T-118-07
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
T-118/07
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia excepcional/ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Causales genéricas de procedibilidad
EMPLEADOS AL SERVICIO DEL INPEC-Régimen
especial
CORTE CONSTITUCIONAL-Jurisprudencia
relativa a la desvinculación de empleados del INPEC
Tanto de la jurisprudencia sentada por la Corte en sede de
constitucionalidad, como de aquella otra vertida con ocasión de la acción de
tutela que se acaba de reseñar, se tiene que esta Corporación ha entendido que,
debido a la naturaleza peculiar de la función que le corresponde cumplir al
INPEC, es constitucionalmente aceptable reconocer un margen razonable de
flexibilidad al Director General de esta institución para remover de su cargo a
los subalternos en cualquier tiempo, cuando su permanencia en la Institución se
llegue a considerar inconveniente. No obstante, lo anterior no exime a dicho
funcionario justificar las razones del retiro, ni de adelantar un procedimiento
dentro del cual el servidor público pueda contradecir dichas razones.
Adicionalmente, conforme a la ley, la Junta de Asesores de Carrera
Penitenciaria debe evaluar previamente tales razones del retiro.
CORTE CONSTITUCIONAL-Jurisprudencia
relativa a la desvinculación de personal de carrera administrativa del sector
de defensa o de entidades de seguridad del Estado
Como
conclusión puede afirmarse que esta Corporación ha mantenido una doctrina
sostenida, que se orienta a avalar una flexibilización del régimen de carrera
los servidores públicos que desarrollan labores relacionadas directamente con
la seguridad del Estado o la seguridad ciudadana. En todo caso, para la
desvinculación de estos funcionarios la Corte ha establecido que se debe
cumplir con las condiciones señaladas en las normas legales para la declaración
de insubsistencia.
CONSEJO DE ESTADO-No interpretó
erróneamente el precedente de la sentencia C-108 de 1995
Para la Sala, la interpretación de la Sentencia C-108 de 1995  hecha
por el Consejo de Estado no es errónea; en tal virtud, no estima que se haya
configurado una causal de procedibilidad de la acción de tutela por
desconocimiento del precedente jurisprudencial recogido en dicho fallo, en el
cual la Corte Constitucional estableció, con efectos erga omnes, el alcance del
derecho fundamental al debido proceso de los funcionarios de carrera
penitenciaria cuando son objeto de retiro del servicio por razones de
inconveniencia.
DESVINCULACION EMPLEADOS DEL INPEC-Conocimiento
de los motivos del retiro y oportunidad para ejercer el derecho de defensa/DIRECTOR
DEL INPEC-Facultad discrecional  para retirar del servicio a su personal no
es absoluta
La Sala entiende que para poder ejercer el derecho de defensa, aun
dentro de las consideraciones de flexibilidad que se indican en la Sentencia
C-108 de 1995, es menester que el funcionario que va a ser desvinculado conozca
los motivos por los cuales va a ser retirado del servicio, y tenga una
oportunidad real de ejercer respecto de ellos el derecho de defensa. Obviamente,
sin ese conocimiento sobre los motivos mal puede oponerse a la decisión
administrativa, ejerciendo su derecho de defensa. Ahora bien, en el presente
caso, del material probatorio obrante en el expediente del proceso contencioso
administrativo emergía con toda nitidez que el servidor desvinculado conocía
tales motivos. De manera particular, el Acta de la reunión de la Junta Asesora
de la Carrera Penitenciaria dentro de la cual se dio oportunidad al dragoneante
para presentar sus descargos, y los testimonios recogidos dentro del proceso de
nulidad, demuestran fehacientemente que el funcionario retirado conocía
perfectamente los motivos que daban lugar a su retiro por inconveniencia,
relativos a la fuga masiva que se presentó pocos días antes de la desvinculación
del servicio, cuando el actor prestaba el servicio de vigilancia. Tales motivos
no sólo deben existir, sino que tienen que estar relacionados con la correcta
prestación de la función pública, y ser de suficiente relevancia para
justificar la decisión de retiro. Lo contrario sería admitir la existencia de
facultades discrecionales absolutas en cabeza del Director del INPEC, que lo
autorizaran para retirar del servicio al personal de carrera sin existencia de
razón justificativa alguna. Esta posibilidad de discrecionalidad absoluta o
capricho del funcionario ha sido rechazada sistemáticamente por esta
Corporación, incluso cuando se trata de desvinculación de servidores públicos
de libre nombramiento y remoción.
DEBIDO PROCESO-No se vulneró porque el
actor conocía los motivos de la desvinculación y tuvo oportunidad de defenderse
En la
presente oportunidad, la Sala detecta que aunque en el acto administrativo de
desvinculación tampoco se hace mención expresa de los motivos que llevaron a la
decisión, de las circunstancias y el contexto en que se produjo el retiro era
claro que ellos eran claramente conocidos por el servidor desvinculado, y que
él tuvo oportunidad real de defenderse ante la Junta, en relación concreta con
los motivos que originaron la desvinculación. Para la Sala no queda duda de que
en la presente oportunidad la desvinculación del servicio respetó el derecho al
debido proceso del servidor del INPEC aquí demandante.
Referencia: expediente T-1450847
Peticionario: Barreto Tao Martín Emilio
Procedencia: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Quinta.
Magistrado Ponente:
Dr. MARCO GERARDO MONROY CABRA
Bogotá, D.C.
veintidós (22) de febrero de dos mil siete (2007).
La Sala Quinta de la Corte Constitucional, integrada por los
Magistrados Humberto Sierra Porto, Nilson Pinilla Pinilla y Marco Gerardo
Monroy Cabra, quien la preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de la Sentencia
proferida el día 31 de agosto de 2006 por el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Quinta, dentro del proceso de tutela
incoado por el señor Martín Emilio Barreto Tao.
I.
ANTECEDENTES
De acuerdo con
lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto
2591 de 1991, la Sala de Selección Número Once de la Corte Constitucional
escogió, para efectos de su revisión, la acción de tutela de la referencia.
Por existir
relación de conexidad material, la misma Sala decidió acumular el presente
expediente al distinguido con el número T-1450897.
No obstante lo
anterior, al verificar el trámite procesal de instancia surtido dentro del
presente proceso, la Sala Quinta de Revisión encontró que la acción de tutela
no había sido notificada al Instituto Carcelario y Penitenciario INPEC, en su
condición de tercero directamente interesado en las resultas del proceso. Por
tal razón decidió poner en comunicación suya el presente proceso, darle un
plazo de cinco (5) días para intervenir y  desacumular el expediente del
radicado bajo el número T-1450897 a fin de no dilatar innecesariamente la
decisión a tomar dentro ese expediente.
De conformidad
con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión procede a
dictar la Sentencia correspondiente.
1. Solicitud
El señor Martín
Emilio Barreto Tao solicita al juez de tutela que proteja sus derecho
fundamentales de acceso a la Administración de Justicia, debido proceso e
igualdad, presuntamente vulnerados por el Tribunal Administrativo del Meta y el
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B, quienes habrían incurrido en vía de hecho al proferir las
sentencias de primera y segunda instancia dentro de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho que instauró en contra del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario “INPEC”.
Los hechos que
fundamentan la demanda son los siguientes:
1. Desde el 18
de diciembre de 1992, el actor trabajó en la Dirección General de Prisiones en
el cargo de dragoneante, inscrito en la carrera penitenciaria.
2. Por
Resolución 3506 de 21 de Septiembre de 2000, el Director General del INPEC, sin
darle la oportunidad de defenderse y sin formularle cargos, lo retiró del
servicio por razones de inconveniencia institucional, con base en el artículo
65 del Decreto Ley 407 de 1994, en concordancia con el artículo 48 del Decreto
1890 de 1999.
3. Demandó la
nulidad de la Resolución 3506 ante el Tribunal Administrativo del Meta, el
cual, mediante sentencia de 3 de noviembre de 2004, negó las pretensiones de la
demanda, al considerar que el acto acusado se ajustaba a derecho.
4. Mediante
Sentencia de 2 de febrero de 2006, la Sección Segunda Subsección “B” de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado confirmó en apelación la
providencia del Tribunal Administrativo del Meta.
Como argumentos
jurídicos, presenta los siguientes:
1. Al parecer
del actor, las sentencias proferidas tanto por el Tribunal Administrativo del
Meta como por la Sección Segunda Subsección “B” de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado constituyen vías de hecho, puesto que
dieron al actor el tratamiento de empleado público de libre nombramiento y
remoción, a pesar de que era funcionario de carrera penitenciaria, tal como lo
acreditaba el “certificado de idoneidad” expedido por la Escuela Penitenciaria
Nacional Enrique Low Murtra. Lo anterior, en franco desconocimiento de los
artículos 10 y 76 del Decreto Ley 407 de 1994, que definen taxativamente cuáles
son los cargos de libre nombramiento y remoción, sin incluir el de dragoneante;
agrega que el INPEC al despedirlo reconoció su situación de trabajador escalafonado
en carrera penitenciaria, pues lo retiró por razones de inconveniencia y no por
declaratoria de insubsistencia.
2. Los
pronunciamientos judiciales cuestionados, además, contienen una interpretación
errónea de la Sentencia C-108 de 1995, que, al decir del actor, “expresa que el
funcionario que pertenezca al cuerpo de custodia y vigilancia que se pretenda
desvincular del INPEC por decisión de la Junta de Carrera Disciplinaria se le
debe garantizar el derecho de defensa ante la misma Junta de Carrera.”
Considera que su retiro se produjo sin la necesaria investigación previa y sin
el necesario concepto o autorización expresa de la Junta Asesora (antes Junta
de la Carrera Penitenciaria), contando tan solo con el voto de confianza de
algunos de sus miembros y sin motivación, es decir sin expresar las razones de
la desvinculación, lo cual lo privó de toda posibilidad de ejercer el derecho
de defensa, violando además sus derechos fundamentales a la honra y al buen
nombre. Al respecto, menciona en sustento de su posición lo dicho por esta
Corporación en la Sentencia C-525 de 1995.
3. De otro lado,
dice la demanda que las sentencias contra las que se dirige la presente acción
de tutela desconocen el principio de favorabilidad, que sí se ha respetado en otros
fallos proferidos por el Consejo de Estado o por algunos Tribunales
Administrativos dentro de acciones en las cuales la situación fáctica era la
misma. Al respecto menciona expresamente lo decidido por el h. Consejo de
Estado dentro de la acción de nulidad incoada por el dragoneante José Antonio
Sicuam[1], sentencia cuya copia
reposa en el expediente de la presente acción de tutela.[2]
Por tal razón, dice que de contera se vulnera el derecho a la igualdad.
Menciona también como casos precedentes en los que la situación fáctica era
idéntica a la suya, y que fueron decididos a favor de otros dragoneantes, los
fallados mediante la Sentencia T-012 de 2003[3] proferida por
la Corte Constitucional (peticionario Wilson Díaz Baquero), y mediante
sentencia de 24 de marzo de 2006 proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda,
que declaró nula la Resolución 2135 de 6 de julio de 20000, dentro de la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por Sandro Edifredo
Rivera Sogamoso.
4. Refiriéndose
al Acta número 303 de septiembre 6 de 2000, relativa a los hechos ocurridos en
la cárcel de Acacías, Meta, que dieron lugar a su desvinculación,  afirma el
demandante que tal Acta nunca fue debatida en la sesión de la Junta de Carrera
Penitenciaria, por lo cual nunca tuvo oportunidad de ejercer el derecho de defensa
ante esa instancia.
5. Estima que
los fallos contra los cuales dirige la presente acción omitieron evaluar las
pruebas que daban cuenta de su hoja de vida intachable, donde se destacaban
méritos, excelentes calificaciones y felicitaciones por el buen desempeño por
más de ocho años dentro de la Institución a la que prestaba sus servicios. Lo
anterior, estima, implica un desconocimiento del principio de favorabilidad.
6. Agrega que el
certificado de idoneidad  en donde constaba que era miembro de la carrera
penitenciaria no fue allegado oportunamente al expediente judicial, por lo cual
el Consejo de Estado y el Tribunal del Meta habrían vulnerado también el debido
proceso, al no evaluar una prueba solicitada por él. De igual manera, dichos
tribunales también omitieron evaluar la Resolución 0061 de 1999, por la cual la
junta de Carrera Penitenciaria del INPEC había actualizado el escalafón de
Carrera Penitenciaria, incluyéndolo a él dentro del mismo.  Estas pruebas
establecían, dice, que él era un funcionario de carrera, por lo cual no podía
ser desvinculado en la forma en que lo fue.
2.
Traslado y contestación de la demanda.
Admitida la
demanda por el magistrado ponente de la Sección Cuarta de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, se corrió traslado a las
Corporaciones judiciales accionadas.
Dentro del
término de dicho traslado, la Secretaria del Tribunal Administrativo del Meta
informó al a quo sobre las actuaciones surtidas en ese Tribunal, dentro
de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por el aquí
tutelante, señor Martín Emilio Barreto Tao, en contra de el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario INPEC.
Respecto de la Sección
Segunda, Subsección B, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado, el traslado de la demanda corrió en silencio.
3. Pruebas
obrantes en el expediente.
Obran dentro del
plenario, entre otras, las siguientes pruebas documentales que resultan
relevantes:
1. Copia del
fallo proferido en primera instancia por el Tribunal Administrativo del Meta el
3 de noviembre de 2004, dentro del proceso de nulidad y reestablecimiento del
Derecho incoado por Martín Emilio Barreto Tao contra el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario INPEC. (folio 251)
2. Copia del
fallo proferido en segunda instancia por el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B el día 2 de febrero
de 2006 dentro del proceso de nulidad y reestablecimiento del Derecho incoado
por Martín Emilio Barreto Tao contra el Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario INPEC. (folio 311)
3. Copia del
memorando de 9 de febrero de 23000, en que se comunica al tutelante su
inscripción en la carrera penitenciaria. (folio 228)
4. Copia de la
Resolución 000061 de 25 de junio de 1999, por medio de la cual se actualiza en
el escalafón de la carrera Penitenciaria y Carcelario a algunos funcionarios,
entre ellos al aquí demandante. (folio 77)
5. Copia de la
Resolución 3566 de 21 de septiembre de 2000, por la cual se retira del servicio
al aquí demandante. (folio 84)
6. Acta N° 303
de 2000 de la junta Asesora del INPEC, que da cuanta de la reunión en la cual
se recibió la versión de un funcionario del Cuerpo de Vigilancia y Custodia y
se emitió concepto sobre el retiro de aquí demandante. (folio 81)
7. Certificado
de idoneidad  expedido por la Escuela Penitenciara Nacional el día 19 de
octubre de 2000, que acredita que el dragoneante Martín Emilio Barreto Tao
aprobó el período de prueba. (folio 321)
4. Actuación Judicial
4.1
Sentencia proferida el doce de julio de 2006 por el Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta.
