T-091-06
PROYECTO DE CIRCULACIÓN RESTRINGIDA
Sentencia
T-091/06
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Estado actual de la jurisprudencia de la Corte sobre procedibilidad
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Línea jurisprudencial
PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD EN EL MARCO DE LA LEY 906/04-Estado actual de la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre
la aplicación
La
jurisprudencia constitucional de esta Corporación ha sentado varias directrices
que interesan al análisis del caso que aquí se plantea, en materia de
favorabilidad penal,  referida a la Ley 906 de 2004, así: (1) El principio de
favorabilidad como parte integrante del cuerpo dogmático de la Constitución,
conserva pleno vigor y aplicabilidad respecto de la Ley 906 de 2004, no
obstante las normas de vigencia que ella consagra, orientadas a reafirmar el
principio general de irretroactividad de la ley penal, el cual no es excluyente
sino complementario de la favorabilidad; (ii) el principio de favorabilidad
conserva su vigor en todo el territorio nacional, no obstante el método
progresivo elegido para la implantación gradual del nuevo sistema; (iii) el
principio de favorabilidad rige también situaciones de coexistencia de
regímenes legales distintos, siempre que concurran los presupuestos materiales
del principio de favorabilidad, lo que implica que no pueda ser aplicado frente
a instituciones estructurales y características del nuevo sistema y como tales
sin referente en el anterior; (iv) la aplicación del principio de favorabilidad
reclama un estudio particularizado de cada caso a fin de determinar el impacto
de las normas en conflicto sobre la situación del procesado.
FORMAS DE TERMINACION ANTICIPADA DEL PROCESO PENAL-Evolución en el sistema jurídico colombiano
TERMINACION ANTICIPADA DEL PROCESO EN EL NUEVO SISTEMA PENAL
SENTENCIA ANTICIPADA EN LEY 600 DE 2000 Y ALLANAMIENTO DE CARGOS EN
LEY 906 DE 2004-Instituciones análogas con
regulaciones punitivas diversas
DERECHO PROCESAL PENAL Y PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD/DERECHO PENAL
PREMIAL
RELACION DE POLITICA CRIMINAL ENTRE LA LEY 890 DE 2004 Y LA LEY 906
DE 2004
No es posible
predicar una relación de política criminal global (sistémica) entre el
incremento del descuento punitivo por concepto de aceptación de los cargos en
el nuevo sistema procesal penal (Art, 288.3, 351 y 356), y el incremento
generalizado de penas introducido por la Ley 890 de 2004. Se identifican
criterios específicos de política criminal que justifican la revaloración de
esta actitud procesal.
DEBIDO PROCESO Y PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD EN MATERIA PENAL
Referencia: expediente T-1209857
Acción de tutela de Héctor Fabio Carmona Toro contra el Juzgado
Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad y la Sala Penal del
Tribunal Superior del Distrito Judicial,  de Pereira.
Magistrado Ponente:
Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Bogotá, D. C.,
febrero diez (10) de dos mil seis (2006)
La Sala Cuarta
de Revisión de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
dentro del
trámite de revisión de la tutela instaurada por Héctor Fabio Carmona Toro
contra el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Pereira y la Sala Penal del Tribunal Superior de ese  Distrito Judicial.
I.
ANTECEDENTES
A.  Reseña
fáctica
1.
Mediante sentencia anticipada del 24 de marzo de
2004 Héctor Fabio Carmona Toro fue condenado a la pena principal de 9 años y 7
meses de prisión, como autor responsable del delito de homicidio. En aplicación
del artículo 40 de la Ley 600 de 2000 se le reconoció una rebaja de la tercera
parte de la pena, incluida en el señalado monto.
2.
Con fundamento en el artículo 29 inciso 3° de la
Constitución solicitó una redosificación de la pena a fin de que le fuera
aplicado el artículo 351 de la Ley 906 de 2004 que prevé una rebaja de “hasta
la mitad” de la pena para el procesado que se allanara a los cargos en la
audiencia de imputación, norma que le resulta más favorable.
3.
El Juzgado Primero de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Pereira, negó la redosificación de pena solicitada con
fundamento en los siguientes argumentos:
.1.
Que el derecho a la redosificación de la
pena por aplicación del principio de favorabilidad surge para los condenados
cuando “debido a una ley posterior al hecho ilícito cometido hubiere lugar a
la reducción, modificación, sustitución o extinción de la acción penal” (Fol.
18).
.2.
Que es la misma Carta Política la que determina
que la Ley 906 de 2004 se aplica a los delitos cometidos con posterioridad a la
vigencia que en ella se establezca, y como el hecho imputado al solicitante se
consumó antes del 1° de enero de 2005, no habría lugar a la rebaja punitiva
prevista en el artículo 351 de la citada ley.
.3.
Que no es posible “retrotraer un proceso ya
concluido” pues de patrocinarse esta tesis, ninguna de las sentencias condenatorias
ejecutoriadas dictadas en los distritos judiciales donde rige el sistema
tendría vocación de firmeza.
.4.
Que según la Ley 906 de 2004 son varios los
momentos procesales para los preacuerdos y la negociación, y ellos no tienen
correspondencia con la Ley 600 de 2000.
.5.
Que si los acuerdos obligan al juez, no podría
una de las partes sustraerse a la negociación que en su momento se llevó a cabo
válidamente y pedir algo no acordado.
.6.
Que la rebaja punitiva por preacuerdo, contenida
en el artículo 352 de la ley 906, por aceptación de la responsabilidad penal
desde la aceptación de la acusación hasta el momento del interrogatorio del
acusado al inicio del juicio oral, es equivalente a una tercera parte de la
pena imponible y tal monto ya se dedujo en su momento, por acogerse a la
sentencia anticipada, de modo que “sería inocuo acudir a esta norma”.
.7.
Que normas constitucionales y legales
dispusieron la vigencia del nuevo código de procedimiento penal para los
delitos cometidos desde el 1° de enero de 2005, lo que significa que la ley 600
de 2000 no está derogada para los ilícitos consumados antes de esta última
fecha; “es más, aún los delitos ejecutados antes del 1 de enero de 2005 cuya
sentencia no se ha producido tampoco serían susceptibles de la reducción
punitiva que reclama la defensa, por la potísima razón de que la norma que los
rige no ha salido del mundo jurídico y ésta simultaneidad normativa de
preceptos procesales indica que la voluntad del constituyente fue la
gradualidad y no la aplicación ad limitum de uno u otro texto jurídico según la
conveniencia de cada procesado o penado”.
.8.
Que hay Distritos judiciales en donde no rige la
Ley 906, y no podría en ellos acudirse a la favorabilidad “para desvanecer
la gradualidad en la aplicación de los preceptos prevista por el propio
constituyente”.
.9.
Que el artículo 79 numeral 7 del C. de P.P. “aplicable
por la dimensión ultraactiva que a la ley 600 de 2000 le dieron los artículos 5
del Acto Legislativo 03 de 2002 y 533 de la Ley 906 de 2004”, faculta a los
jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad para aplicar el principio
de favorabilidad cuando debido a una ley posterior hubiere lugar a reducción,
modificación, sustitución o extinción de la acción penal” (sic).
.10.
Que en consecuencia, la competencia del juez de
ejecución de penas para modificar la tasación penal opera únicamente por cambio
de legislación y además “por reducción de la pena del tipo específico,
concretamente para el ilícito que dio lugar a la condena”, lo que en efecto
no ocurrió. Por el contrario el artículo 14 de la Ley 890 de 2004 aumentó las
penas para los delitos de una tercera parte en el mínimo, a la mitad en el
máximo.
A partir de esa argumentación concluye que las rebajas de pena “por
obra de la etapa procesal donde opere la aceptación de responsabilidad tampoco
son de invocación ante el juez de ejecución de penas, que no puede
retrotraer actuaciones válidamente cumplidas” (Se destaca). Y niega la
solicitud de redosificación.
1.
La Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito
Judicial de Pereira, confirmó la decisión de primera instancia, con base en la
siguiente motivación:
.1.
Que se presenta un conflicto de normas constitucionales,
de un lado, la que consagra el principio de favorabilidad y, de otro, el
esquema gradual de vigencia del nuevo sistema que debe entenderse en
consonancia con el principio del debido proceso y particularmente de la
observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.
.2.
Que conforme lo ha señalado esta Corte, entre
otras oportunidades en la C-083 de 1995, la Constitución posee un valor
normativo y constituye por tanto referente obligatorio en la aplicación del
derecho.
.3.
Que tratándose de la contraposición de “postulados
constitucionales” es preciso efectuar un ejercicio de “balanceo de
principios en disputa” para determinar cuál tiene mayor peso. (Invoca las
enseñanzas del profesor Robert Alexy).
.4.
Que para encontrar el precepto constitucional
preponderante acude a “uno de los elementos del principio de
proporcionalidad: el que se refiere a la proporcionalidad en sentido estricto
que consiste en un análisis de costo beneficio (grado de intensidad de la
intervención). Que es ésta una regla de hermenéutica de carácter vinculante
según la cual “en caso de conflicto entre distintas normas que consagran o
desarrollan los derechos humanos, el intérprete debe preferir aquella que sea
menos restrictiva”.(Folio 4 sentencia tutela Tribunal).
.5.
Que una aplicación abierta y sin
condicionamientos del principio de favorabilidad, desconocería la gradualidad
en la aplicación del sistema acusatorio, circunstancia que, según el tribunal, “sería
la puerta hacia el fracaso del sistema punitivo en la mediad que sería inviable
su estructuración”.
.6.
Que por el contrario, si se le da prevalencia al
margen de vigencia gradual consagrado en el acto legislativo 03 de 2002,
tendríamos como resultado la aplicación integral de cada uno de los sistemas –
según el caso – a cada proceso de conformidad con el tiempo de consumación del
delito. Esto, dice el Tribunal, “traería orden presupuestal y el respeto por
las formas del juicio, en la medida que la filosofía de cada metodología
punitiva se mantendría incólume”.
.7.
Que la aplicación, sin distinción del principio
de favorabilidad, auspiciaría un proceder más oneroso para el Estado y para los
ciudadanos, “toda vez que el caos judicial sería evidente”, desconociéndose
el respeto por la plenitud de las formas propias de cada juicio. Concluyendo
que “los costos serían superiores a los beneficios (el grado de intensidad
en la medida sería altísimo)”.
.8.
“En consecuencia,
dice el Tribunal, si bien el principio de favorabilidad está - y continuará-
vigente el mismo resulta aplicable siempre y cuando exista identidad de
esquemas sancionatorios en casos de sucesión legislativa (así se dispuso en la
carta). De los contrario, su aplicación resulta DESPROPORCIONADA, habida cuenta
del caos y de la enorme desigualdad que patrocinaría”.
.9.
Y concluye que cada asunto debe consolidarse
bajo los márgenes normativos de cada época “pues ellos es sinónimo de
garantismo y de debido proceso”. Reitera un pronunciamiento anterior de esa
misma instancia de decisión en el que se señala que “no existe una ley en
materia penal derogada y otra que la reemplace, cuando precisamente las reglas
constitucionales y legales han previsto la coexistencia de dos sistemas
procedimentales diferentes, cada uno con sus propios pilares y metodologías,
que de conformidad con el principio de legalidad que los inspiran deben ser
respetados”.
Como
consecuencia de tal argumentación, niega la solicitud de redosificación.
B.
La demanda
El actor estima
que las decisiones judiciales que le negaron la redosificación punitiva
vulneran sus derechos fundamentales al debido proceso, específicamente a la
favorabilidad en materia penal (Art.29, inciso 3°), y a la igualdad de trato de
las autoridades (Art. 13).
