T-443-20
Sentencia T-443/20.
Referencia: Expediente
T-7.793.605
Acción de tutela instaurada
por José Manuel Echeverri Rodríguez contra la Institución Educativa José Félix
de Restrepo Vélez de
Sabaneta.
Magistrado Sustanciador:
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Bogotá, D.C., catorce (14) de octubre de
dos mil veinte (2020)
La Sala Octava de Revisión de tutelas de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados Richard S. Ramírez Grisales,
Alberto Rojas Ríos y José Fernando Reyes Cuartas, quien la
preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
profiere la siguiente,
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES
Hechos
1. El 30 de octubre de 2019, José Manuel Echeverri Rodríguez presentó
acción de tutela contra la Institución Educativa José Félix de Restrepo Vélez
del municipio de Sabaneta. Consideró vulnerados sus derechos fundamentales a la
dignidad humana, al libre desarrollo de la personalidad, a la igualdad, a la educación,
a la libre locomoción, a la honra y al buen nombre[1].
2. Indicó que
si bien sus documentos de identidad lo catalogaban en el sexo femenino él se
identifica con el sexo masculino. Por tal razón, inició su transición a hombre
trans en marzo de 2018.
3. Desde el
año 2018 el actor se encuentra en grado once en el colegio accionado. Señaló
que la dificultad para ser promovido de curso deviene de la incomodidad e
inseguridades vividas durante su periodo de transición a hombre trans y de los
tratos discriminatorios que ha recibido de manera reiterada por varios
profesores y directivas de la institución educativa. En particular se refiere a
los siguientes sucesos:
a) Frente
a sus inseguridades, incomodidades y dificultades durante el proceso de cambio
en su identidad de género indicó que:
(i) Al mes de regresar de las vacaciones escolares de 2018 dejó
el colegio durante el resto del año lectivo. Señaló que, “durante el inicio
de mi transición no sentía comodidad, en ningún aspecto de mi vida, lo que me
llevó a sentir que no encajaba. En ese momento aún me encontraba en un proceso
conmigo mismo y es por esto que no pude expresar realmente lo que sentía y las
personas tampoco sabían cómo acercarse a mí”[2].
(ii) La institución educativa realizaba eventos en los que solo
era posible asistir portando el uniforme de gala. Esto implicó su ausencia
inicial en el aula de clases durante su transición como hombre trans. Aseveró
que “no me sentía cómodo por tanto (sic) dicho uniforme… Después de
haber estudiado un mes, decidí volver a dejar el colegio porque constantemente
me sentía triste asistiendo al colegio (sic), aun sentía que no encajaba
del todo, a pesar de que tenía compañeros que intentaban acercarse a mí”[3].
Desde el inicio de su transición a hombre trans el estudiante asistió
a clases con el uniforme de educación física. Sin embargo, la profesora de
educación física le reprendió en repetidas ocasiones por no portar el uniforme
de gala femenino.
b) Sobre los tratos que ha recibido de manera reiterada por
varios profesores y directivas de la institución educativa con posterioridad a
su transición relató lo siguiente:
(i) En escritos del 18 de enero y 3 de julio de 2019 dirigidos
al colegio el joven y su madre solicitaron a los profesores y directivos que a
partir de la fecha lo llamaran por su nombre identitario. Sin embargo, la parte
accionada se negó a ello alegando que los miembros del plantel educativo no
podían referirse a él con un nombre diferente hasta que el estudiante no
realizara el cambio de nombre correspondiente en su documento de identidad.
(ii)  Efectuado el cambio de nombre mediante escritura pública
varios profesores continuaron refiriéndose al alumno como “María José”.
Entre ellos el profesor Javier Bahena quien en una clase impartida el 18 de
septiembre de 2019 lo llamó por su nombre anterior y en términos propios del
género femenino[4].
4. Sostuvo que tales actuaciones le han llevado a sufrir diferentes
episodios de depresión dentro de los que destacan un intento de suicidio por el
que estuvo hospitalizado del 19 al 23 de septiembre de 2019.
5. Informó
que ante el comportamiento discriminatorio de las directivas y profesores de la
institución educativa el 27 de septiembre de 2019[5] presentó
escrito en el que solicitó se le permitiera terminar el año escolar desde su
casa.
6. Relató que
el 21 de octubre de 2019, en reunión llevada a cabo ante la Secretaría de
Educación del Municipio de Sabaneta, el colegio presentó un cronograma de
actividades con el fin de terminar el año lectivo sin contratiempos, propuesta
aceptada por el accionante. En el documento que
establece las especificaciones de este programa se detalla que:
“Con el fin de garantizar la
tranquilidad y salud emocional del estudiante, la institución ha dispuesto de
un espacio alejado de las aulas de clase en el cual José Manuel se encontrará
con los maestros. Esperemos que el educando evite ingresar a zonas del colegio
que puedan ocasionarle situaciones incómodas o que puedan alterar su
emocionalidad. En este mismo sentido, el estudiante no deberá asistir a actividades
de tipo comunitario o colectivo, con el fin de que no se exacerbe su pánico al
entorno escolar”[6].
7. No
obstante, una vez iniciado el plan de estudios, si bien recibió un trato
cordial por parte de sus profesores, por orden de rectoría se le prohibió la
salida del salón de clase durante las horas de descanso. Con ello, se le aisló
de sus amigos y compañeros quienes siempre habían sido respetuosos frente a su
identidad género. Al respecto, aseguró que:
“(…) recibí la primera clase hasta las 9:15 que iniciaba el
descanso. En el descanso pedí a la psicóloga ANA LISA ISAZA que era la que se
encontraba garantizando el cumplimiento del acuerdo y de mi estabilidad
emocional, para que me dejara salir al descanso y poder hablar con mi hermano y
amigos, y me respondió que no me podía dejar salir del salón por órdenes de la
rectora. Le pedí que por favor llamara a la rectora y cuando la rectora llegó,
le comenté que quería salir, me respondió que en el derecho de petición yo había
pedido estar aislado, sin embargo, lo que yo quería con la petición era no
estar en la institución por el mal trato que me daban los directivos (sic)”[7].
8. En consecuencia, en el escrito de tutela solicitó i) dejar sin efectos
el cronograma de actividades acordado y, en su lugar, autorizar la culminación
del año escolar desde su casa, dado que a la fecha la institución educativa no
ha creado un “ambiente propicio para [su] proceso de aprendizaje que
por el contrario se ha convertido en un escenario de discriminación y de
vulneración de derechos”[8]; ii) se le concedan
disculpas públicas tanto a él como a su familia por las conductas
discriminatorias desplegadas por los directivos y el grupo docente; y iii) se
capacite al personal del colegio en temas de sexualidad diversa y se cree una “ruta
de apoyo” que adopte la institución educativa a fin de que no se sigan
vulnerando sus derechos fundamentales[9].
Trámite Procesal
9. Mediante auto del 30 de octubre de 2019 el
Juzgado Quinto Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de
Garantías de Medellín avocó conocimiento de la acción constitucional de la
referencia. Corrió traslado a la Institución Educativa José Félix de Restrepo
Vélez del municipio de Sabaneta, vinculó a la Personería Municipal del Sabaneta
y el consultorio jurídico de la Universidad EAFIT, al tiempo que negó la medida
provisional requerida por el actor[10].
Respuesta de las accionadas
10. La Institución Educativa José Félix de Restrepo Vélez
del municipio de Sabaneta[11] manifestó que no le
constaban los hechos relacionados con los presuntos tratos discriminatorios
señalados por el accionante. Destacó que, contrario a lo aseverado, el colegio
ha prestado todo el acompañamiento al estudiante durante su proceso de
transición, activando los protocolos establecidos en el manual de convivencia.
Afirmó que lo relatado por el actor son
simples “apreciaciones personalísimas” de las cuales no se puede
concluir un trato discriminatorio. Aclaró que no existió objeción ante la
solicitud del joven y su madre para que dentro del plantel educativo se le
llamara por su nombre identitario. No obstante, se les solicitó el cambio de
nombre mediante escritura pública para poder modificar sus datos personales en
la plataforma de matrícula y SIMAT[12].
Aseguró que cuando la profesora Diana
Escobar lo reprendió por el uso del uniforme el joven aún se encontraba en
proceso de transición por lo tanto ni “la profesora Diana Escobar ni ningún
miembro de la institución educativa podía saber algo que el joven no había
expresado”[13].
Igualmente, precisó que jamás se dio algún altercado con el profesor Javier Bahena
y que en las únicas dos ocasiones en las cuales se le llamó por su nombre
anterior se realizaron los respectivos actos de intervención por parte de las
directivas del plantel educativo.
Finalmente, advirtió que el estudiante
solicitó unas condiciones especiales para terminar su año escolar, motivo por
el cual, se le presentó un plan de estudios que aceptó sin ningún reparo. De
tal manera, la parte accionada resaltó que “ (…) el mismo JOSÉ MANUEL
ECHEVERRI RODIRGUEZ fue quien solicito (sic) ‘permitieran estudiar y
terminar mi año escolar desde la casa’; lo cual en razonamiento lógico da
cuenta que no quería entrar en contacto con la comunidad educativa pero resulta
entonces ahora, que ya según al accionante se le está coartando compartir o
estar con sus ‘compañero’, cuando reitero él mismo fue quien solicito (sic)
incluso, ni siquiera asistir al colegio, es entonces bastante ambivalente esta
posición (sic) dos emociones o sentimientos opuestos hacia una misma
situación (…)”[14].
En atención a lo anterior, se opuso a las
pretensiones del escrito tutelar pues, en su criterio, está sustentado en
supuestos de hecho no comprobados y meramente subjetivos, en tanto a la fecha,
la institución educativa no ha vulnerado ningún derecho fundamental del
estudiante.
11. La Personería Municipal de Sabaneta[15] informó
que le brindó a José Manuel Echeverri Rodríguez asesoría jurídica para iniciar
el trámite de cambio de nombre y componente de sexo en su documento de
identidad. Posteriormente, recibió una queja presentada por el joven en contra
de la rectora, el coordinador académico, el coordinador de convivencia y el
profesor Javier Bahena, la cual fue remitida por competencia a la Oficina de
Control Interno Disciplinario de la Administración Municipal de Sabaneta.
Además, el 21 de octubre de 2019 realizó acompañamiento junto a la Secretaría
de Educación del Municipio de Sabaneta en la reunión sostenida entre el colegio
y el accionante, en la que se acordó el plan de trabajo a seguir por el
estudiante para culminar su año escolar.
12. El Consultorio Jurídico de la Universidad EAFIT[16] coadyuvó
al accionante dentro del trámite constitucional. Resaltó que las actuaciones
desplegadas por la institución educativa especialmente aquellas relativas a la
implementación del nuevo programa académico vulneran los derechos fundamentales
del joven a la libre locomoción, a la vida en condiciones dignas, a la igualdad
y a la educación. Comentó que uno de los compañeros del actor indagó por su
situación en el colegio ante el coordinador académico recibiendo como respuesta
que “María José se está pasando de la raya, ella se está pasando de la raya”[17].
Tales comportamientos, advierte el consultorio de la universidad, riñen con el
proceso pedagógico que debería fomentar la accionada en condiciones de respeto
e inclusión.
Con base en esta consideración el
interviniente solicitó que se protegieran los derechos fundamentales del joven
José Manuel Echeverri Rodríguez y se accediera a las pretensiones presentadas
en el escrito de tutela.
13. La Secretaría de Educación y Cultura del Municipio de Sabaneta[18] afirmó
que no se ha vulnerado ningún derecho fundamental al joven José Manuel Echeverri
Rodríguez. Aseguró que, a la fecha[19], continúa
matriculado en el SIMAT como estudiante en la institución educativa accionada
para el grado once. Requirió su desvinculación del presente trámite por falta
de legitimación en la causa por pasiva al no ser la entidad encargada de
adelantar lo solicitado por el accionante en la acción de tutela.
Sentencia objeto de revisión
14. Primera instancia:[20]  el Juzgado Quinto Penal Municipal para Adolescentes con
Función de Control de Garantías de Medellín mediante sentencia del 14 de
noviembre de 2019 “negó por improcedente” el amparo deprecado.  A
su juicio no se demostró transgresión alguna de los derechos fundamentales del
accionante por ausencia de material probatorio suficiente que permita endilgar
responsabilidad a la institución educativa. En contraposición, encontró que la
parte accionada presentó evidencia que demuestra que los requerimientos del joven
fueron atendidos en su totalidad, poniendo en práctica las rutas dispuestas en
el manual de convivencia.
Respecto del
inconformismo del estudiante con el plan de trabajo acordado y su deseo de
culminar el año escolar desde su domicilio el fallador coligió que no es
posible acceder a tal pedimento por cuanto se trata de “un acuerdo que goza
de plena validez y que estudiando (sic) a fondo por la judicatura se desprende
que el mismo es no solo garantista sino que se ciñe no solo a las necesidades
sino deseos del actor”[21].
Pruebas que obran en el expediente
15. Las pruebas que obran en el expediente son
las que se relacionan a continuación.
