T-246-14
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
T-246/14
(Bogotá
D.C., Abril 11)
LEGITIMACION POR ACTIVA EN TUTELA-Persona natural que actúa en
defensa de sus propios intereses
LEGITIMACION POR PASIVA EN TUTELA-Entidad privada que presta un
servicio público
PRINCIPIO DE
SUBSIDIARIEDAD E INMEDIATEZ EN LA ACCION DE TUTELA-Requisitos
de procedibilidad
DERECHO AL
HABEAS DATA Y DERECHO A LA INFORMACION-Principios
de veracidad e incorporación del dato
Después del
2002, esta Corporación reconoció que el derecho de información comprende
cualquier tipo de datos susceptibles de difusión y que sea considerada como
información personal. La jurisprudencia constitucional ha establecido que el
núcleo esencial del habeas data está conformado por el derecho a la
autodeterminación informática y por la libertad en general, y la libertad
económica en especial. En este orden de ideas, el habeas data faculta al
titular de la información a controlar la inclusión de su información personal
en bases de datos, debiéndose autorizar previamente dicha recolección y
almacenamiento. A su vez, implica la posibilidad de los usuarios de conocer,
actualizar y rectificar la información personal que se haya almacenado de la
persona. La entidad que administra los datos personales tiene la obligación de
corregir de conformidad con la situación real, los datos por ella
administrados, para efectos de garantizar que la información esté completa, sea
veraz, oportuna y actualizada; además del deber de garantizar el acceso a la
información a sus titulares.
DEBER DE
SOLIDARIDAD CON PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN CIRCUNSTANCIAS DE DEBILIDAD
MANIFIESTA-Víctimas de secuestro, desaparición
forzada y desplazadas por la violencia
Cuando se verifica el incumplimiento del
deber de solidaridad por parte de un particular que preste un servicio público
y con su acción u omisión vulnere los derechos fundamentales de una persona que
han sido ilegalmente privada de la libertad, víctima de desplazamiento forzado
o desaparecida forzosamente, y se encuentra en situación de debilidad
manifiesta, el juez constitucional puede exigir por medio de la acción de
tutela, el cumplimiento del principio de solidaridad, con el fin de lograr el
goce efectivo de los derechos fundamentales. Las consecuencias o efectos de la
aplicación de tal principio deberán precisarse en cada caso atendiendo
diferentes aspectos.
DERECHO AL
HABEAS DATA, MINIMO VITAL Y VIDA DIGNA-Vulneración
por parte de entidades bancarias al haber desconocido el deber de solidaridad, al no considerar los efectos que se
derivan del hecho del secuestro respecto de la posibilidad de pago de las
obligaciones previamente adquiridas
DERECHO AL
HABEAS DATA, MINIMO VITAL Y A LA VIDA DIGNA-Orden a
Datacrédito y Cifin eliminar
cualquier reporte negativo sobre las obligaciones bancarias adquiridas por el
accionante con el Banco Popular durante el período en que el accionante estuvo
en fase de readaptación
DERECHO AL
HABEAS DATA, MINIMO VITAL Y A LA VIDA DIGNA-Orden a
Datacrédito y Cifin eliminar de su base de datos cualquier reporte
negativo o positivo que obre sobre el accionante durante el período en que el
accionante estuvo en fase de readaptación
DERECHO AL
HABEAS DATA, MINIMO VITAL Y A LA VIDA DIGNA-Orden a
bancos hacer un estudio de
reclasificación del riesgo crediticio teniendo en cuenta la interrupción de los
términos para exigir las obligaciones bancarias durante el período en que el
accionante estuvo en fase de readaptación
Referencia: Expediente T-4.094.332.
Fallos de tutela
objeto de revisión: Sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Arauca el 21 de agosto de 2013, que revocó la
providencia proferida por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de
Arauca el 12 de julio de 2013, que concedió el amparo de los derechos
fundamentales invocados.
Accionante: Néstor Ricardo Pintor Penagos.
Accionados: Datacrédito, Cifin, el Banco Popular, el
Banco de Bogotá, el Banco de Occidente y la Superintendencia Financiera
Magistrados de la
Sala Segunda de Revisión: Mauricio González
Cuervo, Luis Guillermo Guerrero Pérez y Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
Magistrado sustanciador: MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO.
I.
ANTECEDENTES.
1.     Demanda
de tutela[1].
1.1. Elementos y pretensión.
1.1.1. Derechos fundamentales invocados: habeas data,
trabajo, vivienda y vida digna.
1.1.2. Conducta que causa la vulneración: la decisión
de las entidades accionadas de realizar un reporte negativo en las centrales de
riesgo, ante el incumplimiento de obligaciones bancarias, como consecuencia del
secuestro extorsivo del que fue víctima.
1.1.3. Pretensiones: (i) eliminar el reporte negativo en las centrales de riesgo, (ii)
levantar la cláusula de permanencia, (iii) reasignar la calificación Triple A,
(iv) restablecer el porcentaje del nivel de riesgo crediticio, (v) suspender
los procesos judiciales adelantados y, (vi) refinanciar los créditos que tiene
con el Banco de Bogotá, el Banco de Occidente y el Banco Popular.
1.2.
Fundamentos de la pretensión.
1.2.1. El señor Néstor Ricardo Pintor se desempeña desde hace más de
10 años como comerciante en la ciudad de Arauca, siendo propietario de la
empresa Suministros N.P.
1.2.2. En virtud de su calidad de comerciante, el señor Pintor
adquirió varios productos financieros con el Banco de Bogotá, el Banco Popular
de Arauca y, el Banco de Occidente de Villavicencio. Sin embargo, el actor
incumplió las obligaciones crediticias pues fue víctima de dos secuestros
extorsivos (i) en marzo de 2010 en el cual permaneció un día secuestrado por el
grupo armado del ELN, y (ii) el 29 de octubre del mismo año en el cual estuvo dos
días privado de la libertad por parte del Frente 45 de las FARC y, en el mismo
mes le pidieron una suma de dinero para evitar ser secuestrado[2]. Afirma el
actor que para recuperar su libertad debió pagar una suma de dinero que generó
un detrimento patrimonial y una situación económica difícil.
1.2.3. El 25 de enero de 2013, por medio de la Resolución No.
2013-107266 la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
incluyó al señor Néstor Ricardo Pintor en el Registro Único de Víctimas en
virtud de los secuestros extorsivos de los que fue objeto entre marzo y octubre
de 2010[3].
1.2.4. Por intermedio de varias peticiones[4], el actor
solicitó a Datacrédito, al Banco Popular, al Banco de Bogotá, al de Occidente y
a la Superintendencia Financiera: (i) eliminar el reporte negativo en las
centrales de riesgo, (ii) levantar la cláusula de permanencia, (iii) reasignar
la calificación Triple A, (iv) restablecer el porcentaje del nivel de riesgo
crediticio, (v) suspender los procesos judiciales adelantados y (vi) refinanciar
el crédito. Lo anterior, en virtud del principio de solidaridad y con
fundamento en las Leyes 986 de 2005, 1266 de 2008 y el Decreto 2952 de 2010.
1.2.5. Las entidades respondieron negativamente sus solicitudes, argumentando:
(i) la Superintendencia señaló que al 6 de agosto de 2012, no existía ningún
reporte negativo ante los operadores de bancos de crédito[5]. Igualmente
(ii) Datacrédito, en oficio del 18 de marzo de 2013, señaló que “a la fecha
las obligaciones en mención se encuentran al día o canceladas, sin registrar
información de moras históricas o cuentas canceladas por mal manejo”[6].
1.2.6. El Banco Popular estimó que hubo un histórico de mora por 8
meses, canceladas en marzo de 2012, por lo cual aun se encuentra cumpliendo el
término de permanencia establecido en el artículo 13 de la Ley 1266 de 2008, el
cual estará registrado hasta julio de 2013[7].
Por su parte, Cifin informó que la obligación No. 002257
a favor del Banco Popular fue reportada el 20 de agosto de 2009 y la mora
inició en julio de 2011, “es decir [cuando el accionante] aun no tenía la
calidad de desplazado”[8].
1.2.6. En virtud de lo anterior, el señor Néstor Pintor interpuso
acción de tutela contra Datacrédito, el Banco Popular, el Banco de Bogotá, el
Banco de Occidente y la Superintendencia Financiera, por considerar que
vulneran sus derechos fundamentales al habeas data, al trabajo, la vida digna y
la vivienda, pues el reporte negativo en las centrales de riesgo le ha impedido
acceder a préstamos y se ha visto forzado a vender su casa de habitación y un
vehículo que utilizaba para trabajar, con el fin de cumplir sus obligaciones
crediticias.
2.
Respuesta de las entidades accionadas.
2.1. Banco
Popular[9].
La asistente
administrativa de la Oficina de Arauca del Banco Popular solicitó que se negará
el amparo de los derechos fundamentales invocados, pues la entidad ha actuado
conforme a una conducta legítima y se trata de un derecho de contenido
patrimonial. En primer lugar, informó que la entidad le ha dado respuesta de
fondo y oportuna a las siete peticiones que ha elevado el señor Pintor desde el
mes de febrero de 2011. En segundo lugar, sostuvo que la petición elevada ante
el Banco de corregir el reporte negativo, no es una facultad que tenga el Banco,
sino de las centrales de riesgos, a quienes corresponde verificar si el actor
se encuentra cobijado por el artículo 1º del Decreto 2952 de 2010. En
tercer lugar, informó que las obligaciones contraídas con el Banco fueron
objeto de pago voluntario, según consta en la información suministrada por las
centrales de riesgos, que además está actualizada, es veraz y comprobable, con
fecha del 4 de julio de 2013[10].
2.2.
Experian Computec S.A. -Datacrédito[11].
El apoderado
judicial de Experian Computec S.A. solicitó que se denegará el amparo de los
derechos fundamentales invocados, toda vez que el reporte del dato negativo no
consta en el estado financiero del accionante. Recordó que no es la
entidad competente para la devolución de dineros, pues no se trata de una
entidad que preste servicios financieros ni comerciales; ni tiene algún grado
de injerencia en la asignación de la calificación de endeudamiento, pues éste
se genera a partir de una metodología establecida por la Superintendencia
Financiera, y por el contrario, el scoring genérico que tiene la empresa del
accionante es positivo y muestra un nivel de riesgo relativamente bajo y
Experian Computec S.A. no puede asignar un puntaje que no se fundamente en
variables estadísticas actuales.
2.3.
Superintendencia Financiera[12].
El Subdirector
de Representación Judicial de la Superintendencia solicitó que se denegará la
protección de los derechos invocados respecto a dicha entidad, pues ésta ha
suministrado respuesta oportuna, clara y completa a las peticiones elevadas por
el accionante y, al tratarse de una entidad que ejerce solo el control y
vigilancia del sistema financiero, únicamente realiza las gestiones necesarias
para tomar las medidas administrativas que correspondan según el marco de su
competencia y de conformidad con el procedimiento establecido en el Estatuto
Orgánico del Sistema Financiero.
Informó que el
actor presentó una queja contra el Banco Popular, pero no respecto de los
Bancos de Bogotá y de Occidente, sin embargo la Superintendencia los requirió
para que se pronunciarán sobre los hechos expuestos por el señor Pintor. Sobre
la queja interpuesta contra el primer banco, sostuvo que tal como se le informó
al actor en respuesta del 6 de agosto de 2012, no existen reportes negativos
por esas obligaciones en los bancos de datos.
Por último,
sostuvo que la Superintendencia no tiene competencia para fallar con carácter
definitivo las controversias surgidas con la entidad vigilada relacionadas con
la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
2.4. Los
representantes legales del Banco de Bogotá y del Banco de Occidente no
ejercieron su derecho de defensa a pesar de que, por medio de auto del
veintiocho (28) de junio de 2013, fueron vinculados[13].
3.
Decisiones judiciales objeto de revisión.
3.1. Sentencia del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Arauca, del 12 de
julio de 2013[14].
