 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
[12] Rad. 12, M. P. Rafael Baquero Herrera.
[13] Crf. Sentencia C-862 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
[14] Ver sentencias Rad. No. 7796 del 8 de febrero
de 1996, M. P. Jorge Iván Palacio Palacio, Rad. No. 8616 de 1996 M. P. Fernando Vásquez Botero.
[15] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sección Primera,
sentencia del 13 de noviembre de 1991, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, radicación 4486, nota 51.
[16] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia de 22
de febrero de 2000, M.P. José Roberto Herrera, expediente 12.872. En igual
sentido, entre otras, sentencias 13.329 de 27 de enero de 2000, 12.895 y 13.166
de 2 de febrero de 2000, 12.725 y 13.251de 9 de febrero de 2000, 13.360 de 23
de febrero de 2000, y 13.591 de 29 de marzo de 2000, 13.744 de 16 de mayo de
2000.
[17] M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
[18] M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
[19] M.P. Rodrigo Escobar Gi
[20] En sentencia de julio 31 de 2007, radicación N° 29022, M.P.Camilo Tarquino Gallego.
[21] Consultar,
entre otras, las Sentencias cuyos números de radicado son 34601 y 33423, de 6
de mayo de 2009 y 31 de marzo del mismo año, respectivamente. M.P. Luis Javier
Osorio López.
[22] Sentencia del 13 de
febrero de 2003, M. P. Álvaro Tafur Galvis
[23] Sentencia del 19 de octubre
de 2006, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[24] Sentencia noviembre 1° de 2006, M. P. Rodrigo Escobar Gil.
[25] Sentencia SU-120 de 2003.
[26] T-663 de 2003, T-800 y T-815 de 2004 y T-098
de 2005.
[27] M.P. Jaime Córdoba Triviño
[28] M.P. Clara Inés Vargas Hernández
[29] M.P. Clara Inés Vargas Hernández
[30] M.P. Rodrigo Uprymny Yepes
[31] M.P. Jaime Araujo Rentería
[32] M.P. Jaime Córdoba Triviño
[33] M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
[34] M.P. Juan Carlos Henao Pérez
[35] M.P. Juan Carlos Henao Pérez
[36] Previsto no sólo en el artículo 53 constitucional sino también en el
artículo 21 del C.S.T.
[37] La Corte ha definido que “aquella providencia
que, de manera flagrante, vulnera el principio de favorabilidad queda de
inmediato revestida de un defecto sustantivo de tal magnitud que origina una
vía de hecho” –T- 567 de 1998.
[38] Sentencia T-01 de 1999, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[39] M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
[40] M.P. Jaime Córdoba Triviño
[41] M.P. Clara Inés Vargas
[42] M.P. Rodrigo Escobar Gil
[43] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
[44] Sentencia SU-1073 de 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
[45] Folio 182, Cuaderno de Primera Instancia.
[46]  Ver las sentencias T- 1169 de 2003, MP. Clara Inés Vargas
Hernández; T-568 de 2006, M.P. Jaime Córdoba Triviño; y T-923 de 2006, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[47] Al respecto, ver la sentencia T-1215 de 2003, MP. Clara Inés Vargas
Hernández.
[48] Sentencia T-721 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[49] Cfr. Sentencia T-149 de 1995, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
[50] Sentencia T-308 de 1995, M.P. José Gregório Hernández Galindo
[51] Sentencia T-443 de 1995, M.P. Alejandro Martinez Caballero
[52] Sentencia T-001 de 1997, M.P. José Gregorio Hernández Galindo
[53] Sentencia T-751 de 2007, M.P. Clara Inés Vargas Hernández. Ver
también Sentencias T-362 de
2007, T-301 de 2007 y T-184 de 2007.
[54] Sentencia T-502 de 16 de mayo de 2008 M.P. Rodrigo Escobar Gil. Al respecto, ver también la Sentencia T-1014 de 10 de diciembre 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa
[55] M.P.
Dr. Rodrigo Escobar Gil. La accionante interpone varias tutelas por vía de
hecho. Sin embargo, las acciones fueron interpuestas contra distintas
providencias del juez de conocimiento de un proceso ejecutivo. La Corte Constitucional consideró que a pesar que la tutela iba dirigida a distintas
providencias, el objeto de la acción era el mismo, y en consecuencia la última
fue declarada improcedente.
[56] M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra. En esta oportunidad, la Corte Constitucional estudió el caso de un enfermo de VIH que interpuso acción de tutela para
el cubrimiento de su tratamiento. El juez de instancia negó el amparo, teniendo
en cuenta que el accionante afirmó haber instaurado dos acciones de tutela por
los mismos hechos. Sin embargo, al hacer un análisis detallado la Corte encontró que el objeto de las mismas difería sustancialmente.
