C-375-09
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-375/09
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL ABSOLUTA-Reglas de configuración/COSA JUZGADA
CONSTITUCIONAL ABSOLUTA-Configuración cuando decisión de inexequibilidad se
refiere a la totalidad de contenidos de la ley
Referencia: expediente D-7395
Demanda de inconstitucionalidad contra la
Ley 1152 de 2007, “por medio de la cual se dicta el Estatuto de Desarrollo Rural,
se reforma el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural  Incoder y se dictan
otras disposiciones”.
Demandante: Juan Pablo Barrios Romero.
Magistrado Ponente:
Dr. Nilson
Pinilla Pinilla
Bogotá, D.C., mayo
veintisiete (27) de mayo de dos mil nueve (2009).
La Sala Plena de
la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y
de los requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha
proferido la siguiente
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES.
En ejercicio de la acción pública consagrada en los artículos
241 y 242 de la Constitución Política, el ciudadano Juan Pablo Barrios Romero
demandó la  Ley 1152 de 2007, “por medio de la cual se dicta el Estatuto de
Desarrollo Rural se reforma el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural Incoder
y se dictan otras disposiciones”.
Mediante auto de septiembre 5 de 2008, el Magistrado
sustanciador admitió la demanda de la referencia y ordenó el acopio de algunas
pruebas relacionadas con el trámite cumplido en el Congreso de la República por
el proyecto que vino a convertirse en la Ley 1152 de 2007. En la misma
providencia dispuso que una vez allegadas las pruebas, se fijara en lista el
presente proceso y dar traslado al Procurador General de la Nación para que
rindiera su concepto.
También se ordenó comunicar la iniciación del asunto a
los señores Presidentes de la República y del Congreso, Ministros del Interior
y de Justicia, de Agricultura y Desarrollo Rural, y de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, y al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, a la
facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Pontificia Universidad
Javeriana, a las facultades de derecho de las universidades Externado de
Colombia, Industrial de Santander, de Antioquia, del Rosario, Santo Tomás y
Nacional de Colombia, al igual que al Instituto Colombiano de Derecho Procesal
y a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, para que, si lo estimaban pertinente,
conceptuaran sobre la exequibilidad de las normas demandadas.
Cumplidos los trámites constitucionales y legales
propios de esta clase de procesos, la Corte procede a decidir acerca de la
demanda en referencia.
II. NORMA
DEMANDADA.
En razón de su extensión, la norma demandada,
publicada en el Diario Oficial 46.700 de julio 25 de 2007, se transcribe en el
anexo que hace parte de esta sentencia.
III. LA
DEMANDA.
El ciudadano demandante considera que la Ley 1152 de
2007, en su integridad es inconstitucional, pues vulnera los artículos 151,
158, 160 y 161 de la Constitución Nacional.
Los cargos de inconstitucionalidad que se formulan
contra la ley acusada se fundan en vicios de procedimiento en el trámite de la
misma, en tanto no se respetaron los requisitos establecidos en el título VI,
capítulo 3 de la Carta, el cual a su vez es regulado por la Ley 5ª de 1992.
Una vez que el actor expresa que la demanda es
procedente por no haber operado el término de caducidad de un año, contado
desde la fecha de publicación del acto, según lo dispuesto por el artículo 242,
numeral 3 de la Constitución, expone los cargos de inconstitucionalidad que a
continuación se resumen:
3.1.  La Ley 1152 de 2007 viola el artículo 151 de la
Constitución Nacional  y el artículo 151 de la Ley 5ª de 1992, por no haber
sido acumulado el proyecto de ley N° 030 de 2006 - Senado y 210 de 2007 -Cámara[1]
con el proyecto de ley  N° 99 de 2006 -Senado[2].
Manifiesta el demandante que en la Secretaría del
Senado de la República se radicó el proyecto de ley N° 99 de 2006 -Senado,
presentado por el Senador Gustavo Petro, en agosto 23 de 2006, el cual fue “elaborado
por las organizaciones campesinas, indígenas, afrocolombianas y de trabajadores
rurales”. No obstante, a pesar de guardar estrecha similitud con el
proyecto de ley que dio lugar a la Ley 1152 de 2007, radicado en la misma corporación,
no fue acumulado como lo preceptúa el reglamento del Congreso de la República.
Aduce que corresponde al Presidente de la Comisión
donde se inicia el trámite del proyecto la facultad de acumularlos, que para el
momento lo era el Senador Álvaro Araújo Castro, quien a pesar de solicitud
expresa de acumulación de los proyectos de ley mencionados, por parte del
Senador Petro, con fundamento en el artículo 151 de la Ley 5ª de 1992, los días
19 de septiembre y 3 de octubre de 2006, se abstuvo de ordenarla con clara
violación de la norma legal acabada de citar.
Luego de transcribir los artículos 151 superior, y 151
de la Ley 5ª de 1992, que aduce como violados, al igual que apartes de
jurisprudencia de la Corte Constitucional en relación con las normas
mencionadas, manifiesta que la no acumulación de los proyectos de ley Nº 30 de
2006 y 99 de 2006 constituye una violación directa a lo dispuesto en la Carta y
en el reglamento del Congreso, por cuanto:
“i) En ningún momento en el artículo 151 se
establece que se deba hacer petición expresa para que la acumulación de dos
proyectos de ley proceda. En todo caso, en el trámite legislativo estando en
tiempo para hacerse la acumulación, el autor del proyecto de ley 099 de 2006
–Senado, hizo la solicitud expresa;
ii) La Mesa Directiva de la Comisión V
Constitucional Permanente del Senado de la República aunque contó con 25 días
para hacer la acumulación de los dos proyectos, deliberadamente no los acumuló,
teniendo el Senador Álvaro Araújo como Presidente de la Comisión V del Senado,
la obligación legal de enviar el proyecto con la fundamentación para su
acumulación al ponente inicial. Este lapso de 25 días transcurrió entre la
fecha en que se radicó el proyecto de ley 99 de 2006 y la fecha en que se
presentó la primera ponencia del proyecto de ley 30 de 2006.” (F. 34 cd. inicial).
3.2. Agrega el censor que la Ley 1152 de 2007 vulnera
el artículo 151 de la Constitución Política, en tanto según asevera, transgredió
de manera flagrante el artículo 115 de la Ley 5ª de 1992, al no discutirse y
votarse una a una las cuarenta y siete proposiciones presentadas en el segundo
debate de la Cámara por la Representante a la Cámara Orsinia Polanco.
Para fundamentar la acusación por este concepto, el
demandante trascribe apartes del acta N° 056 de la sesión ordinaria celebrada en
junio 13 de 2007, que consta en la Gaceta del Congreso N° 358, página 43, luego
de lo cual expresa que de acuerdo con las intervenciones contenidas en el acta
aludida, se puede concluir que se negaron en bloque las proposiciones
presentadas por la Representante a la Cámara Orsinia Polanco, no se
discutieron, ni se realizó la votación de las mismas una por una en la Plenaria
de la Cámara de Representantes, circunstancia que evidencia la violación del
artículo 151 de la Carta Política, de la Ley 5ª de 1992 que desarrolla esa
norma constitucional, así como también del artículo 160 de la Constitución.
Considera entonces que se debieron discutir y votar
una a una las proposiciones formuladas, como quiera que lo que se presentó y
discutió en la Comisión Quinta Constitucional de la Cámara fue una enmienda
parcial, que de conformidad con el procedimiento también debió haber sido
discutida y votada una a una, como lo dispone el inciso final del artículo 178
de la Ley 5ª de 1992.
Agrega que “sí se debió discutir y sí se debió
votar en plenaria una a una las 47 proposiciones. Primero porque una enmienda
no es una proposición y así lo entendieron los ponentes en su informe en segundo
debate (ver Pág. 3 párrafo 2°, izquierdo de la Gaceta del Congreso N° 246 de
2007: ‘es de anotar que durante la discusión del proyecto, la Representante
Orsinia Polanco Presentó una enmienda total del articulado del proyecto de ley’);
y segundo porque el procedimiento establecido por el legislador en la sección
Quinta del capítulo 5 de la Ley 5ª de 1992 artículos 112 a 115 prevé que las
proposiciones sean discutidas y votadas una a una. Lo cual demuestra una vez
más, que este proyecto es inconstitucional en su totalidad por vicios de forma”
(f. 42 ib.).
3.3. Según también se alega, la Ley 1152 de 2007 es violatoria
de los artículos 151 y 161 de la Constitución Política, y de los artículos 186
y 187 de la Ley 5ª de 1992, por cuanto se conformó indebidamente la Comisión
Accidental de mediación del proyecto.
En efecto, expresa el ciudadano demandante que la Representante
a la Cámara Orsinia Polanco Jusayú fue ponente del proyecto de Ley 210 de 2007-Cámara,
030 de 2006 -Senado, tal como se evidencia en las Gacetas del Congreso que se
refieren al trámite de la ley.
Siendo ello así, al no incluírsele dentro de la
Comisión Accidental de Conciliación “pese a haberlo solicitado
recurrentemente”, se incurrió en un vicio de procedimiento que hace
inconstitucional la totalidad del Estatuto de Desarrollo Rural.
Añade el demandante que la Representante Orsinia
Polanco era la única ponente e integrante de la Comisión V que estaba en
oposición al proyecto de ley mediante el cual se pretendía la expedición del
Estatuto de Desarrollo Rural, y actuaba en representación, es decir, como
vocera del Polo Democrático Alternativo en la Plenaria de la Cámara, argumento
que tampoco fue tenido en cuenta para conformar la Comisión, razón por la cual
dejó constancia de su inconformidad en la sesión plenaria de junio 19 de 2007.
En suma, considera el ciudadano que la negativa de la
Mesa Directiva de la Cámara, de incluir a la representante Orsinia Polanco en la
Comisión de Conciliación desconoce los preceptos constitucionales y de la ley
orgánica del Congreso de la República que considera vulnerados, así como el
principio democrático de especial incidencia en el asunto en cuestión, por
cuanto se impidió en forma grave la confrontación de posiciones diferentes
durante el trámite de un proyecto de ley de tanta envergadura como lo es el
Estatuto de Desarrollo Rural.
3.4. Así mismo, se glosa que el Estatuto de Desarrollo
Rural presenta vicios en su formación, por cuanto no se discutió ni votó la
proposición sustitutiva del parágrafo del artículo 91 del proyecto de ley 210
de 2007 -Cámara presentada en la Secretaría de esa célula legislativa en junio
12 de 2007 y en la Plenaria el 13 de junio del mismo año. Por ello, se vulneran
los artículos 151 de la Carta Política y 123 de la Ley 5ª de 1992, así como las
normas contempladas en el capítulo quinto, sección quinta de la ley orgánica que
fija el reglamento del Congreso de la República.
Aduce que en
junio 12 de 2007, la Representante Orsinia Polanco presentó en la Secretaría de
la Cámara varias proposiciones frente al proyecto de ley N° 210 de 2007, entre
las cuales se encontraba una proposición sustitutiva al parágrafo del artículo
91 de ese proyecto, que no fue discutida ni votada en la sesión plenaria del 13
de junio de 2007, pues en el momento en que se llegó a la discusión del
artículo 91, solamente se puso a consideración de la Plenaria la proposición
presentada por la representante María Isabel Urrutia, la cual fue negada.
Luego de
transcribir las normas constitucionales y legales que considera infringidas en
este cargo, así como apartes de jurisprudencia constitucional en relación con
el tema en cuestión, manifiesta que es ostensible la inconstitucionalidad de la
Ley 1152 de 2007, pues todas las proposiciones han de ser discutidas antes de
ser votadas, supuesto que nunca sucedió como se puede comprobar con el acta de
la sesión Plenaria del día 13 de junio de 2007, publicada en la Gaceta del
Congreso N° 358 de 2007, página 54.
Finalmente, por
los cargos expuestos solicita declarar la inexequibilidad total de la Ley 1152
de 2007 y como petición subsidiaria la declaración de inconstitucionalidad del artículo
91 de la referida ley.
IV.
INTERVENCIONES.
1. Intervención
de los ciudadanos Carlos Andrés Zapata Cardona, Director Ejecutivo de la
Fundación Centro de Cooperación al Indígena-CECOIN; Guillermo Antonio Tascón
González, representante legal de la Organización Indígena de Antioquia OIA; Héctor
Emilio Cárdenas Garzón y Gustavo Hernando Ramos Álvarez, Secretario y
Presidente respectivamente, del Sindicato Nacional de Trabajadores del Incoder-SINTRAINCODER.
Estas organizaciones,
que intervienen ante la presente demanda de inexequibilidad contra la Ley 1152
de 2007, presentan argumentos atendibles conjuntamente, mediante los cuales
comparten y coadyuvan en su integridad la demanda presentada por Juan Pablo
Barrios Romero, por la Circunscripción Nacional Indígena e integrante de la
bancada del Polo Democrático Alternativo, mediante la cual se solicita a esta corporación
se declare inexequible en su totalidad la Ley mencionada.
Las razones que
motivan estas intervenciones y la coadyuvancia a la demanda son las siguientes:
1.1.  Violación
del derecho a la participación.
Consideran que la
norma violó abiertamente el artículo 151 de la Ley 5ª de 1992 y
consecuencialmente el 151 de la Carta, pues no solo se desconoció la ley
orgánica a la cual se encuentra sujeto el procedimiento legislativo, sino la
participación, que consagran los artículos 40, 103-2 y 112 de la Carta.
Lo anterior
aconteció con la negativa de acumular los proyectos de ley 99 de 2006 y 30 de
2006 -Senado, pues dicha acumulación era la única forma de garantizar el
derecho de participación de las organizaciones campesinas, indígenas y de
desplazados por la violencia, así como de las comunidades negras, que fueron
quienes redactaron el proyecto de Ley 99 de 2006, radicado en el Senado de la
República por el Senador Gustavo Petro.
Expresan las
organizaciones intervinientes que el inciso segundo del artículo 103 de la
Carta Política reconoce la necesidad de que las organizaciones sociales, como
las que redactaron el proyecto de ley alternativo, constituyan mecanismos
democráticos de representación en las diferentes instancias de participación y
concertación.
Aducen que en
busca de asumir su representación en forma programática y unitaria, organizaciones
agrarias nacionales y regionales, así como organizaciones de desplazados,
aprobaron en abril 7 y 8 de 2003 un “Mandato Agrario de 14 puntos”, cuyos
objetivos debían ser logrados mediante la modificación de normas legales que
rigen el sector rural, y en ese sentido asumieron una posición activa frente al
debate sobre las normas que rigen dicho sector, lo que conllevó la importante
tarea de elaborar un proyecto de ley propio, “sin limitarse a adoptar una actitud
contestataria”.
Teniendo en
cuenta que el Gobierno presentó un proyecto de ley que contrariaba de manera
radical las propuestas formuladas, diversas organizaciones sociales vieron la
necesidad de contraponer su proyecto al presentado y hacer uso de su derecho a
la oposición política, acordando su promoción con el vocero oficial de la
bancada en el Senado, de un partido abiertamente opositor a las políticas
planteadas por el Gobierno en relación con el tema del sector rural, y de esa
manera hacer efectivo el derecho fundamental a la participación que consagra el
artículo 40 de la Constitución.
Siendo ello así,
la acumulación de proyectos de ley sobre un mismo tema, máxime si éstos son
presentados por el Gobierno y por la oposición, supone que sobre un mismo
asunto se debatan posiciones antagónicas y distintas “y por tanto la
extensión de lo reglado por la norma propuesta hace parte del debate mismo
entre alternativas políticas y sociales diferentes…”.
Precisamente,
aducen las organizaciones intervinientes, la primera desavenencia radicaba en
si el Estatuto de Desarrollo Rural debía versar de manera única y prioritaria
sobre la reforma del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - Incoder-, o si
realmente se estaba frente a un Estatuto de Desarrollo Rural, acerca de aspectos
fundamentales como la tecnología, el crédito, la producción nacional de
alimentos, el procesamiento y comercialización de productos y, por ende, un
Estatuto que llevara al cumplimiento efectivo de los artículos 64, 65 y 66 de la
Constitución.
Consideran
entonces que si eran objeto de debate los asuntos sobre la tierra, la
eliminación o realización de la reforma agraria, el ordenamiento social de la
propiedad o bien su desaparición, no era de menor importancia la soberanía
alimentaria, la generación de tecnología, la financiación, la producción o el
mercadeo. Por ello, insisten, no se trataba de acumular proyectos afines, sino
por el contrario, completamente antagónicos en su contenido, con lo cual se
pretendía que el legislador pudiera debatir de manera democrática las dos
alternativas presentadas en igualdad de condiciones y no solamente una de
ellas.
Así las cosas,
con la negativa de acumular los dos proyectos mencionados la oposición se tuvo
que limitar a presentar proposiciones y enmiendas “sin que se tuviera en
cuenta la alternativa que planteó como partido político y que a su vez
respondía al ejercicio participativo de organizaciones rurales y de desplazados
provenientes del sector rural. Negar la acumulación fue pues muy grave,
demasiado grave pues se negó a las organizaciones sociales de masas su derecho
a la participación, a la oposición y al planteamiento y debate de alternativas”
(f. 449 cd. inicial).
1.2.  Violación
del derecho a usar la televisión estatal y a la réplica.
Aducen las
organizaciones intervinientes que con la violación del artículo 115 de la Ley
5ª de 1992, al no haberse debatido ni votado una a una las proposiciones
presentadas por la Representante a la Cámara Orsinia Polanco, de la bancada del
partido de oposición Polo Democrático Alternativo, se incumplió no solo la
norma de garantizar el debate legislativo democrático, sino la posibilidad de
que la oposición pudiera replicar las intervenciones del Gobierno a través del
canal de televisión del Estado.
Consideran que
el país tenía el derecho de enterarse por ese medio y por la radio del Estado
sobre las razones por las cuales tanto la oposición como las numerosas
organizaciones agrarias consideraban que el proyecto del Gobierno no priorizaba
la producción de alimentos, desarticulaba el ordenamiento social de la
propiedad, destruía derechos indígenas y campesinos, asumía “una
institucionalidad que no puede garantizar la restitución del derecho a la
tierra a los desplazados por la violencia despojados de ella y establece un
régimen de clarificaciones de la propiedad que propicia la institucionalización
de los despojos fraudulentos y violentos, para que el país pudiera juzgar
cuáles argumentos eran los ciertos” (f. 450 ib.).
Argumentan que la
nación el país tenía derecho a enterarse por medio de la representante de la
oposición en ese debate, que el 9 de octubre de 2006 la Organización Nacional
Indígena de Colombia ONIC, junto con las organizaciones indígenas regionales
del Cauca (CRIC) y Antioquia (OIA), la Asociación de Cabildos del Norte del
Cauca (ACIN), el Proceso de Comunidades Negras (PCN), la Asociación para la
Salvación Agropecuaria (ASA), diez organizaciones campesinas nacionales, la
Coordinación Nacional de Desplazados (CND) y otras organizaciones suscribieron
una “Declaración sobre el proyecto Gubernamental del Estatuto de Desarrollo
Rural”, apartes del cual transcriben.
De la misma
manera, consideran que también tenía derecho el país a conocer por los medios
televisivos que el 28 de marzo de 2007 se suscribió una declaración final en el
Encuentro Nacional de Organizaciones Agrarias en la que se sostuvo:
“El
gobierno, en consonancia con su empeño de acabar con la producción de
alimentos, ha presentado al Congreso el proyecto de Estatuto Rural, símbolo de
la más regresiva ley agraria en la historia contemporánea de Colombia. Con él
pretende intervenir el territorio favoreciendo a los sectores sociales que han
accedido a la propiedad de la tierra a través de medios violentos, en tanto
posibilita la legalización de escrituras fabricadas mediante diligencias
notariales, legitimando el despojo de la tierra a la gente laboriosa. Lo
propuesto genera conflicto entre muchas otras cosas, con títulos originarios
otorgados por el Estado, como los de resguardos, los territorios colectivos
afrocolombianas y las titulaciones a colonos, al igual que impide resolver la
demanda histórica de tierras para campesinos e indígenas. En cambio, propicia
la asignación a grandes empresas inversionistas nacionales y extranjeras de
millones de hectáreas y terrenos baldíos, orientando además la inversión de los
recursos públicos del presupuesto nacional hacía grandes agronegocios como
agrocombustibles, explotaciones madereras y ganaderas. Como sujetos de apoyo
estatal, consagra fundamentalmente a los grandes inversionistas nacionales y
extranjeros, en detrimento de la población, de los ecosistemas y de la cultura
rural colombiana.”
Concluyen
entonces, respecto de este punto, que además de una violación del reglamento
del Congreso, se presentó una violación al derecho que tiene la oposición de
intervenir por los medios de comunicación del Estado y a la réplica,
consagrados en el artículo 112 de la Constitución Política.
1.3.  El caso de
la proposición sobre adjudicación de baldíos a las empresas.
Manifiestan las
organizaciones que intervienen en este proceso de constitucionalidad que una
violación flagrante del reglamento del Congreso en la Plenaria de la Cámara,
tal como fue expuesto en la demanda, fue la no consideración ni votación en
ninguna forma de la proposición sustitutiva del parágrafo del artículo 91 del
proyecto de ley 210 –Cámara-, la cual no había sido negada en la Comisión
Quinta de la Cámara, e incluso había sido aprobada en la misma como inciso de
un artículo pero posteriormente fue descartada por los ponentes.
Aducen que la
cuestión de fondo de la adjudicación de la propiedad de extensiones
indeterminadas de tierras baldías a empresas, era un debate imprescindible. Por
ello, agregan, la Representante Orsinia Polanco “proponía que las
adjudicaciones a empresas fueran únicamente en calidad de usufructo y mientras
esas empresas ejecutaran un determinado proyecto productivo”, aspecto este
que no se pudo exponer a la luz del derecho comparado, en virtud del cual
muchos países solamente entregan en usufructo a las empresas que contratan con
el Estado a fin de limitar radicalmente la entrega de la propiedad de las
tierras baldías.
Así, el no
debate de la proposición alternativa presentada a juicio de las organizaciones
sociales intervinientes, debe verse como un caso especial de violación del
reglamento del Congreso que por lo tanto vicia de inconstitucionalidad la Ley
1152 de 2007.
2. Intervención
de Tarcisio Mora Godoy, Presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de
Colombia –CUT-.
El Presidente de
la entidad que interviene expresa que coadyuva en la demanda.
Aduce que si
bien las violaciones a los artículos 151, 158, 160 y 161 de la Constitución
Política y que fueron fundamento del cuestionamiento a la ley acusada, se
hicieron por vicios en el trámite de la ley, ello no desconoce que también tuvieron
implicaciones de fondo, con todo, manifiesta que en su intervención se ciñe a
los cargos que por vicios de forma fueron planteados en la demanda.
Respecto de la
ausencia de acumulación del proyecto de ley N° 99 Senado- con el proyecto de
ley N° 030 Senado- los dos del año 2006, manifiesta que la acumulación de los
mismos era la única forma de garantizar de manera plena el derecho a la
participación en el debate a las organizaciones campesinas, indígenas, de
desplazados por la violencia y del proceso de comunidades negras. En efecto, no
se puede desconocer que las mismas fueron las gestoras y redactoras del
proyecto de ley presentado por el partido Polo Democrático Alternativo, con el
propósito de que pudiera ser integrado a la iniciativa legal en curso sobre el
Estatuto de Desarrollo Rural.
Luego de
referirse al requisito mismo de la acumulación en los términos de la Ley 5ª de
1992 y citando para el efecto jurisprudencia de esta corporación, considera que
en este caso se trataba de acumular proyectos que tenían similitud en el tema
pero abordados desde puntos de vista distintos. Añade que ley contentiva del
reglamento del Congreso es un “parámetro para determinar la constitucionalidad
de las normas”.
Ello implica que
el procedimiento para la expedición de las leyes debe, en acatamiento del
principio democrático, estar sujeto a los parámetros establecidos por el
ordenamiento jurídico para poder ser parte del mismo bajo el criterio de
validez.
Por lo tanto,
considera que si el procedimiento para expedir normas según este
derrotero, conforme establece la Constitución, debe ser en todos los casos el
contenido en esa ley orgánica, su desconocimiento vicia las leyes creadas en su
contexto al punto de hacerlas aptas para su exclusión del sistema jurídico;
esto es, ser declaradas contrarias a la Constitución Política de Colombia.
En cuanto a la
negativa a discutir la totalidad de las proposiciones presentadas por la representante
Orsinia Polanco, retoma los argumentos que frente a ese cargo se plantearon en
la demanda, y expresa que no hubo mención alguna sobre algunas de las
propuestas presentadas por la Representante en sede de Comisión o de Plenaria.
Adicionalmente, añade que perteneciendo ella a la Comisión Quinta
Constitucional de la Cámara de Representantes, siendo ponente y habiendo
formulado proposiciones frente al proyecto en cuestión, tenía derecho a que las
mismas fueran incluidas en el debate legislativo, tal como lo dispone el
artículo 151 de la Constitución.
Aduce que la
discusión de las proposiciones en la plenaria, por lo menos las que no fueron
mencionadas en la Comisión Permanente, hubiera posibilitado la exposición de
las razones por las cuales no se estaba de acuerdo con el proyecto del
Gobierno. Particularmente se refiere a la proposición sustitutiva del parágrafo
del artículo 91 del proyecto de ley que culminó con la Ley 1152 de 2007, la
cual fue debidamente radicada el 12 de junio de 2007 para ser discutida en
Plenaria al día siguiente, con observancia de lo establecido por los artículos 112
a 115 de la Ley 5ª de 1992. Con todo, agrega, no se hizo mención alguna
respecto de esa proposición en la sesión del 13 de junio siguiente.
Señala que la
cuestión de fondo que se trataba en el mencionado parágrafo, era la
adjudicación en propiedad de tierras baldías a personas de derecho privado, por
lo tanto, se trataba de un debate “imprescindible”, como quiera que se
debía debatir toda la argumentación sobre la necesidad de limitar al máximo la
entrega de terrenos baldíos a empresas del sector privado, en detrimento de los
intereses de las comunidades indígenas, campesinas y afrocolombianas.
En relación con
el cargo sobre la integración irregular de la Comisión Accidental, manifiesta
que resulta evidente que la Representante Orsinia Polanco actuó como ponente
del proyecto de ley 210 –Cámara-, siendo la única que manifestó su oposición al
mismo, tal como se expuso en la demanda. Por ello, considera que no existiendo
prueba documental de la renuncia de la Representante mencionada a su calidad de
ponente, no se explica porque ella no hizo parte de dicha comisión. Sostiene que
esa inclusión no era opcional sino obligatoria, como lo dispone la ley con
miras a garantizar la participación de todas las bancadas en la discusión de
las nuevas leyes “incluyendo las comisiones accidentales para conciliar el
contenido de las normas que regirán al país”.
Manifiesta la
entidad interviniente que la ausencia de consulta previa a las comunidades
indígenas y afrocolombianas respecto al contenido de la Ley 1152 de 2007,
comporta una violación al derecho de participación de las organizaciones y
comunidades afectadas con esa ley, y cercena el ejercicio legislativo de quien
representa los intereses de la población indígena y además es miembro de la
oposición, como lo es la Representante Orsinia Polanco.
Finalmente, solicita
a la Corte que declare la inexequibilidad total de la Ley 1152 de 2007.
3. Intervención
del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
El representante
de la entidad pública que interviene considera que se debe declarar la
constitucionalidad de la ley demandada, para lo cual expone los siguientes
razonamientos:
El artículo 151
de la Ley 5ª de 1992 es claro en señalar que sólo se podrán acumular dos o más
proyectos, siempre y cuando en ninguno de ellos se hubiere presentado ponencia
o informe en primer debate, falencia que no fue demostrada en la demanda.
Considera necesario
establecer que tan legítima fue o no la acumulación de los diversos proyectos
de ley, según se expresa en la demanda, “pues el órgano legislativo, al
aplicar el método de deliberación y consenso conforme a Ley 5 de 1992, no
desconoció de ninguna manera los derechos de quienes presentaron posteriormente
proyectos de ley en ese sentido”. Añade que la acumulación de proyectos es
un asunto que debe ser medido desde la perspectiva de que constitucionalmente
sea importante y no sólo desde el punto de vista de su legitimidad.
En relación con
los demás cargos, aduce que “debe observarse igualmente que, para la
intervención con proposiciones, la ley de bancadas (Ley 974 de 2006), es a
través de la cual, quien aquí interviene como accionante, tiene y puede
intervenir por medio de las bancadas en las que tendrán derecho, en la forma
prevista en dicha ley, a participar con voz en las sesiones plenarias de la
respectiva Corporación; a intervenir de manera preferente en las sesiones en
las que se voten proyectos normativos; a hacer interpelaciones” (f. 520 cd.
inicial).
Así las cosas,
considera que esa regla procedimental fue observada plenamente en cada sesión
del Congreso y, por tanto, no requería que de las 47 proposiciones a que se
refiere la demanda, se hayan discutido o no, ni era obligatorio tampoco que la
Representante Orsinia Polanco hiciera parte de la Comisión de Conciliación.
Concluye
señalando que la Ley 1152 de 2007 fue expedida de conformidad con el
procedimiento establecido en la Constitución Política y en las Leyes 5ª de 1992
y 794 de 2005.
4. Intervención
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
Oskar Schroeder
Muller, actuando en representación del Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural interviene en defensa de la constitucionalidad de la Ley 1152 de 2007, en
los siguientes términos:
En relación con
el cargo de la demanda sobre la no acumulación de los proyectos de ley N° 099
–Senado- y 030 –Senado-, sostiene que de una interpretación sistemática de los
artículos 151 y 152 de la Ley 4ª de 1992 se revela que la acumulación no es una
obligación sino una potestad de los presidentes de las comisiones o de las
cámaras, y que la omisión de acumular los proyectos mencionados no se puede
calificar como un vicio de forma sino como una “irregularidad
irrelevante”, que no afecta la validez del trámite legislativo de la
ley cuestionada, en virtud del principio de “instrumentalidad de las formas”.
Así las cosas, la decisión del Presidente de la Comisión V del Senado de no
acumular los proyectos de ley mencionados no puede entenderse como un
desconocimiento de las normas constitucionales u orgánicas que regulan el
trámite legislativo.
Después de citar
jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el particular, expresa que la
acumulación de proyectos que se prevé en los artículos 151 y 152 de la Ley 5ª
de 1992, tiene como objetivo otorgar una herramienta metodológica a fin de
racionalizar en alguna medida el debate en el Congreso de la República. Así, la
eventual irregularidad en que se pudo incurrir en cuanto a la acumulación de
los proyectos de ley en cuestión no constituye un vicio de forma, si se tiene
en cuenta que “esa omisión no tuvo la entidad de alterar sustancialmente el
proceso de formación de la voluntad del Senado de la República en torno a la
suerte del Proyecto 099 Senado o del Congreso de la República en cuanto a la
expedición del Estatuto de Desarrollo Rural, ni vulneró los derechos de las
minorías políticas o la oposición”.
Respecto del
cargo por omisión de la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes de
incluir a la Representante Orsinia Polanco en la Comisión Accidental, a pesar
de tener la calidad de ponente del proyecto 030, aduce la entidad interviniente
que la Representante mencionada olvida que es facultad de los presidentes de
las cámaras designar las comisiones accidentales que demanda la corporación y
que, en modo alguno, los artículos 186 y 187 de la Ley 5ª de 1992 imponen la
obligación que ella sugiere.
Aduce que si
bien es cierto el artículo 187 de la Ley 5ª de 1992 ordena que las comisiones
accidentales de conciliación se integren por los miembros de las comisiones
permanentes que participaron en la discusión de los proyectos, así como por los
autores, ponentes y quienes hayan formulado proposiciones en la plenaria, y que
esa norma también conmina a las mesas directivas del Congreso a que aseguren la
representación de las bancadas en esas comisiones, lo cierto es que el estadio
natural de debate y decisión en el proceso legislativo son las comisiones
permanentes y las plenarias y, que las comisiones accidentales están limitadas
a dirimir controversias entre las cámaras. Por ello, añade, es razonable
concluir que el artículo 187 mencionado debe ser interpretado de forma flexible
y ponderada con las funciones de las mesas directivas de las cámaras, de suerte
que no se obstaculice indebidamente la aprobación de las leyes.
En cuanto hace a
los cargos presentados en la demanda por la supuesta violación de los artículos
151, 158 y 160, incisos 2 y 3, de la Carta, y 113, 114, 115 y 123-5 de la Ley
5ª de 1992, según los cuales en la Plenaria de la Cámara de Representantes no
se discutieron ni votaron una a una las 47 proposiciones que presentó para esa
sesión la Representante Orsinia Polanco, incluida la referente al artículo 91
del proyecto en cuestión, considera el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural, luego de referirse a las normas de la ley orgánica que fija el
reglamento del Congreso, en lo relativo a los debates en general y los debates
en comisión y en plenarias, así como lo referente a las proposiciones, su
clasificación, presentación y condiciones para su presentación, que no es
aceptable la posición del actor según la cual la Plenaria de la Cámara de
Representantes estaba en la obligación de debatir y votar una a una las 47
proposiciones que presentó para el cuarto debate del proyecto de ley 030, pues
por una parte, el artículo 177 de la Ley 5ª de 1992 es claro en el sentido de que
en principio una proposición negada en comisión no puede ser planteada en
plenaria, y por otra, porque la diferencia que pretende establecer entre
proposición y enmienda para justificar su pretensión no encuentra asidero ni en
la Constitución ni la ley.
Así, expresa el
representante de la entidad interviniente que en las actas respectivas se puede
verificar que de las 47 proposiciones a las que alude la representante, la
mayoría fueron negadas o aprobadas en la Comisión V de la Cámara (3er. debate),
a su vez otras fueron negadas o aprobadas en Plenaria de la misma célula
legislativa (4° debate) y de unas pocas no existe constancia oficial de
presentación, “por lo menos en la documentación a que ha tenido acceso el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural”. Lo anterior pone en
evidencia que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 177 de la Ley 5ª
de 1992, las propuestas no debían ser debatidas nuevamente en sesión Plenaria
de la Cámara.
Con todo, según
consta en el Acta N° 56 de 13 de junio de 2007, la Plenaria debatió sobre la
posibilidad de reabrir la discusión sobre las proposiciones aludidas, pero ello
fue negado por el pleno.
Aduce el
interviniente que en lo referente a las proposiciones de los artículos 11 y 91,
133, 137, 156 y las relacionadas con la adición de un nuevo capítulo (Título IX
Capítulo II “Investigación y transferencia de tecnología”), y la
sustitución de la expresión “minorías étnicas”, ese Ministerio considera
que no existe constancia oficial de su presentación en el Acta N° 56 de la
sesión plenaria, como quiera que esos artículos fueron debatidos, votados y
aprobados con la certificación secretarial de la Mesa Directiva de la Cámara de
Representantes, en el sentido de que no existían proposiciones o que existiendo
éstas no fueron presentadas por la Representante Orsinia Polanco Jusayú.
