C-653-15
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-653/15
LEY DE
TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA NACIONAL-Existencia de error en la transcripción de la norma al momento de
ensamblar el texto legal que se promulgó/LEY DE TRANSPARENCIA
Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA NACIONAL-Orden de corrección en desarrollo de las facultades previstas en el
artículo 189.10 de la Constitución Política/LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA NACIONAL-Inhibición para decidir de fondo
contra normas por carencia actual de objeto
La Corte se inhibió para emitir un fallo
de fondo frente a la acusación planteada contra los artículos 5, 14, 21 y 26,
así como respecto del literal c) del artículo 18 de la Ley 1712 de 2014, “por
medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la
Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”, por carencia
actual de objeto, al encontrar que las irregularidades señaladas por el actor,
básicamente referentes a que se sancionó y promulgó textos distintos a los
aprobados por el legislador estatutario y que habían sido objeto de control por
parte de este Tribunal, fueron enmendados mediante la expedición de decretos de
corrección de yerros, en virtud de las atribuciones conferidas al Presidente de
la República por el numeral 10 del artículo 189 del Texto Superior, y el
artículo 45 de la Ley 4ª de 1913. No obstante, al encontrar que todavía no se
ha subsanado el yerro puesto de presente por el Secretario General del Senado
de la República, en el literal a) del artículo 18 de la Ley 1712 de 2014, en el
sentido de incluir la expresión: “por el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011”,
la cual fue erróneamente suprimida en el proceso de ensamblaje del texto final
de la ley en cita; se dispondrá a cargo del Presidente de la República, en
ejercicio de las faculta-des previamente mencionadas, que proceda a su
corrección formal, como lo permite el parágrafo del artículo 241 del Texto
Superior, de acuerdo con las características de la irregularidad observada.
LEY DE
TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA NACIONAL-Información exceptuada por daño de derechos a personas naturales o jurídicas
CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES ESTATUTARIAS CON POSTERIORIDAD A LA REVISION
INTEGRAL-Condiciones
Es preciso recordar que esta Corporación
ha admitido excepcionalmente su competencia para conocer de la
constitucionalidad de leyes estatutarias con posterioridad a la revisión
integral realizada por este tribunal, siempre que se cumpla con una de las
siguientes condiciones: (i) se esté en presencia de un vicio de forma frente
a los trámites subsiguientes que debe surtir el
proyecto para convertirse en ley; o (ii) se presente una modificación posterior
de la Constitución o de la conformación de las normas que
integran el bloque de constitucionalidad. En ambos casos, técnicamente, no
existe cosa juzgada constitucional, en el primero, porque se trata de una
irregularidad posterior al control y, en el segundo, porque el parámetro de
comparación es distinto, lo que permite adelantar un juicio sobre dichas
materias. En este sentido, en la Sentencia C-238 de 2006, la Corte señaló que
la posibilidad de hacer uso de una acción en estos casos, “es una consecuencia
lógica de la imposibilidad material de que los jueces de control de
constitucionalidad puedan anticiparse –mediante el control previo– a todas las
posibles inconstitucionalidades derivadas de la aplicación futura de las
leyes”.
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD
DE LEY ESTATUTARIA-Vicios de inconstitucionalidad sobreviniente/CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD DE LEY ESTATUTARIA-Caso
excepcional en que procede nuevo juicio de constitucionalidad por vía de la
acción pública de inconstitucionalidad
CONTROL PREVIO
DE CONSTITUCIONALIDAD DE PROYECTOS DE LEYES ESTATUTARIAS Y TRAMITES
SUBSIGUIENTES EN QUE SE SURTE DICHO CONTROL-Alcance
PROYECTO DE
LEY ESTATUTARIA-Control de eventuales vicios de
procedimiento
CONTROL
CONSTITUCIONAL DE PROYECTOS DE LEY ESTATUTARIA-Características
El control que se realiza por esta
Corporación, según la jurisprudencia reiterada sobre la materia, reviste las
siguientes características: (i) es jurisdiccional, por cuanto le
está vedado a la Corte estudiar la conveniencia u oportunidad del proyecto de
ley; (ii) es automático, en la medida en que no requiere la presentación de una
demanda de inconstitucionalidad; (iii) es integral, puesto que se debe examinar
la iniciativa tanto en su contenido formal como material frente a la totalidad
de las disposiciones de la Carta; (iv) es definitivo, en cuanto se debe decidir
de forma concluyente sobre la exequibilidad del proyecto, por lo que la
decisión que se adopte hace tránsito a cosa juzgada constitucional absoluta;
(v) es participativo, toda vez que cualquier ciudadano puede intervenir en el
proceso y; como ya se dijo, (vi) es previo, al comprender la revisión anticipada sobre la constitucionalidad del proyecto.
CONTROL
CONSTITUCIONAL DE PROYECTOS DE LEY ESTATUTARIA-Cargas
respecto de trámites subsiguientes
El control previo impone una serie de
cargas en lo que respecta a los trámites subsiguientes (sanción y
promulgación), por una parte, frente a las normas declaradas exequibles o
exequibles condicionadas, en virtud del principio de separación de las
funciones del poder público y dada la garantía de la cosa juzgada
constitucional, es preciso que se replique el texto de lo que efectivamente se
aprobó por el órgano de representación popular y que superó el respectivo
control previo de constitucionalidad. Ello se deriva de los artículos 114 y 150
del Texto Superior, en los que se consagra como competencia del Congreso hacer
las leyes, por lo que una vez superado el examen de compatibilidad con la
Carta, y agotado el eventual uso del mecanismo de las objeciones
gubernamentales por inconveniencia, ninguna autoridad puede modificar o alterar
lo aprobado por el legislador. Lo anterior se refuerza con los numerales 9 y 10
del artículo 189 de la Constitución, cuyo rigor normativo impone que la sanción
y promulgación de las leyes es una atribución del Gobierno Nacional, en las que
igualmente debe velarse por su estricto cumplimiento. Finalmente, también se
explica con los artículos 153, 241.8 y 243 de la Carta Política, pues a través
de ellos se consagra el carácter jurisdiccional del control previo y se otorga
a las decisiones adoptadas por este Tribunal el carácter de inmutables,
vinculantes y definitivas, lo que exige que el texto sancionado y promulgado
realmente corresponda al que fue objeto de control por parte de esta
Corporación. Por otra parte, en lo que compete a las normas declaradas
inexequibles, en respeto a la garantía de la cosa juzgada constitucional, es
necesario que se excluyan del texto final dichas disposiciones, pues el inciso
2 del artículo 243 del Texto Superior es claro en disponer que, como regla
general, “ninguna autoridad puede reproducir el contenido material del acto
jurídico declarado inexequible”, sobre todo cuando la sanción y promulgación
corresponden a trámites subsiguientes que se derivan del pronunciamiento previo
realizado por esta Corporación. Esta carga es exigible siempre que se trate de
inconstitucionalidades parciales, pues ante la inexequibilidad de todo un
proyecto, la única actuación que se sigue es su archivo.
REVISION DE DECRETOS EXPEDIDOS
PARA CORRECCION DE YERROS-Jurisprudencia constitucional
Referencia:
Expediente D-10651
Asunto: Demanda de
inconstitucionalidad contra los artículos 18 y 21 de la Ley 1712 de 2014, “por
medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la
Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”
Demandante:
Luis Jaime Salgar Vegalara
Magistrado Ponente:
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Bogotá DC, catorce (14) de octubre de dos mil quince (2015)
La Sala Plena de la Corte
Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los
requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991,
ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública de
inconstitucionalidad consagrada en el artículo 241 de la Constitución Política,
el ciudadano Luis Jaime Salgar Vegalara instauró demanda de
inconstitucionalidad contra los artículos 18 y 21 de la Ley 1712 de 2014, “por
medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la
Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”.
En Auto del 27 de
febrero de 2015, el Magistrado Sustanciador resolvió admitir la demanda,
dispuso su fijación en lista y, simultáneamente, corrió traslado al señor
Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto de su
competencia. De igual manera, ordenó comunicar la iniciación del presente
proceso de constitucionalidad al Congreso de la
República, a las Secretarías Jurídica y de Transparencia de la Presidencia de
la Jurídica, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Justicia y del
Derecho, al Ministerio de Educación Nacional, al Ministerio de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones, al Departamento Nacional de Planeación, a
la Superintendencia de Industria y Comercio, a la Defensoría del Pueblo, a la
Comisión Colombiana de Juristas, a la Fundación para la Libertad de Prensa
(FLIP), a la Corporación Ocasa y a las Facultades de Derecho
de las siguientes Universidades: Externado, Rosario, Sergio Arboleda, Santo
Tomás, del Norte, de Ibagué y Nariño, para que, si lo estimaban conveniente, intervinieran impugnando o
defendiendo las disposiciones acusadas.
Una vez cumplidos los trámites previstos en
el artículo 242 del Texto Superior y en el Decreto 2067 de 1991, procede la
Corte a resolver sobre la demanda de la referencia.
II. NORMAS DEMANDADAS
A continuación se transcribe el texto de los
preceptos legales demandados, conforme con su publicación en el Diario Oficial
No. 49.084 de marzo 6 de 2014, destacando y subrayando los apartes demandados:
“LEY
1712 DE 2014
(Marzo
6)
Por
medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la
información pública y se dictan otras disposiciones
Artículo 18.-
Información exceptuada por daño de derechos a personas naturales o jurídicas. En toda aquella información pública clasificada, cuyo acceso podrá
ser rechazado o denegado de manera motivada y por escrito, siempre que el
acceso pudiere causar un daño a los siguientes derechos: (…)
c.) Los secretos
comerciales, industriales y profesionales, así como los estipulados en el
parágrafo del artículo 77 de la Ley 1474 de 2011. (…)
Artículo 21.-
Divulgación parcial  y otras reglas. En aquellas
circunstancias en que la totalidad de la información contenida en un documento
no esté protegida por una excepción contenida en la presente ley, debe hacerse
una versión pública que mantenga la reserva únicamente de la parte
indispensable. La información pública que no cae en ningún supuesto de
excepción deberá ser entregada a la parte solicitante, así como ser de conocimiento
público. La reserva de acceso a la información opera respecto del contenido de
un documento público pero no de su existencia.
Ninguna
autoridad pública puede negarse a indicar si un documento obra o no en su poder
o negar la divulgación de un documento.
Las excepciones
de acceso a la información contenidas en la presente ley no aplican en casos de
violaciones de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, y en todo caso
deberán protegerse los derechos de las víctimas de dichas violaciones.”
III. DEMANDA
3.1. El demandante considera que los preceptos
legales demandados son contrarios a los artículos 114, 115, 116, 150, 153,
189.9 y 241.8 del Texto Superior. No obstante, antes de exponer los cargos que
sirven de apoyo a su acusación, se explican las razones que justifican la
competencia de la Corte para conocer de la presente demanda.
Para ello, se alude a la Sentencia C-011 de
1994[1] y al Auto 058 de 2009[2], como providencias en las
cuales este Tribunal señaló que es procedente el control mediante acción
ciudadana de las leyes estatutarias, en aquellos casos en que se configuran vicios
de inconstitucionalidad sobrevinientes, como ocurre, por ejemplo, (i) con
irregularidades de forma en el trámite posterior a la notificación de la
sentencia en la que se surtió el control previo dispuesto en los artículos 153
y 241.8 del Texto Superior[3]
o (ii) por “vicios de fondo resultantes del cambio de las disposiciones
constitucionales que sirvieron de fundamento para el inicial pronunciamiento de
constitucionalidad”. En palabras del actor, con sujeción a lo expuesto, es
viable que la Corte conozca de la presente demanda, pues “versa sobre vicios de
inconstitucionalidad sobrevinientes predicables de la Ley 1712 de 2014”.
A continuación expone que la acusación se
presenta en término, ya que para el momento en que fue radicada, esto es, el 4
de febrero de 2015[4],
todavía no había transcurrido el plazo de un año contado desde la publicación
de la ley, cuya actuación se surtió el día 6 de marzo de 2014[5].
3.2. De manera puntual, el actor advierte que
la expresión demandada: “así como los estipulados en el parágrafo del
artículo 77 de la Ley 1474 de 2011”, prevista en el artículo 18 de la Ley
1712 de 2014, fue declarada inexequible en la Sentencia C-274 de 2013[6], a pesar de que dicha
decisión no quedó incluida en la parte resolutiva[7]. Esta circunstancia, más
allá de poner de presente la existencia de una deficiencia formal, no le resta
claridad ni fuerza vinculante a lo decidido por este Tribunal, pues se trató de
un juicio de inconstitucionalidad “inequívoco”, en lo que se refiere a la
expulsión del precepto acusado del proyecto de ley sometido a revisión.
En virtud de lo anterior, el accionante
considera que la incorporación en la ley sancionada de un texto normativo
previamente declarado inexequible, implica un grave desconocimiento del diseño
institucional del Estado, ya que tanto el Congreso de la República como el
Gobierno Nacional tuvieron la oportuni-dad de “revisar el fallo y de ajustar la
norma a lo dispuesto por la Corte”, “antes de proceder a su sanción y
promulgación”. Esta irregularidad supone una violación del artículo 114 del
Texto Superior, en el que se señala que al Congreso le corresponde hacer las
leyes; así como del artículo 115, en el cual se prevé que el Presidente es “jefe
de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa”.
Por lo demás, también se desconocen las
disposiciones previamente mencio-nadas, en la medida en que se omite el
cumplimiento de las funciones que el Constituyente le asignó a cada una de las
ramas del poder público. Ello igualmente transgrede lo previsto en el artículo
189.9 del Texto Superior, pues el Presidente no podía sancionar una normativa contrariando
lo señalado por la Corte en la Sentencia C-274 de 2013. Finalmente, se incurre
en una vulneración de los artículos 153 y 241.8 de la Constitución, ya que la
decisión de incluir en la Ley 1712 de 2014 un precepto declarado
inconstitucional torna inoperante los efectos del control previo.
3.3. En cuanto al artículo 21 de la ley en
mención, se señala que en la parte resolutiva de la citada sentencia C-274 de
2013 se dispuso lo siguiente: “Décimo.- Declarar EXEQUIBLE el
artículo 21, excepto la expresión ‘salvo que el daño causado al interés
protegido sea mayor al interés público de obtener acceso a la información’, que
se declara EXEQUIBLE, en el entendido que se exceptúa el supuesto en que
la sola respuesta ponga en evidencia la información negada".
No obstante, la expresión que dio lugar al
condicionamiento de la Corte, no fue incluida en el texto objeto de sanción y
promulgación, dando lugar a un fenómeno de “eliminación normativa”, contrario
al reparto de funciones que contemplan los artículos 114, 115, 150 y 189.9 de
la Constitución Política. En efecto, se desconoce que la misión de hacer las
leyes incluye el deber de sancionar aquello que efectivamente se aprobó por el
órgano de representa-ción popular y que superó el respectivo control de
constitucionalidad.
Desde esta perspectiva, de igual forma se
quebrantan los artículos 116 y 241.8 de la Carta Política, toda vez que es
“inaceptable que un texto normativo que no sólo había sido ya aprobado por el
legislador sino que, además, había superado el juicio previo de control
constitucional, fuere removido de la ley de la que hacía (y debe hacer) parte,
en una instancia desconocida y ajena totalmente al procedimiento de formación
de las leyes estatutarias y al debate público.”
De ahí que, en términos constitucionales,
es inaceptable que este hecho se haya registrado en la página Web del Senado de
la República como una “simple decisión administrativa”[8], cuando de por medio se
encuentra el mandato que el Texto Superior le asigna a la Corte Constitucional
de impartir justicia mediante la revisión previa de constitucionalidad de los
proyectos de ley estatutaria.
3.4. Como pretensiones se formulan las
siguientes:
“Primero: Que
se declare la inexequibilidad de la expresión ‘así como los estipulados
en el parágrafo del artículo 77 de la Ley 1474 de 2011’, contenida en el
literal c) del artículo 18 de la Ley 1712 de 2014, expresión que por lo demás
ya había sido declarada inexequible en la Sentencia C-274 de 2013 a través de
la cual la Corte Constitucional ejerció la revisión constitucional del Proyecto
de Ley Estatutaria número 228 de 2012 Cámara, 156 de 2011 Senado, ‘por medio de
la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la
información pública nacional’. Segundo: Que se declare que el inciso
tercero del artículo 21 de la Ley 1712 de 2014 es exequible (i) en el
entendido de que su texto incluye la expresión ‘salvo que el daño causado al
interés protegido sea mayor al interés público de obtener acceso a la
información’, expresión ésta que fue aprobada por el Congreso de la República
en el marco del Proyecto de Ley Estatutaria número 228 de 2012 Cámara, 156 de
2011 Senado, ‘por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del
derecho de acceso a la información pública nacional’; y (ii) en ‘el entendido
que se exceptúa el supuesto en que la sola respuesta ponga en evidencia la
información negada’ dado que así lo dispuso de manera expresa la Corte
Constitucional en Sentencia C-274 de 2013” [9].
IV. INTERVENCIONES
4.1. Intervención del Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
4.1.1. El Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, por intermedio de apoderado judicial,
solicita a la Corte declararse inhibida para proferir una decisión de fondo. En
primer lugar, respecto del literal c) del artículo 18 de la Ley 1712 de 2014,
se afirma que en Auto 038 de 2015[10],
la Corte corrigió la parte resolutiva de la Sentencia C-274 de 2013, en el
sentido de señalar de forma expresa que la expresión: “así como los
estipulados en el parágrafo del artículo 77 de la Ley 1474 de 2011” fue
declarada inexequible. En consecuencia, carece de fundamento y no sería
procedente adoptar una nueva decisión, cuando el asunto ya fue resuelto a
través de un auto que resolvió una solicitud de aclaración.
4.1.2. Por lo demás, en lo que atañe a la
expresión cuya transcripción se omitió en el artículo 21 de la Ley 1712 de
2014, en criterio del interviniente, “no es competencia de la Corte
pronunciarse respecto de los errores por omisión relacionados con la
transcripción y publicación del texto de una ley en la Gaceta Oficial”, por lo
que necesariamente debe proferirse un fallo inhibitorio.
4.2. Intervención de la Defensoría del
Pueblo
4.2.1. El Defensor Delegado para Asuntos
Constitucionales y Legales de la Defensoría del Pueblo le pide a la Corte declararse
inhibida por carencia actual de objeto.
4.2.2. En primer lugar, señala que respecto
del literal c) del artículo 18 de la Ley 1712 de 2014, efectivamente este
Tribunal incurrió en la omisión de no precisar en el numeral octavo de la parte
resolutiva de la Sentencia C-274 de 2013, que la expresión: “así como los
estipulados en el parágrafo del artículo 77 de la Ley 1474 de 2011”, había
sido declarada inexequible. Dicho error probablemente condujo a que la citada
ley fuese sancionada y promulgada incluyendo dicho yerro, a pesar de que en la
parte motiva se habían expuesto las razones por las cuales debía ser expulsada
del proyecto objeto de control.
Sin embargo, en el Auto 038 de 2015, la
propia Corte corrigió tal error, al entender que se trató de una omisión
mecanográfica, cuya disconformidad podía ser subsanada mediante el uso del
instituto consagrado en el artículo 286 del Código General Proceso (antiguo
artículo 310 del CPC), referente a la corrección de errores aritméticos y
otros[11].
