T-116-20
Sentencia 116/20
Referencia: Expediente
T-7.574.909
Acción
de tutela instaurada por
José Milciades Moreno Gamba mediante apoderado judicial, en contra de la
Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES.
Magistrado
Ponente:
ALBERTO ROJAS
RÍOS
Bogotá D.C., dieciséis
(16) de marzo de dos mil veinte (2020)
La
Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la Magistrada
Diana Fajardo Rivera y los Magistrados Carlos Bernal Pulido y Alberto Rojas
Ríos - quien la preside-, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de
revisión del fallo de tutela de segunda instancia proferido el 30 de julio de
2019 por el Tribunal Administrativo del Tolima que confirmó la providencia
proferida el 19 de junio de 2019 por el Juzgado Quinto Administrativo Oral del
Circuito de Ibagué dentro de la acción de tutela de la referencia.
En virtud de lo
dispuesto en el inciso segundo del artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, el
Tribunal Administrativo del Tolima, remitió a la Corte Constitucional el
Expediente T-7.574.909; posteriormente la Sala de Selección de Tutelas Número
Nueve[1] de la
Corte Constitucional, mediante Auto del 30 de septiembre de 2019, eligió para
efectos de su revisión el asunto de la referencia y por reparto correspondió al
Despacho del Magistrado Alberto Rojas Ríos.
I.
ANTECEDENTES
Hechos
1. El señor José
Milciades Moreno Gamba, de 66 años de edad, realizó aportes al Sistema de
Seguridad Social[2] como trabajador
independiente,[3] desde el 13 de
abril de 1983 hasta el 2 de noviembre de 1990, por lo que cuenta con un total
de 394,43 semanas cotizadas.
2. Afirma el
apoderado judicial, que su poderdante padece hace más de 25 años un cuadro
crónico de artritis reumatoidea progresiva con osteopenia generalizada, edema
de tejidos blandos en codos, condrocalcinosis en rodillas, compromiso de la
articulación de la mortaja tibiastragalina en pies, hipertensión esencial
primaria, entre otros[4].
3.
El
11 de julio de 2013, el accionante fue calificado con un porcentaje de pérdida
de capacidad laboral del 71.67% por enfermedad de origen común y con fecha de
estructuración del 18 de enero de 2010.
4.
El
24 de febrero de 2014, el señor Moreno Gamba solicitó a Colpensiones el
reconocimiento de la pensión de invalidez a la cual considera tener derecho por
cumplir los requisitos exigidos en el Decreto 758 de 1990.[5] No obstante,
mediante Resolución GNR 233813 del 24 de junio de 2014, Colpensiones la negó
bajo el argumento de que el accionante no cuenta con los requisitos exigidos en
el artículo 1 de la Ley 860 de 2003.[6]
Señaló: “el
asegurado no acredita el requisito de las 50 semanas cotizadas dentro de los 3
años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez, razón por la cual
no es procedente el reconocimiento de la prestación solicitada.”[7]
5. El 27 de
septiembre de 2016, el actor solicitó nuevamente el reconocimiento de la
pensión al invocar la aplicación del principio de condición más beneficiosa en
materia pensional[8].
Sin embargo, mediante Resolución GNR32798 del 31 de octubre de 2016,
Colpensiones negó una vez más la solicitud, al considerar que el tutelante tampoco cumple
con el requisito de 26 semanas exigido en el artículo 38 de la Ley 100 de 1993.
6.
El
accionante interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución GNR325798
del 31 de octubre de 2016. Fue así como el 27 de diciembre de 2016 Colpensiones
confirmó en todas sus partes la resolución recurrida, mediante Acto
Administrativo VPB 45720.
7.
Indica
el apoderado judicial que el señor Milciades Moreno es una persona vulnerable,
en la medida en que se le dificulta desplazarse o realizar sus actividades
diarias sin que otra persona lo acompañe; carece de recursos económicos
suficientes para costear su propia subsistencia; convive con su compañera
permanente hace 42 años quien tampoco cuenta con ingresos económicos para
asumir el sostenimiento de ambos[9]. Cabe
recalcar que los dos se encuentran afiliados al SISBÉN con un puntaje de 14,39.[10]
Solicitud
Con
fundamento en lo expuesto, el ciudadano José Milciades Moreno Gamba solicita la
protección de sus derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital
y a la dignidad humana con el fin de que Colpensiones (i) reconozca la
pensión de invalidez a la cual considera tener derecho a la luz de los
requisitos exigidos por el artículo 6 del Acuerdo 049 de 1990,[11]
aprobado mediante Decreto 758 del mismo año, en virtud del principio de
condición más beneficiosa en materia pensional y (ii) reconozca y pague
la suma correspondiente por concepto de retroactivo pensional, desde el momento
a partir del cual le asistió el derecho a la pensión.
Pruebas relevantes cuya copia obra en el expediente
(i)
Poder
especial de representación conferido por José Milciades Moreno Gamba a Carlos
Andrés Manchola Cárdenas. (Folio 14)
(ii)
Historia
laboral del accionante, en la cual se evidencia que cotizó 394,43 semanas entre
los periodos 13 de abril de 1983 y 2 de noviembre de 1990. (Folio 15)
(iii)
Historia
clínica del accionante en la cual se anota que padece cuadro crónico
de artritis reumatoidea progresiva con osteopenia generalizada, edema de
tejidos blandos en codos,  condrocalcinosis en rodillas, compromiso de la
articulación de la mortaja tibiastragalina en pies, hipertensión esencial
primaria, entre otros[12]. (Folios
16 a 46)
(iv)
Dictamen
de calificación de pérdida de capacidad laboral del accionante, mediante el
cual se arrojó un porcentaje del 71.67%. (Folio 47 )
(v)
Resoluciones
GNR 233813 del 24 de  junio de 2014, GNR32798 del 31 de octubre de 2016 y VPB
45720 del 27 de diciembre de 2016. (Folios 48 a 53)
(vi)
Declaración
extraproceso rendida ante la Notaría Sexta del Círculo de Ibagué, en la cual el
accionante informa que vive con la señora Ana Beatriz Bocanegra (su compañera
permanente) hace 42 años, y que ni él, ni ella, cuentan con ingresos económicos
por concepto de rentas, salarios, subsidios ni pensiones. (Folios 54 y 55)
(vii)
Certificados
de afiliación extraídos de la página web del SISBEN, en los cuales consta que el
demandante y su compañera permanente registran un puntaje de 14,39. (Folios 56
y 58 )
(viii)
Cédulas
de Ciudadanía del señor Milciades Moreno y de su compañera permanente, en las
cuales se lee que él nació el 8 de febrero de 1953 y ella el 8 de noviembre de
1950, es decir, en la actualidad tienen 66 y 69 años respectivamente. (Folios
57 y 59)
Actuación
Procesal
Traslado
El
10 de junio de 2019, el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de
Ibagué admitió la acción de tutela, comunicó y requirió a la accionada para que
ejerciera su derecho a la defensa. No dispuso vinculación alguna.
Respuesta
de la entidad accionada
Colpensiones
informó que no es posible reconocer la pensión de invalidez reclamada por el
tutelante,  dado que “el señor Milciades Moreno cotizó hasta el día
02-11-1990 y el estado de invalidez fue estructurado el 18-01-2010 fecha en la
cual no se encontraba cotizando al sistema, por lo tanto, en el año
inmediatamente anterior a la estructuración, que corresponde al periodo
18-01-2009 al 18-01-2010 acredita cero (0) semanas cotizadas” por lo cual
consideró que tampoco cumple con el requisito de 26 semanas exigido en el
artículo 38 de la Ley 100 de 1993.”[13].
Aunado
a lo anterior, solicitó se declara la improcedencia de la acción de tutela, en
la medida en que según lo dispone el artículo 2° del Código Procesal del
Trabajo, “toda controversia que se presente en el marco del Sistema de
Seguridad Social, entre afiliados, beneficiarios o usuarios, empleadores y
entidades administradoras deberá ser conocida por la Jurisdicción Ordinaria
Laboral"[14].
Decisiones
judiciales objeto de revisión
Primera
instancia
El
19 de junio de 2019, el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de
Ibagué negó el amparo de los derechos fundamentales invocados. Señaló que el
estado de invalidez del accionante se estructuró en 2010, es decir, en una
fecha que no se encuentra dentro del periodo comprendido entre el 1 de abril de
1994[15]
al 26 de diciembre de 2003[16]
por lo cual, a su juicio, no es posible analizar ni reconocer la prestación
bajo los parámetros del Acuerdo 049 de 1990 y el Decreto 758 de 1990.
Fundamentó
su decisión en el salvamento de voto manifestado por el Magistrado Alejandro
Linares Cantillo frente a la Sentencia SU-442 de 2016, en relación con el
concepto de condición más beneficiosa, resaltó que dicha garantía, según lo
señaló el magistrado, “en su acepción original buscaba proteger las
expectativas legitimas de quien estaba por adquirir un derecho en determinado
régimen pensional y que no se vieran afectadas por el cambio o derogatoria de
su norma pensional (…)”. Indicó que, en el presente caso, no se acredita
una expectativa legítima por parte del accionante, en tanto no se encontraba
próximo a adquirir su derecho pensional con la norma inmediatamente anterior,
sino que pretende la aplicación de una norma que ha sido objeto de 3 reformas a
saber: la Ley 100 de 199, la Ley 797 de 2003 y la Ley 860 del mismo año.
Impugnación
Mediante
apoderado judicial, el actor impugnó el fallo de primera instancia. Consideró
que el ad quo no debió fundamentar su decisión en el salvamento de voto
expuesto por uno de los magistrados, sino en la decisión adoptada por la Corte
en la sentencia referida.
Segunda
instancia
El
30 de julio de 2019, el Tribunal Administrativo del Tolima confirmó la decisión
del juez de primera instancia. Agregó: “en ese sentido, por considerarse que
el señor José Milciades Moreno Gamba no acreditó mínimamente los requisitos
legalmente establecidos para hacerse acreedor al derecho reclamado bajo la
normatividad vigente, para la sala, resulta indispensable que el debate
probatorio requerido para determinar la titularidad del derecho reclamado se
surta a través del trámite ordinario que corresponde y ante el juez natural de
este tipo de causas.[17]”
II.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.
