C-666-10
Sentencia C-666/10
Sentencia C-666/10
ACTIVIDADES TAURINAS, COLEO Y RIÑAS DE GALLOS-Exequibilidad de la excepción se aplica a las
manifestaciones culturales existentes y excluye nuevas expresiones de estas
actividades
CORRIDAS DE TOROS Y DEMAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON
LA TAUROMAQUIA-Concepto/RIÑAS DE
GALLOS-Concepto/COLEO-Concepto/CORRALEJAS-Concepto
AMBIENTE INCLUIDO EN LA CONSTITUCION COLOMBIANA Y EL
DEBER CONSTITUCIONAL DE PROTEGER SU DIVERSIDAD E INTEGRIDAD-Concepto
CONSTITUCION ECOLOGICA-Concepto/MEDIO AMBIENTE EN LA CONSTITUCION DE 1991-Contenido
DIGNIDAD HUMANA-Concepto tiene directa y principal relación con el ambiente en que se
desarrolla su existencia, y de éste hacen parte los animales
ESTATUTO DE PROTECCION ANIMAL-Deberes y obligaciones que implican limitación a la
libre disposición de las personas sobre los animales
DIGNIDAD-Fuente
de obligaciones jurídicas respecto de los animales
FUNCION SOCIAL Y ECOLOGICA DE LA PROPIEDAD-Fundamento a la prohibición de trato cruel para con
los animales
FUNCION SOCIAL DE LA PROPIEDAD-Se incorpora al contenido de ella para imponer al
titular del dominio obligaciones en beneficio de la sociedad
La función social de la propiedad se incorpora al
contenido de ella para imponer al titular del dominio obligaciones en beneficio
de la sociedad. En otros términos, el contenido social de las obligaciones
limita internamente el contenido individual de facultades o poderes del
propietario, según la concepción duguitiana de la propiedad función. En el caso
de las tierras baldías rurales dicha función social se traduce en la obligación
de explotarla económicamente y destinarla exclusivamente a actividades
agrícolas, en no explotar el terreno si está destinado a la reserva o
conservación de recursos naturales renovables, etc, en una palabra, la función
social consiste en que el derecho de propiedad debe ser ejercido en forma tal
que no perjudique sino que beneficie a la sociedad, dándole la destinación o
uso acorde con las necesidades colectivas y respetando  los derechos de los
demás.
FUNCION SOCIAL DE LA PROPIEDAD-Guarda
relación con el principio fundamental de solidaridad
La
función social, consustancial al derecho de propiedad, guarda también relación
con otro de los principios fundamentales del ordenamiento, cual es el de la
solidaridad, proclamado en el artículo 1º de la Carta y desarrollado en el
95 Ibídem -aplicable a conflictos tales como el que ahora debe
dilucidarse- cuando señala que son deberes de toda persona los de "obrar
conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones
humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las
personas", "respetar los derechos ajenos y no abusar de los
propios" y ‘velar por la conservación de un ambiente sano
PROPIEDAD PRIVADA-Preservación no es absoluta/DERECHO
A LA PROPIEDAD-Límites
El
artículo 58 de la Carta Política de Colombia dispone que el ordenamiento
jurídico nacional preservará la propiedad privada y los derechos adquiridos con
arreglo a las leyes civiles. Esta protección, común a todo régimen
constitucional que reconozca la primacía de los derechos individuales, no es
absoluta. La limitación del ejercicio del derecho de propiedad atiende al
reconocimiento de que, según el artículo 95 de la Carta Política, el ejercicio
de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución implica
responsabilidades, toda vez que las decisiones humanas no repercuten
exclusivamente en la órbita personal del individuo sino que afectan, de manera
directa o indirecta, el espectro jurídico de los demás
FUNCION ECOLOGICA DEL DERECHO DE PROPIEDAD-Alcance
DEBER CONSTITUCIONAL DE PROTECCION ANIMAL-Límites legítimos
En
cuanto deber constitucional, y por consiguiente mandato abstracto, la
protección que se debe a los animales resulta una norma de obligatoria
aplicación por parte de los operadores jurídicos y de los ciudadanos en
general. Sin embargo, al igual que ocurre con las otras normas que tienen una
estructura principal, este deber en sus aplicaciones concretas es susceptible
de entrar en contradicción con otras normas, también de origen o rango
constitucional, lo que obligará a realizar ejercicios de armonización en
concreto con los otros valores, principios, deberes y derechos constitucionales
que en un determinado caso pueden encontrarse en pugna con el deber de
protección animal. Es esta la razón para que en el ordenamiento jurídico sea
posible identificar normas infra-constitucionales que constituyen hipótesis de
limitación al deber de protección animal.
LIMITES AL DEBER DE PROTECCION ANIMAL-Fuentes de justificación para exceptuar el deber
constitucional de protección
Recuerda
la Corte que pueden existir diversas fuentes de justificación para exceptuar el
deber constitucional en cuestión, que si bien no todas ellas han sido
analizadas en casos concretos o problemas jurídicos de control abstracto
presentados ante la Corte Constitucional, sí han sido planteadas en el ámbito
competencial de tribunales extranjeros. (i) La libertad religiosa es uno de los
derechos que mayor relevancia tiene para un Estado democrático, en cuanto no
solamente implica abstención de intervención en la órbita privada de las
personas por parte del Estado, sino que impone a la actuación estatal una serie
de lineamientos con miras a su respeto. Los parámetros de actuación estatal
dentro de una democracia pueden ser variados, teniendo en cuenta siempre la
secularidad de la actuación pública. En este sentido la jurisprudencia
constitucional colombiana ha acompañado la línea de otros tribunales, como la
Corte Europea de los Derechos Humanos, que han deducido de la libertad
religiosa que sustenta la laicidad del Estado no simplemente garantías para los
particulares, sino los correlativos límites y obligaciones para el Estado,
estableciendo principios como la neutralidad estatal ante las confesiones
religiosas, la obligación de generar un contexto de garantía a la libertad
religiosa y el mantenimiento de la igualdad y consiguiente prohibición de
discriminación por motivos religiosos. Aunque en nuestro ordenamiento no se ha
presentado ningún caso análogo ante la Corte Constitucional, es relevante
mencionar la reglamentación que en un sentido idéntico al de la sentencia del
Tribunal Constitucional de Alemania realizó el decreto 1500 de 2007, que, al
referirse a las condiciones de sacrificio de animales para consumo humano, tomó
en cuenta la posible afectación de la libertad de cultos y en ese sentido
estipuló en el numeral 3º del artículo 30. “(…) Con el fin de preservar la
libertad de culto, la única excepción permitida para el sacrificio sin
insensibilización, será en el caso de que los rituales religiosos así lo
requieran. Esta práctica deberá ser supervisada y aprobada por el Instituto
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA”. Es así como el
deber de protección  animal se ha visto limitado en los casos en que se
contrapone a la libertad de cultos. (ii) Los hábitos alimenticios de los seres
humanos. El principio de bienestar animal cede ante las costumbres alimenticias
de la especie humana, al admitirse el sacrificio de animales para el consumo
humano. Sin embargo, el sacrificio animal en estos casos debe ajustarse a parámetros
establecidos con el objetivo de eliminar cualquier práctica que implique
sufrimiento evitable para el animal y, así mismo, la crueldad en los
procedimientos de sacrificio, demostrando que, incluso en estos casos, el deber
constitucional resulta plenamente aplicable a la relación que los humanos
mantengan con los animales. (iii) Investigación y experimentación médica.  La
ley 84 de 1989 consagra un capítulo especial para regular aquellas condiciones
que son necesarias para la realización de experimentos con animales. En este
sentido se incluyen normas que prohíben la realización de los mismos cuando
como fruto de su práctica se cause maltrato, cuando éstos no sean puestos bajo
anestesia –artículo 24-, cuando se realice experimentación con animales vivos
como medio de ilustración en conferencias de facultades con carreras
relacionadas con el estudio animal –artículo 25-; así como normas que exigen la
existencia de un comité de ética siempre que se realice un experimento con
animales –artículo 26-.
CULTURA COMO BIEN CONSTITUCIONAL PROTEGIDO-Interpretación en el sistema jurídico colombiano
A partir de la Constitución de 1991, la cultura no es
asunto secundario, ni puede constituir un privilegio del que disfruten
solamente algunos colombianos, sino que ella ha de extenderse a todos, bajo el
entendido de que por constituir uno de los fundamentos de la nacionalidad su
promoción, desarrollo y difusión es asunto que ha de gozar de la especial
atención del Estado”. De allí el énfasis de la Carta por obligar a las
autoridades públicas a asumir un papel protagónico en la creación de medios de
expresión artística que permitan a los colombianos identificarse como nación a
partir del reconocimiento de sus características culturales. Por lo tanto, “no
puede existir ninguna duda, sobre el claro mandato constitucional de que el
Estado defina y lleve a cabo una política cultural que eleve el nivel artístico
e intelectual de todos los colombianos, política ésta en la cual serán pilares
esenciales el fomento de actividades encaminadas a la obtención de tales
fines”. Los compromisos del Estado colombiano no sólo se derivan de la
Constitución, sino, además, de los contraídos en el plano internacional, dentro
de los cuales se cuentan los derivados del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de 1.966, en cuyo artículo 15 se reconoce el
derecho de todas las personas a participar en la vida cultural y a beneficiarse
de los progresos de la ciencia y sus aplicaciones, y el deber correlativo de
los Estados de tomar las medidas necesarias para la conservación, el desarrollo
y la difusión de la ciencia y la cultura. Este precepto reitera lo dispuesto en
los artículos 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1.948,
y XIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre,
igualmente vinculantes para Colombia. Hasta aquí se ha expuesto la forma de
proteger y promocionar el bien constitucional de la cultura. Sin embargo, la
cultura resulta ser un término abstracto cuya protección y promoción se hace a
través de la protección y promoción de distintas manifestaciones, prácticas y
usos que la sociedad identifica como manifestaciones culturales. Resulta
importante resaltar que la noción de "cultura nacional" se expresa a
través de “aquellas tradiciones y cánones corrientemente aceptados como
‘colombianos’, esto es, los que involucran las prácticas y los valores que
prevalecen en el territorio nacional”, sin que lo anterior signifique que ésta
prime o incluso anule las “manifestaciones culturales” minoritarias existentes
en el territorio colombiano, pues de los artículos como el 7º y el 70 de la
Constitución se deduce que todas las manifestaciones culturales se encuentran
en pie de igualdad ante el ordenamiento jurídico colombiano. Y es precisamente
la existencia de diferentes culturas –y, por consiguiente, las diferentes
manifestaciones de ésta-, así como de diferentes derechos fundamentales, bienes
constitucionales, principios fundamentales, entre otros, que las expresiones
culturales, al igual que otros elementos de protección constitucional, no
tienen un valor absoluto en el ordenamiento colombiano y su interpretación, con
miras a concretar la garantía de su protección y desarrollo, debe hacerse en
armonía con todos los elementos que integran el panorama constitucional
previsto por la Constitución de 1991.
MANIFESTACIONES CULTURALES-Propósitos
DEBER DE PROTECCION ANIMAL-Excepciones
MANIFESTACIONES CULTURALES-Concepto
DEBER DE PROTECCION ANIMAL Y PRINCIPIO DE DIVERSIDAD
ETNICA Y CULTURAL-Armonización
PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD EN LIBERTAD DE
CONFIGURACION LEGISLATIVA-Aplicación
en la determinación de actividades que pueden considerarse como expresiones
artísticas o culturales del Estado
No todas las actividades del quehacer humano que
expresan una visión personal del mundo, que interpretan la realidad o la
modifican a través de la imaginación, independientemente de que en su ejecución
se acudan al auxilio de recursos plásticos, lingüísticos, corporales o sonoros,
pueden considerarse por parte del legislador como expresiones artísticas y
culturales del Estado. En efecto, es preciso recordar que conforme al preámbulo
y a los artículos 1, 2, 4 y 13 de la Constitución Política, esta Corporación ha
reconocido que el criterio jurídico de razonabilidad -en tanto límite a la
potestad de configuración normativas- implica la exclusión de toda decisión que
éste adopte y que resulte manifiestamente absurda, injustificada o insensata,
vale decir, que se aparte por completo de los designios de la recta razón, lo
que ocurriría, por ejemplo, al pretenderse categorizar como expresiones
artísticas y culturales del Estado, comportamientos humanos que única y exclusivamente
manifiesten actos de violencia o de perversión (v.gr. la pornografía, el
voyerismo y el sadismo), que además de considerarse lesivos de los valores
fundamentales de la sociedad, desconocen principios y derechos fundamentales
como los de la dignidad humana y la prohibición de tratos crueles.
MANIFESTACIONES CULTURALES QUE PERMITEN
EXCEPCIONALMENTE MALTRATO ANIMAL-Deben
ser reguladas de manera tal que garantice en la mayor medida posible el deber
de protección animal
MANIFESTACIONES CULTURALES QUE PERMITEN
EXCEPCIONALMENTE MALTRATO ANIMAL-No
pueden ser incluidas otras expresiones que no hayan sido contempladas en la
norma acusada
MANIFESTACIONES CULTURALES QUE PERMITEN
EXCEPCIONALMENTE MALTRATO ANIMAL-Condiciones
Referencia: expediente D-7963
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 7º
de la ley 84 de 1989.
Actor: Carlos Andrés Echeverry Restrepo.
Magistrado Ponente:
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Bogotá,
D.C., treinta (30) de agosto de dos mil diez (2010)
La
Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones
constitucionales y de los requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067
de 1991, profiere la siguiente
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción
pública consagrada en el artículo 241 de la Constitución Política, el ciudadano
Carlos Andrés Echeverry Restrepo demandó la inexequibilidad del artículo 7º de
la ley 84 de 1989.
El Magistrado Sustanciador,
mediante Auto de catorce (14) de diciembre de 2009, admitió la demanda, dispuso
su fijación en lista y simultáneamente corrió traslado al señor Procurador
General de la Nación para que rindiera el concepto de su competencia. En la
misma providencia ordenó oficiar al Presidente del Congreso, al Presidente de la
República y al Ministerio del Medio Ambiente, así como invitar a la Comisión
Colombiana de Juristas, a De Justicia, a las Facultades de Derecho de las
Universidades Andes, Externado, Javeriana, Libre, Nacional, Jorge Tadeo Lozano,
Autónoma, de Antioquia, Santo Tomás, Rosario, a la Sociedad Protectora de
Animales de Colombia y a la Asociación Defensora de Animales y del Ambiente
–ADA- para que, si lo consideran oportuno, intervengan mediante escrito que
deberán presentar dentro de los diez (10) días siguientes al del recibo de la
comunicación respectiva, indicando las razones que, en su criterio, justifican
la constitucionalidad o a inconstitucionalidad de la norma demandada.
Cumplidos los
trámites previstos en el artículo 242 de la Constitución Política y en el
Decreto 2067 de 1991, procede la Corte a resolver sobre la demanda de la
referencia.
II.-
DISPOSICIÓN DEMANDADA
A continuación se
transcribe la norma demandada y se subraya el aparte acusado, conforme a su
publicación en el Diario Oficial:
LEY
84 DE 1989
Por
la cual se adopta el Estatuto Nacional de Protección de los Animales y se crean
unas contravenciones y se regula lo referente a su procedimiento y competencia.
EL
CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:
Artículo 7: Quedan
exceptuados de lo expuesto en el inciso 1, en los literales a), d), e), f) y g)
del artículo anterior, el rejoneo, coleo, las corridas de toros, las
novilladas, corralejas, becerradas y tientas así, como las riñas de gallos y
los procedimientos utilizados en estos espectáculos.
III. LA DEMANDA
1.
La demanda.
A juicio del
actor la disposición demandada vulnera el principio de diversidad étnica y
cultural, la prohibición de torturas y penas crueles, inhumanas o degradantes,
la función social de la propiedad, la obligación de protección a la diversidad
y al medio ambiente y el principio de distribución de competencias entre la
Nación y las entidades territoriales. Menciona como disposiciones
constitucionales infringidas los artículos 1, 4, 8, 12, 58, 79, 95 numeral 8º y
313.
La argumentación
del actor parte del presupuesto que el legislador, por medio de la ley 84 de
1989, reconoció a los animales el derecho a no ser tratados cruelmente –folio
4- o a no ser torturados –folio 5-. Este derecho es excepcionado por el
artículo 7º de la ley respecto de ciertas actividades en que se incluyen
animales como las corridas de toros, las corralejas, las tientas, las
becerradas, las novilladas, el coleo y las riñas de gallos.
Dicha excepción,
a decir del autor, contraría distintas normas constitucionales.
La primera de
ellas, que se constituye en el primer cargo de la demanda, es el artículo 7º de
la Constitución, que consagra el principio de diversidad étnica y cultural.
Este principio se vería afectado por cuanto las manifestaciones culturales
incluidas en la excepción desconocen las manifestaciones culturales de los que
consideran a los animales sujetos dignos de protección por parte del
ordenamiento jurídico, en cuanto pertenecientes a la comunidad moral –folio 7-.
La segunda norma
que se enlista como contrariada es el numeral 9º del artículo 313 de la
Constitución Nacional, que asigna a los Concejos Municipales la función de “[d]ictar
las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio
ecológico y cultural del municipio”; la vulneración consistiría en la
regulación por parte de una ley del Congreso de la República de un aspecto que
corresponde a las entidades locales en cuanto manifestación cultural parte de
su patrimonio cultural –folio 8-.
La tercera norma
vulnerada sería el artículo 58 de la Constitución. Las razones de su violación
consistirían, en primer término, el desconocimiento de la función ecológica de
la propiedad por espectáculos como las corridas de toros, novilladas o peleas
de gallos, pues atentan contra la función de preservación de su propia especie
–folio 10-; en segundo término se desconocería la función social de la
propiedad, pues “manifestaciones culturales” como las mencionadas “perpetúan
un sistema de creencias y de valores soportado en el maltrato a quien esté en
una posición jerárquica inferior o a quien se encuentre en un estado de
indefensión”, siendo esto contrario a la función social de los animales,
que está representada en su función ejemplarizante o educativa, es decir, “en
la difusión de valores que demanda con insistencia nuestra sociedad: el respeto
a la vida, la dignidad en el trato, la compasión por el desventurado, etc.”
–folio 11-.
Un cuarto grupo
de normas vulneradas lo integran el artículo 79 de la Constitución, que señala
como un deber del Estado “el proteger la diversidad e integridad del
ambiente”; el artículo 8º de la Constitución que consagra el deber de
proteger las riquezas naturales de la Nación; y el artículo 95 de la
Constitución que en su numeral 8º  que consagra la obligación de velar por los
recursos culturales y naturales del país y velar por un ambiente sano. La
contradicción con las normas constitucionales mencionadas consistiría en que la
protección a los recursos naturales, dentro de los que se encuentra la fauna, “no
es compatible con la realización de espectáculos que impliquen sufrimiento
innecesario hacia los animales. No se puede predicar protección mientras se
consiente la mortificación o el asesinato ocioso de un ser vivo” –folio
12-.
La quinta
contradicción la encuentra el demandante con el artículo 12 de la Constitución
Política, cuyo tenor establece que “nadie será sometido a (…) torturas ni a
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes” –folio 13-. De acuerdo con
el accionante, la expresión nadie es lo suficientemente indeterminada para que
en ella se encuentren incluidos los seres vivos, no estando limitada esta
prohibición a las personas humanas, como sí lo previó expresamente la
Constitución en los artículos subsiguientes -13, 14, 15 y 16- en que reconoce
derechos únicamente a “todas las personas” o a “toda persona”.
IV. intervenciones
1.- Intervención de la
Asociación Defensora de Animales y del Ambiente ADA
La Presidenta de la
ADA, Dra. Nury Ayala, manifestó su acuerdo con los argumentos y solicitudes de
la demanda, excepto con la de dejar a cargo de las entidades locales la
regulación de las actividades excepcionadas en el artículo 7º de la ley 84 de
1989. Para la ciudadana esta situación simplemente ayudaría a replicar, ahora
con regulaciones a nivel local, estas bárbaras costumbres.
En palabras de la
accionante “[c]onsideramos que permitir que continúe tal comportamiento con
seres vivos y sintientes, precisamente en las regiones donde parte de su
población la admiten –sic-, propugnan su continuidad y no permiten un cambio en
las costumbres de quienes gozan con un espectáculo que estimula la violencia y
la crueldad refinada frente a seres que no se pueden defender” –folio 49-.
2.
Intervención del ciudadano Álvaro José Cadavid Jiménez
En escrito
presentado ante la Secretaría de esta Corporación, el señor Cadavid Jiménez
intervino para apoyar la solicitud de la acción. En su intervención se formulan
cargos a manera de una acción de inconstitucionalidad independiente, de manera
que los mismos se mencionarán en cuanto relacionados con la acción que ahora se
decide.
En la primera
parte de su intervención el ciudadano se dedica a explicar que respecto del
mismo artículo se había presentado una acción pública de inconstitucionalidad,
que la decisión de la Corte en dicha ocasión fue inhibitoria y que, por esta
razón, respecto del artículo 7º no existe cosa juzgada.
En la segunda
parte sostiene que la norma demandada permite actividades que van en contra del
Estado Social de Derecho. En palabras del señor Cadavid “[c]uando en un
Estado social de Derecho se protegen los recursos naturales entre los que se
encuentra la flora y la fauna, estamos garantizando de esta manera la
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo, teniendo en cuenta que el
hombre hace parte del medio ambiente y es deber primordial garantizar su
protección. Con esta norma jurídica el Estado esta –sic- desconociendo
sus fines, y el bienestar en general de la comunidad” –folio 61-.
Igualmente se
desconoce un componente fundamental del principio de la solidaridad, cual es el
“límite de los derechos propios”.
De la misma
forma, permitir este tipo de actividades atenta contra la función ecológica de
la propiedad por cuanto constituye un uso arbitrario, fruto de un entendimiento
de disposición absoluta sobre el objeto apropiado, que no corresponde a la
filosofía del ordenamiento constitucional de un Estado Social como el
colombiano.
Igualmente, señala
que la norma permite la afectación del ambiente, bien protegido por la
Constitución y por disposiciones incluidas en tratados internacionales
vinculantes para nuestro Estado –folios 76, 77 y 78-, por cuanto mientras que
la protección implica un deber de cuidado y conservación, “la norma acusada
persigue todo lo contrario, esto es, atentar contra el medio ambiente de manera
injustificada sometiendo a ciertos animales que son la fauna de la naturaleza,
a toda clase de tratos crueles, con el único fin de entretenimiento y diversión
para satisfacer un interés particular, desconociendo el interés general que
debe existir en un Estado Social de Derecho, donde debe primar la solidaridad
no solamente entre personas, sino entre estos –sic- y el medio ambiente”
–folio 78.
3.
Intervención de la ciudadana Mónica Cecilia Jaramillo Palacio
Inicia
manifestando que la tauromaquia no hace parte de la cultura colombiana, siendo,
por el contrario, manifestación del “yugo español” sobre nuestro pueblo.
Por ello, la
excepción prevista en la norma demandada constituye una vulneración del
artículo 22 de la Constitución; en este sentido manifiesta la interviniente “la
Paz, no es un término excluyente, que solo –sic- le incumbe al ser
humano y que por lo tanto, sus actos para preservarla solo deben ir
determinados a los de nuestra misma especie, pues pronunciamientos
internacionales como lo es la Conferencia de Estocolmo realizada en 1972, de la
cual Colombia hizo parte, establece en su principio 25, que la ‘La paz, el
desarrollo y la protección del medio ambiente son interdependientes e
inseparables´, y al determinarlos así, se entiende entonces, que para proteger
ese derecho y para velar por su cumplimiento, las acciones de los habitantes de
este país, deben involucrar la no realización de actos que atenten contra la
protección del medio ambiente” –folio 83-.
Igualmente la
disposición acusada contradice la protección que se debe a la fauna, como parte
de un ambiente sano –folio 85- en cuanto éste tiene íntima relación con el
patrimonio natural de la Nación; así mismo, se estaría desconociendo el
artículo 79 de la Constitución que garantiza el acceso a un ambiente sano.
Por último,
señala la interviniente que se afecta la dignidad humana pues “en su
concepción real la dignidad humana no se configura cuando el hombre o animal
humano disfruta, goza con el maltrato que él mismo u otros le ocasionan a un
animal no humano y cuando ese maltrato presupone para su disfrute la crueldad,
puesto que según la Real Academia de la Lengua Española, la palabra crueldad
significa Ínhumanidad, fiereza de ánimo, impiedad´, es decir, los actos de
crueldad, encierran en sí mismo la negación de lo humanamente aceptable, lo que
acarrea indiscutiblemente en una ausencia total de dignidad” –folio 88-.
4.
Intervención del Ciudadano Luís José Gutiérrez Sona
Manifiesta en su
intervención que parte de los derechos de tercera generación lo constituye el
derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, lo que debe
armonizarse con la función ecológica de la humanidad. Por esta razón propone la
constitucionalidad condicionada de la norma en el sentido que dichas
actividades no podrían implicar el maltrato, la crueldad y sacrificio de los
animales por diversión, de manera que se podrían realizar corridas de toros,
sin que ello implicara el sacrificio ni maltrato de los mismos.
5.
Intervención de los ciudadanos Julián Steven García Lopera, Esteban Muñoz
Galeano y Andrés Elías Salas Zapata
Parten del
presupuesto de que el concepto de violencia debe superar una visión
antropocéntrica y que, por consiguiente, las corridas de toros son una muestra
violenta y perturbadora de algunas acciones humanas, “que no deben ser
secundadas ni mucho menos protegidas por el Estado” –folio 96-.
Sostienen que las
corridas de toros van en contra de la dignidad humana pues evidencia un ser
egoísta, ajeno al sufrimiento y a la sensibilidad. Abogan porque no se olvide
que “la Carta no sólo protege los derechos fundamentales de los seres
humanos, ésta ha sido consagrada como una Constitución ‘ecológica’, por lo que
es de su esencia propugnar por la defensa del medio ambiente, incluida en ella
la fauna” –folio 96-.
Sostienen que la
Constitución protege la vida, no distinguiendo entre animales humanos o no, de
manera que no habría en nuestro ordenamiento constitucional “norma alguna
que tenga la capacidad de sustentar el maltrato entre seres vivos” –folio
97-.
Finalmente,
mencionan los intervinientes que las corridas de toros van en contra del
artículo 22 de la Constitución, en cuanto que auspician comportamientos
violentos –folio 99-.
6.
Intervención de la Universidad Nacional
En concepto de la
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional el análisis jurídico debe
abarcar distintos aspectos, siendo el primero de ellos la posible existencia de
cosa juzgada, ante lo cual concluyen su inexistencia, por cuanto los análisis
previos –sentencias C-1192 de 2005, C-115 de 2006 y C-367 de 2006- analizaron
el estatuto taurino –no el de otras actividades excepcionadas de la protección-
y su estudio se centró en su condición de arte, más no en la de actividad que
implica maltrato cruel y dañino a animales –folio 116-.
Manifiestan que
los derechos culturales no pueden implicar desconocimiento del derecho a un
ambiente sano, siendo necesario estudiar este derecho desde lo complejo. En palabras
del interviniente “el ambiente sano no se compone solamente por el aspecto
bio-físico de las lesiones y perjuicios que sufren los animales del
espectáculo, sino que el ambiente incluye factores culturales, sociales,
económicos y jurídicos, lo cual configura un análisis desde lo complejo,
que para el caso jurídico implica, entre otras cosas, el entendimiento de los
derechos colectivos como marco de referencia de aplicación del artículo 79
constitucional” –folio 118-.
Señala que el
maltrato sistemático a los animales genera una “vulneración sistemática de
los Derechos Humanos Ambientales, lo cual no está condicionado al
reconocimiento de la titularidad de derechos a los animales, sino que está
relacionado “con la generación de impactos ambientales y culturales
vinculados con la difusión de valores de crueldad, odio y daños injustificados
en contra del ambiente” –folio 119-
Por lo anterior la
Universidad Nacional recomienda la declaratoria de inexequibilidad del artículo
7º de la ley 84 de 1989.
7.
Comunicación del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
El Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial considera que la Corte debe
inhibirse de proferir fallo alguno en el presente caso.
De acuerdo con el
Ministerio el demandante se limita a exponer teorías sin el sustento lógico o
jurídico necesario, sin que se exponga la tensión que existe entre alguna norma
y la Constitución. Por el contrario, la exposición demuestra la contradicción
entre una práctica observada por el demandante y un mandato constitucional.
