T-698-16
Sentencia T-698/16
ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos
generales y especiales de procedibilidad
DEFECTO FACTICO POR
DESCONOCIMIENTO DE LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA
El
defecto fáctico ha sido definido por la jurisprudencia constitucional como
aquel que surge o se presenta por omisión en el decreto y la práctica de las
pruebas; la no valoración del acervo probatorio y el desconocimiento de las
reglas de la sana crítica. Por último, la Corte también lo ha llegado a derivar
de problemas intrínsecos relacionados con los soportes probatorios. En cuanto
al desconocimiento de las reglas de la sana crítica es necesario tener en
cuenta que este ocurre cuando un funcionario judicial decide separarse de los
hechos probados y adoptar un fallo a su arbitrio, en contra de las evidencias.
La valoración probatoria defectuosa ocurre cuando se presenta una incongruencia
entre lo probado y lo resuelto.
EVALUACION
PROBATORIA EN MATERIA DE VIOLENCIA SEXUAL-Aplicación del criterio de “certeza más allá de toda duda razonable” no
puede constituirse en una barrera judicial para las víctimas de este tipo de
violencia
La
jurisprudencia constitucional ha sido contundente en establecer que, cuando se
trata de la evaluación probatoria en materia de violencia sexual, esa categoría
de “certeza más allá de toda duda razonable” no puede constituirse en una
barrera judicial para las víctimas de este tipo de violencia. Esta Corte ha
precisado que los casos de violencia sexual traen implícitas dificultades y
límites probatorios, que al no ser tenidos en cuenta por las normas procesales
ni por los operadores judiciales, rompen la neutralidad a la que debe aspirar
el derecho como sistema, y redundan en la desprotección de los derechos
fundamentales de las víctimas en estos asuntos. En este punto es importante resaltar que si bien el desarrollo
jurisprudencial sobre el estándar probatorio en violencia sexual se ha dado,
principalmente, a partir de la evaluación de procesos y decisiones penales en
los cuales las víctimas han sido, primordialmente, mujeres y menores de edad,
el mismo no puede ni debe desconocerse cuando se trata de otro tipo de sujetos
y/o procesos, como en este caso (hombre/proceso de reparación directa).
VIOLENCIA SEXUAL-No es necesario contar con evidencia física para que
se investigue un caso de violencia sexual
MEDIOS DE PRUEBA DE
VIOLENCIA SEXUAL-Dictámenes periciales,
indicios, testimonio de las víctimas
Para
esta Corporación ha sido claro que el sistema judicial tiene ciertas reglas
procesales y probatorias que están instituidas para logar la igualdad al
interior del discurso judicial y que son, en principio, constitucionalmente
aceptadas. Así mismo, que por regla general, el juez declara un hecho como
probado cuando llega a la certeza más allá de toda duda razonable. Sin embargo,
en asuntos en los cuales es necesario probar la ocurrencia de violencia sexual,
estas dos reglas generales tienen un estándar diferente de aplicación, en razón
a las ya referidas dificultades implícitas que este tipo de violencia trae
consigo, y que deben tenerse en cuenta al momento de efectuar la valoración del
acervo probatorio, so pena de quebrantar la Constitución.
VIOLENCIA SEXUAL-Dificultades y límites probatorios
DERECHOS FUNDAMENTALES DE PERSONAS PRIVADAS DE LA
LIBERTAD-Régimen de responsabilidad
estatal cuando se alega afectación de los derechos de los internos
En
relación al régimen de responsabilidad aplicable a estos casos, en los cuales
se reclama el resarcimiento de daños causados en la vida y/o integridad
personal de las personas privadas de la libertad en Colombia, el Consejo de
Estado ha variado su jurisprudencia a lo largo del tiempo.
REGIMEN DE RESPONSABILIDAD ESTATAL POR LOS DAÑOS
CAUSADOS A PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Jurisprudencia del Consejo de Estado
En
la actualidad la jurisprudencia contenciosa administrativa se ha movido,
dependiendo del caso concreto, entre imputar responsabilidad objetiva al Estado
por el solo hecho de verificar la ocurrencia de un daño a quien se encuentra
recluido, sin necesidad de entrar a revisar elementos subjetivos como
negligencia o descuido e, imputar responsabilidad a través de la falla del
servicio probada, derivada del incumplimiento de las obligaciones de cuidado y
custodia que la normativa sobre la materia impone a las autoridades encargadas
del manejo de los establecimientos. Dependiendo del régimen aplicado a cada
asunto en concreto, se determinan los elementos a probar.
REGIMEN DE RESPONSABILIDAD ESTATAL POR LOS DAÑOS
CAUSADOS A PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Caso de violencia sexual contra miembro de la Fuerza Pública en centro
carcelario
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia por defecto fáctico al realizar
valoración contraria a las reglas de la sana crítica, por no encontrar probado
el nexo entre el daño y la falla del servicio, en caso de violencia sexual
contra miembro de la Fuerza Pública en centro carcelario
Referencia:
Expediente T-5723796
Acción de tutela promovida por Daniel Geovany Neira
Ríos, contra el Tribunal Administrativo de Bolívar y otros
Procedencia: Consejo de Estado, Sección Primera
Asunto: Acción de reparación directa. Prueba de
violencia sexual, defecto fáctico. Reclusión de miembros de la fuerza pública
en establecimientos carcelarios
Magistrada sustanciadora:
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Bogotá, D. C., trece (13) de diciembre de dos mil dieciséis
(2016).
La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por los Magistrados
Jorge Iván Palacio Palacio, Aquiles Arrieta Gómez y la Magistrada Gloria Stella
Ortiz Delgado, quien la preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En
el proceso de revisión de la sentencia proferida el 21 de abril de 2016 por la
Sección Primera del Consejo de Estado, que confirmó la dictada el 18 de febrero
de 2016 por la Sección Quinta de esa misma Corporación, dentro de la acción de
tutela promovida por Daniel Geovany Neira Ríos, contra el Tribunal
Administrativo de Bolívar y otros.
El
asunto llegó a la Corte Constitucional por remisión que hizo el Consejo de
Estado, en virtud de lo ordenado por el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.
El 19 de septiembre de 2016, la Sala número 9 de Selección de Tutelas de esta
Corporación lo escogió para revisión.
I.
ANTECEDENTES
El 14 de enero de 2016 el señor Daniel Geovany Neira Ríos,
a través de apoderado judicial, promovió acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Bolívar y el Juzgado 2º Administrativo de Descongestión de
Cartagena, al considerar vulnerado su derecho al debido proceso. Lo anterior, a
raíz de las sentencias proferidas por esos despachos judiciales dentro del
proceso de acción de reparación directa que éste inició contra el INPEC y otras
entidades.
En opinión del accionante, los fallos acusados
incurrieron en defecto fáctico por indebida valoración probatoria.
Explicó que dentro del proceso de reparación directa se alegó la ocurrencia de
un daño, derivado del acceso carnal violento que el accionante sufrió cuando
fue recluido en la cárcel San Sebastián de Ternera de Cartagena. Adujo que, a
pesar de haber aportado varias pruebas al proceso incluidos varios dictámenes
periciales, las entidades judiciales no valoraron las pruebas conjuntamente y
no dedujeron “razonadamente el acaecimiento de los hechos, con los
documentos anexados, en razón a que no fueron desvirtuados por la entidad (sic)”[1].
Por ende, solicitó al juez de tutela dejar sin efectos las
sentencias proferidas por los entes judiciales accionados y, en su lugar, ordenar
“al Tribunal Administrativo de Bolívar proferir una nueva decisión en donde
se acceda a las pretensiones de la demanda”[2].
Todo lo anterior, con fundamento en los siguientes hechos:
A.
Hechos
1.
Daniel Geovany Neira Ríos ingresó a la Escuela de Policía General Santander el
30 de junio de 2005 y, después de cumplir todos los requerimientos necesarios, obtuvo
su grado como Oficial de la Policía el 1º de diciembre de 2007.
2.
El 21 de junio de 2008, cuando se desempeñaba como Comandante del CAI de San
Francisco y Daniel Le Maître de Cartagena, el accionante recibió
instrucciones del Centro Automático de la Policía para atender un
enfrentamiento entre pandillas que se diputaban el control territorial del
cerro de La Popa en Cartagena.
Al
llegar al lugar de los hechos la patrulla comandada por el accionante fue atacada
con armas de fuego, por ende, los policías activaron su defensa y generaron un
intercambio de disparos. Según lo indicó el accionante, cuando éste se retiró
se percató de que un pandillero estaba herido, por lo cual solicitó refuerzos y
una ambulancia. Sin embargo, el referido delincuente fue trasladado por sus
familiares al puesto de salud del Barrio La Esperanza a donde llegó sin signos
vitales.
3.
Después de esta operación, el accionante tuvo “inconvenientes con el señor
Coronel CARLOS RAMIRO MENA BRAVO”[3],
quien era el Comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena. Por tanto, el
actor fue trasladado en agosto de 2008 a la estación de policía del corregimiento
de San Antonio de Prado en Medellín, como Subcomandante.
4.
El 30 de octubre de 2008, cuando se encontraba desempeñando esas labores, fue
capturado por el CTI de la Fiscalía por el homicidio agravado que se le
imputaba a partir de los hechos ocurridos el 21 de junio de 2008 en Cartagena. La
orden fue emitida por la Fiscalía 34 Seccional de Cartagena.
Al
día siguiente, es decir el 31 de octubre de 2008, el accionante fue puesto a
disposición del Juzgado 11 Penal Municipal con funciones de Control de
Garantías de Cartagena, en donde se legalizó la captura, se le imputó la
conducta de homicidio agravado y se le impuso medida de aseguramiento de detención
preventiva en el establecimiento carcelario San Sebastián de Ternera.
5.
Según indicó el accionante, éste “le suplicó al Juez… que no lo enviara a la
cárcel de ternera con ocasión a su condición de miembro activo de la fuerza
pública, y lo que es peor integrante del escalafón de oficiales de la
institución y quien realizó varias capturas en Cartagena lo que podría generar
que se encontrara con sus capturados en la cárcel…”[4].
Adicionalmente, el oficial pidió el cumplimiento de lo señalado en el artículo
27 de la Ley 65 de 1993, que señala:
“Los miembros de la Fuerza Pública cumplirán la
detención preventiva en centros de reclusión establecidos para ellos y a falta
de éstos en las instalaciones de la unidad a que pertenezcan.”
A
pesar de tales súplicas la medida de aseguramiento fue impuesta en ese
establecimiento por parte del Juez 11 Penal Municipal de Control de Garantías
de Cartagena.
6.
Manifestó que desde el momento de su ingreso a la cárcel fue objeto de amenazas
de muerte y de maltrato por parte de los demás reclusos, pues efectivamente
allí estaban algunos delincuentes capturados por él. Entre las amenazas estaba
la de ser envenenado a través de la comida, lo cual resultaba plausible debido
a que varios reclusos trabajaban en el restaurante. Por tanto, el accionante
dejó de comer los alimentos proporcionados en la cárcel.
También
recibía intimidaciones relacionadas con agresiones con armas blancas. En
especial, indicó que le llegaban “papelitos” con mensajes como “aliste
aguja e hilo tombo hijueputa para que lo cosan cuando lo puñaleemos”[5].
7.
El accionante puso en conocimiento del director de la cárcel y de algunos
guardias todas aquellas amenazas y les solicitó ayuda. Explica que muchas de
esas peticiones fueron verbales, pues el director se negaba a recibirle
solicitudes escritas. Sin embargo, debido a la insistencia y después de varios
intentos de persuadir al director del penal para que lo ayudara, logró que el
referido funcionario pidiera al Juzgado competente que lo trasladara de forma
inmediata a otro establecimiento de reclusión, debido a que “existía un alto
riesgo en la vida e integridad del entonces Oficial”[6].
8.
En virtud de lo anterior y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 27
del Código Penitenciario Único[7],
el 10 de noviembre de 2008 el juez respectivo ordenó al Director de la Cárcel
San Sebastián la Ternera el traslado inmediato del señor Neira Ríos al Comando
de la Policía Metropolitana de Cartagena. Orden que fue ejecutada el 12 de
noviembre de 2008.
A
pesar de lo anterior, al momento del traslado el “Coronel CARLOS RAMÍREZ
MENA BRAVO se negó rotundamente a recibirlo en las instalaciones policiales,
por lo que el INPEC se vio en la obligación de regresarlo nuevamente al sitio
de reclusión”[8].
9.
Según el relato del accionante, ese traslado fallido exacerbó la paranoia de
los internos de San Sebastián de Ternera, quienes creían que el Oficial Neira
Ríos les hacía inteligencia dentro de establecimiento. Lo anterior, debido a
que tenían certeza de que el accionante se encontraba en servicio activo y por
ello no podía estar recluido allí. Indicó que “… después de haber llegado
del comando [un interno] enseñó, exhibió y leyó a los demás internos el
contenido de un extracto de la hoja de vida del Oficial, que ellos habían
conseguido, sin saber cómo, ya que es un documento reservado, en donde además
aparecía que el Oficial NEIRA RÍOS era miembro activo de la fuerza pública”[9].
10.
Según manifestó, ese 12 de noviembre de 2008 “a altas horas de la noche
(23:00 y 00.00 hs), estando en su celda y encontrándose dormido, fue abordado
en lo oscuro por varios sujetos que le decían que por sapo, por estarles
supuestamente haciendo inteligencia, se las iban a cobrar todas, y entre cinco
reclusos, según se percató por la forma en que lo agarraron, lo sujetaron de
pies y manos y le taparon la boca metiéndole una camisa que casi no lo dejaba
respirar, y sin importar cuanta resistencia opusiera, e intentara defenderse no
logró evitar tal situación y lo accedieron carnalmente en forma violenta”[10].
11.
El accionante precisó que para evitar el escarnio público no denunció ese hecho
delictivo en ese momento. Explicó que en su calidad de Oficial de la Policía
Nacional en servicio activo el acceso carnal acarreaba mayor indignidad,
condición que lo “obligó a guardar silencio”[11].