Competencia
La
Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar
los fallos proferidos dentro de la presente acción de tutela, de conformidad
con los artículos 86, inciso 3 y 241 numeral 9 de la Constitución Política, en
concordancia con los artículos 33 a 36 del Decreto 2591 de 1991, y en virtud
del Auto del 30 de septiembre de 2019, expedido por la Sala de Selección de
Tutelas Número Nueve de esta Corporación.
2. Análisis de procedencia de la acción
de tutela
La
Sala determinará si concurren los requisitos mínimos de procedencia de la
acción de tutela (i) legitimación en la causa por activa, (ii)
legitimación en la causa por pasiva, (iii) subsidiariedad, e (iv)
inmediatez.
Legitimación en la causa por activa
En
virtud del artículo 86 de la Constitución, esta Corporación  en Sentencia SU-337
de 2014, especificó las reglas jurisprudenciales que determinan el requisito de
legitimación por activa, a saber: (i) la tutela es un medio
de defensa de derechos fundamentales, que toda persona puede instaurar “por sí misma o por quien actúe a su
nombre”; (ii) no es
necesario que el titular de los derechos interponga directamente el amparo,
pues un tercero puede hacerlo a su nombre; y (iii) ese tercero debe, sin
embargo, tener una de las siguientes calidades: a) representante del
titular de los derechos, b) agente oficioso, o c) Defensor del
Pueblo o Personero Municipal.[18]
Acerca de la
legitimidad e interés en la acción de tutela, el Decreto 2591 de 1991 en su
artículo 10 señala que: “la acción de tutela podrá ser ejercida, en todo
momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus
derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante
(…).”
La
jurisprudencia de esta Corporación[19]
también ha desarrollado las hipótesis para instaurar acción de tutela:“(a) ejercicio directo,
cuando quien interpone la acción de tutela es a quien se le está vulnerando el
derecho fundamental; (b) por medio de representantes legales, como en el caso de los menores de
edad, los incapaces absolutos, los interdictos y las personas jurídicas; (c)
por medio de apoderado
judicial, caso en el cual el apoderado debe ostentar la condición de
abogado titulado y al escrito de acción se debe anexar el poder especial para
el caso o en su defecto el poder general respectivo; y finalmente, (d) por
medio de agente
oficioso”.
(Sin negrilla en el texto original)
En
el presente caso, la tutela fue instaurada a través de apoderado judicial[20]
quien acreditó su calidad, anexando poder especial[21]
conferido por el señor José Milciades Moreno Gamba, quien es el titular de los
derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital y a la dignidad
humana, presuntamente vulnerados ante la negativa de Colpensiones en reconocer
la pensión de invalidez que reclama el accionante. Así las cosas, la Sala
encuentra acreditado el cumplimiento del requisito de legitimación en la causa
por activa.
Legitimación en la causa por pasiva
En
virtud de los artículos 1[22]
y 5[23]
del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela procede contra toda acción u
omisión en la que incurran las autoridades. A su vez, el articulo 86 superior
prevé que la acción de tutela es procedente frente a particulares cuando a) estos
se encuentran encargados de la prestación de un servicio público, b) la
conducta del particular afecta grave y directamente el interés colectivo; o c)
el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión frente al
particular.
En
el presente asunto la acción de tutela se instauró en contra de Colpensiones,
una Empresa Industrial y Comercial del Estado, del orden nacional,[24]
encargada de responder por la presunta vulneración de los derechos
fundamentales invocados por el actor, ante la negativa de reconocimiento y pago
de la pensión de invalidez que reclama el accionante, así las cosas
Colpensiones se encuentra legitimada en la causa por pasiva dentro de la
presente acción constitucional.
Reglas
sobre el requisito de subsidiariedad para el reconocimiento y pago de la
pensión de invalidez, en aplicación del principio de condición más beneficiosa.
Como
ya lo ha señalado esta Corporación en anteriores oportunidades,[25] conforme al artículo 86 Superior, la
acción de tutela es un medio judicial con carácter residual y subsidiario, que
puede utilizarse frente a la vulneración o amenaza de derechos fundamentales
cuando no exista otro medio de defensa de lo invocado, o existiéndolo, no
resulte eficaz e idóneo, o se requiera acudir al amparo como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable[26].
Sobre este
punto, la Corte ha señalado que “no es suficiente la mera existencia formal
de otro procedimiento o trámite de carácter judicial. Es indispensable que ese
mecanismo sea idóneo y eficaz, con miras a lograr la finalidad específica de
brindar inmediata y plena protección a los derechos fundamentales, de modo que
su utilización asegure los efectos que se lograrían con la acción de tutela. No
podría oponerse un medio judicial que colocara al afectado en la situación de
tener que esperar por varios años mientras sus derechos fundamentales están
siendo vulnerados.” [27]
(Negrilla fuera del texto original).
En cuanto a la
posibilidad de instaurar acción de tutela con el fin de solicitar el
reconocimiento y pago de la pensión de invalidez en virtud del principio de
condición más beneficiosa, este Tribunal ha señalado que, es el proceso
ordinario laboral, el mecanismo judicial idóneo y “de manera abstracta” eficaz,
para resolver las controversias que sobre este asunto se susciten.[28]
Sobre su
eficacia, la Corte, en Sentencia SU-556 de 2019 estimó[29]
que, un proceso ordinario laboral que se promueva como en este caso, contra
Colpensiones, con el fin de obtener el pago de una pensión, puede tardar
aproximadamente 497 días, es decir 1 año y 6 meses. Aunado a lo anterior indicó
que, con independencia de dicho término, el juez ordinario laboral está
facultado para desplegar las acciones que considere necesarias y razonables
para proteger, durante el trámite del proceso, los derechos fundamentales del
demandante.[30]
Ahora bien, de
conformidad con el inciso 3 del artículo 86 Superior, el numeral 1 del artículo
6 y el inciso 1 del artículo 8 del Decreto 2591 de 1991, el juez constitucional
debe valorar las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentre el
solicitante, con el objetivo de verificar  la eficacia o ineficacia del
mecanismo previsto ante la Jurisdicción Ordinaria Laboral para resolver la
controversia en concreto.
Con fundamento
en lo anterior, en Sentencia SU-556 de 2019 la Corte estableció la necesidad de
analizar las condiciones de vulnerabilidad del tutelante mediante el denominado
test de procedencia, para lo cual deben cumplirse los siguientes
requisitos:
(i)
Debe
acreditarse que el accionante, además de ser una persona en situación de
invalidez[31], pertenece a un
grupo de especial protección constitucional o se encuentra en una situación de
riesgo derivada de, entre otras, alguna de las siguientes condiciones: (i)
analfabetismo, (ii) vejez, (iii) pobreza extrema, (iv) cabeza de familia, (v) desplazamiento
o (vi) padecimiento de una enfermedad crónica,
catastrófica, congénita o degenerativa.[32]
(ii)
Debe
poder inferirse razonablemente que la carencia del reconocimiento de la pensión
de invalidez afecta directamente la satisfacción de las necesidades básicas del
accionante, esto es, su mínimo vital y, en consecuencia, una vida en
condiciones dignas.[33]
(iii)
Deben
valorarse como razonables los argumentos que proponga el accionante para
justificar su imposibilidad de haber cotizado las semanas previstas por las disposiciones
vigente al momento de la estructuración de la invalidez.[34]
(iv)
Debe
comprobarse una actuación diligente del accionante para solicitar el
reconocimiento de la pensión de invalidez.[35]
Bajo el panorama
expuesto, corresponde a la Corte, verificar si en esta oportunidad, se acredita
el cumplimiento de los requisitos anteriormente expuestos con el fin de
determinar la procedencia de la acción de tutela instaurada por el señor José
Milcidaes Moreno Gamba en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones
COLPENSIONES.
(i)
En
primer lugar, se tiene que el señor José Milciades Moreno Gamba fue calificado
con el 71.67% de pérdida de capacidad laboral; es adulto mayor[36]
pues tiene 66 años de edad; padece cuadro crónico de artritis reumatoidea
progresiva[37] con
osteopenia generalizada[38], edema
de tejidos blandos en codos, condrocalcinosis en rodillas, compromiso de la
articulación de la mortaja tibiastragalina en pies, hipertensión esencial
primaria, entre otros;[39] se le dificulta
desplazarse o realizar sus actividades diarias sin que otra persona lo acompañe
y se encuentra en situación de pobreza (14,39 puntos en el SISBEN[40]).
(ii)
En segundo lugar, ni
el accionante, ni la persona con la cual vive (compañera permanente de 69 años
de edad) cuentan con una fuente de ingresos autónoma, según lo declaró el 23 de mayo de 2019
ante la Notaría 6 del Círculo de Ibagué. [41] Así las cosas es posible inferir razonablemente que
la ausencia del reconocimiento de la pensión de invalidez afecta su derecho al
mínimo vital y en consecuencia su derecho a la dignidad humana.
(iii)
En
tercer lugar, es razonable inferir[42] que el
accionante no cotizó las semanas previstas por las disposiciones vigentes al
momento de la fecha de la estructuración de su invalidez, como consecuencia de
las patologías que aquejaron su salud en ese momento. Cabe anotar que si bien
la invalidez del accionante se estructuró en el año 2010, desde el año 2000 fue
diagnosticado con osteopenia generalizada en manos, codos, rodillas y pies, y
artritis reumatoidea,[43] las
mismas enfermedades que originaron más adelante su pérdida de capacidad
laboral, con un porcentaje del 71.67%. Es decir, para el año 2003 en el cual se
expidió la Ley 860, disposición vigente en su caso, el accionante presentaba
complicaciones de salud que en efecto le dificultaban al accionante, reunir las
semanas de cotización requeridas en dicha Ley.
