C-328-15
Sentencia C-328/15
CODIGO DISCIPLINARIO DEL ABOGADO-Iniciación de proceso mediante queja o informe
PROCESO DISCIPLINARIO DE LOS ABOGADOS-Competencia a cargo de Magistrados de la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria de Consejos Seccionales de la Judicatura, resulta
acorde con el principio del juez natural/PROCESO DISCIPLINARIO DE LOS
ABOGADOS-Magistrado que instruye el proceso y practica las pruebas, actúa
investido de jurisdicción y competencia
La
Corte encuentra que las normas impugnadas, por el hecho de atribuirle el
impulso del proceso disciplinario de los abogados al magistrado sustanciador o
ponente, dejando en cabeza de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de los
Consejos Seccionales de la Judicatura, de la cual hace parte ese mismo
magistrado, la sentencia por adoptar, no desconoce la garantía reconocida a
toda persona a ser juzgada ante juez o tribunal competente, consagrada en los
artículos 2º y 29 de la Constitución Política y 8º de la Convención Americana
de derechos Humanos. Dicha distribución de funciones, no afectan la participación
activa del disciplinado en el proceso que se le sigue, ni desconoce la garantía
de ser juzgado conforme a las leyes preexistentes al acto que se imputa, y
tampoco dicha medida comporta una discriminación o ruptura de la igualdad
formal o material. En este último caso, por cuanto la medida aplica para todos
los disciplinados por igual y opera, de manera general, en otros sistemas
procesales donde actúan los jueces colegiados.
PROFESION DE ABOGADO-Papel que cumple en el Estado Social de Derecho/PROFESION
DE ABOGADO-Control que deben llevar a cabo las autoridades respecto del
ejercicio de dicha profesión
PROFESION DE ABOGADO-Parámetros que enmarca su ejercicio
La
Corte ha explicado que, dentro de los parámetros que enmarcan
el ejercicio de la profesión, el abogado ejerce su labor, principalmente y de
manera general, en dos escenarios o frentes diferentes: (i) por fuera del proceso, a través de la consulta y
asesoría en favor de quien se lo solicite; y (ii) dentro del proceso o juicio,
mediante la representación judicial en favor de aquellos que son requeridos o
acuden a la administración de justicia para resolver sus controversias.
ABOGADO-Ejercicio profesional inadecuado pone en riesgo derechos
fundamentales
PODER DISCIPLINARIO-Constituye una de las más importantes expresiones de
la función de control y vigilancia/PODER DISCIPLINARIO-Su desarrollo corresponde al
legislador
PRINCIPIO DEL JUEZ NATURAL EN MATERIA DISCIPLINARIA-Operancia/PRINCIPIO DEL JUEZ NATURAL-Elemento
medular del debido proceso/DERECHO AL JUEZ NATURAL-Garantía fundamental
y elemento inescindible del debido proceso
PRINCIPIO DEL JUEZ NATURAL-Instrumentos internacionales
DERECHO
AL JUEZ NATURAL-Finalidad
Este Tribunal ha puntualizado que la garantía
del juez natural tiene una finalidad más sustancial que formal, en razón a que
su campo de protección no es solamente el claro establecimiento de la
jurisdicción encargada del juzgamiento, previamente a la consideración del
caso, sino también la seguridad de un juicio imparcial y con plenas garantías
para las partes. Conforme con ello, ha precisado que dicho principio opera como un instrumento necesario de
la rectitud en la administración de justicia y como una garantía frente a la
posible arbitrariedad de la actuación de los poderes del Estado en perjuicio de
los ciudadanos.
DERECHO
AL JUEZ NATURAL-Doble garantía
El derecho al juez natural comprende una doble garantía: (i) para
quien se encuentra sometido a una actuación judicial o administrativa, en
cuanto le asegura “el derecho a no ser juzgado por un
juez distinto a los que integran la Jurisdicción, evitándose la posibilidad de
crear nuevas competencias distintas de las que comprende la organización de los
jueces”; y (ii) para la Rama Judicial, “en cuanto impide la violación de
principios de independencia, unidad y ‘monopolio’ de la jurisdicción ante las
modificaciones que podrían intentarse para alterar el funcionamiento ordinario.
GARANTIA DEL JUEZ NATURAL-Se encuentra íntimamente ligada a los conceptos de
jurisdicción y competencia/JURISDICCION-Concepto
COMPETENCIA-Factores/FACTORES
DE COMPETENCIA-Finalidad
Los criterios o factores de
competencia tienen como objetivo fundamental, definir cuál va a ser la
autoridad judicial, juez o tribunal, que va a conocer, tramitar y decidir,
con preferencia o exclusión de las demás, un determinado asunto que ha sido
puesto en conocimiento de la administración de justicia. En este contexto, de
manera regular, la competencia se
fija de acuerdo con los siguientes criterios o factores: (i) la naturaleza o
materia del proceso y la cuantía (factor objetivo); (ii) la calidad o
condiciones especiales de las partes que concurren al proceso (factor
subjetivo); (iii) la naturaleza de la función que desempeña la autoridad que
tiene a su cargo la definición y resolución del proceso (factor funcional);
(iv) el lugar o foro donde debe tramitarse y desarrollarse el proceso (factor
territorial); y (v) la competencia previamente determinada para otro proceso,
lo que permite que un proceso asignado a un juez absorba los otros asuntos que
con relación a un tema específico puedan ser promovidos con posterioridad
(factor de conexidad o de atracción).
COMPETENCIA-Calidades
La jurisprudencia constitucional ha señalado que la
competencia debe tener, las siguientes calidades: (i) legalidad, en cuanto debe
ser definida por la ley; (ii) imperatividad, lo que significa que es de
obligatoria observancia y no se puede derogar por la voluntad de las partes;
(iii) inmodificabilidad, en tanto no se puede variar o cambiar en el curso del
proceso (perpetuatio jurisdictionis); (iv) indelegabilidad, ya que no puede ser
cedida o delegada por la autoridad que la detenta legalmente; y (v) es de orden
público, en razón a que se sustenta o fundamenta en principios y criterios que
se relacionan con la prevalencia del interés general.
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA
DISCIPLINARIA-Alcance/CLAUSULA
GENERAL DE COMPETENCIA LEGISLATIVA EN REGULACION DE FORMAS PROPIAS DE CADA
PROCESO-Alcance
RESERVA LEGAL EN MATERIA DISCIPLINARIA-Jurisprudencia constitucional
CLAUSULA GENERAL DE COMPETENCIA LEGISLATIVA EN MATERIA PROCESAL-Facultades
El legislador está habilitado para regular y definir,
entre los múltiples asuntos que son de su resorte, algunos de los siguientes
aspectos: (i) la radicación de competencias en una determinada autoridad
judicial o administrativa, siempre y cuando el constituyente no se haya ocupado
de asignarla de manera explícita en la Carta, caso en el cual su facultad se
dirige a determinar y desarrollar los aspectos específicos de la misma; (ii)
las etapas, términos y formalidades que se deben cumplir en cada uno de los
procesos; (iii) los recursos y demás medios de defensa que pueden promover los
interesados contra los actos que profieren las autoridades en su contra, así
como los requisitos y condiciones de procedencia de los mismos; (iv) los medios
de prueba y (v) los deberes, obligaciones y cargas procesales del juez, las
partes e incluso de los terceros intervinientes, ya sea para asegurar la
celeridad y eficacia del trámite, como para proteger a los sujetos procesales y
para prevenir daños o perjuicios al interior de los procesos.
CLAUSULA GENERAL DE COMPETENCIA LEGISLATIVA EN MATERIA PROCESAL-Límites
RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA DE LOS ABOGADOS-Régimen constitucional y legal/REGIMEN
DISCIPLINARIO DEL ABOGADO-Contenido/PROCESO DISCIPLINARIO DE LOS
ABOGADOS-Etapas
Referencia.: Expediente
D-10489
Asunto: Demanda de inconstitucionalidad contra los
artículos 102 y 106 (parcial) de la Ley 1123 de 2007 “Por la cual se
establece el Código Disciplinario del Abogado”.
Demandante:
José Edrigelio Guerrero Galván
Magistrado Ponente:
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Bogotá D.C., veintisiete (27) de mayo de dos mil quince
(2015).
La Sala Plena de la Corte
Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los
requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991,
ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I.       ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública de
inconstitucionalidad consagrada en los artículos 241 y 242 de la Constitución
Política, el ciudadano José Edrigelio
Guerrero Galván presentó demanda de inconstitucionalidad contra el inciso
segundo del artículo 102 y el inciso cuarto del artículo 106 de la Ley 1123 de
2007, “Por la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado”.
Mediante Auto del siete de diciembre de 2014, el
Magistrado Sustanciador resolvió admitir la demanda, dispuso su fijación en
lista a efectos de permitir la intervención ciudadana y, simultáneamente,
corrió traslado al señor Procurador General de la Nación para que rindiera el
concepto de su competencia. En la misma providencia se ordenó, además,
comunicar la demanda al Presidente del Congreso de la República, a los
Ministerios del Interior y de Justicia, al Consejo Superior de la Judicatura,
al Instituto Colombiano de Derecho Procesal, al Instituto Colombiano de Derecho
Disciplinario, al Colegio de Abogados en Derecho Disciplinario, a la Academia
Colombiana de Jurisprudencia y a los Decanos de las Facultades de Derecho de
las Universidades Javeriana, Rosario, Externado, Libre, Nacional y Atlántico,
para que, si lo estimaban conveniente, intervinieran en el proceso a fin de
impugnar o defender la constitucionalidad de las disposiciones acusadas.
Una vez cumplidos los trámites previstos en el
artículo 242 de la Constitución Política y en el Decreto 2067 de 1991, procede
esta Corte a decidir sobre la demanda de la referencia.
II.      TEXTO DE LA NORMA ACUSADA
A continuación se transcribe el texto de los artículos
102 y 106 de la Ley 1123 de 2007, conforme a su publicación en el Diario
Oficial No. 46.519 de 22 de enero de 2007, destacando en negrilla y con subraya
los apartes del mismo que se acusan en la demanda:
“LEY 1123
DE 2007
(enero 22)
Diario Oficial No. 46.519 de 22 de enero de
2007
Por la cual se establece el Código
Disciplinario del Abogado.
EL
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
DECRETA:
[…]
ARTÍCULO 102. INICIACIÓN MEDIANTE QUEJA O INFORME. La queja o informe podrá presentarse verbalmente o por
escrito, ante las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos
Seccional o Superior de la Judicatura, o ante cualquier autoridad pública, en
cuyo caso la remitirá de inmediato a la Sala competente en razón del factor territorial.
La actuación en primera instancia estará a cargo del
Magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura que le haya correspondido en
reparto hasta el momento de dictar sentencia, determinación que se emitirá por
la Sala plural respectiva.
[…]
ARTÍCULO 106. AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO. En la audiencia pública de juzgamiento se practicarán
las pruebas decretadas, evacuadas las cuales se concederá el uso de la palabra
por un breve lapso y evitando las prolongaciones indebidas, en el siguiente
orden: al representante del Ministerio Público si concurriere, al disciplinable
y a su defensor, si lo hubiere, al cabo de lo cual se dará por finalizada la
audiencia.
Si
agotada la fase probatoria, el funcionario advierte la necesidad de variar los
cargos, así lo declarará de manera breve y motivada, en cuyo caso los
intervinientes podrán elevar una nueva solicitud de pruebas, evento en el cual
se procederá conforme a lo indicado en los incisos segundo y tercero del
artículo precedente; sin pruebas por practicar o evacuadas las ordenadas, se
concederá el uso de la palabra por un lapso no superior a veinte minutos, en el
siguiente orden: al representante del Ministerio Público si concurriere, al
disciplinable y a su defensor si lo hubiere, al cabo de lo cual se dará por
finalizada la audiencia.
Las
nulidades generadas y planteadas con posterioridad a la audiencia de pruebas y
calificación serán resueltas en la sentencia.
El Magistrado ponente dispondrá de cinco (5) días para
registrar el proyecto de fallo, y la Sala de cinco (5) días para proferir
sentencia, que solo deberá contener:
1.
La identidad del investigado.
2.
Un resumen de los hechos.
3.
Análisis de las pruebas que dan la certeza sobre la existencia de la falta y la
responsabilidad del implicado, la valoración jurídica de los cargos, de los
argumentos defensivos y de las alegaciones que hubieren sido presentadas.
4.
Fundamentación de la calificación de la falta y culpabilidad y de las razones
de la sanción o de la absolución, y
5.
