T-077-13
Hechos
Sentencia T-077/13
RELACIONES DE ESPECIAL SUJECION
ENTRE LOS INTERNOS Y EL ESTADO-Respeto por la dignidad humana de personas
privadas de la libertad
La jurisprudencia de la Corte
Constitucional ha desarrollado la noción de relaciones especiales de sujeción
como base para el entendimiento del alcance de los deberes y derechos
recíprocos, entre internos y autoridades carcelarias. Estas relaciones de
sujeción han sido entendidas como aquellas relaciones jurídico-administrativas
en las cuales el administrado se inserta en la esfera de regulación de la
administración, quedando sometido “a un régimen jurídico peculiar que se
traduce en un especial tratamiento de la libertad y de los derechos
fundamentales”. Históricamente el Estado ha tenido una posición jerárquica
superior respecto del administrado, sin embargo, bajo la figura de las
relaciones especiales de sujeción esa idea de superioridad jerárquica se amplía
permitiéndole a la administración la limitación o suspensión de algunos de sus
derechos. ésta especial relación de sujeción resulta ser determinante del nivel
de protección de los derechos fundamentales de los reclusos e, igualmente,
acentúa las obligaciones de la administración pues le impone un deber positivo
de asegurar el goce efectivo de los derechos fundamentales que no permiten
limitación en razón a la especial situación de indefensión en la que se
encuentran los reclusos.
DERECHO A LA DIGNIDAD HUMANA DE
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Vulneración por hacinamiento carcelario y
falta de salubridad al interior de los establecimientos carcelarios
FUNCION RESOCIALIZADORA DE LA
PENA-Hacinamiento carcelario y falta de salubridad desconoce dignidad
humana de los internos
DERECHO A LA DIGNIDAD HUMANA DE
LOS INTERNOS-Reglas mínimas que se deben cumplir en los establecimientos
carcelarios
Se han consolidado ciertos
deberes positivos en cabeza del Estado colombiano conforme a los cuales, en los
establecimientos de reclusión, siempre deberá prevalecer el respeto a la
dignidad humana, a las garantías constitucionales y a los derechos humanos que
han sido reconocidos de forma universal. Por esta razón, “toda persona a quien
se le atribuya la comisión de un hecho punible, tiene derecho a ser tratada con
el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”. Esta es la causa que
motiva también la idea de que toda persona privada de la libertad deberá tener
derecho a “recibir en el lugar de reclusión un tratamiento acorde con el
respeto de los derechos humanos, como los de no ser víctima de tratos crueles,
degradantes o inhumanos”. Esa obligación de la administración de respetar esos
principios constitucionales (resocialización y dignidad humana) se exacerba en
el caso colombiano pues el desconocimiento de los mismos no se presenta en
todas las cárceles del país, siendo que es de conocimiento popular que algunas
prisiones sí respetan los derechos fundamentales de los reclusos, supuesto que
a su vez vulnera el principio de igualdad.
DERECHOS FUNDAMENTALES DEL
INTERNO-Es deber del Estado garantizar a las personas privadas de la
libertad el goce de una adecuada alimentación, a la salud, a contar con
suficientes implementos de aseo personal, al suministro suficiente de agua
potable y a instalaciones higiénicas
DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA-Obligaciones
del Estado para garantizar disponibilidad, accesibilidad y calidad del servicio
de agua/DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA-El Estado debe garantizar a todas
las personas por lo menos unos niveles mínimos esenciales
El derecho humano al agua es
el derecho que tienen todas las personas de disponer de agua suficiente,
salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico.
Reiteradamente ha sido entendido por este Tribunal como una garantía
indispensable para alcanzar la efectividad de muchos otros derechos
constitucionales fundamentales, como el derecho a la salud, a la vida, a la
dignidad humana y una vivienda y una alimentación adecuadas. Las obligaciones
que constituyen el núcleo esencial del derecho al agua no pueden suspenderse,
ni podrá justificarse su incumplimiento en la falta de recursos para garantizar
su plena realización. Por esta razón, el Estado tiene el deber de asegurar este
derecho a todos sus asociados, sin discriminación, de forma inmediata y
atendiendo especialmente a las personas que tradicionalmente han tenido dificultades para ejercer este
derecho.
ACCION DE TUTELA PARA SOLICITAR PROTECCION DEL DERECHO AL
AGUA-Procedencia
excepcional
En el presente caso, dado que
la solicitud de suministro de agua de los reclusos tiene como finalidad cubrir
sus necesidades de consumo y contribuir a preservar la salud y la salubridad
pública de los reclusos dentro del establecimiento carcelario, la Sala
considera que la presente acción de tutela es procedente para reclamar la
garantía de los derechos fundamentales invocados por el actor.
ESPECIAL PROTECCION DEL GOCE
EFECTIVO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Garantía
prioritaria y reforzada de su derecho fundamental al agua
Sobre la garantía del derecho al agua de las personas
privadas de la libertad establece que el Estado tiene el deber de adoptar medidas
con el fin de que tanto los presos como los detenidos tengan agua suficiente y
de calidad para atender sus necesidades diarias, teniendo en cuenta las
prescripciones del derecho internacional humanitario y las Reglas mínimas para
el tratamiento de los reclusos. El deber del Estado de
garantizarle a los reclusos su derecho al agua de forma prioritaria y reforzada
también encuentra sustento en diversos instrumentos internacionales y en
informes y documentos de órganos autorizados como la Observación General No. 15
del Comité.
REGLAS MINIMAS PARA EL
TRATAMIENTO DE LOS INTERNOS
NIVELES MINIMOS ESENCIALES DE
SUMINISTRO DE AGUA PARA PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Parámetros fijados
por la CIDH establece mínimo de 13 a 15 litros de agua por persona siempre que las instalaciones estén funcionando adecuadamente
DERECHO AL AGUA POTABLE DE LOS
INTERNOS-Orden al Complejo Carcelario y Penitenciario de Picaleña
suministro de un mínimo de 25 litros por persona al día, de los cuales deberá
permitírseles almacenar 5 litros de agua por persona al día
DIGNIDAD HUMANA DE PERSONAS
PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Orden al INPEC y al Complejo Carcelario de Picaleña
adopte todas las medidas para garantizar unas condiciones de salubridad
adecuadas hasta tanto no se ejecute el Plan de Mejoramiento Integral del
Complejo Picaleña
Referencia: expediente
T-3.646.858
Acción
de tutela instaurada por Jorge Aldidier
Ramírez Torres contra el Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué Picaleña
“COIBA”.
Magistrado Ponente
ALEXEI JULIO ESTRADA
Bogotá D. C.,
catorce (14) de febrero de dos mil trece (2013)
La Sala Octava de Revisión de la
Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la
Constitución Política y en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente.
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión de
los fallos de tutela proferidos por el Juzgado Cuarto Administrativo del
Circuito de Ibagué (Tolima) el doce (12) de junio de dos mil doce (2012) en
primera instancia, y por el Tribunal Administrativo del Tolima el primero (1°)
de agosto de dos mil doce (2012) en segunda instancia, dentro de la acción de
tutela instaurada por Jorge Aldidier Ramírez Torres contra las directivas del
Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué Picaleña, COIBA.
I.
ANTECEDENTES
El pasado veinticinco (25) de mayo
de dos mil doce (2012) el Sr. Jorge Aldidier Ramírez Torres incoó acción de
tutela contra las directivas del Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué
Picaleña, COIBA, con fundamento en los siguientes
Hechos
1.- El Sr. Jorge Aldidier Ramírez
Torres, condenado a 25 años y 6 meses de prisión por los delitos de homicidio
agravado y porte ilegal de armas, actualmente se encuentra “clasificado en
fase de mediana seguridad y disfrutando del beneficio de hasta 72 horas”[1].
2.- Aduce que el 15 de agosto de
2010 llegó trasladado de la cárcel Peñas Blancas de Calarcá (Quindío) a
la sección 1A de alta seguridad, bloque 3 del Complejo
Carcelario y Penitenciario De Ibague Picaleña “Coiba”.
3.- Manifiesta que estuvo
recluido allí hasta el 29 de septiembre de 2011 y que los primeros 5 meses “fueron
desagradables, ya que para ese entonces nos suministraban el servicio de agua
potable dos o tres veces al día por un tiempo de 15 a 20 minutos lo cual no era suficiente para lavar ropa, lavar patios y celdas y para bañarnos,
ademas [sic] las tazas sanitarias tanto del patio como de las celdas,
pues permanecían llenas de materia fecal y la situación cada día empeoraba más
debido a que las moscas se posaban en la materia fecal y luego pisoteaban los
menajes donde recibiamos [sic] los alimentos”. Agrega que debido a
esta situación, algunos internos presentaron “dolor de estomago y diarrea”
4.- Señala que luego de poner en
conocimiento de las directivas del establecimiento carcelario y denunciar ante
las autoridades tal situación “se logró que las directivas adecuaran las
instalaciones para brindar el suministro de agua durante las 24 horas del día
en los bloques 2, 3 y 4 del nuevo complejo”.
5.- El 29 de septiembre de 2011
fue trasladado al patio 3, bloque 1 del mismo establecimiento carcelario y que
desafortunadamente se encontró con la misma situación ya vivida en el bloque 3
por falta del suministro permanente de agua potable.
6.- Por esta razón, el Sr.
Ramírez Torres envío dos derechos de petición dirigidos a la Directora y al Subdirector
de la cárcel Picaleña Coiba el 22 de marzo de 2012.
Mediante oficio 639-COIBA-INFRA-049 del 23
de marzo de 2012, el ingeniero de infraestructura del establecimiento le
informó “que el suministro de agua en los diferentes pabellones se realiza
por medio del sistema de gravedad, mientras que el suministro de agua en el
bloque 1 no se suministra durante las 24 horas del día debido a que el sistema
de llenado de tanque, el cual es por bombeo, necesitaría que las motobombas
estuvieran prendidas todo el día [y no se cuenta] con un sistema digital
que realice el cambio de bombeo por motobomba (…) el área de cocina y sanidad
cuenta con el suministro de agua durante las 24 horas”.
7.- Finalmente señala que “el
único bloque que no cuenta con agua las 24 horas del día es el bloque 1 cuando
es el bloque con mayor población (…) el cual esta conformado por 11 patios (…)
en un hacinamiento por mas [sic] de la mitad” y que lamentablemente
los 15 o 20 minutos que les suministran agua dos o tres veces al día no son
suficientes para que un promedio de casi 400 internos que viven en cada patio
se puedan bañar, lavar su ropa, lavar celdas, patios y pasillos.
Además agrega que “la mayoría
de las duchas no funcionan, los tanques que hay están en pésimo estado y el
agua se filtra, además no tenemos canecas plásticas para recoger suficiente
agua y (…) a las plantas tercera y cuarta no sube el agua por falta de presión”
lo cual complica la situación de hacinamiento en la primera y segunda
planta.
Solicitud de tutela
8.- Con fundamento en los hechos
narrados, el ciudadano Jorge Aldidier Ramírez Torres exigió la protección de
sus derechos fundamentales a la dignidad humana, a la igualdad y a la salud que
considera están siendo amenazados por el demandado al no suministrarle el
servicio de agua de forma permanente impidiéndole contar con el agua necesaria
para vivir en condiciones dignas.
Respuesta de la entidad
demandada
9.- El Complejo Carcelario y
Penitenciario Coiba Picaleña, a través Jhon Elmer Rojas Coordinador del
Grupo de Demandas y Tutelas, dio contestación a la solicitud de tutela el tres
(3) de mayo de 2012.
En el escrito de respuesta señaló
que el ingeniero Fernando Rojas Cruz encargado de la infraestructura del COIBA
indicó que el suministro de agua en el bloque 1 no es el mismo que se ofrece en
los restantes bloques dado que su estructura cuenta con “casi 30 años de
existencia y no podemos compararla en ningún punto de vista con la
infraestructura que ofrece el área nueva (bloques 2, 3, 4 y 5)” lo cual no
permite la prestación permanente del servicio.
Manifiesta que en este bloque no
sería fácil ni técnicamente posible proporcionar agua continuamente a los
reclusos por dos razones. En primer lugar, porque el suministro en este bloque fue
concebido “bajo el diseño de 2 tanques subterráneos que suministraban el
agua por gravedad, los cuales no fueron suficientes en el momento de agregar
pabellones a la penitenciaría, por tal motivo estos tanques después se
utilizaron como de almacenamiento y se construyeron 4 tanques elevados ubicados
de una forma tal que suministrarían el liquido a los pabellones; para hacer
llegar el agua a estos tanques es necesario primero, llenar los subterráneos lo
cual requiere un tiempo aproximadamente de 04 (…) después por medio de
motobombas de operación manual se conduce el liquido hasta los tanques aéreos
para su llenado, lo cual tarda unas 2 horas aproximadamente y después abrir
registros y dar paso a los pabellones.”[2]
Y en segundo lugar, porque “el
vandalismo de los mismos internos y la falta de cultura en cuanto al ahorro de
agua” ha llevado a que cuando se realizan acometidas hidráulicas, éstos las
desmantelan hurtando los accesorios instalados como las llaves de paso. Aduce
que los anteriores motivos han llevado al complejo carcelario a suministrar
agua por lapsos de tiempo “aproximadamente 60 min tres veces al día
aclarando que en este sector los internos tienen la opción de almacenar agua en
los pabellones y descargar los baños en forma manual”.
Finalmente, aduce que “en lo
que hace referencia al “racho”, éste tiene una acometida directa que genera
factura con autorizada por el IBAL (empresa de acueducto y alcantarillado de la
ciudad)… y al “área de sanidad” se le acondicionaron tanques de 1000 lts
únicamente para consultorios y sectores menores que atienden urgencias las 24
horas.”[3] Además, estos dos
sitios topográficamente presentan cotas de menor pendiente con respecto a los
pabellones, es decir, se encuentran a nivel de los tanques subterráneos por lo
tanto, allí es más fácil suministrar el líquido.
Decisiones judiciales objeto
de revisión
Primera instancia
10.- El doce (12) de junio de dos
mil doce (2012), el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Ibagué
(Tolima) decidió rechazar por improcedente la presente acción de tutela.
