T-481-20
Sentencia T-481/20
Referencia: Expediente T-7.660.910
Acción de tutela presentada por Milton Moreno Betancur contra el
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y el Establecimiento de
Alta y Mediana Seguridad y Carcelario con Alta Seguridad de Cómbita (Boyacá).
Magistrado Sustanciador:
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Bogotá D.C, dieciocho (18)
de noviembre de dos mil veinte (2020)
Sala Quinta de Revisión de
la Corte Constitucional en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, ha pronunciado la siguiente:
SENTENCIA
Dentro del proceso de
revisión del fallo dictado por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de
Decisión núm. 2[1] en el marco de la acción de tutela
presentada por Milton Moreno Betancur en contra del INPEC y el Establecimiento
de Alta y Medina Seguridad y Carcelario de Alta Seguridad de Cómbita.
I. ANTECEDENTES
1.  Solicitud
El 23 de julio de 2019, el
señor Milton Moreno Betancur, actuando en nombre propio, presentó acción de
tutela en contra del INPEC y del Establecimiento de Alta y Mediana Seguridad y
Carcelario de Alta Seguridad de Cómbita, con el objeto de que le fueran
protegidos sus derechos fundamentales de petición, dignidad humana e igualdad.
El presente expediente fue
seleccionado para su revisión, por la Sala de Selección de Tutelas núm. 11
integrada por los magistrados Gloria Stella Ortiz Delgado y Alejandro Linares
Cantillo, mediante auto del 19 de noviembre de 2019, notificado el 3 de
diciembre del mismo año.
2.
Hechos[2]
2.1 Según relató el
accionante, ha sido objeto de tratos crueles y degradantes por parte del
personal del establecimiento carcelario demandado y se encuentra aislado en una
celda-calabozo sin ver el sol y no le permiten convivir en el mismo patio con
los demás reclusos. Dichos tratamientos obedecen, a su juicio, a su pertenencia
a la comunidad LGBTI[3].
2.2 Como consecuencia de lo
anterior, solicita a las entidades accionadas su traslado a cualquier otro
establecimiento de reclusión del país, toda vez que considera que se le están
vulnerado los derechos fundamentales mencionados[4].
3.
Pruebas
Al escrito de tutela adjuntó
copia de la respuesta expedida por el INPEC[5]
de conformidad con la Queja núm.
60391, radicada el 23 de mayo de 2019, en
la cual se le informó al recluso que, de acuerdo a la revisión del Diario Nacional
Contada de Internos, no existe ningún establecimiento de reclusión del orden
nacional a cargo del INPEC exclusivo para personas pertenecientes a la
comunidad LGBTI. Así mismo, que una vez verificado el Aplicativo Misional
SISIPEC WEB se evidencia que tiene una condena de 32 años y 9 meses de prisión
por los delitos de homicidio agravado, fabricación y porte de armas de fuego o
municiones y tiene dos requerimientos por parte de las autoridades judiciales “(1.condenado a la pena de 04 años, 06 meses por el delito de
tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; 2. Condenado a la pena de 04
años, 06 meses por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes)”.
Por esa razón, el establecimiento actual está acorde a las condiciones de
seguridad que requiere según su situación jurídica.
4. Contestación a la demanda
4.1. El Juzgado 11 Administrativo Oral del Circuito Judicial
de Tunja, mediante auto de 25 de julio de 2019, admitió la demanda de tutela y ordenó
correr traslado al director del Establecimiento de Alta y
Mediana Seguridad y Carcelario con Alta Seguridad de Cómbita para que ejerciera su defensa. Así mismo,
dispuso la vinculación del INPEC para que se pronunciara sobre lo pretendido en la presente acción
constitucional.
4.2. Dentro
de la oportunidad procesal, el 30 de julio de 2019, el coordinador del Grupo de
Tutelas del INPEC, señaló que esa entidad no ha vulnerado ni amenazado los
derechos fundamentales del accionante. Además, advirtió que el juez de tutela
no está facultado para ordenar el traslado del demandante. Por esa razón,
solicitó que se declarara improcedente el recurso de amparo y que se desvinculara
al INPEC[6].
4.3. Dentro del término legal concedido, el 30 de
Julio de 2019, el director del Establecimiento Penitenciario de Alta y
Mediana Seguridad y Carcelario con Alta Seguridad de Cómbita[7]
solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela en contra de
esta entidad, por las siguientes razones:
-
En la actualidad el establecimiento no cuenta con un lugar de
aislamiento, toda vez que la Secretaría de Salud de Boyacá ordenó el cierre de
la Unidad de Tratamiento Especial (UTE) por condiciones de insalubridad y esta se
encuentra en arreglos locativos ordenados por la USPEC. Además, en relación con
la ubicación del accionante, este está en el área de recepciones de
la cárcel, desde el día 24 de mayo de 2019.
-
La dirección ejecutó todas las gestiones administrativas en
aras de brindarle el servicio de salud requerido al accionante[8] y,
conforme al artículo 5 del Decreto 2591 de 1991, no está vulnerando ni amenaza
vulnerar, por acción u omisión, derecho fundamental alguno.
