SU268-19
Sentencia SU268/19
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos
generales y especiales de procedibilidad
CARACTERIZACION
DEL DEFECTO PROCEDIMENTAL POR EXCESO RITUAL MANIFIESTO
CARACTERIZACION
DEL DEFECTO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL
PRUEBAS
DOCUMENTALES-Documentos públicos y documentos
privados
VALOR
PROBATORIO DE LAS COPIAS SIMPLES Y SU RELACION CON EL EXCESO RITUAL MANIFIESTO
VALOR
PROBATORIO DE LOS DOCUMENTOS ORIGINALES Y LAS COPIAS SIMPLES-Tendrán
el mismo valor probatorio, según ley 1395 de 2010, art. 11
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia por
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, al no dar valor probatorio
a copia simple
Referencia: Expediente T-7.023.180
Acción
de tutela instaurada por Alfonso Contreras Lázaro contra la Sala de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia
Magistrado
Ponente:
JOSÉ FERNANDO
REYES CUARTAS
Bogotá
D.C., doce (12) de junio de dos mil diecinueve (2019).
La
Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, profiere la siguiente:
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES
Alfonso Contreras Lázaro,
actuando a través de apoderado judicial, promovió acción de tutela contra la
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, solicitando la
protección de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia e igualdad. Para sustentar
la solicitud de amparo narró los siguientes hechos[1]:
1.
Manifestó
que mediante documento del 31 de mayo de 1994, Gonzalo de Jesús Mejía Zapata se
comprometió a venderle a Alfonso Contreras Lázaro, Horacio Ospina, Ana Patricia
Suárez Betancourth, Carmenza Moreno Gutiérrez, Juan Azuero, Luís Fernando
Ospina Reyes, Cecilia Yepes, Álvaro Vargas López y Estructuras de Hormigón
Ltda., el inmueble denominado “San Rafael”, identificado con folio de matrícula inmobiliaria 50N-473662, por un precio
$1.400.000.000, del cual $250.000.000 fueron pagados en el momento en que se
firmó el contrato de promesa de compraventa.
Asimismo, el 25 de julio de
1994, pagaron $250.000.000 a título de arras confirmatorias, quedando un saldo
de $900.000.000 que “sería girado al vendedor por una compañía de leasing
cuando los compradores le transfirieran a esta, a título de leasing, el inmueble
objeto de este contrato”.[2]
2.
Afirmó que por acuerdo posterior entre las partes del contrato, el
accionante tendría derecho a que se le transfiriera el 38.70% del dominio del
inmueble objeto de la compraventa. Igualmente, por virtud de dos prórrogas
pactadas por escrito, el 1.º de diciembre de 1994, debía otorgarse la escritura
pública.
3.
Expuso que el 16 de noviembre de 1994, los abogados de Gonzalo de
Jesús Mejía Zapata le informaron a los promitentes compradores que la promesa
de compraventa no podía cumplirse en razón a que “había sido demandado por
la persona a quien le había comprado el inmueble, para que se declarase la
nulidad absoluta de la compraventa que constituía su título de adquisición; y
que, en consecuencia, “el dinero dado como arras ($500.000.000,oo m. cte.) les
sería devuelto tan pronto fuera posible”.[3]
4.
Señaló que a pesar del anuncio de Gonzalo Mejía Zapata, los
promitentes compradores comparecieron ante la Notaría No. 42 de Bogotá a
cumplir la promesa, lo cual quedó protocolizado en la escritura pública 6714
del 1.º de diciembre de 1994.
5.
Sostuvo que mediante
escritura pública No. 8.000 del 2 de diciembre de 1994, Jairo Munarth
Álvarez, en representación de Gonzalo de Jesús Mejía Zapata -como
fiduciante o fideicomitente-, le transfirió el inmueble, a título de fiducia
mercantil, a Selfiducia -como fiduciario-. Agregó que los beneficiarios de la
fiducia eran Gonzalo de Jesús Mejía -fideicomitente A- y Gloria Esperanza Rubio
de Munarth, Aurora Esther Rubio Angulo, Campo Edmundo Rubio Angulo, Jorge
Hernando Álzate Ospina, Luis Humberto Fajardo Santamaría, Selene Laverde Toro y
Ciro Meyer Olarte Corredor -fideicomitentes B-. Luego, el 22 de diciembre de
1994, Jairo Munarth Álvarez, como apoderado, cedió a favor de Altanare Ltda.
los derechos derivados del contrato de fiducia para los fideicomitentes A y B.
6.
Argumentó
el actor que Jairo Munarth Álvarez no estaba facultado para constituir el
mencionado contrato de fiducia ni mucho menos para le cesión posterior que
realizó, ya que el poder que le había otorgado Gonzalo de Jesús Mejía Zapata
era exclusivamente para llevar a cabo el contrato de compraventa del bien
objeto de la promesa.
7.
Aseveró que ante el incumplimiento de Gonzalo de Jesús Mejía
Zapata, los promitentes compradores iniciaron un proceso ejecutivo en su
contra, reclamando honrar la obligación de otorgar la escritura de compraventa.
No obstante, dicho trámite no pudo adelantarse ante la imposibilidad de
embargar el inmueble, porque de acuerdo con el artículo 501-2 del Código de
Comercio -vigente para la época-, el mandamiento de pago estaba condicionado a
que el bien objeto de la escritura que se exigía firmar, estuviera en cabeza
del ejecutado y, en este caso, como se expuso en el punto anterior, el inmueble
había sido transferido a Selfiducia.
8.
Reseñó
que supuestamente, el 20 de diciembre de 1994 ante la Notaría Cuarta de Bogotá,
Gonzalo de Jesús Mejía Zapata ratificó el poder inicialmente otorgado a Jairo
Munarth Álvarez y lo facultó para que cediera los derechos del fideicomiso. No
obstante, el accionante expresó que las pruebas técnicas grafológicas arrojaron
que la firma de la ratificación y ampliación del poder no corresponde a la de
la persona que firmó los demás documentos.
9.
Relató que el 11 de julio de 1995, inició un proceso ordinario a
fin de que se declarara la “inexistencia -por falta de poder de Munarth- o,
en subsidio, la terminación del contrato de fiducia mercantil, con fundamento
en el artículo 1238 del Código de Comercio, que confiere a los acreedores del
fiduciante el derecho a perseguir los bienes dados en fiducia cuando sus
acreencias sean anteriores a este, en concordancia con el artículo 1240 del
mismo código, a cuyo tenor el negocio fiduciario se extingue por acción de los
acreedores anteriores”.[4]
10.
Informó que, en sentencia de primera instancia, el Juzgado
Doce Civil del Circuito de Bogotá negó las pretensiones
de la demanda, al considerar que el actor carecía de legitimación en la causa
por no haber sido parte en el contrato de fiducia, y “por no aparecer
probado el fraude que, según el juez, constituía uno de los presupuestos
necesarios para ejercer ‘la acción pauliana’”[5], decisión que confirmó la
Sala Civil de descongestión del Tribunal Superior de Bogotá, mediante fallo del
29 de abril de 2011.
11.
Mencionó que interpuso recurso extraordinario de casación,
resuelto por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el 7 de
diciembre de 2017, que decidió no casar la sentencia, pues a pesar de que
reconoció “los gravísimos errores jurídicos y de apreciación probatoria
cometidos por el Tribunal”[6], concluyó que “la
investigación sería inoficiosa, puesto que el demandante no probó su calidad de
acreedor, ni las connotaciones de acreedor cierto e indiscutido, que exigieran
los artículos 1238 y 1240 C. de Co. como requisito para decretar la terminación
del contrato de fiducia”[7].
Agregó que el alto Tribunal
afirmó que el actor no probó su calidad de acreedor cierto e indiscutido y, aun
si esta resultara probada, lo cierto es que los documentos aportados con la
demanda “que tangencialmente se refieren a este pago y anuncian su
devolución, son copias simples de documentos emanados de terceros, que si bien
hacen fe cuando la parte a quien se oponen no pide su ratificación, no pueden
en este caso tenerse como pruebas, ya que el demandado Mejía Zapata no pudo
controvertir lo aseverado en ellos, por haber estado representado por curador
ad litem”.[8]
12.
Manifestó que la Sala de Casación Civil no tuvo en cuenta los
documentos que aportó al proceso por tratarse de copias simples, incumpliendo
el deber de decretar de oficio las pruebas que fueran necesarias para
esclarecer los hechos, asumiendo una actitud pasiva para resolver la
controversia bajo el argumento de que Gonzalo de Jesús Mejía Zapata “estuvo
representado por curador ad litem, que no podía reconocer los documentos
atribuidos al demandado”.[9]
13.
Sobre la base de lo expuesto, estimó que la decisión impugnada
incurrió en los defectos fáctico, procedimental por exceso ritual manifiesto y
desconocimiento del precedente judicial, por lo tanto, solicitó la protección
de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la
administración de justicia y, como consecuencia, se deje sin efecto la
sentencia del 7 de diciembre de 2017, proferida por la Sala de Casación Civil
de la Corte Suprema de Justicia.
Las sentencias proferidas en el trámite
ordinario civil
14.
Alfonso
Contreras Lázaro interpuso acción ordinaria contra Gonzalo de Jesús Mejía
Zapata y otros, a fin de obtener la declaratoria de inexistencia de: (i) el contrato
de fiducia mercantil celebrado entre el apoderado judicial del accionado, Jairo
Munarth Álvarez y Selfiducia S.A., sobre el inmueble conocido como “San
Rafael”, identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 50N-0473662
de la Oficina de Instrumentos públicos de Bogotá; (ii) la cesión de derechos
fiduciarios que los fideicomitentes -A y B- le realizaron a la sociedad
Altanare Ltda., que consta en las escrituras públicas Nos. 358 del 31 de enero,
853 del 3 de marzo y 1703 de 4 de abril de 1995; y (iii) el contrato de fiducia
contenido en la escritura pública No. 8000 de 2 de diciembre de 1994. De lo
anterior, debía oficiarse a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Bogotá a efecto de que cancelara las anotaciones realizadas a propósito de las
escrituras mencionadas en los numerales (ii) y (iii).
Derivado de lo anterior, pretendió que
se declarara a los demandados solidariamente responsables por los perjuicios
causados al demandante a partir del momento en que se entorpeció la obligación
de hacer emanada de la promesa de compraventa, estimados en $1.249.194.750.
Adicionalmente, reclamó el lucro cesante por valor de $1.209.174.250 y los
perjuicios morales por $20.000.000.
De manera subsidiaria solicitó que se
declare que el bien dado en fiducia mediante la escritura pública No. 8000 de 2
de diciembre de 1994, es objeto de promesa de compraventa, conforme a lo
previsto en el artículo 1238 del Código de Comercio -en adelante C.Co.-; y como
consecuencia declarara la extinción del aparente contrato de fiducia mencionado
y de la posición contractual que los fideicomitentes iniciales hicieron a favor
de la sociedad Altanare Ltda. mediante las escrituras públicas Nos. 358 del 31
de enero, 853 del 3 de marzo y 1703 de 4 de abril de 1995.
Como consecuencia, solicitó que se
declarara que los demandados son solidariamente responsables por los perjuicios
causados al demandante desde el día que se celebró el contrato de fiducia o se
notificó la demanda, hasta la declaratoria de extinción del contrato aparente
de fiducia, estimados en $1.209.174.250 por concepto de daño emergente.
Adicionalmente, reclamó el lucro cesante cuyo quantum ascendía al valor
de los rendimientos que los dineros mencionados debieron producir más la
corrección monetaria y $20.000.000 por concepto de perjuicios morales.
El actor reformó la pretensión principal
de la anterior demanda y solicitó: (i) la inexistencia de pleno derecho del
contrato de fiducia celebrado entre el apoderado de Gonzalo de Jesús Mejía Zapata,
Jairo Munarth Álvarez, y Selfiducia S.A., en los términos de los artículos 897
y 898 del C.Co., por no cumplir con los elementos esenciales del consentimiento
y expresión solemne; y (ii) la inexistencia de pleno derecho de la cesión de la
posición contractual que los fideicomitentes iniciales realizaron en favor de
Altanare Ltda.
Por auto del 11 de septiembre de 1995 se
admitió la demanda y se corrió traslado a los demandados, siendo emplazado y
notificado a través de curador ad litem Gonzalo de Jesús Mejía Zapata,
quien contestó la demanda en tiempo. Asimismo, los demás accionados contestaron
la demanda oponiéndose a las pretensiones, formulando excepciones de mérito de
suficiencia del mandato y existencia del negocio fiduciario; y de inexistencia del
daño y ausencia de culpa.
15.
En
sentencia del 25 de septiembre de 2009, el Juzgado Doce Civil del Circuito de
Bogotá D.C. negó las pretensiones de la demanda, al concluir que el actor no
estaba legitimado en la causa para accionar porque no era parte del contrato de
fiducia ni existía norma que autorizara a un acreedor para demandar un contrato
fiduciario y sus posteriores cesiones. En cuanto al petitum subsidiario señaló
que tampoco estaba legitimado para reclamar la extinción del contrato de
fiducia por no ser parte del mismo y, además, no se estructuró el fraude de que
trata el artículo 1238 del C.Co. Finalmente, en relación con el poder otorgado
por Gonzalo de Jesús Mejía Zapata a Jairo Munarth Álvarez, concluyó que al ser
ratificado se subsanó cualquier irregularidad (cfr. Folios 1402 a 1431 cuaderno
1).
16.
El
actor interpuso recurso de apelación, señalando que las pretensiones se
sustentaron reconociendo que no es parte del contrato de fiducia, empero, su
interés se deriva de este al haberse celebrado para burlar sus intereses. De
otra parte, insistió en que Jairo Munarth Álvarez no tenía poder para llevar a
cabo el negocio fiduciario, ya que estaba facultado solo para llevar a cabo el
contrato de compraventa. Por último, en cuanto a la pretensión subsidiaria,
argumentó que la acción ejercida es la adecuada, en tanto perseguía reconstruir
el patrimonio del deudor fideicomitente, en los términos del artículo 1238 del
C.Co.
17.
En
sentencia del 29 de abril de 2011, la Sala Civil de Descongestión del Tribunal
Superior de Bogotá confirmó la decisión del a quo. En primer lugar,
estableció que la legitimidad del actor para promover la acción no se derivaba
del contrato de fiducia sino de su posición como acreedor de una de las partes
de ese contrato, en los términos del artículo 822 del C.Co., pues de triunfar
su aspiración el predio “San Rafael” volvería al patrimonio de Gonzalo
de Jesús Mejía Zapata y, en tal virtud, podría exigir el cumplimiento de la
promesa de contrato de compraventa del 31 de mayo de 1994.
Revisadas las actuaciones de Munarth
Álvarez, el Tribunal halló que tenía facultad para transferir el derecho de
dominio sobre el predio “San Rafael” y, en esa medida, mal podría
declararse inexistente, ineficaz o nulo el contrato de fiducia contenido en la escritura
No. 8000 de 2 de diciembre de 1994. Añadió que si en gracia de discusión se
admitiera que el poder era para celebrar el contrato de compraventa y no el de
fiducia, ello constituiría un exceso de las facultades otorgadas sin la
virtualidad de afectar el contrato de fiducia sino la responsabilidad del
apoderado con su poderdante.
En relación con la pretensión
subsidiaria, el ad quem también la negó por improcedente, al concluir
que la acción revocatoria especial -artículo 1238 del C.Co- exige que el bien
fideicomitido esté dentro del patrimonio autónomo, empero, en el caso sub
examine el predio “San Rafael” ingresó al patrimonio de un tercero,
Altanare Ltda., sin que se hubiere demostrado que conocía de la situación
anterior de Mejía Zapata, ni se evidenció que el contrato de fiducia se hubiere
celebrado para burlar a los acreedores.
18.
Contra
la anterior decisión el actor presentó demanda de casación formulando como
cargo único la violación directa de normas del derecho sustancial contenidas en
los artículos 822, 1238 y 1240 del C.Co.; y 740 a 743, 745, 749, 756, 1603,
1605 a 1608, 1610, 1611 a 1616, 1626, 1627, 1648 y 1649 del Código Civil.
