T-560-05
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-560/05
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia cuando no hay recursos ordinarios ni extraordinarios
contra éstas
Dentro del
trámite incidental promovido contra el Banco Cafetero S.A., la Sala Civil del
H. Tribunal Superior de Bogotá profirió las providencias de 31 de mayo, 1° de
noviembre y 11 de diciembre de 2002 para decidir el recurso de apelación
instaurado por ambas partes contra la providencia del 27 de agosto de 1997 del
Juzgado Quince Civil del Circuito de Bogotá, de modo que la acción que se
revisa es procedente, porque las decisiones tomadas en segunda instancia no se
controvierten haciendo uso de recursos ordinarios, y no pueden revisarse, ni
casarse, cuando se dictan en el ámbito de trámites incidentales. Debe esta Sala
reiterar, en consecuencia, la consistente jurisprudencia constitucional sobre
la procedencia de la acción de tutela contra las decisiones judiciales que vulneran
las garantías constitucionales, y hacer un llamado a prevención a los jueces de
amparo para que hagan uso de sus facultades de dirección con el fin de impedir
que el instrumento constitucional de protección de los derechos fundamentales
se utilice para hacer nugatorio el cumplimiento de los fallos y puramente
formales las condenas. La acción de tutela contra providencias judiciales pone
de manifiesto, por consiguiente, el papel preponderante de todos los jueces en
el respeto de las garantías constitucionales, a la vez que garantiza su
independencia total y absoluta en los términos del artículo 230 de la Carta,
porque –como quedó explicado- los jueces de tutela no deciden los asuntos
confiados a los jueces ordinarios, sino que encausan la función jurisdiccional,
cuando ésta ha perdido el norte señalado en la Carta Política.
LABOR DE ADMINISTRAR JUSTICIA-Demanda
colaboración permanente de partes y terceros
Sorprende
entonces la información parcial sobre el estado del cumplimiento de la orden de
amparo de 30 de junio de 1999 suministrada a esta Corte, asombra que el Banco
Cafetero, en tanto se surtía la revisión del expediente T-284.734, demandaba y
obtenía un nuevo amparo sobre el mismo asunto, esta vez en razón de la
providencia de 24 de agosto de 1999, y desconcierta que esta Corte no haya
conocido esto último en sede de selección. Es que al lado de la obligación de
los jueces de tutela de rechazar las diversas acciones de tutela instauradas
contra el mismo asunto y de remitir a esta Corte todos los fallos para su
eventual revisión –artículos 38 D. 2591 de 1991 y 86 C.P.- milita el deber de
enterar a esta Corporación de las órdenes de amparo dispersas e incongruentes
sobre el mismo asunto, en procura de su unificación, porque las decisiones
contradictorias agravan los conflictos, aminoran la confianza de los asociados
en la administración de justicia y hacen imposible la paz social. De manera que
las partes y los sujetos intervinientes estaban en el deber de informar a la
Sala Cuarta de Revisión sobre el resultado de la consulta de la providencia de
19 de noviembre de 1999, y, aún más, era menester que la Sala Quinta de
Selección conociera sobre el expediente T-318.044, porque la labor de
administrar justicia demanda de una colaboración permanente de partes y
terceros, y de la pronta intervención de los jueces, en materia de prevención y
remedio de las conductas contrarias a los deberes constitucionales, –artículos
95, 29 y 31 C.P.-.
DEBER DE COLABORACION PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA
ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Providencias con fines
definitorios que se encuentran en autos sin firmeza
Esta
Corporación se ha referido en diversas oportunidades al deber de colaboración
para el buen funcionamiento de la administración de justicia, y ha hecho
hincapié en la seriedad de las actuaciones y de los pronunciamientos
judiciales, forzosamente encaminados a la solución pacífica de los conflictos y
al goce efectivo de los derechos y de las garantías constitucionales –arts. 2°,
22, 29 y 228 C. P. y el 7° de la Ley 270 de 1996. A la vista de lo expuesto no
pueden concebirse providencias emitidas con fines definitorios que descansan en
autos sin firmeza, porque los jueces son autónomos e independientes en el
establecimiento de los hechos, la estimación de las pruebas y la aplicación del
derecho, pero están sujetos al imperio de la legalidad, tanto que bien pueden
resolver las controversias de modo adverso o favorable a las pretensiones, si
las evidencias lo permiten, pero las decisiones deberán ser reales, serias y razonables.
LIQUIDACION DE PERJUICIOS CONTRA ENTIDAD BANCARIA-Caso en que desde 1991 no se ha cumplido sentencia proferida por
Juzgado Civil
las claras disposiciones que dotan a los jueces de instrumentos de
prevención, remedio y castigo no explican por qué la cuestión de la liquidación
de los perjuicios que habrá de reconocer el Banco Cafetero, por los daños
causados al señor, en los términos de la sentencia proferida por el Juzgado
Quince Civil del Circuito de Bogotá el 28 de agosto de 1991, se ha visto enmaraña
en una cadena no interrumpida de tutelas, desacatos, adiciones,
complementaciones, aclaraciones y nulidades. Cuando las actuaciones y
decisiones de los jueces dejan al descubierto el quebrantamiento del orden
constitucional, en el ámbito de los procesos en curso, porque en lugar de
dirigir la litis hacia una solución acorde con la ley acrecientan en conflicto
y dilatan su solución en desmedro de la paz, la convivencia y la vigencia del
orden justo, ningún sentido tiene abogar por sustraer a los jueces de las
acciones de amparo. En este, como en tantos otros casos en los que esta Corte
ha tenido que pronunciarse definitivamente sobre la sujeción de las autoridades
judiciales al orden constitucional, debe reiterarse que la acción de tutela
procede contra providencias judiciales, siempre que los afectados no cuentan
con otro instrumento para el restablecimiento de sus garantías
constitucionales, de donde se concluye que la sentencia de segunda instancia
tendrá que ser revocada. En este orden de ideas, la sentencia de primera
instancia correrá la misma suerte, porque el Banco Cafetero BANCAFE S.A. somete
por cuarta vez a consideración de los jueces de amparo, la decisión de la Sala
Civil del H. Tribunal Superior de Bogotá que lo condena al pago de los perjuicios
distinguidos como 4 y 5, dentro del incidental a que dio lugar la sentencia del
28 de agosto de 1991 del Juzgado Quince Civil del Circuito de Bogotá.
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Proporciona
firmeza y obliga al acatamiento de sentencias de tutela
la
oponibilidad de la cosa juzgada constitucional que proporciona firmeza y obliga
al acatamiento de las sentencias de amparo, ha sido considerada por esta Corte
en el sentido de puntualizar que lo deseable redunda en que todas las personas
con interés en las decisiones conozcan el trámite de amparo que se adelanta
contra las providencias judiciales que les conciernen, sin que la sola
convocatoria, o la falta de ésta, tenga la virtud de vincular a los llamados al
trámite, tampoco de dar al traste con la actuación. Queda establecido entonces
que la cosa juzgada constitucional que acompaña a la orden de amparo impartida
el 30 de junio de 1999, dentro de la acción de tutela T-236.171, por cuya
virtud la impugnación instaurada contra el auto de 27 de agosto de 1997, varias
veces referido, se debía fallar “nuevamente (..), teniendo en cuenta la
totalidad de las pruebas recaudadas, las que apreciará según su criterio” se
circunscribe al Banco Cafetero S.A. y a la Sala Civil del H. Tribunal Superior
de Bogotá.
ACCION DE TUTELA INTERPUESTA POR BANCAFE-Sometimiento
por cuarta vez al juez de tutela el conocimiento del mismo asunto/ACTUACION
TEMERARIA EN TUTELA-Presentación de varias tutelas conlleva al rechazo o
decisión desfavorable conforme al art. 38 del Decreto 2591/91/ACTUACION
TEMERARIA EN TUTELA-Informe a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria/INCIDENTE
DE REGULACION DE PERJUICIOS-Informe a Sala Disciplinaria
La Sala Civil
del H. Tribunal Superior de Bogotá actuó en ejercicio de su competencia
funcional al avocar nuevamente el conocimiento del Incidente de Regulación de
Perjuicios y adoptar la decisión integrada por los autos de 31 de mayo, 1° de
noviembre y 11 de diciembre de 2002; sin embargo la conclusión a que arriba la
Sala no conduce a negar la protección, como quiera que cuando se presentan dos
o más acciones de tutela, entre las mismas partes y por la misma causa, el
amparo tendrá que rechazarse, inexorablemente. Lo anterior, en consideración a
que el Banco Cafetero BANCAFE S.A. somete al conocimiento del juez de tutela,
por cuarta vez, la decisión de la Sala accionada relativa a la estimación de
los perjuicios causados al señor, dentro del proceso Ejecutivo que la entidad
financiera le promovió al nombrado en 1988. Es que no se pueden considerar
disímiles las invocaciones de amparo instauradas contra las providencias del 27
de noviembre de 1998, 15 de julio y 24 de agosto de 1999, y 31 de mayo de 2002,
cuando éstas, en todos los casos se proyectan al pago de los perjuicios
derivados de la terminación de los contratos de mandato y suministro,
perjuicios éstos que el escrito que da lugar al incidente identifica con los
numerales 4 y 5. Sin que para el efecto interese que el Banco Cafetero insista
en enmarcar sus pretensiones en nuevas situaciones fácticas, como quiera que la
realidad procesal indica que más que hechos nuevos cada acción trae la misma
situación no obstante incrementada con actuaciones y decisiones judiciales que
las sucesivas invocaciones de amparo han ido generando. De modo que la acción
que se revisa se rechazará en cumplimiento de lo ordenado por el artículo 38
del Decreto 2591 de 1991, lo que comporta i) declarar vigentes y en firme las
providencias del 31 de mayo, 1° de noviembre y 11 de diciembre de 2002, dado
que el auto de 22 de junio de 2004 no produce efectos, en cuanto fue proferido
por la Sala accionada para acatar la sentencia de primera instancia que se
revoca, y ii) que lo acontecido tanto en el Incidente de Regulación de
Perjuicios como en las diferentes acciones de amparo instauradas en razón del
mismo, sea conocido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, para que adelante las
investigaciones y correctivos del caso.
Referencia: expediente T-963630
Acción de tutela instaurada por BANCAFE S.A. contra la Sala Civil
del H. Tribunal Superior de Bogotá
Magistrado Ponente:
Dr. ALVARO TAFUR GALVIS
Bogotá, D. C.,
veintiséis (26) de mayo del año dos mil cinco (2005).
La Sala Octava
de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, integrada por los
Magistrados Clara Inés Vargas Hernández, Jaime Araujo Rentería y Álvaro Tafur
Galvis, en ejercicio de su competencia constitucional y legal, ha proferido la
siguiente
SENTENCIA
en el proceso de revisión de las providencias adoptadas por Salas de
Casación Civil y Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, dentro de la
acción de tutela instaurada por el Banco Cafetero BANCAFE S.A. contra la Sala
Civil del H. Tribunal Superior de Bogotá, por violación de su derecho
fundamental al debido proceso.
I.     ANTECEDENTES
El Banco Cafetero S.A. impetra
la protección de sus derechos fundamentales contra “la decisión contenida en
la providencia integrada por los autos del 31 de mayo de 2002, 1° de noviembre
del mismo año y 11 de diciembre de 2002”, dictados por la Sala accionada
para resolver  el recurso de apelación instaurado por ambas partes, contra
la providencia del 27 de agosto de 1997 del Juzgado Quince Civil del Circuito
de Bogotá, dentro del Incidente de Regulación de Perjuicios promovido por
Rafael Antonio Salamanca contra la entidad financiera.
Para el efecto inicialmente se traerá a colación el trámite
incidental que dio lugar a las decisiones que el Banco controvierte, para luego
reseñar las diversas acciones de tutela y las cuatro providencias emitidas por
la Sala Civil del H. Tribunal Superior de Bogotá dentro del aludido trámite, en
tres oportunidades liquidando perjuicios y en otra relevando a la entidad
financiera del pago de los mismos.
1.     Hechos
En razón de las medidas cautelares
practicadas dentro proceso Ejecutivo promovido por el Banco Cafetero S.A.
contra Fernando Rey Escobar y Rafael Antonio Salamanca, con miras a hacer
efectivo el pagaré 36358500073-2 por $2´500.000, iniciado ante el Juzgado Quince
Civil del Circuito de Bogotá el 1° de diciembre de 1988, se han adelantado las
actuaciones judiciales y tomado las decisiones que a continuación se
relacionan:
1.1    Condena en perjuicios
-El Juzgado Quince Civil del Circuito de
Bogotá, en providencia del 28 de agosto de 1991, resolvió declarar probada la
excepción de dolo propuesta dentro del proceso Ejecutivo a que se hace mención,
y a su vez “condenar en perjuicios al demandante BANCO CAFETERO por las
medidas practicadas respecto del demandado RAFAEL ANTONIO SALAMANCA, las que se
liquidarán de conformidad al literal “d” del Art. 510 del C. de P. C.”.
Señaló el juzgador:
“Se
evidencia, en forma manifiesta el engaño del que fue víctima el señor RAFAEL
ANTONIO SALAMANCA a instancias del señor Gerente Supernumerario del Banco
Cafetero Sucursal Las Granjas, al obtener firma en blanco para sus punibles
propósitos y en tal virtud se abre paso la excepción de dolo planteada por el
demandado SALAMANCA debiendo negarse respecto de éste la orden de llevar adelante
la ejecución, con el consiguiente levantamiento de las medidas cautelares
practicadas en su contra y el reconocimiento de la excepción planteada,
debiendo condenar en costas al demandante y a favor del excepcionante”.
-La providencia antedicha fue confirmada
por la Sala Civil del H. Tribunal Superior de Bucaramanga, el 8 de julio de
1994, al atender el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la
entidad ejecutante.
Indicó el Ad Quem:
“Según se
demostró en este proceso con la sentencia penal del Juzgado 31 Penal del
Circuito de Santafé de Bogotá del 12 de marzo de 1991, el deudor SALAMANCA fue
asaltado en su buena fe por quien se decía su amigo y socio comercial al
hacerle ver que para cancelarle una obligación se hacía necesario que le
sirviera de garante con el propósito de adquirir un préstamo a favor de
RODRÍGUEZ QUIROGA ante la entidad en la cual éste laboraba.
Para el
efecto se demostró que el pagaré fue firmado en blanco por SALAMANCA. Todo el
trámite bancario para el otorgamiento del préstamo que en últimas fue a parar
en manos de los defraudadores RODRIQUEZ QUIROGA  y REY ESCOBAR  fue realizado
gracias a la condición que de empleado del Banco Cafetero tenía RODRÍGUEZ
QUIROGA.
(..)
Es innegable,
a no dudarlo, que la participación decidida de RODRIQUEZ QUIROGA empleado del
Banco Cafetero, fue básica para que al documento suscrito en blanco por
SALAMANCA se le diera una destinación completamente diferente: esto es para
hacer constar que se constituyó en codeudor de REY ESCOBAR con quien no tuvo
relación negocial alguna para efectos del trámite de préstamo de dinero que en
su remanente se le pretende cobrar.
El Banco
Cafetero gracias a los buenos oficios de su empleado CARLOS RODRÍGUEZ, quien
era portador de las instrucciones dadas por SALAMANCA, obró de manera culposa
al depositar toda su buena fe en su colaborador, porque ante la presencia de un
documento firmado en blanco ha debido indagar sobre la existencia de SALAMANCA,
las instrucciones que este dio para llenarlo y no tolerar que el trámite del
préstamo bancario se hubiese cumplido en la forma como se hizo.
(..)
De otro lado,
el artículo 642 del Código de Comercio citado por el A quo no es de recibo
porque REY ESCOBAR no obró como mandatario de SALAMANCA sino autónomamente
luego: de donde acá la aplicación de dicha disposición? no cabe entonces en el
contexto normativo aplicable al caso materia de análisis, y careciendo de
incidencia el hecho alegado por la parte recurrente sobre la presunta
ratificación de su condición de codeudor el haber cancelado el codemandado
SALAMANCA $600.000 al Banco Cafetero, pues tiene lógica explicación el hecho de
que ante el notorio abuso que de su confianza hizo RODRIQUEZ QUIROGA lo realizó
mientras se aclaraba la situación que generó precisamente esta persona y aún
confiando en una solución extrajudicial y justa al conflicto, pues a la postre
pudo constatar que fue víctima de un ardid bien planeado entre RODRIGUEZ
QUIROGA y REY ESCOBAR  el cual se consumó ante la falta de seguridad en el
manejo del crédito por parte de la entidad demandante”.
1.2    Regulación de Perjuicios
Como pasa a explicarse, el 27
de agosto de 1997 el Juzgado Quince Civil del Circuito de Bogotá liquidó la
condena a cargo del Banco Cafetero S.A., en razón de la sentencia referida, y
el 31 de mayo de 2002 la Sala Civil del H. Tribunal Superior de la misma ciudad
resolvió el recurso de apelación formulado por ambas partes, luego de los
pronunciamientos de 27 de noviembre de 1998, 15 de julio  y 24 de agosto
de 1999, adoptados con igual propósito.
1.2.1
Trámite incidental
-Por intermedio de apoderado, y atendiendo la condena a que se hizo
referencia en el punto anterior, el señor Rafael Antonio Salamanca dio inicio
al tramite incidental previsto en el Código de Procedimiento Civil, con el
propósito de que se ordene a la entidad financiera el pago a su favor de i) la
suma de $1.266.988.728.00 M.Cte.; ii) y “los perjuicios morales subjetivados
y objetivados, que se tasaron en esta liquidación, o los que se establezcan a
través del incidente”. Para el efecto, entre otras consideraciones, expuso:
“El señor Rafael Antonio Salamanca fue víctima del delito de estafa
por parte del gerente Supernumerario del Banco Cafetero, Sucursal Las Granjas,
señor Carlos E, Rodríguez Quiroga, quien en ejercicio de sus funciones manipuló
y elaboró el pagaré (..).
Este hecho
delictuoso de manera reiterada le fue puesto en conocimiento del Banco Cafetero
y se le ofreció toda la colaboración a efectos de esclarecer los hechos y a fin
de que no fuere a actuar de manera negligente e imprudente al iniciar acciones
que podían causar graves perjuicios al comerciante Rafael Antonio Salamanca. El
Banco Cafetero hizo caso omiso de la situación (..) y a sabiendas de que podía
causar una grave perjuicio inició y llevó hasta su terminación este proceso
ejecutivo (..)”.
Relató las circunstancias propiciadas por la actuación del Banco
Cafetero, la que calificó de “dolosa y negligente”, como quiera que
habiendo sido advertida de la situación la entidad no esclareció “los hechos
delictuosos de su empleado”, sino que resolvió ejecutar el título valor sin
medir sus consecuencias.
Hizo consistir los perjuicios causados i) en el proceso penal que el
señor Salamanca se vio conminado a iniciar y al que debió dedicar “gran
parte de su tiempo y tuvo que realizar gastos y desembolsar dineros para llegar
a la sentencia final que hoy se reconoce”; ii) en que el Banco “decretó
la muerte comercial del señor Rafael Antonio Salamanca”; en cuanto solicitó
e hizo efectivo un embargo sobre la cuenta corriente que el mismo desde hacía
20 años manejaba en la misma entidad; iii) en los gastos en que el nombrado
incurrió en razón del proceso Ejecutivo; iv) en que el “ciudadano alemán
Gilberto Aldenhover” dio por terminado el “negocio mercantil de
suministro (..) al no poder garantizar la negociación con los cheques de su
cuenta personal No. 048-010055-7”, y que lo propio hizo el empresario
Germán Gómez, con el contrato de mandato sin representación suscrito con el
señor Salamanca, “al establecer que los instrumentos que garantizaban el
negocio correspondían a una cuenta embargada, haciéndole efectiva la cláusula
penal y dejando de percibir utilidades”; y v) en que la terminación de sus
dos principales negocios dieron lugar a la “entrega de la bodega o depósito
de la carrera 10 N. 0-84 que le había tomado en arrendamiento al señor Miguel
Ospino R., desde el 5 de enero de 1986”.
-La apoderada del Banco Cafetero se opuso a la liquidación de
perjuicios promovida por el señor Salamanca, para el efecto afirmó que la
entidad crediticia no actuó de manera dolosa y negligente, sino en cumplimiento
de claras disposiciones constitucionales y legales que le imponen presumir la
inocencia de sus funcionarios y empleados, hasta que se demuestre lo contrario,
y la conminan a responder por los perjuicios que pueden causar las medidas
cautelares que solicita, haciendo entrega de pólizas judiciales liquidadas
sobre el 10% del valor de la ejecución.
