C-055-10
Sentencia C -055/10
Sentencia C-055/10
INHIBICION
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Cargos carecen de requisitos de especificidad,
pertinencia y suficiencia
COSA
JUZGADA MATERIAL/CORTE CONSTITUCIONAL-Aplicación del precedente
establecido en la sentencia C-388 de 2000, respecto la expresión acusada del
artículo 129 del Código de la Infancia y la Adolescencia
Respecto de la
expresión acusada del artículo 129 del C.I.A., resulta procedente declarar la
constitucionalidad de la misma con base en lo resuelto en la sentencia C-388 de
2000. Lo anterior, como quiera que la presunción iuris tantum establecida de
que la cuota provisional de alimentos, a falta de otros elementos de juicio, se
fije con base en el salario mínimo, es razonable por basarse tanto en datos
empíricos como en la existencia de una obligación legal de los empleadores de
pagar al menos dicho monto. También, porque es proporcional en tanto medida
idónea y necesaria para garantizar el pago de la cuota debida al menor, parte
débil de la relación procesal en el juicio de alimentos. Y finalmente por
cuanto se trata de una presunción legal que en todo caso puede ser desvirtuada
PROHIBICION
DE JUZGAMIENTO EN AUSENCIA DE ADOLESCENTE SOMETIDO A PROCESO JUDICIAL POR
RESPONSABILIDAD PENAL-Exequibilidad condicionada bajo el entendido de que
no incluye al infractor contumaz o rebelde
INTEGRACION DE
UNIDAD NORMATIVA-Reiteración de jurisprudencia/INTEGRACION DE UNIDAD
NORMATIVA-Procedencia/INTEGRACION DE UNIDAD NORMATIVA-Condiciones
para su procedencia/INTEGRACION DE UNIDAD NORMATIVA-Configuración
En primer
lugar, procede la integración de la unidad normativa cuando un ciudadano
demanda una disposición que, individualmente, no tiene un contenido deóntico
claro o unívoco, de manera que, para entenderla y aplicarla, resulta
absolutamente imprescindible integrar su contenido normativo con el de otra
disposición que no fue acusada. En estos casos es necesario completar la
proposición jurídica demandada para evitar proferir un fallo inhibitorio.En
segundo término, se justifica la configuración de la unidad normativa en
aquellos casos en los cuales la disposición cuestionada se encuentra
reproducida en otras normas del ordenamiento que no fueron demandadas. Esta
hipótesis pretende evitar que un fallo de inexequibilidad resulte inocuo. Por
último, la integración normativa procede cuando pese a no verificarse ninguna
de las hipótesis anteriores, la norma demandada se encuentra intrínsecamente
relacionada con otra disposición que, a primera vista, presenta serias dudas de
constitucionalidad. En consecuencia, para que proceda la integración normativa
por esta última causal, se requiere la verificación de dos requisitos distintos
y concurrentes: (1) que la norma demandada tenga una estrecha relación con las
disposiciones no cuestionadas que formarían la unidad normativa; (2) que las
disposiciones no acusadas aparezcan, a primera vista, aparentemente
inconstitucionales.  A este respecto, la Corporación ha señalado que es
legítimo que la Corte entre a estudiar la regulación global de la cual forma
parte la norma demandada, si tal regulación aparece prima facie de una dudosa
constitucionalidad
INTEGRACION DE
UNIDAD NORMATIVA-Pronunciamiento sobre apartes normativos no acusados que
conforman una unidad lógico jurídica inescindible con otros apartes sí
demandados
Procede
integrar la unidad normativa pues el ciudadano ha demandado dos proposiciones
jurídicas que no tienen un contenido deóntico unívoco, pues está claro que para
entenderlas y aplicarlas, es imprescindible completar su contenido normativo
con los demás apartes que no fueron acusados. Es decir que lo demandado del
artículo 158 del C.I.A., no resulta comprensible como regla de derecho ni puede
ser cotejado de modo razonable con la Constitución, mas aún cuando el problema
jurídico propuesto por el ciudadano las incluye bien directa (la 1ª), bien
indirectamente (la 2ª y la 3ª). Además, las proposiciones que no han sido
objeto de acusación no conservan un sentido útil para la interpretación y
aplicación normativa, pues poseen una relación inescindible de conexidad con
los demandados. Y al contrario, de no producirse la integración normativa y de
proferirse no obstante ello un pronunciamiento de fondo parcial y en los
términos reclamados por el actor, se generaría incertidumbre colectiva acerca
del contenido armónico e integrado de la norma legal materia de análisis.
Porque aún tras excluir del ordenamiento jurídico la suspensión del proceso y
la extensión del plazo de prescripción de la acción, perviviría la regla
conforme a la cual no está permitido adelantar el juzgamiento con ausencia del
procesado, con un resultado abiertamente contrario al interés del demandante, e
ilógico para sistema jurídico. Y aunque las actuaciones y garantías previstas
durante la investigación no perderían ni sentido ni condiciones para su
aplicación, su interpretación aislada sería difícil desde el punto de vista
gramatical y se crearía una laguna jurídica causante de incertidumbre al no
saber qué ocurriría con el proceso en caso de haberse proferido acusación
NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES EN EL ORDEN CONSTITUCIONAL/DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES-Carácter iusfundamental expreso y prevalente
La ordenación constitucional
sobre niños y adolescentes, se encuentra determinada tanto por la propia Carta
de 1991, como por Tratados internacionales que hacen parte del bloque de
constitucionalidad, a más de otras previsiones normativas reconocidas por la
jurisprudencia como parámetros de constitucionalidad en esta materia. Se alude,
por una parte, al artículo 44 constitucional, en el cual se consagran con carácter
iusfundamental expreso, los derechos de los niños, la máxima pluralidad de
sujetos obligados a la asistencia y protección del niño (familia, sociedad,
Estado), la exigibilidad de las posiciones jurídicas de los derechos
consagradas, y, finalmente, su carácter prevaleciente respecto de los derechos
de los demás. En sentido semejante, el artículo 45 establece respecto del
adolescente su derecho a la protección y la formación integral, así como el de
participar en todas las instituciones que tengan bajo su responsabilidad la
protección, educación y progreso de la juventud. De la interpretación de estas
disposiciones se destaca, en primer lugar, la consideración según la cual los niños,
niñas y adolescentes son sujetos de especial protección, cuyo origen se
encuentra, entre otras razones, en su falta de madurez física y mental, en la
consiguiente vulnerabilidad e indefensión en que se encuentran frente a todo
tipo de riesgos, en la necesidad que por consiguiente se deriva, de proveerlos
de las condiciones que se requieran para convertirlos en miembros libres,
autónomos y partícipes de la sociedad democrática y del orden en ella
establecido. Son, en fin, sujetos de especial protección, como forma de
consolidar el futuro de la nación y la sostenibilidad de su existencia basada
en los valores y principios del constitucionalismo
BLOQUE DE
CONSTITUCIONALIDAD-Instrumentos internacionales que lo conforman,
garantizan y reconocen derechos de los niños y las niñas
INTERES
SUPERIOR DEL MENOR-Definición
La
jurisprudencia ha señalado que la noción del interés superior del menor, es,
entre otras, una caracterización jurídica específica a favor de los niños,
reconocible en sus derechos que prevalecen, y que le impone obligaciones para
protegerlo de manera especial, de modo que lo guarde de abusos y
arbitrariedades y garantice su desarrollo normal y sano desde los puntos de
vista físico, psicológico, intelectual y moral y la correcta evolución de su
personalidad. Un concepto en todo caso  relacional, que no absoluto o
excluyente, a fin de armonizar, en situación de conflicto, los derechos e
intereses del menor con los de otros sujetos
PROTECCION
DE LOS DERECHOS E INTERESES DEL MENOR-Criterios que deben regir de acuerdo
a las disposiciones nacionales e internacionales/DERECHOS E INTERESES DE LOS
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES-Régimen constitucional del infante y del
adolescente frente a los poderes públicos
A partir de lo dispuesto en
los tratados internacionales vinculantes sobre la materia, se incluye: i) la
prevalencia del interés del menor; ii) la garantía de la adopción de medidas de
protección que su condición requiere; y iii) la previsión de las oportunidades
y recursos necesarios para desarrollarse mental, moral, espiritual y
socialmente de manera normal y saludable, y en condiciones de libertad y
dignidad. Este conjunto de elementos evidencian no sólo la singularidad sino
también la importancia del tema en el discurso constitucional y en la forma de
razonar en Derecho. Por ello, frente a los poderes públicos, tal régimen
constitucional del infante y del adolescente, al mismo tiempo potencia y limita
las habilitaciones y competencias de los poderes públicos. Para el legislador y
la administración, representa tanto obligaciones imperativas como facultades
que impulsan los procesos de creación, interpretación y aplicación de normas
jurídicas y también los de formulación, implementación, análisis y evaluación de
las políticas públicas. En este sentido, generan una vinculación positiva para
regular en diferentes ámbitos y para actuar con discrecionalidad a fin de
adecuar el derecho a la situación concreta del niño, niña o adolescente; y una
vinculación negativa que los limita en su poder de configuración normativa y de
reglamentación. Para el juez constitucional ocurre algo semejante. De allí que
tanto en las decisiones de constitucionalidad como en las de tutela en las que
se encuentren involucrados los menores de edad, aparecen como criterios
hermenéuticos fuertes, de modo que el juicio abstracto o concreto debe
efectuarse en clave de lo aquí visto: ser sujetos de especial protección, el imperativo
jurídico de buscar el interés superior del menor, el carácter prima facie
prevaleciente de sus derechos, el reconocimiento de las garantías de protección
para el desarrollo armónico, que generan obligaciones constitucionales
verticales y también horizontales, la exigibilidad de los derechos y por
consiguiente de las obligaciones, basadas en el carácter subjetivo y colectivo
de los derechos e intereses protegidos. Condicionamiento que, es evidente,
afecta igualmente a los poderes de los jueces con competencias ordinarias para
conocer de los derechos e intereses de los niños, niñas y adolescentes
PRESUNCION
LEGAL-No compromete, en principio, el debido proceso/PRESUNCION LEGAL-Justificación
de redistribución de cargas procesales
Por su naturaleza, señala
entonces la Corte, las presunciones legales liberan a la parte beneficiada por
ellas de la carga de demostrar el hecho que se presume, correspondiendo al
afectado por la misma, demostrar la inexistencia o no ocurrencia de los hechos
presumidos. Por ello se pregunta si la distribución de las cargas procesales
que se produce en virtud de la existencia de una determinada presunción legal,
lesiona los derechos a la igualdad y al debido proceso – en particular el
derecho de defensa y la presunción de inocencia – de la parte procesal que
resulta finalmente afectada por la presunción. Sobre este particular el
Tribunal observa que la existencia de las presunciones legales no compromete,
en principio, el derecho al debido proceso, al estar justificadas y ser
razonables, al construirse con el objeto de proteger bienes jurídicos
particularmente importantes y de promover relaciones procesales más
equitativas. Es decir que, antes que ir en contra de la Constitución, las
presunciones legales tienden a corregir la desigualdad material que existe
entre las partes respecto del acceso a la prueba y a proteger la parte que se
encuentra en situación de indefensión o de debilidad manifiesta
PRESUNCION
LEGAL EN PROCESO DE ALIMENTOS-Test de proporcionalidad/PRESUNCION LEGAL
EN PROCESO DE ALIMENTOS-Padres devengan al menos el salario mínimo legal/INASISTENCIA
ALIMENTARIA-Carencia de recursos económicos
Aplica el test de
proporcionalidad sobre la medida a fin de determinar si la misma no apareja un
desequilibrio excesivo entre las partes procesales, con afectación del núcleo
esencial de los derechos que componen el debido proceso. A tales efectos, observa
que la presunción legal consagrada en la parte final del artículo 155 del
Código del Menor, persigue que la cuota alimentaria se fije, por lo menos, con
relación al salario mínimo legal. Una presunción que protege a la parte más
débil de la relación procesal - el menor- de la carga de demostrar que quien se
encuentra legal y constitucionalmente obligado a sostenerlo y educarlo devenga,
al menos, el salario mínimo legal. Con ello se corrige, dijo la Corte, la
desigualdad material entre las partes respecto de la prueba y, se evita que un
eventual deudor de mala fe, pueda evadir sus más elementales obligaciones
ocultando o disminuyendo una parte de su patrimonio. Además, desde la
perspectiva material o sustantiva, la presunción estudiada se orienta a hacer
efectiva la ineludible responsabilidad constitucional que tienen los padres
respecto de los hijos, especialmente, en cuanto respecta a la obligación de
cuidarlos, sostenerlos y educarlos mientras sean menores o impedidos
COSA JUZGADA
CONSTITUCIONAL-Carácter material en sentido estricto/COSA JUZGADA
CONSTITUCIONAL-Carácter material en sentido amplio
La jurisprudencia de la Corte
ha considerado que el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, de carácter material,
opera tanto en sentido estricto como amplio. El primero, obliga a que la nueva
decisión se esté a lo resuelto en un fallo anterior cuando (i) una norma haya
sido declarada inexequible por razones de fondo, lo que obliga a revisar la
ratio decidendi del fallo correspondiente; (ii) que la disposición objeto de
estudio tenga un contenido normativo similar a la disposición inconstitucional,
teniendo en cuenta el contexto dentro del cual se inscribe la norma examinada,
ya que su significado y sus alcances jurídicos pueden variar si el contexto es
diferente; (iii) que subsistan las normas constitucionales que sirvieron de
parámetro de control en la sentencia que declaró la inexequibilidad de la norma
reproducida. En estos casos, la Corte debe declarar la inconstitucionalidad de
la norma objeto de análisis, fundada en el desconocimiento de lo dispuesto en
el artículo 242 C.P. La cosa juzgada constitucional en sentido amplio está
relacionada con la posibilidad que el legislador promulgue una disposición cuyo
contenido normativo haya sido declarado exequible.  En este caso, ante el
ejercicio del control de constitucionalidad en relación con dicha disposición, la
Corte deberá apreciar si en el nuevo contexto dentro del cual fue expedida,
ésta adquirió un alcance o unos efectos distintos, lo cual justificaría un
fallo de fondo en un sentido diferente al anterior. Lo mismo sucedería en caso
de que la Corte encuentre razones poderosas para introducir ajustes en su
jurisprudencia o cambiarla.
PRINCIPIO
DE IGUALDAD-Criterio de comparación/JUICIO O TEST DE IGUALDAD-Estructura
analítica básica
Para
precisar si el trato diferente a dos grupos de situaciones o personas
transgrede el derecho a la igualdad es necesario establecer un criterio de
comparación, o tertium comparationis, a partir del cual se pueda determinar si
aquéllas son iguales o no, criterio que no puede resultar arbitrario, sino que
debe ser relevante, en atención a la finalidad que persigue el trato normativo
que se analiza. Junto con ello, la Corte constitucional ha diseñado un test o
juicio de igualdad, a efectos de analizar si una norma transgrede o no el
principio de igualdad, cuya estructura analítica es la siguiente (i) En primer
término, el juez constitucional debe establecer si en relación con el criterio
de comparación o tertium comparationis, las situaciones de los sujetos bajo
revisión son similares. En caso de hallarlas notoriamente distintas, el test no
procede; (ii) Si resulta procedente el juicio de igualdad, deberá analizarse la
razonabilidad, proporcionalidad, adecuación e idoneidad del trato diferenciado
que consagra la norma censurada, destacando los fines perseguidos por el trato
disímil, los medios empleados para alcanzarlos y la relación entre medios y
fines
JUICIO O
TEST DE IGUALDAD-Niveles de intensidad
La Corte Constitucional ha
modulado la intensidad del juicio de igualdad, en atención al grado de potestad
de configuración normativa de que goza el legislador. La determinación del
grado de amplitud de la potestad de configuración del Legislador depende (i) de
la materia regulada; (ii) de los principios constitucionales afectados por la
forma en que dicha materia fue regulada; y (iii) de los grupos de personas
perjudicados o beneficiados con el trato diferente. Así, el juicio de igualdad
será más estricto a medida que el margen de configuración del legislador sea
menor y, contrario sensu, será menos estricto en los casos en que el legislador
goce de amplia potestad de configuración normativa
SISTEMA DE
RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES-Carácter específico y diferenciado
POTESTAD DE
CONFIGURACION LEGISLATIVA-En materia procesal/LIBERTAD DE CONFIGURACION
LEGISLATIVA-Límites en materia procesal
La doctrina constitucional
ha considerado que la competencia normativa del legislador resulta acorde con
el estatuto superior, siempre y cuando tenga en cuenta los siguientes aspectos:
i) que atienda los principios y fines del Estado tales como la justicia y la
igualdad entre otros; ii) que vele por la vigencia de los derechos
fundamentales de los ciudadanos, que en el caso procesal civil puede implicar
derechos como el debido proceso, defensa y acceso a la administración de
justicia; iii) que obre conforme a los principios de razonabilidad y
proporcionalidad en la definición de las formas y iv) que permita la
realización material de los derechos y del principio de la primacía del derecho
sustancial sobre las formas
JUICIO DE
RESPONSABILIDAD PENAL DE ADOLESCENTE-Se debe producir en presencia del
procesado
INVESTIGACION
Y JUZGAMIENTO DE MENORES POR RESPONSABILIDAD PENAL-Elementos que integran
el debido proceso/DEBIDO PROCESO PENAL-Garantías que comprende para
adolescentes
DECLARATORIA
DE PERSONA AUSENTE Y CONTUMACIA EN PROCESO PENAL-Excepciones con el único
propósito de dar continuidad y eficacia a la administración de justicia
Sólo de manera excepcional, y
con el único propósito de dar continuidad y eficacia a la administración de
justicia en tanto que servicio público esencial, la Constitución y los tratados
internacionales sobre derechos humanos, pueden admitirse las figuras de la
declaratoria de persona ausente y la contumacia, casos en los cuales la
audiencia respectiva se realizará con el defensor que haya designado para su
representación, o con el defensor que le designe el juez, de la lista
suministrada por el sistema nacional de defensoría pública, según el caso
JUSTICIA
RESTAURATIVA-Significado
La  justicia restaurativa se
presenta como un modelo alternativo de enfrentamiento de la criminalidad, que
sustituye la idea tradicional de retribución o castigo, por una visión que
rescata la importancia que tiene para la sociedad la reconstrucción de las
relaciones entre víctima y victimario. El centro de gravedad del derecho penal
ya no lo constituiría el acto delictivo y el infractor, sino que involucraría
una especial consideración a la víctima y al daño que le fue inferido. Conforme
a este modelo, la respuesta al fenómeno de la criminalidad, debe  diversificar
las finalidades del sistema. Debe estar orientada a la satisfacción de los
intereses de las víctimas (reconocer su sufrimiento, repararle el daño inferido
y restaurarla en su dignidad), al restablecimiento de la paz social, y  a la
reincorporación del infractor a la comunidad a fin de restablecer los lazos
sociales quebrantados por el delito, replanteando el concepto de castigo
retributivo que resulta insuficiente para el restablecimiento de la convivencia
social pacífica
Referencia:
expediente D- 7807
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 129 (parcial), 150
(parcial), 158 (parcial), 197 (parcial) y 199 (parcial) de la ley 1098 de 2006
Demandante:
Jairo Ardila Espinosa
Magistrado
Ponente:
Dr. JUAN
CARLOS HENAO PEREZ
Bogotá, D. C., tres (3) de
febrero de dos mil diez (2010).
La Sala Plena de la Corte
Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los
requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la
siguiente
S E N T E N C I A
I. ANTECEDENTES
En ejercicio de la
acción pública consagrada en el artículo 241 de la Constitución Política, el
ciudadano Jairo Ardila Espinosa solicita ante esta Corporación la declaratoria
de inexequibilidad de los artículos 129 (parcial), 150 (parcial), 158
(parcial), 197 (parcial) y 199 (parcial) de la ley 1098 de 2006.
Por auto de siete
(7) de julio de dos mil nueve (2009), el Magistrado sustanciador admitió la
demanda presentada por cumplir las exigencias dispuestas por el Decreto 2067 de
1991, y se corrió traslado del expediente al Procurador General de la Nación,
para que rindiera el concepto correspondiente.
Una vez cumplidos
los trámites previstos en el artículo 242 de la Constitución Política y en el
Decreto 2067 de 1991, procede la Corte a resolver sobre la demanda de la
referencia.
II. DISPOSICIONES  DEMANDADAS
A continuación se transcribe el
texto de las disposiciones demandadas, acorde con su publicación en el Diario
Oficial No. 46.446 de 8 de noviembre de 2006.
LEY 1098 DE
2006
(8 de noviembre)
Diario Oficial No.
46.446 de 8 de noviembre de 2006
Por la cual se expide
el Código de la Infancia y la Adolescencia.
.
(… )
ARTÍCULO 129.
ALIMENTOS. En el auto que corre traslado de la demanda o del informe del
Defensor de Familia, el juez fijará cuota provisional de alimentos, siempre que
haya prueba del vínculo que origina la obligación alimentaria. Si no tiene la
prueba sobre la solvencia económica del alimentante, el juez podrá establecerlo
tomando en cuenta su patrimonio, posición social, costumbres y en general todos
los antecedentes y circunstancias que sirvan para evaluar su capacidad
económica. En todo caso se presumirá que devenga al menos el salario mínimo
legal.
