T-266-11
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
T-266/11
ACTUACION TEMERARIA Y COSA JUZGADA EN MATERIA DE
TUTELA-Reiteración de jurisprudencia
El
artículo 38 del decreto 2591 de 1991 prohíbe que con
base en idénticos supuestos de hecho y con el fin de satisfacer la misma
pretensión material, se presenten dos o más acciones de tutela. Esta disposición
tiene el objeto de evitar conductas que, mediante el ejercicio abusivo del
derecho a la tutela judicial efectiva y el desconocimiento del principio de
lealtad procesal, congestionen de manera  dolosa o caprichosa el aparato
judicial y restrinjan el derecho fundamental del acceso a la administración de
justicia de otros ciudadanos. Asimismo, esta Corte ha precisado que en
la medida en que el ejercicio de la acción de tutela es un derecho fundamental,
las restricciones que se impongan al mismo con el fin de proteger el adecuado
funcionamiento de la administración de justicia, deben ser limitadas. En ese
orden, la jurisprudencia constitucional ha entendido que la improcedencia del
amparo constitucional por virtud de un actuar doloso y de mala fe del demandante,
supone una legitima restricción a este derecho. Así las cosas, corresponde a la
autoridad judicial comprobar que la conducta de quien interpone la acción de
tutela ha estado precedida por un actuar doloso o de la mala fe, ya que si el
mismo se evidencia en el trámite, la acción de tutela no solo  deviene
improcedente en razón del mandato contenido en el artículo 38 del decreto 2591
de 1991, sino además, temeraria y merecedora, por ende, de sanción.
ACCION DE TUTELA TEMERARIA-Inexistencia por existir hechos nuevos
En
armonía con la jurisprudencia de esta Corporación, la Sala concluye que la
petición formulada por el accionante ante el Banco Cafetero con apoyo en la
sentencia C-862 de 2006, y la respuesta que a su solicitud dio dicha entidad
bancaria, representan hechos nuevos que hacen disímil la presente acción de
tutela respecto de la demanda de amparo constitucional del año 2004. En ese
sentido, verificada la distinción fáctica entre las acciones de tutela uno y
dos, la Sala concluye que la presente acción de tutela no resulta improcedente en
lo atinente a la causal de procedibilidad contenida en el artículo 38 del
decreto 2591 de 1991, en cuanto no concurre la triple identidad en las partes,
los hechos y las pretensiones entre las tutelas uno y dos.
INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL-Procedencia de tutela
ACCION DE TUTELA PARA INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA
PENSIONAL-Reiteración de
jurisprudencia sobre requisitos y condiciones necesarias para su procedencia
De
conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación, para que proceda el
amparo del derecho a mantener el poder adquisitivo de la pensión en su
contenido indexatorio de la primera mesada pensional, en el proceso han de
acreditarse los siguientes requisitos: que la persona que invoca el amparo
constitucional tenga el estatus de pensionado, o lo que es lo mismo, que su
derecho a una pensión haya sido reconocido; que el actor haya observado una
conducta diligente en sede administrativa, es decir, presentado la solicitud de
indexación de su primera mesada pensional directamente ante la entidad obligada
a satisfacer su derecho o, recurrido a la vía gubernativa si se trata de
entidades de carácter público; que el peticionario haya agotado las vías
judiciales ordinarias para garantizar su pretensión, o que aún sin haberlo
hecho, esté en tiempo de acudir a ellas, y demuestre que (i) atendiendo a las
condiciones particulares que reviste su caso, los mecanismos ordinarios de
defensa judicial a su alcance no resultan idóneos y eficaces para satisfacer
sus garantías constitucionales o; (ii) está en inminente riesgo de sufrir un
perjuicio iusfundamental irremediable.
DERECHO A LA INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL-Alcance
Las Salas de Revisión del Tribunal Constitucional al
abordar el estudio de casos concretos en los que se reclamaba por vía iusfundamental
el reconocimiento del derecho a mantener el poder adquisitivo de las pensiones,
además de reiterar la jurisprudencia de constitucionalidad abstracta, avanzaron
en la concreción y precisión del alcance y contenido del aludido derecho. De
esta forma, el Tribunal (i) entendió que el derecho constitucional a la
actualización de las pensiones cual es de naturaleza iusfundamental; (ii)
advirtió que esta garantía es predicable de todos los pensionados con
independencia del origen legal o convencional de la prestación, incluso de
aquellos que adquirieron su estatus de pensionado con anterioridad a la Ley 100
de 1993 o en vigencia de la Constitución de 1886; (iii) amparó el derecho a la
actualización de las pensiones de forma autónoma y sin relación de conexidad
con algún otro derecho fundamental; (iv) indicó que el derecho a la
actualización de la primera mesada pensional no se encuentra condicionado a
término alguno de prescripción y; (v) finalmente, en cuanto al criterio de
inmediatez como presupuesto de procedibilidad de la acción de tutela,
puntualizó que debe tenerse en cuenta que la posible vulneración del derecho a
obtener la indexación de la primera mesada pensional persiste mientras no se haya
hecho efectivo el mencionado reconocimiento, por lo que el aludido requisito se
considera cumplido en los eventos en que la actualización aún no ha sido
efectuada por la entidad o el ex empleador llamado a hacerlo.
ACCION DE TUTELA CONTRA SENTENCIA DE TUTELA-Improcedencia
Es
pertinente indicar que la demanda de amparo constitucional contra las referidas
sentencias de tutela resulta abiertamente improcedente, en la medida que esta
Corporación de manera enfática y reiterada, ha sostenido que no hay lugar a la
acción de amparo constitucional contra fallos de tutela.
INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL-Actualización salario base de liquidación
La
Sala evidencia que el salario promedio, base de liquidación de la pensión
vitalicia de jubilación reconocida por el Banco Cafetero al accionante, no fue
actualizado entre el momento en que efectivamente se devengó (1978 y 1979) y el
instante a partir del cual reconoció el derecho por el cumplimiento del
requisito de edad el 7 de noviembre de 1995. Así, el salario promedio sobre el
cual debía aplicarse una tasa de retorno del 75% pasó de equivaler 9.3 SMLMV
aproximadamente en el año 1979, a corresponder a cerca de 0.3 SMLMV a 1995, por
lo cual, es notorio el detrimento económico que sufrió la prestación de
jubilación del actor por efecto de la inflación acaecida entre los años 1979 y
1995, pérdida que en modo alguno puede entenderse subsanada con la nivelación a
un (1) salario mínimo mensual vigente que realizara la demandada en la
resolución del 6 de febrero de 1996, puesto que ello no obedece a verdaderos
parámetros de indexación sino al cumplimiento de un mandato que prohíbe el pago
de pensiones inferiores a ese valor. La Sala concluye que al señor le asiste el
derecho a que el salario base de liquidación de su primera mesada pensional sea
actualizado por parte del Banco Cafetero en liquidación, en tanto el detrimento
patrimonial que sufrió su mesada por efecto del fenómeno inflacionario aún no
ha sido reparado por parte de la entidad demandada, teniendo esta última la
carga de hacerlo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 y 53 de la
Constitución Política, y lo señalado por esta Corporación en sentencia C-862 de
2006 y la jurisprudencia reiterada en esta oportunidad por la Sala Novena de
Revisión.
RESPETO DEL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL-Finalidad/FUERZA VINCULANTE DEL PRECEDENTE
CONSTITUCIONAL-No es absoluta
Esta
Corporación ha resaltado que el respeto por el precedente, es decir, por
decisiones previas que deciden casos con similitud al que ocupa al juez en su
momento, es (i) un imperativo del principio de igualdad de trato en la
aplicación de la ley; (ii) una vía para asegurar determinado grado de seguridad
jurídica por parte de los jueces y; (iii) un instrumento para garantizar la
unidad del ordenamiento jurídico mediante una aplicación consistente de los derechos
fundamentales. Sin embargo, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corporación,
el deber de seguir el precedente de las distintas salas de revisión que recae
sobre una determinada Sala, es relativo, ya que, de una parte, la fuerza
vinculante de un precedente no es absoluta, pues los jueces pueden modificar
posiciones previamente adoptadas siempre que expliquen de manera adecuada y
suficiente los motivos para seguir un rumbo decisional distinto al marcado por
el precedente y, de otra, no existe una relación jerárquica entre las distintas
salas de este Tribunal, así que dentro del normal desarrollo de la
jurisprudencia es plausible que surjan diversos criterios de interpretación en
el seno de la Corporación, en ejercicio de la autonomía e independencia de cada
una de ellas. En ese sentido, a juicio de esta Sala, resulta pertinente como
una exigencia de la razón práctica en materia judicial, que cada Sala al
explicar los motivos por los cuales estima que debe apartarse de un esquema
previo de resolución de conflictos, base su decisión en una interpretación más
amplia de los derechos fundamentales (principio pro hómine), y justifique
adecuadamente el “costo de seguridad jurídica” de emprender un nuevo rumbo
jurisprudencial.
COMPARTIBILIDAD PENSIONAL-Finalidad
El
carácter compartible de la pensión de jubilación del actor, hace que la
obligación prestacional del Banco Cafetero en liquidación subsista en lo
relativo al mayor valor que tendría que pagar el ex empleador, respecto de la
prestación de vejez que sufraga actualmente el ISS. En esa línea, ante la
probable vigencia parcial de la prestación de jubilación, la primera mesada de
la misma puede ser objeto de indexación con la finalidad de determinar la
posible existencia de ese mayor valor no cubierto por el ISS; lo anterior, a
pesar de existir una decisión de la entidad bancaria que formalmente dispuso la
extinción de la totalidad de la prestación. Es del caso señalar que la
compartibilidad pensional es un instrumento jurídico creado con la finalidad de
librar al empleador del pago de la pensión de jubilación que le correspondería
asumir como una prestación especial a favor del trabajador. Para tal efecto, el
empleador queda obligado a efectuar las cotizaciones del caso ante el ISS hasta
que el trabajador cumpla los requisitos para acceder a una pensión de vejez en
el régimen administrado por dicho Instituto, trasladando así total o
parcialmente la obligación al ISS, quedando a cargo del empleador únicamente el
mayor valor de la prestación no cubierto por el referido Instituto. Esta figura
se encuentra consagrada en diversas disposiciones del ordenamiento jurídico
entre las que es dable señalar el decreto 3041 de 1996, aprobatorio del acuerdo
224 del Consejo Directivo del ISS, por el cual se creó el reglamento general
del seguro social obligatorio de invalidez, vejez y muerte, el cual señalaba en
su artículo 60 que “(…) Al cumplirse el tiempo de servicios y la edad exigidos
por el Código Sustantivo del Trabajo [los trabajadores] podrán exigir la
jubilación a cargo del patrono y éste estará obligado, a pagar dicha
jubilación, pero continuarán cotizando en este seguro hasta cumplir con los
requisitos mínimos exigidos por el Instituto para otorgar la pensión de vejez,
y en este momento el Instituto procederá a cubrir dicha pensión, siendo de
cuenta del patrono únicamente el mayor valor, si lo hubiere, entre la pensión
otorgada por el Instituto y la que le venía siendo pagada por el patrono”.
COMPARTIBILIDAD Y COMPATIBILIDAD PENSIONAL-Características
Por
virtud de la compartibilidad de las pensiones, un ex empleador que tiene a su
cargo una pensión de jubilación puede librarse total o parcialmente de la misma
–según el caso-, cuando el ex trabajador por él pensionado, cumple los
requisitos para acceder a una pensión de vejez en el ISS. Así, el ex empleador
podría eximirse de la totalidad de la prestación de jubilación, si el monto de
la pensión a su cargo fuere igual o menor a la mesada de vejez pagada por la
entidad de seguridad social; mientras que se libraría solo parcialmente, si la
suma sufragada por el ISS tuviere un valor inferior a la solventada por él,
quedando obligando entonces, en esta hipótesis, a desembolsar el mayor valor no
cubierto por el asegurador, manteniéndose vigente dicha prestación en lo que a
ese monto se refiere. Igualmente, la compartibilidad de las pensiones de
jubilación y vejez implica que el beneficiario se encuentra frente a dos
prestaciones íntimamente ligadas entre sí, cuyo monto, una vez reconocidas -las
dos pensiones-, debe ajustarse en tanto, en términos prácticos, se funcionan en
una sola, subrogando la entidad de seguridad social al ex empleador en el pago
de la misma, salvo en lo relativo al mayor valor que llegare a resultar en su
contra, el cual queda obligado a sufragar al pensionado. A su vez, en la
compatibilidad pensional, el beneficiario se halla, asimismo, ante dos
prestaciones, pero esta vez claramente diferenciables la una de la otra,
autónomas y sin relación de conexidad alguna; en este supuesto, las dos
pensiones coexisten en su totalidad, quedando obligado el respectivo ex
empleador, a solventar el monto completo de la mesada pensional a su cargo. En
el presente caso, no existe duda sobre el carácter compartible de la pensión de
jubilación del accionante. Al efecto, en la resolución de reconocimiento el
Banco acudió a los supuestos de hecho que dominan la figura de la
compartibilidad de las pensiones. Así, señaló que “Bancafé se compromete a
cotizar en su totalidad para los riesgos de invalidez, vejez y sobrevivientes
al Instituto de Seguros Sociales o a la Entidad Administradora de Pensiones que
el pensionado(a) designe”. Seguidamente, manifestó que “cuando el pensionado(a)
obtenga el reconocimiento de la pensión por parte del Instituto de Seguros o de
la Entidad Administradora de Pensiones, a Bancafé solo le asistirá la
obligación de reconocer la diferencia entre la pensión otorgada por el otro
organismo y la que esté pagando Bancafé si esta fuere mayor, y nada deberá
pagar si la pensión otorgada por el Instituto de Seguros Sociales o la
Administradora de Pensiones fuere igual o superior” Relacionadas las
características de la compartibilidad de las pensiones relevantes para el
presente caso, y establecido el carácter compartible de la prestación de
jubilación y la de vejez del actor, la Sala reitera que contrario a la tesis
sostenida en la sentencia T-611 de 2008, la prestación de jubilación del
accionante, a cargo del Banco Cafetero en liquidación, subsiste y puede ser
objeto de indexación, justamente por el carácter compartible de la prestación y
en cuanto al mayor valor, si lo hubiere, respecto de la prestación de vejez que
sufraga el ISS. A juicio de la
Sala Novena, no resulta acertado sostener que la pensión de jubilación a cargo
del Banco Cafetero se extinguió, por cuanto la misma en realidad se fusionó con
la reconocida por el ISS por efecto de la compartibilidad pensional. Lo
extinguido en el presente caso respecto del ex empleador, es la obligación de
pagar la suma de la mesada pensional que sea equivalente o igual al monto de
la mensualidad reconocida por el ISS, más no la pensión en cuanto tal, la cual
únicamente se subrogó en dicho monto en favor del ex empleador y en contra de
la aseguradora.
INDEXACION
DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL-Orden
a Banco Cafetero en Liquidación para que reconozca y actualice el salario base
para la liquidación de la primera mesada pensional
Referencia.:
expediente T-2678560
Acción de tutela de Carlos Eduardo Lozano López contra la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal
Superior de Bogotá; el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Bogotá y; el Banco
Cafetero en liquidación.
Magistrado
Ponente:
LUIS ERNESTO
VARGAS SILVA.
Bogotá,
D.C., siete (07) de abril de dos mil once (2011).
La
Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
magistrados(a) María Victoria Calle Correa, Mauricio González Cuervo, y Luis
Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
Dentro
del proceso de revisión de los fallos dictados en el asunto de la referencia
por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, el dieciocho (18)
de diciembre de dos mil nueve (2009), en primera instancia; y la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el veintiocho (28) de abril
de dos mil diez (2010), en segunda instancia.
I. ANTECEDENTES
De los hechos y la demanda
1.- El señor Carlos Eduardo Lozano López[1],
persona de setenta (70) años de edad, por medio de apoderado judicial, interpuso
acción de tutela contra la Corte Suprema de Justicia –Salas de Casación Laboral
y Penal-, el Tribunal Superior de Bogotá –Sala Laboral-, el Juzgado Sexto
Laboral del Circuito de Bogotá y el Banco Cafetero en liquidación[2],
por considerar que las entidades accionadas vulneraron sus derechos constitucionales
a la igualdad, a la seguridad social y al mínimo vital, entre otros. A
continuación se sintetizan los fundamentos fácticos y jurídicos de la demanda[3]:
1.1.-
El señor Carlos Eduardo Lozano López laboró en el Banco Cafetero durante veinte
(20) años, cuatro (4) meses y catorce (14) días. En virtud de lo anterior, la
entidad bancaria, mediante resolución N° 065 del 05 de febrero de 1996,
reconoció al accionante una pensión de jubilación de carácter compartible, efectiva a partir del siete (7) de noviembre de mil
novecientos noventa y cinco (1995), fecha de cumplimiento del requisito de edad.
En la resolución se tomó como salario base de
liquidación el correspondiente al promedio de lo devengado en el último año de
servicios “comprendido entre el 16 de julio de 1978 y el 15 de julio de 1979”, y se tasó la prestación en cuantía de ciento ochenta y ocho mil novecientos treinta y tres
pesos con cincuenta centavos ($188.933.50).
1.2.- El cuatro (04) de agosto de mil novecientos
noventa y ocho (1998), el actor solicitó al Banco Cafetero la indexación de la
primera mesada pensional. El banco accionado, a través de comunicación DRH 1641
de 21 de agosto de 1998, negó la petición reclamada.
1.3.- Con el objeto de obtener la indexación de la
primera mesada pensional, el once (11) de febrero de mil novecientos noventa y
nueve (1999), el accionante interpuso demanda ordinaria laboral en contra del
Banco Cafetero, cuyo conocimiento por reparto correspondió al Juzgado Sexto
Laboral del Circuito de Bogotá.
1.4.- El veintiocho (28) de junio de dos mil (2000) el
Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Bogotá dictó sentencia dentro del proceso
ordinario laboral de Carlos Eduardo Lozano López contra el Banco Cafetero. La
autoridad judicial negó las pretensiones del libelo, condenó en costas al
demandante y ordenó consultar la providencia. Como apoyo a su decisión, citó in
extenso la sentencia de 18 de agosto de 1999 (radicado 11818) proferida por
la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, a partir de la
cual señaló:
“En reciente pronunciamiento jurisprudencial, que
acoge el juzgado por compartir el fundamento de las consideraciones, se esbozó
que no se indexa la obligación demandada cuando el derecho a reclamar la
pensión sólo surge respecto de su acreedor a partir de la concurrencia de los
elementos esenciales para su existencia. [//] Así, teniendo en cuenta
que en el plenario no se discutió en forma alguna que por la demandada, se
hubiera retardado el reconocimiento de la pensión de jubilación y el pago
consecuencial de la mesada pensional procede proferir la absolución de la
demandada, advirtiendo el juzgado por otra parte que, el monto de la mesada
pensional causada por el accionante, según se establece con la resolución 65 de
1996 (…), se ajustó a las prescripciones del artículo 14 de la ley 100
de 1993, teniendo en cuenta que el monto mensual de la pensión de jubilación
inicial es igual al salario mínimo legal mensual vigente para 1995 (…).”(fl. 49
Cdno.2).
