C-260-16
Sentencia C-260/16
LEY
SOBRE ADMINISTRACION DE JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL-Contenido y
alcance
ADMINISTRACION
DE JUSTICIA-No toda regulación de la materia está sujeta a reserva de ley
estatutaria/LEY SOBRE ADMINISTRACION DE JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL-No
toda regulación concerniente a la administración de justicia debe ser objeto de
una ley estatutaria/DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD POR VULNERACION DE
RESERVA DE LEY ESTATUTARIA-No basta invocarla respecto de cualquier norma
que aluda a la administración de justicia, sino que debe explicarse en
concreto, de manera clara, cierta, especifica y suficiente porqué los
contenidos normativos que se demandan, deben sujetarse al trámite de ley
estatutaria
DEMANDA
DE INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos mínimos/INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA
DEMANDA-Configuración
Referencia: expediente D-10987.
Demanda de inconstitucionalidad contra los Artículos 1º, 2º, 3º,
4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83,
84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 y 93 de la Ley 1765 de 2015.
Demandante: Sonia Patricia Carrero Correa
Magistrado Ponente:
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de mayo de dos mil
dieciséis (2016).
La Sala Plena de la Corte
Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y previo
cumplimiento de los requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067 de
1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES[1]
En ejercicio de la acción
pública consagrada en el Artículo 241 de la Constitución Política, la ciudadana
Sonia Patricia Carrero Correa demandó la inconstitucionalidad de los Artículos
1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80,
81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 y 93 de la Ley 1765 de 2015,“por
la cual se reestructura la Justicia Penal Militar y Policial, se establecen
requisitos para el desempeño de sus cargos, se implementa su Fiscalía General
Penal Militar y Policial, se organiza su cuerpo técnico de investigación, se
señalan disposiciones sobre competencia para el tránsito al sistema penal
acusatorio y para garantizar su plena operatividad en la Jurisdicción
Especializada y se dictan otras disposiciones”, al considerar que
contrarían los Artículos 152 y 153 de la Carta Política.
Mediante Auto[2]
del 2º de octubre de 2015, el Magistrado Sustanciador inadmitió la demanda de
la referencia, por considerar que la demanda no cumplía con los
requisitos de especificidad y suficiencia que exigen las acciones públicas de
inconstitucionalidad, de acuerdo con el Decreto 2067 de 1991 y la
jurisprudencia de esta Corte sobre la materia.
El día 09 de septiembre de 2015, dentro del término
previsto para la corrección de la demanda[3], el actor radicó en la
Secretaría General de esta Corporación escrito de subsanación.
Luego de examinar la corrección de la demanda y
verificar si los cargos de inconstitucionalidad planteados cumplían con los
requisitos faltantes en cada uno de ellos, por Auto[4] del 26
de octubre de 2015, el Magistrado Sustanciador resolvió: (i) admitir la demanda por el cargo de la presunta vulneración de la reserva
de ley estatutaria; y (ii) rechazar parcialmente la misma por el cargo
del supuesto desconocimiento del trámite de aprobación de las leyes estatutarias[5].
En la misma providencia, se corrió traslado al
Procurador General de la Nación, a fin  de que emitiera su concepto en los
términos de los artículos 242­2 y 278­5 de la Constitución; se fijó en
lista el proceso con el objeto de que cualquier ciudadano impugnara o
defendiera la norma, y se comunicó de la iniciación del mismo al Presidente de
la República y al Presidente del Congreso, para los fines previstos en el
artículo 244 de la Carta, así como al Ministro de Defensa Nacional y al Fiscal
General de la Nación.
Además, se invitó a participar a las Facultades de
Derecho de las Universidades de Antioquia, La Sabana, del Rosario, Externado de
Colombia, Javeriana, de los Andes, Nacional de Colombia, Libre, Católica de
Colombia, Jorge Tadeo Lozano, Sergio Arboleda y Santo Tomás, para que
intervinieran dentro del proceso, con la finalidad de rendir concepto sobre la
constitucionalidad de las disposiciones demandadas.
Una vez cumplidos los trámites previstos en el
artículo 242 de la Constitución Política y en el Decreto 2067 de 1991, la Corte
Constitucional procede a decidir sobre la demanda de la referencia.
II. NORMA DEMANDADA
A continuación se transcribe el
texto normativo demandado según publicación en el Diario Oficial No 49.582 del
23 de julio de 2015:
“LEY 1765 DE 2015
(julio 23)
Diario Oficial No. 49.582 de 23 de julio de 2015
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Por
la cual se reestructura la Justicia Penal Militar y Policial, se establecen
requisitos para el desempeño de sus cargos, se implementa su Fiscalía General
Penal Militar y Policial, se organiza su cuerpo técnico de investigación, se
señalan disposiciones sobre competencia para el tránsito al sistema penal
acusatorio y para garantizar su plena operatividad en la Jurisdicción
Especializada y se dictan otras disposiciones.
EL CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:
TÍTULO I.
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL.
CAPÍTULO ÚNICO.
PRINCIPIOS Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.
ARTÍCULO 1o. PRINCIPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Las
normas y principios rectores de la administración de justicia prevalecen y
serán de obligatoria aplicación en la Jurisdicción Penal Militar y Policial.
ARTÍCULO 2o. ÁMBITO DE APLICACIÓN. La presente ley
se aplicará en lo pertinente, a los miembros de la Fuerza Pública en servicio
activo o en retiro, así como al personal civil o no uniformado que desempeñe
cargos en la Justicia Penal Militar y Policial.
Los
artículos que modifican, adicionan o derogan disposiciones de carácter penal
militar, se aplicarán exclusivamente a miembros de la Fuerza Pública en los
términos del artículo 221 de
la Constitución Política. En ningún caso se aplicarán a los civiles.
TÍTULO II.
ESTRUCTURA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL.
CAPÍTULO 1.
INTEGRACIÓN.
ARTÍCULO 3o. INTEGRACIÓN. La Justicia Penal Militar
y Policial estará integrada por:
Órganos
Jurisdiccionales y de Investigación
1.
Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Penal.
2.
Tribunal Superior Militar y Policial.
3.
Jueces Penales Militares y Policiales de Conocimiento Especializado y de
Conocimiento.
4.
Jueces Penales Militares y Policiales de Control de Garantías.
5.
Jueces Penales Militares y Policiales de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad.
6.
Fiscalía General Penal Militar y Policial y Cuerpo Técnico de Investigación.
Órganos
de Dirección y Administración de la Unidad Administrativa Especial de la
Justicia Penal Militar y Policial, de que trata la presente ley:
1.
Consejo Directivo.
2.
Director Ejecutivo.
CAPÍTULO II.
ÓRGANOS JURISDICCIONALES.
ARTÍCULO 4o. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. La
Corte Suprema de Justicia ejerce sus funciones en la Justicia Penal Militar y
Policial a través de la Sala de Casación Penal, según sus competencias
constitucionales y legales.
ARTÍCULO 5o. TRIBUNAL SUPERIOR MILITAR Y POLICIAL. Sede
e integración. El Tribunal Superior Militar y Policial tendrá su sede en
Bogotá, D. C., y estará conformado por Magistrados que integrarán salas de
decisión militar, policial o mixtas que ejercerán la función jurisdiccional. El
Tribunal o sus salas de decisión podrán sesionar en cualquier lugar del país.
Las Salas de Decisión del Tribunal Superior Militar y Policial estarán
integradas por tres Magistrados cada una, presidida por el ponente respectivo.
Las
Salas de Decisión contarán con representación de cada una de las Fuerzas
Militares y de la Policía Nacional en los términos que establezca el reglamento
interno de la Corporación.
Además
de las Salas de Decisión, al interior del Tribunal funcionarán la Sala Plena,
la Sala de Gobierno, la secretaría, la relatoría y el personal subalterno. Las
Salas Plena y de Gobierno siempre serán presididas por el Presidente de la corporación
o en ausencia temporal de este por el Vicepresidente.
El
Tribunal tendrá un Presidente que lo presidirá y un Vicepresidente que lo
reemplazará en sus ausencias temporales. El Presidente, el Vicepresidente y la
Sala de Gobierno, serán elegidos por la Sala Plena del Tribunal.
ARTÍCULO 6o. Adicionase el artículo 203 de
la Ley 1407 de 2010 con el siguiente parágrafo:
“Artículo
203 (...)
PARÁGRAFO. Cuando
sobre un mismo asunto existan discrepancias entre diferentes salas de decisión,
la Sala Plena del Tribunal se constituirá en Sala Única de Decisión asumiendo
la función jurisdiccional a efectos de unificar el criterio, conforme al
procedimiento que disponga el reglamento interno de la corporación”.
ARTÍCULO 7o. JUZGADOS PENALES MILITARES Y POLICIALES DE CONOCIMIENTO
ESPECIALIZADO Y DE CONOCIMIENTO. Créanse los Juzgados Penales
Militares y Policiales de conocimiento especializado y de conocimiento, que
conocerán de los delitos a que hace referencia la presente ley. Estos, tendrán
jurisdicción en todo el territorio nacional.
Las
Fuerzas Militares y la Policía Nacional contarán con el número de juzgados
necesarios que les permita garantizar la pronta y efectiva administración de
justicia, cuyos titulares serán miembros activos o retirados de la respectiva
Fuerza.
PARÁGRAFO. La
competencia territorial de cada despacho se definirá por acto administrativo
emitido por la Dirección Ejecutiva de la Unidad Administrativa Especial de la
Justicia Penal Militar y Policial.
ARTÍCULO 8o. DE LOS JUZGADOS PENALES MILITARES Y POLICIALES DE
CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO. Los Juzgados Penales Militares y
Policiales de conocimiento especializado continuarán conociendo de los delitos
previstos en los artículos 20 y 171 de
la Ley 1407 de 2010, pero de conformidad con la nueva asignación de competencia
que aquí se prevé así:
1.
Homicidio.
2.
Delitos contra la protección de la información y de los datos.
3.
Delitos contra la fe pública.
4.
Delitos contra la administración pública, con excepción de los delitos de
peculado sobre bienes de dotación, peculado culposo, abuso de autoridad, abuso
de autoridad especial y omisión de apoyo.
5.
Delitos contra la seguridad pública.
6.
Delitos contra la seguridad de la Fuerza Pública.
7.
Delitos contra la población civil.
8.
Delitos contra la existencia y la seguridad del Estado.
9.
Delitos que no tengan asignación especial de competencia, siempre y cuando su
pena mínima sea superior a tres (3) años de prisión.
ARTÍCULO 9o. DE LOS JUZGADOS PENALES MILITARES Y POLICIALES DE
CONOCIMIENTO. Los Juzgados Penales Militares y Policiales de
Conocimiento, continuarán conociendo de los delitos previstos en los
artículos 20 y 171 de
la Ley 1407 de 2010, pero de conformidad con la nueva asignación de competencia
que aquí se prevé, así:
1.
Delitos contra la disciplina.
2.
Delitos contra el servicio.
3.
Delitos contra los intereses de la Fuerza Pública.
4.
Delitos contra el honor.
5.
Lesiones personales.
6.
Delitos contra el patrimonio económico.
7.
De los siguientes delitos contra la administración pública: delitos de peculado
sobre bienes de dotación, peculado culposo, abuso de autoridad, abuso de
autoridad especial y omisión de apoyo.
8.
Delitos que no tengan asignación especial de competencia, siempre y cuando su
pena mínima sea igual o inferior a tres (3) años de prisión.
ARTÍCULO 10. CONCURRENCIA DE JUECES. Cuando
se presente concurrencia entre un Juez Penal Militar y Policial de Conocimiento
Especializado y un Juez Penal Militar y Policial de Conocimiento, en razón de
los factores en que estriba la competencia, será competente el primero de
estos.
TÍTULO III.
REQUISITOS PARA EL DESEMPEÑO DE CARGOS EN LA JUSTICIA
PENAL MILITAR Y POLICIAL.
CAPÍTULO I.
REQUISITOS GENERALES.
ARTÍCULO 11. REQUISITOS GENERALES. Para
acceder a los cargos de Magistrado del Tribunal Superior Militar y Policial,
Juez Penal Militar y Policial de Conocimiento Especializado, Juez Penal Militar
y Policial de Conocimiento, Juez Penal Militar y Policial de Control de
Garantías y Juez Penal Militar y Policial de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad se requiere acreditar como requisitos generales los siguientes:
1.
Ser colombiano por nacimiento y ciudadano en ejercicio.
2.
Ser oficial en servicio activo o en retiro de la Fuerza Pública.
3.
Acreditar título profesional de abogado.
4.
Tener título de posgrado en una de las siguientes áreas: ciencias penales y
criminológicas, derecho Penal Militar o Policial, criminalística, derecho
constitucional, derechos humanos, derecho internacional humanitario, derecho
probatorio, derecho procesal penal o derecho operacional.
PARÁGRAFO
1o. No obstante lo dispuesto en este artículo, los cargos de
Juez Penal Militar y Policial de Control de Garantías y Juez Penal Militar y
Policial de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad podrán ser desempeñados
por civiles y no uniformados, siempre que acrediten los demás requisitos para
el desempeño del cargo.
PARÁGRAFO
2o. Su selección será por meritocracia mediante evaluación de
sus competencias por el Departamento Administrativo de la Función Pública
(DAFP), la Escuela de Administración Pública (ESAP), o cualquier otra entidad
que pueda adelantar dicha evaluación.
ARTÍCULO 12. INHABILIDADES. No podrán
desempeñar los cargos señalados en el artículo anterior:
1.
Quien haya sido condenado penalmente en cualquier tiempo, excepto por delitos
culposos.
2.
Quien se halle en interdicción judicial.
3.
Quien se encuentre bajo medida de aseguramiento que implique la privación de la
libertad.
4.
Quien haya sido excluido de la profesión de abogado o esté suspendido.
5.
Quien haya sido destituido en cualquier tiempo de un cargo público.
6.
Las demás que establezca la Constitución y la ley.
ARTÍCULO 13. FALTAS ABSOLUTAS Y TEMPORALES. Son
faltas absolutas la muerte real o presunta, la renuncia aceptada, la separación
definitiva del cargo ordenada por sentencia judicial debidamente ejecutoriada,
la destitución o separación como consecuencia de un proceso disciplinario, la
incapacidad física o mental permanente una vez se reconozca la pensión de
invalidez en el caso de los civiles, por invalidez e incapacidad absoluta y
permanente o gran invalidez en el caso de los uniformados, la declaratoria de
vacancia del empleo en caso de abandono del mismo o inasistencia al servicio
sin causa justificada, la edad de retiro forzoso, el vencimiento del periodo y
las demás que determine la Constitución Política y la ley.
Son
faltas temporales las licencias, las incapacidades por enfermedad, la
suspensión por medida penal o disciplinaria, los permisos y vacaciones y las
demás que determine la Constitución Política y la Ley.
CAPÍTULO II.
REQUISITOS ESPECIALES.
ARTÍCULO 14. MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR MILITAR Y
POLICIAL. Para ser Magistrado del Tribunal Superior Militar y
Policial será necesario, además de los requisitos generales consignados en la
presente ley, ostentar grado no inferior a Teniente Coronel o Capitán de
Fragata en servicio activo o en uso de buen retiro de la Fuerza Pública y
acreditar una experiencia mínima de ocho (8) años en el desempeño de cargos
como funcionario judicial en la Justicia Penal Militar y Policial.
ARTÍCULO 15. CARGOS DE PERÍODO. Los cargos de
Magistrado del Tribunal Superior Militar y Policial serán provistos por el
Presidente de la República para un período fijo e individual, de ocho (8) años
no prorrogable, de lista de candidatos conformada por miembros activos o en uso
de buen retiro de la Fuerza Pública que cumplan los requisitos generales y
especiales establecidos en esta ley. El procedimiento para conformar la lista
será reglamentado por el Gobierno nacional.
Los
Magistrados del Tribunal Superior Militar y Policial no son reelegibles y
permanecerán en sus cargos durante todo el período, salvo que antes de su
vencimiento incurran en una falta absoluta. Los uniformados que sean designados
para ocupar estos cargos, permanecerán en servicio activo hasta concluir el
periodo.
PARÁGRAFO
TRANSITORIO. Los Magistrados del Tribunal Superior Militar
nombrados en vigencia de la Ley940 de
2005, continuarán en sus cargos hasta cuando cumplan el período para el cual
fueron nombrados, con la denominación de Magistrados del Tribunal Superior
Militar y Policial.
ARTÍCULO 16. JUECES DE CONOCIMIENTO. Para
desempeñar el cargo de Juez Penal Militar y Policial de Conocimiento
Especializado y Juez Penal Militar y Policial de Conocimiento, se requiere
además de los requisitos generales consignados en la presente ley, ostentar el
grado que en cada caso se indica y la experiencia señalada, así:
1. Juez
Penal Militar y Policial de Conocimiento Especializado. Para desempeñar el
cargo de Juez Penal Militar y Policial de Conocimiento Especializado se
requiere ostentar grado no inferior al de Oficial Superior en servicio activo o
en uso de buen retiro de la Fuerza Pública y acreditar una experiencia mínima
de cinco (5) años, en el desempeño de cargos como funcionario en la Justicia
Penal Militar y Policial.
2. Juez
Penal Militar y Policial de Conocimiento. Para desempeñar el cargo de Juez
Penal Militar y Policial de Conocimiento se requiere ostentar grado no inferior
al de Capitán o Teniente de Navío en servicio activo o en uso de buen retiro de
la Fuerza Pública y acreditar una experiencia mínima de cuatro (4) años en el
desempeño de cargos como funcionario en la Justicia Penal Militar y Policial.
ARTÍCULO 17. JUEZ PENAL MILITAR Y POLICIAL DE CONTROL DE
GARANTÍAS. Para desempeñar el cargo de Juez Penal Militar y
Policial de Control de Garantías, se requiere además de los requisitos generales
señalados en la presente ley, ostentar grado no inferior al de Oficial Superior
en servicio activo o en uso de buen retiro de la Fuerza Pública y acreditar una
experiencia mínima de cuatro (4) años en el desempeño de cargos como
funcionario en la Justicia Penal Militar y Policial.
PARÁGRAFO. Si
este cargo es desempeñado por un civil o no uniformado con el fin de preservar
la especialidad de la Justicia Penal Militar y Policial, este deberá tener como
mínimo una experiencia profesional de ocho (8) años relacionada con derecho
penal militar, salvo que acredite la experiencia mínima de cuatro (4) años en
el desempeño de cargos como funcionario de la Justicia Penal Militar y
Policial.
