T-861-13
ANTECEDENTES
Sentencia T-861/13
DERECHOS FUNDAMENTALES DE PERSONAS PRIVADAS DE LA
LIBERTAD-Clasificación en tres
grupos: derechos suspendidos, derechos intocables y derechos restringidos o
limitados
DERECHOS FUNDAMENTALES DE PERSONAS PRIVADAS DE LA
LIBERTAD-Condiciones carcelarias y
deber de prevención del Estado para garantizar derechos del interno, según CIDH
DERECHOS FUNDAMENTALES DE PERSONAS PRIVADAS DE LA
LIBERTAD-CIDH ha incorporado en su
jurisprudencia los principales estándares sobre condiciones carcelarias y el
deber de prevención que el Estado está obligado a garantizar
La Corte Interamericana de Derechos Humanos como máxima intérprete del Pacto de San José y, en
general, de los derechos humanos en las Américas ha incorporado en su
jurisprudencia los principales estándares sobre condiciones carcelarias y el
deber de prevención que el Estado debe garantizar en favor de las personas
privadas de libertad.
RELACIONES DE ESPECIAL SUJECION ENTRE LOS INTERNOS Y
EL ESTADO-Respeto por la dignidad
humana de personas privadas de la libertad/DIGNIDAD HUMANA DE PERSONAS
PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Protección constitucional e internacional
El principio de dignidad humana, el cual radia todo el
ordenamiento constitucional colombiano goza también de un contenido
prestacional que exige a las autoridades de la
República involucradas, la adopción de políticas públicas -en este caso penitenciarias
y carcelarias- que conlleven a garantizar a los internos las condiciones
mínimas de vida digna y subsistencia. Lo anterior, por cuanto al estar privados
de la libertad bajo relaciones de especial sujeción con el Estado les
imposibilita adquirir por si mismos tales mínimos de dignidad humana. En
consecuencia, le corresponderá a las entidades estatales correspondientes,
entiéndase Gobierno Nacional- Ministerio de Justicia y del Derecho, Ministerio
de Hacienda, Departamento de Planeación Nacional e Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario INPEC-, evitar la prolongada y continua vulneración
de derechos fundamentales de los reclusos, ya que el Estado termina siendo el
principal responsable de proporcionar las condiciones básicas para la vida
digna de una persona recluida a su cargo en un establecimiento carcelario,
máxime cuando la dignidad humana como derecho se conserva intocable sin
limitaciones de ningún orden o circunstancia.
ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL EN ESTABLECIMIENTO
CARCELARIO-Declarado en sentencia
T-153/98 por hacinamiento que aún persiste
ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL EN MATERIA DE
HACINAMIENTO CARCELARIO-Se declara
que persiste y exige de las autoridades públicas el uso inmediato de sus
facultades constitucionales, legales y reglamentarias para remediar esta
situación
DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL DEL INTERNO-Vulneración por hacinamiento de personas privadas de
la libertad en establecimiento carcelario
Considera esta Sala, que el hacinamiento per se
constituye una vulneración a la integridad personal de las personas privadas de
la libertad. En efecto, la ocupación de establecimientos carcelarios por encima
del número de plazas disponibles trae inmerso un sinnúmero de factores que
propician la violación de varios derechos fundamentales como la dignidad
humana, la salud y la integridad personal y, por ello, dicha sobrepoblación
reclusa merece ser amparada por el juez constitucional, quien de acuerdo a los
principios de razonabilidad y proporcionalidad debe intentar establecer
mecanismos para remediar de manera inmediata la amenaza o vulneración, con el
fin de que el sistema penitenciario y carcelario no se desarrolle por encima
del número de plazas disponibles. En ausencia de política criminal y
penitenciaria por parte del Estado y ante evidentes fallas estructurales de los
establecimientos penitenciarios y carcelarios el juez constitucional es el
llamado a adoptar soluciones razonables adecuadas a las circunstancias de cada
caso en concreto para proteger derechos constitucionales fundamentales.
Referencia: expediente T-3.975.403
Acción de tutela instaurada por Edwin Arango Restrepo en
contra del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC- y el Establecimiento
Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Jericó, Antioquia.
Magistrado Ponente:
ALBERTO ROJAS RÍOS
Bogotá
D.C., veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013).
La Sala Octava de Revisión
de la Corte Constitucional integrada por los Magistrados Luis Ernesto Vargas
Silva, María Victoria Calle Correa y Alberto Rojas Ríos, quien la preside, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las
previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la
Constitución Política y en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991,
ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
Dentro
del proceso de revisión del fallo de tutela proferido el 27 de mayo de 2013, en
única instancia, por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Jericó, Antioquia,
dentro de la acción de tutela instaurada por Edwin Arango Restrepo en contra
del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y el Establecimiento
Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Jericó, Antioquia.
I.
ANTECEDENTES
1.
Hechos
1.1 Manifiesta el actor que en el Municipio de Jericó
- Antioquia funciona el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana
Seguridad, al cual fue trasladado el 18 de mayo de 2011.
1.2 Señala que el centro carcelario accionado posee
una estructura demasiado pequeña que se encuentra diseñada para albergar 53 internos
como máximo y consta de:
CELDA
# INTERNOS
# CAMAROTES
1
23
10
2
25
11
3
26
11
4
25
11
5
19
Sin camarotes
6
23
10
TOTAL
141[1]
53
1.3 Aduce que desde hace dos años el centro carcelario
presenta altos niveles de hacinamiento que hacen insostenible la vida en
cautiverio, por cuanto existen factores de riesgo para la salud y para la vida
misma.
1.4 Señala que la infraestructura de este
establecimiento carcelario no se encuentra acondicionada para acoger más de 53
internos, sin embargo, en la actualidad alberga 141 internos que siguen en aumento.
1.5. Indica que se encuentra en condiciones de
hacinamiento corporal: con sus compañeros tiene que dormir en colchonetas “en
espacios reducido –sic-, al pie de los baños o contra las paredes, sin
contar con una cama adecuada que mitigue el frío del piso y sometidos a todo
tipo de riesgos para nuestra salud en un grave atentado al principio
constitucional a la vida en condiciones dignas”[2].
1.6 Manifiesta que pese al hacinamiento y la sobre población
reclusa que se presenta, el centro carcelario accionado recibe continuamente
más condenados y sindicados, “son más los que ingresan que los que salen en
libertad o trasladados” y esto acentúa la dramática y crítica situación del
penal.
2.
Solicitud de tutela
El accionante Edwin Arango Restrepo solicita tutelar
sus derechos fundamentales y declarar que el Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario –INPEC- y el Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad -EPMSC- de Jericó, Antioquia, vulneran sus derechos fundamentales a la
salud y a la vida en condiciones dignas. Además, solicita como medida
provisional que se ordene a las accionadas que se abstengan, en adelante, de
continuar admitiendo reclusos en calidad de sindicados o condenados, sean estos
provenientes directamente de los despachos judiciales o sean trasladados de
otras cárceles.
Finalmente, solicita que se ordene a las accionadas la
adopción de las medidas necesarias encaminadas a la reubicación de los
reclusos, en aras de reducir el hacinamiento.
3.
Respuesta de las entidades accionadas y vinculadas.
3.1
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC-
Mediante
escrito presentado el 20 de mayo de los corrientes, la señora Diana Carmenza
Rua Betancur, en su calidad de Directora Regional Noroeste del INPEC, se opuso
a todas y a cada una de las pretensiones de la acción de tutela.
Justificó
la situación al concluir lo siguiente: i) que el interno (accionante) ha
recibido un tratamiento penitenciario satisfactorio; ii) que los internos
cuentan con agua potable y con una buena alimentación; iii) que el problema de
hacinamiento en Colombia es una situación que le corresponde solucionar a todos
los organismos institucionales; y iv) que el cierre de las cárceles ha traído
graves problemas para la remisión del personal sindicado y condenado.
“Respecto a las celdas y de la incomodidad manifestada
por el accionante se reitera que ello per se, no configura una transgresión a
sus derechos fundamentales, pues esto sería apenas una característica de las
condiciones de habitabilidad de una cárcel, donde las amenidades y las áreas de
locomoción o desplazamiento son ajustados al espacio vital, como apenas es
lógico”[3].
Por
otra parte, manifestó que el accionante redime satisfactoriamente su pena
mediante actividad de recuperador ambiental desde el 27 de marzo de 2013
a la fecha, lo que quiere decir que se encuentra bajo un tratamiento
penitenciario que le permite redimir su pena y resocializarse ante la
comunidad. Adujo que la acción de tutela pone de presente un hecho notorio y es
que el problema de hacinamiento carcelario no es un problema coyuntural sino
estructural, pues obedece a la falta de una política carcelaria por parte del
Estado que responda a las necesidades de la población privada de la libertad en
el país.