II. DECISIÓN JUDICIAL OBJETO
DE REVISIÓN
1. Decisión de primera instancia
El Juzgado 11 Administrativo
Oral del Circuito Judicial de Tunja, mediante sentencia proferida el 6 de
agosto de 2019, resolvió negar el amparo a los derechos fundamentales invocados,
porque no encontró que las entidades accionadas los hubieran desconocido ni que
existiera una situación que autorizara al juez constitucional a intervenir y
ordenar un traslado en sede de acción de tutela.
En ese sentido, indicó que
el INPEC tiene la facultad discrecional en esta materia y no advirtió que en
este caso se hubiere actuado de forma arbitraria e irrazonable[9].
2. Impugnación[10]
El anterior fallo fue impugnado
por el tutelante. En su escrito señaló que no entendía cómo en todo el
territorio nacional no existe, como lo asevera el INPEC, un lugar de reclusión
para la población LGBTI. Además, solicitó que se estudiaran los documentos
allegados a la tutela y se compulsaran copias de toda la actuación con destino
al Consejo de Estado, al “Tribunal Superior”, a la Procuraduría General de la
Nación y a la Corte Suprema de Justicia.
3. Decisión de
segunda instancia
El Tribunal
Administrativo de Boyacá (Sala de Decisión núm. 2), mediante sentencia
proferida el 17 de septiembre de 2019[11], revocó
el fallo de primera instancia y, en su lugar, concedió la acción de
tutela respecto al derecho fundamental a la dignidad humana del accionante[12].
Consideró que las personas privadas de la libertad se encuentran en una
situación de vulnerabilidad que impone deberes especiales al Estado[13], entre
otros, “garantizar la eficacia plena de los derechos fundamentales de los
reclusos que no se encuentran en condiciones legítimas en razón de la privación
de la libertad”[14]. Además,
señaló que le correspondía al INPEC probar que sus guardias no ejecutaron actos
de discriminación contra el actor y que, al revisar el expediente, se pudo
establecer que la entidad accionada no cumplió esa carga probatoria[15].
Como consecuencia de lo anterior,
el fallador ordenó al director del establecimiento carcelario que
instruyera a los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia y el área
administrativa del penal sobre el respeto a la comunidad LGBTI que se encuentre
privada de la libertad, para que se abstenga de incurrir en cualquier acto que
resulte discriminatorio. Lo anterior, debía cumplirse con la
participación del Defensor Regional del Pueblo, dentro del mes siguiente,
posterior a lo cual debía remitir un informe de cumplimiento al juez de primera
instancia, de conformidad con el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991.
Por otra parte, ordenó compulsar
copias del expediente a la Procuraduría General de la Nación, a la Fiscalía
General de la Nación y al director del Establecimiento
de Alta y Mediana Seguridad y Carcelario con Alta Seguridad de Cómbita, con
el fin de que investiguen lo denunciado dentro del ámbito de sus competencias y
adopten las medidas necesarias para que termine la vulneración o amenaza.
Respecto de la pretensión de
traslado del accionante a una penitenciaría diferente a la de Cómbita, advirtió
que corresponde de manera discrecional y exclusiva a la autoridad carcelaria,
según el artículo 75 de la Ley 65 de 1993[16]
y que ella debe fundarse en motivos de seguridad y no por su orientación sexual[17]. Por
esa razón, negó el amparo referente aspecto al cambio de sitio de reclusión.
III. ACTUACIONES EN SEDE DE
REVISIÓN
Con el
propósito de aclarar los supuestos de hecho que motivaron la presente acción de
tutela y para un mejor proveer en el presente asunto, mediante auto del 28 de
julio de 2020, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional resolvió  oficiar al director del Complejo
Carcelario y Penitenciario de Jamundí-Valle (COJAMUNDI) para que dentro del
término de 3 días hábiles siguientes a la notificación de esa providencia, aportara
copia de la Resolución núm. 900- 902535 de fecha 22 de agosto de 2019, en la
cual se autorizó el traslado del recluso a dicho establecimiento[18].
El 3 de
agosto de 2020, vía correo electrónico, el director encargado del Complejo Carcelario de Jamundí
remitió copia de la resolución citada, que ordenó el traslado de varias
personas privadas de la libertad pertenecientes a establecimientos adscritos a
la Regional Central[19], el Registro SISIPEC[20]
web, fecha de traslado y ubicación y Ficha Técnica de Ingreso a la Corte
Constitucional. El remitente advirtió que:
“se verificó con las áreas respectivas y no se evidenció
queja alguna del privado de la libertad con respecto a trasgresión de derechos
fundamentales por ser de la comunidad LGBTI.
“Asimismo, en coordinación con el área de Atención y
Tratamiento, una vez ingresa al establecimiento se le llena la ficha de ingreso
donde queda registrado y censado como miembro de la comunidad LGBTI. Razón por
la cual, el interno está inmerso dentro de las actividades periódicas que
realiza el área de Atención y Tratamiento, en aras de salvaguardar los derechos
fundamentales de estas personas privadas de la libertad”[21].