Mediante
Sentencia proferida el doce de julio de 2006, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, decidió rechazar por improcedente
las presente acción de tutela. En sustento de dicha determinación estimó que la
acción de tutela, por su carácter residual, no podía ser utilizada para
reemplazar otras acciones establecidas para la defensa de los derechos
fundamentales. Por tal razón, dicha acción no procedía contra providencias
judiciales, pues no resultaba admisible que por un procedimiento sumario se invalidaran
actuaciones surtidas dentro de procesos diseñados también para garantizar los
derechos constitucionales y legales de las partes. Aceptar esa posibilidad
significaba un claro quebranto del principio democrático de autonomía e
independencia del juzgados.
Destacó la
providencia, citando los antecedentes históricos de la adopción del artículo 86
de la Constitución Política, que en Colombia no se concibió la acción de tutela
contra decisiones judiciales, a diferencia de lo que ocurrió en Méjico con el recurso
de amparo; éste supone el agotamiento previo de los medios de defensa
disponibles, al paso que la acción de tutela, tal y como fue concebida por el
constituyente colombiano, parte de la carencia o insuficiencia de dichos
medios; agrega que la acción de tutela contra decisiones judiciales requiere la
existencia de norma o mandato constitucional expreso y previo, y supone una
regulación normativa concreta, específica y singular, lo cual no existe entre
nosotros.
4.2 Impugnación
La anterior
Sentencia fue oportunamente impugnada por el demandante, quien en el escrito
correspondiente se limitó a solicitar “que se admita la procedencia de la
acción de tutela contra sentencias judiciales”.
4.3
Sentencia proferida el 31 de agosto de 2006 por
la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado.
Mediante
Sentencia proferida el 31 de agosto de 2006, la Sección Quinta de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado decidió confirmar la Sentencia
proferida por la Sección Cuarta de la  misma Corporación.
Para adoptar la
anterior decisión consideró que la Corte Constitucional había declarado
inexequibles el artículo 11 del Decreto 2591 de 1991 que establecía las
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. No obstante,
la Corte agregó que dicha acción procedía contra actuaciones de hecho de los
funcionarios judiciales, pronunciamiento con base en le cual se elaboró la
doctrina jurisprudencial de la vía de hecho judicial.
En el caso presente,
estimó el ad quem que la acción era improcedente, “puesto que redirige a
cuestionar y revocar sentencias…” Agregó que el juez de tutela no podía
inmiscuirse en un proceso judicial modificando decisiones adoptadas por el juez
de conocimiento, porque se quebrantarían los principios de cosa juzgada y la
autonomía e independencia de las autoridades judiciales en la emisión de sus
providencias, así como el valor de la seguridad jurídica, fundamento esencial
de la organización social.
4.4
Actuación en la Corte Constitucional.
El magistrado
ponente dentro del presente proceso, al verificar el trámite procesal de
instancia, encontró que la acción de tutela de la referencia no había sido
notificada al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario “INPEC. En tal
virtud, la Sala Quinta, teniendo en cuenta que la jurisprudencia constitucional
es reiterada y enfática al advertir sobre la necesidad de notificar las
acciones de tutela a los terceros que podrían resultar afectados por la
decisión del juez correspondiente, y que la falta de notificación de la
iniciación de la tutela a dichos terceros vulnera su derecho al debido proceso
y su derecho de defensa, razón por la cual su intervención en el proceso es
requisito para la validez del mismo, mediante auto de 30 de enero de 2007,
ordenó poner en conocimiento del representante legal del INPEC el presente
proceso de tutela.  Y darle un plazo de cinco (59 días para intervenir. Surtida
la notificación y corrido el plazo mencionado sin que el Instituto interesado
se hiciera presente, la Sala entró a decidir sobre la demanda.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
Esta Sala de la
Corte Constitucional es competente para conocer de la revisión de la
referencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 inciso 2° y
241 numeral 9° de la Constitución Política, en concordancia con los artículos
33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991. Además, se procede a la revisión en
virtud de la selección practicada por la Sala correspondiente y del reparto
verificado en la forma establecida por el reglamento de la Corporación.
2. El
problema jurídico que plantea la demanda.
De la demanda se
desprende que el problema jurídico que corresponde a esta Sala resolver es el
de si los dragoneantes al servicio del INPEC, por ser empleados públicos con
régimen especial en razón a las funciones que ellos realizan, pueden ser
separados de su empleo en circunstancias de cierto grado de flexibilidad y por
motivos excepcionales, o si tal desvinculación exige llevar a cabo un proceso
disciplinario, contar con el concepto favorable  de la Junta Asesora de la
Carrera Penitenciaria y proferir una resolución debidamente motivada.
Para resolver el
problema jurídico, la Sala (i) inicialmente recordará los presupuestos
jurisprudencialmente establecidos por esta Corporación para la procedencia y
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales; (ii)
posteriormente, analizará la jurisprudencia de la Corporación relativa al
régimen especial de los empleados públicos al servicio del INPEC,  y a las
consecuencias que de tal régimen se derivan a la hora de proceder a la
desvinculación de tal categoría de empleados; así mismo hará un recuento
general de la jurisprudencia relativa a la flexibilización del régimen de
carrera en las instituciones públicas del sector de seguridad o de defensa del
Estado.  (iii) finalmente, estudiará si en el caso presente se cumplen los
requisitos de procedencia de la acción de tutela; y, de ser así, si las
sentencias proferidas en primera y segunda instancia por el Tribunal
Administrativo del Meta y por  la Sección Segunda, Subsección “B”, de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, respectivamente, dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado por el aquí
demandante en contra del INPEC, constituyen un desconocimiento del precedente
constitucional y, por tanto, una violación indirecta de la Constitución, que
determine la procedibilidad de la presente acción.
3. Los
requisitos de procedencia y los motivos de procedibilidad de la acción de
tutela intentada contra providencias judiciales.
Con ocasión de
la revisión de constitucionalidad del artículo 185 de la Ley 906 de 2004,
contentiva del Código de Procedimiento Penal, revisión surtida mediante
Sentencia C-590 de 2005[4], esta Corporación tuvo
oportunidad de sistematizar y unificar la jurisprudencia relativa a los
requisitos de procedencia y a las razones o motivos de procedibilidad de la
tutela contra providencias judiciales.
3.1 En cuanto a
los requisitos de procedencia de la acción de tutela intentada contra
providencias judiciales, es decir a aquellas circunstancias que tienen que
estar presentes para que el juez constitucional pueda entrar a estudiar y
decidir una acción de tutela contra providencias judiciales,  dijo entonces la
Corte:
“24.  Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones[5].
En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios  -ordinarios y
extraordinarios-  de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo
que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[6].  De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos
judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos.  De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un
mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las
competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la
jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de
propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta
última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término
razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[7].
De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o
aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de
cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se
impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora[8].  No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia
C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles
de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos
se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por
ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere
alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible[9].  Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela
llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no
previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión
judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo
ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[10].  Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos
fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas
las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante
esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas
para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.”
(Subrayas fuera del original)
3.2 Distintos de
los anteriores requisitos de procedencia son los motivos de procedibilidad, es
decir las razones que ameritarían conceder la acción de tutela que ha sido
intentada en contra de una providencia judicial acusada de constituir vías de
hecho.  Sobre este asunto, en el mismo fallo en cita se vertieron estos
conceptos:
“25.  Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario
acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad,
las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha
señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se
explican.
“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello.
“b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el
juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
“c.  Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del
apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión.
“d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que
se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[11]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
“f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal
fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la
toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
“g.  Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de
los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional.
“h.  Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho
fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la
eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado[12].
“i.  Violación directa de la Constitución.” (Subrayas fuera del
original.)
La Sentencia en comento también explicó que los anteriores vicios,
que determinan la procedencia la acción de tutela contra decisiones judiciales,
“involucran la superación del concepto de vía de hecho y la admisión de
específicos supuestos de procedebilidad en eventos en los que si bien no se
está ante una burda trasgresión de la Carta, si se trata de decisiones
ilegítimas que afectan derechos fundamentales.”  Añadió que esta evolución
de la doctrina constitucional había sido reseñada de la siguiente manera por la
Corte:
“(E)n los últimos años se ha venido presentando una evolución de la
jurisprudencia constitucional acerca de las situaciones que hacen viable  la
acción de tutela contra providencias judiciales. Este desarrollo ha llevado a
concluir que las sentencias judiciales pueden ser atacadas mediante la acción
de tutela por causa de otros defectos adicionales, y que, dado que esos nuevos
defectos no implican que la sentencia sea necesariamente una “violación
flagrante y grosera de la Constitución”, es  más adecuado utilizar el concepto
de “causales genéricas de procedibilidad de la acción” que el de “vía de
hecho.” En la sentencia T-774 de 2004 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa) se
describe la evolución presentada de la siguiente manera:
“(...) la Sala considera pertinente señalar que el concepto de vía
de hecho, en el cual se funda la presente acción de tutela, ha evolucionado en
la jurisprudencia constitucional. La Corte ha decantado los conceptos de
capricho y arbitrariedad judicial, en los que originalmente se fundaba la noción
de vía de hecho. Actualmente no ‘(…) sólo se trata de los casos en que el juez
impone, de manera grosera y burda su voluntad sobre el ordenamiento, sino que
incluye aquellos casos en los que se aparta de los precedentes sin argumentar
debidamente (capricho) y cuando su discrecionalidad interpretativa se desborda
en perjuicio de los derechos fundamentales de los asociados (arbitrariedad).
Debe advertirse que esta corporación ha señalado que toda actuación estatal,
máxime cuando existen amplias facultades discrecionales (a lo que de alguna
manera se puede asimilar la libertad hermenéutica del juez), ha de ceñirse a lo
razonable. Lo razonable está condicionado, en primera medida, por el respeto a
la Constitución.’[13] En este caso (T-1031 de
2001) la Corte decidió que la acción de tutela procede contra una providencia
judicial que omite, sin razón alguna, los precedentes aplicables al caso o
cuando ‘su discrecionalidad interpretativa se desborda en perjuicio de los
derechos fundamentales de los asociados.’
“Este avance jurisprudencial ha llevado a la Corte a remplazar ‘(…)
el uso conceptual de la expresión vía de hecho por la de causales genéricas de
procedibilidad.’ Así, la regla jurisprudencial se redefine en los siguientes
términos...
“...todo pronunciamiento de fondo por parte del juez de tutela
respecto de la eventual afectación de los derechos fundamentales con ocasión de
la actividad jurisdiccional (afectación de derechos fundamentales por
providencias judiciales) es constitucionalmente admisible, solamente, cuando el
juez haya determinado de manera previa la configuración de una de las causales
de procedibilidad; es decir, una vez haya constatado la existencia de alguno de
los seis eventos  suficientemente reconocidos por la jurisprudencia:  (i)
defecto sustantivo, orgánico o procedimental;  (ii) defecto fáctico; (iii)
error inducido; (iv) decisión sin motivación,  (v) desconocimiento del
precedente y  (vi) violación directa de la Constitución.”[14]”[15]”
[16]
4.
Jurisprudencia de la Corporación relativa al régimen especial de los empleados
públicos al servicio del INPEC,  y a las consecuencias que de tal régimen se
derivan a la hora de proceder a la desvinculación de esa categoría de empleados.
En ocasiones anteriores,
tanto en sede de constitucionalidad como de tutela, esta Corporación se ha
referido al régimen especial de los empleados públicos al servicio del INPEC,
y a las consecuencias que de tal régimen se derivan a la hora de proceder a la
desvinculación de esa categoría de empleados.
4.1 La primera
oportunidad se dio con ocasión de la demanda de inconstitucionalidad intentada
en contra del artículo 65 del Decreto ley 407 de 1994, “por el cual se
establece el régimen de personal del instituto nacional penitenciario y
carcelario”. Conforme a esta disposición, “(l)os
oficiales, suboficiales, dragoneantes y distinguidos del Cuerpo
de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional, podrán ser
retirados del servicio a voluntad del Director General del Instituto en
cualquier tiempo cuando su permanencia se considere inconveniente, previo
concepto de la Junta de Carrera Penitenciaria.”(Negrillas y subrayas
fuera del original).
En la Sentencia C-108 de 1995[17], al estudiar la constitucionalidad de la
norma anterior, la Corte consideró que se trataba de
una disposición que buscaba responder a la peculiar naturaleza y función que le
correspondía cumplir al INPEC, y a la crisis por corrupción evidenciada en esa
entidad. Por tales razones, el artículo en comento le daba un margen razonable
de flexibilidad al Director General del INPEC para que pudiera remover de su
cargo a los subalternos en cualquier tiempo, cuando su permanencia en la
Institución se considerara inconveniente. En tal medida, la disposición a todas
luces facilitaba la depuración y la moralización administrativa y funcional de
los establecimientos penitenciarios.
No obstante, la
Sentencia explicó que lo anterior no le daba facultades arbitrarias ni
absolutamente libres al Director de la entidad, puesto que de todas maneras
debía respetarse el derecho al debido proceso y la estabilidad de los empleados
de la carrera penitenciaria y carcelaria, lo cual exigía cumplir con ciertos
requisitos antes de proceder al retiro del servicio. Sobre este punto la Corte
expresamente consideró lo siguiente:
“Pero se advierte que no se trata de una potestad absoluta para el
Director del INPEC, ya que cualquier decisión a este respecto debe contar
con el previo concepto de la Junta de Carrera Penitenciaria. Con ello se
busca el objetivo esencial de que  no se desvirtúen los principios de
estabilidad que busca amparar la Carrera y que tienen consagración
constitucional, a través de decisiones arbitrarias por parte  del superior jerárquico.
Para que ello sea efectivamente  así, es necesario que el empleado cuyo
retiro se disponga cuente con un debido proceso y se le permita, por
consiguiente, ejercer su derecho de defensa ante la Junta.” (Negrillas
fuera del original)
Con base en las anteriores consideraciones, en el fallo en cita la
Corte declaró la constitucionalidad del artículo 65 del Decreto ley 407 de
1994, condicionada a que se respetara el derecho de defensa de los funcionarios
mencionados en la norma; por lo cual la Junta de Carrera Penitenciaria debería
oír  sus descargos, de forma tal que su separación del servicio resultara
plenamente justificada.