(iv)
En
cuarto lugar, se acredita el grado mínimo de diligencia[44]
para la protección de los derechos propios, por vía administrativa o
judicial, exigido para estos casos, en tanto el accionante solicitó ante
Colpensiones, en dos ocasiones,[45] el
reconocimiento de su pensión de invalidez y posterior a la última negativa
emitida por la entidad, ejerció los recursos disponibles en sede
administrativa con el fin de que se revocara dicha resolución. Bajo este
panorama se concluye que el actor desplegó una actuación diligente y
proporcional a sus facultades, teniendo en cuenta el estado de vulnerabilidad
en el que se encuentra.
A
modo de conclusión, si bien el accionante cuenta con la posibilidad de acudir
ante el mecanismo previsto ante la Jurisdicción Ordinaria Laboral para
solicitar la protección de sus derechos fundamentales, resultaría
desproporcionado someterlo al desgaste físico, económico y emocional, que
implicaría adelantar un proceso de reclamación de esta naturaleza, en la medida
en que se encuentran comprometidas garantías constitucionales que además de
tener raigambre fundamental, merecen una especial y pronta solución.
Así
las cosas, una vez acreditadas las cuatro condiciones del test establecido para
estos casos, con el fin de determinar la procedencia de la acción de tutela, se
tiene que, el mecanismo ordinario de defensa judicial disponible, se torna
ineficaz para resolver la controversia que se suscita en el caso concreto. En
consecuencia, es la acción de tutela el mecanismo definitivo con el cual cuenta
el actor para solicitar la protección de los derechos que invoca, teniendo en
cuenta la condición de vulnerabilidad en la que se encuentra, lo cual le
atribuye la calidad de sujeto de especial protección constitucional por parte
del Estado.
Inmediatez
De
conformidad con el artículo 86 de la Constitución, la acción de tutela puede
interponerse en todo momento y lugar. Sin embargo, la jurisprudencia de esta
Corporación ha considerado que debe existir “una correlación temporal entre
la solicitud de tutela y el hecho vulnerador de los derechos fundamentales,”[46]
lo anterior, en razón a que dicha acción constitucional tiene como finalidad
conjurar situaciones urgentes que requieren de la actuación rápida de los jueces.[47]
Ahora
bien, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reconocido que el
análisis de este requisito debe ser más flexible, en aquellos casos en los que
el actor se encuentra en una situación de debilidad manifiesta.[48]
Esta
Corporación también ha sostenido que, tratándose de solicitudes pensionales, es
decir, prestaciones de naturaleza periódica de carácter imprescriptible “los
reclamos relacionados con su reconocimiento guardan constante actualidad y se
pueden efectuar en cualquier tiempo. Además, porque atendiendo a su naturaleza
de bien jurídico encaminado a la provisión de los medios de vida de las
personas en estado de necesidad o fragilidad, resultaría desproporcionado
probar a sus destinatarios a la posibilidad de buscar su respeto en cualquier
momento, sometiéndolos por el contrario, a un perpetuo estado de desamparo que atentaría
contra su dignidad humana.”[49]
En
el mismo sentido, la jurisprudencia de esta Corte ha advertido que, se prevé la
posibilidad de interponer la acción de tutela en cualquier tiempo, por ejemplo,
“cuando se demuestre que pese a que el hecho que originó la vulneración es
muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la situación desfavorable
del actor, derivada del irrespeto por sus derechos, continua y es actual”.[50]
En
Sentencia SU-108 de 2018 la Sala Plena de la Corte, reiteró en el análisis
efectuado sobre el requisito de inmediatez, que la vulneración continua y
actual de los derechos fundamentales sigue siendo uno de los factores a
considerar para justificar la tardanza en el ejercicio de la acción de tutela.
Así
las cosas, es importante aclarar que, los lineamientos que sobre esta
naturaleza de prestaciones se han desarrollado siguen vigentes y no han sido
objeto de modificación jurisprudencial, por tanto resultan aplicables al caso
concreto.
Bajo
las consideraciones expuestas, no se pueden ignorar las condiciones de
vulnerabilidad físicas y económicas en las que se encuentra el accionante. Es
una persona calificada con 71.67% de pérdida de capacidad laboral, que padece
artritis reumatoidea, hipertensión esencial primaria, entre otras. Además no
cuenta con los recursos necesarios que le permitan satisfacer su congrua
subsistencia y se trata de un adulto mayor de 66 años de edad. Aunado a ello,
el accionante ejerció los recursos disponibles en sede administrativa para que
se le revocara el acto administrativo mediante el cual se le negó por segunda
vez la pensión de invalidez que reclama.
Con
todo y esto, se tiene que, si bien transcurrieron 2 años y 5 meses entre la
respuesta emitida por parte de Colpensiones el 27 de diciembre de 2016,
mediante la cual negó el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez y la
acción de tutela presentada el 10 de junio de 2019, lo cierto es que la presunta
vulneración de los derechos fundamentales al mínimo vital y a la dignidad
humana del accionante es continua y actual, es decir, ha permanecido en el
tiempo, dada la naturaleza periódica que caracteriza dicha prestación, por lo
que se considera cumplido dicho presupuesto.
A
modo de conclusión, dado que la prestación que se reclama, persigue la
finalidad de obtener la provisión de los medios de vida de una persona en tales
condiciones de vulnerabilidad, resultaría desproporcionado cercenar la
posibilidad de que el señor José Milciades Moreno busque por esta vía obtener
el amparo de sus derechos en este momento.
Verificado
el cumplimiento de los requisitos de procedencia de la acción de tutela, la
Sala pasa a efectuar el análisis de fondo del caso.
Problema
jurídico a resolver
De
conformidad con lo expuesto en precedencia, corresponde a la Sala Novena de
Revisión resolver el siguiente problema jurídico:
¿Vulneró
Colpensiones los derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital
y a la dignidad humana del señor José Milciades Moreno Gamba, al negar el
reconocimiento y pago de la pensión de invalidez que reclama, por considerar
que no tiene derecho a ella, toda vez que su estado de invalidez se estructuró
en vigencia de la Ley 860 de 2003[51] y no
cumple los requisitos exigidos en dicha norma,[52] ni en
la Ley 100 de 1993,[53] aun
cuando reúne las condiciones consagradas en el Acuerdo 049 de 1990[54]
aprobado por el Decreto 758 de 1990, antes de que este perdiera vigencia?
Con el fin de
resolver el problema jurídico, se abordaran los siguientes ejes temáticos: (i)
derecho a la seguridad social; (ii) régimen jurídico de la pensión de invalidez en el marco legal y
jurisprudencial y (iii) alcance del principio de condición más beneficiosa
en materia de pensión de invalidez.
Derecho a la
seguridad social. Reiteración de jurisprudencia[55]
Según
el artículo 48 Superior,
la seguridad social es un derecho irrenunciable y a su vez, un servicio público
en cabeza del Estado, que debe garantizarse a todas las personas “en
sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad”. Esta
Corte Además de atribuirle un carácter fundamental, lo ha definido como “el
conjunto de medidas institucionales tendientes a brindar progresivamente a
los individuos y sus familias  las garantías necesarias frente a los distintos
riesgos sociales que puedan afectar su capacidad y oportunidad, en orden a
generar los recursos suficientes para una subsistencia acorde con la dignidad
del ser humano”[56]
Aunado a lo anterior, es importante
señalar que el concepto de seguridad social se refiere a aquellas medidas
destinadas a garantizar el bienestar de la población mediante la protección de
necesidades socialmente reconocidas. Al respecto el Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, en su observación General N° 19 estableció
que:
“El derecho a la seguridad social incluye el derecho a obtener y
mantener prestaciones sociales, ya sea en efectivo o en especie, sin
discriminación, con el fin de obtener protección, en particular contra: a) la
falta de ingresos procedentes del trabajo debido a enfermedad, invalidez,
maternidad, accidente laboral, vejez o muerte de un familiar; b) gastos
excesivos de atención de salud; c) apoyo familiar
insuficiente, en particular para los hijos y los familiares a cargo[57].”
La Corte ha señalado, que la
fundamentalidad del derecho a la seguridad social, nace de la prevalencia del
principio de la dignidad humana y la satisfacción real de los demás derechos
humanos[58] “pues, a través de este resulta
posible que las personas afronten con decoro las circunstancias difíciles que
les obstaculizan o impiden el normal desarrollo de sus actividades laborales y
la consecuente recepción de los recursos que les permitan ejercer sus derechos
subjetivos”.[59]
Así las cosas, la Corte ha concluido
que “la garantía del derecho a la seguridad social, entendida como el
mecanismo a partir del cual es posible asegurar la efectividad de los demás
derechos de un individuo, en los eventos en los que éste se ha visto afectado
por ciertas contingencias, se constituye en uno de los institutos jurídicos que
un Estado que pretenda ostentar la condición de Social de Derecho debe asegurar”[60].
El régimen jurídico de la pensión de
invalidez en el marco legal y jurisprudencial. Reiteración de jurisprudencia[61]
Esta Corporación ha señalado que la pensión de invalidez tiene
como finalidad “proteger a las personas de las contingencias derivadas de
una enfermedad de origen común o profesional o por haber padecido un accidente
que disminuye o finiquita su capacidad laboral. Así las cosas, para solventar
esta circunstancia, se otorga una prestación mensual destinada a satisfacer las
necesidades básicas que garanticen la subsistencia digna del afectado”.[62]
En cuanto a los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico
para acceder a la pensión de invalidez, se citan a continuación las
disposiciones legales y jurisprudenciales que han regulado la materia:
Artículo 6º del Acuerdo 049 de 1990[63]: estableció que la pensión de
invalidez se reconocería a quienes: “a) sean inválidos
permanentes de manera completa, absolutos o gran inválido; y b)
Haber cotizado para el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, ciento cincuenta
(150) semanas dentro de los seis (6) años anteriores a la fecha del estado de
invalidez, o trescientas (300) semanas, en cualquier época, con anterioridad al
estado de invalidez.” En ese régimen jurídico existían varios tipos de
invalidez y el médico laboral del ISS era quien señalaba el porcentaje de
incapacidad.[64]
Ley 100 de 1993: fijó el régimen sobre la pensión de invalidez. En el artículo 38 ibídem
se indicó que la invalidez es “aquella situación cuando por cualquier
causa de origen no profesional, provocada sin intención, la persona ha perdido
el 50% o más de su capacidad laboral”. De manera concreta el legislador
señaló: “Requisitos para obtener la pensión de invalidez. Tendrán
derecho a la pensión de invalidez, los afiliados que conforme a lo dispuesto en
el artículo anterior sean declarados inválidos y cumplan con alguno de los
siguientes requisitos: a) Que el afiliado se encuentre cotizando al
régimen y hubiere cotizado por lo menos veintiséis (26) semanas, al momento de
producirse el estado de invalidez, y b) Que habiendo dejado de cotizar
al sistema, hubiere efectuado aportes durante por lo menos veintiséis (26)
semanas del año inmediatamente anterior al momento en que se produzca el estado
de invalidez”.