La sentencia
podrá disponer que los alimentos se paguen y aseguren mediante la constitución
de un capital cuya renta los satisfaga. En tal caso, si el obligado no cumple
la orden dentro de los diez días hábiles siguientes, el juez procederá en la
forma indicada en el inciso siguiente.
El juez deberá
adoptar las medidas necesarias para que el obligado cumpla lo dispuesto en el
auto que fije la cuota provisional de alimentos, en la conciliación o en la
sentencia que los señale. Con dicho fin decretará embargo, secuestro, avalúo y
remate de los bienes o derechos de aquél, los cuales se practicarán con
sujeción a las reglas del proceso ejecutivo.
El embargo se
levantará si el obligado paga las cuotas atrasadas y presta caución que
garantice el pago de las cuotas correspondientes a los dos años siguientes.
Cuando se
trate de arreglo privado o de conciliación extrajudicial, con la copia de aquél
o del acta de la diligencia el interesado podrá adelantar proceso ejecutivo
ante el juez de familia para el cobro de las cuotas vencidas y las que en lo
sucesivo se causen.
Cuando se
tenga información de que el obligado a suministrar alimentos ha incurrido en
mora de pagar la cuota alimentaria por más de un mes, el juez que conozca o
haya conocido del proceso de alimentos o el que adelante el ejecutivo dará
aviso al Departamento Administrativo de Seguridad ordenando impedirle la salida
del país hasta tanto preste garantía suficiente del cumplimiento de la
obligación alimentaría y será reportado a las centrales de riesgo.
La cuota
alimentaria fijada en providencia judicial, en audiencia de conciliación o en
acuerdo privado se entenderá reajustada a partir del 1o de enero siguiente y
anualmente en la misma fecha, en porcentaje igual al índice de precios al
consumidor, sin perjuicio de que el juez, o las partes de común acuerdo,
establezcan otra fórmula de reajuste periódico.
Con todo,
cuando haya variado la capacidad económica del alimentante o las necesidades
del alimentario, las partes de común acuerdo podrán modificar la cuota
alimentaria, y cualquiera de ellas podrá pedirle al juez su modificación. En
este último caso el interesado deberá aportar con la demanda por lo menos una
copia informal de la providencia, del acta de conciliación o del acuerdo privado
en que haya sido señalada.
Mientras el
deudor no cumpla o se allane a cumplir la obligación alimentaria que tenga
respecto del niño, niña o adolescente, no será escuchado en la reclamación de
su custodia y cuidado personal ni en ejercicio de otros derechos sobre él o
ella.
Lo dispuesto
en este artículo se aplicará también al ofrecimiento de alimentos a niños,
niñas o adolescentes.
El
incumplimiento de la obligación alimentaria genera responsabilidad penal.
(…)
ARTÍCULO 150.
PRÁCTICA DE TESTIMONIOS. Los niños, las niñas y los adolescentes podrán ser
citados como testigos en los procesos penales que se adelanten contra los
adultos. Sus declaraciones solo las podrá tomar el Defensor de Familia con
cuestionario enviado previamente por el fiscal o el juez. El defensor sólo
formulará las preguntas que no sean contrarias a su interés superior.
Excepcionalmente,
el juez podrá intervenir en el interrogatorio del niño, la niña o el
adolescente para conseguir que este responda a la pregunta que se le ha formulado
o que lo haga de manera clara y precisa. Dicho interrogatorio se llevará a
cabo fuera del recinto de la audiencia y en presencia del Defensor de
Familia, siempre respetando sus derechos prevalentes.
El mismo
procedimiento se adoptará para las declaraciones y entrevistas que deban ser
rendidas ante la Policía Judicial y la Fiscalía durante las etapas de
indagación o investigación.
A discreción
del juez, los testimonios podrán practicarse a través de comunicación de audio
video, caso en el cual no será necesaria la presencia física del niño, la niña
o el adolescente.
(…)
ARTÍCULO 158.
PROHIBICIÓN DE JUZGAMIENTO EN AUSENCIA. Los adolescentes sometidos a procesos
judiciales por responsabilidad penal no serán juzgados en su ausencia. En caso
de no lograrse su comparecencia se continuará la investigación y el defensor
público o apoderado asumirá plenamente su defensa hasta la acusación o la
preclusión. Si hay acusación, se notificará al defensor público o apoderado y
al Defensor de Familia. El proceso se suspenderá mientras se logra la
comparecencia del procesado. En estos eventos la prescripción de la acción
penal se aumentará en una tercera parte.
(…)
ARTÍCULO 197.
INCIDENTE DE REPARACIÓN INTEGRAL EN LOS PROCESOS EN QUE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y
LOS ADOLESCENTES SON VÍCTIMAS. En los procesos penales en que se juzgue un
adulto por un delito en el cual sea víctima un niño, niña o adolescente, el
incidente de reparación integral de perjuicios se iniciará de oficio si
los padres, representantes legales o el defensor de Familia no lo hubieren
solicitado dentro de los treinta días siguientes a la ejecutoria de la
sentencia.
(…)
ARTÍCULO 199.
BENEFICIOS Y MECANISMOS SUSTITUTIVOS. Cuando se trate de los delitos de
homicidio o lesiones personales bajo modalidad dolosa, delitos contra la
libertad, integridad y formación sexuales, o secuestro, cometidos contra niños,
niñas y adolescentes, se aplicarán las siguientes reglas:
1. Si hubiere
mérito para proferir medida de aseguramiento en los casos del artículo 306 de la Ley 906 de
2004, esta consistirá siempre en detención en establecimiento de reclusión.
No serán aplicables en estos delitos las medidas no privativas de la libertad
previstas en los artículos 307, literal b), y 315 de la Ley 906 de 2004.
2. No se
otorgará el beneficio de sustitución de la detención preventiva en
establecimiento carcelario por la de detención en el lugar de residencia,
previsto en los numerales 1 y 2 del artículo 314 de la Ley 906 de 2004.
3. No
procederá la extinción de la acción penal en aplicación del principio de
oportunidad previsto en el artículo 324, numeral 8, de la
Ley 906 de 2004 para los casos de reparación integral de los perjuicios.
4. No
procederá el subrogado penal de Suspensión Condicional de la Ejecución de la
Pena, contemplado en el artículo 63 del Código Penal.
5. No
procederá el subrogado penal de Libertad Condicional, previsto en el artículo
64 del Código Penal.
6. En
ningún caso el juez de ejecución de penas concederá el beneficio de sustitución
de la ejecución de la pena, previsto en el artículo 461 de la Ley 906 de 2004.
7. No
procederán las rebajas de pena con base en los “preacuerdos y negociaciones
entre la fiscalía y el imputado o acusado”, previstos en los artículos 348 a 351 de la Ley 906 de
2004.
8. Tampoco
procederá ningún otro beneficio o subrogado judicial o administrativo,
salvo los beneficios por colaboración consagrados en el Código de Procedimiento
Penal, siempre que esta sea efectiva.
PARÁGRAFO
TRANSITORIO. En donde permanezca transitoriamente vigente la Ley 600 de 2000, cuando se
trate de delitos a los que se refiere el inciso primero de este artículo no
se concederán los beneficios de libertad provisional garantizada por caución,
extinción de la acción penal por pago integral de perjuicios, suspensión de la
medida de aseguramiento por ser mayor de sesenta y cinco (65) años, rebajas de
pena por sentencia anticipada y confesión; ni se concederán los
mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad de condena de
ejecución condicional o suspensión condicional de ejecución de pena, y libertad
condicional. Tampoco procederá respecto de los mencionados delitos la
prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión, ni habrá lugar a ningún
otro beneficio subrogado legal, judicial o administrativo, salvo los
beneficios por colaboración consagrados en el Código de Procedimiento Penal
siempre que esta sea efectiva.
(Los
apartes subrayados corresponden a los demandados en la presente acción)
III.
PRESENTACIÓN DEL CASO
Como quiera que se acusan una
pluralidad de preceptos del Código de Infancia y Adolescencia de distinto
contenido y alusivos a diferentes materias, la Corte constitucional expondrá
los argumentos de la demanda, así como las intervenciones[1]
y el concepto del Ministerio público[2] de manera separada para
cada precepto acusado, a modo de facilitar el estudio del caso y su
presentación.
3.1. Sobre el aparte acusado
del artículo 129 de la ley 1098 de 2006.
El demandante considera que la
expresión acusada del artículo 129 del Código de Infancia y Adolescencia, viola
los artículos 2, 6, 25, 28 inciso final, 54 y 229 de la Constitución política.
El artículo 2º de la Carta se
vulnera porque “no puede hablarse de un orden justo en la medida en que el
Estado no le asegura al ciudadano colombiano un ingreso mensual, pero para
efectos de declararlo civil y penalmente responsable, por alimentos, presume
que devenga el salario mínimo”. Sobre el  artículo 6º constitucional, dice que
es violado por cuanto al mismo ciudadano se le hace responsable de cumplir con
lo imposible, toda vez que “si no prueba su capacidad de pago, se presumirá que
gana un salario completo”, aun cuando en realidad no tenga siquiera ingresos
para cubrir su mínimo vital (folio 4). El artículo 25 de la Constitución es
vulnerado en opinión del actor, por cuanto con la presunción creada, el Estado
estaría en la obligación de proveerle a todo colombiano un empleo y a pagarle
el salario mínimo, con independencia de la jornada que labore y de la actividad
que desempeñe. El artículo 28 inciso final de la Constitución es vulnerado,
dice el actor, por cuanto la responsabilidad penal que se deriva de la condena
civil, constituye una condena por deudas. El artículo 54 de la Carta se
transgrede, pues si el Estado no está en capacidad de cumplir con el mandato
constitucional de que todo colombiano pueda desarrollar el derecho fundamental
al trabajo, no le puede imponer cargas al individuo, “en la medida en que quien
no trabaja no devenga y por lo tanto tampoco puede suplir su subsistencia y
mucho menos la de los demás” (folio 5). En fin, también estima que se atenta
contra el artículo 229 de la Constitución, ya que con independencia de lo que
se logre probar en el proceso de alimentos o penal, con la presunción dispuesta
por la norma acusada, “las resultas del proceso siempre estarían inclinadas a
que el juez está en la obligación de condenar, desatendiendo la realidad
económica del procesado, lo que no desarrolla un verdadero derecho de tutela
judicial efectiva”. En ese mismo orden, dice el demandante, se estaría violando
el artículo 29 constitucional, por cuanto la condena por imponer no sería resultado
de un debate probatorio “sino producto del querer del legislador que así lo
dispuso dentro del poder de configuración legislativa” (folio 5). Y si bien,
agrega, no debe olvidarse la prevalencia de los derechos de los niños y
adolescentes, tampoco ha de ocultarse la realidad social y económica del país,
ni el hecho de que el obligado a pagar alimentos también tiene unos derechos
fundamentales que no pueden ser desconocidos.
En su intervención,
el Instituto de Bienestar Familiar estima
que el análisis que ofrece el actor
respecto del aparte acusado del artículo 129 del Código de Infancia y
Adolescencia, olvida que uno de los elementos más difíciles de establecer por
parte del juez en el proceso de alimentos, dada la cultura de la
irresponsabilidad y de la evasión existente, es el de los ingresos del
obligado, lo cual ha debido ser contrarrestado por el legislador a partir de la
presunción allí dispuesta. Por lo demás, dice el interviniente, el actor
soslaya que se trata de una presunción legal que admite prueba en contrario.
Así mismo observa que esta disposición se hallaba contenida en el anterior
Código del Menor, la cual fue declarada exequible en sentencia C-388 de 2000
por la Corte constitucional, análisis que debe ser tenido en cuenta en el
presente asunto. Con base en lo anterior, solicita declarar conforme a la
Constitución la disposición acusada, bajo el entendido de ser una presunción
que puede ser desvirtuada, de modo que mientras se fijan los alimentos
definitivos, por lo menos garantice a los niños, niñas y adolescentes, “un
mínimo en la dirección de su cobertura por tratarse de sujetos que son
amparados de manera especial y preferente por la Constitución Política” (folio
67).
El Ministerio
del Interior y de Justicia, considera que
frente a la norma jurídica del artículo 129 acusada, se ha producido el
fenómeno de la cosa juzgada material por cuanto en la sentencia C-388 de 2000,
esta Corporación declaró la constitucionalidad del artículo 155 del anterior
Código del menor, en el cual se incluía una presunción idéntica a la que el
precepto hoy acusado contiene. Así, luego de transcribir in extenso los
argumentos expuestos entonces por la Corte para estimar conforme al
ordenamiento superior la presunción legal de que el alimentante requerido
percibe al menos el salario mínimo, concluye que en este asunto el juez
constitucional debe pronunciarse en el mismo sentido, advirtiendo que la
declaratoria de exequibilidad no sólo debe proferirse respecto del aparte
acusado, sino también de la proposición jurídica anterior en la cual se
establece la forma en que el juez debe calcular la solvencia económica del
alimentante, pues tal fue el alcance de la sentencia de constitucionalidad que
sirve ahora como precedente de la cosa juzgada material que se alega (folio
83).
Por lo que respecta
al concepto del Procurador general de la Nación, en él se considera, en primer lugar, que no existen argumentos en la
demanda que sustenten la inconstitucionalidad del artículo 129 de la Ley 1098
de 2006, conforme los artículos 2, 6, 25, 28 inciso final, 54 y 229 CP. Empero,
al analizar el problema jurídico sustancial que se plantea sobre la proposición
normativa acusada, observa que la misma tiene como antecedente próximo el
artículo 155 del Decreto 2700 de 1991, que incluía una proposición jurídica idéntica,
la cual fue declarada exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-388
de 2000, según las reglas de la presunciones legales y de lo razonable en
Derecho. Así las cosas, concluye que “por tratarse de una expresión que en lo
demandado comparte el mismo contenido material que hoy se acusa, resulta del
caso estarse a lo resuelto en la referida sentencia, a pesar de la redacción
del texto de la norma acusada, hoy artículo 129, que adiciona competencia para
que el Juez del caso, cuando realiza el traslado de la demanda o del informe
del Defensor de Familia, fije mediante auto la cuota provisional de alimentos
cuando haya prueba sobre la solvencia económica del alimentante”.
3.2. La expresión demandada del
artículo 150 de la ley 1098 de 2006
Según el demandante, los
apartes destacados del artículo 150 de la ley 1098 de 2006 vulneran el artículo
29 de la Constitución, toda vez que con ellos se desconocen principios propios
del sistema procesal penal establecido mediante el Acto legislativo No. 3 de
2002, como los de la inmediación de la prueba, la concentración y la
contradicción, en la medida en que “las preguntas que se le pueden realizar al
infante o adolescente no las hace el Juez, las hace el Defensor de Familia (…)
a pesar de considerarse que quien es director de la audiencia de Juicio es y
debe ser el Juez” (folio 7). Se viola también el principio de oralidad en la
medida en que se pretende convertir la declaración de los menores en
“escriturales, con cuestionarios previos a la declaración, lo que desquicia el
tema de que el eje y centro de gravedad del proceso sea el juicio en donde se
debe desarrollar la prueba” (folio 7). Además con la elaboración de un
cuestionario previo, olvidó el legislador, a juicio del actor, que el proceso
penal es adversarial y acusatorio y también resta al testimonio espontaneidad y
franqueza esenciales para la valoración de la prueba por parte del juez. Por
último al establecerse en la disposición acusada que el cuestionario sólo puede
ser enviado por el juez y el fiscal, olvidó el derecho de defensa y en ese
sentido la posibilidad de controvertir las pruebas que se tengan en contra del
implicado. En el mismo sentido, la exigencia de que siempre deba intervenir el
Defensor de Familia, impide que puedan adelantarse actos de investigación por
parte de la Fiscalía o de defensa por parte de quien representa al procesado.
El Instituto de Bienestar
Familiar, considera que las medidas establecidas en el artículo 150 del
Código de Infancia y Adolescencia, se explican en razón de la vulnerabilidad
psicológica del menor, el cual puede resultar maltratado al someterlo a un
interrogatorio sin las debidas garantías y por personas no capacitadas para el
ello. De allí la importancia de que el mismo se practique por el Defensor de
Familia, con capacidad específica para tratar con niños o adolescentes.
Contrario a la opinión del actor,
dice en su intervención, no se vulnera el principio de intermediación por
cuanto este “se realiza por un funcionario –el Defensor de Familia- a quien la
ley le otorga la competencia para ello, de manera que su participación y
valoración de los testimonios así dispuestos, contribuyan a la valoración en el
proceso penal de las circunstancias que se investigan o juzgan, otorgándoles,
por mandato de la ley, el carácter de prueba pericial” (folio 68). Tampoco se
atenta contra la oralidad, pues para ello no siempre, aún con testigos menos
frágiles, es indispensable la presencia de las partes en la rendición del
testimonio, ni se traduce en una vulneración del debido proceso en materia
penal pues el mismo “debe consultar las características y formas propias de
cada juicio y, tratándose de niños, niñas y adolescentes, los mismos le
confieren un carácter especial a los procesos en que intervienen” (folio 68). No
se pierde la intermediación del juez de conocimiento, pues de lo que se trata
es de que el testimonio se reciba en condiciones de espacio especiales, a fin
de que el proceso penal no conlleve una nueva afrenta para el menor, debido al
escenario que plantea una sala de audiencias en el sistema de corte acusatorio.
La prueba se recauda conforme al interrogatorio formulado por el juez, por el
fiscal o por los funcionarios de policía judicial, en las etapas de indagación
o investigación, velando sin embargo, con la participación del Defensor de
Familia, por proteger la integridad del niño, niña o adolescente. Por todo lo
anterior, solicita que se declare constitucional la disposición acusada.
El Ministerio del Interior y de Justicia, estima que los argumentos expuestos contra el
artículo 150 parcial de la ley 1098 de 2006, parten de apreciaciones personales
y subjetivas del accionante, que sin justificación dan lugar a planteamientos
sobre la ruptura de la oralidad del proceso, la incompetencia del defensor de
familia y la vulneración del principio de imparcialidad. “Con esto –dice el
Ministerio- no se cumple uno de los requisitos esenciales de la demanda, cual
es la pertinencia de las razones de inconstitucionalidad en las cuales se
sustenta la demanda, lo que implica que en este caso procede emitir por la
Corte una sentencia inhibitoria respecto de los apartes demandados” (folio 86).
Por su parte, el Procurador
General de la Nación afirma respecto del
artículo 150 de la Ley 1098 de 2006, que al establecer la práctica del
testimonio a través del Defensor de Familia y fuera del recinto en audiencia
cerrada al público no desconoce el artículo 29 de la Constitución Política,
sobre el procedimiento establecido en el art. 250 y la implementación del
sistema penal acusatorio.
Porque lo previsto
hace parte de la potestad de configuración normativa en materia de
procedimiento del legislador y al mismo tiempo protege el interés superior del
menor, conforme lo dispone la Constitución Política y su desarrollo normativo
(artículo 26 de la Ley 1098 de 2006 del Código de la Infancia y Adolescencia)
para toda actuación administrativa, judicial o de cualquier otra naturaleza en
que estén involucrados los niños y los adolescentes. Pero además porque, como
se ha reiterado por la jurisprudencia constitucional, el nuevo Sistema Procesal
Penal es un modelo “que presenta características fundamentales especiales y
propias, que no permiten adscribirlo o asimilarlo, prima facie, a otros
sistemas acusatorios como el americano o el continental europeo”. Un modelo que
le permite al Juez de control de garantías o al de conocimiento ir más allá de
ser un mero árbitro regulador de las formas procesales, para buscar la
aplicación de una justicia material, y sobre todo, para ser un guardián del
respeto de los derechos fundamentales del indiciado o sindicado, así como de la
víctima, “en especial, de los derechos de ésta a conocer la verdad sobre lo
ocurrido, a acceder a la justicia y a obtener una reparación integral, de
conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales que hacen
parte del bloque de constitucionalidad”.
Es bajo la anterior
perspectiva como lo contempla la disposición acusada, dice el Ministerio
Público, en la que se prevé la declaración del menor con las garantías
constitucionales como es la intervención del Defensor de Familia, quien
formulará las preguntas previamente elaboradas por el fiscal o el juez si fuera
del caso, y velará y hará respetar los derechos del menor; diligencias en las
que el juez excepcionalmente podrá intervenir directamente y no como lo interpreta
el accionante de que “no se cumple con el propósito de que en todo proceso sea
escuchado el infante o adolescente”. Por lo demás, señala que la misma norma le
permite al juez ordenar incluso la práctica del testimonio del menor a través
de comunicación de audio video, caso en el cual no será necesaria su presencia
física.
