C-387-14
Sentencia C-387/14
Sentencia
C-387/14
SOMETIMIENTO DE IMPUTADO O ACUSADO A PROGRAMA ESPECIAL PARA SUPERAR
ADICCION A DROGAS O BEBIDAS ALCOHOLICAS COMO CONDICION FIJADA POR FISCAL PARA
APLICAR PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD-Constituye
limitación acorde con Constitución Política/SOMETIMIENTO DE IMPUTADO O
ACUSADO A TRATAMIENTO MEDICO O PSICOLOGICO, COMO CONDICION FIJADA POR FISCAL
PARA APLICAR PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD-Constituye limitación acorde con
Constitución Política
POLITICA CRIMINAL-Concepto
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA PENAL-Contenido
y alcance
Ha señalado esta Corporación que
al Congreso de la República se le asigna competencia en la definición de la
política criminal del Estado (arts. 114 y 150 superiores), para determinar las conductas que constituyen delitos, las
sanciones que deben imponerse y el procedimiento a cumplirse. Le asiste en
materia penal una competencia amplia que encuentra respaldo constitucional en
los principios democrático y de soberanía popular (arts. 1º y 3º superior).
Bien puede el legislador penal crear, modificar y suprimir figuras delictivas;
introducir clasificaciones entre las mismas; establecer modalidades punitivas;
graduar las penas que resulten aplicables; y fijar la clase y magnitud de éstas
con arreglo a criterios de atenuación o agravación; todo ello de acuerdo con la
apreciación, análisis y ponderación que efectúe sobre los fenómenos de la vida
social y del mayor o menor daño que ciertos comportamientos ocasionen al
conglomerado social.
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA
EN MATERIA PENAL-Límites/CONFIGURACION
LEGISLATIVA EN MATERIA PENAL-Valores, preceptos y principios a los cuales debe
ceñirse el legislador
El concepto de diseño de una
política pública en materia penal comprende su articulación tanto en normas
sustanciales como procesales. No obstante, tal
potestad de configuración normativa no deviene en absoluta, toda vez que la
Constitución Política y los tratados internacionales de derechos humanos (art.
93 superior), como instrumentos de carácter vinculantes, constituyen un límite
inalterable al ejercicio del poder público, al consagrar valores superiores,
principios constitucionales y derechos fundamentales. Entre los criterios
específicos que debe observar el legislador al elaborar las normas penales,
informa esta Corporación: (i) El principio de
necesidad de la intervención penal relacionado con el carácter subsidiario,
fragmentario y de última ratio. La Corte ha sostenido que “el derecho penal se
enmarca en el principio de mínima intervención, según el cual, el ejercicio de
la facultad sancionatoria criminal debe operar cuando los demás alternativas de
control han fallado. El Estado no está obligado a sancionar penalmente todas
las conductas antisociales, tampoco puede tipificar las que no ofrecen un
verdadero riesgo para los intereses de la comunidad o de los individuos; la
decisión de criminalizar un comportamiento humano es la última de las
decisiones posibles en el espectro de sanciones que el Estado está en capacidad
jurídica de imponer, y entiende que la decisión de sancionar con una pena, que
implica en su máxima drasticidad la pérdida de la libertad, es el recurso
extremo al que puede acudir el Estado para reprimir un comportamiento que
afecta los intereses sociales. La jurisprudencia legitima la descripción típica
de las conductas sólo cuando se verifica una necesidad real de protección de
los intereses de la comunidad.” Además, “en el
otro extremo se encontrarían aquellas conductas que, dado que se desenvuelven
en ámbitos de libertad constitucionalmente garantizados, o debido a la escasa
significación del bien jurídico que afectan, estarían constitucionalmente
excluidas de la posibilidad de ser objeto de sanción penal.” (ii) El principio de exclusiva
protección de bienes jurídicos en la garantía de los valores esenciales de la
sociedad. Ha manifestado este Tribunal que “el derecho penal comporta una
valoración social en torno a los bienes jurídicos que ameritan protección
penal, las conductas susceptibles de producir lesiones en tales bienes, el
grado de gravedad de la lesión que dé lugar a la aplicación del ius puniendi, y
el quantum de la pena que deba aplicarse. En principio, no existe, de manera
expresa, un imperativo constitucional según el cual determinados bienes
jurídicos deban, necesariamente, protegerse a través del ordenamiento penal. La
opción de criminalizar una conducta, en aquellos eventos en que no está
constitucionalmente impuesta o excluida, implica que el legislador ha
considerado que para la protección de cierto bien jurídico es necesario acudir
a mecanismos comparativamente más disuasivos que otros que podrían emplearse,
no obstante su efecto limitativo de la libertad personal. Sin embargo, en el
Estado de Derecho, a esa solución sólo puede llegarse cuando se ha producido
una grave afectación de un bien jurídico, mediante un comportamiento merecedor
de reproche penal y siempre que la pena resulte estrictamente necesaria.” (iii)
El deber de observar la estricta legalidad. Esta
Corporación ha indicado “(i) que la creación de tipos penales es una
competencia exclusiva del legislador -reserva de ley en sentido material- y
(ii) que es obligatorio respetar el principio de tipicidad: “nullum crimen,
nulla poena, sine lege previa, scripta et certa”. De manera que el legislador
está obligado no sólo a fijar los tipos penales, sino que éstos tienen que
respetar el principio de irretroactividad de las leyes penales (salvo favorabilidad),
y definir la conducta punible de manera clara, precisa e inequívoca”. (iv) El
principio de culpabilidad, que tiene las siguientes implicaciones: “Derecho penal de acto y no de autor. El artículo 29 de la
Constitución, en armonía con la definición del carácter político del Estado
como Social de Derecho, y del postulado de respeto a la dignidad de la persona
humana, consagra el principio de que no hay delito sin conducta, al establecer
que ´nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto
que se le imputa´. El Constituyente optó por un derecho penal del acto, en
oposición a un derecho penal del autor. Dicha definición implica, por una
parte, que el acontecimiento objeto de punición no puede estar constituido ni
por un hecho interno de la persona, ni por su carácter, sino por una
exterioridad y, por ende, el derecho represivo sólo puede castigar a los
hombres por lo efectivamente realizado y no por lo pensado, propuesto o
deseado, como tampoco puede sancionar a los individuos por su temperamento o
por sus sentimientos.” (v) El deber de garantizar los
derechos constitucionales y la aplicación de los convenios internacionales de
derechos humanos (bloque de constitucionalidad). La Corte ha señalado que “los
tipos penales, se erigen en mecanismos extremos de protección de los mismos, y
que, en ciertas ocasiones el tipo penal integra el núcleo esencial del derecho
constitucional. Por lo mismo, al definir los tipos penales, el legislador está
sometido al contenido material de los derechos constitucionales, así como los
tratados y convenios internacionales relativos a derechos humanos ratificados
por Colombia.” (vi) El deber de respetar los principios de razonabilidad y
proporcionalidad. Esta Corporación ha indicado que “al establecer tratamientos
diferenciales se somete a un juicio estricto de proporcionalidad del tipo
penal, así como de la sanción. La proporcionalidad, implica, además, un juicio
de idoneidad. Así, ante la existencia de bienes jurídicos constitucionales, el
legislador tiene la obligación de definir el tipo penal de manera tal que en
realidad proteja dicho bien constitucional”.
CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL-Contenido
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA
EN MATERIA DE PROCEDIMIENTOS-Límites constitucionales
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA
EN MATERIA DE PROCEDIMIENTOS-No es absoluta
PROCESO PENAL EN UN ESTADO SOCIAL DE
DERECHO-Finalidades
La Corte
ha referido que los fines
del proceso penal dentro del Estado social de derecho están dados por la
realización del ius puniendi en condiciones de justicia, en la pretensión principal
de establecer, más allá de toda duda razonable, si una persona es o no
responsable de la comisión de un delito. Es el proceso penal “un instrumento
racional encaminado a determinar la posible responsabilidad penal de un
individuo, cuya conducta habría injustamente vulnerado uno o varios derechos
fundamentales (integridad personal, libertad individual, etc.) o bienes jurídicos
constitucionalmente relevantes (salubridad pública, orden económico y social,
etc.).
SISTEMA ACUSATORIO-Reforma
constitucional
FISCALIA GENERAL DE
LA NACION-Ejercicio
de la acción penal/FISCALIA GENERAL DE LA NACION-Funciones
ACTO LEGISLATIVO-Modificación de las funciones propias
de la Fiscalía General de la Nación/ACTO LEGISLATIVO-Categorías
jurídicas de las funciones de la Fiscalía General de la Nación
PROCESO PENAL-Intervinientes en la relación jurídica
PROCESO PENAL-Principios fundamentales que lo rigen
SISTEMA PENAL
ACUSATORIO COLOMBIANO-Características
SISTEMA PENAL ACUSATORIO-Etapas del proceso
El modelo de
proceso penal instaurado está conformado por tres etapas principales,
indagación, investigación, y juicio, y dos intermedias o de transición,
audiencia de formulación de acusación y audiencia preparatoria, representado
por la realización de un juicio oral, público, con inmediación de las pruebas,
contradictorio, concentrado y con todas las garantías procesales de la persona,
en el que la restricción de los derechos fundamentales es de reserva judicial
porque debe ser autorizada de manera previa por el fiscal -en casos
excepcionales- o el juez, mediante orden escrita motivada.
PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD-Concepto
El principio
de oportunidad es una institución nuclear del sistema penal de tendencia
acusatoria que consiste en la suspensión, interrupción o renuncia de la
persecución penal, atendiendo diversos factores inmersos en la política
criminal del Estado. Constituye una excepción a la regla general que recae
sobre la fiscalía de adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la
investigación de los hechos que revistan características de un delito, siempre
que tercien suficientes motivaciones y circunstancias fácticas que permitan
advertir la existencia del mismo.
ACTO LEGISLATIVO 03 DE 2002-Finalidad
como límite a la potestad de configuración de las causales del principio de
oportunidad
Del debate
congresual que precedió a la expedición del acto legislativo se desprende que la finalidad esencial para la consagración del
principio de oportunidad consisten principalmente en racionalizar la actividad
investigativa del Estado en la labor de la persecución de los delitos, dada la
imposibilidad fáctica de la justicia penal para satisfacer exigencias de
aplicación irrestricta del principio de legalidad. Propósito general que podría
ser alcanzado mediante la aplicación de criterios como: “(i) La ínfima
importancia social de un hecho punible, idea que parte del reconocimiento de
que existen numerosos conflictos sociales que no alcanzan a vulnerar
materialmente bienes jurídicos, lo que haría innecesaria la intervención del
Estado en tanto realmente no hay lesión, ni potencial afectación  antijurídica;
(ii)  La reparación integral y la satisfacción plena de la víctima,
especialmente en aquellos delitos de contenido económico; (iii), la
culpabilidad disminuida; (iv) o la revaluación del interés público en la
persecución de la conducta.” De esta forma, (v) “se evitarían efectos criminógenos de las penas cortas de privación
de libertad, estimula la pronta reparación a la víctima y se otorga otra
oportunidad de inserción social al que cometió la conducta punible”.
PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD-Características
Como
características generales del principio de oportunidad, este Tribunal ha
identificado: i) debe ser aplicado en el marco de la política criminal del
Estado; ii) es una figura de aplicación excepcional y reglada; iii) las
causales de aplicación deben establecerse por el legislador de manera clara,
precisa e inequívoca y estar conforme a la Constitución; iv) su regulación debe
ser compatible con la vigencia de un orden justo, el principio de legalidad y
los derechos de las víctimas; v) el fiscal goza de un margen razonable de
interpretación en la aplicación de la ley pero este no es ilimitado; vi) estará
sujeto al control de legalidad por el juez de control de garantías.
PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD-Casos en que se
aplica actualmente
APLICACION DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD-Principio
de legalidad como límite constitucional a la potestad de configuración
legislativa/PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD-Causales
de aplicación deben ser diseñadas por el legislador de manera clara y precisa/PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD-Discrecionalidad
del Fiscal para evaluar si procede su aplicación
El
principio de legalidad se constituye en uno de los primeros límites
constitucionales a la potestad de configuración legislativa en el diseño de las
causales para la aplicación del principio de oportunidad. Para que las mismas
se ajusten al artículo 250 de la Constitución, ha señalado esta Corporación, “deben ser definidas por el legislador de manera clara y precisa, de
suerte que la facultad discrecional de aplicación no se convierta en una posibilidad
de aplicación arbitraria. En virtud del carácter excepcional y reglado del
principio de oportunidad acogido por el constituyente, al legislador le está
vedado establecer causales extremadamente vagas o ambiguas de invocación de
aquél, por cuanto los ciudadanos no tendrían certeza alguna acerca de bajo qué
condiciones el órgano de investigación del Estado puede acudir o no ante el
juez de control de garantías para efectos de solicitar la suspensión,
interrupción o renuncia del ejercicio de la acción penal.” Ha reconocido la jurisprudencia constitucional que la aplicación
por el fiscal del principio de oportunidad en los casos señalados por el
legislador implica un ejercicio de “discrecionalidad reglada” que le impone no
solamente una evaluación acerca de la aplicación de las causales legales para
que opere dicho mecanismo, sino que deberá determinar si lo que procede es la
interrupción, la suspensión o la renuncia (consecuencias de la aplicación del
principio), debiendo constatar el respeto también por las garantías del
investigado.
DERECHO A LA VERDAD-Contenido/DERECHO
A LA VERDAD-Finalidad/DERECHO A QUE SE HAGA JUSTICIA EN EL CASO
CONCRETO-Contenido/DERECHO A LA REPARACION-Dimensiones/DERECHO A
LA REPARACION INTEGRAL DEL DAÑO QUE SE HA OCASIONADO A LA VICTIMA O A LOS
PERJUDICADOS CON EL DELITO-Contenido
“a. El
derecho a la verdad. El conjunto de principios para la protección y la
promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad
(principios 1° a 4) incorporan en este derecho las siguientes garantías: (i) el
derecho inalienable a la verdad; (ii) el deber de recordar; (iii) el derecho de
las víctimas a saber. El primero, comporta el derecho de cada pueblo a conocer
la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos y las circunstancias que
llevaron a la perpetración de los crímenes. El segundo, consiste en el
conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión como parte de su
patrimonio, y por ello se deben adoptar medidas adecuadas en aras del deber de
recordar que incumbe al estado. Y el tercero, determina que, independientemente
de las acciones que las víctimas, así como sus familiares o allegados puedan
entablar ante la justicia, tiene el derecho imprescriptible a conocer la
verdad, acerca de las circunstancias en que se cometieron las violaciones, y en
caso de fallecimiento o desaparición acerca de la suerte que corrió la víctima.
El derecho a la verdad presenta así una dimensión colectiva cuyo fin es
“preservar del olvido a la memoria colectiva”, y una dimensión individual cuya
efectividad se realiza fundamentalmente en el ámbito judicial, a través del
derecho de las víctimas a un recurso judicial efectivo, tal como lo ha
reconocido la jurisprudencia de esta Corte. Proyectando estos principios en el
ámbito nacional, la jurisprudencia constitucional ha determinado que  el
derecho  de acceder a la verdad, implica que las personas tienen derecho a
conocer qué fue lo que realmente sucedió en su caso. La dignidad humana de una
persona se ve afectada si se le priva de información que es vital para ella. El
acceso a la verdad aparece así íntimamente ligado al respeto de la dignidad
humana, a la memoria y a la imagen de la víctima. b.  El derecho a que se haga
justicia en el caso concreto, es decir, el derecho a que no haya impunidad.
Este derecho incorpora una serie de garantías para las víctimas de los delitos
que se derivan de unos correlativos deberes para las autoridades, que pueden
sistematizarse así: (i) el deber del Estado de investigar y sancionar adecuadamente
a los autores y partícipes de los delitos; (ii) el derecho de las víctimas a un
recurso judicial efectivo; (iii) el deber de respetar en todos los juicios las
reglas del debido proceso. La jurisprudencia constitucional ha señalado que el
derecho de acceso a la justicia, tiene como uno de sus componentes naturales el
derecho a que se haga justicia. Este derecho involucra un verdadero derecho
constitucional al proceso penal, y el derecho a participar en el proceso penal,
por cuanto el derecho al proceso en el estado democrático debe ser
eminentemente participativo. Esta participación se expresa en "que los
familiares de la persona fallecida y sus representantes legales serán
informados de las audiencias que se celebren, a las que tendrán acceso, así
como a toda información pertinente a la investigación y tendrán derecho a
presentar otras pruebas" c. El derecho a la reparación integral del daño
que se ha ocasionado a la víctima o a los perjudicados con el delito. El
derecho de reparación, conforme al derecho internacional contemporáneo también
presenta una dimensión individual y otra colectiva. Desde su dimensión
individual abarca todos los daños y perjuicios sufridos por la víctima, y
comprende  la adopción de medidas individuales relativas al derecho de (i)
restitución, (ii)  indemnización, (iii)  rehabilitación, (iv) satisfacción y
(v) garantía de no repetición. En su dimensión colectiva, involucra medidas de
satisfacción de alcance general como la adopción de medidas encaminadas a
restaurar, indemnizar o readaptar los derechos de las colectividades o
comunidades directamente afectadas por las violaciones ocurridas. La
integralidad de la reparación comporta la adopción de todas las medidas
necesarias tendientes a hacer desaparecer los efectos de las violaciones
cometidas, y a devolver a la víctima al estado en que se encontraba antes de la
violación”.
PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD-Aplicación
exige intervención del juez de control de garantías
SUSPENSION
DE PROCEDIMIENTO A PRUEBA-Concepto/SUSPENSION DE PROCEDIMIENTO A PRUEBA-Alcance
En el mundo contemporáneo la
suspensión a prueba del trámite de ciertos procesos penales constituye un
método de reducción del uso de la prisión y cuestionamiento al encarcelamiento
como factor de reproducción del crimen. La descriminalización y la
despenalización pueden lograrse a través de mecanismos de sustitución y de
penas alternativas (sanciones penales de carácter compensatorio y reparador),
que tomen en consideración a las partes partiendo del propio imputado y el
interés de la víctima del delito en la consecución común de una vida
comunitaria menos conflictiva. La solución de conflictos por mecanismos de
intervención de la propia voluntad de los protagonistas se convierte en
instrumentos eficaces de resolución de conflictos, al evitar la continuación
del trámite de enjuiciamiento penal. La
descripción conceptual de la suspensión del procedimiento a prueba permite
señalar que es un instrumento procesal que detiene el ejercicio de la acción
penal en favor del sujeto imputado por la comisión de un ilícito, quien se
somete, durante un plazo, a una prueba en la cual deberá cumplir
satisfactoriamente con determinadas obligaciones legales para el caso concreto,
a cuyo término se declara extinguida la acción penal, sin consecuencias
jurídicas penales posteriores. En el evento de incumplirse la prueba se tiene
la facultad para revocar la medida y retomar la persecución penal contra el
investigado.
SUSPENSION DE PROCEDIMIENTO A PRUEBA-Derecho
comparado
PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD-Suspensión
de la investigación o suspensión del procedimiento a prueba
PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD-Afectación
de derechos fundamentales en la suspensión del procedimiento a prueba
SUSPENSION DE PROCEDIMIENTO A PRUEBA-Jurisprudencia
constitucional
JUSTICIA RESTAURATIVA-Origen/JUSTICIA RESTAURATIVA-Concepto/JUSTICIA RESTAURATIVA-Alcance
y objetivos/JUSTICIA RESTAURATIVA-Mecanismo
alternativo para la resolución de conflictos
JUSTICIA RESTAURATIVA-Directrices
de la comunidad internacional
JUSTICIA RESTAURATIVA-Informe
presentado por el Grupo de Expertos creado por el Consejo Económico y Social de
las Naciones Unidas
JUSTICIA RESTAURATIVA-Conciliación
preprocesal
JUSTICIA RESTAURATIVA-Incidente
de reparación integral
JUSTICIA RESTAURATIVA-Presupuestos
para aplicar la mediación
DERECHOS DE VICTIMAS DE VIOLACIONES A
DERECHOS HUMANOS-Restitución, indemnización, rehabilitación, y
satisfacción y garantía de no repetición
DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA
PERSONALIDAD-Jurisprudencia constitucional/DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD-Contenido
y alcance/LIMITES AL EJERCICIO DEL DERECHO
AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD-Jurisprudencia
constitucional
LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD-Armonización con el reconocimiento y
respeto de derechos ajenos
DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA
PERSONALIDAD-No es absoluto
DROGADICCION, ALCOHOLISMO Y ENFERMEDADES FISICAS
Y MENTALES EN DERECHO PROCESAL PENAL-Alcance
COACCION JURIDICA-Característica
fundamental del derecho diferente de la moral
MORALIDAD PUBLICA-Naturaleza
JUEZ CONSTITUCIONAL-Debe
confrontar criterios de moralidad pública
PROCESO
PENAL-Conducta humana sólo
es relevante si puede calificarse como típica, antijurídica y culpable
TRATAMIENTO
POLITICO CRIMINAL DEL PORTE, CONSERVACION PARA USO O CONSUMO DE SUSTANCIA
ESTUPEFACIENTE PARA USO PERSONAL-Jurisprudencia constitucional
PROHIBICION DE PORTE Y CONSUMO DE SUSTANCIAS
ESTUPEFACIENTES O SICOTROPICAS-Jurisprudencia constitucional
PROHIBICION DE PORTE Y CONSUMO DE SUSTANCIAS
ESTUPEFACIENTES O SICOTROPICAS-Interpretación histórica, sistemática, teleológica y literal del
precepto
CONSENTIMIENTO INFORMADO-Jurisprudencia constitucional
ADICTO-Concepto
CARACTERISTICAS
RELEVANTES Y CONCURRENTES QUE PRESENTA EL ALCOHOLISMO-Jurisprudencia constitucional
PROHIBICION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS-Jurisprudencia constitucional
AGRAVACION PUNITIVA PARA DELITOS
CULPOSOS-Corresponde a una mayor censura por la inobservancia
de una conducta más cuidadosa
CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACION PUNITIVA PARA
DELITOS CULPOSOS-Corresponde
al operador judicial establecer ex ante al acto imputado, si el consumo de esas
sustancias fue determinante en la producción del riesgo
SALUD-Constitucionalmente
es integral
DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD-Protección
constitucional especial
DISMINUIDOS FISICOS Y PSIQUICOS-Estamentos
deben suministrar el mejor servicio médico/DISMINUIDOS
FISICOS Y PSIQUICOS-Suministro de cuidados adecuados para una
existencia digna y tranquila
DERECHO A LA SALUD DEL ENFERMO MENTAL-Alcance
DERECHO A LA SALUD-Protección constitucional especial a personas que
padecen problemas de farmacodependencia y/o drogadicción
MEDIDAS TENDIENTES A RECUPERAR LA SALUD DE QUIEN
PADECE FARMACODEPENDENCIA-Deben encontrarse incluidas en planes
obligatorios de salud, sin perjuicio de que siendo necesario, el médico
tratante pueda indicar un tratamiento no contemplado allí
Referencia: expediente D-9997.
Demanda de inconstitucionalidad contra los literales b) y d) del
artículo 326 de la Ley 906 de 2004, modificado por el artículo 4º de la
Ley 1312 de 2009.
Asunto: condiciones que debe observar el imputado o acusado durante el
periodo de prueba para la aplicación del principio de oportunidad. Participación
en programas especiales de tratamiento  para superar problemas de dependencia a
drogas o bebidas alcohólicas y sometimiento a tratamiento médico o psicológico.
Actores: Rhonald Saavedra Martínez y Ciro Alfonso Castellanos Páez.
Magistrado Ponente:
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Bogotá D. C.,  veinticinco (25) de junio
de dos mil catorce (2014).
La Sala Plena de la
Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, una
vez cumplidos los requisitos y trámites establecidos en el Decreto ley 2067 de
1991, profiere la siguiente:
SENTENCIA
I.  ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción de inconstitucionalidad los
ciudadanos Rhonald Saavedra Martínez y Ciro Alfonso Castellanos Páez solicitan
a la Corte Constitucional que declare la inexequibilidad de los literales b) y
d) del artículo 326 de la Ley 906 de 2004, modificado por el artículo 4º de la
Ley 1312 de 2009.
II.  TEXTO DE LA
NORMA PARCIALMENTE ACUSADA
A continuación, se resalta los apartes demandados:
“LEY 906
DE 2004[1]
(agosto 31)
Por la cual se expide el
Código de Procedimiento Penal
EL
CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:
Artículo 326. Modificado
por el artículo 4º de la Ley 1312 de 2009. Condiciones a cumplir durante el
periodo de prueba. El Fiscal fijará el periodo de prueba, el cual no podrá ser
superior a tres (3) años, y determinará una o varias de las condiciones que
deberán cumplir el imputado o acusado hasta antes de la audiencia de
juzgamiento, entre las siguientes:
a) Residir en
un lugar determinado e informar al Fiscal del conocimiento cualquier cambio del
mismo.
b) Participar
en programas especiales de tratamiento con el fin de superar problemas de
dependencia a drogas o bebidas alcohólicas.
c) Prestar
servicios a favor de instituciones que se dediquen al trabajo social a favor de
la comunidad.
d) Someterse
a un tratamiento médico o psicológico.
e) No poseer o
portar armas de fuego.
f) No conducir
vehículos automotores, naves o aeronaves.
g) La
reparación integral a las víctimas, de conformidad con los mecanismos
establecidos en la ley.
h) La
realización de actividades a favor de la recuperación de las víctimas.
i) La
colaboración activa y efectiva en el tratamiento psicológico para la
recuperación de las víctimas, siempre y cuando medie su consentimiento.
j) La
manifestación pública de arrepentimiento por el hecho que se le imputa.
k) La
obligación de observar buena conducta individual, familiar y social.
l) La dejación
efectiva de las armas y la manifestación expresa de no participar en actos
delictuales.
m) La
cooperación activa y efectiva para evitar la continuidad en la ejecución del
delito, la comisión de otros delitos y la desarticulación de bandas criminales,
redes de narcotráfico, grupos al margen de la ley, o, aquellas organizaciones
vinculadas con los delitos a los que hace referencia el parágrafo 2º del
artículo 324.
Parágrafo.
Durante el periodo de prueba el imputado o acusado hasta antes de la audiencia
deberá someterse a la vigilancia que el fiscal determine sin menoscabo de su
dignidad. Vencido el periodo de prueba y verificado el cumplimiento de las
condiciones, el fiscal solicitará el archivo definitivo de la actuación de
acuerdo a lo reglamentado en el artículo siguiente.”
III.    LA
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD
Afirman los accionantes que el Estado no puede
interferir en las decisiones que cada persona elija para su propia vida. Cada
sujeto tiene un proyecto en su diario vivir que se desarrolla por medio de
elecciones voluntarias y conscientes, que a la vez deben respetar la autonomía
de los demás. Consideran que si un Estado no admite elegir o al permitirlo a la
vez castiga, existe coacción negando con ello el principio de autonomía
individual. De esta manera, estiman que los apartes acusados desconocen el
principio de dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad (arts. 1º
y 16 superiores).
Para sustentar estas aseveraciones
los demandantes dividen su acusación en tres partes. En la primera, informan que solo se puede castigar las conductas que desconozcan los
bienes jurídicos que previamente haya protegido el legislador, por lo que no
resulta aplicable el derecho penal de autor (sí del acto) al involucrar
senderos peligrosos de las viejas escuelas positivistas y del conductismo
social, que dejan de lado la calidad de ser humano que se tiene por el simple
hecho de existir, para terminar siendo sometido a tratamientos de
condicionamiento mental y cosificación del individuo[2].
Advierten que no se puede obligar al imputado a
someterse a ningún tipo de tratamiento por interferir el fuero interno: “nadie
ni el Estado mismo pueden obligar a alguien a escoger el estado de salud en el
cual quiere encontrarse, ni mucho menos someterlo como experimento biológico
social, para que moldee y adapte su personalidad a una sociedad que lo
encuentra abruptamente desarraigado, en términos criminológicos de la escuela
clásica de la defensa social, como un desviado social, repercutiendo en el más
desastroso positivismo etiológico.”
En la segunda parte, que identifican como “el derecho
penal como regla exclusión social”, encuentran que “someter a una persona a
tratamientos médicos con el fin de que abandone el uso de sustancias
alcohólicas o psicoactivas, es vulnerar su dignidad humana, en cuanto se
pretende tratar al sujeto como aberración social por el simple hecho de
consumir alguna de estas sustancias. Por otro lado, al obligarlo a tomar dichos
tratamientos puede repercutir dentro de la esfera emocional de quien se somete,
pues es expuesto a los miles de tratamientos y experimentos que quieran
realizar sus médicos. Caso contrario sería en donde el mismo sujeto opte por
este tipo de tratamiento sin condicionamiento alguno, más que el de su propia
voluntad. […] Nos acercamos […] al positivismo correccionalista, […]
convirtiendo al ser humano en lo que el criminólogo y filósofo M. Foucault
llamaría cuerpos dóciles.” [3]
Por último, traen a colación algunas decisiones de la
Corte Constitucional (v. grat. C-221 de 1994), para colegir que aun
cuando el imputado llegue a un acuerdo con el fiscal por medio del principio de
oportunidad, no puede renunciar a sus derechos fundamentales por el solo hecho
de existir, no pudiendo sujetársele a tratamiento alguno.
IV.    INTERVENCIONES
1.      Congreso
de la República. Solicita la exequibilidad de la disposición parcialmente
impugnada. Expone que la forma organizativa de Estado social de derecho busca
asegurar un orden justo y garantizar condiciones de vida dignas. El legislador
pretende con la norma acusada resocializar al imputado para que no vuelva a
recaer en la misma conducta delictiva y de esta forma resguardar la vida en
sociedad.
2.      Ministerio de Justicia y
del Derecho. Insta para que se declaren constitucionales
los apartes demandados. Indica que el ser humano es sociable, lo que permite delimitar
la libertad individual al no poder invadir el derecho de los demás. Los
principios de libertad y autonomía personal pueden ejercerse sin menoscabar a
otros, por lo cual si un sujeto se convierte en potencial perjuicio para una
comunidad, amerita la intervención administrativa o judicial. Recalca que el
Estado somete a quien con sus acciones injustificadas se coloca en una situación
sub-júdice.
Reseña que en el derecho penal existen
diversas escuelas que buscan defender el orden social frente a la delincuencia.
Anota que “una persona que en forma voluntaria consuma sustancias
psicoactivas o alcohol, así estas le causen daños, esta en su derecho, pues
cada cual elige lo que quiere, y es opcional que esa persona por su propia
voluntad elija seguir en el vicio o someterse a un tratamiento médico o
terapéutico. Pero si como consecuencia del consumo de las  sustancias, causa
problemas a los demás miembros de una familia, comunidad o sociedad en general,
y estos piden la intervención del Estado, entonces el funcionario mirará si se
ha infringido la ley penal, cuáles fueron las causas y, en consecuencia,
ordenará un dictamen médico legal en el cual se determinará si esta persona
debe ser intervenida.”
Observa que el imputado o acusado
solicita o escoge si se somete a las condiciones establecidas para gozar de su
libertad durante el periodo de prueba que le impone el fiscal, o si más bien es
necesaria su reclusión. El fin del tratamiento es prevenir la reincidencia y promover
un estilo de vida acorde con la sociedad. Resalta que en Colombia se aplica un
derecho penal de acto y no de autor. En el Estado social de derecho no se
concibe que al ciudadano se le juzgue por elegir una forma de vida, sino cuando
su comportamiento transgrede los derechos de otras personas ingresando a la
esfera delictual.
Explica que en la aplicación del
principio de oportunidad el Estado inicialmente no obliga al imputado o acusado
a tomar la decisión, por corresponder a éste hacer la solicitud de suspensión
del procedimiento señalando las condiciones dispuestas a cumplir. Aceptada la
suspensión será el fiscal quien determine el lapso de tiempo que durará el
periodo de prueba, que no podrá exceder de tres años, y la condición o
condiciones que deberá cumplir el procesado. La aceptación de suspensión y la
determinación de la condición o condiciones se sujetan al control de legalidad
por el juez de garantías, quien conforme a la sustentación las aceptará o
rechazará.