Artículo 11 de la Ley 797 de 2003[65]: modificó la citada norma agravando
los requisitos para acceder a la pensión de invalidez, por ejemplo estableció
una condición de fidelidad al sistema y aumentó a 50 semanas de cotización
dentro de los tres años anteriores a la pérdida de capacidad laboral. No
obstante, en la sentencia C-1056 de 2003, este Tribunal declaró inexequible esa
disposición legislativa debido a que adoleció de vicios de trámite en su
formación.
Artículo 1º de la Ley 860 de 2003: el Legislador modificó nuevamente los requisitos para acceder a
la pensión de invalidez diferenciando entre la pérdida de capacidad laboral por
origen de enfermedad y por accidente, así como fijando un criterio de fidelidad
al sistema, en los siguientes términos:
“Artículo 39. Requisitos para obtener la pensión de
invalidez. Tendrá derecho a la pensión de invalidez el afiliado al sistema que
conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sea declarado inválido y
acredite las siguientes condiciones:
1. Invalidez causada por enfermedad: Que haya cotizado cincuenta
(50) semanas dentro de los últimos 3 años inmediatamente anteriores a la fecha
de estructuración y su fidelidad de cotización para con el sistema sea al menos
del 20% del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió 20 años de edad
y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez.
2. Invalidez causada por accidente: Que haya cotizado cincuenta (50)
semanas dentro de los últimos 3 años inmediatamente anteriores al hecho
causante de la misma, y su fidelidad de cotización para con el sistema sea al
menos del 20% del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió 20 años
de edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez.
Parágrafo 1º. Los menores de veinte años de edad sólo deberán acreditar que han
cotizado veintiséis semanas en el último año inmediatamente anterior al hecho
causante de su invalidez o su declaratoria.
Parágrafo 2º. Cuando el afiliado haya cotizado por lo menos el 75% de las
semanas mínimas requeridas para acceder a la pensión de vejez, solo se
requerirá que haya cotizado 25 semanas en los últimos tres años.”
En el año 2009, mediante Sentencia C-428, esta Corporación declaró
inexequible el requisito de fidelidad dispuesto en este artículo, luego señaló
que fijar un tiempo podía tornarse en una regresión del derecho a la seguridad
social y además desprotegía a las personas de la tercera edad, que no podían
cumplir esa condición.[66]
Posteriormente, mediante Sentencia C -727 de 2009, esta Corte, al
resolver otra demanda de constitucionalidad contra el Artículo 1º de la Ley 860
de 2003, decidió estarse a lo resuelto en la Sentencia C- 428 de 2009, y en
cuanto al parágrafo 2 señaló que: “El parágrafo 2º establece una excepción a la regla fijada en
los incisos 1 y 2 del artículo 1 de la Ley 860 de 2003, en cuanto al número de
semanas exigibles durante los tres años anteriores a la estructuración de la
invalidez. Los cargos originalmente planteados por el accionante
establecían una comparación entre el artículo 39 de la Ley 100 de 1993 y el
artículo 1 de la Ley 860 de 2003. Sin embargo, el contenido del artículo 1 de
la Ley 860 de 2003, fue modificado por la sentencia C-428 de 2009, como
resultado de la declaratoria de exequibilidad parcial de los numerales 1 y 2.”[67]
En este orden de ideas, se tiene que en la actualidad los
requisitos exigidos para acceder a la pensión de invalidez son:[68] (i) que el afiliado sea
declarado en estado de invalidez mediante dictamen médico, que realizan
Colpensiones, los fondos o las juntas de calificación; y (ii) que haya
cotizado 50 semanas dentro de los últimos 3 años inmediatamente anteriores a la
fecha de estructuración. No obstante, la densidad de semanas exigidas varia en
dos circunstancias, a) cuando se trata de personas menores de veinte
años de edad, quienes sólo deben acreditar 26 semanas cotizadas en el último
año anterior al hecho generador de la invalidez o su declaratoria; y b)
cuando se trata de personas afiliadas al sistema de seguridad social que hayan
cotizado por lo menos el 75% de las semanas requeridas para acceder a la
pensión de vejez, quienes solo deben comprobar 25 semanas de cotización en los últimos tres años[69].
A modo de
conclusión, por regla general, las personas que solicitan el reconocimiento y
pago del derecho a la pensión de invalidez deben acreditar el cumplimiento de
los requisitos en la ley vigente al momento de  estructurarse más del 50% de su
pérdida de capacidad laboral, dando aplicación a los principios generales y el
articulo 16[70] del Código
Sustantivo del Trabajo, según los cuales, las normas laborales y de seguridad
social además de tener efecto inmediato, están destinadas a resolver las
situaciones que se suscitan durante su vigencia.[71]
Alcance del
principio de condición más beneficiosa en materia de pensión de invalidez.
En materia de
pensión de invalidez, la jurisprudencia constitucional ha señalado que, en
virtud del principio enunciado, existe la posibilidad de que una solicitud de
reconocimiento pensional de tal naturaleza, se evalué de acuerdo a la condición
más beneficiosa prevista en normas anteriores a la vigente al estructurarse un
porcentaje igual o mayor al 50% de pérdida de capacidad laboral, siempre y
cuando el afiliado o beneficiario reúna los presupuestos de vulnerabilidad del test
de procedencia establecido por la Corte en estos casos[72].
Lo anterior con sustento en “(i) la expectativa que la persona
se haya forjado en vigencia de la normatividad anterior, y en que (ii)
la reforma de esta última no se haya acompañado de un régimen de transición
constitucionalmente aceptable.”[73]
Por un lado, la
Corte sostuvo en Sentencia SU-442 de 2016 que, luego de que la persona contrae una
expectativa en vigencia de una disposición normativa adquiere su derecho a que
le sea protegida. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 53
de la Constitución Política, según el cual “la ley, los contratos, los
acuerdos y convenios de trabajo no pueden menoscabar la libertad, la dignidad
humana ni los derechos de los trabajadores.” Además señaló que al no
contemplarse un régimen de transición “para estas personas, que ya por su
calificación de invalidez experimentan una pérdida drástica de capacidad
laboral,” se hace necesario garantizar la supremacía de la Constitución e
impedir una frustración injustificada de sus expectativas.
En la referida
sentencia de unificación, esta Corporación señaló como uno de los principales
fundamentos de la aplicación de la condición más beneficiosa, el principio de
solidaridad, en la medida en que, quienes cumplieron el requisito de semanas,
cotizaron al sistema de seguridad social en pensiones un monto relevante de
ellas y contribuyeron solidariamente[74] a la
financiación de otras prestaciones de la misma naturaleza. De este modo en la
referida sentencia de unificación, la Corte consideró:
“(…)
Si se aplicara mecánicamente la norma que estaba en vigor para la fecha de
estructuración de la invalidez, y se negara el reconocimiento de la pensión a
partir del estudio de ese único aspecto, se desconocería no solo la necesidad
fundamental de cobertura de su riesgo objetivo de invalidez, sino su derecho a
la seguridad social y los principios de solidaridad, igualdad y equidad, pues
otros ya se beneficiaron de sus aportes.”[75]
Adicionalmente,
la Corte recalcó que la posibilidad de aplicar u ordenar el principio de
condición más beneficiosa no se circunscribe exclusivamente a la norma
inmediatamente anterior, sino que el mismo “se extiende a todo el esquema
normativo anterior bajo cuyo amparo el afiliado o beneficiario haya contraído
una expectativa (…), concebida conforme a la jurisprudencia.”[76]
Por otro lado,
en Sentencia SU-556 de 2019 esta Corporación puntualizó que, cuando la
invalidez del afiliado se estructura en vigencia de la Ley 860 de 2003, puede
darse paso a la aplicación ultractiva de las disposiciones del Acuerdo 049 de
1990 o de un régimen anterior, respecto de la densidad de semanas de cotización
exigidas para acceder a la pensión, cuando (i) la fecha de estructuración
de invalidez del afiliado se de en vigencia de la Ley 860 de 2003[77];
(ii) no se acredite la densidad de semanas que exige la Ley 860 de 2003[78]
y (iii) se acredite la densidad de semanas que exigía el Acuerdo 049 de
1990.[79]
Aunado a lo
anterior, en dicha sentencia de unificación se indicó que solo tratándose de
personas en estado de vulnerabilidad, es decir, aquellas que hayan superado el test
de procedencia,[80]
es posible aplicar de manera ultractiva las disposiciones del Acuerdo 049 de
1990 en lo que respecta a la exigencia de densidad de semanas de cotización[81].
Además señaló que, en la medida en que las sentencias de tutela solo pueden
tener un efecto declarativo del derecho, “solo es posible ordenar el pago de
mesadas pensionales a partir de la presentación de la acción de tutela; en
consecuencia, las demás reclamaciones derivadas de la prestación –tales como
retroactivos, intereses e indexaciones- deben ser tramitadas ante el juez
ordinario laboral.” [82]
Con fundamento
en lo expuesto, se concluye que, a pesar de la certeza existente sobre la norma
vigente que debe aplicarse en aquellos eventos en los que se solicita el reconocimiento
y pago de una pensión de invalidez, una vez se comprueba que tal actuación
desencadenaría efectos desproporcionados injustos para un individuo, que ha
superado las exigencias de vulnerabilidad del test de procedencia establecido
por esta Corporación en Sentencia SU-556 de 2019, el operador jurídico debe
acudir a la excepción prevista para estos casos, es decir, debe verificar la
concurrencia de los requisitos señalados en esta consideración para aplicar
ultractivamente las disposiciones de un esquema normativo anterior, con el fin
de ordenar el pago y el reconocimiento de la referida prestación.