IV. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE
LA DECISIÓN
1. Competencia
La Corte Constitucional, a través de
esta Sala de Revisión, es competente para examinar la sentencia proferida
dentro del proceso de la referencia, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución Política, en concordancia
con los artículos 31 al 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Plan de decisión
Correspondería a esta Corporación
determinar si se configuró una vulneración de los derechos fundamentales de
petición, dignidad humana e igualdad del señor Milton Moreno Betancur, como
consecuencia de la decisión del INPEC de negar su traslado a otro centro de
reclusión del país, pese a que el interno presuntamente presentó una queja por
tratos discriminatorios e inhumanos debido a su orientación sexual. Previo a
ello, se analizará la procedencia formal del amparo y si se configuró una
carencia actual de objeto por hecho superado. Ello, teniendo en cuenta que de
acuerdo con la información allegada a esta Corporación se realizó el traslado
del accionante a COJAMUNDI el 31 de agosto de
2019, esto es, antes de la sentencia de segunda instancia[22].
3. Examen de procedencia de la
acción de tutela
3.1. Legitimación en la
causa por activa
El artículo 86 de la Carta
Política, establece que la acción de tutela es un mecanismo de defensa al que
puede acudir cualquier persona para reclamar la protección inmediata de sus
derechos fundamentales. El artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, que lo reglamenta,
dispone que “podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien
actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán
auténticos”.
En relación con este tema,
la jurisprudencia de esta Corporación ha concluido que la legitimación por
activa constituye un presupuesto esencial para la procedencia de la acción de
tutela, ya que al juez constitucional le corresponde verificar la titularidad
del derecho fundamental que está siendo vulnerado y el medio a través del cual
acude al amparo[23].
En esta
oportunidad, la acción de tutela fue interpuesta en nombre propio por Milton
Moreno Betancur, quien presuntamente ha sido objeto de tratos crueles y
degradantes por pertenecer a la comunidad LGBTI y por ello considera que sus
derechos fundamentales de petición, a la dignidad humana y a la igualdad, han
sido vulnerados por las entidades accionadas. Así las cosas, en el caso bajo
estudio, la Sala encuentra acreditado el requisito de legitimación en la causa por
activa.
3.2. Legitimación en
la causa por pasiva
De conformidad con
la ley y la jurisprudencia constitucional, la legitimación por pasiva en la acción
de tutela se refiere a la aptitud legal de la entidad contra quien se dirige la
acción, para efectos de que sea llamada a responder por la vulneración o
amenaza de uno o más derechos fundamentales[24]. El
inciso primero del artículo 86 de la Carta Política señala que procede la
acción de tutela cuando los derechos fundamentales “resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de
cualquier autoridad pública”. Por ende, el amparo procede en contra de
autoridades públicas y por excepción, en contra de
particulares[25].
La presente acción
de tutela se dirige contra el INPEC,
establecimiento público del orden nacional, el cual se
encuentra adscrito al Ministerio de Justicia, con personería jurídica,
autonomía administrativa y patrimonio independiente que se organiza conforme a
las disposiciones establecidas en el Decreto 2160 de 1992[26]
y el Establecimiento
de Alta y Mediana Seguridad y Carcelario con Alta Seguridad de Cómbita, prisión de máxima seguridad perteneciente al INPEC Ambas
entidades se encuentran legitimadas en la causa por pasiva en este recurso de
amparo, en la medida en que se les atribuye la presunta vulneración de los
derechos fundamentales del accionante.
3.3.
Inmediatez
Por su naturaleza, la acción
de tutela debe ser presentada en un término razonable desde la ocurrencia del
presunto hecho vulnerador, con el fin de que su protección sea efectiva, actual,
oportuna y expedita frente a la transgresión o amenaza de la vulneración a un derecho
fundamental, motivo por el cual, entre la ocurrencia de los hechos en que se
fundamentan las pretensiones y la presentación de la demanda, debe haber
trascurrido un lapso de tiempo razonable.
En
el caso concreto se cumple el requisito de inmediatez, toda vez que el
demandante promovió la acción de tutela después de la negativa del INPEC a su
solicitud de traslado (Queja núm. 60391), la cual fue radicada el 23 de mayo de
2019. Aun cuando no se tiene certeza de la fecha en que la mencionada entidad
dio respuesta, en todo caso, entre esta actuación y la presentación de la
solicitud de amparo transcurrieron aproximadamente dos meses[27],
tiempo más que razonable para el cumplimiento de este requisito.
3.4. Subsidiariedad
La Constitución Política
establece que la procedencia de la acción de tutela está condicionada a
que “el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial”. El
principio de subsidiariedad establece que el recurso de amparo solo procederá
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Es
decir, en principio, las personas deben hacer uso de todos los recursos
ordinarios y extraordinarios que el sistema judicial ha dispuesto para conjurar
la situación que amenaza o lesiona sus derechos, a menos que estos medios
resulten ineficaces, de tal manera que no se logre la protección de los
derechos fundamentales invocados. Sin embargo, esta Corporación ha
señalado que no puede declararse la improcedencia de la tutela por la sola
existencia en abstracto de un medio ordinario de defensa judicial, por lo que
el juez constitucional debe analizar, en el marco de la situación fáctica
particular, si la acción judicial dispuesta por el ordenamiento jurídico es
idónea y eficaz[28],
en virtud de las circunstancias del caso concreto[29].
