C-177-05
Referencia: expediente PE-020
Sentencia C-177/05
RETROACTIVIDAD Y RETROSPECTIVIDAD DE LAS
NORMAS LABORALES-Distinción
DERECHOS ADQUIRIDOS EN MATERIA LABORAL-Definición
NORMAS DE DERECHO LABORAL-Efecto general e inmediato/LEY LABORAL-No
afecta situaciones definidas o consumadas conforme a las leyes anteriores
RETROACTIVIDAD Y RETROSPECTIVIDAD DE LA LEY
PENAL-Distinción
DERECHOS ADQUIRIDOS Y EXPECTATIVAS
LEGÍTIMAS-Distinción
DERECHOS ADQUIRIDOS EN MATERIA PENSIONAL-Requisitos para que se predique su
existencia
DERECHOS ADQUIRIDOS EN MATERIA PENSIONAL-Beneficiarios del régimen de transición
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN
SEGURIDAD SOCIAL-Tránsito
legislativo deben ser razonable y proporcional
DERECHOS ADQUIRIDOS Y MERAS EXPECTATIVAS-Los primeros no pueden ser desconocidos
por las leyes ulteriores, mientras que las segundas no gozan de esa protección
PRINCIPIO DE INTANGIBILIDAD DE DERECHOS
ADQUIRIDOS EN MATERIA LABORAL-Alcance
EXPECTATIVA LEGITIMA EN MATERIA LABORAL-No representan una barrera contra los
cambios legislativos
DERECHOS ADQUIRIDOS EN MATERIA LABORAL-No hace parte el derecho a pertenecer a un
régimen laboral especifico
DERECHOS ADQUIRIDOS EN MATERIA LABORAL-Derechos convencionales de los servidores
del Estado en los procesos de reestructuración
TEORIA DE LA IRREVERSIBILIDAD-Alcance
PRINCIPIO DE NO MENOSCABO DE LOS DERECHOS
DE LOS TRABAJADORES-Aplicación
de leyes laborales en los contratos de trabajo que se encuentren vigentes o en
curso en el momento en que aquellas empiecen a regir
El inciso primero del artículo 16 el Código Sustantivo
del Trabajo no vulnera la prohibición de menoscabo de los derechos de los
trabajadores, por cuanto él prohibe la aplicación retroactiva de la ley
laboral, estos es su aplicación para las situaciones ya definidas o consumadas
de acuerdo con leyes anteriores, sobre las cuales operan los derechos
adquiridos.
PRINCIPIO DE NO MENOSCABO DE LOS DERECHOS
DE LOS TRABAJADORES-Alcance
El principio del no menoscabo de los derechos de los
trabajadores se refiere a los derechos adquiridos, y no a las expectativas
legítimas. Estas últimas pueden, en principio, ser afectadas por las nuevas
normas laborales, sin que ello constituya una vulneración del principio del no
menoscabo de los derechos de los trabajadores.
CONDICION MAS BENEFICIOSA PARA EL
TRABAJADOR-Se encuentra
garantizada mediante el principio de favorabilidad en materia laboral
PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD LABORAL-Presupuestos/ PRINCIPIO DE
FAVORABILIDAD LABORAL Y PRINCIPIO IN DUBIO PRO OPERARIO-Diferencias
PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD LABORAL-Regímenes pensionales derogados
PRINCIPIO DE LA CONFIANZA LEGITIMA EN
MATERIA DE REGIMEN JURIDICO-Previsión
de efectos de tránsito de legislación respecto de situaciones concretas que han
determinado cierta expectativa válida
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN
REFORMA LABORAL-Límites
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN REFORMA
LABORAL-Restricciones
PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES MINIMOS DEL
TRABAJO EN REFORMA LABORAL-Se
deben tener en cuenta los Tratados internacionales que integran el bloque de
constitucionalidad
DERECHO AL TRABAJO-Principio y valor/DERECHO AL TRABAJO-Desarrollo
progresivo/ DERECHO AL TRABAJO-Contenidos mínimos que protege/PRINCIPIO
DE PROGRESIVIDAD EN LOS DERECHOS SOCIALES-Obligación del Estado de lograr
la completa realización
PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD EN DERECHOS
SOCIALES-Límites del
legislador/PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD EN DERECHOS SOCIALES-Prohibición
de retrocesos no es absoluta
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD-Debe ser estricto frente a la adopción de
medidas regresivas en la protección de un derecho social
DERECHOS ADQUIRIDOS EN MATERIA LABORAL-Protección a través de la prohibición de
aplicar en forma retroactiva las nuevas normas laborales/EXPECTATIVA
LEGITIMA EN MATERIA LABORAL-Aplicación de leyes laborales en los contratos
de trabajo que se encuentren vigentes o en curso en el momento en que aquellas
empiecen a regir
Es claro que el primer inciso del
artículo 16 prohíbe la aplicación retroactiva de las nuevas normas laborales,
al expresar que “[l]as normas sobre trabajo (...) no tienen efecto retroactivo,
esto es, no afectan situaciones definidas o consumadas conforme a las leyes
anteriores. Con ello cual se protegen los derechos que ya han pasado a formar
parte del patrimonio de las personas, es decir lo derechos adquiridos. De otra
parte, el artículo permite la retrospectividad de la ley laboral cuando dispone
que “[l]as normas sobre trabajo, por ser de orden público producen efecto
general inmediato, por lo cual se aplican también a los contratos de trabajo
que estén vigentes o en curso en el momento en que dichas normas empiecen a
regir...” Esta autorización se ajusta a lo señalado por la jurisprudencia
acerca de que las nuevas leyes laborales pueden afectar las expectativas
legítimas de los trabajadores, incluso cuando consagran condiciones más
desfavorables para el trabajador.
Referencia:
expedientes D-5310 y D-5321
Demanda de
inconstitucionalidad contra los Arts. 16 (parcial) y 156 (parcial) del Código
Sustantivo del Trabajo.
Demandantes: Elson Rafael Rodrigo Rodríguez
Beltrán y Jorge William Díaz Hurtado
Magistrado Ponente:
Dr. MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Bogotá, D.C.,
primero (1) de marzo de dos mil cinco (2005).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en
cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámite
establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
El ciudadano Elson Rafael Rodrigo Rodríguez Beltrán
presentó demanda de inconstitucionalidad contra el Art. 16 (parcial) del Código
Sustantivo del Trabajo (Decretos 2663 y 3743 de 1950, adoptados como
legislación permanente por la Ley 141 de 1961), a la cual la Secretaría General
de esta corporación asignó el número D-5310.
Así mismo, el ciudadano Jorge William Díaz Hurtado
presentó demanda de inconstitucionalidad contra el Art. 156 (parcial) del mismo
código, a la cual la Secretaría General de esta corporación asignó el número
D-5321.
Según constancia secretarial de 15 de Julio de 2004,
la Sala Plena de la Corte Constitucional, en sesión llevada a cabo el día 13 de
Julio de 2004, resolvió acumular el Expediente No. D-5321 al Expediente No.
D-5310, con el fin de que fueran tramitados conjuntamente y decididos en la
misma sentencia.
En
virtud de auto dictado el 30 de Julio de 2004  el magistrado sustanciador  admitió
la demanda formulada contra el Art. 16 (parcial) del Código Sustantivo del
Trabajo (Decretos 2663 y 3743 de 1950, adoptados como legislación permanente
por la Ley 141 de 1961), y rechazó la demanda entablada contra el Art. 156
(parcial) del mismo código.
Contra la decisión de rechazo no se interpuso el
recurso de súplica previsto en el Art. 6º del Decreto 2067 de 1991, por lo cual
quedó ejecutoriada.
Cumplidos los trámites constitucionales y legales
propios de los procesos de inconstitucionalidad, la Corte Constitucional
procede a decidir acerca de la demanda admitida.
II. NORMA
DEMANDADA[1]
A continuación se transcribe el texto de la
disposición demandada, conforme a su publicación en Diario Oficial No. 30694
del veintitrés (23) de Diciembre de 1961, y se subraya lo acusado:
Código Sustantivo
del Trabajo
(Decretos 2663 y 3743 de 1950, adoptados
como legislación permanente por la Ley 141 de 1961)
“ART. 16.- Efecto. 1. Las normas sobre
trabajo, por ser de orden público producen efecto general inmediato, por lo
cual se aplican también a los contratos de trabajo que estén vigentes o en
curso en el momento en que dichas normas empiecen a regir, pero no tienen
efecto retroactivo, esto es, no afectan situaciones definidas o consumadas
conforme a las leyes anteriores.
“2. Cuando una ley nueva establezca una
prestación ya reconocida espontáneamente o por convención o fallo arbitrario
por el patrono, se pagará la más favorable al trabajador”.
III. DEMANDA
El demandante considera infringidas las disposiciones
contenidas en los Arts. 1, 2, 4, 13, 25, 29, 53, 93 y 215 de la Constitución,
con base en los siguientes argumentos:
Afirma que la norma acusada no garantiza la especial
protección que el Estado debe brindar al trabajo como lo establecen el
preámbulo y el Art. 25 de la Constitución, ni los fines esenciales del Estado
que prevé el Art. 2º de ésta.
Señala que al aplicar inmediatamente una nueva norma
laboral (ley, contrato, acuerdo o convenio de trabajo) que desmejora los
derechos de los trabajadores, se desconocen los principios mínimos
fundamentales del estatuto del trabajo consagrados en el Art. 53 de la
Constitución, especialmente la llamada condición más beneficiosa.
Expresa que en materias civil y comercial se aplica la
ley vigente al celebrarse el contrato y que en materia penal y disciplinaria se
tiene en cuenta la ley preexistente al acto que se imputa y sólo se aplica la
ley posterior si es favorable al sindicado, procesado o condenado. Por tanto,
al dar un tratamiento diferente en materia laboral, se viola el principio de
igualdad.
Considera que la condición más beneficiosa es un
principio mínimo y fundamental que supone la progresividad del Derecho Laboral,
es decir, que en un Estado Social de Derecho como el colombiano, para
garantizar el orden político, económico y social justo como lo establece el
preámbulo de la Constitución, ninguna norma puede desmejorar las condiciones de
los trabajadores.
Indica que la Corte Constitucional aplicó este
criterio en las Sentencias C-013 de 1993 y C-09 de 1994 pero lo modificó en la
Sentencia C-168 de 1995 y  transcribe apartes de ellas. Agrega que una cosa son
los derechos adquiridos y otra muy diferente los derechos sociales de los
trabajadores, ambos con protección constitucional en el Estado colombiano, y
que en la última de las sentencias citadas la Corte confunde el principio de
favorabilidad con el de la condición más beneficiosa.
Enuncia que el Art. 53 superior claramente establece
que ninguna fuente formal del derecho puede menoscabar los derechos de los
trabajadores y que los derechos que protege dicha norma son los derechos
sociales de los trabajadores, considerados de manera general, los cuales son
diferentes de los derechos adquiridos que ampara el Art. 58 ibídem.
Sostiene que conforme a lo dispuesto en el Art. 215 de
la Constitución el Gobierno no puede desmejorar los derechos sociales de los
trabajadores en el estado de emergencia económica, social y ecológica y que
mucho menos puede desmejorarlos en estado de normalidad. Añade que la norma
demandada es contraria al principio de irrenunciabilidad de los beneficios
mínimos en materia laboral, conforme al mismo Art. 53 superior.
Expresa que si la norma demandada se excluye del
ordenamiento jurídico, la consecuencia lógica es que los contratos de trabajo
se rijan exclusivamente por las leyes vigentes al momento de su celebración,
como lo prevé el Art. 38 de la Ley 153 de 1887.
Expone que igualmente la disposición acusada desconoce
el Art. 93 de la Constitución, que dispone que los tratados y convenios
internacionales ratificados por Colombia que reconocen los derechos humanos y
prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden
interno. Transcribe unos apartes de sentencias de la Corte Constitucional
referentes a la obligatoriedad de los derechos laborales en el orden interno y
a la aplicación del bloque de constitucionalidad y afirma que el Gobierno
colombiano al ratificar la Constitución de la OIT y los posteriores convenios
sobre libertad sindical contrajo la obligación de no menoscabar los derechos
que había concedido y, más aún, de implementar los previstos en dichos
instrumentos.
Por último, pide a la Corte que subsidiariamente
profiera una sentencia de constitucionalidad condicionada en el sentido de que “las
normas sobre trabajo producen efecto general inmediato y que si aparece una
norma nueva durante la ejecución del contrato de trabajo, se aplica
inmediatamente, siempre y cuando no menoscabe la libertad, la dignidad humana
ni los derechos sociales de los trabajadores”.
IV.
INTERVENCIONES
1.
Intervenciones del Ministerio de la Protección Social
1.1. Mediante escrito presentado el 1º de
Septiembre de 2004, el ciudadano Jorge Ernesto Angarita Rodríguez, obrando en
representación del Ministerio de la Protección Social, solicita a la Corte que
declare exequible la expresión contenida en el Art. 16 del Código Sustantivo
del Trabajo, con base en las siguientes razones:
Expresa que el principio de irretroactividad de la ley
es necesario para la seguridad jurídica y que de aceptarse los cargos del
demandante no podría el legislador modificar las condiciones laborales, se
petrificaría el Derecho y se impediría a aquel que adecue la normatividad a las
realidades sociales y económicas y que cumpla los fines del Estado.
1.2. A través de escrito radicado el 1º
de Septiembre de 2004, la ciudadana Miriam Salazar Contreras, actuando en
nombre del Ministerio de la Protección Social, pide a la Corte que declare
exequibles los apartes demandados del Art. 156 del Código Sustantivo del
Trabajo y expone algunos argumentos para sustentar su petición, lo cual no será
tenido en cuenta por haber quedado en firme la decisión de rechazar la demanda
contra dicha disposición, como se indicó en el acápite de los antecedentes de
esta sentencia.
2. Intervención de la Academia Colombiana de
Jurisprudencia
El día 3 de Septiembre de 2004, la Academia Colombiana
de Jurisprudencia presentó escrito firmado por el ciudadano Rafael Forero Contreras,
de manera extemporánea. En esencia, manifiesta que el inciso primero del
artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo es constitucional y solicita que
la Corte así lo declare.
V. CONCEPTO DEL PROCURADOR
GENERAL DE LA NACION
Mediante el Concepto No. 3667 radicado el 29 de
Septiembre de 2004, el Procurador General de la Nación (E), Carlos Arturo Gómez
Pavajeau, solicita a la Corte que declare exequible el aparte acusado del Art.
16 del Código Sustantivo del Trabajo y se inhiba respecto del cargo por la
vulneración del Art. 93 de la Constitución, con las siguientes razones:
Afirma que el demandante parte de una interpretación
errada de la norma, ya que la misma establece en forma expresa que las
disposiciones laborales tienen efecto general inmediato y se aplican a los
contratos de trabajo que estén vigentes o en curso, pero no tienen efecto
retroactivo, esto es, no afectan situaciones definidas o consumadas conforme a
las leyes anteriores, que son los derechos que han entrado en el patrimonio del
trabajador y son oponibles a los demás.
Sostiene que por ello es falso que con la norma se
renuncie a los beneficios mínimos establecidos por las normas laborales o que
se viole el principio de la condición más favorable. Añade que no entiende la
distinción que hace el actor entre derechos adquiridos y derechos sociales de
los trabajadores, puesto que no se toma el trabajo de explicarla.
Dictamina que no es cierto que la norma acusada
vulnere el principio de igualdad, en relación con las normas de los Derechos
Civil, Comercial, Penal y Disciplinario, porque son supuestos de hecho
distintos, teniendo en cuenta la naturaleza y finalidad de los mismos.
Por último señala que con relación al cargo de
vulneración del Art. 93 de la Constitución existe inepta demanda, pues el
demandante no manifestó cuáles son los acuerdos o convenios quebrantados por la
disposición demandada ni expuso ningún cargo concreto.
VI. CONSIDERACIONES Y
FUNDAMENTOS DE LA CORTE
Competencia
1. La Corte Constitucional es competente para conocer
de la presente demanda, conforme a lo dispuesto en el numeral 4 del artículo
241 de la Constitución, por estar dirigida contra unas disposiciones que forman
parte de una ley.
Problema jurídico
2. El problema jurídico a resolver se puede sintetizar
en la siguiente pregunta: ¿Vulnera el numeral 1 del artículo 16 del Código
Sustantivo del Trabajo los principios mínimos fundamentales del trabajo
contemplados en el art. 53 de la Constitución, y especialmente el principio que
prohíbe menoscabar los derechos de los trabajadores, por cuanto dispone que las
normas laborales se aplican a los contratos de trabajo que estén vigentes o en
curso en el momento en que dichas normas empiecen a regir, independientemente
de si la nueva norma es favorable o desfavorable al trabajador?
Para resolver esta cuestión, la Corte se referirá, en
primer lugar, a las  sentencias que ha proferido sobre el tema de los derechos
adquiridos y las expectativas legítimas. Luego, tratará sobre las acusaciones
del actor acerca de la vulneración de los principios mínimos fundamentales del
trabajo, para lo cual recurrirá también a sus sentencias. Finalmente, se referirá
a los límites fijados por su jurisprudencia a la reforma de la ley laboral en
el caso de las expectativas legítimas, cuando se introducen condiciones más
desfavorables para trabajador.
La Corte destaca la importancia de los debates
doctrinarios acerca de la definición de los derechos adquiridos, las
situaciones consolidadas y demás  conceptos análogos. Sin embargo, en esta
ocasión, para decidir sobre el  problema jurídico planteado basta con referirse
a la jurisprudencia de la Corte y partir de los criterios por ella sentados.
La jurisprudencia
constitucional sobre los derechos adquiridos y las expectativas legítimas
3. La norma demandada establece que las normas
laborales se aplicarán a los contratos de trabajo en curso desde el momento en
que empiecen a regir. El precepto excluye, sin embargo, la aplicación
retroactiva de la ley, lo que significa que esas normas de trabajo no pueden
afectar situaciones definidas o consumadas de acuerdo con las leyes anteriores.
Precisamente, el actor cuestiona la constitucionalidad
de la norma, por cuanto considera que de los principios mínimos fundamentales
del trabajo contemplados en el art. 53 de la Constitución se deriva que las
nuevas leyes laborales solamente pueden ser aplicadas a los contratos de
trabajo vigentes en aquellos casos en los que contemplen condiciones más
favorables para el trabajador.
El debate planteado por el actor remite a la
distinción que ha elaborado la jurisprudencia acerca de la retroactividad y la retrospectividad
de las normas laborales. Se considera que la ley tiene efectos retroactivos
cuando se aplica a situaciones ya definidas o consolidadas de acuerdo con leyes
anteriores. Por su parte, el concepto de retrospectividad significa que las
nuevas normas se aplican inmediatamente, a partir del momento de iniciación de
su vigencia, a los contratos de trabajo en curso.
Ciertamente, el artículo 16 del Código
Sustantivo del Trabajo prohíbe la retroactividad de la ley al expresar que
“[l]as normas sobre trabajo (...) no tienen efecto retroactivo, esto es, no
afectan situaciones definidas o consumadas conforme a las leyes anteriores.” Al
mismo tiempo, el artículo  autoriza la retrospectividad de la ley laboral
cuando dispone que “[l]as normas sobre trabajo, por ser de orden público
producen efecto general inmediato, por lo cual se aplican también a los
contratos de trabajo que estén vigentes o en curso en el momento en que dichas
normas empiecen a regir...”
Quizás el caso clásico de aplicación de
los principios de retrospectividad y retroactividad es el que se presentó en
torno a la demanda de inconstitucionalidad contra la norma de la Ley 10 de 1934
que creó el auxilio de cesantía para los empleados particulares que fueran
despedidos sin justa causa.[2]
El actor planteaba que la norma era inconstitucional, por cuanto establecía que
para el cálculo del valor a pagar por concepto del auxilio de cesantía se debía
tener en cuenta todo el tiempo que el empleado hubiera servido y sirviera a las
empresas, lo cual se consideraba que violaba el principio de la no
retroactividad y, por consiguiente, los derechos adquiridos de los empleadores.
En la demanda se aseguraba que la Ley sólo podía regir para el futuro, es
decir, para los nuevos contratos que llegaren a celebrarse después de la Ley 10
de 1934, y que al disponer que la cesantía se debía también sobre los años de
trabajo ya cumplidos, años durante los cuales no se había pactado ninguna
obligación al respecto en los contratos vigentes pero anteriores a dicha ley,
se vulneraba el derecho adquirido de las empresas a no pagar o no reconocer el
trabajo más allá del salario pactado. Para resolver el problema, la Corte
Suprema de Justicia afirmó que “el carácter retroactivo de una ley consiste en
vulnerar derechos adquiridos”, luego insinuó la diferencia entre retroactividad
y retrospectividad, para definir entonces que las normas acusadas eran
retrospectivas.
