T-346-02
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
T-346/02
PROCESO DE FILIACION NATURAL-Prueba antropoheredobiológica
Se establece como regla de imperativo cumplimiento -para todos los
juicios de investigación de la paternidad o la maternidad- la prueba pericial
sobre las características heredo-biológicas paralelas entre el hijo y su
presunto padre o madre.  Prueba que a su turno tendrá la virtualidad de
corroborar o invalidar las presunciones contempladas en el artículo 6 de la
misma ley 75, poniéndose de manifiesto entonces su carácter prevalente e
indispensable en todos los juicios de investigación de la paternidad o la
maternidad.  Por donde, en el evento de la investigación de la paternidad,
siempre que se haya localizado al hombre demandado, el juez natural deberá
obtener sin excepción la mencionada prueba pericial a efectos de fallar el caso
dentro de los mejores parámetros de certeza probatoria. Pues bien vistas las
cosas, no es recomendable ni conveniente que la premura judicial se constituya
en óbice para la materialización del derecho positivo.
PROCESO DE FILIACION-Desatención de las partes en la práctica
de la prueba antropoheredobiológica/PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL
Referencia:
expediente T-469.656
Acción de tutela
incoada por wilfrido Roncallo Visbal contra el Juzgado Cuarto de Familia de
Cartagena y la Sala Civil-Familia del Tribunal superior de Cartagena.
Magistrado Ponente:
Dr. JAIME ARAUJO RENTERIA
Bogotá, D.C., nueve
(9) de mayo de dos mil dos (2002).
La Sala Primera de
Revisión de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86
y  241, numeral 9, de la Constitución Política y en el Decreto 2591 de 1991, ha
proferido la siguiente
SENTENCIA
dentro del proceso
de revisión de los fallos dictados en el asunto de la  referencia por la Sala Laboral
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena y por la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
ANTECEDENTES
1. Hechos y solicitud de amparo
El ciudadano
Wilfrido Roncallo Visbal, actuando en nombre propio formuló demanda de tutela
en pos de la protección del derecho al debido proceso, el cual considera
quebrantado por los despachos demandados.
Al respecto
afirmó que en virtud de un proceso de investigación de la paternidad él fue
declarado padre de la menor Milena Margarita a través de sentencia del 5 de
julio de 1994 del Juzgado Cuarto de Familia de Cartagena.  Providencia que fue
proferida desatendiendo el artículo 7 de la ley 75 de 1968 en tanto se juzgó
sin contar con las pruebas suficientes, siendo evidente la ausencia de la
prueba genética pese a su decreto judicial;  donde además se debía considerar
que la madre tuvo relaciones sexuales con otros hombres diferentes al demandado
durante la época de la concepción de la menor.
Prosiguió el
peticionario destacando que durante la primera instancia en dos oportunidades
se frustró la práctica de la prueba genética (en la segunda por su propia
inasistencia), circunstancia que a pesar de ser reconocida por el a quo no
constituyó óbice para la expedición de su sentencia.  Decisión de la cual
conoció en apelación la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Cartagena
quien también ordenó la prueba de H.L.A., que a la postre resultó frustrada por
inasistencia de la demandante, de la niña y del señor Héctor Augusto Duque Salazar,
varón que sostuvo relaciones sexuales con la actora durante la época de la
concepción.  De suerte tal que los dos falladores resolvieron de fondo en forma
apresurada, esto es, sin pruebas que apuntaran siquiera indiciariamente hacia
la certeza de unas tales relaciones sexuales.  En este sentido el Tribunal no
estimó el testimonio de Héctor Augusto Duque Salazar aduciendo que el juzgado
de primera instancia no hizo la notificación del auto por el cual se ordenó la
práctica del mismo.  Prueba testimonial que en todo caso debió ser decretada
nuevamente por el Tribunal en la medida en que el señor Duque reconoció haber
mantenido relaciones sexuales con la demandante en la época de la concepción de
la menor.
