T-532-16
Sentencia T-532/16
ACCION DE TUTELA PARA SOLICITAR PROTECCION DEL DERECHO AL AGUA-Procedencia
excepcional
En el caso que se estudia,
la accionante invoca la protección de su derecho a acceder al agua que requiere
para su digna existencia y el de su grupo familiar, el cual está conformado por
ella, una mujer de la tercera edad, y por una niña  de 12 años que se
encuentra a su cargo. Se trata entonces, de uno de aquellos casos en los que la
acción de tutela ha sido reconocida por la jurisprudencia como el medio
judicial efectivo para el reclamo del derecho al agua.
DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA-Protección
constitucional/DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA-Protección internacional
DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA-Jurisprudencia
constitucional
DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA POTABLE-Naturaleza y
alcance
JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL SOBRE LA TUTELA DEL GOCE EFECTIVO
DEL DERECHO AL AGUA
DERECHO AL AGUA POTABLE-Parámetros
que la jurisprudencia constitucional ha fijado para impartir órdenes complejas
ORDENES COMPLEJAS IMPARTIDAS
POR LOS JUECES DE TUTELA PARA ASEGURAR EL GOCE EFECTIVO DEL DERECHO AL AGUA
DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA POTABLE-Vulneración por parte de
Empresa de Servicios Públicos al negarse a prestar y regularizar el servicio,
en razón a que, al estar la vivienda en zona de riesgo, no se pueden hacer
instalaciones corrientes y ordinarias
DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA POTABLE-Orden a Alcaldía y a Empresa
de Servicios Públicos tomar medidas para el suministro provisional de agua
potable a la vivienda de la accionante y la menor de edad a su cargo
Referencia: Expediente T-5.543.138
Acción de tutela instaurada por Carmen Judith Ortega García
contra la empresa Aguas Kpital Cúcuta SA ESP
Magistrado Sustanciador:
AQUILES ARRIETA GÓMEZ
Bogotá
D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil dieciséis (2016).
La
Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, conformada por
los magistrados Alberto Rojas Ríos, Luis Ernesto Vargas Silva y Aquiles Ignacio
Arrieta Gómez –quien la preside–, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, y específicamente las
previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9° de la Constitución Política, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el trámite de revisión del fallo proferido el 8 de enero
de 2016 por el Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Control de Garantías
de Cúcuta (Norte de Santander).
La Sala de Selección Número Cinco
de la Corte Constitucional eligió para efectos de su revisión, el asunto de la
referencia, el cual, de acuerdo con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991 y
al sorteo realizado, le correspondió conocer Sala de Revisión procede a dictar
la sentencia correspondiente.[1]
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
La señora Carmen
Judith Ortega García presentó acción de tutela contra la empresa Aguas Kpital,
Cúcuta SA ESP, por considerar que la decisión de negarse a instalar el servicio
de agua en su predio viola sus derechos al agua, a la salud y a la vida digna.
Solicita que se ordene a la entidad tutelada, instalar
en su predio el servicio de agua. La accionante funda su reclamo en los
siguientes hechos.
1.1. La
señora Ortega García, adulta mayor que tiene a su cargo una niña de 12
años,  afirma tener acceso al agua potable gracias a un vecino que le regala el
líquido con una manguera. Así ha logrado subsistir. Sin embargo, su vecino le
indicó que ya no le puede dar más agua potable, ni siquiera pagándosela, porque
teme tener problemas con Aguas Kpital Cúcuta. Para la accionante no es
razonable que sus vecinos cuenten con el servicio de agua, tengan medidor y paguen
por este servicio un recibo mensual. Por eso, sostiene, se vulnera su derecho a
la igualdad al no permitírsele instalar el servicio de agua en su casa.
1.2. El 14 de octubre de 2015 la
accionante radicó una solicitud,[2]
requiriendo que se instalara el servicio de agua potable en su predio, ubicado
en el barrio San Martín de Cúcuta. Al no recibir respuesta, aduce, se dirigió a
la empresa Aguas Kpital donde, verbalmente, le señalaron que no podían instalar
el agua en ese predio porque se encuentra ubicado en una zona de alto riesgo.
Posteriormente, el 7 de diciembre de 2015, radicó un derecho de petición, el
cual le fue negado. La accionante alega que si la empresa Aguas Kpital de
Cúcuta señala que su predio está en una zona de alto riesgo, no entiende porqué
la alcaldía sí puede cobrarle el impuesto predial.[3]
1.3. Con base en las anteriores
razones la accionante presentó las siguientes solicitudes: “1. Que aguas
Kpital ordene la instalación del servicio de agua.  ||  2. Se reconozca mi
derecho fundamental de petición al cual tengo derecho, en virtud del artículo
23 de la Constitución Política Nacional.  ||  3. Que se dé respuesta
satisfactoria a la petición hecha por mí, a la empresa de Aguas Kpital, el 7 de
diciembre de 2015.”[4]
2. Respuesta
de Aguas Kpital Cúcuta SA – ESP [5]
La
empresa Aguas Kpital, Cúcuta SA – ESP solicitó que se declarara la
improcedencia de la acción de tutela porque no está violando los derechos de la
accionante, sino protegiéndolos.
2.1. En primer término, la empresa
Aguas Kpital Cúcuta SA ESP solicitó al Centro de Negocios de Venta de Servicios,
como área encargada de efectuar los estudios de factibilidad, que realizara una
visita técnica al inmueble de la accionante y emitiera un concepto sobre la
viabilidad de conectar los servicios que presta Aguas Kpital Cúcuta SA, para
vincular un predio como usuario de la empresa. En virtud de la visita efectuada
se determinó que no es viable la conexión para acceder a los servicios públicos
de acueducto y alcantarillado de aguas residuales dadas las condiciones del
predio solicitante.[6]
El inmueble de la señora Ortega García, indicó el informe, se encuentra en una
zona de alto riesgo, por lo que Aguas Kpital Cúcuta no puede instalar infraestructura
en esa propiedad, de acuerdo con la Ley.[7]
Concretamente, indicó, el Decreto 302 de 2000 establece una serie de requisitos
para que un inmueble pueda tener conexión de servicios de acueducto y
alcantarillado y también adujo que el artículo 129 de la Ley 142 de 1994
dispuso en el artículo 1° lo siguiente: “existe contrato de servicios
públicos desde que la empresa define las condiciones uniformes en las que está
dispuesta a prestar el servicio y el propietario o quien utiliza un inmueble
determinado solicita recibir allí el servicio, si el solicitante y el inmueble
se encuentran en las situaciones previstas por la empresa.”
2.2. Aguas Kpital, Cúcuta indicó
que los residentes o propietarios del sector deben realizar las gestiones
correspondientes ante Planeación Municipal, a efectos de ser viable de
conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial. En cualquier caso,
sostiene la empresa, no puede la accionante reclamar el derecho a la igualdad,
puesto que los predios de sus vecinos, así sean estos inmediatos, se encuentran
en viviendas que no se encuentran en la misma situación. El derecho a la
igualdad, no implica una “igualdad mecánica o matemática”, señaló la
Empresa en su respuesta a la tutela.
2.3. Así, Aguas Kpital Cúcuta SA ESP
concluyó que no está vulnerando el derecho a la igualdad de la demandante, pues
lo que se pretende hacer es evitar daños materiales y proteger la integridad de
las personas que habitan la vivienda, en tanto el inmueble no cumple con los
requisitos que exige la normatividad aplicable para que le sea conectado el
servicio de agua potable.
3. Decisión
del juez de instancia
El Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Control
de Garantías de Cúcuta -  Norte de Santander, en sentencia del 8 de enero de
2016, declaró la improcedencia de la acción de tutela. Consideró que no se
presenta un perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela por
cuanto “[…] en materia de servicios públicos domiciliarios la Corte
Constitucional ha precisado, que las limitaciones en el servicio no implican la
existencia de tal perjuicio por cuanto de acuerdo con la naturaleza de la
acción, la prestación no continua o la suspensión de uno de los servicios no
lleva consigo siempre la vulneración de derechos fundamentales, que sólo puedan
ser protegidos a través de la acción de tutela.” Afirmó que tal
pronunciamiento es aplicable al caso ya que la solicitud de la señora Ortega
García es que se conecte el servicio de agua potable en su predio. De
conformidad con lo anterior, el Juzgado de instancia encontró que la acción de
tutela resultaba improcedente.
4. Pruebas decretadas por la Sala de Revisión
La Sala Séptima de Revisión de la
Corte Constitucional, mediante auto de 09 de agosto de 2016, decretó las
siguientes pruebas: (i) solicitó a la Alcaldía de Cúcuta, al Viceministerio de
Agua Potable y Saneamiento Básico del Ministerio de Vivienda Ciudad y
Territorio, y a la Personería Municipal de Cúcuta, Norte de Santander que
expresaran su opinión sobre los hechos de la tutela; (ii) requirió a la
Alcaldía de Cúcuta para que adelantara una visita al inmueble de la accionante
con el fin de: (a) verificar la condición de la vivienda y las posibles
soluciones para la conexión del agua; (b) establecer si la vivienda se
encuentra localizada dentro del perímetro de prestación del servicio; y (c)
realizar un informe técnico con miras a establecer las probabilidades de
conexión del servicio; y (iii) a la empresa Aguas Kpital SA ESP para que en el remitiera
la siguiente información: un informe detallado de la ubicación de las redes de
acueducto que surten los inmuebles vecinos al predio de la accionante; un
informe sobre las razones por las cuáles no se ha efectuado la instalación del
servicio de acueducto a los accionantes; un informe sobre el trámite dado a las
solicitudes hechas por la accionante; un informe técnico acerca de la condición
de las redes de acueducto que presuntamente podrían surtir la vivienda de la
accionante, las alternativas de conexión del agua y las posibles soluciones; y
detalle una propuesta concreta que haga viable la prestación del servicio de agua
potable a la vivienda de la señora Carmen
Judith Ortega García.
3.1. Respuesta de Aguas Kpital,
Cúcuta. El 18 de agosto de 2016, el representante de la empresa Aguas Kpital
SA ESP remitió a la Corte Constitucional el informe técnico No. 201600001231
del Coordinador de Estudios y Diseños de esa empresa, en el cual se señaló lo
siguiente.
3.1.1.  En cuanto a las redes que
prestan el servicio a los predios vecinos se señaló que “[en] el sector
donde se ubica el predio tutelante y específicamente frente al mismo, NO
existen redes de distribución del sistema de acueducto. Algunos de los predios
vecinos cuentan con acometidas largas de más de 50 metros, con conexión a una
red de distribución de Ø3” instalada hasta la prolongación de la Calle 0N, tal
como se observa en el esquema ilustrativo”.
3.1.2. Respecto al estado del
terreno donde se encuentra el inmueble de la accionante se señaló que se ubica
el predio está calificado en el POT vigente de la ciudad de Cúcuta como Zona de
Alto Riesgo y que ello tiene una serie de consecuencias especiales:  “Se
aclara que el sitio donde se ubica el predio está calificado en el POT vigente
de la ciudad de Cúcuta como Zona de Alto Riesgo, condición que se evidencia en
el sitio que se muestra en registro fotográfico como parte de este informe. La
vivienda se encuentra aproximadamente en media ladera en un talud inestable y
susceptible de erosión de procesos de remoción en masa.  ||  (…)  ||  Las imágenes muestran el estado del sendero peatonal y de las
condiciones en general del terreno sobre el que están construidas las
viviendas: existen muros de contención artesanalmente construidos en piedra
suelta tratando de contener los suelos y las bases o cimentaciones de algunas
viviendas, en otros casos se identifican muros de contención conformados con
piedras y aglomerados con una mezcla de concreto pobre denotando las
deficientes técnicas de construcción empleadas, las cuales no garantizan las
estabilidad del sendero de acceso a las viviendas ahí ubicadas.”
3.1.3. Frente a la condición de
las redes de acueducto que presuntamente podrían surtir la vivienda de la
accionante se afirma que la instalación de
dichas acometidas superficiales ponen en riesgo la operación y prestación del
servicio por estar sometido a daños y afectaciones:  “En las
imágenes se aprecian incluso que las acometidas largas instalada para algunos
predios vecinos están superficiales evitando realizar excavaciones para
minimizar riesgos de deslizamientos que se pueden generar al realizar este tipo
de obras en suelos altamente susceptibles de erosión y/o de producir
deslizamientos o movimientos de remoción en masa que pueden causar danos no
solo a viviendas sino la afectación de las personas que allí habitan.  ||  La instalación de dichas acometidas superficiales ponen
en riesgo la operación y prestación del servicio por estar sometido a daños y
afectaciones, adicionalmente las fugas por dichos daños pueden afectar la
humedad del talud saturándolo y generar procesos de remoción en masa colocando
en grave riesgo las viviendas y la vida de los residentes, como ya se indicó.
||  Las acometidas domiciliarias largas existentes fueron presumiblemente
instaladas por la comunidad dado que cuando AGUAS KPITAL CUCUTA SA ESP, inició
la operación el 5 de junio del 2006 estos predios habían sido vinculados por la
antigua empresa operadora.”
3.1.4. Sobre las razones por las cuales no se ha efectuado la
instalación del servicio de acueducto reiteró que el predio se encuentra en una
zona de alto riesgo sin espacio público y que ello puede afectar la seguridad:
“La no existencia de redes frente al predio, su ubicación en Zona
de Alto Riesgo, la no existencia de espacio público estable y consolidado y las
condiciones del suelo del sendero peatonal son los motivos por los cuales no se
ha aprobado ni instalado el servicio de acueducto al predio. El factor que más
ha influido, es el grave riesgo y la seguridad pública que puede ser afectada
al tener que realizar excavaciones en suelos inestables y no consolidados,
situación que afectando él pie del talud puede generar deslizamientos,
derrumbes, fenómenos de remoción en masa, arrastrando viviendas, afectando no
solo el patrimonio sino las vida de las personas que residen o transitan por el
sitio.  ||  Por lo anterior
Aguas Kpital Cúcuta S.A E.S.P, no asumió el riesgo que implicaría instalar
dicha conexión.”
3.1.5. En cuanto a las
alternativas de conexión del agua y las posibles soluciones para garantizar el
derecho al agua de la accionante indicó que no es viable hacer excavaciones
pues ello puede poner en riesgo la zona: “No existen
redes frente al predio; ni de acueducto, ni de alcantarillado sanitario. La
vivienda como ya se indicó está construida en medio de una ladera en un talud
inestable susceptible de erosión y de proceso de remoción en masa, no cuenta
con espacio público estable por ningún costado, el acceso al predio se realiza
por un sendero en gradas y por otro sendero peatonal en tierra con gran riesgo
de ser afectado, al realizar excavaciones para instalar tuberías, por la muy
alta posibilidad de desestabilizar el talud y generar deslizamiento de tierra,
condición que afectara viviendas y vidas humanas. Es importante aclarar que la
empresa no cuenta con catastro de las acometidas de los predios vecinos, lo que
dificulta aún más una posible conexión a estas en la medida que cualquier
actividad tendiente al hallazgo de las mismas exigirá apiques de exploración
(excavaciones) que no son viables técnicamente por la condición del terreno
arriba descrito.  ||  En este
sentido es preciso manifestar a la Honorable Corte Constitucional que
atendiendo a la preservación del derecho a la seguridad pública es inviable
cualquier alternativa de servicio.”
3.1.6. Sobre una
propuesta para que haga viable la prestación
del servicio agua potable a la vivienda de la señora Carmen Judith Ortega García expresó que: “no es posible ni viable el suministro de agua potable al predio
tutelante mediante la extensión de redes de distribución del sistema de
acueducto municipal ni tampoco la extensión de acometidas largas por los graves
riesgos en seguridad pública que ello implicare.”
3.2.  Respuesta del Municipio.
El 23 de agosto de 2016, el apoderado del Municipio de San José de Cúcuta dio
respuesta al auto proferido por esta Sala de Revisión indicando lo siguiente:
(i) La prestación del servicio de acueducto y alcantarillado en la ciudad de
San José de Cúcuta le corresponde a la empresa Aguas Kpital SA ESP de
conformidad con el contrato de operación suscrito entre la EIS Cúcuta, empresa
industrial y comercial del Estado del orden municipal y la Sociedad Operadora
Aguas Kpital Cúcuta SA.[8]
En tal sentido el operador, en este caso Aguas Kpital Cúcuta SA ESP, “está en la obligación de instalar las conexiones domiciliarias de
alcantarillado adyacentes a las redes secundarias y maestras que construya.”  (ii) Aguas Kpital Cúcuta SA ESP tiene la obligación de velar “por
el mantenimiento y reparación de las redes públicas de acueducto y
alcantarillado, tal y como lo consagra el artículo 22 del Decreto 302 de 2000
‘por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, en materia de prestación de
los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado’.”
(iii) De acuerdo con el informe técnico
realizado sobre el inmueble de la accionante, se concluye que: “(…) este predio se encuentra afectado a RIESGO ALTO POR REMOCION EN
MASA, esta información está contenida en el Plano 06 Urbano riesgo Geológico
que forma parte del Acuerdo 089 de 2011 POT”.[9]
3.3. Respuesta del personero.
El 24 de agosto de 2016, el Personero Municipal de San José de Cúcuta dio
respuesta al auto proferido por esta Sala de Revisión indicando lo siguiente:
3.3.1.
Consideró que la accionante tenía razón en el supuesto trato desigual. A su
parecer, “(…) no se entiende por qué
el anterior operador EIS Cúcuta si pudo dar el servicio de acueducto a los
vecinos de la señora Carmen Judith Ortega García, y el accionado Aguas Kpital
no puede prestarle este servicio, bajo el argumento de encontrarse el inmueble
en zona de alto riesgo, zona que corresponde a la misma ubicación de los
inmuebles de sus vecinos que si cuentan con este servicio”. Asimismo, sostuvo que de la lectura de la
contestación de la acción de tutela por parte de Aguas Kpital y de acuerdo a la
visita practicada por la misma empresa respecto a la presentación del servicio
de acueducto en la zona donde se encuentra ubicado el inmueble de la accionante,
se puede extraer que los predios vecinos son usuarios de la empresa vinculados
por el anterior operador EIS, los cuales están conectados mediante acometidas
largas.