Así, en el auto en mención, se procedió a la enmienda de la parte resolutiva de
la Sentencia C-274 de 2013 en los siguientes términos:
“Primero.- El
numeral octavo de la parte resolutiva de la Sentencia C-274 de 2013, quedará
así:
‘Octavo.- Declarar
EXEQUIBLE el artículo 18, en el entendido que:
a) La expresión ‘,
en concordancia con lo estipulado por el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011’
del literal a) del artículo 18 del proyecto, será reemplazada por la norma
estatutaria que se expida, de conformidad con lo establecido en la Sentencia
C-818 de 2011.
b) La expresión ‘duración
ilimitada’ del literal c) se declara EXEQUIBLE, en el entendido que
se sujetará al término de protección legal.
c) Declarar INEXEQUIBLE
la expresión ‘, así como los estipulados en el parágrafo del artículo 77 de
la Ley 1474 de 2011’. (…)”. (Subrayas no original).
En este orden de ideas, el error señalado
por el accionante ya fue corregido por esta Corporación, razón por la cual no
cabe realizar ningún pronuncia-miento sobre la materia, más allá de verificar
que la Presidencia de la República surta las actuaciones que le correspondan
para asegurar que se respete la voluntad del legislador, de acuerdo con el pronunciamiento
realizado por la Corte.
4.2.3. En segundo lugar, en cuanto al cargo
dirigido contra el artículo 21 de la Ley 1712 de 2014, por virtud del cual se
excluyó del texto sancionado y promulgado la expresión: “salvo que el daño
causado al interés protegido será mayor al interés público de obtener acceso a
la información”, a partir de la pruebas solicitadas por el Magistrado
Sustanciador se pudo constatar que la edición de los proyectos de ley que pasan
a sanción presidencial le compete al Congreso de la República, según la cámara
en que la iniciativa tuvo su origen.
En el asunto bajo examen, esa labor se
realizó por la Sección de Leyes del Senado de la República, la cual incurrió en
el error involuntario de transcrip-ción que condujo a excluir la expresión de
referencia, a pesar de haber sido declarada ajustada a la Carta, cuando se
procedió a editar el texto final que fue objeto de pronunciamiento por este
Tribunal.
Ahora bien, como consecuencia de las
pruebas decretadas por el Magistrado Sustanciador, la Secretaria del Senado se
percató del desacierto en que se incurrió por la Sección de Leyes y, en
consecuencia, le solicitó al Gobierno Nacional la expedición de un decreto de
yerros, cuyo alcance permite precisamente corregir este tipo de deficiencias,
cuando no queda duda de la voluntad del legislador. Así lo ha admitido este
Tribunal, entre otras, en la Sentencia C-925 de 2005[12].
Visto el caso concreto, se observa que el
error alegado es de tipo formal y no configura un vicio de procedimiento,
siempre que se verifique que el yerro en que se incurrió fue efectivamente corregido
mediante el uso de la atribución consagrada en el artículo 45 de la Ley 4ª de
1913[13];
ya que el uso de dicha categoría de decreto y no la acción pública de
inconstitucionalidad, es la vía idónea “para la corrección de este tipo de
errores en los que incurre por el legislador”.
Teniendo en cuenta los antecedentes
expuestos, se solicita a la Corte que se declare inhibida para emitir un
pronunciamiento de fondo respecto del cargo formulado y, en su lugar, se
exhorte al ejecutivo para que expida el decreto de yerros que permita ajustar
la Ley 1712 de 2014 al querer del legislador, conforme se solicitó por el
Secretario General del Senado de la República, luego de detectar equívoco en el
que se había incurrido.
4.3. Intervención de la Universidad de
Ibagué
4.3.1. Quienes intervienen en nombre de la
Universidad de Ibagué solicitan un pronunciamiento distinto en relación con
cada uno de los preceptos objeto de acusación. Así, en lo que atañe al literal
c) del artículo 18 de la Ley 1712 de 2014, se considera que la norma demandada
debe ser declarada inexequible, por cuanto a pesar de que la Corte corrigió la
parte resolutiva de la Sentencia C-274 de 2013, incluyendo la identificación
del enunciado que se consideró contrario al orden superior (Auto 038 de 2015),
no se realizó ninguna acción por parte del Tribunal (v.gr. un exhorto) o por el
propio Congreso de la República para subsanar el yerro indicado, lo que hace
necesario expulsar dicha expresión del ordenamiento jurídico con miras a
mantener la intangibilidad de lo resuelto por esta Corporación.
4.3.2. Por su parte, en lo que se refiere
al artículo 21 de la Ley 1712 de 2014, el interviniente afirma que la supresión
de la expresión: “salvo que el daño causado al interés protegido sea mayor
al interés público de obtener acceso a la información”, en lugar de
habilitar un nuevo pronunciamiento, soluciona las dificultades interpretativas
de la norma, lo cual genera un mayor beneficio que si se deja dentro del articulado.
Por esta razón, el precepto acusado debe ser declarado exequible, ya que no se
vislumbra ningún vicio que tenga la entidad de suscitar una duda sobre su
constitucionalidad.
4.4. Intervención de la Universidad de
la Sabana
4.4.1. Uno de los miembros de la Clínica
Jurídica de Interés Público y Derechos Humanos de la Universidad de la Sabana
solicita que se declare la inexequibilidad parcial del literal c) del artículo
18 de la Ley 1712 de 2014, así como también que se exhorte al Gobierno Nacional
para que promulgue nuevamente la citada ley, de acuerdo con lo dispuesto por la
Corte en la Sentencia C-274 de 2013.
4.4.2. En primer lugar, señala que la
expresión: “así como los estipulados en el parágrafo del artículo 77 de la
Ley 1474 de 2011”, prevista en el literal c) del artículo 18 de la Ley 1712
de 2014, debe ser expulsada del ordenamiento jurídico, pues respecto de ella se
predica la existencia de una cosa juzgada constitucional (CP art. 243), lo que
impide su reproducción por el Gobierno Nacional al momento de sancionar la ley de
la referencia. Dicha decisión resulta obligatoria, pese al error en que se
incurrió por este Tribunal al no incluir dicha declaratoria de forma expresa en
la parte resolutiva de la Sentencia C-274 de 2013, pues constituye la base de la
ratio decidendi del fallo adoptado. Por ello, la expresión en mención
debe ser declarada inexe-quible, toda vez que supone la reproducción de un
contenido normativo que ya se consideró contrario a la Constitución, según lo establece
el artículo 243 del Texto Superior.
4.4.3. En segundo lugar, en lo que atañe a
la expresión suprimida del artículo 21 de la Ley 1712 de 2014, se afirma que en
virtud del principio de división del poder público, el Gobierno Nacional carece
de competencia para excluir disposiciones normativas que fueron declaradas
exequibles y que al haberlo hecho se produjo irremediablemente una afectación
al sistema de frenos y contrapesos, cuya consecuencia directa es la vulneración
de la garantía de la cosa juzgada constitucional. Ante esta realidad y por el
impacto material que tiene la omisión en que se incurrió, se solicita que se
exhorte al Presidente de la República para que proceda a promulgar nuevamente y
en debida forma la Ley 1712 de 2014, a fin de que incluya la expresión objeto
de controversia.
4.5. Intervención de la Universidad
Santo Tomás
4.5.1. El Decano y uno de los Docentes del Grupo
de Acciones Constitucionales del Consultorio Jurídico de la Universidad Santo
Tomás solicitan que se declare la inexequibilidad de las normas demandadas. Al
respecto consideran que la conducta omisiva en que se incurrió por el Gobierno
Nacional no sólo refleja la existencia de un vicio de procedimiento, sino
también una vulneración al principio de división del poder público, el cual se
cimienta sobre la efectividad del principio de legalidad.
4.5.2. Bajo este contexto, en lo que
respecta al artículo 21 de la Ley 1712 de 2014, se considera que la supresión
del texto que fue aprobado por el legislador, más allá de ser una irregularidad
de trámite, también tiene un impacto profundo en la órbita de acción de la Rama
Legislativa, pues cualquier modificación a una iniciativa de naturaleza legal
debe pasar por el uso de las reglas propias del procedimiento legislativo que
constitucional-mente le resulte aplicable. Por ello, la conducta asumida por el
Gobierno, en lugar de salvaguardar la integridad de las competencias propias
del legislador, supone un factor de inseguridad jurídica, cuyo control por
parte de la Corte debe ser estrictamente riguroso.
Esta misma lectura resulta aplicable cuando
se omite excluir del texto objeto de sanción un precepto declarado inexequible,
como ocurre con la expresión demandada incluida en el artículo 18 de la ley de
la referencia.
4.5.3. En ambas hipótesis, en criterio del
interviniente, el querer del legislador fue sustituido por la voluntad
“efímera” del ejecutivo, lo que conduce a su expulsión del ordenamiento
jurídico, como vía para preservar la rigurosidad procesal de las leyes
estatutarias.
4.6. Intervención ciudadana
El ciudadano Cesar Camilo Bertel García
presentó un escrito en el cual pide declarar la inexequibilidad de la
expresión: “así como los estipulados en el parágrafo del artículo 77 de la
Ley 1474 de 2011”, por cuanto en la Sentencia C-274 de 2013, este Tribunal
señaló que la misma podía conducir a restricciones arbitrarias del derecho de
acceder a la información pública. Por lo demás, se pregunta el interviniente
qué fin se realiza con el control previo, si el mismo es transgredido por las
autoridades que tienen a su cargo el proce-so de sanción y promulgación de una
ley.
V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA
NACIÓN
El Procurador General de la Nación solicitó
a la Corte estarse a lo resuelto en la Sentencia C-274 de 2013, a través de la
cual se realizó el control previo y automático de la Ley 1712 de 2014. Para el
efecto, luego de realizar un recuento del trámite surtido al Proyecto de Ley
Estatutaria número 228 de 2012 Cámara, 156 de 2011 Senado, con posterioridad al
examen de constitu-cionalidad realizado por esta Corporación, se destaca que el
Congreso de la República, al introducir modificaciones sustanciales al citado
proyecto en contravía de lo resuelto por este Tribunal, efectivamente
desconoció los artículos 153, 241 y 243 del Texto Superior, pues es claro que
se extralimitó en sus funciones al no ceñirse a la decisión existente.
A pesar de ello, con la expedición del Auto
038 de 2015 y luego de que el Secretario General del Senado de la República se
percatarse de varios errores de transcripción, se solicitó al Gobierno Nacional
la expedición de un decreto de yerros, con el fin de enmendar los deficiencias
tipográficas en términos concordantes con la Sentencia C-274 de 2013. Dicho
trámite corresponde al procedimiento que se debe surtir en este tipo de
situaciones, por lo que el fallo de este Tribunal se debe limitar a reiterar su
decisión previa y definitiva, mediante una declaratoria de estarse a lo
resuelto, en la medida en que las autoridades respectivas ya aceptaron la
existencia de los errores expuestos por el demandante y éstos se encuentran en
proceso de ser enmendados.
VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
6.1. Competencia y examen sobre la
aptitud del cargo
6.1.1. La Corte Constitucional es
competente para decidir sobre la demanda de inconstitucionalidad planteada
contra el literal c) del artículo 18 y el inciso 2 del artículo 21 de la Ley
1712 de 2014, “por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del
Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras
disposiciones”, presentada por el ciudadano Luis Jaime Salgar Vegalara,
considerando que se trata de examinar un supuesto vicio formal sobreviniente al
control previo, automático e integral realizado a la citada ley por este
Tribunal en la Sentencia C-274 de 2013[14],
en virtud de lo previsto en los artículos 241.4 y 242.1 del Texto Superior[15].
Es preciso recordar que esta Corporación ha
admitido excepcionalmente su competencia para conocer de la constitucionalidad
de leyes estatutarias con posterioridad a la revisión integral realizada por
este tribunal, siempre que se cumpla con una de las siguientes condiciones: (i)
se esté en presencia de un vicio de forma frente a los trámites
subsiguientes que debe surtir el proyecto para convertirse en
ley; o (ii) se presente una modificación posterior de la Constitución o de la
conformación de las normas que integran el bloque de constitucionalidad.
En ambos casos, técnicamente, no existe cosa juzgada constitucional, en el
primero, porque se trata de una irregularidad posterior al control y, en el segundo,
porque el parámetro de comparación es distinto, lo que permite adelantar un
juicio sobre dichas materias. En este sentido, en la Sentencia C-238 de 2006[16], la Corte
señaló que la posibilidad de hacer uso de una acción en estos casos, “es una
consecuencia lógica de la imposibilidad material de que los jueces de control
de constitucionalidad puedan anticiparse –mediante el control previo– a todas
las posibles inconstitucionalidades derivadas de la aplicación futura de las
leyes”.
La doctrina reiterada de este Tribunal ha
sido desarrollada bajo el concepto de inconstitucionalidad sobreviviente,
excluyendo la existencia de una cosa juzgada constitucional, en los siguientes
términos:
“Ahora bien,
respecto de la situación eventual consistente en que surja un vicio de
inconstitucionalidad con posterioridad a la revisión previa de la corte,
encuentra la Sala dos situaciones. Una relativa a los trámites subsiguientes
que debe surtir el proyecto para convertirse en ley, en desarrollo de los
cuales puede vulnerarse el procedimiento constitucional establecido. Frente a
lo que la acción pública surge como el mecanismo para declarar la
inconstitucionalidad. Y otra, que tiene que ver con la modificación posterior
de las normas constitucionales o de la conformación de las normas que integran
el bloque de constitucionalidad. Lo cual supone la modificación del patrón de
comparación a partir del cual se realizó el cotejo, propio del ejercicio del
control de constitucionalidad, que se hizo entre normas estatutarias y las
normas del bloque de constitucionalidad. Por lo que en dicha situación no
podría hablarse en estricto sentido de un pronunciamiento previo de la Corte
Constitucional sobre el asunto. En conclusión, estas situaciones podrían
generar una inconstitucionalidad sobreviviente, ante la cual sobreviene
igualmente el deber de la Corte Constitucional de repararla.”[17]
6.1.2. Ahora bien, en criterio de uno de
los intervinientes[18],
esta Corporación carece de competencia para examinar la supuesta vulneración
que se plantea respecto del inciso 2 del artículo 21 de la Ley 1712 de 2014,
consistente en que se excluyó del texto sancionado y promulgado la expresión: “salvo
que el daño causado al interés protegido sea mayor al interés público de
obtener acceso a la información”, la cual fue declarada exequible de forma
condicio-nada[19],
pues no se encuentra dentro de sus funciones pronunciarse respeto de errores
por omisión en la digitación o transcripción del texto de una ley.
A diferencia de lo expuesto, este Tribunal
considera que es procedente el cargo formulado por el actor, ya que éste plantea
la existencia de un vicio de forma ocurrido en los trámites
subsiguientes al momento en que se surtió el control de constitucionalidad, referente a un posible desbordamiento en el ejercicio de la
atribuciones de sanción y promulgación de la ley por parte del Gobierno
Nacional, dando lugar a un fenómeno de “eliminación normativa”, que contraria
el reparto de competencias que contemplan los artículos 114, 115, 116, 150, 189
y 241.8 del Texto Superior. En efecto, en palabras del accionante, se desconoce
que la misión de hacer las leyes incluye el deber de sancionar y promulgar aquello
que efectivamente se aprobó por el órgano de representación popular y que, en
el caso de las leyes estatutarias, superó el respectivo control previo de
constitucionalidad. Por ello, es inaceptable y contrario a la Constitución, que
un texto normativo aprobado por el legislador y avalado de forma condicionada por
la Corte, fuese “removido de la ley de la que hacía (y debe hacer) parte, en
una instancia desconocida y ajena total-mente al procedimiento de formación de
las leyes estatutarias y al debate público.”
Se observa entonces que el error en la
digitación o transcripción de la ley, independientemente de la vía a través de
la cual pueda ser subsanado, sí plantea –como lo sugiere el accionante– un
debate sobreviniente sobre la manera en que se cumplió el proceso de sanción y
promulgación de la ley, cuyo efecto condujo a publicar un texto que no
corresponde fielmente a lo aprobado por el legislador y que fue declarado
ajustado a la Carta de forma condicionada, con miras a salvaguardar los
principios de conservación del derecho y de libertad de configuración normativa
del legislador.
En este orden de ideas, la inhibición que
se propone deja de lado la competencia que le asiste a la Corte para examinar
eventuales vicios de forma ocurridos en los trámites subsiguientes que debe surtir un proyecto, luego de su examen previo y automático
de constitucionalidad, para convertirse en ley estatutaria; enfocando el
problema en las herramientas que otorga el sistema para subsanar los errores
que se puedan presentar en las etapas de sanción y promulgación. Aun cuando
dicho análisis no es ajeno al problema planteado por el actor, lo cierto es que
no puede descartarse la viabilidad de la demanda, cuando es claro que lo que se
endilga es la existencia de un vicio formal sobreviniente, cuya posible
ocurrencia, por obvias razones, no ha sido objeto de evaluación.
6.2. Problema jurídico y esquema de
resolución
6.2.1. De acuerdo con los argumentos
expuestos en la demanda, en las distintas intervenciones y teniendo en cuenta
el concepto de la Vista Fiscal, le corresponde a esta Corporación resolver los
siguientes problemas jurídicos:
(i) ¿Se incurrió en un vicio de forma al
incluir en el texto sancionado y promulgado de la Ley 1712 de 2014, en
concreto, en el literal c) del artículo 18, la expresión: “así como los
estipulados en el parágrafo del artículo 77 de la Ley 1474 de 2011”, a
pesar de haber sido previamente declarada inexequi-ble por la Corte en la
Sentencia C-274 de 2013, en la que se realizó el control constitucional previo,
automático e integral del proyecto de ley estatutaria de la que hacía parte?
(ii) ¿Se presentó igualmente un vicio de
forma al omitir la transcripción de la expresión: “salvo que el daño causado
al interés protegido sea mayor al interés público de obtener acceso a la
información”, en el texto sancionado y promulgado de la citada Ley 1712 de
2014, en específico, en el inciso 2 del artículo 21, pese a que fue declarada
ajustada a la Carta en la Sentencia C-274 de 2013, en el entendido “que
exceptúa el supuesto en que la sola respuesta ponga en evidencia la información
negada”, al momento en que se realizó el control constitucional previo,
automático e integral del proyecto de ley estatu-taria de la que hacía parte?
6.2.2. Para resolver los problemas planteados,
la Corte se pronunciará sobre el alcance del control previo de
constitucionalidad de los proyectos de leyes estatutarias y los trámites
subsiguientes a la sentencia en que se surte dicho control, dirigidos a que
esas iniciativas se conviertan en ley. En ese escenario se examinarán las
deficiencias que se alegan por el accionante, con miras a determinar su
naturaleza, impacto y forma de subsanación. Una vez expuestos los anteriores
elementos, se concluirá con la resolución del caso concreto.
6.3. Alcance del control previo de constitucionalidad
de los proyectos de leyes estatutarias y trámites subsiguientes a la sentencia
en que se surte dicho control
6.3.1. En el marco del Estado Social de
Derecho se han asignado distintas funciones a las autoridades que integran las
ramas del poder público. Entre dichas funciones se encuentra la de hacer leyes,
como facultad que le compete al Congreso de la República (CP arts. 114 y 150),
en su condición de máximo órgano de representación democrática. Dentro de los
tipos de ley que deben ser expedidos por dicha autoridad se encuentra la ley
estatutaria, conforme se dispone en el artículo 152 del Texto Superior, al
consagrar una reserva formal en lo que respecta a su acto de creación, en
virtud de la trascendencia de las materias que allí se regulan[20].