“Las
disposiciones acusadas no tienen efecto retroactivo. El inciso c) del artículo
14 de la Ley 10 de 1934 establece el derecho a indemnización en el caso de que
se realice un hecho posterior a la expedición de dicha ley: el despido de un
empleado, que no sea originado por mala conducta ni por el incumplimiento del
contrato. Es obvio que tal disposición no puede tener efecto retroactivo cuando
el derecho que consagra nace de un hecho futuro. El parágrafo del artículo 24
del decreto 652 de 1935, que reglamenta la materia, ciñéndose al espíritu de la
ley, tampoco es retroactivo por las mismas causas.
“La disposición
mencionada de la ley 10 y el precepto reglamentario del decreto 652 señalan en
el tiempo que el empleado sirvió con anterioridad a la expedición de la ley,
como justo factor para guardar el monto de la indemnización. No puede
considerarse esta circunstancia como motivo de irretroactividad, porque el
hecho de entrar en el cómputo de la indemnización todo el tiempo de servicios
del empleado, sea anterior o posterior a la ley, solo significa que se utiliza
este factor para señalar la cuantía de la indemnización en una forma que
consulte la equidad y la justicia.
“El doctor Manuel
J. Angarita, eminente abogado, al comentar las disposiciones de la ley 153 de
1887 dice que hay leyes que se refieren al pasado sin vulnerar ningún derecho
adquirido. Agrega que esas leyes no tienen carácter retroactivo y deben
considerarse únicamente como retrospectivas. Esta doctrina la acoge el señor
Procurador General de la Nación en su importante estudio y la sustenta con
opiniones de modernos expositores de derecho, para aplicarla como pertinente al
caso que se estudia.
“En la
legislación colombiana hay numerosos antecedentes en que se ha tenido en cuenta
el tiempo de servicios anterior a la expedición de las leyes para regular la
cuantía de las pensiones y las recompensas. Pudiera argumentarse que se trata
de cargas del Estado y que este tiene la libertad para resolver lo relativo al
pago de las gracias que concede a sus servidores. Pero también el legislador ha
reglamentado en la misma forma las pensiones y recompensas que deben pagar
empresas o instituciones privadas distintas de las nacionales, como ocurre con
la ley 1ª. de 1932 sobre pensiones de los empleados ferroviarios, de la cual se
hablará más adelante, y con los sueldos de retiro de los militares y pensiones
que se pagan con fondos de cajas que no pertenecen al Tesoro Nacional.
“El medio
establecido por el legislador colombiano para determinar la cuantía de la
indemnización en los casos de despido, no puede considerarse como caprichoso o
arbitrario, sino que responde a un alto ideal de humanidad y de justicia
social, que mira el reconocimiento de los esfuerzos del empleado que ha dedicado
sus capacidades al servicio de la empresa, con honradez y decisión. No es justo
que al empleado, después de un servicio prolongado y eficiente, que muchas
veces agota sus energías y lo imposibilita para otras actividades, se le
despida sin derecho a la recompensa equitativa que lo libre siquiera en parte
de los rigores de una cesantía injustificada.
“La Corte ha
dicho que la noción de derecho adquirido estriba en las relaciones de derecho
que producen los hechos legalmente consumados, como que aquellos hace parte de
nuestro patrimonio. Agrega que los derechos adquiridos quedan comprendidos en
la idea de propiedad, considerada en toda su amplitud y en todas sus
manifestaciones. (Sentencia del 2 de marzo del año 1918).
“Fiore dice que
el derecho adquirido en atención a la ley nueva, es el derecho perfecto,
aquel que se debe tener por nacido por el ejercicio integralmente realizado o
por haberse íntegramente verificado todas las circunstancias del acto idóneo,
según la ley en vigor para atribuir dicho derecho. Dice el mismo autor ‘lo
pasado que queda fuera de la ley es el derecho individualmente ya adquirido en
virtud de una disposición de la antigua ley antes vigente.’
“Siguiendo este
orden de ideas en el estudio del problema que se debate, se llega a la
conclusión de que no hay para los patronos el derecho adquirido de que se habla
para no pagar a los empleados la indemnización, en caso de despido que no sea
originado por mala conducta ni por incumplimiento del contrato, porque jamás ha
existido una ley que lo exima de esa obligación, ni podría haberla, porque con
ella se habría consagrado una injusticia notoria. En cambio, sí existen textos
de la ley civil que en ciertos casos daban al empleado despedido el derecho de
reclamar en una forma ordinaria indemnización por los perjuicios ocasionados.
La ley 10 no hizo otra cosa que fijar las normas para el ejercicio del derecho
a la indemnización, siguiendo los dictados de la justicia social.
“Las
disposiciones acusadas no quebrantan ninguna situación jurídica concreta
establecida a favor de los patronos que los eximiera de indemnizar a los
empleados cesantes. No son, por consiguiente, tales disposiciones violatorias
de derechos adquiridos.”[3]
La diferenciación fue reasumida en
diversas sentencias posteriores de la misma Corte Suprema de Justicia. Así
ocurrió en la sentencia del 22 de julio de 1969, en la que se manifestó:
“El apoyo a la efectividad del artículo 16
del Código Sustantivo del Trabajo, hay que buscarlo en un claro deslinde entre
los fenómenos que son regidos por la aplicación inmediata de la ley nueva y,
para el efecto, la delimitación de tales fenómenos, y los que constituyen los
derechos adquiridos con justo título y su quebranto por el efecto retroactivo
de la ley.
La aplicabilidad inmediata de esta para
regir situaciones o relaciones jurídicas en curso, parte de la diferenciación
que se hace entre el desconocimiento del derecho adquirido – situación jurídica
concreta de que habla Bonnecase- y la regulación por la ley nueva de las
consecuencias futuras de una relación de derecho, situación o status,
que nació bajo el imperio de un precepto legal anterior, pero que tiene la
característica de que se proyecta, opera jurídicamente dentro de la vigencia
del nuevo mandato. De ahí que la doctrina de tratadistas con la mayor autoridad
científica haya sido explícita en la clarificación de los dos aspectos del
efecto temporal del cumplimiento de la ley...
“La Corte ha acogido esta posición
diferencial en varios fallos que han definido casos de la mayor trascendencia,
como el citado antes y el de 12 de noviembre de 1937 (“G.J.”, núm. 1929, págs.
698  y ss.) que definió la demanda contra preceptos de la ley 10 de 1934 que
determinaron, para la liquidación del auxilio de cesantía, el cómputo del
tiempo servido con anterioridad a la vigencia de la ley, siempre que a la fecha
de esta existiera el vínculo jurídico laboral entre empleado y patrono. La
Corporación hizo entonces, siguiendo el criterio expuesto por el ex magistrado
de la Corte, doctor Manuel José Angarita, desde fines del siglo pasado, una
clara dicotomía ente el efecto retroactivo y el efecto retrospectivo de la ley,
para enmarcar dentro del primero el quebranto legal de los denominados por nuestra
Constitución derechos adquiridos conforme a leyes anteriores, y la simple
acción sobre los desarrollos, las modalidades o las consecuencias de las
relaciones jurídicas, situaciones o status en curso. En la aludida
sentencia de 1956 dijo, luego de acoger la terminología y el criterio
adoptados: “Muchas leyes, especialmente las que tocan con cuestiones de orden
público y se encaminan a remediar injusticias sociales existentes, se dictan no
solo con el propósito de evitar que tales injusticias se produzcan en el
futuro, sino de que se eliminen las ya producidas; o en otros términos, que su
aplicación comprenda las nuevas situaciones y las anteriores, en cuanto,
respecto de estas, no se viole ningún derecho adquirido” (“G.J.”, núm 2170,
pág. 260).
“Pero la Corte ha dejado diáfanamente
definido que la situación jurídica en curso o status que se origina
conforme a la ley anterior y opera dentro de la nueva, es un situación
consolidada que, si bien puede regirse en sus efectos futuros por la ley nueva,
no puede ser desconocida por esto, como no pueden ser desconocidos los derechos
concretos que ella genera y que quedaron consolidados antes de la última ley,
viniendo a constituir para ella facta praeterita. Es decir, son
intangibles estos como «bien jurídico creado por un hecho capaz de producirlo
según la ley entonces vigente (el hecho generador del status de derecho,
anota la sala), y que de acuerdo con los preceptos de la misma ley entró en el
patrimonio del titular » (Garavito, acogido por Tascón, Derecho constitucional
colombiano, edición 1939, pág 84). Pero la situación jurídica en curso no
es bien que en un momento dado, teniendo vocación hacia el futuro, haya
ingresado íntegramente al patrimonio del titular con todas sus características
y modalidades iniciales, y consecuencias futuras, para que en estas no pueda
afectarse por la norma legal que se expide durante su curso”.[4]
4. En su jurisprudencia, la Corte
Constitucional también se ha pronunciado sobre el concepto de retrospectividad
de la ley. Así, en la sentencia C-781 de 2003 (M.P. Clara Inés Vargas
Hernández) se expresó acerca su aplicación en el ámbito laboral:
“El artículo 25 de la Constitución dispone
que ‘el trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus
modalidades, de la especial protección del Estado’, y agrega que ‘toda
persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas’. Es
decir,  que la ley debe rodear el trabajo humano de especiales condiciones de
cuidado, estímulo, garantía y respeto. Acorde con este imperativo, la ley
laboral (art. 16 del CST) ha desarrollado como una de sus normas rectoras el
que sus disposiciones son de orden público, por lo que tienen ‘efecto
general e inmediato’ y por tanto afectan los contratos de trabajo vigentes
o en curso en el momento en que dichas normas empiecen a regir, ‘pero no
tienen efecto retroactivo, esto es no afectan situaciones definidas o
consumadas conforme a las leyes anteriores’.
La Corte también se ha referido al concepto
de retrospectividad en ámbitos diferentes al laboral. Así ocurrió cuando
estudió las acciones de inconstitucionalidad contra la Ley 333 de 1996[5], por la cual se
establecían normas de extinción de dominio sobre los bienes adquiridos en forma
ilícita, y en especial, cuando determinó la exequibilidad de su artículo 33.
Este artículo determinaba que si bien la Ley 333 regía a partir de su promulgación,
la extinción del dominio se podría declarar sobre bienes que hayan sido
adquiridos o destinados a actividades ilícitas con anterioridad a la
promulgación de esta ley.
Al respecto señaló la Corte:
"Contra lo que señalan los
demandantes, la norma examinada no vulnera el principio de irretroactividad de
la ley penal, primero porque, como ya se dijo, no se está ante la aplicación de
penas, y segundo por cuanto la figura allí prevista no corresponde al concepto
de retroactividad, en su sentido genuino, sino al de retrospectividad.
"En efecto, puede verse en el texto
del artículo que la Ley aprobada "rige a partir de la fecha de su
promulgación", es decir que sus disposiciones tendrán efecto y concreción
en el futuro y sobre la base del conocimiento público y oficial de su
contenido. Luego no es retroactiva.
(…)
"Supuesto esencial de la garantía de
irretroactividad de la ley es, entonces, la legitimidad del derecho consolidado
según el orden jurídico anterior.
"El propósito de ese postulado no es
otro que el de crear en los gobernados la certidumbre acerca de que si cumplen
las leyes vigentes y al amparo de ellas adquieren derechos o a su favor se
perfeccionan situaciones jurídicas, las nuevas leyes que el Estado promulgue no
habrán de afectar lo que legítimamente se obtuvo con anterioridad a su
vigencia.
"Pero, a la inversa, el Estado goza de
libertad para regular los efectos de hechos anteriores que no han implicado la
consolidación de derechos ni el perfeccionamiento de situaciones jurídicas bajo
la protección del orden jurídico precedente, en especial si ello resulta
indispensable para hacer que prevalezca el interés colectivo"[6]. (subrayado del texto
original)
También acudió la Corte a este concepto
cuando se refirió al carácter retrospectivo de las normas interpretativas de
otras leyes[7],
cuando estudió la aplicación de la Constitución de 1991 a las situaciones que
se encontraban en tránsito de ejecución para cuando entró en vigencia la Carta
Política[8]
y cuando analizó la constitucionalidad del Decreto 2271 de 1991, que adoptó
como legislación permanente el Decreto 2790 de 1991, el cual asignó a los
recién creados jueces especializados la competencia para continuar conociendo
determinados procesos penales que se encontraban en curso.[9]
5. Pues bien, por lo menos desde la sentencia C-168 de
1995, la Corte Constitucional asumió como propia, y en forma consistente, la
distinción entre derechos adquiridos y otras categorías jurídicas que permiten
que nuevas leyes tengan efecto general inmediato. Dentro de estas se destaca el
concepto de expectativas legítimas.
A partir de la mencionada sentencia, la Corte ha
decidido  que, en principio, los cambios en la ley laboral se aplican a las
relaciones de trabajo vigentes, independientemente de si son favorables o
desfavorables para los intereses del trabajador, siempre y cuando el trabajador
no tenga ya un derecho adquirido a que se aplique la vieja normatividad, por
cuanto ya había reunido los requisitos necesarios para poder acceder al derecho
cuya reglamentación fue modificada.
Por otra parte, la Corte ha establecido que cuando un
trabajador ya cumplió con los requisitos necesarios para poder acceder a un
derecho, las nuevas leyes laborales que modifiquen los requisitos para acceder
a ese derecho no le pueden ser aplicados. En este caso, entonces, se prohibe la
retroactividad de la ley laboral, por cuanto el trabajador tendría ya un
derecho adquirido a acceder a ese derecho de acuerdo con los requisitos del
pasado.
La Corte Constitucional ha mantenido esta distinción,
como se demuestra en las sentencias que se mencionan a continuación:
6. En la sentencia C-168 de 1995, la Corte decidió
sobre una demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 11 (parcial), 36
(parcial) y 288 de la Ley 100 de 1993, que se ocupan, respectivamente, del
campo de aplicación de la ley, de su régimen de transición y de la aplicación
de las disposiciones contenidas en la ley y en las leyes anteriores.[10] En términos similares
a los de la demanda que se analiza en este proceso, el actor afirmaba que las
normas atacadas vulneraban el principio de la condición más beneficiosa, por
cuanto desconocían derechos de los trabajadores previstos en la normatividad
anterior que aún no estaban consolidados. Afirmaba entonces que era necesario
diferenciar los conceptos de “derechos adquiridos” y de “condición más
beneficiosa”, pues mientras aquél se derivaba del artículo 58 de la
Constitución, el último provenía del inciso final del artículo 53 de la misma,
por cuanto se correspondía con la prohibición de menoscabar los derechos de los
trabajadores.
Luego de hacer una exploración en la doctrina y la
jurisprudencia acerca del tema de los derechos adquiridos y de las meras
expectativas, en la sentencia se expresó sobre estos dos conceptos:
“Como se puede apreciar, la jurisprudencia
al igual que la doctrina, distingue los derechos adquiridos de las simples
expectativas, y coinciden ambas en afirmar que los primeros son intangibles y
por tanto, el legislador al expedir la ley nueva no los puede lesionar o
desconocer. No sucede lo mismo con las denominadas "expectativas",
pues como su nombre lo indica, son apenas aquellas probabilidades o esperanzas
que se tienen de obtener algún día un derecho; en consecuencia, pueden ser
modificadas discrecionalmente por el legislador.
“Nuestro Estatuto Superior protege expresamente,
en el artículo 58, los derechos adquiridos y prohibe al legislador expedir
leyes que los vulneren o desconozcan, dejando por fuera de esa cobertura a las
llamadas expectativas, cuya regulación compete al legislador, conforme a los
parámetros de equidad y justicia que le ha trazado el propio Constituyente para
el cumplimiento de su función.
“Así las cosas, se puede concluir que quien
ha satisfecho los requisitos de edad y tiempo de servicio o número de semanas
cotizadas, exigidas por la ley para acceder a una pensión de jubilación o de
vejez, tiene un derecho adquirido a gozar de la misma. Pero quien aún no ha
completado el tiempo de servicio o llegado a la edad prevista en la norma
legal, no tiene un derecho sino que se halla apenas ante una simple expectativa
de alcanzarlo en el momento de reunir la condición faltante.
“En conclusión: el derecho adquirido se
incorpora de modo definitivo al patrimonio de su titular y queda a cubierto de
cualquier acto oficial que pretenda desconocerlo, pues la propia Constitución
lo garantiza y protege; no ocurre lo mismo con la expectativa que, en general,
carece de relevancia jurídica y, en consecuencia, puede ser modificada o
extinguida por el legislador. Y es en esta última categoría donde debe ubicarse
la llamada 'condición más beneficiosa’.”
“(...)
“(…) Entonces, mientras no se realicen
íntegramente los presupuestos, condiciones o requisitos que la misma norma
contempla para adquirir el derecho, mal puede hablarse de "derecho
adquirido"; lo que existe es una simple esperanza de alcanzar ese derecho
algún día, es decir, una "expectativa", y como se ha reiterado, la
Constitución no las protege. Sin embargo, considera la Corte que las
'expectativas' pueden y deben ser objeto de valoración por parte del legislador
quien en su sabiduría, y bajo los parámetros de una anhelada justicia social,
debe darles el tratamiento que considere acorde con los fines eminentemente
proteccionistas de las normas laborales.”
7. En la sentencia C-596 de 1997 la Corte
analizó la acusación contra una frase del artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
según la cual el régimen de transición se aplicaría a las personas que
cumplieran con ciertos requisitos y estuvieran afiliados a un régimen pensional
en el momento de entrada en vigencia de la Ley.[11] La demanda
consideraba, entre otras cosas, que la expresión acusada vulneraba la
prohibición de menoscabo de los derechos de los trabajadores y los principios
de favorabilidad laboral y de irrenunciabilidad de los beneficios mínimos
laborales, por cuanto implicaba que el régimen de transición no sería aplicable
a las personas que en el momento de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993
no habían estado afiliados a un régimen pensional.
En la providencia la Corte expresó acerca de la
diferencia entre derechos adquiridos y meras expectativas:
"Justamente por cuanto los derechos a
la seguridad social no se tienen por el simple hecho de ser persona humana,
como si sucede con los derechos fundamentales o derechos de primera generación,
para ser titular de ellos es necesario acreditar el cumplimiento de los
requisitos que la ley, de manera general, impone para adquirirlos. Cuando, en
vigencia de la ley que señala tales requisitos, estos llegan a cumplirse, se
habla de derecho adquirido en materia de seguridad social. Cuando, por el
contrario, durante el término de vigencia de la ley que prescribe tales
condiciones, la persona que aspira a la titularidad de ellos está en vía de
cumplirlas, se habla de expectativa de derecho.
“Las consecuencias jurídicas en uno y otro
supuesto son bien distintas: los derechos adquiridos, al tenor del artículo 58
la Carta Política, no pueden ser desconocidos por leyes posteriores; no así las
simples expectativas de derecho.
“Para el caso concreto de las personas a
las que se refiere la norma demandada, esto es las personas beneficiarias del
régimen de transición al que se ha hecho referencia en esta Sentencia, resulta
evidente que, por cuanto ellas, al momento de entrar a regir la Ley 100 de 1993
no habían cumplido aún con los requisitos exigidos para acceder a la pensión de
jubilación o de vejez por el régimen pensional al cual estuvieran afiliadas, no
habían adquirido ningún derecho en tal sentido, y sólo tenían al respecto una
expectativa de derecho.”
8. En la sentencia C-789 de 2002 la Corte se ocupó de
la demanda presentada contra los incisos 4 y 5 del artículo 36 de la Ley 100 de
1993, los cuales establecen que el régimen de transición pensional no se
aplicaría a las personas que voluntariamente se acogieran al régimen de ahorro
individual, aun cuando decidieran retornar luego al régimen de prima media con
prestación definida. [12]
El actor consideraba, entre otras cosas, que las personas que, en el momento de
entrada en vigencia de la ley, cumplieran con los requisitos de edad o de
tiempo de servicio contaban con el derecho adquirido a gozar del régimen de
transición, a pesar de que en un momento se hubieren trasladado al régimen de
ahorro individual. Por lo tanto, afirmaba que esas normas vulneraban, entre
otros,  los derechos adquiridos y el principio de la “irrenunciabilidad a los
beneficios mínimos establecidos en normas laborales”, contemplado en el
artículo 53 de la Carta.
En la providencia, la Corte reiteró sus
pronunciamientos acerca de la diferencia entre los conceptos de derechos
adquiridos y de expectativas legítimas:
“La creación de
un régimen de transición constituye entonces un mecanismo de protección para
que los cambios producidos por un tránsito legislativo no afecten
desmesuradamente a quienes, si bien no han adquirido el derecho a la pensión,
por no haber cumplido los requisitos para ello, tienen una expectativa legítima
de adquirir ese derecho, por estar próximos a cumplir los requisitos para
pensionares, en el momento del tránsito legislativo.