4.2 Posteriormente, en sede de tutela, la Corte conoció el caso de
un dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, que
participó en un cese de actividades que posteriormente fue declarado ilegal por
el Ministerio de Trabajo. Por tal razón, previo concepto de la junta asesora
del INPEC, fue retirado del servicio por inconveniencia, en uso de la facultad
prevista en el artículo 65 del Decreto Ley 407 de 1994. En contra de esa
decisión, el actor instauró ante la jurisdicción laboral una acción de
reintegro por fuero sindical, que fue decidida desfavorablemente a sus
intereses tanto en primera como en segunda instancia. El actor instauró
entonces acción de tutela contra la decisión de segunda instancia de la
Jurisdicción laboral, adoptada por el Tribunal Superior de Pereira, alegando
que dicha sentencia había incurrido en vía de hecho por defecto sustancial y
había vulnerado sus derechos al debido proceso, a la asociación sindical, al
trabajo y a la igualdad de trato.
Para adoptar la decisión, la Corte en ese caso estudió, entre otras
cosas, si se había agotado el procedimiento necesario para retirar por
inconveniencia a un trabajador del INPEC. Al respecto, recordando la
jurisprudencia vertida por la Corporación en la Sentencia C-108 de 1995[18],
antes citada, consideró que “el Director General del INPEC
debe adelantar el procedimiento necesario para garantizar el derecho de defensa
del trabajador. Este procedimiento busca que (i) el trabajador pueda
contradecir las razones por las cuales la dirección del INPEC, o la Junta de
Asesores de Carrera Penitenciaria consideran que debe ser retirado de su cargo,
(ii) la decisión acerca del retiro sea “plenamente justificada”, y (iii) el
eventual retiro sea valorado por un cuerpo colegiado de manera previa.”
Examinando el caso concreto sujeto a su consideración, la Corte
estimó en esa oportunidad que en los actos administrativos que habían
determinado el retiro del servicio no se había expresado el motivo que había
llevado a esa decisión, que consistía en la participación del dragoneante en el
cese ilegal de actividades. Por esta razón, se evidenciaba que el INPEC había
actuado de tal manera que no le había permitido al actor formular descargos;
tampoco se había llevado a cabo un procedimiento que individualizara su
comportamiento como partícipe activo en el cese ilegal.
Ahora bien, al estudiar concretamente si
la sentencia de la jurisdicción laboral que no había resultado favorable al
dragoneante constituía o no vía de hecho,  la Corte observó que en ella el
Tribunal Superior de Pereira no se había pronunciado acerca de los actos
administrativos con que el INPEC había retirado del servicio a Díaz Baquero, en
los cuales faltaban las razones por las cuales se había decidido el retiro del
actor.  Por tal razón, sostuvo que la providencia judicial se apartaba de la
doctrina constitucional recogida en la Sentencia C-108 de 1995[19],
por lo que adolecía de un defecto sustancial y por lo tanto constituía una vía
de hecho. En tal virtud, declaró su nulidad y ordenó al Tribunal Superior de
Pereira dictar un nuevo fallo acorde a los parámetros fijados en la
jurisprudencia y de conformidad con las normas vigentes.
4.3 En conclusión, tanto de la jurisprudencia sentada por la Corte
en sede de constitucionalidad, como de aquella otra vertida con ocasión de la
acción de tutela que se acaba de reseñar, se tiene que esta Corporación ha
entendido que, debido a la naturaleza peculiar de la función que le corresponde
cumplir al INPEC, es constitucionalmente aceptable reconocer un margen
razonable de flexibilidad al Director General de esta institución para remover
de su cargo a los subalternos en cualquier tiempo, cuando su permanencia en la
Institución se llegue a considerar inconveniente. No obstante, lo anterior no
exime a dicho funcionario justificar las razones del retiro, ni de adelantar un
procedimiento dentro del cual el servidor público pueda contradecir dichas
razones. Adicionalmente, conforme a la ley, la Junta de Asesores de Carrera
Penitenciaria debe evaluar previamente tales razones del retiro.
5. Jurisprudencia relativa al retiro del servicio de personal de
carrera administrativa de instituciones de los sectores de  defensa o de
seguridad del Estado.
Aparte de la jurisprudencia anteriormente reseñada, relativa concretamente
al retiro del servicio del personal de carrera penitenciaria y carcelaria del
INPEC, esta Corporación también se ha referido a las circunstancias especiales
que ameritan cierta flexibilidad en el proceso de desvinculación de personal de
carrera administrativa del sector de defensa o de entidades de seguridad del
Estado.
5.1 En la sentencia C-525 de 1995[20], la Corte
declaró la constitucionalidad de los artículos 12 del Decreto 573 de 1995 y 11
del Decreto 574 de 1995, decretos que modificaban parcialmente las normas de
carrera administrativa del personal de oficiales y suboficiales de la Policía
Nacional, y del personal de agentes de la misma institución, respectivamente.
El artículo 12 del Decreto 573 de 1995 autorizaba al Gobierno Nacional y a la
Dirección General de la Policía Nacional para disponer el retiro, por razones
del servicio y en forma discrecional, de oficiales y suboficiales, previa
recomendación del Comité de Evaluación de Oficiales Superiores. A su vez, el
artículo 11 del Decreto 574 de 1995 autorizaba a la Dirección General de la
Policía Nacional a disponer el retiro, por razones del servicio y en forma
discrecional, de agentes de la policía, previa recomendación del Comité de
Evaluación de Oficiales Subalternos.
La Sentencia explicó que la Policía Nacional cumplía con una serie
de labores fundamentales para el cumplimiento de distintos fines
constitucionales del Estado, tales como asegurar a los asociados la vida, la
convivencia pacífica, la justicia y la vigencia de un orden justo. Precisó,
además, que en virtud de lo dispuesto por el artículo 218 de la Constitución,
la carrera administrativa de la Policía Nacional era especial y distinta al
régimen general. Agregó que la institución atravesaba por una situación de
corrupción interna que justificaba reconocer al Gobierno Nacional y a la
Dirección General de la Policía Nacional facultades para disponer el retiro,
por razones del servicio y en forma discrecional, de oficiales y suboficiales,
previa recomendación del Comité de Evaluación de Oficiales Superiores. En
efecto, sobre el particular se vertieron entonces los siguientes conceptos:
“Puede afirmarse, y ello ha sido reconocido por el gobierno y las
propias autoridades de policía, que esta institución (...) ha venido
atravesando una situación crítica de corrupción e ineficiencia que es necesario
afrontar a través de mecanismos flexibles y eficaces que busquen erradicar con
la mayor prontitud tales vicios. La más lógica y obvia de estas medidas es la
que faculta a la institución para disponer con la mayor celeridad el retiro de
aquellos de sus miembros, de cualquier rango que sean, sobre quienes hayan
graves indicios, o desde luego pruebas suficientes, de que no son aptos para
asumir la delicada responsabilidad que se les confía, o que han incurrido en
faltas graves, sobre todo delitos contra los ciudadanos, contra el patrimonio
público, o contra los intereses supremos del Estado y de la sociedad. Sucede
que en muchos casos resulta imposible, o por lo menos muy difícil, para la
institución allegar todas las pruebas que permitan deducir la culpabilidad del
oficial, suboficial o agente acusado o sospechoso. Y en tal caso, de todas
formas la apertura y realización del proceso penal implica que durante un lapso
prolongado el individuo tendría que permanecer dentro de la institución con el
consecuente daño para ésta y la sociedad.
“ (...) A este respecto, no encuentra la Corte que se afecte el
núcleo esencial de tal derecho [el derecho al trabajo]. Es apenas connatural
que al servidor de la Policía no le asiste un derecho adquirido sobre el cargo,
ya que la naturaleza funcional del oficio conlleva la disponibilidad para la
remoción de su personal. El fin esencial que busca la ley es el de garantizar
la seguridad ciudadana, con lo cual se logra la prevalencia del interés
general, que recae sobre el servicio de policía como guardián de la paz
social.”
5.2 Mediante la Sentencia C-048 de 1997[21],
la Corte declaró la constitucionalidad del literal b) del artículo 66 del
Decreto 2147 de 1989, “por el cual se expide el régimen de carrera de los
empleados del Departamento Administrativo de Seguridad.” La norma establecía
como causal de insubsistencia del nombramiento de los detectives que el jefe
del Departamento, en ejercicio de facultades discrecionales, considerara
conveniente el retiro del funcionario.
En el mismo fallo se declaró la constitucionalidad condicionada del
literal d) del artículo 44 del mismo Decreto, que contemplaba que los
funcionarios inscritos en el régimen ordinario de carrera podían ser declarados
insubsistentes cuando por informe reservado de la Dirección de Inteligencia, y
previa evaluación de la Comisión de Personal, apareciera como inconveniente su
permanencia en el Departamento, por razones de seguridad. En este caso, el acto
administrativo no tenía que motivarse. En las consideraciones que se expusieron
para llegar a la declaración de constitucionalidad condicionada, se dijo que la
propia Constitución en su artículo 125 consagraba la posibilidad, tanto de
determinar regímenes especiales de carrera, como de establecer excepciones al
mismo régimen  y a la estabilidad en los cargos. Y puso de relieve que esa
norma superior disponía que “el retiro se hará: por calificación no
satisfactoria en el desempeño del empleo; por violación del régimen
disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o la ley.”
(negrillas del original). Agregó entonces el fallo:
“De lo anterior se colige que cuando dadas las funciones inherentes
a determinados cargos y teniendo en cuenta el grado de confianza de los mismos,
diferentes a los que ordinariamente corresponden a cualquier servidor público
resulta claramente razonable la posibilidad de establecer excepciones a la
inamovilidad de algunos empleados de carrera administrativa, en determinadas
dependencias de la administración pública, a fin de asegurar el cumplimiento de
la función administrativa, ya que ello se encuentra además en armonía con lo
dispuesto en el artículo 125 constitucional, según el cual el retiro puede
hacerse “por las demás causales previstas en la Constitución o la ley”.
“De ahí que la Corte se haya pronunciado con anterioridad para
precisar que los oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional, así
como los oficiales, suboficiales, dragoneantes y distinguidos del cuerpo de
custodia y vigilancia penitenciaria y carcelaria nacional del Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- pueden estar sometidos a una
regulación especial de carrera que permita a la autoridad nominadora la
separación del empleo en circunstancias y por motivos excepcionales, en razón a
las funciones que dichos servidores deben realizar, los cuales requieren de un
mayor grado de confianza objetiva.
“Ahora bien, el Departamento Administrativo de Seguridad -DAS- tiene
como función primordial la de actuar como cuerpo civil de inteligencia y
producir la información interna y externa que requiere el Estado para prevenir
y reprimir los actos que perturben la seguridad o amenacen la integridad del
régimen constitucional, así como la de intercambiar información con los países
adscritos a la INTERPOL sobre hechos y actividades delictivas y delincuencia
internacionales.
“El DAS tiene por consiguiente la delicada función de salvaguardar
la seguridad del Estado y la protección de todas las personas residentes en
Colombia, para lo cual debe contar con los instrumentos requeridos para el
cabal cumplimiento de sus labores de inteligencia (Decreto 2110 de 1992).”
Como puede verse, la Corte consideró que la flexibilización de la
carrera administrativa en el DAS se justificaba en razón de las funciones
relacionadas con la seguridad del Estado encomendadas a esa entidad, hecho que
exigía una confianza especial en esos servidores. Lo anterior no contradecía la
Constitución, por cuanto, “...además de que como se ha señalado, el
legislador puede establecer causales adicionales de retiro de funcionarios
inscritos en carrera, diferentes a los enunciados, dicha medida asegura la
prevalencia del interés general sustentada en la defensa y garantía de los
principios constitucionales, y en la salvaguarda de la seguridad estatal dada
la naturaleza de las funciones especiales que corresponde atender al
Departamento Administrativo de Seguridad.”
Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Corte declaró
la constitucionalidad del literal d) del artículo 44 del Decreto demandando,
condicionada a que se aplicara únicamente a los funcionarios de carrera
administrativa cuyas labores estuvieran directamente relacionadas con la
seguridad del Estado. Por las mismas razones declaró la exequibilidad simple
del literal b) del artículo 66, que hacía referencia a la posibilidad de
decretar, en uso de facultades discrecionales, la insubsistencia de los
detectives del DAS. Ello, dado que la labor que éstos desempeñan atañía
directamente a la seguridad del Estado.
5.3 En la
Sentencia C-368 de 1999[22], la Corte examinó la
constitucionalidad del literal j) del artículo 37 de la Ley 443 de 1998.  Dicha
norma establecía que “el personal no uniformado de carrera del Ministerio de
Defensa Nacional, de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, con
excepción de sus entidades descentralizadas, previo concepto favorable de la
Comisión de Personal, podrá ser retirado cuando por informe reservado de
inteligencia se considere que es inconveniente su permanencia en el servicio
por razones de seguridad nacional. En este caso, la providencia no se
motivará.”
Al estudiar la
anterior disposición, la Corte consideró lo siguiente:
“8. El texto legal bajo examen trata sobre la posibilidad de
declarar la insubsistencia del personal no uniformado de carrera del Ministerio
de Defensa Nacional, de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, previo
concepto de la Comisión de Personal, con base en un informe reservado de
inteligencia del cual se deduzca la inconveniencia, por razones de seguridad
nacional, de la permanencia en el servicio de un funcionario.
“…
“El Ministerio de Defensa Nacional, las Fuerzas Militares y la
Policía Nacional cumplen con tareas destinadas a proteger el orden constitucional
y los derechos y libertades de los ciudadanos. Ello implica que, de acuerdo con
la jurisprudencia de esta Corporación que ha sido reseñada, es admisible, desde
la perspectiva de la Constitución, que el régimen de carrera de sus
funcionarios se flexibilice, para garantizar el cumplimiento cabal de las
funciones de esas instituciones.
“No encuentra la Corte ninguna razón que justifique excluir de la
aplicación de esta norma a los funcionarios civiles de estas instituciones que
realicen tareas relacionadas directamente con los fines de aquéllas. Por lo
tanto, la potestad de retirar a los servidores de estas instituciones sin
cumplir con todos los requisitos propios del régimen de carrera administrativa
también habrá de extenderse a los funcionarios civiles de las mismas, siempre y
cuando, claro está, las labores desempeñadas por esos empleados puedan afectar
la seguridad ciudadana o la seguridad del Estado. Es decir, esta Corporación
encuentra razonable que la norma acusada se emplee en relación con los
funcionarios civiles de esas instituciones que, por ejemplo, participen dentro
de la planeación o puesta en práctica de las estrategias de seguridad, o puedan
tener acceso a documentos o a informaciones que deban permanecer en reserva,
por razones de seguridad.