Concedió el amparo del derecho fundamental
al habeas data. Estimó que el legislador, mediante la Ley 986 de 2005
estableció un sistema de protección para las víctimas del delito de secuestro,
consagrando los requisitos y procedimientos para acceder a los instrumentos de
protección; señalando quiénes son los beneficiarios y cuáles son las
autoridades encargadas de su ejecución y control; estableciendo una serie de
sanciones para los funcionarios y las entidades que incumplan con sus deberes
de protección. Así, en el artículo 11 consagra una interrupción de plazos y
términos de vencimiento de obligaciones dinerarias, ya sea que se trate de
obligaciones civiles o comerciales, que no estén en mora al momento en que
ocurra el secuestro.
En el caso concreto, el juez consideró que
se vulnera el derecho al habeas data, en primer lugar, porque el actor fue
víctima del secuestro extorsivo en el año 2010 y por tal motivo solicitó, con
fundamento en la Ley 1148 de 2011 y el Decreto 2952 de 2010, que se levantará
la cláusula de permanencia que existen en las centrales de riesgo como
consecuencia de la mora que aparece reflejada en el sistema, derivada del incumplimiento
de las obligaciones que contrajo con el Banco Popular en el tiempo en que se
encontraba en la fase de readaptación como víctima de secuestro, petición que
procede de acuerdo al principio de solidaridad. Lo anterior, en la medida en
que cuando una víctima de secuestro recobra su libertad después de haber pagado
para recuperarla, soporta una carga financiera que lo imposibilita para
solventar sus deudas. En segundo lugar, porque de las pruebas que obran en el
expediente, se infiere que el actor se atrasó en sus deudas como consecuencia
del secuestro extorsivo, generando un detrimento patrimonial. Y en tercer
lugar, porque a pesar del secuestro, el accionante realizó todo lo necesario
para pagar sus obligaciones hasta el punto de cancelar todas las deudas,
evidenciándose buena fe de su parte.
Como consecuencia de lo anterior, decidió
ordenar a las centrales de riesgo que durante el periodo en que el demandante
estuvo en tiempo de readaptación, es decir, entre abril de 2010 y el 29 de
octubre de 2011 elimine el dato negativo sobre la obligación bancaria adquirida
con el Banco Popular. Igualmente ordenó a Datacrédito que eliminará de su base
de datos cualquier reporte negativo o positivo que obre sobre el señor Pintor
durante el periodo comprendido entre abril de 2010 y octubre de 2011.
Por último, especificó el juez que la
pretensión de que sean devueltas unas sumas de dinero derivadas del pago de las
obligaciones que cobraron las entidades por vía judicial, no pueden ser
resueltos a través de la acción de tutela pues ésta no reemplaza los mecanismos
ordinarios de defensa. Tampoco accedió a la pretensión de reclasificación del
riesgo crediticio, ya que es una competencia de las entidades bancarias, al
realizar un estudio con varias variables como son: (a) los reportes negativos,
(b) los pasivos y activos que tiene la persona y (c) la capacidad de
endeudamiento y crédito, por lo cual la acción de tutela se torna improcedente.
3.2. Impugnación[15].
El accionante impugnó el fallo manifestando
que la juez aplicó de manera sesgada la normatividad que rige la materia y la
jurisprudencia de la Corte Constitucional que ha fijado los parámetros de la
aplicación del principio de solidaridad en casos semejantes, pues no decidió de
forma integral las pretensiones formuladas. Lo anterior, porque (i) no se
pronunció sobre la imposición de las sanciones contempladas en la Ley 1266 de 2008
a las entidades accionadas, ante la omisión de aplicar las normas y beneficios
contemplados a las víctimas de secuestro; (ii) no ordenó al Banco de Occidente
hacer la corrección de la calificación de endeudamiento, teniendo en cuenta que
según la jurisprudencia constitucional, el tiempo del secuestro y el tiempo de
readaptación de un año no comporta mora; (iii) no ordenó al Cifin y Datacrédito
que el scoring sea recobrado y; (iv) no ordenó a las entidades demandas el pago
de perjuicios causados al no dar cumplimiento a lo señalado en las normas
citadas y a la jurisprudencia constitucional.
3.3. Sentencia del Tribunal
Administrativo de Arauca, del 21 de agosto de 2013[16].
Revocó la sentencia proferida en primera
instancia. Estimó que en el caso concreto no se cumplen los requisitos
establecidos en la Ley 986 de 2005, pues a la luz del artículo 5º de la misma,
la certificación judicial que se debe adjuntar deber ser expedida por los
legitimados para adquirir la condición de curador provisional o definitivo de
bienes, lo cual, según la interpretación del juez, implica que “la víctima
del secuestro debe estar en cautiverio para que la persona legitimada ejerza la
curaduría de los bienes mientras dure la ausencia del titular de los derechos”,
situación que no ocurrió en el caso concreto, pues la Fiscalía expidió los
certificados el 24 de noviembre de 2010, teniendo un término de vigencia de
tres meses, según el mencionado artículo. En general estimó que las normas de
la mencionada ley solo se aplican a quien se encuentre “secuestrado” y, por
demás, la jurisprudencia constitucional que ha tratado situaciones fácticas
semejantes, no puede usarse como un precedente pues ésta ha estudiado casos de
personas secuestradas durante un lapso largo de tiempo y a quien le exigieron
una suma de dinero considerable para su liberación, evento no asimilable al del
señor Pintor, que estuvo secuestrado por nueve (9) horas o menos de tres días
seguidos, por lo cual no se debe aplicar la misma regla de decisión de la T-520
de 2003.
II.
CONSIDERACIONES.
1. Competencia.
La Corte Constitucional es competente para revisar la decisión judicial mencionada, con
base en la
Constitución Política -artículos 86 y 241 numeral 9- y lo desarrollado en el
Decreto 2591 de 1991 -artículos 31 a 36[17].
2. Procedencia de la demanda de
tutela.
2.1. Alegación de afectación de un
derecho fundamental. Se alega la vulneración de
los derechos fundamentales al habeas data, trabajo, vivienda y vida
digna, los cuales encuentran raigambre constitucional (arts.
1, 11, 15 y 51 C.P).
2. 2. Legitimación activa. El señor Néstor Raúl Pintor, titular de los derechos fundamentales
invocados, interpuso acción de tutela en nombre propio.
2.3. Legitimación pasiva. El Banco Popular, Banco de Bogotá y de
Occidente, son entidades privadas que prestan un servicio público[18],
frente a las cuales el accionante ha elevado varias solicitudes en ejercicio de
su derecho fundamental al habeas data y que, en su consideración, no han
actuado conforme a las competencias legales para atender a su situación
financiera. Por su parte, la empresa Experian Computec S.A. –Datacrédito y Cifin se encuentran legitimadas como parte
pasiva toda vez que, todas ellas son entidades privadas frente a  las
cuales la accionante ha realizado solicitudes en ejercicio de su derecho
fundamental de habeas data.
En virtud del numeral 6º del artículo 42
del Decreto 2591 de 1991, procede la acción de tutela contra entidades privadas
cuando se realice una solicitud en ejercicio del derecho al habeas data. Por su
parte, la Superintendencia Financiera es un organismo técnico –Decreto 4327 de
20005-, adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público con personería
jurídica y como tal, es demandable en el proceso de tutela, de acuerdo al
artículo 1º del Decreto en mención.
Con respecto a las entidades bancarias
accionadas, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que éstas prestan un
servicio público, al respecto la sentencia SU-157 de 1999 mencionó:
“[e]n el derecho Colombiano es claro que la
actividad bancaria es un servicio público, pues sus nítidas características así
lo determinan. En efecto, la importancia de la labor que desempeñan para una
comunidad económicamente organizada en el sistema de mercado, el interés
comunitario que le es implícito, o interés público de la actividad y la
necesidad de permanencia, continuidad, regularidad y generalidad de su acción,
indican que la actividad bancaria es indispensablemente un servicio público.
(...)
En este orden de ideas, las personas
jurídicas que realizan actividades bancarias, así tengan una naturaleza
jurídica pública, privada o mixta, ejercen sus facultades a partir de una
autorización del Estado y de la Constitución (arts. 355, 365 CP) para cumplir
con la prestación de un servicio público, lo cual conlleva al cumplimiento de
obligaciones correlativas de respeto y protección de los derechos fundamentales
de los usuarios.
2.4. Subsidiariedad. De acuerdo con el numeral 6º del artículo 42 del Decreto 2591 de
1991, constituye un requisito de procedibilidad para la acción de tutela, en
tratándose de la protección del derecho al habeas data, que el actor haya
presentado una solicitud previamente a la entidad privada con la finalidad de
que el dato o la información que fue reportada en las bases de datos sea
corregido, rectificado, aclarado o actualizado.
Así
mismo, el artículo 15 de la Ley 1266 de 2008 establece que los titulares de la
información que consideren que ésta es errada, podrán solicitar la corrección o
actualización de los datos ante bases de datos y en caso de que el titular no
este satisfecho con la respuesta a la petición, podrá acudir a un proceso
judicial o a la acción de tutela para la protección del derecho fundamental al
habeas data.
En el
caso concreto, el accionante presentó diversas solicitudes ante las entidades
accionadas con el fin de obtener el retiro del reporte negativo que se mantiene
en las bases de datos –Datacrédito y Cifin-, por las obligaciones contraídas
con el Banco Popular, además, elevó una queja ante la Superintendencia
Financiera,  razón por la cual considera la Sala que se cumple con el requisito
de procedibilidad.
2.5. Inmediatez. La demanda de tutela fue presentada[19] tres meses
después de que el Datacrédito y Cifin otorgaran respuesta a las solicitudes
reiteradas por el señor Pintor, en las cuales requería que se retirara el
reporte negativo de sus obligaciones bancarias en virtud del secuestro
extorsivo del que fue víctima. La Sala considera el término razonable.
3. Problema Jurídico.
Con fundamento en los antecedentes, corresponde a esta Sala
determinar si ¿las entidades bancarias y las centrales de datos vulneran los
derechos fundamentales al habeas data, a la vida digna y al trabajo, al reportar
información sobre el incumplimiento de obligaciones bancarias ante las
administradoras de bases de datos crediticios, sin tener en cuenta dicho
incumplimiento fue consecuencia de que el actor fue víctima de dos secuestros
extorsivos en el año 2010, por parte de grupos al margen de la ley?
4. Vulneración del derecho al habeas data.
4.1. Habeas data y derecho a la información.
Principios de veracidad e incorporación del dato. Reiteración de
jurisprudencia.
4.1.1. El
artículo 15 de la
Constitución Política consagra tres derechos fundamentales interdependientes:
(i) el derecho a la intimidad personal, (ii) el derecho al buen nombre, y (iii)
el derecho a conocer, actualizar y rectificar información personal.
Con respecto a
este último, el derecho al habeas data, la jurisprudencia constitucional ha
sido disímil respecto a qué tipo de información es susceptible de ser conocida,
actualizada y rectificada. Después del 2002, esta Corporación reconoció que el
derecho de información comprende cualquier tipo de datos susceptibles de
difusión y que sea considerada como información personal[20].
Así las cosas,
se ha definido como “aquél que otorga la facultad al titular de los datos
personales, de exigir a las administradoras de los mismos el acceso, inclusión,
exclusión, corrección, adición, actualización, y certificación de los datos,
así como la limitación en las posibilidades de divulgación, publicación o
cesión de los mismos.”[21]
Por lo tanto, el titular de la información tiene derecho a solicitar la
actualización del dato –que implica que éste tenga vigencia, entendida como que
sea actual- y la rectificación del dato –es decir que la información proveída
corresponda con la realidad. Con todo, la información además de veraz e
imparcial, debe ser completa, actual y oportuna para satisfacer la garantía
constitucional.