En efecto, los asuntos que son objeto de
regulación a través de las leyes estatutarias distan de las labores que
ordinariamente ocupan al legislador y tienen una profunda incidencia en el
desarrollo del sistema democrático, pues atañen a temas nucleares vinculados
con sus rasgos definitorios, como lo son la consagración de los derechos
fundamentales y los procedimientos previstos para su protección, las reglas del
sistema electoral, el régimen de los partidos y movimientos políticos y las
condiciones bajo las cuales deben operar los estados de excepción.
Por esta razón, desde sus inicios, la
jurisprudencia ha dicho que se trata de materias que demandan (i) un grado
superior de permanencia en el ordena-miento jurídico y de seguridad en su
aplicación; (ii) frente a las cuales es necesario garantizar un mayor consenso
ideológico; y, por ende, (iii) una mayor participación política en su creación[21].
6.3.2. En consideración a su relevancia
constitucional, tanto en el Texto Superior como en la ley, se prevé unas reglas
especiales de trámite, más allá de la exigibilidad de los supuestos básicos de
creación de las leyes, las cuales apuntan a otorgarle una mayor estabilidad y perdurabilidad
dentro del sistema jurídico[22].
En concreto se exige su expedición en una sola legislatura, previa aprobación
por la mayoría absoluta de los miembros de cada cámara[23].
Una vez un proyecto de ley sometido a
reserva de ley estatutaria cumple con los mencionados requisitos, se dispone
que el mismo debe ser enviado a la Corte Constitucional para que ésta adelante
una revisión previa de la constitu-cionalidad de sus mandatos, no sólo
incluyendo el examen de su contenido material sino también de eventuales vicios
de procedimiento en su formación (CP arts. 153 y 241.9).
Los tiempos para el control previo de la
Corte no están incorporados en la “legislatura” que se exige para su
aprobación, como reiteradamente lo ha señalado este Tribunal, al sostener que:
“(…) conviene
aclarar que conforme a reiterada jurisprudencia (…), la Constitución ordena que
dentro de la legislatura el proyecto haga tránsito en el Congreso, esto es, que
sea modificado y aprobado por las Cámaras en ese lapso, pero la revisión
constitucional por la Corte y la sanción presidencial pueden ocurrir por fuera
de la legislatura. Y es que como se explicó en la Sentencia C-011 de 1994, si
el trámite que debe ser surtido en una sola legislatura incluyese la revisión
por la Corte, o las objeciones y sanción presidenciales, sería prácticamente
imposible aprobar, modificar o derogar leyes estatutarias, o éstas tendrían que
ser tramitadas en el Congreso con excesiva celeridad, sin una adecuada
discusión democrática, e incluso con improvisación. (…)”[24].
En cuanto al control de eventuales vicios
de procedimiento, se debe verificar por la Corte el cumplimiento de las reglas
relativas al trámite legislativo previamente expuestas; mientras que, en lo que
se refiere al control material, este Tribunal debe examinar el contenido
del proyecto de ley estatutaria a la luz de la totalidad de
los preceptos consagrados en la Constitución, con el propósito de garantizar la
supremacía del texto fundamental, en los términos previstos en el artículo 4 de
la Carta Política, conforme al cual: “La Constitu-ción es norma de normas”.
El control que se realiza por esta
Corporación, según la jurisprudencia reiterada sobre la materia[25], reviste las
siguientes características: (i) es jurisdiccional, por cuanto le
está vedado a la Corte estudiar la conveniencia u oportunidad del proyecto de
ley; (ii) es automático, en la medida en que no requiere la presentación
de una demanda de inconstitucionalidad[26];
(iii) es integral, puesto que se debe examinar la iniciativa tanto en su
contenido formal como material frente a la totalidad de las disposiciones de la
Carta[27];
(iv) es definitivo, en cuanto se debe decidir de forma concluyente sobre
la exequibilidad del proyecto, por lo que la decisión que se adopte hace
tránsito a cosa juzgada constitucional absoluta; (v) es participativo,
toda vez que cualquier ciudadano puede intervenir en el proceso y; como ya se
dijo, (vi) es previo, al comprender la revisión anticipada
sobre la constitucionalidad del proyecto.
6.3.3. El control previo que se realiza por
la Corte respecto de los proyectos de ley estatutaria hace parte de la misión
encomendada a esta Corporación de guardar por la “integridad y supremacía de
la Constitución”, conforme se consagra en el artículo 241 del Texto
Superior. Esto significa que esta modalidad de control implica el ejercicio de
una atribución jurisdiccional, en el que la decisión que se adopta se plasma en
una sentencia con carácter vinculante que debe ser acatada y cumplida por el
hecho de hacer tránsito a cosa juzgada constitucional (CP art. 243)[28].
De lo anterior se derivan dos importantes
características. La primera que entiende que el objeto del control previo de
constitucionalidad es evitar la vigencia y aplicación de normas contrarias a la
Constitución, como expresión de su supremacía normativa, en aras de brindar
certeza y seguridad jurídica a la sociedad en general. Y la segunda que admite
el carácter jurisdiccional de este control, en el sentido de reafirmar que pese
a que su origen no se somete al ejercicio ciudadano del derecho de acción, de
igual manera le compete a la Corte el deber de verificar la conformidad de las
normas aprobadas por el legislado frente al conjunto de valores, principios y
reglas consagradas en el Texto Superior, dando lugar a una sentencia vinculante
cuyas decisiones hacen tránsito a cosa juzgada constitucional.
En este orden de ideas, el control previo
impone una serie de cargas en lo que respecta a los trámites subsiguientes
(sanción y promulgación), por una parte, frente a las normas declaradas
exequibles o exequibles condicionadas, en virtud del principio de separación de
las funciones del poder público y dada la garantía de la cosa juzgada constitucional,
es preciso que se replique el texto de lo que efectivamente se aprobó por el
órgano de representación popular y que superó el respectivo control previo de
constitucionalidad. Ello se deriva de los artículos 114 y 150 del Texto
Superior, en los que se consagra como competencia del Congreso hacer las leyes,
por lo que una vez superado el examen de compatibilidad con la Carta, y agotado
el eventual uso del mecanismo de las objeciones gubernamentales por
inconveniencia[29],
ninguna autoridad puede modificar o alterar lo aprobado por el legislador. Lo
anterior se refuerza con los numerales 9 y 10 del artículo 189 de la
Constitución, cuyo rigor normativo impone que la sanción y promulgación de las
leyes es una atribución del Gobierno Nacional, en las que igualmente debe
velarse por su estricto cumplimiento[30].
Finalmente, también se explica con los artículos 153, 241.8 y 243 de la Carta
Política, pues a través de ellos se consagra el carácter jurisdiccional del
control previo y se otorga a las decisiones adoptadas por este Tribunal el carácter
de inmutables, vinculantes y definitivas, lo que exige que el texto sancionado
y promulgado realmente corresponda al que fue objeto de control por parte de
esta Corporación.
Por otra parte, en lo que compete a las
normas declaradas inexequibles, en respeto a la garantía de la cosa juzgada
constitucional, es necesario que se excluyan del texto final dichas
disposiciones, pues el inciso 2 del artículo 243 del Texto Superior es claro en
disponer que, como regla general, “ninguna autoridad puede reproducir el
contenido material del acto jurídico declarado inexequible”, sobre todo
cuando la sanción y promulgación corresponden a trámites subsiguientes que se
derivan del pronunciamiento previo realizado por esta Corporación. Esta carga
es exigible siempre que se trate de inconstitucionalidades parciales, pues ante
la inexequibilidad de todo un proyecto, la única actuación que se sigue es su
archivo.
En conclusión, salvo la hipótesis
previamente señalada, una vez proferida y comunicada la sentencia a través de
la cual se realiza el control previo de las leyes estatutarias, ya sea que se
declare la exequibilidad –pura y simple o condicionada– de las normas
analizadas, o –por el contrario– su inexequibili-dad parcial[31], es obligatorio
acatarla, debiendo las autoridades que participan en los trámites subsiguientes
dirigidos a su sanción y promulgación, atenerse al sentido de lo fallado, pues
con ello –como ya se explicó– no sólo se garantiza el respeto a la cosa juzgada
constitucional, sino también el principio de separación de funciones del poder
público, al poner realmente en vigencia los textos aprobados por el Congreso y
avalados por este Tribunal.
6.3.4. Finalizado entonces el proceso
previo de control de constitucionalidad, y con sujeción a las cargas
previamente señaladas, el proyecto de ley debe remitirse a las autoridades
competentes, con miras a que se continúe con los trámites subsiguientes de
sanción y promulgación.
Como se explicó en la reciente Sentencia 634
de 2015[32],
en caso de que la ley estatutaria fuese declarada exequible –pura y simple o
condicionada–, de acuerdo con lo establecido en el artículo 41 del Decreto 2067
de 1991, el Presidente de la Corte lo remitirá directamente al Presidente de la
República para su sanción y promulgación. En este caso, se parte de la base de
que el proyecto recibido por la Corte cuenta con la firma de los presidentes de
las cámaras legislativas y sólo bastaría las actuaciones del ejecutivo para su
plena validez y exigibilidad.
Por el contrario, cuando la ley estatutaria
ha sido declarada parcialmente inexequible, la misma debe regresar a las
cámaras legislativas para que se ensamble o edite su texto, de acuerdo con lo
ordenado en la sentencia, “actua-ción que de ningún modo supone reabrir el
debate legislativo”[33].
Ello siempre que no resulte aplicable la hipótesis excepcional de que no haya
concluido la legislatura, caso en el cual el citado artículo 41 del Decreto
2067 de 1991, remite al artículo 33 del mismo estatuto, en el que se impone la
obligación de rehacer o integrar “las disposiciones afectadas en términos
concordantes con el dictamen de la Corte”[34].
En todos los casos, la ley no podrá ser sancionada si no se cuenta
con la firma de los presidentes de cada uno de las cámaras legislativas, exigencia
que se deriva del principio democrático, conforme al cual le compete al
Congreso hacer las leyes. Precisamente, el artículo 43 de la Ley 5ª de 1992
dispone que: “Los presidentes de las cámaras legislativas cumplirán las
siguientes funciones: (…) 6. Suscribir los proyectos de acto legislativo
y de ley aproba-dos en las comisiones y en plenarias, así como las respectivas
actas”[35].
6.3.5. Tanto la sanción como la
promulgación de la ley, son actuaciones que le competen al Gobierno Nacional,
una vez la misma es recibida en su versión definitiva por el Presidente de la
República. La sanción consiste en el acto a través del cual se da fe por el
ejecutivo acerca de la existencia y autenticidad de una iniciativa legislativa
mediante la suscripción de su contenido. Se trata de un requisito esencial que
pone fin al proceso formativo de la ley y que constituye una exigencia de la
cual depende su validez, tal como lo establece el numeral 4 del artículo 157
del Texto Superior[36].
Una vez sancionada la ley, ésta debe ser
promulgada por el Presidente de la República, de acuerdo con lo señalado en los
artículos 165 y 189.10 de la Constitución[37].
Conforme se define en el artículo 52 de la Ley 4ª de 1913, la promulgación
consiste en el acto de insertar la ley en el “periódico oficial”, la
cual se entenderá consumada “en la fecha del número en que termine la
inserción”. De esta actuación depende la oponibilidad de la ley y, por
ende, su exigibilidad frente a toda la comunidad[38]. Por último, el artículo
54 de la citada ley consagra el término en que se cumplir con el deber de
publicación, al señalar que: “Se procurará que las leyes se publiquen e
inserten en el periódico oficial dentro de los diez días de sancionadas. Cuando
haya para el efecto un inconveniente insuperable, se insertarán a la mayor
brevedad.”
6.3.6. Como previamente se expuso, en los
casos en que se está en presencia de una ley estatutaria, el Gobierno Nacional
debe sancionar y promulgar la ley, según lo aprobado por el Congreso de la
República y que fue avalado en su constitucionalidad por esta Corporación. La
mayor se dificultad se presenta cuando existen inconstitucionalidades
parciales, pues –como ya se dijo– el texto debe regresar a las cámaras
legislativas para que se ensamble de acuerdo con lo ordenado en la sentencia.
Si por alguna razón el texto finalmente
publicado de una ley estatutaria no se ajusta al pie de la letra al que fue
aprobado por el legislador y avalado por este Tribunal, es claro que existiría
una irregularidad en el proceso de forma-ción de la ley, ya que se estaría
invadiendo por otra autoridad la función del Congreso de hacer las leyes (CP
art. 114 y 150), e incluso, en el caso de reproducir textos que fueron
declarados inexequibles, se estaría reemplazando la labor desarrollada por este
Tribunal como juez constitucional, al negar la garantía de la cosa juzgada constitucional
derivada del ejercicio del control previo a su cargo, cuya razón de ser es la
de evitar la vigencia y aplicación de normas contrarias a la Constitución,
tanto por razones de fondo como de forma.
Aun cuando se trata de un vicio de forma de
carácter sobreviniente, ya que la sanción y promulgación de la ley se
encuentran integradas al procedimiento legislativo (CP arts. 157, 165, 189.9 y
189.10), como etapas subsiguientes al examen previo de constitucionalidad que
se realiza por esta Corporación[39],
desbordan ese ámbito meramente formal para proyectarse, dado el caso, sobre el
contenido material de las normas.
En este contexto, en criterio de la Corte,
una irregularidad como la expuesta si bien comprende una deficiencia de forma, en
razón al desbordamiento en el ejercicio de las competencias que le asisten a
cada autoridad en el proceso de formación de las leyes estatutarias, pues por
fuera del Congreso y de esta Corporación, se estaría definiendo el texto de la
ley y de lo avalado por vía de control previo; al mismo tiempo se presentaría
un eventual vicio de fondo, ya que el problema de competencia previamente
expuesto, también podría con-ducir a una incompatibilidad con otros mandatos
previstos en la Constitu-ción, como a continuación pasa a demostrarse.
En primer lugar, se generaría una violación
al principio de división de las funciones del poder público (CP art. 113), como
elemento característico de la democracia constitucional, toda vez que se
reemplazaría la labor de creación normativa a cargo del legislador, en las
autoridades que intervienen en los trámites subsiguientes dirigidos a la
sanción y promulgación de una ley estatutaria, una vez se ha surtido el control
previo de constitucionalidad. Básicamente, como ya se dijo, se trata del
Gobierno Nacional y de las dependencias internas del Congreso que adelantan la
labor de ajustar o editar los textos finales que han sido objeto de inconstitucionalidades
parciales.
En segundo lugar, se desconocería el
principio constitucional de legalidad (CP arts. 6 y 123), ya que las citadas
autoridades sustituirían al Congreso de la República en la labor de definición del
contenido de la ley estatutaria, cuya materia se encuentra sujeta a reserva
formal de ley (CP art. 152).
En tercer lugar, en el caso en que se
reproduzcan textos que fueron declarados inexequibles, se estaría ante una vulneración
del principio de supremacía constitucional (CP art. 4), por cuanto al existir
una sentencia previa que determinó la exclusión de una o varias normas de la
iniciativa, las mismas no pueden ser incluidas en el texto finalmente
promulgado de la ley, en razón a la naturaleza y alcance del control previo (CP
arts. 153 y 241.8).
Finamente, se presentaría un
desconocimiento del control político y jurídico que respecto de las leyes
estatutarias se prevé en la Constitución. En cuanto al primero, en la medida en
que se omitiría someter al Congreso de la República  la aprobación de un texto
legal que debe ser objeto de examen, debate y discusión por las distintas
manifestaciones políticas que hacen parte del parla-mento y que tienen a su
cargo la labor de representación del pueblo (CP arts. 3 y 113). Y, en lo que
respecta al segundo, porque se estaría omitiendo el deber de someter las normas
que incurran en dicha deficiencia formal al control previo de
constitucionalidad, como lo exigen los artículos 153 y 241.8 del Texto
Superior. Sin descartar que, en el eventual caso en que se reproduzca una disposición
que haya sido declarada inexequible, se estaría ignorando el carácter
vinculante, definitivo e inmutable de la cosa juzgada constitucional emanada
del ejercicio del citado control previo de las leyes estatutarias (CP art.
243).
6.3.7. Visto lo anterior, en caso de
presentarse una irregularidad derivada de la promulgación de un texto legal de
carácter estatutario distinto al que fue aprobado por el Congreso y avalado por
este Tribunal, se estaría en presencia realmente de un vicio procedimental, el
cual, dado el caso, podría a llegar a proyectarse sobre el contenido material
de las normas que incurran en dicha anomalía, al suponer no sólo un eventual
desconocimiento de los principios de división del poder público, legalidad y
supremacía constitucional, sino también del control político y jurídico que
envuelve el proceso de formación de las leyes estatutarias.
Lo anterior supone que si bien la
competencia de la Corte en casos como el expuesto se justifica en la existencia
de un vicio formal sobreviniente, como lo ha admitido de forma reiterada la
Corte, se exige a cargo de este Tribunal un examen riguroso de la deficiencia
planteada, puesto que al final de cuentas el impacto de lo que se decida podría
repercutir en elementos que caracterizan a la democracia constitucional y al
Estado Social de Derecho.
Por ello, al igual que ocurre con otros
vicios formales que tienen o podrían tener impacto material, se entiende que el
mismo no está sujeto al término de caducidad de un año previsto en el artículo
242 de la Constitución, para las acciones públicas de inconstitucionalidad por
presuntas irregularidades de trámite, ya que su entidad no se agota en el
proceso legislativo sino que también podría tener capital importancia en el
respeto de principios y reglas básicas del sistema democrático ideado por el
Constituyente[40].
6.3.8. En este orden de ideas, por tratarse
originalmente de una irregularidad procedimental, no cabe duda que en su examen
debe tenerse en cuenta el (i) principio de instrumentalidad de las formas,
conforme al cual las reglas procesales no tienen valor en sí mismo y deben
interpretarse teleológicamente al servicio de un fin sustantivo[41]; así como (ii) el principio
de corrección de las formas, que rechaza la concepción de los trámites como
condiciones sin relevancia constitucional[42].
A partir del uso de estos principios que
guían la labor del juez constitucional, es posible distinguir entre
irregularidades que conducen a la declaratoria de inexequibilidad de la ley,
frente a otras que podrían ser corregidas o subsana-das mediante el uso de las
herramientas que brinda el ordenamiento jurídico.
Precisamente, la jurisprudencia de la Corte
ha señalado que la aplicación de los citados principios en torno a la
ocurrencia de una irregularidad en el trámite de un procedimiento legislativo[43], le otorga a este
Tribunal la posibili-dad de determinar, (i) si ese defecto es de entidad
suficiente como para constituir un vicio susceptible de afectar la validez de
la ley. En caso de que la irregularidad tenga dicha entidad, (ii) esta
Corporación debe estudiar si existió o no una corrección formal del
procedimiento; y en caso de que el vicio no haya sido subsanado, (iii)
determinar si es posible o no devolver la ley para que se corrija el defecto
observado. Al respecto, el parágrafo del artículo 241 del Texto Superior
establece: “Cuando la Corte encuentre vicios de procedimiento subsanables en
la formación del acto sujeto a su control, ordenará devolverlo a la autoridad
que lo profirió para que, de ser posible, enmiende el defecto observado.
Subsanado el vicio, procederá a decidir sobre la exequibilidad del acto”[44].