Estimó, en primer lugar, que el
derecho a acceder a una infraestructura de servicios que garantice la
salubridad pública es un derecho de naturaleza colectiva para cuya garantía
existen vías específicas de protección como la acción popular, y que por esta
razón no resulta procedente la acción de tutela, pues ésta tiene una naturaleza
residual y subsidiaria.
Precisó al respecto que “el
legislador previó acciones específicas encaminadas a dichas finalidades y en
caso de accederse a sus pretensiones en el proceso contencioso administrativo,
los efectos serán los mismos que persigue la tutela, es decir, que sea
suministrado el servicio de agua las 24 horas del día, para todos los internos
de los 11 patios en el bloque 1”[4]
En ese mismo sentido agregó que
esta situación no constituye un perjuicio irremediable para el actor pues,
según lo manifestado por el demandado “si [sic] se presta el servicio
de acueducto lo que pasa es que el mismo tiene restricciones de horario, pero
en los patios se cuenta con la posibilidad de almacenar liquido”[5].
Por estas razones concluye que debido a la existencia de otros mecanismos
judiciales y a la ausencia de un perjuicio irremediable que haga procedente de
forma transitoria la acción de tutela, ésta deberá rechazarse por improcedente.
Impugnación
11.- El catorce (14) de junio de
dos mil doce (2012), el accionante presentó impugnación contra el fallo de
primera instancia dentro del término de ejecutoria de la sentencia en mención[6].
Sin embargo, la Sala constató que el escrito de impugnación no obra en el
expediente.
Segunda instancia
12.- El primero (1°) de agosto de
dos mil doce (2012) el Tribunal Administrativo del Tolima decidió confirmar la
decisión del juez de primera instancia.
Sobre el particular indicó que en
un caso similar, mediante providencia del 28 de octubre de 2011, se resolvió
una acción de tutela interpuesta por distintas personas que trabajaban en el
Complejo Carcelario y Penitenciario “COIBA” con el fin de que se repararan los
daños y desperfectos del sistema de suministro de agua potable de las oficinas
y de la Sección de Sanidad del edificio de sindicatos. En esta ocasión,
señalan, “se ordenó al Ministerio de Interior y de Justicia, y al FONADE e
INPEC, iniciar todos los trámites necesarios para que esta última institución
cuente con el servicio de agua, decisión que fue confirmada por el Consejo
de Estado mediante fallo del 16 de febrero de 2012[7].”
Por lo anterior señala que ya
existe un fallo judicial que resuelve la problemática que se revisa, amparando
los derechos fundamentales invocados, y que por esta razón no es procedente
volver a hacer un estudio del caso.
Pruebas que obran en el
expediente
- Copia del derecho de petición
dirigido a la Dirección del establecimiento carcelario de Picaleña Coiba a
nombre del Sr. Jorge Aldidier Ramírez Torres (Folio 12 del cuaderno principal).
- Respuesta al derecho de
petición dada por el ingeniero de infraestructura del establecimiento, Sr.
Fernando Rojas Cruz (Folio 13 del cuaderno principal).
Actuaciones surtidas en el
trámite de revisión
13.- Mediante auto del dieciséis
(16) de enero de dos mil trece (2013) el Magistrado Sustanciador ordenó la
practica de ciertas pruebas a fin de conocer en detalle la situación de
insalubridad dentro del Complejo.
Para ello comisionó al Juzgado
Cuarto (4°) Administrativo del Circuito de Ibagué para que practicara una
inspección judicial en el bloque 1 del establecimiento y presentara un informe
escrito en el que describiera con detalle las condiciones de vida de los
reclusos. También se ordenó al INPEC y al Complejo Carcelario y Penitenciario
de Ibagué Picaleña COIBA que expresara lo que estimara conveniente acerca de la
infraestructura de abastecimiento de agua en el bloque 1 y sobre las causas del
limitado suministro.
Así mismo se ofició a las
oficinas regionales del Tolima de la Defensoría del Pueblo y de la Personería para
que realizaran una visita al bloque 1 del Complejo y rindieran un informe
escrito acerca de las condiciones de insalubridad del lugar y la falta de
abastecimiento suficiente de agua. Por último se ofició al Consejo Seccional de
la Judicatura del Tolima para que suministrara al Juzgado los dispositivos
tecnológicos necesarios para llevar a cabo la inspección judicial ordenada.
14.- El veintinueve (29) de enero
de dos mil trece (2013) se recibió a través de la Secretaría General de esta
Corporación, informe escrito de la Defensoría del Pueblo (Regional Tolima) que
resultó de la inspección realizada por ésta el 25 de enero de 2013 al bloque 1
del Complejo en el cual se confirman las pésimas condiciones de salubridad que
atraviesan los reclusos y la insuficiencia en el suministro de agua (Anexo 1).
15.- El cuatro (4) de febrero de
dos mil trece (2013) se recibió a través de la Secretaría General de esta
Corporación, informe escrito de la Personería  Municipal de Ibagué que resultó
de la inspección realizada por ésta el 29 de enero de 2013 al bloque 1 del
Complejo en el cual se verifica que las condiciones de salubridad son
deplorables, que el hacinamiento es evidente y que el establecimiento tiene
serios daños de infraestructura (Anexo 2).
16.- Una vez vencido el término
otorgado, el Despacho no recibió respuesta alguna por parte del Juzgado Cuarto
(4) Administrativo del Circuito de Ibagué, del INPEC y del Complejo Carcelario
y Penitenciario de Ibagué Picaleña COIBA, a pesar de existir constancia de la
notificación del auto en mención.
De forma extemporánea y a través
de la Secretaría General de esta Corporación, se recibió el informe escrito
producto de la comisión hecha por el Magistrado Sustanciador de este despacho,
al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Ibagué para la práctica de una
inspección judicial en el bloque 1 del Complejo Carcelario y Penitenciario de
Ibagué COIBA, Picaleña. En el mismo se confirman de forma detallada los hechos
expuestos por el actor y descritos por la Personería y la Defensoría
municipales.
II. CONSIDERACIONES Y
FUNDAMENTOS
Competencia
1.- Esta Corte es
competente para revisar el presente fallo de tutela de conformidad con lo
previsto en los artículos 86 y 241 de la Constitución Nacional, el Decreto 2591
de 1991 y las demás disposiciones pertinentes.
Problema jurídico
2.- En atención a lo expuesto, esta
Sala de Revisión debe determinar si el Complejo Carcelario y Penitenciario
Picaleña “COIBA” de Ibagué vulneró los derechos fundamentales al agua, a la
dignidad humana, a la vida y a la salud del señor Jorge Aldidier Ramírez Torres
al someterlo a vivir en pésimas condiciones de salubridad derivadas de la falta
de un suministro de agua suficiente, de la situación de hacinamiento y de los
problemas en la infraestructura carcelaria y en el sistema hidrosanitario del
Complejo.
3.- A fin de resolver el asunto, la
Sala se pronunciará sobre los siguientes tópicos: (i) Los derechos
fundamentales de las personas privadas de la libertad y la relación especial de
sujeción con el Estado que determina su alcance; (ii) El derecho fundamental al
agua y la obligación del Estado de asegurar su satisfacción por lo menos en los
niveles mínimos esenciales; (iii) La procedibilidad de la acción de tutela para
reclamar la garantía del derecho al agua; (iv) La garantía prioritaria y
reforzada del derecho fundamental al agua que merecen las personas privadas de
la libertad como sujetos especialmente vulnerables, luego se expondrán unas
conclusiones, y finalmente se abordará el (v) Análisis del caso concreto.
Asunto
preliminar: La ausencia de cosa juzgada
y los efectos de la presente sentencia.
4.- Una
vez repasados los presupuestos fácticos, se analizará la pertinencia del
argumento al que recurrió el juez de segunda instancia dentro del trámite de la
presente acción para negar por improcedente el amparo, con el objeto de
determinar si existía o no cosa juzgada respecto de las pretensiones del actor.
Así, en
la sentencia de tutela de segunda instancia, el Tribunal Administrativo del
Tolima decidió confirmar el fallo del a quo mediante el cual se había rechazado
por improcedente el presente amparo, manifestando que en un caso
similar, mediante providencia del 28 de octubre de 2011, ya se había resuelto
por ese mismo Tribunal la situación de vulneración de derechos fundamentales al
interior del Complejo Penitenciario y Carcelario Picaleña COIBA en Ibagué,
providencia que había sido confirmada por el Consejo de Estado en sentencia del
16 de febrero de 2012[8].
La Sala verificó que en esa
ocasión, la acción tutela había sido interpuesta por distintos trabajadores del
mismo Complejo con el fin de que se solucionaran los problemas sanitarios
existentes por la falta del servicio del agua en el edificio de Sindicatos
donde se encontraban ubicadas las oficinas y la Sección de Sanidad. En esta
oportunidad el Tribunal ordenó a distintas autoridades que iniciaran, de
acuerdo a sus competencias, los trámites indispensables para lograr que el
Complejo “contara con el correcto servicio de agua en las redes
hidrosanitarias y se corrigieran los defectos que generaban las inundaciones en
el penal”[9]. Esta orden fue
confirmada y adicionada por el Consejo de Estado ordenando que “mientras se
adelantan las actuaciones necesarias para solucionar el problema existente con
la prestación del servicio de agua, implementen de manera conjunta las medidas
pertinentes para mitigar los problemas de salubridad que están afectando a la
población carcelaria que recibe el servicio médico en la Sección de Sanidad y a
las personas que deben trabajar (…) en el edificio de Sindicatos (…) reubicando
temporalmente a todos los afectados, si no pueden implementarse medidas
transitorias”[10].
Pues bien, la Sala considera que
no podía el Tribunal en este caso afirmar que existía cosa juzgada con la
anterior sentencia de tutela interpuesta por los trabajadores del penal y en
consecuencia declarar la improcedencia del presente amparo. Esto por cuanto el asunto que aquí se debate no es el mismo que aquél
que fue objeto de pronunciamiento anterior pues, en este caso, además de no
existir identidad en la parte demandante, existe una diversidad de hechos
nuevos adicionales que, como se verá, completan un cuadro de condiciones de
insalubridad inhumanas y degradantes que han venido soportando los reclusos del
bloque 1 del Complejo.
5.- Del mismo modo, es necesario
advertir que tanto la Defensoría del Pueblo (Regional Tolima) y la Personería
Municipal de Ibagué en los informes presentados al Despacho informaron que el
demandante fue trasladado al Establecimiento Carcelario de Jamundí (Valle) el 7
de diciembre de 2012[11].
Sin
embargo, advierte la Sala que el supuesto hecho superado se presenta con
posterioridad a la presentación de la acción de tutela. En todo caso, el
hecho de haberse revelado en el trámite de Revisión que los 284 reclusos del
bloque 1 del Complejo se encuentran en similares condiciones, y que la
vulneración de sus derechos fundamentales es ostensible amerita un estudio de
fondo por parte de la Corte Constitucional, obligándola – como autoridad
suprema de la jurisdicción constitucional encargada de fijar la interpretación
de los derechos fundamentales y de prevenir futuras violaciones de los mismos –
a pronunciarse de fondo sobre la vulneración de los
derechos fundamentales de los restantes reclusos.
De este
modo, si bien la tutela tiene en principio efectos inter partes y subjetivos,
en este caso la violación de los derechos fundamentales de los demás internos
es evidente según puede desprenderse de las pruebas recaudadas. Esta es la
razón por la cual, en este caso, no solo se examinará la violación de tales
derechos, sino que también se adoptarán órdenes dirigidas a mejorar la
situación de esas personas privadas de la libertad. Por todo lo anterior
las órdenes que resulten de la presente providencia estarán dirigidas a
garantizar los derechos de todos los internos del bloque 1 del Complejo
Carcelario y Penitenciario Picaleña.
6.- Por último, llama la atención
de la Corte que frecuentemente los establecimientos carcelarios y
penitenciarios demandados por los internos procedan, en el tramité de revisión
de la acción de tutela, a efectuar el traslado del recluso a otro centro de
reclusión queriendo purgar la situación de vulneración de derechos y
aparentemente, dando cumplimiento a las pretensiones de los accionantes. Sobre
esta hipótesis, como la que hoy nos corresponde analizar, se insiste en que
precisamente no es ésta una situación que impida a la Corte pronunciarse de
fondo sobre las condiciones de vida de los otros reclusos que, si bien no
interpusieron la acción de tutela, continúan padeciendo la vulneración de sus
derechos dentro del penal.
Los derechos fundamentales de
las personas privadas de la libertad y la relación especial de sujeción con el Estado
que determina su alcance. Reiteración de jurisprudencia.
7.- La jurisprudencia de la Corte
Constitucional ha desarrollado la noción de relaciones especiales de sujeción
como base para el entendimiento del alcance de los deberes y derechos
recíprocos, entre internos y autoridades carcelarias. Estas relaciones de
sujeción han sido entendidas como aquellas relaciones jurídico-administrativas
en las cuales el administrado se inserta en la esfera de regulación de la
administración, quedando sometido “a un régimen jurídico peculiar que se
traduce en un especial tratamiento de la libertad y de los derechos
fundamentales”[12]. Históricamente
el Estado ha tenido una posición jerárquica superior respecto del administrado,
sin embargo, bajo la figura de las relaciones especiales de sujeción esa idea
de superioridad jerárquica se amplía permitiéndole a la administración la
limitación o suspensión de algunos de sus derechos[13].
Pues bien, la Corte ha reiterado
la posición según la cual las personas privadas de la libertad se encuentran
vinculadas con el Estado por una especial relación de sujeción que dota a las
autoridades carcelarias y penitenciarias de la potestad para limitar algunos
derechos fundamentales[14]. En este caso, la
integración del interno con la administración es de carácter forzoso y responde
a la necesidad de la administración “de tutelar la seguridad de los
restantes ciudadanos, poniéndola a salvo del peligro que representan las
conductas de ciertos individuos.”[15]
Por esta razón, si bien una de
las consecuencias jurídicas más importantes de dicha relación especial es
entonces, en el caso de los reclusos, la posibilidad que tienen las autoridades
penitenciarias y carcelarias de suspender o restringir el ejercicio de algunos
de sus derechos sus fundamentales como la libertad de locomoción, la intimidad
familiar y el libre desarrollo de la personalidad. Así mismo, esta relación
impone al Estado el deber de respetar y garantizar integralmente otra serie de
derechos que no admiten restricciones o limitaciones, como la vida, la dignidad
humana y la salud.
