T-322-15
Sentencia T-322/15
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de
jurisprudencia sobre procedencia excepcional
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos
generales y especiales de procedibilidad
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia por
no cumplirse con el requisito de subsidiariedad, por cuanto el accionante no
utilizó dentro del proceso ordinario de rescisión por lesión enorme, los
recursos con los que contaba
La
tutela resulta del todo improcedente en los casos en que dentro de un proceso
judicial las partes teniendo los recursos ordinarios, no acudieron a ellos o no
lo hicieron de manera oportuna, pretendiendo discutir mediante el mecanismo de
amparo situaciones que quedaron en firme.
Referencia: expediente T-4.641.265
Demandante: Marlies Brugger de
Álvarez
Demandado: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de
Familia y otro.
Magistrado Ponente:
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Bogotá, D.C.,
veinticinco (25) de mayo de dos mil quince (2015)
La Sala Cuarta
de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo, Gloria Stella Ortiz Delgado y Jorge Iván Palacio
Palacio, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha
pronunciado la siguiente
SENTENCIA
Dentro de la revisión del fallo de tutela proferido por la Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral que, a su vez, confirmó el
dictado por la Sala de Casación Civil de la misma corporación, al decidir la
acción constitucional de tutela promovida por Marlies Brugger de Álvarez contra
la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y el
Juzgado Primero de Familia de Descongestión de la misma ciudad.
El presente expediente fue escogido para revisión por medio de auto
del doce (12) de febrero de 2015, proferido por la Sala de Selección número Dos
(2) y repartido a la Sala Cuarta de Revisión.
I.
ANTECEDENTES
1. La
solicitud
Marlies Brugger
de Álvarez, interpone acción de tutela contra el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá y el Juzgado Primero de Familia de descongestión de la misma
ciudad, para que le sea protegido su derecho fundamental al debido proceso, el
cual considera vulnerado por las mencionadas autoridades judiciales, dentro del
proceso de lesión enorme interpuesto en su contra por Martha Stella Álvarez
Martínez y otros.
2. Reseña fáctica
2.1. Martha
Stella Álvarez Martínez y otros demandantes interpusieron en contra de Marlies
Brugger de Álvarez proceso ordinario de lesión enorme, el cual le correspondió
al Juzgado 5º de Familia de Bogotá.
2.2. El auto de
admisión de la demanda fue notificado a Marlies Brugger de Álvarez, quien
interpuso recurso de reposición contra éste, contestó la demanda, propuso
excepciones de mérito y solicitó la práctica de pruebas.
2.3. Con el fin
de sustentar las excepciones propuestas, solicitó al juez practicar un peritaje
para determinar el valor del predio objeto del pleito, para lo cual debía
nombrarse  un perito de la lista de auxiliares de la justicia.
2.4.
Posteriormente, el juez, al decidir el recurso de reposición contra el auto
admisorio, propuesto por la demandada, decidió confirmarlo, por lo que, de
nuevo, se corrió traslado de la demanda a Marlies Brugger, quien la contestó y
aportó un experticio del bien objeto de litigio, elaborado por un profesional
especializado, en ejercicio del derecho conferido por el artículo 10 de la Ley
446 de 1998 y por el artículo 116 de la Ley 1395 de 2010.
2.5. Dicho
proceso fue trasladado al Juzgado Primero de Familia de descongestión de
Bogotá, quien una vez asumió su conocimiento, profirió el auto del 6 de
diciembre de 2013, mediante el cual se decretaron algunas pruebas solicitadas
por las partes, entre ellas, el experticio del bien por un auxiliar de la
justicia. No obstante, no mencionó nada sobre el que había allegado la parte
demandada junto con la contestación de la demanda.
2.6. En vista de
la omisión en la que había incurrido el juez, el apoderado de la parte
demandada, le solicitó pronunciarse al respecto, por lo que, en atención a
dicha solicitud, el 17 de febrero de 2014, éste decidió rechazar la prueba
aportada al considerarla improcedente.
2.7. Decisión
ante la cual el apoderado no estuvo de acuerdo por lo que interpuso recurso de
reposición y en subsidio de apelación, los cuales fueron negados, al considerar
que el experticio allegado con la contestación de la demanda había sido
rechazado en el auto del 6 de diciembre de 2013 y, además, al estimar que
contra el auto del 17 de febrero de 2014 no procedía ningún recurso.
2.8. El
apoderado inconforme con la decisión, interpuso recurso de queja ante el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el cual declaró bien
denegado el recurso de apelación bajo el argumento de que en el auto del 6 de
diciembre de 2013 estaba implícitamente denegada la admisión del experticio
aportado con la contestación de la demanda, dado que allí el juzgado señaló
“tener en cuenta el decretado precedentemente”.
2.9. En
consecuencia, la actora, mediante apoderado, interpone la presente acción de
tutela, toda vez que el rechazo del experticio quedó en firme, sin que se
hubiera resuelto la impugnación planteada contra el auto que lo declaró
improcedente, lo que, a su juicio, constituye una vulneración del derecho
fundamental al debido proceso por configurarse un defecto fáctico.
3.
Consideraciones de la parte actora
Dentro del
escrito de tutela, el apoderado de la parte actora señaló que una de las
manifestaciones del derecho a la defensa es la posibilidad que tienen las
partes de allegar pruebas, las cuales deben ser observadas por el juez, quien
no está en la obligación de admitir todas las que aporten las partes, no
obstante para prescindir de ellas, debe indicar la razón por la cual estas son
inadmisibles, pues si la ley contempló los motivos que dan lugar al rechazo fue
para no dejarlos al capricho del operador judicial, pues permitir que el
fallador rechace pruebas a su antojo, “implicaría abandonar el destino del
justiciable al querer del operador judicial, pues por el camino del rechazo
injustificado de pruebas puede hacerle nugatoria la defensa material de sus
derechos”.
Señaló, que la
ley al disponer en forma taxativa las razones que permiten rechazar las pruebas
presentadas por las partes, impide la arbitrariedad judicial y favorece la
racionalidad en la providencia que las decreta como inadmisibles. Por
consiguiente, a la hora de rechazar pruebas, el juez tiene que exponer el
motivo por el cual las niega, es decir, debe hacerlo de manera expresa e
inequívoca y descarta la posibilidad de hacerlo en forma tácita o implícita.
Con el fin de
fundamentar lo anterior, citó la sentencia T-964 de 2000 M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz, en la que se señaló que:
“La Corte ha indicado que se
vulnera el debido proceso cuando el funcionario judicial omite dar respuesta a
una determinada petición de pruebas, cuando ha sido formulada oportunamente por
alguno de los sujetos procesales[1]. En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha considerado
que, al conocer una determinada solicitud de pruebas, el fiscal o el juez de la
causa, tienen la obligación de responderla expresamente, ya sea en
sentido positivo o negativo. En efecto, de no existir una respuesta expresa,
no existiría providencia alguna que pudiera ser objeto de recursos y, en
consecuencia, se estaría privando arbitrariamente a las partes de su derecho a
recurrir la correspondiente actuación judicial.”
Afirmó, que en
el presente caso las autoridades que han conocido del asunto “han
consolidado el rechazo caprichoso del experticio aportado por la parte
demandada, gracias a un juego retorcido de técnica procedimental que esconde un
elevado grado de deslealtad y arbitrariedad”, desacatando lo que ha
dispuesto la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en el sentido de que el
juez debe dejar plasmados los motivos en los que se funda para descartar una
prueba, por lo que no hacerlo de manera expresa sino tácita, permitiría al juez
ocultar el verdadero motivo de rechazo y negar la prueba caprichosamente.
Manifestó, que
en el caso en cuestión, el juez no hizo pronunciamiento expreso de la prueba en
el auto del 6 de diciembre de 2013 y, en el auto del 17 de febrero de 2014, en
el que se rechazó el experticio, solo adujo que era improcedente sin explicar
la razón de su consideración, incurriendo el juez en una grosera violación del
derecho a la prueba, del derecho a la defensa y, en consecuencia, del debido
proceso.
3. Pretensiones
El apoderado de
la actora solicita la protección de su derecho fundamental al debido proceso y,
en consecuencia, se declare la nulidad de los autos del 17 de febrero de 2014 y
27 de marzo de 2014 proferidos por el Juzgado Primero de Familia de
descongestión de Bogotá y el dictado por la Sala de Familia del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad, el 24 de julio de 2014, pronunciados
dentro del proceso de rescisión por lesión enorme interpuesto por Martha Stella
Álvarez Martínez en su contra, por medio de los cuales se rechaza el experticio
presentado por la parte demandada, se niegan los recursos de reposición y
apelación y se decide un recurso de queja, respectivamente.