(i) Copia de escrito de petición
presentado el 27 de septiembre de 2019, por el Consultorio Jurídico de la Universidad
EAFIT en nombre de José Manuel Echeverri Rodríguez a la Institución
Educativa José Félix de Restrepo Vélez de Sabaneta[22].
(ii) Copia de historia clínica de José
Manuel Echeverri Rodríguez[23].
(iii) Copia de consulta por ginecología de
José Manuel Echeverri Rodríguez del 25 de octubre de 2019[24].
(iv) Copia de consulta prioritaria de José
Manuel Echeverri Rodríguez del 3 y 23 de septiembre de 2019[25].
(v) Copia contraseña de la cédula de
ciudadanía de José Manuel Echeverri Rodríguez[26].
(vi) Copia del cronograma de estudio
acordado entre la institución educativa y José Manuel Echeverri Rodríguez[27].
(vii) Copia de respuesta de petición
presentada el 27 de septiembre de 2019 por parte de Institución Educativa a
José Félix de Restrepo Vélez de Sabaneta[28].
(viii) Copia de escritos de petición
presentados el 18 de enero y el 3 de julio de 2019 por José Manuel Echeverri
Rodríguez y su progenitora a la Institución Educativa José Félix de Restrepo
Vélez de Sabaneta[29].
(ix) Copia de la escritura pública No.
1323 de la Notaría Novena del Círculo de Medellín de cambio de nombre y
corrección por modificación de componente sexo en registro civil de nacimiento
de María José Echeverri Rodríguez a José Manuel Echeverri Rodríguez[30].
(x) Copia de la Resolución 043 del 6 de
agosto de 2019 de la Institución Educativa José Félix de Restrepo Vélez de
Sabaneta en la que autoriza el cambio de nombre y corrección por modificación
del componente sexo en todos los documentos oficiales y registros que reposan
en la educación educativa de María José Echeverri Rodríguez a José Manuel
Echeverri Rodríguez[31].
(xi) Copia de planilla de registro de
evaluaciones del grado 11-2 del 5 de noviembre de 2019, en la que el accionante
registra en el listado con el nombre de José Manuel Echeverri Rodríguez[32].
(xii) Copia de la queja presentada el 24
de septiembre por José Manuel Echeverri Rodríguez en la Personería Municipal de
Sabaneta contra la rectora, el coordinador académico, el coordinador de
convivencia y el profesor Javier Bahena, de la Institución Educativa José Félix
de Restrepo Vélez de Sabaneta[33].
Actuaciones en sede de revisión
16.  El 14 de febrero de 2020 la Sala de
Selección de Tutelas número Dos de esta Corporación escogió el expediente para
su revisión y lo asignó al magistrado sustanciador. El 28 de febrero de 2020 el
expediente fue recibido en el despacho.
17. Mediante auto del 30 de marzo de 2020[34]
el magistrado sustanciador dispuso requerir a las partes para que precisaran
con mayor exactitud los hechos del trámite de tutela[35].
De igual manera, se invitó a una serie de instituciones académicas y entidades
no gubernamentales para que, desde su experticia, respondieran un cuestionario
que aportara nuevos puntos de vista y un mejor entendimiento de las
circunstancias relacionadas con el caso[36].
Igualmente, se le requirió al Ministerio
de Educación Nacional contestar una serie de preguntas tendientes a verificar
el avance en el funcionamiento del Comité Nacional de Convivencia Escolar en el
desarrollo de protocolos para el ejercicio de los derechos humanos, en
particular el derecho a la identidad de género, así como, información sobre
orientaciones pedagógicas para prestar un acompañamiento a los estudiantes que
están en un proceso de cambio en relación con su identidad de género en
cumplimiento de la Ley 1620 de 2013 y el Decreto 1965 de 2015.
18. Transcurrido el término otorgado en el
Auto del 31 de marzo de 2020 y constatada la efectiva notificación de dicho
proveído, el accionante guardó silencio. Una vez requerido mediante Auto del 3
de septiembre de 2020, este se pronunció de manera extemporánea[37].
De otro lado, se recibió comunicación de la
accionada, la oficina de control interno del municipio de Sabaneta, el
Ministerio de Educación Nacional, la Universidad Nacional de Colombia, la ONG
Colombia Diversa y el Programa de Acción por la Inclusión Social -PAIIS-. Lo
documentado por cada una será mencionado a profundidad en el desarrollo del
caso concreto.
II.
CONSIDERACIONES
Competencia
1. La Sala es competente para analizar los fallos materia de
revisión, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241.9 de la
Constitución Política y 31 a 36 del Decreto Estatutario 2591 de 1991.
Presentación del caso, delimitación del
problema jurídico y metodología de decisión.
2. El accionante manifiesta que la institución educativa a la que
asiste ejerció actos discriminatorios en su contra desde que asumió una identidad
de género diversa. Relató diferentes situaciones que considera menoscabaron sus
derechos fundamentales, siendo la última de ellas, la adopción de un programa
de trabajo reducido en el cual directivas y profesores le prohibieron salir del
aula de clases y compartir con los demás estudiantes del colegio. Por tanto,
solicita vía tutela que se le ordene a la accionada dejar sin efectos el
cronograma de clases acordado, presentar excusas públicas por los tratos
degradantes cometidos en su contra y darle instrucciones a quienes trabajan
allí en temas de identidad sexual a fin de que no se sigan vulnerando sus
derechos fundamentales por ser una persona con identidad de género diversa.
En
respuesta, la accionada señaló que ningún directivo o educador había incurrido
en tratamiento discriminatorio alguno en contra del accionante. Aseguró que el
estudiante de manera voluntaria requirió unas condiciones especiales para
terminar su año escolar, motivo por el cual, se le presentó un plan de estudios
que el mismo acogió sin estar facultado para cuestionar ahora el acuerdo al que
habían llegado.
Asumido
el asunto, el juez de primera instancia negó la protección de los derechos
fundamentales invocados. El fallador consideró que no se había allegado
material probatorio suficiente que permitiese establecer la ocurrencia de
actuaciones discriminatorias por parte de la institución educativa. Además, advirtió que el plan
de trabajo se trataba de un acuerdo válido entre las partes que no vulneraba
ningún derecho fundamental.
3. De conformidad con lo expuesto, corresponde a esta Sala de
Revisión determinar si:
¿Una institución educativa vulnera los
derechos fundamentales a la
dignidad humana, a la educación, al libre desarrollo de la personalidad, a la
educación, a la igualdad y no discriminación, cuando realiza actuaciones que
impiden a un estudiante trans exteriorizar su identidad de género?
4. Para resolver el problema jurídico planteado,
la Sala Octava de Revisión estudiará los siguientes tópicos: (i) la protección
de la identidad de género a la luz de la Constitución, (ii) el derecho a la
igualdad y la orientación sexual e identidad de género como criterios
sospechosos de discriminación; (iii) el derecho fundamental a la educación de
los niños, niñas y adolescentes y su conexidad con el libre desarrollo de la
personalidad de personas con sexualidad e identidad de género diversa; y (vi)
el caso concreto.
La protección de la identidad de género en
la Constitución. Reiteración de Jurisprudencia.
5. La dignidad humana cuenta con un lugar privilegiado en el
ordenamiento jurídico como uno de los pilares fundantes del Estado que permite
la consagración del sistema de derechos y garantías contemplados en la
Constitución[38]. Es decir, a partir
de ella “se pueden identificar las necesidades esenciales que tiene el
individuo en relación con el entorno que le rodea, para poder establecer un
margen de protección reforzada que sea acorde con las demás normas del
ordenamiento jurídico”[39].
6. La jurisprudencia constitucional ha reconocido que el
concepto de dignidad humana se compone en dos dimensiones: su objeto concreto
de protección y su funcionalidad normativa. El objeto de protección comprende
la dignidad humana como (i) aquella posibilidad de la persona de crear un plan
de vida y de reconocerse según su singularidad; (ii) el grupo de ciertas
condiciones materiales mínimas de existencia; y (iii) el presupuesto de ciertos
bienes que componen la integridad moral y física[40].
La funcionalidad normativa de la dignidad humana se ve expresada como valor
fundante de la Carta, como principio constitucional y, además, como derecho
fundamental autónomo[41].
7. Según la jurisprudencia, el núcleo esencial de este derecho
exige que cada individuo sea tratado acorde con su condición. Supone que “el
Estado, dentro de sus fines esenciales, debe preservar la libertad, la
autonomía, la integridad física y moral, la exclusión de tratos degradantes, la
intimidad personal y familiar”[42]. Por tanto, guarda
una fuerte conexión con el libre desarrollo de la personalidad, la autonomía y
la identidad personal.
Por ende, este Tribunal ha determinado que
la dignidad humana equivale: “(i) al merecimiento de un trato especial que
tiene toda persona por el hecho de ser tal; y (ii) a la facultad que tiene toda
persona de exigir de los demás un trato acorde con su condición humana. Por
tanto, la dignidad humana se erige como un derecho de eficacia directa, cuyo
reconocimiento general compromete el fundamento político del Estado”[43].
8. En relación con lo anterior, el artículo 16 de la
Constitución establece que todas las personas tienen derecho al libre
desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los
derechos de los demás y el ordenamiento jurídico. Al respecto, la Corte ha
indicado que esta prerrogativa se materializa “en el hecho consciente que
tiene cada individuo para determinarse ante las opciones que ofrece la vida
tanto en lo privado como en lo público, y en consecuencia, a diseñar
autónomamente el plan como ser humano que pretende asumir dentro de la sociedad”[44].
Desde muy temprano, en la sentencia
T-594 de 1993, la Corte puntualizó que el libre desarrollo de la
personalidad permite “la realización de las
metas de cada individuo de la especie humana, fijadas autónomamente por él, de
acuerdo con su temperamento y su carácter propio, con la limitación de los
derechos de las demás personas y del orden público”. Únicamente así puede reflejarse la autonomía de la
persona, facultad que se ha planteado como la independencia que tiene cada quien
respecto de sus semejantes para escoger su plan de vida sin injerencias. Tal
determinación individual, “implica la imposibilidad de exigir determinados
modelos de personalidad admisibles frente a otros que se consideran
inaceptables o impropios”[45].
A partir de allí se ha reiterado que “este
derecho de opción comporta la libertad e independencia del individuo para
gobernar su propia existencia y para diseñar un modelo de personalidad conforme
a los dictados de su conciencia, con la única limitante de no causar un perjuicio
socia”. En este sentido, se entiende vulnerado el derecho al libre
desarrollo de la personalidad “cuando a la persona se le impide, de forma
arbitraria, alcanzar o perseguir aspiraciones legítimas de vida o valorar y
escoger libremente las circunstancias que dan sentido a su existencia”. Por
lo tanto, toda limitación a este derecho será legítima solamente cuando “goce
de un fundamento jurídico constitucional”[46].
9. En síntesis, la autonomía personal como manifestación del
libre desarrollo de la personalidad comprende el ejercicio del proyecto
particular de cada persona desde cualquier orbita diversa. Esto sin imposición
o restricción injustificada por parte del Estado a menos que dicha
manifestación atente contra los derechos de terceros[47].
10. Bajo esta línea nace el derecho a tener
una identidad de género[48].
Éste ha sido delimitado por la jurisprudencia como “la vivencia interna e
individual del género tal como cada persona la experimenta profundamente, la
cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento,
incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la
modificación de la apariencia o la función corporal a través de técnicas
médicas, quirúrgicas o de otra índole, siempre que la misma sea libremente
escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de
hablar y los modales”[49].
11. Tal concepto jurídico se ha desarrollado
con base en las definiciones adoptadas por Naciones Unidas, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos e incluso los principios de Yogyakarta[50]. Estas definiciones recientes
se han alimentado de los análisis realizados por los estudios críticos de
género.
Este campo de las
ciencias sociales ha analizado las clasificaciones socioculturales que
estructuran el género, el cuerpo y la sexualidad, y que históricamente ha
fragmentado a los seres humanos en binarios opuestos[51].
Ha resaltado que en la antigua Grecia solo existía un sexo y un solo modelo
anatómico, dado que el cuerpo únicamente era una entidad metafísica, sin
relación alguna con lo material. Únicamente a partir de las actitudes y
comportamientos se daba la división hombre-mujer. Empero, con posterioridad el
cuerpo empezó a diferenciarse únicamente en relación a partir de las
características anatómicas.
La biología con el
término del sexo, fusionó por un largo periodo el sexo, con la orientación
sexual y el género, como parámetros indivisibles e intrínsecamente ligados a
los órganos sexuales humanos[52], dentro de los que no se
aceptaban realidades que cuestionaran el binario hombre-mujer. A partir de
estas categorías, se han fundado discursos que han dividido a las personas en
diferentes grupos nivelados en distintas posiciones de poder, así como otros
grupos que han sido totalmente silenciado e ignorado a otros. El efecto
inmediato de estas dinámicas es precisamente la representación y construcción
de los sujetos. No obstante, en la actualidad[53] se ha empezado a
reevaluar la sujeción de estos términos. Por ejemplo, ahora el concepto de
género hace alusión a “las identidades, las funciones y los atributos construidos
socialmente de la mujer y el hombre y al significado social y cultural que se
atribuye a esas diferencias biológicas”[54].
