T-741-00
Sentencia T-741/00
Sentencia
T-741/00
PRINCIPIO NO
REFORMATIO IN PEJUS-Alcance
PRINCIPIO DE
CONGRUENCIA-Finalidad/PRINCIPIO
NO REFORMATIO IN PEJUS-Competencia restringida del ad quem
GARANTIA DE
PROHIBICION DE LA REFORMATIO IN PEJUS-Doctrina constitucional vinculante
La interpretación
que en ella se hace sobre la garantía de la prohibición de la reformatio in
pejus constituye doctrina constitucional vinculante, la que se explica en el
siguiente sentido: “b. La doctrina constitucional. Las normas de la
Constitución política, y ésta no es una característica privativa de ellas,
tienen una vocación irrevocable hacia la individualización, tal como lo ha
subrayado Kelsen al tratar del ordenamiento jurídico. De ordinario pasan por
una fase previa consistente en su desarrollo legal. Pero no todas alcanzan
dicho desarrollo, bien porque no lo requieren, bien porque, requiriéndolo, el
legislador lo omite. Pero tal omisión no desvirtúa su carácter normativo, si ya
lo tienen. Pueden, entonces, ser aplicadas a situaciones específicas
subsumibles en ellas, que no están explícitamente contempladas en la ley”.
“Pero si la individualización de las normas legales, dada su generalidad (que a
menudo deviene en ambigüedad), aparece problemática y generadora de inseguridad
jurídica, más problemática e incierta resulta aún la actuación directa de las
normas constitucionales a los casos particulares, por concurrir en ellas, superlativamente,
las mismas notas distintivas advertidas en la ley”. “Parece razonable,
entonces, que al señalar a las normas constitucionales como fundamento de los
fallos, a falta de ley, se agregue una cualificación adicional, consistente en
que el sentido de dichas normas, su alcance y pertinencia, hayan sido fijados
por quien haga las veces de intérprete autorizado de la Constitución. Que, de
ese modo, la aplicación de las normas superiores esté tamizada por la
elaboración doctrinaria que de ellas haya hecho su intérprete supremo. (art.
241 C.P.)”.
Referencia:
expediente T-308.369
Acción
de tutela instaurada por Jhonson Iván Almeida Medina contra el Tribunal
Superior de Santa Rosa de Viterbo, Sala de Decisión Penal.
Magistrado
Ponente:
Dr. ALFREDO BELTRÁN
SIERRA.
Santafé de Bogotá,
D.C., a  los veintidos (22) días del mes de junio del año dos mil (2.000).
La Sala Segunda de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Alfredo
Beltrán Sierra, Eduardo Cifuentes Muñoz y Carlos Gaviria Díaz, en ejercicio de
sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
en el proceso de
revisión del fallo adoptado por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Laboral, de fecha 9 de marzo del año 2000, en el que se resolvió la acción de
tutela interpuesta por Jhonson Iván Almeida Muriel contra una providencia del
Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo, Sala de Decisión Penal.
El expediente llegó
a la Corte Constitucional, por remisión que hizo la Corte Suprema de Justicia,
en virtud de lo ordenado por el artículo 31 del decreto 2591 de 1991. La Sala
de Selección de Tutelas Número Cuatro de la Corte, en auto de fecha 3 de mayo
del año 2000, eligió, para efectos de su revisión, el expediente de la
referencia.
I. ANTECEDENTES.
El actor
presentó acción de tutela ante el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo,
por considerar que la providencia de la Sala Penal de ese mismo Tribunal, con
ponencia del Magistrado Jairo Hernán Valcárcel Monroy, de fecha 24 de
septiembre de 1999, modificó, en su contra, la sentencia de primer grado,
siendo el actor, apelante único.
Manifiesta
el demandante que esta decisión violó lo establecido en el artículo 31 de la
Constitución y desconoció la jurisprudencia de la Corte Constitucional,
contenida en la sentencia SU-327 de 1995, sobre la garantía de la no reformatio
in pejus, cuando se trata de apelante único, como es su caso.
Señala el actor que
no puede el juez de segundo grado, al amparo de haber encontrado alguna
irregularidad en el proceso o en la sentencia, enmendarlo en forma que conduzca
a un empeoramiento del procesado. Esta situación no se justifica, ni siquiera
con el argumento de haberse violado el principio de legalidad de la condena.
