T-231-20
Sentencia
T-231/20
Referencia: Expediente T-7.811.979
Asunto: Acción de tutela
instaurada por el señor Rafael Enrique Corcho Rada, mediante apoderado judicial
como agente oficioso de María Concepción Corcho Rada, en contra del Banco
Popular S.A.
Magistrado Ponente:
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Bogotá D.C., ocho (8) de julio de dos mil
veinte (2020).
La Sala Tercera de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados Alejandro Linares Cantillo, Antonio
José Lizarazo Ocampo y Luis Guillermo Guerrero Pérez, quien la preside,
en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente
las previstas en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política y 33 y
subsiguientes del Decreto 2591 de 1991, ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión del fallo de
tutela proferido el 2 de septiembre de 2018 por el Juzgado Catorce Civil
Municipal de Barranquilla (Atlántico), con ocasión del trámite del amparo
constitucional promovido por el señor Rafael Enrique Corcho Rada, como agente
oficioso de María Concepción Corcho Rada, en contra del Banco Popular S.A.
I. ANTECEDENTES
1.1. Hechos relevantes
1.1.1. La señora María Concepción Corcho Rada
tiene 70 años[1],
y padece una discapacidad mental y de lenguaje severa[2].
Desde el año 1989, el Instituto de Seguros Sociales –ISS le reconoció una
sustitución pensional como consecuencia del fallecimiento de su padre,
inicialmente, en un porcentaje correspondiente al 50% del valor de la mesada[3].
Del 50% restante era titular la señora
Cora Cristina Ortiz, en calidad de esposa del causante. En el año 2009 la
señora Cora Cristina Ortiz falleció, y en septiembre de 2011, a la señora María
Concepción se le reconoció el 100% del valor de la mesada pensional[4].
Tal como consta en certificado expedido
por Colpensiones, para el año 2018 el valor neto girado para el pago de la prestación
es de $1.531.496 pesos[5].
De acuerdo con lo manifestado en la demanda, el pago de dicha prestación se
había estado realizando de forma periódica a través de “4/72”, sin
embargo, para junio de 2018 se encargó al Banco Popular para tal efecto[6].
1.1.2. En la acción de amparo se advierte que
dicha prestación fue entregada hasta el mes de mayo de 2018, fecha en la cual
el Banco Popular empezó a exigir para su pago que acudiera a reclamarla el
curador de la señora María Concepción.
1.1.3. El 2 de noviembre de 2018 el señor Rafael
Enrique Corcho Rada formuló un requerimiento al Banco Popular para solicitar el
pago de la pensión. En respuesta del 8 de noviembre del citado año, se informó
que la entrega del dinero se realizaría a quien fuera designado curador de la
señora María Concepción. De ahí que, para el desembolso, su hermano debería
allegar “i) el AUTO ADMISORIO mediante el cual se declara presuntamente
interdicta [a la señora María Concepción] y se nombre curador
provisional, ii) el acta de posesión de curador provisional, [y] iii) el
correspondiente registro civil de la señora MARIA CONCEPCIÓN CORCHO RADA en el
cual se encuentre la anotación de la providencia a través de la cual se nombra
curador provisional.”[7]
1.1.4. Teniendo en cuenta lo anterior, el 19 de
diciembre de 2018, el señor Rafael Enrique Corcho Rada, mediante apoderada
judicial, presentó demanda de interdicción judicial a favor de su hermana, y
solicitó que se le nombrara como curador provisional para poder reclamar la
pensión. Esta fue repartida al Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Soledad
(Atlántico), el cual, en auto del 31 de enero de 2019, resolvió inadmitir la
demanda, dado que la misma no contaba con documentación suficiente, y era
necesario allegar: (i) una relación de los parientes más cercanos que estarían
en la posibilidad de ser llamados para ejercer la guarda de la presunta
interdicta, (ii) copia de la historia clínica, exámenes y procedimientos
relacionados con la patología que padece la potencial beneficiaria, y (iii) un
certificado médico actualizado sobre el estado del presunto interdicto que hubiese
sido expedido por un psiquiatra o neurólogo –atendiendo a lo consagrado en el
numeral 1 del artículo 586 del Código General del Proceso[8]–,
ya que el aportado por el demandante correspondía a 1988 y no satisfacía las
exigencias legales.
1.1.5. El 11 de febrero de 2019, la apoderada del
señor Rafael Enrique Corcho Rada allegó al Juzgado un escrito para subsanar la
demanda. En concreto, se refirió a datos de tres parientes cercanos de la
señora María Concepción, y anexó el informe de valoración neuropsicológica que
había sido proferido ese mismo día. De dicho informe se puede destacar lo
siguiente: (i) el examen fue practicado por la psicóloga clínica Lía Oliveros
Charris (Magister en Neuropsicología y Especialista en trastornos cognitivos)
en la Fundación Rehabilitar Nuevo Amanecer, (ii) se evaluó el coeficiente
intelectual y funciones cerebrales superiores de la señora María Concepción para
verificar la existencia de una “invalidez mental”, (iii) se realizaron
tres diferentes valoraciones a la paciente el 8, 9 y 11 de febrero de 2019 antes
realizar este diagnóstico, (iv) su acompañante a las sesiones fue el señor
Rafael Corcho Rada, y (v) se advirtió que su aspecto comportamental, cognitivo
y conductual son de una persona con retardo mental moderado a severo[9].
Específicamente, en el informe se describieron las
siguientes características de la personalidad de la señora María Concepción:
“Comportamiento infantil continuo //
Sonrisas desmotivadas // Disminución en la capacidad de aprendizaje //
Incapacidad para cumplir con las pautas de desarrollo intelectual //
Incapacidad para satisfacer las exigencias educativas en la escuela // Falta de
curiosidad y malicia // En ocasiones es funcional para hacer tareas domésticas
al interior de la casa // Depende económicamente y emocionalmente de su hermano
la cual es su fuente de apoyo continuo // Se le dificulta solucionar problemas
sencillos por sus limitaciones cognitivas // Se torna tranquila, serena y
cariñosa // Distorsión cognitiva entre su sentir + pensar y actuar”
De igual forma, en el informe se explica
que, si bien la señora María Concepción tiene independencia para alimentarse,
vestirse, bañarse y otras funciones de la vida cotidiana, requiere del apoyo de
su familia para hacer las compras, manejo de dinero, transportarse y salir a la
calle. Se manifestó también que vive con su hermano y sobrinos, quienes son los
que le proporcionan alimento y los cuidados básicos.
1.1.6. En providencia del 15 de marzo de 2019, el
Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Soledad (Atlántico) rechazó la demanda
de interdicción[10],
con fundamento en que el informe de valoración neuropsicológica aportado por la
apoderada no cumplía con las exigencias determinadas en el auto que inadmitió,
en tanto que fue realizado por una Psicóloga Clínica y no por un psiquiatra o
neurólogo. Respecto a este mismo punto, la Juez citó como sustento jurídico los
artículos 50 y 51 de la Ley 23 de 1981[11], y el artículo 586 del Código
General del Proceso[12].
1.1.7. En contra de dicha decisión, la apoderada
del señor Corcho Rada interpuso recurso de reposición[13].
El mismo fue resuelto en proveído del 13 de mayo de 2019, en el cual el Juzgado
Segundo Promiscuo de Familia de Soledad se abstuvo de reponer el auto del 15 de
marzo de 2019. La autoridad accionada reiteró que el informe de valoración
allegado por la parte demandante para subsanar la demanda no cumplía con el
requisito explícitamente señalado en el auto inadmisorio referente a haber sido
expedido por un médico psiquiatra o neurólogo, atendiendo lo dispuesto en el
numeral 1° del artículo 586 del CGP[14].
1.2. Solicitud de amparo constitucional
1.2.1. Con fundamento en lo expuesto, a través de
apoderado judicial, el señor Rafael Corcho Rada actuando como agente oficioso
de su hermana, la señora María Concepción Corcho Rada, invocó la protección de
los derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital, los cuales
considera han resultado afectados por el Banco Popular al suspender el pago de
la pensión desde junio de 2018. Al respecto, solicitó que se proceda a realizar
el pago de las mesadas que han sido retenidas. De igual forma, exigió la
garantía de su derecho al debido proceso, que fue afectado por el Juzgado
Segundo Promiscuo de Familia de Soledad al rechazar la admisión de la demanda
de interdicción interpuesta por éste a favor de la señora María Concepción.
Sobre el particular, puso de presente que
la señora María Concepción Corcho Rada es un sujeto de especial protección
constitucional por cuanto, además de que padece una discapacidad mental y
cognitiva, es una persona de la tercera edad. Ello hace imperativa la
participación del juez constitucional a efectos de garantizar sus derechos.
Manifestó también que él es quien está
sufragando todos los gastos para satisfacer las necesidades de su hermana.
1.3. Contestación de la demanda
1.3.1. Banco Popular[15]
En escrito del 16 de agosto de 2019, la apoderada
del Banco Popular solicitó no tutelar los derechos invocados, dado que son
razonables las exigencias de la entidad para el pago de la pensión en
tratándose de una persona en situación de discapacidad mental, los cuales responden
a los requisitos legales.
1.3.2. Colpensiones[16]
En escrito del 24 de julio de 2019[17],
la Directora de la Dirección de Acciones Constitucionales advirtió que no es competente
para resolver las controversias planteadas en sede de tutela por el señor
Rafael Enrique Corcho Rada.
En todo caso, señaló que una vez revisado
el histórico de la señora María Concepción Corcho Rada, se identificaron dos
resoluciones. La primera, referente al reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes a través de la Resolución 384 del 12 de mayo de 1989 en un
porcentaje equivalente al 50%.
Y, la segunda, la Resolución SUB316261 del
3 de diciembre de 2018, como respuesta a la petición elevada por la señora
María Concepción el 18 de octubre del mismo año. En dicho acto se informó que
el incremento al 100% del valor de la mesada había tenido lugar desde septiembre
de 2011. Así mismo, que en el sistema se encontraban mesadas causadas y no
cobradas por la beneficiaria desde octubre de 2009 a marzo de 2010, así como de
junio y julio de 2018. Al respecto, se aclaró que las habilitadas para pago
eran las correspondientes a junio y julio de 2018, para lo cual la interesada
debía elevar solicitud en un Punto de Atención de Colpensiones. En cuanto a las
mesadas mencionadas correspondientes a los años 2009 y 2010, se anunció que
habían prescrito, de conformidad con los artículos 488 y 489 del Código
Sustantivo del Trabajo[18].
II. SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN
2.1. Cuestiones previas al proceso de
única instancia. El 26 de abril de 2019, el señor Rafael Enrique Corcho Rada, a
través de apoderado, presentó una acción de tutela en contra del Banco Popular
y el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Soledad (Atlántico) para proteger
sus derechos fundamentales y los de su hermana la señora María Concepción de
acuerdo con las dos pretensiones que ya fueron expuestas anteriormente. El
asunto fue repartido a la Magistrada Yaens Lorena Castellón Giraldo de la Sala
Civil-Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Barranquilla. El 2
de mayo del mismo año, esta Magistrada profirió dos autos: (i) en el primero se
admitió y dio trámite a la pretensión de amparo interpuesta respecto del
Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Soledad; y (ii) en el segundo se
decidió no avocar conocimiento de lo demandado en contra del Banco Popular, en
consecuencia, se ordenó remitir copia de la acción de tutela a los Juzgados
Municipales de Barranquilla para que fuera repartido el asunto[19].
Como resultado de ese primer procedimiento
de tutela, la Sala Primera de Decisión Civil-Familia del Tribunal Superior de
Barranquilla profirió la sentencia del 13 de mayo de 2019, en la cual se declaró
improcedente el amparo en contra del Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de
Soledad al no acreditar el requisito de subsidiariedad, toda vez que aún se
encontraba en trámite el recurso de reposición en contra del auto que rechazó
la demanda de interdicción, y porque el accionante no agotó todos los recursos
procedentes, en particular, el de apelación. No se impugnó la decisión[20].
