T-503-15
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-503/15
DERECHO AL
TRABAJO, A LA ESTABILIDAD LABORAL, A LA SEGURIDAD SOCIAL Y AL MINIMO VITAL-Procede
reintegro
CONTRATO
LABORAL EN EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES-Regulación legal
La relación laboral entre el
trabajador y la empresa de servicios temporales subsiste mientras el usuario
necesite de los servicios del trabajador o se haya finalizado la obra para la
cual fue contratado. Sin embargo, es claro que de acuerdo con la ley, este tipo
de relación laboral no puede exceder de un año, porque indudablemente se debe
evitar que los contratos con las empresas de servicios temporales en la
práctica se conviertan en permanentes ya que de este modo se desconocerían los
derechos prestacionales de los trabajadores.  Así las cosas, en el evento de
que la necesidad del usuario por el servicio de los trabajadores en misión sea
permanente, debe acudirse a otra forma de contratación distinta a la que se
cumple a través de las empresas de servicios temporales. Es claro que en
este caso no debería tratarse de un trabajador en misión, sino de uno que
desarrolla una labor permanente, por lo que su vinculación no debió
corresponder a una contratación temporal.  Así las cosas, presuntamente,
podemos estar en presencia de una relación laboral permanente encubierta, que
no le permite al trabajador tener derecho a una estabilidad en el empleo. Cabe
recordar que se debe evitar que persista la tendencia de sustituir trabajadores
permanentes por temporales, pues como se señaló, siempre que subsistan las
causas y la materia que dieron origen a la relación laboral, la misma no se
puede dar por terminada y se debe propender por la estabilidad laboral de
aquellos trabajadores que han cumplido a cabalidad con las labores
encomendadas.
CONTRATO
LABORAL EN EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES-Casos en que se puede contratar
Los contratos celebrados entre
el trabajador, la empresa de servicios temporales y la empresa usuaria, pues
como se dijo, los mismos fueron concebidos a fin de ser desarrollados de manera
temporal, conforme a lo prescrito por el artículo 77 de la Ley 50 de 1990, en
donde se precisó que los usuarios de las empresas de servicios temporales solo
podrán contratar con estas en los siguientes casos: (i) cuando se trate de las
labores ocasionales, accidentales o transitorias a que se refiere el artículo 6
del Código Sustantivo del Trabajo; (ii) cuando se requiere reemplazar personal
en vacaciones, en uso de licencia, en incapacidad por enfermedad o maternidad,
y (iii) para atender incrementos en la producción, el transporte, las ventas de
productos o mercancías, los períodos estacionales de cosechas y en la
prestación de servicios, por un término de seis (6) meses prorrogable hasta por
seis (6) meses más.  De forma tal que se brinde protección a los trabajadores,
para que las empresas no abusen de la posibilidad de contratar trabajadores
temporales, haciendo a un lado los permanentes.
PRINCIPIO
DE ESTABILIDAD EN EL EMPLEO-Finalidad
El solo
vencimiento del plazo inicialmente pactado, producto del acuerdo de voluntades,
no basta para legitimar la decisión del empleador de no renovar el contrato;
solo así se garantizará, de una parte, la efectividad del principio de
estabilidad, en cuanto “expectativa cierta y fundada” del trabajador de
mantener su empleo, si ha observado las condiciones fijadas por el contrato y
la ley y, de otra parte, la realización del principio, que señala la primacía
de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de la relación
laboral .  En esta perspectiva, “si bien las partes en ejercicio de la
autonomía de la voluntad pueden acordar celebrar un contrato de trabajo a
término fijo, de acuerdo con las disposiciones de ley que rigen la materia, ese
acuerdo, en el evento en el que se presenten los presupuestos antes enunciados,
esto es, que subsista la materia de trabajo y que el trabajador haya cumplido a
cabalidad con sus obligaciones y compromisos, se modifica para dar paso a la
activación del principio de estabilidad laboral, que con rango de norma
superior, consagró el Constituyente a favor de los trabajadores.
PRINCIPIO
DE LA REALIDAD SOBRE LAS FORMALIDADES EN MATERIA LABORAL-Aplicación
Si en un caso concreto se
logra acreditar la presencia de las características esenciales del contrato de
trabajo, así dicha relación se haya conformado, por ejemplo, bajo la forma de
un contrato de prestación de servicios, surgirá en consecuencia el derecho a
reclamar el pago de las prestaciones sociales propias de una relación laboral,
pues habrá de aplicarse el principio de la primacía de la realidad sobre las
formas en las relaciones de trabajo. El principio de la primacía de la realidad
sobre las formas también es aplicable a aquellos contratos laborales que por su
naturaleza no pueden ser renovados de manera indefinida por parte del
empleador, como ocurre en el caso de los contratos laborales celebrados con las
empresas temporales, que se caracterizan porque la duración del mismo hace
relación a la obra o labor para la cual fueron contratados.
PRINCIPIO
DE SOLIDARIDAD LABORAL-Protección a trabajadores con disminución en sus
condiciones físicas
En materia laboral, la Corte
Constitucional ha acudido al principio de solidaridad para sustentar la
existencia de una estabilidad laboral a favor de las personas que, a raíz de
una disminución en sus condiciones físicas, no pueden trabajar en igualdad de
condiciones.  En esta medida, ha establecido que “el empleador asume una
posición de sujeto obligado a brindar especial protección a su empleado en
virtud de la condición que presenta”.  Esto es, “a mantener al trabajador en su
cargo o trasladarlo a otro similar que implicara menos riesgo hipotético”
DERECHO AL
TRABAJO, A LA ESTABILIDAD LABORAL Y AL MINIMO VITAL DE PENSIONADO EN SITUACION
DE DISCAPACIDAD-Orden de reintegrar al accionante
Referencia:
expediente T-4838844
Acción de tutela presentada por Juan Bautista Meléndez Iglesia
contra la Empresa Operadores de Servicios de la Sierra SA ESP y Asear
Pluriservicios SAS
Magistrada Ponente:
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Bogotá, D.C., seis (6) de agosto de dos mil quince
(2015)
La Sala Primera de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por la magistrada María Victoria Calle Correa y
los magistrados Mauricio González Cuervo y Luis Guillermo Guerrero Pérez, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la
siguiente
SENTENCIA
En el trámite de revisión de los
fallos proferidos, en primera instancia, por el Juzgado Primero Promiscuo
Municipal de Ciénaga, Magdalena, el veintinueve (29) de agosto de dos mil catorce
(2014) y, en segunda instancia, por el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Ciénaga,
Magdalena, el once (11) de diciembre de dos mil catorce (2014), dentro del
proceso de tutela iniciado por Juan Bautista Meléndez Iglesia contra la Empresa
Operadores de Servicios de la Sierra SA ESP y Asear Pluriservicios SAS.
El proceso de la referencia fue
seleccionado para revisión por la Sala de Selección Número Cuatro, mediante auto
proferido el dieciséis (16) de abril de dos quince (2015)[1].
I. ANTECEDENTES
1. Demanda y solicitud
El catorce (14) de agosto de dos
mil catorce (2014) el señor Juan Bautista Meléndez Iglesia (de 62 años[2]), actuando en
nombre propio, interpuso acción de tutela contra la Empresa Operadores de Servicios
de la Sierra SA ESP y Asear Pluriservicios SAS, por considerar vulnerados sus
derechos fundamentales al trabajo, a la estabilidad laboral, a la seguridad
social, al mínimo vital, a la salud y a la vida en condiciones dignas, debido a
la no renovación de su contrato de trabajo a término fijo inferior a un año
pese a que le faltaba menos de un año para cumplir los requisitos para adquirir
el derecho a la pensión de vejez[3].
En consecuencia, solicitó que se
ordene a la Empresa Operadores de Servicios de la Sierra SA ESP y Asear
Pluriservicios SAS, la renovación de su contrato de trabajo independientemente
de la denominación que se le dé, hasta tanto reciba su primera mesada pensional[4].
El accionante fundamentó su
solicitud de tutela en los siguientes hechos:
1.1. Planteó que ingresó a
trabajar como operador de limpieza de las redes de acueducto y alcantarillado
con la extinta Empresas Públicas EMPOMAG Ciénaga, desde el diez (10) de enero
de mil novecientos ochenta y tres (1983) hasta el veintinueve (29) de mayo de
mil novecientos ochenta y nueve (1989)[5].
Luego trabajó con la extinta Empresas Públicas Municipales de Ciénaga desde el
dos (02) de enero de mil novecientos noventa y uno (1991) hasta el dieciséis (16)
de noviembre de dos mil (2000)[6],
“fecha en que se dio paso a la privatización [del] acueducto municipal de
[C]iénaga [M]agdalena, actualmente en liquidación”[7].
1.2. Expresó que mediante
conciliación laboral celebrada entre la antigua Empresas Públicas Municipales de
Ciénaga y el “nuevo patrono” Empresa Operadores de Servicios de la
Sierra SA ESP, ingresó a trabajar el dos (02) de enero del dos mil uno (2001)
hasta el siete (07) de enero de dos mil catorce (2014), recibiendo órdenes
directas de los supervisores del nuevo patrono, estando vinculado mediante
distintas modalidades de contrato de trabajo, ya sea a término fijo inferior a
un año, o por obra o labor contratada, con varias empresas de empleos
temporales, siendo la última Asear Pluriservicios SAS[8].
1.3. Señaló que la Empresa
Operadores de Servicios de la Sierra SA ESP del municipio de Ciénaga, le
manifestó el siete (07) de enero de dos mil catorce (2014) que la empresa
contratista Asear Pluriservicios SAS, “decidió no continuar con [sus] servicios
no renovando el contrato de trabajo a término fijo inferior a un año que tenía,
sin tener en cuenta las condiciones de debilidad manifiesta en la que [se
encuentra], ya que [es] una persona de especial protección constitucional por
entrar [a] ser parte de las personas de la tercera edad”[9]. Lo anterior, pese a que
mientras estuvo laborando en Operadores de Servicios de la Sierra SA ESP de
Ciénaga, jamás fue objeto de llamados de atención por el incumplimiento de sus
labores, prueba de lo cual es que siempre se renovó su contrato de trabajo a
término fijo inferior a un año.
1.4. Precisó que por más de
veintiocho (28) años ha cumplido las mismas labores como operador de limpieza
de las redes de acueducto y alcantarillado del municipio de Ciénaga, y que las
condiciones del cargo que desde el inicio ha desempeñado han subsistido en el
tiempo independientemente del cambio de razón social o transformación de la
empresa en la cual ha prestado su servicio. Así, entiende “la no renovación
del contrato como un despido sin justa causa, a sabiendas que persisten las
causas que lo generaron, además, que se ha venido disfrazando la verdadera
relación laboral existente entre la Empresa Operadores de la Sierra SA ESP del
municipio de Ciénaga, con el suscrito, a través de contratos de trabajo a
término fijo inferiores a un año, o por obra o labor contratada por intermedio
de diferentes Empresas de empleos Temporales”[10].
1.5. Sostuvo que nunca recibió
órdenes de algún representante o trabajador de la empresa Asear Pluriservicios
SAS, pues siempre las órdenes directas derivaron de los supervisores de
mantenimiento vinculados con contratos directos con Operadores de Servicios de
la Sierra SA ESP del municipio de Ciénaga, siendo el último supervisor el señor
Alfredo Ortega.  Asimismo, que los contratos siempre los firmó en las
instalaciones de esta última empresa.
1.6. Afirmó que sus empleadores
no tuvieron en cuenta que le faltaba menos de un año para adquirir el derecho a
la pensión de vejez[11].
Por esta razón, el once (11) de julio de dos mil catorce (2014) elevó un
derecho de petición a Operadores de Servicios de la Sierra SA ESP, solicitando la
renovación del contrato de trabajo hasta tanto recibiera su primera mesada
pensional[12].
En respuesta a la anterior solicitud, el veintiuno (21) de julio del mismo año,
la sociedad le indicó que su vinculación laboral había sido con empresas
temporales y que era a ellos a quienes tenía que dirigir la petición, en calidad
de empleadores[13].
1.7. Aclaró que en la actualidad convive
con su compañera permanente en Ciénaga, Magdalena[14], y no cuenta con otros
ingresos que le permitan solventar sus gastos y los de su núcleo familiar, y
afrontar las especiales necesidades y vulnerabilidades propias de su edad, de
una manera digna.  Asimismo, que se encuentra desprotegido en materia de
seguridad social.
2. Respuesta de las empresas
accionadas
2.1. Mediante auto del quince
(15) de agosto de dos mil catorce (2014), el Juzgado Primero Promiscuo
Municipal de Ciénaga, Magdalena, admitió la demanda de tutela, le concedió a
las accionadas un plazo perentorio para que presenten informe acerca de los
hechos objeto de la petición y requirió a Operadores de Servicios de la Sierra
SA ESP para que informe cuáles son las empresas de servicios temporales con las
que ha contratado diferentes a Asear Pluriservicios[15].
2.2. El representante legal de
Operadores de Servicios de la Sierra SA ESP del municipio de Ciénaga, radicó
escrito de respuesta ante el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Ciénaga,
Magdalena, el veinte (20) de agosto de dos mil catorce (2014)[16], mediante el cual se opuso
a la petición del señor Juan Bautista Meléndez Iglesia por cuanto no existe
vulneración alguna a sus derechos fundamentales. Asimismo, sostuvo que la
acción de tutela es improcedente por incumplir el requisito de subsidiaridad. En
dicha contestación expuso los siguientes hechos y consideraciones:
Señaló que el accionante prestó
sus servicios a través de empresas de servicios temporales y que en ningún
momento laboró directamente para Operadores de Servicios de la Sierra SA ESP,
en razón de ello la respuesta dada al derecho de petición presentado por el
señor Meléndez Iglesia en donde se le informa que la empresa que lo contrató
era Asear Pluriservicios SAS, a quien debe dirigirle los requerimientos del
caso.
Informó que Operadores de
Servicios de la Sierra SA ESP para suplir sus necesidades de personal contrata
los servicios con: Coltemp SAS, Empleos SAS, Tecni Personal SAS y Asear
Pluriservicios SAS.
2.3. La representante legal para
asuntos judiciales de Asear Pluriservicios SAS radicó escrito de respuesta ante
el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Ciénaga, Magdalena, el veintinueve
(29) de agosto de dos mil catorce (2014)[17],
a través del cual cuestionó la falta de inmediatez de la acción de tutela y se
opuso a las peticiones de la demanda. Asimismo expuso los siguientes hechos y
consideraciones:
Informó que las relaciones
contractuales interrumpidas que se suscribieron entre el accionante y Asear
Pluriservicios, bajo la modalidad de contratos a término fijo inferior a un
año, fueron:
-
Un primer contrato de trabajo que inició el dos (02) de enero de dos mil
uno (2001) y terminó el quince (15) de noviembre del mismo año.
-
Un segundo contrato de trabajo que inició el tres (03) de julio de dos
mil siete (2007) y terminó el dos (02) de julio de dos mil ocho (2008)[18].
-
Un tercer contrato de trabajo que inició el dos (02) de septiembre de
dos mil nueve (2009) y terminó el primero (01) de septiembre de dos mil diez
(2010)[19].
-
Un cuarto contrato de trabajo que inició el dos (02) de noviembre de dos
mil diez (2010) y terminó el primero (01) de noviembre de dos mil once (2011).
-
Un quinto y último contrato de trabajo que inició el ocho (08) de enero
de dos mil trece (2013) y estuvo vigente hasta el siete (07) de enero de dos
mil catorce (2014)[20].