En cuanto a la
favorabilidad, en razón a que se le negó la aplicación retroactiva del artículo
351 inciso 1° de la Ley 906 de 2004 que establece una rebaja punitiva de hasta
la mitad en el caso de aceptación de cargos en la audiencia de  formulación de
imputación, norma que considera más benigna que el Art. 40, inciso 4° de la ley
600 de 2000, que prevé una atenuación de una tercera parte de la pena por
aceptación de responsabilidad mediante sentencia anticipada.
Respecto de la
igualdad, por cuanto otros despachos judiciales del país, en virtud del
principio favorabilidad, han reconocido a algunos sentenciados el descuento
previsto en el artículo 351 inciso 2° de la nueva ley procesal penal. Adjunta
decisión del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Manizales, de marzo 1° de 2005, en la cual se dispone redosificar la pena al
sentenciado Antonio Gonzáles Villa, con fundamento en el artículo 351 del nuevo
estatuto procesal penal.
II.
SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN
La Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante providencia de
septiembre 7 de 2005, resolvió negar la tutela instaurada por Héctor Fabio
Carmona Toro, al considerar que “se hace necesario reiterar el criterio
ampliamente divulgado por la jurisprudencia constitucional de la Sala, según el
cual la acción de tutela contra decisiones judiciales resulta, por regla
general, improcedente”.
Señala que a
partir de la declaratoria de inconstitucionalidad de los artículos 11,12 y 40
del Decreto 2591 de 1991 producida mediante sentencia C-543 de 1992, el juez no
puede conocer por vía de tutela de las providencias judiciales.
Afirma que
solamente se permite la eventual injerencia del juez de tutela cuando está de
por medio la comisión de un hecho que pudiera enmarcarse dentro de presupuestos
de arbitrariedad, capricho o ilegalidad del juez natural, lo que no sucede en
este caso, pues las sentencias de tutela muestran un juicioso estudio jurídico
que condujo a negar la aplicación del artículo 351 de la Ley 906 de 2004.
Considera que la
negativa de reconocimiento de la rebaja punitiva solicitada corresponde a un
asunto eminentemente interpretativo, que el juez constitucional no puede
dirimir, sin socavar la autonomía e independencia del juez de conocimiento.
III.
PRUEBAS RELEVANTES QUE OBRAN EN EL
PROCESO
Como pruebas relevantes obran en el expediente copia del auto de
mayo 23 de 2005 proferido por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Pereira, mediante el cual se negó la solicitud de
redosificación punitiva formulada por Héctor Fabio Carmona, invocando la
aplicación favorable del artículo 351 de la Ley 906 de 2004. Igualmente copia
de la decisión de agosto 1° de 2005 de la Sala penal del Tribunal Superior de
Distrito Judicial de Pereira, que confirma la negativa.
Pruebas
ordenadas en sede de revisión:
De conformidad
con lo establecido en el artículo 57 del Acuerdo 05 de 1992 - Reglamento
Interno de la Corte Constitucional, el magistrado sustanciador decretó las
siguientes pruebas:
“Ofíciese
al  Juez Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira
(Risaralda), con el fin de que remita a este Despacho copia de las piezas
procesales que se reseñan a continuación, correspondientes al proceso seguido
en contra de Héctor Fabio Carmona Toro, por el delito de homicidio (Radicación
No.2004-783):
·
Copia de la sentencia anticipada de marzo 24 de
2004 proferida por el Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, en
contra de Héctor Fabio Carmona Toro, en la cual se impuso pena de 10 años 8
meses de prisión, como autor responsable del delito de homicidio.
·
Copia de la sentencia proferida por la Sala
Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, (segunda
instancia) en la cual se modificó la pena impuesta a Carmona Toro, fijándola en
9 años siete meses de prisión”.
La
pertinencia de estas pruebas radica en la necesidad de contar con elementos que
permitan establecer, en concreto, una eventual favorabilidad de la norma
invocada por el demandante.
IV.
FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
A.  Problemas
jurídicos
1. Corresponde a
la Sala decidir, en esta oportunidad, lo siguiente:
(i) Si se
presenta, en el caso bajo examen, una causal de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales, conforme a la jurisprudencia vigente sobre
la materia.
(ii) Si se dan
los presupuestos para aplicar, por favorabilidad, el artículo 351 inciso 1° de
la Ley 906 de 2004 – aceptación unilateral de cargos - a los condenados que se
hubieren acogido a sentencia anticipada conforme al artículo 40 de la Ley 600
de 2000.
(iii) Si la
negativa del Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad a acceder a la
redosificación de la pena al amparo del artículo 351 de la Ley 906/04,
configura violación del principio de favorabilidad de la ley penal (Art. 29.3
de la Constitución).
B.  Solución a los problemas jurídicos planteados
2. Una respuesta
suficiente a las cuestiones planteadas impone el estudio de los siguientes
temas:
-
El estado actual de la jurisprudencia de la
Corte sobre la procedibilidad
de la
acción de tutela contra decisiones judiciales.
-
El estado actual de la jurisprudencia de la
Corte Constitucional sobre la aplicación del principio de favorabilidad en
relación con la Ley 906 de 2004
-
La formas de terminación anticipada del proceso.
Su  evolución en el sistema jurídico colombiano.
-
La terminación anticipada del proceso en el
nuevo sistema penal.
-
El instituto de la sentencia anticipada (Ley 600
de 2000), y la aceptación de cargos (Ley 906 de 2004) constituye supuestos
similares para efectos de favorabilidad?
-
Existe un vínculo de política criminal entre el
incremento punitivo general estipulado en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004
y los rangos establecidos en la ley 906 de 2004 para rebaja de penas por
terminación anticipada del proceso?
-
El caso concreto
El estado
actual de la jurisprudencia de la Corte respecto de la procedencia de  la
tutela contra decisiones judiciales. Reafirmación de una línea jurisprudencial.
3. La Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, se abstuvo de ingresar en el
estudio de fondo del problema constitucional que la demanda de tutela le
planteaba. Se fundamentó para ello en “el criterio ampliamente divulgado por
la jurisprudencia constitucional” de esa Sala, en el sentido que la acción
de tutela contra decisiones judiciales resulta, por regla general,
improcedente.
Cita como
precedente jurisprudencial aplicable la sentencia C-543 de 1992, para efectuar
su propia deducción en el sentido que “el juez constitucional no puede
conocer por vía de tutela de las providencias judiciales”. Admitiendo de
inmediato que la única posibilidad de “injerencia del juez de tutela”se
produce frente a “presupuestos de arbitrariedad, capricho o ilegalidad del
juez natural”, manifestando que ninguno de esos eventos concurre por
tratarse de una materia “eminentemente interpretativa”.
Observa la Sala
que la sentencia que se revisa se produce al margen de la jurisprudencia
vigente de Sala Plena de esta Corporación sobre las reglas de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales. Si bien acierta en afirmar su
procedencia excepcional, la negativa se funda en la inexistencia de una vía
de hecho - concepto replanteado por esta Corporación-  y aún bajo ese
supuesto, no aborda el estudio, para excluirlos, de los defectos que concurren
a integrar esta construcción doctrinaria.
4.  En
consecuencia se hace necesario reafirmar el precedente jurisprudencial sobre la
materia:
Ha señalado esta Corporación que  desde cualquier
perspectiva posible, el artículo 86 de la Constitución ampara la procedencia de
la acción de tutela contra las decisiones judiciales, aún de última instancia,
y que hay lugar a ella en los supuestos indicados por la propia jurisprudencia
de esta Corporación.
Su posición
acerca de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra decisiones
judiciales que amenacen o vulneren derechos fundamentales, fue reiterada en
reciente decisión de Sala Plena:
“(…) El panorama es claro ya que como regla general la acción de
tutela no procede contra decisiones judiciales y esto por varios motivos.
Entre ellos, en primer lugar, el hecho que las sentencias judiciales
constituyen ámbitos ordinarios de reconocimiento y realización de los derechos
fundamentales proferidos por funcionarios profesionalmente formados para
aplicar la Constitución y la ley; en segundo lugar, el valor de cosa juzgada de
las sentencias a través de las cuales se resuelven las controversias planteadas
ante ellos y la garantía del principio de seguridad jurídica y, en tercer
lugar, la autonomía e independencia que caracteriza a la jurisdicción en la
estructura del poder público inherente a un régimen democrático.
(…)
“Con todo, no obstante que la improcedencia de la acción de tutela
contra sentencias es compatible con el carácter de ámbitos ordinarios de
reconocimiento y realización de los derechos fundamentales inherente a los
fallos judiciales, con el valor de cosa juzgada de las sentencias y con la
autonomía e independencia que caracteriza a la jurisdicción en la estructura
del poder público; ello no se opone a que en supuestos sumamente excepcionales
la acción de tutela proceda contra aquellas decisiones que vulneran o amenazan
derechos fundamentales”[1].
Es justamente
éste ámbito excepcional de procedencia de la tutela contra decisiones
judiciales, el que ha sido objeto de importantes desarrollos jurisprudenciales
por parte de la Corte.
En recientes
decisiones, inicialmente en sede de revisión de tutela[2],
y posteriormente en juicio de constitucionalidad[3] se ha sentado
una línea jurisprudencial que involucra la superación del concepto de vías de
hecho y una redefinición de los supuestos de procedibilidad de la acción de
tutela contra decisiones judiciales, en eventos que si bien no configuran una
burda trasgresión de la Constitución, sí se está frente a decisiones ilegítimas
violatorias de derechos fundamentales.
5. Esta
evolución de la doctrina constitucional fue reseñada así:
“(E)n los últimos años se ha venido presentando una evolución de la
jurisprudencia constitucional acerca de las situaciones que hacen viable  la
acción de tutela contra providencias judiciales. Este desarrollo ha llevado a
concluir que las sentencias judiciales pueden ser atacadas mediante la acción
de tutela por causa de otros defectos adicionales, y que, dado que esos nuevos
defectos no implican que la sentencia sea necesariamente una “violación
flagrante y grosera de la Constitución”, es  más adecuado utilizar el concepto
de “causales genéricas de procedibilidad de la acción” que el de “vía de
hecho.”[4]
La redefinición de la regla jurisprudencial, y la consiguiente
sustitución  del  uso del concepto de vía de hecho por el de causales genéricas
de procedencia de la acción de tutela, es presentada así por la Corte:
“(...) la Sala considera pertinente señalar que el concepto de vía
de hecho, en el cual se funda la presente acción de tutela, ha evolucionado en
la jurisprudencia constitucional. La Corte ha decantado los conceptos de
capricho y arbitrariedad judicial, en los que originalmente se fundaba la
noción de vía de hecho. Actualmente no ‘(…) sólo se trata de los casos en que
el juez impone, de manera grosera y burda su voluntad sobre el ordenamiento,
sino que incluye aquellos casos en los que se aparta de los precedentes sin
argumentar debidamente (capricho) y cuando su discrecionalidad interpretativa
se desborda en perjuicio de los derechos fundamentales de los asociados
(arbitrariedad). Debe advertirse que esta corporación ha señalado que toda
actuación estatal, máxime cuando existen amplias facultades discrecionales (a
lo que de alguna manera se puede asimilar la libertad hermenéutica del juez),
ha de ceñirse a lo razonable. Lo razonable está condicionado, en primera
medida, por el respeto a la Constitución.”[5]
Un desarrollo más elaborado y sistemático acerca de las causales
específicas que harían procedente la acción de tutela contra decisiones
judiciales, cuando quiera que ellas entrañen vulneración o amenaza a derechos
fundamentales, se presenta así:
“(..) Además
de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela
contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de
requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar
plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que
proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos,
uno de los vicios o defectos que adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c.  Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta
la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[6]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de
una decisión que afecta derechos fundamentales.
g.  Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de
sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional.
h.  Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho
fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la
eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado[7].
i.  Violación directa de la Constitución.”[8]
“en detrimento de los derechos fundamentales de las partes en el proceso,
situación que concurre cuando el juez interpreta una norma en contra del
Estatuto Superior o se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad
en aquellos eventos en que ha mediado solicitud expresa dentro del proceso[9]”.