“En reiteradas ocasiones esta Corporación
se ha pronunciado de manera general sobre el significado y el alcance de la
protección constitucional a los derechos adquiridos y sobre las diferencias con
la protección que reciben las expectativas legítimas. Así mismo, se ha referido
a las diferencias entre estas dos instituciones jurídicas, en relación con la
aplicación de los regímenes de pensiones a personas que antes de la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993, no cumplían los requisitos para acceder a la
pensión. Recogiendo criterios doctrinarios y jurisprudenciales comúnmente
aceptados sobre la materia, ha estimado que derechos adquiridos presuponen la
consolidación de una serie de condiciones contempladas en la ley, que permiten
a su titular exigir el derecho en cualquier momento.  Entre tanto, en las
expectativas, tales presupuestos no se han consolidado conforme a la ley, pero
resulta probable que lleguen a consolidarse en el futuro, si no se produce un
cambio relevante en el ordenamiento jurídico.
“Con todo, la Corte también ha sostenido
que el legislador no está obligado a mantener en el tiempo las expectativas que
tienen las personas conforme a las leyes vigentes en un momento determinado.
Ello se debe a que, por encima de cualquier protección a estos intereses,
prevalece su potestad configurativa, la cual le permite al legislador darle
prioridad a otros intereses que permitan el adecuado cumplimiento de los fines
del Estado Social de Derecho.[13]
“Aun así, esta Corporación ha sostenido que
cualquier tránsito legislativo debe consultar parámetros de justicia y equidad,
y que, como toda actividad del Estado, está sujeta a los principios de
razonabilidad y proporcionalidad.[14]
“En virtud de lo anterior, no resulta
admisible el argumento que esgrime el demandante, en el sentido de que quienes
cumpliendo la edad y teniendo afiliación vigente al momento de entrar a regir
el sistema de pensiones de la Ley 100 de 1993, consolidaron en su cabeza una
situación jurídica o adquirieron un derecho, por el tiempo en que se
mantuvieron en el régimen de prima media con prestación definida, pues para el
momento en que renunciaron voluntariamente a dicho régimen no habían adquirido
el derecho a la pensión.  Tenían apenas una expectativa legítima, a la cual
decidieron renunciar voluntaria y autónomamente, para trasladarse al sistema de
ahorro individual con solidaridad.”
De esta manera, en la sentencia se concluyó que “en
relación con las condiciones de edad, tiempo de servicios y monto de la
pensión, la protección constitucional a favor del trabajador, que le impide al
legislador expedir normas que les permitan renunciar a ciertos beneficios
considerados como mínimos no se refiere a las expectativas legítimas, sino a
aquellos derechos que hayan sido adquiridos por sus titulares o a aquellas
situaciones que se hayan consolidado definitivamente en cabeza de sus
titulares.[15]”
A renglón seguido, sin embargo, la Corporación afirmó
que existían algunos límites en la potestad de configuración del régimen
pensional por parte del Congreso, y con base en ello condicionó la declaración
de constitucionalidad de los incisos demandados. Dijo al respecto la Corte:
“Como se dijo anteriormente, los incisos 4º
y 5º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no están contrariando la prohibición
de renunciar a los beneficios laborales mínimos, pues las personas que cumplen
los requisitos necesarios para hacer parte del régimen de transición no tienen
un derecho adquirido a su pensión.  Sin embargo, el valor constitucional del
trabajo (C.N. preámbulo y art. 1º), y la protección especial que la Carta le
otorga a los trabajadores, imponen un límite a la potestad del legislador para
configurar el régimen de seguridad social.  En virtud de dicha protección, los
tránsitos legislativos deben ser razonables y proporcionales, y por lo tanto,
la ley posterior no podría desconocer la protección que ha otorgado a quienes
al momento de entrada en vigencia del sistema de pensiones llevaban más de
quince años de trabajo cotizados.
“(…)
“Conforme al principio de proporcionalidad,
el legislador no puede transformar de manera arbitraria las expectativas
legítimas que tienen los trabajadores respecto de las condiciones en las cuales
aspiran a recibir su pensión, como resultado de su trabajo.[16]  Se estaría
desconociendo la protección que recibe el trabajo, como valor fundamental del
Estado (C.N. preámbulo, art. 1º), y como derecho-deber (C.N. art. 25). Por lo
tanto, resultaría contrario a este principio de proporcionalidad, y violatorio
del reconocimiento constitucional del trabajo, que quienes han cumplido con el
75% o más del tiempo de trabajo necesario para acceder a la pensión a la
entrada en vigencia del sistema de pensiones, conforme al artículo 151 de la
Ley 100 de 1993 (abril 1º de 1994),[17]
terminen perdiendo las condiciones en las que aspiraban a recibir su pensión”.
9. En la sentencia C-781 de 2003 la Corte se pronunció
sobre la acusación de inconstitucionalidad contra el inciso primero y el
parágrafo 2 del artículo 29 de la Ley 789 de 2002, que modificaron el régimen
de indemnización para los trabajadores que devengaran más de un salario mínimo,
cuando a la terminación del contrato de trabajo no les hubieren pagado todos
los salarios y prestaciones debidos.[18]
La actora consideraba que las normas desconocían los derechos adquiridos de los
trabajadores en relación con el antiguo régimen de indemnización moratoria
regulado en el artículo 65 del CST, con lo cual vulneraban los artículos 25 y
53 de la Constitución. Igualmente, afirmó que vulneraba el principio de
igualdad la diferenciación que incluía acerca del régimen de indemnización, de
acuerdo a si el trabajador percibía un salario mínimo o más.
En su fallo la Corte corroboró su jurisprudencia
acerca de la diferencia entre los derechos adquiridos y las meras expectativas
y recalcó que el legislador está autorizado para modificar las normas
laborales, “sin más límites que los que le imponga la misma Constitución y los
derechos fundamentales de las personas”:
“(...) el artículo 53 del Ordenamiento
Superior dispone que la ley no puede menoscabar los derechos de los
trabajadores. Y en el mismo sentido se orienta el artículo 58 ibídem al señalar
que “se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con
arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni
vulnerados por leyes posteriores”. De modo que una vez se ha consumado la
situación jurídica e individual, y constituido así el derecho concreto, los
derechos laborales entran al patrimonio de la persona y son intangibles frente
a la nueva legislación.
“Sobre la intangibilidad de los derechos
adquiridos la Corte ha expresado:
‘Configuran derechos adquiridos las
situaciones jurídicas individuales que han quedado definidas y consolidadas
bajo el imperio de una ley y que, en tal virtud, se entienden incorporadas
válida y definitivamente o pertenecen al patrimonio de una persona. Ante la
necesidad de mantener la seguridad jurídica y asegurar la protección del orden
social, la Constitución prohibe el desconocimiento o modificación de las
situaciones jurídicas consolidadas bajo la vigencia de una ley, con ocasión de
la expedición de nuevas regulaciones legales. De este modo se construye el
principio de la irretroactividad de la ley, es decir, que la nueva ley no tiene
la virtud de regular o afectar las situaciones jurídicas del pasado que han
quedado debidamente consolidadas, y que resultan intangibles e incólumes
frente a aquélla, cuando ante una determinada situación de hecho se han operado
o realizado plenamente los efectos jurídicos de las normas en ese momento
vigentes’[19]. (Subrayado fuera de texto).
“Así mismo, la Corte ha manifestado que el
principio de irretroactividad de la ley no opera respecto de las meras
expectativas:
‘La noción de derecho adquirido ha sido
ampliamente discutida por la ciencia jurídica, a fin de distinguirla de las
meras expectativas, pues mientras el primero no puede ser desconocido por las
leyes ulteriores, por el contrario las segundas no gozan de esa protección.
Esta distinción se relaciona entonces con la aplicación de la ley en el tiempo
y la prohibición de la retroactividad, pues en principio una norma posterior no
puede desconocer situaciones jurídicas consolidadas durante la vigencia de una
regulación anterior, pero en cambio la ley puede modificar discrecionalmente
las meras probabilidades o esperanzas que se tienen de obtener algún día un
derecho. A su vez, esta prohibición de la retroactividad es consustancial a la
idea misma del derecho en una sociedad democrática, pues la regulación social a
través de normas jurídicas pretende dirigir la conducta de personas libres, por
lo cual es necesario que los individuos conozcan previamente las normas para
que puedan adecuar sus comportamientos a las mismas. Una aplicación retroactiva
de una ley rompe entonces no sólo la confianza de las personas en el derecho,
con lo cual se afecta la buena fe sino que, además, desconoce la libertad y
autonomía de los destinatarios de las normas, con lo cual se vulnera su
dignidad’.[20] (Subrayado fuera de texto).
“También debe señalarse que la
intangibilidad de los derechos adquiridos no significa que la legislación deba
permanecer petrificada indefinidamente y que no pueda sufrir cambios o
alteraciones, y tampoco que toda modificación normativa per se
desconozca derechos adquiridos, ‘pues nadie tiene derecho a una cierta y
eterna reglamentación de sus derechos y obligaciones, ni aún en materia laboral
en la cual la regla general, que participa de la definición general de este
fenómeno jurídico, en principio hace aplicable la nueva ley a todo contrato en
curso, aun si se tiene en cuenta aspectos pasados que aún no están consumados,
y tiene por lo tanto efectos retrospectivos, de un lado, y pro futuro, del
otro’[21].
“(...)
“El actor se equivoca cuando afirma que el
cambio legislativo operado con el artículo 29 de la Ley 789 de 2002 desconoce
los derechos adquiridos de los trabajadores en relación con el régimen de
indemnización por falta de pago consagrado en el artículo 65 del CST, pues está
claro que en ejercicio de su competencia constitucional el legislador,
atendiendo a las condiciones económicas y sociales del momento, puede
introducir enmiendas a la legislación laboral, sin más límites que los que le
imponga la misma Constitución y los derechos fundamentales de las personas[22]. Así lo hizo al
modificar mediante el precepto censurado la  indemnización por falta de pago,
sin que en manera alguna pueda afirmarse que por esta sola circunstancia haya
violado derechos adquiridos, pues, se repite, la ley rige hacia el futuro y
nadie tiene derecho a una eterna reglamentación de sus eventuales derechos y
obligaciones.  Además, la norma debe interpretarse en armonía con lo dispuesto
en el artículo 52 de la misma Ley, que señaló como fecha de entrada en vigencia
de las modificaciones la de la publicación de la ley.[23]
“De otra parte,
la Sala considera que si se aceptara que los efectos del artículo 38 de la Ley
153 de 1887 son asimilables en la esfera del derecho laboral, para sostener que
en todo contrato de esta naturaleza se entenderán incorporadas las leyes
vigentes al tiempo de su celebración, ello no implica que el esquema de la
indemnización moratoria deba mantenerse inalterado en el tiempo y que el
legislador no pueda introducir modificaciones en su contenido.  Al respecto
conviene recordar que las normas que regulan las relaciones laborales son de
orden público, lo cual significa que la autonomía de la voluntad se restringe
considerablemente ya que es el Legislador el encargado de adoptar diseños
normativos para ámbitos concretos como el de la indemnización moratoria, y de
señalar sus efectos temporales, claro está, dentro del marco fijado por la
Constitución.
“Así, es incorrecto afirmar que el régimen
de indemnización moratoria vigente hasta la expedición de la Ley 789 de 2002 se
hace extensivo a todos los contratos suscritos antes de su promulgación, por
cuanto el derecho a ese pago únicamente se consolida cuando a la fecha de
terminación del vínculo laboral el empleador no cancela los salarios y
prestaciones sociales al trabajador, pero en manera alguna nace al momento
mismo de la celebración del contrato.  Suponer lo contrario implicaría entonces
la petrificación del ordenamiento y el menoscabo de principios constitucionales
como la seguridad jurídica, tal y como lo ha señalado la propia Corte...”
10. En la sentencia C-038 de 2004 la Corte conoció,
entre otras, sobre la demanda presentada contra los artículos 25, 26, 28 y 30
de la Ley 789 de 2002, que modificaron distintas normas laborales. [24]   Los artículos fueron acusados por vulnerar
los artículos 25 y 53 de la Constitución, por cuanto disminuían las garantías
laborales, [25] y
desconocían las “conquistas históricas de los trabajadores”[26] y la irrenunciabilidad
de los beneficios mínimos laborales[27].
En la sentencia, la Corte recalcó la distinción entre
los conceptos de derechos adquiridos y de expectativas legítimas:
“13- La doctrina jurídica y la
jurisprudencia de esta Corte se han esforzado por distinguir rigurosamente
entre los derechos adquiridos y las meras  expectativas. Y la razón de ese
esfuerzo es clara: conforme al artículo 58 de la Carta, los derechos adquiridos
gozan de protección constitucional, y no pueden ser desconocidos por las leyes
ulteriores, mientras que las meras expectativas no gozan de esa protección (CP
art. 58). Esto significa que, como esta Corte lo ha indicado reiteradamente, la
ley no puede desconocer situaciones jurídicas consolidadas durante la vigencia
de una regulación anterior, pero en cambio puede modificar regulaciones
abstractas, aunque éstas impliquen erosionar las probabilidades o esperanzas
que alguna persona tenía de obtener algún día un derecho, si la normatividad
modificada hubiera permanecido inalterada[28].
“(…)
“Conforme a lo anterior, en principio la
ley no puede afectar una situación jurídica concreta y consolidada, que ha
permitido que un derecho ingrese al patrimonio de una persona, por haberse
cumplido todos los supuestos previstos por la norma abstracta para el
nacimiento del derecho. Una modificación de esa situación está en principio
prohibida por desconocer derechos adquiridos (CP art 58). Pero en cambio, la
ley puede modificar las regulaciones abstractas, sin que una persona pueda
oponerse a ese cambio, aduciendo que la nueva regulación le es menos favorable
y le frustra su posibilidad de adquirir un derecho, si aún no se han cumplido
todos los supuestos fácticos que la regulación modificada preveía para el
nacimiento del derecho (…) Y es que si se admitiera que una mera expectativa
pudiera impedir el cambio legislativo, llegaríamos prácticamente a la
petrificación del ordenamiento, pues frente a cada nueva regulación, alguna
persona podría objetar que la anterior normatividad le era más favorable y no
podía entonces ser suprimida[29].
“(…)
“15- Esta Corte ha igualmente señalado que,
a pesar de que la Constitución protege especialmente al trabajo (CP arts 1, 25
y 53), que es en nuestro ordenamiento no sólo un derecho fundamental sino
además un principio y valor fundante del Estado (CP Preámbulo y art 1º), las
meras expectativas no representan una barrera contra los cambios legislativos
en materia laboral, incluso si las nuevas regulaciones resultan menos
favorables a los trabajadores.”
Con base en lo anterior, la Corte
concluyó que la acusación contra las normas indicadas no prosperaba. Al mismo
tiempo advirtió que, como se verá más adelante,  los cambios en las normas
laborales no solamente debían analizarse desde el punto de vista de la
dicotomía conceptual derechos adquiridos – expectativas legítimas, sino que
también debían estudiarse desde otras perspectivas:
“18- La Corte concluye entonces que el
cargo por vulneración de derechos adquiridos carece de sustento, y que en este
punto aciertan los intervinientes que defienden la constitucionalidad de las
disposiciones acusadas. Sin embargo, esto no significa que automáticamente la
Corte deba declarar exequibles esas disposiciones pues, contrariamente a lo
sostenido por esos intervinientes, el único límite que tiene el Legislador al
modificar las regulaciones laborales no es el respeto a los derechos
adquiridos; el Congreso tiene también otras restricciones que debe respetar y
que la Corte procede a precisar.”
11. En la sentencia C-314 de 2004 la Corte falló sobre
las acusaciones de inconstitucionalidad presentadas contra algunos apartes de
los artículos 16 y 18 del Decreto 1750 de 2003, mediante el cual se escindió el
Instituto de Seguros Sociales y se crearon empresas sociales del Estado (ESE).[30]Las normas demandadas
establecían que, salvo algunas excepciones, los servidores de las nuevas
empresas sociales del Estado serían empleados públicos, y que, por lo tanto su
régimen salarial y prestacional sería el propio de los empleados públicos de la
Rama Ejecutiva del orden nacional. Además, disponía que, en todo caso, se
respetarían los derechos adquiridos.
En la sentencia, la Corte entró a analizar si las
normas acusadas vulneraban i) los derechos adquiridos de los trabajadores y,
particularmente, el derecho a la negociación colectiva - por cuanto dejaron de
ser trabajadores oficiales y fueron definidos como empleados públicos -, y
otros derechos legales y convencionales obtenidos a través de dicho mecanismo;
y ii) el principio de igualdad, por cuanto en otras empresas comerciales e
industriales del Estado, naturaleza que ostentan las empresas sociales del
Estado creadas por medio del decreto demandado, sus trabajadores son
trabajadores oficiales y no empleados públicos.
Para los efectos de la presente sentencia son de
interés los argumentos expuestos por la Corte en aquella ocasión acerca de la
acusación contra las normas por la vulneración de los derechos adquiridos. Para
ello, la Corte insistió inicialmente en la diferencia desarrollada en la
jurisprudencia entre los derechos adquiridos y las expectativas legítimas:
“De conformidad con la jurisprudencia
constitucional, los derechos adquiridos son aquellos que han ingresado
definitivamente en el patrimonio de la persona. Así, el derecho se ha adquirido
cuando las hipótesis descritas en la ley se cumplen en cabeza de quien reclama
el derecho, es decir, cuando las premisas legales se configuran plenamente. De
acuerdo con esta noción, las situaciones jurídicas no consolidadas, es decir,
aquellas en que los supuestos fácticos para la adquisición del derecho no se
han realizado, no constituyen derechos adquiridos sino meras
expectativas.
“A este respecto la Corte dijo:
‘La Corte ha indicado que se vulneran los
derechos adquiridos cuando una ley afecta situaciones jurídicas consolidadas
que dan origen a un derecho de carácter subjetivo que ha ingresado,
definitivamente, al patrimonio de una persona. Sin embargo, si no se han
producido las condiciones indicadas, lo que existe es una mera expectativa que
puede ser modificada o extinguida por el legislador[31].’ (Sentencia C-584/97,
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz)
“En cuanto a su ámbito de protección, la Corte ha
dicho que, por disposición expresa del artículo 58 constitucional, los derechos
adquiridos son intangibles, lo cual implica que no pueden ser desconocidos por
leyes posteriores, no obstante lo cual ésta pueda modificar o, incluso,
extinguir los derechos respecto de los cuales los individuos tienen apenas una
simple expectativa.
“(...)
“De la jurisprudencia transcrita se
concluye que ni la ley ni las autoridades administrativas o judiciales pueden
modificar situaciones jurídicas que se han consolidado conforme a leyes
anteriores, pero pueden hacerlo en caso de meras expectativas.”
A continuación, la Corte se ocupó de
establecer si el cambio normativo efectuado a través de las normas demandadas
del decreto 1750 de 2003 había vulnerado los derechos adquiridos de los
trabajadores de las Empresas Sociales del Estado creadas por el mencionado
decreto. Para ello aseguró, en primer lugar, que los servidores públicos
adscritos a las empresas sociales del Estado que adquirieron la categoría de
empleados públicos y perdieron la de trabajadores oficiales, habían perdido
también el derecho a presentar pliegos de peticiones y a negociar convenciones
colectivas de trabajo. Luego, afirmó que, no obstante lo anterior, la
imposibilidad de presentar convenciones colectivas de trabajo no se erige en
quebrantamiento de los derechos adquiridos. Manifestó la Corte sobre este
punto:
“En segundo lugar, retomando lo dicho por
la jurisprudencia, el derecho a pertenecer a uno u otro régimen laboral no constituye
un derecho adquirido, pues el legislador, habilitado por una potestad general
de regulación, puede determinar la estructura de la administración pública de
acuerdo con su valoración de las necesidades públicas.
“En consecuencia, si la pertenencia de un
servidor público a un determinado régimen laboral, llámese trabajador oficial o
empleado público, no es un derecho adquirido, entonces la facultad de presentar
convenciones colectivas, que es apenas una potestad derivada del tipo
específico de régimen laboral, tampoco lo es. Jurídicamente, la Corte encuentra
válido considerar que en este caso lo accesorio sigue la suerte de lo
principal, de modo que al no existir un derecho a ser empleado público o
trabajador oficial, tampoco existe un derecho a presentar convenciones
colectivas si el régimen laboral ha sido modificado.
“(...)
“Por otro lado, adicional a los argumentos
expuestos, esta Corte estima que el cambio de régimen laboral de trabajadores
oficiales a empleados públicos no implica la pérdida total de los derechos
laborales de los trabajadores afectados, pues la imposibilidad de celebrar
convenciones colectivas de trabajo en el caso de los empleados públicos no
constituye una disminución de su derecho de asociación.”
Luego,
la sentencia se concentró en la acusación acerca de que la conversión de los
servidores del ISS en empleados públicos de las empresas sociales del Estado
les desconocía las prestaciones y derechos que les habían sido reconocidos en
las convenciones colectivas, razón por la cual se vulneraban sus derechos
adquiridos. Sobre este punto, que es uno de los anotados por el actor del
presente proceso de constitucionalidad, la Corte manifestó que en los procesos
de reestructuración debían respetarse los derechos adquiridos, y luego expresó
que la convención colectiva de trabajo es también fuente de derechos
adquiridos:
“Frente a esta acusación, la Corte considera
indispensable retomar la doctrina sobre los derechos adquiridos que fue
esbozada previamente, pero no ya con el fin de analizarla desde su perspectiva
general, sino de encuadrarla en la discusión sobre los derechos convencionales
adquiridos por los servidores del Estado en el marco de los procesos de
reestructuración.
