T-376-20
Sentencia T-376/20
Referencia:
Expediente T-4.485.608. Acción de tutela presentada
por la Defensoría del Pueblo contra la Sala Quinta de Decisión Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
Magistrado Ponente:
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Bogotá D.C., dos (2) de septiembre de dos mil veinte
(2020)
La Sala Tercera de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados Alejandro Linares Cantillo,
Antonio José Lizarazo Ocampo y Luis Guillermo Guerrero Pérez, quien la preside,
en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la
siguiente,
SENTENCIA
En la revisión del fallo de tutela proferido por la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia el 17 de julio de 2014,
con ocasión del trámite del amparo constitucional promovido por la Jefe de la
Oficina Jurídica de la Defensoría del Pueblo contra la decisión judicial
dictada por la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá dentro del proceso sumario de disolución,
liquidación y cancelación de la inscripción en el registro sindical de la
Asociación Nacional de Empleados de la Defensoría del Pueblo-ASEMDEP- que
adelantó dicha entidad.
I. ANTECEDENTES
1.
La solicitud
El 12 de marzo de 2014, la Jefe de la Oficina Jurídica
de la Defensoría del Pueblo formuló acción de tutela contra la Sala Quinta de
Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, por
considerar que la sentencia proferida por dicha autoridad judicial, el 18 de
noviembre de 2013, en el trámite del proceso sumario de disolución, liquidación
y cancelación de la inscripción en el registro sindical de la Asociación
Nacional de Empleados de la Defensoría del Pueblo, vulneró el derecho fundamental
al debido proceso de la entidad que representa, toda vez que incurrió en un
defecto sustantivo, al aplicar indebidamente el Código Sustantivo del Trabajo,
respecto de los requisitos mínimos necesarios para conformar un sindicato de
empresa.
La situación a partir de
la cual se plantea la presente acción es la que a continuación se expone:
2.      Reseña fáctica
2.1. El 8 de abril de 2013, el apoderado judicial de la
Defensoría del Pueblo presentó demanda ante la jurisdicción laboral con el fin
de que se ordenara la suspensión, disolución, liquidación y cancelación del
registro sindical de la Asociación Nacional de Empleados de la Defensoría del
Pueblo-ASEMDEP-. Lo anterior, tras considerar que dicha agrupación no se
constituyó con el número mínimo de 25 trabajadores exigidos por la ley[1]
para conformar un sindicato de empresa, en la medida en que si bien fue
registrado con 30 miembros, solo 19 de ellos ostentan la calidad de
funcionarios públicos, toda vez que ocupan empleos provistos en provisionalidad
o están inscritos en el respectivo escalafón de carrera, mientras que los 11
restantes son personas naturales que prestan servicios profesionales a la
entidad, mediante contratos estatales.
2.2. De la demanda conoció, en primera instancia, el
Juzgado Veintiséis Laboral del Circuito de Bogotá, despacho que mediante
sentencia del 1º de noviembre de 2013 ordenó la disolución,
liquidación y cancelación del registro sindical de ASEMDEP. Lo anterior,
con base en los siguientes argumentos:
El
A quo, tras reiterar (i) lo establecido en el Código Sustantivo del
Trabajo sobre los sindicatos de empresa y el número mínimo de 25 afiliados,
vinculados a la entidad, que requiere todo sindicato de trabajadores para
constituirse o subsistir; (ii) la inexistencia de una relación de subordinación
entre los contratistas y la entidad contratante; y (iii) el alcance del
principio de autonomía sindical, entendido como la facultad para determinar y
adoptar los estatutos internos de la organización sin la injerencia del Estado,
en aquellos asuntos que no han sido regulados por el legislador, concluyó que
ASEMDEP, al momento de su constitución no cumplió con el requisito de contar
con mínimo 25 afiliados, pues a pesar de que tenía 30 miembros, 11 de ellos no
tenían una relación de subordinación con la entidad, pues eran contratistas.
2.3. Inconforme con la anterior decisión, ASEMDEP
interpuso recurso de apelación y, como sustento del mismo, sostuvo que el
derecho de asociación sindical ha sido definido por la Corte Constitucional
como aquel que radica en cabeza de los trabajadores, entendidos estos, como las
personas que trabajan para garantizar su mínimo vital, sin diferenciar el tipo
de vinculación laboral. Por ello, a su juicio, basta con que se acredite que la
persona depende de su trabajo, para ser sujeto de tal garantía fundamental.
En
ese sentido, considera que la Asociación Nacional de Empleados de la Defensoría
del Pueblo fue constituida en debida forma, pues para constituir un sindicato
de empresa únicamente se requiere que sus miembros tengan en común la
prestación del servicio a la entidad, requisito que cumple el mencionado
sindicato, de acuerdo con los artículos 356 y 359 del Código Sustantivo del
Trabajo. Así mismo, refiere que tanto los empleados públicos como los
contratistas independientes tienen derecho a asociarse en los organismos
sindicales que estimen convenientes, sin que el Estado mediante su actuar pueda
tener injerencia, ya que estos se rigen por sus estatutos, los cuales, para el
caso concreto, reconocen el derecho de asociación sindical de los servidores
públicos y contratistas independientes de la Defensoría del Pueblo.
2.4. El 18 de noviembre de 2013, la Sala Quinta de
Decisión Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, al resolver el recurso de
apelación, decidió revocar la sentencia proferida en primera instancia. Dicha
Corporación estimó que la lectura del artículo 401 del Código Sustantivo del
Trabajo, a la luz de los tratados internacionales sobre derechos humanos,
permite concluir que el número de afiliados que integran el sindicato-ASEMDEP-
satisface el requisito exigido, pues no es “ilegitimo inventariar a quienes ostentan
el cariz de contratistas”.
Así
mismo, señaló que, para pertenecer a un sindicato de empresa, de acuerdo con el
artículo 356 del Código Sustantivo del Trabajo, no es necesario que el afiliado
tenga la condición de estar vinculado por un contrato de trabajo. De igual
forma, precisó que dicha interpretación resulta acorde con la recomendación del
Comité de Libertad Sindical de la O.I.T. en el caso 2498, informe 353, que
resolvió una queja contra el gobierno colombiano en la que se estableció que la
garantía para ejercer el derecho a la libertad de asociación no se funda en la
existencia de un vínculo laboral con un empleador.
Sobre
la fuerza vinculante de las recomendaciones de los órganos de control de la
OIT- como el Comité de Libertad Sindical- indicó que, según la Corte
Constitucional[2],
estas deben ser acatadas cuando tienen origen en actuaciones del Estado
miembro, contrarias a los tratados internacionales incorporados al ordenamiento
interno, de conformidad con el artículo 53 de la Carta Política.
3.      Fundamentos de la
acción y pretensiones
El
apoderado judicial de la entidad demandante fundamenta su solicitud de amparo
constitucional en la idea según la cual el fallo proferido por la autoridad
judicial accionada comporta un defecto sustantivo.
A
su juicio, dicho defecto se configura al haberse desatendido una norma
aplicable al caso concreto, toda vez que la Sala Quinta de Decisión Laboral del
Tribunal Superior de Bogotá no aplicó lo dispuesto por el artículo 359 del
Código Sustantivo del Trabajo que dispone: “Todo sindicato
de trabajadores necesita para constituirse o subsistir un número no inferior a
veinticinco (25) afiliados; y todo sindicato patronal no menos de cinco (5)
{empleadores} independientes entre sí.” Para la entidad accionante, dicha
disposición establece unos requisitos específicos para la conformación del
sindicato de empresa, y utiliza la expresión “trabajadores” para
referirse a este tipo de sindicato, por oposición al sindicato conformado por
empleadores. En ese contexto, considera que aun cuando las personas naturales,
que prestan sus servicios a la entidad a través de contratos, son titulares del
derecho de asociación consagrado en el artículo 38 de la Constitución política,
de acuerdo con el tenor literal de la norma citada, el sindicato de empresa
está diseñado exclusivamente para las personas que ostentan la calidad de
trabajadores, condición que no cumplen los mencionados contratistas.
Afirma
que la anterior interpretación resulta coherente con otras disposiciones del
Código Sustantivo del Trabajo que utilizan igualmente la expresión “trabajadores”.
En primer lugar, refiere que el mencionado código tiene por objeto “lograr
la justicia en las relaciones que surgen entre patronos y trabajadores, dentro
de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social” (art.1º), y “regula
las relaciones de derecho individual del trabajo de carácter particular y las
de derecho colectivo del trabajo, oficiales y particulares” (art.3º). La
segunda parte del Código se refiere al “derecho colectivo del trabajo”,
y el Título I regula todo lo concerniente a los “sindicatos”. El
artículo 353, al referirse al derecho de asociación, utiliza el vocablo “trabajadores”
(numeral 1º, inciso 2º, del numeral 2º), y el artículo 356, por su parte, se
refiere expresamente a los “sindicatos de trabajadores” e indica que los
sindicatos de “trabajadores” se clasifican en: (i) de empresa, (ii) de
industria, (iii) gremiales y vi) de oficios varios. Por otro lado, el artículo
358, al referirse a la libertad de afiliación señala expresamente que “los
sindicatos son organizaciones de libre ingreso y retiro de los trabajadores”.
En
virtud de lo anterior, señala que la utilización del vocablo “trabajadores”
en el referido artículo 359 no obedece a un simple capricho del legislador,
sino que, por el contrario, responde a la filosofía del Código Sustantivo del
Trabajo, que se ocupa de regular las distintas relaciones laborales y, por ende,
sus principales destinatarios son justamente las personas que ostentan la
calidad de “trabajadores”. Sobre el particular, indica que dicha
connotación tiene importantes consecuencias jurídicas, pues la condición de
trabajador supone la existencia de una relación laboral, cuyos elementos son:
(i) la actividad personal del trabajador, (ii) la continuada subordinación o
dependencia del trabajador, que para el caso del sector público faculta a la
administración para que el trabajador cumpla un manual específico de funciones,
cumpla ordenes respecto de la forma en que debe desarrollar ciertas
actividades, y (iii) un salario como retribución del servicio.
Tratándose
específicamente de la Defensoría del Pueblo, los trabajadores -o empleados- de
esta entidad son aquellas personas vinculadas mediante una relación legal y
reglamentaria, que han sido nombradas en uno de los cargos de la planta de
personal, a través de un acto administrativo expedido por el nominador, que
toman posesión del mismo y son catalogadas como servidores públicos. En ese
contexto, el artículo 135 de la Ley 201 de 1995 clasifica los empleos de la
Defensoría del Pueblo en empleos de carrera administrativa y de libre
nombramiento y remoción.
Señala
que las personas naturales que prestan sus servicios a la entidad, mediante el
contrato estatal regulado por la Ley 80 de 1993, no tienen una relación de
carácter laboral administrativo con esta, sino un vínculo contractual que se
rige por las normas propias del estatuto general de contratación de la
administración pública. Así pues, aun cuando las personas naturales que prestan
servicios profesionales o de apoyo a la gestión de la entidad reciben una
contraprestación económica por tal labor- comúnmente denominada honorarios-, su
condición no puede ser equiparable a la de los trabajadores -servidores
públicos-, como quiera que en los primeros no media una relación laboral y no
se presentan los elementos característicos de la misma, concretamente el
elemento de subordinación.
En
ese orden de ideas, afirma que en virtud de las diferencias que existen entre
las personas que ostentan la calidad de trabajadores y aquellas que prestan
servicios a través del contrato estatal se puede concluir que estas últimas no
tienen la posibilidad de pertenecer a un sindicato de empresa, pues dicha
figura se encuentra diseñada exclusivamente para los trabajadores, según el
artículo 359 del Código Sustantivo del Trabajo.
Aduce
que esta Corporación, al estudiar la constitucionalidad de un aparte del
artículo 359 del mencionado Código Sustantivo del Trabajo, en sentencia C-201
de 2002, determinó que el requisito de 25 afiliados que exige la norma para la
constitución de un sindicato de empresa no es irrazonable, por el contrario, es
necesario y proporcional a la finalidad que persigue, que es la de garantizar
una estructura y organización mínima y de carácter democrático del sindicato.
De
conformidad con lo anterior, sostiene que la citada jurisprudencia delimita la
conformación del sindicato de empresa para las personas que ostentan la calidad
de trabajadores y, en ningún momento contempla la posibilidad de que los
contratistas puedan afiliarse a este tipo de asociación sindical.
De
igual forma, refiere que la Corte Constitucional ha señalado que la libertad
sindical es la facultad que tienen tanto empleadores como trabajadores de
constituir libremente sindicatos y asociaciones sin la intervención o injerencia
del Estado. Dicho derecho se reconoce como derecho humano, universal, a todas
las personas que tengan la condición de trabajadores para que puedan agruparse
en organizaciones que representen los intereses que son comunes a todas ellas
en el ámbito laboral.
En
ese contexto, para la Defensoría del Pueblo es claro que las personas naturales
que prestan servicios a la entidad, a través de contratos estatales, tienen el
derecho de asociarse en virtud del artículo 38 de la Constitución. Sin embargo,
esto no implica que puedan constituir sindicato de empresa, pues se
desconocería el contenido y alcance del derecho a la libertad sindical.
Por
consiguiente, considera que la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal
Superior de Bogotá, al avalar la constitución del sindicato-ASEMDEP- aplicó de
forma inadecuada el artículo 359 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación
con los requisitos necesarios para conformar un sindicato de empresa, bajo un argumento
que no es oponible al caso en mención, es decir, invocó un derecho cuya
titularidad, por su contenido y estructura, no puede ser reivindicado por
aquellas personas que prestan sus servicios a entidades públicas a través de
contratos estatales. En ese sentido, advierte que el juez del caso debió
interpretar dicha disposición atendiendo a su tenor literal, y de manera
armónica y sistemática con las demás disposiciones del Código que utilizaban
igualmente la expresión “trabajadores” y resultaban concordantes con la
materia regulada.
Finalmente,
aduce que la interpretación que hizo la Sala Quinta de Decisión Laboral del
Tribunal Superior de Bogotá desnaturaliza el contrato estatal de prestación de
servicios, el cual, según el artículo 32 del Estatuto General de Contratación
Pública, se caracteriza por (i) celebrarse con personas naturales cuando dichas
actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran
conocimiento especializado, (ii) no genera relación laboral ni prestaciones
sociales y (iii) debe celebrarse por el termino estrictamente indispensable.
En
ese contexto, advierte que permitir que personas vinculadas por contrato de
prestación de servicios conformen sindicatos de empresa implica que se les
reconozcan una serie de beneficios y prerrogativas, como por ejemplo, la
posibilidad de gozar de fuero sindical, el cual, según el artículo 405 del
Código Sustantivo del Trabajo, se traduce en la garantía de no ser despedidos,
ni desmejorados en sus condiciones de trabajo, ni trasladados a otros
establecimientos de la misma empresa o a un municipio distinto, sin justa
causa, previamente calificada por el juez del trabajo.
Según
la Defensoría del Pueblo, si se mantiene en firme el fallo proferido el 18 de
noviembre de 2013 por la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior
de Bogotá se estaría sentando un precedente que obligaría a la entidad a
incurrir en escenarios ilegales, como por ejemplo que tenga que prorrogar
indefinidamente el plazo de un contrato estatal o que se le impida hacer uso de
facultades exorbitantes, como la declaratoria de caducidad, la terminación o
modificación unilateral del contrato o que se le obligue a contratar, de manera
permanente e indefinida, un servicio que eventualmente puede no requerir o no
estar contemplado en su plan anual de adquisiciones, so pretexto de que el
contratista goza de las prerrogativas del fuero sindical.
De
conformidad con lo expuesto, solicita al juez del amparo: “(i) TUTELAR el
derecho fundamental al debido proceso, invocado en la presente acción de
tutela, vulnerado por haberse adoptado una decisión judicial en contravía del
ordenamiento jurídico que hace necesaria la procedencia del amparo reclamado
por la configuración de un defecto sustancial contenido en la decisión cuestionada,
y en consecuencia, (ii) DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del dieciocho (18) de
noviembre de 2013, proferida por la Sala Quinta de Decisión Laboral del
Tribunal Superior de Bogotá. En su lugar, ordene proferir un nuevo fallo que
tenga en cuenta las consideraciones expuestas en la presente demanda.”
4.
Trámite procesal y respuesta de las demandadas
Por
Auto del 19 de marzo de 2014, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Laboral, admitió la acción de tutela y, con el fin de conformar debidamente el
contradictorio, ordenó ponerla en conocimiento del Juzgado Veintiséis Laboral
del Circuito de Bogotá y de la Asociación Nacional de Empleados de la
Defensoría del Pueblo-ASEMDEP-, a fin de que se pronunciaran respecto de los
hechos y las pretensiones propuestas.
El
Juzgado Veintiséis Laboral del Circuito de Bogotá, durante el término previsto
para pronunciarse, remitió a la Corporación el expediente que integra el
proceso “Cancelación Personería Sindicato” Rad. 2013-00219, Demandante:
Defensoría del Pueblo, Demandado: Asociación Nacional de Empleados de la
Defensoría del Pueblo- ASEMDEP-.
4.1.   Asociación Nacional de
Empleados de la Defensoría del Pueblo- ASEMDEP-.
De manera oportuna, el Presidente y Representante Legal de la
Asociación Nacional de Empleados de la Defensoría del Pueblo-ASEMDEP- dio
respuesta a la acción de tutela, expresando su disentimiento frente a lo
pretendido por la demandante y solicitando la declaratoria de improcedencia de
la misma, con base en los siguientes argumentos:
En primer lugar, sostuvo que, si bien
el artículo 359 del Código Sustantivo del Trabajo establece que todo sindicato
necesita para constituirse o subsistir de un número no inferior a 25 afiliados,
este no prevé que solo podrán ser miembros los trabajadores dependientes, es
decir, dicha disposición no excluye a los trabajadores independientes que
prestan, de manera personal, sus servicios a la entidad, mediante un contrato
de prestación de servicios. Por lo tanto, los abogados que prestan sus
servicios como defensores públicos de la Defensoría del Pueblo pueden afiliarse
a ASEMDEP. Para confirmar dicho aserto, expresó que la reiterada jurisprudencia
de la Corte Constitucional, que recoge los Convenios 87 y 98 suscritos con la
OIT y el artículo 39 de la Carta Política, señala que únicamente se puede
excluir del derecho de asociación sindical a los miembros de la fuerza pública.