La
demanda de casación se centró en atacar la sentencia del Tribunal en lo
atinente a las pretensiones subsidiarias, derivadas de la declaratoria de la
extinción del contrato de fiducia y sus posteriores cesiones, al haber existido
una promesa de contrato de compraventa entre el actor y otros, con Gonzalo de
Jesús Mejía Zapata, conforme a lo previsto en los artículos 1238 y 1240-8 del
C.Co., que en caso de prosperar daría lugar a que se ejecute la obligación
pactada en la promesa de contrato, es decir, que se celebre la compraventa del
bien fideicomitido, el predio “San Rafael”. Según el actor, estaba
legitimado para perseguir los bienes transferidos en fiducia y no
simplemente los beneficios que de ese contrato se deriven para el fiduciante.
De otra parte, controvirtió las
conclusiones del Tribunal en el sentido de que: (i) no había lugar a la acción
reivindicatoria porque el bien fideicomitido ya no estaba en el patrimonio
autónomo por haberlo cedido a la sociedad Altanare Ltda.; al respecto,
argumentó que no había prueba que acreditara que al momento de presentar la
demanda y mucho tiempo después, el bien dejara de estar en cabeza de Selfiducia
S.A.; y (ii) si el deudor no es insolvente sino que tiene otros
bienes, la petición revocatoria no tendría vocación de prosperidad, al no
demostrar que el contrato de fiducia se celebró con el fin de defraudarlo;
sobre este punto señaló que el ad quem debió tener en cuenta que existía
una promesa de compraventa del inmueble dado en fideicomiso de la cual se
derivaba una obligación de hacer, de lo cual resultó perjudicado el actor.
19.
La
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 7 de
diciembre de 2017, decidió no casar la decisión de la Sala Civil del Tribunal
Superior de Bogotá, al no hallar acreditada la calidad de acreedor cierto e
indiscutido del actor respecto de Gonzalo de Jesús Mejía Zapata.
En
primer lugar, rectificó las conclusiones de los jueces de instancia en el
sentido de que el accionante, en virtud del artículo 1238 del C.Co., puede en
calidad de tercero, perseguir el bien fideicomitido, para lo cual es preciso
demostrar un interés actual y serio, derivado del perjuicio que le generó la
constitución del patrimonio autónomo, al no poder formalizar el contrato de
compraventa, lo cual no se suple sino con ese inmueble, por lo que no interesa
si el acreedor cuenta o no con más bienes.
En
segundo lugar, halló que en el proceso obraba la copia auténtica de la
escritura No. 6714 del 1.º de diciembre de 1994, otorgada en la Notaría 42 de
Bogotá, con la cual el actor y los demás promitentes compradores dejaron
constancia de su comparecencia para el otorgamiento de la escritura de
compraventa del predio “San Rafael”, cuya promesa de compraventa fue
adjuntada en copia simple para su protocolización. No obstante, la Corte Suprema
de Justicia resaltó que en aplicación de lo dispuesto en el artículo 268 del
Código de Procedimiento Civil, la copia simple no presta mérito probatorio, en
otras palabras, que no estaba acreditada la calidad de acreedor del accionante,
pues el hecho de que “no haya sido cuestionado por la fiduciaria demandada o
por los otros fideicomitentes, no puede significar, sin más, que la calidad de
acreedor sea admitida por el juez con la simple copia informal”.[10]
Además
señaló la Corte Suprema de Justicia que era necesario que el actor demostrara
de manera cierta e indiscutible que existía una obligación de hacer -en este
caso la suscripción de la escritura de compraventa del predio San Rafael-,
“en la que no haya lugar a que, luego de obtener lo buscado –la extinción de
la fiducia, por ejemplo- no pueda continuar con su cometido por ser él,
acreedor, deudor incumplido de obligaciones correlativas que enervaban su
derecho a pedir el cumplimiento”; y correlativamente acreditar el
cumplimiento de las obligaciones a su cargo, como la de abonar unas sumas que
anticipaban el pago de parte del precio, empero, no halló constancia de ello en
la escritura pública de comparecencia ni en el expediente.
El
órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria estimó que las pruebas allegadas
al plenario a efecto de demostrar el cumplimiento de las obligaciones del
accionante -como promitente comprador-, esto es, las comunicaciones por
medio de las cuales se le informó al actor que Mejía Zapata no firmaría la
escritura de contrato de compraventa, no pueden tenerse como prueba al tratarse
de “dos fotocopias simples de documentos emanados de terceros en los que se
alude tangencialmente a ese cumplimiento, puesto que la parte que puede
controvertir tal aseveración, estuvo en este proceso representada por curador”.[11]
Finalmente,
esa Corporación concluyó que “si bien los errores denunciados por el
recurrente se encuentran demostrados y hubo necesidad de rectificar aquellos de
índole jurídica cometidos por el Tribunal, la Corte, al situarse en sede de
instancia encuentra que de todos modos debe mantener la decisión impugnada en
atención a que no se encuentra cabalmente demostrada la condición de acreedor
cierto e indiscutido que debe ostentar el pretensor para demandar la extinción
de la fiducia en su condición de acreedor anterior a la constitución de ese negocio”.[12]
Trámite procesal a partir de la acción
de tutela
20.  Mediante auto
del 21 de junio de 2018, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia admitió la solicitud de tutela y se ordenó notificar a la parte
accionante, a la Sala de Casación Civil de esa Corporación y vinculó a la
actuación a quienes fungieron como intervinientes dentro del proceso
controvertido.[13]
21.
La
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia remitió copia de la
providencia censurada. Los demás, guardaron silencio.
Primera Instancia
22.
En
sentencia
del 4 de julio de 2018, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia negó la protección invocada, al encontrar que la providencia
cuestionada se basó en un “criterio respetable y edificado en el marco legal,
fáctico y jurisprudencial que caracterizó al asunto”[14], de modo
que el juez constitucional no está habilitado para inmiscuirse en la
competencia asignada a los jueces ordinarios, quienes ejercen su función con
independencia para resolver los asuntos a su cargo e interpretar las normas
aplicables. Explicó que solo es viable la procedencia del amparo cuando “lo
proveído es desproporcionado y arbitrario, que sin lugar a dudas no es el caso”.[15]
Impugnación
23.  La anterior
decisión fue impugnada por la parte actora, reiterando los fundamentos
expuestos en el escrito de tutela y añadió que el fallo de primera instancia no
expuso “ni una palabra sobre los deberes del juez, ni de la omisión de estos
deberes que ese (sic) imputa al juez ordinario, ni sobre la afrenta que tal
omisión infligió al derecho de Alfonso Contreras Lázaro a la igualdad en el
proceso”.[16]
Segunda
instancia
24.
En
sentencia del 11 de septiembre de 2018, la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia confirmó la decisión del a quo, al estimar que por
vía de tutela no puede pretenderse anular el proceso y que se repitan las
acciones válidamente cumplidas, bajo el argumento de que las autoridades
judiciales incurrieron en irregularidades, ya que estas no existen pues las
pruebas allegadas no advierten una “inminencia en la petición
constitucional, pues lo único que se está alegando es una presunta equivocación
en la interpretación que le diera la Sala de Casación Civil a los medios de
prueba incorporados, en tanto, en criterio del actor, estaba demostrada la
condición de acreedor del demandante.”[17]
II. ACTUACIONES SURTIDAS EN REVISIÓN
La
selección del expediente
25.
Mediante
auto del 29 de octubre de 2018, la Sala de Selección Número Diez de la Corte[18] seleccionó
para revisión el presente asunto, bajo el criterio objetivo de selección,
referido a la “[e]xigencia de aclarar el contenido y alcance de un derecho
fundamental”.[19]
Pruebas
decretadas por el Magistrado sustanciador
26.
Auto
del 26 de noviembre de 2018, solicitando en calidad de préstamo, el envío del
expediente No. 11001310301219980483404, contentivo del
proceso declarativo iniciado por el demandante contra Jairo Munarth
Álvarez, Gloria Esperanza Rubio de Munarth, Aurora Esther Rubio Angulo,
Campo Edmundo Rubio Angulo, Jorge Hernando Álzate Ospina, Luis Humberto Fajardo
Santamaría, Selene Laverde Toro, Ciro Meyer Olarte Corredor, Selfiduciaria S.A.
-hoy Fiduciaria Selfin SA.- y Altanare Ltda.
27.  No obstante, de
acuerdo con el informe del 6 de diciembre de 2018 de la Secretaría General de
esta Corporación, el oficio “dirigido al Juzgado 12  Civil del Circuito de
Bogotá, no se pudo entregar debido a que se encuentra en Paro Judicial (sic)”.
28.
Ante
ese panorama y dada la necesidad de contar con el expediente referido, esta
Corporación insistió en la solicitud de remisión del proceso No.
11001310301219980483404, al Juzgado
Doce Civil del Circuito de Bogotá, en calidad de préstamo.
29.
En
orden a lo expuesto y a fin de asegurar la vigencia de los derechos
fundamentales cuya protección se reclama, en aplicación de los principios de
efectividad, prevalencia del derecho sustancial, economía y celeridad, la Corte
habrá de ordenar en sede de revisión la integración del contradictorio, notificando al
Juzgado Doce Civil del Circuito de Bogotá y a la Sala Civil del Tribunal
Superior de Bogotá.[20]
30.
Por
auto del 3 de abril de 2019, esta Corporación dispuso correr traslado del del
contenido de los autos de 21 de enero de 2019 y 12 de diciembre de 2018 a
Camilo Arciniegas Andrade, Jairo Munarth Álvarez, Jorge Hernando Alzate Ospina,
Selene Laverde Toro, Ciro Meyer Orlarte Corredor, Gonzalo de Jesús Mejía Zapata
y su curador, Aura Esther y Campo Edmundo Rubio, Luís Humberto Fajardo
Santamaría, Altanares Ltda., Selfiducia S.A. hoy Fiduciaria SELFIN S.A.-, Jesús
Hernán Lozano Bernal, Carlos Eduardo Bermúdez Muñoz, Álvaro Medoza Ramírez,
Jairo Alberto Duarte Mejía y Cesar Jaime Gómez Jiménez. Lo anterior, en
razón a que la Secretaría General de la Corte informó que algunas
notificaciones de las actuaciones adelantadas en sede de revisión fueron
devueltas por la empresa postal 4-72.
31.
El
23 de abril de 2019, la Secretaría General de la Corte informó que el auto
referido en el punto anterior, se notificó mediante estado No. 224/19,
publicado en lista el 9 de abril de 2019, cuyo traslado transcurrió entre el 10
y 12 del mismo mes y año.
32.
El
expediente contentivo del proceso ordinario civil y la actuación extraordinaria
surtida ante la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia fue
remitido por el Tribunal Superior de Bogotá[21],
del que además de las actuaciones referidas en el título denominado “sentencias
proferidas en el trámite del proceso civil ordinario”[22], para
efectos del estudio que realizará la Corte se destacan las siguientes:
(i)
Copia
del certificado de tradición y libertad del predio denominado “San Rafael”,
con matriculo inmobiliaria No. 50N-473662, donde consta que el bien fue
adquirido por Gonzalo de Jesús Mejía Zapata el 13 de abril de 1993 y el 7 de
junio de 1995, fue entregada a través de un contrato de fiducia mercantil a
Selfiducia S.A. y posteriormente cedido a Altanare Ltda. (fls. 31 a 35 del
cuaderno 9).
(ii)
Copia
del contrato de compraventa celebrado el 31 de mayo de 1994, donde Gonzalo de
Jesús Mejía Zapata se comprometió a venderle a Alfonso Contreras Lázaro,
Horacio Ospina, Ana Patricia Suárez Betancourth, Carmenza Moreno Gutiérrez,
Juan Azuero, Luís Fernando Ospina Reyes, Cecilia Yepes, Álvaro Vargas López y
Estructuras de Hormigón Ltda., el inmueble denominado “San Rafael”,
identificado con folio de matrícula inmobiliaria 50N-473662, por un precio
$1.400.000.000, del cual $250.000.000 fueron pagados en el momento en que se
firmó el contrato de promesa de compraventa.  (fls. 20 a 22 del cuaderno 1).
(iii)
la
copia auténtica de la escritura pública No. 6714 del 1.º de diciembre de 1994, de
la Notaría 42 de Bogotá, instrumento por medio del cual Alfonso Contreras
Lázaro y los demás promitentes compradores dejaron constancia de su
comparecencia para el otorgamiento de la escritura de compraventa del predio “San
Rafael”, prometida por Gonzalo de Jesús Mejía Zapata, consta que
entregaron, para incorporar en el protocolo, y según las declaraciones del Notario,
la “copia de la promesa de compraventa suscrita entre las partes”, la
cual aparece firmada por los promitentes compradores y el promitente vendedor
ante tres testigos. Asimismo, se observó el otrosí que asentaron en el reverso
de la última página de la citada promesa, y con el cual las partes acordaron
prorrogar la fecha de solemnización de la compraventa, también suscrita por las
partes del futuro contrato y dos testigos (cfr. folio 23, cuaderno 1).
(iv)
Comunicaciones
del 16 de diciembre de 1994 y 18 de enero de 1995, mediante las cuales Justo
Pastor Oliveros, Gustavo Vargas Gallo y Hugo Briceño Jáuregui, le informaron al
actor que no se llevaría a cabo la compraventa prometida pero que en todo caso
“el dinero dado como arras ($500.000.000,oo mcte) les sería devuelto tan
pronto fuera posible” (cfr. fls. 10 a 12 del cuaderno 1).
(v)
Copia
del poder especial, amplio y suficiente otorgado por Gonzalo de Jesús Mejía
Zapata a Jairo Munarth Álvarez, para “celebrar el contrato de compraventa
del inmueble ubicado en la antigua zona de Suba, hoy municipio anexo de Bogotá
D.C., un lote con un área de 41.508 M2 de mi propiedad, distinguido con el
número 147 A 51 de la carrera 92, cuya matrícula inmobiliaria es la número
050-0473662 (…).” (fl. 62 cuaderno 1).
(vi)
Copia
de la escritura pública No. 8000 del 2 de diciembre de 1994, protocolizada en
la Notaría Novena de Bogotá, por medio de la cual Jairo Munarth
Álvarez, en representación de Gonzalo de Jesús Mejía Zapata -como
fiduciante o fideicomitente-, le transfirió el inmueble, a título de fiducia
mercantil, a Selfiducia -como fiduciario-. Agregó que los beneficiarios de la
fiducia eran Gonzalo de Jesús Mejía -fideicomitente A- y Gloria Esperanza Rubio
de Munarth, Aurora Esther Rubio Angulo, Campo Edmundo Rubio Angulo, Jorge
Hernando Álzate Ospina, Luis Humberto Fajardo Santamaría, Selene Laverde Toro y
Ciro Meyer Olarte Corredor -fideicomitentes B-.
(vii)
Copia
de la ratificación de poder suscrita por Gonzalo de Jesús Zapata Mejía en favor
de Jairo Munarth Álvarez, donde expresamente advierte que “acept[a] y
ratific[a] la escritura 8000, otorgada el 2 de diciembre de 1994, en la notaría
9, en la cual se transfirió el dominio a un patrimonio autónomo denominado
Arboleda de Suba y administrado por SELFIDUCIA S.A.” (fl. 182 del cuaderno
1).
(viii)
Copia
de la cesión del contrato de fiducia mercantil celebrado entre Jairo Munarth
Álvarez, en representación de Gonzalo de Jesús Mejía Zapata y Selfiducia Ltda.,
a Altanare Ltda. Ver escrituras públicas 358 del 1.º de enero y  853 del 3 de
marzo de 1995  (fls. 31 a 45 y 172 a 174 cuaderno 1).
Presentación
del caso en Sala Plena
33.
En
cumplimiento de lo establecido en el artículo 61 del Acuerdo 02 de
2015, “por medio del cual se unifica y actualiza el Reglamento de la Corte
Constitucional”, el Magistrado Sustanciador presentó el asunto ante la Sala
Plena de esta Corporación, que avocó el conocimiento del asunto y, en virtud de
ello, por auto del 21 de enero de 2019 se suspendieron los términos del asunto.