1.5.- La Sala de decisión laboral del Tribunal
Superior de Bogotá mediante providencia del dieciséis (16) de agosto de dos mil
(2000), confirmó la sentencia consultada. Acudió ampliamente a la decisión
de Casación citada por el juzgado sexto en su sentencia, y con base en ella
puntualizó:
“En estas condiciones, la Sala no comparte que el
reajuste de la mesada pensional inicial, se le aplique la devaluación de la
moneda causada desde la fecha de terminación del contrato a la demandante (sic),
hasta la época cuando comenzó a disfrutar de ella, porque a todas luces sería
procedente la indexación en el preciso evento de que exista la obligación con
el carácter de insoluta, por un lapso prolongable significativo, a través del
cual el fenómeno económico haya producido el efecto de disminuir el real valor
del débito. Empero, como en el sub lite no existe discusión que el derecho a la
pensión nació a la vida jurídica cuando el peticionario cumpliera con los
requisitos convencionales y legales, es lógico que no exista deuda alguna
insatisfecha, en tales condiciones no sería viable actualizar las pensiones, ya
que el concepto jurisprudencial al respecto predica que el reconocimiento de la
indexación presupone la existencia de la deuda, exigible e impagada, que es
cuando los principios de equidad y de justicia que encarnan la corrección
monetaria, no admite duda alguna.
De manera que al accionante no le asiste el derecho
reclamado, puesto que cuando surgió este a la vida jurídica, de contera la
demandada procedió a reconocerle la pensión en cumplimiento de lo señalado por
la ley vigente, el cual ha venido pagando conforme lo enseña la ley (fls. 132
s.s.); puesto que no sería dable revaluar el cuantum de la primera mesada
pensional, como fundamento de un derecho futuro por consolidarse, al cumplirse
el requisito de edad, que es lo que ocurrió en el presente evento, según se
infiere de los medios de prueba aportados al infolio ya reseñados”.
1.6.- A través
de resolución N° 012471 del 15 de mayo de 2001, el Instituto de Seguros Sociales[4]
reconoció al accionante una pensión de vejez en cuantía de trecientos
sesenta y tres mil seiscientos cuarenta y tres pesos ($363.643) a partir del siete
(7) de noviembre de dos mil (2000). En virtud de ello, el Banco Cafetero
mediante resolución N° 179 del 22 de octubre de 2001, extinguió la pensión de
jubilación que había reconocido a favor del accionante en noviembre de mil
novecientos noventa y cinco (1995), debido a la asunción de la figura jurídica
de la compartibilidad pensional, toda vez que la suma reconocida por el
ISS como mesada prestacional era superior a la que venía pagando la entidad
bancaria.
1.7.- El treinta (30) de septiembre de dos mil tres (2003),
el demandante presentó derecho de petición ante el Banco Cafetero, solicitando
la indexación de su primera mesada pensional. La entidad bancaria, a través de
comunicación DHR-dal-2100 del 17 de octubre de 2003 negó la petición,
amparándose para ello en la figura de la cosa juzgada que habría operado en
virtud de la firmeza de la sentencia del Juzgado Sexto Laboral del Circuito de
Bogotá.
1.8.- En el mes de julio de dos mil cuatro (2004), el
actor interpuso acción de tutela contra el Banco Cafetero y las providencias
proferidas por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Bogotá y el Tribunal
Superior de Bogotá, en las cuales se negó la indexación de la primera mesada
pensional.
1.9.- A través de sentencias de tres (03) de agosto de
dos mil cuatro (2004) y quince (15) de septiembre del mismo año respectivamente,
la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia negó el amparo
constitucional impetrado, y la Sala de Casación de Casación Penal de la misma
Corporación, confirmó la impugnación que contra la decisión del a quo
elevó el actor.
1.10.- El tres (3) de abril de dos mil ocho (2008) el
accionante solicitó nuevamente al Banco Cafetero, que accediera a la indexación
de la primera mesada pensional, esta vez con fundamento en las sentencia C-862
de 2006 y T-046 de 2008, proferidas por la Corte Constitucional. La entidad
demandada, por medio de comunicación N° 3648 de 24 de abril de 2008, procedió a
responder la petición en forma negativa a las pretensiones del actor,
reiterando para ello su escrito del diecisiete (17) de octubre de dos mil tres (2003).
1.11.- Con fundamento en los hechos descritos y en las
sentencias T-969 de 2007 y T-130 de 2009, en la demanda[5]
se solicita al juez de tutela, en síntesis, se conceda el amparo constitucional
de los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, se ordene: (i) “al
Tribunal Superior de Bogotá D.C. – Sala Laboral y al Juzgado Sexto Laboral del
Circuito de Bogotá D.C., revocar el fallo dentro del proceso radicado 1999-
0041 y en su defecto conceder las pretensiones de la demanda y por tal razón se
condene al Banco Cafetero, hoy en liquidación a reconocer y pagar la indexación
de la primera mesada pensional a la cual tiene derecho mi poderdante desde la
fecha de la resolución de la pensión ó desde la demanda de primera instancia,
toda vez que con esta actuación mi poderdante interrumpió la prescripción”
y; (ii) a la “Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral y la Sala
de Casación Penal de la misma entidad, revocar el fallo dentro de la acción de
tutela interpuesta por el señor Carlos Eduardo Lozano López, donde negaron las
pretensiones incoadas por mi poderdante a fin de que se le reconociera y pagara
la indexación de la primera mesada pensional a la cual tiene derecho por parte
del Banco Cafetero, hoy en liquidación” (fl. 3 Cdno. 1).
Intervención de las entidades accionadas
De la intervención del Banco Cafetero en liquidación.
2.- El Banco Cafetero en liquidación, a través de su gerente
liquidador, se opuso a la prosperidad de la acción de tutela con base en las
consideraciones que a continuación se resumen[6]:
2.1.- La acción de tutela debe ser rechazada en razón
a que el apoderado del actor no prestó el juramento previsto en el artículo 37
del decreto 2591 de 1991, “y por el contrario, manifestó que ya había
acudido a la acción de tutela…” (fl. 15 Cdno. 2). En ese sentido,
igualmente, manifestó que la petición de amparo constitucional resultaba
temeraria pues “el accionante ya había iniciado acción de tutela con
anterioridad con idénticas pretensiones y partes, y en donde se debatieron los
hechos que alega como fundamento de la solicitud amparo.” (fl. 21 Cdno. 2).
2.2.- En el presente asunto operó el fenómeno de la cosa
juzgada en razón de los procesos judiciales cursados con anterioridad en
las jurisdicciones ordinaria y constitucional, en las que el actor, al igual
que en el sub judice, impetró la indexación de la primera mesada
pensional frente al Banco Cafetero[7].
2.3.- El demandante no demostró las condiciones de
desigualdad y el trato discriminatorio que alega. Adicionalmente, el
interviniente señaló: “vale la pena destacar que el accionante no puede
aducir un trato desigual cuando no se encuentra en idénticas condiciones que
otros pensionados. Así, claro resulta que no puede aducirse que se esté frente
a personas con iguales derechos, pues se trata de pensionados que están en
condiciones diferentes a las del señor Lozano López” (fl. 5 Cdno. 2).
2.4.- Con fundamento en la sentencia SU-1219 de 2001,
indica que “la presente acción no está llamada a prosperar, dado que no es
procedente iniciar una acción de tutela en contra de la sentencia de tutela”
(fl. 10 Cdno. 2).
2.5.- El accionante no ha acreditado el cumplimiento
de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales porque: (i) la cuestión que se discute no tiene
relevancia constitucional ya que lo que se pretende es la indexación de la
primera mesada pensional, tema respecto del cual operó la cosa juzgada; (ii)
el actor no agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, pues
no interpuso recurso de apelación contra el fallo proferido por el Juzgado
Sexto Laboral del Circuito de Bogotá y; (iii) no se cumple el requisito de
inmediatez toda vez que la acción de tutela se promueve nueve (9) años después
de dictada la sentencia que denegó la indexación de la primera mesada pensional
del accionante, sin que se acredite razón alguna para justificar tal omisión[8].
2.6.- En la demanda no se acreditó la existencia de
alguna de las causales específicas de procedencia del amparo constitucional
contra providencias judiciales, ya que “[p]or el contrario, la
providencia contra la cual se dirige la presente acción, obedeció a la
valoración que hizo el operador judicial de las pruebas y la aplicación de las
normas legales que regulan el tema. De manera que no se aprecia que el juez se
haya apartado de la ley, en abierta imposición de su personal interés o
voluntad, es decir, la decisión del conflicto planteado fue una consecuencia
del examen de sus elementos fácticos y jurídicos, a la luz de la normatividad
aplicable…”. (fl. 14 Cdno. 2)
El interviniente continúa su exposición señalando que “como
no se evidencia una trasgresión del ordenamiento jurídico, la decisión no puede
ser revocada por vía de tutela, sino con sujeción a los procedimientos,
recursos e instancias que él mismo contempla, admitir lo contrario vulneraría
el principio de cosa juzgada, seguridad jurídica y autonomía funcional de los jueces”
(fl. 15 Cdno. 2).
2.7.- En el evento en que se declare la procedencia
formal y material de la acción de tutela, el representante del Banco Cafetero
en liquidación solicita que: (i) al momento de indexar la primera mesada
pensional del demandante, se aplicable la fórmula empleada por la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en las sentencias Sánchez
Gutiérrez contra Banco Cafetero en liquidación y Henao Valbuena contra Banco
Cafetero en liquidación, proferidas el veinticinco (25) de octubre de dos mil
cuatro (2004) y el treinta (30) de marzo de dos mil seis (2006),
respectivamente, por considerar que representan precedente judicial sobre el
tema, fijado por la jurisdicción competente y; (ii) se dé cumplimiento al
artículo 151 del código de procedimiento laboral, disposición normativa que
consagra el término de prescripción de las disputas laborales.
De la intervención del presidente de la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
3.- En escrito radicado  el diez (10) de enero de dos
mil diez (2010) -luego de proferida la sentencia de tutela de primera instancia-,
el presidente de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia se
opuso a la prosperidad del amparo constitucional, con fundamento en las
consideraciones que pasan a sintetizarse:
3.1.- La petición de tutela es improcedente “en
virtud de la ostensible vulneración al requisito de la inmediatez, teniendo en
cuenta el tiempo trascurrido entre la fecha de la sentencia cuestionada, 3 de
agosto de 2004, proferida por la Sala de Casación Laboral, y la de la
presentación de la queja, data del 14 de diciembre de 2009” (fl. 30 Cdno. 3).
3.2.- La decisión proferida por la Sala Laboral de
Casación de la Corte Suprema de Justicia se dictó con acatamiento a la
Constitución y la ley, “sin que resulte arbitraria ni desconocedora de
derecho fundamental alguno.” (fl. 31 Cdno. 3).
De la intervención del Tribunal Superior de Bogotá y
el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Bogotá.
4.- La Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá y
el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Bogotá guardaron silencio durante el
trámite de la acción de tutela.
Del fallo de primera instancia
5.- La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia, mediante providencia del dieciocho (18) de diciembre de dos mil nueve
(2009), negó el amparo constitucional[9]. Entendió la Sala, que la
acción de tutela se dirigía a “obtener la revocatoria de los fallos de 3 de
agosto y de 15 de septiembre de 2004 por los cuales en su orden las Salas de
Casación Penal y Laboral de la Corte Suprema de Justicia, denegaron la solicitud
de amparo presentada por el actor, para en su lugar, alcanzar una providencia
diversa a la que ya se emitió en la primigenia incoada, cuya consecuencia será
necesariamente, de llegar a prosperar, el proferimiento de nueva determinación
de diferente contenido al que allá fue proferido”.
Precisado lo anterior, la Sala de Casación Civil consideró
que la petición de protección iusfundamental, frente a un fallo
proferido en otro proceso de  tutela, resultaba impertinente. Para dar mayor
sustento a su argumento, citó diversos fallos proferidos en ese sentido por la
Corte Suprema de Justicia.
Impugnación
6.-
El apoderado judicial del accionante, impugnó la sentencia de primera
instancia, reiterando algunos de los argumentos esgrimidos en la demanda de
amparo, y agregando, respecto de la citación genérica de sentencias efectuada
por el a quo, lo siguiente: no se puede generalizar las situaciones y
aspectos reales que cada caso en concreto encierra en su atmósfera” (fl. 32
Cdno. 3).
Del
fallo de segunda instancia
7.- El veintiocho (28) de abril de dos mil diez (2010),
la Corte Suprema de Justicia, en su Sala de Casación Laboral - Sala de
Conjueces-, confirmó la decisión de primera instancia[10].
Como sustento de su decisión, el ad quem señaló:
7.1.- La acción de amparo constitucional contra sentencias
de tutela es improcedente, “pues permitirlo sería tanto como generar una
cadena inacabable de tutela contra tutela, que, indiscutiblemente, atenta
contra el principio democrático de la seguridad jurídica principio medular del
estado social de derecho.” (fl. 44 Cdno. 4).
7.2.- La demanda de amparo iusfundamental no cumple
el presupuesto de subsidiariedad, en la medida que el peticionario no acudió al
recurso extraordinario de casación laboral.
7.3.- No se reúne el requisito de inmediatez, ya que “en
este caso, solo se vino a formular la acción en el año 2009, cuando la decisión
cuestionada había sido proferida por la Corte en agosto 3 de 2004”(fl. 47 Cdno. 4).
Actuaciones
surtidas ante la Corte Constitucional
8.-
Por auto del treinta (30) de agosto de dos mil diez (2010), el magistrado
sustanciador, al advertir que el Instituto de Seguros Sociales podría estar
comprometido en la presunta afectación iusfundamental alegada, y en ese
orden, en el eventual cumplimiento de la sentencia de revisión, procedió a
vincular al anotado Instituto al trámite de tutela. En consecuencia, por
intermedio de la Secretaría General de la Corte se puso en conocimiento del
mismo el contenido de la solicitud de tutela y de las sentencias de instancia,
para que en el término de los tres (3) días siguientes a la notificación de la
providencia que ordenó su comparecencia al proceso, expusiera los criterios que
a bien tuviera en relación con los hechos sometidos al conocimiento del juez
constitucional.
Mediante
oficio del siete (07) de septiembre del dos mil diez (2010), la Secretaría
General de esta Corporación informó al Despacho del magistrado sustanciador que
vencido el término de traslado de la demanda, el ISS guardó silencio sobre la
misma.
9.- La Corte Constitucional decretó la práctica de pruebas
por considerarlas útiles y por ende, necesarias para resolver de fondo. En
virtud de lo anterior se ofició a las entidades accionadas así como al
peticionario, para que rindieran informe sobre los distintos hechos que se
relataron en el escrito de demanda. En el análisis del caso concreto la Sala
hará referencia a aquellos elementos probatorios que resulten relevantes para
la decisión de revisión
II.
FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
Competencia
10.- Esta Corte es
competente para conocer de los fallos materia de revisión, de conformidad con
lo determinado en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y en los
artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y, en cumplimiento del auto de once (11)
de junio de dos mil diez (2010), expedido por la Sala de Selección
Número Seis (6) de esta Corporación.
a.
Problema jurídico planteado
11.-
De acuerdo con los hechos expuestos y las precisiones realizadas, corresponde a
la Sala Novena de Revisión determinar (i) si la presente demanda de amparo
constitucional es procedente para enjuiciar las decisiones proferidas por la
Corte Suprema de Justicia en el año 2004 dentro del proceso de tutela de Carlos
Eduardo Lozano contra el Tribunal Superior de Bogotá y el Juzgado Sexto Laboral
del Circuito de Bogotá; (ii) si la presente acción de tutela cumple los
presupuestos generales y especiales del amparo constitucional contra
providencias judiciales. No obstante, la Sala debe estudiar como cuestión
previa, si en relación con las decisiones de la justicia ordinaria acusadas ha
operado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional por virtud del trámite de
tutela impetrado por el actor en el año 2004; (iii) si la presente acción de
tutela es procedente para ordenar la indexación de la primera mesada pensional
a la que asegura el accionante tiene derecho.
En este sentido, de manera específica, la
Corte deberá establecer si de conformidad con los hechos expuestos en el sub
lite, se reúnen los requisitos dispuestos por la jurisprudencia
constitucional para analizar las solicitudes en las que se persigue el
reconocimiento de derechos de contenido pensional. Sin embargo, la Sala debe
estudiar como cuestión previa, si frente a lo accionado contra el Banco
Cafetero en liquidación ha ocurrido el fenómeno de la cosa juzgada
constitucional por razón del ya señalado trámite de tutela del año 2004.
Para
dar solución al problema jurídico planteado, la Corte Constitucional reiterará
su jurisprudencia sobre (i) la configuración de la actuación temeraria y la
cosa juzgada constitucional en la acción de tutela; (ii) las condiciones de
procedibilidad excepcional de la acción de tutela frente al reconocimiento del
derecho fundamental a la actualización de las pensiones y; (iii) las
características del derecho fundamental a la actualización de las pensiones en
su faceta de indexación de la primera mesada pensional. Posteriormente,
la Sala aplicará estas reglas para solucionar el caso concreto.
b.
Solución del problema jurídico
Configuración
de la actuación temeraria y la cosa juzgada constitucional en la acción de
tutela. Reiteración de jurisprudencia.
12.-
El artículo 38 del decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta el ejercicio
de la acción de tutela preceptúa que “[c]uando,
sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada
por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se
rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes”.
La referida norma prohíbe que con base en idénticos supuestos de
hecho y con el fin de satisfacer la misma pretensión material, se presenten dos
o más acciones de tutela. Esta disposición tiene el objeto de evitar conductas
que, mediante el ejercicio abusivo del derecho a la tutela judicial efectiva y
el desconocimiento del principio de lealtad procesal, congestionen de manera
dolosa o caprichosa el aparato judicial y restrinjan el derecho fundamental del
acceso a la administración de justicia de otros ciudadanos.
13.- En ese sentido, la Corte Constitucional ha indicado
que la acción de tutela es temeraria cuando: “desconoce el principio de buena fe, en tanto la
persona asume una actitud indebida para satisfacer intereses individuales a
toda costa y … expresa un abuso del derecho cuando deliberadamente y sin razón
alguna se instaura nuevamente una acción de tutela”[11],
y ha precisado que la temeridad se
configura cuando concurren los siguientes elementos: “(i) [i]dentidad de
partes, (ii) identidad de hechos, (iii) identidad de pretensiones[12]”[13],
y (iv) ausencia de justificación para la presentación de la nueva demanda.[14]
14.- En cuanto a la diligencia del juez
constitucional al momento de evaluar la triple identidad antes referida, esta
Corte en sentencia T-1034 de 2005, advirtió que “con el fin de establecer la configuración de la
identidad de hechos, partes, y pretensiones el juez constitucional debe
realizar un examen detallado de los procesos de tutela correspondientes, de las
circunstancias o hechos nuevos que puedan existir e inclusive analizar el
contenido de los fallos judiciales proferidos dentro de la acción de tutela
anterior, para luego sí concluir si habrá de catalogarse como temeraria. En
tanto la buena fe se presume la temeridad debe ser cuidadosamente valorada por
el juez con el fin de no propiciar situaciones injustas. El estudio -se
insiste- debe ser minucioso y sólo después de haber llegado a la fundada
convicción de que la actuación procesal de la respectiva parte carece en
absoluto de justificación, será tildada de temeraria”.
15.- Del mismo modo, en la sentencia que
se comenta, esta Corporación precisó que es posible, que “luego de presentada una acción de tutela en donde
se exponen unos hechos y derechos concretos, con posterioridad pueda
presentarse otra por el mismo solicitante y con base en similares hechos y
derechos, pero con la connotación de que han surgido elementos nuevos o
adicionales que varían sustancialmente la situación inicial. En esos casos sí
es procedente la acción y no podría ser catalogada como temeraria[15]”.[16]
En
ese sentido, sobre las circunstancias que pueden justificar la interposición de
una nueva acción de tutela, la Corte indicó que estas pueden “derivarse de
la presencia de nuevas circunstancias fácticas o jurídicas, o del hecho de que
la jurisdicción constitucional al conocer de la primera acción no se pronunció
sobre la real pretensión del accionante[17].