Frente
a las instalaciones físicas del EPMSC señaló que el INPEC no es la entidad
competente para disponer recursos que modifiquen los espacios de algún
establecimiento, pues la infraestructura de las cárceles depende exclusivamente
de las políticas públicas adoptadas por el Gobierno Nacional, a través del
Ministerio de Justicia y del Derecho, así el INPEC sólo se encuentra encargado
de la custodia y vigilancia de la población carcelaria.
Aclaró
que la culpa del sobre cupo que se presenta en el EPMSC Jericó no es exclusiva
del INPEC, pues el Instituto es solo una parte del engranaje del Estado y,
únicamente, se encuentra encargado de la custodia y vigilancia de la población
carcelaria. Incluso los traslados, se llevan a cabo bajo los parámetros de la
normatividad vigente.
Finalmente,
señaló que los Municipios han cerrado sus cárceles y el personal sindicado ha
debido ser asumido por el INPEC mediante convenios o contratos de reclusión. Por
lo cual, un posible cierre del establecimiento accionado sería catastrófico,
pues prácticamente no habría lugar para los sindicados de esa zona del suroeste
antioqueño.
3.2.
Municipio de Pueblorrico, Antioquia.
Mediante
escrito radicado el 20 de mayo de 2013, el señor Alcalde Municipal de
Pueblorrico, Antioquia, solicitó que se declare que el Municipio no es
responsable de la afectación de los derechos fundamentales invocados por el
tutelante. Manifestó que “no se puede sostener que el Municipio de
Pueblorrico es responsable de la amenaza o vulneración de los derechos
fundamentales invocados por el accionante, pues este en aras de dar
cumplimiento a lo consagrado en la Ley 65 de 1993, suscribió con el INPEC el
convenio de integración de servicios no. 57 de 2013 celebrado entre el INPEC y
el Municipio de Pueblorrico, cuyo objeto es: las dos entidades se comprometen a
integrar los servicios así: El Municipio de Pueblorrico se obliga a asignar
dentro del presupuesto municipal un rubro para contribuir al funcionamiento del
establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de Jericó, y el
INPEC se obliga a recibir personas sindicadas y condenadas que hayan sido
privadas de la libertad por decisión de autoridad judicial”.
Finalmente,
indicó que no existe legitimación por pasiva en su contra y que el Municipio no
tiene cárcel municipal, por lo cual los detenidos en calidad de sindicados o
condenados deben ser recluidos en la cárcel de Jericó.
3.3.
Municipio de Jericó, Antioquia.
Mediante
escrito radicado el 20 de mayo, el señor Alcalde Municipal señaló que las
condiciones de hacinamiento de las cárceles colombianas son un doloroso e innegable
asunto, que por su estado de inconstitucionalidad, merecen urgente atención de
los que tienen la misión de responderle a la sociedad por la salud y la vida en
condiciones dignas de la población reclusa.
Dicha
administración Municipal consideró que no le corresponde al ejecutivo municipal
satisfacer las peticiones expuestas por el accionante, por cuanto por
ministerio de la Ley y del reglamento interno es una misión exclusiva del
INPEC. Agregó que el Municipio de Jericó viene celebrando convenios de
cooperación con el INPEC, para que la atención de los reclusos se verifique de
manera adecuada; y en la actualidad hace esfuerzos significativos para honrar
los pactos derivados de estos.
3.4.
Municipio de Tarso, Antioquia.
Mediante
escrito de 20 de mayo de 2013 el Alcalde Municipal se opuso a las pretensiones,
porque de acuerdo al material probatorio no hay responsabilidad imputable al
ente municipal, como quiera que el establecimiento carcelario accionado no está
en la jurisdicción del Municipio de Tarso, y no hace parte de las instituciones
adscritas a la autoridad municipal que representa, “por lo tanto no es
responsabilidad de éste el correcto desempeño de las actividades desarrolladas”.
Indicó
que el Municipio celebró con el INPEC un convenio de integración de servicios
no. 040 de 2013 cuyo objeto compromete al Municipio de Tarso a asignar dentro
del presupuesto municipal un rubro para contribuir al funcionamiento del Establecimiento
Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Jericó.
Finalmente,
consideró que la acción de tutela es improcedente, ante la inexistencia de la
violación a los derechos fundamentales alegados y la imposibilidad del
Municipio para disponer de medidas o actuaciones solicitadas por el accionante,
mediante las cuales cesarían las supuestas violaciones, ya que el ente
territorial no tiene control sobre la situación generadora de los hechos
alegados.
4.
Decisión judicial objeto de revisión
4.1
Sentencia de Única Instancia.
Mediante
providencia de 15 de mayo del presente año, el Juzgado Promiscuo del Circuito
de Jericó, Antioquia resolvió admitir la acción de tutela de la referencia y
ordenó vincular en forma oficiosa a las Alcaldías de los Municipios de Jericó,
Pueblorrico y Tarso, así como a la Directora del Centro Penitenciario de
Mediana Seguridad de Jericó. Además, en el mismo proveído ordenó la práctica de
una inspección judicial en el establecimiento accionado.
En sentencia de 27 de mayo de 2013, el Juzgado
Promiscuo del Circuito de Jericó, Antioquia, tuteló los derechos fundamentales
a la vida y a la salud invocados por el ciudadano EDWIN ARANGO RESTREPO. En
consecuencia, ordenó al Director del Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario –INPEC- que:
“en el término máximo de quince (15) días
ordene a quien corresponda, la evacuación de los condenados que sean necesarios
para que en el Centro Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad del
Municipio de Jericó, Antioquia, solo queden 100 internos. Esto como medida de
descongestión”.
Como fundamento de lo anterior el juez estimó que
“por ello se hace necesario tutelar los
derechos fundamentales invocados por el señor Arango Restrepo, pero no en la
forma como fue pedido en la solicitud de tutela, de prohibir el ingreso de
nuevos reclusos al centro penitenciario, porque las condiciones de hacinamiento
continuarían sin solución; sino disponiendo que por parte del INPEC se proceda
a trasladar o reubicar en otros centros de reclusión el número de reclusos que
sobrepasen a los 100, cifra que si bien puede superar la capacidad que se
predica del establecimiento, no resulta tan exagerada si la comparamos con la
cifra de 153 internos, que se encontraba al momento de la inspección judicial”[4].
(…) “ Ahora, y aunque la verdadera solución
sería ordenar la evacuación de presos al punto de sólo dejar los 53
correspondientes a la capacidad del penal, sin embargo, siendo consecuentes con
la situación actual del país, se debe admitir que materialmente no hay
posibilidad acabar –sic- totalmente
con el sobrecupo –sic-”[5].
Más adelante, el a quo matiza la decisión
inicial relativa a que la capacidad del establecimiento carcelario en cuestión
fuera de máximo 100 reclusos de la siguiente manera: “Así las cosas el penal
quedará con un cupo de 100 presos, cupo que podrá aumentar hasta 110  a medida
que ingresen nuevos detenidos o condenados, debiéndose mantener este promedio,
entre 100 y 110  a medida que ingresen nuevos detenidos o condenados[6]”
Por otra parte, respecto a las condiciones
del establecimiento carcelario demandado refirió el juzgado de única instancia lo
siguiente:
“a la fecha de la inspección judicial se
albergaban 153 detenidos, quienes deben compartir pequeños espacios, dormir
debajo de las mesas de concretos donde otros duermen, en un espacio que podría
decirse es equivalente casi a un osario de un camposanto, dotados con un solo
sanitario para un promedio de 20 a 25 internos, el cual además por regla
general se encuentra en un pésimo estado de funcionamiento, sin una puerta que
permita su uso de manera privada, lo que genera condiciones que denigran
cualquier condición humana; como si fuera poco, al hacinamiento, a la falta de
espacio para el descanso, pues para tales efectos se utilizan las mismas
celdas, dado que solo se cuenta con un único patio; los malos olores que se
producen por el uso del servicio sanitario, el sudor de tal cantidad de
personas allí reunidas, se le agrega el consumo de tabaco al interior de las
celdas, donde toda la población se convierte en fumadora pasiva, causando
mayores riesgos de enfermedades respiratorias”[7].
Así mismo, relató que el panorama de las redes eléctricas
del penal es lamentable: “con redes eléctricas externas, mal aisladas, las
que obviamente pueden causar un corto circuito y por ende un incendio, los
muros debilitados por el paso del tiempo que reclaman una intervención
inmediata para no tener hechos que lamentar y los techos en malas condiciones
de sellamiento, lo que impide que cumplan a cabalidad su función de proteger de
la lluvia a quienes se encuentran en el interior del inmueble”[8].