Así mismo, afirmó que la acción de tutela no cumplía con el
presupuesto de inmediatez, toda vez que se acudió en busca del amparo cuatro
meses después de que se profiriera el fallo acusado. De igual manera, considera
que la entidad accionante no identifica de manera razonable los hechos que
generaron la vulneración ni los derechos vulnerados.
Además, advierte que no es cierto que todos los contratistas
que forman parte de ASEMDEP tengan fuero sindical, pues, actualmente, solo
ostentan dicha prerrogativa dos defensores públicos que forman parte de la
Junta Directiva.
4.2.   Central Unitaria de Trabajadores de Colombia-CUT-
El Representante Legal de la Central Unitaria de Trabajadores
de Colombia-CUT- solicita al juez de tutela negar el amparo solicitado, al
considerar que el fallo acusado, lejos de vulnerar el ordenamiento jurídico
colombiano, constituye un importante avance para la protección de los derechos
de los trabajadores, pues da plena aplicación a los Convenios 87 y 98 de la
Organización Internacional del Trabajo y a las Recomendaciones presentadas por
el Comité de Libertad Sindical reconociendo su obligatoriedad, en aras de dar
solución a la precaria condición en que se encuentran los trabajadores
contratistas en Colombia.
Sostiene que la Sala Quinta de
Decisión Laboral del Tribunal Superior de Bogotá no incurrió en un defecto
sustantivo, al proferir la sentencia de 18 de noviembre de 2013, pues dicha
decisión está fundamentada en preceptos legales vigentes en el ordenamiento
colombiano, tales como la Ley 26 de 1976, que aprobó el Convenio 98 de la
Organización Internacional de Trabajo, y que establece el derecho de constituir
organizaciones, en cabeza de todos los trabajadores sin distinción alguna y en
el artículo 356 del Código Sustantivo del Trabajo que prevé que los sindicatos
de empresa se encuentran conformados por individuos que prestan sus servicios a
la misma empresa, establecimiento o institución, es decir, no es necesario que
estén vinculados mediante un contrato de trabajo.
De igual manera, refiere que la
decisión acusada se fundamentó en el informe 349, caso número 2498 del Comité
de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo que dispone:
“… El Comité recuerda que el artículo 2º del Convenio núm.
87 establece que todos los trabajadores sin distinción deben gozar del derecho
de constituir las organizaciones sindicales que estimen convenientes, con la
sola excepción de las fuerzas armadas y la policía. El Comité ha considerado al
examinar otros casos similares (véanse por ejemplo 304 o informe, caso núm 1796
y 336 o informe, caso núm 2347) que el criterio para determinar las personas
cubiertas por este derecho no se funda en la existencia de un vínculo laboral
con un empleador. En estas condiciones, y de conformidad con el artículo 2 del
Convenio, el Comité pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para que
se inscriba sin demora al Sindicato Nacional de Trabajadores de las
Organizaciones no Gubernamentales (SINTRAONG’S) y que lo mantenga informado al
respecto…”
De conformidad con lo expuesto, solicitó a la Corte Suprema
de Justicia, Sala de Casación Laboral, declarar improcedente el amparo
solicitado.
II.      DECISIONES
JUDICIALES OBJETO DE REVISIÓN
1.
Primera instancia
Mediante
sentencia proferida el 26 de marzo de 2014, la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia negó el amparo solicitado, al considerar que la
autoridad judicial demandada no actuó de manera negligente, pues en su decisión
cumplió con el deber de analizar las realidades fácticas y jurídicas sometidas
a su criterio, dentro del marco de autonomía y competencia que le es otorgada
por la Constitución y la Ley.
En
ese contexto, señaló que, en efecto, la determinación adoptada por el Tribunal
accionado de revocar el fallo proferido por el A quo y, en su lugar,
declarar probada la excepción perentoria de “Inexistencia de la causal de
disolución alegada por la Defensoría del Pueblo” obedeció a que de conformidad
con las pruebas y la interpretación dada al artículo 56 del Código Sustantivo
del Trabajo, en concordancia con las recomendaciones dadas por la O.I.T. y los
estatutos del sindicato, las personas naturales vinculadas mediante contrato de
prestación de servicios pueden ser miembros de una asociación sindical. Indicó
que, en dicha providencia, el Tribunal consignó las razones que tuvo en cuenta
para tomar la decisión, así como la interpretación que dio a los hechos y las
pruebas del proceso, sin que en la misma se advierta una actuación subjetiva y
arbitraria del juzgador.
De
acuerdo con lo anterior, advirtió que la decisión atacada se fundamentó en
argumentos que consultan las reglas mínimas de razonabilidad jurídica y que,
sin lugar a dudas, obedecen a la labor hermenéutica propia del juez, sin que
entonces sea dable al actor recurrir al uso de este mecanismo preferente y
sumario, como si se tratase de una tercera instancia a la cual pueden acudir
los administrados a debatir de nuevo sus tesis jurídicas y probatorias sobre un
determinado asunto, menos cuando en su momento fue sometido a los ritos propios
de una actuación judicial.
2.
Impugnación
Contra
la anterior decisión, la apoderada judicial de la entidad accionante presentó
escrito de impugnación en el que señaló que la Defensoría del Pueblo no está en
contra del derecho de asociación de los contratistas que prestan servicios a la
entidad como defensores públicos, pues varios de ellos se encuentran agremiados
en la Asociación Sindical de Carácter Gremial de Defensores Públicos de
Colombia, sino que está en desacuerdo con la interpretación que hace la Sala
Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Bogotá sobre la libertad de
asociación sindical, pues este no es un derecho absoluto.
Señala
que en la providencia acusada, el Tribunal no aplica los requisitos de
constitución de un sindicato de empresa y desconoce que la Asociación Nacional
de Empleados de la Defensoría del Pueblo-ASEMDEP-, al tener como objetivo la
defensa de los intereses de empleados públicos de la entidad persigue fines y
tiene requisitos distintos que los de una asociación de trabajadores
independientes (de gremio) en la que podrían verse representados y defendidos
los intereses de las personas que prestan servicios a través de contratos
estatales y sobre los cuales la Defensoría del Pueblo no tiene ningún poder subordinante.
3.
Segunda Instancia
La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en
fallo de 17 de julio de 2014, confirmó en su integridad el pronunciamiento
adoptado en primera instancia, al considerar que la providencia acusada no es
resultado de una decisión arbitraria o caprichosa, susceptible de ser
catalogada como vía de hecho vulneradora de garantías fundamentales. Advirtió así
mismo, que el principio de autonomía de la función jurisdiccional impide al
juez de tutela inmiscuirse en providencias como la cuestionada, solo porque la
parte accionante no la comparte o tiene una comprensión diversa a la concretada
en dicho pronunciamiento, el cual está sustentado en la normatividad aplicable.
III.    Revisión del proceso de
tutela por parte de la Corte Constitucional
Remitido el expediente de tutela de la referencia a
esta Corte para su eventual revisión, la Sala de Selección Número Nueve,
mediante Auto del 08 de septiembre de 2014, notificado el 25 de septiembre de
2014, dispuso su revisión a través de la
Sala Tercera de Revisión.
IV.    INTERVENCIONES PRESENTADAS EN SEDE DE REVISIÓN
Durante
el trámite del proceso en Sede de Revisión, los presidentes del Sindicato
Unitario Nacional de Trabajadores del Estado-SUNET-[3],
la Asociación Nacional de Empleados de la Defensoría del Pueblo-ASEMDEP-[4]
y la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia[5]
presentaron escritos en los que solicitaron a esta Corporación confirmar las
decisiones de 1ª y 2ª instancia proferidas por la Sala Laboral y la Sala Penal
de la Corte Suprema de Justicia.
De otra
parte, la Jefe de la Oficina Jurídica de la Defensoría del Pueblo[6]
presentó un escrito en el que reiteró los argumentos expuestos en el libelo de
la tutela, con el fin de que se deje sin efectos el fallo proferido por el
Tribunal Superior de Bogotá- Sala Quinta de Decisión Laboral-, el 18 de
noviembre de 2013, dentro del proceso de disolución, liquidación y cancelación
de la inscripción en el registro sindical entablado por la Defensoría del
Pueblo contra la Asociación Nacional de Empleados de la Defensoría del
Pueblo-ASEMDEP-.
V.      Actuaciones adelantadas por la Sala Tercera de
Revisión
Con el
fin de allegar información relevante que orientara la decisión a proferir,
mediante Auto del 15 de diciembre de 2014, el Magistrado Ponente ofició al
Tribunal Superior de Bogotá -Sala Quinta de Decisión Laboral- para que
remitiera, en calidad de préstamo, el expediente contentivo del proceso de
disolución, liquidación y cancelación de la inscripción en el registro sindical
entablado por la Defensoría del Pueblo contra la Asociación Nacional de
Empleados de la Defensoría del Pueblo-ASEMDEP-, a efectos de verificar los
supuestos de hecho alegados como fundamento de la acción de tutela T-4.485.608.
Así
mismo, suspendió el término para fallar el proceso de la referencia, mientras
se surte el trámite correspondiente y se evalúan las decisiones ínsitas en el
proceso laboral que suscitó la presente causa.
El 14 de
enero de 2015, el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral, informó a la
Secretaría de la Corte Constitucional que el expediente requerido no se
encontraba en dicha Corporación, pues fue enviado al juzgado de origen,
mediante Oficio 6136 del 27 de noviembre de 2013, motivo por el cual se remitió
la solicitud de la Sala Tercera de Revisión a dicho despacho judicial para lo
pertinente.
El 20 de
enero de 2015, la Secretaría General de la Corporación envío al despacho del
Magistrado sustanciador oficio firmado por el secretario del Juzgado Veintiséis
Laboral del Circuito de Bogotá, mediante el cual, en cumplimiento de lo
ordenado en el anterior auto, remitió el expediente solicitado.
Posteriormente[7], el magistrado sustanciador, al evaluar la
información que suministró, en sede de revisión, la Asociación Nacional de
Empleados de la Defensoría del Pueblo referente a “que en la actualidad
nuestro colectivo sindical tiene presencia en veintitrés (23) departamentos del
país, en los cuales el número de asociados ya se acerca a los quinientos (500)”,
consideró necesario conocer el tipo de vinculación jurídica de cada uno de los
afiliados a -ASEMDEP- con la Defensoría del Pueblo. En consecuencia, ofició a
dicha entidad para que informara a esta Sala cuántos miembros tenía la
Asociación Nacional de Empleados de la Defensoría del Pueblo-ASEMDEP-. Así
mismo, para que indicara qué tipo de vinculación jurídica tiene cada uno de los
afiliados de ASEMDEP con la Defensoría del Pueblo, precisando si están
vinculados mediante una relación legal y
reglamentaria o a través de un contrato de prestación de servicios.
El 31 de
enero de 2019, la Secretaría General de la Corporación envío al despacho del
Magistrado sustanciador un oficio firmado por el Vicepresidente de ASEMDEP,
mediante el cual informa:
La
Asociación Nacional de Empleados de la Defensoría del Pueblo “ASEMDEP” es una
organización sindical de primer grado y de empresa, registrada ante el
Ministerio de Trabajo con el NIT.900605215-9 que evalúa las modalidades y
características del trabajo que se realiza en las diferentes dependencias de la
Defensoría del Pueblo con el propósito de presentar solicitudes o proyectos que
interesen a los asociados, encaminados a mejorar las condiciones de vida, de
trabajo, bienestar social y la prestación del servicio.
Refiere
que el artículo 5 de los Estatutos de la Asociación prevé que para ser miembro
del sindicato se requiere “Estar vinculado a la Defensoría del Pueblo en
calidad de servidor público, en carrera administrativa o provisionalidad,
pensionado de la misma entidad y/o contratista de prestación de servicios
profesionales o administrativos”. Así pues, de acuerdo con los registros
correspondientes al mes de diciembre de 2018, ASEMDEP contaba con 723
afiliados, de los cuales 182 estaban vinculados con la Defensoría del Pueblo,
mediante una relación legal y reglamentaria y 541 a través de contratos de
prestación de servicios para la defensa pública en materia penal.
VI.
CONSIDERACIONES
1.
Competencia
La Corte Constitucional es competente para revisar las
decisiones proferidas dentro de la acción de tutela de la referencia, con
fundamento en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política, en
concordancia con los artículos 33, 34 y 35 del Decreto 2591 de 1991, y en
cumplimiento del Auto del 08
de septiembre de 2014, proferido por la Sala de Selección Número Nueve de esta Corporación.
2.      Legitimación en la causa por activa y por
pasiva[8]
Tal como lo prevé el artículo 86 de la Constitución,
la acción de tutela es un instrumento de defensa judicial al que puede acudir
cualquier persona para reclamar la protección inmediata de sus derechos
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de las autoridades y, excepcionalmente, de los
particulares, en aquellos casos previstos en la ley[9].
En desarrollo del citado mandato superior, el Decreto
2591 de 1991[10],
en el artículo 10[11],
definió los titulares de dicha acción[12],
quienes podrán impetrar el amparo constitucional, (i) bien sea en forma
directa (el interesado por sí mismo); (ii) por intermedio de un
representante legal (caso de los menores de edad, incapaces absolutos,
interdictos y personas jurídicas); (iii) mediante apoderado judicial
(abogado titulado con poder judicial o mandato expreso); (iv) a
través de agente oficioso (cuando el titular del derecho no esté en
condiciones de promover su propia defensa); o por conducto (v) tanto
del Defensor del Pueblo como de los personeros municipales (facultados para
intervenir en representación de terceras personas, siempre que el titular de
los derechos haya autorizado expresamente su mediación o se adviertan
situaciones de desamparo e indefensión)[13].
Así entonces, frente al asunto sub júdice, se
tiene que la Defensoría del Pueblo, se encuentra legitimada por activa
en el marco de la presente acción de tutela[14],
como quiera que se trata de una autoridad pública que actúa por medio del jefe
de la oficina jurídica[15],
quien representa a dicha entidad como titular del derecho fundamental al debido
proceso[16],
presuntamente quebrantado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, en el trámite de un proceso sumario de disolución, liquidación y
cancelación de la inscripción en el registro sindical de la Asociación Nacional
de Empleados de la Defensoría del Pueblo, al proferir el fallo de 18 de
noviembre de 2013 en el que presuntamente incurrió en un defecto sustantivo,
por aplicar indebidamente el Código Sustantivo del Trabajo, respecto de los requisitos
mínimos necesarios para conformar un sindicato de empresa.
Por otro lado, en lo atinente al extremo procesal
opuesto, conviene indicar que, en plena correspondencia con los artículos 5 y
13 del Decreto 2591 de 1991[17],
la legitimación en la causa por pasiva precisa del cumplimiento de dos
requisitos. El primero de ellos, que se trate de uno de los sujetos frente a
los cuales proceda el recurso de amparo y, el segundo, que la conducta que
genera la vulneración o amenaza del derecho se pueda vincular, directa o
indirectamente, con su acción u omisión[18].
Pues bien, en el caso concreto, el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Quinta de Decisión Laboral está
legitimado como parte pasiva en el trámite que se adelanta, habida
cuenta de su naturaleza de autoridad judicial de la cual se predica la supuesta
transgresión de la prerrogativa iusfundamental en discusión, por haber
incurrido, según se pretende, en un defecto sustantivo, al proferir, en
ejercicio de sus facultades jurisdiccionales, la providencia atrás mencionada.
3.
Planteamiento del problema jurídico
De acuerdo con la situación expuesta en los
antecedentes de esta providencia, le corresponde a la Corte establecer si la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá vulneró el derecho fundamental al
debido proceso de la Defensoría del Pueblo, en la providencia de 18 de noviembre de 2013[19],
proferida dentro del proceso sumario de disolución, liquidación y cancelación
de la inscripción en el registro sindical de la Asociación Nacional de
Empleados de la Defensoría del Pueblo-ASEMDEP, al negarse a
disponer la disolución del sindicato y la cancelación de su personería
jurídica, bajo la consideración de que es posible que las personas que prestan
sus servicios a entidades públicas a través de contratos estatales de
prestación de servicios, concurran como miembros
fundadores de sindicatos de empleados públicos, de conformidad con los
artículos 356 y 401 del Código Sustantivo del Trabajo y a la luz de lo señalado
en la recomendación del Comité de Libertad Sindical de la O.I.T. en el caso
2498[20] , consagrada en el informe 353.
Para resolver el mencionado problema jurídico, previamente, debe la Sala
verificar la acreditación de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. En caso de resultar positivo ese análisis, se proseguirá con el
estudio de la controversia de fondo.
En los referidos términos, la Sala de Revisión
expondrá (i) la doctrina reiterada por la jurisprudencia
constitucional en torno a la procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencias judiciales, para luego, (ii) verificar en el caso
concreto el cumplimiento de los requisitos generales previstos para ese efecto.
Una vez se evidencie que ellos se encuentran debidamente acreditados, (iii)
se procederá a caracterizar y resolver el defecto endilgado como causal
específica de procedibilidad en el recurso de amparo bajo estudio.
4.      Reiteración de jurisprudencia en torno a la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales
De acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, la tutela es un
mecanismo sumario, preferente y subsidiario de defensa judicial cuya finalidad
es la protección de los derechos fundamentales de las personas, cuando quiera
que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las
autoridades o de los particulares en los casos previstos en la Constitución y
en la Ley.