El Juez
Cuarto de Familia de Cartagena contestó diciendo que el hecho de que no se esté
de acuerdo con una determinada providencia judicial que le sea adversa a los
intereses del tutelante no constituye por sí solo vulneración del derecho de
acceso a la justicia y del debido proceso, siempre y cuando la providencia
contenga una resolución motivada y ajustada a derecho, con el cabal respeto a
los procedimientos y garantías previstos en la Constitución y la ley.  El juez
de tutela no constituye instancia revisora de la actuación probatoria del juez
de conocimiento, a menos que se quiera invadir el fuero de independencia y
autonomía que a él le preserva la Carta Política, por ello mismo, si el actor
tenía alguna inconformidad frente a la valoración de las pruebas debió
interponer los recursos ordinarios y extraordinarios, siendo claro que en el
presente asunto, el recurso de casación interpuesto no se pudo surtir por
falencias de la parte recurrente.  Por manera que la acción de tutela no se
puede admitir como mecanismo para revivir instancias o trámites específicos.
Por su parte
el Magistrado Ponente de la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de
Cartagena contestó advirtiendo que la prueba de genética sí fue ordenada, a
saber:  dos veces en primera instancia y una vez en el Tribunal.  Cosa distinta
es que por circunstancias ajenas a los despachos judiciales dicha prueba no se
pudo realizar.  Que al respecto la Corte Suprema de Justicia afirmó en
sentencia del 8 de noviembre de 2000:
“(...) En este sentido, como para
establecer la paternidad no existe tarifa probatoria alguna, precisa la Corte
que la omisión de la práctica del dictamen antropoheredobiológico a que hace
referencia el artículo 7 de la ley 75 de 1968, o el HLA o el VNTR/ RFLP O EL
STR, entre otros, forzosamente no impide que la filiación –conforme a las
circunstancias- sea judicialmente declarada al amparo de otros medios de
convicción, porque tales exámenes, si bien de ineludible práctica en la hora
actual no ha (sic) sido en el pasado ni en el presente un medio de prueba per
se excluyente. (...)”
Con apoyo en
esta cita afirmó el magistrado que de ser excluyente la prueba genética, ella
bastaría por sí sola con prescindencia de la práctica de pruebas diferentes.
Además, que por otra parte la Sala encontró demostradas las relaciones sexuales
entre quienes fueron partes dentro del proceso de investigación de la
paternidad natural.  Por lo mismo, es de entender que la sentencia
confirmatoria se dictó con apego a las normas rectoras, vale decir, respetando
el debido proceso, donde, pese a la ausencia de la prueba genética obraron en
autos pruebas suficientes para declarar la paternidad en cabeza de Roncallo
Visbal.
2. Sentencias
objeto de revisión
La Sala Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena mediante fallo del 28 de
marzo de 2001 negó la tutela impetrada por el demandante, pues en su concepto
no se configuró la vía de hecho alegada en el libelo petitorio.  Al respecto expresó:
La acción de tutela
contra funcionarios judiciales es mucho más excepcional que contra otras
autoridades públicas, resultando por tanto restrictiva, y es por eso que la
Corte Suprema ha sostenido que las controversias de tipo legal tanto procesal como
sustancial, no pueden, en modo alguno, solucionarse por los jueces de tutela,
tanto menos cuando las instancias judiciales legalmente establecidas para ello,
fueron efectivamente agotadas;  o cuando habiéndose tenido la oportunidad para
ejercitarlas, aún en el marco del mismo proceso judicial, mediante la
interposición de los recursos correspondientes, el supuestamente agraviado
guardó absoluto silencio.  Lo contrario sería admitir que la tutela es un
instrumento al alcance de los litigantes para rescatar pleitos perdidos o para
recuperar oportunidades procesales fenecidas, “(...) porque ello implicaría
no solo desconocer el principio de seguridad jurídica, (...) sino también hacer
a un lado los principios de independencia y autonomía que caracterizan la
administración de justicia”.
