C-378-09
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-378/09
CONVENIO DE COOPERACION TECNICA Y
CIENTIFICA ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE  COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DOMINICANA
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO
INTERNACIONAL Y LEY APROBATORIA-Características
LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Trámite de ley ordinaria con inicio de
debates en el Senado de la República y remisión por parte del Gobierno a la
Corte Constitucional
En razón a que el texto constitucional no dispone un
procedimiento legislativo especial para la expedición de una ley aprobatoria de
un tratado internacional, se debe seguir, en términos generales, el mismo
trámite de una ley ordinaria, previsión ésta que opera, salvo las obligaciones
de (i) iniciación del debate en el Senado de la República, por tratarse de
asuntos relativos a relaciones internacionales, y (ii) remisión de la ley
aprobada a la Corte Constitucional, por parte del Gobierno, para efectos de su
revisión definitiva. En razón del trámite ordinario de la ley, se requiere: (i)
la publicación oficial del proyecto de ley; (ii) el inicio del procedimiento
legislativo en la comisión constitucional correspondiente del Senado de la
República; (iii) la aprobación reglamentaria en los debates de las comisiones y
plenarias de cada una de las Cámaras; (iv) que entre el primer y segundo debate
medie un lapso no inferior a ocho días y que entre la aprobación del proyecto
en una de las Cámaras y la iniciación del debate en la otra, transcurran por lo
menos quince días; (v) la comprobación del anuncio previo a la votación en cada
uno de los debates; y (vi) la sanción presidencial y la remisión del texto a la
Corte Constitucional dentro de los seis días siguientes.
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO
INTERNACIONAL Y LEY APROBATORIA-Negociación y celebración/CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO
INTERNACIONAL Y LEY APROBATORIA-Facultades del representante del Estado
colombiano
CONVENCION DE VIENA SOBRE EL DERECHO DE LOS
TRATADOS ENTRE ESTADOS-Validez
en la representación de un Estado
El Convenio de Cooperación Técnica y Científica entre
el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República
Dominicana fue suscrito por la Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia,
quien en virtud de sus funciones y sin tener que presentar plenos poderes, se
considera que representa al Estado colombiano conforme al artículo 7 de la
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969.
LEY APROBATORIA DEL CONVENIO DE COOPERACION
TECNICA Y CIENTIFICA ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE  COLOMBIA Y EL
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA-Cumplimiento de requisitos constitucionales y legales
en trámite legislativo
A partir del examen efectuado por la Corte
Constitucional, pudo verificarse que el Proyecto de Ley que se constituyera en
Ley 1192 de 2008 cumplió los requisitos constitucionales y legales en su trámite
legislativo, toda vez que: inició su curso en el Senado de la República, tal
como lo indica el artículo 154 de la Constitución, se dio cumplimiento al
término entre debates, conforme a lo dispuesto en el artículo 160 Superior, se
cumplió con la publicación oficial del proyecto y las ponencias antes de su
curso en las comisiones respectivas al igual que la Ley aprobada, se observó el
requisito del quórum decisorio en el sentido prescrito por el artículo 146 de la
Constitución Nacional, se dio cumplimiento al requisito del anuncio previo consagrado
en el artículo 160 constitucional, al igual que su sanción por parte del Presidente
de la República y su posterior remisión, dentro de los seis días siguientes, como
lo ordena el artículo 241-10 de la Constitución.
REQUISITO DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN
TRAMITE LEGISLATIVO DE LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Cumplimiento no exige fecha exacta sino que
sea determinable
Resulta relevante reiterar que la jurisprudencia de
esta Corporación ha indicado que para considerar cumplido el requisito del
anuncio no es necesario
señalar la fecha exacta de la sesión en que va a llevarse a cabo la votación,
pues lo que se exige es que, por lo menos, dicha fecha sea determinable, para
lo cual expresiones como “para la siguiente sesión” o “en la próxima sesión”, son
suficientes para considerar que sí se definió la fecha y sesión en la cual el
proyecto de ley en trámite debe ser votado y, por tanto, para considerar
cumplido el requisito de aviso previo.
CONVENIO DE COOPERACION TECNICA Y
CIENTIFICA ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE  COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DOMINICANA-Descripción
del contenido
CONVENIO DE COOPERACION TECNICA Y
CIENTIFICA ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE  COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DOMINICANA-Objeto/CONVENIO
DE COOPERACION TECNICA, CIENTIFICA Y TECNOLOGICA-Importancia
El Convenio que se revisa tiene por objeto promover la
cooperación científica y técnica entre Colombia y República Dominicana, de
donde la obligación fundamental que adquieren las partes consiste en dar
impulso a las acciones de cooperación con base en los principios de beneficio
mutuo, reciprocidad, respeto a la soberanía, no intervención en los asuntos
internos y las políticas de desarrollo establecidas en cada país, además que
tratado que se revisa impone compromisos sobre la base de facultades y
prestaciones equilibradas de las que ambas partes se benefician, lo que resulta
acorde con el mandato de la internacionalización de las relaciones exteriores
colombianas. La Corte en diversas providencias referidas a los instrumentos
internacionales en materia de cooperación técnica, científica y tecnológica, ha
señalado que no contravienen la Carta Política pues, por el contrario, este
tipo de acuerdos desarrollan varias disposiciones constitucionales, tales como:
(i) el artículo 70 conforme al cual “el Estado tiene el deber de promover y
fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de
oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica,
técnica, artística y profesional…”; (ii) los mandatos constitucionales que
indican que es deber del Estado promover la competitividad, la productividad y
la formación tecnológica de los trabajadores (artículos 54 y 334) y (iii) la
orientación de la política exterior colombiana hacia la integración
latinoamericana y del caribe (artículos 9 y 227 C.P.), en tanto se refiere a la
cooperación con un país de la región.
CONVENIOS COMPLEMENTARIOS DE DESARROLLO DE
TRATADO INTERNACIONAL O ACUERDOS SIMPLIFICADOS-Características/CONVENIOS COMPLEMENTARIOS DE
TRATADO INTERNACIONAL O ACUERDOS SIMPLIFICADOS-Finalidad
La jurisprudencia constitucional ha reconocido que,
por regla general, los convenios de cooperación entre dos o más estados son
tratados marco o básicos que se limitan, fundamentalmente, a imponer a las
partes la obligación de impulsar la cooperación en determinada área (cultural,
científica y técnica, militar, entre otras) y a establecer parámetros generales
conforme a los cuales se deberán proponer, acordar y ejecutar los proyectos o
programas de cooperación específicos. Esta particularidad determina que sea usual que en
esta clase de convenios se incluyan cláusulas en las que se facultan a las
partes para celebrar, en el futuro, acuerdos o convenios complementarios en los
cuales se vierten los programas o proyectos de cooperación concretos. La
finalidad de dichos acuerdos es ofrecerle a los Estados Partes un instrumento
ágil y eficaz mediante el cual se puedan poner en operación las diversas
acciones de cooperación (…) delimitadas en el (…) Convenio, lo cual constituye
el objetivo del mismo. Si bien, estos acuerdos o convenios complementarios no
son tratados internacionales, sino instrumentos internacionales que desarrollan
de forma directa un tratado internacional de cooperación que ha sido ratificado
con el lleno de las exigencias constitucionales contempladas en los artículos
150-6 y 241-10. En este sentido, tales acuerdos o convenios no generan la
asunción de nuevas obligaciones para los estados partes, distintas de las
contraídas a raíz de la ratificación del tratado internacional de cooperación,
y por ello no requieren de aprobación por parte del Congreso ni control
automático por parte de esta Corporación, y a juicio de la Corte, Colombia
puede prestar su consentimiento frente a estos acuerdos o convenios
complementarios con la firma del Presidente de la República, en su calidad de
director de las relaciones internacionales, o con la de sus agentes debidamente
autorizados, sin trámites internos adicionales, pues tales instrumentos
internacionales corresponden a una de las clases de los llamados acuerdos
simplificados, es decir, aquéllos en los cuales el estado parte se obliga con
la sola firma de su representante.
CONVENIOS COMPLEMENTARIOS QUE IMPLICAN
OBLIGACIONES NUEVAS, DIFERENTES O ADICIONALES-Constituyen verdaderos tratados internacionales/CONVENIOS
COMPLEMENTARIOS QUE IMPLICAN OBLIGACIONES NUEVAS, DIFERENTES O ADICIONALES-Sujetos
a trámites internos de aprobación de tratados/CONVENIOS COMPLEMENTARIOS DE TRATADO INTERNACIONAL-Trámite que deben surtir en caso de que
establezcan nuevos compromisos para las Partes
Cuando los denominados
convenios complementarios impliquen la asunción de obligaciones nuevas, diferentes
o adicionales a las del tratado de cooperación inicial, no tendrían la calidad
de acuerdos simplificados sino de tratados internacionales que de conformidad con la Constitución, deben
ser sometidos a la aprobación del Congreso y al control automático de
constitucionalidad.
DECLARACION INTERPRETATIVA EN CONVENIO DE
COOPERACION-Significado/DECLARACION
INTERPRETATIVA EN CONVENIO DE COOPERACION-Oportunidad
CONVENIO DE COOPERACION TECNICA Y
CIENTIFICA ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE  COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DOMINICANA-Condicionamiento
de convenios complementarios
La Corte considera que el artículo VII del Convenio de Cooperación Técnica y
Científica entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la
República Dominicana, que autoriza a los Estados Partes a celebrar futuros
convenios complementarios, es constitucional condicionadamente en la medida en
que tales acuerdos: a) Se enmarquen dentro de los propósitos y objetivos del
tratado de cooperación inicial, b) No contengan obligaciones nuevas, distintas
o adicionales a las pactadas en el tratado de cooperación inicial, y c) No
modifiquen el tratado de cooperación inicial. En este sentido, si tales los
convenios complementarios exceden los fines del tratado de cooperación inicial,
o lo modifican, o crean compromisos nuevos, distintos o adicionales deben
someterse a los procedimientos constitucionales de aprobación del Congreso y
revisión de constitucionalidad por esta Corporación, de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 150 numeral 16 y 241 de la Constitución de 1991.
ENMIENDAS O MODIFICACIONES EN TRATADO
INTERNACIONAL-Alcance/ENMIENDAS O MODIFICACIONES EN TRATADO
INTERNACIONAL-Sujetas al
procedimiento de aprobación y control constitucional
Las enmiendas o modificaciones, como su nombre lo
indica, alteran o varían el contenido del tratado internacional inicialmente
suscrito, de modo tal que el alcance de las obligaciones contraídas en un principio
y todas las condiciones y reglas que las regulan no son las mismas. He ahí la
razón para que las enmiendas o modificaciones de un tratado internacional estén
sometidas al mismo procedimiento de aprobación por parte del Congreso y control
constitucional que los tratados ya que, según los artículo 150 numeral 16 y 241
de la Constitución de 1991, el Presidente de Colombia sólo puede manifestar
válidamente el consentimiento frente a las obligaciones contenidas en un
tratado internacional, previa satisfacción de estos requisitos.
CONVENIO DE COOPERACION TECNICA Y
CIENTIFICA ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE  COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DOMINICANA-Condicionamiento
de enmiendas o modificaciones
La Corte considera que el inciso tercero del artículo
XII del Convenio de
Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la República de Colombia
y el Gobierno de la República Dominicana, que autoriza a los Estados Partes a
modificar de común acuerdo el tratado internacional por vía diplomática, es
constitucional condicionadamente en la medida en que las tales modificaciones
se sometan a aprobación del Congreso de la República y al control automático de
esta Corte.
Referencia: expediente LAT-324
Revisión de constitucionalidad del “Convenio
de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la República de
Colombia y el Gobierno de la República Dominicana, suscrito en la ciudad de Bogotá,
Colombia a los 3 días del mes de agosto de 2004”,  y de la Ley 1192 de 2008
que lo aprueba.
Magistrado Ponente:
Dr.
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de mayo de
dos mil nueve (2009)
La Sala Plena de la Corte Constitucional,
en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y
trámite establecidos en el decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de
revisión constitucional de la Ley 1192 de 2008 “Por medio de la cual se
aprueba el Convenio de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la
República de Colombia y el Gobierno de la República Dominicana, suscrito en la
ciudad de Bogotá, Colombia a los 3 días del mes de agosto de 2004”.
I. ANTECEDENTES
Mediante oficio recibido el 14 de mayo del
año en curso, la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, remitió
a esta Corporación copia auténtica del “Convenio Cooperación Técnica y Científica
entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República
Dominicana, suscrito en la ciudad de Bogotá a los 3 días del mes de agosto de 2004”,
y de la Ley 1192 de 2008 que lo aprueba, para que de conformidad con lo
previsto en el artículo 241, numeral 10 de la Constitución, la Corte decida
sobre la exequibilidad del tratado internacional y su ley aprobatoria.
Mediante auto del 10 de junio de 2008 el
Magistrado Sustanciador avocó el conocimiento del proceso de la referencia. Con
el fin de contar con los elementos de juicio necesarios para proferir una
decisión de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 241 superior, dispuso la
práctica de pruebas en relación con los antecedentes legislativos. Recibidas
éstas, dictó auto de continuación de trámite el 15 de diciembre de 2008 y
ordenó  dar cumplimiento a lo dispuesto en los numerales cuarto y siguientes
del auto del 10 de junio de 2008.
Cumplidos los trámites propios de esta clase de
procesos y previo el concepto del Procurador General de la Nación, procede la
Corte a decidir acerca del asunto de la referencia.
II. ORDENAMIENTO OBJETO DE REVISION
A continuación se transcribe el texto de la
ley enviada para revisión.
LEY 1192 DE 2008
(mayo 6)
Diario Oficial No. 46.981 de 6 de mayo de 2008
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Por medio de la cual se aprueba el “Convenio de
Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la República de Colombia
y el gobierno de la República Dominicana”, suscrito en la ciudad de Bogotá, D.
C., Colombia, a los tres (3) días del mes de agosto del año dos mil cuatro
(2004).
EL CONGRESO DE COLOMBIA
Visto el texto del “Convenio de Cooperación Técnica y
Científica entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la
República Dominicana”, suscrito en la ciudad de Bogotá, D. C., Colombia, a los
tres (3) días del mes de agosto del año dos mil cuatro (2004).
(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia del texto
íntegro del Instrumento Internacional mencionado).
CONVENIO DE COOPERACION TECNICA Y CIENTIFICA ENTRE EL
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA
El Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno
de la República Dominicana.
En adelante denominados las Partes;
ANIMADOS por el deseo de fortalecer en ambos países los lazos
de amistad y cooperación, y convencidos de los múltiples beneficios que se
deriven de una mutua colaboración;
RECONOCIENDO la importancia que la cooperación técnica y
científica representa para la intensificación de las acciones en el orden
económico y social en ambas naciones;
DESTACANDO la necesidad de fomentar, concretar y modernizar la
infraestructura técnica y científica de los países,
Han acordado lo siguiente:
ARTICULO I
OBJETO
1. El presente convenio tiene como objeto promover la
cooperación científica y técnica entre ambos países, mediante la formulación y
ejecución de programas y proyectos en áreas de interés común, de conformidad
con las prioridades establecidas en sus estrategias y políticas de desarrollo
económico y social. Para lograr dicho objetivo las Partes se comprometen a dar
impulso a las acciones de cooperación, con base en los principios de beneficio
mutuo, reciprocidad, respeto a la soberanía, no intervención en los asuntos
internos y las políticas de desarrollo establecidas en cada país.
2. Todos los programas, proyectos específicos y
actividades de cooperación técnica y científica que convengan las Partes, serán
ejecutados de conformidad con las disposiciones generales del presente Convenio
y las normas establecidas en cada país.
ARTICULO II
ENTIDADES RESPONSABLES.
Como entidades responsables para el cumplimiento de
los términos del presente Convenio:
La Parte colombiana designa al Ministerio de
Relaciones Exteriores y a la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional -
ACCI.
La Parte dominicana designa a la Secretaría Técnica de
la Presidencia de la República.
ARTICULO III
FINANCIAMIENTO
La Ejecución de los programas y proyectos de
Cooperación Técnica y Científica se realizará bajo la modalidad de costos compartidos,
sin perjuicio de cualquier otra que conlleve a los objetivos de dicha
colaboración. Las Partes pueden solicitar de común acuerdo, la participación de
terceros países y/u organismos internacionales, tanto para la financiación,
como para la ejecución de programas y proyectos que surjan de las modalidades
de cooperación, contempladas en cada caso.
ARTICULO IV
AREAS DE COOPERACIÓN
Las Partes establecen entre otras, las siguientes
áreas de Cooperación, sin perjuicio de ampliarlas de común acuerdo en el
futuro:
Agropecuaria, Agua Potable y Saneamiento Básico, Arte
y Cultura, Comercio e inversiones, Comunicación, Ciencia y Tecnología,
Desarrollo Productivo, Desarrollo y Población, Educación, Justicia, Medio
Ambiente, Modernización del Estado, Minas y Energía, Salud, Trabajo, Vivienda,
Transporte y Desarrollo Urbano.