A
pesar de ese silencio, manifestó que después de haber recobrado la libertad, el
20 de noviembre de 2008, entabló queja ante el Consejo Superior de la
Judicatura y ante la Procuraduría General de la Nación en contra del juez que
le impuso la medida preventiva de privación de la libertad y del Director de la
Cárcel San Sebastián la Ternera, ya que ambas autoridades realizaron una
actuación expresamente prohibida por el artículo 27 de la Ley 65 de 1993.
12.
Después de estos sucesos el tutelante continuó al servicio de la institución, hasta
que el 1º de julio de 2010 cuando mediante Decreto Nº 2367, la Policía Nacional
lo retiró del servicio activo, debido a una inhabilidad sobreviniente generada
por sanción leve a título de dolo, que se le impuso como resultado de una
investigación disciplinaria en su contra[12].
Afirmó
que ese hecho detonó su deseo de acudir ante la jurisdicción contenciosa
administrativa a reclamar por los daños causados por el acceso carnal violento que
sufrió en la cárcel. Ello en tanto su “patología originada por causa de la
violación, se agravó y además no cuenta con los recursos para seguir un
tratamiento idóneo”[13].
13.
Por tal motivo, el 9 de diciembre de 2010 presentó demanda de reparación directa
contra el INPEC[14],
en la cual pretendió que se declarara “administrativa y
extracontractualmente” responsable a la Nación – INPEC por los perjuicios
materiales, morales y psicológicos causados en su vida en relación y derivados
de su reclusión ilegal en la que fue objeto de torturas, tratos crueles y
acceso carnal violento por parte de unos internos. Así mismo, el pago de los daños
y perjuicios ocasionados, estimados en 500 SMLMV; es decir, un aproximado de $257.500.000
millones de pesos.
Con
esa demanda solicitó pruebas y aportó, entre otras[15],
tres conceptos médicos relacionados con el acceso carnal violento, uno de los
cuales fue realizado por orden de la Policía Nacional.
14.
Trascurrido el proceso, el 29 de febrero de 2012 el Juzgado 2º Administrativo
de Descongestión de Cartagena profirió sentencia de primera instancia[16]
en la cual se negaron las pretensiones de la demanda, debido a la “inexistencia
de pruebas”.
Inicialmente,
el a quo definió el régimen aplicable a la causa petendi del
entonces demandante, al considerar que no estaba claro que la responsabilidad
patrimonial del Estado se daba, en este caso, a título de privación injusta
de la libertad o de falla del servicio. Así, después de diferenciar
ambas figuras jurídicas estableció que si el demandante pretendía atacar la
decisión jurídica por medio de la cual él fue privado injustamente de la
libertad, debió demandar al juzgado que impuso la medida ante el Tribunal
Administrativo de Bolívar. Por el contrario, como la entidad demandada fue
solamente el INPEC y la pretensión estuvo dirigida a buscar el resarcimiento de
los daños causados al interior de la cárcel, el Juzgado 2º Administrativo de
Descongestión de Cartagena analizó el caso bajo la óptica de la falla en el
servicio.
En
esa medida entró a analizar los hechos y las pruebas aportadas bajo la teoría
del daño especial debido a que en este caso se parte de la afectación a la
vida y a la integridad personal de un recluso. Así analizar la ocurrencia del
daño, el Juzgado concluyó que si bien el señor Neira Ríos padece de un
trastorno de estrés postraumático, no se encuentra probado el nexo causal
entre tal padecimiento y la estancia en la cárcel. En palabras del Juzgado:
“Observa el despacho que si bien el accionante
describe en los hechos de la demanda una serie de tratos crueles e inhumanos
recibidos en el periodo de tiempo en que estuvo recluido en el Centro
Penitenciario y Carcelario San Sebastián de Ternera, tenemos que en el
expediente no obra ninguna prueba sobre el particular que nos permita
corroborar tales afirmaciones.”[17]
Se
indicó que los dictámenes técnicos aportados fueron insuficientes para probar
la ocurrencia del acceso carnal violento, lo que se agrava pues el hecho no fue
de inmediato puesto en conocimiento de la autoridad competente, lo que hace que
la prueba pierda inmediatez y el daño pueda imputarse a otras circunstancias.
15.
Esa decisión fue apelada por el actor y su apoderado[18].
Explicaron que el Juez no valoró las pruebas en conjunto y no dedujo
razonadamente de los documentos aportados la ocurrencia de los hechos, que
tampoco fueron desvirtuados por la entidad demandada. En la apelación señaló
que la carga de la prueba que les correspondía a ellos como parte demandante
fue satisfecha holgadamente. Así indicó:
“En cuanto a la ocurrencia o no del acceso carnal
violento, en los exámenes médicos que se le practicaron a mi poderdante
obrantes a los folios 39, 40, 41 y 42, se diagnosticó lo siguiente.
El Dr. LUIS FERNANDO ZAPATA, diagnostica ‘Esfínter externo
anormal= tono irregular’. La expresión tono irregular, hacer (sic) referencia a una secuela que consiste en que
el esfínter ha sufrido penetración…, demostrando con este examen que hubo un
daño que se le causó. (Folio 41).
El Doctor DARIO VIERA JARAMILLO diagnostica ‘sic’ ‘el
señor Daniel Neira Ríos presenta rasguños de 4 cm, en nalga izquierda de
aproximadamente 2 años de evolución’. Este daño se le causó al momento en que
los internos lo desvistieron… pese de haber (sic) utilizado medicamentos y recibir tratamiento para su
cicatrización, aún son visibles. (Folio 42).
La Doctora BEATRIZ HELENA LOZANO L. de la CLINICA LOS
REMANSOS, Instituto Tolimense de Salud Mental de Ibagué, diagnostica que el
paciente DANIEL GEOVANY NEIRA RÍOS, presenta Trastorno de Estrés Postraumático.
Esto se originó como consecuencias de los hechos ocurridos en la cárcel
‘Ternera’ y por la violación según se consignó en la historia médica. Este
examen se le practicó por orden de la Policía Nacional en atención al examen
médico que se le practica a los uniformados que son retirados de la
Institución. (Folios 39 y 40)”[19].
16.
El Tribunal Administrativo de Bolívar mediante sentencia de segunda
instancia[20]
del 30 de octubre de 2015, confirmó la decisión de negar las pretensiones por
ausencia de certeza sobre la ocurrencia del acceso carnal violento. El Tribunal
indicó que:
“… si bien se concluye que actualmente el actor
presenta un cuadro clínico de trastorno por Stress Postraumático y un diagnóstico
forense de daño psíquico grave, ello no indica que existió una relación directa
entre el supuesto abuso sexual y el actuar de la demandada, pues no existe
prueba en el plenario que lleve a la convicción de que realmente la causa
determinante del daño es atribuible al INPEC por incumplimiento de sus
funciones de protección de las personas a su cargo.”
B.
Fundamentos de la acción de tutela
17.
En contra de esas decisiones judiciales el tutelante, a través de apoderado
judicial, presentó esta acción por considerar que incurrieron en un defecto
fáctico, con base en los siguientes fundamentos.
Según
se indica en la solicitud de tutela, las sentencias atacadas incurrieron en un
defecto fáctico, al argumentar que no existía prueba de que el acceso carnal
violento ocurrió dentro del establecimiento penitenciario. El accionante explica
que, contrario a lo señalado por el Juzgado y el Tribunal, al proceso de
reparación directa sí fueron aportadas pruebas pertinentes y conducentes a
partir de las cuales se probaron los hechos narrados. En efecto, se aportaron
en copia:
a.
La solicitud mediante la cual el
tutelante informa al general Dagoberto García Cáceres, sobre las
irregularidades cometidas durante su reclusión en la Cárcel la Ternera (22 de
noviembre de 2008).
b.
La queja que el actor presentó
ante el Consejo Superior de la Judicatura contra el Juzgado que autorizó la
medida privativa de la libertad en la Cárcel la Ternera (8 de diciembre de
2008).
c.
La queja que el Oficial Neira Ríos
presentó ante la Procuraduría General de la Nación por los hechos presentados
en la Cárcel (22 de marzo de 2009).
d.
El oficio dirigido al Coronel
Jorge Enrique Rodríguez Peralta, Director de Sanidad, en donde se le informa la
necesidad de continuar el “tratamiento psicológico – psiquiátrico” del
tutelante.
e.
La historia clínica del accionante
emitida por la Clínica los Remansos, en la cual aparece con “diagnóstico de
estrés postraumático debido a los hechos acontecidos en el establecimiento
penitenciario”.
f.
Los dictámenes médicos indicados
con anterioridad.
18.
Adicionalmente, señala que el Tribunal Administrativo de Bolívar ordenó la práctica
de una prueba de oficio ante medicina legal, a partir de la cual, también se
probó el diagnóstico de que el “estrés postraumático se originó por el
acceso carnal violento ocurrido dentro del establecimiento penitenciario”[21].
Del informe de la prueba pericial ordenada por el Ad quem se
extrajo:
“…sin embargo, de acuerdo a lo relatado por éste [el actor] y lo encontrado en el examen mental
durante la presente valoración es evidente que éste fue expuesto a situaciones
muy traumáticas, durante su estancia en la cárcel, las ideas expresadas por el
examinado acerca de lo ocurrido (acceso carnal), tienen respaldo afectivo y son
coherentes teniendo en cuenta la sintomatología que presenta en la actualidad
(conductas evitativas, ansiedad)”[22].
A
pesar del referido material probatorio, los falladores concluyeron que “no
se demostró que este hecho [acceso carnal violento] haya ocurrido dentro
del establecimiento penitenciario”. Por lo anterior, el accionante
manifiesta que la conclusión a la que llegan las sentencias no es consecuencia
de un análisis que atienda y respete los principios de la sana crítica. Aduce
que no se siguieron los lineamientos de la “lógica, la ciencia y la
experiencia”, y que por el contrario, la valoración probatoria partió de un
“concepto meramente personal”.
19.
El accionante critica las sentencias, pues éstas le dieron valor probatorio
importante al hecho de que él no hubiera denunciado los hechos ante el Director
de la Cárcel La Ternera, lo cual no es cierto. Aclara que solicitó como prueba “la
hoja de vida y toda la información que exista del accionante” durante su
estancia en la cárcel. Sin embargo, precisa que esa información “desapareció
misteriosamente del establecimiento penitenciario”. Así, transcribe la
respuesta otorgada por el Director del Penal:
“Luego de ser buscado usted en el sistema del SISPEC
no se halló registro virtual, por lo que se procedió a realizar una búsqueda
exhaustiva dentro del archivo físico de este centro carcelario y fue imposible
hallar su registro, pero fue imposible encontrar dicho registro ya que de acuerdo
a lo relatado por el personal de guardia que lleva varios años laborando en
este establecimiento expresaron que nuestro lugar destinado para archivar fue
víctima de varios fenómenos naturales (lluvias) que lo inundaron y dañaron gran
parte de los documentos existentes…”[23].
20.
Aunado a todo lo anterior, el tutelante indica que las sentencias declararon no
probado el nexo causal entre el daño y la acción u omisión de la autoridad
pública, lo cual no es verdadero, en tanto:
a.
Quedó demostrado que el INPEC, en
este caso representado por el Director de la Cárcel San Sebastián La Ternera,
no debió recibir al accionante en su establecimiento penitenciario, debido a su
calidad de “miembro activo de la fuerza pública en servicio activo, por
expresa prohibición del artículo 27 de la Ley 65 de 1993”[24].
b.
Existió “una orden de una
autoridad competente [el Juez] de no recluirlo en ese centro carcelario
en atención a que su vida e integridad personal corrían un alto riesgo”[25],
mediante la cual se ordenó su traslado a las instalaciones de la Policía
Metropolitana. Sin embargo, después de que le negaron la entrada a ese lugar,
el Director de la Cárcel lo recibió nuevamente allí el 12 de noviembre de 2008.
Teniendo
en cuenta esos dos hechos, el actor recuerda en su escrito que la
responsabilidad en estos casos es objetiva, razón por la cual sólo tendría que
demostrarse el daño causado, situación que por lo referido por el tutelante, se
probó.
II.
ACTUACIÓN PROCESAL
La
Sección Quinta del Consejo de Estado admitió la presente acción de tutela,
ordenó notificar al Tribunal y al Juzgado demandados y vinculó al Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC–. Así mismo, le dio valor a todos
los documentos aportados con la acción de tutela y ofició a los entes
judiciales demandados para que allegaran en calidad de préstamo el expediente
en reparación directa[26].
A.
Respuestas de las entidades
El
INPEC[27]
indicó que la acción de tutela no es procedente y que esa entidad no vulneró
ningún derecho fundamental del actor. La entidad no hace ninguna referencia a
los hechos del caso. En su intervención cita el artículo 85 de la Ley 1709 de
2014, que modifica el 139 de la Ley 65 de 1993, y que regula los permisos
excepcionales dados a los internos[28].
Después de ello en un acápite de conclusiones precisa:
“5.1. La Dirección General del INPEC no ha violado, no
está violando, ni amenaza violar los derechos fundamentales mencionados en el
escrito de la tutela.
5.2. Que verificada la pretensión de la accionante (sic) en la presente acción de tutela, se pudo
establecer que NO corresponde a la Dirección General del INPEC acceder a
lo solicitado, teniendo en cuenta que las pretensiones no van dirigidas a la
Dirección General del INPEC.
5.3. Así las cosas y conforme con lo expuesto
anteriormente, se solicita al Despacho que su pronunciamiento sea dirigido a la
FALTA DE LEGITIMIDAD EN LA CASUA POR PASIVA, respecto de la Dirección General
del INPEC”.