1.     Hechos.
El demandante fue
condenado en cinco procesos independientes, por distintos juzgados, por los
delitos de extorsión y concierto para delinquir. Los cinco procesos se
identifican y resumen así:
1-    Causa Nro. 0022; delito: extorsión. Pena
principal: 48 meses de prisión.
2-    Causa Nro. 035; delito: extorsión. Pena
principal: 59 meses de prisión.
3-    Causa Nro. 57; delito extorsión en concurso
homogéneo y sucesivo. Pena principal: 86 meses de prisión.
4-    Causa Nro. 218; delito: extorsión en grado
de tentativa. Pena principal: 48 meses de prisión.
5-    Causa Nro. 1999-039-00; delito: concierto
para delinquir. Pena principal: 32 meses de prisión.
El condenado
solicitó la aplicación de la acumulación jurídica de penas, prevista en el
artículo 505 del Código de Procedimiento Penal.
El Juzgado Primero
Penal del Circuito de Sogamoso, en auto del 23 de junio de 1999, decretó la
procedencia de la acumulación pedida y determinó que 19 años y 2 meses era la
pena que debía purgar el sentenciado. (folios 30 a 33)
Contra este auto,
sólo el sentenciado interpuso y sustentó recurso de apelación, que fue resuelto
en la providencia del Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo, el 24 de
septiembre de 1999, decisión que es el objeto de esta tutela.
En esta providencia,
el Tribunal analizó el contenido del artículo 505 del Código de Procedimiento
Penal, modificado por el artículo 60 de la Ley 81 de 1993, que establece el
trámite de la acumulación de jurídica de penas y los requisitos para su
procedencia. Consideró que revisadas cada una de las causas cuya acumulación se
pide “es preciso decir que en el caso sub-judice no se dan todas estas
exigencias de la ley, ya que al examinar la causa 022 se encuentra que el 22 de
enero de 1995, se capturó entre otros, al acusado Jhonson Iván Almeida Muriel
implicado por el delito de Extorsión donde aparece como denunciante Carlos
Arturo Daza Martínez; en este proceso el 23 de junio de 1995, fol. 272 le fue
concedida libertad provisional por el Juzgado Promiscuo Municipal de Tibasosa y
suscribió diligencia de compromiso el 10 de julio de 1995, fol. 305, hallándose
en libertad provisional fue capturado el 31 de agosto de 1995 en flagrancia, es
decir, al momento que recibía el dinero de la extorsión según hechos cometidos
el día anterior. (30 de agosto de 1995). Como de lo reseñado en precedencia
surge con claridad que Jhonson Iván Almeida Muriel quien se encontraba con
medida de aseguramiento consistente en detención preventiva proferida dentro de
la citada causa 022 el 13 de febrero de 1995, fol. 99, cometió delito ´…
durante el tiempo que la persona estuviere privada de su libertad ...´, esta
causa queda excluida para el beneficio de la Acumulación Jurídica de Penas, por
cuanto, como queda analizado, delinquió estando en privación de libertad porque
en su contra se había proferido medida de aseguramiento de detención
preventiva.” (folio 25)
En cuanto a la forma
como se hizo la acumulación, el Tribunal señaló:
“Siguiendo el
principio de asperación aceptado en nuestro sistema punitivo para la aplicación
concursal de hechos punibles, según el cual el funcionario judicial debe
establecer la pena del delito más grave y aumentarla en forma prudencial
evitando igualar o sobrepasar la suma aritmética de las sanciones y sin exceder
el límite establecido para la concreta especie de pena, considera la Sala que
los 16 años y 2 meses impuestos en esta instancia al graduar el concurso para
la acumulación jurídica pedida son justos y por ello el auto recurrido se habrá
de confirmar, con esta modificación.” (folio 27)
En consecuencia, el
Tribunal resolvió:
“Primero.- Con la
modificación de que se habló en la parte motiva de este proveído, confirmar el
auto materia de alzada.
(folio 27)
2. Sentencia de
primera instancia.
En sentencia del 9
de febrero del año 2000, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa
Rosa de Viterbo, Sala de Decisión Civil Familia Laboral, tuteló los derechos
fundamentales a la defensa y al debido proceso del actor. En consecuencia,
revocó parcialmente la providencia acusada, en lo relativo a la agravación de
la pena acumulada impuesta al actor, y ordenó que en el término de 48 horas, la
Sala de Decisión Penal del Tribunal proceda, nuevamente, a regular las penas de
las causas acumuladas, sin agravar la impuesta por el juzgador de primer grado.