ARTICULO V
MODALIDADES DE COOPERACIÓN
Para el cumplimiento de los objetivos del presente
Convenio de cooperación técnica y científica, las Partes podrán asumir las
siguientes modalidades:
– Capacitación e intercambio de especialistas,
profesionales, investigadores y profesores universitarios.
– Estudios e investigación.
– Recepción de Expertos.
– Capacitación y pasantías en instituciones de reconocido
prestigio y nivel de excelencia.
– Intercambio de información estadística, técnica y
tecnológica, para el desarrollo de los proyectos conjuntos.
– Otorgamiento de becas para estudios de
especialización profesional y estudios intermedios de capacitación técnica.
– Prestación de servicios de consultoría.
– Organización de seminarios, talleres, cursos y
conferencias y otros mecanismos conjuntos de intercambio académico y
científico.
– Proyectos integrales.
– Envío de equipo y material necesario para la
ejecución de proyectos específicos.
– Cualquier otra actividad de cooperación que sea
convenida por las Partes para el desarrollo del presente convenio.
ARTICULO VI
FUNCIONAMIENTO E INSTRUMENTACIÓN
1. Se crea una Comisión Mixta de Cooperación Técnica y
Científica, como instancia de funcionamiento e instrumentación de la
Cooperación entre Colombia y República Dominicana, conformada por las entidades
responsables citadas en el artículo II y otros representantes y expertos que las
instituciones consideren necesarios.
La Comisión Mixta estará presidida por la Dirección de
Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, junto con la
Agencia Colombiana de Cooperación Internacional, ACCI, en el caso de Colombia,
y por los representantes de la Secretaría Técnica de la Presidencia “de la
República y de la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores, en el caso de
República Dominicana.
2. Los proyectos específicos se identificarán y
prepararán siguiendo los procedimientos establecidos en cada país y se
presentarán en el Marco de la Comisión Mixta.
3. La Comisión Mixta cumplirá las siguientes
funciones:
– Analizar y determinar los campos prioritarios en los
que se puedan realizar programas y proyectos específicos de cooperación técnica
y científica;
– Proponer y coordinar las actividades, proyectos y
acciones concretas en relación con los objetivos del Presente Convenio, y
definir los medios necesarios para su realización y evaluación;
– Identificar nuevos sectores y áreas de cooperación.
– Buscar los medios adecuados para prevenir las dificultades
que se puedan presentar en los campos cubiertos por el presente Convenio;
– Controlar, hacer seguimiento, evaluar las
actividades y formular las recomendaciones y modificaciones necesarias para
garantizar el cumplimiento de los objetivos propuestos;
– Incentivar la aplicación de los resultados logrados
en el curso de la cooperación;
– Informar a las Partes sobre las recomendaciones que
tengan por objeto la expansión de los intercambios y la diversificación de la
cooperación;
– Definir un programa bienal de trabajo, que contemple
proyectos específicos, agentes ejecutores y fuentes de financiación.
4. Con el fin de revisar la cooperación bilateral y
preparar las Reuniones de la Comisión Mixta, se realizarán anualmente Reuniones
de Evaluación y Seguimiento. Dichas reuniones serán ejercicios de revisión
sobre el avance de los proyectos y programas de cooperación, y a ellas
asistirán:
– Los representantes del Ministerio de Relaciones
Exteriores; de la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional, ACCI y de
las Instituciones Técnicas Colombianas y los Representantes de la Embajada de la
República Dominicana en Bogotá, por una Parte;
– Los representantes de la Secretaría Técnica de la
Presidencia de la República y de la Secretaría del Estado de Relaciones
Exteriores, y los representantes de la Embajada de la República de Colombia en
Santo Domingo, de otra Parte.
Los resultados de las reuniones de Evaluación y
Seguimiento quedarán anotados en un acta que se enviará a las entidades
responsables de Cooperación, para que sirva de instrumento de coordinación en
la preparación de las futuras Comisiones Mixtas.
En las reuniones de Evaluación y Seguimiento, se
pueden incorporar nuevos proyectos y actividades de cooperación que las Partes
convengan, de conformidad con las disposiciones generales del presente
Convenio.
5. La Comisión Mixta se reunirá cada dos años, en
forma alternada, en la República de Colombia y en República Dominicana.
Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo precedente,
las Partes podrán convocar de común acuerdo y cuando lo consideren necesario,
reuniones extraordinarias de la Comisión Mixta.
ARTICULO VII
INSTRUMENTOS Y MEDIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA
COOPERACIÓN
Con el fin de facilitar la realización de los
objetivos de la cooperación estipulada en el presente Convenio, las Partes
podrán celebrar Convenios Complementarios, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo II del presente
Convenio.
En dichos Convenios Complementarios, se designarán las
entidades ejecutoras de cada proyecto.
ARTICULO VIII
PROPIEDAD INTELECTUAL
Las Partes garantizarán la protección adecuada y
eficaz de la propiedad intelectual generada o aplicada en desarrollo de las
actividades de cooperación estipuladas en el presente Convenio, en concordancia
con sus leyes nacionales y los convenios internacionales aplicables.
El significado del término “Propiedad Intelectual”
deberá entenderse en los términos en que es presentado por el artículo II del Convenio por el
cual se crea el Organismo Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), firmado
en Estocolmo el 14 de julio de 1967.
La información de carácter científico y tecnológico,
obtenida a lo largo de la ejecución del presente Convenio, que se encuentre
bajo la protección de la propiedad intelectual, no podrá ser transferida a
terceras personas sin el previo consentimiento de la otra Parte.
El derecho de propiedad intelectual, derivado de los
programas y proyectos bilaterales o de otros programas de cooperación
ejecutados dentro del marco del presente Convenio, será ejercido conjuntamente
por las instituciones competentes. El registro, explotación económica y
aprovechamiento de estos derechos serán reglamentados en Convenios Especiales,
si es del caso, en todo programa o proyecto.
ARTICULO IX
DE LOS EXPERTOS, IMPEDIMENTOS, PRIVILEGIOS E
INMUNIDADES
El personal que en forma oficial intervenga en los
proyectos de cooperación, se someterá a las disposiciones de este Convenio y no
podrá dedicarse a ninguna actividad ajena a sus funciones, ni recibir
remuneración alguna, fuera de las estipuladas por las Partes.
Las Partes concederán a los funcionarios expertos o
técnicos enviados por el Gobierno de cualquiera de las Partes, en el Marco del
presente Convenio, que no sean nacionales ni extranjeros, residentes en el
país, además de los privilegios y exenciones que para funcionarios o peritos
respectivamente, contiene la Convención de Privilegios e Inmunidades del 13 de
febrero de 1946 de las Naciones Unidas, las facilidades siguientes:
a) La obtención del visado correspondiente para el
funcionario, experto o técnico y los miembros de su familia que se encuentren
bajo su dependencia directa y convivan con él por el término de su misión,
prorrogable por un plazo prudencial, para que efectúen los arreglos pertinentes
para su salida del país;
b) Documento de identificación en el que se haga
referencia a la protección especial y respaldo que les concede el Gobierno del
Estado receptor;
c) Exención del pago de impuesto de aduana para el
ingreso y salida del país del menaje doméstico. También estarán exentos de
dichos impuestos el equipo y material necesario para la ejecución de los
proyectos.
ARTICULO X
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Las discrepancias que pudieran surgir de la
interpretación o aplicación del presente Instrumento serán resueltas por las
Partes, por cualquiera de los medios de solución pacífica de controversias
contemplados por los acuerdos vigentes entre las Partes y el Derecho
Internacional.
ARTICULO XI
ACTUALIZACIÓN DEL CONVENIO
El presente Convenio, a partir de la fecha de su
entrada en vigor, sustituirá al Convenio de Cooperación Económica, Comercial y
Técnica, suscrito entre Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la
República Dominicana, en la ciudad de Santo Domingo, el 20 de diciembre de
1969.
ARTICULO XII
VIGENCIA Y DURACIÓN
El presente Convenio entrará en vigor, en la fecha de
recibo de la segunda nota diplomática mediante la cual las Partes se informen,
del cumplimiento de sus requisitos legales y constitucionales para la vigencia
del instrumento.
El presente Convenio tendrá una vigencia de cinco (5)
años, y se renovará automáticamente por períodos iguales, si ninguna de la
Partes manifiesta por escrito, vía diplomática, su deseo de no prorrogarlo, con
una antelación de por lo menos seis meses a la fecha de terminación del periodo
respectivo.
Este Convenio podrá ser modificado por las Partes, de
común acuerdo, por vía diplomática.
Cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente
Convenio, mediante la notificación escrita, por vía diplomática, que surtirá
efecto seis (6) meses después de la fecha de recibo de la Nota correspondiente.
Los proyectos y programas de cooperación que se encuentren en curso,
continuarán ejecutándose hasta su culminación, salvo que las Partes acuerden lo
contrario.
Suscrito en la ciudad de Bogotá, D. C., Colombia, a
los tres (3) días del mes de agosto del año dos mil cuatro (2004), en dos
ejemplares originales, en idioma español, siendo los dos textos igualmente
auténticos.
Por el Gobierno de la República de Colombia,
CAROLINA BARCO,
Ministra de Relaciones Exteriores.
Por el Gobierno de la República Dominicana,
FRANCISCO GUERRERO,
Secretario de Estado de Relaciones Exteriores.
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Bogotá, D. C., 28 de febrero de 2005
Aprobado. Sométase a la consideración del honorable
Congreso Nacional para los efectos constitucionales.
(Fdo.) ÁLVARO URIBE VÉLEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,
(Fdo.) Carolina Barco Isakson
DECRETA:
Artículo 1o. Apruébase el “CONVENIO DE COOPERACIÓN
TÉCNICA Y CIENTÍFICA ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y EL
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA”, suscrito en la ciudad de Bogotá, D. C.,
Colombia, a los tres (3) días del mes de agosto del año dos mil cuatro (2004).
Artículo 2o. De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 1o de la Ley 7ª de 1944, el “CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y
CIENTÍFICA ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA”, suscrito en la ciudad de Bogotá, D. C., Colombia, a los
tres (3) días del mes de agosto del año dos mil cuatro (2004), que por el
artículo primero de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha
en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.
Artículo 3o. La presente ley rige a partir de la fecha
de su publicación.
Dada en Bogotá, D.C., a los …
Presentado al honorable Congreso de la República por
la suscrita Ministra de Relaciones Exteriores.
MARÍA CONSUELO ARAÚJO CASTRO,
Ministra de Relaciones Exteriores.
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., 28 de febrero de 2005
Aprobado. Sométase a la consideración del honorable
Congreso Nacional para los efectos constitucionales.
(Fdo.) ÁLVARO URIBE VÉLEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,
(Fdo.) Carolina Barco Isakson
DECRETA:
Artículo 1o. Apruébase el “CONVENIO DE COOPERACIÓN
TÉCNICA Y CIENTÍFICA ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y EL
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA”, suscrito en la ciudad de Bogotá, D. C.,
Colombia, a los tres (3) días del mes de agosto del año dos mil cuatro (2004).
Artículo 2o. De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 1o de la Ley 7ª de 1944, el “CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y
CIENTÍFICA ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA”, suscrito en la ciudad de Bogotá, D. C., Colombia, a los
tres (3) días del mes de agosto del año dos mil cuatro (2004), que por el
artículo 1o de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en
que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.
Artículo 3o. La presente ley rige a partir de la fecha
de su publicación.
La Presidenta del honorable Senado de la República,
NANCY PATRICIA GUTIÉRREZ CASTAÑEDA.
El Secretario General del honorable Senado de la
República,
EMILIO RAMÓN OTERO DAJUD.
El Presidente de la honorable Cámara de
Representantes,
OSCAR ARBOLEDA PALACIO.
El Secretario General (E.) de la honorable Cámara de
Representantes,
JESÚS ALFONSO RODRÍGUEZ CAMARGO.
REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Comuníquese y cúmplase.
Ejecútese, previa revisión de la Corte Constitucional,
conforme al artículo 241-10 de la
Constitución Política.
Dada en Bogotá, D. C., a 6 de mayo de 2008.
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro de Relaciones Exteriores,
FERNANDO ARAÚJO PERDOMO.
III. PRUEBAS SOLICITADAS POR LA CORTE
CONSTITUCIONAL
3.1.- Mediante auto del  10 de junio de 2008 el Magistrado Sustanciador asumió
conocimiento de la Ley 1192 de 2008 y decretó las siguientes pruebas referentes a los antecedentes
legislativos:
Segundo.- Por Secretaría General, SOLICITAR a
los Secretarios Generales del Senado y Cámara de Representantes respectivamente,
que en el término de cinco (5) días contados a partir de la recepción de la
respectiva comunicación, envíen a esta Corporación copias auténticas del
expediente legislativo del proyecto que culminó con la expedición de la Ley
1192 de 2008 “Por medio de la cual se aprueba el Convenio de Cooperación
Técnica y Científica entre el Gobierno de la República de Colombia y el
Gobierno de la República Dominicana, suscrito en la ciudad de Bogotá, Colombia
a los tres (3) días del mes de Agosto del año dos mil cuatro (2004)” y se
sirvan adicionalmente: (i) certificar con exactitud cada uno de los
quórum deliberatorios y decisorios con los cuales fue aprobada en cada uno de
los debates la mencionada ley; (ii) enviar las correspondientes Gacetas
del Congreso donde aparezcan publicados los anuncios de que trata el Acto
Legislativo 01 de 2003, indicando las correspondientes páginas; (iii) enviar
las ponencias de cada debate y los textos aprobatorios de los mismos; (iv)
de ser pertinente, remitir los textos conciliados y sus respectivas
aprobaciones en plenarias.
Tercero.- Por Secretaría General, SOLICITAR al
Ministerio de Relaciones Exteriores que remita a esta Corporación, en el
término de cinco (5) días contados a partir de la recepción de la
correspondiente comunicación, certificación que, de manera detallada y con la
información pertinente, dé cuenta de las etapas de negociación y celebración
del tratado internacional bajo revisión, indicando inclusive los nombres y
cargos de quienes actuaron a nombre del Estado Colombiano, acreditando plenos
poderes si fuere el caso.
3.2.- En atención a que no se había remitido de manera completa el
material probatorio solicitado al Secretario General del Senado de la República,
mediante auto del día 28 de agosto de 2008, el Magistrado Sustanciador requirió
al funcionario mencionado para que enviara las siguientes pruebas:
1.
Todas las gacetas en las cuales fue publicado el anuncio para primer debate por la
Comisión II del Senado de la República del proyecto de ley número 144 de 2006
(Senado) “Por medio de la cual se aprueba el Convenio
de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la República de
Colombia y el Gobierno de la República Dominicana, suscrito en la ciudad de
Bogotá a los 3 días del mes de agosto de 2004”.
2.
Todas las gacetas en las cuales fue publicado el anuncio para segundo debate por la
Plenaria Senado de la República del proyecto de ley número 144 de 2006 (Senado)
“Por medio de la cual se aprueba el Convenio de
Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la República de Colombia
y el Gobierno de la República Dominicana, suscrito en la ciudad de Bogotá a los
3 días del mes de agosto de 2004”.
3.
Una constancia que señale cuántas
sesiones de la plenaria del Senado de la República tuvieron lugar entre el 15
de agosto y el 5 de septiembre de 2007, en qué fechas se desarrollaron dichas
sesiones, así como las gacetas en las que fueron publicadas las actas
correspondientes a las mismas.
4.
Gaceta en la cual se publica el texto definitivo aprobado en segundo debate por parte de la Plenaria
del Senado de la República del proyecto de ley
número 144 de 2006 (Senado) “Por medio de la cual se aprueba el Convenio de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la
República de Colombia y el Gobierno de la República Dominicana, suscrito en la
ciudad de Bogotá a los 3 días del mes de agosto de 2004”.
3.3.- Una
vez verificada la documentación allegada por el Secretario General de la Cámara
de Representantes, el Despacho constató que no fueron remitidas todas las
pruebas solicitadas. En vista de lo anterior, mediante auto del 28 de agosto de
2008, el Magistrado Sustanciador requirió al Señor Secretario General de la Cámara de Representantes
para que allegara las siguientes pruebas:
1.
Todas las gacetas en las cuales fue publicado el anuncio para tercer debate por la
Comisión II de la Cámara de Representantes del proyecto de ley número 144 de
2006 (Senado), 132 de 2007 (Cámara) “Por medio de la cual se aprueba el Convenio de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la
República de Colombia y el Gobierno de la República Dominicana, suscrito en la
ciudad de Bogotá a los 3 días del mes de agosto de 2004”.
2.
Gaceta en la cual se publicó el acta
número 17 de 2007 correspondiente a la sesión de la Comisión II de la Cámara de
Representantes, efectuada el 4 de diciembre de 2007, en la cual se aprobó en
tercer debate el proyecto de ley número 144 de 2006 (Senado), 132 de 2007
(Cámara) “Por medio de la cual se aprueba el Convenio
de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la República de
Colombia y el Gobierno de la República Dominicana, suscrito en la ciudad de
Bogotá a los 3 días del mes de agosto de 2004”.
3.