Finalmente, indicó el Juzgado Promiscuo
del Circuito de Jericó, Antioquia que el “problema no se le puede atribuir a
la dirección del establecimiento, sino a falta de políticas claras en materia
carcelaria del Estado, que ya tiene conocimiento del estado de las cosas
inconstitucionales al interior de las cárceles del país, desde el año 1998, sin
embargo no ha hecho nada para remediarlo, pero si ha establecido una política criminal
que sigue llenando los penales de manera desmedida, sin consideración a la
capacidad de la infraestructura carcelaria existente en nuestro país”[9].
5.  Pruebas relevantes que obran dentro del expediente.
·
Copia del convenio de
integración de servicios número 57 de 2013 celebrado entre el Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC y el Municipio de Pueblorrico,
Antioquia – Alcaldía Municipal[10],
aportado por este último. (folios 27-30, cuaderno de tutela).
·
Certificado de disponibilidad
presupuestal no. 0000000144 en el cual el Secretario de Hacienda del Municipio
de Pueblorrico certifica que existe disponibilidad presupuestal en el rubro de
“ejecución de convenios con el INPEC”. (folio 31, cuaderno de tutela)
·
Copia convenio de integración de
servicios número 40 de 2013, suscrito entre el Municipio de Tarso y el INPEC.
(folios 40-43, cuaderno de tutela)
·
Acta de visita referente a la inspección
judicial llevada a cabo por el Juzgado Promiscuo del Circuito al Centro
Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad del Municipio de Jericó,
Antioquia. El acta la suscriben el señor Juez, la
Directora del establecimiento carcelario, el inspector comandante de
vigilancia y el secretario del juzgado. (folios 92-93, cuaderno de tutela)
·
Fotografías del Centro
Penitenciario y Carcelario de Jericó, tomadas por el Juzgado Promiscuo del
Circuito de Jericó, Antioquia, en diligencia de inspección judicial practicada
el 21 de mayo de 2013: (folios 94-99, cuaderno de tutela)
- Fotografías tomadas por el juez de única
instancia en diligencia de inspección judicial practicada el 21 de mayo de
2013:
II.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.
Competencia
Es
competente esta Sala de la
Corte Constitucional para revisar la decisión proferida dentro de la acción de
tutela de la referencia de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y
241, numeral 9o., de la
Constitución Política y en concordancia con los artículos 31
a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2.
Problema Jurídico
En atención a lo expuesto, esta Sala de Revisión
deberá determinar si la decisión del juez en única instancia que ordenó desalojar
los condenados que sean necesarios para que en el centro de reclusión accionado
se mantengan únicamente cien (100) internos protege constitucionalmente los
derechos fundamentales a la vida digna y a la salud invocados por el
accionante.
Con el fin de resolver el caso, la
Sala se pronunciará sobre: (i) los derechos fundamentales de las personas que
se encuentran en estado de reclusión; (ii) el hacinamiento y el derecho fundamental
a la integridad personal; y (iii) finalmente
abordará el análisis del caso en concreto
con soluciones que protejan de inmediato los derechos fundamentales
presuntamente vulnerados.
3. Derechos fundamentales de las personas que se
encuentran en estado de reclusión.
La Corte Constitucional, al
estudiar las condiciones de reclusión de los internos en la
Cárcel Modelo de Bogotá D.C. y Nacional de Bellavista de Medellín, en especial
las condiciones de hacinamiento, declaró mediante sentencia T-153 de 1998 que
la situación de los establecimientos penitenciarios y carcelarios del país
configuraba un estado de cosas inconstitucional, principalmente debido a
la situación de indignidad en la cual se encontraban las personas privadas de
libertad en el país. El fin perseguido con la declaratoria de la existencia
notoria de un estado de cosas inconstitucional estaba dirigido a buscar
un remedio al sistema carcelario y penitenciario colombiano que
lamentablemente, aun genera violaciones generales y sistemáticas de los
derechos fundamentales, en tanto afecta una multitud de reclusos, como sujetos
humanos de derecho y tiene origen en un problema de naturaleza estructural que
para solucionarse exige la acción mancomunada de distintas entidades.
Consideró
la citada sentencia, lo siguiente:
“Las condiciones de hacinamiento impiden brindarle a
todos los reclusos los medios diseñados para el proyecto de resocialización
(estudio, trabajo, etc.). Dada la imprevisión y el desgreño que ha reinado en
materia de infraestructura carcelaria, la sobrepoblación ha conducido a que los
reclusos ni siquiera puedan gozar de las más mínimas condiciones para llevar
una vida digna en la prisión, tales como contar con un camarote, con agua
suficiente, con servicios sanitarios, con asistencia en salud, con visitas
familiares en condiciones decorosas, etc. De manera general se puede concluir
que el hacinamiento desvirtúa de manera absoluta los fines del tratamiento
penitenciario”. (…)
Se
estimó en esta providencia, previa diligencia de inspección judicial, que las
condiciones de las dos cárceles bajo examen “son absolutamente infrahumanas,
indignas de una persona humana, cualquiera sea su condición personal. Las
condiciones de albergue de los internos son motivo de vergüenza para un Estado
que proclama su respeto por los derechos de las personas y su compromiso con
los marginados”.
En
dicho fallo, esta Corporación adujo que si bien algunos derechos fundamentales
de los reclusos son suspendidos o restringidos desde el momento en que éstos
son sometidos a la detención preventiva o son condenados mediante sentencia,
muchos otros derechos se conservan intactos y deben ser respetados íntegramente
por las autoridades públicas que se encuentran a cargo, más si se tiene en
cuenta que la población reclusa se encuentra en una relación de especial
sujeción con el Estado.
En
efecto, esta Corte ha explicado que la conexión de especial sujeción con el
Estado en la que se encuentran las personas privadas de la libertad produce
importantes consecuencias jurídicas y un impacto evidente en los derechos
fundamentales de estas personas. Por tanto, el Estado se encuentra en posición
de garante respecto de la persona privada de la libertad y, en esa medida, es
su entera responsabilidad el cuidado de la vida, la salud, la integridad física
y moral, así como procurar las condiciones mínimas de existencia digna del
individuo privado de la libertad como persona.
A
modo de ejemplo, ha dicho esta Corte que los derechos a la libertad física, a
la libre locomoción y los derechos políticos se encuentran suspendidos.
Asimismo, derechos como la intimidad personal y familiar, reunión, asociación,
libre desarrollo de la personalidad y libertad de expresión se encuentran
restringidos, en razón misma de las condiciones que impone la privación de la
libertad. Con todo, otro grupo de derechos, tales como la vida e integridad personal,
la dignidad, la igualdad, la libertad religiosa, el derecho al reconocimiento
de la personalidad jurídica, a la salud, al debido proceso y el derecho de
petición, mantienen su incolumidad a pesar del encierro a que es sometido su
titular[11].
Por
tales razones, la jurisprudencia constitucional[12]
ha mantenido una línea jurisprudencial que clasifica los derechos fundamentales
de los internos en tres grupos: “(i) aquellos derechos
suspendidos como consecuencia lógica y directa de la pena impuesta, lo cual
se justifica constitucional y legalmente por los fines de la sanción penal.
Dentro de este grupo encontramos derechos como la libre locomoción, y los
derechos políticos como el derecho al voto. (ii) los derechos intocables
conformados por los derechos fundamentales de la persona privada de la libertad
que se encuentran intactos, pues aquellos derivan directamente de la dignidad
del ser humano, son ejemplo de éstos: los derechos a la vida y el derecho al
debido proceso, y por ultimo, (iii) se encuentran los derechos
restringidos o limitados por la especial sujeción del interno al Estado y
tienen sentido porque con ello se pretende contribuir al proceso de
resocialización del condenado y garantizar la disciplina, seguridad y
salubridad en las cárceles. Encontramos limitados los derechos a la intimidad
personal y familiar, de reunión, de asociación, libre desarrollo de la
personalidad, libertad de expresión, al trabajo y a la educación. Respecto de
los derechos fundamentales de los reclusos que admiten restricción, es
importante tener en cuenta que su limitación es constitucionalmente válida en
la medida en que se ajuste a los principios de razonabilidad y
proporcionalidad”[13].
En
la sentencia T-133 de 2006 se adicionó que “derechos fundamentales como la
vida, la integridad personal, la dignidad, la igualdad, la libertad religiosa,
el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la salud, al debido
proceso y el derecho de petición, [los cuales] se mantienen incólumes y, por
ende, no pueden ser limitados en medida alguna”.
Ante
la relación de sujeción especial entre el interno y el Estado, según
pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,[14]este
último debe asumir una serie de responsabilidades específicas y tomar diversas
iniciativas con el objeto de garantizar a los reclusos las condiciones
necesarias para desarrollar una vida digna y contribuir al goce efectivo de
aquellos derechos que bajo ninguna circunstancia pueden restringirse o de
aquéllos cuya restricción no deriva necesariamente de la privación de libertad.
Al respecto, este órgano judicial
internacional ha establecido que -de
conformidad con la
Convención Americana, ratificada por el Estado colombiano el 28 de 1973; entró
en vigor el 18 de julio de 1978- toda persona privada de libertad tiene
derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad
personal[15].