6. Reitera así la Corte, su
posición  acerca de la exigencia de un análisis previo de procedibilidad de la
acción de tutela cuando la misma se instaura contra decisiones judiciales, opción
que aparece como razonable frente a la Constitución en la medida que permite
armonizar la necesidad de protección de los intereses constitucionales
implícitos en la autonomía jurisdiccional, y la seguridad jurídica, sin que
estos valores puedan desbordar su ámbito de irradiación y cerrar las puertas a
la necesidad de proteger los derechos fundamentales que pueden verse afectados
eventualmente con ocasión de la actividad jurisdiccional del Estado[10].
En este sentido la Corte Constitucional reiterará la
doctrina constitucional en esta materia según la cual es procedente la acción
de tutela contra providencias judiciales, aunque de manera excepcional, y
previo análisis de ciertas causales, esto con el único propósito de conjurar la
vulneración de derechos fundamentales.
A continuación se estudiarán algunos aspectos
relevantes que el caso plantea a efecto de establecer si se ha incurrido en las
decisiones cuestionadas en un defecto capaz de estructurar una causal de
procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales.
El principio de favorabilidad en la aplicación de
la Ley 906 de 2004, conforme a la jurisprudencia constitucional:
7. La Sala Plena de esta Corporación se ha pronunciado,
de manera uniforme y reiterada, sobre la reafirmación del principio de
favorabilidad en referencia a la aplicación de la Ley 906 de 2004 a hechos
acaecidos antes de su vigencia y en los Distritos judiciales en donde aún no ha
entrado en vigor, no obstante las disposiciones de vigencia que este sistema
normativo establece[11] y el método progresivo
adoptado para su implementación.
Así en las sentencias 1092 de 2003[12]
y C- 592 de 2005[13] la Corte declaró que la
única interpretación posible del inciso tercero del artículo 6° de la Ley
906/04 es la que deriva de la conjugación de los principios de legalidad,
irretroactividad de la ley, y favorabilidad penal.
La Corte reiteró que el principio
de favorabilidad  constituye un elemento fundamental del debido proceso en materia
penal que no puede desconocerse bajo ninguna circunstancia[14].
Señaló así mismo que en esta materia no cabe hacer distinción entre normas
sustantivas y normas procesales, pues el texto constitucional no establece
diferencia alguna que permita un trato diferente para las normas procesales[15].
Estableció que,
dado que el Acto Legislativo 03 de 2002 introdujo únicamente cambios en ciertos
artículos de la parte orgánica de la Constitución, mas no en la dogmática y que
se hace necesario interpretar las modificaciones por él introducidas   teniendo
en cuenta el principio de unidad de la Constitución[16],
es claro que en manera alguna puede considerarse que
el mandato imperativo del artículo 29 de la Constitución haya dejado de regir
con la introducción del sistema penal acusatorio.
Este mismo criterio fue expuesto por la Corte al examinar
en la Sentencia C-1092 de 2003  los cargos que se formularon en contra de
algunos apartes del artículo 5° del Acto Legislativo 03 de 2002. Concluyó  que
con las expresiones  “pero se aplicará de
acuerdo con la gradualidad que determine la ley y únicamente a los delitos
cometidos con posterioridad a la vigencia que en ella se establezca”   contenidas
en el  referido artículo simplemente se hizo expreso el
principio de irretroactividad de la ley penal al
formular algunas precisiones  inherentes a los aspectos temporales de
aplicación de la reforma.
En ese orden de ideas  es claro que  las normas de la Ley
906 de 2004 “por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”
igualmente  “deben interpretarse y aplicarse en
forma tal que guarden armonía con los principios generales y los derechos
fundamentales consagrados en el texto constitucional”[17]
y en consecuencia con los mandatos del artículo 29 superior.
Así, respecto de
las expresiones “Las disposiciones de este código se aplicarán única y
exclusivamente para la investigación y el juzgamiento de los delitos cometidos
con posterioridad a su vigencia” contenidas en el tercer inciso del
artículo 6° de la Ley 906 de 2004, deben entenderse que al tiempo que comportan
la formulación expresa del principio de irretroactividad de la ley penal,
constituyen una precisión inherente a la aplicación, como sistema, de las
normas contenidas en el código. Esta precisión se hace necesaria en atención al
particular mecanismo establecido por el Acto Legislativo 03 de 2002 para la
puesta en marcha del nuevo sistema acusatorio que comporta tres etapas
diferentes[18]; durante una
de las cuales se presenta la coexistencia de dos sistemas  penales en distintas
regiones del territorio nacional. Dichas expresiones en manera alguna pueden
interpretarse en el sentido de impedir la aplicación del principio de
favorabilidad[19].
Ello resulta evidente para la Corte además por cuanto como
lo puso de presente en la Sentencia C-873 de 2003  de lo que se trató  en este
caso fue de la fijación de unos parámetros para la puesta en marcha, como
sistema,   de las normas contenidas en el Acto Legislativo 03 de 2002
tendientes a introducir en Colombia el sistema acusatorio   pero en manera
alguna de desconocer uno de los principios esenciales  del debido proceso en el
Estado de Derecho, a saber el principio de favorabilidad penal.
8. En sentencia C-801 de 2005, a propósito del estudio de
constitucionalidad del artículo 530[20] de la ley
906 de 2004, reiteró este criterio jurisprudencial: “(L)a
norma demandada no vulnera el artículo 29 superior porque, como ya se indicó,
una sana hermenéutica constitucional conduce a que la aplicación gradual de ese
sistema no contraríe sino que armonice con el principio de favorabilidad. Por
ello, siempre que se trate de situaciones específicas, susceptibles de
identificarse no obstante la mutación del régimen procesal, es posible que, de
resultar ello más favorable, las normas del nuevo régimen se apliquen de manera
retroactiva a procesos por delitos cometidos antes de su entrada en vigencia y
de su aplicación progresiva”
9. De otra parte, para la Sala
resulta relevante destacar que el pronunciamiento de Sala Plena de esta
Corporación en el que se reafirmó la preeminencia del principio de
favorabilidad en su dimensión constitucional y universal (C-592 de 2005), y su
aplicabilidad en el marco de la instauración progresiva del sistema penal
introducido por el A.L. 03 de 2002 y la Ley 906 de 2004, tomó en consideración
algunas decisiones de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia[21],
en las cuales se admite, de manera explícita, la aplicación del postulado en
mención a situaciones de coexistencia de regímenes que regulan de manera
distinta un mismo supuesto de hecho[22].
Es ésta una perspectiva amparada
por el contenido del inciso 3° del artículo 29 de la Constitución que no
introduce restricciones al principio de favorabilidad en materia penal, el cual
tiene como ámbito de aplicación situaciones de tránsito normativo que pueden
incorporar visiones de política criminal o tratamientos legislativos más
benignos respecto de situaciones específicas. Esta comprensión además de
reafirmar el profundo sentido humanístico que inspira la favorabilidad en
materia penal, reconoce las particularidades que presenta el método de
implementación del nuevo modelo penal por el que ha optado el constituyente
colombiano. Adicionalmente, promueve la realización del principio de igualdad,
frente al cual resultaría intolerable la coexistencia injustificada de dos
procedimientos que permitieran disímiles  tratamientos legales a supuestos de
hecho iguales[23].
10. Ahora bien, como lo ha
reiterado esta Corporación,[24] la aplicación
del principio de favorabilidad  es un asunto que atañe el examen de situaciones
concretas  y por tanto,  es un asunto precisamente de aplicación de la ley, por
lo que corresponderá  a los encargados de ello  atender el mandato imperativo
del tercer inciso del artículo 29 superior”.
En efecto, un ejercicio
hermenéutico orientado a establecer cuál es el régimen legal o la norma que más
favorece los intereses del procesado o sentenciado, comporta un análisis
particular del caso concreto, lo cual no implica libertad absoluta del operador
judicial, quien está sujeto a los imperativos normativos pertinentes, y a los
precedentes jurisprudenciales que rigen el asunto sometido a su conocimiento.
11. En conclusión, la
jurisprudencia constitucional de esta Corporación ha sentado varias directrices
que interesan al análisis del caso que aquí se plantea, en materia de
favorabilidad penal,  referida a la Ley 906 de 2004, así: (1) El
principio de favorabilidad como parte integrante del cuerpo dogmático de la
Constitución, conserva pleno vigor y aplicabilidad respecto de la Ley 906 de
2004, no obstante las normas de vigencia que ella consagra, orientadas a
reafirmar el principio general de irretroactividad de la ley penal, el cual no
es excluyente sino complementario de la favorabilidad; (ii) el principio
de favorabilidad conserva su vigor en todo el territorio nacional, no obstante
el método progresivo elegido para la implantación gradual del nuevo sistema; (iii)
el principio de favorabilidad rige también situaciones de coexistencia de
regímenes legales distintos, siempre que concurran los presupuestos materiales
del principio de favorabilidad, lo que implica que no pueda ser aplicado frente
a instituciones estructurales y características del nuevo sistema y como tales
sin referente en el anterior; (iv) la aplicación del principio de
favorabilidad reclama un estudio particularizado de cada caso a fin de
determinar el impacto de las normas en conflicto sobre la situación del
procesado.
12. También en sede de tutela
esta Corporación se ha pronunciado acerca de la aplicación retroactiva de la
Ley 906 de 2004, a hechos acaecidos antes del 1° de enero de 2005, en virtud
del principio de favorabilidad, específicamente en el tema de la sentencia
anticipada (Ley 600 de 2000), frente a la aceptación de cargos (Ley 906 de
2004)[25].
En esta oportunidad, considera la
Sala importante  introducir en su análisis un estudio comparativo de los dos
institutos regulados en las normas legales en conflicto, para determinar si se
trata de supuestos de hecho análogos que presentan un tratamiento legal
diverso, única metodología que permite establecer, en concreto, la procedencia
de la favorabilidad. Así mismo, incorporará la discusión que se ha gestado en
la comunidad jurídica nacional sobre la materia, a efecto de cumplir su labor
de unificación en el ámbito constitucional, y abordará las dificultades que el
caso plantea desde el punto de vista de la sistemática distinta a la que
pertenecen una y otra institución.
La formas de
terminación anticipada del proceso. Evolución en el sistema colombiano.
13. Los
mecanismos de terminación anticipada del proceso no han sido extraños al régimen
jurídico colombiano. Aún antes de que se creara la Fiscalía General de la
Nación (1991) organismo que nació vinculado a la aspiración de instituir un
régimen de investigación y acusación de tendencia acusatoria, se encuentran
estatutos que contemplan procedimientos abreviados para aquellos eventos en que
se produjera la confesión simple del procesado o la flagrancia, sin exigencia
de consenso alguno. (Decreto 050 de 1987, Arts. 474 a 485).