El 26 de junio de 2019, esta acción de
tutela fue radicada en la Corte Constitucional para su eventual revisión, bajo
el número T-7.476.162. En auto del 30 de julio del mismo año (notificado el 14
de agosto del mismo año), se decidió no seleccionar el expediente, por lo que
se realizó su devolución al juzgado de origen.
2.1.1. Respecto a la tutela que fue enviada a los
juzgados municipales de Barranquilla, la misma fue repartida al Juzgado Catorce
Civil Municipal de dicha ciudad, el cual, en proveído del 9 de mayo de 2019,
consideró que, en virtud del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, no era
competente para conocer sobre este asunto dado que no era el superior funcional
del Juzgado accionado. Por consiguiente, rechazó la demanda y ordenó remitir el
expediente a la oficina judicial para reparto[21]. Luego, en oficio del 13 de mayo de
2019, el Juzgado Catorce Civil Municipal de Barranquilla devolvió el expediente
a la Sala Civil-Familia del mencionado Tribunal[22],
quien dio trámite a la acción constitucional, ordenó oficiar al Banco Popular y
al Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Soledad y vinculó a Colpensiones
–como entidad que podría resultar afectada por la decisión–[23].
2.1.2. Así las cosas, en sentencia del 28 de mayo
de 2019, el magistrado Abdon Sierra Gutiérrez en la Sala Octava de Decisión
Penal para Adolescentes decidió declarar improcedente, al advertir un actuar
temerario por parte del accionante, por cuanto existe identidad de hechos, fundamentos
y pretensiones con este nuevo proceso.
2.1.3. La apoderada del señor Rafael Enrique
Corcho Rada presentó escrito de impugnación el 6 de junio de 2019. En este
alegó que en la sentencia proferida el 13 de mayo de 2019 por la Magistrada
Yaens Lorena Castellón Giraldo del Tribunal Superior de Barranquilla, no se
hizo referencia a la problemática con el Banco Popular. En esa medida,
manifestó:
“no se dan los
presupuestos para que exista temeridad de parte de la suscrita, pues el hecho
de que la acción de tutela fuera repartida nuevamente para que se conociera de
forma exclusiva sobre la acción impetrada contra el Banco Popular fue decisión
de la magistrada Yaens Lorena Castellón Girando y el despacho del magistrado
Abdon Sierra Gutiérrez no profundizó en el asunto.”
2.1.4. La impugnación fue concedida y el
expediente remitido a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia. En proveído del 10 de julio de 2019, se decidió declarar la nulidad
de todo lo actuado “en lo que tiene que ver con la queja constitucional
endilgada al Banco Popular, a partir del auto que ordenó su trámite inclusive,
sin perjuicio de la validez de las pruebas en los términos del artículo 138 del
Código General de Proceso.”[24] Por consiguiente, ordenó
remitir el expediente al Juzgado Catorce Civil Municipal de Barranquilla para
que conociera de la acción en primera instancia, y se pudieran resolver los
reparos elevados por el accionante respecto del Banco Popular[25].
2.1.5. Teniendo en cuenta lo anterior, en auto
del 5 de agosto de 2019, el Juzgado Catorce Civil Municipal de Barranquilla admitió
el recurso de amparo de la referencia y requirió al Banco Popular para que se
pronunciara sobre la cuestión. Igualmente, en proveído del 21 de agosto de 2019
ordenó vincular al proceso a la Defensoría del Pueblo, con el fin de que
emitiera un pronunciamiento sobre las circunstancias fácticas que dieron origen
al ejercicio de la acción constitucional.
2.2. Sentencia de única instancia. En fallo del 2 de septiembre
de 2019, el Juzgado Catorce Civil Municipal de Barranquilla declaró
improcedente el amparo. Lo anterior, bajo el argumento de que la controversia
aquí planteada se circunscribe a asuntos económicos, y probatorios de otro
proceso judicial como lo es el de interdicción, los cuales escapan a la órbita
del juez constitucional. En relación con el proceso de interdicción, expresó
que este no es el escenario para definir si la accionante “padece de una
condición de interdicción que permita ordenar el pago de la mesada pensional”[26].
Adicionalmente, se instó a la Defensoría
del Pueblo para que con la Personería Distrital realizaran seguimiento a este
caso, “a fin de que el trámite judicial adelantado ante la vía ordinaria
(proceso de interdicción) que instaure el petente (…) y las gestiones de pago,
previo cumplimiento de los requisitos requeridos ante el Banco Popular, se
garanticen los derechos fundamentales de esta”[27].
III. PRUEBAS
En el expediente se encuentran las
siguientes pruebas relevantes:
3.1. Copias del Registro Civil de Nacimiento[28]
y de la cédula de ciudadanía[29]
de la señora María Concepción Corcho Rada, de las cuales se tiene que: (i)
actualmente es una persona de 70 años, y (ii) es hija de Alicia Rada Noguera y
Rafael Corcho de las Salas (ambos fallecidos).
3.2. Copia del Registro Civil de Nacimiento[30]
y de la cédula de ciudadanía[31]
del señor Rafael Enrique Corcho Rada, de los cuales se tiene que: (i) es una
persona de 72 años, y (ii) es hijo de Alicia Rada Noguera y Rafael Corcho de
las Salas (ambos fallecidos).
3.3. Copia del Registro Civil de Defunción de
la señora Cristina Ortiz Cora[32].
3.4. Copia de la Resolución 01985 del 16 de
abril de 1982, por la cual el ISS concedió la pensión de vejez al señor Rafael
Corcho de las Salas[33].
3.5. Copia de la Resolución 00384 del 12 de
mayo de 1989, en la cual el ISS reconoció la sustitución pensional a las
señoras Cora C. Ortiz y María C. Corcho Rada, en un porcentaje equivalente al
50% a cada una del valor que estaba disfrutando el señor Rafael Corcho de las
Salas antes de su deceso ($25.638 pesos)[34].
3.6. Copia de certificado expedido por
Colpensiones el 11 de julio de 2018[35], en el cual se informó que
se le concedió a la señora María C. Corcho Rada la “pensión de sustitución
de invalidez”, que su estado es “ACTIVO”, y que el valor girado al
Banco Popular para el mes de junio de 2018 fue de $1.531.496 pesos[36].
3.7. Copia de memorando expedido el 3 de agosto
de 1988 por el área de Medicina Laboral del ISS en el cual se expresa: “Para
efectos de trámites de Pensión de fallecimiento del Sr. RAFAEL CORCHO DE LAS
SALAS, (…) hemos examinado a MARÍA CORCHO RADA, encontrando que es inválida por
Retardo Mental Severo y trastornos de lenguaje.”[37]
3.8. Copia de la demanda de interdicción que
presentó el señor Rafael Enrique Corcho Rada, a través de apoderada judicial, y
a favor de su hermana María Concepción Corcho Rada[38],
ya que padece de retardo mental severo y trastornos de lenguaje, y está
imposibilitada de administrar su mesada pensional. Por consiguiente, se
solicitó: (i) la interdicción judicial definitiva de la señora María
Concepción, (ii) que se decretara que esta no puede administrar su mesada
pensional, y (iii) nombrar como guardador a su hermano Rafael Enrique Corcho
Rada. Adicionalmente, se requirió adoptar como medidas preventivas la
interdicción anticipada de la señora María Concepción y que se nombrara como
curador provisional a su hermano, con el fin de poder realizar el cobro
efectivo de la pensión requerida para su manutención y subsistencia.
3.9. Copia de la providencia del 31 de enero de
2019 proferida por el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Soledad
(Atlántico), en la cual se inadmitió la demanda de interdicción judicial referida.
En concreto, se indicó que la demanda carecía de los siguientes documentos e
información: (i) relación de los parientes más cercanos que estarían en la
posibilidad de ser llamados para ejercer la guarda de la presunta interdicta,
(ii) copia de la historia clínica, exámenes y procedimientos relacionados con
la patología de la potencial beneficiaria, y (iii) un certificado médico
actualizado sobre el estado del presunto interdicto proferido por neurólogo o
psiquiatra, ya que el aportado por el demandante data de 1988 y no satisface
con las exigencias legales.
3.10. Copia de escrito remitido el 11 de febrero
de 2019 por la señora Gladys Esther Luna Naranjo, en calidad de apoderada del
señor Corcho Rada, para subsanar la demanda de interdicción judicial, con un
listado de parientes de la señora María Concepción y con copia de la valoración
neuropsicológica practicada.
3.11. Copia de la providencia del 15 de marzo de
2019 proferida por el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Soledad (Atlántico),
en el cual se rechazó la demanda de interdicción presentada por el señor Rafael
Enrique Corcho Rada, al considerar que no allegó correctamente la documentación
solicitada por el juzgado en la decisión que inadmitió la demanda[39].
3.12. Copia del recurso de reposición presentado
por la apoderada del señor Rafael Enrique Corcho Rada en contra del auto que
rechazó la demanda, en el que indicó que el informe allegado era lo
suficientemente claro y válido para acreditar la situación de salud y
discapacidad de la señora María Concepción, por lo que debía entenderse
subsanada la demanda[40].
3.13. Copia de la respuesta otorgada por el
Banco Popular el 8 de noviembre de 2018 a la petición presentada por el señor
Rafael Corcho Rada, en la que advirtió la necesidad de que la pensión de la
señora María Concepción sea cobrada por la persona que haya sido designada como
su curador.
3.14. Copia de la Resolución SUB316261 del 3 de
diciembre de 2018 expedida por Colpensiones en la cual se manifestó que el acrecimiento
de la pensión de la señora María Concepción se dio desde septiembre de 2011, y
se informó sobre la posibilidad de cobrar unas mesadas pensionales ya causadas
en junio y julio de 2018.
3.15. Copia de la sentencia del 13 de mayo de
2019 proferida por la Sala Primera de Decisión Civil-Familia del Tribunal
Superior de Distrito Judicial de Barranquilla, en el marco de la misma tutela interpuesta
por el señor Rafael Enrique Corcho Rada, particularmente, respecto a la
pretensión dirigida en contra del Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de
Soledad[41].
IV. CONSIDERACIONES
4.1. Competencia
Esta Sala es competente para
revisar la decisión proferida en la acción de tutela de la referencia, con
fundamento en lo previsto en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución
Política. El expediente fue seleccionado por medio de Auto del 28 de febrero de
2020 proferido por la Sala de Selección Número Dos[42].
4.2. Trámite en sede de
revisión
4.2.1. En escrito del 31 de marzo
de 2020, remitido vía correo electrónico a la Secretaría General de esta
Corporación, Colpensiones solicitó copia del expediente de la referencia a
efectos de presentar una eventual intervención.
En auto del 20 de mayo de
2020, se ordenó el levantamiento de los términos judiciales al considerar que
se cumplen con los criterios planteados por la Sala Plena en el Auto 121 de
2020 para tal efecto. En particular, dada la urgencia de adoptar una decisión
de fondo en la medida que la señora María Concepción es un sujeto de especial
protección constitucional por ser una persona de la tercera edad en situación
de discapacidad y cuyo mínimo vital se encuentra en riesgo por no contar con
los ingresos propios que había estado recibiendo desde 1989.
En dicho proveído, se decidió
también acceder al requerimiento de copias elevado por Colpensiones ordenando
el envío digital correspondiente, de manera que el trámite pudiera ser
realizado de forma compatible con las condiciones de aislamiento preventivo
obligatorio y la prestación actual del servicio de administración de justicia,
en concordancia con el precitado Auto 121 de 2020. De igual forma, se solicitó
comunicar al señor Rafael Corcho Rada, agente oficioso de María Concepción, y a
su apoderada respecto del presente trámite en sede de revisión, así como sobre
la posibilidad de intervenir en el proceso.