Concluye
entonces el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en que el trámite de la
Ley 1152 de 2007 se ajustó plenamente a la Constitución Política y a la Ley 5ª
de 1992.
5. Intervención
de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.
Un jurista
comisionado por la Academia Colombiana de Jurisprudencia para rendir concepto
en el presente proceso de constitucionalidad, lo hizo en los siguientes
términos:
Después de
referirse a la ausencia o a la parcialidad de los elementos probatorios que le
permitan pronunciarse sobre los cargos de la demanda, y luego de hacer breves
comentarios sobre la importancia de las formas en los procesos y su relevancia
en un Estado de Derecho, expresa que para que una ley nazca a la vida jurídica
sin contrariar los postulados en que se funda y para que se ajuste a la
Constitución Política, se requiere que llene en su totalidad las formas que el
bloque de constitucionalidad ha establecido para su expedición.
Manifiesta que
los cargos de la demanda se encuentran basados en hechos sobre cuya ocurrencia “no
existe evidencia en el expediente, por lo cual, como se dijo, no serán
examinados por la ACADEMIA”. No obstante, se expresa en la intervención que
la Academia Colombiana de Jurisprudencia considera que cuando se den los
supuestos de hecho que establece el artículo 151 de la Ley 5ª de 1992, los
proyectos a que él se refiere han de acumularse, y no hacerlo implica violación
de las formas establecidas en el bloque de constitucionalidad, razón por la
cual deviene en inexequible una ley, la cual sólo cobija aquella parte del
proyecto de ley inicial en que haya unidad de materia, “tema este último que
debe explorarse con sumo cuidado”.
Finalmente, en
relación con las proposiciones, enmiendas y apelaciones, expresa la
interviniente que en la ley orgánica del Congreso existe una ligera distinción
entre dichos términos, que afortunadamente esta corporación ya aclaró en la
sentencia C-543 de 1998.
6. Intervención
del Director del Consultorio Jurídico de la Universidad Santo Tomás.
Inicia su
intervención refiriéndose a la democracia participativa y citando para el
efecto jurisprudencia de la Corte Constitucional.
En relación con
los cargos de la demanda, aduce que la Mesa Directiva de la Comisión V
Constitucional Permanente del Senado de la República, se sustrajo de la
obligación legal de acumular los proyectos de ley 030 –Senado- y 099 –Senado-
con desconocimiento del mandato legal contenido en el artículo 151 de la Ley 5ª
de 1992, a pesar que la materia de ambos proyectos era coincidente. Agrega que
no puede pasarse por alto que la actividad legislativa del Congreso se
encuentra sujeta al cumplimiento íntegro de las normas constitucionales y las
legales, en especial las leyes orgánicas que regulan su actividad. Por ello,
considera que el ejercicio legislativo que excluya sin razón válida las
exigencias de la ley orgánica a la que se encuentra sometido el trámite de una
ley, está viciado de inconstitucionalidad.
En cuanto a las
propuestas presentadas por la Representante Orsinia Polanco respecto de las
cuales aduce que no fueron debatidas y votadas, la Universidad interviniente
expresa que según consta en el Acta N° 56 del 13 de junio de 2007, se señaló
que se habían presentado 72 proposiciones, de las cuales 47 lo fueron por la
Representante mencionada. Añade que después de discutirse su viabilidad en la
Comisión, se encontró que fueron negadas 36 quedando 11 en el aire, las cuales
no fueron debatidas en la Comisión V; sin embargo, añade que a pesar de que no
fueron negadas tampoco se sometieron a discusión, ni se realizó la votación una
por una en la Plenaria de la Cámara de Representantes.
Así, aduce que
de las pruebas que obran en el expediente se tiene que durante la discusión del
proyecto respectivo no se tuvieron en cuenta las proposiciones aludidas, ni
para aprobarlas ni para negarlas, mediante la realización de las
correspondientes votaciones “en franca violación al articulado de la ley
orgánica del Congreso de la República y el ordenamiento constitucional sobre la
materia”.
Por otra parte,
en relación con la indebida integración de las Comisiones Accidentales, aduce
que de la interpretación sistemática de los artículos 186 y 187 de la Ley 5ª de
1992 y de los artículos 115 y 161 de la Constitución, surge con claridad que
cuando existan discrepancias en las Cámaras respecto de un proyecto (art. 161
ib.), se impone la necesaria integración de comisiones permanentes que permitan
superarlas, lo cual implica la necesaria “composición de quienes
participaron como ponentes en los mentados proyectos, con el fin de construir,
a partir de la confrontación, el consenso que permita superar las diferencias
con respecto a lo aprobado en una y otra Cámara, contrastando las distintas
posiciones, a fin de construir un texto armónico que consulte el bien común al
cual está llamada la naturaleza de la actividad legislativa”.
No obstante
aduce que ello no se cumplió, pese a que la Representante Orsinia Polanco
figura como ponente en todos los informes de ponencia surtidos alrededor de los
debates al proyecto de ley 210 de 2007 –Cámara, 030 de 2006 –Senado,
incurriéndose por tanto en vulneración del procedimiento previsto en la
Constitución y regulado por la Ley 5ª de 1992.
En síntesis,
manifiesta que de la prueba documental que obra en el expediente se deduce sin
lugar a dudas la violación inexplicable del proceso democrático de
configuración de la ley en la expedición del acto demandado, razón por la cual
solicita la inexequibilidad del mismo.
7. Intervención
de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario.
El profesor que
presenta el concepto en nombre de la Facultad de Jurisprudencia de la
Universidad del Rosario, interviene en el presente proceso  en defensa de la
constitucionalidad de la Ley 1152 de 2007, con los argumentos que a
continuación se resumen:
Al referirse al
cargo de falta de acumulación de los proyectos de ley N° 030 y 099 ambos de
2006, aduce que si bien la acumulación de proyectos contiene un propósito de
tipo administrativo tendiente a economizar esfuerzos, a fin de que se haga un
análisis conjunto de asuntos que van a regular una misma materia, la falta de
la misma no tiene una entidad suficiente para considerar que su ausencia vicie
la decisión o decisiones que se tomen. Añade que “si por inadvertencia o
error o simplemente porque se estimó que no había tal identidad de materia a
pesar de ser cierto, y se agota íntegramente el procedimiento, concluyendo
ambos proyectos como leyes de la República, éstas tienen su propia validez y en
el evento de que en algún momento sean contradictorias en la regulación de un
tema determinado, será la expedida en último lugar la que rija en ese aspecto
(derogatoria tácita)”.
Así, la Facultad
interviniente no encuentra que la falta de acumulación de los proyectos
aludidos en el párrafo anterior, tenga como consecuencia la
inconstitucionalidad de la ley, pues no transgrede directamente el mandato
constitucional por tratarse de un requisito más cercano a la adecuada
sustanciación y no a la validez del trámite.
En relación con
la acusación planteada en la demanda respecto de la ausencia de debate
individual de las proposiciones alternativas, manifiesta que se presentaron
propuestas al contenido del proyecto por parte de alguno de los miembros del
Congreso y no se les dio debate.
Expresa que no
encuentra diferencia alguna entre proposición y enmienda, pues de la lectura de
las normas legales se deduce que la proposición es el género y la enmienda la
especie.
Luego de citar
los artículos 112, 113 y 160 de la Ley 5ª de 1992, manifiesta que no encuentra
una norma expresa que imponga la obligación al Congreso de debatir las propuestas
y, por el contrario, sí observa que el artículo 159 de la Ley 5ª de 1992
dispone que es potestativo de los presidentes de las respectivas comisiones
legislativas ordenar los debates por artículo o por materias, y según se puede
apreciar, agrega, las proposiciones fueron consideradas y se decidió no
aceptarlas. Siendo ello así, aduce que independientemente de si las propuestas
fueron consideradas o no con el debido detalle, lo cierto es que ello no comporta
un vicio de tal entidad que conlleve la inconstitucionalidad de la ley, como se
pretende por el actor.
En cuanto al
cargo por indebida conformación de la Comisión de Conciliación, manifiesta que “si
bien no se cumplió en su integridad el mandato legal sobre la participación de
los interesados en el proyecto, no parece afectar fundamentalmente su
capacidad de actuación y decisión al punto de afectar íntegramente el trámite.
En este caso estimo pertinente utilizar el argumento ‘a contrario’ para
establecer si la presencia de la H. Representante Orsinia Polanco, tenía la
propiedad de afectar sustancialmente la decisión final de la Comisión y mi
apreciación es que no lo hace”.
Por último, a su
juicio, el hecho de no haberse dado trámite a la proposición sustitutiva del
parágrafo del artículo 91 del proyecto de ley en cuestión, no tiene la
propiedad de generar una inexequibilidad para el total de la ley, como quiera
que en rigor sólo resultaría afectado ese artículo.
8. Intervención
del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –INCODER-
La ciudadana
Diana María Ocampo Duque, actuando en representación del Instituto Colombiano
de Desarrollo Rural –INCODER- se pronuncia sobre la exequibilidad de la Ley
1152 de 2007, acogiendo para el efecto los argumentos expuestos por el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
Respecto del
primer cargo que se plantea en la demanda que atañe a la vulneración del
artículo 151 de la Carta Política y de la Ley 5ª de 1992, por cuanto no se
procedió a la acumulación de los proyectos de ley Nos. 030 y 099 de 2006,
considera la entidad interviniente que no hay lugar a la declaratoria de
inconstitucionalidad por ese aspecto, pues de la interpretación sistemática de
los artículos 151 y 152 de la ley orgánica que fija el reglamento del Congreso,
se infiere que la acumulación de proyectos de ley no es una obligación, sino una
potestad de los presidentes de comisión o de las cámaras, y, en cualquier caso,
la omisión de acumular los mencionados proyectos no puede calificarse como un
vicio de forma, sino como una decisión que no afecta la validez del trámite
legislativo de la ley acusada en virtud del principio de instrumentalidad de
las formas.
En relación con
el cargo de ausencia de debate y votación de las 47 proposiciones presentadas
por la Representante a la Cámara Orsinia Polanco Jusayú en la sesión Plenaria
de la Cámara el 13 de junio de 2007, incluido lo referente al artículo 91 del
proyecto de ley que culminó con la expedición de la Ley 1152 de 2007, expresa
que no es aceptable la posición del actor según la cual la Plenaria de la
Cámara de Representantes estaba en la obligación de debatir y votar las
proposiciones presentadas sin importar la suerte que ellas hubieren corrido en
el debate precedente en la Comisión V de esa célula legislativa, como quiera
que, por una parte, el artículo 177 del la Ley 5ª de 1992 es claro al disponer
que una proposición negada en comisión no puede ser planteada nuevamente en
plenaria, y por otra, porque la diferencia que pretende establecer entre
proposición y enmienda no tiene razón jurídico-constitucional.
En cuanto al
cargo por indebida integración de la comisión accidental, según el cual se
transgreden los artículos 151 y 161 de la Constitución Política, 186 y 187 de la
Ley 5ª de 1992, pues según el actor, a pesar de tener la calidad de ponente en la
Cámara de Representantes del proyecto 030, la Mesa Directiva de esa célula
legislativa no la tuvo en cuenta para la integración de la comisión que dirimió
las diferencias con el Senado, para la entidad interviniente el actor parte de
un supuesto equivocado, pues es facultativo de los presidentes de las cámaras
designar las comisiones accidentales que demande la corporación, y en modo
alguno los artículos 186 y 187 de la Ley 5ª de 1992 imponen la obligación que
se sugiere.
Concluye
señalando el INCODER que en el trámite de la Ley 1152 de 2007 no se vulneró la
Constitución Política ni la Ley 5ª de 1992, por cuanto los presidentes y mesas
directivas de las comisiones y plenarias de ambas cámaras se ajustaron a lo
dispuesto en las normas constitucionales, y el procedimiento legislativo de la
norma impugnada estuvo enmarcado dentro de los principios constitucionales que
garantizan el debate, la publicidad y el respeto por las minorías políticas.
V. CONCEPTO
DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN.
5.1. El señor
Procurador General de la Nación, en concepto N° 4691 de enero 27 de 2009, solicita
a la Corte:
5.1.1. Que se
declare inhibida para decidir de fondo sobre el cargo relacionado con la falta
de discusión en segundo debate en la Cámara de Representantes, de alguna de las
proposiciones que presentó la representante a la Cámara Orsinia Polanco Jusayú.
5.1.2. Declarar
exequible la Ley 1152 de 2007 por los cargos relacionados con la posible
vulneración de la Constitución y de los artículos 151 y 152 de la Ley 5ª de
1992, y por no haber vinculado a la Representante Orsinia Polanco a la Comisión
de Conciliación.
5.1.3. Devolver
a la Cámara de Representantes la Ley 1152 de 2007, para que sea subsanado el
vicio de forma que se detectó en relación con el parágrafo del artículo 91 de
la mencionada ley.
5.2. Los
argumentos expuestos por la Procuraduría General de la Nación frente al trámite
que se surtió, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Representantes
al proyecto que culminó con la expedición de la Ley 1152 de 2007, son:
5.2.1. Frente al
cargo de no acumulación de los Proyectos de Ley 099 y 030 de 2006, manifiesta
el Ministerio Público que el artículo 157 de la Constitución Política establece
los requisitos que se deben cumplir para que un proyecto de ley sea ley de la
República; luego de mencionarlos, señala que de la norma constitucional citada
se desprende que la acumulación de proyectos no es una condición sin la cual el
trámite y aprobación de un proyecto de ley se torne inconstitucional.
Por su parte, de
los artículos 151 y 152 de la Ley 5ª de 1992, los cuales trascribe, así como de
la jurisprudencia de la Corte Constitucional al respecto, se deduce con
claridad que la acumulación de proyectos de ley es una facultad potestativa de
los ponentes “iniciales”, de los presidentes de las comisiones y de las
Cámaras, y no de carácter obligatorio para ellos, que impongan la Constitución o
la ley, por lo cual opina que el cargo no prospera.
5.2.2. En
relación con el segundo cargo planteado en la demanda, respecto de la ausencia
de discusión y votación en la Plenaria de la Cámara de Representantes de cada
una de las 47 proposiciones que presentó la  Representante Orsinia Polanco, con
lo cual se habrían vulnerando la Constitución Política y los artículos 112 a
115 de la Ley 5ª de 1992, expone el Procurador General, luego de transcribir y
revisar la parte pertinente del Acta N° 056 de la sesión ordinaria del 13 de
junio de 2007, que de la lectura de la misma se infiere que en el segundo
debate en la Cámara de Representantes se discutieron 42 proposiciones
presentadas por la Representante mencionada, de lo cual habría que concluir que
cinco de las proposiciones propuestas no fueron discutidas, lo que violaría el
ordenamiento superior y el reglamento del Congreso. No obstante, indica que hay
que tener en cuenta que en la demanda no se señalaron con precisión cuáles
fueron las proposiciones propuestas, pues el actor se limitó a indicar
únicamente el número de ellas (47), hecho que no permite determinar cuáles
fueron las cinco proposiciones que se dejaron de discutir.
Siendo ello así,
el cargo por ese aspecto no cumple con los requisitos que deben cumplir las
demandas de inconstitucionalidad, señalados en la ley (art. 2° Decreto-ley 2067
de 1991) y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, razón por la cual cree
que se configura una ineptitud sustantiva de la demanda y, en consecuencia,
solicita la inhibición de la Corte para pronunciarse sobre ese cargo.
Respecto del
cargo sobre la falta de discusión de la proposición sustitutiva del parágrafo
del artículo 91 del proyecto de ley, manifiesta el Ministerio Público que tal
como se desprende de la documentación que obra en el expediente, el 12 de junio
de 2007 la Representante Orsinia Polanco Jusayú presentó una proposición
sustitutiva del parágrafo mencionado, para que fuera discutida en la plenaria
de esa corporación.
Expresa que revisada
el Acta de Plenaria N° 056 de la sesión ordinaria del 13 de junio de 2007,
publicada en la Gaceta del Congreso N° 358 de 2007, se advierte que al
demandante le asiste razón en cuanto la misma no fue objeto de discusión ni
aprobación, conclusión a la que a su juicio se llega fácilmente con la sola
lectura del Acta 056 mencionada, circunstancia que vicia de
inconstitucionalidad el trámite legislativo en dicho aspecto. Sin embargo, la
Procuraduría considera que el vicio analizado puede ser subsanado “pues
tanto el Senado de la República como la Cámara de Representantes expresaron
plenamente su voluntad de aprobar debidamente el parágrafo del artículo 91 de la
Ley 1152 de 2007”. En ese orden de ideas, solicita a la Corte la devolución
de la Ley 1152 de 2007 a la Cámara de Representantes para que sea subsanado el
vicio aludido.
5.2.3. En lo
relacionado con el cargo de la indebida conformación de la comisión accidental
de conciliación al no vincularse a una de las ponentes del proyecto no obstante
haber solicitado su inclusión, recuerda el Ministerio Público que el artículo
161 de la Carta Política, modificado por el Acto Legislativo 1 de 2003,
artículo 9°, consagra la posibilidad de integrar comisiones de conciliadores
entre las cámaras cuando surjan discrepancias respecto del proyecto, las que
deben estar “conformadas por un mismo número de senadores y
representantes, quienes reunidos conjuntamente, procurarán conciliar los
textos, y en caso de no ser posible definirán por mayoría”, de lo que se
infiere que no existe obligación de que dichas comisiones estén integradas por
los ponentes del proyecto, sino solamente por un número igual de senadores y
representantes.
Adicionalmente,
agrega el Ministerio Público, que del artículo 187 de la Ley 5ª de 1992, el
cual trascribe, se infiere que si bien los ponentes tienen una primacía para
hacer parte de las comisiones accidentales de conciliación, ello no significa
que tengan que estar en ellas, razón por la cual no se configura el vicio de
procedimiento que se alega por el actor, “más aún si se tiene en cuenta que la
Carta Política sólo exige que esas comisiones estén conformadas por un número
igual de senadores y representantes”.
VI.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.
1.
Competencia.
En virtud de lo
dispuesto por el artículo 241, numeral 4°, de la Constitución, esta corporación
es competente para decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que
presenten los ciudadanos contra las leyes, tanto por vicios de contenido
material o de fondo, como por aquellos de carácter formal o procedimental suscitados
en su formación, siendo la presente acción constitucional fruto de la acusación
contra la Ley 1152 de 2007, mediante censuras correspondientes a vicios de
forma surgidos en la tramitación del proyecto de ley respectivo.
2. Cosa juzgada constitucional.
Sobre el principio de cosa juzgada
constitucional, en sentencia C-245 de abril 1° del año en curso, con ponencia
del Magistrado Juan Carlos Henao Pérez, al estudiar la constitucionalidad de
algunos artículos de la misma Ley acusada, la Corte recordó:
“El artículo 241 de la Constitución
Política, confía a la Corte Constitucional la guarda de la integridad y
supremacía de la Constitución, en los términos de este mismo precepto superior.
Por consiguiente y en armonía con lo establecido en el artículo 243 Superior,
de conformidad con el cual ‘[L]os fallos que  la Corte dicte en ejercicio del
control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional’, las
decisiones que en ejercicio de dicha función constitucional adopta el Tribunal
Constitucional tienen carácter definitivo e inmutable, lo cual corresponde a la
institución de la Cosa Juzgada Constitucional y desarrolla el principio de
seguridad jurídica.
De otra parte, el Art. 22 del Decreto 2067
de 1991, señala que la Corte Constitucional debe confrontar las disposiciones
sometidas a control con la totalidad de los preceptos de la Constitución,
especialmente los del título II, y que la misma podrá fundar una declaración de
inconstitucionalidad en la violación de cualquiera norma constitucional, así
esta no hubiere sido invocada en el curso del proceso.  Esta regla es reiterada
en el Art. 46 de la ley 270 de 1996, en virtud del cual ‘en desarrollo del
artículo 241 de la Constitución Política, la Corte Constitucional deberá
confrontar las disposiciones sometidas a su control con la totalidad de los
preceptos de la Constitución’. [3]
Por tanto, es claro para la Sala, y así lo
ha establecido la jurisprudencia de esta Corte, que en relación con las
sentencias de constitucionalidad el principio general es la cosa juzgada
constitucional absoluta, el cual impide que el juez se pronuncie de nuevo
sobre lo que ya ha sido juzgado por esta Corporación en providencias
constitucionales anteriores, o inicie un nuevo debate constitucional respecto
de normas sometidas a decisiones constitucionales definitivas, dado el carácter
incontrovertible[4] de tales
providencias judiciales. En este sentido, la institución jurídica de la cosa
juzgada constitucional, promueve la estabilidad de las sentencias judiciales,
la certeza[5] respecto
de sus efectos, y la seguridad jurídica.[6]
A este respecto, debe la Sala resaltar que
el principio de cosa juzgada constitucional absoluta cobra mayor relevancia
cuando se trata de decisiones de inexequibilidad, por cuanto en estos casos las
normas analizadas y encontradas contrarias a la Carta Política son expulsadas
del ordenamiento jurídico, no pudiendo sobre ellas volver a presentarse demanda
de inconstitucionalidad o ser objeto de nueva discusión o debate. Lo anterior,
máxime si se trata de una declaración de inexequibilidad de la totalidad del
precepto demandado o de la totalidad de los preceptos contenidos en una ley. En
tales casos, independientemente de los cargos, razones y motivos que hayan
llevado a su declaración de inconstitucionalidad, no es posible emprender un
nuevo análisis por cuanto tales normas han dejado de existir en el mundo
jurídico.
Ahora bien, en el caso de las declaraciones
de inexequibilidad parcial o declaratorias de exequibilidad, observa la Sala
que prima facie existe cosa juzgada constitucional absoluta, y que la
excepción, que como tal debe ser expresamente señalada en la Sentencia, bien
sea en su parte resolutiva o bien sea en su parte motiva, es la cosa juzgada
relativa, que se refiere únicamente a uno o más motivos determinados de
inconstitucionalidad y, por consiguiente, deja abierta la posibilidad de nuevas
demandas contra la misma disposición, por otros motivos o razones.
Para el análisis del presente caso, es
importante para la Sala resaltar (i) en primer lugar, que el principio general
es que las sentencias de la Corte hacen tránsito a cosa juzgada constitucional
absoluta; (ii) en segundo lugar, que las declaraciones de INEXEQUIBILIDAD
que hace la Corte, siempre hacen tránsito a cosa juzgada constitucional
absoluta, por cuanto en estos casos las normas acusadas, analizadas y
encontradas inconstitucionales por esta Corporación son expulsadas del
ordenamiento jurídico, y por tanto, respecto de ellas no puede volver a
entablarse ningún tipo de discusión o debate sobre su constitucionalidad; y
(iii) en tercer lugar, que la anterior regla cobra mayor relevancia cuando la
declaratoria de inexequibilidad se refiere a la totalidad de los enunciados
normativos demandados o de los enunciados normativos contenidos en una ley,
caso en el cual las normas acusadas, al ser declaradas inexequibles y salir con
ello del ordenamiento jurídico, no pueden ni seguir produciendo efectos
jurídicos ni volver a ser demandadas,  y ello aún cuando se trate de cargos
diferentes, por cuanto desde un punto de vista lógico-jurídico las normas en
cuestión han dejado de existir en el mundo del derecho.”
La acción pública de constitucionalidad de la
referencia, fue admitida en septiembre 5 de 2008, fecha en la que se encontraba
en curso la demanda radicada bajo el número D-7308, donde se acusó como
inconstitucional la Ley 1152 de 2007 en su integridad, por vulneración de los
artículos 2°, 7°, 40 y 330 de la Constitución Política, y del artículo 6° del
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo –OIT-.
Efectuado el estudio de constitucionalidad
planteado en el expediente anterior, la Sala Plena de esta corporación, en
sentencia C-175 proferida el 18 de marzo del año en curso, con ponencia del
Magistrado Luis Ernesto Vargas Silva, resolvió declarar inexequible la Ley 1152
de 2007 “por la cual se dicta el Estatuto de Desarrollo Rural, se reforma el
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, y se dictan otras
disposiciones”.
Para llegar a tal determinación, tomada con cuatro salvamentos
de voto pero no por ello menos imperativa y definitiva, la Corte realizó un
profundo estudio a la luz de la jurisprudencia constitucional sobre el derecho
fundamental a la consulta previa de las comunidades tradicionales, y la
pertinencia o no del cumplimiento de ese derecho en el proceso de formación de
la ley que dio lugar a la expedición de la Ley 1152 de 2007, en el cual además
de confrontar dicho proceso con las disposiciones constitucionales que regulan
el derecho a la participación de las comunidades indígenas y afrodescendientes,
se analizó el cumplimiento de las disposiciones que al respecto contempla el
Convenio 169 de la OIT, el cual hace parte del bloque de constitucionalidad. En
conclusión, expuso la Corte:
“38. La Ley 1152 de 2007 configura una
regulación integral y sistemática sobre el desarrollo rural y el uso y
aprovechamiento de la propiedad agraria, régimen jurídico que debió someterse
al trámite de consulta previa a las comunidades indígenas y afrodescendientes,
en razón de la especial connotación que el territorio tiene para estos pueblos,
al igual que por la existencia de disposiciones particulares y concretas en el
EDR que los afectan directamente.
39. Sin embargo, de conformidad con los
argumentos de índole fáctica recopilados en esta sentencia, la Corte pudo
comprobar que las actividades desarrolladas por el Gobierno Nacional no
cumplieron con las condiciones constitucionales de la consulta.  En especial,
los procesos de acercamiento fueron realizados de forma inoportuna, cuando el
trámite legislativo ya se encontraba en curso, circunstancia incompatible con
la vigencia del principio de buena fe en los procesos de consulta previa.
Adicionalmente, no se comprobó que fuera adelantado un procedimiento
preconsultivo con las comunidades tradicionales, tendiente a definir las reglas
de deliberación del proceso de consulta previa. De este modo, resulta
desacertado sostener que dichos acercamientos extemporáneos suplen el requisito
de consulta previa, puesto que fueron ejecutados luego de haberse iniciado el
trámite legislativo y en escenarios propios de éste. En ese sentido, responden
a formas de participación democrática de carácter general, los cuales difieren
de las modalidades concretas de incidencia de las comunidades indígenas y
afrodescendientes a las que se refiere el artículo 6º del Convenio 169 de la
OIT, las cuales corresponde a un procedimiento sustantivo de índole
constitucional, dirigido a satisfacer el derecho fundamental a la consulta
previa, del cual son titulares las comunidades indígenas y afrodescendientes.
40. Debido a la pretermisión del requisito
de consulta previa, la norma acusada deviene inexequible en su integridad.
Ello debido a que, en razón de constituir, por expreso mandato del Legislador,
un régimen general y sistemático en materia de uso y aprovechamiento de los
territorios rurales, (i) no resulta viable diferenciar entre las normas que
afectan directamente a las comunidades y aquellas que no tienen ese efecto,
amén de la posibilidad que en casos concretos cualquier disposición del EDR
contraiga esa afectación; y (ii) la exclusión, en virtud de su inexequibilidad,
de las normas que hagan referencia nominal a los pueblos indígenas y tribales,
generaría un régimen discriminatorio en contra de los mismos, puesto que
contribuiría a un déficit de protección jurídica, contrario a los derechos que la
Constitución reconoce a dichas minorías étnicas.
Por último, la Sala considera pertinente
señalar que esta decisión tiene los efectos ordinarios previstos en el artículo
45 de la Ley 270/96 – Estatutaria de Administración de Justicia –, es decir,
hacia futuro.”
En consecuencia, por haber sido declarada inexequible
la Ley 1152 de 2007 en su integridad, en los términos del inciso 1° del
artículo 243 de la Constitución se ordenará estarse a lo resuelto en la
sentencia C-175 de marzo 18 de 2009.
VII. DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE
ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-175 de marzo 18 de 2009, mediante la
cual fue declarada inexequible la Ley 1152 de 2007.
Notifíquese, comuníquese, insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente. Cúmplase.
NILSON PINILLA PINILLA
Presidente
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA               MAURICIO
GONZÁLEZ CUERVO
Magistrada
Magistrado
Impedimento
Aceptado
JUAN CARLOS HENAO PÉREZ     GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
Magistrado
Magistrado
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO          JORGE
IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado                                                                 Magistrado
HUMBERTO
ANTONIO SIERRA PORTO          LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
SENTENCIA C-375 de 2009
A continuación se transcribe el
texto de la Ley 1152 de 2007, conforme a su publicación, efectuada en el Diario
Oficial No. 46.700 del 25 de julio de 2007.
LEY 1152 DE 2007
(julio 25)
por la cual se dicta el Estatuto
de Desarrollo Rural, se reforma el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural,
Incoder, y se dictan otras disposiciones
El Congreso de la República
DECRETA:
T I T U L O   I
DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO I
Del Estatuto, Principios y
Objetivos
Artículo 1°. Del Estatuto de Desarrollo
Rural. El presente Estatuto contiene el conjunto sistemático e integrado de
principios, objetivos, normas, lineamientos de política, mecanismos y
procedimientos a través de los cuales el Estado colombiano promoverá y
ejecutará las acciones orientadas a lograr un desarrollo humano sostenible y el
bienestar del sector rural, en condiciones de equidad, competitividad y
sostenibilidad, en cumplimiento de los artículos 64, 65 y 66 de la Constitución
Política.
Forman parte del presente Estatuto las
siguientes Leyes: la Ley 13 de 1990, la Ley 101 de 1993, la Ley 607 de 2000, la
Ley 811 de 2003, la Ley 1021 de 2006, la Ley 1133 de 2007 y la Ley 731 de 2002.
La presente ley no modifica, sustituye ni
deroga la Ley 21 de 1991 ni la Ley 70 de 1993 ni su reglamentación.
Artículo 2°. Principios de la ley.
Con el propósito de obtener un mejoramiento sustancial en la Calidad de Vida de
los productores rurales, esta Ley se enmarca en los siguientes principios:
1. La promoción y consolidación de la paz
y la convivencia, a través de mecanismos encaminados a lograr la justicia
social y el bienestar de la población dedicada a la actividad rural, procurando
el equilibrio entre áreas urbanas y rurales, y de estas en relación con la
región.
2. El desarrollo rural conciliará el
crecimiento económico, la equidad social y la sostenibilidad ambiental, para
garantizar adecuadas condiciones de vida para las generaciones presentes y
futuras.
3. La política de Desarrollo Rural
abordará la ruralidad a partir de un enfoque integral que trasciende la dimensión
productiva agropecuaria y agroindustrial, reconociendo la sinergia con otros
factores como la infraestructura física, los servicios sociales y seguridad
social, y otras actividades económicas. Para tal efecto garantizará la estrecha
coordinación, cooperación, concurrencia y subsidiariedad de los diversos
organismos y entidades del Estado, del sector central, descentralizado y
territorial, y del sector privado.
4. El ordenamiento productivo del
territorio mediante el adecuado uso del suelo y el aprovechamiento del
potencial estratégico del campo. Con ese fin el Gobierno formulará una
estrategia para la focalización regional de las inversiones en función del
incremento de la producción, la seguridad alimentaría, la protección y fomento
de la producción nacional de alimentos básicos y la reducción de la pobreza y
la desigualdad.
5. El aumento en la rentabilidad rural
para incrementar los ingresos de los productores, especialmente los pequeños y
generar mayores oportunidades de empleo productivo en las áreas rurales.
6. El apoyo a las actividades orientadas a
fomentar la modernización tecnológica apropiada de la producción agrícola,
pecuaria, forestal y pesquera que provienen del sector rural.
7. El aumento de los niveles empresariales
de los pequeños productores, para garantizar su acceso a los factores
productivos y a los mecanismos de inversión y capitalización en el sector
rural. Para ello el Gobierno nacional implementará programas e incentivos de
desarrollo empresarial y una estrategia integral de jóvenes rurales.
8. El fortalecimiento y ampliación de la
política social en el sector rural, mediante mecanismos que faciliten el acceso
de los pobladores rurales de menores ingresos a los factores productivos, y de
desarrollo humano y social, que contribuye para reducir la pobreza y las
desigualdades sociales.
9. La conservación de la capacidad
productiva de los recursos naturales y la prevención de impactos ambientales y
culturales negativos.
10. La participación de los productores en
las decisiones del Estado que afecten el proceso de desarrollo y la
modernización del sector rural mediante programas y proyectos de desarrollo
rural, directamente o por medio de sus organizaciones representativas.
11. La estabilidad de la política de
desarrollo rural, en una perspectiva de mediano y largo plazo, y la promoción
de condiciones de transparencia, eficacia, celeridad y efectividad en las
actuaciones del Estado.
12. El desarrollo rural reconoce y protege
la diversidad que se expresa en las diferencias geográficas, institucionales,
económicas, sociales, étnicas, culturales y de género del país.
Artículo 3°. Objetivos de la Ley.
Los objetivos generales del Estatuto de Desarrollo Rural son los siguientes:
1. Establecer el Sistema Nacional de
Desarrollo Rural como un mecanismo de planeación, coordinación, ejecución y
evaluación de las actividades que desarrollan los organismos del Estado,
dirigidas a mejorar el ingreso y la calidad de vida de los pobladores rurales,
con las características que se describen en el Capítulo II de este Título.
2. Fortalecer la capacidad del Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural para formular, coordinar y evaluar la
política de desarrollo rural y dotarlo de los mecanismos necesarios para el
efecto.
3. Establecer nuevos instrumentos
orientados a mejorar la eficiencia y eficacia de las actividades que adelanta
el Estado para el mejoramiento de la productividad del sector agropecuario,
pesquero y forestal en el medio rural.
4. Reformar el Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural, Incoder, como entidad responsable de la promoción,
supervisión y control de los programas de desarrollo productivo en el medio
rural, estableciendo para ello mecanismos que garanticen la coordinación, la
concurrencia y la subsidiaridad entre las distintas instituciones, el sector
privado y las entidades territoriales.
5. Organizar, actualizar y armonizar en un
estatuto único las normas relacionadas con el tema de desarrollo agropecuario
en el medio rural, en particular las referidas a los programas de reforma
agraria y el mejoramiento del acceso a la tierra, a los programas de riego y
adecuación de tierras, y a las actividades de desarrollo tecnológico.
6. La planeación prospectiva del
Desarrollo Rural a fin de lograr un adecuado uso del suelo para las actividades
agrícolas, pecuarias y forestales, y orientar la modernización del agro bajo
parámetros de desarrollo regional y de producciones sostenibles.