Caso
concreto
En el
presente caso el ciudadano José Milciades Moreno Gamba, de 66 años de edad
instauró acción de tutela en contra de Colpensiones, con el fin de solicitar el
amparo de sus derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital y a
la dignidad humana, luego de que la entidad accionada se negara a reconocer la
pensión de invalidez reclamada por el actor bajo el principio de condición más
beneficiosa.
El 13
de julio de 2013 el accionante fue calificado con un porcentaje de pérdida de
capacidad laboral del 71.67% por enfermedad de origen común y con fecha de
estructuración del 18 de enero de 2010. De este modo solicitó a Colpensiones el
reconocimiento del derecho pensional referido, no obstante, en tal oportunidad,
la entidad lo negó bajo el argumento de que el actor no acredita el requisito
de 50 semanas cotizadas fijado en el artículo 1 de la Ley 860 de 2003.[83] El
señor Milciades Moreno solicitó nuevamente el reconocimiento de la pensión
pretendida, esta vez a la luz del principio de condición más beneficiosa, a lo
cual, Colpensiones respondió nuevamente de manera negativa, bajo el argumento
de que tampoco
cumple con el requisito de 26 semanas exigido en el artículo 38 de la Ley 100
de 1993.[84]
Ahora
bien dentro de la historia laboral del tutelante[85] se evidencia que el mismo cotizó 394,43
semanas entre los periodos 13 de abril de 1983 y 2 de noviembre de 1990.
Atendiendo
las anteriores circunstancias se tiene entonces que el demandante (i)
además de contar con la condición de invalidez, en este caso calificada con un
porcentaje del 71.67% de pérdida de capacidad laboral estructurada
el 18 de enero de 2010, (ii)  no acredita el requisito de 50 semanas
cotizadas dentro de los 3 años anteriores a la fecha de estructuración de la
invalidez, según lo dispone el artículo 1 de la Ley 860 de 2003, pero si (ii) acredita
el requisito de 300 semanas cotizadas en cualquier tiempo, exigidos en el
artículo 6 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado mediante Decreto 758 de 1990.
A
partir de lo expuesto, y de acuerdo con las consideraciones de fondo
desarrolladas en la presente sentencia, si bien, por regla general las personas
que solicitan el reconocimiento y pago del derecho a la pensión de invalidez
deben acreditar el cumplimiento de los requisitos en la ley vigente al momento
de estructurarse más del 50% de su pérdida de capacidad laboral,[86]
una vez se comprueba que tal actuación desencadenaría efectos desproporcionados
injustos para un individuo en condición de vulnerabilidad[87],
el operador jurídico debe acudir a la excepción prevista para estos casos, y,
en consecuencia, verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos por esta
Corporación, para aplicar de manera ultractiva las disposiciones de un régimen
anterior, con el fin de ordenar el pago y el reconocimiento de la referida
prestación.
Bajo esta
lógica, a pesar de que Colpensiones advirtió que el actor no reunía los
requisitos exigidos en el artículo 1 de la Ley 860 de 2003 (norma
vigente al momento de estructurarse su pérdida de capacidad laboral), ni en el artículo 38
de la Ley 100 de 1993 (norma inmediatamente anterior), tuvo presente que había
cotizado 394,43
en un período comprendido antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de
1993, específicamente entre el 13 de abril de 1983 y el 2 de noviembre de 1990,
momento para el cual su situación estaba gobernada por el Acuerdo 049 de 1990,
aprobado mediante Decreto 758 de 1990, por lo cual, contrajo una expectativa
que por ende debía ser respetada. A pesar de ello, Colpensiones se abstuvo de
analizar las particularidades del caso de conformidad con el principio de
condición más beneficiosa y negó nuevamente la solicitud.
Así
las cosas, la Sala evidencia que Colpensiones vulneró los derechos
fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital y a la dignidad humana del
señor Jose Milciades Moreno Gamba, al no aplicar el principio constitucional de
la condición más beneficiosa en la determinación de las normas aplicables a su
pensión.
Tampoco son de recibo
las razones expuestas por parte de los jueces de instancia para negar el amparo,
pues ignoraron el estado de vulnerabilidad en que se encuentra el actor y que
por ende lo circunscribe como un sujeto de especial protección constitucional, como
bien se indicó en el acápite respectivo a la subsidiariedad de la presente
acción de tutela.
Aunado a ello, cabe
hacer un llamado de atención, especialmente al Juez Quinto Administrativo Oral
del Circuito de Ibagué, para que en futuras oportunidades se abstenga de
fundamentar sus decisiones en salvamentos o aclaraciones manifestados por
alguno de los magistrados de esta Corporación, dentro de las sentencias que
aquí se profieren. Al respecto se recalca que la obligatoriedad del precedente,[88] en materia de acción de tutela
recae en la ratio decidendi[89]
de la sentencia, al ser la razón que sustenta la decisión en el caso
concreto, la cual, prefigura una prescripción que en efecto, regulará los casos
análogos en el futuro,[90]
y no en los salvamentos de voto, como erradamente lo infiere el Juez Quinto
Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, al apartarse del precedente vigente
en el momento en que emitió el fallo, sin exponer los requisitos[91] de carga argumentativa
establecidos por este Tribunal Constitucional para que surja dicha excepción.
En consecuencia se reitera que el precedente de la Corte, autoridad
encargada de garantizar
la integridad y supremacía de la Constitución, es vinculante para todas las
autoridades, incluidas las judiciales.
Como colorario de lo
anterior, la Sala Novena de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional,
revocará las decisiones de instancia que negaron el amparo invocado, para en su
lugar, tutelar los derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo
vital y a la dignidad humana del señor José Milciades Moreno Gamba. De tal
manera se ordenará a Colpensiones que, en el plazo de treinta (30) días hábiles
contados a partir de la notificación de la presente sentencia, reconozca y
pague al accionante la pensión de invalidez a la cual tiene derecho, conforme
con el artículo 6 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado mediante Decreto
758 de 1990. Esto, a partir de la fecha en la que presentó la acción de tutela[92] (10 de junio de 2019).
Síntesis
de la decisión
En
esta oportunidad correspondió a la Sala determinar si Colpensiones vulneró los
derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital y a la dignidad
humana del señor José Milciades Moreno Gamba, al negar el reconocimiento y pago
de la pensión de invalidez que reclama, por considerar que no tiene derecho a
ella, bajo el argumento de que su estado de invalidez se estructuró en vigencia
de la Ley 860 de 2003[93] y no
cumple los requisitos exigidos en dicha norma,[94] ni en
la Ley 100 de 1993,[95] aun
cuando reúne las condiciones consagradas en el Acuerdo 049 de 1990,[96]
aprobado por el Decreto 758 de 1990, antes de que este perdiera vigencia.
Para resolver el
problema jurídico planteado, se abordaron los siguientes ejes temáticos: (i)
derecho a la seguridad social[97]; (ii)
régimen
jurídico de la pensión de invalidez en el marco legal y jurisprudencial[98];
y (iii) alcance del principio
de condición más beneficiosa en materia de pensión de invalidez.[99]
De este modo la Sala trajo a colación
el desarrollo jurisprudencial que se ha dado en relación con el principio de
condición más beneficiosa y determinó que Colopensiones en efecto, vulneró los
derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital y a la dignidad
humana del señor José Milciades Moreno Gamba, al no aplicar para su caso tal
principio constitucional. Consideró que a pesar de que Colpensiones advirtió el
incumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 1 de la
Ley 860 de 2003[100] y de
aquellos contemplados en el artículo 38 de la Ley 100 de 1993[101],
tuvo presente que había cotizado 394,43 en un período comprendido
antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, es decir, entre el 13 de
abril de 1983 y el 2 de noviembre de 1990, momento para el cual su situación
estaba gobernada por el Acuerdo 049 de 1990.
Así las cosas, la Sala
Novena de Revisión de Tutelas de la Corte procedió a revocar las decisiones de
instancia que negaron el amparo invocado, para en su lugar, tutelar los
derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital y a la dignidad
humana del señor José Milciades Moreno Gamba y en consecuencia ordenar a su
favor, el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez a la cual tiene
derecho, conforme al articulo 6 del Acuerdo 049 de 1990, a partir del
momento en el que se presentó la acción de tutela.
II.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Novena de Revisión de
Tutelas de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo
y por mandato de la Constitución
RESUELVE
PRIMERO.
– REVOCAR las
sentencias proferidas por el Tribunal
Administrativo del Tolima, el 30 de julio de 2019 en segunda instancia y por el
Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, el 19 de junio de
2019 en primera instancia, mediante las cuales se negó el amparo invocado
dentro de la acción de tutela formulada por el señor José Milciades Moreno
Gamba contra la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones- para, en
su lugar, TUTELAR los derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo
vital y a la dignidad humana del ciudadano JOSÉ MILCIADES MORENO GAMBA.
SEGUNDO.
- DEJAR SIN EFECTOS JURÍDICOS las Resoluciones VPB 45720 del 27
de diciembre de 2016, GNR32798 del 31 de octubre de 2016 y GNR 233813 del 24 de
junio de 2014, emitidas por la Administradora Colombiana de Pensiones
-Colpensiones-, mediante las cuales negó el reconocimiento de la pensión de
invalidez al ciudadano JOSÉ MILCIADES MORENO GAMBA.
TERCERO.