Y a lo anterior agrega
expresamente: “de acuerdo a los artículos 18 y 149 de la Ley 906 de 2004,
excepcionalmente se permite al juez de control de garantías o al juez de
conocimiento la celebración de la audiencia cerrada al público, cuando se
percibe existe peligro de daño a un menor de edad, y en este sentido no se
considera una regla especial de juzgamiento de menores.  Lo que la hace
particular es que a diferencia de las normas sobre publicidad en los procesos
seguidos contra adultos,  permiten restringir la publicidad y poder determinar
por parte del juez como director del proceso si la audiencia es pública o
privada, lo cual deberá decidirse atendiendo a las características y
condiciones del adolescente y si considera que la publicidad del procedimiento
expone a un posible daño psicológico al menor”.
En conclusión, el Ministerio
público solicita a la Corte Constitucional declararse inhibida por ineptitud
sustantiva de la demanda y en su defecto, declarar la exequibilidad de la
expresión acusada del artículo 150 de la ley 1098, respecto del cargo
formulado.
3.3. El artículo 158 parcial
del Código de infancia y adolescencia
El actor señala que los apartes
acusados de este precepto, son inconstitucionales por violación del derecho
de igualdad, porque al establecerse en el artículo 250 constitucional que la
Fiscalía debe perseguir el delito y acusar a sus responsables, no hace
referencia a si se trata de adultos o de menores de edad. De allí que el
demandante no encuentra ninguna justificación para que el legislador haya
incluido la regla que favorece al menor según la cual, de no comparecer al
proceso el mismo se debe suspender, la cual no se encuentra impuesta ni por la
Convención Americana de Derechos Humanos, ni por la Convención de los Derechos
del Niño de 1989.  El que se adelante el juicio en ausencia del menor, dice el
demandante, en nada impide el ideal del legislador de protegerlo del ambiente
de delincuencia y orientarlo hacia el respeto de las normas de convivencia,
pues la imposición de la sanción en todo caso deberá consultar lo que más
conviene al infractor, en términos de lo previsto en los artículos 7, 8 y 9 del
Código de Infancia y Adolescencia.
Se afirma adicionalmente en la
demanda que esta disposición viola el artículo 250 constitucional, al poner
freno a la actividad de la Fiscalía General de la Nación frente a la
persecución penal, pues si bien podrá acusarse al menor, éste no podrá ser
enjuiciado, lo cual no está previsto en el mandato constitucional.
El Instituto de Bienestar
Familiar señala sobre el artículo 158 (parcial) de la ley 1098 de 2006, que
esta norma “trae la implementación de una medida en extenso protectora de los
adolescentes, de manera que, solamente se puede avanzar hasta la etapa de
acusación cuando de un adolescente ausente se trata, suspendiendo el proceso,
en plena etapa de la causa, hasta cuando se logre su presencia al mismo, so
pena de aplicar la prescripción de la acción penal” (folio 69).  Agrega sobre
el particular que el sistema de responsabilidad penal del adolescente tiene un
carácter pedagógico, específico y diferenciado respecto del sistema de adultos,
dirigido a proteger integralmente al menor. Ello no implica que la Fiscalía
General de la Nación no deba perseguir el delito, ni deje de velar por la
protección de las víctimas, para quienes se ha previsto el derecho a la
justicia, la verdad y la reparación. De este modo propone un nuevo enfoque para
resolver el cuestionamiento formulado por el demandante, según el cual si el
adolescente entre 14 y 18 años no comparece al proceso dentro del sistema de
responsabilidad penal, “igualmente estaría representado por un defensor técnico
que lo asista en el proceso”, y en “nada dicha situación vulnera sus derechos
como niño protegido en los términos de la Convención sobre Derechos del Niño,
ni las reglas del Beijing, ni la Constitución Política; contrario sensu¸
la garantía que le otorga la constitución a cualquier persona de ser asistida
en juicio cuando esté ausente, permite además demostrar su inocencia, su buen
nombre y su honra que también sus derechos fundamentales” (folio 70). Solicita
entonces que se precise el alcance de esta norma frente a la protección
integral de los niños, niñas y adolescentes, su interés superior, la
prevalencia y exigibilidad de sus derechos (folio 72).
El Ministerio
del Interior y de Justicia señaló sobre el
artículo 158 parcial demandado, que el problema de inconstitucionalidad que se
plantea, se soluciona condicionando la exequibilidad de la norma “al entendido
que, en primer lugar, la suspensión del proceso penal contra el respectivo
adolescente sólo operará en aquellos casos en los que, estando debidamente
identificado y ubicado por el Estado el adolescente procesado, no pueda
comparecer en la etapa de juzgamiento para ejercer su derecho a la defensa
material, por causas no imputables a él,  y, en segundo lugar, bajo el entendido que la
prescripción de la acción se interrumpirá hasta tanto el adolescente procesado
comparezca al proceso” (folio
89) (itálicas, resaltado y subrayado en el texto original). De esta manera se
resuelve la posible discriminación observada en cuanto a las condiciones de
juzgamiento del adulto respecto del adolescente, frente al juzgamiento o
definición de su responsabilidad penal, así como frente a las condiciones en
las cuales se justifica la suspensión del proceso. Sustenta dicha apreciación
en lo señalado en la sentencia C-425 de 2008, en la cual se determinaron tales
como las condiciones de juzgamiento en ausencia del adulto y de interrupción
del término de prescripción de la acción penal.
El Procurador
General de la Nación estimó sobre la prohibición
de juzgar en ausencia al adolescente infractor que contemplada en el art. 158
de la Ley 1098 de 2006, que “es constitucional y [que] para su análisis se
requiere integrar la unidad normativa de la disposición”, por existir estrecha
vinculación entre la expresión que se acusa y el resto del precepto. Que el
legislador haya dispuesto que se deba suspender el proceso penal cuando el
acusado (adolescente) se encuentra ausente, dice el Ministerio público, es una
regla que favorece al menor de edad y por tanto no crea una desigualdad de
trato inconstitucional.
Esa diferencia “se
encuentra justificada en este caso a favor de los grupos discriminados o
marginados como lo establece el inciso 2 del artículo 13 de la Constitución, a
favor del interés superior del niño, de acuerdo a los artículos 44 y 45 de la
Constitución, y conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada
en Colombia mediante la Ley 12 de 1991, por lo que resulta razonable, y no es
susceptible de comparación”. También encuentra válida la disposición porque
“las sanciones que el juez aplica a los adolescentes a quienes se les declara
responsables penalmente (art. 177), requieren la presencia del adolescente por
cuanto las medidas que allí se imponen no tienen carácter definitivo e incluso
pueden ser modificadas en cualquier tiempo o dejarlas sin efectos por el juez”
(artículo 19 y 140, Ley 1098 de 2006). Solicita en definitiva, que la Corte se
inhiba para resolver el cargo, por ineptitud sustantiva de la demanda y en el
evento de estimarse procedente atender al fondo, solicita a la Corte se declare
exequible el precepto.
3.4. El artículo 197 parcial
de la ley 1098 de 2006
El actor demanda el artículo 197
parcial del Código de Infancia y Adolescencia, por violación del debido
proceso, en cuanto a que el mismo contradice, en su entender, el principio
acusatorio en consonancia con el de imparcialidad. Conforme con la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia,  afirma el actor, el juez en el
nuevo sistema procesal penal es concebido como un sujeto pasivo rígidamente
separado de las partes, a quienes compete la carga de la prueba. Por ello es
claro que “no le es dable al Juez de Conocimiento, adelantar a mutuo propio
[sic] el incidente de reparación integral, así se trate de proteger los
derechos de los infantes o adolescentes”, toda vez que el proceso penal es de
justicia rogada y en ese tanto el juez “no puede tomar partido frente a una
posición de acusación o de inocencia, adelantar sin petición previa de algunos
de los interesados [el incidente de reparación integral], [ni] acudir en
protección del niño” (folio 14). Agrega el demandante que tanto el Código del
menor y del adolescente como el Código de procedimiento penal han impuesto
cargas procesales a quienes intervienen en el proceso en protección de la
víctima, como ocurre con la Fiscalía, el Ministerio Público, los Defensores de
Familia, así como los representantes legales de los niños, por lo cual no
resulta razonable que el juez despliegue su actividad para reclamar la
reparación integral del menor, supliendo las deficiencias de quienes están
llamados a formular dicha petición. Es decir que, en aras de la protección y el
interés superior del menor de edad, no se pueden sacrificar los principios que
edifican el proceso de tendencia acusatoria y menoscabar el debido proceso
penal.
Sobre esta proposición normativa
del art. 197 del Código, el Instituto de Bienestar Familiar  estima que,
contrario a lo observado por el demandante, ella consagra una de las garantías
específicas en favor de los menores según la cual, en los casos en que se hayan
cometido delitos en su contra, pueda el juez de oficio iniciar el incidente de
reparación integral de perjuicios, cuando los llamados a hacerlo (padres,
representantes legales, defensores de familia) no lo hubieren solicitado.
Contrario a la opinión del demandante, esta norma responde a los mandatos constitucionales
que buscan la protección de los niños y niñas (artículos 44 y 45), en este caso
como víctimas de condiciones especiales, ante la falta de diligencia de quienes
estarían llamados a reclamar la reparación integral, luego de ser dispuesta una
sentencia condenatoria. Confunde así el actor “la actuación objetiva del juez
emanada de un deber legal, con una imparcialidad indebida a favor de alguna de
las partes, cuando realmente, lo que hace el legislador es recoger el mandato
constitucional” de protección y asistencia al niño para el pleno ejercicio de
sus derechos. Por ello solicita declarar constitucional la disposición.
El Ministerio
del Interior y de Justicia, en relación con el
artículo 197, parcial, de la ley 1098 de 2006, estima que los cargos formulados
por el demandante no reúnen el requisito de especificidad necesario para
efectuar un análisis de constitucionalidad de las expresiones acusadas. Porque,
sin mayores argumentaciones, el actor se limita a manifestar que la oficiosidad
del juez para iniciar el incidente de reparación integral del menor, desconoce
los principios propios del proceso penal acusatorio y el deber de protección de
los derechos del procesado. De allí que solicite a la Corte, se declarare
inhibida para pronunciarse sobre la exequibilidad o inexequibilidad de esta
norma.
El Jefe del
Ministerio Público estima que lo previsto en
el art. 197 de la Ley 1098 de 2006 no vulnera la Constitución cuando establece
una intervención especial del juez, según la cual puede iniciar de oficio y a
falta de la actuación de los llamados a hacerlo, el incidente de reparación
integral a favor de los menores. Al contrario, dice en su concepto, “una ordenación
así efectiviza los mandatos establecidos en el texto Superior”. Por último,
pide a la Corte Constitucional “inhibirse de dictar un pronunciamiento de fondo
por ineptitud sustantiva respecto del art. 197 de la Ley 1098 de 2006, pero en
el evento que decida de fondo, solicita la exequibilidad de las expresiones
acusadas conforme se ha dicho”.
3.5. El artículo 199 de la Ley
1098 de 2006
Por último, el demandante acusa
diversas expresiones del artículo 199 de la Ley 1098 de 2006, por cuanto las
prohibiciones allí contenidas resultan, en su parecer, violatorias del derecho
fundamental a la igualdad, al restringir mecanismos de participación y
colaboración del procesado en la definición de su situación procesal, además de
otros incentivos que se han reconocido especialmente eficaces para con la
administración de justicia. Agrega que su establecimiento, también
desnaturaliza el sistema procesal penal con tendencia acusatoria, del que hacen
parte elementos como el criterio de oportunidad, las rebajas de pena por
aceptación de cargos, los sustitutivos de prisión, etc. Y de conformidad con lo
previsto en el artículo 187 del Código de Infancia y Adolescencia, la misma
situación afrontaría el adolescente que cometa dichos delitos, sin considerar
el argumento expuesto por el legislador de perseguir el interés superior del
menor.
De otro lado, dice el demandante
que no puede afirmarse que en razón de un allanamiento o preacuerdo, los niños
sean desprotegidos y se deje de evitar su victimización, pues por el contrario,
al permitirlos se “evita que la víctima acuda a un juicio, (…) en el cual se
tiene la oportunidad de ser victimizado”, al mismo tiempo que se obtiene la
verdad, así como posiblemente una reparación” (folio 26). Lo anterior, sin
contar con los costos que para el Estado implica la aplicación de tales
prohibiciones. En ese orden, “no se puede argumentar que esta forma de
terminación del proceso frente a una realidad judicial es un flaco favor para
la judicatura o para la justicia” (folio 27), pues responde a la filosofía del
proceso penal “premial”, que sin desconocer la justicia, la equidad, la
reparación de las víctimas, busca la solución de conflictos a través de las
negociaciones y acuerdos. En la misma línea, estima el demandante que existen
en el sistema colombiano dos clases de procesos, el uno regido por la ley 906
de 2004 y el otro “que viola el debido proceso penal acusatorio”, que prohíbe
toda forma de participación del procesado a cambio de contraprestación, con lo
cual impera en él, un “carcelarismo a ultranza” y la intención de imponer
castigo.
Acusa igualmente el artículo 199
en lo que se refiere a la imposibilidad de aplicar para el mismo caso de los
delitos de homicidio, lesiones personales bajo la modalidad dolosa, delitos
contra la libertad, integridad y formación sexuales y secuestro de niños, niñas
y adolescentes, medidas de aseguramiento no privativas de la libertad. Esta
situación la estima violatoria de los artículos 29 y 30 de la Constitución. En
particular, señala que tal previsión normativa desconoce el precedente
jurisprudencial que con claridad ha establecido que es el juez de garantías
quien debe valorar la aplicación o no de la medida de aseguramiento, en
atención a los fines, urgencia y necesidad de la misma. La privación de la
libertad, deja de ser entonces una reserva judicial para convertirse en una
imposición legal. Se viola con ello además el principio de igualdad frente a
los demás procesados por la ley 906 de 2004, así como el principio de la
excepcionalidad de la privación de la libertad, el artículo 8º de la Convención
americana de derechos humanos y el 14 del Pacto internacional de derechos
civiles y políticos.
Similares argumentos presenta en
cuanto al apartado del artículo 199 que establece la no concesión del beneficio
de sustitución de la detención preventiva en establecimiento carcelario por la
de detención en lugar de residencia. El actor estima que esta norma es
violatoria de los artículos 29 y 30 constitucionales, y que desconoce el
precedente constitucional emitido en sentencias C-308 de 2008 y C-425 de 2008,
en cuanto a que debe ser el juez de garantías el llamado a establecer si
procede o no la medida de aseguramiento y la sustitución de la misma. Pero
también con ello se vulnera el artículo 13 constitucional respecto de los demás
procesados, así como los artículos 5º y 8º de la Convención americana de
derechos humanos, 10º y 14 del PIDCP y las reglas mínimas de las Naciones
Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad adoptadas en diciembre de
1990 con la Resolución 45/110 de la Asamblea general, donde se establece que la
prisión preventiva será aplicada como último recurso.
Del artículo 199 también demanda
la previsión según la cuál no procederá el subrogado penal de suspensión
condicional de la ejecución de la pena, ni el beneficio de sustitución de la
ejecución de la pena, previstos en el Código penal y de procedimiento penal,
respectivamente, al violar el debido proceso acusatorio, que incluye la
posibilidad de negociar ante el juez, según los hechos y consecuencias, los
subrogados penales. “Las prohibiciones legales crean un proceso
inconstitucional de manera que no se permite que el procesado esté en libertad,
en su domicilio o que condicionalmente recobre la libertad” (folio 32).
Nuevamente estima vulnerados los artículos 5º de la Convención americana de
derechos humanos y 10º del PIDCP y las reglas mínimas de las Naciones Unidas
sobre las medidas no privativas de la libertad adoptadas en diciembre de 1990
con la Resolución 45/110 de la Asamblea general, en lo que hace a la aplicación
de medidas no privativas de la libertad, como forma de reducir las penas de
prisión, racionalizar las políticas de justicia penal y procurar al mismo
tiempo, el respeto a los derechos humanos, las exigencias de la justicia social
y las necesidades de rehabilitación del delincuente.
Igualmente acusa del artículo 199
del Código de Infancia y Adolescencia, el apartado según el cual no procederá
el subrogado penal de libertad condicional, lo que representa una vulneración
del principio de igualdad, de normas del Decreto 1542 de 1997 sobre régimen
carcelario, así como de la propia Resolución 45/111 de Naciones Unidas en
cuanto a la creación de condiciones para que los reclusos puedan realizar
actividades laborales remuneradas y útiles, así como tendientes a la reincorporación
del recluso a la sociedad. De igual modo, cita como violadas las Resoluciones 663C
(XXIV) de julio de 1957 y 2076 (LXII) de mayo de 1977 del Consejo Económico y
Social de Naciones Unidas, en las que se establece la necesidad de reducir las
diferencias entre la vida en prisión y la vida en libertad, el asegurar al
recluso un retorno progresivo a la vida en sociedad, dentro de lo cual se
incluyen la libertad condicional. “No puede olvidar el Congreso y el Estado que
se ha convertido en represor, que tiene compromisos frente a los derechos
humanos de los privados de la libertad y condenados y que tales compromisos
implican no solo la represión al delito, sino además las que tienen que ver con
la rehabilitación del delincuente” (folio 33).
Argumentos similares propone
respecto del apartado del artículo 199 en el que se declara improcedente la
aplicación de cualquier beneficio o subrogado judicial o administrativo, salvo
los de colaboración previstos en el CPP, siempre que sea efectiva. Estima que
dicho apartado es violatorio de la igualdad frente a los demás reclusos y
condenados, de normas del Decreto 1542 de 1997 sobre régimen carcelario, así
como de las Resoluciones 663C (XXIV) de julio de 1957 y 2076 (LXII) de mayo de
1977 del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, en lo que hace a la
pretendida rehabilitación integral del recluso y creación de condiciones para
su desarrollo laboral al interior del centro carcelario, que puedan serle útiles
para su vida en libertad.
Finalmente y conforme a las
consideraciones que preceden, acusa el parágrafo transitorio del artículo 199
que establece la exclusión de toda suerte de beneficios para los delitos
mencionados en el inciso primero del artículo, en donde permanezca vigente la
ley 600 de 2000, salvo los relacionados con colaboración consagrados en el
Código de procedimiento penal, siempre que sea efectiva.
El Instituto de Bienestar
Familiar estima que los numerales 4º, 5º, 6º, 7º y 8º del artículo 199 de
la ley 1098 de 2006, contemplan la eliminación de una serie de beneficios de la
ley penal al sujeto activo de la conducta delictiva, cuando se trata de ciertos
delitos cometidos contra niños, niñas y adolescentes, cuya gravedad y
ocurrencia frecuente crean una necesaria distinción, que por cierto, tiene
rango superior y por tanto no puede entenderse violatoria del principio de
igualdad. Añade además, que en el propio régimen ordinario no siempre deben
concederse los beneficios señalados por la ley penal, cuando las condiciones
objetivas así lo demuestren; de esto colige que “un victimario de un niño, niña
o adolescente, presunto responsable de atentar y vulnerar los bienes jurídicos
fundamentales de aquellos, como son la vida, integridad personal, libertad
individual, libertad y formación sexuales, representa grave peligro para la
sociedad, para la misma víctima indefensa por su condición física, psicológica
y demás aspectos inherentes a su temprana edad y que la respuesta del Estado
lleva a que para estos casos la medida de aseguramiento deba ser privativa de
la libertad, para proteger a la víctima, a su familia y a la sociedad” (folio
71).
De igual modo,
estima que es constitucional lo previsto en el numeral 7º del artículo 199 de
la ley 1098 de 2006, pues no resulta legítimo que el Fiscal pueda negociar con
el autor del hecho punible, cuando las víctimas son menores de edad. “El
culpable del delito cometido contra un niño, niña o adolescente, debe responder
por el bien jurídico que le haya sido vulnerado, en consonancia con el
principio de legalidad” (folios 71-72). Por último, en cuanto a los numerales
4º, 5º y 8º del artículo 199, “el legislador elevó a la categoría de norma, el
clamor social de que los delincuentes de niños (…) pagaran la totalidad de la
pena impuesta” (folio 72).
El Ministerio
del interior y de justicia considera que los
cargos formulados contra el artículo 199 no están llamados a prosperar, por
cuanto las exclusiones de beneficios y subrogados penales dispuestos en ella, forman
parte de la libre configuración normativa del legislador, y se ajustan a la
Constitución “por contener una medida razonable y adecuada constitucionalmente,
en razón a que con ella se logra mayor prevención de tales delitos y, por
tanto, se contribuye a la realización del mandato constitucional de protección
especial por parte del Estado, a todos los niños, niñas y adolescentes” (folio
95). Fundamenta dicha consideración, además, en la sentencia C-762 de 2000 en
la cual, la Corte constitucional consideraba la exequibilidad de la eliminación
de beneficios y subrogados penales, al hacer parte de la política criminal del
Estado, como forma de combatir las peores manifestaciones delictivas.
En el presente
asunto, dice el Ministerio del interior, al excluirse tales prebendas y
concesiones para el caso de delitos contra la vida e integridad de los menores,
estos últimos se encuentran especialmente protegidos, lo cual se impone no sólo
por el orden interno sino también por los tratados internacionales. Solicita
entonces la declaratoria de exequibilidad de las previsiones acusadas del
precepto.