Aclaró que Asear Pluriservicios
SAS fue la verdadera empleadora del señor Juan Bautista Meléndez Iglesia al
momento de suscribir los contratos anteriormente descritos, los cuales fueron
firmados en las instalaciones de la empresa en el municipio de Ciénaga, Santa
Marta, y que le notificó la terminación de los contratos por la culminación del
plazo fijo pactado, preavisando la no renovación con el término estipulado en
la ley.
3. Decisión del juez de tutela
de primera instancia que se revisa
El Juzgado Primero Promiscuo
Municipal de Ciénaga, Magdalena, mediante sentencia del veintinueve (29) de agosto
de dos mil catorce (2014)[21],
declaró improcedente la acción de tutela instaurada por Juan Bautista Meléndez
Iglesia contra la Empresa Operadores de Servicios de la Sierra SA ESP y Asear
Pluriservicios SAS, al considerar que no se satisface el requisito de subsidiaridad
ni se logra demostrar en el caso concreto la existencia de un perjuicio
irremediable[22].
4. Impugnación
El cuatro (04) de septiembre de
dos mil catorce (2014), el señor Juan Bautista Meléndez Iglesia impugnó la
sentencia de tutela de primera instancia[23],
precisando que la acción de tutela interpuesta está orientada a la protección
de sus derechos fundamentales al trabajo, a la estabilidad laboral, al mínimo
vital, a la seguridad social en salud, a la vida y a la dignidad humana, pues
después de 28 años de estar realizando las mismas labores en “las calles
polvorientas y salinizadas”[24]
del municipio de Ciénaga, Magdalena, percibiendo como remuneración un salario
mínimo mensual, su contrato fue terminado “de manera abrupta y sorpresiva”[25] cuando le
faltaba menos de un año para cumplir los requisitos para tener derecho a la
pensión de vejez, afectando con ello su mínimo vital en una etapa de su vida en
la cual, por su edad (62 años), se encuentra en una situación de debilidad
manifiesta que no le facilita la consecución de un nuevo trabajo, posibilidad
que se torna aún más remota si se toma en consideración que desde su nacimiento
padece una discapacidad visual en el ojo derecho[26].
5. Decisión del juez de tutela
de segunda instancia que se revisa
El Juzgado Segundo Promiscuo de
Familia de Ciénaga, Magdalena, mediante providencia del once (11) de diciembre
de dos mil catorce (2014)[27],
confirmó el fallo de primera instancia, al considerar que (i) el
accionante no es una persona de la tercera edad[28]; (ii) no hay prueba
en el plenario de que la terminación del contrato se haya dado por causa de la
discapacidad sensorial que presenta el señor Juan Bautista Meléndez Iglesia, “por
falta de visión en su ojo derecho”[29],
y (iii) en cuanto a su condición de prepensionado, si bien a la fecha
cuenta con 62 años, no hay prueba de que cumpla con el requisito de semanas
cotizadas, o esté cerca de cumplirlo, para acreditar dicha calidad[30].  Por lo
anterior concluyó “que se está ante una típica controversia judicial que no
puede ser dirimida por [la vía de la tutela]”[31].
II. CONSIDERACIONES Y
FUNDAMENTOS
1. Competencia
Esta Sala de Revisión es
competente para revisar los fallos de tutela proferidos dentro del trámite de
la referencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 86, inciso 3°, y
241, numeral 9°, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos
33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Presentación del caso y
planteamiento del problema jurídico
El señor Juan Bautista Meléndez
Iglesia interpuso acción de tutela contra la Empresa Operadores de Servicios de
la Sierra SA ESP (empresa usuaria) y Asear Pluriservicios SAS, por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales al trabajo, a la estabilidad laboral, a
la seguridad social, al mínimo vital, a la salud y a la vida en condiciones
dignas, debido a la no renovación de su contrato de trabajo a término fijo inferior
a un año, pese a que, según afirmó, al momento de la terminación del mismo le
faltaba menos de un año para cumplir los requisitos para adquirir el derecho a
la pensión de vejez.  Lo anterior, aun cuando subsistían la materia de trabajo
y las causas que lo originaron, y cumplió efectivamente las obligaciones y
compromisos asignados.
En consecuencia, el caso le
plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: ¿vulneran la empresa usuaria
(Operadores de Servicios de la Sierra SA ESP) y la empresa de servicios
temporales (Asear Pluriservicios SAS) los derechos fundamentales al trabajo, a
la estabilidad laboral, a la seguridad social, al mínimo vital, a la salud y a
la vida en condiciones dignas de un trabajador (Juan Bautista Meléndez Iglesia),
cuando no se renueva el contrato de trabajo a término fijo inferior a un año, a
pesar de que al momento de la terminación del mismo le faltaba al empleado
menos de un año para cumplir los requisitos para adquirir el derecho a la
pensión de vejez; aun cuando subsistían la materia de trabajo y las causas que
lo originaron, y cumplió efectivamente las obligaciones y compromisos asignados?
Para resolver el problema
jurídico, la Sala analizará (i) los requisitos generales de
procedibilidad de subsidiariedad e inmediatez de la acción de tutela en asuntos
de naturaleza laboral; (ii) los contratos laborales en las empresas de
servicios temporales; (iii) el principio constitucional de la
estabilidad en el empleo, y (iv) el principio de la primacía de la
realidad sobre las formas.  Finalmente, resolverá el caso concreto.
3. Requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela en asuntos
de naturaleza laboral
3.1. La Corte Constitucional a través
de su jurisprudencia ha señalado que el respeto a los requisitos de subsidiariedad
e inmediatez, como exigencias generales de procedencia de la acción de
tutela, ha sido tradicionalmente una condición necesaria para el conocimiento
de fondo de las solicitudes de protección de los derechos fundamentales, por
vía excepcional. De hecho, de manera reiterada, esta Corporación ha reconocido
que la acción de tutela conforme al artículo 86 de la Carta, es un mecanismo de
protección de carácter residual y subsidiario[32], que puede ser
utilizado ante la vulneración o amenaza de derechos fundamentales, cuando no
exista otro medio idóneo y eficaz para la protección de los derechos
invocados, o cuando existiendo otros medios de defensa judiciales, se
requiera acudir al amparo constitucional como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable[33].
3.2. Requisito de subsidiaridad.
La naturaleza subsidiaria y excepcional de la acción de tutela, permite
reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de
protección judicial, como dispositivos legítimos y prevalentes para la
salvaguarda de los derechos. Al existir tales mecanismos, los ciudadanos deben acudir
de manera preferente a ellos cuando son conducentes para conferir una eficaz
protección constitucional[34].
De allí que quien alega la vulneración de sus derechos fundamentales deba
haber agotado los medios de defensa disponibles por la legislación para el
efecto[35].
Exigencia  que se funda en el principio de subsidiariedad de la tutela
descrito, que pretende asegurar que una acción tan expedita no sea considerada
en sí misma una instancia más en el trámite jurisdiccional, ni un mecanismo de
defensa que reemplace aquellos diseñados por el legislador[36] y, menos aún,
un camino excepcional para solucionar errores u omisiones de las partes en los
procesos judiciales[37].
3.3. Sin embargo, esta Corporación
también ha considerado la acción de tutela como un mecanismo procesal
supletorio de los dispositivos ordinarios, cuando estos adolecen de idoneidad
y eficacia, circunstancia que está ligada a la inminencia de un
perjuicio irremediable.  Es por ello que se ha señalado que la sola existencia
de un medio alternativo de defensa judicial, no implica automáticamente la
improcedencia de la acción de tutela[38],
porque, como se dijo, el medio judicial debe ser idóneo y eficaz para la
defensa de los derechos fundamentales[39].
En este orden de ideas, si el juez
constitucional constata que el otro medio de defensa no resulta conducente para
la protección efectiva de los derechos invocados –al no asegurar, por ejemplo,
la eficacia necesaria para su defensa real–, el fallador puede válidamente
garantizar la protección preeminente y efectiva de los derechos fundamentales,
admitiendo, en estas circunstancias, la procedencia de la acción de tutela[40].
3.4. Ahora
bien, de conformidad con la jurisprudencia reiterada por esta Corporación, dado
el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela[41],
por regla general, no es el mecanismo llamado a prosperar para el reclamo de
prestaciones o acreencias laborales por tratarse de derechos de rango legal[42].  Así, las
pretensiones que están dirigidas, por ejemplo, a obtener el reintegro de
trabajadores, el pago de salarios, el reconocimiento de prestaciones sociales,
incapacidades o pensiones, y, en fin, todas aquellas que derivan su causa
jurídica de la existencia de una relación laboral previa, en principio, deben
ser tramitadas ante la jurisdicción ordinaria en su competencia laboral y de seguridad social, asumiendo todas las cargas
procesales que implica un proceso ordinario[43].
3.5. No obstante lo anterior, excepcionalmente, la
Corte ha aceptado la procedencia de la acción de tutela en eventos de especial
relevancia constitucional en los que, si bien se observan mecanismos ordinarios
para la defensa de los derechos, la intervención del juez de tutela se hace
imperiosa para evitar la configuración de un perjuicio irremediable[44].  En este
contexto, el trámite de un proceso ordinario no será el idóneo cuando se
evidencia una grave afectación de los derechos fundamentales que requieren ser
amparados de forma inmediata[45].
3.6. Más
específicamente, distintas salas de revisión han sostenido que cuando se trate
de personas en estado de debilidad manifiesta, por su avanzada edad, por
su mal estado de salud, por carencia de ingreso económico alguno, por su
condición de madre o padre cabeza de familia con hijos menores de edad y/o por
su situación de desplazamiento forzado, entre otras[46];
o aquellas frente a las cuales la
Constitución otorga una estabilidad laboral reforzada, la acción de
amparo resulta procedente. Es así como se ha señalado que la “regla
que desarrolla el principio de subsidiariedad no es absoluta, ya que la
jurisprudencia constitucional ha establecido que, si bien en principio no
procede la tutela para solucionar este tipo de controversias, excepcionalmente
y con carácter extraordinario, ésta se muestra como el mecanismo apto para la
protección inmediata de los derechos del peticionario, cuando quiera que se
involucren los derechos de sujetos que se encuentran en estado de debilidad
manifiesta o de aquellos que tienen derecho a la estabilidad laboral reforzada”[47].
3.7. En lo
que tiene que ver con la protección constitucional de personas en estado de
debilidad manifiesta por su avanzada edad, es importante precisar que en
algunas oportunidades la Corporación ha sostenido que la tercera edad está
directamente relacionada con el índice de promedio de vida de los
colombianos, el cual es de 72,1 años para los hombres y de 78,5 para
mujeres según las cifras del Departamento Nacional de
Estadística –DANE–[48].
Sin embargo, esta no ha sido una postura uniforme, pues en ciertos casos se ha
estimado que personas que no han alcanzado la expectativa de vida oficialmente
reconocida pertenecen a la tercera edad[49].
Lo anterior, en razón de la aplicación de la Ley 1276 de 2009[50], que tiene por objeto la
protección de las personas de la tercera edad (o adultos mayores), en cuyo
artículo 7 se definió el adulto mayor como “aquella persona que
cuenta con sesenta (60) años de edad o más…”.
3.8. Ciertamente
el juez constitucional está en la obligación de indagar sobre las condiciones
fácticas de la persona, y si aquellas le indican que acudir ante la
jurisdicción ordinaria le ocasionaría un perjuicio irremediable, puesto que los
trámites procesales resultarían demasiado gravosos para su situación, entonces
debe asumir el análisis de fondo del asunto que ha sido sometido a su
conocimiento.
En efecto, en
la sentencia T-347 de 2008[51],
a propósito del análisis de la procedencia excepcional de la acción de tutela
para exigir el reconocimiento de la pensión de vejez, la Sala Sexta de Revisión
implementó unos criterios que le permiten al juez constitucional establecer en
cierto grado la situación del accionante. Entre ellos, se encuentran: “i) la
edad del actor, ii) la difícil condición económica del accionante y de su
familia, iii) la mala situación física o mental del demandante, iv) su
situación laboral, pues es evidente que una persona desempleada y que requiere
de ese ingreso para subsistir se encontrará en estado de indefensión social”.
Y agregó: “Esos factores resultan relevantes constitucionalmente
porque denotan un estado de debilidad manifiesta o una situación de especial
protección del Estado, de tal forma que su afectación pone en riesgo la
dignidad humana y demás derechos y principios de gran importancia para la
Constitución de 1991”.
3.9. Así las cosas, teniendo en cuenta la
jurisprudencia previamente enunciada y las consideraciones particulares del
caso puesto en conocimiento de esta Sala, resulta claro que si bien el señor
Juan Bautista Melendez Iglesia cuenta con otro medio de defensa judicial, la
situación particular en que se encuentra, pues (i) es una persona de 62 años[52],
(ii) que está desempleada, (iii) y que en la actualidad no
percibe ningún ingreso que le procure su subsistencia y la de su compañera
permanente[53],
y el pago de la seguridad social, y (iv) además tiene una discapacidad
visual en su ojo derecho[54];
hace procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio para la
protección de sus derechos fundamentales al trabajo, a la estabilidad laboral,
a la seguridad social y al mínimo vital[55].
3.10. Requisito
de inmediatez. En lo que hace referencia al denominado
requisito de la inmediatez, la acción de tutela debe ser interpuesta
dentro de un plazo razonable y proporcionado a partir del evento generador de
la supuesta amenaza o violación de los derechos fundamentales, so pena de que
se determine su improcedencia[56].
Desde la
sentencia SU-961 de 1999[57]
esta Corte determinó, a partir de la interpretación del artículo 86 de la
Constitución Política, que pese a que según dicha disposición normativa la
acción de tutela puede ser interpuesta “en todo momento”, de lo que se
deriva que no posee ningún término de prescripción o caducidad, ello no
significa que no deba interponerse en un plazo razonable desde el inicio de la
amenaza o vulneración pues, de acuerdo con el mismo artículo constitucional, es
un mecanismo para reclamar “la protección inmediata” de los
derechos fundamentales.
3.11. A
partir de allí la jurisprudencia constitucional ha sostenido invariablemente
que la ausencia de un término de caducidad o prescripción en la acción de
tutela implica que el juez no puede simplemente rechazarla
en la etapa de admisión con fundamento en el paso del tiempo[58].  No obstante,
de la misma forma ha dicho que la finalidad de la tutela como vía judicial de
protección inmediata de derechos fundamentales, obliga a la autoridad
judicial a tomar en cuenta como dato relevante el tiempo transcurrido entre el
hecho generador de la presunta amenaza o vulneración y la petición de amparo,
pues un lapso irrazonable puede llegar a demostrar que la solución que se
reclama no se requiere con prontitud, que es precisamente el caso para el cual
el mecanismo preferente y sumario de la tutela está reservado[59].
Frente al tema, la Corporación ha señalado que “[…] la acción de tutela es una acción ágil y apremiante, diseñada sobre
un procedimiento urgente y célere, que permite la protección rápida de derechos
fundamentales enfrentados a afectaciones reales y actuales de magnitud tal que
el aparato jurisdiccional se ve obligado a hacer a un lado sus tareas
ordinarias, a desplazar los procedimientos regulares que se someten a su
consideración, para abordar de manera preferente el análisis del caso planteado”[60].
Por lo anterior, la orden del juez de tutela “debe estar respaldada
por la urgencia e inmediatez, en presencia de las cuales la Constitución lo
autoriza a modificar una situación de hecho a través de un proceso sumario y
expedito en el tiempo”[61],
condiciones estas que podrían verse desestimadas si el afectado ha dejado pasar
un tiempo irrazonable para reclamar sus derechos.
3.12. Así
mismo, según la jurisprudencia constitucional, la exigencia de inmediatez
responde a necesidades adicionales. En primer lugar, proteger derechos de
terceros que pueden verse vulnerados por una tutela ejercida en un plazo
irrazonable[62],
caso en el que “se rompe la congruencia entre el medio de protección y la
finalidad que se busca: la protección integral y eficaz de los derechos
fundamentales de las personas”[63].