Afirmó, además i) que sobre la liquidación que el señor Salamanca
reclama existe “cosa juzgada” en materia penal, como quiera que “en
su oportunidad fueron objeto de una sentencia en contra de personas
determinadas las cuales son distintas de mi poderdante”, ii) que las
pretensiones indemnizatorias del nombrado prescribieron, en los términos del “artículo
2358 del C. Civil”,; y iii) que los perjuicios tenían que haberse liquidado
en la sentencia que impuso su pago, oportunidad que el interesado dejó
precluir, “toda vez que tanto en la oportunidad penal como en la civil no
recurrió las decisiones pertinentes o, en el segundo caso, solicitó la
sentencia complementaria (..)”.
Rebatió cada una de las circunstancias de que daba cuenta el escrito
del incidentante, con el fin de que se desatiendan sus pretensiones
indemnizatorias i) porque la justicia penal es gratuita y los perjuicios
causados por infracción a la ley penal se reclaman dentro de los procesos de la
misma naturaleza; y ii) debido a que la medida cautelar fue solicitada y
decretada “no sobre la CUENTA CORRIENTE  sino sobre los dineros que el señor
SALAMANCA POSEA en la cuenta corriente materia de la medida, suma que era al
momento de hacer efectiva tal orden, la cantidad de $3.562.51”, de donde
concluyó que el nombrado bien podía adelantar “todas las otras operaciones
derivadas de la cuenta corriente”, lo que no ocurrió, al punto que el Banco
tuvo que dar por terminado el contrato de cuenta corriente en razón de la
inactividad del titular.
Agregó que las afirmaciones del señor Salamanca, sobre los daños
causados por el entidad financiera a su actividad mercantil, no son ciertas i)
porque “ la matrícula en el Registro Mercantil, por su propia decisión, para
la fecha del embargo se encontraba cancelada”; ii) debido a que “se
aportan certificaciones sobre procesos ejecutivos vigentes con el mencionado
señor para la época de marras”; y iii) en razón de que los extractos
bancarios, los informes retrospectivos presentados ante la Cámara de Comercio y
los rubros sobre los que el señor Salamanca liquidó el impuesto de Industria y
Comercio en razón del establecimiento de comercio que poseía, no demuestran los
promedios que asegura le representaban sus actividades mercantiles aunado a que
dichos extractos, informes y rubros “no sustituyen las obligaciones de los
comerciantes de llevar la contabilidad regular de sus negocios conforme a las
prescripciones legales”.
Sostuvo que no existe norma que imponga la satisfacción de
perjuicios morales “derivados de actos civiles” y que, en todo caso, su
reconocimiento debe ventilarse a través del proceso pertinente, “como lo
determinó el juez de la causa en la sentencia que puso fin al proceso”, de
donde concluyó que las pretensiones del señor Salamanca “desbordan el
contenido de la sentencia en mención, cuya órbita está restringida a unos
eventuales perjuicios que se hubieren ocasionado directamente como consecuencia
de la práctica de la medida previa”.
Consideró que las pretensiones sobre retribución por pago de
honorarios, dentro del proceso Ejecutivo ya finalizado, no pueden prosperar, en
cuanto su reconocimiento daría lugar a un enriquecimiento sin causa, por doble
pago, dada su inclusión como agencias en derecho en la liquidación de costas
practicada dentro del asunto, además de constituir indebida acumulación de
pretensiones.
Destacó que los pretendidos perjuicios derivados del giro de cheques
posfechados constituyen un “exabrupto jurídico”, como quiera que “el
cheque es un título valor universalmente reconocido como instrumento de pago
inmediato”.
Sintetizando, concluyó que las pretensiones del actor i) “desbordan
el contenido de la sentencia” que impuso la condena; ii) cuestionan una
actuación del Banco Cafetero ajustada a derecho, aduciendo una temeridad que no
ha sido probada ni debatida como corresponde; iii) se acumulan de manera
indebida; y iv) atentan contra la cosa juzgada, la legitimación para actuar,
las reglas que proscriben el enriquecimiento sin causa y las normas que
establecen términos para la prescripción de condenas por daños causados.
-Mediante providencia del 27 de agosto de
1997, el Juzgado Quince Civil del Circuito puso fin al incidente que se reseña
liquidando los perjuicios causados, habida cuenta que la sentencia condenatoria
contra el gerente de la entidad bancaria y el señor Rey Escobar, por el delito
de estafa en la persona del señor Rafael Salamanca, “demuestra la culpa que
tuvo la entidad demandante en los perjuicios reclamados, pues a pesar de que el
incidentante les informó de los hechos delictivos en que estaba incurriendo uno
de sus empleados y los posibles perjuicios que le podrían causar con el embargo
de su cuenta corriente, hicieron caso omiso de tales manifestaciones”.
Analizado el material probatorio allegado
al expediente, el Juzgado del conocimiento se pronunció sobre las excepciones
propuestas, y sostuvo “que con el embargo de la cuenta corriente se produjo
un daño al demandado Rafael Salamanca pues quedó bloqueado comercialmente lo
que lo llevó a una crisis económica”, daño éste que debe atribuirse a “los
representantes de la entidad demandante e incidentada, pues a pesar de que el
incidentante les advirtió sobre el ilícito que se estaba cometiendo y les
solicitó que no le embargaran su cuenta corriente hasta tanto la justicia penal
profiriera un fallo, aquella procedió a demandarlo y a embargar la mencionada
cuenta corriente, haciendo caso omiso de las peticiones del señor Salamanca”.
Consecuente con lo anterior el A quo resolvió
i) negar “los perjuicios segundo y sexto, así como el primero en cuanto se
refiere a la suma reconocida en la sentencia penal y el tercero respecto de los
honorarios del abogado que representara judicialmente al incidentante en el
presente proceso. Así mismo, niegánse los intereses a propósito de la suma de
$25´000.000 correspondiente a la cláusula penal, por las razones expuestas en
la parte motiva”; e ii) imponer a la entidad incidentada a) el reintegro de
la suma que el incidentante canceló por concepto de honorarios, para ser
representado ante la justicia penal, con sus intereses; b) la devolución de la
suma pagada recibida del señor Salamanca para detener, sin éxito, la ejecución
en su contra; c) el pago del lucro cesante “con ocasión del contrato de
suministro celebrado entre el incidentante y el señor Gilberto Aldenhoven (..)
sin intereses pues se trataba de sumas futuras respecto de las cuales no se
podría deducir una utilidad”; y d) la restitución de las sumas de dinero
dejadas de percibir y de la cláusula penal que debió reconocer el señor
Salamanca, en razón de los efectos del embargo de su cuenta corriente, sobre el
contrato de mandato sin representación, pactado con el señor Germán Gómez.
-El 27 de noviembre de 1998, la Sala
Civil del H. Tribunal Superior de Bogotá, atendiendo el recurso de apelación
interpuesto por ambas partes, exoneró a la entidad financiera del pago de las
sumas que debió cancelar el incidentante para ser representado en el proceso
penal, como también del reintegro de los dineros entregados por aquel para
detener la ejecución en su contra, dispuso que el lucro cesante con ocasión de
la terminación del contrato de suministro se pague con intereses y mantuvo en
los demás puntos la decisión del A quo.
Indicó el juzgador sobre la condena en
perjuicios, y su liquidación:
“La
comprobación de este elemento de la responsabilidad, en el sub-exámine no
ofrece mayores dificultades, pues ya se analizó, tanto en la sentencia de
primera como en la de segunda instancia, que el Banco debió abstenerse de
iniciar este ejecutivo. En efecto, en la providencia del 28 de agosto de 1991,
el juzgado declaró probada la excepción de dolo propuesta por Rafael Salamanca,
por las consideraciones expresadas en el aludido fallo, el cual a su vez fue
confirmado por el superior. En ese proveído se relata que el Banco Cafetero
promovió contra Rafael Antonio Salamanca un pleito sin justa causa y decidió
que aquél debe responder por los daños derivados del embargo. La base de esta
responsabilidad está en el deber genérico de no causar daño a otro, que dimana
del artículo 2.341 del Código Civil, y de las normas procesales expresadas en
los artículos 37 y 510 del Código de Procedimiento Civil.
(..)
Es
incuestionable que los perjuicios que reclama el incidentante se originaron en
el comportamiento antijurídico del gerente del Banco, comportamiento que no es
otro que el de cambiar las instrucciones que había dado Salamanca, para
obtener, de manera dolosa un provecho indebido, aserto éste que está debidamente
acreditado en autos. A su vez el Banco, con su comportamiento pasivo y
permisivo frente a la situación que se le puso de presente es culpable de los
tantas veces citados perjuicios y está obligado a resarcirlos. Pero además,
porque quien así procedió era representante del susodicho ente financiero y
consecuencialmente la obligación de reparar es de aquellas llamadas directas
(..).
La culpa del
Banco sube de tono si se mira que RAFAEL SALAMANCA  puso en conocimiento de las
directivas del Banco, el punible de que estaba siendo víctima, sin que el
referido ente financiero se tomase la molestia de hacer indagaciones en torno
de los hechos puestos a su conocimiento.
(..)
Ya se
puntualizó que en la sentencia se le endilgó al banco (sic), por haberse
considerado probado, que actuó indebidamente, y que con esa manera de actuar
pudo producir una lesión en el demandado RAFAEL ANTONIO SALAMANCA. Por ello lo
condenó a pagar los perjuicios previstos en el artículo 510 del Código de
Procedimiento Civil, condena que es, a no dudarlo, objetiva en la medida en que
la ley establece que en tales eventos siempre existe una culpa que puede
producir un perjuicio. Es la que se ha venido en llamar, por la jurisprudencia
“condena preceptiva”, la cual, por su naturaleza , parte de la base de que la
conducta puede ser dañina y eventualmente producir un daño. Es por ello que la
actividad que debe desplegar el beneficiado con la condena, no es otra que la
de establecer la extensión del daño y su cuantificación”.
Sobre el derecho del ejecutado Salamanca
al reintegro de los gastos en que incurrió para ser representado en el proceso
penal -que concluyó con la condena de Rodríguez Quiroga y Rey Escobar por el
delito de estafa- la Sala accionada afirmó.
“No existe
relación de causalidad entre el proceso penal y la medida cautelar que se
consumó, en este proceso civil, por manera que no hay cómo decir que éste fue
causa de aquél. Además los perjuicios a que fue condenado en el proceso penal
el señor Carlos Rodríguez, no pueden trasladarse a esta liquidación, toda vez
que el Banco no fue parte, o por lo menos no hay prueba de ello en el susodicho
proceso. La condena allí impuesta sólo vincula a quienes participaron en la
comisión del reato criminoso y solo a ellos frente al perjudicado”.
Respecto del
daño moral, que el señor Rafael Salamanca hizo consistir en que el Banco
Cafetero solicitó y obtuvo el embargo de la cuenta corriente del actor, dando
lugar a su “muerte comercial”, el Ad Quem sostuvo:
“En cuanto al
daño moral subjetivado, para el caso que ahora ocupa la atención de la Sala,
simplemente se considera que sus fundamentos fueron confusos e imprecisamente
formulados, y aunque se mencionó el precio del dolor, no se llegó a establecer
la gravedad de la lesión producida.
En relación
con el perjuicio moral objetivado, referido a las repercusiones de orden
patrimonial que produce el daño moral, es evidente que tampoco se manifiesta en
el sub-lite, porque si no se presenta el daño moral, el moral objetivado
tampoco se da, en la medida en que éste es consecuencia de aquél. Por lo demás,
aún aceptado en gracia de discusión, que en razón del proceso el incidentante
padeció descrédito y falta de credibilidad, tampoco aparece acreditado en autos
cuál fue su cuantificación”.
En relación
con el perjuicio que se le habría causado al presunto deudor al conminarlo a
cancelar una suma de dinero para detener la ejecución en su contra, expuso la
Sala accionada que debía resarcirse o reclamarse en proceso de conocimiento, a
la vez que destacó la ausencia de pruebas capaces de demostrar el monto de las
erogaciones en que incurrió el Ejecutado para contratar su defensa dentro del
mismo asunto.
Sobre el daño
fundado en la terminación anticipada del contrato de suministro, que el
ejecutado Salamanca sostenía con el señor Gilbert Aldenhoven, y respecto del
derecho del afectado a su total restablecimiento patrimonial, expuso la
accionada:
“Como
síntesis de las pruebas analizadas se puede afirmar, que unánimemente ante los
declarantes califican las actitudes de Rafael Salamanca como un comerciante en
el ramo de las drogas para el consumo humano y equipo médico con muchos años de
trayectoria y experiencia, realizador de contratos de gran volumen, señalando
de manera especial los negocios celebrados con Germán Gómez y Gilbert
Aldenhoven; además están los documentos relativos a estas comunicaciones, de
tal forma que, cuando se produjo el embargo, el 21 de febrero de 1989, ya
existía el fundamento jurídico de una utilidad, porque se había celebrado un
negocio con Gilbert Aldenhoven del cual se reportaba una ganancia cierta. De
conformidad con la prueba, principalmente la documental Rafael Salamanca se
obligó a comprar a Gilbert Aldenhoven (..) dándole un descuento del 30% en
pedidos cuya pago se hiciera en 30 días, y un descuento adicional del 5% en
caso de pago contra entrega. Esta distribución era exclusiva y el comprador, en
razón del descuento concedido, se obligó a sostener un volumen de ventas, que
en promedio mensual no fuera inferior a $6.000.000, todo esto durante el
término de siete (7) años dando el comprador cheques sin fecha (..) por valor
igual al monto de lo facturado. Este contrato tuvo su ejecución entre el 21 de
enero de 1987 hasta el 23 de enero de 1989, como lo demuestra la facturación de
los folios 154 a 173, época en que terminó según lo expresó el mismo Gilbert
Aldenhoven, como consecuencia del embargo de la cuenta del comprador por parte
del Banco Cafetero, porque Salamanca no podía dar las garantías con cheques
personales. Las ventas durante el periodo llegaron a $337.769.000 M. Cte.
Existe así un contrato que aseguraba a Salamanca una ganancia del 30% del valor
de compras durante siete (7) años, esta ganancia fue la que se frustró, como
efecto del embargo de la cuenta corriente por parte del Banco Cafetero, pues
este hecho determinó que Aldenhoven no suministrara más mercancía a partir del
23 de enero de 1989.
El promedio
mensual de ventas facturadas durante la ejecución del contrato de suministro
alcanzó a $14.073.708 M/Cte. Sobre este promedio el comprador aseguraba como
ganancia el 30% del descuento más la ganancia por la reventa, durante cinco
años que faltaron para completar el término contractual. Indubitablemente el
cobro de los cinco años, es decir a 21 de enero de 1992, debió recibir
$168.884.460 M/ Cte. Pero como a consecuencia de la terminación del contrato no
los recibió, teniendo en forma indefectible que recibirlos, se debe esta
cantidad por concepto del daño, junto con sus intereses a razón del 32.52% tasa
solicitada por el demandado, porque también es evidente que si tal cantidad
hubiese ingresado al patrimonio de Salamanca, habría producido por lo mismo,
interés. En este sentido se adiciona la condena, aceptando el argumento
expuesto en el escrito de apelación presentado por el apoderado de Rafael
Salamanca y desechando el de la parte incidentada en cuanto refiere que debe
ser el interés legal, pues no es cierto que se trató de establecer una
responsabilidad civil extracontractual, sino de valorar unos perjuicios
derivados de una condena preceptiva, como ya se dijo que desquiciaron un
contrato de carácter comercial”.
La decisión de
confirmar la condena emitida en primera instancia, en razón de la terminación
anticipada del contrato de mandato, y la de negar el derecho al restablecimiento
de los daños acaecidos por la terminación de un contrato de arrendamiento
quedaron explicadas, entre otras, en las siguientes consideraciones:
“El conjunto
de documentos que obran en los folios 164 y siguientes también se refieren a la
existencia, desarrollo y causa de terminación de la relación contractual entre
Germán Gómez, como representante de las mencionadas sociedades y Rafael Antonio
Salamanca, como mandatario. Lo expresado en estos documentos coincide con las
demás pruebas, especialmente la testimonial, en cuanto a las situaciones sobre
las que descansa la petición del llamado quinto perjuicio, concluyéndose que
realmente se causó, lo cual se ratifica con lo conceptuado en el dictamen de
los peritos , que aunque fue objetado, la impugnación quedó improbada como
consecuencia de otro dictamen que descartó la existencia del error grave.
(..)
Como bien se
expone en el auto impugnado, este perjuicio no se encuentra demostrado: se
anunció apenas la entrega anticipada de una bodega donde supuestamente guardaba
las mercancías el señor RAFAEL SALAMANCA, pero como también lo confirman los
peritos no aparece demostrada la circunstancia de que la entrega anticipada y
el correspondiente pago de la pena al arrendador por el incidentante se debió a
los argumentos que aquí se plantean”.
-El 4 de junio
de 1999, la Sala Civil del H. Tribunal Superior de Bogotá negó por
improcedentes las solicitudes de aclaración, corrección y adición presentadas
por el Banco Cafetero, entidad que argumentaba que el interés que se le ordenó
liquidar desconocía “las orientaciones de la Superintendencia Bancaria en
materia de usura pues ello significaría “aplicar una tasa de interés de manera
retroactiva”. Indicó el juzgador:
“En fin: del
escrito precedente apenas si lo que se desprende es un cuestionamiento del
peticionario a la evaluación que el Tribunal hizo de las diferentes
circunstancias que rodearon el incidente, pues las argumentaciones que
contienen están enderezadas, indiscutiblemente, a refutar el mérito del
proveído.
Y sucede que
en el auto se señalaron cuáles fueron las específicas razones que le dieron
convicción sobre este particular y no puede entonces el petente fundar la
discrepancia de los argumentos de la decisión con los que a su juicio debieron
ser tenidos en cuenta, como que los mecanismos de la aclaración, la corrección
o la adición no pueden servir como elementos anarquizadores del procedimiento
cuando con ellos se procura transmutar las decisiones adoptadas.
Apenas
natural que planteamientos de la estirpe del anterior escrito sean rehusados
por el mecanismo que recaba el petente, pues si la Ley permite que los
pronunciamientos judiciales sean susceptibles de aclaración, corrección o
adición, su objeto nunca está en hacer reparos a los fundamentos jurídicos o
probatorios, toda vez que es principio indeclinable el de que las decisiones no
pueden ni deben ser alteradas, modificadas o revocadas, por el mismo Juez que
las profirió.
Basten las
anteriores argumentaciones para concluir en la improcedencia de la petición
suplicada”.
1.2.2 Acciones de tutela
1.2.2.1        Acción
de tutela de Banco Cafetero S.A. contra la Sala Civil del H. Tribunal Superior
de Bogotá. La Sala accionada quebrantó el debido proceso por indebida
valoración probatoria –T-236.171-[1].
-El 17 de
junio de 1999, el Banco Cafetero S.A., por intermedio de apoderado, instauró
acción de tutela en contra de la Sala Civil del H. Tribunal Superior de Bogotá
que preside el Magistrado Carlos Julio Moya Colmenares reclamando el
restablecimiento de su derecho fundamental al debido proceso, dentro del
trámite incidental al que se hizo mención, “en razón de no haberse valorado
debidamente todas las pruebas aportadas al incidente de regulación de
perjuicios (..) en cuanto se aprobó la liquidación en lo referente a los numerales
4 y 5 del escrito de incidente”.
El fallador
dispuso, además de la vinculación de los integrantes de la Sala accionada, la
notificación de “todos los interesados”, orden que se cumplió el
30 de junio del año en cita, mediante el envío de sendas comunicaciones al
gerente del Banco Cafetero S.A. y a los señores Rafael Antonio Salamanca y
Fernando Rey Escobar.