- ORDENAR
a la Administradora Colombiana de Pensiones   -Colpensiones- que, dentro del
término de quince (15) días siguientes a la notificación de esta sentencia,
expida la resolución que reconozca la pensión de invalidez a la cual tiene
derecho el ciudadano JOSÉ MILCIADES MORENO GAMBA, de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado
mediante Decreto 758 de 1990, y dentro de los quince (15) días siguientes
efectúe el pago correspondiente. La prestación así reconocida, se pagará incluyendo
la suma de las mesadas pensionales adeudadas desde el momento en el que se
instauró la acción de tutela (10 de junio de 2019).
CUARTO,- Por Secretaría
General de esta Corporación LÍBRENSE las comunicaciones previstas en el
artículo 36 del decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
Con salvamento de voto
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
Con aclaración de voto
MARTA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO DE VOTO
DEL MAGISTRADO
CARLOS BERNAL PULIDO
A LA SENTENCIA
T-116/20
Referencia:
Expediente T-7.574.909
Magistrado
ponente: Alberto Rojas Ríos
En
atención a la decisión adoptada por la Sala Novena de Revisión de la Corte
Constitucional, presento salvamento de voto al considerar que la acción de
tutela era improcedente por las siguientes razones:
1.
La acción de tutela no cumple con el requisito de
inmediatez
La
mayoría de la Sala concluyó que la tutela cumplía con el requisito de
inmediatez[102],
a pesar de que la misma fue interpuesta 2 años y 5 meses después de la negativa
del reconocimiento prestacional[103].
Discrepo de esta conclusión porque considero que este término es irrazonable,
por cuanto:
Primero,
es equivocado entender que la vulneración del derecho a la pensión derivada de
un acto administrativo que la niega debe considerarse como una violación de
carácter continuo y permanente. Aceptar este argumento llevaría a la conclusión
de que no es procedente ni necesario analizar el requisito de inmediatez en los
casos en que el accionante esté solicitando la tutela de su derecho a la
pensión.
Segundo, en
el caso que nos ocupa, el accionante no planteó, ni siquiera sumariamente, una
justificación en relación con el tiempo que le tomó acudir al trámite urgente y
expedito de la tutela, siendo imposible presumir de lo narrado en la demanda
que la situación de vulnerabilidad del accionante hubiese sido la razón que le
impidió presentar la acción de tutela en un término razonable.
2.     La acción de tutela es improcedente por no haberse
acreditado el requisito de subsidiariedad
La
mayoría de la Sala, luego de efectuado el test de procedencia aplicable
a estos casos, concluyó que la acción de tutela era procedente como mecanismo
transitorio[104].
Discrepo del referido análisis, particularmente en lo ateniente a los
requisitos iii) y iv), relativos a que deben valorarse como razonables los
argumentos que proponga el accionante para justificar su imposibilidad de haber
cotizado las semanas previstas por las disposiciones vigentes al momento de la
estructuración de la invalidez y a que debe comprobarse una actuación diligente
del accionante para solicitar el reconocimiento de la pensión de invalidez. En
mi criterio, el accionante:
De un
lado, no justificó en ningún momento, siquiera de manera sumaria, las razones
por las cuales se vio imposibilitado de cotizar el número de semana requeridas
por la normativa vigente. De otro lado, en el caso bajo análisis no es posible
inferir razonablemente que las condiciones de salud del señor Moreno le hayan
imposibilitado cotizar el mínimo de semanas exigidas por la normativa vigente
al momento de la estructuración de su invalidez, por cuanto se trata de una
patología que lleva sufriendo por más de 25 años[105].
De
aceptarse esa tesis, habría que inferir que el señor Moreno no pudo cotizar
semanas en los últimos 25 años, argumento que no es cierto.
Respecto
del cuarto requisito, el accionante no acreditó una actuación diligente en sede
administrativa y/o judicial orientada al reconocimiento de sus derechos
pensionales, puesto que transcurrieron aproximadamente 2 años y 5 meses sin que
se hubiera realizado gestión alguna desde el momento en que se estructuró la
invalidez. Además, tampoco planteó ninguna justificación
en relación con su inactividad en este tiempo.
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
[1]
Integrada por la Magistrada Diana Fajardo Rivera y el
Magistrado Alejandro Linares Cantillo.
[2]
Ante el Instituto de Seguros Sociales (ISS) hoy Colpensiones (COLPENSIONES).
[3]
Se desempeñó como conductor de transporte público durante más de 40 años. Folio
2 del Cuaderno Principal del Expediente.
[4]
“disminución de los espacios articulares interfalángicos proximales y
distales, asociado a lesiones erosivas asimétricas, disminución de los espacios
articulares metacarfalángicos, desviación radial de las falanges distales,
nódulos de tejidos blandos, localizados a nivel de las articulaciones en las
manos; disminución de los espacios articulares cubitohumerales de predominio
izquierdo, con formación de erosiones y pequeño fragmento óseo libre posterior,
edema de tejidos blandos en codos, disminución de espacios articulares
femorotibiales y patelofemorales, con erosión de los platillos tibiales
mediales, formación de quistes subcondrales y afilamento de las espinas
tibiales así como osteofitos marginales, condrocalcinosis en rodillas;
tarsometatarsianos e intertarsianos, con formación de erosiones, importante
compromiso de la articulación de la mortaja tibiastragalina  en pies;  hasta la
aparición de tofos gotosos con limitación funcional”. Folios 20 al 23 del
Cuaderno Principal del Expediente.
[5]
Por el cual se aprueba el Acuerdo Nº 049 de 1990.
[6]
Por la cual se modificó el artículo 39 de la Ley 100 de 1993. El articulo 1 Ley 860 de 2003 establece los siguientes requisitos: “Tendrá
derecho a la pensión de invalidez el afiliado al sistema que conforme a lo
dispuesto en el artículo anterior sea declarado inválido y acredite las
siguientes condiciones: invalidez causada por enfermedad: Que haya
cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años
inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración (…)”
[7]
Folio 48 del Cuaderno Principal del Expediente.
[8]
Señala que el mismo ha sido desarrollado por la jurisprudencia Constitucional,
y señala la Sentencia SU-442 de 2016.
[9]
A folios 54 y 55 del Expediente se encuentra una Declaración extraproceso
rendida por parte del señor José Milciades Moreno, ante la Notaría Sexta del
Circulo de Ibagué, en la cual el accionante informa que vive con la señora Ana
Beatriz Bocanegra (su compañera permanente) hace 42 años, y que ni él, ni ella,
cuentan con ingresos económicos por concepto de rentas, salarios, subsidios ni
pensiones.
[10]
Folios 58 y 59 del Cuaderno Principal del Expediente.
[11]
Por el cual se expidió el Reglamento General del Seguro Social Obligatorio de
Invalidez, Vejez y Muerte. De acuerdo con el artículo 6º de dicho acuerdo, el
reconocimiento de la pensión de invalidez está sujeto al cumplimiento de dos (2)
condiciones: (i) que la persona haya sido declarada inválida, y (ii)
que haya cotizado ciento cincuenta (150) semanas dentro de los seis (6) años
anteriores a la fecha de estructuración, o trescientas (300) semanas en
cualquier época con anterioridad al estado de invalidez.
[12]
“disminución de los espacios articulares interfalángicos proximales y
distales, asociado a lesiones erosivas asimétricas, disminución de los espacios
articulares metacarfalángicos, desviación radial de las falanges distales,
nódulos de tejidos blandos, localizados a nivel de las articulaciones en las
manos; disminución de los espacios articulares cubitohumerales de predominio
izquierdo, con formación de erosiones y pequeño fragmento óseo libre posterior,
edema de tejidos blandos en codos, disminución de espacios articulares
femorotibiales y patelofemorales, con erosión de los platillos tibiales
mediales, formación de quistes subcondrales y afilamento de las espinas
tibiales así como osteofitos marginales, condrocalcinosis en rodillas;
tarsometatarsianos e intertarsianos, con formación de erosiones, importante
compromiso de la articulación de la mortaja tibiastragalina  en pies;  hasta la
aparición de tofos gotosos con limitación funcional”. Folios 20 al 23 del
Cuaderno Principal del Expediente.
[13]
Folio 67 del Cuaderno Principal del Expediente.
[14]
Folio 67 del Cuaderno Principal del Expediente.
[15]
Fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.
[16]
Fecha de entrada en vigencia de la Ley 860 de 2003.
[17]
Folio 118 del Cuaderno Principal del Expediente.
[18]
Estas reglas fueron reiteradas en las providencias T-083 de 2016 y T-291 de
2016.
[19]
Sentencias T-308 de 2011, T-482 de 2013 y T-841 de 2011.
[20]
Carlos Andrés Manchola Cárdenas, tarjeta profesional N° 206541.
[21]
Folio 14 del Cuaderno Principal del Expediente.
[22]
“Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o
por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en
los casos que señale este Decreto. Todos los días y horas son hábiles para
interponer la acción de tutela”.
[23]
“La acción de tutela procede contra toda acción u omisión de las autoridades
públicas, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos
de que trata el artículo 2 de esta ley. También procede contra acciones u
omisiones de particulares, de conformidad con lo establecido en el Capítulo
III de este Decreto”. La procedencia de la tutela en ningún caso está
sujeta a que la acción de la autoridad o del particular se haya manifestado en
un acto jurídico escrito.
[24]
Ley 1151 de 2007, Artículo 155. “(…) Adicionalmente créase una empresa
industrial y comercial del Estado del orden nacional, con personería jurídica,
autonomía administrativa y patrimonio independiente, vinculada al Ministerio de
la Protección Social, denominada Administradora Colombiana de Pensiones,
Colpensiones, cuyo objeto consiste en la administración estatal del régimen de
prima media con prestación definida incluyendo la administración de los
beneficios económicos periódicos de que trata el Acto Legislativo 01 de 2005,
de acuerdo con lo que establezca la ley que los desarrolle”.
[25]
Sentencias T-378 de 2018, T-043 de 2019 entre otras.