En ese sentido,
la acción de tutela, por regla general, es improcedente cuando mediante ella se
pretenden cuestionar providencias judiciales, debido a que, por un lado, todos los jueces, en el
ejercicio de sus competencias ordinarias, están llamados a asegurar la
protección de los derechos fundamentales, y, por otro, los principios
constitucionales de seguridad jurídica y autonomía judicial, así como la
garantía procesal de la cosa juzgada, impiden que un nuevo juez revise las
decisiones ejecutoriadas. Pese a lo anterior, esta Corporación ha precisado
que, excepcionalmente, el ejercicio de la
tutela frente a providencias judiciales resulta viable, como mecanismo
subsidiario y preferente de defensa judicial, en los casos en que se advierta
que la actuación judicial viola o amenaza con vulnerar un derecho fundamental. Bajo esta circunstancia, el amparo procederá siempre
y cuando se entiendan cumplidos, tanto los requisitos generales referidos a la
procedencia de la acción de tutela, como los requisitos específicos, atinentes
a la tipificación de las situaciones que conducen al desconocimiento de
derechos fundamentales, especialmente el derecho al debido proceso.
En
cuanto hace a los requisitos generales, la Corte ha identificado que son
aquellos cuyo cumplimiento se debe verificar antes de entrar en el estudio del
fondo del asunto, pues habilitan la procedencia del amparo constitucional.
Tales requisitos son: (i) que el caso
sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia constitucional; (ii) que
el actor haya agotado todos los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios procedentes antes de acudir al juez de tutela; (iii) que la
petición cumpla con el requisito de inmediatez, de acuerdo con criterios de
razonabilidad y proporcionalidad; (iv) en caso de tratarse de una irregularidad
procesal, que esta tenga incidencia directa en la decisión y resulte lesiva de
los derechos fundamentales; (v) que el actor identifique, de forma razonable,
los hechos que generaron la violación y que esta haya sido alegada en el
proceso judicial de haber sido posible; y (vi) que el fallo censurado no se
trate de una acción de tutela.[21]
En
lo relacionado con los requisitos específicos, estos fueron
unificados en las denominadas causales de
procedencia, a partir del reconocimiento de los siguientes defectos o vicios
materiales: orgánico[22],
sustantivo[23],
procedimental[24]
fáctico[25],
error inducido[26],
decisión sin motivación[27],
desconocimiento del precedente constitucional[28] y violación directa a
la Constitución.
En suma, por regla general, debido a la necesidad de
salvaguardar el valor de la cosa juzgada, la garantía de la seguridad jurídica
y los principios constitucionales de autonomía e independencia judicial, la
acción de tutela no resulta procedente para controvertir el sentido y alcance
de las providencias judiciales. Empero, excepcionalmente, se ha admitido dicha
posibilidad, siempre que se
acredite el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad, se
observe que la decisión cuestionada haya incurrido en uno o varios de los
defectos o vicios específicos y, por esa vía, se produzca una amenaza o
vulneración de derechos fundamentales.[29]
Ahora bien, teniendo como fondo las recién apuntadas
reglas de naturaleza procesal y de conformidad con lo planteado en el acápite
de delimitación del problema jurídico, inicia esta Sala por verificar si la
presente acción de tutela contra una providencia judicial supera el examen de
los requisitos generales antes mencionados. De ser así, se habilitará su
estudio de fondo posterior.
5.      Estudio sobre el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales
Partiendo de las consideraciones
plasmadas en el acápite precedente, encuentra la Corte que en el caso bajo
estudio se cumplen los requisitos generales de procedencia establecidos por la
jurisprudencia constitucional, como a continuación pasa a establecerse.
5.1.   Que la controversia planteada sea
constitucionalmente relevante
La cuestión que se debate en el juicio que ocupa la
atención de la Sala trasciende el ámbito de la mera legalidad y posee
indiscutible relevancia constitucional, comoquiera que persigue la
efectiva protección del derecho fundamental al debido proceso de la Defensoría
del Pueblo presuntamente vulnerado por la
Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, quien, mediante
decisión del 18 de noviembre de 2013[30],
habría permitido que siga operando un sindicato de empleados
públicos que se habría constituido sin sujetarse a las previsiones legales, al
considerar que las personas que prestan sus servicios a entidades públicas a
través de contratos estatales, pueden hacer parte, como miembros fundadores, de
sindicatos de empresa de servidores públicos, de conformidad con los artículo
356 y 401 del Código Sustantivo del Trabajo y la recomendación del Comité de
Libertad Sindical de la O.I.T. en el caso 2498[31],
consagrada en el informe 353. A juicio de la entidad accionante dicha
interpretación contraría lo previsto en el artículo 359 del estatuto laboral y
podría dar lugar a que en la Defensoría del Pueblo se presenten escenarios contrarios
a la ley, tales como: (i) tener que contratar, de manera permanente o
indefinida, un servicio que eventualmente puede no requerir o no estar
contemplado en su plan anual de adquisiciones, so pretexto de que el
contratista goza de las prerrogativas del fuero sindical; (ii) así como no poder hacer uso de las facultades
exorbitantes, como la declaratoria de
caducidad, la terminación o modificación unilateral del contrato estatal.
5.2.   Que previamente se hayan agotado todos los
medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la
persona afectada, a menos que se busque evitar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable
La Sala advierte que no cabe ningún recurso contra la
decisión proferida, en segunda instancia, por la Sala Quinta de Decisión
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá dentro del proceso sumario de disolución, liquidación
y cancelación de la inscripción en el registro sindical de la Asociación
Nacional de Empleados de la Defensoría del Pueblo-ASEMDEP.
En efecto, el numeral 2º del artículo 380 del Código
Sustantivo del Trabajo dispone que estas solicitudes deberán formularse “ante
el juez del trabajo del domicilio del sindicato (…), y se tramitarán conforme
al procedimiento sumario” dispuesto en el propio artículo. Así las cosas,
de conformidad con el literal g) del numeral en cita: “la decisión
del juez será apelable, en el efecto suspensivo, para ante el respectivo Tribunal
Superior del Distrito Judicial, el cual deberá decidir de plano dentro de los
cinco (5) días siguientes en que sea recibido el expediente. Contra la
decisión del Tribunal no cabe ningún recurso”. Por esta razón, la Sala
encuentra que la providencia que dictó dicha corporación es una sentencia de
última instancia que, de no prosperar la acción de tutela, quedaría amparada
definitivamente por la garantía de la cosa juzgada.
5.3.   Que la acción de tutela cumpla con
el requisito de la inmediatez
La Sala encuentra que el recurso de
amparo constitucional fue entablado en un término razonable y proporcional al
de la ocurrencia del hecho que presuntamente originó la vulneración, pues este
se formuló tres meses después de cobrar ejecutoria la sentencia de segunda
instancia proferida por la Sala Quinta de
Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá[32].
5.4.   Que la parte identifique de manera razonable
tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y
que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto
fuere posible
Por oposición a la informalidad que de ordinario caracteriza
a la tutela, cuando esta se invoca contra providencias judiciales, es necesario
que quien reclama la protección mencione los derechos afectados, identifique
con cierto nivel de detalle en qué consiste la violación alegada y demuestre de
qué forma aquella se aparta del ámbito del derecho o incurre en una actuación
abusiva contraria al orden jurídico, debiendo, además, haber planteado el punto
de manera previa en el respectivo proceso. Conforme a ese entendimiento, se
tiene que, en el caso concreto, el jefe de la Oficina Jurídica de la Defensoría del Pueblo identificó en su escrito de
tutela las razones por las cuales estimaba transgredidos derechos de raigambre
fundamental a raíz de la decisión adoptada, en segunda instancia, por la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá.
Según la Defensoría del Pueblo, la vulneración alegada
surge de la inaplicación, por parte de la autoridad judicial accionada, del
artículo 359 del estatuto laboral, así como de la equivocada interpretación que
realizó de los artículos
356 y 401 del Código Sustantivo del Trabajo y de la recomendación del Comité de
Libertad Sindical de la O.I.T. en el caso 2498, al proferir el fallo de segunda instancia dentro del proceso sumario
de disolución, liquidación y cancelación de la inscripción en el registro
sindical de la Asociación Nacional de Empleados de la Defensoría del
Pueblo-ASEMDEP-. En ese escenario, la Sala considera que no es dable exigir que
el actor hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, pues, como se
explicó anteriormente, contra la providencia acusada no procede ningún recurso
judicial distinto a la acción de tutela.
5.5.   Que la tutela no se dirija contra sentencias de
tutela ni contra decisiones de constitucionalidad abstracta proferidas por la
Corte Constitucional o por el Consejo de Estado
Por último, debe puntualizarse que no se trata de una
solicitud de amparo promovida contra una sentencia de tutela ni contra una
decisión de constitucionalidad abstracta dictada por esta Corporación o de
nulidad por inconstitucionalidad proferida por el Consejo de Estado. La
objeción, como ya se ha tenido la oportunidad de señalar, versa sobre la providencia
proferida el 18 de noviembre de 2013, en segunda instancia, por la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá dentro
del proceso sumario de disolución, liquidación y cancelación de la inscripción
en el registro sindical de la Asociación Nacional de Empleados de la Defensoría
del Pueblo-ASEMDEP-.
5.6.   Que, tratándose de una irregularidad procesal,
la misma tenga un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna
y afecte derechos fundamentales de la parte actora
Cuando se trata de una irregularidad procesal, es
indispensable que el vicio alegado incida de tal forma en la decisión final,
que de no haberse presentado o haberse corregido a tiempo, habría variado
sustancialmente la decisión[33].
La Sala advierte que en el caso objeto de
estudio no es dable analizar este requisito, toda vez que en la demanda no se
alega la ocurrencia de una irregularidad procesal. Es decir, en el asunto sub
judice la entidad accionante no alega que la autoridad judicial haya
actuado soslayando el procedimiento, sino más bien que, en el marco del proceso
legalmente establecido, incurrió en un defecto sustantivo al aplicar
indebidamente las normas del Código Sustantivo del Trabajo que regulan la
conformación de un sindicato de empresa.
Al acreditarse, entonces, el cumplimiento
de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales pasará la Sala de Revisión a efectuar una breve
caracterización y análisis de la causal específica de procedibilidad denominada
defecto sustantivo.
6.      Caracterización de la causal específica de
procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales por la configuración de un defecto
sustantivo. Reiteración de jurisprudencia[34]
Esta
Corporación ha puntualizado que el defecto sustantivo predicable de una
providencia judicial se origina en la interpretación o aplicación de las
disposiciones jurídicas al caso analizado por el juez[35].
Sin embargo, para que este yerro dé lugar a la procedencia de la acción de
amparo debe tratarse de una irregularidad que tenga trascendencia, esto es, que
sea susceptible de suscitar un cambio en el alcance de la providencia
cuestionada[36].
En
este sentido, en la Sentencia SU-448 de 2011[37],
la Corte identificó las principales circunstancias que generan que una
providencia judicial incurra en un defecto sustantivo. Concretamente, en
aquella ocasión se explicó que ello ocurre cuando:
“(i) La decisión judicial tiene como fundamento una
norma que no es aplicable, porque a) no es pertinente[38],
b) ha perdido su vigencia por haber sido derogada[39],
c) es inexistente[40],
d) ha sido declarada contraria a la Constitución[41],
e) a pesar de que la norma en cuestión está vigente y es constitucional, no se
adecúa a la situación fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada,
por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por
el legislador[42];
(ii) Pese a la autonomía judicial, la interpretación o
aplicación de la norma al caso concreto, no se encuentra, prima facie,
dentro del margen de interpretación razonable o la aplicación final de la regla
es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente
(interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los
intereses legítimos de una de las partes o cuando en una decisión judicial se
aplica una norma jurídica de manera manifiestamente errada, sacando del marco
de la juridicidad y de la hermenéutica jurídica aceptable tal decisión judicial[43];
(iii) La aplicación de la norma en el caso concreto no toma en cuenta sentencias que han definido su
alcance con efectos erga omnes[44];
(iv) la disposición aplicada se muestra
injustificadamente regresiva o contraria a la Constitución[45];
(v) Un poder concedido al juez por el ordenamiento se
utiliza para un fin no previsto en la disposición[46];
(vi) La decisión
se funda en una interpretación no sistemática de la norma, omitiendo el
análisis de otras disposiciones aplicables al caso[47];
(vii) Se desconoce la norma del ordenamiento jurídico
constitucional o infraconstitucional aplicable al caso concreto[48];
(viii) La actuación no está justificada en forma
suficiente de manera que se vulneran derechos fundamentales[49];
(ix) Sin un mínimo de argumentación se desconoce el
precedente judicial[50];
(x) El juez no aplica la excepción de
inconstitucionalidad frente a una violación manifiesta de la Constitución.[51]”.
Aunado a lo anterior, la Corte también ha
señalado que cuando existan varias interpretaciones admisibles sobre un mismo
tema y el operador jurídico decida aplicar una de ellas de forma razonable y
ajustada a los límites normativos, la acción de tutela no está llamada a
prosperar, en respeto a los principios constitucionales de autonomía e
independencia judicial (CP art. 228), pues se entiende que el defecto material
o sustantivo sólo ocurre en los casos en los que se evidencia un actuar
arbitrario y caprichoso del juez, y no una mera discrepancia de interpretación.[52]
Como ya fue expuesto al delimitar el problema jurídico,
la entidad accionante considera que la
Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, en la providencia acusada,
incurrió en un defecto sustantivo, al no aplicar lo
dispuesto en el artículo 359 del Código Sustantivo del Trabajo respecto de los
requisitos mínimos necesarios para constituir un sindicato de empresa, pues
consideró que las personas naturales, que prestan servicios a entidades públicas,
mediante contratos estatales pueden hacer parte constitutiva, como miembros
fundadores, de uno de tales sindicatos, de conformidad con lo previsto
en los artículos 356 y 401 del Código Sustantivo
del Trabajo y teniendo en cuenta la recomendación del Comité de Libertad
Sindical de la O.I.T. en el caso 2498.
Con el objeto de abordar el problema planteado, la Sala se
referirá a los siguientes temas: (i) el
derecho a la libertad de asociación sindical; (ii) el derecho de asociación sindical de los trabajadores
al servicio del Estado, y (iii) la
posibilidad de los contratistas del Estado de asociarse a sindicatos.
6.1.   El derecho a la libertad de
asociación sindical. Reiteración de Jurisprudencia
6.1.1. El artículo 39[53]
de la Constitución Política consagra el derecho de todos los trabajadores y
empleadores de constituir sindicatos o asociaciones, sin intervención del
Estado, exceptuando únicamente a los miembros de la Fuerza Pública. En el mismo
sentido, el artículo 2° del Convenio 87 de la OIT relativo a
la Libertad Sindical y a la Protección del Derecho de Sindicación [54], prevé que “los
trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización
previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen
convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola
condición de observar los estatutos de la misma.”
Igualmente, el artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos reconoce el derecho de toda persona a asociarse con otras
para fundar sindicatos, afiliarse a ellos y proteger sus intereses. Y, el
numeral 2º de esa disposición declara que el ejercicio de ese derecho “sólo
podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias
en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la
seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral
públicas o los derechos y libertades de los demás”.
Del mismo modo, el artículo 8º del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales consagra el derecho a la libertad sindical
así: “1. Los Estados Parte en el presente Pacto se comprometen a
garantizar: a) el derecho de toda persona a fundar sindicatos y a afiliarse al de su
elección, con sujeción únicamente a los estatutos de la organización
correspondiente, para promover y proteger sus intereses económicos y Desarrollo
de la libertad sindical mediante el control de la O.I.T. No podrán imponerse
otras restricciones al ejercicio de este derecho que las que prescriba la ley y
que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad
nacional o del orden público, o para la protección de los derechos y libertades
ajenos (...)”.
De
conformidad con los anteriores preceptos, esta Corporación, en reiterada
jurisprudencia[55],
ha señalado que todos los trabajadores, sin discriminación ni distinción alguna,
tienen el derecho de agruparse, a través de la constitución de organizaciones
permanentes que los identifiquen como grupos con intereses comunes con el fin
de propugnar por su defensa. Dicha prerrogativa le otorga a los titulares (i)
la libertad tanto para afiliarse como para retirarse de dichas organizaciones;
(ii) la facultad de constituir y organizar estructural y funcionalmente las
referidas organizaciones y conformarlas automáticamente como personas
jurídicas, sin la injerencia, intervención o restricción del Estado; (iii) el
poder de determinar el objeto de la organización, las condiciones de admisión,
permanencia, retiro o exclusión de sus miembros, el régimen disciplinario
interno, los órganos de gobierno y representación, la constitución y manejo del
patrimonio, las causales de disolución y liquidación, el procedimiento
liquidatorio, y otros aspectos que atañen con su estructura, organización y
funcionamiento, que deben ser, en principio, libremente convenidos por los
miembros de las asociaciones sindicales al darse sus propios estatutos o
reformarlos, salvo las limitaciones que válidamente pueda imponer el legislador
conforme al inciso 2 del art. 39 de la Constitución Política.
De igual
manera, esta Corporación ha señalado que las asociaciones sindicales, en virtud
del derecho a la libertad sindical, adquieren: iv) la facultad de formular las
reglas relativas a la organización de su administración, así como las
políticas, planes y programas de acción que mejor convengan a sus intereses,
con la señalada limitación; v) la garantía de que las organizaciones de
trabajadores no están sujetas a que la cancelación o la suspensión de la
personería jurídica sea ordenada por la autoridad administrativa, sino por vía
judicial; vi) el derecho para constituir y afiliarse a federaciones y
confederaciones nacionales e internacionales y vii) la inhibición, para las
autoridades públicas, incluyendo al legislador, de adoptar regulaciones,
decisiones o adelantar acciones que tiendan a obstaculizar el disfrute del
derecho a la libertad sindical.
Así las cosas, de la interpretación del artículo 39 de la
Constitución, del Convenio 87 de la O.I.T. y de los artículos 22 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 8º del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la
jurisprudencia constitucional ha concluido que los miembros de las
organizaciones y las asociaciones sindicales son sujetos de derecho libres,
autónomos, independientes[56]
cuya actuación de desenvuelve en el marco de la Constitución y de la ley. Son
libres para crear organizaciones y decidir, sin discriminación y distinción
alguna, si se afilian o no a grupos determinados para proteger intereses
comunes. Los sindicatos y sus afiliados son autónomos para autoregularse, en
tanto que tienen la facultad para señalar las reglas internas de organización
administrativa, financiera y de gestión funcional y orgánica del sindicato. De
igual manera, son independientes, porque tienen espacios de inmunidad que
rechazan y prohíben la intervención arbitraria e intromisión de las autoridades
públicas y de los particulares. De hecho, podría decirse que la independencia
de las organizaciones sindicales resguarda la libertad sindical para
organizarse y decidir sobre sus intereses y limita la libertad de configuración
normativa del legislador[57].