Sobre
el particular, la sentencia T-153 de 1998, estableció:
“Asimismo, derechos como los de
la intimidad personal y familiar, reunión, asociación, libre desarrollo de la
personalidad y libertad de expresión se encuentran restringidos, en razón misma
de las condiciones que impone la privación de la libertad. Con todo, otro
grupo de derechos, tales como la vida e integridad personal, la dignidad, la
igualdad, la libertad religiosa, el derecho al reconocimiento de la
personalidad jurídica, a la salud y al debido proceso, y el derecho de
petición, mantienen su incolumidad a pesar del encierro a que es sometido su
titular. Lo mismo cabe aseverar acerca del derecho a la presunción de
inocencia, el cual, aun cuando no imposibilita la expedición de medidas de
aseguramiento, sí obliga a los jueces a justificar en cada caso la orden de
detención precautelativa, y a la administración a mantener separados a los
sindicados y a los condenados.” (Negrillas fuera del texto original).
Así mismo, la Corte en sentencia
T-578 de 2005 señaló:
“Como consecuencia de la subordinación,
surgen ciertos derechos especiales[16]
(relacionados con las condiciones materiales de existencia: alimentación,
habitación, servicios públicos, salud) en cabeza de los reclusos, los cuales
deben ser[17]
especialmente garantizados por el Estado.”[18]
En conclusión, ésta especial relación de
sujeción resulta ser determinante del nivel de protección de los derechos
fundamentales de los reclusos e, igualmente, acentúa las obligaciones de la
administración pues le impone un deber positivo de asegurar el goce efectivo de
los derechos fundamentales que no permiten limitación en razón a la especial
situación de indefensión en la que se encuentran los reclusos[19].
El hacinamiento carcelario y
la falta de salubridad al interior de los penales son condiciones de
cumplimiento de la pena que desconocen el derecho a la dignidad humana de los
reclusos y el fin resocializador de la pena.
8.- La Corte Constitucional también
ha sido enfática en que esas relaciones deben sustentar unos principios
constitucionales que autoricen el sometimiento jurídico, especial y estricto
del administrado. En el caso de las personas privadas de la libertad, la
disposición de una estructura administrativa para implementar centros de
reclusión penal, tiene como fin garantizar la posibilidad de que el Estado
aplique penas privativas de la libertad (artículo 28 C.N). A su turno, dichas penas tienen una “función protectora y preventiva, pero su fin fundamental
es la resocialización”[20], en tal sentido,
las amplias potestades reconocidas a favor del Estado en el marco de las
relaciones de sujeción, encuentran justificación en cuanto puedan ser
consideradas mecanismos idóneos para alcanzar la resocialización
de los responsables penales. Sobre el particular ha afirmado esta
Corporación:
“(…) la restricción a los derechos
fundamentales de los reclusos, derivada del ejercicio de las facultades de las
autoridades carcelarias, sólo es viable en cuanto tienda a hacer efectivos los
fines esenciales de la relación penitenciaria, esto es, la resocialización
del interno y la conservación del orden, la disciplina y la convivencia dentro
de las prisiones. Si bien estas facultades son de naturaleza discrecional,
encuentran su límite en la prohibición de toda arbitrariedad (C.P., artículos
1°, 2°, 123 y 209) y, por tanto, deben ejercerse con sujeción a los principios
de razonabilidad y proporcionalidad”[21]. (Subrayas fuera
del texto original)
Esta postura ha sido ha asumida por
la Corte Constitucional en virtud de lo dispuesto por el Derecho Internacional
de los Derechos Humanos. Así, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos (1966) señala en su artículo 10.3 que “el régimen penitenciario
consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la
readaptación social de los penados”. Por su parte, la Convención Americana
de Derechos Humanos (1969) dispone textualmente en su artículo 5.6 que “Las
penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la
readaptación social de los condenados”.
En este mismo
sentido, la Observación General No. 21 al artículo 10 del Pacto de Derechos
Civiles y Políticos emitida por el Comité de Derechos Humanos de Naciones
Unidas señaló que “Ningún sistema penitenciario debe estar orientado a
solamente el castigo; esencialmente, debe tratar de lograr la reforma y la
readaptación social del preso.”
Pues bien, esta idea de
resocialización como principio constitucional que debe sustentar tales
relaciones se opone no solo a la imposición de penas que conlleven tratos
crueles, inhumanos y/o degradantes, sino también a todas las condiciones de
cumplimiento de la pena que sean desocializadoras. En este sentido, este Tribunal
ha entendido que “el Estado debe brindar los medios y las condiciones para
no acentuar la desocialización del penado y posibilitar sus opciones de
socialización.”[22]
9.- De otra parte, se ha
sostenido que todas las obligaciones que surgen para el Estado como
consecuencia de ejercicio del legítimo del poder punitivo deben estar guiadas
por el respeto del principio de dignidad humana, pues es el pilar
fundamental que debe guiar las relaciones entre las autoridades penitenciarias y
los internos[23] y, además, es una norma
de jus cogens, es decir, norma imperativa de derecho internacional
obligatoria para todos los Estados y de inmediato cumplimiento reconocida en
múltiples instrumentos internacionales.
Verbigratia, la
Declaración de los Derechos Humanos de 1948 dispone que nadie será sometido a
torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. También la
Convención Americana sobre Derechos Humanos[24] y el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos[25], establecen que los reclusos
tienen el derecho a ser tratados en una forma digna, de acuerdo con el valor
que les confiere su calidad de personas y que nadie debe ser sometido a
torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
En el seno de
Naciones Unidas también se han producido, además de los tratados
internacionales sobre los derechos de los reclusos, algunas normas de soft
law[26] que describen
las condiciones de internamiento que deben ser garantizadas por las autoridades
penitenciarias para la plena efectividad de los derechos de las personas
privadas de la libertad. Entre ellas, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de
los Reclusos[27] que, como lo veremos,
han adquirido en la práctica un nivel de vinculatoriedad especial para los
funcionarios judiciales; el Conjunto de Principios para la Protección de Todas
las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión[28]
y los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos[29].
En el contexto
global, ante el incumplimiento por parte de los Estados de las obligaciones
contenidas en los instrumentos internacionales referidos, se han producido una
serie de decisiones en el seno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y
del Comité de Derechos Humanos en las cuales se ha recurrido, especialmente, a
las Reglas Mínimas para interpretar el contenido del derecho de los presos a
recibir un trato digno y humano.
Así por ejemplo,
en el caso Potter v. Nueva Zelandia[30] el Comité
consideró que mantener a una persona privada de la libertad en condiciones materiales
inferiores a las establecidas por las Normas Mínimas constituye una violación
del artículo 10° del PIDCP, es decir, se debe considerar un trato inhumano que
atenta contra la dignidad del recluso[31].
Por su parte, en
el caso Mukong v. Camerún[32] el Comité insistió en la
universalidad del derecho a un trato digno y humano el cual no puede depender
enteramente del presupuesto estatal, y resaltó la importancia de las Reglas
Mínimas en la definición de las condiciones materiales de reclusión que deben
garantizarse en virtud del principio de dignidad humana[33].
En este caso consideró que excepcionalmente las condiciones materiales de
detención debían considerarse un trato inhumano violatorio del artículo 7° del
PIDCP[34], en los casos en que
éstas son agravadas por otros abusos debiéndose considerar un “trato
excepcionalmente duro y degradante”[35].
Esta última
posición fue reiterada en el caso Suarez Rosero v. Ecuador[36]
en el cual, frente a un cuadro de golpes y amenazas, hacinamiento, insalubridad
y otras condiciones indignas de subsistencia dentro de un establecimiento
carcelario, la Corte consideró que se configuraba un trato cruel, inhumano y
degradante en los términos de la Convención.
Visto el anterior panorama es
indiscutible que la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la normatividad
nacional[37] que regulan las
condiciones de internamiento de los reclusos no es más que una respuesta a este
marco de regulación internacional y a la realidad nacional vigente que deja al
descubierto la grave situación humanitaria que se vive en las cárceles colombianas
debido a la manifiesta sobrepoblación y las delicadas condiciones de salubridad
que atraviesan los internos.
Puede concluirse entonces que se
han consolidado ciertos deberes positivos en cabeza del Estado colombiano conforme
a los cuales, en los establecimientos de reclusión, siempre deberá prevalecer
el respeto a la dignidad humana, a las garantías constitucionales y a los
derechos humanos que han sido reconocidos de forma universal[38].
Por esta razón, “toda persona a quien se le atribuya la comisión de un hecho
punible, tiene derecho a ser tratada con el respeto debido a la dignidad
inherente al ser humano”[39]. Esta es la
causa que motiva también la idea de que toda persona privada de la libertad
deberá tener derecho a “recibir en el lugar de reclusión un tratamiento
acorde con el respeto de los derechos humanos, como los de no ser víctima de
tratos crueles, degradantes o inhumanos”[40].
10.- Por último hay que resaltar
que esa obligación de la administración de respetar esos principios
constitucionales (resocialización y dignidad humana) se exacerba en el caso
colombiano pues el desconocimiento de los mismos no se presenta en todas las cárceles
del país, siendo que es de conocimiento popular que algunas prisiones sí
respetan los derechos fundamentales de los reclusos, supuesto que a su vez
vulnera el principio de igualdad.
El derecho fundamental al agua
y la obligación del Estado de asegurar su satisfacción por lo menos en los
niveles mínimos esenciales.
11.- El derecho humano al agua es
el derecho que tienen todas las personas de disponer de agua suficiente,
salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico[41].
Reiteradamente ha sido entendido por este Tribunal como una garantía
indispensable para alcanzar la efectividad de muchos otros derechos
constitucionales fundamentales, como el derecho a la salud, a la vida, a la
dignidad humana y una vivienda y una alimentación adecuadas.
12.- Pues bien, este derecho no
fue consagrado de forma expresa por la Constitución Política de 1991, sin
embargo, “sí se reconoc[ió] de manera general el derecho a la salud y
el derecho al medio ambiente sano, y se establec[ieron] responsabilidades
para el Estado en relación con el suministro de agua potable y el saneamiento
básico.”[42] Esto permite
inferir que el derecho al agua potable sí encuentra un pleno respaldo en
distintas disposiciones constitucionales.
En primer lugar, el artículo 49º
de la Constitución Nacional dispone que la atención a la salud y el saneamiento
ambiental son servicios públicos cuya protección efectiva le corresponde al
Estado. En segundo lugar, el artículo 79º contempla el derecho a un medio
ambiente sano como un derecho colectivo. Finalmente, el artículo 366º establece
como finalidades sociales del Estado, el bienestar general y el mejoramiento de
la calidad de vida de la población (artículo 2º), para cuya satisfacción la
administración deberá solucionar las necesidades insatisfechas de salud, de
saneamiento ambiental y de agua potable.
13.- De otra parte, esta
Corporación ha asumido que una garantía efectiva de este derecho deberá
enmarcarse en la satisfacción de tres criterios por parte del Estado, los
cuales que deberán ser verificados en cualquier circunstancia: la
disponibilidad, la calidad y la accesibilidad[43] del agua.
Bajo este supuesto, el
abastecimiento de agua a cada persona (i) deberá ser continuo y suficiente
para los usos personales y domésticos, atendiendo a las circunstancias externas
que impliquen la necesidad de recursos adicionales, como el clima y/o las
enfermedades que padezcan los usuarios (disponibilidad). (ii)
Asimismo, deberá ser salubre, por lo que el agua que se suministre tendrá que
estar libre de microorganismos o sustancias químicas que puedan constituir una
amenaza para la salud (calidad)[44]. Y por último
(iii) deberá ser asequible para todos (accesibilidad), lo que
implica que las instalaciones de agua y la infraestructura de suministro
deberán ser de calidad (accesibilidad física), que no podrá
discriminarse en su suministro por los motivos prohibidos en la Constitución
Política (no discriminación); que los costos asociados con el abastecimiento
deberán ser asequibles, incluso, para las personas vulnerables económicamente
(accesibilidad económica); y que deberá garantizarse el derecho de solicitar, recibir y difundir información
sobre las cuestiones del agua (acceso a la información).
14.- Dicho lo anterior debe
reiterarse que para el Estado colombiano el carácter vinculante del derecho
humano al agua no solo surge de las anteriores disposiciones, sino también de
la ratificación del Pacto Internacional de Derechos Económicos y Culturales – PIDESC
– el cual integra nuestra Constitución Política en virtud de la figura del
bloque de constitucionalidad (artículo 93 C.N.). Desde esta perspectiva no solo tendrán vinculatoriedad para el Estado todas las obligaciones contenidas en
el Pacto sino, además, las obligaciones que se desprendan de las
interpretaciones que realice el Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, como órgano autorizado para interpretar dicho tratado.
Pues bien, en el año 2003 el
Comité DESC decidió reconocer de forma expresa el derecho humano al agua al expedir
la Observación General No. 15 la cual, sin duda, permitió la
determinación del contenido normativo del derecho humano al agua y de las
obligaciones de los Estados en su realización.[45]
En esta oportunidad el Comité
recordó que así como para todos los derechos previstos en el Pacto, respecto
del derecho humano al agua también existen ciertas obligaciones en cabeza del
Estado que son de efecto inmediato, las cuales pueden ser exigidas
independientemente de los problemas de tipo presupuestal que atraviese un
Estado[46].