12. En línea con lo expuesto la Oficina Regional para América
del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
-ACNUDH- en el documento “Orientación sexual e identidad de género en el
derecho internacional de los derechos humanos” dio significado a estos
conceptos y determinó su implicación en la garantía de los derechos humanos de
las personas LGBTI.
13. En referencia a la identidad de género, ha señalado que se trata
de la vivencia interna del género según es experimentado por cada persona. Así
un primer término precisado ha sido el de cisgénero, el cual define la vivencia
discursiva preponderante, esto es, la correspondencia identitaria del género
con el sexo asignado al nacer. En otras palabras, se refiere a “cuando el
sexo asignado al nacer es masculino y la vivencia de la persona, en los
términos descritos, [se autodefine] masculina, dicha persona es un
hombre cisgénero. Cuando el sexo asignado al nacer es femenino, y la vivencia
de la persona también [se autodefine] femenina, dicha persona es una
mujer cisgénero”[55].
En concordancia, la jurisprudencia
constitucional reciente ha entendido el término transgenerismo (persona
trans) como “la no conformidad entre el sexo biológico de la persona y
la identidad de género que ha sido tradicionalmente asignada a éste”[56],
ya sea como hombre o como mujer. A su vez la Corte ha especificado que:
“De ahí que la discusión
del género no termina con el sexo asignado, sino que es una compleja
interrelación entre tres ejes: i) el cuerpo de cada persona, su
experiencia con este, cómo la sociedad le asigna géneros a los cuerpos con base
en los órganos reproductivos y cómo esta interactúa entre sí con base en los
cuerpos; ii)[la] identidad, que comprende la concepción
interna y el sentimiento de cada individuo de sentirse como hombre o mujer, en
el sentido de una armonía interior entre quienes internamente sienten y saben
que es cada uno; y iii) Finalmente, la manifestación o expresión,
que consiste en la forma en que cada individuo presenta su género al mundo, a
la sociedad, culturalmente, en su comunidad o en su familia, así como la manera
que interactúa con su propio género y lo va moldeando con el paso de los años,
en un proceso de constante desarrollo”[57].
Esta noción se contrapone con la de
cisgénero y supone dentro de las construcciones de representación de género una
variación al orden social obligatorio, que se sale del patrón, y que, por
tanto, para las personas que se identifican, como en el presente asunto como
hombres trans, significa un lugar diferenciado y muchas veces discriminado en
la jerarquía social. Lo anterior, tiene una relevancia importante por cuanto
todas las maneras en que se expresa la identidad de género adquieren
actualmente protección de carácter fundamental.
14. Al respecto, la Corte siempre ha clarificado que las
definiciones aquí expuestas no deben ser tenidas como definitivas, ya que, como
nociones referentes a la subjetivación de las personas, pueden cambiar con el
tiempo y diferir entre las distintas representaciones culturales y contextos de
los grupos sociales. Asimismo, se transforman continuamente a partir de la
experiencia individual y de la forma en que cada ciudadano se apropia de su
sexualidad. Por lo tanto, su significación fluctúa constantemente ante la
posibilidad de ser revaluadas a partir de la experiencia personal y del
discurso aceptado por el colectivo social[58].
La protección de las manifestaciones de la
identidad de género de las personas trans
15. La identidad es el conjunto de características
socioculturales que hacen irrepetibles a las personas. De acuerdo con las
precisiones conceptuales precedentes, “en su faceta dinámica, la identidad
ubica al sujeto como ser relacional y cambiante; desde el punto de vista
estático, la identidad se define a partir de las características biológicas,
físicas y los atributos de la identificación. Ambos elementos constituyen derechos
subjetivos”[59].
En el caso de las personas trans, al
salirse del patrón normativo cisgénero que rige la sociedad actual, se adaptan
al binario hombre-mujer desde la alteridad, que se materializa no como una
contraposición del binario sino como una simbiosis. En esa medida, el
reconocimiento de su autonomía identitaria se predica de vital relevancia,
teniendo en cuenta las garantías que la Constitución reconoce a la
individualidad de cada persona como es, con sus rasgos, características y
diferencias específicas en tanto que son esas manifestaciones diversas las que
distingue a cada sujeto de la especie humana en relación intrínseca con los
derechos a la dignidad humana y al libre desarrollo de la personalidad[60].
16. Este Tribunal ha reconocido que las personas
trans pertenecen al sector LGBTI que ha padecido mayor discriminación y
exclusión social y, por ende, requieren mayor atención por parte del Estado[61].
En tal medida, “la censura de las expresiones de la identidad de género
impacta un amplio abanico de prerrogativas y su protección ha evolucionado a
través de la jurisprudencia constitucional”[62].
De tal manera, se ha desarrollado el
núcleo esencial del derecho a la identidad como una prerrogativa que avala a la
persona como “ser autónomo, con autoridad propia, orientado a fines
específicos, que ejerce un claro dominio de su libertad y en consecuencia
ninguna decisión tomada sin su consentimiento se torna válida. Tal autonomía,
implica a la persona como dueña de su propio ser. La persona por su misma
plenitud, es dueña de sí, es el sujeto autónomo y libre. En otros términos, el
distintivo de ser persona y el fundamento de la dignidad de la persona es el
dominio de lo que quiere ser”[63].
17. En sede de tutela, la Corte ha hecho énfasis en las
garantías intrínsecas sobre la manifestación material y simbólica de la
identidad de las personas trans e intersexuales como personas diversas.  Primero,
la diferencia como una característica intrínseca y propia del ser humano.
Segundo, el ejercicio de la libertad en la autodeterminación del cuerpo y la
identidad. Tercero, el deber ciudadano de respeto, reconocimiento e inclusión
de la diversidad humana y del pluralismo sociocultural.
En la sentencia SU337 de 1999,
la Sala Plena estudió el caso de una menor de de tres años a quien
durante un examen pediátrico se le encontraron genitales ambiguos que no
permitían hacer la distinción anatómica entre el sexo como mujer u hombre,
razón por la que se le diagnosticó “seudohermafroditismo masculino”[64].
Los médicos tratantes recomendaron un tratamiento quirúrgico, que consistía
en la “readecuación de los genitales”. No obstante, el Instituto
de Seguros Sociales se negó a practicar el procedimiento pues era la menor
quien debía dar su consentimiento para la intervención genital y no la madre.
Ante esa situación, la progenitora presentó la acción de tutela al estimar que,
esperar a que la menor tuviese la capacidad legal para decidir, podría llevar a
infringirle un daño psicológico, fisiológico y social considerable.
Esta Corporación indicó que los estados de
intersexualidad cuestionan las convicciones sociales relacionadas con la
percepción binaria del sexo, dado que “tocan con uno de los elementos más
complejos, misteriosos y trascendentales de la existencia humana: la definición
misma de la identidad sexual, tanto a nivel biológico, como en el campo
sicológico y social”[65]. Asimismo, reconoció que, “la
sociedad contemporánea está viviendo un período de transición normativa y
cultural (…) la Constitución de 1991 pretende construir una sociedad
en donde la diversidad de formas de vida no sea un factor de violencia y de
exclusión sino una fuente insustituible de riqueza social. La
diferencia y la igualdad encuentran sus lugares respectivos en esta
Constitución que pretende así ofrecer las más amplias oportunidades vitales a
todas las personas. Los estados intersexuales interpelan entonces nuestra
capacidad de tolerancia y constituyen un desafío a la aceptación de la
diferencia. Las autoridades públicas, la comunidad médica y los ciudadanos
en general tenemos pues el deber de abrir un espacio a estas personas, hasta
ahora silenciadas. Por ello, parafraseando las palabras anteriormente citadas
del profesor William Reiner, a todos nosotros nos corresponde escuchar a
estas personas y aprender no sólo a convivir con ellas sino aprender de ellas”[66].
(Negrilla y Subraya fuera de texto)
Por consiguiente, ordenó que se conformara
un equipo interdisciplinario que atendiera el caso y estableciera el momento
preciso en el que la menor tuviera la capacidad jurídica para prestar su
consentimiento informado. Tal decisión se fundó en el reconocimiento que tiene
cada individuo a tomar las decisiones que considere adecuadas con respecto al
desarrollo de su identidad de manera autónoma.
Posteriormente, en la sentencia T-152
de 2007, la Sala Cuarta de Revisión conoció una tutela en la que a una
mujer trans se le negó el ingreso a su lugar de trabajo. Si bien en dicha
oportunidad no se logró comprobar plenamente que dicha actuación fuese
discriminatoria con base en su identidad de género. Tampoco se hizo distinción
alguna entre orientación sexual e identidad de género. Sin embargo, la Corte
aclaró que la vivencia de estas clasificaciones “se erigen en un asunto que
se circunscribe dentro del ámbito de la autonomía individual que le permite
adoptar sin coacciones ajenas, los proyectos de vida que considere pertinentes
siempre y cuando con ellos no se vulnere el orden jurídico y los derechos de
los demás”[67].
Por su parte, la Sala Quinta de Revisión en la
sentencia T-918 de 2012 decidió respecto de un caso en el que una mujer
trans se le había negado la práctica de una cirugía de reasignación de sexo. La
Corte amparó los derechos fundamentales de la actora y ordenó a la EPS realizar
el procedimiento quirúrgico, en la medida en que las personas tienen el derecho
a contar con una “identidad sexual” definida con plena autonomía bajo la
protección constitucional del derecho al libre desarrollo de la personalidad, a
la autodeterminación y a la dignidad humana.
De manera similar en la sentencia T-450A de
2013 se revisó el trámite surtido en relación con un bebé intersexual a
quien la Registraduría no expidió el debido Registro Civil de Nacimiento dado
que el “certificado de nacido vivo” no indicaba con claridad el componente
sexo del bebé.
Sobre el particular, la Sala Segunda de
Revisión destacó que el componente sexo de una persona no determina, su
condición de ciudadano, ya que “no puede de ninguna manera convertirse en un
criterio excluyente o nugatorio de los derechos de toda persona, como lo es el
derecho a la personalidad jurídica. En otras palabras, desconocer a un
intersexual sus derechos por esta razón significaría degradarlo y negar su
calidad de ser humano”. Esta afirmación resulta relevante pues da cuenta
que el componente sexo puede ser variable y/o diferente a la identidad de
género de cada persona.
18. En concordancia, la Constitución garantiza
todas las manifestaciones mediante las cuales las personas con identidad de
género acentúan y dan cuenta de su diversidad. Así, expresiones de
representación como la forma de vestir, de caminar, de hablar y de nombrarse
componen la individualidad personal.
Sobre este último la Corte se ha pronunciado
en más de una oportunidad. Se destaca la sentencia T-363 de 2016 en la
cual se estudió el caso de un estudiante trans a quien se le negaba el trato
que corresponde a su identidad de género. En dicha providencia la Sala Quinta
de Revisión destacó que el nombre es un elemento crucial para la fijación de la
identidad. Recalcó que el artículo 14 superior reconoce el derecho a la
personalidad jurídica que hace a todos los sujetos titulares de derechos y
obligaciones. Se trata de la categoría que permite el reconocimiento de los
atributos de la personalidad jurídica[68].  Por tanto, el
respeto de estos atributos se vincula al desarrollo personal, del que se
destace el nombre, el cual tiene una repercusión simbólica dentro del auto
reconocimiento de todo sujeto dentro de una sociedad. Por consiguiente, la
jurisprudencia resalta que:
“[e]l nombre como
atributo de la personalidad, es una expresión de la individualidad y tiene por finalidad
fijar la identidad de una persona en el marco de las relaciones sociales y en
las actuaciones frente al Estado. Con él se busca lograr que cada individuo
posea un signo distintivo y singular frente a los demás, con el cual pueda
identificarse y reconocerse como tal. Se trata de un derecho fundamental
inherente a todas las personas por el solo hecho de su existencia”[69]
19. Entonces, dentro del ordenamiento jurídico el
nombre resulta un “(i) elemento de la personalidad jurídica; (ii)
manifestación del libre desarrollo de la personalidad; (iii) elemento
distintivo de carácter relacional; y (iv) elemento de construcción de la
identidad individual y de la autopercepción, se han proferido diversas medidas
para la protección de las decisiones sobre dicho atributo”[70].
Por tanto, en los eventos en que las
personas inician procesos de reafirmación de su identidad de género son libres
para tomar cualquier tipo de decisión respecto de su nombre. Puede ser que en
el marco de una transición de identidad de género la persona considere
indispensable modificar su nombre en todos sus documentos o, por el contrario,
adopte un nombre “identitario” en el ámbito social, pero manteniendo el
nombre legal concedido desde el nacimiento[71].
20. Entonces, la jurisprudencia constitucional ha insistido que
resultan inadmisibles exigencias sociales, legales, administrativas o
judiciales dirigidas a que una persona modifique su nombre para que adopte uno
que aparentemente corresponda mejor con la identidad de los sujetos[72],
para efectos de ser reconocidos como tal.