Afirma el escrito
del Ministerio que la simple denuncia de una contradicción entre la
Constitución y el ordenamiento infra constitucional no es suficiente
para construir un cargo en un juicio de constitucionalidad; en este sentido
concluye que “si no se cumplen todas las exigencias legales, dentro de las
cuales está explicar las razones por las cuales la norma acusada desconoce una
o varias disposiciones de la Carta, el juez constitucional no puede llenar este
vacío creando razones de su propia cosecha, (…)” –folio 109-.
Por estas razones
quiere el Ministerio que se declare inhibida la Corte Constitucional para
fallar de fondo en el presente caso.
8.
Comunicación del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
En escrito
presentado fuera del tiempo dado para allegar los oficios, el Ministerio
solicita que se declare exequible el precepto acusado.
Menciona que la
Corte se ha pronunciado sobre las actividades taurinas, determinando que son de
libre configuración legislativa en virtud de los artículos 70, 71 y 150 de la
Constitución. En este sentido en la sentencia C-1192 de 2005 concluyó que el
legislador debe establecer cuales de dichas actividades son consideradas como
expresión artística y merecen un reconocimiento especial por parte del Estado;
en esta misma oportunidad se concluyó que la tauromaquia no vulnera el artículo
12 de la Constitución, pues éste protegería únicamente a la persona humana
–folio 127 y 128-, por lo que respecto de este aspecto, se infiere que, habría
cosa juzgada.
Tampoco iría en
contra de la distribución de competencias entre la nación y las entidades
territoriales por cuanto la Corte ha previsto dentro de las facultades del
legislador la de crear el Reglamento Taurino, para preservar el carácter
artístico de la fiesta brava –folio 129-.
En otro aparte la
intervención del Ministerio solicita la inhibición de la Corte por ausencia de
certeza, claridad y suficiencia en los cargos presentados. Basa su conclusión
en que dentro de la demanda se presentan únicamente afirmaciones subjetivas,
sin que exista una proposición jurídica de la cual pueda derivarse una
conclusión en el sentido que plantea el actor.
Finaliza diciendo
que las riñas de gallos también tienen una regulación en el aspecto relativo a
las apuestas que en ellas se realicen, reglamento que actualmente es el Acuerdo
009 de 2005 expedido por el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar. En
este cuerpo normativo, al igual que respecto de la actividad taurina, las riñas
de gallos son consideradas expresión cultural y parte intangible de nuestro patrimonio
cultural –folio 134-.
Así concluye el
Ministerio que “‘los espectáculos de tauromaquia y de riñas de gallos’ son,
ante todo, expresiones culturales y artísticas de Colombia, porque desde
tiempos inmemoriales han contribuido a la convivencia pacífica de las
sociedades y han sido vehículos de sociabilización y recreación” –folio
134-.
V. CONCEPTO
DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
El problema
jurídico que encuentra el Ministerio Público es ¿No considerar como actos presuntos
de crueldad contra los animales los espectáculos relacionados con la
tauromaquia o las riñas de gallos vulnera la diversidad cultural, debido a que
estas actividades van en contra del reconocimiento y práctica de otras culturas
que rechazan el trato cruel contra ellos? Y, consecuentemente, ¿con las
excepciones cuestionadas el legislador vulneró la autonomía regional, porque
invadió la competencia de los consejos municipales para regular la protección
del patrimonio cultural del municipio?
Para el
Ministerio Público el libelista se encarga de hacer afirmaciones imprecisas que
señalan una posible contradicción con la Constitución que nuca son respaldadas
con argumentos ni elementos probatorios. De esta forma es que el actor acusa el
artículo 7º de la ley 84 de 1989, que, al no calificar a la tauromaquia o las
riñas de gallos como espectáculo cruel, vulnera el reconocimiento y práctica de
otras culturas. Contra esta manifestación el Ministerio Público alega que “[s]e
trata de una afirmación que no demuestra cuáles son esas otras CULTURAS que
rechazan el trato cruel relacionado con la tauromaquia o las riñas de gallos,
las razones concretas que tienen esos grupos humanos al respecto, y hasta qué
punto esas prácticas amenazan la existencia y preservación de esas culturas. Se
hecha de menos, en la afirmación del actor, la falta absoluta de una
comprensión mínima o básica de qué significa la cultura en el entorno
constitucional colombiano”.
A parte de la
falta de sustentación de dicha afirmación, para el Procurador General los
planteamientos resultan inaceptables por cuanto asume un concepto excluyente de
cultura, el cual es completamente contrario al previsto por la Constitución
–folio 147-.
Adicionalmente,
el concepto cita un aparte de la sentencia C-1192 de 2005 donde la Corte
reconoció el carácter artístico y cultural que tiene la tauromaquia.
Igualmente, debe la
Corte declararse inhibida en relación con la supuesta vulneración de la
autonomía regional porque el legislador habría invadido la órbita de los
concejos municipales. En este caso el cargo carecería de claridad y suficiencia
por cuanto el demandante “no establece una relación básica o mínima entre
tauromaquia o riñas de gallos y el patrimonio cultural municipal y, mucho
menos, cómo las actividades cuestionadas afectan constitucionalmente el
patrimonio que se busca proteger mediante la presente demanda” –folio 148-.
Un argumento que
resalta el escrito es el relacionado con la economía de mercado y su papel
respecto de este tipo de actividades; en este sentido consagró “vale decir
que la mejor regulación de actividades relacionadas con la tauromaquia o las
riñas de gallos la da el comportamiento económico, porque si el medio social no
las acepta desde el punto de vista del consumo, las mismas tienden a
desaparecer del mercado” –folio 149-.
Por esta razón
solicita el Ministerio Público la declaratoria de inhibición por parte de la
Corte Constitucional o la declaratoria de exequibilidad del precepto acusado.
VI.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.-
Competencia de la Corte
De conformidad
con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4º, de la Constitución Política, la
Corte Constitucional es competente para conocer el asunto de la referencia,
pues se trata de una demanda interpuesta contra una norma que hace parte de una
ley de la República.
En
la presente ocasión resuelve la Corte la demanda interpuesta por el señor
Andrés Echeverri contra el artículo 7º de la ley 84 de 1989 -Estatuto Nacional
de Protección de los Animales-, disposición que consagra una excepción a las
conductas que se consideran prohibidas por dicho estatuto y, por consiguiente,
que exime de las sanciones administrativas a quienes participen u organicen rejoneos,
corridas de toros, coleo, becerradas, novilladas, corralejas, tientas y riñas
de gallos.
De
acuerdo con el parecer del actor, dicha excepción iría en contra distintas
normas constitucionales:
i.
En primer lugar del artículo el
artículo 7º de la Constitución, que se vería afectado por cuanto las
manifestaciones culturales incluidas en la excepción desconocen las
manifestaciones culturales que los consideran a los animales sujetos dignos de
protección por parte del ordenamiento jurídico, en cuanto pertenecientes a la
comunidad moral.
ii.
En segundo lugar, se vería
afectado el artículo 58 de la Constitución. Las razones de su violación serían,
en primer término, el desconocimiento de la función ecológica de la propiedad
por espectáculos como las corridas de toros, novilladas o peleas de gallos,
pues atentan contra la función de preservación de su propia especie; en segundo
término, se desconocería la función social de la propiedad, pues
“manifestaciones culturales” como las mencionadas “perpetúan un sistema de
creencias y de valores soportado en el maltrato a quien esté en una posición
jerárquica inferior o a quien se encuentre en un estado de indefensión”,
siendo esto contrario a la función social de los animales, que está
representada en su función ejemplarizante o educativa, es decir, “en la
difusión de valores que demanda con insistencia nuestra sociedad: el respeto a
la vida, la dignidad en el trato, la compasión por el desventurado, etc.”.
iii.
En tercer lugar, contraría el
numeral 9º del artículo 313 de la Constitución Nacional, pues en este caso se
está ante la regulación por parte de una ley del Congreso de la República de un
aspecto que corresponde a las entidades locales, en cuanto manifestación
cultural parte de su patrimonio cultural.
iv.
La cuarta contradicción la
encuentra el demandante con el artículo 12 de la Constitución Política, cuyo
tenor establece que “nadie será sometido a (…) torturas ni a tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes”. De acuerdo con el accionante, la
expresión “nadie” es lo suficientemente indeterminada para que en ella se
encuentren incluidos los seres vivos, no estando limitada esta prohibición a
las personas humanas, como sí lo previó expresamente la Constitución en los
artículos subsiguientes -13, 14, 15 y 16- en que reconoce derechos únicamente a
“todas las personas” o a “toda persona”.
v.
La quinta contradicción la
encuentra el demandante con los artículos 8, 79, y con el numeral 8º del
artículo 95 de la Constitución, pues con la misma se permite una afectación
ilegítima al ambiente, del cual hace parte el recurso fáunico –que incluye todo
tipo de animales-, y se incumple con el deber que la Constitución impone a los
ciudadanos y al Estado de brindar protección a los recursos naturales.
Las
acusaciones planteadas ante la Corte hacen necesario establecer si con la
excepción consagrada en el artículo 7º de la ley 84 de 1989, que permite la
realización de corridas de toros, actos de rejoneo, corralejas, becerradas,
novilladas, tientas y riñas de gallos se contraría:
1.
El principio de diversidad étnica
y cultural –artículo 7º-;
2.
La función ecológica y la función
social de la propiedad –artículo 58-;
3.
La distribución de competencias
prevista por el artículo 313 de la Constitución;
4.
La prohibición de torturas y penas
crueles e inhumanas –artículo 12-; y
5.
El deber constitucional de
protección a los recursos naturales –artículos 8 y 95-8- y a la diversidad e integridad
del ambiente –artículo 79-;
En este sentido la
Corte se referirá a todas y cada una de las acusaciones presentadas por el
actor, para lo cual desarrollará un análisis cuyo objeto principal sea
determinar:
i.
Si la excepción del artículo 7º de
la ley 84 de 1989 encuentra fundamento en que las actividades en ella incluidas
son consideradas hechos o manifestaciones culturales y sociales; y de ser así,
ii.
Si, partiendo de que en Colombia
está prohibido el maltrato animal y los actos de crueldad contra animales
porque desconocen el deber constitucional de protección a los mismos, las
actividades incluidas en el artículo 7º de la ley 84 de 1989 resultan acordes a
la Constitución, en cuanto son manifestaciones culturales y expresiones del
pluralismo que se deriva de una interpretación incluyente de la Constitución.
Para realizar el
análisis antes mencionado la Corte hará referencia:
(i)
En un primer capítulo a la
protección que para los animales se deriva de la Constitución;
(ii)
En un segundo capítulo a las
diversas posibilidades de limitación que para este deber se presentan en el ordenamiento
jurídico; y
(iii)
Finalmente, se dará solución
al caso concreto.
Sin embargo, y
como asunto previo, la Sala determinará cuál es el sentido que tiene la
disposición demandada.
2.
Sentido de la disposición acusada
La
norma acusada se encuentra incluida en el Estatuto Nacional de Protección
Animal, cuerpo normativo que tiene como meta impedir el maltrato animal por
parte del ser humano y procurar el bienestar de los animales que puedan verse
afectados por actividades humanas. Con este objetivo, el Estatuto contiene un
primer capítulo donde traza los principales fines de esta regulación, que sin
duda apuntan a lograr el bienestar animal; un segundo capítulo es
dedicado a los Deberes para con los animales; el tercero señala las actividades
que se entienden como crueldad con los animales y cuya realización, en
consecuencia, se encuentra prohibida; el cuarto contiene el régimen de las
sanciones que pueden imponerse a los que infrinjan las prohibiciones contenidas
en el Estatuto; el quinto es dedicado a las condiciones en que los animales
deben ser sacrificados para evitarles sufrimientos innecesarios; el sexto trata
de la experimentación con animales vivos; en el séptimo se detallan las
condiciones en que deben ser transportados en los casos en que sea necesaria su
movilización; el octavo consagra la prohibición general de caza y pesca en el
territorio nacional, aunque contiene una serie de excepciones a dicho
limitante; y, finalmente, se incluye un capítulo de disposiciones generales.
Debe
aclarar la Corte que, no obstante tratarse de una regulación previa a la
entrada en vigor de la Constitución de 1991 y por consiguiente no haber sido
creada con base en ningún precepto de la actual Constitución, sus preceptos, no
sólo deben estar acorde con las normas superiores que sirven como parámetro de
control, sino que nada impide que se puedan entender concreción de valores,
principios o reglas incluidos en el texto constitucional vigente. Por esta
razón, la argumentación que desarrolle la Corte tendrá como fundamento y
utilizará como parámetro la Constitución de 1991.
La
disposición demandada en esta ocasión es el artículo 7º de la ley 84 de 1989,
precepto que exceptúa determinadas actividades del régimen general previsto en
el artículo 6º del mismo cuerpo normativo, disposición esta última con la que
se crea un régimen general para evitar el maltrato animal, de manera que,
aunque la comprensión adecuada del precepto demandado requiere el conocimiento
del artículo precedente, el artículo 7º de la ley 84 de 1989 constituye una
proposición jurídica completa.
Como
parte del régimen de protección general contra el maltrato animal, previsto en
el artículo 6º, esta disposición prevé en algunos de sus literales:
“Artículo 6.
Se presumen hechos dañinos y actos de crueldad para con los animales los
siguientes:
a. Herir o
lesionar a un animal por golpe, quemadura, cortada o punzada o con arma de
fuego;
(…)
d. Causar la
muerte inevitable o necesaria a un animal con procedimientos que originen
sufrimiento o que prolonguen su agonía. Es muerte inevitable o necesaria la
descrita en los artículos 17 y 18 del Capítulo V de esta Ley;
e. Enfrentar
animales para que se acometan y hacer de las peleas así provocadas un
espectáculo público o privado;
f. Convertir
en espectáculo público o privado, el maltrato, la tortura o la muerte de
animales adiestrados o sin adiestrar;
g. Usar
animales vivos para entrenamiento o para probar o incrementar la agresividad o
la pericia de otros animales;”
Por
su parte el artículo 7º establece que ciertas actividades constituyen
excepciones a este régimen de protección general; es decir, permite la
realización de ciertas actividades que implican maltrato animal en las formas
descritas en los literales transcritos del artículo 6º de la ley 84 de 1989.
Así, el mencionado artículo 7º establece:
“Artículo 7.
Quedan exceptuados de lo expuesto en el inciso 1, en los literales a), d), e),
f) y g) del artículo anterior, el rejoneo, coleo, las corridas de toros, las
novilladas, corralejas, becerradas y tientas así, como las riñas de gallos y
los procedimientos utilizados en estos espectáculos.”
En
este sentido, el artículo 7º prevé que en desarrollo de actividades como las
corridas de toros, las novilladas, el rejoneo, las corralejas, las becerradas,
las tientas y las riñas de gallos, puedan realizarse de forma lícita acciones
tales como
i.
Herir o lesionar a un animal por
golpe, quemadura, cortada o punzada o con arma de fuego;
ii.
Causar la muerte inevitable o
necesaria a un animal con procedimientos que originen sufrimiento o que
prolonguen su agonía. Entendiendo por muerte inevitable aquella que se produce
v gr. para evitar intensos sufrimientos o en legítima defensa –artículos 17 y
18 de Estatuto-;
iii.
Enfrentar animales para que se acometan
y hacer de las peleas así provocadas un espectáculo público o privado;
iv.
Convertir en espectáculo público o
privado, el maltrato, la tortura o la muerte de animales adiestrados o sin
adiestrar; y
v.
Usar animales vivos para
entrenamiento o para probar o incrementar la agresividad o la pericia de otros
animales.
Para
una mejor comprensión de la norma acusada, resulta pertinente hacer referencia
al significado de las actividades incluidas en dicha excepción.
i.
Corridas de Toros y demás
actividades relacionadas con la tauromaquia
La
tauromaquia es una actividad cuyo reconocimiento y regulación se encuentra en
el Estatuto Taurino –ley 916 de 2004-, norma cuya constitucionalidad ha sido
evaluada por la Corte Constitucional, encontrándola ésta última ajustada a la
Constitución -sentencias C-1192 de 2005 y C-367 de 2006-[1].
Las
corridas de toros, de acuerdo con la definición legal, “[s]on en las que, por
matadores de toros profesionales, se lidiarán toros entre cuatro y siete años
en la forma y con los requisitos exigidos en este reglamento” –artículo 13 de
la ley 916 de 2004-.
Aunque
no figura expresamente en la ley, una corrida de toros implica, entre otras
actividades, el lidiar un toro en un ruedo, que es un área que debe tener un
diámetro entre los 33 y los 55 metros, atraerlo con un pedazo de tela sintética
–si se trata de capote- o de franela –si se trata de la muleta- para luego
evitar su embestida. Podría decirse que las corridas de toros implican mucho
más que esta descripción que ahora se realiza –como la parte estética-, algo
que puede ser cierto; sin embargo, quiere la Sala resaltar que para el análisis
constitucional resultan relevantes los aspectos fácticos, no aquellas
apreciaciones subjetivas que, siendo una interpretación válida de acciones que
tienen lugar en el mundo objetivo, pertenecen exclusivamente a la valoración
que cada quien hace del mundo que observa.
Desde
esta perspectiva, y con el objeto de resaltar los aspectos objeto de evaluación
en esta sentencia, debe la Corte señalar que dentro de las corridas de toros
existen ciertas actividades que se realizan inevitablemente en todo espectáculo
y que implican daño a los animales, como son:
i.
Picar el toro, operación que
implica clavar una punta de lanza de catorce centímetros de largo en el
morrillo del toro, acción que eventualmente puede repetirse hasta dos veces;
ii.
Poner banderillas, operación que
implica clavar en el lomo del toro las banderillas, las cuales son palos de
madera rectos y resistentes en cuyo extremo se encuentra el Arpón, que consiste
en una piedra de hierro afilada provista de otras menores que salen en
dirección contraria para que al hundirse en la carne del toro prenda e impida
su caída –arts. 12 y 50 ley 916 de 2004-.
iii.
Clavar el estoque, operación que
implica que el encargado de la lidia clave una espada en el toro que estaba
lidiando.
Eventualmente,
una corrida de toros también puede implicar la realización de otras actividades
que causen daño a los animales, como son:
i.
La puesta de banderillas negras,
las cuales tienen un Arpón más largo y ancho, causando una herida de mayor
profundidad y grosor.
ii.
El apuntillar, que implica dar
muerte con una daga al toro que, luego de que le fue clavado el estoque, cayó
al suelo pero no ha muerto.
iii.
Descabellar, que implica dar
muerte al toro mediante una estocada que se propina entre los anillos que
rodean la médula espinal. Este procedimiento se realiza en aquellos casos que,
luego de seis (6) minutos de haber recibido la primera estocada con la
intención de darle muerte, el toro no ha caído –ya sea muerto o agonizante- en
la arena de la plaza.
Por
su parte, en las novilladas tienen lugar las mismas actividades de maltrato
animal que en las corridas de toros, con eventual excepción de la suerte de
varas, es decir, aquel momento en que, montado en un caballo, el “picador”
introduce en repetidas ocasiones un punta de lanza en el morrillo del toro, es decir,
la zona abultada entre la nuca y el lomo del animal. En las becerradas esta
actividad no se realiza. Las demás actividades como clavar banderillas en el
lomo del animal que se esté lidiando y el clavar una espada que atraviesa el
lomo del toro con la intención de darle muerte hacen parte del desarrollo
normal de becerradas y novilladas[2]; de la misma forma, puede
tener lugar la llamada “puntilla”, es decir, clavarle una daga en la nuca al
toro que está aun agonizante. El rejoneo implica las mismas actividades que
tienen lugar dentro de una corrida de toros, con la diferencia que éstas se
realizan estando el torero montado en un caballo y valiéndose de instrumentos
de maltrato adaptados a esta situación.
ii.
Riñas de gallos
Debe
iniciar la Corte con la aclaración que las riñas de gallos no tienen un cuerpo
normativo que regule todos y cada uno de los aspectos involucrados en su
realización, mucho menos en lo relacionado con la protección de los animales
que en ellas se utilizan. La regulación existente, que tiene naturaleza de acto
administrativo, aborda el tema desde la perspectiva del juego de suerte y azar,
por lo que no ha existido la oportunidad para la Corte Constitucional de
analizar su trascendencia como fenómeno cultural que, eventualmente, pueda
sustentar la existencia de la excepción del artículo 7º de la Constitución.
Respecto
de las riñas de gallos el Acuerdo 009 de 2005 “Por el cual se establece el
reglamento de apuestas en los eventos gallísticos” del Ministerio de la
Protección Social establece que serán las que se realicen en un Ruedo,
donde se colocan a reñir simultáneamente dos o más gallos, a los que es posible
colocarles espuelas de carey, acrílicas o plásticas para facilitar que alguno
de los gallos cause heridas al otro; de la misma forma, el numeral 2º del
artículo 4º prevé una serie de condiciones para la utilización de un “pico
postizo”, el cual tendrá el mismo objetivo que las espuelas. Así mismo, el
artículo 4º numeral 1.8 del Acuerdo establece que la duración del
enfrentamiento en estas condiciones puede ser de entre 15 y 45 minutos. De
acuerdo con el artículo 8º del Acuerdo, la pelea en estas condiciones
finalizará cuando uno de los dos gallos sea derribado y no pueda levantarse o
mantenerse en pie por sus propios medios; cuando en el transcurrir de una riña
alguno de los contendores dé claras muestras de no pelear, no picar, se
encuentre humillado, inconsciente, girando, pero permanezca en pié soportando
el castigo del contrario, caso en el cual el juez colocará un reloj y
transcurrido un (1) minuto si no ha sostenido pelea y si después de tres (3)
careos consecutivos continúa sin pelear; o si alguno de los gallos quedare
ciego, entre otros.
Además
del reglamento de realización de las riñas de gallos, el Acuerdo prevé con
especial atención la regulación de las apuestas que se realicen en desarrollo
de estos eventos, estando dentro de su objeto, incluso, los gastos de
explotación y de administración que deben ser pagados a ETESA en liquidación.
iii.
Coleo
El
coleo en Colombia no ha sido regulado por ley. La referencia jurídica existente
proviene de la resolución 2380 de 2000 del Instituto Colombiano de Deporte que
en su artículo 1º otorga el “Reconocimiento Deportivo a la Federación
Colombiana de Coleo”, lo que tiene como consecuencia que el coleo se entienda
como actividad deportiva; este reconocimiento fue renovado por la resolución
1494 de 23 de noviembre de 2005, proferida también por Coldeportes. Actualmente
existe un reglamento nacional creado por la Federación Colombiana de Coleo,
órgano de naturaleza privada encargado de unificar la
reglamentación para la práctica del coleo en Colombia.
Esta
actividad tiene por objeto realizar una coleada, que consiste en que una
persona montada a caballo agarra un toro por la cola y mediante una halada hace
que éste caiga o ruede por el suelo –artículo 42 del Reglamento Nacional de
Coleo[3]-. El artículo 56 del
Reglamento consagra respecto de la clasificación de las coleadas
“Articulo 56.
La siguiente es la especificación y definición de las coleadas:
1.
Caída de costado: es cuando al caer el toro apoya su costilla, pierna y paleta.
2.
Vuelta de campana: es la caída cuando el toro al levantar las extremidades gire
sobre sí mismo o sobre el eje logrando el sentido contrario de su inicio
independiente de apoyarse en el lomo, anca o aire.
3.
Vuelta de campanilla: es la doble vuelta de campana.
4.
Remolino: es la triple vuelta de campana.”
La
coleada se realiza haciendo correr un toro por una franja de terreno plano
–manga de coleo- de 10 a 15 metros de ancho y de 250 a 320 metros de largo –artículo 42 del Reglamento-; mientras el toro se encuentra corriendo a
gran velocidad un jinete le sostiene la cola e intenta derribarlo, tratando de
hacerle dar el mayor número de botes posible en la caída. A la par del coleador
va otro jinete que obliga a toro a correr rápidamente. La puntuación de este deporte
dependerá del número de vueltas o botes que el jinete logre hacer dar al toro y
de si éstas tienen lugar en la primera zona –entre 120 y 150 metros- o la
segunda zona –entre 100 y 120 metros- de la manga de coleo –artículo 46 del
reglamento-. En efecto, de acuerdo con el artículo 57, la forma de calificación
será
“Articulo 57.
Puntuación
Coleada
Primera
Zona
Segunda
Zona
Caída de costado
10
5
Vuelta de campana
20
10
Vuelta de campanilla
30
15
Remolino
40
20
Para el caso
de los coleadores sub-9 a sub-12 se agregan las siguientes:
Coleada
Primera
Zona
Segunda
Zona
Cogida de
cola
2
1
Halar el
toro
2
1
La puntuación
anterior será acumulada a la puntuación de mayores y veteranos Parágrafo: Para
las categorías sub-9 y Sub-12, se tendrá en cuenta el hecho por salida con
cinco (05) puntos.”
Resalta
la Sala que la asignación de puntos en el coleo se incrementa de forma
directamente proporcional a lo aparatosa que sea la caída de la res derribada.
Finalmente,
debe anotarse que el Reglamento incluye previsiones respecto de actos de
crueldad en que pueda incurrirse durante las faenas de coleo, aunque éstas,
paradójicamente, no están previstas en protección de las reses que son
revolcadas, sino de los caballos utilizados. En este sentido consagra el
Reglamento
“Artículo 147.
Crueldad La crueldad es difícil de definir y puede tomar numerosas formas. Son
consideradas como infracciones por ejemplo el hecho de golpear el caballo en
forma excesiva, la utilización violenta y persistente de espuelas, la
aplicación de aparatos de toda especie que provoquen una descarga eléctrica,
exigir a un caballo agotado en forma excesiva, golpear a un caballo con
cualquier objeto en cualquier lugar de la manga y sus proximidades y montar un
caballo visiblemente agotado o herido.”
iv.
Corralejas
Respecto
de las corralejas no existe reglamentación alguna –ya sea de naturaleza pública
o privada- que indique las actividades que en su desarrollo pueden realizarse,
ni las condiciones o requerimientos de las mismas.
Éstas
consisten en la lidia artesanal de un toro, en un ruedo, en el que pueden estar
un número considerable de personas. La lidia del toro suele realizarse con
diferentes instrumentos que van desde franelas, hasta muletas y capotes, y en
desarrollo del espectáculo le son clavadas banderillas al toro. Las corralejas
no tienen una reglamentación precisa para ser realizadas, por lo cual en las
mismas el toro puede ser objeto de diversas formas de maltrato, aparte de las
mencionadas banderillas.
Con
la descripción de estas actividades se pone de manifiesto que la Corte entiende
que constituyen maltrato animal, que, aunque tolerado, implica crueldad y cómo
tal no es motivo de orgullo, ni existe un mandato constitucional que conlleve
obligación alguna respecto de su protección o fomento, por lo que se hace
preceptiva una interpretación restrictiva por parte de los operadores
jurídicos.
En
conclusión, el artículo 6º de la ley 84 de 1989, en procura del bienestar
animal -objetivo general del Estatuto-, consagra una regla general de
prohibición del maltrato animal, el cual se manifiesta, entre otras, en la
prohibición de las actividades contenidas en sus literales a, d, e, f y g. El
artículo 7º de la ley 84 de 1989 contiene una excepción a esta protección
general que permite que todas las acciones antes descritas, realizadas en
desarrollo de corridas de toros, corralejas, riñas de gallos, rejoneo, coleo,
novilladas y becerradas se realicen sin que de las mismas se derive ilicitud
alguna por parte de las personas que en ellas toman parte.
Aclara
la Sala que el objeto del examen que ahora realiza la Corte no es la regla
general de prohibición al maltrato animal contenida en el artículo 6º de la ley
84 de 1989. Esta constituye, simplemente, un referente en la comprensión del
artículo 7º del mismo cuerpo normativo, que contiene una excepción al régimen
de protección establecida. En consecuencia, se reitera que el sentido del
presente pronunciamiento no consistirá en establecer si el artículo 7º
contradice el artículo 6º -pues, en cuanto excepción, es lógico que lo haga-;
el objetivo será determinar si la permisión que contiene el artículo 7º de la
ley 84 de 1989 es contraria a la Constitución y, por consiguiente, debe
prohibirse la realización en el territorio colombiano de las actividades
contempladas en dicha disposición.
Habiéndose
aclarado el contenido de la disposición acusada, entra la Corte a desarrollar
las respectivas consideraciones y fundamentos.
CAPÍTULO
I: El deber de protección para con los animales que se deriva de la
Constitución
1.