Todas las gacetas en las cuales fue publicado el anuncio para cuarto debate por la
Plenaria de la Cámara de Representantes del proyecto de ley número 144 de 2006
(Senado), 132 de 2007 (Cámara) “Por medio de la cual se aprueba el Convenio de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la
República de Colombia y el Gobierno de la República Dominicana, suscrito en la
ciudad de Bogotá a los 3 días del mes de agosto de 2004”.
3.4- Una vez verificada la documentación allegada por el Secretario General
del Senado de la República, el Despacho constató que no fue remitida la gaceta
en la cual se publica el texto definitivo aprobado en segundo debate por parte
de la Plenaria del Senado de la República del proyecto de ley número 144 de
2006 (Senado) “Por medio de la cual se aprueba el Convenio de Cooperación
Técnica y Científica entre el Gobierno de la República de Colombia y el
Gobierno de la República Dominicana, suscrito en la ciudad de Bogotá a los 3
días del mes de agosto de 2004”. Por esta razón, mediante auto del 2 de octubre de 2008, el Magistrado Sustanciador requirió
al Señor Secretario General del Senado de la República para que allegara la
prueba señalada.
3.5- Con el fin de contar con todos los elementos de prueba necesarios
para proferir una decisión en el proceso de la referencia, el Despacho,
mediante auto del 2 de octubre de 2008, solicitó al Secretario
General del Senado de la República el envío de las Gacetas del Congreso en las
que se publicaron las actas de las sesiones plenarias desarrolladas entre los
días 16 de mayo de 2007 y 15 de agosto de 2007 en las cuales se anunció la
discusión del proyecto de ley  número 144 de 2006 (Senado) “Por medio de la
cual se aprueba el Convenio de Cooperación Técnica y Científica entre el
Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Dominicana,
suscrito en la ciudad de Bogotá a los 3 días del mes de agosto de 2004”,
con indicación de la página en la cual se hizo; así como una certificación de cuántas sesiones de la plenaria del Senado de la República tuvieron
lugar entre estas fechas, en qué día se desarrollaron dichas sesiones y el
envío de las gacetas en las que fueron publicadas las actas correspondientes a
las mismas.
3.6.- Verificada la documentación allegada por el Secretario
General del Senado de la República, el Despacho constató que no se remitieron
las gacetas del Congreso en las cuales fueron publicadas las actas de plenaria
del Senado de la Republica número 61, correspondiente a la sesión del 23 de
mayo de 2007, y número 2, correspondiente a la sesión celebrada entre el 20 y
el 31 de julio de 2007. En vista de lo anterior, mediante auto del 3 de
diciembre de 2008, el Magistrado Sustanciador requirió al Señor Secretario
General del Senado de la República para que allegara los documentos faltantes.
3.7- Los documentos relacionados en el numeral anterior
fueron recibidos por el Despacho, a través de la Secretaría General, el 10 de
diciembre de 2008.
IV. INTERVENCIONES
De acuerdo con los escritos que obran en el
expediente, intervinieron en el presente proceso el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de
Autor, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Superintendencia de
Industria y Comercio en los términos que se resumen a continuación:
1. Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial
En el presente proceso intervino el
Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, a través de apoderado judicial, para
solicitar la declaratoria de constitucionalidad del Convenio sujeto a estudio y
de su Ley aprobatoria.
En primer lugar el interviniente estima que
el tratado internacional que se revisa no contradice la Constitución porque (i)
“en su objeto es consistente con la gestión adelantada por este Ministerio
en los temas de su competencia” y (ii) su objetivo es “coherente
con las prioridades definidas en el marco de la Estrategia de Cooperación
Internacional promovida por el Gobierno Nacional así como las prioridades
temáticas trabajadas por el Ministerio” (folio 63, cuaderno 6).
En segundo lugar se refiere a la modalidad
de integración de comisiones mixtas para la discusión, evaluación y seguimiento
de los proyectos de cooperación técnica y científica desarrollados en el marco
del Convenio en cuestión, la cual considera “consistente con los esquemas
funcionales para el desarrollo de la cooperación técnica y no reembolsable con
los países de las zonas de fronteras terrestres y marítimas que son coordinados
de conformidad con las competencias de ley por el Ministerio de Relaciones
Exteriores (…) en el marco de las cuales participa el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial según sean discutidos temas de su
competencia” (folio 63, cuaderno 6).
En tercer lugar el interviniente aclara que
“las referencias del texto en cuestión asociadas a la Agencia Colombiana de
Cooperación Internacional –ACCI, se entienden de conformidad con los arreglos
institucionales vigentes actualmente, como referentes hoy a la Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional – Acción
Social (…) que integró la Red de Solidaridad Social (RSS) y la Agencia
Colombiana de Cooperación Internacional (ACCI)” (folio 63, cuaderno 2).
Por último agrega que “aunque del texto
de Acuerdo que nos ocupa, por ninguna parte se lee, que contravenga el régimen
legal ambiental o se ciña amenaza sobre el mismo (…) es claro, que todas
las actividades emergidas del Acuerdo deben estar sometidas en lo que
corresponda a la observancia de los principios establecidos en el artículo
primero de la Ley 99 de 1993, especialmente el de prevención, precaución y el régimen de licenciamiento, como
instrumento instituido por el legislador para intervenir las actividades
privadas en salvaguarda del medio ambiente, el equilibrio ecológico, uso y
aprovechamiento de los recursos naturales (…)” (folio 63, cuaderno 6).
2. Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo
Dentro del presente proceso intervino el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través de apoderado judicial, con
el fin de solicitar la exequibilidad del tratado internacional bajo estudio y
de su Ley aprobatoria, para lo cual divide su escrito en dos partes: las “razones
de conveniencia” del tratado y los “presupuestos de legalidad y
constitucionalidad”.
En cuanto a las razones de conveniencia,
expresa que “frente a los avances de la ciencia y la tecnología y, de la
necesidad de su aplicación de todos los pueblos de la Comunidad Internacional
para alcanzar un grado de competitividad dentro de un mundo globalizado, es
absolutamente de determinante para el desarrollo de los mismos, establecer
acuerdos de cooperación en tal sentido. Tales argumentos constituyen la razón
fundamental de la promulgación de la Ley aprobatoria del Convenio en cuestión” (folio
70, cuaderno 6).
En lo relativo a los presupuestos de
legalidad y constitucionalidad, señala, en primer lugar, que “como se
desprende del acervo probatorio, se tiene que, tanto el desarrollo de la
negociación, como el propio trámite ante el Congreso, se surtieron con todas
las formalidades legales y constitucionales” (folio 71, cuaderno 6). En
segundo lugar, el interviniente asevera que “el Convenio se halla enmarcado
dentro de claros principios y normas superiores, que rigen los Tratados
Internacionales, tanto en el orden interno como externo” (folio 71,
cuaderno 6).
3. Unidad Administrativa Especial Dirección
Nacional de Derecho de Autor
En el presente proceso intervino la Unidad Administrativa Especial Dirección
Nacional de Derecho de Autor, a través de su representante legal, para
solicitar la declaratoria de constitucionalidad del Convenio sujeto a estudio y
de su Ley aprobatoria.
Para comenzar, el interviniente hace una
presentación general sobre los siguientes tópicos: (i) la protección constitucional
de la propiedad intelectual, (ii) el derecho de autor y sus implicaciones
constitucionales, (iii) aspectos generales del derecho de autor, (iv) la
titularidad de los derechos patrimoniales de autor y (v) el régimen de
transferencias del derecho de autor (folios 97-102, cuaderno 6).
Enseguida se pronuncia, en concreto, a
favor de la constitucionalidad del artículo VIII del Convenio bajo revisión. La
disposición mencionada prescribe lo siguiente:
“Las Partes garantizarán la protección adecuada y
eficaz de la propiedad intelectual generada o aplicada en desarrollo de las
actividades de cooperación estipuladas en el presente Convenio, en concordancia
con sus leyes nacionales y los convenios internacionales aplicables.
El significado del término “Propiedad
Intelectual” deberá entenderse en los términos en que es presentado por el
artículo II del Convenio por el
cual se crea el Organismo Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), firmado
en Estocolmo el 14 de julio de 1967.
La información de carácter científico y
tecnológico, obtenida a lo largo de la ejecución del presente Convenio, que se
encuentre bajo la protección de la propiedad intelectual, no podrá ser
transferida a terceras personas sin el previo consentimiento de la otra Parte.
El derecho de propiedad intelectual,
derivado de los programas y proyectos bilaterales o de otros programas de
cooperación ejecutados dentro del marco del presente Convenio, será ejercido
conjuntamente por las instituciones competentes. El registro, explotación
económica y aprovechamiento de estos derechos serán reglamentados en Convenios
Especiales, si es del caso, en todo programa o proyecto”.
Indica el interviniente que, “teniendo
en cuenta que los derechos morales son inalienables y se radican en cabeza del
autor de la creación, esta Dirección en la norma bajo análisis, no observa
contradicción alguna, por cuanto la misma no establece que en el ejercicio
conjunto del derecho que realizarán las instituciones competentes, excluya el
deber de reconocer los derechos morales a los autores de las obras” (folio
104, cuaderno 6).
Por último, respecto de la interpretación
del texto normativo transcrito señala que “la parte final del citado
artículo establece la titularidad de los derechos de propiedad intelectual
derivados de los programas y proyectos bilaterales o de otros programas de
cooperación ejecutados dentro del marco del Convenio, en cabeza de las
instituciones competentes. Sin embargo, dicha norma ha de interpretarse en
consonancia con lo establecido en la primera parte del artículo, según la cual,
las Partes garantizarán la protección adecuada y eficaz de la propiedad
intelectual generada o aplicada en desarrollo de las actividades de cooperación
estipuladas en el presente Convenio, en concordancia con sus leyes nacionales y los
convenios internacionales aplicables. Así las cosas, teniendo en cuenta la normatividad
vigente en nuestro país, debe entenderse que la titularidad aludida en la
disposición, en lo que respecta al derecho de autor, solo es aplicable en los
eventos en que las instituciones competentes hubieren adquirido los derechos
patrimoniales de la obra” a
través de una de las tres formas existentes en la legislación colombiana (ley
23 de 1982) para su transmisión por parte del autor a terceros (folio 103,
cuaderno 6). Es decir, mediante (i) un contrato de cesión o transferencia de
derechos, (ii) una obra por encargo o (iii) automáticamente en la hipótesis en
que el autor sea un servidor público el que haya creado la obra en ejercicio de
sus funciones constitucionales y legales.
Concluye el interviniente que “si bien
la ley 1192 de 2008, no contiene norma alguna que contravenga los derechos
reconocidos por el ordenamiento colombiano a los autores, ha de entenderse que
el ejercicio conjunto, por parte de las instituciones competentes, de los
derechos de propiedad intelectual, derivados de los programas y proyectos
bilaterales o de otros programas de cooperación ejecutados dentro del marco del
Convenio, sólo será posible en la medida en que dichas instituciones hayan
adquirido previamente los derechos patrimoniales de autor” (folio 104,
cuaderno 6).
4. Ministerio de Relaciones Exteriores
Dentro del presente proceso intervino el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través de apoderado judicial,
con el fin de solicitar la exequibilidad del tratado internacional bajo estudio
y de su Ley aprobatoria.
En primer lugar, el interviniente afirma
que el tratado bajo estudio es acorde con el artículo 9 de la Carta Política,
que prescribe que las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en el
reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por
Colombia, pues constituye el desarrollo de uno de ellos: la cooperación
internacional.  Añade que este principio fue reconocido como una obligación de
los Estados por la Resolución 2625 (XXV) del 24 de octubre de 1970 de la
Asamblea General de las Naciones Unidas (folio 109, cuaderno 6).
En segundo lugar, indica que el Convenio
que se analiza, cuyo objeto es la cooperación técnica y científica con
República Dominicana, tiene fundamento jurídico pues “existen en Colombia
todos los desarrollos legales para promover[la]”; entre ellos
menciona (i) el artículo 1 de la ley 29 de 1990, que señala que corresponde al
Estado promover y orientar el adelanto científico, (ii) el artículo 1 del
Decreto Extraordinario 0393 de 1991, que faculta a la Nación para adelantar
actividades técnicas y científicas mediante la asociación con particulares a
través de los denominados Convenios Especiales de Cooperación y (iii) el
artículo 17 del Decreto 591 de 1991, que autoriza a la Nación para celebrar con
los particulares y con otras entidades públicas de cualquier orden convenios
especiales de cooperación en virtud de los cuales se aportan recursos para
facilitar, fomentar y desarrollar actividades científicas y tecnológicas (folio
109, cuaderno 6).
En tercer lugar, respecto del trámite que
siguió el Convenio y el proyecto de ley aprobatoria, el interviniente explica
que se ajusta a la Constitución ya que (i) el Convenio fue firmado por la
Ministra de Relaciones Exteriores quien, de acuerdo con el artículo 7 de la
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, no requiere plenos
poderes, (ii) de todos modos fue “aprobado” por el Presidente de la
República, lo cual subsana cualquier eventual vicio de representación del
Estado según el derecho de los tratados codificado en la mencionada Convención
de Viena, (iii) el proyecto de ley aprobatoria se presentó, en primer lugar,
ante el Senado de la República, (iv) fue aprobado por el Congreso después de
surtir las etapas correspondientes, (v) la ley fue sancionada por el Presidente,
(vi) fue publicada en el Diario Oficial y (vi) enviada, junto con el tratado, a
la Corte Constitucional para su control dentro del término previsto por el
ordenamiento superior (folios 109 y 110, cuaderno 6).
En cuarto lugar, el interviniente asevera,
para defender la constitucionalidad del Convenio, que éste desarrolla varios
principios y disposiciones consagradas en la Carta Política, tales como (i) la
promoción de la internacionalización de las relaciones políticas, económicas,
sociales y ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia
nacional (artículo 226), (ii) el fomento de la integración económica, social y
política con las demás naciones y, especialmente, con los países de América
Latina y del Caribe (artículo 227) y (iii) la fundamentación de las relaciones
internacionales en la soberanía nacional y la autodeterminación de los pueblos
pues “siempre se respetará el derecho interno de cada país en sus
decisiones” (artículo 9) (folio 113, cuaderno 6).
Por último, se señala que “el Estado
Colombiano a través de la celebración del instrumento internacional realiza
esfuerzos para contribuir a la ampliación de una educación integral y asequible
a todos los miembros de la sociedad, propósitos todos ellos propios de un
Estado Social de Derecho, que encuentran eficaces incentivos para su
realización en Convenios como el que se revisa” (folio 113, cuaderno 6).
5. Superintendencia de Industria y Comercio
En el presente proceso intervino la
Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Jefe de la Oficina
Asesora Jurídica, para solicitar la declaratoria de constitucionalidad del
Convenio sujeto a estudio y de su Ley aprobatoria.
En primer término, afirma el interviniente
que el tratado internacional bajo examen es “ante todo, respetuoso de la
soberanía nacional y la autodeterminación de los Partes, tal como prevé su
Artículo I, y promueve el desarrollo técnico y científico de las mismas a
partir de la internacionalización de las relaciones políticas y sociales, de
conformidad con lo establecido en los artículos 226 y 227 de la Constitución
Política” (folio 121, cuaderno 6).
En segundo término, indica que el Convenio “se
fundamenta en los propósitos de beneficio mutuo, reciprocidad, respeto a la
soberanía, la no intervención en asuntos internos y las políticas de desarrollo
establecidas en cada país y prevé la formulación y ejecución de programas y
proyectos de fomento a la ciencia y la tecnología, encaminado así a alcanzar el
precepto contenido en el artículo 71 de la Carta Política que impone al Estado
colombiano incluir en sus planes de desarrollo económico y social la promoción
de la investigación, la ciencia y la tecnología” (folio 121, cuaderno 6).
En tercer término, el interviniente señala
que, en lo que se refiere a la propiedad intelectual, el tratado internacional “no
riñe con lo señalado en el artículo 61 de la Constitución” pues “está
previsto que las Partes garantizarán la protección adecuada y eficaz de la
propiedad intelectual que, con ocasión de los programas y proyectos ejecutados
por ambos países en desarrollo del Convenio, surja de los resultados obtenidos,
con base en las leyes nacionales y los convenios internacionales aplicables” (folio
121, cuaderno 6).
Concluye entonces que el Convenio “en
ninguno de sus apartes contraviene la Constitución y, por el contrario,
constituye un instrumento para alcanzar sus mandatos, en especial, los contenidos
en los artículos 79 y 71 en materia de promoción y fomento de la investigación,
la ciencia y la tecnología” (folio 121, cuaderno 6).
V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA
NACIÓN
El
Procurador General de la Nación, mediante concepto No. 4720 recibido en esta
Corporación el 19 de febrero de 2009, solicitó declarar la exequibilidad del
Convenio sometido a estudio, así como la Ley aprobatoria del mismo.
El
representante del Ministerio Público divide sus consideraciones en dos partes:
el análisis formal y el análisis material del tratado internacional objeto de
control y su ley aprobatoria.
En lo
relativo al análisis formal, el Procurador considera cumplidos a cabalidad
todos los requisitos constitucionales y legales de la adopción del Convenio y
del trámite legislativo de la respectiva ley aprobatoria. En concreto, resalta
que:
(i) El
proyecto de ley fue radicado en el Senado de la República por el Gobierno
Nacional como lo prescribe el artículo 154 Superior.