“Por lo tanto, la Corte declarará la constitucionalidad del literal
j) del artículo 37 de la Ley 443 de 1998, bajo la condición de que ella
solamente puede ser aplicada en relación con funcionarios no uniformados de
carrera de esas instituciones, cuyas labores puedan afectar de manera directa
la seguridad ciudadana o la seguridad del Estado.”
5.4. Como conclusión del examen
jurisprudencial anterior, puede afirmarse que esta Corporación ha mantenido una
doctrina sostenida, que se orienta a avalar una flexibilización del régimen de
carrera los servidores públicos que desarrollan labores relacionadas
directamente con la seguridad del Estado o la seguridad ciudadana. En todo
caso, para la desvinculación de estos funcionarios la Corte ha establecido que
se debe cumplir con las condiciones señaladas en las normas legales para la
declaración de insubsistencia.
6. Estudio del caso concreto.
En las líneas
anteriores la Sala ha recordado la jurisprudencia de la Corte relativa a  los
requisitos de procedencia y a las razones o motivos de procedibilidad de la
tutela contra providencias judiciales. Así mismo, ha hecho un recuento de lo
dicho en aquellos fallos que se han referido de manera concreta al régimen
especial de los empleados públicos al servicio del INPEC,  y a las
consecuencias que de tal régimen se derivan a la hora de proceder a la
desvinculación de tal categoría de empleados; también ha traído a colación la
jurisprudencia más general referente a la flexibilización del régimen de
carrera en las instituciones públicas del sector de seguridad o de defensa del
Estado. Corresponde ahora estudiar el caso presente a la luz de los anteriores
precedentes.
6.1 La procedencia de la presente
acción de tutela.
Conforme se dijo en el acápite de
Antecedentes de la presente Sentencia, el actor considera que las sentencias
proferidas en primera y segunda instancia por el Tribunal Administrativo del
Meta y por  la Sección Segunda, Subsección “B”, de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, respectivamente, dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho iniciado por el aquí demandante en
contra del INPEC, constituyen vía de hecho. Se trata, por tanto, de una acción
de tutela dirigida en contra de dos providencias judiciales.
En tal virtud, antes de entrar en el
estudio de la posible violación de derechos que alega el actor, es menester
determinar si la presente demanda cumple los requisitos de procedencia de la
acción de tutela intentada contra providencias judiciales, decantados en la
Sentencia C-590 de 2005[23], arriba reseñada.
6.1.1
Relevancia constitucional de la cuestión discutida mediante la acción de tutela
intentada en contra de la providencia judicial aquí atacada.  En cuanto al primero de los requisitos jurisprudencialmente
decantados, conforme al cual la cuestión que se discuta debe ser de evidente
relevancia constitucional, se tiene que en la presente oportunidad el
demandante alega que las sentencias que ataca desconocieron precedentes
sentados por esta Corporación en materia de constitucionalidad y también de
tutela. En efecto, sostiene la demanda que los pronunciamientos judiciales
cuestionados desconocen la jurisprudencia contenida en la Sentencia C-108 de
1995, en donde se establece que, en garantía de los derechos fundamentales al
debido proceso y a la defensa, para el retiro por inconveniencia del personal
de carrera penitenciaria es necesario adelantar un trámite administrativo que
le permita al funcionario ejercer su derecho de defensa ante la Junta Asesora
de la Carrera Penitenciaria. Cosa que, según dice, no sucedió en su caso, lo
que el fallo que ataca no tuvo en consideración. Cita también como antecedente
jurisprudencial desconocido, la decisión contenida en la Sentencia T-012 de
2003. Lo anterior, dice, consuma la violación de sus derechos al debido proceso
y a la igualdad.
A juicio de la
Sala, los anteriores cuestionamientos a las sentencias contra las cuales se
dirige la presente acción revisten sin duda relevancia constitucional. En
efecto, esta Corporación ha considerado que cuando ella, como interprete
auténtico de la Carta, fija el alcance de un derecho fundamental, los jueces
ordinarios no pueden aplicar la ley limitando sustancialmente dicho alcance,[24]
y que si lo hacen, procede la acción de tutela en defensa del contenido
constitucionalmente vinculante de dicho derecho fundamental. En el presente
caso, la Corte mediante la Sentencia C-108 de 1995 fijó el alcance del derecho
al debido proceso administrativo de los funcionarios del INPEC que sean
desvinculados del servicio por razones de inconveniencia, por lo cual una
demanda que alega que dicho pronunciamiento judicial ha sido desconocido
plantea claramente un asunto de relevancia constitucional.
6.1.2 Que
se hayan agotado todos los medios  -ordinarios y extraordinarios-  de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable.  El segundo de los requisitos exigidos por la reciente
jurisprudencia relativa a la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales también se cumple en el presente caso. En efecto, está
acreditado dentro del presente expediente que el actor instauró acción de
nulidad y restablecimiento del derecho ante el Tribunal Administrativo del
Meta, y al haber obtenido un pronunciamiento adverso a sus pretensiones
interpuso oportunamente el recurso de apelación ante el h. Consejo de Estado,
el cual mediante Sentencia de 2 de febrero de 2006, emanada de la Sección
Segunda Subsección “B” de la Sala de lo Contencioso Administrativo de esa
Corporación, confirmó la sentencia de primera instancia.  Lo anterior evidencia
que contra esta decisión de segunda instancia que el actor califica de vía de
hecho no existe a su disposición medio alguno de defensa judicial ordinario o
extraordinario que desplace la presente acción.
6.1.3 Que
se cumpla el requisito de la inmediatez. Del
estudio del expediente aparece que también este requisito se cumple en el
presente caso. En efecto, la tutela se interpuso en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que presuntamente originó la vulneración de
derechos, es decir la expedición de la Sentencia de segunda instancia proferida
por el Consejo de Estado. Ciertamente, dicho fallo fue proferido el 2 de
febrero de 2006 (ver folios 295 y siguientes del expediente), y notificado por
edicto el 17 de marzo de ese mismo año (ver folio 320). Por su parte, la
presente acción de tutela fue interpuesta el día 28 de abril de 2006, es decir
antes de haber transcurrido los dos meses siguientes a la ejecutoria del fallo
de segunda instancia aquí atacado, plazo que no resulta irrazonable ni
desproporcionado de cara al respeto de los principios constitucionales  de cosa
juzgada y seguridad jurídica.
6.1.4 Que
la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron
la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.   En el presente caso, esta exigencia
jurisprudencial también se cumple, toda vez que la demanda, entre otros cargos,
explica con toda claridad que el desconocimiento de derechos fundamentales
proviene de la circunstancia de que los fallos contra los que se dirige la
acción desconocieron o interpretaron erradamente la doctrina constitucional
recogida en la Sentencia C-108 de 1995, que fijó el alcance del derecho al
debido proceso administrativo de los funcionarios del INPEC que sean
desvinculados del servicio por razones de inconveniencia. Lo anterior, dice el
actor, en desconocimiento de su derecho al debido proceso; agrega que el
Consejo de Estado y otros tribunales administrativos departamentales se han
pronunciado a favor del demandante dentro de un procesos con supuestos fácticos
iguales al suyo, procesos judiciales que también determina con claridad, por lo
cual las sentencias contra las cuales dirige la presente acción incurren en
violación del derecho a la igualdad. Por todo lo anterior, la Sala considera
que sí se identifican con claridad los hechos que general la vulneración de
derecho.
Ahora bien, como
tal desconocimiento de derechos se habría producido tanto en la Sentencia de
primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, como el la
de segunda instancia proferida por el Consejo de Estado,  Sentencia esta última
contra la cual no procedía ningún recurso, se tiene que el aquí actor carecía
de la posibilidad de alegar dentro de dicho proceso la presunta vulneración de
derechos que aquí denuncia.
6.1.5 Por
último, la Sala constata que la presente acción de tela no se dirige contra una
Sentencia de tutela, ni denuncia simples irregularidades de trámite carentes de
relevancia constitucional.
En tal virtud,
entiende que se cumplen a cabalidad los presupuestos de procedencia de la
acción de tutela cuando ella es incoada en contra de providencias judiciales,
presupuestos a los que esta Corporación se refirió en la Sentencia C-590 de
2005[25], arriba comentada.
Así las cosas,
pasa la Sala a estudiar en el fondo el problema jurídico planteado en la
demanda.
7. Estudio
del problema jurídico planteado en la demanda.
7.1 En un primer
momento, esta Sala estudiará si existió un defecto sustantivo en la Sentencia
del Consejo de Estado contra la cual se dirige la presente acción de tutela. De
ser así, estudiará también la Sentencia de primera instancia proferida por el
Tribunal Administrativo del Meta, que igualmente ha sido acusada de constituir
vía de hecho. En cambio, si la Sala descarta la existencia de vía de hecho en
Sentencia del Consejo de Estado, limitará su examen a este fallo, por carecer
de objeto el examen de la sentencia de primera instancia. El análisis de la
Sala se centrará en verificar si el fallo bajo cuestionamiento aplicó los
criterios que la Corte Constitucional ha sentado para la desvinculación del
servicio por razones de inconveniencia de funcionarios de carrera penitenciaria
del INPEC.  Concretamente, se estudiará  si tal Sentencia respetó los
precedentes jurisprudenciales establecidos por la Corte Constitucional que
establecen el alcance del derecho fundamental al debido proceso de los
servidores del INPEC que son retirados del servicio por razones de
inconveniencia.
También la Sala
estudiará si la decisión aquí cuestionada adoptada por el Consejo de Estado
contemplaba unos supuestos fácticos idénticos a los que dieron origen a otra
sentencia de esa misma Corporación que menciona la demanda, copia de la cual se
encuentra en el expediente, de manera que la diferencia de las decisiones
consume una violación ostensible del derecho a la igualdad.
7.2 Para los
anteriores efectos, pasa la Corte a estudiar los documentos relevantes
producidos por el INPEC al momento de decidir el retiro por inconveniencia del
actor. En el expediente se encuentran tres documentos: Primero, el Acta N° 303
de 6 de septiembre de 2000 (folio 81), mediante la cual la Junta Asesora del
INPEC recibió la declaración del actor. Segundo, el Acta 303-1 de la misma
fecha, mediante la cual la Junta Asesora del INPEC emite concepto favorable
sobre su retiro (folio 115); y tercero, la Resolución 3506 de 21 de septiembre
de 2000 (folio 84), mediante la cual el Director General del INPEC retira del
servicio por inconveniencia al aquí demandante.
La Sala también
estudiará la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, otras pruebas
relevantes recaudadas dentro del proceso contencioso, y finalmente analizará el
la Sentencia del Consejo de Estado atacada mediante la presente acción de
tutela.
7.2.1 El
Acta N° 303 de 6 de septiembre de 2000.
El texto del
acta No 303 de 6 de septiembre de 2001 expresa que en dicha fecha se reunieron
en la Sala de Juntas de la Secretaría General los miembros de la Junta Asesora,
“con el propósito de recibir versión a un funcionario del Cuerpo de Custodia
y Vigilancia y emitir el respectivo concepto previo, sobre el retiro o no del
servicio por inconveniencia del señor BARRETO TAO MARTIN EMILIO, quien
actualmente ocupa el cargo de DRAGONEANTE de la Planta Global del Instituto,
adscrito a la Cárcel del distrito Judicial de Acacías (Meta)…”
Tras identificar
al citado funcionario, el acta da cuenta de la siguiente actuación:
“En este estado de la actuación, el Señor Secretario General del
INPEC, en su calidad de Presidente de la Junta Asesora, hace su intervención y
le manifiesta al funcionario que ha sido solicitado su retiro por
inconveniencia y se le informa la plena libertad que tiene de exponer los
argumentos que estime convenientes para su defensa, y se le advierte que se
encuentra libre de apremio y juramento, a lo contesta:
“En diciembre cumplo ocho años en la Institución, he laborado en la
Colonia Penal, en la Cárcel del Distrito Judicial de Pacho y por último en la
Cárcel del Circuito de Acacías; Respecto a la fuga que se presentó yo me
encontraba prestando servicio de terrazas, yo le tomé fotos por donde
fue el hueco por donde se fueron los internos, fotos que anexo, 12 fotos,
en las cuales se ve claramente que el lado en que hicieron el hueco los internos,
estaban tejiendo dos chinchorros, y el hueco lo estaban haciendo detrás de los
chinchorros…
“Quiero dejar constancia que ese día solo llegamos a laborar 4
Dragoneantes no más, puesto que el cabo había mandado a los otros 2
Dragoneantes que recibían, a remisión, acá a Bogotá, sin tener en cuenta la
seguridad del penal, nombrando un auxiliar, el cual no responde por nada.”
(Negrillas fuera del original)
A renglón
seguido el Acta dice así:
“No siendo otro el objeto de la presente se da por terminada la
sesión, una vez leída aprobada y suscrita el acta, por quienes en ellas
intervinieron.”
A continuación se leen las firmas.
7.2.2 El
Acta 303-1 de 6 de septiembre de 2000.
En el Acta 303-1
de 6 de septiembre de 200, se lee lo siguiente:
“En la ciudad de Santafé de Bogotá, después de elaborada el acta de
sesión N° 303 de septiembre 6 de 2000, se reunieron los integrantes de la Junta
Asesora para deliberar y emitir el concepto a que alude el artículo 65 del
Decreto 407 de 1994 en concordancia con artículo 48 Numeral 4 del Decreto 1890
de 1999 y previo el procedimiento estipulado en la Resolución 0969 de marzo 9
de 2000. En consecuencia y luego de estudiado el caso en cuestión, la JUNTA
ASESORA DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, concluye
que es inconveniente para la entidad, la permanencia en el servicio del
Dragoneante MARTIN EMILIO BARRETO TAO… Por lo tanto se decide por
unanimidad conceptuar al Director General del Instituto el RETIRO POR MOTIVOS
DE INCONVENIENCIA EN EL SERVICIO, del citado funcionario.” (Negrillas fuera del
original)
7.2.3 La Resolución 3506 de 21 de septiembre de 2000, mediante la
cual el Director General del INPEC retira del servicio por inconveniencia al
señor Martín Emilio Barreto Tao, aquí demandante.