ARTÍCULO 18. JUEZ PENAL MILITAR Y POLICIAL DE EJECUCIÓN DE
PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD. Para desempeñar el cargo de Juez
Penal Militar y Policial de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad se
requiere además de los requisitos generales señalados en la presente ley
ostentar grado no inferior al de Capitán o Teniente de Navío en servicio activo
o en uso de buen retiro de la Fuerza Pública y acreditar una experiencia mínima
de dos (2) años en el desempeño de cargos como funcionario en la Justicia Penal
Militar y Policial.
PARÁGRAFO. Si
el cargo es desempeñado por un civil o no uniformado, con el fin de preservar
la especialidad de la Justicia Penal Militar y Policial, este deberá tener como
mínimo una experiencia profesional de ocho (8) años relacionada con derecho
penal militar, salvo que acredite la experiencia mínima de cuatro (4) años en
el desempeño de cargos como funcionario de la Justicia Penal Militar y
Policial.
TÍTULO IV.
FISCALÍA GENERAL PENAL MILITAR Y POLICIAL.
CAPÍTULO I.
ESTRUCTURA DE LA FISCALÍA GENERAL PENAL MILITAR Y
POLICIAL.
ARTÍCULO 19. ESTRUCTURA. Para el cumplimiento
de las funciones legales, la Fiscalía General Penal Militar y Policial tendrá
la siguiente estructura:
1.
Fiscal General Penal Militar y Policial.
2.
Fiscales Penales Militares y Policiales Delegados ante el Tribunal Superior
Militar y Policial.
3.
Fiscales Penales Militares y Policiales Delegados ante los Jueces Penales
Militares y Policiales.
4.
Coordinador Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación de la Justicia Penal
Militar y Policial.
5.
Coordinadores Regionales del Cuerpo Técnico de Investigación de la Justicia
Penal Militar y Policial.
CAPÍTULO II.
DESEMPEÑO DE FUNCIONES Y COMPETENCIA.
ARTÍCULO 20. DESEMPEÑO DE FUNCIONES. Las
funciones de la Fiscalía General Penal Militar y Policial se cumplen a través
del Fiscal General Penal Militar y Policial, de los Fiscales Penales Militares
y Policiales Delegados ante el Tribunal Superior Militar y Policial, de los
Fiscales Penales Militares y Policiales Delegados ante los Jueces Penales
Militares y Policiales y del Cuerpo Técnico de Investigación de la Justicia
Penal Militar y Policial.
Los
Fiscales Penales Militares y Policiales Delegados ante los Jueces Penales
Militares y Policiales se ubicarán por la Dirección Ejecutiva de la Unidad
Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, atendiendo sus
atribuciones y las necesidades judiciales presentadas por el Fiscal General
Penal Militar y Policial.
Corresponde
a la Fiscalía General Penal Militar y Policial, en desarrollo de atribuciones
constitucionales y legales, la dirección, coordinación, control jurídico y
verificación técnico-científica de las actividades que desarrolle la policía
judicial en los términos previstos en el Código Penal Militar.
ARTÍCULO 21. COMPETENCIA. El Fiscal General
Penal Militar y Policial, los Fiscales Penales Militares y Policiales Delegados
ante el Tribunal Superior Militar y Policial y los Fiscales Penales Militares y
Policiales Delegados, tienen competencia en todo el territorio nacional.
CAPÍTULO III.
FISCAL GENERAL PENAL MILITAR Y POLICIAL.
ARTÍCULO 22. PERIODO. El Fiscal General Penal
Militar y Policial será nombrado por el Presidente de la República, para un periodo
institucional de cuatro (4) años no prorrogable, de lista de candidatos que
cumplan los siguientes requisitos:
1.
Ser colombiano por nacimiento y ciudadano en ejercicio.
2.
Acreditar título profesional de abogado.
3.
Tener título de posgrado en una de las siguientes áreas: ciencias penales y
criminológicas, derecho Penal Militar o Policial, criminalística, derecho
constitucional, derechos humanos, derecho internacional humanitario, derecho
probatorio, derecho procesal penal o derecho operacional.
4.
Acreditar una experiencia mínima de ocho (8) años como funcionario de la
Justicia Penal Militar y Policial.
5.
Ser oficial en servicio activo de la Fuerza Pública o en uso de buen retiro,
con grado no inferior al de Teniente Coronel o Capitán de Fragata.
El
procedimiento para conformar la lista será reglamentado por el Gobierno
Nacional teniendo en cuenta la selección por meritocracia.
PARÁGRAFO
1o. No obstante lo dispuesto en este artículo, el cargo de
Fiscal General Penal Militar y Policial podrá ser desempeñado por un civil o no
uniformado, siempre que acredite los requisitos 1 a 4 del presente artículo
para el desempeño del cargo.
PARÁGRAFO
2o. El Fiscal General Penal Militar y Policial no será
reelegible, tendrá el mismo nivel jerárquico de Fiscal Delegado ante la Corte
Suprema de Justicia y su sede estará en Bogotá, D. C.
ARTÍCULO 23. FUNCIONES DEL FISCAL GENERAL PENAL MILITAR Y
POLICIAL. El Fiscal General Penal Militar y Policial tiene la
representación de la Fiscalía General Penal Militar y Policial y además de las
funciones especiales otorgadas por el Código Penal Militar, ejercerá las
siguientes:
1.
Asumir las investigaciones y formular las acusaciones que dispone el Código
Penal Militar y aquellas que en razón de su naturaleza, importancia o gravedad,
lo ameriten.
2.
Coordinar dentro del ámbito de su competencia con la Dirección Ejecutiva de la
Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, la
creación de unidades especializadas cuando la necesidad del servicio lo exija o
la gravedad o complejidad del asunto lo requiera y asignar a ellas fiscales
especiales.
3.
Dirigir, coordinar y controlar el desarrollo de la función investigativa y
acusatoria contra los presuntos infractores de la ley penal de conformidad con
el ámbito de su competencia, directamente o a través de sus delegados, para lo
cual deberá tener en cuenta la especificidad dentro de lo militar o policial
del miembro de la Fuerza Pública investigado.
4.
Coordinar con otros organismos que ejerzan funciones de policía judicial, la
definición e implementación de mecanismos que racionalicen y eviten la
duplicidad de esfuerzos en el desarrollo de las investigaciones.
5.
Hacer parte del Consejo Nacional de Policía Judicial, función que podrá delegar
en el Coordinador Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación de la Justicia
Penal Militar y Policial.
6.
Hacer parte del Consejo Superior de Política Criminal y Penitenciaria.
7.
Crear comisiones especiales de fiscales delegados de conformidad con las
atribuciones de estos, designando un coordinador, cuando la gravedad,
importancia o trascendencia pública del hecho lo ameriten, para lo cual podrá
desplazar del conocimiento al Fiscal Penal Militar y Policial Delegado. En este
evento el fiscal coordinador de la comisión será quien actúe ante el Juez Penal
Militar y Policial de Control de Garantías y ante el Juez Penal Militar y
Policial de Conocimiento.
8.
Elaborar el manual de funciones de la Fiscalía General Penal Militar y Policial
y del Cuerpo Técnico de Investigación de la Justicia Penal Militar y Policial,
para su respectivo trámite de adopción ante la Dirección Ejecutiva de la Unidad
Administrativa Especial.
9.
Proponer a la Dirección Ejecutiva de la Unidad Administrativa Especial de la
Justicia Penal Militar y Policial, la reglamentación de los Centros de
Servicios Judiciales, dentro del ámbito de su competencia.
10.
Expedir los reglamentos, órdenes, circulares y manuales de procedimiento y de
normas técnicas conducentes al eficaz desempeño de la Fiscalía General Penal
Militar y Policial y del Cuerpo Técnico de Investigación de la Justicia Penal
Militar y Policial, en materias de su competencia.
11.
Presentar al Director Ejecutivo de la Unidad Administrativa Especial de la
Justicia Penal Militar y Policial, las necesidades y requerimientos de la
Fiscalía General Penal Militar y Policial y del Cuerpo Técnico de Investigación
de la Justicia Penal Militar y Policial.
12.
Ser el vocero de la Fiscalía General Penal Militar y Policial ante los estamentos
del Estado y la sociedad.
13.
Diseñar y coordinar con el Director Ejecutivo de la Unidad Administrativa
Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, la implementación de un
sistema de gestión y control de la Fiscalía General Penal Militar y Policial y
del Cuerpo Técnico de Investigación de la Justicia Penal Militar y Policial.
14.
Proponer a la Dirección Ejecutiva de la Unidad Administrativa Especial de la
Justicia Penal Militar y Policial, estímulos para los servidores de la Fiscalía
General Penal Militar y Policial y del Cuerpo Técnico de Investigación de la
Justicia Penal Militar y Policial.
15.
Coordinar con el Director Ejecutivo de la Unidad Administrativa Especial de la
Justicia Penal Militar y Policial, el apoyo logístico requerido para el
funcionamiento de la Fiscalía General Penal Militar y Policial y del Cuerpo
Técnico de Investigación de la Justicia Penal Militar y Policial.
16.
Adelantar las gestiones para lograr cooperación internacional en materia de
investigación criminal con sus pares.
17.
Las demás funciones que le señale la ley o los reglamentos.
ARTÍCULO 24. INHABILIDADES. No podrá ejercer
el cargo de Fiscal General Penal Militar y Policial, de Fiscales Penales
Militares y Policiales Delegados ante el Tribunal Superior Militar y Policial,
ni de Fiscales Penales Militares y Policiales Delegados ante los Jueces Penales
Militares y Policiales:
1.
Quien haya sido condenado penalmente en cualquier tiempo, excepto por delitos
culposos.
2.
Quien se halle en interdicción judicial.
3.
Quien se encuentre bajo medida de aseguramiento que implique la privación de la
libertad.
4.
Quien haya sido excluido de la profesión de abogado o esté suspendido.
5.
Quien haya sido destituido en cualquier tiempo de un cargo público.
6.
Las demás que establezca la Constitución y la ley.
ARTÍCULO 25. FALTAS ABSOLUTAS Y TEMPORALES. Son
faltas absolutas del Fiscal General Penal Militar y Policial, de los Fiscales
Penales Militares y Policiales Delegados ante el Tribunal Superior Militar y
Policial, y de los Fiscales Penales Militares y Policiales Delegados ante los
Jueces Penales Militares y Policiales, la muerte real o presunta, la renuncia
aceptada, la separación definitiva del cargo ordenada por sentencia judicial
debidamente ejecutoriada, la destitución o separación como consecuencia de un
proceso disciplinario, la incapacidad física o mental permanente una vez se
reconozca la pensión de invalidez en el caso de los civiles, por invalidez e
incapacidad absoluta y permanente o gran invalidez en el caso de los
uniformados, la declaratoria de vacancia del empleo en caso de abandono del
mismo o inasistencia al servicio sin causa justificada, la edad de retiro
forzoso, el vencimiento del periodo y las demás que determine la Constitución
Política y la ley.
Son
faltas temporales las licencias, las incapacidades por enfermedad, la
suspensión por medida penal o disciplinaria, los permisos y vacaciones y las
demás que determine la Constitución Política y la ley.
En
caso de falta absoluta o temporal del Fiscal General Penal Militar y Policial,
sus funciones las ejercerá uno de los Fiscales Penales Militares y Policiales
Delegados ante el Tribunal Superior Militar y Policial, designado por el
Ministro de Defensa Nacional por la duración de la falta temporal, si la falta
es absoluta, hasta la terminación del período si faltaren menos de seis (6)
meses para concluir el mismo. Si faltaren seis (6) meses o más para el
vencimiento del periodo, la designación le corresponde al Presidente de la
República.
CAPÍTULO IV.
FISCALES PENALES MILITARES Y POLICIALES DELEGADOS
ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR MILITAR Y POLICIAL Y FISCALES PENALES MILITARES Y
POLICIALES DELEGADOS ANTE LOS JUECES PENALES MILITARES Y POLICIALES.
ARTÍCULO 26. REQUISITOS GENERALES. Para
acceder a los cargos de Fiscal Penal Militar y Policial Delegado ante el
Tribunal Superior Militar y Policial y de Fiscal Penal Militar y Policial
Delegado ante los Jueces Penales Militares y Policiales, se requiere acreditar
los siguientes requisitos generales:
1.
Ser colombiano por nacimiento y ciudadano en ejercicio.
2.
Acreditar título profesional de abogado.
3.
Tener título de posgrado en una de las siguientes áreas: ciencias penales y
criminológicas, derecho Penal Militar o Policial, criminalística, derecho
constitucional, derechos humanos, derecho internacional humanitario, derecho
probatorio, derecho procesal penal o derecho operacional.
PARÁGRAFO. Su
selección será por meritocracia mediante evaluación de sus competencias por el
Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), la Escuela de
Administración Pública (ESAP), o cualquier otra entidad que pueda adelantar
dicha evaluación.
ARTÍCULO 27. REQUISITOS ESPECIALES. Para ser
Fiscal Penal Militar y Policial Delegado ante el Tribunal Superior Militar y
Policial se requiere, además de los requisitos generales consignados en la
presente ley, acreditar una experiencia mínima de ocho (8) años como
funcionario en la Justicia Penal Militar y Policial y ostentar grado no
inferior al de Teniente Coronel o Capitán de Fragata en servicio activo o en
uso de buen retiro de la Fuerza Pública.
PARÁGRAFO. Si
el cargo es desempeñado por un civil o no uniformado, con el fin de preservar
la especialidad de la Justicia Penal Militar y Policial, este deberá tener como
mínimo una experiencia profesional de diez (10) años en derecho penal militar,
salvo que acredite la experiencia mínima de ocho (8) años en el desempeño de
cargos como funcionario de la Justicia Penal Militar y Policial.
ARTÍCULO 28. CARGOS DE PERIODO. Los cargos de
Fiscal Penal Militar y Policial Delegado ante el Tribunal Superior Militar y
Policial serán provistos por el Presidente de la República para un período fijo
e individual de ocho (8) años no prorrogable, de lista de candidatos conformada
por quienes cumplan los requisitos generales y especiales establecidos en este
capítulo. El procedimiento para conformar la lista será reglamentado por el
Gobierno nacional.
Los
Fiscales Penales Militares y Policiales Delegados ante el Tribunal Superior
Militar y Policial, no son reelegibles y permanecerán en sus cargos durante
todo el período, salvo que antes de su vencimiento incurran en una falta
absoluta. Los uniformados que sean designados para ocupar estos cargos,
permanecerán en servicio activo hasta concluir el periodo.
PARÁGRAFO
TRANSITORIO. Los Fiscales Penales Militares ante el Tribunal
Superior Militar nombrados en vigencia de la Ley 940 de
2005, continuarán en sus cargos hasta cuando cumplan el período para el cual
fueron nombrados, con la denominación de Fiscales Penales Militares y
Policiales Delegados ante el Tribunal Superior Militar y Policial.
ARTÍCULO 29. FISCALES PENALES MILITARES Y POLICIALES
DELEGADOS ANTE LOS JUECES PENALES MILITARES Y POLICIALES. Para
desempeñar el cargo de Fiscal Penal Militar y Policial Delegado ante los Jueces
Penales Militares y Policiales de Conocimiento Especializado y de Conocimiento,
se requiere además de los requisitos generales consignados en la presente ley,
acreditar la experiencia señalada para cada cargo, así:
1. Fiscal
Penal Militar y Policial Delegado ante Juez Penal Militar y Policial de
Conocimiento Especializado. Para desempeñar el cargo de Fiscal Penal
Militar y Policial Delegado ante Juez Penal Militar y Policial de Conocimiento
Especializado, se requiere acreditar una experiencia mínima de cinco (5) años,
en el desempeño de cargos como funcionario en la Justicia Penal Militar y
Policial y ostentar grado no inferior al de Oficial Superior en servicio activo
o en uso de buen retiro de la Fuerza Pública.
PARÁGRAFO. No
obstante lo dispuesto en este artículo, el cargo de Fiscal Penal Militar y
Policial Delegado ante Juez Penal Militar y Policial de Conocimiento
Especializado podrá ser desempeñado por un civil o no uniformado, siempre que
acredite los requisitos generales para el desempeño del cargo y una experiencia
profesional como asesor jurídico de la Fuerza Pública mínima de diez (10) años,
salvo que acredite la experiencia mínima de cinco (5) años en el desempeño de
cargos como funcionario de la Justicia Penal Militar y Policial.
2. Fiscal
Penal Militar y Policial Delegado ante Juez Penal Militar y Policial de
Conocimiento. Para desempeñar el cargo de Fiscal Penal Militar y Policial
Delegado ante Juez Penal Militar y Policial de Conocimiento, se requiere
acreditar una experiencia mínima de tres (3) años en el ejercicio profesional
de abogado y ostentar grado no inferior al de Capitán o Teniente de Navío en
servicio activo o en uso de buen retiro de la Fuerza Pública.
PARÁGRAFO. No
obstante lo dispuesto en este artículo, el cargo de Fiscal Penal Militar y
Policial Delegado ante Juez Penal Militar y Policial de Conocimiento podrá ser
desempeñado por un civil o no uniformado, siempre que acredite los requisitos
generales para el desempeño del cargo y una experiencia profesional como asesor
jurídico de la Fuerza Pública mínima de ocho (8) años, salvo que acredite la
experiencia mínima de tres (3) años en el desempeño de cargos como funcionario
de la Justicia Penal Militar y Policial.
ARTÍCULO 30. FUNCIONES GENERALES DE LOS FISCALES PENALES
MILITARES Y POLICIALES DELEGADOS ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR MILITAR Y POLICIAL Y
ANTE LOS JUECES PENALES MILITARES Y POLICIALES DE CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO Y
DE CONOCIMIENTO. Los Fiscales Penales Militares y Policiales
Delegados ante el Tribunal Superior Militar y Policial y ante los Jueces
Penales Militares y Policiales de Conocimiento Especializado y de Conocimiento,
entre otras, tienen las siguientes funciones:
1.
Investigar y acusar a los presuntos responsables de haber cometido un delito de
conocimiento de la Justicia Penal Militar y Policial.
2.