Del mismo modo, aseguró que éste
derecho debía satisfacerse, por lo menos en unos niveles mínimos
esenciales[47], para lo
cual identificó algunas obligaciones básicas en relación con el derecho al agua
que, por las razones que expresamos previamente, tienen un efecto inmediato:
a) Garantizar el acceso a la
cantidad esencial mínima de agua que sea suficiente y apta para el uso personal
y doméstico y prevenir las enfermedades;
b) Asegurar el derecho de acceso
al agua y las instalaciones y servicios de agua sobre una base no discriminatoria,
en especial a los grupos vulnerables o marginados;
c) Garantizar el acceso físico a
instalaciones o servicios de agua que proporcionen un suministro suficiente y
regular de agua salubre; que tengan un número suficiente de salidas de agua
para evitar unos tiempos de espera prohibitivos; y que se encuentren a una
distancia razonable del hogar;
d) Velar por que no se vea
amenazada la seguridad personal cuando las personas tengan que acudir a obtener
el agua;
e) Velar por una distribución
equitativa de todas las instalaciones y servicios de agua disponibles;
f) Adoptar y aplicar una
estrategia y un plan de acción nacionales sobre el agua para toda la población;
la estrategia y el plan de acción deberán ser elaborados y periódicamente
revisados en base a un proceso participativo y transparente; deberán prever
métodos, como el establecimiento de indicadores y niveles de referencia que
permitan seguir de cerca los progresos realizados; el proceso mediante el cual
se conciban la estrategia y el plan de acción, así como el contenido de ambos,
deberán prestar especial atención a todos los grupos vulnerables o marginados;
g) Vigilar el grado de
realización, o no realización, del derecho al agua;
h) Poner en marcha programas de
agua destinados a sectores concretos y de costo relativamente bajo para
proteger a los grupos vulnerables y marginados;
i) Adoptar medidas para prevenir,
tratar y controlar las enfermedades asociadas al agua, en particular velando
por el acceso a unos servicios de saneamiento adecuados.
15.- Así, por ejemplo, sobre el deber de asegurar el acceso
al agua en un nivel mínimo esencial, la sentencia T-740 de 2011 que conoció el
caso de un sujeto de especial protección al cual le fue suspendido el servicio
público domiciliario de agua por el incumplimiento en el pago reiteró la
postura asumida por la Organización Mundial para la
Salud (OMS) en su informe ‘La cantidad de agua domiciliaria, el nivel
del servicio y la salud (2003)’ al señalar que “la cantidad de agua mínima
que una persona necesita para la satisfacción de las necesidades básicas es de 50 litros de agua al día.”[48]
Esta posición también la asumió la Corte en la sentencia
T-471 de 2011 al revisar una acción de tutela interpuesta por una persona que
padecía múltiples enfermedades que le exigían contar con unas determinadas
cantidades de agua potable. En esta oportunidad ordenó a las Empresas Públicas
de Fusagasugá que, en caso que la accionante pruebe no
contar con los recursos económicos para sufragar la deuda con la empresa, “proceda
a instalar un reductor de flujo que garantice por lo menos cincuenta 50 litros de agua por persona al día, en el inmueble que habita con su familia”.
Estas obligaciones que
constituyen el núcleo esencial del derecho al agua no pueden suspenderse, ni
podrá justificarse su incumplimiento en la falta de recursos para garantizar su
plena realización. Por esta razón, el Estado tiene el deber de asegurar este
derecho a todos sus asociados, sin discriminación, de forma inmediata y
atendiendo especialmente a las personas que tradicionalmente han tenido dificultades para ejercer este
derecho.
La procedibilidad de la acción
de tutela para reclamar la garantía del derecho al agua.
16.- El derecho al agua está
relacionado con distintos derechos colectivos (medio ambiente sano, equilibrio
ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para
garantizar su desarrollo sostenible, salubridad pública y acceso a servicios
públicos[49]) razón por la cual, en
principio, el mecanismo judicial idóneo para su defensa es la acción popular.
Por esta razón, a pesar de que la
acción de tutela no es procedente para proteger derechos colectivos, la Corte
ha entendido que sí puede proceder para amparar derechos fundamentales que se
estén vulnerando como consecuencia de la afectación de derechos e intereses
colectivos, en dos situaciones. En primer lugar, cuando la afectación de
los derechos colectivos requieran la intervención urgente e inmediata del juez
constitucional para evitar un perjuicio irremediable[50].
Y en segundo lugar, cuando la amenaza o vulneración de un derecho
colectivo, produzca la afectación directa de un derecho fundamental[51].
17.- Sobran las anteriores
previsiones en la mayor parte de los casos que conoce esta Corporación pues la
jurisprudencia constitucional ha insistido en que el agua potable es un
derecho constitucional fundamental[52] cuando se
destina para el consumo humano y cuando contribuye a preservar la salud y la
salubridad pública. En estos casos, podrá ser amparado directamente por la vía
de la acción de tutela.
Así,
por ejemplo, en sentencia T-578 de 1992 se afirmó que “en principio, el agua
constituye fuente de vida y la falta de servicio atenta directamente con el
derecho fundamental a la vida de las personas. Así pues, el servicio público
domiciliario de acueducto y alcantarillado en tanto que afecte la vida de las
personas (CP art.11), la salubridad pública (CP arts. 365 y 366), o la salud
(CP art. 49), es un derecho constitucional fundamental”.
Por su
parte, en un caso en el cual se reclamaba por vía de tutela el derecho al agua
para fines de explotación turística, este Tribunal en sentencia T-381 de 2009 precisó que “este
derecho puede protegerse por medio de la acción de tutela, únicamente cuando se
relaciona con la vida, la salud y salubridad de las personas, pero no cuando
está destinada a otras actividades, tales como el turismo, la explotación
agropecuaria o a terrenos deshabitados.”
En este
mismo sentido, la sentencia T-418 de 2010 consideró que “Al haber adoptado Colombia como modelo constitucional
un estado social y democrático de derecho, fundado en la defensa de la dignidad
de toda persona y en el respeto, la protección y la garantía de sus derechos
fundamentales, en especial, su derecho a una vida digna, Colombia adoptaba a la
vez, tutelar el derecho fundamental al agua a todas las personas. Ningún
sentido tendría pretender asegurar la vida, bien sea humana o de cualquier otra
especie, sin asegurar el derecho al agua, en sus dimensiones básicas, como
fundamental.”
18.- En el presente caso, dado
que la solicitud de suministro de agua de los reclusos tiene como finalidad
cubrir sus necesidades de consumo y contribuir a preservar la salud y la
salubridad pública de los reclusos dentro del establecimiento carcelario, la
Sala considera que la presente acción de tutela es procedente para reclamar la
garantía de los derechos fundamentales invocados por el actor.
Las personas privadas de la
libertad como sujetos especialmente vulnerables merecen una garantía prioritaria
y reforzada de su derecho fundamental al agua.
19.- El agua como recurso imprescindible para los seres
humanos cumple numerosas finalidades como permitir el desarrollo de la
actividad ganadera y agrícola, del sector industrial, del turismo, de la
medicina y, primordialmente, suplir la necesidad de consumo y los usos
domésticos de todos los individuos.
Sin embargo, en la asignación de los recursos hídricos debe
concederse prioridad al derecho a utilizarla en los casos en que se pretenda
con su suministro garantizar los derechos fundamentales a la vida, la salud, la
dignidad humana y la alimentación de las personas. Por esta razón, cuando la
misma se requiera para fines domésticos o personales, o para evitar el
hambre y las enfermedades[53]
su suministro deberá hacerse de forma prioritaria.
20.- En este mismo sentido, el Comité de Derechos Económicos
Sociales y Culturales ha sostenido que si bien el derecho al agua potable es
aplicable a todos de forma universal, los Estados deben prestar especial
atención a las personas y grupos de personas que tradicionalmente han tenido
dificultades para ejercer este derecho, en particular las mujeres, los
niños, los grupos minoritarios, los pueblos indígenas, los refugiados, los
solicitantes de asilo, los desplazados internos, los trabajadores migrantes,
los presos y los detenidos[54].
En particular, sobre la garantía del derecho al agua de las
personas privadas de la libertad establece que el Estado tiene el deber de adoptar
medidas con el fin de que tanto los presos como los detenidos tengan agua
suficiente y de calidad para atender sus necesidades diarias, teniendo en
cuenta las prescripciones del derecho internacional humanitario y las Reglas
mínimas para el tratamiento de los reclusos.
21.- ¿Por qué se puede afirmar
entonces que las personas privadas de la libertad históricamente han tenido
dificultades para ejercer de forma plena y efectiva su derecho fundamental al
agua?
22.- En primer lugar, porque los (as)
reclusos (as) en establecimientos carcelarios o penitenciarios se encuentran en
imposibilidad absoluta de proveerse ellos mismos el servicio público de agua.
Lo anterior por cuanto no pueden obtenerlo a cambio de una prestación
económica, ni por otros medios pues su derecho a la libre locomoción se
encuentra suspendido, a diferencia de quienes disfrutan de su libertad. De este
modo, por encontrarse los internos bajo la custodia del Estado en virtud de la
especial relación de sujeción, deben ser las autoridades carcelarias las que
garanticen el derecho fundamental al agua de los reclusos con criterios de
disponibilidad, calidad y accesibilidad[55].
Atendiendo a esta misma lógica,
la sentencia T-1030 de 2003 dispuso:
“En efecto, si la administración
no satisface las necesidades vitales mínimas de la persona privada de libertad,
a través de la alimentación, la habitación, el suministro de útiles de aseo, la
prestación de servicio de sanidad, el mantenimiento en condiciones de
salubridad, etc., quien se halle internado en un centro de reclusión,
justamente por su especial circunstancia, está en imposibilidad de procurarse
en forma autónoma tales beneficios.”
Bajo esta circunstancia, las
personas privadas de la libertad no cuentan con una opción distinta a la
administración para alcanzar la plena realización de su derecho fundamental al
agua al interior de los penales, razón que justifica que por tratarse de sujetos
especialmente vulnerables, la garantía de su derecho deba ser reforzada.
23.- Y en segundo lugar, porque quienes
se encuentran obligados a garantizar el derecho al agua de los reclusos (las
autoridades penitenciarias y carcelarias) han asumido reiteradamente una
actitud de desidia respecto de su obligación de garantizar este derecho en unos
niveles mínimos esenciales que permitan a los internos subsistir al
interior de las prisiones del país de forma digna y humana.
La jurisprudencia de la Corte
Constitucional ha sido por muchos años el auténtico reflejo de la penosa situación
por la que atraviesan las personas privadas de la libertad como consecuencia
del hacinamiento, de las fallas en la infraestructura física de las cárceles y
del insuficiente suministro de agua que generan difíciles condiciones de
salubridad. Ésta fue precisamente la razón que determinó la declaratoria de un estado
de cosas inconstitucional[56] respecto de las
prisiones colombianas luego de que la Corte conociera de la condición de
hacinamiento en que vivían los reclusos de las Cárceles Modelo y Bellavista ubicadas en Medellín y Bogotá,
el cual lamentablemente se mantiene 15 años después. En esta oportunidad se
dijo al respecto que por tratarse de una situación de vulneración de los
derechos fundamentales de carácter general en tanto que afecta a una multitud
de personas “lo más indicado es dictar órdenes a las instituciones oficiales
competentes con el fin de que pongan en acción sus facultades para eliminar ese
estado de cosas inconstitucional.”[57]
De este modo, las deficiencias en
la infraestructura carcelaria; el hacinamiento; las altas temperaturas; las
pésimas condiciones de higiene y salubridad; las deplorables condiciones del
sistema sanitario (duchas, albercas, inodoros); la falta de un suministro de
agua suficiente y de calidad; los olores nauseabundos y la proliferación de
enfermedades son condiciones de vida que atentan contra la dignidad humana e impiden
que se garanticen aquellos derechos fundamentales de los reclusos que no deben
ser objeto de restricción o limitación, como el derecho fundamental al agua y
la salud, entre muchos otros.
Por lo tanto, el hábitat en el
cual se desenvuelven hoy las personas privadas de la libertad no reúne las
condiciones adecuadas para que los reclusos puedan ejercer de forma plena y
efectiva su derecho fundamental al agua, razón adicional para considerar que en
su caso esta protección debe ser reforzada.
24.- El deber del Estado de
garantizarle a los reclusos su derecho al agua de forma prioritaria y reforzada
también encuentra sustento en diversos instrumentos internacionales y en
informes y documentos de órganos autorizados como la Observación General No. 15
del Comité reseñada en el acápite anterior. También las Reglas mínimas para el
tratamiento de los reclusos consagran en sus reglas No. 10, 12, 13, 14, 17, 19
y 20 lo siguiente:
10. Los locales destinados a los reclusos y especialmente a
aquellos que se destinan al alojamiento de los reclusos durante la noche,
deberán satisfacer las exigencias de la higiene, habida cuenta del clima,
particularmente en lo que concierne al volumen de aire, superficie mínima,
alumbrado, calefacción y ventilación.
12.
Las instalaciones sanitarias deberán ser adecuadas para que el recluso pueda
satisfacer sus necesidades naturales en el momento oportuno, en forma aseada y
decente.
13. Las instalaciones de baño y de ducha deberán ser
adecuadas para que cada recluso pueda y sea requerido a tomar un baño o ducha a
una temperatura adaptada al clima y con la frecuencia que requiera la higiene
general según la estación y la región geográfica, pero por lo menos una vez por
semana en clima templado.
14. Todos los locales frecuentados regularmente por
los reclusos deberán ser mantenidos en debido estado y limpios.
15. Se exigirá de los reclusos aseo personal y a tal
efecto dispondrán de agua y de los artículos de aseo indispensables para su
salud y limpieza.
17. 1) Todo recluso a quien no se permita vestir sus
propias prendas recibirá las apropiadas al clima y suficientes para mantenerle
en buena salud. Dichas prendas no deberán ser en modo alguno degradantes ni
humillantes. 2) Todas las prendas deberán estar limpias y mantenidas en buen
estado. La ropa interior se cambiará y lavará con la frecuencia necesaria para
mantener la higiene. 3) En circunstancias excepcionales, cuando el recluso se
aleje del establecimiento para fines autorizados, se le permitirá que use sus
propias prendas o vestidos que no llamen la atención.
19. Cada recluso dispondrá, en conformidad con los usos
locales o nacionales, de una cama individual y de ropa de cama individual
suficiente, mantenida convenientemente y mudada con regularidad a fin de
asegurar su limpieza.
20.
1) Todo recluso recibirá de la administración, a las horas acostumbradas, una
alimentación de buena calidad, bien preparada y servida, cuyo valor nutritivo
sea suficiente para el mantenimiento de su salud y de sus fuerzas. 2) Todo
recluso deberá tener la posibilidad de proveerse de agua potable cuando la
necesite.
26. 1) El médico hará inspecciones regulares y asesorará al
director respecto a: a) La cantidad, calidad, preparación y distribución de los
alimentos; b) La higiene y el aseo de los establecimientos y de los reclusos;
c) Las condiciones sanitarias, la calefacción, el alumbrado y la ventilación
del establecimiento; d) La calidad y el aseo de las ropas y de la cama de los
reclusos; e) La observancia de las reglas relativas a la educación física y
deportiva cuando ésta sea organizada por un personal no especializado. 2) El
Director deberá tener en cuenta los informes y consejos del médico según se
dispone en las reglas 25 (2) y 26, y, en caso de conformidad, tomar
inmediatamente las medidas necesarias para que se sigan dichas recomendaciones.