Halla fundamentada las medidas
previstas en los literales acusados, por ejemplo cuando se investiga o acusa
por el delito de violencia intrafamiliar en circunstancias que evidencian que
la causa fue el consumo de bebidas alcohólicas o que el victimario tiene
problemas psicológicos o psiquiátricos, en orden a las circunstancias que
rodean cada caso en particular. No se está ante una pena ni una medida de
aseguramiento, sino frente a medidas asociadas con la suspensión del proceso en
aplicación del principio de oportunidad. La condición o condiciones establecidas
solo se impondrán cuando fueren necesarias y no al arbitrio del fiscal, por lo
que no se está obligando al imputado o acusado a internarse en un hospital.
3.      Defensoría del Pueblo. Pide la inexequibilidad de los literales demandados, al
estimar que exceden las posibilidades de regulación del comportamiento, en una
sociedad democrática que tiene como punto de partida la dignidad humana y como
su expresión la libertad.
Al describir el alcance de la
potestad de configuración legislativa en materia penal, expone la necesidad de
verificar si la intervención del Estado en la regulación de la conducta dentro
de la sociedad, respeta los límites impuestos por los principios
constitucionales. En la medida que se es auténtico, sostiene, se puede hacer
uso de la autonomía de la voluntad. Explica que la autenticidad se desdobla en
dos sentidos: uno, en la posibilidad de realizarse plenamente en la sociedad
dependiendo de la forma, estilo de vida y noción de bien que se tenga y, otro,
en una consideración sobre los límites, personales e institucionales, para
regular el desarrollo de la libertad personal. Los límites personales refieren
a la consideración del otro para determinar el ámbito de ejercicio de los
derechos y los institucionales conciernen a las potestades de las autoridades
para fijar regulaciones al ejercicio de los derechos fundamentales.
Deduce que no pueden establecerse más
limitaciones a la libertad del ser humano que las que resulten acordes con el
espíritu de la Constitución. Manifiesta que el Estado constitucional de derecho
se basa en la idea de un pluralismo razonable, que supone una cierta concepción
de la persona en la que se le atribuye una dimensión ética-moral, que le
permite la elección propia de sus fines y, por tanto, separado de la noción de
promocionar alguna forma de perfectibilidad humana o de modelo de vida
virtuoso.
Revisadas las condiciones a cumplir
por el imputado o acusado durante el periodo de prueba para acceder al
principio de oportunidad, encuentra que son las únicas que se relacionan con
comportamientos autorreferentes. Mientras en las demás condiciones su
justificación general como forma de restricción a la libertad está en la
posibilidad de afectar los derechos de terceros, en las acusadas se trata de
conductas cuya incidencia no repercute en ningún derecho ajeno, al corresponder
a manifestaciones de carácter moral de las personas como seres libres, con
autonomía para decidir el curso de sus acciones, sin que implique por sí mismos
la afectación de derechos de terceros.
Afirma que el consumo de drogas no es
un comportamiento en sí mismo prohibido por el ordenamiento jurídico, y aunque
sea discutible, es claro que en cualquier caso el reproche de este
comportamiento no puede hacerse por vía del derecho penal. El consumo de drogas
no es una conducta penal por lo que estima inconstitucional que tenga
consecuencias respecto del trámite de un beneficio jurídico procesal en este
ámbito. Señala que lo mismo ocurre con el cuidado de la salud, ya que si bien
es un deber constitucional, su incumplimiento no acarrea consecuencias penales.
Enfatiza en que si las conductas no
tienen en sí mismas consecuencias penales, no es claro por qué deben tener
implicaciones en el trámite de un beneficio procesal penal, vulnerando los
principios de legalidad y de tipicidad en la configuración del derecho penal-.
Aunque la reforma introducida al artículo 49 de la
Constitución, contempla la posibilidad de los tratamientos de orden pedagógico,
profiláctico o terapéutico para las personas que consuman sustancias
estupefacientes o sicotrópicas, liga esta posibilidad a la voluntad de quien se
considera adicto. Además, no supone en ningún caso una prohibición punitiva al
consumo de drogas.
Concluye que el sometimiento a tipos
de tratamientos para abandonar una adicción o conservar la salud, desconocen el
derecho a la autodeterminación, como los principios de tipicidad y de
legalidad. No obstante, considera que el literal d) acusado puede declararse
exequible en el entendido que, con base en criterios científicos que puedan ser
objeto de contradicción por el imputado, el sometimiento a un tratamiento
médico o psicológico sea una condición necesaria para garantizar la seguridad y
los derechos de terceros en casos específicos. Solicita que se declararen
inconstitucionales los literales cuestionados, toda vez que se refieren a un
comportamiento que excede el ámbito de regulación penal, que termina teniendo
consecuencias en el proceso penal, respecto del acceso a un beneficio.
4.      Universidad Santo Tomás. Estima que la Corte debe declarar la exequibilidad de los
segmentos acusados en el entendido que: “a) la dependencia de las drogas o
las bebidas alcohólicas debe estar relacionada con la realización de los hechos
aceptados por el imputado o acusado, ii) la enfermedad objeto del tratamiento
médico o psicológico debe estar relacionada con la realización de los hechos
aceptados por el imputado o acusado, y c) tanto la rehabilitación como el
tratamiento médico o psicológico deberán practicarse si el imputado o acusado
no tiene recursos económicos, en una entidad del Estado sin costo para la
persona y que sea un lugar digno, seguro, responsable y vigilado rigurosamente
por el funcionario competente e inclusive por el juez de control de garantías.”
Explica que el imputado o acusado
obtendrá el beneficio de la extinción de la acción penal al aceptar recibir
ayuda profesional, médica, profiláctica y pedagógica, que supone un fin válido
al proteger los derechos de las víctimas. Una vez aceptados los hechos,
entiende que libremente se somete a las condiciones impuestas por el fiscal,
sin que exista una indebida imposición, toda vez que si no acepta entonces continúa
el procedimiento, bajo la garantía de que el reconocimiento de los hechos no
puede ser empleado en su contra y que el Estado debe probar que los cometió o
él nuevamente confesarlos.
5.      Universidad del Rosario.[4] Pretende la exequibilidad de lo
impugnado. Encuentra que la norma demandada hace parte del principio de
oportunidad que parte de una prueba mínima acerca de la existencia de una
conducta punible y de la autoría o participación del sujeto[5]. Al aplicarse dicho
principio se brinda la posibilidad al presunto responsable de la conducta
punible de resarcir el daño y cambiar su actuar sin recurrir a una reclusión.
Destaca que no se impide auto
determinarse, toda vez que si la persona decide no someterse a las condiciones
previstas en la norma demandada, puede hacerlo no permitiendo que se fije el
periodo de prueba sobre el cual podría suspenderse la acción penal. No se está
configurando un derecho penal de autor, por cuanto no se está respondiendo con
una pena a alguien por ser quien es, sino que para llegar a aplicar el
principio de oportunidad tiene que estar inmerso en el acaecimiento de un hecho
delictivo, que por dicho actuar se le sancionará a partir del juicio de
reproche como presunto responsable.
V.      CONCEPTO DE LA
PROCURADORÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Solicita que se declare la
exequibilidad de los literales demandados. Empieza por sostener que los actores
parten de una errónea comprensión del derecho al libre desarrollo de la
personalidad y, por tanto, de la dignidad humana, toda vez que “entienden
que se trata de una libertad ilimitada, según la cual la persona puede hacer u
omitir lo que a bien tenga de acuerdo con su soberana voluntad y sus deseos”,
lo cual contradice el artículo 16 que establece como límite los derechos de los
demás y el orden jurídico, la jurisprudencia constitucional[6],
el orden justo y el Estado de derecho.
Precisa que una de las fuentes
constitucionales del surgimiento de la obligación prevista en la norma demanda
es el artículo 250, que consagra el principio de oportunidad. Si el fiscal
decide imponerle al imputado o acusado la obligación de someterse a un
tratamiento médico o psicológico, o de asistir a un programa para superar la
adicción a las drogas o al alcohol, no puede verse como un castigo arbitrario
por el Estado, sino como “una forma en la cual éste decide libremente
reparar a las víctimas”. Una de las garantías que compone el derecho a la
reparación es la no repetición, por lo que los tratamientos que se imponen con
fundamento en los principios de justicia restaurativa, buscan modificar el
comportamiento del procesado en beneficio de los derechos de las víctimas.
Expone que aunque pudiera
sostenerse que los derechos de las víctimas no constituyen razones válidas
porque en la etapa que se solicita la suspensión del procedimiento aún no hay
un condenado, siendo una hipótesis parcialmente cierta puede descartarse en virtud
del artículo 16 superior (libre desarrollo de la personalidad), por cuanto la
suspensión del procedimiento a prueba es una “prerrogativa” para el imputado o
acusado de “solicitar” al fiscal la suspensión de la actuación y, en este
sentido, es requisito ineludible la “voluntad”, no pudiendo decirse que sea una
imposición unilateral o no querida. Si el imputado o acusado no está de acuerdo
con someterse a estos tratamientos, tiene la posibilidad de decidir libremente
que no le solicitará al fiscal la suspensión del procedimiento a prueba. No
obstante, señala que el fiscal es quien finalmente fija las condiciones, aún en
contra de la voluntad del imputado o acusado, escenario en el cual “no está
obligado a participar en tales tratamientos y se puede considerar, por lo
tanto, que ha incumplido con las condiciones fijadas por el fiscal y que
indirectamente ha renunciado a la solicitud que inicialmente presentó, así como
al principio de oportunidad, con lo cual el proceso continuaría su curso
normal.”
Observa, de acuerdo con el
artículo 1º del Acto Legislativo 2 de 2009 modificatorio del artículo 49
superior y en relación con el literal b impugnado, que “(i) dentro del
ámbito de la autonomía personal no está comprendida la facultad de consumir y
portar este tipo de sustancias[7]
y, por lo tanto, someterse a un tratamiento para superar esta adicción no
quebranta tal derecho[8];
y (ii) la posibilidad que tiene el imputado o acusado de someterse a
tratamientos para superar la dependencia a las drogas es un claro desarrollo de
la obligación a cargo del Estado de expedir medidas legislativas que procuren
que […] pueda dejar atrás su adicción a las drogas.”
La decisión voluntaria de
participar en programas estima que también encuentra fundamento constitucional
en el artículo 49, al establecer el deber de toda persona de procurar el
cuidado integral de su salud. Aunque podría indicarse que la sentencia C-221 de
1994 advirtió que ese mandato tenía un contenido exclusivamente moral,
considera que “separar el derecho de la moral es una empresa infructuosa
porque ´el derecho, aun cuando en ocasiones surja del derecho positivo o
conviene, o incluso requiere, positivizarse, no por ello está separado ni mucho
menos deba separarse absolutamente de la moral´”, máxime cuando
tienen un objeto común como es la realidad moral, el campo de la acción libre
del hombre o las acciones que no se rigen por el instinto, las leyes físicas,
biológicas u otras, sino que son decididas o elegidas libremente de conformidad
con su razón. Deduce que las expresiones demandas encuentran respaldo
constitucional en el deber jurídico y moral que tienen las personas de procurar
su salud y, como consecuencia de ello, el Estado tiene que propiciar por
distintos medios que se cumpla con tal deber.
Estima que no resulta extraño que
en un Estado constitucional se consagre ciertos valores esenciales que hacen
posible la vida en comunidad y que la sociedad estima que son relevantes.
Manifiesta que el legislador tiene la obligación de proteger tales bienes
jurídicos valiosos por distintas vías, como acaece con el desincentivo que el
Código Penal plasma en varias normas de cara al consumo de bebidas alcohólicas
o de sustancias estupefacientes o psicotrópicas.[9]
Los apartes cuestionados buscan disuadir al imputado o acusado para que cumpla
con el deber constitucional de cuidar su salud y repare integralmente a las
víctimas evitando que se repitan tales conductas.
Informa que no es un ejercicio
válido y razonable del derecho al libre desarrollo de la personalidad un acto
según el cual el imputado o acusado de manera libre decide presentar al fiscal
un plan de reparación a las víctimas de un delito para la suspensión del
procedimiento, comprometiéndose con ciertas condiciones para repararlas, pero
al momento de exigirse su cumplimiento de forma repentina y unilateral decide
que “contrarían su derecho a la autonomía personal (decidir), sin parar
mientes en las legítimas expectativas de las víctimas que, razonablemente,
esperaban actos de reparación […]. Por el contrario, este acto es una fachada
del derecho al libre desarrollo de la personalidad […]. En suma, el ejercicio
de una aparente ´libertad´ no es un argumento suficiente para afectar los
bienes jurídicos más preciados en un Estado constitucional como los derechos
fundamentales de sí mismo o de un tercero y, por tanto, no puede llevar a la
conclusión de que existe un conflicto entre principios[10].”
Determina que aun aceptando que
existe un conflicto entre principios, tampoco resulta irrazonable ni
desproporcionada por cuanto las medidas analizadas: i) persiguen varios
propósitos constitucionales importantes como la satisfacción de los derechos de
las víctimas del delito por medio del cumplimiento de garantías de no
repetición, evitar el desgaste de los esfuerzos investigativos de la fiscalía como
de la administración de justicia al aplicar el principio de oportunidad y
buscar la menor restricción al derecho a la libertad personal al sustituir una
posible privación de la libertad por una medida alternativa; ii) es conducente
y eficaz al llevar a los fines propuestos, garantizando los derechos de las
víctimas, afectando en grado mínimo el libre desarrollo de la personalidad y
evitando la privación de la libertad; y iii) no es desproporcionada en sentido
estricto al no obligárseles a participar en tales tratamientos, pudiendo
finalmente renunciar a ellos continuando el proceso penal su curso normal.
VI.  CONSIDERACIONES DE LA
CORTE CONSTITUCIONAL
1.      Competencia
La
Corte Constitucional es competente para conocer del presente asunto por cuanto
la norma parcialmente acusada hace parte de una Ley de la
República -artículo 241.4 superior-.
2.      Problema jurídico
Los accionantes consideran que las condiciones
establecidas por el fiscal al imputado o acusado consistentes en i) participar
en programas especiales de tratamiento con el fin de superar problemas de
dependencia a drogas o bebidas alcohólicas y ii) someterse a un tratamiento médico
o psicológico durante la suspensión del procedimiento a prueba (no superior a
tres años) para ser beneficiario del principio de oportunidad, resultan
contrarios al libre desarrollo de la personalidad (art. 16 superior) como a la
dignidad humana (art. 1º superior) al implicar obligaciones que solo atañen a
la persona en su fuero interno -autonomía de la voluntad- e involucrar viejas
escuelas positivistas correccionalistas -derecho penal de autor- hoy abolidas.
Estiman que aunque se llegara a un acuerdo con el fiscal no puede sujetársele a
tratamiento alguno por tener los derechos fundamentales el carácter de irrenunciables.
La mayoría de los intervinientes, esto es, el Congreso
de la República, el Ministerio de Justicia y del Derecho, la
Universidad del Rosario y el Procurador General de la
Nación coinciden en solicitar la exequibilidad de los apartes impugnados, en tanto
que la Universidad Santo Tomás reclama la exequibilidad condicionada y la
Defensoría del Pueblo pide la inexequibilidad.
Conforme a la argumentación expuesta, la
Corte debe abordar el siguiente problema jurídico: ¿vulnera el libre
desarrollo de la personalidad y el principio de dignidad humana los literales
b) y d) del artículo 326 de la Ley 906 de 2004 -Código de Procedimiento Penal-,
al establecer como condiciones a cumplir durante el periodo de prueba fijado
por el fiscal para ser beneficiario del principio de oportunidad, el participar
en programas especiales de tratamiento para superar problemas de dependencia a
drogas o bebidas alcohólicas y someterse a tratamiento médico o psicológico?
Conforme a la problemática expuesta y las inquietudes
generadas por los intervinientes y el concepto del Procurador General, esta
Corporación desarrollará los siguientes puntos en orden a la jurisprudencia
constitucional: i) el diseño de la política criminal del Estado; ii) el sistema
penal de tendencia acusatoria; iii) el principio de oportunidad; iv) la
suspensión del procedimiento a prueba y la justicia restaurativa; v) el libre
desarrollo de la personalidad y sus límites constitucionales; vi) la drogadicción,
el alcoholismo y los enfermos físicos y mentales en el derecho procesal penal;
para así entrar a resolver vii) el asunto en discusión.
3.      El diseño de la política
criminal
Ha señalado esta Corporación que al Congreso de la
República se le asigna competencia en la definición de la política criminal del
Estado[11]
(arts. 114 y 150 superiores), para
determinar las conductas que constituyen delitos, las sanciones que deben
imponerse y el procedimiento a cumplirse. Le asiste en
materia penal una competencia amplia que encuentra respaldo constitucional en
los principios democrático y de soberanía popular (arts. 1º y 3º superior).[12] Bien puede el
legislador penal crear, modificar y suprimir figuras delictivas; introducir
clasificaciones entre las mismas; establecer modalidades punitivas;  graduar
las penas que resulten aplicables; y fijar la clase y magnitud de éstas con
arreglo a criterios de atenuación o agravación; todo ello de acuerdo con la
apreciación, análisis y ponderación que efectúe sobre los fenómenos de la vida
social y del mayor o menor daño que ciertos comportamientos ocasionen al
conglomerado social.[13]
El concepto de diseño de una política
pública en materia penal comprende su articulación tanto en normas sustanciales
como procesales. No obstante, tal
potestad de configuración normativa no deviene en absoluta, toda vez que la
Constitución Política y los tratados internacionales de derechos humanos (art.
93 superior), como instrumentos de carácter vinculantes, constituyen un límite inalterable
al ejercicio del poder público, al consagrar valores superiores, principios constitucionales
y derechos fundamentales.[14]
Entre los criterios específicos que debe observar el
legislador al elaborar las normas penales, informa esta Corporación:[15]
(i) El principio de necesidad de la
intervención penal relacionado con el carácter subsidiario, fragmentario y de última
ratio. La Corte ha sostenido que “el derecho penal se enmarca en el principio
de mínima intervención, según el cual, el ejercicio de la facultad
sancionatoria criminal debe operar cuando los demás alternativas de control han
fallado. El Estado no está obligado a sancionar penalmente todas las conductas
antisociales, tampoco puede tipificar las que no ofrecen un verdadero riesgo
para los intereses de la comunidad o de los individuos; la decisión de
criminalizar un comportamiento humano es la última de las decisiones posibles
en el espectro de sanciones que el Estado está en capacidad jurídica de
imponer, y entiende que la decisión de sancionar con una pena, que implica en
su máxima drasticidad la pérdida de la libertad, es el recurso extremo al que
puede acudir el Estado para reprimir un comportamiento que afecta los intereses
sociales. La jurisprudencia legitima la descripción típica de las conductas
sólo cuando se verifica una necesidad real de protección de los intereses de la
comunidad.”[16]
Además, “en el otro extremo se encontrarían aquellas
conductas que, dado que se desenvuelven en ámbitos de libertad
constitucionalmente garantizados, o debido a la escasa significación del bien
jurídico que afectan, estarían constitucionalmente excluidas de la posibilidad
de ser objeto de sanción penal.”[17]
(ii) El
principio de exclusiva protección de bienes jurídicos en la garantía de
los valores esenciales de la sociedad. Ha manifestado este Tribunal que “el
derecho penal comporta una valoración social en torno a los bienes jurídicos
que ameritan protección penal, las conductas susceptibles de producir lesiones
en tales bienes, el grado de gravedad de la lesión que de lugar a la aplicación
del ius puniendi, y el quantum de la pena que deba aplicarse. En
principio, no existe, de manera expresa, un imperativo constitucional según el
cual determinados bienes jurídicos deban, necesariamente, protegerse a través
del ordenamiento penal. La opción de criminalizar una conducta, en aquellos
eventos en que no está constitucionalmente impuesta o excluida, implica que el
legislador ha considerado que para la protección de cierto bien jurídico es
necesario acudir a mecanismos comparativamente más disuasivos que otros que
podrían emplearse, no obstante su efecto limitativo de la libertad personal. Sin
embargo, en el Estado de Derecho, a esa solución sólo puede llegarse cuando se
ha producido una grave afectación de un bien jurídico, mediante un
comportamiento merecedor de reproche penal y siempre que la pena resulte
estrictamente necesaria.”[18]
(iii) El deber de observar la estricta legalidad. Esta Corporación ha indicado “(i) que la creación de tipos
penales es una competencia exclusiva del legislador -reserva de ley en sentido
material- y (ii) que es obligatorio respetar el principio de tipicidad: “nullum
crimen, nulla poena, sine lege previa, scripta et certa”. De manera que el
legislador está obligado no sólo a fijar los tipos penales, sino que éstos
tienen que respetar el principio de irretroactividad de las leyes penales
(salvo favorabilidad), y definir la conducta punible de manera clara, precisa e
inequívoca”.[19]
(iv) El
principio de culpabilidad, que tiene las siguientes implicaciones: “Derecho penal de acto y no de autor.
El artículo 29 de la Constitución, en armonía con la definición del carácter
político del Estado como Social de Derecho, y del postulado de respeto a la
dignidad de la persona humana, consagra el principio de que no hay delito sin
conducta, al establecer que ´nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes
preexistentes al acto que se le imputa´. El Constituyente optó por un derecho
penal del acto, en oposición a un derecho penal del autor. Dicha definición
implica, por una parte, que el acontecimiento objeto de punición no puede estar
constituido ni por un hecho interno de la persona, ni por su carácter, sino por
una exterioridad y, por ende, el derecho represivo sólo puede castigar a los
hombres por lo efectivamente realizado y no por lo pensado, propuesto o
deseado, como tampoco puede sancionar a los individuos por su temperamento o
por sus sentimientos.”[20]
(v) El deber de garantizar los derechos constitucionales y la
aplicación de los convenios internacionales de derechos humanos (bloque
de constitucionalidad). La Corte ha señalado que “los tipos penales, se erigen
en mecanismos extremos de protección de los mismos, y que, en ciertas ocasiones
el tipo penal integra el núcleo esencial del derecho constitucional. Por lo
mismo, al definir los tipos penales, el legislador está sometido al contenido
material de los derechos constitucionales,[21]
así como los tratados y convenios internacionales relativos a derechos humanos
ratificados por Colombia.”[22]
(vi) El deber de respetar los principios de razonabilidad y
proporcionalidad. Esta Corporación ha indicado que “al establecer
tratamientos diferenciales se somete a un juicio estricto de proporcionalidad
del tipo penal, así como de la sanción. La proporcionalidad, implica, además,
un juicio de idoneidad. Así, ante la existencia de bienes jurídicos
constitucionales, el legislador tiene la obligación de definir el tipo penal de
manera tal que en realidad proteja dicho bien constitucional”.[23]
En
consecuencia, la Corte observa que la configuración de las normas penales hace
parte del diseño de la política criminal que comporta una
valoración ético-social en torno a los bienes jurídicos que ameritan protección
penal, las conductas que merecen reproche penal y las penas.[24]
4.      El sistema penal de tendencia acusatoria
4.1.   Las disposiciones del Código de
Procedimiento Penal son un elemento constitutivo de la política
criminal del Estado en tanto instrumento para su materialización, ya que
regulan las formas y los pasos que deben seguir quienes ejecuten dicha política
en la práctica.[25]
El Congreso tiene un amplio margen de configuración normativa para determinar
los procedimientos y actuaciones que deben surtirse ante los jueces en la
garantía de las libertades ciudadanas o la mediación del Estado ante
situaciones de conflicto (arts. 2º, 150 y 229 superiores). Puede fijar nuevos
procedimientos, determinar la naturaleza de actuaciones judiciales, eliminar
etapas procesales, requerir la intervención estatal o particular en el curso de
las actuaciones judiciales, imponer cargas procesales o establecer plazos para
el ejercicio del derecho de acceso a la administración de justicia, fijar
beneficios penales, prever causales de procedencia de la extinción de la acción
penal, etc.[26]
Libertad de configuración normativa del legislador en
el diseño de los procedimientos y etapas judiciales que no es absoluta al
encontrarse limitada por: i) los derechos sustanciales y la defensa de las
garantías esenciales de las personas -máxime cuando el proceso judicial no
tiene una finalidad en sí mismo-[27]
y ii) diversas disposiciones constitucionales presentes en
la parte orgánica concernientes a las competencias con que cuenta la
Fiscalía General de la Nación, los jueces de control de garantías, los jueces
de conocimiento, las víctimas, el Ministerio Público, entre otros. Además, el
legislador debe ajustarse a las normas convencionales que prevén determinados
derechos sustanciales y procesales, particularmente, los artículos 7º, 8º, 9º y
25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 9º, 10, 11, 14 y 15 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.[28]
La Corte
ha referido que los fines del proceso penal dentro del Estado
social de derecho están dados por la realización del ius puniendi en
condiciones de justicia, en la pretensión principal de establecer, más allá de
toda duda razonable, si una persona es o no responsable de la comisión de un
delito. Es el proceso penal “un instrumento racional encaminado a determinar la posible
responsabilidad penal de un individuo, cuya conducta habría injustamente
vulnerado uno o varios derechos fundamentales (integridad personal, libertad
individual, etc.) o bienes jurídicos constitucionalmente relevantes (salubridad
pública, orden económico y social, etc.).”[29]
4.2.   El Acto Legislativo 03 de
2002, que modificó los artículos 116, 250 y 251 de la
Constitución, reformó la estructura básica del proceso penal en Colombia, al
pasar de un modelo mixto de preferencia inquisitiva que había sido adoptado por
el Constituyente de 1991, a un sistema de tendencia acusatoria. De esta
manera, se diseño un esquema propio para responder a la
realidad del país, sin trasladar de manera automática e integral sistemas
existentes en otros países también de filosofía acusatoria. El artículo 250 superior instituyó, entre otros aspectos, lo
siguiente:
“La
Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la
acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las
características de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de
denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien
suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia
del mismo. […]
En ejercicio de sus
funciones la Fiscalía General de la Nación deberá:
1.       Solicitar al juez que ejerza las funciones de control de garantías
las medidas necesarias que aseguren la comparecencia de los imputados al
proceso penal, la conservación de la prueba y la protección de la comunidad, en
especial de las víctimas. […]
2.       Adelantar registros, allanamientos, incautaciones e
interceptaciones de comunicaciones. […]
3.       Asegurar los elementos materiales probatorios, […].
4.       Presentar escrito de acusación ante el juez de conocimiento, con
el fin de dar inicio a un juicio público, oral, con inmediación de las pruebas,
contradictorio, concentrado y con todas las garantías.
[…]
6. Solicitar ante el juez
de conocimiento las medidas judiciales necesarias para la asistencia a las
víctimas […].
7. Velar por la
protección de las víctimas, los jurados, los testigos y demás intervinientes en
el proceso penal, la ley fijará los términos en que podrán intervenir las
víctimas en el proceso penal y los mecanismos de justicia restaurativa. […].”
Proceso
penal con tendencia acusatoria que ha sido desarrollado por el Legislador
mediante la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal, con las
modificaciones introducidas por las leyes 937 de 2004, 1121 de 2006, 1142 de
2007, 1257 de 2008, 1273 de 2009, 1312 de 2009, 1395 de 2010, 1453 de 2011,
1542 de 2012 y 1652 de 2013. Principalmente las sentencias C-873 de 2003;
C-591, C-592 y C-1194 de 2005; C-718 de 2006; C-025 de 2009; C-144 de 2010 y
C-651 de 2011, han aludido a los aspectos más relevantes de su estructura.
4.3.   La
Ley 906 de 2004,[30]
Código de Procedimiento Penal, prevé la intervención en el proceso penal del
imputado, las víctimas, el fiscal, el juez de control de garantías, el juez de
conocimiento, la Procuraduría General de la
Nación, entre otros. Como principios rectores y garantías procesales se
contemplan la dignidad humana, la libertad, la igualdad, la imparcialidad, la
legalidad, la presunción de inocencia e in dubio pro reo, la defensa, la
oralidad, la lealtad, la gratuidad, la intimidad, la contradicción, la
inmediación, la concentración, la publicidad, al juez natural, la doble
instancia, la cosa juzgada, el restablecimiento del derecho, etc. La actuación
procesal atiende el respeto de los derechos fundamentales de los intervinientes
y la eficacia del ejercicio de la justicia, haciendo prevalecer el
derecho sustancial. Se garantiza el acceso de las víctimas a la administración
de justicia. Adicionalmente, se consagran mecanismos de justicia restaurativa
como la conciliación preprocesal, la conciliación en el incidente de reparación
integral y la mediación.
4.4.   Entre las
finalidades del nuevo modelo procesal penal
pueden reseñarse: “(i) fortalecer la función investigativa y
de acusación de la Fiscalía General de la
Nación, en el sentido de concentrar los esfuerzos de ésta en el recaudo de la
prueba, despojándola en sentido estricto de funciones jurisdiccionales; (ii) la
configuración de un juicio público, oral, contradictorio y concentrado en
cabeza del juez de conocimiento; (iii) instituir una clara distinción entre los
funcionarios encargados de investigar, acusar y juzgar; (iv) descongestionar
los despachos judiciales mediante la supresión de un sistema procesal basado en
la escritura para pasar a la oralidad, buscando garantizar el derecho a ser
juzgado sin dilaciones injustificadas; (v) modificar el principio de
permanencia de la prueba por aquel de la producción de la misma durante la
etapa del juicio oral; (vi) introducir el principio de oportunidad en cabeza
del ente investigador; y (vii) crear la figura del juez de control de
garantías, a quien se le asigna la función de ejercer un control previo y
posterior de legalidad sobre las actividades y diligencias llevadas a cabo por la
Fiscalía General en el ejercicio de su actividad investigativa.”[31]
Las principales características
del sistema penal acusatorio están dadas por:
“i) Separación categórica en las etapas de investigación y
juzgamiento. Como consecuencia de ello, desaparece la instrucción como fase de
la instancia procesal encomendada al juez y se convierte en una etapa de
preparación para el juicio. De esta forma, al juez penal se le encomienda el
control de las garantías legales y constitucionales y el juzgamiento mediante
el debido proceso oral.
ii) El rol del juez en el sistema penal acusatorio está centrado en
el control de los actos en los que se requiera ejercicio de la potestad
jurisdiccional o que impliquen restricción de derechos o calificación jurídica
de los hechos. Así, el control judicial no sólo debe concretarse en el
cumplimiento formal de los requisitos sino en la efectividad de los derechos
sustanciales en juego.
iii) La actuación judicial solamente procede a petición de parte.
Así, de acuerdo con el artículo 250 de la
Constitución, el ejercicio de la acción penal está a cargo de la
Fiscalía, quien puede solicitar al juez de control de garantías las medidas
necesarias para asegurar la comparecencia de los imputados, la conservación de
la prueba y la protección de la comunidad. Esa misma autoridad tiene a su cargo
la presentación del escrito de acusación ante el juez de conocimiento, la
solicitud de la preclusión de las investigaciones y las medidas necesarias para
la protección de las víctimas.
iv) El proceso penal es, por regla general, oral, contradictorio,
concentrado y público.
v) Es posible que el proceso penal no se inicie o se termine pese a
la certeza de la ocurrencia de un delito porque existió aplicación del
principio de oportunidad o porque hubo acuerdo entre las partes. Por regla
general, en los casos de terminación anticipada del proceso, existirá control
judicial material y formal de la decisión adoptada.
vi) las funciones judiciales del control de garantías y de
conocimiento suponen la clara distinción de dos roles para los jueces penales.