4. Respuesta
del ente accionado
Mediante auto
del 22 de agosto de 2014, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia, admitió la presente tutela y ordenó ponerla en conocimiento de los
funcionarios demandados, así como de todos los intervinientes en el proceso de
rescisión por lesión enorme interpuesto por Martha Stella Álvarez Martínez y
otros contra Marlies Brugger de Álvarez.
4.1. Juzgado Primero
de Familia de Descongestión de Bogotá
El juez Primero
de Familia de Descongestión de Bogotá, quien conoció del proceso de rescisión
por lesión enorme, dio respuesta a la presente acción y solicitó que se niegue
el amparo invocado, al considerar que resulta carente de asidero jurídico lo
manifestado por la accionante, como quiera que, precisamente, con el fin de
garantizar la igualdad y el debido proceso de las partes, se designó de la
lista de auxiliares de la justicia, profesional idóneo en el tema para que
practicara el avalúo comercial del inmueble “San Jorge”, prueba determinante en
este tipo de procesos.
Así mismo,
señaló que se han respetado los derechos fundamentales de la tutelante, pues se
han agotado todas las etapas procesales acatando el debido proceso.
El Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Familia y los vinculados al
trámite de tutela, guardaron silencio respecto de lo controvertido en la
presente acción.
II.      DECISIONES
JUDICIALES
1. Decisión
de primera instancia
Mediante sentencia
del 28 de agosto de 2014 la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,
negó el amparo solicitado al considerar que la interesada guardó silencio
frente al interlocutorio de 6 de diciembre de 2013, mediante el cual se
decretaron los elementos probatorios solicitados por las partes, a pesar de
hallarse inconforme porque en ese pronunciamiento nada se dijo sobre el
dictamen pericial allegado. El a quo consideró lo siguiente:
“Ahora, si bien formuló reposición en contra del pronunciamiento de
17 de febrero de 2014, mediante el cual ‘(…) se reiteró al extremo demandado
que no se tendría en cuenta el avalúo (…) allegado con la contestación de la
demanda, por improcedente (…)’, no lo cuestionó por falta de motivación, como
sí lo hace ahora a través del actual auxilio (fls. 251 al 259, cd 1 del proceso
atacado).
En efecto, como argumento de inconformidad con el señalado proveído
la interesada adujo que ‘(…) el artículo 116 de la Ley 1395 de 2010, permite a
la parte que pretenda valerse de un experticio, aportarlo en cualquiera de las
oportunidades para pedir pruebas (…)’, sin mencionar para nada la carencia de
fundamentos, de la cual adolecía, según la promotora, la determinación
recurrida (fl.252, cd 1 del proceso atacado).
Por consiguiente, la actitud descuidada de Marlies Brugger de
Álvarez, le veda la posibilidad de acudir a esta excepcional justicia, dada su
naturaleza subsidiaria.
(…) En cuanto a la censura formulada respecto de la determinación
del ad quem, no se colige la irregularidad endilgada, pues la misma se apoyó en
una interpretación prudente del asunto sometido a consideración, lo cual
descarta un actuar arbitrario producto de su exclusiva voluntad.
Justamente el funcionario de segunda instancia para declarar bien
denegada la apelación interpuesta frente al auto del 17 de febrero de 2014,
puntualizó que el Juzgado Primero de Familia de descongestión de Bogotá, al
decretar la práctica de la pericia pedida por el extremo actor, negó implícitamente
tener como prueba ‘(…) el dictamen pericial, aportado, con el escrito de
contestación de la demanda, por la convocada al pleito, pues en su lugar le
indica ‘tener en cuenta el decretado precedentemente’ (…)’.
En ese orden, aseveró que “(…) era en esa oportunidad cuando, la
aquí reclamante, debió mostrar inconformidad con la decisión, la cual a la luz
de lo preceptuado en el artículo 351 del Código de Procedimiento Civil, sí era
susceptible de recurso de alzada (…)”.
Efectuada la anterior precisión, concluyó que el a quo acertó al
negar la concesión de la alzada, porque,
‘(…) el auto fechado el 17 de febrero de 2014, materia del recurso de
apelación, no es apelable, pues el mismo no niega una prueba, sino que reitera
a la demandada que sobre la misma ya se resolvió en el auto de apertura a
pruebas (…)’ (fls. 18 al 22, cd 1).”
En síntesis,
manifestó que en el presente caso no se observa un proceder arbitrario por
parte de los falladores, razón por la que no hay lugar a la intervención del
juez de tutela, pues la sola divergencia conceptual no puede ser razón para
invocar el amparo constitucional, pues la acción de amparo no es instrumento
para definir cuál hipótesis de subsunción legal es válida, ni cuál de las
inferencias valorativas de los elementos fácticos es la más acertada.
2.
Impugnación
La actora, por
intermedio de apoderado, impugnó el fallo de primera instancia al considerar
que el juez negó la acción de tutela sin tener en cuenta que el auto del 6 de
diciembre de 2013, no se pronunció sobre el experticio aportado con la
contestación de la demanda, por lo que no había en él, ninguna decisión
contraria a la demandada, razón por la cual no debía impugnarlo, pues este no
le era adverso.
Señaló que “resultaría
irracional que la demandada impugnara un auto que no contenía decisiones
adversas”. En consecuencia “echar de menos la impugnación de la
demandada contra el auto que no contenía decisiones adversas, como lo hace
ahora la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, es del todo desacertado”.
Por último,
dispuso que el experticio allegado por la señora Brugger de Álvarez, fue
rechazado mediante auto del 17 de febrero de 2014, y este fue recurrido
oportunamente, por lo que negar su impugnación, es una arbitrariedad que viola
el derecho a la prueba, componente esencial del debido proceso.
3. Decisión
de segunda instancia
Mediante
sentencia del 22 de octubre de 2014, la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Laboral, decidió confirmar la providencia del a quo, al
considerar que la parte demandada dentro del proceso de rescisión por lesión
enorme, no hizo uso del mecanismo ordinario de defensa judicial con que contaba
al no interponer los recursos que tenía a su alcance para controvertir, en la
oportunidad debida, el auto que abrió a pruebas. Al respecto, señaló:
“Como se ha dicho, el amparo constitucional no puede erigirse en un
atajo del cual pueda el interesado servirse para soslayar los medios ordinarios
de defensa judicial que el ordenamiento le dispensa. De manera que, ante la
ausencia injustificada de activación del mecanismo judicial correspondiente por
parte del extremo accionante, esta acción constitucional deviene improcedente,
aún como mecanismo transitorio, toda vez que no se encuentra acreditado, de
ninguna forma, el padecimiento de un perjuicio irremediable invocado por la
peticionaria, que posibilite esa excepcional modalidad de protección”.
En cuanto a los
proveídos dictados los días 17 de febrero, 27 de marzo y 24 de julio, todos de
2014, estimó que el amparo solicitado tampoco prospera, toda vez que lo
decidido en ellos no resulta arbitrario o caprichoso y no carece de sustento
jurídico. “Por el contrario, se apoyan en el análisis de la situación
fáctica y jurídica sometida al escrutinio de los despachos accionados, lo que
le impide al juez de tutela interferirla, pues de hacerlo, rebasaría la órbita
de su competencia”.
III. PRUEBAS SOLICITADAS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL
Mediante Auto del
veintitrés (23) de abril de dos mil quince (2015), el Magistrado Sustanciador
consideró necesario recaudar pruebas para verificar hechos relevantes del
proceso y proveer como corresponde en el presente caso. En consecuencia,
resolvió lo siguiente:
“Por Secretaría General, ofíciese al Juzgado Primero de Familia de
Descongestión de Bogotá, para que, en el término de 3 días hábiles contados a
partir de la notificación del presente Auto, envíe a esta Sala, el expediente
contentivo del proceso de Recisión por lesión enorme interpuesto por la señora
Martha Stella Álvarez Martínez contra Marlies Brugger de Álvarez con radicado
No. 2012-440.”
Una vez vencido
el término probatorio, la Secretaría General de esta Corporación, mediante
oficio del 8 de mayo de 2015, informó al Magistrado Ponente que el 7 de mayo
del año en curso, se recibió un oficio firmado por la Juez Primero de Familia
de descongestión de Bogotá, mediante el cual se remitió en calidad de préstamo,
el expediente No. 05-2012-00440 de Martha Stella Álvarez Martínez y otros,
contra Marlies Brugger de Álvarez.