3.3.2.
Con base en tales razones, la Personería Municipal
de San José de Cúcuta consideró
que se deben atender las pretensiones de la accionante, ordenando a la empresa
Aguas Kpital que le preste el servicio de acueducto en las mismas condiciones
en que sus vecinos reciben dicho servicio, precaviendo lo necesario para que la
señora Ortega García cuente con agua potable en su vivienda.
Vistos
los antecedentes del caso, pasa la Sala de Revisión a establecer si la acción
de tutela de la referencia es procedente y, en tal caso, a estudiar el reclamo
de fondo presentado, para la protección del derecho al agua y a un mínimo vital
en dignidad.
II.
CONSIDERACIONES
1.   Competencia y procedibilidad
1.1. La Sala Séptima de Revisión
de Tutelas de la Corte Constitucional, en desarrollo de las facultades
conferidas en los artículos 86 y 241 de la Constitución Política y a la luz de
la jurisprudencia constitucional, es competente para revisar el fallo de tutela
adoptado en el proceso de la referencia.
1.2. Desde
el inicio de su jurisprudencia, la Corte ha considerado que la acción de tutela
es el medio de defensa adecuado para invocar la protección del derecho
constitucional al agua, en especial, cuando existen otros derechos
constitucionales involucrados que comprometen o amenazan la dignidad humana. Así,
esta Corporación desde 1992 ha manifestado que el derecho al agua tiene un
carácter fundamental que puede ser protegido cuando, por ejemplo, se dirige a
asegurar el consumo humano[10]
o la salud y la salubridad pública.[11]
Se trata de una línea jurisprudencial que ha sido reiterada en múltiples
ocasiones,[12]
y ha sido recogida en los siguientes términos,
“[Una]
persona puede reclamar mediante acción de tutela que se le proteja
judicialmente aquellas dimensiones del derecho al agua que comprometan su
mínimo vital en dignidad”.[13]
Expresamente
se ha indicado que la acción de tutela no puede ser desplazada como medio de
defensa judicial efectiva, con base en el argumento de que existen otros
posibles medios de reclamo ante las compañías y empresas de prestación de
servicio.[14]
Recientemente la Corte presentó esta regla, específicamente con relación al
consumo humano así: “Una persona puede reclamar mediante acción de tutela que
se le proteja judicialmente aquella dimensión del derecho al agua que
comprometa el consumo humano, en tanto resulta necesario para preservar otros
derechos fundamentales como la vida en condiciones dignas, la salud o la
salubridad de las personas.”[15]
Además, la defensa de la acción de tutela como medio de defensa principal ante
violaciones del derecho al agua se ha reconocido de forma clara y diáfana,
cuando están vulnerados o amenazados los derechos de personas o sujetos de
especial protección constitucional, como es el caso de las niñas y los niños.[16]
1.3.
En el caso que se estudia, la accionante, la señora Carme Judith Ortega García,
invoca la protección de su derecho a acceder al agua que requiere para su digna
existencia y el de su grupo familiar, el cual está conformado por ella, una
mujer de la tercera edad, y por una niña  de 12 años que se encuentra a su
cargo. Se trata entonces, de uno de aquellos casos en los que la acción de
tutela ha sido reconocida por la jurisprudencia como el medio judicial efectivo
para el reclamo del derecho al agua. En efecto, la accionante está invocando la
protección del agua que se requiere para su consumo ella y el de la niña a su
cargo; dos sujetos de especial protección constitucional. Ella por su calidad
de mujer cabeza de familia en condición económica precaria y la menor de edad
en su condición de niña. Además, la Corte valora especialmente tres hechos:  (i)
que la accionante haya intentado solucionar su petición directamente a la
empresa encargada de prestar el servicio de agua,[17]  (ii) que la acción de tutela hubiese
sido puesta el 30 de diciembre del año 2015,[18]
tan sólo unos días después de haber recibido la última respuesta por parte de
Aguas Kpital, Cúcuta a su petición (nueve días antes, el 21 de diciembre de
2015)[19]
y  (iii) que, en cualquier caso, la afectación del presunto derecho vulnerado
es presente y constante, por cuanto la accionante al momento de presentar la
tutela seguía sin tener conexión al servicio de agua.
Así, teniendo en cuenta que la
acción de tutela que se estudia es procedente, pasa la Sala a plantear la
cuestión constitucional que se ha de resolver.
2. Problema
jurídico
2.1. De conformidad con los hechos
narrados en los antecedentes de la presente sentencia, la Sala de Revisión debe
resolver el siguiente problema jurídico: ¿una empresa encargada de prestar el
servicio de agua potable vulnera el derecho al agua y a una vida digna al
negarse a tomar las medidas adecuadas y necesarias para realizar las
instalaciones que se requieran para prestar el servicio, alegando que la
vivienda se encuentra en una zona de alto riesgo? En especial, teniendo en
cuenta que la persona es una mujer cabeza de familia, adulto mayor, que está a
cargo de una niña.
2.2. Para resolver el problema
jurídico que se plantea, la Sala reiterará algunos aspectos fundamentales de la
jurisprudencia constitucional sobre el derecho al agua, como la relación que tiene con otros derechos fundamentales y el tipo de órdenes que el juez de
tutela puede impartir para asegurar su goce efectivo. Posteriormente se
analizará el caso sometido a revisión.
3.
El derecho fundamental a acceder al agua potable, elemento esencial de la
dignidad humana
3.1. Como se indicó, desde el
inicio de su jurisprudencia, la Corte Constitucional ha reconocido el carácter
fundamental que tiene el derecho al agua en casos tales como el poder acceder a
agua potable, en tanto presupuesto de la vida y la existencia humana.[20] Esta posición fue recogida en la sentencia
T-546 de 2009[21]
y, posteriormente, desarrollada en la sentencia T-418 de 2010, en la que se
reconoció el carácter fundamental que tiene el derecho al agua en general, y la
posibilidad de reclamarlo judicialmente mediante acción de tutela cuando esté
comprometido el mínimo vital en dignidad de una persona.[22] El acceso al agua que protege la
jurisprudencia constitucional, no sólo se refiere al acceso a los servicios
prestados por compañías organizadas para el efecto, así como a las redes e
infraestructura que se debe instalar con tales propósitos.[23] La Corte Constitucional también ha
protegido el acceso al agua en casos en que esta depende de recursos hídricos y
fuentes acuíferas naturales, incluso cuando se trata de afectaciones temporales
de las mismas.[24]
3.2. Este reconocimiento del
derecho al agua como fundamental que ha hecho la jurisprudencia coincide
también con los desarrollos que ha tenido este asunto en el contexto del
derecho internacional de los derechos humanos. El 28 de julio de 2010, un par
de meses después de haberse expedido la sentencia T-418 de 2010, la Asamblea
General de la ONU reconoció “que el derecho al agua potable y el saneamiento
es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los
derechos humanos”, urgiendo a los Estados a garantizar las casi 900 millones
de personas que carecen del líquido, el ejercicio de sus derechos.[25] En todo caso, a los largo de la
jurisprudencia constitucional se había empleado la carta internacional de
derechos y el bloque de constitucionalidad, a través del texto del Pacto Internacional
en cuestión y de la interpretación del mismo que ha hecho el Comité de Derechos
Económicos y Culturales de las Naciones Unidas, en la Observación General N° 15
(2002).[26]
Se ha resaltado la opinión del Comité sobre el Pacto Internacional de Derechos
Económicos Sociales y Culturales (PIDESC) según la cual, aunque el artículo 11
no reconozca expresamente el derecho al agua, se ha de entender que tal derecho
se encuentra incluido pues es una condición esencial para garantizar la
supervivencia del ser humano.[27]
De forma similar, la jurisprudencia constitucional había hecho uso del Informe
de Desarrollo Humano 2006 – Más allá de la escasez: poder, pobreza y la
crisis mundial del agua del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo,
en el cual  se reiteró la importancia del derecho al agua y las dificultades
para garantizar su goce efectivo.[28]
Por su parte, en el ámbito americano también se han dado decisiones de
protección del derecho al agua. Así, por ejemplo, se ha protegido el derecho al
agua en el contexto de los derechos de las comunidades indígenas[29] o de las personas privadas de la
libertad.[30]
3.3. Por supuesto, como todo
derecho fundamental, el derecho al agua es universal (para todas las personas),
irreversible y progresivo (su protección debe avanzar, no retroceder). Además,
el derecho al agua hace parte integral del resto de derechos fundamentales y
humanos, los cuales son indivisibles, interdependientes, complementarios y no
jerarquizables.[31]
Por tanto, desconocer el derecho de acceso al agua que tiene toda persona
genera, inevitablemente, impactos en los demás derechos fundamentales y, por
supuesto, conlleva una afectación a la dignidad humana. El derecho al agua es
un derecho fundamental que tiene varias características: universal, individual y
colectivo,[32]
que por supuesto, comprende facetas claramente prestacionales y facetas sin un
carácter marcadamente prestacionales.[33]
3.4. Así, el derecho al agua
contemplado en el orden constitucional vigente, a la luz de la Carta
Internacional de Derechos Humanos y de los órganos encargados de interpretar
con autorización los mismos, contempla el derecho que tiene toda persona a que
se le respete, proteja y garantice la posibilidad de disponer
y acceder a agua de calidad.[34]
Los elementos, dimensiones y aspectos que son objeto de protección del derecho
al agua han sido presentados en los siguientes términos:
“El goce efectivo del derecho al
agua supone, por lo menos, tres factores; (i) disponer de agua,  (ii) que sea
de calidad y (iii) el derecho a acceder a ella.[35] En cuanto a
(i) la disponibilidad, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales
de Naciones Unidas, ha indicado que “el abastecimiento de agua de cada
persona debe ser continuo y suficiente para los usos personales y domésticos;
[…] También es posible que algunos individuos y grupos necesiten recursos de
agua adicionales en razón de la salud, el clima y las condiciones de trabajo.”
En cuanto a  (ii) la calidad, advierte que “el agua necesaria para cada uso
personal o doméstico debe ser salubre, y por lo tanto, no ha de contener
microorganismos o sustancias químicas o radiactivas que puedan constituir una
amenaza para la salud de las personas.” Señala que debería tener un color,
un olor y un sabor que fueran aceptables para cada uso personal o doméstico.
Finalmente, sobre  (iii) la accesibilidad, sostiene que “el agua y las
instalaciones y servicios de agua deben ser accesibles para todos, sin
discriminación alguna, dentro de la jurisdicción del Estado”. Establece que
existen cuatro tipos de accesibilidad del agua y las instalaciones del agua, a
saber, física (deben estar al alcance físico de todos los sectores de la
población),[36]
económica (los costos deben estar al alcance de todos y no ser un
obstáculo),[37]
libre de discriminación (deben ser accesibles a todos de hecho y de
derecho, incluso a los sectores más vulnerables y marginados de la población,
sin discriminación alguna por cualquiera de los motivos prohibidos), y a la
información (La accesibilidad comprende el derecho de solicitar, recibir y
difundir información sobre las cuestiones del agua).”[38]
3.5. Ahora bien, aunque el derecho
al agua tiene un carácter universal, en especial el derecho al acceso a agua
potable, bajo el orden constitucional vigente se reconoce la especial
protección que merecen ciertos sujetos de protección especial, como lo son las
niñas, los niños, o las personas que viven en zonas rurales, a las cuales
expresamente se les ha reconocido el derecho a no ser los últimos de la fila.[39] Ha dicho la Corte al respecto,
“De acuerdo con la Constitución y
con la Carta Internacional de Derechos, el derecho al agua es un derecho de
todas y cada una de las personas, pero que en el caso de algunos sujetos de
especial protección, da lugar a obligaciones especiales y específicas de respeto,
protección o garantía. Así, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales observó que el Estado debe ‘[…] prestar especial atención a las
personas y grupos de personas que tradicionalmente han tenido dificultades para
ejercer este derecho, en particular las mujeres, los niños, los grupos
minoritarios, los pueblos indígenas, los refugiados, los solicitantes de asilo,
los desplazados internos, los trabajadores migrantes, los presos y los
detenidos.’[40]
Advierte que las medidas que adopte el Estado deben velar, entre otros fines,
porque ‘las zonas rurales y las zonas urbanas desfavorecidas tengan
acceso a servicios de suministro de agua en buen estado de conservación.’
Categóricamente, establece que ‘no debe denegarse a ningún hogar el derecho al
agua por razón de la clasificación de su vivienda o de la tierra en que ésta se
encuentra’[41].”[42]
3.6. La protección del derecho al
agua por la jurisprudencia constitucional ha sido constante.[43] Como se ha
dicho expresamente:
“[…] las reglas constitucionales
aplicables en la defensa del derecho fundamental al agua, en cualquiera de sus
dimensiones en las que es objeto de tutela, son claras y vinculantes para todo
operador jurídico dentro del orden constitucional vigente[44]”.[45]
El derecho fundamental al agua,
interpretado a la luz del bloque constitucional y de la jurisprudencia
garantiza, al menos, que el agua esté disponible y que exista accesibilidad
física suficiente, adecuada (salubre y aceptable), de calidad, sin
discriminación y económicamente asequible. Estos ámbitos de protección han sido
precisados e identificados por la jurisprudencia constitucional en los
siguientes términos:
“[1] Cuando la prestación se
vuelve dramáticamente intermitente y esporádica, afectando los derechos
fundamentales de las personas [[46]]
[2] Cuando
una comunidad no dispone ni accede a agua de calidad para el consumo humano, [puede
reclamar] el derecho a tener un acueducto, tanto en su faceta positiva como
negativa [[47]]
[3] Se
ha tutelado el derecho a acceder y disponer de agua con regularidad y
continuidad, en especial si se deterioraron las condiciones básicas de
prestación del servicio [[48]]
[4] Se
irrespeta el derecho al acceso al agua de una o varias personas, cuando se
toman acciones positivas que implican limitar la disponibilidad o el acceso a
la misma; y se desprotege cuando las autoridades dejan de adoptar las
medidas adecuadas y necesarias para evitar que esa situación continúe [[49]]
[5] El
derecho a disponer y acceder al agua no se puede suspender en condiciones de urgencia
[[50]]
[6] Se
ha tutelado el acceso al agua sin discriminación [[51]]
[7] Cuando
se cuenta con un inadecuado servicio de alcantarillado, que pone en riesgo los
derechos fundamentales de las personas [[52]]
[8] Cuando
se cuenta con un inadecuado servicio de acueducto, que pone en riesgo los
derechos fundamentales de las personas. [[53]]
[9] Cuando
los reglamentos, procedimientos o requisitos establecidos son usados como
obstáculos que justifican la violación del derecho al agua [[54]]  [Específicamente,
no] puede imponerse como obstáculos al derecho al agua los ‘ires y venires
burocráticos’ a los que someten algunas empresas a los ciudadanos; es deber
del juez de tutela romper “ese marasmo institucional [[55]]”.[56]
[10] Las
personas que habitan en el sector rural y tienen limitados recursos económicos,
tienen derecho a ser protegidas especialmente, asegurándoles que no sean ‘los
últimos de la fila’ en acceder al agua potable.[57]
[11]
Cuando a un sujeto de especial protección en situación económica precaria se le
suspende el servicio de agua, sin darle opción de llegar a un acuerdo de pago
que no afecte su mínimo vital.[58]
En tales casos se ha considerado la instalación de un reductor de flujo.[59]
[12]
Cuando una persona carece de servicio de acueducto porque no se ha instalado la
infraestructura que lo permita y no se toman medidas para corregir la situación
definitiva o, al menos, tomar medidas temporales para evitar la afectación de
los derechos.[60]
Especialmente grave es la afectación que se haga de los derechos fundamentales
de comunidades completas.[61]
[13]
Cuando a una persona se le suspende el servicio porque no se le ha
independizado su cuenta mediante un medidor propio y se le está cobrando
conjuntamente con la de otra persona que presenta mora en el pago del servicio.[62]
3.7. Además de fijar eventos en
los cuales el juez de tutela debe intervenir, la jurisprudencia constitucional
también ha indicado límites a la protección por tutela al goce efectivo del
derecho al agua. El principal criterio que se debe tener en cuenta, es la real
afectación al ser humano, a su dignidad. Por eso, en la sentencia T-578 de
1992, que reconoció el agua como un derecho con dimensiones de tutelables, se
decidió también que “la limitación o el incumplimiento” en la
prestación del servicio público domiciliario –en este caso, el
agua– por “el Estado, los particulares o las comunidades
organizadas,” sólo constituye vulneración o amenaza de un derecho
constitucional fundamental cuando se encuentra vinculada directamente
la persona, el ser humano.” Así, en el caso concreto se negó la
acción de tutela porque no estaban los derechos de un ser humano, sino de “la
persona jurídica que contrató”.[63]
El derecho fundamental al agua tiene límites. No implica gratuidad del
servicio, ni garantiza un uso ilimitado o irresponsable del líquido, por
ejemplo. Así pues, son varios los casos en los que no hay lugar a que el juez
tutele el derecho al agua. A saber:
“[i]
[no hay] posibilidad de tutelar el derecho fundamental al agua, [sin no hay]
alguien, algún ser humano, [que] ‘requiera’ el agua.[64]
[ii] cuando la entidad
encargada de prestar el servicio adopta la decisión de suspender el servicio de
agua, dentro de las reglas establecidas y con el respeto debido a los derechos
fundamentales de la persona y, en especial, a su mínimo vital;[65] en tal caso no
viola un derecho sino que cumple un deber;[66]
[iii]
cuando el riesgo de las obras pendientes, inconclusas o deterioradas
constituyen una amenaza que no representa un riesgo real para los derechos
fundamentales de las personas;[67]
[iv]
cuando se pretenda reclamaciones de carácter puramente económico, que pueden
ser presentadas por otros medios de defensa judicial, y no impliquen la
afectación de derechos fundamentales;[68]
[v]
cuando no se constata que la calidad del agua a la que se accede no es adecuada
para el consumo humano;[69]
[vi]
cuando una persona está disfrutando el servicio de agua, por medios ilícitos,
reconectándose a la fuerza, y se encuentra disfrutando del goce efectivo de su
derecho al agua, por ejemplo, pierde la posibilidad de reclamar su protección
mediante la acción de tutela.[70]
En este caso la persona no pierde sus derechos, pero sí la posibilidad de
legitimar a posteriori sus actos de hecho mediante el procedimiento
constitucional de la tutela.[71]
[vii]
cuando una persona pretende acceder por sus propios medios al agua disponible,
pero de una forma irregular, desconociendo los procedimientos y afectando el
acceso de las demás personas de la comunidad que dependen de la misma fuente de
agua.[72]
[viii]
cuando la afectación a la salubridad pública, como obstrucción a tuberías de
alcantarillado, no afecta el mínimo vital en dignidad de las personas; en tal
caso, se trata de una afectación que puede ser reclamada judicialmente, pero
que no es objeto de acción de tutela.[73]
”[74]
3.8. Ahora bien, en los casos en
que se ha tutelado el goce efectivo del derecho fundamental al agua, los jueces
han tenido que impartir en muchas oportunidades órdenes complejas.[75] Un
juez constitucional no se puede ‘abstener’ de cumplir su obligación
constitucional de proteger el goce efectivo de los derechos fundamentales por
el simple hecho de que su violación proviene de una complicada realidad
administrativa. Como ha dicho la Corte a propósito de casos relativos a la
protección del derecho al agua, cuando el juez verifica la vulneración o
amenaza de derechos fundamentales, su labor no se puede limitar a reconocer la
complejidad y los desafíos que plantea la situación, “y admitir que el
asunto implica trámites y procedimientos administrativos, compromete cuantiosos
recursos presupuestales y, consecuencialmente abstenerse de impartir las
órdenes que eviten la vulneración o su amenaza. Por el contrario: el juez
constitucional tiene el deber de preguntarse -valido de su
independencia y autonomía, y sobre todo del carácter vinculante y perentorio de
su decisión- qué tipo de órdenes puede dar para subsanar las omisiones,
negligencias o simples trabas burocráticas que impiden tomar las medidas
para eliminar o atenuar el riesgo de que se presente una nueva y grave
vulneración de derechos fundamentales.”[76] Se trata de una posición
jurisprudencial que hace frente a los retos que supone la protección de las
facetas prestacionales de un derecho fundamental. Como dijo la Corte, cuando el
juez de tutela constata la violación de una faceta prestacional de un derecho
fundamental, “debe protegerlo adoptando órdenes encaminadas a garantizar su
goce efectivo, pero que a su vez sean respetuosas del proceso público de
debate, decisión y ejecución de políticas, propio de una democracia. Por tanto,
no es su deber indicar a la autoridad responsable, específicamente, cuáles han
de ser las medidas adecuadas y necesarias para garantizar el goce efectivo del
derecho, pero sí debe adoptar las decisiones y órdenes que aseguren que tales
medidas sean adoptadas, promoviendo a la vez la participación ciudadana.