III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL
Competencia
34.
Esta
Sala es competente para examinar los fallos materia de revisión, de conformidad
con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y 31
a 36 del Decreto Estatutario 2591 de 1991.
Presentación
del caso, planteamiento del problema jurídico y metodología de decisión
35.
Alfonso
Contreras Lázaro y otros, y Gonzalo de Jesús Mejía Zapata suscribieron una
promesa de contrato de compraventa del predio denominado “San Rafael”,
identificado con folio de matrícula inmobiliaria 50N-473662, por un precio
$1.400.000.000, realizando un pago parcial por $250.000.000. Luego, cancelaron
$250.000.000 a título de arras confirmatorias, quedando un saldo de
$900.000.000 que “sería girado al vendedor por una compañía de leasing
cuando los compradores le transfirieran a esta, a título de leasing, el
inmueble objeto de este contrato”.[23] Las partes pactaron que al actor le
correspondería el 38.70% del dominio.
Estando próximos al día de
la firma de la escritura pública de compraventa, los abogados del promitente
vendedor le informaron al accionante que la promesa no se cumpliría y que les
devolverían el dinero entregado como arras. Sin embargo, el demandante y demás
compradores se presentaron a la Notaría para celebrar el contrato de
compraventa, lo cual quedó protocolizado en la escritura pública 6714 del 1.º
de diciembre de 1994.
Por otra parte, Jairo
Munarth Álvarez, apoderado del promitente vendedor, transfirió el bien objeto
del contrato a una fiducia mercantil de Selfiducia S.A., mediante escritura
pública No. 8.000 del 2 de diciembre de 1994, de la cual era beneficiario el
señor Gonzalo de Jesús Mejía Zapata, empero, luego su apoderado cedió los
derechos fiduciarios a la compañía Altanare Ltda. Según
el actor, el mencionado abogado no estaba facultado para celebrar el contrato
de fiducia ni para realizar la cesión posterior.
Por lo anterior, el
demandante acudió ante la jurisdicción ordinaria civil ejerciendo la acción
auxiliar prevista en los artículos 1238 y 1240 del C.Co., invocando como
pretensión principal la declaratoria de inexistencia del contrato de fiducia por
el cual se transfirió la titularidad del predio “San Rafael”, por poder
insuficiente de Jairo Munarth Álvarez y, como consecuencia, se indemnizara al
actor reconociéndole el daño emergente, el lucro cesante y los perjuicios
morales. Como pretensión subsidiaria pidió la terminación del contrato de
fiducia, al existir una obligación de hacer por parte de Gonzalo de Jesús Mejía
Zapata, consistente en suscribir el contrato de compraventa prometido, junto
con el pago de los perjuicios causados.
En primera instancia, el Juzgado
Doce Civil del Circuito de Bogotá negó las pretensiones
de la demanda, al considerar que el actor carecía de legitimación en la causa
por no haber sido parte en el contrato de fiducia, decisión que confirmó la
Sala Civil de descongestión del Tribunal Superior de Bogotá. Contra la negativa
del ad quem formuló demanda de casación, resuelta por la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia que no casó la providencia
recurrida, pues a pesar de que rectificó las afirmaciones efectuadas por la
segunda instancia, encontró que los documentos aportados al proceso en copia
simple, no prestaban mérito probatorio y, que en todo caso, eran insuficientes
para acreditar el interés cierto e indiscutido que exige la acción de
terminación del contrato de fiducia, prevista en los artículos 1238 y 1240 del
C.Co.
36.
En criterio del accionante la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso,
igualdad y acceso a la administración de justicia al no tener en cuenta los
documentos que aportó al proceso por tratarse de copias simples, incumpliendo
el deber de decretar de oficio las pruebas necesarias para esclarecer los
hechos, bajo el argumento de que el accionado, Gonzalo de Jesús Mejía Zapata, estuvo
representado por curador ad litem, que no podía reconocer los documentos
atribuidos al demandado. Por lo anterior, argumentó que la decisión impugnada incurrió
en los defectos fáctico, procedimental por exceso ritual manifiesto y desconocimiento
del precedente judicial.
37.
De
acuerdo con los hechos relacionados, le corresponde a la Sala Plena, (i)
establecer
si es procedente de manera excepcional la acción de tutela contra la
providencia de 7 de diciembre de 2017 proferida por la Sala de Casación Civil
de la Corte Suprema de Justicia; y (ii) determinar si dicha autoridad
judicial al
no valorar las pruebas aportadas en copia simple al proceso ni decretar de
oficio aquellas que eran necesarias para decidir de fondo el caso, incurrió en
los defectos fáctico, procedimental por exceso ritual manifiesto y por
desconocimiento del precedente, vulnerando los derechos fundamentales al debido
proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia de Alfonso Contreras
Lázaro.
38.
Para
resolver los problemas jurídicos propuestos, la Sala se pronunciará en torno a (i)
las causales
de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales; (ii)
la caracterización de los defectos fáctico, procedimental por exceso
ritual manifiesto y por desconocimiento del precedente; (iii)
el valor probatorio de las copias simples y su relación con el defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto; (iv) la acción auxiliar de
terminación del contrato de fiducia; y finalmente, (v)
resolverá el caso concreto.
Procedencia
excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. Reiteración
de jurisprudencia
39.  El artículo 86
de la Constitución estableció la acción de tutela como la herramienta de
defensa judicial preferente, informal y sumaria de las garantías fundamentales,
cuando resulten amenazadas o vulneradas por la acción u omisión las autoridades
públicas o de los particulares, en los casos de ley; cuya
40.procedencia
está
determinada por la inexistencia de otro medio idóneo y eficaz de protección o
ante la ocurrencia de un daño irreparable, caso en el cual, este dispositivo
desplaza transitoriamente a las acciones ordinarias a fin de evitar que se
produzca un perjuicio irremediable.
41.
Este
Tribunal ha admitido la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales, al reconocer que existe la posibilidad de que los
jueces de la república -como autoridades públicas-, al proferir una decisión
judicial incurran en graves falencias, que tornen el pronunciamiento
incompatible con la Carta Política,[24] habilitando la
intervención del juez constitucional con miras a salvaguardar los derechos
fundamentales de los usuarios del sistema, sin que ello implique el
desconocimiento de la autonomía judicial y la cosa juzgada.[25]
42.
En
consecuencia, la acción de tutela contra providencias judiciales es excepcional
y se circunscribe a vigilar si esta conlleva la vulneración de derechos
fundamentales, especialmente, el debido proceso y el acceso a la administración
de justicia.[26]
Para efectos de verificar la procedencia
excepcional de la tutela contra providencias judiciales, la sentencia C-590 de
2005 sistematizó los presupuestos que deben observarse, diferenciando entre los
requisitos generales, que habilitan el estudio por parte del juez
constitucional y deben cumplirse en su totalidad; y los especiales, que son
aquellos que permiten evaluar si la decisión judicial es incompatible con el
texto superior.[27]
Requisitos
generales de procedencia
43.  La procedencia
general de la acción tutela contra providencias judiciales está determinada por[28]: (i)
la relevancia constitucional, es decir, que estén de por medio derechos
fundamentales y no se trate de discusiones propias del proceso ordinario ni de
un intento por reabrir el debate[29];
(ii) el agotamiento de todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa
judicial disponibles, salvo que se trate de evitar un perjuicio irremediable;
(iii) la inmediatez en el ejercicio de la acción, es decir, que se acuda en un
plazo razonable y proporcionado a partir del acaecimiento del hecho o la omisión
que dio lugar a la vulneración; (iv) que si se trata de una irregularidad
procesal tenga un efecto determinante en la providencia censurada; (v) que
se identifiquen de manera clara y razonable las actuaciones u omisiones que
dieron lugar a la vulneración y, de ser posible, haberlas reclamado al interior
del proceso judicial; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela, ni
de nulidad por inconstitucionalidad proferidas por el Consejo de Estado.[30]
Requisitos
especiales de procedibilidad
44.
Como
se explicó en el título anterior, además de satisfacer los requisitos generales
que habilitan el estudio de la solicitud de amparo constitucional, es preciso
que la providencia censurada presente al menos uno de los defectos
identificados por la Corte en la sentencia C-590 de 2005, sistematizados así:
(i) defecto orgánico, referido a la competencia de la autoridad judicial
para proferir la decisión censurada; (ii) defecto procedimental absoluto,
relacionado con el cumplimiento de los procedimientos establecidos; (iii) defecto fáctico, concerniente
al decreto y valoración probatoria; (iv) defecto material
o sustantivo,
acerca de la aplicación normativa y jurisprudencial; (v) error inducido al juez que resolvió el caso por parte
de terceros; (vi)
decisión
sin motivación;
(vii) desconocimiento del precedente; y (viii) violación directa de
la Constitución.
45.  Esta Corporación
estableció un criterio adicional, al determinar que tratándose de acciones de
tutela dirigidas contra decisiones del Consejo de Estado y la Corte Suprema de
Justicia, la procedencia es mucho más restrictiva, en razón a que son órganos
judiciales que definen y unifican la jurisprudencia en su respectiva
jurisdicción[31].
En tal sentido, la jurisprudencia determinó que debe
tratarse de una anomalía de tal magnitud que haga imperiosa la intervención de
este Tribunal. En caso contrario, debe preservarse la autonomía e independencia
de las corporaciones de cierre de la justicia ordinaria y contencioso
administrativa. [32]
Así las cosas,
las acciones de tutela dirigidas contra providencias proferidas por la Corte
Suprema de Justicia y el Consejo de Estado deben cumplir: (i) los requisitos
generales de procedencia; (ii) los especiales de procedibilidad; y (iii) la
configuración de una irregularidad de tal dimensión que exija la intervención
del juez constitucional.[33]
Caracterización de los defectos endilgados a la sentencia
censurada. Reiteración de jurisprudencia
Defecto fáctico
46.  Este vicio se
entiende como la ausencia de respaldo probatorio que sustente una decisión
judicial. Sin embargo, dicha deficiencia probatoria comporta dos
dimensiones: (i) una positiva, cuando existiendo las pruebas dentro del proceso
el juez las valora inadecuadamente; y (ii) negativa, que se presenta bajo
distintas hipótesis, así: a) cuando la autoridad judicial no decreta ni
practica las pruebas necesarias para generar la convicción suficiente que se
requiere; y b) cuando omite valorar elementos de prueba que obran en el
expediente, dejando de lado una realidad que resultaba determinante en la
providencia adoptada.[34]
47.  En
todo caso, es preciso señalar que la jurisprudencia ha sostenido que la
revisión en sede constitucional debe corresponderse con los principios de
autonomía judicial, juez natural e inmediación, y, en tal virtud, “no puede
realizar un nuevo examen del material probatorio como si se tratara de una
instancia judicial adicional,[35] su función se ciñe verificar
que la solución de los procesos judiciales sea coherente con la valoración
ponderada de las pruebas recaudadas por el juez y aportadas por los
intervinientes”.[36]
48.  Se configura un
defecto fáctico en su dimensión negativa cuando el fallador, sin justificación
alguna, niega la práctica, incorporación o valoración, o no decreta una prueba
de la que se puede obtener un apoyo esencial para formar un juicio sobre la
realidad del caso.[37]
49.
En
relación con la cuestión jurídica planteada en la acción de tutela, referida al
defecto fáctico en su dimensión negativa, es preciso señalar que desde sus
inicios este Tribunal[38]
ha destacado la necesidad de que las decisiones estén respaldadas en las
pruebas suficientes que le permitan al juez alcanzar la verdad real, en tal
sentido ha resaltado que la negativa a decretar, practicar o valorar por parte
de la autoridad judicial solo se justifica si es innecesaria o ineficaz, está
prohibida o la considere manifiestamente superflua; de lo contrario, constituye
una vía de hecho susceptible de ser subsanada a través del recurso de amparo.
50.
En
este punto, es preciso resaltar que la prueba se constituye en un elemento
esencial del proceso, al ser el medio a través del cual se establecen los
hechos expuestos en la demanda[39]
y, sobre esa base, el juez adopta una decisión[40].
En este sentido, tanto la jurisprudencia como la doctrina han insistido en la
importancia de que a partir de las pruebas logre conocerse la verdad material
de los supuestos fácticos expuestos, para lo cual es necesario que se cumplan
las ritualidades procesales, v.g. que se soliciten, se decreten y se practiquen
las pruebas dentro de los términos legales, exista contradicción, entre otros.
51.
De
acuerdo con el principio de necesidad de la prueba, “[t]oda decisión judicial debe fundarse en las pruebas
regular y oportunamente allegadas al proceso”[41], las cuales proceden a petición
de parte o de oficio, en los términos del artículos 179 y 180 del Código de
Procedimiento Civil[42], así:
“Artículo
179. Prueba
de oficio y a petición de parte. Las pruebas pueden ser decretadas a petición
de parte, o de oficio cuando el magistrado o juez las considere útiles para la
verificación de los hechos relacionados con las alegaciones de las partes. Sin
embargo, para decretar de oficio la declaración de testigos, será necesario que
éstos aparezcan mencionados en otras pruebas o en cualquier acto procesal de
las partes.
Las
providencias que decreten pruebas de oficio no admiten recurso alguno. Los
gastos que impliquen su práctica serán de cargo de las partes, por igual, sin
perjuicio de lo que se resuelva sobre costas.
ARTÍCULO
180. Decreto
y práctica de prueba de oficio. Podrán decretarse pruebas de oficio, en los
términos probatorios de las instancias y de los incidentes y posteriormente,
antes de fallar.
Cuando
no sea posible practicar estas pruebas dentro de las oportunidades de que
disponen las partes, el juez señalará para tal fin una audiencia o un término
que no podrá exceder del que se adiciona, según fuere el caso”.
52.
De
acuerdo con las normas transcritas, le corresponde a las partes solicitar las
pruebas que respaldan su dicho y, al juez, como director del proceso, decretar
de oficio aquellas que estime necesarias para dirimir el conflicto puesto a su
consideración.
53.
La
jurisprudencia constitucional[43]
ha sostenido que bajo la Carta Política de 1991, el juez como director del
proceso desempeña un rol dinámico, que implica ejercer los poderes legales que
le fueron asignados para llegar a la verdad real que no es más que una
expresión de justicia material uno de los fines del Estado y la razón de ser
del sistema de justicia, lo cual pasa por el decreto de pruebas de oficio
cuando lo estime necesario para dilucidar el caso puesto a su consideración. En
ese contexto, la doctrina ha sostenido:
“Uno
de los avances más destacados de la legislación procesal a finales del siglo
pasado, lo constituye el atinente a la regulación que se hizo de la prueba de
oficio pues se pasó de una legislación tímida e inoperante, que sólo en casos
excepcionales le permitía al juez decretarlas de oficio, para llegar a un
sistema donde salvo una inexplicable y además inoperante limitación en materia
de testimonios[44],
el juez tiene como uno de sus deberes centrales el de decretar y practicar
pruebas de oficio[45],
pero, eso sí, dentro de los plazos y oportunidades que la ley le asigna”[46].
54.  Así las cosas, a
diferencia del proceso penal, donde le está expresamente prohibido al juez
decretar pruebas de oficio[47];
en materia civil y contencioso administrativa, el operador judicial está dotado
de poderes que lo habilitan para ejercer un papel protagónico dentro del
trámite judicial, decretando de oficio las pruebas necesarias y suficientes
para esclarecer la verdad de los hechos. Por el contrario, la omisión en el
ejercicio de tal facultad, puede dar lugar a la vulneración de garantías
superiores, evento en el cual, esa actuación puede ser impugnada ante el juez
constitucional a efecto de que la restablezca atendiendo a los parámetros del
texto superior. Al respecto, en la sentencia SU-768 de 2014, este Tribunal afirmó:
“El Juez del Estado social de derecho es uno que ha dejado de ser el
‘frío funcionario que aplica irreflexivamente la ley’[48], convirtiéndose en el funcionario
-sin vendas- que se proyecta más allá de las formas jurídicas, para así atender
la agitada realidad subyacente y asumir su responsabilidad como un servidor
vigilante, activo y garante de los derechos materiales[49]. El Juez que reclama el pueblo
colombiano a través de su Carta Política ha sido encomendado con dos tareas
imperiosas: (i) la obtención del derecho sustancial y (ii) la búsqueda de la
verdad. Estos dos mandatos, a su vez, constituyen el ideal de la justicia
material.
