T-947-10
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-947/10
ACCION
DE TUTELA FRENTE A CONTROVERSIAS LABORALES-Procedencia
DERECHO
A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE PERSONA EN ESTADO DE DEBILIDAD MANIFIESTA
O INDEFENSION-Reiteración
de jurisprudencia
CAUSAL
DE DESPIDO CON JUSTA CAUSA POR INCAPACIDAD QUE SUPERE 180 DÍAS-Sólo es aplicada
legítimamente, cuando se cumplen tres condiciones
De
modo que aún está vigente la norma con fuerza de ley que le ordena a la
administración pública desvincular a los servidores públicos del servicio,
cuando estén sujetos a incapacidades que superen los ciento ochenta (180) días.
Y la Sala no cree que esa norma sea inconstitucional en cuanto tal, porque de
hecho la Corte Constitucional declaró exequible un precepto muy similar,
contenido en el Código Sustantivo del Trabajo: el artículo 62, numeral 15,
literal a). Esta disposición decía expresamente que podía tenerse como una
justa causa de terminación del contrato de trabajo cualquier enfermedad o
lesión “que incapacite [al empleado] para el trabajo, [y] cuya curación no haya
sido posible durante ciento ochenta (180) días”, y la Corporación la  declaró
exequible pura y simplemente en la sentencia C-079 de 1996. Así las cosas, en
abstracto, la norma en cuanto tal no infringe la Constitución.  Con todo, en su
aplicación sí pueden menoscabarse algunos derechos fundamentales del
trabajador. Por eso, específicamente en el ámbito de las relaciones laborales
reguladas por el Código Sustantivo del Trabajo, esta Corte ha señalado que
aunque es constitucional la causal de desvinculación del trabajador por
incapacidades superiores a 180 días, su aplicación a los casos concretos es
inconstitucional cuando se produce mecánicamente y sin adelantar ciertos actos
encaminados a respetar el derecho fundamental del trabajador a contar con una
“estabilidad laboral reforzada”.  Por lo tanto, para hacer efectiva esa causal,
deben respetarse todos los derechos que conforman la garantía de contar con una
estabilidad laboral reforzada; es decir, el derecho a “la estabilidad en el
empleo” (art. 53, C.P.); el derecho a que el Estado adelante una política de
“integración social” a favor de aquellos que pueden considerarse “disminuidos
físicos, sensoriales y síquicos” (art. 47, C.P.); el derecho que tienen todas las personas que “se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta” a ser
protegidas “especialmente”, con miras a promover  las condiciones que hagan
posible una igualdad “real y efectiva” (art. 13, C.P);  y el derecho a ser tratado “conforme al principio de solidaridad social”, ante eventos que
supongan peligro para la salud física o mental de las personas (art. 95, C.P.). Así las cosas, la Corte Constitucional ha sostenido que para hacer efectiva la causal de
terminación del contrato laboral establecida en el artículo el artículo 62,
numeral 15, literal a), del Código Sustantivo del Trabajo, no basta con
verificar que el trabajador esté sometido a incapacidades que superen los 180
días. Esa causal de desvinculación laboral sólo es aplicada legítimamente,
cuando se dan las siguientes tres condiciones: (i) las incapacidades del empleado
superan los 180 días, (ii) el empleador prueba que acompañó al trabajador en el
trámite de solicitud de la pensión de invalidez hasta que esta se resolvió
(calificación y decisión); y (iii) que después de la decisión de la AFP efectuó
los movimientos de personal y a) no pudo reubicar al trabajador, o b) podía
reubicarlo pero con riesgo para su integridad o en un cargo que no puede
cumplir. Si prueba estos tres elementos, previos a la terminación del contrato
laboral del empleado, entonces puede considerarse que lo desvinculó con justa
causa. De lo contrario, habrá que considerar que lo discriminó por sus
condiciones físicas, síquicas o sensoriales, y que le violó su derecho a la
estabilidad laboral reforzada.
REGIMEN
DE COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO-Reiteración de jurisprudencia
ESTABILIDAD
LABORAL REFORZADA DE MUJER EMBARAZADA-Reiteración de jurisprudencia/ACCION
DE TUTELA EN LOS CASOS DE DESPIDO DE MUJER EMBARAZADA-Elementos fácticos a
demostrar
A
partir de la sentencia T-095 de 2008 el requisito consistente en que a la
fecha del despido el empleador conociera o debiera conocer la existencia del
estado de gravidez dió paso a que en cada caso se verifiquen las circunstancias
particulares, lo cierto es que en este asunto se demostró que el estado de
embarazo de la demandante fue comunicado de manera verbal a la Coordinadora del
Hogar Infantil “Perlas del Pacífico” el 27 de noviembre de 2009, antes de la
expiración del término de vigencia del contrato de trabajo (31 de diciembre de
2009). Es evidente que la causa de la terminación y no renovación del contrato
de trabajo a la señora fue su estado de embarazo, pues en las declaraciones
rendidas ante el Juzgado Promiscuo Municipal del Bajo Baudó – Pizarro con
funciones de control de garantías, el representante legal y la Coordinadora del
Hogar Infantil dijeron que su desempeño laboral era bueno, que era responsable
y cumplía con el horario. Adicionalmente, también se probó que la materia y las
causas que originaron el contrato de trabajo de la demandante no
desaparecieron, pues ello se infiere del objeto de los contratos de aporte que
el ICBF celebró durante los años 2009 y 2010, en su orden, con la Parroquia San
Rafael Arcángel y con la Corporación Abraham Lincoln, entidad que sucedió a la
Parroquia en el desarrollo de la política de fortalecimiento de la integración
y el desarrollo armónico de la familia, así como de la necesidad de dar
continuidad a la prestación del servicio público de bienestar familiar. Por las
consideraciones expuestas, la Sala Primera de Revisión revocará el fallo
proferido en segunda instancia por el Juzgado Civil del Circuito de Itsmina el
11 de junio de 2010 y su adición de fecha 16 de junio del mismo año, que
resolvió revocar parcialmente la sentencia de 27 de abril de 2010, proferida por
el Juzgado Promiscuo Municipal de Bajo Baudó – Pizarro con Funciones de Control
de Garantías, y en su lugar, confirmará parcialmente tal sentencia en cuanto
concedió la tutela de los derechos fundamentales al trabajo, a la estabilidad
laboral reforzada y al mínimo vital de la accionante, y revocará la atinente a
la orden de restablecimiento de la situación contractual de la accionante, a
través de la Corporación Abraham Lincon, para en su lugar ordenar que el ICBF
dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la presente decisión,
reconozca,  pague el monto correspondiente a la licencia de maternidad que le
corresponde y disponga lo pertinente para darle a la actora, la primera opción
laboral, para la cual sea idónea, que surja como resultado de la ejecución de
cualquier contrato de aportes celebrado entre el ICBF y otra persona jurídica,
con el objetivo de ejecutar un programa de los que corresponden a la entidad.
PRINCIPIO DE
ESTABILIDAD EN EL EMPLEO EN CONTRATO A TERMINO FIJO-Reiteración de
jurisprudencia
Referencia: Expedientes acumulados
T-2694342, T-2699255, T-2743470, T-2749545, T-2750112 y T-2750708.
Acciones de
tutela interpuestas por: Claudia Caviedes Pinilla contra Teledatos Zona Franca
S.A.; Luis Fernando González Malaver contra Icollantas S.A.; María Cenayda
Sepúlveda Córdoba contra el Fondo Rotatorio del Ejercito Nacional, Cooperativa
del Trabajo Asociado Cooperando, Cafesalud EPS, Colmena ARP y Positiva ARP; Ricaurte
de Jesús Arango Valencia contra la Empresa Ladrillera Deltas S. en C.A.; Luz
Elena Ibarguen Gómez contra la Parroquia San Rafael Arcángel, ICBF – Regional
Chocó y Corporación Abraham Lincoln y Julia Patricia Molina Silva contra el Departamento
de Cundinamarca – Secretaría de Educación.
Magistrada
Ponente:
MARIA VICTORIA
CALLE CORREA.
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil diez (2010)
La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por los Magistrados María Victoria Calle Correa, Mauricio González
Cuervo y Juan Carlos Henao Pérez, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En
el proceso de revisión de los fallos proferidos por: el Juzgado Veintidós Civil
Municipal de Bogotá y el Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá (T-2694342); el Juzgado Promiscuo
Municipal de Sibaté y el Juzgado Primero Civil del Circuito de Soacha (T-2699255); el Juzgado Veintitrés
Civil Municipal de Bogotá y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bogotá (T-2743470); el Juzgado Veinte
Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Medellín y el Juzgado
Noveno Penal del Circuito de Medellín (T-2749545); el Juzgado Promiscuo Municipal
del Bajo Baudó – Pizarro con Funciones de Control de Garantías y el Juzgado
Civil del Circuito de Itsmina (T-2750112); el  Juzgado Veintiuno Civil del
Circuito de Bogota  y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá –
Sala Civil (T-2750708).[1]
I.
ANTECEDENTES
·
Expediente
T-2694342
1.-
Claudia Caviedes Pinilla interpuso
acción de tutela contra Teledatos Zona Franca S.A., por considerar que dicha
entidad le vulneró sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la seguridad
social en salud y a la estabilidad laboral reforzada, al haber terminado
unilateralmente su contrato laboral sin justa causa antes de fenecer su
vigencia y sin autorización previa del Ministerio de la Protección Social.
Los
hechos presentados en la demanda de tutela se resumen así:
1.1.
El 24 de abril de 2009 la accionante se vinculó como digitadora de la empresa
Teledatos Zona Franca S.A., mediante contrato a término fijo. El salario
acordado fue de $2.577 por hora trabajada.[2]
1.2.
Relata que en el mes de agosto de 2009 presentó dolores en la mano derecha siendo
diagnosticada con “tendinitis de flexo extensores de mano y antebrazos,
tenosinovitis de Quervain derecha, epicondilitis medial y lateral derecha y
tendinitis del bíceps derecho”[3],
razón por la cual la EPS Cafesalud, entidad a la que se encontraba afiliada,
le solicitó a su empleador que allegara la documentación necesaria para evaluar
una posible enfermedad profesional y le efectuó una serie de recomendaciones
medico laborales en cuanto al tipo de actividad que podría desarrollar.[4]
1.3.
Del 25 de marzo al 8 de abril de 2010 la accionante fue incapacitada.[5]
1.4.
El 9 de abril de 2010, esto es, un día después de vencida esta incapacidad, su
empleador le comunicó por escrito la decisión de dar por terminado su contrato
de trabajo.[6]
1.5
Finalmente afirma que es madre cabeza de familia y que no cuenta con ingresos
que le permitan asumir sus gastos personales.
De
conformidad con los hechos expuestos, la accionante solicita el reintegro al
cargo que estaba desempeñando y el pago retroactivo de todas las prestaciones
sociales dejadas de percibir desde el momento del despido.
2.
El apoderado general de Teledatos Zona Franca S.A. presentó escrito de
contestación exponiendo las siguientes razones de defensa: (i) Aclara que la
accionante fue contratada como agente de call center mas no como digitadora, por
lo que sus funciones se contraían a contestar llamadas telefónicas, (ii) el 12
de marzo de 2010, antes del vencimiento de su contrato, se le entregó un
preaviso notificándole que el mismo no sería renovado, a partir de lo cual
afirma que la terminación del contrato de trabajo no obedeció a la enfermedad
de la demandante sino a la expiración del plazo pactado, (iii) desde que se le
notificó el preaviso la accionante se negó a trabajar y a cumplir con sus
funciones, por lo que la empresa decidió pagarle el salario correspondiente a
los días 9 a 24 de abril de 2010 como indemnización por la terminación
anticipada del contrato de trabajo, (iv) al momento de la entrega del preaviso y
del pago de la indemnización la accionante no se encontraba incapacitada y no
tenía ninguna enfermedad de origen profesional, por lo que no era necesario
pedir permisos al Ministerio de la Protección Social, (v) Teledatos no estaba
al tanto de ninguna enfermedad profesional o laboral que padeciera su empleada,
toda vez que no existe prueba de calificación alguna efectuada por la A.R.P.,
sin embargo advierte que el área de salud de la empresa siguió las
recomendaciones emitidas por la E.P.S., (vi) La enfermedad que afecta a la
actora es transitoria y tiene un pronóstico favorable de recuperación, razón
por la que no puede ser objeto de especial protección laboral, pues su
situación no reviste tal gravedad que le impida continuar en un ambiente
laboral productivo, (vii) La acción de tutela se torna improcedente porque
existe un mecanismo judicial ordinario para la protección de los derechos
reclamados y no se cumple con el principio de inmediatez, toda vez que la
demanda se instauró después de varios días de la terminación del contrato.
3. El 30 de
abril de 2010 el Juzgado Veintidós Civil Municipal de Bogotá  profirió
sentencia concediendo el amparo solicitado y ordenando al representante legal
de Teledatos Zona Franca S.A. reintegrar y reubicar a la demandante en un cargo
apto para lograr un desempeño laboral adecuado y compatible con su actual
estado de salud, contando para tal efecto con la asistencia permanente de la
EPS y la ARP a la que se encuentre afiliada.
La anterior decisión
se adoptó considerando la enfermedad de la accionante, lo que la hace sujeto de
especial  protección laboral, y el hecho que su contrato de trabajo se dio por
terminado sin que mediara permiso del Ministerio de la Protección Social, a
partir de lo cual se presumió que el despido se produjo con ocasión de su
estado de salud.
4.
El apoderado de Teledatos Zona Franca S.A. impugnó el fallo de primera
instancia, con los siguientes argumentos: (i) En primer lugar insistió que no
existe nexo de causalidad entre la afección temporal de salud de la señora
Caviedes Pinilla y la terminación del contrato laboral, pues esto se debió al
vencimiento del plazo de la relación contractual pactada a término fijo, y (ii)
por tratarse de la terminación de un vínculo laboral la controversia debe ser
resuelta por la jurisdicción ordinaria, por lo que la acción de tutela es
improcedente.
5.
El 21 de mayo de 2010 el Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá revocó
el fallo de primera instancia, negó las pretensiones y dispuso prevenir a la
empresa demandada para que cumpliera con su deber de pagar los aportes para
salud causados hasta la fecha de terminación del contrato  y comunicara a la
EPS tal circunstancia.
En
la citada providencia se expusieron las siguientes razones para revocar la
sentencia de primera instancia: (i) No se demostró que para la época de
terminación del contrato la trabajadora hubiese estado incapacitada o sufriera
de alguna enfermedad que pusiera en peligro su vida, (ii) las recomendaciones
medico laborales efectuadas por parte de la EPS CAFESALUD al empleador no
constituyen prueba fehaciente del estado de invalidez o incapacidad de la
actora, (iii) La terminación del contrato de trabajo y el preaviso gozan de
presunción de legalidad, (iv) La desvinculación de la demandante fue legal
porque el empleador cumplió con el deber de comunicarle la terminación del
contrato, (v) la protección y cuidado de la salud de la señora Caviedes Pinilla
debe brindársela el Estado a través del sistema de régimen subsidiado.
·
Expediente
T-2699255
1.
Luis Fernando González Malaver interpuso acción de tutela contra la Industria
Colombiana de Llantas - ICOLLANTAS S.A., por considerar que esta empresa le
vulneró sus derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas, a la
seguridad social, a la estabilidad laboral reforzada y al mínimo vital, al
despedirlo
pese a haber sufrido un accidente laboral y encontrarse a la espera de una
cirugía para corregir algunas de sus secuelas.
Los
hechos presentados en la demanda se resumen así:
1.1.
Desde el día 1 de junio de 2005 el accionante se vinculó como operario
vulcanizador de la empresa ICOLLANTAS S.A. mediante contrato de trabajo a
término indefinido, devengando un salario promedio de $1.247.400.
1.2. Afirma el
actor que aproximadamente en el año 2008, cuando le sacaba aire a una
llanta, sufrió una imperceptible y poco dolorosa lesión en su mano derecha,
razón por la que no la reportó como accidente de trabajo. Sin embargo, desde el
mes de julio de 2009 el dolor se incrementó, debido a que por su actividad
laboral debe realizar acciones repetidas con sus manos.
1.3. El 10 de
julio de 2009 se practicó una radiografía y fue diagnosticado con “fractura
antigua de escafoides parcialmente consolidada observándose seudoartrosis…”[7].
El 12 de septiembre del mismo año le realizaron una escanografía de puño, concluyendo
que había sufrido “fractura antigua parcialmente consolidada del escafoides,
cambios artrosicos radioescafoideos. Quiste óseo en el hueso grande…”[8].
Continuando con la valoración médica, en los meses de septiembre y
diciembre de 2009 se le practicó una gamagrafía ósea y una nueva radiografía[9].
Debido a la
complejidad de su lesión, le fue programada una cirugía para el 3 de marzo de
2010, consistente en “injerto óseo en el escafoides, reducción abierta de
fractura de huesos de carpo (una o más) con fijación interna (dispositivos de
fijación u osteosíntesis) y toma de injerto de hueso iliaco o peroné”[10],
hecho que, según afirma, fue puesto en conocimiento del Jefe de Equipos, Jefe
de Área y funcionarios del Área de Personal de la empresa demandada.
1.4. El 5 de
febrero de 2010 Icollantas S.A. decidió dar por terminado su contrato de
trabajo, según el actor, en virtud de la discapacidad generada por la lesión
sufrida en desarrollo de su actividad laboral.
1.5. Señala que
es padre cabeza de familia y que con su salario sostenía a su núcleo familiar,
compuesto por sus padres y su hija menor de edad.
De conformidad
con lo anterior el accionante solicita su reintegro a un cargo de iguales o
mejores condiciones al que venía desempeñando, teniendo en cuenta las
recomendaciones médicas después de la intervención quirúrgica, el pago de los
salarios que dejó de percibir desde el momento del despido hasta la fecha de su
reintegro y su afiliación al sistema de seguridad social en riesgos
profesionales, salud y pensión.
2.
El apoderado general de ICOLLANTAS S.A. contestó la demanda en los siguientes
términos:
Señaló
que el actor en ningún momento dio a conocer su situación de salud ni los
exámenes que le practicaron a sus jefes inmediatos, ni al departamento de
personal, ni al equipo médico de la empresa.
Advirtió
que la terminación del contrato de trabajo obedeció a la necesidad de recortar
la nómina de personal de ICOLLANTAS S.A., mas no a una supuesta discapacidad, y
que al actor se le canceló la indemnización legal por terminación sin justa
causa, en una suma equivalente a $19.769.085[11].
Agregó
que para la época de terminación del contrato de trabajo el actor no se
encontraba incapacitado ni tenía la calidad de discapacitado.
Se
opuso a la prosperidad de las pretensiones aduciendo que el actor no se
encuentra en estado de indefensión y que el debate que se plantea corresponde a
la jurisdicción ordinaria laboral.
3.
El  18 de marzo de 2010 el Juzgado Promiscuo Municipal de Sibaté profirió
sentencia declarando la improcedencia de la acción, considerando la existencia
de otros mecanismos de defensa judicial de los derechos invocados por el actor
y que no se acreditó su situación de indefensión, ni la configuración de un
perjuicio irremediable.
4.
El accionante presentó escrito de impugnación contra el fallo de primera
instancia, afirmando que es un “imposible moral” que para hacer valer
sus derechos fundamentales tenga que someterse a un proceso ordinario laboral
largo y oneroso, cuando el problema jurídico suscitado se puede resolver a partir
de la línea jurisprudencial desarrollada por la Corte Constitucional.
Agregó
que la providencia impugnada gravitó únicamente alrededor de los argumentos
patronales, desestimando el perjuicio irremediable que le irrogó el despido,
obligándolo a enfrentar una situación de indefensión, como quiera que el valor
de la indemnización no logró subsanar los costos causados por el accidente de
trabajo sucedido en vigencia de la relación laboral.
5.
El 13 de mayo de 2010 el Juzgado Primero Civil del Circuito de Soacha decidió
confirmar el fallo de primera instancia, insistiendo en la improcedencia de la
acción de tutela por la existencia de un mecanismo judicial ordinario laboral y
porque no se demostró la discapacidad o el estado de debilidad manifiesta del
actor, ni que el empleador haya tenido conocimiento de su lesión.
·
Expediente
T
-2743470
1.
María Cenayda Sepúlveda Córdoba interpuso acción de tutela contra el Fondo
Rotatorio del Ejercito Nacional, la Cooperativa del Trabajo Asociado Cooperando,
Cafesalud EPS, Colmena ARP y Positiva ARP, al considerar que dichas entidades
le vulneraron sus derechos fundamentales a la salud, al mínimo vital, al
trabajo, a la estabilidad laboral reforzada y a la seguridad social, al (i)
despedirla pese a encontrarse disminuida físicamente (Fondo Rotatorio del
Ejercito Nacional  y Cooperando S.A.), (ii) no haber obtenido
calificación de su pérdida de capacidad laboral por problemas
interadministrativos (Colmena ARP y Positiva ARP) y (iii) haber
sido desafiliada del Sistema de Seguridad Social en Salud pese a encontrarse en
tratamiento (Cafesalud EPS).
Los
hechos presentados por la parte actora se resumen así:
1.1.
Señala la accionante que el día 20 de agosto de 2004 celebró contrato laboral
con el Fondo Rotatorio del Ejercito Nacional, para desempeñar el cargo de
auxiliar de cocina en el rancho de la Escuela de Suboficiales de la Base
Militar de Tolemaida, devengando un salario mensual de $358.000.[12]
1.2.
Sostiene que el 28 de septiembre de 2004 una compañera le preparó una mezcla de
químicos (ácido muriático e hipoclorito), sin rebajarlos, para realizar las
tareas de aseo general de su zona. Teniendo en cuenta que hasta ese momento no
le había sido entregada la dotación respectiva para desempeñar ese tipo de
labores, al iniciar el riego del producto notó que sus manos se
enrojecieron y le ardían, por lo que procedió a comunicar dicha situación al
Jefe del Rancho, quien le sugirió aplicarse agua y crema. Al acudir al médico
fue diagnosticada con “dermatitis atópica en las palmas de las manos y uñas,
descamación de la piel y edema de las palmas”.
1.3.
Manifiesta que en el mes de octubre de 2004 le hicieron firmar una solicitud de
afiliación para prestar sus servicios personales en calidad de asociada de la
Cooperativa Cooperando, a efecto de continuar desempeñando el mismo cargo, en igual
lugar y sueldo.
1.4.
Durante los meses de noviembre de 2004 y enero de 2005 le fueron autorizados
varios “días de reposo”, reintegrándose a sus labores el 1º de febrero
de 2005.
1.5.
El 25 de mayo de 2005 la Jefe de Personal del Fondo Rotatorio del Ejército le
notificó la comunicación de 31 de enero del mismo año, en la que le informan
que a partir del 1º de febrero se daba por terminado su convenio de asociación.[13]
Agrega
que sus prestaciones sociales fueron liquidadas hasta el 30 de enero de 2005,
que le fue expedido un paz y salvo y que la obligaron a firmar un documento
fechado el 30 de marzo de 2005 donde solicitaba su retiro voluntario de
Cooperando y renunciaba a su puesto de trabajo.
1.6
No obstante, la accionante indica que continuó trabajando bajo la modalidad de
contrato verbal a término indefinido, siendo nuevamente afiliada a Cafesalud
EPS y reubicada en otro cargo en el Departamento de Archivo de la Regional
Tolemaida, por recomendación de su médico tratante.