Es más, un hecho nuevo puede ser, y así lo ha considerado la Corte[18],
la consagración de una doctrina constitucional que reconoce la violación de
derechos fundamentales en casos similares”[19].
16.-
En armonía con lo expuesto, es menester indicar que en sentencia T-009 de 2000,
el Tribunal Constitucional analizó el caso de unos trabajadores sindicalizados
a los que su empleador les había dado por terminado su contrato de trabajo con
desconocimiento de su derecho fundamental al debido proceso, y los cuales, con
anterioridad ya habían acudido a la vía constitucional en busca de la
salvaguarda de sus derechos. En esa ocasión, la Corte entendió que al momento
de interponer la segunda acción de tutela, los peticionarios actuaron amparados
en un hecho nuevo consistente en la adopción de una nueva doctrina iusfundamental
por parte de la Corte Constitucional, aspecto que hacía procedente la acción de
tutela. Al respecto, la Corte señaló lo siguiente:
“18. Podría afirmarse que, en el
presente caso, los actores interpusieron una segunda acción de tutela a raíz de
las mismas circunstancias fácticas – despido en virtud de la declaratoria de
ilegalidad del cese de actividades, sin agotar el debido proceso -. Sin
embargo, en la segunda acción presentada, los trabajadores despedidos alegan la
vulneración de su derecho a la igualdad y solicitan la aplicación al caso de
una doctrina constitucional que sólo fue formulada por la Corte una vez
decididas las acciones primariamente presentadas. Se trata entonces de una
segunda acción que, sin embargo, se funda en un hecho nuevo: la consagración de
una doctrina constitucional que reconoce (1) la aplicación inmediata del
derecho al debido proceso en los procedimientos de despido en virtud de la
declaratoria de ilegalidad de un cese de actividades y (2) la procedencia de la
tutela a fin de hacer exigible el mencionado derecho.”
17.- Asimismo, esta Corte ha precisado que en la medida en que el ejercicio de la acción de tutela
es un derecho fundamental, las restricciones que se impongan al mismo con el
fin de proteger el adecuado funcionamiento de la administración de justicia,
deben ser limitadas. En ese orden, la jurisprudencia constitucional ha
entendido que la improcedencia del amparo constitucional por virtud de un
actuar doloso y de mala fe del demandante, supone una legitima restricción a
este derecho.
Así
las cosas, corresponde a la autoridad judicial comprobar que la conducta de
quien interpone la acción de tutela ha estado precedida por un actuar doloso o
de la mala fe[20], ya que si el mismo se
evidencia en el trámite, la acción de tutela no solo  deviene improcedente en
razón del mandato contenido en el artículo 38 del decreto 2591 de 1991, sino
además, temeraria y merecedora, por ende, de sanción. Al respecto, el Tribunal
Constitucional en sentencia T-089 de 2007 puntualizó:
“(…) [L]a jurisprudencia constitucional[21]
ha considerado que la actuación temeraria (…) le otorga al juez (…) la facultad
de rechazar o decidir desfavorablemente la solicitud, siempre que la
presentación de más de una acción de amparo constitucional entre las mismas
partes, por los mismos hechos y con el mismo objeto (i) envuelva una actuación
amañada, reservando para cada acción aquellos argumentos o pruebas que
convaliden sus pretensiones[22]; (ii) denote el
propósito desleal de “obtener la
satisfacción del interés individual a toda costa, jugando con la eventualidad
de una interpretación judicial que, entre varias, pudiera resultar favorable”[23]; (iii) deje al descubierto el "abuso del derecho porque deliberadamente y sin
tener razón, de mala fe se instaura la acción”[24]; o
finalmente (iv) se pretenda en forma inescrupulosa asaltar la “buena fe de los
administradores de justicia”[25].”[26]
18.- Igualmente, esta Corporación, en la providencia recién
referida, advirtió que existen determinados eventos en los cuales, a pesar de
presentarse duplicidad de acciones, la conducta no es temeraria, en
consideración a las circunstancias particulares del caso concreto[27]
o las condiciones particulares del actor. Entre otras hipótesis, la actuación
no es temeraria cuando “… [a] pesar de existir dicha duplicidad, el
ejercicio de las acciones de tutela se funda (i) en la ignorancia del
accionante; (ii) en el asesoramiento errado de los profesionales del derecho[28];
o (iii) por el sometimiento del actor a un estado de indefensión, propio de
aquellas situaciones en que los individuos obran por miedo insuperable o por la
necesidad extrema de defender un derecho. En estos casos, si bien lo procedente
es la declaratoria de “improcedencia” de las acciones de tutela indebidamente
interpuestas, la actuación no se considera “temeraria” y, por lo mismo, no conduce
a la imposición de sanción alguna en contra del demandante.”[29]
19.- No obstante lo anterior, es importante recalcar que aún en
los casos recién mencionados, esto es en los eventos en que la presentación de
más de una tutela no está acompañada de una conducta temeraria, las
demandas de amparo constitucional deben ser declaradas improcedentes,
pues la interposición de acciones de tutela de forma repetida y reiterada, es
incompatible con el principio de cosa juzgada constitucional y con la
configuración procesal del trámite de tutela, como a continuación se expone:
De una parte, la regulación de la acción de tutela prevé la
existencia de dos instancias que garantizan al demandante la posibilidad de
discutir un fallo inicial, desestimatorio de sus pretensiones. De otra, la norma
fundamental estableció, en cabeza de la Corte Constitucional, la facultad
de revisar las sentencias de instancia con el preciso objeto de unificar
la jurisprudencia iusfundamental y garantizar la integridad y supremacía
de la Carta, así, la decisión sobre la selección o no de un caso, constituye un
momento de cierre definitivo en la jurisdicción constitucional. De este modo lo
ha expresado la Corte:
“[C]uando un fallo de instancia riña de
forma notoria con la jurisprudencia constitucional, la Corporación procederá a
su estudio para garantizar la vigencia de la doctrina constitucional, el
principio de igualdad de trato, y la protección efectiva de los derechos
constitucionales fundamentales por parte de los jueces de la república. Y, por
el contrario, cuando la Sala de Selección competente descarte la escogencia de
un fallo para su revisión, es porque éste se ajusta a la jurisprudencia del
Tribunal”[30].
20.- Con fundamento en las consideraciones anotadas, el
Pleno del Tribunal Constitucional en sentencia SU-1219 de 2001, señaló que una
vez se produce la decisión sobre no-selección de un expediente para su
revisión por parte de la Corte Constitucional, las decisiones adoptadas en los
fallos de instancia hacen tránsito a cosa juzgada constitucional. En armonía
con lo expuesto, es menester recordar lo
indicado por esta Corporación en sentencia T-1164 de 2003 en relación con la
imposibilidad de reabrir el estudio de casos que ya fueron descartados del proceso
de selección realizado por este Tribunal:
“Frente
a esta pretensión, entonces, esta Sala de Revisión considera que operó el
fenómeno de la cosa juzgada constitucional (inciso primero de artículo 243 de la
Constitución) por no haber sido revocado en segunda instancia, ni haber sido
seleccionado el expediente por esta Corporación durante el trámite de selección
que se surtió en su debido momento. Resulta contrario a la seguridad jurídica
reabrir el debate concluido, puesto que la jurisprudencia constitucional ha
sido clara en reiterar que “(...) en
caso de que un asunto no sea seleccionado, se surte el fenómeno de la cosa juzgada
constitucional -"inmutable y definitiva"- quedando ejecutoriada
formal y materialmente la sentencia. Frente a esta situación, en materia de
tutela, la Corte adquiere la naturaleza de "órgano de cierre"”.”[31]
21.- En suma, (i) no obstante la informalidad que reviste la
acción de tutela, su ejercicio impone la obligación de actuar de forma
responsable frente a la administración de justicia, evitando la congestión
innecesaria del aparato judicial y permitiendo el acceso de todos los
ciudadanos en igualdad de condiciones al mismo; (ii) con el fin de garantizar
que los conflictos sociales puestos en conocimiento del juez de amparo iusfundamental
no se prolonguen indefinidamente en el tiempo, la Corte Constitucional ha
establecido que la determinación que adopten las salas de selección sobre la
exclusión de un expediente para su revisión, tienen como efecto la asunción de
la cosa juzgada constitucional sobre el asunto; (iii) la consecuencia
jurídica de la duplicidad o multiplicidad de acciones idénticas, es la
improcedencia de la petición de tutela constitucional; (iv) si se
demuestra que el peticionario actuó de mala fe y, en consecuencia, la
interposición sucesiva de tutelas comporta una actuación temeraria, el juez deberá
imputarle las sanciones previstas en la ley y; (v) la consagración de una nueva
doctrina constitucional que reconoce la violación de derechos fundamentales
puede ser considerada un hecho nuevo frente a anteriores acciones de
tutela.
Condiciones
de procedibilidad excepcional de la acción de tutela frente al reconocimiento
del derecho fundamental a la actualización de las pensiones. Reiteración de
jurisprudencia.
22.-
Esta Corporación ha admitido la procedencia excepcional de la acción de tutela
frente a reclamaciones encaminadas a obtener la actualización de la primera
mesada pensional. El estudio de las sentencias de revisión proferidas  por esta
Corporación a partir de la sentencia SU-120 de 2003, revela a la Sala dos
escenarios distintos de enjuiciamiento constitucional sobre la materia[32].
23.-
De una parte, la Corte ha revisado procesos de tutela en los cuales se acusa
una providencia judicial dictada en el curso de un trámite ordinario o
contencioso administrativo, de incurrir en causal de procedencia de la acción
de tutela contra providencia judicial, por negarse a reconocer la indexación de
la primera mesada pensional de aquellas personas que, habiendo cumplido el
requisito de tiempo de servicio, se retiraron del trabajo sin haber
alcanzado la edad necesaria para acceder a una pensión de jubilación. Lo
anterior, a pesar de que el ordenamiento jurídico cuenta con fuentes de derecho
que permiten su reconocimiento. En estos casos, los presupuestos de
procedibilidad aplicables al momento de enjuiciar la viabilidad del amparo, se
han circunscrito al estudio de las denominadas causales genéricas y especiales
de procedibilidad de la acción de tutela frente a providencias judiciales[33].
24.-
Igualmente, el Tribunal Constitucional ha admitido la procedencia de la acción
de tutela impetrada directamente contra la entidad de previsión social o
el empleador encargado de satisfacer el derecho a una pensión. Esta hipótesis
surgió a partir de la expedición de la sentencia C-862 de 2006, en cuanto en
esta providencia la Corte Constitucional declaró con efecto erga omnes
la adscripción del derecho a la indexación de la primera mesada pensional dentro
del contenido constitucionalmente protegido de la garantía a mantener el poder
adquisitivo de las pensiones (Infra. 34)[34].
Esta
posibilidad de procedibilidad, sin embargo, ha sido restringida a casos en los
que se trata de accionantes que hacen parte del grupo poblacional de la tercera
edad y tienen afectadas sus garantías iusfundamentales al mínimo vital o
la salud, aspectos que limitan la idoneidad y eficacia del mecanismo de defensa
judicial ordinario, caso en que procede como mecanismo principal, o, denotan la
inminencia de un perjuicio irremediable que desplaza el medio de amparo
ordinario, supuesto en que procede como medio transitorio de salvaguarda[35].
25.-
Por las particularidades del presente asunto, la Sala únicamente se referirá a
la procedibilidad de la acción de tutela en el segundo de los escenarios
anunciados, en cuanto estas reglas serán pertinentes al momento de abordar el
estudio del caso concreto. Así, de conformidad con la jurisprudencia de esta
Corporación, para que proceda el amparo del derecho a mantener el poder adquisitivo
de la pensión en su contenido indexatorio de la primera mesada pensional, en el
proceso han de acreditarse los siguientes requisitos:
25.1-
Que la persona que invoca el amparo constitucional tenga el estatus de
pensionado, o lo que es lo mismo, que su derecho a una pensión haya sido
reconocido.
25.2.-
Que el actor haya observado una conducta diligente en sede administrativa, es
decir, presentado la solicitud de indexación de su primera mesada pensional
directamente ante la entidad obligada a satisfacer su derecho o, recurrido a la
vía gubernativa si se trata de entidades de carácter público.
25.3.-
Que el peticionario haya agotado las vías judiciales ordinarias para garantizar
su pretensión, o que aún sin haberlo hecho, esté en tiempo de acudir a ellas, y
demuestre que (i) atendiendo a las condiciones particulares que reviste su
caso, los mecanismos ordinarios de defensa judicial a su alcance no resultan
idóneos y eficaces para satisfacer sus garantías constitucionales o; (ii) está
en inminente riesgo de sufrir un perjuicio iusfundamental irremediable.
En
cuanto a la primera posibilidad, es pertinente señalar que en abstracto cada
medio de defensa judicial, en principio, resulta idóneo y eficaz para proteger
los derechos constitucionales, pues en todo proceso es obligación del juez
considerar, respetar y proteger estos derechos, atendiendo a la interpretación
que de mejor manera garantice su efectividad.
Empero,
existen situaciones fácticas y jurídicas que pueden relativizar la idoneidad y
eficacia del mecanismo de salvaguarda judicial ordinario. Así, aspectos como la
avanzada edad del actor, su precario estado de salud, o la afectación de su
mínimo vital, son elementos relevantes que pueden conducir a desvirtuar la
idoneidad y eficacia del medio de defensa judicial ordinario. Estos aspectos,
deben ser evaluados por el juez de tutela de manera diligente con el objeto de
determinar si tienen la potencialidad suficiente para debilitar la presunción
de garantía que el mecanismo judicial ordinario ostenta en abstracto.
En
punto a la segunda hipótesis, esta Corporación de forma reiterada[36]
ha indicado que el perjuicio irremediable se caracteriza por (i) ser inminente,
esto es, que se trate de una amenaza que está por suceder prontamente; (ii) ser
grave, es decir, que el daño o menoscabo material o moral en el bien
jurídico tutelado puede ser de gran intensidad; (iii) ser urgente, en
tanto las medidas que se requieran para conjurar el perjuicio sean apremiantes
y; (iv) ser impostergable, a fin de garantizar que la acción de tutela
sea adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad.
25.4.-
En armonía con lo expuesto en torno al presupuesto de procedibilidad
inmediatamente anterior, la jurisprudencia ha exigido que el demandante
acredite condiciones materiales que justifiquen la protección por vía de
tutela, esto es, su condición de persona objeto de especial protección
constitucional, y que la situación resulta violatoria de derechos fundamentales
como la dignidad humana, la salud, el mínimo vital u otras garantías superiores[37].
25.5.-
Que quien invoca el amparo iusfundamental del derecho al mantenimiento
del poder adquisitivo de la pensión en su contenido o faceta de actualización
de la primera mesada pensional, demuestre la procedencia material de la tutela
reclamada, esto es, que efectivamente el salario sobre el cual se liquidó su
prestación no fue actualizada. En otras palabras, que su primera mesada
pensional no fue indexada con el objeto de reparar la pérdida del poder
adquisitivo de la moneda, acaecido entre el periodo en que cumplió el requisito
de tiempo de servicios y el de edad de jubilación.
Alcances del derecho fundamental a la actualización de
las pensiones en su faceta de indexación de la primera mesada pensional.
Reiteración de jurisprudencia.
26.-
El artículo 48 de la Constitución Política impone al legislador la obligación
de definir “los medios para que los recursos destinados a pensiones
mantengan su poder adquisitivo constante”, mientras que el artículo 53 de
la norma fundamental asigna al Estado la obligación de garantizar “el
derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales”.
La
Corte Constitucional, tomando como fundamento los artículos 48 y 53 superiores,
reconoció implícitamente en sentencia SU-120 de 2003, la existencia del derecho
a mantener el poder adquisitivo de las pensiones, el cual habría de fungir como
criterio hermenéutico al momento de resolver las disputas que envolvieran el
reconocimiento de la indexación de la primera mesada pensional de un
trabajador.
27.-
Así, en la providencia de unificación en cita, la Sala Plena de la Corte avocó
la revisión de tres procesos de tutela en los que los accionantes acusaban al
Tribunal de Casación de incurrir en vía de hecho por haber negado su pretensión
de actualización del salario base de liquidación de la primera mesada pensional
por no existir en el ordenamiento jurídico norma alguna que así lo ordenara,
adoptando con dichas actuaciones, a su juicio, un trato desigual e
injustificado respecto de otros pensionados a quienes sí les había reconocido
con anterioridad la mencionada demanda indexatoria.
El Tribunal Constitucional señaló que si bien en el
ordenamiento jurídico preexistente a la ley 100 de 1993, no existía norma
expresa que ordenara la indexación de la base salarial a efectos de liquidar la
pensión de jubilación de aquellos trabajadores que se retiraron del servicio
sin haber cumplido la edad necesaria para acceder a la prestación, correspondía
al juez “confrontar la situación concreta de las personas que aspiran a
acceder a la pensión en las condiciones anotadas y remediar la injusticia que
se deriva de la omisión legislativa anotada, obrando en todo conforme lo habría
hecho el legislador, de haber considerado la situación específica, es decir
conforme con la Constitución Política”[38].
En ese sentido, esta Corporación señaló que “al
decidir sobre la procedencia de indexar la primera mesada pensional, los jueces
no pueden desconocer la necesidad de mantener el equilibrio en las relaciones
de trabajo y el valor adquisitivo de las pensiones como lo indican los
artículos 53 y 230 de la Carta Política. Y tampoco pueden apartarse del querer
[del] legislador, para quien ha sido una preocupación constante regular el
monto y la oportunidad de los reajustes pensionales”[39].
28.- A continuación, la Corte abordó el estudio del
caso concreto de los expedientes acumulados, advirtiendo que la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia había incurrido en causal de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, al cambiar
su jurisprudencia[40] relativa al
reconocimiento de la indexación de la primera mesada pensional, con fundamento
en razones contrarias al ordenamiento constitucional y al principio de
favorabilidad en la interpretación de la ley laboral[41].
De este modo, la Corte concedió el amparo
constitucional de los derechos a la igualdad, al debido proceso, al trabajo y a
la seguridad social, dejando sin efecto las sentencias acusadas por vía
constitucional, e indicando que la Sala de Casación demandada, debía “optar
por ordenar a las entidades financieras obligadas mantener el valor económico
de la mesada pensional de los actores, por ser ésta la solución que los
beneficia y que coincide con el ordenamiento constitucional”[42],
esto es, a reconocer la indexación del salario base de liquidación de la
primera mesada pensional.
29.- En síntesis, en la sentencia SU-120 de 2003, la
Corte Constitucional (i) advirtió la existencia del derecho constitucional de
los pensionados a mantener el poder adquisitivo de su mesada pensional; (ii)
identificó la omisión legislativa en que había incurrido el legislador al no
contemplar la indexación del salario base de liquidación de la primera mesada
pensional para aquellos trabajadores que no estaban amparados por la Ley 100 de
1993; (iii) fijó los criterios de orden constitucional que deben guiar la
interpretación del juez al momento de colmar la referida laguna legislativa;
(iv) amparó los derechos fundamentales a la igualdad de trato, al debido
proceso, al trabajo y a la seguridad social de los accionantes, al encontrar
que la autoridad judicial demandada desconoció el principio de favorabilidad en
la interpretación de la ley laboral, e incurrió en causal de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales al apartarse de su precedente
sobre la materia sin una justificación acorde con el orden constitucional.