Cuando no esté conforme o la materia no sea de su competencia, trasmitirá
inmediatamente a la autoridad superior el informe médico y sus propias
observaciones.
Del mismo modo los “Principios
y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de la libertad
en las Américas (2008)”[58] disponen en sus
principios XI y XII que toda persona privada de la libertad deberá tener
acceso en todo momento a agua potable suficiente y adecuada para su consumo,
y que por lo tanto su suspensión o limitación como medida disciplinaria, deberá
ser prohibida por la ley. Del mismo modo señalan que las personas privadas de
la libertad tendrán acceso a instalaciones sanitarias higiénicas y suficientes
que aseguren su privacidad y dignidad, así como a los productos básicos de
higiene personal, y agua para su aseo personal, conforme a las condiciones
climáticas.
Sobre
este mismo asunto, la CIDH también
manifestó en el “Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas
de la libertad en las Américas (2011)” que “La cantidad mínima de agua
que una persona necesita para sobrevivir es de 3 a 5 litros por día. Este mínimo puede aumentar de acuerdo con el clima y la cantidad de ejercicio
físico que hagan los internos. Además, el mínimo requerido por persona para
cubrir todas sus necesidades es de 10 a 15 litros de agua al día, siempre que las instalaciones sanitarias estén funcionando adecuadamente; y
la cantidad mínima de agua que deben poder almacenar los internos dentro de sus
celdas es de 2 litros por persona por día, si éstos están encerrados por
periodos de hasta 16 horas, y de 3 a 5 litros por persona por día, si lo están por más de 16 horas o si el clima es caluroso.”
El Comité Internacional de la
Cruz Roja también suscribió en su informe “Agua, saneamiento, higiene y
hábitat en las cárceles” (2011) que el servicio de agua se debe prestar sin
interrupciones en todo lugar donde hay personas privadas de la libertad y
en cantidades suficientes, ya que es un recurso fundamental para beber,
preparar comida, mantener la higiene personal y adecuar las aguas residuales.
Estableció que “para toda persona a cargo de una cárcel es una tarea
prioritaria hacer todo lo necesario para que el abastecimiento de agua sea
regular y adecuado” pues “los detenidos deben tener acceso al agua en
todo momento”.
25.- El grave problema de la falta
de suministro suficiente de agua potable a los reclusos ha sido conocido,
incluso, en instancias internacionales. Así, la Corte Interamericana ha
sostenido que “la ausencia de condiciones mínimas que garanticen el
suministro de agua potable dentro de un penitenciario constituye una falta
grave del Estado a sus deberes de garantía hacia las personas que se encuentran
bajo su custodia, toda vez que las circunstancias propias del encierro impiden
que las personas privadas de la libertad satisfagan por cuenta propia una serie
de necesidades básicas que son esenciales para el desarrollo de una vida
digna.”[59]
26.- Por último es menester
recordar las reiteradas sentencias de esta Corporación en las cuales se ha
conocido la generalizada situación de vulneración del derecho fundamental al
agua de los reclusos que se vive en las cárceles colombianas. En la mayoría de
los casos, los reclusos han solicitado (i) que se superen las pésimas
condiciones de higiene y de salubridad debido a la falta de suministro de agua[60],
(ii) el mejoramiento de la infraestructura carcelaria que debido al mal estado
en que se encuentra no permite un abastecimiento continuo[61],
(iii) la reubicación de los baños y los comedores en razón a los insoportables
olores[62], (iv) el suministro de
agua limpia para su aseo personal[63], y (v) el abastecimiento
de agua suficiente para vaciar sanitarios y hacer las demás labores de limpieza
al interior de las celdas[64].
En estos casos, la Corte ha dado
órdenes diversas como la adecuación y reparación de los baños en mal estado[65],
del sistema de basuras[66] y de tuberías[67]
o de otros problemas que impiden el adecuado suministro de agua, ya sea por
cantidad o calidad[68]. También se han dado órdenes
relacionadas con la reubicación de los baños o de los comedores por haber sido
ubicados a corta distancia[69], con el diseño de planes
para superar de forma general las falencias en el área de sanidad de las
cárceles, con la adopción de las recomendaciones de las Secretarías de Salud[70]
e, incluso, con la realización total de planes de construcción y refacción
carcelaria[71].
Junto con las órdenes de hacer
dadas en las sentencias referidas, la Corte Constitucional ha ordenado también
a los órganos de control competentes ejercer la vigilancia del cumplimiento de
las órdenes dadas en dichas providencias[72].
Conclusiones
1.     Las
personas privadas de la libertad son sujetos especialmente vulnerables que
merecen una garantía prioritaria y reforzada de su derecho fundamental al agua:
(i) prioritaria, por cuanto requieren
el agua con fines domésticos o personales, para vivir en condiciones de
salubridad y evitar las enfermedades, y (ii) reforzada, en razón a que
son uno de esos grupos poblacionales que tradicionalmente han tenido
dificultades para ejercer este derecho por el estado de cosas inconstitucional
que se vive en las prisiones del país, y por su especial relación de sujeción
con el Estado.
2.     La
situación de hacinamiento, las condiciones de insalubridad, y la falta de un
suministro de agua suficiente que se vive al interior de los establecimientos
carcelarios deberán ser consideradas como condiciones del cumplimiento de la
pena desocializadoras, pues vulneran la dignidad humana e impiden brindarle
a todos los reclusos los medios diseñados para el proyecto de resocialización
(estudio o trabajo).
3.     El derecho
de los reclusos a la dignidad humana y la prohibición de ser objeto de tratos o
penas crueles, inhumanos o degradantes se ven quebrantadas por el hacinamiento,
la insalubridad y las pésimas condiciones de la infraestructura física de las
cárceles y de los sistemas de suministro de agua al interior de las mismas. Así
mismo, las carencias infraestructurales de las áreas sanitarias ponen en riesgo
de afectación el derecho a la vida y a la salud de los reclusos.
4.     El Estado
debe garantizar el derecho al agua a todas las personas por lo menos en unos niveles
mínimos esenciales, lo que se traduce en la asunción de ciertas
obligaciones básicas previstas en la Observación General No. 15 del Comité, las
cuales constituyen el núcleo esencial del derecho al agua y no pueden
suspenderse, ni incumplirse alegando la falta de recursos.
Análisis del caso concreto
27.- En
el asunto que se revisa, el Sr. Jorge Aldidier Ramírez Torres interpuso acción
de tutela en contra de la Directora (Sra. Imelda López Solórzano) y del
Subdirector (Sr. Yimmy Murillo Gómez) del Complejo Carcelario y Penitenciario
Picaleña COIBA ubicado en Ibagué (Tolima) solicitando la protección de sus
derechos fundamentales a la dignidad humana, a la igualdad y a la salud
los estima han sido vulnerados por la entidad y por sus autoridades. Manifiesta
lo anterior en razón a que el Complejo no le está suministrando agua en
cantidades suficientes para su aseo personal y para el aseo de los baños y
celdas al interior del bloque 1 impidiéndole descargar los inodoros cuando
éstos son usados, situación que ha generado malos olores y enfermedades en los
internos, como diarreas y dolores de estómago. Además de la falta de agua,
indica que no cuentan con canecas para recoger agua suficiente para los
periodos de encierro, que la mayoría de las duchas no funcionan y que los
tanques donde se almacena el agua están en muy mal estado, lo que provoca
filtraciones de agua.
28.- Por
su parte, el demandado aduce que el suministro de agua que se puede garantizar
en el bloque 1 es limitado en razón a que su estructura cuenta con “casi
30 años de existencia y no podemos compararla en ningún punto de vista con la
infraestructura que ofrece el área nueva (bloques 2, 3, 4 y 5)”. Manifiesta
que en este bloque no es técnicamente posible proporcionar agua continuamente a
los reclusos (i) porque funciona por un sistema de 4 tanques aéreos que para
ser cargados se requiere que primero se encuentren llenos 2 tanques
subterráneos, proceso que tarda algunas horas; (ii) porque una vez se instalan
accesorios del sistema de suministro de agua, como las llaves de paso, los
reclusos los hurtan, y (iii) porque los reclusos no cuentan con una cultura de
ahorro de agua.
29.-
De otra parte, la Sala reitera que los argumentos aducidos por los jueces de
instancia para negar por improcedente el amparo no pueden prosperar por cuanto,
en este caso, (i) el derecho al agua tiene rango ius fundamental
razón por la cual puede ser amparado por medio de la acción de tutela, y
porque (ii) la sentencia del Consejo de Estado que revisó la vulneración de los
derechos fundamentales de unos trabajadores del mismo Complejo Picaleña de
Ibagué no hace tránsito a cosa juzgada por las razones que se señalaron
previamente.
Por último, la Sala debe recordar que el asunto que se revisa
tiene la suficiente relevancia constitucional para ser resuelto de forma
inmediata y directa por el juez de tutela, pues pretende la inmediata garantía
de múltiples derechos fundamentales de un sujeto especialmente vulnerable, como
lo es una persona privada de la libertad que se encuentra cumpliendo su pena en
situaciones inhumanas y degradantes.
Las anteriores razones, en su conjunto, permiten a
esta Sala concluir que el presente amparo es procedente.
30.- Así, una vez definida la
procedencia le corresponde a esta Sala determinar si el Complejo Carcelario y
Penitenciario Picaleña “COIBA” de Ibagué vulneró los derechos fundamentales al
agua, a la dignidad humana, a la vida y a la salud del señor Jorge Aldidier
Ramírez Torres al negarse a suministrarle el servicio de agua potable de forma
continua y, en consecuencia, permitir que el bloque 1 del Complejo permaneciera
en pésimas condiciones de salubridad que eran agravadas por el hacinamiento,
los problemas de infraestructura, la filtración de aguas negras, los daños en
el sistema sanitario (tanques de agua, duchas y retretes dañados) y el mal
manejo de basuras.
31.- A fin de dar respuesta al
problema jurídico se procederá, en primer lugar, a realizar una
verificación probatoria de los hechos narrados por el actor en su solicitud de
amparo; en segundo lugar, se describirán las reglas específicas de
protección de los derechos fundamentales que se encuentran vulnerados y por último,
se diseñarán las ordenes para el caso concreto.
a. Verificación probatoria
32.- Pues bien, con el fin de verificar las condiciones de
reclusión del actor y de los demás internos del bloque 1 del Complejo
Carcelario y Penitenciario Picaleña COIBA de Ibagué, el Magistrado Sustanciador
ordenó a través de la Secretaría General la práctica de ciertas pruebas.
En respuesta a esta solicitud, mediante un informe escrito y
la aportación de muestras fotográficas, la Defensoría del Pueblo de Ibagué
informó al despacho que en la visita de inspección realizada al Complejo el día
25 de enero de 2013 pudo confirmar las pésimas condiciones de salubridad en las
que se encuentran viviendo los reclusos del pabellón 3, bloque 1 de este
establecimiento (Anexo 1).
Por su parte, la Personería  Municipal de Ibagué
también presentó ante el despacho el informe escrito resultante de la
inspección que realizado el 29 de enero de 2013 al bloque 1 del Complejo (Anexo
2).
Procederá entonces la Sala a verificar cada una de las
condiciones que amenazan la dignidad humana de los internos del pabellón 3 del
bloque 1, confrontando lo declarado en el escrito de tutela por el demandante,
con la respuesta de la demandada, y el informe escrito que resultó de la visita
de inspección presentado por la Defensoría del Pueblo del Tolima.
33.- En primer lugar, sobre la situación de hacinamiento
carcelario, se logró constatar que “El pabellón 03 tiene capacidad para
208 internos según planta física, un (1) interno por celda y en la actualidad y
durante la visita se encontraban 285 internos, donde duermen dos (2) internos
por celdas, lo que demuestra no estar adecuadamente habilitados para recluir a
los internos.”[73]
Por esta razón, según la entrevista realizada a dos de los representantes
ante el Comité de Derechos Humanos del COIBA “muchos [reclusos] están
dumiendo en el piso de los corredores del pabellón”[74]. En particular, sobre
el pabellón 8 de este bloque se señaló que éste “aproximadamente 50
internos  [están] durmiendo a la intemperie”[75].
34.- En segundo lugar, acerca del insuficiencia en el
suministro de agua, de las fallas en el sistema hidrosanitario y de la falta de
salubridad y problemas de salud derivados de estas circunstancias, el
demandante señaló que el bloque 1 donde se encontraba interno era el único de
todo el Complejo que no contaba con agua las 24 horas del día, y que esos 15 o
20 minutos de agua que recibían dos o tres veces al día eran insuficientes para
el aseo personal de todos los internos y para mantener en condiciones de
higiene celdas, patios e inodoros.
Esta situación fue reconocida por el mismo Complejo al
asegurar que solamente proporciona agua por “aproximadamente 60 min
tres veces al día” pues la
infraestructura del bloque 1 no se puede comparar “con la
infraestructura que ofrece el área nueva (bloques 2, 3, 4 y 5)”. En este mismo sentido la Defensoría
confirmó que, según les fue informado por los internos, hay un déficit en el
abastecimiento de agua en el pabellón 3 del bloque 1 pues “el Complejo
Carcelario determina un horario de entrega del líquido, en la mañana 5:20 a.m.
hasta 5:35 a.m., 11:30 a.m. hasta las 11:45 a.m. y 3:30 p.m. hasta 3:45 p.m.”[76]. Además, los internos
informaron que este horario no se cumple, lo cual se pudo constatar en el
momento de la visita pues, siendo las 11:30 a.m., no se tenía suministro de
agua en el pabellón.
Como consecuencia de esta insuficiencia en el suministro de agua,
los internos señalaron que “las tazas sanitarias tanto del patio como
de las celdas (…) permanecían llenas de materia fecal y la situación cada día
empeoraba más debido a que las moscas se posaban en la materia fecal y luego
pisoteaban los menajes donde recibíamos la comida”[77].