-El día antes
señalado, el juez constitucional, a la sazón la Sala Civil del H. Tribunal
Superior de Bogotá que preside el Magistrado Edgar Carlos Sanabria Melo,
concedió el amparo, en consecuencia ordenó a la Sala de la misma corporación
accionada “fallar nuevamente la segunda instancia, teniendo en cuenta la
totalidad de las pruebas recaudadas, las que apreciará según su criterio,
lo que deberá hacerse dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de la presente providencia”, concluyó el fallador de instancia
–destaca el texto-:
“En resumen,
si en el informativo no obra prueba que permita deducir de manera contundente
que inequívocamente el incidentante percibió las utilidades en el porcentaje
que afirmó derivaba de los negocios celebrados con GILBERT ALDINHOVEN y GERMAN
GOMEZ CABRERA, ni tampoco se apreciaron los documentos indicadores de su
patrimonio líquido, declarado antes de la fecha de consumación de la citada
medida cautelar y al tiempo de renovar sus registros mercantiles (..), ni los
extractos de la cuenta corrientes (sic) que determinaban el movimiento de su
cuenta corriente (..), ni la declaración de LUIS HUMBERTO NOVOA RIVEROS (..)
que narró la difícil situación de ANTONIO SALAMANCA, ni el documento que da
cuenta de la venta del establecimiento comercial DROGAS BOYACA (..), ni la
cancelación de su matrícula comercial (..), ni la constancia de la pérdida de
los libros de contabilidad (..), ni los hechos cardinales que llevaron a la
condena, tales inadvertencias llevaron al Tribunal a tasar equivocadamente los
citados rubros cuarto y quinto, por la cual habrá de ordenarse dictar
nuevamente la providencia correspondiente, apreciando las pruebas y
hechos omitidos, de conformidad con la convicción que se les reconozca”.[2]
El 15 de julio
de 1999 la Sala obligada se pronunció en el sentido de relevar a la entidad
financiera del pago de perjuicios, a su decir en acatamiento de la orden que le
fuera impuesta.
Sostuvo la
Sala accionada, en relación con la regulación de “los perjuicios cuarto y
quinto, sobre los que recayó la acción de tutela”, que “el Juez
Constitucional hizo una distinta valoración probatoria que lo condujo a
concluir que no había lugar a imponer dichas condenas”, y a continuación
señaló que “en aras de que esta Sala no se aparte de los lineamientos
esbozados en la sentencia de Tutela, las motivaciones de dicho fallo serán las
que sirvan de pilar para erigir la parte resolutiva del nuevo fallo como la
orden impartida por el Juez de tutela que es de imperativo cumplimiento”.
Para el efecto
transcribió apartes de las consideraciones esbozadas por el Juez de tutela,
entre éstas las siguientes:
“Aún
admitiéndose por cierto el hecho de que la cuenta corriente del incidentante
era la piedra angular de las transacciones comerciales que efectuaba, no podía
colegirse un perjuicio en el monto en que se liquidó, dado que el límite de la
medida cautelar era muy inferior a los montos de las operaciones comerciales
aducidos por Rafael Salamanca, con lo cual se ponía de presente que con la
retención hasta el monto máximo decretado, podía el embargado continuar
normalmente con sus actividades mercantiles”.
“Si en gracia
de discusión también se tomara como cierto el hecho de que el embargo de los
dineros de la cuenta corriente perteneciente al incidentante fue el directo
generador de la terminación de los contratos de suministro y de mandato, en el
expediente no existen los medios demostrativos que permitieran concluir de
manera certera los prejuicios 4 y 5.
Infiérese sí,
de los medios de prueba recaudados la relación comercial entre Rafael Salamanca
y Gilbert Aldenhoven, consistente en el suministro de medicamentos del primero
al segundo, para que éste los revendiera posteriormente, pero no acontece lo
mismo con la utilidad obtenida de tal relación, ya que sobre este tópico no obra
prueba en el plenario y la misma no puede dimanar exclusivamente de la reventa.
Nótese que los múltiples documentos allegados y las declaraciones recibidas
mencionan la precitada relación contractual empero no hacen relación a las
ganancias ciertas y concretas que efectivamente se derivan de ella.
(..)
En relación
con el contrato de mandato sin representación, resultaba obvio –teniendo en
cuenta las características del mismo –que si el incidentante aducía la
causación de perjuicios por la terminación del contrato, debía aportar al
proceso los actos que gestionó a consecuencia del mandato, en los que aparecía
firmando a nombre propio, dada la ausencia de representación, pues si los
honorarios que se generaban del mandato representaban el 30% de las ventas, más
el 5% por pronto pago, la determinación del daño surgía de la acreditación
plena de los contratos que celebró el indientante, con la comprobación precisa
de sus precios, para así derivar la susodicha ganancia, pudiendo después
proyectar el lucro cesante con base en tales conceptos.
Por otra
parte si se tomó como prueba del daño la gestión de unos contratos que se dice
tramitó éste en nombre de REPRESENTACIONES MEDICAS DEL CARIBE Y
REPRESENTACIONES GOMEZ ante la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN, obsérvese que tal
constatación corresponde a unos negocios jurídicos celebrados con posterioridad
a 1992 (..), fecha en la cual ya se habían reanudado las gestiones entre RAFAEL
SALAMANCA y GERMAN GOMEZ.
(..)
“... los
cheques que habían sido dados como garantía del mandato sin representación
celebrado, no fueron presentados para el pago al banco librado, única forma de
constatar el embargo de la cuenta, sin parar mientes, en que la anterior
circunstancia se contradice con el testimonio de Germán Rozo, en el cual se
aduce que en “1989 hizo efectiva una garantía dada por Rafael Salamanca”, lo
cual ratifica el hecho tercero, que sirve como soporte al quinto perjuicio
aducido en el escrito de incidente, en el que se relata: “las últimas garantías
que le renovó fueron los cheques de su cuenta personal 048-01055-7 del BANCO
CAFETERO y que corresponden a los Nos. A9149547, A9149548 y A9149549, cada uno
por la suma de $25.000.000.00.
En resumen,
en el informativo no obra prueba que permita deducir de manera contundente que
inequívocamente el incidentante percibió las utilidades en el porcentaje que
afirmó derivadas de los negocios con GILVER ALDENHOVEN y GERMAN GOMEZ.”.
La Sala
accionada consideró, además, que debía “abrir un espacio y valorar los
elementos probatorios que la sentencia de tutela ordenó apreciar, según
criterio de esta Sala de Decisión”, se detuvo entonces en los extractos de
la cuenta corriente, en los “documentos indicadores del patrimonio liquido
declarado antes de la fecha de consumación de la medida cautelar y al tiempo de
renovar el registro mercantil”, en la declaración rendida por el señor Luis
Alberto Novoa, en el documento contentivo de la venta del establecimiento de
comercio Drogas Boyacá, en la cancelación de la matrícula mercantil y en la constancia
de pérdida de los libros de contabilidad, y concluyó que su apreciación no
coincidía con los avances realizados por el Juez de tutela sobre la prueba, los
que, a su juicio, plantean de manera contundente “la inexistencia de medio
de convicción para imponer condena alguna a la parte incidentante por los
perjuicios reclamados”,  en tanto de acuerdo a su apreciación de la prueba:
“ por
concepto del negocio celebrado por GILBER ALDENHOVEN  y RAFAEL SALAMANCA éste
obtenía una utilidad mensual de $2.814.741.60, cantidad que ingresaba a su
patrimonio. La utilidad derivada con GERMAN GOMEZ  era de $2.500.000.oo.
(..)
Como se
observa, el movimiento de ingresos de la cuenta corriente de SALAMANCA refleja
solvencia económica en su actividad comercial en época que precedió a la
cautela.
También
aparece probado que estos extractos no reflejan las cantidades a que alcanzaba
cada uno de los contratos celebrados con las dos personas indicadas, porque
esos dineros no llegaban a esa cuenta según se infiere de la siguiente prueba:
En primer lugar, está el testimonio de GILBER ALDENHOVEN quien al contestar la
pregunta relativa a la manera como el señor SALAMANCA le pagaba la mercancía
que le suministraba, contestó “habitualmente en efectivo o con cheques que él recogía
y entonces me los endosaba” y, en cuanto al negocio con GERMAN GOMEZ los
dineros que pagaba el Seguro Social, la Caja Nacional de Previsión y otras
entidades no llegaban a la cuenta corriente de SALAMANCA, porque los contratos
los celebraban directamente las sociedades de Barranquilla, representadas por
GERMAN GOMEZ; aquél solo era un gestor o tramitador que se limitaba a tomar
pedidos y facturarlos, recibir despachos en el aeropuerto El Dorado o en el
lugar que se le indicase, hacer entrega oportuna ante los diferentes entidades,
realizar los cobros y remitirlos a Barranquilla, gestionar en las pagadurías el
pago de las obligaciones, realizar cotizaciones, hacer despachos, solicitar
mercancía, estar atento a las licitaciones, abrir nuevos mercados, informar
sobre las gestiones realizadas conservar en buen estado la mercancía y en
general hacer actividades necesarias para que los negocios de las sociedades se
cristalizaran y se hicieran efectivos.
b) Los
documentos indicadores del patrimonio liquido declarado antes de la fecha de
consumación de la medida cautelar y al tiempo de renovar el registro mercantil
(..)
De todas
maneras, del conjunto de estos documentos se deduce que los ingresos han ido en
ascenso, y los datos que allí se consagran no tienen la finalidad de dar a
conocer la situación económica de un comerciante en un momento dado, ni menos
determinar los resultados de un negocio específico . La función primordial de
la matrícula es de “empadronamiento o Sensal” como lo señala el doctor José´ Ignacio
de Narváez García, sin que pueda atribuírsele la misma función que es propia de
la contabilidad.
Además, debe
tener en cuenta que SALAMANCA tenía no sólo el establecimiento “DROGAS BOYACA”,
porque también se deduce que tenía un deposito de drogas en la Carrera 10 N.
0-84 de Bogotá. (..).
c) La
declaración de LUIS HUMBERTO NOVOA y el documento de venta del establecimiento
comercial “DROGAS BOYACA”.
Además de los
que ya se indicó respecto de la declaración de HUMBERTO NOVOA RIVEROS, se puede
agregar que éste compró a SALAMANCA el establecimiento de comercio denominado
“DROGAS BOYACA” por lo menos el testimonio no lo dice.
Luego no hay
duda que la situación difícil de SALAMANCA se originó con ocasión del embargo
ordenado contra SALAMANCA. En efecto NOVOA  relata (..)
c) (sic) La
cancelación de la matrícula mercantil
La matrícula
por sí sola no da la calidad de comerciante, solo constituye una presunción de
ejercicio de actividades mercantiles. La omisión de matrícula o su cancelación
no implica que el empresario deje de tener tal calidad, ya que es la ejecución
de actos mercantiles, directa o por interpuesta persona, la que imprime tal
carácter (..). Resultaba obvio que después de vender el establecimiento “DROGAS
BOYACA” la cual se refería la matrícula, SALAMANCA no debía aparecer como su
propietario. En el contrato de venta del establecimiento que aparece a folio
586 se menciona el número de la matrícula de lo vendido, el No. 0056643, que
fue precisamente el mismo que canceló SALAMANCA y al que se refiere el folio
407.
La
circunstancia de que Rafael Antonio Salamanca haya cancelado con anterioridad
la matrícula mercantil no implica que éste no tenga una aptitud para adquirir
derechos y contraer obligaciones, como los establecidos a través de los
contratos celebrados con GILBERT ALDENHOVEN y las sociedades representadas por
GERMAN GOMEZ y que no tenga las condiciones y la disposición o idoneidad para
ejecutarlos y obtener beneficios, pues unánimemente la prueba testimonial
remarca tal actitud del incidentante Rafael Antonio Salamanca, como experto en
el mercado de drogas y elementos de uso médico. Esta aptitud personal no puede
verse desvanecida por el solo hecho de que al renovar los registros mercantiles
hubiere indicado una pequeña suma patrimonial, porque en este caso, como se ha
reiterado, son las aptitudes del incidentante y las relaciones contractuales
las que determina que la utilidad o ganancia se hubiera o no obtenido.
d) la
constancia de pérdida de los libros de contabilidad
La copia de
la constancia que aparece a folio 274 fue expedida por el Jefe de Denuncias y
Contravenciones E-12, el 5 de junio de 1993. En este documento bajo la gravedad
del juramento el incidentante afirmó la pérdida de varios documentos, entre
ellos los libros de contabilidad mayor y bancos, según hechos acaecidos el 2 de
junio de 1993. El hecho de la pérdida no ha sido desvirtuado y, por tanto, debe
tenerse como real.”.
A manera de
conclusión, la Sala en cita sostuvo que no podía sino renunciar a su propia
convicción sobre los hechos y acoger los avances en la materia efectuados por
el Juez de tutela, en consecuencia i) revocó el numeral 6 del auto proferido
por el Juez Quince Civil del Circuito de Bogotá el 27 de agosto de 1997; ii)
confirmó los numerales 1, 2, 3, 4, y 5 de la misma decisión; y iii) condenó en
costas al incidentante.
-El 15 de
septiembre de 1999, el Banco Cafetero S.A. por intermedio de apoderado, puso al
fallador constitucional al tanto “del desacato a la orden impartida por
ustedes en sentencia de Tutela de 30 de junio de 1999,” , como
quiera que “el fallador Colegiado Civil no cumplió con el fallo de tutela,
puesto que éste le ordenó fallar conforme al material probatorio existente en
el incidente, pues se sustrajo de él, aduciendo que el Juez Constitucional
había analizado y calificado las probanzas por lo cual no podía en el fallo de
cumplimiento ponderarlas”.
-El 19 de
noviembre siguiente, el juez constitucional de instancia resolvió el incidente
de desacato. Expuso que para el efecto debía limitarse a confrontar “la
orden contenida en el fallo de tutela y la conducta del accionado a quien ésta
se dirige”, y concluyó que la Sala Civil accionada debía ser sancionada por
haber incurrido “en desacato al incumplir la orden contenida en el fallo de
tutela proferido el 30 de junio de 1999”. Indicó la Sala –destaca el
texto-:
“(..) no
sobra precisar, que en el fallo de tutela, jamás se dejó sentada “..la
contundente conclusión de la inexistencia de medio de convicción para imponer
condena alguna a la parte incidentada por los perjuicios reclamados”, que
refiere la Sala accionada, afirmación que no se ciñe a la realidad procesal,
pues lo que se consignó era que debía dictarse nuevamente la providencia
correspondiente “..apreciando las pruebas y hechos omitidos, de conformidad con
la convicción que se les reconozca..” , por cuanto los medios demostrativos
existentes no permitían deducir los perjuicios “ .. por el monto a que
se contrae el auto de 27 de noviembre de 1998, en relación con los perjuicios 4
y 5” cuestión reiterada en el resumen final cuando se anotó que el incidentante
no percibió las utilidades EN EL PORCENTAJE QUE AFIRMO.”[3]
-El 13 de
enero de 2000, la Sala de Casación Civil de la H. Corte Suprema de Justicia, en
grado de consulta, revocó la providencia antedicha y en su lugar denegó “por
improcedente la pretensión incidental de desacato”, para el efecto
consideró i) que “no puede concebirse (..) un incidente de desacato que
apenas si persiga un objetivo sancionatorio”; y ii) que el
pronunciamiento “que se le enrostra al tribunal como generadora (sic) de
desacato (..) no está vigente” –se destaca-.
Se refería el
Superior a la expedición de la providencia del 24 de agosto anterior, adoptada
por la Sala accionada dentro del marco de la sentencia emitida el 13 de agosto
de 1999 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura, para decidir el amparo constitucional invocado por Rafael Antonio
Salamanca contra la Sala Civil del H. Tribunal Superior de Bogotá, que se
reseña en el punto siguiente.
Expuso la Sala
Civil de la H. Corte Suprema de Justicia –se destaca-:
“Por donde se
viene el pensamiento que las sanciones allí previstas para quien es
desobediente, no constituyen el fin mismo del incidente de desacato, sino
apenas el medio a través del cual se obtiene aquello. No puede concebirse, por
lo tanto, un incidente de desacato que apenas si persiga un objetivo
sancionatorio.
Imprescindibles
resultan estas breves reflexiones, porque sin duda alguna se erigen en la
piedra de toque del pronunciamiento que reclama el presente asunto. Bastaría no
más con rememorar que hoy por hoy, esa decisión que se le enrostra al tribunal
como generadora de desacato, ya está reemplazada por otra que el mismo
profiriera en virtud de la tutela ulterior que prosperó en el Consejo Seccional
de la Judicatura de Cundinamarca. En una palabra, si bien el tribunal había
dictado aquella decisión, ya en la actualidad está definida de manera distinta
la apelación del auto que finiquitó el mentado incidente de perjuicios. Para
decirlo en breve, aquel pronunciamiento no está vigente.
En
condiciones semejantes, es de toda obviedad que ningún sentido tiene edificar
un desacato sobre una decisión que jurídicamente no tiene existencia actual.
Por supuesto que la Sala de Decisión de la causa ya no podría, como efecto de
la prosperidad del incidente de desacato, hacer cosa alguna, sencillamente
porque le resulta imposible, si es que, como es verdad, ya por vía distinta al
incidente, tomó otra determinación, muy diferente por cierto. Esta otra determinación,
valga anotar la curiosidad, fue proferida, ahí sí, haciendo una valoración
probatoria propia y autónoma del juez natural, cuya ausencia es precisamente lo
que se le criticó al tribunal en el incidente de desacato. Es tan particular
el caso materia de estudio, precisamente por efecto de la doble tutela, que
bien podría afirmarse la paradoja de que la censura del promotor del incidente
de desacato estaría remediada con la nueva tutela; en efecto, si al tribunal se
le achaca que la decisión anterior carecía de análisis probatorio de juez
natural, éste ya aparece efectuado en la nueva decisión, lo que no deja de
causar perplejidad que aun así se ensaye este trámite de desacato. A tal punto
que el Banco nunca protestó aquella decisión, precisamente porque le favorecía
por entero; solo vio desmedro en ella, con el resultado de la segunda tutela, y
lo que otrora recibió con beneplácito lo reprocha hoy”.
Como más
adelante se reseña el 31 de enero de 2000 el Banco Cafetero BANCAFE S.A.,
instauró una nueva acción de tutela, esta vez en contra del pronunciamiento del
24 de agosto de 1999 -que sirviera de motivación a la providencia anterior-.
Protección que el fallador de primera instancia negó y que la Sala Civil de
la H. Corte Suprema de Justicia concedió –T-318.044-.
1.2.2.2        Acción
de tutela de Rafael Antonio Salamanca contra la Sala Civil del H. Tribunal
Superior de Bogotá -T-284.734-. La Sala accionada incurrió en vía de hecho
–T-608 de 2000-.
-El señor Rafael Antonio Salamanca, por intermedio de apoderado,
interpuso acción de tutela en contra de la Sala Civil del H. Tribunal Superior
de Bogotá, presidida por el H. Magistrado Carlos Julio Moya Colmenares, en
cuanto “resolvió, por segunda vez, en cumplimiento al fallo de tutela de 30
de junio de 1999 el recurso de apelación postulado por las partes contra el
auto dictado el 27 de agosto de 1997, por el Juzgado 15 Civil del Circuito”.
La invocación de amparo constitucional se fundamentó en que la Sala
accionada profirió una providencia sin apoyo probatorio, “como resultado de
una orden imperativa del juez de tutela, quien en el fondo fue el que tomó la
decisión arrebatándoles la competencia”.
La accionada, por su parte, sostuvo que no incurrió en vía de hecho,
en cuanto se limitó a cumplir la orden emitida por un juez constitucional.
-El 13 de agosto de 1999, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca concedió la protección,
dispuso que la Sala Civil del H. Tribunal Superior de Bogotá, en las 48 horas
siguientes a la notificación de la decisión, decidiría “nuevamente los
recursos de apelación postulados por las partes, contra el auto dictado el 27
de agosto de 1997, por el Juzgado 15 Civil del Circuito de Santafé de Bogotá
D.C., con base en todas las pruebas recaudas las que deberán ser apreciadas en
conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, por la Sala Civil de
Decisión aludida”.
El Banco
Cafetero S.A., por su parte i) solicitó que se adicione y aclare la decisión,
ii) formuló la nulidad de lo actuado, e iii) impugnó la decisión, escritos
éstos que el A-quo resolvió en el sentido de negar las solicitudes,
rechazar de plano la nulidad y conceder el recurso de apelación, mediante
providencia fechada el 30 de agosto de 1999.
Contra la
providencia que rechazó de plano la nulidad, el proponente interpuso recurso de
apelación, que el A quo negó por indebida sustentación, y más adelante
concedió, mediante providencias del 7 y 22 de septiembre de 1999[4].