Así mismo, cabe anotar que (v) el estudio
efectuado por la Corte Constitucional se llevó a cabo dentro del marco fáctico
y normativo de la acción de tutela contra providencias judiciales; (vi) el
problema jurídico que se abordó tuvo origen en la existencia de diversas
interpretaciones contrarias entre sí sobre la indexación de la primera mesada
pensional, efectuadas por parte del órgano encargado de unificar la
jurisprudencia de la jurisdicción ordinaria, e involucró, primordialmente, el
análisis sobre el desconocimiento del precedente judicial y la afectación de
los principios de favorabilidad laboral e igualdad en la aplicación de la ley,
sin detenerse a estudiar el raigambre constitucional o no del derecho a la
actualización del salario base de liquidación y; (vii) condujo a la fijación de
una línea de precedentes que estableció una regla jurisprudencial según la cual
una autoridad judicial incurre en causal de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, cuando al momento de resolver una demanda
ordinaria o contencioso administrativa en la que se pide la indexación de la
primera mesada pensional de un trabajador que no está amparado por la Ley 100
de 1993, no integra la laguna legislativa existente sobre la materia, con los
parámetros hermenéuticos dispuestos en el ordenamiento legal y constitucional,
los cuales llevan a concluir que es procedente reconocer el derecho legal
a la indexación de la primera mesada pensional[43].
30.- Posteriormente, con ocasión de una demanda de
inconstitucionalidad contra el inciso segundo del artículo 260 del CST, el
Pleno del Tribunal Constitucional tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre el
derecho a la actualización del salario base de liquidación de la primera mesada
pensional en sentencia C-862 de 2006. En aquella oportunidad, la ciudadana
demandante estructuró su cargo “en torno a la configuración de una omisión
legislativa, por no haberse previsto en la disposición acusada la indexación
del salario base para la liquidación de la (sic) pensiones de
aquellos trabajadores que se retiren o sean retirados de una empresa cumplidos
veinte años de servicio pero sin haber alcanzado la edad de jubilación”[44].
Al formular las premisas jurisprudenciales de su
decisión, la Corte reiteró la posición acogida en la sentencia SU-120 de 2003
en el sentido de considerar que la Constitución Política consagra el derecho “de
los pensionados a mantener el poder adquisitivo de su mesada pensional” y
adoptó el criterio propuesto en la sentencia T-098 de 2005 sobre el alcance del
derecho a la actualización del salario base de liquidación de la primera mesada
pensional[45]. En ese sentido,
entendió con fuerza erga omnes que este último derecho se encuentra
incorporado dentro del ámbito constitucionalmente protegido de la garantía
constitucional a la actualización o reajuste periódico de las pensiones:
“[L]a jurisprudencia constitucional ha derivado de
distintos preceptos constitucionales un derecho constitucional de los
pensionados a mantener el poder adquisitivo de su mesada pensional dentro
de cuyo ámbito de conductas protegidas se encuentra el derecho a la indexación
de la primera mesada pensional”[46]. (Énfasis añadido)
31.- En atención  a los criterios expuestos, la Corte
Constitucional, al afrontar el examen de constitucionalidad del aparte
normativo acusado, encontró que el legislador había incurrido en una omisión
legislativa relativa al no contemplar la actualización del salario base de
liquidación de la primera mesada pensional de aquellos jubilados que se
retiraron del servicio antes de cumplir el requisito de edad. Seguidamente, el
Tribunal indicó que ante la falta de previsión legislativa, la jurisprudencia
constitucional y ordinaria tomaron como parámetro de integración el instrumento
de actualización previsto por el legislador al momento de garantizar el poder
adquisitivo de las pensiones, esto es, la indexación. Al respecto, la Corte
señaló:
“Ahora bien, como se sustentó en acápites anteriores
de la presente decisión, si bien puede afirmarse que existe un derecho
constitucional a la actualización de las mesadas pensionales, del cual hace
parte el derecho a la actualización del salario base para la liquidación de la
pensión o de la primera mesada pensional, en esta materia como antes se dijo
existe una amplia libertad de configuración del Congreso de la República,
precisamente debido a que el artículo 48 constitucional señala que incumbe al
órgano legislativo establecer los medios para el cumplimiento de tal fin. Desde
esta perspectiva, corresponde al Legislador señalar los mecanismos idóneos para
garantizar este derecho constitucional. Sin embargo, desde la perspectiva
jurisprudencial el problema siempre ha sido considerado a partir del derecho
a la indexación de la primera mesada pensional, es decir, tanto la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, como la de la Corte
Constitucional, se han referido a un instrumento específico para actualizar el
salario base de la liquidación de la mesada pensional: la indexación”[47].
32.- Igualmente, la Sala consideró que “los
precedentes fijados en materia de tutela resultan relevantes para subsanar la
vulneración de los distintos derechos y principios constitucionales en juego,
máxime cuando en estos casos la jurisprudencia constitucional ha atendido al
criterio utilizado por el Legislador para actualizar la capacidad adquisitiva
de las pensiones”[48]. En ese orden de
ideas, con el objeto de colmar la laguna legislativa y reparar la infracción
constitucional que la norma estaba causando a una determinada categoría de
pensionados, la Corte declaró la exequibilidad condicionada de la
expresión “salarios devengados en el último año de servicios”, contenida
en el numeral 1° del artículo 260 del CST y el numeral 2° de la misma
disposición, “en el entendido que el salario base para la liquidación de la
primera mesada pensional de que trata este precepto, deberá ser actualizado con
base en la variación del Índice de Precios al Consumidor, IPC, certificado por
el DANE”[49].
33.- Por la connotación propia de un pronunciamiento condicionado
de la Sala Plena de esta Corporación, la sentencia C-862 de 2006 implicó
la unificación de criterios respecto del mentado derecho y la
modificación del ordenamiento jurídico positivo por vía de integración, dando
paso a una nueva doctrina que reconoció con efecto erga omnes el
carácter constitucional del derecho a la indexación de la primera mesada
pensional, al incorporarlo dentro del contenido de protección del derecho a
mantener el poder adquisitivo de las pensiones[50], permitiendo de esta
manera su tutela no solo dentro del ámbito de la acción de amparo contra
providencias judiciales, sino directamente frente a las entidades o empleadores
encargados de satisfacer la prestación, previa satisfacción de los presupuestos
formales de procedibilidad de la acción de tutela[51].
34.- Bajo tal óptica, las Salas de Revisión del
Tribunal Constitucional al abordar el estudio de casos concretos en los que se
reclamaba por vía iusfundamental el reconocimiento del derecho a
mantener el poder adquisitivo de las pensiones, además de reiterar la
jurisprudencia de constitucionalidad abstracta, avanzaron en la concreción
y precisión del alcance y contenido del aludido derecho.
De esta forma, el Tribunal (i) entendió que el derecho
constitucional a la actualización de las pensiones incluye la garantía a la
indexación de la primera mesada pensional,[52] el cual es de naturaleza
iusfundamental[53]; (ii) advirtió que esta
garantía es predicable de todos los pensionados con independencia del origen
legal o convencional de la prestación[54], incluso de aquellos que
adquirieron su estatus de pensionado con anterioridad a la Ley 100 de 1993 o en
vigencia de la Constitución de 1886[55]; (iii) amparó el derecho
a la actualización de las pensiones de forma autónoma y sin relación de
conexidad con algún otro derecho fundamental[56]; (iv) indicó que el
derecho a la actualización de la primera mesada pensional no se encuentra
condicionado a término alguno de prescripción[57] y; (v) finalmente, en
cuanto al criterio de inmediatez como presupuesto de procedibilidad de la
acción de tutela, puntualizó que debe tenerse en cuenta que la posible
vulneración del derecho a obtener la indexación de la primera mesada pensional
persiste mientras no se haya hecho efectivo el mencionado reconocimiento, por
lo que el aludido requisito se considera cumplido en los eventos en que la
actualización aún no ha sido efectuada por la entidad o el ex empleador llamado
a hacerlo[58].
c.
Del caso concreto
35.-
En el presente asunto, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales, el
señor Carlos Eduardo Lozano López, por medio de apoderado judicial, interpone
acción de tutela contra (i) las Salas de Casación Laboral y Penal de la Corte
Suprema de Justicia; (ii) el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Bogotá y el
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá y; (iii) el Banco Cafetero en
liquidación.
35.1-
Frente a la Corte Suprema de Justicia, el demandante estima que las sentencias
de tutela proferidas el 03 de agosto de 2004 y el 15 de septiembre del
mismo año por las Salas de Casación Laboral y Penal en primera y segunda
instancia –respectivamente- dentro del proceso de tutela de Carlos E. Lozano
contra el Tribunal Superior de Bogotá y el Juzgado Sexto Laboral del Circuito
de la misma ciudad, vulneraron sus garantías constitucionales al no haber
amparado sus derechos fundamentales, presuntamente conculcados por las
autoridades judiciales allí acusadas, dentro del proceso ordinario laboral de
Carlos E. Lozano López contra el Banco Cafetero.
35.2- Igualmente, en lo atinente a la presente acción de tutela
contra el Tribunal Superior de Bogotá y el Juzgado Sexto Laboral del Circuito
de la misma ciudad, el actor considera que los despachos judiciales accionados infringieron
sus bienes iusfundamentales en cuanto a través de sentencia del 28 de
junio de 2000 el juzgado laboral negó la indexación de la primera mesada
pensional del actor, y el Tribunal Superior de Bogotá a través de providencia
del 16 de agosto de 2000 confirmó la decisión del a quo.
35.3- Por último, no obstante la precariedad expositiva y argumentativa
de la demanda, la Sala, interpretando la petición de tutela, infiere que se
acusa al Banco Cafetero en liquidación de vulnerar la garantía a la
actualización de las pensiones, en la medida que negó el reconocimiento de la
indexación de la primera mesada pensional del actor, impetrada por medio de
escrito del 3 de abril de 2008 con fundamento en la sentencia C-862 de 2006.
36.- De este modo, ante la pluralidad de actos atacados, disímiles
sustancialmente entre sí, ocurridos en diversas fechas; y los distintos motivos
por los cuales se acusa su presunta infracción iusfundamental, la Sala enjuiciará
de forma separada las decisiones cuestionadas.
36.1- Así, en primer lugar estudiará la procedencia de la demanda de
amparo constitucional contra las decisiones de tutela dictadas por la
Corte Suprema de Justicia.
36.2- Posteriormente, examinará la procedibilidad de la acción de
tutela frente a las sentencias adoptadas por el Tribunal Superior de Bogotá y
el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Bogotá, en el trámite ordinario de
Carlos E. Lozano López contra el Banco Cafetero, si a ello hubiere lugar, pues
previamente debe analizar si en relación con las decisiones de la justicia
ordinaria ha operado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional por virtud
de la demanda de amparo constitucional presentada por el accionante en el año
2004.
36.3.- Finalmente, de no prosperar la demanda de tutela en lo relativo
a la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Superior de Bogotá y el Juzgado
Sexto Laboral del Circuito, la Sala enjuiciará lo relativo a la alegada
vulneración del derecho a mantener el poder adquisitivo de las pensiones en su
contenido de garantía a la indexación de la primera mesada pensional del actor,
ejecutada presunta por el Banco Cafetero en liquidación al dar respuesta a la
petición formulada por el accionante en escrito del 3 de abril de 2008. Empero,
previamente la Sala analizará la ocurrencia o no de la figura de la cosa
juzgada constitucional en razón de la ya señala acción de tutela elevada en el
año 2004.
De la acción de tutela contra las Salas de Casación Laboral y Penal de la
Corte Suprema de Justicia.
37.-
Como se indicó en párrafos precedentes, el demandante considera que las
sentencias de tutela proferidas el 03 de agosto de 2004 y el 15 de
septiembre del mismo año, respectivamente, por las Salas de Casación Laboral y
Penal de la Corte Suprema de Justicia, violaron sus derechos constitucionales,
al no haber amparado sus garantías fundamentales, presuntamente conculcadas por
el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Bogotá y el Tribunal Superior de Bogotá,
dentro del proceso ordinario laboral de Carlos Eduardo Lozano López contra el
Banco Cafetero.
38.-
Al respecto, sin necesidad de mayores consideraciones, es pertinente indicar
que la demanda de amparo constitucional contra las referidas sentencias de tutela
resulta abiertamente improcedente, en la medida que esta Corporación de manera enfática
y reiterada, ha sostenido que no hay lugar a la acción de amparo constitucional
contra fallos de tutela.
En particular, en sentencia C-590 de 2005, el Pleno
de esta Corporación advirtió que la acción de tutela contra providencias
judiciales no procede frente a sentencias de amparo constitucional, por “cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden
prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas
son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso
en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión
de la sala respectiva, se tornan definitivas.”[59].
39.-
En ese orden de ideas, la Sala Novena de Revisión revocará las sentencias de
tutela de instancia, en cuanto negaron las pretensiones de amparo
constitucional frente a las Salas de Casación Laboral y Penal de la Corte
Suprema de Justicia, y en su lugar declarará la improcedencia de la misma.
De la acción de tutela contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de
Bogotá y el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Bogotá.
40.-
El actor interpone demanda de amparo constitucional contra la sentencia
proferida el 28 de junio de 2000 por el Juzgado Sexto Laboral de Circuito de
Bogotá, en primera instancia, dentro del proceso ordinario laboral de Carlos
Eduardo Lozano contra el Banco Cafetero, mediante la cual se negó la indexación
de la primera mesada pensional del demandante. Igualmente acusa la providencia
dictada el 16 de agosto del mismo año por la Sala Laboral del Tribunal Superior
de Bogotá, a través de la cual, en grado jurisdiccional de consulta, confirmó
la sentencia del 28 de junio de 2000.
Cuestión previa
41.-
Como se indicó en los antecedentes de esta sentencia, el accionante presentó en
el año 2004 acción de tutela contra las sentencias proferidas por la
jurisdicción ordinaria, las cuales acusa nuevamente en el sub lite. De
este modo, previo a estudiar el cumplimiento de los requisitos generales de
procedibilidad y especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, la Sala debe analizar si la presente demanda de amparo
constitucional resulta improcedente por efecto del artículo 38 del decreto 2591
de 1991 -por el cual se reglamenta el ejercicio de la acción de tutela- en el
que se establece que “[c]uando, sin motivo
expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma
persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o
decidirán desfavorablemente todas las solicitudes”.
42.- En ese sentido, la Sala examinará si entre las dos
demandas de tutela se presenta concurrentemente identidad en
las partes, los hechos y las pretensiones. Igualmente, de
encontrar acreditada la triple identidad referida, la Sala, en orden a
determinar la materialización de una conducta temeraria por parte del
accionante, analizará la probable existencia de una causa justificada para la
presentación de más de una acción, o la inexistencia de la misma.
Con el fin de hacer sencilla la exposición la Sala adoptará la
siguiente metodología: hará referencia a la demanda de tutela tramitada en el
año 2004 ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en
primera instancia, como la “tutela uno”, y a la acción conocida en primera
instancia por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en el
2009 –que es la que da origen a este pronunciamiento- como la “tutela dos”.
42.1.- Luego de analizado el contenido de las demandas de amparo y las
sentencias de los procesos de tutela uno y dos, la Sala advierte
que en lo que corresponde a las partes que actuaron en los dos trámites constitucionales,
la identidad en las mismas es evidente por cuanto en ambos procesos
fungen como demandante el señor Carlos Eduardo Lozano López y, como accionados,
el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Bogotá y la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Bogotá.
42.2.- Ahora bien, en cuanto a los hechos, es pertinente indicar
que respecto de lo accionado en esta oportunidad contra el Juzgado Sexto
Laboral del Circuito de Bogotá y el Tribunal Superior del mismo distrito
judicial, no se aprecia la existencia de hechos adicionales a los enjuiciados
en la tutela uno, efectuados por estas autoridades judiciales, por lo
que también es clara la identidad fáctica de las acciones de amparo.
42.3.- Finalmente, en lo atinente a las pretensiones de las
demandas de tutela uno y dos, la identidad de las mismas está
acreditada, pues tanto en la petición de amparo uno como en la dos,
se busca dejar sin valor y efecto las sentencias de la justicia ordinaria, y la
adopción de una nueva decisión por parte de dichos jueces en la que se acceda a
las peticiones de la demanda laboral.
43.- En ese orden de ideas, establecida la triple identidad en las
partes, los hechos y las pretensiones, en aplicación de la
regla contenida en el artículo 38 del decreto 2591 de 1991, la Corte
Constitucional declarará la improcedencia de la acción de tutela en lo atinente
al Tribunal Superior de Bogotá y el Juzgado Sexto Laboral del Circuito del
mismo distrito judicial.
44.- Comprobada la duplicidad de acciones de tutela, pasa la Sala
a analizar si en el sub judice se desplegó por parte del apoderado
judicial del demandante una actuación temeraria y de mala fe, o si por el
contrario, su comportamiento se subsume en alguna de aquellas hipótesis en que la
Corte Constitucional ha entendido que a pesar de presentarse pluralidad de
acciones, la conducta no es sancionable en consideración a las circunstancias
particulares del caso concreto o las condiciones del actor.
45.- Examinada la situación fáctica y jurídica que envuelve el sub
lite, la Sala no observa una actuación temeraria y de mala fe, en cuanto la
presentación de la segunda acción de tutela encuentra asomo de justificación en
la propia jurisprudencia de esta Corporación. Así, en sentencia T-130 de 2009
invocado por la parte demandante, la Corte indicó que la sentencia C-862 de
2006 implica procesalmente un hecho nuevo, en cuanto en ella el
Tribunal Constitucional incorporó con efecto erga omnes el derecho a la
indexación de la primera mesada pensional dentro del contenido
constitucionalmente protegido de la garantía a la actualización de las
pensiones.
En aquella oportunidad, el Tribunal Superior de Bogotá, ante un nuevo
proceso laboral, entendió que sobre el asunto existía cosa juzgada
ordinaria en tanto con anterioridad ya se había promovido proceso
ordinario entre las mismas partes, con similar causa petendi e idénticas
pretensiones. No obstante, a juicio de la Corte, el Tribunal Superior vulneró
los derechos constitucionales del allí accionante, en la medida que la
sentencia C-862 de 2006 varió la situación jurídica de las partes e hizo
disímiles los dos procesos ordinarios impetrados por el demandante, en tanto el
primero de ellos se propuso con anterioridad a la referida providencia de
constitucionalidad, mientras que el segundo se intentó justamente con apoyo en
la misma.
En el presente caso, sin embargo, aunque la sentencia C-862 de
2006 también conlleva, en principio, un hecho nuevo en sede de tutela, la
Sala advierte que lo accionado no es el nuevo trámite ordinario al que
el peticionario habría podido recurrir con posterioridad a la sentencia C-862
de 2006 como aconteció en la sentencia T-130 de 2009 y sobre el cual se
concedió el amparo en aquella oportunidad, sino las providencias ya enjuiciadas
en sede constitucional en el año 2004, por lo que, bajo estas específicas
condiciones, el pronunciamiento de constitucionalidad abstracta del año 2006 no
le es oponible al Tribunal Superior de Bogotá y al Juzgado Sexto Laboral del
Circuito de Bogotá, autoridades ordinarias aquí acusadas, en la medida que luego
de dictadas sus decisiones no han incurrido en actuaciones nuevas de las cuales
se pueda predicar la posible ocurrencia de una vulneración iusfundamental.
46.- Bajo tal óptica, la Corte considera que la acción de tutela
en lo relativo al Tribunal Superior de Bogotá y el Juzgado Sexto Laboral del
Circuito de Bogotá resulta improcedente por efecto del artículo 38 del decreto
2591 de 1991. Así las cosas, la Corte revocará las sentencias de tutela de
instancia, en cuanto negaron el amparo impetrado frente a las indicadas
autoridades judiciales, y en su lugar declarará la improcedencia de la acción
de tutela en lo atinente a las mismas.