4.2.2. En respuesta del 12 de junio
de 2020, Colpensiones advirtió que cuenta con un protocolo de seguridad
destinado a salvaguardar los recursos públicos y a garantizar la adecuada
destinación de las mesadas pensionales, de acuerdo con el cual se suspende el
pago de una prestación cuando la entidad pagadora reintegre 3 o más mesadas
pensionales. Al respecto, informa que si bien el Banco Popular obstaculizó injustificadamente
la entrega efectiva de la pensión de la señora María Concepción desde julio de
2018, esta entidad solo tuvo conocimiento de dicha circunstancia hasta enero de
2019 (cuando el Banco Popular reintegró todos los valores girados a favor de la
señora María Concepción desde julio de 2018), momento en el cual, suspendió el
pago.
Con ocasión del presente
trámite de tutela, al conocer la causa de los reintegros, se procedió a
reactivar la pensión de sobrevivientes a favor de la señora María Concepción
Corcho Rada, “en la nómina de junio de 2020, pagadera en julio de la misma
anualidad, junto con todos los valores causados desde el periodo de suspensión,
valores que ya tienen orden de giro al banco en la nómina de junio”.
Finalmente, se indicó que la vulneración
de los derechos fundamentales en esta tutela no puede ser atribuible a
Colpensiones, en tanto que esta entidad ha actuado en el marco de sus
competencias legales.
4.2.3. En escrito remitido el 15 de
junio de 2020 por la apoderada del señor Rafael Corcho Rada, se manifestó que la
señora María Concepción ya lleva casi dos años sin recibir su pensión, y que es
su hermano quien está apoyándola financieramente para sufragar los gastos de
sus necesidades básicas.
Adicionalmente, expresó que
la señora María Concepción ya no está recibiendo atención en salud debido a que
Colpensiones dejó de cancelar lo correspondiente a salud hace más de un año. En
concreto indicó:
“SEGUNDO: La señora María Concepción
Corcho a pesar de no recibir su mesada pensional venía recibiendo su atención
médica periódicamente por parte de NUEVA EPS, en los cuales le tratan su
patología de hipertensión arterial y problemas circulatorios en sus piernas. //
TERCERO: La señora María Concepción Corcho acudió a cita médica
de control a la EPS a la que se encuentra afiliada NUEVA EPS, en compañía de su
hermano RAFAEL ENRIQUE CORCHO RADA el día 22 de abril de 2020 y cuando
fueron a la farmacia de NUEVA EPS, les manifestaron que no podían hacer entrega
de los mismos porque ella tenía mora en el pago de la salud. // CUARTO: Lo
anterior debido a que COLPENSIONES no había realizado desde hace más de un año
los pagos a NUEVA EPS de la señora MARIA CONCEPCION CORCHO RADA. // QUINTO:
Esta situación deja en total vulnerabilidad a la señora MARIA CONCEPCION CORCHO
RADA, pues, actualmente no cuenta con servicios médicos, a pesar de ser una
adulta mayor, discapacitada, que presenta patologías de hipertensión, problemas
circulatorios, teniendo en cuenta además el momento de emergencia mundial en el
que nos encontramos por la contingencia del COVID 19.”
Con fundamento en lo
anterior, solicita que se tengan en cuenta estas nuevas circunstancias sobre la
falta de prestación del servicio de salud al fallar la acción de tutela de la
referencia.
4.2.4. En auto del 25 de junio de
2020 se ordenó que, por Secretaría General de esta Corporación se corriera
traslado a las partes y terceros con interés vinculados al proceso de las
pruebas recibidas durante el trámite de revisión, durante un término de 2 días
hábiles.
4.2.5. Como resultado de lo
anterior, el 30 de junio de 2020 se allegó un escrito por parte de la apoderada
del señor Rafael Enrique Corcho Rada en el que se solicita que, atendiendo a
que Colpensiones procedió a girar al Banco Popular el dinero correspondiente al
pago de la mesada pensional de la señora María Concepción Corcho Rada, se
ordene a dicha entidad financiera que haga la entrega efectiva de los mismos.
4.2.6. En escrito del 2 de julio de
2020 presentado por la Gerente de la Oficina de Barranquilla del Banco Popular,
se advirtió que las actuaciones de la entidad al negar el pago de la pensión,
en su momento, se encontraban amparadas en la legalidad del régimen vigente,
por lo que, la exigencia de un curador provisional a la señora María Concepción
Corcho Rada no resultaba desproporcionada.
4.3. Cuestiones previas
4.3.1. Como se advirtió previamente,
la acción de tutela presentada el 26 de abril de 2019 por el señor Rafael
Corcho Rada estaba dirigida inicialmente en contra del Banco Popular y el
Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Soledad (Atlántico). No obstante, en
decisión del 2 de mayo del citado año, la Sala Primera de Decisión
Civil-Familia del Tribunal Superior de Barranquilla escindió las pretensiones
de amparo al considerar que no era competente para tramitar la relativa a la
negativa del Banco Popular de entregar la mesada pensional a la señora María
Concepción sin la asignación de un curador, y ordenó remitir copia de la tutela
a los juzgados municipales de Barranquilla para que conocieran sobre dicho
asunto. Como consecuencia de esa decisión, esta autoridad judicial surtió el
proceso de tutela en lo relativo a la providencia que rechazó la demanda de
interdicción y profirió su decisión el 13 de mayo de 2019[43].
Teniendo en cuenta que el
fallo de instancia del 13 de mayo de 2019 no fue seleccionado por la Corte para
revisión (auto del 30 de julio de 2019), la misma hizo tránsito a cosa juzgada
constitucional[44].
De ahí que, esa pretensión no será abordada por la Sala en esta oportunidad. Bajo
este panorama, el presente proceso de amparo se encuentra dirigido a resolver
específicamente la pretensión relativa al pago de la pensión por parte del
Banco Popular, en la revisión del fallo del 2 de septiembre de 2018 proferido
por el Juzgado Catorce Civil Municipal de Barranquilla.
4.3.2. Es preciso advertir que la
existencia de una eventual nulidad por la decisión del 2 de mayo de 2019 en la
que se escindieron las pretensiones, podría haberse agotado en el trámite de
eventual revisión del primer fallo de tutela proferido por el Tribunal. Ya no
corresponde a esta Sala manifestarse sobre una providencia judicial adoptada en
el marco de un procedimiento finalizado por una sentencia que ya es definitiva
e inmutable.
Si bien esa la actuación de
la Sala de Decisión Primera Civil-Familia del Tribunal de Barranquilla generó
una posible afectación del derecho al debido proceso del accionante y originó
demoras injustificadas para resolver definitivamente el objeto de la demanda
presentada por el señor Rafael Corcho Rada a favor de su hermana María
Concepción, la Sala considera que definitivamente no cabe pronunciarse sobre
esa circunstancia atendiendo a que: (i) el proceso de interdicción se inició
con la finalidad de que el Banco Popular pague la pensión a la señora María
Concepción, y esta pretensión será resuelta en esta oportunidad, y (ii) la Ley
1996 del 26 de agosto de 2019 –en su artículo 53– determinó una prohibición
para iniciar procesos de interdicción, en consideración de la presunción de la
capacidad legal de las personas en condición de discapacidad. De ahí que, se
torna innecesario una actuación de la Corte en este escenario.
En consecuencia, la Sala limitará
su estudio a la pretensión de ordenar al Banco Popular el pago de las mesadas
dejadas de cancelar.
4.3.3. Antes de pasar a plantear el
problema jurídico y el esquema de decisión, resulta necesario señalar que en el
expediente se observan algunas posibles irregularidades procesales, como lo son
que los oficios para notificar el auto admisorio de la tutela como la sentencia
de única instancia proferidos por el Juzgado Catorce Civil Municipal de
Barranquilla fueron devueltos por la empresa 472. El primero con la
justificación “cerrado”[45], y frente al segundo “no
existe número”[46].
Tal como lo ha sostenido la
Corte en reiterada jurisprudencia, la notificación de las decisiones judiciales
es un elemento esencial del debido proceso en tanto que permite el derecho de
defensa de las partes y de todos los interesados en el proceso, además de que
“garantiza la legalidad del proceso desde un punto de vista objetivo, pues
permite que el juez tenga en cuenta todos los elementos de juicio pertinentes,
tanto desde el punto de vista fáctico, como jurídico.”[47]
En el Auto 397 de 2018[48]
se recogen las reglas relativas a la nulidad en los procesos de amparo por
irregularidades en la notificación. En concreto, se explicó que, en tratándose
de una falta de notificación de la sentencia y del auto admisorio, se está ante
una nulidad insubsanable. No obstante, “en caso de presentarse circunstancias
extraordinarias –relativas a la intensidad de la afectación de los derechos o
las circunstancias especiales de las personas que intervienen en el proceso-,
podrá adoptar las medidas que correspondan para subsanar los yerros procesales
dando primacía al derecho sustancial.[49]”
Tomando en consideración el sub-lite,
la Sala estima que las circunstancias fácticas justifican hacer prevalecer el
derecho sustancial y subsanar los yerros procesales anunciados a partir de una
comunicación a la parte demandante respecto a que esta cuestión es de
conocimiento de la Corte. Lo anterior, se sustenta en el inminente riesgo que
existe frente al derecho al mínimo vital de un sujeto con especial
vulnerabilidad, como lo es una mujer de la tercera edad que se encuentra en
condición de discapacidad mental severa.
Adicionalmente, cabe señalar
que este proceso ha sido dilatado de manera injustificada debido a la decisión
de la Sala Primera de Decisión Civil-Familia del Tribunal Superior de
Barranquilla, de manera tal que luego de presentada la demanda en abril de
2019, solo se logró un pronunciamiento por el juez constitucional respecto a la
pretensión que aquí se estudia hasta septiembre del citado año. En esa medida,
la devolución del expediente al juez de instancia para que subsane la nulidad sería
contrario a los principios de inmediatez y economía procesal, así como resulta
en una carga desproporcionada para la titular de los derechos –dada condición
de sujeto de especial protección constitucional–.
En este orden de ideas, esta
decisión también encuentra asidero en que la falta de notificación en esta
oportunidad no alteró la posibilidad de que el juez realizara un examen
objetivo y equilibrado de la controversia estudiada, por cuanto se trataba de
la parte demandante, la cual pudo exponer las circunstancias fácticas y
jurídicas en la demanda de tutela. De igual forma, es posible considerar que el
accionante a través de su apoderada estaba informado de que el proceso sería
tramitado por el Juzgado Catorce Civil Municipal de Barranquilla, dado que sí
se le notificó la decisión de la Corte Suprema de Justicia de declarar la
nulidad de lo actuado y ordenar remitir el expediente a dicha autoridad
judicial para lo de su competencia.
En conclusión, dado que dicha
comunicación fue realizada en el Auto del 20 de mayo de 2020 y se obtuvo
respuesta por parte de la apoderada del señor Rafael Corcho Rada el 15 de junio
del presente año, la Sala entiende superada la eventual nulidad mencionada y
procederá a examinar el asunto objeto de controversia.
4.4. Problema jurídico y esquema
de decisión
A partir de las
circunstancias que dieron lugar al ejercicio de la acción de tutela, de las
pruebas recaudadas y de lo mencionado en el punto anterior, esta Corporación
debe determinar si el Banco Popular vulneró los derechos fundamentales a la
seguridad social y al mínimo vital de la señora María Concepción Corcho Rada,
al exigir que se
presentara una providencia judicial en la que se designara a un curador para
continuar con el pago de la pensión.