“Lo que como primera medida debe recordarse es que
los derechos adquiridos tienen rango constitucional, razón por la cual ninguna
disposición normativa de inferior jerarquía puede contener orden alguna que
implique su desconocimiento. En este sentido, el artículo 58 de la Carta es
preciso al afirmar que ‘se garantizarán la propiedad privada y los demás
derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser
desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores’; al igual que, en materia
laboral, el artículo 53 resulta expreso cuando señala que ‘la ley, los
contratos, los acuerdos y los convenios de trabajo no pueden menoscabar la
libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores’[32].
“Como es lógico, los procesos de reestructuración de
la administración pública no pueden apartarse de dicha preceptiva. Por este motivo,
la Corte Constitucional ha reconocido que también en ellos deben respetarse los
derechos adquiridos conforme a las leyes civiles. La consideración anterior
implica que cualquier decisión del Estado encaminada a modificar la estructura
de la administración pública, en la que se afecte directamente la condición
jurídica de los servidores públicos, debe partir de la premisa indiscutible de
la protección de los derechos que han ingresado definitivamente en el
patrimonio jurídico de sus titulares.
“(...)
“Ya que la convención colectiva de trabajo
es un sistema jurídico que rige contratos de trabajo determinados, es posible
afirmar que, en lo que respecta a los trabajadores cobijados por ella, aquella
es fuente de derechos adquiridos por lo menos durante el tiempo en que dicha
convención conserva su vigencia. Por lo mismo, dado que la definición prevista
en el artículo 18 del Decreto 1750 de 2003 deja por fuera los derechos
derivados de las convenciones colectivas de trabajo por el tiempo en que fueron
pactadas, aquella resulta restrictiva del ámbito de protección de tales
derechos de conformidad con el contexto constitucional y, por tanto, debe ser
retirada del ordenamiento jurídico.”
12. Finalmente, en la sentencia C-754 de 2004 la Corte
estudió la demanda presentada contra el artículo 4 de la Ley 860 de 2003, por
medio del cual se reformaba el régimen de transición pensional adoptado en la
Ley 100 de 1993.[33]
Los demandantes manifestaron que en su aprobación se había incurrido en un
vicio insubsanable de trámite  y que en ella se habían desconocido los
criterios fijados en la sentencia C-789 de 2002, ya reseñada.
Después de considerar la acusación acerca de la
violación del procedimiento, la Corte trató sobre las acusaciones de fondo.
Para ello transcribió íntegramente los acápites 3.1, 3.2 y 3.3 de la mencionada
sentencia C-789 de 2002, y concluyó que en ella “la Corte advirtió
claramente  que si el cambio en la normativa del régimen de transición ocurre
después de haber entrado a regir la norma y por tanto luego de haberse consolidado
la situación de las personas a las que se les aplica, el mismo resulta
ilegítimo”. De esta forma, decidió que los trabajadores tienen el derecho
adquirido – y no una mera expectativa - a que se les respete el régimen de
transición al cual ya habían ingresado en virtud de una norma anterior:
“Ahora bien, la Corte constata que el
artículo 4° de la Ley 860 de 2003  acusado cambia las reglas de juego,
establecidas para quienes estaban próximos a pensionarse cuando entró a regir
la Ley 100 de 1993,  que definió el artículo 36 de  la misma Ley.
“(...)
“Es decir, que a  las personas que el 1°
de abril de 1994 tuvieran  35 años, en el caso de las mujeres, o 40 años en el
caso de los hombres, y que a partir del 1º de enero del 2008 cumplan las
condiciones para acceder a la pensión, se les variaron los requisitos  para
acceder a la misma, que les había reconocido el régimen de transición de la Ley
100 de 1993.
“Cabe precisar al respecto que como se
desprende de los antecedentes legislativos de la Ley 100 de 1993, a esas
personas se les garantizó una transición  en los términos  establecidos  en
ella, con el propósito no sólo de  preservar en ese momento su expectativa
legítima en cuanto a las condiciones de acceso a la pensión, sino de “no
provocar un traslado masivo del Instituto a los fondos”, creados por la misma
Ley.[34]
“La Corte advierte en este sentido que al
entrar en vigencia el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, las personas que a
primero de abril de 1994 cumplían con los requisitos señalados en la norma
adquirieron el derecho a pensionarse según el régimen de transición, -que por
lo demás los indujo a permanecer  en el Instituto de los Seguros Sociales  en
lugar de trasladarse a los Fondos  creados por la Ley 100, así estos
ofrecieran flexibilidad para graduar la pensión-.  Ello por cuanto a esa fecha
cumplían con los requisitos  establecidos en el artículo 36, y consecuentemente
incluyeron en su patrimonio el derecho a adquirir su pensión en los términos
del régimen de transición.
“Ahora bien, cabe precisar  que  si bien la
Corte  en la Sentencia C-789 de 2003 señaló que no existe propiamente un
derecho adquirido a ingresar al régimen de transición, -pues  si el
legislador cambia las condiciones en que se puede ingresar al régimen de
transición, únicamente modifica meras expectativas-, esto no significa que las
condiciones para continuar en él si puedan ser cambiadas una vez
cumplidos los supuestos normativos en él señalados, -que es lo que se discute
en relación con el artículo 4º de la Ley 860-, pues las personas  cobijadas por
dicho régimen  tienen derecho a que se les respeten  las condiciones en él
establecidas.
“Al respecto téngase en cuenta que en la
Sentencia C-789 de 2003,  -dentro del contexto del análisis de las
disposiciones acusadas en esa oportunidad-, la Corte  hizo énfasis  en que  “se
podría hablar de una frustración de la expectativa a pensionarse en
determinadas condiciones y de un desconocimiento del trabajo de quienes se
trasladaron al sistema de ahorro individual, si la condición no se hubiera
impuesto en la Ley 100 de 1993, sino en un tránsito legislativo posterior,
y tales personas se hubieran trasladado antes del tránsito legislativo”,
queriendo significar con ello que si el cambio en las condiciones de acceso a
la pensión, a que las normas acusadas en esa oportunidad aludían, hubiera
ocurrido antes de la entrada en vigencia del régimen, las personas habrían
quedado informadas sobre dicha circunstancia, siendo imposible catalogar la
modificación como violatoria de sus derechos, pero que, de haberse  producido
una vez entrado en vigencia  “en tal situación, la nueva ley sí hubiera
transformado –de manera heterónoma- la expectativa legítima de quienes estaban
incluidos dentro del régimen de transición”[35].
“En otras palabras, en la Sentencia C-789
de 2002 la Corte advirtió claramente  que si el cambio en la normativa del
régimen de transición ocurre después de haber entrado a regir la norma y por
tanto luego de haberse consolidado la situación de las personas a las que se
les aplica, el mismo resulta  ilegítimo.
“De todo lo anterior se desprende que el
Legislador al expedir la norma acusada  no tuvo en cuenta que, como se explicó
en la Sentencia C-789 de 2002, si bien frente a un tránsito legislativo  y al
régimen de transición respectivo  el derecho a la pensión no es un derecho
constitucional adquirido, sino una expectativa legítima, sí existe un derecho al
régimen de transición de las personas cobijadas por el mismo[36]. Tampoco tuvo en cuenta que
una vez entrada en vigencia la disposición que consagra el régimen de
transición, los trabajadores que cumplan con los requisitos exigidos para el
mismo consolidan una situación concreta que no se les puede menoscabar[37].
“Así las cosas ha de concluirse que la
norma acusada,  no solo resulta inexequible por  los vicios de procedimiento
estudiados en esta sentencia, sino que su contenido material  tampoco se aviene
a la Constitución.
“No sobra señalar que las consideraciones anteriores
no pueden interpretarse en el sentido  que el Legislador no pueda establecer
regímenes de transición, ni que se desvirtúe su competencia para modificar las
condiciones en las cuales se puede obtener el derecho a la pensión. El
Legislador debe respetar en todo caso, los principios de favorabilidad y
proporcionalidad a que se hizo detallado análisis en la sentencia C-789 de
2002, de la misma manera que debe atender el trámite legislativo establecido en
la Constitución, sin incurrir en los vicios que, como los identificados en esta
ocasión y en la sentencia C-1056 de 2003[38],
llevan necesariamente a que la Corte en cumplimiento de su irrenunciable labor
de control y de protección de la integridad de la Constitución declare la
inexequibilidad de las disposiciones que no lo cumplen.”
13.  El recuento jurisprudencial anterior
permite concluir que, por lo menos desde la sentencia C-168 de 1995, la Corte
Constitucional ha sido consistente en la utilización de la dicotomía conceptual
derechos adquiridos – expectativas legítimas para juzgar la aplicación en el
tiempo de las nuevas normas laborales para las relaciones laborales en curso.
De esta forma ha indicado que cuando el trabajador ha cumplido con los
requisitos para acceder a un derecho, de manera que se puede decir que ese
derecho ha pasado a ser parte de su patrimonio personal, la nueva ley laboral
no le puede ser aplicada. Por el contrario, la Corte ha concluido que las
nuevas normas laborales son aplicables a los contratos de trabajo vigentes,
cuando el trabajador no reúne los requisitos necesarios para poder acceder a un
derecho, de tal forma que apenas cuenta con la legítima expectativa de poder
acceder a ese derecho con la regulación existente.
Desde la perspectiva de esta
diferenciación conceptual, la acusación del actor no puede prosperar, por
cuanto el inciso acusado del artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo se
adecua enteramente a la distinción entre derechos adquiridos y expectativas
legítimas que ha asumido la Corte. Esta distinción ha sido mantenida
constantemente, a pesar de que ha sido precisada en algunos puntos y matizada
en otros.
La acusación del actor acerca de la
violación de los principios mínimos fundamentales del trabajo, contemplados en
el artículo 53 de la Constitución
14. En el aparte anterior se concluyó que
la norma demandada en este proceso responde a la diferencia conceptual
desarrollada por la jurisprudencia colombiana desde hace muchas décadas acerca
de la retroactividad y la retrospectividad de la ley laboral, distinción que ha
sido asumida en forma consistente por la Corte Constitucional. Desde esa
perspectiva, no encontró la Corte ningún reproche constitucional contra la
norma acusada.
Ahora bien, el actor plantea que el inciso
primero del artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo vulnera distintos
principios mínimos fundamentales del trabajo contemplados en el artículo 53 de
la Constitución. Por esta razón, la Corte se ocupará brevemente de estas acusaciones.
15. Manifiesta el actor que la norma demandada vulnera
el principio de no menoscabo de los derechos de los trabajadores, el cual ha
sido extractado por la doctrina del inciso final del artículo 53 de la Carta,
que reza: “La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo no pueden
menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los
trabajadores.” Estima el demandante que de esta norma constitucional se deduce
que en ningún caso las nuevas leyes laborales pueden suponer una desmejora en
los derechos del trabajador.
Sobre esta acusación es suficiente manifestar que la
Corte ya ha rechazado la interpretación practicada por el actor. En la
sentencia C-168 de 1995, la Corte estableció que cuando en el inciso final del
artículo 53 se dispone que no se pueden menoscabar los derechos de los
trabajadores se hace referencia a sus derechos adquiridos y no a las meras
expectativas. Dada la importancia de lo allí decidido para el punto que aquí se
trata vale la pena transcribir nuevamente los apartes pertinentes de la
sentencia sobre la llamada teoría de la irreversibilidad:
"Quiere esto decir, que el
constituyente prohibe menguar, disminuir o reducir los derechos de los
trabajadores. Pero ¿a qué derechos se refiere la norma? Para la Corte es
indudable que tales derechos no pueden ser otros que los "derechos
adquiridos", conclusión a la que se llega haciendo un análisis sistemático
de los artículos 53, inciso final, y 58 de la Carta. Pretender, como lo hace el
demandante, la garantía de los derechos aún no consolidados, sería aceptar que
la Constitución protege "derechos" que no son derechos, lo
cual no se ajusta al Ordenamiento Superior, como se consignó en párrafos
anteriores.
“La pretensión del actor equivale a asumir
que los supuestos de eficacia diferida condicional, es decir, aquellos que sólo
generan consecuencias jurídicas cuando la hipótesis en ellos contemplada tiene
realización cabal, deben tratarse como supuestos de eficacia inmediata y, por
ende, que las hipótesis en ellos establecidas han de tenerse por inmodificables
aun cuando su realización penda todavía de un hecho futuro de cuyo advenimiento
no se tiene certeza. Es la llamada teoría de la irreversibilidad que,
sin éxito, ha tratado de abrirse paso en países como España y Alemania, donde
ha sido rechazada no sólo por consideraciones de orden jurídico sino también
por poderosas razones de orden social y económico. Aludiendo a una sola de
éstas, entre muchas susceptibles de análisis, dice Luciano Parejo Alfonso: ‘En
épocas de desarrollo y crecimiento de la economía, con presupuestos estatales
bien nutridos, es posible la creación y puesta a punto de instituciones de
carácter social que luego, en épocas de crisis económica, con presupuestos
estatales limitados por la misma, resultan de difícil mantenimiento. De ahí que
aparezca muy problemática la afirmación de la exigencia constitucional del
mantenimiento de prestaciones otorgadas bajo una coyuntura diferente’.1
“De aplicarse el criterio del actor, se
llegaría al absurdo de que las normas laborales se volverían inmodificables y
toda la legislación laboral estática, a pesar de los grandes cambios que en
esta materia es necesario introducir, en atención al dinamismo de las
relaciones laborales y las políticas sociales y económicas, que en defensa del
interés social o general debe prevalecer sobre el particular, y las cuales
finalmente redundan en el mejoramiento de la clase trabajadora".
Por lo tanto, cabe concluir que el inciso primero del
artículo 16 el Código Sustantivo del Trabajo no vulnera la prohibición de
menoscabo de los derechos de los trabajadores, por cuanto él prohibe la
aplicación retroactiva de la ley laboral, estos es su aplicación para las
situaciones ya definidas o consumadas de acuerdo con leyes anteriores, sobre
las cuales operan los derechos adquiridos.
16. Estima también el actor que el numeral acusado
viola el principio de la condición más beneficiosa, que él relaciona estrechamente
con la prohibición del menoscabo de los derechos de los trabajadores,
contemplada en el artículo 53 de la Constitución. Al respecto  asegura que
según este principio el régimen laboral “no puede ser modificado para
desmejorar o perjudicar a los trabajadores.”
Como ya se manifestó, la Corte ha establecido que el
principio del no menoscabo de los derechos de los trabajadores se refiere a los
derechos adquiridos, y no a las expectativas legítimas. Estas últimas pueden,
en principio, ser afectadas por las nuevas normas laborales, sin que ello
constituya una vulneración del principio del no menoscabo de los derechos de
los trabajadores.
De lo anterior se deriva que el alegado principio de
la condición más beneficiosa no se deduce del texto del inciso final del
artículo 53 de la Carta, razón por la cual tampoco es aplicable a la
normatividad laboral.
17. En este punto debe, pues, insistirse en la idea
desarrollada en la sentencia C-168 de 1995 acerca de que la condición más
beneficiosa para el trabajador se encuentra plasmada en el principio de
favorabilidad en materia laboral. Dijo la Corte en esa ocasión:
“De otra parte, considera la Corte que la
‘condición más beneficiosa’ para el trabajador, se encuentra plenamente
garantizada mediante la aplicación del principio de favorabilidad que se
consagra en materia laboral, no sólo a nivel constitucional sino también legal,
y a quien corresponde determinar en cada caso concreto cuál norma es más
ventajosa o benéfica para el trabajador es a quien ha de aplicarla o
interpretarla. En nuestro Ordenamiento Superior el principio de favorabilidad
se halla regulado en los siguientes términos: ‘situación más favorable al
trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes
formales de derecho’, precepto que debe incluirse en el estatuto del trabajo
que expida el Congreso.
“De conformidad con este mandato, cuando
una misma situación jurídica se halla regulada en distintas fuentes formales
del derecho (ley, costumbre, convención colectiva, etc), o en una misma, es
deber de quien ha de aplicar o interpretar las normas escoger aquella que
resulte más beneficiosa o favorezca al trabajador. La favorabilidad opera,
entonces, no sólo cuando existe conflicto entre dos normas de distinta fuente
formal, o entre dos normas de idéntica fuente, sino también cuando existe una
sola norma que admite varias interpretaciones; la norma así escogida debe ser
aplicada en su integridad, ya que no le está permitido al juez elegir de cada
norma lo más ventajoso y crear una tercera, pues se estaría convirtiendo en
legislador.
“El Código Sustantivo del Trabajo en su
artículo 21, contempla el principio de favorabilidad, así: ‘En caso de
conflicto o duda sobre la aplicación de normas vigentes de trabajo, prevalece
la más favorable al trabajador. La norma que se adopte debe aplicarse en su
integridad’; se parte entonces del presupuesto de la coexistencia de varias
normas laborales vigentes que regulan una misma situación en forma diferente,
evento en el cual habrá de aplicarse la norma que resulte más benéfica para el
trabajador. Dicho principio difiere del ‘in dubio pro operario’, según el cual
toda duda ha de resolverse en favor del trabajador; porque en este caso tan
sólo existe un precepto que reglamenta la situación que va a evaluarse, y como
admite distintas interpretaciones, se ordena prohijar la que resulte más
favorable al trabajador.
“En este orden de ideas, no le asiste razón
al demandante, pues la reiteración que hace el Constituyente en el artículo 53
de que no se menoscaben derechos de los trabajadores, no tiene el alcance que
arguye el actor, sino el de proteger los derechos adquiridos de los
trabajadores, mas no las simples expectativas.”
Posteriormente, en la sentencia C-596 de 1997 – ya
citada – se precisó cómo operaba el principio de favorabilidad en materia
laboral, de la siguiente manera:
“(...) estima la Corte que los demandantes
consideran violado el principio de favorabilidad simplemente porque ciertos
regímenes pensionales anteriores al vigente, y más favorables para el
trabajador, fueron derogados. Las personas que alguna vez estuvieron afiliadas
a tales regímenes, pero que al momento de entrar en vigencia la nueva ley ya no
lo estaban, no podrán, en consecuencia, pensionarse de conformidad con tales
requisitos, circunstancia esta que es la que el libelo demandatorio estima
lesiva del principio de favorabilidad laboral.
“Olvidan que el principio de favorabilidad,
como se dice en la jurisprudencia transcrita, supone que existen dos normas
jurídicas que regulan una misma situación de hecho, y que una de ellas es más
favorable que la otra. Pero ambas normas deben estar vigentes en el momento en
que el juez que analiza el caso particular va a decidir cual es la pertinente.
“La violación del principio de
favorabilidad laboral que se plantea en la demanda, se estructura por la
comparación entre el nuevo régimen y el régimen derogado, por lo cual carece de
fundamento, ya que no estando de por medio derechos adquiridos, al legislador
le es permitido definir libremente los requisitos para acceder a un
derecho-prestación de contenido económico-social, tal cual es el derecho a la
pensión de jubilación...”
También en la sentencia C-551 de 1993 se expresó sobre
este principio:
“La Corte explicó entonces que el principio
de favorabilidad en materia laboral previsto por el artículo 53 superior no
impide la modificación de la normatividad existente, incluso si la nueva
regulación resulta menos favorable al trabajador, ya que este principio tiene
otro sentido, pues hace referencia al deber de los operadores jurídicos de
aplicar, en caso de duda, la fuente formal de derecho vigente más favorable al
trabajador, o la interpretación de esas fuentes que le sea más favorable (in
dubio pro operario)"[39].
Los límites a la reforma de la
ley laboral en el caso de las expectativas legítimas, cuando se introducen
condiciones más desfavorables para los trabajadores
18. De la exposición realizada se concluye que, en
principio, las nuevas leyes laborales se aplican, a partir de su entrada en
vigencia, a los contratos de trabajo en curso, independientemente de si las
nuevas reglas son menos favorables para el trabajador. Empero es importante
anotar que en varias de las sentencias reseñadas en esta providencia la Corte
también ha introducido algunas limitaciones al efecto retrospectivo de las
nuevas leyes laborales.
19. En la ya varias veces mencionada Sentencia C-168
de 1995, la Corte afirmó que si bien las expectativas legítimas podían ser
modificadas, el Legislador debía siempre tenerlas en consideración en el
momento de reformar las leyes laborales:
“(...) Entonces, mientras no se realicen
íntegramente los presupuestos, condiciones o requisitos que la misma norma
contempla para adquirir el derecho, mal puede hablarse de "derecho
adquirido"; lo que existe es una simple esperanza de alcanzar ese derecho
algún día, es decir, una "expectativa", y como se ha reiterado, la
Constitución no las protege. Sin embargo, considera la Corte que las
'expectativas' pueden y deben ser objeto de valoración por parte del legislador
quien en su sabiduría, y bajo los parámetros de una anhelada justicia social,
debe darles el tratamiento que considere acorde con los fines eminentemente
proteccionistas de las normas laborales.”