A partir de la
creación de la Fiscalía General de la Nación, portadora de un incipiente
concepto de partes en el proceso, se introducen mecanismos de política criminal
que trascienden la simple institución de los procedimientos abreviados por
confesión simple o flagrancia. El Decreto 2700 de 1991, modificado por la Ley
81 de 1993, estableció mecanismos de allanamiento y consensuados, orientados a
la terminación anticipada del proceso.
Se perfilan
desde entonces dos instituciones perfectamente diferenciadas: (i) La
sentencia anticipada[26] fundada en la aceptación
por el procesado,  de los cargos formulados por la Fiscalía, que comportaba un
descuento punitivo que podía ser de una tercera  o de una sexta parte de la
pena imponible una vez efectuada la dosificación por el juez.  El monto del
descuento dependía del momento en que se produjere el allanamiento a los
cargos;[27] y (ii) la
denominada audiencia especial que propiciaba un acuerdo entre la
Fiscalía y el procesado acerca de la adecuación típica, la culpabilidad, las
circunstancias del delito, la pena y la condena de ejecución condicional[28].
Paralelamente a
este esquema se contemplaba el descuento por confesión (Art. 296 Dto. 2700/91),
estipulado inicialmente en una tercera parte, y reducido a una sexta por la Ley
81 de 1993. Beneficio acumulable a los anteriores, cuando concurrían los
presupuestos legales para su reconocimiento (Art. 37 B.1 Dto. 2700/91).
14. El código de
procedimiento penal de 2000 (Ley 600), mantuvo (Art. 40) el mecanismo de la sentencia
anticipada fundado en la aceptación unilateral de los cargos por parte del
procesado. Esta actitud procesal era compensada con un descuento punitivo de
una tercera o de una sexta parte de la pena, deducida de la dosificación que
efectuara el juez. El monto deducible dependía del momento en que se produjera
el allanamiento[29].
La aceptación de
cargos implica confesión. Cuando ella reúne los requisitos previstos en la ley
(Arts. 280 y 283 C.P.P. de 2000), se contempla un descuento acumulable de 1/6
parte de la pena.
En esta
codificación no se contempla un instituto análogo a la denominada audiencia
especial, basada en el consenso entre fiscal y procesado respecto de la
responsabilidad de éste. Se establecen los denominados beneficios por
colaboración eficaz acordados entre la fiscalía y las personas
investigadas, juzgadas o condenadas, en razón de la colaboración que presten a
las autoridades para “la eficacia de la administración de justicia”[30]
que obedece a criterios de política criminal muy diversos a los que
inspiran los mecanismos de terminación anticipada del proceso.
15. Aunque para
el asunto que ocupa la atención de la Sala, el tema relevante es la evolución
que ha tenido el instituto de la terminación anticipada del proceso mediante
sentencia anticipada, opción que comporta confesión y por ende aceptación
unilateral de cargos, se ha hecho referencia a la institución que se ha
desarrollado paralelamente a tal mecanismo, basadas ya no en el allanamiento,
sino en el consenso entre fiscal y procesado. Lo anterior con el propósito de
mostrar que se trata de instituciones paralelas, orientadas a propiciar una
terminación anticipada del proceso, y en esa medida a ahorrar esfuerzos
investigativos, en aquellos eventos en que éstos resultan superfluos en virtud
de la renuncia o aceptación del procesado a continuar con el procedimiento regular,
siempre que se preserven las garantías fundamentales derivadas de los
principios de  presunción de inocencia y de necesidad de prueba. Sin embargo la
sentencia anticipada se funda en criterios adicionales de política criminal
fundados en el reconocimiento de las actitudes internas del imputado que se
plasman en la aceptación unilateral de los cargos.
La
terminación anticipada del proceso en el nuevo sistema penal.
16. Acorde con
su pretensión de afianzar el carácter acusatorio del sistema penal, el nuevo
estatuto procesal introduce y desarrolla nuevas formas de terminación
anticipada del proceso, que permiten la imposición de sentencia condenatoria
sin el agotamiento previo del debate público. La validez de estas opciones está
condicionada, de manera general, a la existencia de prueba sobre la
responsabilidad aceptada por el imputado o acusado y a que se preserven las
garantías fundamentales.
Una lectura
sistemática del nuevo estatuto procesal penal permite deslindar dos modalidades
de terminación anticipada del proceso perfectamente diferenciadas en su
estructura, consecuencias y objetivos político criminales: (i) Los
preacuerdo y negociaciones entre el imputado o acusado y el  fiscal; y (ii)
la aceptación unilateral de cargos por parte del imputado o acusado.
En el primer
caso se trata de verdaderas formas de negociación entre el fiscal y el
procesado, respecto de los cargos y sus consecuencias punitivas, las cuales
demandan consenso. En el segundo caso, el presupuesto es la aceptación de los
cargos por parte del procesado, es decir que no existe transacción y en
consecuencia no requiere consenso.
En cuanto a la
primera modalidad el Título II del Libro III de la Ley 906 de 2004 introduce
una regulación sistemática e  integral del nuevo instituto, de los “Preacuerdos
y Negociaciones entre la Fiscalía y el imputado o acusado”, con las reglas
específicas relativas a finalidades (348), improcedencia (349), oportunidad
(350 y  352), modalidades (351), aceptación total o parcial de cargos (353).
Los preacuerdos
y negociaciones comportan en su esencia aceptación de responsabilidad por parte
del imputado o acusado, es decir aceptación total o parcial de cargos como
producto del acuerdo. Así lo plasman de manera explícita los artículos 350,
351, 352 y 353 de la ley 906/04.
Es claro sin
embargo, que esta modalidad de terminación anticipada del proceso (aceptación
preacordada de responsabilidad), no es la única que contempla el nuevo estatuto
procedimental. Al margen del título II del Libro III, relativo a los
preacuerdos y negociaciones, existe una sistemática que estructura la segunda
modalidad: la aceptación unilateral de los cargos por el procesado. A sí el
artículo 293 estipula:
”Procedimiento
en caso de aceptación de la imputación (en la
audiencia de formulación de imputación): Si el imputado, por iniciativa
propia o por acuerdo con la Fiscalía acepta la imputación, se entenderá que
lo actuado es suficiente como acusación” (original sin subrayas).
De esta norma es
posible deducir la existencia de dos modalidades de aceptación de cargos en el
momento de la formulación de imputación: una unilateral y otra preacordada. La
primera implica para el investigado “allanarse a la imputación y obtener una
rebaja de pena” tal como lo señala el artículo 288 numeral 3° del estatuto
en cuestión, que remite para efectos de su cuantificación al artículo 351 que
contempla una rebaja de hasta de la mitad de la pena imponible.
17. Por su
parte, el artículo 356 disciplina el desarrollo de la audiencia preparatoria, y
establece (num. 5°) que el juez dispondrá “que el acusado manifieste si
acepta o no los cargos”. Si los acepta procederá a dictar sentencia
rebajando la pena a imponer “hasta en la tercera parte”.
Siguiendo con
esta sistemática, el artículo 367, que regula la alegación inicial en el juicio
oral,  contempla el imperativo para el juez de advertir al acusado “que le
asiste el derecho a guardar silencio y a no autoincriminarse, y le concederá el
uso de la palabra para que manifieste, sin apremio ni juramento, si se declara
inocente o culpable”. De declararse culpable tendrá derecho a la rebaja de
una sexta parte de la pena imponible[31].
18. De las
anteriores referencias normativas se infiere claramente que la nueva ley
procesal contempla los diferentes estadios procesales (audiencia de formulación
de imputación, audiencia preparatoria y juicio oral) en que es posible al
procesado realizar una aceptación unilateral de cargos – allanamiento -,
previendo a su vez la consecuencia punitiva gradual que se deriva de tal
actitud procesal, acorde con cada uno de esos momentos. Una rebaja de hasta la
mitad de la pena, cuando la aceptación se produce en la diligencia de
imputación, de hasta una tercera parte cuando ocurre en la audiencia
preparatoria y de una sexta cuando se presenta en la alegación inicial del
juicio oral.
De los
desarrollos hermenéuticos realizados se concluye que en efecto, la ley 906/04
contempló dos formas diferenciadas de terminación anticipada del proceso: el
allanamiento o aceptación unilateral de los cargos, y la aceptación de
responsabilidad a través de los preacuerdos y negociaciones entre fiscal y
procesado.
Corresponde
ahora determinar, si en efecto, como lo señala el demandante para invocar el
principio de favorabilidad, la aceptación unilateral de los cargos  en el nuevo
sistema, es un supuesto equiparable a la sentencia anticipada de la Ley 600 de
2000.
Comparación
del supuesto de la sentencia anticipada de la Ley 600 de 2000, con el
allanamiento a los cargos de la Ley 906 de 2004.
19. El supuesto
material para invocar favorabilidad es el tratamiento legal diferente que
diversas normas (sustanciales o procesales con efectos sustanciales) que entran
en conflicto por virtud de un tránsito normativo, le dan a situaciones
análogas. Establecido este supuesto surge para el procesado o sentenciado el
derecho a reclamar el tratamiento que le resulte más benigno.
La sentencia
anticipada como mecanismo de terminación anticipada del proceso, que como se
indicó en apartes anteriores, presenta una larga tradición en el sistema de
justicia penal colombiano, fue estudiado en su naturaleza, finalidades y
vinculación con principios constitucionales por esta Corporación. Los
principales rasgos y su cotejo con la nueva institución que se califica como
análoga en  la demanda, presenta el siguiente cuadro:
(i) En cuanto  a
su naturaleza señaló:
“Esta institución jurídica es una de las formas de terminación
abreviada del proceso penal, y responde a una política criminal cuya finalidad
es la de lograr mayor eficiencia y eficacia en la aplicación de justicia, pues
mediante ella se autoriza al juez para emitir el fallo que pone fin al proceso
antes de agotarse o cumplirse todas las etapas procesales establecidas por el
legislador, las que se consideran innecesarias, dada la aceptación por parte
del procesado de los hechos materia de investigación y de su responsabilidad
como autor o partícipe de los mismos. Dicha actuación por parte del procesado
es catalogada como una colaboración con la administración de justicia que le es
retribuida o compensada con una rebaja de pena cuyo monto depende del momento
procesal en que ésta se realice[32]”.
La aceptación unilateral de cargos, conforme a la Ley 906/04, la
cual se puede producir en diversas etapas procesales, responde a una naturaleza
similar en cuanto representa una forma de terminación anticipada del proceso, e
involucra  cometidos de política criminal similares como son los de lograr una
mayor eficiencia y eficacia de la administración de justicia, prescindiendo de
etapas procesales que se consideran innecesarias en virtud de la aceptación del
procesado respecto de los hechos y su responsabilidad como autor o partícipe de
los mismos.  Los dos institutos envuelven una especie de colaboración con la
administración de justicia retribuida o compensada mediante una rebaja de pena
proporcional al momento procesal en que la aceptación de responsabilidad se
produce.
(ii) Sobre la necesidad de que  la sentencia anticipada estuviese
precedida de una formulación de cargos que colocara al procesado en posibilidad
de ejercer su derecho de contradicción o renunciar a él dijo la Corte:
“Si el implicado solicita que se dicte sentencia anticipada durante
la etapa de investigación o en la etapa de juzgamiento, el procesado ya ha
tenido la oportunidad de ser oído dentro del proceso (indagatoria) y de ejercer
el derecho de defensa al igual que el de contradicción. La sentencia anticipada
compete dictarla al juez del conocimiento, quien tiene a su cargo la labor de
juzgamiento”.