En segundo lugar, impedir que el amparo “se convierta en factor de
inseguridad [jurídica]”[64].
Y, en tercer lugar, evitar “el uso de este mecanismo
constitucional como herramienta supletiva de la propia negligencia” en la
defensa de los derechos[65].
3.13. Ahora
bien, insistentemente ha resaltado esta Corporación que la razonabilidad del
plazo no puede determinarse a priori, pues ello se traduciría en la
imposición de un término de caducidad o prescripción prohibido por el artículo
86 de la Constitución, sino de conformidad con los hechos de cada caso concreto[66]. Es por ello
que “en algunos casos, seis (6) meses podrían resultar
suficientes para declarar la tutela improcedente; pero, en otros eventos, un
término de 2 años se podría considerar razonable para ejercer la acción de
tutela, ya que todo dependerá de las particularidades del caso”[67].
En este orden de
ideas, surtido el análisis de los hechos del caso concreto, el juez
constitucional puede llegar a la conclusión de que una acción de tutela, que en
principio parecería carente de inmediatez por haber sido interpuesta después de
un tiempo considerable desde la amenaza o vulneración del derecho fundamental,
en realidad resulta procedente debido a las particulares circunstancias que
rodean el asunto[68].
3.14. En el caso bajo estudio la Sala advierte que el señor Juan Bautista Meléndez
Iglesia acude a la acción de tutela el catorce (14) de agosto de dos mil
catorce (2014)[69], para perseguir la protección de sus derechos fundamentales al
trabajo, a la estabilidad laboral, a la seguridad social, al mínimo vital, a la
salud y a la vida en condiciones dignas, que considera
vulnerados a raíz de la abrupta y sorpresiva terminación de su contrato de
trabajo el siete (07) de enero de dos mil catorce (2014).  Es decir, interpone
el amparo constitucional a los siete (7) meses y siete (7) días posteriores a
la fecha de terminación del contrato laboral, plazo que no se estima
irrazonable, máxime si se tiene en cuenta que el accionante durante ese tiempo
intentó acercase infructuosamente al que consideraba su empleador Operadores de
Servicios de la Sierra SA ESP, a través de un derecho de petición en donde le
solicitaba la renovación de su contrato de trabajo hasta tanto recibiera su
primera mesada pensional. Es decir, hizo un intento para que su situación fuera
reconsiderada directamente por la empresa[70] y, en
razón de la negativa, y enterado de la posibilidad de acudir a la tutela, hizo
uso del mecanismo constitucional[71].
4. Los contratos
laborales en las empresas de servicios temporales[72]
4.1. La Ley
50 de 1990, reguló lo concerniente a las empresas de servicios temporales y su
forma de contratación, a fin de proteger los intereses de las partes en la
relación laboral.  En el artículo 71, definió dichas empresas como aquellas que
contratan la prestación de servicios con terceros beneficiarios para colaborar
temporalmente en el desarrollo de sus actividades, mediante la labor
desarrollada por personas naturales contratadas directamente por la empresa de
servicios temporales, la cual adquiere respecto de estas el carácter de
empleador.
A su vez, el
artículo 73 de la citada ley, establece que se denomina usuario, toda persona
natural o jurídica que contrate los servicios de las empresas de servicios
temporales.  El artículo 74 señala que los trabajadores vinculados a las
empresas de servicios temporales son de dos categorías: trabajadores de planta
y trabajadores en misión, y que estos últimos son los que la empresa de
servicios temporales envía a las dependencias de sus usuarios a cumplir la
tarea o servicio contratado por estos.
De otra parte,
el artículo 77 prescribe que los usuarios de las empresas de servicios
temporales solo podrán contratar con estas en los siguientes casos: (i)
cuando se trate de las labores ocasionales, accidentales o transitorias a que
se refiere el artículo 6 del Código Sustantivo del Trabajo[73]; (ii) cuando se
requiere reemplazar personal en vacaciones, en uso de licencia, en incapacidad
por enfermedad o maternidad, y (iii) para atender incrementos en la
producción, el transporte, las ventas de productos o mercancías, los períodos
estacionales de cosechas y en la prestación de servicios, por un término de
seis (6) meses prorrogable hasta por seis (6) meses más[74].
Estas mismas
hipótesis son descritas en el artículo 13 del Decreto 24 de 1998 “Por el
cual se reglamenta el ejercicio de la actividad de las empresas de servicios
temporales”, en cuyo parágrafo (modificado por el artículo 2 del Decreto
503 de 1998) se consagra: “Si cumplido el plazo de seis (6) meses más la
prórroga a que se refiere el presente artículo, la necesidad originaria del
servicio específico objeto del contrato subsiste en la empresa usuaria, ésta no
podrá prorrogar el contrato ni celebrar uno nuevo con la misma o con diferente
empresa de servicios temporales para la prestación de dicho servicio. || El
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, inspeccionará y sancionará el incumplimiento
de esta disposición en los términos señalados en el presente Decreto”.
Finalmente, el
artículo 78 de la Ley 50 de 1990 regula que las empresas de servicios
temporales son responsables de la salud ocupacional de los trabajadores en
misión, en los términos de las leyes que rigen la materia para los trabajadores
permanentes.
4.2. De
acuerdo con las disposiciones legales que se acaban de transcribir, la relación
laboral entre el trabajador y la empresa de servicios temporales subsiste
mientras el usuario necesite de los servicios del trabajador o se haya
finalizado la obra para la cual fue contratado. Sin embargo, es claro que de
acuerdo con la ley, este tipo de relación laboral no puede exceder de un año,
porque indudablemente se debe evitar que los contratos con las empresas de
servicios temporales en la práctica se conviertan en permanentes ya que de ese
modo se desconocerían los derechos prestacionales de los trabajadores.  En el
evento de que la necesidad del usuario por el servicio de los trabajadores en
misión sea permanente, debe acudirse a otra forma de contratación distinta a la
que se cumple a través de las empresas de servicios temporales.  Con ello se
evita que lo que es excepcional, la contratación de servicios temporales, se
convierta en lo ordinario, en la regla general.
En este
sentido se pronunció la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia en la sentencia del veinticuatro (24) de abril de mil novecientos
noventa y siete (1997)[75],
reiterada en la sentencia del veintiuno (21) de febrero del dos mil seis (2006)[76].
Luego de precisar el concepto de las empresas de servicios temporales con
fundamento en los artículos 71 a 94 de la Ley 50 de 1990, expresó:
“Se denominan usuarios las personas naturales y
jurídicas que contraten con las empresas de servicios temporales, y no podrán
serlo quienes tengan con estas nexos económicos que impliquen subordinación o
control. Deben hacerlo mediante la suscripción de un contrato mercantil
escrito, cuyas estipulaciones cuando menos han de referirse a los temas establecidos
por el artículo 81 de la Ley 50 de 1990. || En virtud de este contrato las
E.S.T. a cambio de determinada remuneración, se comprometen a remitir el
personal requerido por el usuario, para lo cual han de enganchar los
pertinentes trabajadores mediante la modalidad contractual laboral que se
acomode a la respectiva necesidad de servicio. Pero si esto persiste para el
correspondiente servicio contratado una vez agotados los plazos máximos
permitidos por la ley, ya no podrá utilizar válidamente los servicios de una
E.S.T., la misma que venía contratando o de otra; así lo reconoce el
artículo 2 del Decreto Reglamentario 1707 de 1991 y el Consejo de Estado cuando
decidió la legalidad de este texto así: || “A juicio de la Sala esta
disposición se limita a preservar el espíritu de la ley, es decir, a evitar que
los contratos con las empresas de servicios temporales se tornen permanentes,
desconociendo los derechos prestacionales de los trabajadores. || Naturalmente
esta norma se refiere a circunstancias especiales que dieron origen a la
contratación. Si posteriormente en otro tiempo vuelve a presentarse un
incremento en la producción o en las ventas o viene otra cosecha, se podrán
celebrar otros contratos con empresas de servicios temporales, que no
sobrepasen el límite establecido en la Ley. No se trata entonces de que
solamente se pueda celebrar un único contrato de seis meses prorrogables por
otros seis, sino que para una misma necesidad ese es el máximo permitido por
las normas. Es claro que si las necesidades de servicio son permanentes,
deberán vincularse trabajadores bajo esta modalidad.” (sentencia de octubre 26
de 1994. Expediente 6038)” (negrillas fuera de texto).
4.3. Ahora bien, de manera específica, diferentes
Salas de Revisión de la Corporación han enfatizado “[…] respecto de
los contratos individuales de trabajo por el tiempo que dure la realización de
la obra o por la naturaleza de la labor contratada, los cuales son suscritos
generalmente con empresas de servicios temporales, debe advertirse que, en
principio, la labor o servicio que deben prestar estos trabajadores tiene un
límite, sea en el tiempo o al culminarse una actividad determinada, de tal
suerte que la relación de trabajo subsiste mientras el usuario requiera los
servicios del trabajador o se haya finalizado la obra para la cual fue
contratado (art. 71 y s.s. Ley 50 de 1990)”[77].  En similar
sentido en sentencia T-862 de 2003[78],
la Sala Primera de Revisión hizo alusión a los contratos individuales de
trabajo por el tiempo que dure la obra o por la naturaleza de la labor
contratada, reiterando que estos tienen un límite de tiempo, a fin de brindar
mayores garantías a los trabajadores[79].
Asimismo, la
Sala Primera de Revisión mediante sentencia T-889 de 2005[80] reiteró la protección
especial que debe brindar el Estado a los trabajadores vinculados mediante
contrato de servicios temporales, a fin de garantizar la estabilidad y justicia
que debe existir en las relaciones laborales propias de este tipo de
contratación, y evitar posibles irregularidades que pueden presentarse cuando empresas
con el fin de reducir sus costos laborales, acudan a trabajadores temporales[81]. Y, en
sentencia T-550 de 2006[82],
la Sala Sexta recordó la normativa que rige las empresas de servicios
temporales y las características propias de este tipo de relación laboral,
precisando que “[e]n todo caso, la Ley dispone que esta clase de relación
laboral no puede exceder de un año (Ley 50 de 1990, artículo 77  y Decreto
Reglamentario 24 de 1998, artículo 13), restricción legal que tiene su
fundamento en la protección al trabajador respecto a su estabilidad laboral, ya
que este tipo de contrato de trabajo temporal no tiene como finalidad
garantizar la permanencia ni estabilidad del empleado”.
5.
El principio constitucional de la
estabilidad en el empleo
5.1. El principio de la estabilidad en
el empleo (artículo 53 CP), que es aplicable a todos los trabajadores,
independientemente de que sirvan al Estado o a empleadores privados, le permite
al empleado gozar de una certeza mínima en el sentido de que el vínculo laboral
contraído no se romperá de manera abrupta y sorpresiva y así no
quedar expuesto en forma permanente a perder su trabajo y con él los ingresos
que permiten su propio sustento y el de su familia, por la decisión arbitraria
del empleador[83].
5.2. La Corte Constitucional en la
sentencia C-016 de 1998[84],
en la que resolvió una demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra los
artículos 45 (duración del contrato de trabajo), 46 (contrato a término fijo) y
61 (terminación del contrato) del Código Sustantivo del Trabajo, estimó que
este principio también impera en los contratos a término fijo, pues el solo
vencimiento del plazo inicialmente pactado, producto del acuerdo de voluntades,
no basta para legitimar la decisión del empleador de no renovar el contrato; solo
así se garantizará, de una parte, la efectividad del principio de estabilidad,
en cuanto “expectativa cierta y fundada” del trabajador de mantener su
empleo, si ha observado las condiciones fijadas por el contrato y la ley y, de
otra parte, la realización del principio, que señala la primacía de la
realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de la relación
laboral[85].
En esta perspectiva, “si bien las partes en ejercicio de la autonomía de la
voluntad pueden acordar celebrar un contrato de trabajo a término fijo, de
acuerdo con las disposiciones de ley que rigen la materia, ese acuerdo, en el
evento en el que se presenten los presupuestos antes enunciados, esto es, que
subsista la materia de trabajo y que el trabajador haya cumplido a cabalidad
con sus obligaciones y compromisos, se modifica para dar paso a la activación
del principio de estabilidad laboral, que con rango de norma superior, consagró
el Constituyente a favor de los trabajadores”[86].
5.3. Esta posición ha sido
reiterada en diversos pronunciamientos[87],
donde se ha señalado que el solo vencimiento del plazo inicialmente pactado, no
basta para legitimar la decisión del empleador de no renovar el contrato, con
fundamento en los principios de estabilidad y primacía de la realidad sobre las
formalidades establecidas por los sujetos de la relación laboral[88]. En esta
perspectiva, siempre que al momento de la expiración del plazo inicialmente
pactado, subsistan la materia de trabajo y las causas que lo originaron y el
trabajador haya cumplido efectivamente sus obligaciones, a este se le deberá
garantizar su renovación.
6. El principio
de la primacía de la realidad sobre las formas
6.1. La Constitución Política en su
artículo 53 consagra los principios mínimos fundamentales del trabajo donde
se destaca el principio de primacía de la realidad sobre las formalidades
establecidas por los sujetos de las relaciones laborales. En este sentido,
todas aquellas relaciones jurídicas sustanciales surgidas con ocasión de una
relación laboral entre empleador y trabajador, priman sobre las formas
jurídicas que de manera general permiten documentar una relación de este
estilo. Este principio de orden constitucional se aplica tanto a empleadores
particulares como al propio Estado.
6.2. Ahora bien, el principio de
primacía de la realidad en las relaciones laborales, se sustenta en la
existencia de una relación de trabajo que se convalida por la situación real y
las condiciones en que se encuentra el trabajador respecto de su empleador, y
no depende de las situaciones subjetivas, ni de la apariencia contractual que
se haya adoptado. Así, el alcance del principio de la primacía de la realidad
pretende esencialmente es demostrar la existencia de un contrato de trabajo,
siendo ello compatible con el carácter irrenunciable de los derechos laborales
y con la índole protectora del derecho del trabajo.
6.3. En este sentido, esta Corporación
ha advertido que si en un caso concreto se logra acreditar la presencia de las
características esenciales del contrato de trabajo[89], así dicha
relación se haya conformado, por ejemplo, bajo la forma de un contrato de
prestación de servicios, surgirá en consecuencia el derecho a reclamar el pago
de las prestaciones sociales propias de una relación laboral[90], pues habrá de
aplicarse el principio de la primacía de la realidad sobre las formas en las
relaciones de trabajo[91].
6.4. El principio de la primacía de la
realidad sobre las formas también es aplicable a aquellos contratos laborales
que por su naturaleza no pueden ser renovados de manera indefinida por parte
del empleador, como ocurre en el caso de los contratos laborales celebrados con
las empresas temporales, que se caracterizan porque la duración del mismo hace
relación a la obra o labor para la cual fueron contratados[92].
7.  Operadores de Servicios de
la Sierra SA ESP y Asear Pluriservicios SAS vulneraron los derechos
fundamentales al trabajo, a la estabilidad laboral, a la seguridad social y al
mínimo vital del señor Juan Bautista Meléndez Iglesia
7.1 En el caso objeto de
revisión, el señor Juan Bautista Meléndez Iglesia acude a la acción de tutela
en procura de proteger sus derechos fundamentales al trabajo, a la estabilidad
laboral, a la seguridad social, al mínimo vital, a la salud y a la vida en
condiciones dignas, los cuales considera vulnerados por parte de Operadores de
Servicios de la Sierra SA ESP (empresa usuaria) y Asear Pluriservicios SAS (empresa
de servicios temporales), debido a que esta última dio por terminado su
contrato de trabajo a término fijo inferior a un año pese a que le faltaba
menos de un año para cumplir los requisitos para adquirir el derecho a la
pensión de vejez.  Lo anterior, aun cuando subsistía la materia de trabajo y
las causas que lo originaron, y cumplió efectivamente las obligaciones y
compromisos asignados.