La Corte ha advertido que el
estudio de la subsidiariedad no consiste en una mera verificación formal de la
existencia de otros mecanismos judiciales o administrativos[30],
por lo que le corresponde al juez de tutela analizar la situación particular
del actor y los derechos cuya protección solicita para determinar si aquellos
resultan eficaces para la garantía de los derechos fundamentales[31].
La existencia de otros medios judiciales debe ser evaluada en cuanto a su
eficacia en cada caso particular, como quiera que algunas veces la jurisdicción
ordinaria no siempre es idónea y eficaz para proteger la vulneración alegada.
Como consecuencia de lo anterior, es procedente la acción de tutela como
mecanismo de amparo definitivo de los derechos fundamentales invocados cuando
la vía ordinaria no resuelve el conflicto en su dimensión constitucional o no
ofrece una solución integral para los derechos invocados. También lo es, cuando
el medio ordinario no impide la ocurrencia de un perjuicio irremediable[32]. Cuando
la acción de tutela es promovida por personas que son sujetos de especial
protección constitucional, como niños, niñas y adolescentes, personas cabeza de
familia, en situación de discapacidad, de la tercera edad o víctimas, entre
otros, el examen de procedencia de la acción de tutela se hace menos estricto,
a través de criterios de análisis más amplios, pero no por eso, menos riguroso[33].
Ahora bien, la jurisprudencia de
esta Corporación, ha establecido que las personas privadas de la libertad son
sujetos de especial protección constitucional. En su caso, la acción de tutela adquiere
un lugar protagónico, ya que a través de ella “no sólo se [permite]
asegurar el goce efectivo de los derechos fundamentales, en general, sino que,
además, faculta a las autoridades tener noticia de graves amenazas que
[estaban] teniendo lugar. En este sentido, la jurisprudencia constitucional
[había] reconocido que la acción de tutela [era] un derecho protegido de forma
especial para las personas privadas de la libertad[34]”.
Esta Corporación, en la
sentencia T-060 de 2019, analizó el caso de varios reclusos que se
identificaban como pertenecientes a la comunidad LGTBI y que solicitaron la
protección del principio de la dignidad humana, así como de los derechos fundamentales
a la libre expresión y a la salud. En esa ocasión, la Sala de Revisión encontró
que eran sujetos de especial protección constitucional por doble connotación de
vulnerabilidad, al encontrarse bajo la relación de especial sujeción con el
Estado y pertenecer a un grupo objeto de discriminaciones. Por tal razón, determinó
que la acción de tutela era el mecanismo idóneo y eficaz para la protección de
sus derechos fundamentales. Para el caso objeto de estudio en esta
acción de tutela, la subsidiariedad operaría de la misma forma, por las razones
expuestas en líneas anteriores.
Finalmente, teniendo en cuenta que se
encuentran cumplidos los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela. A continuación se analizará si se configuró un hecho superado, que haga
inocua la intervención del juez constitucional.
4.  Carencia
actual de objeto por hecho superado
La
jurisprudencia constitucional ha establecido que el objeto de la acción de
tutela consiste en garantizar la protección de los derechos fundamentales. Sin
embargo, también ha reconocido que en el transcurso de este proceso se pueden
generar circunstancias que permitan concluir que la vulneración o amenaza
alegada ha cesado. Lo anterior implica que se extinga el objeto jurídico sobre
el cual giraba la acción de tutela y del mismo modo que cualquier decisión que
se pueda dar al respecto resulte inocua[35]. Este concepto es aquel que se
conoce como “carencia
actual de objeto” y, puede presentar tres modalidades a saber: hecho superado, daño consumado y situación
sobreviniente.
En esta
oportunidad, la Sala se referirá a la carencia actual de objeto por hecho
superado. Este escenario se presenta cuando entre el
momento de interposición de la acción de tutela y el fallo, se evidencia que,
como consecuencia del obrar de la entidad accionada, se superó o cesó la
vulneración de derechos fundamentales alegada por el accionante[36].
Dicha superación se configura cuando se realizó la conducta pedida ya sea por
acción u omisión y, por tanto, terminó la afectación, resultando sin sentido
cualquier intervención del juez constitucional en aras de proteger derecho
fundamental alguno, pues ya la entidad accionada los ha garantizado[37].
De conformidad con la jurisprudencia
constitucional, para que se configure un hecho superado se requiere de tres
requisitos[38]:
(i) que con anterioridad a la
interposición de la acción exista un hecho o se carezca de una determinada
prestación que viole o amenace violar un derecho fundamental del accionante o
de aquél en cuyo favor se actúa; (ii) que durante el trámite de la acción de tutela
el hecho que dio origen a la acción que generó la vulneración o amenaza haya
cesado; y (iii) si lo que se pretende por medio de la acción de tutela es el
suministro de una prestación y, dentro del trámite de dicha acción se satisface
ésta, también se puede considerar que existe un hecho superado.