La exposición debidamente razonada de los criterios tenidos en cuenta para la
graduación de la sanción.
[…]”
III.    LA DEMANDA
1.      Normas constitucionales que se consideran
infringidas
En criterio del demandante, los apartes acusados
comportan la vulneración de los artículos 2º y 29 de la Constitución Política y
8º de la Convención Americana de Derechos Humanos.
2.      Fundamentos de la demanda
2.1.
Según el actor, el hecho de que las normas acusadas le asignen al Magistrado
del Consejo Seccional de la Judicatura que le haya correspondido en reparto, la
competencia para tramitar en primera instancia y hasta la sentencia el proceso
disciplinario, dejando en cabeza de la Sala Plural respectiva sólo la
determinación de proferir el fallo, desconoce la garantía consagrada en los
artículos 2º y 29 de la Constitución Política y 8º de la Convención Americana
de derechos Humanos, que le reconoce a toda persona el derecho a ser juzgada por
juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con
anterioridad en la ley.
2.2.
Para el explicar su acusación, el demandante sostiene que la violación de las
citadas disposiciones se produce, en la medida en que las normas impugnadas le
asignan a un funcionario la labor de tramitar el proceso disciplinario,
incluyendo el decreto y práctica de pruebas, y a otro completamente diferente
la atribución de adoptar el fallo. Tal hecho, a su juicio,” desconoce el criterio de la competencia, pues el
competente para decidir, por lo menos en primera instancia es quien conoce el
proceso, mas sin embargo esta norma faculta para imponer o no una sanción a
otro magistrado, en quien no se aplicó el principio de la inmediación y quien
no fue sujeto procesal durante el trámite, mas sin embargo está autorizado para
decidir, pues según el contenido de la norma dicho funcionario aparece única y
exclusivamente hasta el momento de dictar sentencia, determinación que se
emitirá por la Sala plural respectiva.”
2.3.
Sostiene al respecto, que es “precisamente en el momento de dictar sentencia
que se integra una sala plural, pues en la primera etapa del proceso solo actúa
el funcionario que se denomina ‘Magistrado del Consejo Seccional de la
Judicatura’, quien es el que conoce todo el trámite, incluidas las pruebas,
solicitadas, decretadas y practicadas, las alegaciones de las partes, sin el
concurso de los restantes funcionarios de la denominada sala plural, quienes
sin haber participado en el trámite del proceso, entran a proferir una sentencia,
desconociendo el principio fundante del debido proceso, consistente en la
inmediación del funcionario judicial con las pruebas debidamente allegadas y
evacuadas durante el juicio”.
2.4.
La acusación general del actor, frente a cada una de las disposiciones
presuntamente violadas, se concreta de la siguiente manera:
2.4.1.
En punto a la presunta transgresión del artículo 2º Superior, sostiene que
las normas impugnadas niegan o dificultan “la posibilidad de las partes de
obtener una decisión de un funcionario imparcial, que resuelva o garantice
dentro del trámite disciplinario la vigencia de un orden justo y que asegure el
cumplimiento de los derechos, libertades y garantías [pues] se establecen dos
funcionarios, uno de los cuales sin tener acceso directo a las fuentes de
información en el proceso entra a decidir, situación ésta que impide tener un
conocimiento pleno de los cargos debatidos, este juez no se ha formado
libremente su convicción, no la tiene, pero decide sobre unas pruebas, hechos,
imputaciones y alegatos en las que nunca hizo presencia, razón por la cual no
se están protegiendo los derechos y libertades del disciplinado, no se asegura
el cumplimiento de los deberes sociales del estado, no se garantiza el debido
proceso ya que no participan en el trámite del litigio”.
2.4.2.
Con respecto a la supuesta violación del artículo 29 de la Constitución
Política, asegura que la garantía de toda persona a ser juzgado ante un
juez o tribunal competente, “implica necesariamente que todo el trámite o la
instancia, debe ser conocida o desarrollada por uno o unos funcionarios,
conocidos desde el inicio del proceso, esa circunstancia es la que los hace
competentes, porque conocen o saben sobre qué supuestos fácticos o probatorios
deben decidir. Los funcionarios que estuvieron ausentes durante todo el
trámite, es decir los nuevos magistrados que integran la sala, están facultados
para decidir, pero en la norma demandada, tienen competencia para decidir sobre
lo que no conocieron”. De este modo, a juicio del actor, las normas
acusadas desconocen el artículo 29 Superior, “ya que los nuevos magistrados
que integran la sala que decide no actuaron o conocieron el trámite
disciplinario, por lo cual no tienen competencia para decidir”.
2.4.3.
Frente al aparente desconocimiento del 8º de la Convención Americana de
derechos Humanos, en la demanda se explica que las normas demandadas, al
determinar que un funcionario ausente de las etapas del proceso sea quien
integre la sala para decidir, quebranta la citada disposición convencional, en
la garantía del juez competente, “en el entendido que por ausencia en el
proceso de los magistrados que integran la sala para impartir sentencia, no son
ni juez ni tribunal competente, porque ningún funcionario judicial de manera
responsable puede decidir sobre algo que no conoce”.
IV. INTERVENCIONES
1.
Ministerio de Justicia
El
Ministerio de Justicia, actuando a través del Director de la Dirección de
Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico, solicitó a la Corte
Constitucional que declare la exequibilidad de los partes normativos acusados
de los artículos 102 y 106 de la Ley 1123 de 2007.
A
juicio del interviniente, no son de recibo los cargos de inconstitucionalidad
que se esgrimen contra las disposiciones acusadas, que asignan competencia al
Magistrado Ponente y a la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura para juzgar disciplinariamente a los abogados, “no solo porque
tal previsión hace parte de la libertad de configuración legislativa para
regular la competencia judicial como uno de los elementos que garantiza el
debido proceso, sino porque tal regulación se aviene a la distribución de
funciones para el cumplimiento y prestación del servicio de administración de
justicia por parte del juez colegiado, en este caso por los Consejos
Seccionales de la Judicatura a través de sus Salas Disciplinarias. Además, la
naturaleza oral de esta clase de procesos judiciales mediante su trámite en
audiencias, constituye plena garantía y respeto de los criterios que determinan
la competencia judicial y del principio de inmediación de la prueba”.
Al
respecto, precisa que, en virtud de la cláusula general de competencia, el
Congreso goza de un amplio margen de configuración para regular los procesos
judiciales en aquellos aspectos no definidos directamente por la Carta, y,
dentro de ella, para fijar las atribuciones de los órganos encargados de
administrar justicia (C.P: art. 150).
Dentro
de ese contexto, destaca que, de conformidad con la Constitución Política (art.
256) y la Ley Estatutaria de Administración de Justicia (Ley 270 de 1996, art,
114), “la competencia judicial para conocer de los procesos disciplinarios contra
los abogados se encuentra radicada en cabeza de las Salas Jurisdiccionales
Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura y éstos son órganos
colegiados que cumplen sus funciones a través de sus Salas, integradas a su vez
por un número impar de Magistrados señalados en la ley”, de manera que “quien
adopta la decisión o falla el proceso disciplinario es la corporación a través
de su sala Jurisdiccional Disciplinaria”.
Bajo
esa óptica, señala que “es claro que los Magistrados de la respectiva Sala,
a los cuales se reparten equitativamente los procesos disciplinarios, son los
encargados de adelantar el trámite de los procesos y de presentar el proyecto
de fallo para ser discutido y adoptado en la Sala de la cual hacen parte, por
tratarse de un juez colegiado”.
Sobre
esa base, considera que no puede sostenerse, como lo hace la demanda, que las
normas acusadas vulneran el debido proceso, en el aspecto de la competencia
judicial, “pues resultas absolutamente claro que existe regulación previa
que delimita el poder del Estado y la garantía de los derechos de los
ciudadanos, de manera que la autoridad judicial actúa dentro de sus
competencias y se sujeta a los procedimientos señalados en la ley”.
Finaliza
afirmando que tampoco es válido sostener la presunta violación de los
principios de inmediación, concentración, y publicidad de la prueba, “si se
tiene en cuenta que dentro de los principios rectores del procedimiento
disciplinario contra los abogados, contemplados en la misma Ley 1123 de 2007
-artículos 57 a 58- se establece que la actuación procesal será oral, para lo
cual se utilizarán los medios técnicos disponibles que permitan imprimirle
mayor agilidad y fidelidad, sin perjuicio de conservar un registro de lo
acontecido y, además, los intervinientes tendrán derecho a presentar y
controvertir las pruebas, con todo lo cual se garantizan los principios de
inmediación y contradicción de la prueba”.
2. Instituto Colombiano de
Derecho Procesal
El
Instituto Colombiano de Derecho Procesal, a través de uno de sus miembros, se
pronunció en relación con la demanda que dio origen a este proceso,
solicitándole a la Corte que declare la exequibilidad de las disposiciones
acusadas.
El
interviniente sustenta su solicitud con base en los siguientes argumentos:
La
garantía constitucional del debido proceso prevista en el artículo 29 Superior,
“ha de ser desarrollada y precisada respecto de los distintos procesos en
los que se ejerza la jurisdicción del Estado, por el legislador. Es esa la
razón por la cual si la sentencia correspondiente se profiere por una Sala de
Decisión del Consejo Seccional de la Judicatura a quien corresponda la
tramitación de un proceso disciplinario conforme a la distribución de
competencia por el factor territorial, no puede afirmarse que la recepción de
la queja y la actuación que se surta por un magistrado como instructor del
proceso quebrante esa garantía consagrada en la Carta Política.”
Cuando
un magistrado lleva a cabo una determinada actuación procesal, como lo es oír
al disciplinado en versión libre o decretar pruebas, “no actúa como un
particular sino como un funcionario público investido de jurisdicción, es
decir, como juez disciplinario, lo que significa que su actuación en ese proceso
es la de la corporación judicial a la que pertenece”.
Por
razones de orden funcional, la competencia para adelantar la instrucción del
proceso disciplinario se distribuye al magistrado ponente, “sin que ello
signifique quebranto de la garantía constitucional a ser notificado de la
apertura del proceso y a participar desde entonces en todas sus etapas, con lo
cual se le garantiza ser oído antes del proferimiento del fallo
correspondiente, el cual, por disposición legal no será proferido por quien lo
instruyó sino por toda la Sala a la que le corresponde el juzgamiento”.
3. Academia Colombiana de
Jurisprudencia
La
Academia Colombiana de Jurisprudencia, a través de uno de sus miembros, se
pronunció en relación con la demanda que dio origen a este proceso,
solicitándole a la Corte que declare la exequibilidad de las normas acusadas.
Sostiene
sobre el particular, que las normas acusadas no hacen nada diferente a
consagrar en el trámite del proceso disciplinario “lo que prescribe la
Constitución en el numeral 3 del art. 256 al indicar como funciones del Consejo
Superior de la Judicatura y de los ‘consejos seccionales según el caso’ el
‘examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama
judicial así como las de los abogados en ejercicio, en la instancia que
señale la ley’, de ahí que la ley 1123 de 2007 sea la llamada a indicar la
forma como se deben surtir los trámites procesales pertinentes, sin que sea
imperativo, como lo estima el impugnante, que deban intervenir en todo el
trámite del proceso la totalidad de los magistrados competentes para
conocerlos, por ser asunto que la Constitución asignó a la definición legal y
la ley es clara en su reglamentación”.
Destaca,
además, que lo indicado en las normas acusadas, “no es nada diverso a lo que
está consagrado en el art. 29 del Código de Procedimiento Civil que asigna la
función decisoria a las salas respectivas, pero destaca que los demás autos
corresponden al Magistrado ponente o el art. 6 del decreto 2067 de 1991, que en
los trámites ante la Corte Constitucional dispone que la sustentación del
proceso estará a cargo del ponente asignado y, adiciona el art. 8 del mismo,
que debe ese ponente presentar el proyecto de sentencia ante la sala, casos que
son de idéntico contenido jurídico al previsto en la disposición acusada y que
en un todo se ajustan a la Constitución”.
4. Instituto Colombiano de
Derecho Disciplinario
El
Instituto Colombiano de Derecho Disciplinario, a través de su Presidente y de
su Directora Ejecutiva, intervino en la presente causa para solicitarle a la
Corte que declare la exequibilidad de las disposiciones impugnadas.