Las razones del
Tribunal para conceder esta tutela, se apoyan en la sentencia de la Corte
Constitucional T-474 de 1992, sobre el principio de la no reformatio in
pejus y el articulo 31 de la Constitución.
El juez de tutela
consideró que cuando el ad quem excluyó del beneficio de la acumulación
jurídica de penas, la causa Nro. 022, agravó la situación del apelante único,
en el siguiente sentido :
“Haciendo
una comparación numérica simple de la pena acumulada impuesta por el juez de
primera instancia a saber 19 años y 2 meses, con la modificación que hace el
Juzgador de segundo grado a 16 años y 2 meses, aparenta que no se vulneró la
garantía fundamental del debido proceso al no transgredir el superior los
límites que la ley le otorga en los eventos de ser el condenado apelante único
y por virtud de la impugnación y las pretensiones que ella contiene.
“Sin embargo la
Sala al excluir la causa Nro. 022 que había hecho parte de la dosificación de
las penas acumuladas en primera instancia, al aplicar la fórmula
jurisprudencial dispuesta por la Corte Suprema de Justicia, sobre las demás
causas agrava la condena impuesta por el a-quo, alejándose de la pretensión del
recurrente que era obtener la reducción de los 19 años 2 meses de pena acumulada,
al imponer 16 años 2 meses con exclusión de la causa No. 022 cuya pena es de 48
meses de prisión.
“De tal suerte
que se le aumentó la pena al sentenciado en 1 año, lo que resulta de adicionar
a los 16 años 2 meses los 48 meses excluidos, que da un total de 20 años 2
meses, sobrepasando la pena acumulada establecida por el Juzgado Primero Penal
del Circuito de Sogamoso en 19 años 2 meses, quebrantando la prohibición de la
reformatio in pejus, lo que implica la conculcación de los derechos
fundamentales al debido proceso y a la defensa del tutelante, imponiéndose la
tutela inmediata de los mismos.” (folio 59)
3. impugnación.
El actor y
los Magistrados del Tribunal impugnaron esta decisión.
a) El actor,
porque consideró que el juez de tutela se pronunció en forma parcial, al no
resolver de fondo el asunto de la falta de competencia del Tribunal y separar
una de las causas, desconciendo que era apelante único. El impugnante solicita “que
no se separe la acumulación jurídica de penas y que se realice la solicitud tal
como expresé en mi apelación. Ya que si esto sucediere me agravaría la pena, y
no podría gozar los beneficios penitenciarios tanto de permiso de 72 horas como
la libertad preparatoria y la franquicia preparatoria.” (folio 66)
b) El
Magistrado ponente de la providencia objeto de esta tutela, doctor Jairo Hernán
Valcárcel Monroy, impugnó la decisión que concedió el amparo. Estimó que no
hubo vía de hecho. Puso de presente que por atender lo establecido en el
artículo 31 de la Constitución, no se pueden violar otros preceptos de la misma
Carta, como son los artículos 29 y 230. La determinación atacada tuvo como
sustento las exigencias del artículo 505 del Código de Procedimiento Penal.
Explica que
cuando la Sala examinó la actuación del a quo, encontró que en el
proceso acumulativo de sanciones se había incluido una causa que no reunía los
requisitos legales. Por ello, fue excluida. “Allí lo que operó fue la
confrontación normativa con el caso concreto y frente a ese error no cabía
alternativa diferente que la de modificar o reformar el auto apelado para
adecuar la pena en debida forma.” (folio 83)
“El
juzgado de conocimiento dispuso que 19 años y 2 meses de prisión era la pena
que por acumulación jurídica de 5 causas debía purgar el procesado Almeida
Muriel. La Sala Penal, al desatar el recurso, no le impuso 20 años y 2 meses de
prisión, como para que se sostenga que tal pena fue aumentada en 1 año, no. De
las 5 causas, excluyó la número 022 porque no cumplía los requisitos del
artículo 505 del C. de P.P., y al acumular 4 de ellas, determinó que 16 años y
2 meses era la pena correspondiente a la acumulación jurídica que se perseguía.