Con el fin de resolver este
problema jurídico, en primer lugar, se desarrollará el análisis de procedencia
de la acción de tutela. En segundo lugar, se expondrá sobre la imposibilidad de
exigir la sentencia de interdicción para el pago de una mesada pensional de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 1996 de 2019, así como los estándares
constitucionales desarrollados a respecto por esta Corporación. Finalmente, se
procederá a resolver el caso concreto.
4.5.
Procedencia de la acción de tutela
A continuación,
se realiza el examen de procedencia del recurso de amparo en el caso concreto.
4.5.1. En primer lugar, respecto a la legitimación en la
causa por activa, se observa que el señor Rafael Corcho Rada actuó, a
través de apoderada judicial, anexando el poder correspondiente, con el fin de
proteger los derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital de
su hermana, la señora María Concepción Corcho Rada. Así las cosas, la Corte
deberá establecer si es posible agenciar los derechos de una tercera persona a
través de apoderado.
De acuerdo con el régimen normativo de la
acción de tutela, por regla general, ésta debe ser ejercida por el titular del
derecho vulnerado o amenazado, ya sea de manera directa o por medio de
representante y/o apoderado.
En cuanto al
ejercicio indirecto de la acción a través de apoderado, esta Corporación ha
establecido que acto de apoderamiento debe realizarse a través de un poder
especial y conferido específicamente para la promoción de los intereses de una
persona, en el que el destinatario debe estar debidamente habilitado para
cumplir con las condiciones básicas y fundamentales en el ejercicio de la
profesión de abogado[50].
También
se permite el
ejercicio del amparo para la protección de los derechos a través de agente oficioso,
siempre que este
manifieste actuar en tal sentido y el interesado no esté en condiciones de promover su propia
defensa[51]. Así pues, en la Sentencia SU- 055 de 2015 (M.P. María Victoria Calle
Correa), esta Corporación reiteró que se deben cumplir dos requisitos en la
agencia oficiosa, en los siguientes términos:
“(…)
como condiciones para que se configure la agencia oficiosa, [se requiere de] la
concurrencia de dos elementos: (i) que el titular de los derechos no
esté en condiciones de defenderlos y, (ii) que en la tutela se
manifieste esa circunstancia. En cuanto a esta última exigencia, su
cumplimiento sólo se puede verificar en presencia de personas en estado de
vulnerabilidad extrema, en circunstancias de debilidad manifiesta o de especial
sujeción constitucional. La agencia oficiosa en tutela se ha admitido entonces
en casos en los cuales los titulares de los derechos son menores de edad;
personas de la tercera edad; personas amenazadas ilegítimamente en su vida o
integridad personal; individuos en condiciones relevantes de discapacidad
física, psíquica o sensorial; personas pertenecientes a determinadas minorías
étnicas y culturales.”
De igual forma, en la
Sentencia T-312 de 2009[52]
se determinó que: “si bien la agencia oficiosa cumple el fin
constitucionalmente legítimo y necesario de posibilitar el acceso a la
jurisdicción constitucional a aquellas personas que se encuentran en imposibilidad
de asumir por su cuenta la defensa de sus derechos constitucionales, no se
trata, empero, de un mecanismo que pueda ser utilizado para suplir al
interesado en la adopción de decisiones autónomas sobre el ejercicio, defensa y
protección de los mismos.” Es preciso
advertir que la Corte ha propugnado por la garantía de la capacidad legal de
las personas en situación de discapacidad, cuando estas se encuentran en un
escenario para ejercerla de manera independiente[53].
En el caso sub judice se presenta
el ejercicio de la acción de tutela a través de la figura de la agencia
oficiosa por parte del señor Corcho Rada a favor de su hermana. En cuanto al
cumplimiento de los requisitos mencionados, se acredita el primero de estos por
cuanto el accionante advierte de manera explícita que pretende la protección de
los derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital de su
hermana.
En lo tocante al supuesto según el cual,
la persona agenciada se encuentre en imposibilidad de ejercer su propia
defensa, es preciso advertir que con la Ley 1996 de 2019 se presume la
capacidad jurídica de las personas en condición de discapacidad –sin importar
que la misma sea física, psíquica o sensorial–. En este mismo sentido, la Corte
ha propugnado por la garantía de la capacidad legal de las personas en
situación de discapacidad, cuando estas se encuentran en un escenario para
ejercerla de manera independiente[54].
Sin embargo, la Sala estima que en esta oportunidad se desprende claramente que
la señora María Concepción es una persona que depende en una gran parte de la
ayuda de un tercero para suplir sus necesidades[55]
y que imponer la carga del ejercicio autónomo de sus derechos podría resultar,
en este caso particular, en una barrera a la efectividad de los mismos.
Así se desprende claramente del informe de
valoración neuropsicológica en el cual se advirtió que la señora María
Concepción tiene una baja capacidad para realizar de manera autónoma una acción
o tarea[56],
tiene un comportamiento infantil continuo, y se recomienda “[c]ontinuar con
la ayuda y apoyo constante del contexto familiar nuclear, extenso y apoyo
comunitario”[57]
Bajo este panorama, la Sala encuentra razonable permitir el ejercicio indirecto
de la acción de tutela para favorecer los derechos de la señora María
Concepción como persona en condición de discapacidad, sobre todo porque quien
propende por su garantía es su hermano con quien vive y es el que la ha
acompañado a otras diligencias (como la valoración médica y los cobros de sus
pensiones).
En esta oportunidad, la agencia oficiosa
presenta una característica particular y es que la misma se materializa a través
de un acto de apoderamiento en el cual el señor Rafael Corcho Rada otorgó poder
especial a la señora Gladys Esther Luna Naranjo para que interpusiera una
acción de tutela en contra del Banco Popular y del Juzgado Segundo Promiscuo de
Familia de Soledad, con miras a proteger los derechos fundamentales al mínimo
vital y a la seguridad social de su hermana María Concepción, así como su
derecho al debido proceso. La Sala observa que, para el caso concreto, esta
circunstancia no tiene ningún impacto que resulte en la improcedencia del
mecanismo de amparo. Por el contrario, en la medida en que se cumplen con los
supuestos ya mencionados respecto al ejercicio de la tutela por medio de
representante judicial (poder especial otorgado a un abogado habilitado), no se
observa ninguna particularidad que impida que la agencia oficiosa se dé a
través de apoderado judicial, sobre todo cuando ello se advierte explícitamente
en el acto de apoderamiento[58].
Por lo tanto, la Sala encuentra acreditado
el requisito de legitimación en la causa por activa, atendiendo al criterio de
informalidad de la acción de tutela.
4.5.2. En segundo lugar, frente a la legitimación en la
causa por pasiva el
artículo 86 del Texto Superior establece que la tutela tiene por objeto la
protección efectiva e inmediata de los derechos fundamentales, cuando quiera
que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las
autoridades públicas o por el actuar de los particulares, en los casos
previstos en la Constitución y en la ley. En lo relativo al caso que ocupa a la
Sala en esta oportunidad, se debe anotar que la jurisprudencia es clara sobre
la legitimación por pasiva de las compañías bancarias y aseguradoras, en tanto
que prestan actividades de interés público, de conformidad con lo consagrado en
el artículo 335 de la Constitución[59].
En este contexto, según lo
señalado de manera reiterada por la Corte, en lo que respecta a esta modalidad
de legitimación, es necesario acreditar dos requisitos, por una parte, que se
trate de uno de los sujetos respecto de los cuales procede el amparo; y por la
otra, que la conducta que genera la vulneración o amenaza del derecho se pueda
vincular, directa o indirectamente, con su acción u omisión. Sobre el
particular, en la Sentencia T-1001 de 2006[60],
se expuso que: “la legitimación en la causa como requisito de procedibilidad
exige la presencia de un nexo de causalidad entre la vulneración de los
derechos del demandante y la acción u omisión de la autoridad o el particular
demandado, vínculo sin el cual la tutela se torna improcedente (…)”.
En torno al caso concreto, se
tiene acreditada la legitimación en la causa por pasiva debido a que la acción
fue promovida en contra del Banco Popular –que es una entidad privada que
ejerce la actividad bancaria y es una de las entidades que presta servicios en
el Sistema de Seguridad Social–, como resultado de la negativa de continuar
pagando la mesada pensional de la señora María Concepción hasta que no sea
reclamada por su curador –actuación que presuntamente generó la transgresión de
los derechos a proteger–.
Adicionalmente, cabe señalar que
Colpensiones tiene legitimación en la causa por pasiva en la medida en que es
un tercero con interés, pues la cuestión que aquí se plantea surge en relación
con una prestación que dicha entidad reconoció y respecto de la cual la entidad
pagadora suspendió su pago. Además, se advierte que Colpensiones interrumpió el
giro de la mesada pensional luego de recibir el reporte de que dicho dinero no
se estaba entregando al beneficiario. En ese contexto, dicha administradora de
pensiones podría resultar afectada con una orden dentro del proceso, por ser la
entidad competente para reactivar el desembolso de la mencionada prestación.
4.5.3. También se advierte el cumplimiento del requisito
de inmediatez, de acuerdo con el cual se exige que la interposición de la tutela se lleve a
cabo dentro de un plazo razonable, contabilizado a partir del momento en el que
se generó la vulneración o amenaza del derecho fundamental, de manera que el
amparo responda a la exigencia constitucional de ser un instrumento judicial de
aplicación inmediata y urgente (CP art. 86), con miras a asegurar la efectividad
concreta y actual del derecho objeto de violación o amenaza.
En concreto,
se tiene que la presunta vulneración del derecho fundamental se generó con la
negativa de la entidad accionada de cancelar la mesada pensional en junio de
2018, y la presentación inicial de la demanda tuvo lugar a finales del mes
abril de 2019[61].
Si bien en principio parecería tratarse de un periodo prolongado de tiempo, lo
cierto es que durante ese tiempo el señor Rafael Corcho Rada, a través de su
apoderada, inició diferentes actuaciones tenientes a lograr el pago efectivo de
la mesada pensional de su hermana, tal como lo fue: (i) la petición formulada
el 2 de noviembre de 2018 ante el Banco Popular, (ii) la demanda de
interdicción interpuesta el 19 de diciembre del mismo año y (iii) el recurso de
reposición en contra del auto que rechazó la demanda de interdicción radicado
el 20 de marzo de 2019.
En esa
medida, la Sala advierte que el ejercicio del amparo constitucional se dio en
un plazo razonable, pues transcurrió aproximadamente un mes desde la última
actuación encaminada a lograr el pago de la pensión y la presentación de la
acción.
4.5.4. Finalmente, respecto del requisito de subsidiariedad,
es preciso anotar que, el artículo 86 de la Constitución y
el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991[62], en
principio, establecen que la solicitud de amparo solo procede cuando la persona
afectada no cuente con otro medio de defensa judicial. En relación con la
interpretación de los preceptos citados con antelación, esta Corporación ha
concluido que la acción de amparo también es procedente, cuando la vía judicial
existente no resulte idónea o eficaz para la protección del derecho fundamental
amenazado o conculcado, o para evitar la configuración de un perjuicio
irremediable[63].
En lo tocante a pretensiones de naturaleza
económica, la Corte ha indicado que la acción de tutela no es procedente, salvo
que tengan un trasfondo iusfundamental, esto es, cuando concurre con la
defensa de un derecho fundamental que requiera de la intervención inmediata del
juez constitucional para su efectiva protección[64].
Así pues, en el caso del reconocimiento y pago de pensiones se ha entendido,
por regla general, que el mecanismo de amparo es improcedente ante la
posibilidad de acudir a un proceso ordinario laboral[65].