De la acción de tutela contra el Banco Cafetero en liquidación.
47.- Según se anticipó, en el presente asunto se acusa al Banco
Cafetero en liquidación de quebrantar el derecho constitucional a la
actualización de las pensiones del señor Carlos E. Lozano, en tanto la anotada
entidad bancaria negó la indexación de la primera mesada pensional que aquel impetrara
frente al mencionado banco por medio de escrito del 3 de abril de 2008 con
fundamento en la sentencia C-862 de 2006.
Cuestión previa.
48.-
Como ya se señaló, el demandante presentó en el año 2004 acción de tutela
contra el Banco Cafetero al considerar que este había violado sus derechos
fundamentales al negar la indexación de la primera mesada pensional promovida
el 04 de agosto de 1998. De este modo, previo a estudiar el cumplimiento de los
requisitos formales de procedibilidad y el material de procedencia de la acción
de tutela en escenarios pensionales, la Sala debe establecer si la presente
demanda de amparo constitucional resulta improcedente por efecto del artículo
38 del decreto 2591 de 1991. Con el fin de hacer sencilla la exposición la Sala
adoptará la misma metodología empelada al estudiar la procedencia del amparo
constitucional frente al Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Bogotá y el
Tribunal Superior de la misma ciudad (Supra 42).
49.- Vistos los antecedentes de esta decisión, la Sala observa que en
lo relacionado a las partes que intervinieron en los dos procesos de
tutela, la identidad en las mismas es apreciable en la medida que en ambos
procesos comparecen como demandante el señor Carlos E. Lozano López y, como entidad
accionada el Banco Cafetero (ahora en liquidación).
50.- En cuanto al análisis de los hechos que sustentaron la
demanda de tutela uno y la que ahora ocupa la atención de la Corte, la
Sala encuentra que existen dos hechos relevantes acaecidos luego de que la
Corte Constitucional decidiera excluir del trámite de revisión las sentencias
de tutela proferidas por la Corte Suprema de Justicia en el año 2004.
En efecto, de una parte, el 19 de octubre de 2006 esta Corporación
profirió la sentencia C-862 de 2006, providencia que aparejó importantes
consecuencias normativas al modificar el ordenamiento jurídico por virtud del
condicionamiento efectuado sobre el inciso segundo del artículo 260 del CST y
la incorporación con efectos erga omnes del derecho a la indexación de
la primera mesada pensional dentro del contenido de la garantía constitucional a
la actualización de las pensiones (Supra 13 a 16, 30 a 33). Igualmente, con fundamento en la sentencia C-862 de 2006 el actor elevó el 03
de abril de 2008 petición ante el banco demandado solicitando la indexación del
salario base de liquidación de su primera mesada pensional, el cual fue negado
mediante comunicación N° 3648 del 24 de abril de 2008.
51.-
Así las cosas, en armonía con la jurisprudencia de esta Corporación[60],
la Sala concluye que la petición formulada por el accionante ante el Banco
Cafetero el 03 de abril de 2008 con apoyo en la sentencia C-862 de 2006, y la
respuesta que a su solicitud dio dicha entidad bancaria, representan hechos
nuevos que hacen disímil la presente acción de tutela respecto de la
demanda de amparo constitucional del año 2004. En ese sentido, verificada la distinción
fáctica entre las acciones de tutela uno y dos, la Sala concluye
que la presente acción de tutela no resulta improcedente en lo atinente
a la causal de procedibilidad contenida en el artículo 38 del decreto 2591 de
1991, en cuanto no concurre la triple identidad en las partes,
los hechos y las pretensiones entre las tutelas uno y dos.
De la procedibilidad formal de la acción de tutela frente al Banco
Cafetero en liquidación.
52.- Establecida la ausencia de improcedencia de la acción de tutela
por duplicidad de demandas de tutela en lo relativo al Banco Cafetero en
liquidación, pasa la Corte a determinar si la demanda de amparo cumple con los
presupuestos formales de procedibilidad y el material de procedencia de la
acción de tutela en escenarios en los que se discute la salvaguarda de prestaciones
de carácter pensional.
Esto
es, que el actor haya (i) demostrado el estatus de pensionado; (ii) acreditado
condiciones materiales que justifiquen la protección por vía de tutela, es
decir, su condición de persona de especial protección constitucional, y que la
situación resulta violatoria de derechos fundamentales como la dignidad humana,
la salud, el mínimo vital u otras garantías superiores; (iii) observado una
conducta diligente en sede administrativa; (iv) agotado las vías judiciales
ordinarias para garantizar su pretensión, o que aún sin haberlo hecho, esté en
tiempo de acudir a ellas, y demuestre, que atendiendo a las condiciones
particulares que reviste su caso, los mecanismos ordinarios de defensa judicial
a su alcance no resultan idóneos y eficaces para satisfacer sus garantías
constitucionales, o que siendo idóneos y eficaces, se está en inminente riesgo
de sufrir un perjuicio iusfundamental irremediable. Igualmente, es
necesario que el accionante (v) demuestre la procedencia material de la tutela
reclamada, esto es, que efectivamente su primera mesada pensional no fue
indexada con el objeto de reparar la pérdida del poder adquisitivo de la
moneda, acaecido entre el periodo en que cumplió el requisito de tiempo de
servicios y el de edad de jubilación (Supra 25).
53.-
Está acreditado que el accionante tiene el estatus de pensionado. A folios 39 a 42 del cuaderno 2, obra copia simple de la resolución N° 065 del 06 de febrero de 1996, mediante
la cual el vicepresidente administrativo de Bancafé reconoce una pensión
mensual vitalicia de jubilación de carácter compartible a favor
del señor Carlos Eduardo Lozano López a partir del 07 de noviembre de 1995. A su turno, por medio de resolución N° 012471 de 2001 el Instituto de Seguros Sociales
reconoció una pensión de vejez al asegurado Lozano López a partir del 07 de
noviembre de 2000.
54.
La Sala constató que el accionante tiene comprometido su mínimo vital y es
sujeto de especial protección constitucional en razón de su avanzada edad y su
deteriorado estado de salud. De esta forma, está acreditado que el
accionante tiene 70 años de edad  (nació el 7 de noviembre de 1940), aspecto
que de conformidad con el artículo 7° de la Ley 1276 de 2009 lo ubica dentro
del grupo poblacional de la tercera edad y lo hace acreedor de una especial
protección constitucional por parte del Estado[61].
Igualmente,
se demostró a la Sala que el mínimo vital del actor se encuentra amenazado, ya
que si bien cuenta con algunos recursos económicos, estos son bastante modestos,
y por ende, insuficientes para garantizar su digna subsistencia, atendiendo a
su delicado estado de salud y avanzada edad. Así, en informe rendido bajo la
gravedad de juramento, el peticionario indicó que no es propietario de bienes
inmuebles, reside junto con su esposa en calidad de arrendatario en una casa
ubicada en el nivel 3 socioeconómico de la ciudad de Bogotá, posee solo algunos
bienes muebles, propios de un hogar (televisor, nevera, lavadora y muebles de
sala). En cuanto a sus ingresos económicos mensuales manifestó que percibe
$600.000 por concepto de mesada pensional, $200.000 por parte de una hija de la
pareja, y los dineros recaudados por trabajos de computación que realiza
esporádicamente en su hogar. Indicó que ni él ni su esposa se encuentran
laborando. En cuanto a sus gastos advirtió que paga $450.000 mensuales de cánon
de arrendamiento del apartamento en que reside con su cónyuge[62].
Del
mismo modo, se probó que el actor se halla en una condición de debilidad
manifiesta en razón de su frágil estado de salud. Al respecto, es pertinente
señalar que en el mencionado informe indicó cuanto sigue: “Soy una persona
operada de un cáncer de laringe, por lo que tengo que hablar con la ayuda de
una laringe electrónica; además tengo un diagnóstico de Epoc, que me obliga a
estar conectado a una bala de oxigeno las 24 horas del día. Igualmente estoy en
un tratamiento en la Clínica del Riñón, puesto que se me han afectado, por la
enfermedad que padezco. Estoy afiliado a la EPS Compensar. // Padezco
igualmente de hipertensión y diabetes, que me obliga a estar ingiriendo
medicamentos y a estar controlando los niveles de azúcar con un glucómetro que
consume unas tiras de prueba de glucosa muy costosas que no suministra la EPS,
obligándome a no poder hacerlo por mi limitación económica, lo mismo que
algunas drogas y que en muchos casos no puedo comprar. También tengo un
aneurisma abdominal que me controlan periódicamente” (fl. 32 Cdno. Corte).
55.-
Está acreditado que el actor buscó diligentemente la salvaguarda
iusfundamental que ahora invoca en sede constitucional. A folio 88 del
cuaderno 2 se observa escrito radicado ante el Banco Cafetero en liquidación el
03 de abril de 2008 en el que el señor Carlos Eduardo Lozano López pide a la
entidad demandada la indexación de su primera mesada pensional con fundamento
en lo establecido en las sentencias C-862 de 2006 y C-981A del mismo año. Mediante
comunicación del 24 de abril de 2008, el gerente liquidador del Banco Cafetero
en liquidación negó la solicitud de indexación reclamada por el accionante.
Toda
vez que en su respuesta la entidad no señaló la existencia de instancias
administrativas adicionales en las cuales el actor pudiere cuestionar la
decisión de la entidad, la Sala entiende agotada la subregla jurisprudencial en
estudio en el presente caso.
56.-
Atendiendo a las condiciones del caso concreto, la Sala concluye que el
mecanismo de defensa judicial ordinario con que cuenta el accionante no es
idóneo y eficaz, y por tanto se hace procedente el estudio de fondo del asunto
como mecanismo definitivo, en cuanto en el demandante concurre un serio
compromiso a su estado de salud, una amenaza a su mínimo vital, y la calidad de
sujeto de especial protección constitucional como persona de la tercera edad.
56.1.-
En sus diferentes intervenciones en el proceso el representante del Banco
Cafetero en liquidación esgrimió como argumento de defensa la presunta
ocurrencia del fenómeno de la cosa juzgada constitucional y ordinaria. En
líneas precedentes se descartó la existencia de cosa juzgada constitucional. Empero,
la Sala debe precisar ahora si dicho análisis es igualmente predicable respecto
del proceso ordinario laboral que el actor tramitó en el año 2000, ya que de
existir cosa juzgada ordinaria material, el demandante habría perdido la
oportunidad de contar con el mecanismo ordinario de defensa judicial que el
ordenamiento jurídico ha previsto para satisfacer pretensiones de naturaleza pensional,
y con ello, igualmente, la presente acción de tutela devendría improcedente, pues
esta no ha sido instituida para subsanar falencias procesales acaecidas en
trámites ordinarios ni como un medio alternativo de defensa judicial.
56.2.-
Con el objeto de solucionar el problema procesal planteado, la Sala estima pertinente
traer a cita el asunto estudiado en sentencia T-130 de 2009, en cuanto arroja
criterios importantes para su solución. En esa decisión, la Corte
Constitucional revisó el caso de un pensionado de la Caja Agraria a quien la
mencionada entidad le había negado la indexación de su primera mesada
pensional. Ante la referida negativa, el actor promovió acción ordinaria
laboral que concluyó con sentencia del 6 de agosto de 2004 en sentido adverso a
sus pretensiones, decisión que luego de ser apelada por el actor fue confirmada
por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá en fallo del 31 de marzo de
2005.
Pese
a ello, con fundamento en la sentencia C-862 de 2006 el peticionario efectuó nueva
reclamación administrativa ante la Caja Agraria solicitando el reconocimiento
de su derecho a la indexación de la primera mesada pensional. La entidad, sin
embargo, mantuvo su posición inicial y se abstuvo de indexar la mesada del
peticionario.
No obstante el proceso ordinario laboral que ya había
cursado en la jurisdicción ordinaria, el accionante impetró demanda judicial en
esa jurisdicción en búsqueda de la satisfacción de su garantía pensional. Por
medio de sentencia del 15 de febrero de 2008 la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Bogotá confirmó la decisión de instancia que había declarado
probada la excepción de cosa juzgada bajo la consideración de que las partes,
los hechos y las pretensiones, eran las mismas a las del proceso iniciado en el
año 2005. Contra las decisiones de la justicia ordinaria el actor formuló
acción de tutela cuya revisión dio origen a la sentencia T-130 de 2009 que se
viene comentando.
56.3.- Al abordar el examen del asunto en lo relativo
a la excepción de cosa juzgada material en la justicia ordinaria, la Corte
Constitucional determinó que esta no había operado por las siguientes razones:
“42.- A partir de las pruebas que obran en el
expediente, encuentra la Sala que la decisión del Tribunal Superior de Bogotá,
al absolver a la entidad demandada en la decisión de instancia, incurrió en una
causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales
por cuanto dio aplicación a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia,
desconociendo el precedente sentado por la sentencia C-862 de 2006.
Por ese motivo, aún existiendo, como ocurrió en el
caso bajo examen de la Sala en la presente ocasión, decisiones judiciales sobre
la materia, – las cuales, en todo caso, fueron controvertidas en su oportunidad
por parte del actor con resultados negativos -, no cabía alegar la excepción
previa de cosa juzgada por cuanto el precedente constitucional contenido en la
sentencia C-862 de 2006 resultaba aplicable al caso entonces objeto de
consideración por la jurisdicción ordinaria, de modo que al reunirse las
exigencias para conceder la protección del derecho a la indexación de la
primera mesada pensional establecidos en esa jurisprudencia, la justicia
ordinaria laboral ha debido ordenarla, sin que pudiese alegar, como lo hizo, la
configuración de la excepción previa de cosa juzgada”.(Cursiva añadida)
57.-
Bajo tal óptica, la Sala Novena de Revisión concluye que el accionante tiene
habilitada la vía ordinaria para reclamar allí la indexación de su primera
mesada pensional, en el entendido que el proceso que cursó en el Juzgado Sexto
Laboral del Circuito de Bogotá y el Tribunal Superior de la misma ciudad, se
tramitó en fecha anterior a la sentencia C-862 de 2006 y, que el peticionario
aún no ha agotado la posibilidad de efectuar nuevo reclamo con
fundamento en el mentado pronunciamiento de constitucionalidad abstracto[63].
58.-
Así las cosas, pasa la Corte a establecer si el referido mecanismo de defensa
judicial resulta idóneo y eficaz para enjuiciar la corrección jurídica de la decisión
del Banco Cafetero en liquidación del 24 de abril de 2008, frente a la solicitud
elevada por el señor Lozano López el 3 de abril del mismo año.
58.1.-
En criterio de la Sala, aunque el actor tiene a su alcance un mecanismo ordinario
de defensa judicial ante la jurisdicción laboral, el mismo, atendiendo a las
condiciones del presente caso, no resulta idóneo y eficaz para tramitar la
salvaguarda iusfundamental impetrada.
En
atención a la información allegada al expediente, es posible inferir que el
peticionario cuenta con ingresos que le permiten satisfacer sus necesidades más
esenciales; sin embargo, también se evidencia una situación económica precaria
que bien podría implicar una amenaza a su mínimo vital y una carga
desproporcionada para el actor al someterlo a un largo proceso ordinario (Supra
54).
Asimismo,
se demostró a la Sala que el accionante se halla en una situación de debilidad
manifiesta en virtud de las difíciles condiciones de salud que debe soportar a
consecuencia del cáncer de laringe que padeció y el diagnóstico de enfermedad
obstructiva crónica (EPOC) que lo obliga a permanecer las 24 horas del día bajo
la dependencia de una bala de oxigeno (Supra 54). Aunado a lo expuesto, la
calidad de persona de la tercera edad del peticionario lo hace merecedor de la
tutela reforzada propia de los sujetos de especial protección constitucional,
aspecto que flexibiliza ostensiblemente la rigurosidad del análisis formal de
procedibilidad.
58.2.-
De este modo, las condiciones de subsistencia anotadas, hacen procedente el
estudio de fondo del amparo constitucional como mecanismo de defensa judicial definitivo,
pues el litigio ante la jurisdicción ordinaria representa en el presente caso
una carga ostensiblemente desproporcionada para el actor, que no está en
condición de soportar.
De la procedencia material del amparo constitucional frente al Banco
Cafetero en liquidación.
59.-
El 3 de abril de 2008 el actor radicó ante el Banco Cafetero en liquidación,
solicitud de revisión “del ingreso base que se tuvo en cuenta para liquidar [la]
primera mesada pensional” (fl. 88 Cdno. 2), a afectos de que la
misma se indexara[64]. Como sustento de su
solicitud el actor argumentó que la Corte Constitucional en sentencias C-862 de
2006 y T-046 de 2008 reconoció la existencia de un derecho constitucional a la
actualización de las mesadas pensionales dentro de cuyo contenido se encuentra
la garantía a la indexación de la primera mesada pensional. En particular, citó
el siguiente aparte de la sentencia T-046 de 2008:
“Puede entonces concluirse que en la Sentencia C-862
de 2006 que acaba de comentarse, la Corte interpretó los artículos 48 y 53 de la
Constitución y definió con carácter erga omnes que existe un derecho
constitucional de los pensionados a que el monto de la primera mesada pensional
se calcule sobre un salario base indexado, de acuerdo con la variación del
índice de precios al consumidor.
Ahora bien, aunque en dicho pronunciamiento la Corte
no especificó a qué  tipo concreto de pensiones se refería el derecho de
indexación del salario base de cálculo de la primera mesada pasional, sí señaló
con toda claridad que dicho derecho beneficiaba a todos los pensionados, sin
que sobre el particular pudieran hacerse distinciones discriminatorias.
(…)
5.3. Recordado lo dicho por la Corte en las dos
sentencias de constitucionalidad que acaban de comentarse, concluye ahora la
Sala que esta Corporación ha definido que la correcta interpretación de los
artículos 48 y 53 de la Constitución Política implica aceptar que:
a) Existe un derecho constitucional de los pensionados
a que el monto de la primera mesada pensional se calcule sobre un salario base
indexado, de acuerdo con la variación del índice de precios al consumidor.
b) Dicho derecho se extiende a toda clase de
pensionados, sin que sobre el particular puedan hacerse distinciones
discriminatorias”.
Seguidamente,
el peticionario concluyó su solicitud en los siguientes términos: “Como
quiera que en condiciones similares a las mías, se ha reconocido la citada
indexación, en virtud del principio de la igualdad consagrado en la
Constitución Nacional y teniendo en cuenta mi delicado estado de salud, que ha
conllevado a la pérdida del habla debido a un cáncer y mis actuales condiciones
médicas, respetuosamente solicito a esa entidad ordenar a quien corresponda, la
revisión del ingreso que se tuvo en cuenta para la liquidación de mi primera
mesada pensional, a efectos de que el mismo sea indexado, en los términos
acogidos por la Corte Constitucional” (fl. 169 Cdno. 2).
60.-
Frente a esta petición, el Banco Cafetero en liquidación, reiterando la
comunicación enviada al actor el 17 de octubre de 2003, respondió que no era
posible acceder a la indexación de la primera mesada pensional en tanto existía
una providencia judicial en firme que había negado el reconocimiento de la
referida prestación. Al respecto, citó el siguiente aparte de la comunicación
DRH-dal-2100 de 17 de octubre de 2003:
“[M]e permito informarle que el mencionado
señor [Carlos E. Lozano López] instauró proceso ordinario laboral en
contra de nuestra entidad, a fin de obtener la reliquidación del valor inicial
de la pensión de jubilación, el cual cursó en el Juzgado Sexto Laboral del Circuito
de Bogotá y, mediante sentencia de fecha 28 de Junio de 2000, Bancafe resultó
absuelta de las súplicas de la demanda (…).