4.1.2. La
jurisprudencia constitucional ha establecido que el núcleo esencial del habeas
data esta conformado por el derecho a la autodeterminación informática y por la
libertad en general, y la libertad económica en especial. En este orden de
ideas, el habeas data faculta al titular de la información a controlar la
inclusión de su información personal en bases de datos, debiéndose autorizar
previamente dicha recolección y almacenamiento. A su vez, implica la
posibilidad de los usuarios de conocer, actualizar y rectificar la información
personal que se haya almacenado de la persona[22].
4.1.3. De esta
manera, esta Corporación estableció los principios a los cuales debe estar
sujeta la administración de los datos personales, con el fin de garantizar que
el derecho a la información sea satisfecho. La sentencia T-729 de 2002 los
resumió de la siguiente manera:
i) el principio
de libertad, los datos personales sólo pueden ser registrados y divulgados con
el consentimiento libre, previo y expreso del titular, (…) ii) el principio de
necesidad, los datos personales registrados deben ser los estrictamente
necesarios para el cumplimiento de las finalidades perseguidas con la base de
datos (…), iii) el principio de veracidad, los datos personales deben obedecer
a situaciones reales, deben ser ciertos, de tal forma que se encuentra
prohibida la administración de datos falsos o erróneos. iv) el principio de
integridad, estrechamente ligado al de veracidad, la información que se
registre o se divulgue a partir del suministro de datos personales debe ser
completa, de tal forma que se encuentra prohibido el registro y divulgación de
datos parciales, incompletos o fraccionados. (…) v) el principio de finalidad,
tanto el acopio, el procesamiento y la divulgación de los datos personales,
debe obedecer a una finalidad constitucionalmente legítima, definida de manera
clara, suficiente y previa; (…), vi) el principio de utilidad, tanto el acopio,
el procesamiento y la divulgación de los datos personales, debe cumplir una
función determinada, como expresión del ejercicio legítimo del derecho a la
administración de los mismos; (…) vii) el principio de circulación restringida,
estrechamente ligado al de finalidad, la divulgación y circulación de la
información está sometida a los límites específicos determinados por el objeto
de la base de datos[23],
por la autorización del titular y por el principio de finalidad, de tal forma
que queda prohibida la divulgación indiscriminada de los datos personales.
viii) el principio de incorporación, cuando de la inclusión de datos personales
en determinadas bases, deriven situaciones ventajosas para el titular, la
entidad administradora de datos estará en la obligación de incorporarlos, si el
titular reúne los requisitos que el orden jurídico exija para tales efectos, de
tal forma que queda prohibido negar la incorporación injustificada a la base de
datos; ix) el principio de caducidad, la información desfavorable al titular
debe ser retirada de las bases de datos siguiendo criterios de razonabilidad y
oportunidad (…); x) el principio de individualidad, las administradoras deben
mantener separadamente las bases de datos que se encuentren bajo su
administración (…).
4.1.4. En virtud de dichos principios, la
entidad que administra los datos personales tiene la obligación de corregir de
conformidad con la situación real, los datos por ella administrados, para
efectos de garantizar que la información esté completa, sea veraz, oportuna y
actualizada; además del deber de garantizar el acceso a la información a sus
titulares.
4.1.5. La Ley Estatutaria 1266 de 2008 “por la
cual se dictan las disposiciones generales del hábeas data y se regula el
manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial la
financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros
países y se dictan otras disposiciones,”[24] y la
jurisprudencia constitucional han extendido el alcance de los principios de
libertad, necesidad, veracidad, integridad, incorporación, finalidad, utilidad,
circulación restringida, individualidad y caducidad al habeas data financiero[25].
4.1.5.1. Así las cosas, la información que
reposa en las bases de datos financieras, debe observar los principios
establecidos para el derecho a la información personal, pues los datos que allí
se conservan, permiten a los usuarios del sistema financiero acceder a
prerrogativas como créditos de consumo y adquirir obligaciones bancarias,
además de determinar los riesgos de los usuarios actuales y futuros del sistema
financiero, pues dicha información es de interés público[26]. Según la
sentencia C-1011 de 2008, que estudió la constitucionalidad de la Ley 1266 de
2008, la finalidad de calcular el riesgo crediticio, es constitucionalmente
legítima, pues encuentra sustento en objetivos enunciados por la Constitución,
como son la estabilidad del sistema de intermediación financiera y la
democratización del crédito.
4.1.5.2. En el artículo 8º de la mencionada
ley estatutaria se impone a las fuentes de información personal – entendida
como “toda persona, entidad y organización que en virtud de una relación
comercial o de servicio o de cualquier otra índole que, en razón de
autorización legal o del titular de la información, suministra datos a un
operador de información, que a su vez los entrega a un usuario final”[27]
– de contenido financiero y crediticio las obligaciones de (i) garantizar
que la información que se suministre a los operadores de los bancos de datos o
a los usuarios sea veraz, completa, exacta, actualizada y comprobable; (ii)
reportar, de forma periódica y oportuna al operador, todas las novedades
respecto de los datos que previamente le haya suministrado y adoptar las demás
medidas necesarias para que la información suministrada a este se mantenga
actualizada; (iii) rectificar la información cuando sea incorrecta e informar
lo pertinente a los operadores; (iv) diseñar e implementar mecanismos eficaces
para reportar oportunamente la información al operador; e (v) informar al
operador que determinada información se encuentra en discusión por parte de su
titular, cuando se haya presentado la solicitud de rectificación o
actualización de la misma, con el fin de que el operador incluya en el banco de
datos una mención en ese sentido hasta que se haya finalizado dicho trámite.
Además, de acuerdo con el artículo 12, las
bases de datos deben informar al titular de la información sobre los reportes
desfavorables, previo a la transmisión del dato a la central de riesgo con el
objetivo de garantizar el derecho a la contradicción y defensa, cuando el dato
sea inexacto o carezca de veracidad.
4.1.6. Por esta razón, cuando la entidad
encargada del almacenamiento, actualización y circulación de información
financiera, omite suministrar una información completa, oportuna y actualizada
y sin que ésta esté basada en obligaciones existentes y comprobables, vulnera
la garantía fundamental del habeas data y el buen nombre, por lo cual el juez
de tutela puede adoptar los correctivos necesarios para que la información que
reposa en las bases de datos sea veraz, actual, completa y oportuna.
4.2. Deber
de solidaridad frente a las personas que están en circunstancias de debilidad
manifiesta en los eventos de víctimas del secuestro.
4.2.1. El artículo 1º de la Constitución Política consagra que “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de
República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades
territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto
de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la
integran y en la prevalencia del interés general”.
Así las cosas, la dignidad humana y la solidaridad son principios fundantes del
Estado Social de Derecho, sin los cuales no sería plausible un orden político,
económico y social justo.
4.2.2.
El deber de solidaridad, establecido en el artículo mencionado y en el artículo
95 de la Carta Política, se concreta en la obligación de asistir a las personas
que se encuentran en circunstancias de debilidad, con el fin de garantizar el
goce efectivo de los derechos fundamentales. Así, la jurisprudencia
constitucional ha establecido que:
“El deber de
solidaridad del Estado ha de ser entendido como derivación de su carácter
social y de la adopción de la dignidad humana como principio fundante del
mismo. En virtud de tal deber, al Estado le corresponde garantizar unas
condiciones mínimas de vida digna a todas las personas, y para ello debe
prestar asistencia y protección a quienes se encuentren en circunstancias de inferioridad,
bien de manera indirecta, a través de la inversión en el gasto social, o bien
de manera directa, adoptando medidas en favor de aquellas personas que por
razones económicas, físicas o mentales, se encuentren en circunstancias de
debilidad manifiesta. Es claro que el Estado no tiene el carácter de
benefactor, del cual dependan las personas, pues su función no se concreta en
la caridad, sino en la promoción de las capacidades de los individuos, con el
objeto de que cada quien pueda lograr, por sí mismo, la satisfacción de sus
propias aspiraciones. Pero, el deber de solidaridad no se limita al Estado:
corresponde también a los particulares, de quienes dicho deber es exigible en
los términos de la ley, y de manera excepcional, sin mediación legislativa,
cuando su desconocimiento comporta la violación de un derecho fundamental.
Entre los particulares, dicho deber se ubica en forma primigenia en la familia,
dentro de la cual cada miembro es obligado y beneficiario recíprocamente,
atendiendo razones de equidad”.[28]
4.2.3.
No obstante, la exigibilidad de los deberes constitucionales en los
particulares, como conlleva a una restricción de sus libertades individuales,
está sujeta al desarrollo que fije el legislador para ello.
“(…) La solidaridad ha dejado de ser únicamente un
precepto ético y reviste, en el Estado social de derecho, un valor hermenéutico
de primer orden en cuanto a la sujeción de los particulares a la Constitución y
a la ley. La eficacia de los derechos fundamentales frente a terceros sujeta al
examen constitucional las actuaciones u omisiones de los particulares en los
casos determinados por la ley. La solidaridad como modelo de conducta
social permite al juez de tutela determinar la conformidad de las acciones u omisiones
particulares según un referente objetivo, con miras a la protección efectiva de
los derechos fundamentales.”[29]
4.2.3.1. Así las cosas, la solidaridad no
es un deber exclusivamente exigido de las autoridades públicas, sino que puede
ser reclamado de los particulares en general[30]
y, en especial de aquellos que prestan un servicio público, como por ejemplo,
la actividad bancaria[31].
Por lo tanto, cuando el juez de tutela verifica el incumplimiento del deber de
solidaridad por parte de un particular que presta un servicio público que a su
vez amenaza o vulnera un derecho fundamental, se puede exigir vía la acción de
tutela el cumplimiento del deber constitucional para garantizar la efectividad
de los derechos constitucionales.
4.2.4. La jurisprudencia de esta
Corporación ha reconocido la exigibilidad del deber de solidaridad frente a
personas secuestradas, desaparecidas y desplazadas por la violencia, por parte
de terceras personas ajenas a los hechos que dieron origen a la situación de
debilidad manifiesta.
4.2.4.1. Por ejemplo, en la sentencia T-015
de 1995, la Corte estableció que el secuestro constituye una situación de
fuerza mayor que interrumpe la prestación del servicio pero no exime al
empleador de las obligaciones contractuales en materia laboral[32]; en una
acción de tutela interpuesta por la familia de una persona que había sido
secuestrada, contra su empleador –entidad estatal –. Esta Corporación consideró
que, correspondía al empleador realizar el pago de los salarios y prestaciones
correspondientes a la persona secuestrada, desde el inicio del secuestro y
hasta dos años después de
transcurrido el cautiverio, tiempo en el cual se podría adelantar el proceso de
presunción de muerte por desaparecimiento y así, asegurar mientras se prolongue
el secuestro, la protección patrimonial de la víctima.
4.2.4.2. En la Sentencia C-400 de 2003, la
Corte estudió la constitucionalidad del artículo 10 de la Ley 589 de 2000 “por
medio de la cual se tipifica el genocidio, la desaparición forzada, el
desplazamiento forzado y la tortura; y se dictan otras disposiciones”¸ que
establece la normatividad sobre la administración de los bienes de las personas
víctimas del delito de desaparición forzada y del secuestro. La Sala
Plena estimó que en virtud del principio de solidaridad, correspondía no solo a
los empleadores estatales sino a los empleadores particulares del trabajador
secuestrado o desaparecido,  pagar los salarios u honorarios acordados, pues “este mandato constitucional permite exigir ante cualquier
individuo el ejercicio de acciones positivas a favor de sus semejantes, en
ciertas situaciones límite en que de no proveerse esa ayuda, quedarían
expuestos a un perjuicio irremediable”.
Así las cosas,
consideró que del deber de solidaridad se podían inferir dos consecuencias: (i)
el “carácter general, que permite imputar a “toda persona” el deber de
ejercicio de acciones positivas que impidan poner en peligro “la vida o la
salud del individuo afectado” y, (ii) “la exigibilidad de dicha
obligación sólo se hace presente cuando media una situación de urgencia
manifiesta”.