El derecho
sustancial es aquel que se refiere a los derechos subjetivos de las personas,
en oposición al derecho formal que establece los medios para buscar la
efectividad del primero[50]. Bajo los
principios de la nueva Constitución se considera que la justicia se logra
precisamente mediante la aplicación de la ley sustancial. Ahora bien, ‘no se
puede perder de vista que una sentencia justa solo se alcanza si el juez parte
de una base de conocimiento que pueda considerarse, en cierta medida,
verdadera, lo que le impone la obligación de hallar el equilibrio perfecto
entre la búsqueda del valor de la verdad y la efectividad del derecho material’[51]. De esta manera,
aunque no sea posible ontológicamente establecer un acuerdo sobre qué es la
verdad y si esta es siquiera alcanzable, jurídicamente ‘la aproximación a la
verdad es un fin, un principio y un derecho constitucional que se impone a las
autoridades y a los particulares’[52]”[53].
55.
La
entidad de este defecto ha sido reconocida por este Tribunal en distintas
oportunidades, cuando ha sostenido que el no decreto de pruebas “tiene como
consecuencia impedir la debida conducción de ciertos hechos que resultan
indispensables para la solución del asunto jurídico
debatido”[54]. En este sentido,
es preciso traer a colación el precedente judicial sobre la materia:
En la sentencia T-488 de 1999 la Corte estudió una acción de tutela
instaurada contra una autoridad judicial que al resolver el recurso de
apelación formulado dentro de un proceso de filiación natural, no practicó a
los interesados la prueba antropoheredobiológica, la cual era necesaria para
resolver dicha cuestión y había sido decretada en primera y segunda instancia
del proceso ordinario. Este Tribunal encontró que dicha omisión por parte de
los jueces constituyó un defecto fáctico, así:
“[S]e considera
necesario reiterar, que la práctica de pruebas constituye una de las
principales actuaciones dentro de la conducción del proceso, en la medida en
que su importancia radica en la participación de la misma en la conformación
del convencimiento del fallador sobre los hechos materia de decisión.
Debe la Sala
reiterar a propósito de lo antes expresado en las consideraciones generales,
que la autoridad judicial que se niegue sin justificación razonable y objetiva,
a apreciar y valorar una prueba en la que obtiene apoyo esencial en forma
específica y necesaria para formar su juicio sin justificación, incurre en una
vía de hecho y contra su decisión procede la acción de tutela, toda vez que
desconoce varios principios y derechos de rango superior para quien la ha
solicitado, como son la igualdad procesal y de acceso a la administración de
justicia, el debido proceso y defensa y el deber de imparcialidad del juez para
el trámite del mismo.”
Luego,
en el fallo T-526 de 2001 esta Corporación concluyó que las autoridades
judiciales incurrieron en un defecto fáctico al no decretar las pruebas
suficientes para identificar al autor de una
conducta punible, lo que a la postre terminó afectando a un tercero que fue
procesado como reo ausente y privado de su libertad. Para la Corte, era
necesario que las autoridades accionadas desplegaran una actividad probatoria
que incluyera un análisis material del caso teniendo en cuenta testimonios, la
diferencia de edad entre el responsable del hecho y el erróneamente sindicado, así
como la diferencia del lugar de  residencia de este y el lugar en que se
capturó al responsable el día de los hechos; y la no apreciación de la prueba
documental que acreditaba la buena conducta del afectado.
Concretamente,
la providencia en mención sostuvo que en el caso concreto “no se desplegó
actividad probatoria alguna tendiente a obtener la plena identidad del
procesado a pesar de que se advertían irregularidades que ofrecían serias dudas
en relación con la identidad de la persona sindicada, lo que constituye una vía
de hecho, como quiera que los jueces solamente pueden resolver con fundamento
en las pruebas que sobre la cuestión fáctica obren en el expediente (...)
En el presente caso existe un
evidente defecto fáctico, pues no existe prueba alguna de la que razonablemente
se pueda deducir que el sujeto aprehendido al momento de la comisión del
ilícito, es el mismo que fue capturado y se encuentra privado de la libertad.”
Igualmente en la decisión SU-132 de
2002, este Tribunal conoció de una acción de tutela promovida contra la
sentencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado, que negó la nulidad de la
elección de los senadores de la república elegidos para el periodo 1998-2002.
En esa oportunidad la Corte determinó que  no se decretaron las pruebas
suficientes para resolver la cuestión puesta a consideración de los jueces.
En este sentido, afirmó:
“La
negativa a la práctica o valoración de un medio probatorio por un juez dentro
del proceso que dirige,
puede estar sustentada en la ineficacia de ese medio para cumplir con la
finalidad de demostrar los hechos en que se soporta una determinada pretensión,
toda vez que constituye un derecho para todas las personas presentar pruebas y
controvertir las que se presenten en su contra. La Corte se pronunció en este
sentido en la sentencia T-393 de 1994 y manifestó que ‘..la negativa a la
práctica de pruebas sólo puede obedecer a la circunstancia de que ellas no
conduzcan a establecer la verdad sobre los hechos materia del proceso o que
estén legalmente prohibidas o sean ineficaces o versen sobre hechos
notoriamente impertinentes o se las considere manifiestamente superfluas (arts.
178 C.P.C. y 250 C.P.P); pero a juicio de esta Corte, la impertinencia,
inutilidad y extralimitación en la petición de la prueba debe ser objetivamente
analizada por el investigador y ser evidente, pues debe tenerse presente que el
rechazo de una prueba que legalmente sea conducente constituye una violación del
derecho de defensa y del debido proceso’”.
Más
adelante, en la sentencia T-817 de 2012 esta Corporación estudió una acción de
tutela promovida contra una providencia judicial proferida en el marco de una
acción de nulidad y restablecimiento del derecho, en la que se pretendía
obtener una sustitución pensional, empero, el juez contencioso
administrativo no decretó de oficio el registro civil de matrimonio, prueba
que se requería para resolver el caso.
Este
Tribunal consideró que las autoridades demandadas “incurrieron en defecto
por exceso ritual manifiesto (el cual tiene relación directa con el defecto
fáctico que alega el actor), al dejar de hacer uso de la facultad que les
otorga la norma procesal para decretar la prueba de oficio solicitando la aportación
del respectivo registro civil de matrimonio, con el fin de establecer si la
señora Clara Nancy Herrera en verdad figura como cónyuge del causante José
Antonio Cárdenas Pachón para, a partir de la información obtenida, proveer el
fondo del asunto con mayores elementos de juicio”.
En
igual sentido, en el fallo SU-768 de 2014 precisó que “[e]l decreto
oficioso de pruebas no es una mera liberalidad del juez, es un verdadero deber
legal. De acuerdo a esta Corporación, el funcionario deberá decretar
pruebas oficiosamente: (i) cuando a partir de los hechos narrados por las
partes y de los medios de prueba que estas pretendan hacer valer, surja en el
funcionario la necesidad de esclarecer espacios oscuros de la controversia;
(ii) cuando la ley le marque un claro derrotero a seguir; o (iii) cuando
existan fundadas razones para considerar que su inactividad puede apartar su
decisión del sendero de la justicia material; (iv) cuidándose, en todo caso, de
no promover con ello la negligencia o mala fe de las partes” (se resalta).
En la sentencia T-339 de 2015, la Corte estudió la acción de
tutela contra una providencia judicial que negó la reparación directa por la
muerte de un soldado profesional, pese a haberse demostrado la falla en el servicio, porque no
se aportó el registro civil de nacimiento en la oportunidad procesal dispuesta
para ello ni se decretó de oficio la prueba
documental idónea para acreditar el parentesco entre los demandantes
y el causante. En este sentido, la Corte afirmó:
“Si bien es cierto que los jueces no pueden
asumir las cargas procesales de las personas que acuden a la administración de
justicia, también lo es que no pueden asumir un papel de simples espectadores
y, en el ejercicio de su rol como directores del proceso, están en la obligación
de adoptar las medidas que consideren necesarias
para lograr el esclarecimiento de los hechos, eliminar los obstáculos que les
impidan llegar a decisiones de fondo, y decretar las pruebas de oficio que
consideren necesarias, tanto en primera como en segunda instancia.
(…)
Así, ante la realidad fáctica del caso,
independientemente del conocimiento tardío de la prueba documental varias veces
referida y de las circunstancias que rodearon su aportación al proceso, y luego
de haber encontrado acreditada la falla en el servicio alegada, resultaba
imperioso para los jueces accionados desplegar las actuaciones que consideraran
necesarias, en uso de sus facultades oficiosas según pasará a exponerse, para
impartir justicia material.
(…)
El
defecto fáctico se configura cuando resulta evidente que el apoyo probatorio en
que se fundamentó el juez para resolver un caso es absolutamente inadecuado o
insuficiente; error valorativo que debe ser ostensible,
flagrante, manifiesto y tener una incidencia directa en la decisión. Tal omisión puede ser el
resultado de negar el decreto y práctica de pruebas que han sido solicitadas
por las partes, o bien de no hacer uso de la facultad probatoria de oficio de
la que dispone el juez.
(…)
En esta oportunidad, como ya se
expuso, los demandantes
satisficieron su carga principal de demostrar que el fallecimiento de su
familiar obedeció a una falla en el servicio por las irregularidades
presentadas en el planteamiento y ejecución de la operación militar,
acreditando el daño causado por la acción inadecuada de varios agentes del
Estado. A pesar lo anterior, las autoridades judiciales accionadas no hicieron uso de la facultad probatoria de oficio de
la que disponen, y omitieron decretar la prueba documental que resultaba
determinante para acreditar el parentesco entre los demandantes y el soldado, y
de esa forma declarar la responsabilidad del Estado. Tal circunstancia trajo
como consecuencia, a juicio de esta Corporación, un total desconocimiento de la
justicia material”.
En la providencia T-407 de 2017, esta
Corporación conoció de una acción de tutela promovida por la Procuradora 4ª
Judicial II Agraria de Bogotá, en un caso de adjudicación de un bien que no contaba con
antecedentes registrales y, por tanto, existía una alta posibilidad de que el
inmueble fuese baldío, empero, el juez civil dio por cierto la naturaleza
privada del predio sin especificar los elementos de prueba o de convicción
que lo llevaron a tomar dicha determinación. Sobre el particular, la Corte
explicó:
“Para
la Sala es claro que si el Incoder (hoy la ANT) no podía determinar con
claridad si el bien era baldío o no, ¿cómo es posible que el Juzgado accionado
si pudiese certificar que el bien es privado sólo con demostrar la explotación
por parte del señor Víctor Julio Fernández Sánchez?.
Así
mismo, para esta Corporación la decisión que aquí se cuestiona también incurrió
en un defecto fáctico por no decretar las pruebas de oficio necesarias para
determinar la naturaleza jurídica del bien. En este orden de ideas, si el juez
tenía dudas respecto de la calidad jurídica del bien, las mismas no se hicieron
visibles en la argumentación del fallo, la inspección judicial realizada o
demás pruebas practicadas. Por el contrario, se puede llegar a la conclusión de
que se obró con premura, se concluyó de forma inmediata que el bien era privado
y se omitieron dudas razonables que conllevaban el uso de las potestades
oficiosas del juez.
En
este orden de ideas, al no tenerse la certeza de la calidad jurídica del
inmueble objeto del proceso de pertenencia, el juez debió decretar pruebas
oficiosas como disponer que el citado Instituto precisara la naturaleza del
inmueble objeto de prescripción o, en su defecto, ordenar al Incoder la
iniciación del respectivo proceso de clarificación”.
56.
En
síntesis, la jurisprudencia constitucional ha estructurado un defecto fáctico
en su dimensión negativa cuando el juez no decreta, practica o valora pruebas
que en el caso sub examine resultaban determinantes para formar un juicio
sobre la realidad de la controversia. En suma, los jueces incurren en defecto
fáctico cuando existen fundadas razones para considerar que en un asunto
específico se omitió decretar pruebas que resultaban determinantes para el
caso, derivando en una decisión que se aparta de la verdad real al no ofrecer
una intervención que garantiza la justicia material y, por tanto, el orden
constitucional vigente.
Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto.
57.  Esta causal se
configura cuando el juez actúa con excesivo apego a las previsiones legales que
termina obstaculizando la materialización de los derechos sustanciales,
desconociendo el carácter vinculante de la Constitución, la primacía de los
derechos inalienables de la persona y la prevalencia de lo sustancial sobre las
formas.[55]
En otras palabras, existe un exceso ritual manifiesto cuando la autoridad
judicial, so pretexto de cumplir con las ritualidades propias del trámite, entorpece
la realización de las garantías sustanciales, la verdad real y la justicia
material al emitir decisiones abiertamente contrarias al ordenamiento superior.[56]
58.  Sobre lo
anterior, la Corte ha sostenido que “el sistema procesal moderno no puede
utilizarse como una razón válida para negar la satisfacción de tales
prerrogativas, en la medida que la existencia de las reglas procesales se
justifica a partir del contenido material que propenden”.[57] En esos
términos, cuando las autoridades judiciales colocan por encima de lo
sustancial, el cumplimiento de las formalidades, incurren en una actuación que
constituye un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, susceptible
de ser corregido por el juez de tutela[58],
siempre que: (i) que no haya posibilidad de corregir la irregularidad; (ii) que
el yerro tenga incidencia en la decisión; (iii) que se haya alegado en el
proceso y (iv) que implique la vulneración de derechos fundamentales[59].
59.  Al respecto, es
preciso traer a colación la sentencia T-213 de 2012 en la cual la Corte
estudió una acción de tutela promovida contra una providencia judicial
proferida dentro de un proceso ejecutivo mixto, donde se declaró probada la
excepción de prescripción a consecuencia de la no valoración probatoria de
documentos allegados en copia simple. Al respecto, la Corte señaló:
“[S]i bien los jueces gozan de
libertad para valorar el material probatorio con sujeción a la sana crítica, no
pueden desconocer la justicia material por exceso ritual probatorio que se
oponga a la prevalencia del derecho sustancial. Dicho exceso se puede dar por
incurrir en un rigorismo procedimental en la valoración de la prueba que lleve
incluso a que la misma sea desechada, o por exigir el cumplimiento de
requisitos sacramentales que pueden resultar siendo cargas excesivas o
imposibles de cumplir para las partes” (Negrillas
de la Corte). Lineamiento con base en el cual se señaló al resolver el caso
concreto que se encontraban probados los defectos procedimentales “por
exceso ritual manifiesto probatorio y por inaplicación de reglas probatorias”
en atención a que:
“el Tribunal exigió a la sociedad Recuperadora y
Cobranzas S.A., que al momento de aportar la copia autenticada de la copia
autenticada del documento de fecha 6 de junio de 2001, debió afirmar
expresamente y casi que con un nivel sacramental, que el original del
mismo había sido suscrito o firmado por la representante legal de la sociedad
Inversiones Navarro Toro y Cia S en C, persona contra quien se oponía tal
copia autenticada, lo que en efecto configura una carga ritual adicional que el
accionante no está obligado a soportar desde el punto de vista procesal, máxime
cuando el artículo 252-3 del CPC señala claramente que un documento privado es
auténtico “si habiéndose aportado a un proceso y afirmado estar suscrito,
o haber sido manuscrito por la parte contra quien se opone, ésta no lo tachó de
falso oportunamente…”, es decir, se exige la mera manifestación de que se
indique quién lo suscribió, pero no un ritualismo excesivo en cuanto a la forma
cómo se debe afirmar que la contraparte lo signó. Sobre éste último punto, al
momento de adosar la copia del documento de fecha 6 de junio de 2001, la parte
ejecutante expresó su certeza de que el escrito fue firmado por la
representante de la sociedad ejecutada, (…)”, de allí que pueda adquirirse
lógicamente la certeza y en convencimiento judicial de que la demandante estaba
afirmando que el documento original fue suscrito o que provenía de su
contraparte. Nótese entonces que la regla probatoria no impone frases
sacramentales para que opere la afirmación a la cual hace referencia el
artículo 252-3 ibídem, sino que la manifestación del actor de que el
documento original proviene de la señora Margarita Toro, resultaba suficiente
para pronunciarse sobre si operaba o no el reconocimiento tácito del documento,
lo cual omitió hacer el Tribunal”.