El accionante indicó que después
de la terminación de su contrato, no le ha sido posible conseguir un nuevo
trabajo, ni obtener una fuente de ingresos equiparable o acceder a su pensión[93]. Por esta
razón, no ha podido suplir sus necesidades básicas ni las de su compañera, ni
desarrollar su vida en condiciones dignas.
Por su parte, las empresas
accionadas manifestaron que no vulneraron los derechos fundamentales del señor
Meléndez Iglesia y, por ello, se opusieron a sus peticiones. Operadores de
Servicios de la Sierra SA ESP señaló que el accionante prestó sus servicios a
través de empresas de servicios temporales y que en ningún momento laboró
directamente para la empresa de servicios públicos, además sostuvo que la
acción de tutela es improcedente por incumplir el requisito de subsidiaridad.
Asear Pluriservicios SAS cuestionó la falta de inmediatez de la acción de
tutela y se opuso a las peticiones de la demanda pues, como verdadera
empleadora del accionante, suscribió cinco contratos laborales en forma
interrumpida con el trabajador, y le notificó la terminación de los mismos por
la culminación del plazo fijo pactado, preavisando la no renovación con el
término estipulado en la ley.
El Juez Primero Promiscuo
Municipal de Ciénaga, Magdalena, declaró improcedente la acción de tutela
instaurada por Juan Bautista Meléndez Iglesia contra la Empresa Operadores de
Servicios de la Sierra SA ESP y Asear Pluriservicios SAS, al encontrar
insatisfecho el requisito de subsidiaridad y no demostrar en el caso concreto
la existencia de un perjuicio irremediable.  Dicha decisión fue confirmada por
el Juez Segundo Promiscuo de Familia de la misma ciudad.
7.2. A partir de las circunstancias
fácticas que dieron lugar al ejercicio de la presente acción de amparo y de las
decisiones judiciales adoptadas por los jueces de tutela, corresponde a esta
Sala de Revisión establecer si hay lugar al amparo constitucional pretendido.
En el caso
concreto, debe tomarse como presupuesto del examen que el señor Juan Bautista
Meléndez Iglesia se encontraba vinculado laboralmente a Asear Pluriservicios
SAS en virtud de un contrato de trabajo a término fijo inferior a un año, que
inició el ocho (08) de enero de dos mil trece (2013) y estuvo vigente hasta el
siete (07) de enero de dos mil catorce (2014)[94],
en razón de las tres (3) prórrogas del contrato: la primera, del seis (06) de
abril de dos mil trece (2013) hasta el siete (07) de julio del mismo año; la
segunda, del siete (07) de julio de dos mil trece (2013) hasta el siete (07) de
octubre del mismo año, y la tercera, del (07) de octubre del dos mil trece
(2013) hasta el siete (07) de enero de dos mil catorce (2014).
No obstante lo
anterior, el accionante manifestó que había desempeñado las mismas labores durante
28 años en “las calles polvorientas y salinizadas”[95] del municipio de Ciénaga,
Magdalena, de los cuales al menos trece (13) años estuvo al servicio de la empresa usuaria, Operadores de Servicios de la Sierra SA ESP, la cual se limitaba a rotar las
empresas temporales con las que tenía convenio[96],
y que su contrato fue terminado “de manera abrupta y sorpresiva”
cuando le faltaba menos de un año para cumplir los requisitos para tener
derecho a la pensión de vejez[97],
afectando con ello su mínimo vital en una etapa de su vida en la cual, por su
edad (62 años[98]),
se encuentra en una situación de debilidad manifiesta que no le facilita la
consecución de un nuevo trabajo[99],
posibilidad que se torna aún más remota si se toma en consideración que desde
su nacimiento padece una discapacidad visual en el ojo derecho[100].
Para mayor claridad, la Sala a
continuación presenta la historia laboral del señor Juan Bautista Meléndez Iglesia
desde el diez (10) de enero de mil novecientos ochenta y tres (1983) hasta el
siete (07) de enero de dos mil catorce (2014).  En esta línea de tiempo,
resalta la etapa en que tuvo lugar la celebración de diferentes contratos, la
mayoría interrumpidos por cortos periodos, en donde principalmente se desempeñó
como fontanero o ayudante de acuatech en la empresa usuaria Operadores de
Servicios de la Sierra SA ESP[101].
Empleadora
Empresa
usuaria
Tipo
de contrato
Fecha
de inicio
Fecha
de terminación
Período
sin vinculación[102]
Empresa de Obras
Sanitarias del Magdalena Limitada EMPOMAG, Ciénaga
10/01/1983
29/05/1989
1
año, 7 meses y 3 días
Empresas de
Servicios Públicos Municipales de Ciénaga (en liquidación)
02/01/1991
16/11/2000
1
mes y 16 días
Asear
Pluriservicios SAS
Operadores de
Servicios de la Sierra SA ESP
A término fijo
inferior a un año
02/01/2001
15/11/2001
12
meses y 16 días
Coltemp SAS
Operadores de
Servicios de la Sierra SA ESP
Por obra o labor
contratada
02/12/2002
12/01/2003
4
meses y 3 días
Coltemp SAS
Operadores de
Servicios de la Sierra SA ESP
Por obra o labor
contratada
16/05/2003
31/03/2004
1
mes
Tecni Personal SAS
Operadores de
Servicios de la Sierra SA ESP
Por obra o labor
contratada
01/05/2004
01/04/2005
29
días
Coltemp SAS
Operadores de
Servicios de la Sierra SA ESP
Por obra o labor
contratada
01/05/2005
01/05/2006
1
mes
Tecni Personal SAS
Operadores de
Servicios de la Sierra SA ESP
Por obra o labor
contratada
02/06/2006
01/06/2007
1
mes y 1 día
Asear
Pluriservicios SAS
Operadores de
Servicios de la Sierra SA ESP
A término fijo
inferior a un año
03/07/2007
02/07/2008
29
días
Empleos SAS
Operadores de
Servicios de la Sierra SA ESP
A término fijo
inferior a un año
02/08/2008
01/08/2009
1
mes
Asear
Pluriservicios SAS
Operadores de
Servicios de la Sierra SA ESP
A término fijo
inferior a un año
02/09/2009
01/09/2010
Vinculación
inmediata
Empleos SAS
Operadores de
Servicios de la Sierra SA ESP
A término fijo
inferior a un año
02/09/2010
01/10/2010
1
mes
Asear
Pluriservicios SAS
Operadores de
Servicios de la Sierra SA ESP
A término fijo
inferior a un año
02/11/2010
01/11/2011
1
mes
Empleos SAS
Operadores de
Servicios de la Sierra SA ESP
A término fijo
inferior a un año
02/12/2011
01/12/2012
1
mes y 6 días
Asear
Pluriservicios SAS
Operadores de
Servicios de la Sierra SA ESP
A término fijo
inferior a un año
08/01/2013
07/01/2014
Como puede
fácilmente advertirse en las secuencias presentadas en las fechas de inicio y las
de terminación de la relación laboral, si bien entre la celebración de uno y
otro contrato de trabajo existieron soluciones de continuidad, la relación
laboral que se desarrolló entre el señor Juan Bautista Meléndez Iglesia con las
diferentes empresas de servicios temporales, entre ellas, Asear Pluriservicios
SAS, tuvo vocación de permanencia en razón de la necesidad permanente
de la usuaria Operadores de Servicios de la Sierra SA ESP, de requerir el
cubrimiento del cargo de fontanero o ayudante de acuatech.
7.3. De
acuerdo con las disposiciones legales y la jurisprudencia señalada en el considerando
4 de esta sentencia[103],
la relación laboral entre el trabajador y la empresa de servicios temporales
subsiste mientras el usuario necesite de los servicios del trabajador o se haya
finalizado la obra para la cual fue contratado. Sin embargo, es claro que de
acuerdo con la ley, este tipo de relación laboral no puede exceder de un año,
porque indudablemente se debe evitar que los contratos con las empresas de
servicios temporales en la práctica se conviertan en permanentes ya que de este
modo se desconocerían los derechos prestacionales de los trabajadores.  Así las
cosas, en el evento de que la necesidad del usuario por el servicio de los
trabajadores en misión sea permanente, debe acudirse a otra forma de
contratación distinta a la que se cumple a través de las empresas de servicios
temporales.
Así, en el
caso bajo estudio, de acuerdo con las manifestaciones realizadas por el accionante
y las empresas accionadas, se extrae que el señor Juan Bautista Meléndez
Iglesia laboró en forma interrumpida para diferentes empresas de servicios
temporales desde el dos (02) de enero de dos mil uno (2001) hasta el siete (07)
de enero de dos mil catorce (2014), entre ellas, Coltemp SAS, Tecni Personal
SAS, Asear Pluriservicios SAS y Empleos SAS, en donde principalmente se
desempeñó como fontanero o auxiliar de aquatech en la empresa usuaria
Operadores de Servicios de la Sierra SA ESP. Las interrupciones que se observan
en los diferentes contratos de trabajo varían, sin embargo, a partir de la
contratación del dieciséis (16) de mayo de dos mil tres (2003), el período sin
vinculación en la mayoría de los casos no superó un mes.  Es así como desde el
dos (02) de enero de dos mil uno (2001) –fecha en que se celebró el primer
contrato laboral con Asear Pluriservicios SAS–, hasta el siete (07) de enero de
dos mil catorce (2014), es decir por un período de trece (13) años, la usuaria
estuvo contratando con distintas empresas de servicios temporales la labor de
fontanero o auxiliar de aquatech, en donde fueron requeridos los servicios del
señor Juan Bautista Meléndez Iglesia.
La anterior situación
desnaturaliza los contratos celebrados entre el trabajador, la empresa de
servicios temporales y la empresa usuaria, pues como se dijo, los mismos fueron
concebidos a fin de ser desarrollados de manera temporal, conforme a lo
prescrito por el artículo 77 de la Ley 50 de 1990, en donde se precisó que los
usuarios de las empresas de servicios temporales solo podrán contratar con
estas en los siguientes casos: (i) cuando se trate de las labores
ocasionales, accidentales o transitorias a que se refiere el artículo 6 del
Código Sustantivo del Trabajo; (ii) cuando se requiere reemplazar
personal en vacaciones, en uso de licencia, en incapacidad por enfermedad o
maternidad, y (iii) para atender incrementos en la producción, el
transporte, las ventas de productos o mercancías, los períodos estacionales de
cosechas y en la prestación de servicios, por un término de seis (6) meses
prorrogable hasta por seis (6) meses más.  De forma tal que se brinde protección
a los trabajadores, para que las empresas no abusen de la posibilidad de
contratar trabajadores temporales, haciendo a un lado los permanentes.
A su vez, este
elemento temporal fue afinado por el artículo 13 del Decreto 24 de 1998 “Por
el cual se reglamenta el ejercicio de la actividad de las empresas de servicios
temporales”, en cuyo parágrafo (modificado por el artículo 2 del Decreto
503 de 1998) se consagra: “Si cumplido el plazo de seis (6) meses más la
prórroga a que se refiere el presente artículo, la necesidad originaria del
servicio específico objeto del contrato subsiste en la empresa usuaria, ésta no
podrá prorrogar el contrato ni celebrar uno nuevo con la misma o con diferente
empresa de servicios temporales para la prestación de dicho servicio…”
(negrillas fuera de texto).
Como se
evidencia en el presente asunto, la contratación del señor Juan Bautista
Meléndez Iglesia por parte de diferentes empleadoras para prestar sus servicios
como fontanero o ayudante de aquatech en la empresa Operadores de Servicios de
la Sierra SA ESP, perduró a través de un número considerable de años, con
interrupciones que en la mayoría de los casos no superó el mes, disfrazando de
esta manera una relación laboral que se debió desarrollar a través de otro tipo
de contrato, máxime si se tiene en cuenta que la materia y las causas que le dieron
origen subsistieron durante todo el periodo de contratación y aún subsisten[104].
En este
orden de ideas, las labores desarrolladas por el señor Juan Bautista Meléndez
Iglesia no pueden ser calificadas como de carácter transitorio, pues el cargo
que ostentaba el actor –fontanero o auxiliar de aquatech– materializa parte de las
funciones permanentes que presta la firma Operadores de Servicios de la Sierra
SA ESP, cuyo objeto es la administración, operación y mantenimiento de los
sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de Ciénaga,
Magdalena[105].
En consecuencia, es claro que en este
caso no debería tratarse de un trabajador en misión, sino de uno que desarrolla
una labor permanente, por lo que su vinculación no debió corresponder a una
contratación temporal.  Así las cosas, presuntamente, podemos estar en
presencia de una relación laboral permanente encubierta, que no le permite al
trabajador tener derecho a una estabilidad en el empleo. Cabe recordar que se
debe evitar que persista la tendencia de sustituir trabajadores permanentes por
temporales, pues como se señaló, siempre que subsistan las causas y la materia
que dieron origen a la relación laboral, la misma no se puede dar por terminada
y se debe propender por la estabilidad laboral de aquellos trabajadores que han
cumplido a cabalidad con las labores encomendadas.
Lo anterior tiene relevancia
constitucional, pues so pretexto de la finalización de la obra o labor
contratada, o el cumplimiento del término inferior a un año establecido en el
contrato, fue desvinculado reiteradamente el señor Juan Bautista Meléndez
Iglesia, quedando cesante por períodos que en la mayoría de los casos no superó el mes, hasta que definitivamente el siete
(07) de enero de dos mil catorce (2014) se puso fin al último contrato laboral
suscrito con Asear Pluriservicios SAS[106], a sus 61 años de edad, cuando le
faltaba menos de un año para cumplir los requisitos para adquirir el derecho a
la pensión de vejez[107].
Con ello, se vulneró su estabilidad
laboral y su derecho fundamental al trabajo, el que aunado a la dignidad humana,
se convierte en uno de los pilares en los cuales descansa la existencia misma
del Estado social de derecho (Preámbulo, artículos 1 y 25 CP). En desarrollo de
esta premisa, la Constitución Política proscribe toda forma de discriminación;
garantiza la estabilidad de los trabajadores en el empleo; impone una
asignación salarial mínima y una retribución conforme con la calidad y cantidad
de trabajo desarrollado; determina la irrenunciabilidad de los beneficios
mínimos establecidos por las normas laborales a favor del trabajador y
establece la posibilidad de que estos solo transijan y concilien los derechos
inciertos y discutibles.  También el ordenamiento constitucional dispone la
aplicación, en caso de duda, del principio de la favorabilidad en beneficio del
trabajador; la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por
los sujetos de las relaciones laborales y garantiza al trabajador la seguridad
social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario (artículo 53 CP).
7.4. El
artículo 53 de la
Constitución Política consagra el
principio de la estabilidad laboral, el cual tiene como objetivo
principal asegurar al empleado una certeza mínima de que el vínculo laboral contraído no se fragmentará de forma abrupta y
sorpresiva, de manera que no esté en permanente riesgo de perder su trabajo y,
con ello, el sustento propio y el de su familia, por una decisión arbitraria
del empleador. La estabilidad laboral se vuelve de especial importancia cuando
el trabajador, quien se encuentra en uno de los extremos de la relación laboral,
se halla en una situación de debilidad manifiesta ya sea por su
avanzada edad, por su mal estado de salud, por carencia de ingreso económico
alguno, entre otros.  Recordemos que en el caso
concreto, el señor Juan Bautista Meléndez Iglesia es (i) una persona
de 62 años[108],
(ii) que se encuentra desempleada, (iii) y que en la actualidad
no percibe ningún ingreso que le procure su subsistencia y la de su compañera permanente[109],
y el pago de la seguridad social, y (iv) además tiene una discapacidad
visual en su ojo derecho[110].