La Procuraduría General de la
Nación, estima sobre las prohibiciones legales del artículo 199 del Código
de la Infancia y Adolescencia demandadas, que no son contrarias a la
Constitución. En primer lugar porque así puede ser ordenado según la libertad
de configuración legislativa y el ejercicio de la potestad punitiva del Estado
y en segundo, porque al haberse establecido sólo para ciertos delitos contra
los menores, especialmente gravosos, conforme con la sentencia C-806 de 2002,
se encuentra justificado por factores objetivos que las hacen necesarias, no
entrañan una discriminación proscrita por la Constitución y son por tanto
razonables y proporcionales. En todo caso, solicita a la Corte Constitucional
inhibirse de dictar un pronunciamiento de fondo por ineptitud sustantiva
respecto de este precepto, y en el evento que se resuelva decidir de fondo,
reclama declarar la exequibilidad de las expresiones acusadas conforme lo
analizado.
IV. CONSIDERACIONES Y
FUNDAMENTOS DE LA CORTE
1.      Competencia
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241,
numeral 4° de la Constitución Política, la Corte Constitucional es
competente para conocer y decidir, definitivamente, sobre la demanda de
inconstitucionalidad de la referencia, pues las normas demandadas hacen parte
de una Ley de la República.
2. Asuntos de carácter previo
2. Antes de definir los problemas
jurídicos por resolver y la forma de atenderlos, estima la Corte pertinente
estudiar primero las cuestiones previas formuladas con relación a la demanda,
planteadas por la Procuraduría y el Ministerio del interior y de justicia. La
una relacionada con la ineptitud sustantiva de la misma en relación con gran
parte de los preceptos acusados, por no haber cumplido con algunos de los
requisitos establecidos para que la Corte deba pronunciarse sobre el fondo del
asunto (2.1). La otra, alusiva a la necesidad de integrar la unidad normativa
respecto de la acusación del artículo 158 de la ley 1098 de 2006 (2.2).
2.1. Solicitud de declaración
de ineptitud de la demanda
3. En el
concepto del Procurador General de la Nación, se solicita expresamente a la
Corte constitucional, “INHIBIRSE para emitir un pronunciamiento sobre la
demanda presentada contra los artículos 150 (parcial), 158 (parcial), 197
(parcial) y 199 (parcial) de la Ley 1098 de 2006, por medio del cual se expidió
el Código de la Infancia y Adolescencia, por ineptitud sustantiva de los
cargos”. Llama la atención de la Sala que, aunque como se ha dicho en los
antecedentes, en la Vista Fiscal de manera subsidiaria y con clara
justificación se reclaman pronunciamientos de constitucionalidad sobre todos
estos preceptos, como principal pide a la Corte declararse inhibida por
ineptitud sustantiva de la demandada, sin que en caso alguno explique las
razones por las cuales procede una decisión de tal naturaleza.
4. De manera más
concreta, el Ministerio del Interior y de justicia estima que el problema
planteado respecto del aparte del artículo 150 del Código de infancia y
adolescencia no debe ser analizado y la Corte se debe inhibir para pronunciarse
de fondo, porque los argumentos de inconstitucionalidad expuestos por el actor
carecen de pertinencia, pues parten de apreciaciones personales y subjetivas
del accionante y no de argumentos constitucionales que justifiquen las
afirmaciones formuladas sobre la ruptura de diversos principios del orden
constitucional. También reclama la inhibición de la Corte sobre los cargos
formulados contra el artículo 197 (parcial), pues no reúnen el requisito de
especificidad necesario para determinar al menos un principio de duda sobre la
constitucionalidad de las expresiones acusadas frente a los preceptos
constitucionales que se dicen vulnerados.
5. Siguiendo
una reiterada y necesaria jurisprudencia[3], la Corte constitucional
estima que el reclamo de ineptitud sustantiva de la demanda, procede respecto
de la acusación de los apartes de los artículos 150, 197 y 199 de la ley 1098
de 2006, como pasa a verse.
6. Con
relación a los cargos y argumentos de inconstitucionalidad propuestos sobre los
apartes del artículo 150 de la ley 1098 de 2006, en efecto, el actor no
desarrolla un análisis medianamente estructurado que justifique la
inconstitucionalidad que reclama. Pues aunque destaca la violación del artículo
29 constitucional, con clara referencia al artículo 250, la exposición que
presenta no se construye a través de la confrontación entre el contenido de la
norma superior y el precepto demandado.
En este sentido, el demandante no
explica por qué la participación privilegiada del Defensor de familia en la
recepción de las declaraciones de niñas, niños y adolescentes, representa una
vulneración de los principios de la inmediación de la prueba, la concentración
y la contradicción, no obstante esté dispuesto en la misma norma que el
cuestionario es enviado por el juez, por el fiscal, o por la policía judicial y
que el Defensor sólo dejará de formularlas cuando sean contrarias al interés
superior del menor. Demandar la constitucionalidad de una norma legal, requiere
de argumentos pertinentes, de modo que el juez constitucional aprecie
objetivamente los elementos jurídicos que explican razonablemente la
contradicción propuesta entre la Constitución y la ley.
7. De otra
parte, el actor efectúa un análisis sesgado y por tanto eminentemente subjetivo
de los principios de oralidad, de las tendencias de carácter adversarial y
acusatorio del sistema procesal penal, pues se reduce a afirmar que unos y
otros son vulnerados por la sola mediación del Defensor de familia a la hora de
incluir como prueba en un proceso penal, el testimonio de infantes o adolescentes.
Esta forma de razonar no es sólo impertinente sino que además no es específica,
pues se sienta en un argumento abstracto, global, en cierto sentido absoluto,
en el que no se reconoce una acusación jurídica concreta. Dicha argumentación
tampoco es suficiente, al no incluir todos los elementos de juicio necesarios
para iniciar el estudio de constitucionalidad respecto del precepto objeto de
reproche, como sería en el presente asunto, la manera como juega la prevalencia
de los derechos del menor y el interés superior que para el ordenamiento
jurídico representa su protección. Por lo mismo, no ofrece un razonamiento
medianamente persuasivo sobre la inconstitucionalidad de la disposición
acusada, que ofrezca esa duda mínima necesaria para analizar la inexequibilidad
de una disposición jurídica de carácter legal.
8. Con base en
estas consideraciones, la Corte se declarará inhibida para pronunciarse sobre
la exequibilidad de los apartes acusados del artículo 150 de la ley 1098 de
2006.
9. Lo mismo ocurre con la demanda
sobre el artículo 197 parcial de la misma ley, pues el actor no explica por qué
la actuación del juez penal, que sólo viene a suplir la inactividad de los
directamente responsables de solicitar la reparación integral del menor, es
contraria al debido proceso. No especifica cuál es el debido proceso al que
alude y en el cual se excluye de manera tan radical al juez penal de toda
actuación oficiosa, no sustenta por qué con ello se incumple con el principio
de imparcialidad del juez, más aún cuando la actuación acusada de
inconstitucional, sólo procede en caso de condena.
10. En la
demanda tan sólo se afirma con carácter rotundo, que esa actividad oficiosa del
juez para obtener la reparación integral del menor víctima de un delito, rompe
el principio acusatorio y la noción de justicia rogada que, observa la Corte,
el demandante entiende como principios pétreos al igual que lo son en su
entender, las cargas procesales de los ordinariamente legitimados para reclamar
la reparación integral del menor, pero no avanza argumentos que sustenten tales
juicios. Se formulan como valoraciones abstractas, globales, totales, sin estar
demostrados ni en la exégesis del precepto superior, ni en las otras formas de
interpretación constitucional existentes.
Son por esta
misma causa argumentos impertinentes, al no servirse de la fuente jurídica
pertinente para defender el punto de vista ofrecido por el actor, sino más bien
de su entendimiento personal y particular de la norma acusada y de lo que
ordenan los artículos de la Constitución que se estiman vulnerados.
11. De ahí que
también la Corte se declare inhibida para pronunciarse sobre los problemas
jurídicos propuestos respecto de los apartes acusados del artículo 197 del
Código de infancia y adolescencia.
12. En lo que tiene que ver con
el artículo 158 parcial de la ley 1098 de 2006, estima la Corte que la
ineptitud sustancial de la demanda no está llamada a prosperar en lo que hace
al cargo de igualdad, como quiera que el actor ofrece un mínimo de elementos
argumentativos que permiten evidenciar su tertium comparationis respecto
de la violación del artículo 13 constitucional y en ese orden las
razones por las cuales no está el legislador legitimado para crear una
distinción como la establecida en el precepto, entre el juzgamiento en ausencia
del adulto y el del adolescente investigado por la comisión de un delito.
Así, cuando muestra que la
prohibición de adelantar el juzgamiento de la responsabilidad penal del
adolescente sin su comparecencia en el proceso, no está justificada como forma
de proteger el interés superior del menor. También al establecer que dicha
medida no resulta ni adecuada o apropiada, ni necesaria o indispensable para
resguardar al adolescente transgresor de un ambiente de delincuencia,
orientarlo en el respeto del Derecho y de las reglas de convivencia y ver por
qué la sanción a imponerle sea sólo la conveniente a las condiciones
específicas del mismo. Como se deduce frente a este cargo, el actor sí ofrece
los elementos mínimos que permiten a esta Corte adentrarse en el estudio de
constitucionalidad de la norma.
13. En este orden y como quiera
que dentro del cargo de igualdad se incluyen argumentos relacionados con la
discriminación creada respecto de las obligaciones que corresponden a la
Fiscalía previstas en el artículo 250 constitucional, no se efectuará el
estudio de inexequibilidad del artículo 158 en relación exclusiva con este
precepto. Porque el mismo, visto de manera aislada como también lo propone el
actor, no ofrece argumentos ni pertinentes ni suficientes de los cuales derivar
la inconstitucionalidad que se demanda del precepto legal acusado. Esto, en la
medida en que su acusación sólo se sienta en la inexistencia de una previsión
expresa de la Constitución que autorice lo dispuesto en el precepto acusado. Es
decir, su razonamiento se limita a apuntar que no está previsto en el mandato
constitucional que el menor infractor no deba ser enjuiciado, argumento vago
por global y por estar fundado más en una apreciación subjetiva de las
competencias de la Fiscalía y la forma como sirve a la configuración del debido
proceso, que en la construcción del sistema procesal penal previsto en la
Constitución. No se genera en consecuencia, la duda mínima requerida para que
el juez esté llamado a pronunciarse sobre la constitucionalidad del precepto.
14. Por ello la Corte resolverá
sobre el fondo del problema de igualdad formulado contra las expresiones
demandadas del artículo 158 del Código de infancia y adolescencia y se
declarará inhibida con relación al cargo por violación del artículo 250 de la
Carta.
15.
Finalmente, respecto de la ineptitud sustantiva de la demanda en lo que hace a
los cargos contra el artículo 199 (parcial) de la ley en comento, estima la
Corte que la misma también debe ser declarada, pues no se encuentran
establecidos los requisitos establecidos en el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991,
desarrollados por la jurisprudencia.
16. El actor
afirma sí, con rotundidad, que el artículo 199 parcial de la ley 1098 de 2006
es contrario a la Constitución, al bloque de constitucionalidad y en especial a
las reglas de las Naciones Unidas sobre tratamiento a detenidos y condenados,
en particular respecto del principio de igualdad y del debido proceso (folio
14). Pero esta consideración no se acompaña de una construcción que demuestre
cuál es la igualdad vulnerada, en qué consiste y por qué no cabe la
diferenciación creada por el legislador, no obstante su competencia amplia de
configuración normativa. Es decir, no se ponen en evidencia ni el parámetro de
igualdad empleado, ni las razones de su aplicabilidad al caso concreto, ni
ofrece una argumentación que demuestre al menos prima facie, la
vulneración constitucional que acarrea el establecimiento de un trato
diferenciado como el dispuesto por las normas de dicho artículo 199 del Código
de Infancia y Adolescencia. Tampoco se establece cómo la exclusión de
beneficios y sustitutivos penales contemplados en el Código de procedimiento
penal y en algunas normas transitoriamente vigentes de la ley 600 de 2000, para
el caso de los autores de los delitos de homicidio, lesiones personales bajo
modalidad dolosa, delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales,
o secuestro, cometidos contra niños, niñas o adolescentes, supone una
vulneración de las garantías constitucionales que integran el debido proceso.
17. En la demanda se presentan
sinnúmero de consideraciones, como que lo previsto en el artículo 199 del
Código de Infancia y Adolescencia supone una restricción a los mecanismos con
los cuales el procesado participa y colabora en el proceso, y por tanto una
limitación de los incentivos que permiten una más eficaz administración de
justicia, todo lo cual desnaturalizaría el sistema procesal penal con tendencia
acusatoria. Sin embargo, no cumple con los requisitos de especificidad y
pertinencia reconocidos por la jurisprudencia constitucional, pues no presenta
la confrontación objetiva entre la Constitución y los tratados internacionales
y la norma acusada, ni se exhiben los argumentos constitucionales que
evidencian la incompatibilidad del precepto acusado con el orden superior.
Así mismo, el demandante advierte
sobre la aplicación que tendrían las expresiones acusadas del artículo 199 en
los procesos en los que se investigan y juzgan a adolescentes, conforme lo
dispuesto en el artículo 187 del Código de Infancia y Adolescencia,
desconociéndose la obligación del legislador de perseguir el interés superior
del menor. En este sentido, expone no sólo un argumento a más de incierto, por
estar basado en una disposición legal que no existe, impertinente, al fundar la
inconstitucionalidad alegada en consideraciones subjetivas, en valoraciones
sobre el impacto material de la norma y su inconveniencia, pero no en su propia
construcción normativa y sus consecuencias jurídicas. Algo semejante sucede con
el reclamo de la presunta violación las normas del Decreto 1542 de 1997 sobre
régimen carcelario, pues de esta forma confronta el actor no la ley con la
Constitución o el bloque de constitucionalidad, sino con un decreto
reglamentario.
18. Los apuntes sobre la eficacia
derivada de permitir allanamientos y acuerdos, como forma de obtener la verdad
de los procesos penales y de hacer posible una reparación de las víctimas, la
mención de que no hay en ello un “flaco favor” a la judicatura y las
observaciones sobre los costos que supone para el Estado la aplicación de las
medidas dispuestas por el artículo 199, responden más a un criterio de
conveniencia, de nuevo impertinente como argumento de inconstitucionalidad de
una norma legal.
Al mismo tiempo, reducirse a
afirmar las consecuencias de un “carcelarismo a ultranza” y la vocación de
castigo que recoge las prohibiciones de aplicar beneficios y mecanismos
sustitutivos de privación de la libertad que las expresiones del art. 199 del
C.I.A., no son razones específicas de inconstitucionalidad, pues no permiten
confrontación constitucional alguna. Esto es, aparecen más bien como argumentos
vagos, abstractos, subjetivos, sobre el impacto material del precepto, pero no
exhiben, como es menester, la oposición objetiva, verificable y concreta entre
su contenido legal y el texto de la Constitución Política o de los tratados
internacionales que se apelan como transgredidos.
Y la consideración sobre el
desconocimiento del precedente jurisprudencial según el cual los beneficios y
sustitutivos de carácter penal a los que se refiere la disposición acusada son
asunto de reserva judicial y no imposición legal, tampoco es de recibo pues el
actor no demuestra la existencia de un precedente, de veras vinculante, no ya
para el juez constitucional sino para el propio legislador y tampoco explica de
manera específica y completa, por qué la prohibición legal derivada del
artículo 199 de la ley 1098 de 2006 resulta  por tanto inadmisible.
19. No se exponen finalmente
argumentos ni específicos, ni pertinentes y menos aún suficientes, por los
cuales se desvirtúe la presunción de constitucionalidad de la prohibición de
conferir los beneficios y sustitutivos de la privación de la libertad para
quienes han cometido delitos graves contra menores, como el homicidio, el
secuestro, los atentados contra la libertad e integridad sexuales. No se
desarrollan pues los cargos de por qué los apartes de este último artículo
acusado, van en contra de las previsiones contempladas en los artículos 10º y
14 del PIDCP, 5º y 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos. No se
explica cómo las Resoluciones 45/110 de Naciones Unidas y 663C (XXIV) de julio
de 1957 y 2076 (LXII) de mayo de 1977 del Consejo Económico y Social de
Naciones Unidas, son parámetro de constitucionalidad como el actor lo pretende,
ni las razones por las cuales ellas resultan desconocidas por lo ordenado en el
artículo 199 del Código de Infancia y Adolescencia.
20. Conforme lo expuesto, la
Corte se declarará inhibida para pronunciarse sobre la constitucionalidad de
los apartes acusados del artículo 199 del Código de Infancia y Adolescencia,
por demanda inepta.
2.2. La solicitud de integración de la unidad normativa
del artículo 158 del C.I.A.
21. El Procurador General de la
Nación estimó sobre la demanda parcial del artículo 158 de la Ley 1098 de 2006,
que “es constitucional y para su análisis se requiere integrar la unidad
normativa de la disposición”, por existir una relación estrecha entre las
expresiones acusadas y las demás que integran el artículo.
22. Siguiendo
la sentencia C-409 de 2009, sobre la facultad de integración normativa que le
otorga a la Corte el artículo 6º inciso 3º del Decreto 2067 de 1991[4],
en múltiples oportunidades se ha dicho que esta corresponderá a situaciones
excepcionales, restringidas y necesarias, pues debe diferenciarse con claridad
el control de constitucionalidad oficioso y el que se adelanta por vía de
acción pública, caso este último en el cual, en principio, la competencia del
juez constitucional está circunscrita a las normas demandadas en debida forma
por los ciudadanos[5].
23. No obstante, siguiendo el
propósito de promover el derecho de acción de los ciudadanos y,
particularmente, el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las
formas, la Corte Constitucional ha ampliado el margen de control inicialmente
propuesto por el demandante para así evitar la emisión de fallos ineficaces o
insustanciales, así como para garantizar la protección del principio de
supremacía constitucional. De este modo, en reiterada jurisprudencia ha
reconocido las condiciones o circunstancias en las cuales resulta admisible,
por razones de unidad normativa, incorporar al proceso de constitucionalidad
normas no demandadas.
24. Conforme a la reiterada
sentencia C-539 de 1999:
“En primer lugar, procede la integración de la unidad
normativa cuando un ciudadano demanda una disposición que, individualmente, no
tiene un contenido deóntico claro o unívoco, de manera que, para entenderla y
aplicarla, resulta absolutamente imprescindible integrar su contenido normativo
con el de otra disposición que no fue acusada. En estos casos es necesario
completar la proposición jurídica demandada para evitar proferir un fallo
inhibitorio”[6].
“En segundo término, se justifica la configuración de
la unidad normativa en aquellos casos en los cuales la disposición cuestionada
se encuentra reproducida en otras normas del ordenamiento que no fueron
demandadas. Esta hipótesis pretende evitar que un fallo de inexequibilidad
resulte inocuo”.
“Por último, la integración normativa procede cuando
pese a no verificarse ninguna de las hipótesis anteriores, la norma demandada
se encuentra intrínsecamente relacionada con otra disposición que, a primera
vista, presenta serias dudas de constitucionalidad. En consecuencia, para que
proceda la integración normativa por esta última causal, se requiere la
verificación de dos requisitos distintos y concurrentes: (1) que la norma
demandada tenga una estrecha relación con las disposiciones no cuestionadas que
formarían la unidad normativa; (2) que las disposiciones no acusadas aparezcan,
a primera vista, aparentemente inconstitucionales.  A este respecto, la
Corporación ha señalado que “es legítimo que la Corte entre a estudiar la
regulación global de la cual forma parte la norma demandada, si tal regulación
aparece prima facie de una dudosa constitucionalidad”[7].
25. En lo
referente a la primera condición, debe tenerse en cuenta que no siempre que se
demandan fragmentos normativos, se enfrenta el juez constitucional ante una
proposición jurídica incompleta. Pero al mismo tiempo, aunque una expresión
resulte desde el punto de vista semántico y de la sintaxis, clara y unívoca,
puede ocurrir que tales atributos no resulten predicables desde el razonamiento
en Derecho. Por ello se precisaba en la sentencia C-544 de 2007, que cuando se
acusan segmentos de una disposición, es indispensable tener en cuenta dos aspectos:
“De un lado, que lo acusado presente un contenido
comprensible como regla de derecho, susceptible de ser cotejado con los
postulados y mandatos constitucionales[8], pues “las expresiones
aisladas carentes de sentido propio que no producen efectos jurídicos solas o
en conexidad con la disposición completa de la cual hacen parte, no son
constitucionales ni inconstitucionales”[9]. De otro lado, que los apartes
normativos que no son demandados y, por ende, no son objeto de pronunciamiento
de la Corte, mantengan la capacidad para producir efectos jurídicos y conserven
un sentido útil para la interpretación y aplicación normativa. Por ello, la
Corte dijo que en aquellos casos en los que ‘la disposición se encuentra en
relación inescindible de conexidad con los apartes demandados, de suerte que en
caso de que la Corte decidiera declarar inexequibles los apartes acusados,
perdería todo sentido la permanencia en el orden jurídico’[10],
también procede la integración de la unidad normativa. De esta forma, se
preserva la seguridad jurídica y el principio de obligatoriedad normativa según
el cual toda regla de derecho es imperativa y de obligatorio cumplimiento para
sus destinatarios y, mientras se encuentre en el ordenamiento jurídico, debe
producir los efectos jurídicos que consagra”.