6.3.9. En el caso sometido a revisión de
esta Corporación, aun cuando es claro que la sanción y promulgación de un texto
legal de carácter estatutario distinto al que fue aprobado por el Congreso y
avalado por este Tribunal, tiene un impacto que podría proyectarse sobre el
contenido material de las normas afectadas por dicha irregularidad, no deja ser
un vicio de carácter procedimental, el cual, dependiendo de su entidad y del
contexto en que se produce[45],
es susceptible de corrección formal[46]
e incluso de subsanación[47].
En efecto, una es la hipótesis en la cual
la irregularidad se deriva de un yerro de caligrafía, tipografía, digitación,
edición o transcripción, sin la intención de defraudar la voluntad del
legislador y lo ordenado por la Corte, ya sea porque se omita incluir un texto
o se mantenga erróneamente una disposición que fue declarada inexequible. Y
otra muy distinta es la circunstancia en la cual al amparo de los trámites
subsiguientes de forma consciente, abierta y palmaria se introducen preceptos
que no fueron sometidos a conocimiento, debate y aprobación en el Congreso y que,
por ende, no pasaron por el control previo a cargo de este Tribunal; o que,
incluso, habiendo sido objeto del mismo, se pretenda mantener una norma
contraria a la Constitución, ya sea alterando de manera tangencial su contenido
o insistiendo –indebidamente– en la promul-gación original de su texto.
6.3.9.1. En el primero de los eventos
señalados, esto es, ante errores de caligrafía, tipografía, digitación o
transcripción, sin la intención de defraudar la voluntad del legislador y lo
ordenado por la Corte, el ordenamiento jurídico prevé la posibilidad de
proceder a su corrección formal a través del uso de los decretos de
corrección de yerros[48],
tal como lo ha admitido este Tribunal.
Así, por ejemplo, en la Sentencia C-520 de
1998[49],
la Corte se pronunció sobre una demanda respecto de una norma consagrada en el
Estatuto Nacional de Transporte, en la que al adelantar el proceso de publicación
erróneamente se omitió transcribir la letra “o” que había sido aprobada por el
Congreso, y la cual afectaba el sentido del precepto acusado[50]. En esa ocasión, más
allá de que el control se realizó bajo la lógica de entender que la norma contenía
la letra excluida, se advirtió que ese error podía ser enmendado por el
Presidente de la República, mediante el ejercicio de su facultad administrativa
de promulgar las leyes (CP art. 189.10), entre otras, a través de los decretos
de corrección de yerros. Sobre el particular, se dijo que:
“Es evidente que
a esta Corporación no le corresponde subsanar los errores caligráficos o
tipográficos que presenten las leyes que son sometidas a su análisis. Sin
embargo, cuando pese a ellos, de la norma se puede deducir la voluntad del
legislador, la Corte puede realizar, sin impedimento alguno, el análisis de
constitucionalidad que le impuso el Constituyente. En el caso en estudio, es
claro que la Corte puede estudiar el inciso acusado, toda vez que conoce la
racionalidad del legislador al redactarlo.
(…) Lo anterior
no obsta para que se haga uso del mecanismo idóneo para enmendar los textos legales
cuando ellos presentan errores caligráficos  o tipográficos que puedan
alterar su sentido real, tal como sucede en el caso en estudio, cuál es la
publicación de la ley con la corrección del error o la expedición de un
decreto que ponga de presente el error  y su correspondiente corrección
-los cuales no afectan la vigencia y validez de la [ley] inicialmente
publicada-, actuaciones que le corresponde ejecutar al Presidente de la
República, porque a él le está atribuida la función de promulgación de las leyes
(artículo 189, numeral 10 de la Constitución).”[51]
En concordancia con lo expuesto, en la
Sentencia C-232 de 2002[52],
esta Corporación se inhibió para realizar el pronunciamiento de fondo sobre una
demanda de inconstitucionalidad respecto del artículo 180 de la Ley 599 de 2000,
en el que se consagra el tipo del desplazamiento forzado, al percatarse que la
existencia de un error de transcripción que le daba una lectura distinta a la
norma acusada, previamente había sido subsanado por el ejecutivo a través de la
expedición de un decreto de corrección de yerros[53]. En el fallo en cita se
excluye el control y se avala la actuación realizada en los siguientes
términos:
“Tal como se
estableció en el acápite anterior, cuando se publicó en el Diario Oficial la
Ley 599 de 2000 se incurrió en un error involuntario de escritura que consistió
en incluir la conjunción disyuntiva “o” en el inciso primero del
artículo 180 del Código Penal que consagra el delito de desplazamiento
forzado.
Advertido este
yerro, el Presidente de la República con fundamento en lo dispuesto en el
artículo 45 de la Ley 4ª de 1913, sobre Régimen Político y  Municipal, expidió
el Decreto 2667 del 10 de diciembre de 2001 “por el cual se corrige un yerro
en el texto de la Ley 599 de 2000 por la cual se expide el Código Penal” (…)
Habiéndose
corregido el anotado yerro por medio del procedimiento adecuado, el que era
atribuible a la función presidencial de promulgación de las leyes[54], puede concluirse que no es necesario que la Corte se pronuncie de
fondo sobre la conjunción disyuntiva “o” por cuanto la misma nunca
formó parte del texto del artículo 180 de la Ley 599 de 1999 y el error ya
fue enmendado, motivo por el  cual se declarará inhibida respecto de ella
en la parte resolutiva de esta providencia.”[55]
Como se infiere de lo expuesto, los
decretos de corrección de yerros son un ejercicio de la facultad de promulgar
las leyes, obedecerlas y velar por su estricto cumplimiento (CP art. 189.10).
Se fundamentan legislativamente en la facultad general prevista por el artículo
45 de la Ley 4ª de 1913, conforme a la cual: “[L]os yerros caligráficos o
tipográficos en las citas o referencias de unas leyes a otros no perjudicarán,
y deberán ser modificados por los respectivos funcionarios, cuando no quede
duda en cuanto a la voluntad del legislador.” Por su naturaleza no
corresponden a una técnica legislativa, sino a una medida circunscrita a las
facultades administrativas del presidente de la República[56], que permite preservar
la voluntad del legislador garantizando que el texto promulgado corresponda a
un fiel copia de lo aprobado, sin errores de edición, digitación o
transcripción que afecten el sentido real de las normas dispuestas por el
órgano de representación popular. Por ello, en la Sentencia C-178 de 2007[57], se expuso que:
“(…) corresponde
a los respectivos funcionarios enmendar los errores caligráficos o tipográficos
en el texto de una norma, cuando no quede duda de la voluntad del Congreso. Así
mismo, se ha dicho que la expedición de decretos de corrección de yerros es una
función administrativa y ordinaria del Presidente de la República en el ámbito
de la promulgación de las leyes.”[58]
De lo expuesto se concluye entonces que la
expedición de un decreto de corrección de yerros constituye una herramienta
válida para lograr la enmien-da formal de textos legales, incluso de carácter
estatutario, en los que se presentan errores de tipografía, digitación, ensamblaje
o transcripción, ya sea porque se omite incluir un texto que fue aprobado por
el Congreso y avalado por la Corte o porque involuntariamente –y por un
equívoco– se preserva una disposición que fue declarada inexequible. En este
caso lo que resulta exigible es que la actuación se limite a preservar la
voluntad del legislativo y lo resuelto por la Corte, sin que se pueda
modificar, suprimir o adicionar una nueva disposición, que desborde los límites
de este tipo de decretos y excedan del querer objetivo del legislador.
Por lo demás, como se deriva de lo señalado
en las citadas Sentencia C-520 de 1998[59]
y C-232 de 2002[60],
en el ámbito del ejercicio de la atribución de esta Corporación de disponer la
subsanación de irregularidades de forma, en los términos previstos en el
parágrafo del artículo 241 del Texto Superior[61],
nada obsta para que en casos extraordinarios se acuda a dicha herramienta y a
través de ella se ordene la corrección de un texto legal, incluso de naturaleza
estatutaria, con miras a preservar el real sentido de lo aprobado por el
legisla-dor, en casos de errores de digitación, edición o tipografía como los
expues-tos, ya que se trataría de un ejercicio encaminado únicamente a rescatar
su voluntad, sin interferir en el proceso de producción normativa.
6.3.9.2. A diferencia de lo expuesto,
cuando no se trata de una hipótesis vinculada con la existencia de un error de
transcripción, digitación, etc., sino, eventualmente, de la alteración
consciente del texto de una ley estatutaria, por ejemplo, mediante la inclusión
de preceptos que no fueron sometidos a conocimiento, debate y aprobación en el
Congreso de la República y que, por ende, no pasaron por el examen previo de
este Tribunal; es claro que, una actuación en dicho sentido, constituiría una
manifiesta irregularidad procesal que, por su alcance y trascendencia, se
convierte en un vicio de naturaleza insubsanable.
En efecto, la jurisprudencia reiterada de
esta Corporación ha sostenido que la subsanación no tiene ocurrencia cuando,
entre otras, se presenta un vicio que afecte de manera grave y trascendente la
formación de la voluntad legislativa, se vulneren los derechos de las minorías
políticas, o cuando su ocurrencia implique la obligación de tramitar desde su
inicio todo el procedimiento legislativo[62].
En la hipótesis planteada ambos parámetros
se desconocerían, en primer lugar, porque al introducirse una norma que no fue
aprobada por el legislador y sometida a control previo, cualquier subsanación
supondría repetir todo el trámite legislativo; y en segundo lugar, porque su
entidad sería de tal grave-dad, al implicar, como ya se ha dicho, el
desconocimiento de los principios de legalidad y de separación de funciones del
poder público, así como el control político y jurídico que envuelve el proceso
de formación de las leyes estatuta-rias, al reemplazar la voluntad del
legislador y prescindir del examen de constitucionalidad que la Carta Política
impone, como una forma de lograr mayor seguridad y estabilidad jurídica
respecto de unas leyes, cuyo contenido tiene un profundo impacto en el sistema
democrático y en el Estado Social de Derecho.
Por ello, no cabe duda que una
irregularidad como la expuesta, más allá de habilitar un nuevo pronunciamiento
de la Corte, implicaría la ocurrencia de un vicio insubsanable, básicamente por
la afectación que se produciría en el respeto al esquema de división del poder
público. Lo mismo ocurriría cuando una norma estatutaria sometida a control
previo es declarada inexequible, y a pesar de dicha decisión, de forma
consciente y deliberada, se mantiene su redacción en la ley promulgada, ya sea
reformando de manera tangencial su contenido o insistiendo –indebidamente– en
la promulgación original de su texto. En este último caso, una razón adicional
que conduciría a su inexequibilidad, sería la violación del carácter inmutable
y definitivo de la cosa juzgada constitucional, en especial, si de la
declaratoria se justificó por razones de fondo, en virtud de la prohibición de
reproducción consagrada en el artículo 243 del Texto Superior, según el cual: “Ninguna
autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declarado
inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las
disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma
ordinaria y la Constitu-ción”.
6.4. Del examen del caso concreto
6.4.1. Como se expuso en el acápite de antecedentes y luego de
pronunciarse sobre la aptitud del cargo, en el presente caso, el examen de inconstitucio-nalidad
propuesto por el accionante implica, por una parte, determinar si existió o no
vicio de forma al incluir en el texto sancionado y promulgado de la Ley 1712 de
2014, en concreto, en el literal c) del artículo 18, la expresión: “así como
los estipulados en el parágrafo del artículo 77 de la Ley 1474 de 2011”, a
pesar de haber sido previamente declarada inexequible por la Corte en la
Sentencia C-274 de 2013, en la que se realizó el control constitucional previo,
automático e integral del proyecto de ley estatutaria de la que hacía parte.
Y, por la otra,
establecer si se incurrió en el mismo vicio, al omitir la transcripción de la
expresión: “salvo que el daño causado al interés protegido sea mayor al
interés público de obtener acceso a la información”, en el texto sancionado
y promulgado de la citada Ley 1712 de 2014, en específico, en el inciso 2 del
artículo 21, pese a que fue declarada ajustada a la Carta en la Sentencia C-274
de 2013, al momento en que se realizó el control constitucional previo,
automático e integral del proyecto de ley estatu-taria de la que hacía parte.
6.4.2. Para tal efecto,
es preciso señalar que algunos intervinientes solicitan que se profiera un
fallo inhibitorio[63],
en primer lugar, respecto del literal c) del artículo 18 de la Ley 1712 de
2014, porque se trató de un error derivado de que la Corte omitió señalar en la
parte resolutiva de la Sentencia C-274 de 2013, la declaratoria de
inconstitucionalidad de la norma que por error fue incluida en el texto
promulgado. No obstante, como dicha falla se corrigió en el Auto 038 de 2015,
no cabe realizar un nuevo pronunciamiento, más allá de constatar que se surtan
las actuaciones que permitan mantener la voluntad del legislador y lo resuelto
por la Corte. Y, en segundo lugar, en lo que atañe al inciso 2 del artículo 21,
porque en virtud de la labor probatoria desplegada por el Magistrado
Sustanciador, se encontró que el error se produjo en la Sección de Leyes del
Senado de la República, al momento de editar el texto final que fue objeto de
pronunciamiento por este Tribunal, razón por la cual el Secretario General de
dicha Corporación solicitó al Gobierno Nacional la expedición de un decreto de
corrección de yerros. En este sentido, no cabe realizar un juicio de fondo,
sino exhortar al ejecutivo para se proceda a enmendar el error de transcripción
expuesto.
En el resto de
intervenciones se impone la declaratoria de inexequibilidad[64], frente al
literal c) del artículo 18, porque pese a lo señalado por la Corte en el Auto
038 de 2015, no se realizó ninguna actuación para corregir el texto, lo que se
traduce en una violación a la cosa juzgada constitucional, así como al
principio de división de las funciones del poder público. Por lo demás, en
cuanto al artículo 21, porque el ejecutivo no puede excluir del texto objeto de
promulgación normas que fueron declaradas exequibles, así sea de forma
condicionada, pues ello implica una violación de las mismas garantías
previa-mente expuestas, por lo que debería ordenarse una nueva publicación de
la ley.
Por último, en criterio
de la Vista Fiscal, la Corte debe estarse a lo resuelto en la Sentencia C-274
de 2013, en la medida en que las autoridades respectivas ya aceptaron la
existencia de los errores de transcripción señalados por el demandante y los
mismos se encuentran en proceso de ser enmendados, por lo que no cabe que se
realice un nuevo pronunciamiento sobre la materia.
6.4.3. Antes de
proceder con el examen propuesto, es preciso detenerse en el estudio de tres
asuntos relacionados con la materia sometida a control. El primero que implica
verificar si la acción se interpuso en término. El segundo que corresponde al
examen sobre la procedencia de la unidad normativa respecto de otros artículos
de la misma Ley 1712 de 2014 que tienen similares deficiencias de forma; y el tercero,
que comprende el deber de reseñar la actividad probatoria llevada a cabo en la
etapa de sustanciación.
6.4.4. Como previamente
se señaló en esta providencia, al igual que ocurre con otros vicios formales
que tienen o podrían tener un impacto material, la irregularidad planteada por
el actor no está sujeta al término de caducidad de un año previsto en el
artículo 242 del Texto Superior, para las acciones públicas de
inconstitucionalidad por presuntas irregularidades de trámite[65]. No obstante
lo anterior, incluso de aplicarse dicha regla, la demanda en todo caso se
presentó en término, puesto que la ley fue promulgada el 6 de marzo de 2014 y
la acción se presentó el 4 de febrero de 2015[66].
6.4.5. Con posterioridad,
en escrito del 30 de junio de 2015,
el accionante manifestó que luego de realizar una revisión posterior a la ley,
encontró otras deficiencias formales similares a las expuestas en la demanda.
Así señaló las siguientes diferencias:
(i) En el artículo 5 de
la Ley 1712 de 2014 existían originalmente siete literales que iban de la a) a
la g). La versión promulgada tiene sólo seis literales, por lo que en el
proceso de edición se eliminó el literal e), el cual señalaba que: “e) las
empresas públicas creadas por ley, las empresas del Estado y sociedades en que
este tenga participación”[67].
(ii) En el inciso 1 del
artículo 14, en su versión original, se observaba que: “Información
pública con anterioridad. Los sujetos obligados deben garantizar y
facilitar a los solicitantes, de la manera más sencilla posible, el acceso a
toda la información previamente divulgada. Se publicará esta información en los
términos establecidos en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011”[68]. Sin
embargo, en la versión final de la norma se recortó la frase al disponer lo
siguiente: “Se publicará esta información en los términos establecidos”.
(iii) En el inciso 1
del artículo 26 (27 en la versión aprobada por el Congreso) se establecía que: “Artículo
26. Respuesta a solicitud de acceso a información. Es aquel acto escrito
mediante el cual, de forma oportuna, veraz, completa, motivada y actualizada,
todo sujeto obligado responde materialmente a cualquier a cualquier persona que
presente una solicitud de acceso a información pública. Su respuesta se dará en
los términos establecidos por el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011”[69].
Con todo, al igual que en el caso anterior, en la versión final de la norma se
recortó la frase al disponer lo siguiente: “Su respuesta se dará en los
términos establecidos”.
Respecto de lo
anterior, en ejercicio de la competencia establecida en el numeral 6 del
Decreto 2067 de 1991[70],
esta Corporación de forma autónoma debe estudiar si se presenta una hipótesis
que permita decretar la existencia de una unidad normativa, en especial al
observar que se trata de deficiencias iguales a las planteadas en la demanda.
Sobre el particular, es
necesario reiterar que la jurisprudencia de la Corte ha señalado que la
integración de la unidad normativa es un instituto de carácter excepcional, el
cual se aplica “(i) cuando la disposición
demandada no tiene un contenido jurídico autónomo, de forma tal que resulta
absolutamente imposible lograr su compresión y aplicación sin acudir al texto
de otra norma que no fue inicialmente cuestionada. En este caso es necesario
completar la proposición jurídica para evitar proferir un fallo inhibitorio;
(ii) en aquellas circunstancias en las cuales el precepto acusado se encuentra
reproducido en otras disposiciones que no fueron objeto de demanda; y (iii) cuando
la disposición cuestionada está inserta en un sistema normativo que, a primera
vista, genera serias dudas de constitucionalidad”[71].
En el asunto bajo
examen, en criterio de esta Corporación, procede la integración de la unidad
normativa, en la medida en que se presenta la última de las causales señaladas.
En efecto, por una parte, se encuentra que existe una estrecha relación con las
disposiciones inicialmente cuestionadas, al tratarse todas de normas que
integran la Ley 1712 de 2014; y por la otra, tal regulación aparece prima
facie con serias dudas en su constitucionalidad, ya que se vinculan con el
mismo defecto alegado por el actor, referente a un vicio formal sobreviniente
luego de haberse agotado el control previo de constitucionalidad, consistente
en que el texto publicado es diferente al aprobado por el legislador y avalado
por este Tribunal.
Por lo anterior, en el
presente caso, el examen de inconstitucionalidad propuesto se extenderá a las
normas previamente reseñadas, respecto de las cuales la Corte encuentra que se
produce el fenómeno de la unidad normativa.
6.4.6. Por último, en
cuanto a las pruebas decretadas en la etapa de sustancia-ción, se resalta que
en el auto admisorio del 27 de febrero de 2015, se solicitó lo siguiente:
“SEXTO.- OFICIAR, por intermedio de la Secretaría General de la
Corte, al Secretario General del Senado de la República para que, en el término
de diez (10) días hábiles contados a partir de la notificación del presente
Auto, informe a esta Corporación lo siguiente:
6.1.- Qué
trámite se surtió en el Senado de la República, una vez se profirió y notificó
la Sentencia C-274 del 9 de mayo de 2013, en la que se surtió el control previo
de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria No. 228 de 2012 Cámara,
156 de 2011 Senado, “por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y
del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras
disposiciones”, actualmente Ley 1712 de 2014.