El reconocimiento constitucional de la estabilidad
laboral es una de las características más relevantes del Estado social
de derecho y es resultado de una interpretación conjunta de, por lo menos,
cuatro preceptos constitucionales: en primer lugar, del artículo 53 de la
Constitución Política, que consagra el derecho a “la estabilidad en el
empleo”[111];
en segundo lugar, del deber que tiene el Estado de adelantar una política de “integración
social” a favor de aquellos que pueden considerarse “disminuidos
físicos, sensoriales y síquicos” (artículo 47); en tercer lugar, del
derecho que tienen todas las personas que “se encuentren en circunstancias
de debilidad manifiesta” a ser protegidas “especialmente”, con miras
a promover las condiciones que hagan posible una igualdad “real y efectiva”
(artículo 13) y, en cuarto lugar, del deber de todos de “obrar conforme al
principio de solidaridad social”, ante
situaciones que supongan un menoscabo del derecho a contar con un nivel óptimo
de salud física y mental (artículo 95, numeral 2º).
Bajo estas directrices se expidió la
Ley 361 de 1997, mediante la cual se establecen los mecanismos de integración
social de las personas con limitación, que ordenó al Estado adoptar acciones
afirmativas, es decir, medidas a favor de grupos discriminados o marginados, en
especial aquellos que por su condición física o mental se encuentran en
situación de debilidad manifiesta, con el fin de que no sean objeto de
discriminación o marginación[112].
El artículo 26 de dicha ley, consagra un concepto amplio del término limitación
cobijando a todos aquellos que por circunstancias síquicas, psicológicas,
intelectuales, físicas y sensoriales se han visto afectados en su derecho a la
igualdad en el entorno social[113].
La
jurisprudencia constitucional se ha pronunciado acerca del deber constitucional
de otorgar protección especial a los disminuidos físicos, sensoriales y
psíquicos, con el fin de lograr su integración social[114]:
“[E]n el caso de las personas con limitaciones, es un
hecho ampliamente conocido, que la importancia del acceso a un trabajo no se
reduce al mero aspecto económico, en el sentido de que el salario que perciba
la persona limitada sea el requerido para satisfacer sus necesidades de
subsistencia y las de su familia.  No, en el caso de las personas con
limitaciones, el que ellas puedan desarrollar una actividad laboral lucrativa
adquiere connotaciones de índole constitucional pues, se ubica en el terreno de
la dignidad de la persona “como sujeto, razón y fin de la
Constitución de 1991” (sentencia T-002 de 1992), que permite romper
esquemas injustamente arraigados en nuestro medio, como aquel de que un
limitado físico, sensorial o psíquico es “una carga” para la sociedad”
(negrillas fuera de texto)[115].
7.5. El principio
de solidaridad (artículo 1 CP) constituye una característica esencial del Estado social de derecho que impone al poder
público y a los particulares una serie de deberes fundamentales para el logro
de una verdadera y equitativa armonización de los derechos. A este respecto, la
Corte ha señalado que la solidaridad, entendida como un deber constitucional,
es “impuesto a toda persona por el sólo hecho de su pertenencia al
conglomerado social, […] [y consiste] en la vinculación del propio esfuerzo y
actividad en beneficio o apoyo de otros asociados o en interés colectivo”[116].
Es decir, que la solidaridad corre a cargo y a favor de cada miembro de la
comunidad y trata de la articulación de voluntades para la convivencia
pacífica y la construcción y el mantenimiento de una vida digna para todos. Siguiendo
este argumento, la Corte ha especificado que “a los miembros de la
comunidad, dentro del marco de sus posibilidades, les asiste la obligación de
cooperar con sus congéneres ya sea para facilitar el ejercicio de sus derechos
o, en su defecto, para favorecer el interés colectivo”[117].
De esta manera,
de acuerdo con la jurisprudencia anteriormente reseñada, el principio de
solidaridad tiene tres (3) manifestaciones: “(i) como una pauta de
comportamiento conforme a la cual deben obrar los individuos en ciertas
situaciones, (ii) un criterio de interpretación en el análisis de acciones u
omisiones de los particulares que vulneren o amenacen vulnerar derechos
fundamentales y (iii) un límite a los derechos propios”[118].
En materia
laboral, la Corte Constitucional ha acudido al principio de solidaridad para
sustentar la existencia de una estabilidad laboral a favor de las personas que,
a raíz de una disminución en sus condiciones físicas, no pueden trabajar en
igualdad de condiciones.  En esta medida, ha establecido que “el empleador asume
una posición de sujeto obligado a brindar especial protección a su empleado en
virtud de la condición que presenta”[119].
Esto es, “a mantener al trabajador en su
cargo o trasladarlo a otro similar que implicara menos riesgo hipotético”[120].
7.6.
Retomando el caso concreto y analizando los argumentos fácticos y probatorios,
para la Sala queda claro que la terminación definitiva del contrato laboral por
parte de Asear Pluriservicios SAS dejó al señor Juan Bautista Meléndez Iglesia
en una situación de desprotección, ya que por su edad y su limitación
visual evidente, es difícil que consiga un nuevo trabajo que le permita
satisfacer sus necesidades y las de su compañera permanente. Esta situación va
en contravía del principio de solidaridad social que también involucra a las
empresas accionadas, quienes atendiendo (i) las circunstancias
particulares del señor Juan Bautista Meléndez Iglesia; (ii) que prestó sus
servicios como fontanero por casi doce (12) años en Operadores de Servicios de
la Sierra SA ESP, en el municipio de Ciénaga, Magdalena, cumpliendo
efectivamente las obligaciones y compromisos asignados, pues de otra forma no
se entenderían las contrataciones periódicas, y (iii) que al momento de
cumplirse el plazo de la tercera prórroga del contrato
suscrito con Asear Pluriservicios SAS[121],
le faltaba menos de un año para cumplir los requisitos para adquirir el
derecho a la pensión de vejez conforme al artículo 33 de la Ley 100 de 1993,
modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003[122]; bien pudieron sopesar la
decisión, máxime cuando subsistían, y aún subsisten, la materia de trabajo y
las causas que lo originaron en razón del objeto social de la empresa usuaria.
Recuerda la Sala que según el principio
constitucional de la estabilidad en el empleo, el solo vencimiento del plazo
inicialmente pactado, producto del acuerdo de voluntades, no basta para legitimar
la decisión del empleador de no renovar el contrato; pues si subsisten la
materia de trabajo y las causas que lo originaron, y el trabajador ha cumplido
a cabalidad con sus obligaciones y compromisos, se genera una expectativa
cierta y fundada de mantener su empleo.
8. Conclusión
Las empresas Operadores de Servicios de
la Sierra SA ESP y Asear Pluriservicios SAS vulneraron los derechos
fundamentales al trabajo, a la estabilidad laboral, a la seguridad social y al
mínimo vital del señor Juan Bautista Meléndez Iglesia, debido a la terminación
definitiva de su contrato laboral sin tomar en consideración (i) las
circunstancias particulares del señor Juan Bautista Meléndez Iglesia, pues se
trata de una persona de 62 años, que tiene una discapacidad visual en su ojo
derecho; (ii) que prestó sus servicios como fontanero por casi doce (12)
años en Operadores de Servicios de la Sierra SA ESP, en el municipio de
Ciénaga, Magdalena, a través de diferentes contratos de trabajo celebrados con distintas
empresas de servicios temporales; (iii) que cumplió efectivamente las
obligaciones y compromisos asignados, pues de otra forma no se entenderían las
contrataciones periódicas; (iv) que al momento de cumplirse el plazo de
la tercera prórroga del contrato suscrito con Asear
Pluriservicios SAS, le faltaba menos de un año para
cumplir los requisitos para adquirir el derecho a la pensión de vejez, y (v)
que subsisten la materia de trabajo y las causas que lo originaron en razón del
objeto social de la empresa usuaria.
En consecuencia, esta Sala tutelará
como mecanismo transitorio los derechos fundamentales al trabajo, a la
estabilidad laboral, a la seguridad social y al mínimo vital del señor Juan
Bautista Meléndez Iglesia. Por consiguiente, revocará la sentencia del Juzgado
Primero Promiscuo Municipal de Ciénaga, Magdalena, del veintinueve (29) de
agosto de dos mil catorce (2014), que declaró improcedente la acción de tutela,
y la sentencia del Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de la misma ciudad, del
once (11) de diciembre de dos mil catorce (2014), que confirmó la anterior
decisión, y, en su lugar, ordenará a la empresa Operadores de Servicios de la
Sierra SA ESP que reintegre al accionante en el cargo que ocupaba o en uno de
igual o superior categoría, mientras se adelanta el proceso judicial
correspondiente, a fin de determinar el tipo de contrato que debe regir la
relación laboral objeto de estudio.
Adicionalmente, le advertirá al
accionante que dispone de un término máximo de cuatro (4) meses para presentar
la respectiva demanda ante la jurisdicción ordinaria en su competencia laboral,
so pena de la pérdida de los derechos conferidos en esta providencia.
De igual
forma, prevendrá a las empresas Operadores de Servicios de la Sierra SA
ESP y Asear Pluriservicios SAS, para que en lo sucesivo y atendiendo a las
consideraciones consignadas en esta providencia, den estricto cumplimiento a la
normativa constitucional y legal que regula el derecho al trabajo y la
contratación con empresas de servicios temporales, de tal forma que no se
desconozcan los derechos laborales y prestacionales de los trabajadores.
Finalmente, exhortará a la
Defensoría del Pueblo, a través de su delegada, para que brinde apoyo y
acompañamiento en el trámite judicial que deberá ser adelantado por el señor
Juan Bautista Meléndez Iglesia en el marco de la presente providencia, y vigile
el pleno cumplimiento del fallo con el fin de garantizar de manera efectiva los
derechos aquí protegidos.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala
Primera de Revisión, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato
de la Constitución Política,
RESUELVE:
Primero.-  REVOCAR la sentencia del veintinueve (29) de agosto de dos mil catorce
(2014), proferida por Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Ciénaga,
Magdalena, que declaró improcedente la acción de tutela instaurada por Juan
Bautista Meléndez Iglesia contra la Empresa Operadores de Servicios de la
Sierra SA ESP y Asear Pluriservicios SAS, y la sentencia del once (11) de
diciembre de dos mil catorce (2014), emanada del Juzgado Segundo Promiscuo de
Familia de la misma ciudad, que confirmó la anterior. En su lugar TUTELAR
los derechos fundamentales al trabajo, a la estabilidad laboral, a la seguridad
social y al mínimo vital del señor Juan Bautista Meléndez Iglesia, y CONCEDER
el amparo solicitado como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Segundo.- ORDENAR a la empresa Operadores de Servicios de la Sierra SA ESP que en el término perentorio de cuarenta y ocho (48) horas
contadas a partir de la notificación del presente fallo, proceda a realizar las
gestiones necesarias para reintegrar al señor Juan
Bautista Meléndez Iglesia al cargo que ocupaba o a uno
de igual o superior categoría, donde pueda seguir cotizando
al sistema general en pensiones, trámite que no podrá exceder de diez (10) días
contados a partir del vencimiento del término anterior.
Tercero.- ADVERTIR al señor Juan Bautista Meléndez Iglesia que dispone de un término
máximo de cuatro (4) meses para presentar la respectiva demanda ante la
jurisdicción ordinaria en su competencia laboral, a fin de determinar el tipo
de contrato que debe regir la relación laboral objeto de estudio, so pena de la
pérdida de los derechos conferidos en esta providencia.
Cuarto.- PREVENIR a las empresas
Operadores de Servicios de la Sierra SA ESP y Asear Pluriservicios SAS, para
que en lo sucesivo y atendiendo a las consideraciones consignadas en esta
providencia, den estricto cumplimiento a la normativa constitucional y legal
que regula el derecho al trabajo y la contratación con empresas de servicios
temporales, de tal forma que no se desconozcan los derechos laborales y prestacionales
de los trabajadores.
Quinto.- EXHORTAR a la
Defensoría del Pueblo, a través de su delegada, para que brinde apoyo y
acompañamiento al trámite judicial que deberá ser adelantado por el señor Juan
Bautista Meléndez Iglesia en el marco de la presente providencia, y vigile el
pleno cumplimiento del fallo con el fin de garantizar de manera efectiva los
derechos aquí protegidos.
Sexto.- LÍBRESE por
Secretaría General la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591
de 1991.
Cópiese, notifíquese y
cúmplase.
MARÍA VICTORIA CALLE
CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZÁLEZ
CUERVO
Magistrado
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] La Sala estuvo integrada
por los magistrados María Victoria Calle Correa y Luis Guillermo Guerrero
Pérez.
[2] A folio 53 del cuaderno principal obra fotocopia de la
cédula de ciudadanía en la que se indica como fecha de nacimiento del
accionante el diecisiete (17) de diciembre de mil novecientos cincuenta y dos
(1952). En adelante,
los folios que se refieran harán parte del cuaderno principal, a menos que se
diga expresamente otra cosa.
[3] La demanda obra a folios 1 al 15.
[4] Folio 13.
[5] A folio 30 se observa
comunicación enviada por el Gerente de la Empresa de Obras Sanitarias del
Magdalena Limitada “EMPOMAG”, al señor Meléndez Iglesia, en donde le informa
que por Resolución No. 580 del veintiséis (26) de mayo de mil novecientos
ochenta y nueve (1989), se ha dado por terminado el contrato de trabajo.  A
continuación, a folios 31 al 34, obra la Resolución No. 591 del treinta y uno
(31) de mayo de mil novecientos ochenta y nueve (1989), por la cual se reconoce
y autoriza el pago de una cesantía y demás prestaciones sociales y se ordena el
pago de una indemnización.
[6] A folio 37 obra el acta
de posesión del señor Juan Meléndez ante el Gerente de las Empresas de
Servicios Públicos Municipales de Ciénaga, del dos (02) de enero de mil
novecientos noventa y uno (1991), en el cargo de operador del equipo de
limpieza de redes de acueducto y alcantarillado.  A folio 38 aparece un oficio
de respuesta a una solicitud de tiempo de servicios, suscrito por el Gerente de
las Empresas Públicas Municipales en Liquidación de Ciénaga, Magdalena, el once
(11) de abril de dos mil siete (2007), en donde se lee: “[…] certificamos que
el señor Juan Bautista Meléndez Iglesias, […], inició labores en esta empresa
según resolución No. 003 de Enero 02 de 1991 como Operador de Equipo de
Limpieza de Redes hasta el 16 de Noviembre del 2000, según Acta de Conciliación
No. 230”.  A folio 16 del cuaderno de revisión aparece una declaración
extraprocesal realizada por el señor Pablo Alberto Amador Gutiérrez el cuatro
(04) de mayo de dos mil quince (2015), ante el Notario Único de Ciénaga
Magdalena, cuyo numeral tercero reza: “Que trabajamos como compañeros [del
señor Juan Bautista Melendez Iglesia] en las Empresas Públicas Municipales de
Ciénaga, hasta el día 16 de noviembre del año 2000 fecha en que se dio paso a
la privatización [del] acueducto municipal de Ciénaga (Magdalena)”.  A folios
25 al 27 del cuaderno de revisión obra copia de la Resolución No. 662 del
primero (01) de julio de dos mil quince (2015), emanada del Alcalde Municipal
de Ciénaga, Magdalena, en donde se declara reconstruido el expediente laboral
del señor Juan Bautista Meléndez Iglesia, “en el cargo de operador del equipo
de limpieza y redes del acueducto y alcantarillado del municipio de Ciénaga,
durante el período comprendido entre el 02 de enero de 1991 hasta el 16 de
Noviembre del 2000, nombrado mediante resolución No. 003 del 02 de enero de
1991”.