Sobre la necesidad de un pronunciamiento de la Corte cuando
cambie o desaparezca el objeto jurídico sobre el que recaería la eventual
revisión, en la sentencia T-205A de 2018[39] se estableció:
“(i) si bien no resulta viable emitir la orden de
protección que se solicitaba en la acción de tutela, es perentorio un
pronunciamiento de fondo sobre el asunto, precisando si se presentó o no la
vulneración que dio origen a la presentación de la acción de tutela, en los
casos en que la consumación del daño ocurre durante el trámite de la acción (en
primera instancia, segunda instancia o en el trámite de revisión ante la Corte
Constitucional), o cuando -bajo ciertas circunstancias- se impone la necesidad
del pronunciamiento por la proyección que pueda tener el asunto (art. 25 del
Decreto 2591 de 1991[40]), o por la necesidad de
disponer correctivos frente a personas que puedan estar en la misma situación o
que requieran de especial protección constitucional; y
(ii) no es perentorio en los casos de hecho
superado o acaecimiento de una situación sobreviniente, salvo cuando
sea evidente que la providencia objeto de revisión debió haber sido decidida de
una forma diferente (pese a no tomar una decisión en concreto, ni impartir
orden alguna), ‘para llamar la atención sobre la falta de conformidad
constitucional de la situación que originó la tutela, o para condenar su
ocurrencia y advertir la inconveniencia de su repetición, so pena de las
sanciones pertinentes, si así lo considera’, tal como lo prescribe el
artículo 24 del Decreto 2591 de 1991[41]”
Con base en
las anteriores consideraciones, la Corte pasa a resolver el fondo del asunto
objeto de revisión.
5. Caso concreto
En el asunto objeto de
estudio, esta Corporación pudo verificar que, de acuerdo con las pruebas
allegadas en sede de revisión, se produjo el traslado del accionante desde el Establecimiento
de Alta y Mediana Seguridad y Carcelario con Alta Seguridad de Cómbita hasta el
Complejo
Carcelario y Penitenciario de Jamundí -Valle (COJAMUNDI). En este orden de ideas, se encuentra satisfecha la pretensión que
motivó el presente amparo constitucional y se configura una carencia actual de
objeto por hecho superado. Sin embargo, por los
derechos fundamentales involucrados de la queja presentada por el actor, que se
relaciona con presuntos hechos de discriminación, se considera necesario
recordar las obligaciones de las autoridades carcelarias en cuanto al trato de
personas con orientación sexual o identidad de género diversa[42].
Al
respecto, se tiene que a esas autoridades les
corresponde disponer de los medios para impedir que otros reclusos
(obligación de protección) así como el personal penitenciario (obligación de
respeto) amenacen la vida del interno[43] o su dignidad. Ello supone
adoptar medidas generales de seguridad interna, así como iniciar
investigaciones para esclarecer los hechos de discriminación.
En ese contexto,
la Ley 65 de 1993[44]
en su artículo 3A[45]
dispone el
principio de enfoque diferencial a través del cual se “reconoce que hay
poblaciones con características particulares en razón de su edad, género,
religión, identidad de género, orientación sexual, raza, etnia,
situación de discapacidad y cualquiera otra. Por tal razón, las medidas
penitenciarias contenidas en la presente ley, contarán con dicho enfoque”
(Negrillas fuera de texto). Se trata de un principio que debe irradiar todo el
tratamiento penitenciario, de forma que se tenga en cuenta el impacto
diferenciado de la privación de la libertad en poblaciones vulnerables. Así
mismo, que la atención carcelaria aborde las necesidades específicas de esos
grupos de personas, de forma que se asegure el goce efectivo de sus derechos.  Las acciones diferenciadas según
el tipo de población garantizan, a su vez, la dignidad de las personas privadas
de la libertad, en el marco de la relación especial
de sujeción frente al Estado[46] y la función resocializadora de
la pena.
Se tiene que en el expediente no obra suficiente material
probatorio para establecer si el accionante fue objeto de tratos
discriminatorios y crueles por su orientación sexual diversa. A partir de la
respuesta brindada por el INPEC a la Queja
núm. 60391[47], se tiene que las autoridades competentes del Establecimiento de Cómbita han debido, por lo menos, iniciar las investigaciones para establecer si el tutelante
había sido objeto de malos tratos y, de ser así, tomar las medidas necesarias
para sancionarlos y evitar su repetición. Al respecto, se destaca la obligación
de todas las autoridades carcelarias de adelantar las investigaciones a que
haya lugar ante quejas de las personas privadas de la libertad sobre malos
tratos, especialmente, cuando ellos se deriven de actos de discriminación. Sin
embargo, no se emitirá orden alguna, en tanto el actor ya no se encuentra
recluido en el establecimiento donde presuntamente ocurrieron los hechos.