Además, ha considerado al igual que esta Corporación que el Estado debe
garantizar el derecho a la vida y a la integridad personal de los privados de
libertad, en razón de la posición especial de garante con respecto a dichas
personas, y dado que las autoridades penitenciarias ejercen un control total
sobre éstas[16].
El
anterior contexto internacional, conllevó a que esta Corte asumiera desde el
año de 1998 la vocería de las minorías olvidadas, es decir de aquellos grupos
que difícilmente tienen acceso a los organismos políticos. “Por esta razón, la
Corte Constitucional  está llamada a actuar en ocasiones como la
presente, llamando la atención sobre el estado de cosas inconstitucional que se
presenta en el sistema penitenciario colombiano y que exige la toma de medidas
por parte de las distintas ramas y órganos del poder, con miras a poner
solución al estado de cosas que se advierte reina en las cárceles colombianas”.
Ahora bien, nuestra Constitución Política establece
dentro de su contenido sistemático que la dignidad humana es el fundamento del
ordenamiento jurídico, el artículo 1° del texto Superior consagra una República
“fundada en el respeto de la dignidad humana”. Así, la dignidad humana
constituye un pilar fundamental y un elemento determinante en el Estado Social
de Derecho y en la democracia constitucional, que inevitablemente trasciende del ámbito
ético-filosófico para convalidarse en nuestro ordenamiento positivo como una
norma fundante de carácter vinculante para todas autoridades.
Además, el artículo 5° constitucional reconoce
sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la
persona, como quiera que los privados de la libertad en centros
penitenciarios y carcelarios jamás pierden su calidad de individuo de la
especie humana y de sujetos de derecho, se deriva que conservan intacta e
intocable su dignidad humana como derecho iusfundamental.
“La
jurisprudencia de este tribunal ha sido enfática al aplicar la exigencia
constitucional de otorgar un trato digno a la población carcelaria. Lo
anterior, en atención a la diversidad de tratados, convenios y acuerdos
internacionales aprobados por Colombia, los cuales imponen el respeto efectivo
por la dignidad de las personas privadas de la libertad. En este sentido,
la reclusión no implica la pérdida de la condición de ser humano; la función y
finalidad de la pena, son la protección de la sociedad, la prevención del
delito y, principalmente, la resocialización
del sujeto responsable del hecho punible. En la misma dirección, es importante
resaltar que el Estado está en la obligación de procurar la función
resocializadora de las personas condenadas a penas privativas de la libertad.
Por tal motivo, quienes se encuentran purgando una pena cuentan con las
garantías constitucionales de cualquier ciudadano y, en el evento de creer
vulnerados sus derechos fundamentales, están legitimados para accionar ante los
organismos judiciales en busca de la protección de los mismos. Por esta razón,
los penados podrán exigir un trato que respete su dignidad humana, la cual va
ligada inequívocamente con el derecho fundamental a la vida digna. Lo expuesto,
implica que los sujetos sometidos a una relación de sujeción especial con el
Estado podrán hacer valer sus derechos en pro de obtener las oportunidades
necesarias y los medios precisos para el desarrollo de su personalidad humana,
con el fin de que se les garantice una vía para la resocialización. Bajo este
derrotero, la dignidad humana se erige como un derecho fundamental, de eficacia
directa, cuyo reconocimiento está ligado a los pilares políticos y jurídicos
del Estado colombiano. Es decir, es el postulado esencial para una efectiva
consagración del sistema de derechos y garantías contemplado en la
Constitución”[17].
Igualmente, el principio de dignidad humana, el cual
radia todo el ordenamiento constitucional colombiano goza también de un
contenido prestacional que exige a las autoridades de la
República involucradas, la adopción de políticas públicas -en este caso penitenciarias
y carcelarias- que conlleven a garantizar a los internos las condiciones
mínimas de vida digna y subsistencia. Lo anterior, por cuanto al estar privados
de la libertad bajo relaciones de especial sujeción con el Estado les
imposibilita adquirir por si mismos tales mínimos de dignidad humana.
Ciertamente, vale traer a colación lo preceptuado en
el artículo 5° de la Ley 65 de 1993 “por la cual se expide el Código
Penitenciario y Carcelario”, el cual en concordancia con la
Carta Política instituye el respeto de la dignidad humana, de las garantías
constitucionales y de los derechos humanos universalmente reconocidos en los
establecimientos carcelarios, como contenido y principios rectores de todo el
sistema penitenciario y carcelario colombiano, a saber:
“ARTÍCULO 5o. RESPETO A LA
DIGNIDAD HUMANA. En los establecimientos de reclusión prevalecerá el respeto a la
dignidad humana, a las garantías constitucionales y a los derechos humanos
universalmente reconocidos. Se prohíbe toda forma de violencia síquica,
física o moral”.(…)  (Subrayado fuera
de texto)
En consecuencia, le corresponderá a las entidades
estatales correspondientes, entiéndase Gobierno Nacional- Ministerio de
Justicia y del Derecho, Ministerio de Hacienda, Departamento de Planeación
Nacional e Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC-, evitar la
prolongada y continua vulneración de derechos fundamentales de los reclusos, ya
que el Estado termina siendo el principal responsable de proporcionar las
condiciones básicas para la vida digna de una persona recluida a su cargo en un
establecimiento carcelario, máxime cuando la dignidad humana como derecho se
conserva intocable sin limitaciones de ningún orden o circunstancia.
“(…) La razón
jurídica que explica este compromiso positivo del Estado se encuentra en el
mandato constitucional según el cual, el Estado colombiano se funda en el valor
de la dignidad humana, lo cual determina, no sólo un deber negativo de no
intromisión sino también un deber positivo de protección y mantenimiento de
condiciones de vida digna. Las personas recluidas en establecimientos
carcelarios se encuentran bajo la guardia del Estado. Ello implica, por un
lado, responsabilidades relativas a la seguridad de los reclusos y a su
conminación bajo el perímetro carcelario y, por el otro, responsabilidades en
relación con las condiciones de vida de los reclusos.[18]”
No obstante, las limitaciones constitucionales a
los derechos fundamentales de los reclusos deben ser las estrictamente
necesarias para lograr la conservación de la seguridad, el orden y la
disciplina dentro del penal y uno de los fines de la pena, como lo es la
resocialización de los internos. Por ello, ha indicado esta Corporación frente
a la restricción de los derechos fundamentales por parte de las autoridades
carcelarias que estas facultades “deben estar previamente consagradas en
normas de rango legal, y tienen que ser ejercidas conforme a los principios de
razonabilidad y proporcionalidad”[19].
La Corte Interamericana de
Derechos Humanos como máxima intérprete del Pacto de San José y, en general, de
los derechos humanos en las Américas ha incorporado en su jurisprudencia los
principales estándares sobre condiciones carcelarias y el deber de prevención
que el Estado debe garantizar en favor de las personas privadas de libertad[20].
En particular, ha establecido este Tribunal
Internacional los siguientes once criterios sintetizados en la sentencia de 27
de abril de 2012, caso Pachecho Turuel y otros vs Honduras, totalmente
aplicables al estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario
colombiano:
i)
“el hacinamiento constituye
en sí mismo una violación a la integridad personal”[21];
asimismo, “obstaculiza el normal desempeño de las funciones esenciales en los
centros penitenciarios”[22];
ii)
“la separación por
categorías deberá realizarse entre procesados y condenados y entre los menores
de edad de los adultos, con el objetivo de que los privados de libertad reciban
el tratamiento adecuado a su condición[23];
iii)
todo privado de libertad
tendrá acceso al agua potable para su consumo y al agua para su aseo personal;
la ausencia de suministro de agua potable constituye una falta grave del Estado
a sus deberes de garantía hacia las personas que se encuentran bajo su custodia[24];
iv)
la alimentación que se
brinde, en los centros penitenciarios, debe ser de buena calidad y debe aportar
un valor nutritivo suficiente[25];
v)
la atención médica debe ser
proporcionada regularmente, brindando el tratamiento adecuado que sea necesario[26] y
a cargo del personal médico calificado cuando este sea necesario;
vi)
la educación, el trabajo y
la recreación son funciones esenciales de los centros penitenciarios[27],
las cuales deben ser brindadas a todas las personas privadas de libertad con el
fin de promover la rehabilitación y readaptación social de los internos;
vii)
las visitas deben ser
garantizadas en los centros penitenciarios. La reclusión bajo un régimen de
visitas restringido puede ser contraria a la integridad personal en
determinadas circunstancias[28];
viii)
todas las celdas deben
contar con suficiente luz natural o artificial, ventilación y adecuadas
condiciones de higiene[29];
ix)
los servicios sanitarios
deben contar con condiciones de higiene y privacidad[30];
x)
los Estados no pueden
alegar dificultades económicas para justificar condiciones de detención que no
cumplan con los estándares mínimos internacionales en la materia y que no
respeten la dignidad inherente del ser humano[31],
y
xi)
las medidas
disciplinarias que constituyan un trato cruel, inhumano o degradante, incluidos
los castigos corporales[32], la reclusión en aislamiento prolongado,
así como cualquier otra medida que pueda poner en grave peligro la salud física
o mental del recluso están estrictamente prohibidas[33].