IV.    FUNDAMENTOS
JURÍDICOS DE LA SALA
1.      Competencia
A través de esta
Sala de Revisión, la Corte Constitucional es competente para revisar la
sentencia del 22 de octubre de 2014 de la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Laboral que, a su vez, confirmó la pronunciada por la Sala de Casación
Civil de la misma Corporación, el 28 de agosto de 2014, dentro del proceso de
la referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y 241,
numeral 9º, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a
36 del Decreto 2591 de 1991.
2.      Problema
jurídico
Corresponde a la
Sala Cuarta de Revisión determinar si existió, por parte del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Familia y del Juzgado Primero de
Familia de descongestión de la misma ciudad, la afectación del derecho
fundamental al debido proceso de la señora Marlies Brugger de Álvarez, en
primer lugar, al no haberse pronunciado sobre el experticio allegado como
prueba, junto con la contestación de la demanda, dentro del proceso de
rescisión por lesión enorme, en el auto del 6 de diciembre de 2013. Y, en
segundo término, al negarle los recursos de reposición y apelación interpuestos
contra el auto del 17 de febrero de 2014, que declaró improcedente el
experticio presentado, mediante los proveídos de fecha 27 de marzo y 24 de
julio de 2014, pues estima que dichas decisiones vulneran su derecho
fundamental al configurarse un defecto fáctico sobre ellas.
Con el fin de
abordar el caso concreto y determinar si realmente se configuró dentro del
presente caso un defecto fáctico sobre los proveídos dictados por los entes
judiciales demandados, esta Sala abordará el estudio de la procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales.
3. Procedencia
excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. Reiteración
de jurisprudencia
La sentencia
C-543 de 1992[2],
por medio de la cual se decidió una demanda de inconstitucionalidad contra los
artículos 11 y 12 del Decreto 2591 de 1991, resolvió declarar inexequibles los
artículo 11 y 12 y, por unidad normativa, el artículo 40[3] del mencionado
decreto. Dicha providencia hizo referencia a la procedibilidad de la acción de
tutela contra decisiones judiciales. Al respecto dispuso que:
“Así, pues, la tutela no puede converger con vías judiciales
diversas por cuanto no es un mecanismo que sea factible de elegir según la
discrecionalidad del interesado, para esquivar el que de modo específico ha
regulado la ley; no se da la concurrencia entre éste y la acción de tutela
porque siempre prevalece -con la excepción dicha- la acción ordinaria.
La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo,
ni menos adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto. Tampoco
puede afirmarse que sea el último recurso al alcance del actor, ya que
su naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de
protección, precisamente incorporado a la Carta con el fin de llenar los vacíos
que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una plena
protección de sus derechos esenciales.
Se comprende, en consecuencia, que cuando se ha tenido al alcance un
medio judicial ordinario y, más aún, cuando ese medio se ha agotado y se ha
adelantado un proceso, no puede pretenderse adicionar al trámite ya surtido una
acción de tutela, pues al tenor del artículo 86 de la Constitución, dicho
mecanismo es improcedente por la sola existencia de otra posibilidad judicial
de protección, aún sin que ella haya culminado en un pronunciamiento definitorio
del derecho. Bien puede afirmarse que, tratándose de instrumentos dirigidos a
la preservación de los derechos, el medio judicial por excelencia es el proceso,
tal como lo acreditan sus remotos orígenes. En el sentir de esta Corte, nadie
puede alegar que careció de medios de defensa si gozó de la oportunidad de un
proceso y menos todavía si tomó parte en él hasta su conclusión y ejerció los
recursos de que disponía. Pero, claro está, si pese a las ocasiones de defensa
dentro del proceso y a las posibilidades de impugnación del fallo que le
otorgaba el sistema jurídico en obedecimiento a claros principios
constitucionales (artículos 29 y 31 de la Carta), el interesado se abstuvo de
utilizar los mecanismos a su disposición, tampoco puede acudir a la institución
de la tutela como última tabla de salvación de sus pretensiones, por cuanto
ello implica el alegato de su propia incuria contra el principio universalmente
aceptado y desvirtúa el carácter subsidiario de la acción.
(…)
Vistas así las cosas, en nuestro sistema pugna con el concepto mismo
de esta acción la idea de aplicarla a procesos en trámite o terminados, ya que
unos y otros llevan implícitos mecanismos pensados cabalmente para la guarda de
los derechos, es decir, constituyen por definición ‘otros medios de defensa
judicial’ que, a la luz del artículo 86 de la Constitución, excluyen por regla
general la acción de tutela.
(…)
La acción de tutela no puede asumirse como un sistema de justicia
paralelo al que ha consagrado el ordenamiento jurídico en vigor. El
entendimiento y la aplicación del artículo 86 de la Constitución tan solo
resultan coherentes y ajustados a los fines que le son propios si se lo
armoniza con el sistema. De allí que no sea comprensible como medio judicial
capaz de sustituir los procedimientos y las competencias ordinarias o
especiales, pues ello llevaría a un caos no querido por el Constituyente.”
En observancia
de lo señalado por esta Corporación en esa ocasión, el ejercicio de la acción
de tutela no es procedente para controvertir decisiones judiciales proferidas
dentro de un proceso que ha cumplido con las diversas etapas establecidas por
la ley y, dentro del cual, se han agotado los recursos respectivos, que han
llevado a una decisión final sobre el asunto en discusión. Sin embargo, también
se ha considerado por esta Corte que, en dichos eventos, el amparo por vía
constitucional es de carácter excepcional, es decir, que solo procede en aquellas
circunstancias en que se evidencia una grave actuación de hecho por parte de
los jueces ordinarios. Ello, en razón de la necesidad de respetar el principio
de cosa juzgada y de preservar la seguridad jurídica, la autonomía e
independencia de la actividad jurisdiccional del Estado, así como el
sometimiento general de los conflictos a las competencias ordinarias de cada
juez[4].
Al respecto la
sentencia C-543[5]
de 1992 señaló:
“Ahora bien, de conformidad con el concepto constitucional de
autoridades públicas, no cabe duda de que los jueces tienen esa calidad en cuanto
les corresponde la función de administrar justicia y sus resoluciones son
obligatorias para los particulares y también para el Estado. En esa condición
no están excluidos de la acción de tutela respecto de actos u omisiones que
vulneren o amenacen derechos fundamentales, lo cual no significa que proceda
dicha acción contra sus providencias. Así, por ejemplo, nada obsta para que por
la vía de la tutela se ordene al juez que ha incurrido en dilación
injustificada en la adopción de decisiones a su cargo que proceda a resolver o
que observe con diligencia los términos judiciales, ni riñe con los preceptos
constitucionales la utilización de esta figura ante actuaciones de hecho imputables
al funcionario por medio de las cuales se desconozcan o amenacen los derechos
fundamentales, ni tampoco cuando la decisión pueda causar un perjuicio
irremediable, para lo cual sí está constitucionalmente autorizada la tutela
pero como mecanismo transitorio cuyo efecto, por expreso mandato de la Carta es
puramente temporal y queda supeditado a lo que se resuelva de fondo por el juez
ordinario competente (artículos 86 de la Constitución Política y 8º del Decreto
2591 de 1991). En hipótesis como estas no puede hablarse de atentado alguno
contra la seguridad jurídica de los asociados, sino que se trata de hacer
realidad los fines que persigue la justicia.”
Debido al carácter excepcional y restrictivo de la acción de tutela
para controvertir decisiones judiciales, esta Corporación, a través de su
jurisprudencia, ha establecido unos requisitos generales y especiales de
procedencia de la acción constitucional. Los primeros, también llamados
requisitos formales, son aquellos presupuestos que, el juez constitucional debe
verificar, para que pueda entrar a analizar de fondo el conflicto planteado. En
cuanto a los requisitos especiales, también llamados materiales, corresponden, concretamente,
a los vicios o defectos presentes en la decisión judicial y que constituyen la
fuente de vulneración de los derechos fundamentales[6].
De acuerdo con lo anterior, la Sentencia C-590 de 2005[7],
proferida con fundamento en los precedentes recogidos a partir de la Sentencia
C-543 de 1992[8],
y reiterada posteriormente, la Corte señaló los requisitos generales, así:
“a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada
importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[9].