Aunado a lo anterior, la Corte ha dicho que los afiliados y
los sindicatos deben ser respetuosos del imperio de la ley y la Constitución, no
sólo porque la eficacia normativa de los derechos fundamentales también se
impone frente a los particulares[58], sino porque la libertad sindical no
es absoluta, sino que está limitada por las reglas necesarias y razonables para
proteger los principios democráticos[59][60].
Como se aprecia en el artículo 39 superior, el Constituyente
limitó la libertad sindical, al señalar que “la estructura interna y el
funcionamiento de los sindicatos y organizaciones sociales y gremiales se
sujetarán al orden legal y a los principios democráticos”. En el mismo
sentido, en la Organización Internacional del Trabajo se ha entendido que la
garantía de libertad sindical no es absoluta, pues el artículo 8º del Convenio
87 dispone que “Al ejercer los derechos que se les reconocen en el presente
Convenio, los trabajadores, los empleadores y sus organizaciones respectivas
están obligados, lo mismo que las demás personas o las colectividades
organizadas, a respetar la legalidad”… de todas maneras aclara que “la
legislación nacional no menoscabará ni será aplicada de suerte que menoscabe
las garantías previstas en el presente Convenio”.[61]
De igual manera, en relación con el alcance del derecho a la libertad
sindical, la Comisión de Libertad Sindical y de Relaciones de Trabajo de la O.
I. T. ha sostenido que “los Estados quedan libres para fijar en su
legislación las formalidades que les parezcan propias para asegurar el
funcionamiento normal de las organizaciones profesionales”. Por
consiguiente, las formalidades prescritas en las reglamentaciones nacionales
acerca de la constitución y funcionamiento de las organizaciones de
trabajadores, “son compatibles con las disposiciones del Convenio N° 87, a
condición, claro está, de que esas disposiciones reglamentarias no se hallen en
contradicción con las garantías allí previstas” [62][63].
De
conformidad con lo expuesto, es dable concluir que la libertad de asociación sindical se compone de
los siguientes elementos esenciales: (i) todo trabajador sin distinción de su
origen, sexo, raza, nacionalidad, orientación política, sexual o religiosa
entre otras, que se identifique en un grupo con intereses comunes tiene el derecho
a asociarse libremente; (ii) la prohibición de intervención estatal se
circunscribe a abstenerse de interferir en el ámbito de constitución,
organización y funcionamiento interno, los cuales son exclusivos del sindicato,
siempre y cuando no transgredan la legalidad[64]; (iii) la garantía constitucional
de libertad de asociación protege a la colectividad por lo que ésta prima sobre
los derechos subjetivos del trabajador que puedan concurrir o colisionar con
los derechos de la organización y (iv) la disolución o cancelación de la
personería jurídica de un sindicato solo puede darse por vía judicial.[65]
A su vez, resulta clara la amplia garantía de la
libertad de asociación sindical, pues está construida a partir de un concepto
lato de trabajador; y la posibilidad del legislador, dentro de ciertos límites,
de determinar la manera como se ejerce esa libertad al contemplar distintas
modalidades de asociación sindical, sin que las mismas sean contrarias a la
Constitución.
6.1.2.
Regulación legal del derecho de asociación sindical
Esta Corporación, en reiterada
jurisprudencia, ha señalado que el Congreso de la República, en virtud de la
cláusula general de competencia (CP, 150.2) y por el mandato expreso del
artículo 39.2 Superior, cuenta con un amplio margen de configuración para regular
los aspectos del derecho a la libertad de asociación sindical. No obstante,
también ha precisado que, en ejercicio de dicha
facultad, el legislador no puede afectar el núcleo esencial del derecho, en
especial, la
autonomía de las asociaciones sindicales para dictar sus
estatutos en asuntos de ingreso, administración y financiamiento[66]. En ese sentido, la ley podrá
establecer distintos tipos de sindicatos, así como fijar diferentes requisitos de constitución y
ámbito de actuación para cada uno, siempre y
cuando tales exigencias no hagan nugatorio el derecho de asociación o tengan
efecto dilatorio sobre su ejercicio.
6.1.2.1.
Dentro de la regulación legal del derecho de asociación sindical, el artículo
356 del Código Sustantivo del Trabajo dispone que los sindicatos de trabajadores se clasifican así: a).
De empresa, si están
formados por individuos de varias profesiones, oficios o especialidades, que
prestan sus servicios en una misma empresa, establecimiento o institución; b). De industria o por rama de actividad
económica, si están formados por individuos que prestan sus servicios en varias
empresas de la misma industria o rama de actividad económica; c). Gremiales,
si están formados por individuos de una misma profesión, oficio o especialidad,
d). De oficios varios, si están formados por trabajadores de diversas
profesiones, disímiles o inconexas. Estos últimos sólo pueden formarse en los
lugares donde no haya trabajadores de una misma actividad, profesión u oficio
en número mínimo requerido para formar uno gremial, y solo mientras subsista
esta circunstancia.” (Negrilla y
Subraya fuera del texto original).
De
esta clasificación se desprende la característica común de los trabajadores
asociados que se exige a cada organización sindical (empresa, industria o
gremial) y su excepción, además temporal, cuando no comparten actividad o
profesión alguna (de oficios varios).
Sobre el particular, esta Corporación, al resolver una
demanda de inconstitucionalidad presentada contra
dicha disposición por la presunta transgresión de los artículos 4, 39, 53, 93 y 94 de la
Constitución y el Convenio 87 de la OIT, señaló que la tipificación taxativa que establece la norma
acusada de las clases de sindicatos que pueden legalmente constituirse en
Colombia no vulnera el derecho de asociación sindical, consagrado en el
artículo 39 de nuestra Carta Fundamental, por cuanto “no impide que se creen sindicatos, ni toca los asuntos
propios de su constitución, organización y funcionamiento interno, respetando
el derecho de la libertad sindical, al tratarse en el fondo de organizaciones
plenamente independientes y establecidas en forma voluntaria sin estar
sometidas a ninguna medida represiva, en tanto que lo decisivo es el
contenido del derecho y no la nomenclatura que se le den a las situaciones
descritas en el artículo 356 del C.S.T. y de la S.S.”[67]
(Subraya fuera del texto original)
Por último, respecto a dicha
clasificación, el Comité de Libertad Sindical de la OIT ha señalado
que “los trabajadores deberían poder decidir si prefieren formar, en el
primer nivel, un sindicato de empresa u otra forma de agrupamiento a la base,
tal como un sindicato de industria o de oficio.”[68] Lo anterior, por cuanto “en
virtud del artículo 2 del Convenio núm. 87, los trabajadores tienen el derecho
de constituir las organizaciones que estimen convenientes, incluidas las
organizaciones que agrupen trabajadores de centros de trabajo y localidades
diferentes.”[69]En ese orden de ideas, la clasificación de sindicatos
de trabajadores, prevista en el artículo 356 del Código Sustantivo del Trabajo,
“constituye un medio para el desarrollo de las finalidades de asociación,
siempre y cuando dicha regulación no afecte su autonomía.”[70].
Esta clasificación encuentra justificación en los distintos
intereses que persigue cada sindicato de acuerdo con las características de sus
miembros. Así, por ejemplo, mientras que
un sindicato de empresa tiene por objeto obrar sobre las condiciones de trabajo
que rigen en la empresa, o por extensión, en una entidad determinada, un
sindicato de industria tiene un objeto más amplio, porque no busca alterar las
condiciones individuales de trabajo de los trabajadores sindicalizados
vinculados a una misma entidad, sino que se orienta a promover condiciones
generales que mejoren la situación de las distintas empresas que conforman la
industria. En ese sentido, no cabe constituir un sindicato de industria o uno
gremial para promover un pliego de peticiones en una empresa determinada.
Aunado a lo anterior, por la naturaleza de la entidad en la
que prestan sus servicios, adicionalmente, los sindicatos de trabajadores en el
sector público se clasifican en: (i) De empleados públicos, conformados
por personas que están vinculadas con el Estado mediante una relación legal y
reglamentaria (Decreto 160 de 2014); (ii) De trabajadores oficiales,
formados por individuos que están vinculados con el Estado mediante contratos
de trabajo (art. 416 C.S.T.) y (iii) Sindicatos mixtos, aquellos que
agrupan trabajadores oficiales y empleados públicos, los cuales, para el ejercicio de sus
funciones, deben actuar teniendo en cuenta las limitaciones consagradas por la ley respecto al nexo
jurídico de sus afiliados para con la administración (artículo 414 C.S.T.)[71].
Como se observa, la clasificación adicional de los sindicatos en
el sector público atiende a la naturaleza del tipo de vinculación laboral de
los afiliados con la correspondiente entidad pública. Al respecto, desde la Sentencia
C-377 de 1998[72] esta Corporación ha considerado
ajustada a la Constitución “la diferenciación entre trabajadores oficiales y
empleados públicos [respecto de su derecho de sindicalización] (…), bajo el
argumento de que no se puede afectar la facultad de las autoridades de fijar
autónomamente las condiciones del empleo”.
Así las cosas, se advierte que el legislador, en virtud del amplio
margen de configuración, clasificó los sindicatos con
base en dos criterios, los intereses perseguidos y/o el vínculo contractual de
los afiliados con la empresa o el Estado. Dicha clasificación constituye un
medio para el desarrollo del derecho de asociación y no desconoce el núcleo
esencial del derecho a la libertad sindical. Esto, por cuanto la
garantía del derecho de asociación sindical se asegura mediante la posibilidad
de acceder a cualquiera de las modalidades previstas por el legislador, no
necesariamente a una de ellas.
Contrario sensu, no se lesiona el derecho de asociación sindical
cuando se restringe la posibilidad de que una persona se afilie a una modalidad
específica de sindicato, siempre y cuando se garantice la posibilidad de
hacerlo a otra u otras modalidades distintas.
6.1.2.2. En
concordancia con lo anterior, el legislador fijó para cada tipo de sindicato
distintos requisitos de constitución acordes con su finalidad. Así, por ejemplo, el artículo 359[73] del Estatuto Laboral establece que para constituir, en el sentido de
fundar, un sindicato de trabajadores o para que éste subsista es necesario que cumpla con un número
mínimo de afiliados, específicamente, veinticinco (25). Para esta Corporación dicho requisito no es irrazonable y, por el
contrario, resulta necesario y proporcionado a la finalidad que persigue de
garantizar una estructura y organización mínima y de carácter democrático del
sindicato, órgano de representación por antonomasia de los trabajadores
afiliados, pues, como cualquier organización, se procura que tenga un número
mínimo de personas con el cual pueda cumplir cabalmente sus objetivos, hacer
efectivo su normal funcionamiento, asignar a los miembros que lo conforman
diversas funciones, y garantizar la participación de todos los afiliados en los
asuntos que los afectan, tanto los relacionados con el sindicato mismo como los
que se refieran a las condiciones laborales en que desarrollan su trabajo.
Lo anterior, por cuanto “la Carta
Política protege el derecho de los trabajadores y empleadores a constituir
sindicatos sin intervención del Estado, pero con sujeción a un marco
regulatorio general cuya expedición compete al legislador. En ese orden de
ideas, los artículos 359 y 401 del C.S.T., parcialmente acusados, no violan la
Constitución, pues corresponde a este último determinar el número mínimo de
afiliados exigido para la constitución y subsistencia del sindicato de
trabajadores”[74]. En ese sentido, la Corte, en la
Sentencia C-201 de 2002 concluyó que 25 es un número razonable para tales
efectos, más aún si se tiene en cuenta que se trata de un límite mínimo y no de
un tope[75], esto es, un número máximo de
trabajadores que pudieran afiliarse al sindicato.[76]
Ahora bien, cabe aclarar que, aun
cuando dicha disposición resulta aplicable para todos
los tipos de sindicatos, en el sentido de que a todos se les exige un número
mínimo de 25 afiliados para constituirse, por regla general, los miembros
fundadores deben ostentar las características comunes –de interés y de
vinculación– que identifican a cada clase de sindicato (de empresa, de
industria o de gremio; de trabajadores oficiales o de empleados públicos), y
excepcionalmente, podrán no hacerlo homogéneamente, en los casos advertidos por
el legislador (de oficios varios y mixtos de servidores públicos), como se
desprende de la previsión de varias formas de sindicatos y su objeto.
Así, por ejemplo, aun cuando
para constituir un sindicato de empresa, los 25 miembros fundadores pueden
pertenecer a distintas profesiones,
oficios o especialidades, estos necesariamente deben prestar sus servicios en una misma empresa, establecimiento o
institución, mediante una modalidad uniforme de vinculación. Debe advertirse
que esa exigencia legal es condición necesaria para que pueda constituirse el
sindicato y desplegar el objeto que le es propio según su naturaleza. De este
modo, no resulta de recibo que para completar ese número mínimo se acuda a
incluir entre los fundadores a personas que, en atención a su modalidad de
vinculación, no puedan acceder a todas las prerrogativas propias de la
organización sindical. A título ilustrativo, en el sector privado, si uno de
los objetivos principales de la organización sindical es presentar pliegos de peticiones y celebrar
convenciones colectivas con miras a mejorar las condiciones laborales respecto
de la empresa, establecimiento o institución a la que sus afiliados de varias profesiones, oficios o
especialidades prestan sus servicios, no resultaría consecuente que, por un
lado, tal habilitación surja de un colectivo que, en su conjunto, carece de la
aptitud para acceder a esos beneficios como sucedería si a él se integrasen,
por ejemplo, personas vinculadas mediante contratos de prestación de servicios,
y por otro, consecuentemente, que una parte de los miembros fundadores no
pudiera participar ni ser beneficiaria de ese objeto central de la actividad
sindical. En este contexto, es preciso poner de presente que en este proceso
está en entredicho la posibilidad de que concurran a la constitución de un sindicato
de empresa de empleados públicos, con el propósito de acreditar el número
mínimo de afiliados, personas que han sido vinculadas en la modalidad de
prestación de servicios y que un problema distinto, que no es objeto de
consideración en esta oportunidad, es la circunstancia de que en los estatutos
de un sindicato de empresa de empleados públicos, se contemple la posibilidad
de que, válidamente constituido el sindicato, a él se puedan vincular
trabajadores de distinta naturaleza, a afectos de obtener los beneficios que
dicha afiliación puede significarles y que sean compatibles con la naturaleza
de su vinculación, aspecto sobre el cual la Corte no se pronuncia en esta
oportunidad.
A su vez, en el sindicato de industria, los miembros fundadores solo
deben prestar sus servicios en empresas de la misma industria o actividad
económica, sin importar su tipo de vinculación, pues dicha organización no busca alterar las condiciones individuales de
trabajo de los trabajadores sindicalizados vinculados a una misma entidad, sino que se orienta a promover condiciones
generales que mejoren la situación de las distintas empresas que conforman la
industria y a defender los intereses de los trabajadores que desempeñan la
misma actividad, así no sea en la misma empresa o entidad
De
otro lado, en el sindicato gremial, solo individuos
de la misma profesión, oficio o especialidad pueden ser quienes funjan como
miembros fundadores, sin que se tenga en cuenta la vinculación laboral o por
prestación de servicios con las empresas, pues su objetivo es generar unidad y
representatividad de la actividad económica que desempeñan.
Por su parte, en el sindicato de oficios varios, que constituye la
excepción a la regla general antes citada, sus miembros fundadores si pueden
ser de profesiones u oficios inconexos, por lo tanto, con modalidades de
vinculación variada, pero respecto del mismo lugar en donde no haya
trabajadores de una misma actividad, profesión u oficio en el número mínimo
requerido, y en tanto esa circunstancia subsista, por lo que su
objetivo se orientará a gestionar su unión.
De igual manera, en relación con los sindicatos del sector público,
los requisitos de constitución siguen el régimen dispuesto, principalmente, en el
artículo 359 del C.S.T. respecto al número mínimo de afiliados (25), al entrar,
para ese efecto en la categoría de sindicato de trabajadores, si se tiene en
cuenta la remisión hecha por el legislador en los siguientes términos: “el
derecho de asociación en sindicatos se extiende a los trabajadores de todo
servicio oficial…”[77].
Sin embargo, adicionalmente a dicho requisito, para constituir este tipo de
sindicatos se requiere el vínculo con la Administración, bien sea a través de
contrato de trabajo o de relación legal y reglamentaria (art. 414 C.S.T.).
En cuanto al ámbito de aplicación, para el caso de los
sindicatos de empleados públicos por estar en juego el ejercicio de la función
pública[78],
en sus distintas modalidades, sus funciones son específicas[79] y por tanto no pueden presentar
pliegos de peticiones, ni negociar convenciones colectivas, ni ser
beneficiarios por extensión de convenciones de trabajadores.[80]
Ahora bien, como excepción
a la regla, se presenta la posibilidad que contempla el legislador de
constituir sindicatos mixtos, en los cuales solo pueden concurrir trabajadores
oficiales y empleados públicos, como miembros fundadores, quienes “actuarán
teniendo en cuenta las limitaciones consagradas por la ley respecto al nexo
jurídico de sus afiliados para con la administración”[81] Al respecto, esta Corporación ha señalado que “…la diferencia
de regímenes previsto en la ley, no colide con la Constitución, pues se limita
a garantizar el derecho de asociación y a señalar el régimen jurídico al que
deben someterse los sindicatos mixtos de servidores públicos. Ese régimen está
compuesto por las normas vigentes establecidas para sindicatos de empleados
públicos y trabajadores oficiales”[82].
Por lo tanto, las limitaciones en la concertación de las condiciones de empleo
estarán incluidas y deberán analizarse conforme a sus miembros.
