T-766-03
PROYECTO DE CIRCULACIÓN RESTRINGIDA
Sentencia T-766/03
DERECHO DE
PETICION EN MATERIA PENSIONAL-Término para resolver
Referencia: expediente T-764020
Acción de
tutela de Jesús Daniel Avila López contra del Fondo Territorial de Pensiones de
Córdoba.
Procedencia: Juzgado Primero Laboral del
Circuito de Montería.
Magistrado Ponente:
Dr. ALFREDO BELTRÁN SIERRA.
Bogotá, D. C., cuatro (4)
de septiembre de dos mil tres (2003).
La Sala Segunda (2a.) de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los magistrados Alfredo Beltrán Sierra, Manuel
José Cepeda Espinosa y Jaime Córdoba Triviño en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
en el proceso de revisión del fallo
adoptado por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Montería,  dentro de la
acción de tutela instaurada por el señor Jesús Daniel Avila López, en contra Fondo
Territorial de Pensiones de Córdoba .
I.- ANTECEDENTES.
El accionante Jesús Daniel Avila López,
presentó el veintiocho (28) de marzo de 2003, ante el Juzgado Laboral del
Circuito de Montería, acción de tutela contra el Fondo Territorial de Pensiones
de Córdoba,  por las siguientes razones:
A.- Hechos.
1. Mediante
escrito de fecha veinticuatro (24) de enero de 2003, presentó documentación
solicitando a la entidad accionada el reconocimiento y pago de la pensión de
jubilación.
2. Señala que a
la fecha de presentación de la acción de tutela, 28 de marzo de 2003, la
entidad no había emitido ninguna respuesta en relación con la solicitud
presentada.
B.-
Pretensión.
Se solicita ordenar al Fondo Territorial
de Pensiones de Córdoba, responder la petición hecha por el actor.
C.- Fallo de
única instancia.
Mediante
sentencia del diez (10) de abril de 2003, que obra a folios 8 a 9, el Juzgado
Primero Laboral del Circuito de Montería, denegó la acción de tutela.
El despacho
judicial consideró que la ley 797 de 2003 en su artículo 9 literal e inciso 3
dispone “Los fondos encargados reconocerán la pensión en un término no
superior a los 4 meses después de la radicación de la solicitud del
peticionario, con la correspondiente documentación que acredite su derecho.”
Por lo tanto, si el actor radicó su solicitud el 24 de enero de 2003, no ha
transcurrido el plazo que tiene el Fondo Territorial de Pensiones de Córdoba
para resolver su solicitud.
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE
LA CORTE CONSTITUCIONAL.
Primera.-
Competencia.
La Sala es
competente para decidir el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 241 numeral 9o. de la Constitución, y  33 y 34 del
decreto 2591 de 1991.
Segunda.- Lo
que se debate.
Corresponde a esta Sala de Revisión determinar si tal como lo
plantea el demandante se le ha vulnerado algún derecho fundamental. En
especial, habrá de estudiar si se ha vulnerado el derecho de petición, al no
existir pronunciamiento alguno por parte del Fondo Territorial de Pensiones de
Córdoba en relación con la solicitud de pensión presentada por éste.
Tercera. Término para resolver reconocimiento y pago de pensiones de
acuerdo a la ley 700 de 2001 y aplicación del derecho de petición contenido en
el artículo 23 de la Constitución Política.
3.1. La jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido que existe
vulneración del núcleo esencial del derecho de petición, cuando la entidad
correspondiente no emite una respuesta en un lapso que, en los términos de la
Constitución, se ajuste a la noción de “pronta resolución”, o,
cuando la supuesta respuesta se limita a evadir la petición planteada, al no
dar una solución de fondo al asunto sometido a su consideración.