60.  Igualmente, en
el fallo SU-573 de 2017 se estudió la solicitud de amparo instaurada
contra una decisión judicial expedida en el marco de un proceso de petición de
herencia del que resultó excluido uno de los herederos al no hallar probado el
vínculo filial con el causante, pese a que existían documentos que lo
acreditaban. En este sentido, este Tribunal afirmó:
“En síntesis, (i) no se tuvo
presente que el derecho procesal es un medio para la realización efectiva de
los derechos de los ciudadanos. En la Sentencia de la Sala de Casación
Civil del 17 de junio de 2011, se realizó una interpretación formalista y
restrictiva de la Ley 57 de 1887, con desconocimiento de la realidad material,
al haber despachado desfavorablemente las pretensiones de la accionante por
omitir reconocer y valorar adecuadamente las pruebas que obran en el
proceso: la partida eclesiástica de bautismo, las certificaciones
eclesiásticas, la Escritura Pública 478 del 29 de noviembre de 1898 y 27 del 10
de enero de 1928 otorgadas ante el Notario 1º de Cartagena.
Estos documentos no fueron tachados de
falsos, razón por la que no podía desestimarse su valor probatorio por
supuestamente no cumplir con los rigorismos sacramentales de ley para demostrar
el estado civil. Al contrario, constituían prueba suficiente, idónea y
conducente, que en conjunto evidenciaban este vínculo filial del señor Benito
Barrios Espitia, en su condición de hijo, con el señor Ramón Barrios Pérez y, a
su vez, los derechos hereditarios que le asistían y que hoy reclama la accionante
en representación. Sostener lo contrario, implicaría contradecir la voluntad de
Ramón Barrios Pérez quien reconoció a Benito Barrios Espitia como su hijo y le
asignó derechos hereditarios mediante su testamento” (resaltado del texto).
61.  De lo expuesto,
la Corte estableció que existen eventos en que concurren las causales de
procedencia de la acción de tutela por defecto fáctico en su dimensión negativa
y procedimental por exceso rigor manifiesto[60],
cuando el juez: (i) no le otorga mérito probatorio a un documento aportado en
copia simple que fue conocido y no controvertido por la contraparte; (ii)
cuando no solicita de oficio las copias originales o auténticas de los
documentos allegadas en copia simple; o (iii) cuando no decreta y practica
pruebas que fueron pedidas o insinuadas al interior del trámite o que se
necesitan para llegar a la verdad real de los hechos.[61]
62.  En suma, la
omisión del deber de decretar, practicar e incorporar pruebas solicitadas o
insinuadas en el proceso, configura un defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto y defecto fáctico en su dimensión negativa.[62]
Desconocimiento
del precedente.
63.  Este yerro se
fundamenta en el principio de igualdad de los usuarios del sistema de justicia
y en
el deber que le asiste a los órganos de cierre de unificar su jurisprudencia, en virtud de lo
cual ante casos similares deben proferirse decisiones análogas, por lo que una
decisión judicial que se aparte del precedente establecido sin la debida
justificación, infringe el ordenamiento superior.[63] Esta Corte ha
definido como precedente judicial “la sentencia o el conjunto de ellas,
anteriores a un caso determinado, que por su pertinencia y semejanza en los
problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente considerarse por las
autoridades judiciales al momento de emitir un fallo”[64].
64.  De acuerdo con
la jurisprudencia, el precedente judicial puede ser horizontal, que se predica
de las decisiones emitidas por autoridades judiciales de igual nivel jerárquico
funcional, cuya vinculatoriedad obedece a los principios de buena fe, seguridad
jurídica y confianza legítima; y el vertical que se constituye por las
providencias expedidas por jueces de superior categoría o por el órgano de
cierre de la respectiva jurisdicción y su fuerza vinculante se deriva del
principio de igualdad y funge como limitante a la autonomía judicial de los
jueces.[65]
65.  Este Tribunal ha
establecido los criterios que deben acreditarse al momento de estudiar esta causal:
i) la existencia de uno o varios precedentes aplicables al caso bajo estudio y
distinguir las reglas de decisión; ii) que el fallo judicial necesariamente
debiera aplicar el precedente identificado; y iii) verificar si el juez tuvo
razones fundadas para apartarse del precedente judicial bien sea por no hallar
configurada la similitud fáctica, o por considerar que debía emitirse una
providencia diferente que armonizara los principios constitucionales y asegurara
la vigencia y efectividad de los derechos fundamentales.[66]
66.  En resumen, para que se configure el defecto por desconocimiento
del precedente debe existir una decisión que resolvió un caso con supuestos
fácticos y jurídicos iguales, y que la autoridad judicial se haya apartado sin
justificación válida.
Valor probatorio
de las copias simples y su relación con el exceso ritual manifiesto.
Reiteración de jurisprudencia
67.  En cuanto a la
validez de las copias simples aportadas al proceso, es preciso señalar que la
Corte[67]
en casos anteriores ha abordado casos en los que se discutían cuestiones
similares, para lo cual estudió las normas procesales civiles, en este caso el
Código de Procedimiento Civil[68],
cuyo artículo 251 establece que “son documentos los escritos, impresos,
planos, dibujos, cuadros, fotografías, cintas cinematográficas, discos,
grabaciones magnetofónicas, radiografías, talones, contraseñas, cupones,
etiquetas, sellos y, en general, todo objeto mueble que tenga carácter
representativo o declarativo, y las inscripciones en lápidas, monumentos,
edificios o similares.”
El
mismo artículo los clasifica en dos categorías: (i) público: “el otorgado
por funcionario público en ejercicio de su cargo o con su intervención. Cuando
consiste en un escrito autorizado o suscrito por el respectivo funcionario, es
instrumento público; cuando es otorgado por un notario o quien haga sus veces y
ha sido incorporado en el respectivo protocolo, se denomina escritura pública”;
y (ii) privado: “es el que no reúne los requisitos para ser documento
público”. Sobre estos, la doctrina ha señalado que la mencionada
diferenciación “nada tiene que ver con su eficacia probatoria campo en el
cual el documento privado, al igual que el público, son idénticos es decir tan
solo prueban lo que se evidencia de su contenido”[69].
68.
El
artículo 254 del Código de Procedimiento Civil establecía que las copias tendrían
el mismo valor probatorio del original, cuando: (i) hubieren sido autorizadas
por notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de
oficina judicial, previa orden judicial donde se encontrase el original o una
copia autenticada; (ii) autenticadas por notario, previo cotejo con el original
o la copia autenticada que se le presente; o (iii) sean compulsadas del
original o de copia autenticada en el curso de inspección judicial, salvo que
la ley dispusiera otra cosa.
69.
No
obstante, el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el
artículo 11 de la ley 1395 de 2010[70]
señaló que con independencia de si el documento es allegado en original o en
copia éstos se presumirían auténticos[71], por lo que
pueden ser valorados como prueba, en los siguientes términos:
“En todos los
procesos, los documentos privados manuscritos, firmados o elaborados por las
partes, presentados en original o en copia para ser incorporados a un
expediente judicial con fines probatorios, se presumirán auténticos, sin
necesidad de presentación personal ni autenticación. Esta presunción no
aplicará a los documentos emanados de terceros de naturaleza dispositiva”.
70.
El
artículo 268 de la misma codificación, disponía que las partes debían aportar
el original de los documentos cuando estén en sus manos y podrían aportar
copias, en los siguientes eventos: “1. Los que hayan sido protocolizados. 2.
Los que formen parte de otro proceso del que no puedan ser desglosados, siempre
que la copia se expida por orden del juez. 3. Aquellos cuyo original no se
encuentre en poder de quien lo aporta. En éste caso, para que la copia preste
mérito probatorio será necesario que su autenticidad haya sido certificada por
notario o secretario de la oficina judicial, o que haya sido reconocida
expresamente por la parte contraria o demostrado mediante cotejo (…).”
71.
De
conformidad con las normas en mención, el valor probatorio de las copias
depende del cumplimiento de cualquiera de las condiciones establecidas en los
artículos 254 y 268 del Código de Procedimiento Civil, que a la luz del
principio constitucional de la buena fe dota de validez los documentos así
allegados cuando la contraparte los acepta o no los tacha de falsos.
72.
Ahora
bien, en relación con los documentos privados aportados en copia simple y su
cotejo con otros medios de prueba para acreditar su autenticidad, la doctrina[72] ha
manifestado lo siguiente:
“como
varias veces lo hemos dicho, la autenticidad del documento puede ser probada
por cualquier medio que produzca certeza, como el testimonio de personas que
hayan presenciado su elaboración (si no lleva firmas) o su firma o ambos
hechos, o a quienes se les solicitó que lo firmaran con testigos
posteriormente. Esta prueba es conducente, cualquiera que sea el valor del contrato
que el documento se contenga, porque no se trata de probar aquel, sino un hecho
conexo pero distinto; el otorgamiento del documento privado no se confunde con
el contrato, ni siquiera cuando la ley lo exija como requisito para su validez[73]
73.
De
acuerdo con lo anterior, cuando son aportados al expediente documentos privados
en copia simple que no reúnen los requisitos 254 y 268 del Código de
Procedimiento Civil[74]
y que no fueron tachados de falsos por la contraparte, deben ser tenidos como
prueba, pudiendo el juez cotejar su autenticidad a través de distintos medios
probatorios directos e indirectos, a fin de esclarecer los hechos que pudieren
ser determinantes para emitir la decisión judicial.
74.
Por
su parte, la Corte ha sostenido que concurren los defectos procedimental por
exceso ritual manifiesto o fáctico en su dimensión negativa, cuando el juez de
la causa no le otorga mérito probatorio a las copias simples aportadas a procesos
judiciales cuando no han sido tachadas de falsas por la contraparte; o no hace
uso de la potestad oficiosa y decreta las pruebas necesarias, conducentes y
pertinentes para dilucidar e intervenir la controversia puesta a su
consideración[75].
A efecto de sustentar lo anterior, se
reiteran las subreglas de decisión contenidas en la sentencia SU-774 de 2014,
donde la Sala Plena de la Corte Constitucional decidió amparar los derechos de
un accionante en un proceso de pérdida de investidura, al considerar que el
Consejo de Estado vulneró los derechos fundamentales del entonces accionante al
negar las pretensiones porque no aportó las copias auténticas de los contratos con
las que se demostraba la causal alegada. También se concluyó que al no
solicitar de oficio los originales de los documentos públicos que fueron
aportados en copias simples, se incurrió en un exceso ritual manifiesto en
concurrencia con un defecto fáctico.
También en la providencia T-926 de 2014,
al decidir una acción de tutela contra una decisión judicial proferida en el
marco de una demanda de reparación directa iniciada por un caso de graves
violaciones a los derechos humanos, donde los jueces contencioso administrativo
negaron las pretensiones en razón a que los registros civiles que probaban
el parentesco de los demandante con la víctima fueron aportados en copia simple.
Sobre lo anterior, este Tribunal afirmó
que: “la Subsección de Reparación directa de la Sala de Descongestión del
Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia incurrió en un defecto
procedimental en la modalidad de exceso ritual manifiesto en relación con un
defecto fáctico en su dimensión negativa y un defecto sustantivo por no
aplicación del principio de equidad en los procesos por graves violaciones de
derechos humanos. Estos defectos se configuraron por varias razones: (i) el
Tribunal no valoró la prueba de los registros civiles en copia simple aportados
durante las instancias del proceso de reparación directa, (ii) no decretó
oficiosamente las pruebas para verificar si esas copias eran fieles a los
documentos originales o no; (iii) no decretó como prueba la solicitud del
registro civil de Carlos Alberto Ospina Bedoya a pesar de que del expediente se
desprendían indicios fuertes de que era familiar de los demandantes; (iv) no
valoró una declaración extrajuicio como prueba de la unión marital de hecho del
occiso con Lía Magdalena Rúa y, (v) tampoco solicitó pruebas adicionales, a
pesar de que en el expediente reposaban indicios fuertes sobre su situación
como compañera permanente del fallecido[76].”
Esta
Corporación reiteró las subreglas de decisión sobre el valor probatorio de las
copias simples de los documentos públicos aportados en los procesos judiciales
en el fallo T-518A de 2015, al estudiar una acción de tutela contra una
autoridad judicial que negó el reconocimiento de los perjuicios morales a favor
de los familiares de los exsoldados lesionados en el Ejército Nacional mientras
cumplían labores del servicio, por considerar que aquellos no lograron
demostrar el parentesco con estos, en tanto allegaron copias simples de sus
registros civiles de nacimiento y no auténticas. Al respecto, la Corte
expresó:
“Luego del
anterior recuento, observa la Sala que los argumentos dados por los jueces de
la jurisdicción contenciosa se limitan a denegar el pago de perjuicios morales
en favor de los familiares de los exsoldados Trujillo Gómez y Carrillo Albadan,
al no darle valor probatorio a los documentos públicos aportados en copias
simples en los procesos de reparación directa adelantados ante dicha
jurisdicción, no logrando así acreditar el parentesco con los exsoldados
lesionados. Vistas así las cosas, esta Sala encuentra que las providencias
acusadas incurrieron en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto y en
defecto fáctico en su dimensión negativa, como pasa a explicarse”[77].
Al
igual que la providencia en cita, la sentencia T-739 de 2015 reiteró lo
expuesto en el precedente jurisprudencial al conocer una acción de tutela
promovida contra la Subsección de Reparación Directa de la Sala de
Descongestión del Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó el
pago de perjuicios morales en favor de los familiares de un exsoldado
lesionado, bajo el argumento de que no lograron demostrar el parentesco con
aquél, al haber aportado en copia simple el registro civil de nacimiento de la
víctima y no tener en cuenta la copia auténtica que de tal documento se aportó
como anexo al escrito de apelación.
Igualmente,
en el fallo T-237 de 2017, los jueces de lo contencioso administrativo negaron
la reparación directa promovida por las víctimas de una ejecución extrajudicial,
al no allegar la copia del registro civil de defunción de la víctima. Sobre el
particular, esta Corporación afirmó que “[a]nte la situación descrita, la Sala evidencia la ocurrencia de
una falencia por parte del juez y Tribunal contencioso administrativo al obviar
las alternativas que le ofrecía el ordenamiento jurídico y que han sido
delineadas por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la Sección
Tercera del Consejo de Estado, para subsanar la falta de solemnidad (registro civil
de defunción) en la demostración del fallecimiento de una persona en asuntos de
reparación directa. Tal omisión constituye un
defecto que encaja dentro de la categoría de la causal procedimental por exceso
ritual manifiesto, que como consecuencia derivó en la omisión e indebida
valoración de las demás pruebas aportadas por la parte demandante, con lo cual,
se incurrió concomitantemente en un defecto fáctico”
(se resalta).
75.
En
resumen, la omisión de decretar, incorporar y valorar una prueba aportada
en copia simple sin que haya sido tachada de falsedad  o insinuada en el
proceso y requerida para establecer la verdad material de los hechos sin
decretarla, configura un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto
concomitante con un defecto fáctico en su dimensión negativa.[78]
La acción auxiliar
de terminación del contrato de fiducia por parte de terceros acreedores
anteriores
76.  El artículo 1226 del Código de Comercio[79] dispone que la fiducia mercantil es
un negocio jurídico en virtud del cual una persona -fiduciante o
fideicomitente-, transfiere uno o más bienes especificados -bienes
fideicomitidos- a otra -fiduciario-, quien se obliga a
administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad determinada por el
constituyente, en provecho de un tercero beneficiario -fideicomisario-,
escenario en el cual, ya
no será parte de su patrimonio y, por tanto, no forma parte de sus activos ni
de otros fideicomisos. Ese patrimonio autónomo que se conforma con el bien
transferido a la fiducia no es sujeto de derechos y obligaciones, empero,
conforma una universalidad jurídica representada por la sociedad fiduciaria,
que tiene su personería para defender los derechos y obligaciones asignadas al
mismo.