(ii) La
ponencia para primer debate en la Comisión Segunda del Senado aparece publicada
en la Gaceta del Congreso No. 561 del 23 de noviembre de 2006.
(iii) “[R]evisado
el trámite legislativo surtido en Comisión en el Senado, resulta claro que en
esta oportunidad se dio cumplimiento a la exigencia constitucional prevista en
el Acto Legislativo 01 de 2003, artículo 8. En efecto, durante la sesión del
día 22 de noviembre de 2006, se anunció la votación del proyecto de ley de la
referencia para la sesión del 28 de noviembre de 2006, y así sucedió
sucesivamente en las sesiones del 29 de noviembre de 2006, 5 y 12  de diciembre
de 2006, pero en la sesión del 13 de diciembre de 2006, finalmente se llevó a
cabo la discusión y aprobación del proyecto en mención. Así las cosas, la
aprobación del proyecto en primer debate en el Senado, pese a las sucesivas
prórrogas, se realizó de conformidad con el mandato constitucional indicado,
pues no se presentó un rompimiento en la cadena de anuncios” (folio 127,
cuaderno 6).
(iv) El
proyecto fue debatido y aprobado el 13 de diciembre de 2006, según consta en
Acta No. 30, publicada en la Gaceta del Congreso No. 280 de 14 de junio de
2007. “En oficio de 19 de junio de 2008, dirigido a la Secretaria General de
la Corte Constitucional, el Secretario General de la Comisión Segunda del
Senado afirmó que el proyecto se aprobó con un quórum decisorio integrado por
doce (12) de los trece (13) H. Senadores que conforman la Comisión Segunda del
Senado (…) fue aprobada por los Senadores conforme al inciso 1° del artículo
129 del Reglamento del Congreso” (folio 127, cuaderno 6).
(v) La
ponencia para segundo debate en el Senado de la República aparece publicada en la
Gaceta del Congreso No. 182 del 16 de mayo de 2007.
(vi) El
proyecto de ley fue anunciado en la sesión del 4 de septiembre de 2007, tal
como consta en el Acta No. 08 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso
No. 508 del 8 de octubre de 2007, para el día miércoles 5 septiembre de 2007.
(vii)
El proyecto de ley fue discutido y aprobado en la sesión que se llevó a cabo el
día  5 de septiembre de 2007, como se observa en el
Acta No. 09 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 509 del 8 de
octubre de 2007. “En oficio dirigido a la
Secretaria General de la Corte Constitucional el 2 de septiembre de 2008,
suscrito por el Secretario General del Senado, se establece que la votación fue
de 98 senadores que según el acta aparecen registrados como asistentes a la
plenaria al no solicitarse verificación del quórum, ni solicitud de votación
nominal, ni impedimentos, ni constancia de voto negativo” (folio 128, cuaderno 6).
(viii)
La ponencia para primer debate en la Cámara de Representantes fue publicada en la
Gaceta del Congreso No. 565 del 9 de noviembre de 2007.
(ix) El
proyecto de ley fue anunciado para primer debate en la sesión del 21 de
noviembre de 2007, tal como se observa en el Acta No. 16 de esa fecha,
publicada en la Gaceta del Congreso No. 197 de 30 de abril de 2008, para el miércoles siguiente (4 de diciembre de 2007).
(x) El
proyecto de ley fue debatido y aprobado en la sesión del miércoles 4 de
diciembre de 2007, tal como consta en el Acta No. 17 de esa fecha, publicada en
la Gaceta del Congreso No. 198 de 30 de abril de 2008. “En Certificación
suscrita por la Secretaria General de la Comisión Segunda Constitucional
Permanente, el 20 de junio de 2008 se indica que el proyecto fue aprobado en
primer debate con la asistencia de 18 Honorables Representantes (…) por
unanimidad” (folio 129, folio 6).
(xi) La
ponencia para segundo debate en la Cámara de Representantes fue publicada en la
Gaceta del Congreso No. 86 del 26 de marzo de 2008.
(xii) El
proyecto de ley fue anunciado para ser debatido y aprobado en Plenaria de la
Cámara en la sesión del 2 de abril de 2008 para el
martes siguiente (8 de abril de 2008), lo que puede verificarse en el Acta No.
99 de la fecha señalada, publicada en la Gaceta de Congreso No. 241 de 9 de
mayo de 2008.
(xiii)
El proyecto de ley fue debatido y aprobado en la sesión del 8 de abril de 2008,
como consta en el Acta No. 100 de esa fecha, publicada en la Gaceta Nº 242 de 9
de mayo de 2008. “Según certificación expedida el 17 de junio de 2008 por el
Secretario General de la Cámara de Representantes (E), la sesión contó con la
asistencia de 151 Representantes y fue considerado y aprobado por la mayoría de
los miembros presentes en la sesión, con arreglo a los mandatos del artículo
219 de la ley 5 de 1992” (folios 129 y 130, cuaderno 6).
(xiv) “Visto
el procedimiento legislativo se constata que se cumplió con la exigencia
constitucional del párrafo primero del artículo 160. Entre el primero y segundo
debate en cada una de las cámaras transcurrió un tiempo no inferior a ocho
días, así: la aprobación en primer debate en la Comisión Segunda del Senado
tuvo lugar el 13 de diciembre de 2006, mientras que la aprobación en la
Plenaria ocurrió el 5 de septiembre de 2007; igualmente, la aprobación en
primer debate en la Comisión Segunda de la Cámara tuvo lugar el 4 de diciembre
de 2007, mientras que la aprobación en segundo debate en la Plenaria se dio el
8 de abril de 2008. De otro lado, entre la aprobación del proyecto en el Senado
(5 de septiembre de 2007) y la iniciación del debate en la Cámara de
Representantes (4 de diciembre de 2007) transcurrió un lapso no inferior a los
quince días” (folio 130, cuaderno 6).
(xv) “[S]e
le dio cabal cumplimiento al artículo 162 Superior que señala que ningún
proyecto de ley podrá ser considerado en más de dos legislaturas” (folio
130, cuaderno 6).
(xvi) El
6 de mayo de 2008 el Presidente de la República sancionó la ley aprobatoria del
instrumento internacional objeto de examen, convirtiéndose en la Ley 1192 de
2008, y el texto de la ley fue remitido a la Corte Constitucional el 14 de mayo
de 2008, es decir, se hizo dentro del término de seis días señalados por el
artículo 241, numeral 10, de la Constitución.
En lo
que respecta al análisis material, el jefe del Ministerio Público concluye que
el Convenio “desarrolla y respeta los preceptos consagrados en la Carta
Política, pues acatando la soberanía nacional, busca salvaguardar los intereses
superiores del Estado dentro de un marco de reciprocidad y conveniencia
nacional” (folio 135, cuaderno 6).
Específicamente,
estima que “el Convenio de Cooperación afianza el proceso de integración,
toda vez que constituye un importante mecanismo para impulsar y promover
canales de cooperación y desarrollo, lo cual está en consonancia con los
postulados constitucionales consagrados en los artículos 9º, 226 y 227 de la
Constitución, que orientan la política exterior del Estado colombiano
referentes a la internacionalización de las relaciones políticas económicas y
sociales sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, así como
el respeto de la soberanía nacional y a la autodeterminación de los Estados. En
especial, el Convenio atiende la obligación constitucional del Estado de promover
la integración en el campo de la cooperación técnica y científica con las demás
naciones. Lo anterior fundamenta la celebración del presente instrumento
internacional, pues se presenta como una herramienta de integración entre
naciones para encontrar mecanismos de cooperación con el fin de lograr mayores
niveles de progreso social y económico” (folio 135, cuaderno 6).
Además,
considera que “es preciso referirse al artículo 3 del Convenio, en el que se
aclara que la viabilidad de las fuentes de financiamiento para actividades de
cooperación técnica y científica, se realizará bajo la modalidad de costos
compartidos, y asimismo, debe subrayarse lo indicado en el numeral 1, artículo
1, del Convenio, sobre la necesidad de no intervención en los asuntos internos
y las políticas de desarrollo establecidas en cada país, disposiciones que se
traducen en un claro respeto a la soberanía nacional del Estado colombiano”
(folio 135, cuaderno 6).
VI. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
La competencia y el objeto del control
Según lo previsto en el artículo 241
numeral 10 de la Constitución corresponde a la Corte realizar el control
automático de constitucionalidad de los tratados internacionales y las leyes
que los aprueban. Sobre el particular cabe resaltar que el control confiado a
esta Corporación en estos casos es completo, automático y versa sobre el
contenido material de la Convención y de su ley aprobatoria, así como sobre la
concordancia entre su trámite legislativo y las normas constitucionales
aplicables.
En relación con el aspecto formal la Corte
se encuentra llamada a examinar la validez de la representación del Estado
colombiano durante el proceso de negociación, celebración y suscripción del
tratado, al igual que la observancia de las reglas del trámite legislativo que
precedieron la aprobación de la ley sujeta a análisis. Sobre el particular, es
preciso advertir que el texto constitucional no dispone un procedimiento
legislativo especial para la expedición de una ley aprobatoria de un tratado
internacional, razón por la cual debe seguir, en términos generales, el mismo
trámite de una ley ordinaria. Empero, esta previsión opera salvo las
obligaciones de (i) iniciación del debate en el Senado de la República,
por tratarse de asuntos relativos a relaciones internacionales (Art. 154 C.N.);
y (ii) remisión de la ley aprobada a la Corte Constitucional, por parte
del Gobierno, para efectos de su revisión definitiva (Art. 241-10 C.N.).
En tal sentido, en razón del trámite
ordinario de la ley, se requiere: (i) la publicación oficial del proyecto de
ley; (ii) el inicio del procedimiento legislativo en la comisión constitucional
correspondiente del Senado de la República; (iii) la aprobación reglamentaria
en los debates de las comisiones y plenarias de cada una de las Cámaras (Art. 157
C.N.); (iv) que entre el primer y segundo debate medie un lapso no inferior a
ocho días y que entre la aprobación del proyecto en una de las Cámaras y la
iniciación del debate en la otra, transcurran por lo menos quince días (Art. 160
C.P.); (v) la comprobación del anuncio previo a la votación en cada uno de los
debates; y (vi) la sanción presidencial y la remisión del texto a la Corte
Constitucional dentro de los seis días siguientes, (Art. 241-10 C.P.).
Ahora bien, en cuanto al elemento material
del control de constitucionalidad, la labor de la Corte consiste en confrontar
las disposiciones del instrumento internacional y, a su vez, las de la ley
aprobatoria con la totalidad de los preceptos constitucionales, a fin de
determinar si se ajustan o no al texto constitucional.
1. La constitucionalidad del tratado internacional
y de la ley aprobatoria en sus aspectos formales
La revisión de constitucionalidad del
tratado materia de estudio así como de su ley aprobatoria, por aspectos de
forma, comprenderá la revisión de la validez de la representación del Estado
colombiano durante el proceso de negociación, celebración y suscripción del tratado
y la verificación del trámite legislativo de la Ley aprobatoria del mismo en el
Congreso de la República.
1.1. Remisión del tratado internacional y su ley
aprobatoria
Mediante oficio recibido el 14 de mayo del año en
curso, la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República remitió a esta
Corporación copia auténtica del “Convenio de Cooperación Técnica y Científica
entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República
Dominicana, suscrito en la ciudad de Bogotá a los 3 días del mes de agosto de 2004”,
y de la Ley 1192 de 2008 que lo aprueba, para que de conformidad con lo
previsto en el artículo 241, numeral 10 de la Constitución, la Corte decida
sobre la exequibilidad del tratado internacional y su ley aprobatoria.
1.2 Negociación y celebración del Tratado
La Corte Constitucional ha resaltado, en múltiples
oportunidades, el deber constitucional de revisar los tratados internacionales
y las leyes que los aprueban y ha afirmado que tal análisis implica comprobar
la existencia de las facultades del representante del Estado colombiano para
negociar, adoptar el articulado y autenticar el instrumento internacional
respectivo, de acuerdo con lo previsto en los artículos 7 a 10 de la Convención
de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados de 1969[1].
En cuanto a la representación del Estado
colombiano durante este proceso, el Convenio de Cooperación Técnica y
Científica entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la
República Dominicana” fue suscrito por la Ministra de Relaciones
Exteriores de Colombia, Carolina Barco Isakson, quien en virtud de sus
funciones y sin tener que presentar plenos poderes, se considera que representa
al Estado colombiano conforme al artículo 7 de la Convención de Viena sobre el
Derecho de los Tratados de 1969.
1.3. Trámite legislativo de la Ley 1192  de
2008
Con el fin de realizar el juicio de
constitucionalidad sobre el trámite legislativo de la Ley 1192 de 2008, en el
acápite 1.3.1 se realizará la descripción del trámite legislativo de la Ley
1192 de 2008 para luego proceder, en el numeral 1.3.3, a analizar el
cumplimiento de los requisitos constitucionales en el trascurso de tal
procedimiento legislativo.
1.3.1 Trámite de aprobación de la Ley 1192 de 2008 en el Senado de la República
Con fundamento en los antecedentes
legislativos, las actas publicadas en las Gacetas del Congreso de la República
y las certificaciones remitidas a la Corte Constitucional por el Senado de la
República y el Ministerio de Relaciones Exteriores se pudo verificar que el
trámite surtido en esa Corporación para la expedición de la Ley No. 1192 de 2008,
fue el siguiente:
1.3.1.1 Presentación del proyecto de ley
aprobatoria y primer debate en la Comisión Segunda del Senado
1.- El Ministerio de Relaciones Exteriores
presentó, el 13 de octubre de 2006, el proyecto de ley “por medio de la cual
se aprueba el Convenio de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de
la República de Colombia y el Gobierno de la República Dominicana” ante
la Secretaría General del Senado de la República (radicado bajo el número
144-06 Senado) junto con la exposición de motivos (folio 2, cuaderno1).
2.- El texto del proyecto de ley mencionado
se publicó junto con la respectiva exposición de motivos en la Gaceta del
Congreso No. 460 del 18 de octubre de 2006 (folios 3 a 6, cuaderno 2) .
3.- El informe de ponencia para primer
debate en la Comisión Segunda del Senado de la República fue presentado por el
Congresista Jesús Enrique Piñacué Achicué y se publicó en la Gaceta del
Congreso No. 561 del 23 de noviembre de 2006 (folios 23 a 27, cuaderno 2).
4.- En el acta número 25 de 2006 de la
Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República,
correspondiente a la sesión celebrada el 22 de noviembre de 2006, publicada en la
Gaceta del Congreso  número 278 del 14 de junio de 2007, se anunció la
discusión y votación del proyecto en la siguiente sesión (folio 3, cuaderno
8).
5.- En el acta número 26 de 2006 de la
Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República,
correspondiente a la sesión celebrada el 28 de noviembre de 2006, publicada en la
Gaceta del Congreso número 278 del 14 de junio de 2007, se incluyó el proyecto
de ley en cuestión para ser debatido y aprobado, a pesar de ello no se llevó a
cabo la discusión y aprobación del mismo, razón por la cual se anunció para el
día siguiente (folios 53 y 54, cuaderno 8).
6.- En el acta número 27 de 2006 de la
Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República,
correspondiente a la sesión celebrada el 29 de noviembre de 2006, publicada en la
Gaceta del Congreso número 279 del 14 de junio de 2007, se incluyó el proyecto
de ley para ser debatido y aprobado, sin embargo no se realizó su discusión y
aprobación, por lo cual se anunció para la siguiente sesión (folios 72 cuaderno
8).
7.- En el acta número 28 de 2006 de la
Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República,
correspondiente a la sesión celebrada el 5 de diciembre de 2006, publicada en la
Gaceta del Congreso número 279 del 14 de junio de 2007, se incluyó el proyecto
de ley en cuestión para ser debatido y aprobado, pero no se llevó a cabo la
discusión y aprobación del mismo, en razón de ello se anunció para la siguiente
sesión (folio 92, cuaderno 8).
8.- En el acta número 29 de 2006 de la
Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República,
correspondiente a la sesión celebrada el 12 de diciembre de 2006, publicada en la
Gaceta del Congreso número 280, se incluyó el proyecto de ley en cuestión para
ser debatido y aprobado, no obstante no se discutió por cuanto se verificó que
la comisión no contaba con quórum decisorio, razón por la cual se anunció para
el día siguiente (folio 49, cuaderno 2).
9.- De conformidad con lo establecido en el
Acta No. 30 de 2006 de la sesión celebrada el 13 de diciembre de 2006,
publicada en la Gaceta del Congreso número 280 del 14 de junio de 2007, se
verifica que la Comisión Segunda del Senado de la República aprobó en primer
debate el proyecto de ley (folios 59 y 60, cuaderno 2). Según la certificación
aportada por Felipe Ortiz Marulanda, Secretario General de la Comisión Segunda
del Senado de la República, el proyecto se aprobó con la votación unánime de 12
senadores presentes en la sesión de los 13 que conforman la comisión (folio 1,
cuaderno 2).
10.- El texto definitivo aprobado en primer
debate por parte de la Comisión Segunda Constitucional Permanente fue publicado
en la Gaceta del Congreso número 182 del 16 de mayo de 2007 (folio 310,
cuaderno 3).