El concepto de Ambiente incluido en la Constitución colombiana y el deber
constitucional de proteger su diversidad e integridad
Antes
de tratar el tema concreto del concepto de ambiente, resalta la Sala su
consagración como deber fundamental por el artículo 79 de la Constitución. La
existencia de los deberes fundamentales o deberes constitucionales,
i) desde la situación jurídica de las personas, corresponderán a las cargas que
cada integrante de la comunidad social debe asumir o soportar en el ejercicio
de su libertad o en la concreción de las protecciones y garantías reconocidas;
y, ii) desde la perspectiva del Estado, serán aquellas obligaciones reforzadas
que expresa o tácitamente se encuentran en el texto constitucional y cuya
realización aproxima el cumplimiento de los objetivos esenciales del Estado
social.
No
entrará la Sala en esta ocasión a conceptuar si los mismos surgen con el Estado
social o si son producto de otra concepción estatal. Sin embargo, resaltará que
su consagración en la Constitución política de 1991 es consecuencia de los
parámetros sociales propios de la organización estatal y que es éste el
contexto en que los mismos deben entenderse. Como se expresó anteriormente, el
fundamento concreto de los deberes se ha encontrado en distintos valores del
Estado Social de derecho; en este sentido la jurisprudencia de esta Corporación
desde su inicio consagró
“La doctrina
moderna clasifica los deberes según los valores superiores en que se asientan:
la igualdad, la justicia y la solidaridad. En su orden, corresponden éstos a
los deberes en un Estado democrático, en un Estado de derecho y en un Estado
social de derecho, respectivamente”[4]
De
la igualdad surgirían deberes que ayuden a concretar un Estado democrático,
entendida ésta en sus diferentes manifestaciones –no simplemente la electoral-,
de manera que sean elementos para su concreción la obligación de educación
entre los cinco y los quince años de edad (CP art. 67), el deber de propender a
la paz y mantenerla (CP arts. 22 y 95-6), el deber de estudiar la Constitución
(CP art. 41), los deberes de defender y divulgar los derechos humanos y de
participar en la vida política, cívica y comunitaria del país (CP art. 95-4, -
5) y el deber de prestar el servicio militar (CP art. 216), entre otros.
Del
valor de la justicia surgen los elementos obligacionales como el acatamiento la
Constitución y la ley (CP arts. 4 y 95), la responsabilidad por su infracción
(CP art. 6), las obligaciones y deberes derivados de las relaciones familiares
(CP arts. 42, 44 y 46), el deber de ceñirse en todas las actuaciones a los
postulados de la buena fe (CP art. 83), los deberes de respetar, obedecer y
apoyar a las autoridades legítimamente constituidas (CP arts. 4 y 95-3) y el
deber de colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia
(CP art. 95-7).
Respecto
de la solidaridad ha manifestado la jurisprudencia que “[l]a naturaleza
social del Estado de derecho hunde sus raíces en el principio de solidaridad
social (CP art. 1). De este principio se desprenden la obligación social del
trabajo (CP art. 25), las obligaciones derivadas de la función social de la
propiedad (CP art. 58) y de la empresa (CP art. 333), las obligaciones
tributarias (CP art. 95-9),el deber de procurar la salud individual y
comunitaria (CP art. 49), los deberes de respetar los derechos ajenos y no
abusar de los propios y de obrar conforme al principio de solidaridad
social (CP art. 95- 1, - 2), proteger las riquezas culturales y naturales
de la Nación (CP arts. 8) y velar por el medio ambiente sano (CP arts. 80 y
95-8)”[5]
–subrayado ausente en texto original-.
El
carácter fundamental de estas obligaciones constitucionales y su esencialidad
en la dinámica social no son óbice para que su eficacia se encuentre, como la
de todos los principios, supeditada al desarrollo que de ellos se haga por
parte del legislador. Será el cuerpo de decisión política el que valore y
concluya bajo parámetros de conveniencia política y subordinación
constitucional la forma más adecuada de incorporar dentro del orden jurídico
las obligaciones y mandatos que se desprenden del texto constitucional tanto
para el Estado, como para sus habitantes.
Esta
conclusión, fruto de una interpretación clara y consolidada del sistema de
fuentes establecido por la Constitución de 1991, tiene como consecuencia que
sea la valoración de las mayorías políticas las que determinen la forma de
concreción de los deberes constitucionales, decisión que, como toda norma
creada dentro de nuestro orden jurídico por los órganos constituidos deberá
tener como referente y parámetro las normas constitucionales y, especialmente,
el contenido esencial de dichos deberes. En efecto, aunque la decisión concreta
está en manos de la discrecionalidad política del Congreso, ésta debe tener
como parámetro guía el valor constitucional –objetivo o fin propuesto- que
representa e inspira a cada deber consagrado por la Constitución. De esta forma
se completa el orden jurídico en armonía y respeto de los valores
constitucionales, es decir, con el sentido que aporta la idea de sistema
constitucional.
Precisamente,
es el ambiente uno de esos conceptos cuya protección fue establecida por la
Constitución como un deber, consagrándolo tanto de forma directa –artículo 79
de la Constitución-, como de forma indirecta –artículos 8º y 95 – 8 de la
Constitución-; al respecto la Corte manifestó en la sentencia T-760 de 2007,
“[d]e entrada, la Constitución dispone como uno de sus principios
fundamentales la obligación Estatal e individual de proteger las riquezas
culturales y naturales de la Nación (art. 8°). Adicionalmente, en desarrollo de
tal valor, nuestra Constitución recoge en la forma de derechos colectivos
(arts. 79 y 80 C.P.) y obligaciones específicas (art. 95-8 C.P.) las pautas generales que rigen la relación entre el ser humano y el ecosistema.  Con
claridad, en dichas disposiciones se consigna una atribución en cabeza de cada
persona para gozar de un medio ambiente sano, una obligación Estatal y de todos
los colombianos de proteger la diversidad e integridad del ambiente y una
facultad en cabeza del Estado tendiente a prevenir y controlar los factores de
deterioro y garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración
y sustitución”[6].
El
énfasis de la Constitución de 1991 se materializa en un cúmulo de disposiciones
que, entendidas sistemáticamente, denotan la importancia que, como bien
constitucional, tiene en nuestro ordenamiento jurídico el ambiente, cuya
protección se garantiza a través de su consagración como principio fundamental,
derecho constitucional y deber constitucional. En este sentido en la sentencia T-411 de 1992 la Corte desarrolló un
concepto que resulta ser fundamental para la comprensión del medio ambiente, la
Constitución ecológica, respecto que la cual manifestó:
“(…) de una
lectura sistemática, axiológica y finalista surge el concepto de Constitución
Ecológica, conformado por las siguientes 34
disposiciones: || Preámbulo (vida), 2º (fines esenciales del
Estado: proteger la vida), 8º (obligación de proteger las riquezas
culturales y naturales de la Nación), 11 (inviolabilidad del derecho a
la vida), 44 (derechos fundamentales de los niños), 49 (atención
de la salud y del saneamiento ambiental), 58 (función ecológica de la
propiedad), 66 (créditos agropecuarios por calamidad ambiental), 67
(la educación para la protección del ambiente), 78 (regulación de la
producción y comercialización de bienes y servicios), 79 (derecho a un
ambiente sano y participación en las decisiones ambientales), 80
(planificación del manejo y aprovechamiento de los recursos naturales), 81
(prohibición de armas químicas, biológicas y nucleares), 82 (deber de
proteger los recursos culturales y naturales del país), 215 (emergencia
por perturbación o amenaza del orden ecológico), 226
(internacionalización de las relaciones ecológicas, 268-7 (fiscalización
de los recursos naturales y del ambiente), 277-4 (defensa del ambiente
como función del Procurador), 282-5 (el Defensor del Pueblo y las
acciones populares como mecanismo de protección del ambiente), 289
(programas de cooperación e integración en zonas fronterizas para la
preservación del ambiente), 300-2 (Asambleas Departamentales y medio
ambiente), 301 (gestión administrativa y fiscal de los departamentos
atendiendo a recursos naturales y a circunstancias ecológicas), 310
(control de densidad en San Andrés y Providencia con el fin de preservar el
ambiente y los recursos naturales), 313-9 (Concejos Municipales y
patrimonio ecológico), 317 y 294 (contribución de valorización
para conservación del ambiente y los recursos naturales), 330-5
(Concejos de los territorios indígenas y preservación de los recursos naturales),
331 (Corporación del Río Grande de la Magdalena y preservación del
ambiente), 332 (dominio del Estado sobre el subsuelo y los recursos
naturales no renovables), 333 (limitaciones a la libertad económica por
razones del medio ambiente), 334 (intervención estatal para la
preservación de los recursos naturales y de un ambiente sano), 339 (política
ambiental en el plan nacional de desarrollo), 340 (representación de los
sectores ecológicos en el Consejo Nacional de Planeación), 366 (solución
de necesidades del saneamiento ambiental y de agua potable como finalidad del
Estado).”
Es
claro, que el concepto de medio ambiente que contempla la Constitución de 1991
es un concepto complejo, en donde se involucran los distintos elementos que se
conjugan para conformar el entorno en el que se desarrolla la vida de los seres
humanos, dentro de los que se cuenta la flora y la fauna que se encuentra en el
territorio colombiano. Adelanta la Corte que los elementos integrantes del
concepto de medio ambiente pueden protegerse per se y no, simplemente,
porque sean útiles o necesarios para el desarrollo de la vida humana. En
efecto, la visión del ambiente como elemento transversal en el sistema
constitucional trasluce una visión empática de la sociedad, y el modo de vida
que esta desarrolle, y la naturaleza, de manera que la protección del ambiente
supera la mera noción utilitarista, para asumir una postura de respeto y
cuidado que hunde sus raíces en concepciones ontológicas.
La
magnitud del concepto de ambiente y, dentro de éste, del de recursos
naturales se denota en declaraciones internacionales que han adquirido una
posición paradigmática al definir dicho concepto. En este sentido es de
resaltar la declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano –realizada
en  1972-, que dentro de sus Proclamas incluye las siguientes:
“1. El hombre
es a la vez obra y artífice del medio ambiente que lo rodea, el cual le da el
sustento material y le brinda la oportunidad de desarrollarse intelectual,
moral, social y espiritualmente. En la larga y tortuosa evolución de la raza
humana en este planeta se ha llegado a una etapa en que, gracias a la rápida
aceleración de la ciencia y la tecnología, el hombre ha adquirido el poder de
transformar, de innumerables maneras y en una escala sin precedentes, cuanto lo
rodea. Los dos aspectos del medio ambiente humano, el natural y el artificial,
son esenciales para el bienestar del hombre y para el goce de los derechos
humanos fundamentales, incluso el derecho a la vida misma.
“3. El hombre
debe hacer constante recapitulación de su experiencia y continuar descubriendo,
inventando, creando y progresando. Hoy en día, la capacidad del hombre de
transformar lo que le rodea, utilizada con discernimiento, puede llevar a todos
los pueblos los beneficios del desarrollo y ofrecerles la oportunidad de
ennoblecer su existencia. Aplicado errónea o imprudentemente, el mismo poder
puede causar daños incalculables al ser humano y a su medio ambiente. A nuestro
alrededor vemos multiplicarse las pruebas del daño causado por el hombre en
muchas regiones de la tierra, niveles peligrosos de contaminación del agua, del
aire, de la tierra y de los seres vivos; grandes trastornos del equilibrio
ecológico de la biosfera; destrucción y agotamiento de recursos insustituibles
y graves deficiencias, nocivas para la salud física, mental y social del
hombre, en el medio ambiente por él creado, especialmente en aquel en que vive
y trabaja.”
Y
con el objeto de proteger al ambiente humano, incluye dentro de sus Principios
la protección a la fauna. En este sentido consagró:
Principio 2. Los recursos naturales de la
Tierra, incluidos el aire, el agua, la tierra, la flora y la fauna y
especialmente muestras representativas de los ecosistemas naturales, deben
preservarse en beneficio de las generaciones presentes y futuras mediante una
cuidadosa planificación y ordenación, según convenga. –subrayado ausente en
texto original-
Así
mismo la Carta Mundial de la Naturaleza, firmada en el año 1982 en el marco de la
Asamblea General de las Naciones Unidas es una proclama en pro de una
conciencia responsable respecto del ambiente. Dentro de sus considerandos se
lee:
“Conciente de
que
b) La
civilización tiene sus raíces en la naturaleza, que moldeó la cultura humana e
influyó en todas las obras artísticas y científicas, y de que la vida en
armonía con la naturaleza ofrece al hombre posibilidades óptimas para
desarrollar su capacidad creativa, descansar y ocupar su tiempo libre.
(…)
“Convencida de
que:
a) Toda forma
de vida es única y merece ser respetada, cualquiera que sea su utilidad para el
hombre, y con el fin de reconocer a los demás seres vivos su valor intrínseco,
el hombre ha de guiarse por un código de acción moral.”
Ya
desde ese entonces, y con mayor énfasis a partir de la Constitución de 1991 y
en la actualidad, la protección del ambiente superaba nociones que lo entendían
con un insumo del desarrollo humano, al cual había que cuidar simplemente
porque su desprotección significaría un impedimento para nuestro progreso. El
ambiente es visto como contexto esencial del transcurso de la vida humana,
razón por la cual se entendió que su protección se desarrollaba sobre el
fundamento de la armonía con la naturaleza y que el accionar de los seres
humanos debe responder a un código moral, que no implica nada distinto a un
actuar acorde con su condición de seres dignos, concepción que se
ubica en las antípodas de una visión que avale o sea indiferente a su absoluta
desprotección, así como que se aleja de una visión antropocentrista, que asuma a
los demás –a los otros- integrantes del ambiente como elementos a
disposición absoluta e ilimitada de los seres humanos.
La
esencia y el significado del concepto “ambiente” que se desprende de los
instrumentos internacionales y que armoniza con la Constitución de 1991 limita
la discrecionalidad de los operadores jurídicos al momento de establecer i)
cuáles elementos integran el ambiente y ii) qué protección debe tributárseles
por parte del ordenamiento jurídico.
En
lo atinente a su integración, y en relación con el tema que ahora convoca a la
Corte, una concepción integral del ambiente obliga a concluir que dentro de los
elementos que lo componen deben entenderse incluidos los animales, que hacen
parte del concepto de fauna que, a su vez, se ha entendido como parte de los
recursos naturales o, en otras palabras, de la naturaleza como concepto
protegido, cuya garantía es contemplada por la Constitución de 1991.
La
inclusión de los animales dentro del concepto de ambiente se hace con base en
el papel que estos juegan en el desarrollo de la vida humana. Acentúa la Corte
que esta consideración supera el enfoque eminentemente utilitarista –que los
considera en cuanto recurso utilizable por los seres humanos-, y se inserta en
la visión de los animales como otros seres vivos que comparten el
contexto en que se desarrolla la vida humana, siendo determinantes en el
concepto de naturaleza y, por consiguiente, convirtiéndose en destinatarios de
la visión empática de los seres humanos por el contexto –o ambiente- en el que
desarrolla su existencia. No otra puede ser la norma constitucional que se
derive de las diversas y numerosas disposiciones en que la Constitución hace
referencia a los elementos que integran el ambiente y que fueron mencionadas
anteriormente como parte de la llamada “Constitución ecológica”.
En
relación con su protección, la manifestación concreta de esta posición se hace a
partir de dos perspectivas: la de fauna protegida en virtud del mantenimiento
de la biodiversidad y el equilibrio natural de las especies; y la de fauna a la
cual se debe proteger del padecimiento, maltrato y crueldad sin justificación
legítima, protección esta última que refleja un contenido de moral política y
conciencia de la responsabilidad que deben tener los seres humanos respecto de
los otros seres sintientes.
En
este segundo sentido es que se enmarca la protección prevista por la ley 84 de
1989 –Estatuto de protección animal-, cuerpo normativo que, no obstante ser
anterior a la Constitución de 1991, concreta principios y valores, no sólo
coherentes sino, axiales al actual ordenamiento constitucional colombiano,
especialmente en lo atinente a la llamada Constitución ecológica, que la Corte
ha identificado como el conjunto de disposiciones que conforman la red
constitucional de protección al ambiente en el ordenamiento colombiano. En este
sentido se ha manifestado la Corte en ocasiones anteriores, de las cuales es
muestra la sentencia T-760 de 2007 en la que se consagró
“3.6.4.
Nótese entonces que la ley sí determinó en aquella oportunidad que el
desconocimiento de las condiciones y prohibiciones que rigen el aprovechamiento
de la fauna silvestre conlleva, entre otros, al “decomiso” del animal.  No
obstante, tal materia, es decir, el acceso al recurso faunístico ha sido objeto
de regulación por otras disposiciones que, vale la pena reconocer desde ahora,
han perfeccionado y actualizado las condiciones bajo las que una persona puede
aprovechar de cualquier animal.  De tales normas ocupa un lugar destacado la
Ley 84 de 1989, en la cual Colombia definió un Estatuto Nacional de
Protección de los Animales en el que se fijan unas pautas de conducta
realmente ambiciosas en cabeza de las personas, que rigen y ajustan su trato
con todos los animales.
De entrada la
ley 84 objeta la relación abusiva o cruel del hombre con la naturaleza y llama
la atención de todos a partir del siguiente epígrafe: “los animales tendrán
en todo el territorio nacional especial protección contra el sufrimiento y el
dolor, causados directa o indirectamente por el hombre” (art. 1º);
enseguida, dentro de sus objetivos, la misma insiste en rechazar el dolor y
sufrimiento animal, plantea la promoción de su salud, bienestar, respeto y
cuidado, y propone desarrollar medidas efectivas para la preservación de la
fauna silvestre.  Como tal, la ley impone un conjunto de obligaciones
específicas para lograr su cometido, todas ellas enmarcadas en el compromiso de
evitar causar daño o lesión a cualquier especie (art. 4º), y enlista el
conjunto de actos que considera perjudiciales y crueles[7]
aplicables, en su gran mayoría, a las maniobras de cacería reguladas por el
CRNR y su decreto reglamentario.”
Como
lo afirmó la decisión mencionada, dentro del concepto de ambiente debe
comprenderse la fauna que habita en nuestro territorio, que no sólo hará
referencia a los animales que mantienen el equilibrio de ecosistemas existentes,
sino a todos los animales que se encuentran en dicho territorio.
No
otro puede ser el entendimiento que surja de las disposiciones constitucionales
que hacen referencia al ambiente, las cuales deben leerse en armonía con las
referencias existentes en los instrumentos internacionales. El resultado, se
reitera, será el entender el ambiente como el contexto en el que distintos
seres sintientes llevan a cabo su existencia, base conceptual que excluye
cualquier visión meramente utilitarista que valore a los animales
exclusivamente en cuanto recurso, es decir, como elemento de explotación por
parte de los seres humanos.
En
este sentido resalta la Corte que el concepto protegido como parte del ambiente
es la fauna, siendo ésta “el conjunto de animales de un país o región”[8];
la protección que se deriva de la Constitución supera la anacrónica visión de
los animales como cosas animadas, para reconocer la importancia que éstos
tienen dentro del entorno en que habitan las personas, no simplemente como
fuentes de recursos útiles al hombre, sino en cuanto seres sintientes que
forman parte del contexto en que se desarrolla la vida de los principales
sujetos del ordenamiento jurídico: los seres humanos.
No
otra puede ser la interpretación que se dé a las disposiciones que, como el
artículo 79 de la Constitución[9], consagran deberes
en cabeza del Estado respecto de la integridad del ambiente, sin que de esta
obligación sea excluido elemento alguno de aquellos que hacen parte del
concepto de ambiente como elemento complejo y como bien constitucionalmente
protegido.
Este
es el fundamento, como se aclarará más adelante, para que el concepto de
dignidad –como elemento transversal del ordenamiento constitucional y parte
axial de la concreción del concepto de persona dentro del Estado
constitucional- no pueda ser ajeno a las relaciones que el ser humano mantiene
con los otros seres sintientes. En otras palabras, el concepto de dignidad
de las personas tiene directa y principal relación con el ambiente en que se
desarrolla su existencia, y de éste hacen parte los animales. De manera
que las relaciones entre personas y animales no simplemente están reguladas
como un deber de protección a los recursos naturales, sino que resultan
concreción y desarrollo de un concepto fundacional del ordenamiento
constitucional, por lo que la libertad de configuración que tiene el legislador
debe desarrollarse con base en fundamentos de dignidad humana en todas aquellas
ocasiones en que decide sobre las relaciones entre seres humanos y animales;
así mismo, en su juicio el juez de la constitucionalidad se debe edificar la
racionalidad de su decisión sobre argumentos que tomen en cuenta el concepto de
dignidad inmanente y transversal a este tipo de relaciones.
Es
ésta la raíz de la protección que la Constitución de 1991 incorpora respecto de
los animales.
La
consecuencia que se deriva de ello consiste, además de la garantía en el
contenido constitucional que el mismo implica, en la restricción a la libertad
de configuración del legislador respecto del sistema que prevea la protección
de los animales, ya sean éstos salvajes o domésticos, se encuentren en vía de
extinción o no, trátese de especies protegidas o no, ayuden a mantener el
equilibrio de ecosistemas o no, provean recursos materiales a la especie humana
o no. En efecto, al ser previsto por parte del constituyente una protección de
rango constitucional para el ambiente, se encuentra un fundamento de rango y
fuerza constitucional en el sistema de protección que para los animales, que en
cuanto fauna están incluidos dentro de dicho concepto; en este sentido,
se reitera, debe tomarse en cuenta la existencia de parámetros de obligatorio
seguimiento para el legislador, que ya no tendrá plena libertad de opción
respecto del tipo, el alcance, la amplitud o la naturaleza de la protección que
cree respecto de los animales, sino que, en cuanto poder constituido, se
encuentra vinculado por el deber constitucional previsto en los
artículos 8º, 79 y 95 numeral 8º y el concepto de dignidad humana (entendida en
ese contexto como el fundamento de las relaciones que un ser sintiente –humano-
tiene con otro ser sintiente –animal-) consagrado en el artículo 1º de la
Constitución, debiendo establecer un sistema jurídico de protección que
garantice la integridad de los animales en cuanto seres sintientes que hacen
parte del contexto natural en el que hombres y mujeres desarrollan su vida.
En
conclusión, el sistema de protección establecido por la Constitución incorpora
como elementos fundamentales:
i.
Una visión de la naturaleza, el
ambiente y los seres que de él hacen parte no como un depósito de
recursos a disposición de los seres humanos; por el contrario, una concepción
integracionista que entiende a los seres humanos como un elemento más de
aquellos que componen la naturaleza.
ii.
Una base conceptual para las
relaciones de los seres humanos con la naturaleza, el ambiente y los otros
seres que lo integran distinta de la utilitarista, aleja de un parámetro de
provecho humano e indiferente a las sensaciones de seres sintientes que también
integran el ambiente.
iii.
En este sentido se desprende de
las disposiciones constitucionales una protección reforzada al ambiente en el
que viven los seres humanos que se encuentren dentro del territorio colombiano;
iv.
Una protección reforzada a la fauna
que se halle dentro del territorio colombiano, en cuanto elemento integrante
del ambiente cuya protección ordena la Constitución;
v.
Una protección reforzada a todos
los animales en cuanto integrantes de la fauna que habita el Estado
colombiano;
vi.
Un deber de índole
constitucional para el Estado, que implica obligaciones concretas para los
poderes constituidos y que, por consiguiente, no pueden apoyar, patrocinar,
dirigir, ni, en general, tener una participación positiva en acciones que
impliquen maltrato animal; de la misma forma, tampoco podrán asumir un papel
neutro o de abstención en el desarrollo de la protección que debe brindarse a
los animales;
vii.
Una protección a los animales que
tendrá fundamento, además, en las obligaciones que conlleva la dignidad humana,
la cual impide que dicha protección se desarrolle ignorando las cargas que, en
cuanto seres superiores, surgen respecto de las especies inferiores, las cuales
constituyen, sin duda, una obligación moral, tal y como se manifestó en los
considerandos de la Carta Mundial de la Naturaleza.
2.
La protección a los recursos naturales y la dignidad humana como fundamentos
del deber constitucional de protección a los animales
2.1.
El deber de protección de los recursos naturales
Dentro
de los deberes consagrados por la Constitución de 1991 se encuentran los que
imponen un trato deferente y consecuente con el bienestar animal. Así, el
artículo 8º de la Constitución prevé un deber de protección al establecer
“Es obligación
del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales
de la Nación” –negrilla ausente en el texto constitucional-
Como
se desarrolló anteriormente, dentro de las riquezas naturales se encuentra
incluido el recurso fáunico, que está integrado  por los animales, ya sea que
se encuentren alejados del contacto con el hombre o que, por el contrario,
estén en permanente relación con las personas[10].
Ese
deber de cuidado lo reitera y amplía el numeral 8º del artículo 95 de la
Constitución, esta vez colocándolo en cabeza de las personas al establecer
“Son deberes
de toda persona y del ciudadano:
8. Proteger
los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un
ambiente sano”
Es,
precisamente, este deber constitucional el que restringe el ámbito decisional
de los poderes constituidos, en especial del legislador, al momento de
determinar las distintas formas de regulación de los recursos naturales dentro
del sistema jurídico colombiano. El que exista un deber de protección
respecto de los mismos excluye automáticamente una posición de indiferencia en
lo relativo a los recursos naturales, entre ellos los animales, siendo, por el
contrario, preceptiva la creación de un sistema infraconstitucional, que
sea acorde con el sistema constitucional, que implique una protección
para los mismos y que tenga en cuenta, armónicamente, el ejercicio de derechos
fundamentales que eventualmente puedan verse limitados con la protección
establecida para los animales.
Resalta
la Corte que la Constitución  no deja opción respecto de la protección animal,
aunque el sistema de protección que se cree debe atender las limitaciones
derivadas de la concreción de otros principios de índole constitucional que en
determinados casos puedan ser afectados por la protección que se cree para los
animales.
En
conclusión, las disposiciones que sirven como sustento a las regulaciones
protectoras del recurso fáunico de nuestro país responden al interés de índole
constitucional de conservar los distintos elementos que armónicamente integran
el concepto “ambiente”, velando, de esta forma, por el bienestar y respeto de
cada uno de éstos. Se reitera que este deber, que crea obligaciones respecto de
la protección animal tal y como se ha sostenido por parte de la jurisprudencia
desde la sentencia T-125 de 1994, no resulta fruto de decisiones aleatorias
incorporadas por capricho o casualidad en el texto constitucional, sino que
tiene su raíz en los conceptos constitucionales de ambiente y de dignidad
humana que en este contexto resultan de la esencia del Estado social, el cual,
con la solidaridad como motor de acción y parámetro de interpretación jurídica,
no habría podido ser indiferente al sufrimiento que por las actividades de la
especie humana pudieran causarse a seres sintientes como son los animales. En
este sentido, un Estado social debe buscar, entre otros, el bienestar animal,
por ser éste un elemento connatural al desarrollo del principio de solidaridad,
del cual el constituyente derivó diferentes deberes que se consagran en
variadas partes de la Constitución, entre ellos el artículo 8º -deber
consagrado dentro de los principios fundamentales-, el inciso 2º del artículo
79 –deber consagrado en el capítulo dedicado a los derechos sociales- y el
numeral 8º del artículo 95 –deber consagrado en el artículo dedicado a los
deberes para las personas y los ciudadanos-.
Las
concretas previsiones de las disposiciones constitucionales mencionadas
ratifican la conclusión de la interpretación sistemática de la Constitución que
se expresó en el primer numeral de este capítulo: un entendimiento de recurso
natural –y, por consiguiente, de los animales- que rebasa una visión
exclusivamente utilitarista –en cuando elementos para el aprovechamiento de los
seres humanos- y que, en consecuencia, pretende superar la aproximación
antropocéntrica al ordenamiento ambiental, involucrando una que asume a los
seres humanos como parte del ambiente, el cual comparten con otros seres de
características muy especiales, contándose la capacidad de sentir dentro
de éstas. Por tanto, no será la relación con los seres humanos –visión
utilitarista- la que defina de manera exclusiva la protección que se deba a los
animales, sino que los deberes de protección que hacia ellos se deriven parte
de la conjunción entre los objetivos de un Estado social de derecho y el
comportamiento que se espera de aquellos sujetos que basan su posición en el
ordenamiento jurídico en el concepto de dignidad humana respecto de seres que
integran el ambiente que constituye el espacio de desarrollo común.