En grado de jurisdicción llamado consulta, la Sala
Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, en fallo de fecha 16 de agosto del
mismo año, confirmó la decisión absolutoria de primer grado.
Así las cosas, resulta evidente que usted hizo uso de
las herramientas de ley, de suerte que una vez el Juzgado Sexto laboral y el
Tribunal Superior de Bogotá, emitieron su decisión, ésta constituyó un criterio
adoptado en dichas oportunidades, proferidos conforme con los elementos de
juicio allegados al proceso y de acuerdo con las normas aplicables al caso
controvertido, de ahí que, lo allí dispuesto hace tránsito a cosa juzgada.
Por ello, Bancafe, respetuoso de tales decisiones
judiciales, no puede en manera alguna atentar contra la firmeza de las
providencias judiciales, y desconocer lo allí dispuesto, razón por la cual, las
partes debemos sujetarnos a lo allí dispuesto”. (Subrayado en el original)
Igualmente,
en su contestación a la demanda de tutela el representante del Banco Cafetero
en liquidación señaló que la entidad a través de resolución N° 179 del 22 de
octubre de 2001, extinguió la pensión de jubilación que había reconocido al
accionante en resolución N° 065 del 6 febrero de 1996.
61.-
Planteadas de esta manera las cosas, procede la Corte a realizar el juicio de
constitucionalidad concreto de la decisión impugnada por vía de tutela. Para el
efecto, la Sala primero establecerá si al actor le asiste el derecho a la
actualización de su mesada pensional, en ese sentido, expondrá el contenido de
la resolución que reconoció su pensión de jubilación y analizará si la base de
liquidación de la mesada ha sido objeto de actualización. Posteriormente, de
comprobarse que la entidad no indexó la primera mesada pensional del señor
Lozano López, determinará si las razones expuestas por el Banco Cafetero en
liquidación para negar el anotado derecho se ajustan o no a la Carta.
62.-
Según consta en resolución N° 065 del 6 de febrero de 1996, el Banco Cafetero
de conformidad con el decreto 1848 de 1969 y las leyes 33 y 62 de 1985, reconoció
una pensión oficial vitalicia de jubilación de carácter compartible al señor
Carlos E. Lozano López, por valor de $118.933.50 a partir del 7 de noviembre de
1995.
En
la resolución se consigna que el actor cumplió el tiempo de servicio luego de
haber laborado a órdenes del Banco por 20 años, 4 meses y 14 días, desde el 20
de noviembre de 1957 al 02 de mayo de 1960, y del 14 de agosto de 1961 al 15 de
julio de 1979. El presupuesto de edad lo reunió el 7 de noviembre de 1995 luego
de cumplir 55 años de edad en esa fecha.
Para
liquidar el monto de la mesada pensional la demandada tuvo en cuenta el salario
promedio devengado en el último año de servicios “comprendido entre el 16 de
julio de 1978 y el 15 de julio de 1979” (fl. 39 Cdno. 2), esto es, la suma
de $32.206. De este modo, toda vez que la primera mesada pensional equivale al
75% del mencionado salario promedio, la misma se tasó en $24.155. Sin embargo, debido
a que dicho monto era inferior a un salario mínimo legal mensual vigente para
el año 1995, la misma se ajustó al valor de $118.933, suma correspondiente al
SMLMV de ese año.
63.-
De acuerdo con el plan metodológico trazado, corresponde a la Sala establecer
si la entidad demandada al momento de liquidar la primera mesada pensional del
peticionario tuvo en cuenta la pérdida del valor adquisitivo de la moneda entre
la fecha en que el accionante devengó su último salario promedio (1978 y 1979)
y la fecha a partir de la cual se le reconoció el derecho a una pensión de
jubilación (7 de noviembre de 1995), es decir, si la primera mesada pensional
del actor fue objeto de indexación.
De
conformidad con la certificación del coordinador del grupo de certificaciones
laborales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el salario mínimo vigente
para el año 1979 era $3.450, mientras que para el año 1995 era $118.933.50 (fl.
92 Cdno. Corte). Así las cosas, el salario promedio del actor en su último año
de servicios correspondía  a cerca de 9.3 SMLMV ($32.206 –salario promedio 1978
y 1979- dividido en $3.450 –salario mínimo mensual vigente a 1979- ), mientras
que la base salarial sobre la cual se tasó la mesada reconocida en 1995 equivalía
a 0.3 SMLMV aproximadamente ($32.206–salario promedio reconocido en la
resolución 065 de 1996- dividido en $118.933.50 –salario mínimo mensual vigente
a 1995- ) [65].
La
Sala evidencia entonces que el salario promedio, base de liquidación de
la pensión vitalicia de jubilación reconocida por el Banco Cafetero al señor
Carlos E. Lozano López, no fue actualizado entre el momento en que
efectivamente se devengó (1978 y 1979) y el instante a partir del cual
reconoció el derecho por el cumplimiento del requisito de edad el 7 de
noviembre de 1995.
Así,
el salario promedio sobre el cual debía aplicarse una tasa de retorno
del 75% pasó de equivaler 9.3 SMLMV aproximadamente en el año 1979, a corresponder a cerca de 0.3 SMLMV a 1995, por lo cual, es notorio el detrimento económico que
sufrió la prestación de jubilación del actor por efecto de la inflación acaecida
entre los años 1979 y 1995, pérdida que en modo alguno puede entenderse
subsanada con la nivelación a un (1) salario mínimo mensual vigente que
realizara la demandada en la resolución del 6 de febrero de 1996, puesto que
ello no obedece a verdaderos parámetros de indexación sino al cumplimiento de
un mandato que prohíbe el pago de pensiones inferiores a ese valor.
La
anterior conclusión encuentra respaldado igualmente en lo señalado por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el presente proceso, quien ante
requerimiento efectuado por la Corte, indicó que “una vez revisados los
archivos físicos y magnéticos del Banco Cafetero S.A. en liquidación, NO (sic)
figura documento alguno en donde se observe antecedentes por concepto de
reajustes por indexación realizados al señor Carlos Eduardo Lozano López” [66]
(Cdno. 91 Corte).
64.-
Bajo tal marco, la Sala concluye que al señor Carlos E. Lozano López le asiste
el derecho a que el salario base de liquidación de su primera mesada pensional sea
actualizado por parte del Banco Cafetero en liquidación, en tanto el detrimento
patrimonial que sufrió su mesada por efecto del fenómeno inflacionario aún no
ha sido reparado por parte de la entidad demandada, teniendo esta última la
carga de hacerlo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 y 53 de la
Constitución Política, y lo señalado por esta Corporación en sentencia C-862 de
2006 y la jurisprudencia reiterada en esta oportunidad por la Sala Novena de
Revisión[67].
La
anterior consideración, permite igualmente desvirtuar la alegada falta de
inmediatez de la demanda de amparo constitucional en lo relativo al Banco
Cafetero en liquidación, en la medida que, según lo ha puntualizado esta Corporación,
“la posible vulneración del derecho a obtener la indexación de la primera
mesada pensional persiste mientras no se haya hecho efectivo el mencionado
reconocimiento, por lo que el aludido requisito [de inmediatez] se
considera cumplido en los eventos en que la actualización aún no ha sido
efectuada por la entidad o el ex empleador llamado a hacerlo” (Supra 34).
De
las razones del Banco Cafetero en liquidación para negar la indexación de la
primera mesada pensional del actor.
65.-
Verificada la vigencia del derecho a la indexación de la primera mesada
pensional afincado en cabeza del actor, pasa la Sala a analizar las razones que
expuso la entidad demandada para negar la actualización pensional impetrada en
el sub judice. Como se anticipó, el Banco Cafetero escudó su proceder en
la cosa juzgada que, a su juicio, reviste la decisión adoptada por la
jurisdicción ordinaria en el año 2000, en el trámite ordinario que el
accionante entonces promovió contra dicha entidad.
Al
respecto, sin mayores miramientos, basta remitir a las consideraciones
realizadas al enjuiciar la procedibilidad formal de la presente acción de
tutela, en la que se concluyó que sobre la petición del año 2008 ahora
analizada, no ha operado el fenómeno de la cosa juzgada material ni en la
jurisdicción ordinaria ni en la constitucional, por lo que las decisiones de la
justicia laboral y de tutela de los años 2000 y 2004, respectivamente, no
representan obstáculo alguno a la procedencia material de la garantía a la
indexación de la primera mesada pensional en el sub lite (Supra 48 a 51, 56.1 a 58).
66.-
Ahora bien, el representante de la demandada señaló asimismo, que el 22 de
octubre de 2001 a través de resolución N° 179 de la misma fecha, Bancafé
extinguió la pensión de jubilación a su cargo, al entender que dado el carácter
compartible de la pensión y el mayor valor de la mesada reconocido por
el ISS, la entidad quedaba eximida de sufragar la misma en cuanto no existía
diferencia alguna que pagar.
Sobre
este punto es pertinente indicar que si bien la entidad no señaló que dicha
extinción configurara un obstáculo a la garantía del derecho a la indexación de
la primera mesada pensional, es del caso indicar que en sentencia T-611 de 2008
la Sala Cuarta de Revisión al abordar el estudio de un asunto en el cual
Bancafé, por efecto de la figura de la compartibilidad, extinguió la pensión de
jubilación de un ex trabajador en razón del mayor valor reconocido por el ISS,
determinó que no era procedente reconocer por vía de tutela el derecho a la
indexación de la primera mesada pensional, pues la pensión sobre la cual habría
de realizarse la reliquidación había dejado de generar efectos jurídicos. Al
respecto la Sala señaló:
“En el caso del que ahora se
ocupa la Corte, pese a que ya desde el año 2003 una sentencia de unificación se
pronunció sobre el derecho a la indexación de la primera mesada pensional,
cabría admitir que la decisión de constitucionalidad del año 2006 permitiría
fundar una nueva pretensión de actualización de la pensión, distinta de la que
había sido negada por la jurisdicción ordinaria laboral. Sin embargo, estima la
Sala que en realidad ello ya no es posible, por cuanto entre el fallo de la
jurisdicción ordinaria laboral y la nueva solicitud de actualización pensional
presentada al banco, se produjo la declaratoria de la extinción del derecho a
la pensión de jubilación del accionante, sin que el mismo haya cuestionado
dicha decisión, como consecuencia de la cual el daño ya no es actual, porque la
pensión de vejez que en la actualidad recibe está a cargo del ISS, fue
liquidada por esa entidad, la cual ha venido pagándola y frente a quien no se
ha planteado ningún reparo en materia de violación de derechos fundamentales.
Esto es, sin que previamente se haya dejado sin efectos la decisión adoptada
por Bancafé mediante Resolución 196 de diciembre 31 de 2003, no puede prosperar
en sede de tutela una petición orientada a actualizar el valor de las mesadas
de una pensión que en dicho acto fue declarada extinguida”. (Cursiva añadida)
67.-
La sentencia T-611 de 2008 indudablemente guarda un patrón fáctico y jurídico
cercano al presente punto de análisis, por lo que resulta, en principio,
vinculante en el sub judice, pues esta Corporación ha resaltado que el
respeto por el precedente, es decir, por decisiones previas que deciden casos
con similitud al que ocupa al juez en su momento, es (i) un imperativo del
principio de igualdad de trato en la aplicación de la ley; (ii) una vía para
asegurar determinado grado de seguridad jurídica por parte de los jueces y;
(iii) un instrumento para garantizar la unidad del ordenamiento jurídico
mediante una aplicación consistente de los derechos fundamentales.[68]
Sin
embargo, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corporación, el deber de seguir
el precedente de las distintas salas de revisión que recae sobre una
determinada Sala, es relativo, ya que, de una parte, la fuerza
vinculante de un precedente no es absoluta, pues los jueces pueden modificar
posiciones previamente adoptadas siempre que expliquen de manera adecuada y
suficiente los motivos para seguir un rumbo decisional distinto al marcado por
el precedente y, de otra, no existe una relación jerárquica entre las distintas
salas de este Tribunal, así que dentro del normal desarrollo de la
jurisprudencia es plausible que surjan diversos criterios de interpretación en
el seno de la Corporación, en ejercicio de la autonomía e independencia de cada
una de ellas.
En ese sentido, a juicio de esta Sala, resulta
pertinente como una exigencia de la razón práctica en materia judicial, que
cada Sala al explicar los motivos por los cuales estima que debe apartarse de
un esquema previo de resolución de conflictos, base su decisión en una
interpretación más amplia de los derechos fundamentales (principio pro
hómine), y justifique adecuadamente el “costo de seguridad jurídica”
de emprender un nuevo rumbo jurisprudencial.
68.-
En tal dirección, en el caso objeto de estudio la Sala considera prudente
apartarse de la decisión adoptada en la sentencia T-611 de 2008 y acoger, en
cambio, el criterio más amplio que pasará a exponer, y que llevará a concluir
que la tutela impetrada debe ser concedida por cuanto la decisión de extinción de
la pensión del actor no representa obstáculo alguno a la vigencia de su derecho
a la actualización del salario base de liquidación de su prestación de
jubilación. Para ello, la Sala mostrará los principales fundamentos que invocó la
Sala Cuarta de Revisión para negar el amparo; posteriormente, asumirá la carga
argumentativa de explicar las razones por las cuales estima de mayor valor
constitucional la opción interpretativa acogida por la Sala Novena en esta
oportunidad.
69.-
La sentencia T-611 de 2008 negó la tutela del derecho a la indexación de la
primera mesada pensional del allí accionante al considerar que (i) al momento de
presentar la nueva reclamación pensional, la prestación de jubilación a cargo
del Banco Cafetero ya se había extinguido por efecto de la compartibilidad
pensional de que fue objeto; (ii) el demandante no impugnó la decisión que
dispuso el decaimiento del derecho pensional por parte del Banco demandado, ni
realizó reclamo alguno frente al ISS; (iii) no existía actualidad en la
afectación iusfundamental en tanto el reconocimiento pensional no se encontraba
vigente y; (iv) el amparo no podía concederse sin haber, previamente, dejado
sin valor y efecto el acto jurídico que suprimió el derecho de jubilación.
A
juicio de la Sala Novena de Revisión, la tesis sostenida en la sentencia T-611
de 2008, aunque razonable y seria, resulta de algún modo contraria al principio
pro hómine en tanto, entre dos interpretaciones posibles del asunto,
acogió la perspectiva más restrictiva[69].
70.-
En criterio de la Sala Novena, justamente el carácter compartible de la
pensión de jubilación del actor, hace que la obligación prestacional del Banco
Cafetero en liquidación subsista en lo relativo al mayor valor que
tendría que pagar el ex empleador, respecto de la prestación de vejez que sufraga
actualmente el ISS. En esa línea, ante la probable vigencia parcial de
la prestación de jubilación, la primera mesada de la misma puede ser objeto de
indexación con la finalidad de determinar la posible existencia de ese mayor
valor no cubierto por el ISS; lo anterior, a pesar de existir una decisión de
la entidad bancaria que formalmente dispuso la extinción de la totalidad
de la prestación.
Es
del caso señalar que la compartibilidad pensional es un instrumento
jurídico creado con la finalidad de librar al empleador del pago de la pensión de
jubilación que le correspondería asumir como una prestación especial a
favor del trabajador. Para tal efecto, el empleador queda obligado a efectuar
las cotizaciones del caso ante el ISS hasta que el trabajador cumpla los
requisitos para acceder a una pensión de vejez en el régimen
administrado por dicho Instituto, trasladando así total o parcialmente la
obligación al ISS, quedando a cargo del empleador únicamente el mayor valor de
la prestación no cubierto por el referido Instituto[70].
Esta
figura se encuentra consagrada en diversas disposiciones del ordenamiento
jurídico entre las que es dable señalar el decreto 3041 de 1996, aprobatorio
del acuerdo 224 del Consejo Directivo del ISS, por el cual se creó el
reglamento general del seguro social obligatorio de invalidez, vejez y muerte, el
cual señalaba en su artículo 60 que “(…) Al cumplirse el tiempo de
servicios y la edad exigidos por el Código Sustantivo del Trabajo [los
trabajadores] podrán exigir la jubilación a cargo del patrono y éste estará
obligado, a pagar dicha jubilación, pero continuarán cotizando en este seguro
hasta cumplir con los requisitos mínimos exigidos por el Instituto para otorgar
la pensión de vejez, y en este momento el Instituto procederá a cubrir dicha
pensión, siendo de cuenta del patrono únicamente el mayor valor, si lo hubiere,
entre la pensión otorgada por el Instituto y la que le venía siendo pagada por
el patrono”.
Normas
en similar sentido establecía el decreto 758 de 1990 del ISS, para la pensión
sanción (Art. 17), y las pensiones de vejez legales (Art. 16) y extralegales
(Art. 18)[71]. El contenido normativo parcial
del artículo 16 que consagraba la compartibilidad de la pensión legal de
jubilación era el siguiente:
“Compartibilidad de las
pensiones legales de jubilación. (…). Al cumplirse el tiempo de servicios y la edad exigidos por
la ley para las pensiones plenas o especiales en ella consagradas, [los
trabajadores] podrán exigir la jubilación a cargo del patrono y éste estará
obligado a pagar dicha pensión de jubilación, pero el patrono continuará
cotizando en este seguro hasta cuando el trabajador cumpla con los requisitos
mínimos exigidos por el Instituto para otorgar la pensión de vejez, y en este
momento, el Instituto procederá a cubrir dicha pensión, siendo de cuenta del
patrono únicamente el mayor valor, si lo hubiere, entre la pensión otorgada por
el Instituto y la que venía cubriendo al pensionado”.
A
su turno, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia,
diferenciando entre las figuras de la compartibilidad y la compatibilidad
de las pensiones, señaló lo siguiente en fallo del 30 de enero de 2001,
radicado 14207:
“En ese orden es dable aclarar que, frente a las
pensiones, es distinto el concepto de la compartibilidad del de la compatibilidad,
pues el primero surge conforme a los supuestos de hecho que los artículos
citados disponen, esto es, que una vez se empieza a pagar la de vejez por el
ISS, se comparte su valor con la que venía siendo pagada por la empresa, (…)
siendo de cuenta de esta última su mayor valor, si lo hubiere, mientras que en
el segundo no se confunden o comparten los valores de una y otra pensión, las
dos se pagan separadamente, una por el Instituto y otra por la empleadora”. (Cursiva
añadida)
Asimismo,
el Tribunal de Casación ha precisado que algunas pensiones, dada su autonomía y
diversa fuente, pueden ser compatibles entre sí. A modo de ilustración, es
dable indicar que las pensiones de jubilación extralegales reconocidas antes
de entrar en vigor el acuerdo 029 de 1985 del ISS, son compatibles con
las prestaciones legales de vejez reconocidas por ese Instituto, más no
compartibles, y por ende, pueden coexistir, estando obligada la entidad
de seguridad social y los empleadores a sufragar la totalidad de cada una de
las respectivas mesadas. En ese sentido se pronunció la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 31 de agosto de 2005,
radicado 24423:
“En efecto, habiéndose estructurado el derecho
pensional extralegal del demandante antes del 17 de octubre de 1985, fecha en
que entró a regir el Acuerdo 029 de 1985, que estableció la compartibilidad
pensional entre las voluntarias o extralegales reconocidas por el empleador con
las legales posteriormente reconocidas por el Instituto de Seguros Sociales
como bien lo acepta el recurrente; las dos pensiones resultan autónomas
y por lo mismo compatibles, a menos que las partes hubieren dispuesto lo
contrario, por cuanto fue a partir del Acuerdo 029 de 1985, que se dispuso la
compartibilidad de las pensiones voluntarias con legales que se causaran con
posterioridad a su vigencia, es decir, a partir del 17 de octubre de 1985, como
lo precisó el artículo 18 del Acuerdo 049 de 1990, acusado por el recurrente”.