El
Tribunal Administrativo de Bolívar[29]
indica que el fallo emitido en segunda instancia en el proceso de
reparación directa no incurre en ninguno de los supuestos que hacen procedente
la acción de tutela contra sentencias judiciales. En efecto, precisa que es una
providencia motivada tanto fáctica como jurídicamente. De igual forma, asegura
que la sentencia fue producto de una estricta aplicación normativa y del respeto
por el precedente vertical en relación con la falla del servicio alegada por el
tutelante. Por último, aduce que la valoración probatoria fue razonada y
conllevó a demostrar que no existió un daño antijurídico endilgable a la
administración, que pudiera ser reparado.
El
Juzgado 10º Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena remitió
el expediente solicitado e indicó que la sentencia atacada no fue proferida por
ese ente judicial, sino por el extinto Juzgado 2º Administrativo de Descongestión
de Cartagena. Por tal motivo, explica que no le corresponde la defensa del
fallo.
No
se obtuvo respuesta de los demás intervinientes vinculados.
B.
Sentencia de primera instancia[30]
El
18 de febrero de 2016, la Sección Quinta del Consejo de Estado negó el amparo,
toda vez que la providencia judicial está enmarcada dentro del principio de
autonomía judicial. Para llegar a esa conclusión, inicialmente, analizó los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial y consideró que en este caso los mismos se superaron. Por tal motivo
efectuó el análisis de fondo.
En
ese punto, el Consejo de Estado encontró que el cargo alegado (defecto fáctico)
no estaba llamado a prosperar, ya que las providencias atacadas eran coherentes
con la realidad probatoria obrante en el proceso de reparación directa. Explicó
que del contenido de las sentencias se extrae que las autoridades judiciales
analizaron el informe de medicina legal, la historia clínica, el concepto de
urología y las denuncias presentadas. Documentación a partir de la cual
infirieron que no era posible la imputación de responsabilidad al INPEC, pues
todos esos informes y exámenes se llevaron a cabo dos años después de ocurrido
el suceso que dio origen al daño. Debido a lo anterior, precisó que las
decisiones atacadas no son caprichosas ni arbitrarias.
Por
consiguiente, la Sección Quinta estimó que lo que pretende el accionante en
este caso es reabrir un debate relacionado con la interpretación judicial,
situación que escapa al objeto de la acción de tutela y quebranta el principio
de autonomía judicial.
C.
Impugnación[31]
A
través de su apoderado, el tutelante presentó impugnación en la que argumenta que
no pretende reabrir el debate probatorio, sino demostrar en especial que la decisión
del Tribunal Administrativo de Bolívar quebrantó las reglas de la lógica y la
sana crítica al momento de valorar la prueba. Sostiene que si se acredita que
ambas autoridades analizaron el informe de medicina legal, no se entiende cómo
llegan a una conclusión contraria a la que se anuncia en el referido dictamen.
Frente
a la inmediatez de la prueba, explica que ésta debe ser “cuidadosamente
analizada” y medida en un contexto integral. Hace referencia a la
ocurrencia de hechos relacionados con “la comunidad del anillo”, pues en
ese caso se estudian cuestiones ocurridas en 2006 y sólo hasta ahora el oficial
denunció los hechos, “lo que no impidió abrir las respectivas
investigaciones”.
Adicional
a ello, refiere que por ley la acción de reparación directa tiene un término de
caducidad de dos años, periodo durante el cual el denunciante debe recaudar las
pruebas, tal y como sucede en este caso. Aduce que la inmediatez en la prueba
solo se puede alegar cuando por alguna razón ésta pierde “su integridad o
eficiencia, por haber ocurrido un fenómeno ajeno a ésta que la hicieron variar
o adulterar la esencia o la originalidad del hecho”[32].
Situaciones que no operan en este caso, pues el dictamen de medicina legal fue
realizado a partir de la práctica oficiosa ordenada por el Tribunal
Administrativo de Bolívar.
Ahora
bien, en torno al reproche que de nuevo hacen las autoridades frente a la
ausencia de denuncia inmediata, el tutelante considera que se dejó de lado las
dificultades que él tuvo para llegar a ese punto. En efecto, afrima que debió
tenerse en cuenta las limitaciones de comunicación que padeció cuando estuvo
recluido, una de las cuales consiste en que todo escrito que el interno haga es
revisado por las autoridades. Afirma que él sí comunicó las amenazas de muerte
y de violencia que pesaban sobre él durante su estancia en la cárcel, pero no
puede probarlo porque como indicó el director del penal, esos documentos que
reposaban en las instalaciones de la cárcel, se extraviaron.
Por
todo le expuesto, solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia y
se acceda a las pretensiones de la acción de tutela.
D.
Sentencia de segunda instancia[33]
La
Sección Primera del Consejo de Estado confirmó la decisión el 21 de abril de
2016. Estimó que en este caso el demandante en reparación directa incumplió con
la carga de la prueba del daño, situación que no puede ser remediada a través
de la acción de tutela, pues ello invadiría la esfera de competencia del juez
ordinario.
III.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Competencia
1.
Corresponde a la Corte Constitucional analizar, en Sala de Revisión, el fallo
proferido dentro de la acción de tutela en referencia, con fundamento en los
artículos 86 y 241-9 de la Constitución y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
Presentación
del caso y planteamiento de los problemas jurídicos
2. Daniel Geovany Neira Ríos presentó demanda de reparación directa
contra el INPEC para buscar su resarcimiento por los daños materiales, morales
y psicológicos causados en su vida en relación y derivados de su reclusión
ilegal, en la que fue objeto de malos tratos, tortura y violación sexual. Para
probar su alegato, el actor solicitó y presentó varias pruebas, dentro de las
cuales se destacan tres dictámenes periciales y otros documentos tendientes a
demostrar que fue accedido carnalmente durante de su estancia en la cárcel.
En
dicho proceso se desestimaron las pretensiones en primera y segunda instancia,
debido a que el Juzgado 2º Administrativo de Descongestión de Cartagena y el
Tribunal Administrativo de Bolívar consideraron que el demandante no logró
probar el hecho dañoso (acceso carnal violento), ni el nexo causal. Para el
Juzgado, no fue posible derivar que el daño psíquico del accionante tuviera
origen en su estancia en la cárcel; es decir, no se probó el nexo causal
necesario para imputar responsabilidad al Estado. De otro modo, según el
Tribunal del acervo probatorio no se derivó con grado de certeza la ocurrencia
del acceso carnal, ya que las pruebas carecían de inmediatez al ser practicadas
con posterioridad al hecho dañoso.
El actor presentó acción de tutela contra las referidas autoridades
judiciales y sus providencias, al estimar que las mismas incumplieron los
principios de la sana crítica. Argumentó que una valoración conjunta, integral
y razonada de las pruebas aportadas al proceso permitían establecer la
ocurrencia tanto del daño como del nexo causal. Explicó que se desconoció que
en estos casos se ha aplicado el régimen de responsabilidad objetiva, en tanto el
INPEC era el responsable del cuidado y protección de su vida e integridad
personal mientras estuvo recluido.
El Juzgado 2º Administrativo de Descongestión de Cartagena desapareció,
por ello no se obtuvo su respuesta. Por su parte, el Tribunal Administrativo indicó
que emitió un fallo razonado y que la acción de tutela era improcedente en
tanto no cumple los requisitos para que la misma proceda contra sentencia
judicial en firme. El Consejo de Estado (secciones Quinta y Primera), en ambas
instancias, negó el amparo al considerar que las providencias judiciales
demandadas están protegidas por el principio de la autonomía judicial.
3. De acuerdo a los antecedentes reseñados, la Sala de Revisión debe dar solución a los siguientes problemas
jurídicos:
En primer lugar, debe determinar
si la presente acción de tutela contra providencias judiciales resulta
procedente.
De resultar habilitada la competencia de esta Corporación para el
estudio de fondo en este caso concreto, en segundo lugar, se debe
establecer si ¿el derecho al debido proceso del accionante fue vulnerado por las sentencias tuteladas, al no valorar
integralmente las pruebas presentadas en el proceso de reparación directa?
De acuerdo a lo planteado, en un primer momento, la
Sala debe analizar si a la luz de la jurisprudencia sobre tutela contra
providencias judiciales, la presente solicitud de amparo cumple los requisitos
generales de procedencia. Para lo anterior, primero se reiterarán dichos
requisitos y luego se analizará si se reúnen en el caso concreto.
Reglas
jurisprudenciales sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela
contra sentencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia
4.
El artículo 86 de la Constitución Política consagró la acción de tutela como
mecanismo de protección de derechos fundamentales, cuando quiera que resulten
amenazados o vulnerados por acción u omisión de cualquier autoridad pública,
incluidas las autoridades judiciales.
En
desarrollo de este precepto, los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991
previeron la posibilidad de que cuando los jueces emitieran decisiones que
vulneraran garantías fundamentales, las mismas fueran susceptibles de control
por vía de tutela. Sin embargo, la Corte Constitucional mediante la sentencia
C-543 de 1992[34]
declaró la inexequibilidad de los referidos artículos. En ese fallo la
Corte precisó que permitir el ejercicio de la acción de tutela contra
providencias judiciales, transgredía la autonomía y la independencia judicial y
contrariaba los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica.
5.
No obstante en tal declaración de inexequibilidad, esta Corporación también
estableció la doctrina de las vías de hecho, mediante la cual se plantea
que la acción de tutela sí puede ser invocada contra una providencia judicial,
cuando ésta es producto de una manifiesta situación de hecho, creada por actos
u omisiones de los jueces, que implica la trasgresión o amenaza de un derecho
fundamental. En esa medida, a partir de 1992 se permitió la procedencia de la
acción de tutela para atacar, por ejemplo, sentencias que se hubieran basado en
normas inaplicables, proferidas con carencia absoluta de competencia o bajo un
procedimiento ajeno al fijado por la legislación vigente. Tales vías de
hecho fueron identificándose caso a caso[35].
6.
Más adelante, esta Corte emitió la sentencia C-590 de 2005[36], en la que
la doctrina de las vías de hecho fue replanteada en los términos de los
avances jurisprudenciales que se dieron en ese interregno. En dicho fallo, la
Corte diferenció dos tipos de requisitos de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, así: i) requisitos generales de procedencia,
con naturaleza procesal y ii) causales específicas de procedibilidad, de
naturaleza sustantiva.
Requisitos generales de procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencias judiciales
7.
La Corte en la sentencia C-590 de 2005 buscó hacer compatible el control
por vía de tutela de las decisiones judiciales, con los principios de cosa
juzgada, independencia y autonomía judicial y seguridad jurídica. Por ello
estableció diversas condiciones procesales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales, que deben superarse en su totalidad, a fin de avalar el estudio posterior de las
denominadas causales especiales.
Tales condiciones son: i) que la
cuestión sea de relevancia constitucional; ii) que se hayan agotado todos los
medios de defensa judiciales al alcance; iii) que se cumpla el principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que la misma sea
decisiva en el proceso; v) que se identifiquen, de manera razonable, los hechos
que generaron la vulneración de derechos fundamentales y vi) que no se trate de
una tutela contra otra tutela.
7.1.
Frente a la exigencia de que lo
discutido sea de evidente relevancia constitucional, esta Corte ha dicho que ello obedece al respeto por
la órbita de acción tanto de los jueces constitucionales, como de los de las
demás jurisdicciones. Debe el juez de tutela, por lo tanto, establecer clara y
expresamente si el asunto puesto a su consideración es realmente una cuestión
de relevancia constitucional, que afecte los derechos fundamentales de las partes.
7.2. El deber de agotar todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance del afectado, guarda
relación con la excepcionalidad y subsidiariedad de la acción de tutela, pues
de lo contrario ella se convertiría en una alternativa adicional para las
partes en el proceso. Esta exigencia trae consigo la excepción consagrada en el
artículo 86 Superior, que permite que esa exigencia pueda flexibilizarse cuando
se trata de evitar la consumación de un perjuicio irremediable.
7.3. Adicionalmente, el juez debe verificar que la acción de tutela se
invoque en un término razonable y proporcionado, contado a partir del hecho
vulnerador, a fin de cumplir el requisito de la inmediatez. De no ser
así, se pondrían en juego la seguridad jurídica y la institución de la cosa
juzgada, pues las decisiones judiciales estarían siempre pendientes de una
eventual evaluación constitucional.
7.4. Así mismo, cuando se trate de una irregularidad procesal, ésta
debe haber sido decisiva o determinante en la sentencia que se impugna y
debe afectar los derechos fundamentales del peticionario. Este requisito
busca que sólo las irregularidades verdaderamente violatorias de garantías
fundamentales tengan corrección por vía de acción de tutela, de manera que, se
excluyan todas aquellas que pudieron subsanarse durante el trámite, o que no se
alegaron en el proceso.
7.5. También se exige que la parte accionante identifique
razonablemente los hechos que generaron la vulneración de derechos
fundamentales. Este requisito pretende que el actor ofrezca plena claridad
en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que se imputa a la
decisión judicial. En este punto, es importante que el juez de tutela verifique
que los argumentos se hubieren planteado al interior del proceso judicial, de
haber sido esto posible.
7.6. La última exigencia de naturaleza procesal que consagró la
tipología propuesta en la C-590 de 2005, fue que la sentencia atacada no sea
de tutela. Así se buscó evitar la prolongación indefinida del debate
constitucional, más aún cuando todas las sentencias de tutela son sometidas a
un proceso de selección ante esta Corporación, trámite después del cual se
tornan definitivas, salvo las escogidas para revisión.
Examen de requisitos generales de procedencia en este
asunto
8.
Enunciados los anteriores requisitos es necesario que esta Sala identifique si
en el caso concreto se cumplen o no.
8.1.
El presente asunto es de evidente
relevancia constitucional, en tanto versa sobre la protección del
derecho al debido proceso de una persona que alega haber sufrido un daño
derivado de los tratos crueles y la violencia sexual a la que fue sometido
durante su reclusión en un establecimiento carcelario, frente a quien el Estado
tiene el compromiso de escuchar, validar y responder conforme a derecho, según
se deriva de la jurisprudencia constitucional[37].