En la parte
considerativa de la Resolución 3506 de 21 de septiembre de 2000, el Director
General del INPEC afirma (i) que el artículo 65 del Decreto Ley 407 de 1994, en
concordancia con el artículo 48 numeral 4° del Decreto Ley 1890 de 1999, prevén
el “retiro por inconveniencia en el servicio”, en cualquier tiempo, de los
dragoneantes del INPEC, a voluntad del Director del instituto, previo concepto
de la Junta Asesora; (ii) que existe solicitud escrita del superior jerárquico
del señor Barreto Tao para proceder a su retiro por inconveniencia; (iii) que
el señor Barreto Tao fue citado a la Junta Asesora, con el objeto de ser oído y
garantizar plenamente es derecho a la defensa; (iv) que mediante Acta N° 303-1
del 6 de septiembre de 2000, la Junta Asesora, previa aplicación del
procedimiento estipulado en la Resolución N° 0969 de marzo 9 de 2000, emitió
concepto favorable para retirar por inconveniencia en el servicio al señor
Vecino Calderón; y (v) que el citado Director General del INPEC acoge dicho
concepto de la Junta Asesora.
Con fundamento
en las consideraciones anteriores, en la parte Resolutiva de la Resolución en
comento se dispone el retiro del servicio del aquí demandante, a partir de la
fecha del acto.
7.2.4.
Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. Ahora bien, en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
interpuesta en contra de la Resolución 3506 de 21 de septiembre de 2000, por
medio de la cual se desvinculó del servicio al actor, se afirma que “el
formalismo del acta de descargos suscrita por varios miembros de la Junta de la
Carrera Penitenciaria, no reúne los requisitos exigidos por la ley para la
desvinculación, pues no se elevaron los cargos concretos y no se le nombró
defensor para que hubiera rebatido los mismos y por tanto no se puede tener por
agotada tal instancia por ser violatoria del debido proceso.” Afirma que
“si bien es cierto que en la Cárcel del Circuito de Acacías (Meta) se presentó
una fuga masiva de internos, el dragoneante BARRETO TAO, ese día, cumplía una
función específica, ordenada por escrito, por sus Superiores Inmediatos…
quienes lo encargaron exclusivamente de la vigilancia sobre los internos… en
sitio diferente desde el cual carecía de visibilidad alguna sobre el rincón…
por el cual se evadieron…”  Agrega que si bien es cierto que se abrió una
investigación disciplinaria, “ésta no ha concluido, por lo cual se está
prejuzgando y ejercitando una verdadera política represiva de persecución
sindical digna de ser investigada por la Fiscalía General de la Nación  (Art.
222 del C.P.) contra los trabajadores del Instituto que estuvieron afiliados
al Sindicato, ASEINPEC, al desvincularlo, presumiéndolo culpable, de unos
supuestos cargos de los cuales no se le ha corrido traslado, no se le ha
permitido controvertir las “pruebas” endilgadas en su contra, ni se le ha
vencido en juicio, invirtiendo así lo que ha dispuesto claramente la Carta
Política en el artículo 29…”  Finalmente, aduce la demanda de nulidad que
el demandante, por estar legalmente incluido en la carrera penitenciaria y
formar parte de la planta de personal del INPEC, gozaba de una relativa
estabilidad laboral.
7.2.5 Otra
prueba relevante obrante dentro del proceso de nulidad. Obra también dentro del expediente de la nulidad copia del acta de
la audiencia pública correspondiente a la diligencia de recepción de un
testimonio decretado como prueba dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. En dicha acta se lee el testimonio de una
persona, compañera de trabajo del demandante; interrogado a cerca de los
motivos por los cuales fue desvinculado de la institución el señor Barreto Tao,
contestó que a principios del mes de septiembre de 2000 “se presentó una
fuga masiva en la cárcel del circuito y a él lo vincularon con esta fuga, lo
llamaron a junta de carrera y lo desvincularon”.
7.2.6. La
Sentencia de 2 de octubre de 2006, proferida por la Sección Segunda- Sub
sección “B” de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
contra la cual se dirige la presente acción de tutela.
Mediante la Sentencia de 2 de octubre de 2006, la Sección Segunda-
Sub Sección “B” de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado decidió desfavorablemente el recurso de apelación interpuesto por el
señor Barreto Tao contra la sentencia de 3 de noviembre de 2004, proferida por
el Tribunal Administrativo del Meta, en la cual no se había accedido a las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.
La Sentencia del
Consejo de Estado recuerda que el artículo 49 del Decreto ley 407 de 1994, por
medio de la cual se establece el régimen de personal del INPEC, consagra como
causal de retiro del servicio de los miembros del Cuerpo de Custodia y
Vigilancia la decisión voluntaria del Director General del Instituto, previo
concepto de la junta de Carrera Penitenciaria. El texto de la disposición es el
siguiente:
“Artículo 49. Causales de retiro. Son causales de retiro para los
empleados del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, las
siguientes:
(…)
m) Retiro del servicio de un miembro del Cuerpo de Custodia y
Vigilancia por voluntad del Director General del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario, INPEC, previo concepto de la Junta de Carrera
Penitenciaria.”
Así mismo, la Sentencia recuerda el texto del artículo 65 del mismo
Decreto Ley 407 de 1994, conforme al cual “(l)os
oficiales, suboficiales, dragoneantes y distinguidos del Cuerpo de Custodia y
Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional, podrán ser retirados del
servicio a voluntad del Director General del Instituto en cualquier tiempo
cuando su permanencia se considere inconveniente, previo concepto de la Junta
de Carrera Penitenciaria.”
A continuación, el fallo que ahora se examina trascribe las
consideraciones vertidas por la Corte Constitucional en la Sentencia C-108 de
1995, que estudió la exequibilidad del citado artículo 65 y declaró su
constitucionalidad condicionada a que se respetara el derecho de defensa de los
funcionarios mencionados en la norma, por lo cual la Junta de Carrera
Penitenciaria debería oír  sus descargos, de forma tal que su separación del
servicio resultara plenamente justificada.
Después de haber
hecho referencia a los fundamentos legales y jurisprudenciales anteriores, la Sección
Segunda- Sub Sección “B” de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado entra estudiar el caso concreto, para lo cual repara en que
el actor estaba inscrito en la carrera penitenciaria. Observa también que
mediante las actas 303 y 303-1 de septiembre 6 la Junta Asesora del INPEC
recibió versión al actor y emitió concepto favorable a su desvinculación del
servicio por razones de inconveniencia, y que mediante la resolución demandada
el Director General del INPEC  decretó dicho retiro. Expresa que el Tribunal
del Meta negó las suplicas de la demanda al considerar que las actuaciones
administrativas realizadas por el INPEC se ajustaban al ordenamiento jurídico,
pues se había obtenido el concepto previo de la Junta.
Refiriéndose a
los argumentos expuesto en el escrito de impugnación de la demanda de primera
instancia,  presentados por la parte actora, según los cuales el retiro del
servicio se habría producido con violación de derecho al debido proceso, el
derecho de defensa y la igualdad, pues la resolución impugnada habría expedido
viciada de desviación de poder y de falta de motivación, el Consejo de Estado
consideró que conforme a los artículos 49 y 65 del Decreto Ley 407 de 1994,
entre las causales de retiro del INPEC  figura la voluntad del Director General
de esa Institución, quien discrecionalmente y por razones de inconveniencia
puede disponer en cualquier momento la separación absoluta  del servicio activo
de alguno de sus miembros, siempre y cuando cuente con la previa recomendación
de la Junta de Carrera Penitenciaria. Esta exigencia operaba, dijo el Consejo,
en relación con el personal escalafonado de carrera, según había sido explicado
por la Corte Constitucional en la Sentencia C-108 de 1995, en la cual se había
hecho ver que con ello se buscaba preservar la estabilidad laboral de dichos
funcionarios.
Agregó el
Consejo de Estado que el Decreto Ley 407 de 1994 no le exigía a la Junta de
Carrera ninguna formalidad especial para recibir la versión de los
funcionarios; únicamente ordenaba la preexistencia del concepto de dicha Junta,
para proceder a la desvinculación. Así las cosas, “si no existe procedimiento
alguno que deba observar la junta, resulta imposible el cotejo tanto de sus
actuaciones como de sus omisiones con el régimen jurídico del cual surgiría su
quebrantamiento.”
Ahora bien, en
cuanto a la supuesta desviación de poder alegada por la parte actora, que se
produciría por el carácter sancionatorio del retiro del servicio ocasionado por
la fuga de presos ocurrida en el centro carcelario donde laboraba el
demandante, el h. Consejo de Estado indicó que no se había acreditado tal
cargo, “toda vez que en el expediente ni siquiera se probó que el actor fuera
inculpado de tal suceso, ni que contra el se hubiera iniciado proceso
disciplinario… en consecuencia no se acreditó el carácter sancionatorio del
acto de retiro…”
En lo relativo a
la supuesta falta de motivación del acto administrativo demandado alegada por
el actor, dijo el Consejo que “tal causal no la desarrolla ni la predica
respeto del acto de retiro sino del Acta de la Junta Asesora por no haber
formulado cargos concretos”. Agrega que tampoco puede aducirse la falta de
motivación, puesto que el retiro del servicio fue la voluntad del Director al
estimar inconveniente su permanencia en la Institución.
7.3 Examen
de la Sentencia de 2 de octubre de 2006, proferida por la Sección Segunda- Sub
sección “B” de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.
7.3.1 De conformidad con lo explicado por esta Corporación en la
Sentencia C-590 de 2005, arriba comentada, los vicios que determinan la
procedibilidad  de una acción de tutela intentada en contra de una providencia
judicial son: (i) el defecto orgánico o falta de competencia del funcionario
judicial que produjo la decisión, (ii) el defecto procedimental absoluto, que
se configura cuando dicho funcionario actúa completamente al margen de
procedimiento establecido, (iii) el defecto fáctico o falta de sustento
probatorio adecuado para la adopción de la decisión, (iv) el defecto sustantivo
o material que se da cuando la decisión se adopta con base en normas
inexistentes o inconstitucionales o se presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión, (v) el error inducido, “que
se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales”[26], (vi) la falta de
motivación de la providencia, es decir la carencia de fundamentos fácticos y
jurídicos que fundamenten la decisión judicial,  (vii) El desconocimiento del
precedente, “hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte
Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado[27]”[28]
, y (viii) la violación directa de la Constitución.
7.3.2 En la
presente oportunidad, la Sala no detecta la presencia de ninguno de los
anteriores vicios, que serían determinantes de la procedibilidad de la presente
acción. En efecto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 132 del
Código Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado era  competente, actuó
respetando el procedimiento señalado para este tipo de actuaciones,  adoptó la
decisión con base en el sustento probatorio aportado al expediente y en el
adicional recaudado por el a quo (acervo probatorio que está constituido
por (i) las actas Nos 303 y 303-1 de 6 de septiembre de 2000,  que
recogen la reunión de la Junta Asesora de la Carrera Penitenciaria en la cual
se le recibió versión al aquí demandante, y la reunión de la misma Junta en la
que se emitió concepto favorable a su desvinculación, (ii) por la misma
Resolución demandada, y (iii) por los testimonios recibidos dentro del
proceso). Además, la decisión se adoptó con fundamento en las normas legales
pertinentes, esto es, los artículos 49 del Decreto Ley 407 de 1994, 48 del
Decreto 1890 de 1999 y particularmente del artículo 65 del Decreto Ley 407 mencionada.
No existe tampoco constancia de que el Consejo de Estado haya actuado inducido
por error que haya determinado el proferir una decisión que afecte derechos
fundamentales, ni tampoco se trata de una providencia carente de motivación. De
manera particular, como se explicará más adelante, la Sala no encuentra que el
Consejo de Estado haya  desconocido los precedentes jurisprudenciales en los
cuales la Corte Constitucional ha establecido el alcance del derecho
fundamental al debido proceso de los funcionarios de carrera penitenciaria
cuando son objeto de retiro del servicio por razones de inconveniencia.
Sin embargo, en la demanda de tutela se afirma que la Sentencia
enjuiciada constituye una vía de hecho por defecto fáctico, sustantivo y
procedimental, por las siguientes razones:
a) Habría dado al actor el tratamiento de empleado público de libre
nombramiento y remoción, a pesar de que era funcionario de carrera
penitenciaria. Lo anterior en desconocimiento de los artículos 10 y 76 del
Decreto Ley 407 de 1994 (sic), que definen taxativamente cuáles son los cargos
de libre nombramiento y remoción, sin incluir el de dragoneante.[29]
b) La Sentencia
omitió evaluar las pruebas que daban cuenta de su hoja de vida intachable,
donde se destacaban méritos, excelentes calificaciones y felicitaciones por el
buen desempeño por más de ocho años dentro de la Institución a la que prestaba
sus servicios. Lo anterior, estima, implica un desconocimiento del principio de
favorabilidad.
c) Produjo una interpretación errónea de la Sentencia C-108 de 1995,
que establece que para el retiro por inconveniencia es necesario adelantar un
proceso disciplinario que le permita al funcionario ejercer su derecho de
defensa ante la Junta Asesora de la Carrera Penitenciaria, cosa que no sucedió
en su caso.
d) No tuvo en cuenta que el director del INPEC lo retiró sin el
concepto previo de la Junta Asesora de la Carrera Penitenciaria, y en una acto
administrativo con desviación de poder o sin motivación.
e) Desconoció directamente la Constitución al proferir una decisión
contraria a la adoptada dentro de otros procesos de la misma naturaleza, en los
cuales se presentaban los mismos supuestos fácticos.
En seguida la Sala explicará por qué todos los anteriores vicios no
se configuran en la providencia atacada mediante la presente acción de tutela:
a) En cuanto al reproche conforme al cual el Consejo de Estado
habría dado al aquí demandante el tratamiento de empleado público de libre
nombramiento y remoción, ignorando que se trataba de un funcionario de carrera,
lo cual desconocería los artículos 10 y 76 del Decreto 407 de 1994 que definen
taxativamente cuáles son los cargos de libre nombramiento y remoción sin
incluir el de dragoneante, la Sala estima que contrario a lo afirmado por el tutelante,
el Consejo de Estado expresamente consideró y tuvo en cuenta que “ a través
de memorando del 9 de febrero de 2000 el Jefe de División Gestión humana del
INPEC le comunicó al actor que mediante Resolución 0020 del 26 de junio de 1998
fue inscrito en Carrera Penitenciaria, en el cargo de dragoneante…” Es
decir, el Consejo de estado sí tuvo que se trataba de un empleado de carrera y
no de libre nombramiento y remoción. Además, con fundamento en esa
consideración examinó cuál era el régimen legal que regulaba su desvinculación
del servicio, encontrando que los artículos 49 y 65 de el Decreto Ley 407 de
1994 resultaban plenamente aplicables, pues regulaban las causales de retiro de
los empelados decarrera del INPEC, entre ellas el retiro por inconveniencia,
por voluntad del Director de ese Instituto.
b) En lo concerniente al cuestionamiento que se hace a la Sentencia
por haber omitido evaluar las pruebas que daban cuenta de la hoja de vida
intachable del demandante, en desconocimiento del principio constitucional de
favorabilidad, la Sala observa que efectivamente la Sentencia no vierte
consideración alguna sobre este tópico; empero no estima que ello configure
ninguna causal que determine la procedibilidad de la presente acción de tutela,
toda vez que conforme a la ley (Decreto Ley 407 de 1994, art. 65) la causal de
desvinculación por inconveniencia en el servicio opera sin consideración a los
antecedentes laborales del funcionario por retirar.