77.  La misma codificación en el artículo 1238 prevé que “[l]os bienes objeto
del negocio fiduciario no podrán ser perseguidos por los acreedores del
fiduciante, a menos que sus acreencias sean anteriores a la constitución del
mismo. Los acreedores del beneficiario solamente podrán perseguir los
rendimientos que le reporten dichos bienes. El
negocio fiduciario celebrado en fraude de terceros podrá ser impugnado por los
interesados”.
En virtud de lo anterior, el acreedor anterior al negocio fiduciario puede
perseguir esos bienes y accionar a efecto de obtener la extinción del negocio
fiduciario (art. 1240-8 del C.Co[80])
y que el bien fideicomitido vuelva al patrimonio del fideicomitente (art. 1242
del C.Co[81]).[82]
78.  La Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ha señalado que la acción
auxiliar del artículo 1240 del C.Co., puede ser ejercida por el tercero
acreedor para solicitar la terminación del contrato de fiducia y perseguir el
bien fideicomitido, a efecto de reconstituir el patrimonio del constituyente de
la fiducia y obtener -como en este caso- el cumplimiento de una
obligación, dejando a salvo a los terceros de buena fe exenta de culpa. Concretamente,
dicha Corporación ha señalado:
“[E]l
espíritu de la acción auxiliar prevista en el artículo 1238 inciso 1º no es,
exclusivamente, la recomposición del patrimonio del deudor a partir de la
presencia  del consilium fraudis  y el  eventus damni, sino, en esencia,
establecer un mecanismo que materialice la garantía de que los bienes del
deudor son, efectivamente, la prenda general de los acreedores y que aquél no
puede valerse del pacto fiduciario en detrimento de estos;  y,  en esa
dirección, considera la Sala que la norma memorada contempla  una acción
encaminada a recomponer el patrimonio del deudor, pero desprovista del fraude,
que se estructura por la sola circunstancia de causarse un detrimento al
acreedor  o presentarse el acto reprochado con la jerarquía suficiente para
generarlo (eventus damni), connotando, de manera nítida, una acción
eminentemente objetiva. En ese contexto debe entenderse el contenido de la
regla jurídica comentada. De suyo, emerge, entonces, que al acreedor le
corresponde, inomisiblemente, asumir el compromiso de demostrar que del
convenio llevado a efecto por el deudor le deriva un perjuicio; allí, sin
duda, anida la validez de su proceder, esto es, en la acreditación de un
interés jurídico, serio y actual para legitimar la persecución de los bienes
involucrados en el patrimonio autónomo. Es evidente que extinguir un negocio
jurídico por el sólo hecho de aniquilarlo, comportaría una odiosa e
injustificable prerrogativa, así como una afrenta a la seguridad jurídica,
a los derechos de  las partes, de los terceros  y, en fin, de la dinámica
social y comercial.
La
facultad del acreedor no está determinada única y exclusivamente por el hecho
de la preexistencia del crédito; su conducta persecutora ha de estar anclada,
se insiste, en el interés por evitar la vulneración de sus derechos a raíz de
la negociación celebrada por el deudor; es claro que las acciones de carácter
judicial y  el presente asunto no es la excepción, están instituidas como un
mecanismo sucedáneo del actuar espontáneo de las personas frente a sus
compromisos u obligaciones. Por ello, acudir a una u otra herramienta procesal
es una opción que opera luego de evidenciarse que  el llamado a satisfacer la
prestación debida, no se aviene, voluntariamente, a tal objetivo o que ha
desplegado actos que afectan seriamente la acreencia. Demostrada tal
circunstancia, nace como opción válida, la de perseguir, con éxito, algunos
bienes fideicomitidos”.[83]
De
lo anterior, se tiene que para que un tercero pueda perseguir el bien
solicitando la terminación del contrato de fiducia celebrado por su deudor, es
necesario que se acredite un interés cierto e indiscutible.[84]
Caso concreto
Cumplimiento de
las causales generales de procedencia
79.
El
presente asunto guarda relevancia constitucional al invocarse la
protección de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia e igualdad de Alfonso Lázaro Contreras, cuyas
garantías superiores, en principio, parecieran verse afectadas con la decisión
censurada ya que sus pretensiones fueron desestimadas por insuficiencia de
medios probatorios que respaldaran sus afirmaciones, sin haberse decretado
pruebas tendientes a dilucidar el caso.
La
Corte ha sido rigurosa en la verificación de este presupuesto habilitante del
estudio de fondo de acciones de tutela contra providencias judiciales, en este
sentido ha estimado que no cualquier vulneración al debido proceso o al acceso
a la administración de justicia puede controvertirse a través del recurso de
amparo, sino que debe comprometer efectivamente la realización de las garantías
superiores.[85]
En
el asunto bajo estudio, este Tribunal observa que existen dos circunstancias
que revisten relevancia constitucional, de una parte, la negativa de la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia a otorgarle valor probatorio a
unos documentos aportados al proceso en copia simple y, de otra, la omisión de
la misma autoridad judicial en el decreto de las pruebas que resultaban necesarias,
suficientes y conducentes para resolver el caso. Lo expuesto, no expone una
situación menor sino que compromete el acceso efectivo a la administración de
justicia y el debido proceso, porque según el accionante, la autoridad judicial
decidió no casar la sentencia impugnada por no hallar respaldada en los
elementos probatorios la pretensión reclamada.
Tal
situación se agrava aún más si se tiene en cuenta que los jueces de primera y
segunda instancia admitieron los documentos aportados en copia simple, empero,
no estudiaron el fondo del asunto bajo el argumento de falta de legitimación en
la causa; lo anterior muestra que el caso no se ha estudiado materialmente,
pues ninguna autoridad judicial -incluyendo a la de casación- estudió las
pruebas aportadas al plenario o decretó y practicó aquellas insinuadas en el
proceso y que resultaban relevantes para intervenir la controversia, lo cual
podría traducirse en una denegación de justicia material, porque en apariencia
este proceso tuvo doble instancia más la extraordinaria, pero en la realidad,
ningún operador analizó las pretensiones de cara a las pruebas necesarias,
pertinentes y suficientes para despacharlas en cualquier sentido, ya sea
accediendo o negando.
La
decisión recurrida en sede de tutela, al parecer, obedeció a un debate
probatorio precario que pudo ser impulsado por la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia, empero, dicha colegiatura decidió asumir un rol
pasivo dentro del proceso pese a que existían documentos aportados en copia
simple con los que el actor pretendía demostrar su dicho, que no fueron
tachados como falsos por la contraparte y, que en virtud del artículo 375 del
Código de Procedimiento Civil, podía decretar de oficio las pruebas que
estimara necesarias, pertinentes y suficientes para resolver la controversia
planteada; lo anterior, podría configurar un exceso ritual manifiesto que en
otros asuntos ha sido reconocido por esta Corporación como aquel yerro
procedimental que reviste una afectación a los derechos fundamentales de los
usuarios del sistema de justicia, al truncar el estudio de fondo de su petitum
y convertirse en una herramienta de denegación de justicia.[86]
80.
En
ese orden de ideas, la Corte encuentra que más allá de la controversia de
índole patrimonial que prima facie se presenta, la acción de tutela
formulada plantea una cuestión constitucional, relacionada con el acceso a la
administración de justicia, materializado en la necesidad de que una autoridad
judicial estudie de fondo el caso puesto a su consideración, ya que los jueces
ordinarios de instancia negaron las pretensiones argumentando la falta de
legitimación en la causa y el Tribunal de Casación tampoco analizó la cuestión
planteada al encontrar que los documentos aportados en copia simple no podían
ser apreciadas como pruebas al no haberse controvertido por parte del
accionado, Gonzalo de Jesús Mejía Zapata, quien actuó a través de curador ad
litem.
81.
Al
respecto, es menester señalar desde ahora que a efecto de resolver el recurso
extraordinario de casación formulado contra la sentencia del Tribunal Superior
de Bogotá, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia tenía dos caminos:
(i)
Otorgarle
pleno valor probatorio a los documentos aportados por el actor en copia simple,
esto es, la copia de la promesa de compraventa del inmueble “San Rafael”
suscrita el 31 de mayo de 1994, entre Gonzalo de Jesús Mejía Zapata y Alfonso
Contreras Lázaro otros; y de los oficios del 16 de diciembre de 1994 y del 18
de enero de 1995, por medio de los cuales, los abogados del promitente vendedor
le informaron a los prometidos compradores que la compraventa convenida no se
llevaría a cabo en razón a que el predio objeto del contrato se encontraba en
litigio.
(ii)
Decretar
de oficio las pruebas que estimara suficientes y pertinentes para verificar la
autenticidad de los documentos aportados en copia simple, en ejercicio de las
facultades oficiosas otorgadas por el artículo 375 del C. de P.C.
Sin
embargo, la Corte Suprema de Justicia se limitó a descartar el valor probatorio
de los documentos allegados en copia simple y, sobre esa base, decidió no casar
la sentencia recurrida, dejando a la parte actora sin la posibilidad real de
que un juez de la república estudiara el fondo de sus pretensiones, independientemente
del sentido del fallo, lo cual evidencia la relevancia constitucional del
asunto al comprometer la efectividad de los derechos de acceso a la
administración de justicia y del debido proceso del señor Alfonso Contreras
Lázaro.
82.
Además,
satisface el requisito de la inmediatez porque la sentencia impugnada
fue proferida el 11 de diciembre de 2017, notificada por el edicto el 14 del
mismo mes y año, y la acción de tutela fue instaurada el 12 de junio de 2018,
es decir, cuando habían transcurrido seis (6) meses desde la decisión
desfavorable, lapso que resulta razonable y proporcionado.
83.
Asimismo, se observa que la parte actora agotó todos los medios
judiciales de defensa que tenía a su alcance, puesto que al
estar en presencia de un proceso de segunda instancia, y agotó
el recurso extraordinario de casación, por lo que el señor Lázaro Contreras no
dispone de otras herramientas, quedando la acción de tutela como el
único medio del que dispone para reclamar la protección de sus derechos.
84.
También el accionante identificó los hechos que generaron la
vulneración y los derechos trasgredidos con la decisión censurada, y se verificó
que no se instauró contra una decisión de tutela
ni se trata de una sentencia de constitucionalidad proferida por el Consejo de
Estado, sino una adoptada en el marco de
una acción ordinaria civil.
Cumplidos los criterios generales de procedibilidad
la Sala pasará a examinar si se configuran los defectos alegados por la parte
actora en el escrito de tutela.
Análisis
de las causales específicas de procedibilidad
La
configuración del defecto procedimental por exceso ritual manifiesto
85.
El
argumento central de la acción de tutela gravita en que la Sala de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia al expedir la sentencia del 7 de
diciembre de 2018, por la cual decidió no casar el fallo de la Sala Civil
del Tribunal Superior de Bogotá, por haber hallado acreditada la calidad de
acreedor cierto e indiscutido del actor respecto de Gonzalo de Jesús Mejía
Zapata, con lo cual vulneró sus derechos fundamentales, al no valorar las
pruebas aportadas al plenario en copia simple ni haber decretado de oficio las
que consideraba necesarias para resolver de fondo el caso.
86.
El
órgano de cierre de la jurisdicción civil, respecto de los documentos que dan
cuenta del interés cierto e indiscutible del actor para solicitar la
terminación del contrato de fiducia, que fueron allegados en copia simple al
proceso, determinó que no podían ser tenidos como plena prueba porque no fueron
controvertidos directamente por el accionado, Gonzalo de Jesús Mejía Zapata,
porque este actuó a través de curador ad litem. Concretamente, el fallo
en cuestión señaló:
“[E]n
este caso estamos en presencia de copias simples de documentos emanados de terceros.
Y si bien es cierto que la Corte en reciente sentencia (SC11822-2015, rad. n°.
11001-31-03-024-2009-00429-01) consideró que tales documentos –de carácter
simplemente declarativo- aportados en copia simple podían ser evaluados desde
el punto de vista probatorio por cuanto lo que se exige es, a partir de 1991,
la ratificación de su contenido cuando la parte contra la cual se aducen así lo
requiera, es lo cierto que en este particular caso, el señor Gonzalo Mejía,
deudor de la suma que terceros diciendo actuar a nombre de él anuncian que
habrá de devolver, estuvo representado por curador ad litem.
En
otras palabras, si lo que se busca dilucidar es que el actor en este proceso es
un acreedor cierto e indiscutido por cuanto honró –así como los demás
promitentes compradores- sus obligaciones derivadas de la promesa de
compraventa que sirve de báculo para impugnar la fiducia, es protuberante la
debilidad probatoria que ostentan dos fotocopias simples de documentos emanados
de terceros en los que se alude tangencialmente a ese cumplimiento, puesto que
la parte que puede controvertir tal aseveración, estuvo en este proceso
representada por curador. Auxiliar que en la mayoría de los casos desconoce los
detalles fácticos que antecedieron a la causa litigiosa, y mal puede entonces exigírsele
que pida la ratificación de las declaraciones vertidas en tales piezas
documentales, sin que por lo demás, dicha omisión llegue a acarrear
inexorablemente que tales copias puedan ser apreciadas en toda su dimensión,
como si la parte emplazada y asistida de curador ad litem hubiese estado de
acuerdo en ese contenido. Es que cuando en 1991 (y en las leyes 446 de 1998 y
794 de 2003), en virtud del decreto 2651, tendiente a descongestionar los
despachos judiciales, se suprimió la diligencia de ratificación prevista en el
original artículo 277 del Código de Procedimiento Civil, se entendió que la
parte contra la cual se aduce la declaración del tercero vertida en el
documento bien podía pedir la ratificación, pero si no lo exigía,  dicha prueba
podía ser  valorada sin requerir ninguna formalidad. Pero extender tal
consecuencia para el emplazado y sólo con base en  ello tener acreditado el
hecho que pretende probarse con el documento es, al menos en este caso,
totalmente deleznable.
En
apretada síntesis, si bien los errores denunciados por el recurrente se
encuentran demostrados y hubo necesidad de rectificar aquellos de índole
jurídica cometidos por el Tribunal, la Corte, al situarse en sede de instancia
encuentra que de todos modos debe mantener la decisión impugnada en atención a
que no se encuentra cabalmente demostrada la condición de acreedor cierto e
indiscutido que debe ostentar el pretensor para demandar la extinción de la
fiducia en su condición de acreedor anterior a la constitución de ese negocio”.
87.  Los documentos a
los que hace referencia la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia son la
copia auténtica de la escritura pública No.  6714 del 1.º de diciembre de 1994,
otorgada en la Notaría 42 de Bogotá, con la cual Alfonso Contreras Lázaro y los
demás promitentes compradores dejaron constancia de su comparecencia para el
otorgamiento de la escritura de compraventa prometida por Gonzalo de Jesús
Mejía Zapata, consta que entregaron, para incorporar en el protocolo, y según
las declaraciones del Notario, la “copia de la promesa de compraventa
suscrita entre las partes”, la cual aparece firmada por los promitentes
compradores y el promitente vendedor ante tres testigos. Asimismo, se observó
el otrosí que asentaron en el reverso de la última página de la citada promesa,
y con el cual las partes acordaron prorrogar la fecha de solemnización de la
compraventa, también suscrita por las partes del futuro contrato y dos
testigos.
Finalmente, las comunicaciones del 16 de
diciembre de 1994 y 18 de enero de 1995, mediante las cuales Gustavo Vargas
Gallo y Hugo Briceño Jáuregui, le informaron al actor que no se llevaría a cabo
la compraventa prometida.
88.  El oficio del 16
de diciembre de 1994, suscrito por Gustavo Vargas Gallo y Hugo Briceño Jauregui,
expresó lo siguiente:
“Estimados
señores:
Atentamente nos
dirigimos a ustedes para manifestarles que desafortunadamente el señor GONZALO
MEJÍA no puede darles cumplimiento a la promesa de venta firmada el día 30 de
mayo de 1.994.