Se trata de
evitar, dijo la Corte en sentencia C-560 de 1997[11],
que proferido un pronunciamiento parcial, “se genere incertidumbre colectiva
acerca del contenido armónico e integrado de la norma legal materia de
análisis”, con lo cual el fallo produzca una interpretación del contenido de la
norma que resulte “incoherente o inaplicable"[12]
(cursivas ajenas al original).
26. En el
presente asunto, la Corte encuentra que en el artículo 158 del Código de
infancia y adolescencia, existe en efecto una relación estrecha entre las cinco
proposiciones jurídicas de las que se compone, aunque sólo hayan sido acusadas
las últimas. Tales proposiciones son, en su orden: 1) “Los adolescentes
sometidos a procesos judiciales por responsabilidad penal no serán juzgados en
su ausencia”. 2) “En caso de no lograrse su comparecencia se continuará la
investigación y el defensor público o apoderado asumirá plenamente su defensa
hasta la acusación o la preclusión”. 3) “Si hay acusación, se notificará al
defensor público o apoderado y al Defensor de Familia”. 4) “El proceso se
suspenderá mientras se logra la comparecencia del procesado”. 5) “En estos
eventos la prescripción de la acción penal se aumentará en una tercera parte”.
27. La primera,
es ostensible, se encuentra estrechamente vinculada a las dos últimas proposiciones,
pues en ella se formula el supuesto general por el cual tienen sentido éstas.
Es decir que en razón a que en los procesos judiciales por responsabilidad
penal no habrá juzgamiento en ausencia, llegada esta etapa sin que se haya
logrado la comparecencia del adolescente infractor, el proceso se suspende,
caso en el cual la prescripción de la acción se aumenta en una tercera parte.
Otro tanto ocurre
con las restantes, a saber la 2ª y la 3ª proposiciones pues ellas sólo se
entienden, a la luz de los demás supuestos contemplados en el artículo 158. Es
decir que, no habrá juzgamiento del menor infractor en ausencia, lo que no
significa que no pueda adelantarse la investigación ni la acusación, eso sí,
con el debido respeto del derecho de defensa.  De ahí que se disponga que ante
la situación de reo ausente, se continuará con la investigación, para lo
cual se determina que el defensor público o el apoderado deben asumir
plenamente su defensa hasta la acusación o, en su evento, hasta la preclusión.
Y en el caso de que tenga lugar la primera, ésta debe ser notificada tanto a
quien ejerce la defensa técnica (defensor público o apoderado) como al Defensor
de Familia.
28. Procede
entonces integrar la unidad normativa pues el ciudadano ha demandado dos
proposiciones jurídicas que no tienen un contenido deóntico unívoco, pues está
claro que para entenderlas y aplicarlas, es imprescindible completar su
contenido normativo con los demás apartes que no fueron acusados. Es decir que
lo demandado del artículo 158 del C.I.A., no resulta comprensible como regla de
derecho ni puede ser cotejado de modo razonable con la Constitución, mas aún
cuando el problema jurídico propuesto por el ciudadano las incluye bien directa
(la 1ª), bien indirectamente (la 2ª y la 3ª). Además, las proposiciones que no
han sido objeto de acusación no conservan un sentido útil para la
interpretación y aplicación normativa, pues poseen una relación inescindible de
conexidad con los demandados.
Y al contrario,
de no producirse la integración normativa y de proferirse no obstante ello un
pronunciamiento de fondo parcial y en los términos reclamados por el actor, se
generaría incertidumbre colectiva acerca del contenido armónico e integrado de
la norma legal materia de análisis. Porque aún tras excluir del ordenamiento
jurídico la suspensión del proceso y la extensión del plazo de prescripción de
la acción, perviviría la regla conforme a la cual no está permitido adelantar
el juzgamiento con ausencia del procesado, con un resultado abiertamente
contrario al interés del demandante, e ilógico para sistema jurídico. Y aunque
las actuaciones y garantías previstas durante la investigación no perderían ni
sentido ni condiciones para su aplicación, su interpretación aislada sería
difícil desde el punto de vista gramatical y se crearía una laguna jurídica
causante de incertidumbre al no saber qué ocurriría con el proceso en caso de
haberse proferido acusación.
Así las
cosas, la Corte constitucional integra la unidad normativa y en ese orden,
estudiará el cargo propuesto respecto de la totalidad del artículo 158 de la
ley 1098 de 2006.
29. En
conclusión, la Corte se declarará inhibida para estudiar los cargos respecto de
los artículos 150, 197 y 199 del C.I.A. Por el contrario, estudiará la
constitucionalidad del aparte acusado del artículo 129, así como la acusación
contra el artículo 158 in toto, una vez integrada su unidad normativa.
3. Problemas jurídicos y plan
de exposición para resolverlos.
30. Una vez la Corte esclarecidas
cuáles son las disposiciones sobre las que se emitirá pronunciamiento de fondo,
encuentra la Corte que los problemas jurídicos por resolver son los siguientes:
- Respecto del aparte demandado
del artículo 129 del C.I.A.: ¿La presunción contenida en la ley al establecer
que el salario mínimo legal, a falta de otros elementos de juicio, es parámetro
para fijar la cuota provisional de alimientes, viola los artículos 2, 25, 28,
29, 54 y 229 de la Constitución política?
- En cuando al artículo 158 del
C.I.A.: ¿Viola la norma acusada el artículo 13 en consonancia con el artículo
250 de la Constitución política, por generar un trato desigual frente a los
adultos y por limitar la obligación constitucional de perseguir el delito, al
establecer que los adolescentes no pueden ser juzgados en su ausencia,
imponiendo por consiguiente la obligación de suspender el proceso una vez
proferida la acusación, así como la ampliación del término de prescripción de
la acción penal en una tercera parte?
31. Tales asuntos, serán
resueltos siguiendo este plan de exposición: Por una parte será reiterada la
jurisprudencia constitucional sobre los principios y reglas, que construyen el
régimen constitucional relativo al trato sobre niños, niñas y adolescentes,
criterio esencial para atender cualesquiera problemas jurídicos relacionados
con normas que regulan asuntos de tales sujetos. (3.1.). En seguida, serán
absueltos los casos de cada proposición normativa que se deban estudiar de
fondo por parte de la Corte Constitucional (3.2.).
3.1. Los
niños, las niñas y los adolescentes en el orden constitucional.
32. La ordenación constitucional
sobre niños y adolescentes, se encuentra determinada tanto por la propia Carta
de 1991, como por Tratados internacionales que hacen parte del bloque de
constitucionalidad, a más de otras previsiones normativas reconocidas por la
jurisprudencia como parámetros de constitucionalidad en esta materia.
33. Se alude, por una parte, al
artículo 44 constitucional, en el cual se consagran con carácter iusfundamental
expreso, los derechos de los niños, la máxima pluralidad de sujetos
obligados a la asistencia y protección del niño (familia, sociedad, Estado), la
exigibilidad de las posiciones jurídicas de los derechos consagradas, y,
finalmente, su carácter prevaleciente respecto de los derechos de los
demás. En sentido semejante, el artículo 45 establece respecto del adolescente
su derecho a la protección y la formación integral, así como el de participar
en todas las instituciones que tengan bajo su responsabilidad la protección,
educación y progreso de la juventud.
34. De la interpretación de estas
disposiciones se destaca, en primer lugar, la consideración según la cual los
niños, niñas y adolescentes son sujetos de especial protección, cuyo origen se
encuentra, entre otras razones, en su falta de madurez física y mental, en la
consiguiente vulnerabilidad e indefensión en que se encuentran frente a todo
tipo de riesgos, en la necesidad que por consiguiente se deriva, de proveerlos
de las condiciones que se requieran para convertirlos en miembros libres,
autónomos y partícipes de la sociedad democrática y del orden en ella
establecido[13]. Son, en fin, sujetos de
especial protección, como forma de consolidar el futuro de la nación y la
sostenibilidad de su existencia basada en los valores y principios del
constitucionalismo.
35. Así mismo, en ellas se recoge
implícitamente el principio universal de interés superior del niño que,
como se informaba en la sentencia C-684 de 2009, fue consagrado por primera vez
en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre derechos del niño, y posteriormente
reproducido en otros instrumentos internacionales como la Declaración Universal
de Derechos Humanos [artículo 25, Num. 2], la Declaración de los Derechos del
Niño de 1959 (Principio 2°), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos (arts. 23 y 24) y la Convención Sobre Derechos del Niño adoptada por la
Asamblea General de la Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 (artículo 3º)[14].
36. Con base en tales preceptos,
la legislación colombiana ha venido desarrollando sus alcances y
manifestaciones[15], como ocurre con el
actual Código de la Infancia y la Adolescencia, en particular desde sus
primeros preceptos sobre principios y definiciones (artículos 5º a 11).
Dentro de ellos, destaca el
artículo 8º del C.I.A. según el cual: “Se entiende por interés superior del
niño, niña y adolescente, el que obliga a todas las personas a garantizar la
satisfacción integral y simultánea de todos sus Derechos Humanos, que son
universales, prevalentes e interdependientes”. Un precepto a través del cual se
evidencia la relación indisoluble que existe entre todos los descriptores del
régimen constitucional del menor. Pues su interés superior, conecta
directamente con el carácter prevaleciente de los derechos de niñas, niños y
adolescentes (artículo 9º C.I.A.), la protección integral, seria y eficaz de
tales derechos (artículo 7º), su exigibilidad por parte de cualquier persona y
por tanto la demostración de su naturaleza dual como derechos subjetivos y como
interés colectivo (artículo 11), así como la corresponsabilidad que reconoce al
establecer compromisos, cargas y obligaciones sobre la familia, la sociedad y
el Estado  (artículo 10º).
37. En este sentido, la
jurisprudencia ha señalado que la noción del interés superior del menor, es,
entre otras, una “caracterización jurídica específica” a favor de los
niños, reconocible en sus derechos que prevalecen, y que le impone obligaciones
para protegerlo de manera especial, de modo que lo guarde de abusos y
arbitrariedades y garantice su desarrollo normal y sano desde los puntos de
vista físico, psicológico, intelectual y moral y la correcta evolución de su
personalidad[16]. Un concepto en todo
caso  relacional[17], que no absoluto o
excluyente, a fin de armonizar, en situación de conflicto, los derechos e
intereses del menor con los de otros sujetos[18].
38. Por lo que se refiere a las
garantías de protección para el pleno desarrollo del menor, se dijo en la
sentencia T-808 de 2006, a partir de lo dispuesto en los tratados
internacionales vinculantes sobre la materia, que dentro de ellas se incluye:
i) la prevalencia del interés del menor; ii) la garantía de la adopción de
medidas de protección que su condición requiere; y iii) la previsión de las
oportunidades y recursos necesarios para desarrollarse mental, moral,
espiritual y socialmente de manera normal y saludable, y en condiciones de
libertad y dignidad.
39. Este conjunto de elementos
evidencian no sólo la singularidad sino también la importancia del tema en el
discurso constitucional y en la forma de razonar en Derecho. Por ello, frente a
los poderes públicos, tal régimen constitucional del infante y del adolescente,
al mismo tiempo potencia y limita las habilitaciones y competencias de los
poderes públicos.
Para el legislador y la
administración, representa tanto obligaciones imperativas como facultades que
impulsan los procesos de creación, interpretación y aplicación de normas
jurídicas[19] y también los de
formulación, implementación, análisis y evaluación de las políticas públicas[20].
En este sentido, generan una vinculación positiva para regular en diferentes
ámbitos[21] y para actuar con
discrecionalidad a fin de adecuar el derecho a la situación concreta del niño,
niña o adolescente[22]; y una
vinculación negativa que los limita en su poder de configuración normativa y de
reglamentación[23].
40. Para el juez constitucional
ocurre algo semejante. De allí que tanto en las decisiones de
constitucionalidad como en las de tutela en las que se encuentren involucrados
los menores de edad, aparecen como criterios hermenéuticos fuertes, de modo que
el juicio abstracto o concreto debe efectuarse en clave de lo aquí visto: ser
sujetos de especial protección, el imperativo jurídico de buscar el interés
superior del menor, el carácter prima facie prevaleciente de sus
derechos, el reconocimiento de las garantías de protección para el desarrollo
armónico, que generan obligaciones constitucionales verticales y también
horizontales, la exigibilidad de los derechos y por consiguiente de las
obligaciones, basadas en el carácter subjetivo y colectivo de los derechos e
intereses protegidos. Condicionamiento que, es evidente, afecta igualmente a
los poderes de los jueces con competencias ordinarias para conocer de los
derechos e intereses de los niños, niñas y adolescentes.
41. Establecido pues el alcance y
valor que los distintos principios y criterios con que se protege al menor de
edad por el orden constitucional, que serán determinantes para establecer la
exequibilidad o no del artículo 158 del C.I.A., pasa ahora la Corte a revisar
los cargos concretos formulados en la presente demanda.
3.2. Estudio de los cargos concretos
42. De conformidad con los
problemas jurídicos reconocidos en el proceso, comenzará por la definición de
la constitucionalidad del aparte demandado del artículo 129 del C.I.A. (3.2.1),
para determinar en seguida la relacionada con el artículo 158 (3.2.2).
3.2.1.  La
constitucionalidad del artículo 129 (parcial) de la Ley 1098 de 2006
43. Tanto el
Jefe del Ministerio Público como los representantes en el proceso del Instituto
de Bienestar Familiar y del Ministerio del Interior y de Justicia, han
solicitado a esta Corte declarar la existencia de cosa juzgada material, en
relación con el artículo 129 (parcial) de la Ley 1098 de 2006.
Lo anterior,
por cuanto en sentencia C-388 de 2000, esta Corporación había declarado la
exequibilidad de la frase “En todo caso se presumirá que devenga al menos el
salario mínimo legal”, que contenía el artículo 155 del Decreto 2737 de 1989
(parcial), cuyo contenido normativo es igual al del artículo 129 de la Ley 1098
de 2006, objeto de acusación en la presente demanda.
44. En
efecto, en tal asunto, se atendió la demanda de inconstitucionalidad formulada
contra el aparte final del artículo 155 del Decreto 2737 de 1989, Código del
Menor, en el cual, tras establecer la forma de acreditar el monto de los
ingresos del alimentante por parte del juez, se señalaba de manera expresa la
presunción anotada.
Esta
proposición normativa se acusó entonces por estimarse que con ella se vulneraba
el principio de presunción de inocencia consagrado en el artículo 29 de la
Constitución Política, la cual en criterio del actor en ese proceso,  siempre
sería desvirtuada por la presunción legal establecida en el artículo 155 del
Código del menor.  Tras reconocer como problema jurídico planteado “si la
presunción legal consagrada en la parte final del artículo 155 del Código del
menor, vulnera la Constitución”, la Corte estudió primero la figura de las
presunciones legales en el marco constitucional y segundo, analizó si la
establecida en la norma que se acusaba vulnera o no alguna disposición del
orden constitucional.
La Corte comienza por
distinguir los tipos de presunciones existentes en el ordenamiento, destacando
de las legales o iuris tantum[24], ser las que el
legislador se limita a reconocer a partir de “la existencia de relaciones
lógicamente posibles, comúnmente aceptadas y de usual ocurrencia, entre hechos
o situaciones jurídicamente relevantes, con el fin de proteger bienes jurídicos
particularmente valiosos”, las cuales en todo caso pueden ser desvirtuadas.
Por su naturaleza, señala
entonces la Corte, las presunciones legales liberan a la parte beneficiada por
ellas de la carga de demostrar el hecho que se presume, correspondiendo al
afectado por la misma, demostrar la inexistencia o no ocurrencia de los hechos
presumidos. Por ello se pregunta si “la distribución de las cargas procesales
que se produce en virtud de la existencia de una determinada presunción legal,
lesiona los derechos a la igualdad y al debido proceso – en particular el
derecho de defensa y la presunción de inocencia – de la parte procesal que
resulta finalmente afectada por la presunción”. Sobre este particular el
Tribunal observa que “la existencia de las presunciones legales no compromete,
en principio, el derecho al debido proceso[25]”, al estar justificadas
y ser razonables, al construirse con el objeto de proteger bienes jurídicos
particularmente importantes y de “promover relaciones procesales más
equitativas”. Es decir que, antes que ir en contra de la Constitución, las
presunciones legales tienden “a corregir la desigualdad material que existe
entre las partes respecto del acceso a la prueba y a proteger la parte que se
encuentra en situación de indefensión o de debilidad manifiesta”.
Sobre las presunciones creadas
por el Derecho, la Corte comienza por distinguir los tipos existentes en el ordenamiento,
destacando de las legales o iuris tantum[26],
ser las que el legislador se limita a reconocer a partir de “la existencia
de relaciones lógicamente posibles, comúnmente aceptadas y de usual ocurrencia,
entre hechos o situaciones jurídicamente relevantes, con el fin de proteger
bienes jurídicos particularmente valiosos”, las cuales recalca, en todo caso
pueden ser desvirtuadas, esto es, admiten prueba en contrario.
Con todo, precisa la sentencia
en comento que para que la presunción legal para que sea conforme a la
Constitución, debe reunir los requisitos anotados, esto es, ser razonable en
tanto responder a las leyes de la lógica o de la experiencia y perseguir un fin
constitucionalmente valioso, así como resultar útil, necesaria y estrictamente
proporcionada para alcanzar el mismo.
A partir de lo anterior, entra
a analizar la constitucionalidad de la presunción establecida por el legislador
extraordinario en el artículo 155, infine, del Código del Menor. Para
tales efectos, en primer término reconoce que aunque una parte importante de la
población colombiana vive por debajo de la línea de pobreza y carece de un
empleo estable, en todo caso, es altamente probable suponer que la mayoría de
las personas, en edad de trabajar, percibe, por lo menos, un ingreso mensual
equivalente al salario mínimo, pues así se desprende “tanto [de] los datos que
aporta la experiencia como [de] la obligación del empleador de pagar no menos
de una cuantía mínima legal como salario mensual”. De allí que concluya que la
presunción cuestionada es razonable.
Adicionalmente, señala que la
misma resulta concordante con otras disposiciones constitucionales y legales
“que establecen la responsabilidad de los padres respecto de los hijos (CP art.
42), el deber de solidaridad familiar (CP art. 42), y los derechos
fundamentales de los menores (CP art. 44), permiten que la sociedad albergue,
con justicia, la expectativa de que quienes han decidido optar por la
maternidad o la paternidad, están dispuestos a hacer lo que esté a su alcance
para aumentar su nivel de ingresos de forma tal que puedan satisfacer las
obligaciones que tienen para con sus hijos”. Por esta circunstancia,
igualmente, encuentra la Corte “razonable que el legislador presuma que los
padres devengan, al menos, el salario mínimo legal”.
Aplica igualmente el test de
proporcionalidad sobre la medida a fin de determinar si la misma no apareja un
desequilibrio excesivo entre las partes procesales, con afectación del núcleo
esencial de los derechos que componen el debido proceso. A tales efectos,
observa que la presunción legal consagrada en la parte final del artículo 155
del Código del Menor, “persigue que la cuota alimentaria se fije, por lo menos,
con relación al salario mínimo legal”. Una presunción que protege a la parte más
débil de la relación procesal - el menor- “de la carga de demostrar que quien
se encuentra legal y constitucionalmente obligado a sostenerlo y educarlo
devenga, al menos, el salario mínimo legal”. Con ello se corrige, dijo la Corte,
“la desigualdad material entre las partes respecto de la prueba” y, se “evita
que un eventual deudor de mala fe, pueda evadir sus más elementales
obligaciones ocultando o disminuyendo una parte de su patrimonio”. Además,
desde la perspectiva material o sustantiva, “la presunción estudiada se orienta
a hacer efectiva la ineludible responsabilidad constitucional que tienen los
padres respecto de los hijos, especialmente, en cuanto respecta a la obligación
de cuidarlos, sostenerlos y educarlos mientras sean menores o impedidos[27]”.
De igual modo, establece que la presunción dispuesta por el Decreto ley 2737 de
1989, se funda en la “prelación constitucional de los derechos fundamentales de
los menores”, por lo que resulta fácil reconocer que con ella se persigue un
objetivo constitucionalmente prioritario.
De otro lado, en la mencionada
sentencia C-388 de 2000, se observó que el aparte demandado del artículo 155
del antiguo Código del Menor, resultaba útil para garantizar un límite mínimo
de la cuantía de la obligación alimentaria y evitar la mala fe del deudor;
igualmente era necesaria, pues “no es evidente que exista otra medida que
implique menores costos para el deudor e igual o mayor beneficio para el menor
que ha tenido que acudir a un juicio para hacer que sus padres cumplan con la
obligación primaria de sostenerlo y educarlo”.