De
manera general, el interviniente sostiene que los apartes acusados no
transgreden “el núcleo esencial del Estado Constitucional, Social y
Democrático de Derecho colombiano, representado en los valores, principios,
derechos, deberes y garantías constitucionales y convencionales, en tanto
categorías plasmadas en la Constitución de 1991, pues se ajusta al principio
constitucional de legalidad…”. Explica su posición en los siguientes
términos:
Las
normas acusadas de inconstitucionales, “constituyen aplicación de la
competencia general que tiene el legislador y que se da en el marco de la
libertad configurativa”.
Al
establecer las normas el procedimiento que debe seguirse, “lo que brinda es
garantía procesal del debido proceso y el derecho de defensa para que el
investigado conozca las normas procesales y las ritualidades mismas del proceso
disciplinario”.
Ni
de las normas acusadas, ni del texto de la demanda, se evidencia “que haya
ausencia de garantías al procesado al establecer que corresponde a la sala
decidir de fondo, ya que, la inmediación del juez en la práctica de las pruebas
sí se encuentra garantizado con el Magistrado Ponente, y en nada afecta el
debido proceso, el hecho que los demás magistrados que integran la sala no
hayan practicado de manera directa las pruebas, máxime cuando el mismo
accionante manifiesta que tampoco comparte que en la sala de decisión se
encuentre el Magistrado que practicó y adelantó la etapa de investigación, por
considerar que éste en cierta forma estaría prejuzgando”.
Dentro
de las garantías fijadas en las normas convencionales citadas en la demanda, están
la de asegurar una sentencia efectiva y los recursos como medio de defensa y de
derecho de contradicción, “lo que no se está vulnerando en el presente caso,
sólo porque el legislador dentro de sus facultades distribuyó en un magistrado
la función del recaudo de las pruebas e instrucción del proceso y en la sala la
de proferir el respectivo fallo”.
5. Universidad Externado
de Colombia
La
Universidad Externado de Colombia intervino en el presente juicio,
solicitándole a la Corte que declare exequibles las expresiones acusadas.
La
citada universidad sustenta su posición con base en dos argumentos concretos: (i)
no existe contradicción material entre las normas demandadas y las normas
constitucionales invocadas; y (ii) existe una confusión
conceptual grave en torno a la noción de competencia.
En
relación con el primero de los argumentos, señala que la demanda no demuestra
la supuesta contradicción entre las normas acusadas y las normas
constitucionales supuestamente violadas. A partir de tal afirmación sostiene
que el procedimiento previsto en las normas acusadas no es incompatible con las
disposiciones superiores y convencionales invocadas “porque el hecho de que
la actuación en primera instancia esté a cargo del Magistrado del Consejo
Seccional de la Judicatura que le haya correspondido en reparto hasta el
momento de dictar sentencia, que se emite por la Sala plural respectiva, no
impide al procesado ser oído, con las garantías debidas y en un plazo
razonable, no enerva la competencia, la independencia y la imparcialidad del
órgano juzgador, ni deroga la ley que fija con anterioridad los presupuestos de
conocimiento de los jueces”.
Sobre
el segundo argumento, sostiene que “el legislador privilegió un
procedimiento en el que la autoridad que clausura es colegiada, pero no es la
misma a la encargada del recaudo probatorio, sobre un procedimiento en el que
quien cierra el procedimiento y quien lo informa es un único funcionario. Ello
equivale a decir que el legislador prefirió un procedimiento que diera primacía
al principio de justicia procesal, que la existencia de un órgano colegiado
permite realizar en mayor medida que la existencia de un único funcionario, sobre
el principio de inmediación. Esa decisión de política legislativa no
sólo es comprensible sino además completamente congruente y compatible con la
naturaleza de un Estado social de derecho y con nuestra norma fundamental: la
razón de ser de los procedimientos es la concreción del valor constitucional de
la justicia, y toda la construcción conceptual y normativa del derecho procesal
está subordinada al logro de esa aspiración axiológica.”
V.
CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION
El
señor Procurador General de la Nación rindió el concepto a su cargo en la
presente causa, solicitándole a la Corte declararse inhibida para emitir
pronunciamiento de fondo, toda vez que la demanda formulada contra los
artículos 102 y 106 de la Ley 1123 de 2007, solo plantea consideraciones de
carácter subjetivo, sin concretar el concepto de violación.
Sobre
el particular, señala que la demanda no cumple con la exigencia de aportar
razones pertinentes y suficientes para demostrar la inconstitucionalidad de los
apartes normativos acusados, pues el actor “no aporta razones
constitucionales que permitan determinar que lo que hace competente al juez
disciplinario es el conocer del trámite desde el inicio del proceso y, por el
contrario, esta tesis no es más que un juicio personal del actor
(interpretación subjetiva) y no se adecua a ninguna interpretación razonable
del parámetro de constitucionalidad invocado, esto es, la garantía
constitucional de ser juzgado por juez o tribunal competente”.
Conforme
con ello, el Ministerio Público se cuestiona “¿de dónde deduce el actor que
la competencia del juez viene determinada por ser él quien conoce el proceso de
principio a fin? Y, sobre todo, ¿tiene esa interpretación suya algún fundamento
iusconstitucional?”, señalando al respecto que “la respuesta a estas
preguntas es, necesariamente, negativa”. La vista Fiscal explica su
posición señalando que en el
derecho procesal colombiano, y de conformidad con la Constitución (art. 150-2),
la competencia de los jueces es determinada por el legislador, siguiendo
ciertos criterios que han sido denominados factores de atribución de la
competencia. Dichos factores son:
“(i)         El factor
objetivo, que atiende a la naturaleza del asunto, es decir, al
contenido de la pretensión. Así, para el caso de la competencia para
conocer de las faltas disciplinarias en la que incurran los abogados en el
ejercicio de su profesión, esta competencia está legalmente atribuida a la
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior (o Seccional) de la
Judicatura, de conformidad con los artículos 2o, 59 y 50 de la Ley
1123 cíe
2007;
(ii) El factor subjetivo,
que es aquel "que permite fijar la competencia dependiendo de las
condiciones particulares o las características especiales de ciertos sujetos
que concurren al proceso, de tal suerte que una vez verificado que demandante o
demandado las posee, la competencia inmediatamente se le asigna a un
determinado juez sin tener en cuenta otro factor1". En este
sentido, de conformidad con el artículo 2° de la Ley 1121 de 2007 son
competentes para conocer de los procesos disciplinarios los miembros de las
Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejo Superior y Seccionales de
la Judicatura cuando se trata falta disciplinarias cometidas por abogados en el
ejercicio de su profesión;
(iii) El factor funcional,
de acuerdo con el cual la competencia se determina según la naturaleza de la
función que desempeña el funcionario que debe resolver el proceso. Por ejemplo,
la Ley 1123 de 2007 determina quiénes conocen de los procesos disciplinarios en
primera y segunda instancia; y
(iv) El factor
territorial, que señala que la competencia del juez se establece "según
los foros o lugares donde se desarrolla la controversia"2, en
este caso, el juez competente será aquel del lugar en donde se dio la presunta
falta disciplinaria”.
Conforme con lo dicho,
concluye, entonces, que “ninguno de los factores de atribución de
competencia señalados establece que ésta se determine en razón de que el juez
conozca personal y directamente del proceso desde su fase inicial y hasta que
se adopte la decisión definitiva, ni que esta competencia se pierda en virtud
de no darse este pretendido requisito”, lo cual no deja duda acerca de la
impertinencia e insuficiencia del cargo.
En los términos expuestos, el Ministerio Público le
solicita a la Corte abstenerse de emitir pronunciamiento de fondo en el
presente caso.
VI.    CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1.
Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 4° del
artículo 241 de la Constitución Política, esta Corporación es competente para
decidir sobre la demanda de inconstitucionalidad que se formula contra algunos
apartes de los artículos 102 y 106 de la Ley 1123 de 2007.
2.
Alcance de la presente
demanda
2.1. En el asunto bajo estudio, el actor acusa la
inconstitucionalidad de los incisos segundo del artículo 102 y cuarto del
artículo 106 de la Ley 1123 de 2007, “Por la cual se establece el Código
Disciplinario del Abogado”.
Sostiene que los apartes demandados, al atribuirle al
Magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura que le haya correspondido en
reparto, la competencia para tramitar en primera instancia y hasta la sentencia
el proceso disciplinario de los abogados, dejando en cabeza de la Sala Plural
respectiva sólo la determinación de proferir el fallo, desconoce la garantía
reconocida a toda persona a ser juzgada ante juez o tribunal competente,
consagrada en los artículos 2º y 29 de la Constitución Política y 8º de la
Convención Americana de derechos Humanos.
Aduce que tal garantía resulta vulnerada por parte de
las normas acusadas, en la medida en que, según su entender, todo el trámite
del proceso disciplinario en primera instancia, incluida la práctica de pruebas
y las alegaciones de las partes, se lleva a cabo por parte del magistrado
ponente sin el concurso de los demás magistrados que integran la sala plural,
quienes, finalmente, entran a proferir sentencia, sin haber tenido acceso
directo a las fuentes de información del proceso y sin tener conocimiento pleno
de los cargos debatidos. En relación con dicha acusación, sostiene que la garantía de toda persona a ser juzgado ante un
juez o tribunal competente, “implica necesariamente que todo el trámite o la
instancia, debe ser conocida o desarrollada por uno o unos funcionarios,
conocidos desde el inicio del proceso, [pues] esa circunstancia es la que los
hace competentes, porque conocen o saben sobre qué supuestos fácticos o
probatorios deben decidir”.
2.2. En relación con la anterior acusación, la mayoría
de quienes intervienen en el presente juicio le solicitan a la Corte que
declare la exequibilidad de las normas impugnadas. Aun cuando algunos resaltan
la existencia de ciertas imprecisiones en la formulación de los cargos,
coinciden en sostener que la medida adoptada en las normas acusadas, de reconocerle
competencia al magistrado ponente para tramitar en primera instancia y hasta la
sentencia el proceso disciplinario de los abogados, se adopta por el legislador
con base en las atribuciones reconocidas por la Carta para regular los procesos
judiciales en aquellos aspectos no definidos directamente por la Constitución, y
dentro del propósito de contribuir al mejoramiento del funcionamiento de la
administración de justicia mediante una adecuada distribución de funciones.
2.3. Por su parte, el Ministerio Publico, en el
concepto de rigor, le plantea a la Corte la existencia de una presunta
ineptitud sustantiva de la demanda, tras considerar que el actor no formula un
verdadero cargo de inconstitucionalidad contra las normas impugnadas, pues solo
plantea consideraciones de carácter subjetivo sin concretar el concepto de
violación, en el sentido que no explica de donde deduce que la competencia del
juez viene determinada por ser él quien conoce el proceso de principio a fin.
2.4. En relación con la posición del Ministerio
Público, cabe señalar que, si bien se advierten algunas inconsistencias en la
argumentación que presenta el actor para cuestionar la constitucionalidad de
los artículos 102 y 106 de la Ley 1123 de 2007, en todo caso, dando aplicación
al principio pro actione, la Corte encuentra que la demanda cumple con
los requisitos mínimos de procedibilidad previstos en el artículo 2° del
Decreto 2067 de 1991, toda vez que la misma contiene al menos un cargo concreto
de inconstitucionalidad basado en razones claras, ciertas, pertinentes,
suficientes y específicas[1].
En efecto, a juicio de la Corte, el actor sí presenta
una acusación de inconstitucionalidad contra las normas impugnadas,
materializada en el hecho objetivo de destacar que las mismas, al asignar al
Magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura que le haya correspondido en
reparto, la competencia para tramitar en primera instancia el proceso
disciplinario de los abogados, dejando en manos de la Sala solo la facultad
para decidir, está afectando la garantía reconocida a toda persona a ser
juzgada ante juez o tribunal competente, toda vez que la Constitución asigna
tal atribución, en forma integral, al Consejo Superior de la Judicatura y a los
Consejos Seccionales en su condición de jueces plurales, y no a quienes hacen
parte de tales corporaciones.
Si bien es cierto que alrededor de tal acusación, se
presenta algunos planteamientos que se advierten como contradictorios por
algunos intervinientes y el Ministerio Público, la demanda cuenta con un grado
mínimo de coherencia y solidez, que permite llevar a cabo una confrontación
objetiva entre la ley acusada y la Constitución, derivada a su vez de la
necesidad de establecer cuál es en realidad el alcance de la competencia
asignada al juez disciplinario de los abogados y cuál su incidencia sobre las
disposiciones constitucionales y convencionales señaladas como violados (artículos
2º y 29 de la Constitución Política y 8º de la Convención Americana de derechos
Humanos).