Adelantar previa autorización del Magistrado o Juez Penal Militar y Policial de
Control de Garantías, registros, allanamientos, incautaciones e
interceptaciones de comunicaciones y poner a su disposición los elementos
materiales probatorios y evidencia física recogidos, para su control de
legalidad dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes.
3.
Asegurar en cada caso particular los elementos materiales probatorios y
evidencia física, garantizando la cadena de custodia mientras se ejerce su
contradicción. En caso de requerirse medidas adicionales que impliquen
afectación de derechos fundamentales, deberá obtenerse la respectiva
autorización del Juez Penal Militar y Policial de Garantías para poder proceder
a ello.
4.
Dirigir, coordinar y controlar en cada caso particular las actividades de
policía judicial que en forma permanente ejerce el Cuerpo Técnico de
Investigación de la Justicia Penal Militar y Policial y los demás organismos de
policía judicial que señale la ley.
5.
Solicitar capturas ante el Magistrado o Juez Penal Militar y Policial de
Control de Garantías y poner al capturado a su disposición, a más tardar dentro
de las treinta y seis (36) horas siguientes.
6.
Solicitar al Magistrado o Juez Penal Militar y Policial de Control de Garantías
las medidas necesarias que aseguren la comparecencia de los imputados al
proceso Penal Militar o Policial, la conservación de la prueba, la integridad
de la Fuerza Pública, la protección de la comunidad, en especial de las
víctimas.
7.
Presentar solicitud de preclusión de la investigación ante la Sala del Tribunal
Superior Militar y Policial o Juez Penal Militar y Policial de Conocimiento
Especializado y de Conocimiento.
8.
Celebrar preacuerdos con los imputados.
9.
Presentar la acusación ante el Magistrado del Tribunal Superior Militar y
Policial o Juez Penal Militar y Policial de Control de Garantías.
10.
Intervenir en la etapa del juicio.
11.
Solicitar ante la Sala del Tribunal Superior Militar y Policial o Juez Penal
Militar y Policial de Conocimiento o ante el Magistrado o Juez Penal Militar y
Policial de Control de Garantías, las medidas judiciales necesarias para la
asistencia de las víctimas, el restablecimiento del derecho y la reparación
integral de los efectos del injusto.
12.
Interponer y sustentar los recursos ordinarios y extraordinarios y la acción de
revisión en los eventos establecidos en el Código Penal Militar.
13.
Solicitar las nulidades y demás actuaciones procesales de su competencia y
disponer las que le señale la ley.
14.
Aplicar el principio de oportunidad en los términos y condiciones establecidos
en la presente ley.
15.
Las demás que le señale la ley.
ARTÍCULO 31. FUNCIONES ESPECIALES DE LOS FISCALES PENALES
MILITARES Y POLICIALES DELEGADOS ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR MILITAR Y POLICIAL. Los
Fiscales Penales Militares y Policiales Delegados ante el Tribunal Superior
Militar y Policial tendrán su sede en Bogotá, D. C., y además de las funciones
señaladas en el artículo anterior y la ley, tienen las siguientes:
1.
Investigar y acusar si a ello hubiere lugar a los servidores de la Justicia
Penal Militar y Policial con fuero legal, cuyo juzgamiento esté atribuido en
primera instancia al Tribunal Superior Militar y Policial.
2.
Cumplir las funciones que le asigne el Fiscal General Penal Militar y Policial
de conformidad con sus atribuciones y representarlo en las actuaciones que le
delegue.
3.
Reemplazar al Fiscal General Penal Militar y Policial en sus ausencias
temporales o absolutas, cuando sea designado.
4.
Reemplazar al Fiscal General Penal Militar y Policial en caso de impedimento o
recusación, cuando sea designado.
5.
Formular recomendaciones al Fiscal General Penal Militar y Policial en materia
de políticas de investigación y acusación.
6.
Diseñar y recomendar acciones orientadas a mejorar la gestión de los despachos
de las fiscalías penales militares y policiales delegadas.
7.
Presentar postulaciones para proveer los cargos de empleados subalternos
asignados a sus despachos, a la Dirección Ejecutiva de la Unidad Administrativa
Especial de la Justicia Penal Militar y Policial.
8.
Las demás que les sean asignadas por la ley.
CAPÍTULO V.
CUERPO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN DE LA JUSTICIA PENAL
MILITAR Y POLICIAL, COMPOSICIÓN, REQUISITOS Y FUNCIONES.
ARTÍCULO 32. COMPOSICIÓN DEL CUERPO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN
DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL. El Cuerpo Técnico de
Investigación de la Justicia Penal Militar y Policial estará integrado por el
Coordinador Nacional, los Coordinadores Regionales y el personal profesional,
tecnólogo, técnico y de investigación que lo conforme, nombrados por el
Director Ejecutivo de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar
y Policial previa selección por meritocracia mediante evaluación de sus
competencias por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP),
la Escuela de Administración Pública (ESAP), o cualquier otra entidad que pueda
adelantar dicha evaluación.
ARTÍCULO 33. FUNCIONES. El Cuerpo Técnico de
Investigación de la Justicia Penal Militar y Policial tiene las siguientes
funciones generales:
1.
Ejercer funciones de policía judicial en la Justicia Penal Militar y Policial.
2.
Recibir las denuncias o querellas de los delitos de conocimiento de la Justicia
Penal Militar y Policial y adelantar los actos urgentes conforme a lo dispuesto
en el Código Penal Militar.
3.
Realizar las investigaciones de los delitos de acuerdo con lo establecido en el
Código Penal Militar y bajo la dirección del Fiscal Penal Militar y Policial
Delegado.
4.
Adelantar con estricta sujeción a las normas y al respeto de los derechos
humanos todas las actividades inherentes a la investigación de las conductas
punibles.
5.
Dar cumplimiento de conformidad con las normas vigentes a las órdenes de
captura, allanamiento, intervención telefónica, registro de correspondencia,
vigilancia electrónica y demás actuaciones inherentes requeridas en las
investigaciones que se adelanten, previa decisión judicial del Magistrado o
Juez Penal Militar y Policial de Control de Garantías o disposición del Fiscal
Penal Militar y Policial Delegado en los casos que determine la ley.
6.
Dar cumplimiento a las órdenes de captura que emita la Sala de Decisión o los
Jueces Penales Militares y Policiales de Conocimiento Especializado o de
Conocimiento.
7.
Garantizar la cadena de custodia de los elementos materiales de prueba y de la
evidencia física.
8.
Las demás que le señale la ley o le asigne el Fiscal General Penal Militar y
Policial que guarden relación con la naturaleza de la dependencia.
ARTÍCULO 34. COORDINADOR NACIONAL DEL CUERPO TÉCNICO DE
INVESTIGACIÓN DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL. Para ser
Coordinador Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación de la Justicia Penal
Militar y Policial se requiere:
1.
Ser colombiano por nacimiento y ciudadano en ejercicio.
2.
Acreditar título profesional de abogado.
3.
Tener posgrado en ciencias penales y criminológicas, derecho Penal Militar o
Policial, criminalística, derecho constitucional, derechos humanos, derecho
internacional humanitario, derecho probatorio, derecho procesal penal o derecho
operacional.
4.
Acreditar experiencia profesional relacionada con las funciones del cargo de
cuatro (4) años.
5.
Aprobar la selección por meritocracia.
PARÁGRAFO. Si
el cargo fuere desempeñado por un miembro activo o en uso de buen retiro de la
Fuerza Pública, deberá ostentar un grado no inferior al de Oficial Superior.
ARTÍCULO 35. COORDINACIÓN NACIONAL DEL CUERPO TÉCNICO DE
INVESTIGACIÓN DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL. La
Coordinación Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación de la Justicia Penal
Militar y Policial tiene las siguientes funciones:
1.
Recomendar al Fiscal General Penal Militar y Policial la definición de
políticas y estrategias asociadas con las funciones de investigación,
criminalística y administración de información técnica y judicial, útiles para
la investigación.
2.
Desarrollar actividades de planeación, organización, ejecución y control de las
funciones del Cuerpo Técnico de Investigación de la Justicia Penal Militar y
Policial.
3.
Orientar el apoyo a las actividades forenses que desarrollen las Coordinaciones
Regionales.
4.
Cumplir y hacer cumplir la cadena de custodia.
5.
Coordinar el apoyo técnico-científico con los demás organismos nacionales de
policía judicial.
6.
Responder por el control estadístico en los aspectos relativos al desarrollo de
las investigaciones adelantadas por el Cuerpo Técnico de Investigación de la
Justicia Penal Militar y Policial.
7.
Coordinar con la Dirección Ejecutiva de la Unidad Administrativa Especial de la
Justicia Penal Militar y Policial la creación e integración de Unidades de
Investigación para optimizar la actividad investigativa y operativa del cuerpo
técnico de investigación, previa autorización del Fiscal General Penal Militar
y Policial.
8.
Realizar el seguimiento a la gestión de las Coordinaciones Regionales y tomar
las medidas necesarias para su efectivo funcionamiento.
9.
Por delegación del Fiscal General Penal Militar y Policial, hacer parte del
Consejo Nacional de Policía Judicial.
10.
Elaborar el manual de funciones del Cuerpo Técnico de Investigación de la
Justicia Penal Militar y Policial y presentarlo al Fiscal General Penal Militar
y Policial para su respectivo trámite de adopción ante la Dirección Ejecutiva
de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial.
11.
Las demás que le señale la ley o le asigne el Fiscal General Penal Militar y
Policial que guarden relación con la naturaleza de la dependencia.
ARTÍCULO 36. COORDINADOR REGIONAL DEL CUERPO TÉCNICO DE
INVESTIGACIÓN DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL. Para ser
Coordinador Regional del Cuerpo Técnico de Investigación de la Justicia Penal
Militar y Policial, se requiere:
1.
Ser colombiano por nacimiento y ciudadano en ejercicio.
2.
Acreditar título profesional de abogado.
3.
Tener posgrado en ciencias penales y criminológicas, derecho penal militar o
policial, criminalística, derecho constitucional, derechos humanos, derecho
internacional humanitario, derecho probatorio, derecho procesal penal o derecho
operacional.
4.
Acreditar experiencia profesional relacionada con las funciones del cargo, de
dos (2) años.
5.
Aprobar la selección por meritocracia.
PARÁGRAFO.
Si el cargo fuere desempeñado por un miembro activo o en uso de buen retiro de
la Fuerza Pública, deberá ostentar un grado no inferior al de Capitán o
Teniente de Navío.
ARTÍCULO 37. COORDINACIÓN REGIONAL DEL CUERPO TÉCNICO DE
INVESTIGACIÓN DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL. Las
Coordinaciones Regionales del Cuerpo Técnico de Investigación de la Justicia
Penal Militar y Policial tendrán las siguientes funciones a dicho nivel:
1.
Desarrollar actividades de planeación, organización, ejecución y control de las
funciones del Cuerpo Técnico de Investigación de la Justicia Penal Militar y
Policial.
2.
Orientar el apoyo a las actividades forenses.
3.
Coordinar las actividades investigativas y de servicios forenses.
4.
Coordinar el apoyo técnico-científico con los demás organismos regionales de
policía judicial.
5.
Cumplir y hacer cumplir la cadena de custodia.
6.
Asistir en representación del Coordinador Nacional del Cuerpo Técnico de
Investigación de la Justicia Penal Militar y Policial a los comités, juntas,
sesiones y demás reuniones interinstitucionales en su respectiva jurisdicción
relacionadas con el ejercicio de la función de policía judicial.
7.
Responder por el control estadístico de los aspectos relativos al desarrollo de
las investigaciones adelantadas.
8.
Las demás funciones que le señale la ley y el Coordinador Nacional del Cuerpo
Técnico de Investigación de la Justicia Penal Militar y Policial, relacionadas
con el cargo.
ARTÍCULO 38. REQUISITOS DEL PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO
DEL CUERPO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL. Para
integrar el Cuerpo Técnico de Investigación de la Justicia Penal Militar y
Policial, se requiere acreditar como mínimo:
1.
Ser colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio.
2.
Título profesional, tecnológico o técnico de centro académico universitario o
instituto legalmente reconocido.
3.
Acreditar experiencia mínima de un (1) año con posterioridad a la obtención del
título.
4.
Aprobar la selección por meritocracia.
ARTÍCULO 39. APOYO A LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL. Los
organismos que ejerzan de manera permanente o transitoria funciones de policía
judicial en otras instituciones del Estado, deberán apoyar cuando sea necesario
las investigaciones de la Justicia Penal Militar y Policial. En estos casos, la
dirección y control de la investigación será del Fiscal Penal Militar y
Policial Delegado.
ARTÍCULO 40. APOYO TÉCNICO-CIENTÍFICO. El
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, de conformidad con la
ley, prestará apoyo técnico-científico en las investigaciones desarrolladas por
la Justicia Penal Militar y Policial. Igualmente lo hará con el imputado o su
defensor cuando estos lo soliciten.
La
Fiscalía General Penal Militar y Policial, el imputado o su defensor se
apoyarán cuando fuere necesario, en laboratorios privados nacionales o
extranjeros o en los de universidades públicas o privadas, nacionales o
extranjeras debidamente acreditados ante la autoridad competente. También prestarán
apoyo técnico-científico los laboratorios forenses de los organismos de policía
judicial.
ARTÍCULO 41. CONFORMACIÓN DE GRUPOS ESPECIALES DE
INVESTIGACIÓN. Cuando por la particular complejidad de la
investigación sea necesario conformar un grupo especial en la regional
respectiva, el Fiscal Penal Militar y Policial Delegado lo solicitará al
Coordinador Regional del Cuerpo Técnico, previa autorización del Fiscal General
Penal Militar y Policial.
CAPÍTULO VI.
ORGANIZACIÓN DEL CUERPO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN DE
LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL.
ARTÍCULO 42. CUERPO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN DE LA JUSTICIA
PENAL MILITAR Y POLICIAL. El Cuerpo Técnico de Investigación de
la Justicia Penal Militar y Policial es una dependencia especializada de la
Fiscalía General Penal Militar y Policial que tiene por objeto desarrollar la
investigación judicial, criminalística, criminológica y el manejo de la
información, orientada a brindar apoyo a la administración de la Justicia Penal
Militar y Policial en los casos de su competencia, incluyendo las
investigaciones que se adelanten en vigencia de la Ley 522 de
1999.
ARTÍCULO 43. ESTRUCTURA. El Cuerpo Técnico de
Investigación de la Justicia Penal Militar y Policial tiene competencia
investigativa en todo el territorio nacional dentro de la jurisdicción Penal
Militar y Policial y su organización tendrá dos niveles: central y
desconcentrado.
PARÁGRAFO. El
Cuerpo Técnico de Investigación de la Justicia Penal Militar y Policial hace
parte de la estructura de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia
Penal Militar y Policial y por consiguiente el Gobierno nacional desarrollará
la misma y establecerá su planta de personal.
TÍTULO V.
ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL DE LA JUSTICIA
PENAL MILITAR Y POLICIAL.
CAPÍTULO I.
UNIDAD, ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL
MILITAR Y POLICIAL.
ARTÍCULO 44. TRANSFORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA
JUSTICIA PENAL MILITAR EN UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL
MILITAR Y POLICIAL. Trasformase la Dirección Ejecutiva de la
Justicia Penal Militar del Ministerio de Defensa Nacional de que trata el
artículo 26 del Decreto número 1512 de 2000, la cual cuenta con autonomía
administrativa y financiera, en una Unidad Administrativa Especial con
personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio,
adscrita al Ministerio de Defensa Nacional, cuyo domicilio principal está en la
ciudad de Bogotá, D. C., y podrá contar con dependencias desconcentradas
territorialmente, la cual se denominará Unidad Administrativa Especial de la
Justicia Penal Militar y Policial y hará parte del sector descentralizado de la
Rama Ejecutiva del Orden Nacional.
ARTÍCULO 45. OBJETIVO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL. La Unidad Administrativa
Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, tendrá como objetivo
fundamental la organización, funcionamiento y administración de la jurisdicción
especializada.
ARTÍCULO 46. PATRIMONIO. El patrimonio de la
Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial estará
constituido por:
1.
Las partidas que se le asignen en el Presupuesto General de la Nación.
2.
Los recursos que reciba a título de donaciones, legados y asignaciones de
personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, gobiernos o entidades
gubernamentales extranjeros, organismos internacionales u organizaciones de cualquier
naturaleza local, nacional o internacional.
3.
Los recursos que a través de convenios reciba de entidades públicas o privadas
para el desarrollo de sus planes y programas o para su funcionamiento.
4.
Los recursos provenientes del fondo cuenta de la Jurisdicción Penal Militar y
Policial que se crea en la presente ley.
5.
Los bienes que se encuentren asignados a la Dirección Ejecutiva de la Justicia
Penal Militar.
6.
Los demás bienes, rentas y recursos que adquiera o reciba a cualquier título.
ARTÍCULO 47. FONDO CUENTA. Créase el Fondo
Cuenta de la Justicia Penal Militar y Policial, el cual será administrado por
la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial; el
fondo no tendrá personería jurídica, a través del mismo se manejarán los
recursos por concepto de multas, cauciones, bienes y recursos provenientes de
las declaratorias de comiso que se hagan efectivas, de los títulos de depósito
judicial constituidos en la jurisdicción especializada en los que se declare su
prescripción y del valor reembolsable de las fotocopias que se expidan; los
recursos que ingresen al fondo se destinarán a la adecuación, mantenimiento y
adquisición de elementos y equipos de los despachos de la Justicia Penal
Militar y Policial e insumos necesarios para la práctica de diligencias
judiciales e investigativas.
ARTÍCULO 48. FUNCIONES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL. La Unidad
Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial tendrá las
siguientes funciones:
1.
Administrar la jurisdicción especializada.
2.
Llevar el control y gestión de rendimiento de los funcionarios y empleados de
la Jurisdicción Penal Militar y Policial.
3.
Implementar las políticas, planes, programas y proyectos de la jurisdicción
especializada.
4.
Administrar y conservar el archivo de la jurisdicción especializada.
5.
Las demás que le señale la ley.
ARTÍCULO 49. ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN. La
Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial tendrá
como órganos de dirección y administración el Consejo Directivo y el Director
Ejecutivo.
ARTÍCULO 50. INTEGRACIÓN. El Consejo
Directivo de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y
Policial estará integrado por:
1.
El Ministro de Defensa Nacional quien lo presidirá.
2.
El Ministro de Justicia y del Derecho.