6.2.- En
concreto, sírvase señalar si se asignó a alguna dependencia y con fundamento en
qué procedimiento, la labor de determinar, agrupar o editar el contenido de los
artículos de la Ley 1712 de 2014 que finalmente fueron objeto de sanción y
promulgación, como consecuencia de lo dispuesto por esta Corporación en la
citada Sentencia C-274 de 2013. En caso afirmativo, en qué forma se adelantó
dicha labor respecto de lo previsto en los artículos 18 y 21 de la ley en cita.
SÉPTIMO.-
OFICIAR, por intermedio de la Secretaría General de
la Corte, al Secretario General de la Cámara de Representantes para que, en el
término de diez (10) días hábiles contados a partir de la notificación del
presente Auto, informe a esta Corporación lo siguiente:
7.1.- Qué
trámite se surtió en la Cámara de Representantes, una vez se profirió y
notificó la Sentencia C-274 del 9 de mayo de 2013, en la que se surtió el
control previo de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria No. 228 de
2012 Cámara, 156 de 2011 Senado, “por medio de la cual se crea la Ley de
Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se
dictan otras disposiciones”, actualmente Ley 1712 de 2014.
7.2.- En
concreto, sírvase señalar si se asignó a alguna dependencia y con fundamento en
qué procedimiento, la labor de determinar, agrupar o editar el contenido de los
artículos de la Ley 1712 de 2014 que finalmente fueron objeto de sanción y
promulgación, como consecuencia de lo dispuesto por esta Corporación en la
citada Sentencia C-274 de 2013. En caso afirmativo, en qué forma se adelantó
dicha labor respecto de lo previsto en los artículos 18 y 21 de la ley en cita.
OCTAVO.-
OFICIAR, por intermedio de la Secretaría General de la
Corte, a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República para que, en
el término de diez (10) días hábiles contados a partir de la notificación del
presente Auto, informe a esta Corporación lo siguiente:
8.1.- En
virtud de lo previsto en el numeral 5 del artículo 14 del Decreto 1649 de 2014
o de la norma que lo haya modificado o sustituido[72],
sírvase señalar con fundamento en qué texto se cumplió con la labor de
sancionar y promulgar la Ley 1712 de 2014. Para estos efectos, es necesario que
especifique si dicho texto fue objeto de edición por esa dependencia, como
consecuencia de lo dispuesto por esta Corporación en la Sentencia           C-274
de 2013.
8.2.- En
caso de que la respuesta a la anterior pregunta sea favorable, esto es, siempre
que dicha dependencia haya editado el texto finalmente sancionado de la Ley
1712 de 2014, sírvase indicar en qué forma y con fundamento en qué
procedimiento se adelantó esa labor, en especial respecto de lo previsto en los
artículos 18 y 21 de la ley en cita.
8.3.-
Finalmente, como consecuencia de la notificación del Auto 038 de 2015,
a través del cual este Tribunal corrigió la parte resolutiva de la citada
Sentencia C-274 de 2013, sírvase manifestar si ha surtido alguna actuación
respecto de lo previsto en la Ley 1712 de 2014.”
6.4.6.1. Inicialmente,
en respuesta del 5 de marzo de 2015, la Secretaria Jurídica de la Presidencia
de la República informó que:
“(…) La labor de sancionar y promulgar la Ley 1712 de 2014
fue adelantada con fundamento en el texto remitido al señor Presidente de la
República el día 21 de febrero de 2014 por el Secretario General del Senado de
la República, doctor Gregorio Eljach Pacheco. (…) // El texto recibido no fue
objeto de edición por esta dependencia.
Nunca la Secretaría Jurídica edita el texto de los
proyectos de ley que pasan a sanción presidencial. Dichos textos vienen
editados por el Congreso de la República y firmados por los presidentes y
secretarios generales de ambas cámaras legislativas.
La Secretaría Jurídica prepara el auto de sanción y recoge
las firmas del ministro o ministros concernidos, así como la del Presidente de
la República. Posteriormente numera la ley y la envía a la Imprenta Nacional
para su publicación en el Diario Oficial.”[73]
Finalmente, se señala
que como consecuencia de la notificación del Auto 038 de 2015, dicha
dependencia todavía no había realizado ninguna actuación[74].
6.4.6.2. En escrito del
17 de marzo de 2015, el Secretario General de la Cámara de Representantes
señaló que la información solicitada en el auto admisorio debe ser suministrada
por el Secretario General del Senado de la República, toda vez que el proyecto
que dio origen a la Ley 1712 de 2014 fue inicialmente radicado en dicha cámara
legislativa y, por lo tanto, fue devuelto a dicha dependencia por esta
Corporación para el respetivo trámite[75].
Lo único que tuvo lugar
en la Cámara fue la recepción final del texto editado en el Senado el 11 de
febrero de 2014, para la recolección de las firmas del Presidente y el
Secretario General. Luego de lo cual el texto fue devuelto el día 19 del mismo
mes y año, para que prosiguiera con su trámite[76].
6.4.6.3. El 10 de marzo
de 2015, el Secretario General del Senado de la República dio respuesta a los
interrogantes planteados en el auto admisorio, en los siguientes términos: (i)
el 20 de enero de 2014 se recibió en la citada cámara legislativa, el
expediente enviado por esta Corporación, referente al Proyecto de Ley
Estatutaria No. 228 de 2012 Cámara, 156 de 2011 Senado, con fin de adelantar
los trámites pertinentes, por cuanto existían inconstitu-cionalidades parciales
y había concluido la legislatura[77].
En virtud de lo anterior, se procedió a adelantar (ii) el proceso de ensamblaje
del texto y recolección de firmas, luego de lo cual el documento definitivo se
envió a sanción presidencial el día 21 de febrero de 2014.
A la dependencia que le
corresponde ensamblar o editar los textos definitivos en el Senado de la
República es a la Sección de Leyes de dicha Corporación. En concreto, respecto
de lo ocurrido con los artículos 18 y 21 del mencionado proyecto, se informó que:
“En el caso particular de los artículos 18 y 21 del
mencionado Proyecto de Ley No. 228/12 Cámara -156/11 Senado, la Sección de
Leyes de esta Corporación, transcribió el texto con base en lo dispuesto en la
Sentencia C-274 de 2013, tal como se procede para estos casos, esto es, tomar
la sentencia y el texto aprobado por el Congreso, con el fin de cotejar y hacer
los cambios a que hubiere lugar en los términos concordantes con el fallo
proferido por la Corte Constitucional, sin embargo, cabe precisar que una vez
conocido el oficio de la referencia[[78]] y revisados los respectivos
documentos (fallo y texto definitivo), se encontró la existencia de unos
errores de transcripción incluidos los del literal a) del artículo 18 y
artículo 21, por lo que de manera inmediata informaremos de tal situación a la
Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República para que se proceda a
realizar la respectiva corrección mediante decreto yerro”[79].
Con la respuesta se
acompaña oficio SGE-CS-119-2015 del 9 de marzo de 2015, dirigido a la
Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, en el que se manifiesta
lo siguiente:
“Actuando de conformidad con lo preceptuado en el numeral
11 del artículo 189 de la Constitución Política y artículo 45 de la Ley 4ª de
1913, en el sentido que: ‘los yerros caligráficos o tipográficos en las
citas o referencias de unas leyes a otras no perjudicarán, y deberán ser
modificados por los respectivos funcionarios, cuando no quede duda en cuanto a
la voluntad del legislador’, de la manera más atenta, me permito
manifestarle la existencia de unos errores de transcripción en la Ley 1712 de 6
de marzo de 2014, por lo cual solicito de manera respetuosa, se expida un
decreto yerro con el fin de corregir los errores tipográficos en los términos
concordantes con la Sentencia C-274 de 2013, la cual se anexa:
Las imprecisiones se basan en lo siguiente:
1. En el artículo 5 se excluyó el literal e) que reza: ‘e)
Las empresas públicas creadas por ley, las empresas del Estado y sociedades en
que éste tenga participación’. Siendo éste declarado exequible por la Corte
Constitucional, tal como se indica en la página 167 de la Sentencia C-274 de
2013.
2. En el artículo 14 inciso 1, se excluyó la expresión: ‘artículo
14 de la Ley 1437 de 2011’. Esta expresión fue declarada exequible de
manera condicionada, tal como lo señala la Sentencia aquí referida en la página
224.
3. Artículo 21 se eliminó la expresión: ‘salvo que el
daño causado al interés protegido sea mayor al interés público de obtener acceso
a la información’. Esta expresión fue declarada exequible de manera
condicionada según se indica en la citada Sentencia, página 225.
4. En el artículo 27 se excluyó la expresión: ‘artículo
14 de la Ley 1437 de 2011’. Esta expresión fue declarada exequible de
manera condicionada, tal como consta en la Sentencia aquí referida, página
225.”
6.4.6.4. De la lectura
de lo expuesto se observa que el Secretario General del Senado admitió la
existencia de errores involuntarios de transcripción en la labor de edición o
ensamblaje del texto final de la Ley 1712 de 2014, los cuales concuerdan con
que los fueron expuestos por el actor en su demanda, así como con aquellos
otros respecto de los cuales se decretó previamente la unidad normativa.
No obstante, si se mira
con detenimiento el oficio SGE-CS-119-2015 del 9 de marzo de 2015, se constata
que en él ninguna referencia se hace al texto demandado del literal c) del
artículo 18 de la Ley 1712 de 2014, en el que se incluyó erróneamente un texto
declarado inexequible. Por lo anterior, el Magistrado Sustanciador en auto del
20 de marzo de 2015[80],
solicitó la siguiente información:
“PRIMERO.-
OFICIAR, por intermedio de la Secretaría
General de la Corte, al Secretario General del Senado de la República para que,
en el término de diez (10) días hábiles contados a partir de la notificación
del presente Auto, informe a esta Corporación lo siguiente:
1.1.- Por
qué razón en el oficio SGE-CS-119-2015 dirigido a la Presidencia de la
República, no se incluyó referencia alguna respecto del artículo 18 de la Ley
1712 de 2014, a pesar de que se informó a esta Corporación en el oficio
SGE-CS-118-2015, que se encontró un error de transcripción en dicho artículo.
1.2.- En
relación con qué numeral del artículo 18 se constató el error de transcripción
y, en caso favorable, si frente al mismo también se pidió la expedición de
un decreto de corrección de yerros. En caso de darse esta última hipótesis,
favor remitir copia del mismo.”
6.4.6.5. En respuesta
del 27 de marzo de 2015, el Secretario General del Senado de la República
contestó:
“En consideración al oficio de la referencia, de la manera
más atenta, me permito manifestarle que efectivamente verificado el oficio
dirigido a la Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República, por error
involuntario, se omitió incluir igualmente la corrección al artículo 18 de la
Ley 1712 de 6 de marzo de 2014 (…), en el sentido de incluir en el literal a)
la expresión: ‘en concordancia con lo estipulado por el artículo 24 de la
Ley 1437 de 2011’ y eliminar la expresión por declaratoria de
inexequibilidad: ‘así como los estipulados en el parágrafo del artículo 77
de la Ley 1474 de 2011’ contenida en el literal c) del mismo artículo,
dentro del Decreto Yerro solicitado:
Un vez verificado lo anterior se ofició a la Presidencia de
la República para que se incluya las expresiones señaladas del artículo 18 en
el Decreto Yerro (oficio adjunto).
Por error de transcripción no se incluyó la corrección en
el literal a) del artículo 18.
En cuanto al literal c) del mismo artículo, no se hizo
referencia dentro del oficio No. SGE-CS-119-2015 remitido por este Despacho a
la Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República, por considerar que el
Auto No. 038 de 2015, había sido notificado a ese Despacho y por consiguiente
tenían conocimiento de la necesidad de realizar la respectiva corrección
mediante Decreto Yerro”[81].
El oficio adjunto
corresponde al número SGE-CS-257-2015 del 27 de marzo de 2015[82], en el que
se dice lo siguiente:
“Dando alcance al oficio de la referencia[83], de la
manera más atenta, me permito manifestarle que en dicho oficio se olvidó, por
error involuntario, incluir igualmente la corrección del artículo 18 de la Ley
No. 1712 de 6 de marzo de 2014 (…), en el sentido de incluir en el literal a)
la expresión: ‘en concordancia con lo estipulado por el artículo 24 de la
Ley 1437 de 2011’, dentro del Decreto Yerro solicitado.
Eliminar la expresión: ‘así como los estipulados en el
parágrafo del artículo 77 de la Ley 1474 de 2011’, contenida en el literal
c) del artículo 18, por haber sido declarada inexequible por la Corte
Constitucional, según consta en el Auto de Corrección No. 018/15, de la parte
resolutiva de la Sentencia C-274 de 2013. (…)”
Como se deriva de la
respuesta y del oficio previamente transcrito, se adicionó por el Secretario
General del Senado de la República la corrección del literal c) del artículo 18
de la Ley 1712 de 2014, objeto de demanda y que no había sido inicialmente
incluido en el oficio SGE-CS-119-2015 del 9 de marzo del año en curso, en el
que se pidió al Gobierno Nacional la expedición del decreto de corrección de
yerros, de acuerdo con el texto aprobado por el legislador y avalado por la
Corte en la citada Sentencia C-274 de 2013.
No obstante, aparece un
error adicional de transcripción que no fue detectado por el actor, y respecto
del cual también se presentan las mismas condiciones previamente expuestas para
decretar la unidad normativa[84], esto es, la conexidad entre las
materias y la duda prima facie de su constitucionalidad. En concreto se
trata de la supresión de la expresión: “por el artículo 24 de la Ley 1437 de
2011”, la cual debería estar incluida en el literal a) del artículo 18 de
la Ley 1712 de 2014. Por lo anterior, la presente sentencia igualmente se
extenderá a la disposición en mención, con el fin de brindar seguridad y
estabilidad jurídica en el asunto objeto de examen. Por fuera de lo anterior,
no se observa ninguna diferencia adicional entre el texto sometido a control y
el que finalmente fue promulgado.
6.4.6.6. Con
posterioridad a lo descrito, el Magistrado Sustanciador profirió un auto el 10
de julio de 2015, en el que oficio a la Secretaría Jurídica de la Presidencia
de la República para que informara: “Qué trámites se [habían] adelantado en relación con los oficios del 9 y 27 de marzo de 2015 suscritos
por el Secretario General del Senado de la República y dirigidos a dicha dependencia, en los que se solicita la expedición de un
decreto de corrección de errores respecto de los artículos 5, 14, 18, 21 y 26
(se dice 27) de la Ley 1712 de 2014, en términos concordantes con lo señalado
en la Sentencia        C-274 de 2013.”[85]
En respuesta del 16 de
julio del año en curso, se envía copia del Decreto 1494 del 13 de julio de
2015, “por el cual se corrigen yerros en la Ley 1712 de 2014”, el cual
fue publicado en el Diario Oficial 49.572 de la fecha en cita. En él se invocan
las competencias del numeral 10 del artículo 189 de la Constitución y del
artículo 45 de la Ley 4ª de 1913, e igualmente se pone de presente que esta
Corporación ha permitido enmendar los errores caligráficos, tipográficos o de
transcripción, cuando no quede duda alguna de la voluntad del Congreso, como
atribución que le asiste al Presidente de la República en el ámbito de la
promulgación de la ley, siguiendo la Sentencia C-178 de 2007, previamente
citada[86].
Como se observará más
adelante, prácticamente se subsanan todas las deficiencias anotadas en esta
sentencia, salvo (i) la expresión: “por el artículo 14 de la Ley 1437 de
2011”, la cual, pese a que fue erróneamente excluida del artículo 14 de la
Ley 1712 de 2014, no se incluye entre los textos corregidos. Y, así mismo, (ii)
la expresión: “por el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011”, la cual debía
ser incluida en el literal a) del artículo 18 de la citada Ley 1712 de 2014,
como se puso de presente por el Secretario General del Senado de la República
en el oficio No. SGE-CS-257-2015 del pasado 27 de marzo del año en curso.
6.4.6.7. Para el 14 de
agosto de 2015, el actor envía una nueva comunicación a esta Corporación, en la
que pone de presente la expedición del mencionado decreto de corrección de
yerros, y resalta que todavía no se ha subsanado el error detectado en el
artículo 14 de la Ley 1712 de 2014[87].
Señala que, en respuesta a un derecho de petición, la Secretaria Jurídica de la
Presidencia de la República le informó que dicha inexactitud no fue corregida,
pues resultaba “inaplicable”, ya que “la ley estatutaria expedida
para regular el derecho de petición, es decir, la Ley 1755 de 2015, no
estableció ningún término para que los sujetos obligados publiquen información
previamente divulgada”[88].
No obstante lo
anterior, el pasado 16 de septiembre de 2015 fue publicado en el Diario Oficial
No. 49.637 el Decreto 1862 de 2015, a través del cual se corrigió el citado
artículo 14 de la Ley 1712 de 2014, en el sentido de incluir la expresión que
erróneamente había sido suprimida al momento de levantar los textos definitivos
del Proyecto de Ley Estatutaria No. 228 de Cámara, 156 de 2011 Senado, por la
Sección de Leyes del referido Senado de la República, con posterioridad a la
remisión realizada por esta Corporación de la Sentencia C-274 de 2013.
Con los anteriores
elementos de juicio, se procederá a examinar por separado cada una de las
disposiciones que fueron objeto de acusación y de declaratoria de unidad
normativa, teniendo en cuenta las consideraciones generales traza-das en esta
providencia.
6.5. Del original
literal e) del artículo 5 del Proyecto de Ley Estatutario
6.5.1. Tal como se
estableció con anterioridad, cuando se publicó la Ley 1712 de 2014 en el Diario
Oficial No. 49.084 del 6 de marzo de 2014, se incurrió en el error de transcripción
que condujo a excluir el literal e) del proyecto original aprobado por el
legislador, el cual dispone que: “e) Las empresas públicas creadas por ley,
las empresas del Estado y sociedades en que éste tenga participación”.
Este precepto fue
declarado exequible en la Sentencia C-274 de 2013, “en el entendido de que
las personas obligadas, en relación con su actividad propia, industrial o
comercial, no están sujetas al deber de información, con respecto a dicha
actividad”. Esta decisión se constata en el numeral quinto de la parte
resolutiva del fallo en mención.