En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable[10].
De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos.
De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de
protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las
distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción
constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un
desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término
razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[11].
De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o
aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de
cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se
impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora[12]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia
C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles
de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos
se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por
ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere
alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible[13]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela
llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no
previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión
judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo
ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[14]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos
fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas
las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante
esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas
para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.”
(Negrilla fuera del texto original).
Verificados y cumplidos
los requisitos generales o formales, se hace procedente el estudio de fondo,
por parte del juez constitucional, del recurso de amparo contra una decisión
judicial. Ahora, aquél debe entrar a estudiar si la providencia acusada ha
incurrido, al menos, en uno de los vicios que se han identificado por la
jurisprudencia y, por tanto, que ello genere la violación de derechos
fundamentales. Estos requisitos especiales o materiales, fueron reiterados por
esta Sala de Revisión en la sentencia T-867 de 2011[15], de la
siguiente manera:
“a. En un defecto orgánico.
El cual se configura cuando el funcionario judicial que profirió la providencia
impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello. Dicho en otras
palabras, tal defecto se estructura en los eventos en que la decisión
cuestionada vía tutela, ha sido proferida por un operador jurídico
jurídicamente incompetente.
b. En un defecto procedimental absoluto. Que se origina cuando el juez ha actuado completamente al margen
del procedimiento establecido, es decir, cuando éste se aparta abiertamente y
sin justificación válida, de la normatividad procesal que era aplicable al caso
concreto. Sobre este defecto, ha expresado la Corte, que al ignorar completamente el procedimiento determinado por la ley, el juez
termina dictando una sentencia contraria a derecho, arbitraria, que vulnera
derechos fundamentales. No obstante, también la jurisprudencia ha precisado que
para configurar el defecto, el desconocimiento del procedimiento debe atender a
los siguientes requisitos: (ii) debe ser un error trascendente y manifiesto,
que afecte de manera grave el derecho al debido proceso y tenga a su vez una
influencia directa en la decisión de fondo adoptada; y (ii) y que la deficiencia
no resulte atribuible al afectado.
Así, por ejemplo, la Corte ha encontrado que se configura un defecto
procedimental, en los siguientes casos: (i) cuando se deja de notificar una
decisión judicial a raíz de lo cual la parte pierde arbitrariamente la
oportunidad de controvertir dicha decisión. Sin embargo, si la falta de
notificación no tiene efectos procesales importantes, o si se deriva de un
error del afectado, o si la misma no produjo verdaderamente un efecto real, lo
cual puede ocurrir porque el afectado tuvo oportunidad de conocer el acto por
otros medios, no procederá la tutela; (ii) cuando existe una dilación
injustificada, tanto en la adopción de decisiones como en el cumplimiento de
las mismas por parte del juez; cuando la autoridad judicial pretermite la
recepción y el debate de unas pruebas cuya práctica previamente había sido
ordenada; y (iii) cuando resulta evidente que una decisión condenatoria en
materia penal, se produjo como consecuencia de una clara deficiencia en la
defensa técnica, siempre que sea imputable al Estado.
c. En un defecto fáctico.
Este surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación
del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Se estructura, entonces,
siempre que existan fallas sustanciales en la decisión, que sean atribuibles a
deficiencias probatorias del proceso. Según esta Corporación, el fundamento de
la intervención del juez de tutela por deficiencias probatorias en el proceso,
radica en que, no obstante las amplias facultades
discrecionales con que cuenta el juez del proceso para el análisis del material
probatorio, éste debe actuar de acuerdo con los principios de la sana crítica,
es decir, con base en criterios objetivos y racionales. En ese contexto, La Corte ha explicado que las deficiencias
probatorias pueden generarse como consecuencia de: (i) una omisión judicial, como puede ser la falta de práctica y decreto
de pruebas conducentes al caso debatido, presentándose una insuficiencia
probatoria; (ii) o por vía de una acción positiva, como puede ser la errada
interpretación de las pruebas allegadas al proceso, o la valoración de pruebas
que son nulas de pleno derecho o que son totalmente inconducentes al caso
concreto, presentándose, en el primer caso, un defecto por interpretación
errónea, y en el segundo, un defecto por ineptitud e ilegalidad de la prueba.
En punto a los fundamentos y al margen de intervención que tiene el
juez de tutela para configurar la ocurrencia de un defecto fáctico, la Corte ha
fijado los siguientes criterios de aplicación:
-
La intervención del juez de tutela, frente al
manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de carácter extremadamente
reducido. El respeto por el principio de autonomía judicial y el principio del
juez natural, impiden que en sede de tutela se lleve a cabo un examen
exhaustivo del material probatorio.
-
Las diferencias de valoración que puedan
surgir en la apreciación de una prueba no pueden considerarse ni calificarse
como errores fácticos. Frente a interpretaciones diversas y razonables, es el
juez natural quien debe determinar, conforme a los criterios de la sana
critica, y en virtud de su autonomía e independencia, cuál es la que mejor se
ajusta al caso concreto. El juez del proceso, en ejercicio de sus funciones, no
sólo es autónomo sino que sus actuaciones están amparadas por el principio de
la buena fe, lo que le impone al juez de tutela la obligación de asumir, en
principio y salvo hechos que acrediten lo contrario, que la valoración de las
pruebas realizadas por aquél es razonable y legítima.
-
Para que la acción de tutela pueda proceder
por error fáctico, “[e]l error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de
tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener
una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede
convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria
del juez que ordinariamente conoce de un asunto”[16].
d. En un defecto sustantivo o material. Se presenta cuando la decisión judicial adoptada por el juez,
desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen, al
sustentarse aquella en disposiciones claramente inaplicables al caso concreto.
Sobre el particular, esta Corporación ha sostenido, que cuando una decisión
judicial se soporta en una norma jurídica manifiestamente equivocada, que la
excluye del marco de la juridicidad y de la hermenéutica, aquella pasa a ser
una simple manifestación de arbitrariedad, que debe dejarse sin efectos, para
lo cual la acción de tutela pasa a ser el mecanismo idóneo y apropiado. Al
respecto, ha explicado la Corte que tal situación de arbitrariedad se presenta
cuando se aplica: (i) una norma inexistente;
(ii) o que ha sido derogada o declarada inexequible; (iii) o que estando
vigente, resulta inconstitucional frente al caso concreto y el funcionario se
haya abstenido de aplicar la excepción de inconstitucionalidad; (iv) o que
estando vigente y siendo constitucional, la misma es incompatible con la
materia objeto de definición judicial.
f. En error inducido o por consecuencia. Tiene lugar, en los casos en que el juez o tribunal ha sido
víctima de un engaño por parte de terceros, y ese engaño lo conduce a la
adopción de una decisión que afecta derechos fundamentales. En estos eventos,
la providencia judicial se soporta en hechos o situaciones en cuya realización
participan personas obligadas a colaborar con la administración de justicia
-autoridades o particulares-, y cuyo manejo irregular induce en error al
funcionario judicial, con grave perjuicio para los derechos fundamentales de
alguna de las partes o de terceros.
g. En una decisión sin motivación. Se configura frente al incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones, en el entendido que, precisamente, en tal motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional y, por tanto, de las providencias que les
competen proferir.
h. En desconocimiento del
precedente judicial. Se presenta en aquellos casos en los cuales la
autoridad judicial, a través de sus pronunciamientos, se aparta del precedente
jurisprudencial que le resulta aplicable al caso, sin ofrecer un mínimo razonable
de argumentación jurídica que justifique tal cambio de jurisprudencia. Ocurre,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho
fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la
eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado. Se presenta igualmente, cuando el juez del proceso
ignora el alcance de una ley, fijado por la Corte Constitucional con efectos
erga omnes.
i. En violación directa de la Constitución. La misma tiene lugar, entre otros eventos, cuando, amparada en la discrecionalidad interpretativa, la decisión judicial se desborda
en perjuicio de los derechos fundamentales de los asociados amparados por la
Carta Política.”
Sobre la base de lo expuesto, la acción de tutela procede contra
providencias judiciales siempre que se cumplan los requisitos generales de
procedibilidad, la decisión debatida por esta vía haya incurrido en uno o
varios de los defectos o vicios específicos y, a su vez, el defecto sea de tal
magnitud que implique una lesión o afectación a los derechos fundamentales del
tutelante.