En este sentido el Complejo
informó en su contestación que “en este sector los internos
tienen la opción de almacenar agua en los pabellones y descargar los baños en
forma manual”. Sin embargo, los reclusos señalan que “no t[ienen]
canecas plásticas para recoger suficiente agua”.
Como si fuera poco se pudo verificar lo alegado por el
demandante con relación al pésimo estado en que se encuentran la gran mayoría
de las duchas y retretes del pabellón 3 del bloque 1 y los malos olores que se
generan como consecuencia de lo anterior. Así, el representante de la
Defensoría señaló que se encontraron una serie de irregularidades en la
infraestructura física del pabellón “(Baños dañados, Duchas dañadas,
albercas dañadas y celdas con humedad), además se evidencia malos olores en las
áreas de baños y corredores del pabellón, residuos líquidos con malos olores,
inadecuado manejo de basuras (…) según nos informan los internos del
pabellón,(…) se puede observar mucho filtro de aguas negras en los pisos
superiores lo que hace que se filtre a los pisos inferiores”[78].
De la
misma forma, si bien no se acredita medicamente que los reclusos están
padeciendo enfermedades derivadas de la falta de salubridad, la Sala insiste en
sus declaraciones conforme a las cuales se han llegado “producir enfermedades en la piel y
pulmonares a la población de los internos” y que se han generado igualmente
“vómitos y diarreas en los reclusos”. Así mismo, en la
denuncia que hacen acerca de que el lugar destinado para la limpieza de las
fiambreras donde les entregan la comida no se encuentra en condiciones
sanitarias adecuadas y que “la contaminación de los utensilios es evidente”,
por cuanto puede ser ésta la principal causa de las afecciones en salud que
padecen los internos.
35.- Y
por último, gracias al informe de la Defensoría la Sala tuvo conocimiento del problema
de basuras que se presenta en dicho bloque siendo que, según la
manifestación de los internos y los registros fotográficos aportados, el
Establecimiento carcelario “no recogía las basuras hace un mes”[79].
Situación que agrava el cuadro de insalubridad que ya se tiene con las demás
fallas que presenta el sistema sanitario.
b. Reglas específicas de
protección
36.-
Concretamente, sobre el problema de suministro de agua conviene señalar que,
con base en lo previsto por la Observación General No. 15 del Comité, la Sala
considera que la protección del derecho fundamental al agua debe ser en este caso
prioritaria en tanto que el Sr. Jorge Aldidier requiere de su suministro
con fines domésticos y
personales; y además debe ser
reforzada siendo que las personas privadas de la
libertad como el actor tradicionalmente han tenido dificultades para ejercer este
derecho pues (i) se encuentran frecuentemente sujetas a condiciones de
insalubridad y hacinamiento como se demostró con la declaratoria de un estado
de cosas inconstitucional en los centros de reclusión del país[80] y, además, dado que (ii)  no
cuentan con una opción distinta a la administración para procurarse un
suministro suficiente de agua como consecuencia de su relación de sujeción con
el Estado.
De este modo, se reiterará lo dispuesto en la Observación
General No. 15° del Comité. Considera entonces la Sala que conforme al criterio
de la disponibilidad, las autoridades carcelarias y penitenciarias del
Complejo Carcelario y Penitenciario Picaleña tenían la obligación de garantizar
el derecho al agua de las internos bajo su custodia de forma continua
y suficiente para los usos personales y domésticos, atendiendo a las
circunstancias externas que les demandaran recursos adicionales, como lo
eran en este caso las posibles enfermedades estomacales, respiratorias o
cutáneas que pudieran estar padeciendo los reclusos, y las altas temperaturas
que generalmente caracterizan al municipio de Ibagué (23° a 29°C) agravadas por la situación de hacinamiento que se vive en el bloque 1 del Complejo, la cual fue
confirmada en los informes que se presentan como anexo.
Así mismo encuentra la Sala que
el Estado, a través de las autoridades penitenciarias, no ha reconocido el
derecho al agua de los reclusos en sus niveles mínimos esenciales y ha dejado
de lado el hecho de que obligaciones como la de “garantizar el acceso a la
cantidad esencial mínima de agua que sea suficiente y apta para el uso personal
y doméstico y prevenir las enfermedades” son de cumplimiento inmediato y no
pueden alegarse razones presupuestarias para su incumplimiento[81].
Por
esta razón, en este caso se evidencia que el agua que se proporciona a los
reclusos del bloque 1 es insuficiente para que estos puedan adelantar las
labores de aseo personal y comunitario básicas que les permitan vivir en
condiciones de higiene, como procurarse un aseo personal regular, descargar los
retretes, lavar baños, patios, celdas y pasillos, lavar su ropa interior, entre
otros. No admite la Sala el argumento de que el bloque 1 sea el único que no
recibe agua de forma continua debido a su infraestructura antigua, pues
corresponde al Estado “velar por una distribución equitativa
de todas las instalaciones y servicios de agua disponibles”[82].
No puede tampoco pasarse por alto el derecho que
tienen todos los reclusos de proveerse de agua potable[83]
en los momentos que lo necesiten, requerimiento que debe ser satisfecho por las
autoridades sin traba alguna.
Así
mismo, atendiendo al elemento de la accesibilidad física, el
Complejo tenía la obligación de proporcionar a todos los reclusos unas
instalaciones de agua y una infraestructura de suministro de calidad, siendo
los daños en los tanques de almacenamiento y en la mayoría de las duchas e
inodoros un agravante de la situación de insuficiencia de suministro de agua
que altera gravemente la higiene al interior del establecimiento. Así mismo,
conforme a las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos 12 y 13,
debió procurarse por el penal la garantía de unas instalaciones sanitarias
adecuadas que le permitieran al recluso satisfacer sus necesidades naturales de
forma oportuna y decente.
De la misma forma, las
autoridades carcelarias y penitenciarias estaban en la obligación de “prevenir,
tratar y controlar las enfermedades asociadas al agua”[84]
como las que posiblemente presentan los internos en el bloque 1 del Complejo
Picaleña.
En cuanto al problema de
hacinamiento y las fallas de infraestructura del establecimiento, la Sala llama
la atención de las autoridades carcelarias para recordarles la obligación que
tienen de garantizar a cada recluso, como mínimo, una cama individual[85]
quedando proscrita la utilización de pasillos como lugar de descanso de los
internos.
De este modo, todas estas deficiencias
en la infraestructura carcelaria del Complejo Picaleña; la situación de
sobrepoblación, el calor, la falta de salubridad, la insuficiencia en el
suministro de agua, el problema de recolección de las basuras, los malos olores
que emanan de los inodoros dañados, la filtración de aguas negras y las
enfermedades que se han presentado como consecuencia de todo lo anterior,
considera la Sala son condiciones infrahumanas de cumplimiento de las penas, y
por tal razón, atentan contra la dignidad humana de los reclusos y no cumplen
un fin resocializador.
c. Órdenes
37.- Como
es bien sabido, un gran número de las cárceles del país se encuentran en un
estado de deterioro lamentable que se debe principalmente a su construcción
apresurada para solucionar los problemas de hacinamiento a nivel nacional y a
la falta de mantenimiento preventivo por parte del INPEC de sus instalaciones. Sobre
el particular considera la Sala que estos problemas de infraestructura
carcelaria como los que presenta actualmente el Complejo Picaleña demandan por
parte de las autoridades competentes la adopción de medidas estructurales que
solucionen la problemática de forma definitiva.
Sin
embargo, si la adopción de tales medidas no se puede realizar de forma
inmediata, la Sala considera que no puede someterse por más tiempo a los 284 internos
del bloque 1 a que continúen cumpliendo su pena en unas condiciones que atentan
contra su dignidad humana y vulneran sus derechos fundamentales.
38.- De
este modo, teniendo en cuenta las previsiones del derecho internacional de los
derechos humanos, existen unos niveles mínimos esenciales de suministro
de agua que deben ser garantizados a los reclusos los cuales deberán
determinarse teniendo en cuenta las circunstancias que condicionan sus
necesidades como (i) el adecuado funcionamiento de las instalaciones sanitarias[86],
(ii) la cantidad de ejercicio físico que hagan los internos[87],
(iii) las altas temperaturas[88] y (iv) las
enfermedades que éstos padezcan[89], entre
otras.
De esta
forma, la Corte Constitucional ha acogido distintos criterios para determinar
cuál es el mínimo de agua que requiere una persona para vivir. Sin embargo,
específicamente cuando se trata de población carcelaria existen estos
parámetros que han sido fijados por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos –CIDH- en su “Informe sobre los
derechos humanos de las personas privadas de la libertad en las Américas (2011)”.
Por
esta razón, en este caso la Corte tendrá en cuenta los máximos de suministro de
agua previstos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debido a las
especiales circunstancias de reclusión del actor. Así, siendo que la CIDH
establece que el mínimo de 13 a 15 litros de agua por persona se proporcionará “siempre que las instalaciones
sanitarias estén funcionando adecuadamente”,
la Corte considera que en este caso, dadas las múltiples fallas de duchas,
inodoros y tanques de almacenamiento deberá suministrarse a los reclusos un
mínimo de 25 litros por persona al día, de los cuales deberá permitírseles
almacenar hasta 5 litros de agua por persona al día dentro de sus celdas, en
razón a que el clima de Ibagué y las múltiples enfermedades que los internos
puedan estar padeciendo demandan un mayor consumo.
Por
esta razón, teniendo en cuenta, en primer lugar las mayores necesidades
de agua de éstos reclusos por las razones expuestas,  y en segundo lugar,
lo dispuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos[90]
acerca de la cantidad de agua mínima que una persona privada de la libertad
requiere para satisfacer sus necesidades básicas, se ordenará al Instituto
Nacional Penitenciario Y Carcelario –INPEC- y al Complejo Carcelario y
Penitenciario de Ibagué Picaleña COIBA que, dentro de los tres (3) días
siguientes a la notificación de la presente sentencia, y mientras se empieza a
suministrar el servicio de agua de forma continua y permanente tras la
ejecución del Plan de Mejoramiento Integral, implementen de forma conjunta
medidas idóneas que permitan garantizar un suministro diario total de veinticinco
(25) litros de agua a cada uno de los reclusos del bloque 1.
Las
autoridades también garantizarán un suministro diario razonable de agua potable
a cada recluso y les facilitarán los utensilios necesarios para que puedan
almacenar el agua en sus celdas hasta cinco (5) litros de agua por día.
Las
medidas serán las que los requeridos consideren pertinentes, de acuerdo a sus
limitaciones logísticas. Así, por ejemplo, el suministro podrá garantizarse a
través de la instalación de tanques adicionales de agua, del traslado de los
reclusos a otros bloques con suministro permanente de agua o del traslado de
reclusos a otros centros de reclusión con condiciones adecuadas de salubridad,
entre otros.
39.-
También se ordenará por esta Sala al Complejo Carcelario y Penitenciario de
Ibagué Picaleña que, con el apoyo de CAPRECOM EPSS y de la USI Ibagué,
determinen  cuáles son los internos que demandan servicios médicos para que
procedan, dentro los ocho (8) días siguientes a la notificación de esta
sentencia, a (i) elaborar una lista de internos con la relación de enfermedades
que padece cada uno y (ii) garantizar los servicios de salud que estos
requieran de forma inmediata.
40.-
Del mismo modo, se ordenará al Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario INPEC y al Complejo Penitenciario y Carcelario Picañela de Ibagué
que, dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de esta
sentencia, adopte todas las medidas que sean necesarias para garantizar unas
condiciones de salubridad adecuadas, hasta tanto no se ejecute el Plan de
Mejoramiento Integral del Complejo Picaleña. Con este fin podrá hacer uso de
diferentes medidas dependiendo de sus posibilidades logísticas como, por
ejemplo, el arrendamiento de baños portátiles, la reparación de humedades al
interior de las celdas, entre otras.
41.- Con
el objeto de que se puedan adoptar medidas que solucionen las fallas al
interior del establecimiento de forma definitiva, la Sala también ordenará a la
Secretaría de Salud Municipal de Ibagué que, dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas siguientes a la notificación de la presente sentencia, realice una visita
al bloque 1 del Complejo con el fin de que elabore un concepto técnico
detallado en el que precise las medidas que deberán adoptarse para dar
solución definitiva a las fallas del sistema de suministro continuo y
suficiente de agua, del sistema hidrosanitario, de la filtración de aguas
negras y de los restantes problemas sanitarios que verifique.
Este
informe deberá ser remitido al Ministerio de Justicia y del Derecho dentro de
los quince (15) días siguientes a la realización de la visita, con el fin de
que sea tenido en cuenta para el diseño del Plan de Mejoramiento Integral del
bloque 1 del Complejo. Así mismo tendrá la facultad de adoptar medidas
inmediatas relacionadas con las graves condiciones de salubridad que se
presentan al interior del bloque 1.
42.-
Pues bien, también se ordenará al Ministerio de Justicia y del Derecho, al
Instituto Nacional Penitenciario Y Carcelario –INPEC-, al Complejo Carcelario y
Penitenciario de Ibagué Picaleña COIBA que, en el término de los cinco (5) días
siguientes a la notificación de esta providencia, inicien de forma conjunta el
diseño de un Plan de Mejoramiento Integral del bloque 1 del Complejo
dirigido a superar de forma estructural:
a.
El problema de suministro continuo y
suficiente de agua.
b.
El problema de los daños en el sistema
hidrosanitario (Inodoros, duchas, albercas y tanques de almacenamiento dañados
o deteriorados).
c.
El problema de filtración de aguas
negras.
d.
El problema de basuras.
e.
La falta de saneamiento en el área de
lavado de los recipientes en los que se alimentan los internos.
f.
Los demás problemas que presente el
bloque 1 relacionados con la falta de salubridad.
Este plan
de mejoramiento que deberá contener un listado de actividades  a desarrollar y
un cronograma indicando las fechas en las cuales éstas se adelantarán, deberá ser
presentado ante el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Ibagué y ante la
Defensoría del Pueblo (Regional Tolima) a más tardar dentro de los dos (2)
meses siguientes a la notificación de esta sentencia. Este plan deberá ser
ejecutado por el Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué Picaleña COIBA
dentro de los seis (6) meses siguientes a su presentación ante el juez de
primera instancia y la Defensoría del Pueblo del Tolima.