La intención del
Sr. Mejía era firmar la escritura el 1.º de diciembre de 1.994, de acuerdo con
las prórrogas que al efecto se habían convenido.
La circunstancia
de haber sido registrada una demanda por orden del Juzgado 21 Civil del
Circuito de esta ciudad, en virtud del proceso que se adelanta en dicho Juzgado
y en el cual Justo Pastor Oliveros demandó a Gonzalo Mejía pidiendo la nulidad
de la escritura de venta, impide llevar a cabo la negociación, máxime que dicho
señor está moral y legalmente impedido para firmar la escritura.
Conocido el
hecho antes descrito fueron informados los herederos de la sucesión, y como es
apenas lógico, se dispuso devolverles los $500.000.000.oo que habían entregado,
tan pronto ello sea posible. Como en la actualidad los herederos de la sucesión
no disponen de liquidez no se les puede devolver inmediatamente.
Afortunadamente
en el Juzgado 30 C.C. cursaba un proceso ejecutivo donde estaban embargados
unos lotes del sr. Zapata, y en este proceso se efectuó el remate de los bienes
el día de ayer. Como parte de ese dinero corresponde a los herederos, de allí
se les devolverá a ustedes dicha suma la cual calculamos aproximadamente para
fines del mes de enero de 1995.
Somos
conscientes de reconocer un pequeño interés, y así se hará saber a los herederos
con el fin de que al efectuarse el pago del capital, se incluya el valor de un
interés mensual, a partir del 1.º de diciembre /94 a razón del 1.5%.
Es nuestro
interés que el señor Gonzalo Mejía en esta forma no quede mal con ustedes, pues
la no realización de la firma de la escritura se debió a un hecho ajeno a su
voluntad, fácilmente comprobable con los certificados de tradición del inmueble
prometido en venta”. (cfr.
Folios 11 y 12 del cuaderno 1).
89.  Asimismo, el
oficio del 18 de enero de 1995, suscrito por Gustavo Vargas Gallo y Hugo
Briceño Jauregui, señaló:
“Como es de
su conocimiento en el Juzgado 30 Civil del Circuito de esta ciudad se llevó a
cabo el remate de un inmueble de propiedad del señor Camilo Zapata Vásquez, en
hipotecario promovido por el Banco de Crédito y Comercio.
El valor del
remate se encuentra actualmente depositado en su totalidad y a disposición del
Juzgado, y estimamos que en un término que no excede el mes de enero, lo
estaría entregando a los herederos del señor Zapata Vásquez parea allí proceder
al pago de la suma de $500.000.000.oo que se les adeuda por concepto del primer
contado de la promesa de compra venta que ustedes celebraron con el señor
Gonzalo Mejía, con relación al inmueble denominado San Rafael, situado en el
municipio de Suba.
Estamos de
acuerdo en reconocer a ustedes unos intereses que no exceden el uno y medio por
ciento mensual, por las sumas entregadas al señor Gonzalo Mejía Zapata y desde
el día en que ustedes lo hicieron, esto es, $250.000.000.oo el 15 de junio/94 y
$250.000.000.oo el 15 de julio del mismo año.
En consecuencia,
el tiempo para darles cumplimiento será el mismo que el Juzgado requiera, una
vez se llenen los requisitos procedimentales de la entrega del título” (folio 10 del
cuaderno 1).
90.  Sobre lo
anterior, es preciso señalar que en instancia los documentos citados fueron
decretados como prueba y tenidos como tal, sin que ninguno de los
intervinientes de dicho trámite los tachara de falsos o los controvirtiera bajo
cualquier otro mecanismo.
91.  Encuentra la
Sala que la situación planteada expone una problemática relacionada con el
ejercicio del juez en la actividad probatoria, concretamente en la validez de
las copias simples aportadas a un proceso en que la contraparte actúa a través
de curador ad litem.
92.
Observa
la Sala Plena que en el caso sub examine, los jueces de instancia
aceptaron como pruebas los documentos que allegó la parte actora y la
contraparte y terceros no los tacharon de falsos. Considerando lo expuesto
líneas atrás, para que un documento privado aportado en copia simple a un
proceso tenga validez probatoria, debe verificarse su autenticidad, en los
términos del artículo 268 del Código de Procedimiento Civil, es decir, que la
parte contraria expresamente los reconociera o no los tachara de falsos.
93.
Lo
que en efecto ocurrió, pues saneado el proceso y previo a dictar sentencia el
Juez Civil del Circuito -en primera instancia- dio valor probatorio a la
pruebas solicitadas, decretadas y practicadas dentro del proceso (ver folio 1410
del cuaderno 1) sin que la contraparte los controvirtiera o los tachara de
falsos.
En este sentido, le correspondía a la
Corte Suprema de Justicia otorgarla pleno valor probatorio a esos documentos aportados
en copia simple al expediente, los cuales son válidos como medio probatorio
desde la modificación a las normas procedimentales que introdujo el artículo 11
de la Ley 1395 de 2010 y dando aplicación al principio constitucional de la
buena fe.[87]
Lo anterior no es ajeno a la
jurisprudencia de esa Corporación, pues en sentencia SC-11822-2015 del 3 de
septiembre de 2018, en relación con la valoración de documentos privados
aportados en copia simple, expuso:
Con la claridad
suministrada por esas premisas, no habría lugar a interpretar, de ningún modo, que
la eficacia probatoria de los documentos declarativos fue supeditada a que
estos se aportaran en original o copia auténtica, porque lo cierto es que las
particularidades de ese medio de prueba motivaron un régimen legal propio en el
que la única formalidad exigida para su valoración por el juez es la
ratificación de su contenido.
La ley no exigió
el cumplimiento de esos dos requisitos y no podía hacerlo, porque tratándose de
medios de convicción respecto de los cuales las partes no tienen objeción alguna
en cuanto a su fuerza probatoria, se hacía innecesario que además de la
ratificación, el documento se allegara conforme a lo estatuido por los
artículos 252, 254 y 268 del Código de Procedimiento Civil, cuando a través de
la primera habría de surtirse su reconocimiento mediante prueba testimonial.
Tratándose,
entonces, de los documentos declarativos emanados de terceros, el artículo 277
del Código de Procedimiento Civil consagró un régimen especial en el que no
resultan aplicables las reglas fijadas en los mencionados preceptos; por eso,
los requisitos que determinan su eficacia demostrativa, no son los mismos que
se exigen para los dispositivos y representativos provenientes de terceros, ni
para aquellos que proceden de las partes.
Para su
estimación como prueba -se insiste- no requieren de formalidad distinta a la de
ratificarse su contenido cuando así lo solicite la parte contra la cual es
aducida, razón por la cual es posible reconocerle mérito demostrativo aún si no
fue aportada en original o copia auténtica”.
No obstante, en el asunto sub examine,
la Sala de Casación Civil descartó su mérito probatorio al considerar que no
podría ser controvertidos o tachadas por la contraparte en la medida que
Gonzalo de Jesús Mejía Zapata actuó en el trámite a través de curador ad
litem, quien “en la mayoría de los casos desconoce los detalles fácticos
que antecedieron a la causa litigiosa, y mal puede entonces exigírsele que pida
la ratificación de las declaraciones vertidas en tales piezas documentales, sin
que por lo demás, dicha omisión llegue a acarrear inexorablemente que tales
copias puedan ser apreciadas en toda su dimensión, como si la parte emplazada y
asistida de curador ad litem hubiese estado de acuerdo en ese contenido”.
Entre tanto, concluyó que hacerle extensiva la ratificación o tacha al auxiliar
de la justicia que representaba al accionado, resultaba “deleznable”.
94.
Esta
Corporación discrepa de dicha aseveración en razón a que la figura del curador ad
litem[88]
precisamente asegura la defensa de quien representa en el proceso y está
ausente, por lo cual está facultado para adelantar todos los actos
procesales a excepción de aquellos que le corresponden solo a la parte, v. g. disponer
del derecho el litigio, es decir, que no puede conciliar, transigir, ni
allanarse.[89]
En consecuencia, estaba facultado para oponerse a dichas pruebas e incluso
controvertirlas solicitando otras, empero, guardó silencio.
95.
En
ese orden, mal podría hacerse extensiva la consecuencia de una tacha de
falsedad del documento aportado en copia simple a la contraparte, solo por el
hecho de que esta actuó a través de un curador ad litem, pues ello se
traduciría en una ventaja para quien no compareció al proceso, lo cual iría en
detrimento de quien accionó, al no dispensarle el mismo trato legal que otorga
la norma procesal. Así las cosas, la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia debió otorgarle valor probatorio a las copias simples
aportadas por el actor y que no fueron tachadas o controvertidas por las
partes.
96.
Con
lo anterior, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia se
apartó de la razón de ser del juez en el Estado social de derecho que no es
otra que desempeñar un papel protagónico en la intervención de las
controversias puestas a su consideración, a efecto de contribuir al
desescalamiento de los conflictos y la realización de los fines establecidos en
la Constitución. En ese orden, el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria
perdió de vista que las normas procesales se constituyen en una herramienta y
no un obstáculo para hacer efectivos los derechos de los asociados, entre
ellos, el acceso a la administración de justicia y el debido proceso.
97.
Para
la Sala Plena la sentencia impugnada realizó una interpretación restrictiva de
los artículos 46, 252 y 268 del Código de Procedimiento Civil, desconoció la
realidad material y los demás recursos procesales que tenía a su alcance para
esclarecer los hechos, al no casar el fallo del Tribunal Superior de Bogotá,
por omitir reconocer el valor probatorio de los documentos aportados al
expediente en copia simple y que no fueron tachados de falsos.
98.
En
consecuencia, las copias del contrato de promesa de compraventa y de los
oficios por los cuales se les informó a los promitentes compradores que no se
llevaría a cabo la firma de la escritura pública de compra venta del predio “San
Rafael”, constituían plena prueba del interés del señor Alfonso Contreras
Lázaro para perseguir el bien objeto de la fiducia y la negativa a valorarlos
por parte de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia implicó
un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, que afectó los derechos
fundamentales del actor.
99.
En
síntesis, esta Corporación encuentra que la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia incurrió en irregularidades procesales que vulneraron los
derechos fundamentales del accionante, al no valorar los documentos aportados
al proceso en copia simple para acreditar lo pretendido en la demanda ordinaria
civil.
100.
Asimismo,
este Tribunal resalta que la Corte Suprema de Justicia en sus distintas Salas
de Casación ha estudiado de acciones de tutela contra providencias judiciales
y, con base en el precedente de la Corte Constitucional, ha reconocido en
algunos casos que las decisiones judiciales pueden obedecer a un riguroso apego
a las normas procesales, dejando de lado la prevalencia del derecho sustancial
prevista en el artículo 228 de la Constitución y ha declarado la existencia de
yerros de orden procedimental por exceso ritual manifiesto, que derivan en la
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia. Sobre lo anterior, pueden consultarse las
sentencias de 30 de noviembre de 2017, exp. 0269500; 21 de febrero de 2017,
exp. 528879; 7 de octubre de 2015, exp. 81987; entre otras.
101.
En
otras palabras, esta providencia reitera la jurisprudencia tanto de la Corte
Constitucional como de la propia Corte Suprema de Justicia sobre el amparo de
los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia en aquellos casos en los que la autoridad judicial actúa con excesivo
apego a las ritualidades del proceso, desconociendo el derecho sustancial
previsto en el artículo 228 de la Carta Política.
102.
Para
esta Corte el yerro procedimental por exceso ritual manifiesto es de tal
envergadura que afecta los derechos fundamentales del actor, al ser decisivo en
el fondo del caso puesto a consideración de los jueces civiles, ameritando la
intervención por parte del juez constitucional.
103.
En
orden a lo anterior, la Corte advierte que al haber prosperado el defecto
mencionado en el punto anterior, por sustracción de materia, no estudiara los
cargos por defecto fáctico en su dimensión negativa ni el desconocimiento del
precedente invocados en la acción de tutela.
104.
Sobre
la base de lo expuesto, la Sala Plena revocará la sentencia del 11 de septiembre
de 2018, proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia, que confirmó el fallo del 4 de julio de 2018 de la Sala
de Casación Laboral de la misma Corporación que negó el amparo invocado por
Alfonso Contreras Lázaro.
En su lugar, concederá el amparo de los
derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de
justicia de la parte actora, para lo cual, dejará sin efecto la providencia del 7
de diciembre de 2017, proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia, ordenándole a esa autoridad judicial que,
en el término de treinta (30) días, contados a partir de la notificación de esta
sentencia, emita
una nueva decisión otorgándole plena validez probatoria a los documentos
aportados en copia simple y decida de fondo el recurso extraordinario
de casación dentro del proceso No.
11001310301219980483404, teniendo en cuenta las consideraciones
efectuadas en este proveído.
Finalmente, se dispondrá el
levantamiento de los términos del presente proceso, que fueron suspendidos
mediante auto del 21 de enero de 2019 proferido por la Sala Plena.
III. DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero:
LEVANTAR la
suspensión de términos decretada mediante auto del 21 de enero de 2019,
proferido por la Sala Plena de la Corte Constitucional.
Segundo: REVOCAR la
sentencia del 11
de septiembre de 2018, proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia, que confirmó el fallo del 4 de julio
de 2018 de la Sala de Casación Laboral de la misma Corporación que negó el
amparo invocado por Alfonso Contreras Lázaro. En su lugar, PROTEGER
los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia de la parte actora.
Tercero:
DEJAR SIN EFECTO
la providencia del 7 de diciembre de 2017, proferida por la Sala de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia. En su lugar, ORDENAR a
dicha autoridad judicial que en el término de treinta (30) días, contados a
partir de la notificación de esta sentencia, emita una nueva decisión
otorgándole plena validez probatoria a los documentos aportados en copia simple
y decida de fondo el recurso extraordinario de casación dentro del
proceso No. 11001310301219980483404, teniendo en
cuenta las consideraciones efectuadas en este proveído.
Cuarto:
LÍBRESE por
Secretaría General de la Corte Constitucional la comunicación prevista en el
artículo 36 del Decreto Estatutario 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese y cúmplase,
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Presidente
CARLOS BERNAL
PULIDO
Magistrado
DIANA FAJARDO
RIVERA
Magistrada
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Magistrado
Ausente en
comisión
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
JOSÉ
FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
CRISTINA PARDO
SCHLESINGER
Magistrada
Ausente en
comisión
ALBERTO ROJAS
RÍOS
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1] Los
hechos fueron complementados con la información que obra en el expediente.
[2] Cfr. Folio 2 del
expediente.
[3] Cfr.
Folio 3 del expediente.
[4] Cfr.
Folio 4 del expediente.
[5] Cfr.
Folio 5 del expediente.
[6] Cfr.
Folio 8 del expediente.
[7] Cfr.
Folio 9 del expediente.
[8] Ib.
[9] Cfr.
Folio 12 del expediente.
[10] Cfr.
Folio 21 de la sentencia impugnada.
[11] Cfr.
Folio 39 de la sentencia impugnada.
[12] Cfr.
Folio 40 de la sentencia impugnada.
[13] Ver telegramas
de notificación a folios 11 a 22 y 59 a 87 del cuaderno 3.
[14] Cfr.
Folio 93 del cuaderno 2.º del expediente.
[15] Ib.
[16] Cfr.
Folio 128 del cuaderno 2.º del expediente.
[17] Cfr.
Folio 18 del cuaderno 3.º del expediente.
[18] Conformada
por los Magistrados Gloria Stella Ortiz Delgado y Antonio José Lizarazo Ocampo.
[19] Cfr.
Folio 20 del cuaderno principal del expediente (cuaderno de la Corte
Constitucional).
[20] En relación con
la vinculación de terceros que pudieran ver afectados sus derechos, pueden
consultarse entre otros los Autos 212 de 2012, 379 de 2008, 235A de 2008, 141
de 2008, 050 de 1996 y 027 de 1995.