Al respecto, en
sentencia T-326 de 2003 del M.P. Alfredo Beltrán Sierra se manifestó lo
siguiente:
“Luego de la innumerable jurisprudencia proferida por la Corte
Constitucional con relación al derecho de petición, se concluyó en la sentencia
T-001 de 2003 M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra, que el término de cuatro (4)
meses establecido en el artículo 19º del Decreto 656 de 1994 es para resolver
solicitudes pensionales y el de seis (6) meses contenido en el artículo 4º de
la Ley 700 de 2001, es para adelantar el trámite de reconocimiento y pago de las
mesadas respectivas.  Se dijo además que, existe un tercer término señalado en
el artículo 6º del C.C.A., que es de 15 días, aplicable en caso de que se
eleven derechos de petición para obtener información sobre el trámite de una
diligencia o la resolución de recursos contra decisiones que hayan decidido
reconocimiento o no de derechos pensionales.
La sentencia
mencionada observó que, con la expedición de la Ley 700 de 2001, el artículo 4º
fijó el término de seis (6) meses para “adelantar los trámites necesarios
tendientes al pago de las mesadas correspondientes.”, entonces, se refirió de
ésta manera: “Obsérvese cómo el artículo 4º establece un término de seis meses
no para decidir sobre las solicitudes en materia de pensión, como lo hace el
artículo 9º del Decreto 656 de 1994, sino para adelantar los trámites
necesarios para el reconocimiento y pago de las mesadas; es decir, para el
desembolso efectivo del monto de las mismas.
Estos dos
términos aplicables con respecto al trámite de pensiones se ven complementados
con un tercero. Según la jurisprudencia de la Corte Constitucional para la
resolución de recursos interpuestos ante decisiones que resuelven sobre el
reconocimiento o no reconocimiento de una pensión “sigue vigente y le resulta
aplicable (...) el término de 15 días hábiles a que hace referencia expresa el
artículo 6 del Código Contencioso Administrativo”[1]
El término de 15
días, consagrado en el artículo 6º del Código Contencioso Administrativo, se
aplica también en caso de que se presenten derechos de petición en los cuales
se solicite, simplemente, información acerca del estado del trámite adelantado
en materia de pensión o copias sobre documentos ya existentes dentro del
expediente de la solicitud de pensión.”
El pronunciamiento antes mencionado tuvo como fundamento
jurisprudencial, la sentencia T-170 de 2000 M.P. Dr. Alfredo Beltrán Sierra,
dentro de la cual, se aplicó por analogía el Decreto 656 de 1994, estableciendo
cuatro (4) meses para resolver solicitudes relacionadas con pensiones de vejez,
invalidez y sobrevivencia, así mismo se afirmo que “Hecho éste que tendrá
que ser informado al solicitante en el lapso al que hace referencia el artículo
6 del Código Contencioso Administrativo”[2].
Sobre el término señalado, en la misma sentencia T-170-2000 se
afirmo lo siguiente:
“La norma a la
que se hace referencia, es al  artículo 19 del decreto 656 de 1994, por el cual
se establece el régimen jurídico y financiero de las sociedades  que
administren fondos de pensiones. El mencionado artículo, faculta al Gobierno
Nacional para establecer plazos y procedimientos  para que las administradoras
de fondos de pensiones decidan las solicitudes que sobre las diversas clases de
pensiones que se les presenten, plazo que en ningún caso puede ser superior a
cuatro (4) meses. Al tiempo que el artículo 21 del mismo decreto, impone
sanciones en el evento en que dicho  término sea incumplido, sanción que
consiste en el pago de una pensión provisional hasta tanto exista un
reconocimiento definitivo de la prestación.
3.7. El
Gobierno hasta la fecha no ha reglamentado esta norma, pese a su importancia.
Sin embargo, es claro que el artículo en comento  consagra un límite máximo que
no sólo obliga al Gobierno sino a las sociedades administradoras de pensiones,
pues el mencionado precepto sirve de parámetro - límite tanto a la función
reglamentaria de aquél como a la discrecionalidad de éstas al momento de
decidir sobre esta clase de solicitudes. Así las cosas, la  inexistencia de
reglamentación sobre los plazos y procedimientos de que trata la norma en
mención, no impide  su aplicación, en cuanto ella determina el  límite máximo
para dar respuesta a las solicitudes sobre reconocimiento de pensión, en
cualquiera de sus modalidades.
...