[…]”[77]
3.8.1. Esta posición
jurisprudencial coincide con la posición de las Naciones Unidas que, por
ejemplo, en el Informe de Desarrollo Humano 2006 reconoce que el “agua es un
derecho humano”, pero advierte que “los derechos humanos tienen muy poca
importancia si están separados de políticas realistas que los prote­jan y
extiendan, o de los mecanismos de contabilidad que permiten a la población
pobre exigir sus dere­chos.”[78]
Por eso, teniendo en cuenta las
dimensiones prestacionales del derecho al agua y las limitaciones y retos que
las políticas públicas en la materia deben afrontar, es claro para esta Sala de
Revisión que el avance en esta materia es programático. No se puede, de la
noche a la mañana, proteger de forma plena y absoluta todas las dimensiones del
derecho al agua a toda la población. En tal medida, cuáles deben ser los
ámbitos en los que más se avance en materia de agua y saneamiento básico, a qué
ritmos y con cuáles limitaciones es algo que debe ser definido en democracia.
La jurisprudencia constitucional ha resaltado la importancia que tiene en una
democracia participativa los derechos de los ciudadanos a participar en la toma
de decisiones de los asuntos que los afectan. Más allá de proteger el derecho
de las personas a elegir a sus representantes políticos, en una democracia
participativa se garantiza a los ciudadanos los espacios y los momentos
necesarios para que expresa y directamente las personas puedan participar en la
toma de las decisiones que determinan su acceso al agua. Este aspecto, que ha
sido resaltado por la jurisprudencia a la que se ha hecho mención a lo largo de
las consideraciones de esta sentencia, también ha sido resaltado en el contexto
internacional. En efecto, en el informe de la
Relatora Especial sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento, Catarina de Albuquerque,
presentado en 2014, se advierte que la participación es un derecho humano que
debe ser tenido en cuenta, no es algo simplemente ‘útil’ o que se pueda
considerar una ‘buena idea’. La participación es un derecho de toda persona,
que involucra su dignidad y que asegura el buen ejercicio y funcionamiento de
las políticas públicas.[79]
Concretamente, se deben adoptar medidas para (1) institucionalizar la
participación;[80]
(2) asegurar que los procesos de participación sean inclusivos y no agraven las
desigualdades existentes;[81]
(3) asegurar que la participación sea activa, libre y significativa;[82] (4) asegurar que se dé en todos los
niveles[83]
y (5) para asegurar el acceso a la justicia en los casos en que se haya violado
el derecho a participar.
3.8.2. Cuando un juez de tutela se
ve obligado a impartir órdenes complejas para desenredar el ‘marasmo
institucional’,[84]
el juez debe tener en cuenta, por lo menos,  “(i) que sus medidas serán
realmente efectivas, y no una parte más del ‘marasmo institucional’, lo
cual podrá suponer una supervisión directa o comisionar al órgano competente a
hacerla, por ejemplo;  (ii) que sus medidas se enmarcan dentro del respeto al
estado social de derecho, y no desconocen las particulares competencias
democráticas y administrativas constitucionalmente establecidas;  y  (iii) que
para definir las órdenes con las que se vaya a proteger los derechos promueva,
hasta donde sea posible, la participación de las partes, de las autoridades
encargadas, de las personas afectadas, así como también, de quienes conozcan la
situación, por experiencia o estudios.”[85]
3.8.3. Cuando el juez de tutela
imparte una orden compleja, es su deber propiciar la actuación de las
autoridades competentes lo cual supone mantener abiertos los canales de diálogo
y comunicación con las partes y, en general, con las entidades y personas
involucradas en el caso y en la protección de los derechos fundamentales
correspondientes. Este diálogo, que busca hacer cumplir la decisión adoptada en
la sentencia de tutela (si hubo o no violación al derecho), se da básicamente
en torno a las órdenes impartidas, esto es, a los remedios elegidos por la
autoridad judicial para materializar la decisión adoptada y asegurar la
protección de los derechos.[86]
El juez de tutela debe ser consciente de que cuando imparte una orden compleja,
su trabajo con relación al caso no se acaba con la sentencia.[87] Las órdenes
complejas pueden ser complementadas para lograr ‘el cabal cumplimiento’ del
fallo, dadas las circunstancias del caso concreto y su evolución, tal como lo
prevé el estatuto de la acción de tutela (Decreto 2591 de 1991), al establecer
que el juez no pierde la competencia y está facultado a tomar las medidas
necesarias para asegurar el cumplimiento de la decisión, es decir, proteger el
derecho fundamental afectado.[88]
El juez de tutela tiene amplia competencia para establecer razonablemente las
órdenes que se deben adoptar en cada caso para asegurar el goce efectivo de un
derecho fundamental.[89]
3.8.4. Escoger las herramientas
para resolver un caso que requiere soluciones complejas, supone procesos
previos para inventar las soluciones. Ahora bien, como la jurisprudencia ha
insistido, “construir, crear e inventarse las soluciones que deben ser
adoptadas, es una tarea que corresponde a la sociedad y a las instituciones que
ésta ha creado para el efecto, en condiciones de democracia participativa. El
juez de tutela, lejos de irrespetar esta competencia establecida en la
Constitución Política vigente, debe encargarse de proteger el goce efectivo de
los derechos fundamentales de las personas, adoptando las medidas adecuadas y
necesarias para asegurar que la tarea aludida sea cumplida.”[90] Por eso, muchas de las órdenes
complejas que imparta un juez de tutela no establecen cuáles deben ser las
medidas específicas que la Administración o el respectivo particular ha de
tomar, sino que están orientadas a lograr que las autoridades o personas
competentes las adopten, en las condiciones propias de una democracia
participativa, a lo largo del proceso de diseño, implementación, evaluación y
control. En todo caso, ha sostenido la jurisprudencia que el “juez
constitucional ha de ser razonable al fijar las órdenes que profiere,
cuidándose de impartir un mandato absurdo o imposible, bien sea porque lo
dispuesto es en sí mismo irrealizable o porque es claramente inviable dadas las
condicio­nes de lugar, tiempo y modo fijadas por el propio fallo. […]”.[91]
3.8.5. Desde hace tiempo, incluso
en sentencias de unificación dictadas por la Sala Plena, la Corte
Constitucional ha adoptado decisiones que han implicado impartir órdenes
complejas, respetando los parámetros mencionados.[92] A continuación
la Sala hará mención de algunas de las medidas que la jurisprudencia
constitucional ha considerado pertinente adoptar para asegurar el goce efectivo
del derecho al agua, respetando las competencias técnicas y democráticas que
existen en el orden constitucional vigente. Así, la Corte ha impartido, entre
otras, las siguientes órdenes:[93]
(i) Medidas
cautelares;[94]
(ii) Realizar
estudios;[95]
(iii) Construir
o terminar la construcción de obras;[96]
(iv) Acciones
contra terceros;[97]
(v) Asesorar
personas;[98]
(vi) Suspender
trámites administrativos;[99]
(vii) Grupos
de trabajo;[100]
(viii) Conceder
espacios de participación;[101]
(ix) Adoptar
reglamentos;[102]
(x)  Verificar
el cumplimiento de un acto de la administración;[103]
(xi) Soluciones
paliativas temporales;[104]
(xii) Trato
similar a situaciones similares;[105]
(xiii) Poner
de presente;[106]
(xiv) No
ordenar, si es un hecho superado.[107]
3.8.6. El juez de tutela no tiene
que emplear sólo una de las herramientas expuestas. Dentro de sus deberes, dos
cuestiones tienen gran importancia. La primera es que el juez de tutela debe
estar abierto al diálogo con la Administración, con el fin de poder introducir
cambios que sean indispensables y necesarios para hacer cumplir la decisión
adoptada.[108]
La segunda, es que la participación requiere, por lo menos, un marco de
gobernabilidad adecuado.[109]
3.9. En resumen, la jurisprudencia
constitucional ha protegido el derecho al agua desde el inicio de su
jurisprudencia constitucional por vía de tutela cuando están en juego el derecho
a la vida, a la integridad y a la dignidad, llegando recientemente a reconocer de
forma explícita su carácter de derecho fundamental. El derecho al agua garantiza, al menos, que el agua esté
disponible y que exista accesibilidad física suficiente, adecuada (salubre y
aceptable), de calidad, sin discriminación y económicamente asequible, en los
términos y dentro de los límites desarrollados por la jurisprudencia. En
aquellas oportunidades en que corresponde al juez tutelar el derecho al agua
mediante órdenes complejas, debe impartir las órdenes que lleven a la
administración a tomar las medidas adecuadas y necesarias, ejerciendo sus
propias competencias, para asegurar el goce efectivo del derecho. El
cumplimiento del juez debe respetar las competencias democráticas y técnicas y
propiciar la deliberación y la participación. A continuación pasa la Sala a
resolver el caso bajo análisis.
4. Aguas Kpital ha
desconocido el derecho fundamental al agua de Judith Ortega García y de la menor
de edad a su cargo
Teniendo en cuenta la jurisprudencia constitucional
aplicable y los hechos del caso, la Sala concluye que la empresa de agua
acusada desconoce el derecho fundamental al agua de la Señora Ortega García y
de la menor de edad a su cargo, al no tomar las medidas adecuadas y necesarias
para asegurar la prestación del servicio, en los términos en que técnicamente
sea posible hacerlo, y así garantizar el acceso a la cantidad de agua de
calidad necesaria para vivir en dignidad.
4.1. Carmen Judith
Ortega García es una mujer
mayor con
una niña (12 años) a su cargo, que gracias a un vecino que le ha dado el acceso
a agua potable con una manguera, ha logrado tener acceso al agua suficiente
para subsistir. Ahora, su vecino afirma que no le puede seguir suministrando
agua, para evitar problemas con la empresa que le suministra el líquido. Afirma
haberse dirigido en varias oportunidades a Aguas Kpital para solicitar que se
le instale el servicio de agua potable en su predio, pero siempre se le ha
negado tal requerimiento. Por su parte, la empresa accionada ha expresado que
no es posible realizar la conexión del servicio por la condición en que se
encuentra el predio de la señora Carmen Judith
Ortega García.
4.2. Sostiene que al no recibir
respuesta a su petición se dirigió a la empresa de Aguas Kpital y verbalmente
le respondieron que no podían instalar el agua en ese predio porque se
encuentra ubicado en una zona de alto riesgo. Le dijeron que “el sitio donde
se ubica el predio está calificado en el POT vigente de la ciudad de Cúcuta
como Zona de Alto Riesgo (…) La vivienda se encuentra aproximadamente en media
ladera en un talud inestable y susceptible de erosión de procesos de remoción
en masa.”[110]
Así, el hecho de que el predio de la señora accionante se encuentre en una zona
de alto riesgo de acuerdo al POT de la ciudad de Cúcuta, impide que la Empresa
acusada instale el servicio de agua potable. Esta situación se convierte en una
barrera para acceder al agua, en las condiciones y la calidad que sus derechos
fundamentales a tener una vida en dignidad. La Empresa Aguas Kpital señaló que
no es posible instalar en el predio el servicio de agua potable, por la
situación ya expuesta; dijo que “atendiendo
a la preservación del derecho a la seguridad pública es inviable cualquier alternativa
de servicio.”
4.3. A primera vista,
no tiene esta Sala  razones para controvertir la posición técnica defendida por
la Empresa, con base en la clasificación que el POT ha hecho de la zona en la
cual vive la accionante, según la cual técnicamente no es posible instalar el
servicio por ser una zona de riesgo. Aunque se alega que algunas casas del
sector en situación similar sí tienen las conexiones para el servicio al agua, no
se demostró que la casa de la accionante, en efecto, se encuentra en condición
de igualdad técnica respecto de las otras viviendas. Y en todo caso, si existe
tal igualdad no es claro si lo que corresponde es proceder a instalar el
servicio en la casa de la accionante o tomar medidas de protección respecto de
las instalaciones vecinas, debido al riesgo que enfrentarían. Lo cierto es que
las autoridades correspondientes han determinado que la casa de la accionante
se encuentra en una zona de riesgo y que, por esto, no se puede realizar la
instalación del servicio de agua. La razonabilidad de esta medida proviene del
hecho que la Administración deja de instalar el servicio de agua, con el
impacto que ello conlleva para los derechos fundamentales invocados, en razón a
que hacerlo podría implicar una afectación y aumento del riesgo en que la
vivienda ya se encuentra actualmente. En otras palabras, se limita parcialmente
el derecho al agua de la persona (no establecer la conexión del servicio) para
proteger otros derechos fundamentales igualmente en juego.
4.4. Sin embargo, teniendo en cuenta el derecho al agua del que
goza toda persona en los términos que lo define la Constitución y la
jurisprudencia a la luz del bloque de constitucionalidad, para la Sala no es
aceptable constitucionalmente que la Empresa acusada se limite a decir y justificar
que no es posible la prestación del servicio de agua potable en condiciones
normales, debido al tipo de terreno en el que se encuentra la casa de la señora
Ortega García. La situación y la condición del predio pueden explicar que no se
pueda hacer una instalación del servicio en las condiciones en las que
regularmente se hace, se insiste. Pero de ninguna manera la imposibilidad
técnica para instalar un tipo de conexión exime de la obligación de asegurar,
así sea de forma provisional, el acceso a la cantidad de agua suficiente,
adecuada, de calidad y con regularidad, que se requiere para vivir en dignidad.
En otras palabras, justificar que no se puede garantizar el derecho al agua de
una manera determinada y específica, no justifica, de ninguna manera, que no se
pueda garantizar la accesibilidad del derecho de alguna otra manera.
Por tanto, una empresa que presta el servicio público de agua, no
puede dejar de garantizar a la accionante, una mujer de edad avanzada en
condiciones económicas precarias y a cargo de una menor de edad, el acceso
básico que a la cantidad suficiente de agua de calidad que garantice un mínimo
vital en dignidad, por cuanto su casa está en una zona de riesgo y, en
consecuencia, no puede instalar el servicio de manera regular y permanente. En
otras palabras, es razonable no instalar el servicio de agua de forma ordinaria
a una persona y su núcleo familiar cuando su casa está en una zona de riesgo,
como ocurre con la accionante, en tanto es una medida que busca un fin
imperioso (proteger a las personas), a través de un medio que no está prohibido
(decidir cuáles son las condiciones técnicas que permiten conectar el servicio
de agua) y que es conducente y necesario para lograr el fin buscado (reducir el
riesgo de desastre). Por eso es razonable imponer una limitación en tal
sentido. Pero tal situación, la imposibilidad de que la entidad correspondiente
garantice el servicio de agua por la vía ordinaria por la cual se hace, no
autoriza a dejar de buscar alternativas para asegurar, por una vía distinta, la
accesibilidad al agua. La justificación de la no instalación no justifica el
dejar si acceso.