1.3.1.2. Trámite en la Plenaria del Senado
1.- La ponencia para segundo debate por
parte del Senado de la República, presentada por el Senador Jesús Enrique
Piñacué Achicué, fue publicada en la Gaceta del Congreso número 182 del 16 de mayo
de 2007 (folios 306 a 310, cuaderno 3).
2.- En la Gaceta del Congreso No. 332 del
19 de julio de 2007 se publicó el Acta de Plenaria del Senado de la República No.
61 correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el 23 de mayo de 2007, en la
cual se anunció la discusión y votación del proyecto en la siguiente sesión
(folio 170, cuaderno 12), realizada el 30 de mayo de 2007 (folio 2, cuaderno
11).
3.- En la Gaceta del Congreso No. 323 del
16 de julio de 2007 se publicó el Acta de Plenaria del Senado de la República
No. 62 correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el 30 de mayo de 2007,
en la cual se incluyó dentro del orden del día la discusión y aprobación del
proyecto, a pesar de ello no fue objeto de debate y fue anunciado para la
siguiente sesión (folio 339, cuaderno 11), convocada el 5 de junio de 2007
(folio 353, cuaderno 11).
4.- En la Gaceta del Congreso No. 324 del
16 de julio de 2007 se publicó el Acta de Plenaria del Senado de la República
No. 63 correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el 5 de junio de 2007,
en la cual se incluyó dentro del orden del día la discusión y aprobación del
proyecto, sin embargo, no fue debatido y fue anunciado para la siguiente sesión
(folio 940, cuaderno 11), convocada el 7 de junio de 2007 (folio 964, cuaderno
11).
5.- En la Gaceta del Congreso No. 352 del
26 de julio de 2007 se publicó el Acta de Plenaria del Senado de la República
No. 64 correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el 7 de junio de 2007,
en la cual se incluyó dentro del orden del día la discusión y aprobación del
proyecto, pero tuvo lugar el debate correspondiente y fue anunciado para la
siguiente sesión (folio 232, cuaderno 11), convocada el 12 de junio de 2007
(folio 251, cuaderno 11).
6.- En la Gaceta del Congreso No. 414 del
28 de agosto de 2007 se publicó el Acta de Plenaria del Senado de la República
No. 65 correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el 12 de junio de 2007,
en la cual se incluyó dentro del orden del día la discusión y aprobación del
proyecto, no obstante, no fue objeto de debate y fue anunciado para la
siguiente sesión (folio 812, cuaderno 11), convocada el 14 de junio de 2007
(folios 1 y 2, cuaderno 11).
7.- En la Gaceta del Congreso No. 415 del
28 de agosto de 2007 se publicó el Acta de Plenaria del Senado de la República
No. 66 correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el 14 de junio de 2007,
en la cual se incluyó dentro del orden del día la discusión y aprobación del
proyecto, a pesar de ello no fue debatido y fue anunciado para la siguiente
sesión (folio 879, cuaderno 11), convocada el 19 de junio de 2007 (folio 901,
cuaderno 11).
8.- En la Gaceta del Congreso No. 416 del
28 de agosto de 2007 se publicó el Acta de Plenaria del Senado de la República
No. 67 correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el 19 de junio de 2007,
en la cual se incluyó dentro del orden del día la discusión y aprobación del
proyecto, sin embargo, no se discutió. El proyecto no fue anunciado para la
siguiente sesión, pues ésta fue la del 20 de julio de 2007 (folio 736, cuaderno
11), en la cual se eligieron y posesionaron el Presidente y el primer y el
segundo Vicepresidente del Senado de la República (acta de plenaria del Senado
de la República No. 1, folio 198, cuaderno 11).
9.- En la Gaceta del Congreso No. 462 del
20 de septiembre de 2007 se publicó el Acta de Plenaria del Senado de la
República No. 2 correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el 24 de julio
de 2007, en la cual se anunció la discusión y votación del proyecto en la
siguiente sesión (folio 45, cuaderno 12), realizada el 31 de julio de 2007
(folio 2, cuaderno 11).
10.- En la Gaceta del Congreso No. 463 del
20 de septiembre de 2007 se publicó el Acta de Plenaria del Senado de la
República No. 03 correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el 31 de julio
de 2007, en la cual se incluyó
dentro del orden del día la discusión y aprobación del proyecto, pero éste no
fue objeto de debate y fue anunciado para la siguiente sesión (folio 190,
cuaderno 11), convocada el 15 de agosto de 2007 (folios 1 y 2, cuaderno 11).
11.- En la Gaceta del Congreso No. 467 del
21 de septiembre de 2007 se publicó el Acta de Plenaria del Senado de la
República No. 04 correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el 15 de agosto
de 2007, en la cual se incluyó
dentro del orden del día la discusión y aprobación del proyecto, no obstante no
tuvo lugar el debate correspondiente y fue anunciado para la siguiente sesión (folios
360 y 361, cuaderno 3), convocada el 21 de agosto de 2007 (folio 407, cuaderno
3).
12.- En la Gaceta del Congreso No. 488 del 2
de octubre de 2007 se publicó el Acta de Plenaria del Senado de la República
No. 05 correspondiente a la sesión ordinaria del 21 de agosto de 2007, en la
cual se incluyó dentro del orden del día la discusión y aprobación del proyecto,
no obstante ésta fue aplazada para la siguiente sesión (folio 272, cuaderno 3),
convocada para el día siguiente (folio 304, cuaderno 3).
13.- En el Acta de Plenaria del Senado de la
República No. 06,  correspondiente a la sesión celebrada el 22 de agosto de
2007, publicada en la Gaceta del Congreso número 491 del 2 de octubre de 2007,
se incluyó el proyecto de ley para ser debatido y aprobado, a pesar de ello no
se llevó a cabo la discusión y aprobación del mismo por cuanto se verificó que
no se contaba con quórum decisorio, razón por la cual se anunció el proyecto
para la sesión del 28 de agosto de 2007 (folio 255 y 256, cuaderno 7).
14.- En la Gaceta del Congreso No. 486 del
2 de octubre de 2007 se publicó el Acta de Plenaria del Senado de la República
No. 07, correspondiente a la sesión ordinaria del 28 de agosto de 2007, en la
cual se incluyó dentro del orden del día la discusión y aprobación del
proyecto, sin embargo, ésta fue aplazada para la siguiente sesión (folio 308,
cuaderno 7), convocada para el día 4 de septiembre de 2007 (folio 405, cuaderno
7).
15.- En la Gaceta del Congreso No. 508 del
8 de octubre de 2007 se publicó el Acta de Plenaria del Senado de la República
No. 08 correspondiente a la sesión ordinaria del 4 de septiembre de 2007, fue
incluida la discusión y aprobación del proyecto en el orden del día, pero el
debate no se surtió y fue anunciada nuevamente para la siguiente sesión (folio
451, cuaderno 3), convocada para el 5 de septiembre de 2007 (folio 473,
cuaderno 3).
16.- En la Gaceta del Congreso No. 509 del 8
de octubre de 2007 se publicó el Acta de Plenaria del Senado de la República
No. 09 correspondiente a la sesión ordinaria del 5 de septiembre de 2007. Allí
consta que el Proyecto de Ley 144 de 2006 Senado “por medio de la cual se
aprueba el Convenio de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la
República de Colombia y el Gobierno de la República Dominicana”, suscrito
en la ciudad de Bogotá D. C., Colombia a los tres (3) días del  mes de agosto
de dos mil cuatro (2004), fue aprobado en forma unánime por los 98 Senadores
presentes en la sesión (folio 219, cuaderno 3).
17.- El texto definitivo aprobado en segundo
debate por parte de la Plenaria del Senado de la República el 5 de septiembre de
2007 fue publicado en la Gaceta del Congreso número 488 del 13 de septiembre de
2007 (folio 21, cuaderno 11).
1.3.2 Trámite de aprobación de la Ley 1192 de 2008 en la Cámara de Representantes
1.3.2.1. Trámite en la Comisión Segunda de la
Cámara de Representantes
1.- Radicado el Proyecto de Ley en la
Cámara de Representantes con el número 132 de 2007, se le repartió a la
Comisión Segunda Constitucional Permanente, siendo designado como ponente la
Representante Fabiola Olaya Rivera. El informe de ponencia fue publicado en la
Gaceta del Congreso No. 565 del 9 de noviembre de 2007 (folios 109 a 111,
cuaderno 4).
2.- En el Acta de la Comisión Segunda
Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes No. 16 de 2007,
correspondiente a la sesión celebrada el 21 de noviembre de 2007, publicada en la
Gaceta número 197 del 30 de abril de 2008, se anunció el proyecto de ley para
ser discutido y aprobado en la próxima sesión (folios 5 y 6, cuaderno 9).
3.- En el Acta de Comisión Segunda
Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes No. 17 de 2007,
fechada el 4 de diciembre de 2007, publicada en la Gaceta del Congreso número
198 del 30 de abril de 2008, se constata que el Proyecto de Ley fue aprobado (folio
22, cuaderno 9) una vez verificada la existencia de quórum decisorio conformado
por los 18 Representantes presentes en la sesión, según el certificado expedido
por Pilar Rodríguez Arias, secretaría general de la comisión (folio 1, cuaderno
4).
4.- El texto definitivo aprobado en primer
debate por parte de la Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara
de Representantes fue publicado en la Gaceta del Congreso número 086, del 26 de
marzo de 2008 (folio 104, cuaderno 4).
1.3.2.2 Trámite en la Plenaria de la Cámara
de Representantes
1.- El informe de ponencia para segundo
debate en la Cámara de Representantes, presentado por la Representante Fabiola
Olaya Rivera,  fue publicado en la Gaceta del Congreso número 086 del 26 de
marzo de 2008 (folios 101 a 104, cuaderno 4).
2.- En la Gaceta del Congreso No. 241 del 9
de mayo de 2008 se publicó el Acta de Plenaria número 99 del día miércoles 2 de
abril de 2008 en la que se anunció la discusión y aprobación del proyecto para
la sesión del martes 8 de abril de 2008 (folio 53, cuaderno 5).
3.- En la Gaceta del Congreso No. 242 del 9
de mayo de 2008 se publicó el Acta de Plenaria de la Cámara de Representantes
No. 100 correspondiente a la sesión ordinaria del  martes 8 de abril de 2008. Allí
consta que el Proyecto de ley número 132 de 2007 Cámara, 144 de 2006 Senado “por
medio de la cual se aprueba el Convenio de Cooperación Técnica y Científica
entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República
Dominicana”, suscrito en la ciudad de Bogotá D. C., Colombia a los 3 días
del mes de agosto de 2004, fue aprobado por la mayoría de los 151
Representantes presentes en la sesión, según certificación expedida por Jesús
Alfonso Rodríguez Camargo, Secretario General de la Cámara de Representantes (folio
3 y 18, cuaderno 5).
4.- El texto definitivo aprobado en segundo
debate por parte de la Plenaria de la Cámara de Representes el 8 de abril de
2008, fue publicado en la Gaceta del Congreso número 125 del 11 de abril de 2008
(folio 12, cuaderno 5).
5.- La Ley fue sancionada por el Presidente de la
República el día 6 de mayo de 2008 (folio 10, cuaderno 6) y aparece publicada
en el Diario Oficial 46.981 del 6 de mayo de 2008. El texto de dicha Ley fue
remitido a la Corte Constitucional para su revisión el día 9 de mayo de 2008 (folio
1, cuaderno 6).
Ahora bien, una vez ha sido concluida la
presentación del trámite legislativo de aprobación ofrecido al proyecto de ley,
es preciso adelantar un análisis acerca del cumplimiento de los requisitos
constitucionales.
1.3.3 El cumplimiento de los requisitos
constitucionales y legales en el trámite legislativo de la Ley 1192 de 2008
1.3.3.1 Iniciación del trámite en el Senado
A partir del examen efectuado por la Corte
Constitucional, pudo verificarse que el Proyecto de Ley inició su curso en el
Senado de la República, tal como lo indica el artículo 154 de la Constitución.
1.3.3.2 Término que debe mediar entre
debates
En lo que respecta a las exigencias
derivadas de lo dispuesto en el artículo 160 Superior, se encuentra que los
términos que deben mediar para las respectivas aprobaciones de un proyecto de
ley en la comisión constitucional respectiva y la plenaria correspondiente es
de 8 días, y entre la aprobación del proyecto en una Cámara y la iniciación del
debate en la otra, es de 15 días.
En el caso concreto es posible evidenciar
lo siguiente: el primer debate en el Senado de la República tuvo lugar el día
13 de diciembre 2006 y la aprobación en la Plenaria se llevó a cabo
durante la sesión del 5 de septiembre de 2007. Por su parte, el 4 de
diciembre de 2007 inició el debate del tratado en la Comisión II de la
Cámara de Representantes, el cual finalmente fue aprobado por la Plenaria de
esa Corporación el 8 de abril de 2008. De acuerdo con lo anterior, queda
demostrado que entre el primer y segundo debate en cada Cámara, transcurrió un
tiempo no inferior a ocho (8) días. Así mismo, pudo constatarse que entre la
aprobación del proyecto en el Senado y la iniciación del debate en la Cámara de
Representantes transcurrió un lapso no inferior a quince (15) días.
1.3.3.3 Publicaciones oficiales
En el numeral 1° del artículo 157 de la
Constitución se consagra la obligación de realizar la publicación oficial del
proyecto y de la ponencia por parte del Congreso de la República, antes de
darle curso en la comisión respectiva. Estas publicaciones se cumplieron así:
-    El texto del proyecto
de ley se publicó junto con la respectiva exposición de motivos en la Gaceta
del Congreso No. 460 del 18 de octubre de 2006 (folios 3 a 6, cuaderno 2) .
-
El informe de ponencia
para primer debate en la Comisión Segunda del Senado de la República fue
presentado por el Congresista Jesús Enrique Piñacué Achicué y se publicó en la
Gaceta del Congreso No. 561 del 23 de noviembre de 2006 (folios 23 a 27,
cuaderno 2).
-
El texto definitivo
aprobado en primer debate por parte de la Comisión Segunda Constitucional
Permanente fue publicado en la Gaceta del Congreso número 182 del 16 de mayo de
2007 (folio 310, cuaderno 3).
-
La ponencia para
segundo debate por parte del Senado de la República, presentada por el Senador
Jesús Enrique Piñacué Achicué, fue publicada en la Gaceta del Congreso número
182 del 16 de mayo de 2007 (folios 306 a 310, cuaderno 3).
-
La aprobación en
Plenaria de Senado aparece publicada en la Gaceta del Congreso número 280 del
14 de junio de 2007 (folios 59 y 60, cuaderno 2).
-
El texto definitivo
aprobado en segundo debate por parte de la Plenaria del Senado de la República
el 5 de septiembre de 2007 fue publicado en la Gaceta del Congreso número 488
del 13 de septiembre de 2007 (folio 21, cuaderno 11).
-
El informe de ponencia
para primer debate en la Cámara de Representantes fue publicado en la Gaceta
del Congreso No. 565 del 9 de noviembre de 2007 (folios 109 a 111, cuaderno 4).
-
El texto definitivo
aprobado en primer debate por parte de la Comisión Segunda Constitucional
Permanente de la Cámara de Representantes fue publicado en la Gaceta del
Congreso número 086, del 26 de marzo de 2008 (folio 104, cuaderno 4).
-
El informe de ponencia
para segundo debate en la Cámara de Representantes, presentado por la
Representante Fabiola Olaya Rivera, fue publicado en la Gaceta del Congreso número
086 del 26 de marzo de 2008 (folios 101 a 104, cuaderno 4).
-
La aprobación del
proyecto en Plenaria de Cámara aparece publicada en la Gaceta del Congreso No.
242 del 9 de mayo de 2008 (folio 18, cuaderno 5).
-
El texto definitivo
aprobado en segundo debate por parte de la Plenaria de la Cámara de Representes
el 8 de abril de 2008 fue publicado en la Gaceta del Congreso número 125 del 11
de abril de 2008 (folio 12, cuaderno 5).
-
La Ley 1192 de 2008
aparece publicada en el Diario Oficial 46.981 del 6 de mayo de 2008.
1.3.3.4 Quórum y Mayorías
Fue posible verificar que el trámite legislativo
observó el requisito del quórum decisorio en el sentido prescrito por el
artículo 146 de la Constitución Nacional, y que igualmente se cumplieron con
los debates y aprobaciones en las Comisiones Segundas Permanentes y en las
Plenarias de Senado y Cámara, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
160 y 163 superiores.
En tal sentido, se tiene que Felipe Ortiz
Marulanda, Secretario General a la Comisión Segunda del Senado de la República,
certificó lo siguiente:
“QUÓRUM DELIBERATORIO Y DECISORIO:
Integrado por doce (12) de los trece (13) H. Senadores que conforman la
Comisión Segunda del Senado.
VOTACIÓN: Fue aprobada por los senadores
conforme al inciso 1 del artículo 129 del Reglamento del Congreso” (folio 1, cuaderno 2).