En síntesis, la regulación
legal del derecho de asociación sindical prevé distintos
tipos de organización, cada uno con un ámbito de aplicación y determinadas
condiciones para su constitución y actuación, los cuales, conforme con la
citada jurisprudencia, se ajustan a la Constitución y, por lo tanto, deben
analizarse a la hora de ejercer dicho derecho. También puede deducirse que la exigencia de los requisitos, en particular el número
mínimo, se predica de manera necesaria tanto para la constitución como para la
supervivencia del sindicato, en cada una de las modalidades, las cuales en
principio son excluyentes entre sí.
Esto quiere decir que las cualificaciones
exigidas por el legislador son presupuesto para acceder a cada una de las
específicas modalidades previstas para el ejercicio de la libertad sindical. Y
esa categorización, en esos términos excluyentes, tampoco es en sí misma
contraria a la Constitución, pero es un asunto que queda librado a la
regulación legislativa o que se desenvuelve en el ámbito de configuración del
legislador, pues eventualmente, el legislador podría exceptuarlo.
6.2.   El derecho de asociación sindical de
los trabajadores al servicio del Estado
Esta Corporación, en reiterada
jurisprudencia, ha señalado que el artículo 39 de la Constitución Política excluyó únicamente de la garantía de
asociación sindical a los miembros de la fuerza pública, en aras de preservar
su absoluta imparcialidad, pues la función que cumplen tiene por fin primordial
la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio y
del orden constitucional[83].
En ese contexto, la Carta de 1991 reconoce el derecho de asociación sindical para
todos los demás trabajadores, sin importar si su vinculación es con una empresa
privada o con una entidad pública[84].
En ese contexto, las entidades públicas,
con el propósito de cumplir con los fines esenciales del Estado, vinculan a
personas, empleados públicos y trabajadores oficiales, para que presten sus
servicios en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento[85]. Los trabajadores oficiales son
vinculados mediante una relación contractual mientras que los empleados
públicos se rigen por una relación legal o reglamentaria, en la cual se fijan
las condiciones de la prestación del servicio de forma unilateral por el
Estado.
Bajo tales circunstancias, los sindicatos
de trabajadores oficiales se rigen por las normas del derecho laboral colectivo
que aplican para los empleados particulares, razón por la cual pueden negociar
y suscribir convenciones colectivas de trabajo; por otra parte, los sindicatos de empleados públicos están sujetos a normas
que restringen su alcance, siendo lo más relevante la prohibición de presentar
pliegos de peticiones o celebrar convenciones colectivas y las funciones
específicas que prevé el Estatuto Laboral, en su artículo 414, a saber:
“1. Estudiar las características de la
respectiva profesión y las condiciones de trabajo de sus asociados.
2. Asesorar a sus miembros en la defensa
de sus derechos como empleados públicos, especialmente los relacionados con la
carrera administrativa.
3. Representar en juicio o ante las
autoridades los intereses económicos comunes o generales de los agremiados, o
de la profesión respectiva.
4. Presentar a los respectivos jefes de la
administración memoriales respetuosos que contengan solicitudes que interesen a
todos sus afiliados en general, o reclamaciones relativas al tratamiento de que
haya sido objeto cualquiera de éstos en particular, o sugestiones encaminadas a
mejorar la organización administrativa o los métodos de trabajo.
5. Promover la educación técnica y general
de sus miembros.
6. Prestar socorro a sus afiliados en caso
de desocupación, de enfermedad, invalidez o calamidad.
7. Promover la creación, el fomento o
subvención de cooperativas, cajas de ahorro, de préstamos y de auxilios mutuos,
escuelas, bibliotecas, institutos técnicos o de habilitación profesional,
oficinas de colocación, hospitales, campos de experimentación o de deporte y
demás organismos adecuados a los fines profesionales, culturales, de
solidaridad y de previsión, contemplados en los estatutos.
8. Adquirir a cualquier título y poseer
los bienes inmuebles y muebles que requieran para el ejercicio de sus
actividades. (…).”
Al respecto, esta Corte en Sentencia C-110
de 1994 encontró que las referidas limitaciones
para los sindicatos de empleados públicos son razonables “si se
considera que allí están consagrados los objetivos básicos perseguidos por toda
asociación sindical, pero teniendo en cuenta que tales servidores tienen a su
cargo el ejercicio de la función pública en sus distintas modalidades y la
prestación de los servicios públicos. (…). Se circunscribe a definir -dentro
del campo de aplicación que la Carta prevé e inclusive con idéntica limitación
a la contemplada en ella- cuál es el ámbito personal del derecho de asociación
en sindicatos de trabajadores, es decir, mediante el precepto se señala quiénes
pueden constituirlos. Sí, (…) el Constituyente no introdujo entre los
servidores del Estado distinción alguna en punto de la asociación sindical,
aparte de la relacionada con la Fuerza Pública, es necesario concluir que el
legislador quedó facultado a la luz de la normatividad superior -lo estaba
inclusive antes de la Carta del 91- para disponer en forma expresa que el
indicado derecho cobija a todos los trabajadores del servicio oficial con la
excepción dicha”[86].
Del mismo modo, esta Corporación, al
estudiar las leyes aprobatorias de los
Convenios de la OIT número 151[87]
“sobre la protección del derecho de sindicación y los procedimientos para
determinar las condiciones de empleo en la administración pública” y 154[88]
“sobre el fomento de la negociación colectiva” señaló: “en general los
servidores públicos gozan de derechos constitucionales, como toda persona y
todo trabajador aun cuando éstos pueden ser limitados en
algunos aspectos, debido a que la relación de trabajo al interior de la
administración pública comporta un contenido de interés general
(C.P. inciso 2 art. 123).” (Subraya fuera del texto original)
Particularmente, sobre el derecho de negociación
colectiva de los empleados públicos esta Corporación ha precisado que, si bien
esta clase de servidores goza del derecho de sindicalización y, por ende, de la
búsqueda de soluciones negociadas y concertadas, este derecho no puede afectar
la facultad que la Constitución les confiere a las autoridades de fijar
unilateralmente las condiciones de empleo y la fijación de salarios.
Con el fin de armonizar estos dos conceptos: derechos
de sindicalización y fijación unilateral de salarios y de condiciones de
trabajo, la Corte ha precisado que la Constitución reconoce a todas las
personas el derecho a participar en las decisiones que puedan afectarlas[89],
que, en materia de conflictos de trabajo, la Carta impone como deber del Estado
promover la concertación y otros medios de similar naturaleza para la solución
pacífica de las controversias (art. 55).[90]
Por consiguiente, los empleados públicos tienen derecho a participar en la definición
de sus condiciones de trabajo, porque se trata de asuntos que indudablemente
los afectan, y, por ende, “nada en la Carta se opone a que los empleados
públicos formulen peticiones a las autoridades sobre sus condiciones de empleo
y las discutan con ellas con el fin de lograr un acuerdo en la materia, lo cual
implica que el derecho de negociación colectiva no tiene por qué considerarse
anulado”.[91]
No obstante lo anterior, la Corte
también ha aclarado que a diferencia de lo que sucede con los trabajadores
oficiales, que tienen un derecho de negociación pleno, la búsqueda de
soluciones concertadas y negociadas de los empleados públicos no puede llegar a
afectar la facultad que tienen las autoridades públicas de fijar
unilateralmente las condiciones de empleo. Esto significa que la creación de
mecanismos que permitan a los empleados públicos, o sus representantes,
participar en la determinación de sus condiciones de empleo es válida, siempre
y cuando se entienda que en última instancia la decisión final corresponde a
las autoridades señaladas en la Constitución, esto es, al Congreso y al
Presidente en el plano nacional, y a las asambleas, a los concejos, a los
gobernadores y a los alcaldes en los distintos órdenes territoriales, que para
el efecto obran autónomamente.[92]
En ese sentido, es dable afirmar que el derecho de
asociación sindical cobija tanto a trabajadores oficiales como a empleados
públicos. Sin embargo, estos no son los únicos trabajadores al servicio del
Estado, pues, en ocasiones, las entidades públicas para desarrollar actividades
relacionadas con su administración o funcionamiento deben hacer uso del
contrato de prestación de servicios.[93]
Dicha facultad del Estado se desarrolla dentro de un marco legal, el estatuto
general de contratación de la administración pública, normatividad que
subordina la actuación de las entidades estatales y, por ende, la de sus
servidores públicos en la ejecución de todas las etapas contractuales.
Dentro de la autonomía que tiene la administración
para contratar, es necesario precisar que como función administrativa que
ejerce, constituye una función reglada, lo que significa que debe someterse
estrictamente a las estipulaciones legales sobre el particular, para la
búsqueda del logro de las finalidades estatales mencionadas. Por consiguiente,
el grado de autonomía que tiene la autoridad administrativa se ve
ostensiblemente limitado frente a las reglas del derecho público, en materia de
contratación. [94]
Así, por ejemplo, la decisión de contratar o de no
hacerlo no es una opción absolutamente libre sino que depende de las
necesidades del servicio; de igual modo, la decisión de con quién se contrata
debe corresponder a un proceso de selección objetiva del contratista, en todos
los eventos previstos en la ley; y tampoco puede comprender el ejercicio de
funciones públicas de carácter permanente, de manera que, la relación jurídica
con quien se contrata es totalmente distinta a la que surge de la prestación de
servicios derivada de la relación laboral y de los
elementos propios del contrato de trabajo, así como de la relación legal y
reglamentaria[95].
6.2.1. Bajo el anterior razonamiento, los
contratistas, personas naturales, del Estado son una categoría de ciudadanos al
servicio del Estado aparte de los trabajadores oficiales y de los empleados
públicos, que pueden gozar del derecho de asociación sindical, en la medida en
que así lo dispone la Carta cuando reconoce este derecho a todos los
trabajadores sin importar el tipo de vinculación o de si se trata de una
empresa privada o una entidad pública. También, porque no se encuentran dentro
de la exclusión constitucional de esta prerrogativa, pues no son miembros de la
Fuerza Pública y porque a la luz de los Convenios 87 y 98 de la OIT, parte del
bloque de constitucionalidad[96], este derecho se reconoce a todos los trabajadores sin ninguna
distinción.
La calificación como trabajadores,
respecto de los contratistas del Estado, personas naturales, es consecuencia de
la noción amplia del concepto, que se insiste, es definida así tanto en los
instrumentos convencionales, como en la Constitución y la Ley, dado que cobija
a quien derive su sustento o ingreso de la aplicación de su industria física o
intelectual, dependiente o independiente, para el caso, los servicios
intelectuales y técnicos que los defensores públicos, contratistas, prestan a
la Defensoría del Pueblo; y por tanto es comprensiva, aunque su protección
dependerá, entre otros, de la modalidad de vinculación que se presente.
Ahora bien, la referencia de trabajador a
efectos del reconocimiento del derecho de asociación sindical no refiere al
nexo jurídico, dícese contrato de trabajo, contrato de prestación de servicios,
vinculo legal y reglamentario; por ello puede concebirse como tal al
contratista del Estado, sin que implique de suyo alterar la naturaleza de la
vinculación, máxime cuando se ha reconocido como “una modalidad de trabajo con el Estado de tipo excepcional…”[97]. (subraya fuera del
texto).
Así mismo, dada la no distinción o
prohibición constitucional o legal respecto de los contratistas cuando se
reconoce y regula este derecho, nada obsta para que puedan ser titulares, teniendo
como guía el principio pro homine[98],
al ser la interpretación más favorable, pues privarlos de esta
prerrogativa cuando no se contempla expresamente, resultaría arbitrario y
lesivo de otros mandatos constitucionales como los consagrados en el artículo
53[99] de la Carta Política.
Junto a ello, el principio de interpretación de los tratados que ordena entender cada
una de sus disposiciones (y los conceptos contenidos en ellas) de manera que se
satisfaga el objeto y fin del tratado[100], soporta que cuando los
Convenios 87 y 98 de la OIT extienden el derecho a todo trabajador sin
distinción, se incluya dentro del mismo a quienes suscriben contratos de
prestación de servicios.
6.2.2. Ahora bien, a estos argumentos se
suman las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical de la O.I.T en el
caso 2498, informe 353[101],
que advierten que “el criterio para determinar las personas cubiertas por este
derecho no se funda en la existencia de un vínculo laboral con un empleador”[102], es decir, que modalidades
distintas al contrato laboral, como lo son la vinculación legal y reglamentaria
y el contrato de prestación de servicios, gozan del derecho de asociación
sindical.
Así, en el caso al que se ha aludido, el
órgano de control de la OIT recomendó inscribir a la asociación sindical “Sindicato
Nacional de Trabajadores de las Organizaciones no Gubernamentales
(SINTRAONG’S)” sin que fueran obstáculo las cláusulas que contemplaban en sus
estatutos sobre la posibilidad de afiliar a trabajadores “aunque no tuvieran un
contrato de trabajo, sino que estuvieran vinculados mediante otros tipos de
relación laboral tales como los contratos de prestación de servicios o los
contratos de obra”[103],
reconociendo a éstos el mencionado derecho.
Sobre este tipo de recomendaciones, la
Corte Constitucional ha establecido que “a diferencia de los convenios, las
recomendaciones pronunciadas por (…) sus órganos de control en ocasiones son
vinculantes”[104],
cuando entre otras “fijan los alcances de los derechos fundamentales”[105]; soportado en “las obligaciones
contraídas por el Estado colombiano, al suscribir y ratificar el Tratado
constitutivo de la OIT”[106].
Así las cosas, al enfatizar la inclusión
de modalidades distintas de trabajo, a la surgida del contrato laboral, amplía
el alcance del derecho de asociación sindical, tornando viable su
reconocimiento a las personas vinculadas mediante contrato de prestación de
servicios; no así que éste sea absoluto o que ordene modificar o ignorar los
requisitos de constitución de la organización sindical fijados por el
ordenamiento jurídico colombiano, sólo tener en cuenta que los mismos no tornen
nugatorio el derecho.
En otras palabras, la recomendación, si
bien vinculante, debe entenderse sin perjuicio, de que dicha prerrogativa pueda ser limitada en algunos aspectos, de
conformidad con el tipo de vinculación jurídica que tienen los contratistas por
prestación de servicios en la administración pública[107]; como sucede con los empleados públicos y
los trabajadores oficiales. Por lo que el derecho que aquí se expone corresponde
a asociarse a los sindicatos
que estimen convenientes[108].
Para mayor claridad, a partir de una
consideración amplia del concepto de trabajador y de las recomendaciones de la
OIT se desprende que los contratistas tienen derecho a la asociación sindical,
pero de ello no se sigue que ese derecho no deba encuadrarse en las previsiones
legales, que, sin hacerlo nugatorio, fijen las condiciones para su ejercicio,
entre ellas las derivadas de las modalidades de asociación sindical.
6.3 La posibilidad de los contratistas del Estado de asociarse a
sindicatos
Lo expuesto con precedencia permite derivar como consecuencia el
derecho de asociación sindical de los contratistas del Estado, y por tanto la
posibilidad de hacer parte de organizaciones sindicales que promuevan sus
intereses. Sin embargo, y como sucede con los empleados públicos, la naturaleza
de la relación con la Administración, conlleva a que dicha prerrogativa esté
limitada y deba tenerse en cuenta, dado el régimen propio que les acompaña y
las condiciones del trabajo, en buena medida independiente, con autonomía
técnica, las siguientes condiciones: en primer lugar, al tratarse de un
contrato estatal, se encuentra sujeto a un régimen especial de terminación que
contempla como modos normales: “a) cumplimiento del objeto; b) vencimiento del
plazo extintivo de duración del contrato; c) terminación o vencimiento del
plazo extintivo convenido para la ejecución del objeto del contrato y d)
acaecimiento de la condición resolutoria expresa, pactada por las partes. (…)”[109].
Y a su vez, como modos anormales de terminación: “(…) a) desaparición
sobreviniente del objeto o imposibilidad de ejecución del objeto contratado; b)
terminación unilateral propiamente dicha, si fue pactada; c) declaratoria de
caducidad administrativa del contrato; d) terminación unilateral del contrato
por violación del régimen de inhabilidades o incompatibilidades; e)
desistimiento -o renuncia-, del contratista por la modificación unilateral del
contrato en cuantía que afecte más del 20% del valor original del mismo; f)
declaratoria judicial de terminación del contrato; y h) declaratoria judicial
de nulidad del contrato. (…)”[110].
Así, las actividades sindicales y en particular los beneficios que
pretendan derivar los trabajadores, está supeditada a la modalidad de la
relación de trabajo, por lo que la posibilidad de asociarse a un sindicato, del
contratista, estará vigente en tanto lo esté el contrato y sin que pueda
obstaculizar los modos de terminación legalmente contemplados, incluido, si así
se ha pactado, la terminación unilateral. Un razonamiento contrario, mutaría la
naturaleza del contrato, pues ataría a la Administración, en razón de la
afiliación a un sindicato, al contratista, de manera indefinida o mientras
estuviera asociado.
En segundo lugar, dado el objeto específico que persigue el
contrato de prestación de servicios en la Administración, relacionado con
actividades concebidas y estipuladas para ser desarrolladas en campos o asuntos
directamente vinculados a la administración propiamente dicha de la entidad
contratante o a su funcionamiento[111];
y las condiciones en las que una entidad da paso a su utilización, demarcadas
por los estudios previos y el principio de planeación[112], los contratistas del Estado podrán
afiliarse al sindicato que
consideren representa mejor sus intereses, con las limitaciones consagradas en la ley, o constituir el que se adecue a su naturaleza
contractual, pues, tal y como
se explicó en el capítulo 6.1.2.2. la
vinculación laboral de los fundadores del sindicato debe ser compatible con los
intereses que este persigue.