3.
El Comandante General de las Fuerzas Militares.
4.
El Director General de la Policía Nacional.
5.
El Presidente de la Corte Suprema de Justicia.
PARÁGRAFO
1o. Los Ministros solo podrán delegar su participación en los
Viceministros, el Comandante General de las Fuerzas Militares podrá delegarla
en el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, el Director
General de la Policía Nacional de Colombia en el Subdirector General de la
Policía Nacional, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia en el
Vicepresidente de la Corporación.
PARÁGRAFO
2o. Al Consejo Directivo asistirá el Director Ejecutivo de la
Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, el
Presidente del Tribunal Superior Militar y Policial y el Fiscal General Penal
Militar y Policial con voz pero sin voto. El órgano directivo podrá invitar a
otros servidores públicos y personas que considere importante escuchar sobre
determinados asuntos de interés para la entidad, quienes asistirán con derecho
a voz pero sin voto. El Consejo sesionará con la periodicidad que determinen
los estatutos.
La
Secretaría Técnica del Consejo estará a cargo de la Dirección Ejecutiva de la
Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial y sus
actas serán reservadas.
PARÁGRAFO
3o. En ningún caso los miembros del Consejo Directivo ni el
Director Ejecutivo de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar
y Policial, podrán interferir en las decisiones judiciales de los funcionarios
de la jurisdicción.
ARTÍCULO 51. FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL. El
Consejo Directivo de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal
Militar y Policial, tendrá las siguientes funciones:
1.
Definir las políticas, planes, programas y proyectos de la Unidad.
2.
Conocer de los informes de gestión presentados por el Director Ejecutivo.
3.
Aprobar el proyecto de presupuesto anual de la Unidad.
4.
Aprobar el plan de desarrollo y su correspondiente plan de inversiones.
5.
Evaluar y recomendar al Gobierno nacional las modificaciones de la estructura
orgánica y de la planta de personal que considere pertinentes.
6.
Adoptar sus estatutos y cualquier reforma que a ellos se introduzca.
7.
Recomendar modificaciones al mapa judicial.
8.
Las demás que le señalen la ley y sus estatutos.
ARTÍCULO 52. DIRECTOR EJECUTIVO Y SUBDIRECTOR GENERAL DE LA
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL. La
Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial tendrá
un Director Ejecutivo de libre nombramiento y remoción del Presidente de la
República y un Subdirector General nombrado por el Director, uno de los cuales
será Oficial en servicio activo de la Fuerza Pública o en uso de buen retiro,
de grado no inferior al de Brigadier General o su equivalente en la Armada
Nacional.
El
Director y el Subdirector serán independientes de la línea de mando, así uno de
ellos ostente la condición de Oficial en servicio activo de la Fuerza Pública.
PARÁGRAFO. El
Oficial podrá solicitar por una sola vez la terminación de su designación y el
regreso a su Fuerza de procedencia. Esta podrá aceptar o rechazar su solicitud.
En
caso de ser aceptado no podrá regresar a la Justicia Penal Militar y Policial
mientras esté en servicio activo.
ARTÍCULO 53. REQUISITOS PARA OCUPAR EL CARGO DE DIRECTOR
EJECUTIVO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y
POLICIAL. Para ocupar el cargo de Director Ejecutivo de la Unidad
Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial se requiere
acreditar los siguientes requisitos:
1.
Ser colombiano por nacimiento y ciudadano en ejercicio.
2.
Acreditar título profesional de abogado y posgrado en área jurídica o
administrativa.
3.
Acreditar como mínimo ocho (8) años de experiencia profesional.
ARTÍCULO 54. FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL. La
Dirección Ejecutiva de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal
Militar y Policial tendrá las siguientes funciones:
1.
Implementar las políticas y ejecutar los planes, programas, proyectos y
decisiones adoptadas por el Consejo Directivo.
2.
Adoptar y proponer según su competencia, las decisiones necesarias para que la
Justicia Penal Militar y Policial se imparta oportuna y eficazmente.
3.
Administrar de conformidad con las normas vigentes el talento humano, y los
bienes y recursos destinados para el funcionamiento de la Justicia Penal
Militar y Policial, desarrollando adecuados sistemas de información y control.
4.
Impartir las directrices para mantener actualizada la plataforma tecnológica y
de comunicaciones de la Unidad.
5.
Elaborar y presentar al Consejo Directivo de la Unidad Administrativa Especial
de la Justicia Penal Militar y Policial el informe de gestión anual y los que
este solicite.
6.
Diseñar planes, programas y proyectos que propendan por el comportamiento ético
del personal de la Justicia Penal Militar y Policial.
7.
Elaborar e impulsar programas de capacitación y formación del personal de la
Justicia Penal Militar y Policial.
8.
Adoptar los mecanismos de control de rendimiento y gestión de los funcionarios
y empleados de la Justicia Penal Militar y Policial y tomar las decisiones
necesarias para su buen funcionamiento y descongestión.
9.
Determinar la distribución, ubicación territorial y lugar de funcionamiento de
los despachos judiciales de acuerdo con las necesidades del servicio.
10.
Presentar al Consejo Directivo el mapa judicial y sus modificaciones.
11.
Crear y organizar los grupos internos de trabajo necesarios para el
funcionamiento de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal
Militar y Policial y designar sus coordinadores.
12.
Expedir manuales, de funciones y requisitos, procesos y procedimientos,
circulares, directivas, instructivos, reglamentos, resoluciones y demás actos
administrativos necesarios para el adecuado funcionamiento de la Justicia Penal
Militar y Policial.
13.
Regular los trámites de los títulos judiciales y demás aspectos administrativos
que se adelanten en los despachos judiciales y cuando lo considere necesario
establecer servicios administrativos comunes para ellos.
14.
Conceder estímulos, reconocer los méritos y otorgar las menciones honoríficas
al personal que se distinga por los servicios prestados a la Justicia Penal
Militar y Policial.
15.
Ejercer la facultad nominadora de los servidores públicos de la Unidad
Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, salvo de los
de periodo.
16.
Designar y terminar la designación de los miembros de la Fuerza Pública del
Cuerpo Autónomo de la Justicia Penal Militar y Policial.
17.
Definir las situaciones administrativas de los servidores públicos de la Unidad
Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial y de los
miembros de la Fuerza Pública del Cuerpo Autónomo de la Justicia Penal Militar
y Policial, de acuerdo con la Constitución y la ley.
18.
Ubicar y distribuir los servidores públicos de la Justicia Penal Militar y
Policial de acuerdo con la planta disponible y las necesidades del servicio.
19.
Celebrar los contratos, convenios y acuerdos que se requieran para el eficaz
funcionamiento de la Justicia Penal Militar y Policial.
20.
Ser ordenador del gasto para el cumplimiento de las funciones que le
correspondan.
21.
Representar a la entidad judicial y extrajudicialmente y nombrar los apoderados
especiales que demande la mejor defensa de los intereses de la entidad.
22.
Ejercer la función de control disciplinario en los términos de ley, sobre los
servidores públicos que ejerzan funciones administrativas y de apoyo a los
despachos judiciales, así como sobre los Jueces de Conocimiento Especializado;
Conocimiento, Garantías, Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, Fiscales
Delegados ante los Jueces de Conocimiento Especializado, Conocimiento y
servidores del Cuerpo Técnico de Investigación de la Justicia Penal Militar y
Policial, en relación con conductas distintas a las derivadas de su función
judicial y de policía judicial.
23.
Presentar el proyecto de presupuesto al Consejo Directivo para su aprobación.
24.
Elaborar el proyecto de plan de desarrollo de la Justicia Penal Militar y
Policial con su correspondiente plan de inversiones y someterlo a la aprobación
del Consejo Directivo.
25.
Suscribir convenios y acuerdos institucionales con entidades nacionales e internacionales.
26.
Administrar la Escuela de Justicia Penal Militar y Policial que por esta ley se
crea, presidir su Consejo Directivo y nombrar su director.
27.
Las demás que le asigne la ley y los estatutos.
PARÁGRAFO. Para
todos efectos, la representación legal de la Unidad Administrativa Especial de
la Justicia Penal Militar y Policial estará en cabeza de su Director Ejecutivo.
ARTÍCULO 55. INHABILIDADES. No podrán
desempeñar cargos en la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal
Militar y Policial, los servidores públicos que incurran en alguna de las
causales de inhabilidad establecidas en la Constitución Política y en la ley.
ARTÍCULO 56. CAUSALES DE IMPEDIMENTO, RECUSACIÓN Y TRÁMITE DE
LAS MISMAS. A los servidores públicos de la Unidad
Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y; Policial, se les
aplicarán las causales de impedimento y recusación establecidas en la ley y se
tramitarán de conformidad con los procedimientos allí establecidos.
ARTÍCULO 57. FALTAS ABSOLUTAS Y TEMPORALES. Las
faltas absolutas y temporales establecidas en la Constitución Política y en la
ley, se aplicarán a los servidores públicos de la Unidad Administrativa
Especial de la Justicia Penal Militar y Policial.
ARTÍCULO 58. AUTORIDAD DISCIPLINARIA. Los
servidores públicos que desempeñen cargos de jueces y fiscales de la Justicia
Penal Militar y Policial, serán investigados disciplinariamente por conductas
derivadas del ejercicio de sus funciones por la Procuraduría General de la
Nación y, los demás servidores por la Oficina de Control Disciplinario Interno
de la Unidad
Administrativa
Especial de la Justicia Penal Militar y Policial; sin perjuicio en este último
caso, del ejercicio del poder preferente de la Procuraduría General de la
Nación.
ARTÍCULO 59. ESTRUCTURA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL. La estructura interna
de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial
será establecida por el Gobierno Nacional, de acuerdo con sus facultades
constitucionales y legales.
PARÁGRAFO
TRANSITORIO. Hasta tanto entre en funcionamiento la Unidad
Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, la Dirección
Ejecutiva de la Justicia Penal Militar como dependencia interna del Ministerio
de Defensa Nacional, continuará con la administración y dirección de la
Justicia Penal Militar.
CAPÍTULO II.
ESCUELA DE JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL.
ARTÍCULO 60. OBJETO. Créase la Escuela de
Justicia Penal Militar y Policial, como un centro de formación inicial y
continuada de funcionarios y empleados al servicio de la Justicia Penal Militar
y Policial, con el objeto de ofrecer a sus servidores de manera permanente,
inducción y reinducción judicial en administración de justicia tanto teórica
como práctica, formación en temas académicos buscando el continuo mejoramiento
de su función misional de operador judicial, capacitación y actualización en
técnicas de administración, gestión judicial e investigativa, entre otros.
ARTÍCULO 61. ESTRUCTURA. La Escuela de
Justicia Penal Militar y Policial hace parte de la estructura de la Unidad
Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial y por
consiguiente el Gobierno nacional desarrollará la misma y establecerá su planta
de personal.
TÍTULO VI.
INDEPENDENCIA Y AUTONOMÍA DE LA JUSTICIA PENAL
MILITAR Y POLICIAL.
CAPÍTULO I.
INDEPENDENCIA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y
POLICIAL.
ARTÍCULO 62. INDEPENDENCIA DEL MANDO INSTITUCIONAL DE LA
FUERZA PÚBLICA. La Justicia Penal Militar y Policial será
independiente del mando institucional de la Fuerza Pública. Su función
exclusiva será la de administrar justicia conforme a la Constitución y la ley.
Los funcionarios y empleados de la Justicia Penal Militar y Policial no podrán
buscar o recibir instrucciones del mando de la Fuerza Pública, respecto del
cumplimiento de su función judicial.
Los
miembros de la Fuerza Pública en servicio activo que hacen parte de la línea de
mando, no podrán ejercer funciones en la Justicia Penal Militar y Policial.
Los
miembros de la Fuerza Pública en servicio activo que hacen parte de la
Jurisdicción Penal Militar y Policial, no podrán participar en el ejercicio del
mando.
CAPÍTULO II.
CUERPO AUTÓNOMO DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y
POLICIAL.
ARTÍCULO 63. CUERPO AUTÓNOMO DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y
POLICIAL. Créase el Cuerpo Autónomo de la Justicia Penal
Militar y Policial, conformado por miembros de la Fuerza Pública en servicio
activo que desempeñen cargos judiciales, investigativos, o de apoyo judicial o
investigativo en la Justicia Penal Militar y Policial; con un sistema de
carrera propio e independiente del mando institucional y bajo la dependencia de
la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial.
PARÁGRAFO. La
pertenencia al Cuerpo Autónomo de la Justicia Penal Militar y Policial, genera
dependencia administrativa de los miembros de la Fuerza Pública en servicio
activo que lo integran de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia
Penal Militar y Policial, y por tanto estarán a disposición de la citada
entidad.
ARTÍCULO 64. INCORPORACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA FUERZA
PÚBLICA AL CUERPO AUTÓNOMO DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL. En
virtud de la entrada en vigencia de la presente ley, los oficiales en servicio
activo que desempeñen cargos en la Jurisdicción, se incorporarán al Cuerpo
Autónomo de la Justicia Penal Militar y Policial y no tendrán que acreditar los
requisitos especiales establecidos en la presente ley para ocupar el cargo en
el cual queden incorporados. Los suboficiales, miembros del nivel ejecutivo y
agentes en servicio activo, que a la entrada en vigencia de la presente ley
desempeñen cargos en la Jurisdicción, se incorporarán al Cuerpo Autónomo de la
Justicia Penal Militar y Policial y no tendrán que acreditar los requisitos
establecidos en la presente ley para ocupar el cargo en el cual queden
incorporados.
ARTÍCULO 65. INTEGRACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA
AL CUERPO AUTÓNOMO DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL. Para
integrar el Cuerpo Autónomo de la Justicia Penal Militar y, Policial, la
Dirección Ejecutiva de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal
Militar y Policial, solicitará a las Fuerzas de acuerdo con las necesidades del
servicio, el envío de listas de candidatos de oficiales y suboficiales de las
Fuerzas Militares y oficiales, suboficiales, miembros del nivel ejecutivo y
patrulleros de la Policía Nacional, para desempeñar cargos en la Jurisdicción
Especializada, listas de las cuales la Dirección de la Unidad seleccionará de
acuerdo con el procedimiento interno y designará a los funcionarios y empleados
judiciales e investigativos requeridos para el servicio.
ARTÍCULO 66. DETERMINACIÓN DE LA PLANTA MILITAR Y POLICIAL. La
planta militar y policial de los miembros de la Fuerza Pública que integren el
Cuerpo Autónomo de la Justicia Penal Militar y Policial, será fijada por el
Gobierno nacional, con base en las necesidades que presente la Dirección
Ejecutiva de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y
Policial, quien la manejará.
La
planta determinará el número de miembros de la Fuerza Pública por grado.
CAPÍTULO III.
PROCEDENCIA Y CAMBIO DE CUERPO DE LOS MIEMBROS DE LA
FUERZA PÚBLICA AL CUERPO AUTÓNOMO DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL.
ARTÍCULO 67. PROCEDENCIA DE LA FUERZA PÚBLICA. Quien
aspire a pertenecer al Cuerpo Autónomo de la Justicia Penal Militar y Policial,
deberá estar previamente escalafonado en la Fuerza Pública de acuerdo con los
procedimientos legales establecidos en los respectivos estatutos.
ARTÍCULO 68. CAMBIO DE CUERPO O ESPECIALIDAD. Para
pertenecer al Cuerpo Autónomo de la Justicia Penal Militar y Policial, los
miembros de la Fuerza Pública en servicio activo, deberán cumplir con los
siguientes requisitos:
1.
Capacidad psicofísica.
2.
Acreditar como mínimo el grado de Capitán o Teniente de Navío.
3.
No haber sido sancionado penal o disciplinariamente y durante los tres (3)
últimos años estar clasificado en lista 1, 2 o 3 en las evaluaciones de las
Fuerzas Militares o en las escalas de medición excepcional, superior o
satisfactoria de la Policía Nacional.
4.
Concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa o del respectivo
Comandante de Fuerza o del Director General de la Policía Nacional de Colombia,
según corresponda.
PARÁGRAFO
1o. Los suboficiales, miembros del nivel ejecutivo y
patrulleros, no requieren acreditar grado militar o policial mínimo.
PARÁGRAFO
2o. Los folios de vida de los miembros de la Fuerza Pública
pasarán a la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y
Policial, mientras se encuentren desempeñando un cargo judicial o investigativo
de su planta de personal.
CAPÍTULO IV.
RÉGIMEN DE PERSONAL APLICABLE A LOS MIEMBROS DE LA
FUERZA PÚBLICA QUE INTEGRAN EL CUERPO AUTÓNOMO DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y
POLICIAL.
ARTÍCULO 69. ASCENSO MILITAR O POLICIAL. Se
entiende como ascenso militar o policial el cambio de jerarquía al grado
superior en su carrera militar o policial de los miembros de la Fuerza Pública.
ARTÍCULO 70. ENVÍO A CURSO DE ASCENSO. Transcurrido
el tiempo mínimo reglamentario para ascender en grado militar o policial y
cumplidos los demás requisitos establecidos en las normas especiales de cada
Fuerza, la Dirección Ejecutiva de la Unidad Administrativa Especial a través de
su dependencia de Talento Humano, verificará las anotaciones en el folio de
vida durante dicho período y su clasificación o escala y la evaluación en el
desempeño judicial, de gestión investigativa o de apoyo judicial o
investigativo, y someterá a decisión del Comité de Ascensos los nombres de los
miembros de la Fuerza Pública que deberán ser enviados a curso de ascenso a la
Fuerza a la que pertenezcan.
ARTÍCULO 71. CONDICIONES PARA ASCENSO DEL PERSONAL DEL CUERPO
AUTÓNOMO DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL. Los miembros
de la Fuerza Pública pertenecientes al Cuerpo Autónomo de la Justicia Penal
Militar y Policial, para ascender dentro de la jerarquía militar y policial,
deberán acreditar además de las condiciones y requisitos comunes establecidos
en los estatutos de carrera militar o policial, los siguientes:
1.
Tener el tiempo mínimo de servicio efectivo establecido para cada grado en los
estatutos de carrera del personal de la Fuerza Pública.
2.
Capacidad profesional acreditada con las evaluaciones anuales de desempeño en
el cargo, realizadas conforme a lo previsto en la presente ley.
3.
Adelantar y aprobar los cursos de ascenso reglamentarios.
4.