Por lo tanto, conforme al principio pro actione,
para la Corte es claro que la acusación formulada se ampara en razones claras,
ciertas, pertinentes, suficientes y específicas, en la
medida en que la misma: (i) permite entender el sentido de la demanda y
lo que con ella se persigue, (ii) se dirige a controvertir directamente el
contenido de las normas impugnadas, (iii) algunos de los argumentos en
que se basa son de naturaleza estrictamente constitucional, (iv)
contiene igualmente elementos fácticos que buscan poner en duda la
constitucionalidad de la medida normativa cuestionada, e (v) intenta
mostrar la manera como las preceptivas acusadas pueden contrariar la
Constitución.
2.5. En consecuencia, estima este Tribunal que en el
presente caso se está en presencia de una demanda en forma, motivo por el cual
cabe proferir el respectivo pronunciamiento de fondo.
3.
Problema jurídico
3.1. Teniendo
en cuenta el contenido de la demanda formulada y las distintas intervenciones,
en esta ocasión le corresponde a la Corte establecer si las normas acusadas, en cuanto le atribuyen al Magistrado
ponente del Consejo Seccional de la Judicatura la competencia para tramitar en
primera instancia y hasta la sentencia el proceso disciplinario de los
abogados, dejando en cabeza de la Sala respectiva sólo la determinación de
proferir el fallo, desconocen la garantía del juez natural, reconocida en el
artículo 2º y 29 de la Constitución Política y 8º de la Convención Americana de
derechos Humanos.
3.2. Para resolver el anterior problema jurídico, la
Corte abordará los siguientes temas jurídicos: (i) el papel que
cumple la profesión de abogado en el Estado Social de Derecho y el control
público que debe existir sobre dicha actividad; (ii) el principio del juez natural y los conceptos de
jurisdicción y competencia; (iii) el alcance de la facultad legislativa
para fijar los procedimientos judiciales y administrativos, particularmente en
materia disciplinaria; (iv) el régimen
constitucional y legal de la responsabilidad disciplinaria de los abogados; para
finalmente (v) evaluar la constitucionalidad de las normas impugnadas.
4.     El papel que cumple la profesión de abogado en el
Estado Social de Derecho y el control público que debe existir sobre dicha
actividad
4.1. Esta Corporación, a través de
diversos pronunciamientos[2], ha tenido oportunidad de
referirse al papel que cumple el abogado en el Estado Social y Democrático de
Derecho, así como también a la importancia del control que respecto del
ejercicio de esa profesión deben llevar a cabo las autoridades públicas.
4.2. Sobre el particular, la Corte ha
explicado que, dentro de los parámetros que enmarcan el ejercicio de la
profesión, el abogado ejerce su labor, principalmente y de manera general, en
dos escenarios o frentes diferentes[3]: (i) por fuera del proceso, a través de
la consulta y asesoría en favor de quien se lo solicite; y (ii)
dentro del proceso o juicio, mediante la representación judicial en favor de
aquellos que son requeridos o acuden a la administración de justicia para
resolver sus controversias.
4.3. Acorde con ello, ha subrayado que, en desarrollo
de esas actividades, la profesión de abogado está llamada a cumplir una función
social, “pues se encuentra íntimamente ligada a la búsqueda de un orden justo y
al logro de la convivencia pacífica, en razón a que el abogado es, en gran
medida, un vínculo necesario para que el ciudadano acceda a la administración
de justicia”[4].
4.4.
En razón a la misión o función social que están llamados a cumplir, “los
abogados se encuentran sometidos a ciertas reglas éticas que se materializan en
conductas prohibitivas con las que se busca asegurar la probidad u honradez en
el ejercicio de la profesión y la responsabilidad frente a los clientes y al
ordenamiento jurídico”[5].
Sobre
este particular, la jurisprudencia ha expresado que, en la atención debida al
cliente, la labor del abogado no se
limita a resolver problemas de orden técnico, sino que su actividad va más
allá, proyectándose también en el ámbito de lo ético, de modo que la regulación
de su conducta por normas de ese carácter no implica una indebida intromisión
en el fuero interno de las personas. Ello es así, justamente, porque la
conducta individual del abogado se encuentra vinculada a la protección del
interés general o común, de manera que el ejercicio inadecuado o irresponsable
de la profesión, puede proyectarse negativamente sobre la efectividad de
diversos derechos fundamentales de terceros, como la honra, la intimidad, el
buen nombre, el derecho a la defensa y el acceso a la administración de
justicia, así como también, poner en entre dicho la vigencia de principios
constitucionales de interés general, orientadores de la función jurisdiccional,
tales como la eficacia, la celeridad y la buena fe[6].
4.5. En ese escenario, considerando que la abogacía se
orienta a concretar importantes fines constitucionales, lo ha manifestado este
Tribunal, el incumplimiento de las reglas éticas que informan la profesión
conlleva igualmente riesgos sociales que ameritan un control público a su
ejercicio, el cual se materializa mediante la expedición de reglas jurídicas a
través de las cuales se busca vigilar y sancionar la conducta de los abogados
cuando haya lugar a ello.
Al
respecto, en la Sentencia C-196 de 1999, la Corte sostuvo que: “si al abogado
le corresponde asumir la defensa en justicia de los derechos e intereses de los
miembros de la comunidad y, a su vez, le compete la asesoría y asistencia de
las personas en la ordenación y desenvolvimiento de sus relaciones legales,
resulta lícito que la ley procure ajustar su comportamiento social a la
observancia de tales fines, impidiendo, a través de la imposición de
determinadas sanciones, que el profesional desvíe su atención y opte por obrar
contrario a derecho, impulsado por el ánimo egoísta de favorecer su intereses
particulares en detrimento de la Administración de Justicia y de la propia
sociedad”.
4.6. Dicho control público encuentra un claro
fundamento constitucional, inicialmente, en el artículo 26 de la Carta, en el
que se faculta al legislador para exigir títulos de idoneidad y a las
autoridades para ejercer su vigilancia y control; y en el artículo 95 del mismo
ordenamiento Superior, que le impone a los ciudadanos el deber de respetar los
derechos ajenos y ejercer responsablemente los propios, consagrando también la
obligación ciudadana de colaborar con la administración de justicia. También,
en la cláusula general de competencia consagrada en los
numerales 1° y 2° del artículo 150 de la Constitución Política, por la cual se
habilita al legislador para expedir códigos en todos los ramos de la
legislación y para reformar y derogar sus disposiciones.
En esa línea, la Corte ha destacado que “las reglas a
través de las cuales se vigila la conducta de los abogados (…) constituyen lo
que en términos abstractos puede denominarse su régimen disciplinario”[7], que, como se
ha dicho, comporta el llamado control público del ejercicio profesional.
4.7. Tratándose del poder disciplinario, la propia
jurisprudencia constitucional ha puesto de presente que el mismo constituye
“una de las más importantes expresiones de la función de control y vigilancia”[8], aclarando, a
la vez, que su desarrollo corresponde al legislador, en todos aquellos aspectos
que no hayan sido definidos directamente por la Constitución Política, y quien
para el efecto, de conformidad con la Carta, goza de un amplio margen de
configuración política para expedir una regulación orientada “al logro de los
fines de la profesión en procura de que su ejercicio sea compatible con el
interés general, entendido a la luz de los valores y principios
constitucionales”[9].
Tal regulación debe incluir, entre otros aspectos, las
faltas y sanciones de los abogados, así como también la naturaleza y
características del procedimiento aplicable a través del cual deben ser
investigadas y juzgadas dichas faltas, incluyendo en este último aspecto, la
definición de las autoridades que tiene a su cargo el juzgamiento de las
conductas y la manera como las mismas deben ejercer su competencia[10].
5.     El principio del juez natural. Los conceptos de
jurisdicción y competencia
5.1. También la
jurisprudencia constitucional ha tenido oportunidad de referirse al principio
del juez natural, destacando que el mismo se inscribe en el ámbito de las atribuciones reconocidas a las autoridades judiciales
para conocer, tramitar y juzgar las causas sometidas al poder del Estado.
5.2. En ese contexto, la misma jurisprudencia ha puesto de
presente que el citado principio remite necesariamente a la noción de “juez
natural”, el cual, a su vez, encuentra en el orden jurídico interno un
significado específico, en el sentido de entender que tal expresión hace
referencia a “aquél a quien la Constitución o la ley le han atribuido el conocimiento
de ciertos asuntos para su resolución”.[11]
5.3. La Corte ha señalado
que el principio del juez natural comporta un elemento medular del
debido proceso, en razón a que estructura y desarrolla la garantía establecida
en el artículo 29 de la Constitución Política, según la cual, “[n]adie podrá ser juzgado sino […] ante juez o tribunal competente”, lo que significa que no basta con ser
juzgado por un juez, sino que éste debe, además, tener competencia para conocer
el asunto y resolverlo[12].
5.4. Al margen de su expreso reconocimiento
constitucional, el principio del juez natural también encuentra
desarrollo a nivel internacional en distintos instrumentos de derechos humanos,
entre otros, en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y en
la Convención Americana de Derechos Humanos.
El
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, lo consagra en su artículo
14 al disponer que: “toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y
con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial
establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter
penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u
obligaciones de carácter civil”. Por su parte, la Convención Americana
sobre Derechos Humanos lo prevé en su artículo 8º, señalando que: “toda
persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un
plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial,
establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier
acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos
y obligaciones de carácter civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”.
5.5. Desde el punto de vista de su contenido, el principio
del juez natural pasa a constituirse en un derecho fundamental, que se
materializa en la garantía de toda persona a que su causa sea juzgada y
definida por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial,
establecido con anterioridad por la ley,
quedando proscritos los jueces post-facto o ad-hoc, así como
también los juzgamientos por comisión o por delegación, bajo el entendido que
su existencia no asegura la imparcialidad y ecuanimidad que exige el ejercicio
del cargo y la definición del caso concreto.
5.6. Así entendido, este
Tribunal ha puntualizado que la garantía del juez
natural tiene una finalidad más sustancial que formal, en razón a que su
campo de protección no es solamente el claro establecimiento de la jurisdicción
encargada del juzgamiento, previamente a la consideración del caso, sino también
la seguridad de un juicio imparcial y con plenas garantías para las partes.
Conforme con ello, ha precisado que dicho
principio opera como un instrumento necesario de la rectitud en la
administración de justicia y como una garantía frente a la posible
arbitrariedad de la actuación de los poderes del Estado en perjuicio de los
ciudadanos.
En
relación con esto último, la Corte ha insistido en sostener que la exigencia de que se haya asignado normativamente
competencia no basta para definir el alcance del juez natural, pues,
como se ha explicado, la garantía en cuestión exige adicionalmente que no se
altere “la naturaleza de funcionario judicial” , lo que implica, a su vez, que previamente se
definan quiénes son los jueces competentes, que los mismos tengan
carácter institucional y que una vez asignada debidamente la competencia para
conocer un caso específico, no les sea revocable el conocimiento del caso,
salvo que se trate de modificaciones de competencias al interior de una determinada
institución[13].
5.7. Conforme con lo dicho, el derecho al juez natural
comprende una doble garantía: (i) para quien se encuentra
sometido a una actuación judicial o administrativa, en cuanto le asegura “el
derecho a no ser juzgado por un juez distinto a los que integran la
Jurisdicción, evitándose la posibilidad de crear nuevas competencias distintas
de las que comprende la organización de los jueces”[14]; y (ii) para la Rama Judicial,
“en cuanto impide la violación de principios de independencia, unidad y
‘monopolio’ de la jurisdicción ante las modificaciones que podrían intentarse
para alterar el funcionamiento ordinario”[15].
5.8.
Ahora bien, a partir de su configuración jurídica, la garantía del juez
natural se encuentra íntimamente ligada a los conceptos de jurisdicción y
competencia. La Corte ha explicado que la jurisdicción,
en general, “consiste en la potestad que tiene el Estado para administrar
justicia en ejercicio de la soberanía de que es titular, mediante el
conocimiento y decisión de las diferentes causas (civiles, criminales,
administrativas, etc.)”[16].
Por tratarse de una potestad estatal, lo ha expresado la Corporación, la
jurisdicción es única e indivisible, razón por la cual “todos los jueces
ejercen jurisdicción en nombre del Estado, pero circunscrita al ámbito propio
de la competencia que le asigna la ley”[17].