4. Caso concreto
La actora, a
través de apoderado, interpuso acción de tutela al considerar vulnerado su
derecho fundamental al debido proceso, por cuanto las autoridades judiciales demandadas,
a su parecer, incurrieron en un defecto fáctico al proferir los autos del 6 de
diciembre de 2013, 17 de febrero, 27 de marzo y 24 de julio de 2014.
Lo anterior,
por cuanto el experticio que allegó junto con la contestación de la demanda,
dentro del proceso de rescisión por lesión enorme, no fue tenido en cuenta dentro
del auto que abrió a pruebas sin que se hubiere dado motivación alguna (auto 6
de diciembre de 2013). Posteriormente, el juez se pronunció sobre la misma
aduciendo su improcedencia, decisión que recurrió el apoderado de la parte
demandada y que, mediante auto del 27 de marzo de 2014, el ente judicial rechazó
de plano al considerar que dicho auto no era apelable, por lo que el apoderado
interpuso el recurso de queja ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá, Corporación que, mediante auto del 24 de julio de 2014, estimó bien
denegado el recurso de apelación.
Con el fin de determinar
la procedibilidad de la presente acción de tutela interpuesta contra decisiones
judiciales, esta Sala hará un análisis de los requisitos generales que sobre la
materia se han dispuesto, para lo cual se realizará un recuento del proceso de
rescisión por lesión enorme, seguido contra la actora.
4.1 Proceso de
rescisión por lesión enorme interpuesto por Martha Stella, Jeannette y Miguel Ángel
Álvarez contra Marlies Brugger de Álvarez
-Los señores
Martha Stella, Jeannette y Miguel Ángel Álvarez Martínez, interpusieron demanda
ordinaria de rescisión por lesión enorme contra la señora Marlies Brugger de Álvarez,
por la venta de un lote denominado “San Jorge”, el cual le había sido
adjudicado a la demandada dentro de la liquidación de la sociedad conyugal, de
común acuerdo, con el señor Francisco de Paula Álvarez Niño.
-Dentro de la
escritura pública expedida por la Notaria 25 del circuito de Bogotá del 3 de
abril de 2009, contentiva de la liquidación de la sociedad conyugal, se
estipuló el valor de la partida del bien denominado “San Jorge” en
seiscientos noventa millones ciento cuarenta y cuatro mil pesos ($690.144.000).
Y el valor comercial del bien, de conformidad con el avalúo comercial, a juicio
de los demandantes, era de diez mil millones de pesos (10.000.000.000).
-Mediante
escritura pública No. 2433 del 24 de diciembre de 2009 la señora Marlies
Brugger de Álvarez realizó al venta del bien inmueble por un valor de mil
trescientos millones de pesos ($1.300.000.000).
-El señor
Francisco de Paula Álvarez fallece el 3 de septiembre de 2010 y los hijos legítimos
del causante, Martha Stella, Jeannette y Miguel Ángel Álvarez Martínez se
consideran lesionados con la adjudicación del bien denominado “San Jorge”,
realizada dentro de la liquidación de la sociedad conyugal, existente entre su
padre y la señora Marlies Brugger, ya que a ese momento, el bien tenía un valor
de diez mil millones de pesos ($10.000.000.000), por lo que al momento de hacer
esa partición, no se cumplió con la cuota parte de cada cónyuge.
-Dicho proceso
le correspondió al Juzgado 5º de Familia de Bogotá, quien mediante auto del 25
de junio de 2012, admitió la demanda y corrió traslado a las parte demandada,
la cual contestó mediante escrito del 8 de marzo de 2013, en el que propuso
excepciones de fondo y solicitó como pruebas un interrogatorio de parte a los
demandantes y la práctica de un dictamen pericial del bien objeto de litigio, a
la fecha de la liquidación de la sociedad conyugal sin tener en cuenta las
mejoras realizadas desde aquella fecha.
-El apoderado de
la parte demandada, a su vez, impugnó el auto admisorio de la demanda, recurso
que fue decidido de manera desfavorable por el juez de conocimiento, por lo que
nuevamente se le dio traslado para contestar y proponer excepciones.
-Dentro del
nuevo término la demandada contestó, propuso excepciones y solicito como
pruebas un interrogatorio de parte a los demandantes y, en esta oportunidad,
aportó un experticio elaborado por un Ingeniero Catastral y Geodesta
especialista en avalúos.
-El proceso en
curso fue trasladado al Juzgado Primero de Familia de Descongestión de Bogotá,
el 18 de septiembre de 2013, en cumplimiento de los Acuerdos PSAA-13-9962 y
CSBTA-13-184 de 2013 proferidos por las Salas Administrativas del Consejo
Superior del Judicatura y del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá,
respectivamente.
-El 3 de octubre
de 2013, el juzgado se constituyó en audiencia pública, con el fin de dar
trámite a la audiencia de conciliación entre las partes a la cual asistieron
los dos extremos del proceso, en ella no se llegó a un acuerdo por lo que se
declaró fracasada la etapa de conciliación y se dispuso continuar con el
proceso.
-Mediante auto
del 6 de diciembre de 2013, el Juzgado Primero de Familia de descongestión de
Bogotá abrió el proceso a pruebas, en el cual decretó las siguientes:
“I. Parte demandante
(…) 3º.- DICTAMEN PERICIAL. Se designa de las lista de auxiliares de
la justicia, perito evaluador de inmuebles-abogado, para que determine el valor
comercial del inmueble denominado San Jorge, a la fecha en que se realizó la
liquidación de la sociedad conyugal que existió entre FRANCISO DE PAULA ÁLVAREZ
NIÑO y MARLIES BRUGGER DE ÁLVAREZ, sin tener en cuenta la mejoras plantadas en
él desde aquélla fecha.
II. Parte demandada
(…) 2º.- Dictamen pericial, téngase en cuenta el decretado
precedentemente, para lo que el perito designado deberá tener en cuidado en la
experticia de no incluir las mejoras plantadas en el precitado bien, con
posterioridad a la liquidación de la sociedad conyugal contenida en la
escritura pública No. 00726 del 3 de abril de 2009.”
Dicho auto fue
notificado por estado el 10 de diciembre de 2013.
-Mediante
escrito presentado por el apoderado de la señora Brugger de Álvarez el 17 de
enero de 2014, solicitó al juez de conocimiento que se pronunciara sobre la
admisión de la prueba aportada con la contestación de la demanda. Petición que
fue despachada mediante proveído de 17 de febrero de 2014, en el cual se
expuso:
“Se reitera al profesional del derecho que representa al extremo
demandado, que no se tendrá en cuenta el avalúo que como “DICTAMEN PERICIAL” se
allegó con la contestación de la demanda, por improcedente.
Téngase en cuenta que en aplicación de los deberes y
responsabilidades que al Juez director del Despacho le conciernen, se procura
hacer efectiva la igualdad de las partes y el respeto al debido proceso, bajo
ese entendimiento se decretó el dictamen pericial sobre los bienes objeto del
presente proceso, a través de perito experto de la lista de auxiliares de la
justicia y en ese sentido se informó al profesional del derecho en el numeral
II del acápite de pruebas de la parte demandada, del auto proferido el 6 de
diciembre de 2013”.
El apoderado de
la parte pasiva, inconforme con dicha decisión, interpuso recurso de reposición
y en subsidio de apelación, con el fin de que el juez revoque la determinación
tomada y ordene tener como prueba el experticio aportado con la contestación de
la demanda para que este pueda ser valorado.
-El 27 de marzo
de 2014 el Juzgado Primero de Familia de descongestión de Bogotá, al resolver
el recurso de reposición, consideró:
“Estudiados los argumentos soporte del recurso de que se trata,
encuentra el Juzgado desaciertos en los mismos, en la medida que no es posible
que esta autoridad aborde su estudio a fin de que se modifique o revoque las
determinaciones tomadas en el auto de apertura a pruebas fechado el 6 de
diciembre de 2013, debido a que el mismo, cobró firmeza sin reparo alguno por
el hoy recurrente (Art. 118 CPC). Tenga en cuenta el profesional del derecho
que en el numeral 2º de la precitada providencia, este Despacho se pronunció
expresamente frente al dictamen pericial allegado por la parte demandada,
decisión que se repite, quedó ejecutoriada (Art. 331 CPC). Por tanto cualquier
discusión que ahora se suscite frente al dictamen pericial presentado con la contestación
de la demanda, resulta francamente extemporáneo.