Acreditar aptitud psicofísica de acuerdo con el reglamento vigente.
5.
Concepto favorable del Comité de Ascensos del Cuerpo Autónomo de la Justicia
Penal Militar y Policial.
6.
Tener la clasificación para ascenso.
ARTÍCULO 72. AUTORIDAD COMPETENTE PARA CONCEDER ASCENSOS. El
ascenso de los oficiales hasta el grado de Coronel o Capitán de Navío será
dispuesto por el Gobierno nacional, y el de los suboficiales, miembros del
nivel ejecutivo y patrulleros por el Ministro de Defensa Nacional previa
recomendación del Comité de Ascensos del Cuerpo Autónomo de la Justicia Penal
Militar y Policial.
ARTÍCULO 73. ASCENSO DE OFICIALES GENERALES Y DE INSIGNIA. Para
los ascensos de Oficiales Generales y de Insignia, el Gobierno nacional
escogerá libremente entre los oficiales que hayan cumplido los requisitos
establecidos en los respectivos estatutos de carrera de la Fuerza Pública.
ARTÍCULO 74. COMITÉ DE ASCENSOS DEL CUERPO AUTÓNOMO DE LA
JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL. El Comité de Ascensos del
Cuerpo Autónomo de la Justicia Penal Militar y Policial estará conformado por:
1.
El Ministro de Defensa Nacional o su delegado.
2.
El Director Ejecutivo de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal
Militar y Policial.
3.
El Presidente del Tribunal Superior Militar y Policial.
4.
El Fiscal General Penal Militar y Policial.
5.
El funcionario judicial de mayor antigüedad y grado de las Fuerzas Militares,
integrante del Cuerpo Autónomo de la Justicia Penal Militar y Policial, cuando
se trate de ascensos de las Fuerzas Militares.
6.
El funcionario judicial de mayor antigüedad y grado de la Policía Nacional,
integrante del Cuerpo Autónomo de la Justicia Penal Militar y Policial, cuando
se trate de ascensos de la Policía Nacional.
ARTÍCULO 75. FUNCIONES DEL COMITÉ DE ASCENSOS DE LA JUSTICIA
PENAL MILITAR Y POLICIAL. Son funciones del Comité de Ascensos de la
Justicia Penal Militar y Policial las siguientes:
1.
Evaluar las anotaciones existentes en el folio de vida y su respectiva
clasificación o escala y la calificación de la evaluación judicial, de gestión
investigativa o de apoyo judicial o investigativo de los miembros de la Fuerza
Pública y de acuerdo con ello decidir quiénes deben ser enviados a curso de
ascenso a la Fuerza a la que pertenecen.
2.
Emitir concepto para ascenso.
3.
Clasificar al personal de la Fuerza Pública miembro del Cuerpo Autónomo de la
Justicia Penal Militar y Policial.
4.
Ratificar o modificar la lista de precedencia de clasificación o escala para
ascensos.
5.
Seleccionar y recomendar al Gobierno Nacional por intermedio del Ministro de
Defensa Nacional, los ascensos dentro de la jerarquía militar y policial del
personal del Cuerpo Autónomo de la Justicia Penal Militar y Policial.
6.
Aplicar los reglamentos de evaluación de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional, para la calificación y clasificación del desempeño Militar y
Policial.
7.
Darse, su propio reglamento.
ARTÍCULO 76. PARÁMETROS PARA LA RECOMENDACIÓN DE ASCENSOS. El
Comité fundamentará su recomendación de ascenso en la antigüedad, las
anotaciones existentes en el folio de vida y su respectiva clasificación o
escala para ascenso y en la calificación de la evaluación judicial, de gestión
investigativa o de apoyo judicial o investigativo y el resultado obtenido en el
curso de ascenso, información que será consolidada en orden de precedencia por
el responsable de Talento Humano de la Unidad Administrativa Especial de la
Justicia Penal Militar y Policial.
El
Comité seleccionará y recomendará al Gobierno nacional los nombres de los
oficiales que considere merecen el ascenso por tener el mejor perfil militar o
policial y desempeño judicial o de gestión investigativa.
En
el caso de los suboficiales, miembros del nivel ejecutivo y patrulleros de la
Fuerza Pública, el Comité sesionará sin la presencia del Ministro de Defensa
Nacional o su delegado y seleccionará y recomendará al Ministro los nombres de
los que considere merecen el ascenso por tener el mejor perfil militar o
policial y desempeño en cargos de apoyo judicial o investigativo.
ARTÍCULO 77. REQUISITOS ESPECIALES PARA ASCENSO. A
los miembros de la Fuerza Pública que se incorporen al Cuerpo Autónomo de la
Justicia Penal Militar y Policial, no se les exigirá a partir de la vigencia de
la presente ley, los requisitos especiales establecidos en los estatutos sobre
el cumplimiento de tiempos mínimos en el desempeño de cargos en la Justicia
Penal Militar, para ascender.
ARTÍCULO 78. SITUACIONES ADMINISTRATIVAS DE PERSONAL. A
los miembros de la Fuerza Pública del Cuerpo Autónomo de la Justicia Penal
Militar y Policial, que desempeñen cargos en la Jurisdicción Penal Militar y
Policial, les serán aplicables por el Director Ejecutivo la Unidad
Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, las
situaciones administrativas de personal previstas en los estatutos de carrera
especial del personal civil y no uniformado del Ministerio de Defensa Nacional
y sus entidades descentralizadas, adscritas y vinculadas.
CAPÍTULO V.
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN.
ARTÍCULO 79. FORMACIÓN. Los miembros de la
Fuerza Pública que integren el Cuerpo Autónomo de la Justicia Penal Militar y
Policial, deberán recibir la formación militar o policial impartida por su
respectiva Fuerza.
ARTÍCULO 80. CAPACITACIÓN. La capacitación de
los miembros de la Fuerza Pública que integren el Cuerpo Autónomo de la
Justicia Penal Militar y Policial, será continua y estará bajo la coordinación
de la Escuela de Justicia Penal Militar y Policial, con el objeto de ofrecer a
quienes administran justicia y realizan funciones de investigación y de apoyo
judicial e investigativo, permanente actualización práctica y teórica en temas
jurídicos, militares y policiales, técnicas de investigación, gestión judicial
y en todas aquellas áreas relacionadas con el desempeño de sus funciones.
CAPÍTULO VI.
TERMINACIÓN DE LA DESIGNACIÓN A LOS MIEMBROS DE LA
FUERZA PÚBLICA QUE INTEGREN EL CUERPO AUTÓNOMO DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y
POLICIAL Y RETIRO DEL SERVICIO ACTIVO.
ARTÍCULO 81. TERMINACIÓN DE LA DESIGNACIÓN POR SOLICITUD
PROPIA DEL MIEMBRO DE LA FUERZA PÚBLICA. El miembro de la
Fuerza Pública integrante del Cuerpo Autónomo de la Justicia Penal Militar y
Policial, podrá solicitar por una sola vez la terminación de su designación y
el regreso a su Fuerza de procedencia. Esta podrá aceptar o rechazar su
solicitud.
En
caso de ser aceptado no podrá regresar a la Justicia Penal Militar y Policial
mientras esté en servicio activo.
ARTÍCULO
82. CAUSALES DE TERMINACIÓN DE LA DESIGNACIÓN EN EL CUERPO AUTÓNOMO DE LA
JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL Y RETIRO DE LA FUERZA PÚBLICA. Son
causales de terminación de la designación en el Cuerpo Autónomo de la Justicia
Penal Militar y Policial y de Retiro de la Fuerza Pública las siguientes:
1.
Ser condenado penal mente por sentencia debidamente ejecutoriada, excepto por
delitos culposos, siempre que en este último caso la pena impuesta no implique
privación de la libertad.
2.
Ser destituido o separado del cargo por decisión debidamente ejecutoriada, como
resultado de proceso disciplinario.
3.
Obtener resultado regular o deficiente de acuerdo con los reglamentos de
evaluación y clasificación de la Fuerza Pública.
4.
Incurrir en cualquiera de las causales de retiro consignadas en los reglamentos
de la institución militar o policial a la cual pertenece.
ARTÍCULO 83. RETIRO DEL CUERPO AUTÓNOMO DE LA JUSTICIA PENAL
MILITAR Y POLICIAL. El retiro del Cuerpo Autónomo de la
Justicia Penal Militar y Policial se configura cuando se termina la designación
del miembro de la Fuerza Pública en un cargo de la Justicia Penal Militar y
Policial.
PARÁGRAFO. Incurrir
en cualquiera de las causales de terminación de la designación del artículo
anterior conlleva igualmente el retiro de la Fuerza Pública. La Dirección
Ejecutiva de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y
Policial, tramitará el retiro del servicio activo del miembro de la Fuerza
Pública ante el Gobierno nacional o el Ministro de Defensa, según corresponda.
ARTÍCULO 84. EFECTOS DE LA TERMINACIÓN DE LA DESIGNACIÓN. El
personal militar o policial al que se le haya terminado la designación, no
podrá volver a ocupar cargos en la planta de personal de la Unidad
Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, excepto si la
misma fue por solicitud propia, caso en el cual el Director Ejecutivo de la
Unidad Administrativa Especial podrá nombrarlo en calidad de retirado, de
acuerdo con las necesidades del servicio, siempre que cumpla con los requisitos
exigidos para un cargo vacante y supere el proceso de vinculación.
CAPÍTULO VII.
EVALUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA
FUERZA PÚBLICA DEL CUERPO AUTÓNOMO DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL.
ARTÍCULO 85. AUTORIDAD EVALUADORA Y REVISORA. La
autoridad evaluadora y revisora del personal de la Fuerza Pública miembro del
Cuerpo Autónomo de la Justicia Penal Militar y Policial, será ejercida por
oficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional integrantes de
dicho cuerpo u orgánicos de la Unidad Administrativa Especial, que no
intervengan en la evaluación de desempeño judicial.
La
evaluación y revisión se efectuará conforme a los reglamentos de las Fuerzas
Militares y de la Policía Nacional, para la calificación y clasificación del
desempeño Militar y Policial.
CAPÍTULO VIII.
RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LOS MIEMBROS DEL
CUERPOAUTÓNOMO DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL.
ARTÍCULO 86. TITULARIDAD DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA. Los
miembros del Cuerpo Autónomo de la Justicia Penal Militar y Policial solo
podrán ser disciplinados por la Procuraduría General de la Nación por faltas en
el ejercicio de sus funciones judiciales.
Cuando
se trate de faltas distintas a las cometidas en el ejercicio de la función
judicial, será competente para conocer y decidir las faltas leves en única
instancia y en primera instancia las faltas graves y gravísimas, un oficial de
grado Coronel o Capitán de Navío y en segunda instancia para estas dos últimas,
un oficial de mayor antigüedad, miembros del Cuerpo Autónomo de la Justicia
Penal Militar y Policial u orgánicos de la Unidad Administrativa Especial,
designados por su Dirección Ejecutiva.
ARTÍCULO 87. FALTAS DISCIPLINARIAS, PROCEDIMIENTO Y
SANCIONES. A los miembros del Cuerpo Autónomo de la Justicia
Penal Militar y Policial se les aplicarán las normas establecidas en los
respectivos estatutos disciplinarios tanto de las Fuerzas Militares como de la
Policía Nacional en materia de faltas disciplinarias, procedimiento y
sanciones, así como las establecidas en el régimen disciplinario para
servidores públicos.
ARTÍCULO 88. NORMAS DE REMISIÓN. En todo lo
no regulado en el presente título, relacionado con los miembros de la Fuerza
Pública que integren el Cuerpo Autónomo de la Justicia Penal Militar y
Policial, se les aplicará lo establecido en los regímenes especiales
respectivos.
TÍTULO VII.
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO.
CAPÍTULO ÚNICO.
ARTÍCULO 89. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LOS JUECES PENALES
MILITARES Y POLICIALES. La evaluación de desempeño de los
jueces penales militares y policiales corresponde al Director Ejecutivo de la
Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial y al
Tribunal Superior Militar y Policial, de conformidad con los siguientes
criterios:
1.
El Director Ejecutivo de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal
Militar y Policial, evaluará el rendimiento estadístico de los jueces penales
militares y policiales de acuerdo con la validación de los informes de cada
despacho.
2.
El Tribunal Superior Militar y Policial evaluará la estructura formal y la
construcción material de las providencias de los jueces penales militares y
policiales.
PARÁGRAFO. La
consolidación de las evaluaciones establecidas en los numerales anteriores,
permitirá determinar el rendimiento anual de los jueces penales militares y
policiales, la cual constituirá para el personal militar y policial el
indicador de desempeño en el cargo.
ARTÍCULO 90. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LOS FISCALES PENALES
MILITARES Y POLICIALES DELEGADOS ANTE LOS JUECES PENALES MILITARES Y POLICIALES
Y DE LOS SERVIDORES DEL CUERPO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN DE LA JUSTICIA PENAL
MILITAR Y POLICIAL. La evaluación de desempeño de los fiscales
penales militares y policiales delegados ante los jueces penales militares y
policiales y de los servidores del Cuerpo Técnico de Investigación de la
Justicia Penal Militar y Policial, corresponde al Director Ejecutivo de la
Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, al
Fiscal General Penal Militar y Policial y a los Fiscales Penales Militares y
Policiales Delegados ante el Tribunal Superior Militar y Policial, de
conformidad con los siguientes criterios:
1.
El Director Ejecutivo de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal
Militar y Policial evaluará el rendimiento estadístico de los fiscales penales
militares y policiales delegados ante los jueces penales militares y policiales
y de los servidores del Cuerpo Técnico de Investigación de la Justicia Penal
Militar y Policial, de acuerdo con la validación de los informes de cada
despacho y el informe estadístico consolidado presentado por el Coordinador
Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación de la Justicia Penal Militar y
Policial.
2.
El Fiscal General Penal Militar y Policial y los Fiscales Penales Militares y
Policiales Delegados ante el Tribunal Superior Militar y Policial, evaluarán la
gestión investigativa, el diseño del programa metodológico, la estructura de la
teoría del caso, la actuación y argumentación en estrados judiciales y su
efectividad en el resultado de la acción penal de los Fiscales Penales
Militares y Policiales Delegados ante los Jueces Penales Militares y Policial.
Así mismo evaluarán a los coordinadores del Cuerpo Técnico de Investigación de
la Justicia Penal Militar y Policial, con fundamento en la eficaz planeación,
organización y control de las misiones asignadas a los servidores.
3.
El Fiscal General Penal Militar y Policial y el Coordinador Nacional del Cuerpo
Técnico de Investigación evaluarán la gestión desarrollada en las misiones de
trabajo, la efectividad de los informes periciales, técnicos y los resultados
de la actividad investigativa de los servidores del Cuerpo Técnico de
Investigación de la Justicia Penal Militar y Policial.
PARÁGRAFO. La
consolidación de las evaluaciones establecidas en los numerales anteriores
permitirá determinar el rendimiento anual de los Fiscales Penales Militares y
Policiales Delegados ante los Jueces Penales Militares y Policiales, y de los
servidores del Cuerpo Técnico de Investigación de la Justicia Penal Militar y
Policial, la cual constituirá para el personal militar y policial el indicador
de desempeño en el cargo.
ARTÍCULO 91. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE SECRETARIOS Y
ASISTENTES JUDICIALES. La evaluación de estos servidores
públicos suboficiales, miembros del nivel ejecutivo, patrulleros y civiles que
realicen labores de apoyo a la gestión judicial e investigativa, corresponderá
al titular o encargado del respectivo despacho.
ARTÍCULO 92. SISTEMA DE EVALUACIÓN. Los
indicadores aplicables a las evaluaciones de rendimiento, serán diseñados por
los evaluadores y expedidos mediante acto administrativo por la Dirección
Ejecutiva de la Unidad Administrativa Especial.
ARTÍCULO 93. RECURSOS. Contra el resultado de la
evaluación de rendimiento de gestión judicial e investigativa y de apoyo
judicial e investigativo, procede solo el recurso de reposición dentro de los
cinco (5) días siguientes a la notificación personal o desfijación del edicto. (…)”.
III.    LA DEMANDA
En su escrito de demanda[6]
la ciudadana alega que los artículos 1º a 93 de la Ley 1765
de 2015 contrarían el literal b) del artículo 152 de la Constitución Política,
por cuanto se trata de una ley ordinaria que regula asuntos propios de la
administración de justicia, materia que debe reglarse por ley estatutaria.
Señala que no era dable al
legislador tramitar y expedir la Ley 1765 de 2015, para efectos de regular el
sistema de administración de justicia penal militar y policial, pues el artículo
152 de la Carta Superior establece que “los asuntos que versan sobre la
administración de justicia, entiéndase todos, incluidos los de la justicia
castrense, porque la norma constitucional no hace distinción alguna, están
sometidos a reserva de ley estatutaria”[7].
Indica que las disposiciones
acusadas al: (i) referir a los principios de la administración de justicia
penal militar y así como policial, y al ámbito de aplicación; (ii) determinar
la estructura de la justicia penal militar y policial; (iii) crear los
diferentes órganos que impartirán justicia, establecer el número de sus
integrantes, la forma cómo deben conformarse, los requisitos que deben cumplir
las personas que ocuparan los respectivos cargos y régimen de inhabilidades e
incompatibilidades a que están sometidos, y distribuir las competencias; (iv)
precisar la estructura, funciones, requisitos y competencia del Fiscal General
Penal Militar y Policial, así como los requisitos de sus delegados, sus
inhabilidades y los eventos constitutivos de faltas absolutas o temporales; (v)
regular la composición y funciones de la administración del cuerpo técnico de
investigación de la justicia penal militar y policial, y la gestión, control,
independencia y autonomía de la justicia penal militar así como policial; y
(vi) establecer la evaluación de desempeño de jueces y fiscales militares y
policiales, y demás personal judicial; debieron aprobarse por medio de ley
estatutaria, toda vez que sus contenidos normativos aluden a elementos de la
administración de justicia.
En sustento de todo ello, en el escrito de
corrección de la demanda enfatiza que en la sentencia C-037 de 1996, la Corte
Constitucional consideró que “una ley estatutaria encargada de regular la
administración de justicia, como lo dispone el literal b) del artículo 152
superior, debe ocuparse esencialmente sobre la estructura general de la
administración de justicia y sobre los principios sustanciales y procesales que
deben guiar a los jueces en su función de dirimir los diferentes conflictos o
asuntos que se someten a su conocimiento”[8].