El primero, el que tiene a su cargo la protección de las garantías y libertades
individuales en las etapas preliminares a la imputación y, el segundo, el juez
que tiene la responsabilidad de llevar adelante el juicio penal con todas las
garantías procesales y sustanciales propias del debido proceso”.[32]
4.5.   El
modelo de proceso penal instaurado está conformado por tres etapas
principales, indagación,[33]
investigación,[34]
y juicio,[35]
y dos intermedias o de transición, audiencia de formulación de acusación[36]
y audiencia preparatoria,[37]
representado por la realización de un juicio oral, público, con inmediación de
las pruebas, contradictorio, concentrado y con todas las garantías procesales
de la persona, en el que la restricción de los derechos fundamentales es de
reserva judicial porque debe ser autorizada de manera previa por el fiscal -en
casos excepcionales- o el juez, mediante orden escrita motivada.[38]
En consecuencia, a diferencia del sistema de tendencia
inquisitiva en que la fiscalía cumplía simultáneamente las funciones acusatoria
y jurisdiccional, en el nuevo esquema procesal penal su labor
se desarrolla con especial énfasis en la función acusatoria, en la búsqueda de
evidencias destinadas a desvirtuar la presunción de inocencia del investigado. El
Estado, por intermedio de la fiscalía, está obligado a ejercer la acción penal
y a realizar la investigación de los hechos que tengan las características de
un delito, siempre que existan motivos y circunstancias fácticas suficientes
que indiquen la posible comisión de la ley penal. No podrá, por ende,
suspender, interrumpir, ni renunciar a la persecución penal, como regla general.
El
control de constitucionalidad de estas normas adjetivas penales debe hacer
eficaz el amplio margen de configuración normativa que tiene el legislador y el
respeto por el núcleo esencial de los derechos y las garantías de las personas. La misión de la
Corte es controlar los excesos que pueda presentar la legislación
procedimental expedida. En esa medida, el legislador goza de discreción para
establecer las formas propias de cada juicio las cuales se estiman válidas si persiguen un objetivo válido, son
adecuadas para la defensa de los intereses superiores, resultan necesarias por
no existir una medida menos restrictiva y son proporcionadas a la consecución
de los fines.[39]
5.      El principio de oportunidad
5.1.   El Acto Legislativo 03 de 2002, que
modificó el artículo 250 superior, dispuso que la
Fiscalía General no podrá suspender, interrumpir, ni renunciar a la
persecución penal, “salvo en los casos que
establezca la ley para la aplicación del principio de oportunidad
regulado dentro del marco de la política criminal del Estado, el cual estará
sometido al control de legalidad por parte del juez que ejerza las funciones de
control de garantías.”
El principio de
oportunidad es una institución nuclear del sistema penal de
tendencia acusatoria que consiste en la suspensión, interrupción o renuncia de
la persecución penal, atendiendo diversos factores inmersos en la política
criminal del Estado.[40]
Constituye una excepción a la regla general que recae sobre la fiscalía de adelantar
el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que
revistan características de un delito, siempre que tercien suficientes
motivaciones y circunstancias fácticas que permitan advertir la existencia del
mismo.[41]
Se ha
introducido progresivamente en distintos ordenamientos jurídicos europeos como
España, Portugal, Italia y Alemania. En el derecho Anglosajón es la regla que
se traduce en las figuras del plea guilty: confesión dirigida a
evitar el juicio; y del plea bargaining: negociación entre el fiscal y
el imputado que supone pactar la acusación en toda su extensión para reducir o
mutar a conveniencia, si es el caso, el hecho penal en sí mismo considerado.[42]
5.2.   Del debate
congresual que precedió a la expedición del acto legislativo se desprende que la finalidad esencial para la
consagración del principio de oportunidad consisten principalmente en racionalizar
la actividad investigativa del Estado en la labor de la persecución de los
delitos, dada la imposibilidad fáctica de la justicia penal para satisfacer
exigencias de aplicación irrestricta del principio de legalidad.[43]
Propósito general que podría ser alcanzado mediante la aplicación de
criterios como: “(i) La ínfima importancia social de un hecho punible,
idea que parte del reconocimiento de que existen numerosos conflictos sociales
que no alcanzan a vulnerar materialmente bienes jurídicos, lo que haría
innecesaria la intervención del Estado en tanto realmente no hay lesión, ni
potencial afectación  antijurídica; (ii)  La reparación integral y la
satisfacción plena de la víctima, especialmente en aquellos delitos de
contenido económico; (iii), la culpabilidad disminuida[44]; (iv) o
la revaluación del interés público en la persecución de la conducta.”[45] De esta
forma, (v) “se evitarían efectos criminógenos de las penas cortas
de privación de libertad, estimula la pronta reparación a la víctima y se
otorga otra oportunidad de inserción social al que cometió la conducta punible”[46].
También se ha podido determinar
justificaciones adicionales al establecimiento del principio de oportunidad. En
la sentencia C-738 de 2008 señaló: “la posibilidad de que la
fiscalía se abstenga de iniciar o dé por terminado el proceso penal en ciertos
delitos es manifestación de la necesidad de que el Estado responda
proporcionalmente a los hechos que afectan la estabilidad jurídica, favorece la
posibilidad de adelantar procesos en tiempos razonables, de conformidad con la
gravedad de las conductas investigadas, y permite dar tratamiento diferenciado
a delitos que por sus características intrínsecas no representan lesión
significativa del orden social[47].”
Como características
generales del principio de oportunidad, este Tribunal ha identificado: i)
debe ser aplicado en el marco de la política criminal del Estado; ii) es una
figura de aplicación excepcional y reglada; iii) las causales de aplicación
deben establecerse por el legislador de manera clara, precisa e inequívoca y
estar conforme a la Constitución; iv) su regulación debe ser compatible con la
vigencia de un orden justo, el principio de legalidad y los derechos de
las víctimas; v) el fiscal goza de un margen razonable de
interpretación en la aplicación de la ley pero este no es ilimitado; vi) estará
sujeto al control de legalidad por el juez de control de garantías.[48]
En el mundo contemporáneo existe una crisis de
legitimación de los sistemas penales y de la pena privativa de la libertad,
fundamentado principalmente en el reparto discriminatorio del poder punitivo
del Estado y las débiles estructuras judiciales. La implementación de mecanismos
que disminuyan la violencia punitiva estatal se hace indispensable, en la
previsión de medidas diferentes al enjuiciamiento penal tradicional, al
pronunciamiento de una sentencia condenatoria y a la privación obligada de la
libertad como herramientas recurrentes ante el delito. Ir abriendo caminos
hacia la paulatina concreción de un derecho penal con menor intervención bajo
el objetivo de ir acrecentando las condiciones para la incorporación de otros
mecanismos de resolución de conflictos humanos (no penales), en que acoja
mayor relevancia la intervención de la voluntad de los protagonistas, debe ser
el rumbo en la política criminal del Estado.[49]
5.3.   La Ley 1312 de 2009, que reformó la
Ley 906 de 2004 en lo relacionado con el principio de oportunidad (arts. 323
a 327), tuvo como fundamento ampliar las posibilidades procesales y
sustanciales de procedencia del principio de oportunidad, extendiendo su
aplicación a la etapa del juicio y estableciendo nuevas causales. Así lo afirmó la
Corte en la sentencia C-936 de 2010[50],
al extraer de los antecedentes legislativos que las razones que llevaron a la
expedición de dicha ley consistieron principalmente en reformular algunas de
las disposiciones del Código de Procedimiento Penal, combinando conceptos de
insignificancia, reparación, interés de la víctima, formas alternativas de
satisfacción de intereses colectivos, colaboración con la justicia, en la
pretensión de establecer definiciones claras y concordantes con el Estatuto
Superior (art. 250) para que opere el principio de oportunidad tanto en la investigación
como en el juzgamiento. [51] Así
vino el nuevo artículo 323 de la Ley 906 de 2004
a señalar que la Fiscalía General en la investigación o en el juicio, hasta
antes de la audiencia de juzgamiento, podrá suspender, interrumpir o renunciar
a la persecución penal, en los casos establecidos en el código para la
aplicación del principio de oportunidad.
El artículo 324 del Código de
Procedimiento Penal instituyó los casos en que se
aplica actualmente el principio de oportunidad.[52] De esta
disposición puede extraerse, en términos generales, su procedencia respecto a
delitos sancionados con pena privativa de la libertad cuyo máximo no exceda de
seis años o con pena principal de multa (num. 1), previendo que respecto de
delitos con penas privativas de la libertad cuyo límite máximo exceda de seis
años de prisión, su aplicación corresponderá al Fiscal General o por quien
delegue (parág. 2). No se podrá aplicar en investigaciones o acusaciones por
hechos constitutivos de graves infracciones al derecho internacional
humanitario, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra o genocidio, ni
cuando tratándose de conductas dolosas la víctima sea un menor de dieciocho
años (parág. 3). Así mismo, se contempla como uno de los casos para la
aplicación del principio de oportunidad cuando “proceda la suspensión del
procedimiento a prueba en el marco de la justicia restaurativa y como
consecuencia de este se cumpla con las condiciones impuestas” (num. 7). Esta
disposición ha sido examinada en varias oportunidades por la
Corte, particularmente en las sentencias C-988 de 2006[53], C-095 de
2007[54]
y C-936 de 2010.
Respecto a las
circunstancias que ameritan el diseño de causales de aplicación de la
oportunidad penal, la Corte al repasar los antecedentes históricos encontró que
el constituyente derivado “refirió a  conflictos sociales que no
alcanzan a vulnerar materialmente bienes jurídicos, o a la necesidad de
simplificar, acelerar y hacer más eficiente la administración de justicia penal
descongestionándola de la pequeña y mediana criminalidad; así mismo puso de
presente que en el régimen procesal penal antes vigente, la oportunidad penal
ya venía operando en ´forma larvada´, mediante figuras procesales como las
preclusiones que dictaba el fiscal cuando había conciliación por indemnización
integral, desistimiento, transacción o bien aplicándola en los casos de
sentencia anticipada o audiencia especial.”[55]
Al haber deferido al legislador el señalamiento de las causales de procedencia
de la oportunidad penal, esta Corporación advirtió que el legislador goza de
una amplia potestad legislativa a la hora de señalar aquellas
circunstancias que rodean la comisión o el juzgamiento de cualquier conducta
punible, en las cuales resulta desproporcionada, inútil o irrazonable la
persecución penal.[56]
5.4.       El principio de
legalidad se constituye en uno de los primeros límites constitucionales
a la potestad de configuración legislativa en el diseño de las causales para la
aplicación del principio de oportunidad. Para que las mismas se ajusten al
artículo 250 de la Constitución, ha señalado esta Corporación, “deben ser definidas por el legislador de manera clara y precisa, de
suerte que la facultad discrecional de aplicación no se convierta en una
posibilidad de aplicación arbitraria. En virtud del carácter excepcional y
reglado del principio de oportunidad acogido por el constituyente, al
legislador le está vedado establecer causales extremadamente vagas o ambiguas
de invocación de aquél, por cuanto los ciudadanos no tendrían certeza alguna
acerca de bajo qué condiciones el órgano de investigación del Estado puede
acudir o no ante el juez de control de garantías para efectos de solicitar la
suspensión, interrupción o renuncia del ejercicio de la acción penal.”[57]
Ha reconocido la jurisprudencia constitucional
que la aplicación por el fiscal del principio de oportunidad en los casos
señalados por el legislador implica un ejercicio de “discrecionalidad reglada”
que le impone no solamente una evaluación acerca de la aplicación de las
causales legales para que opere dicho mecanismo, sino que deberá determinar si
lo que procede es la interrupción, la suspensión o la renuncia (consecuencias
de la aplicación del principio), debiendo constatar el respeto también por las
garantías del investigado.[58]
5.5.   Otros
límites a la potestad de configuración legislativa de las causales para la
aplicación del principio de oportunidad se derivan del mandato
constitucional de asegurar la vigencia de un orden justo (preámbulo y
art. 2º superior) y de los compromisos internacionales en materia de acceso
a la administración de justicia para la defensa de los derechos humanos.
Particularmente, el asegurar la efectividad de los derechos a la verdad, la
justicia y la reparación de las víctimas y del correlativo deber del
Estado de investigar, juzgar y sancionar la grave criminalidad.[59]
La obligación de hacer compatible la aplicación del principio de
oportunidad con el respeto de los derechos de las víctimas de las
conductas delictivas se desprende del Acto Legislativo 03 de 2002,[60] al asignar
al fiscal velar por la protección de las víctimas y solicitar al
juez de control de garantías las medidas necesarias que aseguren la
protección de la comunidad, en especial, de las víctimas de los
delitos.[61]
Ha dicho la Corte que los mandatos constitucionales y del derecho internacional
de los derechos humanos tienen que “ser ponderados con los intereses estatales
de racionalización de la persecución penal, que subyacen bajo la consagración
constitucional del principio de oportunidad penal. Una interpretación
sistemática de la Carta implica aceptar que la conciliación entre los
principios de celeridad y eficacia en la administración de justicia  no puede
dejar de lado la protección de los derechos fundamentales, que obran
simultáneamente como límites al diseño legal de las causales y  también a la
aplicación misma del principio de oportunidad.”[62]
La relevancia de la intervención de las víctimas en
la aplicación del principio de oportunidad (art. 250 superior),[63] ha sido
ratificada por la Corte en las sentencias C-454 de 2006, C-095 de 2007, C-209
de 2007, C-210 de 2007, C-342 de 2007, C-738 de 2008, C-936 de 2010, entre
otras.[64]
En esta última decisión la Corte manifestó que a la hora de diseñar las causales de aplicación del principio de oportunidad penal, el
legislador debe considerar que de la
Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos (art. 93
superior, bloque de constitucionalidad)[65]
emanan obligaciones en materia de protección de los derechos de las víctimas de
los delitos, los cuales tienen que ser ponderados con los intereses estatales
de racionalización de la persecución penal, que subyacen bajo la consagración
constitucional del principio de oportunidad penal. La
Corte ha establecido una doctrina que abandona una concepción reductora de los
derechos de las víctimas fundada en el resarcimiento económico, para destacar
que las víctimas con el delito tienen un derecho efectivo al proceso y a
participar en él para reivindicar también, de manera prevalente, sus derechos a
la verdad y a la justicia. El alcance de los derechos de las víctimas, ha sido
sistematizado por la jurisprudencia constitucional (C-936/10).[66]
La jurisprudencia constitucional ha incorporado en el orden
interno los estándares internacionales establecidos en los sistemas de
protección de derechos humanos, respecto de los derechos de las víctimas de
graves violaciones de derechos humanos y graves infracciones al derecho
internacional humanitario, extendiendo sus contenidos a las víctimas de los
delitos en general. En la sentencia C-209 de 2007 se dijo que los derechos de la víctima del delito a la verdad, la justicia y la
reparación integral se encuentran garantizados en el sistema penal con
tendencia acusatoria instaurado por la Ley 906 de 2004, pero dicha protección
“no implica un traslado automático de todas las formas y esquemas de
intervención en los que la víctima ejerció sus derechos en el anterior sistema
procesal penal regulado por la Ley 600 de 2000, sino que el ejercicio de sus
derechos deberá hacerse de manera compatible con los rasgos estructurales y las
características esenciales de este nuevo sistema procesal, así como con las
definiciones que el propio Constituyente adoptó al respecto, v.gr.,
caracterizar a las víctimas como intervinientes especiales a lo largo del
proceso penal, no supeditadas al fiscal, sino en los términos que autónomamente
fije el legislador (art. 250, numeral 7
C.P.).”
5.6.   La
aplicación del principio de oportunidad exige la intervención del juez de
control de garantías para ejercer el control de legalidad (art. 250
superior), como expresión del carácter reglado, que será obligatorio y
automático, y se realizará en audiencia especial en la que la víctima y el
Ministerio Público podrán controvertir la prueba aducida por la
Fiscalía General para sustentar la decisión.[67]
Bajo una interpretación sistemática del Acto Legislativo 03 de 2002
ha colegido la Corte que el constituyente derivado previó la existencia del
control judicial por parte del juez de garantías en i) todos aquellos casos en
que aparezca la necesidad de asegurar la protección de los derechos
fundamentales y ii) en cualquiera de las tres formas de operatividad del
principio de oportunidad, esto es, para interrumpir, suspender o terminar la
persecución.[68]
La
sentencia C-979 de 2005 declaró la inexequibilidad de una expresión contenida
en la versión original del artículo 327 de la
Ley 906 de 2004,[69]
toda vez que restringía el control de legalidad por parte del juez de garantías
solamente a la renuncia cuando la
Constitución prevé su operatividad en todos los eventos como lo son también
la interrupción y la suspensión.[70]
No debe desconocerse que el control que ejerce el juez de
garantías sobre la aplicación del principio de oportunidad, independientemente
de sus consecuencias provisionales, precarias o definitivas -interrupción,
suspensión y renuncia-, debe encaminarse no solamente a emitir un dictamen de
adecuación a la ley de la causal aplicada, sino que debe extenderse al control
material sobre las garantías constitucionales del imputado o acusado.[71] La decisión que
prescinda de la persecución extinguirá la acción penal, respecto del autor o
participe en cuyo favor se decida.[72]
En la sentencia C-979 de 2005 se avaló la constitucionalidad del artículo 330
de la Ley 906 de 2004[73]
que contempla como deber del Fiscal General expedir un reglamento que determine
de manera general el procedimiento interno de la entidad para asegurar que la
aplicación del principio de oportunidad cumpla sus finalidades y se ajuste a la
ley y a la Constitución, debiendo desarrollar el plan de política criminal del
Estado.[74]
6.      La suspensión del procedimiento a
prueba y la justicia restaurativa
6.1.   En el mundo contemporáneo la suspensión
a prueba del trámite de ciertos procesos penales constituye un método de
reducción del uso de la prisión y cuestionamiento al encarcelamiento como
factor de reproducción del crimen. La descriminalización y la despenalización
pueden lograrse a través de mecanismos de sustitución y de penas alternativas
(sanciones penales de carácter compensatorio y reparador), que tomen en
consideración a las partes partiendo del propio imputado y el interés de la
víctima del delito en la consecución común de una vida comunitaria menos
conflictiva. La solución de conflictos por mecanismos de intervención de la
propia voluntad de los protagonistas se convierte en instrumentos eficaces de
resolución de conflictos, al evitar la continuación del trámite de
enjuiciamiento penal. [75]
La descripción conceptual[76]
de la suspensión del procedimiento a prueba permite señalar que es un
instrumento procesal que detiene el ejercicio de la acción penal en favor del
sujeto imputado por la comisión de un ilícito, quien se somete, durante un
plazo, a una prueba en la cual deberá cumplir satisfactoriamente con
determinadas obligaciones legales para el caso concreto, a cuyo término se
declara extinguida la acción penal, sin consecuencias jurídicas penales
posteriores. En el evento de incumplirse la prueba se tiene la facultad para
revocar la medida y retomar la persecución penal contra el investigado.[77]
Del modo como está regulado en el derecho penal argentino, la suspensión del
proceso penal a prueba es un supuesto de paralización temporal del ejercicio de
la pretensión punitiva del Estado, que puede disponerse a solicitud de la
persona investigada, por el cual se impone a ésta el deber de cumplir con
ciertas condiciones durante un periodo de tiempo, de modo tal que si cumple
satisfactoriamente con ellas se extingue la acción penal, mientras que el
trámite procesal continúa su curso en el evento de incurrir en injustificados y
maliciosos incumplimientos de esas condiciones.[78]
En la legislación comparada adopta distintas
modalidades. Se han establecido sistemas que admiten la suspensión a prueba de
la persecución penal en cualquier momento del proceso o bien en algunas etapas.
Algunos funcionan desde el inicio del proceso y otros solo lo permiten en una
etapa avanzada.[79]
De esta forma, dichos sistemas tienen en común que el proceso en algunas de sus
fases puede suspenderse a prueba, radicando la diferencia es en la etapa del
proceso en la que resulta admisible. No debe olvidarse que también funciona
como modo de evitar el cumplimiento de la pena producto de una sentencia
condenatoria.[80]
En Argentina se suspende el trámite del proceso penal en cualquiera de sus
etapas, por lo que admite paralizar el trámite judicial desde el comienzo del
proceso, vinculándose con cualquier sistema de diversión, cuya
operatividad no debe esperar necesariamente hasta proferirse la sentencia, sino
que procede en cualquier etapa anterior. En los Estados Unidos se basa en el
principio de oportunidad procesal amplio, por lo que los sistema de diversión
se aplican en general a numerosos casos que de otra manera no hubieren
ingresado al sistema judicial. Otra modalidad de suspensión a prueba
corresponde con los sistemas de probation del derecho anglosajón, una de
las cuales consiste en paralizar el proceso recién en el momento de su
conclusión, previo al pronunciamiento de la sentencia o inmediatamente después
de declarada la culpabilidad y antes de determinar la pena a aplicar.[81]
Para la suspensión del pronunciamiento de la condena
Inglaterra exige la previa declaración de culpabilidad -conviction-,
mientras que en Estados Unidos, la probation se aplica sin precedente
declaración de culpabilidad. Cada día se impone el principio de oportunidad
como un sistema más de diversión. Países como Escocia y Holanda utilizan la
oportunidad unida a la imposición de ciertas medidas sustitutivas de la pena y
favorecedora de la reinserción social del reo. Legislaciones como la alemana,
italiana, belga, noruega, portuguesa, irlandesa, danesa, luxemburguesa, polaca,
de ciertos cantones suizo y en menor medida la francesa, contemplan en catálogo
cerrado para concretos delitos  o delitos menores, in genere, la
aplicación del principio de oportunidad por el Ministerio Público,
absteniéndose sin más de la acusación o suspendiendo ésta bajo ciertas
condiciones, cuyo cumplimiento se impone al acusado.[82]
Los sistemas de suspensión a prueba han venido teniendo aplicación no solo para
delitos leves, sino también para aquellos que revisten de verdadera gravedad.
Su aplicación no queda reservada en general para imputados que carezcan de
antecedentes penales, sino que procede aún para quienes registren condenas
anteriores. En Inglaterra en principio es aplicable a todo género de delitos,
igual que en Estados Unidos.[83]
6.2.   En Colombia uno de los casos de
aplicación del principio de oportunidad es cuando proceda la “suspensión del
procedimiento a prueba” en el marco de la justicia restaurativa y como
consecuencia de este se cumpla con las condiciones impuestas (num. 7, art. 324,
Ley 906 de 2004). Por tanto, un supuesto de la operatividad del principio de
oportunidad es la suspensión de la investigación o de la persecución penal, configurada
por la ley procesal penal en los artículos 325[84]
y 326.[85]
La Corte ha señalado que esta modalidad de ejercicio
del principio de oportunidad consiste en “la prerrogativa para el
imputado [hoy también para el acusado] de solicitar al fiscal la suspensión de
la actuación por un periodo de prueba que no podrá ser superior a tres (3)
años, acompañada del ofrecimiento de un plan de reparación integral del daño.
Es un espacio para la aplicación de mecanismos de justicia restaurativa,
particularmente la mediación, en los eventos en que ésta resulte procedente. La
suspensión se otorga supeditada al cumplimiento de unas condiciones previstas
en la ley, que impone el fiscal, quien también está facultado para aprobar o
modificar  el plan de reparación propuesto por el imputado, conforme a los
principios de justicia restaurativa establecidos en la ley.”[86]
6.3.   La sentencia C-979 de 2005 al declarar la
inexequibilidad parcial[87]
de la versión inicial del artículo 327[88]
de la Ley 906 de 2004, por haber despojado de control judicial obligatorio y
automático al principio de oportunidad[89]
en relación con el supuesto único de la renuncia,[90]
refirió en términos generales[91]
a las condiciones que puede imponer el fiscal al imputado durante el tiempo de
suspensión del procedimiento a prueba (art. 326),[92] que con la reforma
introducida por el artículo 4º de la Ley 1312 de 2009, comprende también al
acusado y hasta antes de la audiencia de juzgamiento, además que en esencia
constituyen las mismas situaciones salvo la introducción del literal m).[93] En dicha decisión,
después de una lectura de cada una de las condiciones para la suspensión del
procedimiento a prueba, la Corte llegó a las siguientes conclusiones:
En primer lugar, encuentra que tales
medidas involucran restricciones a los derechos fundamentales que tocan con la
libertad personal, la libertad de locomoción y la intimidad -nums. 1[94], 6[95], 11[96], inciso final[97]-, en tanto que otras
entrañan una intromisión al ámbito de la autonomía individual -nums. 2[98], 3[99], 8[100], 9[101], 10[102]-, por lo que no
pueden quedar sustraídas del control jurisdiccional. En segundo lugar, señaló
que muchas de las condiciones previstas en el marco de la suspensión del
proceso tienen el mismo alcance de ciertas medidas de aseguramiento no
privativas de la libertad pero sí de otros derechos (art. 307 b, Ley 906/04),
que solo pueden imponerse por el juez de control de garantías. Así del artículo
326 el inciso final[103]
queda cobijado por el art. 307.b.1 y 307.b.2;[104]
el num. 11[105]
coincide con el art. 307.b.4.[106]
Observó la Corte que por vía de suspensión del
procedimiento se autoriza al fiscal adoptar medidas que envuelven
interferencias más drásticas sobre la autonomía del individuo (art. 16
superior) que las propias medidas de aseguramiento. Así las restricciones
relativas al derecho a elegir el lugar de residencia y de libertad de
locomoción, que como medida de aseguramiento consisten en la prohibición de
salir del país o del ámbito territorial que fije el juez (art. 307.b.5), como condición
asociada a la suspensión del proceso se extiende a la obligación de residir en
un lugar determinado e informar al fiscal cualquier cambio del mismo (art.
326.1). Explicó que medidas como participar en programas especiales de
tratamiento con el fin de superar problemas de dependencia a drogas o bebidas
alcohólicas, someterse a un tratamiento médico o sicológico e incluso la
manifestación pública de arrepentimiento por el hecho que se imputa (art.
326.2.4.10), no están contempladas como medidas de aseguramiento (art. 307), ni
siquiera como penas privativas de otros derechos (art. 43, Ley 599/00). Otras
de las condiciones tienen el mismo contenido de ciertas penas privativas de
otros derechos que corresponden a la competencia exclusiva del juez de
conocimiento. Cita como ejemplo la prohibición de poseer o portar armas de
fuego o la de conducir vehículos automotores (art. 326.5.6), que corresponden
en su contenido a penas privativas de derechos conforme al artículo 43.5[107].6[108]
del Código Penal.[109]
6.4.   Los artículos 518
a 521 de la Ley 906 de 2004 contienen las disposiciones generales sobre justicia
restaurativa. Por programa de justicia restaurativa entiende todo
proceso en el que la víctima y el imputado, acusado o sentenciado participan
conjuntamente de forma activa en la resolución de cuestiones derivadas del
delito en busca de un resultado restaurativo, con o sin la participación de un
facilitador. Entiende por resultado restaurativo el acuerdo encaminado a
atender las necesidades y responsabilidades individuales y colectivas de las
partes y a lograr la reintegración de la víctima y del infractor en la comunidad
en busca de la reparación, la restitución y el servicio a la comunidad (art.
518).
Los procesos de justicia restaurativa se rigen por los
principios generales del Código de Procedimiento Penal y particularmente por
las siguientes reglas (art. 519):
1.
Consentimiento libre y voluntario de la víctima y el imputado, acusado o
sentenciado de someter el conflicto a un proceso restaurativo. Tanto uno como
los otros podrán retirar este consentimiento en cualquier momento de la
actuación.
2.
Los acuerdos que se alcancen deberán contener obligaciones razonables y
proporcionadas con el daño ocasionado con el delito.
3.
La participación del imputado, acusado o sentenciado no se utilizará
como prueba de admisión de culpabilidad en los procedimiento jurídicos ulteriores.
4.
El incumplimiento de un acuerdo no deberá utilizarse como fundamento
para una condena o para la agravación de la pena.
5.
Los facilitadores deben desempeñar sus funciones de manera imparcial y
velarán porque la víctima y el imputado, acusado o sentenciado actúen como
mutuo respeto.
6.
La víctima y el imputado, acusado o sentenciado tendrá derecho a
consultar a un abogado.
El fiscal o el juez, para remitir un caso a los
programas de justicia restaurativa deberá i) informar plenamente a las partes
de sus derechos, de la naturaleza del proceso y de las posibles consecuencias
de su decisión y ii) cerciorarse que no se haya coaccionado a la víctima ni al
infractor para que participen en proceso restaurativos o acepten resultados
restaurativos, ni se los haya inducido a hacerlo por medios desleales (art.
520). Finalmente, se instituyen como mecanismos de justicia restaurativa i) la
conciliación preprocesal[110],
ii) la conciliación en el incidente de reparación integral y iii) la mediación[111]
(art. 521, Ley 906 de 2004).
La Corte ha
referido a la justicia restaurativa como mecanismo alternativo para la
resolución de conflictos. En la sentencia C-979 de 2005[112] examinó las
facultades conferidas al Fiscal General para expedir un reglamento que
garantice el procedimiento interno para asegurar la aplicación del principio de
oportunidad y para elaborar un manual que fije las directrices de
funcionamiento de la mediación en materia de justicia restaurativa.[113] Luego de mencionar
las múltiples disfunciones que plantea el sistema penal tradicionalmente
justificado en fines principalmente retributivos y punitivos, explica la
decisión que en la actualidad se presenta un significativo auge de nuevos
enfoques que se fundamentan en la introducción de una perspectiva restauradora
como paradigma alternativo. Así la justicia restaurativa busca rescatar la
importancia que tiene para la sociedad la reconstrucción de las relaciones
entre víctima y victimario en relación con el daño inferido. Afirmó esta
Corporación que el sistema penal debe orientarse “a la satisfacción de los intereses de las víctimas (reconocer su
sufrimiento, repararle el daño inferido y restaurarla en su dignidad), al restablecimiento
de la paz social y  a la reincorporación del infractor a la comunidad a fin de
restablecer los lazos sociales quebrantados por el delito, replanteando el
concepto de castigo retributivo que resulta insuficiente para el
restablecimiento de la convivencia social pacífica.”[114]
Este modelo de justicia propicia
que el ofensor se enfrente con sus propios actos y sus consecuencias, adquiera
conciencia sobre el daño generado, reconozca y asuma sus responsabilidades y
repare el agravio, lo cual es un enfoque apoyado en las necesidades
emocionales, relacionales y reparatorias de los involucrados en el conflicto.
Demanda el mayor grado de subsanación posible del daño, bajo un enfoque
cooperativo que pretende generar un espacio para que los implicados se reúnan,
compartan sus sentimientos y elaboren un plan de reparación que satisfaga
intereses y necesidades recíprocas. Todo lo cual encuentra fundamento en el
Acto Legislativo 03 de 2002, al expresar en el numeral 7 que la ley fijará los
mecanismos de justicia restaurativa.[115]
La comunidad internacional no ha sido ajena a
la relevancia de la aplicación de la justicia restaurativa en los sistemas
nacionales. Como lo anotó la sentencia a la cual se alude, C-979 de 2005, el 27
de julio de 2000 el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas expidió la
Resolución 2000/14 que establece los “Principios básicos sobre la utilización
de programas de justicia restaurativa en materia penal”.[116]
Adicionalmente, del informe del Grupo
de Expertos creado por el Consejo
Económico y Social de las Naciones Unidas a la
Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal,[117] se destaca: (i) la importancia que reviste
en el concierto internacional el tema de la justicia restaurativa como
mecanismo complementario de la justicia penal; (ii) la revaluación que este
instituto plantea en las relaciones entre la víctima, el ofensor y el Estado; (iii)
la necesidad de que los mecanismos de justicia restaurativa, no obstante la
flexibilidad que introducen, se manejen dentro del imperio de la ley y su
supervisión siempre esté a cargo del Estado; y (iv) la importancia de que su
instauración atienda las particularidades de cada sistema jurídico, y los
rasgos culturales de la sociedad en que se aplica.
A nivel de la configuración de los mecanismos de
justicia restaurativa, la Corte  en la mencionada decisión puso de presente el
contenido del artículo 521 de la Ley 906 de 2004, que aludió a los mecanismos
de justicia restaurativa, aunque no por ello dejó de reconocer que su ámbito y
posibilidades de aplicación no se agostan en ellos.