Por último,
observa que no hay desproporción en la medida adoptada por el legislador
extraordinario y por tanto no hay afectación ilegítima del derecho a la
presunción de inocencia, por cuanto la figura creada por el artículo 155, puede
ser desvirtuada por el deudor, con lo cual puede “utilizar los recursos que
estén a su alcance para demostrar que no devenga el salario mínimo legal”. En
este evento, “el juez queda obligado a inaplicarla o a relevar al deudor del
pago de la cuota fijada en virtud de un patrimonio que no corresponde a su
realidad económica”. Lo mismo ocurre en el proceso penal por el  delito de
inasistencia alimentaria, cuya responsabilidad se produce sólo cuando existe
dolo o intención, elementos subjetivos del tipo que pueden ser desvirtuadas, al
demostrar que el comportamiento del implicado se encuentra justificado al
producirse un acontecimiento que imposibilitaba cumplir con la obligación[28].
Según lo
expuesto, concluye y así lo declara la sentencia C-388 de 2000 que la
disposición acusada es exequible.
45. Lo que
debe ahora preguntarse la Corte es si en el presente asunto se reúnen los
requisitos reconocidos por la jurisprudencia constitucional, para determinar la
ocurrencia del fenómeno de la cosa juzgada material propuesta para atender la
cuestión de constitucionalidad formulada contra el aparte del artículo 129 del
Código de Infancia y Adolescencia.
46. A este
respecto en la sentencia C-259 de 2008[29], estimó la Corte sobre
el particular:
La jurisprudencia de la Corte ha considerado que el
fenómeno de la cosa juzgada constitucional, de carácter material, opera tanto
en sentido estricto como amplio.[30]  El primero, que obliga
a que la nueva decisión se esté a lo resuelto en
un fallo anterior cuando (i) una norma haya
sido declarada inexequible por razones de fondo, lo que obliga a revisar la ratio
decidendi del fallo correspondiente; (ii) que la disposición objeto
de estudio tenga un contenido normativo similar a la disposición
inconstitucional, teniendo en cuenta el contexto dentro del cual se inscribe la
norma examinada, ya que su significado y sus alcances jurídicos pueden variar
si el contexto es diferente; (iii) que subsistan las normas
constitucionales que sirvieron de parámetro de control en la sentencia que
declaró la inexequibilidad de la norma reproducida.  En estos casos, la Corte
debe declarar la inconstitucionalidad de la norma objeto de análisis, fundada
en el desconocimiento de lo dispuesto en el artículo 242 C.P.
De otro lado, la cosa juzgada constitucional en
sentido amplio está relacionada con la posibilidad que el legislador promulgue
una disposición cuyo contenido normativo haya sido declarado exequible.  En
este caso, ante el ejercicio del control de constitucionalidad en relación con
dicha disposición, la Corte “deberá apreciar si en el nuevo contexto dentro
del cual fue expedida, ésta adquirió un alcance o unos efectos distintos, lo
cual justificaría un fallo de fondo en un sentido diferente al anterior. Lo
mismo sucedería en caso de que la Corte encuentre razones poderosas para
introducir ajustes en su jurisprudencia o cambiarla.[31]
|| De esta forma, la Corte clarifica los alcances y las consecuencias de la
llamada cosa juzgada material de un fallo de exequibilidad: El fallo anterior
constituye un precedente respecto del cual la Corte tiene diversas opciones, ya
que no queda absolutamente autovinculada por sus sentencias de exequibilidad[32].
La primera, es seguir el precedente, en virtud del valor de la preservación de
la consistencia judicial, de la estabilidad del derecho, de la seguridad
jurídica, del principio de la confianza legítima y de otros valores, principios
o derechos protegidos por la Constitución[33] y ampliamente
desarrollados por la jurisprudencia de esta Corte[34].
En esta primera opción la Corte decide seguir la ratio decidendi anterior,
mantener la conclusión que de ella se deriva, estarse  a lo resuelto y, además,
declarar exequible la norma demandada. Otra alternativa es apartarse del
precedente, esgrimiendo razones poderosas para ello que respondan a los
criterios que también ha señalado la Corte en su jurisprudencia, para evitar la
petrificación del derecho y la continuidad de eventuales errores[35].
También puede la Corte llegar a la misma conclusión de su fallo anterior pero
por razones adicionales o diversas. En conclusión, los efectos de la cosa
juzgada material de un fallo de exequibilidad son específicos y no se asimilan
a los del derecho procesal general. Se inscriben dentro de la doctrina sobre
precedentes judiciales en un sistema de tradición romano germánica, son los
propios del proceso constitucional y responden a la interpretación de una
Constitución viviente.” [36]
Como se observa, para verificar la existencia de cosa
juzgada constitucional de índole material, que para el presente caso se
circunscribe a su connotación amplia, debe la Sala determinar (i) si los
contenidos normativos declarados exequibles fueron reproducidos; (ii) si
no concurren razones poderosas para que la Corte modifique su jurisprudencia.
(itálicas en el original).
47. En el caso
bajo estudio es claro que se hace referencia a una cosa juzgada constitucional,
de carácter material, en sentido amplio, como quiera que se juzga la constitucionalidad
de un precepto promulgado por el legislador, cuyo contenido normativo ha sido
declarado exequible. Por tanto, le corresponde a la Corte determinar en un
primer momento, si efectivamente la proposición jurídica declarada
constitucional ha sido reproducida en el artículo parcialmente demandado. En un
segundo momento, determinar si concurren o no razones para mantener el
precedente establecido y en ese tanto, pronunciar la cosa juzgada material o si
es del caso clarificar o alterar el razonamiento entonces expuesto.
48. Sobre lo
primero, se observa que ciertamente la expresión acusada y declarada
constitucional mediante sentencia C-388 de 2000, se encuentra en el ahora
demandado artículo 129 del Código de Infancia y Adolescencia. En esta
disposición, además de otros aspectos relativos al proceso de alimentos, se
establece que, a falta de prueba, la fijación de la capacidad económica del
alimentante podrá ser establecida “tomando en cuenta su patrimonio, posición
social, costumbres y en general todos los antecedentes y circunstancias que
sirvan para evaluar su capacidad económica”. Y seguido a lo anterior, se agrega
el aparte acusado: “En todo caso se presumirá que devenga al menos el
salario mínimo legal”.
Por su parte, el
artículo 155 del Decreto 2737 de 1989, anterior Código del Menor, que hacía
parte del capítulo III, “De los alimentos”, del título tercero denominado “Del
menor que carece de la atención suficiente para la satisfacción de sus
necesidades básicas”, disponía que, ante la imposibilidad de acreditar el monto
de los ingresos del alimentante, el juez lo establecería “tomando en cuenta su
patrimonio, posición social, costumbres y en general todos los antecedentes y
circunstancias que sirvan para evaluar su capacidad económica”. A esta
previsión normativa le seguía la que declaró constitucional la Corte en la
sentencia C-388 de 2000: “En todo caso se presumirá que devenga al menos el
salario mínimo legal”.
Se observa entonces
que se trata de proposiciones jurídicas idénticas que sirven para los mismos
efectos, esto es, configurar una garantía procesal para el menor, en el trámite
judicial en el que se demanda por alimentos. Se encuentra establecida, por
tanto, la primera condición de que trata la jurisprudencia para hablar de cosa
juzgada material.
49. En segundo
término, observa la Sala que al momento presente no se observan situaciones o
circunstancias que justifiquen alterar el precedente establecido en la
sentencia C-388 de 2000. Pues tan razonable era para 1989, como para el año
2000, para el 2006 y también para el año en curso, estimar ante la ausencia de
prueba sobre la solvencia económica de quien es obligado a pagar alimentos a un
menor de edad, que la misma se reduce al menos al salario mínimo. Y también lo
es entender que tal ordenación se justifica en el fin legítimo de proteger al
sujeto débil de la relación procesal, que la misma es idónea y necesaria como
forma de asegurar una mínima responsabilidad por parte de quienes tienen a
cargo niños o adolescentes, pero que al mismo tiempo es proporcional, pues
aunque altera la carga de la prueba a favor del menor y en contra del obligado,
en todo caso puede éste ofrecer pruebas que demuestren lo contrario, que
expliquen su menor capacidad económica o su total carencia de recursos.
50. No es por lo
demás relevante que los cargos que en el asunto C-388 de 2000 fueron formulados
contra el artículo 155 del Código del Menor, en términos relativamente
distintos a los empleados por el actor en este proceso, pues es evidente que en
ambos casos la preocupación de los ciudadanos demandantes fue la misma: Que la
presunción legal de un salario mínimo como parámetro último para fijar la cuota
provisional de alimentos resulta excesiva por representar una limitación a la
presunción de inocencia, a la vez que por constituir una obligación imposible
de pagar, en un país cuya realidad social se caracteriza por la falta de empleo
y en general de recursos económicos con qué poder asumirla.
51. En
consecuencia, respecto de la expresión acusada del artículo 129 del C.I.A.,
resulta procedente declarar la constitucionalidad de la misma con base en lo
resuelto en la sentencia C-388 de 2000. Lo anterior, como quiera que la
presunción iuris tantum establecida de que la cuota provisional de
alimentos, a falta de otros elementos de juicio, se fije con base en el salario
mínimo, es razonable por basarse tanto en datos empíricos como en la existencia
de una obligación legal de los empleadores de pagar al menos dicho monto.
También, porque es proporcional en tanto medida idónea y necesaria para
garantizar el pago de la cuota debida al menor, parte débil de la relación
procesal en el juicio de alimentos. Y finalmente por cuanto se trata de una
presunción legal que en todo caso puede ser desvirtuada.
52. No se
atenderá, empero, la solicitud del Ministerio del interior y de justicia
relacionada con extender la declaratoria de constitucionalidad a la proposición
jurídica anterior en la cual se establece la forma en que el juez debe calcular
la solvencia económica del alimentante. Esto por cuanto tal proposición
jurídica no fue acusada, ni constituye unidad normativa con el aparte que sí se
demanda, y contrario a la afirmación del interviniente, tampoco hizo parte de
lo analizado en la sentencia C-388 de 2000.
3.2.2. El estudio de
constitucionalidad del artículo 158 de la ley 1098 de 2006.
53. Afirma el actor que los
apartes acusados del artículo 158 del C.I.A. son inconstitucionales por
violación del derecho de igualdad, con lo que además se desconoce el deber
establecido en el artículo 250 constitucional para la Fiscalía, de perseguir el
delito y acusar a sus responsables sin que se discrimine entre los responsables
del mismo. En este sentido, no encuentra justificación para que el legislador
haya incluido la regla de que la no comparecencia del menor infractor a la
etapa de juzgamiento, fuerza a suspender el proceso y por tanto a extender el
término de la prescripción de la acción en un tercio. Porque, en su opinión, el
juicio en ausencia del menor no impide alcanzar el propósito de proteger al
menor del ambiente de delincuencia, ni de orientarlo hacia el respeto de las
normas de convivencia, y tampoco veda las opciones de ordenar como forma de
establecer la responsabilidad, las medidas que resulten más convenientes al
adolescente juzgado.
El Instituto de Bienestar
Familiar, después de considerar los ingredientes que componen el debido
juzgamiento del menor y de reconocer que el deber de la Fiscalía no se
encuentra restringido, propone entre líneas una declaratoria de
constitucionalidad condicionada, por cuya virtud el precepto se interprete en
el entendido de que el adolescente que no comparezca al proceso dentro del
sistema de responsabilidad penal, deba en todo caso estar representado por un
defensor técnico que le asista en el juicio y garantice la opción de demostrar
su inocencia, honra y buen nombre.
Algo semejante
ocurre con la intervención del Ministerio del Interior y de Justicia, al
señalar que el problema propuesto por el actor se soluciona interpretando la
norma de modo tal que se entienda así: Primero, que la suspensión del proceso
penal solo opere en los casos en que el adolescente implicado esté debidamente
identificado y ubicado por el Estado y no pueda comparecer en la etapa de
juzgamiento para ejercer su derecho a la defensa material, por causas no
imputables a él. Segundo, que la prescripción de la acción se interrumpa hasta
tanto el adolescente procesado comparezca al proceso. Dos proposiciones
interpretativas con las que estima se  resuelve la posible discriminación
observada en cuanto a las condiciones de juzgamiento del adulto respecto del adolescente.
Por su parte, el
Procurador General de la Nación estima que el precepto es constitucional pues
representa los criterios constitucionales que rigen el trato de los menores y
su legítima y necesaria diferenciación respecto de los adultos.
54. Como
quiera que el problema jurídico planteado hace referencia a la violación de la
igualdad, pasa la Corte a revisar brevemente algunos las líneas generales de la
jurisprudencia constitucional sobre este asunto.
55. Conforme
a la reciente sentencia C-748 de 2009, la jurisprudencia de esta Corporación ha
reconocido la compleja naturaleza jurídica de la igualdad, como derecho y como
principio[37].
De manera reiterada se ha dicho que la igualdad en sus distintas
manifestaciones[38], “constituye el
fundamento insustituible del ordenamiento jurídico que emana de la dignidad
humana, pues se deriva del hecho de reconocer que todas las personas (…) tienen
derecho a exigir de las autoridades públicas un mismo trato y por lo tanto
merecen la misma consideración con independencia de la diversidad que exista
entre ellas”[39].
56. Ahora
bien, el mandato derivado del derecho constitucional fundamental a la igualdad
comporta un “trato igual frente a supuestos de hecho equivalentes, siempre que
no existan razones suficientes para otorgarles un trato diferente, y un mandato
de tratamiento desigual que obliga a diferenciar entre situaciones diferentes y
a otorgar un trato disímil, siempre que éste resulte razonable y conforme con
los valores y principios constitucionales”[40].
Por ello se reconoce como un concepto relacional, que no es aplicable de forma
mecánica o automática, pues “no sólo exige tratar igual a quienes se encuentren
en situaciones similares, sino también de forma desigual a los sujetos que se
hallen en situaciones disímiles[41]”.
Lo anterior
determina que el control judicial del respeto al derecho fundamental a la
igualdad de trato sea una operación compleja, en la medida en que “no existen
en sí mismas situaciones o personas que sean totalmente iguales o totalmente
diferentes, de suerte que las desigualdades o igualdades entre las personas o
las situaciones no son nunca absolutas sino siempre parciales, esto es,
similitudes o diferencias, desde cierto punto de vista”[42].
57. A estos
efectos es que se ha establecido que “para precisar si el trato diferente a dos
grupos de situaciones o personas transgrede el derecho a la igualdad es
necesario establecer un criterio de comparación, o tertium comparationis, a
partir del cual se pueda determinar si aquéllas son iguales o no, criterio que
no puede resultar arbitrario, sino que debe ser relevante, en atención a la
finalidad que persigue el trato normativo que se analiza” [43].
Junto con ello, la Corte constitucional ha diseñado un test o juicio de
igualdad, a efectos de analizar si una norma transgrede o no el principio de
igualdad, cuya estructura analítica es, como se establecía en la sentencia
C-841 de 2003, la siguiente (i) En primer término, el juez constitucional debe
establecer si en relación con el criterio de comparación o tertium
comparationis, las situaciones de los sujetos bajo revisión son similares.
En caso de hallarlas notoriamente distintas, el test no procede; (ii) Si
resulta procedente el juicio de igualdad, deberá analizarse la razonabilidad,
proporcionalidad, adecuación e idoneidad del trato diferenciado que consagra la
norma censurada, destacando los fines perseguidos por el trato disímil, los
medios empleados para alcanzarlos y la relación entre medios y fines.
Sumado a lo
anterior, la Corte Constitucional ha modulado la intensidad del juicio de
igualdad, en atención al grado de amplitud de la potestad de configuración
normativa, de que goza el legislador, la cual se determina en atención a (i) la
materia regulada; (ii) los principios constitucionales afectados por la forma
en que dicha materia fue regulada; y (iii) los grupos de personas perjudicados
o beneficiados con el trato diferente. Se aplicará entonces un juicio más
estricto cuando el margen de configuración del legislador sea menor y, leve o
intermedio, en los casos en que el legislador goce de amplia potestad de
configuración normativa[44].
58. Lo que
debe ahora preguntarse la Corte es si el problema de igualdad formulado por el
ciudadano en este proceso, resulta admisible por tratarse de situaciones
similares que reclaman el mismo tratamiento, o si por el contrario, la
desigualdad de sujetos de que se trata –adolescentes y adultos- justifica
plenamente una regulación diversa.
Como se
expuso en la sentencia C-545 de 2008[45], “la sola circunstancia
de encontrarse sometido a un proceso penal, sea en etapa instructiva o durante
el juicio, es un criterio de igualación que si bien resulta en principio
relevante (…), no es suficiente para, a partir de él, predicar la igualdad de
todos los sujetos que se encuentren en dicha situación y pretender entonces
deducir exactamente las mismas consecuencias jurídicas”.
59. De lo anterior se deduce, que en el presente asunto el
legislador ha establecido, fundado en el mandato constitucional que le impone
un trato diferenciado para con el menor, un sistema de responsabilidad penal
para adolescentes, claramente especializado y diferenciado del sistema procesal
penal común previsto para adultos, que responde a finalidades distintas,
basadas en la edad y condición del sujeto. De allí que se haya ordenado en el
artículo 140 del C.I.A.: “En materia de responsabilidad penal para adolescentes
tanto el proceso como las medidas que se tomen son de carácter pedagógico,
específico y diferenciado respecto del sistema de adultos, conforme a la
protección integral. El proceso deberá garantizar la justicia restaurativa, la
verdad y la reparación del daño.
“En caso de conflictos normativos entre las
disposiciones de esta ley y otras leyes, así como para todo efecto
hermenéutico, las autoridades judiciales deberán siempre privilegiar el interés
superior del niño y orientarse por los principios de la protección integral,
así como los pedagógicos, específicos y diferenciados que rigen este sistema”.
60. En nada desvirtúa la
especialidad y por tanto la diferenciación del régimen procesal penal del menor
respecto del adulto, el hecho de que en el artículo 144 del Código, en
concordancia con el 151 y el 163, se haya previsto la aplicación subsidiaria de
las normas de procedimiento consagradas en la ley 906 de 2004, pues como se
indicó en la sentencia C-740 de 2008, esto no quita el carácter específico del
sistema de responsabilidad penal para adolescentes
consagrado en la Ley 1098 de 2006 “y en, cambio, [se] amplían las garantías de
las que tales menores pueden ser beneficiarios”.
.
61. En estas
condiciones, como quiera que en principio no resultan equiparables los
regímenes jurídicos de orden procesal penal establecidos para adolescentes y
para adultos, el cargo por violación del principio de igualdad esgrimido por el
demandante respecto del artículo 158 del C.I.A., no resulta procedente, pues el
criterio de comparación o tertium comparationis empleado apela
situaciones notoriamente distintas.
62. No se puede olvidar que,
cuando el legislador contempla procedimientos distintos, con garantías
diferentes, ejerce, de manera legítima, como lo ha establecido esta
Corporación, su potestad de configuración legislativa[46],
que para el caso de lo previsto en el artículo 150-2 de la Constitución,
permite autónomamente determinar la estructura del procedimiento judicial a
emplear en los diferentes casos y frente a los distintos sujetos, sometido sí
al estricto cumplimiento de la preceptiva constitucional. Como en múltiples
oportunidades se ha reconocido[47] en cuanto a la fijación
de formas procesales, de acuerdo a lo previsto en los artículos 29, 150 y 228 de
la Constitución, el legislador posee amplias facultades[48].
Sobre la
libertad de configuración del legislador y sus límites en materia procesal,
dijo la Corte en sentencia C-227 de 2009:
“Ha establecido la jurisprudencia de esta Corte, que
la cláusula general de competencia de la que goza constitucionalmente el
legislador, - numeral 2º del artículo 150 del Estatuto Superior -, lo habilita con
amplio margen de configuración, para regular los procedimientos, las  etapas,
los términos, los efectos y demás aspectos de las instituciones procesales en
general.
“La relevancia de esta atribución constitucional, ha
sido destacada por la Corte, al señalar que tal prerrogativa le permite al
legislador fijar las reglas a partir de las cuales se asegura la plena
efectividad del derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 C.P.), y del
acceso efectivo a la administración de justicia (artículo 229 C.P.). Además,
son reglas que consolidan la seguridad jurídica, la racionalidad, el equilibrio
y finalidad de los procesos, y permiten desarrollar el principio de legalidad propio
del Estado Social de Derecho[49].
“(…) En estos términos, mientras el legislador, no
ignore, obstruya o contraríe las garantías básicas previstas por la
Constitución, goza de discreción para establecer las formas propias de cada
juicio, entendidas éstas como ‘el conjunto de reglas señaladas en la ley
que, según la naturaleza del proceso, determinan los trámites que deben
surtirse ante las diversas instancias judiciales o administrativas’ ”[50].
63.
Determinada pues la materia constitucional relevante para analizar el asunto
planteado por el actor, encuentra la Corte que el problema jurídico propuesto
contra el artículo 158 de la ley 1098 de 2006, se debe enfocar mas bien desde
esta perspectiva, a efectos de establecer si la ordenación en él contenida se
enmarca dentro del ámbito de libre configuración legislativa o si al contrario,
la prohibición de adelantar el juzgamiento del menor ausente, la suspensión del
proceso y la consecuencia derivada sobre el término de prescripción de la
acción penal, han desbordado los límites constitucionales dispuestos para
regular dicha materia.