1.7.
El 19 de noviembre 2007 Colmena ARP calificó su patología como de origen
profesional.[14]
En el mismo oficio de calificación, dicha ARP le comunicó que para el momento
del accidente de trabajo (28 de septiembre de 2004) la actora no contaba con la
cobertura de esa empresa, por lo que las prestaciones asistenciales y
económicas derivadas del accidente de trabajo deberían ser reconocidas y
pagadas por la Administradora de Riegos Profesionales a la cual se encontraba
afiliada en la época de su ocurrencia, esto es, por el ISS, hoy Positiva ARP.
1.8.
Afirma la actora que como consecuencia del accidente de trabajo fue
incapacitada ininterrumpidamente desde el 7 de septiembre de 2006 hasta el 6 de
marzo de 2010, que los primeros 180 días de incapacidad fueron pagados por la
EPS Cafesalud y las incapacidades posteriores canceladas por Cooperando, hasta
el 28 de febrero de 2009. Advierte que a partir de marzo de 2009 no volvió a
recibir salario, pero continuaron efectuando los aportes para seguridad social.
1.9.
En el mes de diciembre de 2009 la Cooperativa Cooperando le comunicó la
determinación de declararla inactiva, suspender sus labores y desvincularla del
Sistema de Seguridad Social, argumentando que no había presentado las incapacidades
desde el 12 de julio hasta diciembre de 2009, situación que la demandante
desmiente. A partir de lo anterior asevera que Cooperando dio por terminado su
contrato de trabajo sin justa causa y sin la autorización del Ministerio de la
Protección Social.
1.10.
De otra parte, la Cooperativa Cooperando le solicitó iniciar los trámites para
el reconocimiento de pensión de invalidez ante el Fondo de Pensiones Porvenir,
pero allí fueron rechazados los documentos porque se trata de un accidente
laboral y no de una enfermedad común. Por lo anterior, decidió formular solicitud
de calificación de pérdida de capacidad laboral y reconocimiento de las
prestaciones económicas derivadas del accidente de trabajo ante Positiva ARP,
sin que hasta el momento de presentación de la demanda dicha entidad haya
emitido dictamen alguno.
1.11.
Refiere que es madre cabeza de familia y que no cuenta con recursos económicos
para satisfacer las necesidades básicas de su hogar.
Con
fundamento en lo anterior, solicita su reintegro en las mismas condiciones
laborales que tenía al momento de ser desvinculada de su cargo, el pago de las
incapacidades generadas desde el 1º de marzo de 2009 hasta la fecha y de las
prestaciones dejadas de percibir, así como su afiliación inmediata a la Seguridad
Social. De igual manera pide se califique su pérdida de capacidad laboral sin
más dilaciones.
2.
Respuesta de las entidades demandadas.
2.1.
El Director General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares presentó
los siguientes argumentos de defensa:
En
primer lugar aclaró que desde el 21 de agosto de 2004 la actora ingresó a
trabajar en el Fondo Rotatorio del Ejército, ocupando el cargo de auxiliar de
cocina en la Escuela de Suboficiales de la Base Militar de Tolemaida, para el
desarrollo de procesos y procedimientos de manera temporal o definitiva, como
la atención de la alimentación en los ranchos de tropa de las unidades
militares. En el año 2004 la Agencia Logística contrató, mediante convenio, los
servicios de la cooperativa asociada de trabajo Cooperando. Fue así como esta
cooperativa decidió recibir a la accionante como asociada a partir del 1º de
octubre de 2004.
Afirmó
que el Fondo Rotatorio del Ejército nunca tuvo conocimiento del accidente de
trabajo de la señora Sepúlveda Córdoba, quien tan solo acudió al centro de
salud de su EPS cuando ya no trabajaba directamente con esa entidad.
El
empleador de María Cenayda Sepúlveda Córdoba era la Cooperativa Cooperando, que
la contrató mediante convenio de trabajo asociado y se encargó de adelantar los
trámites ante la ARP Colmena, entidad a la cual estuvo afiliada. En virtud de
lo anterior, el Fondo Rotatorio del Ejército nunca le otorgó permisos,
descansos o días de reposo y la terminación del convenio de asociación con la
actora fue una decisión adoptada por la cooperativa.
Señaló
que, ante la existencia del proceso ordinario laboral, la tutela resulta
improcedente para solicitar el reintegro de la demandante a la Cooperativa
Cooperando, que decidió desvincularla desde el 30 de marzo de 2005, y llamó la
atención en que pasaron más de cinco años para que la actora alegara la
vulneración de sus derechos fundamentales.
Manifestó
que en el año 2009 Cooperando les informó que la señora Sepúlveda Córdoba había
estado incapacitada por más de tres años y que se rehusaba a practicarse los
exámenes y valoraciones médicas ante la ARP.
Finalmente
indicó que por información suministrada por un ciudadano a la línea de atención
al usuario en el mes de junio de 2009, advirtieron que la actora se encontraba
trabajando en una empresa denominada Tijeras y Color, a partir de lo cual
concluye que no se están vulnerando sus derechos al trabajo y al mínimo vital y
que la señora Sepúlveda Córdoba se está aprovechando de la situación para
obtener incapacidades sucesivas por más de tres años.
2.2.
Por su parte, el apoderado especial de la Cooperativa de Trabajo Asociado y de
Producción Cooperando solicitó al Juez de conocimiento denegar las pretensiones
de la accionante, por las siguientes razones:
Cooperando
cumplió con cada una de sus obligaciones durante la vigencia del convenio cooperativo
y suspendió el pago de las compensaciones al notar que la accionante no
procedió a efectuar los trámites pertinentes para solicitar el reconocimiento y
pago de la pensión de invalidez.
Mediante
Resolución No. 004-2009 Cooperando llamó a descargos a la actora, exponiendo
que su desvinculación como asociada de la cooperativa obedeció a la no
presentación de las incapacidades generadas entre el 12 de julio y el mes de
diciembre de 2009. Las incapacidades expedidas por el médico tratante no fueron
avaladas por la EPS Cafesalud.
La
EPS Cafesalud pagó los primeros 180 días de incapacidad y las incapacidades
posteriores fueron canceladas por Cooperando, aun cuando no era su obligación.
La
actora nunca estuvo vinculada mediante contrato verbal a término indefinido,
sino mediante convenio cooperativo de trabajo asociado desde el mes de octubre
de 2004 hasta su desvinculación en el año 2009, y dilató injustificadamente los
trámites permitentes para gestionar la calificación del origen de su
enfermedad.
No
se efectuó el procedimiento ante el Ministerio de la Protección Social porque a
partir de las incapacidades que se le generaron la actora nunca se volvió a
presentar a trabajar y resultó casi imposible la localización de su residencia.
Por
último sostuvo que el accidente de trabajo ocurrió cuando la accionante se
encontraba directamente vinculada al Fondo Rotatorio del Ejercito Nacional y
afiliada a la ARP Positiva, no como asociada de la Cooperativa, razón por la
cual le corresponde a estas entidades asumir la responsabilidad sobre los
hechos, si hay lugar a ello.
2.3.
La apoderada de Colmena ARP sostuvo que en la fecha en que la señora María
Cenayda Sepúlveda Córdoba presentó el accidente de trabajo (28 de septiembre de
2004) no se encontraba afiliada a dicha entidad sino a la ARP Positiva, por lo
que las prestaciones asistenciales y económicas derivadas de dicho evento deben
ser asumidas por ésta última.
Aclaró
que la actora estuvo afiliada a Colmena Riesgos Profesionales a través de la
Cooperativa de Trabajo Asociado Cooperando desde el 2 de octubre de 2004 hasta el
3 de febrero de 2005 y luego fue afiliada nuevamente desde el 24 de marzo de
2005 hasta el 17 de diciembre de 2009, fecha en la que fue reportado su retiro
por parte de la empresa Cooperando CTA.
Señaló
que el 27 de julio de 2007 fueron allegados a Colmena ARP los antecedentes del
caso de la señora Sepúlveda Córdoba, por lo que se hizo el estudio
correspondiente, concluyendo que efectivamente la actora presenta una
dermatitis irritativa por exposición a sustancias químicas derivada del
accidente presentado el 28 de septiembre de 2004, y que mediante comunicaciones
de 2 y 21 de julio de 2008 se informó a la interesada los motivos por los que
corresponde a su ARP anterior reconocerle las prestaciones asistenciales y
económicas derivadas del suceso.
2.4.
El Gerente Médico de Positiva Compañía de Seguros S.A. sostuvo que se están realizando
todos los trámites necesarios para calificar el origen de la enfermedad que
padece la accionante, pero que infortunadamente no han contado con su apoyo,
pues no ha sido posible obtener copia de la atención de urgencias del día 28 de
septiembre de 2004.
2.5.
Cafesalud EPS argumentó que no ha negado ningún servicio de salud a la
accionante ni le ha violado ningún derecho fundamental.
Aclaró
que la señora Sepúlveda Córdoba fue retirada por la Cooperativa Cooperando
desde el 16 de diciembre de 2009 mediante planilla de autoliquidación de
aportes y que está activa en periodo de protección laboral en Cafesalud EPS,
por lo que se le atenderán aquellas enfermedades que venían en tratamiento o
las derivadas de una urgencia, por el tiempo que le corresponda como protección
laboral.
3.
El 11 de marzo de 2009 (sic) el Juzgado Veintitrés Civil Municipal de Bogotá profirió
sentencia amparando los derechos fundamentales al trabajo, la vida y la
seguridad social de la actora, y transitoriamente dispuso lo siguiente:
“SEGUNDO:
ORDENESE a COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOPERANDO a través de su
representante legal, y quien tiene convenio con EL FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO
NACIONAL que a partir de la notificación de este proveído, PROFIERA RESOLUCIÓN
DE REINTEGRO EN LAS MISMAS CONDICIONES EN QUE SE ENCONTRABA ANTES DE LA
DESVINCULACIÓN, COMO LA AFILIACIÓN INMEDIATA AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN
SALUD Y RIESGOS PROFESIONALES, conforme a la parte considerativa del presente
asunto (…)”. (Mayúsculas
en el texto).
El
18 de marzo de 2010 el mismo despacho judicial decidió adicionar la sentencia,
ordenando a Positiva ARP realizar la valoración inmediata de la actora a efecto
de calificar su pérdida de capacidad laboral.
4.
El apoderado especial de la Cooperativa de Trabajo Asociado Cooperando impugnó
la decisión de primera instancia, argumentando que tal entidad no vulneró los
derechos fundamentales de la accionante, por cuanto para la época de ocurrencia
del accidente de trabajo la señora Sepúlveda Córdoba se encontraba vinculada de
manera directa con el Fondo Rotatorio del Ejército Nacional, por lo que la
llamada a responder por su retiro es la Agencia Logística de las Fuerzas
Militares.
5.
El 5 de mayo de 2010 el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bogotá profirió sentencia,
revocando la orden de reintegro y confirmando la relacionada con la valoración
y calificación de pérdida de capacidad laboral de la actora por parte de Positiva
ARP, con el siguiente argumento:
“Mal
haría el despacho en ordenar un reintegro laboral, cuando el procedimiento que
debía seguirse se ha omitido, sin entrar a discutir los motivos que han
permanecido en la voluntad de la tutelante, pues es considerable el tiempo que
ha dejado transcurrir sin que la usuaria del sistema integral de salud haya
gestionado el reconocimiento de pensión de invalidez, si fuera el caso. No
obstante lo anterior, ha de tenerse en cuenta que la Cooperativa de Trabajo
Asociado de Servicios – Cooperando – no está sujeto (sic) a la normatividad
laboral ordinaria, lo que hace improcedente exigir para la medida de
desvinculación que tomara una autorización del Ministerio de la Protección
Social, pues la misma no se hace necesaria en dichos convenios de asociación
que en últimas es lo que vincula a la demandante con la cooperativa.
Sumado
a lo anterior se teje como válido y legal las causales (sic) que invoca la
demandante (sic) para emitir la desvinculación a la cooperativa de la señora
SEPULVEDA, considerando que el abandono del puesto de trabajo, así como la
omisión en la presentación de las incapacidades respectivas de 2 días del mes
de julio, mes de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2009”.
·
Expediente
T-2749545
1.
Ricaurte de Jesús Arango Valencia, mediante apoderada judicial, interpuso
acción de tutela contra Ladrillera Delta S. en C.A., por considerar que esta
empresa le vulneró sus derechos fundamentales al mínimo vital y a la vida en
condiciones dignas, al despedirlo sin justa causa, estando incapacitado y sin
que mediara autorización del Ministerio de la Protección Social.
1.1.
Señala el actor que trabajó como cargador y quemador en la Ladrillera Delta S.
en C. A. desde el 8 de marzo de 2004 hasta el 8 de marzo de 2010.
1.2.
Debido a que el ejercicio de sus labores implicaba la manipulación de cargas
pesadas, desarrolló una “discopatia cervical de dos niveles C4-C5 y C5-C6,
con formación de osteofitos a nivel anterior y posterior de sus cuerpos
vertebrales, con obturación de la emergencia radicular en ambos lados”, lesiones
que “no han mejorado con tratamiento fisiátrico realizado con anti –
inflamatorios y analgésicos”.
1.3.
En consideración a esta patología, el accionante fue incapacitado desde el año
2008 y seguía incapacitado al momento de presentación de la tutela[15].
1.4.
El 25 de enero de 2010 la empresa Ladrillera Delta S. en C.A. le notificó la
decisión de dar por terminado unilateralmente su contrato de trabajo, sin justa
causa, a partir del 8 de marzo de ese mismo año.
1.5.
Sostiene que fue despedido estando incapacitado, por esa causa y sin
autorización del Ministerio de la Protección Social.
1.6.
Manifiesta que es padre cabeza de familia, con tres hijos a su cargo y que ha
tenido necesidad de endeudarse para cumplir con sus obligaciones.
A
partir de lo anterior solicita se ordene su reintegro, mientras culmina el
proceso de recuperación de su salud.
2.
En el escrito de contestación, el representante legal de la Ladrillera Delta S.
en C.A. manifestó que (i) el último contrato a término fijo suscrito con el
demandante tuvo una vigencia de un año, comprendido entre el 8 de marzo de 2009
y el 8 de marzo de 2010, (ii) no existió ningún despido, sino la terminación
del contrato laboral suscrito por las partes por vencimiento del plazo pactado,
(iii) en las fechas de entrega del preaviso (25 de enero de 2010) y de liquidación
definitiva de las prestaciones sociales (13 de marzo de 2010) el actor no se
encontraba incapacitado, (iv) como el trabajador se encontraba incapacitado
para la fecha de expiración del término del contrato (8 de marzo de 2010), se
esperó hasta el 13 de marzo de 2010 para darlo por terminado y se le cancelaron
salarios hasta el 20 de abril del mismo año.
3.
El 3 de mayo de 2010 el Juzgado Veinte Penal Municipal con Funciones de Control
de Garantías de Medellín profirió sentencia declarando la improcedencia de la
acción de tutela, con base en los siguientes argumentos:
“La
controversia a que se contrae la presente demanda, debe ser dirimida por las
autoridades legalmente establecidas para ello, como lo es en este caso la
justicia ordinaria laboral más no por la vía de la tutela instituida como
instrumento subsidiario de protección de los derechos fundamentales cuando no se
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Sin
embargo, el Despacho no aprecia tal alteración ni el perjuicio se torna en
irremediable, en el caso a estudio por lo que no accederá a lo solicitado, por
cuando considera que no se dan las situaciones excepcionales que mueven la
competencia del juez constitucional.”
4.
La apoderada judicial del accionante presentó escrito de impugnación
argumentando que (i) si bien para la fecha en que se comunicó la terminación
del contrato de trabajo el señor Arango Valencia “pudo no encontrarse
incapacitado”, el empleador debió abstenerse de tomar tal decisión pues
conocía de tiempo atrás las afecciones de salud sufridas por él, pues
oportunamente y a lo largo de la relación laboral se lo había informado, además
se trataba de un contrato laboral a  término indefinido respecto del cual no
operaba la figura del preaviso. (ii) Además dijo que para situaciones como esta
procede la acción de tutela, pues no es posible someter a una persona enferma,
en alto grado de vulnerabilidad y desigualdad, en pleno proceso de recuperación
de una cirugía, desempleada, sin ningún tipo de ingresos y con personas a
cargo, a soportar los tres o más años de duración promedio de un proceso
judicial ordinario.
5.
El 24 de junio de 2010 el Juzgado Noveno Penal del Circuito de Medellín confirmó
la sentencia impugnada, señalando que la acción de tutela no procede en este
caso por las siguientes razones:
“No
se trata entonces, reiteramos, de una incapacidad constante, por una misma
patología y que fuera conocida por el empleador a tal punto que permita
presumir que ello fue la causa de terminación del contrato, pues para enero 25
de 2010 cuando se le notificó dicha situación, ni estaba incapacitado ni se
había notificado una enfermedad de origen profesional.
No
está acreditado entonces, como se dice en la demanda que la patología del actor
derive de la labor desarrollada, que sus incapacidades sean anteriores a la
fecha en que se le notificó la terminación del contrato de trabajo, tampoco que
se trate de una enfermedad profesional y menos que con posterioridad al 12 de
abril se le haya renovado la incapacidad.
En
otras palabras, no se acredita que el accionante esté en un estado de
minusvalía o discapacidad, como se pretendió hacer ver en la demanda de tutela
y que por ello no podía darse por terminada la relación laboral”.
·
Expediente
T-2750112
1.
Luz Elena Ibarguen Gómez interpuso acción de tutela contra la Parroquia San
Rafael Arcángel, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – Regional Chocó
y la ONG Abraham Lincon, al considerar que dichas entidades vulneraron sus
derechos al trabajo y a la estabilidad laboral reforzada, por haber terminado
su contrato de trabajo pese a encontrarse en estado de embarazo.
1.1.
Señala la accionante que celebró un contrato de trabajo a término fijo con la
Parroquia San Rafael Arcángel para desempeñar el oficio de jardinera en el
Hogar Infantil Perlas del Pacífico, con un salario mensual de $517.839, cuya
vigencia iba del 2 de febrero al 31 de diciembre de 2009.[16]
1.2.
El 9 de noviembre de 2009 se le comunicó que el contrato terminaría el 31 de
diciembre siguiente.
1.3
Afirma que durante la vigencia del contrato de trabajo quedó en estado de
embarazo y que esta situación se la comunicó de manera verbal a la Coordinadora
del Hogar Infantil “Perlas del Pacífico” el 27 de noviembre de 2009.
Por
gozar de protección laboral reforzada debido a su estado, solicita el pago de los
salarios dejados de percibir durante los meses de enero, febrero y marzo de
2010, así como de la indemnización por despido, la licencia de maternidad y las
vacaciones. Adicionalmente solicita el reintegro al cargo que estaba
desempeñando.
2.
Respuesta de las entidades demandadas.
2.1.
El apoderado judicial de la Corporación Abraham Lincoln presentó escrito de
contestación señalando que: (i) a partir del año 2010 la responsabilidad y
administración del Hogar Infantil Perlas del Pacífico fue asignada a dicha
entidad por parte del ICBF – Regional Chocó, en virtud del contrato de aporte
No. 091 de 4 de enero de 2010, (ii) cuando la Corporación Abraham Lincoln asumió
la administración del Hogar Infantil el contrato laboral a término fijo de la actora
ya había terminado y (iii) la Corporación Abraham Lincoln nunca fue ni ha sido
patrono de la demandante, por cuanto entre ellos no ha existido relación
laboral.
2.2.
Por su parte, el Director del ICBF – Regional Chocó argumentó que: (i) esa
entidad está facultada para celebrar contratos de aportes con el objetivo de
prestar el servicio público de bienestar familiar, mediante la provisión de los
bienes y recursos indispensables para la prestación de dicho servicio a una
institución de utilidad pública o social, (ii) en virtud de lo anterior, se
celebró el contrato No. 101 de 2009 con la Parroquia San Rafael Arcángel, (iii)
el contrato de trabajo de la demandante fue celebrado de manera directa con la
Parroquia San Rafael Arcángel, por lo que no se generó vínculo laboral alguno
entre ella y el ICBF.
2.3.
La Parroquia San Rafael Arcángel guardó silencio.
3.
Al decidir el asunto en primera instancia mediante sentencia de fecha 27 de
abril de 2010, el Juzgado Promiscuo Municipal del Bajo Baudó – Pizarro con
funciones de control de garantías decidió amparar los derechos fundamentales de
la mujer en estado de embarazo y el mínimo vital, ordenando al representante
legal de la ONG Abraham Lincon restablecer la situación contractual que estaba
desarrollando la actora u otra de igual o superior categoría en el Hogar
Infantil Perlas del Pacífico, que le garantice la preservación del mínimo vital
durante el periodo de especial protección.
De
igual manera ordenó a la misma ONG hacer efectivos los salarios dejados de
percibir por la actora por causa del despido injustificado de que fue objeto, y
exoneró al I.C.B.F.
Para
adoptar la anterior decisión, el Juez de primera instancia señaló:
“Así mismo, la
desvinculación se hizo bajo el argumento de que operó la culminación del
contrato por vencimiento del término de ejecución. Sobre este aspecto, este
estrado judicial aclara que en estos eventos la carga de la prueba radica en
cabeza de quien contrata, es decir, era deber de la PARROQUIA SAN RAFAEL
ARCANGEL, demostrar que no subsistían las causas del contrato, pues de lo
contrario se puede tener en cuenta que la labor seguía requiriéndose y derivaba
en la protección de la mujer en estado de embarazo, para que se tomen las
medidas necesarias, garantizándose la continuidad, es decir, para que la ONG
ABRAHAN LINCON contratara a la accionante.
(…)
Considera además
el Despacho, que se debe tener en cuenta, que la fecha de terminación de un
contrato no siempre constituye terminación con justa causa de la relación
laboral, pues si a la fecha de expiración del plazo subsisten las
causas, la materia del trabajo y si el trabajador cumplió a cabalidad sus
obligaciones, a este se le deberá garantizar su renovación. Por lo tanto, para
terminar un contrato laboral cuando existe notificación del estado de gravidez
de la trabajadora que cumple con sus obligaciones, deberá analizarse si las
causas que originaron la contratación aún permanecen, pues de responderse
afirmativamente, no es dable dar por terminado el contrato de trabajo a
término fijo, más aún cuando la Constitución obliga al Estado y a la sociedad a
brindar una protección especial a la mujer en estado de embarazo” (Negrillas del
texto original).
Finalmente
se dispuso eximir de responsabilidad al ICBF – Regional Chocó, considerando
que, acorde con lo dispuesto en la cláusula décima del contrato de aporte
suscrito entre dicha entidad y la Corporación Abraham Lincon, tal negocio
jurídico no generaba vínculo laboral alguno entre el personal del operador o
sus dependientes o subcontratistas con el Instituto.
4.
El apoderado de la Corporación Abraham Lincoln presentó escrito de impugnación solicitando
revocar la sentencia de primera instancia, por las siguientes razones: (i) la
accionante no probó la comunicación de su estado de gravidez al empleador, por
tanto no hubo despido injusto, (ii) nunca existió una relación laboral entre la
demandante y la Corporación Abraham Lincoln y para el año 2010 la Parroquia San
Rafael Arcángel había prescindido de sus servicios y (iii) la decisión de
primera instancia no se ajustó a los lineamientos jurisprudenciales, sino que
obedeció al capricho del juez, lo que conlleva la vulneración del debido proceso.