En cualquier caso, el principio constitucional de favorabilidad
recogido en el artículo 53 superior ha sido entendido por la jurisprudencia
como aquel que indica que “en caso de duda y ante la existencia de dos o más
interpretaciones de una disposición jurídica contenida en una fuente formal del
derecho (ley, acto administrativo, convención colectiva) debe preferirse
aquella interpretación que mejor satisfaga los intereses del trabajador.”[30]
Por lo cual, la consideración según la cual el Consejo de Estado habría
incurrido en vía de hecho por haber omitido evaluar las pruebas que daban
cuenta de la hoja de vida intachable del demandante, en desconocimiento del
principio constitucional de favorabilidad, parece partir de una comprensión
errada del alcance jurídico de dicho principio superior. En efecto, tal
acusación no señala la existencia de dos normas, o dos o más interpretaciones
plausibles de una normatividad legal aplicable, una de ellas más favorable al
trabajador, que el Consejo de Estado haya dejado de acoger. Simplemente indica
que no tuvo en cuenta los buenos antecedentes laborales del demandante.
c) En lo concerniente al ataque que se formula en contra del fallo
del Consejo de Estado por haber incurrido en una interpretación errónea de la
Sentencia C-108 de 1995, que establece que para el retiro por inconveniencia es
necesario adelantar un debido proceso y llevar a cabo una investigación previa
que le permita al funcionario de carrera del INPEC ejercer su derecho de
defensa ante la Junta Asesora de la Carrera Penitenciaria, cosa que no habría
sucedido en el caso del demandante, la Sala observa lo siguiente:
En la Sentencia reprochada de configurar “vía de hecho”, el Consejo
de Estado estudia el artículo 65 del Decreto Ley 407 de 1994, que autoriza al
Director del INPEC para desvincular discrecionalmente a los dragoneantes por
motivo de inconveniencia, previo concepto de la Junta de Carrera Penitenciaria.
Al respecto transcribe los apartes pertinentes de la Sentencia C-108 de 1995,
que explican que esa norma confiere margen de flexibilidad al Director General
del INPEC para remover de su cargo a los subalternos en cualquier tiempo,
cuando su permanencia en la Institución se considerara inconveniente, pero que
a continuación indican lo siguiente:
“Pero
se advierte que no se trata de una potestad absoluta para el Director del
INPEC, ya que cualquier decisión a este respecto debe contar con el previo
concepto de la Junta de Carrera Penitenciaria. Con ello se busca el
objetivo esencial de que  no se desvirtúen los principios de estabilidad que
busca amparar la Carrera y que tienen consagración constitucional, a través de
decisiones arbitrarias por parte  del superior jerárquico. Para que ello sea
efectivamente  así, es necesario que el empleado cuyo retiro se disponga
cuente con un debido proceso y se le permita, por consiguiente, ejercer su
derecho de defensa ante la Junta.”[31]
A continuación, el Consejo de Estado explica que “la Corte
Constitucional en su Sentencia C-108 de marzo 15 de 1995, que declaró
condicionalmente exequible el art. 65 del D.L. 407/94, destacó que ese
procedimiento y derecho de defensa se consagró para que no se desvirtuara el
principio de estabilidad que busca amparar la Carrera y que tiene consagración
constitucional.”… obsérvese que el D.L. de 1994 no le exige a la junta de
Carrera Penitenciaria ninguna formalidad especial para recibir la versión de
los funcionarios llamados a hacerla … En estas condiciones no existe
procedimiento alguno que deba observar la junta…” (Negrillas del original)  De
esta manera la Sentencia del Consejo de Estado respondió a los cargos de la
demanda de nulidad y restablecimiento que acusaban al INPEC de haber
desconocido el debido proceso por no haberle entregado al actor formalmente y
con anterioridad un pliego de cargos, no haberle nombrado un defensor, y no
haber realizado una investigación previa a la desvinculación, en la que se
justificara el retiro y dentro de la cual estuvieran claros los hechos que se
imputaban al demandante. Acusaciones que también sostenían que para la
desvinculación era menester iniciar y concluir un proceso disciplinario. Es
decir, el Consejo quiso explicar que el proceso de desvinculación por
inconveniencia no se asimilaba a un proceso disciplinario, por lo cual no
exigía adelantar una investigación previa ni la presentación formal de un
pliego de cargos.
Para la Sala, la interpretación de la Sentencia C-108 de 1995  hecha
por el Consejo de Estado no es errónea; en tal virtud, no estima que se haya
configurado una causal de procedibilidad de la acción de tutela por
desconocimiento del precedente jurisprudencial recogido en dicho fallo, en el
cual la Corte Constitucional estableció, con efectos erga omnes, el
alcance del derecho fundamental al debido proceso de los funcionarios de
carrera penitenciaria cuando son objeto de retiro del servicio por razones de
inconveniencia.
Ciertamente, en dicho fallo de constitucionalidad se destacó con
particular énfasis que dicho proceso de desvinculación de funcionarios de
carrera se revestía de ciertas connotaciones de flexibilidad, dada la
naturaleza de la función cumplida por dichos servidores. Se afirmó que no
obstante lo anterior, debía darse una oportunidad real de ejercer su derecho de
defensa ante la Junta de la Carrera Penitenciaria. Empero, no se indicó que lo
anterior implicara llevar a cabo una investigación previa, ni cumplir los
trámites propios de un proceso disciplinario. Esto es justamente lo que explica
la Sentencia del Tribunal que ahora se ataca mediante la acción de tutela, por
lo cual la Sala descarta que en ella se consigne la interpretación errónea que
denuncia el actor.
La Sala entiende que para poder ejercer el derecho de defensa, aun
dentro de las consideraciones de flexibilidad que se indican en la Sentencia
C-108 de 1995, es menester que el funcionario que va a ser desvinculado conozca
los motivos por los cuales va a ser retirado del servicio, y tenga una
oportunidad real de ejercer respecto de ellos el derecho de defensa. Obviamente,
sin ese conocimiento sobre los motivos mal puede oponerse a la decisión
administrativa, ejerciendo su derecho de defensa.
Ahora bien, en el presente caso, del material probatorio obrante en
el expediente del proceso contencioso administrativo emergía con toda nitidez
que el servidor desvinculado conocía tales motivos. De manera particular, el
Acta de la reunión de la Junta Asesora de la Carrera Penitenciaria dentro de la
cual se dio oportunidad al dragoneante para presentar sus descargos, y los testimonios
recogidos dentro del proceso de nulidad, demuestran fehacientemente que el
funcionario retirado conocía perfectamente los motivos que daban lugar a su
retiro por inconveniencia, relativos a la fuga masiva que se presentó pocos
días antes de la desvinculación del servicio, cuando el actor prestaba el
servicio de vigilancia.  Hechos a los cuáles él mismo hace referencia en la
diligencia de descargos. También, de las pruebas obrantes en el expediente
resulta claro que durante la diligencia surtida ante la Junta Asesora del INPEC
tuvo ocasión de referirse de manera concreta a tales motivos o circunstancias
fácticas determinantes de su desvinculación. Incluso, durante dicha diligencia
aportó fotografías con la cuales expuso por qué, a su parecer, él no tenía
ninguna responsabilidad en la fuga motivante de la decisión de retiro. Por lo
anterior, la Sentencia del Consejo de Estado mal podía acoger las acusaciones
de la demanda de nulidad que alegaban la violación del derecho al debido
proceso por el supuesto desconocimiento por parte del actor respecto de los
motivos de su retiro.
La Sala debe decir que no comparte las consideraciones del Consejo
de Estado relativas a que en la causal de retiro del servicio de los
funcionarios de carrera del INPEC, decidida por razones de inconveniencia, el
motivo de la decisión consista tan sólo en la voluntad del Director de dicho
Instituto.  No obstante, dicha consideración no es suficiente, en este caso,
para determinar la procedibilidad de la presente acción de tutela. En efecto, a
pesar de tal afirmación, la Sentencia enjuiciada respeta la  interpretación del
alcance del derecho fundamental al debido proceso de los funcionarios de
carrera penitenciaria del INPEC cuando son objeto de retiro del servicio por
razones de inconveniencia. En efecto, en el fallo del Consejo se verificó el
respeto de aquel mínimo esencial que fue establecido en la Sentencia C- 108 de
1995, a saber, que el servidor a ser retirado tenga una oportunidad real de
ejercer su derecho de defensa ante la Junta del Instituto, lo cual implica de
suyo el conocimiento de las razones del retiro, y que además exista el concepto
previo de la Junta de Carrera Penitenciaria.
La Sala en este punto debe hacer una precisión, relativa a los
motivos de la desvinculación de los funcionarios de carrera del INPEC,
producida por razones de inconveniencia en el servicio. Esta decisión
administrativa, aunque implica un alto grado de discrecionalidad en cabeza del
director de dicho Instituto, no por ello se exime del requisito general de
fundarse en motivos jurídicos que guarden una coherencia con el
propósito perseguido por el legislador al consagrar  de la causal legal de
desvinculación por razones del servicio, motivos que además deben resultar
proporcionados. Es decir, tales motivos no sólo deben existir, sino que tienen
que estar relacionados con la correcta prestación de la función pública, y ser
de suficiente relevancia para justificar la decisión de retiro. Lo contrario
sería admitir la existencia de facultades discrecionales absolutas en cabeza
del Director del INPEC, que lo autorizaran para retirar del servicio al
personal de carrera sin existencia de razón justificativa alguna. Esta
posibilidad de discrecionalidad absoluta o capricho del funcionario ha sido
rechazada sistemáticamente por esta Corporación, incluso cuando se trata de
desvinculación de servidores públicos de libre nombramiento y remoción; en
efecto, sobre el particular la Corte ha dicho:
“La discrecionalidad absoluta entendida como la posibilidad de adoptar
decisiones administrativas sin que exista una razón justificada para ello,
puede confundirse con la arbitrariedad y no es de recibo en el panorama del
derecho contemporáneo. La discrecionalidad relativa, en cambio, ajena a la
noción del capricho del funcionario, le permite a éste apreciar las
circunstancias de hecho y las de oportunidad y conveniencia que rodean la toma
de la decisión, concediéndole la posibilidad de actuar o de no hacerlo, o de
escoger el contenido de su determinación, siempre dentro de las finalidades
generales inherentes a la función pública y las particulares implícitas en la
norma que autoriza la decisión discrecional.”[32]
Y en similar sentido la Corporación ha señalado:
“Encontramos en la discrecionalidad, dos elementos; uno, la
adecuación de la decisión a los fines de la norma que autoriza la facultad
discrecional, y otro, la proporcionalidad con los hechos que sirvieron de
causa.  La adecuación es la correspondencia, en este caso, del contenido
jurídico discrecional con la finalidad de la norma originante, en otras
palabras, la armonía del medio con el fin; el fin jurídico siempre exige medios
idóneos y coherentes con él. Por su parte, la proporcionalidad es con los hechos
que le sirven de causa a la decisión, y no es otra cosa que la acción del hecho
causal sobre el efecto jurídico; de ahí que cobre sentido la afirmación de
Kelsen, para quien la decisión en derecho asigna determinados efectos jurídicos
a los supuestos de hecho. De todo lo anterior se desprende que la
discrecionalidad no implica arbitrariedad al estar basada en los principios de
racionalidad y razonabilidad. (Negrillas fuera del original)”[33]
Así pues, toda decisión administrativa, aun la de naturaleza
discrecional, debe obedecer a motivos jurídicos racionales y proporcionados.
Ello implica, como consecuencia lógica, que como regla general aun los actos
administrativos discrecionales deben ser motivados aunque sea de manera
sumaria, en garantía del principio de publicidad, del cual depende naturalmente
la posibilidad de ejercer el derecho de defensa[34];
no obstante, la jurisprudencia también ha aceptado que en ciertos casos existen
excepciones al deber de motivar los actos administrativos. En este sentido, en
la Sentencia C-371 de 1999[35], la Corte reconoció:
“Todos los actos administrativos que no sean expresamente
excluidos por norma legal deben ser motivados, al menos sumariamente, por
lo cual no se entiende que puedan existir actos de tal naturaleza sin
motivación alguna. Y, si los hubiere, carecen de validez, según declaración que
en cada evento hará la autoridad judicial competente, sin perjuicio de la
sanción aplicable al funcionario, precisamente en los términos de la
disposición examinada.” (Negrillas fuera del original),
Como se ve, la ley puede en ciertos casos eximir de la obligación de
motivar los actos administrativos; es decir, de dejar constancia dentro de su
texto escrito de las razones que llevan a su expedición. Empero, eso no
significa que puedan no existir tales razones, y que las mismas no deban ser
racionales y proporcionadas, según antes se explicó; adicionalmente, tales
razones, si bien no tienen que constar expresamente en el acto administrativo
respectivo, sí deben ser puestas en conocimiento del interesado por algún
medio, de manera tal que le sea posible ejercer su derecho de defensa. En este
sentido, por ejemplo, tratándose de la desvinculación de funcionarios
administrativos del libre nombramiento y remoción, si bien la Corte ha admitido
que el acto administrativo respectivo pueda no hacer expresos los motivos  del
retiro (es decir ha admitido que el acto sea formalmente inmotivado), ha exigido
que la autoridad administrativa deje constancia de las causas que ocasionaron
la declaratoria de insubsistencia del nombramiento en la hoja de vida del
funcionario interesado.