Una vez advertido el
citado yerro por la Secretario General del Senado de la República, se solicitó
su corrección en oficio del 9 de marzo de 2015, con fundamento en lo previsto
en los artículos 189.10 del Texto Superior y 45 de la Ley 4ª de 1913. Con
posterioridad, el Presidente de la República expidió el Decreto 1494 de 2015,
publicado en el Diario Oficial No. 49.572 del 13 de julio del año en cita, en
cuyo artículo 1, se dispone lo siguiente:
“Artículo 1°. Corríjase el yerro contenido en el
artículo 5° de la Ley 1712 de 2014. // El artículo 5° de la Ley 1712 de 2014
quedará así:
Artículo 5°. Ámbito de aplicación. Las disposiciones de esta ley serán aplicables a las
siguientes personas en calidad de sujetos obligados:
a)
Toda entidad pública, incluyendo las pertenecientes a todas las Ramas del Poder
Público, en todos los niveles de la estructura estatal, central o
descentralizada por servicios o territorialmente, en los órdenes nacional,
departamental, municipal y distrital.
b) Los
órganos, organismos y entidades estatales independientes o autónomos y de
control.
c) Las
personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, que presten función
pública, que presten servicios públicos respecto de la información directamente
relacionada con la prestación del servicio público.
d)
Cualquier persona natural, jurídica o dependencia de persona jurídica que
desempeñe función pública o de autoridad pública, respecto de la información
directamente relacionada con el desempeño de su función.
e)
Las empresas públicas creadas por ley, las empresas del Estado y sociedades en
que este tenga participación.
f) Los
partidos o movimientos políticos y los grupos significativos de ciudadanos.
g) Las
entidades que administren instituciones parafiscales, fondos o recursos de
naturaleza u origen público.
Las
personas naturales o jurídicas que reciban o intermedien fondos o beneficios
públicos territoriales y nacionales y no cumplan ninguno de los otros
requisitos para ser considerados sujetos obligados, solo deberán cumplir con la
presente ley respecto de aquella información que se produzca en relación con
fondos públicos que reciban o intermedien.
Parágrafo
1°. No serán sujetos obligados aquellas
personas naturales o jurídicas de carácter privado que sean usuarios de
información pública.”[89]
6.5.2. Ahora bien, conforme
a lo expuesto en esta providencia, es claro que la sanción y promulgación de un
texto legal de carácter estatutario distinto al que fue
aprobado por el Congreso y avalado por este Tribunal, constituye un vicio
formal cuyo impacto podría proyectarse sobre el contenido material de las
normas afectadas por dicha irregularidad, al implicar un eventual descono-cimiento
de los principios constitucionales de legalidad, división del poder público y
supremacía constitucional, en un contexto en el que también se podrían ver afectados
el control político y jurídico que envuelve el proceso de formación de las
leyes estatutarias.
A pesar de la anterior, como dicha
irregularidad no deja ser un vicio procedimental, es susceptible de corrección
formal, siempre que no exista la intención de defraudar la voluntad del
legislador y lo ordenado por la Corte, como ocurre cuando lo que se presenta es
un yerro de caligrafía, tipografía, digitación o transcripción, en el que se
omite incluir un texto que debía ser parte de la ley estatutaria o se mantiene
erróneamente una disposición que fue declarada inexequible[90].
Lo anterior, es distinto a aquellas
circunstancias en las cuales al amparo de los trámites subsiguientes de forma
consciente, abierta y palmaria se introducen preceptos que no fueron sometidos
a conocimiento, debate y aprobación en el Congreso y que, por ende, no pasaron
por el control previo a cargo de este Tribunal. En este último caso, se trata
de un vicio insubsanable al tener que repetirse todo el trámite legislativo y
al prescindir de un esquema de control que tiene un valor trascendente en el
proceso de formación de las leyes estatutarias, en el sistema democrático y en
el Estado Social de Derecho.
Así las cosas, sólo en la primera
hipótesis, esto es, ante errores o desaciertos de edición, caligrafía,
digitación o transcripción, es que el ordenamiento jurídico prevé la
posibilidad de acudir a su subsanación formal a través del uso de los decretos
de corrección de yerros, como lo ha admitido este Tribunal, entre otras, en
la citada Sentencia C-520 de 1998[91].
6.5.3. En el asunto sub-judice, se
observa que el Gobierno Nacional sancionó y promulgó la ley, como era su deber,
a partir del texto que le fue enviado por el Congreso de la República el día 21
de febrero de 2014, una vez dicha autoridad editó y levantó el texto
definitivo, luego de que esta Corporación le remitiera el fallo de
constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria No. 228 de 2012 Cámara, 156
de 2011 Senado, para continuar el trámite de rigor.
Erróneamente, la Sección de Leyes del
Senado, como autoridad encargada de realizar dicha labor de edición, excluyó el
literal e) del artículo 5, que había sido declarado exequible de forma
condicionada. Como consecuencia de las pruebas solicitadas en el auto
admisorio, al cotejar el contenido de la ley con la Sentencia C-274 de 2013, el
Secretario del Senado de la República constató el error y solicitó al Gobierno
la expedición de un decreto de corrección de yerros, en el que se respetara la
voluntad del Congreso y lo decidido por la Corte, como se deriva de la
atribución consagrada en el artículo 189.10 del Texto Superior, en armonía con
lo previsto en el artículo 45 de la Ley 4ª de 1913. Como ya se expuso, esta
actuación se surtió en el artículo 1 del Decreto 1494 de 2015, previamente
transcrito.
Habiéndose entonces corregido el anotado
yerro por medio del procedimiento apropiado, como lo ha admitido esta
Corporación, no es necesario que la Corte se pronuncie de fondo sobre una
irregularidad que ya fue enmendada, motivo por el cual se declarará inhibida
respecto de la norma objeto de control. En efecto, el texto que hoy en día
aparece publicado en la página Web del Congreso, es una fiel replica de lo
adoptado por el Congreso y avalado por este Tribunal[92], lo que conduce a una
carencia actual de objeto que justifica la inhibición[93].
6.6. Del original
artículo 14 del Proyecto de Ley Estatutario
6.6.1. Como se expuso previamente, cuando se publicó la Ley 1712
de 2014 en el Diario Oficial 49.084, se incurrió en el error de transcripción
que condujo a excluir la expresión: “por el artículo 14 de la Ley 1437 de
2011”, cuyo rigor normativo fue aprobado por el legislador en el inciso 1
del referido artículo 14, en los siguientes términos:
“Artículo 14. Información pública con anterioridad. Los
sujetos obligados deben garantizar y facilitar a los solicitantes, de la manera
más sencilla posible, el acceso a toda la información previamente divulgada. Se
publicará esta información en los términos establecidos por el artículo 14
de la Ley 1437 de 2011. (…)”[94]
Este precepto fue
declarado exequible en la Sentencia C-274 de 2013, “en el entendido que la
referencia al ‘artículo 14 de la Ley 1437 de 2011’, será reemplazada por la norma
estatutaria que se expida, de conformidad con lo establecido en la Sentencia
C-818 de 2011”. Esta decisión se constata en el numeral séptimo de la parte
resolutiva del fallo en mención.
6.6.2. Una de las dificultades que se
presentó en el proceso de ensamblaje del texto definitivo de la Ley 1712 de
2014, se encuentra en la disposición de la referencia, pues si bien en la parte
resolutiva –como ya se dijo– se declaró su exequibilidad condicionada, en la
parte motiva se señaló que la misma era inconstitucional[95]. A pesar de dicha
incongruencia, como se admitió por el Secretario General del Senado de la
República, la norma promulgada debía incluir la expresión “por el artículo
14 de la Ley 1437 de 2011”, puesto que, como se deriva de lo previsto en el
artículo 48 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, lo que resulta
obligatorio es la parte resolutiva de la sentencia[96]. Por ello, al detectarse
el citado yerro, se solicitó su
corrección en oficio del 9 de marzo de 2015.
Si bien en un principio
el Gobierno se abstuvo de realizar la corrección, como lo puso de presente al
actor, al considerar que la nueva ley que reemplazó a la Ley 1437 de 2011, no
incluyó un precepto sobre divulgación de información publicada con
anterioridad; lo cierto es que, en el reciente Decreto 1862 de 2015, publicado
en el Diario Oficial No. 49.637 del 16 de septiembre del año en cita, se
procedió a la subsanación del defecto observado, preservando la voluntad del
legislador y lo avalado por esta Corporación[97].
6.6.3. Por lo anterior, y al igual que en
el caso previamente examinado, ya se corrigió el yerro anotado por medio del
procedimiento adecuado, siendo innecesario que la Corte se pronuncie de fondo
sobre una irregularidad que ya fue enmendada, motivo por el cual se declarará
inhibida respecto de la norma objeto de control.
6.7. Del original artículo 21 del
Proyecto de Ley Estatutario
6.7.1. Según se señaló con anterioridad, cuando se publicó la Ley
1712 de 2014, se incurrió en el error de transcripción consistente en excluir
la expre-sión: “salvo que el daño causado al interés protegido sea mayor al
interés público de obtener acceso a la información”, cuyo tenor normativo fue
aprobado por el legislador en el inciso 2 del referido artículo 21, en los
siguientes términos:
“Artículo 21. Divulgación parcial y otras reglas. (…) Ninguna autoridad pública puede negarse a indicar si un documento obra o
no en su poder o negar la divulgación de un documento, salvo que el
daño causado al interés protegido sea mayor al interés público de obtener
acceso a la información.”[98]
Este precepto fue
declarado exequible en la Sentencia C-274 de 2013, “en el entendido que se
exceptúa el supuesto en que la sola respuesta ponga en evidencia la información
negada”. Esta decisión se constata en el numeral décimo de la parte
resolutiva del fallo en mención.
6.7.2. Al igual que se expuso en los casos
precedentes, al observase la falta de concordancia entre el texto aprobado y el
texto publicado, en oficio del 9 de marzo de 2015, se solicitó por el
Secretario General del Senado la expedición de un decreto de corrección de
yerros, al encontrarse que se trató de un error de transcripción de la Sección
de Leyes de la citada Corporación, al momento en que se surtió la labor de
ensamblaje o edición del texto final.
En ejercicio de sus
atribuciones constitucionales y legales, el Presidente de la República expidió
el Decreto 1494 de 2015, publicado en el Diario Oficial No. 49.572, en el que
–según se observa– se subsanó el yerro en comento[99]. Habiéndose
entonces corregido la deficiencia anotada, como ya se ha dicho, no es necesario
que este Tribunal se pronuncie de fondo, ya que se presenta una carencia actual
de objeto que conduce a la expedición de un fallo inhibitorio.
6.8. Del original
artículo 27 (en la actualidad artículo 26) del Proyecto de Ley Estatutario
6.8.1. De acuerdo con
lo consta en el expediente, en la publicación de la Ley 1712 de 2014, se
incurrió en el error de transcripción consistente en excluir la expresión: “por
el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011”, cuyo rigor normativo fue aprobado
por el legislador en el inciso 1 del referido artículo 27, en los siguientes
términos:
“Artículo 27. Respuesta a solicitud de acceso a
información. Es aquel acto escrito mediante el cual, de forma oportuna,
veraz, completa, motiva y actualizada, todo sujeto obligado responde
materialmente a cualquier persona que presente una solicitud de acceso a
información pública. Su respuesta se dará en los términos establecidos por
el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011. (…)”[100].
Este precepto fue
declarado exequible en la Sentencia C-274 de 2013, “en el entendido que la
referencia al artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, será reemplazada por la norma
estatutaria que se expida, de conformidad con lo establecido en la Sentencia
C-818 de 2011”. Esta decisión se constata en el numeral décimo cuarta de la
parte resolutiva del fallo en mención.
6.8.2. Como se mencionó en los casos
previamente analizados, en oficio del 9 de marzo de 2015, se solicitó por el
Secretario General del Senado de la República la expedición de un decreto de corrección
de yerros, al encontrarse que existió un descuido en la Sección de Leyes de la
citada Corporación, al momento en que se surtió la labor de ensamblaje del
texto final, que llevó           –entre otras– a que se omitiera la inclusión
de la expresión en mención en el documento definitivo.
El Presidente de la
República subsanó el error en comento en el Decreto 1494 de 2015, publicado en
el Diario Oficial No. 49.572 del año en cita[101]. Así las cosas, al presentarse una
carencia actual de objeto, por haberse corregido el anotado yerro, no es necesario
que la Corte se pronuncie de fondo sobre una irregularidad que ya fue enmendada,
como se ha expuesto de forma reiterada en esta providencia.
6.9. Del original
artículo 18 del Proyecto de Ley Estatutario
6.9.1. Como se mencionó
en el acápite de pruebas, respecto del artículo 18 se presentan dos
deficiencias de forma. La primera se encuentra con la supresión de la
expresión: “por el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011”, cuyo tenor
normativo fue aprobado por el legislador en el literal a); mientras que, la
segunda, corresponde a la incorporación de la expresión: “así como los
estipulados en el parágrafo del artículo 77 de la Ley 1474 de 2011”, que
había sido previamente declarada inexequible en la Sentencia C-274 de 2013.
6.9.2. Como se expuso
por los distintos intervinientes, la citada declaratoria de
inconstitucionalidad no se incorporó en la parte resolutiva del fallo en
mención, lo que condujo a su corrección mediante auto del 11 de febrero de 2015[102], en el que
se dispuso lo siguiente:
“Primero.- El numeral octavo de la parte resolutiva de la
sentencia C-274 de 2013, quedará así:
Octavo.-
Declarar EXEQUIBLE el artículo 18, en el entendido que:
a) La expresión “, en concordancia con lo estipulado por
el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011” del literal a) del artículo 18
del proyecto, será remplazada por la norma estatutaria que se expida, de
conformidad con lo establecido en la sentencia C-818 de 2011.
b) La expresión “duración ilimitada” del literal c) se
declara EXEQUIBLE, en el entendido que se sujetará al término de
protección legal.
c)
Declarar INEXEQUIBLE la expresión “, así como los
estipulados en el parágrafo del artículo 77 de la Ley 1474 de 2011”.
Segundo.- Ordenar a la Relatoría de esta Corporación, que adjunte
copia del presente auto a la sentencia respectiva, con el fin de que sea
publicado junto con ella.
Tercero.-  Ordenar a la Secretaría General de la Corte, que
envíe copia del presente auto a todas las autoridades a las que se les comunicó
la sentencia de la referencia.”[103]
A pesar de que la omisión de esta
Corporación no excluye el deber de las autoridades de constatar en su
integridad el pronunciamiento de la Corte, y con fundamento en ello, ensamblar
el texto final que debe ser promulgado, no deja de ser cierto que dicho falta
pudo influir en el error en que se incurrió por parte de la Sección de Leyes
del Senado de la República.
No obstante lo anterior, una vez se conoció
el Auto 038 de 2015 y se advirtió el error en que se incurrió, el Secretario General
de la citada cámara legisla-tiva solicitó su corrección a la Presidencia de la
República, como se observa en el oficio SGE-CS-257-2015 del 27 de marzo del año
en curso. Allí, de forma textual, se manifestó que:
“Dando alcance
al oficio de la referencia, de la manera más atenta, me permito manifestarle
que (…) se olvidó, por error involuntario, incluir igualmente la corrección al
artículo 18 de la Ley 1712 de 6 de marzo de 2014 (…), en el sentido de (…)
[e]liminar la expresión ‘así como los estipulados en el parágrafo del
artículo 77 de la Ley 1474 de 2011’ contenida en el literal c) del artículo 18,
por haber sido declarada inexequible por la Corte Constitucional, según consta
en el Auto de Corrección N-038/15, de la parte resolutiva de la Sentencia C-274
de 2013.
Cabe anotar
que el fundamento de esta corrección obedece a la declaratoria de exequibilidad
del artículo 18 según consta en la Sentencia No. C-274 de 2013, página 225
adjunta al oficio N. SGE-CS-119-205, salvo la expresión aquí señalada del
literal c) declarada inexequible con base en lo dispuesto en el Auto antes
mencionado”[104].
A partir de lo expuesto, y con miras a que
el texto promulgado guardara plena correspondencia con el aprobado por el
legislador y avalado por la Corte, en el Decreto 1494 de 2015 se decidió
corregir la citada deficiencia de transcrip-ción que, entre otras, como ya se
reseñó, se vinculó con la omisión mecano-gráfica en que se incurrió por este
Tribunal, al no incorporar en la parte resolutiva de la Sentencia C-274 de
2013, la declaratoria de inconstituciona-lidad que se había adoptado[105].
En efecto, según se observa, el yerro de
transcripción en el que se incurrió, al omitir erróneamente excluir una
disposición que fue declarada inexequible, fue subsanado mediante el artículo 2
del referido Decreto 1494 de 2015, a través del uso de la atribución de
corrección de yerros, prevista en el artículo 45 de la Ley 4ª de 1913, con
miras a preservar la integridad del texto que efectivamente superó el control
previo y automático de constitucionalidad[106].
No sobra recordar que, como lo ha sostenido la Corte, el numeral 10 del
artículo 189 del Texto Superior, en el que se fundamenta la citada habilitación
legal de corrección, no sólo consagra el deber de promulgar la ley, sino
también el de asegurar que su contenido sea un reflejo fiel de lo que de
constar en ella. Por ello, como se dio a entender en la Sentencia C-041 de 2015[107], cuando sea corrigen
errores en una ley promulgada, en la práctica se está cumplimiento con la
obligación del Presidente de velar por su estricto cumplimiento (CP art.
189.10)
Por lo anterior, como ya se corrigió el
yerro anotado, es innecesario que la Corte se pronuncie de fondo sobre una
irregularidad que ya fue enmendada, motivo por el cual se declarará inhibida
respecto de la norma objeto de control.
6.9.3. Ahora bien, a pesar de que el
Secretario General de la Senado de la República igualmente solicitó la
corrección del literal a) del artículo 18, en el sentido de incluir la
expresión: “por el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011”, la cual fue
erróneamente excluida en el proceso de ensamblaje o edición del texto final de
la Ley 1712 de 2014, según se observa en el oficio SGE-CS-258-2015 del 27 de
marzo del año en curso[108];
dicho texto todavía no ha sido enmendado y persiste el yerro en cita.
Sobre el particular, es preciso resaltar
que el mismo fue declarado exequible de forma condicionada en el numeral octavo
de la parte resolutiva de la Sentencia C-274 de 2013, en el entendido que: “la
expresión ‘en concor-dancia con lo estipulado por el artículo 24 de la Ley 1437
de 2011’ del literal a) del artículo 18 del proyecto, será reemplazada por la
norma estatutaria que se expida, de conformidad con lo establecido en la
Sentencia C-818 de 2011”.
De acuerdo con lo expuesto en esta
providencia, es innegable que la sanción y promulgación de un texto legal de carácter
estatutario distinto al que fue aprobado por el Congreso y avalado por este
Tribunal, constituye un vicio de carácter formal cuyo impacto podría proyectarse
sobre el contenido material de las normas afectadas por dicha irregularidad, al
implicar –por ejemplo– un eventual desconocimiento del control previo a cargo
de la Corte. A pesar de ello, siempre que no exista la intención de defraudar
la voluntad del legislador y lo ordenado por la Corte, como ocurre cuando lo
que se presenta es un yerro de caligrafía, digitación o transcripción, en el
que se omite por descuido incluir un texto que debía ser parte de la ley
estatutaria, es posible que el texto sea objeto de corrección formal, como
ocurrió en los casos anteriores; o que, de manera excepcional, dé lugar a que
se haga uso por esta Corporación de la atribución de ordenar su subsanación, en
los términos previstos en el pará-grafo del artículo 241 del Texto Superior,
con miras a preservar el real sentido de lo aprobado por el legislador.
En casos como el expuesto, no cabe duda de
que se está en presencia de una irregularidad subsanable, pues en la práctica
se cumplió con las etapas básicas o estructurales del trámite legislativo; y la
deficiencia anotada no tiene una entidad que se considere grave o lesiva en el
proceso de formación de la voluntad democrática, sí se tiene en cuenta que la
adopción y aprobación del texto por las cámaras legislativas se produjo con
anterioridad.