La articulación de la agricultura, la
ganadería y los bosques con otros sectores económicos se constituirá en el
sustento efectivo de la vida económica, social y democrática del medio rural
colombiano, a través de programas compatibles con las condiciones culturales,
económicas y ambientales del área o región donde se implementen.
7. Adecuar al Sector Rural y
Agroindustrial a la internacionalización de la economía, sobre bases de
equidad, reciprocidad y conveniencia nacional.
8. Impulsar la modernización de la
comercialización agropecuaria, forestal y pesquera.
9. Fortalecer el sistema de incentivos a
la capitalización rural, el acceso a factores de desarrollo empresarial y
tecnología y Asistencia Técnica.
10. Promover el desarrollo agroindustrial
del país, apoyando la creación de cadenas agroindustriales, clústers y
complejos agroindustriales.
11. Promover el uso y manejo del
territorio rural que será objeto de ocupación, tenencia, posesión y propiedad
para fines de producción con cultivos de pancoger y productos básicos, de
acuerdo con la reglamentación que para ese fin se expida por parte del Gobierno
Nacional.
Artículo 4°. Del acceso a la propiedad
de la tierra. Para el cumplimiento del precepto constitucional según el
cual es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la
tierra de los trabajadores agrarios, las estrategias, acciones y decisiones que
se adopten mediante la presente ley estarán dirigidas al logro de los
siguientes objetivos:
1. La reforma de la estructura social
agraria, por medio de procedimientos de dotación de tierras encaminados a eliminar,
corregir y prevenir la inequitativa concentración de la propiedad rural, con el
fin de mejorar las condiciones productivas de los procesos de producción
agropecuaria y forestal.
2. Beneficiar con dichos procedimientos a
los hombres y mujeres campesinos, a las comunidades indígenas, comunidades
negras y demás minorías étnicas mayores de 16 años, de escasos recursos o que
no posean tierras, a los minifundistas, a las mujeres campesinas jefes de hogar
y a los beneficiarios de los programas especiales que establezca el Gobierno
Nacional.
3. Prestar apoyo y asesoría a los
beneficiarios antes señalados, en los procesos de adquisición de tierras que
ellos promuevan, a través de los mecanismos del subsidio directo y de libre
concurrencia, para el desarrollo de proyectos productivos rentables, y
adaptados a las condiciones reales de los mercados internos y externos, y
correlacionados con las políticas del Ministerio de Agricultura y los planes y
programas de desarrollo regional y rural.
4. Formular y ejecutar programas y
proyectos productivos que incrementen el volumen de producción y los ingresos
de los productores, en armonía con las prioridades de desarrollo de las
regiones y sus entidades territoriales y de los planes de ordenamiento
territorial y de los planes de vida en los territorios indígenas, de tal forma
que dichas tierras se utilicen de la manera que mejor convenga a su ubicación y
características particulares.
5. El fomento del adecuado uso y manejo
social de las aguas y de las tierras rurales aptas para labores agrícolas,
ganaderas, forestales y pesqueras, y de las tierras incultas, ociosas o
deficientemente aprovechadas, en desarrollo del principio de la función social
y ecológica de la propiedad, mediante programas que provean su distribución
ordenada y su racional utilización, la regulación de la ocupación y
aprovechamiento de las tierras baldías de la Nación, dando preferencia en su
adjudicación a las personas de escasos recursos, priorizando aquellos que
participen organizadamente de planes o programas considerados estratégicos para
el desarrollo regional, a poblaciones objeto de programas o proyectos
especiales, mujeres campesinas cabeza de familia con sujeción a las políticas
de conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables y a los
criterios de ordenamiento territorial y de la propiedad rural que se señalen.
6. Estimular la participación equitativa
de las mujeres en el desarrollo de planes, programas y proyectos de fomento
agrícola, pecuario, pesquero y forestal, propiciando la concertación necesaria
para lograr el bienestar y su efectiva vinculación al desarrollo del sector
rural.
7. La redistribución y enajenación de las
tierras ingresadas al patrimonio del Estado en desarrollo de los procesos
judiciales de extinción del dominio se orientará a proyectos rurales, creando
las condiciones de participación equitativa de la población más desfavorecida en
la distribución de los beneficios del crecimiento y desarrollo de las
actividades rurales. Se orientará a la asignación de predios para los
campesinos sin tierra, a los desplazados, a las etnias entre otros.
8. Asesorar a los pequeños productores
campesinos en los procesos de declaración de pertenencia por prescripción
adquisitiva de dominio.
Artículo 5°. De la adecuación de
tierras. Las estrategias, acciones y decisiones que se adopten en
desarrollo de la presente ley con el fin de estimular los programas de riego,
drenaje y adecuación de tierras, estarán dirigidas al logro de los siguientes
objetivos:
1. El apoyo a los productores rurales en
la realización de inversiones en adecuación de tierras para mejorar la
productividad, la rentabilidad y la competitividad de sus actividades
productivas, y para elevar las condiciones y estabilidad de la producción
agropecuaria.
2. El establecimiento de mecanismos de
subsidio directo, de libre concurrencia, orientados a fomentar la realización
de obras de adecuación de tierras por parte de los productores, a fin de
contribuir a elevar la producción y los ingresos de los pobladores del sector
rural.
3. La promoción, desarrollo y construcción
de proyectos de adecuación de tierras que sean de interés estratégico para el
Gobierno Nacional, para lo cual procederá a adquirir por negociación directa o
expropiación los inmuebles rurales que fueren necesarios.
4. El desarrollo de proyectos productivos
rentables, debidamente justificados, soportados y adaptados a las condiciones
reales de vocación del suelo y de los mercados internos y externos, y que se
ajusten a las prioridades de desarrollo de las regiones, al ordenamiento de las
entidades territoriales y a la conservación de los recursos naturales y del
ambiente, a través de mecanismos de estímulo a la realización de obras de
adecuación de tierras.
5. La utilización racional de los recursos
hídricos y la conservación de las cuencas hidrográficas.
6. Fortalecer las iniciativas y propuestas
de los pueblos y comunidades indígenas, comunidades negras y demás minorías
étnicas, encaminadas a recuperar, restaurar, restablecer y conservar los
sistemas propios de adecuación de tierras.
Artículo 6°. Los principios y fines
enumerados en los artículos precedentes servirán de guía para la
reglamentación, interpretación y ejecución de la presente ley. Las normas
que se dicten en materia agraria, tendrán efecto general inmediato, de
conformidad con lo establecido en la Ley 153 de 1887, salvo las disposiciones
expresas en contrario.
CAPITULO II
Del Sistema Nacional de
Desarrollo Rural
Artículo 7°. Créase el Sistema Nacional de
Desarrollo Rural, integrado por los organismos y entidades del sector central,
descentralizado, territorial, y por organismos de carácter privado que realicen
actividades relacionadas con los objetivos señalados en los artículos
anteriores, como mecanismo obligatorio de planeación, coordinación, ejecución y
evaluación de las actividades dirigidas a mejorar el ingreso y calidad de vida de
los habitantes del sector rural.
Artículo 8°. Son actividades del Sistema
Nacional de Desarrollo Rural para los fines previstos en esta ley, las
destinadas a mejorar las condiciones económicas y sociales de los habitantes
del medio rural, como el aumento de su capacidad productiva, la dotación de
tierras y de infraestructura física productiva, los servicios de crédito y
estímulos a la inversión, de adecuación de tierras, de comercialización, la
oferta de servicios sociales básicos, de vivienda y de seguridad social, la
organización de las comunidades rurales, y los servicios de gestión empresarial
y de capacitación laboral. El Gobierno Nacional reglamentará la integración,
organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Desarrollo Rural.
Artículo 9°. El Sistema Nacional de
Desarrollo Rural estará integrado por los siguientes subsistemas, con
atribuciones y objetivos propios:
a) De promoción productiva y de
investigación, asistencia técnica y transferencia de tecnología;
b) De servicios sociales como salud,
educación y servicios básicos, vivienda, inversión en capital humano y
seguridad social;
c) Procesamiento y comercialización
poscosecha interna y externa;
d) De estímulos a la inversión, crédito y
financiamiento;
e) De infraestructura física como energía,
vías y comunicaciones;
f) De dotación y adecuación de tierras;
g) De organización y desarrollo
empresarial, y jóvenes rurales.
El Gobierno Nacional reglamentará la
integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Desarrollo
Rural, que será coordinado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
Las entidades que lo integran se agruparán en sistemas, con las atribuciones y
objetivos que determine el Gobierno Nacional.
La definición del carácter y naturaleza
jurídica de los organismos integrantes del Sistema Nacional de Desarrollo Rural
se sujetará a lo establecido en la Ley 489 de 1998.
Artículo 10. El Consejo Nacional de
Política Económica y Social, Conpes, aprobará la estrategia multisectorial de
desarrollo del sector rural, acordará las inversiones orientadas a promover el
desarrollo de las áreas rurales y evaluará periódicamente el desempeño del
Sistema Nacional de Desarrollo Rural, para lo cual sesionará al menos dos (2)
veces por año.
Artículo 11. El Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural será responsable de liderar y coordinar la formulación de la
política general de desarrollo rural, con base en criterios de ordenamiento
productivo y social que permitan determinar las áreas prioritarias de
desarrollo rural. Para tal efecto, establecerá el uso actual y potencial del
suelo, ordenará las zonas geográficas de acuerdo con sus características
biofísicas, sus condiciones económicas, sociales y de infraestructura, y
definirá los lineamientos, criterios y parámetros necesarios que deben ser
considerados para la elaboración de los Planes de Ordenamiento Territorial en
las zonas rurales de los municipios.
Así mismo, el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural definirá la frontera agrícola teniendo en cuenta las
definiciones de las zonas de reserva ambiental o forestal y demás restricciones
al uso del suelo impuestas por cualquier autoridad gubernamental.
Parágrafo. Con anterioridad a la fecha de
inscripción de los proyectos en el Banco de Proyectos de Inversión del
Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural enviará a las entidades y organismos que integran el Sistema una relación
de las zonas seleccionadas como prioritarias para la estrategia de desarrollo
rural, así como los programas que en ellas se adelantarán, para los cuales se
determinará la participación que le corresponde a cada una de tales entidades.
El Departamento Nacional de Planeación
apoyará la coordinación entre los distintos Ministerios y entidades del
Gobierno Nacional con el fin de facilitar la formulación de las políticas de
desarrollo rural y de que se tomen las medidas para su ejecución en los planes
anuales de inversión. Los organismos y entidades integrantes del Sistema
Nacional deberán incorporar en los respectivos anteproyectos anuales de
presupuesto las partidas necesarias para desarrollar las actividades que les
correspondan previa aprobación en las instancias territoriales previstas en los
artículos 13 y 14, conforme con lo establecido en el artículo 346 de la
Constitución Política.
Artículo 12. De conformidad con lo
previsto en el artículo 72 de la Ley 101 de 1993, los organismos o entidades
oficiales competentes en el respectivo sector de inversión, podrán participar
en la cofinanciación de los planes, programas y proyectos de desarrollo rural
que sean aprobados por el Consejo Nacional de Política Económica y Social
Conpes, cuando estos hagan parte de una actividad de las entidades
territoriales.
Parágrafo. Autorízase a las Empresas
Industriales y Comerciales del Estado, a las entidades territoriales, a las
entidades de carácter mixto público-privado, a las Corporaciones Autónomas
Regionales y de Desarrollo Sostenible, a efectuar inversiones para el
desarrollo de proyectos productivos en las zonas rurales prioritarias y la
construcción de redes de producción, comercialización, procesamiento y consumo
de alimentos originados en la economía campesina u otra forma de pequeña
producción. Estas inversiones serán sujeto de los estímulos y exenciones
tributarias previstas para el sector y sin que estos sean incompatibles con los
estímulos, incentivos en materia ambiental.
Artículo 13. El Consejo Seccional de
Desarrollo Agropecuario, Consea que opera a nivel departamental será la
instancia de coordinación de las prioridades y de concertación entre las
autoridades, las comunidades rurales y los organismos y entidades públicas y
privadas para los programas y proyectos de desarrollo rural, en concordancia y
armonía con las prioridades establecidas en los planes de desarrollo nacional y
departamental. Estos Comités estarán integrados por representantes de las
entidades públicas nacionales o regionales que tengan injerencia en asuntos o
actividades de desarrollo rural, así como por representantes de los municipios
y de las organizaciones privadas de productores.
Artículo 14. Los Consejos Municipales de
Desarrollo Rural, creados por el artículo 61 de la Ley 101 de 1993, serán la
instancia de identificación de las prioridades y de concertación entre las
autoridades locales, las comunidades rurales y los organismos y entidades
públicas en materia de desarrollo rural en armonía con los planes de
Ordenamiento Territorial, que deberán incorporar el ordenamiento productivo de
acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de esta ley.
Parágrafo. De conformidad con la
Constitución Política de Colombia, los territorios indígenas tendrán un Consejo
de Desarrollo Rural, que servirá como instancia de concertación entre las
autoridades indígenas, las comunidades y los organismos y entidades públicas en
materia de desarrollo rural, en concordancia y armonía con sus planes de vida.
Artículo 15. La información relacionada
con los proyectos identificados en el orden municipal, coordinados por el nivel
departamental y priorizados en el Consejo Nacional de Política Económica y
Social, Conpes, deberá ser publicada por medios de amplia difusión. El Gobierno
Nacional reglamentará el sistema de información que será aplicado a este
propósito.
T I T U L O   II
DE LA INSTITUCIONALIDAD DEL SECTOR
RURAL
Artículo 16. Créase por virtud de esta ley
el Consejo Nacional de Tierras Conati, como organismo del Gobierno Nacional con
carácter decisorio, el cual estará integrado de la siguiente manera:
a) El Ministro de Agricultura y Desarrollo
Rural, o su delegado, quien lo presidirá;
b) El Ministro de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, o su delegado;
c) El Ministro del Interior y de Justicia,
o su delegado;
d) El Director Ejecutivo de la Unidad
Nacional de Tierras Rurales creadas por el artículo 19 de la presente ley;
e) El Gerente General del Instituto
Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder;
f) El Director de la Agencia Presidencial
para la Acción Social y la Cooperación Internacional;
g) Un delegado de la Comisión Nacional de
Reparación y Reconciliación;
h) Un delegado de las comunidades
indígenas;
i) Un delegado de las comunidades negras;
j) Un delegado de las organizaciones
campesinas;
k) Un delegado de los gremios del sector
agropecuario;
Parágrafo: La Secretaría Técnica del
Consejo Nacional de Tierras, estará en cabeza de la Unidad Nacional de Tierras
Rurales. El Gobierno Nacional reglamentará el funcionamiento del Consejo y la
forma de elegir a los representantes de las comunidades campesinas, indígenas y
comunidades negras, y el delegado de los gremios del sector agropecuario.
Artículo 17. Las funciones generales del
Consejo Nacional de Tierras, Conati, serán las siguientes:
1. Definir, con el voto favorable del
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, las políticas, la administración y
el uso de tierras rurales, así como el presupuesto que la Unidad Nacional de
Tierras Rurales destine al desarrollo de esa política.
2. Definir las políticas de administración
y uso de las tierras de propiedad de la Nación.
3. Adoptar criterios para la disposición y
uso de dichas tierras.
4. Adoptar decisiones frente a posibles
conflictos en el uso de tierras.
5. Coordinar la planeación del uso de las
tierras de la Nación.
6. Expedir su propio reglamento.
7. Las demás que le señale la ley.
Artículo 18. Para el cumplimiento de los
objetivos previstos en esta norma el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural,
Incoder, continuará siendo un Establecimiento Público del orden nacional que cuenta
con personería jurídica, patrimonio autónomo e independencia administrativa,
adscrito al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, su domicilio está en
la ciudad de Bogotá y contará con el número plural de dependencias que requiera
para el cabal ejercicio de sus funciones en el orden territorial, en los
términos de la presente ley.
Artículo 19. Créase por virtud de esta ley
la Unidad Nacional de Tierras Rurales, como una Unidad Administrativa Especial
del orden nacional, con personería jurídica, adscrita al Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, con autonomía administrativa y financiera y
patrimonio propio, su domicilio está en la ciudad de Bogotá y contará con
dependencias regionales para el ejercicio de sus funciones que el Gobierno
Nacional disponga según lo requieran las necesidades del servicio.
CAPITULO I
Sobre el Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural – Incoder
Artículo 20. El Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural, Incoder, tendrá por objeto fundamental promover y apoyar la
ejecución de la política establecida por el Ministerio de Agricultura para
fomentar el desarrollo productivo agropecuario, forestal y pesquero en el medio
rural, facilitar a la población campesina el acceso a los factores productivos,
fortalecer a las entidades territoriales y sus comunidades, y propiciar la
articulación de las acciones institucionales que forman parte del sistema
nacional de desarrollo rural, bajo principios de competitividad, equidad,
sostenibilidad, multifuncionalidad y descentralización, para contribuir a
mejorar los índices de calidad de vida de los pobladores rurales y al
desarrollo socioeconómico del país.
Artículo 21. Son funciones del Instituto
Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, las siguientes:
1. Liderar los procesos de coordinación
inter e intrasectoriales que posibiliten la integración de las acciones
institucionales en el medio rural, y suscribir convenios interinstitucionales
que articulen las intervenciones de las instituciones públicas, comunitarias o
privadas de acuerdo con las políticas del Sistema Nacional de Desarrollo Rural.
2. Coordinar los procesos participativos
de planeación institucional, regional y local, para la definición de programas
de desarrollo agropecuario sostenible que permitan a los actores rurales la
identificación de oportunidades productivas y la concertación de las
inversiones requeridas.
3. Promover la consolidación económica y
social de las áreas de desarrollo rural, mediante programas de desarrollo
productivo agropecuario, forestal y pesquero de propósito común que permita
atender realidades específicas de las comunidades rurales, en consonancia con
las políticas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y en
cumplimiento del Plan Anual de Inversiones aprobado por el Consejo Nacional de
Política Económica y Social, Conpes.
4. Otorgará subsidios directos a través de
concursos mediante convocatorias públicas transparentes que atenderán a
criterios objetivos de selección, para beneficiar a los hombres y mujeres de
escasos recursos, y a los productores ubicados en áreas prioritarias
determinadas por el Gobierno Nacional con la presentación del proyecto
productivo financiera, ambiental, técnica y socialmente viable para:
a) Adquisición de tierras y parte de los
requerimientos financieros de los proyectos productivos;
b) Adecuación de tierras;
c) Asistencia técnica;
d) Vivienda de Interés Social Rural;
e) Y los demás subsidios o incentivos que
determine el Gobierno Nacional.
El Incoder podrá administrar directamente,
o mediante contratos de fiducia, los subsidios respectivos.
5. Facilitar a los pequeños y medianos
productores rurales el acceso a los factores productivos, para lo cual otorgará
subsidios directos con el propósito de beneficiar a los hombres y mujeres
campesinos de escasos recursos. Para lo cual el Incoder podrá gestionar y
otorgar recursos de financiación o cofinanciación, subsidios e incentivos para apoyar
la ejecución de programas o proyectos de inversión encaminados a desarrollar el
potencial productivo y a elevar los ingresos de los productores rurales.
6. Constituir Zonas de Reserva Campesina o
de Desarrollo Empresarial.
7. Adjudicar mediante convocatoria pública
las tierras productivas de la Nación que le hayan sido transferidas por
cualquier entidad pública o privada.
8. Adjudicar baldíos con vocación
productiva a los particulares en el término de la presente ley.
9. Fortalecer los servicios de asistencia
técnica, en los términos de la presente ley, prestados por las Secretarías de
Agricultura, las entidades de investigación, los Centros Provinciales de
Gestión Agroempresarial, las organizaciones de profesionales u otras entidades
públicas o privadas, de acuerdo con las características particulares de los
proyectos productivos.
10. Promover con las entidades encargadas
como el Sena, ICA, Corpoíca, Secretarías de Agricultura, universidades, centros
provinciales de gestión agroempresarial, organizaciones de profesionales, las
Umatas y otras entidades públicas o privadas, procesos de capacitación a las
comunidades rurales en asuntos de organización, acceso y uso de los factores
productivos, formación socioempresarial y gestión de proyectos.
11. Prestar asesoría a los aspirantes a
las distintas clases de subsidios sin perjuicio de las que presten otras
entidades según lo previsto en esta ley, así como desarrollar programas de
apoyo a la gestión empresarial rural y a la integración de las entidades del
sector.
12. Asesorar y acompañar a las entidades
territoriales, comunidades rurales y al sector público y privado, en los
procesos de identificación y preparación de proyectos en materia de
infraestructura física, de servicios sociales y de seguridad social, en
coordinación con otros organismos públicos, privados y entidades competentes.
13. Apoyar y fortalecer los espacios de
participación del sector público, comunitario y privado en el marco de los
Consejos Municipales de Desarrollo Rural y los Consejos Seccionales de
Desarrollo Agropecuario Consea, para concretar acuerdos estratégicos en las
áreas de desarrollo rural identificadas como prioritarias. Propiciar mecanismos
de veedurías y participación ciudadana para ejercer el control social sobre las
inversiones públicas que realice la entidad.
14. Definir y adoptar la distribución de
los recursos necesarios para adelantar los programas de su competencia
prioritariamente en las áreas de desarrollo rural que se definen en esta Ley,
con sujeción a los criterios previamente establecidos por el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural.
15. Desarrollar e implementar sistemas de
vigilancia, seguimiento y evaluación de los planes, programas y proyectos
relacionados con el cumplimiento de la misión institucional.
16. Ejecutar la interventoría técnica y
financiera de los proyectos que sean objeto de subsidio. Tal interventoría
puede ser efectuada directamente o contratada con un tercero que demuestre
idoneidad técnica, física, financiera y tecnológica para adelantar dicha
función.
17. Gestionar y celebrar convenios de
cooperación científica, técnica y financiera con entidades nacionales y
extranjeras que contribuyan al cumplimiento de su misión institucional.
18. Implementar mecanismos de apoyo y
asesoría a los pequeños productores campesinos para adelantar los procesos de
declaración de pertenencia por prescripción adquisitiva de dominio.
19. Adelantar el proceso de delegación de
funciones a entidades territoriales en los términos que defina el Gobierno
Nacional.
20. Continuar con la titularidad de los
contratos relacionados con diseño y construcción de los distritos de riego de
importancia estratégica que el Gobierno Nacional seleccione de aquellos que se
encuentren pendientes de ejecución en la actualidad.
21. Las demás funciones que le señale la
ley.
Parágrafo. El Incoder no extenderá el
ejercicio de sus funciones a la administración de los bienes inmuebles rurales
que se encuentren involucrados en procesos de reparación de los que trata la
Ley 975 de 2005 de Justicia y Paz, ni a los programas de reinserción.
Artículo 22. El Consejo Directivo del
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, estará integrado por:
1. El Ministro de Agricultura y Desarrollo
Rural o su delegado, quien lo presidirá.
2. El Director de Desarrollo Rural del
Departamento Nacional de Planeación.
3. El Ministro de Comercio, Industria y
Turismo, o su delegado.
4. El Ministro del Interior y de Justicia,
o su delegado.
5. El Presidente del Banco Agrario.
6. El Presidente del Fondo para el
Financiamiento Agropecuario Finagro.
7. El Director Ejecutivo de la Unidad
Nacional de Tierras Rurales.
8. Un delegado de los gremios del sector
agropecuario.
9. Un delegado de las Organizaciones
campesinas.
10. Un delegado del Consejo Nacional de
Secretarías de Agricultura, Consa.
11. Un delegado de las Comunidades
Indígenas.
12. Un delegado de las Comunidades Negras.
13. Un delegado de las Organizaciones de
Mujeres Campesinas.
Parágrafo. La designación de los
representantes de los gremios, de las organizaciones campesinas, de las
comunidades indígenas, de las comunidades negras, de organizaciones de mujeres
campesinas, y de las Secretarías de Agricultura Departamentales serán objeto de
reglamentación por parte del Gobierno Nacional.
Parágrafo Transitorio. Los delegados ante
el Consejo Directivo del Incoder que se encuentren integrando ese organismo
para la fecha de entrada en vigencia de la presente ley deberán culminar el
periodo para el cual fueron elegidos como representantes ante dicha instancia.
Los nuevos delegados serán elegidos según
la forma que se adopte mediante la reglamentación que el Gobierno Nacional
expida para los efectos.
Artículo 23. El Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural,  Incoder, será dirigido por un Gerente General, quien será su
representante legal, funcionario de libre nombramiento y remoción, designado
por el Presidente de la República. El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural,
Incoder, contará por lo menos con una sede en cada departamento con capacidad
para resolver los asuntos de su área de influencia, dependientes directamente
del nivel central; la ubicación, funciones y competencias serán las señaladas
por el Gobierno Nacional.
Artículo 24. El Gobierno reglamentará la
estructura interna del Incoder, sus órganos directivos, composición y
funciones, dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de
la presente ley. Lo anterior teniendo en cuenta el nuevo enfoque de política
del sector, según el cual son funciones del nivel Nacional la coordinación de
las actividades del Sistema Nacional de Desarrollo Rural establecido en esta
ley, la administración y asignación de los recursos para el adecuado
cumplimiento de las funciones misionales, calificación y evaluación del impacto
de los proyectos presentados a las respectivas convocatorias. Las demás
funciones serán ejecutadas de manera desconcentrada o descentralizada.
Artículo 25. Los recursos y el patrimonio
del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural,  Incoder, estarán constituidos
por los siguientes bienes:
1. Los aportes del Presupuesto General de la
Nación que se le asignen, y los recursos de crédito que contrate el Gobierno
Nacional para el cumplimiento de los objetivos del Instituto.
2. Los activos actuales y los provenientes
del Incora en liquidación.
3. Los recursos que los municipios, los
distritos, los departamentos y otras entidades acuerden destinar para
cofinanciar programas del Instituto.
4. Las donaciones públicas o privadas para
el desarrollo de los objetivos del Instituto, previa incorporación al
Presupuesto General de la Nación, cuando se trate de recursos en dinero.
5. Los aportes de cualquier clase
provenientes de la cooperación internacional para el cumplimiento de sus
objetivos.
6. Los bienes y recursos que le
transfieran el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, las entidades
suprimidas del sector y las demás entidades públicas, de conformidad con las
normas vigentes.
7. Las propiedades y demás activos que
adquiera a cualquier título con recursos propios y las sumas que reciba en caso
de enajenación.
8. Los ingresos propios y los rendimientos
producto de la administración de los mismos y los recaudos por concepto de
servicios técnicos.
9. Los recursos existentes en el Fondo
Nacional de Adecuación de Tierras, Fonat.
10. Los demás bienes y recursos que
adquiera o se le transfieran a cualquier título.
Artículo 26. Los recursos de inversión del
Presupuesto General de la Nación que se asignen al Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural, Incoder, se deberán diferenciar entre aquellos que se
destinan a la financiación de subsidios de estos programas y los destinados a
las actividades de capacitación, asesoría y promoción de programas y proyectos
productivos.
CAPITULO II
Sobre la Unidad Nacional de
Tierras Rurales
Artículo 27. La Unidad Nacional de Tierras
Rurales, es el instrumento de planificación, administración y disposición de
los predios rurales de propiedad de la Nación, con el propósito de lograr su
apropiada utilización de acuerdo con la vocación y los fines que correspondan.
Parágrafo. La Unidad Nacional de Tierras
rurales no extenderá el ejercicio de sus funciones a la administración de los
bienes inmuebles rurales que se encuentren involucrados en procesos de
reparación de los que trata la Ley 975 de 2005 de Justicia y Paz;  ni a los
programas de reinserción.
Artículo 28°. Serán funciones de la Unidad
Nacional de Tierras Rurales, las siguientes:
1. Adelantar estudios y análisis para la
definición de una política de tierras, con destino al Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural.
2. Definir criterios y diseñar
instrumentos para el ordenamiento productivo de las áreas aptas para el
desarrollo agropecuario y asesorar a las entidades territoriales en la
incorporación de dichos instrumentos a los Planes de Ordenamiento Territorial.
3. Adelantar los procedimientos de
clarificación de la situación de las tierras desde el punto de vista de su
propiedad, con el objeto de identificar las que pertenecen al Estado.
4. Adelantar los procedimientos
encaminados a delimitar las tierras de propiedad de la Nación.
5. Adelantar los trámites administrativos
o judiciales relacionados con el ejercicio de las acciones y toma de las
medidas que correspondan en los casos de indebida ocupación de las tierras
baldías.
6. Adelantar los trámites administrativos
o judiciales de reversión de las tierras adjudicadas por el incumplimiento de
las condiciones bajo las cuales fueron adjudicadas.
7. Llevar a cabo los trámites relacionados
con la compra directa y expropiación de tierras y mejoras para el cumplimiento
de los propósitos relacionados con la construcción de distritos de riego de
carácter estratégico, o los fines productivos de interés público que así sean
definidos por el Gobierno Nacional.
8. Constituir servidumbres de propiedad
rural privada o pública.
9. Adelantar los procesos de extinción de
dominio privado de predios ociosos de que trata esta ley.
10. Definir la vocación y los fines de las
tierras rurales de propiedad de la Nación.
11. Transferir la administración y
tenencia de los bienes inmuebles rurales de acuerdo con la definición del
numeral anterior, de la siguiente forma:
a) Al Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, a la Unidad Administrativa Especial de Parques
Nacionales Naturales o a las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo
Regional, los activos rurales que se encuentren en zonas de reserva forestal,
ambiental o en zonas de amortiguamiento de Parques Nacionales o al interior de
estos;
b) Al Instituto Colombiano de Desarrollo
Rural, Incoder, cuando su vocación sea productiva;
c) A otras Entidades públicas a quienes
corresponda de acuerdo con los fines sociales;
d) A otras Entidades públicas a quienes
corresponda de acuerdo con los fines etnoculturales;
e) El Instituto trasladará la propiedad de
los bienes rurales que no sean destinados a los fines anteriormente citados a
las entidades territoriales o a las demás entidades públicas que los requieran
para el ejercicio de sus funciones.
12. Adelantar los procedimientos de
Clarificación de la situación de las tierras desde el punto de vista de su propiedad,
con el objeto de identificar las que pertenecen al Estado.
13. Continuar con la titularidad,
supervisión e interventoría de los contratos relacionados con diseño y
construcción de los distritos de riego que el Gobierno Nacional haya decidido
trasladarle a la Unidad.
14. Las demás funciones que le señale la
ley.
Parágrafo 1°. Ordénese a la Unidad
Nacional de Tierras Rurales la ejecución y finiquito, en el término de dos (2)
años contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, de los
siguientes trámites administrativos y/o judiciales que en la actualidad se
surten en el Incoder y que se hallaren pendientes de conclusión, esto es:
1. Los procedimientos agrarios en curso de
Clarificación de la situación de las tierras desde el punto de vista de su
propiedad, con el objeto de identificar las que pertenecen al Estado.
2. Los procedimientos agrarios en curso
encaminados a delimitar las tierras de propiedad de la Nación.
3. Los trámites administrativos o
judiciales pendientes de finalización relacionados con el ejercicio de las
acciones y tomar las medidas que correspondan en los casos de indebida
ocupación de tierras baldías, o incumplimiento de las condiciones bajo las
cuales fueron adjudicadas.
4. Los procedimientos agrarios en curso
encaminados a la expropiación de predios y mejoras en cumplimiento de los
propósitos de esta Ley.
5. Los procesos en curso correspondientes
a la constitución de servidumbres de propiedad rural privada o pública
6. Los procesos en curso de extinción de
dominio privado de predios ociosos de que trata esta ley.
7. Las actividades de supervisión
relacionadas con los contratos en ejecución que no sean trasladados a otra
Entidad Pública, interventorías, entre otras actividades que se encuentren
irresueltas de la realización de alguna etapa en instancia administrativa,
salvo que en el contrato se haya pactado una duración superior al término  aquí
establecido.
8. Continuará hasta su culminación los
procedimientos en curso de titulación de propiedad colectiva de comunidades
negras.
9. Conocer los nuevos procesos radicados
de los que trata el artículo 34 de la presente ley hasta el primero (1°) de
junio de 2008, fecha en la cual los trasladará en la etapa procesal en la que
se encuentren al Ministerio del Interior y de Justicia.
10. Buscar opciones para realizar la
cartera proveniente del Incoder.
Parágrafo 2°. La dilación injustificada en
el cumplimiento de los trámites a que se refiere el parágrafo anterior por
parte de los servidores públicos, será causal de mala conducta.
Artículo 29. Dentro de los seis (6) meses
siguientes a la fecha de vigencia de la presente Ley, la Unidad traspasará en
propiedad o por contrato de administración, los Distritos de Adecuación de
Tierras que aún le pertenecen, a las respectivas Asociaciones de Usuarios con
todos sus activos y obligaciones, y en adelante serán estas asociaciones o
entidades las encargadas de todos los asuntos atinentes a la administración,
operación y conservación de tales Distritos.
Sólo cuando la asociación de usuarios
manifieste su imposibilidad de asumir el manejo de estos distritos, o cuando la
Unidad compruebe que no posee la capacidad de hacerlo, se podrá considerar otra
entidad u organización para el mismo fin. En cualquier caso, la Unidad
promoverá la participación democrática de los usuarios en la administración del
Distrito.
Parágrafo 1. La transferencia de la
propiedad de los Distritos de Adecuación de Tierras, construidos con
posterioridad a la promulgación de la Ley 41 de 1993, sólo podrá efectuarse una
vez se haya recuperado la inversión realizada por el Estado, lo cual se
acreditará mediante el paz y salvo acompañado de la liquidación correspondiente
y los soportes respectivos, documentos que se someterán a la auditoria previa y
obligatoria de la Contraloría General de la República. En caso de hallazgo
fiscal por parte de la Contraloría General de la República no podrá realizarse
la transferencia, sin perjuicio de las investigaciones disciplinarias y
fiscales a que haya lugar.
Parágrafo 2. Para efectos de la
transferencia de la propiedad de los Distritos de Adecuación de Tierras aquí
autorizada, construidos con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 41
de 1993, en lo relacionado con la recuperación de inversiones, se tendrá en
cuenta el valor invertido originalmente por el Estado o el valor en libros de
las obras y demás bienes al servicio del Distrito, teniendo en cuenta la
depreciación de los mismos.
También, se tendrán en cuenta para
determinar los valores de las obras y demás bienes al servicio del distrito,
los valores invertidos directamente en ellos por los Usuarios, siempre que
estos valores hayan salido del producto de tarifas o créditos otorgados a los
Usuarios y que ellos hayan amortizado.
Artículo 30. El Gobierno Nacional adoptará
las medidas necesarias para adecuar el tamaño y calidades de nómina que
requerirá la Unidad Nacional de Tierras Rurales, para efectuar las funciones
aquí asignadas, para ello podrá emplear a aquellos funcionarios del Incoder
cuyas labores sean imprescindibles para los fines del servicio de la Unidad.