21. En síntesis, el derecho a la identidad de género se
desprende del reconocimiento a la dignidad humana, a la autonomía personal y el
libre desarrollo de la personalidad, prerrogativas que comprenden el ejercicio
del proyecto de vida de cada persona sin restricción alguna por el solo hecho
de ser dueña de sí. Tal es el caso de las personas trans a quienes la Carta
garantiza, en el marco de los derechos de los demás, el respeto por todas las
manifestaciones que les permite exteriorizar su diversidad sin perjuicio de su
sexo biológico, dentro de las que destacan la forma de vestir, de llevar el
cabello, o que nombre llevar para autodefinirse.
El derecho a la igualdad: la orientación
sexual e identidad de género como criterios sospechosos de discriminación.
Reiteración de jurisprudencia.
22. La Constitución reconoce la cláusula de igualdad como un principio
rector y como un derecho fundamental, por lo que se presume, de la misma manera
que sucede con la dignidad humana, como uno de los pilares sobre los que se
funda el Estado[73].
En ese sentido, el
artículo 13 superior establece que todas las personas nacen libres e iguales
ante la ley. Deben recibir el mismo trato y protección por parte de las
autoridades, y disfrutar de los mismos derechos, oportunidades y libertades sin
ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar,
lengua, religión, opinión política o filosófica. Este derecho se caracteriza
entonces por tratarse de una prerrogativa que “(i) es connatural a la persona desde su
nacimiento, (ii) el Estado debe propender por su protección y goce
efectivo, (iii) permea todos los ámbitos de la vida en sociedad
y, (iv) su aplicación conlleva la distinción material entre personas
cuyas circunstancias físicas o socio-culturales así lo requieran”[74].
23. La Corte ha reconocido que la igualdad puede
interpretarse a partir de tres dimensiones: i) una formal, que instaura una
regla general de igualdad ante la ley, entendida como la aplicación imparcial
del derecho a todas las personas; ii) una material, que supone garantizar las
mismas oportunidades y condiciones de vida para todos acorde con la dignidad
del ser humano[75]; y por último; iii)
la prohibición de cualquier tipo de discriminación “que implica que el Estado
y los particulares no puedan aplicar un trato discriminatorio a partir de
criterios sospechosos construidos a partir de -entre otras- razones de sexo,
raza, origen étnico, identidad de género, religión u opinión política”[76].
24. El concepto de discriminación se ha desarrollado en la
jurisprudencia constitucional como un trato distinto y arbitrario que carece de
una justificación objetiva, razonable y proporcional, que ocasiona la anulación
de una persona o grupo de personas con base en prejuicios o estereotipos
socioculturales[77].
Lo anterior, sustentado entre otros, en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 2º[78]
o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos el cual dispone en su
artículo 26 que “Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho
sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley
prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección
igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo,
idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.
Además, en consonancia con lo establecido
en el artículo 2° del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales
y Culturales, las Comisiones de Derechos Humanos de Naciones Unidas han
señalado en diferentes observaciones que: “La discriminación se entiende
como ‘toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basen en
determinados motivos, como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión,
la opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, la posición
económica, el nacimiento o cualquier otra condición social y que tenga por
objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio,
en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales
de todas las personas’”[79].
25. Las categorizaciones empleadas que dan cuenta
de tales actos discriminatorios han sido denominadas por esta Corporación
como “criterios sospechosos”, en la medida que se destacan como
referentes de  subvaloración en la esfera social. Generalmente se basan en i)
rasgos permanentes de las personas, imprescindibles a voluntad por estar intrínsecamente
ligados a su identidad, ii) grupos sometidos históricamente y/o culturalmente
menospreciados o situados en una posición inferior en la jerarquía social, y
iii) “no constituyen, per se, criterios con base en los cuales sea posible
efectuar una distribución o reparto racional y equitativo de bienes, derechos o
cargas sociales”[80].
26. De acuerdo con lo anterior categorías como
el sexo, la orientación sexual y la identidad de género constituyen categorías
sospechosas de discriminación. Esto implica que todo tratamiento diferencial
fundado en ellos se presupone como discriminatorio a menos que pueda
justificarse. La sentencia
T-314 de 2011 señaló que en concreto las personas trans es un grupo
sometido a mayor grado discriminación y exclusión por la sociedad que el resto[81].
27. La Corte Constitucional a utilizado dos expresiones para
identificar las distintas formas de discriminación: acto discriminatorio y
escenario de discriminación.
28. El acto discriminatorio además de estar dirigido contra uno
de los criterios sospechosos de discriminación, es un comportamiento
reprochable que puede ser consciente u inconsciente por parte de quien lo
realiza, porque se trata de un comportamiento que “priva a una persona
del goce de sus derechos, con base en razones fundadas en prejuicios [o]
preconceptos”[82]. Además, goza de
una connotación violenta ya sea física, emocional, simbólica o psicológica,
originada en las relaciones sociales[83].
29. El escenario de discriminación es un recurso
utilizado que permite explicar que un acto discriminatorio, en ciertas
condiciones, se despliega del mismo modo que una puesta en escena que adquiere
una naturaleza pública. Sobre este la Corte ha desarrollado cuatro criterios
para establecer cuándo ocurre un escenario de discriminación:
“Primero. Relación de poder,
sujeción, dependencia o jerarquía, que “permite entender el ejercicio
coactivo o la facilidad con que se presenta la dominación de una persona sobre
otra en ese contexto, generándose un esquema de vulneración ciertamente mayor”[84].
Segundo. Las relaciones entre los
sujetos que acuden al escenario, tanto entre quien discrimina y es
discriminado, como la que existe entre estos y los espectadores. Igualmente, en
este criterio se valora si la escena es continua o esporádica, pues cuanto más
frecuente, habrá una mayor intensidad de afectación de los derechos.
Tercero. El espacio, que “se
refiere al tipo de lugar en el que se consolida el escenario. Permite valorar
si, por ejemplo, se trata de una zona institucional, si está especialmente regulada,
si es cerrada o abierta, privada, pública o mixta”.[85]
Cuarto. La duración, pues
cuanto “mayor extensión del tiempo de exposición de la persona
discriminada puede llevar, aunque no como regla imperativa, a una mayor
afectación de sus derechos”. [86]
Quinto. Las alternativas de las que
dispone la persona afectada para afrontar la situación y “valorar cuáles
son las implicaciones de ello; por ejemplo si alejarse del contexto redunda en
la pérdida de su empleo, la pérdida de una oportunidad educacional, la pérdida
de su vivienda y demás”.
Sexto. La respuesta de los
involucrados ante el acto discriminatorio y “la oportunidad de consolidar
espacios de rectificación o reconciliación destinados a remediar los perjuicios
causados”[87] ” [88].
30. La Corte ha indicado que evidenciar sin
equívoco la ocurrencia de actos discriminatorios es de gran dificultad, por lo
que la carga de la prueba, que inicialmente estaría en quien alega la
vulneración del derecho a la igualdad, debe ser trasladada a la persona que aparentemente
está tratando a otra de forma diferenciada. Lo anterior no es óbice para que la
persona afectada, en la medida de lo posible, allegue las pruebas que le
permitan acreditar su acusación[89].
31. Por último, se tendrá que valorar si se
adoptaron medidas para reparar los perjuicios cometidos, esto es, si luego de
ocurridos los hechos discriminatorios se dispuso de un espacio para la
rectificación o reconciliación, cuáles fueron sus características y resultados.
La apertura de este tipo de espacios constituye una medida de reparación que
disminuye las consecuencias lesivas de los actos discriminatorios, mientras
que, en su ausencia, los sentimientos de deshonra, vergüenza o humillación que
inicialmente haya experimentado la persona afectada se pueden incrementar de
manera significativa ante la falta de justicia[90].
El derecho fundamental a la
educación de los niños, niñas y adolescentes en relación con el libre
desarrollo de la personalidad de las personas con sexualidad e identidad de
género diversa. Reiteración de jurisprudencia.
32. Corresponde al Estado garantizar el acceso a
la educación como lo establece el artículo 67 de la Constitución, que define la
función social de este derecho. Su finalidad es lograr el acceso de todas las
personas al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y
valores de la cultura, entre otros. En concordancia, el artículo 44 superior
establece que la educación es un derecho fundamental de los niños, niñas y
adolescentes.
Por tanto, se advierte la
obligación estatal de garantizar los medios materiales para su desarrollo y
generar el acceso al sistema educativo de manera integral, en condiciones de
dignidad, calidad y permanencia. En ese sentido, el Estado debe adoptar todas
las medidas necesarias para fomentar la asistencia a las instituciones
educativas y reducir los índices de deserción de la población estudiantil[91].
33.  La sentencia T-743 de 2013 definió las
características con las cuales debe cumplir el derecho fundamental a la
educación de la siguiente manera: i)   la disponibilidad, es decir que exista
la infraestructura física y de personal suficiente para el funcionamiento de
los programas de educación; ii) la accesibilidad, que comprende el derecho de
acceder al sistema educativo en condiciones de igualdad; iii) la aceptabilidad
que se refiere a la pertinencia y calidad de los métodos de enseñanza y
programas de estudio pedagógicos calidad; y iv) la adaptabilidad, entendida
como la flexibilidad y adecuación ante los potenciales cambios sociales,
culturales y tecnológicos, de acuerdo a las necesidades de los alumnos.
Sobre la accesibilidad se
destaca la importancia de la eliminación de cualquier forma de discriminación
que pueda obstaculizar entrar al sistema educativo. Esas condiciones de
igualdad comprenden “i) la imposibilidad de restringir el acceso por
motivos prohibidos, de manera que todos tengan cabida, en especial
quienes hacen parte de los grupos más vulnerables; ii) la
accesibilidad  material o geográfica, que se logra con instituciones de
acceso razonable y herramientas tecnológicas modernas y iii) la
accesibilidad económica, que involucra la gratuidad de la educación primaria y
la implementación gradual de la enseñanza secundaria y superior gratuita”[92].
(Subrayado fuera de texto original).
34. Sobre la accesibilidad para el caso de los estudiantes con
identidad de género diversa, en la sentencia T-435 de 2002 se ampararon
los derechos fundamentales de una estudiante sancionada por su orientación
sexual. La Sala Quinta de Revisión concluyó que el colegio no podía asumir una
actitud discriminatoria frente a un estudiante que en virtud del derecho al
libre desarrollo de la libertad tiene plena potestad de definir su orientación
sexual. Resaltó que “el proceso educativo no puede incluir prácticas o
metodologías que vulneren o desconozcan el núcleo esencial del derecho al libre
desarrollo de la personalidad, pues ciertamente debe respetar los proyectos de
vida de los educandos, mientras éstos se basen en principios y valores
constitucionalmente aceptados y protegidos”.
En la sentencia T-562 de 2013 este
Tribunal examinó el caso de una estudiante trans a quien no se le permitió usar
el uniforme femenino porque según lo establecido en el manual de convivencia
únicamente podía usar un uniforme acorde a su sexo. Después de realizar un test
estricto de proporcionalidad la Corte concluyó que “si bien la disciplina y
el orden en los establecimientos educativos cumplen un fin constitucional, no
es urgente o inaplazable el cumplimiento de este fin cuando con ello se
vulneran otros derechos fundamentales de alguno o algunos de los integrantes de
la comunidad educativa, como en este caso serían los derechos al libre
desarrollo de la personalidad y a la educación” de la menor.
En la sentencia T-804 de
2014 la Sala resolvió una tutela de una joven trans a quien se le negó un
cupo en un plantel educativo con motivo de su identidad de género diversa. En
esta ocasión amparó los derechos fundamentales de la accionante indicando que a
pesar de no encontrarse demostrado de manera contundente la ocurrencia de
conductas discriminatorias, la condición de vulnerabilidad de la accionante
conduce a su protección como medida preventiva. Reiteró que el ámbito educativo
es uno de los espacios donde se presentan mayores prácticas discriminatorias en
contra de las personas trans. Por ello, las instituciones deben propender por
la integración de principios de no discriminación, diversidad y uso del
lenguaje.
Finalmente, en la sentencia
T-478 de 2015 la Corte estudió una acción de tutela presentada por la madre
de un menor de edad contra de la institución educativa en la que estudiaba su
hijo, entre otras autoridades. La accionante señaló que el plantel educativo
había violado los derechos fundamentales al buen nombre, a la dignidad, al
libre desarrollo de la personalidad y a la intimidad del menor, derivado de
actuaciones sistemáticas de acoso recibidas debido a su orientación sexual y
que eventualmente, lo llevaron a quitarse la vida. Al estudiar el caso, la Sala
encontró que, en el procedimiento disciplinario adelantado por las directivas
escolares, se castigó la orientación sexual diversa del joven que ocasionó una
afectación de sus derechos al libre desarrollo de la personalidad y dignidad,
así como de la igualdad, derivada de una comprobada actuación institucional de
acoso que expresaba una posición discriminatoria[93].
35. Lo evidenciado llevó a la Corte a ordenar al
Ministerio de Educación Nacional  a implementar acciones tendientes a la i)
creación definitiva del Sistema Nacional de Convivencia Escolar de acuerdo a lo
señalado por la Ley 1620 de 2013 y el Decreto 1965 de 2015, y ii) la revisión
de los manuales de convivencia por parte del Sistema Nacional de Convivencia
Escolar “para determinar que los mismos sean respetuosos de la orientación
sexual y la identidad de género de los estudiantes y para que incorporen
nuevas formas y alternativas para incentivar y fortalecer la
convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y
reproductivos de los estudiantes, que permitan aprender del error, respetar
la diversidad y dirimir los conflictos de manera pacífica, así como que
contribuyan a dar posibles soluciones a situaciones y conductas internas  que
atenten contra el ejercicio de sus derechos”[94].