5.
Al decidir la impugnación, el Juzgado Civil del Circuito de Itsmina decidió
revocar las órdenes impartidas en contra de la Corporación Abraham Lincoln y
confirmar la exención de responsabilidad del ICBF – Regional Chocó, exponiendo
los siguientes argumentos:
“Es
claro que con la terminación del contrato suscrito entre el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y la Parroquia San Rafael Arcángel el 31 de
diciembre de 2009, por sustracción de materia, cesaron también las obligaciones
laborales del patrono con sus empleados. Por tanto, la protección a la
maternidad reforzada que implicó la relación laboral surgida entre la señora
Luz Elena Ibarguen y  la Parroquia San Rafael, no se extendía más allá del
término contractual entre ésta y el Bienestar Familiar, es decir, al escindirse
el contrato entre la entidad religiosa y para el caso el Estado, corrió con la
misma suerte, el vínculo laboral entre la tutelante y el empleador.
En
esta línea interpretativa, el despacho no comparte la posición del juez de
primera instancia, en cuanto a que endilgó responsabilidad a la ONG Abraham
Lincon. Es que, el nuevo acto jurídico suscrito entre el Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar y la organización no gubernamental, necesariamente no
conlleva a la permanencia en el cargo de la señora Luz Elena Ibarguen, pues con
tal negocio, nació a la vida jurídica una relación contractual completamente
distinta a la celebrada entre el Bienestar Familiar y la Parroquia San Rafael
Arcángel.
(…)
El
juzgado reconoce la lamentable situación que debe enfrentar la ciudadana
Ibarguen Gómez, empero, considera que no puede radicarse en cabeza de la ONG
Abraham Lincoln, la protección de unos derechos fundamentales que no vulneró,
al menos, así lo indican los elementos probatorios que obran en el expediente.
(…)”.
·
Expediente
T-2750708
1.
Julia Patricia Molina Silva interpuso acción de tutela contra el Departamento
de Cundinamarca - Secretaría de Educación, por considerar que dicha entidad
vulneró sus derechos al trabajo y al mínimo vital al retirarla del servicio,
pese a que no se le había reconocido pensión de invalidez.
1.1.
Señala la accionante que el 27 de octubre de 2005 fue nombrada en el cargo de
auxiliar administrativo del Departamento de Cundinamarca, desempeñando sus
funciones en la Institución Educativa Departamental Serrezuela del Municipio de
Madrid.
1.2.
Debido a que presentó continuos quebrantos de salud relacionados con una
debilidad muscular progresiva, que le generó un diagnóstico de “miopatía
mitocondrial” por parte del Instituto de Seguros Sociales[17], fue
incapacitada desde el 1 de abril de 2009 y continuaba incapacitada aún a la
fecha de interposición de la acción de tutela[18].
1.3.
El 15 de enero de 2010 (sic) la junta médica del Seguro Social le dictaminó una
pérdida de capacidad laboral equivalente al 61.40%, razón por la cual le
solicitó a ésta entidad el reconocimiento de la pensión de invalidez.
1.4.
Mediante la Resolución No. 002393 del 14 de abril de 2010, el Secretario de
Educación de Cundinamarca ordenó retirarla del servicio a partir de la fecha de
estructuración de la invalidez expedida por el Seguro Social, esto es, el 15 de
enero de 2010, y mantener el pago de los aportes a salud.
1.5.
Argumenta que la materialización de dicha decisión le produjo un perjuicio de
carácter irremediable, toda vez que no se le ha reconocido la pensión de
invalidez, ni ha sido incluida en nómina de pensionados y no recibe salario.
1.6
Finalmente afirma que se vio obligada a contar con el cuidado de su familia que
vive en Bojacá (Cundinamarca) y que los constantes traslados a Bogotá para
asistir a citas médicas y a la práctica de exámenes, así como el pago de
medicamentos no cubiertos por el POS, implican gastos cuantiosos y no tiene
dinero para sufragarlos.
Con
fundamento en lo anterior solicita que se le reintegre al servicio hasta tanto
se le reconozca la pensión de invalidez y se la incluya en nómina de
pensionados.
2.
El Jefe de la Oficina Jurídica de la Secretaría de Educación de Cundinamarca
argumentó que el retiro de la demandante se produjo en razón a la pérdida de su
capacidad laboral y a la circunstancia de haber permanecido en incapacidad por
un término superior a 181 días, lo que, de conformidad con el decreto 1848 de
1969, generaba su desvinculación del servicio.
3.
Mediante sentencia de 12 de mayo de 2010, el Juzgado Veintiuno Civil del
Circuito de Bogotá decidió tutelar los derechos fundamentales invocados por la
actora y, en consecuencia, ordenó a la Secretaría de Educación de Cundinamarca
dejar sin efectos la Resolución N° 002393 del 14 de abril de 2010, inaplicar el
Decreto 1848 de 1969 - que prevé como causal de desvinculación del servicio la
pérdida de la capacidad laboral - y reintegrar a la señora Molina Silva hasta
tanto el Seguro Social se pronuncie de fondo respecto de su solicitud de
reconocimiento de la pensión de invalidez.
Adicionalmente
dispuso requerir al Seguro Social para que remita la documentación respectiva
ante el Fondo de Pensiones correspondiente a la actora, a efectos que se
produzca una respuesta a su solicitud de pensión de invalidez en un plazo no
superior a 10 días hábiles.
4.
El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Secretaría de Educación de
Cundinamarca impugnó el fallo de primera instancia, argumentando que (i) la
expedición de la Resolución No. 002393 de 14 de abril de 2010 no es producto de
una decisión injustificada, sino que obedeció al hecho de que la accionante
tramitó su desvinculación laboral por pérdida de capacidad laboral, (ii) el
pago de salarios solamente procede por la prestación efectiva del servicio, lo
contrario genera serias consecuencias fiscales y penales para los funcionarios
de la administración, (iii) aunque de conformidad con la Ley 100 de 1993 y el Decreto
806 de 1998 le corresponde a la EPS pagar las incapacidades causadas a partir
del día 4 y hasta el 180, la Secretaría de Educación asumió el pago de esa
prestación económica, sin restricción o mora alguna.
5.
Al decidir la impugnación, mediante sentencia de 30 de junio de 2010, la Sala
Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá decidió revocar la
orden encaminada a dejar sin efectos el acto de retiro del servicio, a
inaplicar el Decreto 1848 de 1969 y a reintegrar a la actora al cargo de
auxiliar administrativo, esbozando los siguientes argumentos:
“Corresponde
entonces, a las entidades del Sistema de Seguridad Social y al empleador,
coordinar su gestión a efectos de que la accionante obtenga un enlace a partir
del momento en que deje de percibir los salarios o el pago de las
incapacidades, hasta que empiece el pago de la pensión a que tiene derecho, con
la finalidad de no afectar el mínimo vital.
Como
se advierte que la accionante padece una incapacidad (sic) que según la
gobernación no puede laborar y precisamente eso ocasiona que no deba permanecer
en el cargo ni pueda por lo tanto recibir el salario, no podía el juez de
primera instancia dar las órdenes que presentó en la parte resolutiva frente a la
Gobernación de Cundinamarca, precisamente porque ya ha surgido para la empleada
una situación laboral que le impide trabajar y que la hace beneficiaria de la
pensión, por lo que es a la empresa de seguridad social en pensiones (sic) a la
que se debe apurar para el reconocimiento tal y como se hizo en la sentencia
impugnada. Además, se tendrá en cuenta que la Gobernación afirma haber
mantenido los aportes en salud para preservar los derechos de la actora”.
II.
CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta
Sala es competente para revisar las decisiones proferidas dentro de las
acciones de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86 y 241,
numeral 9, de la Constitución Política; el Decreto 2591 de 1991, artículos 33 a 36, y en cumplimiento del Auto del 11 de agosto de 2010 proferido por la Sala de Selección de
Tutela Número Ocho de la Corte Constitucional.
2. El Problema Jurídico
Le
corresponde a esta Sala determinar si las entidades públicas (Fondo Rotatorio
del Ejercito Nacional, ICBF – Regional Chocó y Departamento de Cundinamarca –
Secretaría de Educación) o privadas (Teledatos Zona Franca S.A., Icollantas S.A., Cooperativa
del Trabajo Asociado Cooperando, Cafesalud EPS,  Colmena ARP, Positiva ARP,
Empresa Ladrillera Deltas S. en C.A., Parroquia San Rafael Arcángel y Corporación
Abraham Lincoln) demandadas vulneraron los derechos a la vida digna, al
trabajo, a la seguridad social, a la salud, al mínimo vital y a la estabilidad
laboral reforzada de personas (Claudia Caviedes Pinilla, Luis Fernando González
Malaver,
María Cenayda Sepúlveda Córdoba, Ricaurte de Jesús Arango Valencia, Luz Elena
Ibarguen Gómez y Julia Patricia Molina Silva) en condición de debilidad
manifiesta, por haber sido incapacitadas en forma reiterada, encontrarse en
estado de embarazo o haber sufrido pérdida de la capacidad laboral superior al
50%, al retirarlos de sus cargos o dar por terminados sus contratos de trabajo,
sin autorización previa del Ministerio de la Protección Social.
Con
tal fin, se estudiará lo relativo a: (i) la procedencia de la acción de tutela frente
a controversias laborales; (ii) el derecho a la estabilidad laboral reforzada
de quienes se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta o
indefensión; (iii) la causal de despido con justa causa por incapacidad que
supere 180 días; (iv) el régimen de las cooperativas de trabajo asociado; (v) la
mujer embarazada y su estabilidad laboral reforzada; (vi) los elementos
fácticos a demostrar para la procedencia de la acción de tutela en los casos de
despido de mujer embarazada; y (vii) el principio de la estabilidad en el
empleo en los contratos a término fijo. Finalmente se procederá a resolver cada
caso concreto.
3.
Procedibilidad de la acción de tutela frente a controversias laborales.
Reiteración de jurisprudencia
3.1. Dado
el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, por regla general,
no es el mecanismo llamado a prosperar para el reclamo de prestaciones o
acreencias laborales. Las pretensiones que están dirigidas, por ejemplo, a
obtener el pago de salarios, el reconocimiento de prestaciones sociales,
incapacidades o pensiones, el reintegro de trabajadores y, en fin, todas
aquellas prestaciones que derivan su causa jurídica de la existencia de una relación
laboral previa, en principio, deben ser tramitadas ante la jurisdicción
ordinaria en su especialidad laboral, que puede prestar su concurso frente a
controversias que se inscriben en el desarrollo de un contrato de trabajo.
No
obstante, esta Corporación ha considerado que cuando se verifica en el caso
concreto (i) que  los medios ordinarios de defensa judicial no
son idóneos y eficaces para proteger los derechos presuntamente conculcados[19];
(ii) que de no concederse la tutela como mecanismo de protección se
produciría un perjuicio irremediable[20]
y (iii) que el accionante es un sujeto de especial protección
constitucional (personas de la tercera edad, discapacitadas, mujeres cabeza de
familia, población desplazada, niños y niñas o trabajadores con disminuciones
físicas, sensoriales o psíquicas, la acción de tutela resulta procedente.
3.2.
Específicamente, en el caso de trabajadores que se encuentran discapacitados o
con disminuciones físicas, sensoriales o psíquicas, en la sentencia T-530 de
2005 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa) se concluyó que la acción de tutela es
procedente, si se comprueba que su desvinculación obedece al estado de salud
del trabajador. No obstante,
de conformidad con la misma jurisprudencia constitucional, para que proceda la
acción de tutela no basta con demostrar la condición de trabajador
discapacitado o con disminución en salud, que merezca la especial protección
constitucional. Además de ello, debe establecerse que sin la intervención
oportuna del juez constitucional se causará un perjuicio irremediable y
debe acreditarse la existencia de una condición material de procedencia
que hace referencia, básicamente, a que exista una relación de causalidad
entre las condiciones de salud del trabajador y su desvinculación, de forma tal
que pueda extraerse la existencia de un trato discriminatorio.
4.
El derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada de quienes se
encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta o indefensión. Reiteración
de jurisprudencia.
4.1.
La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que: (a) los
trabajadores que puedan catalogarse como (i) inválidos, (ii)
discapacitados, (iii) disminuidos físicos, síquicos o sensoriales, y (iv)
en general,  todos aquellos que tengan una afectación en su salud; (b) que esa
circunstancia les “impida[a] o dificult[e] sustancialmente el desempeño de
sus labores en las condiciones regulares”,[21] y (c) se
tema que, en esas condiciones particulares, pueden ser discriminados por ese
solo hecho, están en circunstancias de debilidad manifiesta y, por tanto,
tienen derecho a la “estabilidad laboral reforzada”.[22]
A
partir de la regulación contenida en la Ley 100 de 1993, en la sentencia T-198
de 2006 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra) se establecieron algunas diferencias
conceptuales entre discapacidad e invalidez, así:
“Así mismo, se encuentra establecido que se presenta
una clara diferencia entre los conceptos de discapacidad e invalidez. En
efecto, podría afirmarse que la discapacidad es el género, mientras que la
invalidez es la especie, y en consecuencia no siempre que existe discapacidad
necesariamente nos encontramos frente a una persona invalida. La invalidez
sería el producto de una discapacidad severa.
En efecto, el artículo 38 de la ley 100 de 1993 define
la invalidez de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 38. ESTADO DE INVALIDEZ. Para los efectos
del presente capítulo se considera inválida la persona que por cualquier causa
de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50%
o más de su capacidad laboral.”
Por el contrario, podría afirmarse que el concepto de
discapacidad implica una restricción debido a la deficiencia de la facultad de
realizar una actividad en la forma y dentro del margen que se considera normal
para el ser humano en su contexto social. En este sentido, discapacidad no
puede asimilarse, necesariamente a pérdida de capacidad laboral. Así, personas
con un algún grado de discapacidad pueden desarrollarse plenamente en el campo
laboral, y en consecuencia, la equiparación hecha por la entidad demandada
carece de fundamento constitucional, legal y científico.
De la misma manera puede afirmarse que la protección
otorgada por la Constitución y desarrollada por la Ley 361 de 1997 se encuentra
dirigida a la discapacidad, y no solamente a la invalidez”.
4.2.
El derecho a la estabilidad laboral reforzada es resultado de una
interpretación conjunta de, al menos, cuatro preceptos constitucionales: en
primer lugar, del artículo 53 de la Constitución, que consagra el derecho a “la
estabilidad en el empleo”;[23] en segundo lugar, del deber que tiene
el Estado de adelantar una política de “integración social” a favor de
aquellos que pueden considerarse “disminuidos físicos, sensoriales y
síquicos” (art. 47, C.P.);[24] en tercer lugar, del derecho que
tienen todas las personas que “se encuentren en circunstancias de debilidad
manifiesta” a ser protegidas “especialmente”, con miras a promover
las condiciones que hagan posible una igualdad “real y efectiva” (art. 13, C.P);[25]
y en cuarto lugar, del deber de todos de “obrar conforme al principio de
solidaridad social”, ante eventos que supongan peligro para la salud física
o mental de las personas (art. 95, C.P.).[26]
4.3.
Pues bien, quienes sean titulares del derecho a la estabilidad laboral
reforzada se benefician de dos normas de carácter fundamental, vinculadas por
la jurisprudencia de la Corte Constitucional a las garantías de la Carta: en
primer lugar, de la prohibición que pesa sobre el empleador de despedir
o terminarle su contrato a una “persona limitada[,  p]or razón de su
limitación, salvo que medie autorización de la oficina de Trabajo”;[27]
y, en segundo lugar, de la obligación del juez de presumir el
despido discriminatorio, cuando una persona en circunstancias de debilidad
manifiesta es desvinculada del empleo sin autorización de la oficina del
trabajo.[28]
4.4.
En consecuencia, cuando se comprueba que el empleador (a) desvinculó a
un sujeto titular del derecho a la estabilidad laboral reforzada sin solicitar
la autorización de la oficina del trabajo, y (b) que no logra
desvirtuar la presunción de despido discriminatorio, entonces el juez que
conozca del asunto tiene el deber prima facie de reconocer a favor del
trabajador: (i) en primer lugar, la ineficacia de la terminación o del
despido laboral (con la consiguiente causación del derecho del demandante a
recibir todos los salarios y prestaciones sociales dejadas de recibir en el
interregno); (ii) en segundo lugar, el derecho a ser reintegrado a un
cargo que ofrezca condiciones iguales o mejores que las del empleo desempeñado
por él hasta su desvinculación, y en el cual no sufra el riesgo de empeorar su
estado de salud, sino que esté acorde con sus condiciones;[29]
(iii) en tercer lugar, el derecho a recibir capacitación para cumplir
con las tareas de su nuevo cargo, si es el caso (art. 54, C.P.);[30]
(iv) en cuarto lugar, el derecho a recibir “una indemnización
equivalente a ciento ochenta días del salario, sin perjuicio de las demás
prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el Código
Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo modifiquen, adicionen,
complementen o aclaren”.[31]
5.
La causal de despido con justa causa por incapacidad que supere 180 días.
Reiteración de jurisprudencia
Esta
Corporación ha establecido[32]
que la facultad del empleador para terminar el contrato de trabajo en virtud de
incapacidad que supere 180 días,[33]
debe entenderse sin perjuicio de las obligaciones previstas en el artículo 16
del Decreto 2351 de 1965.[34]
De
otro lado, acorde con el artículo 23 del Decreto 2463 de 2001, la solicitud de
calificación de pérdida de capacidad laboral sólo puede tramitarse cuando se
haya adelantado el tratamiento y la rehabilitación integral o se compruebe la
imposibilidad de su realización, de manera que, si la enfermedad tiene
recuperación, el trabajador tiene derecho a la reinstalación en el empleo.[35]
Con
base en el marco normativo expuesto, la Corte ha concluido que la facultad de
dar por terminado el contrato de trabajo de forma unilateral, en el evento en
que el trabajador padezca una enfermedad que lo incapacite por un término
superior a los 180 días, no es absoluta ni puede ejercerse de manera
indiscriminada.[36]
En
la sentencia T-279 de 2006 (MP Alfredo Beltrán Sierra), la Corte sostuvo que “el
empleador y las entidades responsables del Sistema de Seguridad Social Integral
deben obrar armónicamente entre sí, y, a su vez, con el trabajador, con el fin
de que el empleado incapacitado no interrumpa ni el tratamiento ni el acceso a
la atención médica, ni deje de percibir los medios de subsistencia, bien sea a
través del salario, o de la pensión de invalidez, si a ella tiene derecho”.
6.
Las cooperativas de trabajo asociado. Reiteración de jurisprudencia
A
partir de la regulación contenida en la Ley 79 de 1988[37]
y en el Decreto 4588 de 2006[38], esta Corporación ha establecido que
las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado son organizaciones sin
ánimo de lucro, pertenecientes al sector solidario de la economía, que se
caracterizan por asociar personas naturales que de manera simultánea son
gestoras, contribuyen económicamente a la organización y son aportantes
directas de su capacidad de trabajo para el desarrollo de actividades
económicas, profesionales o intelectuales, con el fin de producir bienes o
prestar servicios.[39]
De
igual manera se han señalado como características de estas organizaciones las
siguientes: (i) la asociación es voluntaria y libre; (ii) se rigen por el
principio de igualdad de los asociados; (iii) no existe ánimo de lucro; (iv) la
organización es democrática; (v) el trabajo de los asociados es su base
fundamental; (vi) desarrolla actividades económico sociales; (vii) hay
solidaridad en la compensación o retribución; (viii) existe autonomía
empresarial.[40]
En la
Sentencia C-211 de 2000 (MP. Carlos Gaviria Díaz) la Corte señaló que las
relaciones de trabajo, en el marco de las cooperativas de trabajo asociado,  escapan
a las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo y se sujetan a los
estatutos, que regulan lo relacionado con el manejo y administración de la
organización, su funcionamiento, el régimen de trabajo, seguridad social y
compensaciones, el reparto de excedentes y todos los demás asuntos atinentes al
cumplimiento de su objeto social.[41]
Sin
embargo la Corte también ha advertido que la capacidad de autorregulación de
las cooperativas de trabajo asociado implica el respeto por los límites
impuestos por la Constitución y la ley frente a los derechos fundamentales de
los asociados y de las personas en general.[42] En tal
sentido, las cooperativas, en virtud de su autonomía configurativa, no podrán
contrariar los principios y valores superiores, e infringir las normas que
regulan los mínimos que deben contener los estatutos de asociación, pues se
encuentran supeditadas a la vigilancia de las autoridades competentes.[43]
En esa misma
dirección, la Corte ha precisado que estas organizaciones solidarias no pueden
actuar como empresas de intermediación laboral, ni disponer del trabajo de sus
asociados para suministrar mano de obra a terceros beneficiarios, o permitir
que respecto de los asociados se generen relaciones de subordinación o
dependencia, porque en tales eventos se debe dar aplicación a la legislación
laboral y no a la legislación comercial o civil, toda vez que bajo tales supuestos
fácticos concurren los elementos esenciales que dan lugar a la existencia de un
contrato de trabajo encubierto por el contrato cooperativo.
Así, en la
sentencia T-445 de 2006 (MP Manuel José Cepeda Espinosa) se definieron algunos
elementos a partir de los cuales se puede identificar la existencia de una
relación laboral encubierta por un acuerdo cooperativo:
“En
relación con los elementos que pueden conducir a que la relación entre
cooperado y cooperativa pase de ser una relación horizontal, ausente de
subordinación, a una relación vertical en la cual una de la dos partes tenga
mayor poder sobre la otra y por ende se configure un estado de subordinación,
se pueden destacar diferentes elementos, como por ejemplo (i) el hecho de que
para que se produzca el pago de las compensaciones a que tiene derecho el
cooperado éste haya cumplido con la labor en las condiciones indicadas por la
cooperativa o el tercero a favor del cual la realizó; (ii) el poder
disciplinario que la cooperativa ejerce sobre el cooperado, de acuerdo con las
reglas previstas en el régimen cooperativo; (iii) la sujeción por parte del
asociado a la designación de la Cooperativa del tercero a favor del cual se va
a ejecutar la labor contratada y las condiciones en las cuales trabajará; entre
otros.”
Cuando
la relación de subordinación del asociado con la cooperativa o el tercero
contratante se haga evidente y de ella se derive la existencia de una relación
de trabajo, el juez constitucional debe determinar si se han vulnerado  los
derechos fundamentales del trabajador que se ha hecho figurar como cooperado y
en caso afirmativo proceder a su amparo, aplicando para tal efecto la
legislación laboral y la Carta Política.
7.
La mujer embarazada y su estabilidad laboral reforzada. Reiteración de
Jurisprudencia
Al
efectuar el control de constitucionalidad del artículo 239 ordinal 3° del
Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 35 de la ley 50 de
1990[44], esta Corporación señaló que si bien
conforme al artículo 53 de la Constitución Nacional, todos los trabajadores
tienen un derecho general a la estabilidad en el empleo, existen casos en que
este derecho es aún más fuerte, por lo que en tales eventos cabe hablar de un
derecho constitucional a una estabilidad laboral reforzada.