-Entre tanto i) el 24 de
agosto de 1999, la Sala Civil del H. Tribunal Superior de Bogotá accionada dijo
resolver -por tercera vez- el recurso de apelación interpuesto por ambas partes
contra la providencia de 27 de agosto de 1997, varias veces referida, esta vez “acatando
la decisión que en tal sentido adoptó la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Seccional de la Judicatura”; ii) el 17 de septiembre de 1999 se
pronunció para negar la adición y aclaración de la decisión; y iii) el 22 del
mismo mes corrigió los errores mecanográficos, en que habría incurrido en las
providencias de 24 de agosto y 17 de septiembre, ya anotadas.
-El 30 de
septiembre siguiente la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior
de la Judicatura revocó la sentencia de 13 de agosto de 1999, adujo que el
incumplimiento del obligado a acatar las órdenes del Juez constitucional da
lugar al trámite incidental previsto en el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991
“y en caso dado, las acciones disciplinarias o penales a que pudiere haber
lugar por desacato a decisión judicial obligatoria”.
Rafael Antonio
Salamanca, intervino para solicitar la revocatoria de la decisión de segunda
instancia, “ya que el Banco Bancafé no es parte en el proceso y, por tanto,
tampoco tiene facultad para impugnar la sentencia que no fue recurrida por la
parte demandada”, y el Ad Quem optó por declarar la nulidad de lo
actuado y, recurrida la providencia, mantuvo la decisión aduciendo falta de
competencia para resolver la impugnación, fundado en la ilegitimidad del Banco
Bancafé S.A. para proponerla –21 de octubre y 25 de noviembre de 1999-.
-Mediante sentencia proferida el 25 de mayo de 2000[5], esta Corporación
resolvió revocar los fallos antes reseñados y, en su lugar, “rechazar por
improcedente la acción de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia”.
Expuso esta Corte que “la Sala Civil de Decisión demandada se
apartó del derecho vigente y, en contra de las normas procesales y
constitucionales, renunció indebidamente a la libertad funcional que le
corresponde, por lo que su comportamiento constituye una clara vía de hecho”,
pero también sostuvo que “eso no hace que sea procedente la acción de tutela”.
Señala la providencia –se destaca-.
“1       La libertad funcional del juez es irrenunciable.
El comportamiento de la Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior
de Bogotá fue tachado por el actor como constitutivo de una vía de hecho,
porque el juez de tutela le ordenó a esa corporación resolver nuevamente un
recurso de apelación, y valorar todos los medios de prueba aportados al
incidente de regulación de perjuicios según su criterio, y la Sala demandada,
en lugar de ejercer su libertad funcional, resolvió limitarse a acoger el
criterio valorativo del juez de amparo; así
lo hizo constar en las consideraciones de su providencia, con las siguientes
expresiones:
"Para esta Sala de Decisión, entonces, el Juez Constitucional
le plantea, en el fondo, no una formal disyuntiva -apreciar la prueba 'según su
criterio'- sino una imperativa valoración probatoria. Así, considerando que la
acción de tutela sólo opera frente a derechos constitucionales fundamentales al
mismo tiempo que los razonamientos que expone su fallador son de la misma
estirpe, mal puede el juez ordinario controvertirlos porque su posición está
limitada al obedecimiento. Ese es, en el sentir de la Sala, la aplicación del
rígido ordenamiento constitucional y legal de la institución de tutela. La
tendencia doctrinaria y jurisprudencial del llamado 'nuevo Derecho' que
paulatinamente se ha venido imponiendo, impide el desobedecimiento de lo
mandado por el juez constitucional porque este tiene una jurisdicción absoluta.
"Por tanto, la Sala Civil de Decisión no puede hacer otra cosa
que acoger el criterio valorativo de la prueba esbozado por el juez de tutela
en este asunto, para tener por no demostrados los perjuicios cuarto y quinto
por el incidentante. Consecuentemente deberá condenarse al incidentante al pago
de las costas del incidente y las correspondientes al recurso" (folio 181
del cuaderno anexo No. 1).
De esa manera, es claro que la Sala de Decisión demandada sí violó
el derecho del actor al debido proceso, pues desatendió lo prescrito en el
artículo 230 de la Carta Política, según el cual, "los jueces, en sus
providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley. La equidad, la
jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son
criterios auxiliares de la actividad judicial”.
Al respecto, vale la pena resaltar que la Corte Constitucional, por
medio de la sentencia 131/93[6],
declaró inexequible el artículo 23 del Decreto Legislativo 2067 de 1991,
precisamente porque, en abierta contradicción con el artículo 230 Superior, esa
norma ordenaba tener la doctrina constitucional como criterio auxiliar obligatorio.
Además, en la sentencia C-083/95[7],
resolvió sobre la constitucionalidad del artículo 8° de la Ley 153 de 1887, y
en esa oportunidad aclaró:
"...conviene precisar que no hay contradicción entre la tesis
que aquí se afirma y la sentencia C-131/93, que declaró inexequible el artículo
23 del Decreto legislativo 2067 del 91 en el cual se ordenaba tener "como
criterio auxiliar obligatorio" "la doctrina constitucional
enunciada en las sentencias de la Corte Constitucional", mandato, ese sí,
claramente violatorio del artículo 230 Superior. Lo que hace, en cambio, el
artículo 8° que se examina -valga la insistencia- es referir a las normas
constitucionales, como una modalidad del derecho legislado, para que sirvan
como fundamento inmediato de la sentencia, cuando el caso sub judice no está
previsto en la ley. La cualificación adicional de que si las normas que van
a aplicarse han sido interpretadas por la Corte Constitucional, de ese modo
deben aplicarse, constituye, se repite, una razonable exigencia en guarda de la
seguridad jurídica" (negrilla fuera del texto).
No cabe duda entonces: la Sala Civil de Decisión demandada se apartó
del derecho vigente y, en contra de las normas procesales y constitucionales,
renunció indebidamente a la libertad funcional que le corresponde, por lo que
su comportamiento constituye una clara vía de hecho. Sin embargo, en este caso,
como se considerará más adelante, eso no hace que sea procedente la acción de
tutela”.
Reiteró esta
Corte el imperativo constitucional de garantizar a los terceros interesados en
las decisiones de tutela su derecho a la defensa y por su derecho de
contradecir las decisiones, explicó la Corte:
“Al respecto debe anotar esta Sala que tal decisión y la
consideración en que se basa son contrarias a la jurisprudencia reiterada de la
Corte Constitucional[8],
e inaceptables; el tercero que se admite en el proceso de tutela como
coadyuvante de una de las partes, es aquél cuyo derecho puede resultar afectado
por la sentencia que adopte el juez de amparo y, por tal razón, a quien se debe
garantizar el derecho a la defensa de su interés en el proceso; si a esa
persona se le niega legitimidad para impugnar la decisión de primera instancia
que le resulte adversa, por la sola razón de que la parte demandada omitió
interponer ese recurso, lo que se hace es entregar a esta parte la disposición
sobre el derecho del tercero, en abierta contradicción con lo previsto en el
artículo 228 de la Carta Política, en el que se establece que en las
actuaciones de la administración de justicia "...prevalecerá el derecho
sustancial...”
Reafirmó esta Corte el carácter subsidiario y residual de la acción
de tutela, frente a las previsiones del artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, y
trajo a colación la providencia, “que puso fin al incidente de desacato”
dentro de la Acción de Tutela promovida por el Banco Cafetero contra la misma
Sala y Corporación. Señala la decisión:
“ La acción de tutela no procede cuando se la usa para suplantar
el incidente de desacato.
La sentencia de tutela por medio de la cual el juez de amparo ordenó
a la Sala Civil demandada resolver nuevamente sobre la regulación de los
perjuicios causados, claramente indicó que esa Corporación debía,
"...fallar nuevamente la segunda instancia, teniendo en cuenta la
totalidad de las pruebas recaudadas, las que apreciará según su criterio..."
(subraya fuera del texto); no otra cosa podía ordenar sin violar los artículos
86 y 230 de la Carta Política. Y ya que la Corporación demandada se apartó de
esa orden, e incurrió en un comportamiento que, como ya se consideró en el
aparte 3, constituye una vía de hecho, en contra de esa actuación irregular
procedía el incidente de desacato, ante el mismo juez que otorgó la tutela y
expidió la orden desacatada.
En efecto, el 12 de enero de 2000, el apoderado judicial del Banco
Bancafé aportó a este proceso de tutela, una copia del auto del 19 de noviembre
de 1999, mediante el cual, la Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior de
Bogotá que otorgó la primera tutela, puso fin al incidente de desacato
promovido por Bancafé, sociedad anónima de economía mixta contra la Sala de
Decisión integrada por los Magistrados Carlos Julio Moya Colmenares, Humberto
Alfonso Niño Ortega y Manuel José Pardo Caro" (folios 174-190 del segundo
cuaderno original).
En dicha providencia, la Sala que expidió la orden desacatada
resolvió: "Primero.- Declarar que los doctores Carlos Julio Moya
Colmenares, Humberto Alfonso Niño Ortega y Manuel José Pardo Caro incurrieron
en desacato al incumplir la orden contenida en el fallo de tutela proferido el
30 de junio de 1999. Segundo.- Imponer como sanción a los citados magistrados
multa de dos salarios mínimos mensuales. En su oportunidad líbrese la
correspondiente comunicación" (folio 185 del segundo cuaderno original).
De esa manera,
es inevitable concluir que la acción que se revisa es improcedente, puesto que
el actor contaba con otro mecanismo judicial para la defensa de sus derechos;
en consecuencia, esta tutela debió ser rechazada por el Consejo Seccional de la
Judicatura[9]”.
-El 18 de
abril de 2001, el Magistrado Moya Colmenares resolvió avocar nuevamente el
conocimiento del tramite incidental,  “teniendo en cuenta la sentencia
T-608/00  (..) a fin de hacer claridad frente a la decisión de esta instancia,
dado el sinnúmero de fallos de tutela, se procederá a adoptar la resolución que
corresponda”.
El apoderado
del Banco Cafetero interpuso los recursos de reposición y súplica, fundado i)
en que lo procedente era acudir al incidente de desacato, como se dispuso en la
sentencia T-608 de 2000, y ii) en razón de que la entidad habría sido relevada
del pago de perjuicios el 15 de julio de 1999.
El 26 de
septiembre del mismo año el Magistrado Moya Colmenares se pronunció en el
sentido de mantener la decisión, fundado en que el Tribunal tenía que
definir la apelación del auto de 27 de agosto de 1997, dados sus diferentes
pronunciamientos, entre estos el auto del 15 de julio de 1999, cual a juicio
del inconforme mantenía su vigencia; y el 30 de octubre siguiente la Sala
integrada por los Magistrados Niño Ortega y Pardo Caro negó el recurso de
súplica, por improcedente.
-El 14 de
noviembre de 2001, “en razón del pedimento que en este asunto hiciese el
incidentante RAFAEL ANTONIO SALAMANCA  y que originó este trámite sui generis”,
el Magistrado Ponente precisó las razones que lo condujeron a avocar
nuevamente el conocimiento del asunto. Sostuvo el Magistrado Moya Colmenares,
fundamentalmente lo siguiente:
Pues bien: para
dilucidar el asunto cuestionado, vale decir, para determinar si existe o no
providencia de segunda instancia en relación con las diligencias de las que dan
cuenta las copias anexas, es oportuno dejar sentado, para lo que afluirá al
final, algunas breves explicaciones:
Como se
recordará, el Tribunal, por virtud del auto de 27 de noviembre de 1998, había
definido en segunda instancia la liquidación de perjuicios con los resultados
que allí se revelan.
Mas tal
providencia fue ineficaz cuando en sede de tutela se dictó el fallo de 30 de
junio de 1999, que dispuso resolver nuevamente el recurso.
Diciendo
cumplir con tal decisión, este Tribunal se pronunció entonces mediante el auto
de 15 de julio de 1999.
Ya luego, sin
embargo, el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca estimó mediante
sentencia de 13 de agosto de 1999, que esta Corporación, por conducto de la
Sala de Decisión que preside el suscrito, había incurrido nuevamente en vía de
hecho en la providencia de 15 de julio de 1999.
En acatamiento
a lo señalado en dicho fallo, procedió entonces el Tribunal a dictar el
proveído de 24 de agosto de 1999.
Sucedió no
obstante, que el memorado fallo de Tutela (13 de agosto de 1999) fue revisado
por la H. Corte Constitucional mediante la sentencia T-608 de 2000, en la que
se dispuso revocar el fallo del Consejo Seccional de la Judicatura y en su
lugar rechazar la solicitud de amparo.
En esas
condiciones, el proveído que dictó la Sala de Decisión el día 24 de agosto de
1999 perdió validez, habida cuenta que la misma pendía del fallo que luego se
revocó.
Con esos
prolegómenos, el Banco incidentado estimó entonces que el asunto quedó
finiquitado con el auto de 15 de julio de 1999, el que no sufrió ningún adarme.
Mas advierte
el Tribunal, observando con cuidado las decisiones de tutela referidas y los
antecedentes ya expuestos, que no existe en verdad providencia alguna que haya
dirimido el conflicto en segunda instancia.”
-El 31 de mayo
de 2002, conforme lo esbozado en las providencias referidas, en atención a la
sentencia T-608 de 2000[10]
de esta Corporación y dado que “ (..) no ha habido pronunciamiento
definitivo en relación con el asunto puesto a conocimiento (..)”, la Sala
Civil del H. Tribunal Superior de Bogotá, que preside el Magistrado Moya
Colmenares dictó “la decisión que corresponde y que decide en segunda
instancia el incidente de regulación de perjuicios en este asunto”, en
consecuencia resolvió:
a) Revocar los
numerales 6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.1 (sic) y 6.2 de la providencia proferida el
27 de agosto de 1997, por el Juzgado Quince Civil del Circuito de Bogotá, en
consecuencia relevar a la incidentada de pagar los perjuicios reclamados por
los gastos en que incurrió el señor Salamanca con ocasión del proceso penal por
el delito de Estafa, adelantado contra el ex Gerente de la entidad y el señor
Rey Escobar, como también exonerarla de restablecer al afectado por los daños
en que habría incurrido para detener, sin éxito, la ejecución en su contra,
expuso la Sala accionada:
“No hay mayor
dificultad para negar el reconocimiento de este perjuicio, si se repara en el
hecho de que la obligación de pagar perjuicios a cargo del Banco se deriva de
este proceso y del embargo que se cristalizó en él. No existe relación de
causalidad entre el proceso penal y la medida cautelar que se consumó en este
proceso civil, por manera que no hay cómo decir que éste fue causa de aquél.
Además los perjuicios a que fue condenado en el proceso penal el señor Carlos
Rodríguez no pueden trasladarse a esta liquidación, toda vez que el Banco no
fue parte en el susodicho proceso, o por lo menos no hay prueba de ello. La
condena allí impuesta sólo vincula a quienes participaron en la comisión del
reato criminoso y solo a ellos, frente al perjudicado.
(..)
(..) no hay
cómo decir que el pluricitado pago se hizo con ocasión del proceso o en razón
del embargo. Nótese cómo se entró esa suma de dinero antes de que se iniciara
este proceso, de tal manera que no existe relación directa entre el daño (el
proceso y la medida de embargo) y el susodicho abono, como que se hizo, según
lo afirma el mismo incidentante, precisamente para tratar de detener el proceso
y su correspondiente medida cautelar, lo cual demuestra, a todas luces, la
falta de relación (de causalidad) directa entre la entrega del dinero al Banco
y el proceso”.
b) Modificar y
adicionar el numero 6.3 de la decisión, y en su lugar disponer que el Banco
Cafetero S.A. pagará al señor Salamanca:
“a) La suma
de CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE. ($164.193.259.06) como valor
del perjuicio liquidado.
b) La suma de
VEINTITRÉS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS PESOS
CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE. ($23.535.922.94) por concepto de intereses
liquidados a la tasa del 6% anual, desde el día 22 de enero de 1994 y hasta que
se verifique el pago de dicha suma.
c) Los
intereses de la suma de CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON CERO SEIS CENTAVOS M/CTE.
(($164.193.259.06), liquidados a la tasa del 6% anual, desde el día 22 de enero
de 1994 y hasta que se verifique el pago de dicha suma”.
Fundamentó el
juzgador la condena en que “el aducido embargo no trajo como única
consecuencia la inmovilización de la suma de dinero que para entonces allí se
encontraba. Implicó asimismo la inmovilización de la cuenta y es de allí de
donde se deriva en forma plena el perjuicio”; y sobre el monto de éste
expuso:
“El promedio
de ventas facturadas durante la ejecución del contrato de suministro alcanzó a
$14.073.708 M/Cte. Sobre este promedio el comprador aseguraba como ganancia el
30% del descuento ($4.222.112.40 mensuales), durante casi cinco años que
faltaron para completar el término contractual. Más como el incidentante señaló
que la ganancia alcanzaba apenas un 20% que equivale a $2.814.741.60 mensuales,
es evidente que al cabo del tiempo transcurrido entre la fecha en que según el
incidentante se dio por terminado el contrato (3 de marzo de 1989) y la fecha
en que debía terminar normalmente el contrato (21 de enero de 1994), es decir
58,333333 meses, debió recibir indefectiblemente la suma de $164.193.259.96
M/Cte. Como a consecuencia de la terminación del contrato no los recibió, se
debe esta cantidad por concepto del daño, debiéndose modificar la condena en
ese sentido.
Deberán
igualmente concedérsele intereses a razón del 6% anual, tasa solicitada por el
incidentado, porque también es evidente que si tal cantidad hubiese ingresado
al patrimonio de Salamanca, habría producido, por lo mismo interés. Se debe
entonces aceptar el argumento expuesto en el escrito de apelación presentado
por el BANCO en cuanto refiere que debe ser el interés legal y consecuentemente
desechar el de la parte incidentante. La sola frustración de un contrato
constituye per se daño, un fracaso en la economía de la parte y los daños se
pueden apreciar de la propia naturaleza de la expectativa que se ha visto malograda.
En este caso basta el sentido común para concluir la cuantía del daño, pues
SALAMANCA derivaba del contrato un resultado fijo, en determinado tiempo, ya
que no se trataba de un contrato aleatorio.
Pero no
obstante que se accederá a tales intereses, lo será en condiciones distintas de
las solicitadas por el incidentante como que éste los pide desde el 3 de marzo
de 1989, sobre el total que hubiese producido el contrato por el lapso en que
no se ejecutó ($164.193.259.06) siendo evidente que este interés debe
computarse sobre el valor de utilidad mensual. Así que para tal propósito se
deberá liquidar el interés sobre el valor de la ganancia mensual así (..) Total
Intereses (6% anual) $23.535.922.94.
Desde el 22
de enero de 1994 y hasta que se produzca el pago, se generarán intereses a la
tasa del 6% anual, sobre el valor total del perjuicio cuantificado en la suma
de $164.193.259.06.
En este
sentido se adiciona la condena”.
c) Modificar
el numeral 6.4 de la providencia adoptada por el Juzgado Quince Civil del
Circuito de Bogotá, en el sentido i) de confirmar “la condena al perjuicio
quinto, que al no darle paso el a-quo a la objeción hecha tanto por el
demandante como el incidentante al peritaje, se dispondrá el pago que los
peritos estimaron como valor del perjuicio, lo que vale decir, en la suma de
$72.500.000.oo M/Cte.” ; y ii) de condenar al pago de intereses moratorios “pero
no en las condiciones dispuestas por el Juzgado en tanto que éste los ordenó
pagar a la tasa del 59.79% anual sobre el valor total liquidado. Desde luego
que, como en el caso anterior, tales intereses deben liquidarse a una tasa del
6% anual y además, se deben percibir pero sobre la utilidad mensual y no total
(..)” hasta el 30 de noviembre de 1991.
Explicó la Sala
accionada que “si bien es verdad que convendría igualmente reconocer los
intereses que se causaran desde diciembre de 1991 hasta la fecha del pago, tal
como se dispuso cuando se liquidó el cuarto perjuicio, ha de repararse en que
ninguna de las partes, en sus respectivos recursos, reprocharon la
determinación de que los intereses respecto de este perjuicio sólo se
liquidasen hasta noviembre de 1991”.