Artículo 31. La dirección y administración
de la Unidad Nacional de Tierras Rurales estará a cargo de un Director
Ejecutivo, que será su representante legal, de libre nombramiento y remoción
del Presidente de la República.
Artículo 32. El patrimonio de la Unidad Nacional
de Tierras Rurales estará constituido por:
1. Los predios rurales que reciba del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por sucesiones intestadas, así como
los bienes vacantes que la Ley 75 de 1968 le asignó a dicho Instituto.
2. Los inmuebles de propiedad de la Nación
que sean administrados por el Incoder o que hagan parte del Fondo Nacional
Agrario, FNA, con excepción de aquellos cuya vocación productiva haya sido ya
determinada.
3. Los aportes del Presupuesto General de la
Nación que se le asignen, y los recursos de crédito que contrate el Gobierno
Nacional para el cumplimiento de los objetivos de la Unidad.
4. Las donaciones públicas o privadas para
el desarrollo de los objetivos de la Unidad, previa incorporación al
Presupuesto General de la Nación, cuando se trate de recursos en dinero.
5. Los aportes de cualquier clase
provenientes de la cooperación internacional para el cumplimiento de sus
objetivos.
6. Las propiedades y demás activos que
adquiera a cualquier título con recursos propios y las sumas que reciba en caso
de enajenación.
7. Los ingresos propios y los rendimientos
producto de la administración de los mismos; los recaudos por concepto de
servicios técnico, de acuerdo con las normas respectivas.
8. Los Distritos de Riego de propiedad del
Incoder, que enajenará en los términos del artículo 29 de la presente ley.
9. Los bonos agrarios que el Gobierno
Nacional emita para el cumplimiento de los fines de la presente ley, y aquellos
cuya autorización y expedición se hallen en curso a la fecha de su entrada en
vigencia.
10. La cartera administrada hasta la
actualidad por el Incoder.
11. Los demás bienes y recursos que
adquiera o se le transfieran a cualquier título.
Parágrafo. Para el cumplimiento de las
funciones asignadas mediante la presente ley a la Unidad Nacional de Tierras
Rurales, el Gobierno Nacional dispondrá los recursos de funcionamiento e
inversión necesarios que se encontraban asignados al Incoder para el
incumplimiento de las funciones trasladadas a esta Unidad.
Artículo 33. El Gobierno Nacional
adelantará todas las acciones encaminadas a destinar a la Unidad los activos
del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, no requiera para la
ejecución de sus funciones y, en lo no dispuesto en esta norma, el Gobierno
definirá el destino y las condiciones de los activos que permitan el adecuado
ejercicio de las funciones aquí contenidas.
CAPITULO III
De otras instituciones con
funciones relacionadas con tierras de la Nación
Artículo 34. Adiciónese a las funciones
que en la actualidad le han sido impuestas por las normas vigentes a la
Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia o quien haga sus
veces, las siguientes:
1. Planificar y ejecutar los
procedimientos para la constitución, saneamiento, ampliación y reestructuración
de resguardos indígenas con sujeción a los criterios de ordenamiento
territorial y a la función social y ecológica de la propiedad rural, de acuerdo
con las normas legales vigentes y los reglamentos que expida el Gobierno
Nacional. Para estos fines podrá adquirir directamente tierras y mejoras para
este propósito.
2. Planificar y ejecutar los
procedimientos para la titulación colectiva de las tierras baldías a las
comunidades negras, para los fines previstos en la Constitución Política y en
la ley, con sujeción a los criterios de ordenamiento territorial y a la función
social y ecológica de la propiedad rural de acuerdo con los reglamentos que
expida el Gobierno Nacional. Para estos efectos podrá adquirir directamente
tierras, mejoras o servidumbres si a ello hubiere lugar.
3. La Dirección podrá adelantar
procedimientos de deslinde de las tierras de resguardo y las de las comunidades
negras de acuerdo con los procedimientos establecidos en esta ley.
Parágrafo 1°. La Dirección de Etnias o
quien haga sus veces deberá finalizar los procesos de que tratan los numerales 1
a 3 de este artículo que para el 1° de junio de 2008 se encuentren en curso y
pendientes de culminación por parte del Incoder.
Parágrafo 2°. La Dirección de Etnias o
quien haga sus veces podrá delegar el ejercicio de determinadas funciones en
las entidades territoriales, en la forma, condiciones y plazos que defina el
Gobierno Nacional. No serán delegables, ni podrán vincular al sector privado
las funciones relacionadas con la constitución, ampliación, saneamiento,
reestructuración de los resguardos indígenas, la constitución de títulos
colectivos de comunidades negras y la clarificación de la propiedad de las
tierras de las comunidades negras.
Parágrafo 3°. Para el cumplimiento de las
funciones asignadas mediante la presente ley al Ministerio del Interior y de
Justicia, el Gobierno Nacional dispondrá los recursos de funcionamiento e
inversión necesarios que se encontraban asignados al Incoder para el
cumplimiento de todas y cada una de las funciones trasladadas al Ministerio del
Interior y de Justicia.
Parágrafo 4°. El Ministerio del Interior y
de Justicia asumirá las funciones descritas en esta ley a partir del 1° de
junio de 2008, para tal efecto, podrá realizar los ajustes en la estructura y
en la planta de personal a partir del 1° de enero de la vigencia de 2008.
Artículo 35. Adiciónese a las funciones
que en la actualidad le han sido impuestas por las normas vigentes a la Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, las
siguientes:
1. Coordinar el acceso a subsidios de
tierras para beneficiarios de programas sociales a favor de la población
desplazada por la violencia, así como para los demás programas sociales que
establezca el Gobierno Nacional, directamente o a través de las convocatorias
que para ello efectúe el Incoder.
2. Establecer y operar un programa que
permita recibir predios rurales de personas desplazadas, a cambio de la
adjudicación de otros predios de similares características en otras zonas del
país.
Parágrafo. Para el cumplimiento de las
funciones asignadas mediante la presente ley a la Agencia Presidencial para la
Acción Social y la Cooperación Internacional, el Gobierno Nacional dispondrá
los recursos de funcionamiento e inversión necesarios que se encontraban
asignados al Incoder para el cumplimiento de las funciones trasladadas a la
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional.
Artículo 36. Adiciónese a las funciones
que le han sido impuestas por las normas vigentes a la Dirección Nacional de
Atención y Prevención de Desastres - Fondo Nacional de Calamidades, la
correspondiente a la adquisición directa de tierras para beneficiarios de
programas sociales establecidos en favor de los damnificados o potenciales
damnificados de calamidades o desastres naturales a fin de procurar su
reubicación en otros lugares del territorio nacional.
Parágrafo. La Dirección Nacional de
Atención y Prevención de Desastres, Fondo Nacional de Calamidades deberá
finalizar los procesos de que trata este artículo que para la fecha de la
entrada en vigencia de esta ley se encuentren en curso y pendientes de
culminación por parte del Incoder.
Artículo 37. Adiciónese a las funciones
que le han sido impuestas por las normas vigentes a las Corporaciones Autónomas
Regionales, la correspondiente a adelantar los procesos de clarificación,
deslinde y restitución de playones, madreviejas, desecadas de los ríos, lagos y
ciénagas de propiedad de la Nación así como de las sabanas comunales y cuencas de
los ríos.
Parágrafo. Los playones y sabanas
comunales constituyen reserva territorial del Estado y son imprescriptibles. No
podrán ser objeto de cerramientos que tiendan a impedir el aprovechamiento de
dichas tierras por los vecinos del lugar.
Artículo 38. Adiciónese a las funciones
que le han sido impuestas por las normas vigentes al Ministerio de Ambiente
Vivienda y Desarrollo Territorial:
1. La administración de los bienes baldíos
inadjudicables o de los que se hallen en zonas de reservas forestales o
ambientales, o en zonas de amortiguamiento de Parques Nacionales Naturales o en
los terrenos de estos.
2. Adquirir directamente tierras para
reubicación de población propietaria de predios ubicados en zonas de reservas
forestales o ambientales, o en zonas de amortiguamiento de Parques Nacionales
Naturales o en los terrenos de estos
CAPITULO IV
De la institucionalidad relacionada con el sector acuícola
y pesquero
Artículo 39.
Ordénase al Gobierno Nacional la creación de la Dirección de Pesca y
Acuicultura al interior del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural como
máxima instancia de formulación de políticas relacionadas con los sectores
productivos acuícola y pesquero.
Artículo 40. El
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural establecerá las funciones de la
Dirección de Pesca y Acuicultura, dentro de las cuales estarán las siguientes:
1. Formular las
políticas de administración de desarrollo y aprovechamiento de los recursos
pesqueros y acuícolas.
2. Formular
políticas de investigación de los recursos pesqueros a fin de que su ejecución
sea efectuada por cuenta de entidades públicas o privadas que demuestren
idoneidad técnica y científica para dicho propósito.
3. Formular las
políticas de ordenamiento, registro y control de la actividad pesquera.
4. Contribuir al
fortalecimiento de la actividad pesquera y acuícola mediante la promoción del
aprovechamiento de estos recursos.
5. Promover la
suscripción de convenios de cooperación técnica con empresas u organismos
públicos o privados, nacionales o extranjeros para realizar actividades
relacionados con el sector acuícola y pesquero.
Artículo 41.
Establézcanse como funciones adicionales del Instituto Colombiano Agropecuario,
ICA, además de las actualmente establecidas por las normas vigentes, las
siguientes:
1. Regular el
ejercicio de la actividad pesquera y acuícola, para asegurar el aprovechamiento
sostenible de los recursos pesqueros y acuícolas.
2. Ejecutar los
procesos de administración de recursos pesqueros y acuícolas  en lo referente a
investigación, ordenamiento, registro y control.
3. Otorgar permisos,
patentes, concesiones y autorizaciones para ejercer la actividad pesquera y
acuícola.
4. Cobrar el valor
de las tasas y derechos que recaude por el ejercicio de la actividad pesquera.
5. Mantener
actualizado el registro de pesca y acuicultura nacional.
6. Imponer multas y
sanciones administrativas, incluyendo la suspensión y/o retiro del permiso o la
licencia de pesca a los productores que violen las normas de conservación,
límite de captura, vedas, tallas y demás restricciones de preservación de las
especies.
7. Las demás
funciones que le impongan la ley o el Gobierno Nacional.
Parágrafo. Los
recursos recaudados con ocasión del ejercicio de las funciones relacionadas en
el presente artículo entrarán a formar parte del patrimonio del ICA.
Artículo 42. El ICA
tendrá dos (2) oficinas regionales especiales de pesca marítima, una en cada
una de sus costas, Pacífica y Atlántica. También podrá establecer unidades
similares para la pesca continental. Las oficinas se ubicarán según decisión
del Consejo Directivo.
Para efectos de la
verificación del cumplimiento de vedas o volúmenes y tallas de captura, así
como para la ejecución de funciones relacionadas con pesca marítima, el ICA
podrá adelantar los convenios de delegación que sean pertinentes con el
Instituto Nacional de Investigaciones Marinas y Costeras, Invemar, u otras
entidades técnicamente calificadas para dicho propósito.
T I T U L O
III
DEL
DESARROLLO PRODUCTIVO Y TECNOLOGICO
CAPITULO I
De los
proyectos productivos
Artículo 43. El
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural será responsable de diseñar el
plan de acción para el desarrollo productivo, cultural y ambientalmente
sostenible de las áreas de desarrollo rural, para lo cual establecerá
prioridades en cuanto a su alcance regional o zonal, señalará las áreas de
reconversión, los tipos de productor y su vinculación a las cadenas
productivas, los productos, sus mercados y su vocación exportadora, las
tecnologías y los requerimientos de cofinanciación para la promoción de los
proyectos respectivos.
Artículo 44. El
Incoder será el ejecutor de dicho plan y, en tal sentido, promoverá e impulsará
los procesos de formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de programas y
proyectos productivos encaminados a mejorar los ingresos y las condiciones de
vida de los productores rurales, en coordinación con dichos productores, sus
organizaciones y las autoridades locales. Dichos programas y proyectos, ya sean
de iniciativa propia del Incoder o promovidos por productores o grupos de
productores organizados, por entidades territoriales o por otras organizaciones
especializadas, deberán cumplir con los propósitos de productividad,
rentabilidad y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales enunciados
en esta ley, y facilitar el desarrollo de modalidades de alianzas productivas,
acuerdos y pactos de competitividad u otras iniciativas similares orientadas a
mejorar la coordinación, la cooperación y la eficiencia en el desempeño general
de las cadenas productivas.
Parágrafo 1°. Para
el cumplimiento de su misión el Incoder fortalecerá los procesos participativos
de planeación institucional, regional y local con el fin de identificar los
planes y programas productivos que serán sometidos a la aprobación del Consejo
Nacional de Política Económica y Social, Conpes.
Parágrafo 2°. El
Gobierno Nacional dará un trato especial a las regiones en donde la dinámica de
los cultivos ilícitos y el conflicto armado han influido negativamente en el
desarrollo socio económico, en tal sentido el Incoder tendrá en cuenta los
planes, programas y proyectos productivos que estas regiones formulen, sin
desmedro de los derechos de las comunidades negras e indígenas.
Artículo 45. El
Incoder podrá financiar o cofinanciar la ejecución de tales programas y
proyectos, para lo cual asignará recursos humanos, físicos y financieros de
acuerdo con los criterios que para el efecto adopte el Consejo Directivo. El
Instituto prestará asesoría y entrenamiento a los productores, a las entidades
territoriales y a organizaciones del sector público, comunitario y privado, en
los procesos de formulación, preparación y ejecución de proyectos productivos,
así como en materia de identificación de necesidades de infraestructura y de
servicios sociales básicos, en coordinación con otros organismos públicos.
Artículo 46. El
Incoder promoverá además la suscripción de convenios o contratos
interinstitucionales que faciliten la cofinanciación de las intervenciones
necesarias para complementar los componentes productivos de los planes,
programas y proyectos mencionados, de conformidad con las disposiciones sobre
la operación del Sistema Nacional de Desarrollo Rural.
Artículo 47. Las
entidades que forman parte del Sistema Nacional de Crédito Agropecuario
facilitarán el acceso al crédito de los productores vinculados a los programas
y proyectos productivos, para lo cual brindarán la asesoría y el acompañamiento
necesarios, a través de programas y líneas de financiamiento adecuadas a las
necesidades particulares de los mismos, lo mismo que mediante los mecanismos de
garantía y de incentivo a las inversiones en el sector rural.
Artículo 48. En las
diferentes regiones o zonas en las que desarrolle sus funciones de promoción
productiva, el Incoder apoyará y/o adelantará programas de capacitación y
entrenamiento en actividades de apoyo a la gestión empresarial rural que
incluyan, entre otros, aspectos de organización, de acceso y uso eficiente y
sostenible de los factores productivos, de comercialización y mercadeo, de
obtención de créditos, de procesos de administración y contabilidad básica, y
de gestión de proyectos presentados por los entes correspondientes del sector
agropecuario, forestal y pesquero.
Parágrafo. El
Gobierno Nacional implementará un programa integral dirigido a las juventudes
rurales, fortalecerá los institutos de educación en el sector rural y promoverá
y fomentará la formación en competencias empresariales, laborales y técnicas.
Artículo 49. El
Incoder desarrollará y aplicará sistemas de control, seguimiento y evaluación
de los planes, programas y proyectos que decida financiar o cofinanciar, y
determinará los mecanismos y las responsabilidades que serán evaluadas con base
en informes bimensuales elaborados por parte de las oficinas departamentales.
Este sistema tendrá un alto contenido participativo, de manera tal que se
convierta en un mecanismo efectivo de control social de la inversión.
CAPITULO II
Modernización
tecnológica
Artículo 50. El
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en coordinación con las entidades
del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología Agroindustrial y teniendo en
cuenta la agenda de competitividad, definirá una política de generación y
transferencia de tecnología para la estrategia de desarrollo rural, orientada a
mejorar la productividad y la competitividad, optimizar el uso sostenible de
los factores productivos, facilitar los procesos de comercialización y de
transformación, y generar valor agregado, que garantice a largo plazo la
sostenibilidad ambiental, económica y social de las actividades productivas, y
que contribuya a elevar la calidad de vida, la rentabilidad y los ingresos de
los productores rurales.
Artículo 51. Con
base en los lineamientos de dicha política, organizaciones como Corpoica, los
centros especializados de investigación agropecuaria, silvicultural y pesquera,
el ICA, el Sena, las Universidades y las demás entidades responsables de la
generación y transferencia tecnológica programarán las actividades de
investigación, adaptación y validación de tecnologías requeridas para adelantar
los programas de modernización tecnológica en las zonas rurales.
Artículo 52. Los
servicios de asistencia técnica y transferencia de tecnología estarán
orientados a facilitar el acceso de los productores rurales al conocimiento y
aplicación de las técnicas más apropiadas para mejorar la productividad y la
rentabilidad de su producción, y serán prestados a través de las entidades y
organizaciones autorizadas para el efecto por el Gobierno Nacional. Las
entidades y organismos o profesionales prestadores de servicios de asistencia
técnica y transferencia de tecnología serán fortalecidos técnica, operativa y
financieramente para cumplir con este propósito.
Artículo 53. El
Incoder establecerá el Fondo de Modernización Tecnológica para el Sector Rural,
cuyos recursos se destinarán a otorgar subsidios de asistencia técnica y
gestión empresarial a campesinos, pequeños productores y comunidades indígenas
o comunidades negras y serán asignados por convocatoria pública bajo criterios
transparentes de selección.
También podrá
financiar las actividades de los organismos y entidades de que trata el
artículo anterior, y a estimular la creación de otras organizaciones
especializadas en la prestación de los servicios de asistencia técnica y
transferencia de tecnología. Los recursos del Fondo serán asignados por el
Consejo del Programa de Ciencia y Tecnología Agropecuaria, y se originarán en
aportes del presupuesto nacional, en recursos de cofinanciación de las
entidades territoriales o de organizaciones privadas, los créditos internos y
externos que se contraten para este fin y recursos de cooperación
internacional.
Artículo 54. Los
proyectos productivos que promueva el Incoder de acuerdo con los principios
establecidos en el capítulo anterior, o aquellos en los que participe en su
financiación o cofinanciación, tendrán un componente de modernización
tecnológica. Para ello deberá asegurar que la planificación y ejecución de los
proyectos productivos dispongan de la asesoría necesaria por parte de los
organismos y entidades mencionados en el artículo anterior, y será responsable
de coordinar con las entidades competentes los aspectos relacionados con la
prestación de los servicios de asistencia técnica directa rural, de conformidad
con lo establecido en la Ley 607 de 2000.
Artículo 55. Las
entidades encargadas de la asistencia técnica prestarán atención regular y
continua a los productores vinculados a los proyectos productivos en aspectos
como calidad e inocuidad de alimentos; aptitud de los suelos; en la selección
del tipo de actividad a desarrollar y en la planificación de las explotaciones;
en la aplicación y uso de tecnologías y recursos adecuados a la naturaleza de
la actividad productiva; en las posibilidades y procedimientos para acceder al
crédito; en la dotación de infraestructura productiva; en el mercadeo apropiado
de los bienes producidos; en sistemas de inteligencia de mercados e información
de precios; en formas de capacitación empresarial; en sanidad animal y vegetal;
en tecnologías de procesos de transformación; en la promoción de formas de
organización empresarial, y en la gestión para determinar necesidades de
servicios sociales básicos de soporte al desarrollo rural. Dichas entidades y
el Incoder informarán periódicamente al Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural sobre los resultados de la evaluación y seguimiento a las actividades de
generación y transferencia de tecnología, a fin de verificar los resultados de
desempeño y eficiencia de este componente en los proyectos productivos.
T I T U L O
IV
DE LOS
PROGRAMAS DE ACCESO A LA PROPIEDAD DE LA TIERRA RURAL
CAPITULO I
Del
subsidio para la compra de tierras
Artículo 56. Establézcase
un subsidio integral para la compra de tierras en las modalidades y
procedimientos que para tal fin se determinan en esta ley, con cargo al
presupuesto del Incoder. Este subsidio se otorgará por una sola vez a los
pequeños productores que libremente se postulen para recibirlo de forma
individual o colectiva, con arreglo a las políticas que señale el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural y a los criterios de elegibilidad y de
calificación que para el efecto determine el Gobierno Nacional.
Se entenderá como
parte de este subsidio integral la compensación, hasta la concurrencia del tope
máximo del subsidio, de las deudas contraídas en virtud de la Ley 160 de 1994
en aquellos casos en los cuales el beneficiario se encuentre relacionado como
víctima del conflicto armado pendiente de reparación en los términos de la Ley
975 de 2005, hecho previamente certificado por la Comisión Nacional de Reparación
y Reconciliación. Dicha  compensación será objeto de reglamentación por parte
del Gobierno Nacional.
Parágrafo. El
Gobierno Nacional reglamentará los procedimientos requeridos para la
implementación de este subsidio en el término de tres (3) meses contados a
partir de la vigencia de esta ley.
Artículo 57. Serán
beneficiarios del subsidio los hombres y mujeres campesinos y los trabajadores
agrarios, que tengan tradición en las labores rurales que se hallen en
condiciones de pobreza o marginalidad, que deriven de la actividad
agropecuaria, pesquera y/o forestal la mayor parte de sus ingresos y que
carezcan de tierra propia o tuvieren la condición de minifundistas o simples
tenedores de la tierra que requieran ampliar el tamaño de su producción pero que
carecen de medios suficientes para acceder a este recurso.
Artículo 58. El
subsidio para la adquisición de tierras a que se refiere este capítulo será
administrado por el Incoder, y asignado mediante convocatorias abiertas que se
llevarán a cabo al menos dos veces al año a través de procedimientos de libre
concurrencia. Las Oficinas Departamentales del Incoder promoverán el desarrollo
de esta modalidad, tendrán a su cargo la difusión de los respectivos
reglamentos y asesorarán a los campesinos, a sus organizaciones, a las
entidades territoriales y a los operadores privados, en la identificación y
adecuada formulación de los proyectos respectivos.
Parágrafo. El
subsidio de que trata este artículo podrá ser administrado mediante contratos
de encargo fiduciario o de fiducia pública.
Artículo 59. Para
establecer las condiciones de acceso al mecanismo del subsidio, el Gobierno
Nacional señalará los requisitos o exigencias mínimas que deben cumplir los
predios rurales propuestos por los aspirantes, en los que se considerarán,
entre otros, los relacionados con el precio de las tierras y las mejoras, la
clase agrológica, la ubicación geográfica, la disponibilidad de aguas, la
altura sobre el nivel del mar, la topografía del terreno, las condiciones
climáticas, la cercanía a zonas de manejo especial o de conservación de los
recursos naturales renovables, y las condiciones de mercadeo de los productos
agropecuarios y/o forestales en la región.
Artículo 60. Los
aspirantes a obtener el subsidio para compra de tierras deben:
a) Identificar
previamente el predio a adquirir;
b) Formular el
proyecto productivo que se adelantará en dicho predio;
c) Adelantar
directamente el proceso encaminado a obtener un acuerdo sobre el precio y las
condiciones de negociación con los propietarios de las tierras;
d) Si los
beneficiarios, el predio a adquirir y el proyecto se ajustan a los requisitos
establecidos para la asignación del subsidio, y además se logra un acuerdo
respecto del precio y las condiciones de negociación con los propietarios, los
aspirantes procederán a postular la respectiva solicitud del subsidio ante el
Incoder con ajuste a las normas que regulen la materia.
Parágrafo. Los
aspirantes podrán solicitar del Instituto la prestación de la asesoría que
fuere necesaria para facilitar el proceso de negociación voluntaria y la
formulación del proyecto productivo. Los funcionarios del Instituto podrán
practicar una visita al predio, a solicitud de los potenciales beneficiarios,
con el fin de establecer su aptitud agrológica y determinar la viabilidad
técnica, económica, ecológica y social de los proyectos  productivos que
proponen los aspirantes a obtener el subsidio.
Artículo 61.
Incoder, a través de su oficina departamental verificará el cumplimiento de los
requisitos de acceso al subsidio de los aspirantes de cada proyecto de
conformidad con el artículo 57 de esta ley. En el caso en el cual uno o más de
los aspirantes incumpla alguno de los requisitos, el Incoder rechazará de plano
el proyecto; de lo contrario declarará la elegibilidad del mismo, y lo remitirá
para ser sometido al proceso de calificación.
Una vez adjudicado
el subsidio y previo al primer desembolso, el Incoder adelantará las acciones
necesarias para verificar las condiciones de los predios y proyectos
productivos, cuyo subsidio de adquisición fue aprobado.
En el caso en el
cual el Incoder encuentre que el predio o el proyecto productivo no satisface
completamente uno o más requisitos de los contenidos en las condiciones de la
convocatoria, el beneficiario deberá subsanar las deficiencias en el término de
quince (15) días hábiles so pena de perder el derecho al subsidio por virtud de
la ley.
Parágrafo 1°. En el
proceso de verificación de la calidad de beneficiario, se deberá efectuar los
cruces de información necesaria para constatar que los aspirantes al subsidio
no hayan sido beneficiarios de adjudicación de terrenos baldíos o de
adjudicación de tierras, para establecer que el aspirante no sea titular de
bienes inmuebles de tamaño igual o superior a una UAF, cuantía de los ingresos
o activos familiares, y realizar la verificación de los antecedentes penales
del solicitante y su cónyuge o compañero (a) permanente con las autoridades
pertinentes. Sólo en caso de encontrar fallos penales en firme con penas
pendientes de ejecución, el funcionario deberá poner en conocimiento de las
autoridades competentes dicha situación y rechazar de plano la solicitud.
Parágrafo 2°. El
listado de los proyectos elegibles deberá ser público en los términos en los
cuales el Gobierno Nacional lo disponga, indicando para ello los potenciales
beneficiarios, las condiciones y el precio de negociación del predio y el
proyecto productivo.
Artículo 62. Para
determinar la calificación de los proyectos elegibles presentados por los
aspirantes a obtener el subsidio, el Gobierno Nacional aprobará el reglamento
respectivo al cual deberán sujetarse los postulantes. Para tal fin, se tendrán
en cuenta entre otros los siguientes indicadores socioeconómicos:
a) La demanda manifiesta
de tierras,
b) El grado de
concentración de la propiedad en la zona del proyecto;
c) Niveles de
pobreza según índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI);
d) La calidad del
proyecto productivo;
e) Su articulación
con el Plan de Desarrollo Municipal, el Plan de Ordenamiento Territorial;
f) El nivel de
cofinanciación de fuentes distintas al Incoder;
g) El índice de
ruralidad de la población;
h) Las posibilidades
financieras y operativas del Incoder;
i) Número de
familias beneficiarias;
j) Proyectos
productivos acordes con las políticas del Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural;
k) La condición de
mujer cabeza de familia, o que se encuentre en estado de desprotección social y
económica por causa de la violencia, el abandono o la viudez.
Parágrafo. Los
títulos de propiedad de los predios adquiridos mediante el subsidio deberán
hacerse conjuntamente a nombre de los cónyuges o compañeros permanentes, cuando
a ello hubiere lugar.
Parágrafo. El Incoder
será responsable, directamente o por intermedio de un tercero técnicamente
idóneo, de adelantar las actividades de interventoría y seguimiento de
conformidad con el reglamento que para el efecto expida el Gobierno Nacional.
Artículo 63. El
Gobierno Nacional asignará los recursos necesarios para financiar el valor de
los subsidios, los cuales podrán ser en dinero efectivo o en bonos agrarios. El
Gobierno Nacional establecerá el monto del subsidio para la adquisición de
tierras, el cual será un valor único por Unidad Agrícola Familiar (UAF), tal
como se define en esta ley. El monto del subsidio por Unidad Agrícola Familiar
será integral, es decir, que podrá cubrir hasta el 100% del valor de la tierra
y los requerimientos financieros del proyecto, según las condiciones
socio-económicas particulares de los beneficiarios potenciales del subsidio.
Parágrafo. Los
subsidios para la compra de tierras serán cancelados en efectivo, de la
siguiente forma:
a) Cincuenta por
ciento (50%) del valor del subsidio adjudicado una vez cumplidas las
condiciones para el primer desembolso de acuerdo con el reglamento que para el
efecto expida el Consejo Directivo del Incoder, pago que deberá ser efectuado
dentro de los treinta (30) días siguientes a la inscripción en la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de la escritura otorgada entre el propietario
y los beneficiarios del subsidio;
b) Cincuenta por
ciento (50%) del valor del subsidio adjudicado, que será cancelado por el
Incoder dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de pago del contado
inicial.
En todo caso, el
pago de los subsidios deberá someterse al Programa Anual de Caja, PAC, del
Incoder, y se podrá hacer efectivo en todo el territorio nacional.
La utilidad obtenida
por la enajenación de los inmuebles adquiridos por los beneficiarios del
subsidio de adquisición de tierras, no constituirá renta gravable ni ganancia
ocasional para el propietario.
Artículo 64. Los
propietarios o poseedores de buena fe podrán solicitar la inscripción en las
oficinas del Incoder de los predios que ofrezcan voluntariamente, sin que ello
obligue al Instituto frente a estos ni respecto de terceros interesados. En
este caso el Incoder asumirá un rol de facilitador y promoverá audiencias
públicas de concertación con la participación de los propietarios o poseedores
de buena fe de los predios ofrecidos y de las personas y/o comunidades que se
hallaren interesados en la adquisición de tierras.
Artículo 65. Las
entidades territoriales, las organizaciones campesinas, las entidades sin ánimo
de lucro, las cooperativas, las asociaciones mutuales, los gremios
agropecuarios y demás organismos que sean autorizados por el reglamento, podrán
presentar solicitudes de subsidio a nombre de los beneficiarios, siempre que
hayan recibido de ellos la representación, cuando se trate de adquisiciones en
grupo, de alianzas productivas, de proyectos colectivos de interés regional o
de integración de cooperativas de producción, y podrán aportar recursos propios
para la cofinanciación del subsidio.
Artículo 66. La
Comisión Nacional de Crédito Agropecuario establecerá una línea especial de
redescuento para los créditos de producción de los beneficiarios del subsidio
de compra de tierras, cuyo margen de redescuento será del 100%, con plazos y
períodos de gracia acordes con el proyecto productivo, con las tasas de interés
más favorables del mercado y con el respaldo del Fondo Agropecuario de
Garantías, de conformidad con el artículo 66 de la Constitución Política. Los
intereses correspondientes a los períodos de gracia podrán ser capitalizados y
diferidos durante el período de pago.
Parágrafo 1°. Los
beneficiarios del subsidio para adquisición de tierras tienen la condición de
pequeños productores, para efectos del otorgamiento de los créditos de
producción a que se refiere el artículo 12 de la Ley 101 de 1993.
Parágrafo 2°. El
Incoder ejecutará directamente o mediante contratación con organizaciones
campesinas o con entidades de reconocida idoneidad, programas de apoyo a la
gestión empresarial rural para beneficiarios de los programas de adquisición de
tierras, al comenzar dichos programas con el fin de habilitarlos para recibir
los servicios de apoyo al desarrollo rural. En ningún caso cada programa de
apoyo a la gestión empresarial rural podrá tener una duración superior a dos
años o el que determine el proyecto productivo.
Artículo 67. El
subsidio otorgado para la compra de tierra quedará siempre sometido a una
condición resolutoria, dentro de los diez (10) años siguientes a su
otorgamiento, en el evento en que el beneficiario incumpla con las exigencias y
obligaciones previstas en la presente Ley durante el término señalado. Son
hechos constitutivos del acaecimiento o cumplimiento de la condición
resolutoria, los siguientes:
a) La enajenación o
transferencia de la tenencia del inmueble respectivo por parte del beneficiario
del subsidio sin la autorización expresa e indelegable del Consejo Directivo;
b) Si se
estableciere que el predio no está siendo explotado adecuadamente;
c) Si se comprobare
que el productor incurrió en falsedades para acreditar los requisitos como
beneficiario del subsidio;
d) Si se produjere
la fragmentación del inmueble por parte del beneficiario del subsidio;
e) Si se implantaren
cultivos ilícitos en el predio subsidiado.
Emitido el Acto
Administrativo que declara el acaecimiento del hecho generador de la condición
resolutoria, el particular deberá desvirtuar la causal de incumplimiento
invocada por el Incoder para evitar que esta se haga efectiva.
Artículo 68.
Cumplida la condición resolutoria conforme al reglamento que para el efecto
expida el Consejo Directivo, los beneficiarios del subsidio deberán restituirlo
en efectivo a su valor presente al Incoder, de acuerdo con la siguiente tabla:
1. El ciento por
ciento (100%) del valor presente del subsidio si el incumplimiento se produce
durante los cinco (5) años siguientes a su otorgamiento, o si acaecieren las
causales de condición resolutoria contenidas en los literales c) y e) del
artículo anterior.
2. El setenta y
cinco por ciento (75%) del valor presente del subsidio si el incumplimiento se
produce durante el sexto (6°) año siguiente a su otorgamiento.
3. El cincuenta por
ciento (50%) del valor presente del subsidio si el incumplimiento se produce durante
el séptimo (7°) año siguiente a su otorgamiento.
4. El veinticinco
por ciento (25%) del valor presente del subsidio si el incumplimiento se
produce después del noveno (9°) año siguiente a su otorgamiento.
Parágrafo. El
Consejo Directivo del Incoder, atendidas las circunstancias especiales de cada
caso y dentro de los principios y objetivos de la presente ley, podrá autorizar
al beneficiario del subsidio la enajenación total o parcial de la Unidad
Agrícola Familiar (UAF), cuando se requiera por una entidad de derecho público
para la construcción de una obra pública, la instalación de un servicio
público, el desarrollo de una actividad declarada por la ley como de utilidad
pública e interés social o en los eventos en los que el Consejo Directivo lo
considere conveniente para lo cual dispondrá la sustracción de la parcela o del
terreno respectivo del régimen de la Unidad Agrícola Familiar. Sólo se
autorizarán enajenaciones parciales cuando el remanente del terreno cumpla con
las condiciones necesarias para constituir una UAF, de lo contrario se deberá
autorizar la enajenación total.
Artículo 69. En
todas las escrituras públicas de compraventa de predios rurales adquiridos con
subsidios otorgados por el Incoder, así como en las resoluciones
administrativas de adjudicación de tierras que se expidan por el Instituto, se
anotará esta circunstancia, las obligaciones que contrae el beneficiario del subsidio
y los derechos del Instituto, así como el establecimiento expreso de la
condición resolutoria del subsidio en favor del Incoder por el término de siete
(7) años, cuando ocurran los eventos previstos en esta Ley. Así mismo la
Escritura Pública deberá contener la expresa mención de prestar mérito
ejecutivo a favor del Incoder para el cobro de las sumas adeudadas de acuerdo
con el artículo anterior.