Uno
de esos casos es el de las mujeres embarazadas, en razón a que la manifestación
más clara de discriminación sexual de la que han sido objeto es, justamente, su
despido injustificado, debido a los eventuales sobrecostos o incomodidades que
tal estado puede implicar para los patronos. Pero no basta con proteger los
ingresos laborales de estas mujeres, sino que además es necesario asegurarles
de manera efectiva la posibilidad de trabajar, y para ello se impone integrar
al ordenamiento legal los postulados constitucionales sobre igualdad (artículo
13) y protección de la maternidad en el ámbito laboral (artículos 43 y 53), de
esta manera debe entenderse que carece de todo efecto el despido de una
trabajadora durante el embarazo o en los tres meses posteriores al parto, sin
la correspondiente autorización previa del funcionario competente, y en caso
que el patrono no obtenga tal autorización, no solo debe pagar la
correspondiente indemnización sino que, además, el despido es ineficaz.[45]
En
resumen, la mujer embarazada tiene el derecho fundamental a no ser discriminada
en el campo laboral por razón de su estado de gravidez, lo que apareja,
necesariamente, el derecho fundamental a no ser despedida por causa del
embarazo, es lo que se ha denominado “fuero de maternidad”.[46]
8. Elementos fácticos a demostrar para la procedencia
de la acción de tutela en los casos de despido de mujer embarazada. Reiteración
de Jurisprudencia
Con
fundamento en la regulación contenida en los artículos 43 de la Constitución
Política, 239 y 240 del Código Sustantivo del Trabajo, en reiteradas
oportunidades la Corte Constitucional estableció los elementos fácticos que
debían probarse para que procediera el amparo del derecho a la estabilidad
laboral reforzada en los casos de despido de mujer embarazada, así:
i).
Que el despido se ocasione durante el período amparado por el “fuero de
maternidad”, esto es, que se produzca en la época del embarazo o dentro de
los tres meses siguientes al parto;
ii).
Que a la fecha del despido el empleador conociera o debiera conocer la
existencia del estado de gravidez, pues la trabajadora notificó su estado
oportunamente y en las condiciones que establece la ley;
iii)
Que el despido sea una consecuencia del embarazo, por ende que el despido no
está directamente relacionado con una causal objetiva y relevante que lo
justifique;
iv).
Que no medie autorización expresa del inspector del trabajo, si se trata de
trabajadora oficial o privada, o resolución motivada del jefe del respectivo
organismo si se trata de empleada pública; y
v).
Que el despido amenace el mínimo vital de la actora o del niño que está por
nacer.[47]
Sin
embargo, a partir de la sentencia T-095 de 2008 (MP Humberto Antonio Sierra
Porto) se morigeró el requisito consistente en que a la fecha del despido el
empleador conociera o debiera conocer la existencia del estado de gravidez, considerando
que, a partir de una interpretación armónica de los instrumentos
internacionales de derechos humanos y de la Constitución, resultaba una carga
excesiva para la mujer gestante y, en consecuencia, se concluyó: “(…) un
despido de la trabajadora embarazada – es decir, dentro del período de embarazo
o dentro de los tres meses posteriores al parto – se presume que fue por causa
o en razón del embarazo a menos que quepa aplicar las causales de despido con
justa causa, asunto en el cual, se debe cumplir con las exigencias previstas en
la legislación. Esta presunción opera también en relación con los contratos a
término fijo que por prorrogarse de modo consecutivo se equiparan a contratos a
término indefinido”.[48]
No
obstante sobre el requisito “que a la fecha del despido el empleador conocía
o debía conocer la existencia del estado de gravidez, pues la trabajadora
notificó su estado oportunamente y en las condiciones que establece la ley”,
esta Corporación señaló, en la sentencia T-095 de 2008,[49]
que en orden de otorgar una protección más amplia a los derechos de la mujer
trabajadora, este requisito no puede interpretarse de manera rígida, pues las
interpretaciones restrictivas terminan por exigir que sea la trabajadora quien
pruebe si el embarazo fue o no conocido por el empleador, y esto se presta para
abusos y termina por colocar a las mujeres en una situación grave de
indefensión.
Al respecto, la
Sala señaló en dicha ocasión que:
“(…)
encuentra la Sala que conferir protección a la mujer únicamente cuando se ha
comprobado que el despido fue discriminatorio esto es, que se despidió a la
mujer en razón o por causa del embarazo, termina por restringir una protección
que la Constitución confiere de manera positiva, en términos muy amplios, y
cobija tanto a las mujeres gestantes como a los (as) recién nacidos (as)”.
Pues bien, en
este pronunciamiento se concluye que, existiendo la presunción de despido por
razón del embarazo, para todos los tipos de contratos laborales, la  prueba de
que el empleador conocía o debía conocer el estado de gravidez de la
trabajadora no puede ser exigida a la mujer, y es el empleador quien debe
demostrar que el despido está objetivamente justificado en alguna de las
causales de despido con justa causa del Código Sustantivo del Trabajo. Esta
exigencia en ningún momento pretende omitir el requisito del conocimiento que
debe tener el empleador sobre la gravidez de la trabajadora, lo que aspira es a
ampliar la protección de la mujer gestante, y así evitar que, en casos en los
cuales no habiendo justa causa para el despido, el empleador alegue que nunca
conoció el hecho del embarazo, y ante la falta de pruebas que demuestren lo
contrario, se niegue el amparo a la trabajadora.
Por lo demás, es
claro que la protección del derecho a la estabilidad reforzada de la mujer
embarazada depende del cumplimento de los requisitos antes citados, debiéndose
analizar cada caso, para determinar, según las
pruebas e indicios obrantes en el expediente, si el despido estuvo ajustado a
los requisitos legales y constitucionales mencionados, en especial, si se
respetaron y garantizaron los derechos fundamentales de la trabajadora y del
hijo por nacer, o por el contrario, se configura la presunción de despido por
causa del embarazo.
Y en
relación con los contratos a término fijo y por duración de la obra, se
estableció que “…la protección debe otorgarse a las mujeres gestantes que
hayan quedado embarazadas durante la vigencia del contrato, con independencia
de si el empleador ha previsto o no una prórroga del mismo. La madre gestante
debe comprobar que quedó embarazada antes del vencimiento del contrato a
término fijo o por obra pero no resulta indispensable que lo haga con
antelación al preaviso. Esto último resulta de la mayor importancia porque
muchos empleadores niegan la protección con el argumento de que desconocían el
estado de la trabajadora al momento de comunicarles el preaviso.”
Además
se dijo: “En relación con los contratos pactados a término fijo estima la
Sala pertinente recordar que el cumplimento del plazo en un contrato con tales
características no puede entenderse siempre como una terminación con justa
causa de la relación laboral. Ha insistido la Corte en que si en el momento
fijado para la expiración del contrato llegaren a subsistir las causas que le
dieron lugar así como la materia objeto del mismo y si la trabajadora cumplió a
cabalidad con sus obligaciones, entonces resulta preciso garantizar su
renovación. De ahí que para efectos de dar por terminado un contrato de trabajo
a término fijo por vencimiento del plazo – cuando la mujer trabajadora
comprueba que su estado de gravidez se presentó durante la vigencia del
contrato -, se le deba garantizar su renovación”.
9. Principio de la estabilidad en el empleo en los
contratos a término fijo. Reiteración de Jurisprudencia.
Al
resolver la demanda de inconstitucionalidad de los artículos 45 (parcial), 46 y
61 (parcial) del Código Sustantivo del Trabajo, la Corte estimó que el
principio de la estabilidad en el empleo también opera en los contratos a
término fijo, pues el sólo vencimiento del plazo inicialmente pactado, producto
del acuerdo de voluntades, no basta para legitimar la decisión del patrono de
no renovar el contrato, sólo así se garantizará, de una parte, la efectividad
del referido principio de estabilidad, en cuanto "expectativa cierta y
fundada" del trabajador de mantener su empleo, si ha observado las
condiciones fijadas por el contrato y la ley, y de otra parte, la
realización del principio que señala la primacía de la realidad sobre las
formalidades establecidas por los sujetos de la relación laboral. En esta
perspectiva, siempre que al momento de la expiración del plazo inicialmente
pactado, subsistan la materia de trabajo y las causas que lo originaron y el
trabajador haya cumplido efectivamente sus obligaciones, a éste se le deberá
garantizar su renovación.[50]
Ahora bien, de conformidad con lo expuesto, la Sala procede
a resolver los casos concretos.
9. Casos concretos
9.1.
Expediente T-2694342
9.1.1.
Claudia Caviedes Pinilla interpuso
acción de tutela contra Teledatos Zona Franca S.A., por considerar que dicha
entidad le vulneró sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la seguridad
social en salud y a la estabilidad laboral reforzada, con ocasión de la
terminación unilateral de su contrato laboral antes de fenecer su vigencia, sin
autorización del Ministerio de la Protección Social.
9.1.2.
El empleador argumenta, básicamente, que la terminación del contrato de trabajo
no obedeció a la enfermedad de la demandante sino a la expiración del plazo
pactado y que al momento de la entrega del preaviso (12 de marzo de 2010) y del
pago de la indemnización la accionante no se encontraba incapacitada y no tenía
ninguna enfermedad de origen profesional, por lo que no era necesario pedir
permisos al Ministerio de la Protección Social. Además agrega que la acción de
tutela se torna improcedente porque existe un mecanismo judicial ordinario para
la protección de los derechos reclamados y no se cumple con el principio de
inmediatez, toda vez que la demanda se instauró después de varios días de la
terminación del contrato.
9.1.3.
En sentencia de primera instancia el Juzgado Veintidós Civil Municipal de
Bogotá concedió el amparo solicitado y ordenó reintegrar y reubicar a la
demandante en un cargo apto para lograr un desempeño laboral adecuado y
compatible con su actual estado de salud. Esta decisión fue revocada por el  Juzgado
Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá, considerando que no se demostró que
para la época de terminación del contrato la trabajadora hubiese estado
incapacitada o sufriera de alguna enfermedad que pusiera en peligro su vida y
que la desvinculación de la demandante fue legal porque el empleador cumplió
con el deber de comunicar la terminación del contrato.
9.1.4.
De conformidad con los presupuestos fácticos reseñados y con las
consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia, corresponde a
esta Sala de Revisión determinar, en primer lugar, si en este asunto procede la
acción de tutela como mecanismo de amparo de los derechos presuntamente
conculcados, y en segundo lugar, si la empresa Teledatos Zona Franca S.A le
vulneró a la accionante sus derechos a la estabilidad laboral reforzada, al
mínimo vital y a la seguridad social en salud al terminar unilateral y
anticipadamente su contrato laboral, sin autorización del Ministerio de la
Protección Social.
9.1.5.
A partir del material
probatorio que obra en el expediente, observa la Sala de Revisión que, en el
caso concreto, resulta procedente la acción de tutela como mecanismo de amparo
de los derechos invocados por la accionante, debido a que está demostrado que,
al menos desde el mes de diciembre de 2009, presentó afecciones en sus manos[51],
lo que le generó un diagnóstico de “TENOSINOVITIS DE QUERVAIN DERECHA,
TENDINITIS DE FLEXO EXTENSORES DE MANOS Y ANTEBRAZOS, EPICONDILITIS MEDIAL Y
LATERAL DERECHA y TENDINITIS DEL BICEPS DERECHO”[52]
(Mayúsculas en el texto), circunstancia que la sitúa en una condición de
vulnerabilidad y la hace sujeto de especial protección constitucional.
Si
bien en el escrito de contestación el apoderado de la empresa demandada afirmó
que a la accionante únicamente le correspondía contestar un teléfono, mas no
digitar, lo cierto es que al revisar la cláusula quinta del contrato de trabajo
suscrito entre las partes se evidencia que una de las obligaciones de la
empleada consistía en “brindar siempre información clara y veraz en las comunicaciones
verbales y escritas al cliente interno y externo en la línea de
servicio”[53],
a partir de lo cual se concluye que sus funciones se relacionaban también con la
digitación.
La
misma conclusión se deriva del documento que contiene las recomendaciones
efectuadas a la empresa Teledatos S.A. por la  Médica Especialista en Salud
Ocupacional de la EPS Cafesalud, en cuanto al cargo, en el que expresamente se
alude a “CARGA LABORAL EN DIGITACION” y a “TAREAS DE DIGITACION”[54]
(Mayúsculas en el texto).
No
obstante lo anterior y a pesar de conocer las limitaciones físicas de la
accionante, el 5 de febrero de 2010 la EPS Cafesalud había solicitado a
Teledatos S.A. el envío de la documentación para el estudio de una posible
enfermedad profesional[55],
y las recomendaciones efectuadas por la Medica Especialista en Salud
Ocupacional de Cafesalud EPS, en el sentido de ubicarla en un “AREA DE MENOR
CARGA LABORAL EN DIGITACION” y de “ALTERNANCIA DE ACTIVIDADES, EVITAR
ACTIVIDADES QUE REQUIERAN RAPIDEZ EN LA EJECUCION, ESPECIALMENTE TAREAS DE
DIGITACION MANTENIDA”[56]
(Mayúsculas en el texto), el 12 de marzo de 2010 el Director de Administración
de Personal de la empresa demandada le informó la no renovación de su contrato
de trabajo, cuya terminación estaba prevista para el día 24 de abril siguiente.[57]
También
está probado que Claudia Caviedes Pinilla fue incapacitada entre el 20 y el 23
de marzo de 2010[58]
y que el 9 de abril de ese mismo año su empleador decidió dar por terminado de
manera anticipada y unilateral su contrato de trabajo.[59]
Aun
cuando el apoderado de la empresa demandada afirmó que la
terminación del contrato de trabajo no obedeció a la enfermedad de la demandante
sino a la expiración del plazo pactado, los hechos anteriormente relacionados
demuestran lo contrario, pues es evidente que Teledatos S.A. ni siquiera esperó
a que se cumpliera el término de vigencia del contrato (24 de abril de 2010) y
decidió despedir a la accionante anticipadamente (9 de abril de 2010), habiendo
conocido previamente su estado de salud.
A
partir de lo anterior fluye evidente una relación de causalidad entre las deficientes
condiciones de salud de la trabajadora demandante y su desvinculación. Sumado a
ello, en este caso, la tutela resulta procedente para evitar un perjuicio
irremediable a la accionante con ocasión de su despido, pues, como se menciona
en la demanda, el salario era su única fuente de ingresos y su condición de
madre cabeza de familia le impone el cumplimiento inaplazable de obligaciones
económicas, circunstancias que no fueron desvirtuadas por la empresa demandada.
En
este contexto, se hace necesaria la intervención del juez constitucional, pese
a la existencia de otros mecanismos de defensa judicial, con la finalidad de
proteger a quien por sus condiciones particulares de indefensión goza de una
protección constitucional prevalente.
9.1.6
Teniendo en cuenta que en las circunstancias descritas se presume que la
terminación del contrato de trabajo de la demandante se dio en razón de su
estado de salud, para proceder a su retiro el empleador ha debido dar
cumplimiento a lo dispuesto en el art. 26 de la Ley 361 de 1997, vale decir,
solicitar autorización previa al Ministerio de la Protección Social. Ninguna de
las pruebas que obra en el expediente da cuenta del cumplimiento de esta
exigencia por parte de la empresa Teledatos S.A., ni del pago de la
indemnización contemplada en el inciso segundo de la norma citada, sin
perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar, pues
aunque la empresa afirma que le canceló a la actora su salario del 9 al 24 de
abril de 2010, como indemnización debe reconocerle 180 días de salario,
conforme a la disposición legal citada.
Así
las cosas, se reitera, en este caso se dan las condiciones para presumir que la
terminación del contrato de trabajo de la accionante tuvo como causa su
situación de salud, ya que el empleador no aportó ninguna prueba que permita
desvirtuar tal presunción. Se impone entonces
declarar la ineficacia de la terminación del contrato de trabajo e impartir las
órdenes consecuenciales, acorde con lo establecido en el numeral 4.4 de la
parte considerativa de esta providencia.
9.1.7. En conclusión, en este asunto se configura la
violación de los derechos fundamentales a
la estabilidad laboral reforzada, al mínimo vital y a la seguridad social en
salud de la accionante, por las
siguientes razones: (i) la empresa decidió terminar unilateral y
anticipadamente su contrato de trabajo pactado a término fijo, estando en una
situación de debilidad manifiesta por la afectación de sus condiciones de salud,
lo que dificultaba sustancialmente el desempeño de sus labores en condiciones
regulares, (ii) para proceder a la terminación del contrato su empleador no
solicitó autorización previa al Ministerio de la Protección Social, como lo
exige el art. 26 de la Ley 361 de 1997, y (iii) la empresa demandada no logró
desvirtuar probatoriamente la presunción de despido discriminatorio de que fue
objeto la demandante.
9.1.8
Por las consideraciones expuestas, la
Sala Primera de Revisión confirmará las órdenes de reintegro y de reubicación
en un cargo para el cual resulte apta la actora, dadas sus condiciones de
salud, contenida en la sentencia de fecha 30 de abril de 2010, emitida por el
Juzgado Veintidós Civil Municipal de Bogotá,  revocará el fallo proferido en
segunda instancia por el Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá el 21
de mayo del mismo año, y concederá la tutela de los derechos fundamentales a la
estabilidad laboral reforzada, al mínimo vital y a la seguridad social en salud
de Claudia Caviedes Pinilla. En consecuencia, declarará la ineficacia de la terminación
del contrato de trabajo de la accionante y ordenará a la empresa Teledatos Zona
Franca S.A. que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la
presente decisión, reintegre a la accionante al cargo que venía desempeñando al
momento del despido o a otro de igual o superior jerarquía, acorde con sus
actuales condiciones de salud, de acuerdo con lo prescrito por su médico
tratante. Ordenará además que se pague a la accionante la sanción impuesta, a
que hace referencia el inciso segundo del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y
cancele todos los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir, así
como los aportes a la seguridad social correspondientes a salud y pensiones,
desde el momento en que fue desvinculada de sus labores, hasta cuando se haga
efectivo el reintegro en la empresa citada.
9.2.
Expediente T-2699255
9.2.1.
Luis Fernando González Malaver interpuso acción de tutela contra la Industria
Colombiana de Llantas – Icollantas S.A., por considerar que esta empresa le
vulneró sus derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas, a la
seguridad social, a la estabilidad laboral reforzada y al mínimo vital, al
despedirlo
pese a haber sufrido un accidente laboral y encontrarse a la espera de una
cirugía para corregir algunas de sus secuelas.
9.2.2.
En el escrito de contestación el apoderado general de Icollantas S.A. argumentó
que (i) el actor en ningún momento dio a conocer su situación de salud a la
empresa, (ii) para la época de terminación del contrato de trabajo el demandante
no se encontraba incapacitado ni tenía la calidad de discapacitado y (iii) la
terminación del contrato de trabajo obedeció a la necesidad de recortar la
nómina de personal, mas no a la situación de salud del actor. Agrega que la
empresa le canceló la indemnización legal por terminación sin justa causa. De
igual manera indicó que la acción de tutela es improcedente porque el debate
que se plantea corresponde a la jurisdicción ordinaria laboral.
9.2.3.
En sentencias proferidas el 18 de marzo y el 13 de mayo de 2010, los Jueces
Promiscuo Municipal de Sibaté y Primero Civil del Circuito de Soacha declararon
la improcedencia de la acción de tutela, considerando la existencia de otros
mecanismos ordinarios de defensa judicial de los derechos invocados por el
actor.
9.2.4.
De conformidad con los hechos y las consideraciones expuestas, le corresponde a
la Sala determinar, en primer lugar, si en este asunto procede la acción de
tutela como mecanismo de amparo de los derechos presuntamente conculcados, y en
segundo lugar, si la empresa Icollantas S.A. le vulneró al accionante sus
derechos al
trabajo, a la estabilidad laboral reforzada, a la seguridad social y al mínimo
vital,
al terminar unilateralmente su contrato de trabajo pese a haber sufrido un
accidente laboral.
9.2.5.
Una vez revisado el material
probatorio que obra en el expediente, la Sala concluye que, en el caso
concreto, no resulta procedente la acción de tutela como mecanismo de amparo de
los derechos invocados por el accionante, por las siguientes razones:
En
el proceso está probado que el 13 de noviembre de 2009 el accionante acudió a
una consulta en la Clínica San Rafael, en la que se describió su enfermedad en
los siguientes términos: “PACIENTE CON CUADRO DE DOLOR EN MUÑECA DE 6 MESES
DE EVOLUCION REFIERE DOLOR Y LIMITACION PARA LA MOVILIZACION SE TOMO RX QUE
EVIDENCIAN FRACTURA DE ESCAFOIDES SE SOLICITO GAMAGRAFIA OSEA CON
HIPERCAPATACION ASOCIADA A FRACTURA VS NECROSIS TRAE TAC QUE EVIDENCIA TRAZO
REMODELADO SIN COLAPSO MAYOR DEL ESCAFOIDES DERECHO.”[60](Mayúsculas en
el texto).
De
igual manera se aportaron los resultados de los exámenes médicos de diagnóstico
que le fueron practicados durante los meses de julio, septiembre y diciembre de
2009,[61]
a partir de los cuales se concluyó que padecía de “FRACTURA
ANTIGUA PARCIALMENTE CONSOLIDADA DEL ESCAFOIDES, CAMBIOS ARTROSICOS
RADIOESCAFOIDEOS, QUISTE ÓSEO EN EL HUESO GRANDE”. (Mayúsculas en
el texto).
Si
bien en la demanda se afirma que el actor puso en conocimiento del Jefe de
Equipos, Jefe de Área y funcionarios del Área de Personal de la empresa
demandada que le había sido programada una cirugía para el 3 de marzo de 2010,
lo cierto es que en el expediente no obra ningún documento que dé cuenta de
ello, ni tampoco se probó que al demandante se le hubieran concedido
incapacidades médicas antes de la fecha de terminación de su contrato de
trabajo (5 de febrero de 2010[62])
y que tal situación hubiere sido comunicada a su empleador.
Por
el contrario, el apoderado de Icollantas sostuvo que el actor en
ningún momento dio a conocer su situación de salud al empleador y que la
terminación de su contrato de trabajo obedeció a la necesidad de recortar la
nómina de personal, ante la crítica situación de la empresa. Para respaldar
esta afirmación se aportaron, entre otras, las siguientes pruebas: (i) Declaración
rendida por el Gerente de Servicios de Personal de Icollantas S.A.[63],
(ii) certificaciones suscritas por el mismo funcionario acerca de la no
vinculación de otros trabajadores o contratistas para realizar las mismas
labores del demandante[64],
(iii) listado de trabajadores retirados de Icollantas S.A. durante el año 2009 y los
meses de enero y febrero de 2010[65],
(iv) certificación acerca de la reducción de los volúmenes de las exportaciones
de Icollantas S.A. y de la
disminución de las ventas en el mercado local[66], (v) comunicación
interna de fecha 13 de mayo de 2009 dirigida a los trabajadores de la planta de
Bogotá, acerca de la modificación del horario para optimizar los costos del
servicio de transporte[67],
(vi) comunicación interna de fecha 26 de mayo de 2009 dirigida a todos los
trabajadores de Icollantas S.A., acerca del cambio de horario en el servicio de
atención del casino, con el objetivo de optimizar el consumo de vapor, gas y
energía eléctrica[68],
(vii) comunicaciones dirigidas a todo el personal de la empresa demandada
durante los meses de abril y mayo de 2009, relacionadas con la parada de
producción en la planta de Bogotá, debido al exceso de inventarios y con el
propósito de hacer frente a la crisis.[69]
Como
puede observarse, aunque el demandante sostiene categóricamente que previo a la
terminación de su contrato de trabajo había informado al empleador sobre su estado
de salud, sin aportar una sola prueba que respalde sus afirmaciones, y, por su
parte, el apoderado de Icollantas S.A. aporta documentos que permiten darle
credibilidad al dicho de éste último.