En la decisión de la Sala Penal, como puede verse, no se aumentó la pena al
apelante único señor Almeida Muriel. Al contrario, se la disminuyó en 3 años y
se adecuó el procedimiento a seguir en estos casos. El aumento del año de que
se habla es deducción del procesado y del fallo de tutela que impugno, pues
sostienen que habiéndose impuesto por el A-quo pena de prisión de 19 años y 2
meses, por las 5 causas, al sumar los 16 años y 2 meses de prisión impuestos
por la Sala Penal con los 4 años (48 meses) de prisión ordenados en la
sentencia 022 que se excluía de la acumulación, daba como resultado 20 años y 2
meses de igual pena y entonces obviamente el incremento resultaba en un año.
Esta es deducción, se repite, pero no decisión de la Sala Penal.” (folio 84)
Resalta el
principio de que los jueces en sus providencias sólo están sometidos al imperio
de la ley. Bajo este parámetro legal y constitucional, manifiesta el
impugnante, la Sala Penal emitió el auto interlocutorio objeto de esta tutela.
Circunstancia que encuentra apoyo jurisprudencial en sentencias de la Corte
Suprema de Justicia, que transcribe en lo pertinente.
Esta
impugnación fue coadyuvada por los otros dos Magistrados que integraron la Sala
de decisión en la providencia atacada.
4.
Cumplimiento de lo ordenado por el juez de tutela.
Es de
advertir que en cumplimiento de la orden proferida por el juez de tutela, el
Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo, Sala Penal, profirió la decisión de
fecha 14 de febrero del año 2000. En ella se dijo que no hubo agravación de la
pena, sino que, por el contrario, se disminuyó la tasada por el Juzgado en 3
años, sólo que una de las causas, la 022, fue excluida, por no cumplir los
requisitos para hacer viable la acumulación jurídica, pues el procesado
delinquió en momentos en que se hallaba cobijado con medida de aseguramiento
vigente, en libertad provisional. Nuevamente analiza cada una de las causas, y
la razón para haber hecho la exclusión mencionada.
Sobre el
sentido de la apelación del sentenciado, en cuanto a su discrepancia sobre la
base para graduar la pena, señaló el Tribunal:
“En
sentir de la Sala Penal, esta dosificación concursal para acumulación jurídica
de penas a más de ser justa, cumple con el postulado de legalidad, No obstante,
como en criterio unánime del fallo de tutela, se le vulneró al procesado
Almeida Muriel el principio de la prohibición de reformar en lo peor, para
cumplir con el mandato allí consignado y al reestudiar el caso propuesto,
tendrá en cuenta las cinco causas cuya acumulación se pide. Así que, en
aplicación de las normas del concurso de hechos punibles ha de tomarse la pena
de mayor gravedad, para aumentarla hasta en otro tanto, en este caso la de 86
meses a que se refiere el condenado Almeida Muriel en la causa distinguida con
el Nro. 57. Partiendo de esta base y en atención a que el punible de extorsión
está sancionado con pena de prisión de 4 a 20 años y para el concurso puede
llegarse a otro tanto de este máximo, prudente y justo considera la Sala el
incremento de 12 años (144 meses) de prisión, para un total de 230 meses, o lo
que es lo mismo, 19 años y 2 meses de igual sanción. Como ésta fue la pena
impuesta por el juzgado del conocimiento en el fallo materia de la impugnación,
y hoy por hoy la Sala la encuentra conforme a derecho, habrá de impartirle
confirmación.” (folio 78)
En conclusión, se
confrimó la misma pena determinada por el a quo.
5. Sentencia de
segunda instancia.
En sentencia
del 9 de marzo del año 2000, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Laboral, revocó la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Santa Rosa de Cabal y, en consecuencia, negó la tutela. La Corte consideró que
el juez de tutela no tiene competencia para inmiscuirse en asuntos que son de
competencia de otros jueces. Por ello, no le corresponde a la Corte entrar a
definir la legalidad del auto interlocutorio objeto de la acción de tutela.
Trajo a colación la sentencia de la Sala Laboral de esa Corporación, de fecha 2
de marzo de 1998, Nro. 3101, en la que, a su vez, se refiere a la sentencia de
la Corte Constitucional sobre el inexorable efecto de la cosa juzgada,
sentencia C-543 de 1992.