4.2.4.3. En el fallo de tutela T-520 de
2003 la Corte analizó el caso de una entidad financiera que hizo
exigible las obligaciones bancarias en la jurisdicción ordinaria de un
comerciante, sin valorar que él había sido secuestrado y debió pagar una suma
considerable de dinero para su liberación. En esta ocasión, la Sala estableció
el alcance del deber de solidaridad de las entidades financieras, que al ser
prestadoras de un servicio público, tienen frente a sus usuarios que han sido
víctimas del delito de secuestro. Así, basándose en un estudio psicológico, la
Sala consideró que las entidades bancarias no podían exigir el pago de las
cuotas de los créditos mientras persista la privación de la libertad, ni
durante el año siguiente de la liberación[33],
pues éste es el periodo de tiempo que se requiere para lograr la readaptación
económica y social del individuo víctima del secuestro[34].
Estimó esta
Corporación que:
“Excepcionalmente, los deberes
constitucionales son exigibles directamente. Ello sucede, entre otros
eventos, cuando su incumplimiento, por un  particular, vulnera o
amenaza derechos fundamentales de otra persona, lo que exige la intervención
oportuna de los jueces constitucionales para impedir la consumación de un
perjuicio irremediable (CP art. 86). En estos casos, al juez de tutela
le corresponde evaluar si la acción u omisión, que constituye simultáneamente
un incumplimiento de los deberes constitucionales, vulnera o amenaza un derecho
fundamental, y si la ley habilita la procedencia de la acción de tutela contra
el particular. En caso afirmativo, el juez podrá hacer exigible inmediatamente
los deberes consagrados en la Constitución, con miras a la protección efectiva
de los derechos fundamentales.’
La aplicación judicial directa de la solidaridad
resulta particularmente exigible en estos casos. La solidaridad no sólo es un
deber constitucional genérico (C.N. art. 95.2), también es un principio
fundamental (C.N. art. 1º). Como principio, la solidaridad imprime ciertos
parámetros de conducta social a los particulares, que pretenden racionalizar
ciertos intercambios sociales. En el Estado Social de Derecho, el principio de
solidaridad cumple la función de corregir sistemáticamente algunos de los
efectos nocivos que tienen las estructuras sociales y económicas sobre la
convivencia política a largo plazo. Por supuesto, la solidaridad, como
principio exigible a los particulares, no es un instrumento necesario para
garantizar la convivencia política, independientemente del modelo de Estado. Se
trata más bien de una construcción histórica, de una herramienta que acogió el
Constituyente de 1991, como instrumento normativo consistente con su opción
política por el Estado Social de Derecho.
Otros modelos de Estado consideran que la
solidaridad es per se una intromisión ilegítima en la esfera privada, y suponen
que sólo cuando el Estado garantiza un total libre juego de las fuerzas
sociales se puede perpetuar la vida en comunidad. Sin embargo, la
dimensión social y no simplemente individual que el Estado Social de Derecho le
imprime a libertad, supone la necesidad de garantizarla de manera general y
permanente, y ello impone la necesidad de racionalizarla a través del principio
de solidaridad. Por lo tanto, como principio fundamental, es susceptible de
aplicación judicial inmediata, cuando de ello depende la intangibilidad de los
derechos fundamentales. […]” (Subrayado fuera de texto).
4.2.4.4. En el fallo de tutela T-419 de
2004, la Corte estudió el caso de una persona desplazada por la violencia,
quien a través de varios derechos de petición solicitó a una entidad bancaria
que condonara la deuda adquirida en virtud de una obligación hipotecaria y le
informara sobre alivios de crédito. En esa ocasión, la Sala decidió proteger el
derecho de petición del actor y ordenó al Banco que suministrará una respuesta
adecuada para aliviar la situación planteada por el accionante, pues se trataba
de una persona en situación de debilidad manifiesta, frente al cual las
entidades bancarias debían, por solidaridad, aportar la información necesaria
para generar estabilidad financiera.
4.2.4.5.
Posteriormente, en el año 2005, la Corte examinó la acción de tutela
interpuesta por el cónyuge de una víctima de secuestro contra el Fondo Nacional
del Ahorro, quién había cancelado las cuotas del crédito hipotecario
oportunamente pero la entidad había cambiado unilateralmente las condiciones
pactadas para el crédito, ampliando el plazo y cambiando el valor del mismo de
pesos a UVR, a pesar de que la persona aun se encontraba privada ilícitamente
de la libertad. En la sentencia T-212, se reiteró que, en virtud del deber de
solidaridad, los acreedores no pueden reclamar el cumplimiento de las
obligaciones crediticias que se causen durante el secuestro, ni en el periodo
de readaptación del deudor.
4.2.4.6. Por su parte, en la sentencia
T-358 de 2008, la Corte analizó si se vulneraba el principio constitucional a
la buena fe y el deber de solidaridad, de un deudor de un crédito cuya entidad
bancaria había promovido un proceso ejecutivo para reclamar el pago de la
deuda, sin tener en cuenta que el actor era una persona en condiciones de
debilidad manifiesta por ser víctima del desplazamiento forzado[35]. Recordó
que: “es claro que el principio de buena fe también impone deberes a
los particulares y bien puede no haber lugar a que se extingan las obligaciones
civiles ni sus garantías, pero lo que sí debe ordenar la Corte al Banco (…) es
que reprograme el crédito, como le viene instando el demandante, dentro de unas
condiciones que le sean asequibles y pueda honrar dentro de su penosa
situación”.
4.2.4.7. En sentencia C-1011 de 2008, la
Sala Plena estudió la constitucionalidad de la Ley 1266 de 2008 “por la cual
se dictan las disposiciones generales del hábeas data y se regula el manejo de
la información contenida en bases de datos personales, en especial la
financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros
países y se dictan otras disposiciones”, concluyó que:
“en aquellos
casos en que por evidente fuerza mayor el sujeto concernido se ha visto
compelido a incumplir con el pago de la obligación comercial y crediticia,
resultaría desproporcionado e irrazonable que, como consecuencia de ese
incumplimiento, se incorpore la información sobre mora en los archivos o bancos
de datos destinados al cálculo del riesgo crediticio y, con ello, resulte
aplicable el juicio de desvalor para el acceso a productos comerciales y de
crédito que involucra la presencia de ese reporte, conforme se ha indicado en
esta sentencia. Estas conclusiones son aplicables cuando la mora tiene relación
directa con el hecho que el titular del dato sea víctima de los delitos de
secuestro, desaparición forzada o desplazamiento forzado.  En cada uno de estos
eventos, la jurisprudencia constitucional ha señalado, de manera reiterada, que
las distintas entidades del Estado e, inclusive los particulares, tienen la
obligación de evitar que las consecuencias de los mencionados delitos se
extiendan a los distintos ámbitos personales de la víctima, de manera que se
hagan más gravosas.  Ello con fundamento en el contenido y alcance del
principio de solidaridad, del cual se derivan deberes constitucionales
concretos y oponibles al Estado y a los ciudadanos”.
La Sala Plena consideró que tanto el secuestro como la
desaparición forzada implican una afectación a la autonomía de las personas por
lo cual no les era exigible el pago de obligaciones civiles por la omisión del
pago, pues es en virtud de la ausencia de autonomía que éstas no se pueden
realizar normalmente, debido entonces a un acontecimiento de fuerza mayor que
los imposibilita. Por esta razón, frente a la administración de datos
personales, cuyo principal objetivo es el cálculo del riesgo crediticio – para
garantizar la estabilidad financiera, confianza en el sistema financiero y
protección del ahorro público –, el cual cumple un fin constitucionalmente
legítimo, no se debe incluir en los reportes financieros los incumplimientos de
obligaciones crediticias cuando la mora se derive de la restricción a la
autonomía del deudor por fuerza mayor, al ser víctima de secuestro,
desaparición forzada o desplazamiento forzado.
Lo anterior, porque constituye una carga desproporcionada e
irrazonable, que además afecta el principio de veracidad en la administración
de datos personales, pues al generar un reporte negativo como consecuencia de
la mora causada por ser víctima de alguno de los mencionados delitos, perpetúa
las consecuencias negativas en la vida social y económica del individuo y, en
segundo lugar, porque el incumplimiento y por ende el cálculo del riesgo
crediticio se sustenta en una situación de fuerza mayor, que no tiene
fundamento en la voluntad del deudor, sino en los actos de un tercero que
comete una conducta delictiva. “Por lo tanto, no
pueden dar cuenta del “comportamiento crediticio” del sujeto concernido, pues
éste solo puede evaluarse correctamente bajo el supuesto que se trata de una
conducta fundada en la autonomía personal”[36].
4.2.4.8. En la sentencia T-312 de 2010, la
Sala Séptima de Revisión estudió una acción de tutela instaurada por una
persona víctima del desplazamiento forzado a quien la entidad bancaria con la
cual había adquirido una obligación crediticia exigió el cumplimiento de la
misma y a su vez los intereses de mora y de plazo. Reiteró la Corte que las
personas víctimas del desplazamiento se encuentran en una situación de
indefensión, por lo cual en virtud del deber de solidaridad, correspondía a la
entidad bancaria no hacer uso de las cláusulas aceleratorias del contrato de
mutuo suscrito con el accionante, ni cobrar intereses moratorios en el periodo
de readaptación del individuo[37].
4.2.5. Por otro lado, en la Ley 986 de 2005
“Por medio de la cual se adoptan medidas de protección a las víctimas del
secuestro y sus familias, y se dictan otras disposiciones”, el legislador
previó la interrupción de plazos y términos de vencimiento de obligaciones
dinerarias – civiles y comerciales –, cuando el deudor sea una persona secuestrada, así:
“Se interrumpirán para el deudor
secuestrado, de pleno derecho y retroactivamente a la fecha en que ocurrió el
delito de secuestro, los
términos de vencimiento de
todas sus obligaciones dinerarias, tanto civiles como comerciales, que no estén
en mora al momento de la ocurrencia del secuestro. Las respectivas
interrupciones tendrán efecto durante el tiempo de cautiverio y se mantendrán
durante un período adicional igual a este, que no podrá ser en ningún caso
superior a un año contado a partir de la fecha en que el deudor recupere su
libertad. También cesarán los efectos de las interrupciones desde la fecha en
que se establezca la ocurrencia de la muerte real o se declare la muerte
presunta del deudor secuestrado (…)”[38].
En virtud de lo cual, el parágrafo 4º del
mismo artículo 11 establece que no serán incluidos en las bases de centros de
información financiera, aquellos deudores secuestrados que sean beneficiarios
de la Ley 986 de 2005. Así mismo, el artículo 1º del Decreto 2952 de 2010
prevé: “En el evento en que el incumplimiento de la(s) obligación(es)
dineraria(s) a cargo de un titular de información se origine en una situación
de fuerza mayor causada por el secuestro, la desaparición
forzada o el desplazamiento forzado de dicho titular, este tendrá
derecho a que el incumplimiento no se refleje como información negativa en su
reporte”.
4.2.6. En conclusión, cuando se verifica el
incumplimiento del deber de solidaridad por parte de un particular que preste
un servicio público y con su acción u omisión vulnere los derechos
fundamentales de una persona que han sido ilegalmente privada de la libertad,
víctima de desplazamiento forzado o desaparecida forzosamente, y se encuentra
en situación de debilidad manifiesta, el juez constitucional puede exigir por
medio de la acción de tutela, el cumplimiento del principio de solidaridad, con
el fin de lograr el goce efectivo de los derechos fundamentales. Las
consecuencias o efectos de la aplicación de tal principio deberán precisarse en
cada caso atendiendo diferentes aspectos.
5. Caso concreto.
5.1. El señor Néstor Ricardo Pintor interpuso acción de tutela
contra Datacrédito, Cifin, el Banco Popular, el Banco de Bogotá, el Banco de
Occidente y la Superintendencia Financiera, por considerar que dichas entidades
vulneraron sus derechos fundamentales al habeas data, al trabajo, a la vida
digna y a la vivienda, al incluir un dato negativo en las centrales de riesgo,
producto del incumplimiento de sus obligaciones bancarias entre julio y agosto
de 2011, al haber sido víctima de un secuestro extorsivo[39] en el año
2010[40].