Ciertamente,
todas las pruebas que se adjuntaron al escrito de contestación apoyan la tesis
de la existencia de razones objetivas para dar por terminado el contrato de
trabajo del señor González Malaver, debido a la crisis económica que desde el
año 2009 afrontó la empresa Icollantas S.A., en razón a la reducción de sus
índices de ventas de sus productos tanto en el mercado interno como en el
exterior. Las medidas dirigidas al ahorro de combustible, vapor, gas, energía
eléctrica y las múltiples paradas en la producción de la empresa demandada, confirman
que en realidad estaba atravesando una época, que conllevó al despido de varios
de sus trabajadores, y así se acredita.
Lo
anterior indica que la terminación del contrato de trabajo del actor no
obedeció a un trato discriminatorio derivado de la disminución física del actor,
sino a una situación, que no solo lo afectó a él sino también a varios de sus
compañeros.
Adicionalmente,
la solicitud de documentos por parte de la EPS Cafesalud a Icollantas S.A. para
estudiar una posible enfermedad profesional del demandante, tan solo se cursó
el 31 de julio de 2010[70],
es decir, casi siete meses después de la terminación del contrato de trabajo (5
de febrero de 2010). Sin embargo, el accionante tampoco allegó al expediente
ninguna prueba que diera cuenta de la calificación definitiva de la enfermedad
por él  padecida, vale decir, si se trataba de una enfermedad común o de origen
profesional.
En
este caso, el demandante no logró acreditar la relación de causalidad entre la
limitación de su salud y la desvinculación, para así derivar la existencia de
un trato discriminatorio en su contra, por lo que en este caso se incumple una
de las reglas de procedencia de la tutela para ordenar el reintegro y, en
consecuencia, se impone negar las pretensiones de la demanda, confirmando las
decisiones de los jueces de instancia, no por existir otros medios de defensa
judicial, sino por las razones anteriormente expuestas.
9.3.
Expediente T-2743470
9.3.1.
María Cenayda Sepúlveda Córdoba interpuso acción de tutela contra el Fondo
Rotatorio del Ejercito Nacional, la Cooperativa del Trabajo Asociado
Cooperando, Cafesalud EPS, Colmena ARP y Positiva ARP, al considerar que dichas
entidades le vulneraron sus derechos fundamentales a la salud, al mínimo vital,
al trabajo, a la estabilidad laboral reforzada y a la seguridad social, al (i)
despedirla pese a encontrarse disminuida físicamente (Fondo Rotatorio del
Ejercito Nacional  y Cooperando S.A.), (ii) no haber obtenido
calificación de su pérdida de capacidad laboral por problemas
interadministrativos (Colmena ARP y Positiva ARP) y (iii) haber
sido desafiliada del Sistema de Seguridad Social en Salud pese a encontrarse en
tratamiento (Cafesalud EPS).
9.3.2.
Respuesta de las entidades demandadas.
9.3.2.1.
El Director General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares argumentó
que: (i) La actora trabajó directamente con esa entidad desde el 21 de agosto
hasta el 30 de septiembre de 2004,  y a partir del 1 de octubre del mismo año
fue asociada a la Cooperativa de Trabajo Asociado Cooperando, (ii) el Ejército
nunca tuvo conocimiento del accidente de trabajo de la actora, quien tan solo
acudió al centro de salud de su EPS cuando ya no trabajaba directamente con esa
entidad, (iii) el Fondo Rotatorio del Ejército nunca le otorgó permisos,
descansos o días de reposo y la terminación del convenio de asociación con la
actora fue una decisión adoptada por Cooperando, (iv) ante la existencia del
proceso ordinario laboral, la tutela resulta improcedente para solicitar el
reintegro de la demandante a la Cooperativa Cooperando, y (v) pasaron más de
cinco años para que la actora alegara la vulneración de sus derechos fundamentales.
9.3.2.2.
Por su parte, el apoderado especial de la Cooperativa de Trabajo Asociado y de
Producción Cooperando sostuvo: (i) que la cooperativa cumplió con cada una de
sus obligaciones durante la vigencia del convenio cooperativo y suspendió el
pago de las compensaciones al notar que la accionante no procedió a efectuar
los trámites pertinentes para solicitar el pago de la pensión, (ii) que su
desvinculación como asociada de la cooperativa obedeció a la no presentación de
las incapacidades generadas entre el 12 de julio y el mes de diciembre de 2009,
(iii) la EPS Cafesalud pagó los primeros 180 días de incapacidad y las
incapacidades posteriores fueron canceladas por Cooperando, aun cuando no era
su obligación, (iv) la actora nunca estuvo vinculada mediante contrato verbal a
término indefinido, sino mediante convenio cooperativo de trabajo asociado
desde el mes de octubre de 2004 hasta su desvinculación en el año 2009, y
dilató injustificadamente los trámites permitentes para gestionar la calificación
del origen de su enfermedad, (v) no se efectuó el procedimiento ante el
Ministerio de la Protección Social porque a partir de las incapacidades que se
le generaron la actora nunca se volvió a presentar a trabajar y era casi
imposible la localización de su residencia, (vi) el accidente de trabajo
ocurrió cuando la accionante se encontraba directamente vinculada al Fondo
Rotatorio del Ejercito Nacional y afiliada a la ARP Positiva, no como asociada
de la Cooperativa.
9.3.2.3.
La apoderada de Colmena ARP sostuvo que (i) en la fecha en que la señora María
Cenayda Sepúlveda Córdoba presentó el accidente de trabajo (28 de septiembre de
2004) no se encontraba afiliada a dicha entidad sino a la ARP Positiva, por lo
que las prestaciones asistenciales y económicas derivadas de dicho evento deben
ser asumidas por ésta última y (ii) la actora estuvo afiliada a Colmena Riesgos
Profesionales a través de la Cooperativa de Trabajo Asociado Cooperando desde
el 2 de octubre de 2004 hasta el 3 de febrero de 2005 y luego fue afiliada nuevamente
desde el 24 de marzo de 2005 hasta el 17 de diciembre de 2009, fecha en la que
fue reportado su retiro por parte de la empresa Cooperando CTA.
9.3.2.4.
Positiva Compañía de Seguros S.A. afirmó que se están realizando todos los trámites
necesarios para calificar el origen de la enfermedad que padece la accionante,
pero que infortunadamente no han contado con su apoyo, pues no ha sido posible
obtener copia de la atención de urgencias del día de ocurrencia del accidente (28
de septiembre de 2004).
9.3.2.5.
Cafesalud EPS dijo que (i) no ha negado ningún servicio de salud a la
accionante  y (ii) que fue retirada por la Cooperativa Cooperando desde el 16
de diciembre de 2009 y está activa en periodo de protección laboral en dicha EPS.
9.3.3.
El 11 de marzo de 2009 (sic) el Juzgado Veintitrés Civil Municipal de Bogotá
profirió sentencia amparando los derechos fundamentales de la actora, y
transitoriamente ordenó a la Cooperativa Cooperando proceder a reintegrarla y
afiliarla al sistema de seguridad social en salud y riesgos profesionales.
Además dispuso que la ARP Positiva realizara la valoración inmediata de la
actora a efecto de calificar su pérdida de capacidad laboral. El Juzgado
Segundo Civil del Circuito de Bogotá revocó la orden de reintegro y confirmó la
relacionada con la valoración y calificación de pérdida de capacidad laboral.
9.3.4.
En este caso la Sala debe: (i) En primer lugar, establecer si se configuraron
los elementos para predicar que la relación entre la cooperada (María Cenayda
Sepúlveda Córdoba) y la cooperativa (Cooperando) o el tercero contratante
(Fondo Rotatorio del Ejército Nacional) estaba sujeta a una condición de
subordinación, a partir de la cual se pueda derivar la existencia de una
relación de trabajo; (ii) verificado lo anterior, deberá determinarse si
procede la acción de tutela como mecanismo de amparo de los derechos
presuntamente conculcados y (iii) si las entidades demandadas le vulneraron a
la accionante sus derechos a la salud, al mínimo vital, al trabajo, a la
estabilidad laboral reforzada y a la seguridad social y por qué razones.
9.3.5.
Con base en las pruebas incorporadas al expediente, la Sala tiene por
demostrados los siguientes hechos:
-
El 1 de abril de 2004 el Fondo Rotatorio del Ejército Nacional y la Cooperativa
de Trabajo Asociado de Servicios y Producción Cooperando suscribieron un
convenio de Cooperación Empresarial[71],
cuyo objeto se contrajo a lo siguiente: “COOPERANDO se obliga con total
autonomía administrativa, bajo su propio riesgo y dirección, a ejercitar las
labores transitorias, intermitentes o permanentes a que se refiere su Acuerdo
Cooperativo, y conforme a las especificaciones técnicas requeridas en las
órdenes de trabajo emitidas por el FONDO, con un número acorde de asociados
según el volumen de trabajo a desarrollar, todo lo cual se denominará en
adelante LAS LABORES”. (Mayúscula en el texto).
-
El 1 de octubre de 2004, la señora María Cenayda Sepúlveda Córdoba y la Cooperativa
de Trabajo Asociado Cooperando celebraron un convenio de asociación.[72]
-
Con ocasión de un accidente de trabajo ocurrido el 28 de septiembre de 2004, a la accionante le fue diagnosticada “dermatitis irritativa por exposición a sustancias
químicas”[73],
lo que le generó una serie de incapacidades durante 1278 días continuos.[74]
-
Por decisión unilateral de Cooperando, a partir del 16 de diciembre de 2009, se
terminó el vínculo como asociada con la señora Sepúlveda Córdoba. En la
correspondiente comunicación la Gerente de la Cooperativa adujo lo siguiente: “Ante
la no presentación a la ejecución de sus labores asignadas por “COOPERANDO” en
su puesto de trabajo y la no presentación de las correspondientes incapacidades
desde el mes de Julio de 2.009, tal como reposa en los archivos de la
Cooperativa, la Gerencia y el Consejo de Administración han determinado
decretar la suspensión de labores de la señora María Cenayda Sepúlveda y por
consecuencia declarar, a la asociada María Cenayda Sepúlveda ASOCIADA INACTIVA;
para el efecto a partir de la fecha se procederá a su desvinculación de la
seguridad social”.[75]
(Mayúscula en el texto).
-
La E.P.S. Cafesalud le proporcionó el tratamiento médico a la accionante  durante
su vinculación a Cooperando y hasta la fecha de retiro.[76]
De
acuerdo con lo anterior, en este caso es posible deducir que, bajo la figura
del denominado “contrato realidad”, se configuran los supuestos fácticos
que dan lugar al surgimiento de una relación de intermediación laboral, no
obstante que, aparentemente, el vínculo entre la accionante y Cooperando se
enmarcó en un convenio de asociación.
Efectivamente,
las circunstancias que determinaron el curso del vínculo entre la cooperada y la
cooperativa permitieron la configuración de una relación que contradice el
plano de horizontalidad que debe existir entre las partes de un contrato de
asociación, el cual impone que los dos sujetos se muevan en un mismo nivel.
La
anterior consideración surge a partir de lo siguiente:
(i)
La manifestación efectuada en la demanda en el sentido que la accionante prestó
sus servicios como Auxiliar de Cocina en el rancho de la Escuela de
Suboficiales de la Base Militar de Tolemaida. Esta afirmación no fue
controvertida por la Cooperativa Cooperando y, por el contrario, se soporta en
la certificación de cargo y funciones expedida por la Directora de Recursos
Humanos de esta entidad.[77]
(ii)
En la copia del convenio de asociación suscrito entre la accionante y la
mencionada cooperativa se establece que la señora Sepúlveda Córdoba desempeñará
“el puesto de trabajo de Auxiliar de Cocina con una compensación mensual de
$358.000”.[78]
(iii)
El poder disciplinario que la cooperativa ejerció sobre la cooperada se
evidencia con la copia de la Resolución No. 04 de 11 de diciembre de 2009[79],
a través de la cual le formuló cargos, debido a que “no se ha presentado
con la correspondiente incapacidad por los 12 días de Julio, el mes de
Agosto, de Septiembre, de Octubre, de Noviembre y lo que va corrido del mes de
Diciembre del presente año, lo que califica abandono de su puesto de labor”.
En
tales condiciones resulta claro que la organización solidaria dejó de actuar de
conformidad con las normas que regulan el objeto social propio de las
cooperativas de trabajo asociado y violó las prohibiciones consagradas en el
artículo 17 del Decreto 4588 de 2006.[80]
Con
fundamento en lo anterior, procede dar aplicación a la presunción establecida
en el art. 24 del Código Sustantivo del Trabajo.[81]
Acorde
con lo señalado en el numeral 6 de la parte considerativa de esta providencia y
existiendo subordinación y dependencia en la relación laboral, procede dar
aplicación a la regulación contenida en el Código Sustantivo del Trabajo en
favor de la trabajadora, mas no a los estatutos de la Cooperativa Cooperando ni
a la legislación civil o comercial.
9.3.6.
Con las pruebas que fueron aportadas al expediente, resulta claro
que en este asunto se hace necesaria la intervención del juez constitucional,
pese a la existencia de otros mecanismos de defensa judicial, con la finalidad
de proteger de manera inmediata a la accionante, quien por sus condiciones
particulares de indefensión y debilidad manifiesta goza de una protección
constitucional prevalente.
En
efecto, con ocasión del accidente de trabajo padecido el 28 de septiembre de
2004 en las instalaciones de la Base Militar de Tolemaida,[82] la actora
fue diagnosticada con “dermatitis irritativa por exposición a sustancias
químicas”[83]
e incapacitada durante 1278 días continuos,[84] circunstancia
que la sitúa en una condición de vulnerabilidad y la hace sujeto de especial
protección constitucional.
Entre
el 20 de agosto y el 30 de septiembre de 2004 la demandante estuvo vinculada de
manera directa con el Fondo Rotatorio del Ejercito Nacional, a partir del 1 de
octubre de ese mismo año fue afiliada a la Cooperativa de Trabajo Asociado
Cooperando,[85]
a la que estuvo vinculada hasta el 16 de diciembre de 2009.[86] Sin
embargo, debido al accidente de trabajo, la demandante fue incapacitada de
manera sucesiva entre el 16 de junio de 2006 y el 16 de enero de 2010.[87]
No
obstante lo anterior y a pesar de conocer el deterioro del estado de salud de
la accionante,[88]
el 16 de diciembre de 2009 la Cooperativa de Trabajo Asociado Cooperando
decidió “decretar la suspensión de labores de la señora María Cenayda
Sepúlveda” y declararla “asociada inactiva”.[89]
Al
contrastar la información del cuadro resumen de las incapacidades otorgadas a
la demandante[90]
con el documento que contiene la comunicación de desvinculación por parte de la
Cooperativa Cooperando,[91]
se concluye que para la fecha de su retiro (16 de diciembre de 2009) la señora
Sepúlveda Córdoba se encontraba aún incapacitada.
A
partir de los hechos se evidencia una relación de causalidad entre las
deficientes condiciones de salud de la trabajadora y su desvinculación, lo que
deriva en la existencia de un trato discriminatorio en su contra por parte de la
cooperativa.
Sumado
a lo anterior, en este caso, la tutela resulta procedente para evitar un
perjuicio de carácter irremediable a la parte actora con ocasión de su retiro,
pues, como se menciona la accionante, requiere el pago de los aportes a la
seguridad social para continuar con su tratamiento, así como del salario o en
su defecto el reconocimiento de sus incapacidades, toda vez que es madre cabeza
de familia y no tiene dinero para cubrir los gastos de su hogar, circunstancias
que no fueron desvirtuadas por las entidades demandadas.
9.3.7.
Como quedó visto, los trabajadores que
sufren disminución en sus capacidades físicas son sujetos de especial
protección por parte del Estado y, en consecuencia, adquieren un derecho de
estabilidad laboral reforzada que los protege de la discriminación de la que
puedan ser objeto con motivo de la incapacidad por parte de los empleadores.
El
material probatorio de este proceso demostró que la actora sufre de dermatitis
irritativa por exposición a sustancias químicas, enfermedad que le ocasionó la
falta de sus huellas digitales[92]
y cuyo pronóstico de recuperación y rehabilitación no es el mejor, por cuanto de
conformidad con lo señalado por el médico dermatólogo José Francisco Acosta,
adscrito al Centro de Especialistas Interlaken de la ciudad de Ibagué, “LA
PACIENTE A LO LARGO DE 4 AÑOS HA RECIBIDO CONSTANTES Y MULTIPLES TRATAMIENTOS
SIN QUE SE APRECIE RECUPERACION DE LA SENSIBILIDAD EXTREMA QUE QUEDO EN MANOS
POSTERIOR A ACCIDENTE DE TRABAJO POR LO CUAL EL PRONOSTICO DE RECUPERACION Y
REHABILITACION ES MALO” (Mayúsculas en el texto).[93] Como
consecuencia de ello ha sido incapacitada por espacio superior a 1278 días,
comprendidos entre el 16 de junio de 2006 y el 16 de enero de 2010.[94]
En
este punto es necesario aclarar que, aun cuando el accidente de trabajo de la
demandante se produjo el 28 de septiembre de 2004, su desvinculación definitiva
de la Cooperativa de Trabajo Asociado Cooperando tan solo ocurrió hasta el 16
de diciembre de 2009,[95]
en tanto que la demanda se presentó el 23 de febrero de 2010[96],
pasados algo más de dos meses desde su desafiliación, por lo que la Sala estima
que, contrario a lo afirmado por el Director de la Agencia Logística de las
Fuerzas Militares, en este asunto se cumple el presupuesto de inmediatez, como
requisito de procedencia de la acción de tutela.
De
igual manera se evidenció que su desvinculación de la cooperativa se produjo estando
incapacitada y sin autorización del Ministerio de la Protección Social,
incurriendo la organización solidaria en la violación a la estabilidad laboral
reforzada, por falta de aplicación al principio de solidaridad que le asiste
frente a sujetos de especial protección constitucional.
La
jurisprudencia de esta Corporación ha establecido que el principio de
solidaridad hace referencia al deber que tiene el empleador de coordinar armónicamente
con las entidades del Sistema de Seguridad Social Integral y con el trabajador
su proceso de recuperación y rehabilitación, hasta pasados los 180 días de que
habla la legislación laboral y de seguridad social, para determinar si el
incapacitado puede ser beneficiario de una pensión de invalidez y, de no ser
así, reintegrado o si es el caso reubicado en la empresa donde labora.[97]
Se
encuentra probado que luego de la desvinculación, la Cooperativa Cooperando
suspendió el pago de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social,[98]
sin considerar que la empleada incapacitada se vería afectada al interrumpir el
tratamiento brindado por su EPS y que se vulneraría su mínimo vital al dejar de
recibir el pago de las liquidaciones de sus incapacidades.
Puede
colegirse en este caso que, la desvinculación de la demandante se dio en razón
de su prolongado estado de incapacidad y que entre ella y la cooperativa
existió una relación de subordinación y dependencia, ya que la actora recibía
órdenes, cumplía un horario, recibía remuneración por su trabajo, era objeto de
vigilancia y control, incluso en efecto fue sancionada, desempeñaba su trabajo
con los elementos que le eran suministrados por la cooperativa, por lo que,
para proceder a su retiro la organización solidaria ha debido dar cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, vale decir, solicitar
autorización previa al Ministerio de la Protección Social. Ninguna de las
pruebas que obra en el expediente da cuenta del cumplimiento de esta exigencia
por parte de la Cooperativa de Trabajo Asociado Cooperando,[99] ni del
pago de la indemnización contemplada en el inciso segundo de la norma citada,
equivalente a 180 días de salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e
indemnizaciones a que hubiere lugar.
Esta
circunstancia deviene en una prerrogativa probatoria en favor de la demandante
que hace presumir la desvinculación discriminatoria por parte de la Cooperativa,
tornándose ineficaz el despido, vale decir, que el retiro tuvo como causa su
situación de salud, entre tanto, la Cooperativa Cooperando no aportó ninguna
prueba que permita desvirtuar tal presunción.
9.3.8
Recapitulando, en este caso se configura
la violación de los derechos fundamentales al trabajo, a la estabilidad laboral
reforzada, al mínimo vital y a la seguridad social en salud de la accionante,
por las siguientes razones: (i) la desvincularon encontrándose incapacitada
laboralmente, (ii) superado el término de 180 días de incapacidad la Cooperativa
de Trabajo Asociado a la que se encontraba vinculada no gestionó lo pertinente
para definir su estado de invalidez o pérdida de capacidad laboral, violando el
principio de solidaridad; (iii) además suspendió el pago de las cotizaciones al
Sistema de Seguridad Social, sin considerar el estado de salud de la actora, (iv)
para proceder a la desvinculación la Cooperativa no solicitó autorización
previa al Ministerio de la Protección Social, como lo exige el art. 26 de la
Ley 361 de 1997, y (v) la Cooperativa demandada no logró desvirtuar
probatoriamente la presunción de despido discriminatorio de que fue objeto la
demandante.
9.3.9.
De igual manera se probó que Positiva Compañía de Seguros S.A. ya efectuó el
dictamen correspondiente y calificó la pérdida de capacidad laboral de la
accionante en un 27.75%[100].
Sin embargo, la señora Sepúlveda Córdoba no estuvo de acuerdo con el porcentaje
fijado e impugnó tal calificación ante las Juntas de Calificación de Invalidez.[101]
A partir de lo anterior se infiere que la decisión adoptada por la administradora
de riesgos profesionales en cuanto al porcentaje de pérdida de capacidad
laboral de la demandante no es definitiva y al expediente no fueron allegados
los dictámenes finales, por cuanto al parecer estos no habían sido expedidos.
9.3.10.
Por las consideraciones expuestas, la
Sala Primera de Revisión revocará el fallo proferido en segunda instancia por
el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bogotá el 5 de mayo de 2010 que negó
el amparo y confirmará el proferido por el Juzgado Veintitrés Civil Municipal
de Bogotá, adicionando la orden en los siguientes términos: Se declarará que el
despido se torna ineficaz porque la actora estaba sujeta a una verdadera
relación de subordinación y dependencia, de tal manera que su vinculación a la
Cooperativa no tenía la naturaleza que pretendió dársele, mediante un contrato
al parecer simulado. Por ello la Cooperativa de Trabajo Asociado Cooperando,
deberá sujetar a la normatividad laboral ordinaria, en este caso, ya que la
relación que estableció con la actora es de un vínculo laboral, con las
características propias de un contrato de trabajo. En consecuencia, se ordenará
al representante legal de tal Cooperativa que dentro de las 48 horas siguientes
a la notificación de la presente decisión, si aún no lo ha hecho, efectúe la
reubicación laboral de la señora María Cenayda Sepúlveda Córdoba, en un trabajo
igual o superior al que venía desempeñando cuando se le despidió, o a uno
acorde con su estado de salud. En tal sentido, Cooperando le dará la primera
opción laboral que surja como resultado de la ejecución de cualquier contrato
de prestación de servicio o de trabajo asociado celebrado entre la cooperativa
y otra persona natural o jurídica, y en caso de no existir dichos contratos, deberá
contratarla dentro de la misma cooperativa.