Además, esa situación no debe evaluarse sólo desde una perspectiva
individual, pues el incumplimiento de las
obligaciones de respeto, protección y garantía de los derechos de las personas
privadas de la libertad en Colombia es una cuestión estructural evidenciada desde antaño[38], que compete a todo el Estado y que lo obliga
a actuar desde sus diversas dependencias, incluida la Rama Judicial del Poder
Público, a partir de una perspectiva de protección de derechos humanos. Lo
anterior, en virtud al deber de cumplimiento de las obligaciones adquiridas a
nivel internacional y de las consagradas en los artículos 1º, 13, 29 y 93 de la
Constitución colombiana. Debido a esto,
es claro que el debate que presenta el señor Neira Ríos reviste especial
importancia constitucional.
8.2. El accionante agotó todos los medios de defensa
ordinarios que tuvo a su alcance. En efecto, inició su reclamo ante los
jueces contenciosos administrativos en primera y segunda instancia; es decir,
acudió al juez natural y después de
obtener un fallo desfavorable en primera instancia, apeló la decisión.
En
este caso, no se puede reprochar al accionante no haber invocado el recurso
extraordinario de revisión de la sentencia del Tribunal Administrativo de
Bolívar, ya que el mismo no procedía debido a que no se podía alegar ninguna de
las causales consagradas en el artículo 188 del Decreto 01 de 1984[39].
En este punto es pertinente aclarar que ese es el régimen aplicable a este caso,
en tanto la actuación inició en 2010, y así lo dispone el artículo 308 de la
Ley 1437 de 2011[40].
8.3. La Sala encuentra que también se cumple el requisito de
inmediatez, ya que la última actuación que dio cierre al proceso de
reparación directa iniciado por el accionante se produjo el 30 de octubre de
2015, y la acción de tutela se instauró el 14 de enero de 2016. Luego, sólo
transcurrieron 2 meses aproximadamente entre las actuaciones, lapso razonable y
proporcionado para la preparación del escrito de tutela y la organización de
todos los documentos aportados.
8.4. El accionante, a través de su apoderado, identificó de manera
razonable los hechos que considera violatorios de sus derechos fundamentales y
los consignó ampliamente en la acción de tutela y la impugnación. Además, explicó
los argumentos por los cuales encontró que los entes judiciales accionados
incurrieron en vía de hecho por defecto fáctico.
8.5. Por último, evidentemente no se trata de una irregularidad
procesal, ni de una acción de tutela contra sentencia de esa misma naturaleza.
Por todo lo anterior, esta Sala de Revisión encuentra que esta acción
de tutela es procedente y, en esa medida, pasará a realizar el estudio de
fondo, para el cual debe verificar si se configura la causal específica alegada;
esto es, el defecto fáctico en la valoración realizada por los entes judiciales
demandados.
9.
Así, corresponde a esta Corte establecer
si el
derecho al debido proceso del accionante fue vulnerado por el Juzgado 2º Administrativo de Descongestión de
Cartagena y por el Tribunal Administrativo de Bolívar, al no valorar
integralmente las pruebas presentadas en el proceso de reparación directa.
Para dar solución a este segundo
problema jurídico planteado, es necesario analizar los siguientes temas: i) las
causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales; ii) el defecto fáctico y las condiciones para su
configuración; iii) las dificultades y límites probatorios en materia de
violencia sexual; iv) el régimen de responsabilidad estatal cuando se alega
afectación de los derechos de las personas privadas de la libertad; para,
finalmente, (vi) resolver el caso concreto.
Causales especiales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales
10.
Frente a las causales especiales de procedibilidad,  esta Corporación ha emitido
innumerables fallos[41]
en los cuales ha desarrollado jurisprudencialmente los parámetros a partir de los cuales el operador
jurídico pueda identificar aquellos escenarios en los que la acción de tutela
resulta procedente para controvertir los posibles defectos de las decisiones
judiciales, para con ello determinar si hay o no lugar a la protección,
excepcional y restrictiva, de los derechos fundamentales por vía de la acción
de tutela[42].
Así las cosas, la jurisprudencia entendía que existían básicamente tres
defectos, el sustantivo, el procedimental y el fáctico; sin embargo, producto
de una labor de sistematización sobre la materia, en la sentencia C-590 de
2005 se indicó que puede configurarse una vía de hecho
cuando se presenta alguna de las siguientes causales:
·       Defecto orgánico que ocurre cuando el funcionario judicial que
profirió la sentencia impugnada carece, en forma absoluta, de
competencia.
·       Defecto procedimental absoluto que surge cuando el juez actuó totalmente al
margen del procedimiento previsto por la ley.
·       Defecto fáctico que se presenta cuando la decisión impugnada carece
del apoyo probatorio que permita aplicar la norma en que se sustenta la
decisión.
·       Defecto material o sustantivo que tiene lugar cuando la decisión se toma con
fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, o cuando existe una
contradicción evidente y grosera entre los fundamentos y la decisión.
·       El error inducido que acontece cuando la autoridad judicial fue objeto
de engaños por parte de terceros, que la condujeron a adoptar una decisión que
afecta derechos fundamentales.
·       Decisión sin motivación que presenta cuando la sentencia atacada
carece de legitimación, debido a que el servidor judicial incumplió su
obligación de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos que la
soportan.
·       Desconocimiento del precedente que se configura cuando por vía judicial se
ha fijado un alcance sobre determinado tema, y el funcionario judicial,
desconoce la regla jurisprudencial establecida. En estos casos eventos, la
acción de tutela busca garantizar la eficacia jurídica del derecho fundamental
a la igualdad.
·       Violación directa de la Constitución que se deriva del principio de supremacía de
la Constitución, el cual reconoce a la Carta Política como documento plenamente
vinculante y con fuerza normativa.
En el caso sub examine se alega la causal referente al defecto
fáctico, por tanto, esta Sala efectuará una breve caracterización de tal ítem,
a fin de viabilizar el estudio del caso concreto.
Defecto fáctico
11. Desde sus inicios esta Corte
estableció que los jueces de conocimiento tienen amplias facultades para
efectuar el análisis del material probatorio en cada caso concreto[43]. Por ello, esta
Corporación determinó que cuando se alega un error de carácter probatorio, la
evaluación de la providencia judicial por parte de un juez de tutela, debe
privilegiar los principios de autonomía e independencia judicial[44].
No
obstante, tal poder debe estar inspirado en los principios de la sana crítica,
atender necesariamente criterios de objetividad, racionalidad, legalidad y
motivación, entre otros, y respetar la Constitución y la ley. De lo contrario,
el margen de apreciación del juez sería entendido como arbitrariedad judicial,
hipótesis en la cual se configuraría la causal por defecto fáctico y el juez de
tutela podría revocar la providencia atacada[45].
12.
Esta Corporación estableció, en su múltiple jurisprudencia, que el defecto
fáctico se configura cuando: i) existe una omisión en el decreto de pruebas que
eran necesarias en el proceso; ii) se da una valoración caprichosa y arbitraria
de las pruebas presentadas; o iii) no se valora en su integridad el material
probatorio. Así mismo, esta Corte puntualizó que el defecto estudiado tiene dos
dimensiones, una positiva[46]
y otra negativa[47].
La
primera se presenta cuando el juez efectúa una valoración por “completo
equivocada”, o fundamenta su decisión en una prueba no apta para ello. Esta
dimensión implica la evaluación de errores en la apreciación del hecho o de la
prueba que se presentan cuando el juzgador se equivoca: i) al fijar el contenido de la misma, porque la
distorsiona, cercena o adiciona en su expresión fáctica y hace que produzca efectos
que objetivamente no se establecen de ella; o ii) porque al momento de
otorgarle mérito persuasivo a una prueba, el juez se aparta de los criterios
técnico-científicos o los postulados de la lógica, las leyes de la ciencia o
las reglas de la experiencia, es decir, no aplica los principios de la sana
crítica, como método de valoración probatoria[48].
En
cuanto a la segunda dimensión del defecto fáctico, la negativa,
se produce cuando el juez omite o ignora la
valoración de una prueba determinante o no decreta su práctica sin
justificación alguna. Esta dimensión
comprende las omisiones en la apreciación de pruebas determinantes para
identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez[49].
Sobre el particular esta Corte expuso:
“El juez, en el ejercicio de su facultad de valoración,
deja de apreciar una prueba fundamental para la solución del proceso, ignora
sin razones suficientes elementos probatorios cruciales o, simplemente, efectúa
un análisis ostensiblemente deficiente e inexacto respecto del contenido
fáctico del elemento probatorio.”[50]
Bajo
este marco, el defecto fáctico ha sido definido por la jurisprudencia
constitucional como aquel que surge o se presenta por omisión en el decreto y
la práctica de las pruebas; la no valoración del acervo probatorio y el
desconocimiento de las reglas de la sana crítica[51].
Por último, la Corte también lo ha llegado a derivar de problemas intrínsecos
relacionados con los soportes probatorios[52].
13.
En cuanto al desconocimiento de las reglas de la sana crítica es
necesario tener en cuenta que este ocurre cuando un funcionario judicial decide
separarse de los hechos probados y adoptar un fallo a su arbitrio, en contra de
las evidencias. La valoración probatoria defectuosa ocurre cuando se presenta
una incongruencia entre lo probado y lo resuelto.
De
tiempo atrás esta Corte ha precisado que la independencia y la autonomía
judicial en la valoración probatoria, son principios cardinales en el Estado
Social de Derecho que, sin embargo, no tienen carácter absoluto[53].
Es claro que el juez está obligado a motivar sus fallos, lo que implica a su
vez que debe exponer las razones que lo llevaron a declarar que un hecho está
probado o no. Para poder desarrollar tales razones el juez, en Colombia, tiene
la obligación de circunscribirse a las reglas de la sana crítica y a los
criterios lógicos derivados de la ciencia y la experiencia[54].
14.
Ahora bien, en este punto es necesario advertir que, como ya lo indicó esta
Corte mediante la sentencia T-1015 de 2010[55],
existen ciertos límites y dificultades probatorias que impiden a los
funcionarios judiciales llegar a hechos probados con grado de certeza,
representados ampliamente en las diferencias que se encuentra entre los
conceptos de verdad procesal y verdad sustancial. En este tipo de asuntos, que
no son pocos, en los cuales la certeza probatoria no es absoluta, juegan un
papel aún más decisivo las reglas de la sana crítica, de la lógica, la ciencia
y la experiencia.
Por
ser pertinente para la solución del presente asunto, es importante destacar las
dificultades probatorias en materia de asuntos que involucran violencia sexual
y la necesidad de la aplicación de las referidas reglas, para acercar la verdad
procesal a la justicia material en estos casos.
Dificultades y límites probatorios en materia de violencia sexual y la
aplicación del criterio de “certeza más allá de toda duda razonable”
15.
Como se estableció ut supra, debido a la obligación de motivación que
tienen los funcionarios judiciales, éstos deben ejercer una valoración probatoria
a partir de los elementos aportados al debate judicial que, en principio, les
permita llegar a declarar un hecho probado “más allá de toda duda razonable”.
Sin embargo, lo anterior no implica que “lo probado” sea necesariamente lo
cierto o lo indiscutible.
Según
lo precisó esta Corte en la sentencia T-1015 de 2010, “la calificación de la duda razonable guarda
armonía con la concepción de lo razonable como parámetro de adecuación del
discurso judicial: lo razonable excluye el arbitrio o el capricho del operador
judicial por el condicionamiento de sus actuaciones a la existencia de razones
legítimas en el marco de la Constitución y la ley; pero no equivale, sin
embargo, a lo cierto o lo indiscutible, sino a lo aceptable por los
participantes en un discurso que goce de suficientes condiciones para el
intercambio de esas razones jurídicamente relevantes y socialmente adecuadas”.
De
la anterior afirmación se puede deducir un razonamiento implícito, referido a que
en el discurso judicial es plenamente aceptada la diferencia existente entre la
verdad sustancial y la procesal. En la mayoría de los casos, esa diferencia se
da por los límites probatorios propios de las formas procesales, que buscan
establecer reglas de juego igualitarias para todos los participantes del
discurso judicial lo cual, en principio, es constitucionalmente aceptado.
16.
Ahora bien, la jurisprudencia constitucional ha sido contundente en establecer
que, cuando se trata de la evaluación probatoria en materia de violencia
sexual, esa categoría de “certeza más allá de toda duda razonable”
no puede constituirse en una barrera judicial para las víctimas de este tipo de
violencia. Esta Corte ha precisado que los casos de violencia sexual traen
implícitas dificultades y límites probatorios, que al no ser tenidos en cuenta
por las normas procesales ni por los operadores judiciales, rompen la
neutralidad a la que debe aspirar el derecho como sistema[56],
y redundan en la desprotección de los derechos fundamentales de las víctimas en
estos asuntos.
En
este punto es importante resaltar que si
bien el desarrollo jurisprudencial sobre el estándar probatorio en violencia
sexual se ha dado, principalmente, a partir de la evaluación de procesos y
decisiones penales en los cuales las víctimas han sido, primordialmente,
mujeres y menores de edad, el mismo no puede ni debe desconocerse cuando
se trata de otro tipo de sujetos y/o procesos, como en este caso
(hombre/proceso de reparación directa). Lo anterior, porque:
(a) Los bienes
jurídicos que se pretende proteger a partir de la identificación y superación
de esas dificultades y límites probatorios implícitos en estos asuntos
son la vida, la dignidad y la integridad personal de todo ser humano que haya
sido sometido a esta clase de violencia[57];
y,
(b) Tales
dificultades y límites probatorios, generalmente se presentan por factores como:
i) las condiciones en que se produce la violencia sexual (intimidad,
clandestinidad, ausencia de testigos, entre otras), ii) la tensión entre
la necesidad de las pruebas periciales y la intimidad física y psicológica del
agredido, iii) la vergüenza y el temor que pueden sentir las víctimas
antes y después de la denuncia y/o la reclamación, iv) las actuaciones
de los entes investigativos y judiciales frente a las víctimas de este tipo de
violencia, muchas veces permeada por estereotipos discriminatorios de toda
índole, entre otros.