En el presente caso
el actor alega vía de hecho, con la consecuencial vulneración del debido
proceso.  Del expediente relativo a la investigación de paternidad se deduce
que la aludida prueba genética, si bien es una prueba que da más seguridad para
establecer la paternidad, no es la única que pueda conducir a tal conclusión.
En todo caso, la frustración de dicha prueba no obstaba para que los jueces de
instancia fallaran de fondo el asunto puesto a su consideración.  En cuanto a
la desestimación del testimonio rendido por Héctor Augusto Duque es del caso
señalar que en la sentencia de segundo grado se aclaró tal situación
indicando:  “(...) porque su forma de recepción viola los principios de
publicidad y contradicción que deben rodear a toda prueba”.
Evidente resulta que
la posición de los jueces demandados no corresponde a una vía de hecho sino a
una interpretación jurídica, enmarcada dentro de la realidad fáctica que
proporcionan las pruebas allegadas al proceso de investigación de paternidad.
Entonces, no puede tenerse por vulnerado el debido proceso en los fallos
acusados por el actor.
De la impugnación
contra la anterior decisión conoció la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, quien mediante fallo del 17 de mayo de 2001 confirmó la
denegación bajo las siguientes consideraciones:
Basta con hacer
notar que la tutela resulta a todas luces improcedente por no ser legalmente
posible interferir las actuaciones de jueces, puesto que los artículos 11, 12 y
40 del Decreto 2591, que aparentemente servían de sustento al ejercicio de la
acción contra providencias judiciales, fueron declarados inexequibles.  Por lo
anterior, ante el efecto de cosa juzgada de la sentencia C-543 de 1992 la
acción de tutela contra providencias judiciales ya no es posible, pues lo
contrario atentaría contra el principio constitucional de separación y
autonomía de las jurisdicciones.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL Y FUNDAMENTOS DE LA DECISION
1.     Competencia.
La Corte Constitucional es competente para
revisar los fallos de instancia proferidos en el trámite de este proceso, en
virtud de los artículos 86 y 241 de la Carta Política;  corresponde a la Sala
Primera de Revisión de Tutelas adoptar la decisión respectiva, según el
reglamento interno y el auto de la Sala de Selección Número 6 del 28 de junio
de 2001.
2.     El problema jurídico planteado
Corresponde a la Sala determinar si la
acción de tutela constituye el instrumento procesal adecuado para que el
demandante obtenga la protección del derecho al debido proceso, merced a la
acusación de dos sentencias que en su sentir entrañan una vía de hecho.
2.1. Solución al problema planteado
Sea lo primero reiterar lo afirmado por
esta Corporación en torno a la revisión de providencias judiciales, donde al
efecto obra la sentencia SU-014 de 2001 que en lo pertinente dice:
“A partir de la sentencia C-543 de 1992,
la Corte ha señalado que la tutela únicamente procede contra providencias
judiciales cuando estas constituyan vías de hecho. La Corporación ha indicado
que este fenómeno se presenta cuando en la decisión judicial se “incurra en un defecto sustantivo, fáctico,
orgánico o procedimental, de tal magnitud que pueda afirmarse que la misma se
aparta, de manera ostensible, del ordenamiento jurídico. Ha dicho esta Corte
que el defecto sustantivo se configura siempre que la decisión se encuentre
fundada en una norma claramente inaplicable al caso concreto. A su turno, el
llamado defecto fáctico se origina cuando resulta evidente que el apoyo
probatorio en que se basó el juez para aplicar una determinada norma es
completamente impertinente o insuficiente. El defecto orgánico, se refiere a
aquellas situaciones en las cuales el funcionario judicial carece absolutamente
de competencia para resolver el asunto de que se trate. Por último, el defecto
procedimental, se presenta en aquellos casos en los cuales el juez se desvía
por completo del procedimiento fijado por la ley para dar trámite al proceso
respectivo.[1]”[2]
Cabe advertir que no cualquier defecto de esta naturaleza transforma la decisión
judicial en vía de hecho.  Se precisa, además, que estos defectos sean
protuberantes y manifiestos[3].