20. En la sentencia C-789 de 2002 la
Corte fue más allá. En este caso afirmó que el legislador no podía modificar de
manera arbitraria las expectativas legítimas de los trabajadores y, por lo
tanto, decidió declarar la exequibilidad condicionada de dos normas que
excluían del régimen de transición pensional de la Ley 100 de 1993 a los
trabajadores que se habían trasladado al régimen de ahorro individual y después
decidieron retornar al régimen de prima media, con el objeto de proteger a
aquellos trabajadores que habían cotizado a este último régimen por lo menos el
75% de las semanas exigidas. Expuso la Corte en aquella ocasión:
“Como se dijo anteriormente, los incisos 4º
y 5º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no están contrariando la prohibición
de renunciar a los beneficios laborales mínimos, pues las personas que cumplen
los requisitos necesarios para hacer parte del régimen de transición no tienen
un derecho adquirido a su pensión.  Sin embargo, el valor constitucional del
trabajo (C.N. preámbulo y art. 1º), y la protección especial que la Carta le
otorga a los trabajadores, imponen un límite a la potestad del legislador para
configurar el régimen de seguridad social.  En virtud de dicha protección, los
tránsitos legislativos deben ser razonables y proporcionales, y por lo tanto,
la ley posterior no podría desconocer la protección que ha otorgado a quienes
al momento de entrada en vigencia del sistema de pensiones llevaban más de
quince años de trabajo cotizados.
“(…)
“Conforme al principio de proporcionalidad,
el legislador no puede transformar de manera arbitraria las expectativas
legítimas que tienen los trabajadores respecto de las condiciones en las cuales
aspiran a recibir su pensión, como resultado de su trabajo.[40]  Se estaría
desconociendo la protección que recibe el trabajo, como valor fundamental del
Estado (C.N. preámbulo, art. 1º), y como derecho-deber (C.N. art. 25). Por lo
tanto, resultaría contrario a este principio de proporcionalidad, y violatorio
del reconocimiento constitucional del trabajo, que quienes han cumplido con el
75% o más del tiempo de trabajo necesario para acceder a la pensión a la
entrada en vigencia del sistema de pensiones, conforme al artículo 151 de la
Ley 100 de 1993 (abril 1º de 1994),[41]
terminen perdiendo las condiciones en las que aspiraban a recibir su pensión”.
21. En un sentido similar, la sentencia C-314 de 2004
anotó que en los cambios de normatividad debía considerarse el principio de la
confianza legítima que protege algunas expectativas fundadas en la buena fe:
“No obstante lo anterior, en diversos pronunciamientos
esta Corporación ha acogido la doctrina según la cual el legislador, en respeto
por el principio de buena fe, debe atender a la confianza legítima que la
legislación en ciertos casos ha generado en los ciudadanos, respecto del
régimen jurídico que será aplicado a determinada actividad.[42] No se trata, por
supuesto, de que esta confianza legítima impida el tránsito de legislación,
pues tal conclusión llevaría a la petrificación del orden jurídico, sino de la
necesaria previsión de los efectos de ese tránsito respecto de situaciones
jurídicas concretas que, aunque no estén consolidadas ni hayan generado
derechos adquiridos, sí han determinado cierta expectativa válida, respecto de
la permanencia de la regulación.”
22. Finalmente, en la sentencia C-038 de 2004 la Corte
afirmó que las reformas de la ley laboral, en especial si disminuyen el alcance
de la protección de algunos derechos, deben atender los principios mínimos del
trabajo contemplados en los tratados internacionales de derechos humanos que
integran el bloque de constitucionalidad, el mandato de progresividad en el
ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales y la prohibición prima
facie de los retrocesos en la legislación social:
“Los otros límites constitucionales: los
principios mínimos del trabajo previstos en el bloque de constitucionalidad, el
deber de desarrollo progresivo de los derechos sociales, y la prohibición prima
facie de retrocesos.
“19- La restricción más obvia es que
cualquier reforma laboral debe respetar los principios constitucionales del
trabajo, los cuáles limitan la libertad de configuración del Legislador en este
ámbito. Por ejemplo, es evidente que si el artículo 53 superior establece la
existencia de un salario mínimo y el principio de favorabilidad en la interpretación
de las normas laborales, entonces una reforma laboral no puede suprimir esos
mandatos constitucionales.
“20- Ahora bien, y conforme a reiterada
jurisprudencia de esta Corte, para determinar cuáles son esos principios
constitucionales mínimos del trabajo que deben ser respetados por cualquier
reforma laboral, es necesario tomar en cuenta también los tratados
internacionales que integran el bloque de constitucionalidad (…)
“21- Los principios constitucionales del
trabajo y el respeto de los derechos adquiridos no son los únicos que limitan
la libertad de configuración del Legislador cuando adelanta una reforma
laboral. Existe otra restricción en este campo, que es a primera vista menos
obvia, pero que tiene un sustento normativo, doctrinario y jurisprudencial muy
claro, y es la siguiente: la Constitución hace del trabajo no sólo un derecho
fundamental sino que además éste es un principio y valor del ordenamiento, por
lo cual el Estado tiene el deber de protegerlo especialmente (CP arts 1° y 25).
Además, el derecho al trabajo es un derecho social, que como tal tiene unos
contenidos mínimos, que son de aplicación inmediata y deben ser protegidos
siempre por el Estado, pero que igualmente es, como todo derecho social, un
derecho de desarrollo progresivo. Así, entre los contenidos mínimos
inmediatamente protegidos del derecho al trabajo está la prohibición de la
discriminación laboral o la jornada máxima de trabajo de ocho horas.  Pero
igualmente existe la obligación del  Estado de garantizar no sólo esos mínimos
constitucionales sino también de desarrollar progresivamente la protección del
trabajo, a fin de lograr la plena realización de ese derecho (…)
“22- En varias oportunidades, esta Corte,[43], en plena armonía con la jurisprudencia
y la doctrina internacional sobre el tema [44], ha señalado que el mandato de
progresividad en materia de derechos sociales no tiene un contenido puramente
retórico ni debe ser entendido como una justificación de la inactividad del
Estado en la protección de esos derechos, ya que tiene implicaciones jurídicas
específicas, destinadas a lograr una sociedad más justa, que logre erradicar
las injusticias presentes[45], tal y como lo ordena el artículo 13
superior. En particular, el mandato de progresividad implica que el Estado
tiene la obligación de iniciar inmediatamente el proceso encaminado a la
completa realización de esos derechos.
“De otro lado, existen unos contenidos mínimos o
esenciales de satisfacción de esos derechos que el Estado debe garantizar a
todas las personas. Esto es, la progresividad hace referencia al reconocimiento
de prestaciones y protecciones mayores y superiores en relación con cada uno de
esos derechos sociales, pero ese mandato de progresividad no excusa el
incumplimiento del deber del Estado de asegurar, tan pronto como sea posible,
los contenidos mínimos de esos derechos, tal y como esta Corte ya lo había
precisado con anterioridad[46].
“Finalmente, y de particular importancia en el
presente caso, el mandato de progresividad implica que una vez alcanzado un
determinado nivel de protección, la amplia libertad de configuración del
legislador en materia de derechos sociales se ve restringida, al menos en un
aspecto: todo retroceso frente al nivel de protección alcanzado es
constitucionalmente problemático puesto que precisamente contradice el mandato
de progresividad. Ahora bien, como los Estados pueden enfrentar dificultades,
que pueden hacer imposible el mantenimiento de un grado de protección que había
sido alcanzado, es obvio que la prohibición de los retrocesos no puede ser
absoluta sino que debe ser entendida como una prohibición prima facie. Esto
significa que, como esta Corte ya lo había señalado, un retroceso debe
presumirse en principio inconstitucional, pero puede ser justificable, y por
ello está sometido a un control judicial más severo. Para que pueda ser constitucional,
las autoridades tienen que demostrar que existen imperiosas razones que hacen
necesario ese paso regresivo en el desarrollo de un derecho social[47].
“(…)
“25- El anterior análisis permite concluir
que las reformas laborales que disminuyen protecciones alcanzadas por los
trabajadores son constitucionalmente problemáticas por cuanto pueden afectar el
principio de progresividad. Ellas podrían vulnerar la prohibición prima facie
de que no existan medidas regresivas en la protección de los derechos sociales.
Por ende, la libertad del Legislador al adelantar reformas laborales de este
tipo dista de ser plena, pues no sólo (i) no puede desconocer derechos
adquiridos sino que además (ii) debe respetar los principios constitucionales
del trabajo y (iii) las medidas deben estar justificadas, conforme al principio
de proporcionalidad. Esto significa que las autoridades políticas, y en
particular el Legislador, deben justificar que esas disminuciones en la
protección alcanzada frente a los derechos sociales, como el derecho al
trabajo, fueron cuidadosamente estudiadas y justificadas, y representan medidas
adecuadas y proporcionadas para alcanzar un propósito constitucional de
particular importancia.
“(…)
“27- Las anteriores características del
presente caso hacen que el análisis de proporcionalidad que la Corte debe
adelantar sea en ciertas aspectos flexible y deferente con el Congreso, (por
tratarse de un asunto económico en donde la libertad del Legislador es amplia),
pero en otros puntos deba ser más estricto y riguroso, puesto que se examinan
unas medidas que disminuyen la protección de un derecho social fundamental,
como el derecho al trabajo.
“Así, es obvio que frente a debates entre
posibles políticas económicas, en donde existan perspectivas teóricas
encontradas pero razonables sobre determinados puntos, el juez constitucional
debe ser deferente frente a la posición que ha sido asumida por el Congreso,
puesto que se trata de asuntos controvertidos por la propia teoría económica y
la decisión legislativa goza de la legitimidad que deriva de ser una opción
tomada por un órgano democráticamente electo. El examen de la idoneidad y
necesidad de las medidas adoptadas no puede ser muy estricto puesto que estamos
en un terreno de enorme incertidumbre empírica, ya que ciertas escuelas
económicas atribuyen ciertos efectos a determinadas políticas mientras que esas
visiones son controvertidas por otros enfoques. Ahora bien, la doctrina, con
criterios que esta Corte comparte, ha señalado que entre más inseguras y
discutidas sean las premisas empíricas en que se funda una decisión del Legislador,
menos intenso debe ser el control constitucional de la opción legislativa,
puesto que el juez constitucional no cuenta con conocimientos seguros para
cuestionar dicha opción, precisamente porque se trata de un terreno polémico y
controvertido en términos de la ciencia y la cultura[48].
“Sin embargo, como se trata del examen de
una medida que disminuye la protección de un derecho social, la Corte debe
verificar más rigurosamente que las medidas sean proporcionadas, en cuanto a
los objetivos perseguidos, al cuidado de los propios debates democráticos y a
los sacrificios eventualmente impuestos a los trabajadores. Con esos criterios,
entra la Corte a examinar la constitucionalidad de las disposiciones acusadas.
“(…)
“32- Existiendo esa oposición de visiones
en torno al desempleo y a la forma de enfrentarlo, la pregunta constitucional
que naturalmente surge es la siguiente: ¿cómo puede la Corte evaluar la
adecuación y necesidad de esas medidas para fomentar el empleo, si entre los
especialistas en la materia existen importantes controversias?
“La Corte considera que la respuesta
adecuada a ese interrogante es la siguiente; debido a las discrepancias, es
natural que el juez constitucional sea deferente con la opción tomada en el
debate democrático, y por ello en principio debe aceptar los argumentos
económicos propuestos en las estrategias para combatir el desempleo adoptadas
por el Congreso, salvo que éstos sean manifiestamente irrazonables. Sin
embargo, como se trata de medidas regresivas en la protección de un derecho
social, la deferencia del juez constitucional frente al Legislador se ve
reducida y el control debe ser más estricto que frente a una política económica
cualquiera. De no ser así, la prohibición prima facie de retroceso en la
protección de los derechos laborales carecería de verdadera eficacia jurídica.
Por ello la Corte considera que en estos casos, a pesar de la deferencia hacia
el debate democrático, es necesario que el juez constitucional verifique (i)
que las medidas no fueron tomadas inopinadamente sino que se basaron en un
estudio cuidadoso, y (ii) que el Congreso analizó otras alternativas, pero
consideró que no existían otras igualmente eficaces que fueran menos lesivas,
en términos de la protección del derecho al trabajo. Y (iii) finalmente debe el
juez constitucional verificar que la medida no sea desproporcionada en estricto
sentido, esto es, que el retroceso en la protección del derecho al trabajo no
aparezca excesivo frente a los logros en términos de fomento del empleo.”
23. De la exposición desarrollada cabe
concluir, entonces, que la jurisprudencia de esta Corporación ha definido con
claridad que, en principio,  las nuevas  leyes laborales son aplicables a los
contratos de trabajo que se encuentran en curso, independientemente de si son menos
favorables al trabajador, por cuanto los trabajadores no cuentan sino con una
expectativa de que se les continúen aplicando las normas anteriores acerca de
un determinado derecho. La situación es diferente cuando el trabajador ha
cumplido con los requisitos contemplados en las leyes anteriores para la
consolidación de un derecho. En este caso se está frente a un derecho
adquirido, que no puede ser modificado por las leyes posteriores.
De otra parte, la jurisprudencia de la Corte ha fijado
algunos límites a la reducción del alcance de la protección de los derechos
laborales. Así, la Corte ha expresado que se debe atender al principio de la
prohibición de la arbitrariedad – el respeto del cual se juzga a través del
método de proporcionalidad -, a la confianza legítima y a los principios
mínimos del trabajo previstos en los tratados internacionales de derechos
humanos, de los cuales se deriva el mandato de la progresividad y la
prohibición prima facie de los retrocesos en materia de derechos
económicos y sociales.
La constitucionalidad de la
norma acusada
24. La exposición desarrollada acerca de la
jurisprudencia de la Corte sobre los derechos adquiridos y las expectativas
legítimas conduce a declarar la constitucionalidad de la norma demandada, por
los cargos examinados. La norma se ajusta a la distinción desarrollada por la
Corte acerca de lo derechos adquiridos y las expectativas legítimas. Por lo
tanto, cabe concluir que no vulnera ni las normas constitucionales referidas al
trabajo (C.P., arts. 1, 2, 25 y  53, y el último inciso del art. 215), ni el
principio de igualdad (C.P., art.  13), ni los tratados internacionales que
reconocen los derechos humanos y que no pueden ser limitados durante los
estados de excepción, los cuales conforman el bloque de constitucionalidad
(C.P., art. 93).
Así, por una parte, es claro que el
primer inciso del artículo 16 prohíbe la aplicación retroactiva de las nuevas
normas laborales, al expresar que “[l]as normas sobre trabajo (...) no tienen
efecto retroactivo, esto es, no afectan situaciones definidas o consumadas
conforme a las leyes anteriores. Con ello cual se protegen los derechos que ya
han pasado a formar parte del patrimonio de las personas, es decir lo derechos
adquiridos.
De otra parte, el artículo permite la
retrospectividad de la ley laboral cuando dispone que “[l]as normas sobre
trabajo, por ser de orden público producen efecto general inmediato, por lo
cual se aplican también a los contratos de trabajo que estén vigentes o en
curso en el momento en que dichas normas empiecen a regir...” Esta autorización
se ajusta a lo señalado por la jurisprudencia acerca de que las nuevas leyes
laborales pueden afectar las expectativas legítimas de los trabajadores,
incluso cuando consagran condiciones más desfavorables para el trabajador.
VII. DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte
Constitucional administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
R E
S U E L V E:
Declarar EXEQUIBLE, por los cargos examinados
en esta sentencia, el numeral 1 del artículo 16 del Código Sustantivo del
Trabajo – Decretos 2663 y 3743 de 1950, adoptados como legislación permanente
por la Ley 141 de 1961.
Notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la
Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente.
JAIME ARAÚJO RENTERÍA
Presidente
CON SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado
CON SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
CON SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
HUMBERTO SIERRA PORTO
Magistrado
CON ACLARACION DE VOTO
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO DE LOS
MAGISTRADOS ALFREDO BELTRÁN SIERRA Y JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO, EN RELACIÓN CON LA
SENTENCIA C-177 DE MARZO 1º DE 2005 (Expedientes D-5310 y D-5321).
RETROACTIVIDAD Y RETROSPECTIVIDAD DE LAS
NORMAS LABORALES-Diferencia
conceptual (Salvamento parcial de voto)
CONTRATO DE TRABAJO-Interpretación ante la vigencia de nuevas
normas/PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD LABORAL-Aplicación (Salvamento parcial
de voto)
Los contratos de trabajo se rigen por las normas
vigentes al momento de su celebración y por las leyes nuevas que les sean más
favorables al trabajador.  En materia de derechos laborales, en un Estado
Social de Derecho se debe evolucionar en forma progresiva, razón esta por la
cual el artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo no puede de ninguna
manera interpretarse de manera tal que se permita que por normas nuevas se
puedan variar las condiciones contractuales conforme a las cuales prestan sus
servicios los trabajadores pues esa sería una interpretación contraria a la
Constitución.
PRINCIPIO DE UNIDAD NORMATIVA-Procedencia/SENTENCIA INTERPRETATIVA-Aplicación
del principio de no menoscabo de los derechos de los trabajadores en la ley,
los contratos o convenios (Salvamento parcial de voto)
Con
el respeto debido por las decisiones de la Corte Constitucional los suscritos
magistrados salvamos parcialmente nuestro voto en relación con lo resuelto en
la Sentencia C-177 de 1º de marzo de 2005, por las razones que a continuación
se expresan:
1.
En la sentencia aludida
se declaró la exequibilidad del numeral 1º del artículo 16 del Código
Sustantivo del Trabajo (Decretos 2363 y 3743 de 1950, adoptados como
legislación permanente por la Ley 141 de 1961).
2.
Como lo expusimos
durante la discusión del proyecto de fallo en la Sala Plena la Constitución
Política en su artículo 25 establece que el trabajo gozará de especial
protección en todas sus modalidades, norma que se encuentra acorde con el
artículo 1º de la Carta que le asigna al trabajo en armonía con el preámbulo de
la misma la categoría de principio fundamental y base esencial del Estado
Social de Derecho.
Del mismo modo, el artículo 53 de la Constitución
consagra, entre otros, dos principios en materia laboral, a saber: el de
favorabilidad, de una parte y, de otra, la prohibición del menoscabo por la ley
de los derechos de los trabajadores.  Por tal razón, desde antiguo se tiene
señalado por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que existe una
diferencia conceptual entre la retroactividad y la retrospectividad de las
leyes. Así, siempre habrán de respetarse por la ley nueva los derechos
adquiridos por los trabajadores y no podrán menoscabarse situaciones jurídicas
concretas consolidadas bajo la ley anterior, pues, de lo contrario, resulta
quebrantado el artículo 53 de la Constitución.
En ese orden de ideas, los contratos de trabajo se
rigen por las normas vigentes al momento de su celebración y por las leyes
nuevas que les sean más favorables al trabajador.  En materia de derechos
laborales, en un Estado Social de Derecho se debe evolucionar en forma
progresiva, razón esta por la cual el artículo 16 del Código Sustantivo del
Trabajo no puede de ninguna manera interpretarse de manera tal que se permita
que por normas nuevas se puedan variar las condiciones contractuales conforme a
las cuales prestan sus servicios los trabajadores pues esa sería una
interpretación contraria a la Constitución.
En tal virtud, y conforme a lo expuesto, los suscritos
magistrados propusimos durante el debate en la Sala Plena la declaración de
exequibilidad del artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo, haciendo una
unidad normativa para que la decisión de la Corte comprendiera también el
numeral 2º de dicho artículo, y que la decisión se modulara para que la
declaración de exequibilidad se hiciera por la Corte bajo el entendido que
conforme al artículo 53 de la Constitución Política, la ley, los contratos o
los convenios no pueden menoscabar los derechos de los trabajadores, en ningún
caso.
Tal proposición no fue aceptada por la mayoría de la
Corte y, siendo ello así, salvamos entonces parcialmente nuestro voto.
Fecha ut supra.