Similar situación se presenta con la aceptación unilateral de
cargos, la cual puede presentarse desde la formulación de imputación (288.3) o
posteriormente en la audiencia preparatoria (356) o al inicio del juicio oral
(367), lo que implica que todos los eventos deben estar precedidos de la
formulación de cargos, y se debe estar en posibilidad de ejercer el derecho de
contradicción, lo cual se garantiza en este evento por el hecho de tramitarse
en audiencia.
(iii) El control de legalidad por parte del Juez:
“Es el fallador quien debe ejercer el
control de legalidad, con el fin de verificar si en las actuaciones procesales
se han violado garantías fundamentales del procesado”[33].
Igual exigencia  aplica para la aceptación unilateral de
cargos en el nuevo sistema en el cual el juez debe velar por que se preserve el
derecho a la no autroincriminación del imputado o acusado y a que sus
manifestaciones unilaterales de responsabilidad estén asistidas por la
espontaneidad y el consentimiento informado.
(iv) La sentencia anticipada se funda en el principio de presunción
de inocencia:
“El juez no puede fallar basado exclusivamente en el dicho o
aceptación de los hechos por parte del procesado, sino en las pruebas que
ineludiblemente lo lleven al convencimiento de que éste es culpable. La
aceptación por parte del implicado de ser el autor o partícipe de los hechos
investigados penalmente, aunada a la existencia de prueba suficiente e idónea
que demuestre tal afirmación, permite desvirtuar la presunción de inocencia”[34].
En el nuevo sistema la carga de la prueba  radica igualmente en el
órgano de investigación penal. La aceptación unilateral de cargos conduce
necesariamente a una sentencia condenatoria que debe estar fundada en el “convencimiento
de la responsabilidad penal del acusado, mas allá de toda duda” (Art.7°).
De manera que la sentencia condenatoria producida sin agotar el debate público
debe contar con el presupuesto relativo a la existencia de evidencia o material
probatorio sobre la responsabilidad aceptada del procesado. Mediante la
aceptación de los cargos y la evidencia o elementos materiales de
prueba, el procesado renuncia a controvertirlos en el juicio.
(v) La sentencia anticipada debe estar mediada por el principio de
publicidad:
“En el trámite de sentencia anticipada no hay lugar a justicia
secreta, pues todas las actuaciones son conocidas por el sindicado y cumplidas
con su intervención”[35].
Esta característica adquiere mayor relevancia en el nuevo sistema en
que las manifestaciones espontáneas de responsabilidad se tramitan en
audiencia: de formulación de cargos, preparatoria, o en el juicio.
(vi) La sentencia anticipada es una reafirmación y reconocimiento al
principio de la lealtad procesal como expresión de la buena fe:
“Debe la Corte recordar la plena vigencia y aplicación en los
procesos penales como en toda clase de actuaciones que se adelantan del
principio general de la buena fe. La mala fe, esto es, el comportamiento
desleal, doloso o malintencionado, ha de probarse, de manera que si se
encuentra que el procesado en su confesión ha procedido a alegar su propia
culpa en forma ilegítima para derivar de ella algún beneficio, este comportamiento
debe ser sancionado, utilizando los mecanismos legales establecidos para
actuaciones de esta índole”.
La aceptación espontánea de los cargos se basa también en el
principio de la buena fe, y de la lealtad procesal como deber de las partes en
toda actuación judicial (Art. 12). Su ejercicio legítimo en materia de
aceptación de cargos es promovido mediante descuentos punitivos.
(viii) La sentencia anticipada comporta una confesión simple:
“La aceptación de los cargos por parte del implicado en el trámite
de la sentencia anticipada, guarda cierta similitud con la confesión simple,
por cuanto el reconocimiento que hace el imputado ante el Fiscal o el Juez del
conocimiento, de ser el autor o partícipe de los hechos ilícitos que se
investigan, debe ser voluntario y no hay lugar a aducir causales de
inculpabilidad o de justificación. Resulta obvio afirmar que la aceptación,
además de voluntaria, es decir, sin presiones, amenazas o contraprestaciones,
debe ser cierta y estar plenamente respaldada en el material probatorio
recaudado”[36].
En el nuevo sistema la aceptación unilateral de los cargos conduce a
una sentencia condenatoria, por lo que tiene como presupuesto la confesión
simple del imputado o procesado. Debe aclarase que se trata de una idea de
confesión en sentido natural, como admisión de cargos sin condicionamiento
alguno, no en sentido probatorio, por cuanto la confesión no constituye un medio
de prueba en el nuevo sistema.
(ix) La sentencia anticipada promueve la eficiencia del sistema
judicial
”Si en el proceso penal existen suficientes elementos de juicio que
permiten demostrar que la aceptación, tanto de los cargos como de su
responsabilidad, por parte del implicado, son veraces y se ajustan a la
realidad, no tiene sentido observar una serie de ritos procesales para
demostrar lo que ya está suficientemente demostrado. Contar con un sistema
judicial eficiente, que no dilate los procesos y permita resolverlos
oportunamente, sin desconocer las garantías fundamentales del procesado, es un
deber del Estado y un derecho de todos los ciudadanos. Una política criminal
que conceda beneficios a quienes actúen observando el principio de lealtad procesal,
logrando además la aplicación de una justicia pronta y cumplida, sin desconocer
ningún derecho o garantía del procesado, no puede tildarse de atentatoria de
los derechos inalienables del individuo”.
En el modelo de procesamiento diseñado en la Ley 906/04 la promoción
del valor de la eficiencia del sistema vinculado a la preservación de garantías
fundamentales cobra mayor importancia en la medida que se trata de una
aspiración que se encuentra en el centro del ideario de un sistema de corte
acusatorio y se erigió en uno de los argumentos que impulsaron la reforma. Por
ello los mecanismos que propician una terminación anticipada del proceso como
la aceptación de cargos, ya espontánea ya preacordada, fueron fortalecidos en
la reforma, lo cual no significa que constituyan una novedad en el nuevo
sistema, particularmente el consistente en la aceptación unilateral de
responsabilidad compensada con descuentos punitivos.
20.
Adicionalmente, tanto la sentencia anticipada como el allanamiento a los cargos
demandan la asistencia de defensor; una y  otra puede presentarse desde la
vinculación formal del procesado o imputado; en los dos eventos la aceptación
de cargos constituye el fundamento de la acusación o de la sentencia; frente a
los dos institutos el fallo es condenatorio y comporta una rebaja de pena; en
ninguno de los dos eventos es admisible la retractación; frente a los dos
sucesos el juez de conocimiento tiene como únicas opciones dictar sentencia o
decretar la nulidad, dependiendo de si se afectan o no garantías fundamentales;
para efectos de la concreción punitiva, en uno y otro evento el juez debe
acudir al sistema de cuartos.[37]
El anterior
parangón entre el instituto de la sentencia anticipada de la Ley 600 de 2000 y
la aceptación unilateral, o allanamiento a los cargos que se contempla en la
Ley 906 de 2004, permite concluir que en efecto se trata de instituciones
análogas, con regulaciones punitivas diversas[38].
La
determinación de un criterio de favorabilidad en el asunto bajo examen:
21. El artículo
40.4 de la Ley 600 de 2000 establece que “el juez dosificará la pena que
corresponda y sobre el monto que determine hará una disminución de una
tercera parte de ella por razón de haber aceptado el procesado su
responsabilidad”. Por su parte el artículo 288.3, de la nueva
normatividad, que para efectos de punibilidad remite al 351, establece que “La
aceptación de los cargos determinados en la audiencia de formulación de
imputación, comporta una rebaja de hasta la mitad de la pena imponible…”.
(Subrayas fuera del original)
Si se observan
aisladamente los rangos punitivos establecidos en una y otra normatividad para
el mismo supuesto, vale decir el allanamiento a los cargos en el momento de su
formulación: “una tercera parte” (Ley 600/00) y “de hasta la
mitad” (Ley 906/04) de la pena imponible, podría pensarse que no comportan
favorabilidad por cuanto una rebaja de “hasta la mitad” podría
eventualmente ser equivalente a“una tercera parte”.
Sin embargo,
para determinar la favorabilidad en abstracto, es preciso abordar el tema con
una visión sistemática, y de conjunto de los diferentes rangos de descuento
punitivo que la nueva normatividad establece, vinculando su magnitud a los
estadios en que se produce el allanamiento a los cargos: (i) una rebaja de
hasta la mitad de la pena imponible cuando el evento se produce en la audiencia
de formulación de la imputación (Arts. 288.3 en c.c. con el 351); (ii) una
rebaja de hasta una tercera parte de la pena a imponer, cuando el mismo evento
se produce en desarrollo de la audiencia preparatoria (Art. 356.); (iii) un
descuento de una sexta parte, cuando ocurre en el juicio oral (Art. 367 inc.
2°).  Cuanto más distante se encuentre el proceso del juicio, el allanamiento
genera un mayor reconocimiento punitivo.
Advierte la Sala
que, en los dos primeros eventos, que establecen un descuento ponderado de
“hasta la mitad” y de “hasta la tercera parte”, las normas respectivas no
contemplan un límite mínimo que complemente el correspondiente rango. Ello no
obsta para que una visión sistemática y de conjunto de los tres niveles de
descuento, permita establecer que los extremos inferiores de los rangos están
determinados por el límite superior previsto para el descuento aplicable en la
fase subsiguiente en que éste procede, es decir que se encuentran
recíprocamente delimitados, así,
(i)
El allanamiento en la audiencia de
formulación de imputación amerita un descuento de una tercera parte, “hasta la
mitad” de la pena.
(ii)
El allanamiento que se produzca en la
audiencia preparatoria genera un descuento de una sexta parte, “hasta la
tercera parte de la pena”.
(iii)
El allanamiento producido al inicio del
juicio oral, origina un descuento de “la tercera parte” de la pena. En este
caso el legislador previó un descuento fijo.
Esta
conformación de los rangos es compatible, no solamente con una visión integrada
de las normas que regulan la materia, sino con el criterio de política criminal
que subyace al instituto, consistente en que el tratamiento punitivo más benigno
es directamente proporcional al mayor ahorro en recursos investigativos del
Estado. Así, no sería razonable, atendiendo los fines de la institución, prever
el mismo descuento para quien acepte los cargos en la audiencia de formulación,
que para quien lo haga cuando el proceso ya se encuentra más avanzado: en la
audiencia preparatoria, o en el juicio oral.
Cotejando en
abstracto, los sistemas de descuento punitivo previstos en una y otra
normatividad para el mismo supuesto de hecho, resulta más permisivo el
contemplado en la Ley 906/04, en cuanto permite un mayor rango de movilidad del
aplicador para determinar el descuento punitivo, particularmente en relación
con quien se allana en la diligencia de formulación de cargos.
22.  No
obstante, reitera la Sala que el impacto de esa regulación, debe ser evaluado
en cada caso concreto, correspondiendo al Juez competente, que para el caso de
los sentenciados es el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad,
entrar a evaluar si conforme al proceso de individualización de la pena
efectuado en el caso particular, la nueva norma tiene efectos favorables al
sentenciado.
En efecto, como
la rebaja de pena por aceptación de cargos debe deducirse luego de que el
sentenciador ha calculado la pena a imponer dentro de los márgenes del cuarto
de movilidad que corresponda y teniendo en cuenta los criterios de
individualización establecidos en el artículo 61.3 del Código Penal sustantivo,
la determinación de la rebaja de pena dentro de los límites mínimo y máximo de
cada rango, tendrá que calcularse atendiendo también los factores que tuvo en
cuenta el fallador para establecer el quantum punitivo[39].