43.- Por
último, se ordenará al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Ibagué y a
la Defensoría del Pueblo (Regional Tolima) que realicen un seguimiento de las
órdenes dadas en la presente sentencia y, en concreto, verifiquen el
cumplimiento del plan de mejoramiento dentro del plazo estipulado.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
Primero.-
REVOCAR la sentencia del doce (12) de
junio de dos mil doce (2012) del Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de
Ibagué mediante la cual se rechazo por improcedente el amparo, y la del primero
(1°) de agosto de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima,
mediante la cual se confirmó la anterior decisión. En su lugar, CONCEDER la
garantía de los derechos fundamentales del actor por las razones expuestas en
esta providencia.
Segundo.-
ORDENAR al Instituto Nacional
Penitenciario Y Carcelario –INPEC- y al Complejo Carcelario y Penitenciario de
Ibagué Picaleña COIBA que, dentro de los tres (3) días siguientes a la
notificación de la presente sentencia, y mientras se empieza a suministrar el
servicio de agua de forma continua y permanente, implementen de forma conjunta
medidas idóneas que permitan garantizar un suministro diario total de
veinticinco (25) litros de agua a cada uno de los reclusos del bloque 1.
Las
autoridades también garantizarán un suministro diario razonable de agua potable
a cada recluso para el consumo y les facilitarán los utensilios necesarios para
que puedan almacenar el agua en sus celdas.
Las
medidas serán las que los requeridos consideren pertinentes, de acuerdo con sus
limitaciones logísticas. Así, por ejemplo, el suministro podrá garantizarse a
través de la instalación de tanques adicionales de agua, del traslado de los
reclusos a otros bloques con suministro permanente de agua o del traslado de
reclusos a otros centros de reclusión con condiciones adecuadas de salubridad,
entre otros.
Tercero.-
ORDENAR al Ministerio de Justicia y del
Derecho, al Instituto Nacional Penitenciario Y Carcelario –INPEC-, al Complejo
Carcelario y Penitenciario de Ibagué Picaleña COIBA que, en el término de los
cinco (5) días siguientes a la notificación de esta providencia adelanten, de
forma conjunta y de acuerdo a sus competencias, el diseño de un Plan de
Mejoramiento Integral del bloque 1 del Complejo Carcelario y
Penitenciario de Ibagué Picaleña dirigido a
superar de forma estructural y definitiva:
a.
La falta de un suministro continuo y
permanente de agua.
b.
El problema de los daños en el sistema
hidrosanitario (Inodoros, duchas, albercas y tanques de almacenamiento dañados
o deteriorados).
c.
El problema de filtración de aguas
negras.
d.
El problema de basuras.
e.
La falta de saneamiento en el área de
lavado de los recipientes en los que se alimentan los internos.
f.
Los demás problemas que presente el
bloque 1 relacionados con la falta de salubridad.
Este
plan de mejoramiento, que deberá contener un listado de actividades  a
desarrollar y un cronograma indicando las fechas en las cuales éstas serán
adelantadas, deberá ser presentado ante el Juzgado Cuarto Administrativo del
Circuito de Ibagué y ante la Defensoría del Pueblo (Regional Tolima) a más
tardar dentro de los dos (2) meses siguientes a la notificación de esta
sentencia. Este plan deberá ser ejecutado por el Complejo Carcelario y
Penitenciario de Ibagué Picaleña COIBA dentro de los seis (6) meses siguientes
a su presentación ante el juez de primera instancia y la Defensoría del Pueblo
del Tolima.
Para la
elaboración del Plan de Mejoramiento, las entidades requeridas deberán tener en
cuenta el concepto técnico elaborado por la Secretaría de Salud de Ibagué y los
restantes informes y documentos que constan dentro del expediente que fueron
recibidos como resultado de la comisión hecha por el Magistrado
Sustanciador de este despacho, al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de
Ibagué mediante auto del 16 de enero de 2013 para la práctica de la inspección
judicial al bloque 1 (cuaderno No. 3).
Cuarto.-
ORDENAR a la Secretaría de Salud Municipal
de Ibagué que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de la presente sentencia, realice una visita al bloque 1 del
Complejo con el fin de que elabore un concepto técnico detallado en el
que precise las medidas que deberán adoptarse para dar solución definitiva a
las fallas del sistema de suministro continuo y suficiente de agua, del sistema
hidrosanitario, de la filtración de aguas negras y de los restantes problemas
sanitarios que verifique.
Este
informe deberá ser remitido al Ministerio de Justicia y del Derecho dentro de
los quince (15) días siguientes a la realización de la visita, con el fin de
que sea tenido en cuenta para el diseño del Plan de Mejoramiento Integral del
bloque 1 del Complejo. Así mismo tendrá la facultad de adoptar medidas
inmediatas relacionadas con las graves condiciones de salubridad que se presentan
al interior del bloque 1.
Quinto.-
ORDENAR al Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario INPEC y al Complejo Penitenciario y Carcelario
Picañela de Ibagué que, dentro de los quince (15) días siguientes a la
notificación de esta sentencia, adopte todas las medidas que sean necesarias
para garantizar unas condiciones de salubridad adecuadas, hasta tanto no se
ejecute el Plan de Mejoramiento Integral del Complejo Picaleña. Con este fin
podrá hacer uso de diferentes medidas dependiendo de sus posibilidades
logísticas como, por ejemplo, el arrendamiento de baños y duchas portátiles,
entre otras.
Sexto.-
ORDENAR al Complejo Carcelario y
Penitenciario de Ibagué Picaleña que, con el apoyo de CAPRECOM EPSS y de la USI
Ibagué, determinen  cuáles son los internos que demandan servicios médicos para
que procedan, dentro los ocho (8) días siguientes a la notificación de esta
sentencia, a (i) elaborar una lista de internos con la relación de enfermedades
que padece cada uno y (ii) garantizar los servicios de salud que estos
requieran de forma inmediata.
Séptimo.-
ORDENAR al Juzgado Cuarto Administrativo
del Circuito de Ibagué y a la Defensoría del Pueblo (Regional Tolima) que
realicen un seguimiento de las órdenes dadas en la presente sentencia y, en
concreto, verifiquen el cumplimiento del plan de mejoramiento dentro del plazo
estipulado.
Octavo.- LÍBRENSE por Secretarí a las comunicaciones de
que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí
contemplados.
Notifíquese, comuníquese, insértese
en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase,
ALEXEI JULIO ESTRADA
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS
SILVA
Magistrado
MARÍA VICTORIA CALLE
CORREA
Magistrada
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MENDEZ
Secretaria General
ANEXO 1:
Informe de la Defensoría del
Pueblo, Regional Ibagué, recibido por este Despacho a través de la Secretaría
General de esta Corporación el día siete (7) de febrero de dos mil trece (2013)
– Oficio OPTB 008/2013.
En el mismo se indicó que se
realizó visita de inspección el día 25 de enero de 2013 al bloque 1 del
Complejo Carcelario de Ibagué COIBA, para verificar las condiciones de
reclusión y habitabilidad del interno JORGE ALDIDIER RAMIREZ TORREZ, sin
embargo, se demostró que el accionante fue trasladado por el INPEC desde el 7
de diciembre de 2012 al establecimiento carcelario de Jamundi, Valle del Cauca.
A continuación, se transcribirá
lo señalado en el informe en cuestión por CARLOS JOSÉ ESPINOSA SAENZ,
Coordinador Administrativo y de Gestión con funciones de Defensor del Pueblo
(e):
“El Comando de Guardia nos
informa que el interno en mención fue trasladado el día 07 De Diciembre de 2012
al Establecimiento Carcelario de J AMUNDI VALLE por orden de la Oficina de
Asuntos Penitenciarios del Inpec Bogotá.
Sin embargo se realiza visita
de verificación de DDHH al Bloque 01 pabellón 03 donde se encontraba el interno
RAMIREZ TORREZ y se pudo constatar lo siguiente:
HACINAMIENTO:
El pabellón 03 tiene capacidad
para 208 Internos según su planta física, Un (1) Interno por celda y en la
actualidad y durante la visita se encontraban 285 Internos, donde duermen dos
(2) Interno por celdas lo que demuestra no estar adecuadamente habilitados para
recluir los internos (Ver Fotos).
SALUBRIDAD:
Se realizo inspección en los
cuatro pisos del pabellón 3 v~rificando baños, duchas, albercas y celdas (ver
fotos), encontrándose una serie de irregularidades y daños en la
infraestructura física del pabellón (Baños dañados , Duchas Dañadas , albercas
dañadas y celdas dañadas con humedad), además se evidencia malos olores en las
áreas de baños y corredores del pabellón , residuos líquidos con malos olores,
inadecuado manejo de las basuras (no se tienen canecas de reciclaje) , según
nos informa los internos del pabellón el Establecimiento Carcelario hace un mes
no recoge las basuras dentro del pabellón (ver fotos) se puede observar mucho
filtro de aguas negras en los pisos superiores lo que hace que se filtre a los
pisos inferiores llegando a producir enfermedades de la piel y pulmonares a la
población de internos.
Las condiciones generales del
pabellón 03 son degradantes y atentan contra la dignidad y salud en conexidad
con la vida de los internos.
La Atención Medica otorgada
por la empresa CAPRECOM EPSS y la USI IBAGUE no es suficiente toda vez que las
jornadas de atención no son todos los días, se maneja por turnos y según
listado que se haya entregado ante la oficina de sanidad del establecimiento,
lo más grave es las atenciones especializadas que no son autorizadas por
CAPRECOM EPSS y el tratamiento de las mismas no se puede realizar.
SUMINISTRO DE AGUA:
Los internos nos informan que
para el suministro de agua al pabellón 03 el complejo carcelario determina un
horario de entrega del liquido, en la mañana 05:20 a.m hasta las 05:35 a.m ,
11:30 a.m hasta las 11:45 a.m , 03:30 p.m hasta 03:45 p.m , lo que evidencia un
déficit en la entrega del liquido a los internos, además nos informan que este
horario no se cumple y en el momento de la visita siendo las 11:30 a.m no se
tenía suministro de agua en el pabellón.
SUMINISTRO DE ALIMENTOS:
Los internos nos informan que
para el suministro de alimentos al pabellón el complejo carcelario determina un
horario de entrega del mismo, desayuno 06:0 a.m, almuerzo 11:30 a.m, comida
03:30 p.m, los internos no informaron ninguna queja por parte del suministro de
alimentos, solo informan que el lugar destinado para la limpieza de las
fiambreras las cuales son donde le entregan la comida no está en condiciones
sanitarias adecuadas y la contaminación de los utensilios es evidente.
El área del rancho donde se
prepara los alimentos fue habilitado nuevamente en el mes de Diciembre de 2012
por la Secretaria de salud Municipal de Ibagué y la Defensoría del Pueblo,
después de haber dado una serie de directrices tendientes a mejorar
sustancialmente el área y poder tener" un eSpacio adecuado y que cumpliera
con los requerimientos y características de calidad que exige la secretaria de
salud.
Los internos que presentan
problemas de diabetes y requieren de una dieta especial ordenado por el médico
tratante informan que no se les está suministrando adecuadamente y se pudo
evidenciar esta problemática que atenta contra la salud a la hora de entrega
del almuerzo.
Se puede concluir que el
pabellón 03 del Bloque 01 del complejo carcelario de Ibagué no se encuentra en condiciones
adecuadas para recluir personas privadas de la libertad, es así que se
solicitará a la Secretaria de Salud Municipal para que realice una visita de
inspección general siendo esta la autoridad competente y nos entregue un
concepto técnico frente a que si es viable seguir con el pabellón habilitado
para recluir los internos o se procederá a pedir reubicación y sellamiento del
mismo hasta tanto no se realicen las gestiones tendientes a garantizar espacios
idóneos y con garantías para los internos. Se hará un seguimiento del mismo
para evaluar y requerir a las instancias que haya lugar en aras de proteger los
Derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad del Complejo
carcelario de Ibagué COIBA.”
ANEXO 2:
Informe de la Personería
Municipal de Ibagué, recibido por este Despacho a través de la Secretaría
General de esta Corporación el día cuatro (4) de febrero de dos mil trece
(2013) – Oficio OPTB 009/2013.
En el mismo se indicó que se
realizó visita de inspección el día 29 de enero de 2013 al bloque 1 del
Complejo Carcelario de Ibagué COIBA, para verificar las condiciones de reclusión
y habitabilidad del interno JORGE ALDIDIER RAMIREZ TORREZ, sin embargo, se
demostró que el accionante fue trasladado por el INPEC desde el 7 de diciembre
de 2012 al establecimiento carcelario de Jamundi, Valle del Cauca.