4.4. A los pocos años de entrada en vigencia de la Constitución de
1991, el Congreso de Colombia, mediante la Ley 142 de 1994, ‘por la cual se establece el régimen de
los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones’, estableció en el artículo 2° que el Estado puede intervenir
en la prestación de los servicios públicos, entre otras razones, para
garantizar la calidad, la ampliación constante de la cobertura, la prestación ‘continua
e ininterrumpida’, ‘sin excepción alguna’, salvo cuando existan
razones de ‘fuerza mayor o caso fortuito o de orden técnico o económico que
así lo exijan’. Concretamente en materia del derecho al agua, el legislador
dice en esa norma que el Estado debe intervenir para garantizar ‘la atención
prioritaria de las necesidades insatisfechas en materia de agua potable y
saneamiento básico’. Estos parámetros deben ser leídos en el contexto de la
jurisprudencia constitucional y de los desarrollos que en materia de protección
de derechos humanos se han dado en la región e internacionalmente. En este sentido, la Corte Constitucional ha señalado que “la continuidad y disponibilidad del servicio debe regularse
conforme lo previsto en el Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos sobre el alcance y el contenido de las obligaciones
pertinentes en materia de derechos humanos relacionadas con el acceso
equitativo al agua potable y el saneamiento que imponen los instrumentos
internacionales de derechos humanos, según el cual, la cantidad de agua a
proveer debe obedecer al volumen mínimo razonable establecido como parámetro
por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cual debe oscilar entre 50 y 100
litros de agua por persona por día para asegurar la satisfacción de todas las
necesidades de salud.”[111] En otras palabras, los desarrollos
que se haga de políticas públicas en materia de agua, deben tener una
perspectiva de derechos como criterio y parámetro estructural, para que se
orienten a garantizar el goce efectivo.
4.5.
El derecho a acceder al agua se garantiza por encima de las limitaciones
técnicas que pueden impedir, en un caso concreto y particular como el
analizado, la conexión normal del servicio de agua. Por eso, como se mostró al
hacer un recuento de la jurisprudencia constitucional aplicable, la Corte
Constitucional ha reconocido en varias oportunidades que en aquellos eventos en
los cuales no sea posible realizar las obras necesarias para el suministro del
líquido o mientras éstas se realizan, debe acudirse a otras alternativas para
garantizar el acceso al mismo. Así lo ha hecho, por ejemplo, en los siguientes
casos: [1] Ante la inexistencia de redes de acueducto que deben progresivamente
desarrollarse. En la sentencia T-418 de 2010 se ordenó tomar las medidas
adecuadas para conectar a alguna red de acueducto a un grupo de personas que
viviendo en el límite de lo rural y lo urbano, habían sido rechazados por el
acueducto municipal y el rural, en ambos casos por considerar que era el otro
acueducto al que le correspondía tal labor. Adicionalmente, se ordenó a la Alcaldía municipal que mientras el plan específico era
implementado, adoptara las medidas adecuadas y necesarias para “asegurar el
acceso a un mínimo de agua potable a las personas del sector, mediante una
forma alternativa a estar conectado al acueducto.” Advirtió que “estas
medidas sólo podrán suspenderse en el momento en que se regularice el servicio
de agua y sea prestado adecuadamente”.[112]
[2] También se ha hecho en el contexto de la existencia de conexiones
irreglamentarias y fraudulentas que deben ser retiradas. Así, en la sentencia T-616 de 2010 se ordenó a la Alcaldía municipal y a la Sociedad de Acueducto y
Alcantarillado local, que diseñaran un plan que contemplara las medidas “para
solucionar de manera definitiva la apropiación fraudulenta del agua que se
realiza desde los barrios El Milagroso y 12 de Octubre, que incluya medidas
específicas tendientes a garantizar en el corto plazo una cantidad mínima
disponible de agua para los habitantes de los barrios [respectivos]”.[113]
[3] En contextos en los cuales se está en proceso de legalizar un predio, como
ocurrió en la sentencia T-641 de 2015,
en la cual se ordenó al
Gerente, o quien hiciera las veces de representante legal del Acueducto
municipal, entre otras cosas, “[suministrar], por
lo menos, 50 litros de agua apta para el consumo
humano a la [accionante] y a  cada uno de los integrantes de su núcleo familiar-,
hasta que culminara el proceso de legalización
del predio y, la accionante acredite los requisitos para acceder a la
prestación del servicio público de acueducto”.[114]
Concretamente, la jurisprudencia ha tenido que resolver
casos como el que se analiza en el presente proceso, a saber, [4] casos en los
que la imposibilidad de poder instalar el servicio de Acueducto se debe a que
el predio se encuentra en un zona de alto riesgo. Así, en la sentencia T-760 de
2015 se tutelaron los derechos de una comunidad que habitaba una zona de alto
riesgo (zonas que amenaza riesgos hidrológicos
no mitigables) y debían ser reubicados. La Sala ordenó al Acueducto local,
entre otras cosas, garantizar “el abastecimiento de, por lo menos, 50 litros
de agua apta para el consumo humano a cada uno de los habitantes del barrio
[en cuestión].”[115]
En este tipo de casos se ha insistido en que la cantidad adecuada y necesaria
tiene unos mínimos impostergables no sometidos a discusión, en tanto han sido
establecidos ampliamente. Así, en estos casos suele aclararse en la parte
resolutiva de las sentencias que la “cantidad de agua a proveer debe
obedecer al volumen mínimo razonable establecido como parámetro por la
Organización Mundial de la Salud (OMS), el cual debe oscilar entre cincuenta
(50) y cien (100) litros de agua por persona por día para asegurar la
satisfacción de todas las necesidades de salud. Los costos derivados del
suministro serán asumidos por la empresa y no se podrá realizar cobro alguno
por dicho concepto al accionante.”[116]
4.6. El agua es un elemento esencial para la subsistencia de todos
los seres humanos, por lo que debe garantizarse la continuidad de su prestación.
De lo contrario, se pone en riesgo grave la vida y la salud de las personas. Desafortunadamente
en Colombia hay muchas viviendas que siguen estando en zonas de riesgo. De
hecho, las evidencias sobre el impacto que tienen los desastres en Colombia,
muestran que el derecho a la vivienda es uno de los más afectados. Las cifras
lo muestran: en promedio se pierden al
año 4.650 viviendas y se afectan otras 25.911 por tanto por la ocurrencia de
fenómenos naturales como por eventos antrópicos, uno de los sectores que más
impactos registra.[117]
Por supuesto, las grandes catástrofes hacen mucho ruido y evidencian el grave
impacto en la población. Pero de ninguna manera se pueden dejar de lado los
peligros que enfrentan las viviendas que están en zonas de riesgo intermedios o
pequeños pues, como lo muestra la evidencia “estimar las pérdidas en el
sector vivienda relacionadas con desastres intermedios y pequeños es
importante, pues de forma acumulativa son superiores en número a las pérdidas
asociadas con los eventos grandes.”[118]
Muchas veces no se puede acceder al servicio de suministro de agua en una vivienda,
porque ésta se encuentra en una zona de riesgos asociados, irónicamente, al
agua, al manejo de recursos hídricos.[119]
Un juez de tutela debe comprender
los riesgos en que se encuentran muchas de las viviendas del país, y la
necesidad de adelantar políticas públicas de reasentamientos que permitan
gestionar tales riesgos. En tal sentido, no se pueden desconocer las
limitaciones que en esa materia puedan existir para instalar el servicio
público de agua en una vivienda, en condiciones regulares y ordinarias. En todo
caso, se insiste, esta realidad que existe en la nación no puede implicar que
las personas que residen en tales condiciones, además de tener que soportar una
restricción legítima a la posibilidad de prestación del servicio de agua,
tengan que soportar una limitación de largo aliento que les impida acceder, así
sea en condiciones excepcionales, al agua. La razonabilidad de limitar un modo
de prestar el servicio de agua, de ninguna manera justificar dejar de
garantizar el acceso al agua por algún medio alternativo.
4.7. La Sala de
Revisión, en consecuencia, considera que se violó el derecho fundamental a
acceder al agua a la accionante y a la menor de edad a su cargo, al haberse
negado el Acueducto a prestar y regularizar el servicio, en razón a que al
estar la vivienda en una zona de riesgo, no se pueden hacer las instalaciones
corrientes y ordinarias. El tener razones suficientes para justificar por qué
no prestar el servicio de manera regular, no justifica por qué no emplear un
medio alternativo que garantice el acceso al agua.
4.7.1.
En virtud de lo anterior se ordenará a la Alcaldía
de San Juan Girón y a la empresa Aguas
Kpital Cúcuta SA ESP, que en el término de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación de esta sentencia y si aún no lo han hecho,
programen y lleven a cabo el suministro provisional de agua potable a la
vivienda de la accionante en una cantidad que garantice el consumo diario. En
este sentido, la cantidad de agua a proveer debe obedecer al volumen mínimo
razonable establecido como parámetro por la Organización Mundial de la Salud
(OMS), el cual debe oscilar entre  cincuenta (50)  y cien (100) litros de agua
por persona por día para asegurar la satisfacción de todas las necesidades de
salud. Para el efecto, podrá hacer uso de cualquier sistema tecnológico que
garantice el abastecimiento de agua diariamente. El cumplimiento de esta orden
no podrá ser suspendida hasta tanto se garantice el suministro regular del
servicio de agua suficiente, adecuada, de calidad y permanente a la accionante,
a través de la red de acueducto en el municipio de San Juan Girón – Norte de
Santander, o la que en su defecto corresponda. Al establecer el mecanismo
temporal de suministro de agua que corresponda, se debe considerar el camino
usado informalmente por la accionante para acceder al servicio de agua, a
través de la colaboración que solidariamente hasta el momento le había prestado
uno de sus vecinos, y que advirtió que debía dejar de prestar, en razón a las
consecuencias y sanciones que la empresa prestadora del servicio le pudiera
imponer.
4.7.2. Así, también se ordenará a la Alcaldía de San Juan Girón en Santander
que se adopten e implementen las medidas adecuadas y necesarias
para asegurar a la accionante el goce y
acceso efectivo al suministro regular del servicio de agua suficiente,
adecuada, de calidad y permanente, para un mínimo vital en dignidad. Para cumplir
tal propósito, se deberán emplear los medios que la Administración considere adecuados
o necesarios para el efecto, en ejercicio de sus facultades y sus funciones y realizando
las alianzas y compromisos que sean del caso, con las entidades y personas
involucradas. El proceso para regularizar la situación de la accionante se debe
adelantar con ella. La Administración deberá guiar e informar a la accionante
respecto a cómo proceder en este caso. El proceso de regularización del
servicio para la accionante deberá comenzar a implementarse, por lo menos, seis
(6) meses contados a partir de la notificación de la presente sentencia.
III. DECISIÓN
(i) Toda persona puede reclamar
mediante acción de tutela que se le proteja judicialmente aquellas dimensiones
del derecho al agua que comprometan su mínimo vital en dignidad. (ii) Una empresa
encargada de prestar el servicio de agua potable vulnera el derecho al agua y a
una vida digna cuando se niega a tomar las medidas adecuadas y necesarias para
asegurar el acceso a la cantidad básica de agua para asegurar un mínimo vital
en dignidad, cuando no se pueden realizar las instalaciones que se requieran
para prestar el servicio, en tanto la vivienda se encuentra en una zona de alto
riesgo. Esta vulneración es aún más grave cuando se trata de un sujeto de
especial protección constitucional (como una mujer cabeza de familia, adulto
mayor, a cargo de una niña).
En mérito de lo expuesto, la Sala
Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, en nombre del pueblo
y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO. TUTELAR el derecho al agua potable de la señora
Carmen Judith Ortega y en consecuencia REVOCAR la decisión del Juzgado
Primero Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Cúcuta -  Norte
de Santander del ocho (08) de enero de dos mil dieciséis (2016)
SEGUNDO.- ORDENAR a la Alcaldía de San Juan Girón y a la empresa Aguas Kpital Cúcuta SA ESP
que en el término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de esta sentencia, si aún no lo ha hecho, tomen las medidas
adecuadas y necesarias para programar y llevar a cabo el suministro provisional
de agua potable a la vivienda de la accionante y la menor de edad a su cargo,
en la cantidad y la calidad que garantice el mínimo vital en dignidad. La
cantidad de agua a proveer debe obedecer al volumen mínimo razonable
establecido como parámetro por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el
cual debe oscilar entre  cincuenta (50)  y cien (100) litros de agua por
persona por día para asegurar la satisfacción de todas las necesidades de
salud. Para el efecto, se puede usar cualquier sistema tecnológico que garantice
el abastecimiento de agua diariamente. El cumplimiento de esta orden no podrá
ser suspendida hasta tanto se garantice el suministro regular del servicio de
agua suficiente, adecuada, de calidad y permanente a la accionante, a través de
la red de acueducto en el municipio de San Juan Girón – Norte de Santander, o
la que en su defecto corresponda.
TERCERO.- ORDENAR a la Alcaldía de San Juan
Girón en Santander que si aún no lo ha
hecho, adopte e implemente de común acuerdo con la empresa Aguas Kpital Cúcuta SA
ESP (o la entidad que corresponda), las medidas adecuadas y necesarias para
asegurar a la accionante el acceso efectivo al
suministro regular del servicio de agua suficiente, adecuada, de calidad y
permanente, que se requiera para garantizar el goce de un mínimo vital en
dignidad. La Administración deberá adoptar las medidas que considere del caso,
en ejercicio de sus facultades y sus funciones y realizando las alianzas y
compromisos que sean del caso, con las entidades y personas involucradas. Las
medidas que se decida adoptar para regularizar la situación de vivienda de la
accionante, las cuales deben establecerse de común acuerdo con ella, deben
estar implementándose, al menos, seis (6) meses después de la notificación de
la presente sentencia.
Cuarto.- LIBRAR las comunicaciones por la Secretaría General de la Corte
Constitucional, así como DISPONER las notificaciones a las partes a
través del juez de primera instancia, previstas en el artículo 36 del Decreto
Ley 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
AQUILES ARRIETA GÓMEZ
Magistrado (e)
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1]  De acuerdo a lo consagrado en los artículos 86 de la Constitución
Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, el expediente fue seleccionado por la Sala Número Cinco de Selección,
conformada por los Magistrados Alberto Rojas Ríos y Alejandro Linares Cantillo,
mediante Auto de 27 de mayo de 2016.
[2] La solicitud con
radicación número 201500031299.
[3] La accionante anexó como pruebas los siguientes
documentos: Copia de la respuesta de Aguas Kpital S.A ESP frente a una
solicitud de viabilidad, de 21 de diciembre de 2015; Copia del acta de
notificación personal en la que se  notifica a la señora Carmen Judith Ortega
García el acto administrativo No. 201500219097 que resuelve derecho de
petición; Copia del derecho de petición presentado por la señora Carmen Judith
Ortega García el 07 de diciembre de 2015 a Aguas Kpital Cúcuta SA ESP; Copia de
la solicitud de prestación del servicio de agua potable presentado por la
accionante el 14 de diciembre de 2015; Copia de la constancia de la solicitud
de instalación del servicio de agua potable de 14 de octubre de 2015; Copia de
la cédula de ciudadanía de la accionante; Copia de la tarjeta de identidad de
Deysy Geraldine Suárez Parada, nieta de la accionante; Copia de recibos de
Aguas Kpital Cúcuta SA ESP de los señores Polo Gamboa Jaimes y Teresa Gamboa,
vecinos de la señora Carmen Judith Ortega García; Copia del documento de venta
de una mejora entre Ana de Dios Gelvez y Carmen Judith Ortega García de 15 de
enero de 2008; Fotografías de las tapas de los contadores del agua
de los vecinos de la señora Carmen Judith Ortega García; Copia del pago del
impuesto predial de la accionante; Copia de Memorando enviado por el Líder C.N.
Ventas a la Dirección Jurídica de Aguas Kpital Cúcuta SA ESP el 05 de enero de
2016.
[4] Expediente,
folios 2 y 3.
[5] El Juzgado
Primero Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Cúcuta (Norte de
Santander), admitió la tutela el 30 de diciembre de 2015.
[6] Al respecto se estableció lo siguiente: “Además
teniendo en cuenta la visita técnica realizada el día 26-10-2015, se estableció
que no es viable la conexión para acceder a los servicios públicos de acueducto
y alcantarillado de aguas residuales dadas las condiciones del predio
solicitante el cual se encuentra ubicado en zona de alto riesgo por ser terreno
inestable y observado el catastro de redes de la empresa no existen redes
disponibles del servicio de acueducto ni de alcantarillado por el frente del
predio.  ||  Se verificó que los predios vecinos son usuarios de la empresa
vinculados por el anterior Operador EIS, los cuales están conectados mediante
acometidas largas.  ||  La visita técnica concluye que, por tratarse de un
inmueble ubicado en zona de Alto Riesgo y carecer de alternativas de conexión,
imposibilita a la empresa operadora brindar alguna posibilidad de acceso a los
servicios de acueducto y alcantarillado. En consecuencia debemos negar su
solicitud…”
[7] Ley 142 de 1994; artículos 12 y 20 de la Ley 388
de 1997; los Decretos 302 de 2000 y 229 de 2002 reglamentarios de la Ley 142 de
1994 y al Decreto 564 de 2006.
[8] Contrato de
operación No. 030 de 2006.
[9] El informe
técnico No. M-190-A.T.
[10] Al respecto pueden verse, entre otras, la
Sentencia T-578 de 1992 (MP Alejandro Martínez Caballero).