ALFREDO BELTRÁN SIERRA              JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado                                                                   Magistrado
SALVAMENTO PARCIAL DEL MAGISTRADO JAIME ARAUJO
RENTERIA A LA SENTENCIA C-177/05
PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD EN DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES-Consagración en instrumentos internacionales y Constitución Colombiana
(Salvamento parcial de voto)
BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-Convenios de la Organización Internacional
del Trabajo (Salvamento parcial de voto)
PRINCIPIO DE SUPERVIVENCIA DE LA LEY
ANTIGUA EN MATERIA CONTRACTUAL-Razones que justifican su aplicación (Salvamento parcial de voto)
PRINCIPIO DE SUPERVIVENCIA DE LA LEY
ANTIGUA EN MATERIA CONTRACTUAL-Excepciones a su aplicación (Salvamento parcial de voto)
NORMAS LABORALES-Aplicación general e inmediata (Salvamento
parcial de voto)
La interpretación en el sentido de que
todas las normas  sobre trabajo, tanto las más favorables como las menos
favorables a los derechos de los trabajadores, producen efecto general
inmediato. Es contraria a la Constitución de 1991 porque vulnera la protección
especial otorgada al trabajo en el preámbulo y en los Arts. 1º, 25 y 53
superiores, en las normas internacionales de carácter laboral contenidas en el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Arts. 6º, 7º
y 8º),  el Protocolo de San Salvador (Arts. 6º, 7º y 8º) y los convenios de la
OIT ratificados por Colombia, que forman parte del bloque de constitucionalidad
conforme a lo dispuesto en el Art. 93 de la Constitución. Porque vulnera en
particular principios mínimos fundamentales del estatuto del trabajo, así: i)
La irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las normas
laborales, teniendo en cuenta que el contenido del contrato, junto con las
normas legales incorporadas al mismo en el momento de su celebración,
representa un mínimo que el Estado debe proteger. ii) La situación más
favorable al trabajador en caso de duda o conflicto en la aplicación e
interpretación de las fuentes formales de Derecho.  iii) La prohibición expresa
y general contenida en el citado inciso final del Art. 53 superior, de
menoscabar los derechos de los trabajadores a través de la ley, los contratos,
los acuerdos y los convenios de trabajo.
PRINCIPIO DE FAVORAVILIDAD LABORAL-Aplicación general e inmediata de normas en
contrato de trabajo (Salvamento parcial de voto)
Los cargos por violación de la
protección constitucional especial a los derechos de los trabajadores en
relación con la expresión “las normas sobre trabajo, por ser de orden público
producen efecto general inmediato, por lo cual se aplican también a los
contratos de trabajo que estén vigentes o en curso en el momento en que dichas
normas empiecen a regir” contenida en el Art. 16, Num. 1, del Código Sustantivo
del Trabajo son fundados sólo por un aspecto, por lo cual la Corte debió
declarar su exequibilidad condicionada, por los cargos examinados en la
sentencia, en el entendido de que dicho efecto únicamente se produce cuando las
nuevas normas son más favorables a los derechos de los trabajadores y que si
las mismas son menos favorables a éstos no producen efecto alguno, por lo cual deben
aplicarse las normas vigentes en el momento de la celebración de los  contratos
respectivos, que se incorporan a éstos.
REF.: EXPEDIENTES D - 5310, 5321
Demanda de inconstitucionalidad contra los
Arts. 16 (parcial) y 156 (parcial) del Código Sustantivo del Trabajo.
Demandantes: Elson Rafael Rodrigo
Rodríguez Beltrán y Jorge William Díaz Hurtado
Magistrado Sustanciador : MANUEL JOSE
CEPEDA ESPINOSA
Con el respeto
acostumbrado, me aparto parcialmente de la decisión adoptada por la Sala Plena
y además aclaro el voto, con base en las siguientes razones:
Salvamento de voto en relación con el
aparte “las normas sobre trabajo, por ser de orden público producen efecto
general inmediato, por lo cual se aplican también a los contratos de trabajo
que estén vigentes o en curso en el momento en que dichas normas empiecen a
regir” contenido en el Art. 16, Num. 1, del Código Sustantivo del Trabajo.
1. La Constitución Política colombiana
consagra los derechos sociales, económicos y culturales en el Título II, que
trata de los derechos, las garantías y los deberes, Capítulo 2, Arts. 42 a 77.
Su protección se explica por la unidad de
los derechos humanos sobre la base del respeto de la dignidad humana, que es un
valor esencial en un Estado Social de Derecho. A este respecto el Protocolo
Adicional a la Convención  Americana de Derechos Humanos en materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, suscrito en San
Salvador el 17 de noviembre de 1988 y aprobado en Colombia por la Ley 319 del
20 de septiembre de 1996, señala en su preámbulo lo siguiente:
“Considerando la estrecha relación que
existe entre la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales y la
de los derechos civiles y políticos, por cuanto las diferentes categorías de
derechos constituyen un todo indisoluble que encuentra su base en el
reconocimiento de la dignidad de la persona humana, por lo cual exigen una
tutela y promoción permanente con el objeto de lograr su vigencia plena, sin
que jamás pueda justificarse la violación de unos en aras de la realización de
otros;
“(…)
“Recordando que, con arreglo a la
Declaración Universal de los Derechos Humanos y a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento
del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona
gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus
derechos civiles y políticos;”
Sobre este aspecto, la Corte
Constitucional al examinar la constitucionalidad del citado protocolo señaló:
“Esta interdependencia y unidad de los
derechos humanos tiene como fundamento la idea de que para proteger
verdaderamente la dignidad humana es necesario que la persona no sólo tenga
órbitas de acción que se encuentren libres de interferencia ajena, como lo
quería la filosofía liberal, sino que además es menester que el individuo tenga
posibilidades de participación en los destinos colectivos de la sociedad de la
cual hace parte, conforme a las aspiraciones de la filosofía democrática, y
también que se le aseguren una mínimas condiciones materiales de existencia,
según los postulados de las filosofías políticas de orientación social. Los
derechos humanos son pues una unidad compleja. Por ello algunos sectores de la
doctrina suelen clasificar los derechos humanos en derechos de libertad,
provenientes de la tradición liberal, derechos de participación, que son
desarrollo de la filosofía democrática, y derechos sociales prestacionales, que
corresponden a la influencia de las corrientes de orientación social y
socialista.” [49]
El mismo Protocolo de San Salvador
dispone en sus Arts. 1º y 2º:
Artículo 1. Obligación de adoptar medidas
Los Estados Partes en el presente Protocolo
Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos se comprometen a
adoptar las medidas necesarias tanto de orden interno como mediante la
cooperación entre los Estados, especialmente económica y técnica, hasta el
máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo,
a fin de lograr progresivamente, y de conformidad con la legislación interna,
la plena efectividad de los derechos que se reconocen en el presente Protocolo.
Artículo 2. Obligación de adoptar disposiciones de
derecho interno
Si el ejercicio de los derechos
establecidos en el presente Protocolo no estuviera ya garantizado por
disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se
comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a
las disposiciones de este Protocolo las medidas legislativas o de otro carácter
que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos.
A su turno, la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, aprobada en Colombia mediante la Ley 16 de 1972, establece en
su Art. 26:
Los Estados Partes se comprometen a adoptar
providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional,
especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena
efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y
sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización
de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la
medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios
apropiados.
Así mismo, el Art. 2º, Num. 2.1, del
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado por
la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 16 de
Diciembre de 1966 y aprobado en Colombia en virtud de la Ley 74 de 1968,
establece:
“Cada uno de los Estados Partes en el
presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante
la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y
técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr
progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la
adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí
reconocidos.”
En estos instrumentos internacionales
adoptados por el Estado colombiano se protegen en forma clara y categórica los
derechos económicos, sociales y culturales y se consagra el principio de
progresividad, en virtud del cual la protección de aquellos debe ser cada vez
mayor o superior, hasta el máximo de los recursos disponibles por parte de
aquel, con el fin de lograr su plena efectividad.  Por consiguiente, dicho
principio excluye la adopción de medidas regresivas o retrocesos en el campo de
los mencionados derechos, en particular de carácter legislativo, por parte del
Estado colombiano.
Por su parte, la Constitución colombiana
consagra en forma expresa el mismo principio en relación con el derecho a la
seguridad social, al disponer que el Estado, con la participación de los
particulares, ampliará progresivamente su cobertura, que comprenderá la
prestación de los servicios en la forma que determine la ley (Art. 48).
2. Entre los derechos sociales ocupan un
lugar preponderante los derechos de los trabajadores. Como es entendible, el
trabajo ocupa un lugar realmente fundamental en la vida de todo Estado. Es por
ello que la Constitución Política colombiana señala en el preámbulo que uno de
los valores y propósitos del Estado es asegurar el trabajo a los integrantes
del pueblo soberano. Así mismo, el Art. 1º consagra el trabajo como uno de los
principios fundantes de aquel, junto con el respeto de la dignidad humana, la solidaridad
de las personas y la prevalencia del interés general.
El Art. 25, por su parte, preceptúa que
el trabajo es un derecho, de carácter fundamental, cuyo contenido mínimo debe
ser garantizado en cuanto tal por el Estado en forma inmediata, y una obligación
social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado,
y dispone que toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y
justas. Y el Art. 53, que forma parte de las disposiciones que consagran los
derechos económicos, sociales y culturales, prescribe que el Congreso de la
República expedirá el estatuto del trabajo y que la ley correspondiente tendrá
en cuenta por lo menos los principios mínimos fundamentales señalados en el
mismo.
Esta última disposición consagra en forma
expresa y tajante en su inciso final la prohibición general, sin distinción
alguna, de menoscabar los derechos de los trabajadores a través de las fuentes
formales del Derecho Laboral, al prescribir que “la ley, los contratos, los
acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad
humana ni los derechos de los trabajadores”. De este texto de carácter
especial se deduce que el mismo protege no solamente los derechos adquiridos,
amparados en forma general por el Art. 58 de la Constitución, sino más
ampliamente los derechos sociales de los trabajadores, de modo que las
autoridades públicas, así como también los gobernados, no pueden menguarlos o
desmejorarlos, lo que significa que debe cumplirse el principio de progresividad
de los derechos económicos, sociales y culturales.
Sobre este tema la Corte ha expresado:
“21- Los principios constitucionales del
trabajo y el respeto de los derechos adquiridos no son los únicos que limitan
la libertad de configuración del Legislador cuando adelanta una reforma
laboral. Existe otra restricción en este campo, que es a primera vista menos
obvia, pero que tiene un sustento normativo, doctrinario y jurisprudencial muy
claro, y es la siguiente: la Constitución hace del trabajo no sólo un derecho
fundamental sino que además éste es un principio y valor del ordenamiento, por
lo cual el Estado tiene el deber de protegerlo especialmente (CP arts 1° y 25).
Además, el derecho al trabajo es un derecho social, que como tal tiene unos
contenidos mínimos, que son de aplicación inmediata y deben ser protegidos
siempre por el Estado, pero que igualmente es, como todo derecho social, un
derecho de desarrollo progresivo. Así, entre los contenidos mínimos
inmediatamente protegidos del derecho al trabajo está la prohibición de la
discriminación laboral o la jornada máxima de trabajo de ocho horas.  Pero
igualmente existe la obligación del  Estado de garantizar no sólo esos mínimos
constitucionales sino también de desarrollar progresivamente la protección del
trabajo, a fin de lograr la plena realización de ese derecho. Así lo establecen
expresamente los artículos 2 y 25 de la Carta, que señalan que el Estado debe
proteger especialmente el trabajo y que es deber de las autoridades garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución. Igualmente, el PIDESC y el Protocolo de San Salvador. En efecto,
estos tratados reconocen el derecho al trabajo (arts 6 y 7) y establecen el
deber de los Estados de adoptar las medidas apropiadas, hasta el máximo de los
recursos de que disponga, para lograr progresivamente la plena efectividad de
todos los derechos económicos, sociales y culturales (art 1 Protocolo y art 2
PIDESC)
“22- En varias oportunidades, esta Corte,[50], en
plena armonía con la jurisprudencia y la doctrina internacional sobre el tema [51], ha
señalado que el mandato de progresividad en materia de derechos sociales no
tiene un contenido puramente retórico ni debe ser entendido como una
justificación de la inactividad del Estado en la protección de esos derechos,
ya que tiene implicaciones jurídicas específicas, destinadas a lograr una
sociedad más justa, que logre erradicar las injusticias presentes[52], tal y
como lo ordena el artículo 13 superior. En particular, el mandato de
progresividad implica que el Estado tiene la obligación de iniciar
inmediatamente el proceso encaminado a la completa realización de esos
derechos.” [53]
A su vez, el Art. 215 superior estatuye
que el Gobierno Nacional no podrá desmejorar los derechos sociales de los
trabajadores mediante los decretos legislativos dictados en el estado de
emergencia económica, social o ecológica, lo cual permite lógicamente
considerar que el mismo precepto es  exigible con mayor razón en el estado de
normalidad, como lo contempla expresamente el citado inciso final del Art. 53
ibídem.
3. En el plano internacional, el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales consagra el derecho
al trabajo (Art. 6º), el derecho al goce de condiciones de trabajo equitativas
y satisfactorias (Art. 7º) y la libertad de asociación sindical (Art. 8º), y
el Protocolo de San Salvador prevé el derecho al trabajo (Art. 6º), el derecho
al goce de condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo (Art.
7º) y los derechos sindicales (Art. 8º).
A estas normas se suman las adoptadas por
la Organización Internacional del Trabajo, OIT, de la cual el Estado colombiano
forma parte.
Tales normas internacionales forman parte
del bloque de constitucionalidad, de conformidad con lo previsto en el Art. 93
superior, como lo ha expresado esta corporación, así:
“El bloque de
constitucionalidad permite la adaptación histórica de las constituciones a las
nuevas realidades  sociales. De ahí que se dé una  expansión con la recepción
de los convenios de la OIT (dentro de ellos el 87 y el 98 sobre libertad
sindical), como se aprecia en la citada sentencia T-568/99. Jurisprudencia
expresamente ratificada en la C-567/2000 que en uno de sus apartes dijo: “Sin embargo, la Corte, al avocar el tema,
sólo puede realizar el examen de las normas legales impugnadas frente a la
Constitución, y también, en este caso, al Convenio 87 de la O.I.T., que según
jurisprudencia de la Corporación, hace parte del  denominado "bloque de
constitucionalidad" (sentencias T-418 de 1992; C-225 de 1995; y, T-568 de
1999, entre otras).
“La opinión de que los
convenios internacionales que tienen que ver con el derecho al trabajo
quedarían por fuera del bloque de constitucionalidad porque  en los Convenios
de la OIT no hay mención expresa de que  queda prohibida su limitación en los
estados de excepción  y porque su prevalencia es en el orden interno (inciso 1°
articulo 93 de la Constitución Política), es una opinión que se cae de su peso
si se considera que el bloque de constitucionalidad  se fundamenta en los dos
incisos del artículo 93, el segundo de los cuales dice: “Los derechos y deberes
consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad  con los tratados internacionales
sobre derechos humanos ratificados por Colombia”, lo cual significa que  es en
virtud del inciso 2° del artículo 93 que  los Convenios 87 y 98 de la OIT hacen
parte del bloque de constitucionalidad.[54]  La otra objeción consistente en
que  los Convenios de la OIT no harían parte del bloque de constitucionalidad
porque el artículo 53 de la C.P. los ubica dentro de la legislación interna, es
inconsistente porque el inciso 4° del artículo 53 de  la C.P. cuando determina
que “Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados hacen
parte de la legislación interna”, lo que hace es reafirmar aún más el deber de
interpretar los derechos humanos (dentro de ellos los derechos sociales)  de
conformidad con los tratados internacionales . No tendría coherencia que se
protegieran todos los derechos humanos menos los que se refirieran al derecho
al trabajo, cuando en la Constitución de 1991 el trabajo es un derecho fundante
(artículo 1° C.P.), una finalidad de la propia Carta (Preámbulo), un derecho
fundamental (artículo 25). En consecuencia, los Convenios de la OIT integran el
bloque de constitucionalidad en virtud del inciso 2° del artículo 93 de la C.P.
y tal característica se refuerza con lo determinado en el inciso 4° del artículo
53 ibidem.” [55]
4. El demandante plantea que al disponer
el Art. 16 del Código Sustantivo del Trabajo que las normas sobre trabajo, por
ser de orden público, producen efecto general inmediato, por lo cual se aplican
también a los contratos de trabajo que estén vigentes o en curso en el momento
en que dichas normas empiecen a regir, quebranta las normas constitucionales
que otorgan una protección especial a los derechos de los trabajadores, en
cuanto éstos no pueden ser menoscabados o desmejorados por las leyes
posteriores.
Agrega que, en consecuencia, cuando las
nuevas normas sobre trabajo menoscaban o desmejoran los derechos de los
trabajadores deben aplicarse las normas que estaban vigentes en el momento de
la celebración del contrato de trabajo, de modo igual a los contratos civiles y
comerciales conforme a lo previsto en el Art. 38 de la Ley 153 de 1887.
Acerca de dicho cargo puede considerarse:
Cuando en ejercicio de la autonomía de la
voluntad las personas celebran un contrato, de cualquier naturaleza, disponen
en forma libre y con efecto vinculante de sus propios intereses, en virtud del
ordenamiento jurídico, siempre y cuando respeten las prohibiciones
constitucionales y legales y el orden público, esto es, el conjunto de reglas
de orden social y moral que contienen las condiciones fundamentales de la
organización de la sociedad. En este sentido, en relación con la celebración de
un contrato es válido el precepto del Código Civil conforme al cual “todo
contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser
invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales”.
En caso de contravenirse los límites
indicados, el acuerdo de voluntades no produce efectos, de pleno derecho o en
virtud de declaración judicial, según lo prevea el legislador en las diversas
materias.
Por otra parte,  el Art. 38 de la Ley 153
de 1887, por la cual se adicionaron y reformaron los códigos nacionales y unas
leyes,  establece la regla general en virtud de la cual en todo contrato se
entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración, así:
“En todo contrato se entenderán incorporadas las leyes
vigentes al tiempo de su celebración.
“Exceptúanse de esta disposición:
“1. Las leyes concernientes al modo de reclamar en
juicio los derechos que resultaren del contrato, y
“2. Las que señalan penas para el caso de infracción
de lo estipulado; la cual infracción será castigada con arreglo a la ley bajo
la cual se hubiere cometido”.
Esta norma recoge el principio que la
doctrina ha denominado de“supervivencia de la ley antigua” en materia
contractual y tiene como justificación la protección de la autonomía de la
voluntad y la seguridad jurídica de las partes del contrato. En este sentido,
los autores consideran que no sería lógico ni justo que una vez que las
personas han dispuesto de sus intereses y se han obligado válidamente, con
autorización del ordenamiento jurídico y tomando como referencia las leyes
vigentes en el momento de su disposición, quedaran ulteriormente sometidas a
otras leyes que no podían prever.
No obstante, dicho principio sufre
excepciones, en las cuales se aplica en forma inmediata la ley nueva a los
efectos de los contratos celebrados bajo la vigencia de una ley anterior, por
motivos de orden público. Ello explica que la misma norma consigne expresamente
dos de ellas, relativas al procedimiento aplicable a la reclamación de los
derechos derivados del contrato y a la sanción de las infracciones de las
estipulaciones contenidas en él.
En materia laboral, el Art. 16 del Código
Sustantivo del Trabajo parcialmente demandado contempla una excepción adicional
expresa, al señalar que las nuevas normas sobre trabajo tienen efecto general
inmediato, por ser de orden público, por lo cual se aplican también a los
contratos de trabajo que estén vigentes o en curso en el momento en que dichas
normas empiecen a regir.
Desde el punto de vista constitucional,
esta disposición es susceptible de dos interpretaciones, así:
4.1. Por una parte, la interpretación en
el sentido de que todas las normas  sobre trabajo, tanto las más favorables
como las menos favorables a los derechos de los trabajadores, producen efecto
general inmediato.
Esta interpretación es contraria a la Constitución
de 1991, por las siguientes razones:
4.1.1. Porque vulnera la protección
especial otorgada al trabajo en el preámbulo y en los Arts. 1º, 25 y 53
superiores, en las normas internacionales de carácter laboral contenidas en el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Arts. 6º, 7º
y 8º),  el Protocolo de San Salvador (Arts. 6º, 7º y 8º) y los convenios de la
OIT ratificados por Colombia, que forman parte del bloque de constitucionalidad
conforme a lo dispuesto en el Art. 93 de la Constitución.
4.1.2. Porque vulnera en particular
principios mínimos fundamentales del estatuto del trabajo consagrados en el
Art. 53 de la Constitución, así:
i) La irrenunciabilidad a los beneficios
mínimos establecidos en las normas laborales, teniendo en cuenta que el
contenido del contrato, junto con las normas legales incorporadas al mismo en
el momento de su celebración, representa un mínimo que el Estado debe proteger.
ii) La situación más favorable al
trabajador en caso de duda o conflicto en la aplicación e interpretación de las
fuentes formales de Derecho.
A este respecto la Corte ha dicho:
“(…) En nuestro Ordenamiento Superior el
principio de favorabilidad se halla regulado en los siguientes términos:
"situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e
interpretación de las fuentes formales de derecho", precepto que debe
incluirse en el estatuto del trabajo que expida el Congreso.