Porque como se ha dicho también
con reiteración, la potestad de configuración normativa reconocida en materia
procesal, aunque es amplia y en ese tanto debe ser garantizada por el juez, no
es ni puede ser absoluta ni arbitraria en un Estado constitucional[51],
sino que debe desarrollarse conforme a los límites que impone la Carta[52].
De allí que, se apuntaba en la
sentencia C-227 de 2009, la doctrina constitucional haya  considerado que la
competencia normativa del legislador resulta acorde con el estatuto superior,
siempre y cuando tenga en cuenta los siguientes aspectos: “i) que atienda
los principios y fines del Estado tales como la justicia y la igualdad
entre otros; ii) que vele por la vigencia de los derechos fundamentales de los
ciudadanos[53] que en el caso
procesal (…) puede implicar derechos como el debido proceso, defensa y acceso a
la administración de justicia (artículos  13, 29 y 229 C.P.) [54];
iii) que obre conforme a los principios de razonabilidad y proporcionalidad en
la definición de las formas[55] y iv) que permita la
realización material de los derechos y del principio de la primacía del derecho
sustancial sobre las formas (artículo 228 C.P.)[56]”.
64. Con base en lo anterior, debe
efectuar la Corte constitucional el escrutinio correspondiente sobre la
disposición acusada, con el objeto de establecer si la configuración normativa
en él dispuesta, a partir de la competencia prevista en el artículo 150, 2 CP,
es compatible con la Constitución.
65. En lo
que hace referencia al respeto de los principios y fines del Estado, la Corte
encuentra que lo ordenado en el artículo 158 del C.I.A. se ajusta a los
mandatos constitucionales. En efecto, establecer la imposibilidad del
juzgamiento en ausencia del adolescente y determinar en consecuencia la
suspensión del proceso, recoge los principios constitucionales relacionados con
el trato a los menores de edad. Es decir, que hay en esta disposición de
talante garantista, una manifestación del reconocimiento del menor como sujeto
de especial protección, con prevalencia, respecto de los bienes jurídicos
subjetivos y objetivos que se persiguen en el procedimiento penal, de sus
derechos de defensa material y debido proceso con plenitud de garantías, a
través de asegurar un juzgamiento sólo con la presencia del mismo en el
proceso.
Al mismo
tiempo, se trata de una medida que refleja la disposición de un orden justo, en
la que se plasma simplemente y como lo ha reconocido la jurisprudencia de esta
Corte, la regla general según la cual, el juicio de responsabilidad penal se
debe producir en  presencia del procesado[57].
66. En esta
línea y por las mismas razones, no se vulnera el principio axial de la
igualdad.
A este
respecto es oportuno indicar que, a pesar de haberse descartado un problema de
esta naturaleza como enfoque para analizar el asunto planteado por el actor,
como lo ha precisado la jurisprudencia constitucional, no obstante que un
tratamiento diferenciado “… no constituye –per se- violación al principio de
igualdad constitucional, porque la disímil estructura jurídica de una y otra
excluye el tratamiento equivalente …”, dicha conclusión “… no resuelve
lo atinente a la legitimidad del trato diferenciado objeto de la demanda, ya
que es claro que no cualquier tratamiento diferente podría autorizarse con el
simple argumento de que el trato diferente está permitido.”. Ello en razón
a que  “[a]demás de estar permitido, el trato diferencial debe ser legítimo,
razonado y proporcional” [58].
Así las
cosas, se puede agregar que la diferenciación establecida por el artículo 158
del C.I.A., resulta legítima y razonable, en cuanto a que con ella se
manifiestan las condiciones especiales del sujeto, el trato especializado que
el mismo reclama, en punto a fijar para su caso lo que se ha dicho: la regla
general del juzgamiento sólo con presencia del reo.
67. Por su parte, lo previsto en
la disposición vela por la vigencia de los derechos fundamentales del menor, en
particular los directamente relacionados con este asunto, a saber, su derecho
de defensa y su debido proceso.
En tal sentido, en sentencia
C-684 de 2009, en la cual se analizaba una disposición del Código de infancia y
adolescencia, la Corte desarrolló un pormenorizado estudio sobre los elementos
que integran el debido proceso en las etapas de investigación y juzgamiento de
menores por responsabilidad penal. Lo anterior, fundado en lo previsto tanto en
la Constitución como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[59],
la Convención Americana sobre Derechos Humanos[60], la Convención sobre los
Derechos del Niño[61], las Reglas Mínimas de
las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores, conocidas
como “Reglas de Beijing” (aprobadas mediante Resolución 40/33 del 28 de
noviembre de 1985), y las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de
los menores privados de libertad (aprobadas mediante Resolución 45/113 del 14
de diciembre de 1990)[62].
Un estudio a partir del cual
concluye:
“De los diversos instrumentos internacionales a los
que se ha hecho alusión se desprende en primer lugar que el sistema de
responsabilidad penal de las personas menores de edad debe contar con leyes,
órganos, objetivos, sanciones y procedimientos propios, los cuales deben ser
específicos y diferenciados respecto a los previstos para la investigación y
juzgamiento de los mayores de edad. Adicionalmente que todas las garantías
constitutivas del derecho al debido proceso consagradas en instrumentos
internacionales de derechos humanos son aplicables en estos casos, entre las
que se cuenta el principio de legalidad, la garantía del juez natural, la
presunción de inocencia, el derecho a ser notificado de las acusaciones, el
derecho a no responder, el derecho a la defensa técnica, el derecho a la
contradicción de la prueba, el derecho a la segunda instancia, a las cuales se
adicionan otras garantías especiales dirigidas a proteger el interior superior
de los niños, niñas y adolescentes investigados y juzgados penalmente tales
como el derecho a la presencia de los padres o tutores, la especial protección
a la intimidad. Este conjunto de derechos procesales tiene como finalidad
asegurar un “juicio imparcial y equitativo”, el cual además “se debe adelantar
de manera tal que se permita que participe en él y se exprese libremente”, tal
como exigen las reglas de Beijing a las que previamente se hizo alusión. Pues
no se puede perder de vista que la especial condición de los niños, las niñas y
los adolescentes no justifica reducir el ámbito del derecho al debido proceso,
sino que por el contrario, es el fundamento de mayores exigencias para las
autoridades que han de crear las condiciones para asegurar el goce efectivo de
las garantías constitutivas de este derecho” (resaltado fuera del
original).
68. Con base
en tales consideraciones, a esta Sala le resulta nítido que la previsión
consagrada en el artículo 158 del C.I.A., dispuesta en el marco de potestad de
configuración normativa reconocida al legislador, es constitucional como quiera
que con ella se refuerzan las condiciones para que el adolescente acusado pueda
ejercer su defensa material, contradecir las pruebas, participar en el juicio y
expresarse libremente, a modo de reconocer su especial condición que justifica
ampliar el ámbito del derecho al debido proceso, así como mayores exigencias
para las autoridades, para asegurar que el menor goce efectivamente de tales
garantías constitutivas de su derecho.
69.
Similares argumentos a los hasta ahora exhibidos, sirven para reconocer la
exequibilidad del precepto en términos de su razonabilidad y proporcionalidad.
Esto por
cuanto las formas que en él se establecen, son acordes con la regla general
prevista para todo proceso y según la cual el mismo debe adelantarse con la
presencia del inculpado.
70. La
sentencia C-425 de 2008  al analizar una disposición del Código de
procedimiento penal que autorizaba una actuación procesal con reo ausente,
observó, de acuerdo con la jurisprudencia nacional y extranjera, que “el
derecho a la defensa material supone, entre otras garantías, el derecho del
sindicado a comparecer personalmente al proceso, a enfrentar los cargos
que pesan en su contra, haciendo el propio relato de los hechos, suministrando
las explicaciones o justificaciones que considere pertinentes en su favor[63],
también ejerciendo actos positivos de oposición a las pruebas de las cuales se
desprende su señalamiento como posible autor o partícipe de la comisión de un
delito[64], a ver el
expediente[65] y a escoger
libremente el derecho a guardar silencio como estrategia de defensa[66]”.
De allí , se añade, “aparece claro que de la interpretación sistemática de
los artículos 28 y 29 de la Constitución y de los artículos 14 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 8º de la Convención Americana
de Derechos Humanos se deduce, de un lado, que la disposición del detenido ante
el juez competente se refiere a su presentación física y, de otro, que su
presencia en el proceso penal constituye un mecanismo de garantía efectiva para
el derecho a la defensa material del indiciado” (itálicas fuera del original).
Se trata, hay
que reiterar, de una forma de hacer efectiva la defensa técnica y material por
lo cual, la presencia física del procesado es la regla general consagrada en la
Ley 906 de 2004. Esto significa que las actuaciones que durante el proceso y
aún en la etapa de juzgamiento se han autorizado por la legislación y avalado
en su constitucionalidad por esta Corporación, son en todo caso, como se apuntó
en la sentencia C-100 de 2003, “la ultima ratio frente a la imposibilidad
de ubicar a la persona comprometida en una investigación penal y no la regla
general en la vinculación de los individuos a los procesos penales” y
constituye una herramienta eficaz para “el esclarecimiento de la verdad a
partir del recaudo exhaustivo de las pruebas y del suministro de un defensor de
oficio que recibe plenas facultades para dirigir eficazmente la defensa
técnica”.
71. De igual modo en
sentencia C-591 de 2005, relativo a disposiciones de la misma índole, se
concluye que: “Es la regla general, que no se pueden adelantar investigaciones
o juicios en ausencia; tanto menos en el marco de un sistema procesal penal de
tendencia acusatoria caracterizado por la realización de un juicio oral,
público, con inmediación de las pruebas, contradictorio, concentrado y con
todas las garantías” y que “sólo de manera excepcional, y con el único
propósito de dar continuidad y eficacia a la administración de justicia en
tanto que servicio público esencial, la Constitución y los tratados
internacionales sobre derechos humanos, pueden admitirse las figuras de la
declaratoria de persona ausente y la contumacia, casos en los cuales la
audiencia respectiva se realizará con el defensor que haya designado para su representación,
o con el defensor que le designe el juez, de la lista suministrada por el
sistema nacional de defensoría pública, según el caso”.
Rematando lo dicho agrega
la misma sentencia: “Con todo, siendo mecanismos de carácter excepcional, su
ejecución debe estar rodeada de un conjunto de garantías y controles
judiciales”, como el haberse verificado “de manera real y material y no
meramente formal, que al fiscal le ha sido imposible localizar a quien requiera
para formularle la imputación o tomar alguna medida de aseguramiento que lo
afecte, y se le hayan adjuntando los elementos de conocimiento que demuestren
la insistencia en ubicarlo mediante el agotamiento de mecanismos de búsqueda y
citaciones suficientes y razonables para obtener la comparecencia del
procesado” (itálicas fuera del original).
72. De lo
hasta aquí dicho se puede entender con toda claridad, que la disposición que
crea como garantía para el adolescente infractor, que el juicio en su contra no
pueda ser adelantado en su ausencia, forzando así a la suspensión del proceso,
no es una medida arbitraria o irracional, sino que opuesto a ello, es
consistente con las reglas generales del procedimiento y la procura de hacer
efectivas las garantías connaturales a un debido proceso.
73. No se
crea con lo dispuesto en el artículo 158 del C.I.A., una discriminación
positiva desproporcionada que desborde los límites constitucionales del poder
de configuración del legislador, sino que se encuentra ajustada al garantismo
procesal penal propio a la Constitución. Se trata por cierto de medidas que con
referencia al cuarto requisito con el que se juzga la validez de la disposición
ejercida en el marco de la potestad normativa del Congreso, satisfacen la
realización material de los derechos del procesado, como menor, como sujeto de
especial protección respecto del cual se procura su interés superior, así como
la eficacia de su derecho sustancial.
74. Por otro lado y con
referencia a las víctimas del delito, puede decirse igualmente que protege en
todo caso sus derechos e intereses cuya garantía y salvaguarda hace parte
esencial del sistema procesal penal, en la medida en que la limitación que
estos sufren ante la imposibilidad de continuar con el juicio y procurar
obtener una sentencia para reclamar su derecho a la justicia, a la verdad y a
la reparación integral, se compensa con la extensión del término de
prescripción de la acción penal en una tercera parte. Esta medida, entonces,
reduce las opciones de que no pueda establecerse la responsabilidad penal y a
su vez mejora las posibilidades de que el adolescente sea traído al proceso,
juzgado y en su caso declarado responsable del delito.
75. Ahora
bien, no puede la Corte agotar el estudio de validez de la norma sin considerar
con mayor detenimiento, cuáles son los otros bienes jurídicos que están en
juego en el proceso penal distintos del derecho de defensa y debido proceso del
menor inculpado.
Son ellos,
como ocurre en todo proceso penal, la eficacia y continuidad de la
administración de justicia, el deber del Estado de juzgar al responsable de
hechos delictivos y los derechos de las víctimas a conocer la verdad y a
obtener la justicia y reparación de los daños causados. En esta línea, para el
caso del menor y según lo previsto en el artículo 140 del C.I.A., son también “garantizar
la justicia restaurativa, la verdad y la reparación del daño”, mediante la
imposición de medidas de “carácter pedagógico, específico y diferenciado”.
76. Tales
bienes jurídicos de carácter objetivo y subjetivo, no cabe duda que resultan
afectados por la ordenación del artículo 158 del C.I.A, en la medida en que la
administración de justicia con eficiencia (sin dilaciones injustificadas), el
deber de perseguir el delito y la realización de los derechos de las víctimas,
quedan en suspenso hasta cuando se logre la comparecencia del procesado.
77. Por lo
que hace referencia a los dos primeros, por su condición de bienes objetivos, podría
afirmarse sin mayores dificultades que la ponderación dispuesta por el
legislador es prima facie constitucional, dado el carácter prevaleciente
de los derechos de los menores, su condición de sujetos de especial protección
y la prosecución de su interés superior. Y, tras analizar  con mayor
profundidad el asunto, se encuentra que tampoco hay allí una restricción desproporcionada
de aquellos.
A
este respecto, estima la Corte que lo previsto en el artículo 158 del C.I.A. presupone
que la Fiscalía haya adelantado y siga adelantando, una vez suspendido el
proceso, todas las actuaciones a su alcance para hacer posible la comparecencia
del adolescente infractor (art. 250-1 de la CP). De este modo no sólo se reduce
el impacto de la limitación dispuesta sobre la función pública de administrar
justicia con eficiencia y de punir la actuación delictiva, sino que también se
facilitan las condiciones para hacer efectivos los derechos de las víctimas,
así como el discurso constitucional de los menores de edad y las normas propias
a su debido proceso.
78. Porque sólo
así, con el trabajo denodado de las autoridades competentes, se crean las
opciones serias para hacer comparecer al menor acusado y en el caso de ser éste
responsable, administrar justicia, conocer la verdad y reparar a las víctimas.
A través de su sometimiento al sistema de responsabilidad penal especial y
diferenciado dispuesto, al mismo tiempo se hace posible que el adolescente
infractor sea juzgado y pueda participar en dicha etapa procesal, defenderse
materialmente, comprender lo reprochable de su actuación, reconocer a la
víctima y valorar en su integridad el daño causado. Y, en el evento de que
reciba sanción, pueda el juez proferir un fallo que atienda a las condiciones
específicas del menor y enseñarle, con los medios pedagógicos que encuentre
pertinentes y adecuados (art. 140 C.I.A.), la forma de asumir su proyecto de
vida en sociedad, con la libertad derivada de su condición humana, con la
igualdad y la desigualdad legítimas que le sean reconocibles, pero también con
el respeto y solidaridad que le han de merecer los derechos de los otros y los
intereses públicos y colectivos.
79. Esta
observación aunque resulta suficiente para determinar la razonabilidad de lo
dispuesto en el artículo 158 C.I.A. respecto de los bienes objetivos en juego,
no lo es con relación a los derechos de las víctimas. Estos son de orden
subjetivo y, conforme la jurisprudencia, de carácter constitucionalmente
relevante[67],
iusfundamental[68] y seña indeleble del
Estado social de derecho en el sistema procesal penal, cuya protección y
satisfacción se convierte en uno de los principales fines del proceso[69].
80. Frente a
este punto, conviene recordar el significado de la
justicia restaurativa, sobre la cual dijo la Corte en sentencia C-979 de 2005[70]:
“Así, la  justicia restaurativa se presenta como un
modelo alternativo de enfrentamiento de la criminalidad, que sustituye la idea
tradicional de retribución o castigo, por una visión que rescata la importancia
que tiene para la sociedad la reconstrucción de las relaciones entre víctima
y victimario. El centro de gravedad del derecho penal ya no lo constituiría
el acto delictivo y el infractor, sino que involucraría una especial consideración
a la víctima y al daño que le fue inferido.
“Conforme a este modelo, la respuesta al fenómeno de
la criminalidad, debe  diversificar las finalidades del sistema. Debe estar
orientada a la satisfacción de los intereses de las víctimas (reconocer
su sufrimiento, repararle el daño inferido y restaurarla en su dignidad), al
restablecimiento de la paz social, y  a la reincorporación del infractor a la
comunidad a fin de restablecer los lazos sociales quebrantados por el delito,
replanteando el concepto de castigo retributivo que resulta insuficiente para
el restablecimiento de la convivencia social pacífica” (resaltado fuera del
original). .
81. Esta
noción, incorporada por el legislador en el Código de Infancia y Adolescencia
como objetivo que debe garantizar el proceso de responsabilidad penal del menor
(artículo 140), pone de presente otra vez el valor esencial que en el orden
jurídico, tienen las víctimas y la realización de sus derechos. Por esto
conviene establecer si, con todo y la preponderancia que poseen los menores en
el orden superior, la construcción normativa creada por el legislador en el
artículo 158 del C.I.A. no representa una afectación desproporcionada de los
derechos de las víctimas, también reconocidos por el derecho constitucional colombiano
como especialmente valiosos.
82. Frente a
este cuestionamiento encuentra la Sala que como con acierto lo planteaban ambos
intervinientes, la configuración del legislador es constitucional en la medida
en que la ausencia del menor tenga justificación y no obedezca, simplemente, a
la renuencia a comparecer o a la contumacia como forma de eludir las
obligaciones que ante sí mismo, las víctimas del delito, la sociedad y el
Estado, contrajo con ocasión del delito.
En este
evento, estima la Corte constitucional, no hay derecho prevalente alguno,
porque no existe ni puede existir el derecho de burlar la justicia y los
derechos de las víctimas. Tampoco dicha actuación elusiva del infractor
representa una forma propia del interés superior del menor que legitime
materialmente suspender el proceso, no adelantar el juzgamiento y permitir que
la acción prescriba con el paso del tiempo. Todo lo contrario. Amparar bajo los
supuestos del artículo 158 del C.I.A. al adolescente que, a sabiendas, no
quiere acudir al proceso, se convertiría en una manifestación irrazonable y
desproporcionada de lo ordenado por el precepto.
83. Así y en
desarrollo del principio de conservación del derecho y en uso de la anología iuris
(en atención a lo previsto en los artículos 291 y 339 del C.P.P.), lo
expuesto conduce entonces a la declaratoria de exequibilidad condicionada de la
expresión “Los adolescentes sometidos a procesos judiciales por
responsabilidad penal no serán juzgados en su ausencia”, del artículo 158
del C.I.A., bajo el entendido de que la misma no incluye al infractor
contumaz o rebelde.
Es decir que
si la Fiscalía, conforme con las competencias que le corresponden (artículos
250 CP y 114 del C.P.P.), determina que el adolescente infractor, habiendo sido
citado en debida forma al proceso, no ha comparecido al mismo sin causa por
éste justificada así sea sumariamente, o hace saber que no desea participar de
él, así deberá informarlo al juez competente. Este, en consecuencia deberá dar
trámite a todas las etapas del proceso penal en su contra, incluida la
investigación y el juzgamiento, sin que haya lugar ni a suspensión del proceso
ni a la extensión del término de prescripción de la acción penal. En todo caso,
deberá asegurarse la plenitud de garantías del derecho de defensa que le son
predicables al menor, conforme lo previsto por la jurisprudencia constitucional[71],
a través del apoderado, el defensor público y el defensor de familia en lo que
a éste concierne.
84. En
definitiva, se declarará la exequibilidad condicionada del artículo 158 del
C.I.A., en los términos que preceden.
V.
DECISIÓN
En mérito de
lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia, en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
R
E S U E L V E
PRIMERO: INHIBIRSE de
emitir pronunciamiento de fondo respecto de la constitucionalidad de los apartes
acusados del artículo 150 de la Ley 1098 de 2006, por ineptitud de la demanda.
SEGUNDO: INHIBIRSE de
emitir pronunciamiento de fondo respecto de los apartes acusados del artículo
197 de la Ley 1098 de 2006, por ineptitud de la demanda.
TERCERO: INHIBIRSE de
emitir un pronunciamiento de fondo respecto de la constitucionalidad de los
apartes acusados del artículo 199 de la ley 1098 de 2006, por ineptitud de la
demanda.