De lo actuado se
desprende que el actor pretende inscribir sus glosas dentro del defecto
fáctico, esto es, “cuando resulta evidente que el apoyo probatorio en
que se basó el juez para aplicar una determinada norma es completamente
impertinente o insuficiente”.  Empero, tal hipótesis no se configuró en
autos, según pasa a verse:
El 26 de agosto de
1988 la señora Carmen Cecilia Vélez Rumié presentó demanda de investigación de
paternidad contra Wilfrido Roncallo Visbal ante el Juzgado Promiscuo de Menores
de Cartagena (turno), asunto del cual conoció y falló el Juzgado Cuarto
Promiscuo de Familia de Cartagena.  En desarrollo del correspondiente proceso
se allegó la constancia de nacimiento de la menor Milena Margarita Vélez, su
registro civil y su registro de huellas plantares.  Asimismo el juzgado
practicó diligencia de confrontación entre demandante y demandado, al propio
tiempo que le recibió testimonio a Moraima del Carmen Pacheco Romero, Miladis
López Manjares, Myriam Zapata Barrios, Ruby Camacho López, Eduardo Luis Bossio
Ortiz, Luis Martín Roncallo Fandiño, Antonio Ramón Molina Joly, Edgardo Sánchez
Espinosa y Héctor Duque.
Es de observar que la
declaración del señor Héctor Duque –que según el tutelante debió ser estimada-
se tomó en forma irregular, tal como se deriva del folio 59 del cuaderno de
primera instancia que al respecto dice:
“Doy cuenta
a usted con el presente proceso, informándole que el Doctor CARLOS SALCEDO
DONADO, apoderado de la parte demandada, ha solicitado la recepción en forma
inmediata del testimonio del señor  HÉCTOR DUQUE, aprovechando que se encuentra
de paso en la ciudad y presente en el despacho (...).
“(...)
“Visto el
anterior informe de secretaría, se ordena recibir, seguidamente, el testimonio
del señor HÉCTOR DUQUE, aprovechando que se encuentra presente en la secretaría
del juzgado y que su dicho es importante dentro del presente proceso (...)”
Culmina el auto de
cúmplase  con la firma del juez y de su secretaria.  Seguidamente –el mismo
día- el juzgado practicó el testimonio decretado incontinenti, con
manifiesto desmedro de los principios de la publicidad y contradicción de la
prueba.  Vulneración por demás suficiente para que al momento de fallar el
juzgado de instancia no le otorgara mérito alguno a tan exótica versión
“testimonial”.
Ahora bien, la prueba
antropoheredobiológica fue decretada por el Juzgado Segundo Promiscuo de
Menores de Cartagena mediante auto del 1º de diciembre de 1989, la cual le fue
practicada a Wilfrido Roncallo Visbal, a Carmen Cecilia Vélez Rumie y a la
menor Milena Margarita por parte del ICBF, el cual determinó COMPATIBLE la
impresión sobre paternidad (fls. 24 y 29 cuaderno 1ª instancia).  Como esta
prueba fue considerada no satisfactoria el Juzgado Cuarto Promiscuo de
Familia de Cartagena (quien avocó el conocimiento posteriormente) fijó los días
21 y 22 de octubre de 1992 para la nueva práctica de la prueba HLA (fl.114
idem).  Con oficio del 18 de mayo de 1993 el ICBF le informó al juzgado que los
resultados del HLA practicado a los dos adultos y a la menor, “(...) no son
informativos en la muestra tomada del 22 de octubre de 1992”.   Que por
tanto:  “Es necesario atenderlos nuevamente en la próxima comisión que
realizaremos en esa ciudad.  Avisaremos oportunamente cuando se atenderán”.
(fl. 126 idem).