Agrega que los artículos
demandados, además de crear nuevos órganos en la jurisdicción penal militar y
policial, también determinan su estructura y operatividad. Aspectos que, al no
ser secundarios o accesorios de la administración de justicia, y no tratarse de
simples reglas de procedimiento y de competencia, es inadmisible que pueden
reglarse mediante ley ordinaria.
Acudiendo a una contextualización histórica, aduce
que en la antigüedad, por la división de clases sociales, se hizo necesario la
expedición de normas y de un aparato que las interpretara y las aplicara,
evitándose así ley del Talión o el uso de la fuerza armada. “De ahí para
adelante se afirma con razón que las normas, la justicia, el Estado tienen una
relación directa con el ejercicio del poder, entendido este en términos
políticos, económicos, sociales, culturales y militares; de lo cual se concluye
que en la ley 1765 se están creando un conjunto de entidades y estructuras que
tiene como misión aplicar las leyes a un sector de la población en particular
como lo es los militares y policiales (sic), lo cual reafirma la importancia y
relevancia del tema, para encuadrarlo y regularlo mediante ley estatutaria,
pues aunado a esto es semejante en su contenido y estructura formal y material
a la ley de administración de justicia contenida en la ley 270 de 1996, la cual
efectivamente si tuvo el procedimiento y el carácter de estatutaria.”[9]
Señala que la justicia, entendida como la correcta
forma de aplicar la ley en casos particulares por parte del operador
correspondiente, revestido de autoridad para ello, hace que tanto la justicia
ordinaria como la penal militar sean equiparables, “pues comparten su fin
cual es proteger y se hacer (sic) efectivos los derechos, las libertades y las
garantías de la población entera, y se definen igualmente las obligaciones y
los deberes que le asisten a la administración y a los asociados; luego
propende por alcanzar la convivencia social y pacífica, de mantener la
concordia nacional y de asegurar la integridad de un orden político, económico
y social justo.”[10]
Agrega que tanto de la justicia ordinaria como de la
penal militar, se predica la misma responsabilidad de hacer “realidad los
propósitos que inspiran la Constitución en materia de justicia, y que se
resumen en que el Estado debe asegurar su pronta y cumplida administración a
todos los asociados”[11].
Concluye que si una ley ordinaria no respeta el
mandato constitucional de la reserva de ley estatutaria, “como lo hacen los
artículo 1 a 93 de la Ley 1765 de 2015”, es claramente inexequible, al
desconocer una regla constitutiva que asigna competencias al legislador.
IV. INTERVENCIONES
1. Presidencia de la República
Por medio de apoderado judicial, la Secretaria
Jurídica de la Presidencia de la República intervino el 19 de noviembre de 2015[12],
para solicitar a la Corte Constitucional: (i) se inhiba de conocer la presente
demanda por ineptitud sustantiva, ante el incumplimiento de los presupuestos de
especificidad y suficiencia; o en su defecto, (ii) declare exequible la Ley
1765 de 2015.
Frente a la solicitud de inhibición, señala que el
cargo formulado carece de especificidad, toda vez que se omite llevar a cabo un
análisis específico de los asuntos que deben ser declarados inconstitucionales
por no haber sido tramitados conforme el artículo 153 Superior. Contrario a
ello, se limita a señalar que los preceptos normativos 1º a 93 son
inexequibles, porque de manera general atentan contra el artículo 152
Constitucional, afirmando “que el sustento de la contradicción es que crean
órganos, determinan estructura y señalan cómo operar. Sin embargo, no explica
cómo aquello encuadra en alguna de las categorías reseñadas por la Corte, ni
tampoco la manera en la que se desconoce alguno de esos criterios”[13].
Asimismo, estima que es insuficiente el cargo, ya
que resulta vago e indeterminado, por cuanto no identifica la manera en que las
disposiciones acusadas vulneran la Constitución, sino que se limita a expresar
de forma genérica que son de reserva de ley estatutaria. Además, no entrega
elementos suficientes que permitan a la Corte hacer un estudio de fondo acerca
de la exequibilidad de las normas censuradas, pues se confunde la carga
procesal de probar el cargo de inexequibilidad con el mero hecho de afirmar que
existe.
En sustento de la solicitud de exequibilidad,
argumenta que la demanda desconoce la jurisprudencia Constitucional (sentencias
C-619 de 2012 y C-818 de 2011) que determina las materias que exigen el trámite
estatutario, por cuanto “no todos los asuntos relacionados con este tópico
son objeto de ley estatutaria, como erradamente lo sostiene la demanda, sino
que además, de ser así, se caería en un vaciamiento de la competencia del
servicio público que presta la Rama Judicial”. Dichas Providencias señalan
que “sólo es necesario el trámite estatutario en aquellos casos en donde se
afecte de forma general la estructura, los principios o los aspectos
sustanciales de la administración de justicia, y no para casos en lo que se
desarrollan aspectos puntuales que no interfieren con el funcionamiento
integral de la Rama Judicial o con el derecho fundamental al acceso a la
administración de justicia”[14].
Para el caso de la justicia penal militar, asegura
que en sentencia C-368 de 2000, la Corte indicó que su regulación no se
encuentra consagrada dentro de las materias comprendidas en el artículo 152 de
la Carta Política, y que por el solo hecho de que se refiera a una jurisdicción
concreta no significa que esté incluida en el ámbito de aplicación del literal b
de dicha norma.
Agrega que con base en la jurisprudencia de este
Tribunal, “no solo es dable entender que la justicia penal militar de forma
general exige una ley estatutaria, sino que además considerarlo así implicaría
una violación del artículo 152 de la Constitución. De esta forma, es claro que
al haber tramitado la Ley 1765 de 2015 como una ley ordinaria se le dio cabal
cumplimiento a las exigencias del Texto Superior y de la jurisprudencia
específicamente aplicable, teniendo en cuenta que los artículos demandados no
‘(i) afectan la estructura general de la administración de justicia,
(ii) establecen y garantizan la efectividad de los principios generales
sobre la materia, o (iii) desarrollan aspectos sustanciales en relación
con eta rama del poder público.’ (Sentencia C-619 de 2012, negrilla fuera de
texto)”[15].
2. Ministerio de Defensa Nacional
Mediante escrito[16] presentado el 20 de
noviembre de 2015, el Director de Asuntos Legales del Ministerio de Defensa
Nacional solicita a la Corte Constitucional declarar la exequibilidad de los artículos
1º a 93 de la Ley 1765 de 2015.
Manifiesta que si bien la Justicia Penal Militar y
Policial es un sistema de administración de justicia especializado, no hace
parte de la estructura orgánica de la rama judicial, pero le son aplicables los
principios y mandatos contenidos en la Constitución y las “Leyes
Estatutarias de Administración de Justicia”. En esa medida, la expedición
de la Ley 1765 de 2015 se debió a la necesidad de estructurar y desarrollar las
instituciones jurídicas establecidas en la Ley 1407 de 2010[17],
necesarias para armonizar el procedimiento penal militar y policial con el
sistema previsto en la jurisdicción ordinaria.
Señala que las normas estatutarias de
administración de justicia no están siendo modificadas por la Ley 1765 de 2015,
sino que, por el contrario, dicha norma solo desarrolla las instituciones
propias del sistema acusatorio en la Jurisdicción Penal Militar y Policial, a
fin de garantizar los principios previstos en disposiciones normativas de
naturaleza estatutaria.
Indica que debido a la particularidad de la
Justicia Penal Militar y Policial, y el ámbito de aplicación del fuero de los
miembros de la fuerza pública dispuesto en el artículo 221 Superior, es
necesario expedir normas, como la censurada en esta ocasión, que desarrollen e
implementen las instituciones jurídicas del sistema penal acusatorio. Indica
que dichos desarrollos legislativos por vía ordinaria no contravienen el artículo
152 de la Carta Política, toda vez que disposiciones normativas, como la Ley
1765 de 2015, no crean o modifican el sistema de administración de justicia,
sino que adoptan “regulaciones legislativas que desarrollan los postulados y
principios constitucionales y estatutarios propios de la administración de
justicia que deben ser implementados atendiendo las particularidades de una
jurisdicción especializada como lo es la jurisdicción penal militar y policial”[18].
Concluye que no le asiste razón a la demandante,
por cuanto: (i) acoger la tesis que refiere a que deben reglarse como leyes
estatutarias todas aquellas normas que mencionen derechos fundamentales o
desarrollen instituciones jurídicas en el marco de los sistemas de
administración de justicia, vaciaría la competencia del legislador ordinario;
(ii) el artículo 152 Constitucional debe interpretarse de manera restrictiva,
así lo ha señalado la Corte Constitucional en algunos pronunciamientos (sentencia
C-699 de 2013); y (iii) las materias reguladas en la Ley 1765 de 2015 no están
sometidas a reserva de ley estatutaria, de conformidad con los criterios
jurisprudenciales que esta Corporación ha fijado al respecto.
3. Universidad Santo Tomás
El Director del Consultorio Jurídico Internacional
de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás -Bogotá, en escrito[19]
presentado el 20 de noviembre de 2015, solicita a la Corte se “declare la
inconstitucionalidad de la Ley 1765 de 2015, por cuanto desconoce la reserva de
ley estatutaria de la cual gozan aquellas leyes que regulan derechos
fundamentales como el debido proceso y los relacionados con la administración
de justicia”[20].
Expone que las disposiciones acusadas “consagran
temas procedimentales sustanciales, donde el objeto material es la
administración de justicia que, como bien lo definió la demandante, corresponde
a uno de los fines esenciales del Estado, mediante el cual este dirime de
manera imparcial los conflictos que puedan generarse en el conglomerado social,
lo cual… comprende a su vez el derecho fundamental al debido proceso, que tiene
como elementos integradores: a) el derecho a la jurisdicción y el acceso a la
justicia; b) el derecho al juez natural; c) el derecho a la defensa; d) el
derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo razonable; e) el
derecho a la independencia del juez; y f) el derecho a la independencia e
imparcialidad del juez o funcionario[21]”[22].
Adicionalmente, considera que los artículos
cuestionados vulneran el derecho a la igualdad, ya que “la Policía, siendo
una institución civil no debería ser cobijada por el fuero militar, pues su
misión constitucional es incompatible con cualquier excepción al juez natural
para todas las personas previsto en la Constitución.”[23]
V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
1. En cumplimiento de lo previsto en los artículos
242.2 y 278.5 de la Constitución Política, el Procurador General de la Nación
rindió concepto de constitucionalidad[24]
Nº 6031 del 3º de diciembre de 2015, mediante el cual, solicita a la Corte
declarar exequibles los artículos 1º a 93 de la Ley 1765 de 2015, puesto que “no
invaden la esfera privativa de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia
en lo pertinente a la justicia penal militar”[25].
2. Argumenta que el artículo 152 de la Carta
establece que mediante ley estatuaria deberán regularse aspectos puntuales, por
ejemplo, “la administración de justicia”. Sin embargo, cuando la Corte
Constitucional ha interpretado el sentido de dicha norma ha precisado que la
reserva de ley estatutaria es de naturaleza restringida, y que particularmente
en asuntos de administración de justicia, ésta se refiere únicamente a los
aspectos más generales que afecten las garantías de acceso a la administración
de justicia.
3. Explica que este Tribunal ha señalado que los
procedimientos, en especial las competencias de los órganos jurisdiccionales,
son asuntos propios de las leyes ordinarias “que no pueden petrificarse a
través de disposiciones de rango superior ni hacen parte de la referida
reserva”[26].
En esa medida, sostiene que si los preceptos legales censurados “obedecen a
asuntos procedimentales ordinarios, tales como las competencias no reguladas
especialmente por normas superiores, su regulación no estaría prevista a la Ley
Estatutaria”[27].
4. Afirma que respecto a la reserva de ley
estatutaria en materia de justicia penal militar, esta Corporación ha concluido
que: (i) esa jurisdicción se encuentra sometida a los principios de la ley
estatutaria, con excepción de su estructura orgánica, toda vez que la justicia
penal militar no hace parte de la rama judicial del poder público; y (ii) dicho
contenido debe regularse mediante “código, lo cual implica que no tiene
rango de Ley Estatutaria pero que, en todo caso, tampoco es un asunto que
podría ser delegado al ejecutivo a través de una Ley Habilitante”[28].
5. Aunado a lo anterior, señala que, tratándose de
la justicia penal militar, las disposiciones demandadas no versan sobre
materias con reserva de ley estatutaria, por las siguientes razones:
5.1. Al categorizarse los
artículos acusados, se tienen “normas (i) que reenvían a los principios
generales de la administración de justicia (art. 1); (ii) que determinan
ciertos procedimientos o competencias de la justicia penal militar, (arts. 6,
8-10, 20, 23, 30-13); (iii) que establecen aspectos complementarios al aparato
judicial de la justicia penal militar (arts. 32-43, 60-61, 89-91); (iv) que
regulan la situación militar de los miembros de la justicia penal militar
(arts. 63-88); y, finalmente, (v) que establecen, en estricto sentido, el
aparato jurisdiccional de la Justicia Penal Militar y la Fiscalía General Penal
Militar”[29].
5.2. El artículo 1º de la Ley
1765 de 2015, el cual reza: “Las normas y principios rectores
de la administración de justicia prevalecen y serán de obligatoria aplicación
en la Jurisdicción Penal Militar y Policial”, más allá de regular los
principios de la administración de justicia, simplemente efectúa una remisión a
los mismos, por tanto, no invade la reserva de ley estatutaria.
5.3. En cuanto a las
disposiciones que regulan los procedimientos o competencias de los órganos de
la justicia penal militar y policial, están los artículos 6o, 8º, 9º, 10, 20, 23, 30 y 31, con los cuales: se crea un procedimiento de unificación de jurisprudencia; se
establece la competencia de los Juzgados Penales Militares y Policiales de
Conocimiento y Especializados; se regula la resolución de conflictos de
competencia; se prevé las funciones de la Fiscalía General Penal Militar y
Policial; se desarrollan las funciones del Fiscal General Penal Militar y
Policial; y se determinan las funciones generales y especiales de los Fiscales
Penales Militares y Policiales; respectivamente. Con todo, tales normas no
prescriben asuntos relacionados con la estructura general de la administración
de justicia ni con sus principios sustanciales, por el contrario, refieren a un
caso privativo de la legislación ordinaria.
5.4. Frente al grupo normativo que establece
aspectos concernientes a la administración de la justicia penal militar y
policial, como son los artículos 32 a 43, 60, 61, 89, 90 y 91, por medio de los
cuales: se determina la composición, requisitos y funciones del cuerpo técnico
de investigación de la justicia penal militar y policial; se crea la escuela de la justicia penal militar y policial; y se
define el sistema de evaluación de desempeño; respectivamente, dichos asuntos
evidentemente son complementarios a la administración de justicia, por lo que
“tampoco pueden entenderse como de la competencia exclusiva del legislador
estatutario”[30].
5.5. Por su parte, los artículos 63 a 88 de la ley demandada, los cuales prevén, entre otras cosas,
el régimen de carrera, ascensos, formación, capacitación, retiro y régimen
disciplinario del Cuerpo Autónomo de la Justicia Penal Militar y Policial; dado
que “no se refieren siquiera a la administración de justicia, es claro que
éstos en forma alguna implican una extralimitación del legislador ordinario”[31].
5.6. La Ley 1765 de 2015
contiene algunos artículos[32]
respecto de los cuales, prima facie, podría haber duda de
invasión de la reserva de ley estatutaria, por cuanto: regulan el ámbito de
aplicación de la justicia penal militar y policial; determinan los órganos que
la componen; definen los requisitos para acceder a los cargos, periodos,
inhabilidades, faltas absolutas y temporales; señalan la estructura,
administración, gestión y control de la Fiscalía General Penal Militar y
Policial; y regulan la independencia de la justicia penal militar y policial
del mando institucional de las fuerzas militares. Sin embargo, no es posible
aplicar la reserva de ley estatutaria a la estructura de la justicia penal
militar, “toda vez que ésta no implica el diseño orgánico de la Rama
Judicial del Poder Público, sino de una jurisdicción excepcional cuya
regulación principal se encuentra en el Código ordenado por el artículo 221
Constitucional”[33].
VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Competencia
1. En virtud de lo dispuesto por el artículo 241.4
de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer
de la demanda de la referencia, por dirigirse contra preceptos contenidos en
una ley de la República, en este caso, de la Ley 1765 de 2015.
Asunto preliminar. La aptitud
sustantiva de la demanda
2. Como cuestión previa a la
identificación de los problemas jurídicos y la metodología de la presente
decisión, la Sala debe determinar si la demanda presentada por la ciudadana Sonia
Patricia Carrero Correa ofrece un cargo de constitucionalidad que cumpla con
las condiciones fijadas por la Ley y la jurisprudencia de esta Corte. Esto es
necesario debido a que uno de los intervinientes solicitó un
pronunciamiento inhibitorio por considerar sustancialmente inepta la demanda, ante
el incumplimiento de los presupuestos de especificidad y suficiencia.
3. En ese sentido, debe
verificarse por parte de la Corte si la demanda reúne las condiciones
necesarias para que haya un pronunciamiento de fondo, estableciendo si la misma
se encuentra debidamente sustentada y si se está ante un cargo de
inconstitucionalidad verificable. Debe sobre este particular tenerse en cuenta
que el artículo 6º del Decreto Ley 2067 de 1991 establece que se rechazarán las
demandas cuando no cumplan con las condiciones formales para ello. Si bien,
como regla general el
examen sobre la aptitud sustantiva de la demanda se debe realizar en la etapa
de admisibilidad, la norma en mención admite que este tipo de decisiones se
adopten en la sentencia, debido a que no siempre resulta evidente en esa fase
preliminar el incumplimiento de los requisitos mencionados, permitiendo a la
Sala Plena abordar un análisis con mayor detenimiento y profundidad[34].
Con el fin de dilucidar esta
cuestión preliminar, la Corte reiterará el precedente constitucional sobre la
fundamentación y contenido de los requisitos argumentativos mínimos que debe
satisfacer una demanda de constitucionalidad y a partir de allí verificará
el cumplimiento de las condiciones exigidas para un pronunciamiento de mérito
frente al cargo formulado en la demanda: presunta vulneración de la reserva de ley estatutaria.