[11] Corte Constitucional, sentencias T-406 de 1992 (MP
Ciro Angarita Barón) y T-140 de 1994 (MP Vladimiro Naranjo Mesa); en este
último caso se admitió una tutela, presentada debido al mal estado de la red de
alcantarillado, situación que ponía en riesgo los derechos fundamentales a la
salud y la salubridad pública. No obstante, la jurisprudencia ha reconocido que
en ocasiones son otros los medios de defensa judicial los procedentes, como lo
puede ser la acción popular; así lo decidió en la sentencia T-207 de 1995 (MP
Alejandro Martínez Caballero).
[12] Ver entre otras:
Corte Constitucional, Sentencias T-381 de 2009 (MP Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub); T-546 de 2009 (MP María Victoria Calle Correa); T-418 de 2010 (MP
María Victoria Calle Correa, AV Mauricio González Cuervo); T-530 de 2012 (MP
Adriana María Guillén Arango); T-980 de 2012 (MP Nilson Pinilla Pinilla; AV
Alexei Julio Estrada); T-641 de 2015 (MP Alberto Rojas Ríos, SPV Alberto Rojas
Ríos). En todos estos casos se ha reiterado que la acción de tutela es el
mecanismo judicial adecuado y efectivo para reclamar el goce del derecho
fundamental al agua cuando está en juego la dignidad.
[13] Corte Constitucional, sentencia T-418 de 2010 (MP María Victoria Calle Correa, AV Mauricio
González Cuervo).
[14] Esta posición ha sido reiterada recientemente en
la sentencia T-641 de 2015 (MP Alberto Rojas Ríos, SPV Luis Ernesto Vargas
Silva). En el mismo sentido, ver la sentencia T-034 de 2016 (MP Luis Guillermo
Guerrero Pérez); en este caso se consideró que el recurso adecuado y efectivo
para el reclamo del derecho al agua en condiciones de afectación a la dignidad
humana, es la acción de tutela.
[15] Corte
Constitucional, sentencia T-028 de 2014 (MP María Victoria Calle Correa; AV
Luis Guillermo Guerrero Pérez).
[16] Tal posición fue reiterada recientemente, por
ejemplo, en la sentencia T-541 de 2013 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub); en
este caso se estudió la acción de tutela presentada por una empresa prestadora
de servicios de educación y alimentación a un grupo de niñas y niños de escasos
recursos, la cual alegaba tener dificultades de acceso al servicio de agua, en
razón a que la empresa de acueducto respectiva, había realizado cobros y
facturas sin el pleno de los requisitos reglamentarios para ello.
[17] En este caso, se
considera que la accionante ya ha realizado las actuaciones ante la
administración pública para exigir la conexión del servicio de agua, pues: (i)
el 14 de octubre de 2015 radicó la solicitud con radicación número
201500031299, requiriendo que se instalara el servicio de agua potable en su
predio, ubicado en la calle 0N No. 6-42 barrio San Martín de Cúcuta, (ii) se
dirigió a la empresa de aguas Kpital y verbalmente le señalaron que no podían
instalar el agua en ese predio porque se encuentra ubicado en una zona de alto
riesgo y (iii) el 7 de diciembre de 2015, radicó un derecho de petición que le
fue negado por cuanto se señaló que no podía hacerse la conexión del servicio
teniendo en cuenta que vive en una zona de alto riesgo en la cual no se pueden
hacer excavaciones. De esta manera, habiendo acudido a todas las instancias
municipales encargadas de proveer el servicio público del agua, la única
alternativa de la accionante sería acudir a una vía judicial, medio cuya
duración prolongaría por mucho tiempo la alegada vulneración de sus derechos
fundamentales. La acción de tutela es el medio judicial efectivo de protección
del derecho al agua en este tipo de situaciones.
[18] Acta de reparto; Expediente, folio 19.
[19] Copia de la comunicación de Aguas Kpital, Cúcuta
de diciembre 21 de 2015; Expediente, folios 14 y siguientes.
[20] Al respecto ver las sentencias T-406 de 1992 (MP
Ciro Angarita Barón) [en este caso se consideró que haber dejado un
alcantarillado a mitad de camino, con los riesgos de salubridad que ello
implicaba, era ‘una clara violación a un derecho fundamental] y T-578 de 1992
(MP Alejandro Martínez Caballero) [en este caso se indicó que, “en principio,
el agua constituye fuente de vida y la falta del servicio atenta directamente
contra el derecho fundamental a la vida de las personas”]. En ambos casos se
reconoce el acceso al agua potable como una de las condiciones mínimas de
subsistencia al igual que ocurre en la también citada sentencia T-140 de 1994
(MP Vladimiro Naranjo Mesa), en la cual se dijo al respecto: “[…] si el derecho a la vida es fundamental, de acuerdo con lo
prescrito en el artículo 11 del Estatuto Superior, lógicamente los derechos que
esencialmente se derivan de aquél -como la salud- también lo serán
necesariamente.”
[21] Corte Constitucional, sentencia T-546 de 2009 (MP María Victoria Calle Correa). El capítulo
3 de las consideraciones de la sentencia, se ocupa del derecho fundamental al
consumo de agua potable.
[22] Corte Constitucional, sentencia T-418 de 2010 (MP
María Victoria Calle Correa, AV Mauricio González Cuervo). En esta oportunidad
la Corte decidió, entre otras cosas, que “[toda]
persona tiene derecho a que la Administración atienda adecuadamente su petición
de acceder al servicio de agua, y a que, por lo menos, exista un plan que
asegure, progresivamente, el goce efectivo de esta dimensión del derecho al
agua.” También se indicó en aquella
oportunidad que: “[aunque] el agua no es
reconocida como un derecho constitucional autónomo, en una disposición
específica de la Constitución Política, así se deduce de una lectura
sistemática de la misma. Así se concluye, si se tiene en cuenta el Preámbulo,
la fórmula política de un estado social y democrático de derecho, las funciones
esenciales del Estado, la dignidad humana, el respeto a los derechos
fundamentales –en especial los citados–, y el lugar privilegiado que se da a
los recursos y competencias necesarias para el goce efectivo del servicio
público del agua potable y saneamiento básico.”  El carácter fundamental del derecho al agua, siguiendo
esta línea jurisprudencial, se encuentra entre otras en las siguiente
decisiones: Corte Constitucional, sentencias T-740 de 2011 (MP Humberto Antonio
Sierra Porto), T-980 de 2012 (MP Nilson Pinilla Pinilla; AV Alexei Julio
Estrada), T-242 de 2013 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), T-439 de 2015 (MP Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub), T-139 y T-198 de 2016 (MP Jorge Iván Palacio
Palacio).
[23] Por ejemplo, Corte
Constitucional, sentencia T-028 de 2014 (MP María Victoria Calle Correa; AV
Luis Guillermo Guerrero Pérez); en esta ocasión la Corte planteó el problema
jurídico en los siguientes términos: “Teniendo en cuenta los antecedentes
previamente citados, le corresponde a la Sala examinar si a la actora (Yosira
Coromoto Bermúdez), usuaria junto con su núcleo familiar integrado por un menor
de edad del servicio público de acueducto y alcantarillado prestado por la empresa
Aguas de la Península S.A, se le están vulnerando los derechos fundamentales a
la vida en condiciones dignas y la salud, al omitir adoptar las medidas
tendientes que permitan garantizar el suministro mínimo diario de agua potable
debido a (i) la inexistencia de redes locales de acueducto  (ii) las
deficiencias recurrentes en la prestación del servicio y (iii) el cobro
irregular del servicio que no corresponde al consumo que se realiza del mismo.”
[24] Tal es el caso de la sentencia T-381 de 2009 (MP
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), en la que se consideró, entre otros asuntos, lo
siguiente:  “No hay duda que la construcción
del túnel afectó las fuentes de agua que surtían los predios a que alude la
demanda, circunstancia que fue admitida por la propia Sociedad Concesión
Autopista Bogotá - Girardot, aquí demandada, que en vista de tal situación
asumió el aprovisionamiento mediante carro-tanques de los moradores de dichos
predios e incluso ofreció ‘construir un acueducto veredal por medio del cual
pueda ser solucionado el problema de abastecimiento.’  Tampoco existe
duda para la Sala en cuanto a que, para la fecha de la inspección judicial con
intervención de peritos, los predios en cuestión carecían de agua potable
suficiente para abastecer a las personas naturales que allí residían.” La Sala decidió en esta oportunidad que “[…] solamente el monitoreo técnico permanente de la situación
durante un tiempo prudencial, aunado a las medidas que de dicho monitoreo los
expertos ingenieros concluyan que deben adoptarse, permitirá garantizar una
solución definitiva que asegure la vigencia del derecho fundamental el agua
potable de las personas residentes en los predios afectados a que alude el
presente proceso.”
[25] La Resolución 64/292, aprobada por la Asamblea
General de Naciones Unidas, el 28 de julio de 2010, en cuestión fue adoptada
por 122 votos a favor y ninguno en contra. Colombia estuvo de acuerdo con la
decisión.
[26] Los parámetros de interpretación señalados en la
Observación General N° 15 (2002) del Comité de Derechos Económicos y Culturales
de las Naciones Unidas han sido citados y usados en varias decisiones
judiciales previas, citadas a lo largo de las consideraciones de la presente
sentencia. Entre ellas, por ejemplo, en las sentencias T-381 de 2009, T-546 de
2009, T-418 de 2010, T-740 de 2011, T-980 de 2012, T-082 de 2013, T-541 de
2013, T-028 de 2014, T-790 de 2014.
[27] Observación General No. 15 (2002) del Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas: “En el párrafo 1 del artículo 11 del Pacto se enumeran una
serie de derechos que dimanan del derecho a un nivel de vida adecuado,
"incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados", y son
indispensables para su realización. El uso de la palabra "incluso"
indica que esta enumeración de derechos no pretendía ser exhaustiva. El derecho
al agua se encuadra claramente en la categoría de las garantías indispensables
para asegurar un nivel de vida adecuado, en particular porque es una de las
condiciones fundamentales para la supervivencia. Además, el Comité ha
reconocido anteriormente que el agua es un derecho humano amparado por el
párrafo 1 del artículo 11 (véase la Observación general Nº 6 (1995)). El
derecho al agua también está indisolublemente asociado al derecho al más alto
nivel posible de salud (párr. 1 del art. 12) y al derecho a una vivienda y una
alimentación adecuadas (párr. 1 del art. 11). Este derecho también debe
considerarse conjuntamente con otros derechos consagrados en la Carta
Internacional de Derechos Humanos, entre los que ocupa un lugar primordial el
derecho a la vida y a la dignidad humana.” Entre otras oportunidades, esta
Observación ha sido citada en la sentencia
T-439 de 2015 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[28] Al respecto ver por ejemplo: Corte Constitucional,
Sentencia T-418 de 2010 (MP María Victoria
Calle Correa, AV Mauricio González Cuervo).
[29] Ver por ejemplo: Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso
Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay. Fondo Reparaciones y Costas.
Sentencia 17 de junio de 2005. Serie C N° 125. O también: Comisión
Interamericana de Derechos Humanos. Resolución 60/2015. Medidas Cautelares N°
51/15. Asunto niñas, niños y adolescentes de las comunidades de Uribia,
Manaure, Riohacha y Maicao del pueblo Wayúu, asentados en el departamento de la
Guajira, respecto de Colombia. 11 de diciembre de 2015.
[30] Ver: Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Vélez
Loor vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 23 de noviembre de 2010. Serie C. N° 218.
[31] La Corte
Constitucional ha reconocido expresamente la indivisibilidad e interdependencia
del derecho al agua con derechos otros derechos también fundamentales. Así ha
ocurrido en varias ocasiones, –para mencionar
tan sólo algunos casos más o menos recientes– con los derechos (1) a la vida
[ver las sentencias T-270 de 2007 (MP Jaime Araujo Rentería), T-827 de 2012 (MP
Mauricio González Cuervo), T-188 de 2012 (MP Humberto Antonio Sierra Porto),
T-891 de 2014 (MP María Victoria Calle Correa) y T-225 de 2015 (MP Gloria
Stella Ortiz Delgado)],  (2) a la salud [entre otras, ver las sentencias T-891 de 2014 (MP María Victoria Calle Correa) y T-225 de 2015 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado)] y  (3) a la vivienda digna [entre otras, ver la
sentencia T-131 de 2016 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub)].
[32] Al respecto la Corte ha dicho, por ejemplo, lo
siguiente: “El derecho al agua es un derecho
humano, un derecho fundamental de toda persona, para poder contar con una
existencia digna. Sin embargo, como se indicó previamente, es un derecho que
tiene también facetas de carácter colectivo. Hay dimensiones del derecho que
generan obligaciones de respeto, de protección y de garantía, de las cuales no son
titulares las personas individualmente, sino colectivamente. Las protecciones
de las fuentes hídricas de las cuales puede depender eventualmente el consumo
de agua de las futuras generaciones, hace parte, sin duda, de los ámbitos de
protección del derecho al agua, pero no se trata de un derecho individual.” Corte Constitucional, Sentencia T-418 de 2010 (MP María Victoria Calle Correa, AV Mauricio
González Cuervo)
[33] Al respecto dijo la Corte: “Como todo derecho fundamental, el agua supone facetas
positivas como negativas. Supone el derecho a que se adopten las medidas
necesarias para construir una infraestructura adecuada de acueductos y
alcantarillados que no pongan en riesgo la dignidad y la vida de las personas,
pero a la vez, que no se tomen medidas que impliquen, por ejemplo, la
contaminación de aguas destinadas al consumo y vida de las personas.” Corte Constitucional, Sentencia T-418 de 2010 (MP
María Victoria Calle Correa, AV Mauricio González Cuervo).  Como ejemplo de protección a una faceta prestacional del
derecho al agua, puede citarse la sentencia T-974 de 2009 (MP Mauricio González Cuervo), en la cual la Corte Constitucional tuteló los derechos a la vida y la
salud de una comunidad que se veía afectada ante las constantes inundaciones
producidas por el desborde del río La Vieja. Como ejemplo de protección de una
faceta no prestacional del derecho al agua, puede citarse la sentencia T-381 de 2009 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), en la que luego de reconocer el impacto que una obra había
tenido sobre el acceso a fuentes de agua para los predios de los tutelantes,
resolvió ordenar que se adoptaran las medidas adecuadas y necesarias para
asegurar que el problema encontrara una solución definitiva.
[34] Corte Constitucional, Sentencia T-418 de 2010 (MP María Victoria Calle Correa, AV Mauricio
González Cuervo).
[35] Observación General N° 15 (2002), del Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. Parágrafo
número 12.
[36] Añade al respecto: “[…] Debe poderse acceder a un
suministro de agua suficiente, salubre y aceptable en cada hogar, institución
educativa o lugar de trabajo o en sus cercanías inmediatas. Todos los servicios
e instalaciones de agua deben ser de calidad suficiente y culturalmente
adecuados, y deben tener en cuenta las necesidades relativas al género, el
ciclo vital y la intimidad. La seguridad física no debe verse amenazada durante
el acceso a los servicios e instalaciones de agua.” Observación General N° 15
(2002), del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las
Naciones Unidas. Parágrafo número 12.
[37] Añade al respecto: “[…] Los costos y cargos
directos e indirectos asociados con el abastecimiento de agua deben ser
asequibles y no deben comprometer ni poner en peligro el ejercicio de otros
derechos reconocidos en el Pacto.” Observación General N° 15 (2002), del Comité
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. Parágrafo
número 12.
[38] Corte Constitucional, Sentencia T-418 de 2010 (MP
María Victoria Calle Correa, AV Mauricio González Cuervo). Estos criterios han
sido reiterados y usados en varias oportunidades, como por ejemplo, en la
sentencia T-439 de 2015 (MP Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub).
[39] Corte Constitucional, sentencia T-418 de 2010 (MP
María Victoria Calle Correa, AV Mauricio González Cuervo).
[40] Observación General N° 15 (2002), del Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. Parágrafo
número 16.
[41] Observación General N° 15 (2002), del Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. Parágrafo
número 16.
[42] Corte Constitucional, Sentencia T-418 de 2010 (MP
María Victoria Calle Correa, AV Mauricio González Cuervo).
[43] La Corte Constitucional se ha ocupado del derecho
al agua, entre otras, en las sentencias T-406 de 1992 (MP Ciro Angarita Barón,
AV José Gregorio Hernández Galindo), T-432 de 1992 (MP Simón Rodríguez
Rodríguez), T-570 de 1992 (MP Jaime Sanín Greiffenstein), T-578 de 1992 (MP
Alejandro Martínez Caballero), T-232 de 1993 (Alejandro Martínez Caballero),
T-539 de 1993 (MP José Gregorio Hernández Galindo), T-064 de 1994 (MP Hernando
Herrera Vergara), T-140 de 1994 (MP Vladimiro Naranjo Mesa), T-244 de 1994 (MP
Hernando Herrera Vergara), T-306 de 1994 (MP Hernando Herrera Vergara), T-463
de 1994 (MP José Gregorio Hernández Galindo), T-023 de 1995 (MP Jorge Arango
Mejía), T-092 de 1995 (MP Hernando Herrera Vergara), T-196 de 1995 (MP
Vladimiro Naranjo Mesa), T-207 de 1995 (MP Alejandro Martínez Caballero), T-379
de 1995 (MP Antonio Barrera Carbonell), T-413 de 1995 (MP Alejandro Martínez
Caballero), SU-442 de 1997 (MP Hernando Herrera Vergara; SV Eduardo Cifuentes
Muñoz), T-481 de 1997 (MP Fabio Morón Díaz), T-237 de 1998 (MP Fabio Morón
Díaz), T-598 de 2002 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-643 de 1998 (MP
Antonio Barrera Carbonell), T-636 de 2002 (MP Alfredo Beltrán Sierra), T-697 de
2002 (MP Jaime Araujo Rentería), T-410 de 2003 (MP Jaime Córdoba Triviño),
T-576 de 2005 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-1104  de 2005 (MP Jaime
Araujo Rentería), T-712 de 2006 (MP Rodrigo Escobar Gil), T-270 de 2007 (MP
Jaime Araujo Rentería), T-022 de 2008 (MP Nilson Pinilla Pinilla), T-182 de
2008 (MP Clara Inés Vargas Hernández), T-888 de 2008 (MP Marco Gerardo Monroy
Cabra), T-1115 de 2008 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-045 de 2009 (MP
Nilson Pinilla Pinilla), T-381 de 2009 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub),
T-546 de 2009 (MP María Victoria Calle Correa), T-701 de 2009 (MP Humberto
Antonio Sierra Porto), T-734 de 2009 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), T-796 de 2009
(MP Nilson Pinilla Pinilla), T-915 de 2009 (MP Nilson Pinilla Pinilla), T-974
de 2009 (MP Mauricio González Cuervo), T-091 de 2010 (MP Nilson Pinilla
Pinilla).