Lo cual ha implicado que el actor venda su casa de habitación y un vehículo que
utilizaba para trabajar, con el fin de cumplir sus obligaciones crediticias.
5.1.1. En virtud de lo anterior, el señor Pintor fue incluido en el
Registro Único de Víctimas[41]
y por intermedio de varias peticiones solicitó a las entidades bancarias, a
Datacrédito, al Cifin y a la Superintendencia Financiera que (i) eliminaran el
reporte negativo en las centrales de riesgo, (ii) levantaran la cláusula de
permanencia, (iii) reasignaran la calificación Triple A, (iv) restablecieran el
porcentaje del nivel de riesgo crediticio, (v) suspendieran los procesos
judiciales adelantados y (vi) refinanciaran el crédito. Lo anterior, en virtud
del principio de solidaridad y con fundamento en las Leyes 986 de 2005, 1266 de
2008 y el Decreto 2952 de 2010[42].
5.2. En primera instancia se concedió el
amparo del derecho al habeas data, pues el juez estimó que la Ley 986 de 2005
consagró un sistema de protección a las víctimas del secuestro que, en el caso
concreto implica, como lo menciona el artículo 11, la interrupción de plazos y
términos de vencimiento de las obligaciones dinerarias que no estén en mora al
momento en que ocurra el secuestro. Consideró el juez de tutela que el
incumplimiento de las obligaciones crediticias se debía a la fase de
readaptación en la que se encontraba el actor, por lo que en virtud del
principio de solidaridad las centrales de riesgo debían levantar la cláusula de
permanencia del dato negativo. Sin embargo, el juez de primera instancia no
accedió a las pretensiones de devolver las sumas de dinero derivadas del pago
de las obligaciones – cobradas por vía judicial –, ni a la reclasificación del
riesgo crediticio. El actor impugnó la decisión, señaló que el juez no aplicó
correctamente la normatividad y jurisprudencia que regula la materia, porque no
se pronunció sobre las sanciones a las entidades bancarias establecidas en la
Ley 1266 de 2008, ni ordenó la corrección de la calificación de endeudamiento,
ni la indemnización de perjuicios causados por el incumplimiento al deber de
solidaridad.
5.3. El juez de segunda instancia revocó el
fallo, pues consideró que el actor no cumple con los requisitos establecidos en
la Ley 986 de 2005, al no haber adjuntado una certificación judicial vigente,
pues según la interpretación que hizo el juez de tutela del artículo 5º, para
ser beneficiario de la ley en mención, debe estar la persona aún privada de la
libertad. Además, porque las certificaciones que adjunta el accionante son
expedidas por la Fiscalía el 24 de noviembre de 2010,  teniendo vigencia solo
por 3 meses. Asimismo, adujo que el precedente de la jurisprudencia
constitucional no es asimilable a su caso, pues ésta ha estudiado casos de
personas secuestradas durante un lapso largo de tiempo y a quien le exigieron
una suma de dinero considerable para su liberación, evento no asimilable al del
señor Pintor, que estuvo secuestrado por nueve (9) horas o menos de tres días
seguidos, por lo cual no se debe aplicar la misma regla de decisión de la T-520
de 2003.
5.4. De conformidad con lo anterior, corresponde a la Sala
determinar si las entidades bancarias vulneran los derechos fundamentales al
habeas data, al mínimo vital, a la vida digna y al trabajo, al haber reportado
al actor a las centrales de riesgo por estar en mora con las obligaciones
crediticias adquiridas por el señor Pintor, sin tener en cuenta que él fue
víctima de dos secuestros extorsivos por grupos al margen de la ley, para los
cuales debió pagar la suma aproximada de cincuenta millones de pesos
($50.000.000)[43]
5.5. Según consta en la respuesta
suministrada por Cifin el 8 de abril de 2013, la obligación No. 002251
a favor del Banco Popular “fue reportada con fecha de inicio el 20 de
agosto de 2009. De acuerdo con la información suministrada por la entidad, la
mora inició en el mes de julio de 2011, es decir aun no tenía la calidad de
desplazado”[44].
Acto seguido, la entidad accionada explica que como el reporte fue generado
antes de que Acción Social – hoy Departamento para la Prosperidad Social –,
registrara como víctima al señor Pintor, el 25 de enero de 2013, se trata de
una fecha posterior al reporte, por lo cual “la información negativa
asociada a dicho dato permanecerá reportada bajo los términos de la Ley 1266 de
2008”.
5.6. Por su parte, la otra obligación
contraída con el Banco Popular, No. 339563 “fue reportada con fecha de
inicio 26 de agosto de 2009. De acuerdo con la información suministrada, la
mora inició en el mes de agosto de 2010, es decir aun no tenía la calidad de
desplazado”. Y, tal como se mencionó anteriormente, el juez de segunda
instancia decidió revocar la sentencia que había amparado el derecho
fundamental al habeas data al estimar que el actor no había probado que su
situación se encuadrará en los presupuestos establecidos en la Ley 986 de 2005,
sobre todo por no haber adjuntado pruebas vigentes que dieran cuenta de que fue
víctima de un secuestro extorsivo, pues los certificados expedidos por la
Fiscalía son del 24 de noviembre de 2012 y éstos solo tenían vigencia de 3
meses.
5.7. Considera la Sala que tanto Cifin como
el juez de segunda instancia se equivocan en la interpretación que realizan
tanto de la Ley 986 de 2005, como de los elementos probatorios que obran en el
expediente, pues, en primer lugar, el hecho de que el señor Pintor haya sido
incluido en el Registro Único de Víctimas el 25 de enero de 2013, con
fundamento en hechos que tuvieron origen en un secuestro extorsivo acontecido
en el año 2010, no es por su calidad de víctima del desplazamiento forzado sino
como consecuencia de la privación ilegal a la libertad del que fue víctima en
el 2010 y el registro realizado por el Departamento para la Prosperidad da
cuenta de ello en los siguientes términos: “por lo anterior y a la luz del
principio de Buena Fé (sic), se concluyó que el hecho victimizante de
secuestro, declarado por el deponente se enmarcan dentro del artículo 3 de la
Ley 1448 de 2011, por lo cual es viable jurídicamente incluir a NESTOR RICARDO
PINTOR PENAGOS, en el Registro Único de Víctimas –RUV-.”. Por tal motivo el
actor solicitó a la central de datos que omitiera el reporte negativo de los
datos, generada como consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones
bancarias.
En segundo lugar, de acuerdo al artículo 5º
de ley, para ser beneficiario de los instrumentos de protección previstos, se
debe aportar una certificación de la autoridad judicial competente con vigencia
de tres meses, que deberá ser renovada de forma periódica; pero desconoció el
juez de instancia que el último inciso del artículo señala que “para el
acceso a los instrumentos de protección aplicables una vez el secuestrado
recobre su libertad, se expedirá una nueva certificación que tendrá validez
durante el período contemplado por la ley para la vigencia de los beneficios a
los que haya lugar”[45].
Lo anterior implica que, una vez se encuentre en libertad la persona víctima
del secuestro, éste podrá acceder a los beneficios contemplados en la ley, sin
que sea necesario renovar la certificación judicial.
5.8. De conformidad con lo establecido en
el artículo 11 de la Ley 986 de 2005 “se interrumpirán para el deudor
secuestrado, de pleno derecho y retroactivamente a la fecha en que ocurrió el
delito de secuestro, los términos de vencimiento de todas sus
obligaciones dinerarias, tanto civiles como comerciales, que no estén en mora
al momento de la ocurrencia del secuestro. Las respectivas interrupciones
tendrán efecto durante el tiempo de cautiverio y se mantendrán durante un
período adicional igual a este, que no podrá ser en ningún caso superior a
un año contado a partir de la fecha en que el deudor recupere su libertad”. Por
lo tanto, las entidades bancarias tenían la obligación de no contabilizar la
mora de las obligaciones bancarias y por ende omitir el reporte del dato
negativo en virtud de dicho incumplimiento, por un periodo de 6 días, a la luz
del mencionado artículo - 3 días que duró el cautiverio y 3 días más-.
5.8.1. Al respecto, en la ponencia para
primer debate al proyecto de ley 20 de 2004 – Senado[46], los
ponentes indicaron que el propósito de consagrar una norma general con un
término en que se interrumpirían las obligaciones dinerarias a las víctimas de
secuestro, se justifica, en primer lugar, porque el secuestro es una causal
eximente de responsabilidad civil por tratarse de un evento de fuerza mayor, en
segundo lugar, la interrupción de los plazos para el vencimiento de
obligaciones se debe otorgar durante el lapso del secuestro, por un periodo
igual a la duración del mismo y en todo caso por un tiempo que no supere un año
desde que se recobra la libertad. La ponencia justificó el artículo 11 de la
Ley 986 de 2005 de la siguiente manera:
“(…) La definición de este período tiene en cuenta que se
requiere un tiempo adicional para que la persona que fue víctima de ese delito
se reincorpore a su vida social y económica en condiciones que le permitan
reanudar el pago de sus obligaciones. Si bien por la vía de la tutela -como se
explicó antes- las autoridades judiciales han autorizado este tipo de
congelaciones de pagos durante el secuestro y durante un período posterior a
él, se ha considerado necesario establecer en la regulación legal una norma
general que las disponga.
En cuanto al período adicional de suspensión de
obligaciones, aunque en una tutela la Corte Constitucional ordenó el plazo de
un año para una persona que estuvo secuestrada por siete meses, consideramos
que la propuesta del proyecto de establecer un período adicional variable es
acertada, ya que un límite universal de un año podría generar situaciones
desproporcionadas. Aquí, al regular de manera general el tema, debe
tenerse en cuenta que la gran mayoría de secuestros (el 57.1% de los casos)
tiene duraciones inferiores a un mes, por lo que el período de un año podría
resultar excesivo para congelar una obligación si se tiene en cuenta el tiempo
real de retención. Durante la preparación del proyecto, la mesa de trabajo
intersectorial[47] concluyó que no resultaría
justificable desde una óptica económica, la congelación de la obligación por un
año, en virtud de un secuestro que hubiera durado una semana, 15 días o un mes,
por ejemplo”[48]. (Subrayas fuera de texto)
5.8.2. No
obstante, esta Corporación, en la sentencia T-520 de 2003, de acuerdo con los
conceptos técnicos que solicitó la Sala en esa ocasión, pudo constatar que los
perjuicios psicológicos, sociales y económicos que sufre una víctima de
secuestro al recobrar su libertad y reincorporarse en el ámbito laboral, social
y familiar,“dura alrededor de un año, y que
aquellas manifestaciones que se den con posterioridad a los doce meses después
de la liberación, son secuelas (permanentes) del mismo”; según el
concepto suministrado por el departamento de psicología de la Universidad
Nacional y de la Fundación País Libre, la víctima de secuestro tiene un proceso
de readaptación a la sociedad dura un año desde que se recobra la libertad.
Así
las cosas, en el fallo mencionado, la Corte decidió que el accionante se
encontraba en una situación de debilidad manifiesta como consecuencia del
secuestro y que por lo tanto, el cobro judicial de las obligaciones bancarias
durante la fase de readaptación implicaba una vulneración de sus derechos fundamentales
y truncaba su proceso de recuperación. En virtud de lo anterior, consideró la Corte
que como el secuestro era una situación de fuerza mayor, los bancos no podían
exigir el pago de intereses moratorios causados, ni durante el término del
secuestro ni en el año siguiente a su liberación, pues esto “supone una
carga excesivamente onerosa, frente a la prolongación de los efectos del
secuestro después de la liberación”.
El
término de un año posterior a la liberación, tiene la finalidad de que el
secuestrado, que vio menguada su integridad física, mental y económica y su
libertad, necesita de un lapso de tiempo para recuperarse y readaptarse en la
sociedad, por lo cual, exigir el cumplimiento inmediato de sus obligaciones
bancarias constituye una carga adicional y desproporcionada para que la víctima
reanude sus actividades laborales y financieras.