Así, mientras
el legislador cumple su función de establecer  un término razonable  en que
entidades como el Seguro Social deben emplear para dar respuesta a las
solicitudes que sus afiliados, específicamente en materia de reconocimiento de
pensiones, ha de entenderse que esta entidad debe aplicar por analogía el
lapso  contenido en el artículo 19 del decreto 656 de 1994, según el cual las
solicitudes de pensión deben resolverse de fondo en un término máximo de cuatro
(4) meses desde el momento en que se radique la respectiva petición.”
3.2. Con fundamento en las sentencias anteriores, es claro que
pueden coexistir normas de carácter legal que establezcan lapsos diversos y
superiores al señalado en forma general en el Código Contencioso Administrativo
para dar respuesta a las diversas peticiones que eleven las personas. Normas
éstas que, en últimas, deben garantizar el núcleo esencial del derecho de
petición, en lo que la pronta respuesta se refiere.
En el caso concreto, el derecho de petición del señor Jesús Daniel
Avila López no puede considerarse vulnerado por el Fondo Territorial de
Pensiones de Córdoba, por cuanto al momento de presentar la acción de tutela de
la referencia, había transcurrido desde la radicación de la solicitud de
reconocimiento de pensión, el término dos (2) meses y seis (6) días. Sin
embargo, la entidad demandada estaba en la obligación de hacerle saber al actor
que no podía dar cumplimiento al término establecido por el artículo 6 del
Código Contencioso Administrativo para emitir una decisión de fondo, hecho que
lo obligaba a indicarle el lapso que emplearía para el efecto.
3.3.  En consecuencia, esta Sala habrá de confirmar la
decisión de instancia que denegó la acción de tutela interpuesta por el actor.
Sin embargo, ha de aclararse que como a la fecha de esta decisión ya han
transcurrido más de los cuatro (4) meses a que se ha hecho referencia en esta
providencia,  y como no se tiene conocimiento sobre si el Fondo Territorial de
Pensiones de Córdoba ya resolvió la solicitud radicada por el señor Jesús
Daniel Avila López en este tiempo, habrá de ordenarse a esta entidad que de no
haber emitido decisión de fondo, lo haga en el plazo máximo de las cuarenta y
ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo.
III.-
DECISIÓN.
En mérito de lo
expuesto, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por  mandato  de la Constitución,
RESUELVE:
Primero: CONFÍRMASE por las razones
expuestas en la parte motiva de esta sentencia, el fallo proferido en
abril (10) de 2003, por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Montería,
dentro de la acción de tutela instaurada por Jesús Daniel Avila López en contra
del Fondo Territorial de Pensiones de Córdoba.
Segundo: Si al momento de la
notificación de esta providencia, el Fondo Territorial de Pensiones de Córdoba
no ha proferido decisión de fondo en relación con la solicitud de pensión
radicada por el señor Jesús Daniel Avila López, ORDÉNASE a la mencionada
entidad dar respuesta a ésta, en el plazo máximo de las cuarenta y ocho (48)
horas siguientes a la notificación de este fallo.
Cópiese, notifíquese, insértese en al
Gaceta de al Corte Constitucional y cúmplase.
ALFREDO
BELTRÁN SIERRA
Magistrado
MANUEL JOSÉ
CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
IVAN
HUMBERTO ESCRUCERIA MAYOLO
Secretario General (e)
[1] Ver sentencia
T-1086/02, M.P. Rodrigo Escobar Gil  (En esta ocasión la Corte tuteló el
derecho de petición en materia de pensiones a una persona que había interpuesto
recurso de apelación contra la reliquidación de su pensión de gracia sin que
habiendo transcurrido cuatro meses hubiera obtenido respuesta alguna. La Sala
de Revisión señaló que tal solicitud se debió haber respondido en 15 días.) En
el mismo sentido ver la sentencia T-795/02, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[2] “Art. 6- Las
peticiones se resolverán o contestarán dentro de los quince (15) días
siguientes a la fecha de su recibo.  Cuando no fuere posible resolver o
contestar la petición, en dicho plazo, se deberá informar así al interesado,
expresando los motivos de la demora y señalando a la vez la fecha en que se resolverá
o se dará respuesta”.