[57] Sentencia T-655 de 1998. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. En esta
ocasión, la Corte consideró que la sola improcedencia evidente de las
pretensiones no produce temeridad. En efecto, la Corte estudió un caso en el que los jueces de instancia consideraron que se había
incurrido en temeridad al solicitar un reintegro al centro educativo demandado
sin tener derecho a ello. Conforme a lo anterior, le impusieron una multa de
diez salarios mínimos legales mensuales.
[58] M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
[59] M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[60] M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[61] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[62] Ver sentencias T-106 de 1993, MP. Antonio Barrera Carbonell y T-100 de
1994, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[63] Ver sentencias T-441 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández Galindo y T-594 de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández
[64] Sólo un accionante tiene 57 años al momento de expedición de la
tutela.
[65] Folio 182, Cuaderno de Primer a Instancia
[66] M.P. Carlos Ernesto Molina Monsalve
[67] En este proceso, el
Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cartagena, mediante sentencia del 2 de
octubre de 2009  resolvió conceder la indexación de la primera mesada
pensinonal. Posteriormente, ante la impugnación presentada por  la
demandada, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en
sentencia del 27 de octubre de 2010 decidió confirmar la providencia recurrida.
Finalmente la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia decidió no seleccionar a trámite la demanda de casación
presentada por ÁLCALIS DE COLOMBIA LIMITADA. - ALCO LTDA. - EN LIQUIDACIÓN,
reiteró su jurisprudencia y estableció: “(…)
el reconocimiento de una pensión extralegal, entre ellas la convencional, no
determina en principio más que un mejoramiento de un derecho mínimo legal,
mediante el cual se flexibilizan las exigencias para su causación o simplemente
incrementan su cuantía; luego, respecto de estas prestaciones extralegales,
también caben los postulados constitucionales previstos en los artículos 48 y
53 de la Constitución Nacional, que prevén el mantenimiento del poder
adquisitivo constante de las pensiones.
(…)
[E]n
verdad, no hay razón justificativa alguna, para diferenciar el fenómeno
económico de la inflación, a un trabajador pensionado de acuerdo con la ley con
uno conforme a una convención, por que valga agregar que  si la corrección
monetaria no conduce a hacer más onerosa una obligación, pensional sino a
mantener el valor económico de la moneda frente a su progresivo envilecimiento,
su aplicación respecto de pensiones extralegales, sean ellas convencionales o
voluntarios, no altera de ninguna forma el acto inicial de reconocimiento
porque simplemente lo que se presenta es una actualización del monto para
mantener su valor constante.
[68]M.P. Jorge Mauricio Burgos Ruiz.
[69] En
este proceso, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cartagena, profirió el
11 de junio de 2008 sentencia mediante la cual condenó a la demandada a la
indexación de las pensiones de jubilación reconocidas convencionalmente a los
demandantes. Seguidamente, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cartagena, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandada, confirmó la condena impuesta. La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia decidió no
casar la última decisión por cuanto “(…) resulta
obligado para la sala reconocer procedente la actualización del ingreso base de
liquidación de la pensión convencional aquí demandada, dado que se causó en
vigencia de la actual Constitución Política, y con apoyo, se repite, en los
estudios de constitucionalidad efectuados en la sentencia D-6247 del 19 de
octubre de 2006 y D-6246 del 1 de noviembre del mismo año, atrás referidos (…)”
[70] Conforme al artículo 114 de la Ley 1395 de 2010, “[l]as entidades públicas de cualquier orden, encargadas de reconocer y
pagar pensiones de jubilación, prestaciones sociales y salariales de sus
trabajadores o afiliados, o comprometidas en daños causados con armas de fuego,
vehículos oficiales, daños a reclusos, conscriptos, o en conflictos tributarios
o aduaneros, para la solución de peticiones o expedición de actos
administrativos, tendrán en cuenta los precedentes jurisprudenciales que en
materia ordinaria o contenciosa administrativa, por los mismos hechos y
pretensiones, se hubieren proferido en cinco o más casos análogos.”
[71] Ver sentencias T-911 de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-046 de 2008, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-447 de 2009, M.P. Juan Carlos Henao Pérez; T-382 de 2011, M.P. Nilson Pinilla Pinilla; y T-1073 de 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[72] Cónyuge supérstite del señor Héctor Lorenzo Díaz Torres.
[73] Cónyuge supérstite del señor Alcides Martínez Aguilar.
[74] Cónyuge supérstite del señor Alejandro Polo Barrios.