En efecto, todos estos aspectos son relevantes al
momento de evaluar estos casos, y se originan no por el tipo de proceso que se
lleve a cabo (penal/civil/administrativo/otro), sino por la ocurrencia de la
violencia sexual como tal.
17. Por tanto esta Corte estableció que, ante ese conjunto de límites y
dificultades derivados de la violencia sexual, “el juez no siempre puede
obtener una prueba o demostración irrefutable de los hechos, por lo que debe
elaborar hipótesis sobre los mismos y aplicar criterios de racionalidad y
razonabilidad que permitan establecer la fuerza y el grado de confirmación de
las mismas”[58].
Adicionalmente, indicó que el nivel de confirmación de la hipótesis es una
cuestión de grado que se da a partir del balance de las probabilidades; razón
por la cual, el funcionario debe argumentar y derivar del material probatorio
la fortaleza o debilidad de la hipótesis que acoge o rechaza en cada caso
concreto.
Ahora, frente a la exigencia de una prueba que dé certeza más allá de
toda duda para lograr la acreditación de la violencia sexual, se ha indicado
que no es estrictamente necesario contar
con evidencia física para que se investigue un caso de violencia sexual. En
efecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado “la
necesidad de considerar pruebas más allá de la constatación médica de lesiones
físicas y la prueba testimonial para poder fundamentar casos de violencia
contra las mujeres, sobre todo casos de violencia sexual”[59].
Al
respecto, también expresó esta Corporación que en estos procesos cobran
especial importancia determinados medios de prueba, tales como: i) los dictámenes
periciales, que le permiten al juez incorporar máximas de la experiencia ajenas
a su conocimiento profesional por su carácter técnico y especializado; ii) los indicios,
dado que el abuso suele producirse en circunstancias en las que no hay testigos
directos ni rastros fisiológicos de los hechos; y, muy especialmente, iii) el testimonio
de las víctimas, pues frecuentemente es el único elemento probatorio
disponible, también por las condiciones en que ocurren los hechos[60].
18.
En conclusión, para esta Corporación ha sido claro que el sistema judicial
tiene ciertas reglas procesales y probatorias que están instituidas para logar
la igualdad al interior del discurso judicial y que son, en principio,
constitucionalmente aceptadas. Así mismo, que por regla general, el juez
declara un hecho como probado cuando llega a la certeza más allá de toda duda
razonable. Sin embargo, en asuntos en los cuales es necesario probar la
ocurrencia de violencia sexual, estas dos reglas generales tienen un estándar
diferente de aplicación, en razón a las ya referidas dificultades implícitas
que este tipo de violencia trae consigo, y que deben tenerse en cuenta al
momento de efectuar la valoración del acervo probatorio, so pena de quebrantar
la Constitución.
El régimen de responsabilidad estatal cuando se alega afectación de los
derechos de las personas privadas de la libertad por parte del Estado
19.
Según el artículo 90 de la Constitución de 1991 “el Estado responderá
patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados
por acción u omisión de las autoridades públicas”. A partir de esta
cláusula constitucional, entre otras, en Colombia se ha desarrollado un régimen
de responsabilidad estatal por los daños causados a las personas recluidas en
establecimientos carcelarios y/o penitenciarios, que ha sido decantado a través
de la jurisprudencia del Consejo de Estado. Lo anterior, en tanto las personas
recluidas por el Estado se encuentran bajo la vigilancia, custodia y protección
de éste. Así mismo porque son puestas en condiciones en que las que no están en
capacidad de repeler por sí mismas las agresiones o ataques cometidos bien por agentes
estatales, por otros reclusos o incluso por terceros. Según esta Corte:
“Entre el Estado y las personas que se encuentran
privadas de la libertad surge un vínculo de “especial relación de
sujeción”, dentro del cual las autoridades penitenciarias y carcelarias pueden
limitar y restringir el ejercicio de ciertos derechos de los internos, siempre
y cuando dichas medidas estén dentro de los criterios de razonabilidad, utilidad,
necesidad y proporcionalidad”[61].
20.
Es claro que esa relación de especial sujeción que existe entre el
Estado y las personas privadas de la libertad implica la subordinación de éstas
al régimen jurídico, disciplinario y administrativo impuesto por aquél, especialmente,
a través del INPEC. Ahora bien esa subordinación, derivada del poder punitivo
estatal, viene también acompañada de ciertas limitaciones. En efecto, esta
Corte ha clasificado los derechos fundamentales de los reclusos en tres
categorías, así:
“i) aquellos que pueden ser suspendidos, como
consecuencia de la pena impuesta (como la libertad física y la libre
locomoción);
ii) aquellos que son restringidos debido al vínculo de
sujeción del recluso para con el Estado (como derechos al trabajo, a la
educación, a la familia, a la intimidad personal); y
iii) derechos que se mantienen incólumes o intactos,
que no pueden limitarse ni suspenderse a pesar de que el titular se encuentre
sometido al encierro, dado a que son inherentes a la naturaleza humana, tales
como la vida e integridad personal, la dignidad, la igualdad, la salud y el derecho
de petición, entre otros”[62].
21.
De esa tercera categoría de derechos -aquellos que se mantienen incólumes-,
nacen para el Estado ciertas obligaciones de garantía y protección tendientes,
no solamente a que el Estado no interfiera en su esfera de desarrollo, sino
también a que debe ponerse en acción para asegurarle a los internos el pleno
goce de los mismos[63].
Ello, pues como se precisó las personas detenidas intramuros se encuentran en
una condición de indefensión y vulnerabilidad en relación a la dificultad que
tienen para satisfacer por sí solas sus necesidades[64].
En palabras de la Sección Tercera del
Consejo de Estado:
“Las relaciones de especial sujeción que nacen entre
las personas privadas de la libertad y el Estado, implican que algunos de sus
derechos queden sometidos a ciertas restricciones. Sin embargo, otros derechos
fundamentales no pueden ser limitados ni suspendidos; el total sometimiento al Estado,
que la Corte Constitucional ha identificado como un estado de indefensión o
debilidad manifiesto, implica que el Estado tiene el deber de respetarlos y
garantizarlos plenamente; es decir, que todo agente estatal debe abstenerse de
conducta alguna que los vulnere y debe prevenir o evitar que terceros ajenos a
dicha relación lo hagan.
En efecto, el carácter particular de esta situación
implica que corresponde al Estado garantizar la seguridad de las personas privadas
de la libertad y la asunción de todos los riesgos que, en esa precisa materia,
se creen como consecuencia de tal circunstancia”[65].
22.
Ahora bien, en relación al régimen de responsabilidad aplicable a estos casos,
en los cuales se reclama el resarcimiento de daños causados en la vida y/o
integridad personal de las personas privadas de la libertad en Colombia, el
Consejo de Estado ha variado su jurisprudencia a lo largo del tiempo. En
efecto, según se explica sucintamente en sentencia de la Sección Tercera del 11
de febrero de 2009[66]:
“Tratándose del régimen de responsabilidad por los
daños causados a personas privadas de la libertad en establecimientos
carcelarios, la
jurisprudencia inicialmente privilegió el régimen de responsabilidad objetivo bajo la premisa central de
que las entidades penitenciarias y carcelarias asumían frente al recluso una
obligación de resultado, en el entendido que implicaba devolverlo a la sociedad
en las mismas condiciones en que se encontraba al momento de ser privado de la
libertad.
Sin embargo, la jurisprudencia actual, ha favorecido y
potenciado el régimen de responsabilidad subjetivo bajo el título de imputación
de falla del servicio, pues, en rigor se evidencia el incumplimiento o el cumplimiento
defectuoso o tardío del servicio carcelario. En estos casos, el Estado asume obligaciones de custodia y vigilancia frente a las
personas privadas de la libertad, y por esa vía garantiza la seguridad de los internos.
El perfil actual de la jurisprudencia
requiere analizar las obligaciones y cargas de las autoridades carcelarias,
para determinar si desde el punto de vista jurídico incumplieron las
obligaciones de custodia y vigilancia, y por ese camino si faltaron a los
deberes de cuidado y protección de los reclusos, pues, en los casos en que
aparezca involucrada la responsabilidad de la administración por la prestación
del servicio carcelario, ella se edifica bajo el régimen de responsabilidad
subjetiva por falla del servicio.”
En
suma, en la actualidad la
jurisprudencia contenciosa administrativa se ha movido, dependiendo del caso
concreto, entre imputar responsabilidad objetiva al Estado por el solo hecho de
verificar la ocurrencia de un daño a quien se encuentra recluido, sin necesidad
de entrar a revisar elementos subjetivos como negligencia o descuido e, imputar
responsabilidad a través de la falla del servicio probada, derivada del
incumplimiento de las obligaciones de cuidado y custodia que la normativa sobre
la materia impone a las autoridades encargadas del manejo de los
establecimientos[67].
Dependiendo del régimen aplicado a cada asunto en concreto, se determinan los
elementos a probar.
23.
El presente asunto, se asumió bajo la óptica de la falla en el servicio. En esa
medida era necesario probar i) la ocurrencia de un daño o lesión de naturaleza
patrimonial o extrapatrimonial, cierto y determinado infringido a un individuo;
ii) una conducta activa u omisiva jurídicamente imputable a una autoridad
pública, que tenía ciertas obligaciones atribuidas constitucional, legal o
reglamentariamente; y iii) un nexo de causalidad entre ésta y aquél.
Precisamente
sobre la acreditación del daño y del nexo causal es que se presenta el debate
en este caso, por ello, establecidas estas breves consideraciones sobre la
valoración probatoria en asuntos que involucran violencia sexual y el régimen de
responsabilidad aplicable, pasa esta Sala a dar solución al caso concreto.
Caso
concreto
24.
Daniel Geovany Neira Ríos
solicitó la reparación de los perjuicios de orden material, moral y psicológico
y de los daños a la vida en relación, ocasionados por las “torturas, tratos
crueles y el acceso carnal violento por parte de unos internos”, que
padeció durante su estadía en la cárcel San Sebastián Ternera de Cartagena.
Para probar su alegato, el accionante relacionó diversas situaciones que sufrió
en la cárcel por las cuales, incluso, el Juez de Control de Garantías
respectivo ordenó el cambio de lugar de reclusión, debido al riesgo que corría
su integridad personal y su vida. Así mismo, en dicho proceso el tutelante presentó
varias pruebas documentales que, a su juicio, no fueron valoradas debidamente.
En
dicho proceso se desestimaron las pretensiones del actor, ya que el Juzgado 2º
Administrativo de Descongestión de Cartagena y el Tribunal Administrativo de
Bolívar no encontraron probados ni el daño ni el nexo causal que hiciera
posible imputar responsabilidad al INPEC por falla en el servicio.
25. Por tanto, el actor presentó acción de tutela contra las referidas
autoridades judiciales y sus providencias, al estimar que éstas valoraron indebidamente
las pruebas y desconocieron la responsabilidad del Estado frente a las cargas
que tuvo que soportar, tanto por la detención en un lugar inapropiado para su
condición de miembro activo de la fuerza pública, como por la violencia sexual
a la que fue sometido por parte de unos internos. El Juzgado accionado no
presentó alegatos de defensa, entre tanto, el Tribunal Administrativo indicó
que emitió una sentencia congruente y de acuerdo a la normatividad vigente.
Como
quedó reseñado, las Secciones Quinta y Primera del Consejo de Estado negaron el
amparo solicitado, debido a que las providencias judiciales atacadas están
protegidas por el principio de la autonomía judicial.
26.
Ahora bien, dado que ya se verificó que la tutela de la referencia cumple los
requisitos generales exigidos a este tipo de acciones, a continuación la Sala
abordará el fondo de las decisiones judiciales acusadas, para indagar si en
ellas se configuró o no la causal específica “defecto fáctico”
que se propuso en el escrito de tutela.
La tutela de la referencia cuestiona el análisis
probatorio efectuado en el proceso de reparación directa y las máximas
hermenéuticas que se tuvieron en cuenta para desestimar el valor probatorio de cada
uno de los documentos aportados y solicitados en dicho proceso. Detrás de las
decisiones tomadas por los juzgadores de instancia, se construyó una tesis
según la cual al demandante le correspondía probar con grado de certeza más
allá de toda duda razonable, la ocurrencia del acceso carnal violento, al
parecer sólo a través de un único dictamen médico legal que debió ser practicado
instantes después de ocurrido el suceso dañoso. Lo anterior, sin que se hubiese
tenido en cuenta los demás elementos fácticos y jurídicos que rodearon el caso
del señor Neira Ríos.
27.
Para iniciar el análisis, es pertinente precisar las pruebas presentadas y
solicitadas dentro del proceso de reparación directa que, a juicio del
tutelante, no fueron valoradas o fueron valoradas indebidamente. Tales pruebas
son:
a.
El escrito mediante el cual el
tutelante informa al general Dagoberto García Cáceres, sobre las
irregularidades cometidas durante su reclusión en la Cárcel la Ternera (22 de
noviembre de 2008).
b.
La queja que el actor presentó
ante el Consejo Superior de la Judicatura contra el Juzgado que autorizó la
medida privativa de la libertad en la Cárcel la Ternera (8 de diciembre de
2008).
c.
La queja que el Oficial Neira Ríos
presentó ante la Procuraduría General de la Nación por los hechos presentados
en la Cárcel (22 de marzo de 2009).
d.
El oficio dirigido al Coronel
Jorge Enrique Rodríguez Peralta, Director de Sanidad, en donde se le informa la
necesidad de continuar el “tratamiento psicológico – psiquiátrico” del
tutelante. Tratamiento que inició cuando este se reincorporó a la Fuerza
Pública después de su estancia en la cárcel (31 de mayo de 2010).
e.
La historia clínica del accionante
emitida por la Clínica los Remansos, en la cual aparece con “diagnóstico de
estrés postraumático debido a los hechos acontecidos en el establecimiento
penitenciario”.
f.