[7] La expresión se lee en
el folio 18
del expediente de revisión contentivo de la declaración extraprocesal rendida
por el señor Juan Bautista Melendez Iglesia en la Notaría Única de Ciénaga,
Magdalena, el veintidós (22) de junio de dos mil quince (2015).
[8] Obra a folio 39 copia
del certificado CCIE-14-3-006 expedido por la oficina de Recursos Humanos de
Asear Pluriservicios SAS el tres (03) de marzo de dos mil catorce (2014), a
través del cual se informa que el señor Juan Bautista Meléndez Iglesia laboró en
la empresa bajo las siguientes condiciones: “Empresa Usuaria: Operadores de
Servicios de la Sierra SA ESP || Cargo Desempeñado: Fontanero || Tipo de
Contrato: A Término Fijo Inferior a un Año || Fecha de Ingreso: 02 de Enero de
2001 || Fecha de [Egreso]: 15 de Noviembre de 2001 || Salario Mensual: $286.000
|| AFP: COLFONDOS || EPS: SALUDCOOP”.  Similares copias de certificaciones
aparecen a continuación todas expedidas el tres (03) de marzo de dos mil
catorce (2014), así (se extractan, principalmente, los datos que cambian):
CCIE-14-3-004 emanada de Recursos Humanos de Coltemp SAS: “[…] Tipo de
Contrato: Por obra o labor contratada || Fecha de Ingreso: 02 de Diciembre de
2002 || Fecha de [Egreso]: 12 de Enero de 2003 || Salario Mensual: $332.000”
(folio 40).  CCIE-14-3-005 expedida por Recursos Humanos de Coltemp SAS: “[…]
Tipo de Contrato: Por obra o labor contratada || Fecha de Ingreso: 16 de Mayo
de 2003 || Fecha de [Egreso]: 31 de Marzo de 2004 || Salario Mensual: $358.000”
(folio 41).  CCI-14-3-006 expedida por Recursos Humanos de Tecni Personal SAS:
“[…] Tipo de Contrato: Por obra o labor contratada || Fecha de Ingreso: 01 de
Mayo de 2004 || Fecha de [Egreso]: 01 de Abril de 2005 || Salario Mensual:
$381.000” (folio 42). CCIE-14-3-006 emanada de Recursos Humanos de Coltemp SAS:
“[…] Tipo de Contrato: Por obra o labor contratada || Fecha de Ingreso: 01 de
Mayo de 2005 || Fecha de [Egreso]: 01 de Mayo de 2006 || Salario Mensual:
$408.000” (folio 43). CCIE-14-3-007 suscrita por la encargada de Recursos Humanos
de Tecni Personal SAS: “[…] Cargo Desempeñado: Auxiliar de Aquatech || Tipo de
Contrato: Por obra o labor contratada || Fecha de Ingreso: 02 de Junio de 2006
|| Fecha de [Egreso]: 01 de Junio de 2007 || Salario Mensual: $433.700” (folio
44). CCIE-14-3-007 expedida por Recursos Humanos de Asear Pluriservicios SAS:
“[…] Cargo Desempeñado: Ayudante de Aquatech || Tipo de Contrato: A Término
Fijo Inferior a un Año || Fecha de Ingreso: 03 de Julio de 2007 || Fecha de
[Egreso]: 02 de Julio de 2008 || Salario Mensual: $461.500” (folio 45).
CCIE-14-3-009 emanada del Director Nacional de Nómina de Empleos SAS: “[…]
Cargo Desempeñado: Ayudante de Acuatech || Tipo de Contrato: A término fijo
inferior a un año || Fecha de Ingreso: 02 de Agosto de 2008 || Fecha de [Egreso]:
01 de Agosto de 2009 || Salario Mensual: $496.900” (folio 46). CCIE-14-3-008
emanada de Recursos Humanos de Asear Pluriservicios SAS: “[…] Cargo
Desempeñado: Ayudante de Aquatech || Tipo de Contrato: A Término Fijo Inferior
a un Año || Fecha de Ingreso: 02 de Septiembre de 2009 || Fecha de [Egreso]: 01
de Septiembre de 2010 || Salario Mensual: $515.000” (folio 47). CCIE-14-3-010
suscrita por el Director Nacional de Nómina de Empleos SAS: “[…] Cargo
Desempeñado: Ayudante de Acuatech || Tipo de Contrato: A término fijo inferior
a un año || Fecha de Ingreso: 02 de Septiembre de 2010 || Fecha de [Egreso]: 01
de Octubre de 2010 || Salario Mensual: $510.000” (folio 48). CCIE-14-3-009
emanada de Recursos Humanos de Asear Pluriservicios SAS: “[…] Cargo Desempeñado:
Ayudante de Aquatech || Tipo de Contrato: A Término Fijo Inferior a un Año ||
Fecha de Ingreso: 02 de Noviembre de 2010 || Fecha de [Egreso]: 01 de Noviembre
de 2011 || Salario Mensual: $535.600” (folio 49). CCIE-14-3-011 suscrita por el
Director de Nómina de Empleos SAS: “[…] Cargo Desempeñado: Ayudante de Acuatech
|| Tipo de Contrato: A término fijo inferior a un año || Fecha de Ingreso: 02
de Diciembre de 2011 || Fecha de [Egreso]: 01 de Diciembre de 2012 || Salario
Mensual: $566.700” (folio 50). CCIE-14-3-010 emanada de Recursos Humanos de
Asear Pluriservicios SAS: “[…] Cargo Desempeñado: Ayudante de Aquatech || Tipo
de Contrato: A Término Fijo Inferior a un Año || Fecha de Ingreso: 08 de Enero
de 2013 || Fecha de [Egreso]: 07 de Enero de 2014 || Salario Mensual: $616.000”
(folio 51).  A continuación aparece copia de la liquidación del contrato de
trabajo del señor Juan Bautista Meléndez Iglesia por parte de Asear
Pluriservicios, con el “Centro de Costos 1252222 OPER. SIERRA CIENAGA ASEA”
(folio 52).
[9] Folios 2 y 3.
[10] Folio 13.
[11] A folio 26 obra un
reporte de semanas cotizadas en pensiones expedido por Colpensiones el
veintiséis (26) de julio de dos mil catorce (2014), para el período
enero/1967-julio/2014, en donde se da cuenta de un total de semanas cotizadas
por el empleador de 334,43. En dicho documento aparecen cotizaciones de Juan
Manuel Dávila (período 01/05/1975-31/07/1975), EMPOMAG Ciénaga (período 03/04/1984-20/05/1990),
Juan Meléndez Iglesia (período 22/07/1994-31/07/1994), Empresa de Servicios
Públicos (período 01/07/1999-31/07/1999), y Empresa de Servicios Públicos
(período 01/08/1999-30-09-1999).  En vista de que no figuran todos los aportes
realizados por Empresas de Servicios Públicos Municipales de Ciénaga, el señor
Juan Bautista Meléndez Iglesia solicitó a la Alcaldía la reconstrucción de la
historia laboral que refleje el tiempo comprendido entre el dos (02) de enero
de mil novecientos noventa y uno (1991) y el dieciséis (16) de noviembre de dos
mil (2000), y que fue laborado en la extinta empresa.  A través de la
Resolución No. 662 del primero (01) de julio de dos mil quince (2015), emanada
del Alcalde Municipal de Ciénaga, Magdalena, se declara reconstruido el
expediente laboral del señor Juan Bautista Meléndez Iglesia, “en el cargo de
operador del equipo de limpieza y redes del acueducto y alcantarillado del
municipio de Ciénaga, durante el período comprendido entre el 02 de enero de
1991 hasta el 16 de Noviembre del 2000, nombrado mediante resolución No. 003
del 02 de enero de 1991” (folio 26 del cuaderno de revisión).  Es importante
tener en cuenta, que dentro de las pruebas enlistadas por el ente territorial
para hacer la reconstrucción del expediente laboral del accionante, se
encuentra “Copia auténtica de la Sentencia del Juzgado Laboral del Circuito,
del Municipio de Ciénaga Magdalena, en donde se obliga al municipio a pagar las
prestaciones sociales y aportes a la Seguridad Social del período comprendido
entre el 02 de Enero de 1991 hasta el 16 de Noviembre del 2000” (folio 25 de
cuaderno de revisión).  Además, en el folio 29 aparece otro reporte expedido
por AFP Colfondos el diecinueve (19) de noviembre de dos mil trece (2013), en
donde se indica un total de 619,14 semanas acreditadas. En dicho documento
aparecen cotizaciones de Empleos Temporales del Litoral y Asear Pluriservicios
SAS.
[12] El escrito obra a
folios 16 al 22.
[13] Mediante oficio del
veintiuno (21) de julio de dos mil catorce (2014), el representante legal de la
empresa le informa: “[…] usted fue vinculado por empresas de servicios
temporales, quienes para los efectos legales fueron sus empleadores, es decir,
en cabeza de ellos recae lo relacionado a su seguridad social y la terminación
del contrato, por lo que lo invitamos a presentar solicitud ante quienes
tuvieron tal calidad (folio 23).
[14] A folio 21 del
expediente de revisión obra declaración extraprocesal rendida por el señor Juan
Bautista Meléndez Iglesia en la Notaría Única de Ciénaga, Magdalena, el
veintidós (22) de junio de dos mil quince (2015), en donde se lee que desde
hace 33 años convive en unión marital de hecho con la señora Ana María Tomás
Romero.  Asimismo, que la señora Ana María depende económicamente del
accionante, quien en la actualidad se encuentra desempleado.
[15] Folios 56 y 57.
[16] Folios 62 al 64.  A
folios 65 a 67 aparece el certificado de existencia y representación legal de
Operadores de Servicios de la Sierra SA ESP.
[17] Folios 68 al 83. A folios 119 a
124 aparece el certificado de existencia y representación legal de Asear
Pluriservicios SAS.
[18] A
folio 113 obra fotocopia del contrato de trabajo a término fijo inferior a un
año suscrito el tres (03) de julio de dos mil siete (2007) por la representante
legal de Asear Pluriservicios SAS y Juan Bautista Meléndez Iglesia, de donde se
extraen los siguientes datos: “Cargo: Ayudante Acuatech”; “Salario ordinario
mensual: $500.000”; “Fecha inicio labores: 03 de julio de 2007”; “Fecha de
terminación: 02 de octubre de 2007”; “Tiempo de duración: 3 meses”.  A continuación,
en el folio 114, aparece una carta de terminación del contrato de trabajo a
término fijo inferior a un año del dos (02) de junio de dos mil ocho (2008),
suscrita por la Directora de Asear Pluriservicios S.A. y dirigida al señor
Meléndez Iglesia, en donde le comunica que no le será prorrogado el contrato de
trabajo el cual “terminará a la finalización de la jornada laboral del 02 de
Julio de 2008, fecha de vencimiento del plazo fijo pactado en [el] contrato”.
En esta comunicación se observa la firma del trabajador. A folio 109 se observa
la liquidación del contrato de trabajo y en el ítem correspondiente a la razón
de la liquidación se lee “vencimiento de contrato”.
[19] A folio 107 obra
fotocopia del contrato de trabajo a término fijo inferior a un año suscrito el
dos (02) de septiembre de dos mil nueve (2009) por la representante legal de
Asear Pluriservicios SAS y Juan Bautista Meléndez Iglesia, de donde se extraen
los siguientes datos: “Cargo: Ayudante Acuatech”; “Salario ordinario mensual:
$551.250”; “Fecha inicio labores: 02 de septiembre de 2009”; “Fecha de
terminación: 01 de diciembre de 2009”; “Tiempo de duración: Tres meses”.  A
continuación, en el folio 108, aparece una carta de terminación del contrato de
trabajo a término fijo inferior a un año del dos (02) de agosto de dos mil diez
(2010), suscrita por la Directora de Oficina de Asear Pluriservicios S.A. y
dirigida al señor Meléndez Iglesia, en donde consta la no prórroga del contrato
de trabajo el cual “terminará a la finalización de la jornada laboral del día 1
Septiembre 2010, fecha de vencimiento del plazo fijo pactado en su contrato de
trabajo”. Esta comunicación está firmada por el trabajador. A folio 109 se
observa la liquidación del contrato de trabajo y en el ítem correspondiente a
la razón de la liquidación se lee “vencimiento de contrato”.
[20] A folio 84 obra
fotocopia del contrato de trabajo a término fijo inferior a un año suscrito el
ocho (08) de enero de dos mil trece (2013) por la representante legal de Asear
Pluriservicios SAS y Juan Bautista Meléndez Iglesia, de donde se extraen los
siguientes datos: “Cargo: Ayudante Acuatech”; “Salario ordinario mensual:
$589.500”; “Fecha inicio labores: 8 Enero 2013”; “Fecha de terminación:
Domingo, 07 de Abril de 2013”; “Tiempo de duración: 3 meses”.  A folio 89
aparece una primera prórroga al contrato anterior, firmada por las partes el
seis (06) de abril de dos mil trece (2013), en la que convienen de común
acuerdo prorrogarlo por tres (03) meses adicionales al inicialmente pactado,
fijando como nueva fecha de terminación del contrato el “7 julio 2013”.  A
folio 87 aparece una segunda prórroga al contrato laboral, firmada el siete
(07) de octubre de dos mil trece (2013), en la que se conviene como nueva fecha
de terminación del contrato de trabajo el “07 octubre 2013”.  A folio 86
aparece una tercera prórroga del contrato suscrita el siete (07) de octubre de
dos mil trece (2013), en la que se conviene prorrogarlo por tres (03) meses
más, es decir, hasta el “7 enero 2014”.  A folio 85 obra una carta de
terminación del contrato a término fijo inferior a un año suscrita por la
Directora de Oficina de Asear Pluriservicios SAS, el siete (07) de octubre de
dos mil trece (2013), y dirigida al señor Juan Bautista Meléndez Iglesia, en
donde se le informa que el contrato de trabajo no será prorrogado, “en
consecuencia éste terminará a la finalización de su jornada laboral del día,
(sic) 07 Enero 2014…”.  Esta comunicación está firmada por el trabajador.  A
folio 91 se observa la liquidación del contrato de trabajo y en el ítem
correspondiente a la razón de la liquidación se lee “vencimiento de contrato”.
[21] Folios 125 al 130.
[22] Al respecto se precisa:
“[…] Fuerza recordar, que este no es el escenario para ventilar y pedir el pago
de las acreencias laborales, habida cuenta que el actor cuenta con la vía
ordinaria laboral para hacer valer sus derechos presuntamente vulnerados por
las enjuiciadas en la presente acción constitucional. || De otro lado, estima
este Despacho con base al acervo probatorio, que el titular no demostró la
concurrencia de un perjuicio irremediable que permitan la procedencia de la
acción constitucional así sea de manera transitoria, lo cual deja abierto el
camino para que esta judicatura se [aparte] de las peticiones esgrimidas por el
actor en el presente caso, y proceda a negar el amparo solicitado” (folios 120
y 130).
[23] Folios 3 al 13 del
cuaderno de segunda instancia.
[24] Folio 3 del cuaderno de
segunda instancia.
[25] Folio 4 del cuaderno de
segunda instancia.
[26] A folios 29 y 30 del
cuaderno de revisión obran, respectivamente, una fotografía del señor Juan
Bautista Meléndez en donde se evidencia una discapacidad visual de su ojo
derecho y una certificación expedida por el médico cirujano Rubén Gómez Barrera,
el dos (02) de julio de dos mil quince (2015), en la que se lee que el paciente
Juan Bautista Meléndez Iglesia “presenta ceguera total derecha = amaurosis
derecha” y que dicho padecimiento es “innato”.