Ello implica que
para determinar si se impone o no la aplicación retroactiva de la rebaja de
pena prevista en el Art. 351 L.906/04, a procesos rituados bajo la Ley 600 de
2000, en los cuales el procesado se hubiere acogido a sentencia anticipada,
debe efectuarse, en cada caso, el pronóstico de la rebaja ponderada que correspondería
aplicar conforme a los criterios que rigieron el proceso de individualización
de la pena impuesta, para establecer si en efecto la nueva opción resulta más
favorable al sentenciado que la aplicada conforme a la ley 600/00. No basta
acudir de manera simple al máximo previsto en la nueva disposición (“hasta la
mitad”); la fórmula ponderada por la que optó el legislador impone extender al
cálculo del monto de la rebaja los criterios que rigieron la determinación de
la pena.
23. De otra
parte, en atención a que puede argumentarse válidamente que el incremento de la
rebaja por allanamiento a los cargos previsto en la nueva normatividad procesal
( hasta la mitad de la pena imponible)  forma parte de una estrategia global de
política criminal (cuya validez no corresponde analizar en esta oportunidad a
la Corte) de la cual formaría parte el incremento generalizado de penas
introducido por la Ley 890 de 2004, considera la Sala conveniente detenerse en
el estudio de la correlación que, en términos de política criminal, pueda
existir entre el incremento generalizado de  penas y el incremento de los
descuentos punitivos por aceptación espontánea de cargos.
Los nexos de
política criminal entre la Ley 890 de 2004 y la Ley 906 de 2004
24. El acto
legislativo 03 de 2002 mediante el cual se modificó la Constitución Política
para introducir las bases del sistema penal  de tendencia acusatoria,  instó al
Congreso de la República (Art. 4° transitorio) para expedir las leyes
necesarias para adecuar al nuevo sistema, los diferentes cuerpos normativos,
incluido el código penal .
En desarrollo de
ese mandato se profirió la Ley 890 de 2004 “por la cual se modifica y
adiciona el Código Penal”. El artículo 14 de esa reforma a la ley penal
sustantiva incrementó de manera general las penas contempladas en los tipos
penales que integran la parte especial del código: “Las penas previstas en
los tipos penales de la parte especial del Código Penal se aumentarán en la
tercera parte del mínimo y en la mitad del máximo. En todo caso, la aplicación
de esta regla general de incremento deberá respetar el tope máximo de la pena
privativa de la libertad para los tipos penales de acuerdo a lo establecido en
el artículo 2° de la presente ley[40]”
25.  En
la exposición de motivos de esta iniciativa legislativa se dejó plasmada la
siguiente justificación:
“Atendiendo a
los fundamentos del sistema acusatorio, que prevé los mecanismos de
negociación y preacuerdos, en claro beneficio para la administración de
justicia y los acusados, se modificaron las penas y se dejó como límite la
duración máxima de sesenta años de prisión, excepcionalmente para los caos de
concurso, y en general de cincuenta años[41]”.
Este antecedente
legislativo, permite extraer una primera conclusión: el incremento generalizado
de penas está vinculado al mecanismo de la negociación y de los preacuerdos, no
así al de la aceptación unilateral de cargos, o allanamiento a los mismos.
El tratamiento
especial que el legislador quiso imprimir al mecanismo de los preacuerdos y
negociaciones, diferenciándolo del allanamiento espontáneo a los cargos aparece
reforzado en el artículo 3° de la Ley 890 de 2004 que establece: “El
artículo 61 del Código Penal tendrá un inciso final así: El sistema de
cuartos no se aplicará en aquellos eventos en los cuales se han llevado a cabo
preacuerdos o negociaciones entre la Fiscalía y la defensa”. (El
original sin subrayas).
Esta disposición
cobra pleno sentido si se considera que el allanamiento a los cargos, conduce a
un ejercicio de ponderación por parte del juez, quien, si acepta el
allanamiento, procederá a dosificar la pena conforme a los parámetros previstos
en el artículo 61 del C.P. y sobre esa base efectúa el descuento punitivo
previsto en la ley. En cambio, los preacuerdos y negociaciones celebrados entre
Fiscalía y acusado “obligan al juez de conocimiento, salvo que ellos
desconozcan o quebranten las garantías fundamentales” (Art.351, inciso 4).
Es claro que la
aceptación unilateral de los cargos por parte del procesado, no reclama
espacios de negociación, ni autoriza al fiscal para hacer solicitudes sobre
punibilidad, correspondiendo al juez regirse por los parámetros  de
dosificación ordinarios (Art. 61 C.P.). En consecuencia, los nexos de política
criminal integrada entre el A.L. 03 de 2002 y las Leyes 906/04 y 890/04, se
presentan entre el incremento punitivo general y el mecanismo de preacuerdos y
negociaciones, y no entre aquél y el allanamiento a los cargos.
26. De otra
parte, existen otros criterios de política criminal que conducen a justificar
la mayor valoración que en el nuevo sistema se asigna a la actitud del
procesado que opta por allanarse a los cargos.
En primer
término, el nuevo sistema penal ha cifrado sus expectativas de éxito en la
reducción de los casos que lleguen a juicio. Conforme a los estudios
contratados por el Consejo Superior de la Judicatura se ha sugerido como
“política de gestión” un parámetro que han denominado nivel de “contundencia de
la investigación” consistente en que, siguiendo la experiencia de los países
con tradición en un sistema de corte acusatorio, un alto porcentaje de procesos
se deben resolver en la fase de investigación, lo que reduciría los costos de
operación del sistema.[42] Sobre la base de estas
expectativas resulta coherente que se valorice, en términos punitivos, la
actitud procesal de quien contribuye eficazmente al logro de esos propósitos. Y
resulta también factible un mayor interés en estimular, desde la regulación
legal, todos los mecanismos de terminación anticipada del proceso.
En segundo
lugar, no puede perderse de vista que conforme al sistema contemplado en la Ley
600 de 2000, la rebaja de una tercera parte por sentencia anticipada, podía
concurrir si se daban los presupuestos legales para el efecto con la rebaja por
confesión ( una sexta parte de la pena Art. 283). Esta posibilidad no existe en
la nueva regulación en la que la confesión desaparece como medio de prueba.
Este factor, también puede ser valorado como criterio de política criminal que
podría tener incidencia en el incremento de los descuentos por allanamiento a
los cargos.
En tercer
lugar,  no obstante haberse demostrado que el incremento general de penas de la
ley 980/04, no guarda una conexidad de política criminal con la institución del
allanamiento a los cargos, y que  por ende la nueva normatividad procesal
relativa a los descuentos punitivos no está limitada a operar únicamente en los
casos en que se hubiere aplicado la norma sustantiva inflacionaria (Art. 14 Ley
890/04), resulta conveniente recordar la jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia sobre la posibilidad de mezclar, en virtud de la favorabilidad normas
pertenecientes a sistemas distintos.
27. En época
anterior prevaleció en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia, el criterio jurisprudencial que condicionaba la aplicación del
principio de favorabilidad a la preservación de la unidad sistémica, y la
consiguiente imposibilidad de mezclar normas favorables pertenecientes a
sistemas  distintos. Ese criterio, sin embargo, fue superado en el seno de la
propia Corporación:
“Quienes piensan que la favorabilidad sólo puede preverse en
relación con el código, ley o tipo complejo como sistemas o instituciones, y
así, verbigracia aplicarían integralmente el nuevo estatuto por que consagra
una pena privativa de la  libertad más benigna, no obstante contemplar una
sanción pecuniaria más grave que la del anterior ordenamiento, sencillamente
han dejado de aplicar la favorabilidad en esa última materia, a pesar de ser
ésta perfectamente deslindable en su concepción teórica y práctica, aunque haga
parte de un todo orgánico; ó en otras palabras, le han puesto restricciones a
un instituto que el legislador quiere que los jueces desplieguen generosamente,
siempre y cuando el precepto conserve su identidad y sentidos jurídicos, por
más que en su aplicación concreta deba relacionarse con otras normas[43]”.
La pretensión
de  condicionar la aplicación del descuento favorable que contempla el artículo
351 de la Ley 906/04 para la aceptación unilateral de cargos en la diligencia
de imputación, a que hubiesen operado el efecto inflacionario sobre la pena que
contempla el artículo 14 de la Ley 890/04, implicaría un replanteamiento de la
jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia que
superó una doctrina fundada en la preocupación por la asepsia del sistema,
ubicándose en el ámbito amplio y sin condicionamientos del inciso 3° del
artículo 29 de la Carta, en materia de favorabilidad.
28.
Adicionalmente implicaría, desconocer la jurisprudencia de esta Corporación (C-
592/05 y C-801/05), que establece que las disposiciones del  nuevo sistema se
aplicarán, por favorabilidad, a hechos acaecidos antes del 1° de enero de 2005
cuando ellas regulen, de manera menos gravosa, situaciones específicas. Es claro,
que si se condicionara la aplicación de  los descuentos que por allanamiento a
los cargos prevé la Ley 906/04, a aquellos eventos en que hubiese operado el
incremento general previsto en el Art, 14 de la Ley 890/04, se limitaría su
imperio a hechos acaecidos luego de la vigencia de esta última normatividad (1°
de enero de 2005).
Conclusión:
29.
Recapitulando, los desarrollos teóricos efectuados hasta aquí por la Sala, los
cuales además de pretender dar respuesta a todos los problemas que el caso
plantea, configuran el marco que orientará la decisión en el caso concreto, se
tiene que:
(i) Se reitera
la línea jurisprudencial trazada por esta Corporación   sobre la procedencia
excepcional de la acción de tutela contra decisiones judiciales, conforme a las
causales establecidas en la propia jurisprudencia.
(ii) Se reitera
la línea jurisprudencial trazada por esta Corporación (sentencias C-592/05 y
C-801/05), en el sentido que la ley 906 de 2004 puede ser aplicada, en virtud
del principio de  favorabilidad, tanto a hechos acaecidos antes de la vigencia
de la ley, como en Distritos Judiciales en los que aún no se encuentre operando
el nuevo sistema. Estos pronunciamientos acogen la tesis mayoritaria
desarrollada por la Corte Suprema de Justicia[44]sobre la
aplicabilidad del principio de favorabilidad frente a la “coexistencia” de
sistemas procesales, siempre y cuando no se esté frente a instituciones
estructurales del nuevo sistema, que excluyan el supuesto material  del
principio de favorabilidad.
(iii) Las formas
de terminación anticipada del proceso, por allanamiento a los cargos, es un
mecanismo que presenta una amplia tradición en el ordenamiento jurídico
colombiano
(iv) El nuevo
estatuto procesal penal consagra dos formas de terminación anticipada del
proceso, que conservan su propia individualidad estructural y dogmática: el
allanamiento a los cargos o aceptación unilateral de los mismos, y los
preacuerdos y negociaciones.
(v) El supuesto
fáctico del instituto de la sentencia anticipada prevista en la Ley 600 de
2000, corresponde al supuesto fáctico del instituto del allanamiento a los
cargos previstos en la Ley 906 de 2004. Su naturaleza, características y
objetivos político criminales son análogos, y sin embargo generan tratamientos
punitivos distintos.
(vi) Una visión
sistemática de la manera como están concebidos los rangos de descuento punitivo
por concepto de allanamiento a los cargos en el nuevo sistema, dependiendo del
momento en que se produzca, permite establecer que existe una concepción más
favorable en el nuevo estatuto particularmente en lo concerniente al
allanamiento a los cargos en el momento de su formulación.
No obstante, por
tratarse de un descuento ponderado, la favorabilidad deberá establecerse en
cada caso, atendiendo los criterios que rigieron el proceso de
individualización de la pena.