Siendo ello así, no le queda otro camino al Juzgado que rechazar de
plano el recurso de reposición planteado por extemporáneo y negar,
consecuencialmente, el recurso subsidiario de apelación.
Sin perjuicio de lo anterior, considera el despacho oportuno
precisar al profesional del derecho recurrente que el artículo 116 de la Ley
1395 de 2010, no ha entrado en vigor, ello si se tiene en cuenta que la implementación
de dicha legislación que establece y desarrolla los procesos orales y por
audiencias requiere de una infraestructura física, tecnológica y de
comunicaciones, así como la capacitación de los servidores judiciales, por ello
el legislador ha venido incorporando los precitados procesos de manera gradual
y progresiva (…). Entonces, como las condiciones antes señaladas no han sido
conseguidas, se extendió el plazo para la implementación del sistema oral,
conforme se indicó en el Acuerdo PSAA13-10071 del 27 de diciembre de 2013,
emanado de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura”
El abogado de la
señora Marlies Brugger, recurrió la decisión tomada por el juez al considerar
que el auto del 6 de diciembre de 2013 al no contener algo adverso contra la parte
demandada, no tenía razón para impugnarlo, diferente al proferido el 17 de febrero
de 2014 en el que sí existe un pronunciamiento expreso sobre la inadmisión de
la prueba allegada por la parte demandada, por lo que, a su parecer, estaba legitimado
para impugnarlo.
Mediante auto
del 5 de mayo de 2014 el juez de conocimiento se pronunció sobre el recurso
interpuesto, en el que manifestó que la determinación tomada dentro del auto
proferido el 27 de marzo de 2014 se encontraba ajustada a derecho. Finalmente,
dispuso la expedición de copias de la totalidad del expediente a fin de que se
surtiera el recurso de queja.
Al resolver
dicha queja, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante
proveído del 24 de julio de 2014, decidió declarar bien denegada la concesión
del recurso de apelación, al estimar que:
“En el caso bajo estudio, el Juzgado Primero de Familia de
descongestión de Bogotá, al abrir a pruebas el proceso, decreta a instancia de
la parte actora y la parte demandada, la práctica de pericia, designando para
ello perito evaluador de inmuebles de la lista de auxiliares de la justicia
para que determinara el valor comercial del inmueble “SAN JORGE” a la fecha en
que se realizó la liquidación de la sociedad conyugal que existió entre
FRANCISCO DE PAULA ÁLVAREZ NIÑO y MARLIES BRUGGER DE ÁLVAREZ, sin tener en
cuenta las mejoras planteadas en él desde aquella época, surge nítido, que implícitamente
le negó tener como prueba el dictamen pericial por él allegado con el escrito
de contestación a la demanda, pues en su lugar, le indica “tener en cuenta el
decretado precedentemente”, y era en esta oportunidad cuando debió mostrar
inconformidad con la decisión, la cual a la luz de lo preceptuado en el
artículo 351 del CPC, sí sería susceptible del recurso de alzada. Por ende y
tal como lo indicó el Juzgado de primera instancia, el auto fechado 17 de
febrero de 2014, materia del recurso de apelación, no es apelable, pues el
mismo no niega una prueba, sino que reitera a la parte demandada que sobre la
misma ya se resolvió en el auto de apertura a pruebas”.
-El 19 de
septiembre de 2014 el juez de conocimiento corrió traslado a las partes del
dictamen pericial rendido por el perito designado de la lista de auxiliares de
la justicia. Dicho experticio fue objetado por las dos partes del proceso. La
parte pasiva adjuntó el dictamen inicialmente aportado con la contestación de
la demanda para que este sea tenido como prueba dentro del proceso.
-El 19 de marzo
de 2015, el Juzgado Primero de Familia de Descongestión de Bogotá, procedió
como lo ordena el numeral 5º del artículo 238 del CPC a dar traslado de la
objeción en la forma indicada en el artículo 108 del CPC.
4.2 Análisis
de procedibilidad de la acción de tutela presentada por Marlies Brugger de
Álvarez contra los autos proferidos dentro del proceso de rescisión por lesión
enorme
Con base en lo
expuesto, esta Sala observa que la presente acción de tutela no es procedente,
toda vez que no cumple con el requisito de subsidiariedad, establecido dentro
de los presupuestos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, fijado por la jurisprudencia
constitucional, el cual se estudiará a continuación.
4.2.1. Ausencia del presupuesto de subsidiariedad
De acuerdo con
lo expuesto en la parte general de esta providencia, dentro de los presupuestos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
está aquél conforme al cual, es necesario que, previamente, se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios-
de defensa judicial al alcance de quien alega la afectación de sus derechos
fundamentales, a menos de que se trate de evitar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable, evento en el cual solo procede como mecanismo transitorio hasta
tanto la autoridad competente profiera la decisión definitiva.[17]
Esta
Corporación ha sido muy clara en señalar que la acción de tutela no fue
diseñada por el Constituyente de 1991 como un medio judicial
alternativo, adicional o complementario de los establecidos por la ley para la
defensa de los derechos, pues con ella no se busca reemplazar los procesos
ordinarios o especiales y, menos aún, desconocer los mecanismos dispuestos al
interior de estos procesos para controvertir las decisiones que se adopten.
Acorde con los principios de inmediatez y subsidiariedad que le son
consustanciales, el propósito perseguido por la acción de tutela se concreta en
garantizar la protección efectiva y actual, pero supletoria, de los derechos
constitucionales fundamentales.[18]
Respecto del
requisito de subsidiariedad, la sentencia C-543 de 1992, señaló que “tan
solo resulta procedente instaurar la acción en subsidio o a falta de
instrumento constitucional o legal diferente, susceptible de ser alegado ante
los jueces, esto es, cuando el afectado no disponga de otro medio judicial para
su defensa, a no ser que busque evitar un perjuicio irremediable (…) Luego no
es propio de la acción de tutela el sentido de medio o procedimiento llamado a
reemplazar los procesos ordinarios o especiales, ni el de ordenamiento
sustitutivo en cuanto a la fijación de los diversos ámbitos de competencia de
los jueces, ni el de instancia adicional a las existentes, ya que el propósito
específico de su consagración, expresamente definido en el artículo 86 de la
Carta, no es otro que el de brindar a la persona protección efectiva, actual y
supletoria en orden a la garantía de sus derechos constitucionales
fundamentales(…) tratándose de instrumentos dirigidos a la preservación de los
derechos, el medio judicial por excelencia es el proceso…”
Lo anterior, fue
reiterado por C-577A de 2011, en la que se sostuvo que, “este elemento
medular de la acción de tutela, la subsidiariedad, adquiere fundamento y se
justifica, en la necesidad de preservar el orden regular de asignación de
competencias a las distintas autoridades jurisdiccionales, con el objeto no
solo de impedir su paulatina disgregación sino también de garantizar el
principio de seguridad jurídica. Ello, sobre la base de que no es la acción de
tutela el único mecanismo previsto por el legislador para la defensa de los
derechos fundamentales, pues existen otros instrumentos ordinarios, dotados de
la especialidad necesaria para, de manera preferente, lograr su protección.”
La Sala Plena en
sentencia SU-026 de 2012, consideró que: “Es necesario resaltar que la
acción de tutela no es, en principio, el instrumento judicial adecuado para
solicitar la protección de los derechos que eventualmente sean lesionados en el
trámite de un proceso judicial, pues el ordenamiento jurídico ha diseñado para
este efecto la estructura de órganos de la rama judicial, estableciendo un
modelo jerárquico cuyo movimiento se activa a partir de la utilización de una
serie de mecanismos judiciales que buscan garantizar la corrección de las
providencias judiciales”.
En síntesis, la
sentencia T-103 de 2014[19],
precisó que el principio de subsidiariedad de la acción de tutela “envuelve
tres características importantes que llevan a su improcedencia contra
providencias judiciales, a saber: (i) el asunto está en trámite; (ii) no se han
agotado los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios; y (iii) se
usa para revivir etapas procesales en donde se dejaron de emplear los recursos
previstos en el ordenamiento jurídico.”
Respecto de la
improcedencia de la tutela contra providencias judiciales, en los casos en los
que el asunto aún está en trámite, ha dicho esta Corporación que, “al
estudiar el requisito de subsidiariedad en estos casos se pueden presentar dos
escenarios: i) que el proceso haya concluido[20]; o ii) que el proceso
judicial se encuentre en curso[21].