En lo que concierne al quórum y
votación del proyecto de ley en Plenaria del Senado de la República, el
Secretario General del Senado no envió constancia alguna, a pesar de la
solicitud hecha por esta Corporación, sin embargo, como se puede comprobar en la
Gaceta del Congreso No. 509 del 8 de octubre de 2007 en la que se publicó el
Acta de Plenaria del Senado de la República No. 09 correspondiente a la sesión
ordinaria del 5 de septiembre de 2007, el proyecto fue aprobado en forma
unánime por los 98 Senadores presentes en la sesión (folio 219, cuaderno 3).
Respecto al quórum y votación del proyecto
de ley en la Comisión II de la Cámara de Representantes, la Secretaria General
de la Cámara de Representantes certificó lo siguiente:
“En sesión del día 4 de
diciembre de 2007, con la asistencia de los 18 Honorables Representantes, la
Comisión Segunda de la Cámara de Representantes dio primer debate y aprobó por
unanimidad el proyecto de ley 144/06 Senado 132/07 Cámara” (folio 1, cuaderno 4).
Finalmente, en lo respecta al quórum
y votación del proyecto de ley en Plenaria del Senado, se tiene que el
Secretario General de la Cámara de Representantes certificó mediante oficio del
13 de junio de 2008 lo siguiente:
“Que en la sesión del día miércoles ocho
(8) de abril de 2008, según constan en el acta de plenaria No. 100 del mismo
año, publicada en la Gaceta del Congreso No. 242 de 2008, se registro la
asistencia de ciento cincuenta y un (151) H. Representantes a la Cámara;
plenaria en la cual fue aprobado el proyecto de Ley No. 132 de 2007 Cámara -144
de 2006 Senado…por la mayoría de los miembros presentes en la sesión, con
arreglo a los mandatos del artículo 219 de la ley 5 de 1992” (folio 3, cuaderno 5).
1.3.3.5 Examen del cumplimiento del requisito del
anuncio previo consagrado en el artículo 160 constitucional dentro del trámite
legislativo de aprobación de la ley 1192 de 2008
El artículo 60
de la Constitución prescribe que “ningún proyecto de ley será sometido a
votación en sesión diferente a aquella que previamente se haya anunciado. El
aviso de que un proyecto será sometido a votación lo dará la Presidencia de
cada Cámara o Comisión en sesión distinta a aquella en la cual se realizará la
votación”. Respecto de tal exigencia, la jurisprudencia constitucional ha
determinado que su cumplimiento supone que el anuncio sea realizado[2]:
(i) en cada uno
de los debates reglamentarios,
(ii) por la
presidencia de la comisión o plenaria respectiva,
(iii) en una
sesión previa y diferente a aquélla en que la discusión y aprobación va a tener
lugar,
(iv) para una
sesión posterior en fecha futura y determinada o, al menos, determinable
(v) de forma
clara, empleando, preferiblemente, la indicación específica de que el anuncio
de los proyectos es para votación o, en su defecto, expresiones que permitan,
por su significado o por el contexto en el que fueron dictadas, colegir la
intención del anuncio, de manera que se realice la finalidad del requisito al
dar a conocer a los congresistas que en la sesión señalada va a tener lugar el
debate y aprobación del proyecto de ley anunciado; y, finalmente,
(vi) que el
proyecto no sea votado en sesión distinta a la anunciada previamente.
Con el fin de
constatar que el requisito del anuncio previo (artículo 160 de la Constitución)
se haya respetado en esta oportunidad, la Corte transcribirá y analizará, a la
luz de la jurisprudencia constitucional, cada uno de los avisos hechos en cada
una de las cámaras legislativas, tanto en comisión como en plenaria.
Anuncio del primer debate en la Comisión
Segunda del Senado de la República
En el acta número 29 de 2006 de la Comisión
Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República, correspondiente a
la sesión celebrada el 12 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta del
Congreso número 280, se puede verificar que el anuncio previo a la discusión y
votación del proyecto de ley 144 de 2006 Senado, que luego se convertiría en la
ley 1192 de 2008, se hizo de la siguiente manera:
“La señora Presidenta solicita a la
secretaría que entonces anunciemos los proyectos.
El señor Secretario procede a anunciar los
proyectos:
Si Señora Presidenta, hay quórum
deliberatorio. Para la próxima sesión se anuncian (sic) la discusión y votación de los siguientes
proyectos de ley:
Proyecto de ley número 144 de 2006 Senado
(…)
La señora Presidenta informa:
Entonces se cita para mañana a las 8:30 de
la mañana (…)”[3].
De conformidad con lo establecido en el
Acta No. 30 de 2006 de la sesión celebrada el 13 de diciembre de 2006,
publicada en la Gaceta del Congreso número 280 del 14 de junio de 2007, se
verifica que la Comisión Segunda del Senado de la República aprobó en primer
debate el proyecto de ley (folios 59 y 60, cuaderno 2).
Como se ve claramente, el anuncio hecho en la
Comisión Segunda del Senado de la República cumplió con todas las exigencias
constitucionales:
(i) Se hizo por la presidencia de la comisión;
(ii) En una sesión precedente (la del 12 de diciembre
de 2006) a aquélla en que tuvo lugar la aprobación (la del 13 de diciembre de
2006);
(iii) Para sesión posterior (la del 13 de diciembre de
2006) y en fecha futura y determinada dado que se usó la expresión “para la
próxima sesión” y se dijo que ésta era la de “mañana a las 8:30 de la
mañana”, es decir, la del 13 diciembre de 2006;
(iv) de forma clara, ya que se indicó que el anuncio
era para “discusión y votación”; y
(v) el proyecto de ley fue efectivamente discutido y
aprobado en la sesión para la que se había anunciado de forma previa, vale
decir, la del 13 de diciembre de 2006.
Anuncio del segundo debate en la Plenaria
del Senado de la República
En la Gaceta del Congreso No. 508 del 8 de
octubre de 2007 se publicó el Acta de Plenaria del Senado de la República No.
08 correspondiente a la sesión ordinaria del 4 de septiembre de 2007. En ella
se puede verificar que el anuncio previo a la discusión y votación del proyecto
de ley 144 de 2006 Senado, que luego se convertiría en la ley 1192 de 2008, se
hizo de la siguiente manera:
“Por instrucciones de la Presidencia y de
conformidad con el Acto Legislativo número 01 de 2003, la Secretaría anuncia
los proyectos que se discutirán y aprobarán en la próxima sesión.
Si señor Presidente, son 32 proyectos, son
los siguientes, para debatir en la próxima sesión:
(…)
Proyectos para segundo debate:
(…)
·
Proyecto de ley
número 144 de 2006 Senado, por medio del cual se aprueba el “Convenio de Cooperación Técnica y
Científica entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la
República Dominicana”, suscrito en la ciudad de Bogotá, D.C., Colombia, a los
tres (3) días del mes de agosto del año dos mil cuatro (2004).
(…)
Siendo las 11:50 p.m., la Presidencia
levanta la sesión y convoca para el día miércoles 5 de septiembre a las 12:00
m”[4].
En la Gaceta del Congreso No. 509 del 8 de
octubre de 2007 se publicó el Acta de Plenaria del Senado de la República No.
09 correspondiente a la sesión ordinaria del 5 de septiembre de 2007. Allí
consta que el Proyecto de Ley 144 de 2006 Senado “por medio de la cual se
aprueba el Convenio de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la
República de Colombia y el Gobierno de la República Dominicana”, suscrito
en la ciudad de Bogotá D. C., Colombia a los tres (3) días del mes de agosto de
dos mil cuatro (2004), fue aprobado en forma unánime por los 98 Senadores
presentes en la sesión (folio 219, cuaderno 3).
Sin mayores dificultades se puede concluir
que el anuncio hecho en la Plenaria del Senado de la República se ajusta a la
Constitución:
(i) Se hizo por la presidencia de la plenaria;
(ii) En una sesión precedente (la del 4 de septiembre
de 2007) a aquélla en que tuvo lugar la aprobación (la del 5 de septiembre de 2007);
(iii) Para sesión posterior (la del 5 de septiembre de
2007) y en fecha futura y determinada dado que se usó la expresión “para la
próxima sesión” y se dijo que ésta era la de “miércoles 5 de septiembre
a las 12:00 m”.
(iv) de forma clara, ya que se indicó que el anuncio
era para “discusión y votación”; y
(v) el proyecto de ley fue efectivamente discutido y
aprobado en la sesión para la que se había anunciado de forma previa: la del 5
de septiembre de 2007.
Anuncio en el primer debate en la Comisión Segunda de la
Cámara de Representantes
En el Acta de la Comisión Segunda
Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes No. 16 de 2007,
correspondiente a la sesión celebrada el 21 de noviembre de 2007, publicada en la
Gaceta número 197 del 30 de abril de 2008, se constata que el anuncio previo a
la discusión y votación del proyecto de ley 144 de 2006 Senado, 132 de 2007
Cámara, que luego se convertiría en la ley 1192 de 2008, se hizo de la
siguiente manera:
“Hace uso de la palabra la Secretaria de la
Comisión, doctora Pilar Rodríguez Arias:
Ha sido aprobada señora Presidenta,
proceder a los anuncios ordenados por usted.
Tercero:
Anuncio de proyectos de ley anunciados para
aprobarse en la próxima sesión de Comisión.
(…)
Proyecto de ley número 144 Senado, 132 de
2007 Cámara, “por
medio de la cual se aprueba el Convenio de Cooperación Técnica y Científica
entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República
Dominicana”, suscrito en la ciudad de Bogotá D. C., Colombia a los tres (3)
días del  mes de agosto de dos mil cuatro (2004)”[5].
En el Acta de Comisión Segunda
Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes No. 17 de 2007,
fechada el 4 de diciembre de 2007, publicada en la Gaceta del Congreso número
198 del 30 de abril de 2008, se constata que el Proyecto de Ley fue aprobado
(folio 22, cuaderno 9).
La Corte considera que el anuncio hecho en la
Comisión Segunda de la Cámara de Representantes se ajusta a la Constitución
pues:
(i) Se hizo por la presidencia de la plenaria;
(ii) En una sesión precedente (la del 21 de noviembre
de 2007) a aquélla en que tuvo lugar la aprobación (la del 4 de diciembre de
2007);
(iii) Para sesión posterior (la del 4 de diciembre de
2007) y en fecha futura y determinable dado que se usó la expresión “para la
próxima sesión”. En este punto resulta relevante reiterar que la
jurisprudencia de esta Corporación ha indicado que para considerar cumplido el
requisito del anuncio no es necesario
señalar la fecha exacta de la sesión en que va a llevarse a cabo la votación,
pues lo que se exige es que, por lo menos, dicha fecha sea determinable[6].
Con el fin de establecer lo que debe entenderse por determinable en el contexto
del anuncio, ha señalado[7] que expresiones como “para
la siguiente sesión” o “en la próxima sesión” , son suficientes para
considerar que sí se definió la fecha y sesión en la cual el proyecto de ley en
trámite debe ser votado y, por tanto, para considerar cumplido el requisito de
aviso previo.
(iv) de forma clara, ya que se indicó que el anuncio
era para “aprobación”; y
(v) el proyecto de ley fue efectivamente discutido y
aprobado en la sesión para la que se había anunciado de forma previa, es decir,
la sesión inmediatamente siguiente a la del 21 de noviembre de 2007 que tuvo
lugar el 4 de diciembre de 2007 lo que se puede comprobar en el hecho de que el
número de las actas de tales sesiones es continuo (actas número 16 y 17 de
2007).
Anuncio en el segundo debate en la Plenaria de la
Cámara de Representantes
En la Gaceta del Congreso No. 241 del 9 de
mayo de 2008 se publicó el Acta de Plenaria número 99 del día miércoles 2 de
abril de 2008. En ella se puede ver que el anuncio previo a la discusión y
votación del proyecto de ley 144 de 2006 Senado, 132 de 2007 Cámara, que luego
se convertiría en la ley 1192 de 2008, se hizo de la siguiente manera:
“El Secretario General de la Cámara de
Representantes doctor Jesús Alfonso Rodríguez informa:
En cumplimiento de la Constitución Política
se anuncian los siguientes proyectos para la próxima sesión del martes o para
la próxima sesión en que se debatan proyectos de ley.
Proyectos para segundo debate, Proyecto de
ley por medio del cual se aprueba el Convenio de Cooperación Técnica y
Científica entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la
República Dominicana”[8].
En la Gaceta del Congreso No. 242 del 9 de
mayo de 2008 se publicó el Acta de Plenaria de la Cámara de Representantes No.
100 correspondiente a la sesión ordinaria del  martes 8 de abril de 2008. Allí
consta que el Proyecto de ley número 132 de 2007 Cámara, 144 de 2006 Senado “por
medio de la cual se aprueba el Convenio de Cooperación Técnica y Científica
entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República
Dominicana”, suscrito en la ciudad de Bogotá D. C., Colombia a los 3 días
del  mes de agosto de 2004, fue aprobado (folio 3 y 18, cuaderno 5).
A juicio de la Corte el anuncio hecho en la
Plenaria de la Cámara de Representantes respeta el artículo 160 de la Constitución
porque:
(i) Se hizo por la presidencia de la plenaria;
(ii) En una sesión precedente (la del 2 de abril de
2008) a aquélla en que tuvo lugar la aprobación (la del 8 de abril de 2008);
(iii) Para sesión posterior (la del 8 de abril de 2008)
y en fecha futura y determinada dado que se usó la expresión “para la
próxima sesión del martes”, cuya fecha fue 8 de abril de 2008.
(iv) de forma clara, ya que se indicó que el anuncio
era “en cumplimiento de la Constitución Política”, lo que da ha entender
que su objetivo era satisfacer la exigencia del artículo 160 de la misma. Al
respecto la Corte ha considerado que la Constitución no prevé el uso de una locución específica para
hacer el anuncio de que trata el artículo 160, razón por la cual no hay una
suerte de fórmula sacramental[9]. Teniendo en cuenta lo
anterior, ha estimado que “si el propósito del mismo es prevenir
oportunamente a los miembros de las cámaras y a la ciudadanía sobre los asuntos
que son tramitados y decididos por el Congreso, para dar cabida al principio
que propugna por la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal (C.P.
art. 228), lo que resulta relevante es que la expresión que se utilice conduzca
inequívocamente a asegurar la observancia de la aludida exigencia
constitucional”[10], como
sucede en este caso en el que expresamente se indicó que la finalidad del aviso
era ésta.
(v) el proyecto de ley fue efectivamente discutido y
aprobado en la sesión para la que se había anunciado de forma previa, es decir,
la sesión del martes inmediatamente siguiente al 2 de abril de 2008, que tuvo
lugar el 8 de abril de 2008, lo que, además, se puede verificar en el hecho de
que el número de las actas de tales sesiones es continuo (actas número 99 y 100
de 2008).
En conclusión, de conformidad con la jurisprudencia
reseñada, en esta oportunidad, la Corte constata que los anuncios se realizaron
en cada uno de los debates de la Ley 1192 de 2008 de la forma indicada en el artículo
160 de la Constitución.
1.3.3.6. La sanción presidencial y la
remisión del texto a la Corte Constitucional
La Ley fue sancionada por el Presidente de la
República el día 6 de mayo de 2008 (folio 10, cuaderno 6) y su texto fue
remitido a la Corte Constitucional para su revisión el día 9 de mayo de 2008
(folio 1, cuaderno 6), es decir, dentro de los seis días siguientes como lo
ordena el artículo 241-10 de la Constitución.
2. La constitucionalidad del tratado
internacional y de la ley aprobatoria en sus aspectos materiales
2.1 Descripción general del contenido del
tratado internacional y de su ley aprobatoria
De conformidad con el artículo I, el Convenio que se
revisa tiene por objeto “promover la cooperación científica y
técnica” entre Colombia y República Dominicana, razón por la cual la obligación
fundamental que adquieren las partes consiste en “dar impulso a las
acciones de cooperación con base en los principios de beneficio mutuo,
reciprocidad, respeto a la soberanía, no intervención en los asuntos internos y
las políticas de desarrollo establecidas en cada país”.
La misma disposición señala la forma mediante la
cual se debe dar cumplimiento a la obligación contraída, pues indica que la
cooperación técnica y científica se hará mediante “la formulación y ejecución de programas y proyectos
en áreas de interés común conformidad con las prioridades establecidas en sus
estrategias y políticas de desarrollo económico y social”, los que serán ejecutados “de conformidad con las disposiciones
generales del presente Convenio y las normas establecidas en cada país”. Según se desprende del artículo VII, que
trata sobre los instrumentos y medios para la realización de la cooperación,
los programas y proyectos podrán vertirse en “Convenios Complementarios” celebrados por las Partes.
Las áreas, en las cuales se desarrollarán
programas y proyectos de cooperación técnica y científica, son especificadas
por el artículo IV: “Agropecuaria,
Agua Potable y Saneamiento Básico, Arte y Cultura, Comercio e inversiones,
Comunicación, Ciencia y Tecnología, Desarrollo Productivo, Desarrollo y
Población, Educación, Justicia, Medio Ambiente, Modernización del Estado, Minas
y Energía, Salud, Trabajo, Vivienda, Transporte y Desarrollo Urbano”. Sin embargo, estas se pueden ampliar de
común acuerdo en el futuro.