A continuación, se transcribirá
lo señalado en el informe en cuestión por ISAAC VARGAS MORALES, Personero
Municipal de Ibagué:
“El Personero Delegado para el
Ministerio Publico, realiza entrevista a dos (02) internos que son
representantes ante el Comité de Derechos Humanos del COIBA. Se entrevista
inicialmente al señor JORGE ALBERTO GALLEGO, identificado con la cedula de
ciudadanía número 71.662.255, quien manifiesta: "Las condiciones de
salubridad del Bloque 1 son malas por cuanto no hay higiene en los baños,
no se suministra los elementos de aseo general, permanecen basuras acumuladas
durante 5 a 7 días que ocasiona enfermedades; respecto al hacinamiento es
caótico porque hay celdas que son para un solo interno y en la actualidad
permanecen 2 y 3 internos por celda y muchos están durmiendo en el piso de los
corredores del pabellón; en cuanto al suministro de agua es precario
porque esta es suministrada inicialmente a las 5:30 Am por espacio de 15
minutos y luego por última vez se suministra agua a las 5:00 o 6:00 Pm, durante
15 minutos". Se entrevista al señor JOSE NAPOLEON ARANGO,
Identificado con la cedula de ciudadanía numero 93.377.749 de Ibagué, quien
manifiesta: "Respecto a la salubridad del Bloque 1, si bien es cierto en
este establecimiento como en muchos otros del INPEC, se viven crisis de este
tipo, no hay una causa distinta a errores de diseño de fabricación de estos
establecimientos y sumado a esto la indiferencia mostrada por la dirección
general y el gobierno nacional frente a quejas y reclamos que por no ser nuevos
se ha vuelto algo normal y de lo cual no se obtiene respuesta y mucho menos
solución, quedando de esta forma demostrado que el problema de salubridad en
este establecimiento data de mucho tiempo atrás; respecto al hacinamiento como
es de conocimiento público, la situación de hacinamiento no solo es de
este establecimiento y a nuestro parecer que somos quienes vivimos, sentimos y
sufrimos esta problemática, consideramos que éste problema solo se resuelve
diseñando y poniendo en práctica unas políticas de acuerdo a la situación del
país, más acomodada en lo concerniente a política criminal y penitenciaria;
respecto al número de internos en el bloque 1 y en cada una de las celdas
siempre y cuando se continúe con el mismo diseño de política criminal y
penitenciaria, no se da a basto en construcción de cárceles y mega cárceles,
basta remontarse a la época de URIBE, que levanto 14 establecimientos de alta
seguridad y tan solo unos pocos años después ya no dan abasto los cupos,
presentando hoy y a nivel nacional un hacinamiento de más del 50%; respecto al
horario de suministro de agua los internos en compañía de la Defensoría del
Pueblo se ganó una tutela para que el suministro de agua fuera las 24 horas del
día, también es cierto que el diseño y disposición de acometidas hídricas v
depósitos dispuestos para eso no dan la capacidad suficiente para que el suministro
de agua sea de acuerdo a lo ordenado en fallo de tutela; de nuevo vemos acá la
indiferencia por parte de la dirección general del INPEC, y del Gobierno
Nacional, para buscar solución efectiva a este problema; respecto al problema
de salud es preciso aclarar el desinterés mostrado tanto por CAPRECOM, como
por la USI, (Unidad de Salud de Ibagué) quienes por negligencia han dejado
morir en los últimos meses a dos compañeros internos, es de tal grado el
desinterés que ni aun los desacatos están siendo atendidos por parte de los
directivos de dichas entidades, dejando en el limbo la salud y de paso la vida
de los internos, haciendo caso omiso de ordenes de médico general para exámenes
de dolencias de los internos y de médicos especialistas para cirugías y demás
tratamientos especializados, lo cual puede ser corroborado en las diferentes
historias medicas donde aparecen ordenes de examen y de cirugía como retrasos
de más de seis (06) meses. El pabellón 8 del bloque 1, cuenta con 450 internos
aproximadamente, durmiendo en condiciones poco dignas ya que se encuentran
aproximadamente 50 internos durmiendo a la intemperie y permanecen dos internos
por celda cuando estas fueron diseñadas solo para uno.”
[1] Folio 2 del cuaderno principal.
[2] Folio 23 y 24 del cuaderno principal.
[3] Folio 20 del cuaderno principal.
[4] Folio 36 del cuaderno principal.
[5] Folio 37 del cuaderno principal.
[6] Folio 41 del cuaderno principal
[7] Folio 58 del cuaderno principal.
[8] Sentencia del 16 de febrero de 2012, Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección “B”, Consejero
Ponente: Dr. Gerardo Arenas Monsalve, Referencia: 00711-01.
[9] Sentencia del 28 de octubre de 2011 del Tribunal Administrativo
del Tolima, Expediente No. 73001-23-31-000-2011-00711-01 dentro de la acción de
tutela interpuesta por Sergio Andrés Amezquita y otros  en contra de Ministerio
de Justicia y otros.
[10] Sentencia del 16 de febrero de 2012, Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección “B”, Consejero Ponente:
Dr. Gerardo Arenas Monsalve, Referencia: 00711-01.
[11] Folios 22 y 41 del cuaderno de la Corte Constitucional.
[12] Ver la sentencia T-793 de 2008.
[13] Ver la sentencia T-571 de 2008.
[14] Sobre los derechos de los reclusos se pueden
ver las sentencias T-424 de 1992; T-522 de 1992; T-596 de 1992; T-219 de 1993;
T-273 de 1993; T-388 de 1993; T- 437 de 1993; T-420 de 1994; T-705 de 1996;
T-690-10 y T-023-10, entre muchas otras.
[15] Ver la sentencia T-571 de 2008.
[16]
Entre los especiales derechos de los presos y su correlato, los deberes del
Estado, como consecuencia del establecimiento de una relación especial de
sujeción, se encuentran “el deber de trato humano y digno, del deber de
proporcionar alimentación suficiente, agua potable, vestuario, utensilios de
higiene, lugar de habitación en condiciones de higiene y salud adecuadas, el
deber de asistencia médica, y el derecho al descanso nocturno, entre otros”,
citada de la sentencia T-596 de 1992.
[17]
Sobre los deberes especiales del Estado ver la sentencia T-966 de 2000.
[18] Ver la sentencia T-578 de 2005.
[19] Ver la sentencia T-881 de 2002.
[20] Artículo 9° de la Ley 65 de 1993 del Código Penitenciario y
Carcelario y artículo 12 Código Penal Colombiano.
[21] Ver la sentencia T-706 de 1996.
[22] Ver la sentencia C-261 de 1996.
[23] Ver la sentencia T-172 de 2012.
[24] Aprobada por el Congreso mediante la Ley 16 de 1972.
[25] Aprobado por el Congreso mediante la Ley 74 de 1968.
[26] Las normas de soft law son
disposiciones flexibles, adoptadas en el seno de organizaciones
internacionales, a veces por amplias mayorías, que constituyen sobre todo
directivas de comportamiento dirigidas a los Estados, más que obligaciones
estrictamente de resultado.
[27] Adoptadas por el Primer Congreso de las
Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente,
celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en
sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo
de 1977
[28] Adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de
diciembre de 1988.
[29] Adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de
diciembre de 1990.
[30] El Comité de Derechos Humanos conoció el caso
de Herbert Thomas Potter, ciudadano neozelandés que se encontraba preso en
la cárcel de Mount Eden (Auckland) y denunciaba haber sido sometido a malos
tratos dentro del establecimiento, pues se le impedía acceder a tratamientos
médicos que requería
[31]Artículo 10° del PIDCP “1.
Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto
debido a la dignidad inherente al ser humano.”
[32] El Comité de Derechos Humanos conoció el caso de Albert W. Mukong, fuerte opositor del sistema de gobierno
del partido único establecido en Camerún, quien fue detenido y sometido a
tratos crueles e inhumanos. El Sr. Mukong aduce que fue encerrado con otros 25
o 30 detenidos en una celda de aproximadamente 25 m2, desprovista de servicios sanitarios y que las autoridades penitenciarias se negaron a
alimentarlo por varios días y que después de dos semanas de detención en tales
condiciones, contrajo una infección en el pecho (bronquitis).
[33] “En
cuanto a las condiciones de detención en general, el Comité hace notar que, cualquiera
que sea el nivel de desarrollo del Estado parte de que se trate, deben
observarse ciertas reglas mínimas. De conformidad con la reglas 10, 12, 17, 19
y 20 que figuran en las Reglas Mínimas para el tratamiento de los Reclusos (…),
todo recluso debe disponer de una superficie y un volumen de aire mínimos, de
instalaciones sanitarias adecuadas, de prendas que no deberán ser en modo
alguno degradantes ni humillantes, de una cama individual y de una alimentación
cuyo valor nutritivo sea suficiente para el mantenimiento de su salud y de sus
fuerzas. Debe hacerse notar que son estos requisitos mínimos, que en opinión
del Comité, deben cumplirse siempre, aunque consideraciones económicas o
presupuestarias puedan hacer difícil el cumplimiento de esas obligaciones.” Caso Mukong v. Camerún (1994), Comité de
Derechos Humanos de Naciones Unidas.
[34] Artículo 7° del
PIDCP “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles,
inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre
consentimiento a experimentos médicos o científicos.”
[35] “Derecho
Internacional de los Derechos Humanos: normativa, jurisprudencia y doctrina de
los sistemas universal e interamericano”, Oficina en Colombia del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Primera edición:
Bogotá, abril de 2004, página 204.
[36] Caso Suárez Rosero v. Ecuador, sentencia de
12 de noviembre de 1997 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Fondo).
[37] Ver Código Penitenciario y Carcelario (Ley 65
de 1993) y Código de Procedimiento Penal (Decreto 2700 de 1991) los cuales
imponen deberes especiales a cargo de las autoridades carcelarias y
penitenciarias.
[38] Artículo 3 del Código Penitenciario y Carcelario. Esta misma postura
ha sido asumida por la jurisprudencia de la Corte Constitucional en numerosas sentencias que han analizado supuestos de vulneración de
derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad.
[39] Artículo 3 del Código de Procedimiento Penal.
[40] Artículo 408 del Código de Procedimiento Penal.
[41] Definición dada por la Observación General No. 15 del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales.
[42] “El Derecho Humano al Agua: En la Constitución, la jurisprudencia y los instrumentos internacionales, Serie de Estudios Especiales DESC”, ProSeDHer, DEFENSORIA DEL PUEBLO, Bogotá, 2005.
[43] Ibíd.
[44] El Decreto 1575 de 2007 y la Resolución 2115 del mismo año señalan los criterios que deberán tenerse en cuenta para efectuar el control de calidad del agua
para consumo humano y los parámetros para medir el índice de riesgo del agua.
[45] El Derecho Humano al Agua: En la Constitución, la jurisprudencia y los instrumentos internacionales, Serie de Estudios Especiales DESC, ProSeDHer DEFENSORIA DEL PUEBLO, Bogotá, 2005.
[46] Ibíd.
[47] En la Observación General No. 3, el Comité estableció que todos los Estados tienen la obligación de asegurar, como mínimo, la satisfacción de niveles esenciales de cada uno de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales enunciados en el Pacto.
Así mismo, en las Directrices de
Maastricht sobre Violaciones a los Derechos Económico, Sociales y Culturales
(Maastricht, 22-26 d enero de 1997) se señaló que un Estado incurre en una
violación del Pacto cuando no cumple lo que el Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales denomina “una obligación mínima esencial de asegurar la
satisfacción de por lo menos los niveles mínimos esenciales de cada uno de los
derechos” (Párrafo 9).
[48] En esta oportunidad la Corte ordenó: “INSTALAR el reductor de flujo
que garantice por lo menos 50 litros de agua por persona al día o proveer una
fuente pública del recurso hídrico que asegure el suministro de igual cantidad
de agua.”
[49] Derechos consagrados en la Ley 472 de 1998 mediante la cual se reglamentaron las acciones populares.
[50] Ver la sentencia T-584 de 2012.
[51] La sentencia T-710 de 2008 determinó que, en este supuesto, es
necesario que “(i) el daño o la amenaza del derecho fundamental sea consecuencia
inmediata y directa de la perturbación del derecho colectivo; (ii) que el
peticionario sea la persona directamente afectada en su derecho fundamental;
(iii) que la vulneración o la amenaza del derecho fundamental no sean
hipotéticas, sino que estén expresamente probadas; (iv) que la orden judicial
busque el restablecimiento del derecho fundamental afectado”. Adicionalmente,
la Corte ha establecido que en el proceso debe aparecer demostrado que la
acción popular no es idónea, en concreto, para amparar específicamente el
derecho fundamental vulnerado o amenazado. Esta posición ha sido reiterada en
las sentencias SU-257 de 1997, T-576 de 2005, SU-1116 de 2001.
[52] Ver, entre muchas otras, las sentencias T – 413 de 1995; T – 636 de
2002; T – 1104 de 2005; T – 381 de 2009; T – 616 de 2010; T – 717 de 2010; C –
220 de 2011; T – 055 de 2011; T – 279 de 2011; T – 385 de 2011; T – 552
de 2011; T – 740 de 2011 y T – 916 de 2011.
[53] Párrafo 6 de la Observación General No. 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
[54] Párrafo 16 de la Observación General No. 15 del Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales.
[55] Ver la sentencia T-764 de 2012.
[56] Ver la sentencia T-153 de 1998.
[57] Ibíd.
[58] Aprobados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mediante Resolución
01/08, adoptada durante el 131º Período Ordinario de
Sesiones.
[59] Caso Velez Loor contra Panamá, Sentencia del 23 de noviembre de 2010,
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Serie C. No. 218.
[60] Ver la sentencia T-596 de 1992.
[61] Ver la sentencia T-1134 de 2004.
[62] Ver la sentencia T-317 de 2006.
[63] Ver la sentencias T-322 de 2007.
[64] Ver la sentencia T-175 de 2012.
[65] Ver la sentencia T-317 de 2006.
[66] Ver la sentencia T-596 de 1992.
[67] Ver la sentencia T-1134 de 2004.
[68] Ver la sentencia T-322 de 2007.
[69] Ver la sentencia T-317 de 2006.
[70] Ver la sentencia T-690 de 2010.
[71] Ver la sentencia T-153 de 1998.
[72] Ver la sentencia T-690 de 2010.
[73] Anexo 1.
[74] Anexo 2.
[75] Anexo 2.
[76] Anexo 1.
[77] Folio 3 del cuaderno principal.
[78] Anexo 1.
[79] Anexo 1.
[80] Ver la sentencia T-153 de 1998.
[81]También se desconocieron por el Complejo Picaleña, los principios XI y
XII de los “Principios y buenas practicas sobre la protección de las
personas privadas de la libertad en las Américas”[81]  conforme a los
cuales toda persona privada de la libertad deberá tener acceso en todo
momento a agua potable suficiente y adecuada para su consumo y para su aseo
personal, conforme a las condiciones climáticas.
[82] Observación General No. 15 del Comité DESC.
[83] Regla No. 20.2 de las Reglas mínimas para el tratamiento de los
reclusos.
[84] Deberes mínimos esenciales derivados de la O.G. 15 del Comité.
[85] Regla No. 19 de las Reglas mínimas para el tratamiento de los
reclusos.
[86] El Informe sobre los derechos
humanos de las personas privadas de la libertad en las Américas (2011) de la CIDH estableció que “el
mínimo requerido por persona para cubrir todas sus necesidades es de 10 a 15 litros de agua al día, siempre que las instalaciones sanitarias estén funcionando
adecuadamente”
[87] El Informe sobre los derechos
humanos de las personas privadas de la libertad en las Américas (2011) de la CIDH estableció: “Este mínimo puede aumentar de acuerdo con el clima
y la cantidad de ejercicio físico que hagan los internos”.
[88] Ibíd.
[89] Ver la sentencia T-471 de 2011.
[90] “Informe sobre los
derechos humanos de las personas privadas de la libertad en las Américas (2011)”