Destacó el
Ad quem que las pruebas testimonial, documental y pericial allegadas al
plenario indican “con nitidez que al dar por terminado el contrato al que se
está aludiendo, se frustró la venta que producía una actividad de SALAMANCA, es
decir que, el resultado del hecho dañoso se tradujo en su propia ruina y no en
la retención de la exigua suma de dinero que éste tenía en la cuenta corriente
al momento de efectivizarse el embargo”.
d) Confirmar
la decisión según la cual el Banco Bancafé está obligado a retribuir al
afectado “la suma de $25.000.000.oo por concepto de la cláusula penal
pactada (..) junto con los intereses moratorios pero no liquidados a la tasa
del 65.85% anual como lo ordenase el Juzgado sino a la tasa del 6% anual,
habida cuenta que se trata de la misma situación fáctica que implicó el aplicar
esa tasa a las condenas anteriores, por lo que este aparte también se
modificará para ordenarlos pagar a esa tasa desde el 7 de diciembre de 1991
hasta la fecha en que se verifique el pago de la obligación”, e igualmente
mantener la providencia en cuanto relevó a la incidentada de pagar “la suma
de $14.500.000 M/Cte. que corresponden al pago de los intereses moratorios de
veintinueve (29) meses sobre la letra de la cláusula penal por las razones
obvias referidas por el a-quo en el auto impugnado”, como también de
restituir al incidentante los perjuicios que habría sufrido, por la terminación
anticipada del contrato de arrendamiento de una bodega. Expuso la Sala
accionada:
“Germán Gómez
notó que las garantías no se renovaron y viajó a Bogotá y constató que la
cuenta Bancaria estaba embargada por lo que dio por terminado el contrato,
exigiendo la devolución de la mercancía y haciendo efectiva la cláusula penal
por incumplimiento, pactada en $25.000.000.oo M/Cte., que se acordó pagar en el
término de dos años y medio, gracias al estricto cumplimiento de Salamanca,
quien pagó intereses de l2% mensual. Como Salamanca no tuvo capacidad de pagar
la suma de $25.000.000.oo M/Cte., Gómez le dio otra oportunidad encargándole
nuevamente todos los negocios para que de las gestiones se descontara el 30% y
se abonara al capital adeudado.
Rafael
Salamanca dejó de recibir utilidades por $2.500.000.oo M/Cte., mensuales por
haberse dado por terminado el contrato desde el 30 de junio de 1989, que debe
pagar el Banco Cafetero junto con sus intereses. Además pagará $25.000.000.oo
M/Cte., los intereses de esta cantidad durante 29 meses al 2% por concepto de
la cláusula penal.
(..)
Como bien se
expone en el auto impugnado, este perjuicio no se encuentra demostrado: se
anunció apenas la entrega anticipada de una bodega en la que supuestamente
guardaba las mercancías el señor RAFAEL A. SALAMANCA,  pero como también lo
confirman los peritos, no parece demostrada la circunstancia de que la entrega
anticipada y el correspondiente pago de la pena al arrendador por el incidentante,
se debió a los argumentos que aquí se plantean en soporte del daño.
Sostuvo el Ad
quem, entre otras consideraciones, a manera de conclusión:
“Ampliamente
se encuentra debatido, probado y fallado que Rafael Antonio Salamanca fue
victima de un punible, siendo victimario el señor Carlos E. Rodríguez Quiroga,
Gerente Supernumerario del Banco Cafetero Sucursal Las Granjas, en complicidad
con el demandado Fernando Rey Escobar.
Además, que
desde el primer momento en que se inició el cobro prejudicial por parte de la
entidad Bancaria y a través del ejecutivo mismo, el incidentante precitado
hizo, mediante repetidas comunicaciones infructuosas (fls. 51. 53. 131 Cdno. 1
de copias), lo necesario para poner en conocimiento de la demandante el origen
y causa lícita de la obligación demandada. En verdad que procuró evitar por
todos los medios a su alcance, que se produjeran las medidas cautelares que
afectaran sus bienes y su acreditada cuenta corriente, soporte financiero de
sus operaciones mercantiles, llegando incluso hasta pagar la suma de $ 600.000,
que no debía, con el fin de soslayar la continuación del proceso.
Ocurrió
empero que tales actitudes resultaron frustráneas como que nunca obtuvo por
parte de la demandante respuesta positiva de abstenerse de realizar actuaciones
en detrimento de sus intereses y por el contrario, del contenido del cruce de
correspondencia que obra en el plenario, se advierte que sí concurrió en el
demandante BANCO CAFETERO, el ELEMENTO A SABIENDAS  suficiente para llevar
adelante actuaciones de las que elementalmente se preveía derivaban un daño
reiteradamente anunciado (véase a tal efecto las comunicaciones obrantes a
folios 55, 56, 58 del cuaderno de copias).
Así las
cosas, la providencia de primer grado debe ser confirmada con la modificación
que se desprende de lo dicho en la parte motiva de esta (sic) proveído, en
razón de que el incidentante probó los elementos de la responsabilidad para que
el Banco resarza los perjuicios en la cuantificación hecha por el Tribunal,
pero sólo los derivados de la terminación de los dos contratos aludidos
anteriormente, independientemente de la calidad de comerciante que adujo RAFAEL
ANTONIO SALAMANCA  y puesto que los demás argumentos del incidentado Banco
Cafetero, ni tienen entidad suficiente como para desvirtuar el supuesto de
hecho del incidente, y por tanto, no tienen la virtualidad de aniquilar las
pretensiones de aquél, en su totalidad. (..)”.
-El 1° de
noviembre de 2002, en atención a la solicitud presentada por el apoderado del
señor Salamanca la Sala accionada dispuso adicionar el auto del 31 de mayo
anterior, en el sentido i) de condenar al “Banco demandante a pagar
integralmente, con base en criterios técnicos actuariales de precios al
consumidor I.P.C. la indemnización reconocida en el ordinal a) del numeral
segundo de la parte resolutiva del proveído que se adiciona a partir del 22 de
enero de 1994 y hasta cuando el pago de efectúe”; y ii) de ordenar que el
pago incluya “los perjuicios relacionados en el ordinal a) del numeral tercero
de la parte motiva del auto memorado, con base en el I.P.C. operación que debe
realizarse a partir del día 1° de diciembre de 1991 y hasta cuando el pago se
verifique”.
Explicó la
accionada sobre su determinación i) “que el artículo 311 del C. de P.C.
permite la adición de los autos, de oficio o a petición de parte formulada
dentro del término de ejecutoria del auto que se pretende adicionar”; ii)
que el artículo 16 de la Ley 446 de 1998 “le impone al fallador la
obligación de atender “los principios de reparación integral y equidad”
observando los principios técnicos actuariales”; y iii) que en la parte
motiva de la providencia de 31 mayo de 2002 se reconoció el pago en forma
integral “solo que en la parte resolutiva se pasó por alto tal pronunciamiento
expreso en tal sentido”.
-El 11 de
diciembre del 2002, mediante providencia de la fecha, la Sala Civil del H.
Tribunal Superior de Bogotá denegó la solicitud de adición y complementación
presentada por el apoderado de BANCAFE, respecto del auto anterior, como quiera
que “la decisión no tuvo omisión alguna como para pretenderse una
complementación”. Señala la providencia:
“Pretende en
este caso el libelista, que se aclare la providencia señalada en cuanto allí se
indicó que la indemnización integral debía ser reconocida “con base en los
criterios técnicos actuariales de precios al consumidor IPC” pues en su sentir
la misma no resulta inteligible.
Mas no cabe
aquí la aclaración deprecada en la medida en que la frase que en trasunto fiel
viene de consignarse, nada de sibilino tiene, a propósito que se comprende
suficientemente que los criterios técnicos actuariales que allí se refieren,
son precisamente, los métodos que utiliza el DANE  para efectos de determinar
el Indice de Precios al Consumidor.
La adición
que igualmente se pretende y que persigue que “se indique si en la indexación
ordenada en la providencia de noviembre 1° de 2002 se incluye o no el interés
técnico del 6% anual y en caso afirmativo si se causa o no un interés adicional
una vez efectuada la indexación”, tampoco es procedente.
Desde luego
que el asunto de marras y menos por el motivo expuesto, cabe dentro de la
hipótesis de la adición, pues la decisión del Tribunal comprendió todos los
extremos que enmarcan la controversia suscitada entre las partes y no se
observa que haya otro punto sobre el que sea forzoso decidir.
Nótese que en
el proveído de 31 de mayo de 2002, se indicó con precisión los valores que el
Banco debe pagar a título de indemnización, señalando asimismo la tasa de
interés que operará sobre el valor liquidado como perjuicio, disponiendo además
desde cuándo y hasta cuando es menester el reconocimiento de los intereses. Por
su lado, en el auto de 1° de noviembre de 2002, que adicionó el anterior, como
se advierte con facilidad, la indexación allí ordenada hace alusión
exclusivamente a los valores de capital reconocidos, esto es, los que se
relacionan en los literales a) del numeral segundo, y a) del numeral tercero,
del referido auto de 31 de mayo de 2002
Por modo que
como todo ello se vislumbra con diafanidad de las mencionadas providencias,
desembócase sin más en que la decisión no tuvo omisión alguna como para
pretenderse una complementación”.
-El 9 de mayo de 2003, la Sala
accionada desestimó la nulidad propuesta por el apoderado del Banco Cafetero,
contra todo lo actuado en segunda instancia, “a partir de la providencia de
13 de octubre de 2000 por medio de la cual, careciendo de competencia funcional
el Tribunal en su Sala de Decisión a través del Magistrado Sustanciador dispuso
que el juzgado a-quo remitiera las copias para surtirse la apelación contra el
auto que desató el incidente de perjuicios promovido por el demandado Rafael
Salamanca”.
Argumentaba el apoderado de la
entidad financiera que la segunda instancia fue resuelta el 15 de julio de
1999, mediante providencia que absolvió a la entidad de pagar los perjuicios, a
que hace referencia la sentencia del 28 de agosto de 1991 del Juzgado Quince
Civil del Circuito de Bogotá, confirmada el 8 de julio de 1994.
No obstante el juez del
conocimiento consideró que esta Corte dejó sentada la vía de hecho, en que se
incurrió al proferir la providencia del 15 de julio en mención, de donde
concluye i) que “las decisiones ilegales no atan ni al juez ni a las partes”;
ii) que “en tratándose de autos no opera el principio de cosa juzgada, por
manera que una decisión que no se acompasa con el ordenamiento legal puede ser
desquiciada en cualquier momento dado que un error no puede servir de pilar
para edificar sobre él otros o una cadena de errores”; iii) que “si no
se hubiera dictado el auto de 31 de mayo de 2002 el asunto se hubiera quedado
sin definición”, y iv) que los argumentos esgrimidos el 14 de noviembre de
2001, en providencia de la fecha, “demuestran claramente cómo no se ha
incurrido en falencia alguna que de al traste con la actuación hasta ahora
surtida”.
-La Sala accionada, esta vez
en cumplimiento de la sentencia de primera instancia que se revisa –10 de junio
de 2004-, revocada más adelante por el Superior, , resolvió dejar sin valor ni
efecto “los proveídos de fechas 13 de octubre, 15 de diciembre de 2000, 14
de febrero, 18 de abril, 26 de septiembre, 14 de noviembre de 2001, 31 de mayo,
1° de noviembre, 11 de diciembre de 2002, 22 de enero y 9 de mayo de 2003, y 18
de febrero de 2004 quedando vigente, como auto por medio del cual se decidió el
incidente de regulación de perjuicios tramitado en el juicio de la referencia,
el proferido el 15 de julio de 1999”.
1.2.2.3        Acción
de tutela de BANCAFE S.A. contra la Sala Civil del H. Tribunal Superior de
Bogotá, T-318.044[11].
La Sala accionada incurrió en vía de hecho al proferir la providencia de 24 de
agosto de 1999
-El 31 de enero de 2000, el
Banco Cafetero BANCAFE S.A., por intermedio de apoderado, instauró una nueva
acción de tutela en contra de la Sala Civil del H. Tribunal Superior de Bogotá
que preside el Magistrado Carlos Julio Moya Colmenares, motivada en que al
proferir el auto de 24 de agosto de 1999, “el Tribunal consideró erradamente
(..) de la prueba recaudada –documental-testifical- los presupuestos de
convicción para aprobar la liquidación en cuanto a los numerales 4° y 5° de la
liquidación”.
Los Magistrados integrantes de
la Sala accionada y el señor Rafael Antonio Salamanca intervinieron para poner
de presente, “que el peticionario BANCAFE  y su apoderado incurrieron en
TEMERIDAD.”
Los Magistrados intervinientes
afirmaron que “la acción puesta ahora a consideración de ustedes para su
decisión es la segunda tutela promovida por el Banco Cafetero. Una y otra se
apoya en idénticas circunstancias, aunque descritas de diferente manera; se
trata del mismo derecho violado, el debido proceso, porque presuntamente se
incurrió en vías de hecho en la valoración probatoria. Existe así una identidad
entre las dos acciones de tutela, cuyo efecto es el rechazo o la decisión
desfavorable de la petición, con las demás consecuencias que consagra el
imperativo artículo 38 del Decreto 2591 de 1991”; y el nombrado Salamanca
dio cuenta de que:
“El BANCO CAFETERO en total desconocimiento de las decisiones
judiciales y de las instituciones y con abuso de sus propias razones, adelantó
un supuesto incidente de desacato CONTRA LA DECISIÓN QUE A SU VEZ OTRORA LE
HABIA SIDO FAVORABLE, en contra de la Sala de Decisión integrada por (..), por
lo que la Corte Suprema de Justicia y con ocasión de la consulta de la sanción
que fuera impuesta a dichos Magistrados revocó en todas y cada una de sus
partes la decisión consultada y en su lugar denegó por improcedente la
pretensión incidental de desacato, máxime cuando dicha sanción se soportó sobre
un auto inexistente, esto es el que resolvió la primera tutela y que fue
reemplazado por el auto que decidió la segunda tutela.
14.- Como si lo anterior fuere poco, el BANCO CAFETERO por
intermedio de su representante legal, nuevamente abusando del derecho, obrando
en forma insólita y abusiva, impetra una segunda acción de tutela, por los
mismos hechos y derechos que la primera, prohibición expresa consagrada en el
artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, razón suficiente para el despacho
nugatorio de sus pretensiones, empero eso sí, con las correspondientes
sanciones tanto procesales como disciplinarias por tan abusivo proceder”.
-El 15 de febrero de 2000 la
Sala Civil del H. Tribunal Superior de Bogotá, que preside la Magistrada María
Teresa Plazas Alvarado desestimó la tutela incoada, por considerar que la Sala
de la misma Corporación accionada no incurrió en vía de hecho, indicó el
fallador de primera instancia.
“Esta última, como puede verse, hace un extenso análisis, uno a uno
de los perjuicios reclamados y cada una de las pruebas aportadas, de donde se
puede concluir que se dio estricto cumplimiento al fallo de tutela emitido por
el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y al hacerlo, no incurrió
la Sala de Decisión accionada, en la conducta carente de objetivo o en
obedecimiento a voluntad caprichosa con el único motivo de causarle un (sic)
perjuicios al peticionario. Además no pueden perderse de vista los siguientes
aspectos: en primer lugar, la autonomía de los jueces en la valoración de las
pruebas, que sólo puede ser atacada si se incurre, como se viene repitiendo, en
vías de hecho; de otra lado, así como la acción de tutela está consagrada para
amparar a los gobernados en los derechos constitucionales fundamentales no se
creó para establecer procesos alternativos o sustitutivos de los ordinarios o
especiales, como tampoco para crear en el campo procesal una tercera instancia,
sino asegurar el respeto efectivo de los derechos fundamentales, porque como lo
dijo la Corte en sentencia C-543 antes mencionada, la actividad de la
jurisdicción no puede moverse eternamente en el terreno de la provisionalidad.
Existen tres fallos civiles en segunda instancia sobre la situación
que se debate en esta nueva tutela, el último de los cuales es similar al
primero, solo que con mayores fundamentos, que lo único que hizo fue cumplir
con la orden del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, de fallar
“con base en todas las pruebas recaudadas ..”
-El 22 de febrero del mismo
año el apoderado del Banco Cafetero interpuso el recurso de apelación y, el 30
de marzo de 2000, la Sala Civil de la H. Corte Suprema de Justicia revocó la
sentencia, para, en su lugar, disponer que la providencia del 24 de agosto de
1999 se profiera nuevamente, esta vez, excluyendo toda condena diversa a las
“contenidas en los literales a) de los numerales SEGUNDO y TERCERO
respectivamente, (..) en el proceso ejecutivo adelantado por el BANCO CAFETERO
contra FERNANDO REY ESCOBAR y RAFAEL ANTONIO SALAMANCA[12].
Agregó que  los “intereses
sobre las sumas referidas en dichos literales se liquidarán en los lapsos
indicados en los literales c) y b) de los numerales SEGUNDO y TERCERO, respectivamente,
pero por las razones indicadas al final del numeral V de las consideraciones a
la tasa del 6% anual, que corresponde a los intereses legales[13].”
Para fundamentar la decisión
expuso, fundamentalmente, lo siguiente:
“En lo que sí advierte la Corte vía de hecho judicial, en materia
probatoria, es en lo atinente a la condena impuesta al Banco Cafetero por
concepto de la CLÁUSULA PENAL ($25.000.000), que se dice tuvo que pagar RAFAEL
ANTONIO SALAMANCA con consecuencia de la terminación del contrato de mandato
sin representación que había suscrito con GERMAN GOMEZ, toda vez que en
relación con esta condena no se advierte probada la causa determinante (..)
2.1. En la providencia materia de esta acción de tutela (auto de 24
de agosto de 1999) los accionados admitieron que el incidente de regulación de
perjuicios era procedente con arreglo al literal d), numeral 2, del artículo 510
del C.P.C., por cuanto el ejercicio del propio derecho desplegado por el Banco
Cafetero en el proceso ejecutivo que promovió contra RAFAEL ANTONIO SALAMANCA y
otro, se convirtió en “injusta causa ligandi” que “da lugar al resarcimiento de
perjuicios” al tenor del artículo 2341 del C.C. Después de sentar esas bases,
con las que, de entrada ubicó la fuente de la indemnización a cuantificar en la
responsabilidad civil extracontractual del Banco, la Sala accionada se ocupó
del tema de la causalidad, del cual pasó posteriormente al examen probatorio
del quantum del perjuicio.
Sin embargo, al tratar particularmente el punto de los réditos,
concretamente el monto de los intereses moratorios discutidos por el Banco,
para quien sólo debían tenerse en cuenta los legales, la Sala accionada
consideró que no eran estos últimos los que debían aplicarse, “pues no es
cierto que se trate de establecer una responsabilidad civil extracontractual,
sino de valorar unos perjuicios derivados de una condena preceptiva, como se
dijo que desquiciaron un contrato de carácter comercial”. Así, los accionados,
después de haber fijado, cual se dijo, la fuente de indemnización en la
responsabilidad extracontractual, introdujeron en la providencia cuestionada el
concepto de la condena preceptiva como fuente diversa de responsabilidad,
creándose de ese modo una confusión inaceptable, pues no podían salirse del
marco jurídico de la extracontractual fijada de antemano como punto de partida
de la cuantificación del perjuicio; confusión que los llevó de paso a
involucrar en esa tarea aspectos inclusive atinentes a la responsabilidad
contractual, como que en vez de aplicar la tasa correspondiente a los intereses
legales de las sumas que fueron reconocidas como daño emergente en relación con
la terminación de los contratos ya aludidos (6% anual), bajo el pretexto de ser
esos contratos disueltos de carácter comercial –que no era el criterio a tener
en cuenta-aplicaron una tasa de intereses sobre esas sumas que jurídicamente no
era posible, pues está vinculada al concepto de daño a un interés positivo o
daño a un interés de cumplimiento, ajeno como se vio al incidente de regulación
promovido, por corresponder él al concepto de responsabilidad contractual.
2.      Material
Probatorio
Por solicitud
del Magistrado Ponente, fueron allegados a la actuación, i) el expediente que
contiene lo actuado en el proceso Ejecutivo promovido por el Banco Cafetero
S.A. contra Fernando Rey Escobar y Rafael Antonio Salamanca, remitido por la
secretaría del Juzgado Quince Civil del Circuito de Bogotá; ii) los expedientes
contentivos de las dos acciones de tutela instauradas por el Banco Cafetero
S.A. contra la Sala Civil del H. Tribunal Superior de Bogotá –T-236.171 y
T-318.044-, remitidos por la secretaría de esa Corporación; y iii) fotocopia de
lo actuado dentro de la acción de tutela instaurada por Rafael Antonio
Salamanca contra la Sala Civil del H. Tribunal Superior de Bogotá –T-
284.734/608 de 2000-, recibidas de la secretaría de la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca.