[27] Folios 14 al 17 del
cuaderno de segunda instancia.
[28] Fundamentó
su argumento en la sentencia T-138 de 2010 (MP Mauricio González Cuervo), que
asimila las personas de la tercera edad con aquellas que tengan una edad
superior a la expectativa de vida oficialmente reconocida en Colombia, siendo
la esperanza de vida al nacer para hombres de 72.1 años y para mujeres de 78.5
años, para el quinquenio 2010-2015, conforme al documento de Proyecciones de
Población elaborado por el Departamento Nacional de Estadística, de septiembre
de 2007.
[29] Folio 17 del cuaderno de
segunda instancia.
[30] Folios 16 y 17 del
cuaderno de segunda instancia.
[31] Folio 17 del cuaderno de
segunda instancia.
[32] Sentencia T-827 de 2003
(MP Eduardo Montealegre Lynett).
[33] Sobre la procedencia de
la acción de tutela como mecanismo transitorio, para evitar un perjuicio
irremediable, resultan relevantes las sentencias T-225 de 1993 (MP Vladimiro
Naranjo Mesa) en la cual se sentaron la primeras directrices sobre la materia,
que han sido desarrolladas por la jurisprudencia posterior;  T-1670 de 2000 (MP
Carlos Gaviria Díaz),  SU-544 de 2001 (MP Eduardo Montealegre Lynett), SU-1070
de 2003 (MP Jaime Córdoba Triviño), T-827 de 2003 (MP. Eduardo Montealegre
Lynett), T-698 de 2004 (MP Rodrigo Uprimny Yepes) y C-1225 de 2004 (MP. Manuel
José Cepeda Espinosa).
[34] Sentencia T-803 de 2002
(MP. Álvaro Tafur Galvis).
[35] Sentencias T-742 de
2002 (MP. Clara Inés Vargas Hernández), T-441 de 2003 (MP. Eduardo Montealegre
Lynett) y T-606 de 2004 (MP. Rodrigo Uprimny Yepes), entre otras.
[36] Sentencia SU-622 de
2001 (MP Jaime Araujo Rentería).
[37] Sentencias C-543 de
1992 (MP. José Gregorio Hernández), T-567 de 1998 (MP. Eduardo Cifuentes
Muñoz), T-511 de 2001 (MP. Eduardo Montealegre Lynett), SU-622 de 2001 (MP
Jaime Araujo Rentería), T-108 de 2003 (MP. Álvaro Tafur Galvis) y T-200 de 2004
(MP. Clara Inés Vargas), entre otras.
[38] Sentencia T-972 de 2005
(MP Jaime Córdoba Triviño).
[39] Sentencias T-315 de
2000 (MP José Gregorio Hernández Galindo), T-626 de 2000 (MP Álvaro Tafur
Galvis), T-585 de 2002 MP Clara Inés Vargas Hernández), T-822 de 2002 (MP
Rodrigo Escobar Gil) y T-972 de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño), entre otras.
[40] Al respecto en la
sentencia T-580 de 2006 (MP Manuel José Cepeda Espinosa) se indicó que “[l]a
aptitud del medio judicial alternativo, podrá acreditarse o desvirtuarse en
estos casos, teniendo en cuenta entre otros, los siguientes aspectos: i) el
objeto de la opción judicial alternativa y ii) el resultado previsible de
acudir a ese otro  medio de defensa judicial.  El juez  constitucional deberá
observar, en consecuencia, si las otras acciones legales traen como resultado
el restablecimiento pleno y oportuno de los derechos fundamentales
vulnerados en la situación puesta en su conocimiento, evento en el que, de
resultar afirmativa la apreciación, la tutela resultará en principio
improcedente. A contrario sensu, si el juez determina que el mecanismo de
defensa judicial aparentemente preeminente no es idóneo para restablecer los
derechos fundamentales vulnerados, la tutela puede llegar a ser procedente”
(negrillas fuera de texto).
[41] Artículo 6, numeral 1°, del Decreto 2591
de 1991.
[42] Al respecto pueden
consultarse las sentencias SU-250 de 1998 (MP Alejandro Martínez Caballero),
T-576 de 1998 (MP Alejandro Martínez Caballero), T-519 de 2003 (MP Marco
Gerardo Monroy Cabra), T-610 de 2003 (MP Alfredo Beltrán Sierra), T-1011 de
2003 (MP Eduardo Montealegre Lynett), T-597 de 2004 (MP Manuel José Cepeda
Espinosa), T-689 de 2004 (MP Álvaro Tafur Galvis), T-198 de 2006 (MP Marco
Gerardo Monroy Cabra), T-229 de 2006 (MP Jaime Córdoba Triviño), T-580 de 2006
(MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-935 de 2006 (MP Clara Inés Vargas
Hernández), T-149 de 2007 (MP Jaime Araujo Rentería), T-284 de 2007 (MP Manuel
José Cepeda Espinosa), T-307 de 2007 (MP Jaime Araujo Rentería), T-376 de 2007
(MP Jaime Araujo Rentería), T-529 de 2007 (MP Álvaro Tafur Galvis), T-607 de
2007 (MP Nilson Pinilla Pinilla), T-652 de 2007 (MP Nilson Pinilla Pinilla),
T-691A de 2007 (MP Rodrigo Escobar Gil), T-052 de 2008 (MP Rodrigo Escobar
Gil), T-174 de 2008 (MP Mauricio González Cuervo), T-239 de 2008 (MP Marco
Gerardo Monroy Cabra), T-286 de 2008 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-518 de
2008 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-762 de 2008 (MP Jaime Araujo
Rentería), T-159 de 2010 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-050 de 2011
(María Victoria Calle Correa), T-415 de 2011 (María Victoria Calle Correa),
T-226 de 2012 (MP. Humberto Antonio Sierra Porto) y T-457 de 2013 (MP Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub), entre muchas otras.
[43] Ver la sentencia T-457
de 2013 (MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), en donde correspondió a la
Corporación determinar si la
Empresa Prosegur Transportadora de Valores y Teseval SAS, transgredieron los
derechos a la vida, a la seguridad social, a la salud, al mínimo vital y a la
estabilidad laboral reforzada de un ciudadano, debido a que fue despedido de su
cargo pese a que se encontraba incapacitado, además, sin una causa objetiva que
motivara dicha decisión. En este caso, a pesar que la
Sala concluyó que existieron irregularidades en relación con la desvinculación
laboral del actor, declaró la improcedencia del amparo, debido a que no fueron
acreditados los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela de
subsidiariedad e inmediatez.
[44] La jurisprudencia de esta Corte ha
señalado que únicamente se considerará que un perjuicio es irremediable cuando,
de conformidad con las circunstancias del caso particular, sea (a) cierto e
inminente –esto es, que no se deba a meras conjeturas o especulaciones, sino a
una apreciación razonable de hechos ciertos–, (b) grave, desde el punto de
vista del bien o interés jurídico que lesionaría, y de la importancia de dicho
bien o interés para el afectado, y (c) de urgente atención, en el sentido de
que sea necesaria e inaplazable su prevención o mitigación para evitar que se
consume un daño antijurídico en forma irreparable. Ver, entre otras, las
sentencias T-225 de 1993 (MP Vladimiro Naranjo Mesa), T-253 de 1994 (MP
Vladimiro Naranjo Mesa), T-142 de 1998 (MP Antonio Barrera Carbonell), T-1316
de 2001 (MP Rodrigo Uprimny Yepes) y T-789 de 2003 (MP Manuel José Cepeda
Espinosa). Cuando nos encontramos en presencia de un perjuicio irremediable, el
conflicto planteado trasciende el nivel puramente legal para convertirse en un
problema de carácter constitucional.
[45] En la sentencia T-669
de 2009 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), esta
Corporación señaló: “[…] de manera excepcional, procede la acción de tutela
para este tipo de reclamaciones laborales cuando como consecuencia de su no
reconocimiento se vulnere o se ponga en peligro un derecho fundamental como la
vida, la seguridad social o el mínimo vital.  Sin embargo, para que se conceda
la tutela, previamente debe estudiarse el caso en particular y evaluarse si el
mecanismo ordinario resulta ineficaz para la inmediata protección del derecho”.
[46] Al respecto, ver las sentencias T-941 de
2005 (MP Clara Inés Vargas Hernández), T-1065 de 2005 (MP Álvaro Tafur Galvis),
T-326 de 2007 (MP Rodrigo Escobar Gil), T-182 de 2011 (MP Mauricio González
Cuervo), y T-457 de 2013 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), entre otras.  En
la sentencia T-789 de 2003 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), reiterada en la
T-515A de 2006 (MP Rodrigo Escobar Gil), se expresó: “La verificación de estos requisitos [los que se
referen al perjuicio irremediable] debe ser efectuada por los jueces en forma
estricta, por virtud del referido carácter subsidiario de la tutela; no
obstante, en ciertos casos el análisis de la procedibilidad de la acción en
comento deberá ser llevado a cabo por los funcionarios judiciales competentes
con un criterio más amplio, cuando quien la interponga tenga el carácter de sujeto
de especial protección constitucional –esto es, cuandoquiera que la acción
de tutela sea presentada por niños, mujeres cabeza de familia, ancianos,
miembros de grupos minoritarios o personas en situación de pobreza extrema. En
estos eventos, la caracterización de perjuicio irremediable se debe
efectuar con una óptica, si bien no menos rigurosa, sí menos estricta, para así
materializar, en el campo de la acción de tutela, la particular atención y
protección que el Constituyente otorgó a estas personas, dadas sus condiciones
de vulnerabilidad, debilidad o marginalidad”.
[47] Sentencia T-1023 de
2008 (MP Rodrigo Escobar Gil). En esta sentencia, la
Corte Constitucional estudió dos acciones de tutela instauradas por
trabajadoras que reclamaban la protección de su derecho a la estabilidad
laboral reforzada derivada de sus precarios estados de salud. La
Corte consideró que por excepción, la acción de tutela es un mecanismo
procedente para estudiar el reconocimiento de ese derecho. En los dos casos en
estudio, esta Corporación negó la tutela de los derechos de los accionantes
porque consideró que, de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente,
quedó demostrado que las razones de la terminación de los contratos de trabajo
no obedecieron a los problemas de salud que padecían las tutelantes.
[48] Al respecto, ver las
sentencias T-214 de 1999 (MP Vladimiro Naranjo Mesa), T-603 de 2008 y T-138 de
2010 (MP Mauricio González Cuervo), entre otras. De conformidad con el
documento de Proyecciones de Población elaborado por el DANE, en septiembre de
2007, la esperanza de vida al nacer para hombres es de 72.1 años y para mujeres
es de 78.5 años.
[49] En la sentencia T-143
de 2008 (MP Clara Inés Vargas Hernández), la Sala Novena de Revisión al
analizar la procedencia excepcional de la acción de tutela para el
reconocimiento de pensiones, sostuvo: “En primer lugar, debe señalarse que el
accionante es una persona de avanzada edad, pues en la actualidad cuenta con 61
años de edad (folio 10), perteneciente a la tercera edad que prácticamente
bordea la etapa de productividad laboral […], lo cual lo hace sujeto de
especial protección constitucional en los términos de lo dispuesto por la
jurisprudencia constitucional  y por los artículos 13 y 46 de la Carta
Política”.  Asimismo, en la sentencia SU-856 de 2013 (MP Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub), reiterando la posición fijada en la sentencia T-398 de 2009 (MP Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub), en donde correspondió a la Sala Plena determinar,
entre otros aspectos, si la acción de tutela era procedente para la protección del
derecho a la seguridad social, precisó: “Con todo, la jurisprudencia también ha
señalado que la circunstancia de no haber arribado a la tercera edad no es en
sí misma un motivo que deba conducir a establecer la improcedencia de plano de
la acción de tutela, más aún cuando el juez constitucional cuenta con otras
circunstancias o elementos probatorios que lo lleven a evidenciar la existencia
de una amenaza de un perjuicio irremediable. En ese supuesto, someter al
demandante a los trámites de un proceso ordinario resultaría ser una carga
demasiado gravosa dada su particular situación”.  Por ello, concedió el amparo
solicitado como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable de
los derechos al mínimo vital, a la seguridad social y a la libre escogencia de
régimen pensional de un ciudadano que no había cumplido los 60 años de edad.
[50] A través de la cual se
modifica la Ley 687 del 15 de agosto de 2001 y se establecen nuevos criterios
de atención integral del adulto mayor en los centros vida.
[51] MP Marco Gerardo Monroy
Cabra.
[52] A folio 53 del cuaderno principal obra fotocopia de la
cédula de ciudadanía en la que se indica como fecha de nacimiento del
accionante el diecisiete (17) de diciembre de mil novecientos cincuenta y dos
(1952). En adelante,
los folios que se refieran harán parte del cuaderno principal, a menos que se
diga expresamente otra cosa.
[53] En el folio 21 del
expediente de revisión obra declaración extraprocesal rendida por el señor Juan
Bautista Meléndez Iglesia en la Notaría Única de Ciénaga, Magdalena, el
veintidós (22) de junio de dos mil quince (2015), en donde se lee que desde
hace 33 años convive en unión marital de hecho con la señora Ana María Tomás
Romero.  Asimismo, que la señora Ana María depende económicamente del
accionante, quien en la actualidad se encuentra desempleado.
[54] Además de una
fotografía obrante a folio … en donde se observa la discapacidad visual del
accionante, en el trámite de la segunda instancia en sede de tutela, el Juez
Segundo Promiscuo de Familia de Ciénaga en la sentencia del once (11) de
diciembre de dos mil catorce (2014), afirmó: “En cuanto a su estado de
debilidad manifiesta a causa de una disminución de su capacidad física por ser
“inútil” del ojo derecho, es menester aclarar que si bien no hay prueba de ello
en el plenario, es un hecho constatado por la presentación personal del
accionante a este despacho…” (negrillas fuera de texto).
[55] En el escrito de
impugnación al fallo de tutela emanado del Juez Primero Promiscuo Municipal, el
señor Juan bautista Meléndez Iglesia, expresa: “la razón única y valedera por la
cual solicit[é] amparar mis Derechos fundamentales Vulnerados, es porque
durante más de 28 años […] he venido trabajando a sol y sombra en las calles
polvorientas y salinizadas de[l] Municipio de Ciénaga Magdalena, los cuales han
dejado huellas en mi apariencia física, que hace parecer que tuviera la edad de
80 años, por el desgaste físico y mental, que conlleva trabajar todos los días
expuest[o] al intenso sol [a] que se exponen los residentes de los municipios
costeños por su cercanía al mar, trabajo este [que] me ha proporcionado
percibir una remuneración económica salarial mínima mensualmente, que gracias a
Dios me ha servido para sostener y alimentar a mi familia, brindándoles también
una protección en salud, pudiendo acceder a servicios médicos y tratamientos
cuando era necesario, lo cual nos permitía vivir de una manera si se puede
decir digna y adecuada a nuestra posición social [estrato uno]”.  Y agrega:
“Pero qu[é] pasa si ese modo de vida que tenía, […] cuando faltándome no menos
de un año y medio para poder llegar a alcanzar el derecho a una pensión, […],
se ve interrumpida esa relación laboral de manera abrupta y sorpresiva,
dejándome en el más completo abandono y en una lamentable situación de pobreza,
sin poder recibir el salario mínimo que mensualmente sostenía mi núcleo
familiar, desconociendo el empleador los derechos adquiridos en materia Laboral
y [de] Seguridad Social que tenemos las personas que estamos próximos a
pensionarnos y llegamos a la entrada de la etapa de la tercera edad” (folio 3 y
4 del cuaderno de segunda instancia).