[44] Sobre el carácter vinculante de la jurisprudencia
constitucional, ésta ha sostenido lo siguiente: “El respeto a los precedentes
[…] no les  permite a las autoridades judiciales desligarse inopinadamente de
los antecedentes dictados por sus superiores. De hecho, como el texto de la ley
no siempre resulta aplicable mecánicamente, y es el juez quien generalmente
debe darle coherencia a través de su interpretación normativa, su compromiso de
integrar el precedente es ineludible, salvo que mediante justificación
debidamente fundada, el operador decida apartarse de la posición fijada por la
Corte, o eventualmente, por su superior funcional. Ello puede ocurrir por
ejemplo, cuando los hechos en el proceso en estudio se hacen inaplicables al
precedente concreto o cuando ‘elementos de juicio no considerados en su
oportunidad, permiten desarrollar de manera más coherente o armónica la
institución jurídica’ [T-1625 de 2000, T-569 de 2001] o ante un tránsito
legislativo o un cambio en las disposiciones jurídicas aplicables,
circunstancias que pueden exigir una decisión fundada en otras consideraciones
jurídicas. Ante estas posibilidades, se exige que los jueces, en caso de
apartarse, manifiesten clara y razonadamente, con una carga argumentativa mayor
[T-678 de 2003], los fundamentos jurídicos que justifican su decisión.  ||
Omitir esta carga en materia de precedente, acarreará las consecuencias
jurídicas propias de tal desconocimiento, es decir, verse avocado a una
eventual acción de tutela contra providencias judiciales o cualquiera de los
mecanismos constitucionales para hacer exigible la fuerza preeminente de la
Carta, por desconocimiento del precedente constitucional. [C-731 de 2001]”
Corte Constitucional, sentencia T-292 de 2006 (MP Manuel José Cepeda Espinosa).
[45] Corte Constitucional, Sentencia T-418 de 2010 (MP
María Victoria Calle Correa, AV Mauricio González Cuervo).
[46] En la sentencia
T-091 de 2010, por ejemplo, la jurisprudencia constitucional consideró que una
Empresa de servicios públicos viola el derecho al acceso al agua de una persona
y de su familia, en especial de sujetos de especial protección constitucional,
cuando genera interrupciones graves, prolongadas y constantes a la prestación
del servicio. En este caso la Corte ordenó a Aguas Kpital Cúcuta SA ESP, por
conducto de su representante legal o quien haga sus veces, que si aún no lo
había hecho, procediera a “optimizar la prestación del servicio de agua
potable” al sector del barrio Circunvalación de Cúcuta, en donde se
encuentra la vivienda de quien fuera la accionante. Para tal efecto, se
resolvió ejecutar “los estudios y las obras conducentes a que el suministro
sea continuo.” Adicionalmente, se advirtió que la empresa accionada debía
asesorar a la tutelante sobre la ubicación del tanque, o tanques, que pudieran
contener la cantidad suficiente de agua, para que no se agote en los intervalos
del suministro público. Corte
Constitucional, sentencia T-091 de 2010 (MP Nilson Pinilla Pinilla). En este
caso, la Corte tuvo en cuenta que Aguas Kpital Cúcuta SA ESP había sostenido
que “según la programación establecida por la empresa, actualmente el
suministro de acueducto a la zona donde se encuentra el predio, se está
prestando por la zona occidental proveniente del tanque la Popa, durante 3 días
a la semana en condiciones normales de operación del sistema, correspondiente
al turno 6 brindado a Padilla Alto y Porvenir, como se puede deducir la
prestación del servicio de acueducto ha mejorado, dado el incremento de la
frecuencia en sus turnos”. Y que aclaró que, debido al incremento de la
población, actualmente “el servicio de acueducto se suministra por turnos en
algunos sectores como en este caso donde se encuentra el predio de la
accionante, el que es abastecido por la zona occidental del valle de Cúcuta,
procedente del sistema Pórtico”, reiterando que el servicio se presta 3 veces a
la semana, “llegando con buena presión, logrando con ello suplir las
necesidades y oficios que requieren la utilización del preciado líquido”.
[47] Se presentan como
ejemplos las sentencias T-570 de 1992 (MP Jaime Sanín Greiffenstein) [en este
caso se estudió el caso de una comunidad que ante la falta de acueducto, se
había organizado y había decidido construirlo, pero luego de haber obtenido los
permisos requeridos para el efecto, la Administración municipal decidió
negarlos. La Corte decidió que la Alcaldía había violado el derecho de los
tutelantes, al haber obstaculizado la construcción del acueducto privado que
requerían, pero se abstuvo de impartir órdenes concretas, por tratarse de una
situación que ya se había superado];   T-092 de 1995 (MP Hernando Herrera
Vergara) [en este caso la Corte resolvió confirmar la sentencia del juez de
tutela de segunda instancia –el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Neiva–
mediante la cual había tutelado los derechos de los tutelantes –habitantes de
la Inspección del Patá– para que se hiciera “un acueducto nuevo sobre el Río
Patá, previo estudio y análisis del CORPES”];  T-481 de 1997 (MP Fabio
Morón Díaz) [en este caso la Corte decidió que el derecho al agua de los niños
y las niñas debe ser tutelado especialmente. En esta ocasión se tuteló el
derecho de dos grupos de menores que asistían a dos escuelas que carecían de un
acceso adecuado a agua de calidad, teniendo en cuenta, entre otras razones, el
impacto negativo que se tenía sobre la educación de los menores].
[48] En la sentencia
T-539 de 1993 (MP José Gregorio Hernández Galindo), por ejemplo, la Corte
Constitucional resolvió tutelar el derecho de un grupo de barrios a los que se
les prestaba un servicio de agua irregular e inadecuado, que incluso a algunas
personas no les llegaba, debido a que las condiciones de la prestación del
servicio se habían modificado en su detrimento. En sentido similar, se
pronunció la Corte en la sentencia T-413 de 1995 (MP Alejandro Martínez Caballero). En este caso se tuteló
el derecho al agua potable de unos habitantes de San Agustín que se alimentaban
de la red central del acueducto, pero que súbitamente empezaron a ver reducido
y eliminado el suministro del líquido vital, por cuenta de la decisión de
autoridades del lugar, de destinar el agua a usos distintos del consumo humano.
[En sentido similar ver las sentencias T-028 de 2014 (MP María Victoria Calle
Correa), donde se ordena a la Alcaldía de Maicao y a la empresa correspondiente
para que adelanten las medidas indispensables
a corto, mediano y largo plazo, que aseguren la prestación del servicio de agua
potable en todo el municipio con regularidad, presión y calidad aceptables,
indispensables y aptas para el consumo humano; y la sentencia T-790 de 2014 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub),
donde se ordena tomar medidas para garantizar el acceso al agua a una persona
que no está cubierta por la red de acueducto].
[49] La Corte ha
tutelado el derecho de las personas al agua, cuando éste se ve gravemente
afectado, debido a que se privilegia otros usos, como por ejemplo, agrícolas.
En la sentencia T-232 de 1993 (Alejandro Martínez Caballero) consideró que sí
existía mérito para tutelar el derecho al agua y a la vida, pues se había
comprobado directa y plenamente que el agotamiento de la fuente de agua (Toma de
San Patricio), entre otras razones, obedecía al uso distinto al consumo
humano.  ||  En la sentencia T-244 de 1994 (MP Hernando Herrera Vergara), por
ejemplo, la Corte estudió la acción de tutela interpuesta por un ciudadano
contra el INDERENA y unos vecinos suyos que habían decidido represar el agua de
una quebrada de la que se nutrían y consumían los demás residentes de esa zona
y, pese a que INDERENA ordenó destruir las obras de la represa, esta
destrucción no había sido llevada a cabo. En sentido similar, puede verse
también la sentencia T-379 de 1995 (MP Antonio Barrera Carbonell); en esta
ocasión se decidió una acción de tutela interpuesta por personas que se
alimentaban de las aguas de un río, contra los propietarios de un predio por el
que pasaban sus aguas, porque sucesivamente impidieron o desviaron su cauce
normal, dificultándoles a aquellos, de ese modo, el suministro de agua. La
Corte revocó el fallo de segunda instancia y confirmó el de primera instancia,
que había ordenado al obstructor permitir un flujo adecuado del agua, de una
manera que fuera compatible con el derecho a disfrutar de ella que tenían los
ribereños.
[50] La jurisprudencia
constitucional ha señalado que no se puede suspender el servicio público de
agua a una persona, así esté atrasada en los pagos correspondientes, cuando
requiere servicios de salud para conservar su vida e integridad personal y no
cuenta con los recursos económicos necesarios para ponerse al día en las deudas
por el servicio público.  Así, por ejemplo, en la sentencias T-270 de 2007 (MP
Jaime Araujo Rentería); en este caso se decidió reiterar la sentencia T-881 de 2002 (MP Eduardo Montealegre
Lynett).
[51] La jurisprudencia
constitucional ha considerado que se discrimina a las personas cuando se les
exige como un requisito para acceder al agua, el hacer parte de una asociación.
En la sentencia T-463 de 1994 (MP José
Gregorio Hernández Galindo), la Corte
consideró que es “abiertamente” violatorio de la Carta Política “exigir
que quienes quieran tener acceso a la prestación del servicio público de
Acueducto deben haber sido asociados desde el comienzo o haber sido admitidos
posteriormente como socios de acuerdo con los estatutos.” En este caso se resolvió, entre otras cosas,
ordenar a la Asociación de Usuarios del Acueducto Regional VELU, que opera en
el municipio de Natagaima (Tolima), que reanudara la plena prestación del
servicio de acueducto a los solicitantes, en igualdad de condiciones a las que
se aplican para los demás usuarios.  Indicó que la Asociación no podía supeditar
la prestación del servicio a la exigencia de que los afectados se constituyan
en socios de la misma, aunque podía cobrar los derechos correspondientes,
siempre que lo haga tratándolos en pie de igualdad con los demás usuarios.
Además, advirtió que si fuere imperativo, por la escasez del agua potable,
efectuar racionamientos o imponer la utilización de medidores tendientes a
evitar el consumo excesivo e innecesario, ello debía hacerse aplicando dichas
reglas a todos los usuarios por igual.  La Corte confió al Juez Penal Municipal
de Natagaima la vigilancia del cumplimiento exacto y cabal de lo ordenado en la
sentencia.
[52] Corte Constitucional, sentencia T-207 de 1995 (MP
Alejandro Martínez Caballero). En el proceso
se constató que la intersección de calles en las que residían los tutelantes “se
encontraban bañadas de aguas negras”. El promotor de saneamiento de la
localidad había indicado que el estancamiento de las aguas negras estaba
produciendo, malaria, tifo y enfermedades en la piel, en la población del
sector (uno de los tutelantes afirmó que muchos clientes habían dejado de ir al
negocio suyo, para no tener que meter los pies en ésta laguna de aguas negras,
lo que bajó las ventas). La Corte Constitucional resolvió confirmar la
sentencia de instancia que había tutelado los derechos de los accionantes y
había ordenado que se llevaran a cabo las obras necesarias para arreglar el
alcantarillado. Un par de años más tarde reiteró la Sala Plena de la Corte
Constitucional esta posición, en sentencia de unificación SU-442 de 1997 (MP
Hernando Herrera Vergara; SV Eduardo Cifuentes Muñoz). En sentencias
posteriores como la T-045 de 2009 (MP Nilson Pinilla Pinilla), también se
resolvió un caso de forma similar. [Al respecto también pueden verse las
sentencias T-707 de 2012 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), en este caso se tuteló
el derecho de una comunidad y ordenó que se diseñaran y ejecutaran medidas para
la construcción del servicio de alcantarillado; la sentencia T-082 de 2013 (MP
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), en este caso se tuteló el derecho de una
comunidad de precaria condición económica, a que se concluyeran adecuadamente
las obras de alcantarillado; la sentencia T-749 de 2014 (MP Jorge Iván Palacio
Palacio), en la que se tuteló el derecho de una persona y se ordenó arreglar un
caño de aguas negras; la sentencia T-801 de 2014 (MP Jorge Iván Palacio
Palacio), en la que se ordenó a la Alcaldía municipal a realizar las obras
requeridas o a exigírselas a la empresa aguas Kpital si era lo que correspondía;
la sentencia T-107 de 2015 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), se tuteló el
derecho de dos mujeres y sus hijos ante las afecciones a la salud producto del
mal servicio de alcantarillado; y la sentencia T-198 de 2016 (MP Jorge Iván
Palacio Palacio) en la cual se tuteló el derecho de una persona a cuya casa
llegaban las aguas negras de la estación de policía por inadecuado servicio de
alcantarillado].
[53] Por ejemplo, en
la sentencia T-410 de 2003 (MP Jaime Córdoba Triviño), la Corte resolvió
tutelar los derechos fundamentales de las personas pertenecientes a una
comunidad que consumía aguas no aptas para el consumo humano, suministradas por
el acueducto público. Esta protección se había dado previamente en casos en que
particulares vierten desechos sobre las fuentes de agua, limitando, no el
acceso sino la calidad. Así, en la sentencia T-523 de 1994 (MP Alejandro
Martínez Caballero), la Corte Constitucional tuteló los derechos a la vida y a
la salud, y al medio ambiente sano, de unas personas a quienes se les venía suministrando
un agua contaminada por los desechos que, desde hacía un tiempo, estaba
vertiendo uno de sus vecinos en las aguas de las que se alimentaban. [Al
respecto ver también la sentencia T-139 de 2016 (MP Jorge Iván Palacio
Palacio); en este caso se tuteló el derecho de un asentamiento humano de
personas en condiciones económicas precarias a acceder al mínimo vital
requerido (al menos 20 litros de agua diaria por persona) y a tomar las medidas
adecuadas para garantizar un agua apta para el consumo humano].
[54] En la sentencia
T-091 de 2010 se consideró que una “serie de normas, decretos y resoluciones”
no pueden ser empleados como justificación de un “suministro del líquido de
forma interrumpida”, que afecta claramente el goce efectivo de los
derechos, en especial, si se trata de predios donde habitan sujetos de especial
protección constitucional En el predio
de la accionante vivían menores de edad. Corte Constitucional, sentencia T-091 de 2010 (MP
Nilson Pinilla Pinilla). En especial, se ha
tutelado el derecho al agua de las personas, cuando la Administración exige
requisitos que, si bien pueden ser razonables, se usan ante todo como barreras
para obstaculizar el goce efectivo del derecho. Por ejemplo, ver la sentencia
T-1104 de 2005 (MP Jaime Araujo Rentería).
[55] En la sentencia
T-974 de 2009 (MP Mauricio González Cuervo) se constató que era cierto que
había habido una actividad contractual y administrativa creciente para
enfrentar los riesgos derivados del hecho de que existan construcciones en
zonas inundables adyacentes a un río (al río La Vieja, en Cartago, Valle del
Cauca), pero el principal instrumento administrativo (El Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos –PSMV-) y en particular la construcción del interceptor
que reclamaban los accionantes (que se encontraba previsto en el respectivo
POT), había quedado atrapado en un “burocrático y agrio ir y venir entre el
municipio de Cartago y la CVC”, a pesar de que el propio alcalde de Cartago
reconocía en su informe que esta obra era esencial para solucionar el problema.
La Corte Constitucional consideró que “el juez constitucional puede y debe,
en aras de la protección de derechos fundamentales de los actores, tomar
medidas para romper ese marasmo institucional.” En sentido similar, en la sentencia T-439 de 2015 (MP Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub) se decidió tutelar el derecho de una mujer a la que no se le había
conectado el servicio de acueducto en su casa, la Sala tuvo en cuenta que “[…] pese a los múltiples requerimientos no se ha legalizado la
prestación del mismo, […] se han colocado barreras administrativas y
requerimientos que exceden considerablemente los ingresos económicos mensuales
de la familia y, […] la empresa accionada o incluso la administración
territorial no han  buscado alternativas que garanticen la cantidad mínima
esencial de agua que requieren la accionante y su núcleo familiar para la
realización de sus actividades diarias”.
[56] Así fueron recapitulados por la sentencia T-418 de
2010 (MP María Victoria Calle Correa, AV Mauricio González Cuervo).
[57] Corte Constitucional, sentencia T-418 de 2010 (MP María
Victoria Calle Correa, AV Mauricio González Cuervo). En esa oportunidad la Sala
consideró que “la administración municipal de Arbeláez y la Asociación de
usuarios del Acueducto Regional VELU violaron los derechos fundamentales a
la vida, a la salud y al agua de los accionantes y los de sus familias, al
prestarles un servicio de agua no potable, por una parte, y negarles la
prestación del servicio público domiciliario de agua potable mediante una
respuesta que no atendía cabalmente su solicitud, sin siquiera contar con un
plan que asegure, progresivamente, el goce efectivo de tales derechos, por otra
parte. Ahora bien, en la medida que se trata de personas que habitan en el
sector rural del Municipio y que tienen limitados recursos económicos, la
omisión de la Administración municipal también les desconoció su derecho a ser
protegidos especialmente en materia de acceso a agua potable, garantizándoles
que no sean ‘los últimos de la fila’.”.