[26]
“la procedencia de la acción de tutela, cuando
existen otros medios de defensa judicial, se sujeta a las siguientes reglas: (i)
procede como mecanismo transitorio, cuando a pesar de la
existencia de un medio ordinario de defensa, este no impide la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, conforme a la especial situación del peticionario[26];
(ii) procede la tutela como mecanismo definitivo cuando
el medio ordinario dispuesto para resolver las controversias, no es idóneo y
eficaz, conforme a las especiales circunstancias del caso que se estudia[26].
Además, (iii) cuando la acción de tutela es promovida por personas que
requieren especial protección constitucional, como los niños y niñas, mujeres
cabeza de familia, personas en condición de discapacidad, personas de
la tercera edad, entre otros. El examen de procedibilidad de la acción de
tutela es menos estricto, a través de criterios de análisis más amplios, pero
no menos rigurosos”. Sentencias T-789 de 2003, T- 456 de 2004, T-328 de
2011, T-079 de 2016, entre otras.
[27]
Sentencia T- 468 de 1999, Sentencia T- 582 de 2010.
[28]
Ver Sentencia SU-556 de 2019. Dicha afirmación encuentra
fundamento en el artículo 2.4. del C.P.T. y de la S.S. (modificado por
los artículos 2 de la Ley 712 de 2001 y 622 de la Ley 1564 de 2012).
[29]
Para dicha consideración, se tuvo en cuenta la duración de
cada una de las etapas del proceso, las posibles causales de interrupción o
suspensión y los resultados del estudio de tiempos procesales elaborado por
el Consejo Superior de la Judicatura.
[30]
“(…) en el marco del proceso ordinario es dable exigir al juez el deber de
asumir la dirección del proceso adoptando las medidas necesarias para
garantizar el respeto de los derechos fundamentales y el equilibrio entre las
partes, la agilidad y rapidez en su trámite” (Artículo 48 del C.P.T y de la
S.S). “Asimismo, es posible solicitar el decreto de cualquiera otra medida
que encuentre razonable para la protección del derecho objeto del litigio,
impedir su infracción o evitar las consecuencias derivadas de la misma,
prevenir daños, hacer cesar los que se hubieren causado o asegurar la efectividad
de la pretensión”. (Artículo 590 del C.G.P, aplicable por vía remisión al
proceso laboral, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 145 del C.P.T
y de la S.S). Sentencia SU-556 de 2019.
[31]
Esta se acredita con una calificación de pérdida de capacidad
laboral igual o superior al 50%.
[32]
Sobre este requisito la Corte ha reiterado que: “aún dentro de la categoría
de personas de especial protección constitucional existen diferencias
materiales relevantes que rompen su horizontalidad y los sitúan en disímiles
posiciones de vulnerabilidad que merecen distintos grados de protección.” Sentencias
SU- 556 de 2019, SU-005 de 2018, T-079 de 2016,
T-259 de 2012, T-1093 de 2012, entre
otras.
[33]
“Esta condición materializa la obligación de la sociedad de auxiliar a
aquellas personas que no pueden ayudarse a sí mismas, por encontrarse en
condiciones de acentuada indefensión. Es, precisamente, en estos supuestos, en
los que tal deber es apremiante y exigible.” Sentencia SU-556 de 2019.
[34]
Para verificar el cumplimiento de este requisito la Corte señaló en
Sentencia SU-556 de 2019 que: “solo en caso de que se acredite una situación
de razonable imposibilidad de haber cumplido las exigencias normativas
impuestas por el ordenamiento jurídico al momento de la estructuración de la
invalidez –la cotización al Sistema General de Pensiones de un determinado
número de semanas– es posible que el juez constitucional se pronuncie acerca de
un reconocimiento que, en principio, corresponde al juez ordinario.” Negrilla
fuera del texto original
[35]“(…)
es una precondición para el ejercicio de la acción de tutela, pues supone acreditar
un grado mínimo de diligencia para la protección de los derechos propios,
por vía administrativa o judicial.” (Negrilla fuera del texto original).
Sentencia SU-556 de 2019
[36]
Según la Ley 1850 de 2017, es adulto mayor todo aquel que sea mayor de 60 años.
[37]
Según información extraída del portal virtual https://rochepacientes.es/artritis-reumatoide/
el 22 de noviembre de 2019  “La artritis reumatoidea  (AR) es una
enfermedad crónica, autoinmune, progresiva e incapacitante, que se caracteriza
por la inflamación de las articulaciones y que se presenta habitualmente en
manos, muñecas, codos, rodillas y pies. La inflamación que se produce en la
membrana sinovial puede conducir a la destrucción del hueso y el cartílago
derivando en un daño irreparable en la articulación. A consecuencia de la
inflamación, se puede experimentar dolor, deformidad y dificultad de movimiento.
(Negrilla fuera del texto original).
[38]
De acuerdo a información extraida del portalvirtual https://es.familydoctor.org/condicion/osteopenia/ el 22 de noviembre de 2019 “La osteopenia es una afección
que comienza cuando se pierde masa ósea y se debilitan los huesos. Esto sucede
cuando el interior de los huesos se vuelve quebradizo por la pérdida de calcio.
Es muy común a medida que envejece. La masa ósea total alcanza su máximo
alrededor de los 35 años. Las personas que tienen osteopenia corren un mayor
riesgo de tener osteoporosis”.
[39]
Según la historia clínica del accionante, el mismo presenta “disminución de
los espacios articulares interfalángicos proximales y distales, asociado a
lesiones erosivas asimétricas, disminución de los espacios articulares
metacarfalángicos, desviación radial de las falanges distales, nódulos de
tejidos blandos, localizados a nivel de las articulaciones en las manos;
disminución de los espacios articulares cubitohumerales de predominio
izquierdo, con formación de erosiones y pequeño fragmento óseo libre posterior,
edema de tejidos blandos en codos, disminución de espacios articulares
femorotibiales y patelofemorales, con erosión de los platillos tibiales
mediales, formación de quistes subcondrales y afilamento de las espinas
tibiales así como osteofitos marginales, condrocalcinosis en rodillas;
tarsometatarsianos e intertarsianos, con formación de erosiones, importante
compromiso de la articulación de la mortaja tibiastragalina  en pies;  hasta la
aparición de tofos gotosos con limitación funcional”. Folios 20 al 23 del
Cuaderno Principal del Expediente.
[40]
Folios 56 a 59 del Cuaderno Principal del Expediente.
[41]
Así lo declaró el 23 de mayo de 2019 ante la Notaría 6 del
Círculo de Ibagué. (Folio 54 del Expediente)
[42]
Para verificar el cumplimiento de este requisito del test de procedencia,
dentro de los casos de los señores Fabio Campo Fory y Luis
Sabatino Nocera, (Expedientes T-7.194.338  y T-7.288.512), la Corte en
Sentencia SU-556 de 2019, infirió bajo argumentos razonables la imposibilidad
de los actores para haber cotizado las semanas requeridas por las disposiciones
vigentes para sus casos.
[43]
Folios 20 a 23 del Cuaderno Principal del Expediente.
[44]
Este requisito “supone acreditar un grado mínimo de diligencia para
la protección de los derechos propios, por vía administrativa o judicial.”(
Negrilla fuera del texto original) Sentencia SU-556 de 2019.
[45]
En el año 2014 y en el año 2016.
[46]
Sentencia SU-241 de 2015.
[47]
Sentencia T-038 de 2017.
[48] Sentencias T-069 de 2015, T- 412 de 2018 entre otras.
[49]
Sentencia T-774 de 2015.
[50]
Sentencias T-1229 de 2000, T-684 de 2003, T-016 de 2006 y T-1044 de 2007,
T-1110 de 2005, T-158 de 2006, T-166 de 2010, T-502 de 2010, T-574 de 2010,
T-576 de 2010, T-246 de 2015, SU-108 de 2018.
[51]
El 18 de enero de 2010.
[52]
Colpensiones señala que el accionante no cumple con el requisito de 50 semanas
de cotización dentro de los últimos 3 años inmediatamente anteriores a la fecha
de estructuración de su estado de invalidez, según lo establece el artículo 1
de la Ley 860 de 2003.
[53]
Colpensiones indica que el accionante tampoco cumple con el requisito de 26
semanas de cotizaciones el año inmediatamente anterior al momento en que se
produzca el estado de invalidez, exigido en el artículo 38 de la Ley 100 de
1993.
[54]
El accionante cuenta con más de 300 semanas en cualquier época, con
anterioridad al estado de invalidez, requisito contemplado en el artículo 6 del
Acuerdo 049 de 1990.
[55]
En lo que atañe al contenido de la presente consideración, se reiterará lo ya
desarrollado en Sentencias T-072 de 2016, T-028 de 2017, T-225 de 2018, T-378
de 2018, T-043 de 2019, entre otras, en torno al concepto, naturaleza y
protección constitucional del derecho a la seguridad social.
[56]
Sentencia T-036 de 2017.
[57]
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No.
19. Introducción, Numeral 2.
[58]
Sobre este punto, es importante resaltar que en Sentencia
T-200 de 2010 la Corte señaló que la máxima realización posible del derecho a
la seguridad social “es una condición ineludible de la posibilidad real de
goce del resto de libertades inscritas en el texto constitucional y, por tanto
según lo dispone el artículo 1 de la Constitución Política, se constituye en un
elemento esencial para la materialización del modelo de Estado que hemos
acogido y que nos define como una sociedad fundada en los principios de
dignidad humana, solidaridad, trabajo y prevalencia del interés general”.
Reiterado en Sentencias T-564 de 2015,
T-043 de 2019, entre otras.
[59]
Sentencias T-032 de 2012; T-072 de 2016, entre
otras.
[60]
Sentencias T-072 de 2016, T- 205 de 2017, T-043 de 2019, entre
otras.
[61]
En relación con esta consideración, se reiterarán los argumentos expuestos en
Sentencias T-063 de 2018, T-043 de 2019, entre otras.
[62]
Sentencias T-434 de 2012, T-068 de 2017, T-053 de 2018, entre
otras.