6.5.   Bajo el capítulo II, del libro VI, denominado “conciliación
preprocesal”, el artículo 522[118]
de la Ley 906 de 2004 alude a la conciliación en los delitos querellables.[119]
Esta Corporación en la sentencia C-591 de 2005 declaró exequibles, por los
cargos examinados, los incisos 1 y 2 de dicha disposición destacando el papel
que debe cumplir la Fiscalía General en relación con las víctimas en el nuevo
sistema procesal penal de tendencia acusatoria y aplicando al nuevo modelo las
líneas jurisprudenciales en materia de conciliación. En dicha decisión se
indicó que el Acto Legislativo 03 de 2002 no introdujo cambio alguno en materia
de mecanismos de solución alternativa de conflictos, aunque sí modificó algunas
de las funciones que está llamada a cumplir la
Fiscalía en relación con las víctimas de los delitos, competencias que no se
oponen a que la fiscalía en materia de delitos querellables continúe realizando
una labor de conciliador teniendo aplicación la jurisprudencia que sobre la
materia ha sentado la Corte, porque el órgano de investigación sigue siendo
parte de la rama judicial y su actividad continúa regida por los principios de
independencia e imparcialidad, inherentes a la actividad del conciliador.[120]
6.6.   En cuanto al incidente
de reparación integral como mecanismo de justicia restaurativa, el
capítulo IV del titulo II, refiere al “ejercicio del incidente de reparación
integral”, contenido en los artículos 101
a 108 de la Ley 906 de 2004, que aluden principalmente a la procedencia y
ejercicio del incidente,[121]
trámite, audiencia de pruebas y alegaciones  y decisión de reparación integral.
En la sentencia C-979 de 2005 se manifestó que “la configuración que introduce
el legislador sobre este mecanismo restaurador, permite al juez un amplio
margen de maniobrabilidad orientado a propiciar a esta altura del proceso una
conciliación entre víctima y sentenciado a cerca de la pretensión de reparación
integral. Así, si en una primera audiencia fracasa en el propósito
conciliatorio, puede convocar a una segunda audiencia para insistir en la
búsqueda del acuerdo conciliatorio que ponga fin al incidente; de concretarse,
se incorporará a la decisión condenatoria. En caso contrario corresponderá al
juez decidir sobre la pretensión, teniendo en cuenta las pruebas presentadas
por los interesados y los argumentos expuestos a favor de sus pretensiones. La
decisión se adoptará en la misma audiencia y se incorporará a la sentencia de
responsabilidad penal.”
6.7.   Por último, la mediación se
encuentra prevista en el capítulo III del libro IV, en los artículos 523
a 527 de la Ley 906 de 2004, que conciernen al concepto[122],
la procedencia[123],
la solicitud[124],
los efectos[125]
y las directrices.[126]
En la sentencia C-979 de 2005 la Corte señaló que “es un mecanismo que genera
un espacio institucional para que la víctima y el ofensor (imputado o acusado)
intercambien opiniones y confronten sus puntos de vista, para que a través de
un mediador, que conforme a la ley debe ser neutral, logren solucionar el
conflicto suscitado con ocasión de la conducta punible.” En el ámbito normativo
internacional las cuatro formas de reparación son la restitución, la indemnización,
la rehabilitación y la satisfacción y garantía de no repetición, las cuales son
complementarias a fin de lograr la reparación adecuada.[127]
En suma, estos mecanismos restauradores en el contexto
normativo internacional no pretenden ser limitativos sino complementarios de
las modalidades previstas en el inciso 2 del artículo 523 de la
Ley 906 de 2004.
7.
El libre
desarrollo de la personalidad y sus límites constitucionales
7.1.   Un Estado que se predique
humanista opta por el mayor grado de respeto por las libertades fundamentales. La
Constitución Política y los tratados internacionales de derechos humanos
salvaguardan el “libre desarrollo de la personalidad”. El artículo 16 superior
señala: “Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su
personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás
y el orden jurídico.” Por su parte, la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948, garantiza a toda persona
el “desarrollo libre y pleno de la personalidad”.[128]
Desde sus albores esta Corte ha
edificado una jurisprudencia consolidada en torno a su defensa. Como derecho
personalísimo encuentra sustento principal en los principios de dignidad humana
y pluralista (art. 1º superior), asiento del Estado social de derecho. De la
libertad como valor superior, principio constitucional y derecho fundamental,
se sigue el reconocimiento de la persona como un ser con capacidad de
autodeterminación y legitimado para exigir su protección. Su interpretación
debe tomar como punto de partida la expresión “libre”, en la medida que
“corresponde a la propia persona optar por su plan de vida y desarrollar su
personalidad conforme a sus intereses, deseos y convicciones, siempre y cuando
no afecte derechos de terceros ni vulnere el orden constitucional.”[129]
7.2.   El núcleo esencial lo
comprende “aquellas decisiones que una persona toma durante su existencia y que
son consustanciales a la determinación autónoma de un modelo de vida y de una
visión de su dignidad. En una sociedad respetuosa de la autonomía y la
dignidad, es la propia persona quien define, sin interferencias ajenas, el
sentido de su propia existencia y el significado que atribuye a la vida y al
universo.”[130]
El vivir en comunidad y poder experimentar ser iguales y libres respecto a los
demás, incluye la posibilidad de actuar y sentir de manera diferente, fijar sus
opciones de vida acorde con las propias elecciones y anhelos, en la demanda de
respeto de esas decisiones por los demás miembros de la sociedad.[131] De tal manera que
involucra la libertad in nuce, porque cualquier tipo de libertad se
reduce finalmente a ella, constituyendo el fundamento último de los derechos
que tiendan a la protección de las opciones vitales que adopte cada persona de manera
autónoma.[132]
Reconocer la
autonomía personal es “constatar el ámbito que le corresponde como sujeto
ético: dejarla que decida sobre lo más radicalmente humano, sobre lo bueno y lo
malo, sobre el sentido de su existencia.” De ahí que decidir por cada sujeto es
“arrebatarle brutalmente su condición ética, reducirla a objeto, cosificarla,
convertirla en medio para los fines que por fuera de ella se eligen.”[133] Ello ha permitido
sostener a este Tribunal que “el ámbito que encierra el libre desarrollo
de la personalidad, comprende la libertad general de acción, esto es, ´la
libertad general de hacer o no hacer lo que se considere conveniente´. La amplitud de su objeto se explica por el
propósito del Constituyente de reconocer un derecho completo a la autonomía
personal, de suerte que la protección de este bien no se limite a los derechos
especiales de libertad que se recogen en el texto constitucional, sino que las
restantes manifestaciones bajo la forma de derechos subjetivos de autonomía
ingresen en el campo del libre desarrollo de la personalidad. El mencionado
derecho representa la cláusula de cierre de la libertad individual”.[134]
7.3.   Ahora
bien, siendo uno de los derechos más importantes del individuo y, por tanto,
merecedor de una protección intensa al resguardar las opciones de vida que los
individuos acogen en uso de sus facultades de juicio y autodeterminación, no
impide que pueda ser ponderado en  relación con otros bienes o derechos
constitucionales[135].
El enunciado “sin más limitaciones que la que imponen los derechos de los
demás y el orden jurídico”, que complementa el artículo 16 superior,
permite afirmar que pueden establecerse limitaciones al libre desarrollo de la
personalidad, las cuales serán válidas siempre que armonicen plenamente con la
Constitución[136].
Disposición que debe apreciarse en correspondencia con el artículo 95.1 de la
Constitución, que consagra como deberes de la persona y del ciudadano el
“respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios”.
Aquellos comportamientos que solo
conciernen a la persona y, por ende, son expresiones propias del núcleo
básico del derecho al libre desarrollo de la personalidad, no pueden ser
restringidos por el legislador. El nexo intenso que tiene con el pluralismo
permite aseverar la relevancia de mantener viva esta libertad para que puedan
coexistir las más diversas formas de vida humana, respecto a las cuales el
Estado debe ser neutral.[137]
El llamado “perfeccionismo” o “moralismo jurídico”, que considera como deber
del ordenamiento jurídico emplear instrumentos coactivos para imponer
determinados modelos de virtud o de excelencia humana, está proscrito
constitucionalmente.[138]
No resultan suficientes para restringir este derecho las simples
invocaciones del interés general, de los deberes sociales, de los derechos
ajenos de rango legal y de argumentos morales.[139]
7.4.   En la sentencia C-040 de 2006 se declararon
inexequibles los artículos 1° y 4° del Decreto Ley
1136 de 1970, al permitir la reclusión en asilo, hospital, clínica u otro
establecimiento a quienes en lugar público o abierto al público ejerciera la
mendicidad, además de prever el sometimiento a tratamiento médico al que perturbe
la tranquilidad pública como consecuencia de estado de intoxicación crónica
producida por el alcohol, enfermedad mental o consumo de estupefacientes o
alucinógenos, hasta obtener su curación o rehabilitación. Al señalar esta
Corporación que la mendicidad no es un delito ni una
contravención y, por consiguiente, no puede existir sanción alguna por su
ejercicio, enfatizó que las políticas perfeccionistas no son de recibo, además que la conducta descrita es indeterminada al no establecer cuáles
actos son los que perturban la tranquilidad pública, fuera de que el Estado
tiene un constante deber con las personas de proporcionarles bienestar.
En la sentencia C-350 de 2009 la
Corte declaró la inexequibilidad de la disposición del Código Disciplinario
Único que establecía como prohibición a todo servidor público de ejecutar en el
lugar de trabajo actos que atenten contra la moral o las buenas costumbres.[140]
Luego de denotar el grado de indeterminación de los conceptos
acusados en un contexto sancionatorio al ofrecer un amplio margen de
discrecionalidad a la autoridad encargada de establecer si un servidor incurrió
en tal prohibición, indicó que la conducta carece de una relación con las
exigencias propias de su desempeño, por lo que terminaría comprometiendo
ámbitos individuales en los que las personas desarrollan libremente su
personalidad, sin que pueda entenderse con ello el desconocimiento del valor
que tiene la moralidad pública en un Estado social de derecho.
7.5.   En opinión de Rawls, uno de los principios de
justicia consiste en que “cada persona ha de tener un derecho igual al más
amplio sistema total de libertades básicas, compatible con un sistema similar
de libertad para todos.”[141]
Es en función de la libertad de los demás y solo de ella que se puede
restringir mi libertad.[142]
El reconocimiento como un ser libre debe ejercerse en el contexto social
en que se desenvuelve. Las personas como miembros de la comunidad tienen una “condición
social”, que constituye un factor a considerar por la ley en la pretensión
de “armonizar el despliegue simultáneo de las libertades
individuales y la necesaria conjugación de las conductas cuando ello sea
necesario para alcanzar fines sociales merecedores de tutela constitucional.”[143] Por esta razón, la
represión legítima de una opción personal debe tener lugar exclusivamente
frente a circunstancias que generen violaciones reales a los derechos de
los demás y comprometa valores objetivos del ordenamiento jurídico, localizados
en la zona de penumbra y siempre que superen criterios de
razonabilidad y proporcionalidad.[144]
Puede, entonces, colegirse que las restricciones legítimas al libre
desarrollo de la personalidad se reducen a aquellas que efectivamente pretendan
proteger los derechos ajenos y el orden constitucional.[145]
No es por tanto un derecho de carácter absoluto.[146]
8.      La drogadicción, el alcoholismo y los
enfermos físicos y mentales en el derecho procesal penal
8.1.   Ha afirmado este Tribunal que el libre
desarrollo de la personalidad no puede ser invocado para desconocer los
derechos de otros, ni los colectivos, ni mucho menos para limitar la capacidad
punitiva del Estado respecto a comportamientos que pongan en peligro o lesionen
derechos reconocidos a las personas o bienes jurídicos como la salud pública,
la seguridad pública, el orden económico y social, entre otros.[147]
El derecho es una forma de regulación de la conducta interferida, es decir, las
acciones de un sujeto en la medida que injieren en el ámbito de otra se
entrecruzan con ella. En tanto esto no ocurra, ha manifestado esta Corporación,
es la norma moral la que evalúa la conducta de la persona, por lo que se afirma
que mientras la norma jurídica es bilateral la moral es unilateral, dado que
las obligaciones que impone no crean a favor de alguien la facultad de exigir
una conducta debida. En el terreno del derecho el legislador puede señalar la
forma en que el individuo debe comportarse con otros, pero no la manera en que
ha de conducirse consigo mismo, siempre que no interfiera el campo de acción de
otros.[148]
Por esta razón, toda interferencia del Estado en la
conducta humana que no se oriente a proteger los derechos de los demás y el
orden superior, estableciendo límites al derecho fundamental a la libertad,
resulta contraria a la Constitución al restringir ilegítimamente su ejercicio.
Los solos argumentos morales que no incidan en los derechos ajenos, ni tengan
reconocimiento jurídico, resultan insuficientes para limitar la cláusula
general de libertad, aunque para muchas personas tales comportamientos puedan
resultar moralmente reprochables.[149]
La autonomía personal no puede limitarse sino en la medida en que entra en
conflicto con la autonomía ajena,[150]
de lo contrario se terminaría comprometiendo ámbitos individuales en los que
las personas desarrollan libremente su personalidad.[151]
La característica esencial del
derecho es la coacción, ya que la obediencia a los enunciados de la moral queda
sujeta a la voluntad individuo.[152]
No obstante, la jurisprudencia constitucional ha destacado que la ley como
síntesis de la deliberación democrática, no está exenta de valoraciones de
contenido ético-social. De ahí que este Tribunal ha admitido que la moralidad
pública puede ser fuente de restricciones a la libertad, cuando racionalmente es
indispensable para conjugar la libertad individual con la responsabilidad y la
solidaridad que hacen posible un modelo de democracia constitucional.[153] La
incorporación legal de criterios morales para definir situaciones jurídicas ha
sido examinada pudiendo determinarse que si bien se ha desechado la adopción
jurídica de sistemas morales particulares, ha convalidado la noción de moral
social como criterio al cual puede acudir el juez constitucional para
determinar la conformidad con la
Carta Política.[154]
8.2.   En materia de política criminal el elemento común a cualquier
sistema de imputación penal radica en el contenido de injusticia que se
atribuye al delito -antijuridicidad-. La
Corte ha observado que la puesta en peligro o lesión de un bien jurídico compromete
los derechos ajenos y el orden jurídico. De ahí que “el ejercicio responsable de
la libertad implique no afectar derechos ajenos y, al tiempo, no desconocer la
capacidad reguladora del derecho como instrumento de vida civilizada, en todo
aquello que trascienda el ámbito interno de la persona.”[155] Luego la tipificación
de conductas penales constituye un límite al libre desarrollo de la
personalidad, impuesto por el ordenamiento jurídico, que será legítimo si los
comportamientos regulados son susceptibles de afectar los derechos de los demás
y el orden constitucional, de lo contrario “a la sombra de la penalización de
conductas se encontrarían delirios autoritarios.”[156] El proceso penal
persigue hechos con incidencia jurídica, esto es, aquellos que una vez
calificados jurídicamente producen consecuencias imperativas y vinculantes. En
esta medida, “sólo resultan apreciables judicialmente los hechos que tienen
incidencia para el derecho. La conducta humana sólo es relevante en el
proceso penal si puede calificarse como típica, antijurídica y culpable.”[157]
De este modo, el derecho fundamental al libre desarrollo de la
personalidad “no habilita a la persona para la comisión indiscriminada de
delitos.”[158]
8.3.   En torno al tratamiento
político criminal del porte, conservación para uso o consumo de sustancia
estupefaciente en dosis para uso personal, este Tribunal se pronunció
inicialmente en la sentencia C-221 de 1994, declarando exequible el literal j) del artículo 2[159]
e inexequibles los artículos 51[160]
y 87[161]
de la Ley 30 de 1986, Estatuto Nacional de Estupefacientes. Sobre la definición
de dosis para uso personal lo declaró ajustado a la
Constitución, toda vez que “constituye un ejercicio
de la facultad legislativa inscrito dentro de la órbita precisa de su
competencia. Porque determinar una dosis para consumo personal, implica fijar
los límites de una actividad lícita (que sólo toca con la libertad del
consumidor), con otra ilícita: el narcotráfico que, en función del lucro,
estimula tendencias que se estiman socialmente indeseables”.[162]
En cuanto a los
artículo 51 y 87 que, de una parte, erigió en contravención el porte, conservación para el consumo o consumo de cocaína,
marihuana o cualquier otra droga que produzca dependencia, en cantidad
considerada como dosis personal, imponiendo una pena de arresto entre 30 días y
un año, dependiendo de si se era o no reincidente y, de otro lado, dispuso el
internamiento forzado para quien fuere dictaminado como drogadicto, la
Corte lo halló contrario a la autonomía individual, la dignidad humana, la
igualdad, la primacía de los derechos inalienables del ser humano y la
efectividad de los principios, derechos y deberes constitucionales:
“Que una persona que no ha cometido ninguna infracción penal
sea obligada a recibir tratamiento médico contra una ´enfermedad´ de la que no
quiere curarse, es abiertamente atentatorio de la libertad y de la autonomía
consagradas en el artículo 16, como ´libre desarrollo de la personalidad´.
Resulta pertinente, en este punto, remitir a las consideraciones hechas atrás
acerca del internamiento en establecimiento psiquiátrico o similar,
considerado, bien bajo la perspectiva del tratamiento médico, bien bajo la
perspectiva de la pena. Si se adopta la primera, la norma resulta
inconstitucional por violentar la voluntad del destinatario mediante la
subrogación de su capacidad de decidir, por la decisión del juez o del médico.
Cada quien es libre de elegir qué enfermedades se trata y si es o no el caso de
recuperar la ´salud´, tal como se concibe de acuerdo con el criterio oficial. Si
se adopta la segunda, la evidencia de inconstitucionalidad es aún mayor, pues
no sólo es inconcebible sino monstruoso y contrario a los más
elementales principios de un derecho civilizado, que a una persona se le
sancione sin haber infringido norma alguna, o se le compela a recibir un
tratamiento médico que no desea. Ahora bien: la protección de los disminuidos
"físicos, sensoriales y psíquicos" hay que entenderla como una
obligación del Estado frente a las personas que, hallándose en una de esas situaciones,
la soliciten, creándose así una situación ventajosa para ellas, que tienen,
entonces, la facultad de exigir dicha ayuda y no la obligación de soportar las
decisiones que en contra de su autonomía resuelva tomar el Estado, el cual, se
repite, dentro de nuestro ordenamiento, no puede asumirse como dueño de la
voluntad y la vida de los destinatarios.”[163]
Adicionalmente,
se sostuvo que a una persona no puede castigarla por lo que posiblemente hará,
sino por lo que efectivamente hace. Se cita al profesor Thomas Szasz, crítico
agudo de lo que pudiera llamarse el totalitarismo psiquiátrico: "en una
sociedad de hombres libres, cada uno debe ser responsable de sus actos y
sancionado como tal. Si el drogadicto comete un crimen, debe ser castigado por
ese crimen, no por ser drogadicto. Si el cleptómano roba, si el pirómano
incendia, si el regicida asesina, todos deben caer bajo el peso de la ley y ser
castigados."[164]
Al preguntarse: ¿qué puede hacer el Estado si encuentra
indeseable el consumo de narcóticos y estupefacientes y juzga deseable
evitarlo, sin vulnerar la libertad de las personas?, respondió la
Corte que la vía adecuada consiste en brindar a la comunidad las posibilidades
de educarse: “se trata de que cada persona elija
su forma de vida responsablemente y para lograr ese objetivo es preciso remover
el obstáculo mayor y definitivo: la ignorancia. El conocimiento es un
presupuesto esencial de la elección libre y si la elección, cualquiera que ella
sea, tiene esa connotación, no hay alternativa distinta a respetarla, siempre
que satisfaga las condiciones a saber: que no resulte atentatoria de la órbita
de la libertad de los demás y que si se juzga dañina sólo afecte a quien
libremente la toma.”[165]
8.4.   Con
posterioridad a esta decisión se presentaron varios intentos de reforma
constitucional a través de los mecanismos del referendo constitucional o de
acto legislativo. Las iniciales propuestas se encaminaron en la modificación
del artículo 16 (libre desarrollo de la personalidad), mientras que a partir
del 2007 se enfocaron sobre el artículo 49 (salud) de la
Constitución.[166]
Así vino el Acto Legislativo 02 de 2009,[167] que
reformó el artículo 49 de la  Constitución:
"[…] El porte y el
consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas está prohibido, salvo
prescripción médica. Con fines preventivos y rehabilitadores la ley establecerá
medidas y tratamientos administrativos de orden pedagógico, profiláctico o
terapéutico para las personas que consuman dichas sustancias. El sometimiento a
esas medidas y tratamientos requiere el consentimiento informado del
adicto.
Así mismo el Estado dedicará especial atención al enfermo
dependiente o adicto y a su familia para fortalecerla en valores y principios
que contribuyan a prevenir comportamientos que afecten el cuidado integral de
la salud de las personas y, por consiguiente, de la comunidad, y desarrollará
en forma permanente campañas de prevención contra el consumo de drogas o
sustancias estupefacientes y en favor de la recuperación de los adictos.”
En la sentencia C-574 de 2011,[168]
la Corte realizó una interpretación histórica, sistemática, teleológica y
literal de este acto legislativo en orden a determinar con la mayor precisión posible
su alcance. En la exposición de motivos y en el curso de los debates
insistentemente se hizo referencia a que la
iniciativa no pretende penalizar con medida privativa de la libertad al
consumidor, sino acompañarlo con alternativas pedagógicas, profilácticas y
terapéuticas que le ayudaren a él y a su familia a superar sus dificultades. Esto
en contraste con la Ley 30 de 1986, donde el porte y el consumo de cualquier
estupefaciente eran penalizados. Además, el Gobierno propuso que el legislador
fuera el encargado de reglamentar cómo se hacen efectivas las medidas
especiales para quienes sean detenidos o capturados consumiendo sustancias
estupefacientes o portando dosis compatibles con el uso personal,
distinguiéndolos de aquellos que portan las sustancias prohibidas con fines de
provecho económico ilícito.[169] La interpretación sistemática del
inciso sexto del acto legislativo con el resto del artículo 49 de la
Constitución, permitió a este Tribunal señalar:
“i. Que la prohibición del porte y
consumo de estupefacientes y sustancias sicotrópicas para el sometimiento a
medidas administrativas de orden pedagógico, profiláctico, terapéutico con el
consentimiento informado del adicto, se correspondería con el deber de procurar
el cuidado integral de la salud de la persona y de la comunidad, contenido en
el inciso quinto del artículo.
ii.       Que
no solamente se establecen las medidas pedagógicas, administrativas y
terapéuticas para el adicto que consienta de forma informada someterse a dichas
medidas y tratamientos, sino que el Estado dedicará especial atención al
enfermo dependiente o adicto y a su familia, con el desarrollo permanente de
campañas de prevención contra el consumo de drogas o sustancias estupefacientes
y a favor de la recuperación de los adictos.
iii.    Por
último, que el sometimiento a las medidas y tratamientos para los adictos y
dependientes que porten y consuman sustancias estupefacientes y sicotrópicas, y
que consientan de manera informada someterse a las medidas y tratamientos de
orden pedagógico, profiláctico o terapéutico, deberá proveerse por parte del
Estado o por los particulares o por parte del sistema de salud de acuerdo a los
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.”
Sostuvo
este Tribunal que una interpretación del inciso sexto del artículo 49 con el
resto de la Constitución debe comprometer un concepto amplio de dignidad que
implique autodeterminación; el derecho a la vida y el deber del Estado de
protegerla; la prevalencia de los derechos de los niños; la protección y la
formación integral de los adolescentes; la obligación de adelantar una política
de previsión, rehabilitación e integración social de los disminuidos físicos,
sensoriales y síquicos a quienes se prestará atención especializada; el derecho
a la salud y al saneamiento ambiental; y los deberes del artículo 95 que
establece que toda persona tiene la obligación de respetar los derechos ajenos
y no abusar de los propios. Una interpretación teleológica
llevó a sostener que solo se puedan establecer medidas preventivas y
rehabilitadoras de carácter pedagógico, profiláctico y terapéutico, siempre que
se haya dado el consentimiento informado del adicto.
Desde el punto de vista semántico esta Corporación se refirió al
apartado “El porte y consumo de sustancias estupefacientes o
sicotrópicas está prohibido, salvo prescripción médica.”[170]
En relación con la última oración del inciso sexto del artículo 49 superior,
que expresa: “el sometimiento a esas medidas y tratamientos requiere el
consentimiento informado del adicto”, la sentencia C-574 de 2011 determinó el
alcance de la expresión “consentimiento informado.”[171]
Por último, también se refirió al concepto de “adicto”.[172] En consecuencia, la
sentencia C-574 de 2011 concluyó desde el punto de vista sistemático,
teleológico y literal que la prohibición que se establece en el inciso sexto
del artículo 49 de la Constitución, la cual en un primer momento parece de
carácter absoluto, se limitaría o restringiría, ya que las medidas
administrativas de carácter pedagógico, terapéutico y profiláctico solo se
podrían dar con el consentimiento informado del adicto.
8.5.   La
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en su función de
intérprete autorizado de la ley penal -derecho viviente-, ha desarrollado una sólida
línea jurisprudencial en materia de tratamiento político criminal del porte de
dosis personal de sustancia estupefaciente.[173]
La sentencia C-491 de 2012,[174]
particularmente en lo concerniente a la situación de la persona que ha
alcanzado el grado de “narcodependiente”, ratificó que el adicto es un enfermo que debe ser objeto de medidas de protección y
rehabilitación, ajenas al ámbito punitivo, que además, deben contar con su
consentimiento informado -Acto Legislativo 02 de 2009-, que no obstante partir
de una prohibición general al consumo y porte de sustancias sicoactivas,
estableció para su tratamiento una serie de estrategias que se ubican en el
ámbito  del  deber de procurar el cuidado
integral de la salud de la persona y de la comunidad.[175]
8.6.   En la sentencia C-040 de
2006 la Corte se refirió a las características relevantes y concurrentes que
presenta el alcoholismo al señalar que: “(i) se trata de una
afección que es el resultado del deseo repetido de quien consume alcohol, es
decir, el alcoholismo no surge instantáneamente, sino que su desarrollo supone
una conducta continuada en el tiempo; (ii) puede generar cambios profundos en
el comportamiento de la persona –a diferencia de otras adicciones como el
tabaco– que pueden afectar las relaciones interpersonales del alcohólico y amenazar
derechos de terceras personas; y (iii) superarlo requiere del concurso decidido
y constante de la voluntad de la persona que consume alcohol –aunque dicha
voluntad podría ser insuficiente-.”[176]
La sentencia
C-026 de 1995 declaró la constitucionalidad del artículo 59 del Decreto 100 de
1980, que establecía la imposición como pena accesoria y por término
hasta de tres años, cuando uno de los factores del delito haya sido el
consumo de bebidas alcohólicas, la prohibición de consumir tales bebidas. Este
Tribunal manifestó que “al sujeto no se le sanciona por el hecho de encontrarse
embriagado, sino porque ha incurrido en una figura delictiva previamente
establecida en una norma jurídica. En consecuencia, la embriaguez se convierte
en un factor determinante para cuantificar la pena, ya sea para agravarla o
para atenuarla y no es causal autónoma para imponerla.”[177] Encontró la medida
accesoria admisible dentro de cualquier sistema penal, toda vez que es legítimo privar de un bien de alta jerarquía axiológica como la
libertad, a quien ha delinquido, con mayor razón lo es prohibirle la ingestión
de ciertas bebidas cuyo efecto nocivo, en su caso, está establecido de manera
cierta. Esta prohibición viene a reforzar eficazmente el propósito preventivo y
disuasivo de la pena principal. No encontró desconocido el derecho a la
libre autodeterminación por cuanto no se penaliza el consumo de bebidas
embriagantes, sino la comisión efectiva de una acción delictual que acarrea una
pena principal y una accesoria, y mediante la conjunción de ambas busca el
legislador disuadir al transgresor de que cometa, en el futuro, actos ilícitos
como ése por el que se le sanciona. No se está en presencia de una norma inspirada
en la doctrina peligrosista.[178]
En la sentencia C-420 de 2002[179]
este Tribunal afirmó que no es cierto que la legislación penal colombiana sea
indiferente a las implicaciones penales del consumo de alcohol.  La legislación
penal derogada como la actualmente vigente le ha reconocido efectos a la
incidencia que el consumo de alcohol tiene en la comisión de conductas
punibles. Se ha facultado al juez para imponer la prohibición de consumo de
bebidas alcohólicas como pena accesoria cuando éste ha sido uno de los motivos
determinantes de la comisión de la conducta punible.  En tal supuesto, el
sujeto no es sancionado por el consumo de bebidas embriagantes, sino por haber
incurrido en una conducta punible como consecuencia del estado de ebriedad.[180]
8.7.   También la
Corte ha examinado el alcance de las circunstancias de
agravación punitiva para los delitos de homicidio culposo y lesiones
personales culposas, por la ingesta de bebidas alcohólicas, drogas o
sustancias alucinógenas, al considerarse que
vulnera el libre desarrollo de la personalidad por emplearse el derecho penal como
una medida perfeccionista para imponer un modelo de comportamiento. En la
sentencia C-115 de 2008 declaró la exequibilidad de los artículos 110[181]
y 121[182]
de la Ley 599 de 2000. Puntualizó que “con la agravación de la pena no
se tiene el propósito de formular un reproche a la persona por el hecho mismo
del consumo, sino un aumento por la mayor censura que amerita no haber
observado una conducta más cuidadosa, pudiendo obrar de otro modo y poseyendo
actitud psicofísica para comprender el hecho, pero a pesar de ello incurrió
voluntariamente en el comportamiento merecedor de reproche punitivo.”[183]
Igualmente
esta Corporación indicó que compete al operador judicial establecer “ex ante”
al acto imputado, si el consumo de esas sustancias fue determinante en la
producción del riesgo, ya que no es suficiente que el agente esté bajo su
efecto al momento de cometer la conducta punible. Si no tiene relación con el
resultado causado no hay lugar a la agravación de la pena. No encontró
desconocido el derecho al libre desarrollo de la personalidad porque la propia
disposición constitucional admite como limitaciones los derechos de los demás y
el orden jurídico. De ninguna manera se trata de exigir comportamientos de
excelencia ni reprocharle a la persona el consumo de bebidas alcohólicas,
drogas o estupefacientes; lo que genera la responsabilidad adicional es la
mayor falta al deber de cuidado, por la imprevisión de la más probable
producción de un resultado lesivo contra bienes jurídicos del más elevado
valor, acrecentando la posibilidad de causarles daño al acometer, con las
facultades de percepción y reacción disminuidas y perturbadas, la realización
de labores que requieren gran concentración, atención, prudencia y diligencia.[184]
8.8.   Por último, ha expresado la
Corte que la salud constitucionalmente protegida (art. 49)
no es solamente la física sino que
comprende, necesariamente, todos aquellos componentes propios del bienestar sicológico,
mental y sicosomático de la persona.[185]
En relación con las personas que sufren afectaciones a su salud mental, esta
Corporación ha manifestado que por las implicaciones respecto a la posibilidad
de tomar decisiones, interactuar con otros y serios padecimientos para ellos y
sus familias, son sujetos de especial protección constitucional, mereciendo la
mayor atención por parte de la sociedad en general, especialmente de sus
familiares y de los sectores encargados de suministrar atención en salud.[186]
De estas herramientas se destacó la
importancia de crear condiciones propicias para la vinculación de las personas
con discapacidad en la sociedad, la generación de formas de vida independientes
y autónomas y el ejercicio de todos los derechos, particularmente, la necesidad
de atender de manera integral sus padecimientos, con un acceso efectivo a los
servicios de salud, siendo posible exigir a todos los estamentos comprometidos
en la prestación de los servicios de salud, que dentro de sus propios límites
operativos, económicos y logísticos, proporcionen el mejor servicio médico científicamente
admisible y humanamente soportable.[187]
El artículo 65 de la Ley 1438 de 2011 indicó la necesidad de garantizar la
atención integral e incluir su atención en los planes de beneficios.[188]
Al examinar esta Corporación la
vulneración del derecho a la salud mental habrá de tener en cuenta que
cualquiera fuera el servicio médico requerido: (i) ha ser el más adecuado y
acorde a la situación social, familiar, económica y de patología del paciente;
(ii) siendo necesario, no estará sometido al pago de sumas de dinero, a menos
que se tenga capacidad económica para asumirlos; y (iii) no pude ser limitado a
un número de días, meses o atenciones al año, ya que es característico el que
se presenten crisis o recaídas constantes.[189]
Sobre el deber de solidaridad en la protección del derecho a la salud implica
el autocuidado del enfermo, subsidiariamente la intervención de su familia y en
caso de ser imposible, la del Estado y la sociedad en general. Las personas que
padecen una enfermedad mental no pueden ser sometidas a tratamientos o penas
-en el caso de los inimputables- que los aíslen de la sociedad de manera
indefinida, porque la Carta prohíbe la imposición de penas perpetuas,[190],
y tales medidas serían evidentemente una vulneración a su dignidad y a sus
derechos a la libertad y al libre desarrollo de la personalidad.[191]
Las reglas aplicables a la salud
también lo son para quienes padecen problemas de adicción a fármacos y
sustancias psicoactivas, al corresponder a una dolencia que afecta gravemente
su autonomía y capacidad de decisión, colocándolas en circunstancias de
debilidad manifiesta. La Corte ha indicado que es un problema de salud que
merece la atención de la sociedad en general y especialmente del Estado.[192]
Esta grave situación genera el deber de propugnar por la implementación de políticas
de prevención, tratamiento y rehabilitación para las personas adictas al
uso de fármacos, ya que como sujetos de especial protección constitucional, se
encuentran mayormente expuestos a la vulneración de sus derechos fundamentales.