Los programas y proyectos de cooperación técnica y
científica, en las áreas antes descritas, podrán adquirir las modalidades
descritas por el artículo V. Estas son:
(i) “Capacitación
e intercambio de especialistas, profesionales, investigadores y profesores
universitarios”
(ii) “Estudios
e investigación”
(iii) “Recepción de Expertos”
(iv) “Capacitación
y pasantías en instituciones de reconocido prestigio y nivel de excelencia”
(v) “Intercambio
de información estadística, técnica y tecnológica, para el desarrollo de los
proyectos conjuntos”
(vi) “Otorgamiento
de becas para estudios de especialización profesional y estudios intermedios de
capacitación técnica”
(vii) “Prestación de servicios de consultoría”
(viii) “Organización de seminarios, talleres, cursos y conferencias y otros
mecanismos conjuntos de intercambio académico y científico”
(ix) “Proyectos
integrales”.
(x) “Envío
de equipo y material necesario para la ejecución de proyectos específicos”
(xi) “Cualquier
otra actividad de cooperación que sea convenida por las Partes para el
desarrollo del presente convenio”.
En cuanto a la financiación de los programas y
proyectos de cooperación técnica y científica, el artículo III indica que éstos
se ejecutarán, fundamentalmente, “bajo la modalidad de costos compartidos” entre las Partes. Sin
embargo, no se excluye “cualquier
otra conlleve a los objetivos de dicha colaboración”, por lo que expresamente se contempla la
posibilidad de que las Partes puedan solicitar, de común acuerdo, “la participación de terceros países y/u
organismos internacionales, tanto para la financiación, como para la ejecución de
programas y proyectos”.
En relación con las entidades responsables del
cumplimiento del Convenio en cada país, el artículo II señala que Colombia
designó al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Agencia Colombiana de
Cooperación Internacional – ACCI y República Dominicana a la Secretaría Técnica
de la Presidencia de la República. Tal como señaló el Ministerio de Medio
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en su intervención, la ACCI y la
Red de Solidaridad Social se integraron en una nueva entidad estatal denominada
Agencia Presidencial para la
Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social), por esta razón la
función que el tratado otorgó a la ACCI debe entenderse ahora como
responsabilidad de Acción Social.
Según el artículo VI, las mencionadas entidades
conformarán, junto con “otros representantes y expertos que las instituciones consideren
necesarios”, una “Comisión Mixta de Cooperación Técnica y
Científica”, la cual será
la “instancia de
funcionamiento e instrumentación de la Cooperación entre Colombia y República
Dominicana” y el organismo
ante el cual se deberán presentar los programas y proyectos específicos de
cooperación técnica y científica.
La Comisión Mixta cumplirá las siguientes funciones:
(i) Analizar
y determinar los campos prioritarios en los que se puedan realizar programas y
proyectos específicos de cooperación técnica y científica
(ii) Proponer
y coordinar las actividades, proyectos y acciones concretas en relación con los
objetivos del Presente Convenio, y definir los medios necesarios para su
realización y evaluación
(iii) Identificar nuevos sectores y áreas de cooperación
(iv) Buscar
los medios adecuados para prevenir las dificultades que se puedan presentar en
los campos cubiertos por el presente Convenio
(v) Controlar,
hacer seguimiento, evaluar las actividades y formular las recomendaciones y
modificaciones necesarias para garantizar el cumplimiento de los objetivos
propuestos
(vi) Incentivar
la aplicación de los resultados logrados en el curso de la cooperación
(vii) Informar a las Partes sobre las recomendaciones que tengan por objeto
la expansión de los intercambios y la diversificación de la cooperación
(viii) Definir un programa bienal de trabajo, que contemple proyectos específicos,
agentes ejecutores y fuentes de financiación
La Comisión Mixta “se reunirá cada dos años, en forma alternada, en la
República de Colombia y en República Dominicana”, pero “las Partes podrán convocar de común acuerdo y cuando lo consideren
necesario, reuniones extraordinarias”.
El Convenio también prevé que “con el fin de revisar la cooperación
bilateral y preparar las Reuniones de la Comisión Mixta, se realizarán anualmente
Reuniones de Evaluación y Seguimiento”, en las que “se pueden incorporar nuevos proyectos y actividades
de cooperación que las Partes convengan”. A ella deben asistir:
(i) Por una parte, “los representantes del Ministerio de Relaciones
Exteriores; de la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional, ACCI y de
las Instituciones Técnicas Colombianas y los Representantes de la Embajada de la
República Dominicana en Bogotá” y,
(ii) Por otra, “los representantes de la Secretaría Técnica de la
Presidencia de la República y de la Secretaría del Estado de Relaciones
Exteriores, y los representantes de la Embajada de la República de Colombia en
Santo Domingo”.
El artículo VIII trata el tema de la protección de la propiedad
intelectual “generada o
aplicada en desarrollo de las actividades de cooperación” e impone a las Partes la obligación de
garantizar su “protección
adecuada y eficaz (…) en concordancia con sus leyes nacionales y los convenios
internacionales aplicables”. Además
prescribe que “el derecho
de propiedad intelectual, derivado de los programas y proyectos bilaterales o
de otros programas de cooperación ejecutados dentro del marco del (…) Convenio,
será ejercido conjuntamente por las instituciones competentes”, refiriéndose a las entidades responsables
del cumplimiento del Convenio. Como consecuencia de lo anterior, “la información de carácter científico y
tecnológico, obtenida a lo largo de la ejecución del (…) Convenio, que se
encuentre bajo la protección de la propiedad intelectual, no podrá ser
transferida a terceras personas sin el previo consentimiento de la otra Parte”.
El artículo IX se refiere al régimen del “personal que en forma oficial intervenga
en los proyectos de cooperación”. En primer lugar indica que éste “se someterá a las disposiciones [del] Convenio”. En segundo lugar aclara que “no podrá dedicarse a ninguna actividad
ajena a sus funciones, ni recibir remuneración alguna, fuera de las estipuladas
por las Partes”. En tercer
lugar, señala que las Partes deberán conceder a “los funcionarios expertos o técnicos enviados por el
Gobierno de cualquiera de las Partes (…) que no sean nacionales ni extranjeros,
residentes en el país” lo
siguiente:
(i) “los
privilegios y exenciones que para funcionarios o peritos respectivamente,
contiene la Convención de Privilegios e Inmunidades del 13 de febrero de 1946
de las Naciones Unidas”.
(ii) “La
obtención del visado correspondiente para el funcionario, experto o técnico y
los miembros de su familia que se encuentren bajo su dependencia directa y
convivan con él por el término de su misión, prorrogable por un plazo
prudencial, para que efectúen los arreglos pertinentes para su salida del
país”.
(iii) “Documento de identificación en el que se haga referencia a la
protección especial y respaldo que les concede el Gobierno del Estado
receptor”.
(iv) “Exención
del pago de impuesto de aduana para el ingreso y salida del país del menaje
doméstico. También estarán exentos de dichos impuestos el equipo y material
necesario para la ejecución de los proyectos”.
El artículo X regula lo relacionado con la solución de
controversias. En concreto prescribe “las discrepancias que pudieran surgir de la
interpretación o aplicación del presente Instrumento serán resueltas por las
Partes, por cualquiera de los medios de solución pacífica de controversias
contemplados por los acuerdos vigentes entre las Partes y el Derecho
Internacional”.
El artículo XI indica que el Convenio que se revisa “sustituirá al Convenio de Cooperación
Económica, Comercial y Técnica, suscrito entre Gobierno de la República de
Colombia y el Gobierno de la República Dominicana, en la ciudad de Santo
Domingo, el 20 de diciembre de 1969”.
Por último, el artículo XII dispone ciertas cosas
acerca de la entrada en vigencia, la duración, la modificación y la denuncia
del Convenio. En cuanto a la entrada en vigencia, prescribe que “entrará en vigor, en la fecha de recibo de
la segunda nota diplomática mediante la cual las Partes se informen, del
cumplimiento de sus requisitos legales y constitucionales para la vigencia del
instrumento. En relación
con la vigencia indica que “tendrá
una vigencia de cinco (5) años, y se renovará automáticamente por períodos
iguales, si ninguna de la Partes manifiesta por escrito, vía diplomática, su
deseo de no prorrogarlo, con una antelación de por lo menos seis meses a la
fecha de terminación del periodo respectivo”. Respecto de la modificación señala que “podrá ser modificado por las Partes, de
común acuerdo, por vía diplomática”. Finalmente, en lo relativo a la denuncia, dice que “cualquiera de las Partes podrá denunciar
el (…) Convenio, mediante la notificación escrita, por vía diplomática, que
surtirá efecto seis (6) meses después de la fecha de recibo de la Nota
correspondiente. Los proyectos y programas de cooperación que se encuentren en
curso, continuarán ejecutándose hasta su culminación, salvo que las Partes
acuerden lo contrario”.
En cuanto a la ley 1192 de 2008, ésta se limita a
aprobar el Convenio objeto de análisis antes descrito.
2.2 Análisis de constitucionalidad del
contenido del tratado internacional
Como se vio, el Convenio bajo examen tiene por objeto
promover la cooperación científica y técnica entre nuestro país y República
Dominicana. Al respecto, en diversas providencias referidas a los instrumentos
internacionales en materia de cooperación técnica, científica y tecnológica[11],
esta Corte ha señalado que no contravienen la Carta Política pues, por el
contrario, este tipo de acuerdos desarrollan varias disposiciones
constitucionales, tales como (i) el artículo 70 conforme al cual “el Estado
tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los
colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente
y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional…”; (ii) los
mandatos constitucionales que indican que es deber del Estado promover la
competitividad, la productividad y la formación tecnológica de los trabajadores
(artículos 54 y 334) y (iii) la orientación de la política exterior colombiana
hacia la integración latinoamericana y del caribe (artículos 9 y 227 C.P.), en
tanto se refiere a la cooperación con un país de la región.
Además, en esta oportunidad, la Corte considera que el
tratado que se revisa impone compromisos sobre la base de facultades y prestaciones
equilibradas de las que ambas partes se benefician, lo que resulta acorde con el
mandato de la internacionalización de las relaciones exteriores colombianas,
sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional contenido en el
artículo 226 de la Constitución y con el artículo 9 que ordena que las
relaciones exteriores del Estado se fundamenten en la soberanía nacional, en el
respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los
principios del derecho internacional aceptados por Colombia. Así lo demuestran
varios artículos del Convenio.
Por ejemplo, el artículo I del Convenio indica que los
programas y proyectos de cooperación se formularán y ejecutarán “en
áreas de interés común”, de conformidad con las prioridades establecidas en
las estrategias y políticas de desarrollo económico y social de ambos países, y
“con base en los principios de beneficio mutuo, reciprocidad, respeto a la
soberanía, no intervención en los asuntos internos”. Así mismo, el artículo
III prevé que la financiación de los programas y proyectos de cooperación
técnica y científica se hará, fundamentalmente, “bajo la modalidad de costos
compartidos” entre las Partes. De la misma forma, tanto la Comisión
Mixta como las Reuniones de Evaluación y Seguimiento, creadas como por el
artículo VI, tienen participación equilibrada de ambas partes. Por su parte, el
artículo VIII  prescribe que “el derecho de propiedad intelectual, derivado
de los programas y proyectos bilaterales o de otros programas de cooperación
ejecutados dentro del marco del (…) Convenio, será ejercido conjuntamente por
las instituciones competentes”. Finalmente, según el artículo IX, ambas
partes deberán conceder a “los funcionarios expertos o técnicos enviados por
el Gobierno de cualquiera de las Partes (…) que no sean nacionales ni
extranjeros, residentes en el país” los mismos privilegios y exenciones.
En cuanto al artículo XII, es evidente que la
forma de entrada en vigencia del Convenio respeta los requisitos que la
Constitución colombiana impone para que el Estado colombiano se obligue
internacionalmente (artículos 189-2, 150-16 y 241-10) ya que indica que “entrará en vigor, en la fecha de recibo de
la segunda nota diplomática mediante la cual las Partes se informen, del
cumplimiento de sus requisitos legales y constitucionales para la vigencia
del instrumento” (subrayado
fuera del texto original). Por último, las previsiones en torno a la
duración y denuncia del Convenio, comunes en derecho internacional, respetan la
Constitución pues nuestro Estado, en ejercicio de su soberanía, tiene la
posibilidad de manifestar si desea de permanecer o no obligado por el mismo.
Después de exponer lo anterior, la Corte
considera necesario pronunciarse específicamente sobre dos de las disposiciones
normativas contenidas en el Convenio.
2.2.1 La constitucionalidad de los convenios
complementarios contemplados en el artículo VII
En primer término, a juicio de la Corte, es pertinente
emitir un pronunciamiento concreto sobre el artículo VII del tratado
internacional objeto de control. Este aborda el tema de los “instrumentos y medios para la realización
de la cooperación” y
prescribe que “Con el fin de facilitar la realización de los objetivos de la
cooperación estipulada en el presente Convenio, las Partes podrán celebrar
Convenios Complementarios, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo II del presente
Convenio. En dichos Convenios Complementarios, se designarán las entidades
ejecutoras de cada proyecto” (subrayado fuera del texto original).
La Corte Constitucional, con ocasión del
control automático de los tratados internacionales de cooperación, se ha pronunciado
en varias oportunidades acerca de la constitucionalidad de los denominados convenios
o acuerdos complementarios.
La jurisprudencia constitucional ha
reconocido de entrada que, por regla general, los convenios de cooperación
entre dos o más estados son tratados marco o básicos que se limitan,
fundamentalmente, a imponer a las partes la obligación de impulsar la
cooperación en determinada área (cultural, científica y técnica, militar, entre
otras) y a establecer parámetros generales conforme a los cuales se deberán
proponer, acordar y ejecutar los proyectos o programas de cooperación
específicos[12][13]. Esta particularidad determina que sea
usual que en esta clase de convenios se incluyan cláusulas en las que se facultan
a las partes para celebrar, en el futuro, acuerdos o convenios
complementarios en los cuales se vierten los programas o proyectos de
cooperación concretos, tal como lo hace, en el artículo VII, el tratado
internacional que se revisa. La finalidad de dichos acuerdos es “ofrecerle a
los Estados Partes un instrumento ágil y eficaz mediante el cual se puedan
poner en operación las diversas acciones de cooperación (…) delimitadas en el
(…) Convenio, lo cual constituye el objetivo del mismo”[14].
El problema jurídico que ha surgido, en
sede de control de constitucionalidad, respecto de los mencionados acuerdos o
convenios complementarios es si éstos son tratados internacionales o no, pues
en el primer caso Colombia sólo podrá prestar su consentimiento, de acuerdo con
la Constitución de 1991, tras la aprobación por parte del Congreso de la
República (artículo 150-16) y el control automático de esta Corte (artículo
241-10), requisitos que no serían necesarios en el segundo caso[15].
Así mismo, si se arriba a la primera conclusión, la facultad que otorga el
convenio de cooperación consistente en celebrar futuros acuerdos o convenios
complementarios estaría supeditada, en el caso de Colombia, al cumplimiento de
los requisitos constitucionales ya señalados, lo que no sucedería si se
concluyera lo segundo.
La Corte, desde la sentencia C-363 de 2000,
ha resuelto el interrogante planteado indicando que los acuerdos o convenios
complementarios no son tratados internacionales, sino instrumentos
internacionales que desarrollan de forma directa un tratado internacional de
cooperación, el cual ha sido ratificado con el lleno de las exigencias
constitucionales contempladas en los artículos 150-6 y 241-10. En este sentido,
tales acuerdos o convenios no generan la asunción de nuevas obligaciones
para los estados partes, distintas de las contraídas a raíz de la
ratificación del tratado internacional de cooperación, y por ello no
requieren de aprobación por parte del Congreso ni control automático por parte
de esta Corporación. Ha dicho la Corte:
“A juicio de la Corporación, si se trata de
un instrumento internacional que no genera nuevas obligaciones para Colombia,
por ser desarrollo directo de un tratado negociado, suscrito, aprobado y
revisado en la forma prevista en la Constitución Política (artículos 189,
numeral 2., 150, numeral 16., 241, numeral 10) puede prescindirse del trámite
de aprobación parlamentaria y ponerse en vigor por el Presidente de la
República, en ejercicio de la competencia que posee para la dirección de las
relaciones internacionales. Al igual que cuando se trata de declaraciones de
enunciados políticos, de actos unilaterales del Estado colombiano o de acuerdos
verbales, instrumentos que no están sometidos a la formalidad de la aprobación
legislativa, la cual se aplica únicamente a los tratados propiamente dichos. Ni
menos aún a control constitucional por parte de esta Corporación. En efecto, si
se trata de instrumentos en los que simplemente se contempla la ejecución por
el Jefe de la Rama Ejecutiva de actividades que le son propias en virtud de sus
funciones y de sus competencias exclusivas y discrecionales, no hay lugar a que
la Corporación sea llamada a confrontar dichas acciones con la Carta” [16].