Por el contrario, disponer que el defecto
observado sea subsanado, no sólo garantiza que la voluntad objetiva del
legislador se torne efectiva; sino que permite, de contera, que el
pronunciamiento realizado por esta Corporación, en el que se preservó la norma
con un determinado condicionamiento, en aras de salvaguardar el principio de
conservación del derecho, logre su plena operatividad, como consecuencia del
carácter vinculante y obligatorio de la cosa juzgada.
Por ello, en el asunto bajo examen, se hará
uso de la atribución consagrada en el citado parágrafo del artículo 241 del
Texto Superior, en el que se dispone que:
“Cuando la Corte
encuentre vicios de procedimiento subsanables en la formación del acto sujeto a
su control, ordenará devolverlo a la autoridad que lo profirió para que, de ser
posible, enmiende el defecto observado. Subsanado el vicio, procederá a decidir
sobre la exequibilidad del acto”.
No obstante, por las características de la
irregularidad observada, en criterio de la Corte, no cabe la aplicación plena e
integral de la norma en cita, sino que es necesario su adecuación para dar una
efectiva respuesta al problema planteado. Así, en primer lugar, más que
disponer la devolución del acto sujeto a control, en la medida en que se está
en presencia de una ley ya promulgada, lo que se solicitará es que se proceda a
la corrección puntual del yerro en que se incurrió, con fundamento en las
facultades conferidas por el numeral 10 del artículo 189 del Texto Superior, y
el artículo 45 de la Ley 4ª de 1913.
En segundo lugar, y como lo advirtió el
Ministerio Público, no cabe realizar un pronunciamiento de constitucionalidad
una vez subsanado el vicio, pues al corregirse el error de transcripción, por
la orden dada, la norma será exacta-mente igual a la que fue objeto de control
previo, y respecto de ella se produciría el efecto negativo de la cosa
juzgada constitucional, que le prohíbe al juez
constitucional volver a conocer y decidir sobre lo ya resuelto.
Así las cosas, la subsanación que en este
caso se dispondrá acoge la técnica excepcional de solicitar la realización de
un determinado comportamiento, con miras a garantizar la integridad y
supremacía de la Constitución (CP art. 241), por las razones ya expuestas en
esta providencia[109].
6.10. Síntesis
Conforme se expuso con anterioridad, en el
asunto bajo examen, la Corte se inhibirá para emitir un fallo de fondo frente a
la acusación planteada contra los artículos 5, 14, 21 y 26, así como respecto
del literal c) del artículo 18 de la Ley 1712 de 2014, “por medio de la cual
se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información
Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”, por carencia actual de
objeto, al encontrar que las irregulari-dades señaladas por el actor, básicamente
referentes a que se sancionó y promulgó textos distintos a los aprobados por el
legislador estatutario y que habían sido objeto de control por parte de este
Tribunal, fueron enmendados mediante la expedición de decretos de corrección de
yerros, en virtud de las atribuciones conferidas al Presidente de la República por
el numeral 10 del artículo 189 del Texto Superior, y el artículo 45 de la Ley
4ª de 1913.
No obstante, al encontrar que todavía no se
ha subsanado el yerro puesto de presente por el Secretario General del Senado
de la República, en el literal a) del artículo 18 de la Ley 1712 de 2014, en el
sentido de incluir la expresión: “por el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011”,
la cual fue erróneamente suprimida en el proceso de ensamblaje del texto final
de la ley en cita; se dispondrá a cargo del Presidente de la República, en
ejercicio de las faculta-des previamente mencionadas, que proceda a su
corrección formal, como lo permite el parágrafo del artículo 241 del Texto
Superior, de acuerdo con las características de la irregularidad observada.
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de
la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- Declararse INHIBIDA para emitir un pronunciamiento de fondo frente
a la acusación planteada contra los artículos 5, 14, 21 y 26, así como respecto
del literal c) del artículo 18 de la Ley 1712 de 2014, “por medio de la cual
se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información
Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”, por carencia actual de
objeto.
Segundo.- SOLICITAR al Presidente de la República que, en el término máximo de diez
(10) días siguientes a la notificación de esta sentencia, proceda a corregir el error de transcripción en el que se incurrió
en el literal a) del artículo 18 de la Ley 1712 de 2014, en el sentido de
introducir la expresión: “por el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011”, la
cual fue omitida en el proceso de ensamblaje del texto final de la ley en cita, con fundamento en las facultades conferidas
por el numeral 10 del artículo 189 del Texto Superior, y el artículo 45 de la
Ley 4ª de 1913.
Notifíquese, comuníquese, publíquese,
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Presidenta (E)
MYRIAM ÁVILA ROLDÁN
Magistrada (E)
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTÍZ DELGADO
Magistrada
JORGE IVAN PALACIO PALACIO
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
Con salvamento parcial de voto
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1]
M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[2]
M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[3]
Las normas en cita disponen que: “Artículo 153. La
aprobación, modificación o derogación de las leyes estatutarias exigirá la
mayoría absoluta de los miembros del Congreso y deberá efectuarse dentro de una
sola legislatura. Dicho trámite comprenderá la revisión previa, por parte de la
Corte Constitucional, de la exequibilidad del proyecto. Cualquier ciudadano
podrá intervenir para defenderla o impugnarla.” “Artículo 241. A la
Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la
Constitución, en los estrictos y preciso términos de este artículo. Con tal fin,
cumplirá las siguientes funciones: (…) 8. Decidir definitivamente sobre (…) los
proyectos de leyes estatutarias, tanto por su contenido material como por
vicios de procedimiento en su formación”.
[4]
Folio 1.
[5]
El numeral 3 del artículo 242 establece que: “Artículo
242. Los procesos que se adelanten ante la Corte Constitucional en las
materias a que se refiere este título, serán regulados por la ley conforme a
las siguientes disposiciones: (…) 3. Las acciones por vicios de forma
caducan en el término de un año, contado desde la publicación del respectivo
acto.”
[6]
M.P. María Victoria Calle Correa.
[7]
Sobre el particular, se transcribe el siguiente aparte de la
sentencia en cita: “El literal c) también
establece una reserva a la información sobre proyectos de inversión de las
empresas industriales y comerciales del Estado y las Sociedades de Economía
Mixta. La participación en el capital social del Estado en estas empresas y
sociedades, determina si se trata de sujetos obligados, según lo establecido en
el artículo 5° de este proyecto. // El interés de garantizar la transparencia
en la gestión en este tipo de empresas y sociedades opera respecto de aquellas
sociedades en las que el Estado tiene participación igual o superior al 50%. De
conformidad con lo que se señaló en la sección 3.2.5, al examinar quiénes eran
los sujetos obligados, surge una antinomia que dificultaría la aplicación de la
reserva, que puede conducir a restricciones arbitrarias del derecho a acceder a
la información pública. Para corregir este problema, encuentra la Corte que es
necesario suprimir esa remisión, a fin de que las reservas que establece la Ley
1474 de 2011, sean interpretadas a la luz de lo que se consagra en esta ley
estatutaria. Y en esa medida declarará inexequible la expresión “, así
como los estipulados en el parágrafo del artículo 77 de la Ley 1474 de 2011” contenida
en el literal c).”
[8]
Se acompaña con la demanda un pantallazo de la página de la
Secretaría del Senado de la República, en el link referente a la vigencia
expresa de las leyes, en la que al hacer referencia a la norma demandada, se
señala que: “Jurisprudencia vigencia. // Corte Constitucional. //
Mediante Sentencia C-274-13 de 5 de marzo de 2014, Magistrada Ponente Dra.
María Victoria Calle Correa, la Corte Constitucional –de conformidad con lo
previsto en el artículo 241, numeral 8 de la Constitución– efectuó la revisión
de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria número 228 de 2012
Cámara, 156 de 2011 Senado y declaró CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE este artículo,
‘en el entendido que se exceptúa el supuesto en que la sola respuesta ponga en
evidencia la información negada’. // Destaca el editor que el aparte declarado
CONDICIONALMENTE exequible fue eliminado del texto oficial publicado”. Folio
24.
[9]
Folios 7 y 8.
[10]
M.P. María Victoria Calle Correa.
[11]
La norma en cita dispone que: “Artículo 286. Corrección
de errores aritméticos y otros. Toda providencia en que se haya
incurrido en error puramente aritmético puede ser corregida por el juez que la
dictó en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte, mediante auto. //
Si la corrección se hiciere luego de terminado el proceso, el auto se
notificará por aviso. // Lo dispuesto en los incisos anteriores se aplica a los
casos de error por omisión o cambio de palabras o alteración de éstas, siempre
que estén contenidos en la parte resolutiva o influyan en ella”.
[12]
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[13]
La norma en cita dispone que: “Los yerros caligráficos o
tipográficos en las citas o referencias de unas leyes a otras no perjudicarán,
y deberán ser modificados por los respectivos funcionarios, cuando no quede
duda en cuanto a la voluntad del legislador”.
[14]
M.P. María Victoria Calle Correa.
[15]
“Artículo 241. A la Corte Constitucional se le
confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los
estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las
siguientes funciones: (…) 4. Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad
que presenten los ciudadanos contra las leyes, tanto por su contenido material
como por vicios de procedimiento en su formación.”, “Artículo 242. Los
procesos que se adelanten ante la Corte Constitucional en las materias a que se
refiere este título, serán regulados por la ley conforme a las siguientes
disposiciones: 1. Cualquier ciudadano podrá ejercer las acciones públicas
previstas en el artículo precedente, e intervenir como impugnador o defensor de
las normas sometidas a control en los procesos promovidos por otros, así como
en aquellos para los cuales no existe acción pública”.
[16]
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[17]
Sentencia C-238 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto y
Auto 136 de 2014, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[18]
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones.
[19]
En el numeral décimo de la parte resolutiva de la Sentencia
C-274 de 2013 se dispuso que: “Declarar EXEQUIBLE el artículo 21, excepto
la expresión ‘salvo que el daño causado al interés protegido sea mayor al
interés público de obtener acceso a la información’, que se declara EXEQUIBLE,
en el entendido que se exceptúa el supuesto en que la sola respuesta ponga en
evidencia la información negada. “
[20]
La norma en cita dispone que: “Artículo 152. Mediante
las leyes estatutarias, el Congreso de la República regulará las siguientes
materias: a. Derechos y deberes fundamentales de las personas y los
procedimientos y recursos para su protección; b. Administración de justicia;
c. Organización y régimen de los partidos y movimientos políticos; estatuto de
la oposición y funciones electorales; d. Instituciones y mecanismos de
participación ciudadana; e. Estados de excepción; [y]
f. La igualdad electoral entre los candidatos a la Presidencia de la
República que reúnan los requisitos que determine la ley. (…)”
[21]
Véanse, entre otras, las Sentencias C-425 de 1994 y C-818 de
2011.
[22]
En la Constitución se encuentran los mandatos del artículo
153, mientras en la Ley 5ª de 1992 se destacan sus rasgos particulares en los
artículos 207 y subsiguientes.
[23]
No sobra recordar que el concepto de “expedición” de la ley
involucra el cumplimiento por parte del Congreso de la República de los
requisitos constitucionales, esto es, los debates y votaciones en comisiones y
plenarias, que permiten identificar su voluntad en la aprobación de la regulación
sobre cierta materia. Con todo, en términos generales, los requisitos
tanto ordinarios como especiales que se exigen en la tramitación de esta
modalidad de ley, son los siguientes: (i) su expedición debe tener lugar en una
sola legislatura (CP art. 153), con independencia del trámite previsto para
adelantar el control de constitucionalidad; (ii) la iniciativa debe haber sido
publicada en la Gaceta del Congreso, antes de darle curso en la comisión
respectiva  (CP art. 157.1 y Ley 5ª de 1992, art. 144); (iii) el proyecto de
ley debe iniciar su trámite en la comisión constitucional que sea competente
(CP. art. 142 y Ley 3ª de 1992); (iv) los informes de ponencia deben ser
publicados antes de proceder a la discusión y aprobación de la iniciativa,
tanto en comisiones como en plenarias (CP art. 160.4 y Ley 5ª de 1992, art.
156); (v) es necesario cumplir con el requisito del anuncio en sesión previa
distinta de aquélla en la que ejerza el acto de votación. De igual manera, el
proyecto debe ser sometido a votación en la oportunidad anunciada (CP art. 160.
5); (vi) la iniciativa debe ser aprobada tanto en comisión como en plenaria por
mayoría absoluta (CP arts. 153 y 157); (vii) la votación debe realizarse de
forma nominal y pública, salvo las excepciones que se establezcan en la ley (CP
art. 133 y Ley 1431 de 2011); (viii) se deben respetar los plazos mínimos
previstos en la Constitución entre el primero y segundo debate realizado en
cada cámara, así como entre la aprobación del proyecto en una cámara y la
iniciación de su trámite en la otra (CP art. 160.1); (ix) en caso de haber
existido discrepancias entre los textos aprobados por cada célula legislativa,
se debe designar una comisión de conciliación con la competencia y atribuciones
previstas en el artículo 161 del Texto Superior y; por último, (x) la
iniciativa debe respetar los principios de unidad de materia, identidad
flexible y consecutividad (CP arts. 157, 158, 160 y 161). Véanse,
entre otras, las Sentencias C-037 de 1996, C-713 de 2008, C-748 de 2011, C-540
de 2012 y C-862 de 2012.
[24]
Sentencia C-748 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. En el mismo
sentido se pueden consultar las Sentencias C-011 de 1994, C-179 de 1994, C-180
de 1994, C-037 de 1996 y C-371 de 2000.
[25]
Véanse, entre otras, las Sentencias C-011 de 1994, C-292 de 2003,  C-523 de 2005, C-1153 de 2005,        C-802 de
2006, C-713 de 2008, C-546 de 2011, C-490 de 2011y C-748
de 2011.
[26]
El artículo 39 del Decreto 2067 de 1991 establece que: “El
Presidente del Congreso enviará a la Corte Constitucional copia auténtica de
los proyectos de leyes estatutarias inmediatamente después de haber sido
aprobados en segundo debate. Si faltare a dicho deber, el Presidente de la Corte
solicitará copia auténtica del mismo a la Secretaria de la Cámara donde se
hubiere surtido el segundo debate”.
[27]
El numeral 8 del artículo 241 del Texto Superior dispone que: “A
la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de
la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal
fin, cumplirá las siguientes funciones: (…) 8. Decidir definitivamente sobre la
constitucionalidad (…) de los proyectos de leyes estatutarias, tanto por su
contenido material como por vicios de procedimiento en su formación”.
[28]
La norma en cita señala que: “Los fallos que la Corte dicte
en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada
constitucional. // Ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del
acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en
la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la
norma ordinaria y la Constitución”.
[29]
En reciente Sentencia C-634 de 2015, M.P. Mauricio González
Cuervo, reiterando lo señalado en la Sentencia C-011 de 1994, M.P. Alejandro
Martínez Caballero, se precisó que respecto de las leyes estatutarias sólo cabe
el uso de las objeciones gubernamentales por inconveniencia. Sobre el
particular, en el último de los citados fallos se dijo que: “En principio
las objeciones presidenciales son por inconstitucionalidad o inconveniencia
(arts. 166 y 167 C.P.). En el caso de los proyectos de leyes estatutarias debe
concluirse que no puede haber objeciones por inconstitucionalidad, como quiera
que la Corte Constitucional ya dictó sentencia con efectos de cosa juzgada
constitucional (art. 243 C.P.), en la que encontró conforme con la Constitución
el texto que remitió al Presidente de la República. Sólo puede haber por tanto
objeciones por inconveniencia.” En este punto, es preciso resaltar que el
hecho de que el proyecto se haya aprobado con una mayoría calificada no impide
que haya un nuevo examen por el Congreso a la luz de las objeciones planteadas
por el Ejecutivo, si –por lo demás– se tiene en cuenta que el pronunciamiento
de la Corte no se extiende a asuntos de conveniencia.
[30]
Las normas en cita disponen que: “Corresponde al Presidente
de la República como Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad
Administrativa: (…) 9. Sancionar las leyes. // 10. Promulgar las leyes,
obedecerlas y velar por su estricto cumplimiento. (…) ”.
[31]
En este caso bajo la condición de que no resulte aplicable la
hipótesis excepcional de devolución al Congreso para rehacer o reintegrar el
texto, cuando no ha terminado la legislatura correspondiente, en los términos
concordantes con los artículos 33 y 41 del Decreto 2067 de 1991.
[32]
M.P. Mauricio González Cuervo.
[33]
Sentencia XX de 2015, M.P. Mauricio González Cuervo.
[34]
Es preciso aclarar que una vez ocurre lo ordenado por la norma
en cita, se señala que el texto deberá ser remitido nuevamente a la Corte para
que ésta profiera un fallo definitivo.
[35]
Énfasis por fuera del texto original.
[36]
La norma en cita dispone que: “Artículo 157. Ningún
proyecto será ley sin los siguientes requisitos: (…) 4. Haber obtenido la
sanción del gobierno”.
[37]
Las normas de la referencia señalan que: “Artículo 165. Aprobado
un proyecto de ley por ambas cámaras, pasará al gobierno para su sanción. Si
éste no lo objetare, dispondrá que se promulgue como ley; si lo
objetare, lo devolverá a la cámara en que tuvo origen”. “Artículo 189.
Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe de Gobierno
y Suprema Autoridad Administrativa: (…) 10. Promulgar las leyes, obedecerlas y
velar por su estricto cumplimiento”. Énfasis por fuera del texto original.
[38]
“La ley no obliga sino en virtud de su promulgación,
y su observancia principia dos meses después de promulgada. (…)” (Énfasis por fuera del texto original). En relación con esta última
parte, el artículo siguiente dispone que: “Artículo 53. Se exceptúan de lo dispuesto en el
artículo anterior los casos siguientes: 1.
Cuando la ley fije el día en que deba principiar a regir, o autorice al
gobierno para fijarlo, en cuyo caso principiará a regir la ley el día señalado. // 2. Cuando por causa de guerra u otra inevitable estén
interrumpidas las comunicaciones de alguno o algunos municipios con la capital,
y suspendido el curso ordinario de los correos, en cuyo caso los dos meses se
contarán desde que cese la incomunicación y se restablezcan los correos.”
[39]
Así se deriva de lo previsto en el artículo 41 del Decreto
2067 de 1991, previamente transcrito.
[40]
Sobre el particular se pueden consultar las Sentencias C-102
de 1994, C-531 de 1995, C-551 de 2003 y         C-1177 de 2004. En relación con
otros vicios formales que se proyectan al ámbito material se pueden consultar:
(i) el desbordamiento en el ejercicio de las facultades extraordinarias (C-634
de 2014); (ii) la vulneración del principio de unidad de materia (C-670 de 2014)
y el desconocimiento de la reserva de ley orgánica o estatutaria (C-600A de
1995). En algunos casos esta figura ha sido identificada con la existencia de
vicios formales de competencia.
[41]
Sentencia C-737 de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[42]
Sentencia C-134 de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
[43]
Véanse, entre otras, las Sentencias C-370 de 2004, C-168 de
2012 y C-786 de 2012.
[44]
En desarrollo de este precepto, el artículo 45 del Decreto
2067 de 1991 señala que: “Cuando la Corte encuentre vicios de procedimiento
subsanables en la formación del acto sujeto a su control, ordenará devolverlo a
la autoridad que lo profirió para que dentro del término que fije la Corte, de
ser posible, enmiende el defecto observado. Subsanado el vicio o vencido el
término, la Corte procederá a decidir sobre la constitucionalidad del acto. //
Dicho término no podrá ser superior a treinta días contados a partir del
momento en que la autoridad esté en capacidad de subsanarlo”.