[63]
“Tendrán
derecho a la pensión de invalidez de origen común, las personas que reúnan las
siguientes condiciones: a) Ser inválidos permanente total o inválido permanente
absoluto o gran invalido, y b) Haber cotizado para el seguro de invalidez,
vejez y muerte, ciento cincuenta (150) semanas dentro de los seis (6) años
anteriores a la fecha del estado de invalidez, o trescientas (300) semanas, en
cualquier época, con anterioridad al estado de invalidez”.
[64]
Sentencias T-566 de 2014 y T-610 de 2016.
[65] “Tendrá derecho a
la pensión de invalidez el afiliado al sistema que conforme lo dispuesto en el
artículo anterior sea declarado inválidos y acredite las siguientes
condiciones: 1. Invalidez causada por enfermedad: Que haya cotizado 50
semanas en los últimos tres años inmediatamente anteriores a la fecha de
estructuración y su fidelidad de cotización para con el sistema sea al menos
del 25% del tiempo transcurrido entre el momento que cumplió 20 años de edad y
la fecha de la primera calificación del estado de invalidez. 2.
Invalidez por accidente: Que haya cotizado 50 semanas dentro de los 3 años
inmediatamente anteriores al hecho causante de la misma”.
[66]
Sentencia T-610 de 2018.
[67]
Ibídem.
[68]
Sentencias T-511 de 2014, T-610 de 2016. Cabe recalcar que según lo dispone el
artículo 69 de la Ley 100 de 1993, “los requisitos para obtener la pensión
de invalidez, el monto y el sistema de su calificación en el régimen de ahorro
individual con solidaridad, se regirá por las disposiciones contenidas en los
artículos 38, 39, 40 y 41 de la presente Ley”.
[69]
Sentencias T-323 de 2018, T-043 de 2019, entre otras.
[70]
El artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo señala lo siguiente: “Efecto:
1. Las normas sobre trabajo, por ser de orden público, producen efecto general
inmediato, por lo cual se aplican también a los contratos de trabajo que estén
vigentes o en curso en el momento en que dichas normas empiecen a regir, pero
no tienen efecto retroactivo, esto es, no afectan situaciones definidas o
consumadas conforme a leyes anteriores. || 2. Cuando una ley nueva establezca
una prestación ya reconocida espontáneamente o por convención o fallo arbitral
por el patrono, se pagará la más favorable al trabajador”.
[71]
Sentencia SU-442 de 2016.
[72]
Sentencia SU-556 de 2019.
[73]
Sentencia SU-442 de 2016.
[74]
Conducta que a guarda estricta correspondencia con los lineamientos
establecidos en los artículos 1, 48 y 95 de la Carta Política.
[75]
Sentencia SU-442 de 2016
[76]
Ibídem.
[77]
“El tutelante-afiliado al sistema general en pensiones es dictaminado con una
pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50% con fecha de
estructuración en vigencia de la Ley 860 de 2003.” Sentencia SU-556 de 2019.
[78]
“El tutelante-afiliado no acredita haber cotizado 50 semanas dentro de los 3
años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez,
según se certifique en el dictamen emitido por la autoridad competente, en los
términos del artículo 1 de la Ley 860 de 2003”. Sentencia SU-556 de 2019
[79]
“El tutelante-afiliado acredita el número mínimo de semanas cotizadas antes
de la fecha de estructuración de la invalidez exigidas por el artículo 6 del
Acuerdo 049 de 1990: 150 semanas en los 6 años anteriores a la fecha de estructuración
o 300 semanas en cualquier tiempo.” Sentencia SU-556 de 2019.
[80]
Efectuado en el acápite correspondiente al análisis de
subsidiariedad de la presente sentencia.
[81]
Señaló que solo de este modo “resulta razonable y
proporcionado interpretar el principio de condición más beneficiosa.”
[82]
Sentencia SU-055 de 2019
[83]
Folio 48 del Cuaderno Principal del Expediente.
[84]
Folio 67 del Cuaderno Principal del Expediente.
[85]
Folio 15 del Cuaderno Principal del Expediente.
[86]
Sentencias T-063 de 2018, T-043 de 2019, entre otras.
[87]
Vulnerabilidad que se comprobó en los términos del test de
procedencia efectuado en el respectivo acápite de subsidiariedad.
[88]
Esta Corporación ha entendido como precedente “aquel antecedente del
conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de resolver que por su
pertinencia para la resolución de un problema jurídico constitucional, debe
considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de
dictar sentencia.” Sentencias T-112 de 2012, C-621 de 2015, SU-068de 2018,
entre otras.
[89]
Sobre este aspecto la Corte ha señalado que “no todo
aspecto de la sentencia se considerada vinculante, pues esta contiene una norma
que se construye con ayuda de la narración y de la argumentación. La regla
judicial se edifica con una cadena de motivaciones y razones que se usan para
resolver un caso, por lo que la norma debe ser extraída del texto. Una
sentencia se compone de tres elementos, como son: i) la decisión del
caso o decisum; ii) las razones que se encuentran vinculadas de forma
directa y necesaria con el fallo o ratio decidendi; y iii) los
argumentos accesorios utilizados para ayudar a construir la narrativa judicial,
conocidos como obiter dicta. De esos aspectos, sólo la ratio decidendi
constituye precedente.” (Negrilla fuera del texto original) Sentencia
SU-068 de 2018.
[90]
“La ratio decidendi de las sentencias de la Corte Constitucional, en la
medida en que se proyecta más allá del caso concreto, tiene fuerza y valor
de precedente para todos los jueces en sus decisiones, por lo que puede ser
considerada una fuente de derecho que integra la norma constitucional.” SU-068 de 2018. (Negrilla fuera del texto original)
[91]
“La Corte ha reconocido que un juez puede apartarse válidamente del precedente
horizontal o vertical si (i) en su providencia hace una referencia
expresa al precedente conforme al cual sus superiores funcionales o su propio
despacho han resuelto casos análogos, pues “sólo puede admitirse una revisión
de un precedente si se es consciente de su existencia” (requisito de
transparencia); y (ii) expone razones suficientes y válidas a la luz
del ordenamiento jurídico y los supuestos fácticos del caso nuevo que
justifiquen el cambio jurisprudencial, lo que significa que no se trata
simplemente de ofrecer argumentos en otro sentido, sino que resulta necesario
demostrar que el precedente anterior no resulta válido, correcto o suficiente
para resolver el caso nuevo (requisito de suficiencia).” (Negrilla
fuera del texto original) Sentencia C-621 de 2015.
[92]
Dicho pago se ordena a partir de esta fecha, con fundamento en lo expuesto en
la parte motiva de esta providencia.
[93]
El 18 de enero de 2010.
[94]
Colpensiones señala que el accionante no cumple con el requisito de 50 semanas
de cotización dentro de los últimos 3 años inmediatamente anteriores a la fecha
de estructuración de su estado de invalidez, según lo establece el artículo 1
de la Ley 860 de 2003.
[95]
Colpensiones indica que el accionante tampoco cumple con el requisito de 26
semanas de cotizaciones el año inmediatamente anterior al momento en que se produzca
el estado de invalidez, exigido en el artículo 38 de la Ley 100 de 1993.
[96]
El accionante cuenta con más de 300 semanas, en cualquier época, con
anterioridad al estado de invalidez, requisito contemplado en el artículo 6 del
Acuerdo 049 de 1990.
[97]
Sentencias T-072 de 2016, T-028 de 2017, T-225 de 2018, T-378 de 2018, T-043 de
2019 entre otras.
[98]
Sentencias T-063 de 2018, T-043 de 2019, entre otras.
[99]
Sentencias SU-442 de 2016 y SU-556 de 2019.
[100]
Norma vigente al momento de estructurarse su pérdida de capacidad laboral.
[101]
Norma inmediatamente anterior.
[102]
En criterio de la mayoría, dicho término se considera razonable por cuanto: (i)
los efectos de la vulneración son continuos y permanentes; y (ii) por la
condición de adulto mayor en situación de vulnerabilidad física y económica en
la que se encuentra el accionante.
[103]
Acto administrativo VPB 45720  del 27 de diciembre de 2016.
[104] En la sentencia
SU – 556 de 2019 se unificaron los siguientes 4 requisitos para  valorar la
procedencia de la acción de tutela, en aquellos supuestos en que se pretendiera
la aplicación ultractiva de una régimen pensional anterior a aquel en el que se
estructuraba la invalidez: Primera: “Debe acreditarse que el accionante, además
de ser una persona en situación de invalidez, pertenece a un grupo de especial
protección constitucional o se encuentra en una situación de riesgo derivada
de, entre otras, alguna de las siguientes condiciones: (i) analfabetismo, (ii)
vejez, (iii) pobreza extrema, (iv) cabeza de familia, (v) desplazamiento o (vi)
padecimiento de una enfermedad crónica, catastrófica, congénita o
degenerativa”; segunda: “Debe poder inferirse razonablemente que la carencia
del reconocimiento de la pensión de invalidez afecta directamente la
satisfacción de las necesidades básicas del accionante, esto es, su mínimo
vital y, en consecuencia, una vida en condiciones dignas”; tercera: “Deben
valorarse como razonables los argumentos que proponga el accionante para
justificar su imposibilidad de haber cotizado las semanas previstas por las
disposiciones vigente al momento de la estructuración de la invalidez”; Cuarta:
“Debe comprobarse una actuación diligente del accionante para solicitar el
reconocimiento de la pensión de invalidez”. En la sentencia de la cual discrepo
consideraron que estas cuatro condiciones se cumplían de la siguiente forma:
(i) es un adulto mayor de 66 años, calificado con  el 71.67% de pérdida de
capacidad laboral, en situación de pobreza, con padecimiento de un cuadro
crónico de artritis; (ii) ni el accionante ni la persona con la que vive
cuentan con una fuente de ingresos autónoma; (iii) es razonable inferir que fue
como consecuencia de sus patologías que el accionante no cotizó las semanas
previstas en las disposiciones vigentes; y (iv) el accionante acudió dos veces
ante Colpensiones para solicitar el reconocimiento de su pensión, y de manera
posterior a la vía administrativa.
[105]
Folios 20 al 23 del Cuaderno principal del expediente.