(vii) No es
posible predicar una relación de política criminal global (sistémica) entre el
incremento del descuento punitivo por concepto de aceptación de los cargos en
el nuevo sistema procesal penal (Art, 288.3, 351 y 356), y el incremento
generalizado de penas introducido por la Ley 890 de 2004. Se identifican criterios
específicos de política criminal que justifican la revaloración de esta actitud
procesal.
El caso
concreto
Procedencia
de la tutela contra decisión judicial:
30. El
demandante Héctor Fabio Carmona Toro dirigió su demanda contra las providencias
de mayo 23 y agosto 1° de 2005, proferidas por el Juzgado Primero de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad y la Sala Penal del Tribunal Superior de
Distrito Judicial de Pereira, respectivamente, las cuales le negaron la
redosificación punitiva de su condena, solicitada con fundamento en los
artículos 288.3 y 351 de la Ley 906/04 y 29.3 de la Constitución. Los dos
despachos judiciales negaron la aplicabilidad del principio de favorabilidad en
el evento planteado por el demandante.
Corresponde en
consecuencia a la Sala emitir pronunciamiento previo sobre este aspecto
procedimental, vale decir, la estructuración de alguna de las causales que
conforme a la jurisprudencia de la Corte dan lugar a la tutela contra
providencia judicial.
31. Un análisis
detenido de las decisiones cuestionadas por vía de tutela permite a la Sala
advertir que efectivamente se configura un defecto sustancial
consistente en haber tomado la decisión con fundamento en una normatividad que
no era la aplicable al caso concreto.
Advierte la Sala
que el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad partió de un concepto
totalmente distorsionado de la favorabilidad en materia penal, el cual riñe con
su consagración constitucional (artículo 29) y con las normas internacionales
que forman parte del bloque de constitucionalidad.
En efecto, uno
de los argumentos para negar el beneficio radica en que no es posible por esta
vía “retrotraer un proceso ya concluido”, ignorando así el precepto
superior que no contiene exclusiones, e incluso la tradición de este principio
que proyecta sus efectos de manera significativa hacia los condenados.
El otro
argumento reductor radica en entender que la favorabilidad opera únicamente
frente a normas sustanciales que modifican la punibilidad, “ por reducción
de la pena del tipo específico”, desconociendo así que la norma
constitucional no hace exclusiones, y que tal circunstancia ha conducido a que
el orden jurídico (Art. 6° Ley 600) explícitamente contemple la favorabilidad
respecto de la ley procesal con efectos sustanciales. Esta comprensión del
principio de favorabilidad es violatoria del artículo 29 inciso 3° de la
Constitución que prevé un concepto amplio e incluyente de favorabilidad, sin
restricciones relativas a condenados, y sin ubicarlo en el estrecho margen de
la norma sustantiva favorable, aspectos superados en el ámbito normativo y
jurisprudencial, a partir de la amplia concepción constitucional.
Esta visión
reductora del principio de favorabilidad se proyectó de manera negativa sobre
los derechos fundamentales del demandante.
32. Por su parte
la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira funda, de manera prevalente su
negativa en la necesidad de establecer canales operativos adecuados para el
funcionamiento del nuevo sistema. En su opinión la aplicación del principio de
favorabilidad “sería la puerta hacia el fracaso del sistema punitivo”, y
“el caos judicial sería evidente”, en tanto que dar prevalencia al
sistema de la gradualidad “traería orden presupuestal”.
Concluye que
cada asunto debe consolidarse bajo los márgenes normativos de cada época “pues
ello es sinónimo de garantismo y debido proceso”. No solo desconoce esta
instancia que la retroactividad de la ley penal favorable, forma parte del
debido proceso en cuanto el principio de favorabilidad constituye uno de sus
componentes, si no que se erigió en defensora de la operatividad del sistema y
las implicaciones presupuestales que en su criterio traería la aplicación del
principio de favorabilidad, declinando sus deberes de protección de los
derechos fundamentales en su condición de juez constitucional. Tal proceder
resulta violatorio del artículo 5° de la Carta que reconoce la primacía de los
derechos fundamentales.
La negativa a
reconocer, bajo esos supuestos, la posibilidad de aplicar el principio de
favorabilidad en el caso planteado, condujo a que la decisión se fundara en las
normas más restrictivas de la ley 600 de 2000 en materia de punibilidad
referida al allanamiento a los cargos, omitiendo la aplicación del régimen más
benigno, previsto en  la nueva ley (Arts. 288.3 y 351 Ley 906/04) en relación
con la misma materia. Tal yerro se proyectó en una afectación del derecho
fundamental al debido proceso del demandante.
La aplicación
del principio de favorabilidad en el caso concreto.
33. Ha insistido
la Sala en que el juicio de favorabilidad debe efectuarse en concreto, y a ello
procederá en el presente asunto.
Como quedó
establecido en la reseña probatoria, el magistrado sustanciador solicitó al Juez
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, la remisión de las
sentencias de primera y segunda instancia, mediante las cuales se impuso la
condena al demandante.
Se observa que
Héctor Fabio Carmona Toro fue condenado, en primera instancia, mediante
sentencia anticipada (Art. 40 del C.P.P.) por el Juzgado Penal del Circuito de
Santa Rosa de Cabal (Risaralda) a la pena de “diez (10) años y ocho (8)
meses de prisión por haber sido hallado autor responsable de la comisión de un
delito de homicidio”, conforme a hechos ocurridos  el 22 de noviembre de
2003.
Al abordar el
ejercicio de dosificación punitiva, el sentenciador señaló:
“Como en este
evento no existen circunstancias de agravación punitiva, pero sí hay una de
atenuación como es la carencia de antecedentes, en los términos del inciso
segundo del artículos 61 del Código Penal, el Despacho se moverá en los límites
mencionados, por el cuarto mínimo es decir entre 13 y 16 años. Pese a concurrir
una circunstancia de menor punibilidad y ninguna de mayor punibilidad,
partiremos del máximo establecido en este cuarto, esto es de 16 años de acuerdo
con el inciso tercero del artículo 61”(…)
Sobre la rebaja
por aceptación de cargos desde la indagatoria manifestó:
“De acuerdo
con los dispuesto en el artículo 40 del Código de Procedimiento Penal, por la
terminación anticipada la sanción se disminuye en una tercera parte, esto es,
en cinco años y cuatro meses, lo cual indica que la pena definitivamente
correspondiente al justiciable (…) es la de 10 años y 8 meses de prisión”.
Inconforme con
la dosificación punitiva el condenado apeló. La Sala de Decisión Penal del
Distrito judicial de Pereira, confirmó la condena, modificando el monto de la
pena. Consideró que “El Juez de instancia impuso como penalidad la cifra
situada en el máximo del primer cuarto ante la forma desproporcionada y cobarde
como se cegó la vida del señor JORGE ELICER ARANGO, empero, omitió hacer
referencia al arrepentimiento mostrado por el agresor posteriormente.
Así las
cosas, aunque no era aconsejable partir del mínimo cuarto, tampoco procedía la
imposición de la cifra mayor”.  Sobre esa base
redosificó la pena tasándola en nueve años y siete meses de prisión.
Estos
antecedentes permiten establecer que por acogerse a sentencia anticipada, al
amparo del artículo 40 de la Ley 600 de 2000, al demandante se le reconoció una
rebaja de una tercera parte de la pena, monto fijo establecido en la mencionada
disposición.
Como se
estableció en el marco teórico realizado para el análisis de este caso, el
instituto de la sentencia anticipada (Art. 40 de la Ley 600 de 2000) regula un
supuesto de hecho análogo en sus características y finalidades, al que
estructura el allanamiento a los cargos en la diligencia de formulación de
imputación prevista en  los artículos 288.3 y 351 de la ley 906 de 2004, para
el cual se prevé un descuento punitivo de “hasta la mitad” .
Quedó
establecido también en el señalado marco conceptual que atendiendo a la
sistemática que regula los diferentes rangos de descuento punitivo por el
allanamiento a los cargos, vinculados aquellos a los diferentes momentos
procesales en que se presentan, la rebaja de pena por allanamiento en la
diligencia de formulación de cargos será de una tercera parte[45]
“hasta la mitad”.
Teniendo en
cuenta que ello demanda un ejercicio de ponderación por parte del juez competente,
que para el caso es el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad (Art.
79.7 C.P.P.), deben tenerse en cuenta para el efecto los criterios de
dosificación aplicados, en desarrollo de su autonomía, por el Juez que impuso
la condena. Observa la Sala que el hecho de que el sentenciador hubiese partido
para la individualización de la pena de la mitad del primer cuarto, fortalece
un criterio de favorabilidad en el asunto bajo examen. Sin embargo, será el
Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad quien deberá efectuar la
redosificación punitiva, atendiendo la aplicabilidad del principio de
favorabilidad en la materia estudiada, así como los criterios de dosificación
aplicados en la sentencia definitiva por el   juez de conocimiento (la Sala
Penal del Tribunal Superior de Pereira).
En consecuencia,
procederá la Sala a tutelar el derecho fundamental al debido proceso, en su
expresión de favorabilidad en materia penal, de que es titular Héctor Fabio
Carmona Toro, conculcado por el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Pereira y la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de ese
Distrito, al rehusarse a efectuar el juicio de favorabilidad y aplicar la norma
que, atendidas las especificidades del caso, resulte más favorable al
demandante.
La Sala ordenará
al Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad que proceda a abordar el
juicio de favorabilidad y a aplicar la norma que resulte más favorable al
sentenciado en materia de reducción de la pena por allanamiento a los cargos,
teniendo como parámetro las normas pertinentes de la Ley 600 de 2000 ( Art.
40), así como las normas que regulan el mismo evento en la Ley 906 de 2004,
conforme a lo establecido en esta sentencia. Así mismo deberá tener en cuenta
en su ejercicio de ponderación los criterios de punibilidad aplicados por el
Juez de conocimiento (Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira, sentencia de
junio 4 de 2004) al individualizar la pena.
V.   DECISIÓN
Con fundamento
en las consideraciones expuestas en precedencia, la Sala Cuarta de Revisión de
la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.  REVOCAR la sentencia de septiembre siete (7) de dos mil
cinco (2005) proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia que decidió negar la tutela instaurada por el accionante Héctor Fabio
Carmona Toro, y en su lugar conceder la tutela al derecho fundamental al
debido proceso del demandante.
Segundo:
ORDENAR al  Juez de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Pereira que proceda, dentro del término de cinco (5) días contados
a partir de la notificación de esta sentencia, a resolver la solicitud de
redosificación punitiva formulada por Héctor Fabio Carmona Toro, teniendo en
cuenta las normas aplicables en virtud del principio de favorabilidad, conforme
a las consideraciones de esta sentencia.
Tercero.  DÉSE cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase
e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
JAIME
CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
Ponente
Presidente
de la Sala
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
Auto 152/06
Referencia: expediente T-1209857
Acción de tutela de Héctor Fabio Carmona Toro contra el Juzgado
Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad y la Sala Penal del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira.
Magistrado Ponente:
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Bogotá, D.C., mayo once (11) de dos mil seis (2006).
La Sala Cuarta de Revisión,
CONSIDERANDO
Primero.- Que en la Sentencia T- 091 de
2006, se incurrió en un error en la trascripción parcial del artículo 367
inciso 2° del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), por cuanto se
señaló en la página 24, ordinal (iii),   línea 17, que el allanamiento
producido al inicio del juicio oral, origina un descuento de “la tercera parte”
de la pena,  cuando la norma, establece para esta fase la rebaja de “una sexta
parte” de la pena.