En suma, esta Corporación declaró con acierto el
notorio estado de cosas inconstitucionales del sistema penitenciario y
carcelario colombiano, el cual a la fecha, se mantiene plenamente vigente
debido a que persisten los problemas estructurales objeto de declaración en el
año de 1998. Por cuenta de las relaciones de especial sujeción que se
establecen entre la Administración y las personas privadas de la libertad
existe en cabeza de estos últimos una tridivisión de derechos fundamentales
enmarcada en los principios de razonabilidad y proporcionalidad: i) derechos
suspendidos; ii) derechos restringidos o limitados y; iii) derechos intocables.
A modo de ejemplo, con relación a los derechos presuntamente
vulnerados en este caso en concreto, vemos como la dignidad humana y el derecho
a la salud se erigen como derechos fundamentales intocables en cabeza de las
personas privadas de la libertad.
4. El hacinamiento y la integridad personal
de las personas privadas de la libertad.
El derecho a la vida es
señalado como el derecho fundamental por excelencia, pues es condición para el
ejercicio de los demás derechos consagrados en la
Constitución; tiene estrecha relación con el derecho a la salud y a la
integridad personal. El derecho a la integridad física y psicológica implica no
ser mutilado, ni torturado, ni sometido a tratos crueles e inhumanos
-artículo 12 Superior-. Así, la integridad personal al igual que el derecho a
la vida, se considera como un derecho humano fundamental para el ejercicio de
todos los otros derechos ya que constituye un mínimo indispensable para el
ejercicio de cualquier actividad.
El problema estructural de los
establecimientos penitenciarios y carcelarios en Colombia radica en el evidente
hacinamiento que padecen los reclusos. Resulta un hecho notorio y de público
conocimiento que la demanda total de población reclusa es mayor a la oferta de
plazas disponibles para albergar reclusos, lo que demuestra en términos
económicos un evidente desequilibrio en el sistema penitenciario y carcelario
colombiano.
Lo anterior, fue anotado en la sentencia
T-153 de 1998 en la cual la
Corte Constitucional determinó un notorio estado de cosas inconstitucionales por
cuenta de una infraestructura precaria y una política criminal inexistente e ineficiente
por parte del Estado. En esa oportunidad, se ordenó la realización total de un
plan de construcción y refacción carcelaria de conformidad con lo establecido
en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones en el término máximo de cuatro
años, el cual a la fecha no ha sido ejecutado por las autoridades competentes.
Este importante fallo estableció, entre otras cosas, que el hacinamiento de los
establecimientos carcelarios vulnera la dignidad humana y amenaza otros
derechos como la integridad personal, de la siguiente forma:
“Con todo, las prescripciones de los Códigos Penal, de
Procedimiento Penal y Penitenciario y Carcelario, de los tratados y acuerdos
internacionales citados y la misma jurisprudencia de la
Corte acerca de los derechos de los reclusos constituyen letra muerta. Las
condiciones de vida en los penales colombianos vulneran evidentemente la
dignidad de los penados y amenazan otros de sus derechos, tales como la vida y
la integridad personal, su derecho  a la familia, etc. Nadie se atrevería a
decir que los establecimientos de reclusión cumplen con la labor de
resocialización que se les ha encomendado. Por lo contrario, la situación
descrita anteriormente tiende más bien a confirmar el lugar común acerca de que
las cárceles son escuelas del crimen, generadoras de ocio, violencia y
corrupción”.
(Subrayado fuera de texto)
Para la
Corporación resulta relevante reiterar una vez más una consecuencia del
hacinamiento carcelario: la amenaza de los derechos fundamentales a la
integridad personal y a la a la salud de las personas privadas de la libertad.
En efecto, cuando se acumula o junta sin orden una cantidad desproporcionada de
personas se vulnera tajantemente la dignidad humana y se pone en peligro grave la
salud y la integridad física y psicológica de los reclusos, quienes valga
recordar, se encuentran recluidos en debilidad manifiesta y amparados bajo supuestas
relaciones de especial sujeción con el Estado.
Por otra parte, el hacinamiento carcelario
también impide y degenera el desarrollo habitual de otro tipo de derechos que
tienen lugar en los establecimientos carcelarios: los derechos al trabajo, a la
educación, a la alimentación adecuada, a la salud, a la familia, a la
intimidad, a las visitas, a la sexualidad y a la recreación, los cuales
generalmente resultan lesionados por cuenta del amontonamiento desproporcionado
del que no puede ser objeto seres humanos. Como consecuencia de lo anterior, no
es extraño que termine vulnerado el principio constitucional de la dignidad
humana y la prohibición constitucional de no ser sometido a tratos o penas
crueles, inhumanas o degradantes.
Además, el hacinamiento de personas
privadas de libertad genera tensiones constantes entre los reclusos por el poco
espacio disponible, esto a su vez aumenta las disputas y los niveles de violencia
en las cárceles y disminuye las condiciones favorables para la resocialización,
-reflejadas en oportunidades de estudio o trabajo, por ejemplo-. Asimismo, el
hacinamiento obstruye el de por si restringido derecho fundamental a la
intimidad que disponen los reclusos para manejar su propia existencia como a
bien lo tengan con el mínimo de injerencias exteriores cuando, por ejemplo:
deben tomar una ducha, vestirse, recibir visitas o practicar sus derechos
sexuales.
Igualmente, el hacinamiento crea un ambiente propicio para que se
propaguen enfermedades fácilmente, por lo cual dicha sobrepoblación sumada a unas
condiciones de salubridad, sanitarias y de higiene deficientes, constituyen
factores que amenazan el derecho fundamental a la salud y a la integridad de
las personas privadas de la libertad.
En la
sentencia T-372 de 1996 la
Corporación consideró que:
“Cuando
se trata de personas detenidas, la protección de su vida e integridad,
depende de las autoridades carcelarias.  En tal virtud, se demanda de
estas autoridades un especial tratamiento de quienes se encuentren privados de
la libertad.  Si bien la
Constitución, encomienda a las autoridades de la
República la salvaguarda de la vida de todos los residentes en Colombia, con
mayor razón ese amparo debe brindarse a quienes se encuentren bajo su custodia.
El derecho a un trato acorde con la dignidad humana, no sólo radica en quienes
han sido privados de su libertad, sino en todas las personas, por el sólo hecho
de serlo”.
En ese sentido,  vale señalar que la
creación de nuevas plazas, sea por medio de la construcción de nuevas
instalaciones o de la modernización y ampliación de otras, es una medida
esencial y constitucional para combatir el hacinamiento y adecuar los sistemas
penitenciarios a necesidades presentes.
Con el fin de verificar lo anterior, el
Gobierno Nacional deberá establecer criterios claros para definir la capacidad
máxima de sus instalaciones penitenciarias. A este respecto, los
Principios y Buenas Prácticas sobre la
Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas de la
CIDH establecen que: “dicha información, así como la tasa de ocupación real
de cada establecimiento o centro deberá ser pública, accesible y regularmente  actualizada”.
Ahora bien, en el contexto internacional, la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la
Convención Americana sobre Derechos Humanos han consagrado el derecho a la
integridad de la siguiente manera:
- Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre, aprobada en Bogotá en 1948:
“Artículo I. Todo
ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su
persona”.
“Artículo
XXV.  Nadie puede ser privado de su libertad sino en los casos y según las
formas establecidas por leyes preexistentes. (…)
Todo individuo que
haya sido privado de su libertad tiene derecho a un tratamiento humano durante
la privación de su libertad”.
-Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto
de San José:
“Artículo 5.  Derecho a la
Integridad Personal
1. Toda persona tiene derecho a que se respete
su integridad física, psíquica y moral.
2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas
o tratos crueles, inhumanos o degradantes.  Toda persona privada de
libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser
humano.
3. La pena no puede trascender de la persona del
delincuente.
4. Los procesados deben estar separados de los
condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento
adecuado a su condición de personas no condenadas.
5. Cuando los menores puedan ser procesados,
deben ser separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados,
con la mayor celeridad posible, para su tratamiento.
6. Las penas privativas de la libertad tendrán
como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados”.
En este sentido, la
Corte Interamericana de Derechos Humanos como intérprete autorizada de estos
instrumentos internacionales ha establecido de manera general a lo largo de su
jurisprudencia que “la detención en condiciones de hacinamiento, con falta
de ventilación y luz natural, sin cama para el reposo ni condiciones adecuadas
de higiene en aislamiento e incomunicación o con restricciones indebidas al
régimen de visitas constituyen una violación a la integridad personal”[34].