No obstante, excepcionalmente el juez constitucional estaría legitimado para
conocer de fondo sobre este tipo de casos cuando se verifique una eventual
afectación de una garantía fundamental. En concreto la jurisprudencia ha
señalado:
“se ha admitido la procedencia de la acción de tutela para obtener el
reconocimiento de prestaciones económicas de carácter pensional, cuando se
constata que la negativa de la entidad compromete el núcleo esencial de un
derecho fundamental. Excepcionalmente, procede cuando se verifica que “(i) su
falta de otorgamiento ha generado un alto grado de afectación de los derechos
fundamentales del accionante, en particular de su derecho al mínimo vital; (ii)
se ha desplegado cierta actividad administrativa o judicial por el interesado
tendiente a obtener la salvaguarda de sus derechos; y (iii) aparecen
acreditadas las razones por las cuales el medio ordinario de defensa judicial
es ineficaz para lograr la protección integral de los derechos presuntamente
afectados o, en su lugar, se está en presencia de un perjuicio irremediable”. A
esto, además, se ha agregado un elemento adicional, consistente en verificar
que “(iv) (…) en el trámite de la acción de tutela –por lo menos sumariamente–
se cumplen con los requisitos legales para acceder a la prestación reclamada”[66]
Adicionalmente, es preciso indicar que se
ha admitido una interpretación flexible en torno a este requisito en tratándose
de sujetos especiales de protección constitucional[67],
como lo son personas en circunstancias apremiantes o de debilidad manifiesta
que no cuentan con otros ingresos para la satisfacción de sus necesidades
básicas[68].
Lo anterior, deberá ser examinado atendiendo a las circunstancias específicas
del asunto objeto de análisis.
Visto el sub lite, se advierte que la
tutela está encaminada a procurar la reactivación en el pago de las mesadas
pensionales de la señora María Concepción Corcho Rada por parte del Banco
Popular, así como el pago de las que ya fueron causadas y no canceladas. De ahí
que, al tratarse de una controversia relativa a la prestación de servicios de
la seguridad social, la misma podría ser objeto de un proceso ordinario laboral
en los términos del numeral 4 del artículo 2 del Código Procesal del Trabajo y
de la Seguridad Social. Empero, aun cuando existe otro medio de defensa
judicial, se trata de un asunto de naturaleza económica y, en esa medida, no
debería en principio ser abordado por el juez constitucional, la Sala no puede
desconocer que la controversia recae sobre la presunta afectación de los
derechos fundamentales de un sujeto de especial protección, como lo es una
persona de 70 años con una condición de discapacidad mental severa, quien venía
siendo beneficiaria del pago de una pensión desde 1989 y el cual resultó
suspendido por nuevos requisitos formales que hasta el momento no habían sido
exigidos.
Bajo este panorama, de acuerdo con una
interpretación menos rigurosa teniendo en cuenta el titular de los derechos, se
pasan a verificar los requisitos establecidos por la jurisprudencia para la
procedencia de la tutela en este tipo de eventos. Al respecto se tiene que: (i)
la falta de pago de la mesada pensional ha puesto en riesgo el derecho al
mínimo vital de la señora María Concepción al no contar con los recursos
propios que venía recibiendo de tiempo atrás para satisfacer sus necesidades
básicos[69];
(ii) se han presentado peticiones para requerir el pago de la pensión, incluso,
cuando era procedente, su hermano inició el correspondiente proceso de interdicción,
el cual también fue objeto de demoras aparentemente injustificadas y no se
nombró oportunamente a un curador –ni siquiera provisional–[70]; (iii) el procedimiento ordinario si bien podría
resultar idóneo para plantear y resolver la problemática, no resulta eficaz
debido a las particularidades del caso concreto que ya fueron planteadas; y
(iv) no cabe duda sobre la titularidad del derecho pensional que fue reconocido
desde 1989 y venía haciéndose efectivo el pago mensual hasta junio de 2018,
momento en el que se exigió un requisito formal adicional por la nueva entidad
designada para cancelar la prestación. En suma, la Sala considera que se acredita
el requisito de subsidiariedad, y se debe realizar un pronunciamiento de fondo
y definitivo sobre la cuestión[71].
Finalmente, se supera el examen de
procedibilidad y se realizará el estudio de fondo para determinar si
efectivamente la actuación del Banco devino en una afectación de los derechos
fundamentales de la señora María Concepción Corcho Rada.
4.6. Vulneración
de los derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social de las
personas en condición de discapacidad al exigir una sentencia de interdicción
para el pago de la mesada pensional (Ley 1996 de 2019)
4.6.1. El 26 de agosto de 2019 fue
expedida la Ley 1996, “[p]or medio de la cual se establece el régimen para
el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de
edad.” En la misma se reevalúa todo el régimen de guardas y de los procesos
de interdicción, para empoderar a las personas en situación de discapacidad en
el ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad, de conformidad con los
estándares internacionales consagrados en la Convención de Naciones Unidas
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPCD)[72].
Así pues, se
redefine el concepto de incapacidad absoluta y relativa contenido desde 1873 en
el Código Civil[73]
(y su modificación realizada en 1974[74]),
de manera que se limita a los impúberes como absolutamente incapaces y a los
menores púberes como incapaces cuyos actos pueden tener valor en algunos
escenarios. A ello se suman las prohibiciones que hubiese impuesto la ley para
que algunas personas ejecuten actos particulares. El nuevo texto del artículo
es el siguiente:
“ARTÍCULO
1504. INCAPACIDAD ABSOLUTA Y RELATIVA. <Artículo modificado
por el artículo 57 de la Ley 1996 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:>
Son absolutamente incapaces los impúberes. Sus actos no producen ni aún
obligaciones naturales, y no admiten caución. Son también incapaces los menores
púberes. Pero la incapacidad de estas personas no es absoluta y sus actos
pueden tener valor en ciertas circunstancias y bajo ciertos respectos
determinados por las leyes. Además de estas incapacidades hay otras
particulares que consisten en la prohibición que la ley ha impuesto a ciertas
personas para ejecutar ciertos actos.”
En este orden de
ideas, la Ley consagra una presunción de que todas las personas con
discapacidad tienen capacidad jurídica y pueden ejercerla en igualdad de
condiciones[75].
Para tal efecto, las entidades públicas y privadas deberán brindar las
modificaciones y adaptaciones necesarias para hacer posible el ejercicio de la
capacidad jurídica estas personas[76].
Este tipo de
facilidades son denominados por la norma como “salvaguardias”, las
cuales incluyen todas las medidas encaminadas al “ejercicio de la capacidad
legal, usadas para impedir abusos y garantizar la primacía de la voluntad y
preferencias de la persona titular del acto jurídico”[77].
Dentro de estos se encuentran los “apoyos”, que se definen como “tipos
de asistencia que se prestan a la persona con discapacidad para facilitar el
ejercicio de su capacidad legal. Esto puede incluir la asistencia en la
comunicación, la asistencia para la comprensión de actos jurídicos y sus
consecuencias, y la asistencia en la manifestación de la voluntad y
preferencias personales.”[78] Estos solo podrán ser
otorgados cuando: (i) expresamente sea solicitado por el titular y se realice
un acuerdo de voluntades con otras personas naturales o jurídicas para tal
efecto, o (ii) como resultado de un proceso de jurisdicción voluntaria de
adjudicación judicial de apoyos[79].
De cualquier forma,
sin perjuicio de los apoyos que sean otorgados, la ley propende por la garantía
de la voluntad y preferencias de la persona en condición de discapacidad, de
manera que ese régimen de salvaguardias deberá atender los siguientes
criterios:
“1. Necesidad.
Habrá lugar a los apoyos solo en los casos en que la persona titular del acto
jurídico los solicite o, en los que, aun después de haber agotado todos los
ajustes razonables disponibles y medidas de apoyo, no sea posible establecer de
forma inequívoca la voluntad y preferencias de la persona titular del acto
jurídico. // 2. Correspondencia. Los apoyos que se presten para tomar
decisiones deben corresponder a las circunstancias específicas de cada persona.
// 3. Duración. Los apoyos utilizados para celebrar un determinado acto
jurídico deberán ser instituidos por períodos de tiempo definidos y podrán ser
prorrogados dependiendo de las necesidades de la persona titular del mismo.
Ningún apoyo podrá establecerse por períodos superiores a los establecidos en
la presente ley. // 4. Imparcialidad. La persona o personas que presten apoyo
para la realización de actos jurídicos deben, en el ejercicio de sus funciones
como apoyo, obrar de manera ecuánime en relación con dichos actos. Ello
implica, entre otras cosas, que las personas que prestan apoyo deben actuar en
congruencia con lo establecido en el numeral 2 del artículo 4º de la
presente ley, respetando siempre la voluntad y preferencias de la persona
titular del acto jurídico, con independencia de si quien presta apoyo considera
que debería actuar de otra manera, respetando también el derecho a tomar
riesgos y cometer errores. Así mismo, las personas que prestan el apoyo no
podrán influenciar indebidamente la decisión. Se considera que hay influencia
indebida cuando la calidad de la interacción entre la persona que presta el
apoyo y la que lo recibe presenta señales de miedo, agresión, amenaza, engaño o
manipulación.”[80]
Es importante mencionar que
las normas relativas al procedimiento denominado Proceso de adjudicación
judicial de apoyos que se encuentran consagradas en el Capítulo V de la Ley,
entran en vigencia 24 meses después de expedida la ley, esto es, el 26 de
agosto de 2021 (art. 52 de la Ley 1996 de 2019[81]).
Mientras tanto, la ley consagró un régimen de transición en el que se prohíbe “iniciar
procesos de interdicción o inhabilitación, o solicitar la sentencia de
interdicción o inhabilitación para dar inicio a cualquier trámite público o
privado a partir de la promulgación de la presente ley.”[82] De
igual forma, de encontrarse en curso procesos de este tipo antes de la
promulgación de este compendio normativo, se deberán suspender y “[e]l juez
podrá decretar, de manera excepcional, el levantamiento de la suspensión y la
aplicación de medidas cautelares, nominadas o innominadas, cuando lo considere
pertinente para garantizar la protección y disfrute de los derechos
patrimoniales de la persona con discapacidad.”[83]
4.6.2. Por otro lado, es preciso
anotar que la jurisprudencia de la Corte en los últimos años ha sido coherente con
este reciente estándar de protección de la capacidad jurídica de las personas
en condición de discapacidad, en el sentido de señalar que la exigencia de
requisitos formales distintos a los consagrados en la ley para el
reconocimiento y pago de las prestaciones de seguridad social como las
pensiones desconoce los derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad
social de los beneficiarios. Incluso, antes de la entrada en vigencia de la Ley
1996 de 2019.
Así las cosas, en
la Sentencia T-128 de 2017[84]
se ampararon los derechos fundamentales al mínimo vital, a la seguridad social
y a la vida digna de una persona que interpuso la tutela debido a que se le
suspendió en ingreso a nómina para el pago de su pensión hasta tanto el curador
designado judicialmente aportara la sentencia respectiva. Al respecto, la Corte
expuso que el derecho a obtener la pensión nace con el cumplimiento de los
requisitos dispuestos por la norma para ser beneficiario, por lo que, someter
su reconocimiento o pago a la tramitación de un proceso de interdicción “es un
obstáculo irrazonable para el goce efectivo de sus derechos fundamentales al
mínimo vital y a la seguridad social.”