Así se expidió la Ley 1566 de 2012 para garantizar la atención integral a
personas que consumen sustancias psicoactivas, marco normativo que insta a la
inclusión en los planes de salud de los mecanismos que permitan tratar de
manera integral a “toda persona que sufra trastornos mentales o cualquier
otra patología derivada del consumo, abuso y adicción a sustancias psicoactivas
licitas o ilícitas”.[193] Las medidas tendientes a recuperar la salud de quien padece de farmacodependencia
deben encontrarse incluidas en los planes obligatorios de salud, sin perjuicio
de que siendo necesario, el médico tratante pueda indicar un tratamiento no
contemplado allí.[194]
Además, el Manual Diagnóstico y
estadístico de los trastornos mentales, DSM-IV,TR, es el sistema que se utiliza
actualmente en Estados Unidos y que usan clínicos e investigadores de todo el
mundo. Es la última clasificación aceptada internacionalmente de enfermedades
psiquiátricas que data del año 1994. Finalmente, las personas gozan, en ejercicio del libre desarrollo de la personalidad, de la
facultad de decidir si se someten a una valoración o a un tratamiento
psicológico. El cuidado de la salud –mental– es un ámbito reservado a la
autonomía de la persona a la cual corresponde proporcionarse los cuidados y la
atención que estime conveniente, sin perjuicio de situaciones en las cuales,
previo dictamen profesional y ante la violación de la ley penal, una persona es
internada y sometida a tratamiento psicológico, debiéndose respetar la dignidad
humana y su integridad personal.[195]
9.      El asunto en discusión
9.1.   Según ha podido apreciarse de la parte
dogmática de esta decisión, el legislador goza de potestad de configuración en
la definición de la política criminal del Estado conforme a la ponderación de
los fenómenos de la vida social y el mayor o menor daño que ciertos
comportamientos ocasionen al conglomerado social. Dentro de los límites en que
debe ejercerse se encuentran el principio de mínima intervención del
Estado al considerarse el derecho penal como última ratio, el que la conducta
revista de antijuridicidad ya que el elemento común a cualquier sistema
de imputación penal radica en el contenido de injusticia que se atribuye al
delito y el principio de culpabilidad por cuanto nuestro sistema se
encausa dentro de un derecho penal de acto y no de autor. En el diseño
del procedimiento penal el legislador puede instituir nuevas actuaciones
y etapas procesales en garantía de las libertades ciudadanas y la mediación del
Estado ante situaciones de conflicto, y contemplar casos de terminación
anticipada del proceso, prever causales de extinción de la acción penal, entre
otros, lo cual debe desenvolverse dentro del marco constitucional y del orden
internacional de los derechos humanos, como la prevalencia del derecho
sustancial, la defensa de las garantías esenciales de las personas, el respeto
por las competencias de las autoridades, etc.
9.2.   El Acto Legislativo 03 de 2002, modificatorio,
entre otros, de los artículos 250 y 251 superiores, reformó la estructura
básica del proceso penal en Colombia, al pasar de un modelo mixto de
preferencia inquisitiva a un sistema de tendencia acusatoria. Encargó a la
fiscalía adelantar el ejercicio de la acción penal como realizar la
investigación de los hechos que revistan las características de un delito
que lleguen a su conocimiento, siempre y cuando medien suficientes motivos y
circunstancias fácticas que indique la posible existencia del mismo. De
igual modo, estableció que no podrá suspender, interrumpir, ni renunciar a la
persecución penal, salvo en los casos que establezca la ley para la aplicación
del principio de oportunidad que estará sometido al control de legalidad
que ejerza el juez de control de garantías. También dio un papel
preponderante a las víctimas en orden a la intervención y protección de
sus derechos, además de entregar a la ley el fijar los mecanismos de justicia
restaurativa.
En esa medida, el proceso penal se inicia desde que la
fiscalía tiene información de la notitia criminis, que puede llegar a su
conocimiento por denuncia, querella o de oficio, petición especial o cualquier
otro medio, la cual debe acompañarse de los presupuestos mínimos que permitan
determinar si hay lugar o no a la acción penal, que de no allegarse requiere
una actuación preliminar denominada indagación, buscando definir si el hecho
delictivo se cometió, cómo ocurrió y quiénes participaron en su realización.[196]
La fiscalía está obligada a adelantar la acción penal y realizar la
investigación de los hechos que tengan la tipología de un delito, siempre que
tercien suficientes motivaciones y situaciones fácticas que permitan advertir
la existencia del mismo. Por tanto, el hecho punible ha de revestir de las
características de tipicidad,[197]
antijuridicidad[198]
y culpabilidad.[199]
El principio de oportunidad como excepción a la
regla general que recae sobre la fiscalía de adelantar la acción penal y
realizar la investigación de los hechos que tengan las características de un
delito, tiene entre sus finalidades racionalizar la actividad
investigativa del Estado, hacer más eficiente la administración de justicia
penal, responder proporcionalmente a los hechos que afectan la estabilidad
jurídica, reparar integral y oportunamente a las víctimas, brindar oportunidades
reales de inserción social del procesado, revelar la baja significación social
de ciertos delitos, desarticular organizaciones criminales, atender la
culpabilidad disminuida, adelantar el proceso penal en un tiempo razonable. Es
una figura reglada correspondiendo al legislador señalar las causales y
condiciones específicas de aplicación, que deben resultar compatibles con la
Constitución, particularmente con la vigencia de un orden justo y el principio
de legalidad.
9.3.   La Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento
Penal, vino a desarrollar este nuevo modelo procesal penal. Ha sido modificada,
entre otras, por la Ley 1312 de 2009, que amplió las
posibilidades procesales de aplicación del principio de oportunidad al
extenderlo a la etapa del juicio, desarrollando el principio de colaboración
con la justicia y estableciendo con mayor fuerza formas alternativas de
satisfacción de intereses colectivos, lo cual vino a reflejarse en el aumento
de las causales (art. 324), su presentación igualmente por el acusado antes de
la audiencia de juzgamiento (art. 325), la extensión de las condiciones durante
el periodo de prueba (art. 326), entre otras.
9.4.   La protección especial de las víctimas
en la aplicación del principio de oportunidad (art. 250 superior) ha sido
ratificada por este Tribunal en varias sentencias.[200]
En tal sentido ha entendido que los derechos de las víctimas
incorporan el  derecho a la verdad, a que se haga justicia en el caso concreto
y a la reparación integral del daño que se ha ocasionado a la víctima o a los
perjudicados con el delito. Así mismo, su intervención debe hacerse compatible
con el sistema penal de tendencia acusatoria establecido por el Acto
Legislativo 03 de 2002 y sujeto a regulación legal.[201]
En la sentencia C-209 de 2007 la
Corte declaró la inexequibilidad de la expresión “y contra esa determinación
no cabe recurso alguno”, empleada en la versión original del artículo 327
de la Ley 906 de 2004,[202]
hoy modificada por la Ley 1312 de 2009 (art. 5º) que ya no registra, al
considerar la Corte que por la trascendencia que tiene
la aplicación del principio de oportunidad en los derechos de las víctimas del
delito “impedir que éstas puedan impugnar la renuncia del Estado a la
persecución penal, sí deja desprotegidos sus derechos a la verdad, a la
justicia y a la reparación integral. Si bien la satisfacción de los derechos de
la víctima no sólo se logra a través de una condena, la efectividad de esos
derechos sí depende de que la víctima tenga la oportunidad de impugnar las
decisiones fundamentales que afectan sus derechos.[203] Por tanto,
impedir la impugnación de la decisión del juez de garantías en este evento
resulta incompatible con la Constitución.”
9.5.   El artículo 323 de la
Ley 906 de 2004[204]
señaló que la Fiscalía General, en la investigación o en el juicio, hasta antes
de la audiencia de juzgamiento, podrá suspender, interrumpir o renunciar a la
persecución penal, en los casos previstos en el Código de Procedimiento Penal. Por
su parte, el artículo 324 instituyó entre los casos de aplicación del
principio de oportunidad los delitos sancionados con pena privativa de la
libertad cuyo máximo no exceda de seis años o con pena principal de multa (num.
1); previendo en los casos de delitos con pena privativa de la libertad cuyo
límite máximo exceda de seis años de prisión, la aplicación de este principio
por el Fiscal General (parág. 1); y su no aplicación en investigaciones o
acusaciones por hechos constitutivos de graves infracciones al derecho
internacional humanitario, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra o
genocidio, ni cuando tratando de conductas dolosas la víctima sea un menor de
dieciocho años (parág. 2). Así mismo, se contempló su aplicación cuando proceda
la suspensión del procedimiento a prueba en el marco de la justicia
restaurativa y como consecuencia de este se cumpla con las condiciones
impuestas (num. 7).
Ha
dicho esta Corporación que la aplicación por el fiscal del principio de
oportunidad en los casos establecidos por el legislador implica un ejercicio de
“discrecionalidad reglada” que le impone no solamente una evaluación acerca de
las causales legales de operatividad, sino que debe determinar si lo que
procede es la interrupción, la suspensión o la renuncia, debiendo constatar a
la vez el respeto por las garantías del investigado.[205]
En la sentencia C-095 de 2007 se dijo que ante la generalidad
y abstracción de la ley, incluso cuando ella es clara y precisa en la
descripción de las circunstancias en que es llamada a operar, exige lógicamente
reconocer cierto grado de discrecionalidad al operador jurídico llamado a
aplicarla.[206] Adicionalmente, el Fiscal General goza de un poder de
reglamentación general e interna para asegurar la aplicación del principio de
oportunidad  y funcionamiento de la justicia restaurativa, lo cual debe estar
conforme a la ley y la Constitución, además estar sometido a los controles
judiciales propios de los actos administrativos.[207]
9.6.   El artículo 327 de la
Ley 906 de 2004[208]
señala que la aplicación del principio de oportunidad y los preacuerdos de los
posibles imputados o acusados y la fiscalía, no comprometen la presunción de
inocencia y solo procederá si hay un mínimo de prueba que permita
inferir la autoría o participación en la conducta y su tipicidad.[209]
Ello ha permitido advertir por la Corte que la aplicación de las causales de
aplicación del principio de oportunidad “exige un principio de verdad”,
ya que deben existir elementos de juicio fácticos que conduzcan a
inferencias razonables sobre la realización de la conducta, su adecuación típica
y la participación del investigado en la misma, con el fin de que el fiscal
sopese la pertinencia de aplicar el principio de oportunidad y el juez pueda
ejercer control efectivo sobre tal determinación, lo cual será posible “a partir de una mínima acreditación de la ocurrencia de un hecho
que debe estar previamente definido en la ley.”[210]
9.7.   El juez de control de garantías efectúa el
control de legalidad de las solicitudes individuales o colectivas dentro de los
cinco días siguientes a la determinación de la fiscalía de dar aplicación al
principio de oportunidad, que será obligatorio y automático, realizándose en
audiencia especial en que la víctima y el Ministerio Público
podrán controvertir la prueba aducida por la fiscalía para sustentar la
decisión (art. 327, Ley 906 de 2004).[211]
La Corte en la sentencia C-210 de 2007 señaló que esta presencia “supone la
participación activa y la preservación de los intereses de la víctima”,
además su intervención como del Ministerio Público en la aplicación del
principio de oportunidad “no queda limitada al análisis fáctico, sino que
supone una evaluación formal y material de este instrumento de extinción de la
acción penal.”
La Corte al examinar la versión inicial de esta
disposición[212]
en la sentencia C-979 de 2005 señaló que el control de legalidad compromete
todos los eventos de aplicación del principio de oportunidad, esto es, la interrupción,
la suspensión y la renuncia, como en efecto la nueva Ley 1312 de 2009 que
modificó tal disposición ya no distingue, además de señalar que el control
efectuado por el juez de garantías debe dirigirse no solamente a proferir un
dictamen de adecuación a la ley de la causal aplicada, “sino
que debe extenderse al control material sobre las garantías constitucionales
del imputado” o acusado. Finalmente, la
decisión que prescinda de la persecución extinguirá la acción penal respecto
del autor o participe en cuyo favor se decida.[213]
9.8.   Siendo uno de los casos para la aplicación del
principio de oportunidad cuando proceda la “suspensión del procedimiento a
prueba” en el marco de la justicia restaurativa, los artículos 325 y 326 de
la Ley 906 de 2004[214]
vinieron a establecer el trámite y condiciones a cumplir.
En la búsqueda de mecanismos que reduzcan la violencia
punitiva estatal en orden a proveer medidas diferentes al enjuiciamiento penal
tradicional, al pronunciamiento de una sentencia condenatoria y a la privación
obligada de la libertad como herramientas recurrentes ante el delito, para la
resolución eficaz de conflictos en que acoja mayor importancia la intervención
de la voluntad de los protagonistas inscrita en una política criminal
restaurativa, algunas legislaciones admiten que se detenga el ejercicio de la
acción penal en favor del investigado por la comisión de un ilícito, quien se
somete durante un plazo a una prueba en la cual debe cumplir satisfactoriamente
con determinadas obligaciones, a cuyo término satisfactorio se declarará
extinguida la acción penal. Hoy se presenta un significativo auge de nuevos
enfoques que se asientan en la introducción de una perspectiva restauradora,
como mecanismo alternativo de solución de conflictos,[215]
rescatando la importancia que tiene para la sociedad el reconstruir las
relaciones entre víctima (satisfacción de sus intereses: verdad, justicia y
reparación integral) y victimario (enfrentarse a sus propios actos y reintegración),
su manejo dentro del imperio de la ley y la
Constitución, y la supervisión por parte del Estado, en la obtención del mayor
grado de subsanación posible del daño y la consecución de la paz social.
9.9.   De ahí que el artículo 325 de la
Ley 906 de 2004 expone que el imputado o acusado, hasta antes de la
audiencia de juzgamiento, podrá solicitar la suspensión del
procedimiento a prueba, de la misma forma en que lo que pueden hacer las
personas simplemente imputadas, mediante solicitud oral en la que manifiesten
i) un plan de reparación del daño y ii) las condiciones que estaría
dispuesto a cumplir. El plan podrá consistir i) en la mediación con las
víctimas, en los casos en que esta sea procedente, ii) la reparación integral
de los daños causados a las víctimas o iii) la reparación simbólica, en forma
inmediata o a plazos, en el marco de la justicia restaurativa. Presentada la
solicitud, individual o colectiva, el fiscal consultará a la víctima y
resolverá de inmediato mediante decisión que fijará las condiciones bajo
las cuales se suspende el procedimiento, y aprobará o modificará el plan de
reparación propuesto por el imputado, conforme a los principios de justicia
restaurativa. Si el procedimiento se reanuda con posterioridad, la admisión
de los hechos por parte del imputado no se podrá utilizar como prueba de
culpabilidad. El fiscal podrá suspender el procedimiento a prueba cuando para
el cumplimiento de la finalidad del principio de oportunidad estime conveniente
hacerlo antes de decidir sobre la eventual renuncia al ejercicio de la acción
penal.
9.10. Por su parte, el artículo 326, ejusdem,
estipuló las condiciones a cumplir durante el periodo de prueba. Estableció que
el fiscal fijará el periodo de prueba que no podrá ser superior a tres (3) años
y determinará una o varias de las condiciones que deberán cumplir el imputado o
acusado hasta antes de la audiencia de juzgamiento, entre las siguientes:
a) Residir en un lugar
determinado e informar al fiscal del conocimiento cualquier cambio del mismo.
b) Participar en programas
especiales de tratamiento con el fin de superar problemas de dependencia a
drogas o bebidas alcohólicas.
c) Prestar servicios a favor
de instituciones que se dediquen al trabajo social a favor de la comunidad.
d) Someterse a un
tratamiento médico o psicológico.
e) No poseer o portar armas de
fuego.
f) No conducir vehículos
automotores, naves o aeronaves.
g) La reparación integral a
las víctimas, de conformidad con los mecanismos establecidos en la ley.
h) La realización de
actividades a favor de la recuperación de las víctimas.
i) La colaboración activa y
efectiva en el tratamiento psicológico para la recuperación de las víctimas,
siempre y cuando medie su consentimiento.
j) La manifestación pública de
arrepentimiento por el hecho que se le imputa.
k) La obligación de observar
buena conducta individual, familiar y social.
1) La dejación efectiva de las
armas y la manifestación expresa de no participar en actos delictuales.
m) La cooperación activa y
efectiva para evitar la continuidad en la ejecución del delito, la comisión de
otros delitos y la desarticulación de bandas criminales, redes de narcotráfico,
grupos al margen de la ley, o, aquellas organizaciones vinculadas con los
delitos a los que hace referencia el parágrafo 2o del artículo 324.
Durante el periodo de prueba
el imputado o acusado hasta antes de la audiencia deberá someterse a la
vigilancia que el fiscal determine sin menoscabo de su dignidad. Vencido el
periodo de prueba y verificado el cumplimiento de las condiciones, el fiscal
solicitará el archivo definitivo de la actuación.
9.11. De manera que esta modalidad de ejercicio del
principio de oportunidad es una prerrogativa que se otorga al imputado o
acusado, hasta antes de la audiencia de juzgamiento, para solicitar al
fiscal la suspensión de la actuación por un periodo de prueba que no podrá ser
superior a tres (3) años, acompañada del ofrecimiento de un plan de
reparación integral del daño y las condiciones dispuestas a cumplir. Es un
espacio para la aplicación de mecanismos de justicia restaurativa.[216]
En esta medida, el plan podrá consistir en la mediación con las
víctimas, la reparación integral de los daños causados a las víctimas o la
reparación simbólica. Las condiciones están previstas en la ley.
Ante esta proposición el fiscal consultará a la
víctima. Recuérdese que por programa de justicia restaurativa debe entenderse
todo proceso en el que la víctima y el imputado o acusado participan
conjuntamente de forma activa en la resolución de cuestiones derivadas del
delito.[217]
El fiscal está facultado para aprobar o modificar el plan de reparación
propuesto por el imputado o acusado, y consultará a la víctima conforme a los
principios de justicia restaurativa establecidos en el Código de Procedimiento
Penal. El artículo 519 de la Ley 906 de 2004, establece dichos y reglas que
parten del i) consentimiento libre y voluntario del imputado o acusado y
la víctima del someter el conflicto a un mecanismo restaurativo, ii) los
acuerdos deben contener obligaciones razonables y proporcionadas
con el daño ocasionado por el delito, iii) la participación del imputado o
acusado no se utilizará como prueba de admisión de culpabilidad en los
procedimiento jurídicos ulteriores[218]
y iv) el incumplimiento de un acuerdo no debe utilizarse como fundamento para
una condena o la agravación de la pena.
9.12. El fiscal al fijar el periodo de prueba
determinará una o varias de las condiciones bajo las cuales se suspende el
procedimiento. Tales medidas (13 en total) involucran indefectiblemente
restricciones a libertades y derechos fundamentales como la libertad personal
(art. 28 superior),[219]
la libertad de locomoción (art. 24 superior),[220]
la autonomía individual (art. 16 superior),[221]
además de hacer exigibles deberes como el de colaboración para el buen
funcionamiento de la administración de justicia (art. 95.7 superior).[222]
De igual forma, varias de estas condiciones tienen alcance similar de algunas
medidas de aseguramiento no privativas de la libertad (art. 307.B, Ley 906 de
2004),[223]
penas privativas de otros derechos (art. 43, Ley 599 de 2000)[224]
y medidas de seguridad (art, 69, Ley 599 de 2000).[225]
Justamente cuestionan los accionantes que las
condiciones establecidas por el fiscal al imputado o acusado consistentes en b)
participar en programas especiales de tratamiento con el fin de superar
problemas de dependencia a drogas o bebidas alcohólicas y d) someterse a un
tratamiento médico o psicológico, durante la suspensión del procedimiento a
prueba para ser beneficiario del principio de oportunidad, resultan contrarios
al libre desarrollo de la personalidad y a la dignidad humana al implicar  obligaciones
que solo atañen a la persona en su fuero interno e involucrar viejas escuelas
positivistas correccionalistas hoy abolidas. Incluso sostienen que aunque se
llegare a un acuerdo con el fiscal, no podría sujetársele a tratamiento alguno
por tener los derechos fundamentales el carácter de irrenunciables.
9.13. Según se ha explicado, el mismo
artículo 16 de la Constitución reconoce que el libre desarrollo de la
personalidad no es un derecho absoluto, al encontrar limitaciones que imponen “los
derechos de los demás y el orden jurídico.” Precepto que debe mirarse en
conjunción con el artículo 95.1, ejusdem, que instituye como deberes de
la persona y del ciudadano, “respetar los derechos de los demás y no abusar
de los propios.” Si bien la
Carta Política proscribe el llamado “perfeccionismo” o “moralismo jurídico” al
imponer determinados modelos de virtud o de excelencia humana y destierra la doctrina
peligrosista porque a una persona no se la puede castigar por lo que
posiblemente hará sino por lo que efectivamente hace, cuando ese reconocimiento
a la autonomía del individuo entra en conflicto en materia de política criminal
con la autonomía ajena o los bienes jurídicos valiosos para la comunidad,
resulta legítima su limitación por el legislador siempre que resulte razonable
y proporcional. El presupuesto de responsabilidad delictual es la conducta
externa de un sujeto que pudiendo obrar de manera distinta y teniendo capacidad
de comprender la ilicitud del hecho, incurre en el comportamiento merecedor de
reproche punitivo -antijuridicidad-.
El libre desarrollo de la
personalidad entendido como la potestad de cada quien para optar por su plan de
vida y desarrollar la órbita individual conforme a sus intereses, deseos y
convicciones, no puede servir de fundamento para justificar una conducta punible
y, por tanto, lesiva de bienes jurídicos tutelados. Es en función de la
libertad de los demás que se puede restringir mi libertad, por lo que la
represión legítima de una opción personal solo puede tener cabida respecto de situaciones
que generen violaciones reales a los derechos de los demás y comprometa valores
del ordenamiento constitucional. La autonomía individual no puede invocarse
para desconocer los derechos de otros sujetos, ni los intereses colectivos,
mucho menos para limitar la capacidad punitiva del Estado respecto a conductas
que han puesto en peligro o lesionado derechos reconocidos a las personas o
bienes jurídicos como la salud pública, la seguridad pública, el orden social y
económico, entre otros. Luego la tipificación de conductas penales constituye
un límite al libre desarrollo de la personalidad. Este derecho fundamental no
habilita para la comisión de delitos.
El establecimiento por el fiscal de
condiciones a cumplir durante el periodo de prueba por el imputado o acusado
hasta antes de la audiencia de juzgamiento, como el participar en programas
especiales de tratamiento para superar problemas de dependencia a drogas o
bebidas alcohólicas y someterse a un tratamiento médico o psicológico, no
desconoce en principio la autonomía personal ni la consecuente dignidad humana
al constituir obligaciones que se desprenden de la comisión de una conducta
típica, antijurídica y culpable lesiva de los derechos ajenos o del orden jurídico.
9.14. Para la suspensión del
procedimiento a prueba en aplicación del principio de oportunidad, la
manifestación de la voluntad del imputado o acusado constituye un presupuesto
ineludible de procedibilidad en el marco de la justicia restaurativa. Se está
ante una de las formas en la cual se decide libremente reparar a las víctimas, en
la pretensión de modificar el comportamiento del procesado para hacerse
merecedor de la extinción de la acción penal, evitando la privación de la
libertad ante la configuración de las características de un hecho punible. Debe
anotarse que si bien el imputado o acusado hasta antes de la audiencia de
juzgamiento propone las condiciones que estaría dispuesto a cumplir durante la
suspensión del procedimiento a prueba, lo cual además se consulta con la
víctima, finalmente es el fiscal al resolver quien determina cuál o cuáles son
las condiciones bajo los cuales habrá de suspenderse el procedimiento a prueba.
Las condiciones establecidas en los
literales b) y d) acusados, al implicar participar en programas especiales de
tratamiento para superar problemas de dependencia a drogas o bebidas
alcohólicas y sujetarse a tratamientos médicos o psicológicos, tocan
indudablemente contenidos esenciales del derecho fundamental a la autonomía
personal, pero en la medida que su exigencia obedece a la realización de una
conducta punible sobre la cual hay un mínimo de prueba que permite inferir la
autoría o participación y su tipicidad, no lo desconoce por cuanto se han
transgredido los derechos ajenos o el ordenamiento jurídico, que constituyen
límites constitucionalmente establecidos al libre desarrollo de la personalidad
en el artículo 16.
No debe dejarse de lado que la
suspensión del proceso a prueba bajo las condiciones previstas por la ley y
determinadas por el fiscal, parte de la solicitud del imputado o acusado y, en
esa medida, de la libre voluntad al pretender hacerse merecedor del principio
de oportunidad. En efecto, al proponer cuál o cuales de dichas condiciones
estaría dispuesto a cumplir, aunque corresponda finalmente al fiscal su
fijación, el imputado o acusado busca hacerse beneficiario del principio de
oportunidad, esto es, que no obstante exista fundamento para adelantar la persecución
penal, se pueda suspender el proceso a prueba por un tiempo determinado, para
que una vez verificado el cumplimiento efectivo de las condiciones establecidas
en el marco de la justicia restaurativa, que se rige por principios y reglas
como el consentimiento libre y voluntario de las partes, se termine
extinguiendo la acción penal, sin que necesariamente hubiera tenido que
acudirse a la privación de la libertad personal.
La fijación por el fiscal de las
condiciones anotadas debe partir de la conexión con el delito, esto es, debió
ser una causa del hecho cometido. Es necesario que al momento de perpetrarse la
conducta punible, por ejemplo, el agente se encuentre bajo el influjo de droga
o sustancia que produzca dependencia física o psíquica o de bebida embriagante,
que haya sido factor determinante para su ocurrencia.  Debe indicarse que las
condiciones del procedimiento a prueba impugnadas, al implicar participar en
programas especiales de tratamiento para superar problemas de dependencia a
drogas o bebidas alcohólicas y someterse a tratamiento médico o psicológico
parte de la necesidad del procedimiento a emplear, esto es, el
requerimiento de un tratamiento pedagógico, profiláctico y terapéutico para su
rehabilitación e integración social, siendo beneficiarios de los programas de
salud que ofrece el Estado. El tratamiento que se disponga debe ser el adecuado
a la gravedad de la situación.
Tanto la fijación de estas medidas (conexión
con el delito y necesidad del tratamiento) como la cesación  de las mismas, hacen
necesario el dictamen de médicos oficiales o de medicina legal. Con ello además
se salvaguarda la autonomía individual respecto a comportamientos que no
interfieran en derechos ajenos ni el orden jurídico constitucional. También debe
tenerse en cuenta que al preverse un control judicial obligatorio y automático por
el juez de garantías en la aplicación del principio de oportunidad -poder
autónomo de decisión-, ante la fijación por la fiscalía de las condiciones
contempladas en la disposición acusada,[226]
el imputado o acusado, como las víctimas y el Ministerio Público podrán
controvertir tal decisión.[227]
La naturaleza excepcional de la suspensión del procedimiento a prueba
(principio de oportunidad), permite consultar la voluntad de las partes
involucradas en los conflictos presentes tras el delito imputado, en la
implementación de mecanismos eficaces al servicio de la resolución de
conflictos humanos.
Finalmente, en la medida que esta
modalidad de ejercicio del principio de oportunidad[228]
es una prerrogativa que se otorga para solicitar al fiscal la
suspensión de la actuación por un periodo de prueba, acompañada del ofrecimiento
de un plan de reparación integral del daño y las condiciones dispuestas a
cumplir (justicia restaurativa) que puede traer como beneficio la extinción de
la acción penal, es el imputado o acusado hasta antes de la audiencia de
juzgamiento, en quien finalmente radica la facultad -libre y voluntaria- de aceptar
o no las condiciones establecidas en el artículo 326 de la
Ley 906 de 2004. La persona sometida a proceso es quien está en mejores
condiciones para determinar si le resulta más conveniente la paralización del
proceso a prueba o, por el contrario, si prefiere la continuación del trámite
de enjuiciamiento penal, bajo la garantía de que el
reconocimiento de los hechos no puede ser empleado como prueba de su
culpabilidad. Por consiguiente, es el propio imputado el responsable de
escoger una de las vías indicadas. Ha de señalarse que verificadas el
cumplimiento de las condiciones -acreditado su resultado satisfactorio-, una
vez vencido el periodo de prueba, la decisión que prescinda de la persecución
penal debe sujetarse también al control judicial por el juez de garantías,
previo al archivo definitivo de la actuación.
9.15. La razonabilidad y
proporcionalidad de las condiciones a cumplir durante el periodo de prueba en
aplicación del principio de oportunidad se satisfacen bajo las condiciones
anotadas. Existe claramente una finalidad válida a la luz de la
Constitución dado que las condiciones a cumplir durante el periodo de prueba
(lits. b y d, art. 326, Ley 906/04) hacen parte de los casos que puede
establecer la ley para la aplicación del principio de oportunidad en el marco
de la justicia restaurativa. Esto en desarrollo de la política criminal del
Estado, que confiere a la Fiscalía General la obligación de adelantar el
ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que
revistan las características de un delito, siempre y cuando medien suficientes
motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo
(art. 250 superior). Entre sus propósitos constitucionales está la satisfacción
de los derechos de las víctimas del delito a través del cumplimiento de
garantías de no repetición, como de los imputados o acusados a una adecuada
reintegración social, además de evitar el desgaste de la función investigativa
de la fiscalía y propender por la menor restricción de la libertad personal
–ultima ratio- al sustituirse por una medida alternativa.
Las condiciones b) y d) que debe
cumplir el imputado o acusado hasta antes de la audiencia de juzgamiento
durante el periodo de prueba, resultan idóneas para alcanzar las finalidades
constitucionales aludidas, toda vez que parten del ejercicio de la libre
voluntad (imputados o acusados) como presupuesto ineludible de procedibilidad
en el marco de la justicia restaurativa, que si bien pueden terminar siendo
fijadas por el fiscal encuentran fundamento constitucional ante la presencia de
las características de un delito, bajo un mínimo de prueba que permite inferir
la autoría o participación  en la conducta punible y su tipicidad. Debe tenerse
presente que los derechos ajenos y el orden jurídico que se han quebrantado con
el hecho punible, constituyen límites válidos constitucionalmente al libre
desarrollo de la personalidad (art. 16 superior).