La nueva fecha de la
diligencia genética correspondió al 16 de marzo de 1994, para lo cual fueron
notificadas las partes mediante sendos telegramas del 4 de marzo del mismo año
(fl.123 idem).  Sin embargo, la prueba no se pudo realizar.
Sobre este particular
el 16 de marzo de 1994 el laboratorio de genética del ICBF expidió constancia
escrita en el siguiente sentido:
“Que no se
pudo realizar la prueba Histo compatibilidad o HLA, ordenada por el Juzgado
Cuarto Promiscuo de Familia de Cartagena a los señores WILFRIDO RONCALLO
VISBAL, CARMEN VÉLEZ RUMIÉ y la menor MILENA MARGARITA, por no haberse ordenado
su práctica por el Jefe de Laboratorio del Genética del ICBF.  Sede Nacional y
por no haberse presentado el señor WILFRIDO RONCALLO en el día y hora señalada,
(sic) habiéndose presentado la señora CARMEN VÉLEZ, su menor hija y su
apoderado doctor ENRIQUE PARDO”. (fl.133 idem).
En relación con la no
comparecencia del demandado a la diligencia obra una constancia de la compañía
Clinker S.A., según la cual él fue seleccionado para asistir a un seminario en
la ciudad de Caracas del 15 al 20 de marzo (fl.136 idem).  Con todo, según lo
expresó el Juzgado de Familia en su sentencia:  “Posterior a la entrada al
Despacho fueron presentadas unas pruebas, fotocopias auténticas que el señor
Wilfrido no asistió a las pruebas por estar fuera del país, en Caracas
Venezuela, las cuales no se toman en cuenta por haberse presentado en forma
extemporánea, (...)”.
Con apoyo en los
testimonios estimados el Juzgado de Familia consideró probadas las relaciones
sexuales entre la demandante y el demandado, indicando que las mismas se dieron
durante la época en que se presume la concepción, ya que los hechos son
concordantes en cuanto a modo, tiempo y lugar.  Añadiendo que la declaración de
paternidad se puede basar en “(...) la existencia de relaciones sexuales
estables mas no ostensibles, notorias o no notorias, es decir, que no se
requiere que las mismas sean permanentes ni que existan por todo el tiempo en
que tuvo lugar la concepción”.
En segunda instancia
el Tribunal Superior de Cartagena ordenó de oficio la práctica de la prueba
genética HLA, solicitando al efecto la colaboración del ICBF (fl.73).  Con
oficio del 4 de noviembre el ICBF le contestó al Tribunal poniendo de presente
sus dificultades presupuestales para el traslado de la Jefe de Laboratorio de
Bogotá a Cartagena, invitando a la familia a Bogotá pero por su propia cuenta,
previa coordinación para la práctica del examen.  Consecuente con ello el
Tribunal ordenó la práctica de dicha prueba en Bogotá a través de auto del 18
de octubre de 1994, señalando que para la fijación del día y hora se debía
coordinar con el ICBF. Posteriormente el Tribunal, previas averiguaciones,
determinó que la susodicha prueba podía ser practicada en el laboratorio de la
Universidad de Cartagena, debiéndose sufragar los costos correspondientes.  Al
respecto se libraron las respectivas comunicaciones a las partes.  Mediante
auto del 10 de marzo de 1995 (fl.103) el Tribunal retomó la fecha que
inicialmente había fijado el ICBF (17 de abril de 1995) para realizar en Bogotá
la diligencia de prueba genética, comunicándole a las partes el nuevo
proveído.  Esta oportunidad también se frustró por inasistencia de la
demandante y la menor, según certificación del ICBF (fl.109).  Finalmente, con
base en las pruebas recaudadas en primera instancia y deplorando la ausencia de
la prueba de HLA, el Tribunal confirmó lo decidido por el Juzgado Cuarto
Promiscuo de Familia de Cartagena.