El dictamen proferido por el
Doctor Luis Fernando Zapata, sobre el estado del esfínter del señor Neira Ríos
(14 de octubre de 2010).
g.
El dictamen emitido por el Doctor
Darío Viera Jaramillo sobre la evolución de la herida que presente el
accionante en su glúteo izquierdo.
h.
El dictamen dado por la Doctora Beatriz
Helena Lozano, inscrita a la Clínica Los Remansos, Instituto Tolimense
de Salud Mental de Ibagué, sobre la situación y origen del trastorno que padece
el accionante (9 de agosto de 2010).
i.
El dictamen pericial ordenado por
el Tribunal Administrativo de Bolívar y realizado por el Instituto de Medicina
Legal y Ciencias Forenses (18 de diciembre de 2014).
Ahora bien, teniendo en cuenta esas referencias, es
preciso que esta Sala analice las actuaciones de los funcionarios judiciales
acusados de incurrir en defecto fáctico, a fin de establecer o no la
configuración de la causal de procedibilidad en relación con los alegatos
presentados por el tutelante.
28. Así, en primer lugar, frente a la
valoración de las pruebas y la resolución del caso concreto, la sentencia del Juzgado 2º
Administrativo de Descongestión de Cartagena, precisó:
a.     En torno al origen del estrés
postraumático:
“Observa el despacho que si bien el
accionante describe en los hechos de la demanda una serie de tratos crueles e
inhumanos recibidos en el periodo de tiempo en que estuvo recluido en el Centro
Penitenciario y Carcelario San Sebastián de Ternera, tenemos que en el
expediente, no obra ninguna prueba sobre el particular, que nos permita
corroborar tales afirmaciones.
Ahora, si bien se aporta con la
demanda una valoración por psiquiatría realizada en la Clínica Los Remansos de
la cuidad de Ibagué (Fl. 65-66), en la cual se establece que el paciente NEIRA
RÍOS DANIEL GEOVANY, padece un trastorno de estrés postraumático, a juicio del
Despacho, esta no es concluyente para determinar su causa u origen, por
tanto no podía ser endilgada a la Administración, pues como lo ha relatado el
mismo accionante, en el corto tiempo en que se desempeñó como oficial de
policía, vivió no pocas situación de dificultad y peligro…
Ello permite concluir, que si bien
puede ser cierto que el accionante padezca un trastorno de estrés
postraumático, no se encuentra probado que el mismo se haya originado en el
tiempo en que estuvo recluido en el centro penitenciario…”
b.     En relación al informe sobre el
acceso carnal violento:
“En lo que respecta al daño
ocasionado por el acceso carnal violento de que dice fue víctima… se tiene,
según las pruebas allegadas al paginario, que este hecho no fue puesto en
conocimiento de autoridad competente, por lo que ninguna constancia obra
sobre su ocurrencia en el tiempo que estuvo recluido en el citado centro
carcelario.”
c.      Frente al dictamen médico proferido
por el Doctor Luis Fernando Isaza, sobre el estado del esfínter
del actor:
“… además de ser insuficiente como
dictamen técnico científico para establecer la ocurrencia de un acceso
carnal violento, al no certificar presencia de una penetración violenta, no
podía ser tenido en cuenta, por el tiempo transcurrido entre su práctica (14 de
octubre de 2010) y la fecha de su presunta ocurrencia (12 de noviembre de
2008), al perderse la inmediatez de la prueba…”
Debido a todo lo expuesto, el Juzgado
precisa que no se encuentra probado el daño como un elemento estructural de la
responsabilidad del Estado.
29. En segundo lugar, el Tribunal
Administrativo de Bolívar al conocer de la apelación de la sentencia
que acaba de ser analizada, argumentó:
a.     Frente a la ocurrencia y prueba del daño
resarcible:
“En efecto, en el proceso está probado que el señor
DANIEL GEOVANY NEIRA RIOS, padece de estrés postraumático y presenta un daño
psíquico grave, lo cual se encuentra acreditado…”
b.     En relación a la ocurrencia del acceso carnal
violento:
“De conformidad con el acervo probatorio, constituye
un hecho cierto que el señor DANIEL NEIRA RÍOS fue privado de la libertad desde
el 31 de octubre al 20 de noviembre de 2008 y se encontraba bajo la custodia
del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC.
Así mismo está comprobado según dictamen pericial
rendido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses el 18
de diciembre de 2014, que el actor presenta stress postraumático de acuerdo con
los hechos por él relatados y lo encontrado en el examen mental realizado, en
el que es evidente que éste fue expuesto a situaciones muy traumáticas durante
su estancia en la cárcel, ‘las ideas expresadas acerca de lo ocurrido (acceso
carnal), tienen respaldo afectivo y son coherentes teniendo en cuenta la
sintomatología que presenta en la actualidad’.
Sin embargo, encuentra la Sala que aunque el diagnóstico
efectuado por medicina legal arroja como conclusión que el estrés postraumático
que padece el actor, fue debido a un trauma sufrido durante su reclusión, que
podía ser debido al acceso carnal violento al que dice fue sometido, del mismo
no se puede inferir que efectivamente el actor fue objeto de abuso sexual
estando recluido en la Cárcel San Sebastián de Ternera, sobre todo, por el
tiempo trascurrido entre su práctica (18 de diciembre de 2014) y la fecha de su
presunta ocurrencia (12 de noviembre de 2008), convencimiento que tampoco se
logra teniendo en cuenta la historia clínica de la Clínica los Remansos (sic) de fecha 9 de agosto de 2010, ni la
valoración médica de fecha de 14 de octubre de 2010 realizada por el Doctor
LUIS FERNANDO ZAPATA en el que se indica que el paciente presenta esfínter
externo anormal, al perderse la inmediatez de la prueba”.
c.      En relación a la carga de la prueba:
“La Sala observa en el presente caso que la parte
demandante incumplió la carga probatoria que le correspondía, por cuanto
era su deber acreditar la ocurrencia del daño que presuntamente le ha
ocasionado la entidad demandada; circunstancia que no fue demostrada en el
curso del proceso, puesto que no existe ninguna prueba que dé certeza del
mismo”.
En esa medida, según el Tribunal Administrativo de
Bolívar, en el caso concreto, no se demostró el nexo causal que permitiera
establecer la imputación de responsabilidad al Estado.
30. Al evaluar estas dos sentencias,
esta Sala encuentra que existen
ostensibles defectos en el análisis probatorio los cuales constituyen
irregularidades de tal magnitud que representan claras vías de hecho.
No se aplicaron las reglas de la sana crítica y se
exigió la certeza más allá de toda duda razonable en un caso de violencia
sexual ocurrido en una cárcel
31. Estima la Corte que ni el Juez ni los Magistrados
evaluaron el material probatorio atendiendo las reglas de la sana crítica, y
por el contrario, plasmaron en sus providencias un supuesto diferente al que le
ofrecía la evidencia del bloque de pruebas. Se apoyaron en criterios más
relacionados con la íntima convicción y la exigencia de una especie
de tarifa legal, que se aleja por completo del estándar regular de
motivación que deben cumplir los jueces para no emitir fallos caprichosos y
arbitrarios. En efecto, incluso si se evalúan las providencias a partir del
estándar sobre “certeza más allá de toda duda razonable”, no se entiende cómo
los jueces llegan a conclusiones contrarias a las establecidas por los
dictámenes periciales (que ofrecen certeza en los procesos judiciales), sobre
el origen o causa del estrés postraumático.
Es abiertamente arbitrario y caprichoso que los jueces
acepten parcialmente los dictámenes en relación a que el actor sí padece de
estrés postraumático, pero descartan lo que los mismos establecen sobre su
origen y causa. Los funcionarios judiciales hicieron prevalecer su íntima
convicción, sobre la experticia no de una, sino de al menos cuatro pruebas
periciales. Esa es una conducta abiertamente caprichosa que no puede ser
aceptada en un Estado Social de Derecho.
32. Adicionalmente, no aplicaron el estándar que debe
usarse en casos de violencia sexual, que fue reseñado ut supra, y bajo
el cual era claro que en este tipo de asunto no les era dable la exigencia de
una sola y única prueba o evidencia física del acceso carnal. Lo anterior,
reafirma que los jueces no tuvieron en cuenta las dificultades y límites
probatorios inherentes a los casos que involucran violencia sexual e hicieron prevalecer
formalidades que ni siquiera están exigidas por ley (tarifa legal), sobre los
derechos fundamentales del accionante al interior del proceso.
33. Evidentemente, ni la tarifa legal (dictamen de
medicina legal instantes posteriores a la violación) ni la íntima convicción,
ni incluso la certeza más allá de toda duda, eran las formas de evaluación
probatoria aceptadas para este asunto, debido a que involucraba violencia
sexual. Como se explicó, en estos casos, se debe hacer una evaluación conjunta
e integral, de acuerdo a las reglas de la sana crítica, de i) los dictámenes
periciales, ii) los indicios y iii) el testimonio de la víctima (fundamento
17). Además se debe seguir la lógica para confirmar o rechazar las
hipótesis derivadas del material probatorio y realizar un correcto balance de
las probabilidades.
Existía material probatorio suficiente para encontrar
probado el daño y el nexo causal en el proceso de reparación directa
Dictámenes periciales
34. Dejando claro el estándar que debió aplicarse a
este caso concreto, y a todos aquellos que involucren violencia sexual, es
necesario que esta Sala explique porqué considera que los jueces de instancia
tenían suficientes elementos de juicio que, de acuerdo a las reglas de la sana
crítica, permitían establecer la ocurrencia del hecho dañoso, el daño y el nexo
causal.
Con el fin de verificar esta afirmación, es pertinente
estudiar el contenido de los dictámenes periciales que se presentaron en el
proceso de reparación directa, debido a que se emitieron por personal idóneo en
cada una de las áreas o ciencias dictaminadas (urología, medicina general,
psicología y medicina forense), así:
35. Valoración frente al origen del estrés
postraumático. Según lo ha precisado esta Corte, la prueba pericial es “aquella
que se realiza para aportar al proceso las máximas de experiencia que el juez
no posee o puede no poseer y para facilitar la percepción y la apreciación de
los hechos concretos objeto de debate”[68].
Es un medio de prueba que ofrece al juicio la visión de un tercero ajeno al
debate judicial, sobre un punto atinente al mismo, y del cual tiene un
conocimiento que lo ubica en la calidad de experto. Por ello, la prueba
pericial es considerada como una “prueba de auxilio judicial encaminada
a suplir la ausencia de conocimientos científicos, técnicos o culturales de los
jueces”[69].
Del
análisis desarrollado por los jueces de instancia y del expediente, se
desprende que las pruebas periciales establecieron:
a.
Que el actor padece de estrés
postraumático[70].
b.
Que el actor presenta esfínter
externo con tono irregular[71].
c.
Que el accionante presenta un
rasguño de 4 centímetros en la nalga izquierda de dos años de evolución
aproximadamente[72].
d.
Que el accionante estuvo en
tratamientos con médicos especialistas en psiquiatría a causa de los hechos
ocurridos en la cárcel[73].
e.
Que el tutelante “reexperimenta
el suceso traumático”, entre otras manifestaciones, a través de la “restricción
a la vida afectiva y la disminución de la capacidad para sentir emociones,
especialmente las que hacen referencia a la intimidad, ternura y sexualidad en
aquellos que han sido víctimas del trauma sexual”[74].
f.
Que “es evidente que éste [el
accionante] fue expuesto a situaciones muy traumáticas, durante su
estancia en la cárcel, las ideas expresadas por el examinado acerca de lo
ocurrido (acceso carnal), tienen respaldo afectivo y son coherentes
teniendo en cuenta la sintomatología”[75].
g.
Que el accionante presenta un “daño
psíquico grave que puede ser susceptible de reparar”[76].
Así
las cosas, es claro para esta Sala que los jueces de instancia llegaron a
conclusiones contraevidentes, a pesar de los dictámenes periciales. Es decir,
incumplieron las reglas de la sana crítica, cuando argumentaron que el estrés
postraumático se originó en causas diversas al acceso carnal violento, como
fueron las experiencias del accionante cuando era oficial de policía. Lo
anterior, pues de ningún dictamen pericial se puede extraer esa conclusión.
Por
el contrario, de todos los dictámenes se desprendía la comprobación de la hipótesis
presentada por el demandante, de acuerdo con la cual el acceso carnal violento ocurrió
el 12 de noviembre de 2008 mientras éste se encontraba recluido en el
establecimiento carcelario. Así el hecho de que ese estrés postraumático y el
daño psíquico del accionante hubiera sido producido por el acceso carnal
violento ocurrido en la cárcel, era una premisa de la hipótesis judicial que estaba
certificada científicamente.
En
esa medida, los jueces aplicando las reglas de la lógica, la sana crítica y las
normas legales pertinentes, no podían ignorar la evidencia científica para dar
paso a una interpretación subjetiva y fuera de contexto como la que ofrecieron.
Escindir los dictámenes forenses, para afirmar que estaba probado el estrés
postraumático mas no el origen del mismo, cuando existían suficientes elementos
que permitían deducir razonadamente el acceso carnal, es un arbitrio del juez
que tiene incidencias en la valoración congruente de la prueba pericial, y que
en este  caso, generó la vulneración de intereses protegidos
constitucionalmente.
Por
tanto, esa fue una valoración defectuosa de las pruebas que terminó separando
los fallos de lo que realmente aparecía como probado, que en este caso era que el
origen del estrés postraumático fue la situación y las condiciones que el actor
debió atravesar en la cárcel y, en especial, el acceso carnal violento sufrido
por el accionante allí.
La Sala precisa que si bien el respeto
a la autonomía judicial hace que se permita que los jueces valoren libremente
el acervo probatorio dentro de las normas de la sana crítica, el valor
normativo de la Constitución conlleva de manera ineludible a que la valoración
probatoria que se aparte de las reglas de la sana crítica, cuando la  prueba
tiene “la capacidad inequívoca de modificar el sentido del fallo”[77],
haga procedente la acción de tutela contra la providencia judicial respectiva.