(Subrayado fuera de texto original)
36. En conclusión, esta Corporación resalta la
obligación que tienen todas las instituciones educativas de prestar el servicio
de educación en condiciones de igualdad, de forma tal que se no se condicione
el acceso por motivos como la identidad de género.
Caso concreto
Breve presentación del caso
37. El joven José Manuel Echeverri Rodríguez señaló haber sufrido
diferentes tratos discriminatorios por parte de la institución educativa en la
que se encuentra matriculado debido a su identidad de género diversa -hombre
trans-. Por consiguiente, formuló
acción de tutela solicitando la protección de su derecho fundamental al libre
desarrollo de la personalidad ya que al impedirle asumir su identidad se le
impide continuar sus estudios en la institución.
El rector de la institución
accionada indicó que contrario a lo manifestado por el accionante el plantel
educativo prestó al estudiante el acompañamiento necesario, activó los
protocolos del manual de convivencia y creó un programa de estudios especial
para que el joven pudiese terminar el año escolar sin complicación alguna.
El juez de primera instancia
negó el amparo. Estimó que el estudiante no presentó material probatorio que
llevase a concluir la ocurrencia de la discriminación alegada. Encontró,
además, que el colegio con el plan de trabajo cumplió los requerimientos del
joven sobre la manera en la que deseaba recibir clases por el resto del año
lectivo.
Análisis de los requisitos de procedencia de la acción de
tutela
38. Legitimación en la causa por activa: el artículo 86 de la Constitución Política
consagra a favor de toda persona la posibilidad de presentar acción de tutela
para invocar la protección de sus derechos fundamentales por sí misma o por
quien actúe a su nombre. En el caso bajo estudio, el joven José Manuel Echeverri
Rodríguez quien es el directamente afectado con las presuntas actuaciones
señaladas en el escrito de tutela presentó a nombre propio la acción de tutela.
Con esto, encuentra la Sala cumplido el requisito de legitimación activa.
39. Legitimación en la causa por pasiva: en su inciso final el artículo 86 superior
señala que la acción de amparo procede contra particulares, entre otros
eventos, cuando el accionado esté encargado de la prestación de un servicio
público. En concordancia, el numeral 1º del artículo 42 del Decreto 2591 de
1991 contempla tal procedencia cuando “contra quien se hubiere hecho la
solicitud esté encargado de la prestación del servicio de educación”. En
este caso, la accionada es una institución oficial que presta el servicio de
educación formal en los niveles de preescolar, básica-secundaria y media
académica[95], y en la que el
actor se encontraba matriculado al momento de la presentación del escrito de
tutela.
40. Inmediatez: este requisito busca garantizar la seguridad jurídica de
la acción de tutela, analizando que la misma sea instaurada oportunamente
dentro de un plazo razonable teniendo en cuenta las circunstancias y
particularidades de cada caso en concreto. En este asunto, la última actuación
que generó la presunta vulneración de los derechos de José Manuel Echeverri
Rodríguez aconteció el 21 de octubre de 2019 y la acción de tutela fue
presentada el 30 de octubre del mismo año, cumpliendo con el requisito de
inmediatez.
41. Subsidiariedad: La acción de tutela es el mecanismo idóneo con que cuenta
el joven José Manuel Echeverri Rodríguez para solicitar la protección inmediata
de sus derechos fundamentales presuntamente vulnerados por la accionada, por no
contar con un mecanismo de defensa judicial para ello[96].
Además, se se destaca que el joven presentó
queja en contra de la institución educativa a la Alcaldía Municipal de Sabaneta
-Oficina de Control Interno Disciplinario de la Administración Municipal- sobre
la cual no se ha adoptado decisión alguna[97].
La
carencia actual de objeto por hecho superado
42. El hecho superado tiene lugar cuando entre
el momento de la interposición de la acción de tutela y el fallo de primera
instancia[98] la
accionada atiende la amenaza o repara la vulneración del derecho y se
satisfacen por completo las pretensiones de la solicitud de amparo. Esta
situación autoriza al juez constitucional a prescindir de emitir una orden
particular. En esa medida, “el objeto jurídico de la acción de tutela, cesa,
desaparece o se supera por causa de la reparación del derecho vulnerado o
amenazado, impidiendo que el juez de tutela entre a emitir una orden respecto
de la situación fáctica que impulsó la interposición de la acción de tutela”.
En esas condiciones, el derecho ya no estaría en
riesgo y, por tanto, las órdenes a emitir por la autoridad judicial resultan
inocuas, no siendo imperioso para los jueces de instancia realizar un análisis
sobre la posible vulneración de los derechos invocados, excepto cuando se
observe que se debe llamar la atención sobre la situación que originó la
tutela, condenar su ocurrencia y advertir la inconveniencia de su repetición en
virtud de lo dispuesto en el artículo 24 del Decreto 2591 de 1991[99]. Empero, si se llegare a presentar un hecho superado
durante el trámite de revisión en la Corte Constitucional, entonces, además de
declarar la improcedencia de la acción de tutela, esta autoridad judicial podrá
examinar el caso determinando el alcance de los derechos fundamentales en
concreto[100].
43. En
el presente asunto, el accionante aseveró que desde
que empezó su proceso de reafirmación de género como hombre trans, diferentes
miembros de la institución educativa adoptaron actuaciones discriminatorias que
lo llevaron a ausentarse de clase y a sufrir episodios de depresión.
Inicialmente, durante su proceso de reafirmación de género recibió llamados de
atención por parte de la profesora de educación física por no usar el uniforme
de gala femenino. Posteriormente, cuando asumió su identidad de manera
definitiva como hombre trans: i) las directivas del colegio se negaron a
llamarlo por su nombre identitario hasta tanto no cambiara su documento de
identidad; ii) aún con la modificación del documento de identidad, un docente
continuó refiriéndose a él en términos del género femenino y con su nombre
anterior; y iii) pese a que el colegio accedió a su deseo de establecer un cronograma
académico individualizado, le impidió compartir con sus compañeros de clase y
realizar actividades extracurriculares[101] con el resto de la
comunidad educativa.
Por consiguiente, le solicitó al juez constitucional, primero, dejar sin efectos el cronograma de
actividades acordado y, en su lugar, permitir la culminación del año escolar
desde su casa; segundo, ofrecer disculpas públicas tanto a él como a su familia
por las conductas discriminatorias desplegadas por los directivos y el grupo
docente; y tercero, capacitar al personal del colegio en temas de sexualidad
diversa.
44. La Sala considera que se configuró la carencia
actual de objeto por hecho superado dado que la institución educativa accionada
durante el trámite de tutela accedió a las pretensiones del accionante. A
continuación se fundamenta esta afirmación.
45. En primer lugar, la
institución educativa levantó la restricción inicial
que impedía al joven salir a la hora de los descansos. El colegio aclaró que
para los últimos tres encuentros académicos del cronograma de estudios accedió
a la solicitud del estudiante[102]. Así las cosas, “el estudiante
culminó su proceso académico, aunque no le dio continuidad al programa flexible
diseñado particularmente para atender las necesidades expuestas por él, asistió
sin conflictos al evento de entrega de símbolos y a la ceremonia de grados”.
Por ello, la Sala entiende que el estudiante logró culminar sus estudios y
obtener el grado en condiciones de igualdad con sus otros compañeros.
46. En segundo lugar, después
de corroborar lo sucedido con el docente de química, este le ofreció disculpas
al estudiante. En efecto, luego de atender la versión del profesor y escuchar
lo señalado por algunos estudiantes que estuvieron presentes en la clase
efectivamente se constató que el docente se refirió al accionante por su nombre
anterior y como “esta niña”. Pese a que el profesor afirmó que “seguramente
fue un lapsus ya que a José Manuel lo conozco desde que ingresó a la
institución en el año 2016, cuando aún era María José” le presentó
disculpas al estudiante el 12 de noviembre de 2019 en la primera clase
individual de química en presencia de otros tres docentes.
47. Finalmente,
mediante los Acuerdos 019 y 20 del 17 de octubre de 2019 el colegio realizó
modificaciones al manual de convivencia con el fin de mejorar las rutas de
atención para la convivencia escolar reconociendo la importancia del
reconocimiento de la diversidad sexual y de género. Mediante el Acuerdo 019 del 17 de octubre de 2019 el consejo directivo cambió
el reglamento estudiantil incorporando nuevas pautas entre las que destaca “el
uso de un lenguaje adecuado que permita la dignificación de la condición humana
y la inclusión desde un enfoque de diversidad. La obligatoriedad de crear un
ambiente propicio de respeto e inclusión. El respeto de la orientación sexual y
la identidad de género que tiene una persona de la comunidad”.
Adicionalmente, se precisaron los procedimientos para acceder a las rutas de
atención[103]. Por su parte, el Acuerdo
20 del 17 de octubre de 2019 aprobó las modificaciones al proyecto educativo
institucional en el que se ajustó el modelo pedagógico de la insitucion
educativa.
48. Lo anterior, a juicio de la Sala produjo la
cesación de la vulneración y la garantía de los derechos fundamentales al libre
desarrollo de la personalidad, a la educación, a la igualdad y no
discriminación de José Manuel Echeverri Rodríguez. Ahora bien, acorde con la
jurisprudencia constitucional, ello no obsta para que esta Corporación, en uso
de sus competencias, analice la presunta afectación de los derechos
fundamentales por el accionante durante su proceso de reafirmación de género.
La institución educativa José Félix de Restrepo
Vélez de Sabaneta adoptó algunas medidas tendientes a garantizar el derecho al
libre desarrollo de la personalidad del accionante durante su proceso de
reafirmación de género
49. La Sala Octava de Revisión reconoce que el
colegio asumió conductas tendientes a proteger los derechos fundamentales del
estudiante José Manuel Echeverri Rodríguez, como se enumeran a continuación:
(i)
En el expediente hay documentación que
respalda la cooperación del plantel educativo frente a una actividad realizada
con iniciativa de los estudiantes miembros de la denominada Mesa de Diversidad
Sexual, en la que el actor y algunos compañeros se vistieron con “el uniforme del género contrario/opuesto” para sensibilizar a la comunidad estudiantil sobre la diversidad
de género. Lo anterior demuestra que prima facie la accionada se mostró abierta a generar espacios de diálogo
entre estudiantes y docentes sobre la importancia del reconocimiento, el
respeto y la inclusión de las personas con orientación y/o identidad sexual
diversa.
(ii)
Ante la solicitud expresada por el estudiante consistente
en terminar sus estudios desde casa y con el fin de evitar su deserción, las
directivas se mostraron activas a la hora de plantear una solución que
permitiese al actor culminar el año escolar de manera presencial. Para ello
crearon un cronograma de estudios en procura de “(…)
buscar generarle espacios que le permitan estar cómodo y tranquilo dentro del ámbito
escolar y dando respuesta positiva a una solicitud presentada por la familia y
el estudiante a la institución (…)”. De tal manera, en el programa
académico se estableció un horario determinado para que cada profesor realizara
las actividades académicas restantes que le permitieran al estudiante concluir
el grado lectivo y graduarse sin percances de la institución educativa.
(iii)
El colegio evidenció que el profesor Javier
Bahena actuó de manera inapropiada en contra del estudiante durante clase. En
consecuencia, ordenó al docente emitir disculpas al accionante acto que se
llevó a cabo en presencia de otros tres profesores en el aula de clases.
(iv)
Finalmente, la institución educativa realizó
reformas a su manual de convivencia. Así, en cumplimiento del numeral 3 del
artículo 18 de la Ley 1620 de 2013 estableció pautas para aplicar las rutas de
atención y protocolos para prevenir y mitigar las situaciones que afecten la
convivencia escolar de los estudiantes, en especial aquellas con orientación
y/o identidad de género diversa[104].
50. Sin embargo, luego de revisar las pruebas que
obran en el expediente y de analizar lo manifestado por la institución
educativa, la Sala considera que la accionada ejecutó acciones que
efectivamente derivaron en su momento en la vulneración de los derechos
fundamentales de José Manuel Echeverri Rodríguez, tal como se expone a
continuación.
La institución educativa José Félix de Restrepo Vélez de
Sabaneta fue permisiva con la generación de un escenario de discriminación
51. Como respaldo
de los hechos aludidos en la tutela, el actor incorporó una petición presentada
a la rectoría de fecha del 27 de septiembre de 2019. En el escrito relató que,
a inicios del año escolar, mediante una carta solicitó a la comunidad educativa
ser reconocido como José Manuel, requerimiento que fue condicionado hasta tanto
el actor no modificase su nombre legalmente. Además, ante quejas presentadas
por la negativa de los docentes y un estudiante de llamarlo por su nombre
identitario, las directivas se limitaron a señalarle que “debía ser fuerte”
e inclusive le advirtieron que “si su mamá se equivoca, los profesores
también”[105]. También detalló, que después de
tener el inconveniente con el profesor Javier Bahena, ante la falta de apoyo
recibido por su coordinadora de grupo y los tratos desiguales recibidos por
parte de las directivas, intentó suicidarse[106].