En
consecuencia, las excepciones que existan en el ordenamiento jurídico respecto
de la protección prevista para los animales, no pueden ser fruto del capricho o
discrecionalidad de los poderes constituidos –vinculados en este tema por un
deber constitucional-, sino que tendrán que estar sustentadas en criterios de
razonabilidad o proporcionalidad acordes con los valores y principios que prevé
el ordenamiento constitucional.
Ahora
bien, dentro de las diferentes alternativas de protección, cada recurso natural
plantea diferentes necesidades y prioridades[11].  Así mismo, en cada
ámbito, el legislador será el encargado de establecer cuáles son las potestades
en cabeza del Estado para prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental.
De
esta forma, se han previsto diferentes instrumentos de protección al recurso
faunístico. El más amplio y comprensivo resulta ser el propio Código de
Recursos Naturales –decreto 2811 de 1974-, el cual consagra en su segundo
artículo
“Artículo 2. Fundado
en el principio de que el ambiente es patrimonio común de la humanidad y
necesario para la supervivencia y el desarrollo económico y social de los
pueblos, este Código tiene por objeto:
1. Lograr la
preservación y restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y
utilización racional de los recursos naturales renovables, según criterios de
equidad que aseguren el desarrollo armónico del hombre y de dichos recursos, la
disponibilidad permanente de éstos y la máxima participación social, para
beneficio de la salud y el bienestar de los presentes y futuros habitantes del
territorio nacional.”
Y,
expresamente, en el numeral 5º del artículo 3º consagra la protección debida a
la fauna, como parte de los recursos naturales renovables. En armonía
con este principio de acción, el CNRN consagra en su parte IX que “[l]as
normas de este título tienen por objeto asegurar la conservación, fomento y
aprovechamiento racional de la fauna silvestre, como fundamento indispensable
para su utilización continuada” –art. 247-. En desarrollo de este precepto
el Código consagra toda una serie de medidas que implican potestades
administrativas, restricciones a particulares e, incluso, prohibiciones a
particulares en desarrollo de la caza, todo esto para proteger a la fauna
silvestre como parte de los recursos naturales existentes en territorio del
Estado.
El
decreto reglamentario del CRNR número 1608 de 1978 se encargó de desarrollar
con mayor rigor los diferentes valores e instrumentos creados en aquel código.
Específicamente sobre fauna silvestre[12] en el Título II, a
partir del artículo 31, enlista los diferentes “presupuestos para el
aprovechamiento”, advierte que aunque la caza de subsistencia no requiere
permiso debe “practicarse en forma tal, que no se causen deterioros al
recurso” e insiste en que el Estado es quien puede determinar qué tipo de
especimenes pueden ser objeto de caza, teniendo en cuenta la capacidad de
recuperación del recurso[13].
Pero,
y en coherencia con el contenido de la dignidad humana en las relaciones con
otros seres sintientes, la protección del recurso faunístico no se limita a los
animales silvestres, pues como lo manifestó la sentencia T-760 de 2007 “tal
materia, es decir, el acceso al recurso faunístico ha sido objeto de regulación
por otras disposiciones que, vale la pena reconocer desde ahora, han
perfeccionado y actualizado las condiciones bajo las que una persona puede
aprovechar de cualquier animal.  De tales normas ocupa un lugar destacado la
Ley 84 de 1989, en la cual Colombia definió un Estatuto Nacional de Protección
de los Animales en el que se fijan unas pautas de conducta realmente ambiciosas
en cabeza de las personas, que rigen y ajustan su trato con todos los animales”.
En
la línea de lo hasta ahora anotado, y con un sentido más actual y en sintonía
con los mandatos de la actual Constitución, el Estatuto de Protección Animal –no
obstante ser una regulación preconstitucional- consagró una serie de deberes y
obligaciones que implican limitación a la libre disposición de las personas
sobre los animales, que imponen determinados comportamientos y excluyen otros
que vayan en contra de su adecuada protección. Limitaciones basadas en una
concepción de los animales que supera el tradicional y limitado concepto de recursos,
para asumir uno en el que se valoren, regulen y protejan aspectos relacionados
con su capacidad de sentir y, por consiguiente, que procuren su bienestar. El
objetivo de esta regulación, como lo indica el artículo 1º, es evitar a los
animales el sufrimiento y el padecimiento de dolor que pueda ser causado por la
especie humana.
En
esta línea de actuación, el legislador enumeró en el segundo artículo de este
estatuto una serie de actividades que materializarían la protección a que
obliga un Estado social de derecho, consagrando que la ley tendría como
principales objetivos:
“a. Prevenir y
tratar el dolor y el sufrimiento de los animales;
b. Promover la
salud y el bienestar de los animales, asegurándoles higiene, sanidad y
condiciones apropiadas de existencia;
c. Erradicar y
sancionar el maltrato y los actos de crueldad para con los animales;
d. Desarrollar
programas educativos a través de medios de comunicación del estado y de los
establecimientos de educación oficial y privados, que promuevan el respeto y el
cuidado de los animales;
e. Desarrollar
medidas efectivas para la preservación de la fauna silvestre.”
En
cumplimiento de este objetivo consagra deberes –que esta vez serán de
origen legal, aunque enraizado en el concepto de dignidad antes visto- a favor
de los animales, al decir “[t]oda persona está obligada a respetar y
abstenerse de causar daño o lesión a cualquier animal. Igualmente de denunciar
todo acto de crueldad cometido por terceros del que tenga conocimiento”
–artículo 4º ley 84 de 1989-.
Es
esta la justificación que se encuentra para prohibir una serie de conductas
consideradas crueles para con los animales, las cuales estarían sometidas al
régimen sancionatorio previsto por el Capítulo IV de la ley 84 de 1989. Dichas
conductas son enumeradas en el Capítulo III, que en su artículo 6º incorpora la
protección contra la crueldad que pueda darse respecto de los animales.
En este sentido consagra las conductas que a continuación se enumeran,
considerándolas como crueles para con quienes se tiene el deber de
protección:
“Se presumen
hechos dañinos y actos de crueldad para con los animales los siguientes:
a. Herir o
lesionar a un animal por golpe, quemadura, cortada o punzada o con arma de
fuego;
b. Causar la
muerte innecesaria o daño grave a un animal obrando por motivo abyecto o fútil;
c. Remover,
destruir, mutilar o alterar cualquier miembro, órgano o apéndice de un animal
vivo, sin que medie razón técnica, científica, zooprofiláctica, estética o se
ejecute por piedad para con el mismo;
d. Causar la
muerte inevitable o necesaria a un animal con procedimientos que originen
sufrimiento o que prolonguen su agonía. Es muerte inevitable o necesaria la
descrita en los artículos 17 y 18 del Capítulo V de esta Ley;
e. Enfrentar
animales para que se acometan y hacer de las peleas así provocadas un
espectáculo público o privado;
f. Convertir
en espectáculo público o privado, el maltrato, la tortura o la muerte de
animales adiestrados o sin adiestrar;
g. Usar
animales vivos para entrenamiento o para probar o incrementar la agresividad o
la pericia de otros animales;
h. Utilizar
para el servicio de carga, tracción, monta o espectáculo, animales ciegos,
heridos, deformes, o enfermos o desherrados en vía asfaltada, pavimentada o
empedrada o emplearlos para el trabajo cuando por cualquier otro motivo no se
hallen en estado físico adecuado;
i. Usar
animales cautivos como blanco de tiro, con objetos susceptibles de causarles
daño o muerte con armas de cualquier clase;
j. Toda
privación de aire, luz, alimento, movimiento, espacio suficiente, abrigo,
higiene o aseo, tratándose de animal cautivo, confinado, doméstico o no, que le
cause daño grave o muerte;
k. Pelar o
desplumar animales vivos o entregarlos a la alimentación de otros;
l. Abandonar
substancias venenosas o perjudiciales en lugares accesibles a animales
diferentes de aquellos a los cuales específicamente se trata de combatir;
m. Recargar de
trabajo a un animal a tal punto que como consecuencia de exceso o esfuerzo
superior a su capacidad o resistencia se le cause agotamiento, extenuación manifiesta
o muerte;
n. Usar mallas
camufladas para la captura de aves y emplear explosivos o venenos para la de
peces. La utilización de mallas camufladas para la captura de aves será
permitida únicamente con fines científicos, zooprofilácticos o veterinarios y
con previa autorización de la entidad administradora de los recursos naturales;
o. Envenenar o
intoxicar a un animal, usando para ello cualquier substancia venenosa, tóxica,
de carácter líquido, sólido o gaseosos, volátil, mineral u orgánico;
p. Sepultar
vivo a un animal;
q. Confinar
uno o más animales en condiciones tales que le produzca la asfixia;
r. Ahogar a un
animal;
s. Hacer con
bisturí, aguja o cualquier otro medio susceptible de causar daño o sufrimiento
prácticas de destreza manual con animales vivos o practicar la vivisección con
fines que no sean científicamente demostrables y en lugares o por personas que
no estén debidamente autorizadas para ello;
t. Estimular o
entumecer a un animal con medios químicos, físicos o quirúrgicos, para fines
competitivos, de exhibición o utilización en espectáculo público o privado y en
general aplicarles drogas sin perseguir fines terapéuticos;
u. Utilizar
animales vivos o muertos en la elaboración de escenas cinematográficas o
audiovisuales destinadas a la exhibición pública o privada, en las que se cause
daño o muerte a un animal con procedimientos crueles o susceptibles de promover
la crueldad contra los mismos;
v. Dejar
expósito o abandonar a su suerte a un animal doméstico o domesticado en estado
de vejez, enfermedad, invalidez o incapacidad de procurarse la subsistencia;
w. Realizar
experimentos con animales vivos de grado superior en la escala zoológica al
indispensable, según la naturaleza de la experiencia;
y. Causar la
muerte de animales grávidos, cuando tal estado sea patente en el animal, salvo
que se trate de industrias legalmente establecidas que se funden en la
explotación del nonato;
z. Lastimar o
arrollar un animal intencionalmente o matarlo por simple perversidad.”
–subrayado ausente en texto original-
La
conclusión que puede obtenerse de la protección prevista en la ley 84 de 1989
denota una renovación en la visión de la especie humana en relación con el
ambiente y los recursos naturales, que tienen como elemento integrante en un
nivel axial a la fauna. Esta visión, más consecuente con postulados de
una moral social conciente de la capacidad de sentir que tienen los animales,
se aparta de una aquella que avalaba la disposición ilimitada sobre los
animales, inconsecuente con postulados constitucionales de dignidad humana y
protección del ambiente; en este sentido, el estatuto de Protección Animal -ley
84 de 1989- se inscribe en una visión solidaria de respeto al medio
ambiente y manejo responsable de los recursos naturales, entendidos éstos como
un bien constitucionalmente protegido, cuya garantía constituye un principio
fundacional del ordenamiento –art. 8º- y para cuya salvaguarda fueron impuestos
deberes por parte de la Constitución –arts. 79 y 95 numeral 8º-.
Manifestó
la Corte en la antes mencionada sentencia T-760 de 2007, que al respecto
consignó
“Los recursos
de la naturaleza no están ya a la disposición arbitraria de la mujer y del
hombre sino al cuidado de los mismos.  La Constitución, eso es claro, no reduce
la protección del medio ambiente o cualquiera de sus componentes a una visión
liberal, en virtud de la cual los seres humanos pueden disponer a su antojo de
los demás seres vivos o los recursos naturales, sino que reconoce que el
vínculo entre ellos está precedido o condicionado por unas pautas o requisitos
que delimitan sus libertades y deberes, asegurando la protección de la
diversidad e integridad ambiental (art. 79 C.P.).  Para ello, la Carta responsabiliza al Estado de la planificación, es decir, la determinación de las
fórmulas a partir de las cuales se puede efectuar manejo y aprovechamiento de
tales recursos para lograr, no solo el desarrollo sostenible, sino también su
conservación, restauración o sustitución (art. 80).”
En
este sentido se reitera que la protección derivada de la Constitución, y que
resulta útil en los términos de este caso en concreto, es aquella respecto de
los animales en general, de la cual surge la obligación constitucional de
prohibir su maltrato. Así, el deber constitucional de protección de los
recursos naturales resulta fundamento eficaz para alcanzar dicho objetivo y
constituir el bienestar animal en parámetro constitucional de
interpretación de todas las normas infraconstitucionales que, de
cualquier forma, regulen las relaciones de las personas con los animales.
Estas
son las razones que dan sustento al deber de protección animal derivadas de la
protección prevista para los recursos naturales; sin embargo, no son éstas las
únicas que en este sentido hacen preceptivo considerar a los animales en cuanto
seres sintientes al regular el trato que les den los seres humanos. Pasa la
Corte a explicar los otros fundamentos de naturaleza constitucional.
2.2.
La dignidad como fuente de obligaciones jurídicas respecto de los animales
Como
se manifestó, i) el ambiente y el ii) deber constitucional de protegerlo no es
el único fundamento que se encuentra en el Estado constitucional para sustentar
el bienestar animal y, por consiguiente, la prohibición de maltrato, tortura y
trato cruel a cualquier animal.
En
efecto, lo esencial, y en su momento novedoso, del Estado constitucional es que
la persona es vista no sólo como ser protegido, sino como fin primordial
del actuar del Estado, y esa concepción se construye, argumenta, interpreta y
concreta con base, siempre, en derechos humanos, que al interior de un sistema
jurídico nacional suelen denominarse derechos fundamentales. Es ese el
principal insumo para el concepto de persona dentro del Estado constitucional,
pues a partir del contenido de los derechos fundamentales es que se puede
fundar gran parte de las garantías que el Estado [social] debe reconocer a los
integrantes de la sociedad.
Sin
embargo, la dignidad humana no es un simple concepto fruto [o útil para] el
garantismo estatal. La dignidad resulta un concepto integral en cuanto
encarna, representa y construye un concepto, integral, de persona. La
dignidad no se otorga, sino que se reconoce, de manera que siempre podrá
exigirse de los seres humanos un actuar conforme a parámetros dignos y, en este
sentido, coherente con su condición de ser moral que merece el reconocimiento
de dichas garantías y que, llegado el caso, podría exigirlas por la posición
[también] moral que tiene dentro de la comunidad.
Pero
esa misma condición moral, que sustenta el concepto de dignidad humana, genera
obligaciones a esa persona [en cuanto ser digno] en su manera de actuación. No
podría una persona pretender que sea reconocida su condición de ser moral y
comportarse legítimamente de forma contraria a la moral que se deriva de
los parámetros acordados por la propia comunidad y que son consagrados en la
Constitución y demás normas de naturaleza constitucional[14]. En ese sentido, la
pregunta que surge no es si los seres a los que no se les reconoce dignidad
–que no son considerados seres morales en igualdad de condiciones que las
personas, como son los animales- tienen derechos; el análisis jurídico conduce
a cuestionarse si, en términos constitucionales, el concepto de dignidad
comporta algún deber de actuación, relación o, incluso, consideración de las
personas –agentes morales- respecto de los animales. La cuestión puede ser
también planteada al preguntarse si la dignidad humana implica comportamientos
única y exclusivamente respecto de los otros seres con el mismo nivel de
dignidad o si de este concepto se deducen deberes relacionales, además,
respecto de aquellos seres que por su condición y situación pueden ser
afectados o, incluso, se encuentran a merced del actuar de los seres a los que
el ordenamiento jurídico les reconoce dignidad.
La
respuesta no puede desconocer que el concepto de dignidad en el Estado social
previsto por la Constitución debe ejercerse dentro del contexto creado por el
principio fundacional de solidaridad, tronco conceptual sobre el cual tienen
que realizarse las relaciones sociales dentro del Estado colombiano.
Solidaridad que enriquece y complementa el significado de dignidad y que da
como resultado que ésta no pueda ser entendida de forma estanca y aislada de la
realidad en la que se aplica y que, por consiguiente, su interpretación no
pueda resultar en una exclusión sin consideración alguna de situaciones
relevantes para el concepto de Estado constitucional.
En
este sentido, si en el mismo Estado constitucional se consagra el deber de
protección a los animales vía la protección de los recursos naturales, el
concepto de dignidad que se concreta en la interacción de las personas en una
comunidad que se construye dentro de estos parámetros constitucionales no podrá
ignorar las relaciones que surgen entre ellas y los animales.
El
fundamento para esta vinculación radica en su capacidad de sentir. Es este
aspecto la raíz del vínculo en la relación entre dignidad y protección a los
animales: el hecho de que sean seres sintientes que pueden ser afectados por
los actos de las personas. En otras palabras, la posibilidad de que se vean
afectados por tratos crueles, por acciones que comportan maltrato, por hechos
que los torturen o angustien obliga a que las acciones que respecto de ellos se
realicen por parte de los seres humanos sean expresión del comportamiento digno
que hacia ellos deben tener seres dignos. En efecto, la superioridad racional
–moral- del hombre no puede significar la ausencia de límites para causar
sufrimiento, dolor o angustia a seres sintientes no humanos[15].
Aunque
obvia, valga mencionar que la justificación radica en una apreciación fáctica
incontestable: no hay interés más primario para un ser sintiente que el de no
sufrir daño o maltrato. Y debe ser este uno de los valores primordiales dentro
de una comunidad moral que actúa y construye sus relaciones dentro de los
parámetros del Estado constitucional. La conclusión ahora sostenida es fruto
exclusivamente del análisis de la posición que los seres humanos tienen como
partícipes de una sociedad y de las consecuencias que para la vida relacional
de dicha comunidad se derivan de considerar a la dignidad como fundamento del
concepto de persona.
Así,
la consecuencia concreta de la moral en la interpretación de los preceptos
constitucionales será el deber de observancia de los valores, principios y
reglas constitucionales. Es decir, en razón a que la dignidad humana, como
concepto moral, se deriva de elementos fundacionales del Estado constitucional,
la eficacia de ésta debe entenderse en relación con su fuente, lo que conduce a
la conclusión que las disposiciones constitucionales –y el cumplimiento de sus
preceptos- son el camino para entender y actuar los conceptos morales presentes
en el ordenamiento jurídico.
Este
es el papel de la dignidad humana como fundamento en la determinación de los
parámetros de actuación relacional de los seres humanos respecto de los
animales.
3.
La función social y ecológica de la propiedad como fundamento a la prohibición
de trato cruel para con los animales
En
la Constitución de 1991 el derecho de propiedad es considerado una función
social. Este planteamiento, lejos de ser simplemente una opción válida
dentro de las concepciones de uno de los pilares del sistema jurídico
constitucional, resultaba preceptivo dentro del esquema de un Estado social
como el planteado en el primer artículo de la Constitución de 1991. La
propiedad en nuestro Estado no puede tener una esencia distinta a la social,
por cuanto es la única que resulta coherente y, por sobre todo, conducente a
alcanzar los fines axiales a la forma de Estado.
No
otro podía ser el entendimiento y la conclusión a la que arribara la Corte
Constitucional que, en su jurisprudencia, ha señalado la esencia del
significado social como elemento definitorio de la propiedad en el
Estado colombiano. En este sentido se ha consagrado
“En el Estado
social de derecho, los derechos se atribuyen a la persona como miembro de la
comunidad y como tal vinculada por los principios de solidaridad y de
prevalencia del interés general (C.P art 1). Precisamente, la función social
inherente a la propiedad se orienta a realizar el interés de la comunidad y por
ello busca atraer al sujeto de manera que, sin dejar de perseguir la
satisfacción de sus propios móviles, se logre la realización de intereses que
trascienden la esfera meramente individual, bajo la amenaza en caso de carencia
de cooperación del titular de dar por extinguido el derecho, al decaer el
presupuesto social de la atribución. La necesidad de relaciones equitativas de
poder en la sociedad, impide que la propiedad se pueda escindir de la comunidad
y aislarse abstractamente de la misma. Por el contrario, la legislación da
cuenta que en ella convergen múltiples intereses que están llamados a encontrar
equilibrio en la fórmula concreta de función social que se adopte.”[16]
Como
se ha expresado claramente en la jurisprudencia la esencia social de la
propiedad no solamente apunta a resaltar criterios de redistribución de la
misma. El que la propiedad sea una función social tiene un alcance mucho
más amplio. En un Estado que se funda sobre el principio de solidaridad, la
interpretación del contenido del derecho de propiedad debe hacerse teniendo en
cuenta los otros valores y principios plasmados en el ordenamiento jurídico, los
cuales son reflejo de los intereses presentes en el conglomerado social al que
se aplica dicho ordenamiento jurídico. La propiedad, en este contexto deja de
ser un derecho absoluto, y pasa a estar limitado, no únicamente por el carácter
redistributivo de la riqueza que orienta las acciones del Estado social, sino
también por los intereses legítimos que sean el reflejo de las distintas
visiones que tienen espacio dentro de la Constitución. En otras palabras, el
hecho que la Constitución de 1991 tenga un carácter abierto excluye de tajo el absolutismo
constitucional en la interpretación del concepto y contenido del derecho de
propiedad, siendo obligatorio integrar y armonizar en los casos concretos los
valores constitucionales, incluso en aquellos casos en que los mismos puedan
aparecer, a primera vista, como contradictorios o excluyentes.
Este
es el carácter que se ha dado a la función social en la extensa jurisprudencia
que la Corte ha expedido al respecto. En este sentido resulta oportuno recordar
la sentencia T-431 de 1994 en que se manifestó
“La función
social, consustancial al derecho de propiedad, guarda también relación con otro
de los principios fundamentales del ordenamiento, cual es el de la solidaridad,
proclamado en el artículo 1º de la Carta y desarrollado en el
95 Ibídem -aplicable a conflictos tales como el que ahora debe
dilucidarse- cuando señala que son deberes de toda persona los de "obrar
conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones
humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las
personas", "respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios"
y ‘velar por la conservación de un ambiente sano’”.
En
el mismo sentido, resulta un referente obligado la sentencia C-595 de 1995, en
la que se consagró
“La función
social de la propiedad se incorpora al contenido de ella para imponer al
titular del dominio obligaciones en beneficio de la sociedad. En otros
términos, el contenido social de las obligaciones limita internamente el
contenido individual de facultades o poderes del propietario, según la
concepción duguitiana de la propiedad función. (…) en una palabra, la función
social consiste en que el derecho de propiedad debe ser ejercido en forma tal
que no perjudique sino que beneficie a la sociedad, dándole la destinación o
uso acorde con las necesidades colectivas y respetando  los derechos de
los demás.”[17]
La
anterior es una tesis constante en la evolución de la jurisprudencia
constitucional sobre el tema, como lo demuestra la sentencia C-491 de 2002, en
la que se manifiesta
“El artículo
58 de la Carta Política de Colombia dispone que el ordenamiento jurídico
nacional preservará la propiedad privada y los derechos adquiridos con arreglo
a las leyes civiles. Esta protección, común a todo régimen constitucional que
reconozca la primacía de los derechos individuales, no es absoluta. La
limitación del ejercicio del derecho de propiedad atiende al reconocimiento de
que, según el artículo 95 de la Carta Política, el ejercicio de los derechos y
libertades reconocidos en la Constitución implica responsabilidades, toda vez
que las decisiones humanas no repercuten exclusivamente en la órbita personal
del individuo sino que afectan, de manera directa o indirecta, el espectro
jurídico de los demás.”[18]
La
inexistencia de un absolutismo constitucional y, en consecuencia, de valores,
principios, deberes, derechos o bienes constitucionales de carácter absoluto,
es fundamento para la esencia social de la propiedad[19].
Pero, adicionalmente, lo es de un elemento que se deriva directamente de dicha
esencia social y que ha sido llamada por el constituyente función ecológica.
Aunque la concreción conduce a resultados diferentes, la base conceptual de la
función ecológica de la propiedad es la antes recordada respecto de la función
social: la necesidad de armonizar los elementos fundacionales del sistema
constitucional colombiano.
Es
así como la función ecológica se convierte en un elemento de necesaria
consideración cuando de analizar el contenido del derecho constitucional de
propiedad se trata. La Corte Constitucional se ha valido de la esencia ecológica
del contenido del derecho de propiedad para armonizar su aplicación con otros
valores, principios, derechos, deberes o bienes constitucionales; en este
sentido es enunciativa del principio argumentativo planteado la sentencia C-189
de 2006, en la que se consagró:
“En este
contexto, como lo ha reconocido esta Corporación, con la introducción de la
citada función ecológica se ha incorporado una concepción del ambiente como
límite para el ejercicio de los atributos de la propiedad privada, propiciando
lo que este Tribunal ha denominado como “ecologización de la propiedad”.
Al respecto, en sentencia C-126 de 1998, la Corte señaló: ‘Ahora bien, en la
época actual, se ha producido una “ecologización” de la propiedad privada, lo
cual tiene notables consecuencias, ya que el propietario individual no sólo
debe respetar los derechos de los miembros de la sociedad de la cual hace parte
(función social de la propiedad) sino que incluso sus facultades se ven
limitadas por los derechos de quienes aún no han nacido, esto es, de las
generaciones futuras, conforme a la función ecológica de la propiedad y a la
idea del desarrollo sostenible.  Por ello el ordenamiento puede imponer
incluso mayores restricciones a la apropiación de los recursos naturales o a
las facultades de los propietarios de los mismos, con lo cual la noción misma
de propiedad privada sufre importantes cambios’.” -subrayado ausente en
texto original-
Para
el caso concreto, la naturaleza ecológica de la propiedad y su
consecuencia, la ecologización de la propiedad privada, sustentan las
limitaciones que desde el punto de vista constitucional se derivan para la
propiedad que sobre los animales se tenga. Junto con el deber de protección a
los recursos naturales y los deberes de comportamiento derivados de la dignidad
humana, el ámbito de libertad en el trato que se dé a los animales, esta vez
los que sean propiedad de las personas, debe entenderse desarrollable dentro de
los parámetros establecidos por la función ecológica de la propiedad. Así, los
contornos del contenido del derecho de propiedad respecto de los animales, y
por consiguiente la amplitud de la libertad de actuación amparada por este
derecho, estará limitada, además, por el carácter ecológico inherente a la
propiedad o, en otras palabras, por la ecologización de la misma que se deduce
de la Constitución.
Es
este el sentido que tiene lo planteado por la Corte con ocasión de la sentencia
T-760 de 2007, en la que se indicó
“En
particular, en lo que respecta a la función ecológica de la propiedad, la Corte
advirtió, para lo cual resaltó la influencia y cambios que la Constitución de
1991 imprimió en nuestro estatuto civil de 1887, que la misma es la respuesta
del constituyente para enfrentar el ‘uso indiscriminado de los bienes y
derechos particulares en contra de la preservación del medio ambiente
sano, considerado como un derecho y bien colectivo en cuya protección debe
estar comprometida la sociedad entera’.
No hay que
olvidar: el nuevo paradigma de organización política conlleva la imposición de
restricciones a las libertades individuales, v. gr. el derecho de propiedad,
mediante la determinación de condiciones para la apropiación y disfrute de los
recursos naturales.  La ecologización de la propiedad está precedida por
el cambio radical del concepto absoluto de propiedad privada previsto en el
Código Civil y consiste en la superación del carácter individual de tal derecho
para, en su lugar, establecer el conjunto de limitaciones necesarias para
salvaguardar, conservar y restaurar un  medio ambiente sano.”
En
este sentido, resaltó la misma decisión
“Los recursos de la
naturaleza no están ya a la disposición arbitraria[20]
de la mujer y del hombre sino al cuidado de los mismos.  La Constitución, eso
es claro, no reduce la protección del medio ambiente o cualquiera de sus
componentes a una visión liberal, en virtud de la cual los seres humanos pueden
disponer a su antojo de los demás seres vivos o los recursos naturales, sino
que reconoce que el vínculo entre ellos está precedido o condicionado por unas
pautas o requisitos que delimitan sus libertades y deberes, asegurando la
protección de la diversidad e integridad ambiental (art. 79 C.P.).  Para ello, la Carta responsabiliza al Estado de la planificación, es decir, la
determinación de las fórmulas a partir de las cuales se puede efectuar manejo y
aprovechamiento de tales recursos para lograr, no solo el desarrollo
sostenible, sino también su conservación, restauración o sustitución (art. 80).”
Esta
visión, como se reiterará más adelante, supera una concepción que entienda al
ser humano y a sus relaciones como objeto único de protección y regulación por
parte del ordenamiento jurídico. Una visión responsable con el entorno en el
cual aquellos desarrollan su vida, pero sobre todo adecuada a la
Constitución, obliga a entender a los seres humanos como parte del
medio ambiente y, en consecuencia, afectados en sus relaciones por la armonía y
equilibrio connatural que debe existir entre la parte y el todo.
4.