[45]
Precisamente, en la Sentencia C-168 de 2012, M.P. Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo, se dijo que: “en desarrollo del principio de
instrumentalidad de las formas, al analizar la trascendencia de un vicio de
forma es preciso tener en cuenta tanto el contexto en el cual éste se presentó,
así como el conjunto integral del trámite legislativo”.
[46]
La corrección formal es un instrumento que le permite a las autoridades
que participan en el proceso de formación de una ley, al detectar deficiencias
de trámite, proceder de forma autónoma a su subsanación, antes de que las
mismas sean objeto de control de constitucionalidad. Así, por ejemplo, el
artículo 2 de la Ley 5ª de 1992 dispone que: “En la interpretación y
aplicación de las normas del presente reglamento, se tendrán en cuenta los
siguientes principios: (…) 2. Corrección formal de los procedimientos. Tiene
por objeto subsanar los vicios de procedimiento que sean corregibles, en el
entendido de que así se garantiza no sólo la constitucionalidad del proceso de
formación de las leyes, sino también los derechos de las mayorías y las
minorías y el ordenado adelantamiento de las discusiones y votaciones”.
[47]
Se refiere a la hipótesis consagrada en el parágrafo del
artículo 241 de la Constitución, previamente expuesto.
[48]
Ley 4ª de 1913, art. 45.
[49]
M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[50]
La norma sancionada y promulgada en el artículo 35 de la Ley
336 de 1996 disponía que: “Las empresas de transporte público deberán
desarrollar los programas de capacitación a través del SENA  de las
entidades especializadas, autorizadas por el Ministerio de Transporte, a
todos los operadores de los equipos destinados al servicio público, con el fin
de garantizar la eficiencia y tecnificación de los operarios.” Cuando en
realidad debía disponer: ““Las empresas de transporte público deberán
desarrollar los programas de capacitación a través del SENA “o” de
las entidades especializadas, autorizadas por el Ministerio de Transporte,
(…)”. Énfasis por fuera del texto original.
[51]
Sentencia C-520 de 1998, M.P. Alfredo Beltrán Sierra. Énfasis
por fuera del texto original.
[52]
M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[53]
El error consistió en que al momento de trascribir la norma objeto
de publicación, se dispuso la sanción de la multa como alternativa frente a la
prisión, cuando en realidad se trataba de sanciones coexistentes. Así la norma
original disponía que: “Artículo
180. Desplazamiento forzado. El que de manera arbitraria, mediante
violencia u otros actos coactivos dirigidos contra un sector de la población,
ocasione que uno o varios de sus miembros cambie el lugar de su residencia,
incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) [años],
“o”
multa de seiscientos (600) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales
mensuales vigentes y en interdicción de derechos y funciones públicas de seis
(6) a doce (12) años.(…)”. La
letra “o” fue excluida mediante el Decreto 2667 de 2001, por cuanto no había
sido aprobada por el legislador.
[54]
Artículo 189 numeral 10 de la Constitución
[55]
Sentencia C-232 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
Énfasis por fuera del texto original. En la parte resolutiva se dispuso que: “Primero.
Declararse INHIBIDA para pronunciarse sobre la conjunción
disyuntiva “o”  del inciso primero del artículo 180 de la Ley 599 de 2000.”
[56]
Sentencia C-925 de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. En
reciente Sentencia C-041 de 2015, M.P. María Victoria Calle Correa se reiteró
que: “(…) Cuando el Presidente de la República expide decretos para corregir
yerros en una ley o un decreto con fuerza de ley no ejerce una facultad
extraordinaria de legislar, sino una competencia administrativa rigurosamente
adscrita a su función de promulgar la ley y velar por su estricto cumplimiento
(CP art. 189 núm. 11). Estas son entonces las razones por las cuales la Corte
no puede conocer de una acción pública instaurada exclusiva y directamente
contra un decreto de yerros”.
[57]
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[58]En esta ocasión, se avaló la corrección realizada mediante un
decreto de yerros al título del Acto Legislativo No. 01 de 2005. Puntualmente
se expuso que: “[l]a Corte Constitucional, como
regla general, no es competente para conocer de un decreto de corrección yerros
(…). No obstante, sí lo es para conocer de un Acto Legislativo. El objeto
de la demanda es atacar el Acto Legislativo 01 de 2005 y la Corte
Constitucional, en virtud del artículo 241-1 de la Constitución en concordancia
con el artículo 379, es competente para conocer de las demandas de
inconstitucionalidad contra actos legislativos por vicios en su
formación. Por lo tanto, es competente para conocer de la presente
demanda. […] En cuanto a las facultades para expedir decretos de corrección de
yerros el artículo 1 de la Ley 45 de 1913 establece que corresponde a los
respectivos funcionarios enmendar los errores caligráficos o tipográficos en el
texto de una norma, cuando no quede duda de la voluntad del Congreso. Así
mismo, se ha dicho que la expedición de decretos de corrección de yerros es una
función administrativa y ordinaria del Presidente de la República en el ámbito
de la promulgación de las leyes. El decreto de corrección de yerros expedido
por el Presidente enmienda un error mecanográfico en la  redacción del
título del Acto Legislativo 01 de 2005 y en nada altera la voluntad del
Congreso. (…) La corrección del yerro respeta la voluntad expresa del Congreso
y apunta a asegurar que dicha voluntad, definitiva en razón de la conclusión de
la formación del Acto Legislativo, no sea calificada con palabras que le darían
un carácter provisional, contraevidente y adverso a lo efectivamente decidido
por el reformador de la Constitución. Por lo tanto, se declarará la
exequibilidad del Acto Legislativo 01 de 2005 por el cargo estudiado”.
[59]
M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[60]
M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[61]
“Cuando la Corte encuentre vicios de procedimiento
subsanables en la formación del acto sujeto a su control, ordenará devolverlo a
la autoridad que lo profirió para que, de ser posible, enmiende el defecto
observado. Subsanado el vicio, procederá a decidir sobre la exequibilidad del
acto”.
[62]
Sentencia C-134 de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
[63]
Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones; y Defensoría del Pueblo.
[64]
Universidad de Ibagué; Universidad de la Sabana y Universidad
Santo Tomás.
[65]
Diario Oficial No. 49.084 del 6 de marzo de 2014.
[66]
Folio 1 del expediente D-10651.
[67]
Esta norma fue declarada exequible “en el entendido de que
las personas obligadas, en relación con su actividad propia, industrial o
comercial, no están sujetas al deber de información, con respecto a dicha
actividad”.
[68]
Esta norma fue declarada exequible, en la parte resolutiva, “en
el entendido que la referencia al ‘artículo 14 de la Ley 1437 de 2011’, será
reemplazada por la norma estatutaria que se expida, de conformidad con lo
establecido en la Sentencia C-818 de 2011”.
[69]
Esta norma fue declarada exequible, “en el entendido que la
referencia al artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, será reemplazada por la norma
estatutaria que se expida, de conformidad con lo establecido en la Sentencia
C-818 de 2011”.
[70]
La norma en cita dispone que: “(…) La Corte se pronunciará
de fondo sobre todas las normas demandadas y podrá señalar en la sentencia las
que, a su juicio, conforman unidad normativa con aquéllas otras que declara
inconstitucionales. (…)”.
[71]
Sentencia C-1017 de 2012, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. En idéntico
sentido, se pueden consultar las Sentencias C-539 de 1999,
C-055 de 2010, C-889 de 2012 y C-041 de 2015.
[72]
“Artículo 14. Son funciones de la Secretaría Jurídica:
(…) 5. Presentar al Presidente para su sanción, u objeción por
inconstitucionalidad  o inconveniencia, los proyectos aprobados por el Congreso
de la República.”
[73]
Folios 34 y 35 del expediente D-10651.
[74]
Ibídem.
[75]
Folio 109 del expediente D-10651.
[76]
Folio 108 del expediente D-10651.
[77]
En el Diario Oficial No. 49.084 se señala que: “En
cumplimiento de lo dispuesto en la Sentencia C-274  del 9 de mayo de 2013,
proferida por la Corte Constitucional, se procede a la sanción del proyecto de
ley, toda vez que dicha Corporación ordena la remisión del expediente al
Congreso de la República, para continuar con el trámite legislativo de rigor y
su posterior envío al Presidente de la república para efectos de la correspondiente
sanción”.
[78]
Se refiere al oficio de la Secretaría General de la Corte
Constitucional en el que se transcriben las pruebas solicitadas en el auto
admisorio.
[79]
Folios 104 y 105 del expediente D-10651.
[80]
Folio 113 del expediente D-10651.
[81]
Folios 116 y 117 del expediente D-10651.
[82]
Folio 118 del expediente D-10651.
[83]
Se refiere al anterior, esto es, al SGE-CS-119-2015.
[84]
Véase, al respecto, el acápite 6.4.5 de esta providencia.
[85]
Folio 222 del expediente D-10651.
[86]
Folios 227 y 228 del expediente D-10651.
[87]
Folios 255 y 256 del expediente D-10651.
[88]
El derecho de petición es del 23 de julio de 2015 y su
respuesta es del 3 de agosto del presente años. Folios 262 y 264 del expediente
D-10651.
[89]
Énfasis por fuera del texto original.
[90]
No sobra recordar que, como ya se dijo, la corrección formal
es un instrumento que le permite a las autoridades que participan en el proceso
de formación de una ley, al detectar deficiencias de trámite, proceder de forma
autónoma a su subsanación, antes de que las mismas sean objeto de control de
constitucionalidad.
[91]
M.P. Alfredo Beltrán Sierra. Según se transcribió con
anterioridad, en la providencia en cuestión se señaló que: “Es
evidente que a esta Corporación no le corresponde subsanar los errores
caligráficos o tipográficos que presenten las leyes que son sometidas a su
análisis. Sin embargo, cuando pese a ellos, de la norma se puede deducir la
voluntad del legislador, la Corte puede realizar, sin impedimento alguno, el
análisis de constitucionalidad que le impuso el Constituyente. En el caso en
estudio, es claro que la Corte puede estudiar el inciso acusado, toda vez que
conoce la racionalidad del legislador al redactarlo. (…)
Lo anterior no obsta para que se haga uso del mecanismo idóneo para enmendar
los textos legales cuando ellos presentan errores caligráficos  o
tipográficos que puedan alterar su sentido real, tal como sucede en el caso en
estudio, cuál es la publicación de la ley con la corrección del error o la
expedición de un decreto que ponga de presente el error  y su
correspondiente corrección -los cuales no afectan la vigencia y validez de la
[ley] inicialmente publicada-, actuaciones que le corresponde ejecutar al
Presidente de la República, porque a él le está atribuida la función de
promulgación de las leyes (artículo 189, numeral 10 de la Constitución).” Énfasis por fuera del texto original.
[92]
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1712_2014.html#5
[93] Recuérdese que así se pronunció esta Corporación en la Sentencia C-232 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas
Hernández, en la que una norma de naturaleza legal igualmente fue enmendada a
través de un decreto de corrección de yerros.
[94]
Énfasis por fuera del texto original.
[95]
Al respecto, en el acápite 2.2.14 se dijo que: “(…) Esta
disposición, hace viable el ejercicio del derecho a acceder a documentos
públicos respecto de información ya publicada en otros medios, con lo cual se
asegura una mayor accesibilidad y divulgación de la información pública, lo
cual resulta compatible con los artículos 74 y 209 de la Carta. // Sin embargo,
varios de los intervinientes señalan que la mención al artículo 14 de la Ley
1437 de 2011, debe ser suprimida porque se refiere a una disposición que fue
declarada previamente inexequible mediante la Sentencia C-818 de 2011. // En
ese sentido, les asiste la razón, por ello el artículo 14 será declarado
exequible, salvo la expresión ‘Se publicará esta información en los términos
establecidos por el artículo de la Ley 1437 de 2011’, que será declarada
inexequible”.
[96]
La disposición en cita establece que: “Artículo 48.
Alcance de las sentencias en el ejercicio del control constitucional. Las
sentencias proferidas en cumplimiento del control constitucional tienen el
siguiente efecto: 1. Las de la Corte Constitucional dictadas como resultado del
examen de las normas legales, ya sea por vía de acción, de revisión previa o
con motivo del ejercicio del control automático de constitucionalidad, sólo
serán de obligatorio cumplimiento y con efecto erga omnes en su parte
resolutiva. La parte motiva constituirá criterio auxiliar para la actividad
judicial y para la aplicación de las normas de derecho en general. La
interpretación que por vía de autoridad hace, tiene carácter obligatorio
general. // 2. Las decisiones judiciales adoptadas en ejercicio de la acción de
tutela tienen carácter obligatorio únicamente para las partes. Su motivación
sólo constituye criterio auxiliar para la actividad de los jueces.” Énfasis
por fuera del texto original. Sobre el particular, en la Sentencia
T-1181 de 2000, M.P. José Gregorio Hernández Galindo, se dijo: “no deja lugar a dudas en el sentido de
que la parte resolutiva de las sentencias de constitucionalidad de esta Corte
tiene carácter obligatorio -en su totalidad, sin excepciones ni recortes-, y
surte efectos erga omnes.”
[97]
En el citado Decreto se dispone que: “Artículo 1.
Corríjase el yerro contenido en el artículo 14 de la Ley 1712 de 2014. //  El
artículo 14 de la Ley 1712 de 2014 quedará así: ‘Artículo 14. Información
publicada con anterioridad. Los sujetos obligados deben garantizar y
facilitar a los solicitantes, de la manera más sencilla posible, el acceso a
toda la información previamente divulgada. Se publicará esta información en los
términos establecidos por el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011. (…)”. “Artículo
2. Vigencia. El presente decreto se entiende incorporado a la Ley 1712 de
2014 y rige a partir de la fecha de su publicación”.
[98]
Énfasis por fuera del texto original.
[99]
El artículo 3 del Decreto 1494 de 2015 señala que: “Artículo
3. Corríjase el yerro contenido en el artículo 21 de la Ley 1712 de 2014.
// El artículo 21 de la Ley 1712 de 2014 quedará así: ‘Artículo 21.
Divulgación parcial y otras reglas. En aquellas circunstancias en que la
totalidad de la información contenida en un documento no esté protegida por una
excepción contenida en la presente ley, debe hacerse una versión pública que
mantenga la reserva únicamente de la parte indispensable. La información
pública que no cae en ningún supuesto de excepción deberá ser entregada a la
parte solicitante, así como ser de conocimiento público. La reserva de acceso a
la información opera respecto del contenido de un documento público pero no de
su existencia. // Ninguna autoridad pública puede negarse a indicar si un
documento obra o no en su poder o negar la divulgación de un documento, salvo
que el daño causado al interés protegido sea mayor al interés público de
obtener acceso a la información. // Las excepciones de acceso a la información
contenidas en la presente ley no aplican en casos de violación de derechos
humanos o delitos de lesa humanidad, y en todo caso deberán protegerse los
derechos de las víctimas de dichas violaciones.”
[100]
Énfasis por fuera del texto original.
[101]
Precisamente, en la misma página Web del Senado de la República
se observa la siguiente transcripción del actual artículo 26 de la Ley 1712 de
2014: “Artículo 26. Respuesta a solicitud de
acceso a información. <Artículo corregido por el artículo 4
del Decreto 1494 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> Es aquel acto
escrito mediante el cual, de forma oportuna, veraz, completa, motivada y
actualizada, todo sujeto obligado responde materialmente a cualquier persona
que presente una solicitud de acceso a información pública. Su respuesta se
dará en los términos establecidos por el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011.
(…)”. Transcripción textual de lo previsto en el Diario Oficial No. 49.572
de 2015.
[102]
En los numerales 3, 4 y 5 de la parte motiva de la citada
providencia se manifestó que: “(…) efectivamente al revisar el texto de la
sentencia se pudo constatar que se presentó una omisión de carácter
mecanográfica en el sentido de no incluir en el numeral octavo de la parte
resolutiva, la declaratoria de inexequibilidad de la expresión ‘así como los
estipulados en el parágrafo del artículo 77 de la Ley 1474 de 2011’ del
artículo 18, literal c) del Proyecto de Ley Estatutaria número 228 de 2012
Cámara, 156 de 2011 Senado, cuya inconstitucionalidad fue anunciada en la parte
motiva de la sentencia C-274 de 2013 (…) 4. Esta Corporación
había señalado que cuando en la trascripción del texto de una sentencia se
producen errores por omisión, resultaba aplicable el artículo 310 del Código de
Procedimiento Civil, norma que fue derogada por el literal c) del artículo
626 de la Ley 1564 de 2012 ‘Por medio de la cual
se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. Hoy
es aplicable el artículo 286 del Código general del Proceso.’ // 5. Que, en consecuencia, es necesario corregir la parte
resolutiva de la citada providencia.”
[103]
Auto 038 de 2015, M.P. María Victoria Calle Correa. Énfasis
por fuera del texto original.
[104]
Folio 118 del expediente D-10651.
[105]
Así, en los considerandos del citado Decreto, se señaló lo
siguiente: “Que mediante Auto 038 de 2015, la Corte Constitucional corrigió
el numeral octavo de la parte resolutiva de la misma Sentencia C-274 de 2013,
en el sentido de indicar que, a pesar de que la frase ‘así como los estipulados
en el parágrafo del artículo 77 de la Ley 1474 de 2011’, contenida en el
literal c) del artículo 18 del proyecto de ley, había sido declarada
inexequible, dicha declaratoria no se incluyó en la parte resolutiva del
fallo”.
[106]
En la norma en cita se dispone que: “Artículo 2. Corríjase
el yerro contenido en el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014. // El artículo 18
de la Ley 1712 de 2014 quedará así: ‘Artículo 18. Información exceptuada por
daño de derechos a personas naturales o jurídicas. Es toda aquella
información clasificada, cuyo acceso podrá ser rechazado o denegado de manera
motiva y por escrito, siempre que el acceso pudiese causar un daño a los
siguientes derechos: a) El derecho de toda persona a la intimidad, bajo las
limitaciones propias que impone la condición de servidor público, en concordancia
con lo estipulado. // b. El derecho de toda persona a la vida, la salud o la
seguridad. // c) Los secretos comerciales, industriales y profesionales.  //
Parágrafo. Estas excepciones tienen una duración ilimitada y no
deberán aplicarse cuando la persona natural o jurídica ha consentido en la
revelación de sus datos personales o privados o bien cuando es claro que la
información fue entregada como parte de aquella información que debe estar bajo
el régimen de publicidad aplicable”. Énfasis por fuera del texto original. La
versión corregida igualmente se puede constatar en la página Web del Senado de
la República.
[107]
M.P. María Victoria Calle Correa.
[108]
Folio 118 del expediente D-10651.
[109]
Una decisión similar se adoptó en la Sentencia C-972 de 2004, M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa, en la que al resolver una demanda contra el
Decreto 2207 de 2003, expedido en virtud de lo previsto en el parágrafo
transitorio del artículo 3 del Acto Legislativo No. 01 de 2003, se concluyó que
al regular asuntos de naturaleza electoral debía expedirse siguiendo las mismas
cargas de las leyes estatutarias que le resultaran aplicables, como lo era la
del control automático. Por ello se inhibió de pronunciarse de fondo y, en su
lugar, le solicito al Presidente de la República que, en el término de los diez
días siguientes a la notificación de la sentencia, enviara a esta Corporación
el texto del citado decreto, para proceder a su examen de constituciona-lidad.