Indicios y testimonio de la víctima
36.
Valoración frente al informe sobre la ocurrencia del acceso carnal
violento y la carga de la prueba exigida al actor. Frente a este
aspecto, el juez de primera instancia indicó que no obraba prueba en el
expediente de que el señor Neira Ríos hubiera informado sobre su situación de
riesgo y sobre la ocurrencia del acceso carnal violento. En este punto, esta
Sala encuentra que los jueces también omitieron realizar una valoración de pruebas
e indicios de acuerdo a la sana crítica.
Lo
anterior, pues del relato del accionante, de las quejas presentadas por éste
ante la Procuraduría y el Consejo Superior de la Judicatura, de la petición
realizada al INPEC y la respuesta evasiva de esa entidad, de la solicitud de
traslado del accionante realizada por el director de la cárcel y de la medida
de protección tomada por el juez en favor de aquél, el 10 de noviembre de 2008,
se podía extraer: por un lado, que la tesis del juez era falsa en tanto
el actor sí puso en conocimiento de las autoridades de la cárcel lo sucedido; y
por otro, que hubo un silencio por parte del INPEC, quien no solo no
desvirtuó los relatos del accionante, sino que además, independientemente de
las razones esgrimidas, ubicó al mismo en la imposibilidad de probar los hechos
del abuso al interior del penal.
En
efecto, en el expediente obraba la constancia mediante la cual el INPEC afirma
que la hoja de vida y los documentos anexos del señor Neira Ríos al interior de
la cárcel habían desparecido a causa de inundaciones. Sin embargo, ese indicio
que según las reglas de la sana crítica debía asumirse en contra de la entidad,
fue adjudicado por el juez al incumplimiento de la carga probatoria, de quien,
como ya se indicó, estaba imposibilitado para soportarla.
37.
Del testimonio de la víctima. El juez deja de tener en cuenta por
completo el testimonio del accionante, en los siguientes aspectos:
a.
El accionante solicitó no ser
recluido en la cárcel San Sebastián Ternera de Cartagena, debido a su condición
de miembro activo de la policía y en virtud del artículo 27 de la Ley 65 de
1993.
b.
El accionante advirtió al Juez de
Control de Garantías que en esa cárcel estaban recluidas personas que él mismo
había capturado.
c.
El tutelante informó de su
situación de peligro y riesgo a los dragoneantes y al Director del penal, quien
no le recibió ninguna solicitud escrita pero, aunque tardíamente, atendió sus
solicitudes verbales.
d.
El actor afirmó que al día
siguiente al acceso carnal violento que sufrió, “decidió hablar con el
director de la cárcel Dr. Luis Francisco Díaz León, lleno de lágrimas incluso
con ropa ensangrentada ante lo cual el director le informó que su carrera
estaba en juego y que por ende lo único que podía hacer era un cambio de celda
porque según él se encontraba en el mejor patio”[78].
Ninguna
de las anteriores afirmaciones fue desvirtuada por el INPEC, sin embargo, los
funcionarios judiciales desestimaron su valor y le exigieron al actor prueba
escrita de las solicitudes de ayuda. Como se desprendía del mismo testimonio,
esa prueba no existía porque la autoridad no recibía de esa forma sus
peticiones.
En
efecto, en las sentencias solo se indicó que el accionante no había puesto en
conocimiento al director del penal, del acceso carnal y se dejaron de lado
estas afirmaciones por falta de prueba. Sin embargo, los jueces no tuvieron en
cuenta que si el INPEC hubiera aportado la hoja de vida del señor Neira Ríos y
los documentos anexos se hubiera podido acceder a los escritos que certificaban
el cambio de celda y la solicitud de cambio de lugar de detención preventiva
por riesgo a la vida y la integridad personal del accionante, que efectuó el director.
Situaciones que debieron favorecer al accionante, en vez de perjudicarlo.
38.
De los demás elementos de prueba e indicios relevantes en el proceso de
reparación directa. Para esta Sala es claro que también los
funcionarios judiciales omitieron tener en cuenta indicios pertinentes y
conducentes a partir de los cuales, se reforzaba la hipótesis planteada por el
accionante y probada en los dictámenes periciales como:
a.     La violencia sexual que ocurre al interior de las
cárceles, en donde los reclusos están bajo una relación de sujeción frente
al Estado y en condiciones de  indefensión y debilidad, tiene una
dificultad probatoria muy alta si se verifica desde los parámetros convencionales
del derecho procesal, en el cual se busca la certeza más allá de toda duda
razonable. Razón por la cual es necesaria la aplicación de un estándar
probatorio diferente, relacionado más con el correcto balance de las
probabilidades.
b.    El INPEC incurrió en omisiones y actuaciones que
redundaron en el incumplimiento de sus obligaciones de cuidado, custodia y
protección de la vida y la integridad personal del detenido Neira Ríos
(obligación constitucional), tanto i) dentro del proceso judicial en lo
contencioso administrativo en donde no presentó las pruebas solicitadas y
guardó silencio sobre las circunstancias de reclusión del actor; ii) como
durante la estadía del accionante en la cárcel San Sebastián Ternera en donde
no tenía un patio especial para miembros de la fuerza pública y lo recluyó en
un patio común incumpliendo una obligación legal (art. 27 L.65/93).
c.     El accionante indicó que se le dificultó la
exteriorización de la ocurrencia del acceso carnal violento, debido a que en su
calidad de oficial activo de la Policía, denunciarlo acarreaba para él mayor
indignidad. En este punto, es imperioso resaltar de nuevo la importancia de la
valoración del testimonio de la víctima, pues cada persona vive y expresa las
emociones y sentimientos que el acceso carnal puede producir en cada cual. Así,
en el presente caso, el Instituto de Medicina Legal certificó que el accionante
presentaba “mecanismos de evitación que pueden producir la amnesia total o
parcial de un aspecto puntual del acontecimiento traumático”[79],
así como conductas evitativas y de ansiedad.
También, el accionante demostró a través
de las pruebas psicológicas que le fueron practicadas y de la acreditación de
la continuidad de su tratamiento psicológico, que para él no fue fácil la
asimilación del suceso como tal, lo cual constituye un indicio a favor de la
demostración de la responsabilidad del Estado.
Por
todo lo expuesto, es claro que los jueces en el proceso de reparación directa
incurrieron en un defecto fáctico por valoración indebida de las pruebas y los
indicios presentados en el proceso de reparación directa.
Conclusiones
39.
Es claro que existe una relación de especial sujeción entre el Estado y
las personas privadas de la libertad que implica la subordinación de éstas al
régimen jurídico, disciplinario y administrativo impuesto por aquél,
especialmente, a través del INPEC. Ahora bien esa subordinación, derivada del
poder punitivo estatal, viene también acompañada de ciertas responsabilidades,
representadas especialmente en el deber de cuidado, custodia y protección de la
vida y la integridad de las personas a cargo del INPEC. El incumplimiento de
ese deber de protección y cuidado conlleva la posibilidad de que el afectado
reclame ante el Estado la reparación de sus daños ante el sistema judicial en
Colombia.
40.
El sistema judicial tiene ciertas reglas
procesales y probatorias que están instituidas para logar la igualdad al
interior del discurso judicial y que son, en principio, constitucionalmente
aceptadas. Así mismo, que por regla general, el juez declara un hecho como
probado cuando llega a la certeza más allá de toda duda razonable. Sin embargo,
en asuntos en los cuales es necesario probar la ocurrencia de violencia
sexual, estas dos reglas generales tienen un estándar diferente de
aplicación, en razón a las dificultades implícitas que este tipo de violencia
trae consigo, y que deben tenerse en cuenta al momento de efectuar la
valoración del acervo probatorio, so pena de quebrantar la Constitución. Debido
a lo anterior, es necesario que los jueces apliquen el estándar probatorio diferente, relacionado más con
el correcto balance de las probabilidades, explicado por esta Corte.
41.
En el presente asunto, los jueces no tuvieron en cuenta el estándar probatorio
usado para evaluar casos de violencia sexual, por lo cual incurrieron en
defecto fáctico, al descartar la ocurrencia del daño y del nexo causal en el
proceso de reparación directa, a pesar de existir elementos de prueba
suficientes, pertinentes y conducentes que arrojaban una conclusión contraria a
la establecida por las instancias.
Por
ello, la Sala declara que el Juzgado 2º Administrativo de Descongestión de
Cartagena y el Tribunal Administrativo de Bolívar incurrieron en defectos
fácticos por valoración contraria a las reglas de la sana crítica, al no encontrar
probado el nexo entre el daño y la falla en el servicio, a pesar de estar
plenamente establecido en el
proceso de reparación directa iniciado por el señor Daniel Geovany Neira Ríos
contra el INPEC.
Lo expuesto conduce entonces a que se revoquen los
fallos proferidos por las secciones Quinta y Primera del Consejo de Estado, los
días 18 de febrero y 21 de abril de 2016, respectivamente, mediante los cuales
se negó el amparo solicitado.
En su lugar, esta Corte tutelará el derecho
fundamental al debido proceso de Daniel Geovany Neira Ríos y, en
consecuencia, dejará sin efecto la sentencia dictada en segunda instancia, el 30
de octubre de 2015, por el Tribunal Administrativo de Bolívar dentro del
proceso de reparación directa, promovido por el accionante contra el INPEC.
A su vez la Sala de Revisión, ordenará al Tribunal
Administrativo de Bolívar, dentro de los treinta (30) días siguientes a la
notificación de esta providencia, profiera un nuevo fallo en el que se tenga en
cuenta todas las consideraciones de esta providencia.
III. DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato  de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- REVOCAR el fallo proferido el 21 de
abril de 2016, por la Sección Primera del Consejo de Estado, que en su momento
confirmó el dictado el 18 de febrero de ese año, por la Sección Quinta de esa
misma Corporación, por el cual se había negado el amparo solicitado en la
presente acción de tutela.
SEGUNDO.- En su lugar, TUTELAR
el derecho fundamental al debido proceso de Daniel Geovany Neira Ríos. En
consecuencia, DEJAR SIN EFECTO la sentencia dictada en segunda
instancia, el 30 de octubre de 2015, por el Tribunal Administrativo de Bolívar
dentro del proceso de reparación directa, promovido por el accionante contra el
INPEC.
TERCERO.- ORDENAR Tribunal Administrativo de Bolívar que, dentro de los
treinta (30) días siguientes a la notificación de esta providencia, profiera un
nuevo fallo en el que se tenga en cuenta todas las consideraciones de esta
providencia.
CUARTO.- ORDENAR al Tribunal Administrativo de Bolívar
que remita copia de la nueva sentencia a esta Sala de Revisión de Tutelas y al
juez de primera instancia en tutela (Sección Quinta del Consejo de Estado),
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su expedición.
QUINTO.- Por Secretaría General, LIBRAR la comunicación
a que se refiere el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
Cúmplase.
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
AQUILES ARRIETA GÓMEZ
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1]
Folio 98 cd. Inicial.
[2]
Folio 107 cd. Inicial.
[3]
Folio 3 cd. Inicial.
[4]
Folio 4 ib.
[5]
Folio 7 ib.
[6]
Folio 95 ib.
[7]
Ley 65 de 1993, “por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario”.
[8]
Folio 96 ib.
[9]
Folio 8 ib.
[10]
Folio 96 ib.
[11]
Folio 96 ib.
[12]
Investigación Nº REGI2-2010-4, abierta por haber sostenido una discusión y
haber dado un presunto trato descortés a un sub-oficial.
[13]
Folio 97 ib.
[14]
Folios 4 a 25 ib.
[15]
Folio 30 a 33 ib. Respuesta a un derecho de petición dada por el INPEC al
accionante. En esta respuesta se indica que al accionante no se le realizó
examen de ingreso ni egreso al momento de ser recluido y dado de alta. Así
mismo se informa que no aparece ninguna información referente a su caso.
[16]
Folios 41 a 190 ib.
[17]
Folio 98 ib. Transcripción realizada en la demanda de tutela.
[18]
Folios 56 a 67 ib.
[19]
Folio 99 ib.
[20]
Folios 74 a 87 ib.
[21]
Folio 104 ib.
[22]
Folio 104 ib.
[23]
Folio 105 ib.
[24]
Folio 106 ib.
[25]
Folio 106 ib.
[26]
Folios 112 a 113 ib. Auto del 19 de enero de 2016, C. P. Rocío Araújo Oñate.
[27]
Folios 122 a 123 ib. Respuesta presentada el 27 de enero de 2016, por Leonel
Fernando Chaparro Gómez, en calidad de coordinado del Grupo de Tutelas de la
Entidad.
[28]
“ARTÍCULO 85. Modifícase el artículo 139 de la Ley 65 de 1993, el cual
quedará así:
Artículo 139. Permisos
excepcionales. En caso de comprobarse estado de grave enfermedad o
fallecimiento de un familiar dentro del segundo grado de consanguinidad,
primero civil y primero de afinidad, de la persona privada de la libertad, el
Director del respectivo establecimiento de reclusión, procederá de la siguiente
forma:
1. Si se trata de
condenado, podrá conceder permiso de salida bajo su responsabilidad, por un
término no mayor de veinticuatro horas, más el tiempo de la distancia si la
hubiere, tomando las medidas de seguridad adecuadas y comunicando de inmediato
al Director del Inpec.
2. Cuando se trate de
procesado, el permiso lo concederá el funcionario judicial de conocimiento,
especificando la duración del mismo sin que exceda de veinticuatro horas, por
cada vez que se conceda, más el tiempo de la distancia si la hubiere.
PARÁGRAFO 1o. Lo
anterior no cobijará a los internos sometidos a extremas medidas de vigilancia
y seguridad ni a quienes registren antecedentes por fuga de presos, o aquellos
procesados o condenados por delitos de competencia de los jueces penales del
circuito especializados.