5.9. Cabe aclarar que el ejercicio de la
jurisdicción, no obstante constituir una potestad general del Estado, única e
indivisible, por razones de eficiencia y celeridad, se divide o fracciona a su
vez en distintos sectores, conocidos genéricamente como jurisdicciones, las
cuales constituyen simples divisiones operativas de esa potestad estatal para
administrar justicia.
Sobre este particular, el artículo 12 de
la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, en concordancia con lo
previsto en el artículo 116 Superior, señala que la función jurisdiccional se
ejerce como propia y habitual y de manera permanente por las Corporaciones y
personas dotadas de investidura constitucional y legal para hacerlo. Conforme
con ello, la misma norma destaca que la función jurisdiccional en Colombia se
ejerce por la jurisdicción constitucional, el Consejo Superior de la
Judicatura, la Jurisdicción de lo contencioso administrativo, las
jurisdicciones especiales tales como la penal militar, la indígena y la
justicia de paz, y la Jurisdicción Ordinaria que conocerá de todos los asuntos
que no estén atribuidos expresamente por la Constitución o la ley a otra
jurisdicción.
En relación con esto último, es menester destacar que la medida de la jurisdicción que puede
ejercer cada juez o tribunal en concreto, es lo que determina a su vez la
competencia. Ciertamente,
la competencia de una autoridad judicial ha sido definida por la Corte como
“la porción, la cantidad, la medida o el grado de la jurisdicción que
corresponde a cada juez o tribunal, mediante la determinación de los asuntos
que le corresponde conocer, atendidos determinados factores (materia, cuantía,
lugar, etc)”[18].
5.10. Los criterios o factores de
competencia tienen como objetivo fundamental, definir cuál va a ser la
autoridad judicial, juez o tribunal, que va a conocer, tramitar y decidir,
con preferencia o exclusión de las demás, un determinado asunto que ha sido
puesto en conocimiento de la administración de justicia. En este contexto, de
manera regular, la competencia se fija de
acuerdo con los siguientes criterios o factores: (i) la
naturaleza o materia del proceso y la cuantía (factor objetivo); (ii)
la calidad o condiciones especiales de las partes que concurren al proceso (factor
subjetivo); (iii) la naturaleza de la función que desempeña la
autoridad que tiene a su cargo la definición y resolución del proceso (factor
funcional); (iv) el lugar o foro donde debe tramitarse y
desarrollarse el proceso (factor territorial); y (v) la
competencia previamente determinada para otro proceso, lo que permite que un
proceso asignado a un juez absorba los otros asuntos que con relación a un tema
específico puedan ser promovidos con posterioridad (factor de conexidad o de
atracción).
5.11. La jurisprudencia constitucional ha señalado igualmente
que la competencia debe tener, además, las siguientes calidades: (i) legalidad,
en cuanto debe ser definida por la ley; (ii) imperatividad, lo
que significa que es de obligatoria observancia y no se puede derogar por la
voluntad de las partes; (iii) inmodificabilidad, en tanto
no se puede variar o cambiar en el curso del proceso (perpetuatio
jurisdictionis); (iv) indelegabilidad, ya que
no puede ser cedida o delegada por la autoridad que la detenta legalmente; y (v)
es de orden público, en razón a que se sustenta o fundamenta en
principios y criterios que se relacionan con la prevalencia del interés
general.
6.     Alcance de la facultad legislativa para fijar los
procedimientos judiciales y administrativos, particularmente en materia
disciplinaria
6.1. De manera general, la Corte ha sostenido que, de
conformidad con la cláusula
general de competencia consagrada en los numerales 1° y 2° del artículo 150 de
la Constitución Política, el legislador goza de un amplio margen de
configuración política en la definición de los procedimientos judiciales y
administrativos, esto es, en la facultad para establecer las formas propias de
cada juicio, entendidas éstas como el conjunto de reglas que, en atención a la
naturaleza del proceso, determinan o definen los trámites que deben surtirse
ante las diversas instancias judiciales o administrativas.[19]
6.2. De manera particular, en el campo del
derecho disciplinario, la Corte ha sostenido que el establecimiento de un
régimen de esa naturaleza constituye un espacio de libre configuración
legislativa, pues, “es en el campo de la deliberación política, en donde se
puede establecer, con mayor precisión, el tipo de conductas que resultan ajenas
a la consecución de los fines del Estado y a la construcción de un ejercicio
profesional ético, así como la gravedad social de estas conductas y la
consecuente intensidad de las sanciones aplicables”[20].
El criterio de existencia de una reserva
legal en materia disciplinaria, fue puesto de presente por la Corte en la
Sentencia C-037 de 1996, donde la Corporación llevó a cabo el control de
constitucionalidad de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia (Ley
270 de 1996). En ese pronunciamiento, precisó la Corte que las disposiciones
jurídicas relativas a la responsabilidad disciplinaria, tanto en su aspecto
sustancial como procedimental, son de competencia exclusiva del legislador
ordinario. Sobre el particular, se dijo en el mencionado fallo:
“De acuerdo con las razones expuestas a lo largo de
esta providencia, la regulación de asuntos de carácter disciplinario (…) es
competencia propia del legislador ordinario (Art. 150-23 C.P.), y no de una ley
estatutaria sobre administración de justicia”.
6.3. En relación con la competencia
legislativa para configurar procedimientos judiciales y administrativos, la
Corte ha señalado que la misma le permite al legislador fijar las reglas
a partir de las cuales se asegura la plena efectividad de los derechos al
debido proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia (arts. 29 y
229 C.P.), reglas que, además, buscan consolidar la seguridad jurídica,
la racionalidad, el equilibrio y la finalidad de los procesos, al tiempo que
permiten desarrollar el principio de legalidad que resulta ser consustancial al
Estado Social de Derecho[21].
6.4. Conforme con dicha atribución, el
legislador se encuentra, entonces, ampliamente facultado para definir, no solo
las conductas reprochables y las sanciones aplicables, sino también el procedimiento
que debe seguirse para la imposición de aquellas, esto es, “[las] etapas,
características, formas y, específicamente, los plazos y términos que han de
reconocerse a las personas en aras de facilitar el ejercicio legítimo de sus
derechos ante las autoridades públicas”.[22]
6.5. Siendo ello así, lo ha dicho la Corporación[23],
el legislador está habilitado para regular y definir, entre los múltiples asuntos
que son de su resorte, algunos de los siguientes aspectos: (i) la
radicación de competencias en una determinada autoridad judicial o
administrativa, siempre y cuando el constituyente no se haya ocupado de
asignarla de manera explícita en la Carta, caso en el cual su facultad se
dirige a determinar y desarrollar los aspectos específicos de la misma; (ii)
las etapas, términos y formalidades que se deben cumplir en cada uno de los
procesos; (iii) los recursos y demás medios de defensa que pueden
promover los interesados contra los actos que profieren las autoridades en su
contra, así como los requisitos y condiciones de procedencia de los mismos[24];
(iv) los medios de prueba y (v) los deberes,
obligaciones y cargas procesales del juez, las partes e incluso de los terceros
intervinientes, ya sea para asegurar la celeridad y eficacia del trámite, como
para proteger a los sujetos procesales y para prevenir daños o perjuicios al
interior de los procesos.
6.6. Cabe destacar que, aun cuando la jurisprudencia
ha sido uniforme en sostener que el legislador goza de un amplio margen de
libertad en la configuración de los procedimientos judiciales y administrativos[25], también ha
sido clara en precisar que dicha atribución debe ser ejercida en forma
razonable y proporcional, con pleno respeto a los principios y valores
constitucionales, constituyéndose tales aspectos en límites al ejercicio legítimo de la competencia.
[26]
Sobre este particular, en la Sentencia C-555 de 2001,
dijo la Corte que: “el legislador al diseñar los procedimientos judiciales no
puede desconocer las garantías fundamentales, y debe proceder de acuerdo con
criterios de proporcionalidad y razonabilidad, a fin de asegurar el ejercicio
pleno del derecho de acceso a la administración de una justicia recta. Por ello
las leyes que establecen procedimientos deben propender por hacer efectivos los
derechos de defensa, de contradicción, de imparcialidad del juez, de primacía
de lo substancial sobre lo adjetivo o procedimental, de juez natural, de
publicidad de las actuaciones y los otros que conforman la noción de debido
proceso”.
6.7. De ese modo, conforme con la cláusula
general de competencia, mientras el legislador no ignore ni contraríe las
garantías básicas previstas en la Constitución Política, y actúe con criterios
de razonabilidad y proporcionalidad, goza de un amplio margen de configuración para
regular las formas propias de cada juicio, en particular, todo lo relacionado
con la competencia de los funcionarios a quienes corresponde tramitar y decidir
los diferentes procesos judiciales y administrativos.
6.8. Sobre este último aspecto, como ya fue
mencionado, la competencia de los jueces y magistrados es un asunto que
corresponde definir a la ley, a menos que aquella haya sido fijada directamente
por la Constitución Política, caso en el cual la facultad de regulación legal se
dirige a determinar y desarrollar los aspectos específicos de esa competencia,
la manera como debe ser ejercida por la autoridad respectiva y, en general,
todos los demás elementos del procedimiento
que permiten la activación y ejercicio de la competencia.
6.9. En consecuencia, de acuerdo con las
reglas que han sido expuestas, cabe concluir que el legislador cuenta con un amplio poder de definición de las reglas
que concretan el concepto de debido proceso en cada trámite judicial o
administrativo, como los que tienden a la investigación de faltas
disciplinarias y a la imposiciíon de sanciones; poder al que se encuentran
sometidos todos y que, además, dentro del marco de la Constitución Política,
puede comportar límites razonables a los derechos e intereses de las partes y
terceros, como resultado de la valoración legítima que en la materia le
corresponde efectuar al Congreso de la República[27].
7.     Responsabilidad disciplinaria de los abogados. Régimen
constitucional y legal
7.1. Tal
y como lo ha sostenido esta Corporación,[28]
la Constitución Política de 1991, en los artículos 254 a 257, creó una
jurisdicción especial para administrar justicia en
materia disciplinaria, dirigida a examinar, juzgar y sancionar las conductas de
los funcionarios de la Rama Judicial, así como también la de los abogados en el
ejercicio de su profesión.
7.2. Dentro de dicha
jurisdicción, el propio estatuto Superior le asignó a la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura -cabeza de la jurisdicción-
y a las Salas disciplinarias de los Consejos Seccionales de la misma
Corporación, “de acuerdo a la
ley”, el conocimiento de los
procesos disciplinarios contra los abogados en ejercicio (C.P art. 256-3), quienes deben asumirla “en la instancia que señale la ley”.
7.3. En desarrollo de ese
mandato Superior, los artículos 9º-4 y 10º-1 del Decreto 2652 de 1991, en
concordancia con los artículos 112-6 y 114-2 de la Ley Estatutaria de
Administración de Justicia (Ley 270 de 1996), le atribuyen a la Sala
Disciplinaria de los Consejos Seccionales de la Judicatura el conocimiento en
primera instancia de los procesos disciplinarios que se sigan contra los
abogados en ejercicio, y a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura, el conocimiento de los recursos de apelación y de
hecho, así como de la consulta, en los procesos disciplinarios de que conocen
en primera instancia los Consejos Seccionales.
7.4. Como
consecuencia de las funciones que en materia disciplinaria cumplen, tanto la
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura como
las Salas Disciplinarias de los Consejos Seccionales, “las providencias que
emanan de dichas autoridades tienen la naturaleza de decisiones judiciales, con
la fuerza y efectos que de ello se derivan, de manera que no pueden ser
sometidas al escrutinio de otra jurisdicción, salvo en sede constitucional a
través de la acción de tutela”[29].
Sobre este particular, explicó la Corte en la Sentencia C-037 de 1996, lo
siguiente:
“Ahora bien, los dos incisos finales del artículo objeto de
análisis prevén que las decisiones que se adopten en materia disciplinaria
sobre funcionarios judiciales, no son susceptibles de acción contencioso
administrativa y tendrán fuerza de cosa juzgada.
(…)
Se tiene,
entonces, que las providencias que dicte la Sala Jurisdiccional Disciplinarias
son en realidad sentencias y, por tanto, cuentan con la misma fuerza y efectos
jurídicos que aquellas que profiera cualquier otra autoridad judicial. No
obstante, si una providencia que resuelva un asunto disciplinario contiene, en
los términos que ha definido la Corte Constitucional, una vía de hecho que
acarree la ostensible vulneración de un derecho constitucional fundamental,
entonces será posible acudir a un medio de defensa judicial como la acción de
tutela para reparar el menoscabo que se ha causado mediante esa decisión”[30].