Adicionalmente, porque en sede de revisión se pudo establecer que en el centro
penitenciario al cual fue trasladado el
demandante (i) fue censado como miembro de la comunidad LGBTI, (ii) hace parte de las
actividades periódicas que realiza el área de Atención y Tratamiento del
establecimiento y (iii) no ha presentado queja alguna con respecto a la
trasgresión de sus derechos fundamentales, por ser parte de la comunidad LGBTI.
V. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto,
la Sala Quinta de Revisión, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
PRIMERO - REVOCAR el fallo proferido el 17
de septiembre de 2019 por el Tribunal Administrativo de Boyacá-Sala de Decisión
No.2 que a su vez revocó la sentencia proferida por el Juzgado 11
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja el 06 de agosto de 2019. En
su lugar,
DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO, debido
al traslado del accionante Milton Moreno Betancur al Complejo Carcelario y Penitenciario de Jamundí-Valle
(COJAMUNDI).
SEGUNDO-Por Secretaría General, LÍBRENSE la
comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese y
cúmplase.
ANTONIO JOSÉ
LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
GLORIA STELLA
ORTIZ DELGADO
Magistrada
Con aclaración
de voto
CRISTINA PARDO
SCHLESINGER
Magistrada
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
ACLARACIÓN DE VOTO DE LA
MAGISTRADA
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
A LA SENTENCIA T-481/20
Referencia:
Expediente T-7.660.910.
Acción
de tutela interpuesta
por Milton Moreno Betancur contra el Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario (INPEC) y el Establecimiento de Alta y Mediana Seguridad y
Carcelario con Alta Seguridad de Cómbita (Boyacá).
Magistrado
Ponente:
ANTONIO
JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Corte
Constitucional, a continuación, presento las razones que me llevan a aclarar
el voto en la Sentencia T-481 de 2020, adoptada por la Sala
Quinta de Revisión, en sesión del 18 de noviembre del mismo año.
1.  La Sentencia
T-481 de 2020 analizó la acción de tutela interpuesta por una persona
privada de la libertad que pretendía su traslado del Establecimiento
Penitenciario de Cómbita. Esta petición se sustentaba en que alegaba ser
víctima de tratos discriminatorios e inhumanos en ese centro de reclusión, por
los cuales manifestó que presentó una queja. En la
providencia emitida por la Sala Quinta de Revisión se verifica que la
pretensión de que se ordenara el traslado a otro centro penitenciario fue
satisfecha durante el trámite constitucional, pues el 31 de agosto de 2019 se
cumplió la orden de traslado prevista en la Resolución 900-902535 del 22 de
agosto de 2019. Por lo tanto, respecto de esta pretensión se declaró la
carencia actual de objeto por hecho superado.
2.  Estoy de acuerdo
con esta decisión pues, en efecto, lo pretendido por el accionante fue
satisfecho durante el trámite. Sin embargo, la declaratoria del hecho superado
no excluye la pertinencia de que la Sala se pronunciara sobre los presuntos
actos de discriminación que el accionante alega haber sufrido en el Establecimiento
de Alta y Mediana Seguridad y Carcelario con Alta Seguridad de Cómbita.
3.  Al respecto, es
necesario recordar que el Estado tiene la obligación de
garantizarle a la población LGBTI privada de la libertad que
no sea objeto de sanciones o vejaciones en razón de ello[48].
Puntualmente, los establecimientos de reclusión, respecto de la protección de
esta población, tienen la función específica de adoptar las
medidas institucionales para prevenir y cesar la amenaza o vulneración en caso
de actos discriminatorios contra este grupo poblacional[49].
En particular, cuando exista una queja, reclamo o denuncia por actos
de discriminación en razón de la orientación sexual, identidad de género,
violencia sexual o violación al derecho a la visita íntima de una persona
privada de la libertad LGBTI, estos hechos deben ponerse en conocimiento del
área de atención al ciudadano o del director del establecimiento. Además, se
remitirá la denuncia a la Procuraduría General de la Nación o a la Fiscalía
General de la Nación, según corresponda, sin perjuicio de las investigaciones
internas[50].
4.  Estas
obligaciones coinciden con las recomendaciones que han hecho órganos de
promoción de derechos humanos sobre la violencia que sufren las personas LGBTI
que han sido privadas de la libertad. Por ejemplo, la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos recomienda a los Estados “implementar
medidas para prevenir la violencia contra personas LGBT privadas de libertad,
incluyendo pero no limitadas a: procedimientos de denuncia efectivos e
independientes para reportar violaciones sexuales, otros actos de violencia
sexual y otros abusos; (…)”[51].
5.  De ese modo,
considero que, con fundamento en estas consideraciones, la Sentencia T-481 de
2020, junto con la declaratoria del hecho superado respecto del traslado
penitenciario, debió emitir la orden al INPEC y al Director del Complejo
Carcelario y Penitenciario que adelantaran las investigaciones internas
necesarias para esclarecer los hechos y las circunstancias en las cuales
presuntamente se discriminó al accionante en razón a su orientación sexual.