(Cursiva añadida)
71.-
En suma, por virtud de la compartibilidad de las pensiones, un ex empleador
que tiene a su cargo una pensión de jubilación puede librarse total o
parcialmente de la misma –según el caso-, cuando el ex trabajador por él
pensionado, cumple los requisitos para acceder a una pensión de vejez en el ISS.
Así, el ex empleador podría eximirse de la totalidad de la prestación de
jubilación, si el monto de la pensión a su cargo fuere igual o menor a la
mesada de vejez pagada por la entidad de seguridad social; mientras que se
libraría solo parcialmente, si la suma sufragada por el ISS tuviere un
valor inferior a la solventada por él, quedando obligando entonces, en esta
hipótesis, a desembolsar el mayor valor no cubierto por el asegurador,
manteniéndose vigente dicha prestación en lo que a ese monto se refiere.
Igualmente,
la compartibilidad de las pensiones de jubilación y vejez implica que el
beneficiario se encuentra frente a dos prestaciones íntimamente ligadas entre
sí, cuyo monto, una vez reconocidas -las dos pensiones-, debe ajustarse en
tanto, en términos prácticos, se funcionan en una sola, subrogando la
entidad de seguridad social al ex empleador en el pago de la misma, salvo
en lo relativo al mayor valor que llegare a resultar en su contra, el cual
queda obligado a sufragar al pensionado.
A
su vez, en la compatibilidad pensional, el beneficiario se halla, asimismo,
ante dos prestaciones, pero esta vez claramente diferenciables la una de la
otra, autónomas y sin relación de conexidad alguna; en este supuesto, las dos
pensiones coexisten en su totalidad, quedando obligado el respectivo ex empleador,
a solventar el monto completo de la mesada pensional a su cargo.
72.-
En el presente caso, no existe duda sobre el carácter compartible de la
pensión de jubilación del accionante. Al efecto, en la resolución de
reconocimiento el Banco acudió a los supuestos de hecho que dominan la figura
de la compartibilidad de las pensiones. Así, señaló que “Bancafé se
compromete a cotizar en su totalidad para los riesgos de invalidez, vejez y
sobrevivientes al Instituto de Seguros Sociales o a la Entidad Administradora
de Pensiones que el pensionado(a) designe”. Seguidamente, manifestó que “cuando
el pensionado(a) obtenga el reconocimiento de la pensión por parte del
Instituto de Seguros o de la Entidad Administradora de Pensiones, a Bancafé
solo le asistirá la obligación de reconocer la diferencia entre la pensión otorgada
por el otro organismo y la que esté pagando Bancafé si esta fuere mayor, y nada
deberá pagar si la pensión otorgada por el Instituto de Seguros Sociales o la
Administradora de Pensiones fuere igual o superior” (fl. 137-138 Cdno. 2).
73.-
Relacionadas las características de la compartibilidad de las pensiones
relevantes para el presente caso, y establecido el carácter compartible de la
prestación de jubilación y la de vejez del actor, la Sala reitera que contrario
a la tesis sostenida en la sentencia T-611 de 2008, la prestación de jubilación
del accionante, a cargo del Banco Cafetero en liquidación, subsiste y puede ser
objeto de indexación, justamente por el carácter compartible de la prestación y
en cuanto al mayor valor, si lo hubiere, respecto de la prestación de vejez que
sufraga el ISS.
73.1.-
A juicio de la Sala Novena, no resulta acertado sostener que la pensión de
jubilación a cargo del Banco Cafetero se extinguió, por cuanto la misma en
realidad se fusionó con la reconocida por el ISS por efecto de la
compartibilidad pensional. Lo extinguido en el presente caso respecto del ex
empleador, es la obligación de pagar la suma de la mesada pensional que
sea equivalente o igual al monto de  la mensualidad reconocida por el
ISS, más no la pensión en cuanto tal, la cual únicamente se subrogó
en dicho monto en favor del ex empleador y en contra de la aseguradora.
Nótese
que no es posible confundir la prestación como tal, esto es, la pensión,
con el monto de la misma, es decir, la mesada, en tanto son figuras
distintas, la segunda, subsidiaria y dependiente de la primera; mientras que
esta última, es de naturaleza principal. Entonces, como la pensión subsiste en
la vida jurídica, es posible impetrar respecto de ella su reliquidación, máxime,
si como ha sido posición reiterada de esta Corporación, lo que prescribe son
las mesadas, más no la prestación.
73.2.-
Y es que la pensión de jubilación no nace a la vida jurídica por virtud de la
decisión administrativa que dispone su reconocimiento, sino como una
consecuencia del cumplimiento de los requisitos plasmados en la ley para el
efecto o la convención si es del caso. Es por ello que esta Corte ha sostenido
que “una vez la persona cumple los requisitos contemplados en el
ordenamiento jurídico para acceder a una pensión, le son inoponibles las
diferentes disputas que se pudieren presentar entre las entidades
potencialmente obligadas a garantizar su derecho prestacional”[72].
En
ese sentido, la supuesta extinción del derecho a la pensión de jubilación aparentemente
acaecida por virtud de la resolución N° 179 de 2001 de Bancafé, solo será
legítima si está ajustada a la realidad y al ordenamiento jurídico,
en tanto, de una parte, es un principio del derecho laboral la primacía de la
realidad sobre las formas y, de otra, la prestación del actor no depende de lo
dispuesto por la administración, sino del cumplimiento de los presupuestos
contemplados en la ley para su acceso (y extinción), los cuales, como se ha
visto, el demandante ya reunió.
73.3.-
Bajo el marco de la anterior consideración, la Sala estima que el acto formal de
extinción operado por medio de resolución del 22 de octubre de 2001, no se
ajusta a la Constitución en la medida que el Banco demandado, al momento de efectuar
el comparativo entre la pensión pagada por él y la mesada sufragada por el ISS,
a efectos de establecer la existencia de un faltante no cubierto por la
aseguradora, no tuvo en cuenta que dicho cómputo ha debido hacerse atendiendo a
un monto pensional ajustado a derecho y a la realidad, esto es, sobre una suma que
respetara la garantía constitucional a la actualización de las mesadas
pensionales, y estuviere liquidada sobre un salario base indexado que
consultara el fenómeno inflacionario y la pérdida real del valor
adquisitivo de la moneda, situación que según se ha expuesto, no ocurrió en el
sub lite (Supra 64).
No
puede estimarse ajustada a la Carta una resolución de extinción de la pensión,
invocada en aplicación de la figura de la compartibilidad pensional, cuando la
misma ha ocurrido sin observar el valor real que debe tener la
prestación que se quiere subrogar, pues en casos de compartibilidad, el monto
de la pensión es un factor fundamental para que se surta la referida
subrogación.
73.4.-
Una interpretación en contrario, esto es, que admita que una entidad suprima la
pensión de una persona en aplicación de la figura de la compartibilidad
pensional, cuando ha realizado el respectivo cómputo comparativo sin atender al
valor real de la mesada, sería tanto como consentir, de una parte, que se restrinja
un derecho fundamental, en este caso a la seguridad social y a la actualización
de las pensiones, con fundamento en razones ostensiblemente reprochables desde
la óptica constitucional y, de otra, que el demandado se beneficie con su
propio acto antijurídico, en perjuicio del extremo más débil de la relación, el
cual, además, en el presente asunto es sujeto de especial protección
constitucional en razón de su avanzada edad y precario estado de salud.
73.5.-
En cuanto a los argumentos esgrimidos en la sentencia T-611 de 2008 referidos a
la supuesta falta de diligencia del actor al no haber impugnado la resolución
de extinción del derecho, y la supuesta imposibilidad de reconocer la garantía
a la indexación sin antes haber dejar sin valor y efecto el acto de extinción, la
Sala Novena de Revisión estima que ello no representa obstáculo alguno a la
procedencia del amparo pues el juez de tutela, ciertamente, tiene competencia
para dejar sin valor y efecto decisiones como la cuestionada, cuando estas
resultan contrarias al ordenamiento superior. Igualmente, en este asunto, no
cabe imponer al actor, lego en materia jurídica, el cumplimiento de la carga de
impugnación de la resolución analizada, si la misma, como sucede en el sub
lite, no precisa en su texto la procedencia de recursos contra ella.
73.6.-
Finalmente, de conformidad con las precisiones realizas sobre las características
de la compartibilidad pensional, esta Sala considera que al demandante no le
asistía el deber de acudir ante el ISS a reprochar la decisión que ordenó la
extinción del derecho pensional como sí lo exigió la Sala Cuarta en la
sentencia T-611 de 2008 al allí accionante. Lo anterior por cuanto, primero, la
resolución de extinción fue expedida por el Banco Cafetero en liquidación, no
por la entidad de seguridad social y, segundo, es el ex empleador quien tiene
la obligación de sufragar el mayor valor, si lo hubiere, y no el Instituto de
Seguros Sociales.
74.-
En suma, vistos los argumentos del Banco Cafetero en liquidación, analizada la
tesis sostenida en la sentencia T-611 de 2008, y expuesta la posición acogida
por la Sala Novena de Revisión en torno al debate constitucional propuesto, se concluye
que la declaratoria formal de extinción de la pensión de jubilación proferida
por el Banco Cafetero mediante resolución N° 179 del 22 de octubre de 2001, no
representa un obstáculo a la tutela del derecho a la actualización de las
pensiones en su faceta de indexación de la primera mesada pensional, radicado
en cabeza del señor Carlos E. Lozano López.
La
Sala entiende igualmente, que ha sido justificado plenamente el “costo de
seguridad jurídica” que el apartamiento del precedente contenido en la
sentencia T-611 de 2008 conlleva, en la medida que ha cumplido con la carga de
expresar de manera clara y precisa las razones que la han llevado a optar por
la tesis más cercana al principio pro hómine sobre el punto de derecho
recién estudiado.
Órdenes
a impartir en el trámite de tutela contra el Banco Cafetero en liquidación.
75.-
En síntesis, la Sala encuentra que el Banco Cafetero en liquidación vulneró el
derecho constitucional a la actualización de las pensiones en su contenido de
indexación de la primera mesada pensional de Carlos Eduardo Lozano López al
negar la referida actualización, impetrada por el actor en escrito del 3 de
abril de 2008. Asimismo, que los argumentos planteados por la entidad bancaria
demandada para oponerse a la prosperidad de la tutela no son admisibles desde
la óptica constitucional.
En
consecuencia, la Corte revocará las sentencias de instancia denegatorias de
amparo, para en su lugar conceder la tutela definitiva del derecho
constitucional conculcado.
76.-
En ese orden de ideas, la Corte Constitucional (i) dejará sin valor y efecto la
resolución N° 179 del 22 de octubre de 2001 “por medio de la cual se
extingue el derecho a una pensión de jubilación oficial, en virtud del régimen
compartido” (fl. 44 a 46 Cdno. 2) del señor Carlos Eduardo Lozano López,
con lo cual la resolución de reconocimiento pensional del 05 de febrero de 1996
cobra nuevamente plena vigencia;
(ii)
ordenará al Banco Cafetero en liquidación que reconozca y actualice el salario
base para la liquidación de la primera mesada pensional de Carlos Eduardo
Lozano López, esto es, el salario promedio devengado en el último año de
servicios comprendido entre el 16 de julio de 1978 y el 15 de julio de 1979, hasta el 7 de noviembre de 1995, día en que se causó
el derecho a la pensión, de acuerdo con
el Índice de Precios al Consumidor y dando aplicación a la fórmula empleada por
la Corte Constitucional en sentencia T-098 de 2005[73];
(iii)
dispondrá que la entidad bancaria en liquidación demandada, una vez haya
sido indexada la primera mesada pensional del actor, efectúe los cálculos a
que haya lugar con miras a establecer si en virtud del régimen compartido entre
la pensión de jubilación reconocida por el ex empleador y la de vejez sufragada
por el ISS, se presenta un mayor valor a pagar a cargo del Banco Cafetero de
conformidad con la resolución N° 065 de febrero 6 de 1996 mediante la cual
Bancafé reconoció y ordenó “el pago de una pensión mensual vitalicia de
jubilación oficial” a favor de Carlos Eduardo Lozano López (fl. 39 a 42 Cdno. 2) y;
(iv)
ordenará al Banco Cafetero en liquidación que en lo sucesivo pague al
demandante el mayor valor de que trata el numeral anterior, si lo hubiere, así
como los montos adeudados y actualizados respecto de los cuales no haya operado
la prescripción, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 151 del código
de procedimiento laboral[74] y la petición elevada
por el actor en el año 2008, haciendo las compensaciones del caso, respecto de
los dineros que ya se hubieren entregado al ISS o al ex trabajador, si ello
fuere menester de acuerdo con las normas que reglan la materia.
III. DECISIÓN
Con
fundamento en las consideraciones expuestas en precedencia, la Sala Novena de
Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- Levantar la suspensión de términos ordenada en el presente trámite de revisión.
Segundo.-
Revocar las sentencias denegatorias
de amparo proferidas por la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, el 18 de diciembre de 2009, en
primera instancia; y la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, el 28 de abril de 2010, en segunda instancia, en lo accionado frente
a las Salas de Casación Laboral y Penal de la Corte Suprema de Justicia, el
Tribunal Superior de Bogotá y el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Bogotá,
y en su lugar, declarar la improcedencia de la acción de tutela
impetrada por Carlos Eduardo Lozano López.
Tercero.- Revocar las sentencias denegatorias de amparo
proferidas por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, el 18
de diciembre de 2009, en primera instancia; y la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, el 28 de abril de 2010, en segunda instancia, en lo
accionado frente al Banco Cafetero en liquidación, y en su lugar, conceder
la tutela del derecho constitucional a la actualización de las pensiones en su
contenido de indexación de la primera mesada pensional de Carlos Eduardo Lozano
López.
Cuarto.-
Dejar sin valor y efecto la resolución
N° 179 del 22 de octubre de 2001 dictada por el Vicepresidente de Gestión
Humana de Bancafé, por medio de la cual se extinguió el derecho a una pensión
de jubilación oficial, en virtud del régimen compartido, al señor Carlos
Eduardo Lozano López.
Quinto.-
Ordenar al Banco Cafetero en
liquidación, que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta
sentencia, reconozca y actualice el salario base para la liquidación de la
primera mesada pensional de Carlos Eduardo Lozano López, esto es, el salario
promedio devengado en el último año de servicios comprendido entre el 16 de
julio de 1978 y el 15 de julio de 1979, hasta
el 7 de noviembre de 1995, día en que se causó el derecho a la pensión, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor, y
dando aplicación a la fórmula empleada por la Corte Constitucional en sentencia
T-098 de 2005, de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva de esta
sentencia.
Sexto.- Ordenar al Banco Cafetero en liquidación, que una
vez haya indexado la primera mesada pensional de que trata el numeral quinto de
la parte resolutiva de esta providencia, efectúe, dentro de las 48 horas
siguientes, los cálculos a que haya lugar con miras a establecer si en virtud
del régimen compartido entre la pensión de jubilación reconocida por el Banco
Cafetero y la de vejez sufragada por el Instituto de Seguros Sociales, se
presenta un mayor valor a pagar a cargo del Banco Cafetero en liquidación, de
conformidad con lo dispuesto en la resolución N° 065 de febrero 6 de 1996,
mediante la cual Bancafé reconoció y ordenó “el pago de una pensión mensual
vitalicia de jubilación oficial” a favor de Carlos Eduardo Lozano López, de
acuerdo con lo dispuesto en la parte motiva de esta sentencia.
Séptimo.-
Ordenar al Banco Cafetero en
liquidación, que dentro de las 48 horas siguientes al cumplimiento de la orden
dictada en el numeral sexto de la parte resolutiva de esta sentencia, pague al
demandante el mayor valor de que trata ese numeral, si lo hubiere, así como los
montos adeudados y actualizados respecto de los cuales no haya operado la
prescripción, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 151 del código de
procedimiento laboral y la petición elevada por el actor en el año 2008, de
conformidad con lo dispuesto en la parte motiva de esta sentencia.
Octavo.-
Dése cumplimiento a lo dispuesto en
el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la gaceta de la
Corte Constitucional y cúmplase.
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado Ponente
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
[1] En adelante
también el accionante, el peticionario o el demandante.
[2] En adelante
también la entidad bancaria, el Banco Cafetero o Bancafé.
[3] En este aparte
se sigue la exposición del apoderado judicial del accionante. La Sala igualmente, ante las serias falencias expositivas y argumentativas del escrito de
tutela, en aplicación de los principios de informalidad y oficiosidad que
reglan la acción de tutela, complementará la narración con los hechos
relevantes que se desprenden de los documentos aportados por el peticionario,
la entidad bancaria demandada y los despachos judiciales accionados.
[4] En
adelante también el ISS.
[5] En cuanto al
juramento de que trata el artículo 37 del decreto 2591 de 1991, indicó: “[c]omo
hice mención en el acápite de los hechos, mi poderdante ha agotado todas las
acciones administrativas y judiciales, incluyendo la acción de tutela, con el
objeto de lograr la indexación de la primera mesada pensional, instauro
nuevamente esta acción de tutela, y más aún teniendo como fundamento la
sentencia T-130 del 24 de febrero de 2009, por cuanto es flagrante la violación
a los derechos constitucionales, entre otros el de la igualdad, ya que la
mayoría de los pensionados compañeros de mi poderdante, que se encuentran en
iguales circunstancias les han reconocido los derechos aquí reclamados”
(fl. 19 Cdno. 1).
[6] La entidad
accionada precisó algunos de los hechos expuestos por el demandante. En
particular señaló que: (i) el Banco Cafetero mediante resolución 179 del 22 de
octubre de 2001, extinguió la pensión de jubilación que había reconocido a
favor del accionante en noviembre de 1995; (ii) la decisión de suprimir el
derecho prestacional del actor obedeció a la asunción de la figura jurídica de
la compartibilidad pensional, toda vez que con anterioridad el ISS a través de
resolución 012471 del 15 de mayo de 2001, había reconocido al accionante una
pensión de vejez en cuantía de $363.643 a partir del 7 de noviembre de 2000 y;
(iii) el 3 de abril de 2008 el accionante solicitó nuevamente al Banco Cafetero
que accediera a la indexación de la primera mesada pensional. La entidad
demandada, por medio de comunicación 3648 de 24 de abril de 2008, procedió a
responder la petición en forma negativa a las pretensiones del actor.
[7] Como apoyo a
este descargo cita fragmentos de la sentencia C-543 de 1992.
[8] Como apoyo a
este descargo cita fragmentos de las sentencias C-543 de 1992 y C-590 de 2005.
[9] Presentada la
demanda de tutela ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, la presidencia de la Sala disciplinaria de dicha colegiatura,
dispuso el envío del expediente a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en cumplimiento del artículo 1 del decreto 1382 de 2000.
[10]
Por acta N° 09 del 3 de febrero de 2010, seis magistrados de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia se declararon impedidos para conocer
el asunto de la referencia, por considerar que se encontraban incursos en la
causal prevista en el numeral 1° del artículo 56 de la ley 906 de 2004, toda vez
que profirieron la sentencia de tutela de 3 de agosto de 2004 que se acusa en
el presente caso.
[11] Cfr.
Corte Constitucional, Sentencia T-1215 de 2003.
[12] Cfr.
Corte Constitucional, Sentencia T-502 de 2008, T-568 de 2006, T-184 de
2005, entre muchas otras.
[13] Cfr.