II.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. Competencia.
La Corte es
competente para conocer de esta demanda, en virtud de lo dispuesto en los artículos
86 y 241, numeral 9, de la Constitución Política y en los artículos 33 a 35 del
decreto 2591 de 1991.
1.     Lo que se debate.
El presente asunto
consiste en determinar si existió agravación de la pena por parte del juez de
segundo grado, siendo el actor apelante único. Y si la acción de tutela procede
cuando esta circunstancia se da.
Para tal efecto,
habrá que recordar brevemente en qué consiste la garantía de la no
reformatio in pejus en la Constitución y la jurisprudencia de la Corte
Constitucional.
3. Principio de
la no reformatio in pejus.
El artículo 31 de la
Constitución dice:
“Toda sentencia
judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la
ley.
“El superior no
podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único.” (se
subraya)
En este segundo
inciso se encuentra la esencia de lo que es el principio mencionado. La
doctrina y la jurisprudencia han expuesto sus tesis sobre el alcance de esta
garantía, pues ha existido la discusión sobre la competencia del juez de
segundo grado para conocer, en el caso del apelante único, si el de primer
grado se ajustó a los parámetros legales, a pesar de no ser tema objeto de la
apelación. Dice esta tesis que en el caso de que el a quo haya aplicado
erróneamente la ley, no procede la garantía constitucional de la no
reformatio in pejus.
Por el contrario,
existe la tesis de la competencia restringida del ad quem, que consiste
en sostener que éste, a pesar de encontrar alguna irregularidad en la decisión
que conoce en segundo grado, no puede declarada, si ello significa agravar la
pena del condenado.
Esta última es la
interpretación constitucional de la Corte Constitucional. Desde la sentencia
T-474 de 1992, la Corporación definió el alcance de la garantía, así:
“Definición y
alcance de la "reformatio in peius"“8. La prohibición de la "reformatio
in peius" o reforma peyorativa es un principio general del derecho
procesal y una garantía constitucional que hace parte del derecho fundamental
al debido proceso (CP art. 29). Ella es consecuencia de la regla ínsita en la
máxima latina "tantum devolutum quantum appelatum", en virtud de la
cual se ejerce la competencia del juez superior. El ejercicio de las
competencias judiciales radicadas en el juez superior y su límite, ambos, se
suscitan y a la vez se limitan por virtud de la impugnación y las pretensiones
que ella involucra.
“La interdicción
de la reforma en perjuicio del condenado constituye, igualmente, una garantía
procesal fundamental del régimen de los recursos, a su vez contenido en el
derecho de defensa y en el núcleo esencial del derecho al debido proceso. Al
superior no le es dable por expresa prohibición constitucional empeorar la pena
impuesta al apelante único, porque al fallar ex-officio sorprende al
recurrente, quien formalmente por lo menos no ha tenido la posibilidad de
conocer y controvertir los motivos de la sanción a él impuesta, operándose por
esta vía  una situación de indefensión.(sentencia T-474 de 1992, Magistrados
Ponentes doctores Eduardo Cifuentes Muñoz y Alejandro Martínez Caballero)
Posteriormente, este
principio fue objeto de decisión jurisprudencial unificada y de interpretación
constitucional, por parte de la Corte Constitucional, en la sentencia SU-327 de
1995, de la Sala Plena, M.P., doctor Carlos Gaviria Díaz. Esta sentencia partió
de los principios expuestos en la providencia a que se hizo referencia (T-474
de 1992), y de otros pronunciamientos anteriores de las distintas Salas de
Revisión de esta Corporación. Interesa en el presente proceso, referirse a los
principales aspectos analizados por la Sala Plena, en esta SU-327.
Se ahondó en el
principio de congruencia, según el cual “las pretensiones del recurrente
y su voluntad de interponer el recurso, condicionan la competencia del juez que
conoce del mismo”. Sobre la consecuencia de deducir la conformidad con
la decisión, por la no interposición de recursos por parte del Fiscal o del
Ministerio Público. Dice la sentencia que tal inactividad “revelan la
conformidad del titular de la pretensión punitiva con los términos del fallo, e
implican una preclusión de la oportunidad que el Estado tenía de revisar su
propio acto.” Se expresó en la decisión que la competencia del ad
quem es restringida, pues “si el juez de segundo grado adquiere
competencia sólo en función del recurso interpuesto por el procesado y sólo
para revisar la providencia en los aspectos en que pueda serle desfavorable
(tal como se desprende del precepto constitucional) no puede so pretexto de
que ha encontrado alguna irregularidad en el proceso o en la sentencia, cuya
enmienda conduce a un empeoramiento de la situación del apelante, declararla si
tal empeoramiento fatalmente habrá de producirse.”