[58] Al respecto ver, entre otras, las
sentencias T-034 de 2016 (MP Luis Ernesto Vargas Silva); en este caso se
resolvió tutelar los derechos de una mujer y su hijos a que se llegara a un
acuerdo de pago por la deuda existente, que no afectara su mínimo vital y sin
suspender el servicio de agua; y T-614 de 2010 (MP Luis Ernesto Vargas Silva,
SV María Victoria Calle Correa); en este caso se tuteló el derecho de una madre
cabeza de familia a que no se le suspendiera el servicio de agua, teniendo en
cuenta su situación de precariedad. En la sentencia T-740 de 2011 (MP Humberto Antonio Sierra Porto) se
decidió tutelar el derecho de una mujer cabeza de familia a la que se le había
suspendido el servicio por falta de pago. En este caso la Corte concluyó que “el servicio público de acueducto es un servicio de carácter
oneroso, por ello la suspensión de éste por el incumplimiento en el pago es
constitucionalmente admisible. No obstante, cuando el impago se presente por un
usurario que se encuentre bajo la categoría de sujeto de especial protección,
la empresa prestadora del servicio de agua deberá realizar los acuerdos de pago
con el deudor de la mencionada prestación económica de acuerdo con su capacidad
económica. En el evento en que aquél manifieste y pruebe que no puede cumplir
con los referidos acuerdos, la empresa de servicios públicos está obligada a
garantizar un consumo mínimo de agua, conforme a lo establecido en esta
sentencia. […]”  Al respecto, en el mismo sentido, ver también la sentencia
T-242 de 2013 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[59] Corte Constitucional, sentencia T-928 de 2011 (MP Luis Ernesto
Vergas Silva); en este caso se ordenó, entre otras cosas, “En
caso de que la accionante manifieste y pruebe  que no cuenta con los
recursos económicos para sufragar la deuda, Empresas Públicas de Medellín
deberá proceder a instalar un reductor de flujo que garantice por lo menos 50
litros de agua por persona al día, en el inmueble que habita la misma”.
[60] Corte Constitucional, sentencia T-616 de 2010 (MP Luis Ernesto
Vargas Silva) la Sala tuteló el derecho de una persona y su familia que
solicitaban conexión al acueducto, luego de tener en cuenta  “(i) que
Hidropacífico no ha programado un suministro mínimo de agua para las viviendas
de los accionantes, ya que este no se realiza con una frecuencia diaria, y no
se tienen contemplados otros sistemas de provisión diaria tales como el uso de
carro tanques o de sistemas de almacenamiento individuales o colectivos; (ii)
que mientras se llevaron a cabo los primeros arreglos para solucionar la
carencia total de agua en algunas de las viviendas, Hidropacífico no garantizó
el suministro mínimo diario de agua a los afectados, y no se ha previsto
ninguna medida con este fin pese a que las obras de mejoramiento no han llegado
a su fin; y (iii) que la Alcaldía y la Sociedad de Acueducto y Alcantarillado
de Buenaventura no han implementado ninguna disposición tendiente a impedir las
intervenciones fraudulentas de los elementos propios del acueducto de
Buenaventura, tales como tubos matrices y válvulas, que fueron identificadas en
los barrios […] Asimismo, que Hidropacífico no cuenta con información
suficiente que permita medir la ejecución e impacto de las decisiones adoptadas
por él para solucionar el desperdicio de agua originado en las injerencias
indebidas.” Al respecto ver también la sentencia T-312 de 2012 (MP Luis Ernesto
Vargas Silva).
[61] Corte Constitucional, sentencia T-042 de 2015 (MP Jorge Iván
Palacio Palacio); en este caso se ordenó iniciar los trabajos necesarios para
arreglar definitivamente y poner en buen funcionamiento la red de
alcantarillado del barrio Pedregales (Dosquebradas).
[62] Corte Constitucional, sentencia T-279 de 2011 (MP Luis Ernesto
Vargas Silva, AV Mauricio González Cuervo); en este caso se tuteló el derecho
del accionante y se ordenó a la empresa de acueducto que instalara un medidor
propio para el accionante, de tal manera que no se le cobrara una cuneta por la
cual no tiene que responder.
[63] Corte Constitucional, sentencia T-578 de 1992 (MP
Alejandro Martínez Caballero). “En el caso concreto el derecho fundamental al
servicio de acueducto y alcantarillado no está directamente relacionado con los
derechos fundamentales de las personas naturales, por encontrarse deshabitado
el lugar, y la solicitud de protección proviene de una persona jurídica, que,
por definición no requiere, como las personas naturales, del agua.”
[64] Corte Constitucional, sentencia T-578 de 1992 (MP
Alejandro Martínez Caballero).
[65] En la sentencia T-796 de 2009 (MP Nilson Pinilla
Pinilla), por ejemplo, la Corte Constitucional resolvió no tutelar el derecho
de una persona a la que se le había suspendido el servicio de agua
reglamentariamente.  La Corte consideró que la situación del accionante había
sido debidamente contemplada por la Empresa de Servicios Públicos, en los
siguientes términos: “encuentra la Sala que el
5 de enero de 2007, el señor Robles Carrillo celebró “convenio” con
Metroagua S.A. ESP para cancelar el valor adeudado en ese momento, $730.786, de
lo cual abonó $115.786, para quedar con saldo pendiente de $615.000, a pagar en
41 cuotas mensuales por valor fijo de $15.000, más el valor del consumo
mensual.” Advirtió que se le podía
restablecer el servicio “si éste se compromete a respetar el convenio y cancela
puntualmente el valor mensual,  con la cuota correspondiente a la deuda
pendiente.” En este caso no se constató afectación al mínimo vital del
tutelante ni a otros derechos fundamentales de él o de terceros. En sentido
similar, también puede verse las sentencias T-306 de 1994 (MP Hernando Herrera
Vergara), T-064 de 1994 (MP Hernando Herrera Vergara), T-237 de 1998 (MP Fabio
Morón Díaz), T-697 de 2002 (MP Jaime Araujo Rentería) y T-701 de 2009 (MP
Humberto Antonio Sierra Porto).
[66] En tal sentido ver, por ejemplo, la sentencia T-598
de 2002 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), caso en que la Corte resolvió
reiterar su jurisprudencia en los siguientes términos: ‘las mismas empresas de servicios públicos, en aras de
garantizar la prestación del servicio a los demás usuarios y de no imponer
cargas desmesuradas a los propietarios de inmuebles arrendados ante el
incumplimiento en el pago de los servicios por parte de los arrendatarios, no
solo pueden sino que deben suspender el servicio cuando se ha incumplido el
pago de tres facturas (artículo 140 de la Ley 142 de 1994)
y no está pendiente la resolución de una reclamación por parte del usuario.’
[67] Corte Constitucional, sentencia T-627 de 2009 (MP
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo). En este caso se consideró y decidió lo
siguiente: “La directora del Colegio […]
solicita que continúen las obras de mantenimiento  y reparación de la vía
[…], colindante con la institución educativa, porque, a su juicio, la
suspensión de las mismas  ha ocasionado una amenaza a los derechos a la
vida, a la integridad física, a la salud y al ambiente sano. Se solicita en la
tutela, que las obras continúen para  evitar que los niños, niñas y
adolescentes de la institución sean expuestos a sufrir enfermedades virales o
respiratorias. Simultáneamente, la accionante plantea que en  varias
ocasiones, en ejercicio del derecho de petición, ha solicitado a las entidades
accionadas que concluyan las obras, limpien la zona y recojan los residuos que
ha generado la construcción, pero ninguno de los organismos respondió.  ||    […]
encuentra esta Corporación que no existe una amenaza actual e inminente de un
derecho colectivo ni menos aún de los derechos fundamentales invocados. En
efecto, del material obrante en el expediente se deduce que la amenaza a los
derechos fundamentales está dada por hipótesis de eventuales situaciones que
podrían presentarse  temporalmente en el  lugar donde está situado el
plantel educativo. En efecto, ninguno de los hechos alegados aparecen asociados
a la eventual afectación de un derecho fundamental como el derecho a la vida, a
la integridad, a la salud de los alumnos del Colegio.” No obstante la Sala advirtió que “la negligencia administrativa  puede ocasionar
lesiones a derechos fundamentales”. En
este mismo sentido puede verse la sentencia T-182 de 2008 (MP Clara Inés Vargas
Hernández).
[68] Por ejemplo, la Corte Constitucional, en sentencia
T-370 de 2009 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), consideró lo siguiente:
“encuentra la Sala que el accionante no afirma ni presenta prueba de haber
elevado petición o reclamación ante Emdupar ESP-S.A o ante la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios de forma previa a la interposición de la
presente acción de tutela.  ||  Igualmente, el señor Rafael Cuello tampoco
argumenta ni demuestra por qué en su caso particular los mecanismos ordinarios
disponibles como el agotamiento de la vía gubernativa e interposición de
acciones judiciales ante la jurisdicción de lo contencioso administrativa, no
son eficaces para la protección de sus derechos fundamentales que considera
vulnerados. Tampoco sustenta en qué consiste el perjuicio irremediable que se
podría presentar durante el tiempo que dure el trámite de los mecanismos de
protección disponibles, que amerite la procedencia de la presente acción de
tutela.  ||  Del mismo modo, el accionante no demostró la posible vulneración
de otros derechos fundamentales como los de acceso a los servicios públicos
domiciliarios o petición, pues vale decir que la falta de los servicios de
acueducto y alcantarillado del inmueble que utiliza para arrendar no puede
representar para éste una vulneración de su dignidad como persona.”
[69] Corte Constitucional, sentencia T-888 de 2008 (MP
Marco Gerardo Monroy Cabra); en este caso se negó la tutela al agua potable, la
vida y la salud de una persona que venía consumiendo agua del acueducto, porque
no quedó acreditado que –como él alegaba- estuviera en condiciones no aptas
para el consumo. Por el contrario, se contaba con un informe técnico, actual y
tomado por profesional calificado e imparcial, que constatan la calidad del
agua que llega a la casa del accionante.
[70] Por tal razón, por ejemplo, la Corte resolvió
negar las solicitudes concretas de los tutelantes en las sentencias T-432 de
1992 (MP Simón Rodríguez Rodríguez) y T-546 de
2009 (MP María Victoria Calle Correa), la cual reitera aquella en los
siguientes términos: “[…] una persona que por vías ilegales pretende apropiarse
de servicios públicos, no está legitimada para recibir la protección del juez
constitucional. La Corte Constitucional, en la Sentencia T-432 de 1992, estimó
que no podía ordenar la protección de los derechos a una persona que aspiraba a
obtener una instalación al acueducto oficial, por el hecho de que ya
previamente se había conectado a él ilegalmente. Dijo la Corporación, en
aquella oportunidad, que ‘un sujeto al reclamar legalidad en el obrar de
algunos, debe hacerlo sólo sobre la base de que su conducta es legal (…)
como uno no puede mejorar su condición con sus propios delitos, o lo hecho
ilícitamente no impone obligaciones, o a quien mal usa de su poder, se le priva
de él, resulta indudable lo siguiente: No se puede otorgar el servicio de
acueducto transgrediendo los procedimientos preestablecidos para su obtención.
Una acción ilícita como es la de hacer instalaciones  a la tubería central
de agua potable sin autorización, no obliga a que se consideren las
aspiraciones de quién las realiza’.” Al respecto ver también la sentencia
T-143 de 2010 (MP María Victoria Calle Correa, AV Mauricio González Cuervo).
[71] Caso distinto es el de una persona que se intentó
reconectar a la fuerza infructuosamente, y no se encuentra disfrutando de su
derecho al agua. En tal situación puede haber lugar a la protección del juez de
tutela.
[72] Corte Constitucional, sentencia T-636 de 2002 (MP
Alfredo Beltrán Sierra). En este caso la Corte confirmó la decisión de negar la
acción de tutela que habían adoptado los jueces de instancia considerando,
entre otras cosas, porque las acciones de las personas para lograr el acceso al
agua “[…] sin el cumplimiento de los procedimientos establecidos en las
disposiciones especiales establecidas en el Acuerdo 014 de 1983, vulneraría los
derechos de los usuarios que en forma legal y oportuna accedieron al servicio
de agua en la Vereda La Lajita, pues, como lo afirma el Presidente de la Junta
Administradora del Acueducto de esa vereda, permitir la extracción de agua del
desairadero, como lo pretenden los accionantes, implica dejar sin agua a todos
los que se benefician de él, es decir, a dieciocho familias y dos escuelas,
debido a la merma en la presión del agua requerida para suministrar el líquido
a todos los usuarios.”
[73] Corte Constitucional, sentencia T-576 de 2005 (MP
Humberto Antonio Sierra Porto).
[74] Corte Constitucional, Sentencia T-418 de 2010 (MP
María Victoria Calle Correa, AV Mauricio González Cuervo)
[75] Para la Corte, las ‘órdenes complejas’ son ‘mandatos de
hacer que generalmente requieren del transcurso de un lapso significativo de
tiempo, y dependen de procesos decisorios y acciones administrativas que pueden
requerir el concurso de diferentes autoridades y llegar a representar un gasto
considerable de recursos, todo lo cual suele enmarcarse dentro de una
determinada política pública’. Corte Constitucional,
Sentencia T-086 de 2003 (MP Manuel José Cepeda Espinosa).
[76] Corte Constitucional, sentencia T-974 de 2009 (MP Mauricio González
Cuervo). En este caso la Corte resolvió ordenar que se adoptaran las medidas
para llevar adelante una obra, ordenando a las administraciones
territoriales ‘sucesivas’ incluirlas en los planes que se adopten, se ordenó
suspender temporalmente un trámite administrativo y se ordenó crear un grupo de
trabajo.
[77] Corte Constitucional, Sentencia T-760 de 2008 (MP Manuel José Cepeda
Espinosa); en este caso se resolvió, entre otras medidas, impartir una serie de
órdenes complejas a diversos órganos encargados de regular, controlar,
inspeccionar y vigilar el sector de la salud, orientadas a remover algunos de
los principales obstáculos al goce efectivo del derecho de salud, en especial, en
relación con el acceso a los servicios de salud que se requieran,
incluso con necesidad.
[78] Al respecto se añade lo siguiente: “Los planes nacionales pueden
variar, pero hay cuatro ingredientes básicos para el éxito: • Establecer
objetivos e indicadores claros para medir el progreso a través de una política
nacio­nal del agua. • Garantizar que las políticas en el sector del agua estén
respaldadas por sólidas disposiciones de fi­nanciación en los presupuestos
anuales y por un marco de gastos a mediano plazo.   • Elaborar estrategias
claras para superar las des­igualdades estructurales basadas en la riqueza, la
localización y otros factores de desventaja.   • Crear sistemas de
gobernabilidad que exijan a los gobiernos y a los suministradores de agua que
rindan cuentas en cuanto al cumplimiento de los objetivos establecidos por las
políticas nacionales.” ONU. Informe de Desarrollo Humano 2006 – Más allá de
la escasez: poder, pobreza y la crisis mundial del agua, del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo. Pág. 96.
[79] Naciones Unidas. Informe de la Relatora Especial sobre el
derecho humano al agua potable y el saneamiento, 2014 (A/69/123).
[http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/213&referer=http://www.un.org/en/ga/documents/symbol.shtml&Lang=S].
[80] Se habla concretamente de reconocer el derecho
constitucionalmente; indicar los procesos, las instituciones y demás aspectos
de los procesos participativos en la leyes y políticas; previendo los costos de
los procesos participativos; capacitando a los funcionarios e instituciones
respectivas; y propiciando un equilibrio entre el conocimiento técnico y la
experiencia. Ver: Naciones Unidas Informe de la Relatora Especial sobre el
derecho humano al agua potable y el saneamiento, 2014 (A/69/123).
[81] Se sugiere, por lo menos: identificar los grupos que suelen
estar marginados; contar con canales de comunicación diversos con esos grupos;
eliminar las barreras y obstáculos de diverso tipo que excluyen; abordar
estereotipos de género; creando espacios seguros y adecuado para la
deliberación. Ver: Naciones Unidas. Informe de la Relatora Especial sobre el
derecho humano al agua potable y el saneamiento, 2014 (A/69/123).
[82] Para tal fin se deberá, entre otras cosas: involucrar a las personas
para establecer las reglas de participación; crear los espacios para participar
efectivamente, en libertad y seguridad; dar capacitación para esos procesos;
asegurar acceso a la información, en especial sobre las propuestas que se han
tenido en cuenta y las razones por las que se han rechazado. Ver:
Naciones Unidas. Informe de la Relatora Especial sobre el derecho humano al
agua potable y el saneamiento, 2014 (A/69/123).
[83] Para esto se sugiere asegurar la participación para: planificar y
formular marcos normativos y jurídicos; la financiación y el presupuesto; los
diferentes aspectos de la prestación del servicio (en especial en contexto de
emergencia); los proyectos que pueden poner en peligro el ejercicio de los
derechos humanos y las evaluaciones del impacto realizadas en ese contexto; el
seguimiento, la evaluación y la rendición de cuentas. Ver: Naciones
Unidas. Informe de la Relatora Especial sobre el derecho humano al agua potable
y el saneamiento, 2014 (A/69/123).
[84] Corte Constitucional, Sentencia T-974 de 2009 (MP Mauricio González
Cuervo). Esta sentencia fue citada previamente, dentro de la jurisprudencia
constitucional citada en el capítulo 3 de las consideraciones de la presente
sentencia.
[85] Corte Constitucional, sentencia T-418 de
2010 (MP María Victoria Calle Correa, AV Mauricio González Cuervo).
[86] Ha considerado la jurisprudencia que “[…] se pueden distinguir dos
partes constitutivas del fallo: la decisión de amparo, es decir, la
determinación de si se concede o no el amparo solicitado mediante la acción de
tutela, y la orden específica y necesaria para garantizar el goce efectivo del
derecho amparado. El principio de la cosa juzgada se aplica en términos
absolutos a la primera parte del fallo, es decir, a lo decidido. Por lo tanto,
la decisión del juez de amparar un derecho es inmutable y obliga al propio juez
que la adoptó. […]”Corte Constitucional, Sentencia T-086 de 2003 (MP Manuel
José Cepeda Espinosa).