Parágrafo. Los
Notarios y Registradores de Instrumentos Públicos, so pena de incurrir en
causal de mala conducta sancionable con la destitución, se abstendrán
respectivamente de autorizar e inscribir escrituras públicas que contengan la
transmisión del dominio de predios rurales adquiridos con el subsidio, en las
que no se protocolice la autorización expresa y escrita del Incoder para llevar
a cabo el respectivo acto o contrato.
Artículo 70. El
beneficiario que incurra en alguna de las causales previstas en el artículo 65
de esta ley, no podrá ser nuevamente beneficiario de los programas del
Instituto.
Respecto de la
causal referente a la enajenación del predio, el nuevo adquirente o tenedor
será considerado poseedor de mala fe y en consecuencia no habrá reconocimiento
de las mejoras que hubiere introducido en el predio, y serán absolutamente
nulos los actos o contratos que se celebren en contravención a lo aquí
dispuesto.
CAPITULO II
Adquisición
directa de tierras
Artículo 71. Con el
objeto de dar cumplimiento a los fines de interés social y utilidad pública
definidos en los Título II Capítulos II y III de esta ley, las entidades
públicas que en ejercicio de sus funciones lo requieran, podrán adquirir
mediante negociación directa, predios, mejoras rurales y servidumbres de
propiedad privada, o que formen parte del patrimonio de entidades de derecho
público, en los siguientes casos:
a) El Ministerio del
Interior y de Justicia, para las comunidades negras e indígenas que no las
posean, o cuando la superficie donde estuvieren establecidas fuere insuficiente;
b) La Dirección
Nacional de Prevención y Atención de Desastres, para dotar de tierras a los
campesinos habitantes de regiones afectadas por calamidades públicas naturales
sobrevivientes;
c) El Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, para reubicar a las personas que
sean propietarias de predios ubicados en zonas de reserva forestal o ambiental,
o en las zonas de amortiguamiento de Parques Nacionales o en estos últimos.
Parágrafo. Cuando se
trate de la negociación directa de predios para los fines previstos en este
artículo, las autoridades competentes en cada caso se sujetarán al
procedimiento establecido en el artículo 135.
Artículo 72. A fin
de estimular el mejoramiento de la productividad y la estabilidad de la
producción agropecuaria, el Estado, a través de la Unidad Nacional de Tierras
Rurales, podrá comprar los bienes inmuebles rurales improductivos de propiedad
privada, por el valor que aparezca registrado en el avalúo catastral del
respectivo predio empleado como base para la liquidación del impuesto predial
correspondiente al año inmediatamente anterior.
El procedimiento
para establecer la calificación de “predio improductivo” atenderá los
siguientes criterios:
1. Vocación
productiva agrícola, pecuaria, piscícola o forestal del predio.
2. Existencia de
indicios verificables por parte de la unidad del aprovechamiento deficiente del
inmueble en relación con los estándares productivos de la región de ubicación
del predio.
3. Que no se trate
de predios ubicados en zonas de reserva forestal, ambiental o ecológica y/o
bosques naturales, previamente constituidos por la autoridad competente.
Lo anterior, sin
perjuicio de la declaratoria de extinción de dominio en los casos a que haya
lugar.
Para la compra
directa del predio, el precio de la negociación será igual al valor
correspondiente al avalúo catastral del respectivo predio como base para la
liquidación del impuesto predial correspondiente al año inmediatamente
anterior.
Cuando el
propietario no acepte expresamente la oferta de compra, o cuando se presumiere
su rechazo de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del numeral 5
del artículo 135 de la presente ley, la unidad procederá a ordenar que se
adelante el proceso de expropiación mediante el procedimiento previsto en el
artículo 169, salvo lo relativo al valor de la indemnización, la cual
corresponderá al avalúo catastral del respectivo predio como base para la
liquidación del impuesto predial correspondiente al año inmediatamente
anterior.
Parágrafo. Lo
dispuesto en este artículo, no aplicará para predios ubicados en resguardos
indígenas, ni a los predios integrados dentro de títulos colectivos de
comunidades negras, ni para predios de menos de diez (10) Unidades Agrícolas
Familiares (UAF) medidas bajo el esquema de las zonas relativamente homogéneas.
Tampoco aplicará para predios de propiedad de las mujeres campesinas jefes de
hogar que se hallen en estado de desprotección económica y social, ni respecto
de predios de propiedad de población desplazada forzosamente por actores
armados.
Para tal efecto, los
procedimientos respectivos deberán ser reglamentados en un término no mayor a
los seis meses (6) inmediatamente siguientes a la entrada en vigencia de la
presente ley.
Artículo 73. El acto
administrativo de declaratoria de “predio improductivo” de que trata el
artículo 72 de la presente ley será causal suficiente para que las
administraciones municipales incrementen la tasa impositiva predial respectiva
al predio cuya calidad de improductivo ha sido definida en instancia
administrativa.
Artículo 74. El
Gobierno Nacional se abstendrá de autorizar o subsidiar los procedimientos de
negociación directa o de expropiación previstos en esta ley, si los predios
rurales respectivos se hallaren invadidos, ocupados de hecho, o cuya posesión
estuviere perturbada en forma permanente por medio de violencia.
Artículo 75. El
Gobierno Nacional asignará los recursos necesarios para financiar la compra
directa o expropiación de las tierras, los cuales podrán ser en dinero efectivo
o en bonos agrarios.
Artículo 76. Los
bonos agrarios son títulos de deuda pública, libremente negociables,
parcialmente redimibles en cinco (5) vencimientos anuales, iguales y sucesivos,
el primero de los cuales vencerá un año después de la fecha de su expedición,
tendrán un rendimiento igual a la tasa DTF, que se causará y pagará semestralmente.
Los bonos agrarios podrán ser utilizados para el pago de impuestos y los
intereses que devenguen gozarán de exención de impuestos de renta y
complementarios.
Parágrafo. El
Gobierno Nacional podrá reducir los plazos de los bonos agrarios emitidos para
el pago de los predios, en la cuantía que el tenedor de los mismos se obligue a
invertir en proyectos industriales o agroindustriales calificados previamente
por el Consejo Nacional de Política Económica y Social -Conpes, o en la
suscripción de acciones de entidades estatales que se privaticen.
Artículo 77. El pago
de los inmuebles rurales que se adquieran por el Gobierno Nacional, a través de
compra directa se efectuará en efectivo, el de bienes adquiridos mediante
procedimientos de expropiación, se hará en su totalidad en bonos agrarios. En
cualquier caso el pago se hará de la siguiente forma:
a) Cincuenta por
ciento (50%) del valor total, como contado inicial, dentro de los treinta (30)
días siguientes a la inscripción en la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de la escritura pública correspondiente, o del registro del acta de
entrega del predio al Instituto en los procesos de expropiación;
b) El saldo se
cancelará en dos (2) contados iguales del veinticinco por ciento (25%) cada
uno, con vencimientos a seis (6) y doce (12) meses, plazos que se computarán a
partir de la fecha del pago del contado inicial.
Parágrafo. En todo
caso, las adquisiciones de tierras deberá someterse al programa anual de caja
-PAC de la entidad correspondiente, y se podrá hacer efectivo en todo el
territorio nacional.
Artículo 78. La
utilidad obtenida por la enajenación de los inmuebles adquiridos bajo las
modalidades antes señaladas, no constituirá renta gravable ni ganancia
ocasional para el propietario.
CAPITULO III
Régimen de
las Unidades Agrícolas Familiares
Artículo 79. Las
tierras que se adquieran para programas de reforma agraria bajo cualquiera de
las modalidades previstas en esta Ley, se destinarán a establecer Unidades
Agrícolas Familiares o cualquier otro tipo asociativo de producción. Las que se
adquieran para la constitución, ampliación y reestructuración de resguardos
indígenas, se regirán por lo establecido en el capítulo correspondiente de la
presente ley.
Artículo 80. Se
entiende por Unidad Agrícola Familiar (UAF), la empresa básica de producción
agrícola, pecuaria, acuícola o forestal, cuya extensión permita con su proyecto
productivo y tecnología adecuada generar como mínimo dos salarios mínimos
legales mensuales vigentes, permitiendo a la familia remunerar su trabajo y
disponer de un excedente capitalizable que coadyuve a la formación de su
patrimonio. La Unidad Agrícola Familiar no requerirá normalmente para ser
productiva sino el trabajo del propietario y su familia, sin perjuicio del
empleo de mano de obra extraña, si la naturaleza de la producción así lo
requiere.
Artículo 81. El
Consejo Directivo del Incoder indicará los criterios metodológicos para
determinar la Unidad Agrícola Familiar por zonas relativamente homogéneas, y
los mecanismos de evaluación, revisión y ajustes periódicos cuando se presenten
cambios en las condiciones de la producción agropecuaria y/o forestal. Con base
en ello, fijará el tamaño máximo de la Unidad Agrícola Familiar promedio por
región determinada en el proyecto productivo.
Artículo 82. El
Incoder podrá adelantar programas de subsidio para la adquisición de tierras en
zonas de minifundio, con el objeto de completar el tamaño de las unidades de
producción existentes, o establecer Unidades Agrícolas Familiares especiales,
según las características de los predios y la región, la clase de cultivos, las
posibilidades de comercialización y demás factores de desarrollo que permitan
mejorar la productividad. El Consejo Directivo determinará las zonas de
minifundio objeto de los programas, y los criterios para la selección de los
beneficiarios, quienes, además del subsidio para la adquisición de tierras,
también tendrán derechos iguales a los de los demás campesinos.
Artículo 83. Con el
objeto de prevenir el fraccionamiento antieconómico de la propiedad privada de
los predios rurales en el país, no podrán estos dividirse por debajo de la
extensión determinada por el Consejo Directivo del Incoder para las Unidades
Agrícolas Familiares en las respectivas regiones. En consecuencia, so pena de
nulidad absoluta del acto o contrato, no podrá llevarse a cabo actuación o
negocio alguno del cual resulte la división de un inmueble rural cuyas
superficies sean inferiores a la señalada para la respectiva Unidad Agrícola
Familiar, salvo en los siguientes casos:
a) Las donaciones
que el propietario de un predio de mayor extensión haga con destino a
habitaciones campesinas y pequeñas unidades de producción anexas;
b) Los actos o
contratos por virtud de los cuales se constituyen propiedades de superficie
menor a la señalada, para un fin principal distinto a la producción
agropecuaria y/o forestal;
c) Los que
constituyan propiedades que, por sus condiciones especiales, sea el caso de
considerar, a pesar de su reducida extensión, como Unidades Agrícolas
Familiares, conforme a la definición contenida en esta ley;
d) Los casos en los
que el Consejo Directivo del Incoder establezca la posibilidad de efectuar tal
fraccionamiento, las causales de autorización de dicho fraccionamiento serán
objeto de reglamentación por parte del Consejo Directivo.
La existencia de
cualquiera de las circunstancias constitutivas de excepción conforme a este artículo,
no podrá ser impugnada en relación con un contrato, si en la respectiva
escritura pública se dejó constancias de ellas, siempre que, en el caso del
literal b) se haya dado efectivamente al terreno en cuestión el destino que el
contrato señala, y en el caso del literal c) se haya efectuado la aclaración en
la escritura respectiva, según el proyecto general de fraccionamiento en el
cual se hubiere originado.
Artículo 84. Si en
las particiones hereditarias el valor de los bienes relictos y el número de
asignatarios no permiten adjudicar tales bienes en las proporciones
establecidas por la ley o el testamento, sin que de ello resulte la
constitución de fundos inferiores a la Unidad Agrícola Familiar, el Juez de la
causa, previa audiencia de los interesados o de sus tutores o curadores, si
fuere el caso, a la cual concurrirá el Agente del Ministerio Público, dispondrá
si debe darse aplicación a lo previsto en el ordinal 1° del artículo 1394 del
Código Civil, con respecto del predio rústico de que se trata, o si, por el
contrario, este debe mantenerse en indivisión por el término que el mismo Juez
determine.
A esta última
decisión sólo habrá lugar cuando se trate de proteger a los herederos,
legatarios o cónyuge sobreviviente del de cujus, que hayan venido habitando el
fundo en cuestión, derivando de este su sustento. Se ordenará que la
providencia sobre indivisión se inscriba en el registro de instrumentos
públicos, y los comuneros no podrán ceder sus derechos pro indiviso, sin previa
autorización del Juez de la causa. El Juez podrá, previa audiencia de los
interesados, a la cual concurrirá el Agente del Ministerio Público, poner fin a
la indivisión cuando así lo solicite alguno de los comuneros y hayan cesado las
circunstancias que llevaron a decretarla.
CAPITULO IV
Zonas de
colonización, de reserva campesina y de desarrollo empresarial
Artículo 85. Para la
adecuada destinación productiva de las tierras baldías de la Nación que tengan
aptitud agropecuaria y/o forestal, el Incoder procederá a adjudicar dichas
tierras de acuerdo con los criterios que defina el Consejo Directivo para las
zonas de colonización, de reserva campesina y de desarrollo empresarial.
Artículo 86. En las
zonas de colonización, o donde se lleven a cabo procesos de esa índole según la
caracterización y delimitación que efectúe el Consejo Directivo del Incoder,
las tierras baldías se adjudicarán con el fin de regular y ordenar su ocupación
por parte de los colonos, así como limitar la propiedad superficiaria que
pertenezca al dominio privado, según los principios, objetivos y criterios
orientadores de la presente Ley, con el propósito de fomentar su
aprovechamiento y desarrollo productivo sostenible y crear las condiciones para
la adecuada consolidación de la economía de los colonos.
Artículo 87. En
todas las reglamentaciones que expida el Consejo Directivo del Incoder
relacionadas con las zonas o los procesos de colonización, se incluirán las
normas básicas que regulan la conservación, protección y utilización racional
de los recursos naturales, bajo criterios de desarrollo humano sostenible en la
respectiva región, y se determinarán de manera precisa las áreas que por sus
características especiales no pueden ser objeto de ocupación y explotación.
Artículo 88. El
Consejo Directivo del Incoder podrá declarar zonas de reserva campesina,
aquellas áreas geográficas en las predominen tierras baldías de la Nación, que
por sus características agroecológicas y socioeconómicas regionales, puedan ser
seleccionadas para su desarrollo mediante la adjudicación a pequeños y medianos
productores. En los reglamentos respectivos
se indicarán las extensiones mínimas y máximas que podrán adjudicarse,
determinadas en Unidades Agrícolas Familiares, los requisitos, condiciones y
obligaciones que deberán acreditar y cumplir los adjudicatarios de los
terrenos, así como las áreas máximas de propiedad privada que podrán tenerse
por cualquier persona natural o jurídica, en común y pro indiviso.
Artículo 89. Las
actividades que desarrolle el Incoder en los procesos de colonización y en las
zonas de reserva campesina estarán orientadas a eliminar la concentración de la
propiedad rural o su fragmentación antieconómica; corregir o evitar el
acaparamiento de tierras baldías a través de la adquisición o implantación de
mejoras; controlar y restringir mediante actos de carácter general la expansión
inadecuada de la frontera agropecuaria del país; regular la ocupación de las
tierras baldías y fortalecer los espacios de concertación social, política,
ambiental y cultural entre el Estado y las comunidades rurales, garantizando su
adecuada participación en las instancias de planificación y decisión local y
regional.
Artículo 90. Previos
los estudios correspondientes, el Consejo Directivo del Incoder podrá delimitar
áreas de baldíos que tendrán el carácter de zonas de desarrollo empresarial en
las cuales la ocupación y acceso a la propiedad de las tierras baldías se
sujetará a las regulaciones, limitaciones y ordenamientos especiales que
establezca el Instituto, para facilitar la incorporación de sistemas modernos
de producción sustentable, en áreas ya intervenidas, conservando el equilibrio
entre la oferta ambiental y el aumento de producción por medio de la inversión
de capital, dentro de criterios de racionalidad y eficiencia, y conforme a las
políticas que adopte el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural sobre el
particular.
Artículo 91. Las
sociedades de cualquier índole que sean reconocidas por el Ministerio de
Agricultura como empresas especializadas del sector agrícola, pecuario,
pesquero o forestal, podrán solicitar la adjudicación de terrenos baldíos en
las Zonas de Desarrollo Empresarial establecidas en el artículo, en las
extensiones que al efecto determine el Consejo Directivo del Incoder, de
conformidad con lo previsto en la reglamentación que el Gobierno expida para el
efecto.
En todo caso, el
incumplimiento de las obligaciones de aprovechamiento productivo de tales
predios dará lugar al acaecimiento de la condición resolutoria de la
adjudicación y a la recuperación de los terrenos baldíos.
Parágrafo. Tal
adjudicación sólo será procedente cuando el uso del baldío se haya llevado a
efecto en virtud de un contrato celebrado con el Instituto, mediante el cual la
sociedad se comprometa a trabajar una superficie no menor de las dos terceras
partes de la extensión solicitada, en los cultivos, actividad ganadera,
acuícola o forestal convenida, dentro de los cinco (5) años siguientes a la
fecha del contrato respectivo. Cuando la sociedad adjudicataria requiera para
su trabajo una extensión adicional a la inicialmente adjudicada, podrá permitirse
por una sola vez la elaboración de un nuevo contrato de uso en favor de la
sociedad, hasta por una extensión igual, por un término de dos (2) años, al
vencimiento del cual, si hubiere dado cumplimiento a las obligaciones
contraídas, se autorizará la venta del terreno baldío conforme al precio que
señale el Consejo Directivo. En todo caso, el incumplimiento de las
obligaciones durante la vigencia del contrato dará lugar a la declaratoria de
caducidad y a la recuperación de los terrenos baldíos.
T I T U L O
V
DE LOS
PROGRAMAS DE ADECUACION DE TIERRAS
CAPITULO I
Del
subsidio para la adecuación de tierras
Artículo 92.
Establézcase un subsidio para la realización de obras de adecuación de tierras
en las modalidades y procedimientos que para tal fin se establecen en esta Ley,
con cargo al presupuesto del Incoder, que se otorgará por una sola vez a los
pequeños productores que libremente se postulen para recibirlo, con arreglo a
las políticas que señale el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y a
los criterios objetivos y transparentes de elegibilidad y de calificación que
para el efecto determine el Gobierno Nacional.
Artículo 93. Podrán
ser beneficiarios del subsidio las Asociaciones de Usuarios ya establecidas, o
que se establezcan de conformidad con lo previsto en la presente Ley, con el
fin de adelantar proyectos colectivos de adecuación de tierras que cumplan con
las condiciones técnicas, económicas, sociales y ambientales establecidas por
el Gobierno Nacional, y que tengan como propósito fundamental el incremento de
la productividad y la rentabilidad de las producciones agrícolas y/o
forestales.
Artículo 94. Los
aspirantes a obtener el subsidio para adecuación de tierras deben:
a) Presentar la
correspondiente solicitud ante el Incoder, acompañada de la descripción del
proyecto que se adelantará en sus predios para mejorar las condiciones de
riego, drenaje o control de inundaciones, o para ampliar, rehabilitar o
transformar obras ya existentes;
b) También podrán
solicitar del Instituto la prestación de la asesoría que fuere necesaria para
facilitar la formulación del proyecto y para verificar que este cumple con los
requisitos técnicos y económicos establecidos en los reglamentos
correspondientes;
c) Cuando el
proyecto materia de subsidio incluya obra o adecuación sobre planicies
inundables o zonas de amortiguación de aguas se requerirá aprobación expresa y
previa expedida por la autoridad ambiental regional competente.
Artículo 95. Las
Asociaciones de Usuarios de las obras de adecuación de tierras que aspiren a
recibir el subsidio mencionado deberán constituirse en la autoridad
administradora que será responsable de operar, mantener y conservar las obras,
lo mismo que recuperar las tasas que se cobren por el servicio prestado.
También estará a su cargo la obtención de las concesiones de aguas
superficiales y subterráneas necesarias para el aprovechamiento de estas en
beneficio del proyecto, y administrar el derecho de uso de dichas aguas por los
beneficiarios directos. No podrá el Incoder asumir responsabilidad alguna en el
manejo y operación de los proyectos que se adelanten con estos subsidios.
Parágrafo. En las
obras y estudios que se adelanten para la adecuación de tierras en territorios
indígenas, deberá estarse a lo normado por la Ley 21 de 1991.
Artículo 96. El
Incoder expedirá el Manual de Normas Técnicas Básicas que reunirá las
exigencias técnicas, económicas, sociales y ambientales para la formulación y
realización de proyectos de adecuación de tierras, al cual deben someterse
todos los proyectos que aspiren a recibir el subsidio mencionado. Además
establecerá servicios de apoyo a los campesinos, minorías étnicas y sus
asociaciones, con el fin de promover y facilitar la elaboración de los estudios
de prefáctibilidad, factibilidad y los diseños de los proyectos de adecuación
de tierras, así como para orientar las gestiones relacionadas con la
financiación de los mismos.
Una vez adjudicado
el subsidio y previo al primer desembolso, el Incoder adelantará las acciones
necesarias para verificar las condiciones de los beneficiarios del predio, cuyo
subsidio de adecuación fue aprobado.
En el caso en el
cual el Incoder encuentre que el proyecto de adecuación no satisface completamente
uno o más requisitos de los contenidos en las condiciones de la convocatoria,
el beneficiario deberá subsanar las deficiencias en el término de quince (15)
días hábiles so pena de perder el derecho al subsidio por virtud de la ley.
Cuando se asigne el
subsidio a un proyecto que cumpla con las anteriores condiciones, el Incoder
será el responsable de adelantar directamente, o a través de terceros, las
actividades de interventoría y seguimiento que se estipulen en los reglamentos.
Artículo 97. Las
entidades territoriales, las organizaciones campesinas, las entidades del
sector solidario, las entidades sin ánimo de lucro, los gremios agropecuarios y
demás organismos que sean autorizados por el reglamento, podrán presentar
solicitudes de subsidio a nombre de las asociaciones de usuarios ya
mencionadas, cuando se trate de alianzas productivas, de proyectos colectivos
de interés regional o de integración de cooperativas de producción, y podrán
aportar recursos propios para la cofinanciación del subsidio.
Artículo 98. Para
establecer las condiciones de elegibilidad y de calificación de los proyectos
de adecuación de tierras para acceder al mecanismo del subsidio, el Gobierno
Nacional señalará los requisitos o exigencias mínimas que deben cumplir los aspirantes
al subsidio, incluyendo criterios de índice de pobreza, número de familias
beneficiarias, las normas técnicas sobre diseño y construcción de obras de
riego, drenaje y protección contra inundaciones, así como la calidad de los
suelos, las tecnologías de producción, la ubicación geográfica, la
disponibilidad de aguas, la topografía del terreno, el costo de adecuación por
hectárea y las condiciones de mercadeo de los productos agropecuarios y
forestales en la región.
Artículo 99.
Autorízase al Gobierno Nacional para establecer el monto del subsidio para la
adecuación de tierras, el cual será un valor único por hectárea, distinguiendo
dos tipos de subsidios en función de su objetivo, ya sea para construcción de
nuevos proyectos, o para la rehabilitación de proyectos existentes. El subsidio
para rehabilitación será equivalente a la mitad del subsidio para construcción.
Artículo 100. El
subsidio para adecuación de tierras a que se refiere este Capítulo será
administrado por el Incoder, ya sea directamente o mediante la celebración de
contratos de encargo fiduciario o de fiducia pública, y se adjudicará a
campesinos, pequeños y medianos productores y a comunidades de grupos étnicos
mediante procedimientos de libre concurrencia por convocatorias abiertas que se
llevarán a cabo al menos dos veces por año. Las Oficinas Departamentales del
Incoder promoverán el desarrollo de esta modalidad, tendrán a su cargo la
difusión de los respectivos reglamentos y asesorarán a los campesinos, grupos
étnicos y a sus organizaciones, a las entidades territoriales y a las entidades
privadas en la identificación y formulación de los proyectos productivos.
Artículo 101. El
Gobierno Nacional asignará al Incoder los recursos necesarios para financiar el
subsidio para adecuación de tierras, el cual se pagará de acuerdo con el
reglamento que para tal efecto expida el Consejo Directivo del Incoder. De
cualquier forma, se establecerá un pago inicial para el inicio de obras y un
pago final, a la comprobación de la realización de las inversiones respectivas.
Los aportes de Presupuesto Nacional se ubicarán en el Fondo Nacional de
Adecuación de Tierras, Fonat, con el objeto exclusivo de financiar la
formulación y realización de proyectos colectivos de adecuación de tierras de
iniciativa particular.
En todo caso, el
giro de los subsidios y las adquisiciones de tierras deberán someterse al
programa anual de caja de la entidad, y se podrá adelantar en todo el
territorio nacional, con arreglo a las políticas, criterios y prioridades que
señalen el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Consejo Directivo
del Incoder.
Parágrafo. Los
recursos del Fondo Nacional de Adecuación de Tierras, Fonat, provendrán de las
siguientes fuentes:
1. Las partidas que
se le asignen en el Presupuesto General de la Nación.
2. Los créditos
nacionales o externos que, con garantía del Gobierno Nacional, se contraten
para el Fondo.
3. Los aportes que
hagan las entidades territoriales.
4. Los recursos de
cooperación técnica que se otorguen para el cumplimiento de su objeto.
5. Los rendimientos
financieros de sus inversiones.
6. Las donaciones y
aportes que le hagan entidades públicas o privadas, nacionales y extranjeras.
Artículo 102. La
Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, CNCA, establecerá una línea especial
de redescuento para los créditos de producción de los beneficiarios del
subsidio de adecuación de tierras, cuyo margen de redescuento será del 100%,
con plazos, períodos de gracia, y condiciones financieras adaptadas a las
características de los proyectos, a las tasas de interés más favorables del
mercado y con el respaldo del Fondo Agropecuario de Garantías, FAG, si se
tratare de población que cuenta con dicho privilegio según las normas que
reglamentan el FAG. Los intereses correspondientes a los períodos de gracia
podrán ser capitalizados y diferidos durante el período de pago.
Artículo 103. El
subsidio otorgado para la adecuación de tierras quedará siempre sometido a una
condición resolutoria, dentro de los siete (7) años siguientes a su
otorgamiento, en el evento de que el beneficiario incumpla con las exigencias y
obligaciones previstas en la presente ley durante el término señalado. Son
hechos constitutivos del acaecimiento o cumplimiento de la condición
resolutoria, los siguientes:
a) El incumplimiento
de alguna de las condiciones relacionadas con la construcción, operación y
manejo de las obras de adecuación de tierras;
b) Si se
estableciere que el predio no está siendo utilizado adecuadamente;
c) Si se comprobare
que el productor incurrió en falsedades para acreditar los requisitos como
beneficiario del subsidio;
d) Si las en el área
beneficiada con el proyecto de riego se implantaren cultivos ilícitos.
Emitido el Acto
Administrativo que declara el acaecimiento del hecho generador de la condición
resolutoria, el particular deberá desvirtuar la causal de incumplimiento
invocada por el Incoder para evitar que esta se haga efectiva.
Artículo 104.
Cumplida la condición resolutoria conforme al reglamento que para el efecto
expida el Consejo Directivo, los beneficiarios del subsidio deberán restituirlo
a su valor presente al Incoder, de acuerdo con la siguiente tabla:
a) El ciento por
ciento (100%) del valor presente del subsidio si el incumplimiento se produce
durante los tres (3) años siguientes a su otorgamiento;
b) El setenta y
cinco (75%) del valor presente del subsidio si el incumplimiento se produce
durante el cuarto año siguiente a su otorgamiento;
c) El cincuenta por
ciento (50%) del valor presente del subsidio si el incumplimiento se produce
durante el quinto año siguiente a su otorgamiento;
d) El veinticinco
(25%) del valor presente del subsidio si el incumplimiento se produce durante
el sexto año siguiente a su otorgamiento.
Artículo 105. El
Consejo Directivo del Incoder reglamentará lo relativo a la recuperación de la
cuantía entregada a título de subsidio, cuando se verifique el incumplimiento
de las exigencias y condiciones antes anotadas.
CAPITULO II
De los
proyectos a cargo del Incoder
Artículo 106. El
Gobierno Nacional podrá adelantar la construcción de obras de adecuación de
tierras sólo cuando se trate de proyectos de interés estratégico para el
desarrollo del sector agropecuario y/o forestal y para el progreso de las zonas
rurales, que tengan alta rentabilidad económica y social, con una localización
preferencial respecto a los puertos de exportación y/o los grandes centros de
consumo, y que se realicen en áreas de alta concentración de pequeños y
medianos productores. Para que estos proyectos sean denominados como de interés
estratégico para el desarrollo del sector agropecuario por parte del Gobierno
Nacional, deberán estar incorporados al Plan Nacional de Desarrollo y haber
sido aprobados por el Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes.
Artículo 107. El
Incoder será responsable de la ejecución, coordinación y control de estos
proyectos, para lo cual supervisará, entre otras, las siguientes actividades:
1. Revisar los
estudios de prefáctibilidad, factibilidad y diseños de los proyectos de
adecuación de tierras, realizar las acciones necesarias para obtener la financiación
de las obras y llevar a cabo su construcción, todo ello de acuerdo con las
políticas y directrices trazadas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural.
2. Verificar la
aplicación del manual de normas técnicas que expida el Consejo Directivo del
Incoder para la realización de obras de riego, drenaje y protección contra
inundaciones.
3. Adquirir mediante
negociación directa o expropiación los predios, franjas de terreno y mejoras de
propiedad de particulares o de entidades públicas, que se necesiten para la
ejecución y desarrollo de las obras de adecuación de tierras. Cuando se
requiera la ocupación transitoria así como la imposición de servidumbres para
ejecutar las obras públicas de adecuación de tierras, se aplicarán las
disposiciones del Capítulo III del Decreto-ley 222 de 1983, las normas de la
Ley 80 de 1993, sus reglamentos y disposiciones que la sustituyan o
complementen, las del Código Civil y de Comercio, en lo que fueren pertinentes,
las que permita la autonomía de la voluntad y requiera el cumplimiento de los
fines misionales. El proceso de expropiación se adelantará conforme a las
reglas establecidas en el Título XXIV del Código de Procedimiento Civil y demás
normas concordantes.
4. Realizar estudios
de identificación de las fuentes hidrográficas y obtener las licencias de
concesión de aguas superficiales y subterráneas correspondientes, para el
aprovechamiento de estas en beneficio del respectivo proyecto.
5. Adelantar las
acciones tendientes a cofinanciar estos proyectos, con aportes de los
departamentos, municipios, organizaciones de productores, otros organismos
financieros nacionales o extranjeros, o con particulares.
6. Establecer el
monto de las inversiones públicas que se requieren en la construcción del
proyecto para tramitar su incorporación al presupuesto de Instituto, y señalar
las cuotas de recuperación de tales inversiones a cargo de los beneficiarios
directos de las obras.
7. Establecer
mediante Acuerdo del Consejo Directivo, las opciones sobre tarifas básicas
aplicables a los usuarios diferenciadas por estratos de patrimonio e ingresos,
de tal forma que cubran los costos reales de administración, operación y
mantenimiento, así como los gastos de reposición de los equipos en cada
Distrito, y los de protección y conservación de las respectivas cuencas.
8. Expedir los
reglamentos que contengan las directrices en asuntos de dirección, manejo y
aprovechamiento de los Distritos de Adecuación de Tierras, a los cuales deben
someterse las asociaciones de usuarios.
9. Promover la
participación activa de las comunidades beneficiarias durante el desarrollo de
los proyectos; estimular su organización en asociaciones de usuarios de
distritos de adecuación de tierras; proporcionar asesoría jurídica y asistencia
técnica para su constitución y ofrecer servicios de capacitación para que
asuman directamente la responsabilidad de administrar, operar y conservar las
obras.
10. Delegar la
administración y operación de los Distritos en las asociaciones de usuarios, o
en otras organizaciones públicas o privadas, y expedir los reglamentos a los
cuales se deben ajustar dichas organizaciones para garantizar un adecuado
funcionamiento de los proyectos.
11. Expedir los
presupuestos ordinarios de administración, operación, conservación y
mejoramiento de los Distritos de Adecuación de Tierras, aprobar estos
presupuestos cuando sean expedidos por las organizaciones administradoras,
recuperar la cartera por las inversiones realizadas en las obras, recaudar los
derechos por los servicios que preste y las tarifas por las aguas que
administre.
12. Vigilar y
controlar las asociaciones u organizaciones encargadas de la administración y
operación de los Distritos y sancionar, de acuerdo con el reglamento, a quienes
infrinjan las normas de operación y manejo de los Distritos.
13. Las demás que
establezca el Consejo Directivo.
Artículo 108. En
desarrollo de las obras ejecutadas directamente por el Incoder, el Consejo
Directivo reglamentará lo relacionado con la recuperación del monto de las
inversiones comprometidas en la ejecución del proyecto. Cada inmueble ubicado
en el área de influencia de un Distrito de Riego, sin excepción, deberá
responder por una cuota parte de las inversiones realizadas en proporción a los
beneficios recibidos, de acuerdo con los parámetros que se establecen en esta
Ley.
Artículo 109. Las
inversiones en adecuación de tierras sujetas a recuperación, estarán
constituidas, entre otros, por el valor de los siguientes conceptos: los
estudios de factibilidad, el valor de los terrenos utilizados en las obras, las
servidumbres de beneficio colectivo, las obras civiles realizadas, los equipos
electromecánicos instalados, los costos financieros de los recursos invertidos,
la maquinaria y los equipos iniciales para la operación y conservación del
Distrito, y la porción de los costos de protección y recuperación de las
cuencas respectivas. El cálculo y liquidación de las inversiones en obras de
adecuación de tierras se hará por su valor real, incluidos los costos
financieros, teniendo en cuenta las áreas directamente beneficiadas por los
diferentes componentes de las obras, aplicando el índice de precios que
determine el Consejo Directivo en el respectivo reglamento.
Artículo 110. Para
la liquidación del costo proporcional de las inversiones se utilizará el
siguiente procedimiento: Se delimitará el área del Distrito que se beneficia
con cada componente de adecuación de tierras como riego, drenaje y control de
inundaciones; luego se cuantificará el valor de la inversión en cada componente
y después se dividirá este valor por su respectiva área beneficiada. El factor
resultante de las operaciones anteriores se multiplicará por la superficie
estimada a beneficiar en cada predio, con los componentes de obras a que se
hace referencia en este artículo. Los propietarios serán clasificados por
estrato económico, según sus ingresos de manera que a los estratos inferiores
se les asignen cuotas proporcionalmente inferiores. La suma de los resultados
anteriores, constituirá la base para calcular la cuota parte con que deben
contribuir a la recuperación de las inversiones públicas los propietarios de
los predios.