Conclusión
Los
diferentes numerales que conforman este capítulo contienen las razones que la
corte encuentra adecuadas y suficientes para concluir que de las disposiciones
constitucionales surgen normas obligacionales que condicionan el comportamiento
que los seres humanos pueden y deben tener respecto de los animales.
El
concepto de ambiente, la situación de los seres humanos en dicho contexto, la
conciencia de no ser los únicos cuya existencia es relevante para la regulación
e interpretación jurídica que sobre ambiente se haga y, sobre todo, los
parámetros de comportamiento que del ordenamiento constitucional se derivan
para seres dignos al relacionarse con otros seres, especialmente respecto de su
esencia como seres sintientes son coordenadas de referencia ineludibles para
todos y cada uno de los operadores jurídicos que creen, interpreten o apliquen
el ordenamiento jurídico en relación con los animales.
Así,
se reitera que las distintas –y abundantes- referencias que la Constitución
contiene respecto del medio ambiente incluyen como elemento esencial los
recursos naturales, contándose dentro de éstos los animales en general, es
decir, todos los animales que se hallen dentro del territorio colombiano. Es
esta la razón para que la libertad de decisión en el tratamiento que las
personas brindan a los animales se encuentre limitada drásticamente por el
concepto de bienestar animal, el cual se sustenta de forma principal en
elementos axiales al ordenamiento jurídico constitucional como es un concepto
complejo y amplio de ambiente, el cual debe superar una visión utilitarista –y,
por consiguiente, antropocéntrica-, para centrarse en una que comprenda al ser
humano como parte de un todo que tiene un sentido propio[21]
-disposiciones constitucionales que conforman la llamada Constitución
ecológica-; el deber de protección de los recursos naturales –artículos 8º y
95-8 de la Constitución-; el deber de comportamiento digno de los seres
humanos para con otras especies –que surge de una interpretación sistemática de
los artículos 1º, 2º, 8º y 94 de la Constitución- y la función ecológica
de la propiedad –artículo 58 de la Constitución-.
Con
esta base conceptual derivada directamente de la Constitución se aproximará la
Corte Constitucional al análisis de las posibles limitaciones legítimas
al deber constitucional de protección a los animales.
CAPÍTULO
II: Límites legítimos al deber constitucional de protección animal
En
cuanto deber constitucional, y por consiguiente mandato abstracto, la
protección que se debe a los animales resulta una norma de obligatoria
aplicación por parte de los operadores jurídicos y de los ciudadanos en
general. Sin embargo, al igual que ocurre con las otras normas que tienen una
estructura principal, este deber en sus aplicaciones concretas es susceptible
de entrar en contradicción con otras normas, también de origen o rango
constitucional, lo que obligará a realizar ejercicios de armonización en
concreto con los otros valores, principios, deberes y derechos constitucionales
que en un determinado caso pueden encontrarse en pugna con el deber de
protección animal.
Es
esta la razón para que en el ordenamiento jurídico sea posible identificar
normas infra-constitucionales que constituyen hipótesis de limitación al
deber de protección animal. Debe recalcarse, como se hizo en el numeral
anterior, que cada una de estas limitaciones debe tener una justificación
válida en términos constitucionales, es decir, debe ser el resultado de un
ejercicio de armonización en concreto de valores, principios, derechos, deberes
u otros bienes constitucionalmente relevantes que exijan morigerar o limitar el
deber de protección animal en determinadas situaciones. Entrará la Corte a
mencionar algunas de las más significativas limitaciones al deber de protección
animal.
1.
Algunos límites al deber de protección animal
El
ordenamiento legal es sede de varios ejemplos de armonización en concreto del
deber de protección animal. En este sentido recuerda la Corte que pueden
existir diversas fuentes de justificación para exceptuar el deber
constitucional en cuestión, que si bien no todas ellas han sido analizadas en
casos concretos o problemas jurídicos de control abstracto presentados ante la
Corte Constitucional, sí han sido planteadas en el ámbito competencial de
tribunales extranjeros.
1.1.
La libertad religiosa
La
libertad religiosa es uno de los derechos que mayor relevancia tiene para un
Estado democrático, en cuanto no solamente implica abstención de intervención
en la órbita privada de las personas por parte del Estado, sino que impone a la
actuación estatal una serie de lineamientos con miras a su respeto. Los
parámetros de actuación estatal dentro de una democracia pueden ser variados,
teniendo en cuenta siempre la secularidad de la actuación pública. En este
sentido la jurisprudencia constitucional colombiana[22]
ha acompañado la línea de otros tribunales, como la Corte Europea de los
Derechos Humanos, que han deducido de la libertad religiosa que sustenta la
laicidad del Estado no simplemente garantías para los particulares, sino los
correlativos límites y obligaciones para el Estado, estableciendo principios
como la neutralidad estatal ante las confesiones religiosas[23], la obligación de
generar un contexto de garantía a la libertad religiosa[24] y el mantenimiento de la
igualdad y consiguiente prohibición de discriminación por motivos religiosos[25].
Sobre
el punto que ahora mayor interés representa, que es el carácter de las
actuaciones de un Estado laico respecto de las distintas confesiones, debe
destacarse que tanto en el ámbito colombiano, como en el ámbito internacional
mencionado, de forma reiterada y unánime la jurisprudencia ha establecido la
necesidad de procurar de manera sustancial el principio neutralidad estatal.
En
este sentido puede mencionarse la decisión del Tribunal Constitucional Alemán
por medio de la cual se aceptó el sacrificio de animales conforme a los
preceptos de la vertiente sunita de la religión musulmana, aunque esta fuera
contraria a las normas generales que regulan esta actividad[26].
Aunque
en nuestro ordenamiento no se ha presentado ningún caso análogo ante la Corte
Constitucional, es relevante mencionar la reglamentación que en un sentido idéntico
al de la sentencia del Tribunal Constitucional de Alemania realizó el decreto
1500 de 2007, que, al referirse a las condiciones de sacrificio de animales
para consumo humano, tomó en cuenta la posible afectación de la libertad de
cultos y en ese sentido estipuló en el numeral 3º del artículo 30
“Los animales
deben ser sacrificados por métodos no crueles, que garanticen que éstos queden
sin sentido o conocimiento antes de ser sacrificados. El sacrifico debe ceñirse
a las técnicas correctas de aplicación, evitando riesgos innecesarios para el
operador y sufrimiento del animal y el método deberá ser autorizado por el
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA -, de
conformidad con la reglamentación que expida el Ministerio de la Protección
Social. Con el fin de preservar la libertad de culto, la única excepción
permitida para el sacrificio sin insensibilización, será en el caso de que los
rituales religiosos así lo requieran. Esta práctica deberá ser supervisada y
aprobada por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos –
INVIMA.” –subrayado ausente en texto original-
Es
así como el deber de protección  animal se ha visto limitado en los casos en
que se contrapone a la libertad de cultos.
1.2.
Los hábitos alimenticios de
los seres humanos
La
utilización de carne animal en la alimentación humana ha sido tradicional en
las sociedades del mundo occidental, no siendo Colombia la excepción a esta
regla. De esta forma, se ha aceptado que los animales sean sacrificados con
estos propósitos, siendo, por consiguiente, plenamente avalado como actividad
industrial y comercial, desarrollada en amparo de derechos constitucionales
como la libertad de empresa o el libre desarrollo de la personalidad.
De
esta forma, el sacrificio de animales destinados al consumo y aprovechamiento
humanos se ha entendido como un límite al deber de protección animal, el cual
tiene como base la armonización en concreto del deber y los derechos antes
mencionados, que, aunado a una extensa y antiquísima tradición de las
sociedades occidentales, ha conducido a entender que en estos casos el deber de
protección animal cede, permitiendo la realización de otros derechos constitucionales.
Sin
embargo, que el deber de protección animal ceda no implica que el mismo se
entienda anulado en los casos de sacrificio de animales para consumo humano.
Por esta razón se ha interpretado que, ante la imposibilidad de evitar el
maltrato animal –pues el animal es sacrificado-, esta acción debe comportarle
el menor sufrimiento posible. Es este el resultado de la armonización en
concreto en este específico caso, que, resalta la Corte, siempre tiene en
cuenta el privilegiar el bienestar animal como concepto integrante del
contenido esencial del deber de protección animal.
En
este sentido es la propia ley 84 de 1989 el cuerpo normativo que contiene dos
disposiciones que señalan las condiciones en que debe realizarse el sacrificio
de animales destinados al consumo humano. En ese sentido los artículos 20 y 21
del estatuto señalan
ART. 20.- El sacrificio de animales destinados al consumo humano
deberá realizarse mediante procedimientos no sancionados por esta ley en el capítulo
anterior y de acuerdo con las posibilidades tecnológicas de cada matadero.
ART. 21.- El sacrificio en matadero de animales destinados al consumo
humano, deberá realizarse en los términos del artículo anterior, de acuerdo con
las normas sanitarias pertinentes y en correspondencia con las condiciones
propias de cada municipio o localidad, evitando el deterioro, desperdicio o
pérdida de calidad de su carne y pieles por maltrato involuntario.
Los
procedimientos sancionados en el capitulo mencionado en el artículo 20 antes
trascrito son los sacrificios con ácidos corrosivos, bases caústicas,
estricnina, warferina, cianuro a arsénico. Es decir, aunque la ley permite el
sacrificio animal para el consumo humano prohíbe algunas formas de sacrificio
por su crueldad.
La
reglamentación de la ley 84 de 1989 ha sido insuficiente. Los decretos que
regulan el sacrificio de animales en mataderos o frigoríficos solo lo hacen en
lo relacionado con temas  sanitarios pero sin hacer referencia a los modos de
sacrificio y cuáles son los permitidos. El decreto 1500 de 2007, que desarrolla
la ley 09 de 1970 y la ley 170 de 1994 que  a su vez creó el Sistema Oficial de
Inspección, Vigilancia y Control de la Carne, Productos Cárnicos Comestibles y
Derivados Cárnicos Destinados para el Consumo Humano y los requisitos
sanitarios y de inocuidad que se deben cumplir a lo largo de todas las etapas
de la cadena alimentaria, contiene el único precepto tendente a evitar el sufrimiento
animal derivado de tratos crueles que puedan ser evitados al momento del
sacrificio; en este sentido consagra en el numeral 3º del artículo 30
“Los animales
deben ser sacrificados por métodos no crueles, que garanticen que éstos queden
sin sentido o conocimiento antes de ser sacrificados. El sacrifico debe ceñirse
a las técnicas correctas de aplicación, evitando riesgos innecesarios para el
operador y sufrimiento del animal y el método deberá ser autorizado por el
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA -, de
conformidad con la reglamentación que expida el Ministerio de la Protección
Social. Con el fin de preservar la libertad de culto, la única excepción permitida
para el sacrificio sin insensibilización, será en el caso de que los rituales
religiosos así lo requieran. Esta práctica deberá ser supervisada y aprobada
por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA.”
De
esta forma, aunque se permite el sacrificio, el evitar la causación o la
extensión innecesarias de maltrato a los animales resulta una preocupación
constante del ordenamiento, lo que no es cosa distinta a la concreción del
deber constitucional de protección animal.
En
conclusión, el principio de bienestar animal cede ante las costumbres
alimenticias de la especie humana, al admitirse el sacrificio de animales para
el consumo humano. Sin embargo, el sacrificio animal en estos casos debe
ajustarse a parámetros establecidos con el objetivo de eliminar cualquier
práctica que implique sufrimiento evitable para el animal y, así mismo, la
crueldad en los procedimientos de sacrificio, demostrando que, incluso en estos
casos, el deber constitucional resulta plenamente aplicable a la relación que
los humanos mantengan con los animales.
1.3. Investigación y experimentación médica
La
ley 84 de 1989 consagra un capítulo especial para regular aquellas condiciones
que son necesarias para la realización de experimentos con animales. En este
sentido se incluyen normas que prohíben la realización de los mismos cuando
como fruto de su práctica se cause maltrato, cuando éstos no sean puestos bajo
anestesia –artículo 24-, cuando se realice experimentación con animales vivos
como medio de ilustración en conferencias de facultades con carreras
relacionadas con el estudio animal –artículo 25-; así como normas que exigen la
existencia de un comité de ética siempre que se realice un experimento con
animales –artículo 26-.
Esta
es una disposición que se encuentra carente de desarrollo, pero que, sin
embargo, es suficiente para derivar mandatos precisos a los operadores
jurídicos en el sentido de evitar los tratos crueles que causen sufrimiento a
los animales involucrados en estos experimentos, no obstante, los mismos son
permitidos en razón de derechos constitucionales como la libertad de empresa,
la educación, la libertad de cátedra o de intereses colectivos de raíz
constitucional como la salubridad pública o el orden público.
Se
resalta lo coincidente del razonamiento del legislador en este punto. El deber
de protección a los animales, la obligación de comportarse dignamente con ellos
y el entendimiento del ambiente como un concepto que rebasa una noción
eminentemente utilitarista resultan elementos determinantes al momento de crear
límites legítimos a las acciones humanas que infrinjan maltrato a animales o
que impliquen crueldad para con ellos. No se aplica de forma absoluta principio
alguno, sino que se armonizan en los casos concretos, siendo coherente este
análisis con los distintos intereses garantizados por la Constitución y con la
implementación de ésta como sistema en el que conviven intereses
protegidos que en casos específicos pueden resultar contrapuestos.
Son
éstos algunos ejemplos de actividades en las que se ha limitado el deber de
protección animal en razón de la concreción de otros principios, deberes,
garantías o derechos constitucionales que se concretan en actividades reguladas
o protegidas por el ordenamiento jurídico.
Entrará
la Corte a estudiar si desde el punto de vista constitucional las
manifestaciones culturales son un elemento que, dentro del sistema
constitucional, se integre como un factor que obligue a realizar un ejercicio
de armonización en concreto del deber de protección animal y, por consiguiente,
éste último deba limitarse en algunos casos en que se contraponga a
manifestaciones culturales específicas.
2.
La cultura como bien constitucional protegido  y su interpretación en el
sistema jurídico colombiano
La
Constitución de 1991 contiene una generosa muestra de disposiciones de carácter
constitucional que promocionan y protegen la cultura y sus distintas formas de
manifestación dentro del territorio colombiano.
En este sentido cabe recordar que, de conformidad con
el artículo 2º de la Constitución Política, son fines esenciales del Estado,
entre otros, servir a la comunidad, promover la prosperidad general y facilitar
la participación de todos en las decisiones que los afectan, así como en la
vida cultural de la Nación. Adicionalmente, el artículo 7º señala que el Estado
reconoce la diversidad cultural de la nación colombiana; mientras que el
artículo 8º prescribe que el Estado tiene la obligación de proteger las
riquezas culturales de la Nación.
Por su parte, el artículo 70 constitucional es enfático
al advertir que el Estado debe difundir los valores culturales de la nación,
por lo cual está en la obligación de promover y fomentar el acceso a la cultura
en sus diversas manifestaciones, pues dicho acceso es garantía de conservación
de la nacionalidad colombiana. La norma citada dispone a este respecto:
ARTICULO 70.
El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la
cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la
educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y
profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad
nacional.
La cultura
en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El
Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El
Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de
los valores culturales de la Nación. –subrayado ausente en texto original-
En el mismo contexto, el artículo 71 resalta la
importancia del desarrollo cultural y de la protección a la expresión
artística, así como promueve la necesidad de crear incentivos para el
desarrollo de las manifestaciones culturales y artísticas, a favor de personas
o instituciones que asuman la divulgación de tales valores.
Art. 71. La
búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes de
desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en
general, a la cultura. El Estado creará incentivos para personas e
instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás
manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e
instituciones que ejerzan estas actividades.
Del contexto normativo que acaba de presentarse se
concluye que el desarrollo cultural de la Nación y el apoyo a las expresiones
artísticas de los nacionales son objetivos primordialmente perseguidos por la
Constitución de 1991, la cual destaca un claro interés por favorecer, promover,
reforzar y divulgar los valores culturales como medio efectivo para consolidar
la unidad del territorio colombiano.
Este fundamento constitucional ha motivado que esta
corporación concluyera que “a partir de la Constitución de 1991, la cultura
no es asunto secundario, ni puede constituir un privilegio del que disfruten
solamente algunos colombianos, sino que ella ha de extenderse a todos, bajo el
entendido de que por constituir uno de los fundamentos de la nacionalidad su
promoción, desarrollo y difusión es asunto que ha de gozar de la especial
atención del Estado”[27]. De allí el énfasis de la
Carta por obligar a las autoridades públicas a asumir un papel protagónico en
la creación de medios de expresión artística que permitan a los colombianos
identificarse como nación a partir del reconocimiento de sus características
culturales. Por lo tanto, “no puede existir ninguna duda, sobre el claro
mandato constitucional de que el Estado defina y lleve a cabo una política
cultural que eleve el nivel artístico e intelectual de todos los colombianos,
política ésta en la cual serán pilares esenciales el fomento de actividades
encaminadas a la obtención de tales fines”[28].
Los compromisos del Estado colombiano no sólo se
derivan de la Constitución, sino, además, de los contraídos en el plano
internacional, dentro de los cuales se cuentan los derivados del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1.966, en cuyo
artículo 15 se reconoce el derecho de todas las personas a participar en la
vida cultural y a beneficiarse de los progresos de la ciencia y sus
aplicaciones, y el deber correlativo de los Estados de tomar las medidas
necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y la
cultura. Este precepto reitera lo dispuesto en los artículos 27 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1.948, y XIII de la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, igualmente
vinculantes para Colombia.
Hasta aquí se ha expuesto la forma de proteger y
promocionar el bien constitucional de la cultura. Sin embargo, la cultura
resulta ser un término abstracto cuya protección y promoción se hace a través
de la protección y promoción de distintas manifestaciones, prácticas y usos que
la sociedad identifica como manifestaciones culturales. Resulta importante resaltar
que la noción de "cultura nacional" se expresa a través de “aquellas
tradiciones y cánones corrientemente aceptados como ‘colombianos’, esto es, los
que involucran las prácticas y los valores que prevalecen en el territorio
nacional”[29], sin que lo anterior
signifique que ésta prime o incluso anule las “manifestaciones culturales”
minoritarias existentes en el territorio colombiano, pues de los artículos como
el 7º y el 70 de la Constitución se deduce que todas las manifestaciones
culturales se encuentran en pie de igualdad ante el ordenamiento jurídico
colombiano.
Y es precisamente la existencia de diferentes culturas
–y, por consiguiente, las diferentes manifestaciones de ésta-, así como de
diferentes derechos fundamentales, bienes constitucionales, principios
fundamentales, entre otros, que las expresiones culturales, al igual que otros
elementos de protección constitucional, no tienen un valor absoluto en el
ordenamiento colombiano y su interpretación, con miras a concretar la garantía
de su protección y desarrollo, debe hacerse en armonía con todos los elementos
que integran el panorama constitucional previsto por la Constitución de 1991.
En acuerdo con lo anteriormente dicho, se aprecia
claramente que, desde un punto de vista constitucional, a las manifestaciones
culturales se les puede atribuir un triple orden de propósitos:
i.
Permitir la actuación y concreción
del derecho al libre desarrollo de la personalidad.
ii.
Colaborar en la construcción de la
unidad nacional entorno a expresiones del sentir de sectores importantes al
interior del Estado.
iii.
Fomentar la unidad nacional en
torno a actividades cuya libre manifestación implica tolerancia y pluralismo en
una sociedad con diferentes sensibilidades.
Esta pluralidad de propósitos pone de manifiesto la
procedencia y los límites que tiene la justicia constitucional cuando debe
decidir sobre el acuerdo con la Constitución  o no de costumbres o actividades
desarrolladas con fundamento en la cultura. Así, manifiesta la Corte que, al
igual que lo expresó en ocasión anterior[30], atendiendo el amplio
sentido del concepto cultura y las muy diversas manifestaciones que ésta pueda
tener en un entorno social, no corresponde a la competencia del juez
constitucional inmiscuirse en lo acertado o no de esta amplitud conceptual, ni
para incluir actividades dentro de las manifestaciones culturales, ni para
excluirlas, pues esto será tarea del legislador en ejercicio de su papel de
representante de la sociedad colombiana; de la administración –en todos los
niveles, pero sobre todo en el local-; o fruto de un simple hecho notorio, que
tenga arraigo en una determinada sociedad, siempre y cuando no desconozca un
valor, principio, deber, derecho o bien constitucionalmente protegido. En
consecuencia, sí corresponde al juez constitucional el determinar que cualquier
regulación o actividad que se entienda “manifestación cultural” se adecúe a los
parámetros que prevé la Constitución.
Es así como en distintas ocasiones la Corte ha tenido
oportunidad de realizar ejercicios de ponderación en aquellos casos en que
manifestaciones culturales se encuentren enfrentadas a otros elementos de rango
constitucional. Ante la evidente posibilidad de conflicto entre una
manifestación cultural y otra, o entre ésta y un derecho o principio
fundamental con pretensiones de universalidad,  ha sostenido la Corte
“En este nuevo
modelo, el Estado tiene la especial misión de garantizar que todas las formas
de ver el mundo puedan coexistir pacíficamente, labor que no deja de ser conflictiva,
pues estas concepciones muchas veces son antagónicas e incluso incompatibles
con los presupuestos que él mismo ha elegido para garantizar la convivencia.
(…)
En otras
palabras, aún siendo clara la dificultad para entender algunas culturas desde
una óptica que se define como universal,  el Estado tiene que hacer compatible
su deber de preservar la convivencia pacífica dentro de su territorio,
garantizando los derechos de sus asociados en tanto ciudadanos, con el
reconocimiento de sus necesidades particulares, como miembros de grupos
culturales distintos. En esta tarea, además, le está vedado imponer una
concepción del mundo particular, así la vea como valiosa, porque tal actitud
atentaría contra el principio de respeto a la diversidad étnica y cultural y
contra el trato igualitario para las diferentes culturas, que el mismo ha
reconocido.”[31]
Aunque este no resulta un caso de choque entre dos
culturas –pues las actividades contempladas en el artículo 7º de la ley 84 de
1989 no constituyen muestras de multiculturalismo-, al mismo es aplicable el
principio de decisión plasmado en la sentencia citada, que no es otro que la
búsqueda del equilibrio entre una manifestación cultural y los valores,
principios y derechos esenciales a un ordenamiento constitucional[32].
Finalmente, debe decirse que el concepto de actividad
cultural no es un desarrollo de la Constitución, sino fruto del la interacción
de los distintos actores sociales determinados por un tiempo y un espacio
específicos. De manera que no puede entenderse que las manifestaciones
culturales, en sí mismas consideradas, sean desarrollo de la Constitución, ni
que, por consiguiente, tengan blindaje constitucional alguno que las haga
inmunes a la regulación por parte del ordenamiento infra-constitucional
cuando quiera que se concluya sobre la necesidad de limitarlas o, incluso
suprimirlas, por ser contrarias a los valores que busque promocionar la
sociedad.
En
conclusión, la cultura, en cuanto bien jurídico protegido y promocionado por el
Estado, debe ser objeto de garantía y reconocimiento de un amplio espacio de
manifestación y desarrollo, con el objeto de impedir la creación de
limitaciones ilegítimas de las diversas formas de concreción de un bien
constitucional de gran importancia en el Estado colombiano. Sin embargo, es
pertinente recordar que el ejercicio de las diversas manifestaciones culturales
deberá estar en armonía con los otros valores, derechos y principios
fundamentales que integran el sistema constitucional colombiano. En este
sentido, será tarea del juez constitucional determinar, en cada caso que le sea
sometido a su examen –como ocurre en la presente ocasión-, que las distintas
formas de expresión en que se manifieste la cultura sean acordes con las demás
normas de la Constitución, para lo cual deberá emplear criterios de
razonabilidad y proporcionalidad que sean armónicos con los objetivos del
Estado social que consagró la Constitución de 1991.
Hechas
las consideraciones de los capítulos anteriores, pasará la Corte a resolver el
problema ante ella planteado.
CAPÍTULO
III: Decisión
En
la presente ocasión resuelve la Corte la demanda interpuesta por el señor
Andrés Echeverri contra el artículo 7º de la Ley 84 de 1989, Estatuto Nacional
de Protección de los Animales. La disposición acusada exime de las sanciones
administrativas previstas en el mismo cuerpo normativo a quienes participen u
organicen corridas de toros, coleo, becerradas, rejoneos, riñas de gallos,
novilladas, corralejas y tientas.  Se trata de  una excepción al régimen
general de prohibición de actividades crueles para con los animales fijado por
el artículo 6º de la misma ley, en esa medida se reitera que la adecuada
comprensión del precepto demandado requiere tener en cuenta la primera
disposición, en la cual se describen las acciones que se entienden como
maltrato animal.
De
la interpretación sistemática de ambos preceptos se desprende, entonces, que en
desarrollo de actividades como las corridas de toros, las novilladas, el
rejoneo, las corralejas, las becerradas, las tientas y las riñas de gallos, está
permitido ejecutar acciones tales como herir o lesionar a un animal; enfrentar animales
para que se acometan; hacer de las peleas así provocadas un espectáculo público
o privado[33]; convertir en
espectáculo público o privado, el maltrato, la tortura o la muerte de animales
adiestrados o sin adiestrar[34]; y usar animales vivos
para entrenamiento o para probar o incrementar la agresividad o la pericia de
otros animales[35].
El
actor objeta que dicha permisión iría en contra de las siguientes normas
constitucionales:
i.
El artículo 7º de la Constitución,
por cuanto las excepciones establecidas desconocen las manifestaciones culturales
que consideran a los animales sujetos dignos de protección por parte del
ordenamiento jurídico, en cuanto pertenecientes a la comunidad moral.
ii.
El artículo 58 de la Constitución.
Las razones de su violación serían, en primer término, el desconocimiento de la
función ecológica de la propiedad por espectáculos como las corridas de toros,
novilladas o peleas de gallos, pues atentan contra la función de preservación
de su propia especie. En segundo término, se desconocería la función social de
la propiedad, pues “manifestaciones culturales” como las mencionadas “perpetúan
un sistema de creencias y de valores soportado en el maltrato a quien esté en
una posición jerárquica inferior o a quien se encuentre en un estado de
indefensión”, siendo esto contrario a la función social de las especies,
que está representada en su función ejemplarizante o educativa, es decir, “en
la difusión de valores que demanda con insistencia nuestra sociedad: el respeto
a la vida, la dignidad en el trato, la compasión por el desventurado, etc.”.
iii.
El numeral 9º del artículo 313 de la
Constitución Nacional, pues en este caso se está ante la regulación por parte
de una ley del Congreso de la República de un aspecto que corresponde a las
autoridades locales, en cuanto manifestación cultural parte de su patrimonio
cultural.
iv.
El artículo 12 de la Constitución
Política, cuyo tenor establece que “nadie será sometido a (…) torturas ni a
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”. De acuerdo con el
accionante, la expresión “nadie” es lo suficientemente indeterminada para que
en ella se encuentren incluidos los seres vivos, no estando limitada esta
prohibición a las personas humanas, como sí lo previó expresamente la
Constitución en los artículos subsiguientes -13, 14, 15 y 16- en que reconoce
derechos únicamente a “todas las personas” o a “toda persona”.
v.
Los artículos 79, 8º y el numeral
8º del artículo 95 de la Constitución, pues se permite una afectación ilegítima
al ambiente, del cual hace parte el recurso fáunico –que incluye todo tipo de
animales-, y se incumple con el deber que la Constitución impone a los
ciudadanos y al Estado de brindar protección a los recursos naturales.
El
estudio de los anteriores cargos no se reduce, como se ha indicado antes, al
simple contraste de la excepción prevista en el artículo 7º de la ley 84 de
1989 con las normas constitucionales que sirven de fundamento a la protección
de los animales contra el maltrato y la crueldad, pues debe analizarse si la
mencionada excepción es constitucionalmente admisible por preverse en el marco
de manifestaciones culturales.
En
concordancia con lo expresado, encuentra la Corte que el problema jurídico ante
ella planteado implica determinar:
i.
Si la excepción del artículo 7º de
la ley 84 de 1989 encuentra fundamento en la consideración de hechos o
manifestaciones culturales y sociales de las actividades en ella incluidas; y
de ser así,
ii.
Si, partiendo de que en Colombia
está prohibido el maltrato animal y los actos de crueldad contra animales
porque desconocen el deber constitucional de protección a los mismos, las
actividades incluidas en el artículo 7º de la ley 84 de 1989 resultan acordes a
la Constitución en cuanto son manifestaciones culturales y expresiones del
pluralismo que se deriva de una interpretación incluyente de la misma.