Expedientes que
deberá devolver la Secretaría de esta Corporación a los despachos judiciales
remitentes, como se ordena en la parte resolutiva de esta decisión.
3.      La
demanda –Acción de Tutela del Banco Cafetero BANCAFE S.A. contra la Sala Civil
del H. Tribunal Superior de Bogotá –T-963.630-
El Banco
Cafetero BANCAFE S.A., por intermedio de apoderado, instaura acción de tutela “contra
la providencia integrada por los autos del 31 de mayo de 2002, 1° de noviembre
del mismo año y 11 de diciembre de 2002”, para que en su lugar se disponga
mantener “la decisión contenida en la providencia de fecha julio 15 de 1999
expedida por esa misma Sala del Tribunal Superior de Bogotá, dentro del trámite
incidental del proceso de ejecución que se tramitó en el Juzgado 15 Civil del
Circuito de Bogotá, que, ilegalmente, incurriendo en vías de hecho, fue
modificada por la Sala mediante el fallo acusado, al proferirse por éste CARECIENDO
DE COMPETENCIA FUNCIONAL, para tal efecto” –destaca el texto-.
Se refiere a las
providencias del 15 de junio y del 24 de agosto de 1999, como también a los
autos de 31 de mayo, 1° de noviembre y 11 de diciembre de 2002 proferidos
dentro del Incidente de Regulación de Perjuicios, ya reseñados, y concluye que
la Sala Civil accionada incurrió en vía de hecho al decidir en segunda
instancia un incidente que había sido resuelto el 15 de julio de 1999.
Aduce que el
artículo 357 del Código de Procedimiento Civil circunscribe la competencia de
los jueces de segunda instancia al conocimiento del recurso, y comporta los
actos de trámite, la decisión, la liquidación de costas y los decretos de
copias y desgloses; consecuente con lo expuesto afirma que la Sala accionada no
podía disponer que un asunto que ya había sido resuelto le sea devuelto por el
inferior, y menos proferir una nueva decisión, además supliendo el “silencio
del señor RAFAEL SALAMANCA”, a quien le correspondía promover el incidente
de desacato, para poder así “fallar nuevamente el asunto”.
Se apoya en
sentencias de esta Corporación, sobre la procedencia excepcional de la acción
de tutela contra decisiones judiciales en firme, se detiene en el trámite del
proceso Ejecutivo adelantado por su poderdante contra el nombrado Salamanca, y,
para finalizar, declara, bajo la gravedad del juramento, “que mi
representada BANCAFE S.A. ni el suscrito hemos promovido acción de TUTELA
anterior a la presente en relación con la providencia acusada y que lleva fecha
31 de mayo de 2002”.
4.      Intervención
Pasiva
La Sala de
Casación Civil de la H. Corte Suprema de Justicia avocó el conocimiento de la
acción que se revisa y dispuso la notificación del asunto a los Magistrados
integrantes de la Sala que profirió las providencias de 31 de mayo, 1° de noviembre
y 11 de diciembre de 2002, así mismo enterar de la iniciación del trámite a
quienes fueron parte en el Incidente de Regulación de Perjuicios, adelantado
por Rafael Antonio Salamanca contra el Banco Cafetero S.A. ante el Juzgado
Quince Civil del Circuito de Bogotá.
a) El Magistrado
Carlos Julio Moya Colmenares interviene para solicitar que el amparo deprecado
se niegue i) como quiera que “basta examinar con algo de cuidado todos y
cada uno de los puntales que le sirvieron de fundamento a la resolución
impugnada para ver de establecer (sic) que la decisión cuestionada por vía de
tutela se ajusta en un todo a la ley”, ii) toda vez que “la supuesta
falencia puesta de presente por la petente, se puso en conocimiento en el curso
del proceso, fue analizada y decidida en primera y  en segunda instancia”,
y iii) en razón de que “la mera lectura del escrito de tutela pone de
manifiesto que la intención del peticionario es la de que un nuevo juzgador, en
este caso la H. Corte, se aplique nuevamente a evaluar y sopesar el tema de la
apelación, tal cual como se trata de las instancias mismas del asunto para
acariciar así la posibilidad de que se coincida con el análisis que de su parte
considera más adecuado”.
b) El señor
Rafael Antonio Salamanca, por intermedio de apoderado, concurre a la actuación,
para solicitar que se niegue la protección, “en razón a que es abiertamente
inconstitucional e ilegal”.
Destaca que esta
Corte “dejó sin valor, sin poder, sin eficacia, por ser inconstitucional e
ilegal el auto de 15 de julio de 1999, por sentencia T-608/00 de 25 de mayo de
2000, la cual se encuentra debidamente ejecutoriada y que constituye por
consiguiente cosa juzgada constitucional al tenor del inciso primero del
artículo 243 de la Carta Política”, por lo que concluye que “no es
posible revocar la decisión integrada por los autos del 31 de mayo de 2002, 1°
de noviembre del mismo año y 11 de diciembre de 2002”, para en su lugar
darle plenos efectos al auto de 15 de julio de 1999.
Para sustentar
lo dicho, trae a colación apartes de la sentencia T-608 de 2000 en lo relativo
a la providencia de 15 de julio de 1999, como también en lo tocante al carácter
subsidiario y residual de la acción de tutela, y sostiene que habiendo
tramitado la entidad financiera un incidente de desacato, con miras al
desconocimiento de la aludida providencia, no podía su representado promover un
amparo con miras a restablecer sus efectos.
Finalmente
sostiene que “todo lo que tacha la acción de tutela de BANCAFE  como
generadores de vías de hecho no existe. El auto de 15 de julio de 1999 es
inconstitucional e ilegal y por consiguiente es invalido, El incidente de
desacato se promovió se tramitó y falló. La Honorable Corte Constitucional le
dio validez al incidente de desacato”.
5.      Decisión de primera instancia
El 10 de junio
de 2004, la Sala de Casación Civil de la H. Corte Suprema de Justicia concedió
la protección, en consecuencia dispuso que la Sala accionada, en el término de
las 48 horas siguientes a la notificación de la decisión, tomaría “las
medidas necesarias y eficaces que conduzcan a que mantenga vigencia la
providencia dictada el 15 de julio de 1999” [14].
Consecuente con
lo decidido sostiene que “en el incidente de regulación de perjuicios de que
aquí se trata existe una providencia que no ha perdido vigencia, el auto de 15
de julio de 1999 que profirió la sala accionada justamente con ocasión de una
acción de tutela  por la que decidió absolver al Banco Cafetero”, e indica
que la Sala accionada no podía revivir un asunto que “al menos formalmente
estaba decidido”.
6.      Impugnación
El apoderado del
tercero interviniente impugna la decisión, para el efecto reitera los
planteamientos de su escrito de intervención, que se dirigen fundamentalmente a
controvertir la vigencia del auto de 15 de julio de 1999 a la luz de la
sentencia T-608 de 2000, y de lo resuelto en el incidente de desacato,
promovido por la actora.
7.      Cumplimiento
de la decisión
El 22 de junio
de 2004 la Sala accionada “[t]eniendo en cuenta lo dispuesto en la sentencia
de fecha 10 de los cursantes mes y año, proferida por la Sala de Casación Civil
de la H. Corte Suprema de Justicia dentro de la acción de tutela que contra
esta Sala promovió Bancafé, en la que se determinó la falta de competencia
funcional de este Tribunal  para la expedición de los autos de 31 de mayo de
2002 y 1° de noviembre de 2002” resolvió dejar sin valor ni efecto estas
decisiones, al igual que todas las adoptadas, dentro del Incidente de
Regulación de Perjuicios desde el 13 de octubre de 2001.
El Magistrado
Manuel José Pardo Caro salva el voto, para el efecto expone:
“Con mi acostumbrado respeto me aparto de la decisión mayoritaria
por las siguientes razones: a) Desconocía el trámite de la acción de tutela
cuyo fallo es el que sirve de fundamento a la providencia, desconocimiento que
obedece a que no fui notificado de su admisión. b) Desconozco igualmente el
texto del fallo de tutela pues hasta este momento tampoco se ha traído el
expediente. c) La providencia de la cual me aparto legalmente corresponde
proferirla al magistrado ponente (sic) y no a la Sala de Decisión pues
tradicionalmente se viene considerando que esta clase de decisión equivale a la
de declaración de nulidad procesal (arts. 26, 29 C. de P.C.). Si la providencia
equivale a la declaratoria de nulidad procesal es susceptible del recurso de
apelación (art. 351-8 Ib.) y, por lo tanto, susceptible también del recurso de
súplica (art. 363 Ib.). Como la providencia la profiere la Sala de Decisión,
entonces, se le impide a las partes interponer contra ella el recurso de
súplica y de esa manera se les vulnera el debido proceso”.
8.      Decisión
de segunda instancia
La Sala de
Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, en providencia del 22 de
julio de 2004, revoca la decisión, en cuanto el 31 de mayo, 1° de noviembre y
11 de diciembre de 2002 la Sala accionada definió la segunda instancia en
ejercicio de “los principios de autonomía e independiente judicial”, respetando
el derecho de defensa de BANCAFE .
Para fundamentar
su aserto trae a colación apartes de la sentencia del 29 de octubre de 1998, de
esa Sala, sobre la improcedencia absoluta de la acción de tutela contra
providencias judiciales, y para concluir asegura que lo acontecido en torno de
la definición del Incidente de Regulación de Perjuicios promovido por Rafael
Antonio Salamanca contra Bancafé S.A. “muestra a las claras y de manera
contundente lo nocivo que resulta dar cabida a la tutela contra providencias
judiciales”.
9.      Trámite en sede de revisión
El Magistrado
sustanciador i) al observar que el amparo invocado por BANCAFE S.A. se
fundamenta en las decisiones adoptadas dentro de la segunda instancia del
Incidente de Regulación de Perjuicios promovido por Rafael Antonio Salamanca,
en razón del proceso Ejecutivo instaurado por aquella contra el nombrado
Salamanca; y, ii) al percatarse de la incidencia de las varias acciones de
tutela en la decisión de la instancia, dispuso la remisión de los expedientes
T-236.171, T-284.734, y T-318.044.
Cumplido lo
ordenado, como se aprecia en la reseña que antecede, entra la Sala a resolver
lo que corresponde.
II.      CONSIDERACIONES
Y FUNDAMENTOS
1.      Competencia
Esta Sala es
competente para revisar las anteriores decisiones, de conformidad con lo
establecido en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política y 31 a 36
del Decreto 2591 de 1991, y por selección de la Sala Número Siete de esta
Corporación, mediante providencia del 24 de septiembre de 2004.
2.      Asunto objeto de decisión
Corresponde a
esta Sala decidir si la Sala Civil del H. Tribunal Superior de Bogotá quebrantó
las garantías constitucionales del Banco Cafetero BANCAFE S.A. al resolver el
31 de mayo, 1° de noviembre y 11 de diciembre de 2002 la apelación interpuesta
por ambas partes contra la providencia de 27 de agosto de 1997, dentro del
Incidente de Regulación de Perjuicios promovido por Rafael Antonio Salamanca
contra la entidad accionante.
Para el efecto,
resulta necesario determinar el estado y alcances de la providencia de 15 de
julio de 1999, proferida por la accionada con el propósito de resolver la
mentada apelación, dentro del marco de la primera de las cuatro invocaciones de
amparo promovidas contra los pronunciamientos que han tratado de definir la
instancia, como quiera que la entidad actora insiste en que la aludida providencia
conserva su vigencia, en tanto el incidentante Salamanca, y la Sala accionada
controvierten la aplicación del proveído a la luz de la sentencia T-608 de 2000
de esta Corporación.
No obstante,
como el Incidente de Regulación de Perjuicios promovido contra el Banco
Cafetero BANCAFE S.A., en razón de la condena proferida en su contra por el
Juzgado Quince Civil del Circuito de Bogotá, se enmaraña en órdenes de amparo
de diverso contenido, esta Sala, en ejercicio de sus facultades
constitucionales en materia de tutela de los derechos fundamentales, tendrá que
armonizar la pretensión de amparo con los dictados del artículo 38 del decreto
2591 de 1991, con el fin de adoptar los correctivos e instar a las autoridades
correspondientes para que se inicien las investigaciones del caso.
3.      Procedencia de la acción
Dada la
naturaleza subsidiaria y residual de la acción de tutela, y en razón del carácter
excepcional de la misma frente a decisiones judiciales en firme, corresponde
inicialmente determinar si el actor utilizó los recursos previstos en el
ordenamiento para el restablecimiento de sus derechos y resolver si por este
aspecto la sentencia de segundo grado, en cuanto niega la protección por
improcedente, puede confirmarse.
Porque sólo ante
la comprobada eficacia de otro mecanismo de protección, el juez constitucional
puede declarar improcedente la acción, en cuanto será otro funcionario judicial
a quien le corresponde el ineludible deber de restablecer los derechos
fundamentales - artículos 2º, 86 y 228 C.P.-
[15].
Ahora bien, como
lo indican los antecedentes, dentro del trámite incidental promovido por Rafael
Antonio Salamanca contra el Banco Cafetero S.A., la Sala Civil del H. Tribunal
Superior de Bogotá profirió las providencias de 31 de mayo, 1° de noviembre y
11 de diciembre de 2002 para decidir el recurso de apelación instaurado por
ambas partes contra la providencia del 27 de agosto de 1997 del Juzgado Quince
Civil del Circuito de Bogotá, de modo que la acción que se revisa es
procedente, porque las decisiones tomadas en segunda instancia no se
controvierten haciendo uso de recursos ordinarios, y no pueden revisarse, ni
casarse, cuando se dictan en el ámbito de trámites incidentales.
Debe esta Sala
reiterar, en consecuencia, la consistente jurisprudencia constitucional sobre
la procedencia de la acción de tutela contra las decisiones judiciales que
vulneran las garantías constitucionales, y hacer un llamado a prevención a los
jueces de amparo para que hagan uso de sus facultades de dirección con el fin
de impedir que el instrumento constitucional de protección de los derechos
fundamentales se utilice para hacer nugatorio el cumplimiento de los fallos y
puramente formales las condenas.
4.      Vía
de hecho en la providencia del 15 de junio de 1999. Autonomía e Independencia
de los jueces
a) El artículo 86 de la Carta
Política dispone que toda persona puede reclamar ante los jueces la tutela de
sus derechos fundamentales, mediante un procedimiento breve y sumario -que
opera en forma subsidiaria y residual-, directamente o por interpuesta persona,
ya fuere que la vulneración o amenaza provenga de una autoridad pública o de
aquellos ante quienes el afectado se halle en situación de subordinación o
indefensión.
Es claro entonces que todos
los jueces son llamados a emitir órdenes con miras al restablecimiento de los
derechos fundamentales, y también lo es que dichas órdenes tendrán que ser cumplidas,
sin perjuicio de las sanciones a las que se hacen acreedores quienes se rehúsan
a actuar o dejar de hacerlo, en la forma indicada por el juez constitucional.
Podría pensarse,
sin embargo, que por su autonomía e independencia los jueces y tribunales no
pueden someter sus actuaciones y decisiones al esclarecimiento de los jueces de
tutela, en cuanto podrían verse expuestos a recibir órdenes contrarias a la
exclusividad y plenitud de la instancia a su cargo, infringiendo por ende el
artículo 230 de la Carta, lo que no es así, dado que el sometimiento exclusivo
a la ley, a que se refiere la norma en comento, comporta muy especialmente el
respeto absoluto de los derechos fundamentales, como lo dictamina el artículo
2° del mismo ordenamiento, derechos éstos que partes y terceros pueden hacer
exigibles ante cualquier juez, en los términos del artículo 86 superior.
No desconoce
esta Sala las tensiones que pueden surgir al respecto, en razón de que podría
entenderse que el artículo 86 en cita autoriza el desconocimiento de las
facultades propias de las autoridades judiciales ordinarias, temores que
desaparecen cuando se comprende que el deber de restablecer el debido proceso
no transforma a los jueces y tribunales accionados en meros ejecutores de las órdenes
de amparo, como quiera que los pronunciamientos judiciales son y seguirán
siendo libres de injerencias externas, enmarcados en los dictados
constitucionales y en las previsiones legales, únicamente.
En este orden de
ideas, se ha de precisar que recabada una garantía constitucional lo que
corresponde a los jueces y tribunales accionados se circunscribe a reparar la
lesión, con un nuevo pronunciamiento o actuación, proyectada con fundamento en
las convicciones propias del juzgador, asegurándose, claro está, de observar
los dictados superiores otrora incumplidos, sin que para el efecto cuente que
el juez constitucional haya entrado o no, en razón del amparo, en el fondo del
asunto[16].
La acción de
tutela contra providencias judiciales pone de manifiesto, por consiguiente, el
papel preponderante de todos los jueces en el respeto de las garantías
constitucionales, a la vez que garantiza su independencia total y absoluta en
los términos del artículo 230 de la Carta, porque –como quedó explicado- los
jueces de tutela no deciden los asuntos confiados a los jueces ordinarios, sino
que encausan la función jurisdiccional, cuando ésta ha perdido el norte
señalado en la Carta Política.
b) Las función
de los jueces, en la protección de los derechos y garantías legales y
constitucionales de todas las personas, dio lugar a que esta Corporación, al
emitir la sentencia T-608 de 2000, considerara que la Sala Civil del H.
Tribunal Superior de Bogotá pasó por alto sus deberes e incurrió en vía de
hecho al emitir la providencia del 15 de julio de 1999, con miras a acatar el
amparo concedido al Banco Cafetero, por otra Sala de la misma Corporación, el
30 de junio anterior.
Indican los
antecedentes que la entidad financiera instauró acción de tutela motivada en que
al fallar la segunda instancia, dentro del Incidente de Regulación de
Perjuicios que le promovió el señor Rafael Antonio Salamanca, la Sala accionada
no apreció todas las pruebas allegadas al plenario, amparo que le fue
concedido, en cuanto se dispuso que la accionada se pronunciaría nuevamente,
esta vez estimando todo el material probatorio recaudado.
Sin embargo el
obligado dejó a un lado su autonomía e independencia “en aras de que esta
Sala no se aparte de los lineamientos esbozados en la sentencia de Tutela”, dijo
hacer suyas “las motivaciones de dicho fallo” y “erigir sobre estas
la decisión”, como quiera que “la orden impartida por el Juez de tutela
que es de imperativo cumplimiento”, a la vez que contrastaba su
pronunciamiento con su propia convicción, sobre las cuestiones objeto del
fallo.
Al punto que
esta Corte reprendió tal actitud y dejó sentada la vía de hecho observada, como
se desprende del siguiente aparte de la decisión –se destaca:
“1       La libertad funcional del juez es irrenunciable.
El comportamiento de la Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior
de Bogotá fue tachado por el actor como constitutivo de una vía de hecho,
porque el juez de tutela le ordenó a esa corporación resolver nuevamente un
recurso de apelación, y valorar todos los medios de prueba aportados al
incidente de regulación de perjuicios según su criterio, y la Sala demandada,
en lugar de ejercer su libertad funcional, resolvió limitarse a acoger el
criterio valorativo del juez de amparo (..)
De esa manera, es claro que la Sala de Decisión demandada sí
violó el derecho del actor al debido proceso, pues desatendió lo prescrito
en el artículo 230 de la Carta Política, según el cual, "los jueces, en
sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley. La equidad, la
jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son
criterios auxiliares de la actividad judicial”[17].
(..)
No cabe duda entonces: la Sala Civil de Decisión demandada se
apartó del derecho vigente y, en contra de las normas procesales y
constitucionales, renunció indebidamente a la libertad funcional que le
corresponde, por lo que su comportamiento constituye una clara vía de hecho.
(..)”.
Cabe puntualizar
que no obstante lo expuesto el amparo invocado por el señor Salamanca fue
declarado improcedente, dado el procedimiento previsto en el Decreto 2591 de
1991, relativo al cumplimiento de las órdenes de amparo, procedimiento éste al
que “la Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior de Bogotá que otorgó la
primera tutela, puso fin”, según la información allegada a esta Corte, en
sede de revisión, por el Banco Cafetero.