Lo anterior constituye un factor para diferenciar el papel del juez
constitucional en cada caso, de una parte, si se enfrenta a la revisión de la
actuación judicial de un proceso concluido deberá asegurarse que la acción de
amparo no se está utilizando para revivir oportunidades procesales vencidas,
que se agotaron todos los recursos previstos por el proceso judicial para
cuestionar las decisiones impugnadas y que no se emplea la acción de amparo
como una instancia adicional. De otra parte, si el proceso se encuentra en
curso la intervención del juez constitucional está en principio vedada, pues
como se sabe la acción de tutela no es un mecanismo alternativo o paralelo pero
puede resultar necesaria para evitar un perjuicio irremediable que comprometa
la vulneración de derechos fundamentales.”[22]
A propósito, la
sentencia T-211 de 2009, señaló que “las etapas,
recursos y procedimientos que conforman un proceso, son el primer espacio de
protección de los derechos fundamentales de los asociados, especialmente en lo
que tiene que ver con las garantías del debido proceso. Es en este sentido que
la sentencia C-543/92 puntualiza que: ‘tratándose de instrumentos dirigidos a
la preservación de los derechos, el medio judicial por excelencia es el
proceso, tal como lo acreditan sus remotos orígenes’. Por tanto, no es
admisible que el afectado alegue la vulneración o amenaza de un derecho
fundamental cuando no ha solicitado el amparo de sus derechos dentro del
proceso, pues, en principio, el ordenamiento jurídico le ha dotado de todas las
herramientas necesarias para corregir durante su trámite las irregularidades
procesales que puedan afectarle.”
En conclusión,
antes de invocar el mecanismo de amparo constitucional, para debatir conflictos
jurídicos surgidos dentro de un proceso ordinario y que afecten los derechos
fundamentales de alguna de las partes, deben ser resueltos en principio por las
vías que se han dispuesto para ello y, solo en casos muy excepcionales, a
través de la acción de tutela.
En cuanto a la improcedencia de la acción de tutela cuando no se han
agotado los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios se ha dicho
por esta Corporación que es “un deber del
actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema
jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de
asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se
correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las
decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última”.[23]
No obstante, la
Corte Constitucional también ha señalado que no es suficiente con verificar la
existencia de otro mecanismo de defensa judicial para determinar la
improcedencia de la tutela, es deber del el juez valorar la idoneidad y la
eficacia del mismo, sin que ello signifique el desconocimiento de la
prevalencia y validez de los medios ordinarios de protección judicial como
instrumentos legítimos para la protección de los derechos. “Entonces, con
miras a obtener la protección de sus garantías, los ciudadanos están obligados
a acudir de manera preferente a los mecanismos ordinarios y extraordinarios,
cuando ellos se presenten como conducentes para conferir una eficaz protección
constitucional[24],
y solo en caso de que dichos mecanismos carezcan de idoneidad o eficacia, es
que procedería la acción de tutela para su protección.”[25]
Por último, el
juez debe verificar que el mecanismo de amparo constitucional no se utilice
como medio para reabrir el debate de un asunto litigioso que por negligencia,
descuido o distracción de las partes, se encuentra debidamente resuelto. Al
respecto esta Corporación ha indicado:
“Si existiendo el medio judicial, el interesado deja de acudir a él
y, además, pudiendo evitarlo, permite que su acción caduque, no podrá más tarde
apelar a la acción de tutela para exigir el reconocimiento o respeto de un
derecho suyo. En este caso, tampoco la acción de tutela podría hacerse valer
como mecanismo transitorio, pues esta modalidad procesal se subordina a un
medio judicial ordinario que sirva de cauce para resolver de manera definitiva
el agravio o lesión constitucional.[26]”[27]
En síntesis, la
tutela resulta del todo improcedente en los casos en que dentro de un proceso
judicial las partes teniendo los recursos ordinarios, no acudieron a ellos o no
lo hicieron de manera oportuna, pretendiendo discutir mediante el mecanismo de
amparo situaciones que quedaron en firme. Así se expuso
en la sentencia SU-037 de 2009.
“En efecto, el carácter subsidiario de la acción de tutela impone al
interesado la obligación de desplegar todo su actuar dirigido a poner en marcha
los medios ordinarios de defensa ofrecidos dentro del ordenamiento jurídico
para la protección de sus derechos fundamentales. Tal imperativo constitucional
pone de relieve que para acudir a la acción de tutela el peticionario debe
haber actuado con diligencia en los procesos y procedimientos ordinarios, pero
también que la falta injustificada de agotamiento de los recursos legales
deviene en la improcedencia del mecanismo de amparo establecido en el artículo
86 Superior.”
4.2.2. En el presente caso, el abogado de la parte actora alega que existe
vulneración al debido proceso por cuanto el juez de conocimiento, mediante el
auto que abrió a pruebas, el 6 de diciembre de 2013, no se pronunció sobre el
experticio sobre el bien objeto de litigio, allegado por la parte demandada
junto con la contestación de la demanda, dentro del proceso de rescisión por
lesión enorme.
Afirmó, que ante
dicha omisión, mediante escrito presentado el 17 de enero de 2014, le solicitó
al juez que se pronunciara sobre dicha prueba, quien mediante auto del 17 de
febrero de 2014, le informó que el experticio allegado con la contestación de
la demanda, no se tendría en cuenta por improcedente, toda vez que con el fin
de salvaguardar la igualdad de las partes y el respeto al debido proceso se
decretó dictamen pericial sobre el bien objeto de controversia a cargo de un
perito auxiliar de la justicia.
Ante dicho
pronunciamiento, el apoderado interpuso recurso de reposición, el cual fue
negado por el fallador en el auto del 27 de marzo de 2014, al estimar que “Estudiados
los argumentos soporte del recurso de que se trata, encuentra el Juzgado
desaciertos en los mismos, en la medida que no es posible que esta autoridad
aborde su estudio a fin de que se modifique o revoque las determinaciones
tomadas en el auto de apertura a pruebas fechado el 6 de diciembre de 2013,
debido a que el mismo, cobró firmeza sin reparo alguno por el hoy recurrente
(Art. 118 CPC). Tenga en cuenta el profesional del derecho que el numeral 2º de
la precitada providencia, este Despacho se pronunció expresamente frente al
dictamen pericial allegado por la parte demandada, decisión que se repite,
quedó ejecutoriada (Art. 331 CPC). Por tanto cualquier discusión que ahora se
suscite frente al dictamen pericial presentado con la contestación de la
demanda, resulta francamente extemporáneo.
Siendo ello
así, no le queda otro camino al Juzgado que rechazar de plano el recurso de
reposición planteado por extemporáneo y negar, consecuencialmente, el recurso
subsidiario de apelación.”
La anterior decisión
fue recurrida nuevamente por el abogado de la parte demandada, al considerar
que el auto del 6 de diciembre de 2013 al no contener algo adverso contra la
parte demandada, no tenía razón para impugnarlo, diferente al proferido el 17
de febrero de 2014 en el que sí existe un pronunciamiento expreso sobre la
inadmisión de la prueba allegada por la parte pasiva, por lo que, a su parecer,
estaba legitimado para impugnarlo.
Mediante auto
del 5 de mayo de 2014 el juez de conocimiento se pronunció sobre el recurso
interpuesto, en el que manifestó que la determinación tomada dentro del auto
proferido el 27 de marzo de 2014 se encuentra ajustada a derecho. Finalmente,
dispuso la expedición de copias de la totalidad del expediente a fin de que se
surta el recurso de queja, el cual fue conocido por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Familia, autoridad que resolvió que la no
concesión de recurso de apelación se encontraba bien denegado.
Del recuento del
proceso ordinario, esta Sala observa que, el apoderado de la parte actora, no
utilizó, dentro del proceso ordinario de rescisión por lesión enorme, los
recursos con los que contaba para controvertir la omisión en la que incurrió el
juez al no pronunciarse sobre la admisión o inadmisión del experticio del bien
objeto de litigio, aportado con la contestación de la demanda.
No es claro el
argumento del abogado de la parte actora al decir, con respecto al auto del 6
de diciembre de 2013, el cual abrió a pruebas el proceso, que, “resultaría
irracional que la demandada impugnara un auto que no contenía decisiones
adversas”. En consecuencia “echar de menos la impugnación de la
demandada contra el auto que no contenía decisiones adversas, como lo hace
ahora la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, es del todo desacertado”.