También resultan necesarias en orden
a lograr las finalidades del principio de oportunidad que se inscriben en la
reducción de la violencia punitiva estatal, a través de mecanismos alternativos
de solución de conflictos donde acoja mayor relevancia la voluntad de las
partes inscrita en una política criminal restaurativa a cuyo términos
satisfactorio se declarará extinguida la acción penal, permitiendo a la víctima
la satisfacción oportuna y eficiente de sus intereses a la verdad, a la
justicia y a la reparación, y al imputado o acusado enfrentarse a sus propios
actos y reintegrarse adecuadamente a la sociedad, bajo la supervisión del
Estado en aras de la obtención del mayor nivel de subsanación del daño y la paz
social.
Tampoco resultan desproporcionadas
las condiciones establecidas, porque parten de su presentación voluntaria por
el imputado o acusado, obedecen a la comisión de un hecho punible y finalmente
es quien determina si le resulta más conveniente la paralización del
proceso a prueba o, por el contrario, si prefiere la continuación del trámite
de enjuiciamiento penal.
VII.   DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la
Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Declarar EXEQUIBLES los literales b) y d) del
artículo 326 de la Ley 906 de 2004, modificado por el artículo 4 de la
Ley 1312 de 2009, por los cargos examinados.
Cópiese, notifíquese, comuníquese
al Gobierno, insértese en la Gaceta de la
Corte Constitucional y cúmplase.
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Presidente
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
ANDRÉS MUTIS VANEGAS
Magistrado (E.)
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1]
Diario Oficial No. 45.685 de 1 de septiembre de 2004.
[2] Bajo lo que denominan “la orientación filosófica del
ser y el querer ser como principio de autonomía individual”, citan a Soren
Kierkegaard (existencialismo) quien pregonó la libertad que posee todo ser
humano mediante el cúmulo de elecciones que finalmente el sujeto cognoscente
debe elegir. También mencionan a Jean Paul Sartre que buscó desenmascarar todo
tipo de régimen que negara la libertad individual, además de referir que el
individuo en el mundo es un ser para sí (propia elección) y un ser para otro
(respeto por los demás).
[3] Aluden a la
escuela de la defensa social en sus dos vertientes: i) la liberal clásica, que
observa al individuo como un sujeto normal que no hizo buen uso de su libre
albedrío y actuó de manera incorrecta por lo que la pena debe consolidarse como
necesaria para beneficio de la sociedad; y ii) el positivismo, que toma al
individuo en sus aspectos causalistas y antropológicos, para considerarlo como
un ser desviado producto de circunstancias endógenas, necesario de corregir
introduciendo en su vida valores sociales como la experimentación biológica y
anatómica.
[4]
Escrito presentado una vez vencido el término de intervención ciudadana.
[5]
Aproximación al estudio del principio de oportunidad. Juan Carlos Forero
Ramírez. Universidad del Rosario. 2013.
[6]
Cfr. sentencias C-404/98, SU.642/98, C-420/02, C-718/06 y C-241/12.
[7]
Salvo que se cuente con una prescripción médica, de acuerdo con el artículo 49
de la Constitución.
[8]
Esta jefatura en el concepto 5302 del 13 de febrero de 2012 relativo al
expediente D-8842 advirtió que: “el porte y el consumo de drogas no son
conductas que se puedan separar del mercado de las drogas, pues para que se
pueda portarlas y consumirlas es menester producirlas, transportarlas,
distribuirlas y adquirirlas” y “ni el porte ni el consumo de drogas son asuntos
propios de la vida íntima de las personas. Basta considerar que las drogas son
cultivadas, procesadas, transportadas, distribuidas y vendidas por otros, para
advertir que no se trata de un asunto que corresponde de manera exclusiva a
quien la porta y a quien la consume.”
[9]
Código Penal, artículos 43.8 (penas privativas de otros derechos), 110.6
(circunstancias de agravación punitiva para el homicidio culposo cuando se
conduce vehículo automotor, modificado Ley1696 de 2013) y 375
a 385 (delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes).
[10]
Puede verse a Juan Cianciardo. El conflictivismo en los derechos fundametnales.
Navarra. Pamplona, 2000.
[11] En
un sentido amplio ha sido definida como “el conjunto de respuestas (jurídicas, sociales, económicas, culturales,
administrativas, tecnológicas, etc.) que un Estado estima necesario adoptar
para hacerle frente a conductas consideradas reprochables o causantes de
perjuicio social con el fin de garantizar la protección de los intereses
esenciales del Estado y de los derechos de los residentes en el territorio bajo
su jurisdicción.” Sentencia C-646 de 2001.
[12]
Sentencias  C-226 de 2002, C-1080 de 2002, C-853 de 2009 y
C-334 de 2013.
[13] Sentencia C-013 de 1997 y C-540 de 2012.
[14]
Sentencias C-420 de 2002, C-148 de 2005, C-475 de 2005, C-1033 de 2006, C-365
de 2012 y C-334 de 2013.
[15]
Cfr. sentencias C-420 de 2002, C-936 de 2010, C-241 de 2012, C-365 de 2012,
C-742 de 2012 y C-334 de 2013.
[16]
Sentencias C-636 de 2009 y C-742 de 2012.
[17]
Sentencias C-442 de 2011 y C-241 de 2012.
[18] Sentencia C-489 de 2002. En este
sentido la sentencia C-420 de 2002 expuso: “haciendo abstracción de las
distintas fases, escuelas y esquemas que han confluido en el derecho penal, lo
cierto es que el único elemento común a cualquier sistema de imputación penal
radica en el contenido de injusticia que se atribuye al delito, esto es, la
antijuridicidad. El delito debía tener un contenido de ilicitud no solo formal
frente a la norma sino también un contenido material que consistía en la lesión
o, al menos, en la puesta en peligro de un bien jurídico. Así, la injusticia
del delito radicaba en la afección de derechos ajenos. El delito se dotó de un
referente material que, a través de la categoría del bien jurídico, racionalizó
el ejercicio del poder punitivo. Siendo así, el solo tenor literal de la ley no
definía ya el delito, pues se precisaba también de un contenido sustancial que
remitiera a la afección de derechos ajenos.”
[19]
Sentencia C-939 de 2002.
[20] Sentencias C-239 de 1997, C-179 de 2007 y C-365 de
2012. Así mismo, en estas decisiones se ha sostenido que un derecho penal de
acto “supone la adscripción de la conducta al autor, en cuanto precisa,
además de la existencia material de un resultado, la voluntad del sujeto
dirigida a la observancia específica de la misma. Sólo puede ser considerado
como autor de un hecho, aquél a quien pueda imputársele una relación causal
entre su decisión, la acción y el resultado. El principio de que no hay acción
sin culpa, corresponde a la exigencia del elemento subjetivo o sicológico del
delito; según dicho principio, ningún hecho o comportamiento humano es valorado
como acción sino es el fruto de una decisión; por tanto, no puede ser castigado
si no es intencional, esto es, realizado con conciencia y voluntad por una
persona capaz de comprender y de querer. De ahí que sólo pueda imponerse pena a
quien ha realizado culpablemente un injusto. Para el derecho penal del acto,
uno de los criterios básicos de imposición de la pena es el grado de
culpabilidad, de tal manera que a su autor se le impone una sanción, mayor o
menor, atendiendo a la entidad del juicio de exigibilidad, es decir, la pena
debe ser proporcional al grado de culpabilidad.”
[21] Sentencias C-125 de
1996, C-239 de 1997, entre otras. En relación con los aspectos procedimentales la
Corte ha fijado igual criterio en relación con la iniciación de la
investigación penal. Ver sentencias C-459 de 1995 y C-404de 1998.
[22]
Sentencias C-939 de 2002 y C-241 de 2012.
[23]
Sentencia C-939 de 2002.
[24]
Sentencia C-241 de 2012.
[25]
Sentencias C-646 de 2001 y C-936 de 2010.
[26]
Cfr. Sentencias C-210 de 2007, C-828 de 2010 y C-782 de 2012.
[27]
Sentencia C-800 de 2000 y C-127 de 2011.
[28] Sentencia C-828 de 2010.
[29]
Ibídem.
[30]
Artículos 1º a 27, 518
a 527, entre otros.
[31] Sentencias
C-873 de 2003; C-591, C-592 y C-1194 de 2005; C-718 de 2006; C-025 de 2009;
C-144 de 2010 y C-651 de 2011.
[32]
Ibídem.
[33] “Su
objeto consiste en que la Fiscalía reúna la información que se requiere para
dar inicio al proceso penal, y defina si el hecho delictivo se cometió, cómo
ocurrió y quienes participaron en su realización, salvo que exista claridad
sobre tales circunstancias, caso en el cual no es necesario adelantarla.”
[34]
“Deben practicarse las diligencias dirigidas a establecer la forma
cómo ocurrieron los hechos, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que
los mismos se presentaron, los sujetos que aparecen implicados en su condición
de autores o partícipes, los daños y perjuicios ocasionados con la conducta y
el monto de la indemnización.”
[35] “Una
vez tramitada la audiencia
preparatoria, el juez de conocimiento fija la fecha y la hora de inicio del “juicio
oral”, que deberá realizarse dentro de los 30 días siguientes a la audiencia
preparatoria (art. 365 CPP), con el fin de que el juez escuche la presentación
del caso por parte de la Fiscalía y la defensa, practique las pruebas que se
ordenaron en la audiencia preparatoria, y atienda los alegatos finales de las
partes e intervinientes. A continuación, el juez  decide sobre la
responsabilidad del acusado y expide la sentencia correspondiente.”
[36]
“En la fase de transición denominada acusación, se busca delimitar
los temas que serán debatidos en el juicio oral y la fijación de los elementos
de convicción que podrán practicarse como pruebas en el juicio. El objetivo de
ésta etapa es “depurar el debate que será llevado a instancias del juez de
conocimiento en el juicio, de manera que allí sólo se discuta lo relacionado
con la responsabilidad penal del imputado”. Asimismo, en la audiencia
acusatoria se determina la calidad de víctima, se concretan los autores del
ilícito y se le otorga una calificación provisional a los delitos, lo cual
orienta la acusación que formulará la
Fiscalía en el juicio oral.”
[37] “En un término no inferior a 15 días ni superior a 30,
el juez de conocimiento deberá convocar a una segunda audiencia, denominada “audiencia
preparatoria”, que tiene como fin central la fijación de las pruebas que se
harán valer en el juicio oral y el señalamiento de la fecha de iniciación del
juicio.  En esta audiencia que cuenta con la presencia del fiscal, del
defensor, del acusado, del Ministerio Público y del representante de las
víctimas (art. 355 CPP.), el juez dispone, entre otras cosas, que las partes
manifiesten sus observaciones sobre el procedimiento de descubrimiento de los
elementos probatorios, que la defensa muestre sus elementos materiales
probatorios y evidencia física, y que la
Fiscalía y la defensa enuncien la totalidad de las pruebas que harán valer en
la audiencia del juicio oral y público.”
[38]
Sentencias C-025 de 2009 y C-651 de 2011.
[39]
Cfr. sentencia C-210 de 2007.
[40]
Cfr. artículo 321, Ley 906 de 2004.
[41]
Cfr. artículos 250 de la Constitución y 200 de la
Ley 906 de 2004.
[42] Sentencia C-979 de 2005. Exposición de motivos al proyecto
que devino en el Acto Legislativo 03 de 2002. Gaceta del Congreso número 134 de
abril 26 de 2002, páginas 12, 13 y 14.
[43] Sentencias C-095 de 2007
y C-936 de 2010. Gaceta del Congreso
número 148 del 7 de mayo de 2002.
[44] En la doctrina jurídico
penal este concepto alude a aquellas situaciones en que el legislador opta por
excluir la pena “por falta de necesidad preventiva de punición”.
[45]
Sentencia C-936 de 2010.
[46]
Sentencia C-979 de 2005. Exposición de motivos al
proyecto que devino en el Acto Legislativo 03 de 2002. Gaceta del Congreso
número 134 de abril 26 de 2002, paginas 12,13 y 14.
[47]
Teresa Armenta Deu, Lecciones de derecho procesal penal, Madrid, 2004;
Faustino Cordón Moreno, Las garantías constitucionales del proceso
penal, Navarra, 2002; Julio Maier, Derecho Procesal Penal, Buenos
Aires, 2003.
[48] Sentencias
C-591 de 2005, C-673 de 2005, C-979 de 2005, C-095 de 2007 y C-936 de 2010.
[49]
Suspensión del proceso penal a prueba. Gustavo L. Vitale. 2ª
edición actualizada. 2004. Págs. 5-6, 16-17 y 27-28.
[50]
Examinó la constitucionalidad del numeral 17 (inexequible) y el parágrafo 3
(exequible en el entendido de que también
comprende las graves violaciones a los derechos humanos) del artículo 2º
de la Ley 1312 de 2009.
[51] Gaceta del Congreso
número 378 de junio 18 de 2008. Ponencia para primer debate. Así mismo, Gaceta
del Congreso número 217 de abril 17 de 2009, ponencia para segundo debate.
[52] Artículo modificado por el
artículo 2º de la Ley 1312 de 2009. El nuevo texto es el siguiente:
El principio de oportunidad se aplicará en los siguientes casos: 1. Cuando se
tratare de delitos sancionados con pena privativa de la libertad cuyo máximo
señalado en la Ley no exceda de seis (6) años o con pena principal de multa,
siempre que se haya reparado integralmente a la víctima conocida o
individualizada; si esto último no sucediere, el funcionario competente fijará
la caución pertinente a título de garantía de la reparación, una vez oído el
concepto del Ministerio Público. Esta causal es aplicable, igualmente, en los
eventos de concurso de conductas punibles siempre y cuando, de forma
individual, se cumpla con los límites y las calidades señaladas en el inciso
anterior. 2. Cuando a causa de la misma conducta punible la persona fuere
entregada en extradición a otra potencia. 3. Cuando la persona fuere entregada
en extradición a causa de otra conducta punible y la sanción imponible en
Colombia carezca de importancia comparada con la impuesta en el extranjero, con
efectos de cosa juzgada. 4. Cuando el imputado o acusado, hasta antes de
iniciarse la audiencia de juzgamiento, colabore eficazmente para evitar que el
delito continúe ejecutándose, o que se realicen otros, o cuando suministre
información eficaz para la desarticulación de bandas de delincuencia
organizada. 5. Cuando el imputado o acusado, hasta antes de iniciarse la
audiencia de juzgamiento, se compromete a servir como testigo de cargo contra
los demás procesados, bajo inmunidad total o parcial. En este evento los
efectos de la aplicación del principio de oportunidad quedarán en suspenso
respecto del procesado testigo hasta cuando cumpla con el compromiso de
declarar. Si concluida la audiencia de juzgamiento no lo hubiere hecho, se
revocará el beneficio. 6. Cuando el imputado o acusado, hasta antes de
iniciarse la audiencia de juzgamiento, haya sufrido, a consecuencia de la
conducta culposa, daño físico o moral grave que haga desproporcionada la
aplicación de una sanción o implique desconocimiento del principio de
humanización de la sanción. 7. Cuando proceda la suspensión del procedimiento a
prueba en el marco de la justicia restaurativa y como consecuencia de este se
cumpla con las condiciones impuestas. 8. Cuando la realización del
procedimiento implique riesgo o amenaza graves a la seguridad exterior del
Estado. 9. En los casos de atentados contra bienes jurídicos de la
administración pública o de la recta administración de justicia, cuando la
afectación al bien jurídico funcional resulte poco significativa y la
infracción al deber funcional tenga o haya tenido como respuesta adecuada el
reproche institucional y la sanción disciplinaria correspondientes. 10. En
delitos contra el patrimonio económico, cuando el objeto material se encuentre
en tal alto grado de deterioro respecto de su titular, que la genérica
protección brindada por la ley haga más costosa su persecución penal y comporte
un reducido y aleatorio beneficio. 11. Cuando la imputación subjetiva sea
culposa y los factores, que la determinan califiquen la conducta como de
mermada significación jurídica y social. 12. Cuando el juicio de reproche de
culpabilidad sea de tan secundaria consideración que haga de la sanción penal
una respuesta innecesaria y sin utilidad social. 13. Cuando se afecten
mínimamente bienes colectivos, siempre y cuando se dé la reparación integral y
pueda deducirse que el hecho no volverá a presentarse. 14. Cuando la persecución
penal de un delito comporte problemas sociales más significativos, siempre y
cuando exista y se produzca una solución alternativa adecuada a los intereses
de las víctimas. Quedan excluidos en todo caso los jefes, organizaciones,
promotores, y financiadores del delito. 15. Cuando la conducta se realice
excediendo una causal de justificación, si la desproporción significa un menor
valor jurídico y social explicable en el ámbito de la culpabilidad. 16. Cuando
quien haya prestado su nombre para adquirir o poseer bienes derivados de la
actividad de un grupo organizado al margen de la ley o del narcotráfico, los
entregue al fondo para Reparación de Víctimas siempre que no se trate de jefes,
cabecillas, determinadores, organizadores promotores o directores de la respectiva
organización. 17. Numeral INEXEQUIBLE. 18. Numeral adicionado por el artículo
40 de la Ley 1474 de 2011. El nuevo texto es el siguiente: Cuando el autor
o partícipe en los casos de cohecho formulare la respectiva denuncia que da
origen a la investigación penal, acompañada de evidencia útil en el juicio, y
sirva como testigo de cargo, siempre y cuando repare de manera voluntaria e
integral el daño causado. Los efectos de la aplicación del principio de
oportunidad serán revocados si la persona beneficiada con el mismo incumple con
las obligaciones en la audiencia de juzgamiento. El principio de oportunidad se
aplicará al servidor público si denunciare primero el delito en las condiciones
anotadas. PARÁGRAFO 1o. En los casos de tráfico de estupefacientes y otras
infracciones previstas en el capítulo segundo del título XIII del Código Penal,
terrorismo, financiación de terrorismo, y administración de recursos
relacionados con actividades terroristas, solo se podrá aplicar el principio de
oportunidad, cuando se den las causales cuarta o quinta del presente artículo,
siempre que no se trate de jefes, cabecillas, determinadores, organizadores
promotores o directores de organizaciones delictivas. PARÁGRAFO 2o. La
aplicación del principio de oportunidad en los casos de delitos sancionados con
pena privativa de la libertad cuyo límite máximo exceda de seis (6) años de
prisión será proferida por el Fiscal General de la
Nación o por quien el delegue de manera especial para el efecto. PARÁGRAFO 3o.
CONDICIONALMENTE exequible en el entendido de
que también comprende las graves violaciones a los derechos humanos. No
se podrá aplicar el principio de oportunidad en investigaciones o acusaciones
por hechos constitutivos de graves infracciones al Derecho Internacional
Humanitario, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra o genocidio, ni
cuando tratándose de conductas dolosas la víctima sea un menor de dieciocho
(18) años. PARÁGRAFO 4o. No se aplicará el principio de oportunidad al
investigado, acusado o enjuiciado vinculado al proceso penal por haber accedido
o permanecido en su cargo, curul o denominación pública con el apoyo o
colaboración de grupos al margen de la ley o del narcotráfico.
[53]
Declaró la exequibilidad de la versión inicial del numeral 10 del artículo 324
de la Ley 906 de 2004, que señalaba: “Cuando en atentados
contra bienes jurídicos de la administración pública o recta impartición de
justicia, la afectación al bien jurídico funcional resulte poco significativa y
la infracción al deber funcional tenga o haya tenido como respuesta adecuada el
reproche y la sanción disciplinarios.” Cfr.
numeral 9 del artículo 2 de la Ley 1312 de 2009.
[54] Declaró
exequible la versión original de los numerales 4, 5, 6, 9, 11, 12 y 15  por los cargos estudiados; de
la expresión “En los
casos previstos en los numerales 15 (…)”  contenida en el parágrafo 1º por
el cargo examinado; y del parágrafo 3º del artículo 324 de la
Ley 906 de 2004 por los cargos valorados, salvó la expresión “de acuerdo
con lo dispuesto en el estatuto de Roma”, que se declaró inexequible.
[55]
Sentencia C-936 de 2010. Cfr. sentencia C-673 de 2005 y
C-095 de 2007.
[56]
Sentencias C-095 de 2007, C-738 de 2008 y C-936 de 2010.
[57] Sentencia C-936 de 2010.
Cfr. sentencia C-673 de 2005.
[58]
Sentencia C-979 de 2005. En la sentencia C-095 de 2007 se sostuvo: “Lo anterior obedece a la naturaleza misma del juicio que
necesariamente debe hacer el funcionario, en este caso el fiscal, cuando evalúa
la aplicabilidad de la ley a un caso concreto. En este momento se enfrenta a la
comparación entre las circunstancias abstractamente previstas en la ley, y la
situación que se presenta de facto. Aunque las previsiones abstractas de la ley
se revistan de precisión y claridad, siempre será necesaria la labor de
subsumir el caso concreto dentro de las previsiones generales contenidas en
ella,  es decir, llevar a cabo una operación mediante la cual el funcionario
que la aplica considera si el caso particular responde o puede ser sometido a
la norma general prevista en la ley. Ahora bien, aun cuando la norma legal sea
clara y precisa en grado sumo, la infinita posibilidad de circunstancias que
rodean las conductas humanas regulables resulta imposible de prever en fórmulas
legales generales, impersonales y abstractas. Dicho de otro modo, la necesaria
generalidad y abstracción de la ley, incluso cuando ella es clara y precisa en
la descripción de las circunstancias en que es llamada a operar, exige
lógicamente reconocer cierto grado de discrecionalidad al operador jurídico
llamado a aplicarla.”
[59]
Ibídem.
[60]
Artículo 250 de la Constitución: “[…] En ejercicio de sus funciones la
Fiscalía General de la Nación, deberá: 1. Solicitar al juez que ejerza las
funciones de control de garantías las medidas necesarias que aseguren la
comparecencia de los imputados al proceso penal, la conservación de la prueba y
la protección de la comunidad, en especial de las víctimas. […] 6. Solicitar
ante el juez de conocimiento las medidas judiciales necesarias para la
asistencia a las víctimas, lo mismo que disponer el restablecimiento del
derecho y la reparación integral a los afectados con el delito. 7. Velar por la
protección de las víctimas, los jurados, los testigos y demás intervinientes en
el proceso penal, la ley fijará los términos en que podrán intervenir las
víctimas en el proceso penal y los mecanismos de justicia restaurativa. […].
Parágrafo 2. Adicionado por el Acto Legislativo 06 de 2011, artículo 2.
Atendiendo la naturaleza del bien jurídico y la menor lesividad de la conducta
punible, el legislador podrá asignarle el ejercicio de la acción penal a la
víctima o a otras autoridades distintas a la
Fiscalía General de la Nación. En todo caso, la
Fiscalía General de la Nación podrá actuar en forma preferente.”
[61]
El artículo 328 de la Ley 906 de 2004 señala: “La
participación de las víctimas. En la aplicación del principio de oportunidad el
fiscal deberá tener en cuenta los intereses de las víctimas. Para estos efectos
deberá oír a las que se hay hecho presentes en la actuación.”
[62]
Ibídem.
[63]
Artículo 250 de la Constitución: “[…] En ejercicio de sus funciones la
Fiscalía General de la Nación, deberá: 1. Solicitar al juez que ejerza las
funciones de control de garantías las medidas necesarias que aseguren la
comparecencia de los imputados al proceso penal, la conservación de la prueba y
la protección de la comunidad, en especial de las víctimas. […] 6. Solicitar
ante el juez de conocimiento las medidas judiciales necesarias para la
asistencia a las víctimas, lo mismo que disponer el restablecimiento del
derecho y la reparación integral a los afectados con el delito. 7. Velar por la
protección de las víctimas, los jurados, los testigos y demás intervinientes en
el proceso penal, la ley fijará los términos en que podrán intervenir las
víctimas en el proceso penal y los mecanismos de justicia restaurativa. […].
Parágrafo 2. Adicionado por el Acto Legislativo 06 de 2011, artículo 2.
Atendiendo la naturaleza del bien jurídico y la menor lesividad de la conducta
punible, el legislador podrá asignarle el ejercicio de la acción penal a la
víctima o a otras autoridades distintas a la
Fiscalía General de la Nación. En todo caso, la
Fiscalía General de la Nación podrá actuar en forma preferente.”
[64]
En otros ámbitos pueden consultarse las sentencias C-180 de 2014, C-579 de
2013, C-438 de 2013, C-280 de 2013, C-099 de 2013, C-052 de 2012, C-771 de
2011, C-871 de 2003, entre otras.
[65] La
sentencia C-210 de 2007 sostuvo: “El derecho constitucional a la reparación
integral de las víctimas no sólo tiene fundamento expreso en los artículos 1º,
2º y 250 de la Constitución, sino también en varias normas del derecho
internacional que hacen parte del bloque de constitucionalidad. Dijo la
Corte que la petición de reparación del daño causado surge: i) del concepto
mismo de dignidad humana que busca restablecer a las víctimas las condiciones
anteriores al hecho ilícito (artículo 1º superior), ii) del deber de las
autoridades públicas de proteger la vida, honra y bienes de los residentes y de
garantizar la plena efectividad de sus derechos (artículo 2º de la
Carta), iii) del principio de participación e intervención en las decisiones
que los afectan (artículo 2º de la
Constitución), iv) de la consagración expresa del deber estatal de protección,
asistencia, reparación integral y restablecimiento de los derechos de las
víctimas (artículo 250, numerales 6º y 7º, idem) y, v) del derecho de acceso a
los tribunales para hacer valer los derechos, mediante los recursos ágiles y
efectivos (artículos 229 de la Constitución, 18 de la
Declaración Americana de Derechos del Hombre, 8 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos y 8 de la
Convención Americana de Derechos Humanos.”
[66] “El derecho a la verdad. El conjunto de
principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante
la lucha contra la impunidad (principios 1° a 4) incorporan en este derecho las siguientes
garantías: (i) el derecho inalienable a la verdad; (ii) el deber de recordar; (iii)
el derecho de las víctimas a saber. El primero, comporta el derecho de cada
pueblo a conocer la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos y las
circunstancias que llevaron a la perpetración de los crímenes. El segundo,
consiste en el conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión como
parte de su patrimonio, y por ello se deben adoptar medidas adecuadas en aras
del deber de recordar que incumbe al estado. Y el tercero, determina que,
independientemente de las acciones que las víctimas, así como sus familiares o
allegados puedan entablar ante la justicia, tiene el derecho imprescriptible a
conocer la verdad, acerca de las circunstancias en que se cometieron las
violaciones, y en caso de fallecimiento o desaparición acerca de la suerte que
corrió la víctima. El derecho a la verdad presenta así una dimensión colectiva
cuyo fin es “preservar del olvido a la memoria colectiva”, y una dimensión
individual cuya efectividad se realiza fundamentalmente en el ámbito judicial,
a través del derecho de las víctimas a un recurso judicial efectivo, tal como
lo ha reconocido la jurisprudencia de esta Corte. Proyectando estos principios en el ámbito nacional, la
jurisprudencia constitucional ha determinado que  el  derecho  de acceder a la
verdad, implica que las personas tienen derecho a conocer qué fue lo que
realmente sucedió en su caso. La dignidad humana de una persona se ve afectada
si se le priva de información que es vital para ella. El acceso a la verdad
aparece así íntimamente ligado al respeto de la dignidad humana, a la memoria y
a la imagen de la víctima. El derecho a que se haga justicia en el caso concreto,
es decir, el derecho a que no haya impunidad. Este derecho incorpora una serie de
garantías para las víctimas de los delitos que se derivan de unos correlativos
deberes para las autoridades, que pueden sistematizarse así: (i) el deber del
Estado de investigar y sancionar adecuadamente a los autores y partícipes de
los delitos; (ii) el derecho de las víctimas a un recurso judicial efectivo; (iii)
el deber de respetar en todos los juicios las reglas del debido proceso. La
jurisprudencia constitucional ha señalado que el derecho de acceso a la
justicia, tiene como uno de sus componentes naturales el derecho a que se haga
justicia. Este derecho involucra un verdadero derecho constitucional al proceso
penal, y el derecho a participar en el proceso penal, por cuanto el derecho al
proceso en el estado democrático debe ser eminentemente participativo. Esta
participación se expresa en "que los familiares de la persona fallecida y
sus representantes legales serán informados de las audiencias que se celebren,
a las que tendrán acceso, así como a toda información pertinente a la
investigación y tendrán derecho a presentar otras pruebas" El derecho a
la reparación integral del daño que se ha ocasionado a la víctima o a los
perjudicados con el delito. El derecho de reparación, conforme al derecho
internacional contemporáneo también presenta una dimensión individual y otra
colectiva. Desde su dimensión individual abarca todos los daños y perjuicios
sufridos por la víctima, y comprende  la adopción de medidas individuales
relativas al derecho de (i) restitución, (ii)  indemnización, (iii)
rehabilitación, (iv) satisfacción y (v) garantía de no repetición. En su
dimensión colectiva, involucra medidas de satisfacción de alcance general como
la adopción de medidas encaminadas a restaurar, indemnizar o readaptar los
derechos de las colectividades o comunidades directamente afectadas por las
violaciones ocurridas. La integralidad de la reparación comporta la adopción de
todas las medidas necesarias tendientes a hacer desaparecer los efectos de las
violaciones cometidas, y a devolver a la víctima al estado en que se encontraba
antes de la violación.” Sentencia
C-454 de 2006.
[67]
El artículo 327 de la Ley 906 de 2004 expresa: “Control judicial en la
aplicación del principio de oportunidad. El juez de control de garantías deberá
efectuar el control de legalidad de las solicitudes individuales o colectivas
respectivas dentro de los cinco (5) días siguientes a la determinación de la
fiscalía de dar aplicación al principio de oportunidad. Dicho control será
obligatorio y automático y se realizará en audiencia especial en la que la
víctima y el Ministerio Público podrán controvertir la prueba aducida por la
Fiscalía General de la Nación para sustentar la decisión. El juez resolverá de
plano. La aplicación del principio de oportunidad y los preacuerdos de los
posibles imputados o acusados y la fiscalía, no podrá comprometer la presunción
de inocencia y solo procederán si hay un mínimo de prueba que permita inferir
la autoría o participación en la conducta y su tipicidad.”
[68]
Sentencia C-095 de 2007.
[69] “El
juez de control de garantías deberá efectuar el control de legalidad
respectivo, dentro de los cinco (5) días siguientes a la determinación de la
Fiscalía de dar aplicación al principio de oportunidad, siempre que con
esta se extinga la acción penal”.
[70] Dijo
la Corte: “Tal expresión, en cuanto reduce el principio de oportunidad a
uno solo (la renuncia), de los tres supuestos procesales (renuncia,
interrupción y suspensión) a través de los cuales actúa, desconoce las reglas
jurisprudenciales trazadas por esta Corte en el sentido que la oportunidad
reglada opera a través de la renuncia, la suspensión y la interrupción de la
acción penal. Adicionalmente, las consecuencias que se derivan de la expresión
demandada, en cuanto restringen el ámbito  del control judicial  sobre el
principio de oportunidad, son extrañas a los antecedentes legislativos de la
reforma constitucional que demarcan una clara preocupación del constituyente
secundario de rodear la aplicación del principio de oportunidad de controles
judiciales que lo preservaran de eventuales desequilibrios en que se pudiera
incurrir en su aplicación. Finalmente, despojar de control jurisdiccional las
decisiones de la Fiscalía, que como la suspensión del procedimiento a prueba,
comporta afectación de derechos fundamentales, vulnera la primacía y garantía
de protección que a estos valores confiere el orden constitucional (arts. 2° y
5°), así como el derecho a acceder a la administración de justicia en
condiciones de igualdad (arts. 13 y 228), por que se crearía la posibilidad que
unas decisiones que afectan derechos fundamentales estuviesen amparadas por el
control judicial, en tanto que otras que involucran la misma situación
estuviesen sustraídas de tal control.”