“En efecto, el 12 de enero de 2000, el apoderado judicial del Banco
Bancafé aportó a este proceso de tutela, una copia del auto del 19 de noviembre
de 1999, mediante el cual, la Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior de
Bogotá que otorgó la primera tutela, puso fin al "incidente de desacato
promovido por Bancafé, sociedad anónima de economía mixta contra la Sala de
Decisión integrada por los Magistrados Carlos Julio Moya Colmenares, Humberto
Alfonso Niño Ortega y Manuel José Pardo Caro" (folios 174-190 del segundo
cuaderno original).
En dicha
providencia, la Sala que expidió la orden desacatada resolvió: "Primero.-
Declarar que los doctores Carlos Julio Moya Colmenares, Humberto Alfonso Niño
Ortega y Manuel José Pardo Caro incurrieron en desacato al incumplir la orden
contenida en el fallo de tutela proferido el 30 de junio de 1999. Segundo.-
Imponer como sanción a los citados magistrados multa de dos salarios mínimos
mensuales. En su oportunidad líbrese la correspondiente comunicación"
(folio 185 del segundo cuaderno original).
De esa manera, es inevitable concluir que la acción que se revisa es
improcedente, puesto que el actor contaba con otro mecanismo judicial para la
defensa de sus derechos; en consecuencia, esta tutela debió ser rechazada por
el Consejo Seccional de la Judicatura”[18].
No obstante la
realidad indica que el pronunciamiento del 19 de noviembre de 1999, tomado en
cuenta en la sentencia de 25 de mayo de 2000, para entonces no estaba vigente,
y que el 3 de mayo anterior esta Corte resolvió no seleccionar para revisión el
expediente T-318.044, que concedía un nuevo amparo sobre el mismo asunto, esta
vez respecto de la providencia del 24 de agosto de 1999.
Sorprende
entonces la información parcial sobre el estado del cumplimiento de la orden de
amparo de 30 de junio de 1999 suministrada a esta Corte, asombra que el Banco
Cafetero, en tanto se surtía la revisión del expediente T-284.734, demandaba y
obtenía un nuevo amparo sobre el mismo asunto, esta vez en razón de la
providencia de 24 de agosto de 1999, y desconcierta que esta Corte no haya
conocido esto último en sede de selección[19].
Es que al lado
de la obligación de los jueces de tutela de rechazar las diversas acciones de
tutela instauradas contra el mismo asunto y de remitir a esta Corte todos los
fallos para su eventual revisión –artículos 38 D. 2591 de 1991 y 86 C.P.-
milita el deber de enterar a esta Corporación de las órdenes de amparo
dispersas e incongruentes sobre el mismo asunto, en procura de su unificación,
porque las decisiones contradictorias agravan los conflictos, aminoran la
confianza de los asociados en la administración de justicia y hacen imposible
la paz social.
De manera que
las partes y los sujetos intervinientes estaban en el deber de informar a la
Sala Cuarta de Revisión sobre el resultado de la consulta de la providencia de
19 de noviembre de 1999, y, aún más, era menester que la Sala Quinta de
Selección conociera sobre el expediente T-318.044, porque la labor de
administrar justicia demanda de una colaboración permanente de partes y
terceros, y de la pronta intervención de los jueces, en materia de prevención y
remedio de las conductas contrarias a los deberes constitucionales, –artículos
95, 29 y 31 C.P.-.
Al efecto
resulta pertinente recordar este  pronunciamiento:
“Aspecto importante, como puede verse, toca con la necesidad de
impedir que formulada una demanda o planteada la resistencia a la litis tengan
validez las maniobras que le restan eficacia a la decisión que habrá de
resolver el asunto, incluyendo las actuaciones que impulsan nuevos juicios, en
cuanto quien así actúa abusa de su derecho de acceso a la justicia e impone a
su contraparte y al Estado la carga de un juicio inútil.
El problema del comportamiento procesal y extraprocesal de la
sociedad y de las autoridades con miras a asegurar la eficiencia de las
actuaciones judiciales en el restablecimiento de los derechos, ha sido
estudiado en la jurisprudencia constitucional, se ha dicho que la Carta
Política impone una lealtad mínima con la administración de justicia y demanda
de las autoridades y de los particulares la sujeción al postulado de la buena
fe[20], de
modo que los trámites procesales se sucedan “en el marco de unas relaciones de
mutua confianza”[21],
dijo la Corte:
“Cuando el artículo 83 de la Constitución exige que las actuaciones
de los particulares y de las autoridades se ciñan a los postulados de la buena
fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquéllos adelanten ante éstas,
consagra un postulado que obliga a las entidades y a los servidores públicos a
revisar radicalmente la posición que tradicionalmente han venido observando
ante el ciudadano, marcada por la prevención y la mala voluntad.
Tal principio exige de gobernantes y gobernados el compromiso de
obrar honesta y desprevenidamente, en el marco de unas relaciones de mutua
confianza, de tal manera que, sometidos todos al orden jurídico y dispuestos a
cumplir sus disposiciones con rectitud, no haya motivo alguno de recelo.
La norma en mención no obliga tan sólo al particular sino que se
aplica con igual severidad al servidor público, que ni puede presumir la mala
fe de la persona respecto de la cual cumple su función, ni le es permitido, en
lo que toca con sus propios deberes, asumir actitudes engañosas o incorrectas.”
De lo expuesto se concluye que las autoridades de la República
quebrantan el derecho fundamental de quienes vinculan sus derechos e intereses
a las decisiones en curso, cuando dan lugar a hechos que distorsionan las
situaciones fácticas que los jueces deberán resolver, precipitando providencias
que no pueden ejecutarse y propiciando cadenas ininterrumpidas de litigios,
cuando el asunto bien hubiera podido resolverse de una sola vez”[22].
Ahora bien, lo
deseable no ocurrió, pero no por ello puede atribuirse al pronunciamiento del
15 de julio de 1999 los efectos que el Banco Cafetero S.A. reclama, porque sin
lugar a dudas la Sala Civil del H. Tribunal Superior de Bogotá, que preside el
Magistrado Moya Colmenares al emitirlo quebrantó el ordenamiento
constitucional, como se desprende de la sentencia T-608 de 2000, sin
hesitación.
De modo que a la
aludida providencia no se le puede atribuir la virtud de definir el conflicto
surgido entre el Banco Cafetero y Rafael Antonio Salamanca, por razón de la
sentencia de 28 de agosto de 1991 del juzgado Quince Civil del Circuito de
Bogotá, aunque sí da lugar a investigar la conducta de los administradores de
justicia comprometidos con la misma.
5.      La
apelación de las sentencias de amparo y su cumplimiento inmediato. Providencias
del 24 de agosto de 1999 y 22 de junio de 2004
a) La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura de Cundinamarca avocó el conocimiento de la acción de tutela
promovida por Rafael Antonio Salamanca contra la Sala Civil del H. Tribunal
Superior de Bogotá, concedió el amparo constitucional deprecado y la
impugnación interpuesta contra el mismo, y remitió la actuación al Superior,
para que se pronunciara sobre la decisión.
Otro tanto acontece en el asunto que se revisa, la Sala de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia concedió la protección demandada por el
Banco Cafetero y envió el asunto al superior para que se resuelva la
impugnación.
La Sala accionada, por su parte, motivada en el acatamiento de las
providencias en vía de definición, dejó sin vigencia sus pronunciamientos de 15
de julio de 1999 y 31 de mayo de 2002, por autos del 24 de agosto de 1999 y 22
de julio de 2004 respectivamente.
b) Esta
Corporación se ha referido en diversas oportunidades al deber de colaboración
para el buen funcionamiento de la administración de justicia, y ha hecho
hincapié en la seriedad de las actuaciones y de los pronunciamientos
judiciales, forzosamente encaminados a la solución pacífica de los conflictos y
al goce efectivo de los derechos y de las garantías constitucionales –arts. 2°,
22, 29 y 228 C. P. y el 7° de la Ley 270 de 1996[23].
A la vista de lo
expuesto no pueden concebirse providencias emitidas con fines definitorios que
descansan en autos sin firmeza, porque los jueces son autónomos e
independientes en el establecimiento de los hechos, la estimación de las
pruebas y la aplicación del derecho, pero están sujetos al imperio de la
legalidad, tanto que bien pueden resolver las controversias de modo adverso o
favorable a las pretensiones, si las evidencias lo permiten, pero las
decisiones deberán ser reales, serias y razonables.
Hay que tener en
cuenta, además, que si bien en los términos del artículo 31 del Decreto 2591 de
1991 la impugnación de las sentencias de amparo no obsta para su cumplimiento
inmediato, el artículo 7° de la misma normatividad prevé que las medidas
urgentes, encaminadas a proteger los derechos, evitar nuevos daños e impedir la
consolidación de amenazas, demandan de una decisión expresa, de modo que sin
que medie la orden de materialización temprana del amparo su cumplimiento
tendrá que aguardar la decisión del Superior.
Asombra por ende
que la autoridad judicial accionada se haya conferido la facultad de adelantar
el cumplimiento de las órdenes de amparo de 13 de agosto de 1999 y 22 de junio
de 2004, estando éstas en vía de impugnación, desconociendo de contera la
facultad de contradicción del afectado y conculcando el equilibrio procesal,
que deberá acompañar a la litis hasta más allá de la definición de primer
grado–artículos 13, 29 y 31 C.P.-.
De modo que la
segunda instancia, confiada a la Sala Civil del H. Tribunal Superior de Bogotá
que preside el Magistrado Moya Colmenares, más que resolver el litigio
suscitado entre el Banco Cafetero y Rafael Antonio Salamanca lo ha incrementado
y lo mantiene latente, no sólo en razón del pronunciamiento del 15 de julio de
1999, ya analizado, sino a causa de la expedición de las providencias de 24 de
agosto de 1999 y 22 de julio de 2004, sin que para el efecto medie ninguna
justificación.
c) No se
requiere, por consiguiente, mayor análisis para negarle a las providencias
señaladas alcances definitorios, en cuanto las actuaciones y decisiones
paralelas no alteran las cuestiones que se debaten en los procesos en curso,
así versen sobre el objeto mismo de la controversia, sin perjuicio de las
investigaciones a que tales actuaciones y decisiones dan lugar, tendientes al
esclarecimiento del cumplimiento de los deberes legales y constitucionales de
la autoridad judicial que introduce elementos de distorsión, acrecentando los
conflictos que está en el deber de solventar o cuando menos aminorar -artículos
83 y 95 de la Carta Política y 37 del Código de Procedimiento Civil.
Corrobora lo
expuesto la ausencia de órdenes de apremio sobre el cumplimiento inmediato de
los incipientes amparos, a la postre frustrados en sede de revisión
–T-284.734-, y por revocatoria del Superior ––T-963.630-, lo que indica que la
Sala accionada, al proferir los autos de 24 de agosto de 1999 y 22 de julio de
2004, no hizo sino contribuir a la maraña de actuaciones y pronunciamientos que
no han permitido dar por finalizado el Incidente promovido por el señor
Salamanca en 1994, de una vez por todas, como corresponde.
En este punto la Sala llama la
atención sobre la orden de amparo emitida el 22 de febrero de 2000, por la Sala
de Casación Civil de la H. Corte Suprema de justicia, a favor del Banco
Cafetero, respecto del pronunciamiento de 24 de agosto de 1999.
6.      Autos de 31 de mayo, 1° de noviembre y 11 de diciembre de
2002. Efectos relativos de las decisiones de amparo
a) El artículo 38 del Decreto 2591 de 1999 dispone que cuando el
mismo amparo se presenta ante varios jueces o tribunales todas las solicitudes
se rechazarán o decidirán desfavorablemente, agrega la disposición que el
abogado que promoviere su presentación será sancionado con la suspensión de la
tarjeta profesional, al menos por dos años o con la cancelación de la misma, en
caso de reincidencia; y el artículo 40 de la misma normatividad preceptúa que
no procederá tutela contra fallos de tutela.
También los
artículos 37 y 38 del Código de Procedimiento Civil buscan evitar que los
conflictos se enmarañen en cadenas interminables de recursos, adiciones,
aclaraciones y tutelas, por ello asignan a los jueces la dirección de los
litigios sometidos a su conocimiento, a la vez que los dotan de poderes
disciplinarios enderezados a prevenir y sancionar toda clase de desmanes, que
necesariamente generan las solicitudes notoriamente improcedentes, con
propósitos dilatorios manifiestos.
Además tendrán
que ser consideradas temerarias, con todos los efectos derivados de dicha
estimación, las demandas sin fundamento legal, las alegaciones contrarias a la
realidad, las intervenciones con propósitos fraudulentos, la obstrucción de
pruebas, y, en general, “cuando por cualquier otro medio se entorpezca reiteradamente
el desarrollo normal del proceso” –artículos 72, 73 y 74 C. de P. C.-.
Dentro del
anterior contexto, vale recordar que esta Corporación, con ocasión de la
demanda de inconstitucionalidad formulada contra el artículo 38 del Decreto
2591 de 1991, se pronunció sobre la responsabilidad que comporta para los
abogados desnaturalizar las acciones de amparo, acudiendo a “modalidades
ilegitimas de su ejercicio”, de modo contrario a los principios que
soportan el instrumento constitucional, señaló la Corte:
“En verdad, de lo que se trata en la disposición acusada es de
regular el derecho de tutela, y esto  comprende los aspectos relacionados con
los procedimientos previstos para su ejercicio y protección, como es el de las
sanciones que correspondan a las modalidades ilegitimas de su ejercicio que,
contrariando los principios y los postulados que se predican de aquel, lo
desnaturalicen y lo hagan producir efectos diversos de los queridos por el
Constituyente, en un desgaste innecesario y desleal, con el Derecho y con la
Justicia, mucho más cuando se trata de personas supuestamente habilitadas por
la educación profesional y técnica en el conocimiento y la  interpretación del
Derecho.
En lo que se refiere al ejercicio de la citada acción, es bien claro
que aquel debe estar enderezado a lograr, si es del caso, la concreta y
especifica protección inmediata y efectiva del derecho constitucional
fundamental, pudiéndose poner en movimiento las competencias de los jueces en cualquier
tiempo y lugar; en consecuencia, el abogado que se pone al frente para
adelantar en dichas condiciones el procedimiento breve y sumario que ordena la
Carta, debe saber que se trata de una grave responsabilidad, que no puede menos
que asumir con especial transparencia y honestidad, puesto que, desde cualquier
punto de vista resulta claro que esta expresión no significa que la acción se
pueda interponer cuantas veces se quiera, o que queda a discreción del abogado
el promoverla a su antojo, en el número de veces que estime más conveniente y
en ultimas efectivo. A esta reflexión no escapa ningún profesional del derecho
que se encargue de la defensa de los intereses ajenos de aquella índole por
semejante vía y, por tanto, debe estar en condiciones de recibir concientemente
la eventual sanción que le corresponde.
Es claro entonces que, a la luz de la Carta, no es admisible que se
adelante dicho procedimiento por unos hechos y que sea leal y honesto el
proponer simultánea o posteriormente la misma petición en repetidas
oportunidades, con base en los mismos hechos; obsérvese que dicha acción es
prevalentemente desritualizada, supone una dinámica de acción judicial
extraordinaria y compromete las acciones y las capacidades judiciales del Estado
y para efectos de remover inmediatamente el obstáculo causante del agravio o
amenaza de violación del derecho. Si esto es así, nada más coherente y ajustado
a la Carta que el Legislador disponga como deber del abogado el de presentar
dicho reclamo, contentivo de la petición de tutela, por unos determinados
hechos, en una oportunidad, no obstante que lo pueda hacer en cualquier momento
y lugar, y que se establezca como sanción disciplinaria la suspensión de la
tarjeta profesional por la infracción al deber advertido y, en caso de
reincidencia, la cancelación de la misma, sin perjuicio de las demás sanciones
a que haya lugar[24]”.
Por lo anterior no se
comprende cómo i) el 17 de junio de 1999 el Banco Cafetero S.A. instaura acción
de tutela contra la Sala Civil del H. Tribunal Superior de Bogotá, en razón de
la decisión de segunda instancia dentro del Incidente que le promovió Rafael
Antonio Salamanca, ii) el 31 de enero de 2000 promueve una segunda protección,
contra la misma autoridad judicial y por la misma causa, y iii) el 21 de mayo
de 2004 resuelve insistir en el amparo; mayor es la incomprensión al comprobar
que los jueces de tutela en ninguno de los casos rechazaron las demandas o
negaron las pretensiones, antes por el contrario, todas las acciones culminaron
con órdenes que la Sala accionada materializó, aún antes de su ejecutoria, al
punto que la segunda instancia del Incidente varias veces referido pernocta en
el Juzgado Quince Civil del Circuito de Bogotá, desde 1997, sin solución.
Nótese, que así
las acciones T-236.171, T-318.044 y T-963.630 versen sobre decisiones de
diferente fecha lo cierto es que en todos los casos se propende porque la Sala
Civil del H. Tribunal Superior de Bogotá desconozca la estimación de los
perjuicios cuarto y quinto del escrito que dio inicio al Incidente de
Liquidación de Perjuicios, ya fuere para que se dejen sin valor las
providencias que liquidan valores a cargo del Banco –27 de noviembre de 1998,
24 de agosto de 1999 y 31 de mayo de 2002-, o para imprimirle efectos al
escrito que relevaba a la entidad de satisfacer la condena –15 de julio de
1999-.
Singularidad que
en caso de las demandas de 17 de junio de 1999 y 31 de enero de 2000 es
incontestable, como quiera que ambos libelos buscaron evidenciar que “ (..)
el Tribunal consideró erradamente que de la prueba –documental- testifical- se
daban los presupuestos de convicción para aprobar la liquidación en cuanto a
los numerales 4 y 5 del escrito de liquidación”.
A lo anterior se
suma que el Banco Cafetero S.A. promovió incidente de desacato, para que se
declare que el 15 de julio de 1999 “la Sala de Decisión integrada por los
Magistrados CARLOS JULIO MOYA COLMENARES, HUMBERTO ALFONSO NIÑO ORTEGA y MANUEL
JOSE PARDO CARO” desatendió la orden de tutela impartida el 30 de junio de
1999, y que la acción que se revisa se instaura con el propósito de restablecer
los efectos del mismo pronunciamiento, con miras al desconocimiento del
carácter vinculante de los autos de 31 de mayo, 1° de noviembre y 11 de
diciembre de 2002.
De modo que la
protección que demanda el Banco Cafetero tendrá que rechazarse en cumplimiento
de las previsiones del artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, al tiempo que se
oficiará para que se investiguen las conductas que evidencia esta decisión y se
impongan los correctivos previstos en el ordenamiento, con pleno respeto de las
garantías constitucionales de los sujetos comprometidos.
Es que no vale
dolerse del mecanismo de protección de los derechos fundamentales contra
decisiones judiciales en firme, establecido en el artículo 86 de la Carta
Política, cuando lo acontecido en el caso sub lite no toca con la bondad
del instrumento constitucional sino con el incumplimiento de los deberes
constitucionales y legales de partes y terceros, acompasado con la indolencia
de los jueces, que así lo han permitido.
Efectivamente,
las claras disposiciones que dotan a los jueces de instrumentos de prevención,
remedio y castigo no explican por qué la cuestión de la liquidación de los
perjuicios que habrá de reconocer el Banco Cafetero, por los daños causados al
señor Rafael Antonio Salamanca, en los términos de la sentencia proferida por
el Juzgado Quince Civil del Circuito de Bogotá el 28 de agosto de 1991, se ha
visto enmaraña en una cadena no interrumpida de tutelas, desacatos, adiciones,
complementaciones, aclaraciones y nulidades.
7.      Conclusiones.
Las sentencias de instancia serán revocadas
a) El Banco
Cafetero BANCAFE S.A. invoca la protección de su derecho fundamental al debido
proceso, vulnerado por la Sala Civil del H. Tribunal Superior de Bogotá al
proferir la decisión integrada por las providencias de 31 de mayo de 2002, 1°
de noviembre y 11 de diciembre de 2002, para resolver la segunda instancia
dentro del Incidente de Regulación de Perjuicios promovido por Rafael Antonio
Salamanca contra la entidad.
Afirma el
accionante que la providencia del 15 de julio de 1999, adoptada en razón de la
orden de amparo del 30 de junio anterior -T-236.171-, resuelve el recurso de
apelación instaurado por ambas partes contra el fallo de 27 de agosto de 1997,
en cuanto el nombrado Salamanca no promovió incidente de desacato tendiente a
su desconocimiento.