5.8.3. Por esta razón, la Corte en la sentencia C-1022 de
2008 mencionó que, aun cuando el legislador estatutario estableció un término
de permanencia para la información correspondiente al incumplimiento de
obligaciones crediticias, no es óbice para que en casos concretos, pueda
evitarse la inclusión del reporte en las bases de datos por las causas que
dieron origen a la mora, como cuando se trata de un caso de fuerza mayor como
el secuestro, pues “resultaría desproporcionado e
irrazonable que, como consecuencia de ese incumplimiento, se incorpore la
información sobre mora en los archivos o bancos de datos destinados al cálculo
del riesgo crediticio y, con ello, resulte aplicable el juicio de desvalor para
el acceso a productos comerciales y de crédito que involucra la presencia de
ese reporte, conforme se ha indicado en esta sentencia. Estas conclusiones son
aplicables cuando la mora tiene relación directa con el hecho que el titular
del dato sea víctima de los delitos de secuestro, desaparición forzada o
desplazamiento forzado.”
Entonces corresponde
a las entidades del Estado y los particulares, en virtud del principio de
solidaridad, garantizar un proceso de readaptación de las víctimas de delitos
como el secuestro, para no perpetuar las consecuencias negativas de éste en los
diferentes ámbitos de su vida social y económica, de manera que resulten ser
más gravosas. Por lo cual concluyó la Sala Plena que:
“La
inclusión del reporte financiero sobre incumplimiento en los bancos de datos,
en los casos en que la mora se derive del hecho que el titular de la
información es víctima de los delitos de secuestro, desaparición forzada o
desplazamiento forzado, y la mora es consecuencia directa de los efectos de
esas conductas, constituye una actuación desproporcionada e irrazonable, que a
su vez afecta el principio de veracidad en la administración de datos
personales.”[49]
5.9. De esta forma, esta Sala evidencia que,
en el caso concreto, se contraponen dos intereses constitucionales diferentes,
por un lado, los derechos fundamentales al habeas data, mínimo vital y vida
digna del señor Néstor Pintor y, por otro lado, la autonomía privada de las
entidades bancarias que por medio del reporte en las bases de datos pretenden
garantizar la estabilidad del sistema de intermediación financiera y la
democratización del crédito.
5.9.1. En el caso concreto, se conoce que
el señor Pintor es un comerciante que adquirió diferentes obligaciones
crediticias para poder sustentar su negocio y que tuvo que pagar una suma
aproximada de $50.000.000 millones de pesos para recobrar su libertad[50]. Así las
cosas, en virtud de las consideraciones anteriormente planteadas, es necesario
valorar las secuelas monetarias que tiene en la vida de una persona ser privado
de la libertad y tener que pagar una suma de dinero para ello que, en principio,
estaba destinada para cumplir sus obligaciones bancarias y sufragar los costos
del negocio. Entonces, en este caso las entidades accionadas desconocieron que
la víctima tuvo que optar entre recobrar su libertad, pagando por ello, o pagar
las deudas contraídas con anterioridad al secuestro.
5.9.2. La Sala considera necesario que, en virtud del
principio de solidaridad y tal como lo estableció la jurisprudencia antes
citada, se requiere de un tiempo para poder readaptarse socialmente después del
cautiverio y de la carga económica que representa haber pagado para ello. Tal
como lo menciona el artículo 11 de la Ley 986 de 2005, no puede constituirse en
mora una obligación bancaria por el término que dure el secuestro y por un
periodo igual a este, explicado en que hay un evento de fuerza mayor[51] que termina
en el momento en que es liberado, y por un período igual a este o máximo en un
término de un año, se deben interrumpir los plazos, entonces ¿Qué pasa en los
casos en que una persona es secuestrada por periodos cortos de tiempo, pero que
es forzado a asumir el costo de recobrar su libertad? Incluso la misma Corte
Constitucional, en sentencia C-542 de 1993, indicó que es contraria a la
Constitución una norma que prohíba el pago de un rescate de una víctima de
secuestro extorsivo, pues se trata de una conducta razonable de un particular para
proteger la vida y la libertad, al encontrarse en un estado de necesidad[52]. Y según lo
que afirma el propio accionante, él tuvo que pagar una suma de dinero para recuperar
la libertad y, en su lugar, omitir el pago a los bancos, porque se trató de un
evento irresistible.
5.9.3. Estima la Sala que en los casos en que se recobra la
libertad por el pago de sumas de dinero, los efectos del reconocimiento de que
se trata de un evento de fuerza mayor deben extenderse por el término necesario
para hacer frente al cumplimiento de obligaciones bancarias, pues para el
deudor implica unas erogaciones económicas que son imprevisibles y
irresistibles, al tener que costear su libertad.
Por lo tanto, como el secuestro es un delito que parte de la
omisión del deber de protección y seguridad del Estado[53] corresponde no solo a
este, sino a los particulares, especialmente que prestan servicios públicos – como
la actividad bancaria –, en virtud del principio de solidaridad, la obligación de asistir a las personas que se
encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta, como el señor Néstor
Pintor, pues el evento de fuerza mayor impacta directamente la exigibilidad de
las obligaciones y desvirtúa la noción de mora – entendido como “el retardo
culpable del deudor en el cumplimiento de una obligación”[54]
–,  durante un periodo, que tal como se consideró
en la sentencia T-520 de 2003 y según los conceptos técnicos que solicitaron,
es de un año mientras el deudor se reincorpora normalmente a la vida
laboral, familiar y económica.
5.9.4. En este orden de ideas, no se debe desconocer que la
víctima de secuestro esta en una situación de debilidad manifiesta, que además se
vio forzada a pagar, en virtud del secuestro, para proteger la libertad y la
vida; razón por la cual es constitucional la interrupción de términos para
cumplir con las obligaciones dinerarias por el término que dura el cautiverio y
un periodo equivalente al mismo. En principio establecer un periodo de tiempo
en el cual se interrumpen las obligaciones tiene la finalidad de proteger a la
víctima del secuestro en diferentes ámbitos de su vida, sin embargo, en casos
como el del señor Pintor, no solo estuvo privado de su libertad durante 3 días
– en total –, sino que tuvo que replantear su vida económica y laboral para
poder gozar efectivamente de su autonomía, resguardar su vida y recobrar su
libertad.
Entonces, la finalidad de interrumpir los términos no es
solamente una consideración a que el deudor, por estar privado de la libertad
no puede cumplir y pagar físicamente sus obligaciones – es decir durante el
periodo del secuestro –, sino que además, tiene la finalidad de garantizar que
una vez la persona recobra la libertad habiendo pagando por ello; pueda
reestablecer su estabilidad social y económica, garantizar una readaptación a
la sociedad y pueda asumir las cargas que este flagelo tuvo en la vida de una
persona. Así, exigir el cumplimiento de obligaciones bancarias inmediatamente después
de liberado, desconoce los esfuerzos en los que tiene que incurrir un ciudadano
por tratar de proteger sus bienes jurídicos más preciados e ignora la carga
económica que supone pagar para recobrar la libertad, la autonomía y la vida.
Por lo cual esta Corporación, en reiterada jurisprudencia, ha consagrado que es
necesario otorgar un plazo para el cumplimiento de obligaciones posterior al
momento en que el secuestrado recobra su libertad, en primer lugar, porque es
necesario para el proceso de recuperación y, en segundo lugar, porque se activa
el deber de solidaridad, constitucionalmente exigible del Estado y de la
sociedad en general.
5.9.5. Además, en el caso concreto, ni las entidades
bancarias ni las bases de datos tuvieron consideración de la calidad de víctima
de secuestro del accionante, pues se quedaron en minucias formalistas sobre la
fecha del Registro Único de Víctimas, sobre si era desplazado o secuestrado,
sobre la vigencia del certificado expedido por la Fiscalía. Y de haber
considerado su situación, lo único que debían hacer en virtud del artículo 11
de la Ley 986 de 2005, es interrumpir por 3 días los términos para el
cumplimiento de obligaciones dinerarias y por un periodo adicional igual a
este, es decir 6 días, lo cual resulta ser constitucionalmente problemático
desde la perspectiva de la jurisprudencia constitucional. De acuerdo con la
ponencia del proyecto de ley en mención, el propósito de establecer esos
términos era generar una regla general que impidiera incentivos perversos a los
autosecuestros.
5.10. Acorde con las consideraciones efectuadas por esta
Corporación, la tutela objeto de revisión se configura en el mecanismo jurídico
adecuado para inaplicar[55]
la expresión “durante un período adicional igual a este” del artículo 11 de la Ley 986 de 2005[56], teniendo en
cuenta que la interrupción de los términos para el cumplimiento de obligaciones
crediticias por dicho lapso en el caso examinado en esta oportunidad, no se
ajusta a lo establecido en los artículos 1º, 2º y 95 de la Constitución.
Veamos:
Como ya se advirtió, la vulneración de los
derechos fundamentales al habeas data y a la vida digna del accionante, y el
goce efectivo de tales derechos impone a las entidades accionadas la obligación
de ajustarse a los preceptos establecidos tanto en la Carta Política como la
jurisprudencia de esta Corporación, en referencia a interrupción de plazos y
términos de vencimiento de obligaciones dinerarias por un periodo de un año
desde que la víctima de secuestro recobra la libertad; pues constituye una
carga desproporcionada para una persona en situación de debilidad manifiesta,
asumir el pago de las obligaciones crediticias mientras esta en una fase de
readaptación.
5.10.1. En el caso concreto, esta probado
que el señor Pintor: (i) fue víctima de dos secuestros extorsivos (uno en marzo
de 2010, en el que estuvo privado de su libertad por nueve horas y le exigieron
la suma de $40.000.000 y otro el 29 de octubre de 2010, en el que estuvo
cautivo dos días y por el cual pago $10.000.000)[57], (ii) tuvo que
pagar la suma de $50.000.000 millones de pesos para recobrar la libertad[58],
(iii) ha visto truncado su proceso de adaptación en los aspectos económicos y
laborales producto de haber sido víctima del secuestro, debiendo vender su
casa, un vehículo que utilizaba para su trabajo y la imposibilidad de acceder a
créditos bancarios por estar reportado en las centrales de datos[59],
(iv) pagó ciertas obligaciones bancarias contraídas con anterioridad al
secuestro ante el Banco de Occidente y de Bogotá[60] e (v)
incurrió en mora de dos obligaciones crediticias con el Banco Popular a los
nueve y diez meses de haber recobrado por última vez su libertad (en julio y
agosto de 2011)[61].
5.10.2. Así las cosas, teniendo en cuenta
los lapsos que el accionante estuvo secuestrado y la suma de dinero que debió
pagar para recobrar la libertad, que fue como consecuencia de un evento de
fuerza mayor que le impidió el pago de obligaciones crediticias durante un
tiempo que requirió para readaptarse económicamente e implicó el reporte de
datos negativos en las bases centrales y por ello, en la actualidad, el reporte
amenaza su derecho al mínimo vital y al trabajo. Y que de los estudios que se
mencionaron anteriormente, el lapso de un año contado a partir del momento en
que la víctima recobra la libertad, es un periodo necesario para no generar una
carga excesivamente onerosa y desproporcionada, que prolongue los efectos del
secuestro después de la liberación de la persona.
5.10.3. Y en el mismo sentido, a la luz del
Decreto 2952 de 2010, artículo 1º “En
el evento en que el incumplimiento de la(s) obligación(es) dineraria(s) a cargo
de un titular de información se origine en una situación de fuerza mayor
causada por el secuestro, la desaparición forzada o el desplazamiento
forzado de dicho titular, este tendrá derecho a que el incumplimiento no se
refleje como información negativa en su reporte”. Se debe entender que como el
accionante estuvo en fase de readaptación, desde el 29 de octubre de 2010 y el
29 de octubre de 2011, los datos negativos reportados a las centrales de datos
en virtud de la presunta mora, no corresponden a la realidad, porque el reporte
se generó partiendo de la base que el accionante no incurrió en retardo
culpable.