Recuerda
la Corte Constitucional que del análisis conjunto del deber de protección de
los recursos naturales contenido en los artículos 8º, 79 y 95-8 de la
Constitución y el principio de dignidad humana –previsto en los artículos 1º y
94 de la Constitución-, se deriva el deber constitucional de protección a
los animales, cuyo contenido implica restricciones respecto de la
realización de actividades que conlleven crueldad contra ellos o, en
general, que contradigan o nieguen la obligación de proporcionar bienestar
a los animales que, en alguna medida, dependan o se relacionen con los seres
humanos.
Por
su parte las actividades permitidas por el artículo 7º de la ley 84 de 1989
implican, claramente, maltrato animal. En efecto, de la descripción realizada
en el numeral 2.) de esta decisión se concluye fácilmente que las corridas de
toros, las corralejas, las tientas, las becerradas, el rejoneo, las riñas de
gallos y el coleo son actividades en las que se trata de forma cruel a los
animales que en ellas se emplean y que por consiguiente constituyen distintas
formas de maltrato animal; no otra es la razón para que éstas se consagren como
excepción al artículo 6º de la propia ley 84 de 1989, norma que contiene el
catálogo general de actividades prohibidas en cuanto desconocen el deber de
brindar protección y bienestar a los animales.
Sin
embargo, se recuerda que no es la contradicción entre el artículo 6º y el
artículo 7º lo que constituye el problema jurídico de esta decisión. Tal
contradicción, además de obvia en cuanto el segundo es una excepción al régimen
jurídico establecido en el primero, carecería de relevancia constitucional,
pues se trata de dos normas legales, ninguna de las cuáles puede entenderse
parámetro constitucional de la otra.
El
problema jurídico que afronta la Sala consiste en determinar si con la
excepción prevista en el artículo 7º del Estatuto de Protección Animal se
desconoce, sin justificación legítima, el deber constitucional de
protección animal incluido en la Constitución, verdadero parámetro de control
constitucional en este caso.
Es
preciso resaltar la calidad de justificación legítima que, desde el
punto de vista constitucional, debe tener toda excepción que se quiera oponer a
cualquiera de los deberes contenidos en la Constitución. Y, en este sentido, se
recuerda que pueden existir diversas fuentes de justificación para exceptuar el
deber constitucional en cuestión, como fueron las mencionadas en el numeral 1º
del capítulo II de esta decisión.
Sin
embargo, en esta oportunidad la Corte se ocupará exclusivamente de actividades
cuyo sustrato como manifestaciones culturales de la sociedad constituye el
fundamento para excepcionar el deber de protección animal y en este contexto se
desarrollará el análisis concreto que haga. No se estudiará ninguna actividad
que sea, verbigracia, manifestación de creencias religiosas, requerimientos
científicos, de sobrevivencia, o manifestaciones de multiculturalismo.
En
resumen, existe un deber constitucional que impide el maltrato animal y, por
consiguiente, una oposición a la realización de actividades que atenten contra
el bienestar o representen actos crueles respecto de los animales. Este deber
constitucional, al igual que todas las normas derivadas de disposiciones
constitucionales, no puede entenderse con un carácter absoluto, pues su
aplicación puede estar mediatizada por la existencia de valores, principios o
reglas constitucionales que para los casos puntuales resulten contradictorios,
situación que obliga al intérprete a realizar una armonización en concreto
en cada caso en que se presenten dichas contradicciones, que, a partir de un
entendimiento inclusivo y pluralista –propio de un sistema constitucional
democrático-, conduzca a una aplicación coherente de las disposiciones
constitucionales.
Partiendo
de este presupuesto, se analizará si las excepciones contenidas en el artículo
7º de la ley 84 de 1989 encuentran justificación de rango constitucional que
avale su consagración en la disposición demandada.
1.
Las excepciones al deber de
protección de los animales y su fundamentación constitucional
El
primer punto que resalta la Sala es que las actividades contenidas en la
disposición demandada son entendidas como manifestaciones culturales, así ha
sido expresado de distintas formas, incluso en decisiones previas de esta
Corporación.
En
este sentido, se concluyó en la sentencia C-1192 de 2005, respecto de las
actividades taurinas:
“11. En
atención al reconocimiento de la citada diversidad y en aras de promover e
impulsar el acceso a las tradiciones culturales y artísticas que identifican a
los distintos sectores de la población, la Constitución Política en los
artículos 70, 71 y 150 le asigna al legislador la atribución de señalar qué
actividades son consideradas como expresión artística y cuáles de ellas -en
concreto- merecen un reconocimiento especial del Estado[36].
En el asunto sub-judice
fue el legislador quien en ejercicio de su atribución de configuración
normativa definió a la actividad taurina como una “expresión artística”. Esta
calificación satisface el criterio jurídico de razonabilidad, pues como
manifestación de la diversidad y pluralismo de la sociedad, la tauromaquia, o
en otras palabras, “el arte de lidiar toros”[37], ha sido reconocida a lo
largo de la historia como una expresión artística y cultural de los pueblos
iberoamericanos.
(…)
Aunado a lo
anterior, es claro que ambas manifestaciones de la tauromaquia como arte y
espectáculo[38],
pertenecen inescindiblemente al concepto de cultura y, por lo mismo, pueden
reconocerse por el legislador como expresiones artísticas y culturales del
Estado y de quienes las practican. Esta Corporación ha dicho que mediante la
cultura se expresa el “conjunto de creaciones, instituciones y
comportamientos colectivos de un grupo humano, [esto es], el sistema de valores
que caracteriza a una colectividad”[39].
En ese conjunto se entienden comprendidos elementos como la lengua, las
instituciones políticas, los recuerdos históricos, las creencias religiosas,
las costumbres, el folclor, la mentalidad o psicología colectiva y las
manifestaciones vivas de una tradición que surgen como consecuencia de los
rasgos compartidos de una comunidad[40]
De
igual forma el legislador ha reconocido el carácter de manifestación cultural
de la Fiesta en Corralejas, cuyo elemento principal son, precisamente, las
corralejas. En este sentido la ley 1272 de 2009 consagró
“ARTÍCULO 1o.
Declárase Patrimonio Cultural de la Nación La Fiesta en Corralejas, que se
celebran en la ciudad de Sincelejo, capital del Departamento de Sucre, durante
el mes de enero de cada año.”
Otro
tanto vale decir de las riñas de gallos, actividad que cuenta con fuerte
arraigo en amplios sectores de la sociedad colombiana, al punto que algunos
aspectos de su forma de realización y las apuestas que tienen lugar en
desarrollo de las mismas han sido objeto de regulación por parte del
ordenamiento jurídico nacional[41].
Igualmente,
el coleo es una actividad reconocida como deporte –Resolución 2380 de 30 de
noviembre de 2000 del Instituto Colombiano de Deporte- cuya práctica y
organización está a cargo de la Federación Colombiana de Coleo –de acuerdo con la
Resolución 1494 de 23 de noviembre de 2005 del Instituto Colombiano de
Deporte-, que es la entidad encargada de preservar los aspectos tradicionales
de su realización. El coleo se entiende como una de las tantas expresiones de
la cultura llanera, nacida de la costumbre que tenían los jinetes de derribar
por la cola las reses que, corriendo, se alejaban del rebaño. Actualmente
constituye una práctica bastante arraigada en los departamentos del Meta,
Casanare, Vichada, Guaviare y Cundinamarca, siendo la Federación Colombiana la
encargada de unificar las reglas para su realización; su práctica ha llevado a
que en la ciudad de Villavicencio tenga lugar el llamado “Encuentro Mundial del
Coleo”, que se realiza desde 1997.
En
este sentido para el examen de constitucionalidad de la disposición acusada no
resulta indiferente que dichas actividades hayan sido desarrolladas de tiempo
atrás por algunos sectores de la sociedad y, por consiguiente, se entienden
como parte de las manifestaciones que identifican a ciertas regiones dentro del
territorio nacional. Precisamente, el concepto constitucional de “manifestación
cultural” puede sustentarse en que una determinada actividad sea practicada
hace largo tiempo y esté arraigada dentro de las costumbres sociales, ya que el
contenido de la Constitución debe estar en conexión con los usos reinantes o
arraigados en la sociedad a la que se aplican dichas normas.
Por
esta razón se encuentra fundamento para que las mismas se incluyan entre las
excepciones que consagra el artículo 7º de la ley 84 de 1989 al deber de
protección animal que se consagra en la Constitución, pues éstas resultan
prácticas culturales, en cuanto bien protegido por el ordenamiento
constitucional, que sirve de sustento a este tipo de manifestaciones dentro de la
Nación colombiana.
Debe
recordarse, sin embargo, que las manifestaciones culturales no son una
expresión directa de la Constitución, sino fruto de la interacción de los
distintos actores sociales determinados por un tiempo y un espacio específicos.
De manera que no puede entenderse que en sí mismas consideradas, sean
concreción de postulados constitucionales, ni que, por consiguiente, tengan
blindaje alguno que las haga inmunes a la regulación por parte del ordenamiento
jurídico cuando quiera que se estime necesario limitarlas o, incluso
suprimirlas, por ser contrarias a los valores que busque promocionar la
sociedad, decisión que se encuentra dentro del ámbito competencial del órgano
legislativo o de las autoridades municipales o distritales, como se tendrá
ocasión de precisar más adelante.
2.
Armonización del deber de
protección a los animales  y del principio de diversidad étnica y cultural
Ahora
bien, la cultura, fundamento de las excepciones previstas en la disposición
demandada, no puede entenderse como un concepto bajo el cual es posible amparar
cualquier tipo de expresiones o tradiciones, pues esto sería entenderla como un
principio absoluto dentro de nuestro ordenamiento y, por consiguiente, aceptar
que amparadas bajo este concepto tuviesen lugar actividades que contradicen
valores axiales de la Constitución, como la prohibición de discriminación por
género o por raza; la libertad religiosa, el libre desarrollo de la
personalidad; o, para el caso concreto, el deber de cuidado a los animales.
Por
esta razón, el reconocimiento de ciertas expresiones como manifestaciones
culturales ha de estar acorde con el contenido dogmático de la Constitución. En
este sentido manifestó la Corte Constitucional en la ya citada sentencia C-1192
de 2005:
Así las cosas, no
todas las actividades del quehacer humano que expresan una visión personal del
mundo, que interpretan la realidad o la modifican a través de la imaginación,
independientemente de que en su ejecución se acudan al auxilio de recursos
plásticos, lingüísticos, corporales o sonoros, pueden considerarse por parte
del legislador como expresiones artísticas y culturales del Estado. En efecto,
es preciso recordar que conforme al preámbulo y a los artículos 1, 2, 4 y 13 de
la Constitución Política, esta Corporación ha reconocido que el criterio
jurídico de razonabilidad -en tanto límite a la potestad de configuración
normativas- implica la exclusión de toda decisión que éste adopte y que resulte
manifiestamente absurda, injustificada o insensata, vale decir, que se aparte
por completo de los designios de la recta razón, lo que ocurriría, por ejemplo, al pretenderse categorizar como
expresiones artísticas y culturales del Estado, comportamientos humanos que
única y exclusivamente manifiesten actos de violencia o de perversión (v.gr. la
pornografía, el voyerismo y el sadismo), que además de considerarse lesivos de
los valores fundamentales de la sociedad, desconocen principios y derechos
fundamentales como los de la dignidad humana (C.P. art. 1 y 12) y la
prohibición de tratos crueles (C.P. art. 12).
En
todo caso la interpretación de los operadores jurídicos, y especialmente el
examen del juez de constitucionalidad, debe realizarse bajo el criterio de la razonabilidad,
de manera que las manifestaciones culturales, su reconocimiento y regulación deben
concretarse de forma armónica con los principios, deberes, derechos y demás
bienes protegidos por el ordenamiento constitucional colombiano.
Este
es el único escenario constitucional válido para examinar la legitimidad y,
sobre todo, la extensión de ciertas prácticas sociales, de manera que no sea un
parámetro subjetivo el que fundamente la determinación de una actividad
como manifestación cultural y, por consiguiente, su protección y promoción como
expresión de un principio axial a la organización constitucional del Estado
colombiano.
En
el presente caso, como se concluyó anteriormente, el fundamento de la permisión
de maltrato animal en el desarrollo de ciertas actividades radica en que se
trata de manifestaciones culturales con arraigo social en ciertas regiones del
territorio nacional. Sin embargo, es necesario armonizar dichas manifestaciones
culturales con el deber de protección animal que, como antes se concluyó, tiene
también rango constitucional en el ordenamiento jurídico colombiano.
Desde
esta perspectiva el punto de partida del análisis de constitucionalidad es la permisión
genérica contenida en la disposición acusada –artículo 7º de la ley 84 de 1989-,
de actividades que implican maltrato animal, sin que ni en éste ni en otros
preceptos legales[42] se regule su ejecución.
En este sentido, es posible realizar todas las conductas exceptuadas; previstas
en los literales a), d), e), f) y g) del artículo 6 de la misma ley, siempre y
cuando se realicen en desarrollo de corridas de toros, corralejas, becerradas,
novilladas, tientas, riñas de gallos, rejoneo o coleo. Salta a la vista, por lo
tanto, que la disposición acusada no contiene una ponderación entre el deber de
protección y las expresiones culturales que involucran vejámenes a los
animales, carencia que tampoco es suplida por otros preceptos de rango legal.
Del
anterior contraste resulta un déficit normativo del deber de protección animal,
porque el legislador privilegia desproporcionadamente las manifestaciones
culturales tales como  las corridas de toros, las corralejas, las becerradas, las
novilladas, el rejoneo, las tientas y las riñas de gallos, las cuales implican
un claro y contundente maltrato animal. Este déficit de protección resulta más
evidente cuando se examina el ordenamiento jurídico en su conjunto y se aprecia
que la satisfacción de otros intereses también valiosos para el sistema
constitucional colombiano no desconoce el deber constitucional de protección
animal. Así, el interés de procurar la alimentación de los seres humanos no ha
impedido que el sacrificio de animales con este fin sea tributario del deber de
evitar sufrimientos y procurar su bienestar, siendo obligatoria la
insensibilización antes de proceder a su sacrificio[43];
en igual medida las actividades investigativas encuentran limitaciones basadas
en el sufrimiento producido a los animales[44], estando prohibido que
se cause dolor innecesario a los seres vivos empleados en dichas actividades.
Una
lectura sistemática de la Constitución obliga a armonizar los dos valores
constitucionales en colisión en este caso concreto. Así, se resalta que la
excepción de la permisión de maltrato animal contenida en el precepto acusado debe
ser interpretada de forma restrictiva y, por consiguiente, no debe tener vacíos
que dificulten o, incluso, hagan nugatorio el deber de protección de los
animales que se deriva de la Constitución; en este sentido, la excepción
prevista en el artículo 7 de la Ley 84 de 1989 debe incluir elementos mínimos
que garanticen en la mayor medida posible el bienestar de los animales
involucrados en dichas manifestaciones culturales.
Lo
anterior implica necesariamente la actuación del Legislador, que en
cumplimiento de su potestad de configuración normativa debe regular de manera
más detallada la permisión de maltrato animal objeto de examen constitucional.
Labor que debe ser complementada con el concurso de las autoridades
administrativas con competencias normativas en la materia, de manera tal que se
subsane el déficit normativo del deber de protección animal al que ya se hizo
referencia. En este sentido deberá expedirse una regulación de rango legal e
infralegal que determine con exactitud qué acciones que impliquen maltrato
animal pueden ser realizadas en desarrollo de corridas de toros, becerradas,
novilladas, rejoneos, riñas de gallos, tientas y coleo, y en las actividades
conexas con dichas manifestaciones culturales, tales como la crianza, el
encierro, el adiestramiento y el transporte de los animales involucrados en las
mismas.
Así
mismo, la Sala debe ser enfática en el sentido que la regulación  que se expida
respecto de las actividades contenidas en el artículo 7º de la ley 84 de 1989
deberá tener en cuenta el deber de protección a los animales y, en
consecuencia, contener una solución que de forma razonable lo armonice
en este caso concreto con los principios y derechos que justifican la
realización de dichas actividades consideradas como manifestaciones culturales.
Con este propósito, dicha regulación deberá prever protección contra el
sufrimiento y el dolor de los animales empleados en estas actividades y deberá propugnar
porque en el futuro se eliminen las conductas especialmente crueles para con
ellos. Excede el ámbito de la Corte Constitucional el determinar al detalle los
elementos normativos que debe incorporar dicha regulación, que cae dentro de la
órbita exclusiva del legislador. Sin embargo, una interpretación conforme a la
Constitución conduce a la conclusión que el cuerpo normativo que se cree no
podrá, como ocurre hasta el momento en regulaciones legales –ley 916 de 2004- o
de otra naturaleza –resoluciones de organismos administrativos o, incluso, de
naturaleza privada-[45], ignorar el deber de
protección animal–y la consideración del bienestar animal que del mismo se
deriva- y, por tanto, la regulación creada deberá ser tributaria de éste.
Incluso
el Legislador en ejercicio de su libertad de configuración normativa puede
llegar a prohibir las manifestaciones culturales que implican maltrato animal,
si considera que debe primar el deber de protección sobre la excepcionalidad de
las expresiones culturales que implican agravio a seres vivos, pues como lo ha
defendido esta Corporación en numerosas oportunidades, la Constitución de 1991
no es estática y la permisión contenida en un cuerpo normativo
preconstitucional no puede limitar la libertad de configuración del órgano
representativo de acuerdo a los cambios que se produzcan en el seno de la
sociedad.
En
segundo lugar, reitera la Corte que el fundamento para la consideración
especial que se tuvo respecto de las actividades incluidas en la excepción del
artículo 7º de la ley 84 de 1989 es su arraigo social en determinados y
precisos sectores de la población, es decir, su práctica tradicional, reiterada
y actual en algunos lugares del territorio nacional. Por lo tanto, el resultado
acorde con un ejercicio de armonización de los valores y principios constitucionales
involucrados conduce a concluir que la excepción del artículo 7º de la ley 84
de 1989 se encuentra acorde con las normas constitucionales únicamente
en aquellos casos en donde la realización de dichas actividades constituye una
tradición regular, periódica e ininterrumpida de un determinado municipio o
distrito dentro del territorio colombiano.
En
tercer lugar, y como complemento del condicionamiento anterior, la idea de
práctica cultural  de tradición no hace referencia únicamente al lugar en el
cual se realizan, sino que de la misma hace parte la oportunidad  o el momento
en que dichas actividades son llevadas a cabo. Una interpretación diferente
conllevaría a una limitación desproporcionada al deber de protección animal,
por cuanto posibilitaría la realización de las actividades excepcionadas
teniendo en cuenta únicamente el foro de su realización, más no el motivo o la
causa de las mismas, elemento que es igualmente esencial al carácter
tradicional de corridas de toros, corralejas, becerradas, riñas de gallos,
coleo, rejoneo o novilladas. Por esta razón la exequibilidad de las excepciones
contenidas en el artículo 7º de la ley 84 de 1989 se entenderá supeditada a que
dichas actividades, además de realizarse en los lugares en donde constituyan
tradición, tengan lugar única y exclusivamente en aquellas ocasiones en que
usualmente se hayan realizado en los respectivos municipios o distritos en que
estén autorizadas.
En
cuarto lugar, teniendo en cuenta que, en cuanto la disposición acusada
introdujo las excepciones que al momento de su consagración se consideraron las
únicas manifestaciones culturales suficientemente relevantes para
motivar la excepción de la protección establecida, prima facie son estás
y no otras las que responderán a las exigencias de tradición y arraigo en
algunos municipios o distritos dentro del territorio nacional. Además, si son
éstas las únicas actividades que, por involucrar maltrato animal, han podido
desarrollarse de forma legítima en el territorio colombiano desde el momento en
que entró en vigencia la ley 84 de 1989, no podría existir base material para
considerar que otras actividades en las que también se maltraten animales son
tradiciones arraigadas dentro de la sociedad colombiana, incluso a nivel local.
Como
se ha expuesto a lo largo de esta providencia, la permisión contenida en la
disposición acusada ha de ser interpretada de forma restrictiva, de manera que
no se haga nugatorio el deber constitucional de protección a los animales. En
este sentido, para la Sala la armonización del deber de protección animal y el
hecho concreto de que ciertas actividades que implican maltrato a los animales
sean tradiciones en determinados municipios o distritos colombianos conduce a un
condicionamiento de extensión o inclusión en concreto: que sean éstas las
únicas actividades de maltrato animal cuya realización se permite; es decir,
que el deber de protección animal implica la imposibilidad de ampliar la
excepción prevista en el artículo 7º de la ley 84 de 1989.
En
cuanto este último posibilita la práctica de actividades que per se
conllevan una alta dosis de maltrato animal y, por consiguiente, de negación de
bienestar a los animales en ellas involucrados, no podría entenderse que se
trata de una disposición enunciativa, que deja la puerta abierta para la
inclusión de otras actividades que también impliquen maltrato animal. La
lectura acorde con la Constitución, y con la estructura con que se concibió la
disposición, lleva a concluir que la única posibilidad constitucionalmente
admisible es que de la misma se haga una lectura restrictiva, que, en
consecuencia, máximice el deber constitucional de protección de los animales.
Por
otra parte, cabe recordar que, como se ha expuesto a lo largo del presente
acápite, el rejoneo, el coleo, las corridas de toros, las novilladas, las corralejas,
las becerradas, las tientas y las riñas de gallos son manifestaciones
culturales, y a la luz de distintos preceptos constitucionales[46],
el Estado tiene deberes de promoción e incentivo respecto de expresiones de
esta naturaleza, razón por lo cual resulta necesario precisar en el examen de
constitucionalidad de la disposición acusada cual es el alcance de las
obligaciones estatales frente al deber de protección animal.
Puede
entenderse por lo tanto que en cumplimiento del deber de incentivar
manifestaciones culturales el Estado estaría autorizado a fomentar la práctica
y difusión de aquellas actividades incluidas en la excepción del artículo 7º de
la ley 84 de 1989, en cuanto éstas constituyen formas de manifestación cultural
en diferentes partes del territorio colombiano. No obstante, una interpretación
en este sentido otorga una primacía absoluta a dichas manifestaciones de la
sociedad y anula el deber de protección animal que se deriva de las normas
constitucionales tantas veces mencionadas, razón por la cual la misma se aleja
del criterio de razonabilidad utilizado para la interpretación sistemática de la
Constitución en esta ocasión.
Por
esta razón se concluye que resulta contrario a los términos constitucionales
que los municipios o distritos dediquen recursos públicos a la construcción de
instalaciones para la realización exclusiva de estas actividades. Esta
sería una acción incompatible con el deber de protección animal, pues se
privilegiaría sin ninguna limitación el deber de fomento a la cultura, sin
tener en cuenta la armonización necesaria en esta ocasión; el desconocimiento
del deber de protección animal provendría, además, del hecho que de esta manera
se fomentaría el maltrato animal, lo que conduciría a lo tantas
veces expresado en la presente providencia: un desconocimiento absoluto
de un deber constitucional, con el consiguiente privilegio irrestricto
de otro.
Con
fundamento en lo anterior, respecto de estas precisas actividades y de
cualquiera que involucre maltrato animal se concluye que el Estado podrá
permitirlas cuando se consideren manifestación cultural de la población de un
determinado municipio o distrito, pero deberá abstenerse de difundirlas,
promocionarlas, patrocinarlas o cualquier otra forma de intervención que
implique fomento a las mismas por fuera de los límites establecidos en esta
sentencia. Sólo así se alcanza una interpretación armónica de dos principios
constitucionales que se contraponen en las concretas actividades que excepciona
el artículo 7º de la ley 84 de 1989.
Aclara
la Corte que el análisis ahora realizado no tiene como consecuencia la
inexequibilidad de ninguna norma jurídica cuyo contenido pueda entenderse
manifestación de fomento a las actividades previstas en el artículo 7º de la
ley 84 de 1989, ya que dicho fomento tiene muy diferentes formas de concreción
y, eventualmente, implicar la realización o protección de muy distintos
principios o derechos fundamentales. En estos casos es posible que, por
elementos jurídicos propios del precepto estudiado, el juez constitucional deba
utilizar criterios de interpretación como el de razonabilidad, proporcionalidad,
ponderación, entre otros que a priori hacen imprevisible una decisión
al respecto. Por esta razón, será en el examen concreto de las disposiciones
acusadas de involucrar mandatos de fomento a actividades de maltrato animal el
que determine la declaratoria de exequibilidad o inexequibilidad de un precepto
jurídico, conclusión a la que la Corte no puede arribar de manera general y
abstracta.
Finalmente,
en lo que hace relación al cargo por vulneración del principio de autonomía de
las entidades territoriales, esta Corporación precisa que la disposición
acusada permite excepcionalmente el maltrato animal en el desarrollo de ciertas
manifestaciones culturales, no obstante, se trata de una disposición
excepcional de alcance restringido como se ha sostenido a la largo de esta
providencia, de manera tal que no limita la potestad reguladora en cabeza de
las autoridades administrativas municipales. Por lo tanto, estas pueden
determinar si permiten o no el desarrollo de las mismas en el territorio en el
cual ejercen su jurisdicción.
Así,
como resultado de la lectura armónica de la disposición y, sobre todo, de la
aplicación del principio de interpretación conforme a la Constitución y del
ejercicio de armonización en concreto se obtienen las siguientes conclusiones:
i.
Las manifestaciones culturales en
las cuales se permite excepcionalmente el maltrato animal deben ser reguladas
de manera tal que se garantice en la mayor medida posible el deber de
protección animal. Existe el deber estatal de expedir normas de rango legal e
infralegal que subsanen el déficit normativo actualmente existente de manera
que cobije no sólo las manifestaciones culturales aludidas por el artículo 7 de
la Ley 84 de 1989 sino el conjunto de actividades conexas con las mismas, tales
como la crianza, el adiestramiento y el transporte de los animales.
ii.
No podría entenderse que las
actividades exceptuadas puedan realizarse en cualquier parte del territorio
nacional, sino sólo en aquellas en las que implique una manifestación ininterrumpida
de tradición de dicha población. Contrario sensu, no podría tratarse de
una actividad carente de algún tipo de arraigo cultural con la población
mayoritaria del municipio en que se desarrolla la que sirva para excepcionar el
deber de protección animal.
iii.
La realización de dichas
actividades deberá estar limitada a las precisas ocasiones en que usualmente
éstas se han llevado a cabo, no pudiendo extenderse a otros momentos del año o
lugares distintos a aquellos en los que resulta tradicional su
realización.
iv.    Las manifestaciones culturales en las cuales está
permitido el maltrato animal son aquellas mencionadas por el artículo 7 de la
Ley 84 de 1989, no se entienden incluidas dentro de la excepción al deber de
protección animal otras expresiones que no hayan sido contempladas en la
disposición acusada. Lo contrario sería crear contextos impermeables a la
aplicación de principios fundamentales y deberes constitucionales incluidos en la
Constitución, algo que excede cualquier posibilidad de interpretación por parte
de los poderes constituidos y los operadores jurídicos.
v.
Las autoridades municipales en ningún
caso podrán destinar dinero público a la construcción de instalaciones para la
realización exclusiva de estas actividades.
Con
base en estas consideraciones la Corte declarará la exequibilidad condicionada
del artículo acusado.
VII.
DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional administrando justicia en nombre
del Pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Declarar EXEQUIBLE  el artículo 7° de la
Ley 84 de 1989 “por la cual se adopta el estatuto nacional de protección de los
animales y se crean unas contravenciones y se regula lo referente a su
procedimiento y competencia”, en el entendido:
1) Que la
excepción allí planteada permite, hasta determinación legislativa en contrario,
si ello llegare a ocurrir, la práctica de las actividades de entretenimiento y
de expresión cultural con animales allí contenidas, siempre y cuando se
entienda que estos deben, en todo caso, recibir protección especial contra el
sufrimiento y el dolor durante el transcurso de esas actividades. En
particular, la excepción del artículo 7 de la ley 84 de 1989 permite la
continuación de expresiones humanas culturales y de entretenimiento con
animales, siempre y cuando se eliminen o morigeren en el futuro las conductas
especialmente crueles contra ellos en un proceso de adecuación entre
expresiones culturales y deberes de protección a la fauna. 2) Que únicamente
podrán desarrollarse en aquellos municipios o distritos en los que las mismas
sean manifestación de una tradición regular, periódica e ininterrumpida y que
por tanto su realización responda a cierta periodicidad; 3)  que sólo
podrán desarrollarse en aquellas ocasiones en las que usualmente se han
realizado en los respectivos municipios o distritos en que estén autorizadas; 4)
que sean estas las únicas actividades que pueden ser excepcionadas del
cumplimiento del deber constitucional de protección a los animales; y 5)  que
las autoridades municipales en ningún caso podrán destinar dinero público a la
construcción de instalaciones para la realización exclusiva de estas
actividades.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase
y archívese el expediente.
JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Vicepresidente
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
Con salvamento de voto
GUSTAVO CUELLO IRIARTE
Conjuez
DIEGO LOPEZ MEDINA
Conjuez
Con aclaración de voto
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
Con salvamento de voto
JORGE IVAN PALACIO PALACIO
Magistrado
NILSON ELIAS PINILLA PINILLA
Magistrado
Con aclaración de voto
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO DE VOTO DE LOS MAGISTRADOS
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA Y JORGE IVÁN PALACIO PALACIO A LA SENTENCIA C-666
de 2010
ACTIVIDADES TAURINAS, COLEO Y RIÑAS DE GALLOS-La norma ha debido declararse inconstitucional, por
afectación a los derechos al ambiente y a la protección a los animales frente
al sufrimiento de dolor innecesario (Salvamento de voto)
ACTIVIDADES TAURINAS, COLEO Y RIÑAS DE GALLOS-La fórmula
elegida por la Corte Constitucional lejos de asegurar plenamente la protección
efectiva de unos valores y principios constitucionales, implicó la vulneración
de otros (Salvamento de voto)
VIOLENCIA CONTRA LOS ANIMALES-Representa en la actualidad una suerte de “tara
ancestral” (Salvamento de voto)
ACTIVIDADES TAURINAS, COLEO Y RIÑAS DE GALLOS-La norma acusada ha debido ser declarada
inconstitucional con efectos diferidos por respeto a los principios y valores
constitucionales que podrían verse afectados (Salvamento de voto)
PROTECCION A LAS CULTURAS MINORITARIAS Y PROTECCION A
LAS MANIFESTACIONES CULTURALES-Diferencia
(Salvamento de voto)
COMPETENCIAS QUE LA LEGISLACION AMBIENTAL CONCEDE A
LAS ENTIDADES TERRITORIALES-Importancia
(Salvamento de voto)
Referencia:
expediente D-7963
Demanda de inconstitucionalidad
contra el artículo 7° de la Ley 84 de 1989
Demandante:
Carlos
Andrés Echeverry Restrepo
Magistrado
Ponente:
Dr.
Humberto Antonio Sierra Porto
Estocada democrática [47]
Los
magistrados que nos apartamos respetuosamente de la decisión adoptada por la
mayoría en la sentencia C-666 de 2010,[48] consideramos que la
norma acusada ha debido ser declarada inconstitucional, por la afectación a los
derechos al ambiente, y en particular a la protección a los animales frente al
sufrimiento de dolor innecesario. Ahora bien, consideramos que tal decisión se
ha debido tomar con efectos diferidos, por respeto a la confianza legítima que
tienen poblaciones y regiones en Colombia, en poder seguir practicando ciertas
actividades tradicionales, de las que depende, en algunos casos, la profesión,
el oficio o el mínimo vital de muchas personas, y que implican una limitación
del derecho al ambiente antes mencionado. La solución elegida por la Sala Plena
de la Corte, si bien trata de proteger los mismos valores, desatiende
principios y valores propios de una sociedad democrática.
Como
se explicará a continuación, el artículo acusado por los demandantes [excepción
general, absoluta y universal a la protección de los animales para ciertas
actividades][49] viola la Carta Fundamental
de 1991, que es una Constitución ecológica, que establece un punto de
equilibrio entre los diferentes principios y valores en conflicto, ya que la
norma demandada deja de proteger desproporcionadamente algunos de ellos. La
Sala Plena, a pesar de considerar que la norma tal cual como existía en el
ordenamiento sí conllevaba una violación del orden constitucional vigente,
prefirió no declararla inconstitucional y sacarla del sistema jurídico, sino
declararla constitucional, a condición de que sea entendida de una forma
determinada. Ahora bien, en la medida en que existían ciertos valores y
principios constitucionales que podrían quedar desprotegidos con una solución
de tal estilo, los Magistrados que salvamos nuestro voto consideramos que la
formula elegida por la Corte Constitucional lejos de asegurar plenamente la
protección efectiva de tales valores y principios constitucionales violados,
implicó la vulneración de otros, igualmente caros e importantes, en especial,
en el contexto de una sociedad democrática. Se pasa a explicar cada uno de
estos aspectos de forma precisa y detallada, además de dos comentarios finales
en torno al concepto de manifestación cultural y al principio de autonomía
territorial.
1.
La excepción general, absoluta y universal a la protección de los animales
(artículo 7° del Estatuto Nacional de Protección a los Animales, Ley 84 de
1989)[50] es inconstitucional
bajo el orden constitucional vigente, como lo indica la sentencia C-666 de
2010.
1.1.
Nuestras diferencias con la posición de la mayoría surgen desde el principio
del análisis, en el planteamiento del problema jurídico. Para la mayoría de la
Sala, tal como se expone en el apartado 1 sobre la competencia[51]
de la Corte, el problema jurídico analizado es el siguiente:
¿Al establecer la excepción consagrada en el artículo
7° de la ley 84 de 1989 que permite la realización de corridas de toros, actos
de rejoneo corralejas, becerradas, novilladas, tientas y riñas de gallos, viola
el legislador (i) el principio de diversidad étnica y cultural; (ii) la función
ecológica y social de la propiedad; (iii) la distribución de competencias
municipales; (iv) la prohibición de torturas y penas crueles e inhumanas y (v)
la protección constitucional integral al ambiente; pese a que tales
actividades, se alega, que son hechos y manifestaciones culturales y sociales y
que encuentran protección en el principio constitucional de pluralismo?
Para
los magistrados que salvamos el voto, el problema jurídico es distinto. No
consiste en establecer si las actividades en cuestión se pueden llevar a cabo o
no bajo el orden constitucional vigente, por cuanto ese no es el contenido
normativo de la disposición legal acusada. El problema jurídico en este caso
consiste en establecer si, en razón de la protección a las actividades
mencionadas, se puede dejar sin protección alguna a los animales. La norma
acusada nunca autoriza la realización de tales actividades. Autoriza, a que se
realicen una serie de actos en contra de los animales. Así, el problema
jurídico que ha debido abordarse era el siguiente,
¿Viola el legislador la especial protección que a los
animales, como parte del ambiente, concede la Constitución ecológica y sus
desarrollos legales, así como la prohibición de torturas y penas crueles e
inhumanas, al establecer que ‘el rejoneo, coleo, las corridas de toros,
novilladas, corralejas, becerradas, tientas y las riñas de gallos’ y ‘los
procedimientos utilizados en estos espectáculos’ quedan exceptuados de la
prohibición de someter a los animales a ‘tratos crueles’ de manera
general y amplia, a pesar de que se trata de actividades que tradicionalmente
se han realizado, de las cuales depende el mínimo vital de grupos y familias,
que alegan gozar de confianza legítima en que podrán seguir realizándolas?
1.2.
La diferencia entre la formulación de uno y otro problema es importante, porque
mientras el primero se centra en considerar si ‘el rejoneo, coleo, las
corridas de toros, novilladas, corralejas, becerradas, tientas y las riñas de
gallos’ y ‘los procedimientos utilizados en estos espectáculos’
violan la Constitución, el segundo de ellos se limita a establecer si con
ocasión de dichos espectáculos es razonable constitucionalmente, que se
establezca una excepción a la prohibición de tratos crueles a los animales de
forma general y amplia. En otras palabras, se pregunta si es constitucional una
ley que, con ocasión de las actividades antes mencionadas, señala que se puede causar
“daño a un animal o [realizar las siguientes] las conductas
consideradas como crueles para con los mismos”: (i) herir o lesionar
a un animal por golpe, quemadura, cortada o punzada o con arma de fuego [a];
(ii) causar la muerte inevitable o necesaria a un animal con procedimientos que
originen sufrimiento o que prolonguen su agonía [d];[52]
(iii) enfrentar animales para que se acometan y hacer de las peleas así
provocadas un espectáculo público o privado [e]; (iv) convertir en
espectáculo público o privado, el maltrato, la tortura o la muerte de animales
adiestrados o sin adiestrar [f]; usar animales vivos para entrenamiento
o para probar o incrementar la agresividad o la pericia de otros animales [g].
1.3.
La sentencia, adecuadamente, reconoce el carácter ecológico de la Constitución
de 1991, tal como ha sido señalado por la jurisprudencia constitucional.
Destaca además, la visión holista de la naturaleza y de la especie humana como
parte integral de ésta, más allá de una visión utilitarista donde “el hombre”
es visto como el amo y señor de la creación y puede disponer de la naturaleza a
su parecer; como a bien tenga.
También,
con buen tino, advierte la sentencia que dentro de la protección al ambiente
que otorga la Constitución se encuentra la protección a los animales, el
respeto por la fauna. Por ello se indica que al menos han de considerarse dos
perspectivas de protección mínima a ésta parte del ambiente: “la de fauna
protegida en virtud del mantenimiento de la biodiversidad y el equilibrio
natural de las especies; y la de fauna a la cual se debe proteger del
padecimiento, maltrato y crueldad sin justificación legítima, […]”.[53]
En términos de derechos, por tanto, podría decirse que a las personas naturales
no se les pide que protejan a los animales en su vida o integridad
frente a agresiones de terceros, ni mucho menos que garanticen su vida o
integridad cuando ellos mismos no lo pueden hacer. No se pide pues, como mínimo,
que se tomen medidas sencillas o heroicas para proteger o garantizar a un
animal su bienestar, como manera de respetar el derecho a un ambiente sano del
cual goza toda persona. El límite establecido es el mínimo: respetar a
los animales. Respetar su vida y su integridad como seres sintientes de
la naturaleza, de la cual somos parte. No causarles daño ni sufrimiento, en
especial si son tratos reconocidos como crueles. Ahora bien, en el caso
del Estado y de instituciones públicas, ese deber constitucional frente al
ambiente es más amplio, y sí supone facetas adicionales de protección y
garantía del derecho, además del respeto.
Así,
como lo señala la sentencia, “[…] las excepciones que existan en el
ordenamiento jurídico respecto de la protección prevista para los animales, no
pueden ser fruto del capricho o discrecionalidad de los poderes constituidos
—vinculados en este tema por un deber constitucional—, sino que tendrán que
estar sustentadas en criterios de razonabilidad o proporcionalidad acordes con
los valores y principios que prevé el ordenamiento constitucional.”
1.4.
Los magistrados que salvamos el voto también estamos de acuerdo en que
analizada la norma en cuestión es evidente que la misma es inconstitucional,
por sacrificar desproporcionadamente la protección a los animales a cambio de
dar protecciones excesivas e innecesarias para las actividades en cuestión (el
rejoneo, coleo, las corridas de toros, novilladas, corralejas, becerradas,
tientas y las riñas de gallos).
La
norma objeto de análisis priva de protección a los animales,[54]
desprotegiéndolos en alto grado de tratos crueles que infrinjan gran
sufrimiento. Una simple lectura de las expresiones contenidas en el inciso 1° y
en los literales a), d), e), f) y g) del artículo 7° de la Ley 84 de 1989,
dentro de las actividades relacionadas con el rejoneo, coleo, las corridas de
toros, novilladas, corralejas, becerradas, permite constatar que es factible
realizar actos deleznables y de la más alta sevicia contra los animales, que la
posición mayoritaria califica como ‘actividades de entretenimiento y de
expresión cultural’.
Además
con respecto al texto de la norma, puede formularse la pregunta ¿para qué se
introduce una excepción que permita matar animales con arma de fuego? ¿cuál de
las actividades en comento (el rejoneo, coleo, las corridas de toros,
novilladas, corralejas, becerradas, tientas y las riñas de gallos) usa
armas de fuego? La excepción es general y amplia, no limitada y específica. Se
aprueban las prácticas crueles contra los animales, en general. Podría alegarse
que la interpretación de la norma que aquí se propone no reconoce el contexto
constitucional en que la norma ha de interpretarse. Es decir, podría afirmarse
que una interpretación razonable no aceptaría, por ejemplo, la introducción de
nuevos usos o nuevos animales a las actividades ya establecidas. No obstante,
tal objeción deja de lado el hecho de que se trata de una norma sancionatoria y
que, por tanto, su interpretación debe ser restrictiva, apegada al texto. No es
aceptable una lectura extensiva de la regla legal que, so pretexto de proteger
a los animales, implique ampliar los casos en los cuales puede ser sancionada
una persona. Precisamente por eso, la Sala Plena en sede de constitucionalidad,
en un fallo con efecto erga omnes que controla la norma legal, resolvió
declararla exequible sólo a condición de que se entienda de forma restrictiva,
esto es, no como una excepción, absoluta, general y universal, sino relativa,
específica y particular. Para la Sala, al igual que para los Magistrados que
salvamos voto, declarar la norma acusada exequible, pura y simplemente, sin
anotación alguna, no era una opción posible bajo el orden constitucional
vigente.
Tampoco
era viable pensar en acortar la interpretación amplia mediante una lectura
sistemática del ordenamiento, pues la inexistencia de reglamentaciones
sensibles a la protección animal en el contexto de estas actividades, como lo
resalta la sentencia, brillan por su ausencia. Las reglas sobre las riñas de
gallos son un mero asunto de suerte y azar o de técnicas para incrementar la
violencia entre los animales;[55] las del coleo, que son
privadas, definen figuras y conceptos, así como el valor y las puntuaciones
respectivas.[56] Las reglas del toreo se
ocupan de fijar los parámetros de la actividad, sin considerar la protección al
animal. De las corralejas no hay regla conocida.
La
violencia contra los animales representa en la actualidad una suerte de “tara
ancestral”. Es, precisamente, uno de los reductos de esa vieja visión de la
relación entre el ser humano y la naturaleza, de acuerdo con la cual, ésta se
encuentra al pleno servicio de aquél.  Si bien es cierto que en el pasado tuvo
explicaciones religiosas, éticas e incluso culturales, también lo es que
gradualmente han sido superadas debido a nuevas concepciones de la naturaleza,
al avance de las ciencias, de la tecnología y, en especial, a la conciencia
ecológica alcanzada y defendida por las civilizaciones, que han reconocido un
ámbito jurídico a favor de los seres sintientes, para que no sufran frente al
miedo, al pánico y al dolor.
Así,
a manera de primera conclusión, los magistrados que salvamos el voto estamos de
acuerdo en que la excepción general y absoluta a la protección de los animales
(artículo 7° del Estatuto Nacional de Protección a los Animales, Ley 84 de
1989)[57] es inconstitucional bajo
el orden constitucional vigente.
2.
La excepción analizada ha debido ser declarada inconstitucional, pero con
efectos diferidos, por respeto a los principios y valores constitucionales que
podrían verse afectados, en especial, los propios de una sociedad democrática
La
consecuencia lógica de la decisión de la Corte Constitucional era, por
supuesto, declarar la inconstitucionalidad de la norma analizada. No obstante,
por la protección a las actividades en cuestión (el rejoneo, coleo, las
corridas de toros, novilladas, corralejas, becerradas, tientas y las riñas de
gallos), se decidió conservar la norma. La Sala Plena consideró que en la
medida que se trata de actividades tradicionales, que forman parte de la
cultura de varias regiones del país y, por tanto, son objeto de protección
constitucional, era preciso llegar a una decisión que no implicara la
desprotección de dichas actividades.
Así,
la medida adoptada por la Sala fue declarar exequible la norma de manera
condicionada, para que, de ahora en adelante, la misma se siga aplicando, pero
ponderando la protección de los animales de no sufrir tratamientos crueles. La
Corte fijó 5 condiciones de interpretación de la norma para limitarla. Primera,
que la excepción allí planteada permite, hasta determinación legislativa en
contrario, si ello llegare a ocurrir, la práctica de actividades de
entrenamiento y de expresión cultural con animales, siempre y cuando se
entienda que en cualquier caso los animales seguirán siendo objeto de
protección a tratos crueles; segunda, que la excepción sólo se aplica en
aquellas partes del territorio donde las prácticas sean tradicionales; tercera,
que la excepción se limita a la frecuencia con que tales actividades se
realizan actualmente, no se puede aumentar; cuarto, que son las únicas
actividades que pueden ser autorizadas, no se pueden incluir más, y quinta, que
en ningún caso se podrá destinar dineros públicos a la construcción de
escenarios dedicados únicamente a realizar dichas actividades, con los tratos
crueles autorizados.
Para
quienes salvamos el voto, esta decisión no protege adecuadamente los derechos y
principios constitucionales que se pretende salvaguardar, a la vez que afecta
otros principios constitucionales. En efecto, la Corte pudo haber tomado una
medida para garantizar en mayor grado la protección a los animales, sin afectar
las actividades protegidas y respetando y promoviendo el debate y la
deliberación democrática. Tal equilibrio se hubiese logrado con una decisión de
inexequibilidad diferida, tal como se le propuso a la Sala Plena.
La
solución adoptada por la Sala trata de encontrar un balance en la norma, bajo
el supuesto de que se está interpretando, cuando en realidad se entran a
definir aspectos concretos y ajenos al sentido de la norma. Es decir, no se
eligió una de las interpretaciones posibles, sino que se resolvió desarrollar
parámetros normativos y estándares de regulación que permitan llenar los vacíos
que la normatividad tiene en materia de protección a los animales frente a
tratos crueles, en el contexto de las actividades en cuestión (el rejoneo,
coleo, las corridas de toros, novilladas, corralejas, becerradas, tientas y las
riñas de gallos).
En
realidad, consideramos que los condicionamientos señalados, aunque están bien
intencionados, pueden ser objeto de dos reproches constitucionales. En primer
lugar, por cuanto no representan límites claros y determinados, que permitan a
las autoridades ejercer sanciones efectivas si se desconocen tales límites. En
segundo lugar, cabe anotar que el grado de detalle de los asuntos tratados, así
como su novedad temática frente al contenido normativo evidencian que la Corte,
lejos de elegir una interpretación posible entre varias, o de excluir un
sentido entre varios, eligió y fijó parámetros y estándares propios de otros
ámbitos del poder. Por ejemplo ¿por qué no se podrían destinar recursos
públicos para remplazar una vieja plaza de toros, por una equipada con
servicios que protejan y garanticen mejor el derecho de los animales? ¿pueden
destinarse recursos para promoción y publicidad de esas actividades
tradicionales, distintas a la construcción de un escenario?
En
nuestro concepto la Corte debió declarar inexequible la norma y diferir sus
efectos, para que fuera el Congreso de la República quien hiciere la
regulación, si lo considera necesario, dentro de en un término señalado
expresamente en la decisión. Es decir, se proponía enviar un claro mensaje
respecto a la inconstitucionalidad manifiesta de un texto legal como el
analizado, pero manteniendo la vigencia de la norma durante un tiempo
prudencial, por dos aspectos centrales: (i) proteger el mínimo vital y las
condiciones de existencia de todas las personas que se dedican a las
actividades antes mencionadas y (ii) la confianza legítima que les asiste a
realizar estas actividades debido a que el Estado las protege, en tanto
manifestaciones de tradiciones regionales.
Por
medio de esta solución propuesta, se pretendía proteger más a los animales, por
cuanto se promovía un debate real en la sociedad sobre el tema. En la medida en
que la norma, al pasar el tiempo iba a dejar de existir, se propiciaba el
debate democrático y la deliberación sobre el mismo, puesto que de lo contrario
las actividades en cuestión perderían toda protección legal. Sin embargo, se
privó a todas las personas y a los animales de que hubiese sido el legislador
el que fijara los estándares de protección, eventualmente más altos, que los
que puede fijar un juez como mínimos constitucionales.
3.
Diferencia entre ‘protección a las culturas minoritarias’ y ‘protección
a las manifestaciones culturales’
Una
cosa es la protección que ofrece la Constitución Política a las minorías
étnicas y culturales, y otra muy diferente, la protección a las manifestaciones
culturales, tradicionales y artísticas. En efecto, en el primer caso se trata
de una protección a grupos y comunidades de personas que tradicionalmente han
sido excluidos y marginados del ejercicio y la representación en las instancias
oficiales de los poderes políticos, económicos y sociales, por no pertenecer a
la ‘cultura occidental mayoritaria’.[58] Visiones culturales y
étnicas desplazadas del horizonte cultural colombiano que afectaban y ponían en
riesgo la dignidad y supervivencia de estas comunidades, además de privar a la
nación entera de una de sus mayores riquezas, su diversidad étnica y cultural.
En tal caso, se trata de dar voz y representación efectiva en instancias de
poder a los miembros de dichas comunidades. En el segundo caso, protección a
las manifestaciones culturales’, es diferente. El objeto de la protección
es la manifestación de cualquier cultura, con independencia a qué tan difundida
es o no, o a qué tan cercana es a las visiones culturales mayoritarias. Por
supuesto, hay casos en los que ambos conceptos se cruzan, pero esto no impide
que puedan ser efectivamente distinguidos.  En
efecto, las culturas y etnias de la nación, sean mayoritarias o no, tendrán
protección a sus manifestaciones culturales, pero a la protección en tanto
cultura o etnias, la protección sólo es para aquellas comunidades que en efecto
tengan una ‘visión de mundo’ realmente diferente, no que se aparte de la visión
mayoritaria de la sociedad, triunfante en los escenarios democráticos, en
algunos aspectos artísticos o culturales puntuales.
Algunas
de las actividades que se encuentran exceptuadas por la norma legal que fue
objeto de control, son propias de grupos sociales minoritarios, o en regiones
poco pobladas del territorio nacional. No obstante, ello no implica que se
trate de las actividades propias de una comunidad culturalmente diferenciada de
la cultura mayoritaria, y que, por tal razón, merezca constitucionalmente un
trato legal diferente. En todo caso, algunas de las actividades más importantes
dentro de la regulación cuestionada, como lo son el toreo o el rejoneo, sí
hacen parte de la visión mayoritaria y tradicionalmente dominante. De hecho, se
trata de manifestaciones culturales, si se quiere, que nunca han estado
marginadas o excluidas del debate democrático nacional.
En
la sentencia de la cual nos apartamos se confunden las dos protecciones, que,
como se dijo, tiene sentidos, funciones y contextos de uso distintos en el
orden constitucional vigente. A nuestro juicio, el rejoneo, coleo, las
corridas de toros, novilladas, corralejas, becerradas, tientas y las riñas de
gallos no pueden ser consideradas prácticas sometidas a una excepción
etnocultural, como lo sugieren la sentencia. De hecho, actividades como el
toreo no están establecidas en un ‘punto’ de la nación. Se trata de prácticas
originarias de la influencia europea a lo largo y ancho del territorio
nacional, y a las cuales asisten personas del país y del extranjero, las cuales
recorren la temporada nacional, cuidadosamente diseñada para poder ir de feria
en feria y de ciudad en ciudad. En el caso del toreo, por lo menos, no se trata
en realidad de prácticas arraigadas en una comunidad específica, que comparte
una visión de mundo diferenciada.
Esta
distinción, a nuestro juicio, es determinante, ya que si estuvieran en juego
las manifestaciones culturales de una etnia o de una cultura diferenciada y
tradicionalmente excluida y marginada del poder, sería necesaria la
intervención del juez constitucional. En tal contexto, dejar los derechos de la
minoría a la decisión política de las mayorías, que ya probó querer desconocer
su diferencia cultural, no parece razonable. Si ocurriera eso, la protección
constitucional ameritaría que se condicionara la norma, así el texto que
quedara vivo, como es el caso, fuera tan groseramente contrario a la
Constitución. Pero en el presente caso, no era necesario llegar a tal solución.
Las manifestaciones culturales que fueron objeto de protección por parte de la
Corte Constitucional no pertenecen a minorías étnicas, que justificaran su
protección constitucional ante un eventual atropello de las mayorías
parlamentarias, dejando viva la norma y condicionando su interpretación.
4.
Mayor protección territorial
Finalmente,
los magistrados que salvamos el voto queremos señalar la importancia de
recordar las especiales competencias que la legislación ambiental, dentro del
orden constitucional vigente, concede a las entidades territoriales. Así, las
comunidades de la nación pueden optar en democracia por una protección mayor a
los animales, en virtud de los principios de gradación normativa y rigor
subsidiario, retomado por la jurisprudencia en el pasado y citado en los
siguientes términos:
“A fin de asegurar el interés
colectivo de un medio ambiente sano y adecuadamente protegido, y de garantizar
el manejo armónico y la integridad del patrimonio natural de la Nación”, la Ley
99 de 1993 (artículo 63) ordena que “el ejercicio de las funciones en materia
ambiental por parte de las entidades territoriales, se sujetará a los
principios de armonía regional, gradación normativa y rigor subsidiario”, que
define así,
Principio
de armonía regional. Los departamentos, los distritos, los municipios,
los territorios indígenas, así como las regiones y provin­cias a las que la ley
diere el carácter de entidades territoriales, ejercerán sus funciones
constitucionales y legales relacionadas con el medio ambiente y los recursos
naturales renovables, de manera coordinada y armónica, con sujeción a las
normas de carácter superior y a las directrices de la política nacional
ambiental, a fin de garantizar un manejo unificado, racional y coherente de
los recursos naturales que hacen parte del medio ambiente físico y biótico del
patrimonio natural de la Nación.
Principio
de gradación normativa. En materia normativa las reglas que dicten
las entidades territoriales en relación con el medio ambiente y los
recursos naturales renovables respetarán el carácter superior y la
preeminencia jerárquica de las normas dictadas por autoridades y entes de
superior jerarquía o de mayor ámbito en la comprensión territorial de sus
competencias. Las funciones en materia ambiental y de recursos naturales
renovables, atribuidas por la Constitución Política a los departamentos,
municipios y distritos con régimen constitucional especial, se ejercerán con
sujeción a la ley, los reglamentos y las políticas del Gobierno Nacional, el
Ministerio del Medio Ambiente y las corporaciones autónomas regionales.
Principio
de rigor subsidiario. Las normas y medidas de policía ambiental,
es decir, aquellas que las autoridades medio ambientales expidan para la
regulación del uso, manejo, aprovechamiento y movilización de los recursos
naturales renovables, o para la preservación del medio ambiente natural, bien
sea que limiten el ejercicio de derechos individuales y libertades públicas
para la preservación o restauración del medio ambiente, o que exijan licencia o
permiso para el ejercicio de determinada actividad por la misma causa, podrán
hacerse sucesiva y respectivamente más rigurosas, pero no más flexibles, por
las autoridades competentes del nivel regional, departamental, distrital o
municipal, en la medida en que se desciende en la jerarquía
normativa y se reduce el ámbito territorial de las competencias, cuando las
circunstancias locales especiales así lo ameriten, en concordancia con el
artículo 51 de la presente ley.
Los
actos administrativos así expedidos deberán ser motivados, serán por su
naturaleza apelables ante la autoridad superior, dentro del Sistema Nacional
Ambiental, SINA, y tendrán una vigencia transitoria no superior a 60 días
mientras el Ministerio del Medio Ambiente decide sobre la conveniencia de
prorrogar su vigencia o de darle a la medida carácter permanente.”[59]
”[60]
Es
en razón a la existencia de esta regla dentro del orden constitucional vigente
que los magistrados consideramos que en el presente caso, en realidad, no se
encuentra vulnerado el principio de autonomía de las entidades territoriales, y
no por el dicho de paso que la sentencia de la cual nos apartamos, hace al
finalizar el apartado dedicado a armonizar los principios de protección a los
animales y de “diversidad étnica y cultural”.[61]
5.
Conclusión
Como
se dijo, los magistrados que nos apartamos respetuosamente de la decisión
adoptada por la mayoría en la sentencia C-666 de 2010, consideramos que la norma acusada ha debido
ser declarada inconstitucional por la Corte Constitucional, con efectos
diferidos, por respeto a los derechos constitucionales que podrían verse
afectados, en especial los propios de una sociedad democrática. La decisión
tibia y poco garantista que finalmente se adoptó parece seguir dando la razón a
Schopenhauer, para quien el ser humano sigue haciendo de la tierra un infierno
para los animales. Quizás algún día, como lo dijera el Nobel de paz Albert
Schweitzer, la gente se asombre de que la raza humana haya tardado tanto en
comprender que “dañar por negligencia o crueldad, cualquier vida, es
incompatible con la verdadera ética”.