CUARTO: ESTARSE A LO
RESUELTO en la sentencia C-388 de 2000 y, en consecuencia, declarar EXEQUIBLE
la expresión “En todo caso se presumirá que devenga al menos el salario
mínimo legal”, contenida en el artículo 129 de la Ley 1098 de 2006.
QUINTO: Declarar la EXEQUIBILIDAD
del artículo 158 de la Ley 1098 de 2006, bajo el entendido de que su
interpretación será la expresada en los términos de los fundamentos jurídicos
82 y 83 de esta providencia.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase
y archívese el expediente.
NILSÓN PINILLA
PINILLA
Presidente
MAURICIO GONZÁLEZ
CUERVO
Magistrado
Impedimento
aceptado.
MARÍA VICTORIA CALLE
CORREA
Magistrada
JUAN CARLOS HENAO
PÉREZ
Magistrado
GABIEL EDUARDO MENDOZA
MARTELO
Magistrado
JORGE IVÁN PALACIO
PALACIO
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT
CHALJUB
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO
SIERRA PORTO
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS
SILVA
Magistrado
MARÍA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] No se incluyen en tal
presentación las siguientes intervenciones extemporáneas, en las que se
incluyen, en términos generales, estas observaciones: i) Escrito del Director
del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Sergio Arboleda, en el cual
solicita: frente al artículo 129, parcial, del Código de infancia y
adolescencia, estarse a lo resuelto en la sentencia C-388 de 2000;  sobre los
artículos 158, parcial y 197 parcial, estima necesario declarar su
constitucionalidad. Y en lo que hace a los apartes acusados de los artículos
150 y 199, estima que deben ser declarados inexequibles por vulnerar
abiertamente el orden jurídico superior (folios 102-146); ii) Escrito del
miembro de número de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, doctor Carlos
Fradique-Méndez, en el cual se solicita declarar exequible el artículo 129, en
atención a lo dispuesto en la sentencia C-388 de 2000; sobre el artículo 150
parcial, solicita que sea declarada su constitucionalidad condicionada a que el
testimonio del menor pueda ser controvertido por el sindicado; en cuanto al
artículo 158 parcial, estima que la norma acusada debe declararse inexequible;
en cuanto al artículo 197 parcial del Código de infancia y adolescencia, estima
que no hay cargo concreto, pero que en el caso de pronunciarse de fondo, la
Corte debe declararlo conforme a la Constitución. Y en lo que atañe al artículo
199, estima que su constitucionalidad debe ser condicionada, de modo que no se
aplique en el caso en que el procesado o el responsable penalmente, haya
reparado integralmente a la víctima y se haya resocializado (folios 150-159);
iii) Escrito de profesores de la facultad de derecho de la Universidad de
Caldas, quienes solicitan que: el artículo 129 parcial de la ley 1098 de 2006,
sea declarado constitucional por operancia de la cosa juzgada material; y en lo
que hace referencia a los apartes acusados de los artículos 150, 158, 197 y
199, estiman que deben ser declarados constitucionales, por razón de la
especial protección que merecen los niños, niñas y adolescentes conforme la
Constitución y los tratados internacionales suscritos por Colombia (folios
161-167).
[2] Correspondiente al No. 4839 y presentado
a la Corte Constitucional con fecha de 29 de agosto de 2009.
[3] Ver entre muchas, el precedente C-1052
de 2001 y de modo más reciente las sentencias C-370 de 2006, C-922 de 2007 y
C-923 de 2008.
[4]  Dice en concreto esta disposición: “El
magistrado sustanciador tampoco admitirá la demanda cuando considere que ésta
no incluye las normas que deberían ser demandadas para que el fallo en sí mismo
no sea inocuo (…). La Corte se pronunciará de fondo sobre todas las normas
demandadas y podrá señalar en la sentencia las que, a su juicio, conforman
unidad normativa con aquellas otras que declara inconstitucionales”.
[5] Entre muchas otras, pueden consultarse
las sentencias C-064, C-335, C-1155, C-1299 de 2005; C-109 de 2006, C-871 de
2003, C-204 de 2001.
[6] Sobre casos en los cuales la Corte ha integrado una
proposición jurídica completa y se ha pronunciado sobre apartes normativos no
acusados que conformaban una unidad lógico-jurídica inescindible con otros
apartes sí demandados, pueden consultarse, entre otras, las sentencias C-560 de
1997, C-565 de 1998, C-1647 de 2000, C-1106 de 2000 y C-154 de 2002.
[7] Esta última hipótesis proveniente de la
sentencia C-320 de 1997.
[8] Sentencias C-154 de 2002 y C-1155 de
2005, entre otras.
[9] Sentencia C-233 de 2003 y C-064 de 2005.
[10] Sentencia C-109 de 2006
[11]  Este caso atendía la demanda de
inconstitucionalidad contra algunos incisos del art. 203 de la Ley 115 de 1994
que establecía las excepciones a la prohibición general para los
establecimientos educativos, de cobrar bonos y cuotas, las cuales creaban una
discriminación a favor de unos establecimientos y en contra de otros. Visto por
el Juez constitucional que tal pretensión imponía una valoración completa de la
disposición, integra la proposición, por cuanto la excepción sólo podía
valorarse a partir del estudio de constitucionalidad de la regla, a fin de
evitar que se declarara la inexequibilidad de la parte acusada de la norma (la
excepción a la prohibición total) y de que por tanto quedara en firme la
prohibición absoluta, sin haber sido confrontada por el juez constitucional.
[12] En el mismo sentido, vid. Sentencias C-381 de 2005,
C-1032 de 2006 y C-857 de 2008.
[13] Sentencias T-397 de 2004, T-466 de 2006,
C-507 de 2005, C-684 de 2009.
[14] La Convención sobre los Derechos del
Niño consigna en su artículo 3-1 que “en todas las medidas concernientes a los
niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los
tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una
consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”.
El artículo 3-2, prevé que “los Estados partes se comprometen a asegurar al
niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo
en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas
responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas
legislativas y administrativas adecuadas”. El artículo 24-1 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala que “todo niño tiene
derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma,
religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las
medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su
familia como de la sociedad y del Estado”. En el mismo sentido el artículo 19
de la Convención Americana de Derechos Humanos, según el cual “todo niño tiene
derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por
parte de su familia, de la sociedad y del Estado”, y el artículo 10-3 del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que prevé: “se
deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia a favor de todos los
niños y adolescentes, sin discriminación alguna por razón de filiación o
cualquier otra condición”. También el Principio 2 de la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño dispone que los niños gozarán de
especial protección, y serán provistos de las oportunidades y recursos
necesarios para desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente
de manera normal y sana, y en condiciones de libertad y dignidad; para ello,
precisa la Declaración, las autoridades tomarán en cuenta, al momento de
adoptar las medidas pertinentes, el interés superior del menor como su
principal criterio de orientación; e igualmente, la Declaración Universal de
Derechos Humanos de 1948, en su artículo 25-2, establece que “la maternidad
y la infancia tienen derecho a cuidados de asistencia especiales”, y que “todos
los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual
protección social”.
[15] Ver sobre el particular el exhaustivo
recuento de la sentencia T-137 de 2006 sobre la evolución legislativa de la
protección a la infancia en Colombia.
[16]Sentencia T-514 de 1998 . En sentido
semejante, sentencia T-979 de 2001.
[17] Sentencia T-408 de 1995, reiterada en
las sentencias T-292 de 2004, T-397 de 2004 y T-466 de 2006.
[18] Sobre este extremo se precisó en la
sentencia T-510 de 2003, “el sentido mismo del verbo ‘prevalecer’ implica,
necesariamente, el establecimiento de una relación entre dos o más intereses
contrapuestos en casos concretos, entre los cuales uno (el del menor) tiene
prioridad en caso de no encontrarse una forma de armonización”. Por lo
tanto, en situaciones que se haya de determinar cuál es la opción más favorable
para un menor en particular, se deben necesariamente tener en cuenta los
derechos e intereses de las personas vinculadas con tal menor, en especial los
de sus padres, biológicos o de crianza; “sólo así se logra satisfacer
plenamente el mandato de prioridad de los intereses de los niños, ya que éstos
son titulares del derecho fundamental a formar parte de una familia, por lo
cual su situación no debe ser estudiada en forma aislada, sino en el contexto
real de sus relaciones con padres, acudientes y demás familiares e interesados.
Esta es la regla que establece el artículo 3-2 de la Convención sobre Derechos
del Niño, según el cual ‘los Estados se comprometen a asegurar al niño la
protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en
cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas
responsables de él ante la ley”. En todo caso cuando se presente un
conflicto irresoluble entre los derechos de los padres y los del menor, la
solución deberá ser la que mejor satisfaga el interés superior del menor:
“de allí que los derechos e intereses de los padres únicamente puedan ser
antepuestos a los del niño cuando ello satisfaga su interés prevaleciente, y
que en igual sentido, únicamente se pueda dar primacía a los derechos e
intereses de los niños frente a los de sus padres si tal solución efectivamente
materializa su interés superior. Así, no es posible trazar una norma abstracta
sobre la forma en que se deben armonizar tales derechos, ni sobre la manera en
que se han de resolver conflictos concretos entre los intereses de los padres y
los del menor – tal solución se debe buscar en atención a las circunstancias
del caso”.
[19] Vid. sentencia C-1064 de 2000.
[20] Vid. sentencia C-019 de 1993.
[21] Por esto se decía en la sentencia C-684
de 2009, que las medidas de protección especial derivadas de la condición de
sujetos de especial protección, pueden ser de distinta naturaleza y determinar
regulaciones especiales en asuntos de variada índole como alimentos (C-994 de
2004), las guardas, las incapacidades y las nulidades (C-534 de 2005), pero las
medidas de protección también pueden ser de índole penal (C-1095 de 2003) o
laboral (C-170 de 2004).
[22] Corolario del anterior principio, se
decía en la sentencia C-997 de 2004, en la que se juzgaba la constitucionalidad
de un precepto del código civil que establecía unas causales de terminación de
la patria potestad, retomando lo previsto en la sentencia T-397 de 2004, es
que: “las autoridades administrativas y judiciales encargadas de determinar el
contenido del interés superior de los niños en casos particulares cuentan con
un margen de discrecionalidad importante para evaluar, en aplicación de las
disposiciones jurídicas relevantes y en atención a las circunstancias fácticas
de los menores implicados, cuál es la solución que mejor satisface dicho
interés; lo cual implica también que dichas autoridades tienen altos deberes
constitucionales y legales en relación con la preservación del bienestar
integral de los menores que requieren su protección – deberes que obligan a los
jueces y funcionarios administrativos en cuestión a aplicar un grado especial
de diligencia, celo y cuidado al momento de adoptar sus decisiones, mucho más
tratándose de niños de temprana edad, cuyo proceso de desarrollo puede verse
afectado en forma definitiva e irremediable por cualquier decisión que no
atienda a sus intereses y derechos”.
[23] Sentencia C-684 de
2009.
[24] El artículo 66 del CC establece la
existencia de las llamadas presunciones legales y de las presunciones de
derecho. Al respecto puede consultarse, entre otras, la sentencia de 16 de
febrero de 1994 de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia
(exp. 4119) con ponencia del Magistrado Carlos Esteban Jaramillo Schools.
[25] Sobre la legitimidad constitucional de
las presunciones, señala entre otras, las sentencias C-015/93; C-109/95;
C-540/95;  C-238/97; C-622/97; C-665/98.
[26] El artículo 66 del CC establece la
existencia de las llamadas presunciones legales y de las presunciones de
derecho. Al respecto puede consultarse, entre otras, la sentencia de 16 de
febrero de 1994 de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia
(exp. 4119), con ponencia del Magistrado Carlos Esteban Jaramillo Schools.
[27] Según el inciso 5º del artículo 42 de la Carta “La
pareja tiene derecho a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos,
y deberá sostenerlos y educarlos mientras sean menores o impedidos”. Así mismo
tanto el Código Civil como el Código del Menor, establecen la obligación de los
padres de otorgar alimento, vivienda, vestido, educación, salud y recreación a
sus hijos menores o incapaces.
[28] A este respecto, se trae a colación la
sentencia C-237 de 1997, que estudió la constitucionalidad del delito de
inasistencia alimentaria en donde se expresó a este respecto: “Cualquiera sea
la postura dogmática que se asuma, lo cierto es que la carencia de recursos
económicos no sólo impide la exigibilidad civil de la obligación, sino - a
fortiori - la deducción de la responsabilidad penal, dado que cuando el
agente se sustrae al cumplimiento de su obligación, no por voluntad suya, sino
por haber mediado una circunstancia constitutiva de fuerza mayor, como lo es la
carencia de recursos económicos, la conducta no es punible por ausencia de
culpabilidad (art. 40-1 Código Penal); en consecuencia, tampoco este último
cargo está llamado a prosperar”.
[29] En la que se resuelve la acción de
constitucionalidad formulada contra algunas disposiciones de la Ley 1150 de
2007 que modifican y adicionan la Ley 80 de 1993 y en donde se alegó igualmente
respecto de algunos cargos, la ocurrencia de la cosa juzgada material, por
existir un fallo anterior de la Corte relacionado con una norma similar
incluida en el propio estatuto de la contratación estatal.
[30] Acerca de este precedente, Cfr. Corte
Constitucional, sentencias C-039 de 2003 y C-096 de 2003.
[31] Sentencia C-836 de 2001, así como los
antecedentes jurisprudenciales específicos sobre el precedente constitucional
citado en la nota 14 de esta providencia.
[32] Sentencia C-447 de 1997.
[33] Sobre la aplicación del concepto de
precedentes en sistemas no anglosajones y su relación con el concepto de cosa
juzgada, en especial en Alemania, España, Francia e Italia, ver Neil MacCormick
y Robert Summers (Ed) Interpreting precedents. París, Ashgate Darmouth,
1997.
[34] Sentencias C-131 de 1993, C-083 de 1995,
T-123 de 1995, SU-047 de 1999, SU-168 de 1999.
[35] Sentencia C-774 de 2001.
[36] Cfr. sentencia  C-311 de 2002.
[37] Vid en este sentido la sentencia C-1005 de 2007.
[38] En términos generales, son ellas (i) la
igualdad ante la ley, en virtud de la cual la ley debe ser aplicada de la misma
forma a todas las personas Sentencia C-065 de 2005 (ii) la igualdad de trato,
que excluye la posibilidad de que la ley regule de forma diferente la situación
de personas que deberían ser tratadas igual; y (iii) la igualdad de protección,
que asegura efectivamente gozar de los mismos derechos, libertades y oportunidades
(Sentencia C-106 de 2004).
[39] Sobre el particular vid sentencia T-152
de 2007. .
[40] Sentencia
T-1258 de 2008.
[41] Sentencia
C-093 de 2001.
[42] Sentencia
C-1191 de 2001.
[43] Vid. sobre el punto la sentencia C-1191 de 2001.
[44] Sentencia
C-106 de 2004.
[45] Con referencia al debido proceso penal
de los congresistas ante la Corte Suprema de Justicia, respecto del proceso
ordinario adelantado contra particulares.
[46] C-316 de abril 30 de 2002.
[47] Ver entre otras las sentencias C-742 de
1999, C-384 de 2000, C-803 de 2000, C-591 de 2000, C-596 de 2000, C-1717 de
2000, C-680 de 1998.
[48]  Sentencia C-1104 de 2001.
[49] Sentencia T-001 de 1993.
[50] Sentencia C-562 de 1997.
[51] Sentencia C-309 de 2002.
[52] Sentencia C-204 de 2001. A la misma
conclusión  se llegó en este el caso de la sentencia C-228 de 2008, en el cual
se demandaban algunas disposiciones de orden procesal administrativo y judicial
de la ley 1098 de 2006, al estimar que las
disposiciones entonces acusadas eran constitucionales pues “en materia procedimental el legislador goza de potestad de
configuración normativa, siempre y cuando respete los límites impuestos por los
valores, principios y derechos fundamentales consagrados en la Constitución y
por el principio de proporcionalidad”.
[53] Sentencias C-728 de 2000 y C-1104 de
2001, entre otras.
[54] Sentencia C-1512 de 2000.
[55] Sentencias C-1104 de 2001 y  C-1512 de
2000.
[56] Sentencia C-426 de 2002.
[57] En este sentido, las sentencias C-591 de
2005, C-100 de 2003, C-248 de 2004, C-425 de 2008.
[58] Sentencia C-171 de 2004.
[59] Ratificado mediante Ley 74 de 1968,
contiene las siguientes previsiones: (i) en su artículo 6.5., establece que “no
se impondrá la pena de muerte por delitos cometidos por personas de menos de 18
años de edad”; (ii) en el artículo 10.2.b., relativo a la privación de la
libertad, dispone que “los menores procesados estarán separados de los
adultos y deberán ser llevados ante los tribunales de justicia con la mayor
celeridad posible para su enjuiciamiento”; (iii) el artículo 10.3.,
referente al régimen penitenciario, establece que “los menores delincuentes
estarán separados de los adultos y serán sometidos a un tratamiento adecuado a
su edad y condición jurídica”; (iv) el artículo 14.1. ordena que “toda
sentencia en materia penal o contenciosa será pública, excepto en los casos en
que el interés de menores de edad exija lo contrario...”; y (v) el artículo
14.4. dispone que “en el procedimiento aplicable a los menores de edad a
efectos penales se tendrá en cuenta esta circunstancia y la importancia de
estimular su readaptación social”.
[60] Ratificada mediante Ley 16 de 1972, se
refiere en dos artículos a la situación de menores de edad que son responsables
por haber violado la ley penal: (i) en el artículo 4-5, referente al derecho a
la vida, ordena que “no se impondrá la pena de muerte a personas que, en el
momento de la comisión del delito, tuvieren menos de dieciocho años de edad...”;
y (ii) el artículo 5-5, relativo al derecho a la integridad personal, establece
que “cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los
adultos y llevados ante tribunales especializados, con la mayor celeridad
posible, para su tratamiento”.
[61] Incorporada al ordenamiento interno
colombiano mediante Ley 12 de 1991, incluye importantes reglas sobre esta
materia. Resultan particularmente relevantes los artículos 37 y 40, los cuales
señalan, entre otras, las siguientes garantías procesales en el juzgamiento de
los niños: (i) el derecho a un pronto acceso a la asistencia jurídica y otra
asistencia adecuada, (ii) el derecho a impugnar la legalidad de la privación de
su libertad ante un tribunal u otra autoridad competente, independiente e
imparcial y a una pronta decisión sobre dicha acción; (iii) el principio de
legalidad, (iv) la presunción de inocencia, (v) el derecho a ser informado sin
demora y directamente o, cuando sea procedente, por intermedio de sus padres o
sus representantes legales, de los cargos que pesan contra él y que dispondrá
de asistencia jurídica u otra asistencia apropiada en la preparación y
presentación de su defensa; (vi) el derecho a que la causa será dirimida sin
demora por una autoridad u órgano judicial competente, independiente e
imparcial en una audiencia equitativa conforme a la ley, en presencia de un
asesor jurídico u otro tipo de asesor adecuado y, a menos que se considerare
que ello fuere contrario al interés superior del niño, teniendo en cuenta en
particular su edad o situación y a sus padres o representantes legales; (vii)
el derecho a no ser obligado a prestar testimonio o a declararse culpable,
(viii) el derecho a interrogar o hacer que se interrogue a testigos de cargo y
obtener la participación y el interrogatorio de testigos de descargo en
condiciones de igualdad; (ix) el derecho a una segunda instancia.
[62] Instrumentos éstos que se precisa, han
sido considerados por la jurisprudencia  de esta Corporación como la codificación
de las principales obligaciones internacionales de Colombia en la materia. Así
en sentencia C-203 de 2005. También en las sentencias C-019 de 1993, C-817 de
1999 y C-839 de 2001.
[63] Corte Suprema
de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia del 1 de junio de 2006. M.P.
Edgar Lombana Trujillo, expediente 20614.
[64] La Corte
constitucional trae como referencia la sentencia de la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Penal, de 9 de febrero de 2006. M.P. Alfredo Gómez
Quintero, expediente 23700.
[65] Se alude a la
sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, del 20 de
junio de 2005. M.P. Álvaro Orlando Pérez Pinzón, expediente 19915.
[66] Así en el caso
de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, del 22
de septiembre de 2005. M.P. Edgar Lombana Trujillo, expediente 18985.
[67] Sentencia C-823
de 2005.
[68] Sentencia C-409 de 2009, fundamentos jurídicos 33 y 46,
siguiendo el precedente constitucional.
[69] Idem, fundamento jurídico 57.
[70] Que resuelve la demanda de
inconstitucionalidad contra preceptos del CPP, alusivos a la decisión de
extinción de la acción penal, la procedencia de la acción de revisión en
procesos por violaciones de derechos humanos o infracciones graves al derecho
internacional humanitario, el control judicial en la aplicación del principio
de oportunidad y la actuación de la Fiscalía en este procedimiento y en la
mediación como forma de la justicia restaurativa.
[71] Vid. fundamentos jurídicos 67 y 68 de esta providencia y
sentencia C-684 de 2009.