5.11. En virtud de lo anterior, la Sala
revocará la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca, el 21
de agosto de 2013, que revocó la sentencia proferida por el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Arauca, el 12 de julio de 2013, que concedió el
amparo del derecho fundamental al habeas data y ordenó a las centrales de
riesgo que durante el periodo en que el demandante estuvo en tiempo de
readaptación, es decir, entre abril de 2010 y el 29 de octubre de 2011 elimine
el dato negativo sobre la obligación bancaria adquirida con el Banco Popular.
Igualmente ordenó a Datacrédito que eliminará de su base de datos cualquier
reporte negativo o positivo que obre sobre el señor Pintor durante el periodo
comprendido entre abril de 2010 y octubre de 2011. Se confirmarán las
decisiones frente a la eliminación de las bases de datos del dato negativo
sobre la obligación bancaria adquirida con el Banco Popular.
Sin embargo, se complementarán las órdenes
proferidas por el juez de primera instancia de la siguiente manera: (i) se
ordenará a Computec Datacrédito S.A. y Cifin que eliminen cualquier reporte
negativo sobre las obligaciones bancarias adquiridas con el Banco Popular
durante el período en que el accionante estuvo en fase de readaptación, esto
es, entre el 29 de octubre de 2010 y el 29 de octubre de 2011; (ii) se ordenará
a Datacrédito y Cifin que eliminen de su base de datos
cualquier reporte negativo que obre sobre el señor Pintor durante el periodo
comprendido entre el 29 de octubre de 2010 y octubre de 2011; (iii) se ordenará
al Banco Popular, de Occidente y de Bogotá que hagan un estudio de
reclasificación del riesgo crediticio a partir de lo establecido en el Capítulo
II de la Circular Básica Contable y Financiera 100 de 1995, contemplando las
variables de: (a) los reportes negativos, (b) los pasivos y activos y (c) la
capacidad de endeudamiento y crédito, (d) las condiciones financieras, (e ) las
características del contrato, (f) la calidad de las garantías, (g) las fuentes
de pago y (h) las condiciones macroeconómicas en las que pueda enfrentarse la
entidad bancaria y teniendo en cuenta la interrupción de los términos para
exigir las obligaciones bancarias entre el 29 de octubre de 2010 y el 29 de
octubre de 2011.
Respecto a la pretensión del accionante que
le reembolsen las sumas de dinero derivadas del pago de las obligaciones
bancarias que fueron cobradas judicialmente, la Sala considera que es
improcedente, por cuanto la acción de tutela no reemplaza los mecanismos
ordinarios judiciales con las que cuenta el señor Pintor para acceder a ello.
6. Conclusión.
6.1. Síntesis del caso.
El señor Néstor Pintor fue víctima del
secuestro durante los meses de marzo y octubre de 2010, como consecuencia de
ello debió pagar la suma de $50.000.000. Por lo anterior, incumplió con el pago
de créditos contraídos con las entidades bancarias accionadas y por lo tanto,
se reportó un dato negativo en las centrales de riesgo que le ha impedido
acceder a préstamos. A pesar de solicitar a las demandadas el retiro del dato
negativo, estas se negaron a realizarlo.
La Sala considera que se vulneraron los
derechos fundamentales al habeas data, mínimo vital y vida digna del
accionante,  pues las entidades accionadas desconocieron el deber de
solidaridad, al no haber considerado los efectos que  se derivan del hecho del
secuestro respecto de la posibilidad de pago de las obligaciones previamente
adquiridas. En esa medida el retardo en el pago ocurrido durante el secuestro y
el término del 29 de octubre de 2010 y el 29 de octubre de 2011, no constituye
un reporte negativo. Esto, porque de conformidad al artículo 1, 2 y 95 de la
Constitución Política, corresponde al Estado y a los particulares brindar
asistencia a las personas que se encuentran en situación de debilidad
manifiesta, como las víctimas de secuestro, en la medida en que, en el caso
concreto, el término establecido en el artículo 11 de la Ley 986 de 2005 resulta
inconstitucional pues desconoce la carga económica y social que implica ser
privado de la libertad y pagar para recobrarla, pues la fase de readaptación
social y económica dura, en principio, un año a partir del momento en que
termina el cautiverio.
6.2. Regla de decisión.
Se debe inaplicar una norma que resulte
inconstitucional en el caso concreto, cuando con ella se vulneran derechos
fundamentales del accionante. Si bien el artículo 11 de la Ley 986 de 2005, que
consagra la interrupción de términos para el cumplimiento de obligaciones
dinerarias por un período equivalente al tiempo que estuvo en cautiverio,
cuando el secuestro fue por una periodo corto, pero la víctima tuvo que pagar
una suma de dinero lo suficientemente considerable como para afectar su
patrimonio, y con ello el pago de las obligaciones adquiridas con anterioridad
al secuestro, esta norma resulta contraria a la Constitución, y debe ser
inaplicada.
III.
DECISIÓN
La Sala Segunda de Revisión de la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la
Constitución Política,
RESUELVE
PRIMERO.- REVOCAR
la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca, el 21 de
agosto de 2013, que revocó la sentencia proferida por el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Arauca, el 12 de julio de 2013. CONFIRMAR
PARCIALMENTE la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito de Arauca, el 12 de julio de 2013 que concedió el amparo del derecho
fundamental al habeas data, mínimo vital y vida digna.
SEGUNDO.- ORDENAR a Computec Datacrédito S.A. y Cifin que en el término de cuarenta
y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente
providencia, eliminen cualquier reporte negativo sobre las obligaciones
bancarias adquiridas por Néstor Pintor con el Banco Popular durante el período
en que el accionante estuvo en fase de readaptación, esto es, entre el 29 de octubre
de 2010 y el 29 de octubre de 2011.
TERCERO.- ORDENAR a Datacrédito y Cifin que, en el término de cuarenta y ocho
(48) horas contadas a partir de la notificación de la presente providencia, eliminen
de su base de datos cualquier reporte negativo o positivo que obre sobre el
señor Pintor durante el periodo comprendido entre el 29 de octubre de 2010 y el
29 de octubre de 2011.
CUARTO.- ORDENAR al
Banco Popular, de Occidente y de Bogotá que, en el término de diez (10) días
contados a partir de la notificación de la presente providencia, hagan un
estudio de reclasificación del riesgo crediticio a partir de lo establecido en
el Capítulo II de la Circular Básica Contable y Financiera 100 de 1995, contemplando
las variables de: (a) los reportes negativos, (b) los pasivos y activos y (c)
la capacidad de endeudamiento y crédito, (d) las condiciones financieras, (e )
las características del contrato, (f) la calidad de las garantías, (g) las
fuentes de pago y (h) las condiciones macroeconómicas en las que pueda
enfrentarse la entidad bancaria; y teniendo en cuenta la interrupción de los
términos para exigir las obligaciones bancarias entre el 29 de octubre de 2010
y el 29 de octubre de 2011.
QUINTO.- Por Secretaría, líbrese la comunicación
prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
MAURICIO GONZÁLEZ
CUERVO
Magistrado
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ
Magistrado
Con aclaración de
voto
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
Magistrado
Con salvamento
parcial de voto
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO
PARCIAL DE VOTO DEL MAGISTRADO
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
A
LA SENTENCIA T-246/14
CAUTIVERIO-Interrupción de
plazos y términos de vencimiento de obligaciones dinerarias para el deudor
secuestrado que no esté en mora (Salvamento parcial de voto)
En el caso que nos ocupa, el tiempo de
protección debió ser menor, pues a efectos de tasar el periodo de interrupción
el pago efectuado no puede ser el único aspecto a tener en cuenta, pues también
en la medida en que debe evaluarse el tiempo en cautiverio, dicho factor es
también determinante para establecer que la víctima no pudo procurar su
subsistencia ni la continuidad de su vida comercial, financiera y económica.
Referencia:
Expediente T-4.094.332
Acción de
tutela instaurada por Nestor Ricardo Penagos contra Datacredito, Cifin, el
Banco Popular, El Banco de Bogotá, El Banco de Occidente y la Superintendencia
Financiera
Magistrado
Ponente:
MAURICIO GONZALEZ
CUERVO.
Aun cuando comparto la decisión que en el
caso examinado amparó los derechos fundamentales al habeas data, mínimo vital y
vida digna, creo que resulta desproporcionada la protección concedida pues
considero que la moratoria otorgada por un año excede el máximo establecido por
la ley para este caso, – 4 días-, por lo cual, a mi juicio, la Corte ha debido
señalar al efecto un término equivalente de cuatro o cinco meses.
La Ley 986 de 2005[62],
establece la interrupción de plazos y términos de vencimiento de obligaciones
dinerarias para el deudor secuestrado que no esté en mora. Dicha interrupción
opera durante el tiempo de cautiverio y un periodo adicional a este que no
podrá ser superior en ningún caso a un año contado a partir de que el deudor
recupere su libertad.   Claramente la norma busca amparar a quien es víctima
del delito dándole un tiempo para que se reincorpore a su vida social y
económica en condiciones que le permitan reanudar el pago de sus obligaciones,
tal y como se explica en la exposición de motivos. Por lo anterior, considero que
otorgar la protección de un año en el caso concreto resulta desproporcionada,
si su motivación atiende exclusivamente al pago de una suma considerable de
dinero. Al efecto planteo la siguiente inquietud: ¿Cuál sería entonces el
tiempo de interrupción que debería aplicarse para quien no solamente estuvo en
cautiverio por un tiempo considerable sino que además paga una suma cuantiosa
para recuperar su libertad?  Debería entonces otorgarse un tiempo mayor al
año?  Si se aplicara a dicho supuesto el mismo racero que utiliza la Corte en
la providencia de la cual parcialmente me separo, esa sería la lógica llamada a
orientar el término de duración de la protección. El plazo tendría que ser
entonces mayor a un año. Pero ¿hasta cuanto más?
En conclusión, estimo que, en el caso que
nos ocupa, el tiempo de protección debió ser menor, pues a efectos de tasar el
periodo de interrupción el pago efectuado no puede ser el único aspecto a tener
en cuenta, pues también en la medida en que debe evaluarse el tiempo en cautiverio,
dicho factor es también determinante para establecer que la víctima no pudo
procurar su subsistencia ni la continuidad de su vida comercial, financiera y
económica.
Fecha ut supra,
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
[1] Acción de tutela presentada el veintisiete (27) de junio de 2013.
(Folios 1 a 30).
[2] Folios 34 a 39; 170 a 190.
[3] Folio 31 a 32.
[4] Del 23 de julio de 2012 (folio 48 cuaderno No. 1), del 13 de
marzo de 2013 (folio 53 del cuaderno No. 1), 14 de agosto de 2012 (folio 68),
10 de octubre de 2012 (folios 74 a 78), 18 de mayo de 2012 (folios 85
a 88), 4 de marzo de 2013 (folios 96 a 98), 2 de marzo de 2013 (folio 99), del
12 de febrero de 2013 (folios 102 a 111).
[5] Según la respuesta suministrada por la Superintendencia
Financiera en abril 10 de 2013 a una petición elevada por el accionante. (Folio
40-41)
[6] Folio 51.
[7] Folios 50 a 52.
[8] Folios 57 a 59.
[9] Folios 191 a 196.
[10] Folios 201 a205.
[11] Folios 215 a 230.
[12] Folios 231 a 241.
[13] Folios 164 a 178.
[14]  Folios 138 a 151 cuaderno No. 2.
[15] Folios 295 a 306 cuaderno No. 2.
[16] Folios 190 a 196.
[17] En Auto del veintiocho (28) de noviembre de 2013 la Sala de
Selección de tutela Número Once de la
Corte Constitucional, se dispuso la revisión de la providencia en cuestión y
se procedió a su reparto.
[18] Constitución Política, artículo 355. Sentencia SU-157 de 1999.
[19] La acción de tutela fue interpuesta el veintisiete (27) de junio
de 2013.
[20] Sentencia T-729 de 2002, entre otras.