En complemento, anexó la respuesta emitida por la
institución educativa[107].
En ese documento la rectora afirmó que durante el año 2018 nunca recibió
notificación sobre el cambio de su identidad de género, únicamente tenía
constancia que el joven se encontraba en tratamiento médico desde 2016. Negó
que se hubiese dado el comentario de que el menor “debía ser fuerte”,
advirtiendo, por el contrario, que se invitó a José Manuel a que pusiera en
práctica unas orientaciones dadas, igualmente se le aconsejó tener “una
actitud resiliente (sic) y un adecuado manejo de las emociones; no significa
esto que la institución haya desconocido su rol, muy por el contrario una vez
más reitera su compromiso para garantizar espacios de diversidad para él y
todos los estudiantes de la institución”[108].
De igual manera, ante denuncias realizadas por el
estudiante sobre el trato discriminatorio y hostil de parte de algunos
profesores, las directivas inicialmente no actuaron eficazmente absteniéndose
de identificar una forma de conciliar con el estudiante, y negando cualquier
responsabilidad frente alguna posible actuación discriminatoria. Sobre este
punto, resulta relevante la manera en que se trató el incidente con el profesor
Javier Bahena. Si bien luego de presentada la tutela las directivas accedieron
a exigir excusas, antes de ello negaron cualquier conducta reprochable por
parte del profesor, aduciendo que “[e]n las indagaciones no se percibe responsabilidad
por parte del docente con respecto a lo expresado por José Manuel”[109].
52. Hasta aquí, la Sala identifica
una escenario de discriminación contra el accionante. El escenario de
discriminación que esta situación crea, según los criterios constitucionales,
es el siguiente:
Primero: En el contexto educativo, ciertamente hay una
relación de poder y de jerarquía en la cual, el estudiante recibe una formación
centrada en la adquisición de conocimiento, mientras que quienes disponen de
ellos, en una posición dominante es el personal docente.  Es el estudiante, en
este caso, José Manuel, quien debe sujetarse a las reglas y a la dinámica
pedagógica del entorno educativo.
Segundo: En la medida que el accionante debe acudir
diariamente a clase, y es allí donde siente el entorno discriminatorio, se
configura una mayor afectación de sus derechos, pues no se trata de una situación
esporádica, sino frecuente, teniendo en cuenta la exigencia inicial del colegio
de reconocer su identidad de género con el cambio legal del nombre, y con
posterioridad, la inactividad para impulsar un trato respetuoso a José Manuel
por parte del personal docente.
Además, hubo otros estudiantes presentes cuando recibió
comentarios que no reconocieron su identidad de género, espectadores, cuya
presencia intensificó la sensación de ofensa y generó que el evento se repitiera.
Precisamente, en el escrito presentado por el alumno al colegio, este señala
que, al ver la actitud del plantel algunos de sus compañeros continuaron
tratándole como mujer[110].
Tercero: El espacio en el que ocurren estas situaciones es
público y corresponde a una institución educativa que debería tener una
reglamentación clara en su manual de convivencia para proteger y garantizar los
derechos de los niños, niñas y adolecentes con orientación y/o identidad de
género diversa. Además debe ser activa en su implementación, de modo que se atienda
a los alumnos que puedan verse en circunstancias particulares que afecten su
estabilidad emocional.
Cuarto: La duración del acto discriminatorio en este caso puede tardar unos
segundos, si se trata de la expresión de referirse a José Manuel como mujer, o
llamándolo por su nombre anterior, “María José”. En contraste, puede
extenderse durante todo el lapso de una clase, en aquellas ocasiones en las que
el actor siente incomodidad o percibe que está siendo despreciado cuando las
directivas desestiman sus quejas frente a un docente que no respeta su
identidad de género.
Quinto: Las alternativas con las que dispone el accionante son escasas. Aún
cuando solicitó desde el inicio del año lectivo 2019 ser tratado de manera
acorde a su identidad de género, la institución educativa en principio
estableció obstáculos administrativos para acceder a su requerimiento, y
posterior a ello, ignoró en un primer momento, una queja presentada contra uno
de los docentes. Por su parte, abandonar la institución educativa implicaría
interrumpir su formación escolar, la cual ya se había visto perjudicada un año
atrás durante su proceso de reafirmación de género.
Sexto: De acuerdo con el escrito de tutela, el accionante presentó más de una
solicitud en búsqueda de recibir un trato igualitario por parte de la comunidad
educativa. De manera inicial, la institución educativa interpuso barreras
administrativas y legales para dar cumplimiento a la solicitud de ser
reconocido por su nuevo nombre identitario[111].
Posteriormente, y una vez el peticionario hizo las modificaciones requeridas,
el colegio desestimó inicialmente las denuncias presentadas frente a la
persistencia por parte de uno de los profesores de referirse a José Manuel con
su nombre e identidad de género anterior. Solamente con posterioridad a que el
estudiante presentara una queja ante el municipio, solicitara el acompañamiento
del consultorio jurídico de la Universidad EAFIT, y formulara la acción de
tutela, la institución educativa encontró procedente que el profesor Bahena se
disculpase con el joven.
53. Debe recordarse, que, en
un primer momento, en la respuesta emitida por el colegio, la institución
educativa se negó a reprender al docente y encontró que no era responsable de
los hechos relatados por el accionante. Adicionalmente, la accionada indicó que
el profesor no había actuado de manera reprochable, insistiendo que, de existir
cualquier insinuación contraria a reconocer al joven como hombre trans, estas
no se hacían de manera intencional.
54. Sobre este punto
particular, la Sala debe insistir que las actitudes del plantel educativo y del
profesor Javier Bahena de ignorar y anular el tránsito de género del actor
constituyen actuaciones discriminatorias, que son reprochables, a pesar de que
la accionada insista que las mismas no fueron conscientes o voluntarias[112].
Con su simple comportamiento basado en preconceptos sociales, vulneraron los
derechos fundamentales del accionante al libre desarrollo de la personalidad.
Las medidas adoptadas por la institución educativa José Félix
de Restrepo Vélez de Sabaneta fueron insuficientes ante las necesidades
requeridas por José Manuel Echeverri Rodríguez durante su proceso de
reafirmación de género
La ausencia de rutas de atención y/o acompañamiento al
estudiante durante su proceso de reafirmación de género
55. Del
expediente se evidencia que las directivas del colegio pese a tener
conocimiento que José Manuel llevaba dos años en tratamiento médico por
trastorno de depresión mayor, no pusieron en marcha ninguna ruta de atención
para prestarle apoyo[113]. Tampoco iniciaron acción alguna
cuando el alumno regresó al colegio después de ausentarse en la segunda mitad
del año 2018. A pesar de haber asegurado que al estudiante siempre se le
ofreció respaldo a través de la psicóloga del colegio, no fue aportada a este
trámite documentación que corroborará tal hecho.
56. Sobre el particular, vale la pena mencionar lo
referido por la ONG Colombia Diversa y el Programa de Acción por la Igualdad y
la Inclusión Social (PAIIS). Los intervinientes advirtieron que el proceso
vivido por el joven José Manuel Echeverri, “trae consigo innumerables
movilizaciones emocionales, asumir individual y personalmente que se tiene una
identidad de género no hegemónica, tomar la decisión de transitar, cargar con
las reacciones de las personas de su entorno y de la sociedad, estar expuesto a
discriminación y violencias de género, son todos determinantes que generan
condiciones para crear desajustes emocionales que la institución educativa debe
acompañar”.
57. Debido a la condición particular que ostentan
como sujetos en desarrollo la vida, los niños, niñas y adolescentes requieren
una protección preeminente en el ámbito del ejercicio pleno de sus derechos.
Esta prioridad del ordenamiento jurídico se refleja en el principio del interés
superior del menor que tiene como fuente legal los artículos 8 y 9 del Código
de la Infancia y la Adolescencia[114]. La satisfacción
del principio en mención está ligada a unos estándares que la Corte ha
clasificado como fácticos y jurídicos. Los primeros, determinan la obligación
de realizar un análisis de las circunstancias que involucren a un niño, niña y
adolescente. Los segundos, corresponden a los que deben tenerse en cuenta en
cada caso particular y que propenden por el bienestar de los menores de edad[115].
Respecto de estos últimos, se
destacan dos criterios orientadores[116].
Por una parte, el de la garantía del desarrollo integral que propende
por asegurar el crecimiento armónico, integral, y sano de los niños y niñas,
desde las perspectivas física, psicológica, afectiva, intelectual y ética, así
como la plena evolución de su personalidad, siendo corresponsables de ello la
familia, la sociedad y el Estado. Estas instituciones deben brindar la
protección y la asistencia necesarias para materializar su derecho al bienestar
integral, teniendo en cuenta las condiciones, aptitudes y limitaciones propias
de cada niño, niña y adolescente. El segundo de los criterios, relativo a la garantía
de las condiciones para el pleno ejercicio de los derechos fundamentales del
menor, exige garantizar el derecho al libre desarrollo de la personalidad
de aquellos niños, niñas y adolescentes con sexualidad e identidad de género
diversa.
58. Bajo esta línea, la Sala considera que la labor de las instituciones
educativas no se reduce a garantizar la adquisición de conocimiento. Para
proteger de manera integral el derecho a la educación de los niños, niñas y
adolescentes, la labor docente debe estar encaminada a proveer el apoyo emocional
y las herramientas necesarias a todos los educandos de manera que puedan
desenvolverse adecuadamente y actuar en la vida social. La Corte ha mencionado que, en el cumplimiento de ese deber, “es
fundamental y determinante la participación activa de todos los miembros de la
comunidad educativa, pero muy especialmente de los educadores, pues sólo en
la medida en que los valores y principios que aspiran a transmitir a sus
alumnos constituyan realmente la base de sus propios e individuales proyectos
de vida, su labor será efectiva; sólo quien práctica la tolerancia, quien
respeta la diversidad y reconoce en el “otro” a uno igual a sí mismo, tendrá
capacidad y legitimidad para contribuir desde el proceso educativo a formar a
los niños y a los jóvenes en un paradigma ético sustentado”[117]. (Subrayado
fuera de texto)
59. Así las cosas, la Sala reitera que la
educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una
función social[118]. Como responsable
y garante del derecho a la educación, la accionada estaba a cargo, a partir de
su labor, de asegurar dentro de sus posibilidades, el desarrollo integral y la
realización de los derechos del accionante. En esa medida, el acompañamiento
educativo y pedagógico no solamente debió estar centrado en establecer estrategias
para resolver las acciones de violencia sufridas en el aula de clases, también
ha debido encaminarse a acompañarlo emocionalmente en su proceso de
reafirmación de género.
El enfoque y la
aplicación del programa de estudios propuesto por la institución educativa
60. Las directivas del colegio propusieron un programa de
actividades que, en sus palabras, pretendía conceder al estudiante “(…) espacios
que le permitan estar cómodo y tranquilo dentro del ámbito escolar y dando
respuesta positiva a una solicitud presentada por la familia y el estudiante a
la institución (…)”. En el cronograma de estudios se estableció que el alumno
recibiría clase de manera individualizada con cada docente en un horario y
salón determinados. En el documento que establece las
especificaciones del cronograma se incluye la siguiente nota:
“Con el fin de garantizar la
tranquilidad y salud emocional del estudiante, la institución ha dispuesto de
un espacio alejado de las aulas de clase en el cual José Manuel se encontrará
con los maestros. Esperemos que el educando evite ingresar a zonas del colegio
que puedan ocasionarle situaciones incómodas o que puedan alterar su
emocionalidad. En este mismo sentido, el estudiante no deberá asistir a
actividades de tipo comunitario o colectivo, con el fin de que no se exacerbe
su pánico al entorno escolar”[119].
61. Con sustento en
lo anterior, el primer día que se llevó a cabo el programa, tanto la psicóloga
como la rectora del colegio prohibieron a José Manuel Echeverri Rodríguez salir
del aula a la hora de descanso. Sobre el particular, la accionada insistió que
la decisión de restringir la salida del estudiante del salón de clases era
congruente con lo acordado en el programa de estudios que concretaba el deseo
de estudiante de no volver al colegio.
62. Al revisar el
asunto, el juez de primera instancia aprobó todo lo propuesto en el plan de
trabajo al considerar que se trataba de “un acuerdo que goza de plena
validez y que estudiando (sic) a fondo por la judicatura se desprende que el
mismo es no solo garantista sino que se ciñe no solo a las necesidades sino
deseos del actor”[120]. De igual forma, estimó que su
aplicación fue la adecuada en concordancia con lo solicitado por el accionante.
63. Al respecto,
la Sala debe hacer dos precisiones. La primera, sobre el enfoque pedagógico
adoptado por la planta docente para la creación del programa. La segunda, sobre
la manera en la que le dio aplicación.