Esta orden aún era procedente con independencia de que el actor ya no se
encontrara en el centro penitenciario accionado pues la medida podía contribuir
con los propósitos de prevención contra las violencias a la población LGBTI
presente en Cómbita. También se sustentaba en que dicha orden razonablemente
podía dotar de eficacia a los mecanismos de denuncia e investigación interna
que formalmente existen en los establecimientos penitenciarios y carcelarios.
6.  Cabe
decir que la mencionada orden no era extraña a la práctica constitucional.
Precisamente, en la Sentencia T-283 de 2016[52],
a pesar de declararse el hecho superado, se le ordenó al INPEC y al Director
del Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá (La Picota) que
adelantaran las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos y las
circunstancias en las cuales presuntamente se atentó contra la dignidad, la
libertad sexual y la integridad física de una persona privada de la
libertad, siempre y cuando el demandante presentara una denuncia o queja formal
ante las autoridades del establecimiento carcelario, para lo cual dichas
autoridades le debían garantizar su protección. Igualmente, la Sentencia
T-062 de 2011[53]
muestra que la declaratoria de la carencia actual de objeto no fue óbice para
que se ordenaran medidas dirigidas a prevenir actos contrarios a la dignidad e
igualdad de las personas privadas de la libertad con identidad sexual y de
género diversas, como adelantar campañas de sensibilización a la guardia
penitenciaria y se exhortara al INPEC para modificar los reglamentos
penitenciarios para fijar reglas sobre el tratamiento constitucional a los
internos LGBTI.
7.  Por
todo lo expuesto, aunque comparto la decisión de declarar la carencia actual de
objeto, estimo que no se desplegaron las acciones necesarias que podía adoptar
la Corte Constitucional para prevenir los actos
discriminatorios contra la población LGBTI privada de la libertad.
De
esta manera, expongo los motivos que me llevan a aclarar el voto respecto de la
Sentencia
T-481 de 2020, adoptada por la Sala Quinta de Revisión.
Fecha
ut supra,
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
[1] Folio 77, Cuaderno 1.
[2] Ídem
[3] Folio 1, Cuaderno 1.
[4] Ídem
[5] En el expediente no
reposa copia de la solicitud del tutelante identificada con radicado núm.60391
del 23 de mayo de 2019, según la información contenida en la respuesta brindada
por el INPEC. (Folio 2, Cuaderno 1).
[6] Folio 19, Cuaderno 1.
[7] Folios 24 y 25, Cuaderno 1
[8] No reposa en el
expediente ninguna alusión al estado de salud del accionante, por lo que no se
conoce si padece de alguna enfermedad.
[9] Folios, 37 y 38,
Cuaderno 1.
[10] Folio 43, Cuaderno 1.
[11] Folios 77-88,
Cuaderno 1.
[12] La Corte
Constitucional ha concluido que el pilar central de la relación entre el Estado
y las personas privadas de la libertad es el respeto a la dignidad humana.
También citó el artículo 10-1 del “Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos” y la sentencia T-739 de 2007 M.P Jaime Córdoba Triviño.
[13] El Decreto 4151 de
2011, “Por el cual se modifica la estructura del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario, INPEC, y se dictan otras disposiciones”, habilita a la entidad
accionada para que se pueda concertar la creación de espacios especiales y
exclusivos, destinados a la población LGBTI y que en ningún caso podrán derivar
en su segregación o exclusión.
[14] Folios 83 y 84,
Cuaderno 1.
[15] Folio 87, Cuaderno 1.
[16] Folio 85, Cuaderno 1.
[17] Folio 86, Cuaderno 1.
[18] A través de
mensajería instantánea virtual Whats App, se pudo establecer a través de la
Dirección General del INPEC que el demandante había sido trasladado del Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) - Establecimiento de Alta y Mediana
Seguridad y Carcelario con Alta Seguridad de Cómbita (Boyacá) al Complejo Carcelario y Penitenciario de Jamundí-Valle (COJAMUNDI).
[19] Entre los cuales se
encuentra el recluso Milton Moreno Betancur.
[20] Sistematización Integral del Sistema Penitenciario y
Carcelario. Fuente: www.inpec.gov.co.
[21] Respuesta al
requerimiento en el proceso de la acción de tutela, de fecha 3 de agosto de
2020, emitido por el director del Complejo Carcelario de Jamundí.
[22] El Tribunal
Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No.2, profirió sentencia el 17 de
septiembre del 2019, es decir varios días después de que se hiciera efectivo el
traslado del interno.
[23] T-176 de 2011, M.P Gabriel Mendoza Martelo, SU-377 de 2014, M.P
María Victoria Calle Correa.
[24] Decreto 2591 de 1991. ARTICULO 13.
PERSONAS CONTRA QUIEN SE DIRIGE LA ACCION E INTERVINIENTES. “La acción
se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que
presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen
actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior,
o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra
ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad
de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior. Quien
tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él
como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud”.
[25] T-274 de 2018, M.P
Antonio José Lizarazo Ocampo.