[71]
Sentencia C-979 de 2005.
[72]
El artículo 329 de la Ley 906 de 2004 señala: “Efectos de
la aplicación del principio de oportunidad. La decisión que prescinda de la
persecución extinguirá la acción penal respecto del autor o participe en cuyo
favor se decida, salvo que la causal que la fundamente se base en la falta de
interés del Estado en la persecución del hecho, evento en el cual las
consecuencias de la aplicación del principio se extenderán a los demás autores
o participes en la conducta punible, a menos que la ley exija la reparación
integral a las víctimas.”
[73]
Se limitó el pronunciamiento a los cargos examinados.
[74] Expuso
el Tribunal Constitucional: “los deberes de reglamentación, general e
interna,  que las normas acusadas imponen al Fiscal General de la
Nación en materia de aplicación del principio de oportunidad y funcionamiento
de la justicia restaurativa, encuentran pleno respaldo en la
Carta como medios de promover valores en ella establecidos como el principio
de competencia preferente, el principio de unidad de gestión y jerarquía (Art.
251.3 CP), el principio de igualdad en su expresión de igualdad de trato ante
la ley (Art.13 CP), y el deber de promoción y protección de los derechos de las
víctimas que el orden jurídico radica en el Fiscal y sus agentes.  Los poderes de reglamentación que se
asignan al Fiscal General de la Nación, se insertan en la autonomía
administrativa y presupuestal que la Carta (art.249 C.P.) reconoce a la
Fiscalía. Sin embargo tal autonomía no es absoluta, en tanto que encuentra
límites claros en la Constitución y la ley. En ejercicio de esa facultad el
Fiscal General no puede nunca desconocer el ámbito que le demarcan la
Constitución y la ley, ni puede invadir la cláusula general de reserva legal.
De tal manera que los poderes de reglamentación de este funcionario deben tener
siempre un referente normativo en le ley y estar sometidos a los controles
judiciales propios de los actos administrativos.”
[75]
Suspensión del proceso penal a prueba. Gustavo L. Vitale. 2ª
edición actualizada. 2004. Págs. 17-18, 25-26.
[76]
Alberto Bovino (revista Pena y Estado No. 2 Ministerio
Público, Buenos Aires, 1997), en su texto “La persecución penal pública en el
derecho anglosajón”, cita a Esteban Marino en su obra “suspensión del
procedimiento a prueba en AA.VV.”, el nuevo código procesal penal de la
Nación, análisis crítico pág. 36, Buenos Aires, 1993.
[77]
Principio de oportunidad. Alejandro Garzón Marín y César
Augusto Londoño Ayala. Ediciones Nueva Jurídica. Colección Estudios No. 8.
2006. Bogotá. Págs. 263-264.
[78]
Suspensión del proceso penal a prueba. Gustavo L. Vitale. Pág. 29.
[79]
Suspensión a prueba del pronunciamiento de una condena o de la fijación de pena
en la sentencia declarativa de culpabilidad.
[80]
Ibídem. Algunas diferencias de nuestra suspensión del proceso
penal a prueba con otros sistemas afines. Págs. 41
a 48.
[81]
Ibídem.
[82]
Ibídem.
[83]
Ibídem. A nivel de las legislaciones en que la suspensión del
proceso está relacionada con la suspensión de la ejecución de la condena  o se
aplica respecto de delitos de menor gravedad en el ámbito latinoamericano,
puede consultarse el texto “Aproximación al estudio del principio de
oportunidad”, de Juan Carlos Forero Ramírez. Segunda Edición. Págs. 22
a 225.
[84] Modificado por el artículo 3º de la
Ley 1312 de 2009. Esta disposición
señala que el imputado o acusado, hasta antes de la audiencia de juzgamiento,
podrá solicitar la suspensión del procedimiento a prueba, de la misma forma en
que lo que pueden hacer las personas simplemente imputadas, mediante solicitud
oral en la que manifiesten i) un plan de reparación del daño y ii) las
condiciones que estaría dispuesto a cumplir. El plan podrá consistir i) en la
mediación con las víctimas, en los casos en que esta sea procedente, ii) la
reparación integral de los daños causados a las víctimas o iii) la reparación
simbólica, en forma inmediata o a plazos, en el marco de la justicia
restaurativa. Presentada la solicitud, individual o colectiva, el fiscal
consultará a la víctima y resolverá de inmediato mediante decisión que fijará
las condiciones bajo las cuales se suspende el procedimiento, y aprobará o modificará
el plan de reparación propuesto por el imputado, conforme a los principios de
justicia restaurativa establecida en el Código de Procedimiento Penal. Si el
procedimiento se reanuda con posterioridad, la admisión de los hechos por parte
del imputado no se podrá utilizar como prueba de culpabilidad. El fiscal podrá
suspender el procedimiento a prueba cuando para el cumplimiento de la finalidad
del principio de oportunidad estime conveniente hacerlo antes de decidir sobre
la eventual renuncia al ejercicio de la acción penal.
[85] Modificado
por el artículo 4º de la Ley 1312 de 2009. Esta disposición señala que las
condiciones a cumplir durante el periodo de prueba. El fiscal fijará el periodo
de prueba que no podrá ser superior a tres (3) años y determinará una o varias
de las condiciones que deberán cumplir el imputado o acusado hasta antes de la
audiencia de juzgamiento, entre las siguientes: a) Residir en un lugar determinado e informar al
fiscal del conocimiento cualquier cambio del mismo. b) Participar en programas
especiales de tratamiento con el fin de superar problemas de dependencia a
drogas o bebidas alcohólicas. c) Prestar servicios a favor de instituciones que
se dediquen al trabajo social a favor de la comunidad. d) Someterse a un
tratamiento médico o psicológico. e) No poseer o portar armas de fuego. f) No
conducir vehículos automotores, naves o aeronaves. g) La reparación integral a
las víctimas, de conformidad con los mecanismos establecidos en la ley. h) La
realización de actividades a favor de la recuperación de las víctimas. i) La
colaboración activa y efectiva en el tratamiento psicológico para la
recuperación de las víctimas, siempre y cuando medie su consentimiento. j) La
manifestación pública de arrepentimiento por el hecho que se le imputa. k) La
obligación de observar buena conducta individual, familiar y social. 1) La
dejación efectiva de las armas y la manifestación expresa de no participar en
actos delictuales. m) La cooperación activa y efectiva para evitar la
continuidad en la ejecución del delito, la comisión de otros delitos y la
desarticulación de bandas criminales, redes de narcotráfico, grupos al margen
de la ley, o, aquellas organizaciones vinculadas con los delitos a los que hace
referencia el parágrafo 2o del artículo 324. Durante el periodo de prueba el
imputado o acusado hasta antes de la audiencia deberá someterse a la vigilancia
que el fiscal determine sin menoscabo de su dignidad. Vencido el periodo de
prueba y verificado el cumplimiento de las condiciones, el fiscal solicitará el
archivo definitivo de la actuación.
[86] Sentencia C-979 de 2005.
[87]
Expresión “siempre que con esta se extinga la acción penal.”
[88] “Control
judicial en la aplicación del principio de oportunidad. El juez de control de
garantías deberá efectuar el control de legalidad respectivo, dentro de los
cinco (5) días siguientes a la determinación de la
Fiscalía de dar aplicación al principio de oportunidad, siempre que con
esta se extinga la acción penal. Dicho control será obligatorio y
automático y se realizará en audiencia especial en la que la víctima y el
Ministerio Público podrán controvertir la prueba aducida por la
Fiscalía General de la Nación para sustentar la decisión. El juez resolverá de
plano y contra esta determinación no procede recurso alguno. La aplicación del
principio de oportunidad y los preacuerdos de los posibles imputados y la
Fiscalía, no podrán comprometer la presunción de inocencia y solo procederán
si hay un mínimo de prueba que permita inferir la autoría o participación en la
conducta y su tipicidad.”
Disposición hoy modificada por
el artículo 5º de la Ley 1312 de 2009.
[89]
Dijo la Corte: “Una formulación coherente con
la estructura de un proceso penal de tendencia acusatoria, como el que
configura la Ley 906 de 2004, exige que las discusiones
relacionadas con la afectación de los derechos fundamentales del imputado, se
resuelvan en el ámbito jurisdiccional. La salvaguarda de los derechos
fundamentales del investigado es función prioritaria adscrita al juez de
control de garantías.”
[90] Concluyó
este Tribunal: “Despojar de control jurisdiccional las decisiones de la
Fiscalía, que como la suspensión del procedimiento a prueba, comporta
afectación de derechos fundamentales, vulnera la primacía y garantía de
protección que a estos valores confiere el orden constitucional (Arts. 2° y
5°), así como el derecho a acceder a la administración de justicia en
condiciones de igualdad (Arts. 13 y 228), por que se crearía la posibilidad que
unas decisiones que afectan derechos fundamentales estuviesen amparadas por el
control judicial, en tanto que otras que involucran la misma situación
estuviesen sustraídas de tal control.”
[91]
Sin que haya examinado su constitucionalidad.
[92]
Versión inicial.
[93] La cooperación activa y efectiva para
evitar la continuidad en la ejecución del delito, la comisión de otros delitos
y la desarticulación de bandas criminales, redes de narcotráfico, grupos al
margen de la ley, o, aquellas organizaciones vinculadas con los delitos a los
que hace referencia el parágrafo 2º del artículo 324.
[94]
Residir en un lugar determinado controlada por el propio fiscal.
[95]
Prohibición de conducir vehículos automotores, naves o aeronaves.
[96]
Obligación de observar buena conducta individual, familiar o social.
[97]
Sometimiento a la vigilancia que el fiscal determine.
[98]
Participación en programas especiales de tratamiento con el fin de superar
problemas de dependencia a drogas o bebidas alcohólicas.
[99]
Prestar servicios a favor de instituciones que se dediquen al trabajo social a
favor de la comunidad.
[100]
Realización de actividades a favor de la recuperación de la víctima.
[101]
Colaboración activa y efectiva en el tratamiento sicológico para la
recuperación de las víctimas.
[102]
Manifestación pública de arrepentimiento por el hecho que se le imputa.
[103]
Someterse a la vigilancia que el fiscal determine.
[104]
Establecen la obligación de someterse a un mecanismo de vigilancia electrónica o
de una persona o institución determinada.
[105]
Obligación de observar buena conducta individual, familiar y social.
[106] Obligación
de observar buena conducta individual, familiar y social, con especificación de
la misma y su relación con el
hecho. Dijo además la
Corte: “con la diferencia que cuando quien la impone es el juez de control
de garantías y como medida de aseguramiento, se establecen unas sanas cautelas
relativas a la relación entre la medida y el hecho.”
[107]
La privación del derecho a conducir vehículos automotores y motocicletas.
[108]
La privación del derecho a la tenencia y porte de arma.
[109]
Sentencia C-979 de 2005.
[110]
Artículo 522 de la Ley 906 de 2004.
[111]
Artículos 523 a 527 de la
Ley 906 de 2004.
[112] Declaró la exequibilidad, por los cargos
analizados, de los artículos 330 y 527 de la
Ley 906 de 2004, que señalan: Artículo
330. Reglamentación. El Fiscal
General de la Nación deberá expedir un reglamento, en el que se determine de
manera general el procedimiento interno de la entidad para asegurar que la
aplicación del principio de oportunidad cumpla con sus finalidades y se ajuste
a la Constitución y la ley. El reglamento expedido por la
Fiscalía General de la Nación deberá desarrollar el plan de política criminal
del Estado. Artículo 527. Directrices. El Fiscal General de la
Nación elaborará un manual que fije las directrices del funcionamiento de la
mediación, particularmente en la capacitación y evaluación de los mediadores y
las reglas de conducta que regirán el funcionamiento de la mediación y, en
general, los programas de justicia restaurativa.
[113]
Artículos 189.11, 249, 250 y 251 de la
Constitución.
[114]
Cfr. sentencia C-979 de 2005.
[115]
Ibídem.
[116] Pueden
resaltarse, entre otros aspectos, los siguientes: “I. Definiciones. 1. Por “programa de
justicia restaurativa” se entiende todo programa que utilice procesos
restaurativos e intente lograr resultados restaurativos. 2.   Por “proceso
restaurativo” se entiende todo proceso en que la víctima, el delincuente y,
cuando proceda, cualesquiera otras personas o miembros de la comunidad
afectados por un delito, participen conjuntamente de forma activa en la
resolución de cuestiones derivadas del delito, por lo general con la ayuda de
un facilitador. Entre los procesos restaurativos se puede incluir la mediación,
la conciliación, la celebración de conversaciones y las reuniones para decidir
sentencias. 3. Por “resultado restaurativo” se entiende un acuerdo alcanzado
como consecuencia de un proceso restaurativo. Entre los resultados
restaurativos se pueden incluir respuestas y programas como la reparación, la
restitución y el servicio a la comunidad, encaminados a atender a las
necesidades y responsabilidades individuales y colectivas de las partes y a
lograr la reintegración de la víctima y del delincuente. 4.     Por “partes” se
entiende la víctima, el delincuente y cualesquiera otras personas o miembros de
la comunidad afectados por un delito que participen en un proceso restaurativo.
5.            Por “facilitador” se entiende una persona cuya función es
facilitar, de manera justa e imparcial, la participación de las partes en un
proceso restaurativo. II. Utilización de programas de justicia restaurativa. 6. Los programas de
justicia restaurativa se pueden utilizar en cualquier etapa del sistema de
justicia penal, a reserva de lo dispuesto en la legislación nacional. 7. Los
procesos restaurativos deben utilizarse únicamente cuando hay pruebas
suficientes para inculpar al delincuente, y con el consentimiento libre y
voluntario de la víctima y el delincuente. La víctima y el delincuente podrán
retirar ese consentimiento en cualquier momento del proceso. Los acuerdos se
alcanzarán en forma voluntaria y sólo contendrán obligaciones razonables y
proporcionadas. 8. La víctima y el delincuente normalmente deben estar de
acuerdo sobre los hechos fundamentales de un asunto como base para su
participación en un proceso restaurativo. La participación del delincuente no
se utilizará como prueba de admisión de culpabilidad en procedimientos
jurídicos ulteriores. 9. Las diferencias conducentes a una desigualdad de
posiciones, así como las diferencias culturales entre las partes, se deben
tener en cuenta al someter un caso a un proceso restaurativo y al llevar a cabo
ese proceso. 10. La seguridad de las partes debe ser tenida en cuenta al
someter un caso a un proceso restaurativo y al llevar a cabo ese proceso. 11.
Cuando los procesos restaurativos no sean un recurso apropiado o posible, el caso
deberá remitirse a la justicia penal y se deberá adoptar sin demora una
decisión sobre la manera de proceder. En esos casos, los funcionarios de
justicia penal se esforzarán por alentar al delincuente a que asuma su
responsabilidad para con la víctima y las comunidades afectadas, y apoyarán la
reintegración de la víctima y del delincuente en la comunidad.”. Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas. E/CN.15/2002/5/Add.1. Informe del  Grupo de Expertos sobre Justicia
Restaurativa a la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal.
[117] Este texto contiene un resumen del Informe de la reunión del
grupo de experto sobre justicia restaurativa a la
Comisión de prevención del delito en su 11° período de sesiones, Viena 16 al
25 de abril de 2002. Cfr. E/CN.15/2002/5/Add.1
[118] “La
conciliación se surtirá obligatoriamente y como requisito de procedibilidad
para el ejercicio de la acción penal, cuando se trate de delitos querellables,
ante el fiscal que corresponda, o en un centro de conciliación o ante un
conciliador reconocido como tal. En el primer evento, el fiscal citará a
querellante y querellado a diligencia de conciliación. Si hubiere acuerdo
procederá a archivar las diligencias. En caso contrario, ejercitará la acción
penal correspondiente, sin perjuicio de que las partes acudan al mecanismo de
la mediación. Si la audiencia de conciliación se realizare ante un centro o
conciliador reconocidos como tales, el conciliador enviará copia del acta que
así lo constate al fiscal quien procederá al archivo de las diligencias si fue
exitosa o, en caso contrario, iniciará la acción penal correspondiente, si
fuere procedente, sin perjuicio de que las partes acudan al mecanismo de la
mediación. La inasistencia injustificada del querellante se entenderá como
desistimiento de su pretensión. La del querellado motivará el ejercicio de la
acción penal, si fuere procedente. En cualquier caso, si alguno de los citados
fuere incapaz, concurrirá su representante legal. La conciliación se ceñirá, en
lo pertinente, a lo establecido en la Ley 640 de 2001.”
[119]
Cfr. artículo 74 de la Ley 906 de 2004. Modificado por el artículo 4º de la
Ley 1142 de 2007. Modificado por el artículo 108 de la
Ley 1453 de 2011. Delitos que requieren querella.
[120] Como
características de la conciliación se expuso: “(i) Es un instrumento de autocomposición de un
conflicto, por la voluntad concertada o el consenso de las partes; (ii) es una actividad
preventiva, en la medida en que busca la solución del conflicto antes de acudir
a la vía procesal o durante el trámite del proceso, en cuyo caso no se llega al
resultado final normal de aquél, que es la sentencia; (iii) no tiene en
estricto sentido el carácter de actividad judicial ni da lugar a un proceso
jurisdiccional, porque el conciliador, autoridad administrativa o judicial, o
particular, no intervienen para imponer a las partes la solución del conflicto
en virtud de una decisión autónoma e innovadora; (iv) es un mecanismo útil para
la solución de los conflictos, porque ofrece a las partes involucradas en un
conflicto la posibilidad de llegar a un acuerdo, sin necesidad de acudir a la
vía del proceso judicial que implica demora, costos para las partes y
congestión para el aparato judicial; (v) constituye un mecanismo alternativo de
administración de justicia que se inspira en el criterio pacifista que debe
regir la solución de los conflictos en una sociedad; (vi) es un instrumento que
busca lograr la descongestión de los despachos judiciales, asegurando la mayor
eficiencia y eficacia de la administración de justicia, pues éstas se aseguran
en mayor medida cuando a la decisión de los jueces sólo se someten las causas
que están en capacidad de resolver oportunamente y sin dilaciones; (vii) tiene
un ámbito que se extiende a todos aquellos conflictos susceptibles, en
principio, de ser negociados, o en relación con personas cuya capacidad de
transacción no se encuentre limitada por el ordenamiento jurídico; (viii) es el
resultado de una actuación que se encuentra reglada por el legislador en varios
aspectos, tales como: las autoridades o sujetos competentes para intervenir en
la actividad de conciliación y las facultades de las cuales disponen; las
clases o tipos de conciliación admisibles y los asuntos susceptibles de ser
conciliados; las condiciones bajo las cuales se pueden presentar peticiones de
conciliación; los trámites que deben sufrir dichas peticiones; la renuencia a
intentarla y las consecuencias que se derivan de ello; la audiencia de
conciliación, la formalización del acuerdo total o parcial entre las partes o
la ausencia de éste y la documentación de lo actuado[120];
(ix) no debe ser interpretada solamente como una manera de descongestionar el
aparato de justicia sino también, y principalmente, como una forma de
participación de la sociedad civil en los asuntos que los afectan[120];
(x) se trata de un mecanismo de  estirpe democrática, en la medida en que
generan espacios de intervención de la comunidad en el desarrollo de la función
jurisdiccional evitando la conflictivización de la sociedad y logrando, por
ende, el fortalecimiento de la legitimidad del aparato de justicia estatal en
la medida en que éste puede  dedicarse a resolver aquellos asuntos que son de
verdadera trascendencia social; (xi) se enmarca dentro del movimiento de
reformas para garantizar el acceso a la justicia[120];
(xii) puede ser judicial o extrajudicial; y ( xiii ) el legislador ha optado
por regular en norma especial la conciliación en materia penal, dada la naturaleza
de la acción penal, el tipo de conflictos que dan lugar a la investigación
penal, las consecuencias frente al derecho a la libertad personal que conlleva
este tipo de responsabilidad y el interés público en ella involucrado, entre
otros factores.” Cfr.
sentencias C-1257 de 2001, C-591 de 2005 y C-979 de 2005.
[121] Modificado
por el artículo 86 de la Ley 1395 de 2010. El nuevo texto es el siguiente: “En
firme la sentencia condenatoria y, previa solicitud expresa de la víctima, o
del fiscal o del Ministerio Público a instancia de ella, el juez fallador
convocará dentro de los ocho (8) días siguientes a la audiencia pública con la
que dará inicio al incidente de reparación integral de los daño s causados con
la conducta criminal y ordenará las citaciones previstas en los artículos 107 y
108 de este Código, de ser solicitadas por el incidentante.” Declarado exequible,
por los cargos estudiados, en la sentencia C-250 de 2011.
[122] “Mediación
es un mecanismo por medio del cual un tercero neutral, particular o servidor
público designado por el Fiscal General de la
Nación o su delegado, conforme con el manual que se expida para la materia,
trata de permitir el intercambio de opiniones entre víctima y el imputado o
acusado para que confronten sus puntos de vista y, con su ayuda, logren
solucionar el conflicto que les enfrenta. La mediación podrá referirse a la
reparación, restitución o resarcimiento de los perjuicios causados; realización
o abstención de determinada conducta; prestación de servicios a la comunidad; o
pedimento de disculpas o perdón.”
[123] “La mediación procede desde la formulación de la
imputación y hasta antes del inicio del juicio oral para los delitos
perseguibles de oficio cuyo mínimo de pena no exceda de cinco (5) años de
prisión, siempre y cuando el bien jurídico protegido no sobrepase la órbita
personal del perjudicado, y víctima, imputado o acusado acepten expresa y
voluntariamente someter su caso a una solución de justicia restaurativa. En los
delitos con pena superior a cinco (5) años la mediación será considerada para
otorgar algunos beneficios durante el trámite de la actuación, o relacionados
con la dosificación de la pena, o el purgamiento de la sanción.”
[124] “La
mediación podrá solicitarse por la víctima o por el imputado o acusado ante el
fiscal, juez de control de garantías o juez de conocimiento, según el caso,
para que el Fiscal General de la Nación, o su delegado para esos efectos,
proceda a designar el mediador. En los casos de menores, inimputables y
víctimas incapaces, sus representantes legales deberán participar en la
mediación.”
[125] “La
decisión de víctima y victimario de acudir a la mediación tiene efectos
vinculantes, en consecuencia, excluye el ejercicio de la acción civil derivada
del delito y el incidente de reparación integral. El mediador expedirá un
informe de sus resultados y lo remitirá al fiscal o al juez, según el caso,
para que lo valore y determine sus efectos en la actuación. Los resultados de
la mediación serán valorados para el ejercicio de la acción penal; la selección
de la coerción personal, y la individualización de la pena al momento de
dictarse sentencia.”
[126] “El
Fiscal General de la Nación elaborará un manual que fije las directrices del
funcionamiento de la mediación, particularmente en la capacitación y evaluación
de los mediadores y las reglas de conducta que regirán el funcionamiento de la
mediación y, en general, los programas de justicia restaurativa.” Declarado exequible en la sentencia C-979 de 2005,
por los cargos analizados.
[127]
“La restitución se realiza a través de acciones orientadas a devolver, en la
medida de lo posible, a la víctima a la situación que se encontraba antes de
ser afectada por el ilícito, tiene un alcance que trasciende lo meramente
pecuniario en cuanto atañe al restablecimiento de todos sus derechos que le
permitan continuar con una vida normal en su entorno social, familiar, de
ciudadanía, laboral y económico. La indemnización se identifica con las medidas
orientadas a lograr el resarcimiento de los daños generados por el ilícito y
que sean cuantificables económicamente (daños físico y mental; la pérdida de
oportunidades de desarrollo; los daños materiales y la pérdida de ingresos
incluido el lucro cesante; el daño a la reputación o a la dignidad, las
disminuciones patrimoniales). La rehabilitación corresponde al conjunto de
acciones que se orientan a proporcionar a la víctima la atención y asistencia
que requiera desde el punto de vista médico, psicológico, social y jurídico. La
satisfacción y las garantías de no repetición atañen a aquellas acciones
dirigidas, de una parte a deshacer el agravio inferido a la víctima, y de otra,
a impedir que vuelvan a realizarse conductas con las cuales se afectaron sus
derechos, las cuales deben ser adecuadas  a la naturaleza y magnitud de la
ofensa.”
[128] Artículo 22.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social,
y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional,
habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción
de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad
y al libre desarrollo de la personalidad. Artículo 26.2. La educación
tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el
fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades
fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre
todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el
desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de
la paz. Artículo 29.1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que
sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad.
[129]
Sentencias C-309 de 1997, C-481 de 1998 y C-373 de 2002.
[130]
Sentencias C-481 de 1998 y C-373 de 2002.
[131]
Sentencia T-124 de 1998, C-930 de 2008 y C-639 de 2010.
[132]
Sentencias C-221 de 1994, C-109 de 1995, C-718 de 2006 y C-383 de 2012.
[133]
Sentencias C-221 de 1994, T-067 de 1997 y C-098 de 2003.
[134]
Sentencias T-222 de 1992, T-067 de 1998 y C-718 de 2006.
[135]
Sentencias SU.642 de 1998, C-449 de 2003, C-435 de 2013.
[136] El juicio de validez constitucional de una regla de
derecho que constituya un límite al libre desarrollo de la personalidad
consiste en establecer si la medida limitativa persigue un propósito válido
constitucionalmente, si el sacrificio a la autonomía resulta adecuado a la
consecución del objetivo superior, si es necesaria por no existir alternativa
razonable menos restrictiva de la libertad e igualmente eficaz y, por último,
si es estrictamente proporcional en relación con el fin pretendido. La
intensidad del juicio de proporcionalidad se hará más estricta en cuanto mayor
sea la cercanía del ámbito en que se produce la restricción con el núcleo
esencial del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Sentencias C-309 de 1997, T-067 de 1998, SU.642 de 1998
y C-373 de 2002.
[137]
Sentencias C-309 de 1997, SU.642 de 1998, T-1023 de 2010, T-407 de 2012, T-565
de 2013 y T-789 de 2013.
[138]
Sentencias C-309 de 1997, C-355 de 2006 y C-115 de 2008.
[139]
Sentencias T-532 de 1992, C-309 de 1997 y C-373 de 2002.
[140]
Salvaron voto los magistrados Nilson Pinilla Pinilla, Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo y Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[141]
Teoría de la Justicia. 1971. John Rawls (1921-2002). Filósofo Estadounidense.
[142]
Así lo sostuvo la Corte Constitucional en la sentencia C-221 de 1994, al
afirmar que si a la persona se le reconoce autonomía no puede limitársela sino
en la medida en que entra en conflicto con la autonomía ajena.
[143]
Sentencias T-067 de 1998, C-373 de 2002, C-355 de 2003 y C-718 de 2006.
[144]
Sentencias C-309 de 1997, T-124 de 1998, SU.642 de 1998, T-1023 de 2010, T-407
de 2012, T-565 de 2013 y T-789 de 2013.
[145]
Sentencia C-435 de 2013.
[146] Ejemplos. En la sentencia C-309 de 1997 la
Corte declaró la exequibilidad del artículo 178 del Decreto 1344 de 1970, que
sanciona con multa al conductor de vehículo automotor que incurra en la
infracción de no utilizar el cinturón de seguridad.[146]
Una vez afirmado que en Colombia las políticas perfeccionistas se encuentra
abolidas, estimó en cambio que “las medidas de protección coactiva” a los
intereses de la propia persona no son en sí mismas incompatibles con la
Constitución, el pluralismo, la autonomía y la dignidad de las personas,
puesto que “no se fundan en la imposición coactiva de un modelo de virtud
sino que pretenden proteger los propios intereses y convicciones del afectado.”
Dichas políticas se justifican porque “en determinados casos es legítimo que terceras personas o el propio Estado
puedan tomar ciertas medidas en favor de individuos, como los menores, o los
transitoriamente incapaces, incluso contra su voluntad aparente, puesto que se
considera que éstos aún no han adquirido la suficiente independencia de
criterio, o se encuentran en situaciones temporales de debilidad de voluntad o
de incompetencia, que les impiden diseñar autónomamente su propio plan de vida
y tener plena conciencia de sus intereses, o actuar consecuentemente en favor
de ellos.” En otra decisión,
C-718 de 2006, declaró exequible el artículo 149 de la
Ley 906 de 2004, el cual establece que durante el desarrollo de las audiencias
en el marco del sistema penal acusatorio, los jueces, sin excepción, usen la
toga lo cual se estimaba que vulneraba la autonomía personal, la dignidad
humana, la diversidad cultural, entre otros. Para este Tribunal si bien limita
de alguna manera la posibilidad de optar por una determinada indumentaria, no
constituye una restricción ilegítima al tener un contenido simbólico que
facilita el desarrollo de la audiencia pública y marca una diferencia con el
régimen procesal anterior, además de que se ha decidido acceder libremente por
los funcionarios judiciales.
[147]
Sentencia C-689 de 2002.
[148]
Sentencia C-221 de 1994.
[149]
Sentencia C-373 de 2002. Cfr. sentencia C-350 de 2009.
[150]
Sentencia C-221 de 1994.
[151]
Sentencia C-350 de 2009.
[152]
Cfr. Aclaración de voto del magistrado Jaime Araujo Rentería a la sentencia
T-647 de 2008.
[153] Sentencia C-241 de 2012. En la sentencia
C-404 de 1998 se indicó: “La moralidad pública que puede ser fuente de
restricciones a la libertad es aquella que racionalmente resulta necesario
mantener para armonizar proyectos individuales de vida que, pese a ser
absolutamente contradictorios, resultan compatibles con una democracia
constitucional y que, adicionalmente, es indispensable para conjugar la
libertad individual con la responsabilidad y la solidaridad que hacen posible
este modelo constitucional. En este sentido, la moralidad pública articula en
el plano secular un modo de ser y de actuar que no puede soslayar la persona, portadora
de derechos, que es, al mismo tiempo, sujeto individual y miembro de una
comunidad. El concepto de orden público en la sociedad democrática basada en
los derechos, se refiere a las condiciones y orientaciones valorativas mínimas
que deben ser respetadas por sus miembros para que ésta sea una comunidad
organizada en términos de libertad y para la libertad. Se comprende, entonces,
que la relativización de la libertad obedece a una lógica social que mira a su
conservación y a su florecimiento, lo que no sería posible si los planes de
vida de todos los sujetos y sus puntos de vista de orden moral, pudieran
llevarse a cabo y manifestarse socialmente sin cortapisa o armonización alguna.
No obstante que la ley se apoye en un criterio de moral pública, si éste desconoce
los principios superiores sobre los que se edifica la democracia
constitucional, fundada en el respeto de los derechos fundamentales, la
Corte no tiene alternativa diferente a declarar su inexequibilidad.”
[154]
Sentencia C-814 de 2001. La sentencia C-241 de 2012
declaró la constitucionalidad de la penalización del incesto en virtud de la
protección del bien jurídico de la familia y los valores e instituciones
vinculados a ella.
[155]
Sentencia C-420 de 2002.
[156]
Ibídem.
[157]
Sentencia C-210 de 2007.
[158]
Sentencia C-420 de 2002.
[159]
“Para efectos de la presente ley se adoptarán las siguientes definiciones: j)
Dosis para uso personal: Es la cantidad de estupefaciente que una persona porta
o conserva para su propio consumo. Es dosis para uso personal la cantidad de
marihuana que no exceda de veinte (20) gramos; la de marihuana hachís la que no
exceda de cinco (5) gramos; de cocaína o cualquier sustancia a base de cocaína
la que no exceda de un (1) gramo, y de metacualona la que no exceda de dos (2)
gramos. No es dosis para uso personal, el estupefaciente que la persona lleve
consigo, cuando tenga como fin su distribución o venta, cualquiera que sea su
cantidad."