Y, en tercer lugar, no podrán negociar pactos ni convenciones,
dado que estos reglan el trabajo subordinado, bajo modalidad de salario, al
paso que los contratistas realizan una labor independiente y con tipo de
remuneración distinta, y por tanto, es la administración “la que tiene una razonada
discrecionalidad para estructurar en términos técnicos, económicos y jurídicos
el contrato estatal que desea suscribir; de donde se deriva, grosso modo, que la definición del
tipo contractual a celebrar correrá por cuenta de las valoraciones ad-hoc que realice la Entidad,
todo ello conforme al principio de planeación”[113], determinando el valor del contrato y de los honorarios,
que el contratista voluntariamente acepta; lo que no obsta para que mediante la
organización sindical formule peticiones a las autoridades sobre el
mejoramiento de las condiciones generales en las que se presta el servicio.
Así las cosas, esta Corporación reconoce la posibilidad de los
contratistas del Estado de asociarse a sindicatos que existan o se creen en las
entidades públicas, pero teniendo en cuenta las limitaciones expuestas.
7.
Caso Concreto
De
acuerdo con lo expuesto en los antecedentes de
esta providencia, le corresponde a la Corte establecer si la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá vulneró el derecho fundamental al debido proceso de la Defensoría del Pueblo,
en la
providencia de 18 de noviembre de 2013[114], proferida dentro del proceso sumario de disolución,
liquidación y cancelación de la inscripción en el registro sindical de la
Asociación Nacional de Empleados de la Defensoría del Pueblo-ASEMDEP,
al negarse a disponer la disolución del sindicato y la cancelación
de su personería jurídica, bajo la consideración de que es posible que las
personas que prestan sus servicios a entidades públicas a través de contratos
estatales, formen parte de sindicatos de empresa, como miembros fundadores, de
conformidad con los artículos 356 y 401 del Código Sustantivo del Trabajo y a
la luz de lo señalado en la recomendación del Comité de Libertad Sindical de la
O.I.T. en el caso 2498, consagrada en el informe 353. Así mismo, al no aplicar
lo dispuesto en el artículo 359 del Estatuto Laboral.
Lo
anterior, por cuanto, para el apoderado judicial de la Defensoría del Pueblo, dicha agrupación no se constituyó con el número
mínimo de 25 trabajadores exigidos por la ley[115]
para conformar un sindicato de empresa, en la medida en que si bien fue
registrado con 30 miembros, solo 19 de ellos ostentaban la calidad de
funcionarios públicos, toda vez que ocupaban empleos provistos en
provisionalidad o estaban inscritos en el respectivo escalafón de carrera,
mientras que los 11 restantes eran personas naturales que prestaban servicios
profesionales a la entidad, mediante contratos estatales. A juicio del
accionante, el sindicato de empresa está diseñado exclusivamente para las
personas que ostentan la calidad de trabajadores, que por la naturaleza de la
entidad que representa son aquellas personas vinculadas mediante una relación
legal y reglamentaria, condición que no cumplen los mencionados contratistas.
En
la providencia acusada, la entidad judicial señaló que la lectura del artículo 401[116]
del Código Sustantivo del Trabajo, a la luz de los tratados internacionales
sobre derechos humanos, permite concluir que el número de afiliados que integraron
el sindicato-ASEMDEP- satisface el requisito exigido, pues no es “ilegitimo
inventariar a quienes ostentan el cariz de contratistas”.
Así
mismo, advirtió que para pertenecer a un sindicato de empresa, de acuerdo con
el artículo 356 del Código Sustantivo del Trabajo, no es necesario que el
afiliado tenga la condición de estar vinculado por un contrato de trabajo, interpretación
que, según el Tribunal, está acorde con la recomendación del Comité de Libertad
Sindical de la O.I.T. en el caso 2498, informe 353, que resolvió una queja
contra el gobierno colombiano en la que se estableció que la garantía para
ejercer el derecho a la libertad de asociación no se funda en la existencia de
un vínculo laboral con un empleador.
Al
respecto, cabe señalar que esta Corporación, en reiterada jurisprudencia[117],
ha señalado que todos los trabajadores, sin discriminación ni distinción alguna[118], tienen el derecho de agruparse, a través
de la constitución de organizaciones permanentes que los identifiquen como
grupos con intereses comunes con el fin de propugnar por su defensa. Dicha
prerrogativa otorga a los titulares, entre otras: (i) la libertad tanto para
afiliarse como para retirarse de dichas organizaciones y (ii) la facultad de
constituir y organizar estructural y funcionalmente las referidas
organizaciones y conformarlas automáticamente como personas jurídicas, sin la
injerencia, intervención o restricción del Estado, salvo las limitaciones que
válidamente pueda imponer el legislador conforme al inciso 2 del art. 39 de la
Constitución Política.
En virtud de lo anterior, el artículo 356 del Estatuto Laboral establece
que los trabajadores[119]
podrán constituir sindicatos de empresa[120],
de industria[121],
de gremio[122]
y de oficios varios[123].
Dichos sindicatos, a su vez, en el sector público, se podrán clasificar en organizaciones
de empleados públicos, trabajadores oficiales y mixtos, dependiendo del tipo de
vinculación que tengan los afiliados con la entidad. Para la Sala, la referida
clasificación no hace nugatorio el derecho de asociación, en la medida en que permite que los trabajadores puedan agruparse
de forma organizada, de acuerdo con los intereses que persiguen y conforme con
los límites que prevé el ordenamiento jurídico para los distintos tipos de
vinculación laboral[124]
con el Estado, a saber, contrato de trabajo, vinculo legal o reglamentario.
En concordancia con lo anterior, el legislador fijó para cada tipo
de sindicato de trabajadores distintos requisitos de constitución acordes con
su finalidad de asociación,
salvo el previsto en el artículo 359[125] del Código Sustantivo del Trabajo
que es común para todos y que establece como exigencia un número mínimo de 25 afiliados, los
cuales deberán reunir ciertas condiciones.
Así, por ejemplo, para constituir un
sindicato de empresa, en el sector privado, los 25 afiliados aun cuando pueden
ser de varias profesiones,
oficios o especialidades, deben
prestar sus servicios en una
misma empresa, establecimiento o institución y bajo una misma modalidad
contractual. Lo que significa, que si cualquiera de esos 25 miembros en
cualquier proporción (1 o 24), no satisface tal condición, jurídicamente no es
viable la existencia del sindicato en la categoría de empresa.
Lo anterior, por cuanto, al ser el objetivo más
relevante para el sindicato de empresa, en el sector privado, el presentar pliegos de peticiones y celebrar
convenciones colectivas que
incidan sobre las relaciones individuales de trabajo de sus afiliados en la
empresa, es condición necesaria que el sindicato se constituya por quienes
tiene la aptitud para el desarrollo del objeto propio de ese tipo de
organización, sin que, en ausencia del número requerido, para completarlo se
acuda a afiliar a personas que tienen una modalidad de vinculación distinta, en
función de la cual no podrían acceder a dichos beneficios, como sucedería si
están vinculados, por ejemplo, mediante contratos de prestación de servicios.
De igual manera, por ser relevante para el caso, se advierte que el
objetivo más importante para el sindicato de empresa, conformado por empleados
públicos, es negociar “las condiciones de empleo y las relaciones entre
las entidades y autoridades públicas competentes y las organizaciones
sindicales de empleados públicos para la concertación de las condiciones de
empleo”[126].
Entendiendo por empleado público “persona
con vínculo laboral legal y reglamentario”[127]
y por condiciones de empleo “los aspectos propios de la relación laboral de los
empleados públicos”[128].
Así pues, para constituir un sindicato de empresa, que, a su vez, sea de
empleados públicos[129],
los 25 miembros fundadores además de prestar sus servicios a la misma entidad
pública deberán estar vinculados mediante una relación legal y reglamentaria. Ello,
en la medida en que, para el
ejercicio de sus funciones, actuarán teniendo en cuenta las limitaciones
consagradas por la ley para dicho nexo jurídico con el Estado[130].
Para la Sala, los anteriores requisitos son
condición necesaria para la constitución del sindicato, en la medida en la que
son presupuesto ineludible para que el mismo pueda adelantar su objeto propio.
Tal circunstancia no limita el derecho de asociación sindical, pues los
trabajadores pueden acceder a distintas modalidades de organización sindical,
en los términos de la correspondiente regulación legal. Un asunto distinto,
sobre el que, como se ha dicho, la Corte no se pronuncia en esta oportunidad,
tiene que ver con la posibilidad estatutaria de que a un sindicato válidamente
constituido se afilien trabajadores que tengan una modalidad distinta de
vinculación con la empresa o entidad, para efectos de acceder a los beneficios
que sean compatibles con su modo de vinculación.
En ese sentido, se protege el derecho de todo
trabajador a afiliarse al sindicato que considere representa mejor sus
intereses, al mismo tiempo que se garantiza el ejercicio del derecho de
libertad de asociación sindical a través de la clasificación de los distintos
tipos de sindicatos.
Ahora bien, en el caso objeto de estudio, la Sala advierte que, el
6 de marzo de 2013 se llevó a cabo la reunión de fundación de la organización
sindical de empresa “Asociación Nacional de Empleados de la Defensoría del
Pueblo” en la cual participaron 30 personas de las cuales 19 estaban vinculadas con la entidad mediante una
relación legal y reglamentaria y 11 eran personas naturales que prestaban
servicios profesionales a la entidad, mediante contratos de prestación de
servicios[131].
Así mismo, observa que el artículo 1° de sus
Estatutos establece que dicha asociación es una organización sindical de primer
grado[132]
y de empresa que tiene como objetivo principal “evaluar las modalidades y
características de trabajo en las diferentes dependencias de la Defensoría del
Pueblo, presentando ante esta entidad, o las demás entidades del Estado,
solicitudes o proyectos que interesen a los asociados, encaminados a mejorar
las condiciones de vida, de trabajo, bienestar social y a la prestación del
servicio[133]”.
De igual manera, el artículo 5 de dichos estatutos prevé que para ser miembro
de la referida asociación de empleados se requiere, entre otras, estar
vinculado a la Defensoría del Pueblo en calidad de servidor público, en carrera
administrativa o provisionalidad, pensionado de la misma entidad y/o
contratista de prestación de servicios profesionales o administrativos.
En ese orden de ideas, se advierte que la Asociación Nacional de
Empleados de la Defensoría del Pueblo es un sindicato de empresa, en la medida
en que lo conforman
individuos de varias profesiones, oficios o especialidades, que prestan sus
servicios en una misma entidad y,
a su vez, de empleados públicos dada la naturaleza del empleador[134], de su denominación, de su objetivo
principal y de las condiciones de admisión para sus afiliados, aunque se haya
contemplado dentro de sus estatutos la posibilidad de afiliación de trabajadores
contratistas de la entidad, toda vez que la misma debe interpretarse sin
perjuicio de la exigencia legal de un número mínimo de 25 miembros fundadores,
que como se ha visto, deben estar vinculados mediante una relación legal y
reglamentaria.
Cabe recordar que las asociaciones sindicales, como
organizaciones encargadas de asumir la defensa de los intereses de los
trabajadores asociados, están amparadas constitucionalmente mediante el
reconocimiento de su facultad de autoconformarse y autorregularse; no obstante,
tales atribuciones se encuentran limitadas no sólo por el orden legal y los
principios democráticos sino, además, por los convenios internacionales que,
según se explicó en precedencia, autorizan la imposición de restricciones por
vía legislativa cuando ellas sean necesarias, mínimas, indispensables y
proporcionadas a la finalidad que se persiga, para garantizar la seguridad
nacional, el orden, la salud o moral pública o cualquier otra finalidad que se
estime esencialmente valiosa[135].
En ese escenario, la Sala observa que la
autoridad judicial accionada fundamenta la decisión proferida el 18 de
noviembre de 2013 dentro del proceso sumario de disolución, liquidación y
cancelación de la inscripción en el registro sindical de -ASEMDEP- en una interpretación no sistemática de los artículos
356 y 401 del Código Sustantivo del Trabajo, pues si bien identificó a la
referida organización sindical como un sindicato de empresa no tuvo en cuenta
que la misma se constituía respecto de una entidad pública y que además era de
empleados públicos. Dicha omisión en el análisis llevo a concluir al Tribunal
que el mencionado sindicato podía constituirse con un número inferior a 25
empleados públicos y además a incluir a contratistas del Estado para cumplir
con dicho requisito.
En otras palabras, el Tribunal equivocó su
apreciación porque partió de la idea de que el derecho de asociación sindical
solo se garantiza si se permite afiliar a una determinada modalidad, sin
advertir que los contratistas ya tenían su propio sindicato o tenían la
posibilidad de constituirlos, y que por esa vía se satisfacía su derecho de
asociación sindical, sin que resultase imperativo a la luz del derecho, la
posibilidad de hacerlo en uno de empleados públicos y que por el contrario,
resultaba lesivo de la ley, habilitar la constitución y el funcionamiento de
una organización sindical que no cumplía con los requisitos previstos para el
efecto, es decir que sus 25 miembros fundadores no fueran todos empleados
públicos.
Al respecto, cabe señalar que aun cuando los contratistas del Estado gozan del derecho de asociación
sindical, en la medida en que así lo dispone la Constitución Política cuando
reconoce este derecho a todos los trabajadores sin importar el tipo de
vinculación o de si se trata de una empresa privada o una entidad pública, esto
no implica que puedan constituir sindicatos que no se adecuan a la naturaleza
de su nexo jurídico con la entidad o la empresa, pues, como se explicó en el capítulo 6.1.2.2. de esta
providencia, la vinculación
laboral de los 25 miembros fundadores deber ser compatible con los intereses que persigue la organización.
Si bien es cierto que el
legislador permite constituir sindicatos
mixtos, solo concibió dicha prerrogativa para trabajadores oficiales y
empleados públicos, es decir, no contempló la posibilidad de que se pudiera
constituir un sindicato entre empleados públicos y contratistas del Estado, en lo que respecta al número mínimo de integrantes
para su existencia y personería jurídica. No obstante, ello no es óbice
para que estos trabajadores, en virtud del derecho de asociación sindical,
puedan afiliarse al sindicato que consideren conveniente, con las limitaciones consagradas en la ley, o constituir el que se adecue a su naturaleza
contractual.
De otra parte, se advierte que otro de los argumentos utilizados
por el Tribunal para adoptar la decisión cuestionada fue que su interpretación del
artículo 356 del Código Sustantivo del Trabajo se ajustaba a las
recomendaciones emitidas por el Comité de Libertad Sindical de la OIT, en el
caso 2498, informe 353[136],
en las que se advierte que el criterio para determinar las personas cubiertas
por el derecho de asociación sindical no se funda en la existencia de un
vínculo laboral con un empleador[137],
es decir, que modalidades distintas al contrato laboral, como lo son la
vinculación legal y reglamentaria y el contrato de prestación de servicios,
gozan del derecho de asociación sindical.
Al respecto, se aclara que, si bien dichas
recomendaciones pueden resultar vinculantes para el Estado Colombiano, en la
medida en que fueron aprobadas por el Consejo de
Administración de la Organización Internacional del Trabajo, mediante Acta de
la 304ª Reunión, de marzo de 2009[138], en el caso concreto entonces
resuelto y en esa oportunidad, el órgano de control no abordó el interrogante que
aquí se plantea, por cuanto allí se
discutió el derecho de todo trabajador, particularmente, de aquellos vinculados
mediante contratos de prestación de servicios o de obra a afiliarse al
sindicato de su preferencia, sin que se haya hecho algún pronunciamiento sobre
la clase de sindicatos que éstos podrían constituir.
Así pues, en el caso analizado se trataba de la
creación de un sindicato homogéneo de personas no vinculadas con un empleador “Sindicato Nacional de Trabajadores de las Organizaciones
no Gubernamentales (SINTRAONG’S)” que fijó en sus estatutos la posibilidad de afiliar a trabajadores “aunque no tuvieran
un contrato de trabajo, sino que estuvieran vinculados mediante otros tipos de
relación laboral, tales como los contratos de prestación de servicios o los
contratos de obra” y que el Estado Colombiano se negó a inscribir; es decir, el
Comité no se planteó el interrogante de si las personas naturales,
vinculadas con la administración, mediante contratos de prestación de servicios,
pueden constituir cualquier tipo de sindicato, independientemente de la
modalidad del mismo y de las condiciones legales para su funcionamiento, pues solo
analiza que la garantía del derecho de asociación sindical no se funda en la
existencia de un vínculo laboral con un empleador.
En virtud de lo anterior, la
Sala considera que en la providencia acusada
se configura un defecto sustantivo, en la medida en que la interpretación hecha
por el Tribunal accionado no se ajusta a las disposiciones constitucionales y
legales sobre la materia. Lo anterior, por cuanto dicha autoridad judicial, aun
cuando advirtió que la naturaleza jurídica de la entidad empleadora, Defensoría
del Pueblo, era pública y el tipo de vinculación laboral que tenían los
trabajadores con dicha entidad, era para
algunos una relación legal y reglamentaria y para otros un contrato de
prestación de servicios, no aplicó el régimen previsto en la ley para
constituir sindicatos de empleados públicos, sino que se limitó a verificar el
cumplimiento de los requisitos establecidos para constituir únicamente
sindicatos de empresa, es decir, la decisión se fundó en una
interpretación no sistemática de los artículos 356[139]
y 401[140]
del Código Sustantivo del Trabajo,
omitiendo el análisis de otras disposiciones aplicables al caso[141],
entre ellas los artículos 359[142]
y 414[143]
de dicho estatuto.
Más allá de eso la posibilidad de constitución de sindicatos de
empresas en entidades públicas, dadas las consideraciones expuestas sobre la
clasificación de los sindicatos y el alcance del concepto de trabajador, a
efectos del derecho en cuestión, no puede desconocer o interpretarse sin
atender a la regulación existente, tanto la específica para el sector público
como la general de la legislación laboral, y, en ese contexto, no cabe admitir que
contratistas del Estado, puedan constituir la base mínima para fundar una
organización sindical de empresa, como decidió el Tribunal.
En otras palabras, no podía el Tribunal entender que el derecho de
asociación sindical de los contratistas de la Defensoría del Pueblo sustentaba
la prerrogativa de constituir el sindicato en el número mínimo de afiliados (de
los 30 miembros, 19
ostentaban la calidad de empleados públicos, y 11 la calidad de contratistas
por prestación de servicios) y por tanto avalar el registro e inscripción; pues
tal razonamiento desconoce las limitaciones que consagró
el legislador para la constitución de este tipo de sindicatos. Bajo ese
razonamiento, se reitera que, si bien los
contratistas del Estado tienen el derecho de asociación sindical, éste se
encuentra limitado por la ley, tal y como se abordó en el capítulo 6.1.2.2. supra.