[26] “Por el cual se fusiona la Dirección General de
Prisiones del Ministerio de Justicia con el Fondo Rotatorio del Ministerio de
Justicia.”
[27] El escrito de tutela
es del 16 de julio de 2019 (Folio 1, Cuaderno 1), el informe secretarial del
Juzgado Once Administrativo de Tunja que establece que la presente acción de
tutela se radicó en ese despacho, es del 24 de julio de 2019 (Folio 5, Cuaderno
1) mientras que el auto admisorio del recurso de amparo, es de fecha 25 de
julio de 2019.
[28] Artículo 6º numeral 1º del Decreto 2591 de 1991.
[29] T-498 de 2019 M.P
José Fernando Reyes Cuartas; T-127 de 2001 M.P
Alejandro Martínez Caballero y T-384 de 1998, M.P Alfredo Beltrán Sierra. De
verificarse la existencia de otros medios judiciales, siempre se debe realizar
una evaluación de la idoneidad del mecanismo en el caso concreto, para
determinar si dicho medio tiene la capacidad de restablecer de forma efectiva e
integral los derechos invocados. Este análisis debe ser sustancial y no
simplemente formal y debe tener en cuenta que el juez de tutela no puede
suplantar al juez ordinario. Por tanto, en caso de evidenciar la falta de
idoneidad del otro mecanismo, la acción puede proceder de forma definitiva (Ver
sentencia T-343 de 2018, M.P Antonio José Lizarazo Ocampo).
[30] T-721 de 2012, M.P Luis Ernesto Vargas Silva.
[31] T-043 de 2014 M.P Luis Ernesto Vargas Silva; T-402 de
2012 M.P Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y T-235 de 2010, M.P Luis Ernesto
Vargas Silva.
[32] Sentencia T-662 de 2016, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[33]
T-789 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, y T-136 de 2001, M.P. Rodrigo
Uprimny Yepes, entre otras.
[34] T-060 de 2019, M.P Alejandro Linares Cantillo,
que a su vez cita la Sentencia T-388 de 2013, M.P María Victoria Calle Correa.
[35] Ídem.
[36] T-038 de 2019, M.P
Cristina Pardo Schlesinger; T-382 de
2018, M.P Gloria Stella Ortiz Delgado; T-021 de 2017, M.P Luis Guillermo
Guerrero Pérez; T-669 de 2016 M.P Jorge Iván Palacio; T-597 de 2015, M.P Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub; y T-970 de 2014, M.P Luis Ernesto Vargas Silva, entre
otras.
[37] T-038 de 2019, M.P
Cristina Pardo Schlesinger.
[38] T-169 de 2019, M.P
José Fernando Reyes Cuartas y T-085
de 2018, M.P Luis Guillermo Guerrero Pérez, que a su vez cita la sentencia
T-045 de 2008, M.P Marco Gerardo Monroy Cabra.
[39] M.P Antonio José
Lizarazo Ocampo.
[40] El Decreto 2591 de 1991, en el artículo
25, regula la hipótesis excepcional de procedencia de la indemnización de
perjuicios en el trámite de la acción de la tutela.
[41] El artículo 24 del Decreto 2591 de 1991 dispone
que: “ARTÍCULO 24. PREVENCION A LA AUTORIDAD. Si al concederse la tutela
hubieren cesado los efectos del acto impugnado (…) en el fallo se prevendrá a
la autoridad pública para que en ningún caso vuelva a incurrir en las acciones
u omisiones que dieron mérito para conceder la tutela, y que, si procediere de
modo contrario, será sancionada de acuerdo con lo establecido en el artículo
correspondiente de este Decreto, todo son perjuicio de las responsabilidades en
que ya hubiere incurrido. El juez también prevendrá a la autoridad en los
demás casos en que lo considere adecuado para evitar la repetición de la misma
acción u omisión.”
[42] De
forma similar se decidió la sentencia T-283 de 2016, en la cual se concluyó que
no era posible establecer que las autoridades carcelarias hubieran incurrido en
actos de discriminación por su orientación sexual diversa. Pese a ello, se
ordenó adelantar las respectivas investigaciones si el recluso presentaba una
queja formal.
[43] T-265 de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[44] “Por la cual se
expide el Código Penitenciario y Carcelario”.
[45] Adicionado por el
artículo 2 de la Ley 1709 de 2014
[46] T-143 de 2017, M.P
María Victoria Calle Correa.
[47] Folio 2, Cuaderno 1.
[48] Sentencia T-062 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[49] Sentencia T-288 de 2018 M.P. Carlos Bernal
Pulido.
[50] Sentencia T-288 de 2018 M.P. Carlos Bernal Pulido. Decreto 4151 de
2011 y Resolución 6349 de 2016 del Director General del Instituto Penitenciario
y Carcelario – INPEC.
[51] Comisión Interamericana de Derechos Humanos  - CIDH. Violencia
contra Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex en América.
OEA/Ser.L/V/II. Rev.2.Doc. 36, p. 307.
[52] M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[53] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.