Así
mismo, dentro del mismo término, la Cooperativa de Trabajo Asociado Cooperando
deberá afiliar a María Cenayda Sepúlveda Córdoba al Sistema de Seguridad Social
Integral, a fin de que esta reciba la atención médica que necesita para la
recuperación de su estado de salud. El Fondo Rotatorio del Ejército Nacional
(tercero contratante) y la Cooperativa de Trabajo Asociado Cooperando
responderán solidariamente. En consecuencia reconocerán la sanción impuesta a
que hace referencia el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y cancelarán las compensaciones
y prestaciones sociales causadas y no pagadas desde el momento en que la
accionante fue desvinculada de sus labores hasta cuando se haga efectivo el
reintegro, así como los aportes a la seguridad social correspondientes a salud
y pensión.
9.4.
Expediente T-2749545
9.4.1.
Ricaurte de Jesús Arango Valencia interpuso acción de tutela contra Ladrillera
Delta S. en C.A., por considerar que esta empresa le vulneró sus derechos
fundamentales al mínimo vital y a la vida en condiciones dignas, al despedirlo
sin justa causa, estando incapacitado y sin que mediara autorización del
Ministerio de la Protección Social.
9.4.2.
El representante legal de la Ladrillera Delta S. en C.A. manifestó que (i) el
último contrato a término fijo suscrito con el demandante tuvo una vigencia de
un año, comprendido entre el 8 de marzo de 2009 y el 8 de marzo de 2010, (ii)
no existió ningún despido, sino la terminación del contrato laboral suscrito
por las partes por vencimiento del plazo pactado, (iii) en las fechas de
entrega del preaviso (25 de enero de 2010) y de liquidación definitiva de las
prestaciones sociales (13 de marzo de 2010) el actor no se encontraba
incapacitado, (iv) como el trabajador se encontraba incapacitado para la fecha
de expiración del término del contrato (8 de marzo de 2010), se esperó hasta el
13 de marzo de 2010 para darlo por terminado y se le cancelaron salarios hasta
el 20 de abril del mismo año.
9.4.3
En sentencias proferidas el 3 de mayo y el 24 de junio de 2010, los Jueces
Veinte Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Medellín y
Noveno Penal del Circuito de la misma ciudad declararon la improcedencia de la
acción de tutela, considerando la existencia de otros mecanismos ordinarios de
defensa judicial de los derechos invocados por el actor.
9.4.4
Al igual que en los casos anteriormente expuestos, le corresponde a la Sala determinar:
(i) si en este evento procede la acción de tutela como mecanismo de amparo de
los derechos presuntamente conculcados, y (ii) si la empresa Ladrillera Delta
S. en C.A. le vulneró al accionante sus derechos al mínimo vital, a la vida
digna o algún otro derecho fundamental y por qué razones.
9.4.5
Una vez analizado el material
probatorio que obra en el expediente, se advierte que en este caso resulta
procedente la acción de tutela como mecanismo de amparo de los derechos
invocados por el actor, debido a que está demostrado que desde el 8 de marzo de
2004 se vinculó a la empresa demandada[102] y que al menos desde el
mes de enero de 2005 presentó afecciones en su estado de salud, lo que posteriormente
le generó un diagnóstico de “Cervicobraquialgia originada en una discopatía
cervical de dos niveles C4-C5 y C5-C6 con formación de osteofitos a nivel
anterior y posterior de sus cuerpos vertebrales con obturación de la emergencia
radicular en ambos lados”[103],
circunstancia que lo sitúa en una condición de vulnerabilidad y lo hace
sujeto de especial protección constitucional.
Las
incapacidades laborales del accionante, relacionadas con la patología antes
descrita, se resumen de la siguiente manera[104]:
Fecha de Inicio
Fecha Fin
Días
Diagnóstico
10 de enero de 2005
14 de enero de 2005
5
Lumbago no especificado
15 de enero de 2005
24 de enero de 2005
10
Lumbago no especificado
25 de enero de 2005
26 de enero de 2005
2
Lumbago no especificado
27 de enero de 2005
15 de febrero de 2005
20
Lumbago no especificado
24 de diciembre de 2009
28 de diciembre de 2009
5
Lumbago no especificado
5 de enero de 2010
7 de enero de 2010
3
Lumbago con ciática
22 de febrero de 2010
1 de marzo de 2010
8
Enfermedad general
2 de marzo de 2010
9 de marzo de 2010
8
Enfermedad general
10 de marzo de 2010
13 de marzo de 2010
4
Enfermedad general
14 de marzo de 2010
12 de abril de 2010
30
Enfermedad general
13 de abril de 2010
20 de abril de 2010
8
Enfermedad general
22 de abril de 2010
11 de mayo de 2010
20
Enfermedad general
En
el escrito de contestación de la demanda el representante legal de la
Ladrillera Delta S. en C.A. afirmó que: (i) el último contrato a término fijo
suscrito con el demandante tuvo vigencia hasta el 8 de marzo de 2010, (ii) el
preaviso de terminación del contrato le fue comunicado el 25 de enero de 2010[105]
y (iii) como el trabajador se encontraba incapacitado para la fecha de
expiración del término del contrato (8 de marzo de 2010), se esperó hasta el 13
de marzo de 2010 para darlo por terminado.
A
partir de la anterior información, observa la Sala que tanto para la fecha de
expiración del plazo del contrato (8 de marzo de 2010) como para la de
desvinculación definitiva del trabajador (13 de marzo de 2010), el señor Arango
Valencia se encontraba incapacitado laboralmente.
Ahora,
si bien para el momento en que le fue comunicado el preaviso para la
terminación de su contrato laboral (25 de enero de 2010) el accionante no se
encontraba incapacitado, lo cierto es que los antecedentes médicos de su
enfermedad se remontan al año 2005, por lo que no resultan de recibo los
argumentos del Juez de Segunda instancia en relación con el desconocimiento de
la patología por parte del empleador ni con la evidencia clínica de la misma
desde febrero de 2010, con posterioridad al preaviso. Vale decir, el deterioro
de la salud del demandante es una circunstancia antecedente a la decisión de su
empleador de dar por terminado el contrato de trabajo.
Las
múltiples incapacidades médicas del actor fueron autorizadas por la EPS
Saludtotal, a partir de lo cual se infiere que el empleador las conocía y, a
pesar de ello, decidió dar por terminado el contrato de trabajo del demandante,
desconociendo su situación de debilidad manifiesta.
En
este contexto, fluye evidente una relación de causalidad entre las deficientes
condiciones de salud del trabajador demandante y su desvinculación, lo que
deriva en la existencia de un trato discriminatorio en su contra por parte del
empleador.
Sumado
a lo anterior, en este caso, la tutela resulta procedente para evitar un
perjuicio irremediable al accionante con ocasión de su despido, pues, como se
menciona en la demanda, es
padre cabeza de familia, con tres hijos a su cargo y ha tenido necesidad de
endeudarse para cumplir con sus obligaciones, afirmaciones que no fueron
desvirtuadas por la empresa demandada. Además, está claro que requiere el pago
de los aportes a la seguridad social para continuar con el tratamiento de su
enfermedad.
9.4.6
Teniendo por sentado que la terminación del contrato de trabajo del demandante
se dio en razón de su deficiente estado físico, para proceder a su retiro el
empleador ha debido dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 26 de la Ley 361
de 1997, vale decir, solicitar autorización previa al Ministerio de la
Protección Social. Ninguna de las pruebas que obra en el expediente da cuenta
del cumplimiento de esta exigencia por parte de la empresa Ladrillera Delta S.
en C.A., ni del pago de la indemnización contemplada en el inciso segundo de la
norma citada, equivalente a 180 días de salario, sin perjuicio de las demás
prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar.
Así
las cosas, se reitera, en este caso se dan las condiciones para presumir que la
terminación del contrato de trabajo del accionante tuvo como causa su situación
de salud y el empleador no aportó ninguna prueba que permita desvirtuar tal
presunción.
9.4.7
En conclusión, en este asunto se configura la violación de los derechos
fundamentales a la estabilidad laboral
reforzada, al mínimo vital y a la seguridad social en salud del accionante, por las siguientes razones:  (i) lo
desvincularon encontrándose incapacitado laboralmente, (ii) el empleador dio
por terminado su contrato de trabajo, sin considerar el estado de salud del
actor y sin solicitar autorización previa al Ministerio de la Protección
Social, como lo exige el art. 26 de la Ley 361 de 1997, y (iii) la empresa
demandada no logró desvirtuar probatoriamente la presunción de despido
discriminatorio de que fue objeto el demandante.
9.4.8
Por las consideraciones expuestas, la
Sala Primera de Revisión revocará las sentencias proferidas en primera y segunda
instancia por los Juzgados Veinte Penal Municipal con Funciones de Control de
Garantías de Medellín y Noveno Penal del Circuito de la misma ciudad el 3 de
mayo y 24 de junio de 2010, que negaron el amparo aduciendo la improcedencia de
la acción de tutela, considerando la existencia de otros mecanismos ordinarios
de defensa judicial, y, en su lugar, concederá la tutela de los derechos
fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, al mínimo vital y a la
seguridad social en salud de Ricaurte de Jesús Arango Valencia y declarará la ineficacia
de la terminación de su contrato de trabajo.
En
consecuencia, ordenará a la empresa Ladrillera Delta S. en C.A. que dentro de
las 48 horas siguientes a la notificación de la presente decisión, reintegre al
accionante al cargo que venía desempeñando al momento del despido o a otro de
igual o superior jerarquía, acorde con sus actuales condiciones de salud, de
acuerdo con lo prescrito por su médico tratante. Ordenará además que se pague
al accionante la sanción impuesta, a que hace referencia el inciso segundo del
artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y cancele todos los salarios y prestaciones
sociales dejados de percibir, así como los aportes a la seguridad social
correspondientes a salud y pensiones, desde el momento en que fue desvinculado
de sus labores, hasta cuando se haga efectivo el reintegro en la empresa
citada.
9.5. Expediente
T-2750708
9.5.1.
El Secretario de Educación de Cundinamarca desvinculó del servicio público a
Julia Patricia Molina Silva, a causa de que esta última permaneció incapacitada
durante más de 180 días. De acuerdo con la Secretaría de Educación de
Cundinamarca, esa decisión era legítima pues según el artículo 32 del Decreto
1848 de 1969, “[c]uando la incapacidad para trabajar, ocasionada por
enfermedad no profesional y accidente de trabajo, sobrepase del término de
ciento ochenta (180) días, el empleado oficial podrá ser retirado del servicio
con fundamento en dicha causal, sin perjuicio de las prestaciones e indemnizaciones
a que tenga derecho con sujeción a las normas legales pertinentes”. Para la
demandante, empero, esa causal no debió hacerse efectiva en la fecha en que la
Secretaría decidió desvincularla, pues justo en esa época aún estaba en trámite
la solicitud de reconocimiento de pensión de invalidez, que ella había
formulado ante el ISS tan pronto se enteró de que tenía una pérdida de
capacidad laboral  del 61.40%. Por eso, lo que solicita es que se la reintegre
al servicio, hasta tanto se le reconozca la pensión de invalidez, y se la
incluya dentro de la nómina de pensionados.
La
Sala debe entonces decidir si la demandante tiene derecho al reintegro, en un
caso con estas características.
9.5.2.
Nótese que la desvinculación de la demandante se produjo porque permaneció
incapacitada por un término superior a 180 días, y con fundamento en que esa
circunstancia justificaba su retiro del servicio de acuerdo con la facultad que
según se dijo en el acto administrativo de desvinculación,  le confiere a la
administración el Decreto 1848 de 1969 en su artículo 32.[106]
9.5.3.
Si bien el artículo 32 del Decreto reglamentario 1848 de 1969 fue declarado
nulo por la Sección Segunda del Consejo de Estado, lo cierto es que la norma
objeto de reglamentación, que es el artículo 18, parágrafo único, del Decreto
ley 3135 de 1968, efectivamente le ordena a la administración pública
nacional,  retirar a los trabajadores o empleados cuando estén sometidos a una
incapacidad que exceda los ciento ochenta (180) días. De hecho, fue justamente
el sentido del artículo 18, parágrafo, del Decreto ley 3135 de 1968 el que
condujo al Consejo de Estado a declarar nula la disposición invocada por el
Departamento de Cundinamarca para desvincular del servicio a la tutelante; es decir,
a anular el artículo 32 del Decreto 1848 de 1969.  En efecto, esa Corporación,
declaró nulo este último precepto porque estaba contenido en el Decreto 1848 de
1969, que decía ser reglamentario del Decreto ley 3135 de 1968, y sin embargo
contradecía lo dispuesto en este último.  Así, lo que encontró la Sección
Segunda fue que mientras el Decreto ley 3135 de 1968 decía en su artículo 18,
parágrafo,  que cuando la incapacidad excediera de ciento ochenta (180) días,
el empleado o trabajador debía ser retirado del servicio (“será
retirado del servicio”), en contraste el artículo 32 del Decreto 1848 de
1969  establecía que en esa misma hipótesis el empleado oficial  podía ser
retirado del servicio (“podrá ser retirado”). Así las cosas, el
Consejo de Estado encontró una contradicción, porque la norma reglamentada
caracterizaba al retiro del servicio en esas hipótesis como una obligación, la
norma reglamentaria la caracterizaba como una facultad, que podía ejercerse o
no. Dijo, entonces:
“[e]l
primer concepto de violación que expone la parte demandante se relaciona con el
precepto 32 demandado por haber alterado los mandatos del literal b) del
parágrafo del artículo 18 del Decreto reglamentado. || Es acertado el criterio
del demandante cuando afirma que si el mandato con fuerza legal obliga el
retiro del empleado cuya capacidad laboral exceda de 180 días, el reglamento en
su parte pertinente alteró aquel precepto al cambiar esa obligación por una
facultad para retirarlo, lo cual es precisamente una figura jurídica contraria.
|| Y efectivamente no se obtiene el mismo resultado con el mandato legal que
emplea la modalidad verbal ‘será retirado’ que con la del reglamento ‘podrá
ser retirado’. || Esta petición debe, consecuencialmente, prosperar”.
9.5.4
De modo que aún está vigente la norma con fuerza de ley que le ordena a la
administración pública desvincular a los servidores públicos del servicio,
cuando estén sujetos a incapacidades que superen los ciento ochenta (180) días.
Y la Sala no cree que esa norma sea inconstitucional en cuanto tal, porque de
hecho la Corte Constitucional declaró exequible un precepto muy similar,
contenido en el Código Sustantivo del Trabajo: el artículo 62, numeral 15,
literal a). Esta disposición decía expresamente que podía tenerse como una
justa causa de terminación del contrato de trabajo cualquier enfermedad o lesión
“que incapacite [al empleado] para el trabajo, [y] cuya curación
no haya sido posible durante ciento ochenta (180) días”, y la Corporación
la  declaró exequible pura y simplemente en la sentencia C-079 de 1996.[107]
Así las cosas, en abstracto, la norma en cuanto tal no infringe la Constitución.
9.5.5
Con todo, en su aplicación sí pueden menoscabarse algunos derechos
fundamentales del trabajador. Por eso, específicamente en el ámbito de las
relaciones laborales reguladas por el Código Sustantivo del Trabajo, esta Corte
ha señalado que aunque es constitucional la causal de desvinculación del
trabajador por incapacidades superiores a 180 días, su aplicación a los casos
concretos es inconstitucional cuando se produce mecánicamente y sin adelantar
ciertos actos encaminados a respetar el derecho fundamental del trabajador a
contar con una “estabilidad laboral reforzada”.[108]  Por lo tanto,
para hacer efectiva esa causal, deben respetarse todos los derechos que
conforman la garantía de contar con una estabilidad laboral reforzada; es
decir, el derecho a “la estabilidad en el empleo” (art. 53, C.P.);[109]
el derecho a que el Estado adelante una política de “integración social” a
favor de aquellos que pueden considerarse “disminuidos físicos, sensoriales
y síquicos” (art. 47, C.P.);[110]
el derecho que tienen todas las personas que “se encuentren en
circunstancias de debilidad manifiesta” a ser protegidas “especialmente”,
con miras a promover  las condiciones que hagan posible una igualdad “real y
efectiva” (art. 13, C.P);[111]
y el derecho a ser tratado “conforme al principio de solidaridad social”,
ante eventos que supongan peligro para la salud física o mental de las personas
(art. 95, C.P.).[112]
9.5.6
Así las cosas, la Corte Constitucional ha sostenido que para hacer efectiva la
causal de terminación del contrato laboral establecida en el artículo el
artículo 62, numeral 15, literal a), del Código Sustantivo del Trabajo, no
basta con verificar que el trabajador esté sometido a incapacidades que superen
los 180 días. Esa causal de desvinculación laboral sólo es aplicada
legítimamente, cuando se dan las siguientes tres condiciones: (i) las
incapacidades del empleado superan los 180 días,[113] (ii)
el empleador prueba que acompañó al trabajador en el trámite de solicitud
de la pensión de invalidez hasta que esta se resolvió (calificación y decisión);[114]
y (iii) que después de la decisión de la AFP efectuó los movimientos de
personal y a) no pudo reubicar al trabajador, o b) podía reubicarlo pero con
riesgo para su integridad o en un cargo que no puede cumplir.[115] Si
prueba estos tres elementos, previos a la terminación del contrato laboral del
empleado, entonces puede considerarse que lo desvinculó con justa causa. De lo
contrario, habrá que considerar que lo discriminó por sus condiciones físicas,
síquicas o sensoriales, y que le violó su derecho a la estabilidad laboral
reforzada.
9.5.7
Ahora bien, no cree esta Sala que esas consideraciones sean legítimas sólo para
las relaciones laborales reguladas por el Código Sustantivo del Trabajo, porque
en últimas con ellas lo que se busca es que a un trabajador o empleado no se le
termine su relación de trabajo o su vínculo laboral sólo por tener una
disminución física, síquica o sensorial que le ha ocasionado un número definido
de incapacidades. La Constitución ordena proteger especialmente a estas
personas, y la Corte ha concluido que un modo de hacerlo es reforzando su
estabilidad en el empleo. Ese reforzamiento se traduce, no en que a las
personas con disminuciones físicas síquicas o sensoriales no se les pueda
terminar su vinculación laboral, sino en que sólo es válida su desvinculación
cuando se cumplen determinadas condiciones constitucionales, aceptables según
el caso. Y cuando lo que se aduce como causal para terminar la relación o el
vínculo es el sometimiento del trabajador a incapacidades superiores a 180
días, es válido asumir que esas condiciones constitucionales indispensables
para desvincular al empleado sean las mismas que se exigen para hacer efectiva
esa misma causal en el contexto de las relaciones laborales reglamentadas por
el Código Sustantivo del Trabajo.
9.5.8
Teniendo en cuenta lo anterior, en este caso la Sala cree que se le violó a la
tutelante su derecho a la estabilidad laboral reforzada. Para empezar, porque de las pruebas
allegadas al proceso se deriva que en este caso procede la acción de tutela
como mecanismo de amparo de los derechos invocados por la accionante, debido a
que está demostrado que el 26 de enero de 2010 el Instituto de Seguros Sociales
le dictaminó una pérdida de capacidad laboral del 61,4%, en virtud de un
diagnóstico de “MIOPATIA MITOCONDRIAL”, que le generó disminución de la
fuerza con limitación de la marcha y los movimientos[116], circunstancia
que la sitúa en una condición de vulnerabilidad y la hace sujeto de especial
protección constitucional. Pero, además, porque la entidad estatal la
desvinculó del servicio no sólo a pesar de su disminución física[117],
sino sobre todo precisamente por sus condiciones de salud.
9.5.9
Ciertamente, invocó las condiciones de salud de la peticionaria porque estimó
que ellas eran suficientes para desvincularla de acuerdo con la ley. Y en
efecto la ley dice que la administración pública debe retirar del servicio a
los empleados o trabajadores que estén sometidos a incapacidades superiores a
los 180 días. No obstante, como antes se mencionó, para que la aplicación de
esta orden no sea contraria a la Constitución, y con el fin de demostrar que el
trabajador o empleado no ha sido discriminado, la administración debe probar
esa circunstancia; es decir, que (i) las incapacidades del empleado superaron los 180 días.
Pero, además, debe acreditar (ii) que acompañó al trabajador en el
trámite de solicitud de la pensión de invalidez hasta que esta se
resolvió (calificación y decisión); y (iii) que después de la decisión
de la AFP efectuó los movimientos de personal y a) no pudo reubicar al
trabajador, o b) podía reubicarlo pero con riesgo para su integridad o en un
cargo que no puede cumplir. En este caso, sin embargo, la Secretaría de
Educación de Cundinamarca no acreditó haber cumplido ni con la segunda ni con
la tercera condición.  Por consiguiente, la Sala tutelará el derecho de la
peticionaria a la estabilidad laboral reforzada.
9.5.10
Por las consideraciones expuestas, la
Sala Primera de Revisión revocará el fallo proferido en segunda instancia por la
Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 30 de junio
de 2010, que resolvió revocar parcialmente la sentencia de 12 de mayo de 2010,
proferida por el Juzgado Veintiuno Civil del Circuito de Bogotá, y en su lugar concederá
la tutela del derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada de Julia
Patricia Molina Silva. Para proteger este derecho dejará sin efectos la
Resolución No. 002393 de 14 de abril de 2010, mediante la cual se dispuso su
retiro del servicio, y ordenará el reintegro de la accionante al cargo que
desempeñaba al momento de su retiro, o a uno de similar jerarquía, en razón a
su condición de sujeto de especial protección constitucional. Si no puede
reintegrarse al servicio por sus condiciones de salud, se advertirá a la
Secretaría de Educación del Distrito, que sólo puede retirarla del servicio, si
reúne tres condiciones: (i) si las incapacidades de la empleada superan
los 180 días,[118]
(ii) si la entidad la acompaña en el trámite de solicitud de la pensión
de invalidez hasta que esta se resuelva (calificación y decisión);[119]
y (iii) si después de la decisión de la AFP efectúa los movimientos de
personal y a) no puede reubicarla, o b) puede reubicarla pero con riesgo para
su integridad o en un cargo que no puede cumplir. En caso contrario, la
utilización de esa causal para retirarla del servicio debe considerarse
contraria a la Constitución.
9.6.
Expediente T-2750112
9.6.1.
Luz Elena Ibarguen Gómez interpuso acción de tutela contra la Parroquia San
Rafael Arcángel, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – Regional Chocó
y la ONG Abraham Lincon, al considerar que dichas entidades vulneraron sus
derechos al trabajo y a la estabilidad laboral reforzada, por haber terminado
su contrato de trabajo pese a encontrarse en estado de embarazo.
9.6.2.
Respuesta de las entidades demandadas.
9.6.2.1.