De otra parte, el
tutelante invocó a su favor el último inciso del numeral 4º del artículo 6 de
la ley 75 de 1968, que reza:
“En el caso
de este ordinal no se hará la declaración si el demandado demuestra la
imposibilidad física en que estuvo para engendrar durante el tiempo en que pudo
tener lugar la concepción, o si prueba, en los mismos términos indicados en el
inciso anterior, que en la misma época la madre tuvo relaciones de la misma
índole con otro u otros hombres, a  menos de acreditarse que aquel por actos
positivos acogió al hijo como suyo”.
En abono a sus
pedimentos el actor adujo las declaraciones de Eduardo Luis Bossio, Edgardo
Sánchez Espinosa y Héctor Duque Salazar, las cuales no obtuvieron mérito
probatorio de descargo al tenor de las sentencias de primero y segundo grados.
Al respecto, tanto el Juzgado Cuarto Promiscuo de Familia de Cartagena como la
Sala de Familia del Tribunal Superior de Cartagena enfatizaron la irregularidad
que denota la práctica del testimonio de Héctor Duque Salazar, como que se
violaron los principios de publicidad y contradicción de la prueba.  Resultando
por contera quebrantado el artículo 313, inciso 2º del C. de P. C.,  que
enseña:
“Salvo los
casos expresamente exceptuados, ninguna providencia producirá efectos antes de
haberse notificado”.
Vale decir, si el
auto por el cual se decretó el prenotado testimonio carece de toda fuerza
vinculante, mal podría aducirse su dicho como prueba de descargo del
tutelante.  Asimismo debe registrarse cómo frente a los otros dos testimonios
la Sala de Familia del Tribunal Superior de Cartagena hizo notar el
aleccionamiento estratégico que los mismos entrañan en pro de la posición del
demandado, lo cual, por supuesto, a los ojos de los juzgadores desvertebró
cualquier conato de credibilidad.
En este punto la Sala
estima necesario transcribir el artículo 7 de la ley 75 de 1968, que a la letra
dice:
“En todos
los juicios de investigación de la paternidad o la maternidad, el juez a
solicitud de parte o, cuando fuere el caso, por su propia iniciativa, decretará
los exámenes personales del hijo y sus ascendientes y de terceros, que
aparezcan indispensables para conocer pericialmente las características
heredo-biológicas paralelas entre el hijo y su presunto padre o madre, y
ordenará peritación antropo-heredobiológica, con análisis de los grupos y
factores sanguíneos, los caracteres patológicos, morfológicos, fisiológicos e
intelectuales transmisibles que valorará según su fundamentación y pertinencia.
“La renuncia
de los interesados a la práctica de tales exámenes, será apreciada por el juez
como indicio, según las circunstancias”.
Con absoluta nitidez
el artículo 7 establece como regla de imperativo cumplimiento -para todos los
juicios de investigación de la paternidad o la maternidad- la prueba pericial
sobre las características heredo-biológicas paralelas entre el hijo y su
presunto padre o madre.  Prueba que a su turno tendrá la virtualidad de
corroborar o invalidar las presunciones contempladas en el artículo 6 de la
misma ley 75, poniéndose de manifiesto entonces su carácter prevalente e
indispensable en todos los juicios de investigación de la paternidad o la
maternidad.  Por donde, en el evento de la investigación de la paternidad,
siempre que se haya localizado al hombre demandado, el juez natural deberá obtener
sin excepción la mencionada prueba pericial a efectos de fallar el caso dentro
de los mejores parámetros de certeza probatoria.  Pues bien vistas las cosas,
no es recomendable ni conveniente que la premura judicial se constituya en
óbice para la materialización del derecho positivo.