En ese contexto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá,
Sala Quinta de Decisión Laboral, debió acceder a las pretensiones de la demanda
y disolver, liquidar y cancelar el
registro sindical de ASEMDEP por no cumplir con los requisitos legales para su
constitución.
No obstante lo anterior, durante el trámite en Sede de
Revisión, la referida asociación sindical informó que, de acuerdo con
sus registros[144],
cuenta con 723 afiliados, de los cuales 182 están vinculados con la Defensoría
del Pueblo, mediante una relación legal y reglamentaria y 541 a través de
contratos de prestación de servicios para la defensa pública en materia penal[145],
es decir, que para la fecha en que se profiere esta providencia, el sindicato
tiene más de 25 afiliados que ostentan la calidad de empleados públicos.
En virtud de lo anterior, y con el fin
de garantizar el derecho de asociación sindical, la Sala de Revisión concederá
el amparo solicitado, pero se abstendrá de dictar una orden dada la
configuración de un hecho sobreviniente, pues el
mencionado requisito de constitución del sindicato fue subsanado, produciéndose
la sustracción de materia en relación con la pretensión orientada a obtener la
cancelación del sindicato[146]. En otras palabras, al haberse resuelto el fondo del
asunto en sede constitucional de revisión de tutela, carece de sentido hacer
remisión alguna a la autoridad judicial accionada, así como avanzar en los
temas competencia del legislador y la jurisdicción laboral, que convergen en el
caso.
Igualmente, es preciso advertir que la Sala no se pronunciará
sobre el contenido de los estatutos de la organización sindical, pues el
estudio de sus cláusulas desborda el análisis del caso concreto. En efecto, como se ha expuesto a lo
largo de esta sentencia, en la providencia acusada se configuró un defecto
sustantivo en tanto que la autoridad judicial competente, al decidir sobre la
solicitud de disolución, liquidación y cancelación de la inscripción en el
registro sindical, no aplicó a cabalidad el régimen previsto en la ley para la
constitución de sindicatos de empleados públicos, pues soslayó que, por su
naturaleza, el sindicato ASEMDEP debió haber sido fundado por mínimo 25
empleados públicos. De manera que, en rigor, la controversia aquí analizada
giró en torno a que la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá no interpretó sistemáticamente los artículos
356, 359 y 401 del Código Sustantivo del Trabajo y, por esta vía, desconoció el
precedente constitucional sobre la materia, toda vez que la Corte ha señalado
que no es posible constituir un sindicato con un mínimo inferior de miembros al
exigido por la ley[147].
Siendo así las cosas, no hay mérito para que esta Corporación
analice la validez de las cláusulas estatutarias, pues los estatutos de la
organización sindical no fueron objeto de controversia en el asunto sub
judice[148].
Sobre el particular, esta Corporación ha resaltado que si bien las
disposiciones legislativas deben constituir un marco general de regulación,
como es el caso de las normas relativas a la constitución de las asociaciones
sindicales, éstas deben “dejar a las organizaciones la mayor autonomía
posible para regir su funcionamiento y administración”[149]. En efecto, a partir de los
principios desarrollados por el Comité de Libertad Sindical de la OIT en esta
materia, se ha hecho hincapié en que los sindicatos tienen derecho a elaborar
sus propios estatutos y reglamentos con libertad absoluta, siempre y cuando,
claro está, se respeten las condiciones formales prescritas por el
ordenamiento jurídico[150].
De conformidad con lo expuesto, esta Sala revocará el
fallo de tutela proferido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia, el 17 de julio de 2014, en segunda instancia, que, a su vez, confirmó
la sentencia dictada en primera instancia, por la Sala de Casación Laboral de
dicha Corporación, el 26 de marzo de ese mismo año, que negó el amparo
solicitado en el trámite del amparo constitucional promovido por la Jefe de la
Oficina Jurídica de la Defensoría del Pueblo contra la decisión judicial
dictada por la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá dentro del proceso sumario de disolución,
liquidación y cancelación de la inscripción en el registro sindical de la Asociación Nacional de Empleados de la Defensoría del
Pueblo-ASEMDEP- que adelantó dicha entidad, por las razones expuestas en la parte considerativa de
esta sentencia. En su lugar, declarará la
carencia actual de objeto por sustracción de materia.
VII. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera
de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO: LEVANTAR la
suspensión de términos decretada en el asunto de la referencia mediante auto
del quince (15) de diciembre de dos mil catorce (2014).
SEGUNDO: REVOCAR la sentencia proferida
por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el 17 de julio
de 2014, en segunda instancia, que, a su vez, confirmó la sentencia dictada en
primera instancia, por la Sala de Casación Laboral de dicha Corporación, el 26
de marzo de ese mismo año, que negó el amparo solicitado en el trámite del
amparo constitucional promovido por la Jefe de la Oficina Jurídica de la
Defensoría del Pueblo contra la decisión judicial dictada por la Sala Quinta de
Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá dentro
del proceso sumario de disolución, liquidación y cancelación de la inscripción
en el registro sindical de la Asociación Nacional de Empleados de la Defensoría
del Pueblo-ASEMDEP- por las razones
expuestas en la parte considerativa de esta sentencia.
En su lugar, declarar la carencia actual de objeto por sustracción de materia.
TERCERO: A través de la Secretaria General de esta
Corporación, ENVIAR el expediente
que integra el proceso “Cancelación Personería Sindicato” Rad.
2013-00219, Demandante: Defensoría del Pueblo, Demandado: Asociación Nacional
de Empleados de la Defensoría del Pueblo- ASEMDEP-, al Juzgado Veintiséis
Laboral del Circuito de Bogotá.
Cópiese, notifíquese y
cúmplase.
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Magistrado
Con
aclaración de voto
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1]
“ARTICULO 359. NUMERO MINIMO DE AFILIADOS. Todo sindicato de
trabajadores necesita para constituirse o subsistir un número no inferior a
veinticinco (25) afiliados; y todo sindicato patronal no menos de cinco (5)
empleadores independientes entre sí.”
[2]
Sentencias T-603 de 2003 y T-568 de 1999.
[3]
Folio 20 a 21.
[4]
Folio 23 a 38.
[5]
Folio 40 a 46.
[6]
Folio 51 a 63.
[7]
El 10 de diciembre de 2018.
[8]
Sentencia T-455 de 2019.
[9]
Consultar, entre otras, las Sentencias T-819 de 2001, T-531 de 2002, T-711 de
2003, T-212 de 2009, T-778 de 2010, T-495 de 2013, T-561 de 2013, T-679 de
2013, T-470 de 2014, T-540 de 2015, T-361 de 2017 y       T-307 de 2018.
[10]
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86
de la Carta Política”.
[11] “Artículo 10. Legitimidad e interés.
La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien
actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán
auténticos.
También
se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en
condiciones de promover su defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá
manifestarse en la solicitud.
También
podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales”.
[12]
Interesa poner de presente que la jurisprudencia constitucional se ha encargado
de puntualizar, en relación con la figura de la acción de tutela, que si bien
es cierto que la informalidad es una de sus notas características, cuyo
fundamento justamente reside en la aplicación del principio de prevalencia del
derecho sustancial sobre las formas procesales, ello no es óbice para que la
misma se someta a unos requisitos mínimos de procedibilidad, dentro de los
cuales se encuentra el concerniente a la debida acreditación de la legitimación
por activa -o la titularidad- para promover el recurso de amparo
constitucional. Consultar, entre otras, las Sentencias T-464A de 2006, T-493 de
2007 y C-483 de 2008.
[13]
El artículo 46 del Decreto 2591 de 1991 dispone expresamente que “El defensor del pueblo podrá, sin perjuicio del
derecho que asiste a los interesados, interponer la acción de tutela en nombre
de cualquier persona que se lo solicite o que este en situación de desamparo e
indefensión”.
[14]
“(…) la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en
relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. Por tanto,
cuando una de las partes carece de dicha calidad o atributo, no puede el juez
adoptar una decisión de mérito y debe, entonces, simplemente declararse
inhibido para fallar el caso de fondo”. Sentencia T-416 de 1997, M.P.
Antonio Barrera Carbonell.
[15]
Ver Resoluciones No. 146 y 244 de 2014 por medio de las cuales se realiza y
confirma el nombramiento de la abogada Margareth Sofia Silva Montaña como Jefe de
la Oficina Jurídica de la Defensoría del Pueblo, en folios 40 y 41del cuaderno
No.1 del expediente, respectivamente, así como el acta de posesión No. 039, en
el folio 42 del mismo expediente.
[16]
Sobre el tema de la legitimación por activa de personas jurídicas para promover
acciones de tutela consultar, entre otras, las Sentencias T-411 de 1992, C-003
de 1993, SU-182 de 1998, T-903 de 2001, SU-447 de 2011, T-019 de 2013, T-317 de
2013 y T-385 de 2013.
[17]
Mientras el artículo 5º del referido decreto prevé que “la acción de tutela
procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya
violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el
artículo 2º de esta disposición (…)”, el artículo 13 ejusdem, por su
parte, establece que “la acción de tutela se dirigirá contra la autoridad
pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el
derecho fundamental (…)”.
[18]
Sobre este particular, en la Sentencia T-1001 de 2006, M.P. Jaime Araujo
Rentería, se expuso que: “la legitimación en la causa como requisito de
procedibilidad exige la presencia de un nexo de causalidad entre la vulneración
de los derechos del demandante y la acción u omisión de la autoridad o el
particular demandado, vínculo sin el cual la tutela se torna improcedente (…)”.
[19]
Proferida dentro del proceso sumario de disolución,
liquidación y cancelación de la inscripción en el registro sindical de la
Asociación Nacional de Empleados de la Defensoría del Pueblo-ASEMDEP-
[20]
Informe 353
[21]
Sentencia T-396 de 2014.
[22] Se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello (Sentencia C-590 de 2005).
[23] Aquellos casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales, no se hace uso de
una norma que claramente aplicaba al caso o que presenta una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión (Sentencia C-590 de 2005).
[24] Se origina cuando el
juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. (Sentencia
C-590 de 2005).
[25] Surge cuando el juez
carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el
que se sustenta la decisión (Sentencia C-590 de 2005).
[26] Se presenta cuando el
juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y esa circunstancia
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales (Sentencia
C-590 de 2005).
[27] Se traduce en el
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones, en el entendido que allí reposa la
legitimidad de su decisión funcional. (Sentencia C-590 de 2005).
[28] Se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho
fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance (Sentencia C-590 de 2005).
[29]
Ibídem.
[30]
Dentro del proceso sumario de disolución, liquidación y
cancelación de la inscripción en el registro sindical de la Asociación Nacional
de Empleados de la Defensoría del Pueblo-ASEMDEP que adelantó la Defensoría del
Pueblo.
[31]
Informe 353
[32]
Dicha providencia se notificó por anotación en el estado 208, el 20 de
noviembre de 2013.
[33]
Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[34] Ver: Sentencia T-316 de
2019.
[35]
Cfr. Sentencia T-1045 de 2012, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[36]
Para analizar la configuración de esta clase de defecto, la Corte
Constitucional ha tenido como base el principio iura novit curia, según
el cual el juez conoce el derecho, y por tanto tiene los elementos para
resolver el conflicto puesto de presente de cara a las sutilezas de cada caso
concreto. Así las cosas, se ha entendido que “la construcción de la norma
particular aplicada es una labor conjunta del legislador y del juez, en la cual
el primero de ellos da unas directrices generales para regular la vida en
sociedad y el segundo dota de un contenido específico a esas directrices para
darle sentido dentro del marco particular de los hechos que las partes le hayan
probado.”, Sentencia T-346 de 2012, M.P. Adriana María Guillen Arango.
[37]
M.P. Mauricio González Cuervo.
[38]
Sentencia T-189 de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[39]
Sentencia T-205 de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[40]
Sentencia T-800 de 2006, M.P. Jaime Araujo Rentería.
[41]
Sentencia T-522 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[42]
Sentencia SU-159 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[43]
Sentencias T-001 de 1999, T-462 de 2003, T-1101 de 2005, T-1222 de 2005 y T-051
de 2009.
[44]
Sentencias T-814 de 1999 y T-842 de 2001.
[45]
Sentencias T-086 de 2007 y T-018 de 2008.
[46]
Sentencia T-231 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[47]
Sentencia T-807 de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[48]
Sentencias T-056 de 2005 y T-1216 de 2005.
[49]
Sentencia T-086 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[50]
Sentencias T-193 de 1995 y T-1285 de 2005.
[51]
Sentencia SU-1184 de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[52] Sentencia T-638 de 2011,
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[53] “ARTICULO 39. Los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o
asociaciones, sin intervención del Estado. Su reconocimiento jurídico se
producirá con la simple inscripción del acta de constitución. La estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos
y organizaciones sociales y gremiales se sujetarán al orden legal y a los
principios democráticos. La cancelación o la suspensión de la personería
jurídica sólo procede por vía judicial. Se reconoce a los representantes
sindicales el fuero y las demás garantías necesarias para el cumplimiento de su
gestión. No gozan del derecho de asociación sindical los miembros de la
Fuerza Pública.”
[54]
Sentencia C-617 de 2008 “Respecto del
convenio 87 de la OIT, la Corte expresamente ha señalado que hace parte del
bloque de constitucionalidad en sentido estricto y, por hallarse integrado a la
Constitución, es parámetro para adelantar el juicio de constitucionalidad de
preceptos legales. El Convenio 87 de la OIT, en cuanto parámetro de
constitucionalidad, es complementario del artículo 39 de la Carta”
[55] Sentencias
C-797 de 2000, C-674 de 2008, C-180 de 2016.
[56]
En cuanto a la libertad, autonomía e
independencia de los sindicatos, puede acudirse, entre otras, a las sentencias
C-385 de 2000, C-797 de 2000, C-449 de 2005, C-043 de 2006, C-449 de 2005,
C-311 de 2007 y C-1188 de 2005.
[57]
Sentencia C-674 de 2008.
[58]
Sobre el deber de los sindicatos de respetar el
derecho fundamental al debido proceso en la expulsión de alguno de sus
miembros, pueden verse las sentencias T-329 y T-331 de 2005. También resulta
interesante la ponderación que realizó la sentencia T-1189 de 2003, entre el
derecho a la libertad sindical de los miembros del sindicato de un hospital que
expresaron sus reclamaciones laborales con gritos y arengas y el derecho a la
vida y a la tranquilidad de los enfermos hospitalizados que no podían conciliar
el sueño y recuperar su salud debido al ruido generado por los trabajadores.
[59]
En este punto, recuérdese además de las
sentencias citadas en las dos notas anteriores, las sentencias C-201 de 2002,
T-270 de 2004 y T-1328 de 2001, entre otras.
[60]
Sentencia C-674 de 2008.
[61]
Sentencia C-674 de 2008.
[62] Cfr. “La libertad
sindical”. Oficina Internacional del
Trabajo. Ginebra. Recopilación de decisiones y principios del Comité de
Libertad Sindical del Consejo de Administración de la O. I. T. Quinta edición.
Párrafo 275.
[63]
Sentencia C-621 de 2008.
[64]
Código Sustantivo del
Trabajo y de la S.S., Articulo 353. DERECHOS DE ASOCIACION. Artículo modificado
por el artículo 1 de la Ley 584 de 2000. El nuevo texto es el siguiente: 1. De
acuerdo con el artículo 39 de la Constitución Política los empleadores y los
trabajadores tienen el derecho de asociarse libremente en defensa de sus
intereses, formando asociaciones profesionales o sindicatos; estos poseen el
derecho de unirse o federarse entre sí. //2. Las asociaciones profesionales o
sindicatos deben ajustarse en el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de
sus deberes, a las normas de este título y están sometidos a la inspección y
vigilancia del Gobierno, en cuanto concierne al orden público. (…)”).
[65]
Sentencia C-180
de 2016.
[66]
Ibidem.
[67]
Sentencia C-180 de 2016.
[68]
Recopilación de
decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical del Consejo de
Administración de la OIT Quinta edición (revisada) disponible en http://www.ilo.org/global/docs/WCMS_090634/lang--es/index.htm
[69]
Ibidem.
[70]
Sentencia C-180 de 2016.
[71]
Numeral 9. “Está permitido a los empleados oficiales constituir organizaciones
sindicales mixtas, integradas por trabajadores oficiales y empleados públicos,
las cuales, para el ejercicio de sus funciones, actuarán teniendo en cuenta las
limitaciones consagradas por la ley respecto al nexo jurídico de sus afiliados
para con la administración”.
[72]
M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[73] “ARTICULO
359. NUMERO MINIMO DE AFILIADOS. Todo sindicato de trabajadores
necesita para constituirse o subsistir un número no inferior a veinticinco (25)
afiliados; y todo sindicato patronal no menos de cinco (5) {empleadores}
independientes entre sí.”
[74]
Sentencia C-201 de 2002.
[75]
Como sí ocurría en Francia al tenor
del antiguo artículo 291de su Código Penal, donde se prohibían las asociaciones
de más de 20 personas.
[76]
Sentencia C-201 de 2002.
[77]
art. 414 C.S.T
[78]
Sentencia C-128 de 1995
[79]
Artículo 414 C.S.T.
[80] Art. 416 CST. Sentencia C-1234 de 2005
[81]
Artículo 58 de la Ley 50 de 1990
[82]
Sentencia C-110 de 1994.
[83]
Sentencia C-110 de 1994.
[84] Sentencia C-110 de 1994. Sobre el particular, esta
Corporación ha señalado “...El Constituyente de 1991 no excluyó del derecho
de asociación sindical a los empleados públicos, sino que le dio consagración
constitucional al derecho que les reconocían la ley y la jurisprudencia
anterior y amplió las garantías para su ejercicio (...)”.