De igual forma,
en la Sentencia T-268 de 2018[85]
se decidió conceder la tutela de los derechos fundamentales al mínimo vital, a
la seguridad social, a la igualdad y la vida en condiciones dignas de una
persona a la que se le condicionó el desembolso de la reliquidación de su
pensión de vejez a la presentación de una sentencia de interdicción judicial
con la designación de un curador. En esta oportunidad, con fundamento en la
CDPCD, se advirtió que “toda persona se presume capaz y, en consecuencia, se
encuentra en pleno uso y goce de sus facultades para adquirir derechos,
contraer obligaciones y realizar todo tipo de negocios jurídicos, sin la
intervención de un tercero.” En relación con el caso concreto, consideró que la
exigencia de los requisitos de interdicción por parte de Colpensiones fue una
carga desproporcionada que carecía de justificación objetiva, en tanto que
“resulta discriminatorio que las personas diagnosticadas con alguna situación
de discapacidad mental deban ser declaradas interdictas y someterse a la
curaduría de un tercero, como condición necesaria para hacer efectivo el pago
de una prestación social pensional que no está en discusión, pues ello
constituye una diferencia de trato irrazonable.”
Luego, en la
Sentencia T-352 de 2019[86]
se tutelaron los derechos fundamentales del accionante al debido proceso
administrativo y a la igualdad, debido a que se le suspendió el reconocimiento
y pago del 50% de la sustitución pensional en calidad de hijo inválido, con
fundamento en que debía aportar sentencia de interdicción y el nombramiento del
curador. Esta Corporación concluyó que se había configurado una afectación a
los derechos fundamentales del actor ante la exigencia de requisitos distintos
a los consagrados en la ley para el estudio de su derecho pensional.
Igualmente, en la
Sentencia T-525 de 2019[87]
se estudió la acción de tutela presentada por una persona a quien se le
reconoció la pensión de invalidez, pero se le sujetó la inclusión en nómina y
el correspondiente pago a que se presentara una sentencia judicial que lo
declarara interdicto y se asignara un curador, debido a que el dictamen de
calificación establecía que requería de “terceras personas para que
decid[ieran] por él”. En esta oportunidad, se ampararon los derechos
fundamentales del accionante a la seguridad social, al mínimo vital y a la
capacidad jurídica, al considerar que la exigencia de Colpensiones era
contraria al estándar de protección constitucional que garantiza la capacidad
jurídica de las personas en condición de discapacidad. Bajo este panorama, la
Corte estableció que “el pago de prestaciones reconocidas a personas con
discapacidad mayores de edad debía seguir estas reglas: i) respetar la
autonomía y el derecho fundamental a la capacidad jurídica de las personas con
discapacidad, la cual debe ser presumida por las autoridades; ii) no es posible
desvirtuar la capacidad de una persona mediante el dictamen de pérdida de
capacidad laboral; y iii) las autoridades que deben llevar a cabo el pago de
las prestaciones reconocidas tienen el deber [de] ejecutar los ajustes
razonables requeridos para que las personas con diversidades funcionales puedan
acceder efectivamente a estas.”
4.6.3. En conclusión, se tiene que
la exigencia de requisitos formales adicionales como lo es (i) la sentencia proferida en
juicio de interdicción en donde se determine quién asume la guarda de la
persona con discapacidad y (ii) el acta de posesión y discernimiento del
curador o guardador o la copia del registro civil con dicha anotación, para el pago de una mesada
pensional que ya se venía disfrutando y estaba siendo pagada regularmente,
constituye una barrera de acceso para disfrutar del derecho a la seguridad
social y compromete de manera injustificada el mínimo vital del beneficiario. Lo
cual, a su vez, supone un desconocimiento de la presunción a la capacidad
jurídica de las personas en condición de discapacidad, y entorpece la posibilidad
que tienen estos sujetos de ejercer sus derechos autónomamente.
4.7. Caso
concreto.
4.7.1. Dada
la procedencia de la acción de tutela presentada por el señor Rafael Corcho
Rada a favor de su hermana, a partir de las circunstancias fácticas expuestas,
las pruebas allegadas, el fallo de instancia y las consideraciones generales
planteadas, la Sala procederá a establecer si en el subjudice se
vulneraron los derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital
de la señora María Concepción, al solicitarle la designación judicial de un
curador para realizar el pago de la mesada pensional que venía recibiendo periódicamente
desde 1989 –cuando fue reconocida la sustitución–.
4.7.2. Así las cosas, se tiene que la señora María
Concepción Corcho Rada es titular de un derecho pensional sobre el que no se
presenta controversia alguna, y respecto del cual se le había estado realizando
el pago mensualmente. Tal como se expresa en la tutela, desde junio de 2018 el
Banco Popular suspendió el pago de la prestación bajo el argumento que, dada la
condición de discapacidad mental severa de la titular, se requería adelantar un
proceso de interdicción y nombrar a un curador. Esta exigencia fue reiterada en
noviembre de 2018 cuando se dio respuesta a una petición que se formuló ante el
Banco.
4.7.3. Para el momento de la negativa por parte del Banco frente
al pago de la pensión (en junio y en noviembre de 2018) no se había proferido
aún la Ley 1996, pues esta fue publicada en el Diario Oficial el 26 de agosto
de 2019. En esa medida, sus presupuestos –respecto a la presunción de la
capacidad jurídica de las personas en situación de discapacidad– no eran, en
principio, exigibles. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala advierte que los
estándares constitucionales vigentes ya suponían un deber de las autoridades de
propender por la garantía del ejercicio en igualdad de condiciones de la
capacidad jurídica de este tipo de individuos, sin perjuicio de los ajustes
razonables que se requirieran para tal efecto. Dicha exigencia se hace mucho
más trascendente cuando las actuaciones de estas personas, suponen la garantía
de sus derechos constitucionales, como, por ejemplo, lo son trámites relativos
a derechos pensionales en tanto involucran los derechos al mínimo vital y a la
seguridad social.
Así
se advierte en la jurisprudencia constitucional, en la cual se han amparado los
derechos fundamentales de las personas a quienes se les suspendió el ingreso a
nómina para el pago de su pensión o el de alguna prestación de naturaleza
pensional, hasta tanto no se designara un curador por medio de un proceso de
interdicción. De las varias sentencias citadas en el acápite 4.6.2 de esta
providencia, se desprende claramente que sujetar el pago de una prestación
pensional –respecto de la que no existe discusión alguna– a un requisito formal
como el mencionado, es una actuación discriminatoria que desconoce los derechos
al mínimo vital y a la seguridad social, así como la presunción de capacidad
jurídica derivada de la CDPCD.
En
este orden de ideas, descendiendo al sub-lite, cuando el Banco negó el
pago de la pensión de la señora María Concepción hasta tanto no se nombrara al
menos un curador provisional, vulneró sus derechos fundamentales a la seguridad
social y al mínimo vital. Lo anterior, atendiendo a que su derecho pensional no
se encontraba en discusión.
4.7.4. En todo caso, es preciso advertir que la vulneración
de los derechos fundamentales de la señora María Concepción se ha mantenido con
posterioridad a la expedición de la Ley 1996 de 2019, en la cual se proscribe
específicamente la exigencia de procesos de interdicción para cualquier trámite
público (art. 53). En esa medida, con posterioridad al 26 de agosto de 2019, el
Banco tenía una responsabilidad explícita de realizar el pago de la pensión sin
ningún tipo de requerimiento adicional, toda vez que la precitada ley ya había
entrado a regir.
4.7.5. En suma, la Sala considera que en este caso el Banco
vulneró los derechos al mínimo vital y a la seguridad social de la señora María
Concepción Corcho Rada. En consecuencia, procederá a revocar el fallo del 2 de
septiembre de 2019 proferido por el Juzgado Catorce Civil Municipal de
Barranquilla en el que se declaró improcedente la acción de tutela y, en su
lugar, se ampararán los mencionados derechos fundamentales.
4.7.6.
En lo relativo a las órdenes a
impartir, de conformidad con la información brindada por Colpensiones en la
intervención allegada a esta Corporación el día 12 de junio de 2020, se tiene
que dicha entidad ya reactivó el derecho pensional de la señora María Concepción
al advertir que, la razón del Banco Popular para negarse a pagar la mesada, no
se ajusta al ordenamiento constitucional y legal, por lo que, dio la
correspondiente orden de giro para la nómina de junio, pagadera en el mes de
julio.
Así
las cosas, la Sala procederá a ordenar al Banco Popular que, dentro de los 3
días siguientes a la notificación de este fallo, pague los valores girados por
Colpensiones a favor de la señora María Concepción Corcho Rada, así como que,
en adelante, cancele las mesadas correspondientes, sin la exigencia de ningún
requisito que no se encuentre expresamente contenido en la ley y que desconozca
su capacidad jurídica.
4.7.7.
Adicionalmente, es preciso anotar que
en el trámite de revisión fue puesto en conocimiento de la Corte la suspensión
de la prestación del servicio de salud por parte de la Nueva EPS a la señora
María Concepción Corcho Rada, debido a una mora en los aportes por parte de
Colpensiones al haberse suspendido el pago de la pensión. Efectivamente la Sala
verificó dicha información en la Administradora de los Recursos del Sistema
General de Seguridad Social en Salud (ADRES), en la cual aparece que la señora
María Concepción fue suspendida por mora en su afiliación a la Nueva EPS en el
régimen contributivo.
Ahora
bien, el hecho que Colpensiones ya haya realizado la reactivación de la pensión
necesariamente implica el pago de los aportes a salud. No obstante, dado que
esta entidad no brindó información sobre tal asunto, la Sala estima necesario
ordenar a dicha entidad que, dentro de los 3 días siguientes a la notificación
de este fallo, si no lo ha hecho, cancele en su totalidad los aportes a salud
dejados de cancelar a favor de la señora María Concepción Corcho Rada, con
miras a asegurar la efectiva prestación del servicio de salud.
V. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera
de Revisión, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución Política,
RESUELVE
PRIMERO.- Por las razones presentadas
en este fallo, REVOCAR la sentencia del 2 de septiembre de 2019
proferida por el Juzgado Catorce Civil Municipal de Barranquilla y, en su
lugar, AMPARAR los derechos al mínimo vital y a la seguridad social de
la señora María Concepción Corcho Rada, en el marco de la acción de tutela
presentada por el señor Rafael Corcho Rada en contra del Banco Popular.
SEGUNDO.- ORDENAR al Banco Popular que, en el término de 3 días
contados a partir de la notificación de esta providencia, si aún no lo ha
hecho, proceda a pagar a la señora María Concepción Corcho Rada el total de los
valores girados por Colpensiones en junio de 2020, así como que continúe
realizando efectivamente el pago de sus mesadas pensionales, sin exigir ningún
tipo de requisito adicional a los exigidos por la ley o que desconozca su
capacidad jurídica.
TERCERO.- ORDENAR a Colpensiones que, en el término de 3 días contados a
partir de la notificación de esta sentencia, si aún no lo ha hecho, realice el
pago de los aportes a salud de la señora María Concepción Corcho Rada que
estuvieren pendientes de pago, con miras a garantizar la reactivación efectiva
de la prestación de este servicio.
CUARTO.- Por Secretaría General, LÍBRESE la
comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese,
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] De acuerdo con su
cédula de ciudadanía, nació el 8 de diciembre de 1949 (folio 14 del cuaderno
2).
[2] En el expediente se allega un informe de valoración
neuropsicológica del 11 de febrero de 2019, en el cual se advierte que “[l]os
resultados obtenidos durante la exploración realizada demuestran que María
Concepción presenta ALTERACIONES SIGNIFICATIVAS que enmarcan una discapacidad
del Desarrollo global de la Inteligencia en el funcionamiento de los procesos
de: Atención, Memoria: Almacenamiento, codificación, procesamiento de la
información, reconocimiento y evocación de la información no verbal y evocación
verbal, Funciones Ejecutiva, Lenguaje (comprensión), procesos cognitivos y
comunicación.” (Folio 27 del cuaderno 2)
[3] Resolución 384 del 12
de mayo de 1989
[4] Ver Resolución SUB316261 del 3 de diciembre de 2018. Folios 92 a 94
del cuaderno 2.