Fecha
ut supra,
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
JORGE IVAN PALACIO PALACIO
Magistrado
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO DEL MAGISTRADO
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
A LA SENTENCIA C-666/10
INHIBICION
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Procedencia
por cuanto cargos carecen de claridad, certeza y suficiencia (Salvamento
parcial de voto)
EXPRESION
NADIE-Sólo se predica de seres
humanos (Salvamento parcial de voto)
ACTIVIDADES TAURINAS, COLEO Y RIÑAS DE GALLOS-Constituyen prácticas, costumbres y manifestaciones
que no enmarcan una problemática jurídica de relevancia constitucional
(Salvamento parcial de voto)
Expediente:
D-7963
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 7º
de la ley 84 de 1989.
Magistrado
Ponente:
HUMBERTO
ANTONIO SIERRA PORTO
Mi discrepancia con la
decisión de mayoría obedece a lo siguiente:
Disiento
de la posición de mayoría básicamente teniendo en cuenta que los cinco cargos
formulados en la demanda, basados en la consideración de que las practicas
relacionadas con el rejoneo, el coleo, las corridas de toros, las novilladas,
las corralejas, las becerradas y tientas, al igual que las riñas de gallos y los
procedimientos utilizados en estos espectáculos desconocen las disposiciones
contenidas en los artículos 7,8,12,58,79,95 numeral 8,313 numeral 9 de la
Constitución, a mi juicio,  carecen de los requisitos de claridad, certeza y
suficiencia que ésta corporación ha exigido en múltiples ocasiones para efectos
de tener como aptos los cuestionamientos que plantean un problema de relevancia
constitucional que amerite un pronunciamiento de fondo. Mi posición en el
sentido anotado tiene como fundamentación el hecho de que en la demanda se
omite a todas luces una construcción argumentativa suficiente y racionalmente
estructurada indicativa de cómo las aludidas prácticas obran en contravía de
los conceptos jurídicos constitucionales relacionados con la conservación del
medio ambiente, la función ecológica y la función social de la propiedad.
Tampoco se aprecia en la demanda una explicación categórica y convincente
justificativa  de la razón por la cual jurídicamente se debe privilegiar la
visión cultural de quienes defienden las mencionadas prácticas por encima de la
visión cultural de quienes las desaprueban. La falencias anotadas fueron
puestas de manifiesto en la ponencia inicial en la que se resaltó el hecho de
que esta Corporación ya había definido que el correcto entendimiento del
artículo 12 constitucional era el de que la expresión “Nadie” allí contenida
para efectos de proscribir las torturas, las penas o tratos inhumanos
degradantes solo se predicaba de los seres humanos. El tema de debate puesto a
consideración de la Corte no se enmarca dentro de una problemática jurídica de
relevancia constitucional basada en argumentaciones, proposiciones o
disquisiciones propias de la labor del control estrictamente constitucional. El
asunto en discusión gira mayormente alrededor de aspectos sociológicos
atañaderos a prácticas y costumbres respecto de las cuales el ingrediente
conceptual juega un papel preponderante al punto de ser el contexto en el que
se desenvuelven los diversos criterios para cualquier toma de decisión. La
anterior circunstancia se resalta para efectos de evidenciar la imposibilidad
que tenía la Corte de conjeturar jurídicamente en torno a la definición, en uno
u otro sentido, de una situación social cuya evaluación, ponderación,
estructuración y determinación debe partir de la intervención del órgano
legislativo, cual es el constitucionalmente llamado a construir, tomando como
referente las distintas manifestaciones sociales presentes en la
conceptualización ética, cultural y sociológica del tema, la visión
constitucional y legal que en últimas debe ser prohijada para identificar el
horizonte a seguir, atendiendo los valores y principios de nuestro Estado
Social de Derecho. Más que una confrontación en la que se haya pretendido hacer
valer el principio de jerarquía normativa, como lo anotó el ministerio público,
en el caso examinado,  al margen de una contención eminentemente jurídica, el
tema de debate ha girado en torno a una puja sobre las distintas visiones éticas
y cosmológicas que inspiran unas prácticas que cada día se reducen en el
horizonte del quehacer nacional y orbital, lo cual denota la inconveniencia de
que la Corte haya actuado como regulador de una situación, en la cual el Congreso
de la República debe marcar la pauta sobre la base de sopesar y ponderar los
distintos intereses en discusión. La inhibición que se planteó propiciaba,
además, que en el caso específico aquí dilucidado,  el proceso social
relacionado con estas prácticas, por sí solo, a partir de los fuertes y
crecientes reparos éticos que se le anteponen,  sin una intervención drástica y
abrupta de ninguna autoridad, lo que podría generar  reacciones y
desaprobaciones derivadas de la evidente conceptualización que gravita en torno
a la materia, dialécticamente  fuera determinando y decantando el camino a
seguir para llegar al punto de equilibrio merecedor de la mayor aceptación en
la comunidad hasta donde ello fuere posible.
Fecha
ut supra,
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO
NILSON PINILLA PINILLA
A LA SENTENCIA C-666/10
ACTIVIDADES TAURINAS, COLEO Y RIÑAS DE GALLOS-Desestímulo mejor que prohibición para su erradicación
(Aclaración de voto)
MANIFESTACIONES CULTURALES QUE PERMITEN EL MALTRATO
ANIMAL-Deben ser desestimuladas y
consecuencialmente erradicadas (Aclaración de voto)
Referencia: expediente D-7963
Demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo 7º de la Ley 84 de 1989
Magistrado Ponente: Humberto Antonio Sierra
Porto
Fecha ut supra
Con el acostumbrado
respeto por las decisiones de la Corte Constitucional, comedidamente me permito
presentar las razones que me llevan a aclarar el voto en la decisión adoptada
en la Sala Plena.
Es
importante señalar que esta corporación, mediante sentencia C-666 de agosto 30
de 2010, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto, declaró la exequibilidad
condicionada del artículo 7° de la Ley 84 de 1989, “por la cual se adopta el
estatuto nacional de protección de los animales y se crean unas contravenciones
y se regula lo referente a su procedimiento y competencia”, entendiendo
que: i) se permite la continuación de expresiones humanas culturales y de
entretenimiento con animales, siempre y cuando se eliminen o morigeren las
conductas especialmente crueles contra ellos, en un proceso de adecuación entre
expresiones culturales y deberes de protección a la fauna; ii) únicamente
podrán desarrollarse en aquellos municipios y ocasiones en los que las mismas
sean manifestación de una tradición regular, periódica e ininterrumpida y que,
por tanto, su realización responda a cierta periodicidad; iii) sean estas las
únicas actividades que pueden ser exceptuadas del cumplimiento del deber
constitucional de protección a los animales; y iv) las autoridades en ningún
caso destinen dinero público a la construcción de instalaciones para la exclusiva
realización de estas actividades vejatorias contra los animales.
Uno de los puntos debatidos en esta ocasión es que dichos espectáculos incitan a atormentar a estos seres,
antes, durante y después de la presentación, lo que a mi juicio va en contra
del interés general de erradicación de la violencia y desdice de la propia
dignidad humana, tan degradada cuando el hombre goza con el dolor, además de
quebrantar la muy amplia preceptiva superior, que impone proteger todas las
formas de vida sobre el planeta Tierra.
Por
tal razón considero que dichos arcaísmos, si no han de prohibirse para no
erradicar por represión prácticas “culturales” minoritarias, en cuanto tengan
algún arraigo popular, deben ser desestimuladas paulatinamente, siendo un medio
propicio para ello no invertirles dinero público, ni siquiera en publicidad, ni
en nada que fomente esa contracultura, una de cuyas crueles manifestaciones son
las corridas de toros y, peor aún, las “corralejas”, en cuanto también
convierten en motivo de diversión las lesiones contra seres humanos.
Por
ello, en aras del ambiente, la fauna, el equilibrio ecológico y la dignidad
humana, concluyo expresando que no he salvado voto
por el prurito de que es más acorde al Estado social de derecho convencer que
prohibir, en la seguridad de que a partir de desestimular esas
actividades, tenderán a desaparecer por el creciente desvanecimiento de la
afición.
Con mi habitual respeto,
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
[1] Sentencias que tienen el efecto de cosa juzgada
respecto del problema estudiado, que puede sintetizarse en el siguiente
apartado de la C-1192 de 2005
“Aunado a lo anterior, es claro que ambas
manifestaciones de la tauromaquia como arte y espectáculo[1], pertenecen
inescindiblemente al concepto de cultura y, por lo mismo, pueden
reconocerse por el legislador como expresiones artísticas y culturales del
Estado y de quienes las practican.” –subrayado ausente en texto original
Lo que llevó a concluir
“En conclusión, la tauromaquia puede ser reconocida
por el legislador como una expresión artística del ser humano, razón por la
cual, la Corte encuentra que la acusación impetrada no está llamada a
prosperar, y por ello, en la parte resolutiva de esta providencia, declarará la
constitucionalidad de la expresión: “Los espectáculos taurinos son
considerados como una expresión artística del ser humano”, por los cargos
analizados. No sin antes dejar en claro que si bien en la actualidad la tauromaquia
representa una manifestación cultural propia de nuestro patrimonio intangible,
en un futuro, si dicha circunstancia cambia, el legislador puede optar por una
regulación distinta, inclusive negándole al citado espectáculo su condición de
expresión artística y cultural del Estado y de quienes la practican.”
–subrayado ausente en texto original-
[2] La diferencia en el nombre entre una corrida de
toros, una novillada y una becerrada se da, principalmente, la edad de los
animales que se lidian. En las corridas de toros se lidiarán toros entre cuatro
y siete años; en las novilladas pueden lidiarse toros entre tres y cuatro años
–si es una novillada con picador- o reses entre dos y tres años –si es una
novillada sin picador-; en las becerradas se lidian machos o vaquillas de edad
inferior a dos años -definiciones contenidas en el artículo 12 de la ley 916 de
2004- .
[3] Resolución de la Federación Nacional de Coleo de 25 de mayo de 2010, texto completo de la cual se encuentra en
la dirección internet
http://www.fedecoleo.org.co/cms/images/docu/REGLAMENTO.pdf
[4] Sentencia
T-125 de 1994.
[5] Ibidem.
[6] Sentencia T-760 de 2007.
[7]  El artículo 6º de la ley 84 trae un listado con más
de veinte conductas, precedidas por el siguiente texto: “El que cause daño a
un animal o realice cualquiera de las conductas consideradas como crueles para
con los mismos por esta Ley, será sancionado con la pena prevista para cada
caso”.
[8] Diccionario de la Lengua Española, XXII edición, Real Academia de la Lengua Española, consultado en la página www.rae.es el 30 de mayo de 2010.
[9] Establece el segundo inciso del artículo 79 de la Constitución: “Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar
la educación para el logro de estos fines”.
[10] A estos efectos se recuerda la definición de fauna
que contiene la vigésimo segunda edición del Diccionario de la Lengua Española, antes citado.
[11] Un caso interesante sobre protección del medio
ambiente desde perspectivas novedosas se puede encontrar en la Sentencia 6922 de 2010, de la Corte Suprema de Costa Rica en el caso Mineros xx.
[12]  En el artículo 3º numeral 2 se enumeran los
objetivos planteados por el decreto alrededor de la fauna silvestre, así: “Artículo
3o. En conformidad con los artículos anteriores este estatuto regula:
“2. El aprovechamiento de la fauna silvestre y de
sus productos, tanto cuando se realiza por particulares, como cuando se
adelanta por la entidad administradora del recurso, a través de:
“a. La regulación de los modos de adquirir derecho
al ejercicio de la caza y de las actividades de caza;
“b. La regulación del ejercicio de la caza y de las
actividades relacionadas con ella, tales como el procesamiento o
transformación, la movilización y la comercialización;
“c. La regulación de los establecimientos de caza;
“d. El establecimiento de obligaciones a los
titulares de permisos de caza, a quienes realizan actividades de caza o
practican la caza de subsistencia y a los propietarios, poseedores o
administradores de predios en relación con la fauna silvestre que se encuentre
en ellos y con la protección de su medio ecológico;
“e. La repoblación de la fauna silvestre mediante
la retribución del aprovechamiento del recurso con el pago de tasas o con la
reposición de los individuos o especimenes obtenidos, para asegurar el
mantenimiento de la renovabilidad de la fauna silvestre;
“f. El desarrollo y utilización de nuevos y mejores
métodos de aprovechamiento y conservación;
“g. La regulación y supervisión del funcionamiento
tanto de jardines zoológicos, colecciones y museos de historia natural, así
como de las actividades que se relacionan con la fauna silvestre desarrolladas
por entidades o asociaciones culturales o docentes nacionales o extranjeras;
“h. El control de actividades que puedan tener
incidencia sobre la fauna silvestre.”
[13]  El artículo 33 prescribe: “(...) la entidad
administradora determinará las especies de la fauna silvestre, así como el
número, talla y demás características de los animales silvestres que pueden ser
objeto de caza, las áreas y las temporadas en las cuales pueden practicarse la
caza y los productos de fauna silvestre que pueden ser objeto de
aprovechamiento según la especie zoológica. Las cuotas de obtención de
individuos, especimenes o productos de la fauna silvestre, nunca podrán exceder
la capacidad de recuperación del recurso en el área donde se realice el
aprovechamiento.”
[14] Lo contrario sería afirmar que la calidad de agente
moral –hasta este momento exclusiva de los seres humanos- implicaría la
posibilidad de maltrato a otros seres sintientes simplemente porque éstos no
son considerados agentes morales. Este resultado es, a todas luces, contrario a
la idea de comunidad moral y de los valores, como el de justicia, que de una
comunidad tal deben derivarse.
[15] En este sentido es pertinente mencionar la decisión
de la Corte Europea de los Derechos Humanos en la que rechazó un recurso
presentado en contra de la ley promulgada en el Reino Unido por la que se
prohibió la caza del zorro por el procedimiento de la montería. A parte de
considerar que dicha prohibición no afecta derecho humano alguno, por el
contrario, manifestó que “las prohibiciones buscan evitar que, por medio de
la práctica de un deporte, se dé muerte a un animal de una manera que le causa
sufrimientos y es moralmente condenable” –traducción hecha por la Corte Constitucional-. Cour europeenne des Droits de l’Homme. Décision sur la recevabilité
Friend c. Royaume-Uni (requête no 16072/06) et Countryside
Alliance et autres c. Royaume-Uni (no 27809/08).Requête
déclaré irrecevable à l’unanimité.
[16] Sentencia C-006 de 1993
[17] Sentencia C-595 de 1995. Planteamiento que ha sido
reiterado, entre otras, en las sentencias C-119 de 2006 y C-864 de 2004.
[18] Planteamiento reiterado, entre otras, en las
sentencias C-1074 de 2002, C-740 de 2003, T 431 de 2005, C-474 de 2005, C-189
de 2006 y C-544 de 2007. En este sentido resulta enunciativa la sentencia C-870
de 2003 que manifestó “(…) la
propiedad, en su sentido individual y social está llamada a jugar un rol
definitorio en las relaciones de la familia, la sociedad y el Estado, a través
de expresiones tales como el derecho al trabajo, a la vivienda, a la salud y la
seguridad social, a la educación, a la recreación y la cultura, y por tanto, a
la vida en condiciones dignas.  La propiedad y las decisiones que sobre ella se
tomen, tienen efectos individuales y colectivos que no pueden ser desconocidos
por nuestro Estado Social de Derecho, especialmente en la perspectiva de su
función de servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar
la efectividad de los principios, derechos y deberes de estirpe constitucional.”
[19] De lo que resulta una muestra representativa e
icónica la declaratoria de inexequibilidad del adverbio “arbitrariamente”, que
caracterizaba el uso y disposición que sobre una cosa podía hacer el titular
del derecho de dominio, pues se encontró que su significado estaba en contravía
de valores constitucionales axiales al Estado social colombiano. La decisión
mencionada corresponde a la sentencia C-595 de 1999.
[20] Destaca la Corte que, al igual que al analizar el
concepto del derecho de dominio –sentencia C-595 de 1999-, la interpretación de
valores, principios, deberes, derechos y otros bienes constitucionales debe
hacerse de forma armónica con todos los elementos que integran el sistema
constitucional. En este sentido, se recuerda que en un Estado social, basado en
el principio de solidaridad, resulta contraria a la Constitución una interpretación del contenido de los derechos que no tenga en cuenta los
valores que puedan verse afectados y, por lo tanto, que avale usos o
comportamientos arbitrarios, pues éstos nunca tendrán una base
constitucional que los legitime. –Nota al pie fuera del texto citado-
[21] Y que no es relevante simplemente en cuanto está a su
servicio, sino que tiene importancia per se como contexto en el cual uno
de sus integrantes es la comunidad humana.
[22] Planteamiento realizado, entre otras, en las
sentencias C-568 de 1993; C-350 de 1994; y C-152 de 2003.
[23] Configurado en la jurisprudencia de la Corte Europea a partir de casos emblemáticos como Kjeldsen, Busk Madsen y Pedersen contra
Dinamarca, con sentencia de 7 de diciembre de 1976;  Cha’are Shalom ve Tsedek
contra Francia, con sentencia de 27 de junio de 2000; y en el caso del Partido
de la Prosperidad contra Turquía, con sentencia de 31 de julio de 2001,
providencia que destaca especialmente el papel del estado como organizador
imparcial de la práctica de la religiones en una sociedad democrática.
[24] Caso especialmente enunciativo de los lineamientos de
este obligación por parte del Estado es el que se encuentra en la sentencia de
Serif contra Grecia, de 14 de diciembre de 1999.
[25] Aspecto que resulta extensamente enunciado en el caso
Hoffmann contra Austria, con sentencia de 23 de junio de 1993; aunque también
resulta referencia útil el caso del Partido de la Prosperidad y otros contra Turquía, de 31 de julio de 2001.
[26] Decisión del
Tribunal Constitucional Alemán (sentencia
104, 337 degollamiento ritual de animales, Schächten) en la que se exceptuó el deber de protección animal
con fundamento en la libertad religiosa. Esta excepción tuvo lugar respecto del caso de un carnicero musulmán sunnita a quien
no se otorgaba autorización para sacrificar de forma ritual los animales que
vendía para el consumo de la comunidad -musulmán sunnita- a la que abastecía,
pues dicho ritual implicaba el sacrificio de animales sin que previamente se
les hubiese dejado sin sentido, es decir, estando los animales plenamente
conscientes, lo que está en contra de las previsiones contenidas en la ley de
protección animal. En este caso el Tribunal constitucional alemán amparó el
derecho de libertad religiosa del peticionario, ordenando que le fuera
concedida la autorización administrativa para el sacrificio de animales de
forma ritual, entendiendo que existía causa suficiente para que existiera una limitación
legítima al deber de protección animal.
[27] Sentencia C-671 de 1999.
[28] Sentencia C-671 de 1999. En esta misma línea
argumentativa se encuentran las sentencias C-1097 de 2001 al evaluar la
estampilla Procultura, prevista el en artículo 38 de la ley 397 de 1997; y la
sentencia C-1339 de 2001, donde se evaluó un proyecto para honrar la memoria
del expresidente Don Aquileo Parra.
[29] Sentencia C-924 de 2000.
[30] Sentencia C-046 de 2004. En contrario a este parecer
ver sentencia C-1192 de 2005, la cual será ampliamente comentada más adelante.
[31] Sentencia T-523 de 1997.
[32] Otro caso en donde se aplica el criterio de
proporcionalidad, esta vez en una manifestación cultural lo constituye la
sentencia C-152 de 1999, en donde se concluyó que la promoción de la cultura debe responder a criterios de
proporcionalidad –al estudiar el artículo 31 de la ley 397 de 1997 que otorgaba
pensión a quienes, necesitándola, fueren considerados creadores o gestores
culturales-.
[33] Artículo 6º, literal e).
[34] Artículo 6º, literal f).
[35] Artículo 6º, literal g).
[36] Lo anterior no significa que las únicas expresiones
artísticas y culturales sean aquellas objeto de categorización y reconocimiento
por el Estado a través del legislador, pues es la misma sociedad, representada
en sus artistas, literatos, compositores, maestros, artesanos, músicos, etc.,
quienes a lo largo de la historia pueden crear distintas manifestaciones
culturales, frente a cuyo tratamiento estatal puede el legislador optar en el
fututo.
[37] Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. Vigésima primera edición. Madrid. 1992. Pág. 1948.
[38] Fundamento No. 11 de esta providencia.
[39] Sentencia T-652 de 1998.
[40] De igual manera, el artículo 1° de la Ley 397 de 1997, define a la cultura como “el conjunto de rasgos distintivos,
espirituales, materiales, intelectuales y emocionales que caracterizan a los
grupos humanos y que comprende, más allá de las artes y las letras, modos de
vida, derechos humanos, sistemas de valores, tradiciones y creencias”.
[41] Ver supra numeral 2º de las Consideraciones y
fundamentos de la presente providencia; la ley 643 de 2001; y los acuerdos 009
de 2005 y 024 de 2007 del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar.
[42] Si bien la Ley 916 de 2004, por la cual se establece el Reglamento
Nacional Taurino, contiene previsiones relacionados con las corridas de toros
no hace referencia a las limitaciones al maltrato animal durante el desarrollo
de las mismas ni durante las actividades previas, tampoco existe regulación de
rango legal al respecto en materia de corralejas, riñas de gallos o coleo.
[43] Para la explicación detallada de este aspecto
ver infra capítulo II, numeral 1.1..
[44] Ver infra capítulo II, numeral 1.2..
[45] Vacío que se ha llenado en parte por el legislador –ley 916 de
2004-; en parte por la administración –acuerdo de ETESA en Liquidación y
Resoluciones del Instituto Colombiano para la Recreación y el Deporte; e, incluso, por entidades privadas –resolución de la federación
Nacional de Coleo-.
[46] El
segundo inciso del artículo 70 consagra: “La cultura en sus diversas
manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El estado reconoce la
igualdad y la dignidad de todas las que conviven en el país. El estado
promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los
valores culturales de la Nación.” Por otra parte, el artículo 71 de la Constitución establece: “La
búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes de
desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en
general, a la cultura. El Estado creará incentivos para personas e
instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás
manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e
instituciones que ejerzan estas actividades.”
[47] Titular un salvamento de voto es una suerte de homenaje al difunto
Magistrado Ciro Angarita Barón, quien acostumbraba a hacerlo. Entre otros, cabe
recordar  ‘En defensa de la normalidad que los colombianos hemos decidido
construir’ (a la sentencia C-004 de 1992), ‘Palabras, palabras
¿flatus vocis?’ (a la sentencia T-407 de 1992), ‘Del dicho al hecho’ (a
la sentencia T-418 de 1992), ‘Palabras inútiles’ (a la sentencia T-438
de 1992), ‘Otro escarnio irrefragable’ (a la sentencia T-462 de 1992), ‘Justicia
constitucional y formalismo procesal’ (a la sentencia T-614 de 1992).
[48] Corte Constitucional, sentencia C-666 de 2010 (MP Humberto
Antonio Sierra Porto; SV María Victoria Calle Correa y Jorge Iván Palacio
Palacio).
[49] El rejoneo, coleo, las corridas de toros,
novilladas, corralejas, becerradas, tientas y las riñas de gallos.
[50] Ley 84 de 1989, artículo 7. Quedan
exceptuados de los expuestos en el inciso 1o. y en los literales a), d), e), f)
y g) del artículo anterior (se refiere al artículo 6° de la Ley 84 de 1989), el rejoneo, coleo, las corridas de toros, novilladas, corralejas, becerradas
y tientas, así como las riñas de gallos y los procedimientos utilizados en
estos espectáculos.
[51] Páginas 14 y 15 de la versión original de la sentencia C-666 de
2010 con firmas.
[52] Ley 84 de 1989, Artículo 17. El sacrificio de
un animal no destinado al consumo humano sólo podrá realizarse mediante
procedimientos no sancionados por esta Ley en el capítulo anterior y que no
entrañen crueldad, sufrimiento o prolongación de la agonía y únicamente en
razón de las siguientes circunstancias:  a) Para poner fin a intensos
sufrimientos producidos por lesión o herida corporal grave o enfermedad grave e
incurable cualquier otra causa física irreversible capaz de producir
sufrimiento innecesario;  b) Por incapacidad o impedimento grave debido a
pérdida anatómica o de función de un órgano o miembro o por deformidad grave y
permanente;  c) Por vejez extrema;  d) Cuando se obre en legítima defensa
actual o inminente, propia o de un tercero;  e) Cuando razonablemente se obre
en estado de necesidad o peligro inminente;  f) Por constituir una amenaza
cierta o inminente para la salud pública o de otros animales;  g) Por
constituir una amenaza para la economía o la ecología o cuando por exceso de su
población signifique peligro grave para la sociedad. El sacrificio de animales
comprendidos en las circunstancias de este literal, requiere la autorización
previa de la entidad administradora del recurso, conforme a la Sección 4a. del Decreto 1608 de 1978 titulado ‘caza de control’;  h) Por cumplimiento de un
deber legal; i) Por cumplimiento de orden legítima de autoridad competente; j)
Con fines experimentales, investigativos o científicos pero de acuerdo con lo
estipulado en el capítulo quinto de éste estatuto.  ||  Artículo 18. No es
culpable de la muerte de un animal, quien obre en desarrollo de las causales de
inculpabilidad, que son las siguientes:   a) Realizar la acción u omisión por
caso fortuito o fuerza mayor;  b) Obrar bajo insuperable coacción ajena;  c)
Realizar el hecho con la convicción errada e invencible de que se está amparado
por una causal de justificación de las descritas en el artículo anterior; d)
Obrar con la convicción errada e invencible de que no concurre en la acción u
omisión alguna de las exigencias necesarias para que el hecho corresponda a su
descripción legal. Si el error proviene de culpa el hecho será punible
únicamente cuando la Ley lo hubiere previsto como culposo.
[53] Corte Constitucional, sentencia C-666 de 2010 (MP Humberto
Antonio Sierra Porto; SV María Victoria Calle Correa y Jorge Iván Palacio
Palacio).
[54] Existen algunas protecciones a tratos crueles que se mantienen,
como por ejemplo, a propósito de las actividades en cuestión, no se puede pelar
o desplumar, envenenar o ahogar un animal.
[55] Ver sentencia C-666 de 2010, sección 2 de las consideraciones,
sobre el sentido de la norma, aparte (ii) sobre las riñas de gallos. Se indica
que de acuerdo con el Acuerdo 009 de 2005 tanto las espuelas como el pico
postizo tienen por finalidad ‘para facilitar que alguno de los gallos cause
heridas al otro’.
[56] Conceptos como caída de costado, vuelta de campana, vuelta de
campanilla y remolino. Ver sentencia C-666 de 2010, sección 2 de las
consideraciones, sobre el sentido de la norma, aparte (iii) sobre el coleo.
[57] Ley 84 de 1989, artículo 7. Quedan
exceptuados de lo expuesto en el inciso 1o. y en los literales a), d), e), f) y
g) del artículo anterior, el rejoneo, coleo, las corridas de toros, novilladas,
corralejas, becerradas y tientas, así como las riñas de gallos y los
procedimientos utilizados en estos espectáculos.
[58] Este concepto es problemático, en tanto para muchos autores se
puede poner en duda la existencia de una tal cultura occidental mayoritaria;
según tales versiones, dicha cultura es, en gran medida, una fabricación
occidental que niega o deja de reconocer muchas de las aportaciones de otras
culturas, como las indígenas o las afrocolombianas.
[59] El artículo 63 contaba con un inciso final que fue declarado inexequible
por la Corte Constitucional en la sentencia C-894 de 2003 (M.P. Rodrigo Escobar
Gil). El inciso decía: “Los actos administrativos expedidos por las
corporaciones autónomas regionales que otorguen o nieguen licencias
ambientales, serán apelables ante el Ministerio del Medio Ambiente, en los
términos y condiciones establecidos por el Código Contencioso Administrativo.”.
La Corte consideró que no hay “una razón de índole constitucional que
justifique que el legislador haya otorgado la apelación sobre las licencias
ambientales que corresponden a las corporaciones autónomas al Ministerio de
Ambiente.”
[60] Corte Constitucional, sentencia C-774 de 2004 (MP Manuel José
Cepeda Espinosa) En esta oportunidad, la Sala consideró entre otras cosas que:  “Se desconoce el principio de gradación del Sistema
ambiental al considerar que existe un conflicto normativo para regular una zona
de interés ecológico nacional, entre una norma de carácter regional o
nacional con una norma de carácter municipal, más aún si el “supuesto
conflicto” se decide a favor de la regla municipal.[60] Los Concejos Municipales
tienen competencia para fijar reglas en materia ambiental en zonas de interés
ecológico nacional en cuanto sean más “rigurosas” (principio de rigor
subsidiario).”
[61] Ver página 82 de la sentencia.