[85] (C.P., arts. 122 y 123)
[86]
Exp. D-407
[87]
C-377 de 1998.
[88]
C-161 de 2000.
[89]
Art. 2º
[90]
C-1234 de 2005.
[91]
Ibidem.
[92]
Sentencia C-377 de 1998.
[93]
Ibidem.
[94]
Sentencia C-154 de 1997.
[95] Ibidem.
[96]
Sentencia C-617 de 2008
[97]
sentencia C-614 de 2009
[98]
Sentencia C-018 de 2015
[99] ARTICULO 53. El Congreso expedirá el estatuto del
trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes
principios mínimos fundamentales: // Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración
mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo;
estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre
derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso
de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho;
primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las
relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el
adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la
maternidad y al trabajador menor de edad. // El estado garantiza el derecho al
pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales. // Los
convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de
la legislación interna. // La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de
trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos
de los trabajadores.
[100]
Artículo 31.1. Convención de Viena de 1986 sobre el derecho de los tratados
internacionales o entre organizaciones internacionales.
[101]
Dichas recomendaciones fueron aprobadas
por el Consejo de
Administración de la Organización Internacional del Trabajo. Mediante Acta de
la 304. ª
Reunión, marzo de 2009. “El Consejo de Administración tomó nota de la introducción
del informe del Comité de Libertad Sindical, tal y como figura en los párrafos
primero a 300, y adoptó las recomendaciones del Comité que se formulan en los
siguientes párrafos de dicho informe: (…) 561 (caso núm. 2498: Colombia) (…)” “El Consejo de Administración adoptó
el 353.er informe del Comité de Libertad Sindical en su totalidad”.
[102]
Párr. 557
[103]
Ibíd, párr. 561
[104]
Sentencia T–568 de 1999. Por su parte, En Sentencia SU-555 de
2014, la Corte Constitucional señaló: “(i) las recomendaciones, por regla general,
no son normas creadoras de obligaciones internacionales, sino meras
directrices, guías o lineamientos que deben seguir los Estados Partes en busca
de condiciones dignas en el ámbito laboral de sus países; y (ii) sólo
las emitidas por el Comité de Libertad Sindical, una vez aprobadas por el
Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo son
vinculantes, pero las autoridades nacionales conservan un margen de apreciación
para determinar su compatibilidad con el ordenamiento constitucional, y para la
adopción de las medidas concretas para hacerlas efectivas.” (Subraya por fuera del texto original)
[105]
Sentencia T-603/03
[106]
Ibídem.
[107]
Código Sustantivo del
Trabajo y de la S.S., Articulo 353. DERECHOS DE ASOCIACION. Artículo modificado
por el artículo 1 de la Ley 584 de 2000. El nuevo texto es el siguiente: 1. De
acuerdo con el artículo 39 de la Constitución Política los empleadores y los
trabajadores tienen el derecho de asociarse libremente en defensa de sus
intereses, formando asociaciones profesionales o sindicatos; estos poseen el
derecho de unirse o federarse entre sí.
2. Las asociaciones profesionales o sindicatos deben ajustarse en
el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus deberes, a las normas de
este título y están sometidos a la inspección y vigilancia del Gobierno, en
cuanto concierne al orden público. (…)”).
[108] Sentencia T-648 de 1999.
[109]
Consejo de Estado, Sentencia CE SIII E 20968 de 2012. Caso Luis Carlos Pérez
Barrera Vs. Caja Nacional de Previsión Social.
[110]
Ibídem.
[111]
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA, SUBSECCION C, Consejero
ponente: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA, Bogotá D.C., dos (2) de diciembre de
dos mil trece (2013). Radicación número:11001-03-26-000-2011-00039-00(41719).
[112]
Ibídem.
[113]
Ibídem.
[114] Proferida
dentro del proceso sumario de disolución, liquidación y cancelación de la
inscripción en el registro sindical de la Asociación Nacional de Empleados de
la Defensoría del Pueblo-ASEMDEP-
[115]
“ARTICULO 359. NUMERO MINIMO DE AFILIADOS. Todo sindicato de
trabajadores necesita para constituirse o subsistir un número no inferior a
veinticinco (25) afiliados; y todo sindicato patronal no menos de cinco (5)
empleadores independientes entre sí.”
[116]
“ARTICULO 401. CASOS DE DISOLUCION. Un sindicato o una federación o
confederación de sindicatos solamente se disuelve: // a) Por cumplirse
cualquiera de los eventos previstos en los estatutos para este efecto; // b)
Por acuerdo, cuando menos, de las dos terceras (2/3) partes de los miembros de
la organización, adoptado en asamblea general y acreditado con las firmas de
los asistentes; // c) Por sentencia judicial, y // d) Por reducción de los
afiliados a un número inferior a veinticinco (25), cuando se trate de sindicatos
de trabajadores. // e) <Ordinal adicionado por el artículo 56 de la Ley
50 de 1990.> En el evento de que el sindicato, federación o confederación se
encontrare incurso en una de las causales de disolución, el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social o quien demuestre tener interés jurídico, podrá
solicitar ante el juez laboral respectivo, la disolución y la liquidación del
sindicato y la cancelación de la inscripción en el registro sindical. Al efecto
se seguirá en lo pertinente el procedimiento previsto en el artículo 52 <380
c.s.t> de esta ley”. (Negrilla por fuera del texto original)
[117] Sentencias
C-797 de 2000, C-674 de 2008, C-180 de 2016.
[118]
Salvo los miembros de la Fuerza Pública. Artículo 39
Constitución Política.
[119]
La referencia de trabajador a efectos del
reconocimiento del derecho de asociación sindical es todo aquel que ejerce “la fuerza laboral para obtener los recursos necesarios para
lograr una vida digna y como un mecanismo de realización personal y profesional”, es decir, cobija a “todas las modalidades de trabajo lícito”, Sentencia C-614 de 2009.
[120]
sí están formados por individuos de varias
profesiones, oficios o especialidades, que prestan sus servicios en una misma
empresa.
[121]
sí están formados por individuos que prestan sus
servicios en varias empresas de la misma industria o rama de actividad
económica.
[122]
sí están formados por individuos de una misma
profesión, oficio o especialidad.
[123] sí
están formados por trabajadores de diversas profesiones, disímiles o inconexas.
Estos últimos sólo pueden formarse en los lugares donde no haya trabajadores de
una misma actividad, profesión u oficio en número mínimo requerido para formar
uno gremial, y solo mientras subsista esta circunstancia.
[124]
Se presenta cuando concurren estos elementos esenciales:
actividad personal, subordinada y remunerada. En la administración pública
colombiana esta conformada por los empleados públicos y los trabajadores
oficiales. Régimen del Servidor Público. Escuela Superior de Administración
Pública. Bogotá, Noviembre de 2008.
[125] “ARTICULO
359. NUMERO MINIMO DE AFILIADOS. Todo sindicato de trabajadores
necesita para constituirse o subsistir un número no inferior a veinticinco (25)
afiliados; y todo sindicato patronal no menos de cinco (5) {empleadores}
independientes entre sí.”
[126]
Decreto 1072 de 2015.ARTÍCULO 2.2.2.4.4.
[127]
Decreto 1072 de 2015. Artículo 2.2.2.4.3.
[128]
Ibidem.
[129] ARTICULO 414. DERECHO DE ASOCIACION. El derecho de asociación en sindicatos se
extiende a los trabajadores de todo servicio oficial, con excepción de los
miembros del Ejército Nacional y de los cuerpos o fuerzas de policía de
cualquier orden, pero los sindicatos de empleados públicos tienen sólo las
siguientes funciones: // 1.
Estudiar las características de la respectiva profesión y las condiciones de trabajo
de sus asociados. // 2. Asesorar a sus miembros en la defensa de sus derechos
como empleados públicos, especialmente los relacionados con la carrera
administrativa. // 3. Representar en juicio o ante las autoridades los
intereses económicos comunes o generales de los agremiados, o de la profesión
respectiva. // 4. Presentar a los respectivos jefes de la administración
memoriales respetuosos que contengan solicitudes que interesen a todos sus
afiliados en general, o reclamaciones relativas al tratamiento de que haya sido
objeto cualquiera de éstos en particular, o sugestiones encaminadas a mejorar
la organización administrativa o los métodos de trabajo. // 5. Promover la
educación técnica y general de sus miembros. // 6. Prestar socorro a sus
afiliados en caso de desocupación, de enfermedad, invalidez o calamidad. // 7.
Promover la creación, el fomento o subvención de cooperativas, cajas de ahorro,
de préstamos y de auxilios mutuos, escuelas, bibliotecas, institutos técnicos o
de habilitación profesional, oficinas de colocación, hospitales, campos de
experimentación o de deporte y demás organismos adecuados a los fines
profesionales, culturales, de solidaridad y de previsión, contemplados en los
estatutos. // 8. Adquirir a cualquier título y poseer los bienes inmuebles y
muebles que requieran para el ejercicio de sus actividades. y // 9. <Ordinal
adicionado por el artículo 58 de la Ley 50 de 1990.> Está permitido a los
empleados oficiales constituir organizaciones sindicales mixtas, integradas por
trabajadores oficiales y empleados públicos, las cuales, para
el ejercicio de sus funciones, actuarán teniendo en cuenta las limitaciones
consagradas por la ley respecto al
nexo jurídico de sus afiliados para con la administración.
[130]
Los sindicatos de empleados públicos están sujetos a normas que restringen su
alcance, siendo lo más relevante la prohibición de presentar pliegos de
peticiones o celebrar convenciones colectivas y las funciones específicas que
prevé el Estatuto Laboral. Las funciones de los sindicatos de empleados públicos
serán las contempladas en el artículo 414 del C.S.T. y estarán limitadas
conforme al Decreto 1072 de 2015.
[131]
Acta de Fundación de la Asociación Nacional de Empleados de la Defensoría del
Pueblo. Folios 20 a 150, Cuaderno dos, proceso ordinario 20130021903.
[132]
Los sindicatos de primer grado son todos los enumerados en el
artículo 356 del Código Sustantivo del Trabajo, porque estos organizan en forma
directa a los trabajadores, es decir, están en la base de la estructura
sindical. Los de segundo grado constituyen un edificio intermedio del edificio
sindical y surgen del derecho que tienen todas las organizaciones de primer
grado a organizarse en federaciones sindicales; casi siempre abarcan las
unidades territoriales políticas del orden departamental. Por último, los de
tercer grado o las confederaciones constituidas, a su vez, por federaciones
casi siempre son del orden nacional. Ospina Duque, Edgar. Derecho Colectivo del
Trabajo. Bogotá, 2013.
[133]
Artículo 4.
[134] La Defensoría del Pueblo es un organismo que forma parte del
Ministerio Público, ejerce sus funciones bajo la suprema dirección del
Procurador General de la Nación y le corresponde esencialmente velar por la
promoción, el ejercicio y la divulgación de los Derechos Humanos. La Defensoría del Pueblo tiene autonomía
administrativa y presupuestal. Decreto 25 de 2014, artículo 1°.
[135]
Sentencia C-621 de 2008.
[136]
Dichas recomendaciones fueron aprobadas
por el Consejo de
Administración de la Organización Internacional del Trabajo. Mediante Acta de
la 304. ª
Reunión, marzo de 2009. “El Consejo de Administración tomó nota de la
introducción del informe del Comité de Libertad Sindical, tal y como figura en
los párrafos primero a 300, y adoptó las recomendaciones del Comité que se
formulan en los siguientes párrafos de dicho informe: (…) 561 (caso núm. 2498: Colombia) (…)” “El Consejo de Administración adoptó
el 353.er informe del Comité de Libertad Sindical en su totalidad”.
[137]
Párr. 557
[138]
“El Consejo de Administración tomó
nota de la introducción del informe del Comité de Libertad Sindical, tal y como
figura en los párrafos primero a 300, y adoptó las recomendaciones del Comité
que se formulan en los siguientes párrafos de dicho informe: (…) 561 (caso núm. 2498: Colombia) (…)” “El Consejo de Administración adoptó
el 353.er informe del Comité de Libertad Sindical en su totalidad”.
[139] ARTICULO 356. SINDICATOS DE TRABAJADORES. <Artículo modificado por el artículo 40 de la Ley
50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:> Los sindicatos de trabajadores
se clasifican así: // a). De empresa, si
están formados por individuos de varias profesiones, oficios o especialidades,
que prestan sus servicios en una misma empresa, establecimiento o institución;
// b). De industria o por rama de actividad económica, si están formados por
individuos que prestan sus servicios en varias empresas de la misma industria o
rama de actividad económica; // c). Gremiales, si están formados por individuos
de una misma profesión, oficio o especialidad, // d). De oficios varios, si
están formados por trabajadores de diversas profesiones, disímiles o inconexas.
Estos últimos sólo pueden formarse en los lugares donde no haya trabajadores de
una misma actividad, profesión u oficio en número mínimo requerido para formar
uno gremial, y solo mientras subsista esta circunstancia.
[140] ARTICULO 401. CASOS DE DISOLUCION. Un sindicato o una federación o
confederación de sindicatos solamente se disuelve: // a) Por cumplirse cualquiera de los eventos previstos
en los estatutos para este efecto; // b) Por acuerdo, cuando menos, de las dos
terceras (2/3) partes de los miembros de la organización, adoptado en asamblea
general y acreditado con las firmas de los asistentes; // c) Por sentencia
judicial, y // d) Por reducción de los afiliados a un número inferior a
veinticinco (25), cuando se trate de sindicatos de trabajadores. // e) Ordinal
adicionado por el artículo 56 de la Ley 50 de 1990.> En el evento de que el
sindicato, federación o confederación se encontrare incurso en una de las
causales de disolución, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o
quien demuestre tener interés jurídico, podrá solicitar ante el juez
laboral respectivo, la disolución y la liquidación del sindicato y la
cancelación de la inscripción en el registro sindical. Al efecto se seguirá en
lo pertinente el procedimiento previsto en el artículo 52 <380 c.s.t> de esta ley.
[141]
Sentencia T-807 de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[142] ARTICULO
359. NUMERO MINIMO DE AFILIADOS. Todo sindicato de trabajadores necesita para constituirse o subsistir
un número no inferior a veinticinco (25) afiliados; y todo sindicato patronal
no menos de cinco (5) {empleadores} independientes entre sí.
[143] ARTICULO 414. DERECHO DE ASOCIACION. El derecho de asociación en sindicatos se
extiende a los trabajadores de todo servicio oficial, con excepción de los
miembros del Ejército Nacional y de los cuerpos o fuerzas de policía de
cualquier orden, pero los sindicatos de empleados públicos tienen sólo las
siguientes funciones: // 1. Estudiar las
características de la respectiva profesión y las condiciones de trabajo de sus
asociados. // 2. Asesorar a sus miembros en la defensa de sus derechos como
empleados públicos, especialmente los relacionados con la carrera
administrativa. // 3. Representar en juicio o ante las autoridades los
intereses económicos comunes o generales de los agremiados, o de la profesión
respectiva. // 4. Presentar a los respectivos jefes de la administración
memoriales respetuosos que contengan solicitudes que interesen a todos sus
afiliados en general, o reclamaciones relativas al tratamiento de que haya sido
objeto cualquiera de éstos en particular, o sugestiones encaminadas a mejorar
la organización administrativa o los métodos de trabajo. // 5. Promover la
educación técnica y general de sus miembros. // 6. Prestar socorro a sus
afiliados en caso de desocupación, de enfermedad, invalidez o calamidad. // 7.
Promover la creación, el fomento o subvención de cooperativas, cajas de ahorro,
de préstamos y de auxilios mutuos, escuelas, bibliotecas, institutos técnicos o
de habilitación profesional, oficinas de colocación, hospitales, campos de
experimentación o de deporte y demás organismos adecuados a los fines
profesionales, culturales, de solidaridad y de previsión, contemplados en los
estatutos. // 8. Adquirir a cualquier título y poseer los bienes inmuebles y
muebles que requieran para el ejercicio de sus actividades. y // 9. <Ordinal
adicionado por el artículo 58 de la Ley 50 de 1990.> Está permitido a los
empleados oficiales constituir organizaciones sindicales mixtas, integradas por
trabajadores oficiales y empleados públicos, las cuales, para el ejercicio de
sus funciones, actuarán teniendo en cuenta las limitaciones consagradas por la
ley respecto al nexo jurídico de sus afiliados para con la administración.
[144]
Para el 30 de enero de 2019.
[145]
El artículo 26 de la Ley 941 de 2005[145]
define que “son los abogados vinculados al servicio de Defensoría Pública que
administra la Defensoría del Pueblo, previo el cumplimiento de los requisitos,
mediante la figura del contrato de prestación de servicios profesionales, para
proveer la asistencia técnica y la representación judicial en favor de aquellas
personas que se encuentren en las condiciones previstas en el artículo 2o[145] de la presente ley, de acuerdo con las normas previstas en
el Estatuto de Contratación Estatal”. Así mismo, establece que dichos contratos
de prestación de servicios profesionales especializados “podrán suscribirse con
cláusula de exclusividad y no dará lugar en ningún caso a vinculación
laboral con la Institución.” (Subraya y negrilla fuera del texto
original).
[146]
Se configura la carencia actual de objeto por sustracción de materia,
por una situación sobreviniente que modificó los hechos, la cual genera que la
orden que podría ser impartida por el juez de tutela, relativa a lo solicitado
en la demanda de amparo, no surta ningún efecto; ya que, se puede inferir
razonadamente que la accionante perdió todo el interés en la satisfacción de su
pretensión. Sentencia T- 419 de 2017.
[147]
Sentencia C-567 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[148]
Al tenor del artículo 366 del Código Sustantivo del Trabajo, la inscripción de
un sindicato de trabajadores en el registro sindical no procede cuando: (a)
los estatutos de la organización sindical sean contrarios a la Constitución
Nacional o a la ley; o, (b) la organización sindical se constituya con un
número inferior al exigido por la ley. La controversia aquí resuelta,
por lo demás, versó sobre la segunda circunstancia.
[149]
Sentencia C-465 de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[150]
Ibídem.