Parágrafo. Los
beneficiarios de los Distritos de Adecuación de Tierras que se ejecuten bajo la
responsabilidad del Incoder, podrán recibir el subsidio único por hectárea de
que trata la presente Ley. Para ello, el valor del subsidio único por hectárea
que esté vigente a la fecha de la liquidación, será descontado de la cuota parte
de que trata el presente artículo.
Artículo 111.
Constituyen motivos de utilidad pública e interés social para la adquisición y
expropiación de inmuebles rurales, franjas de terrenos, derechos y mejoras de
propiedad de propiedad privada, o que formen parte del patrimonio de entidades
de derecho público, para la construcción de obras públicas de adecuación de
tierras tales como embalses, riego, avenamiento, drenaje y control de
inundaciones, los contemplados en el numeral 3 del artículo 5° de la presente ley.
Si los propietarios
de tales predios, franjas y mejoras no los negociaren voluntariamente conforme
al procedimiento de negociación voluntaria que establezca el Gobierno mediante
reglamento, el Instituto podrá adelantar el proceso de expropiación en la forma
prevenida en lo dispuesto para el proceso de expropiación judicial en esta ley
y en las demás disposiciones concordantes.
Se considera que hay
motivos de utilidad pública e interés social en el establecimiento de
servidumbres de tránsito, desagüe, drenaje, acueducto y demás que sean
necesarias para la ejecución de las obras de adecuación de tierras.
Artículo 112. La
Nación asignará un monto de recursos destinados a cubrir el valor
correspondiente a un porcentaje del cincuenta por ciento (50%) del costo de la
energía eléctrica debidamente comprobado por las electrificadoras de cada
región, de los usuarios de los distritos de riego y de los distritos de riego
administrados por el Estado o por las asociaciones de usuarios debidamente
reconocidas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
Parágrafo 1°. Para
el caso de los usuarios de distritos de riego cuya facturación sea individual,
este beneficio se otorgará sólo para aquellos que no posean más de cincuenta
(50) hectáreas.
Parágrafo 2°. Para
efectos de la clasificación de los usuarios del servicio de energía eléctrica,
según la ley 142 de 1994, la utilización de la energía eléctrica para riego
dirigido a la producción agropecuaria se clasificará dentro de la clase
especial, la cual no pagará contribución. Además con el objeto de comercializar
la energía eléctrica, los usuarios de los distritos de riego se clasificarán
como usuarios no regulados.
Artículo 113. El
Sistema Nacional de Desarrollo Rural, propenderá por la investigación, manejo y
desarrollo de las zonas secas; en ese sentido, elaborará estudios,
investigaciones y garantizará la financiación de planes, proyectos y programas
de utilidad pública e interés social encaminados a la recuperación de los
suelos áridos y semiáridos, para aprovechamiento en actividades productivas,
especialmente en proyectos agroindustriales, para lo cual se procurará la
cofinanciación con las entidades territoriales y la empresa privada; así como
de organismos internacionales. Corresponde anualmente al Sistema Nacional de
Desarrollo Rural realizar un diagnóstico indicativo de la recuperación de los
suelos áridos y semiáridos, y la recuperación de los mismos para desarrollo
agroindustrial.
CAPITULO III
De las
asociaciones de usuarios
Artículo 114. Son
usuarios de los Distritos de Adecuación de Tierras todas las personas naturales
o jurídicas que hagan uso adecuado en calidad de dueño, tenedor o poseedor de
buena fe, acreditado con justo título de algún predio en el área de dicho
distrito, y en tal virtud deben someterse a las normas legales o reglamentarias
que regulen la utilización de los servicios, el manejo y conservación de las
obras, y la protección y defensa de los recursos naturales.
Los usuarios de un
Distrito de Adecuación de Tierras, estarán organizados, para efectos de la
representación y manejo del Distrito, en una Asociación de Usuarios. Todo
usuario de un Distrito de Adecuación de Tierras adquiere, por ese solo hecho,
la calidad de afiliado de la respectiva asociación y, por lo mismo, le obligan
los reglamentos y demás disposiciones que se apliquen a dichos organismos y a
sus miembros. Los usuarios de un Distrito de Adecuación de Tierras serán
solidariamente responsables con el propietario del predio, de las obligaciones
contraídas por los servicios prestados por el Distrito en el respectivo
inmueble.
Artículo 115.
Corresponde a las asociaciones de usuarios, conforme al reglamento que para tal
efecto dicte el Consejo Directivo de Incoder, la formulación y realización de
proyectos colectivos de adecuación de tierras, para lo cual contarán con toda
la iniciativa y la capacidad de decisión en el desarrollo de todas sus fases,
esto es, la identificación, formulación, construcción, administración,
operación y conservación de las obras, y tendrán las siguientes funciones:
1. Promover la
ejecución de los proyectos de adecuación de tierras y representar a sus
afiliados en los procesos de obtención del subsidio para la adecuación de
tierras.
2. Asegurar la
contratación de los bienes y servicios necesarios para adelantar los estudios y
la construcción de las obras, la definición de la modalidad con la que se
adelantarán dichos estudios y obras, la contratación de la interventoría, y la
definición de los mecanismos de financiación necesarios para complementar los
recursos propios para adelantar los estudios y obras.
3. Determinar las
tarifas sin estratificación y cuotas, para cubrir los costos de operación,
administración y conservación de las obras del proyecto.
4. Administrar,
operar y mantener las obras de los Distritos de Adecuación de Tierras una vez
terminadas, previa aprobación de los reglamentos respectivos por parte del
Incoder.
5. Velar por la
correcta ejecución de las obras y la utilización de los subsidios aprobados
para el proyecto.
6. Podrán
subcontratar la administración de los Distritos con empresas especializadas.
7. Preparar los
presupuestos de administración, operación y conservación del Distrito,
autorizados por el la Junta Directiva de la respectiva asociación.
8. Aplicar las
tasas, tarifas y derechos por los servicios que se presten a los usuarios, y
cobrar las cuotas de recuperación de inversiones, cuando así se haya convenido
en la formulación del respectivo proyecto de adecuación de tierras.
9. Reglamentar el
uso y operación de las obras y equipos; aplicar sanciones a quienes violen las
normas expedidas por el Incoder o por la propia asociación en materia de
utilización de las obras del Distrito, y asumir a nombre de este las
obligaciones que se requieran dentro del giro ordinario de su gestión.
10. Las demás que le
señale el reglamento emitido por el Consejo Directivo del Incoder.
11. Obtener ante la
autoridad Ambiental, la concesión de aguas superficiales y subterráneas
correspondientes para el aprovechamiento de estas en beneficio colectivo o
individual dentro del área de influencia del respectivo Distrito de Adecuación
de Tierras. Corresponderá a la respectiva Asociación de Usuarios el derecho de
administrar el recurso hídrico dentro del área del Distrito.
Parágrafo. Sin
perjuicio de lo anterior, las asociaciones pueden delegar sus funciones total o
parcialmente, en un organismo ejecutor, constructor, contratista o empresa
especializada, sin que por ello pierdan la responsabilidad sobre la definición
y operación del proyecto y sus implicaciones.
T I T U L O
VI
DE LOS
PROGRAMAS ESPECIALES
CAPITULO I
Resguardos
Indígenas y Minorías Étnicas
Artículo 116. El
Ministerio del Interior y de Justicia estudiará en los departamentos
respectivos, las solicitudes de tierras de las comunidades indígenas, negras y
demás minorías étnicas, para dotarlas de las superficies indispensables que
faciliten su adecuado asentamiento y desarrollo. Con el objeto de proteger
efectivamente los derechos territoriales de los grupos étnicos consagrados en
el artículo 63 de la Constitución Política, conforme a lo dispuesto en el
Convenio 169 de la OIT, la Convención Americana de los Derechos Humanos que se
refiere a la propiedad colectiva de las comunidades negras y para tal efecto
titulará baldíos y podrá adquirir directamente tierras, mejoras si a ello
hubiere lugar.
Así mismo,
constituirá, reestructurará, saneará y ampliará los resguardos de origen
colonial, o afectará baldíos previa clarificación sobre la vigencia legal de
los respectivos títulos, con las tierras poseídas por los miembros de la
parcialidad a título individual o colectivo, y los predios adquiridos o donados
en favor de la comunidad por el Gobierno Nacional u otras entidades.
Parágrafo. El
Ministerio Publico, a través de la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo,
harán seguimiento y control a los procesos de ampliación, saneamiento y
constitución de territorios indígenas y territorios colectivos de Comunidades
Negras que se encuentran represados en las distintas instituciones para
garantizar el debido proceso y la vigencia de los derechos fundamentales
individuales y colectivos, de igual manera el Ministerio Público actuará
respecto de las solicitudes recientes o que estén iniciando su trámite.
Artículo 117. Los
predios y mejoras que se adquieran para la ejecución de los programas de
constitución, saneamiento, reestructuración y ampliación de resguardos y
dotación de tierras a las Comunidades Indígenas, serán entregados a título
gratuito a los Cabildos o autoridades tradicionales de aquellas para que, de
acuerdo a sus usos y costumbres y de conformidad con las normas que las rigen,
las administren y distribuyan de manera equitativa entre todas las familias que
las conforman.
Artículo 118. El
Cabildo o la autoridad tradicional adjudicará las tierras aptas para cultivo,
excluyendo para su protección áreas ecológicas y ambientalmente estratégicas,
elaborando un cuadro de las asignaciones de solares del resguardo que se hayan
hecho o hicieren entre las familias de la parcialidad, las planillas serán
entregadas al Ministerio del Interior y de Justicia - Dirección de Etnias, con
el fin de que se garantice la distribución equitativa de las tierras. Para el
efectivo cumplimiento de la adjudicación equitativa de las tierras, los
cabildos y/o autoridades indígenas, con su firma darán plena validez, sin que
sea exigible requisito adicional.
Artículo 119. Los
programas de ampliación, saneamiento y reestructuración de los resguardos
indígenas, estarán dirigidos a facilitar el cumplimiento de la función social y
ecológica de la propiedad por parte de las comunidades, conforme a sus usos o
costumbres, a la preservación del grupo étnico y al mejoramiento de la calidad
de vida de sus integrantes.
El Instituto
Geográfico Agustín Codazzi verificará y certificará el cumplimiento de la
función social de la propiedad en los resguardos y el Ministerio del Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, lo relacionado con la función ecológica que
le es inherente, de conformidad con lo previsto en el artículo 58 de la
Constitución Política, la Ley 99 de 1993 y demás disposiciones concordantes. La
titulación de estas tierras deberá adelantarse con arreglo a las normas sobre
uso y manejo previstas en el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y
de Protección al Medio Ambiente, o las que establezcan las autoridades
competentes sobre la materia.
Artículo 120. Los
terrenos baldíos determinados por el antiguo Instituto Colombiano de Reforma
Agraria, Incora, con el carácter legal de reservas indígenas, constituyen
tierras comunales de grupos étnicos para los fines previstos en el artículo 63
de la Constitución Política y la Ley 21 de 1991.
Artículo 121. Los
territorios regular y permanentemente utilizados por pueblos indígenas nómadas,
seminómadas o agricultores itinerantes para la caza, recolección u
horticultura, que se hallaren situados en zonas de reserva forestal a la
vigencia de esta Ley, sólo podrán destinarse a la constitución de resguardos
indígenas, pero la ocupación y aprovechamiento deberán estar en concordancia
con las prescripciones que establezca el Ministerio del Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial y las disposiciones vigentes sobre recursos naturales
renovables.
Artículo 122. El
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural Incoder participará en las diligencias
necesarias para la delimitación que el Gobierno Nacional haga de las Entidades
Territoriales Indígenas, de conformidad con lo señalado para tal efecto en el
artículo 329 de la Constitución Política y lo dispuesto en la Ley Orgánica de
Ordenamiento Territorial.
Artículo 123. Las
solicitudes de constitución, saneamiento, reestructuración o ampliación de
resguardos indígenas deberán obligatoriamente articularse a los procesos y
decisiones de Ordenamiento Territorial con el fin de cumplir con la función
social y ecológica de la propiedad, lo anterior podrá articularse a los planes
de vida de las comunidades. Lo anterior mientras la ley orgánica de
ordenamiento territorial establece los principios y procedimientos para la
constitución de las entidades territoriales indígenas.
Parágrafo: No se
podrán surtir procedimientos de constitución, ampliación o saneamiento de
resguardos indígenas dentro de los límites geográficos determinados en el
artículo 2° de la Ley 70 de 1993 u otras zonas del país que presenten similares
condiciones.
En los casos de
tierras pertenecientes a campesinos, estas no harán parte del resguardo y
seguirán rigiéndose por las decisiones y procesos del ordenamiento territorial,
sin perjuicio de la posibilidad de negociación de los predios en los términos
de la presente Ley.
Artículo 124. El
Ministerio del Interior y de Justicia - Dirección de Etnias, se abstendrá de
autorizar, iniciar o subsidiar los procedimientos de negociación directa o de
expropiación previstos en esta ley, si los predios rurales respectivos,
pretenden ser reivindicados o adquiridos por medio de la violencia. Las mejoras
adquiridas en esas condiciones, pasarán a ser propiedad de los legítimos dueños
de la tierra.
Parágrafo. Para la
formulación, implementación y ejecución de programas y proyectos en territorios
de las comunidades indígenas y con el propósito de cumplir con el mandato legal
de la consulta previa, se garantizará a esas comunidades, adelantar el proceso
de consulta con el propósito de que la misma se convierta en instrumento para
elaborar proyectos productivos ambiental y culturalmente sustentables.
Artículo 125. En
desarrollo de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 70 de 1993, el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi verificará y certificará el cumplimiento de la
función social de la propiedad en las tierras de las Comunidades Negras. Las
solicitudes de adjudicación de tierras baldías que, conforme a los artículos 8°
y 9° de dicha Ley formulen los Consejos Comunitarios, deberán adecuarse
obligatoriamente a los procesos y decisiones de ordenamiento territorial que,
conforme a los planes de vida, formulen sus consejos comunitarios, con el fin
de garantizar la función social y ecológica de la propiedad.
CAPITULO II
Atención a
la población desplazada
Artículo 126. La
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional podrá
otorgar subsidios o adquirir, tierras y mejoras de propiedad privada, o los que
formen parte de las entidades de derecho público, para su adjudicación a la
población afectada por el desplazamiento forzado.
Parágrafo. Las
normas atinentes a este capítulo se harán extensivas a otras víctimas de
violencia armada, aún cuando no tengan la condición de desplazadas, siempre que
dicha calidad sea previamente certificada por la Comisión Nacional de
Reparación y Reconciliación.
Artículo 127. La
Superintendencia de Notariado y Registro, llevará un registro de los predios y
territorios abandonados a causa de la violencia. Para tal efecto, los Notarios
Públicos y los Registradores de Instrumentos Públicos, procederán a impedir
cualquier acción de enajenación o transferencia de títulos de propiedad, o de
otros derechos sobre aquellos bienes, cuando tales operaciones se adelanten
contra la voluntad de los titulares de los derechos respectivos. Las
solicitudes de protección relacionadas con territorios étnicos, serán enviadas
al Ministerio del Interior y de Justicia, para efectos de lo dispuesto en el
artículo 116 de esta ley.
Parágrafo 1°. El
propietario, poseedor, ocupante o tenedor de un predio o territorio, o el
Ministerio Público, podrán solicitar la inclusión del mismo en el registro de
predios abandonados y la correspondiente prohibición de enajenación o
transferencia. Dicha solicitud deberá ser atendida por la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos del Círculo respectivo, dentro de los treinta (30)
días siguientes a la fecha en que fue recibida.
Parágrafo 2°. La
solicitud de protección se presentará ante las Oficinas del Ministerio Público
y dentro del día siguiente a su recepción; esta deberá ser enviada a la Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos del Círculo en donde se encuentre ubicado
el predio, para su trámite y decisión. Decidida la aceptación o el rechazo,
informarán a la Superintendencia de Notariado y Registro dentro de los 5 días
siguientes a la ejecutoria del Acto Administrativo, para lo de su competencia.
Parágrafo 3°. En cualquier
caso, la prescripción ordinaria, la prescripción extraordinaria, los procesos
de saneamiento de la propiedad y los de jurisdicción coactiva, se suspenden en
beneficio de los desplazados por la violencia y mientras dure el desplazamiento
forzado.
Parágrafo 4°. Los
Notarios y Registradores de Instrumentos Públicos, so pena de incurrir en
causal de mala conducta sancionable con la destitución, se abstendrán
respectivamente, de autorizar e inscribir escrituras públicas que contengan la
transmisión del dominio de dichos predios.
Artículo 128. Los
Comités Territoriales de Atención Integral a la Población Desplazada con el
objeto de proteger a una comunidad de actos arbitrarios contra su vida,
integridad y bienes, declararán la inminencia de riesgo de desplazamiento o su
ocurrencia por causa de la violencia, cuando se presenten circunstancias que
puedan originar o hayan originado, el desplazamiento forzado en una zona
determinada del territorio de su jurisdicción, y procederán a identificar a los
propietarios, poseedores, tenedores, ocupantes y territorios de comunidades
indígenas y negras ubicados en esta, para lo cual dentro de los 30 días
siguientes a la declaratoria, elaborarán un informe a la fecha de emisión del
acto de declaratoria, cuando esta es de inminencia de desplazamiento; o a la
fecha en que ocurrieron los primeros hechos que ocasionaron el desplazamiento,
cuando esta es de ocurrencia, relacionando los titulares amparados y la calidad
jurídica que ostentan, con base en los datos existentes en las Oficinas de
Registro de Instrumentos Públicos, de Catastro, de Incoder, la Unidad Nacional
de Tierras Rurales y otras entidades. Para identificar las calidades de
derechos sin formalizar y los titulares de otros derechos, los Comités
obtendrán y contrastarán información en las comunidades respectivas.
El acto de
declaratoria de inminencia o de desplazamiento, se remitirá a las oficinas de
Registro de Instrumentos Públicos correspondientes, solicitándole que se
abstengan de inscribir actos de enajenación o transferencia a cualquier título,
de los bienes rurales correspondientes, mientras esté vigente la declaratoria,
salvo que los legítimos titulares de derechos expresen de manera libre y
espontánea la voluntad de transferir sus derechos, mientras se halle vigente la
medida, y para tal fin obtengan autorización del respectivo Comité. Respecto de
población desplazada que tenga la calidad de ocupante de un bien baldío, dicho
acto también se remitirá a Incoder para que dentro de los 30 días siguientes a
su recibo adelante de forma preferente, los procedimientos de titulación a que
haya lugar y si a ello tuvieren derecho, de conformidad con las normas que regulan
la materia.
El informe así
elaborado por los Comités, es prueba sumaria de las calidades de poseedor,
tenedor y ocupante, para aquellas personas incluidas en el mismo.
Cuando en las zonas
objeto de declaratoria se encuentren asentadas comunidades étnicas, los Comités
Territoriales para Atención Integral a la Población Desplazada procederán a
informar al Ministerio del Interior y de Justicia - Dirección de Etnias, para
que inicie o culmine de manera preferente, los procedimientos especiales de
constitución, saneamiento, ampliación, reestructuración y deslinde de
resguardos indígenas o procedimientos de titulación de propiedad colectiva de
negritudes según el caso y cuando a ello hubiere lugar.
Artículo 129. Cuando
los derechos ejercidos por los desplazados no se encuentren inscritos en los
folios de matrícula de los inmuebles respectivos, las Oficinas de Registro de
Instrumentos Públicos o el Comité Territorial para   la Atención Integral a la
Población Desplazada competente, según el caso, ordenará que las medidas de
protección de que tratan los artículos anteriores, sean registradas.
Artículo 130. Los
desplazados que opten por el retorno a sus lugares de origen y tengan la
calidad de ocupantes de baldíos, podrán acumular el tiempo de explotación
efectiva con el de duración del desplazamiento, para cumplir con el requisito
mínimo de ocupación y explotación exigido en la ley para su titulación. Para
este efecto, el Incoder iniciará de manera preferente e inmediata, el trámite
de titulación y ordenará abrir un folio de matrícula inmobiliaria al respectivo
predio con el Acto Administrativo que acepte la solicitud de adjudicación del
predio baldío en el cual se inscribirá su contenido.
La Resolución de que
trata el inciso anterior ordenará suspender el proceso de titulación respecto
de ese baldío durante el tiempo que dure el procedimiento de titulación por la
subsistencia del desplazamiento forzado.
Si transcurrido
dicho término el desplazado no retorna a reanudar el aprovechamiento del
predio, Incoder revocará la resolución de aceptación de la solicitud de
adjudicación y ordenará el levantamiento de la medida de protección a la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos correspondiente de oficio o a
solicitud de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional, los comités territoriales de atención a la población desplazada,
el Ministerio Público o el interesado.
Artículo 131. En los
procesos de retorno y reubicación, se dará prioridad en la adjudicación de
tierras a los desplazados por la violencia en los predios rurales que hayan
sido objeto de los procesos de extinción del dominio en instancia
administrativa judicial. Acción Social establecerá un programa que permita
recibir predios rurales de personas desplazadas, a cambio de la adjudicación de
otros predios de similares características en otras zonas del país. Sólo será
sujeto de adjudicación de tierras aquella población desplazada que no la
tuviere, que sea minifundista o que opte por el proceso de permutas.
Artículo 132. Los
desplazados propietarios o poseedores de predios rurales, que hayan enajenado o
transferido sus derechos en condiciones tan desfavorables que hagan presumir
que no hubo libertad jurídica en la celebración, podrán ejercer las acciones de
nulidad, lesión enorme, rescisión o posesorias; para lo cual, la prescripción
de las mismas empezará a correr cuando cese la condición de desplazamiento.
En todo caso, el
recurso de revisión de que trata el artículo 379 del Código de Procedimiento
Civil, procederá en contra de la sentencia ejecutoriada que resuelva cualquiera
de las acciones de que trata el presente artículo, cuando lo allí resuelto
afecte a una persona que tenga la condición de desplazada.
CAPITULO III
De los
bienes rurales objeto de la extinción judicial del dominio
Artículo 133. Desde
el momento en que queden a su disposición los bienes rurales que en desarrollo
de la acción de extinción judicial del dominio regulada en la Ley 793 de 2002,
sean incorporados a su inventario de manera definitiva, la Dirección Nacional
de Estupefacientes procederá a dar aviso inmediato a la Unidad Nacional de
Tierras Rurales para que emita su concepto sobre la caracterizada vocación a la
producción agropecuaria, forestal o pesquera de los inmuebles respectivos o de
otra utilización productiva, dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha
del aviso.
La Unidad Nacional
de Tierras destinará prioritariamente dichos bienes al Fondo Nacional de
Reparación de Víctimas creado en la Ley 975 de 2006 para efectos del Programa
Nacional de Reparación.
Los bienes que han
sido objeto de extinción judicial de dominio, podrán ser objeto de canje o
permuta por bienes rurales, situados en zonas de reforma agraria o de
conflictos en la tenencia de tierras, que hayan sido ofertados voluntariamente
por sus propietarios. Para el perfeccionamiento de estas operaciones se
procederá a los respectivos avalúos y concepto técnico, según lo establecido en
la presente ley.
Parágrafo. Cuando la
Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación certifique que ha cesado la
necesidad de abastecer el Fondo de Reparación de Víctimas, los inmuebles de que
trata este artículo serán trasladados directamente al Incoder.
Artículo 134. Los
bienes materia de extinción de dominio definitiva que administre la Dirección
Nacional de Estupefacientes y sean materia de enajenación a entidades públicas
se entregarán, por la Dirección, libres de toda clase de gravámenes,
limitaciones y afectaciones al derecho dominio, ocupación, posesión y cualquier
forma de perturbación de la propiedad y a paz y salvo por concepto de tributos
y servicios públicos.
El término de
duración de los contratos de arrendamiento que sobre los bienes inmuebles
rurales celebre la Dirección Nacional de Estupefacientes, mientras se decide la
acción prevista en la Ley 793 de 2002, no podrá exceder la fecha de la
sentencia en la que se declare la extinción de todos los derechos reales,
principales o accesorios, desmembraciones, gravámenes o cualquiera otra
limitación a la disponibilidad o el uso del bien rural, y se ordene la
tradición a favor de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional, y en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta,
podrán pactarse cláusulas que autoricen la cesión, renovación o prórroga de los
contratos respectivos.
En los contratos de
encargo fiduciario, su ejecución continuará hasta que opere la forma de
terminación convenida. Los contratos por los cuales se han entregado bienes
inmuebles rurales a terceros a cualquier título, celebrados por la Dirección
Nacional de Estupefacientes o por los depositarios por esta designados, con
anterioridad a la vigencia de la presente ley cuyos plazos excedan la fecha en
la que se produce la sentencia judicial de extinción, se resolverán
unilateralmente y de pleno derecho sin necesidad de declaración judicial alguna
por motivos de interés público o utilidad social de que trata la presente ley.
Parágrafo. Lo
dispuesto en este artículo rige para todos los contratos que comprometen el
uso, usufructo y destinación de los bienes inmuebles rurales que celebre o haya
celebrado la Dirección Nacional de Estupefacientes.
T I T U L O
VII
DE LOS
PROCEDIMIENTOS DE TIERRAS
CAPITULO I
Procedimiento
para la adquisición directa de tierras
Artículo 135. En la
negociación directa de predios para los fines previstos en esta ley, las
autoridades correspondientes se sujetarán al siguiente procedimiento:
1. Con base en los
presupuestos que el Gobierno Nacional le asigne específicamente para ello, la
autoridad competente practicará las diligencias que considere necesarias para
la identificación, calificación de la aptitud y valoración de los predios
rurales correspondientes.
2. El precio máximo
de negociación será el fijado en el avalúo comercial que para tal fin se
contrate con personas naturales o jurídicas legalmente habilitadas para ello,
de acuerdo con las disposiciones vigentes y el precio mínimo de negociación
será dado por el más bajo valor dado por el avaluó comercial, el valor de
establecimiento del proyecto productivo y el valor propuesto por el vendedor y
será este mínimo el punto de partida del Instituto para la negociación y la
primera oferta de compra.
3. La autoridad
competente formulará oferta de compra a los propietarios del predio mediante
oficio que será entregado personalmente, o en su defecto le será enviado por
correo certificado a la dirección que aparezca registrada en el expediente, o
en el directorio telefónico. Si no pudiere comunicarse la oferta en la forma
prevista, se entregará a cualquier persona que se hallare en el predio, y se
oficiará a la Alcaldía del lugar de ubicación del inmueble, mediante telegrama
que contenga los elementos esenciales de la oferta, para que se fije en lugar
visible al público durante cinco (5) días, contados a partir de su recepción,
con lo cual quedará perfeccionado el aviso y surtirá efectos ante los demás
titulares de derechos reales constituidos sobre el inmueble.
La oferta de compra
deberá inscribirse en la oficina de Registro de Instrumentos Públicos del
Círculo correspondiente, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha en
que se haya efectuado la comunicación.
4. El propietario
dispone de un término de diez (10) días, contados a partir de la fecha en que
quede perfeccionada la comunicación, para aceptarla o rechazarla. Dentro del
mismo término y por una sola vez, podrá objetar el avalúo por error grave, o
cuando hubiere sido expedido con antelación superior a un año. Las objeciones
al avalúo inicial, o su actualización, serán diligenciadas por peritos
diferentes a los que hubieren intervenido con anterioridad.
5. Si hubiere
acuerdo respecto de la oferta de compra, se celebrará un contrato de promesa de
compraventa, que deberá perfeccionarse mediante escritura pública en un término
no superior a dos meses, contados desde la fecha de su otorgamiento.
Se entenderá que el
propietario renuncia a la negociación directa y rechaza la oferta de compra,
cuando no manifiesta su aceptación expresa dentro del término previsto para
contestarla. También se entiende rechazada la oferta cuando su aceptación sea
condicionada, salvo que la autoridad competente considere atendible la
contrapropuesta de negociación, o el propietario no suscriba la promesa de
compraventa, o la escritura pública que perfeccione la enajenación, dentro de
los plazos previstos.
6. Agotada la etapa
de negociación directa, conforme a lo contemplado en el inciso anterior,
mediante resolución motivada, la autoridad competente ordenará adelantar la
expropiación del predio y de los demás derechos reales constituidos sobre él,
con arreglo al proceso establecido en el Capítulo V de este Título.
7. Las entidades
financieras estarán obligadas a dar a la autoridad interesada en la
expropiación la primera opción de compra de los predios rurales que hayan
recibido o reciban a título de dación en pago por la liquidación de créditos
hipotecarios, o que hubieren adquirido mediante sentencia judicial.
8. La autoridad
competente dispondrá de un (1) mes para ejercer el derecho de opción
privilegiada de adquirirlos, vencido el cual la entidad financiera quedará en
libertad para enajenarlos. Serán absolutamente nulos los actos o contratos que
se celebren con violación de lo dispuesto en esta norma, y los Notarios y
Registradores de Instrumentos Públicos no podrán autorizar e inscribir
escrituras públicas que contengan la transmisión del dominio a terceros,
mientras no se protocolice la autorización expresa y escrita de la autoridad
competente, en los casos de desistimiento, o la declaración juramentada del
representante legal del intermediario financiero, de no haberle sido notificada
una decisión dentro del término previsto, cuando hubiere mediado silencio
administrativo positivo.
CAPITULO II
Clarificación
de la propiedad y deslinde de tierras
Artículo 136. La
posesión agraria consiste en la explotación económica regular y estable del
suelo, por medio de hechos positivos propios de dueño, como los cultivos,
sementeras, plantaciones forestales o agroforestales, la ocupación con ganados
y otros de igual significación económica. Esta posesión se extiende también a
las porciones incultas, cuya existencia se demuestre como necesaria para la
explotación económica del predio, o como complemento para el mejor
aprovechamiento de este, aunque en los terrenos de que se trate no haya
continuidad, o para el ensanche de la misma producción. Tales porciones de
tierra, pueden ser conjuntamente hasta de una extensión igual a la mitad de la
explotada y se reputan poseídas conforme a este artículo.
En los predios
rurales, el cerramiento y la construcción de edificios no constituyen por sí
solos pruebas de explotación económica, pero sí pueden considerarse como
elementos complementarios de ella.
Artículo 137. Para
la prescripción adquisitiva en materia de fundos rurales aplicará lo dispuesto
en los artículos 2518 a 2541 del Código Civil y en la Ley 791 de 2002.
En todo caso, la
posesión en materia de fundos rurales implicará lo dispuesto en el artículo 136
de la presente ley.
Los jueces de la
República se abstendrán de adelantar procedimientos de prescripción adquisitiva
de dominio sobre predios de propiedad de la población desplazada por la
violencia, así mismo, las autoridades judiciales negarán las pretensiones de
pertenencia de aquellos que demanden la reivindicación o legitimación de
derechos sobre inmuebles cuando la tenencia o posesión del demandante tenga
origen en conductas de intimidación o violencia, en este caso el Estado en
cabeza de la autoridad jurisdiccional, protegerá a quien se encuentre en
imposibilidad de hacer valer su derecho e iniciará procedimientos para
reestablecer y proteger los derechos de los afectados por la violencia.
En todo caso, aún
después de la ejecutoria del fallo judicial de prescripción adquisitiva de la
propiedad en los términos de este artículo, si se lograre demostrar por el
interesado su condición de desplazado por la violencia o los actos o conductas
de intimidación o violencia que le hicieron imposible el disfrute de su
propiedad, procederá en contra de la sentencia ejecutoriada de cualquier
instancia el recurso de revisión de que trata el artículo 379 del Código de
Procedimiento Civil.
Artículo 138. Acreditan
propiedad privada sobre la respectiva extensión territorial:
1. El título
originario expedido por el Estado, mientras no haya perdido o no pierda su
eficacia legal. Constituyen título originario expedido por el Estado o emanado
de este, los siguientes:
a) Todo acto
administrativo, legalmente realizado y traducido en un documento auténtico, por
medio del cual el Estado se haya desprendido del dominio de determinada
extensión territorial;
b) Todo acto civil
realizado por el Estado, en su carácter de persona jurídica, y por medio del
cual se haya operado legalmente el mismo fenómeno de constitución o
transferencia del dominio de determinada extensión territorial perteneciente a la
Nación.
La enumeración
anterior no es taxativa y, por consiguiente, son títulos originarios expedidos
por el Estado, o emanados de este, fuera de los indicados en los dos ordinales
anteriores, los demás que conforme a las leyes tengan tal carácter.
2. Cualquiera otra
prueba, también plena, mientras no haya perdido o no pierda su eficacia legal,
de haber salido el derecho de dominio sobre el terreno, legítimamente, del
patrimonio del Estado.
3. Los títulos
debidamente inscritos otorgados con anterioridad a la vigencia de esta ley, en
que consten tradiciones de dominio por un lapso no menor del término que
señalan las leyes para la prescripción extraordinaria.
Lo dispuesto en el
inciso anterior, sobre pruebas de la propiedad privada por medio de títulos
debidamente inscritos, otorgados entre particulares con anterioridad a la
presente ley, no es aplicable respecto de terrenos que no sean adjudicables,
estén reservados o destinados para cualquier servicio o uso público, ni en los
casos considerados en el artículo anterior.
Artículo 139. Las
disposiciones anteriores se refieren exclusivamente a la propiedad territorial
superficiaria y no tienen aplicación ninguna respecto del subsuelo.
Artículo 140. Para
asegurar la protección de los bienes y derechos conforme al artículo 63 de la
Constitución Política y la Ley 70 de 1993, el Ministerio del Interior y de
Justicia - Dirección de Etnias podrá adelantar procedimientos de clarificación
y deslinde de las tierras de resguardo, o de las ocupadas ancestralmente o
adjudicadas a las comunidades negras, de las que pertenecieren a los
particulares.
Artículo 141. Para
efectos del principio de publicidad, la providencia que inicie las diligencias
administrativas de clarificación de la propiedad y deslinde de las tierras de
propiedad de la Nación, será inscrita en la oficina de Registro de Instrumentos
Públicos correspondiente, si el predio se hallare inscrito, diligencia que
tendrá prelación. En caso contrario, la autoridad competente solicitará la
apertura de un folio de matrícula inmobiliaria y la inscripción de la
respectiva providencia, como medida cautelar. A partir de este registro, el
procedimiento que se surta tendrá efecto para los nuevos poseedores o
adquirentes de derechos reales.
La solicitud,
decreto y práctica de pruebas se ceñirán a lo dispuesto en los correspondientes
decretos reglamentarios. En estos procedimientos se practicará una diligencia
de inspección ocular con intervención de peritos, si así lo solicitan los
interesados y sufragan los gastos que demande la diligencia. En caso contrario,
la autoridad competente dispondrá que se efectúe con funcionarios expertos de
la entidad.