[160]
Capítulo VI, de las contravenciones: “El que lleve
consigo, conserve para su propio uso o consuma, cocaina, marihuana o cualquier
otra droga que produzca dependencia, en cantidad considerada como dosis de uso
personal, conforme a lo dispuesto en esta ley, incurrirá en las siguientes
sanciones: a) Por primera vez, en arresto hasta por treinta (30) días y multa
en cuantía de medio (1/2) salario mínimo mensual. b) Por la segunda vez, en
arresto de un (1) mes a un (1) año y multa en cuantía de medio (1/2) a un (1)
salario mínimo mensual, siempre que el nuevo hecho se realice dentro de los
doce (12) meses siguientes a la comisión del primero. c) El usuario o
consumidor que, de acuerdo con dictamen médico legal, se encuentre en estado de
drogadicción así haya sido sorprendido por primera vez, será internado en
establecimiento psiquiátrico o similar de carácter oficial o privado, por el
término necesario para su recuperación. En este caso no se aplicará multa ni
arresto. La autoridad correspondiente podrá confiar al drogadicto al cuidado de
la familia o remitirlo, bajo la responsabilidad de ésta a una clínica, hospital
o casa de salud, para el tratamiento que corresponda, el cual se prolongará por
el tiempo necesario para la recuperación de aquél, que deberá ser certificada
por el médico tratante y por la respectiva Seccional de Medicina Legal. La
familia del drogadicto deberá responder del cumplimiento de sus obligaciones,
mediante caución que fijará el funcionario competente, teniendo en cuenta la
capacidad económica de aquella. El médico tratante informará periódicamente a
la autoridad que haya conocido del caso sobre el estado de salud y
rehabilitación del drogadicto. Si la familia faltare a las obligaciones que le
corresponden, se le hará efectiva la caución y el internamiento del drogadicto
tendrá que cumplirse forzosamente."
[161]
Capítulo VIII, tratamiento y rehabilitación: “Las personas que, sin haber cometido ninguna de las
infracciones descritas en este estatuto, estén afectadas por el consumo de
drogas que producen dependencia, serán enviadas a los establecimientos
señalados en los artículos 4 y 5 del decreto 1136 de 1.970, de acuerdo con el
procedimiento señalado por este Decreto.”
[162] Señaló la
Corte: “Conforme a la Convención de Viena de 1988, suscrita por Colombia y
que, conjuntamente con la ley 67 del 93,  fue revisada por esta
Corporación, (sent. C-176/94), dicho Instrumento Internacional establece la
misma distinción mantenida en el presente fallo, entre consumo y narcotráfico,
y que, con respecto al primero, deja en libertad de penalizarlo o no, a los
Estados signatarios.”
[163]
Sentencia C-221 de 1994.
[164]
Ibídem. Entrevista concedida a Guy
Sorman, en "Los verdaderos pensadores de nuestro tiempo", Seix
Barral, 1992.
[165]
Ibídem.
[166] En la sentencia C-574 de 2011 se sostuvo
que bajo una interpretación histórica del
precepto se puede decir que desde que se despenalizó el porte y consumo de
sustancias estupefacientes y sicotrópicas mediante la
Sentencia C-221 de 1994, se presentaron varios intentos de reforma
constitucional, ya sea por intermedio del trámite del referendo constitucional
del artículo 378 de la C.P, o por el trámite de la reforma ordinaria mediante
Acto Legislativo que se establece en el artículo 375 de la
C.P. En una primera instancia las propuestas de reforma pretendían reformar el
artículo 16 de la C.P., sobre libre desarrollo de la personalidad. Estas
propuestas de reforma pretenden sancionar la conducta con penas distintas a la
privación de la libertad, para garantizar los derechos individuales y
colectivos y se enfoca a defender los derechos de los niños. Posteriormente y
desde el 2007, se pretende reformar ya no el artículo 16 de la
C.P., sino el artículo 49 de la C.P. sobre el derecho a la salud. El cambio de
perspectiva se relaciona con las sentencias dictadas por la
Corte Constitucional de que la farmacodependencia es una enfermedad y que por
ende no se puede tratar al adicto como un delincuente, sino como un enfermo. En
este año se propone reformar el artículo 49 de la
C.P. para que se establezcan sanciones no privativas de la libertad para el
porte al consumo en lugares públicos, prohibición que se conjuga con campañas
de prevención contra el consumo de drogas y en favor de recuperación de los
adictos.
[167] Cfr. sentencia C-574 de 2011. La sentencia C-882 de 2011 se pronunció sobre los dos incisos
finales del artículo 1º del Acto Legislativo 02 de 2009, bajo el cargo de
haberse omitido la consulta previa a las comunidades indígenas, además de
considerarse que la prohibición del porte y consumo de sustancias sicotrópicas
desconoció el uso y consumo de estas sustancias como parte de las tradiciones
de las comunidades indígenas. La Corte declaró la exequibilidad por los cargos
examinados al concluir que la prohibición sobre el porte y consumo de
sustancias sicotrópicas o estupefacientes “no es oponible a las comunidades
indígenas ni es susceptible de limitar o restringir sus prácticas tradicionales
ligadas a la hoja de coca”. Esta
prohibición, desde el punto de vista teleológico y sistemático, “no es
aplicable a las comunidades indígenas, pues el uso, consumo y cultivo de la
hoja de coca en estas comunidades no está asociado a la drogadicción ni
conlleva problemas de salud para sus miembros. El uso, consumo y cultivo de la
hoja de coca en las comunidades indígenas hace parte de sus costumbres ancestrales,
es decir, es una práctica protegida por los derechos a la identidad cultural y
a la autonomía de los pueblos indígenas y, por tanto, amparada por el principio
de respeto y protección de la diversidad étnica y cultural”. En
consecuencia, la Corte dijo: “afirmar que los indígenas ¨son adictos o
contribuyen al tráfico ilícito de sustancias estupefacientes como causa de la
drogadicción¨ sería desconocer el valor cultural de la práctica y constituiría
un atentado directo contra sus derechos a la identidad étnica y cultural y a la
autonomía. Por estas razones, debe concluirse que el Acto Legislativo no es
aplicable a las prácticas tradicionales de las comunidades indígenas ligadas a
la hoja de coca.”
[168]
La Corte se declaró inhibida para resolver sobre la demanda presentada en
contra de las expresiones “El porte y el consumo de sustancias
estupefacientes o sicotrópicas está prohibido, salvo prescripción médica”,
contenido en el Acto Legislativo 02 de 2009. El cargo endilgado fue de sustitución
de la Constitución por el quebrantamiento de los principios de autonomía
personal y dignidad humana. Salvo el voto el magistrado Mauricio González
Cuervo salvo el voto y aclararon voto los magistrados Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo, Nilson Pinilla Pinilla, Humberto Antonio Sierra Porto y Jorge Iván
Palacio Palacio.
[169] Gaceta del Congreso No.
161 de 2009.
[170]
“La norma no iría en contra del precedente de la sentencia C-221 de 1994
y las sentencias de la Corte Suprema sobre antijuridicidad material en la
llamada ´dosis de aprovisionamiento´, ya que no se trataría de penalizar en
este caso, sino de prohibir. Por último se debe resaltar que en esta
primera parte del inciso sexto se establece como excepción de la prohibición,
la prescripción médica. Como se ha advertido, si se tiene en cuenta únicamente
la interpretación del apartado demandado, se podría deducir que la prohibición
del porte y consumo de sustancias estupefacientes y sicotrópicas que se
establece en la primera parte del inciso sexto es absoluta. Sin embargo, no
tienen en cuenta  la segunda oración que compone el inciso sexto que se refiere
a que ´con fines preventivos y rehabilitadores la ley establecerá medidas y
tratamientos administrativos de orden pedagógico, profiláctico o terapéutico
para las personas que consuman dichas sustancias´ y la tercera oración que
indica que ´el sometimiento a esas medidas y tratamientos requiere el
consentimiento informado del adicto´. Teniendo en cuenta las definiciones del
Diccionario de la Real Academia de la Lengua, por  ´pedagógico´ se entiende
´aquellas medidas tendientes a educar o enseñar con claridad´; por
´profiláctico´ se entiende desde el punto de vista médico ´aquella parte de la
medicina que tiene por objeto la conservación de la salud y la preservación de
la enfermedad´, y por ´terapéutico´ se refiere a ´tratamientos empleados en
diversas enfermedades somáticas y psíquicas que tienen como finalidad
rehabilitar al paciente haciéndole realizar las acciones y movimientos de la
vida diaria.´” Sentencia C-574 de 2011.
[171] “El grado de especialización del concepto de
“consentimiento informado” que tutela los principios de la dignidad humana, de
autonomía, de libre desarrollo de la personalidad, de la libertad individual –
mandato pro libertate-, de pluralismo, de salud, y de la integridad de la
persona humana, ha dado lugar a que la
Corte Constitucional establezca a través de la solución de casos concretos
subreglas a este derecho. Por ejemplo, se ha dicho que el consentimiento
informado del menor de edad o de las personas incapaces generalmente se obtiene
mediante el consentimiento informado de los padres y excepcionalmente mediante
fallo judicial; también se ha establecido que cuando se trata de intervenciones
o tratamientos de carácter invasivos, riesgosos o de incertidumbre se debe dar
un “consentimiento informado cualificado”, en donde la información libre e
informada sobre el tratamiento o la intervención debe ser detallada, formalmente
suministrada, sopesada y mantenida durante cierto tiempo. Este derecho del
paciente al consentimiento libre e informado también ha sido tutelado por el
derecho internacional de los derechos humanos, que en la
Observación General Número 14 emitida por el Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, acerca del derecho al disfrute del más alto nivel
posible de salud, incluye el derecho de las personas a controlar su salud y su
cuerpo y a no ser sometidas a tratamientos y experimentos médicos no
consensuales. Finalmente sobre este punto debe tenerse en cuenta lo que se
estableció en la reciente Sentencia T-452 de 2010, en donde se hizo una
síntesis sobre el consentimiento informado, “´No cualquier autorización del
paciente es suficiente para legitimar una intervención médica: es necesario que
el consentimiento del paciente reúna ciertas características, y en especial que
sea libre e informado” En cuanto a lo primero –consentimiento libre-, significa
que, ‘la persona debe tomar su determinación sin coacciones ni engaños. Con
relación a lo segundo –consentimiento informado- la decisión ‘debe fundarse en
un conocimiento adecuado y suficiente de todos los datos que sean relevantes
para que el enfermo pueda comprender los riesgos y beneficios de la
intervención terapéutica, y valorar las posibilidades de las más importantes
alternativas de curación, las cuales deben incluir la ausencia de cualquier
tipo de tratamiento.”
[172] “El diccionario de la
Real Academia Española establece que es aquella persona que “está dominada por
el uso de alguna droga o por la afición desmedida a ciertos juegos”. En el caso
de la adicción a las drogas se habla de farmacodependencia o drogadicción. En
esta materia la jurisprudencia constitucional ha establecido desde el año 2002
y en una línea jurisprudencial continuada que la ´drogadicción es una
enfermedad que consiste en la dependencia de sustancias que afectan el sistema
nervioso central y las funciones cerebrales, produciendo alteraciones en el
comportamiento, la percepción, el juicio y las emociones´. Resulta también
ilustrativo lo que se estableció en la
Sentencia T-814 de 2008, en donde se dijo que, ´la drogadicción crónica es una
enfermedad psiquiátrica que requiere tratamiento médico en tanto afecta la
autodeterminación y autonomía de quien la padece, dejándola en un estado de
debilidad e indefensión que hace necesaria la intervención del Estado en aras
de mantener incólumes los derechos fundamentales del afectado´. En esta misma
jurisprudencia se citó la sentencia T-684 de 2002 en donde se estableció que en
materia de adicción a sustancias psicoactivas el individuo tiene derecho a ser
beneficiario de los programas de salud que ofrece el Estado. Se dijo que, ´es
claro que dentro de nuestro Estado social de derecho existe este mandato de
optimización a favor de las personas con estado de debilidad psíquica en virtud
de su drogadicción crónica´. Finalmente, como se recordó en la sentencia T-1116
de 2008, en el Plan Nacional de Salud Pública adoptado por el Decreto 3039 de
2007, se dijo que la adicción a sustancias psicoactivas es un  problema de
salud pública, que en las etapas de prevención y tratamiento, involucran en su
prestación al nivel nacional, los entes territoriales y las EPS. Desde una
interpretación literal del apartado demandado, hay lugar a inferir que la
prohibición del porte y consumo de sustancias estupefacientes y sicotrópicas,
salvo prescripción médica, que en un principio parece como absoluto, podría
estar limitado ya que se establece que éstas medidas de índole administrativo
se establecerán solamente con fines preventivos y rehabilitadores de orden
pedagógico, profiláctico o terapéutico para las personas que consuman dichas
sustancias y que el sometimiento a esas medidas y tratamientos requiere el
consentimiento informado del adicto, circunstancia que atenuaría la prohibición
sin limitaciones del porte y consumo de estas sustancias.”
[173] Esta Corporación en la sentencia C-491 de
2012 sintetizó la posición de ese Tribunal vertida en las sentencias 23609 de
2007, 28195 de 2008, 31531 de 2009 y 35978 de 2011 en las siguientes reglas: “(i)
El concepto de dosis personal y su regulación prevista en el literal j) del
artículo 2º de la Ley 30 de 1986 continúan vigentes; (ii) en casos de porte de
sustancias prohibidas en cantidad de baja significación es preciso analizar si
la conducta reviste relevancia penal por concurrir la exigencia de
antijuridicidad material (art. 11 C.P. lesividad), es decir si reviste
idoneidad para afectar el bien jurídico de la salud pública, o si se trata de
un acto que solo concierne al fuero individual del portador; (iii) cuando se
trata del porte, tráfico o fabricación de estupefacientes en cantidades
comprendidas dentro del  rango de dosis personal, destinadas no al consumo sino
a su comercialización e incluso a su distribución gratuita, la conducta será
antijurídica, pues afecta los bienes que el tipo penal protege; (iv) cuando la
sustancia, atendiendo cantidades insignificantes o no desproporcionadas,
concepto que incluye la dosis personal, está destinada exclusivamente al
consumo propio de la persona, adicta o sin problema de narcodependencia, no
concurre el presupuesto de la antijuridicidad en tanto no se afectan los bienes
jurídicos que el legislador pretende proteger; (v) A pesar de la prohibición
introducida por el Acto Legislativo 02 de 2009 (art. 49
C.P.), y de la modificación al artículo 376 del Código Penal efectuada por el
artículo 11 de la Ley 1153 de 2011, es posible tener por impune el consumo de
estupefacientes en las dosis fijadas en el literal j) del artículo 2º de la
Ley 30 de 1986, o en cantidades ligeramente superiores a esos topes, previa
valoración del criterio de lesividad o antijuridicidad material.” Cfr. Auto
de 26 de febrero de 2014, radicado 43184.
M. P. Gustavo Enrique Malo Fernández.
[174] Declaro exequible, por los cargos
analizados, el artículo 376 de la Ley 599 de 2000, tal como fue modificado por
el artículo 11 de la Ley 1453 de 2011, en el entendido de que no incluye la
penalización del porte o conservación de dosis, exclusivamente destinada al
consumo personal, de sustancia estupefaciente, sicotrópica o droga sintética,
a  las que se refiere el precepto acusado. Salvó
el voto el magistrado Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, salvó parcialmente el voto
el magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y aclaró el voto el magistrado
Nilson Pinilla Pinilla.
[175] La
Corte consideró que las conductas
alternativas descritas en el artículo 376 del Código Penal comprenden el
“tráfico, fabricación o porte” de sustancia estupefaciente, sicotrópica o droga
sintética en las cantidades previstas en los incisos primero, segundo y tercero,
con exclusión del porte o conservación de la cantidad considerada como dosis
para uso personal, toda vez que: “(i) se debe distinguir entre las conductas
constitutivas de narcotráfico y el porte de sustancia para el consumo personal;
(ii) este último comportamiento no reviste idoneidad para afectar los bienes
jurídicos de la salubridad pública, la seguridad pública y el orden económico y
social, protegidos en las normas que penalizan el narcotráfico, en cuanto que
se trata de una conducta que no trasciende el ámbito personal del individuo;
(iii) la penalización del porte o conservación de sustancia estupefaciente en
cantidad considerada como dosis personal comportaría vulneración del principio
de proporcionalidad y prohibición de exceso en materia penal, como quiera que
se estaría criminalizando un comportamiento carente de idoneidad para lesionar
bienes jurídicos amparados por la
Constitución; (iv) la prohibición que introdujo el Acto Legislativo 02 de 2009
en cuanto al porte y consumo de sustancia estupefaciente o sicotrópica, no
conduce a la criminalización de la dosis personal, comoquiera que no comporta
una finalidad represiva frente a quien tenga la condición de adicto, sino de
protección a través de medidas y tratamientos administrativos de orden pedagógico,
profiláctico o terapéutico, la cuales deben contar con el consentimiento
informado del adicto.” La Corte en la sentencia
C-420 de 2002 indicó que el narcotráfico interfiere una amplia gama de
derechos. Advirtió que la penalización del tráfico de estupefacientes no
contraría los fundamentos constitucionales de la imputación penal en cuanto
comprende una gama de conductas que trascienden el fuero interno de la persona
y se proyectan en una amplia gama de derechos ajenos. El consentimiento, en materia del carácter disponible
de un derecho, procede en relación con bienes jurídicos individuales y no
colectivos.
[176]
Sentencias T-1325 de 2001 y T-133 de 2004.
[177]
Sentencia C-026 de 1995.
[178]
Sentencia C-026 de 1995.
[179]Declaró exequibles los artículos 32, 33,
34, 35, 36, 37 en lo demandado, 38, 42 y 43 de la
Ley 30 de 1986 y el artículo 6 del Decreto 1856 de 1989.
[180]
Cfr. sentencias C-026 de 1995 y C-420 de 2002. En esta última decisión frente al interrogante: ¿el hecho de que el legislador no
haya penalizado la producción y comercialización de tabaco y de bebidas
alcohólicas y sí haya penalizado el tráfico de estupefacientes implica la
inexequibilidad de las normas que dispusieron tal penalización?, la
Corte respondió negativamente, porque de la
Constitución no pueden inferirse los distintos mecanismos de política criminal
que el Estado forzosamente ha de concebir para atender los retos en esta
materia. Que el legislador no haya penalizado la producción y comercialización
de tabaco y de bebidas alcohólicas y, en lugar de ello, haya optado por afirmar
la licitud de esas actividades y ordenar campañas de prevención contra el
consumo de alcohol y del tabaco, pone de presente que no estimó necesario
acudir a ese mecanismo de política criminal en relación con tales fenómenos.
Esa decisión además es compatible con el carácter subsidiario y fragmentario
que desde hace mucho se le reconoce al derecho penal, al ser imperativo que,
dados los profundos niveles de violencia institucional que convoca, sólo se
acuda a él cuando es absolutamente necesario para la defensa de bienes
jurídicos fundamentales para la convivencia. De esa particular valoración que
el legislador hizo de la producción y comercialización del alcohol y del
tabaco, su decisión de mantener la licitud de esas actividades y adelantar
campañas de prevención del consumo, no se sigue que necesariamente haya debido
valorar también en el mismo sentido el tráfico de estupefacientes.  Del Texto
Superior no se infiere, en manera alguna, la obligación del legislador de
valorar de la misma manera fenómenos sociales diversos y, mucho menos, el deber
constitucional de sujetarlos a los mismos mecanismos de control social.
[181]
Circunstancias de agravación punitiva para el homicidio culposo. La pena
prevista en el artículo anterior se aumentará de una sexta parte a la mitad, en
los siguientes casos: 1. Si al momento de cometer la conducta el agente se
encontraba bajo el influjo de bebida embriagante o de droga o sustancia que
produzca dependencia física o síquica y ello haya sido determinante para su
ocurrencia. 2. Si el agente abandona sin justa causa el lugar de la comisión de
la conducta.
[182] Circunstancias
de agravación punitiva por lesiones culposas. Las circunstancias de agravación
previstas en el Artículo 110, lo serán también de las lesiones culposas y las
penas previstas para este delito se aumentarán en la proporción indicada en ese
artículo.
[183]
Sentencia C-425 de 1997 declaró la exequibilidad del numeral 7º del artículo
397 del Decreto 2700 de 1991, que hace procedente la detención preventiva,
entre otros eventos, cuando el agente al incurrir en algún delito de lesiones
culposas, se encontraba en estado de “embriaguez aguda o bajo el influjo de
droga o sustancia que produzca dependencia física o síquica demostrado por
dictamen técnico o por un método paraclínico, o abandone sin justa causa el
lugar de la comisión del hecho”.
[184]
Sentencia C-115 de 2008.
[185] Sentencia T-248 de 1998
y T-949 de 2013.
[186] La
Corte sostuvo en la sentencia T-248 de 1998: “Las entidades públicas o
privadas encargadas de prestar los servicios de salud no pueden excluir de su
cobertura los padecimientos relacionados con el equilibrio y la sanidad mental
y sicológica de sus afiliados o beneficiarios en ninguna de las fases o etapas
de evolución de una determinada patología.” Además de los instrumentos
internacionales que garantizan el goce efectivo del derecho a la salud, como el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, sociales y culturales de 1966 y el
Protocolo Adicional a la
Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1988 (art. 93 superior, bloque
de constitucionalidad), se consagran los que protegen a las personas que
padecen enfermedades mentales en el marco de la prevención de la
discriminación, pudiendo mencionarse la
Declaración de los derechos de los impedidos de 1975; los Principios para la
protección de los enfermos mentales y el mejoramiento de la atención de la
salud mental de 1991; y la Convención sobre los Derechos de las personas con
discapacidad de 2006. Así mismo, han sido promulgadas, entre otras, la
Ley 1306 de 2009 sobre Protección de personas con discapacidad mental y
recientemente la Ley Estatutaria 1618 de 2013 que garantiza el pleno ejercicio
de los derechos de las personas con discapacidad.
[187] Sentencia T-209 de 1999.
[188]
Sentencia T-949 de 2013.
[189]
Ibídem.
[190] Sentencia T-401 de 1992.
[191] Sentencia T-1090 de 2004. Cfr. sentencia
T-949 de 2013.
[192] Sentencia T-814 de 2008.
[193] Ley 1566 de 2012,
artículo 2°.
[194] Sentencias T-648 de
2002, T-814 de 2008 y T-438 de 2009 .Cfr. sentencia T-949 de
2013.
[195]
Sentencia T-361 de 2003.
[196]
Artículo 200, Ley 906 de 2004. Sentencia C-025 de 2009.
[197]
La ley penal definirá de manera inequívoca, expresa y clara
las características básicas estructurales del tipo penal (art. 10, Ley 599/00).
[198]
Para que una conducta típica sea punible se requiere que
lesione o ponga efectivamente en peligro, sin justa causa, el bien
jurídicamente tutelado por la ley penal (art. 11, Ley 599/00).
[199]
Solo se podrá imponer penas por conductas realizadas con
culpabilidad. Queda erradicada toda forma de responsabilidad objetiva (art. 12,
Ley 599/00).
[200]
En la sentencia C-738 de 2008 la
Corte manifestó que la aplicación del
principio de oportunidad no obstaculiza la realización del derecho de
reparación de las víctimas.
[201]
El artículo 328 de la Ley 906 de 2004 señala: “La participación de las
víctimas. En la aplicación del principio de oportunidad el fiscal deberá tener
en cuenta los intereses de las víctimas. Para estos efectos deberá oír a las
que se hayan hecho presentes en la actuación.”
[202]
Control judicial en la aplicación del principio de oportunidad.
El juez de control de garantías deberá efectuar el control de legalidad
respectivo, dentro de los cinco (5) días siguientes a la determinación de la
Fiscalía de dar aplicación al principio de oportunidad, siempre que con esta
se extinga la acción penal. Dicho control será obligatorio y automático y se
realizará en audiencia especial en la que la víctima y el Ministerio Público
podrán controvertir la prueba aducida por la
Fiscalía General de la Nación para sustentar la decisión. El juez resolverá de
plano y contra esta determinación no procede recurso alguno. La
aplicación del principio de oportunidad y los preacuerdos de los posibles
imputados y la Fiscalía, no podrán comprometer la presunción de inocencia y
solo procederán si hay un mínimo de prueba que permita inferir la autoría o
participación en la conducta y su tipicidad.
[203] Numerales 6 y 7, art. 250 CP, y literales f y g del artículo 11 de la
Ley 906 de 2004.
[204]
Modificado por el artículo 1º de la
Ley 1312 de 2009. Además señala: “El principio de oportunidad es la
facultad constitucional que le permite a la
Fiscalía General de la Nación, no obstante que existe fundamento para
adelantar la persecución penal, suspenderá, interrumpirla o renunciar a ella,
por razones de política criminal, según las causales taxativamente fijadas en
la ley, con sujeción a la reglamentación expedida por el Fiscal General de la
Nación y sometida al control de legales ante el juez de garantías.”
[205]
Sentencia C-979 de 2005.
[206] “El legislador puede fijar limitaciones
que implican que en el momento de aplicación de la ley el funcionario vea
restringidas sus facultades valorativas. No obstante, tales facultades de
valoración deben ser reconocidas en algún grado a los operadores jurídicos. Lo
anterior obedece a la naturaleza misma del juicio que necesariamente debe hacer
el funcionario, en este caso el fiscal, cuando evalúa la aplicabilidad de la
ley a un caso concreto. En este  momento se enfrenta a la comparación entre las
circunstancias abstractamente previstas en la ley y la situación que se
presenta de facto. Aunque las previsiones abstractas de la ley se revistan de
precisión y claridad, siempre será necesaria la labor de subsumir el caso
concreto dentro de las previsiones generales contenidas en ella,  es decir,
llevar a cabo una operación mediante la cual el funcionario que la aplica
considera si el caso particular responde o puede ser sometido a la norma
general prevista en la ley. La infinita posibilidad de circunstancias que rodean
las conductas humanas regulables resulta imposible de prever en fórmulas
legales generales, impersonales y abstractas.” Sentencia C-095 de 2007.
[207]
En la sentencia C-979 de 2005, la Corte declaró la exequibilidad, por los
cargos examinados, del artículo 330 de la
Ley 906 de 2004 que alude al reglamento que debe expedir la
Fiscalía General de la Nación que habrá de desarrollar el plan de política
criminal del Estado.
[208]
Modificado por el artículo 5º de la
Ley 1312 de 2009.
[209]
El artículo 250 de la
Constitución señala: “La
Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la
acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las
características de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de
denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien
suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible
existencia del mismo.”
[210]
Sentencia C-979 de 2005. Cfr. sentencia C-209 de 2007.
[211]
Como se dijo, modificado por el artículo 5º de la
Ley 1312 de 2009.
[212]
Decía: “El juez de control de garantías deberá
efectuar el control de legalidad respectivo, dentro de los cinco (5) días siguientes
a la determinación de la Fiscalía de dar aplicación al principio de
oportunidad, siempre que con esta se extinga la acción penal.”
Parte resaltada declarada inexequible.
[213]
Así lo establece el artículo 329 de la
Ley 906 de 2004, que además señala: “salvo que la causal que la fundamente
se base en la falta de interés del Estado en la persecución del hecho, evento
en el cual las consecuencias de la aplicación del principio se extenderán a los
demás autores o participes en la conducta punible, a menos que la ley exija la
reparación integral a las víctimas.”
[214]
Modificados por los artículos 3º y 4º de la
Ley 1312 de 2009.
[215]
Los artículos 518 a 521 de la
Ley 906 de 2004 contienen disposiciones generales sobre justicia restaurativa.
[216] El
artículo 521 de la Ley 906 de 2004 instituye como mecanismos de justicia
restaurativa la conciliación preprocesal, la conciliación en el incidente de
reparación integral y la mediación.
[217]
Artículo 518 de la Ley 906 de 2004.
[218]
El artículo 325 de la Ley 906 de 2004 indica que “Si el procedimiento se
reanuda con posterioridad, la admisión de los hechos por parte del imputado no
se podrá utilizar como prueba de culpabilidad.” El inciso final del artículo 327 de la
Ley 906 de 2004 señala: “La aplicación del principio de oportunidad y los
preacuerdos de los posibles imputados o acusados y la fiscalía, no podrá
comprometer la presunción de inocencia […].”
[219]
Ej. literal a). Residir en un lugar determinado e informar al fiscal del
conocimiento cualquier cambio del mismo.
[220]
Ej. literal f). No conducir vehículos automotores, naves o
aeronaves.
[221]
Ej. literales b), c), d), j), k). Participar en programas especiales de
tratamiento con el fin de superar problemas de dependencia a drogas o bebidas
alcohólicas. Prestar servicios a favor de instituciones que se dediquen al
trabajo social a favor de la comunidad. Someterse a un tratamiento médico o
psicológico. La manifestación pública de arrepentimiento por el hecho que se le
imputa. La obligación de observar buena conducta individual, familiar o social.
[222]
Ej. literal m).
[223]
“Son medidas de aseguramiento: […] B. No privativas de la libertad: 1.
La obligación de someterse a un mecanismo de vigilancia electrónica. 2. La obligación de someterse a la
vigilancia de una persona o institución determinada. 3. La obligación de presentarse periódicamente o cuando sea
requerido ante el juez o ante la autoridad que él designe. 4. La obligación de observar buena
conducta individual, familiar y social, con especificación de la misma y su
relación con el hecho. 5.
La prohibición de salir del país, del lugar en el cual reside o del ámbito
territorial que fije el juez. 6. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o lugares. 7. La prohibición de comunicarse con
determinadas personas o con las víctimas, siempre que no se afecte el derecho a
la defensa. 8. La
prestación de una caución real adecuada, por el propio imputado o por otra
persona, mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda* o
hipoteca, entrega de bienes o la fianza de una o más personas idóneas. 9. La prohibición de salir del lugar
d e habitación entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m. El juez podrá imponer una o varias de estas medidas de aseguramiento,
conjunta o indistintamente, según el caso, adoptando las precauciones
necesarias para asegurar su cumplimiento. Si se tratare de una persona de
notoria insolvencia, no podrá el juez imponer caución prendaria.”
[224]
“Son
penas privativas de otros derechos: 1. La inhabilitación para el ejercicio de
derechos y funciones públicas. 2. La pérdida del empleo o cargo público. 3. La
inhabilitación para el ejercicio de profesión, arte, oficio, industria o
comercio. 4. La inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela
y curaduría. 5. La privación del derecho a conducir vehículos automotores y
motocicletas. 6. La privación del derecho a la tenencia y porte de arma. 7. La
privación del derecho a residir en determinados lugares o de acudir a ellos. 8.
La prohibición de consumir bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes o
psicotrópicas. 9. La expulsión del territorio nacional para los extranjeros.
10. Numeral adicionado por el artículo 24 de la
Ley 1257 de 2008. El nuevo texto es el siguiente: La prohibición de
aproximarse a la víctima y/o a integrantes de su grupo familiar. 11. Numeral
adicionado por el artículo 24 de la Ley 1257 de 2008. El nuevo texto es el
siguiente: La prohibición de comunicarse con la víctima y/o con integrantes de
su grupo familiar. PARÁGRAFO. Parágrafo adicionado por el artículo 24 de la
Ley 1257 de 2008. El nuevo texto es el siguiente: Para efectos de este
artículo Numerales 10 y 11 integran el grupo familiar: 1. Los cónyuges o
compañeros permanentes. 2. El padre y la madre de familia, aunque no convivan
en un mismo lugar. 3. Los ascendientes o descendientes de los anteriores y los
hijos adoptivos. 4. Todas las demás personas que de manera permanente se
hallaren integradas a la unidad doméstica. Para los efectos previstos en este
artículo, la afinidad será derivada de cualquier forma de matrimonio, unión
libre.”
[225]
“Son medidas de seguridad: 1. La internación en establecimiento psiquiátrico
o clínica adecuada. 2. La internación en casa de estudio o trabajo. 3. La
libertad vigilada.”
[226]
Solicitud del imputado o acusado que se consultará con la víctima.
[227]
Artículo 327 de la Ley 906 de 2004.
[228]
Solo procede si hay un mínimo de prueba que permita inferir la autoría o
participación en la conducta y su tipicidad (art. 327, Ley 906 de 2004).