64. Sobre el primer punto, la ONG Colombia Diversa y el
Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social (PAIIS) adujeron que
un método pedagógico debe responder necesariamente a las condiciones
personales, sociales, culturales, étnicas, de género y otras variables de los
contextos en los que están las niñas, niños y adolescentes. Es decir, la
educación debe contextualizarse a las necesidades y particularidades de cada
estudiante. Estimaron que, en este caso, lo que necesitaba el accionante como
alumno trans, era de un ambiente escolar inclusivo y respetuoso de la
diversidad humana. Por tanto, antes de aceptar las demandas del estudiante, la accionada habría tenido
que establecer mecanismos de negociación y concertación con él y su familia
para que terminara el año escolar en las mismas condiciones que el resto de los
estudiantes del grado[121].
65. La Sala comparte las apreciaciones presentadas por los
intervinientes. Como ya se ha mencionado en precedencia, al ser la educación el
medio fundamental para lograr la formación integral y el desarrollo de la
personalidad de los niños, niñas y adolescentes ha de entenderse que el
accionante tenía derecho a permanecer en él[122]. Por consiguiente, la
accionada debió propiciar la integración del alumno con la comunidad educativa
y no apartarlo para que sus clases fueran individuales y sin contacto alguno
con sus compañeros.
66. La Sala
considera que las actividades o talleres que un colegio pretenda implementar
deben privilegiar un enfoque inclusivo, flexible y sujeto a un seguimiento, a
fin de verificar su efectividad. Lo anterior con la finalidad de crear espacios
que promuevan la formación académica y la convivencia pacífica de todos los
estudiantes, especialmente la de aquellos en dificultades, de forma tal que, mediante
diferentes estrategias, logren superar cualquier barrera que este impidiendo su
desarrollo emocional óptimo[123].
67. Por el
contrario, el enfoque individualizado, inflexible y estricto adoptado en el
cronograma de manera inicial, demostró tener resultados negativos para el
accionante y suscitó riesgos para la continuidad del proceso educativo y la
formación integral del adolescente, pues limitó la posibilidad de que este se integrase
con sus otros compañeros.
De paso, negó la posibilidad de que la comunidad educativa
(profesores y alumnos) desde un contexto de respeto por la pluralidad y la
diferencia, se enriqueciera con la interrelación y el intercambio de experiencias
y vivencias personales de las personas con orientación y/o identidad de género
diversa. Oportunidad que inclusive el accionante y sus compañeros estuvieron
dispuestos ha materializar, siendo el ejemplo mas claro, la actividad realizada
por su iniciativa en representación del grupo de la Mesa de Diversidad Sexual.
68. En esa
medida, si bien la accionada tuvo el ánimo de crear un cronograma
individualizado buscando el bienestar del estudiante, debió tener en cuenta
orientaciones pedagógicas que, en vez de separarlo de la comunidad estudiantil,
abriera espacios de diálogo y confianza que le permitiera volver a sentirse
parte de la comunidad y de la institución educativa. En suma, la Corte
encuentra que en esta materia las instituciones educativas deben adoptar
medidas (i) que promuevan la inclusión y no el aislamiento; (ii)
que optimicen la participación del menor, su familia, sus compañeros y
docentes; (iii) que sea el resultado de un proceso de concertación que
se tome en serio los intereses de todos y, en especial, la garantía de los
derechos y (iv) que tenga procedimientos de ajuste flexibles,
promoviendo el diálogo y no la imposición.
69. Sobre el
segundo punto, la Sala estima que las directivas del colegio accionado fueron
arbitrarias al momento de aplicar el cronograma de estudios pactado con el
estudiante. Resulta claro de las peticiones y del escrito de tutela, que la
intención del actor de abandonar el colegio se atribuía al trato recibido por
el plantel educativo, y no por parte de sus compañeros de clase. De las
peticiones efectuadas por José Manuel Echeverri Rodríguez, resulta evidente que
la solicitud se encaminaba, tal y como lo menciona en sus propias palabras, a “no
estar en la institución por el mal trato que me daban los directivos”[124],
y no se refería a la dinámica que mantenía con los demás alumnos del plantel
educativo.
70. La Sala
encuentra que la limitación efectuada no resulta aceptable aun más considerando
el contexto en el que se encontraba José Manuel Echeverri Rodríguez. No
permitir que el estudiante saliese en la hora del descanso o participara en
actividades extracurriculares, es una decisión arbitraria considerando que
existían otros mecanismos diferentes al apartamiento del estudiante para evitar
la deserción escolar del joven y permitir así que concluyera sus estudios de
manera satisfactoria. Además, esa condición inamovible adoptada inicialmente
por la rectora y la psicóloga resultó ser restrictiva de la autonomía del
estudiante y reforzó su exclusión de la comunidad educativa como hombre trans,
evitando que el actor gozase en últimas, de un ambiente estudiantil que
promoviese el libre desarrollo de su personalidad.
71. La ONG Colombia Diversa y el Programa de
Acción por la Igualdad y la Inclusión Social (PAIIS) adujeron que uno de los
problemas es el trabajo institucional con el personal docente. Refieren que
hacen falta estrategias que le permitan a los profesores transformar sus
saberes basados en creencias personales sobre el género y la diversidad sexual[125],
esto es, “un cuerpo de recursos y estrategias que le permitan a las y los
docentes, transformar sus saberes basados en las experiencias docentes y los
saberes o creencias personales sobre el género y la diversidad sexual, que
permitan una verdadera transformación de sus modelos pedagógicos”.
72. Lo
anterior, no es óbice para que los educadores
antepongan sus concepciones, creencias o imaginarios ignorando la normatividad
y los preceptos constitucionales. En este sentido, en el presente asunto es
evidente que la decisión de las educadoras de prohibir al accionante cualquier
interacción con sus compañeros durante el horario de descanso fue incongruente con
la obligación de crear un ambiente propicio de respeto e inclusión para el
joven y los miembros de la comunidad educativa.
Conclusión
73. En suma, la Sala concluye
que la comunidad estudiantil debió promover una forma de acción concertada e
incluyente. Ha debido proponerle a José Manuel Echeverri Rodríguez una solución
diferente a desertar o recibir clases individualizadas. Se trataba entonces de:
(i) prestar el apoyo que el joven requería durante su proceso de
reafirmación de género sin imponer barreras administrativas durante su
transición; (ii) promover formas acertadas de tratar la diversidad; (iii)
resolver cualquier conflicto en la interacción docente-estudiante de manera
imparcial, sin aminorar las preocupaciones del estudiante; y (iv)
ejercer prácticas y talleres dentro y fuera del aula que le permitieran al
accionante volverse a sentir parte de la comunidad educativa como igual.
74. En ese orden, la Sala Octava de Revisión
prevendrá a la institución educativa José Félix de Restrepo Vélez de Sabaneta
para que en lo sucesivo se abstenga de incurrir en actuaciones como la descrita
en esta providencia, en las que despliegue conductas discriminatorias contra un
estudiante por razones derivadas de su identidad de género, comoquiera que tal
actuación se aparta de su deber institucional de propiciar un ambiente sano
para el desarrollo armónico e integral de los niños, niñas y adolescentes.
75. Debe destacar una vez más este tribunal que la diferencia nunca
será un obstáculo; siempre será una oportunidad. Una de aquellas para propiciar
ambientes democráticos y pluralistas. Por ello, parafraseando lo dicho por este
Tribunal en la sentencia SU337 de 1999, debemos reconocer la importancia
no solo de vivir con otros sino de aprender de los otros. En buena medida, ese
es el mayor reto de una Carta Política que, como la que corresponde proteger a
esta Corte Constitucional, se funda en la promesa de asegurar a todos un
espacio para vivir dignamente con otros.
III.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Octava de Revisión
de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de primera instancia
proferida el 14 de noviembre de 2019 por el Juzgado Quinto Penal Municipal para
Adolescentes con Función de Control de Garantías de Medellín que “negó por
improcedente” la acción de tutela presentada por José Manuel Echeverri
Rodríguez. En su lugar, DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO por hecho
superado, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: PREVENIR a la institución educativa José Félix
de Restrepo Vélez de Sabaneta para que en lo sucesivo se abstenga de incurrir
en actuaciones como la descrita en esta providencia, en las que despliegue
conductas discriminatorias contra un estudiante por razones derivadas de su
identidad de género, comoquiera que tal actuación se aparta de su deber
institucional de propiciar un ambiente sano para el desarrollo armónico e
integral de los niños, niñas y adolescentes.
TERCERO: PREVENIR al Juzgado Quinto Penal Municipal
para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Medellín, para que, en
la revisión y análisis de futuros casos relacionados con la materia, acoja el
precedente constitucional.
CUARTO: ORDENAR la remisión de la presente providencia a la Oficina
de Control Interno Disciplinario de la Administración Municipal de Sabaneta, a
fin de que se tenga en cuenta para la decisión sobre la queja disciplinaria
presentada por José Manuel Echeverri Rodríguez contra el personal docente de la
institución educativa José Félix de Restrepo Vélez de Sabaneta.
QUINTO: LÍBRENSE por Secretaría General de la Corte las comunicaciones
previstas en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
RICHARD S. RAMÍREZ GRISALES
Magistrado (e)
Con aclaración de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Primer
cuaderno, folios 9 a 17.
[2] Primer cuaderno,
folio 2.
[3] Ibídem.
[4] Primer cuaderno,
folio 5.
[5]
Con coadyuvancia del consultorio jurídico de la Universidad EAFIT.
[6] Primer
cuaderno, folio 50.
[7] Primer cuaderno,
folio 7.
[8] Primer cuaderno,
folio 20.
[9] Las mismas
pretensiones planteó como medida provisional.
[10]
Primer cuaderno, folio 56.
[11]
Intervención suscrita por el representante legal de la institución educativa el
6 de noviembre de 2019. Primer cuaderno, folios 62 a 107.
[12] Sistema de
Matrícula Estudiantil de Educación Básica y Media del Ministerio de Educación.
[13] Primer cuaderno,
folio 62.
[14] Primer cuaderno,
folio 67.
[15]
Intervención presentada por la personera municipal el 6 de noviembre de 2019.
Primer cuaderno, folios 109
a 118.
[16]
Intervención presentada por la directora del Consultorio Jurídico el 6 de
noviembre de 2019. Primer cuaderno, folios 119 a 132.
[17] Primer cuaderno,
folio 127.
[18] Intervención
presentada por la Secretaría de Educación y Cultura del Municipio de Sabaneta
el 6 de noviembre de 2019. Primer cuaderno, folios 134 a 140.
[19] Para entonces,
el 6 de noviembre de 2019. Primer cuaderno folio 134.
[20]
Primer cuaderno, folios 141 a 153.
[21] Primer cuaderno,
folios 153.
[22]
Primer cuaderno, folio 8.
[23] Primer cuaderno,
folios 39, 43 a 45.
[24] Primer cuaderno,
folio 40.
[25] Primer cuaderno,
folios 41 y 42.
[26]
Primer cuaderno, folios 47 y 48.
[27] Primer cuaderno,
folios 49 y 50.
[28] Primer cuaderno,
folios 51 a 55.
[29] Primer cuaderno,
folios 71 y 74.
[30] Primer cuaderno,
folio 76.
[31] Primer cuaderno,
folio 80.
[32] Primer cuaderno,
folio 81.
[33] Primer cuaderno,
folios 117 y 118.
[34] Con ocasión de
la emergencia de salud pública por la pandemia del COVID- 19, mediante Acuerdo
PCSJA20-11517 del 15 de marzo de 2020 el Consejo Superior de la Judicatura
suspendió los términos judiciales en todo el país. Esta medida cobija a las
Altas Cortes y, específicamente, la revisión eventual de tutelas en la Corte
Constitucional. La suspensión que inicialmente tenía vigencia entre el 16 y el
20 de marzo del presente año, fue prorrogada sucesivamente por posteriores
acuerdos adoptados por el Consejo Superior de la Judicatura. Finalmente, el
Acuerdo PCSJA20-11581 dispuso el levantamiento de dicha suspensión de términos
a partir del 30 de julio de 2020.
[35] En
el auto de pruebas se solicitó al accionante verificar: (i) si a la fecha
culminó sus estudios de grado once en la institución educativa accionada o si
actualmente se encuentra desescolarizado; (ii) las condiciones en las que
cumplió el programa de estudios pactado con el colegio; (iii) precisar las
circunstancias del manejo que las autoridades académicas dieron a las horas de
descanso y a las extracurriculares adoptado el programa académico; (iv)
enunciar concretamente las actuaciones del personal docente que, a su parecer,
configuran discriminación en su contra; y (v) señalar si durante el tiempo en
el que llevó a cabo su transición de identidad de género, recibió algún
acompañamiento por parte del colegio y en qué consistió.
En cuanto a la
accionada, se consultó sobre: (i) cuáles fueron las medidas adoptadas de
acuerdo a lo reglado en el manual de convivencia para prestar acompañamiento al
estudiante durante su transición ; (ii) verificar con exactitud en qué
consistieron las actuaciones correctivas efectuadas a los dos docentes que,
según reconoce la accionada , no respetaron el nombre identitario del
accionante en el aula de clases; (iii) y precisar qué enfoque pedagógico tuvo
en cuenta para la creación del cronograma académico para el estudiante.