“De conformidad con este mandato, cuando
una misma situación jurídica se halla regulada en distintas fuentes formales
del derecho (ley, costumbre, convención colectiva, etc.), o en una misma, es
deber de quien ha de aplicar o interpretar las normas escoger aquella que
resulte más beneficiosa o favorezca al trabajador. La favorabilidad opera,
entonces, no sólo cuando existe conflicto entre dos normas de distinta fuente
formal, o entre dos normas de idéntica fuente, sino también cuando existe una
sola norma que admite varias interpretaciones; la norma así escogida debe ser
aplicada en su integridad, ya que no le está permitido al juez elegir de cada
norma lo más ventajoso y crear una tercera, pues se estaría convirtiendo en
legislador”. [56]
Sobre este tema debe señalarse que la
aplicabilidad de este principio de favorabilidad en materia laboral es igual a
la de dicho principio en materia penal, que consagra el Art. 29 superior dentro
de la regulación fundamental del debido proceso,  en cuanto en este último
ámbito las nuevas disposiciones legales sólo se aplican si son más favorables
al sindicado o condenado; en caso contrario no son aplicables y, en su lugar,
deben aplicarse las anteriores.
iii) La prohibición expresa y general
contenida en el citado inciso final del Art. 53 superior, de menoscabar los
derechos de los trabajadores a través de la ley, los contratos, los acuerdos y
los convenios de trabajo.
4.2. Por otra parte, la disposición
examinada puede interpretarse en el sentido de que únicamente las normas sobre
trabajo más favorables a los derechos de los trabajadores producen efecto
general inmediato y que las menos favorables a éstos no producen efecto alguno,
por lo cual deben aplicarse las normas vigentes en el momento de la celebración
de los contratos de trabajo respectivos, que se incorporan a éstos de
conformidad con el citado principio de supervivencia de la ley antigua en
materia contractual y con lo dispuesto en el Art. 38 de  la Ley 153 de 1887.
En este sentido debe tenerse en cuenta
que el criterio de la seguridad jurídica que inspira este último principio debe
obrar no solamente a favor del empleador, sino también a favor de la otra parte
del contrato, o sea, del trabajador, ya que así lo impone en todo contrato el
principio de igualdad, a lo cual se suma la especial protección que en el campo
laboral otorga la Constitución a los derechos de este último.
Por otra parte, esta segunda
interpretación guarda conformidad con el criterio aplicado por la Corte en la
Sentencia C-754 de 2004[57],
en virtud del cual los trabajadores tienen derecho a mantener las condiciones
de los regímenes de transición como un derecho adquirido.
“De todo lo anterior se
desprende que el Legislador al expedir la norma acusada  no tuvo en cuenta que,
como se explicó en la Sentencia C-789 de 2002, si bien frente a un tránsito
legislativo  y al régimen de transición respectivo el derecho a la pensión no
es un derecho constitucional adquirido, sino una expectativa legítima, sí
existe un derecho al régimen de transición de las personas cobijadas por el
mismo[58]. Tampoco
tuvo en cuenta que una vez entrada en vigencia la disposición que consagra el
régimen de transición, los trabajadores que cumplan con los requisitos exigidos
para el mismo consolidan una situación concreta que no se les puede menoscabar[59]”.
A diferencia de la anterior, la segunda
interpretación expuesta guarda conformidad con la Constitución de 1991, puesto
que respeta los preceptos indicados en el numeral 4.1.
En consecuencia, los cargos por violación
de la protección constitucional especial a los derechos de los trabajadores en
relación con la expresión “las normas sobre trabajo, por ser de orden
público producen efecto general inmediato, por lo cual se aplican también a los
contratos de trabajo que estén vigentes o en curso en el momento en que dichas
normas empiecen a regir” contenida en el Art. 16, Num. 1, del Código
Sustantivo del Trabajo son fundados sólo por un aspecto, por lo cual la Corte
debió declarar su exequibilidad condicionada, por los cargos examinados en la
sentencia, en el entendido de que dicho efecto únicamente se produce cuando las
nuevas normas son más favorables a los derechos de los trabajadores y que si
las mismas son menos favorables a éstos no producen efecto alguno, por lo cual
deben aplicarse las normas vigentes en el momento de la celebración de los  contratos
respectivos, que se incorporan a éstos.
Aclaración de voto respecto de la
expresión “pero no tienen efecto retroactivo, esto es, no afectan
situaciones definidas o consumadas conforme a las leyes anteriores”,
contenida en el Art. 16, Num. 1, del Código Sustantivo del Trabajo.
5. Finalmente, debo aclarar mi voto
respecto de la declaración de exequibilidad del segmento “pero no tienen
efecto retroactivo, esto es, no afectan situaciones definidas o consumadas
conforme a las leyes anteriores”,
en el sentido de que dicha decisión
corrobora lo expuesto en los numerales anteriores, en cuanto con base en la
jurisprudencia de la corporación protege, frente a las nuevas normas, las
situaciones definidas, consumadas o concretas de los trabajadores, es decir,
los derechos adquiridos por ellos, los cuales, como se anotó en este escrito,
están comprendidos en la protección más amplia que a todos los derechos y a la
libertad y la dignidad de los trabajadores brindan el principio de
progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales y los
principios constitucionales mínimos en materia laboral, en particular, la
categórica prohibición contenida en el inciso final del Art. 53 de la
Constitución, que comprende los derechos adquiridos pero no se agota con ellos.
Fecha ut supra,
JAIME ARAUJO RENTERIA
Magistrado
[1]
Las secciones números II, III, IV y V de esta sentencia son
tomadas de la ponencia presentada por el Magistrado Sustanciador Jaime Araujo
Rentería, la cual no fue acogida por la Sala Plena. Las consideraciones
(Sección VI) plasman lo decidido por la Corte.
[2]
La demanda se dirigió contra el literal c) de la Ley 10 de 1934 y contra la
norma del decreto 652 de 1935, que la reglamentaba.
[3]
Sentencia de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, del 12 de noviembre
de 1937, M.P. Pedro Gómez Naranjo. Gaceta Judicial, Tomo XLV, Número 1923 de
mayo de 1937, pp. 698-703.
[4]
Derecho Colombiano, Tomo XX, número 94.
[5]
Sentencias C-539 de 1997 (MP: José Gregorio Hernández Galindo) y C-374 de 1997
(MP: José Gregorio Hernández Galindo).
[6]
Sentencia C-374 de 1997 (MP: José Gregorio Hernández Galindo)
[7]
En las sentencias C-424 de 1994 (MP: Fabio Morón Díaz) se estudió la
constitucionalidad de la Ley 97 de 1993 "por la cual se interpreta con
autoridad la Ley 20 de 1969", esta última referente a disposiciones sobre
la propiedad de minas e hidrocarburos. En la sentencia C-346 de 1995 (MP:
Carlos Gaviria Díaz) se estudiaron cargos relativos a la inconstitucionalidad
del artículo 1 de la Ley 20 de 1969, el cual restringía la protección de los
derechos adquiridos sólo frente a yacimientos descubiertos. .
[8]
Sentencias C-335 de 1999 (MP: Vladimiro Naranjo Mesa) y C-014 de 1993 (MP: Ciro
Angarita Barón).
[9]
Sentencia C-093 de 1993 (MP: Fabio Morón Díaz y Alejandro Martínez Caballero).
[10]
M.P. Carlos Gaviria Díaz. La sentencia fue aprobada sin salvamentos ni
aclaraciones de voto. La providencia declaró la exequibilidad de las normas
demandadas, salvo un aparte del artículo 36 sobre el cual se determinó que
establecía una diferencia irrazonable e injustificada entre los trabajadores
del sector público y los del sector privado amparados por el régimen de
transición, en punto a la manera de calcular su pensión.
[11]
M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. La sentencia declaró la exequibilidad de la
expresión acusada. El fallo fue aprobado sin salvamentos ni aclaraciones de
voto.
[12]
M.P. Rodrigo Escobar Gil. La sentencia declaró la exequibilidad de los incisos
acusados, pero les introdujo diversos condicionamientos. El fallo fue aprobado
sin salvamentos ni aclaraciones de voto.
[13]
Sentencia C-613/96 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) F.J. No. 9.
[14]
En relación con la diferencia entre derechos adquiridos o situaciones jurídicas
consolidadas y expectativas legítimas o expectativas de derecho, la Corte ha
dicho: “Dicho principio está íntimamente ligado a los derechos
adquiridos, que son aquellas situaciones individuales y subjetivas que se
han creado y definido bajo el imperio de una ley y, por lo mismo, han
instituido en favor de sus titulares un derecho subjetivo que debe ser
respetado. De ahí que sea válido afirmar que una ley posterior no puede afectar
lo que de manera legítima se ha obtenido bajo la vigencia de una ley anterior.
“Los derechos adquiridos se diferencian de las meras expectativas, que son
aquellas esperanzas o probabilidades que tiene una persona de
adquirir en el futuro un derecho que, por no haberse consolidado, puede ser
regulado por el legislador según las conveniencias políticas que imperen en el
momento, guiado por parámetros de justicia y de equidad que la Constitución
le fija para el cumplimiento cabal de sus funciones.” (resaltado y subrayado
fuera de texto) Sentencia C-926 de 2000 (M.P. Carlos Gaviria Díaz).
[15]
Al respecto, en la Sentencia C-596/97 previamente mencionada, que declaró
exequible la exclusión del régimen de transición de quienes no estaban
afiliados a un sistema de pensiones al entrar en vigencia la Ley 100 de 1993,
sostuvo en relación con los derechos de seguridad social, consagrados en el
artículo 48 de la Constitución, que “los derechos que corresponden a esta
categoría, como anteriormente se explicara, se adquieren en los términos que la
ley señala”, agregando posteriormente, en relación con la irrenunciabilidad
a los beneficios laborales mínimos, que “los beneficios que son
irrenunciables son aquellos que se erigen como derechos ciertos o adquiridos,
y, como se vio, la mera posibilidad de pensionarse con el cumplimiento de
ciertos requisitos y en determinadas condiciones, no constituye un derecho
adquirido sino una simple expectativa de derecho.”
[16]
La Corte ha sostenido que no es contrario a la Constitución que por virtud de
un tránsito de leyes el legislador trate de manera diferente a personas que
realizan el mismo trabajo durante la misma cantidad de años, y cuya única
diferencia es el momento en el cual adquieren el derecho a pensionarse.  Sin
embargo, este cambio en las condiciones en que las personas se pensionan no
puede ser desproporcionado.  Al respecto, en Sentencia C-613/96 (M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz), F.J. No. 9, la Corte dijo: “En efecto, si bien nada obsta
para que tal transformación produzca un trato disímil entre situaciones que
sólo se diferencian en razón del momento en el cual se consolidaron, también es
cierto que para que dicho tratamiento resulte legítimo se requiere que no
afecte el principio de proporcionalidad, de no discriminación y, en suma, de
interdicción de la arbitrariedad.”
[17]
Nótese que el inciso 2º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, hace referencia
“al momento de entrar en vigencia del sistema”, no la Ley.
[18]
M.P. Clara Inés Vargas Hernández. En la sentencia se declaró la
constitucionalidad de las normas acusadas, por los cargos analizados, salvo el
plazo de dos años establecido para presentar la demanda y obtener un
pronunciamiento judicial, para poder obtener la condena de “salarios caídos”,
el cual fue declarado inexequible. Salvaron parcialmente el voto los magistrados
Rodrigo Escobar Gil, Alfredo Beltrán Sierra y Jaime Córdoba Triviño. Aclaró su
voto el magistrado Jaime Araujo Rentería.
En su salvamento
de voto, el magistrado Rodrigo Escobar Gil señala que la fórmula indemnizatoria
contenida en el numeral 1 del artículo 29 de la Ley 789 “era exequible, por
adecuarse plenamente al valor material de la justicia y satisfacer el derecho
del trabajador a recibir oportunamente la remuneración de sus servicios”,
si se tiene en cuenta (i) que el legislador goza de amplia facultad para
regular el régimen laboral, y dentro de éste, las sanciones previstas al
empleador, que de mala fe, incurre en mora en el pago de los salarios y las
prestaciones del trabajador para cuando termina el contrato y (ii) que la
fórmula indemnizatoria prevista en el artículo 65 del Código Sustantivo del
Trabajo le genera una carga desproporcionada al empleador, quien debe asumir
los “salarios caídos” que se generen a lo largo del proceso judicial,
sin que tenga responsabilidad en la demora generada por la congestión en los
despachos judiciales.
En su salvamento parcial de
voto, los magistrados Alfredo Beltrán Sierra y Jaime Córdoba Triviño señalan
que los apartes acusados del artículo 29 de la Ley 789 han debido ser
declarados exequibles de manera condicionada “a la no aplicación de lo allí
dispuesto a los contratos existentes en esa fecha” sino sólo a los que se
suscriban con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley. Justifican el
condicionamiento propuesto de la siguiente manera:
“A esa
conclusión se llega, sin ningún esfuerzo, si se tiene en cuenta que de acuerdo
con lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley 153 de 1887, “en todo contrato se
entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración”.  Ello
significa, entonces, que en virtud de la norma acabada de mencionar, las leyes
que regulan un contrato en cuanto sean supletivas de la voluntad de los
particulares, o sean de carácter imperativo por razones de orden público,
forman parte de ese contrato ante el silencio de las partes, por expresa
disposición del legislador en la primera hipótesis y, desde luego si se trata
de normas de orden público no pueden ser desconocidas ni alteradas por los
contratantes, pues en tal caso nada pueden convenir en contrario los particulares.
“Si ello es
así en la legislación civil y mercantil, a fortiori lo es en los contratos
laborales, máxime si se tiene en cuenta que conforme al artículo 25 de la
Constitución Política el trabajo, en todas sus manifestaciones, gozará de la
especial protección del Estado, norma esta que guarda estrecha armonía con el
artículo 53 de la Carta en el cual se establece, sin lugar a duda alguna, que
uno de los principios aplicables a las relaciones laborales es el de la
irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales,
por lo cual no pueden ser objeto de transacción ni conciliación los derechos
ciertos e indiscutibles de los trabajadores.
“De esta
suerte, en los contratos laborales suscritos con anterioridad a la vigencia de
la Ley 789 de 2002, se incorporó, por ministerio de la ley, la norma contenida
en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo entonces vigente.  Por
ello, si a la terminación del contrato de trabajo no se le cancela al
trabajador íntegramente el valor de los salarios y prestaciones debidos, salvo
retención autorizada por la ley o convenio celebrado por las partes sobre el
particular, la indemnización a que tiene derecho el trabajador, será de “una
suma igual al último salario diario por cada día de retardo “, que es lo que en
el lenguaje de uso diario y en algunas sentencias de la jurisdicción laboral se
ha conocido como “salarios caídos”, por todo el tiempo que dure la mora en el
pago al trabajador.
“Esa es la
razón por la cual nos separamos de lo resuelto en la Sentencia C-781 de 10 de
septiembre de 2003, pues la declaración de exequibilidad parcial del inciso
primero del artículo 29 de la Ley 789 de 2002 sin condicionarla en el sentido
de no ser aplicable a los contratos de trabajo celebrados antes de la vigencia
de esa ley (27 de diciembre de 2002), desconoce derechos claros e indiscutibles
de los trabajadores cuyo contrato laboral surgió a la vida jurídica con
anterioridad a esa fecha.  Por ello salvamos nuestro voto”.
La aclaración de voto del
magistrado Jaime Araujo Rentería se refiere a los apartes que fueron declarados
exequibles, y no frente al que fue declarado inexequible, decisión ésta con la
que estuvo de acuerdo con la mayoría. El magistrado considera que la
diferenciación que incluye la norma entre los trabajadores que para el momento
de terminación del contrato laboral ganaban un salario mínimo y los que ganaban
más de esta suma resulta discriminatoria, si se tiene en cuenta que son
trabajadores que quedaron desempleados y que la Corte ha debido estudiar con
profundidad la regla de distribución contenida en el aparte acusado.
[19]
Sentencia C-147 de 1997. M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[20]
Sentencia C-478 de 1998.
[21]
CSJ  Sala Plena. Sentencia 115 del 26 de septiembre de 1991. M.P. Jaime Sanin
Greiffestein.
[22]
Sentencia C-252 de 2001. M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[23]
“Artículo 52.- Derogatorias.  La presente ley rige a partir
de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias”.
[24]
M.P. Eduardo Montealegre Lynett. La sentencia declaró la constitucionalidad de
los artículos acusados,  por los cargos que fueron estudiados, por cuanto las
medidas adoptadas en éstos “son proporcionados y respetan los principios
mínimos del trabajo establecidos en la Carta y en los tratados de derechos
humanos que integran el bloque de constitucionalidad.” Salvaron
parcialmente su voto los magistrados Clara Inés Vargas Hernández, Alfredo
Beltrán Sierra y Jaime Córdoba Triviño. El magistrado Jaime Araujo Rentería
aclaró su voto con respecto a un punto y lo salvó en relación con las demás
normas acusadas.
El salvamento parcial de
voto de la magistrada Clara Inés Vargas Hernández se dirigió contra la decisión
adoptada por la Corte de declarar la exequibilidad condicionada del artículo 1
de la Ley 789, que creaba un Fondo de Protección Social.
En su salvamento de voto,
el magistrado Jaime Araujo Rentería expresó:
“Con este
fallo se desmonta el Estado social de derecho.  El Estado social de derecho se
caracteriza por tener una organización del trabajo, dirigido a tutelar los
derechos de los trabajadores y mitigar su estado de inferioridad ante los
patronos.  El Estado social de derecho busca hacer efectivos los derechos
económicos y sociales de la clase obrera, por los que la clase obrera ha
luchado desde su nacimiento: El derecho al descanso, a un salario digno para él
y su familia, a la seguridad social, al trabajo, a la salud, a la huelga, a la
educación, a la vivienda, a las pensiones de: jubilación, invalidez, muerte,
etc.
“(…)
“La Corte Constitucional en numerosas sentencias ha
sostenido la tesis de que los derechos fundamentales son por su propia
naturaleza limitados; tesis que no he compartido por las siguientes razones:
“No es cierto que los derechos fundamentales nacen
“por su propia naturaleza limitados”; pues cuando la Constitución consagra un
derecho fundamental se debe presumir la máxima amplitud del mismo (es lo que la
doctrina constitucional italiana denomina presunción de la máxima expansión de
la libertad).
En realidad los derechos fundamentales nacen sólo con
los límites que la propia Constitución les establezca (bien que se trate de
otros principios fundamentales u obligaciones constitucionales).
“Esta distinción es importante, por las consecuencias
que trae aparejadas; ya que si no existe otra norma constitucional que limite
el derecho, el legislador no puede limitarlo y correlativamente el ciudadano
debe gozar plenamente de ese derecho fundamental; y cualquier límite que no
tenga fundamento en la propia Constitución es inconstitucional.
“(…)
“(…)  las normas declaradas exequibles violan la Constitución
y el principio de igualdad, por cuanto en relación con la situación anterior de
los trabajadores crean una situación más desigualitaria e inequitativa.”
En su salvamento parcial de voto,
el magistrado Alfredo Beltrán Sierra señala que las normas que fueron
declaradas exequibles constituyen un retroceso en la protección de los derechos
laborales y son contrarias a la prohibición constitucional de que la ley, los
contratos, los acuerdos o las convenciones colectivas menoscaben los derechos
de los trabajadores. Estos son algunos apartes de su escrito:
“(…) es
claro que el trabajo en el ordenamiento jurídico positivo constitucional de
Colombia es un valor, un principio y un derecho cuya regulación ha de
realizarse teniendo en cuenta que la Carta ordena que la legislación se dirija
al establecimiento de un “orden justo”.  Esto impide que la ley laboral se
torne regresiva y disminuya los derechos de los trabajadores.
“Analizadas
las normas en cuestión resulta prima fascie que ellas quebrantan la Constitución
Política.  Se parte para dictarlas de la consideración del trabajo como una
mercancía, y, por ello, tanto en la exposición de motivos que acompañó el
Gobierno al proyecto de ley respectivo como en la discusión correspondiente, se
expresó una y otra vez que las normas contenidas en los artículos 25, 26, 28,
30 y 51 de lo que hoy es la Ley 789 de 2002, se consideraban importantes para
disminuir los costos de los empleadores.  Es decir, que los derechos de los
trabajadores se estiman como factor de encarecimiento de la producción y, por
ello, se hacia imprescindible la reforma de la legislación laboral (…)
En su salvamento parcial de
voto, el magistrado Jaime Córdoba Triviño señala frente a los artículos que
fueron declarados exequibles lo siguiente:
“Así, en el entender de la mayoría con esas
medidas, se pretende promover el empleo y el crecimiento económico del Estado,
fines que si bien son claramente constitucionales, no pueden confundirse con la
necesaria justificación que deben tener las medidas adoptadas para lograr esos
fines.
“En el presente caso, la decisión de la
Corte confundió la finalidad de brindar un mayor empleo con la justificación de
las medidas adoptadas para ese fin, puesto que éstas no fueron confrontadas con
los valores, principios y derechos consagrados en la Constitución, ya que de
haberlo sido, habría generado la inexequibilidad de las normas acusadas.
“A mi juicio, la mera existencia de motivos
para implementar las medidas de carácter regresivo cuestionadas en la demanda
de inconstitucionalidad, no podían configurar una justificación
constitucionalmente válida que permitieran realizar un juicio de
proporcionalidad, como en efecto ocurrió, y mucho menos cuando las normas
acusadas someten al trabajador a situaciones de indignidad laboral.