Los peritos serán
dos (2), contratados por la autoridad que adelante la expropiación con personas
naturales o jurídicas que se encuentren legalmente autorizadas para ello. Los
dictámenes se rendirán con arreglo a los preceptos de esta ley y del decreto
reglamentario.
En los
procedimientos de que trata este capítulo, así como en los procesos judiciales
de revisión, la carga de la prueba corresponde a los particulares.
Artículo 142. Contra
las resoluciones que decidan de fondo los procedimientos que se regulan en este
capítulo, sólo procede el recurso de reposición en los términos del Código
Contencioso Administrativo, dentro de los cinco (5) días siguientes a la
notificación, y la acción de revisión ante el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, en única instancia, conforme a lo establecido en el
numeral 9 del artículo 128 del Código Contencioso Administrativo. La demanda de
revisión deberá presentarse dentro de los quince (15) días siguientes a la
fecha de ejecutoria del acto administrativo correspondiente.
La resolución que
culmine el procedimiento de clarificación de la propiedad sólo podrá declarar
que, en relación con el inmueble objeto de las diligencias, no existe título
originario del Estado, o que posee título de adjudicación que no ha perdido su
eficacia legal, o que se acreditó propiedad privada por la exhibición de una
cadena de títulos debidamente inscritos otorgados por un lapso no menor del
término que señalan las leyes para la prescripción extraordinaria, según lo
previsto en esta ley, o que los títulos aportados son insuficientes, bien
porque no acreditan dominio sino tradición de mejoras sobre el inmueble, o se
refiere a bienes no adjudicables, o que se hallen reservados, destinados a un
uso o servicio público, o porque se incurre en exceso sobre la extensión
legalmente adjudicable. Cuando se declare que en relación con el inmueble
existe propiedad privada, o que salió del patrimonio del Estado, en todo caso
quedarán a salvo los derechos de los poseedores materiales, conforme a la ley
civil.
Ejecutoriada la
resolución que define los procedimientos contemplados en este Capítulo, y si no
se hubiere formulado demanda de revisión, o fuere rechazada, o el fallo del
Consejo de Estado negare las pretensiones de la demanda, se ordenará su
inscripción en el correspondiente folio de matrícula inmobiliaria para efectos
de publicidad ante terceros.
Artículo 143. La
Unidad Nacional de Tierras Rurales podrá requerir de las Oficinas de Registro
de Instrumentos Públicos, Catastrales, del Instituto Geográfico “Agustín
Codazzi” y demás dependencias del Estado, toda la información que posean sobre
la existencia de propietarios o poseedores de inmuebles rurales, así como las
fotografías aéreas, planos y demás documentos relacionados con los mismos.
Parágrafo. En las
zonas donde el Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” no tenga información
actualizada, corresponde a la autoridad competente señalar, cuando lo considere
conveniente, mediante resoluciones que serán publicadas por dos veces con
intervalos no inferiores a ocho (8) días, en dos (2) diarios de amplia
circulación nacional, las regiones, la forma y los términos en que toda persona
natural o jurídica, de derecho público o privado que sea propietaria o
poseedora de predios rurales, estará obligada a presentar ante la autoridad
administrativa una descripción detallada de los inmuebles respectivos.
CAPITULO III
Procedimiento
administrativo de extinción del dominio
Artículo 144.
Establézcase en favor de la Nación la extinción del derecho de dominio o
propiedad sobre los predios rurales en los cuales se dejare de ejercer posesión
en la forma establecida en el artículo 131 de esta ley durante tres (3) años
continuos, salvo fuerza mayor o caso fortuito, o cuando los propietarios violen
las disposiciones sobre conservación, mejoramiento y utilización racional de
los recursos naturales renovables y las de preservación y restauración del
ambiente.
Lo dispuesto en este
artículo no se opone a la declaratoria de extinción del dominio cuando, a la
fecha en que empiece a regir esta ley, hubiere transcurrido un lapso de tres
(3) años de inexplotación del inmueble, o si dicho término se cumpliere dentro
de la vigencia de esta norma.
Cuando la posesión
se hubiere ejercido sobre una parte del predio solamente, la extinción del
dominio no comprenderá sino las porciones incultas que no se reputen poseídas
conforme a lo dispuesto en el artículo 131 de esta ley.
La Unidad Nacional
de Tierras Rurales tendrá a su cargo adelantar las diligencias y dictar las
resoluciones sobre extinción del derecho de dominio privado sobre predios
rurales, según lo previsto en la presente ley.
Parágrafo. La acción
de dominio no procederá en los casos de predios de resguardos indígenas, los de
propiedad colectiva de comunidades negras y los demás que de acuerdo con la
Constitución Nacional ostenten la calidad de imprescriptibles, inalienables e
inembargables.
Artículo 145. En el
estatuto que regule el procedimiento administrativo de extinción de dominio,
además de las disposiciones que se consideren necesarias, se incluirán las
siguientes:
1. La resolución que
inicie el procedimiento será inscrita en la oficina de Registro de Instrumentos
Públicos correspondiente. Quien adquiera derechos reales a partir de este
registro, asumirá desde entonces las diligencias en el estado en que se
encuentren.
2. Los términos
probatorios no podrán exceder de treinta (30) días, distribuidos como indique
el reglamento. La resolución sobre extinción de dominio deberá dictarse dentro
de los quince (15) días siguientes al vencimiento del término probatorio.
3. Contra la
resolución que declare que sobre un fundo o parte de él se ha extinguido el
derecho de dominio privado sólo proceden el recurso de reposición, dentro de
los cinco (5) días siguientes a su notificación, y la acción de revisión ante
el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, en única
instancia, según lo previsto en el numeral 8 del artículo 128 del Código
Contencioso Administrativo. La demanda de revisión deberá presentarse dentro de
los quince (15) días siguientes a la fecha de ejecutoria del acto administrativo
correspondiente. Si no se presenta la demanda de revisión en el término
indicado, o si aquella fuere rechazada, o la sentencia del Consejo de Estado
negare la revisión demandada, la Unidad procederá a remitir a la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos correspondiente copia de la resolución que
decretó la extinción del dominio privado, para su inscripción y la consecuente
cancelación de los derechos reales constituidos sobre el fundo.
4. Tanto en las
diligencias administrativas de extinción del derecho de dominio, como en los
procesos judiciales de revisión, la carga de la prueba corresponde al
propietario.
5. En todos los
procedimientos administrativos de extinción del derecho de dominio deberá
practicarse una inspección ocular al predio intervenido por la Unidad. Cuando
se trate de la causal relacionada con el incumplimiento de la función social de
la propiedad prevista en la presente ley, los dictámenes serán rendidos por dos
peritos que contrate la Unidad de Tierras con personas naturales o jurídicas
legalmente autorizadas para ello, pero la práctica, elaboración y rendición del
experticio se someterá a las reglas establecidas en esta ley y lo que disponga
el decreto reglamentario.
Cuando la causa que
origine el adelantamiento del proceso administrativo de extinción del dominio
esté relacionada con la violación de las disposiciones sobre conservación,
mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales renovables y las
de preservación del ambiente, los experticios se rendirán por dos funcionarios
calificados de la Corporación Autónoma Regional con jurisdicción en el
municipio de ubicación del inmueble, conforme a las reglas y, metodología que
para tal efecto señale el reglamento.
6. Cuando se trate
de probar aprovechamiento de la tierra con ganados, en superficies cubiertas,
de pastos, naturales, será indispensable demostrar de manera suficiente el
aprovechamiento económico o la realización de inversiones durante el término
fijado para la extinción del dominio.
Artículo 146. Si por
razones de interés social y utilidad pública la Unidad estimare necesario tomar
posesión de un fundo o de porciones de este antes de que se haya fallado el
proceso judicial de revisión del procedimiento de extinción del dominio, podrá
entonces adelantar la expropiación de la propiedad respectiva. El valor de lo
expropiado, que será determinado por avalúo que será el valor del avalúo
comercial determinado por el IGAC, permanecerá en depósito a la orden del
Tribunal competente hasta cuando quede ejecutoriada la sentencia. Si el fallo
confirma la resolución acusada, los valores consignados se devolverán al
Instituto. Si por el contrario, la revoca o reforma; el juez ordenará entregar
al propietario dichos valores más los rendimientos obtenidos por estos, en la
proporción que corresponda.
Artículo 147. Lo
cultivado por colonos que no hayan reconocido vínculo de dependencia con el
propietario, o autorización de este, no se tomará en cuenta para los efectos de
demostrar la utilización económica de un fundo.
Artículo 148. Las
tierras aptas para la producción económica que reviertan al dominio de la
Nación en virtud de la declaratoria de extinción del derecho de dominio,
ingresarán con el carácter de baldíos y se adjudicarán por parte del Incoder,
previo traslado de la Unidad a este Instituto, de conformidad con el reglamento
que para cada predio expida el Consejo Directivo; las no aptas para los
programas de que trata esta ley, serán enajenadas por la Unidad, o transferidas,
en un plazo no mayor a tres meses, contados desde la ejecutoria de la
providencia respectiva, a las entidades del Estado que deban cumplir en ellas
actividades específicas señaladas en normas vigentes, o al municipio en que se
hallen ubicadas en los términos del artículo 26. El recibo de estas tierras
será de obligatorio cumplimiento por parte de las entidades indicadas.
Artículo 149. Para
todos los efectos legales se considera que no están cobijadas por la regla
sobre extinción del dominio, las extensiones que dentro del año inmediatamente
anterior a la fecha en que se practique la inspección ocular, conforme al
numeral 5 del artículo 145 de esta ley, se encontraban económicamente
utilizadas de acuerdo con las disposiciones de la presente ley, y cumpliendo
las normas sobre conservación, mejoramiento y utilización racional de los
recursos naturales renovables y las de preservación y restauración del
ambiente.
En los juicios de
revisión que se sigan ante el Consejo de Estado de acuerdo con lo previsto en
los artículos anteriores, la inspección judicial que se practique estará
encaminada a verificar el estado de producción que existía, o el incumplimiento
que se estableció de las normas del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables
y de Protección al Medio Ambiente y disposiciones que lo complementan, en la
fecha de la diligencia de inspección ocular. Por lo tanto, los peritos
dictaminarán, en caso de encontrarse un aprovechamiento productivo en el fundo,
o un estado de conservación y aprovechamiento de los recursos naturales o del
ambiente ajustado a la ley, si estas situaciones son anteriores o por el
contrario posteriores al momento de la inspección ocular que se practicó dentro
de las diligencias administrativas de extinción del dominio adelantadas por el
Instituto.
Si de la inspección
judicial y del dictamen pericial se deduce que la producción económica, o el
estado de conservación, mejoramiento y utilización racional de los recursos
naturales renovables y de preservación del ambiente son posteriores a la fecha
de la diligencia de inspección ocular que practicó el Instituto, el Consejo de
Estado no podrá tener en cuenta esas circunstancias para efectos de decidir
sobre la revisión del acto administrativo. Pero el valor de las mejoras
posteriores que se acrediten, será pagado por la Entidad administrativa
correspondiente en la forma que establezca el reglamento.
Artículo 150. Para
efectos de lo establecido en el artículo 136 de esta ley, se considera que hay
manejo productivo cuando esta se realiza de una manera regular y estable. Es
regular y estable, el manejo productivo que al momento de la práctica de la
inspección ocular tenga más de un (1) año de iniciada, y se haya mantenido sin
interrupción injustificada, siendo de cargo del propietario la demostración de
tales circunstancias.
La simple tala de
árboles, con excepción de las producciones forestales adelantadas de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 1021 de 2006, no constituye manejo
productivo económico.
Artículo 151. Será
causal de extinción del derecho de dominio el manejo productivo que se adelante
con violación de las normas sobre conservación, mejoramiento y utilización
racional de los recursos naturales renovables y las relacionadas con la
preservación y restauración del ambiente contenidas en la Ley 99 de 1993 y
demás disposiciones pertinentes.
Artículo 152. En los
eventos previstos en el artículo anterior, el procedimiento de extinción del
dominio será adelantado oficiosamente por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, del Director General de la correspondiente Corporación
Autónoma Regional o del Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y
Agrarios.
Artículo 153. Hay
deterioro o perjuicio sobre los recursos naturales renovables y del ambiente,
cuando se realizan conductas o se producen abstenciones que los destruyen,
agotan, contaminan, disminuyen, degradan, o cuando se utilizan por encima de
los límites permitidos por normas vigentes, alterando las calidades físicas,
químicas o biológicas naturales, o se perturba el derecho de ulterior
aprovechamiento en cuanto este convenga al interés público. La extinción del
derecho de dominio procederá sobre la totalidad o la porción del terreno
afectado por las respectivas conductas o abstenciones nocivas.
CAPITULO IV
Normas
sustanciales sobre adjudicación y recuperación de baldíos
Artículo 154. La
propiedad de los terrenos baldíos adjudicables, sólo puede adquirirse mediante
título traslaticio de dominio otorgado por el Estado a través del Incoder en
los términos establecidos en la presente ley, o por las entidades públicas en
las que delegue esta facultad.
Los ocupantes de
tierras baldías, por ese solo hecho, no tienen la calidad de poseedores
conforme al Código Civil, y frente a la adjudicación por el Estado sólo existe
una mera expectativa.
La Unidad de Tierras
decretará la reversión del baldío adjudicado al dominio de la Nación, cuando se
compruebe la violación de las normas sobre conservación y aprovechamiento
racional de los recursos naturales renovables y del medio ambiente, o el
incumplimiento de las obligaciones y condiciones bajo las cuales se produjo la
adjudicación. Ejecutoriada la resolución que disponga la reversión y efectuado
el pago, consignación o aseguramiento del valor que corresponda reconocer al
ocupante por concepto de mejoras, si no se allanare a la devolución del predio
al Instituto dentro del término que este hubiere señalado, se solicitará el
concurso de las autoridades de policía, dentro del mes siguiente a la
ejecutoria de la providencia, para que la restitución del inmueble se haga
efectiva. Para tal efecto, la Unidad de Tierras le bastará presentar copia
auténtica de la resolución declaratoria de la reversión, con sus constancias de
notificación y ejecutoria.
No podrá hacerse
adjudicación de baldíos sino por ocupación previa, en tierras con aptitud
agropecuaria o forestal que se estén utilizando productivamente, conforme a las
normas sobre protección y utilización racional de los recursos naturales
renovables, en favor de personas naturales, empresas comunitarias y
cooperativas, en las extensiones y condiciones que para cada municipio o región
del país señale la Unidad.
Artículo 155. Como
regla general, las tierras baldías se titularán en Unidades Agrícolas
Familiares, conforme al concepto establecido en esta ley, salvo las excepciones
que establezca el Consejo Directivo cuando se trate de las adjudicaciones de
tierras a las comunidades indígenas, negras y demás minorías étnicas, y en las
adjudicaciones derivadas de los contratos de explotación de baldíos que se celebren
con las empresas especializadas del sector agropecuario y/o forestal en las
zonas de desarrollo empresarial a que se refiere el Capítulo IV del Título III
de esta ley.
Artículo 156. El
Consejo Directivo del Incoder señalará para cada región o zona las extensiones
máximas y mínimas adjudicables de los baldíos productivos en Unidades Agrícolas
Familiares, y declarará, en caso de exceso del área permitida, que hay indebida
ocupación o apropiación de las tierras de la Nación.
El Incoder cobrará
el valor del área que exceda el tamaño de la Unidad Agrícola Familiar
establecida para las tierras en el municipio o zona, mediante el procedimiento
de avalúo señalado para la adquisición de tierras, siempre que no mediaren
circunstancias de concentración de la propiedad u otras que señale el
reglamento que expida el Consejo Directivo. En todo caso, el área enajenable no
podrá exceder de la extensión máxima de la Unidad Agrícola Familiar determinada
para la respectiva zona o municipio.
Para expedir las
reglamentaciones sobre las extensiones máximas y mínimas adjudicables, el
Instituto deberá tener en cuenta, entre otras, las condiciones agrológicas,
fisiográficas, disponibilidad de aguas, cercanía a poblados de más de tres mil
(3.000) habitantes, vías de comunicación de las zonas correspondientes, la
composición y concentración de la propiedad territorial, los índices de
producción y productividad, la aptitud y las características del desarrollo
sostenible de la región, la condición de aledaños de los terrenos baldíos, o la
distancia a carreteras transitables por vehículos automotores, ferrocarriles,
ríos navegables, a centros urbanos de más de diez mil (10.000) habitantes, o a
puertos marítimos, cuando en este último caso dichas tierras se hallen ubicadas
a menos de cinco (5) kilómetros de aquellos. El lindero sobre cualquiera de
dichas vías no será mayor de mil (1.000) metros.
El Instituto está
facultado para señalar zonas en las cuales las adjudicaciones sólo podrán
hacerse con base en producciones forestales, agrícolas o de ganadería intensiva
y para definir, conforme a las circunstancias de la zona correspondiente, las
características de estas últimas.
Parágrafo. No serán
adjudicables los terrenos baldíos que cuenten con las siguientes condiciones:
a) Los terrenos
baldíos situados dentro de un radio de quinientos (500) metros alrededor de las
zonas donde se adelanten procesos de explotación de recursos naturales no
renovables;
b) Los terrenos
baldíos situados dentro de un radio de cinco (5) kilómetros alrededor de las
zonas de reserva ambiental o de Parques Nacionales Naturales y las seleccionadas
por entidades públicas para adelantar planes viales u otros de igual
significación económica y social para el país, cuya construcción pueda
incrementar el precio de las tierras por factores distintos a su explotación
económica.
Artículo 157. Podrán
hacerse por parte de la Unidad de Tierras, adjudicaciones en favor de entidades
de derecho público para la construcción de obras de infraestructura destinadas
a la instalación o dotación de servicios públicos, o cuyas actividades hayan
sido declaradas por la ley como de utilidad pública e interés social, bajo la
condición de que si dentro del término que el Instituto señalare no se diere
cumplimiento al fin previsto, los predios adjudicados revertirán al dominio de la
Nación.
Artículo 158. La
persona natural o jurídica que solicite la adjudicación de un baldío, deberá
demostrar que tiene bajo producción económica las dos terceras partes de la
superficie cuya adjudicación solicita y que la utilización adelantada
corresponde a la aptitud del suelo establecida por el Incoder en la inspección
ocular y que se está cumpliendo con la función ecológica y social. En la
petición de adjudicación el solicitante deberá manifestar, bajo la gravedad del
juramento, que se entiende prestado al formular su pretensión expresamente, si
se halla o no obligado legalmente a presentar declaración de renta y
patrimonio. En caso afirmativo, la exigencia de la explotación económica deberá
demostrarse con las declaraciones de renta y patrimonio correspondientes a los
tres años anteriores a la fecha de la solicitud.
En todo caso, deberá
acreditarse una ocupación y utilización productiva previa no inferior a cinco
(5) años para tener derecho a la adjudicación. La ocupación anterior de persona
distinta del peticionario, no es transferible a terceros, para los efectos
contemplados en este inciso.
En la parte motiva
de las resoluciones de adjudicación de baldíos deberán analizarse ampliamente
las pruebas allegadas sobre la explotación económica del predio, el término de
ella y la fuerza de convicción que le merezcan al Instituto, para efectos de
considerar la presunción consagrada en el artículo 6° de la Ley 97 de 1946, y
en la parte resolutiva deberá declararse si la adjudicación queda o no amparada
por dicha presunción, precisando además que esta no surtirá efectos contra
terceros sino pasado un año, contado a partir de la fecha de inscripción de la
resolución en la respectiva Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.
No obstante, a pesar
de transcurrido el año después del registro de la resolución, la presunción a
que se refiere el inciso anterior se mantendrá mientras el acto administrativo
correspondiente no sea producto de maniobras abusivas o fraudulentas que puedan
dar lugar al enriquecimiento sin causa del adjudicatario, con perjuicio de los
derechos del legítimo propietario del inmueble objeto de la adjudicación. Por
consiguiente, sólo quedarán amparadas con la presunción de la Ley 97 de 1946,
las resoluciones expedidas en desarrollo de procedimientos en los que exista
buena fe por parte del adjudicatario, y no se desconozcan derechos de terceros
adquiridos con sujeción al artículo 58 de la Constitución Política.
En los casos en que
la utilización económica realizada no corresponda a la aptitud específica
señalada, el baldío no se adjudicará, hasta tanto no adopte y ejecute por el
colono un plan gradual de reconversión, o previo concepto favorable de la
institución correspondiente del Sistema Nacional Ambiental.
Las áreas dedicadas
a la conservación de la vegetación protectora, lo mismo que las destinadas al
uso forestal racional, situadas fuera de las zonas decretadas como reservas
forestales o de bosques nacionales, se tendrán como porción aprovechada, para
el cálculo de la superficie productiva exigida por el presente artículo para
tener derecho a la adjudicación, siempre y cuando dentro del plan o proyecto
presentado se garantice que estas zonas no van a ser intervenidas para la
producción económica.
No podrán hacerse
adjudicaciones de baldíos donde estén establecidas comunidades indígenas o que
constituyan su hábitat, sino únicamente y con destino a la constitución de
resguardos indígenas.
Artículo 159. Las
Unidades Agrícolas Familiares sobre tierras baldías adjudicarán conjuntamente a
los cónyuges o compañeros permanentes, siempre que hayan cumplido dieciséis
años de edad, sean jefes de familia, compartan entre sí las responsabilidades
sobre sus hijos menores, o con sus parientes hasta el segundo grado de
consanguinidad si velaren por ellos.
Los adjudicatarios
podrán contraer las obligaciones inherentes sin necesidad de autorización
judicial. Esta disposición se aplicará a todas las adjudicaciones o
adquisiciones de tierras que llegaren a hacerse en favor de los campesinos, o
para la admisión de estos como socios de las empresas comunitarias o
cooperativas.
Artículo 160. No
podrá ser adjudicatario de baldíos la persona natural o jurídica cuyo
patrimonio neto sea superior a quinientos salarios mínimos mensuales legales,
salvo las organizaciones, cooperativas o asociaciones sin ánimo de lucro y de
minorías étnicas y lo previsto para las zonas de desarrollo empresarial en el
Capítulo IV del Título IV de esta ley. Para determinar la prohibición contenida
en esta norma, en el caso de las sociedades deberá tenerse en cuenta, además,
la suma de los patrimonios netos de los socios cuando estos superen el
patrimonio neto de la sociedad.
Tampoco podrán
titularse tierras baldías a quienes hubieren tenido la condición de
funcionarios, contratistas o miembros de las Juntas o Consejos Directivos de
los organismos y entidades públicas que integran los diferentes subsistemas del
Sistema Nacional de Desarrollo Rural, dentro de los cinco (5) años anteriores a
la fecha de la solicitud de adjudicación. Esta disposición también será
aplicable a las personas jurídicas cuando uno o varios de sus socios hayan
tenido las vinculaciones o las calidades mencionadas con los referidos
organismos públicos.
Artículo 161. No se
podrán efectuar titulaciones de terrenos baldíos en favor de personas naturales
o jurídicas que sean propietarias o poseedoras, a cualquier título, de otros
predios rurales en el territorio nacional, salvo lo dispuesto para las zonas de
desarrollo empresarial.
Con el fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en el inciso anterior, en el momento de presentar
la solicitud de titulación el peticionario deberá manifestar, bajo la gravedad
del juramento, si es o no propietario o poseedor de otros inmuebles rurales en
el territorio nacional. Serán absolutamente nulas las adjudicaciones que se
efectúen con violación de la prohibición establecida en este artículo.
La acción de nulidad
contra las resoluciones de adjudicación de baldíos podrá intentarse por la
entidad administrativa adjudicataria, por los Procuradores Agrarios o cualquier
persona ante el correspondiente Tribunal Administrativo, dentro de los dos (2)
años siguientes a su ejecutoria, o desde su publicación en el Diario
Oficial, según el caso. La procedencia de esta acción se hará constar
en todas las resoluciones de titulación de baldíos que expida la entidad
administrativa adjudicataria.
Sin perjuicio de lo
dispuesto en los incisos anteriores, la entidad administrativa adjudicataria
podrá revocar directamente, en cualquier tiempo, las resoluciones de
adjudicación de tierras baldías proferidas con violación a lo establecido en
las normas legales o reglamentarias vigentes sobre baldíos. En este caso no se
exigirá el consentimiento expreso y escrito del respectivo titular. En lo
demás, el procedimiento de revocación se surtirá con arreglo a las
prescripciones del Código de lo Contencioso Administrativo.
Para la aplicación
de las prohibiciones previstas en el presente artículo, se tendrán en cuenta
además, las adjudicaciones de terrenos baldíos efectuadas a sociedades de las
que los interesados formen parte, lo mismo que las que figuren en cabeza de su
cónyuge, compañero permanente e hijos menores adultos.
Ninguna persona
podrá adquirir la propiedad sobre terrenos inicialmente adjudicados como baldíos,
si las extensiones exceden los límites máximos para la titulación señalados por
el Consejo Directivo para las Unidades Agrícolas Familiares en el respectivo
municipio o zona. También serán nulos los actos o contratos en virtud de los
cuales una persona aporte a sociedades o comunidades de cualquier índole, la
propiedad de tierras que le hubieren sido adjudicadas como baldíos, si con
ellas dichas sociedades o comunidades consolidan la propiedad sobre tales
terrenos en superficies que excedan a la fijada por el Instituto para la Unidad
Agrícola Familiar.
Quien siendo
adjudicatario de tierras baldías las hubiere enajenado o no podrá obtener una
nueva adjudicación.
Los terrenos baldíos
adjudicados no podrán fraccionarse en extensión inferior a la señalada por el
Incoder como Unidad Agrícola Familiar para la respectiva zona o municipio,
salvo las excepciones previstas en esta ley y las que determine el Consejo
Directivo del Incoder mediante reglamentación. Los Notarios y Registradores de
Instrumentos Públicos se abstendrán de autorizar y registrar actos o contratos
de tradición de inmuebles, cuyo dominio inicial provenga de adjudicaciones de
baldíos nacionales, en los que no se protocolice la autorización del Incoder,
cuando con tales actos o contratos se fraccionen dichos inmuebles.
La declaratoria de
caducidad de los contratos relacionados con baldíos y la reversión al dominio
de la Nación se harán sin perjuicio de los derechos de terceros.
No podrá alegarse
derecho para la adjudicación de un baldío, cuando demuestre que el peticionario
deriva su ocupación del fraccionamiento de los terrenos, efectuado por personas
que los hayan tenido indebidamente, hubiere procedido con mala fe, o con fraude
a la ley, o con violación de las disposiciones legales u otro medio semejante,
o cuando se tratare de tierras que tuvieren la calidad de inadjudicables o
reservadas.
Las prohibiciones y
limitaciones señaladas en los incisos anteriores, deberán consignarse en los
títulos de adjudicación que se expidan.
Artículo 162. Sin
perjuicio de su libre enajenación, dentro de los cinco (5) años siguientes a la
adjudicación, de una Unidad Agrícola Familiar sobre baldíos, esta podrá ser
gravada con hipoteca solamente para garantizar las obligaciones derivadas de
créditos agropecuarios otorgados por entidades financieras.
Artículo 163. En los
casos de indebida ocupación de terrenos baldíos, o de tierras que se hallen
reservadas, o que no puedan ser adjudicables, o que se hallen destinadas a un
servicio público, el Instituto ordenará la recuperación, previa citación y
notificación personal del ocupante, o de quien se pretenda dueño, del acto
administrativo que inicie el procedimiento agrario respectivo, o mediante
edicto, en la forma contemplada en los artículos 44 y 45 del Código Contencioso
Administrativo. Al efecto, el decreto reglamentario establecerá el
procedimiento que habrá de seguirse con audiencia del ocupante, o de quien se
pretenda dueño. Las autoridades de policía están en la obligación de prestar su
concurso para que la restitución se haga efectiva.
Para efectos del
principio de publicidad, la providencia que inicie las diligencias
administrativas de recuperación de baldíos indebidamente ocupados o apropiados,
será inscrita en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
correspondiente, si el predio se hallare inscrito, diligencia que tendrá
prelación. En caso contrario, el Instituto solicitará la apertura de un folio
de matrícula inmobiliaria y la inscripción de la respectiva providencia, como
medida cautelar. A partir de este registro, el procedimiento que se surta
tendrá efecto para los nuevos ocupantes. La solicitud, decreto y práctica de
pruebas se ceñirán a lo dispuesto en el correspondiente decreto reglamentario.
En este procedimiento, se practicará una diligencia de inspección ocular con
intervención de peritos, si así lo solicitan los interesados y sufragan los
gastos que demande la diligencia. En caso contrario, el Instituto dispondrá que
se efectúe con funcionarios expertos de la entidad.
Los peritos serán
dos (2), contratados por la Unidad de Tierras con personas naturales o
jurídicas que se encuentren legalmente autorizadas para ello. Los dictámenes se
rendirán con arreglo a los preceptos de esta ley y del decreto reglamentario.
La carga de la prueba corresponde a los particulares en el procedimiento de que
trata este artículo, así como en el proceso de revisión que se instaure ante el
Consejo de Estado.
Contra la resolución
de la Unidad de Tierras que decida de fondo el procedimiento de recuperación de
baldíos indebidamente ocupados o apropiados, sólo procede el recurso de
reposición en los términos del Código Contencioso Administrativo, dentro de los
cinco (5) días siguientes a la notificación, y la acción de revisión ante el
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, en única instancia,
conforme a lo establecido en el numeral 9 del artículo 128 del Código
Contencioso Administrativo. La demanda de revisión deberá presentarse dentro de
los quince (15) días siguientes a la fecha de ejecutoria del acto
administrativo correspondiente.
Parágrafo. En la
providencia que ordena la restitución se tomarán las determinaciones que
correspondan en relación con las mejoras. Si el ocupante o quien se pretenda
dueño puede considerarse como poseedor de buena fe, conforme a la presunción de
la ley civil, se procederá a la negociación o expropiación de las mejoras.
Artículo 164. La
Unidad Nacional de Tierras Rurales queda autorizada para constituir sobre los
terrenos baldíos cuya administración se le encomienda, reservas en favor de
entidades de derecho público para los siguientes fines:
a) La ejecución de
proyectos de alto interés para el desarrollo económico y social del país;
b) El
establecimiento de servicios públicos;
c) El desarrollo de
actividades que hayan sido declaradas por la ley como de utilidad pública e
interés social;
d) Las que tengan
por objeto prevenir asentamientos en zonas aledañas o adyacentes a aquellas
donde se adelanten exploraciones o explotaciones petroleras o mineras, por
razones de orden público o de salvaguarda de los intereses de la economía
nacional, por solicitud expresa del Ministerio del Interior y de Justicia.
Para la delimitación
de las áreas aledañas o adyacentes a las exploraciones o explotaciones
petroleras o mineras, y la comprobación de las circunstancias relacionadas con
el orden público y los intereses de la economía nacional, la Unidad deberá
obtener previamente la solicitud de las entidades públicas interesadas en la
constitución de la reserva y, además, la información pertinente del Ministerio
del Interior y de Justicia.
Las tierras baldías
sólo podrán reservarse a favor de las entidades públicas cuyo objeto esté
directamente relacionado con las actividades de exploración y explotación de
yacimientos petroleros o mineros, las cuales deberán adquirir mediante
negociación directa o expropiación, conforme a sus funciones o normas que les
fueren aplicables, las mejoras o derechos de los particulares establecidos con
anterioridad en las zonas aledañas o adyacentes delimitadas por la Unidad.
Artículo 165. La
Unidad Nacional de Tierras Rurales ejercerá, en lo relacionado con el
establecimiento de reservas sobre tierras baldías, o que fueren del dominio del
Estado, las funciones de constitución, regulación y sustracción que no hayan
sido expresamente atribuidas por la ley a otra autoridad. La función y
competencia respectiva se ejercerá de manera excluyente por el Director
Ejecutivo de dicha Unidad.
También podrá
sustraer de tal régimen, tierras que hubieren sido reservadas por otra entidad,
o la misma Unidad, si encontrare que ello conviene a los intereses de la
economía nacional. Las resoluciones que se dicten por la Unidad Nacional de
Tierras de conformidad con este artículo, requieren para su validez la
aprobación del Gobierno Nacional.
Artículo 166. Podrá
también La Unidad de Tierras, con la aprobación del Gobierno Nacional,
constituir reservas sobre tierras baldías, o que llegaren a tener ese carácter
por virtud de la reversión o la extinción del derecho de dominio, para
establecer en ellas un régimen particular de ocupación y de aprovechamiento
para el predio respectivo, en las cuales se aplicarán, de manera especial, las
normas de adjudicación de baldíos que expida el Gobierno Nacional. Las labores
de producción que se adelanten sobre las tierras reservadas con posterioridad a
la fecha en que adquieren esta calidad, no darán derecho al interesado para
obtener la adjudicación de la superficie correspondiente, sino cuando se hayan
realizado de conformidad con los reglamentos que dicte el Instituto.
Artículo 167. El
Banco Agrario y demás entidades financieras no podrán otorgar créditos a
ocupantes de terrenos baldíos que se encuentren dentro de las áreas que
conforman el Sistema de Parques Nacionales Naturales, o de reservas para
explotaciones petroleras o mineras, según lo dispuesto en el Código de Recursos
Naturales y de Protección del Medio Ambiente y los Códigos de Petróleos y de
Minas.
Artículo 168. La
Unidad Nacional de Tierras adelantará los procedimientos administrativos de
adjudicación de las tierras baldías de la Nación, cuando ejerza directamente
esa función. Para la identificación predial, tanto la Unidad de Tierras como
las demás entidades públicas competentes o a las que se delegue esta función,
podrán utilizar los planos elaborados por otros organismos públicos o por
particulares, cuando se ajusten a las normas técnicas establecidas por el
Gobierno Nacional.
Las tarifas máximas
que pueden cobrarse a los adjudicatarios de terrenos baldíos productivos por
los servicios de titulación serán señaladas por el Consejo Directivo del
Incoder.
CAPITULO V
Del
proceso judicial de expropiación
Artículo 169. Cuando
el propietario no acepte expresamente la oferta de compra, o cuando se
presumiere su rechazo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126 de la
presente ley, se entenderá agotado el procedimiento de negociación directa y se
adelantarán los trámites para la expropiación, de la siguiente manera:
1. La Unidad
Nacional de Tierras o cualquier Entidad Administrativa interesada en la
expropiación de un bien inmueble, mediante resolución motivada, ordenará
adelantar la expropiación del predio y de los demás derechos reales
constituidos sobre él. Esta resolución será notificada en la forma prevista por
los artículos 44 a 48 del Código Contencioso Administrativo.