[5] Este es el valor neto girado para ser reclamado por la
beneficiaria, luego de las deducciones de salud por un valor de $93.800 pesos.
Es decir, que el total de la pensión es de $1.625.296 pesos. Folio 13 del
cuaderno 2.
[6] En el expediente no aparece referencia del momento en que se
determinó este cambio de modalidad para el pago de la prestación. Como se
observó, es un hecho que se deriva de lo afirmado en el escrito de tutela. En concordancia con el certificado proferido por Colpensiones el
11 de julio de 2018, la reclamación del dinero se hace en el “BANCO POPULAR
CP 30” (Folio 13 del cuaderno 2)
[7] Respuesta del Banco Popular a la petición presentada por el señor
Rafael Enrique Corcho Rada. Folios 42 a 44 del cuaderno 2.
[8] Código General del Proceso: “ARTÍCULO
586. INTERDICCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD MENTAL
ABSOLUTA. Para la interdicción de la persona con discapacidad mental
absoluta se observarán las siguientes reglas: // 1. A la demanda se acompañará
un certificado de un médico psiquiatra o neurólogo sobre el estado del presunto
interdicto. (…)” Es importante mencionar que este
artículo fue modificado por la Ley 1996 de 2019 “Por
medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad
legal de las personas con discapacidad mayores de edad.” Sin embargo, el nuevo texto empieza a regir desde el 26 de
agosto de 2021, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de dicha
norma.
[9] Folios 21 a 32 del cuaderno 2.
[10] Folio 33 del cuaderno 2.
[11] Ley 23 de 1981: “ARTICULO 50. El certificado médico es un documento destinado a acreditar
el nacimiento, el estado de salud, el tratamiento prescrito o el fallecimiento
de una persona. Su expedición implica responsabilidad legal y moral para el
médico. // ARTICULO 51. El texto del Certificado Médico será claro,
preciso, ceñido estrictamente a la verdad y deberá indicar los fines para los
cuales está destinado.”
[12] Código General del Proceso: “ARTÍCULO
586. INTERDICCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD MENTAL ABSOLUTA. Para la interdicción de la
persona con discapacidad mental absoluta se observarán las siguientes reglas:
// 1. A la demanda se acompañará un certificado de un médico psiquiatra o
neurólogo sobre el estado del presunto interdicto. (…)” Es importante mencionar que este artículo fue modificado por la
Ley 1996 de 2019 “Por medio de la cual se establece
el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con
discapacidad mayores de edad.” Sin embargo, el
nuevo texto empieza a regir desde el 26 de agosto de 2021, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 52 de dicha norma.
[13] El 20 de marzo de 2019.
[14] Folios 72 a 74 del cuaderno 2.
[15] Folios 152 a 166 del cuaderno 2.
[16] Folios 171 a 178 del cuaderno 2. El escrito de Colpensiones fue allegado
en una fecha anterior a que se diera la admisión del proceso de tutela, puesto
que la entidad, advirtiendo la decisión de la Corte Suprema al declarar la
nulidad, consideró necesario hacer una intervención en el proceso. En esa
medida, aunque la entidad no fue vinculada por el juzgado de instancia, se
encuentre vinculada por notificación por conducta concluyente (art. 301 del
Código General del Proceso).
[17] Este escrito fue allegado al despacho judicial en una fecha
anterior a que se profiriera el auto de admisión de la demanda, como
consecuencia a que se envió una vez conocida la decisión del 10 de julio de 2019 en la cual la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia declaró la nulidad de todo lo actuado y ordenó
remitir el expediente al Juzgado Catorce Civil Municipal de Barranquilla, la
cual será desarrollada posteriormente en el siguiente acápite de esta
providencia.
[18] Código Sustantivo del Trabajo: “ARTICULO 488. REGLA GENERAL. Las acciones correspondientes a los derechos regulados en
este código prescriben en tres (3) años, que se cuentan desde que la respectiva
obligación se haya hecho exigible, salvo en los casos de prescripciones
especiales establecidas en el Código Procesal del Trabajo o en el presente
estatuto. // ARTICULO 489. INTERRUPCION
DE LA PRESCRIPCION. El simple reclamo
escrito del trabajador, recibido por el {empleador}, acerca de un derecho
debidamente determinado, interrumpe la prescripción por una sola vez, la
cual principia a contarse de nuevo a partir del reclamo y por un lapso igual al
señalado para la prescripción correspondiente.”
[19] Folio 117 del cuaderno 2. En este anexo solo aparece copia
del oficio secretarial en el cual se comunicaron ambas decisiones, sin contar
con copia de las providencias. No obstante, en la copia de la sentencia de
tutela de ese primer proceso de tutela (13 de mayo de 2019), se encuentra la
explicación de que dicha decisión de remitir la tutela a los jueces municipales
de Barranquilla atendió a que el Tribunal no era competente para conocer de ese
asunto por las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1983 de 2017 (folios
95 y 96 del cuaderno 2).
[20] En el sistema de radicación de la Secretaría General de la Corte
Constitucional aparece en blanco la información de la autoridad de segunda
instancia.
[21] Folios 45 a 47 del cuaderno 2.
[22] Folios 49 y 50 del cuaderno 2.
[23] Folios 53 a 60 del cuaderno 2.
[24] Folio 138 del cuaderno 2. En esa medida, se entiende que la
nulidad declarada por la Corte Suprema en este caso supuso que el trámite de
este proceso constitucional debe limitarse a la pretensión del accionante
relativa al pago de la pensión por parte del Banco Popular.
[25] Folios 135 a 139 del cuaderno 2.
[26] Folio 189 del cuaderno 2.
[27] Folio 185 del cuaderno 2.
[28] Folio 7 del cuaderno 2.
[29] Folio 14 del cuaderno 2.
[30] Folio 8 del cuaderno 2.
[31] Folio 15 del cuaderno 2.
[32] Folio 9 del cuaderno 2.
[33] Folio 10 del cuaderno 2.
[34] Folios 11 y 12 del cuaderno 2.
[35] Folio 13 del cuaderno 2.
[36] Este es el valor neto girado para ser reclamado por la
beneficiaria, luego de las deducciones de salud por un valor de $93.800 pesos.
Es decir, que el total de la pensión es de $1.625.296 pesos.
[37] Folio 17 del cuaderno 2.
[38] Folios 37 a 41.
[39] Folio 33 del cuaderno 2.
[40] Folios 34 a 36 del cuaderno 2.
[41] Folios 95 y 96 del cuaderno 2.
[42] Este auto fue notificado el 13 de marzo de 2020 y la Sala de
Selección estuvo integrada por la magistrada Gloria Stella Ortíz Delgado y el
magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo.
[43] En esta oportunidad, la Sala Primera de Decisión Civil-Familia del
Tribunal Superior de Barranquilla declaró improcedente el recurso de amparo, al
considerar que no se acreditaba el requisito de subsidiariedad, toda vez que aún se encontraba en trámite el recurso de reposición en contra
del auto que rechazó la demanda de interdicción, y el accionante no agotó todos
los recursos procedentes en contra del auto que rechazó la demanda de
interdicción, esto es, el de apelación.
[44] En reiterada jurisprudencial, la Corte se ha referido al efecto de
cosa juzgada constitucional que tiene la exclusión de revisión de un expediente
de tutela, cuyo fallo de instancia queda en firme, adquiere el estatus de cosa juzgada inmutable y definitiva, y no hay lugar
a reabrir el debate. Véanse, entre otras, las
siguientes sentencias: T-208 de 2013, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, y T-280
de 2017, M.P. José Antonio Cepeda Amarís (E).
[45] Folio 190 del cuaderno 2.
[46] Folio 191 del cuaderno 2.
[47] Auto 121 de 2017, M.P. Gloria Stella Ortíz Delgado.
[48] M.P. Alejandro Linares Cantillo.
[49] En el auto se indicó: “10. Conforme a
ello, es a los jueces de instancia a los que les corresponde, por regla
general, adoptar las medidas que correspondan para corregir los errores
procesales que se presenten en el curso del trámite. Sin embargo,
excepcionalmente, la Corte ha subsanado directamente la irregularidad generada
por una indebida integración del contradictorio -que a su vez da lugar a que no
se notifique la acción de tutela a los que han debido ser vinculado- cuando (i)
la devolución del expediente al juez de primera instancia puede comprometer
desproporcionadamente los derechos fundamentales del accionante o (ii) se
encuentran involucrados derechos fundamentales de personas cuyo estado de
debilidad es manifiesto o que son objeto de especial protección constitucional.
En consecuencia, ante esos supuestos este tribunal ha optado por vincular a las
personas naturales o jurídicas con interés en la acción de tutela en sede
revisión, siempre y cuando no propongan la nulidad de lo actuado antes de que
se profiera una decisión de la Corte.” Auto 397 de 2018, M.P. Alejandro Linares
Cantillo.
[50] Véanse las sentencias T-194 de 2012, M.P. Mauricio González Cuervo,
y T-024 de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.
[51] El artículo 86 de la Constitución Política dispone que: “Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí
misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus
derechos constitucionales fundamentales (…)” Igualmente, el artículo 10 del
Decreto 2591 de 1991 establece: “La acción de tutela podrá ser ejercida, en
todo momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus
derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante.
Los poderes se presumirán auténticos. // También se pueden agenciar derechos
ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su
propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la
solicitud. (…)” (Subrayado fuera del original)
[52] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[53] Ver sentencia T-072 de 2019, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. En
esta oportunidad, la Corte consideró que la acción de tutela presentada por un
padre a favor de su hija –quien padecía una discapacidad cognitiva– con el fin
de que se le brindara un apoyo económico para cubrir el valor del transporte en
taxi hasta la universidad, era improcedente debido a que se verificó que la
titular de los derechos presuntamente afectados podía ejercer directamente el
mecanismo constitucional bajo ajustes razonables.
[54] Ver sentencia T-072 de 2019, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[55] Tal como se citó en la valoración neuropsicológica realizada a la
señora María Concepción Corcho Rada los días 8, 9 y 11 de febrero de 2019, “su
aspecto comportamental, cognifitivo y conductal [son]
de una persona con retardo mental severo.” En particular, se describió su
personalidad de la siguiente manera: “Comportamiento infantil continuo //
Sonrisas desmotivadas // Disminución en la capacidad de aprendizaje //
Incapacidad para cumplir con las pautas de desarrollo intelectual //
Incapacidad para satisfacer las exigencias educativas en la escuela // Falta de
curiosidad y malicia // En ocasiones es funcional para hacer tareas domésticas
al interior de la casa // Depende económicamente y emocionalmente de su hermano
la cual es su fuente de apoyo continuo // Se le dificulta solucionar problemas
sencillos por sus limitaciones cognitivas // Se torna tranquila, serena y
cariñosa // Distorsión cognitiva entre su sentir + pensar y actuar” Folios
21 a 32 del cuaderno 2.
[56] En el informe de valoración neuropsicológica se advierte que, si bien la señora María Concepción tiene independencia para
alimentarse, vestirse, bañarse y otras funciones de la vida cotidiana, requiere
de apoyo de su familia para hacer las compras, manejo de dinero, transportarse
y salir a la calle, entre otras cosas.
[57] Folios 28 a 29 del cuaderno 2.
[58] En otras oportunidades la Corte ha admitido el ejercicio indirecto
de la acción de tutela en circunstancias similares. Por ejemplo, en la
sentencia T-298 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos, se consideró superada la
legitimación en la causa por activa en el marco de una acción de tutela
presentada por el esposo de la señora María Eneida Candela a través de
apoderado judicial, a efectos de solicitar que Cafesalud EPS garantizara el
servicio de internación en un centro especializado de pacientes con
enfermedades mentales crónicas.