[36] Se ofició al Centro de Investigación y
Formación en Educación de la Universidad de los Andes; a la Universidad
Pedagógica Nacional; al Instituto de Investigación en Educación y a la Escuela
de Estudios de Género de la Universidad Nacional, a la Universidad Nacional de
la Plata (Argentina) en su relación con la organización comunitaria OTRANS
(Argentina); y a las organizaciones Colombia Diversa, el Programa de Acción por
la Igualdad y la Inclusión Social (PAIIS) y la Fundación Grupo de Acción y
Apoyo a Personas Trans (GAAT) a fin de que contestaran una serie de preguntas
relacionadas con los avances en métodos pedagógicos para el acompañamiento a
niños, niñas y adolescentes con identidad de género y sexualidad diversa en el
ámbito escolar.
[37] El 14 de septiembre de 2020, la Secretaría General
de la Corte Constitucional informó al magistrado sustanciador que el auto de
fecha 3 de septiembre de 2020, fue comunicado mediante los oficios OPTB-571 y
OPTB-572 del 10 de septiembre de 2020, dentro del término probatorio se recibió
correo electrónico remitido el 11 de septiembre 2020, por Cecilia Jaramillo
Cardona, Rectora del Colegio IE. José Félix de Restrepo Vélez. Por su parte, el
15 de septiembre de 2020, vencido el término probatorio se recibió correo
electrónico de José Manuel Echeverry Rodríguez.
[38]
Artículo 1 de la Constitución Política.
[39]
Sentencia T-023 de 2017.
[40]
Sentencia T-881 de 2002.
[41]
Sentencia T-090 de 1996 reiterado en la sentencia T-881 de2002.
[42]
Sentencia T-611 de 2011.
[43]
Sentencia T-291 de 2016. En referencia a la sentencia SU- 062 de 1999.
[44]
Sentencia T-314 de 2011.
[45]
Sentencia T-789 de 2013.
[46]
Sentencia C-336/08
[47]
Sentencia T-977 de 2012.
[48]
Sentencia T-143 de 2018.
[49]
Sentencia T-804 de 2014, reiterada en la sentencia T-099 de 2015.
[50] Si bien tal
documento no fue expedido por una autoridad que formalmente haga parte de
alguno de los sistemas del Derecho Internacional de los Derechis Humanos -DIDH-,
en aplicación de los principios generales del soft law pueden tenerse en
cuenta a fin de tener un parámetro integral para aplicar eficientemente el
bloque de constitucionalidad a la protección de la identidad de género y la
orientación sexual. Este documento ha sido incluido en otras sentencias como la
sentencias T-363 de 2016.
[51]
Así, en su texto Género en disputa, la autora Judith Butler desarrolla
la idea relativa al orden obligatorio sexo-género-deseo, según el cual, el
discurso social dominante naturaliza la relación entre el sexo de una persona,
su género, y por lo tanto su objeto de deseo. Por ejemplo, si una persona nace
con el órgano falo, se crea un género hombre, cuyo objeto de deseo tiene que
ser una mujer, de órgano vagina.
[52] Thomas Laqueur,
La Construcción del sexo: cuerpo y género de los griegos a Freud. Ediciones
Cátedra, Universitat de Valéncia, Instituto de la Mujer, 1994.
[53]
Orientación sexual e identidad de género en el derecho internacional de los
derechos humanos. Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos -ACNUDH-, 20 de noviembre de
2013. Definiciones tomadas de Recomendación general núm. 28 del Comité para la
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, relativa al artículo 2° de la
Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer.
[54]
Sentencia T-804 de 2014.
[55]
Sentencia T-099 de 2015.
[56]
Ibídem.
[57]
Sentencia T-675 de 2017.
[58] Ibídem.
[59] Sentencia
T-450A de 2013.
[60] Sentencia T-675
de 2017.
[61] Sentencia T-143
de 2018.
[62]
Sentencia T-363 de 2016.
[63] Sentencia T-477
de 1995.
[64]
Actualmente el término adecuado para referirse a estos casos es el de
intersexualidad.
[65] Ibídem.
[66] Ibídem.
[67] Ibídem.
[68] Sentencia C-109
de 1995.
[69] Sentencia T-063
de 2015.
[70] Sentencia T-363
de 2016. En relación con las sentencias
T-477 de 1995, T-977 de 2012, T-611 de 2013, T-086 de 2014 y T-077 de 2016.
[71] Ibídem. Al
respecto, la sentencia T-363 de 2016 enumera estas dos sub-reglas jurisprudenciales
a saber: “c) La identidad de género no guarda una relación necesaria con el
nombre legal, ni con los documentos que reflejan dicho nombre, sino que son las
personas quienes establecen su identidad a través de los elementos y acciones
que estimen pertinentes y suficientes para ese propósito. En consecuencia, un
trato digno debe atender al auto-reconocimiento de los sujetos. d) Como quiera
que el nombre es un elemento distintivo fuertemente ligado con la construcción
de la identidad individual, las decisiones relacionadas con dicho atributo son
manifestaciones del derecho al libre desarrollo de la personalidad y deben ser
respetadas”.
[72] Sentencias T-594
de 1993, T-1033 de 2008, T-063 y T-099 de 2015.
[73] Sentencia T-291
de 2009.
[74] Sentencia T-214
de 2019.
[75] Sentencia T-043
de 2015.
[76] Sentencia T-099
de 2015.
[77]
Sentencias T-098 de 1994, T-288 de 1995, C-022 de 1996 y T-1042 de 2001.
[78] “Toda persona tiene todos los
derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de
raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier
otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición
política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción
dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un
territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier
otra limitación de soberanía”.
[79]
Comité de Derechos Humanos de la ONU, Observación General N° 18.
[80] Sentencia C-371
de 2000.
[81] “De la información detallada se puede
apreciar que la radiografía de las distintas problemáticas que afronta la
población lesbiana, gay y bisexual de Colombia es compleja. Así mismo, de la
evidencia expuesta está demostrado que las penurias que deben afrontar las
personas trans son más graves. Así, la población transgenerista es atacada,
discriminada y excluida por motivo de su orientación sexual y/o su identidad de
género, lo que inexorablemente anula el goce efectivo de los derechos a la
igualdad y a la libertad de expresión entre otros, en un grado que no
experimentan otros sectores de la sociedad”.
[82] Sentencia T-141
de 2017.
[83] Sentencia T-376
de 2019.
[84] Sentencia T-141
de 2017.
[85] Ibídem.
[86] Ibídem.
[87] Ibídem.
[88] Sentencia T-376
de 2019.
[89] Sentencias T-427
de 1992, T-098 de 1994, T-638 de 1996, T-772 de 2003, T-741 de 2004, T-605 de
2005, T-601 de 2006, T-314 de 2011, T-804 de 2014, T-141 de 2015, T-291 de 2016
y T-141 de 2017. Sobre el particular, la sentencia T-141 de 2017 recopila que,
“La jurisprudencia de esta Corte ha establecido que en eventos en los que se
advierta la conculcación de garantías fundamentales por actos discriminatorios,
existe predominio de la llamada “carga dinámica de la prueba” en el sentido no
sólo de que la acreditación de los hechos está en cabeza del extremo al que le
resulte más fácil hacerlo, sino de que el juez de tutela, en virtud del
principio de libertad probatoria y sana crítica, valora de forma integral los
elementos que constituyen el acervo del expediente… Sin
desconocimiento de lo anterior, ha habido un pacífico desarrollo
jurisprudencial orientado a que, dadas las complejidades que presenta en muchas
ocasiones la demostración de un acto discriminatorio, se torna necesario que la
parte señalada como discriminadora asuma el deber de probar que su conducta no
ha tenido como fundamento un criterio sospechoso o que la misma ha estado
justificada desde el punto de vista constitucional. De ahí que hoy se reconozca
la titularidad de una presunción del acto discriminatorio en favor de quien lo
alega, estando el señalado de ejercerlo en el deber de presentar de forma
efectiva la prueba en contrario respectiva”.
[90] Sentencia T-141
de 2015.
[91] Sentencia T-731
de 2017.
[92] Sentencia T-743
de 2013.
[93] Sentencia T-363
de 2016.
[94] Sentencia T-478
de 2015.
[95] Artículo 38,
Ley 115 de 1994.
[96] En
relación con presuntos actos de discriminación en perjuicio de personas trans
en el ámbito educativo, la Corte ha explicado que se cumple el requisito de
subsidiariedad al ser la acción de tutela “la vía principal para la
protección de la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad
cuando se denuncia su afectación como consecuencia del desconocimiento de las
manifestaciones de la identidad de género”. Sentencias T-363 de 2016 y
T-562 de 2013.
[97] El
20 de agosto de 2020 por medio del jefe de la oficina de control interno del
municio de Sabaneta, Julio César García Montaya Montoya. La oficina de control
interno del municipio de Sabaneta informó que, a la fecha, no ha estudiado la
queja presentada por el accionante contra la institución educativa. Lo
anterior, debido a que la oficina tiene un número considerable de
requerimientos presentados durante el año 2019 los cuales deben ser atendidos
en orden cronológico.
[98] “En
otras palabras, aquello que se pretendía lograr mediante la orden del juez de
tutela ha acaecido antes de que el mismo [juez] diera orden alguna. En este
sentido, la jurisprudencia de la Corte ha comprendido la expresión hecho
superado en el sentido obvio de las palabras que componen la expresión, es
decir, dentro del contexto de la satisfacción de lo pedido en tutela”.
Sentencia SU-225 de 2013.
[99] Sentencias
SU-655 de 2017, T-633 de 2017 y T-685 de 2010.
[100] Sentencias T-275 de 2020, T-841 de 2011 y
T-170 de 2009.
[101] Según el
cronograma “el estudiante no deberá asistir a actividades de tipo
comunitario o colectivo, con el fin de que no se exacerbe su pánico al entorno
escolar” .
[102]
Según lo señalado por la parte accionada, los tres últimos encuentros estaban
programados los días 15, 19 y 22 de noviembre. Se acordó flexibilizar el
cronograma acordado el 8 de noviembre.
[103] Las rutas de
atención están clasificadas teniendo en cuenta las situaciones que afectan la
convivencia escolar en el artículo 24 del manual de convivencia.
[104] Acuerdo 019 del
17 de octubre de 2019.
[105] Primer cuaderno,
folio 27.
[106] El
accionante allegó su historia clínica en la que se corrobora que inicio su
proceso de transición desde el año 2017 (Primer cuaderno, folio 39), así como
la documentación referida al episodio depresivo que tuvo después del
inconveniente con el profesor Bahena (Primer cuaderno, folios 41 a 44).
[107] Primer
cuaderno, folios 51 a 55.
[108] Primer cuaderno,
folio 53.
[109] Primer cuaderno,
folio 55.
[110] Primer
cuaderno, folio 26.
[111]
Como se reitera en la parte considerativa de esta sentencia, la jurisprudencia
constitucinal ha dejado claro que en el marco de una transición de identidad de
género, mas allá que la persona considere indispensable o no modificar su
nombre en todos sus documentos, resultan inadmisibles exigencias sociales,
legales, administrativas o judiciales que obliguen al hombre o mujer trans a
cambiar su nombre legal para efectos de ser reconocidos como tal.
[112] “La
intención, la consciencia o la inconsciencia de la conducta no representen un
criterio de validación constitucional”. Sentencia T-141 de 2017.
[113] Artículo 24.6
del manual de convivencia de la institución educativa.
[114] Sentencia T-610
de 2019.
[115] Sentencia T-387
de 2016.
[116] Revisar los
criterios orientadores en la sentencia T-510 de 2003.
[117] Sentencias T-101
de 1998.
[118] Artículo 67 superior.
[119] Primer
cuaderno, folio 50.
[120] Primer
cuaderno, folio 153.
[121] “A
través de la remisión que hace el colegio al sistema de salud, para que el
estudiante reciba la atención adecuada (…) remisión [que] no se hace desde una
compresión patologizante del tránsito de género atacando la identidad de género
del estudiante, sino como una atención que el sistema de salud le debe ofrecer
a las personas con identidad de género diversa, para prevenir vulneraciones,
pues la capacidad de poder enfrentar una sociedad misógina, transfóbica,
sexista, requiere de fortalezas emocionales que se potencian no solo en la
escuela sino también desde procesos terapéuticos especializados”.
[122] Sentencia T-118
de 1993.
[123] Sentencia T-120
de 2019.
[124] Primer
cuaderno, folio 7.
[125]
Sobre el particular la intervención enfatiza que diferentes autores
especializados han afirmado que “estos saberes tienen un poder relevante en
las y los docentes a la hora de establecer procesos de enseñanza, es decir, a la hora de la
verdad, en un momento, en el que una o un maestro tiene que tomar una decisión
pedagógica dirigida a sus estudiantes, su primer factor de decisión y que tiene
mayor relevancia son sus creencias personales sobre el tema por encima de los saberes especializados
que sobre el mismo ha consultado o estudiado (…) a lo largo del desarrollo e
implementación de procesos de formación o acompañamientos a instituciones
educativas, una de las principales barreras que se identifican en los centros
educativos tiene que ver con las concepciones, creencias e imaginarios
personales que sobre la diversidad sexual, el género, las violencias de género
tienen las y los docentes”.