Por estas razones la
Sala expidió auto de 4 de octubre de 2001, por el cual se le ordenó al ICBF
practicarle prueba antropoheredobiológica (HLA) a Carmen Cecilia Vélez Rumié, a
Wilfrido Roncallo Visbal y a la menor Milena Margarita.  Roncallo Visbal –el
actor- desplegó toda su diligencia y cuidado, esto es, presentándose
oportunamente en Medicina Legal – Hospital San Pablo Zaragocilla, con el fin de
someterse al examen ordenado por esta Corporación.  Al respecto obra el certificado
de asistencia expedido por el Laboratorio de ADN Convenio IML-ICBF de Medicina
Legal, que reza:
“Hoy, quince
de noviembre de 2001 siendo las 4:30 p.m. se hizo presente Roncallo Visbal
Wilfrido, identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 12.590.37 de Plato Magd
(sic) en cumplimiento de la citación realizada por el Instituto de Medicina
Legal para el proceso de investigación de la paternidad ordenada por la
autoridad”. (fl.60).
En contraste con lo
anterior obra una constancia del 15 de noviembre de 2001, que a la letra dice:
“A
QUIEN PUEDA INTERESAR
“Nosotros
Enrique Barraza Correa con cc n°. 73144630  de Cartagena, y Fernando Amedo
Montero con cc n° 73180922 de Cartagena, manifestamos que durante el día de
ayer a eso de las 8.00 PM estuvimos en la vivienda de la Señora Carmen Vélez
Rumié con cc n° 33146439 de Cartagena, y cuya vivienda queda situada en el
Barrio Daniel Lemaitre cra 15 n° 68-20, de esta ciudad, hacemos constar que
entregamos 4 hojas del expediente T-469656 de la Honorable Corte Constitucional
en el proceso de tutela del Señor Wilfrido Roncallo Visbal con cc n° 12590379
de Plato, contra el Juzgado 4° de Familia y otros.
“En la noche
de ayer no fue posible obtener la firma de la Señora Carmen Vélez Rumié
quedándose ella con los documentos.
“En el día
de hoy nuevamente volvimos a su residencia para llevar ahora los mismos
documentos y una copia con el objeto de que esta (sic) firmara la copia de
recibido y comparezca a medicina legal (sic) para que se realice la prueba
ordenada por la Honorable Corte Constitucional, para lo cual si la Señora
Carmen Velez (sic) la firma esta copia se le devolverá al Señor Wilfrido
Roncallo V.  Si en su defecto la Señora Velez (sic) no llegase a firmar el
documento, éste se devolverá al Señor Roncallo en donde nosotros dos firmaremos
como constancia de que la Señora Velez (sic) no quiso firmar”. (fl.59).  Siguen firmas.
La renuencia de la
señora Carmen Cecilia Vélez Rumié fue reafirmada por ella misma a través del
escrito que le dirigió al Magistrado Ponente de esta Sala con fecha 16 de
noviembre de   2001, en el cual, de una parte admitió haber tenido conocimiento
sobre la citación a la práctica de la prueba de HLA, y de otra, se limitó a
reivindicar la decisión judicial sobre paternidad extramatrimonial, señalando
que:
“Dentro del
mencionado proceso se practicó a las partes y a la citada menor la prueba
antropoheredobiológica (HLA), arrojando la misma resultado compatible y se tomó
como indicio a favor de la paternidad recabada”.
Tal como lo ha sostenido
recientemente esta Corporación, en casos como el que ahora nos ocupa, por
excepción, debe hacerse una valoración del mérito probatorio de los medios de
convicción allegados al proceso, toda vez que ello consulta el genuino sentido
de la salvaguarda al debido proceso en tanto el acervo probatorio constituye la
columna vertebral del mismo.  Y es que la protección del debido proceso y la
solución misma de las vías de hecho no pueden quedar al amparo exclusivo de un
examen esquemático sobre la ritualidad procesal, antes bien, al juez de tutela
le corresponde hacer un análisis ponderando los aspectos instrumentales y de
fondo que las circunstancias aconsejen, donde, a tiempo que se respeta la
independencia y autonomía del juez natural, se rescata la primacía del debido
proceso en cuanto forma y contenido.  Quedando claro que, lejos de ser esto un
mero postulado de fría justicia, ha sido desde siempre la falibilidad del juez
un asunto de señalada importancia donde quiera que se aprecie el imperio del
derecho, la justicia y la razón.