A manera de ejemplo, dicha Corte Internacional en el caso Tibi
declaró que las condiciones en las que vivía la víctima no habían satisfecho
los requisitos materiales mínimos de un tratamiento digno, conforme a su
condición de ser humano.
Según la
CIDH en este caso en concreto el Estado violó el derecho consagrado en el
artículo 5° de la Convención anteriormente citado, ya que el señor Tibi fue:
“Recluido bajo severas condiciones de
hacinamiento e insalubridad por 45 días en un pabellón de la
Penitenciaría del Litoral [donde] debía permanecer todo el día, sin
ventilación ni luz suficiente, y no se le proporcionaba alimento.  [Además],
estuvo varias semanas en el corredor del pabellón de dicha penitenciaría,
durmiendo en
el suelo, hasta que finalmente pudo ubicarse, por la fuerza,
en una celda”.
En el caso López Álvarez, la
CIDH observó lo siguiente:
“durante el   período de  detención en el Centro Penal
de Tela y en la
Penitenciaría Nacional de Támara la víctima fue sometida a condiciones de detención
insalubres y de hacinamiento. Ambos establecimientos penales estaban sobrepoblados
y carecían de  condiciones higiénicas adecuadas. [La víctima] tuvo que compartir
una celda reducida con numerosas personas, no tenía        cama  para su reposo
y debió dormir en el suelo, por algún tiempo. No recibía alimentación adecuada.
Además, en el Centro Penal de Tela no había agua potable, y en ocasiones la
presunta víctima tenía que esperar a que lloviera para bañarse”.
Así las cosas, considera esta Sala, que el
hacinamiento per se constituye una vulneración a la integridad personal
de las personas privadas de la libertad. En efecto, la ocupación de
establecimientos carcelarios por encima del número de plazas disponibles trae
inmerso un sinnúmero de factores que propician la violación de varios derechos
fundamentales como la dignidad humana, la salud y la integridad personal y, por
ello, dicha sobrepoblación reclusa merece ser amparada por el juez
constitucional, quien de acuerdo a los principios de razonabilidad y
proporcionalidad debe intentar establecer mecanismos para remediar de manera
inmediata la amenaza o vulneración, con el fin de que el sistema penitenciario
y carcelario no se desarrolle por encima del número de plazas disponibles.
En ausencia de política criminal y
penitenciaria por parte del Estado y ante evidentes fallas estructurales de los
establecimientos penitenciarios y carcelarios el juez constitucional es el
llamado a adoptar soluciones razonables adecuadas a las circunstancias de cada
caso en concreto para proteger derechos constitucionales fundamentales.
6. Análisis del caso en concreto.
De acuerdo con el problema jurídico planteado, procede
esta Sala de Revisión a determinar si la decisión del juez en única instancia
que ordenó desalojar los condenados necesarios para que en el centro de
reclusión accionado se mantengan únicamente cien (100) internos, protege los
derechos fundamentales a la vida digna y a la salud, invocados por el
accionante.
Mediante
providencia fechada el 27 de mayo de 2013, el Juzgado Promiscuo del Circuito de
Jericó, Antioquia, tuteló los derechos fundamentales a la vida y a la salud
invocados por el ciudadano Edwin Arango Restrepo y, en consecuencia, ordenó al
Director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC- “que en
un término máximo de quince (15) días ordene a quien corresponda, la evacuación
de los condenados que sean necesarios para que en el Centro Penitenciario y
Carcelario de Mediana Seguridad del Municipio de Jericó, Antioquia, solo queden
100 internos. Esto como medida de descongestión”[35].
Respecto
a las condiciones que se presentan en el establecimiento carcelario accionado,
se evidencia un grave problema de hacinamiento ya que la capacidad total del
penal es de 53 internos y al momento de la práctica de la diligencia de
inspección judicial el a quo encontró recluidas 153 personas. Bajo este hecho,
el juez llegó extrañamente a la conclusión de fijar un máximo de 100 internos
para el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de
Jericó, Antioquia. Cifra que la citada providencia matiza aun más originalmente
“podrá aumentar hasta 110 a medida que ingresen nuevos detenidos o
condenados, debiéndose mantener este promedio, entre 100 y 110 reclusos”
Estima
la Sala, aunque se encuentre de acuerdo con el amparo a los derechos
fundamentales a la salud y a la vida digna debido a las evidentes condiciones
infrahumanas de hacinamiento en las que se encuentra recluido el accionante, que
la decisión del juez de instancia fijó subjetivamente un cupo total y máximo sin
la motivación adecuada para ello.
En
efecto, no encuentra la Sala argumentos claros, ciertos y suficientes que
demuestren alguna razonabilidad y proporcionalidad en la sentencia de
instancia, todo lo contrario, del expediente se colige que la capacidad máxima
del centro de reclusión es de 53 reclusos, por lo cual la decisión judicial concerniente
en mantener 100 internos como tope máximo no protege integralmente los derechos
fundamentales demandados ni soluciona el problema de hacinamiento, habida
cuenta que con esa determinación aun existe un sobre cupo del 88% en el penal
accionado.
Resulta
particular que la misma sentencia de 27 de mayo de 2013 reconoce  su yerro al
considerar que: “aunque la verdadera solución sería ordenar la evacuación de
presos al punto de sólo dejar los 53 correspondientes a la capacidad del penal,
sin embargo, siendo consecuentes con la situación actual del país, se debe
admitir que materialmente no hay posibilidad [de] acabar totalmente el
sobrecupo –sic-”[36].
Por
otra parte, la providencia del juez desconoció que la potestad legal para
trasladar a personas privadas de la libertad se encuentra en cabeza del
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC-[37]en
primera instancia. Así lo ha reiterado la
Corporación, por ejemplo, en la sentencia T- 611 de 2000 cuando determinó que:
“la condición de recluso, que en un momento
dado puede ostentar una persona, lo coloca dentro de un régimen penitenciario
caracterizado por la supresión de ciertos derechos o prerrogativas y lo ubica
dentro de un régimen excepcional, que siendo reglado, está bajo la dirección de
las autoridades legalmente constituidas para el efecto, recayendo en ellas, la
responsabilidad de tomar precisas determinaciones, en cuanto a la suerte de los
internos, dentro de las que se encuentra, por parte del director del Inpec la
reubicación de los mismos por razones especiales (artículo 75 numeral 6º de la
ley 65 de 1993), por ejemplo, cuando se encuentra afectada su seguridad, como
ocurre en el caso sub examine”. (…) “Lo que comporta el escoger un
establecimiento carcelario que ofrezca las debidas y adecuadas medidas de
seguridad para proteger la vida e integridad física de cualquier recluso que se
encuentre interno en los penales del país”.
(…) “No es el juez el que pueda calificar las
circunstancias o el mérito que motivaron el acto administrativo de traslado,
sino las propias autoridades carcelarias, pues son éstas quienes, conforme al
Código Penitenciario, poseen todos los elementos de juicio necesarios para
ordenar un traslado a otro centro de reclusión, que ofrezca mejores condiciones
de seguridad, pues dichas autoridades son quienes cuentan con los criterios
técnicos del caso para determinar tal orden administrativa”.
Además,
el Juzgado Promiscuo del Circuito de Jericó no valoró las implicaciones o
consecuencias adversas de su decisión. En efecto, el hecho de ordenarse bajo un
supuesto total de 153 internos un tope máximo de 100 en el establecimiento
penitenciario y carcelario de Jericó genera que 53 reclusos deban ser forzosamente
reubicados o trasladados. El fallo no indicó el por qué del límite de 100 al
que puede llegar la entidad accionada; no indicó qué reclusos deben ser
reubicados o trasladados; así como tampoco cómo, cuándo y a qué centro de
reclusión deben dirigirse 53 detenidos objeto de reubicación. Finalmente, el
juez omitió en su valoración el derecho fundamental a la unidad familiar de las
personas privadas de libertad ubicadas ese establecimiento carcelario toda vez
que eventualmente puede afectarse este derecho si algunos de los internos terminan
siendo trasladados o reubicados arbitrariamente sin consideración de su familia
o pareja.
Por
todo lo anterior, sumado a la falta de fundamento para ordenar la evacuación de
los internos que sean necesarios para conservar únicamente 100 reclusos en establecimiento penitenciario de mediana seguridad y
carcelario de Jericó, Antioquia, la
Sala Octava de Revisión revocará parcialmente la sentencia de única
instancia, no obstante, tutelará al igual que el juez de única instancia, los
derechos fundamentales a la vida digna y a la salud del accionante por las
razones que pasan a exponerse:
1.