En este sentido, en la Sentencia C-734 de 2000 antes citada, al
examinar la constitucionalidad del artículo 26 del Decreto Ley 2400 de 1968, la
Corte vertió los siguientes conceptos:
“9. El artículo 26 del decreto Ley 2400 de 1968, leído íntegramente
indica que en la respectiva hoja de vida del funcionario desvinculado, deberá
dejarse constancia del hecho y de las causas que ocasionaron su retiro. Esta
prescripción aleja a la facultad discrecional que se contiene en la norma, de
la posibilidad de ejercerse en forma caprichosa o arbitraria, al ordenar dejar
constancia posterior, aunque sumaria, de la motivación que condujo a la
decisión de declarar insubsistente al funcionario. Por ello, el sentido
completo del artículo 26 consiste en indicar que la providencia que ordena la
desvinculación no tiene que expresar dentro de su propio texto la motivación de
tal decisión, no obstante lo cual debe dejarse constancia de ella en la hoja de
vida del servidor público. Así, el funcionario desvinculado puede conocer
las razones que llevaron a declarar la insubsistencia de su designación, y si
estima que ellas configuran una arbitrariedad, un abuso o una desviación de
poder, ejercer los medios de defensa judicial a su alcance.
“…
“10. De esta manera, la lectura completa de la disposición
acusada, lleva a concluir sobre su exequibilidad. No sólo la falta de
motivación de los actos administrativos de funcionarios de libre nombramiento y
remoción, como se vio, no se opone a la Constitución, sino que en el caso
presente, la exigencia de motivación posterior excluye la posibilidad de que la
desvinculación así efectuada se erija en un acto arbitrario y caprichoso contra
el cual no exista la posibilidad de ejercer el derecho de defensa, como lo
aduce la demanda. No hay en este caso, excepción al principio de publicidad de
los actos administrativos, pues el interesado puede conocer la motivación que
originó su retiro.” (Negrillas fuera del original)
Ahora bien, tratándose de servidores públicos de carrera de los
sectores de defensa o de seguridad del Estado, como arriba se dijo, esta
Corporación ha admitido que, debido a la naturaleza peculiar de la función que
cumplen, es constitucionalmente aceptable reconocer un margen razonable de
discrecionalidad a los superiores para remover a los subalternos de su cargo en
cualquier tiempo. No obstante, lo anterior no exime a dicho funcionario
justificar las razones del retiro, ni de adelantar un procedimiento  aunque sea
sumario dentro del cual el servidor público pueda contradecir dichas razones,
aunque no ha exigido que los actos administrativos respectivos sean formalmente
motivados.[36]
Así pues, en el caso concreto de los servidores de carrera
penitenciaria al servicio del INPEC, aunque en principio los motivos de la
desvinculación deben constar en el acto administrativo que la ordena, la
flexibilidad del proceso de desvinculación por razones de inconveniencia, a la
cual se refirió la Corte en la C-108 de 1995[37], permite aceptar que, cuando de
las circunstancias y el contexto que rodean la expedición de dicho acto
administrativo, debidamente probadas en el proceso de nulidad, se infiere con
toda claridad que el servidor público desvinculado sí conocía las razones por
la cuales estaba siendo llamado a rendir descargos ante la Junta Asesora de la
Carrera Penitenciaria, no es de recibo alegar seriamente dicho desconocimiento.
En esta ocasión, el mismo servidor desvinculado, demandante de la nulidad,
reconoció ante ella que conocía las razones del retiro y se opuso a ellas, e
incluso aportó pruebas documentales y también el testigo citado al proceso
contencioso administrativo manifestó que la única razón de la determinación radicaba
en dicha fuga, y  que así lo entendían todos los compañeros de trabajo del
dragoneante. Por lo anterior, no resulta ahora de recibo alegar que, por
desconocimiento de los motivos del retiro, no pudo ejercer el derecho de
defensa en la diligencia de descargos.
Finalmente, la Sala recuerda que la desvinculación por razones del
servicio es un trámite administrativo distinto de un proceso disciplinario
formal, que permite al director del INPEC retirar en condiciones de
flexibilidad a funcionarios de carrera penitenciaria y carcelaria
escalafonados. La Corte en diversas ocasiones que anteriormente fueron
comentadas dentro de esta misma providencia ha explicado que este trámite
administrativo flexible, dentro del cual en todo caso debe haber espacio para ejercer
el derecho de defensa y contradicción, y que exige un concepto de la Junta
Asesora mencionada, encuentra su justificación constitucional en la naturaleza
de las labores que han sido encomendadas al INPEC, la cuales, similarmente a lo
que ocurre con otras entidades del Sector de Defensa y del de Seguridad del
Estado, requieren del depósito de una confianza absoluta en cabeza de los
servidores que materializan o hacen posibles las circunstancias de seguridad
pública. Por ello se justifica un proceso ágil de retiro del servicio, sin
exigencias exhaustivas en materia probatoria, de publicidad,  de procedimiento.
Por todo lo anterior, la Sala descarta que la Sentencia atacada
mediante la presente acción de tutela contenga una interpretación errónea de un
precedente obligatorio sentado en sede de constitucionalidad por esta
Corporación.
d) Conforme a otro cargo, la Sentencia que se ataca mediante la
presente acción de tutela no habría tenido en cuenta que el director del INPEC
retiró al actor sin el concepto previo de la Junta Asesora de la Carrera
Penitenciaria. Al respecto, la Sala observa que contrario a lo dicho por el
tutelante, la Sentencia atacada expresamente toma en consideración que dicho
concepto favorable está contenido en el Acta N° 303-1 de septiembre 6 de 2000.
En efecto, dentro de las consideraciones de la Sentencia se lee lo siguiente: “En
Actas Nos. 303 y 303-1 de septiembre 6 de 2000 la Junta Asesora del INPEC,
consta que se le recibió versión al actor y emitió su respectivo concepto sobre
la conveniencia del retiro del servicio.” (sic) Por lo demás, las copias de
dichas actas, como se dijo, reposan en el expediente de la presente acción de
tutela.
e) En una última acusación, la presente acción de tutela afirma que
el Consejo de Estado, en la Sentencia que constituiría vía de hecho, profirió
una decisión contraria a la adoptada dentro de otro proceso de la misma
naturaleza, en el cual se presentaban los mismos supuestos fácticos, lo cual
implicaría el desconocimiento directo de la Carta por violación del derecho a
la igualdad. Pasa la Corte a estudiar esta acusación.
- Se trata de la Sentencia proferida por la misma Sección Segunda
del Consejo de Estado  para decidir la acción de nulidad incoada por el
dragoneante José Antonio Sicuam[38]. La pretensión de la
demanda consistía en la declaración de nulidad de la resolución mediante la
cual el director general de esa institución había ordenado el retiro del
demandante por inconveniencia del servicio.
Observa la Sala que en esa oportunidad la Sección Segunda accedió a
la solicitud de nulidad, pero que los supuestos fácticos que motivaron esa
decisión difieren sustancialmente de los que dieron lugar a la Sentencia del
Consejo de Estado contra la cual se dirige la presente acción de tutela. En
efecto, en aquella oportunidad, dentro del trámite del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, el Tribunal que conoció la demanda en primera
instancia había solicitado al INPEC el envío de los antecedentes
administrativos de la resolución acusada,  y esta entidad se había limitado a
contestar que el Director del INPEC estaba facultado para retirar del servicio
a los funcionarios que estimara conveniente, pero sin probar que al demandante
se le hubiera adelantado el proceso administrativo correspondiente. En tal
virtud, el Consejo de Estado concluyó que le asistía razón al demandante y
accedió a las súplicas de la demanda. (Ver expediente folio 350).
La anterior situación de hecho no se presentaba en el caso que
motivó la Sentencia de nulidad contra la cual se dirige la presente acción de
tutela, lo que explica fácilmente la diferencia de la decisión de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa.
- Ahora bien, la demanda de tutela también presenta la copia de una
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, dentro de un
proceso de nulidad y reestablecimiento del derecho seguido contra el INPEC,
motivado en una decisión de desvinculación del servicio por razones de
inconveniencia. (Folio 357). Al respecto la Sala estima que tal precedente
jurisprudencial no resultaba vinculante para el Consejo de Estado.
Efectivamente, como esta misma Sala de revisión de tutelas lo ha explicado[39],
las diversas salas de los tribunales o del Consejo de Estado están vinculadas
por la obligación de aplicar el precedente sentado por el órgano encargado de
unificar jurisprudencia en materia contencioso administrativa, es decir por el
mismo Consejo de Estado. También, por razones de respeto al principio de
igualdad, las distintas salas de decisión de los tribunales y del Consejo están
atadas a sus propias decisiones anteriores, y así mismo al precedente sentado
en el respectivo tribunal o en el Consejo por las diferentes salas de decisión.
Empero, como es obvio, el Consejo de Estado no está atado a los precedentes
adoptados por los tribunales administrativos, por falta de relación jerárquica.
- Finalmente, la Sala anota que la Sentencia de nulidad contra la
cual se dirige la presente acción de tutela difiere, por su naturaleza y por
los asuntos tratados, de la Sentencia laboral que se revisó dentro del proceso
que fue decidido por esta Corporación mediante la Sentencia T-012 de 2003[40].
En efecto, como se dijo anteriormente, en esa oportunidad la Corte
Constitucional conoció el caso de un dragoneante del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario INPEC, que participó en un cese de actividades que
posteriormente fue declarado ilegal por el Ministerio de Trabajo. El
funcionario instauró ante la jurisdicción laboral una acción de reintegro por
fuero sindical, que fue decidida desfavorablemente a sus intereses; contra la
decisión de segunda instancia presento acción de tutela alegando vía de hecho.
La Corte observó que en el acto administrativo de desvinculación del servicio
no se había hecho mención de los motivos que justificaban la decisión, que
consistían en la participación del dragoneante en el cese ilegal de
actividades, por lo cual el servidor público no había podido ejercer adecuadamente
su derecho de defensa. Observó que la Sentencia de la Jurisdicción laboral no
había tenido en cuenta esta circunstancia, por lo cual declaró la nulidad de
tal fallo.
En la presente oportunidad, la Sala detecta que aunque en el acto
administrativo de desvinculación tampoco se hace mención expresa de los motivos
que llevaron a la decisión, de las circunstancias y el contexto en que se
produjo el retiro era claro que ellos eran claramente conocidos por el servidor
desvinculado, y que él tuvo oportunidad real de defenderse ante la Junta, en
relación concreta con los motivos que originaron la desvinculación.
Ciertamente, existen en el expediente pruebas que demuestran que él sí conocía
los motivos de la decisión administrativa, pues en la diligencia de descargos
expresamente se refirió “a la fuga que se presentó yo me encontraba
prestando servicio de terrazas” (sic), es decir al hecho de la fuga
masiva acaecida días antes de la citación ante la Junta, que constituyó el
motivo del retiro del servicio. Así pues, tanto de sus palabras, como de las
circunstancias que rodearon la toma de la decisión, es dable decir que la razón
del despido era suficientemente conocida. Este hecho permite a la Sala reiterar
la jurisprudencia sentada en la Sentencia T-012 de 2003, conforme a la cual los
motivos del desvinculación en principio deben señalase en el acto
administrativo de retiro del servicio producido por razones de inconveniencia,
acompasando esta postura jurisprudencial con la doctrina sentada por la Corte
en sede de constitucionalidad, según la cual el derecho al debido proceso de
los servidores del INPEC retirados por razones de inconveniencia queda
suficientemente satisfechos cuando tienen una oportunidad real de defenderse
ante la Junta de la Carrera Penitenciaria, sobre la base del conocimiento de
los motivos de la decisión,  y si la decisión final de retiro cuenta con el
aval de dicha Junta.
Sin duda, habiendo el actor aceptado durante la diligencia de
descargos que conocía las razones de la citación ante la Junta Asesora, mal
puede ahora alegar lo contrario, afirmando no haber sabido los motivos del acto
administrativo que dispuso su retiro, e imputando a la Sentencia que ataca el
no haber accedido a la solicitud de nulidad con base en tan discutible falta de
conocimiento.
En suma, para la Sala no queda duda de que en la presente
oportunidad la desvinculación del servicio respetó el derecho al debido proceso
del servidor del INPEC aquí demandante, según la interpretación del alcance
constitucional de tal derecho fijada por esta Corporación en la Sentencia C-108
de 1995. Así mismo, para la Sala es claro que la Sentencia demandada mediante
la presente acción de tutela estuvo atenta a verificar el respeto de tal
derecho, pues constató que el actor hubiera tenido oportunidad real de ejercer
el derecho de defensa ante la Junta de la Carrera Penitenciaria del INPEC, y
que el retiro no se hubiera producido sin el concepto favorable de dicha
Junta.
Ahora bien, la Sala pone de presente que la Sentencia acusada de constituir
vía de hecho en la acción de tutela que fue resuelta mediante la Sentencia
T-012 de 2003 difiere por su naturaleza de la providencia que se cuestiona
dentro del presente proceso. En efecto, en aquella oportunidad la Sentencia
enjuiciada había sido expedida dentro del una acción de reintegro, que había
estudiado prevalentemente si el funcionario desvinculado contaba con garantía
foral que exigiera obtener previamente autorización judicial para proceder la
retiro, y sí  existían suficientes pruebas que demostraran la participación del
empleado en el cese ilegal de actividades. Por el contrario, en la presente
ocasión la providencia contra la que se dirige la presente acción de tutela es
una sentencia que examina exclusivamente la legalidad de un acto administrativo
de despido.
- Finalmente, la Sala no desconoce que estando el presente
expediente en trámite ante la Corte Constitucional, fue expedida la reciente
Sentencia T-1023 de 2006[41], en la que la Sala
Cuarta de Revisión estudió las acciones de tutela acumuladas presentadas por
varios funcionarios inscritos en la carrera penitenciaria que habían sido
retirados del servicio por razones de inconveniencia, y que habían demandado
ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa las respectivas resoluciones de
desvinculación. En este pronunciamiento, la Sala Cuarta estimó que para aplicar
la facultad prevista en le artículo 65 del Decreto 407 de 1994 era necesario
garantizar el derecho de defensa del servidor público que fuera a ser retirado,
lo cual exigía ponerlo en conocimiento del contenido de la solicitud de retiro
formulada por el superior,  contenido que  correspondía “a los
motivos que originan la solicitud de retiro, que se constituyen a su vez en los
cargos o razones de la inconveniencia, respecto de los cuales el compareciente
debe ser “oído en descargos”[42]. Exigió
también este fallo que los motivos del retiro fueran expresos en la respectiva
resolución de desvinculación.
En el presente caso, la Sentencia T-1023 de 2006 no impedía a la
Sección Segunda Subsección “B” de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado optar por la interpretación que acogió, relativa al derecho
de defensa de los funcionarios del INPEC retirados del servicio por razones de
inconveniencia; lo anterior por la potísima razón de que para la fecha en que
dicho Tribunal profirió la sentencia enjuiciada (2 de febrero de 2006), la
Sentencia T-1023 de 2006 proferida por la Sala Cuarta de Decisión no había sido
expedida.