En consonancia con
esto, a instancias de esta Sala se obtuvo finalmente el medio de convicción
decretado (HLA), tal como se aprecia en términos del informe de laboratorio del
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses que, previa sustentación
metodológica, concluye expresando:
“En la tabla
anterior se presentan las combinaciones de alclos que constituyen el perfil de
ADN para cada individuo estudiado.  Se observa que WILFRIDO RONCALLO VISBAL
posee todos los alelos paternos obligados (AOP) que debería tener el padre
biológico de la menor MILENA MARGARITA, por lo tanto no se excluye de la
paternidad.  Se calculó entonces la probabilidad que tiene de ser el padre
biológico comparado con otro individuo tomado al azar en la población de
referencia.  El valor obtenido fue de 99.999999% que corresponde a una
Paternidad Prácticamente Probada en términos de los predicados verbales de
Hummel.
“CONCLUSIÓN
WILFRIDO
RONCALLO VISBAL no se excluye como el padre biológico de la menor MILENA
MARGARITA.  Probabilidad de Paternidad: 99.999999%.  Paternidad Prácticamente
Probada”.  (fl. 94).
Son signatarios de
este documento:  el Coordinador de Laboratorio de DNA y los dos peritos del
convenio ICBF-IML.
Con apoyo en todo lo
actuado la Sala se pregunta:  ¿desde el ángulo de las nulidades qué
trascendencia jurídica podría tener esta prueba, siendo como es, que a la
postre se mantendría incólume la paternidad declarada?  Pues ninguna.
Sobre este particular
conviene destacar dos factores primordiales al desenlace del presente asunto, a
saber:  la imputación de la falencia probatoria alegada por el actor y la
relevancia jurídica de una eventual nulidad.  En cuanto a lo primero resulta
suficientemente claro que a lo largo del proceso de filiación cada contendiente
–a su manera- desatendió el deber de colaboración eficiente que le correspondía
frente a la práctica de la prueba antropoheredobiológica (HLA).  Respecto a lo segundo, habida
consideración del resultado positivo de la prueba, la paternidad declarada no
sufriría modificación alguna, es decir, la nulidad que llegare a decretarse no
tendría la virtualidad de mutar en definitiva las relaciones jurídicas
actualmente existentes entre las partes.  En el mismo sentido, ¿a título de qué
podría declararse una nulidad que a más de ser intrascendente implicaría un
inútil desgaste judicial y un quebrantamiento de la prevalencia constitucional
de lo sustancial sobre las formas?  Ciertamente, el debido proceso no puede
mirarse como un culto a las ritualidades, antes bien, él debe entenderse y
concretarse en la perspectiva de una materialización oportuna de los derechos
vulnerados, en cabal consonancia con el
razonable y proporcionado ejercicio de las etapas y actuaciones procesales:  el
debido proceso no le puede hacer concesiones a las actuaciones nugatorias de
una definitiva solución de los conflictos de derecho.
Consecuentemente, esta Sala confirmará las providencias de
tutela en revisión.
DECISION
Con base en las expuestas consideraciones,
la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia
en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- Confirmar la sentencia de
28 de marzo de 2001 de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito
Judicial de Cartagena, por la cual se negó la tutela impetrada por WILFRIDO
RONCALLO VISBAL contra el Juzgado Cuarto de Familia de Cartagena y contra la
Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cartagena.
Segundo.- Confirmar la sentencia de
17 de mayo de 2001 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, en virtud de la cual se confirmó lo decidido por el a quo.
Tercero.- Por Secretaría, líbrese la
comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
JAIME ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado Ponente
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MENDEZ
Secretaria General
[1] Cfr, entre otras, las Sentencias
T-231/94, T008/98, T-567/98.
[2] Sentencia T-654 de 1998 M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz.
[3] Sentencia T-231 de 1994 M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz. En igual sentido T-162 de 1998 entre otras.