Requisitos legales y
jurisprudenciales que deben acreditarse para que la Corte
Constitucional emita un pronunciamiento de mérito
4. El artículo 2º del Decreto
2067 de 1991[35]
establece que toda demanda de inconstitucionalidad debe contener los siguientes
requisitos: (i) el señalamiento de las normas acusadas como
inconstitucionales, su transcripción literal por cualquier medio o un ejemplar
de la publicación oficial de las mismas; (ii) el señalamiento de las normas
constitucionales que se consideren infringidas; (iii) las razones por las
cuales dichos textos se estiman violados; (iv) si fuere el caso, el
señalamiento del trámite impuesto por la Constitución para la expedición del
acto demandado y la forma en que fue quebrantado; y (v) la razón por la cual la
Corte Constitucional es competente para conocer de la demanda.
5. Respecto a la tercera
exigencia que alude a “las razones por las cuales dichos
textos se estiman violados”, la Corte, mediante sentencia C-1052 de 2001,
precisó que dichas razones deben ser claras, ciertas, específicas, pertinentes
y suficientes[36].
Según lo señalado en la referida providencia judicial, tales características
consisten en lo siguiente:
5.1. La claridad: “es un requisito
indispensable para establecer la conducencia del concepto de la violación, pues
aunque ‘el carácter popular de la acción de inconstitucionalidad, [por regla
general], releva al ciudadano que la ejerce de hacer una exposición erudita y
técnica sobre las razones de oposición entre la norma que acusa y el Estatuto
Fundamental’[37],
no lo excusa del deber de seguir un hilo conductor en la argumentación que
permita al lector comprender el contenido de su demanda y las justificaciones
en las que se basa.”
5.2. La certeza: “significa que la
demanda recaiga sobre una proposición jurídica real y existente[38]
‘y no simplemente [sobre una] deducida por el actor, o implícita’ e incluso
sobre otras normas vigentes que, en todo caso, no son el objeto concreto de la
demanda[39].
Así, el ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad supone la
confrontación del texto constitucional con una norma legal que tiene un
contenido verificable a partir de la interpretación de su propio texto; ‘esa
técnica de control difiere, entonces, de aquella [otra] encaminada a establecer
proposiciones inexistentes, que no han sido suministradas por el legislador, para
pretender deducir la inconstitucionalidad de las mismas cuando del texto
normativo no se desprenden’[40].”
5.3. La especificidad: “… las razones son
específicas si definen con claridad la manera como la disposición acusada
desconoce o vulnera la Carta Política a través ‘de la formulación de por lo
menos un cargo constitucional concreto contra la norma demandada’[41].
El juicio de constitucionalidad se fundamenta en la necesidad de establecer si
realmente existe una oposición objetiva y verificable entre el contenido de la
ley y el texto de la Constitución Política, resultando inadmisible que se deba
resolver sobre su inexequibilidad a partir de argumentos ‘vagos,
indeterminados, indirectos, abstractos y globales’[42]
que no se relacionan concreta y directamente con las disposiciones que se
acusan. Sin duda, esta omisión de concretar la acusación impide que se
desarrolle la discusión propia del juicio de constitucionalidad[43].”
5.4. La pertinencia: “Esto quiere decir
que el reproche formulado por el peticionario debe ser de naturaleza
constitucional, es decir, fundado en la apreciación del contenido de una norma
Superior que se expone y se enfrenta al precepto demandado. En este orden de
ideas, son inaceptables los argumentos que se formulan a partir de
consideraciones puramente legales[44]
y doctrinarias[45],
o aquellos otros que se limitan a expresar puntos de vista subjetivos en los
que ‘el demandante en realidad no está acusando el contenido de la norma sino
que está utilizando la acción pública para resolver un problema particular,
como podría ser la indebida aplicación de la disposición en un caso específico’[46];
tampoco prosperarán las acusaciones que fundan el reparo contra la norma
demandada en un análisis de conveniencia[47],
calificándola ‘de inocua, innecesaria, o reiterativa’[48]
a partir de una valoración parcial de sus efectos.”
5.5. Y la suficiencia: “guarda relación,
en primer lugar, con la exposición de todos los elementos de juicio (argumentativos
y probatorios) necesarios para iniciar el estudio de constitucionalidad
respecto del precepto objeto de reproche; así, por ejemplo, cuando se estime
que el trámite impuesto por la Constitución para la expedición del acto
demandado ha sido quebrantado, se tendrá que referir de qué procedimiento se
trata y en qué consistió su vulneración (artículo 2 numeral 4 del Decreto 2067
de 1991), circunstancia que supone una referencia mínima a los hechos que
ilustre a la Corte sobre la fundamentación de tales asertos, así no se aporten
todas las pruebas y éstas sean tan sólo pedidas por el demandante. Por otra
parte, la suficiencia del razonamiento apela directamente al alcance persuasivo
de la demanda, esto es, a la presentación de argumentos que, aunque no logren prime
facie convencer al magistrado de que la norma es contraria a la Constitución,
si despiertan una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma
impugnada, de tal manera que inicia realmente un proceso dirigido a desvirtuar
la presunción de constitucionalidad que ampara a toda norma legal y hace
necesario un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional.”
6. Cuando
estos requisitos no se cumplen, se configura ineptitud sustantiva de la demanda
al no existir cargos de inconstitucionalidad, por lo que la Corte no puede
entrar a pronunciarse de fondo. Así, una demanda de inconstitucionalidad es
sustancialmente apta cuando reúne todas las exigencias anteriormente expuestas,
ya que a partir de ello resulta posible determinar la norma legal acusada, el
precepto constitucional vulnerado y el concepto de violación que la sustenta, y
así realizar el respectivo análisis de constitucionalidad. Sobre
este particular, se ha considerado que la exigencia de tales requisitos no
constituye una restricción al ciudadano de su derecho a “participar en la
defensa de la supremacía de la Constitución, ‘sino que por el contrario, hace
eficaz el diálogo entre el ciudadano, las autoridades estatales comprometidas
en la expedición o aplicación de las normas demandadas y el juez competente
para juzgarlas a la luz del Ordenamiento Superior. El objetivo de tales
exigencias  en la argumentación, no es otro que garantizar la autorrestricción
judicial y un debate constitucional en el que el demandante y no el juez sea
quien defina el ámbito del control constitucional.”[49]
7. En la medida que el control de
constitucionalidad es de carácter rogado, tratándose de la acción pública, los
cargos esgrimidos en la demanda delimitan el ámbito de decisión de esta
Corporación. En consecuencia, la Corte tiene vedado asumir nuevos asuntos que
no han sido propuestos por el demandante, como tampoco construir cargos que no
fueron planteados, ni perfeccionar una argumentación deficiente.
Atendiendo el anterior marco teórico procede la
Sala a examinar si en el caso concreto, la demanda ciudadana cumple con estos
mínimos presupuestos argumentativos.
Configuración de ineptitud sustantiva de la
demanda
8. En sustento del cargo de presunta vulneración de
la reserva de ley estatutaria,  la demandante alega que los
artículos 1º a 93 de la Ley 1765 de 2015 contrarían el literal b) del artículo
152 de la Constitución Política, por cuanto se trata de una ley ordinaria que
regula asuntos propios de la administración de justicia, aun cuando se trate de
la castrense, que deben reglarse por ley estatutaria. Esto por cuanto los
artículos demandados, además de referirse a los principios generales en los que
se fundamenta la Justicia Penal Militar y Policial, crean nuevos órganos y
determinan su estructura y operatividad. Aspectos que, al no ser secundarios o
accesorios de la administración de justicia, y no tratarse de simples reglas de
procedimiento y de competencia, no podían establecerse mediante ley ordinaria.
9. Luego de estudiado con detenimiento el libelo
inicial y su corrección, la Corte encuentra que la demanda de
inconstitucionalidad formulada en esta oportunidad en contra de los artículos
1º a 93 de la Ley 1765 de 2015, no cumple con los requisitos exigidos por el
artículo 2º del Decreto 2067 de 1991 y precisados por la jurisprudencia
constitucional, para que se pueda abordar un estudio de fondo y proferir un
fallo de mérito sobre la constitucionalidad de los preceptos legales acusados.
Aun cuando la demanda  fue admitida, pues en un
principio pudo pensarse que el cargo formulado por el presunto desconocimiento
de la reserva de ley estatutaria permitía un examen y decisión de fondo, lo
cierto es que al momento de proceder a verificar la aptitud sustancial de la
misma y en particular, los argumentos expuestos como fundamento del concepto de
violación de la Constitución, la Sala Plena constata que adolece de falencias
que no permiten realizar un estudio de fondo sobre el cargo planteado.
10. En primer lugar, la demanda no cumple con los
requisitos de especificidad y suficiencia, pues en ella se
formula un cargo genérico de inconstitucionalidad contra noventa y tres
artículos de la Ley 1765 de 2015, que regulan diversas materias, fundado en el
desconocimiento del artículo 152 de la Constitución, sin exponerse las razones
específicas por las cuales cada norma en concreto, debía haber sido tramitada
como ley estatutaria.
En efecto, habida cuenta de que las disposiciones
acusadas legislan acerca de distintas cuestiones atinentes a la Justicia Penal
Militar y Policial, tales como (i) órganos que la integran, competencias a
cargo de los mismos, requisitos para el desempeño de los cargos de esta
justicia especial; (ii) estructura, competencia, funciones y requisitos de los
servidores públicos que conforman la Fiscalía General Penal Militar; (iii)
composición, funciones y requisitos del Cuerpo Técnico de Investigación de la
Justicia Penal Militar y Policial; (iv) administración, gestión y control de la
JPMP; (v) Escuela de Justicia Penal Militar; y (vi) disposiciones que
garantizan la independencia y autonomía de la Justicia Penal Militar y
Policial; era necesario concretar el cargo de constitucionalidad contra cada
una de las normas demandadas, explicándose las razones particulares, de acuerdo
a su temática, de por qué debían surtir el trámite legislativo cualificado.
Esta Corporación al interpretar el artículo 152 de
la Constitución Política, ha establecido las razones que justifican que algunas
materias deban ser tramitadas por el legislador como leyes estatutarias. Así,
por ejemplo, en la sentencia C-756 de 2008, se consideró:
“De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la
introducción de las leyes estatutarias en el derecho colombiano se fundamenta
principalmente en tres argumentos: i) la naturaleza superior de este tipo de
normas requiere superior grado de permanencia en el ordenamiento y seguridad
jurídica para su aplicación; ii) por la importancia que para el Estado tienen
los temas regulados mediante leyes estatutarias, es necesario garantizar mayor
consenso ideológico con la intervención de minorías, de tal manera que las
reformas legales más importantes sean ajenas a las mayorías ocasionales y, iii)
es necesario que los temas claves para la democracia tengan mayor debate y
consciencia de su aprobación, por lo que deben corresponder a una mayor
participación política”.
Aun cuando existen criterios que justifican el
trámite estatutario, en la demanda se omite realizar un análisis específico
respecto de los asuntos que supuestamente deberían ser declarados
inconstitucionales por no haber surtido dicho procedimiento. Ciertamente, solo
se señala que los artículos censurados debieron ser objeto del trámite cualificado,
en el entendido de que se relacionan con la administración de justicia[50],
creando órganos en la jurisdicción penal militar, determinando su estructura y
la forma en que esta operaría, pero sin explicar cómo esto encuadra en alguna
de las categorías indicadas por la Corte, ni tampoco la manera en la que se
desconoce alguno de tales criterios. Así, el cargo genérico, tal como está
formulado, sin controvertir el contenido material de cada una de las normas
impugnadas ni identificar la manera en que estas desconocen el orden
constitucional, reduce la demanda a un simple contraste textual entre los
noventa y tres artículos censurados y la Carta, impidiendo a la Corte entrar a
verificar si realmente hay una oposición objetiva entre la ley y la
Constitución Política.
11. En segundo término, la demanda no satisface los
requisitos de certeza y pertinencia, toda vez que los argumentos
expuestos parten de la premisa errada de que la Justicia Penal Militar, forma
parte orgánica y funcional de la administración de justicia, así como que toda
cuestión relacionada con la misma tiene la categoría de norma estatutaria.
En efecto, la demandante no tuvo en cuenta que la
Justicia Penal Militar es un segmento de la organización del Estado que no
forma parte de la Rama Judicial del Poder Público, ni es una jurisdicción
especial adscrita a la misma, como tampoco conforma la estructura general de la
administración de justicia, en cuanto no se encuentra incluida en el título
VIII de la Constitución Política, sino que está adscrita a la Rama Ejecutiva.
Desde la sentencia C-037 de 1996[51], que
declaró inexequible la norma del proyecto de ley estatutaria que la insertaba
dentro de la estructura general de la administración de justicia, se dejó
establecido que no formaba parte de la misma, dada su dependencia de la Rama Ejecutiva
del Poder Público. En dicha providencia esta Corporación consideró:
“El
literal f) establece que la jurisdicción penal militar hace parte de la rama
judicial. Al respecto, baste manifestar que este es uno de los casos en que a
pesar de que se administra justicia (Arts. 116 y 221 C.P.), los jueces penales
militares no integran esta rama del poder público, pues -conviene repetirlo- no
se encuentran incluidos dentro de los órganos previstos en el Título VIII
superior. Por lo demás, no sobra advertir que en providencia de esta
Corporación ya se han definido los alcances del artículo 221 superior -que se
encuentra dentro del Capítulo sobre la fuerza pública- al establecer que la
justicia penal militar únicamente juzga a “los miembros de la fuerza pública en
servicio activo, y sólo por delitos cometidos en relación con el mismo servicio”[52].
En esa misma providencia se concluyó: “Es verdad que la Justicia Penal Militar,
según lo dice el artículo 116 de la Constitución, administra justicia. Pero lo
hace de manera restringida, no sólo por los sujetos llamada a juzgar, sino por
los asuntos de los cuales conoce”. Por lo demás, estima esta Corporación que el
hecho de que la ley le haya atribuido a la Sala Penal de la Corte Suprema de
Justicia el conocimiento en casación de las sentencias proferidas por la
justicia penal militar, no significa por ese sólo hecho que ella haga parte de
la rama judicial, pues se trata de una relación funcional que en nada
compromete la estructura orgánica de esta rama del poder público.
Al
ser indiscutible, entonces, que los jueces penales militares no tienen por qué
hacer parte de la rama judicial, esta Corporación deberá declarar la
inexequibilidad del literal f) del artículo 11 bajo revisión”.[53]
Así entonces, la mención que se hace en el artículo
116 de la Carta a la Justicia Penal Militar obedece al señalamiento por el
constituyente de quienes administran justicia en Colombia, pero no la incluye
entre los órganos que integran la rama judicial[54].
De la lectura de la demanda, la Sala encuentra que
la ciudadana en su alegato parte del supuesto de que los aspectos regulados en
las normas censuradas de la Ley 1765 de 2015, respecto de la justicia
castrense, por el hecho de que esta administra justicia, debían tramitarse conforme
al procedimiento legislativo cualificado, que se sigue para regular asuntos
propios de la administración de justicia. Sin embargo, como se acaba de
advertir, la Justicia Penal Militar no forma parte de la estructura general de
la administración de justicia, por lo que su regulación no sigue necesariamente
el trámite de ley estatutaria establecido para esta última.
12. Aunado a lo anterior, la jurisprudencia
constitucional también ha determinado que no todos los asuntos concernientes
con la administración de justicia (vgr. los códigos que regulan
procedimientos ante los jueces y tribunales, la estructura y concursos de la
Fiscalía General de la Nación), tiene la categoría de norma estatutaria.
Ciertamente, la necesidad de mantener la armonía
entre el ejercicio de la función legislativa en el ámbito propio de las leyes
estatutarias y el ejercicio de esa función en el ámbito inherente a las leyes
ordinarias, ha conducido a la Corte Constitucional a circunscribir aquellas a
las materias específicamente indicadas por el constituyente y a realizar de
éstas una interpretación restrictiva[55].
Sobre el particular, en la misma sentencia C-037 de 1996, esta Corporación
consideró:
“(…) Para la
Corte, una ley estatutaria encargada de regular la administración de justicia,
como lo dispone el literal b) del artículo 152 superior, debe ocuparse
esencialmente sobre la estructura general de la administración de justicia y
sobre los principios sustanciales y procesales que deben guiar a los jueces en
su función de dirimir los diferentes conflictos o asuntos que se someten a su
conocimiento.
De conformidad
con lo anterior, esta Corporación entiende que el legislador goza, en
principio, de la autonomía suficiente para definir cuáles aspectos del derecho
deben hacer parte de este tipo de leyes. Sin embargo, debe señalarse que esa
habilitación no incluye la facultad de consagrar asuntos o materias propias de
los códigos de procedimiento, responsabilidad esta que se debe asumir con base
en lo dispuesto en el numeral 2o del artículo 150 superior, es decir, a través
de las leyes ordinarias. Con todo, debe reconocerse que no es asunto sencillo
establecer una diferenciación clara y contundente respecto de las materias que
deben ocuparse uno y otro tipo de leyes. Así, pues, resulta claro que, al igual
que ocurre para el caso de las leyes estatutarias que regulan los derechos
fundamentales (literal A del artículo 152), no todo aspecto que de una forma
u otra se relacione con la administración de justicia debe necesariamente hacer
parte de una ley estatutaria. De ser ello así, entonces resultaría nugatoria la
atribución del numeral 2o del artículo 150 y, en consecuencia, cualquier código
que en la actualidad regule el ordenamiento jurídico, o cualquier modificación
que en la materia se realice, deberá someterse al trámite previsto en el
artículo 153 de la Carta” (se destaca).
En ese mismo sentido, más adelante estimó:
“Las
consideraciones precedentes sirven, además, de fundamento para advertir la
inconveniencia de permitir al legislador regular aspectos propios de ley
procesal en una ley estatutaria, pues es sabido que el trámite de este tipo de
normatividad reviste características especiales -aprobación en una sola
legislatura, votación mayoritaria de los miembros del Congreso, revisión previa
de la Corte Constitucional-, las cuales naturalmente no se compatibilizan con
la facultad que le asiste al legislador para expedir o modificar códigos  a
través de mecanismos eficaces –es  decir, mediante el trámite ordinario-, en
los eventos en que las necesidades del país así lo ameriten. Permitir lo
contrario sería tanto como admitir la petrificación de las normas procesales y
la consecuente imposibilidad de contar con una administración de justicia
seria, responsable, eficaz y diligente”.