Segundo.- Que es necesario corregir el referido error,
RESUELVE
CORREGIR la expresión “la tercera parte” contenida en la página 24 ordinal (iii),
línea 17, de la sentencia T-091 de 2006, a fin de que se consigne la
expresión “una sexta parte” conforme al contenido del inciso 2° del artículo
367 de la Ley 906 de 2004.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, cúmplase
e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.
JAIME CORDOBA TRIVIÑO
Magistrado Ponente
Presidente de
la Sala
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
[1]
Sentencia  C- 590 de 2005.
[2] Sentencias T- 1031 de 2001 M.P. Eduardo Montealgre Lynett,  y  T-
774 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[3] Sentencia
C- 590 de 2005.
[4] Ver, C –
590 de 2005.
[5]
Sentencia T- 774 de 2004 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[6]
Sentencia T-522/01, MP Manuel José Cepeda Espinosa.
[7] Cfr. Sentencias T-462 de 2003; SU-1184 de 2001 y
T-1031 de 2001, MP Eduardo Montealegre Lynett; T-1625/00, MP (e) Martha
Victoria Sáchica Méndez.
[8] Sentencia C- 590 de 2005.
[9] Cfr. T- 1130 de 2003.
[10] Cfr.Sentencia  T-
462 de 2003, MP Eduardo Montealegre Lynett.
[11]
El artículo 5° transitorio del A.L. 03 de 2002 establece que “El presente
acto legislativo rige a partir de su aprobación, pero se aplicará de acuerdo
con la gradualidad que determine la ley, y únicamente a los delitos
cometidos con posterioridad a la vigencia que en ella se establezca” Por su
parte el artículo 6° de la Ley 906/04 que enuncia  el postulado de la
favorabilidad determina que “Las disposiciones de este código se aplicarán única
y exclusivamente para la investigación y el juzgamiento de los delitos
cometidos con posterioridad a su vigencia” (El original sin subrayas).
[12] En esta sentencia la
Corte se pronunció sobre el artículo 5° transitorio del Acto Legislativo No. 03
de 20002.
[13] En esta
sentencia se decidió sobre la exequibilidad de la expresión “Las
disposiciones de este código se aplicarán única y exclusivamente para la
investigación y el juzgamiento de los delitos cometidos con posterioridad a su
vigencia” contenida en el artículo 6° del nuevo estatuto procesal penal.
[14] Ver Sentencia C-200/02 M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[15]  Ver entre otras   las Sentencias  C-252/2001 M.P.
Carlos Gaviria Díaz, C-200/02 M.P. Álvaro Tafur Galvis,   C-922/01 y T-272/05
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.  El inciso 2° del artículo 6° de la Ley 906 de
2004, recoge esta concepción.
[16]
Cfr. Sentencia C- 873 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[17]
Cfr. Sentencia SU 062 de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[18] i) Entre el momento de la aprobación del Acto
Legislativo y el 1º de enero de 2005; (ii) entre el 1º de enero de 2005 y el 31
de diciembre de 2008, en que se da una etapa de transición durante la cual
coexisten dos sistemas en distintas regiones del territorio nacional; y (iii) a
partir del 31 de diciembre de 2008, en que deberá estar en “plena vigencia” el
nuevo modelo acusatorio de procedimiento penal en todo el país.
[19] Corte Constitucional
sentencia C-592 de 2005 ( Junio 9 de 2005).
[20]
El artículo 530 de la Ley 906 de 2004, señala las etapas en que se implementará
el nuevo sistema y los Distritos que involucrará cada una de ellas.
[21] Autos de mayo 4 de 2005,
M.P. Yesid Ramírez Bastidas y Marina Pulido de Barón.
[22]
“Tradicionalmente se ha entendido que la
aplicación de la favorabilidad penal en su especie clásica, supone sucesión de
leyes, que es como en condiciones normales éstas son reemplazadas por otras que
las derogan, adicionan o modifican.
Pero la puesta en marcha del sistema acusatorio se
decidió hacerla paulatinamente, en concordancia con el programa de
implantación previsto en el artículo 530 de la ley 906 de 2004. Y eso
condujo a una situación muy particular, exótica si se quiere, en la cual coexisten
dos procedimientos distintos y excluyentes que se aplican en el país según
la fecha y el lugar de comisión del delito: el anterior, a casos
por conductas realizadas antes del 1º de enero de 2005 o a partir de esta fecha
en Distritos Judiciales donde no opere el sistema acusatorio; y, el nuevo,
para delitos cometidos a partir del 1º de enero de 2005 en los Distritos
Judiciales semillas seleccionados para que funcione ese sistema.
Frente a los
primeros rige la ley 600 de 2000, sin que pueda desconocerse por ese hecho la
existencia de una ley procesal posterior que no se aplica debido a la
novedosa fórmula que se adoptó para introducir el sistema acusatorio, pero que
podría contener normas sustanciales o procesales de efectos sustanciales
favorables al procesado de obligatorio reconocimiento según el artículo 29
Superior que autoriza en materia penal la aplicación de normas que beneficien
la situación del procesado aunque no hubiesen regido en el trámite del proceso”
(Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto de mayo 4 de 2005,
M.P. Yesid Ramírez Bastidas).
[23] En auto
de julio 19 de 2005. Radicación 23910, la Sala de Casación penal de la Corte
Suprema de Justicia reitera, en forma ampliada, su postura mayoritaria sobre la
aplicación del principio de favorabilidad respecto de tránsitos normativos que
comporten no solamente “sucesión de leyes en el tiempo”, sino
coexistencia de regímenes diversos.
[24] Sentencia
C-200 de 2002 . En esta sentencia se estudió la constitucionalidad de los
artículos 40 y 43 de la Le 153 de 1887. En la  C- 592 de 20005 se reiteró este
criterio.
[25] Sala
Novena de revisión, sentencia T-1211 de 2005, MP Clara Inés Vargas Hernández.
[26] Artículo
37 del Decreto 2700 de 1991.
[27]
Si la aceptación se presentaba una vez definida la situación
jurídica y hasta antes del cierre de la investigación el descuento sería de 1/3
parte. Si ella se producía entre la resolución de acusación y antes de que
fijara fecha para la audiencia de juzgamiento la rebaja sería de 1/6 parte.
[28] Artículo
37A del Decreto 2700 de 1991.
[29] Una
tercera parte cuando la aceptación de cargos se produce desde la diligencia de
indagatoria y hasta antes de que  quede ejecutoriado el cierre de la
investigación. Una sexta parte, una vez proferida la resolución de acusación y
hasta antes de que quede ejecutoriada la providencia que fija fecha para
audiencia.
[30] Artículo 413, Ley 600 de
2000. La identificación de dirigentes o cabecillas de
organizaciones delictivas, la identificación e incautación  de bienes y fuentes
de financiación de organizaciones delictivas, la localización del lugar en que
se encuentra la víctima de determinados delitos.
[31]
En este momento procesal también se contempla la posibilidad
de que la aceptación de los cargos sea la consecuencia de un acuerdo celebrado
entre acusado y fiscal, configurándose las denominadas  manifestaciones de
culpabilidad preacordadas , caso en el cual es la Fiscalía quien deberá indicar
al juez los términos del acuerdo y la pretensión punitiva que tuviere (Art.
369). Si la manifestación preacordada fuere aceptada por el juez la pretensión
punitiva del fiscal, se convierte en el marco para el juez, en cuanto no podrá
imponer una pena superior a la solicitada por el Fiscal (Art. 370).
[32] Corte
constitucional, sentencia C-425 de 1996, MPCarlos Gaviria Díaz. Definición
similar se inserta en la sentencia SU-1300 de 2001, MP Marco Gerardo Monroy
Cabra.
[33] Ib.
[34] Ib.
[35] Ib.
[36] Ib.
[37] El
artículo 3° de la Ley 890 de 2004, por la cual se modificó el código penal
establece: “El artículo 61 del código penal tendrá un inciso final así: El
sistema de cuartos no se aplicará en aquellos eventos en los cuales se lleven a
cabo preacuerdos o negociaciones entre la Fiscalía y la defensa”.
[38]
Este reconocimiento desvirtúa la legitimidad del argumento de
que por tratarse de una  institución propia, vertebral o estructural del nuevo
sistema acusatorio no admitiría la posibilidad de invocar favorabilidad. No
solamente por que como se demostró presenta una tradición en el sistema
jurídico procesal colombiano, sino por que es evidente que si una institución
presenta ese nivel de caracterización específica, esencial y medular respecto
del nuevo sistema, es muy probable que no encuentre punto de referencia en el
anterior sistema, excluyéndose así el supuesto material de la favorabilidad,
cual es la existencia de supuesto de hecho similares tratados de manera
distinta.
[39]
Esos factores son la mayor o menor gravedad de la conducta, el daño real o
potencial creado, la naturaleza de las causales que agraven o atenúen la
punibilidad, la intensidad del dolo, la preterintención o la culpa
concurrentes, la necesidad de pena y la función que ella ha de cumplir en el
caso concreto, en la tentativa el mayor o menor grado de aproximación al
momento consumativo, y en la complicidad el mayor o menor grado de eficacia de
la contribución o ayuda (Art. 61 CP).
[40] El
artículo 2° establece que “El numeral 1° del artículo 37 del Código Penal
quedará así: 1. La pena de prisión para los tipos penales tendrá una duración
máxima de cincuenta (50) años, excepto en los casos de concurso”.
[41] Gaceta
del Congreso No. 345 de Julio 23 de 2003, Pag. 11.
[42]
“El parámetro de “contundencia de la investigación” es crucial
no sólo para el cálculo de costos de la implantación de la reforma sino también
para la operación del nuevo sistema. En efecto, los estándares internacionales
de países con tradición en el empleo de sistema penal acusatorio establecen que
tan sólo un 10% de los procesos debe llegar a juicio formal; el 90% debe
terminar en un proceso de negociación de la pena que consume mucho menos
recursos del sistema penal. Este parámetro para el caso colombiano, podría
asociarse de una manera histórica con el número de procesos que termina con una
sentencia anticipada. El porcentaje en estos casos no supera el 15% según
cifras de la Fiscalía. Si este fuese el valor que se toma para este parámetro
el sistema, simplemente, colapsaría por la demanda de recursos del sistema
penal para realizar todas las audiencias de juicio que se requerirían.  Las
discusiones en la mesa institucional de la Fiscalía llevaron a reconocer la
importancia de fijar este parámetro como una política de gestión
de la entidad para guiar la efectividad de labor como actor imprescindible del
sistema penal . Fue así como se acordaron los porcentajes de contundencia (…)
80% para los casos investigados por las fiscalías locales; 70% para los casos a
cargo de los fiscales seccionales; y 60% para los casos en manos de los
fiscales especializados”.  (Estudio contratado por el Consejo Superior de la
Judicatura con la Universidad de los Andes y el Instituto SER de Investigación
denominado “Plan Operativo para la implantación de la Reforma del Sistema Penal
Colombiano”, Abril de 2004).
[43]
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia
de única instancia, septiembre 3 de 2001. Radicación 16.837, MP Jorge Aníbal
Gómez. Criterio reiterado en auto de noviembre 29 de 2001. Radicación 18.915,
MP Edgar Lombana Trujillo. Esta línea jurisprudencial se ha mantenido en esa
Corporación, con la natural irradiación que proyecta hacia la judicatura penal.
[44] Auto de julio 19 de
2005. Radicación 23910. Criterio ratificado en autos de mayo 4 de 2005,
radicaciones 19094 y 23567.
[45] La
tercera parte constituye el máximo a descontar cuando el allanamiento se
produce en la audiencia preparatoria (hasta una tercera parte).