7.5. Conforme
al criterio de reserva legal en materia disciplinaria, y dentro del marco
establecido en la Constitución Política y la Ley Estatutaria de Administración
de Justicia, el legislador, inicialmente a través del Decreto 196 de 1971, “Por el cual se dicta el estatuto del ejercicio
de la abogacía”, y luego mediante la Ley 1720 de 2007, “Por la cual se establece el Código Disciplinario
del Abogado”, ha fijado las reglas especiales
respecto al ejercicio de la abogacía, incluyendo lo referente al régimen
disciplinario de los profesionales del derecho.
7.6. Con
respecto a la vigencia del Decreto 196 de 1971, en la Sentencia C-884 de 2007,
esta Corporación precisó que “la Ley 1123 de 2007 se
centra en el establecimiento de un régimen disciplinario, renunciando a regular
integralmente todos los aspectos de la profesión”, motivo por el cual, “no se
produce una derogatoria general del decreto 196 de 1971, sino una derogatoria
parcial de las normas que sean contrarias a la nueva ley”.
7.7. En
consecuencia, es la Ley 1123 de 2007, “por la cual
se expide el Código Disciplinario del Abogado”, la que de manera específica
y completa regula actualmente lo relacionado con el Régimen Disciplinario del
Abogado. Según lo ha señalado este Tribunal[31],
el Código contenido en la citada ley se divide en Tres Libros que configuran su
estructura básica y que determinan su contenido y finalidades. Los Tres Libros
se dividen, en su orden, en (i)  una parte general, que presenta una adecuación sustantiva de los principios
constitucionales del debido proceso; (ii) una parte especial, en la que
se lleva a cabo una actualización de los deberes,
incompatibilidades, faltas y sanciones que aplican al ejercicio de la abogacía; y (iii) una parte
procedimental, que adecúa y actualiza el procedimiento disciplinario aplicable
a los estándares constitucionales y del derecho
internacional, implantando un sistema oral, es decir, incorporando el llamado
proceso verbal, con el que se busca hacer más ágil y expedito el procedimiento disciplinario
y contribuir también a superar
la congestión existente. De manera general, el contenido del Código es el
siguiente:
7.8. En
el Libro Primero, se encuentra la Parte General del Código, que regula: (i)
en el Título I, los principios rectores, entre ellos, el de dignidad
humana (art. 1º), titularidad (art. 2º), legalidad (art. 3º), antijuridicidad
(art. 4º), culpabilidad (art. 5º), debido proceso (art. 6º) favorabilidad (art.
7º), presunción de inocencia (art. 8º), non bis in idem (art. 9º),
igualdad material (art. 10), función de la sanción disciplinaria (art. 11),
derecho de defensa (art. 12), criterios para la graduación de la sanción (art.
13) y gratuidad de la actuación disciplinaria (art. 14). En el mismo Título I se
incluye lo relacionado con la interpretación y aplicación del código (art. 15)
y la aplicación de los principios rectores e integración normativa (art. 16); (ii)
en el Título II, las disposiciones generales que comprenden: el concepto
de falta disciplinaria (art. 17), el ámbito de aplicación (art. 18), los
sujetos disciplinables (art. 19), las formas de realización del comportamiento
(arts. 20 y 21) y la exclusión de la responsabilidad disciplinaria (art. 22); y
(iii) en el Título III, la extinción de la acción y de la
sanción disciplinaria, que comprende las causales de extinción de la acción
(Art. 23), términos de prescripción y Renuncia de la Prescripción (arts. 24 y
25), causales de extinción de la sanción (artículo 26) y término de
prescripción (art. 27).
7.9. El
Libro Segundo, contiene la parte especial del Código, y en ella se consagra:
(i) en el Título I, lo relacionado con los deberes e
incompatibilidades (arts. 28 y 29); (ii) en el Título II
las faltas en particular (arts. 30 a 39); y en el Título III, el Régimen
Sancionatorio que comprende: las sanciones disciplinarias de censura, multa, suspensión o exclusión del ejercicio de la
profesión, las cuales se impondrán atendiendo los criterios de graduación
establecidos en el propio código. (arts. 40 a 47).
7.10. Finalmente,
el Libro Tercero, se ocupa del procedimiento disciplinario regulando: (i)
el en Título I, los principios rectores de dicho procedimiento (arts. 48
a 54); (ii) en el Título II, el procedimiento propiamente
dicho, estableciendo lo relacionado con la competencia del Consejo Superior y
de los Consejos Seccionales (arts. 59 y 60), los impedimentos y recusaciones y
el procedimiento aplicable (arts. 61 a 64), lo referente a los intervinientes
(arts. 65 y 66), el inicio de la acción disciplinaria (arts. 67 a 69), las
notificaciones y comunicaciones (arts. 70 a 78), los recursos y su  ejecutoria
(arts. 79 a 83), las pruebas (arts. 84 a 97) y las nulidades (arts. 98 a 101); (iii)
en el Título III, lo concerniente a la actuación procesal, determinando
lo relacionado con: la iniciación (art. 102), la terminación anticipada (art.
103), la investigación y calificación (arts. 104 a 105), y el juzgamiento (arts.
106 y 107); (iv) en el Título IV, se establecen las
disposiciones complementarias referentes a la rehabilitación de los
profesionales excluidos de la profesión, la solicitud y el procedimiento
aplicable (arts. 108 a 110); finalmente, (v) el Título V contiene
las disposiciones finales sobre régimen de transición y vigencia y derogatoria
del Código (arts.111 y 112).
7.11. Siguiendo la estructura del Código
Disciplinario del Abogado, constata la Corte que las normas parcialmente acusadas,
los artículos 102 y 106, se integran al Título II del Libro Tercero, que trata
sobre la actuación procesal que debe surtirse en el proceso disciplinario que
se sigue contra los abogados a quienes se les atribuye la presunta comisión de
una falta disciplinaria. Conforme fue anotado, la actuación procesal se
desarrolla en los artículos 102 a 107 y comprende las siguientes etapas: (i)
la iniciación de la actuación
(art. 102), (ii) la investigación y calificación (arts. 104 a
105), y  (iii) el juzgamiento (arts. 106 y 107). Dado que se
trata de un proceso verbal, las etapas de investigación y juzgamiento se
desarrollan a través de dos audiencias. La primera, en la “audiencia de
pruebas y calificación provisional”, y
la segunda a través de la denominada “audiencia de
juzgamiento”. El trámite procesal es el
siguiente:
7.11.1. La iniciación de la actuación disciplinaria tiene
lugar mediante queja o informe y se encuentra regulada en el artículo 102,
objeto de impugnación en la presente causa. Al respecto, la norma consagra que
la “queja o informe podrá presentarse verbalmente o por escrito, ante las
Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccional o Superior de
la Judicatura, o ante cualquier autoridad pública, en cuyo caso la remitirá de
inmediato a la Sala competente en razón del factor territorial”. En lo
acusado, la misma norma precisa que: La actuación en primera instancia
estará a cargo del Magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura que le
haya correspondido en reparto hasta el momento de dictar sentencia,
determinación que se emitirá por la Sala plural respectiva.
7.11.2. Presentada la queja y repartida
ésta, tiene lugar la etapa de investigación y calificación regulada en los artículos
104 y 105. De acuerdo con lo previsto en el artículo 104, la referida
etapa se inicia con el trámite preliminar de procedibilidad donde debe
acreditarse la condición de disciplinable del
denunciado, a quien se le notificará sobre el inicio del proceso y sobre la
necesidad de presentarse con su defensor ante la autoridad competente para
enterarse de la actuación en curso. En caso de no comparecer se le declarara
ausente y se le nombrara abogado de oficio que será quien lo asista en su
defensa.
7.11.3. Superado el
trámite de procedibilidad, dentro de la
etapa de investigación y calificación, el artículo 105 se ocupa de la “audiencia de pruebas y calificación provisional”. Al respecto, dispone que debe procederse al
señalamiento de fecha y hora para la celebración de la audiencia, con citación previa de quien es investigado y del Ministerio
Público (que debe ser enterado de todas audiencias que se realicen), aclarando
igualmente la norma, que en las audiencias “será obligatoria la presencia
del disciplinado o su defensor”. Iniciada la “audiencia de pruebas y calificación provisional”, se
presentará la queja o informe origen de la actuación, y se le permitirá al
disciplinable rendir versión libre si es su deseo respecto de los hechos
imputados, o en su caso, el defensor podrá referirse sobre los mismos, pudiendo
solicitar o aportar las pruebas que pretendan allegar. En el mismo acto de
audiencia se determinará la conducencia y pertinencia de las pruebas
solicitadas o aportadas por el disciplinado y se decretarán las que de oficio
se consideren necesarias. Evacuado lo anterior, se procede a la calificación
jurídica de la actuación, ya sea disponiendo su terminación, o presentando formulación
de cargos. En caso de que haya lugar a la formulación de cargos, la misma
deberá contener en forma expresa y motivada la imputación fáctica y jurídica,
así como la modalidad de la conducta, sin que contra tal decisión proceda
recurso alguno.
7.11.4. La calificación jurídica mediante
la formulación de cargos da paso a la etapa siguiente de juzgamiento, la cual
tiene lugar a través de la “audiencia pública de juzgamiento”, regulada
en el artículo 106, también materia de impugnación parcial en el asunto
bajo revisión. Prevé la norma que en dicha audiencia se practicarán las pruebas
decretadas, evacuadas las cuales se concederá el uso de la palabra por un breve
lapso y evitando las prolongaciones indebidas, al representante del Ministerio
Público si concurre, al disciplinable y a su defensor, si lo hubiere, al cabo
de lo cual se dará por finalizada la audiencia. En lo acusado, la misma norma
prevé que, concluida la audiencia, “El Magistrado ponente dispondrá de
cinco (5) días para registrar el proyecto de fallo, y la Sala de cinco (5) días
para proferir sentencia”, la cual deberá contener, en términos
generales, a) la identidad del investigado, b)
un resumen de los hechos por los cuales se encuentra vinculado a la
investigación, c) el análisis de las pruebas que tuvieron que realizarse
durante el transcurso de la investigación disciplinaria, d) los
argumentos defensivos que se presentaron, e) los fundamentos para
declarar la calificación de la falta de la sanción o de la absolución y, por
último, f) incluir una exposición debidamente razonada de los criterios
tenidos en cuenta para la graduación de la sanción impuesta.
7.11.5. Finalmente, el artículo 107
regula el “trámite en segunda instancia”, cuando la sentencia de primera
instancia es apelada. Al respecto, prevé la norma que una vez ingrese la
actuación al despacho del Magistrado Ponente, este dispondrá de veinte (20)
días para registrar proyecto de decisión que será dictada por la Sala en la
mitad de este término. La misma disposición habilita al Magistrado Ponente para
ordenar oficiosamente la práctica de las pruebas que estime necesarias, las
cuales deben ser evacuadas en un término no superior a quince (15) días y fuera
de audiencia, y una vez surtidas estas, se adoptará el procedimiento previamente
indicado.
8.     Constitucionalidad de los apartes acusados de los
artículos 102 y 106 de la Ley 1123 de 2007
8.1. Dentro del marco normativo descrito,
cabe reiterarlo ahora, el actor cuestiona las disposiciones acusadas, por el
hecho de que estas le atribuyen al
Magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura que le haya correspondido en
reparto, la competencia para tramitar en primera instancia y hasta la sentencia
el proceso disciplinario de los abogados, dejando en cabeza de la Sala Plural
respectiva sólo la determinación de proferir el fallo, lo cual, a su juicio,
desconoce la garantía reconocida a toda persona a ser juzgada ante juez o
tribunal competente, pues no existe inmediación de la Sala respecto del decreto
y práctica de pruebas, ni respecto de los alegatos de conclusión.
8.2. Atendiendo a las consideraciones expuestas, y
coincidiendo con lo expresado por los distintos intervinientes, la Corte encuentra
que la acusación del actor no está llamada a prosperar por las razones que se
explican a continuación:
8.3. Como ha sido señalado,
se entiende por juez “juez natural” aquél a quien la Constitución o la
ley le han atribuido el conocimiento de ciertos asuntos para su resolución, siendo
este un principio que se materializa en la garantía de toda
persona a que su causa sea juzgada y definida por un juez o tribunal
competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley.
8.4.