La Sala de
Casación Civil de la H. Corte Suprema de Justicia, por su parte, concede el
amparo, en cuanto la providencia de 15 de julio de 1999 “al menos
formalmente” conserva su vigencia; mientras la Sala de Casación Laboral de
la misma Corporación i) revoca la decisión, en razón de la autonomía e independencia
absoluta de los jueces, y ii) se pronuncia sobre lo inconveniente que resulta
la interferencia de los jueces de amparo, frente a decisiones judiciales en
firme.
b) De antemano
debe reiterarse que respecto de las decisiones judiciales en firme no procede
sino su acatamiento incondicional, en cuanto se supone que las autoridades
judiciales no actúan por capricho, sino con sujeción al ordenamiento que les
impone hacer relucir el imperio de la ley, en la solución de los asuntos que
les fueron confiados[25].
Pero cuando las actuaciones y decisiones de los jueces dejan al
descubierto el quebrantamiento del orden constitucional, en el ámbito de los
procesos en curso, porque en lugar de dirigir la litis hacia una solución
acorde con la ley acrecientan en conflicto y dilatan su solución en desmedro de
la paz, la convivencia y la vigencia del orden justo, ningún sentido tiene abogar
por sustraer a los jueces de las acciones de amparo.
En este, como en
tantos otros casos en los que esta Corte ha tenido que pronunciarse
definitivamente sobre la sujeción de las autoridades judiciales al orden
constitucional, debe reiterarse que la acción de tutela procede contra
providencias judiciales, siempre que los afectados no cuentan con otro
instrumento para el restablecimiento de sus garantías constitucionales, de
donde se concluye que la sentencia de segunda instancia tendrá que ser revocada.
En este orden de
ideas, la sentencia de primera instancia correrá la misma suerte, porque el
Banco Cafetero BANCAFE S.A. somete por cuarta vez a consideración de los jueces
de amparo, la decisión de la Sala Civil del H. Tribunal Superior de Bogotá que lo
condena al pago de los perjuicios distinguidos como 4 y 5, dentro del
incidental a que dio lugar la sentencia del 28 de agosto de 1991 del Juzgado
Quince Civil del Circuito de Bogotá.
Efectivamente,
el 30 de junio de 1999 el juez de tutela, en aquella ocasión la Sala Civil del
H. Tribunal Superior de Bogotá, se pronunció sobre la estimación de las pruebas
aportadas por las partes dentro del trámite incidental promovido por el señor
Rafael Salamanca, mediante una orden clara y precisa, que la accionada incumplió
el 15 de julio de 1999, como lo indica la sentencia T-608 de 2000, de donde se
deduce que la Sala Civil del H. Tribunal Superior de Bogotá tenía que resolver
la instancia, como efectivamente ocurrió el 31 de mayo de 2002, sin que se
pueda volver sobre lo mismo.
Funda la Sala
Civil de la H. Corte Suprema de Justicia su decisión de restablecer los efectos
de la providencia señalada, en la vigencia formal del pronunciamiento,
motivación por demás incomprensible, cuando del ordenamiento jurídico se desprende
que sólo las decisiones “claras, ciertas y sensatas”[26],
proferidas con pleno respeto de los derechos y garantías constitucionales de
partes y terceros, haciendo prevalecer el derecho sustancial, ameritan la
protección del juez constitucional.
Condice la
sentencia de primera instancia, a la que se hace mención, con el planteamiento
del apoderado de la entidad actora, en lo relativo a que el incidentante
Salamanca no promovió el incidente de desacato al que esta Corte hace
referencia en la sentencia T-608 de 2000, de donde deduce que el auto de 15 de
julio de 1999, al menos formalmente permanece en el ordenamiento.
En este punto,
se ha de precisar que la advertencia de la sentencia en comento, sobre la
incompatibilidad entre la Constitución y la aludida providencia, compromete,
con efectos de cosa juzgada constitucional, al señor Rafael Antonio Salamanca
–actor-, a la Sala Civil del H. Tribunal Superior de Bogotá –demandado- y al
Banco Cafetero –tercero interviniente, T-284.734-; sin que pueda decirse lo
propio de la sentencia de amparo de 30 de junio de 1999 –T-236.171-.
En efecto, el
Banco Cafetero reclamó de la Sala Civil del H. Tribunal Superior de Bogotá el
restablecimiento de sus garantías constitucionales, a causa de la regulación de
perjuicios de 27 de noviembre de 1998, adoptada por la Sala de la misma
Corporación que preside el Magistrado Moya Colmenares, y si bien el fallador de
instancia resolvió enterar al señor Rafael Antonio Salamanca de la acción i) de
una parte el llamado coincidió con el fallo, y ii) de otra el tercero no
concurrió a la litis –T-236.171-.
Distinta
situación revela el expediente T-284.734, habida cuenta que el nombrado
Salamanca promovió acción de amparo, contra la providencia de julio 15 de 1999,
varias veces mencionada, trámite al que concurrió el Banco Cafetero e intervino
en defensa de sus intereses, profusamente.
Ahora bien, la
oponibilidad de la cosa juzgada constitucional que proporciona firmeza y obliga
al acatamiento de las sentencias de amparo, ha sido considerada por esta Corte
en el sentido de puntualizar que lo deseable redunda en que todas las personas
con interés en las decisiones conozcan el trámite de amparo que se adelanta contra
las providencias judiciales que les conciernen, sin que la sola convocatoria, o
la falta de ésta, tenga la virtud de vincular a los llamados al trámite,
tampoco de dar al traste con la actuación. Indicó la Corte:
“En atención a lo expuesto, resulta de especial significación
detenerse en el marco y alcance de las sentencias que resuelven las
pretensiones de amparo constitucional, porque en aras de garantizar el derecho
de defensa de quien no fue convocado al asunto, sin afectar el derecho de
acceso a la justicia de aquellos que sí lo fueron, bien vale descartar la
nulidad en razón de los efectos de la decisión.
De modo que en lugar de decretar la nulidad de un fallo para
vincular en últimas al tercero se enfatice su condición, a fin de que no quede
duda sobre sus derechos de hacer conocer ante otra instancia judicial sus
razones, valer sus probanzas, y obtener una decisión vinculante, con su
intervención.
Lo anterior, en razón de que no siempre resulta posible vincular a
todas las personas que puedan resultar afectadas a los trámites judiciales en
curso, en materia de intervención de terceros procede siempre distinguir la
ineludible presencia de quienes inexorablemente deberán soportar la decisión
-porque el asunto que les concierne quedó definido y no podrá ser considerado
nuevamente por otra autoridad judicial[27]-;
de la deseable participación de aquellos que podrían verse afectados por la
sentencia emitida, sin su participación[28].
Es de notar, claro está, que los jueces tendrán que hacer comparecer
a quienes ostentan la calidad cierta de partes, y considerar las solicitudes de
los que no traen tal calidad, habida cuenta que quienes cuentan con intereses
dependientes de los procesados bien pueden preferir aguardar otra sede para
discutirlos.
Este punto se
ha desarrollado ampliamente en la legislación, a fin de conjugar el derecho a
la defensa de quienes no expusieron sus razones ni presentaron pruebas, con el
derecho de aquellos que actuaron como partes, definieron el litigio y acabaron
con el estado de incertidumbre e insatisfacción anterior a la litis, porque, a
pesar de que lo deseable sería que todos los conflictos se definieran de una
solo vez, lo que cierto es que esta posibilidad dista mucho de ser real y no
siempre conviene a los intereses en juego.
En definitiva, el llamado a intervenir en un asunto se basa en la
preservación de su garantía constitucional a la defensa, y los efectos inter
partes de las decisiones producen igual efecto, en cuanto impiden que lo
probado, argüido y resuelto alcance a quien no tuvo la oportunidad de ser oído;
de suerte que puede ser más útil, si de defender los derechos fundamentales se
trata, que quien no tiene la calidad de parte permanezca ajeno al proceso,
salvo que por su propia decisión se presente, justifique su interés y asuma,
por consiguiente, las consecuencias de su comparecencia.
Otro aspecto importante, en aras de preservar las garantías
constitucionales del tercero, es la oportunidad en que la persona ausente es
llamada a comparecer, porque de ser la convocatoria producto del convencimiento
del juzgador éste deberá prever que la posibilidad de defensa de quien se
vincula tardíamente no se aminoren, y que no siempre conviene a una pronta y
cumplida justicia retrotraer las actuaciones, para dar cabida a nuevos actores
en la contienda –artículos 29, 13, 2° y 228 C.P.-”[29] .
Queda
establecido entonces que la cosa juzgada constitucional que acompaña a la orden
de amparo impartida el 30 de junio de 1999, dentro de la acción de tutela
T-236.171, por cuya virtud la impugnación instaurada contra el auto de 27 de
agosto de 1997, varias veces referido, se debía fallar “nuevamente (..),
teniendo en cuenta la totalidad de las pruebas recaudadas, las que
apreciará según su criterio” se circunscribe al Banco Cafetero S.A.
y a la Sala Civil del H. Tribunal Superior de Bogotá.
Se comprende
entonces que el señor Rafael Antonio Salamanca haya optado por controvertir el
asunto de sus garantías constitucionales, dentro del incidente varias veces
referido, en otro proceso, y que no soporte la carga de instar el cumplimiento
de la orden de 30 de junio de 1999, cuyos efectos lo alcanzan, pero no al punto
de legitimarlo para instar su cumplimiento.
Lo expuesto
conduce a esta Sala a considerar que la Sala Civil del H. Tribunal Superior de
Bogotá actuó en ejercicio de su competencia funcional al avocar nuevamente el
conocimiento del Incidente de Regulación de Perjuicios y adoptar la decisión
integrada por los autos de 31 de mayo, 1° de noviembre y 11 de diciembre de
2002; sin embargo la conclusión a que arriba la Sala no conduce a negar la
protección, como quiera que cuando se presentan dos o más acciones de tutela,
entre las mismas partes y por la misma causa, el amparo tendrá que rechazarse,
inexorablemente.
Lo anterior, en
consideración a que el Banco Cafetero BANCAFE S.A. somete al conocimiento del
juez de tutela, por cuarta vez, la decisión de la Sala accionada relativa a la
estimación de los perjuicios causados al señor Rafael Antonio Salamanca, dentro
del proceso Ejecutivo que la entidad financiera le promovió al nombrado en
1988.
Es que no se
pueden considerar disímiles las invocaciones de amparo instauradas contra las
providencias del 27 de noviembre de 1998, 15 de julio y 24 de agosto de 1999, y
31 de mayo de 2002, cuando éstas, en todos los casos se proyectan al pago de
los perjuicios derivados de la terminación de los contratos de mandato y
suministro, perjuicios éstos que el escrito que da lugar al incidente
identifica con los numerales 4 y 5.
Sin que para el
efecto interese que el Banco Cafetero insista en enmarcar sus pretensiones en
nuevas situaciones fácticas, como quiera que la realidad procesal indica que
más que hechos nuevos cada acción trae la misma situación no obstante
incrementada con actuaciones y decisiones judiciales que las sucesivas
invocaciones de amparo han ido generando.
De modo que la
acción que se revisa se rechazará en cumplimiento de lo ordenado por el
artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, lo que comporta i) declarar vigentes y en
firme las providencias del 31 de mayo, 1° de noviembre y 11 de diciembre de
2002, dado que el auto de 22 de junio de 2004 no produce efectos, en cuanto fue
proferido por la Sala accionada para acatar la sentencia de primera instancia
que se revoca, y ii) que lo acontecido tanto en el Incidente de Regulación de
Perjuicios como en las diferentes acciones de amparo instauradas en razón del
mismo, sea conocido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, para que adelante las
investigaciones y correctivos del caso.
III.    DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Octava de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
R E S U E L V E:
Primero.-
LEVANTAR la suspensión de términos decretada
mediante auto del seis (6) de octubre de dos mil cuatro (2004).
Segundo.-
RECHAZAR la acción de tutela que se revisa en
cumplimiento de lo reglado en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, en
consecuencia REVOCAR las sentencias proferidas por las Salas Civil y
Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia el 10 de junio y el 22 de julio de
2004, dentro de la acción de tutela instaurada por el Banco Cafetero BANCAFE
S.A. contra la Sala Civil del H. Tribunal Superior de Bogotá.
Declarar, por
consiguiente, sin efecto la providencia del 22 de junio de 2004, adoptada por
la Sala Civil del H. Tribunal Superior de Bogotá en cumplimiento de la
sentencia de primera instancia que mediante esta decisión se revoca.
Tercero. Informar
a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura de
Cundinamarca sobre las conductas evidenciadas en esta decisión, a fin de que se
adelanten las investigaciones, se informe a las autoridades competentes para
que investiguen a las autoridades judiciales intervinientes y se impongan los
correctivos del caso. Ofíciese a la Sala en cita por la Secretaría de esta
Corporación y remítase copia de la decisión.
Cuarto. Devuélvase
al Juzgado Quince Civil del Circuito de Bogotá el expediente contentivo del
proceso Ejecutivo de Banco Cafetero contra Fernando Rey Escobar y Rafael
Antonio Salamanca, y a la Sala Civil del H. Tribunal Superior de Bogotá el
original de las actuaciones adelantadas dentro de las acciones de tutela
instauradas por Banco Cafetero contra esa misma Sala y Corporación –T-236.171 y
318.044-.
Quinto.-
LÍBRESE por secretaría la comunicación prevista en
el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, insértese en
la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado Ponente
JAIME ARAUJO RENTERIA
Magistrado
CLARA INES VARGAS HERNANDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MENDEZ
Secretaria General
[1]
La acción de tutela radicada bajo el número T-236.171 fue excluida de revisión,
mediante providencia del 21 de julio de 1999, proferida por la Sala Séptima de
Revisión de esta Corporación.
[2]
Tribunal Superior de Bogotá Sala Civil, M.P. Edgar Carlos Sanabria Melo.
[3] El
Magistrado José Elio Fonseca Melo se apartó de la decisión, porque “la cuestionada
Sala cumplió a cabalidad con el fallo objeto del desacato”.
[4] La Magistrada Margarita Cecilia Forero Rueda salvó el
voto, porque “el fallo de tutela pone fin al trámite y defensa de quien se
crea vulnerado en sus derechos puede ejercitarse y materializarse única y
exclusivamente a través de la impugnación del mismo”.
[5] Sentencia T-608 de 2000 M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[6] M.P. Alejandro Martínez Caballero
[7] M.P. Carlos Gaviria Díaz
[8] Véanse, entre
otras, las sentencias T-455, T-459, T-501, T-568 y T-609 de 1992; T-146, T-263
y T-410 de 1993; T-034, T-035 y T-293 de 1994; T-118, T-368 y T-530 de 1995;
T-043 de 1996; T-162, T-247 y T-316 de 1997; T-657 de 1998; T-706 de 1999; y
los autos 011 de 1993; 001, 017, 022, 023 y 029 de 1994; 003, 009 y 012 de
1995; 051 de 1996; 004 y 048 de 1999.
[9] M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[10] M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[11] La acción de tutela radicada en esta Corporación bajo el número
318.044 fue excluida de revisión por la Sala Numero Cinco, mediante providencia
del 3 de mayo de 2000.
[12] Los literales a) de los numerales segundo y tercero de la
providencia proferida el 24 de agosto de 2000 por la Sala Civil del H. Tribunal
Superior de Bogotá, para concluir el incidente de liquidación de perjuicios
promovido por el señor Rafael Antonio Salamanca contra el Banco Cafetero,
tienen que ver con  la suma de $164.193.259.06 y $72.500.000, valor de los
perjuicios ocasionados por la terminación de los contratos de suministro y
mandato, vigentes con los señores Gilbert Aldenhoven y Germán Gómez, a tiempo
de la ejecución de la medida cautelar.
[13] Sentencia de 30 de marzo de 2000, nota 9.
[14] En acatamiento de la sentencia de 10 de junio de 2004, la Sala
Civil del H. Tribunal Superior de Bogotá que preside el Magistrado Carlos Julio
Moya Colmenares, el 22 de junio de 2004, por providencia de la fecha, resolvió “dejar
sin valor los proveídos de fechas 13 de octubre, 15 de diciembre de 2000, 14 de
febrero, 18 de abril, 26 de septiembre, 14 de noviembre de 2001, 31 de mayo, 1°
de noviembre, 11 de diciembre de 2002, 22 de enero y 9 de mayo de 2003, y 18 de
febrero de 2004”, adoptadas dentro del Incidente de Regulación de
Perjuicios promovido por Rafael Antonio Salamanca contra el Banco Cafetero, “quedando
vigente como auto por medio del cual se decidió el incidente (..) el proferido
el 15 de julio de 1999”.
[15] Sobre la
procedente de la acción de tutela contra providencias judiciales se pueden
consultar, entre otras, las sentencias C-739 de 2001, T-001 y 260  de 1999,
T-1017 de 1999, T-1072 de 2000, T-799 y  T-842 de 2001, SU.-120 de 2003, T-691,
T-707 y 728 de 2004.
[16] Sobre la necesidad de que los jueces circunscriban
sus actuaciones y decisiones a los asuntos de su competencia, y los efectos incidenter
tantum de los pronunciamientos que exceden el ámbito del asunto propuesto,
la sentencia C-186 de 2001 M.P. Alvaro Tafur Galvis.
[17] Sentencia T-608 de 1999 M. P. Carlos Gaviria Díaz. En esta
oportunidad la Corte consideró del caso recordar que mediante sentencias C-131
de 1993 y C-083 de 1995 fue declarado inconstitucional el artículo 23 del
Decreto legislativo 2067 de 1991, y conforme con la Carta el artículo 8° de la
Ley 153 de 1887 respectivamente, por cuanto el artículo 23 demandado disponía
“que los jueces tendrían "como criterio auxiliar obligatorio"
"la doctrina constitucional enunciada en las sentencias de la Corte
Constitucional", imperativo que contraría el artículo 230 de la Carta;
en tanto la norma declarada exequible se refiere “a las normas
constitucionales, como una modalidad del derecho legislado, para que sirvan
como fundamento inmediato de la sentencia, cuando el caso sub judice no está
previsto en la ley. La cualificación adicional de que si las normas que van a
aplicarse han sido interpretadas por la Corte Constitucional, de ese modo deben
aplicarse, constituye, se repite, una razonable exigencia en guarda de la
seguridad jurídica".
[18] M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[19] Sobre intervención de las partes, mediante la presentación de
peticiones en sede de selección se puede consultar la sentencia SU- 1219 de
2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[20] Sentencia T-001 de 1997 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[21] Sentencia T-532 de 1995 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[22] Sentencia T-428 de 2004 M.P. Alvaro Tafur Galvis.
[23] En igual sentido pueden consultarse, entre otras, las
sentencias C-037 de 1996, C-426 de 2002 y T-424 de 2004.
[24] Sentencia C- 155a de 1993 M.P. Fabio Morón Díaz.
[25] El control constitucional de los jueces se puede consultar, entre
otras, en la sentencia C-739 de 2001 M.P. Alvaro Tafur Galvis.
[26] Sentencia C-036 de 1999 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[27] “Cuando la cuestión litigiosa haya de resolverse de manera
uniforme para todos los litisconsortes, los recursos y en general la actuación
de cada cual favorecerá a los demás. Sin embargo, los actos que impliquen
disposición del derecho en litigio sólo tendrán eficacia si emanan de todos” –artículo
51 C. de P.C.-
[28] “Podrán intervenir en un proceso como litisconsortes de una
parte y con las mismas facultades de ésta, los terceros que sean titulares de
una determinada relación sustancial a la cual se extiendan los efectos
jurídicos de la sentencia y que por ello estaban legitimados para demandar o
ser demandados en el proceso.
La
intervención adhesiva y litisconsorcial es procedente en los procesos de
conocimiento, mientras no se haya dictado sentencia de única o de segunda
instancia, desde la admisión de la demanda (..)” -incisos
tercero y cuarto artículo 52 del Código de Procedimiento Civil, modificado por
el articulo 1° del Decreto 2282 de 1989-.
[29] En este punto puede consultarse la sentencia T-646 de 2003, en esta
oportunidad la Corte se refirió al cuidado que los jueces deberán tener al
aplicar el artículo 18 de la Ley 472, para no comprometer la constitucionalidad
de sus decisiones.