Como consecuencia de lo anterior, a juicio
de la Corte, Colombia puede prestar su consentimiento frente a los acuerdos o
convenios complementarios con la firma del Presidente de la República, en su
calidad de director de las relaciones internacionales, o con la de sus agentes
debidamente autorizados, sin trámites internos adicionales, pues tales
instrumentos internacionales corresponden
a una de las clases de los llamados acuerdos simplificados[17],
es decir, aquéllos en los cuales el estado parte se obliga con la sola firma de
su representante[18].
La Corte, en la sentencia C-363 de 2000, aclaró
que su posición respecto del procedimiento simplificado de los acuerdos o
convenios complementarios no contradecía la sentencia C-400 de 1998.
En ésta última providencia se revisó la
constitucionalidad de la “Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados
entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones
Internacionales”, la cual prevé, entre otras cosas, que existen varias formas
en la cuales un Estado o una
organización internacional pueden manifestar su consentimiento de obligarse en
virtud de un tratado internacional, a saber, la firma (art. 12), el canje de
instrumentos (art. 13) la ratificación o confirmación formal (art. 14) la adhesión
(art. 16) o cualquier otra forma que se hubiere convenido (art. 11). Frente a
lo anterior, la Corte consideró que, según la Constitución de 1991, Colombia sólo
puede obligarse legítimamente a nivel internacional una vez se hayan surtido
los trámites internos de aprobación del tratado tal y como lo ordena la Carta
Política, por consiguiente, el jefe de Estado, o su representante, sólo podrá
recurrir a las formas señaladas una vez surtidos los trámites internos
previstos por la Constitución, pues de lo contrario, se violarían
manifiestamente las normas constitucionales, y ordenó hacer una reserva al
respecto.
Lo anterior significaría que los acuerdos
simplificados vulneran la Constitución colombiana y que, por ésta misma razón,
la sentencia C-363 de 2000 sería opuesta a la sentencia C-400 de 1998. Sin
embargo, esta Corporación aclaró que ello no sucedía pues la posición de la
sentencia C-400 de 1998 “busca impedir que sin el lleno de los requisitos
constitucionales pueda el Estado Colombiano comprometerse internacionalmente ex
novo; por ello, en la medida en que el acuerdo simplificado  forme parte, como
necesario instrumento de ejecución, de un tratado que haya sido sometido al
trámite completo y propio de los tratados y no contenga obligaciones nuevas que
excedan el marco de los compromisos expresamente enunciados en el tratado
sujeto a aprobación legislativa y control de constitucionalidad, no se ve razón
constitucional que imponga la sumisión a los trámites completos y al control de
la Corte”[19].
Bajo la argumentación explicada se han
considerado ajustadas a la Constitución las cláusulas de los tratados
internacionales de cooperación que facultan a las partes para celebrar, en el
futuro, acuerdos o convenios complementarios.
La posición jurisprudencial a la que se ha hecho
referencia fue precisada en la sentencia C-1258 de 2000[20].
En aquélla oportunidad, la Corte afirmó que cuando los denominados convenios
complementarios impliquen la asunción de obligaciones nuevas, diferentes o adicionales
a las del tratado de cooperación inicial, no tendrían la calidad de
acuerdos simplificados sino de tratados internacionales que “de conformidad con la Constitución, deben
ser sometidos a la aprobación del Congreso y al control automático de
constitucionalidad”.
En aplicación de la mencionada precisión, algunas de
las sentencias posteriores introdujeron condicionamientos a la
constitucionalidad de la facultad otorgada por los tratados de cooperación a
las partes consistente en suscribir, en el futuro, convenios o acuerdos
complementarios. Así, en la sentencia C-303 de 2001 se dijo: “este Tratado
es constitucional condicionadamente en la medida que los Acuerdos
Complementarios previstos en este Convenio: a) No contengan nuevas obligaciones
distintas a las pactadas en el mismo; b) Se enmarquen dentro de los propósitos
y objetivos del Convenio, que pretende “desarrollar el conjunto de las
relaciones y científicas entre los dos países”, con base en el respeto de los
principios de igualdad de ventajas mutuas como lo dice el Preámbulo; y c) No se
modifique el convenio, ni se refieran dichos Acuerdos a aspectos diferentes a
la cooperación técnica y científica entre los dos Estados (…) si se crean
nuevas obligaciones, o se modifica o adiciona el Convenio, debe someterse a los
procedimientos constitucionales de aprobación del Congreso y revisión de
constitucionalidad por esta Corporación, de conformidad con lo dispuesto por
los artículos 150 numeral 16, 189 numeral 2° y 241 de la Constitución”[21].
Como es bien sabido, cuando esta Corporación considera que una norma es
constitucional condicionadamente significa que ésta “es exequible sólo si es
interpretada de cierta manera”[22], pues
cualquier otra interpretación vulnera la Constitución; ello quiere decir que,
según la jurisprudencia constitucional, la facultad de celebrar acuerdos
complementarios a los tratados de cooperación sólo es acorde con la Carta
Política si se interpreta de la forma señalada.
Ahora bien, en un pronunciamiento posterior esta
Corporación añadió  que, debido al condicionamiento que se debe hacer a la
constitucionalidad de los acuerdos o convenios complementarios,  en el momento
en que el Gobierno manifieste el consentimiento frente al tratado internacional
de cooperación deberá formular una declaración interpretativa en la que
se indique que “en caso de que [los acuerdos o convenios
complementarios] impliquen la asunción de nuevas obligaciones o la
modificación de las convenidas en virtud del Acuerdo original, deberán ser
sometidos a aprobación interna, según los trámites establecidos en la
Constitución Política”[23]. El
hecho de introducir tal declaración significa que Colombia se obliga a respetar
la facultad de celebrar convenios complementarios sólo si ésta es interpretada
de conformidad con el condicionamiento introducido por la Corte a dicha
facultad, ya que, de otro modo, se vulneraría la Constitución Colombiana de
1991, específicamente los artículos 150, numeral 16, y 241[24].
En definitiva, la jurisprudencia ha condicionado la
constitucionalidad de los convenios complementarios a que cuando involucren la
adquisición de obligaciones diferentes a aquéllas del tratado de cooperación
inicial deben ser sometidos a la aprobación del Congreso y al control
automático de constitucionalidad por tratarse de verdaderos tratados
internacionales. Condicionamiento que debe ser vertido en una declaración
interpretativa en el momento en que el Gobierno manifieste el consentimiento
frente al tratado internacional de cooperación.
De conformidad con lo anterior, la Corte considera que
el artículo VII del “Convenio
de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la República de
Colombia y el Gobierno de la República Dominicana”, que autoriza a los
Estados Partes a celebrar futuros convenios complementarios, es constitucional
condicionadamente en la medida en que tales acuerdos:
a) Se enmarquen dentro de los propósitos y objetivos
del tratado de cooperación inicial,
b) No contengan obligaciones nuevas, distintas o
adicionales a las pactadas en el tratado de cooperación inicial, y
c) No modifiquen el tratado de cooperación inicial.
En este sentido, si tales los convenios
complementarios exceden los fines del tratado de cooperación inicial, o lo
modifican, o crean compromisos nuevos, distintos o adicionales deben someterse
a los procedimientos constitucionales de aprobación del Congreso y revisión de
constitucionalidad por esta Corporación, de conformidad con lo dispuesto por
los artículos 150 numeral 16 y 241 de la Constitución de 1991.
Como resultado de condicionamiento antes explicado, el
Gobierno, al momento de manifestar su consentimiento, deberá formular la
respectiva declaración interpretativa. El hecho de introducir tal declaración
significa que Colombia se obliga a respetar el artículo VII del Convenio que se
revisa, sólo si es interpretado de conformidad con el condicionamiento
introducido por esta Corte a dicha norma ya que, de otro modo, se vulneraría la
Constitución Colombiana de 1991, específicamente los artículos 150, numeral 16,
y 241.
La declaración interpretativa que se deberá introducir
es permitida por el tratado bajo estudio, pues debe recordarse que, tal como lo
ha manifestado la jurisprudencia de esta Corporación, aun cuando los tratados
bilaterales no admiten reservas pues ello constituiría un desacuerdo, “es
posible que las partes, al perfeccionarlo, emitan declaraciones interpretativas
respecto de algunas de sus normas”[25].
2.2.2  La constitucionalidad de la modificación del
tratado “por vía diplomática” contemplada en el artículo XII
En segundo lugar, resulta fundamental emitir un
pronunciamiento concreto sobre el tercer inciso del artículo XII del tratado
internacional objeto de control. Este, frente al tema de la modificación del
tratado, prescribe que “(…)
Este Convenio podrá ser modificado por las Partes, de común acuerdo, por vía
diplomática”. La disposición transcrita no desconoce per
se la Constitución, sin embargo, es necesario aclarar como se debe entender
la expresión “vía diplomática”, de modo tal que su interpretación no
llegue, en ningún caso, a contradecirla.
Debe tenerse en cuenta que las enmiendas o
modificaciones, como su nombre lo indica, alteran o varían el contenido del
tratado internacional inicialmente suscrito, de modo tal que el alcance de las
obligaciones contraídas en un principio y todas las condiciones y reglas que las
regulan no son las mismas. He ahí la razón para que las enmiendas o modificaciones
de un tratado internacional estén sometidas al mismo procedimiento de
aprobación por parte del Congreso y control constitucional que los tratados[26]
ya que, según los artículo 150 numeral 16 y 241 de la Constitución de 1991, el
Presidente de Colombia sólo puede manifestar válidamente el consentimiento
frente a las obligaciones contenidas en un tratado internacional, previa
satisfacción de estos requisitos[27]. En este orden de ideas,
la locución antes referida no se puede significar el desconocimiento de tales exigencias
constitucionales.
De conformidad con lo anterior, la Corte
considera que el inciso tercero del artículo XII del “Convenio de Cooperación Técnica y Científica entre
el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República
Dominicana”, que autoriza a los Estados Partes a modificar de común acuerdo
el tratado internacional por vía diplomática, es constitucional
condicionadamente en la medida en que las tales modificaciones se sometan a
aprobación del Congreso de la República (artículo 150-16) y al control
automático de esta Corte (artículo 241-10).
Como resultado de condicionamiento antes explicado, el
Gobierno, al momento de manifestar su consentimiento, deberá formular la
respectiva declaración interpretativa.
VII. DECISION
En mérito de lo expuesto, la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE
Primero: Salvo
lo dispuesto en los numerales siguientes de la presente sentencia, DECLARAR EXEQUIBLE el “Convenio de Cooperación Técnica y Científica entre
el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República
Dominicana, suscrito en la ciudad de Bogotá, Colombia a los 3 días del mes de
agosto de 2004” y la Ley 1192 de 2008 que lo aprueba.
Segundo. DECLARAR EXEQUIBLE CONDICIONADAMENTE el artículo VII del “Convenio
de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la República de
Colombia y el Gobierno de la República Dominicana, suscrito en la ciudad de
Bogotá, Colombia a los 3 días del mes de agosto de 2004”. Como consecuencia
de ello se ORDENA al Presidente de la República que al prestar
consentimiento realice una declaración interpretativa respecto del artículo VII
según la cual los convenios complementarios deben (i) enmarcarse dentro de los
propósitos y objetivos del tratado de cooperación inicial, (ii) no deben
contener obligaciones nuevas, distintas o adicionales a las pactadas en el
tratado de cooperación inicial y (iii) no deben modificar el tratado de cooperación
inicial; pues si tales convenios exceden los fines del tratado de cooperación
inicial, o lo modifican, o crean compromisos nuevos, distintos o adicionales
deben someterse a los procedimientos constitucionales de aprobación del
Congreso y revisión de constitucionalidad por la Corte Constitucional, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 150 numeral 16 y 241 de la
Constitución Colombiana de 1991.
Tercero.- EXEQUIBLE
CONDICIONADAMENTE el tercer
inciso del artículo XII del “Convenio de Cooperación Técnica y Científica
entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República
Dominicana, suscrito en la ciudad de Bogotá, Colombia a los 3 días del mes de
agosto de 2004”, el cual prescribe que “Este Convenio podrá ser
modificado por las Partes, de común acuerdo, por vía diplomática”.  Como
consecuencia de ello se ORDENA al Presidente de la República que al
prestar consentimiento realice una declaración interpretativa respecto del tercer
inciso del artículo XII, según la cual toda modificación al Convenio se deberá
someter a aprobación del Congreso de la República (artículo 150-16) y al
control automático de la Corte Constitucional (artículo 241-10).
Cópiese, notifíquese, comuníquese al
Presidente de la República, al Presidente del Congreso y al Ministerio de
Relaciones Exteriores, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
NILSON ELÍAS PINILLA PINILLA
Presidente
JUAN CARLOS HENAO PÉREZ
Magistrado
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] El
artículo 7° de la citada Convención dispone que la representación de un Estado
para todo lo relativo a la celebración de un tratado es válida en cualquiera de
los siguientes casos: (1) cuando la persona delegada presenta los adecuados
plenos poderes (7.1-a); (2) si de la práctica del Estado, o de otras
circunstancias, se deduce que existe la intención de considerar a la persona
que participa en la negociación como la representante del Estado para esos
efectos, prescindiendo de la presentación de plenos poderes (7.1-b); o (3)
cuando se deduce de las funciones que cumple la persona delegada, sin tener que
presentar plenos poderes (7.2). En este último caso, el mismo artículo
considera que, por razón de sus funciones, representan a su Estado para los
efectos de negociar y adoptar el texto de un tratado: (i) los jefes de Estado,
jefes de Gobierno y ministros de relaciones exteriores (7.2-a); (ii) el jefe de
la misión diplomática ante el Estado con el cual se va a celebrar (7.2-b) y
(iii) el representante acreditado por el Estado ante una conferencia
internacional o ante una organización internacional o uno de los órganos de
ésta (7.2-c).Verificada la ocurrencia de alguna de las circunstancias
descritas, debe entenderse cumplido el requisito de representación del Estado
para cada una de las diversas etapas dentro de la celebración de un tratado
internacional.
[2]
Al respecto ver las sentencias C-387 de 2008, C-923 de 2007, C-933 de 2006,
C-576 de 2006, C-322 de 2006, C-241 de 2006, entre otras.
[3] Folio
49, cuaderno 2.
[4] Folios 450 y 473,
cuaderno 3.
[5] Folios 5 y 6, cuaderno 9.
[6] Sentencia C-933 de 2006 y
Auto 089 de 2005.
[7] Sentencias C-933 de 2006,
C-533 de 2004 y C-473 de 2005.
[8] Folio 53, cuaderno 5.
[9] Sentencia C-933 de 2006, C-473
de 2005, C-241 de 2006 y C-322 de 2006
[10] Sentencia C-933 de 2006.
[11]
Ver entre otras las sentencias C-176-06, C-154-05, C-264-02, C-862-01,
C-303-01,  C-1439-00, C-1258-00, C-186-99, C-379-97, C-104-97 y C-047-97.
[12] Sentencias C-047-97 y C-363-00.
[13] Sentencia C-363 de 2000.
[14] Ibídem.
[15]
La única excepción a estas exigencias, que además es temporal, está contemplada
en el artículo 224 de la Constitución de la siguiente forma: “Los tratados,
para su validez, deberán ser aprobados por el congreso. Sin embargo, el
Presidente de la República podrá dar aplicación provisional a los tratados de
naturaleza económica y comercial acordados en el ámbito de organismos
internacionales, que así lo dispongan. En este caso tan pronto como un tratado
entre en vigor provisionalmente, deberá enviarse al congreso para su
aprobación. Si el Congreso no lo aprueba se suspenderá la aplicación del
tratado”.
[16]
Sentencia C-363 de 2000. Reiterada por las sentencias C-1258
de 2000, C-1439 de 2000, C-303 de 2001, C-862 de 2001, C-264 de 2002, C-533 de
2004, C-557 de 2004, C-150 de 2005, C-154 de 2005, C-241 de 2005 y C-176 de
2006, entre otras.
[17]
Ibídem.
[18]
Este tipo de acuerdos están previstos por el derecho internacional de los
tratados en el artículo 12 de la Convención de Viena sobre el
derecho de los tratados de 1969 y en el mismo artículo de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1986. Se debe recordar que existen dos
Convenciones de Viena sobre el derecho de los tratados: una de 1969 (conocida
como Viena I) y otra de 1986 (conocida como Viena II). La primera regula los
tratados suscritos entre Estados y la segunda los tratados sucritos entre
Estados y organizaciones internacionales o entre estas.
[19] Sentencia C-363 de 2000.
[20] Reiterada
por la sentencias C-1439 de 2000, C-303 de 2001, C-862 de 2001, C-264 de 2002,
C-557 de 2004, C-150 de 2005, C-154 de 2005, C-241 de 2005 y C-176 de 2006,
entre otras.
[21] Formula seguida por las
sentencias C-862 de 2001 y C-264 de 2002.
[22] Sentencia
C-176 de 1994.
[23] Sentencia
C-154 de 2005. Reiterada, a propósito de un problema jurídico similar, por la
sentencia C-241 de 2005.
[24]
Sobre el concepto de declaración interpretativa, ver la
sentencia C-176 de 1994.
[25] Sentencia C-160 de 2000.
Reiterada por la sentencia C-780 de 2004.
[26] Sentencia
C-991 de 2000 y C-176 de 1997.
[27] Al
respecto, ver la sentencia C-400 de 1998.