La garantía del juez natural, a su vez, se encuentra íntimamente ligada
a la noción de jurisdicción y competencia, que consisten, la primera, en la potestad que tiene el Estado para
administrar justicia en ejercicio de la soberanía de que es titular, y la
segunda -la competencia- entendida como la medida de la jurisdicción que puede
ejercer cada juez o tribunal en concreto. Sobre la competencia, se reitera, la
misma se determina teniendo en cuenta los factores objetivo, subjetivo,
funcional, territorial y de atracción, cuyo propósito es el
de incidir en la definición de cuál va a ser la autoridad judicial, juez o
tribunal, que va a conocer, tramitar y decidir, con preferencia o exclusión de
las demás, un determinado asunto que ha sido puesto en conocimiento de la
administración de justicia.
8.5. En ese contexto, la propia Constitución
Política define el juez natural para
juzgar y sancionar las faltas disciplinarias de los abogados en el ejercicio de
su profesión, atribuyendo dicha competencia, con
fundamento en los factores funcional y territorial, a la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y a las Salas
disciplinarias de los Consejos Seccionales de la misma Corporación, disponiendo
además el propio Estatuto Superior, que tal competencia debe desarrollarse de acuerdo con la ley y en la instancia que ella señale.
8.6. Sobre esa base, el amplio margen de
configuración política reconocido al legislador para regular el régimen
disciplinario de los abogados, derivado a su vez de la cláusula general de
competencia y de la atribución especial que en la materia le ha sido otorgada
por el propio Estatuto Superior, lo habilitan para determinar y desarrollar los
aspectos específicos de esa competencia constitucional y la manera como la
misma debe ser ejercida.
8.7. Siendo ello así, la decisión de que la
actuación en primera instancia esté  a cargo del Magistrado del Consejo
Seccional de la Judicatura que le haya correspondido en reparto, y de que la
sentencia sea proferida por la Sala respectiva a la que se integra dicho
magistrado, es una medida que desarrolla la Constitución y que se inscribe en
el ámbito de las amplias facultades reconocidas al legislador para regular los
procesos judiciales, amparada a su vez en un principio de razón suficiente, que
no afecta la participación del disciplinado en el proceso ni sus garantías sustanciales
y procesales.
8.8. En efecto, analizado el contenido de
las disposiciones acusadas, la Corte constata que, por su intermedio, el
legislador acogió un sistema de distribución y reparto de funciones, que ha
sido previsto en diversos ordenamientos procesales respecto de asuntos cuya
competencia se radica, por disposición constitucional
o legal, en jueces plurales o colegiados, como es el caso de la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y las Salas
Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura. Este sistema consiste
en atribuirle el impulso del proceso o parte del mismo al magistrado
sustanciador o ponente, dejando en cabeza del Órgano, Sala o Sección respectiva,
de la cual hace parte ese mismo magistrado, la sentencia por adoptar.
Así, por ejemplo, el artículo 35 del Código General
del Proceso, al referirse a las atribuciones de las Salas de Decisión de los
Tribunales Superiores y del magistrado sustanciador, le asigna a las primeras
la función de proferir los fallos, dejando en cabeza del magistrado ponente la
adopción de las demás decisiones[32].
En el mismo sentido, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo,  entre otros, en los artículos 180, 182, 183 y 229,
le atribuye al magistrado ponente funciones de sustanciación e impulsión del
proceso, como las relacionados con la definición de medidas cautelares y el
adelantamiento de diligencias y audiencias previas a la de alegación y juzgamiento[33]. Por su
parte, los artículos 6º, 9º y 10º del Decreto 2067 de 1991, “por el cual se
dicta el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deben surtirse
ante la Corte Constitucional”, facultan al magistrado sustanciador para
proveer sobre las demandas de inconstitucionalidad, decretar y practicar las
pruebas que estime conducentes y para presentar por escrito el proyecto de
fallo[34].
También el Acuerdo 05 de 1992, que contiene el Reglamento interno de la Corte
Constitucional, al regular el trámite de la revisión eventual de las acciones
de tutela ante esa Corporación, en los artículos 49, 50, 54ª y 57, le asignan
al magistrado ponente funciones de sustanciación hasta la sentencia,
habilitándolo para decretar pruebas y presentar el proyecto de fallo ante la
respectiva Sala de Revisión o ante la Sala Plena, según sea el caso[35].
8.9. Tal decisión de política legislativa,
basada en la repartición funcional, se funda en la necesidad de imprimirle
mayor eficacia y celeridad a los procesos de competencia de los cuerpos
colegiados, dentro del propósito de lograr la concreción del valor
constitucional de la justicia, y sobre la base de que no resulta un imperativo
constitucional que todos los integrantes del órgano o la sala respectiva deban participar
en la etapa de sustanciación del proceso, por ser este un asunto que la propia
Constitución delegó para que fuera definido directamente por la ley.
8.10. En ese sentido, las normas acusadas
se limitan a consagrar, en el trámite del proceso disciplinario seguido contra
los abogados, lo que dispone la Carta Política y la Ley Estatutaria de
Administración de Justicia, en el sentido de asignarle a las Salas
disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura, la función de investigar
y juzgar la conducta de los abogados en primera instancia, de “de acuerdo a
la ley” y “en
la instancia que señale la ley”, es decir, dentro de los términos que sean definidos por el
legislador, quien consideró apropiado, por razones de orden funcional, distribuir
tal competencia entre el magistrado ponente y la respectiva sala de decisión, a
la aquél se integra.
8.11. Así las cosas, la cuestionada
regulación, antes que desconocer o contrariar el Estatuto Superior, resulta
acorde con él, no solo porque la misma se inscribe en el ámbito de la libertad
de configuración legislativa para regular la competencia judicial -como factor
que se integra al debido proceso-, sino además, por cuanto la medida coadyuva a
la distribución de funciones para el cumplimiento y prestación adecuada del
servicio de administración de justicia por parte del juez plural, en este caso
por parte de las Salas Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la
Judicatura, sin afectar garantías constitucionales.
8.12. En
relación con esto último, es menester aclarar, que la circunstancia de que sea
un miembro de la sala de decisión el encargado de agotar todas las etapas
anteriores a la sentencia y que sea aquella la que efectivamente la adopte, no conlleva
al desconocimiento de la garantía del disciplinado a ser juzgado conforme a
leyes prexistentes al acto que se le imputa, pues previamente a la
judicialización del caso, la distribución de funciones en el ejercicio de la
competencia y, en general, los demás aspectos del proceso incluyendo sus
garantías, están claramente definido en la ley.
8.13. Tampoco
afecta la competencia judicial propiamente dicha, pues el magistrado que tiene
a su cargo la sustanciación del proceso, funge bajo su condición de funcionario público investido de
jurisdicción y competencia, esto es, como juez disciplinario, lo que implica
que su actuación en el proceso es la de la corporación judicial de la que forma
parte y representa. Por ello, carece de
fundamento la lectura que hace el actor de las normas demandas, en el sentido
de sostener que las mismas le están asignando a un funcionario la labor de
tramitar el proceso disciplinario, incluyendo el decreto y práctica de pruebas,
y a otro completamente diferente la atribución de adoptar el fallo, pues, como ya
se ha expresado, la competencia para conocer de los
procesos disciplinarios contra los abogados se asigna, por expresa disposición
constitucional, a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura
y a las Salas disciplinarias de los Consejos Seccionales, siendo éstos órganos colegiados que actúan a través de las
respectivas salas y de los magistrados que las integran en los términos que
determina la ley.
Acorde con lo antes dicho, debe señalarse
que las labores que cumplen los magistrados y las Salas disciplinarias de los
Consejos Seccionales de la Judicatura, en ejercicio de las atribuciones asignadas
por la Constitución y la ley, no pueden apreciarse aisladamente ni con criterio
individualista, pues se trata de actividades propias de la función judicial colegiada,
llamada a cumplirse en forma articulada y armónica, sobre la base de la
colaboración y la distribución de funciones, y dentro del propósito de
contribuir al logro de un mayor nivel de eficiencia en la función pública de
administrar justicia.
8.14. De la misma manera, la medida
cuestionada no desconoce las garantías procesales básicas, pues su
implementación no afecta la presunción de inocencia, ni el derecho de defensa,
ni la práctica y solicitud de pruebas, ni la posibilidad y oportunidad de
controvertirlas, así como tampoco el derecho a impugnar las decisiones
judiciales a través de los mecanismos y recursos que se encuentran previstos
para el efecto. En relación con este aspecto, la Parte General del Código
disciplinario del abogado presenta una adecuación sustantiva de los
principios constitucionales del debido proceso, entre ellos, el de dignidad humana, legalidad,
antijuridicidad, culpabilidad, favorabilidad, presunción de inocencia, non
bis in ídem, igualdad material y derecho de defensa, previendo de forma
expresa el respeto de los mismos y su forma de aplicación en el contexto de la
actuación judicial. En concordancia con ello, el Libro Tercero del referido
estatuto, que se ocupa del procedimiento disciplinario, en los artículos 48 a
54, consagra también los principios constitucionales que inciden especialmente
en el ámbito disciplinario y que deben orientar el ejercicio de la función
disciplinaria, destacándose entre ellos, los de prevalencia del derecho
sustancial, publicidad, motivación, doble instancia y contradicción.
8.15. Igualmente, no puede aducirse la
vulneración del principio de inmediación, entendiendo que este, según lo ha
destacado esta Corporación, “versa sobre la constatación personal del juez y
las partes del material probatorio y las acciones procedimentales en sí mismas
consideradas, dirigida a la formación de un criterio íntimo y directo sobre
argumentos fácticos y jurídicos relacionados con el caso”[36].
Tal principio no se desconoce por parte de
las normas acusadas, inicialmente, porque el magistrado que instruye el proceso
y practica las pruebas, actúa, como se ha dicho, investido de jurisdicción y
competencia, esto es, como juez disciplinario y como miembro de la corporación
judicial a la que le corresponde proferir el fallo. De ese modo, la inmediación
del juez en la instrucción del proceso y
en la práctica de las pruebas se ve garantizada, inicialmente, con la
participación del Magistrado Ponente, sin que la no intervención de los restantes
miembros de la sala, comporte una afectación del debido proceso para efecto de los
derechos (sustantivos y adjetivos) que le corresponde ejercer al disciplinado en
las distintas instancias procesales, y que se encuentran plenamente
garantizados en la ley. Pero además, el referido
principio de inmediación también se ve satisfecho, en la medida que la función asignada al
magistrado instructor, no le impide a la sala plural que debe adoptar la
decisión de fondo, tener acceso directo al expediente al que se encuentran
incorporadas las diferentes pruebas y alegaciones. Sobre esto último, cabe
tener presente que, conforme lo dispone el artículo 106 de la ley demandada,
concluida la etapa de juzgamiento, el proyecto deberá ser sometido a la
consideración de la sala respectiva, de la que forma parte el magistrado
instructor, y a la que le corresponde, para efectos de poder definir la
existencia de la falta y la responsabilidad del implicado, conforme con el expediente,
verificar la identidad del investigado y establecer su condición de
disciplinado, así como también, analizar detenidamente las pruebas practicadas
durante el transcurso de la investigación disciplinaria y los argumentos
defensivos que se presentaron.
8.16. En ese orden de ideas, la Corte encuentra que
las normas impugnadas, por el hecho de atribuirle el impulso del proceso
disciplinario de los abogados al magistrado sustanciador o ponente, dejando en
cabeza de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de los Consejos Seccionales de
la Judicatura, de la cual hace parte ese mismo magistrado, la sentencia por
adoptar, no desconoce la garantía reconocida a toda persona a ser juzgada ante
juez o tribunal competente, consagrada en los artículos 2º y 29 de la
Constitución Política y 8º de la Convención Americana de derechos Humanos.
Dicha distribución de funciones, como se ha explicado, no afectan la participación
activa del disciplinado en el proceso que se le sigue, ni desconoce la garantía
de ser juzgado conforme a las leyes preexistentes al acto que se imputa, y
tampoco dicha medida comporta una discriminación o ruptura de la igualdad
formal o material. En este último caso, por cuanto la medida aplica para todos
los disciplinados por igual y opera, de manera general, en otros sistemas
procesales donde actúan los jueces colegiados.
8.17. Con fundamento en las consideraciones que han
sido expuestas, la Corte procederá a declarar exequible el inciso segundo del
artículo 102 y el inciso cuarto del artículo 106 de la Ley 1123 de 2007, “Por
la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado”, por los cargos
examinados en este fallo.