De acuerdo al número total de 153 reclusos que actualmente se encuentran en el
penal, se establece por la
Corporación un sobre cupo en el penal del 188% toda vez que la capacidad del
complejo carcelario accionado es para 53 reclusos y a la fecha de la inspección
judicial practicada el 21 de mayo de los corrientes se encontraban 153 personas.
Además, según dicha diligencia de inspección judicial quedó claro que en el
caso concreto las condiciones de hacinamiento son “infrahumanas, toda vez
que los espacios son muy reducidos y muchos de los reclusos deben dormir debajo
de las mesas donde duermen otros, generando condiciones de insalubridad”[38].
Estas
condiciones absurdas de reclusión reflejan una clara violación a la dignidad
humana, a los derechos fundamentales a la salud y a la integridad física y
psicológica de las personas privadas de la libertad, quienes como sujetos
humanos de derecho en relaciones de especial sujeción con el Estado deberían contar,
en condiciones normales, con una celda por persona, mobiliario, ventilación,
iluminación, acceso a servicio sanitario higiénico y privado[39].
2.
Igualmente, resulta inaudito el lamentable estado en el que se encuentra la
planta física del establecimiento carcelario y, especialmente, el servicio
público de energía, el cual en palabras del Juzgado Promiscuo del
Circuito de Jericó, presenta “redes eléctricas externas, expuestas, mal
aisladas, las que obviamente pueden causar un corto circuito y por ende un
incendio, los muros debilitados por el paso del tiempo que reclaman una
intervención inmediata para no tener hechos que lamentar y los techos en malas
condiciones de sellamiento, lo que impide que cumplan a cabalidad su función de
proteger de la lluvia a quienes están en el interior del inmueble”[40].
Este
material probatorio, así como el registro fotográfico que reposa en el
expediente[41],
comprueba una clara amenaza de los derechos fundamentales a la vida, a la salud
y a la integridad física y psicológica del accionante y de los demás internos
que se encuentran en el penal, por cuanto se establecen serios indicios que dan
cuenta del mal estado estructural del Establecimiento Penitenciario y
Carcelario de Mediana Seguridad de Jericó, Antioquia. Esto, se traduce en un
inminente peligro de habitabilidad para las personas privadas de la libertad
allí recluidas.
Respecto
al servicio de energía eléctrica en establecimiento carcelario, la sentencia
T-235 de 1994 consideró lo siguiente:
“La
interrupción o el funcionamiento inadecuado del servicio de energía eléctrica
en un establecimiento carcelario, es susceptible de generar por las condiciones
de violencia generalizada y de inseguridad que vive el país un factor de riesgo
de gran magnitud, que puede afectar los derechos fundamentales a la vida y a la
integridad personal, no sólo del personal administrativo y de vigilancia del
centro penitenciario, sino de los propios reclusos”.
3. Por su parte, el Código Penitenciario y Carcelario
o Ley 65 de 1993 estableció que los departamentos y municipios deberán
contribuir para sostener las cárceles, en tal virtud podrán celebrar convenios
de integración con la Nación para el mejoramiento de la infraestructura del
sistema penitenciario y carcelario:
“ARTÍCULO 17. CÁRCELES  DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES. Corresponde a
los departamentos, municipios, áreas metropolitanas y al Distrito Capital de
Santafé de Bogotá, la creación, fusión o supresión, dirección, organización,
administración, sostenimiento y vigilancia de las cárceles para las
personas detenidas preventivamente y condenadas por contravenciones que
impliquen privación de la libertad, por orden de autoridad policiva. (…)
En los presupuestos municipales y departamentales, se
incluirán las partidas necesarias para los gastos de sus cárceles, como pagos de empleados, raciones de presos,
vigilancia de los mismos, gastos de remisiones y viáticos, materiales y
suministros, compra de equipos y demás servicios. (…)
La Nación
y las entidades territoriales podrán celebrar convenios de integración de
servicios, para el mejoramiento de la infraestructura y el sostenimiento de los
centros de reclusión de sistema penitenciario y carcelario”. (Subrayado
fuera de texto)
“ARTÍCULO 18. INTEGRACIÓN
TERRITORIAL. Los municipios podrán convenir la creación, organización,
administración y sostenimiento conjunto de los establecimientos de reclusión”. (Subrayado fuera de texto)
“ARTÍCULO 19. RECIBO DE
PRESOS DEPARTAMENTALES O MUNICIPALES. Los departamentos o municipios que carezcan de sus
respectivas cárceles, podrán contratar con el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario, el recibo de sus presos mediante el acuerdo que
se consagrará en las cláusulas contractuales, conviniendo el reconocimiento que
los departamentos o municipios hagan del pago de los siguientes servicios y
remuneraciones:
a) Fijación de sobresueldos a los empleados del
respectivo establecimiento de reclusión;
b) Dotación de los elementos y recursos necesarios
para los internos incorporados a las cárceles nacionales;
c) Provisión de alimentación en una cuantía no menor
de la señalada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario para sus
internos;
d) Reparación, adaptación y mantenimiento de los
edificios y de sus servicios, si son de propiedad de los departamentos o municipios”.
(…)(Subrayado fuera de texto).
Ahora bien, como quiera que existen varios convenios
vigentes de integración de servicios entre el Instituto Nacional Penitenciario
y Carcelario –INPEC- y los municipios de Pueblorrico, Jericó y Tarso[42], vinculados a la acción de
tutela de la referencia, la Sala atendiendo a la regulación legal y al problema
actual de hacinamiento que se presenta propondrá como fórmula contingente la
búsqueda mancomunada de un lugar cerrado y cubierto al cual puedan ser
trasladados algunos reclusos, en condiciones de dignidad humana, mientras se
adecua una nueva planta física que cumpla con la demanda de reclusos.
Para este fin, en el momento de desplazar algunos
reclusos a dicho lugar especial, las autoridades penitenciarias y carcelarias
deberán priorizar para el traslado a las personas privadas de la libertad que
impliquen menor peligrosidad, de acuerdo a la naturaleza del delito y a la
condición de sindicado o condenado. Además, deberán coordinar con la fuerza
pública para garantizar la máxima seguridad de ese local provisional, de manera
tal que se impida la fuga de presos y se respete la dignidad humana inherente
al recluso como ser humano.
Lo anterior, ya que de conformidad con los artículos
17 al 19 del Código Penitenciario y Carcelario antes transcritos, se establece
que la Nación y las entidades territoriales podrán celebrar convenios de
integración de servicios para el mejoramiento de la infraestructura y el
sostenimiento de los centros de reclusión de sistema penitenciario y
carcelario. Asimismo, asignan competencias en cabeza de los departamentos y municipios
para la creación, dirección, organización, administración, sostenimiento y
vigilancia de las cárceles para las personas detenidas y condenadas.
Finalmente, solicitó el actor como medida provisional que se
ordene a las accionadas que se abstengan, en adelante, de continuar admitiendo
reclusos en calidad de sindicados o condenados, sean estos provenientes
directamente de los despachos judiciales o sean trasladados de otras cárceles.
Ante esta petición considera la
Sala que en virtud de la independencia y autonomía judicial, resulta
irracional y desproporcionado que esta Corporación le exija a los jueces de la
República, por cuenta del hacinamiento, que eviten dictar medidas de
aseguramiento o sentencias condenatorias a personas que han cometido según la
ley penal conductas típicas, antijurídicas y culpables.
III.
DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Sala Octava de Revisión de la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.-
REVOCAR parcialmente la sentencia del 27 de mayo de 2013
proferida por el Juzgado Promiscuo del
Circuito de Jericó, Antioquia, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. TUTELAR los derechos
fundamentales a la vida digna, a la salud y a la integridad física y psicológica
del ciudadano Edwin Arango Restrepo recluido en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y
Carcelario de Jericó, Antioquia.
Tercero. ORDENAR al
Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Justicia y del Derecho, al
Departamento Nacional de Planeación y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC- que en la siguiente
vigencia presupuestal realicen las gestiones administrativas y presupuestales
necesarias con el fin de iniciar las obras de infraestructura requeridas para
eliminar el problema de sobre cupo carcelario que presenta el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y
Carcelario de Jericó, Antioquia.
Cuarto. ORDENAR al Director
General del INPEC, al Gobernador del Departamento de Antioquia y a los Alcaldes
Municipales de Jericó, Pueblorrico y Tarso, Antioquia, para que dentro de los tres
(3) meses siguientes a la notificación del fallo de tutela, se reúnan con el
fin de llegar a un acuerdo respecto de la búsqueda y el arrendamiento de un
local donde puedan ser recluidos algunos internos en condiciones de dignidad
humana, seguridad y espacio adecuado, mientras se adecua una nueva planta física
acorde a la capacidad del penal, salvo que encuentren otra manera que: i)
asegure el goce efectivo de los derechos tutelados y ii) no imponga cargas,
limitaciones o restricciones adicionales sobre estos u otros derechos
fundamentales. También deberán definir la contribución económica de los entes
territoriales en la ejecución del proyecto.