Corte Constitucional, Sentencia T-568 de 2006; otras, en las cuales se efectúa un
recuento similar son las providencias T-020 de 2006,
T-593 de 2002, T-443 de 1995, T-082 de 1997, T-080 de 1998, SU-253 de 1998,
T-263 de 2003  T-707 de 2003.
[14] Cfr. Corte
Constitucional, Sentencias T-568 de 2006,
T-951 de 2005, T-410 de 2005, T-1303 de 2005, T-662 de 2002 y T-883 de 2001.
[15] Cfr.
Corte Constitucional, Sentencia T-707 de 2003.
[16] Cfr.
Corte Constitucional, Sentencia T-1034 de 2005.
[17] Cfr.
Corte Constitucional, Sentencia T-566 de 2001.
[18] Cfr.
Corte Constitucional, Sentencia T-009 de 2000.
[19] Cfr.
Corte Constitucional, Sentencia T-1034 de 2005.
[20] La Corte concluyó en sentencia T-184 de 2005 que, si bien existía temeridad, era procedente la
revocatoria de la multa impuesta a la accionante por ausencia de mala fe.
[21] Cfr.
Corte Constitucional, Sentencia T-184 de 2005.
[22] Cfr.
Corte Constitucional, Sentencia T-149 de 1995.
[23] Cfr.
Corte Constitucional, Sentencia T-308 de 1995.
[24] Cfr.
Corte Constitucional, Sentencia T-443 de 1995.
[25] Cfr.
Corte Constitucional, Sentencia T-001 de 1997.
[26] Cfr.
Corte Constitucional, Sentencia T-089 de 2007.
[27] Respecto a la doctrina constitucional como hecho
nuevo que permite desvirtuar la temeridad, la Corte en sentencia T-009 de 2000 ya indicada, señaló: “19. Las mismas razones que descartan la temeridad de la
acción interpuesta, llevan a concluir que la expedición de una nueva decisión
judicial tampoco vulnera la cosa juzgada. En efecto, como fue mencionado, en el
presente caso se advierte la existencia de un hecho jurídico nuevo – la
expedición de una sentencia de la Corte Constitucional – aplicable a una situación no consolidada en la que se subsiste la
amenaza o vulneración del derecho fundamental…”.
[28] Cfr.
Corte Constitucional, Sentencia T-721 de 2003.
[29] Cfr.
Corte Constitucional, Sentencia T-089 de 2007.
[30] Cfr.
Corte Constitucional, Sentencia T-644 de 2008.
[31] Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-1164 de
2003.
[32] En
un sentido similar se puede consultar la Sentencia T-068 de 2008 y T-997 de 2010.
[33] En
este sentido se pueden consultar las sentencias T-085 de 2004, T-815 de 2004,
T-098 de 2005, T-469 de 2005, entre otras.
[34] En
sentencias T-799 de 2007, T-046 de 2008, T-1251 de 2008 y T-457 de 2009, se ha
admitido el estudio de la presunta afectación de este derecho directamente
frente a la entidad.
[35] Ibídem.
[36] Cfr.
Corte Constitucional, Sentencias T- T-225 de 1993, SU-544 de 2001, T-1316 de
2001, T-983 de 2001, entre otras.
[37] Cfr.
Corte Constitucional, Sentencias T-799 de 2007, T-046 de 2008, T-1251 de 2008 y
T-457 de 2009.
[38] Cfr.
Corte Constitucional, Sentencia SU-120 de 2003.
[39] Ibídem.
[40] En efecto, el Tribunal de Casación, con apoyo en
diversas fuentes del derecho, progresivamente fue reconociendo
jurisprudencialmente el derecho a la indexación de la primera mesada pensional.
En una primera etapa de su jurisprudencia, en particular a partir del fallo de
casación laboral del 18 de agosto de 1982, la Corte Suprema de Justicia argumentó a favor de dicha garantía, en aquellos eventos en los
cuales el ordenamiento jurídico no consagraba aún norma positiva alguna, que
estableciera expresamente el derecho a la actualización de la primera mesada
pensional. En sentencia del 10 de diciembre de 1998 –radicado 10939-, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, reiterando su jurisprudencia
contenida en la 1ª decisión de casación del 5 de agosto de 1996 –radicado
8616-, que a su vez había reiterado la sentencia de casación del 18 de agosto
de 1982, sintetizó las razones que a su juicio fundamentan la
actualización del salario base de liquidación de la primera mesada pensional,
en los casos en que el régimen aplicable no consagra positivamente la
prestación indexatoria. En la decisión que se comenta la Corte Suprema de Justicia expresó: “Y es por lo anterior que con fundamento en los
artículos 8º de la ley 153 de 1887 y 19 del Código Sustantivo del Trabajo se ha
admitido la posibilidad de aplicar en asuntos del trabajo la corrección o
actualización monetaria. Solución a la que se ha llegado teniendo en cuenta:
principios de derecho laboral, de justicia y de equidad; la consagración
positiva de la corrección monetaria en varios campos de la actividad civil en
Colombia, como también en el derecho administrativo; su aceptación por la
doctrina y jurisprudencia extranjeras; las normas reguladoras de pago; los
principios del equilibrio contractual, y los desarrollos que en materia de
seguridad social pensional introdujo la ley 100 de 1993. // De modo, pues, que
cuando el Tribunal [de segundo grado], a pesar de reconocer la existencia
notoria del fenómeno de la depreciación del peso colombiano, se abstuvo de
aplicar la corrección monetaria a la primera mesada pensional del petente,
incurrió en el estigma de interpretación jurídica que se le endilga, pues le
entregó a las normas referidas en el cargo, principalmente a los artículos 8 de
la ley 153 de 1887 y 19 del CST, un entendimiento restringido, que no le
permitió, en un contexto de justicia, equidad y equilibrio social (art. 1º ib),
solucionar el envilecimiento del valor nominal de la pensión de jubilación de
aquél y reajustarla a su cuantía real, conforme lo tiene establecido esta
Corporación. Pérdida del poder adquisitivo que no depende de que se esté en
mora el cumplimiento de una obligación sino de la existencia de un fenómeno
económico, que al ser reconocido no implica imponerle a quien deba soportarlo
una carga superior a la que llegare a estar obligado, ya que mirado desde la
óptica del poder adquisitivo de la moneda los valores nominales que se
determinen son iguales”.
[41] Al
respecto, la Corte expresó en la sentencia SU-120 de 2003: “Ante todo, es
preciso aclarar que lo manifestado por los Jueces de instancia no admite duda,
porque en cada una de las decisiones examinadas la accionada explica la teoría
que resuelve acoger para negar la indexación reclamada, pero, es cierto también
que ninguna de las explicaciones de la accionada se apoya en un cambio
normativo relevante, o en el advenimiento de circunstancias políticas,
económicas y sociales diversas, y que tampoco ponderan los bienes jurídicos que
protegen, en contraposición con los que se dejó de tutelar, tal como lo ha
exigido la jurisprudencia constitucional –nota 54-. [//] Al punto que las
consideraciones de la accionada, como va a verse, pueden tomarse como juicios
individuales de las normas que interpretan, e incluso como concepciones
personales de política jurídica en torno al problema pensional, pero no
justifican el trato diferenciado que comportan”.
[42] Cfr.
Corte Constitucional, Sentencia SU-120 de 2003.
[43] Esta
línea está conformada, entre otras, por las sentencias T-085 de 2004, T-815 de
2004, T-098 de 2005 y T-469 de 2005.
[44] Cfr.
Corte Constitucional, Sentencia C-862 de 2006.
[45] En
la sentencia T-098 de 2005 se había señalado: “…calcular el monto de la mesada pensional con base en un ingreso que el
extrabajador percibió años antes de que finalmente le fuera reconocida la
pensión, contraría el mandato superior de equidad , el derecho a percibir
una pensión mínima vital calculada teniendo en consideración los fenómenos
inflacionarios y la consecuente pérdida de poder adquisitivo del dinero,
así como también compromete los derechos fundamentales al debido proceso, y a
la igualdad del pensionado cuando, aun después de haber agotado todos los
medios de justicia ordinaria de los que disponía, el trabajador encuentra que
la violación de sus derechos goza de la legitimidad aparente que le otorga un
fallo judicial.”(Énfasis añadido).
[46] Cfr.
Corte Constitucional, Sentencia C-862 de 2006.
[47]
Ibídem.
[48]
Ibídem.
[49] Ibídem.
[50] Al respecto en Sentencia T-012 de 2008 se indicó: “En
conclusión de todo lo dicho se tiene que mediante Sentencia C-862 de 2006 la Corte Constitucional consideró, mediante decisión que hizo tránsito a cosa juzgada
constitucional y produjo efectos erga omnes, que existe un derecho en cabeza de
los pensionados a que el monto de la primera mesada pensional se calcule sobre
un salario base indexado, de acuerdo con la variación del índice de precios al
consumidor, pues éste es un derecho de reconocimiento constitucional que por
sus repercusiones puede incidir en la vigencia de otros derechos de rango
fundamental.”. En el mismo sentido se puede consultar las Sentencias T-046
de 2008 y T-570 de 2009.
[51] En Sentencias
T-799 de 2007, T-046 de 2008, T-1251 de 2008 y T-457 de 2009, se ha admitido el
estudio de la presunta afectación de este derecho directamente frente a la
entidad. Con
anterioridad a la sentencia C-862 de 2006 únicamente se concedió el amparo
constitucional directamente frente al ex empleador en la sentencia T-1169 de
2003, mientras que en la providencia T-599 de 2005 se accedió a la tutela
directa ante el ex empleador, pero en lo referido al derecho fundamental de
petición. El caso de la sentencia T-1169 de 2003 es excepcional en cuanto la
empresa demandada se encontraba  en proceso de liquidación por lo cual se
corría el riesgo de que la solicitud del demandante deviniera nugatoria. En
sentencia T-606 de 2004 la Corte indicó de manera categórica que la sentencia
SU-120 de 2003 no constituía precedente vinculante en aquellos casos en que la
demanda de tutela se dirigía directamente ante el ex empleador o entidad
encargada de la satisfacción del anotado derecho. En esta última providencia se
indicó: ““8.
En quinto término estima la Corte que la situación de la actora no puede ser
cobijada por el precedente sentado en la sentencia SU-120 de 2003,
reiterado en la sentencia T-663 de 2003. Esto, en razón a que en dichos casos la Corte concedió el amparo de los derechos fundamentales de los pensionados, no en
consideración a sus casos concretos, sino en consideración a la necesidad de
proteger genéricamente el derecho a la igualdad en la doctrina probable del
Tribunal de Casación, bajo la idea de un derecho a la unificación
jurisprudencial respecto de la existencia o no de un derecho a la indexación de
la primera mesada pensional. Ahora bien, que la Corte considerara que los elementos definitorios de la doctrina probable en la materia
trajera como consecuencia la orden de indexar la primera mesada pensional de
las personas partes en los asuntos de revisión es una situación diferente. // 9.
Además, tampoco se aplica el precedente referido pues hay otro elemento que
permite distinguir los dos casos, y es que en los asuntos resueltos en las
sentencias SU-120 de 2003 y T663 de 2003 la Corte concedió el amparo de los derechos subjetivos de los actores bajo el supuesto de que tales personas agotaron
las instancias decisorias respectivas dentro de la jurisdicción ordinaria
mediante la interposición oportuna del recurso ordinario de apelación y del
extraordinario de Casación. Lo que significa que las personas que resultaron
amparadas en sus derechos desarrollaron una conducta procesal activa durante el
proceso ordinario, y después de finalizado éste, ante la inexistencia de otro
mecanismo de defensa judicial, acudieron a la acción de tutela como mecanismo
subsidiario para la protección de los derechos fundamentales. Situación que
como ha sido demostrado a lo largo de la presente sentencia dista de ser
similar a la de la señora Palacio de Ortiz”. En idéntica dirección se puede
consultar la sentencia T-080 de 2004.
[52] Cfr.
Corte Constitucional, Sentencias T-012 de 2008, T-014 de 2008, T-046 de 2008,
T-129 de 2008, T-311 de 2008, T-991 de 2008, entre otras.
[53] Cfr.
Corte Constitucional, Sentencias T-999 de 2007, T-046 de 2008, T-908 de 2008,
T-1215 de 2008 y T-076 de 2010.
[54] Cfr.
Corte Constitucional, Sentencias T-012 de 2008, T-908 de 2008, T-107 de 2009 y
T-141 de 2009.
[55] Cfr.
Corte Constitucional, Sentencias SU-120 de 2003, C-862 de 2006, C-891 A de 2006, T-696 de 2007 y T-457 de 2009.
[56] Cfr.
Corte Constitucional, Sentencias T-014 de 2008, T-130 de 2009, T-141 de 2009 y
T-366 de 2009.
[57] Cfr.
Corte Constitucional, Sentencias T-628 de 2009, T-089 de 2008, T-1251 de 2008 y
T-908 de 2008.
[58] Cfr.
Corte Constitucional, Sentencias T-1059 de 2007, T-129 de 2008, T-908 de 2008,
T-1251 de 2008, T-130 de 2009.
[59] Al
respecto puede consultarse igualmente las Sentencias T-088 de 1999 y SU-1219 de
2001, entre muchas otras.
[60] En Sentencia T-362 de 2010 el Tribunal Constitucional
señaló: “La Corte también ha señalado que la sentencia C-862 de 19 de
octubre de 2006, constituye un hecho nuevo pues consolidó, con efectos erga
omnes, la jurisprudencia de tutela que desde el 2003 reconocía el derecho a la
indexación de la primera mesada pensional.”. En el mismo sentido se puede
consultar las Sentencias T-130 de 2009 y T-107 de 2009,  entre muchas otras.
[61] El artículo 1° de la Ley 1276 de 2009 consigna como sinónimas las expresiones “personas de la tercera edad” y “adultos
mayores”; mientras que el artículo 7° del mismo cuerpo normativo define
como adulto mayor a “aquella persona que cuenta con sesenta (60) años de
edad o más. A criterio de los especialistas de los centros vida, una persona
podrá ser clasificada dentro de este rango, siendo menor de 60 años y mayor de
55, cuando sus condiciones de desgaste físico, vital y psicológico así lo
determinen”.
[62] En
informe rendido a la Corte Constitucional el 20 de septiembre de 2010, el actor
manifestó: “no poseo bienes inmuebles, y solo cuento con los bienes muebles
que hacer (sic) parte de mi hogar, como son sala, juego de alcoba, un
computador para uso personal, los electrodomésticos para mi normal vivir, como
son televisor, nevera y lavadora.”// Así, puntualizó que sus ingresos “se
reducen a la pensión que recibo equivalente a $600.000.oo aproximadamente, del
Instituto de Seguros Sociales, más algunos ingresos provenientes de trabajos
que realizo en mi apartamento a Computadores, siendo los mismos muy
esporádicos. Igualmente cuento con la colaboración mensual de $200.000.oo, que
nos proporciona una hija”. (fl. 32 a 34 Cdno. Corte).
[63] Ha de tenerse en
cuenta, además, que se está ante una obligación de tracto sucesivo,
imprescriptible y de tipo vitalicio. La alegada cosa juzgada ordinaria y
constitucional tampoco ha representado obstáculo a la procedencia del amparo en
las sentencias T-141 de 2009, T-1251 de 2008, T-908 de 2008, T-014 de 2008,
T-1059 de 2007, entre muchas otras.
[64] En
el escrito en comento señaló: “… respetuosamente solicito a usted, en virtud
de lo indicado por la Corte Constitucional mediante sentencias C 862 de 2006 y
C 891 A de 2006 y conforme a los artículos 48 y 53 de la Constitución Nacional, se ordene a quien corresponda, revisar  del (sic) ingreso base
que se tuvo en cuenta para liquidar mi primera mesada pensional, a efectos de
que la misma sea indexada…” (fl. 88 Cdno. 2).
[65] La
conversión a SMLM es efectuada por la Sala a efectos de inferir la ausencia de
indexación. Este es un parámetro únicamente indicativo en la medida que no
necesariamente el incremento del SMLM es directamente proporcional al IPC, ya
que mientras este es un fenómeno económico, el primero es producto de
negociaciones efectuadas entre las centrales obreras, los industriales y el
gobierno, o simplemente de la decisión unilateral del último.
[66] Informe
rendido el 18 de noviembre de 2010 por el apoderado general de la entidad para
este proceso.
[67]
Esta Corporación ha señalado que la concesión de la tutela del anotado derecho
con fundamento en la sentencia C-862 de 2006, respecto de prestaciones causadas
con anterioridad a la expedición de la misma, no implica darle efectos
retroactivos a dicho pronunciamiento, pues la garantía a la indexación de
las pensiones surgió con la expedición de la Carta del 91. Al respecto en Sentencia T-141 de 2009 se señaló: “… Con lo anterior no se está prohijando una
aplicación retroactiva de la sentencia C-862 de 2006, sino se reconoce que el
derecho de indexación deriva del artículo 53 Superior y su efectividad puede
alegarse por la vía tutelar. Esta tesis atiende al derecho de igualdad entre los
pensionados y procura evitar que surjan distinciones entre ellos, lo cual no es
posible, conforme a la citada sentencia”. En el mismo sentido pueden ser
consultadas las Sentencias T-1059 de 2007, T-012 de 2008, T-014 de 2008, T-046
de 2008, T-447 de 2009, entre muchas otras.
[68] Cfr.
Corte
Constitucional, Sentencias T-845 de 2010 y T-652 de 2009, igualmente
T-123 de 1995, C-037 de 1997, SU-047 de 1999, C-831 de 2006 y T-292 de 2006.
[69] Sobre
este principio, en Sentencia T-191 de 2009 se precisó: “El principio de
interpretación pro hómine, impone aquella interpretación de las normas
jurídicas que sea más favorable al hombre y sus derechos, esto es, la
prevalencia de aquella interpretación que propenda por el respeto de la
dignidad humana y consecuentemente por la protección, garantía y promoción de
los derechos humanos y de los derechos fundamentales consagrados a nivel
constitucional.”.
[70] Sobre
el uso de los vocablos pensión de jubilación y de vejez, es
menester citar la aclaración efectuada en la Sentencia C-1255 de 2001 que al respecto indicó: “23- Esta breve reseña muestra que la
normatividad anterior a la Ley 100 de 1993 tendía a reservar el término
“pensión de vejez” a aquellas que fueran reconocidas por el Instituto de
Seguros Sociales a los trabajadores privados, mientras que solía hablar de
pensión de “jubilación” en el caso de los empleados públicos o de las pensiones
reconocidas por las empresas o por cajas especiales. ”.
[71] La compartibilidad de las pensiones también se
encuentra consagrada en el inciso segundo del artículo 256 del CST, en los
siguientes términos: “2. Las
pensiones de jubilación, el auxilio de invalidez y el seguro de vida colectivo
obligatorio dejaran de estar a cargo de los {empleadores} cuando el riesgo
correspondiente sea asumido por el Instituto de los Seguros Sociales, de
acuerdo con la ley y dentro de los reglamentos que dicte el mismo Instituto”.
[72] Cfr.
Corte
Constitucional, Sentencia T-613 de 2010.
[73] La Sala acude a esta
fórmula en tanto ha sido la reiteradamente aplicada por esta Corporación. Al
respecto se pueden consultar las sentencias T-098 de 2005, T-815 de 2007, T-311
de 2008, T-789 de 2008, T-425 de 2009 y T-628 de 2009, entre muchas otras.
[74] El siguiente es el texto del artículo 151 del CPT: “Prescripción. Las acciones que
emanen de las leyes sociales prescribirán en tres años, que se contarán desde
que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito
del trabajador, recibido por el {empleador}, sobre un derecho o prestación
debidamente determinado, interrumpirá la prescripción pero sólo por un lapso
igual. ”