“En síntesis, ante la ausencia de justificación en los motivos que
dieron origen a las medidas regresivas adoptadas por el legislador y que fueron
avaladas por la mayoría de esta Corporación, salvo mi voto”.
Las aclaraciones de voto de los
tres últimos magistrados se refieren a la decisión sobre el artículo 29 de la
Ley 789. Con respecto a él la Corte decidió estarse a lo resuelto en la
sentencia C-781 de 2003 (MP: Clara Inés Vargas Hernández). Dado que en esa
sentencia los tres magistrados habían salvado su voto sobre ese punto, sus
aclaraciones se dirigen a reiterar lo expresado en aquella ocasión.
[25]
En las normas acusadas se amplió la jornada diurna hasta las 10 p.m. (Art. 25),
se disminuyó la remuneración de los dominicales y se modificó la compensación
del descanso en día domingo cuando no es habitual (Art. 26); se redujo la
indemnización por terminación unilateral del contrato sin justa causa (Art.
28); y se modificó la naturaleza del contrato de aprendizaje (Art 30).
[26]
Esta expresión la emplea la Corte al formular el problema jurídico que va a
estudiar en esta sentencia. Este se encuentra en el fundamento jurídico No 10
de la sentencia.
[27]
Como ya se ya ha señalado, en este proceso la Corte también entró a analizar el
artículo 1 de la Ley 789, que definía el sistema de protección social y creaba
el Fondo de Protección Social. La Corte concluyó que el artículo 1 era
exequible, según los cargos estudiados, “en el entendido de que los
programas sociales deben corresponder al Plan Nacional de Desarrollo o a leyes
preexistentes, y el gasto se haya incorporado previamente en el correspondiente
presupuesto” y declaró inexequibles las expresiones “que el Gobierno
Nacional defina como prioritarios” y el parágrafo del artículo 1.
[28]
Ver, entre otras, las sentencias C-529 de 1994, C-126 de 1995, C-168 de 1995,
C-147 de 1997, C-350 de 1997, C-478 de 1998, C-789 de 2002 y C-781 de 2003.
[29]
Este extracto hace parte del fundamento jurídico No 14 de la sentencia.
[30]
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. La Corte declaró la exequibilidad, por los
cargos analizados, del aparte demandado del artículo 16. También declaró la
constitucionalidad de las normas demandadas del artículo 18, salvo el aparte en
el que se definía lo que se entendía como derecho adquirido. En este caso
encontró que la definición era “restrictiva de la protección que la
Constitución ofrece a las garantías laborales.” Además, la
constitucionalidad del aparte acusado del  artículo 18 fue  pronunciada bajo el
entendido de que hacía referencia tanto a los derechos adquiridos salariales
como a los prestacionales. Salvó parcialmente su voto la magistrada Clara Inés
Vargas Hernández. El Magistrado Jaime Araujo Rentería salvó el voto con
respecto a todas las decisiones. Aclaró su voto el magistrado Alfredo Beltrán
Sierra.
El salvamento parcial de voto de
la magistrada Clara Inés Vargas Hernández se refiere a la declaración de
exequibilidad del aparte acusado del artículo 16 del Decreto 1750 de 2003, pues
considera que el Presidente carecía de facultades para expedir el “régimen
laboral para los servidores públicos de estas nuevas Empresas Sociales del
Estado y mucho menos para cambiarles el tipo de vinculación de trabajadores
oficiales que ellos tenían antes de la escisión del Instituto de Seguros
Sociales, y que al incorporárseles automáticamente a la planta de personal de
éstas nuevas empresas pasan a ser empleados públicos”.
En su salvamento de voto,
el magistrado Jaime Araujo Rentería señaló que el régimen salarial y prestacional
de los servidores que ingresaran a las empresas sociales del Estado creadas por
el Decreto demandado debía ser igual al que tenían con anterioridad, porque de
lo contrario se vulneraría el artículo 53 de la Constitución  y los tratados
internacionales.
En su aclaración
de voto, el magistrado Alfredo Beltrán Sierra señala que en la sentencia C-314
de 2004 se debió haber hecho una integración normativa entre los apartes
acusados del artículo 18 y el parágrafo transitorio de este mismo artículo, por
referirse este último a las medidas que debía adoptar el gobierno para “mantener
la remuneración que venían persiguiendo por concepto de asignación básica
mensual, puntos de antigüedad y prima técnica” los  médicos que ingresen a
las empresas sociales del Estado creadas por el decreto demandado.”
[31]
SC-168 de 1995 (M.P. Carlos Gaviria Díaz).
[32]
“Veamos entonces el significado de la expresión a que alude el demandante.
"Menoscabar", según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua
Española, tiene entre otras acepciones la de "Disminuir las cosas,
quitándoles una parte; acortarlas, reducirlas". "Causar mengua o
descrédito en la honra o en la fama".   Quiere esto decir, que el constituyente
prohíbe menguar, disminuir o reducir los derechos de los trabajadores. Pero ¿a
qué derechos se refiere la norma? Para la Corte es indudable que tales derechos
no pueden ser otros que los "derechos adquiridos", conclusión a la
que se llega haciendo un análisis sistemático de los artículos 53, inciso
final, y 58 de la Carta. Pretender, como lo hace el demandante, la garantía de
los derechos aún no consolidados, sería aceptar que la Constitución protege
"derechos" que no son derechos, lo cual no se ajusta al
Ordenamiento Superior, como se consignó en párrafos anteriores”.(Sentencia
C-168 de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz)
[33]
M.P. Álvaro Tafur Galvis. En la sentencia se declaró que en la aprobación de la
norma se había incurrido en un vicio de procedimiento que era insubsanable.
Además, se estableció que la norma era inconstitucional por su contenido. La
sentencia contó con un salvamento de voto parcial y una aclaración de voto de
los magistrados Manuel José Cepeda Espinosa, Rodrigo Escobar Gil y Rodrigo
Uprimny Yepes; con el salvamento parcial de voto del magistrado Álvaro Tafur
Galvis; y con aclaraciones de voto de los magistrados Clara Inés Vargas
Hernández y Jaime Araujo Rentería.
En su salvamento parcial de voto
y en su aclaración de voto los magistrados Manuel José Cepeda, Rodrigo Escobar
Gil y Rodrigo Uprimny Yepes señalaron su conformidad con la declaración de
inexequibilidad de la norma por los vicios de forma, y su desacuerdo con la
decisión de asignarle efectos retroactivos a la declaratoria de inexequibilidad
y con el análisis y las conclusiones frente a la inconstitucionalidad material
de la norma, porque en su concepto, la decisión mayoritaria confunde la
protección de las expectativas legítimas de los trabajadores que se encuentran
en el régimen de transición con “con la existencia de una especie de derecho
adquirido de estos trabajadores a la inmodificabilidad de ese régimen”.
En su salvamento parcial de
voto el magistrado Álvaro Tafur Galvis señala que a la inexequibilidad de la
norma no se le ha debido dar un efecto retroactivo.
[34]Así
se desprende  de las actas respectivas, de las que cabe destacar los siguientes
apartes.
“(…)Recobra el uso de la palabra
el honorable Senador Álvaro Uribe Vélez:
“(...)…en cuanto a la edad
honorable Senadora Regina, aquí está el punto de la edad, Senadora Regina aquí
está su inquietud el punto de la edad, mire todos los actuarios coinciden en
como ha evolucionado la expectativa de vida en Colombia, en 1947 era de 45 años
hoy está entre 69 y 71 y además va evolucionando de manera diferente a medida
que se alcancen ciertas edades, es distinta a la expectativa de vida para el
ciudadano que ha cumplido 50 años, a la expectativa de vida para el ciudadano
que ha cumplido 60 años, de acuerdo con las recomendaciones actuariales, la
edad se podría subir a 62 años para los hombres y a 60 para las mujeres que es
la que se fija para el régimen de los fondos, para la garantía de pensión
mínima, para el Seguro Social se mantiene la edad de 60 a 55 hasta el año 2014,
en el año 2014 se elevaría en 2 años para los varones a 62 y en 2 para las
mujeres a 57, para las mujeres 3 años menos de lo que recomiendan los actuarios
se podría hacer hoy, eso porque, los estudios actuariales muestran que la
expectativa de vida de las mujeres es mayor, que la expectativa de vida de los
varones, pero tradicionalmente se ha reconocido este subsidio como una
expresión de solidaridad y seguridad social, porque a medida que la mujer
incrementa su participación en el mercado del trabajo tiene que asumir 2
obligaciones, continúa con las domésticas y adiciona las del empleo, entonces
esta doble jornada laboral de la mujer es lo que amerita mantenerle un
diferencial a favor en edad de pensionamiento. En cuanto al número de semanas,
aquí hay un punto de mucha discusión, porque mil doscientas cincuenta semanas
en los fondos y mil en el Seguro Social, debemos tener en cuenta que en los
fondos la edad como el número de semanas sólo interesan para la garantía de
pensión mínima, el Senador Espinosa que preguntaba por el rendimiento de los
fondos me permitirá decir lo siguiente: si una persona por cotizar más o por
beneficiarse de una ola de tasas de rendimiento favorables obtuviere una
reserva que permita una pensión por lo menos igual al ciento diez por ciento
del salario mínimo, se puede pensionar en los fondos prescindiendo de cumplir
los requisitos de las mil doscientas cincuenta semanas y la edad, eso interesa
sólo para la garantía de pensión mínima y porque la diferencia entre el Instituto
y los fondos, se dijo lo siguiente: Primero. No debemos provocar un traslado
masivo del Instituto a los fondos. En segundo lugar en los fondos va  a haber
flexibilidad para graduar la pensión, mientras en el Seguro la pensión será un
porcentaje fijo sobre el salario, salvo la del salario mínimo en los fondos de
pensión la pensión será variable, dependerá del ahorro y de la tasa de interés
y si son favorables los resultados la pensión puede ser superior al porcentaje
del Seguro, como si son desfavorables la pensión puede ser inferior, esa
flexibilidad de la pensión en los fondos la consideramos como una ventaja a
favor de los fondos; también entendemos que los fondos pueden ser mucho más
agresivos en materia publicitaria que el Seguro y que los fondos a través de
las vinculadas económicas, de sus administradoras pueden ofrecer créditos para
vivienda, créditos para educación, para vehículos y que los fondos pueden ser
muy ágiles en el reconocimiento de la pensión muy puntuales en el pago, o sea
que esta desventaja inicial de los fondos la pueden descontar en el futuro con
todas esas ventajas que van a tener para operar el sistema; la pregunta que se
han hecho algunos analistas del testo de las comisiones es; ¿quedó razonable la
diferencia? o es tal honda la brecha que va a frustrar el nacimiento de los
fondos, yo respetuosamente recomendaría que hiciéramos un ajuste no
elevando los requisitos del Seguro, en lo cual discrepo del Gobierno Nacional,
sino reduciendo levemente uno de los requisitos de los fondos, el de las mil
doscientas cincuenta semanas, hasta igualarlos con las mil del Seguro, no,
ponerlo que sé yo, en mil cien, mil ciento cincuenta, por ejemplo en Chile, la
edad de pensionamiento es a los 65 años, pero el número de semanas para la
garantía de pensión mínima es mil, o sea que hay 3 años más para los varones en
edad, pudiéramos compensar esos 3 años elevando para el caso de los fondos el
tiempo de cotización, no a 1.250, sino a 1.150, la verdad es que el riesgo de
una equivocación de discrepar con el Gobierno Nacional, yo creo que la
diferencia en edades como las aprobaron las Comisiones, es más razonable; entonces
honorable Senadora Regina, la edad de la mujer sólo se elevaría a partir del
año 2014, en los fondos desde ya, pero sólo para la garantía de pensión mínima,
en los fondos se eleva de acuerdo con las recomendaciones actuariales, en el
ISS, se eleva en tres años menos que las recomendaciones actuariales y esa
elevación se aplaza 20 años. Además dirán ustedes, aquí están elevando la edad
de los varones del sector público, que estaba en 55 años?. Sí, pero hay un
artículo del proyecto que suaviza la transición, esta transición se establece
de tal manera que la elevación de la edad afecte apenas a los que en el momento
de entrar a regir la ley, tengan menos de 40 años si son varones o menos de 35
si son mujeres, quienes tengan más de esas edades, ya no tendrán que jubilarse
con el aumento de los 55 a los 60, lo mismo ocurre con la eliminación, hoy en
el Seguro Social hay una pensión a las 500 semanas, eso también se elimina en
el proyecto, ahí tenemos una discrepancia con el Senador Corsi, él piensa que
se pueden seguir sosteniendo pensiones con 500 semanas de cotización en
Colombia, otros creemos que no, que eso financieramente no es costeable. Hemos
eliminado esa pensión de las 500 semanas, pero no para todo el mundo, ahí
también la transición es suave, solamente para quienes tengan menos de 40 años,
si son varones y menos de 35 si son mujeres. (…)”(subrayas fuera de texto)
Acta de la sesión ordinaria  del Senado de la República del día miércoles 1° de
septiembre de 1993  Gaceta del Congreso  Año II N °308  del martes 7 de
septiembre de 1993 pag 10.
[35]
Sentencia C- 789/02 M.P.  Rodrigo Escobar Gil. Sin Salvamentos de voto. El
Magistrado Álvaro Tafur Galvis, no firma la sentencia por cuanto estuvo ausente
con excusa, debidamente autorizada por la Sala Plena de esta Corporación.
[36]
Se reitera que en tal distinción hizo énfasis la Corte en la Sentencia C-789 de
2002, pues allí señaló que no era posible confundir la prestación económica
ofrecida por el régimen de transición -es decir, la pensión- con la pertenencia
al régimen, ya que mientras la prestación que aun no se adquiere es una mera
expectativa, el régimen como tal, su pertenencia al mismo, es una situación
jurídica que el legislador no puede desconocer. A este respecto, valga citar
nuevamente el aparte correspondiente del fallo:
“Como se
dijo anteriormente, los incisos 4º y 5º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
no están contrariando la prohibición de renunciar a los beneficios laborales
mínimos, pues las personas que cumplen los requisitos necesarios para hacer
parte del régimen de transición no tienen un derecho adquirido a su pensión.
Sin embargo, el valor constitucional del trabajo (C.N. preámbulo y art. 1º), y
la protección especial que la Carta le otorga a los trabajadores, imponen un
límite a la potestad del legislador para configurar el régimen de seguridad
social.  En virtud de dicha protección, los tránsitos legislativos deben ser
razonables y proporcionales, y por lo tanto, la ley posterior no podría
desconocer la protección que ha otorgado a quienes al momento de entrada en
vigencia del sistema de pensiones llevaban más de quince años de trabajo
cotizados.”
[37]
Sentencias T-235/02 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra  y  T-169/03 M.P. Jaime
Araujo Rentería.
[38]
M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
1 Estado
Social y Administración Pública. Edt. Cívitas, Monografías, 1983.
[39]
Este extracto hace parte del fundamento jurídico No 15 de la sentencia.
[40]
La Corte ha sostenido que no es contrario a la Constitución que por virtud de
un tránsito de leyes el legislador trate de manera diferente a personas que
realizan el mismo trabajo durante la misma cantidad de años, y cuya única
diferencia es el momento en el cual adquieren el derecho a pensionarse.  Sin
embargo, este cambio en las condiciones en que las personas se pensionan no
puede ser desproporcionado.  Al respecto, en Sentencia C-613/96 (M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz), F.J. No. 9, la Corte dijo: “En efecto, si bien nada obsta
para que tal transformación produzca un trato disímil entre situaciones que
sólo se diferencian en razón del momento en el cual se consolidaron, también es
cierto que para que dicho tratamiento resulte legítimo se requiere que no
afecte el principio de proporcionalidad, de no discriminación y, en suma, de
interdicción de la arbitrariedad.”
[41]
Nótese que el inciso 2º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, hace referencia
“al momento de entrar en vigencia del sistema”, no la Ley.
[42]
Al respecto pueden consultarse, entre otras, las sentencias C-355 de 2003, M.P
Marco Gerardo Monroy Cabra; C-103 de 2003, M.P Jaime Córdoba Triviño; C-038 de
2003 M.P Jaime Araujo Rentería y C-478 de 1998, M.P Alejandro Martínez
Caballero.
[43]
Ver, entre otras, las sentencias de esta Corte C-251 de 1997, SU-225 de 1998,
C-1489 de 2000 y C-671 de 2002.
[44]
Ver al respecto, las Observaciones Generales del Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales de Naciones Unidas adoptadas en sus distintos períodos de
sesiones, en especial la Observación General No 3 adoptado en el Quinto Período
de Sesiones de 1990, y que figuran en el documento E/1991/23. Y a nivel
doctrinal, ver los llamados “Principios de Limburgo”, adoptados por unos
expertos en la materia reunidos en Maastrich, Holanda,  en junio de 1986, y que
constituyen la interpretación académica más respetada sobre el sentido y la
aplicación de las normas internacionales sobre derechos económicos, sociales y
culturales.
[45]
Ver sentencia SU-225 de 1998, MP Eduardo Cifuentes Muñoz, Fundamentos 18 y ss.
[46]
Ver, entre otras, las sentencias C-251 de 1997, fundamentos 8 y 9, y sentencia
SU-225 de 1998, Fundamentos 11 y ss.
[47]
Al respecto, ver entre otras, las sentencias C-251 de 1997. Fundamento 8,
SU-624 de 1999, C-1165 de 2000,  C-1489 de 2000 y C-671 de 2002.
[48]
Ver, entre otros, Carlos Bernal Pulido. El principio de proporcionalidad y
los derechos fundamentales. Madrid. Centro de Estudios Constitucionales,
2003, pp 731 y ss y 797.
[49]
Sentencia C- 251 de 1997. M. P. Alejandro Martínez Caballero.
[50] Ver, entre otras, las sentencias de esta Corte C-251
de 1997, SU-225 de 1998, C-1489 de 2000 y C-671 de 2002.
[51] Ver al respecto, las Observaciones Generales del
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas
adoptadas en sus distintos períodos de sesiones, en especial la Observación
General No 3 adoptado en el Quinto Período de Sesiones de 1990, y que figuran
en el documento E/1991/23. Y a nivel doctrinal, ver los llamados “Principios
de Limburgo”, adoptados por unos expertos en la materia reunidos en
Maastrich, Holanda,  en junio de 1986, y que constituyen la interpretación
académica más respetada sobre el sentido y la aplicación de las normas internacionales
sobre derechos económicos, sociales y culturales.
[52] Ver sentencia SU-225 de 1998, MP Eduardo Cifuentes
Muñoz, Fundamentos 18 y ss.
[53]
Sentencia C-038 de 2004, M. P. Eduardo Montealegre Lynett;
Salvamento y Aclaración de Voto de Alfredo Beltrán Sierra y Jaime Córdoba
Triviño; Salvamento Parcial de Voto de Jaime Araújo Rentería y Clara Inés
Vargas Hernández.
[54]
Ver C-010/2000
[55]
Sentencia T- 1303 de 2001, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra;
Salvamento de Voto de Alvaro Tafur Gálvis. Sobre el tema de la incorporación de
las normas internacionales al bloque de constitucionalidad se pueden consultar
las sentencias T-1319 de 2001 y C-04 de 2003, entre otras.
[56]
Sentencia C-168 de 1995, M. P. Carlos Gaviria Díaz. En el
sentido, Sentencias C- 596 de 1997 y C-1255 de 2001, entre otras.
[57]
M. P. Alvaro Tafur Galvis; Salvamento Parcial y Aclaración de Voto de Manuel
José Cepeda Espinosa, Rodrigo Escobar Gil y Rodrigo Uprimny Yepes; Salvamento
Parcial de Voto de Alvaro Tafur Gálvis.
[58]
Se reitera que en tal distinción hizo énfasis la Corte en la Sentencia C-789 de
2002, pues allí señaló que no era posible confundir la prestación económica
ofrecida por el régimen de transición -es decir, la pensión- con la pertenencia
al régimen, ya que mientras la prestación que aun no se adquiere es una mera
expectativa, el régimen como tal, su pertenencia al mismo, es una situación
jurídica que el legislador no puede desconocer. A este respecto, valga citar
nuevamente el aparte correspondiente del fallo:
“Como se
dijo anteriormente, los incisos 4º y 5º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
no están contrariando la prohibición de renunciar a los beneficios laborales
mínimos, pues las personas que cumplen los requisitos necesarios para hacer
parte del régimen de transición no tienen un derecho adquirido a su pensión.
Sin embargo, el valor constitucional del trabajo (C.N. preámbulo y art. 1º), y
la protección especial que la Carta le otorga a los trabajadores, imponen un
límite a la potestad del legislador para configurar el régimen de seguridad
social.  En virtud de dicha protección, los tránsitos legislativos deben ser
razonables y proporcionales, y por lo tanto, la ley posterior no podría
desconocer la protección que ha otorgado a quienes al momento de entrada en
vigencia del sistema de pensiones llevaban más de quince años de trabajo
cotizados.”
[59]
Sentencias T-235/02 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra  y  T-169/03 M.P. Jaime
Araujo Rentería.