También se analizó
cómo la prohibición de la agravación en lo peor es desarrollo del principio del
debido proceso. Se dijo: “Se trata de un juego limpio -que, en el fondo, tal
es el debido proceso-que ninguna de las partes puede infringir y mucho menos el
Estado a cuyo cargo está la guarda de la garantía.  Hay oportunidades y
mecanismos adecuados para enmendar errores.  Su enmienda, así se juzgue de alta
conveniencia, no puede tener lugar en cualquier momento y bajo cualquier
condición que la norma superior no haya previsto.  Porque lo que se juzga un
interés general no puede sacarse avante por encima de la propia normatividad
que lo consagra y delimita.  Proceder de ese modo, sería subrogar la voluntad
del funcionario a la Constitución y, por ende, destruir el Estado de Derecho en
beneficio de intereses de ocasión, así se juzguen de la más alta estirpe.”
Finalmente, la
Corte, en la misma sentencia, señaló que la interpretación que en ella se hace
sobre la garantía de la prohibición de la reformatio in pejus constituye
doctrina constitucional vinculante, la que se explica en el siguiente
sentido:
“b. La
doctrina constitucional. Las normas de la Constitución política, y ésta no
es una característica privativa de ellas, tienen una vocación irrevocable hacia
la individualización, tal como lo ha subrayado Kelsen[1] al
tratar del ordenamiento jurídico. De ordinario pasan por una fase previa
consistente en su desarrollo legal. Pero no todas alcanzan dicho desarrollo,
bien porque no lo requieren, bien porque, requiriéndolo, el legislador lo
omite. Pero tal omisión no desvirtúa su carácter normativo, si ya lo tienen.
Pueden, entonces, ser aplicadas a situaciones específicas subsumibles en ellas,
que no están explícitamente contempladas en la ley”.
“Pero si la
individualización de las normas legales, dada su generalidad (que a menudo
deviene en ambigüedad), aparece problemática y generadora de inseguridad
jurídica, más problemática e incierta resulta aún la actuación directa de las
normas constitucionales a los casos particulares, por concurrir en ellas,
superlativamente, las mismas notas distintivas advertidas en la ley”.
“Parece
razonable, entonces, que al señalar a las normas constitucionales como
fundamento de los fallos, a falta de ley, se agregue una cualificación
adicional, consistente en que el sentido de dichas normas, su alcance y
pertinencia, hayan sido fijados por quien haga las veces de intérprete
autorizado de la Constitución. Que, de ese modo, la aplicación de las normas
superiores esté tamizada por la elaboración doctrinaria que de ellas haya hecho
su intérprete supremo. (art. 241 C.P.)” (sentencia SU-327 de 1995, M.P., doctor Carlos Gaviria
Díaz) (se subraya)
Cabe señalar que el
carácter vinculante de la interpretación de la Constitución efectuada por la
Corte Constitucional, se ha desarrollado, también, en las sentencias C- 083 de
1995; C-037 de 1996, que estudio la Ley Estatutaria de la Justicia (art. 48),
en la SU-640 de 1998, entre otras.
Siguiendo, pues, los
parámetros trazados por la Corte en relación con este tema, y el carácter
vinculante de la interpretación constitucional, sobre la garantía de la
prohibición de la reformatio in pejus, se examinará si en el caso
concreto hubo agravación de la pena del actor y si es procedente la acción de
tutela.
4. El caso
concreto.
El actor está
condenado en cinco causas penales. Al solicitar la acumulación jurídica de las
penas, de acuerdo con el artículo 505 del Código de Procedimiento Penal, el
Juzgado Primero Penal del Circuito de Sogamoso  estimó procedente la solicitud,
y en auto interlocutorio estableció como pena acumulada la de 19 años y 2
meses.
El
sentenciado apeló esta decisión, por no estar de acuerdo con la forma como se
le dosificó la pena, en especial, la base que tomó el juez para establecerla.