PARÁGRAFO 2o. El
condenado o el procesado como requisito indispensable para el otorgamiento de
permisos excepcionales, asumirá y pagará de manera previa o concurrente los
gastos logísticos, de transporte, de alimentación, de alojamiento y los demás
que puedan originarse a causa del permiso concedido. Los gastos asumidos serán
los propios y los de sus guardianes.
Si la persona privada de
la libertad estuviere en incapacidad económica para sufragar estos gastos, el
Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad podrá exonerarlo de los
mismos, si su condición económica está debidamente demostrada. En este caso los
gastos serán asumidos por el Inpec.”
[29]
Folio 125 a 139 ib. Respuesta presentada el 28 de enero de 2016, por Ligia
Ramírez Castaño en calidad de Magistrada del Tribunal.
[30]
Folios 148 a 158 ib. C. P. Rocío Araújo Oñate.
[31]
Folios 170 a 175 ib. Presentada el 26 de febrero de 2016, por el apoderado del
accionante.
[32]
Folio 173 ib.
[33]
Folios 192 a 208 ib. C. P. Guillermo Vargas Ayala.
[34]
Corte Constitucional, M. P. José Gregorio Hernández Galindo
[35]
Al respecto ver, entre otras, las sentencias de la Corte Constitucional SU-159
de 2002 y T-522 de 2001, en ambas M. P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-462 de
2003 y T-1031 de 2001, en ambas M. P. Eduardo Montealegre Lynett y T-1625 de
2000, M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez.
[36]
M. P. Jaime Córdoba Triviño. En este fallo se declaró inexequible
una expresión del artículo 185 de la Ley 906 de 2004, que impedía el ejercicio
de cualquier acción, incluida la tutela, contra las sentencias proferidas por
la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
[37]
Situaciones que ya han sido estudiadas por esta Corte Constitucional. Ver entre
otras T-162 de 2007 M. P. Jaime Araújo Rentería; T-458 de 2007 M. P. Álvaro
Tafur Galvis; T-078 de 2010, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva y T-923 de 2013 M.
P. Alberto Rojas Ríos.
[38]
Corte Constitucional, ver entre otras T-762 de 2015, M. P. Gloria Stella Ortiz
Delgado; T-388 de 2013 M. P. María Victoria Calle Correa y T-153 de 1998, M. P.
Eduardo Cifuentes Muñoz, entre otras.
[39]
Artículo 188.  Modificado por el art. 41, Decreto Nacional 2304 de 1989
, Modificado por el art. 57, Ley 446 de 1998 Son causales de revisión:
1. Haberse dictado la
sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.
2. Haberse recobrado
después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera
podido proferir una decisión diferente, y que el recurrente no pudo aportar al
proceso por fuerza mejor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
3. Aparecer, después de
dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mayor derecho para
reclamar.
4. No reunir la persona en
cuyo favor se decretó una pensión periódica, al tiempo del reconocimiento, la
aptitud legal necesaria, o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia,
o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida.
5. Haberse dictado
sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento
de la sentencia.
6. Existir nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede
recurso de apelación.
7. Haberse dictado la
sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos
cometidos en su expedición.
8. Ser la sentencia
contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso
en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el
segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada.
[40]
Artículo 308. Régimen de transición y
vigencia. El presente Código comenzará a regir el
dos (2) de julio del año 2012.
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones
administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se
instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las
demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán
rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior.
[41]
Corte Constitucional, ver entre muchas otras las sentencias T-620 de 2013, M.
P. Jorge Iván Palacio Palacio; T-612 de 2012, M. P. Humberto Antonio Sierra
Porto; T-584 de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-661 de 2011, M. P.
Jorge Iván Palacio Palacio; T-671 de 2010; , M. P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub; T-217 de 2010, M. P. Gabriel Eduardo Martelo Mendoza; T-949 de 2009,
M. P. Mauricio González Cuervo; T-555 de 2009,
M. P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-584 de 2008, M. P. Humberto Antonio
Sierra Porto; T-796 de 2008, M. P. Clara Inés Vargas Hernández; T-233 de 2007, M. P. Marco Gerardo Monroy
Cabra; T-1027 de 2006, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-812 de 2005, M. P.
Rodrigo Escobar Gil;
[42]
Corte Constitucional, T-419 de 2011, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo;
T-1257 de 2008, M. P. Nilson Pinilla Pinilla.
[43]
La Corte Constitucional, en sentencia T-055 de 1997, M. P. Eduardo Cifuentes
Muñoz, determinó que, en lo que hace al análisis del material probatorio, la
independencia judicial cobra mayor valor y trascendencia.
[44]
Corte Constitucional, ver entre otras, las sentencias
T-231 de 1994, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-442 de 1994, M. P. Antonio
Barrera Carbonell; T-008 de 1998, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-025 de 2001,
M. P. Eduardo Montealegre Lynett; SU-159 de 2002, M. P. Manuel José Cepeda
Espinosa; T-109 de 2005, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-264 de 2009, M. P.
Luis Ernesto Vargas Silva;
T-114 de 2010, M. P. Mauricio González Cuervo, SU-198 de 2013, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva. En ésta última se indicó expresamente: “la intervención del juez de tutela, en relación con el
manejo dado por el juez de conocimiento es, y debe ser, de carácter
extremadamente reducido. El respeto por los principios de autonomía
judicial y del juez natural, impiden que el juez de tutela realice un examen
exhaustivo del material probatorio”.
[45]
Ver sentencia T-442 de 1994, M. P.
Alejandro Martínez Caballero. Allí se indicó: “si bien el juzgador goza de
un gran poder discrecional para valorar el material probatorio en el cual debe
fundar su decisión y formar libremente su convencimiento, inspirándose en los
principios científicos de la sana crítica…, dicho poder jamás puede ser
arbitrario; su actividad evaluativa probatoria supone necesariamente la
adopción de criterios objetivos, racionales, serios y responsables. No se
adecua a este desideratum, la negación o valoración arbitraria, irracional y
caprichosa de la prueba, que se presenta cuando el juez simplemente ignora la
prueba u omite su valoración o sin razón valedera alguna no da por probado el
hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente.”
[46]
Cfr., entre otras, Corte Constitucional SU-159 de 2002, precitada.
[47]
Cfr., entre otras, Corte Constitucional T-442 de 1994 y SU-159 de 2002,
precitadas.
[48]
Estos errores han sido nombrados por la Corte Suprema de Justicia como falso
juicio de identidad y falso raciocinio.
[49]
Corte Constitucional, T-464 de 2001 M. P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[50]
Corte Constitucional, T-233 de 2007, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[51] Corte Constitucional T-458 de 2007 M. P. Álvaro Tafur
Galvis.
[52]
Corte Constitucional T-436 de 2009 M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[53]
Corte Constitucional, C-202 de 2005 M. P. Jaime Araújo Rentería.
[54]
Esta posición la fijó la Corte al analizar, de acuerdo a la doctrina procesal,
las diferentes metodologías que puede usar un juez para acercarse al material
probatorio. De los cuales destacó: i) la íntima convicción, ii) la tarifa legal
y iii) las reglas de la sana crítica. En efecto en la sentencia C-202 de 2005
se explicó:
“De acuerdo con la
doctrina jurídica procesal, en materia de apreciación de las pruebas, es decir,
de la actividad intelectual del juzgador para determinar su valor de convicción
sobre la certeza, o ausencia de ésta, de las afirmaciones de las partes en el
proceso, existen tres (3) sistemas, que son:
i) El sistema de
íntima convicción o de conciencia o de libre convicción, en el cual se
exige únicamente una certeza moral en el juzgador y no se requiere una
motivación de su decisión, es decir, no se requiere la expresión de las
razones de ésta. Es el sistema que se aplica en la institución de los llamados
jurados de conciencia o jueces de hecho en los procesos penales en algunos
ordenamientos jurídicos.
ii) El sistema de la
tarifa legal o prueba tasada, en el cual la ley establece específicamente
el valor de las pruebas y el juzgador simplemente aplica lo dispuesto en ella,
en ejercicio de una función que puede considerarse mecánica, de suerte que
aquel casi no necesita razonar para ese efecto porque el legislador ya lo ha
hecho por él.
Este sistema requiere
una motivación, que lógicamente consiste en la demostración de que el valor
asignado por el juzgador a las pruebas guarda total conformidad con la voluntad
del legislador.
iii) El sistema de la
sana crítica o persuasión racional, en el cual el juzgador debe establecer
por sí mismo el valor de las pruebas con base en las reglas de la lógica, la
ciencia y la experiencia.
Este sistema requiere
igualmente una motivación, consistente en la expresión de las razones que el
juzgador ha tenido para determinar el valor de las pruebas,  con fundamento en
las citadas reglas”
[55]
M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[56]
Sobre la “falsa” neutralidad del derecho como sistema, ver sentencia T-967 de
2014, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado: “esta Sala recuerda que desde hace
varias décadas los distintos movimientos feministas han denunciado la falta de
neutralidad de ciertas estructuras sociales como, por ejemplo, el Derecho. Así
se explica que desde la “universalización” de determinados valores, se logra
dar un velo de neutralidad a diversas instituciones, en este caso, a la
administración de justicia.
Desde esa concepción y a
partir de los análisis previos, es posible concluir que el derecho civil y de
familia en Colombia está basado en ciertos valores “universales” que le otorgan
un halo de neutralidad importante. Principios como la autonomía de la voluntad,
la igualdad de armas, la justicia rogada, la rigidez procesal y el formalismo
probatorio, muestran que esas jurisdicciones dan un trascendental lugar a la
verdad procesal, por encima, muchas veces, de realidades fácticas
estructuralmente desiguales.
48. Tal es el caso de la
posición de muchas mujeres frente a la administración de justicia cuando sus
denuncias y/o reclamos son considerados como asuntos privados, producto de
visiones que reflejan la desigualdad histórica y estructural contra éstas. En
estos casos, esa neutralidad de la justicia, puede ser problemática, pues
detrás de ese velo, son identificables diversas barreras impuestas por la
violencia y la discriminación contra éstas. En efecto, la falta de recursos
económicos, la vergüenza, las amenazas, las intimidaciones, las distancias
físicas o geográficas, la falta de orientación, la invisibilización, los
estereotipos de género presentes en los operadores jurídicos, entre otras
situaciones, son factores que permiten concluir que bajo una perspectiva de
género una víctima de violencia en Colombia no llega en igualdad de armas
procesales a un proceso civil o de familia.”
[57]
Corte Constitucional, T-458 de 2007 M. P. Álvaro Tafur Galvis; T-078 de 2010 M.
P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-923 de 2013 M. P. Alberto Rojas Ríos, entre
otras.
[58]
T-1015 de 2010, precitada.
[59]
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Acceso a la justicia para las
mujeres víctimas de violencia en las Américas, op. cit., párr. 138. Otros
pronunciamiento a nivel internacional relevantes son los realizados por el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho que “cualquier enfoque
limitado que sea utilizado para condenar los delitos sexuales, como requerir
pruebas de resistencia física en todos los casos, puede llevar a que ciertos
tipos de violación no sean penados y por lo tanto, ponga en peligro la
protección eficaz de la autonomía sexual los individuos”. También sostuvo
que frente a la violencia sexual, además de las pruebas físicas, es necesario
tomar en cuenta “la evidencia psicológica y de conducta”. Tribunal
Europeo de Derechos Humanos, M.C. vs. Bulgaria, demanda n.° 39272/98, sentencia
de 4 de diciembre de 2003, párr. 159 y 166. 65 Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, Caso Aydin vs. Turquía, demanda n.° 23178/94, sentencia de 25 de
septiembre de 1997, párr. 108.
[60]
T-078 de 2010, precitada.
[61]
Corte Constitucional, sentencia T-266 de 2013, M. P. Jorge Iván Palacio
Palacio.
[62]
Corte Constitucional, sentencia T-588A de 2014, M. P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
[63]
Corte Constitucional, sentencia T-588A de 2014, M. P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
[64]
Sobre el contenido y alcance de las relaciones de especial sujeción, ver: Corte
Constitucional, sentencias T-596 de 1992 M. P. Ciro Angarita Barón; T-222 de
1993 M. P. Jorge Arango Mejía; T-065 de 1995 M. P. Alejandro Martínez
Caballero; T-153 de 1998 M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-687 de 2003 M. P.
Eduardo Montealegre Lynett; T-266 de 2013, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio;
T-388 de 2013 M. P. Maria Victoria Calle Correa; y T-762 de 2015 M. P. Gloria
Stella Ortiz Delgado.
[65]
Consejo de Estado, sentencia de 20 de febrero de 2008. Exp. 16996. C. P. Enrique Gil Botero.
[66]
C. P. Myriam Guerrero de Escobar. Radicación
número: 44001-23-31-000-1996-01216-01(16750), Actor: Ángel Rafael Soto Romero y
otros, Demandado: INPEC
[67]
Consejo de Estado, sentencia del 03 de mayo de 2007. Radicación  número:
25000-23-26-000-1997-05080-01(21511), C. P. Ramiro Saavedra Becerra.
[68]
Carlos Climent Durán, La prueba penal. Doctrina y jurisprudencia,
Valecia, Edit. Tirant lo Blanch, 1999, p. 463.
[69]
T- 458 de 2007, precitada.
[70]
Según el dictamen de la Clínica los Remansos y el emitido por el Instituto de
Medicina Legal. Folio 71 cd. 1.
[71]
Según el dictamen del médico cirujano y urólogo quien lo examinó.
[72]
Según el dictamen presentado por el médico general.
[73]
Según el dictamen emitido por el Instituto de Medicina Legal. Folio 71 cd. 1.
[74]
Según el dictamen emitido por el Instituto de Medicina Legal. Folio 72 cd. 1.
[75]
Según el dictamen emitido por el Instituto de Medicina Legal. Folio 72 y 73 cd.
1.
[76]
Según el dictamen emitido por el Instituto de Medicina Legal. Folio 73 cd. 1.
[77]
Ver sentencia T-025 de 2001.
[78]
Folio 9 cd. 1.
[79]
Folio 72 cd. 1