Pues, dicho auto,
decreta la práctica de un experticio a cargo de un auxiliar de la justicia, sin
tener en cuenta el allegado por la parte demandada, en este proveído se dispuso:
“I. Parte demandante
(…) 3º.- DICTAMEN PERICIAL. Se designa de las lista de auxiliares de
la justicia, perito evaluador de inmuebles-abogado, para que determine el valor
comercial del inmueble denominado San Jorge, a la fecha en que se realizó la
liquidación de la sociedad conyugal que existió entre FRANCISO DE PAULA ÁLVAREZ
NIÑO y MARLIES BRUGGER DE ÁLVAREZ, sin tener en cuenta la mejoras plantadas en
él desde aquélla fecha.
II. Parte demandada
(…) 2º.- Dictamen pericial, téngase en cuenta el decretado
precedentemente, para lo que el perito designado deberá tener en cuidado en la
experticia de no incluir las mejoras plantadas en el precitado bien, con
posterioridad a la liquidación de la sociedad conyugal contenida en la
escritura pública No. 00726 del 3 de abril de 2009.”
En consecuencia,
dicho auto le era adverso, pues el hecho de que el juez, al decretar un nuevo
experticio sin pronunciarse sobre el allegado, sí iba en contra de sus
intereses, por lo que lo procedente era que utilizara los medios que tenía a su
alcance para controvertir la decisión del Juzgado Primero de Familia de
Descongestión de Bogotá.
Para esta Sala,
lo que pretende el actor, es reabrir una actuación que cobró firmeza al no
hacer uso de los recursos dispuestos para controvertirla, pues casi un mes y
medio después, vencido el término para impugnar el auto, solicita al juez el
pronunciamiento sobre la prueba allegada, cuando lo ha debido hacer dentro de
la oportunidad que la ley prevé para ello.
Así mismo, esta
Sala observa que el proceso no ha concluido, pues del expediente se colige que
el 19 de septiembre de 2014 el juez de conocimiento corrió traslado a las
partes del dictamen pericial rendido por el perito designado de la lista de
auxiliares de la justicia. Dicho experticio fue objetado por los dos extremos
del proceso. La parte pasiva adjuntó el dictamen inicialmente aportado con la
contestación de la demanda para que este sea tenido como prueba dentro del incidente
respectivo.
En efecto, el 19
de marzo de 2015, el Juzgado Primero de Familia de Descongestión de Bogotá,
procedió como lo ordena el numeral 5º del artículo 238 del CPC a dar traslado
de la objeción en la forma indicada en el artículo 108 del CPC.
Así las cosas
esta Sala resalta, que la parte actora dentro de la presente acción de tutela,
cuenta aún, dentro del proceso ordinario de rescisión por lesión enorme, con
mecanismos para hacer valer el experticio y buscar que el juez de conocimiento
del asunto se pronuncie sobre el mismo, al momento de evaluar la objeción
presentada.
En síntesis,
esta Sala confirmará la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Laboral del 22 de octubre de 2014 que, a su vez, confirmó la dictada
por la Sala Civil de la misma Corporación el 28 de agosto del mismo año, por
cuanto en el presente caso no se cumple con el requisito de procedibilidad de
la acción de tutela contra providencias judiciales, a saber la subsidiariedad,
toda vez que (i) el apoderado de la parte demandada no hizo uso de los
mecanismos ordinarios dispuestos para controvertir las decisiones dentro del
proceso de rescisión por lesión enorme y lo que pretende es reabrir una
actuación en firme y, además (ii) aún cuenta con mecanismos dentro del proceso
ordinario para hacer valer sus derechos y pretensiones, pues todavía no hay un
pronunciamiento definitivo por parte del ente judicial, en relación con el
experticio en cuestión.
IV.    DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia de la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Laboral del 22 de octubre de 2014 que, a su vez, confirmó
la dictada por la Sala Civil de la misma Corporación el 28 de agosto del mismo
año, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO.- Por Secretaría, líbrese la comunicación prevista en el artículo 36
del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, cópiese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MENDEZ
Secretaria
General
[1] Sentencias T-055/94 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) y SU-087/99
(M.P. José Gregorio Hernández Galindo).
[2]
M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[3] Corte Constitucional, Sentencia C-543 de
1992, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. Al respecto señaló: “Conclusión
forzosa de las consideraciones que anteceden es la inconstitucionalidad del
artículo 11 del Decreto 2591 de 1991. Esta norma contraviene la Carta Política,
además de lo ya expuesto en materia de caducidad, por cuanto excede el alcance
fijado por el Constituyente a la acción de tutela (artículo 86), quebranta la
autonomía funcional de los jueces (artículos 228 y 230), obstruye el acceso a
la administración de justicia (artículo 229), rompe la estructura
descentralizada y autónoma de las distintas jurisdicciones (Título VIII),
impide la preservación de un orden justo (Preámbulo de la Carta) y afecta el
interés general de la sociedad (artículo 1º), además de lesionar en forma grave
el principio de la cosa juzgada, inherente a los fundamentos constitucionales
del ordenamiento jurídico.
No desconoce la Corte la existencia del artículo 40,
perteneciente al mismo decreto del cual hacen parte las normas demandadas,
disposición que establece la competencia especial para conocer sobre acciones
de tutela cuando esta sea ejercida contra sentencias proferidas por los jueces
superiores, los tribunales, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de
Estado. Esto genera una obvia e inescindible unidad normativa entre ella y el
artículo 11, hallado contrario a la Constitución, puesto que la materia que
constituye núcleo esencial de los preceptos no es otra que la examinada en este
fallo, es decir, la procedencia de la acción de tutela contra sentencias
judiciales.
En desarrollo de lo previsto por el artículo 6º del
Decreto 2067 de 1991, la Corte declarará que, habida cuenta de la unidad
normativa, también dicho artículo es inconstitucional.”
[4] Corte Constitucional, T-018 de 2011, MP. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo.
[5]
M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[6] Sobre el particular, consultar, entre
otras, las Sentencias C-590 de 2005, T-789 de 2008, T-217 de 2010 y T-285 de
2010; T-867 de 2011, MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[7] M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[8] M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[9] Sentencia 173 del 4 de mayo de 1993, M.P. José Gregorio Hernández
Galindo.
[10] Sentencia T-504 del 8 de mayo de 2000, M.P. Antonio Barrera
Carbonell.
[11] Ver entre otras la Sentencia T-315 del 1 de abril de 2005, M.P.
Jaime Córdoba Treviño.
[12] Sentencia T-008 del 22 de enero de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz.
[13] Sentencia T-658 del 11 de noviembre de 1998, M.P. Carlos Gaviria
Díaz.
[14] Sentencias T-088 del 17 de febrero de 1999, M.P. José Gregorio
Hernández Galindo y SU-1219 del 21 de noviembre de 2001, M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa.
[15] MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[16] “Sentencia T-590 de 2009.”
[17] Sentencia T-271 de 2013.
[18] Ibidem.
[19] M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[20] Sentencia T-086 de 2007.
[21] En la sentencia T-211 de 2009, la Sala
precisó: “(…) el
amparo constitucional no se ha constituido como una instancia adicional para
decidir conflictos de rango legal, ni para que los ciudadanos puedan subsanar
las omisiones o los errores cometidos al interior de un proceso. En otras
palabras, la Corte ha
sostenido que la acción de tutela no es un medio alternativo, ni
complementario, ni puede ser estimado como último recurso de litigio.”
[22] Sentencia T-113 de 2013, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[23] Sentencia C-590 de 2005.
[24] Cfr. Sentencias SU-544 de 2001, T-803 de 2002, T-227 de 2010 y T-742
de 2011.
[25] Sentencia T-103 de 2014.
[26] El texto citado se encuentra inicialmente en la sentencia SU-111 de
1997. En esa sentencia, se estudió una acción de tutela interpuesta en contra
de un acto administrativo por medio del cual se le suspendía los servicios de
salud a una persona que había sido retirada del servicio, pese a que existía
una sentencia de tutela anterior que ordenaba la prestación del servicio. La
Corte consideró que la acción de tutela era improcedente porque la accionante
no ejerció las acciones ordinarias en contra del acto administrativo. Estos
mismos argumentos se han reiterado, entre otras, en las sentencias T-1588 de
2000, T-983 de 2001, T-1217 de 2003, T-1140 de 2005, T-1009 de 2006, T-373 de
2007, T-472 de 2008, T-175 de 2011 y T-882 de 2009.
[27] Sentencia T-103 de 2014.