Conoció del recurso
el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo, Sala de Decisión Penal. El
Tribunal, al analizar las causas y los requisitos para la procedencia de la
acumulación, consideró que el a quo se equivocó al acumular la causa
identificada con el Nro. 022, ya que el interesado había cometido el delito
durante el tiempo en que estuvo en libertad provisional. Lo que tiene como
consecuencia que, en relación con esta causa, no era procedente hacer la
acumulación pedida, al incumplir uno de los requisitos establecidos en la ley
(artículo 505 del C. de P.P.).
También, el Tribunal
estudió, en su criterio, a cuántos años debía ascender la pena a acumular y la
estableció en 16 años y 2 meses. Por este aspecto, es que el Tribunal
manifiesta que fue errada la concesión de la acción de tutela, pues la pena fue
rebajada. Habrá, pues, que estudiar si le asiste razón al actor o al Tribunal
demandado.
Para ello, se tiene:
el juez de primer grado impuso al actor la pena de 19 años y 2 meses, y el de
segundo grado impuso la de 16 años y 2 meses, pero, excluyó la causa Nro. 022,
que tiene una condena de 48 meses. Con una simple fórmula matemática se hace la
siguiente operación:
-
En primera instancia,
la pena acumulada es de 230 meses.
-
En la segunda
instancia, la pena acumulada es de 194 meses (16 años y 2 meses), a la que hay
que adicionar los 48 meses correspondientes a la causa Nro.022, que no fue
objeto de acumulación. Lo que da un total de 242 meses.
Estas son las
cuentas que hizo el actor de esta tutela, al afirmar que el Tribunal le aumentó
la pena, en un año, desconociendo que él era apelante único. Y estas mismas
cuentas son las que hizo el juez de tutela de primera instancia, y por ello
concedió el amparo solicitado. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, Sala
Laboral, revocó esta decisión, con el argumento de que no procede la acción de
tutela contra sentencia judicial.
Para esta
Sala de Revisión, con la simple fórmula aritmética que se realizó, al actor, la
decisión del ad quem, le aumentó en un año la pena. Esto es lo real.
Las
explicaciones relativas a que esto no ocurrió, sino que, por el contrario, la
pena le fue rebajada de 19 años y 2 meses a 16 años y 2 meses, no son
aceptables, pues, no puede olvidarse que el Tribunal excluyó una causa, la Nro.
22, que tiene una pena de 48 meses, que habría que sumar. Suma que implica un
año más, lo que constituye, ni más ni menos, una reforma en desventaja del
condenado.
En tal
virtud, discrepando de lo expresado por la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Laboral, en cuanto a que no procede la tutela, porque se está frente a
una decisión judicial, la Sala de Revisión considera que, en el presente caso,
más allá de la cosa juzgada, hay una clara violación de un derecho fundamental
(artículo 31 de la Constitución), que resulta procedente proteger a través de
esta acción, aplicando la doctrina constitucional contenida en la sentencia
SU-327 de 1995.
En consecuencia, se
ordenará al Tribunal proferir una nueva sentencia en la que, bajo ninguna
circunstancia, puede establecerse una pena mayor a la impuesta por el juez de
primer grado. Lo que no obsta para que el Tribunal, a su vez, si existe
fundamento legal para ello, pueda disminuirla.
III. DECISIÓN.
En mérito de lo
expuesto, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE :
Primero: Revocar la sentencia de fecha nueve (9) de marzo
del año dos mil (2000) de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Laboral, en la acción de tutela interpuesta por Jhonson Iván Almeida Muriel
contra la providencia del Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo, Sala de
Decisión Penal, de fecha 24 de septiembre de 1999.
Ordenar que dentro
de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta
sentencia, el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo, Sala de Decisión
Penal, profiera una nueva sentencia en la que, bajo ninguna circunstancia,
puede establecerse una pena mayor a la impuesta por el juez de primer grado. Lo
que no obsta para que el Tribunal, a su vez, si existe fundamento legal para
ello, pueda disminuirla.
Segundo: Por Secretaría General líbrense las
comunicaciones previstas en el artículo 36 del decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese en la Gaceta de al Corte Constitucional y cúmplase.
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
CARLOS GAVIRIA DÍAZ
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1]  Op. cit.