[21] Sentencia T-729 de 2002. En el mismo sentido, sentencias: T-160
de 2005, T-307 de 1999, T-414 de 1992.
[22] Ver sentencias T-657 de 2005, T-727 de 2007, T-684 de 2008
[23] Así, en sentencia SU-082 de 1995, la
Corte se pronunció sobre el derecho de las entidades financieras a obtener
información sobre los perfiles de riesgo de los eventuales usuarios de sus
servicios, el cual se encuentra justificado y a la vez restringido a la defensa
de los intereses de la institución financiera. Dijo la
Corte: "Obsérvese que cuando un establecimiento de crédito solicita
información sobre un posible deudor, no lo hace por capricho, no ejerce
innecesariamente su derecho a recibir información. No, la causa de la solicitud
es la defensa de los intereses de la institución que, en últimas, son los de
una gran cantidad de personas que le han confiado sus dineros en virtud de
diversos contratos."
[24] El control de constitucionalidad del proyecto de ley
correspondiente fue adelantado por la Corte en la sentencia C-1011/08.
[25] Sentencia C-1011 de 2008.
[26] Sentencia T- 684 de 2006.
[27] Sentencia C-1011 de 2008.
[28] Sentencia C-237 de 1997.
[29] Sentencia T-520 de 2003.
[30] Sentencias T-389 de 1999, T-880 de 2011.
[31] Sentencias T-520 de 2003, T-419 de 2004,  T-212 de 2005, T-676 de
2005, T-312 de 2010, entre otras.
[32] Sentencias T-637 de 1999, T-1337
de 2001 y T-358 de 2002.
[33] En la mencionada sentencia se consideró que “de acuerdo con el
concepto del departamento de psicología de la Universidad Nacional, dentro de
la “fase de elaboración y adaptación” es aconsejable que la persona retome
nuevamente su vida laboral, social y familiar. Esta etapa puede durar entre uno
y seis meses. Así mismo, según el concepto de la Fundación País Libre, esta
fase se inicia después del segundo mes, aun cuando entre los cinco y ocho meses
reaparecen muchos de los cuadros sicológicos a los que alude el estudio,
haciendo de éste un período crítico en el proceso de readaptación posterior al
secuestro. A pesar de estas diferencias, los dos estudios coinciden en afirmar
que el proceso de readaptación dura alrededor de un año, y que aquellas
manifestaciones que se den con posterioridad a los doce meses después de la
liberación, son secuelas (permanentes) del mismo.” (Fundamento 3.3.3. sentencia
T-520 de 2003)
[34] Estableció la sentencia T-520 de 2003: “Con todo, los
efectos del secuestro se prolongan más allá del tiempo en que la persona
permanece en cautiverio. A su vez, tales efectos inciden sobre la
capacidad del sujeto para adaptarse a su actividad económica y laboral, después
de su liberación. Si bien la persona ya no se encuentra privada de su libertad,
y por lo tanto físicamente podría reincorporarse a sus actividades, mentalmente
se encuentra indispuesta”. (Fundamento 3.4.3).
[35] Sentencia reiterada en la T-181 de 2012.
[36] Sentencia C-1011 de 2008.
[37] Jurisprudencia reiterada en las sentencias: T-312 de 2010, T-726 de 2010, T-419 de 2013.
[38] Artículo 11 de la Ley 986 de 2005.
[39] Según la Resolución No. 2013-107266 la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas incluyó al señor Néstor Ricardo Pintor en el
Registro Único de Víctimas en virtud de los secuestros extorsivos de los
que fue objeto entre marzo y octubre de 2010. Por su parte, el artículo 169 del
Código Penal tipifica el secuestro extorsivo como “El que arrebate, sustraiga,
retenga u oculte a una persona, con el propósito de exigir por su libertad un
provecho o cualquier utilidad, o para que se haga u omita algo, o con fines
publicitarios o de carácter político, incurrirá (…)”.
[40] En el mes de marzo de 2010 el señor Pintor estuvo un día
secuestrado por el grupo armado del ELN, el 29 de octubre del mismo año
permaneció secuestrado tres días por el Frente 45 de las FARC y en el mismo mes
le pidieron una suma de dinero para evitar ser secuestrado. (Folios 34
a 39; 170 a 190).
[41] Por intermedio de la Resolución No. 2013-107266 del 25 de enero
de 2013, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
incluyó al actor en el Registro Único de Víctimas.
[42] Del 23 de julio de 2012 (folio 48 cuaderno No. 1), del 13 de
marzo de 2013 (folio 53 del cuaderno No. 1), 14 de agosto de 2012 (folio 68),
10 de octubre de 2012 (folios 74 a 78), 18 de mayo de 2012 (folios 85
a 88), 4 de marzo de 2013 (folios 96 a 98), 2 de marzo de 2013 (folio 99), del
12 de febrero de 2013 (folios 102 a 111).
[43] Según consta en el certificado expedido por la Fiscalía Tercera
Especializada Delegada ante Gaula –Seccional Cúcuta, que indica que existe una
indagación radicada con el No. 810016109534201080965. (Folios 38 y 39).
[44] Folios 57 a 59.
[45] En los antecedentes de la Ley 986 de 2005,
Gaceta del Congreso No. 556 de 17 de septiembre de 2004, se dijo con relación
al último inciso del artículo 5º, “en caso de producirse esta liberación ya
no se exige la renovación periódica de la certificación judicial.”
[46] Ver antecedentes de la Ley 986 de 2005 en la Gaceta del Congreso
No. 556 de 17 de septiembre de 2004.
[47] El grupo de trabajo intersectorial estaba conformado por:
representantes de la Vicepresidencia de la República -Programa Presidencial
contra la Extorsión y el Secuestro-, el Departamento Nacional de Planeación,
los Ministerios de Hacienda, de la Protección Social, Educación y Defensa,
Fondelibertad, la DIAN, Red de Solidaridad Social, Fundación País Libre,
Fundación Nueva Esperanza y los congresistas que presentaron la iniciativa
legislativa.
[48] Gaceta del Congreso No. 556 de 17 de septiembre de 2004.
[49] Sentencia C-1011 de 2008.
[50] De acuerdo con lo que afirma el señor Néstor Pintor en el escrito
de tutela, que de acuerdo al artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, como las
entidades accionadas no desvirtuaron la veracidad de los hechos, éstos se
tendrán por ciertos.
[51] Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto o que no es
posible resistir (art. 64 C.C)
[52] Concluyó la Sala Plena en la sentencia C-592 de 1993: “Por tanto,
el principio de la primacía del interés general, aceptable en relación con
derechos inferiores, como el de la propiedad, no es válido frente a la razón
que autoriza al ser humano para salvar su vida y su libertad, inherentes a su
dignidad.”
[53] Entre otras, Sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, del 30 de enero de 2013. Radicado
número: 25087. Consejera ponente: Olga Melinda Valle de
la Hoz. Sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C 15 de febrero de 2012. Radicado número: 21277. Consejero ponente: Enrique Gil Botero.
El Consejo de Estado ha establecido que: “Cuando la imputación de la
responsabilidad debe formularse a partir de la ocurrencia de un ataque de un
grupo armado insurgente, en el marco del conflicto armado en el que se
encuentra inmerso el país, el precedente de la Sala se orienta hacia el título
de la falla “cuando el daño se produce como consecuencia de la omisión del
Estado en la prestación de los servicios de protección y vigilancia, es decir, cuando
la imputación se refiere a la actuación falente o irregular de la
Administración por su actuar omisivo, al no utilizar todos los medios que a su
alcance tenía con conocimiento previo (previsible) para repeler, evitar o
atenuar el hecho dañoso del tercero. Para determinar si la conducta del
Estado fue anómala o irregular, por acción o por omisión, frente al hecho
dañoso perpetrado por el tercero debe analizarse si para la Administración y
para las autoridades era previsible que se desencadenara el acto insurgente.
Este aspecto constituye uno de los puntos
más importantes a analizar dentro de este régimen, pues no es la previsión de
la generalidad de los hechos (estado de anormalidad del orden público) sino de
aquellas situaciones que no dejan casi margen para la duda, es decir, las que
sobrepasan la situación de violencia ordinaria vivida, a título de ejemplo:
región en la que se ha declarado turbado el orden público, paro de transportes,
revueltas masivas callejeras, población bajo toque de queda, amenaza de toma
subversiva anunciada a una población esto en cuanto hace a los conglomerados
sociales; amenazas o atentados previos contra la vida en cuanto hace a las
personas individualmente consideradas, etc.  Queda claro entonces que
la sola circunstancia de que el afectado no haya solicitado protección previa
especial no siempre será causal que permita exonerar a la administración de su
deber de protección y vigilancia sino dependiendo del caso particular pueden
existir otras circunstancias indicadoras que permitieran a las autoridades
entender que se cometería un acto terrorista” (Subrayas fuera de texto).
(Sentencia de 27 de noviembre de 2002. Radicado número .13774.)
[54] Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del
10 de julio de 1995. Referencia: Expediente No. 4540.
M.P: Pedro Lafont Pianetta.
[55] La excepción de inconstitucionalidad tiene
fundamento en el artículo 4 de la Constitución Política que consagra: “La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la
Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones
constitucionales…”.
[56] El artículo 11 de la Ley 986 de 2005 consagra:“Se interrumpirán
para el deudor secuestrado, de pleno derecho y retroactivamente a la fecha en
que ocurrió el delito de secuestro, los términos de vencimiento de
todas sus obligaciones dinerarias, tanto civiles como comerciales, que no estén
en mora al momento de la ocurrencia del secuestro. Las respectivas
interrupciones tendrán efecto durante el tiempo de cautiverio y se
mantendrán durante un período adicional igual a este, que no podrá ser en
ningún caso superior a un año contado a partir de la fecha en que el deudor
recupere su libertad”.
[57] Según consta en los certificados expedidos por la Fiscal Primero
Especializado Delegado ante el Gaula, seccional Arauca (Folios 34
a 36) y en el certificado suscrito por el Fiscal Tercero Especializado
Delegado ante el Gaula seccional Cúcuta, en donde cursa una indagación radicada
con el No. 810016109534201080933, por en donde consta que “de los elementos
materiales probatorios recogidos y asegurados legalmente y/o información
obtenida en la misma, se puede inferir razonablemente que la conducta delictiva
que se investiga es la tipificada como SECUESTRO EXTORSIVO, siendo victima
NESTOR RICARDO PINTOR PENAGOS (…)” (Folios 37
a 39).
[58] Según afirma el accionante en el escrito de tutela (Folios 1
a 30) y en los certificados anteriormente mencionados.
[59] Según afirma el accionante en el escrito de tutela (Folios 1
a 30). Por su parte, el Banco de Bogotá en comunicación del 6 de febrero de
2013 afirma que “En relación con los productos que usted requiere tomar con el Banco,
nos permitimos indicar que la decisión tomada por la entidad de negar el
producto el producto de crédito solicitado por usted, se sustenten en que las
instituciones financieras gozan de autonomía para determinar la viabilidad de
otorgar cupos de créditos a clientes (…)” (Folios 71
a 7).
[60] Tal como consta en los certificados expedidos por el Banco de Occidente
y el Banco de Bogotá (Folio 101 y 84, respectivamente)
[61] De acuerdo con la información suministrada por el Cifin y
Datacrédito (Folio 57 a 59 y 215 a 230, respectivamente).
[62] “Interrupción de plazos y términos de vencimiento
de obligaciones dinerarias. Se interrumpirán para el deudor
secuestrado, de pleno derecho y retroactivamente a la fecha en que ocurrió el
delito de secuestro, los
términos de vencimiento de
todas sus obligaciones dinerarias, tanto civiles como comerciales, que no estén
en mora al momento de la ocurrencia del secuestro. Las respectivas
interrupciones tendrán efecto durante el tiempo de cautiverio y se mantendrán
durante un período adicional igual a este, que no podrá ser en ningún caso
superior a un año contado a partir de la fecha en que el deudor recupere su
libertad.”