[59] Constitución Política: “ARTICULO 335. Las
actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con
el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de captación a las que
se refiere el literal d) del numeral 19 del artículo 150 son de
interés público y sólo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado,
conforme a la ley, la cual regulará la forma de intervención del Gobierno en
estas materias y promoverá la democratización del crédito.”
[60] M.P. Jaime Araujo Rentería.
[61] Debido a las dificultades que se presentaron el trámite de esta
acción de tutela y el doble trámite en que resultó el mismo escrito de amparo,
no se tiene claridad sobre la fecha exacta en que se radicó inicialmente la
demanda por la apoderada. Pero se tiene certeza de que el fallo de instancia
del primer proceso proferido por la Sala de Decisión Primera Civil-Familia del
Tribunal Superior de Barranquilla se dio el 13 de mayo de 2019. En esa medida,
dado que el trámite no debe exceder de 10 días hábiles, se puede inducir
razonablemente que la demanda fue interpuesta a finales del mes de abril. En
todo caso, es preciso advertir que este segundo trámite de la tutela fue
radicado el 9 de mayo de 2019.
[62] La norma en cita dispone que: “Artículo 6o. Causales de
Improcedencia de la Tutela. La acción de tutela no procederá: 1.
Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La
existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su
eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante. 2.
Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de hábeas corpus.
3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz y los
demás mencionados en el artículo 88 de la
Constitución Política. Lo anterior no obsta, para que el titular solicite la
tutela de sus derechos amenazados o violados en situaciones que comprometan
intereses o derechos colectivos siempre que se trate de impedir un perjuicio irremediable.
4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño consumado,
salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del derecho. 5. Cuando se
trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto.”
[63] Sentencia T-087 de 2018, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[64] Sentencia T-903 de 2014, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[65] El artículo 2 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad
Social estipular que será competencia de la Jurisdicción Ordinaria en sus
especialidades laboral y de seguridad social: “(…) 4. Las controversias relativas a la prestación de los servicios de la
seguridad social que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios,
los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, salvo los de
responsabilidad médica y los relacionados con contratos. (…)”
[66] Sentencia T-352 de 2019, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
[67] La jurisprudencia constitucional ha determinado la posibilidad de
flexibilizar el examen de procedencia de la acción de tutela cuando la misma
tiene por objeto la garantía de los derechos fundamentales de sujetos de
especial protección constitucional como lo son las personas de la tercera edad,
los niños, los adolescentes, las personas en situación de discapacidad, entre
otras. Véanse, entre otras, las sentencias T-678 de 2016, T-598 de 2017, T-314
de 2018 y T-382 de 2018.
[68] Sentencia T-140 de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
[69] Es preciso señalar que la jurisprudencia ha establecido que “el principio de dignidad humana resulta vulnerado cuando se somete
a una persona a vivir de la caridad ajena, existiendo la posibilidad de que
tenga acceso a unos recursos económicos propios que le permitan subvenir
algunas de sus necesidades básicas.” Sentencia T-140 de 2013, M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva.
[70] Cabe recordar que el artículo 53 de la Ley 1996 de 2019, prohibió el
trámite de procesos de interdicción, así como la presentación de una sentencia
de estos procesos voluntarios como exigencia para los trámites públicos o
privados.
[71] En esta oportunidad no procede un amparo transitorio, toda
vez que no se presenta discusión alguna sobre el derecho pensional y someter a
la titular de los derechos a un proceso ordinario resulta en una carga excesiva
e innecesaria dada la urgencia de proteger sus derechos fundamentales.
[72] Dicho instrumento enfatiza en que todo
ser humano debe ser respetado como titular del derecho a la personalidad
jurídica, para lo cual resulta imperativo el reconocimiento de su aptitud para
el goce de derechos y para poder asumir obligaciones. Justamente, con ese
propósito y en virtud del principio de igual reconocimiento ante la ley, la
CDPCD refiere a la obligación de reconocer la capacidad jurídica de los
sujetos en condición de discapacidad, a partir de la adopción de medidas
que impidan que agentes particulares o del Estado, interfieran en la posibilidad
de que ellos hagan efectivos sus derechos de manera directa (CDPCD art. 12).
[73] El texto original del artículo 1504 del Código Civil
establecía: “ARTICULO 1504. <INCAPACIDAD ABSOLUTA Y
RELATIVA>. <Ver Notas del Editor al final de este artículo> <Aparte
tachado INEXEQUIBLE> Son absolutamente incapaces los {dementes}, los
impúberes y sordomudos, que no pueden darse a entender por escrito.
//Sus actos no producen ni aún obligaciones naturales, y no admiten caución. //
Son también incapaces los menores adultos, que no han obtenido habilitación de
edad; los disipadores que se hallan bajo interdicción de administrar lo suyo;
las mujeres casadas, y las personas jurídicas. Pero la incapacidad de estas
cuatro clases de personas no es absoluta, y sus actos pueden tener valor en
ciertas circunstancias y bajo ciertos respectos determinados por las leyes. //
Además de estas incapacidades hay otras particulares que consisten en la
prohibición que la ley ha impuesto a ciertas personas para ejecutar ciertos
actos.” El aparte tachado fue declarado
inexequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-983 de 2002, M.P.
Jaime Córdoba Triviño. Así mismo, el término “demente” fue sustituido por
“persona con discapacidad mental” en el parágrafo del artículo 2 de la Ley 1306
de 2009 “Por la cual se dictan normas para la
Protección de Personas con Discapacidad Mental y se establece el Régimen de la
Representación Legal de Incapaces Emancipados.”
[74] El texto del artículo 1504 del Código Civil luego de la
modificación realizada con el Decreto 2820 de 1974 era el siguiente: “ARTICULO 1504. <INCAPACIDAD ABSOLUTA Y RELATIVA>. <Ver
Notas del Editor al final de este artículo *2> <Aparte tachado
INEXEQUIBLE> Son absolutamente incapaces los {dementes}, los impúberes
y sordomudos, que no pueden darse a entender. // Sus actos no producen ni
aún obligaciones naturales, y no admiten caución. // <Inciso 3o. modificado
por el artículo 60 del Decreto 2820 de 1974. El nuevo texto es el
siguiente:> Son también incapaces los menores adultos que no han obtenido
habilitación de edad y los disipadores que se hallen bajo interdicción.
Pero la incapacidad de estas personas no es absoluta y sus actos pueden tener
valor en ciertas circunstancias y bajo ciertos respectos determinados por las
leyes. // Además de estas incapacidades hay otras particulares que consisten en
la prohibición que la ley ha impuesto a ciertas personas para ejecutar ciertos
actos.”
[75] Ley 1996 de 2019: “ARTÍCULO 6o. PRESUNCIÓN DE
CAPACIDAD. Todas las personas con discapacidad son sujetos
de derecho y obligaciones, y tienen capacidad legal en igualdad de condiciones,
sin distinción alguna e independientemente de si usan o no apoyos para la
realización de actos jurídicos. // En ningún
caso la existencia de una discapacidad podrá ser motivo para la restricción de
la capacidad de ejercicio de una persona. // La presunción aplicará también
para el ejercicio de los derechos laborales de las personas con discapacidad,
protegiendo su vinculación e inclusión laboral. // PARÁGRAFO. El
reconocimiento de la capacidad legal plena previsto en el presente artículo
aplicará, para las personas bajo medidas de interdicción o inhabilitación
anteriores a la promulgación de la presente ley, una vez se hayan surtido los
trámites señalados en el artículo 56 de la misma.”
[76] Ley 1996 de 2019: “ARTÍCULO
8o. AJUSTES RAZONABLES EN EL EJERCICIO DE LA CAPACIDAD LEGAL. Todas las personas con discapacidad, mayores de edad, tienen
derecho a realizar actos jurídicos de manera independiente y a contar con las
modificaciones y adaptaciones necesarias para realizar los mismos. La capacidad
de realizar actos jurídicos de manera independiente se presume. // La necesidad
de ajustes razonables para la comunicación y comprensión de la información, no
desestima la presunción de la capacidad para realizar actos jurídicos de manera
independiente.”
[77] Ley 1996 de 2019: “ARTÍCULO
5o. CRITERIOS PARA ESTABLECER SALVAGUARDIAS. Las salvaguardias son todas aquellas medidas adecuadas y
efectivas relativas al ejercicio de la capacidad legal, usadas para impedir
abusos y garantizar la primacía de la voluntad y preferencias de la persona
titular del acto jurídico, de conformidad con el derecho internacional en
materia de derechos humanos. Todas estas deberán regirse por los siguientes
criterios: // 1. Necesidad. Habrá lugar a los apoyos solo en los casos en que
la persona titular del acto jurídico los solicite o, en los que, aun después de
haber agotado todos los ajustes razonables disponibles y medidas de apoyo, no
sea posible establecer de forma inequívoca la voluntad y preferencias de la
persona titular del acto jurídico. // 2. Correspondencia. Los apoyos que se
presten para tomar decisiones deben corresponder a las circunstancias
específicas de cada persona. // 3. Duración. Los apoyos utilizados para
celebrar un determinado acto jurídico deberán ser instituidos por períodos de
tiempo definidos y podrán ser prorrogados dependiendo de las necesidades de la
persona titular del mismo. Ningún apoyo podrá establecerse por períodos
superiores a los establecidos en la presente ley. // 4. Imparcialidad. La
persona o personas que presten apoyo para la realización de actos jurídicos
deben, en el ejercicio de sus funciones como apoyo, obrar de manera ecuánime en
relación con dichos actos. Ello implica, entre otras cosas, que las personas
que prestan apoyo deben actuar en congruencia con lo establecido en el numeral
2 del artículo 4o de la presente ley, respetando siempre la voluntad y
preferencias de la persona titular del acto jurídico, con independencia de si
quien presta apoyo considera que debería actuar de otra manera, respetando
también el derecho a tomar riesgos y cometer errores. Así mismo, las personas
que prestan el apoyo no podrán influenciar indebidamente la decisión. Se
considera que hay influencia indebida cuando la calidad de la interacción entre
la persona que presta el apoyo y la que lo recibe presenta señales de miedo,
agresión, amenaza, engaño o manipulación.”
[78] Ley 1996 de 2019, artículo 3.
[79] Ley 1996 de 2019: “ARTÍCULO
9o. MECANISMOS PARA ESTABLECER APOYOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTOS JURÍDICOS. Todas las personas con discapacidad, mayores de edad, tienen
derecho a realizar actos jurídicos de manera independiente y a contar con
apoyos para la realización de los mismos. // Los apoyos para la realización de
actos jurídicos podrán ser establecidos por medio de dos mecanismos: // 1. A
través de la celebración de un acuerdo de apoyos entre la persona titular del
acto jurídico y las personas naturales mayores de edad o personas jurídicas que
prestarán apoyo en la celebración del mismo; // 2. A través de un proceso de
jurisdicción voluntaria o verbal sumario, según sea el caso, para la
designación de apoyos, denominado proceso de adjudicación judicial de apoyos.”
[80] Ley 1996 de 2019, artículo 5.
[81] Ley 1996 de 2019: “ARTÍCULO
52. VIGENCIA. Las disposiciones
establecidas en esta ley entrarán en vigencia desde su promulgación, con
excepción de aquellos artículos que establezcan un plazo para su implementación
y los artículos contenidos en el Capítulo V de la presente ley, los cuales
entrarán en vigencia veinticuatro (24) meses después de la promulgación de la
presente ley.”
[82] Ley 1996 de 2019, artículo 53.
[83] Ley 1996 de 2019, artículo 55.
[84] M.P. Aquiles Arrieta Gómez (E)
[85] M.P. Carlos Bernal Pulido.
[86] M.P. Alejandro Linares Cantillo.
[87] M.P. Gloria Stella Ortíz Delgado.