Adicionalmente, la Sala reitera que la interpretación
jurisprudencial del derecho de defensa de los funcionarios del INPEC retirados
por razones de inconveniencia acogida por la Sección Segunda Subsección “B” de
la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado es una exégesis
plausible de dicho derecho, que como se ha explicado en la presente providencia
no irrespeta lo decidido por esta Corporación en la Sentencia C-108 de 1995[43].
En tal virtud, no puede considerarse que tal Sentencia del Consejo de Estado
constituya una flagrante vía de hecho, en el sentido en que dicha expresión fue
entendida por la jurisprudencia de esta Corporación, es decir como una “violación
flagrante y grosera de la Constitución” que determine la procedibilidad de
la acción de tutela.
Ciertamente, el Consejo de Estado se cercioró de que se cumplieran
los requisitos mínimos que aseguran la eficacia del derecho de defensa de los
mencionados funcionarios del INPEC llamados a ser retirados por razones de
inconveniencia: en efecto, verificó que dentro del carácter flexible de dicho
proceso de desvinculación, que no equivale a un proceso disciplinario, hubiera
mediado una oportunidad real de ejercer el derecho de defensa ante la Junta de
la Carrera Penitenciaria, y que existiera un conocimiento previo de los motivos
de la desvinculación, sin que esto implicara la necesidad de adelantar una
investigación previa de tipo formal.
III.    DECISIÓN.
En mérito de lo
expuesto, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero: Confirmar la Sentencia proferida el día 31 de agosto de 2006 por el
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,
dentro del proceso de tutela incoado por el señor Martín Emilio Barreto Tao.
Segundo: Levantar los términos que fueron suspendidos mediante auto de
veintiséis (26) de enero de 2007.
Tercero: Por Secretaría líbrese la comunicación prevista en el artículo 36
del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en
la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
MARCO
GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
NILSON
PINILLA PINILLA
Magistrado
CON ACLARACION DE VOTO
HUMBERTO
SIERRA PORTO
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
ACLARACIÓN
DE VOTO DEL MAGISTRADO
NILSON
PINILLA PINILLA A LA SENTENCIA T-118 DE 2007
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-No comparto la procedencia de ésta, por más que se quiera discrepar
de la motivación, por resultar contraria a los fundamentos de la acción y a la
cosa juzgada constitucional (Aclaración de voto)
Como he
insistido, enfaticé en la respectiva sesión de la Sala de Revisión y seguiré
recabando, no comparto la procedencia de la tutela contra providencias
razonadas - por más que se quiera discrepar de la motivación -, por ser
contrario a los fundamentos de esta formidable acción, al igual que a la cosa
juzgada constitucional (art. 243 Const.). Remitiéndome a lo expresado en
salvedades anteriores y para no alargar ésta, sólo agregaré el reconocimiento a
la visión que tuvo el legislador especial al expedir al Decreto 2591 de 1991 y
en su artículo 40 estatuir que la tutela no procederá por errónea
interpretación judicial de la ley ni para controvertir pruebas, pero esta norma
fue declarada inexequible mediante la citada sentencia C-543 de 1992,
precisamente por la categórica determinación de no permitirse la tutela contra
decisiones judiciales que pongan fin al proceso, decisión que considero fue
inconstitucionalmente desconocida (art. 243 Const.) por la sentencia C-590 de
2005, aunque en ésta se trate de demostrar lo contrario.
Referencia: Expediente T-1450847, acción de tutela incoada por
Martín Barreto Tao, contra el Tribunal Administrativo del Meta y el Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B.
Magistrado Ponente: Marco Gerardo Monroy Cabra.
Con el acostumbrado respeto, me he
apartado de lo expresado en los numerales 3, 6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4,
6.1.5, 7.2.6 y 7.3 de la parte considerativa del fallo proferido por la Sala
Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, que integro con los Magistrados
Marco Gerardo Monroy Cabra y Humberto Antonio Sierra Porto, por las
consideraciones que a continuación expongo de manera muy sucinta.
La Sala Quinta de la Corte Constitucional
mayoritariamente entendió, conforme a la sentencia C-590 de junio 8 de 2005, M.
P. Jaime Córdoba Triviño, que la tutela de la referencia cumple los requisitos
generales y específicos de procedencia, enumerados en dicha providencia,
los cuales, en mi opinión, constituyen un excelente catálogo de enfoques para
encauzar una impugnación, mas no resulta válido para posibilitar la acción
constitucional de amparo, de la cual no puede abusarse, como se ha venido
haciendo en desmedro de la seguridad jurídica y de la autonomía y
desconcentración de la administración de justicia.
De acuerdo a la
sentencia C-543 de octubre 1° de 1992, M. P. José Gregorio Hernández Galindo,
en la cual expresamente fueron declarados inexequibles los artículos 11, 12 y
40 del Decreto 2591 de 1991, que admitían y reglamentaban la acción de tutela
contra decisiones judiciales que pongan fin a un proceso, determinación que
cobró efectos de cosa juzgada constitucional, es contrario a lo estatuido por
el artículo 243 de la Constitución que se de curso a tal acción, salvo si se
está en presencia de una grosera y flagrante conculcación del ordenamiento jurídico,
esto es, de una arbitrariedad camuflada como providencia judicial, lo cual en
el caso objeto de estudio no se observó y por ello fue acertadamente denegada
la tutela, pero yo considero que por ser manifiestamente improcedente, ni
siquiera ha debido considerarse, menos con tan profundo escrutinio de lo ya
realizado por la autoridad judicial competente.
De la misma
manera lo observó la Sala Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Sección
Cuarta, en sentencia proferida el 12 de julio de 2006, que declaró improcedente
la acción de tutela estimando que “la acción de tutela, por su carácter
residual, no podía ser utilizada para reemplazar otras acciones establecidas
para la defensa de los derechos fundamentales. Por tal razón, dicha acción no
procedía contra providencias judiciales, pues no resultaba admisible que por un
procedimiento sumario se invalidaran actuaciones surtidas dentro de procesos
diseñados también para garantizar los derechos constitucionales y legales de
las partes. Aceptar esa posibilidad significaba un claro quebranto del
principio democrático de autonomía e independencia del juzgado.”[44]
Decisión que fue
confirmada por la el Consejo de Estado, Sección Quinta en sentencia de agosto
31 de 2006, denotando que “la Corte Constitucional había declarado
inexequibles el artículo 11 del Decreto  2591 de 1991  que establecía la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. No obstante,
la Corte agregó que dicha acción procedía contra actuaciones de hecho de los
funcionarios judiciales, pronunciamiento con base en el cual se elaboró la
doctrina jurisprudencial de la vía de hecho judicial. Estimó el ad quem que la
acción era improcedente ‘puesto que redirige a cuestionar y revocar
sentencias…’ agregó que el juez de tutela no podía inmiscuirse en un proceso
judicial modificando decisiones adoptadas por el juez de conocimiento, porque
se quebrantarían los principios de cosa juzgada y la autonomía e independencia
de las autoridades judiciales en la emisión de sus providencias, así como el
valor de la seguridad jurídica, fundamento esencial de la organización social[45]”.
Como he
insistido, enfaticé en la respectiva sesión de la Sala de Revisión y seguiré
recabando, no comparto la procedencia de la tutela contra providencias
razonadas - por más que se quiera discrepar de la motivación -, por ser
contrario a los fundamentos de esta formidable acción, al igual que a la cosa
juzgada constitucional (art. 243 Const.).
Remitiéndome a
lo expresado en salvedades anteriores y para no alargar ésta, sólo agregaré el
reconocimiento a la visión que tuvo el legislador especial al expedir al
Decreto 2591 de 1991 y en su artículo 40 estatuir que la tutela no procederá
por errónea interpretación judicial de la ley ni para controvertir pruebas,
pero esta norma fue declarada inexequible mediante la citada sentencia C-543 de
1992, precisamente por la categórica determinación de no permitirse la tutela
contra decisiones judiciales que pongan fin al proceso, decisión que considero
fue inconstitucionalmente desconocida (art. 243 Const.) por la sentencia C-590
de 2005, aunque en ésta se trate de demostrar lo contrario.
Con lo anterior
dejo brevemente expuestas las razones por las cuales, con el mayor respeto,
difiero en parte de la motivación del fallo adoptado por la Sala Quinta de
Revisión.
Fecha ut supra.
NILSON
PINILLA PINILLA
Magistrado
[1]
La demanda cita la sentencia proferida por el Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sub sección B,
dentro del expediente 13.018, calendada el 18 de octubre de 1996. copia de esta
sentencia, además, se anexa al expediente.
[2] La
demanda menciona otras sentencias que serían contrarias a la atacada mediante
la presente acción, pero en el expediente no reposa copia de las mismas.
[3] M.P
Manuel José Cepeda Espinosa
[4] M.P. Jaime Córdoba Treviño. La Sentencia C-590/05
encontró contraria a la Constitución la expresión “ni acción”  incluida
en el artículo 185 de la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal, pues
implicaba la exclusión de la procedencia de la acción de tutela contra
sentencias de casación de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal.
[5]  Sentencia 173/93.
[6] Sentencia T-504/00.
[7] Ver entre otras la reciente Sentencia T-315/05
[8] Sentencias T-008/98 y SU-159/2000
[9] Sentencia
T-658-98
[10] Sentencias
T-088-99 y SU-1219-01
[11] Sentencia T-522/01
[12] Cfr. Sentencias T-462/03; SU-1184/01; T-1625/00 y
T-1031/01.
[13] Sentencia T-1031 de 2001. En este caso se decidió que
“(…) el pretermitir la utilización de los medios ordinarios de defensa, torna
en improcedente la acción de tutela. Empero, la adopción rigurosa de éste
postura llevaría, en el caso concreto, a una desproporcionada afectación de un
derecho fundamental. En efecto, habiéndose establecido de manera fehaciente que
la interpretación de una norma se ha hecho con violación de la Constitución, lo
que llevó a la condena del procesado y a una reducción punitiva, no puede la
forma imperar sobre lo sustancial (CP. art. 228). De ahí que, en este caso,
ante la evidente violación de los derechos constitucionales fundamentales del
demandado, la Corte entiende que ha de primar la obligación estatal de
garantizar la efectividad de los derechos, por encima de la exigencia de agotar
los medios judiciales de defensa.”
[14] Sentencia T-949 de 2003. En este caso la Corte
decidió que “(…) la infracción del deber de identificar correctamente la
persona sometida al proceso penal, sumada a la desafortunada suplantación,
constituye un claro defecto fáctico, lo que implica que está satisfecho el
requisito de procedibilidad exigido por la Jurisprudencia para la procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales.”
[15] Sentencia T-453/05.
[16] Sentencia C-590/05
[17] M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa
[18] M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa
[19] M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa
[20] M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa
[21] M.P. Hernando Herrera Vergara,
[22] M.P
Eduardo Cifuentes Muñoz,
[23] M.P. Jaime Córdoba Treviño. La Sentencia C-590/05
encontró contraria a la Constitución la expresión “ni acción”  incluida
en el artículo 185 de la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal, pues
implicaba la exclusión de la procedencia de la acción de tutela contra
sentencias de casación de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal.
[24] Cfr. Sentencias T-462/03; SU-1184/01; T-1625/00 y
T-1031/01.
[25] M.P. Jaime Córdoba Treviño. La Sentencia C-590/05
encontró contraria a la Constitución la expresión “ni acción”  incluida
en el artículo 185 de la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal, pues
implicaba la exclusión de la procedencia de la acción de tutela contra
sentencias de casación de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal.
[26] Sentencia
C-590 de 2005.
[27] Cfr. Sentencias T-462/03; SU-1184/01;
T-1625/00 y  T-1031/01.
[28] Ibidem
[29] Sobre este punto el demandante afirma que el consejo
de Estado omitió evaluar el certificado de idoneidad  en donde constaba que era
miembro de la carrera penitenciaria, pues no fue allegado oportunamente al
expediente judicial, a pesar de haber solicitado que fuera tenido como prueba,
por lo cual se habría vulnerado también el debido proceso, al no evaluar una
prueba solicitada por él. De igual manera, dicho tribunal también habría
omitido evaluar la Resolución 0061 de 1999, por la cual la junta de Carrera
Penitenciaria del INPEC había actualizado el escalafón de Carrera Penitenciaria
incluyéndolo a él dentro del mismo.  Estas pruebas establecían, dice, que él
era un funcionario de carrera, por lo cual no podía ser desvinculado en la
forma en que lo fue.
[30] Sentencia
T-545 de 2004, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[31] Sentencia
C-108 de 1995. M.P
[32] Sentencia
C-734 de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[33] Sentencia
C-525 de 1995, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[34]
Sobre esta posición jurisprudencial puede consultarse la
Sentencia SU-250 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero. En este fallo la
Corte Constitucional decidió el caso de una notaria que fue desvnculada
mediante acto administrativo sin motivación.
[35] M.P
José Gregorio Hernández Galindo
[36]
Recuérdese, por ejemplo, que en la Sentencia
C-368 de 1999, la Corte examinó la constitucionalidad del literal j) del
artículo 37 de la Ley 443 de 1998.  Dicha norma establecía que “el personal
no uniformado de carrera del Ministerio de Defensa Nacional, de las Fuerzas
Militares y de la Policía Nacional, con excepción de sus entidades
descentralizadas, previo concepto favorable de la Comisión de Personal, podrá
ser retirado cuando por informe reservado de inteligencia se considere que es
inconveniente su permanencia en el servicio por razones de seguridad nacional.
En este caso, la providencia no se motivará.” La Corte declaró la
constitucionalidad de la anterior disposición, bajo la condición de que ella
solamente se aplicara en relación con funcionarios no uniformados de carrera de
esas instituciones, cuyas labores pudieran afectar de manera directa la
seguridad ciudadana o la seguridad del Estado.”
[37] M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa
[38]
Se trata de la sentencia proferida por el Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sub sección B, dentro
del expediente 13.018, calendada el 18 de octubre de 1996.
[39] Ver Sentencia _T-683 de
2006, M.P Marco Gerardo Monroy Cabra.
[40] M.P
Manuel José Cepeda Espinosa.
[41] M.P.
Jaime Córdoba Triviño
[42] Ver Sentencia
T-1023 de 2006.
[43] M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa
[44] Texto extraído de la
sentencia T-118 del 22 de septiembre de 2007, de la cual aclaro el voto.
[45] Ibídem.