El apoderado judicial de la Corporación Abraham Lincoln presentó escrito de
contestación argumentando que: (i) a partir del año 2010 la responsabilidad y
administración del Hogar Infantil Perlas del Pacífico fue asignada a dicha
entidad por parte del ICBF – Regional Chocó, en virtud del contrato de aporte
No. 091 de 4 de enero de 2010, (ii) cuando la Corporación Abraham Lincoln
asumió la administración del Hogar Infantil el contrato laboral a término fijo
de la actora ya había terminado y (iii) entre la Corporación Abraham Lincoln y la
demandante nunca ha existido relación laboral.
9.6.2.2.
Por su parte, el Director del ICBF – Regional Chocó argumentó que: (i) esa
entidad está facultada para celebrar contratos de aportes con el objetivo de
prestar el servicio público de bienestar familiar, mediante la provisión de los
bienes y recursos indispensables para la prestación de dicho servicio a una
institución de utilidad pública o social, (ii) en virtud de lo anterior, se
celebró el contrato No. 101 de 2009 con la Parroquia San Rafael Arcángel, (iii)
el contrato de trabajo de la demandante fue celebrado de manera directa con la
Parroquia San Rafael Arcángel, por lo que no se generó vínculo laboral alguno
entre ella y el ICBF.
9.6.2.3.
La Parroquia San Rafael Arcángel no presentó escrito de contestación.
9.6.3.
Mediante sentencia de fecha 27 de abril de 2010, el Juzgado Promiscuo Municipal
del Bajo Baudó – Pizarro con funciones de control de garantías decidió amparar
los derechos fundamentales de la accionante y ordenó al representante legal de la
Corporación Abraham Lincoln restablecer la situación contractual que estaba
desarrollando u otra de igual o superior categoría en el Hogar Infantil Perlas
del Pacífico, y hacer efectivos los salarios dejados de percibir por la actora
por causa del despido injustificado de que fue objeto. Esta decisión fue
revocada por el Juzgado Civil del Circuito de Itsmina, aduciendo que “la
protección a la maternidad reforzada que implicó la relación laboral surgida
entre la señora Luz Elena Ibarguen y  la Parroquia San Rafael, no se extendía
más allá del término contractual entre ésta y el Bienestar Familiar, es decir,
al escindirse el contrato entre la entidad religiosa y para el caso el Estado,
corrió con la misma suerte, el vínculo laboral entre la tutelante y el
empleador”[120].
9.6.4
Con el material probatorio que obra en el expediente, se demostraron los
siguientes hechos: (i) El 27 de enero de 2009 el ICBF – Regional Chocó y la
Parroquia San Rafael Arcángel celebraron el contrato de aporte No. 101, con el
objeto de “Brindar atención integral a niños y niñas entre los seis (6)
meses y hasta menores de los cinco (5) años de edad, con vulnerabilidad
económica y social, prioritariamente a quienes por razones de trabajo de sus
padres o adulto responsable de su cuidado personal permanecen solos
temporalmente y a los hijos de familias en situación de desplazamiento”[121];
(ii) a su vez y para ejecutar el contrato de aporte, la Parroquia San
Rafael Arcángel celebró contrato individual de trabajo a término fijo con la
demandante, para desempeñar el oficio de jardinera en el Hogar Infantil “Perlas
del Pacífico” entre el 2 de febrero y el 31 de diciembre de 2009, con un
salario mensual de $517.839[122];
(iii) el 9 de noviembre de 2009 el representante legal de la Parroquia San
Rafael Arcángel le comunicó a la actora que su contrato de trabajo terminaría
el 31 de diciembre siguiente y no sería renovado[123]; (iv) el
27 de noviembre de 2009 un médico de la E.S.E. Salud Chocó confirmó el estado
de embarazo de la señora Ibarguen Gómez[124], situación que ella le
comunicó de manera verbal a la Coordinadora del Hogar Infantil el 27 de
noviembre de 2009 y por escrito el 18 de enero de 2010[125]; (v) el
4 de enero de 2010 el ICBF – Regional Chocó y la Corporación Abraham Lincoln
celebraron el contrato de aporte No. 091, con idéntico objetivo al pactado con la
Parroquia San Rafael Arcángel para el año 2009[126].
Así
las cosas, la Sala encuentra plenamente establecido que en el momento que el representante
legal de la Parroquia San Rafael Arcángel dio por terminado el contrato de
trabajo de la señora Luz Elena Ibarguen Gómez ésta se encontraba en estado de
embarazo, es decir, dentro del período amparado por el “fuero de maternidad”.
Así
mismo, se evidenció que la desvinculación de la accionante se llevo a cabo sin
obtener la autorización correspondiente de la autoridad laboral, toda vez que
al expediente no se allegó ninguna prueba que demuestre lo contrario, incumpliendo
de esta manera los requisitos establecidos en la ley, claramente señalados en
la jurisprudencia constitucional referida en el cuerpo de esta providencia.
La
afectación del mínimo vital de la actora se establece con las manifestaciones
hechas en su demanda de tutela, en la que se afirma que el salario era su único
medio de subsistencia.
Aunque,
como quedó visto, a partir de la sentencia T-095 de 2008 el requisito
consistente en que a la fecha del despido el empleador conociera o debiera
conocer la existencia del estado de gravidez dió paso a que en cada caso se
verifiquen las circunstancias particulares, lo cierto es que en este asunto se
demostró que el estado de embarazo de la demandante fue comunicado de manera
verbal a la Coordinadora del Hogar Infantil “Perlas del Pacífico” el 27 de
noviembre de 2009, antes de la expiración del término de vigencia del contrato
de trabajo (31 de diciembre de 2009).
Es
evidente que la causa de la terminación y no renovación del contrato de trabajo
a la señora Ibarguen Gómez fue su estado de embarazo, pues en las declaraciones
rendidas ante el Juzgado Promiscuo Municipal del Bajo Baudó – Pizarro con
funciones de control de garantías, el representante legal y la Coordinadora del
Hogar Infantil dijeron que su desempeño laboral era bueno, que era responsable
y cumplía con el horario[127].
Adicionalmente, también se probó que la materia y las causas que originaron el
contrato de trabajo de la demandante no desaparecieron, pues ello se infiere
del objeto de los contratos de aporte que el ICBF celebró durante los años 2009
y 2010, en su orden, con la Parroquia San Rafael Arcángel y con la Corporación Abraham
Lincoln, entidad que sucedió a la Parroquia en el desarrollo de la política de
fortalecimiento de la integración y el desarrollo armónico de la familia, así
como de la necesidad de dar continuidad a la prestación del servicio público de
bienestar familiar.
9.6.5.
Por las consideraciones expuestas, la
Sala Primera de Revisión revocará el fallo proferido en segunda instancia por el
Juzgado Civil del Circuito de Itsmina el 11 de junio de 2010 y su adición de
fecha 16 de junio del mismo año, que resolvió revocar parcialmente la sentencia
de 27 de abril de 2010, proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Bajo
Baudó – Pizarro con Funciones de Control de Garantías, y en su lugar, confirmará
parcialmente tal sentencia en cuanto concedió la tutela de los derechos
fundamentales al trabajo, a la estabilidad laboral reforzada y al mínimo vital
de Luz Elena Ibarguen Gómez, y revocará la atinente a la orden de
restablecimiento de la situación contractual de la accionante, a través de la
Corporación Abraham Lincon, para en su lugar ordenar que el ICBF dentro de las
48 horas siguientes a la notificación de la presente decisión, reconozca y
pague el monto correspondiente a la licencia de maternidad que le corresponde a
la señora Luz Elena Ibarguen Gómez y disponga lo pertinente para darle a la
actora, la primera opción laboral, para la cual sea idónea, que surja como
resultado de la ejecución de cualquier contrato de aportes celebrado entre el
ICBF y otra persona jurídica, con el objetivo de ejecutar un programa de los
que corresponden a la entidad.
III.    DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- REVOCAR el fallo proferido por el Juzgado Diecinueve
Civil del Circuito de Bogotá el 21 de mayo del mismo año que negó el amparo a
la señora Claudia Caviedes Pinilla, y en su lugar, CONFIRMAR la sentencia de 30
de abril de 2010, proferida por el Juzgado Veintidós Civil Municipal de Bogotá que
tuteló los derechos fundamentales de la actora, ordenando su reintegro y
reubicación a un cargo de acuerdo a sus condiciones de salud.
Segundo.- ORDENAR a la empresa Teledatos Zona Franca S.A. que
dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la presente decisión, reintegre
a la accionante, si aún no lo ha hecho, al cargo que venía desempeñando al
momento del despido o a otro igual o superior, acorde con sus actuales
condiciones de salud, de acuerdo con lo prescrito por su médico tratante; le
pague la sanción impuesta, a que hace referencia el inciso segundo del artículo
26 de la Ley 361 de 1997 y le cancele todos los salarios y prestaciones
sociales dejados de percibir, así como los aportes a la seguridad social integral,
desde el momento en que fue desvinculada de sus labores, hasta cuando se haga
efectivo el reintegro en la empresa citada.
Tercero.- CONFIRMAR las
sentencias proferidas el 18 de marzo y el 13 de mayo de 2010 por los Jueces
Promiscuo Municipal de Sibaté y Primero Civil del Circuito de Soacha, por las
razones expuestas en esta providencia. En consecuencia, NEGAR el amparo
solicitado y las pretensiones incoadas por el señor Luis Fernando González
Malaver.
Cuarto.- REVOCAR la sentencia proferida el 5 de mayo de 2010 por el Juzgado
Segundo Civil del Circuito de Bogotá y CONFIRMAR el fallo del Juzgado
Veintitrés Civil Municipal de la misma ciudad que concedió el amparo a los
derechos fundamentales de María Cenayda Sepúlveda Córdoba.
Quinto.- ORDENAR al representante legal de la Cooperativa de
Trabajo Asociado Cooperando que dentro de las 48 horas siguientes a la
notificación de la presente decisión, si aún no lo ha hecho, efectúe la
reubicación laboral de la señora María Cenayda Sepúlveda Córdoba, en un trabajo
igual o superior al que venía desempeñando, acorde con su estado de salud, y
conforme a las prescripciones de su médico tratante. En tal sentido, Cooperando
le dará la primera opción laboral que surja como resultado de la ejecución de
cualquier contrato de prestación de servicio o de trabajo asociado celebrado
entre la cooperativa y otra persona natural o jurídica, y en caso de no existir
dichos contratos, deberá contratarla dentro de la misma cooperativa.
Dentro
de igual término, la Cooperativa de Trabajo Asociado Cooperando deberá afiliar
a María Cenayda Sepúlveda Córdoba al Sistema de Seguridad Social Integral, a
fin de que esta reciba la atención médica que necesita para la recuperación de
su estado de salud. El Fondo Rotatorio del Ejército Nacional (tercero
contratante) y la Cooperativa de Trabajo Asociado Cooperando responderán
solidariamente. En consecuencia reconocerán la sanción impuesta a que hace
referencia el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y cancelarán las compensaciones
y prestaciones sociales causadas y no pagadas desde el momento en que la
accionante fue desvinculada de sus labores hasta cuando se haga efectivo el
reintegro, así como los aportes a la seguridad social correspondientes a salud
y pensión.
Sexto.- REVOCAR la sentencia del 24 de junio de 2010, proferida
por el Juzgado Noveno Penal del Circuito de Medellín, que confirmó el fallo del
3 de mayo del mismo año, expedido por el Juzgado Veinte Penal Municipal con
Funciones de Control de Garantías de la misma ciudad. En su lugar, CONCEDER la
tutela de los derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, al mínimo
vital y a la seguridad social en salud del señor Ricaurte de Jesús Arango
Valencia.
Séptimo.- ORDENAR a la
empresa Ladrillera Delta S. en C.A. que
dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la presente decisión,
reintegre al señor Ricaurte de Jesús Arango Valencia al cargo que venía
desempeñando al momento del despido o a otro de igual o superior jerarquía,
acorde con sus actuales condiciones de salud, de acuerdo con lo prescrito por
su médico tratante; le pague la sanción impuesta, a que hace referencia el
inciso segundo del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y le cancele todos los
salarios y prestaciones sociales dejados de percibir, así como los aportes a la
seguridad social correspondientes a salud y pensiones, desde el momento en que
fue desvinculado de sus labores, hasta cuando se haga efectivo el reintegro en
la empresa citada.
Octavo.- REVOCAR la sentencia
proferida el 30 de junio de 2010 por la  Sala Civil del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, que resolvió revocar la sentencia de 12 de mayo de
2010, proferida por el Juzgado Veintiuno Civil del Circuito de la misma ciudad.
En su lugar, CONCEDER LA TUTELA del derecho a la estabilidad laboral reforzada
de la señora Julia Patricia Molina Silva.
Noveno.- DEJAR SIN EFECTOS la
Resolución No. 002393 de 14 de abril de 2010, mediante la cual se dispuso el
retiro del servicio de la señora Julia Patricia Molina Silva.
Décimo.- ORDENAR al
Secretario de Educación del Departamento de Cundinamarca que proceda a efectuar
las actuaciones encaminadas reintegrar a la señora  Julia Patricia Molina Silva
al cargo que desempeñaba al momento de su retiro del servicio, o a uno de
similar jerarquía, en razón a su condición de sujeto de especial protección
constitucional. El reintegro deberá hacerse a más tardar dentro de los cinco
(5) días siguientes a la notificación de la presente decisión.
Décimo primero.- ADVERTIR al
Secretario de Educación del Departamento de Cundinamarca que para retirar del
servicio a la señora Julia Patricia Molina Silva con fundamento en el artículo
18, parágrafo, del Decreto ley 3135 de 1968, debe reunir tres condiciones: (i)
las incapacidades de la empleada deben superar los 180 días,[128]
(ii) la entidad debe acompañarla en el trámite de solicitud de la
pensión de invalidez hasta que esta se resuelva (calificación y
decisión); y (iii) debe acreditar que después de la decisión de la
AFP efectuó los movimientos de personal y a) no pudo reubicarla, o b) pudo reubicarla
pero con riesgo para su integridad o en un cargo que no podía cumplir. En caso
contrario, la utilización de esa causal para retirarla del servicio debe
considerarse contraria a la Constitución.
Décimo segundo.- REVOCAR la
sentencia proferida el 11 de junio de 2010 por el Juzgado Civil del Circuito de
Itsmina y su adición de fecha 16 de junio del mismo año, que resolvió revocar
la sentencia de 27 de abril de 2010, proferida por el Juzgado Promiscuo
Municipal de Bajo Baudó – Pizarro con Funciones de Control de Garantías, y en
su lugar, CONFIRMAR parcialmente esta sentencia, en cuanto concedió el amparo, tutelando
los derechos fundamentales al trabajo, a la estabilidad laboral reforzada y al
mínimo vital de la señora Luz Elena Ibarguen Gómez.
Décimo tercero.- REVOCAR la
orden impartida en la sentencia del 27 de abril de 2010, proferida por el
Juzgado Promiscuo Municipal del Bajo Baudó-Pizarro con Funciones de Control de
Garantías, en cuanto ordenó al representante Legal de la Corporación Abraham
Lincon, restablecer la situación contractual que desarrollaba la actora a otra
de igual o superior categoría, para en su lugar ORDENAR que el ICBF dentro de
las 48 horas siguientes a la notificación de la presente decisión, reconozca y
pague el monto correspondiente a la licencia de maternidad que le corresponde a
la señora Luz Elena Ibarguen Gómez y disponga lo pertinente para darle a la
actora, la primera opción laboral para la cual sea idónea, que surja como
resultado de la ejecución de cualquier contrato de aportes celebrado entre el
ICBF y otra persona jurídica, con el objetivo de ejecutar un programa de los
que corresponden a la entidad.
Décimo cuarto.- Por
Secretaría General, LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada Ponente
MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Magistrado
Ausente en
comisión
JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
[1] Mediante Auto del once de agosto de dos mil diez (2010) proferido por la Sala de Selección número Ocho, la Corte Constitucional seleccionó los expedientes T-2694342,
T-2699255, T-2743470, T-2749545, T-2750112 y T-2750708 y los acumuló entre sí
por presentar unidad de materia correspondiendo su revisión a la Sala Primera.
[2] El contrato laboral suscrito entre Teledatos Zona Franca S.A. y la
señora Claudia Caviedes Pinilla obra a folios 28 y 29 del cuaderno principal.
Tenía como objeto desarrollar, entre otras, la siguiente función “5.-
Brindar siempre información clara y veraz en las comunicaciones verbales y escritas
al cliente interno y externo en la línea de servicio”. (En adelante siempre
que se haga mención a un folio, se entenderá que hace parte del cuaderno
principal, a menos que se diga expresamente otra cosa).
[3]
Folio 1.
[4] El 5
de febrero de 2010 la Médica Especialista en Salud Ocupacional de Cafesalud EPS
recomendó lo siguiente:
“*SE SUGIERE UBICAR EN AREA DE MANOR
(sic) CARGA LABORAL EN DIGITACIN (sic).
Plan:
*SE SUGIERE ALTERNANCIA DE
ACTIVIDADES, EVITAR ACTIVIDADES QUE REQUIERAN RAPIDEZ EN LA EJECUCION, ESPECIALMENTE TAREAS DE DIGITACION MANTENIDA. *PERMITIR PAUSAS ACTIVAS CADA HORA
PARA REALIZAR ESTIRAMIENTO Y DESLIZAMIENTO TENDINOSO PARA MIEMBROS SUPERIORES.
*EVITAR LEVANTAR PESOS DE MAS DE 5
KILOS.
*CONTINUAR MANEJO MEDICO POR LA EPS DENTRO DEL PLAN DE BENEFICIOS DEL POS Y PERMANENCIA EN EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL EN SALUD.
ESTAS RECOMENDACIONES SE REALIZAN POR
UN PERIODO INICIAL DE 6 MESES PARA PERMITIR LA MEJORIA DEL DOLOR, ESTUDIOS, REHABILITACION Y CALIFICACION DE ORIGEN POR EPS Y ARP”. (Folios 1 y 2).
[5] La
accionante fue incapacitada en otras oportunidades, según se colige de las
pruebas aportadas al expediente. (folio 5).
[6]
Folio 3.
[7] Folio
1.
[8]
Folio 2.
[9] Folios
3 y 4.
[10]
Folio 6
[11] Aunque
en la contestación de la demanda se afirma que el monto de la indemnización
cancelada al actor corresponde a dicha suma, los documentos visibles a folios
69 y 77 evidencian que en realidad el pago por tal concepto ascendió a la suma
de $17.437.669.
[12]
Según consta en la copia de solicitud de vinculación del trabajador al Sistema
de Riesgos Profesionales, expedida por el Fondo Rotario del Ejercito Nacional
(folio 42).
[13]
Folio 74.
[14]
Folio 192.
[15] 13
de abril de 2010 (Folio 25).
[16] A
folios 11 a 13 del cuaderno No. 2 obra la copia del contrato de trabajo
suscrito por la accionante.
[17]
Folio 4.
[18] 26
de abril de 2010 (Folio 9).
[19] Al respecto se
pueden consultar, entre otras, las sentencias: T-1012 de 2003 (MP: Eduardo
Montealegre Lynett), T-651 de 2004 (MP: Marco Gerardo Monroy Cabra), T-435 de
2006 (MP: Humberto Antonio Sierra Porto) y T-656 de 2006 (MP: Jaime Araujo
Rentería).
[20] Respecto del
perjuicio irremediable, esta Corporación ha indicado sus características de la
siguiente manera: "En primer lugar, el perjuicio debe ser inminente o
próximo a suceder. Este exige un considerable grado de certeza y suficientes
elementos fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa
del daño. En segundo lugar, el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga
un detrimento  sobre un bien altamente significativo para la persona
(moral o material), pero que sea susceptible de determinación  jurídica.
En tercer lugar, deben requerirse medidas urgentes para superar el daño,
entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta adecuada
frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con las
particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser
impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia
a fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable”. Corte
Constitucional. Sentencia T-­634 de 2006 (MP. Clara Inés Vargas
Hernández).
[21] En
la sentencia T-1040 de 2001 (MP Rodrigo Escobar Gil) esta Corporación  ordenó
el reintegro al cargo de una mujer que fue despedida sin permiso del órgano
competente pese a que se encontraba disminuida físicamente. Al respecto, la Sala de Revisión sostuvo en esta oportunidad que, si bien la accionante no podía ser
calificada como invalida ni estaba en definitiva discapacitada para trabajar,
tenía una disminución suficiente como para hacerse acreedora de una protección
especial.
[22]
Sentencia T-519 de 2003 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra). En esa ocasión, al
resolver si a una persona que padecía “carcinoma basocelular en rostro y
daño solar crónico” se le podía terminar su contrato de forma unilateral y
sin justa causa, sin solicitar autorización a la oficina del trabajo, la Corte Constitucional señaló que no, porque por encontrarse en circunstancias de debilidad
manifiesta tenía derecho a la “estabilidad laboral reforzada”, y en
función de esa garantía ordenó a la empleadora reintegrar al trabajador a sus
labores.
[23]
Entre otras, así lo ha sostenido la Corte por ejemplo en la sentencia T-1219 de
2005 (MP Jaime Córdoba Triviño). En esta ocasión la Corte examinaba si una persona que sufría de diabetes y ocultó esta información en una
entrevista de trabajo para acceder al empleo, tenía derecho fundamental a la
estabilidad laboral reforzada frente a la decisión de la empresa de
desvincularlo por haber omitido dicha información. Para decidir, la Corte consideró que cuando se trata de personas en “circunstancias excepcionales de
discriminación, marginación o debilidad [m]anifiesta”, la estabilidad en el
empleo contemplada en el artículo 53 Superior tiene una relevancia especial y
puede ser protegida por medio de la acción de tutela, como garantía
fundamental.  Concluyó que, en ese caso, a causa de las condiciones de
debilidad, sí tenía ese derecho fundamental. En consecuencia, ordenó el
reintegro del trabajador.
[24] En
la sentencia T-263 de 2009 (MP Luís Ernesto Vargas Silva), al estudiar el caso
de una mujer que había sido desvinculada de su trabajo sin autorización de la
entidad competente, a pesar de que tenía cáncer, la Corte Constitucional señaló que se le había violado su derecho a la estabilidad laboral
reforzada y ordenó reintegrarla en condiciones especiales. En sus fundamentos, la Corte indicó que una de las razones hermenéuticas que sustentan el derecho fundamental a la “estabilidad
laboral reforzada” es el precepto constitucional que dispone el deber del
Estado de adelantar “una política de previsión, rehabilitación e integración
social para los disminuidos físicos, sensoriales y síquicos, a quienes
se prestará la atención especializada que requieran”, contemplado en el
artículo 47 Superior.
[25]
Véase la sentencia T-520 de 2008 (MP Manuel José Cepeda Espinosa). En esa
oportunidad, al examinar si un accionante de tutela tenía derecho a la
estabilidad laboral reforzada, la Corte concluyó que sí, debido a sus
condiciones de salud, pero que no se le había violado por parte de su
empleador. Para construir el derecho fundamental a la estabilidad laboral
reforzada, la Corte Constitucional hizo alusión al derecho a la igualdad de las
personas que por su condición física o mental “se encuentr[a]n en
circunstancias de debilidad manifiesta”, consagrado en el artículo 13 de la Constitución.
[26] En
la citada sentencia T-519 de 2003 (MP Marco Gerardo Monroy), la Corte vinculó los fundamentos del derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada al
principio de solidaridad. Dijo, a este respecto, que el derecho a la
estabilidad especial o reforzada, que se predica respecto de ciertos sujetos,  “se
soporta, además […] en el cumplimiento del deber de solidaridad; en efecto, en
estas circunstancias, el empleador asume una posición de sujeto obligado a
brindar especial protección a su empleado en virtud de la condición que
presenta”.