[87] Para la Corte, con relación a una orden compleja, “[…] las
posibilidades que tiene el juez de prever los resultados de su decisión se
reducen. La variedad de órdenes y actores que deben realizarlas, o la
complejidad de las tareas impuestas, que pueden suponer largos procesos al
interior de una entidad, obligan al juez de tutela a ser ponderado al momento
de concebir el remedio, ordenarlo y vigilar su cumplimiento.” Corte
Constitucional, Sentencia T-086 de 2003 (MP Manuel José Cepeda Espinosa).
[88] Dice el Decreto 2591 de 1991: “Artículo 27.– Cumplimiento del fallo.
Proferido el fallo que concede la tutela, la autoridad responsable del agravio
deberá cumplirlo sin demora.  ||  Si no lo hiciere dentro de las cuarenta y
ocho horas siguientes, el juez se dirigirá al superior del responsable y le
requerirá para que lo haga cumplir y abra el correspondiente procedimiento
disciplinario contra aquél. Pasadas otras cuarenta y ocho horas, ordenará abrir
proceso contra el superior que no hubiere procedido conforme a lo ordenado y
adoptará directamente todas las medidas para el cabal cumplimiento del mismo.
El juez podrá sancionar por desacato al responsable y al superior hasta que
cumplan su sentencia.  ||   (…)  ||  En todo caso, el juez establecerá los
demás efectos del fallo para el caso concreto y mantendrá la competencia hasta
que esté completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la
amenaza.” (acento fuera del texto)
[89] Corte Constitucional, Sentencia T-086 de 2003 (MP Manuel José Cepeda
Espinosa) La Corte añadió al respecto, que en la medida que la orden es
consecuencia de la decisión de amparo y su función es la de asegurar el goce
efectivo del derecho en el contexto fáctico particular de cada caso, los
efectos de la cosa juzgada respecto de la orden específica tienen unas
características especiales en materia de acción de tutela. El
estatuto de la acción de tutela también señala que cuando el caso sea resuelto
por la Corte Constitucional en sede de revisión, el juez de primera instancia,
encargado de la ejecución del fallo, es competente para tomar las medidas
necesarias para cumplir a cabalidad lo dispuesto por la Corte. Decreto 2591 de
1991, artículo 36.- Efectos de la revisión.  Las sentencias en que se revise
una decisión de tutela sólo surtirán efectos en el caso concreto y deberán ser
comunicadas inmediatamente al juez o tribunal competente de primera
instancia, el cual notificará la sentencia de la Corte a las partes y
adoptará las decisiones necesarias para adecuar su fallo a lo dispuesto por
ésta.”  Esta particularidad del proceso de tutela ya había sido resaltada
por la jurisprudencia constitucional que ha dicho al respecto: “(…) el
peso del cumplimiento de la orden de tutela recae en el Juzgado o Tribunal que
se pronunció en primera instancia, el cual, se repite, mantendrá competencia
hasta que se restablezca el derecho vulnerado porque la protección de los
derechos fundamentales es la esencia de la tutela, luego el cumplimiento de la
orden de protección es una obligación de hacer por parte del juez de tutela de
primera instancia.” Corte Constitucional, sentencia T-763 de 1998 (MP Alejandro
Martínez Caballero); en este caso se consideró que el juez de instancia
mantiene competencia hasta que esté completamente restablecido el derecho o
superadas las causas de la amenaza, como se dice expresamente en el artículo 27
del Decreto 2591 de 1991, y se concluye a partir del artículo 36 del mismo
Decreto.
[90] Corte Constitucional, sentencia T-418
de 2010 (MP María Victoria Calle Correa, AV Mauricio González Cuervo).
[91] Corte Constitucional, Sentencia T-086 de 2003 (MP Manuel José Cepeda
Espinosa).
[92] Corte Constitucional, sentencia SU-442 de 1997 (MP Hernando Herrera
Vergara; SV Eduardo Cifuentes Muñoz). En esta ocasión la Corte Constitucional
resolvió, entre muchas otras cosas, ordenar que a través de las autoridades
correspondientes del Distrito de Santa Marta, se adoptaran las medidas
encaminadas a impulsar la disposición definitiva de las aguas residuales de la
ciudad, implementándose un sistema de pretratamiento de esas aguas, con el fin
de disminuir los efectos de la carga contaminante final. También ordenó que por
conducto de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena se realizara una
labor de estructura, supervisión y control.
[93] Se retoma el resumen establecido por la Corte en la sentencia T-418 de 2010 (MP María Victoria
Calle Correa, AV Mauricio González Cuervo).
[94] Cuando parece existir el riesgo de un perjuicio irremediable se han
adoptado medidas cautelares una vez se comienza el estudio del caso para
proteger el derecho. Al respecto puede verse, por ejemplo, el Auto 031 de 1994
(MP Jorge Arango Mejía) y la sentencia T-023 de 1995 (MP Jorge Arango Mejía).
[95] Cuando no se cuenta con la información requerida para poder tomar una
medida de protección adecuada (al respecto, por ejemplo, pueden verse las
sentencias T-1104 de 2005 (MP Jaime Araujo Rentería) y T-091 de 2010 (MP Nilson
Pinilla Pinilla).
[96] Por ejemplo, en la sentencia T-406 de 1992 (MP Ciro Angarita Barón, AV
José Gregorio Hernández Galindo), que se ordenó culminar las obras de
alcantarillado en un barrio de Cartagena. En aquellos casos en los que la
realización del alcantarillado contempla acciones y medidas previas, la Corte
también ha ordenado que se realice la obra, previo cumplimiento de los pasos
que se requiera tomar. Así lo ha resuelto la Corte, por ejemplo, en las
sentencias T-539 de 1993 (MP José Gregorio Hernández Galindo), T-1104 de 2005
(MP Jaime Araujo Rentería), T-022 de 2008 (MP Nilson Pinilla Pinilla), T-734 de
2009 (MP Jorge Iván Palacio Palacio) y T-091 de 2010 (MP Nilson Pinilla
Pinilla).  La Corte ha ordenado incluso, a las administraciones territoriales
‘sucesivas’ incluir las obras de alcantarillado que se diseñen en los planes
que se adopten, para asegurar que se implementen en su totalidad; así, por
ejemplo, se resolvió en la sentencia T-974 de 2009 (MP Mauricio González
Cuervo). También ha ordenado la Corte Constitucional, específicamente, que se
tomen las medidas adecuadas y necesarias para garantizar que se construya un
acueducto, como ocurrió en la sentencia T-244 de 1994 (MP Hernando Herrera
Vergara).
[97] La Corte ha ordenado tomar acciones a órganos de la Administración,
para que eviten a  particulares irrespetar el derecho al agua de otras
personas, en aquellas ocasiones en las que, por su propia iniciativa, la
Administración no ha protegido su derecho; así por ejemplo, lo resolvió en las
sentencias T-244 de 1994 (MP Hernando Herrera Vergara) y T-523 de 1994 (MP
Alejandro Martínez Caballero).  La jurisprudencia también ha prevenido
directamente a los particulares que se abstengan de realizar actos que
impliquen una violación del derecho al agua de las personas, como lo hizo en la
sentencia T-379 de 1995 (MP Antonio Barrera Carbonell).
[98] La Corte Constitucional ha considerado que el goce efectivo del
derecho al agua depende en ocasiones de la propia acción de las personas. No
obstante, en tales casos la posibilidad de disponer y acceder a agua de calidad
puede implicar que la Administración acompañe y asesore a las personas. Así,
por ejemplo, ocurrió en la sentencia T-091 de 2010 (MP Nilson Pinilla Pinilla),
caso en el que la Corte resolvió que la empresa de servicios públicos acusada,
debía ‘asesorar’ a la demandante respecto a donde ubicar uno o más tanques, que
pudieran contener la cantidad suficiente de agua, para asegurar que el
suministro fuera constante.
[99] Cuando la realización de un determinado trámite administrativo pone en
riesgo los derechos fundamentales, el juez de tutela puede considerar la
posibilidad de que dicho trámite se posponga o se suspenda. Así, por ejemplo en
la sentencia T-974 de 2009 (MP Mauricio González Cuervo) se ordenó suspender
temporalmente la expedición de licencias de construcción en una zona
determinada.
[100] La Corte Constitucional también ha resuelto empleando otras
herramientas, tales como la de ordenar crear un grupo de trabajo, para que sea
éste el que determine las medidas que deberán ser adoptadas para asegurar el
derecho a la salud. Así lo resolvió la Corte en la sentencia T-974 de 2009 (MP
Mauricio González Cuervo), por ejemplo.
[101] Además de lo ya dicho en las consideraciones de esta providencia,
una de las prioridades de la participación, a juicio de la Corte
Constitucional, es establecer las necesidades reales de las personas. Por eso,
en la sentencia T-140 de 1995 (MP Vladimiro Naranjo Mesa), se resolvió ordenar
a la administración municipal de Girardot, por intermedio de la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Girardot S.A., que en el plazo de cuarenta y
cinco (45) días, realizara las obras necesarias para solucionar el problema de
las inundaciones en el condominio de los accionantes, acatando las
recomendaciones contenidas en el informe suscrito por el jefe regional de
saneamiento ambiental de Girardot, y consultando “las necesidades de los
moradores en el citado conjunto residencial, con el fin de que se resuelvan en
forma definitiva los inconvenientes objeto de la […] acción de tutela.”
[102] La Corte Constitucional ha ordenado que se adopten reglamentos que se
requieran para asegurar el derecho al agua de las personas, cuando su ausencia
se constituye en un obstáculo para el goce efectivo del derecho. Así se
resolvió, por ejemplo, en las sentencias T-379 de 1995 (MP Antonio Barrera
Carbonell) y T-413 de 1995 (MP Alejandro Martínez Caballero).
[103] La Corte ha ordenado que se tomen las medidas adecuadas y necesarias
para asegurar el cumplimiento efectivo de un acto administrativo, cuando de
éste depende el goce efectivo del derecho al agua. Así lo decidió la Corte, por
ejemplo, en la sentencia T-244 de 1994 (MP Hernando Herrera Vergara).
[104] En aquellos casos en los cuales las órdenes son complejas y su
ejecución e implementación pueden tomar un tiempo considerable, es preciso
adoptar medidas paliativas temporales que impidan el sacrificio de los derechos
fundamentales, mientras se da cabal cumplimiento a la orden principal. Así, por
ejemplo, pueden verse las sentencias T-406 de 1992 (MP Ciro Angarita Barón, AV
José Gregorio Hernández Galindo) y T-022 de 2008 (MP Nilson Pinilla Pinilla).
[105] En el contexto de la protección del derecho al agua, y otros derechos
fundamentales conexos, la Corte Constitucional ha resuelto dar ‘carácter
obligatorio’ a la doctrina establecida en un determinado caso concreto, cuando
las circunstancias de tal situación se repitan. Ver así, por ejemplo, la
sentencia T-406 de 1992 (MP Ciro Angarita Barón, AV José Gregorio Hernández
Galindo).
[106] En ámbitos propios de la Administración, que suelen ser ajenos al juez
de tutela, tales como el tono de las relaciones interinstitucionales, la Corte
ha resuelto limitarse a ‘poner de presente’ la situación, como una
disfunción a corregir [T-974 de 2009 (MP Mauricio González Cuervo)]. De esta
manera se respetan profundamente competencias que no pueden ser interferidas
por el juez de tutela, pero no se guarda silencio ante una situación que puede
implicar, a la postre, el desconocimiento de los derechos fundamentales.
[107] Pueden verse, entre otras, la sentencia T-712 de 2006 (MP Rodrigo
Escobar Gil), en la cual se constató que las obras de alcantarillado
solicitadas por la accionante, ya se habían realizado; y la sentencia T-915 de
2009 (MP Nilson Pinilla Pinilla), en la cual la Corte se abstuvo de impartir
órdenes a las Empresas Municipales (EMCALI) y a la Alcaldía de esa ciudad por
haber suspendido el servicio de agua al hogar de menores “Hogar Comunitario
Pequeñines” por haber constatado que la violación y la amenaza a los
derecho de los menores había cesado. También la sentencia T-532 de 2012 (MP
Luis Ernesto Vargas Silva).
[108] Con respecto al primer asunto, la jurisprudencia constitucional
ha señalado, que “[…] cuando el juez de tutela resuelve amparar el derecho cuya
protección se invoca, conserva la competencia para dictar órdenes que aseguren
que el derecho sea plenamente restablecido o las causas de la amenaza sean
eliminadas, lo cual comprende introducir ajustes a la orden original siempre y
cuando ello se haga dentro de los siguientes parámetros para que se respete la
cosa juzgada:  (1) La facultad puede ejercerse cuando debido a las condiciones
de hecho es necesario modificar la orden, en sus aspectos accidentales, bien
porque (a) la orden original nunca garantizó el goce efectivo del derecho
fundamental tutelado, o lo hizo en un comienzo pero luego devino inane; (b)
porque implica afectar de forma grave, directa, cierta, manifiesta e inminente
el interés público o (c) porque es evidente que lo ordenado siempre será
imposible de cumplir.  (2) La facultad debe ejercerse de acuerdo a la siguiente
finalidad: las medidas deben estar encaminadas a lograr el cumplimiento de la
decisión y el sentido original y esencial de la orden impartida en el fallo con
el objeto de asegurar el goce efectivo del derecho fundamental tutelado. (3) Al
juez le es dado alterar la orden en sus aspectos accidentales, esto es, en
cuanto a las condiciones de tiempo, modo y lugar, siempre y cuando ello sea
necesario para alcanzar dicha finalidad. (4) La nueva orden que se profiera,
debe buscar la menor reducción posible de la protección concedida y compensar
dicha reducción de manera inmediata y eficaz.” Corte
Constitucional, Sentencia T-086 de 2003 (MP Manuel José Cepeda Espinosa).
[109] En cuanto a la segunda cuestión, el Informe de Desarrollo Humano de
Naciones Unidas de 2006, dedicado al agua y previamente citado, resalta que la
participación requiere, por lo menos, un marco de gobernabilidad adecuado. ONU.
Informe de Desarrollo Humano 2006 – Más allá de la escasez: poder, pobreza y la
crisis mundial del agua, del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo. Pág. 102.
[110] Informe enviado
por Aguas Kpital Cúcuta SA ESP
[111] Corte
Constitucional, Sentencia T-028 de 2014 (MP María Victoria Calle Correa. A.V. Luis Guillermo
Guerrero Pérez)
[112] Corte Constitucional, sentencia T-418 de 2010 (MP María
Victoria Calle Correa, AV Mauricio González Cuervo). Al respecto también puede
verse la sentencia T-790 de 2014 (MP Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub), en este caso se ordenó al Acueducto local, entre
otras cosas, que “programe y lleve a cabo el
suministro provisional de agua potable a la vivienda del peticionario a través
de carro tanques, en una cantidad que garantice el consumo diario, hasta tanto
se construya una estación de bombeo. La cantidad de agua a proveer debe
obedecer al volumen mínimo razonable establecido como parámetro por la
Organización Mundial de la Salud (OMS), el cual debe oscilar entre cincuenta
(50) y cien (100) litros de agua por persona por día para asegurar la
satisfacción de todas las necesidades de salud”.
[113] Corte Constitucional, sentencia T-616 de 2010 (MP Luis Ernesto
Vargas Silva).
[114] Corte Constitucional, sentencia T-641 de
2015 (MP Alberto Rojas Ríos).
[115] Corte Constitucional, sentencia T-760 de 2015 (MP Alberto Rojas Ríos). De forma similar
ocurrió en la sentencia T-131 de 2016 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), en la que se ordenó al Acueducto Municipal programar e implementar el suministro provisional de
agua potable a la vivienda del peticionario a través del medio que se considere
‘idóneo y eficaz’ (carro tanques, pilas provisionales de agua, por
ejemplo), en una cantidad que garantice el consumo diario, hasta tanto la
Alcaldía encuentre “la manera de inscribir al tutelante en un programa de
reubicación o mejoramiento de vivienda.”
[116] Corte Constitucional, T-131 de 2016 (MP
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[117] Campos, Ana et al.
(2012) Análisis de la Gestión del Riesgo, un aporte para la construcción de
políticas públicas. Banco Mundial & GFDRR. Colombia, 2012. Al
respecto se añade: “Entre 1970 y el 2011 fueron destruidas 190 mil viviendas.
Las inundaciones generaron de manera acumulada las mayores pérdidas, con más de
79 mil unidades (42%), mientras que los sismos ocasionaron un total de 51 mil
(27%), los deslizamientos casi 18 mil (9%), las erupciones volcánicas 5.400
(3%) y otros eventos, como vendavales e incendios, 35 mil (19%). […] El número
de viviendas afectadas fue de 1’062.361, de las cuales más de la tercera parte
estuvo asociada con inundaciones y vendavales”.
[118] Campos, Ana et al.
(2012) Análisis de la Gestión del Riesgo, un aporte para la construcción de
políticas públicas. Banco Mundial & GFDRR. Colombia, 2012. Al
respecto se dice: “Las cifras permiten corroborar que los efectos
de daños y pérdidas por eventos pequeños e intermedios en vivienda son mayores
(250%) a los producidos por desastres grandes, que representan el 1,75% del PIB
nacional para el año 2010.”
[119] Sobre el particular: “Las pérdidas en el sector
vivienda asociadas con desastres intermedios y pequeños corresponden en un 96%
a fenómenos hidrometeorológicos, superando los US$ 223 millones anuales, en la
década de 1990, y los US$ 315 millones anuales, entre el 2001 y el 2010.”
Campos, Ana et
al. (2012) Análisis de la Gestión del Riesgo, un aporte para la
construcción de políticas públicas. Banco Mundial & GFDRR. Colombia,
2012.