Igualmente, reiterando la postura jurisprudencial, en
sentencia C-662 de 2000[56],
la Corte destacó:
“No es necesario
un análisis detallado acerca de la naturaleza jurídica de las leyes
estatutarias y de las materias a ellas asignadas por el artículo 152
constitucional, pues ya la Corte se ha ocupado con suficiencia del tema y ha
establecido en múltiple y reiterada jurisprudencia que únicamente aquellas
disposiciones que de una forma y otra se ocupen de afectar la estructura de la
administración de justicia, o de sentar principios sustanciales o generales
sobre la materia, deben observar los requerimientos especiales para este tipo
de leyes.
Las demás y en
particular los códigos, deben seguir el trámite ordinario previsto en la Carta
Política, pues se tratan de leyes ordinarias dictadas por el Congreso de la
República en virtud de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 150 Superior.
En otros términos,
la reserva de Ley estatutaria no significa que toda regulación que se relacione
con los  temas  previstos en el artículo 152 de la Carta Constitucional deba
someterse  a dicho trámite especial.
Tal conclusión
conduciría al absurdo extremo de que toda norma relacionada  con cualquier
aspecto de la administración de justicia, tendría que aprobarse bajo los
estrictos requisitos de las leyes estatutarias, lo cual entrabaría gravemente
la función legislativa y haría inane la función de expedir códigos en todos los
ramos de la legislación y la de reformar las leyes preexistentes que el
Constituyente también atribuye al Congreso, y que este desarrolla por medio de
la ley ordinaria.
De ahí que
esta Corte, en su jurisprudencia, haya sostenido que la interpretación de los
asuntos sometidos a reserva de ley estatutaria debe ser restrictiva a fin de
garantizar, entre otras cosas, la integridad de la competencia del legislador
ordinario” (se destaca).
De acuerdo a lo anterior, no puede sostenerse que
todos los aspectos que se deriven de los temas normados mediante ley
estatutaria, deben seguir el mismo trámite cualificado, pues el propósito de
este tipo de leyes no es el de regular íntegramente la materia respecto de la
cual es objeto. Para ello el artículo 150 superior mantiene
como cláusula general de configuración normativa la reglamentación por vía de
la ley ordinaria.
13. Ahora bien, en cuanto al asunto que ahora ocupa
a la Sala, se tiene que la categoría que deben tener las normas que regulan la
estructura, organización y funcionamiento de la Justicia Penal Militar, conforme
a la jurisprudencia de esta Corporación, no es necesariamente la de ley
estatutaria, pudiéndose regular estas materias a través de una ley ordinaria[57].
Mediante sentencia C-676 de 2001[58],
esta Corporación sobre el tema expresamente señaló:
“Ahora bien, la facultad de regulación de los aspectos
atinentes a la estructura y funcionamiento de la Justicia Penal Militar, ha
sido reservada por el citado artículo 221 al Código Penal Militar, así:
“De los delitos cometidos por los miembros de la Fuerza
Pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio, conocerán las
cortes marciales o tribunales militares, con arreglo a las prescripciones
del Código Penal Militar.”[59]
El sentido obvio de la norma indica que el legislador
está facultado para regular, mediante código, la estructura y funcionamiento de
las cortes marciales y tribunales militares; lo cual, por supuesto, incluye el
catálogo de las conductas criminalmente reprochables, el sistema procedimental
al que deben ajustarse los juicios que ante ellas se adelanten y el régimen del
personal que tiene a su cargo el ejercicio de la función jurisdiccional, tema
sobre el que recae la demanda de inconstitucionalidad sub exámine.
(…) también mediante legislación complementaria, entiéndase
leyes ordinarias, el legislador puede incluir modificaciones e introducir
regulaciones a la Jurisdicción Penal Militar.
A juicio de la Corporación, de la lectura del artículo
221 Constitucional no se deriva que el Código Penal Militar disfrute de una
especie de privilegio regulativo o “reserva de código” por virtud de la cual,
sólo a él le competa diseñar la estructura jurídica de la Justicia Penal
Militar, pues es claro que el legislador conserva el derecho, derivado de su
competencia general normativa, de introducir, mediante leyes ordinarias,
las modificaciones y regulaciones que considere necesarias” (se destaca).
Pese a lo anterior, en el
entendimiento de la demandante, todo aspecto sustantivo o procesal relacionado
con la Administración de Justicia estaría reservado al ámbito de la Ley
Estatutaria, según su lectura del artículo 152 de la Carta Política. A este
mismo procedimiento legislativo especial agrega lo relacionado con los órganos,
estructura y forma de funcionamiento de la Justicia Penal Militar.
Así, a juicio de la Corte, la demanda no cumple con
los requisitos de certeza y pertinencia, toda vez que los argumentos se basan
en una premisa equivocada, en la medida que la accionante parte de un erróneo
entendimiento acerca del ámbito material que constituye la reserva de la Ley
Estatutaria sobre la Administración de Justicia, así como del estatus de la Ley
que debe regular los aspectos relacionados con la justicia castrense.
14. Por estas razones, es indispensable que cuando
se demande la inconstitucionalidad de una disposición legal por haber
infringido la reserva de ley estatutaria en materia de administración de
justicia, el ciudadano indique de manera clara, expresa, cierta, específica y
suficiente, porqué cada una de las disposiciones legales que impugna tienen la
categoría estatutaria y por tanto requería someterse al procedimiento especial
previsto en el artículo 153 de la Constitución.
En la presente ocasión, al haberse incumplido con
la carga de especificidad, suficiencia, certeza y pertinencia,
en los términos previamente señalados, la Corte se inhibirá de emitir un
pronunciamiento de fondo por ineptitud sustantiva de la demanda.
VII. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte
Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre
del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Declararse INHIBIDA para emitir
pronunciamiento de fondo acerca de los cargos de inconstitucionalidad
formulados contra los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º,
8º, 9º, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67,
68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87,
88, 89, 90, 91, 92 y 93 de la Ley 1765 de 2015, por ineptitud sustantiva de la
demanda.
Notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de
la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente.
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Presidenta
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
Con salvamento de voto
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
Con salvamento de voto
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Los antecedentes de la presente decisión son tomados del proyecto
de fallo original, presentado por el magistrado Alberto Rojas Ríos, el cual no
fue aprobado por la Sala Plena.
[2] Folios 40 a 62.
[3] Folios 64 a 70.
[4] Folios 72 a 95.
[5] Respecto al rechazo parcial de la demanda por el cargo del presunto desconocimiento del trámite
de aprobación de las leyes estatutarias, ello se debió a que en el escrito de
corrección la censora no
dio a conocer una razón distinta a la que expuso en el texto inicial de la
demanda, por cuanto replicó lo que alegó en el escrito original y nuevamente
transcribió
el resumen del trámite surtido en el Senado de la República y en la Cámara de
Representantes, razón por la cual, el referido cargo siguió incumpliendo los requisitos de: (i) señalar el trámite para la expedición
del acto demandado y la forma en que fue quebrantado; (ii) especificidad; y (iii) suficiencia.
[6] Ver folios 34, 35, 36, 64, 65, 67 y 68.
[7] Folio 35.
[8] Folio 66.
[9] Folios 66 y 67.
[10] Folio 67.
[11] Ídem.
[12] Folios 118 a 133.
[13] Folio 122.
[14] Folio 124.
[15] Folios 125 y 126.
[16] Folios 135 a 169.
[17] “Por la cual se expide el Código Penal Militar”.
[18] Folios 165 y 166.
[19] Folios 181 a 217.
[20] Folio 217.
[21] “Sentencia C-248/13 sobre la inconstitucionalidad del inciso 3
del  numeral 2 del artículo 74 de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.”
[22] Folio 212.
[23] Folio 216.
[24] Folios 219 a 231.
[25] Folio 221.
[26] Folio 222.
[27] Ídem.
[28] Folio 224.
[29] Folio 228.
[30] Folio 230.
[31] Ídem.
[32] 2º, 3º
a 7º, 11 a 18, 19, 22, 24 a 29, 44 a 59 y 62.
[33] Folios 230 y 231.
[34] En la sentencia C­874 de 2002,
reiterada en la sentencia C-612 de 2015, la Corte consideró que: “[Si] bien
el momento procesal ideal para pronunciarse sobre la inexistencia de cargos de
inconstitucionalidad es la etapa en la que se decide sobre la admisibilidad de
la demanda, por resultar más acorde con la garantía de la expectativa que
tienen los ciudadanos de recibir un pronunciamiento de fondo sobre la
constitucionalidad de las disposiciones demandadas por ellos, esta decisión
también puede adoptarse al momento de proferir un fallo, pues es en esta etapa
procesal en la que la Corte analiza con mayor detenimiento y profundidad las
acusaciones presentadas por los ciudadanos en las demandas de
inconstitucionalidad”.
[35] “Por el cual se dicta el régimen procedimental de
los juicios y actuaciones que deban surtirse ante la Corte Constitucional”.
[36] Estos presupuestos fueron reiterados en la sentencia C-1256 de
2001, y recientemente, en los fallos C-535 de 2013; C-287 de 2014; C-370 de
2014; C-584 de 2014; C-052 y C-552 de 2015, entre otros.
[37] “Cfr Corte Constitucional Sentencia C-143 de 1993 M.P. José
Gregorio Hernández.  Estudió la Corte en aquella ocasión la demanda de
inconstitucionalidad contra los artículos 16 y 20 de la Ley 3a de 1986, 246, 249
y 250 del Decreto 1222 de 1986. En el mismo sentido puede consultarse la
Sentencia C-428 de 1996 M.P. Carlos Gaviria Díaz.”
[38] “Así, por ejemplo en la Sentencia C-362 de 2001; M.P. Álvaro
Tafur Gálvis, la Corte también se inhibió de conocer la demanda contra Demanda
de inconstitucionalidad contra el artículo 5º del Decreto 2700 de 1991, pues ‘del
estudio más detallado de los argumentos esgrimidos por el demandante, como
corresponde a la presente etapa procesal, puede deducirse que los cargos que se
plantean aparentemente contra la norma atacada no lo son realmente contra ella’.”
[39] “Cfr. Corte Constitucional Sentencia C-1544 de 2000 M.P. José
Gregorio Hernández Galindo. La Corte se inhibe en esta oportunidad proferir
fallo de mérito respecto de los artículos 48 y 49 de la Ley 546 de 1999, por
presentarse ineptitud sustancial de la demanda, debido a que el actor presentó
cargos que se puedan predicar de normas jurídicas distintas a las demandadas.
En el mismo sentido C-113 de 2000 M.P. José Gregorio Hernández Galindo, C-1516
de 2000 M.P. Cristina Pardo Schlesinger, y C-1552 de 2000 M.P. Alfredo Beltrán
Sierra.”
[40] “En este mismo sentido pueden consultarse, además de las ya
citadas, las sentencias C-509 de 1996 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), C-1048 de
2000 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), C-011 de 2001 (M.P. Álvaro Tafur
Gálvis), entre otras.”
[41] “Cfr. Corte Constitucional Sentencia C-568 de 1995 M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz.  La Corte se declara inhibida para resolver la demanda en
contra de los artículos 125, 129, 130 y 131 de la Ley 106 de 1993, puesto que
la demandante no estructuró el concepto de la violación de los preceptos
constitucionales invocados.”
[42] “Estos son los defectos a los cuales se ha referido la
jurisprudencia de la Corte cuando ha señalado la ineptitud de una demanda de
inconstitucionalidad, por inadecuada presentación del concepto de la violación.
Cfr. los autos 097 de 2001 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra) y 244 de 2001
(M.P. Jaime Córdoba Triviño) y las sentencias C-281 de 1994 (M.P. José Gregorio
Hernández Galindo), C-519 de 1998 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), C-013 de 2000
(M.P. Álvaro Tafur Gálvis), C-380 de 2000 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), C-177
de 2001 (M.P. Fabio Morón Díaz), entre varios pronunciamientos.”
[43] “Cfr. Corte Constitucional Sentencia C-447 de 1997 M.P.
Alejandro Martínez Caballero. La Corte se declara inhibida para pronunciarse de
fondo sobre la constitucionalidad del inciso primero del artículo 11 del
Decreto Ley 1228 de 1995, por demanda materialmente inepta, debido a la
ausencia de cargo.”
[44] “Cfr. la Sentencia C-447 de 1997, ya citada.”
[45] “Cfr. Corte Constitucional Sentencia C-504 de 1993; M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz y Carlos Gaviria Díaz. La Corte declaró exequible en esta
oportunidad que el Decreto 100 de 1980 (Código Penal). Se dijo, entonces: ‘Constituye
un error conceptual dirigir el cargo de inconstitucionalidad contra un
metalenguaje sin valor normativo y, por tanto, carente de obligatoriedad por no
ser parte del ordenamiento jurídico. La doctrina penal es autónoma en la
creación de los diferentes modelos penales. No existe precepto constitucional
alguno que justifique la limitación de la creatividad del pensamiento doctrinal
- ámbito ideológico y valorativo por excelencia -, debiendo el demandante
concretar la posible antinomia jurídica en el texto de una disposición que
permita estructurar un juicio de constitucionalidad sobre extremos
comparables’. Así, la Corte desestimaba algunos de los argumentos presentados
por el actor que se apoyaban en teorías del derecho penal que reñían con la
visión contenida en las normas demandadas y con la idea que, en opinión del
actor, animaba el texto de la Constitución.”
[46] “Cfr. Ibíd. Sentencia C-447 de 1997.”
[47] “Cfr. Corte Constitucional Sentencia C-269 de 1995 M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz.  Este fallo que se encargó de estudiar la Demanda de
inconstitucionalidad contra la Ley 61 de 1993 artículo 1° literales b y f, es
un ejemplo de aquellos casos en los cuales la Corte desestima algunos de los
cargos presentados por el actor, puesto que se limitan a presentar argumentos
de conveniencia.”
[48] “Son estos los términos descriptivos utilizados por la Corte
cuando ha desestimado demandas que presentan argumentos impertinentes a
consideración de la Corte. Este asunto también ha sido abordado, además de las
ya citadas, en la C-090 de 1996 (M.P. Antonio Barrera Carbonell), C-357 de 1997
(M.P. José Gregorio Hernández Galindo), C, 374 de 1997 (M.P. José Gregorio
Hernández Galindo) se desestiman de este modo algunos argumentos presentados
por el actor contra la Ley 333 de 1996 sobre extinción de dominio, C-012 de
2000 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra), C-040 de 2000 (M.P. Fabio Morón Díaz),
C-645 de 2000 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), C-876 de 2000 (M.P.
Alejandro Martínez Caballero), C-955 de 2000 (M.P. )C-1044 de 2000 (M.P. Fabio
Morón Díaz), C-052 de 2001 (M.P. Álvaro Tafur Gálvis), C-201 de 2001 (M.P. José
Gregorio Hernández Galindo).”
[49] Sentencia C-914 de 2010.
[50] Folio 64.
[51] M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[52] Corte Constitucional. Sala de Revisión No. 1. Auto No. 12 del 1o de
agosto de 1994. Magistrado Ponente: Jorge Arango Mejía.
[53] Esta especial
naturaleza de la Justicia Penal Militar, es desarrollada así mismo en las
sentencias C-361 de 2001, C-676 de 2001, C-1262 de 2001, C-178 de 2002 y C-407 de 2003.
[54] En la sentencia C-457 de 2003, M.P. Jaime Córdoba Triviño, esta
Corporación se pronunció sobre esta potestad excepcional de administrar
justicia que se atribuye a las Cortes y Tribunales marciales conforme al
artículo 221 de C.P., así: “En ese contexto, esa especial naturaleza de la
justicia penal militar  -no hacer parte de la rama judicial del poder público
pero cumplir la función de administrar justicia de manera limitada y con
estricta sujeción a la Carta-  suministra argumentos para contestar el cargo
formulado por el actor contra el artículo 75 del Decreto 1790 de 2000. //
Adviértase que es la misma Carta la que establece una clara diferenciación
entre la jurisdicción ordinaria y la justicia penal militar. Mientras aquélla
hace parte de la rama judicial, ésta está adscrita a la rama ejecutiva del
poder público, sólo que por voluntad del constituyente cumple una definida
función judicial.  No obstante, el cumplimiento de esta específica función no
implica una mutación de la índole delineada por el constituyente pues se trata
sólo de la configuración de un ámbito funcional en atención a las
particularidades implícitas en las conductas punibles cometidas por miembros de
la fuerza pública en servicio activo y en relación con el servicio. // Lo que
ha hecho el constituyente con la justicia penal militar no es configurarla como
una jurisdicción especial dentro de la administración de justicia, tal como lo
ha hecho con la jurisdicción indígena o con los jueces de paz, sino tener en
cuenta las particularidades implícitas en los delitos cometidos por miembros de
la fuerza pública en servicio activo y en relación con el servicio y concebir,
en la estructura de ella, un ámbito funcional legitimado para conocer de tales
delitos”.
[55] Así por ejemplo, en la
sentencia C-713 de 2008, la Corte aclaró que “la regulación del arancel
judicial no es materia sometida a reserva de ley estatutaria, en la medida en
que su contenido no se refiere a la estructura orgánica esencial de la
administración de justicia”. Con base en ello, sugirió que el legislador puede
regular o modificar su configuración “mediante ley ordinaria”, teniendo en
cuenta los parámetros formales y sustanciales dispuestos para la expedición de
ese tipo de normas (…)”. Sobre el mismo tema pueden consultarse,
entre otras sentencias, la C-676/01, C-178/02, C-162/03 y C-368/11.
[56] M.P. Fabio Morón Díaz.
[57] En sentencia C-399 de 1995 (M.P. Alejandro Martínez
Caballero), al referirse al Código Penal Militar, esta Corporación sostuvo que:
“Tampoco considera  la Corte que ese
código pueda tener una fuerza normativa superior a la ley ordinaria, puesto que
la Constitución no ha establecido ningún requisito especial de trámite o de
mayorías para su aprobación o modificación, de lo cual se infiere que el
Código Penal Militar es una norma que tiene simple fuerza de ley, pues puede
ser modificado por el Legislador ordinario mediante el trámite habitual de
cualquier ley, con la única excepción de que no puede ser aprobado mediante
facultades extraordinarias (CP art. 150 ord. 10)”.
[58] M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[59] Cfr. también, sentencia C-878/00