[27] Al controlar la
constitucionalidad del artículo 26, Ley 361 de 1997, en la sentencia C-531 de
2000 (MP Álvaro Tafur Galvis), la Corte estimó que “[c]uando la parte
trabajadora de dicha relación está conformada por un discapacitado, uno de [los
principios constitucionales] adquiere principal prevalencia, como es el
principio a la estabilidad en el empleo, es decir a permanecer en él y de gozar
de cierta seguridad en la continuidad del vínculo laboral contraído, mientras
no exista una causal justificativa del despido, como consecuencia de la
protección especial laboral de la cual se viene hablando con respecto a este
grupo de personas”.
[28] Así lo ha
señalado la Corte, por ejemplo en la sentencia T-1083 de 2007 (MP Humberto
Sierra Porto), al decidir el caso de una persona que había sido desvinculada de
su trabajo sin autorización de la Oficina del Trabajo, a pesar de tener una
discapacidad que le deparaba una protección reforzada a su derecho a la
estabilidad laboral. La Corporación dijo, en esa ocasión: “si el juez constitucional
logra establecer que el despido o la terminación del contrato de trabajo de una
persona discapacitada se produjo sin previa autorización de la Oficina del Trabajo, deberá presumir que la causa de éste o ésta es la circunstancia de
discapacidad que aquel padece y que bien puede haber sobrevenido como
consecuencia de la labor desempeñada en desarrollo de la relación laboral. En
consecuencia, el juez estará en la obligación de proteger los derechos
fundamentales del peticionario, declarando la ineficacia del despido, obligando
al empleador a reintegrarlo y de ser necesario reubicarlo, y en caso de no
haberse verificado el pago de la indemnización prevista por el inciso segundo
del artículo 26 de la ley 361 de 1997, deberá igualmente condenar al empleador
al pago de la misma”.
[29] En
efecto, y en relación con las consecuencias (i) y (ii), la Corte declaró que el inciso segundo del artículo 26 debía ser declarado exequible, bajo el
entendimiento de que “carece de todo efecto
jurídico el despido o la terminación del contrato de una persona por razón de
su limitación sin que exista autorización previa de la oficina de Trabajo que
constate la configuración de la existencia de una justa causa para el despido o
terminación del respectivo contrato”.
Sentencia C-531 de 2000 (MP Álvaro Tafur Galvis).
[30]
Según el artículo 54 de la Constitución, la capacitación profesional de las personas disminuidas físicas, psíquicas o sensoriales es un derecho
fundamental.  Dice, el citado precepto: “[e]s obligación del Estado y de
los empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a
quienes lo requieran. El Estado debe propiciar la ubicación laboral de las
personas en edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a un
trabajo acorde con sus condiciones de salud”. Por lo demás, la de ofrecerle
capacitación al trabajador considerado como paciente de una debilidad
manifiesta, es una de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional, entre otras, por ejemplo en la Sentencia T-1040 de 2001 (MP Rodrigo Escobar Gil), ya citada. En esa oportunidad, la Corte resolvió, refiriéndose a la  empresa demandada: “deberá capacitarla [a
la persona solicitante] para cumplir tales funciones de la misma forma como se
realiza la capacitación a los demás empleados de la empresa”.
[31] Artículo
26 inciso 2°, Ley 361 de 1997.
[32]
Sentencia T-279 de 2006 (MP Alfredo Beltrán Sierra).
[33] En el numeral 15 del artículo 62
del Código Sustantivo del Trabajo se establece la siguiente causal
justificativa de terminación unilateral del contrato de trabajo: “La enfermedad contagiosa o crónica del
trabajador, que no tenga carácter de profesional, así como cualquier otra
enfermedad o lesión que lo incapacite para el trabajo, cuya curación no haya
sido posible durante ciento ochenta (180) días. El despido por esta causa no
podrá efectuarse sino al vencimiento de dicho lapso y no exime al patrono de
las prestaciones e indemnizaciones legales y convencionales derivadas de la
enfermedad”.
[34] El artículo 16 del Decreto 2351
de 1965 establece las siguientes obligaciones para el empleador:
“Al terminar el período de incapacidad
temporal, los patronos están obligados:
a) A reinstalar a los trabajadores en los
cargos que desempeñaban si recuperan su capacidad de trabajo. La existencia de
una incapacidad parcial no será obstáculo para la reinstalación, si los
dictámenes médicos determinan que el trabajador puede continuar desempeñando el
trabajo.
b) A proporcionar a los trabajadores
incapacitados parcialmente un trabajo compatible con sus aptitudes, para lo
cual deberán efectuar los movimientos de personal que sean necesarios”.
[35] Sobre el punto, en la sentencia
T-279 de 2006 (MP Alfredo Beltrán Sierra) se precisó lo siguiente: “Es así
como frente a la contingencia de la enfermedad, el Sistema prevé el pago de la
incapacidad. Si la enfermedad tiene recuperación, el trabajador tiene derecho a
la reinstalación en el empleo. Si la enfermedad genera una limitación o pérdida
de la capacidad laboral, puede dar lugar al pago de la pensión de invalidez, en
cuyo caso la calificación de la pérdida laboral le corresponde emitirlo a la Junta de calificación de invalidez. A su vez, el  Sistema establece que el reconocimiento de
la pensión de invalidez sólo puede tramitarse cuando las entidades del sistema
se seguridad social hayan adelantado el tratamiento y rehabilitación integral,
o se compruebe la imposibilidad de su realización (artículo 23 del Decreto 2463
de 2001), y que las administradoras de los fondos de pensiones deberán remitir
los casos a las Juntas de calificación de invalidez antes de cumplirse el día
150 de incapacidad temporal, previo el concepto del servicio de rehabilitación
integral emitido por la EPS”.
[36]
Sentencia T-643 de 2007 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra).
[37] “Por
la cual se actualiza la legislación cooperativa”.
[38] “Por el cual se reglamenta la organización y
funcionamiento de las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado”
[39]
Sentencia T-962 de 2008 (MP Jaime Araújo Rentería).
[40]
Sentencia C-211 de 2000 (MP Carlos Gaviria Díaz).
[41]
Sentencia T- 632 de 2004 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra)
[42]
Sentencia C-211 de 2000 (MP Carlos Gaviria Díaz).
[43]
Sentencia T-962 de 2008 (MP Jaime Araújo Rentería)
[44]
Sentencia C-470 de 1997 (MP Alejando Martínez Caballero).
[45]
Sentencia C-470 de 1997 (MP Alejandro Martínez Caballero).
[46]
Sentencia T-373 de 1998 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz).
[47] Esta tesis se sostuvo, entre otras, en las sentencias: T-373 de 1998
(MP. Eduardo Cifuentes Muñoz), T-426 de 1998 (MP. Alejandro Martínez
Caballero), T-362 de 1999 (MP. Alfredo Beltrán Sierra), T-879 de 1999 (MP.
Carlos Gaviria Díaz), T-375 de 2000 (MP. Vladimiro Naranjo Mesa), T-778 de 2000
(MP. Alejandro Martínez Caballero), T-832 de 2000 (MP. José Gregorio Hernández
Galindo), T-352 de 2001, T-206 de 2002 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa), T-961
de 2002 (MP. Eduardo Montealegre Lynett), T-862 de 2003 (MP. Jaime Araujo
Rentería), T-1138 de 2003 (MP. Rodrigo Escobar Gil), T-1177 de 2003 (MP. Jaime
Araujo Rentería), T-550 de 2004 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa), T-848 de
2004 (MP. Alfredo Beltrán Sierra), T-900 de 2004 (MP. Jaime Córdoba Triviño),
T-173 de 2005 (MP. Jaime Araujo Rentería), T-176 de 2005 (MP. Jaime Araujo
Rentería), T-185 de 2005 (MP. Alfredo Beltrán Sierra), T-291 de 2005 (MP.
Manuel José Cepeda Espinosa), T-006 de 2006 (MP. Alfredo Beltrán Sierra), T-021
de 2006 (MP. Rodrigo Escobar Gil), T-546 de 2006 (MP. Álvaro Tafur Galvis),
T-589 de 2005 (MP. Rodrigo Escobar Gil), T-807 de 2006 (MP. Nilson Pinilla
Pinilla), T-1003 de 2006 (MP. Jaime Araujo Rentería), T-1040 de 2006 (MP. Jaime
Araujo Rentería), T-354 de 2007 (MP. Rodrigo Escobar Gil), T-546 de 2007 (MP.
Jaime Araujo Rentería).
[48] En
esta oportunidad se analizaba el caso de una mujer que había sido vinculada a
una empresa mediante contrato a término fijo, el que fue prorrogado en tres
oportunidades. Dentro del término de vigencia de su última prórroga, se
practicó una prueba médica de embarazo que resultó positiva, sus superiores
inmediatas en la empresa se abstuvieron de recibir el resultado de la prueba,
ya que al momento de comunicarle la decisión de no prorrogar más su contrato,
la empresa no tenía conocimiento de su estado.
[49] MP.
Humberto Sierra Porto. Precedente reiterado en las sentencias T-181 de 2009 y
T-371 de 2009 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio).
[50]
Sentencia C-016 de 1998 (MP Fabio Morón Díaz). La tesis de la operancia del
principio de estabilidad en el empleo en contratos a término fijo ha sido
reiterada en las sentencias T-040 A de 2001 (MP Fabio Morón Díaz) y T-1083 de
2007 (MP Humberto Antonio Sierra Porto).
[51] Así
se deriva de la información contenida en el documento visible a folio 7.
[52]
Acorde con la información remitida con destino al proceso el 26 de abril de
2010 por la Médica Especialista en Salud Ocupacional de CAFESALUD EPS (folio
46).
[53] Folio
28.
[54] Folio
2.
[55]
Folio 1.
[56]
Estas sugerencias médicas se comunicaron a la empresa TELEDATOS S.A. mediante
oficios de fechas 30 de diciembre de 2009 y 5 de febrero de 2010 (Folios
2 y 7).
[57]
Folio 27.
[58]
Aunque en la demanda se afirma que la accionante estuvo incapacitada entre el
25 de marzo y el 8 de abril de 2010, en el expediente únicamente reposa la
liquidación de la incapacidad del 20 al 23 de marzo de 2010 (folio 5).
[59]
Folio 3.
[60]
Folio 147.
[61]
Folios 1 a 4.
[62] A
folio 10 obra comunicación dirigida al actor acerca de la terminación de su
contrato de trabajo sin justa causa, a partir del 5 de febrero de 2010.
[63]
Folios 118 a 121. En el acta que contiene su declaración, el Gerente de
Servicios de Personal de Icollantas S.A. establece que Luis Fernando González
nunca le comunicó sobre una incapacidad o sobre un accidente de trabajo que
hubiera sufrido dentro de la empresa.
[64]
Folios 71 y 72.
[65]
Folios 73 y 76.
[66]
Folio 74.
[67] En
este documento se lee lo siguiente: “Todas las medidas que se están tomando
tienen como objetivo el ajuste de los costos a fin de poder afrontar la crisis
de la mejor manera posible y minimizar el impacto de la baja en la producción.
Esperamos de todos la comprensión a estas decisiones necesarias para afrontar
la coyuntura por la que estamos atravesando” (Folio 78).
[68] En
este documento se señala lo siguiente: “Agradecemos a todo el personal
respetar estos nuevos horarios que redundarán en la campaña de ahorros que nos
hemos propuesto con el fin de afrontar esta crisis” (folio 79).
[69] Folios
82 a 87.
[70]
Folio 18 del cuaderno No. 3
[71]
Folios 133 a 140.
[72]
Folios 277 y 278.
[73]
Folio 192.
[74]
Folio 275.
[75]
Folio 93.
[76]
Folio 102.
[77]
Folios 79 y 80.
[78]
Folio 278.
[79]
Folios 94 a 96.
[80] El texto de la
norma citada es el siguiente: “Las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo
Asociado no podrán actuar como empresas de intermediación laboral, ni disponer
del trabajo de los asociados para suministrar mano de obra temporal a usuarios
o a terceros beneficiarios, o remitirlos como trabajadores en misión con el fin
de que estos atiendan labores o trabajos propios de un usuario o tercero
beneficiario del servicio o permitir que respecto de los asociados se generen
relaciones de subordinación o dependencia con terceros contratantes.
Cuando
se configuren prácticas de intermediación laboral o actividades propias de las
empresas de servicios temporales, el tercero contratante, la Cooperativa y Precooperativa de Trabajo Asociado y sus directivos, serán solidariamente
responsables por las obligaciones económicas que se causen a favor del
trabajador asociado.”
[81] El artículo 24
del Código Sustantivo del Trabajo, establece: “se presume que toda relación
de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo”.
[82] Aun
cuando en la demanda se afirma que el accidente de trabajo de la demandante
ocurrió el 28 de septiembre de 2004, en el expediente no obra ninguna prueba
donde se registre que recibió atención médica en esa misma fecha. Conforme a
los documentos que obran a folios 44 y 45, se evidencia que la primera atención
de urgencias la recibió en la Clínica Saludcoop de Girardot el día 7 de octubre de 2004.
[83] La ARP COLMENA estableció el origen profesional de dicha patología (folio 192).
[84]
Conforme a la certificación emitida por el Coordinador Nacional de Prestaciones
Económicas de Cafesalud EPS y el cuadro resumen de incapacidades anexo (folios
275 y 276).
[85]
Folios 72, 227 y 228.
[86]
Folio 93.
[87]
Folio 276.
[88] En
el escrito de contestación de la demanda el apoderado de Cooperando afirmó que
las incapacidades generadas a la actora a partir del día 181 fueron canceladas
por esa cooperativa y que su desvinculación como asociada obedeció a la no
presentación de las incapacidades causadas entre el 12 de julio y diciembre de
2009 (Folios 295 a 300).
[89] Folio
93.
[90]
Folio 276.
[91]
Folio 93.
[92]
Folio 63.
[93]
Folio 60.
[94]
Folio 275.
[95]
Folio 93.
[96]
Folio 103.
[97]
Sentencia T-992 de 2008 (MP Mauricio González Cuervo). En este caso la Corte amparó los derechos al mínimo vital, la estabilidad laboral reforzada, el trabajo y la
seguridad social de un trabajador que había sido despedido sin justa causa,
durante su estado de incapacidad laboral y cuyo empleador suspendió el pago de
las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social, lo que generó la interrupción
del tratamiento de las múltiples fracturas de tibia y peroné que padecía.
[98] La
accionante estuvo afiliada a CAFESALUD EPS hasta el 16 de enero de 2010 (Folio
102).
[99] En
el escrito de contestación de la demanda el apoderado de la Cooperativa admite que no se solicitó autorización al Ministerio de la Protección Social (folios 295 a 300).
[100]
Folios 33 a 38 del cuaderno No. 2.
[101]
Así lo afirmó el Gerente Médico de la ARP Positiva (folio 38 cuaderno No. 2).
[102]
Inicialmente el señor Arango Valencia se vinculó a la Ladrillera Delta S. en C.A. a través de un contrato de trabajo a término indefinido, para
desempeñar el cargo de quemador (folio 7).
[103]
Folio 21.
[104]
Folios 13, 15, 16, 17, 18, 56 y 57.
[105]
Folio 9.
[106] En relación con su campo de aplicación, del Decreto
1848 de 4 de noviembre de 1969, “Por el cual se reglamenta el decreto 3135
de 1968”, el artículo 7 dispone: “Regla general.
1. Las normas de este Decreto y del Decreto 3135 de 1968, que
consagra prestaciones sociales, se aplicarán a los empleados públicos
nacionales de la rama administrativa del poder público, mientras la ley no
disponga otra cosa. 2. Se aplicarán igualmente, con el carácter de garantías
mínimas a los trabajadores oficiales, salvo las excepciones y limitaciones que
para casos especiales se establecen en los decretos mencionados, y sin
perjuicio de los que solamente para ellos establezcan las convenciones
colectivas o laudos arbitrales, celebradas o proferidos de conformidad con las
disposiciones legales que regulan el derecho colectivo del trabajo”. A su
turno, el artículo 32 del mismo decreto disponía lo siguiente: “Artículo 32º.- Despido
por incapacidad para trabajar. Cuando la incapacidad para trabajar,
ocasionada por enfermedad no profesional y accidente de trabajo, sobrepase del
término de ciento ochenta (180) días, el empleado oficial podrá ser retirado
del servicio con fundamento en dicha causal, sin perjuicio de las prestaciones
e indemnizaciones a que tenga derecho con sujeción a las normas legales
pertinentes”. Tal artículo fue
declarado nulo en providencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia del siete (07) de julio de mil
novecientos ochenta y dos (1982) (CP. Joaquín Vanín Tello).  Expediente Nro.
5230. Anales del Consejo de Estado. Año LVII, Tomo CIII, Nros. 475-476. Segundo
Semestre, pp. 75-79.
[107] (MP.
Hernando Herrera Vergara. Unánime).
[108] El
derecho a la estabilidad laboral reforzada de ciertas personas ha sido
considerado como un derecho fundamental autónomo, por ejemplo en la sentencia
T-519 de 2003 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra). En esa ocasión, al resolver si
a una persona que padecía “carcinoma basocelular en rostro y daño solar
crónico” se le podía terminar su contrato de forma unilateral y sin justa
causa, la Corte Constitucional señaló que no, porque por encontrarse en
circunstancias de debilidad manifiesta tenía derecho a la “estabilidad
laboral reforzada”, y en función de esa garantía ordenó a la empleadora
reintegrar al trabajador a sus labores.
[109]
Entre otras, así lo ha dicho la Corte por ejemplo en la Sentencia T-1219 de 2005 (MP. Jaime Córdoba Triviño). En ella, la Corte examinaba si una persona que sufría de diabetes y ocultaba esa información en una
entrevista de trabajo para acceder al empleo, tenía derecho fundamental a la
estabilidad laboral reforzada frente a la decisión de la empresa de
desvincularlo por haber ocultado dicha información. Para decidir, la Corte consideró que cuando se trata de personas en “circunstancias excepcionales de
discriminación, marginación o debilidad [m]anifiesta”, la estabilidad en el
empleo contemplada en el artículo 53 Superior tiene una relevancia especial y
puede ser protegida por medio de la acción de tutela, como garantía
fundamental.  Concluyó que, en ese caso, a causa de las condiciones de
debilidad, sí tenía ese derecho fundamental. En consecuencia, ordenó el
reintegro del trabajador.
[110]
Recientemente, en la Sentencia T-263 de 2009 (MP. Luís Ernesto Vargas Silva),
al estudiar el caso de una mujer que había sido desvinculada de su trabajo sin
autorización de la autoridad competente, a pesar de que tenía cáncer, la Corte Constitucional señaló que se le había violado su derecho a la estabilidad laboral
reforzada y ordenó reintegrarla en condiciones especiales. En sus fundamentos, la Corte indicó que una de las razones hermenéuticas que sustentan el derecho fundamental a la “estabilidad
laboral reforzada” es el precepto constitucional que dispone el deber del
Estado de adelantar “una política de previsión, rehabilitación e integración
social para los disminuidos físicos, sensoriales y síquicos, a
quienes se prestará la atención especializada que requieran”, contemplado
en el artículo 47 Superior.
[111]
Sentencia T-520 de 2008 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa). En esa oportunidad,
al examinar si un accionante de tutela tenía derecho a la estabilidad laboral
reforzada, la Corte concluyó que sí, debido a sus condiciones de salud, pero
que no se le había violado por parte de su empleador. Para construir el derecho
fundamental a la estabilidad laboral reforzada, la Corte Constitucional hizo alusión al derecho a la igualdad de las personas que por su
condición física o mental “se encuentr[a]n en circunstancias de debilidad
manifiesta”, consagrado en el artículo 13 de la Constitución.
[112] En
la citada Sentencia T-519 de 2003 (MP. Marco Gerardo Monroy), la Corte vinculó los fundamentos del derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada al
principio de solidaridad. Dijo, a este respecto, que el derecho a la
estabilidad especial o reforzada, que se predica respecto de ciertos sujetos,  “se
soporta, además […] en el cumplimiento del deber de solidaridad; en efecto, en
estas circunstancias, el empleador asume una posición de sujeto obligado a
brindar especial protección a su empleado en virtud de la condición que
presenta”.
[113] El
que esté incapacitado por más de ese tiempo es una condición necesaria, pero
insuficiente, de acuerdo con la sentencia T-279 de 2006 (MP Alfredo Beltrán
Sierra).
[114] En
la sentencia T-992 de 2008 (MP Mauricio González Cuervo), la Corte concedió la tutela interpuesta por un trabajador a quien habían desvinculado sin
autorización de la oficina del trabajo por tener más de ciento ochenta (180)
días de incapacidad, entre otras razones porque “(ii) superado el término de
180 días de incapacidad el empleador no gestionó lo pertinente para definir el
estado de invalidez del actor, violando el principio de solidaridad mencionado”.
[115] En
la sentencia T-279 de 2006 (MP Alfredo Beltrán Sierra), la Corte concedió la tutela instaurada por una trabajadora que había sido desvinculada sin
autorización de la oficina del trabajo por tener más de ciento ochenta (180)
días de incapacidades, entre otras razones porque “el empleador debía
reinstalar de la actora en el lugar de trabajo, si ésta había recuperado su
capacidad laboral, según lo que los dictámenes médicos hubieren indicado. O
proporcionarle a la trabajadora incapacitada temporalmente, un trabajo
compatible con sus actitudes. (art. 16 del Decreto 2351 de 1965)”, y en ese
caso no lo hizo.
[116]
Folio 4.
[117] En
la parte considerativa del acto administrativo de retiro del servicio se dejó
constancia del porcentaje de pérdida de capacidad de la actora (folio 3).
[118] El
que esté incapacitado por más de ese tiempo es una condición necesaria, pero
insuficiente, de acuerdo con la sentencia T-279 de 2006 (MP Alfredo Beltrán
Sierra).
[119] En
la sentencia T-992 de 2008 (MP Mauricio González Cuervo), la Corte concedió la tutela interpuesta por un trabajador a quien habían desvinculado sin
autorización de la oficina del trabajo por tener más de ciento ochenta (180)
días de incapacidad, entre otras razones porque “(ii) superado el término de
180 días de incapacidad el empleador no gestionó lo pertinente para definir el
estado de invalidez del actor, violando el principio de solidaridad mencionado”.
[120]
Folios 121 a 131.
[121]
Folios 73 a 80.
[122]
Folios 11 a 13.
[123]
Folio 15.
[124]
Folio 16.
[125]
Folios 28 y 29 vuelto. En la declaración rendida ante el Juzgado Promiscuo
Municipal del Bajo Baudó – Pizarro con Funciones de Control de Garantías, el
representante legal del Hogar Infantil “Perlas del Pacífico” admitió que tuvo
conocimiento del estado de embarazo de la demandante (folio 30).
[126]
Folios 43 a 47.
[127]
Folios 29 y 30.
[128] El
que esté incapacitado por más de ese tiempo es una condición necesaria, pero
insuficiente, de acuerdo con la sentencia T-279 de 2006 (MP Alfredo Beltrán
Sierra), en la cual la Corte Constitucional