Contra la providencia
que ordena la expropiación sólo procederá el recurso de reposición, el cual
deberá interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al
surtimiento de la notificación. Transcurrido un mes sin que la Unidad
Competente hubiere resuelto el recurso, o presentare demanda de expropiación,
se entenderá negada la reposición, quedará ejecutoriado el acto recurrido y, en
consecuencia, no será procedente pronunciamiento alguno sobre la materia objeto
del recurso.
Podrá impugnarse la
legalidad del acto que ordena adelantar la expropiación dentro del proceso que
se tramite con arreglo al procedimiento que la presente ley establece.
2. Ejecutoriada la
resolución de expropiación, dentro de los dos (2) meses siguientes la autoridad
administrativa interesada en la expropiación presentará la demanda
correspondiente ante el Tribunal Administrativo que ejerza jurisdicción en el
territorio donde se encuentra el inmueble. Si la entidad no presentare la
demanda dentro de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de la resolución
de expropiación, caducará la acción.
A la demanda deberán
acompañarse, además de los anexos previstos por la ley, la resolución de
expropiación y sus constancias de notificación, el avalúo comercial del predio
y copia auténtica de los documentos que acrediten haberse surtido el
procedimiento de negociación directa.
Cuando se demande la
expropiación de la porción de un predio, a la demanda deberá acompañarse la
descripción por sus linderos y cabida de la parte del inmueble que se pretende
expropiar, y un plano elaborado por el Instituto del globo de mayor extensión,
dentro del cual se precise la porción afectada por el decreto de expropiación.
En lo demás, la
demanda deberá reunir los requisitos establecidos en los artículos 75 a 79, 81
y 451 del Código de Procedimiento Civil.
3. En el auto
admisorío de la demanda el Tribunal decidirá definitivamente sobre la
competencia para conocer del proceso y si advierte que no es competente
rechazará in limine la demanda y ordenará la devolución de los anexos
sin necesidad de desglose.
Así mismo, al
momento de resolver sobre la admisión de la demanda el Tribunal examinará si
concurre alguna de las circunstancias de que tratan los numerales 6, 7 y 9 del
artículo 97 del Código de Procedimiento Civil, y si encontrare establecida
alguna, procederá de la manera siguiente:
a) En los eventos
previstos por los numerales 6 y 7 del artículo 97 del Código de Procedimiento
Civil, señalará las pruebas faltantes sobre la calidad del citado o citados, o
los defectos de que adolezca la demanda, para que la entidad demandante los
aporte o subsane, según sea el caso, en el término de cinco (5) días, y si no
lo hiciera la rechazará y ordenará la devolución de los anexos sin necesidad de
desglose;
b) En el caso
previsto por el numeral 9 del artículo 97 del Código de Procedimiento Civil, se
seguirá el procedimiento establecido por el artículo 83 del mismo Código, sin
perjuicio de aplicación al procedimiento de expropiación de lo dispuesto por el
artículo 401 del citado estatuto procesal.
Contra el auto
admisorío de la demanda o contra el que la inadmita o rechace procederá
únicamente el recurso de reposición.
4. La demanda se
notificará a los demandados determinados y conocidos por el procedimiento
previsto por el inciso 2° del artículo 452 del Código de Procedimiento Civil.
Para notificar a
terceros indeterminados que se crean con derecho sobre el bien objeto de la
expropiación, en el auto admisorío de la demanda se ordenará su emplazamiento
mediante edicto que se publicará por una sola vez en un diario de amplia
circulación en la región donde se encuentre el bien, para que comparezcan al
proceso a más tardar dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación,
transcurridos los cuales se entenderá surtido el emplazamiento de las personas
indeterminadas a las que se les designará curador ad lítem, quien ejercerá el
cargo hasta la terminación del proceso, siendo de forzosa aceptación.
El edicto deberá
expresar, además del hecho de la expropiación demandada por el Instituto, la
identificación del bien, el llamamiento de quienes se crean con derecho para
concurrir al proceso y el plazo para hacerlo. El edicto se fijará por el
término de cinco (5) días en un lugar visible de la Secretaría del mismo
Tribunal.
Las personas que
concurran al proceso en virtud del emplazamiento podrán proponer los incidentes
de excepción previa e impugnación de que trata la presente ley, dentro de los
diez (10) días siguientes a la fecha en que aquel quede surtido. Las que se
presenten posteriormente tomarán el proceso en el estado en que lo encuentren.
De la demanda se
dará traslado al demandado por diez (10) días para que proponga los incidentes
de excepción previa e impugnación de que trata la presente ley.
5. Sin perjuicio de
la impugnación de que trata el numeral 8 del presente artículo, en el proceso
de expropiación no será admisible ninguna excepción perentoria o previa, salvo
la de inexistencia, incapacidad o indebida representación del demandante o del
demandado, la cual deberá proponerse por escrito separado dentro del término
del traslado de la demanda y se tramitará como incidente, conforme al procedimiento
establecido por los artículos 135 a 139 del Código de Procedimiento Civil,
salvo que el Instituto al reformar la demanda, subsane el defecto, en cuyo caso
el Tribunal mediante auto dará por terminado el incidente y ordenará proseguir
el proceso sin lugar a nuevo traslado.
No podrán ser
alegadas como causal de nulidad las circunstancias de que tratan los numerales
1, 2, 6, 7 y 9 del artículo 97 del Código de Procedimiento Civil, si el
demandado no hubiere interpuesto contra el auto admisorío de la demanda recurso
de reposición, en que hubiere alegado la concurrencia de alguna de ellas.
Tampoco podrán alegarse como causal de nulidad los hechos que constituyen las
excepciones previas a que se refieren los numerales 4 y 5 del artículo 97 del
mismo Código, si no hubiere sido propuesta en la oportunidad de que trata el
inciso precedente. En todo caso, el Tribunal antes de dictar sentencia deberá
subsanar todos los vicios que advierta en el respectivo proceso para precaver
cualquier nulidad y evitar que el proceso concluya con sentencia inhibitoria.
En caso de que
prospere el recurso de reposición interpuesto por el demandado contra el auto
admisorío de la demanda, respecto a lo resuelto sobre las circunstancias de que
tratan los numerales 6, 7 y 9 del artículo 97 del Código de Procedimiento
Civil, el Tribunal declarará inadmisible la demanda y procederá como se indica
en el inciso 2° del numeral 8 del presente artículo, y si el Instituto subsana
los defectos dentro del término previsto, la admitirá mediante auto que no es
susceptible de ningún recurso sin que haya lugar a nuevo traslado; en caso
contrario la rechazará.
6. Si el demandado
se allanare a la expropiación dentro del término del traslado de la demanda, el
Tribunal dictará de plano sentencia, en la que decretará la expropiación del
inmueble sin condenar en costas al demandado.
7. La autoridad
administrativa, por razones de apremio y urgencia tendientes a asegurar la
satisfacción y prevalencia del interés público o social, podrá solicitar al
Tribunal que en el auto admisorío de la demanda se ordene la entrega anticipada
al Instituto del inmueble cuya expropiación se demanda, si acreditare haber
consignado a órdenes del respectivo Tribunal, en el Banco Agrario, una suma
equivalente al 30% del avalúo comercial en bonos agrarios practicado en la
etapa de negociación directa, y acompañar al escrito de la demanda los títulos
de garantía del pago del saldo del valor del bien, conforme al mismo avalúo.
Cuando se trate de
un predio cuyo valor no exceda de quinientos (500) salarios mínimos mensuales,
el Instituto deberá acreditar la consignación a órdenes del Tribunal de una
suma equivalente al 100% del valor del bien, conforme al avalúo practicado en
la etapa de negociación directa.
Dentro del término
del traslado de la demanda, el demandado podrá solicitar la fijación de los
plazos de que trata el inciso 2° del numeral 14 del presente artículo, a menos
que el Instituto lo haya hecho en la demanda.
8. Dentro del
término del traslado de la demanda y mediante incidente que se tramitará en la
forma indicada por el Capítulo I del Título II del Libro Segundo del Código de
Procedimiento Civil, podrá el demandado oponerse a la expropiación e impugnar
la legalidad, invocando contra la resolución que la decretó la acción de
nulidad establecida por el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo.
El escrito que proponga el incidente deberá contener la expresión de lo que se
impugna, los hechos u omisiones que sirvan de fundamento a la impugnación, la
indicación de las normas violadas y la explicación clara y precisa del concepto
de su violación.
Los vicios de forma
del acto impugnado no serán alegables como causales de nulidad si no se
hubieren invocado en el recurso de reposición interpuesto contra la resolución
de expropiación en la vía gubernativa.
No será admisible y
el Tribunal rechazará el plano, la impugnación o el control de legalidad, de
las razones de conveniencia y oportunidad de la expropiación.
9. En el incidente
de impugnación el Tribunal rechazará in limine toda prueba que no
tienda, directa o inequívocamente, a demostrar la nulidad de la resolución que
decretó la expropiación, por violación de la legalidad objetiva.
El término
probatorio será de diez (10) días, si hubiere pruebas que practicar que no
hayan sido aportadas con el escrito de impugnación; únicamente podrá ser
prorrogado por diez (10) días más para la práctica de pruebas decretadas de
oficio.
Las pruebas que se
practiquen mediante comisionado, tendrán prioridad sobre cualquier otra
diligencia. El juez comisionado que dilatare la práctica de una prueba en un
juicio de expropiación incurrirá en causal de mala conducta que será sancionada
con la destitución.
10. Vencido el
término probatorio, se ordenará dar un traslado común por tres (3) días a las
partes para que formulen sus alegatos por escrito, al término del cual el
proceso entrará al despacho para sentencia.
Si no hubiere
pruebas que practicar, el traslado para alegar será de tres (3) días, en cuyo
caso el magistrado sustanciador dispondrá de diez (10) días, contados a partir
del vencimiento del traslado para registrar el proyecto de sentencia.
11. El proyecto de
sentencia que decida la impugnación deberá ser registrado dentro de los diez
(10) días siguientes al vencimiento del término de que dispongan las partes
para alegar. Precluido el término para registrar el proyecto sin que el
Magistrado Sustanciador lo hubiere hecho, y sin perjuicio de las sanciones
disciplinarias a que hubiere lugar, el proceso pasará al magistrado siguiente
para que en el término de cinco (5) días registre el proyecto de sentencia.
12. Registrado el
proyecto de sentencia, el Tribunal dispondrá de veinte (20) días para decidir
sobre la legalidad del acto impugnado y dictará sentencia.
En caso de que la
impugnación sea decidida favorablemente al impugnante, el Tribunal dictará
sentencia en la que declarará la nulidad del acto administrativo expropiatorio,
se abstendrá de decidir sobre la expropiación y ordenará la devolución y
desglose de todos los documentos del Instituto para que dentro de los veinte
(20) días siguientes, reinicie la actuación a partir de la ocurrencia de los
hechos o circunstancias que hubieren viciado la legalidad del acto
administrativo que decretó la expropiación, si ello fuere posible.
El Tribunal, al
momento de resolver el incidente de impugnación, deberá decidir simultáneamente
sobre las excepciones previas de que tratan los numerales 4 y 5 del artículo 97
del Código de Procedimiento Civil, si hubieren sido propuestas. Precluida la
oportunidad para intentar los incidentes de excepción previa e impugnación sin
que el demandado hubiere propuesto alguno de ellos, o mediare su rechazo, o
hubiere vencido el término para decidir, el Tribunal dictará sentencia, y si
ordena la expropiación, decretará el avalúo del predio y procederá conforme a
lo dispuesto por el artículo 454 del Código de Procedimiento Civil.
La sentencia que
ordene la expropiación, una vez en firme producirá efectos “erga omnes”
y el Tribunal ordenará su protocolización en una notaría y su inscripción en el
competente registro. Constituirá causal de mala conducta del Magistrado
Sustanciador, o de los magistrados del Tribunal y del Consejo de Estado, según
sea el caso, que será sancionada con la destitución, la inobservancia de los
términos preclusivos establecidos por la presente ley para surtir y decidir los
incidentes y para dictar sentencia, y para decidir la apelación que contra esta
se interponga.
Para que puedan
cumplirse los términos establecidos por la presente ley en los procesos de
expropiación y de extinción del dominio de tierras incultas, los procesos
respectivos se tramitarán con preferencia absoluta sobre cualquier otro proceso
contencioso administrativo que esté en conocimiento de los jueces o
magistrados, de modo que no pueda argüirse por parte de estos, para justificar
la mora en proferir las providencias correspondientes, la congestión en sus
despachos judiciales.
13. Las providencias
del proceso de expropiación son únicamente susceptibles del recurso de
reposición, con excepción de la sentencia, del auto que deniegue la apertura a
prueba o la práctica de alguna que haya sido pedida oportunamente y del auto
que resuelva la liquidación de condenas, que serán apelables ante el Consejo de
Estado, sin perjuicio de la consulta de que trata el artículo 184 del Código de
lo Contencioso Administrativo.
La sentencia que
deniegue la expropiación o se abstenga de decretarla es apelable en el efecto
suspensivo; la que la decrete, en el devolutivo.
El auto que resuelva
la liquidación de condenas será apelable en el efecto diferido pero el
recurrente no podrá pedir que se le conceda en el efecto devolutivo. El que
deniegue la apertura a prueba de la práctica de alguna que haya sido pedida
oportunamente será apelable en el efecto devolutivo.
Contra la sentencia
que decida el proceso de expropiación, no procederá el recurso extraordinario
de revisión.
14. En la sentencia
que resuelva el incidente de impugnación desfavorablemente a las pretensiones
del impugnante, invocadas contra la legalidad del acto administrativo
expropiatorio, se ordenará la entrega anticipada del inmueble al Instituto
cuando el Instituto lo haya solicitado y acredite haber consignado a órdenes
del respectivo Tribunal, en el Banco Agrario, una suma igual al último avalúo
catastral del inmueble más un 50% o haya constituido póliza de compañía de
seguros por el mismo valor, para garantizar el pago de la indemnización. No
serán admisibles oposiciones a la entrega anticipada del inmueble por parte del
demandado. Las oposiciones de terceros se regirán por lo dispuesto en el
numeral 3 del artículo 456 del Código de Procedimiento Civil.
El Tribunal podrá, a
solicitud del Instituto o del demandado, o de tenedores o poseedores que
sumariamente acreditaren su derecho al momento de la diligencia de entrega
material del bien, fijar a estos últimos, por una sola vez, plazos para la
recolección de las cosechas pendientes y el traslado de maquinarias, bienes
muebles y semovientes que se hallaren en el fundo, sin perjuicio de que la
diligencia de entrega anticipada se realice.
15. Los peritos que
intervengan en el proceso de expropiación serán dos (2), designados dentro de
la lista de expertos avaluadores de propiedad inmobiliaria, elaborada por el
respectivo Tribunal, cuyos integrantes hayan acreditado, para su inscripción en
la lista de auxiliares de la justicia, tener titulo profesional de ingeniero
civil, catastral, agrólogo o geodesta y contar cuando menos con cinco (5) años
de experiencia en la realización de avalúos de bienes inmuebles rurales.
Los peritos
estimarán el valor de la cosa expropiada, con especificación discriminada del
valor de la tierra y de las mejoras introducidas en el predio, y separadamente
determinarán la parte de la indemnización que corresponda a favor de los
distintos interesados, de manera que con cargo al valor del bien expropiado,
sean indemnizados en la proporción que les corresponda los titulares de
derechos reales, tenedores y poseedores a quienes conforme a la ley les asista
el derecho a una compensación remuneratoria por razón de la expropiación.
En lo no previsto se
aplicarán para el avalúo y la entrega de los bienes las reglas del artículo 456
del Código de Procedimiento Civil.
16. Para determinar
el monto de la indemnización el Tribunal tendrá en cuenta el valor de los
bienes expropiados como equivalente a la compensación remuneratoria del
demandado por todo concepto.
17. Si el Tribunal
negare la expropiación, o el Consejo de Estado revocare la sentencia que la
decretó, se ordenará poner de nuevo al demandado en posesión o tenencia de los
bienes, si esto fuere posible, cuando se hubiere efectuado entrega anticipada
de los mismos, y condenará al Instituto a pagar todos los perjuicios causados,
incluido el valor de las obras necesarias para restituir las cosas al estado
que tenían en el momento de la entrega, descontando el valor de las mejoras
necesarias introducidas con posterioridad.
En caso de que la
restitución de los bienes no fuere posible, el Tribunal declarará al Instituto
incurso en “vía de hecho” y lo condenará in genere a la reparación de
todos los perjuicios causados al demandado, incluidos el daño emergente y el
lucro cesante, calculados desde la fecha en que se hubiere efectuado la entrega
anticipada del bien, ordenará entregar al demandado la caución y los títulos de
garantía que el Instituto hubiere presentado para pedir la medida de entrega
anticipada. La liquidación de los perjuicios de que trata el presente numeral
se llevará a cabo ante el mismo Tribunal que conoció del proceso, conforme al
procedimiento previsto por el Capítulo II del Título XIV del Libro II del
Código de Procedimiento Civil, y se pagarán según lo establecido por los
artículos 170 a 179 del Código Contencioso Administrativo.
Los beneficiarios de
reforma agraria que hayan recibido tierras entregadas por la autoridad
administrativa expropiante, cuya tradición a favor del Instituto no pudiere
perfeccionarse, se tendrán como poseedores de buena fe sobre las parcelas que
hayan recibido y podrán adquirir el dominio de las mismas, sin consideración a
su extensión superficiaria, acogiéndose a los procedimientos previstos en el
Decreto 508 de 1974, tras haber ejercido la posesión durante cinco (5) años en
los términos y condiciones previstos por el artículo 136 de la presente ley.
18. En los aspectos
no contemplados en la presente ley, el trámite del proceso de expropiación se
adelantará conforme a lo dispuesto por el Título XXIV del Libro III y demás
normas del Código de Procedimiento Civil; en lo no previsto en dichas
disposiciones se aplicarán las normas del Código Contencioso Administrativo, en
cuanto fueren compatibles con el procedimiento aplicable.
T I T U L O
VIII
DEL MINISTERIO
PUBLICO AGRARIO
CAPITULO I
Procuraduría
Delegada y Procuradores Judiciales
Artículo 170. El
Ministerio Público Agrario será ejercido por el Procurador General de la
Nación, a través del Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y
30 Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios, los cuales serán asignados
en los Departamentos en la forma que este señale. Dos de los Procuradores
Agrarios designados tendrán competencia en todo el territorio nacional.
Artículo 171. Sin
perjuicio de lo dispuesto en las leyes que establezcan las funciones y
estructura general de la Procuraduría General de la Nación y la norma que crea
y organiza la jurisdicción agraria, el Procurador Delegado para Asuntos
Ambientales y Agrarios, los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios
ejercerán en lo relacionado con la presente legislación agraria las siguientes
funciones:
1. Velar por el
estricto cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 64, 65, 66 y 277 de la
Constitución Política, las leyes, decretos, actos administrativos y demás
actuaciones relacionadas con las actividades agrarias y desarrollo rural
campesino.
2. Tomar parte como
agentes del Ministerio Público en los procesos judiciales agrarios que se
ventilen ante la Jurisdicción Ordinaria y Contencioso Administrativo.
Igualmente será ejercido el Ministerio Público en los procedimientos de
carácter administrativo agrario que se adelanten ante las distintas entidades
administrativas y de Policía relacionado con asuntos agrarios.
3. Intervenir como
Ministerio Público en los procedimientos agrarios relativos a la compra, venta
y cualquier otra forma de disposición de tierras, de manera voluntaria entre
campesinos y propietarios, administración y disposición de tierras baldías de la
Nación, la clarificación de la propiedad, la delimitación de las tierras
nacionales y el deslinde de los territorios indígenas y las comunidades negras,
la recuperación de baldíos, la extinción del derecho de dominio y en los
asuntos relacionados con los programas de adecuación de tierras, desarrollo de
proyectos productivos, pesca y acuicultura, zonas de colonización y desarrollo
empresarial, en los términos previstos en la Constitución Política, en esta
ley, en las normas que regulan su estructura y organización, así como las que
regulan las competencias, funcionamiento y demás disposiciones pertinentes.
4. Solicitar al
Incoder, la Unidad Nacional de Tierras Rurales, la Oficina Presidencial de
Acción Social, a la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y de
Justicia o a las demás entidades que se adelanten las acciones encaminadas a
recuperar las tierras de la nación indebidamente ocupadas o apropiadas, la
reversión de los baldíos, la declaratoria de extinción derecho de dominio
privado de que trata esta ley.
5. Informar al
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural y a las demás entidades concernidas,
sobre las deficiencias que se presenten en la ejecución de la presente ley.
6. Procurar la
eficaz actuación de los organismos y entidades que integran el Sistema Nacional
de Desarrollo Rural conforme a lo dispuesto en esta ley.
7. El Ministerio
Público podrá adelantar todas las actuaciones que consideren necesarias en sede
administrativa o judicial, en defensa del orden jurídico, del patrimonio
público y de las garantías fundamentales.
Parágrafo. Los
Procuradores judiciales Ambientales y Agrarios en aquellos casos que por
razones de orden público y dificultades en el desplazamiento no puedan ejercer
el Ministerio Público en los procesos agrarios de carácter administrativo o
judicial de la totalidad de los municipios que comprenden su jurisdicción, una
vez recibida la comunicación de inicio del respectivo proceso de parte del Juez
o de la respectiva autoridad administrativa correspondiente, deberá informar
mediante oficio al personero municipal para que ejerza dicho Ministerio Público
en tales procesos agrarios. En cualquier momento el Procurador Judicial
Ambiental y Agrario podrá asumir la intervención en aquellos casos que
considere necesario.
T I T U L O
IX
DISPOSICIONES
FINALES
Artículo 172.
Quienes hubieren adquirido del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria,
Incora en liquidación, o del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder,
unidades agrícolas familiares con anterioridad a la vigencia de la presente
ley, o en todo caso sujetas a las disposiciones establecidas en la Ley 135 de
1961, o al régimen de transición previsto en la Ley 160 de 1994 continuarán sometidos
hasta la culminación del plazo respectivo al régimen de la propiedad parcelaria
que se expresa a continuación:
1. Por el solo hecho
de la adjudicación, se obligan a sujetarse a las reglamentaciones existentes
sobre uso y protección de los recursos naturales renovables, así como a las
disposiciones sobre caminos y servidumbres de tránsito y de aguas que al efecto
hubiere dictado el Instituto.
2. Hasta cuando se
cumpla un plazo de diez (10) años contados desde la primera adjudicación que se
hizo sobre la respectiva parcela, no podrán transferir el derecho de dominio
sino a campesinos de escasos recursos sin tierra, o a minifundistas, o a
entidades de derecho público para la construcción de obras públicas o con
destino al establecimiento de un servicio público, y en tal caso el
adjudicatario deberá solicitar autorización expresa del Incoder para enajenar la
Unidad Agrícola Familiar.
El Instituto dispone
de un plazo de tres (3) meses contados a partir de la recepción de la petición
para expedir la autorización correspondiente, transcurridos los cuales, si no
se pronunciare, se entenderá que consiente en la propuesta del adjudicatario. Sin
perjuicio de la declaratoria de caducidad de la adjudicación, serán
absolutamente nulos los actos o contratos que se celebren en contravención de
lo aquí dispuesto y no podrán los Notarios y Registradores autorizar e
inscribir escrituras públicas en las que no se protocolice la autorización del
Instituto, o la solicitud de autorización al Incoder, junto con la declaración
juramentada del adjudicatario, de no haberle sido notificada una decisión
dentro del término previsto, cuando haya mediado silencio administrativo
positivo.
3. Quienes hayan
adquirido el dominio sobre una parcela cuya primera adjudicación se hubiere
efectuado en un lapso superior a diez (10) años antes de la promulgación de
esta ley, quedarán en total libertad para disponer de la parcela.
4. En los casos de
enajenación de la propiedad sobre una Unidad Agrícola Familiar, el adquirente
se subrogará en todas las obligaciones contraídas por el enajenante a favor del
Instituto. Cuando el Incoder deba readjudicar una parcela, la transferencia del
dominio se hará directamente en favor de los campesinos que reúnan las
condiciones señaladas por el Consejo Directivo en la forma y modalidades
establecidas para la adquisición con el subsidio para compra de tierras. Si
dentro de los campesinos inscritos hubiere mujeres jefes de hogar, se les dará
prioridad en la adjudicación de la Unidad Agrícola Familiar.
5. Las
adjudicaciones que se hubieren efectuado hasta la fecha de promulgación de esta
ley seguirán sometidas a las causales de caducidad por incumplimiento por parte
de los adjudicatarios, de las disposiciones contenidas en los reglamentos
entonces vigentes y en las cláusulas contenidas en la resolución de
adjudicación.
La declaratoria de
caducidad dará derecho al Instituto para exigir la entrega de la parcela,
aplicando para tal efecto las normas que sobre prestaciones mutuas se hayan
establecido en el reglamento respectivo. Contra la resolución que declare la
caducidad sólo procede el recurso de reposición. Ejecutoriada esta y efectuado
el pago, consignación o aseguramiento del valor que corresponda reconocer al
ocupante, si no se allanare a la devolución de la parcela al Instituto dentro
del término que este hubiere señalado, solicitará el concurso de las
autoridades de policía, dentro del mes siguiente a la ejecutoria de la
providencia, para que la restitución del inmueble se haga efectiva. Para tal
efecto, el Incoder le bastará presentar copia auténtica de la resolución declaratoria
de la caducidad, con sus constancias de notificación y ejecutoria y las pruebas
del pago, consignación o aseguramiento del valor respectivo.
6. En caso de
fallecimiento del adjudicatario que no hubiere cancelado al Instituto la
totalidad del precio de adquisición, el juez que conozca del proceso de
sucesión adjudicará en común y proindiviso el dominio sobre el inmueble a los
herederos, cónyuge supérstite, compañero o compañera permanente que tenga
derecho conforme a la ley. Para todos los efectos se considera que la Unidad
Agrícola Familiar es una especie que no admite división material y serán nulos
los actos que contravengan esta previsión. En todo caso los comuneros no podrán
ceder sus derechos sin autorización del Incoder, con arreglo al procedimiento
establecido en esta ley.
7. En ningún caso un
solo titular, por sí o interpuesta persona, podrá ejercer el dominio, posesión
o tenencia, a ningún título, de más de una (1) Unidad Agrícola Familiar. La
violación de esta prohibición constituye causal de caducidad, o motivo para
declarar cumplida la condición resolutoria, según el caso, y exigir la
devolución del subsidio correspondiente.
8. Quien transfiera
a cualquier título la propiedad de una parcela no podrá solicitar nueva
adjudicación, ni ser beneficiario de otros programas de dotación de tierras de
la reforma agraria. Se presume poseedor de mala fe a quien adquiera a cualquier
título una Unidad Agrícola Familiar sin el lleno de los requisitos exigidos en
esta ley y, en consecuencia, no habrá reconocimiento de las mejoras que hubiere
introducido.
9. En los juicios
ejecutivos o de venta que se sigan contra quienes hubieren adquirido el dominio
de una Unidad Agrícola Familiar mediante cualquiera de los procedimientos
establecidos en la legislación agraria, el Incoder tendrá derecho a que se le
adjudique la parcela al precio que señale el avalúo pericial. Si el Instituto
desistiere, en todo caso el inmueble adjudicado a otra persona quedará sometido
al régimen de la propiedad parcelaria durante el término que faltare para el
cumplimiento de los diez (10) años establecido en el artículo anterior.
10. Para todos los
efectos previstos en esta ley, se entiende por jefe de hogar al hombre o mujer
pobre que carezca de tierra propia o suficiente, de quien dependan una o varias
personas unidas a él por vínculos de sangre, de afinidad o de parentesco civil.
11. Empresa
comunitaria es la forma asociativa por la cual un número plural de personas que
reúnan las condiciones para ser beneficiarias de los programas de reforma
agraria, estipulan aportar su trabajo, industria, servicios u otros bienes en
común, con el fin de desarrollar actividades como la producción económica de
uno o varios predios rurales, la transformación, comercialización, mercadeo de
productos agropecuarios y la prestación de servicios, para repartir entre sí
las pérdidas o ganancias que resultaren en forma proporcional a sus aportes. En
las empresas comunitarias se entiende que el trabajo de producción económica
será ejecutado por sus socios. Cuando las necesidades de producción lo exijan,
las empresas comunitarias podrán contratar los servicios que sean necesarios.
Las empresas comunitarias tienen como objetivo la promoción social, económica y
cultural de sus asociados, y en consecuencia, gozarán de los beneficios y
prerrogativas que la ley reconoce a las entidades de utilidad común y quedarán
exentas de los impuestos de renta y complementarios establecidos por la ley.
Corresponde al
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural el reconocimiento de la personería
jurídica de las empresas comunitarias, previo el cumplimiento de los requisitos
legales y reglamentarios, y su régimen será el establecido en el Decreto
Extraordinario 561 de 1989 y demás normas que lo reformen o adicionen.
12. Con el objeto de
racionalizar la prestación de los servicios relacionados con el desarrollo
rural, el Incoder promoverá, con la colaboración de los organismos
correspondientes del Sistema Nacional de Desarrollo Rural, la conformación y
financiación de Entidades de Economía Solidaria, especializadas, multiactivas o
integrales, cuyos asociados pueden ser adjudicatarios de tierras, cuyo objeto
preferencial será la producción, comercialización y transformación de productos
agropecuarios, forestales y/o pesqueros, o agroindustriales y además la
obtención de créditos, la prestación de asistencia técnica y servicios de
maquinaria agraria, el suministro de semillas e insumos agropecuarios y otros
servicios requeridos para incrementar la producción y mejorar la productividad
en el sector rural.
Artículo 173. Todas
las adjudicaciones de tierras que haga el Gobierno Nacional se efectuarán
mediante resolución administrativa que, una vez inscrita en la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos del círculo respectivo, constituirá título
suficiente de dominio y prueba de la propiedad. La acción de dominio sobre los
predios rurales adquiridos directamente por el Gobierno Nacional para los fines
de esta ley, sólo tendrá lugar contra las personas de quienes los hubiere
adquirido el Instituto o los campesinos, para la restitución de lo que
recibieron por ellos, de conformidad con el artículo 955 del Código Civil.
Artículo 174. La
Unidad Forestal de que trata el artículo 9° de la Ley 1021 de 2006 por la cual
se expide la Ley General Forestal, para el sector agropecuario, quedará ubicada
únicamente en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
Artículo 175.
Modifíquese el artículo 3° de la Ley 301 de 1996, el cual quedará así:
“Artículo 3°. Integración.
El Consejo Nacional Agropecuario y Agroindustrial estará integrado por:
1. El Presidente de la
República o su delegado, quien lo presidirá. Únicamente podrá actuar como
delegado el Ministro de Agricultura.
2. El Ministro de
Agricultura y Desarrollo Rural.
3. El Ministro de
Hacienda y Crédito Público.
4. El Ministro del
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
5. El Ministro de
Minas y Energía.
6. El Ministro de
Comercio, Industria y Turismo.
7. El Ministro de la
Protección Social.
8. El Director
Nacional de Planeación.
9. El Presidente del
Banco Agrario.
10. El Presidente de
Finagro.
11. El Gerente
General del Incoder.
12. Un Representante
de las Organizaciones Campesinas, elegido de acuerdo con el reglamento que
determine el Gobierno Nacional.
13. Un representante
de las Comunidades Negras.
14. Un representante
de la SAC.
15. Un representante
de la Andi.
16. El Presidente de
la Federación Nacional de Departamentos.
17. El Presidente de
la Federación Nacional de Municipios.
18. El Presidente
del Consejo Nacional de Secretarios de Agricultura.
19. El Ministerio de
Educación Nacional.
20. Una delegada de
las Organizaciones de Mujeres Campesinas.
Parágrafo 1°. La asistencia al Consejo Nacional
Agropecuario y Agroindustrial es indelegable, excepto para la Presidencia de la
República.
Parágrafo 2°. Los integrantes del Consejo harán sus
recomendaciones con base en criterios de democracia, igualdad, justicia,
equidad, solidaridad, eficiencia y eficacia”.
Artículo 176.
Modifíquese el artículo 3° de la Ley 301 de 1996, el cual quedará así:
“Artículo 6°. Periodicidad
de las reuniones. El Consejo Nacional Agropecuario y Agroindustrial,
sesionará al menos dos (2) veces al año. También lo hará de modo extraordinario
cuando las circunstancias lo ameriten, por convocatoria de su Presidencia o de
cuatro (4) de sus integrantes”.
Artículo 177. El
Gobierno Nacional diseñará e implementará un esquema financiero y operativo que
posibilite la vinculación de los trabajadores informales del sector primario a
los sistemas generales de pensiones y de riesgos profesionales.
Artículo 178. La
presente ley rige a partir de la fecha de su publicación, deroga los artículos 11
a 25 de la Ley 13 de 1991, los artículos 48 a 54 y 99 de la Ley 101 de 1993 y
las Leyes 160 de 1994; 41 de 1993, 4a
de 1973; 200 de 1936, salvo los artículos 20, 21, 22 y 23, con las
modificaciones efectuadas por la Ley 100 de 1944; el artículo 5° de la Ley 301
de 1996, el Decreto-ley 1300 de 2003 con excepción de los artículos 1° y 8°, y
las demás disposiciones que le sean contrarias.
La Presidenta del
honorable Senado de la República,
Dilian
Francisca Toro Torres.
El Secretario
General del honorable Senado de la República,
Emilio Ramón
Otero Dajud.
El Presidente de la
honorable Cámara de Representantes,
Alfredo Ape
Cuello Baute.
El Secretario
General de la honorable Cámara de Representantes,
Angelino
Lizcano Rivera.
REPUBLICA DE
COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y
ejecútese.
Dada en Bogotá, D.
C., a 25 de julio de 2007.
ÁLVARO URIBE
VÉLEZ
El Ministro de
Hacienda y Crédito Público,
Oscar Iván
Zuluaga Escobar.
El Ministro de
Agricultura y Desarrollo Rural,
Andrés Felipe
Arias Leiva.
[1]“por medio de la cual se expide el Estatuto
de Desarrollo Rural, se reforma el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural,
Incoder, y se dictan otras disposiciones”.
[2]“por el cual se reglamentan los artículos 64, 65 y 66
de la Constitución Política”.
[3] “Sentencia C- 037 de 1996”.
[4]
“Sentencia C-397 de 1995. En el mismo sentido, en la sentencia C-489 de
2000, se dijo que ‘el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, tal como lo
ha reiterado la Corte, no sólo se presenta cuando existe una decisión anterior
del juez constitucional en relación con la misma norma que nuevamente es objeto
de demanda, sino también cuando dicha decisión recae sobre una disposición
distinta pero que es literalmente igual o cuyo contenido normativo es
idéntico’.”
[5]
“Sentencia C-153 de 2002.”
[6] “Ver Sentencia C-337-07.”