Quinto.
ORDENAR al Director General del INPEC
que podrá solicitar la modificación del plazo definido en el numeral anterior,
si al menos un mes antes de que se venza, solicita una prórroga al juez de
primera instancia, Juzgado Promiscuo del Circuito de Jericó, Antioquia,
justificando su petición y proponiendo un nuevo plazo razonable que asegure el
goce efectivo de derechos de aplicación inmediata.
Sexto.
ORDENAR al Juzgado Promiscuo del
Circuito de Jericó, Antioquia que verifique el cumplimiento de esta providencia
y envíe una copia de las actuaciones adelantadas a la
Sala Octava de Revisión de la
Corte Constitucional, la cual en todo caso, se reserva la posibilidad de
reasumir la competencia respecto del cumplimiento del fallo.
Séptimo. ORDENAR a la Defensoría del Pueblo, a la
Personería de Bogotá D.C., y a la
Procuraduría General de la Nación para que, en el marco de sus atribuciones
constitucionales y legales, cumplan con su labor de vigilancia y control
respecto del cumplimiento del presente fallo con el objetivo de garantizar de
manera efectiva los derechos aquí protegidos. Para ello, deberán informarle al Juzgado Promiscuo del Circuito de Jericó, Antioquia, y
a la Sala Octava de Revisión de la
Corporación los avances logrados.
Octavo. Por
Secretaría líbrese la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591
de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese en la Gaceta de la
Corte Constitucional y cúmplase.
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
Ausente en comisión
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MENDEZ
Secretaria General
[1]
Este no es el número total de los internos, pues el accionante
manifiesta que de manera continua se reciben reclusos.
[2]
Folio 2, cuaderno de tutela.
[3]
Folio 78, cuaderno de tutela (respaldo).
[4]
Folio 112, cuaderno de tutela.
[5]
Ibídem.
[6]
Ibídem.
[7]
Folio 111, cuaderno de tutela.
[8]
Folio 111, cuaderno de tutela.
[9]
Ibídem
[10]
Folios 27 al 30, cuaderno de tutela.
[11] Sobre el tema de los derechos de los reclusos ver,
entre otras,  las sentencias  T-424 de 1992; T-522 de 1992; T-596 de 1992;
T-219 de 1993;  T-273 de 1993; T-388 de 1993; T- 437 de 1993; T-420 de 1994;
T-705 de 1996.
[12]
Ver sentencias T-424 de 1992, T-023 de 2003, T-274 de 2008 y T-511
de 2009.
[13]
Sentencia T-511 de 2009.
[14]
La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contiene la
interpretación auténtica de los derechos contenidos en la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumento internacional que
integra el parámetro de control de constitucionalidad. Ver sentencias C-442 de
2011, C-936 de 2010, C-370 de 2006, entre otras.
[15]
Ver artículos 5.1 y 5.2 de la
Convención Americana.(…) “Toda persona privada de
libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser
humano”.
[16]
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Neira Alegría y otros Vs.
Perú. Fondo. Sentencia de 19 de enero de 1995. Serie C No. 20, párr.
60 y Caso Vera Vera y otra Vs. Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de mayo de 2011. Serie C No. 226,
párr. 42.
[17]Ver sentencia T-133 de 2006
[18]Ver sentencia T-596 de 1992
[19]
Ver sentencia T-844 de 2009
[20]ONU,
Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. Adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre
Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en
1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C
(XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977; ONU, Conjunto
de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier
forma de detención o prisión. Adoptado por la
Asamblea General de la ONU en su resolución 43/173, de 9 de diciembre de 1988;
ONU, Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores
privados de libertad. Adoptadas por la
Asamblea General de la ONU en su resolución 45/113 de 14 de diciembre de 1990.
Ver también: ONU, Observación General No. 21 del Comité de Derechos Humanos. 10 de abril de 1992. A/47/40/ (SUPP), Sustituye
la Observación General No. 9, Trato humano de las personas privadas de
libertad (Art. 10): 44° período de sesiones 1992, y CIDH, Principios
y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en
las Américas. Adoptados durante el 131° Período de Ordinario de Sesiones,
celebrado del 3 al 14 de marzo de 2008.
[21]Caso
Tibi Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114, párr. 150, y Caso
Fleury y otros Vs. Haití. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 23 de
noviembre de 2011. Serie C No. 236, párr. 85.
[22]Caso
Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela. Excepción Preliminar,
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2006. Serie C No.
150, párr. 20, y Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Excepción Preliminar, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010. Serie C No.
218, párr. 204.
[23]Artículo 5.4 de la
Convención Americana de Derechos Humanos; Caso Tibi, supra nota 61,
párr. 263, y Caso Servellón García y otros Vs. Honduras. Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de septiembre de 2006. Serie C No.
152, párr. 200.
[24]Caso
Vélez Loor, supra nota 62, párr. 216.
[25]Caso
López Álvarez Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de
febrero de 2006. Serie C No. 141, párr. 209.
[26]Caso Tibi, supra nota 61, párr. 156, y Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2006.
Serie C No. 160, supra párr. 301.
[27]Caso
Montero Aranguren y otros (Retén de Catia), supra nota 62, párr. 146 y Caso
Vélez Loor, supra nota 62, párr. 204.
[28]Caso
Loayza Tamayo, supra  nota 14, párr. 58, y Caso del Penal Miguel Castro
Castro, supra nota 66, párr. 315.
[29]Caso
Montero Aranguren y otros (Retén de Catia), supra nota 62, párr. 146, y Caso
del Penal Miguel Castro Castro, supra nota 66, párr. 315.
[30]Caso López Álvarez, supra nota 65  y Caso del Penal Miguel Castro Castro,
supra nota 66, párr. 319.
[31]Caso
Montero Aranguren y otros (Retén de Catia), supra nota 62, párr. 85 y Caso
Vélez Loor, supra nota 62, párr. 198.
[32]Caso Caesar Vs. Trinidad y Tobago. Fondo, Reparaciones y Costas.Sentencia 11 de marzo 2005. Serie C No. 123, párr.
70, y Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 27 de enero
de 2009 respecto de la Solicitud de Opinión Consultiva presentada por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Castigo Corporal a Niños, Niñas y
Adolescentes, Considerando 14.
[33]Caso de los Niños y Adolescentes Privados de Libertad
en el “Complexo do Tatuapé” de FEBEM. Medidas Provisionales Respecto de Brasil. Resolución de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos de 30 de noviembre de 2005,
Considerando 13, y Asunto de la Unidad de Internación Socioeducativa. Medidas
Provisionales Respecto de Brasil. Resolución de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos de 1 de septiembre de 2011,
Considerando 21.
[34]
Caso García Asto, párrafo 221.
[35]
Folio 113, cuaderno de tutela
[36]
Folio 112, cuaderno de tutela.
[37]
Ley 65 de 1993. “ARTÍCULO 73. TRASLADO DE INTERNOS. Corresponde a la
Dirección del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario disponer del
traslado de los internos condenados de un establecimiento a otro, por decisión
propia, motivada o por solicitud formulada ante ella”. Ver al respecto la
sentencia C-394 de 1995 que declaró exequible este artículo.
[38]
Diligencia de inspección judicial practicada en la entidad
accionada. Ver folio 93, cuaderno de tutela.
[39]
Principios y Buenas Practicas sobre las Protección de las Personas Privadas de la
Libertad en las Américas.   No. XII. “Las personas privadas de libertad
deberán disponer de espacio suficiente, exposición diaria a la luz natural,
ventilación y calefacción apropiadas, según las condiciones climáticas del
lugar de privación de libertad. Se les proporcionará una cama individual, ropa
de cama apropiada, y las demás condiciones indispensables para el descanso
nocturno. Las instalaciones deberán tomar en cuenta las necesidades especiales
de las personas enfermas, las portadoras de discapacidad, los niños y niñas,
las mujeres embarazadas o madres lactantes, y los adultos mayores, entre
otras”.
[40]
Folio 111, cuaderno de tutela.
[41]
Folios 94-99, cuaderno de tutela.
[42]
Convenio de integración de servicios no. 57 de 2013, celebrado
entre el INPEC y el Municipio de Pueblorrico, Antioquia; certificado de
disponibilidad presupuestal del Municipio de Pueblorrico (folios 27-31,
cuaderno de tutela); convenio de integración de servicios no. 40 de 2013,
celebrado entre el INPEC y el Municipio de Tarso, Antioquia (folios 40-43,
cuaderno de tutela); y “el municipio de Jericó viene celebrando convenios de
cooperación con el INPEC, para que la atención de los reclusos se verifique de manera
adecuada; y en la actualidad hace esfuerzos significativos para honrar los
pactos derivados de estos” (folio 35, cuaderno de tutela).