[21] El
expediente en mención consta de 18 cuadernos y aproximadamente 4.500 folios.
[22] Cfr. Página
4 de esta providencia.
[23] Cfr. Folio 2 del
expediente.
[24] Sentencia SU-396
de 2017, citando la T-555 de 2009.
[25] Sentencias
SU-396 de 2017, T-031 de 2016, T-497 de 2013, T-320 de 2012, T-891 y T-363 de
2011.
[26] Sentencia
T-145 de 2017.
[27] Sentencia
SU-573 de 2017.
[28] Sentencias SU-573, SU-414
SU-396 y SU-354 de 2017; T-574, T-429 y T-324 de 2016; SU-695, SU-567, T-534 y
T-718 de 2015, T-474 de 2014 y T-429 de 2011, entre muchas otras, reiterando la
C-590 de 2005.
[29] Sentencias SU-065, SU-062
y SU-035 de 2018; SU-649, SU-573, SU-414, SU-396 y SU-354 de 2017 y C-590 de
2005.
[30] Sentencias
SU-573 de 2017 y SU-391 de 2016. Al respecto, la Corte sostuvo: “[C]onsidera
la Corte que es improcedente la acción de tutela contra decisiones de la Corte
Constitucional y, se agrega en esta oportunidad, contra decisiones del Consejo
de Estado que resuelven acciones de nulidad por inconstitucionalidad. Esta
sería entonces una causal adicional de improcedencia que complementaría los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales establecidos por la jurisprudencia a partir de la sentencia C-590 de
2005, de acuerdo con la cual no procede la acción de tutela contra las
sentencias de la Corte Constitucional ni contra las del Consejo de Estado por
nulidad por inconstitucionalidad”.
[31] Sentencias
SU-573 y SU-050 de 2017 y SU-917 de 2010.
[32] Ver
sentencias SU-038 de 2018, SU-573 y SU-050 de 2017 y -917
de 2010.
[33] Sentencia
SU-050 de 2017.
[34] Sentencias
SU-050 de 2018, SU-649, SU-573 y SU-210 de 2017, T-241 de 2016, T-734 y T-261
de 2013, T-1100, T-628 y T-360 de 2011, T-078 de 2010, T-747 de 2009, T-458 y
T-162 de 2007, T-902 de 2005 y T-814 de 1999.
[35] Sentencia T-625
de 2016. Atendiendo a las dos dimensiones explicadas, es viable acudir a la
acción de tutela para reclamar un defecto fáctico cuando la valoración
probatoria hecha por el juez en la correspondiente providencia es
manifiestamente arbitraria. El error en el juicio valorativo de la prueba, “debe
ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe
tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede
convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria
del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de
competencia”. Cfr. sentencia T-442 de 1994).
[36] Sentencias T-459
de 2017 y T-454 de 2015.
[37] Al respecto,
consultar las sentencias SU-062 de 2018, T-407 de 2017, T-526 de 2001, T-488 de
1999 y T-393 de 1994.
[38] Cfr.
Sentencias T-526 de 2001, T-488 de 1999 y T-393 de 1994.
[39] TARUFO,
Michele.  La prueba de los hechos. Editorial Trota. Cuarta Edición. Milán 2011.
pp. 21.
TARUFO, Michele.
La Prueba. Marcial Pons. Madrid 2008. pp. 15.
[40] Vázquez,
Carmen. Estándares de prueba y prueba científica. Marcial Pons. Madrid 2013.
pp. 25.
[41] Cfr.
Código de Procedimiento Civil, artículo 174.
[42] Norma
aplicable a la época de los hechos, cfr. Código General del Proceso, artículo
627.
[43] Cfr.
Sentencia T-407 de 2017.
[44] Dispone
el art. 169 del CGP que: “Sin embargo, para decretar de oficio la
declaración de testigos, será necesario que estos aparezcan mencionados en
otras pruebas o en cualquier acto procesal de las partes.”
[45] El
art. 42 numeral 4 del CGP señala que es uno de los deberes del juez “Emplear
los poderes que este Código le concede en materia de pruebas de oficio, para
verificar los hechos alegados por las partes.
[46] LÓPEZ
BLANCO. Hernán Fabio. Código General del Proceso. Pruebas. Dupré Editores.
Bogotá 2017. pp. 145 y 146.
[46] Dicha
previsión legal fue replicada en el Código General del Proceso.
[47] Cfr.
Código de Procedimiento Penal, artículo 361. Ver sentencias C-205 de 2016,
C-396 de 2007 y C-591 de 2005.
[48] Corte
Constitucional, Sentencia T-264 de 2009.
[49] Ver Sentencia
C-159 de 2007.
[50] Ver Sentencia
C-029 de 1995 y T-264 de 2009.
[51] Corte
Constitucional, Sentencia T-213 de 2012.
[52] Corte
Constitucional, C-396 de 2007.
[53] Sentencia SU-768
de 2014. En esta providencia, la Corte hizo referencia al papel del juez en el
Estado social y democrático de Derecho en los siguientes términos: “la
justicia es tradicionalmente representada como una mujer que viste toga
grecorromana y que sostiene en una de sus manos la balanza, en la que sopesa
los reclamos de quienes acuden a ella y le permite proceder equitativamente; en
su otra mano, blande una espada como símbolo de la fuerza que respalda el
cumplimiento de sus veredictos; y en algunas imágenes se incluye,
adicionalmente, una venda que sugiere el análisis incorrupto e imparcial frente
a los litigantes. Pero la venda no siempre estuvo allí. En un comienzo,
incluso, esta era asumida negativamente como una profunda limitación para
cualquier persona así agobiada con la falta de visión. En un grabado atribuido
a Durero y que ilustra la obra de Sebastian Brant de 1494, ‘La nave de los
necios’, aparece uno de los necios (que siempre visten sombreros con orejas de
asno) poniéndole la venda a la justicia y, por ende, induciéndola al error y a
la estulticia. Es probable que el imaginario común de la justicia de ojos
vendados, como aquel frío e impávido funcionario que se limita a esperar que
las partes dispongan sus pretensiones sobre la balanza, no represente a
cabalidad el ideal del Juez dentro del Estado social y democrático de derecho.
(…) [L]a Constitución de 1991 reclama una justicia que se quite la venda y
observe la realidad de las partes y del proceso; una justicia que no permanezca
inmóvil sino una activa y llamada a ejercer una función directiva del proceso
en aras de alcanzar una decisión acorde con el derecho sustancial”. Cfr.
Sobre la iconografía de la justicia en occidente se puede consultar: Resnik,
Judith y Curtis, Dennis E. “Representing Justice: from renaissance iconography to twenty first
century Courthouses”. Proceedings of the American
Philosophical Society, Vol. 151, No. 2 (Jun. 2007) pp. 139-183. // López
Medina, Diego Eduardo. Nuevas tendencias en la dirección del
proceso. Consejo Superior de la Judicatura. Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla:
2005. p. 27.
[54] Cfr. Sentencia
T-407 de 2017 que reiteró lo expuesto en el fallo T-104 de 2014.
[55]Cfr. Sentencias
T-330, T-111, SU-062, SU-061, SU-050 de 2018; T-647, SU-573, SU-355, T-328,
T-270, T-237, T-234, T-184 y T-156 de 2017; SU-454, T-426, T-247 y T-031 de
2016; T-739, T-605 y SU-565 de 2015, entre muchas otras.
[56] Ib.
[57] Cfr. Sentencia
SU-061 de 2018.
[58] Cfr. Sentencia
SU-573 de 2017.
[59] Ver sentencias
SU-535 de 2016, reiterando lo expuesto en las sentencias T-599 de 2009, T-737
de 2007, C-590 de 2005 y SU-159 de 2002.
[60] Cfr.
Sentencias SU-061 de 2018, SU-573 de 2017, SU-636 de 2016, T-535 de 2015, T-104
de 2014, T-599 y T-264 de 2009,
[61] Cfr. Sentencia
SU-636 de 2015.
[62] Este
punto se desarrollará del punto 56 en delante de este proveído.
[63] Cfr.
Sentencia T-334 y SU-035 de 2018, SU-354 de 2017, y SU-556 de 2014.
[64] Cfr.
Sentencia SU-053 de 2015.
[65] Cfr. Sentencia
SU-035 de 2018 y SU-354 de 2017.
[66] Cfr. Sentencias
SU-035 de 2018, T-153 de 2015 y T-146 de 2014.
[67] Cfr.
Sentencias T-237 de 2017, T-739 de 2015, SU-774 de 2014 y T-213 de 2012, entre
otras.
[68] Norma
vigente para la época de los hechos.
[69]
LÓPEZ BLANCO. Hernán Fabio. Instituciones de Derecho Procesal Civil. Pruebas.
Tomo III. Dupré Editores. Segunda Edición. Bogotá 2008. Pg. 337.
[70] Dicha
previsión legal fue replicada en el Código General del Proceso.
[71] En
todos los procesos, los documentos privados manuscritos, firmados o elaborados
por las partes, presentados en original o en copia para ser incorporados a un
expediente judicial con fines probatorios, se presumirán auténticos, sin
necesidad de presentación personal ni autenticación. Esta presunción no
aplicará a los documentos emanados de terceros de naturaleza dispositiva.
[72] DEVIS
ECHANDÍA, Hernando. Teoría
general de la prueba judicial, Tomo I. Sexta edición. Temis. Bogotá 2015, pp.
551 y 552.
[73] ALCALÁ-ZAMORA
Y CASTILLO, Clínica Procesal, ob.cit., págs., 417-431; LESSONA, ob. Cit., t
III, núms, 249-252 y t, IV, núm. 147; CARNELUTTI, La prueba civil, ob.cit.,
núm. 39; BONNER, ob. Cit., ed. 1929, t, II, núms. 716-731; SCARDACCIONE, ob.
Cit., págs. 165-196; MUÑOZ SABATÉ, ob. Cit., págs. 353-385.
[74] Normativa
aplicable para la época de los hechos.
[75] Sentencias
SU-774 de 2014 y 636 de 2015.
[76] Folio 237
cuaderno de investigación penal militar.
[77] Sentencia T-518A
de 2015.
[78] Sobre
el valor de las copias también pueden consultarse las consideraciones
efectuadas en las páginas 17 y 18 de la sentencia T-474 de 2018.
[79] Cfr. Código de Comercio, artículo 1226. “Concepto de la fiducia mercantil. La fiducia mercantil es un negocio jurídico en
virtud del cual una persona, llamada fiduciante o fideicomitente, transfiere
uno o mas bienes especificados a otra, llamada fiduciario, quien se obliga a
administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad determinada por el
constituyente, en provecho de éste o de un tercero llamado beneficiario o
fideicomisario. Una persona puede ser al mismo tiempo fiduciante y
beneficiario. Solo los establecimientos de crédito y las sociedades
fiduciarias, especialmente autorizados por la Superintendencia Bancaria, podrán
tener la calidad de fiduciarios”.
[80] Cfr. Código de Comercio, Artículo 1240. “Causas de extinción del
negocio fiduciario. Son
causas de extinción del negocio fiduciario, además de las establecidas en el
código civil para el fideicomiso, las siguientes. (…) 8) por acción de los
acreedores anteriores al negocio fiduciario.”
[81] Cfr.
Código de Comercio, artículo 1242. “Terminación del negocio fiduciario y
destino de los bienes fideicomitidos. Salvo disposición en
contrario del acto constitutivo del negocio fiduciario, a la terminación de
éste por cualquier causa, los bienes fideicomitidos pasarán nuevamente al
dominio del fideicomitente o de sus herederos”.
[82] Sobre
el particular, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en
sentencia del
25 de enero de 2010, rad. 11001 3103 031 1999 01041 01, sostuvo que “[el]
inciso primero del artículo 1238 del Código Comercio, involucra, de manera
general, una típica acción auxiliar de los acreedores del fideicomitente, mas
no en particular la pauliana, ni aquellas que objetivamente han sido enlistadas
a propósito de los procesos concursales, como las  que tratan ciertas normas
(leyes 550 de 1999 y 1116 de 2006), pero sí de jerarquía suficiente para
intervenir en el  contrato de fiducia, con miras a viabilizar la persecución de
los bienes fideicomitidos e, inclusive, eventualmente, según las circunstancias
del caso, a obtener su terminación. Por ejemplo, cuando se persigue el único
bien que constituye el fideicomiso o, aunque no lo sea, resulta crucial para el
logro del cometido del citado contrato” (SC).
[83] Cfr. Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 25 de enero
de 2010, rad. 11001 3103 031 1999 01041 01.
[84] Cfr. Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 26 de octubre
de 2004,  rad.
C-5283831030001999-0065-01, sobre el particular señaló: “la acción revocatoria
requiere de la existencia de un crédito, con las características de cierto e
indiscutido” (SC 173-2004 del 26 de octubre de 2004, En igual sentido,
la sentencia de 18 de noviembre de 2016,  rad. 11001-31-03-027-2005-00668-01,
sostuvo: “En materia contractual, no puede afirmarse que el asunto de la
legitimación ad causam está regido por la aplicación con carácter absoluto del
principio de relatividad de los contratos, cuya esencia se consigna en el conocido
aforismo romano «res inter allios acta tertio neque nocet neque prodest»; de
hecho, tanto la doctrina como la jurisprudencia reconocen que «en los
alrededores del contrato hay personas que ciertamente no fueron sus
celebrantes, pero a quienes no les es indiferente la suerte final del mismo»
(CSJ SC, 28 Jul 2005, Rad. 1999-00449-01), de modo que su incumplimiento, los
vicios en su formación, el ocultamiento de la voluntad real de los contratantes
y el desequilibrio en su contenido prestacional, alcanza y afecta
patrimonialmente a sujetos diferentes de los contratantes. No son ellos los
terceros absolutos o penitus extranei, que son totalmente extraños al contrato
y no guardan nexo alguno con las partes, por lo que aquel ni les perjudica ni
les aprovecha, sino los terceros relativos, de quienes se predica una
vinculación jurídica con los contratantes por cuanto ese pacto les irradia
derechos y obligaciones, categoría dentro de la cual se encuentra el acreedor,
toda vez que el patrimonio de su deudor constituye prenda general de garantía,
de ahí que puede solicitar la declaración de certeza aparejada a la acción a
fin de que se revele la realidad del negocio jurídico celebrado o que no
existió ninguno”.
[85] Cfr.
Sentencia T-136 de 2015.
[86] Cfr.
Sentencias SU-062 de 2018, T-237 y T-024 de 2017, SU-636 de 2015 y T-264 de
2009, entre otras.
[87] La
Corte Suprema de Justicia en la sentencia del
[88] Sobre
esta figura, la Corte en la sentencia T-088 de 2006, señaló: “El
nombramiento del curador responde, a la necesidad de defender los derechos de
las personas ausentes en los procesos judiciales, por lo cual, precisamente, su
presencia en el debate judicial es garantía de defensa para quien no puede
hacerlo directamente. Sobre el particular, la Corte ha dicho que la decisión de
designar curadores ad litem, tiene como finalidad esencial proteger los
derechos del ausente, que no por estarlo puede recibir un tratamiento procesal
desventajoso, pues éste redundaría en menoscabo de algunos de los derechos
sustantivos que en el proceso se controvierten. Constituye, pues, un
instrumento protector del derecho fundamental de defensa. Por ello, debe
entenderse que se trata de representar a quien resulte directamente involucrado
en el proceso, es decir a quien por su ausencia puede ser afectado con la
decisión que se tome”.
[89] Cfr.
Código de Procedimiento Civil, artículo 46. “Funciones y facultades del curador ad litem.  El curador ad litem actuará en el proceso hasta
cuando concurra a él la persona a quien representa, o un representante de ésta.
Dicho curador está facultado para realizar todos los actos procesales que no
estén reservados a la parte misma, así como para constituir apoderado judicial
bajo su responsabilidad, pero no puede recibir ni disponer del derecho en
litigio. Sólo podrán ser curadores ad litem los abogados inscritos; su
designación, remoción, deberes, responsabilidad y remuneración se regirán por
las normas sobre auxiliares de la justicia”.