VII.    DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de
la República de Colombia, en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE
Declarar EXEQUIBLE, por los cargos analizados
en esta sentencia, el inciso segundo del
artículo 102 y el inciso cuarto del artículo 106 de la Ley 1123 de 2007, “Por
la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado”.
Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Presidenta (E)
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
JORGE IVAN PALACIO PALACIO
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
MYRIAM ÁVILA ROLDÁN
Magistrada (E)
MARTA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] De acuerdo con el artículo 2° del Decreto 2067 de
1991, esta Corporación, en múltiples pronunciamientos sobre la materia, ha
dejado en claro que, para que exista demanda en forma y la Corte pueda adoptar
la respectiva decisión de fondo, es necesario que el escrito de acusación
contenga: (i) las normas que se acusan como inconstitucionales y (ii)
las disposiciones superiores que se estiman violadas, siendo además
imprescindible la (ii) formulación de por lo menos un cargo concreto de
inconstitucionalidad, el cual, a su vez, debe estar respaldado en razones “claras,
ciertas, específicas, pertinentes y suficientes”. La Misma jurisprudencia constitucional, de manera
particular en la Sentencia C-1052 de 2001, ha explicado que existen razones “(i)
claras, cuando la acusación formulada por el actor es comprensible y
de fácil entendimiento, (ii) ciertas, si la acusación
recae directamente sobre el contenido de la disposición demandada y no sobre
una proposición jurídica inferida o deducida por el actor, (iii) específicas,
en cuanto se defina o se muestre en forma diáfana la manera como la norma
vulnera la Carta Política, (iv) pertinentes, cuando se
utilizan argumentos de naturaleza estrictamente constitucional y no razones de
orden legal, personal, doctrinal o de simple conveniencia, y (v) suficientes,
en la medida en que contengan todos los elementos fácticos y probatorios que
son necesarios para adelantar el juicio de inconstitucionalidad, de forma que
exista por lo menos una sospecha o duda mínima sobre la constitucionalidad del
precepto impugnado”.
[2]  Ver, entre otras, las
Sentencias C-002 de 1993, C-540 de 1993, C-060 de 1994, C–196 de 1999, C – 393
de 2006 y C-212 de 2007.
[3] Sentencia C-060 de 1994, reiterada, entre otras, en
las Sentencias C-393 de 2006, C-884 de 2007 y C-398 de 2011.
[4] Sentencia C-884 de
2007.
[5] Sentencia C-393 de
2006.
[6] Sobre el tema de pueden consultar las Sentencias
C-543 de 1993, C-884 de 2007 y C-398 de 2011, entre otras.
[7] Cfr. Sentencia C-393 de 2006.
[8] Sentencia C-884 de
2007, reiterada, entre otras, en la Sentencia C-398 de 2011.
[9] Sentencia C-398 de
2011.
[10] Sobre el tema se
pueden consultar, entre otras, las Sentencias C-037 de 1996, C-396 de 2006, C-884 de
2007 y C-398 de 2011.
[11] Sentencia C-444 de
1995, reiterada, entre otras, en las Sentencias C-111 de 2000 y C-154 de 2004,
entre otras.
[12] Consultar Sentencia
C-755 de 2013.
[13] Consultar la Sentencia
T-058 de 2006, reiterada en la Sentencia C-594 de 2014.
[14] C-200 de 2002,
reiterada en la Sentencia C-594 de 2014, entre otras.
[15] Sentencia Ibídem.
[16] Sentencia C-154 de
2004.
[17] Sentencia C-392/00 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[18] Sentencia C-040/97.
[19] Sentencias: C-562
de 1997 y C-507 de 2014.
[20] Sentencia C-884 de
2007.
[21] Sentencias: T-001
de 1993, C-248 de 2013 y C-507 de 2014.
[22] Sentencia C-428 de
2002.
[23] Sentencias: C-742 de
1999, C-111 de 2000,
C-384 de 2000, C-803 de 2000, C-372 de 2011, C-248 de 2013 y C-507 de 2014.
[24] Sentencias C-742 de
1999, C-384 de 2000, C-803 de 2000, C-372 de 2011, C-248 de 2013 y C-507 de
2014, entre otras.
[25]  Ver entre otras las
sentencias C-742 de 1999, C-803 de 2000, C-591 de 2000, C-596 de 2000, C-927 de
2000, C-1717 de 2000, C-927de
2000.
[26] Cfr, entre otras, las Sentencias C-927 de 2000, C-555
de 2001, C-640 de 2002, C-642 de 2002, C-736 de 2002, C-740 de 2002, C-788 de
2002, C-561 de 2004, C-340 de 2006, T-738 de 2006, C-692 de 2008, C-372 de
2011, C-248 de 2013 y C-507 de 2014.
[27] Cfr. Sentencia C-248
de 2013.
[28] Sentencia C-619 de
2012.
[29] Sentencia C-619 de
2012.
[30] Sentencia C-037 de
1996, reiterada, entre otras, en las Sentencias C-248 de 1999, C-879 de 2003 y
C-619 de 2012.
[31] Sentencia C-884 de
2007.
[32] El artículo 35 del
Código General del Proceso dispone expresamente:
“ARTÍCULO 35. ATRIBUCIONES DE LAS SALAS DE DECISIÓN Y
DEL MAGISTRADO SUSTANCIADOR. Corresponde
a las salas de decisión dictar las sentencias y los autos que decidan la
apelación contra el que rechace el incidente de liquidación de perjuicios de
condena impuesta en abstracto o el que rechace la oposición a la diligencia de
entrega o resuelva sobre ella. El magistrado sustanciador dictará los demás
autos que no correspondan a la sala de decisión.
Los autos que resuelvan apelaciones, dictados por la
sala o por el magistrado sustanciador, no admiten recurso.
A
solicitud del magistrado sustanciador, la sala plena especializada o única
podrá decidir los recursos de apelación interpuestos contra autos o sentencias,
cuando se trate de asuntos de trascendencia nacional, o se requiera unificar la
jurisprudencia o establecer un precedente judicial.”
[33]Los artículos 180, 182, 183 y 229 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo prevén:
“Artículo 180. Audiencia inicial. Vencido el término de traslado de la
demanda o de la de reconvención según el caso, el Juez o Magistrado Ponente,
convocará a una audiencia que se sujetará a las siguientes reglas:(…)
9. Medidas cautelares. En esta audiencia el Juez o
Magistrado se pronunciará sobre la petición de medidas cautelares en el caso de
que esta no hubiere sido decidida”.
“Artículo 182. Audiencia de alegaciones y
juzgamiento. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso
final del artículo anterior, esta audiencia deberá realizarse ante el juez,
sala, sección o subsección correspondiente…”
“Artículo 183. Actas y registro de las audiencias y
diligencias. Las audiencias y
diligencias serán presididas por el Juez o Magistrado Ponente. En el caso de
jueces colegiados podrán concurrir los magistrados que integran la sala,
sección o subsección si a bien lo tienen. Tratándose de la audiencia de
alegaciones y juzgamiento esta se celebrará de acuerdo con el quórum requerido
para adoptar la decisión”.
“Artículo 229. Procedencia
de medidas cautelares. En todos los procesos declarativos que se
adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de
la demanda o en cualquier estado del proceso, a petición de parte debidamente
sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente decretar, en providencia
motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y
garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la
sentencia, de acuerdo con lo regulado en el presente capítulo”.
[34] Los artículos 6º, 8º, 9º y
10º del Decreto 2067 de 1991, establecen:
“Artículo 6o. Repartida la demanda,
el magistrado sustanciador proveerá sobre su admisibilidad dentro de los diez
días siguientes.
Cuando la
demanda no cumpla alguno de los requisitos previstos en el artículo segundo, se
le concederán tres días al demandante para que proceda a corregirla señalándole
con precisión los requisitos incumplidos. Si no lo hiciere en dicho plazo se
rechazará. Contra el auto de rechazo, procederá el recurso de súplica ante la
Corte.
El magistrado
sustanciador tampoco admitirá la demanda cuando considere que ésta no incluye
las normas que deberían ser demandadas para que el fallo en si mismo no sea
inocuo, y ordenará cumplir el trámite previsto en el inciso segundo de este
artículo. La Corte se pronunciará de fondo sobre todas las normas demandadas y
podrá señalar en la sentencia las que, a su juicio, conforman unidad normativa
con aquellas otras que declara inconstitucionales.
Se rechazarán
las demandas que recaigan sobre normas amparadas por una sentencia que hubiera
hecho tránsito a cosa juzgada o respecto de las cuales sea manifiestamente
incompetente. No obstante estas decisiones también podrán adoptarse en la
sentencia.”(…)
“Artículo 8o.
De ordinario, vencido el término para que rinda concepto el Procurador, se iniciará
el cómputo de 30 días para que el magistrado sustanciador presente el proyecto
de sentencia a la Corte. Vencido el término para la presentación del proyecto,
comenzarán a correr los 60 días de que dispone la Corte para adoptar su
decisión.
Artículo 9o.
El magistrado sustanciador presentará por escrito el proyecto de fallo a la
Secretaría de la Corte, para que ésta envíe copia del mismo y del
correspondiente expediente a los demás magistrados. Entre la presentación del
proyecto de fallo y la deliberación en la Corte deberán transcurrir por lo
menos cinco días, salvo cuando se trate de decidir sobre objeciones a proyectos
de ley o en casos de urgencia nacional.
Artículo 10.
Siempre que para la decisión sea menester el conocimiento de los trámites que
antecedieron el acto sometido al juicio constitucional de la Corte o de hechos
relevantes para adoptar la decisión, el magistrado sustanciador podrá decretar
en el auto admisorio de la demanda las pruebas que estime conducentes, las
cuales se practicarán en el término de diez días.
La práctica
de las pruebas podrá ser delegada en un magistrado auxiliar.”
[35] El Reglamento Interno de la Corte Constitucional, Acuerdo 05 de 1992, dispone en los artículos 49, 50,
54A y 57, lo siguiente:
Artículo 49.
Sala de Selección de Tutelas. Cada mes la Sala Plena de la Corte Constitucional
designará a dos de sus integrantes para conformar la Sala de Selección de
Tutelas, en forma rotativa y por sorteo. Para agotar la lista, se partirá del
magistrado que no haya sido sorteado. (…)
Los
asuntos seleccionados por la respectiva Sala, serán repartidos a los
Magistrados de la Corte de manera rotativa y por orden alfabético de apellidos,
quienes integrarán para resolverlos, las respectivas Salas de Revisión.
Artículo 50. Salas de Revisión de
Tutelas. A medida que se repartan los negocios de tutela se irán conformando
las Salas de Revisión, una por cada reparto, así: El Magistrado a quien
corresponda alfabéticamente recibirlo, presidirá la Sala conformada con los dos
Magistrados que le sigan en orden. La Sala decidirá por mayoría absoluta y el
Magistrado disidente podrá salvar o aclarar su voto.
Artículo 54
A. Revisión por la Sala Plena. Cuando a juicio de la Sala Plena, por solicitud
de cualquier magistrado, un proceso de tutela dé lugar a un fallo de
unificación de jurisprudencia o la transcendencia del tema amerite su estudio
por todos los magistrados, se dispondrá que la sentencia correspondiente sea
proferida por la Sala Plena.
Adicionalmente,
para los fines establecidos en las normas vigentes, después de haber sido
escogidos autónomamente por la Sala de Selección competente, los fallos sobre
acciones de tutela instauradas contra providencias de la Corte Suprema de
Justicia y del Consejo de Estado deberán ser llevados por el magistrado a quien
le corresponda en reparto a la Sala Plena, la cual determinará si asume su
conocimiento con base en el informe mensual que le sea presentado a partir de
la Sala de Selección de marzo de 2009.
En tal
evento, el magistrado ponente registrará en la Secretaría el proyecto de fallo
respectivo y se procederá a cumplir el mismo trámite previsto por el artículo
53 del Reglamento de la Corporación para el cambio de jurisprudencia, en
materia de sentencias de revisión de tutela.
Artículo 57.
Pruebas en revisión de Tutelas. Con miras a la protección inmediata y efectiva
del derecho fundamental vulnerado y para allegar al proceso de revisión de
tutela elementos de juicio relevantes, el Magistrado sustanciador, si lo
considera conveniente, decretará pruebas. En este evento, la Sala respectiva
podrá ordenar que se suspendan los términos del proceso, cuando ello fuere
necesario.
[36] Sentencias C-124 de
2011 y C-543 de 2011.