[56] En este sentido, pueden
consultarse las sentencias T-526 de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño), T-016 de
2006 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-692 de 2006 (MP Jaime Córdoba
Triviño), T-905 de 2006 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-1084 de 2006 (MP
Álvaro Tafur Galvis), T-1009 de 2006 (MP Clara Inés Vargas Hernández), T-792 de
2007 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra), T-825 de 2007 (MP Manuel José Cepeda
Espinosa),  T-243 de 2008 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-594 de 2008 (MP
Jaime Córdoba Triviño), T-189 de 2009 (MP Luis Ernesto Vargas Silva),  T-299 de
2009 (MP Mauricio González Cuervo), T-265 de 2009 (MP Humberto Antonio Sierra
Porto),  T-691 de 2009 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), T-883 de 2009 (MP
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-328 de 2010 (MP Jorge Iván Palacio
Palacio),  entre muchas otras.
[57] MP Vladimiro Naranjo
Mesa.  Reiterada en numerosas oportunidades por las distintas Salas de Revisión
de esta Corte, entre ellas las sentencias T-016 de 2006 (MP Manuel José Cepeda
Espinosa), T-158 de 2006 (MP Humberto Antonio Sierra Porto),  T-654 de 2006 (MP
Humberto Antonio Sierra Porto), T-890 de 2006 (MP Nilson Pinilla Pinilla),
T-905 de 2006 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-1009 de 2006 (MP Clara Inés
Vargas Hernández), T-1084 de 2006 (MP Álvaro Tafur Galvis),  T-593 de 2007 (MP
Rodrigo escobar Gil), T-594 de 2008 (MP Jaime Córdoba Triviño),  T-265 de 2009
(MP Humberto Antonio Sierra Porto) y T-328 de 2010 (MP Jorge Iván Palacio
Palacio).
[58] En este sentido pueden
consultarse las sentencias SU-961 de 1999 (MP Vladimiro Naranjo Mesa), T-016 de
2006 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-158 de 2006 (MP Humberto Antonio
Sierra Porto), T-654 de 2006 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-890 de 2006
(MP Nilson Pinilla Pinilla), T-1084 de 2006 (MP Álvaro Tafur Galvis), T-594 de
2008 (MP Jaime Córdoba Triviño), T-265 de 2009 (MP Humberto Antonio Sierra
Porto) y T-328 de 2010 (MP Jorge Iván Palacio Palacio),  entre otras.
[59] Al respecto, consultar
las sentencias T-526 de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño), T-016 de 2006 (MP
Manuel José Cepeda Espinosa), T-158 de 2006 (MP Humberto Antonio Sierra Porto),
T-654 de 2006 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-890 de 2006 (MP Nilson Pinilla
Pinilla), T-905 de 2006 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-1009 de 2006 (MP
Clara Inés Vargas Hernández), T-593 de 2007 (MP Rodrigo escobar Gil), T-792 de
2007 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra), T-825 de 2007 (MP Manuel José Cepeda
Espinosa), T-243 de 2008 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-594 de 2008 (MP
Jaime Córdoba Triviño), T-884 de 2008 (MP Jaime Araujo Rentería), T-265 de 2009
(MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-299 de 2009 (MP Mauricio González
Cuervo), T-691 de 2009 (MP Jorge Iván Palacio Palacio) y T-883 de 2009 (MP
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), entre otras.
[60] Ver la sentencia T-594
de 2008 (MP Jaime Córdoba Triviño).
[61] Sentencia T-158 de 2006
(MP Humberto Antonio Sierra Porto), reiterada por la sentencia T-691 de 2009
(MP Jorge Iván Palacio Palacio) y T-1028 de 2010 (MP Humberto Antonio Sierra
Porto).
[62] En este sentido ver las
sentencias T-016 de 2006 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-158 de 2006 (MP
Humberto Antonio Sierra Porto), T-654 de 2006 (MP Humberto Antonio Sierra
Porto), T-890 de 2006 (MP Nilson Pinilla Pinilla), T-905 de 2006 (MP Humberto
Antonio Sierra Porto), T-1084 de 2006 (MP Álvaro Tafur Galvis), T-1009 de 2006
(MP Clara Inés Vargas Hernández),  T-792 de 2007 (MP Marco Gerardo Monroy
Cabra) y T-594 de 2008 (MP Jaime Córdoba Triviño), entre otras.
[63] Sentencia SU-961 de
1999 (MP Vladimiro Naranjo Mesa).
[64] Ibídem. La misma
posición fue sostenida en las sentencias T-526 de 2005 (MP Jaime Córdoba
Triviño), T-016 de 2006 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-158 de 2006 (MP
Humberto Antonio Sierra Porto), T-692 de 2006 (MP Jaime Córdoba Triviño), T-890
de 2006 (MP Nilson Pinilla Pinilla), T-905 de 2006 (MP Humberto Antonio Sierra
Porto), T-1009 de 2006 (MP Clara Inés Vargas Hernández), T-1084 de 2006 (MP
Álvaro Tafur Galvis), T-825 de 2007 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-299 de
2009 (MP Mauricio González Cuervo), T-691 de 2009 (MP Jorge Iván Palacio
Palacio) y T-883 de 2009 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), entre otras.
[65] Ver la sentencia T-594
de 2008 (MP Jaime Córdoba Triviño). En el mismo sentido, consultar las
sentencias T-526 de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño), T-016 de 2006 (MP Manuel
José Cepeda Espinosa), T-692 de 2006 (MP Jaime Córdoba Triviño), T-1009 de 2006
(MP Clara Inés Vargas Hernández), T-299 de 2009 (MP Mauricio González Cuervo),
T-691 de 2009 (MP Jorge Iván Palacio Palacio) y T-883 de 2009 (MP Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo), entre otras.
[66] En este sentido se
pronuncian las sentencias T-016 de 2006 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-158
de 2006 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-654 de 2006 (MP Humberto Antonio
Sierra Porto), T-890 de 2006 (MP Nilson Pinilla Pinilla), T-905 de 2006 (MP Humberto
Antonio Sierra Porto), T-1009 de 2006 (MP Clara Inés Vargas Hernández), T-1084
de 2006 (MP Álvaro Tafur Galvis), T-593 de 2007 (MP Rodrigo escobar Gil), T-792
de 2007 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra), T-189 de 2009 (MP Luis Ernesto Vargas
Silva), T-265 de 2009 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-691 de 2009, T-883
de 2009 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) y T-328 de 2010 (MP Jorge Iván
Palacio Palacio), entre otras.
[67] Ver la sentencia T-328
de 2010 (MP Jorge Iván Palacio Palacio).
[68] Así,
la jurisprudencia constitucional ha determinado algunos eventos, no taxativos,
en que esta situación se puede presentar: (i) La existencia de razones válidas
para la inactividad, como podría ser, por ejemplo, la ocurrencia de un suceso
de fuerza mayor o caso fortuito, la incapacidad o imposibilidad del actor para
interponer la tutela en un término razonable, la ocurrencia de un hecho
completamente nuevo y sorpresivo que hubiere cambiado drásticamente las
circunstancias previas, entre otras. (ii) Cuando a pesar del paso del tiempo es
evidente que la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales del
accionante permanece, es decir, su situación desfavorable como consecuencia de
la afectación de sus derechos continúa y es actual.  Lo que adquiere sentido si
se recuerda que la finalidad de la exigencia de la inmediatez no es imponer un
término de prescripción o caducidad a la acción de tutela sino asegurarse de
que se trate de una amenaza o violación de derechos fundamentales que requiera,
en realidad, una protección inmediata. (iii) Cuando la carga de la
interposición de la acción de tutela en un plazo razonable resulta
desproporcionada dada la situación de debilidad manifiesta en la que se
encuentra el accionante, lo que constituye un trato preferente autorizado por
el artículo 13 de la Constitución Política que ordena que “[e]l Estado
protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica,
física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”. Se
reitera la posición fijada en las sentencias T-526 de 2005 (MP Jaime Córdoba
Triviño), T-016 de 2006 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-158 de 2006 (MP
Humberto Antonio Sierra Porto), T-468 de 2006 (MP Humberto Antonio Sierra
Porto), T-654 de 2006 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-692 de 2006 (MP
Jaime Córdoba Triviño), T-890 de 2006 (MP Nilson Pinilla Pinilla), T-905 de
2006 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-1009 de 2006 (MP Clara Inés Vargas
Hernández), T-1084 de 2006 (MP Álvaro Tafur Galvis),  T-593 de 2007 (MP Rodrigo
Escobar Gil), T-696 de 2007 (MP Rodrigo Escobar Gil), T-792 de 2007 (MP Marco
Gerardo Monroy Cabra), T-243 de 2008 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-594 de
2008 (MP Jaime Córdoba Triviño), T-189 de 2009 (MP Luis Ernesto Vargas Silva),
T-265 de 2009 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-299 de 2009 (MP Mauricio
González Cuervo), T-691 de 2009 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), T-883 de 2009
(MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-328 de 2010 (MP Jorge Iván Palacio
Palacio), T-1028 de 2010 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-142 de 2012 (MP
Humberto Antonio Sierra Porto) y T-047 de 2014 (MP Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo), entre otras.
[69] Folio 15.
[70] El escrito obra a
folios 16 al 22 y tiene fecha del once (11) de julio de dos mil catorce
(2014).  Esta petición fue contestada el veintiuno (21) de julio del mismo año.
[71] Frente a este punto, así
se expresó en la impugnación interpuesta contra el fallo de primera instancia:
“Quiero dejar en claro, que en la redacción de la presente Tutela estoy siendo
asesorado por un sobrino de mi compañera permanente que es estudiante de noveno
semestre de derecho […], le contaron la difícil situación por la que estoy
pasando, y enseguida manifestó que yo tenía unos derechos [que] podía hacer
valer por intermedio de la acción de Tutela, y que no importaba si entre el
tiempo del vencimiento del contrato (Enero), a la fecha de presentación de la
acción de tutela (Agosto), hubiera transcurrido varios meses, ya que la Corte
ha manifestado que mientras se sigan vulnerando los derechos a través del
tiempo es susceptible la solicitud de a[m]parar los derechos tutelados, dejando
a un lado la condición de inmediatez, si se configura que puede llegar a
ocurrir un perjuicio irremediable.  Es por eso que de pronto tard[é] un poco en
solicitar el amparo a mis derechos Fundamentales vulnerados, porque desconocía
la importancia de este medio…” (folio 6 del cuaderno de segunda instancia).
[72] El tema fue desarrollado
ampliamente en la sentencia T-1058 de 2007 (MP Clara Inés Vargas Hernández).
[73] El artículo 6 del Código
Sustantivo del Trabajo señala: “TRABAJO OCASIONAL. Trabajo ocasional,
accidental o transitorio, es el de corta duración y no mayor de un mes, que se
refiere a labores distintas de las actividades normales del empleador”.
[74] Al respecto, la Corte
Constitucional en sentencia C-330 de 1995 (MP Jorge Arango Mejía), al
pronunciarse sobre una demanda de inconstitucionalidad presentada contra la
expresión “por un término de seis (6) meses prorrogable hasta por seis (6)
meses más”, contenida en el numeral 3º del artículo 77 de la Ley 50 de 1990, y
declararla exequible, expuso: “Para la Corte es claro que la finalidad de la
norma es la protección de los trabajadores, para que las empresas no abusen de
la posibilidad de contratar trabajadores temporales, haciendo a un lado los
permanentes. Esa finalidad resulta evidente al examinar sus tres numerales.
|| El primero contempla las labores ocasionales, accidentales o transitorias a
que se refiere el artículo 6o. del Código Sustantivo del Trabajo. […]. En
consecuencia, es lógico que en este caso pueda el usuario de la empresa de
servicios temporales contratar con ella, especialmente porque sus necesidades
no van más allá de las que puedan atenderse con el trabajo ocasional. ||
También es razonable el evento previsto por el numeral 2, es decir, el
reemplazo de personal en vacaciones, en uso de licencia, en incapacidad por
enfermedad o maternidad. Todas estas circunstancias llevan implícita la
temporalidad del servicio. || Y, por último, el numeral 3, en el cual la
finalidad protectora es ostensible. || […] || El fijar en el caso de este
numeral un término mínimo de seis meses, prorrogable “hasta por seis (6) meses
más”, es, precisamente, la protección del trabajador permanente. Si la empresa
quiere incrementar su producción permanentemente, no podrá seguir este camino
[…]. || […] || Si se compara esta norma con el artículo 25 de la Constitución,
se ve que se ajusta al principio de que el trabajo “goza, en todas sus
modalidades, de la especial protección del Estado” || […] || El fijar límites a
la forma de contratar de las empresas de servicios temporales, consulta su
razón de ser.  Y esos límites que se establecen para la protección de los
trabajadores, interpretan el inciso final del artículo 13, según el cual “El
Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta”. Pues,
dígase lo que se quiera, en la compleja relación empresa de servicios
temporales, usuario y trabajador, la parte más débil es este último” (negrillas
fuera de texto).
[75] Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Laboral. Radicado No. 9435. MP Francisco Escobar
Henríquez.  En esa ocasión le correspondió decidir el recurso de casación
interpuesto por una ciudadana, quien actuó como cónyuge sobreviviente y en
representación de sus hijos menores, contra un fallo emitido por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Medellín en el juicio seguido por la
recurrente contra la Nacional de Recursos Humanos Limitada y la Procesadora de
Leche San Martín SA, a través del cual se confirmó la decisión del juez de
primera instancia que condenó a la Empresa Nacional de Recursos Humanos
Limitada a pagar a los demandantes unos perjuicios materiales y morales
derivados del accidente de trabajo que acabó con la vida del señor Arnoldo Antonio
Ángel Muñoz, absolviendo a la Compañía Procesadora San Martín SA.
[76] Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Laboral. Radicado No. 25717. MP Carlos Isaac Nader.
Sentencia del veintiuno (21) de febrero del dos mil seis (2006).  A su vez
reiterada en la sentencia del quince (15) de agosto de dos mil seis (2006) de
la misma sala.  Radicado No. 26605. MP Gustavo José Gnecco Mendoza.  En las
mencionadas sentencias correspondió a la Sala de Casación Laboral decidir los
recursos de casación interpuestos por unos ciudadanos contra sendos fallos
proferidos por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Riohacha, en el proceso seguido por los recurrentes contra el
Instituto de Fomento Industrial IFI Concesión de Salina y la Empresa de
Servicios Temporales “Servivarios Limitada”.  Los cargos examinados, en
esencia, se orientaban a debatir que la superación del término de la
contratación de trabajadores en misión de seis meses prorrogables hasta por
seis más, generaba una situación jurídica contractual diferente a la
ficticiamente contratada, conforme a la cual la empresa usuaria pasaba a ser el
empleador directo del trabajador y la empresa de servicios temporales a ser
deudora solidaria de las acreencias laborales, con fundamento en la sentencia
del veinticuatro (24) de abril de mil novecientos noventa y siete (1997),
radicación 9435, correspondiéndole al IFI, por consiguiente, cancelar a los
accionantes las prestaciones sociales propias de los trabajadores oficiales.
Se precisó en las decisiones que frente a la contratación ilegal con empresas
de servicios temporales, por recaer sobre casos distintos para los cuales se
permite la vinculación de trabajadores en misión, por los artículos 77 de la
Ley 50 de 1990 y 13 del Decreto Reglamentario 24 de 1998 o cuando se presenta
el desconocimiento del plazo máximo permitido en estos preceptos, solo se puede
catalogar a la empresa de servicios temporales como un empleador aparente y un
verdadero intermediario que oculta su calidad en los términos del numeral
segundo del artículo 35 del Código Sustantivo del Trabajo, lo cual determina
necesariamente que el usuario sea ficticio y por ende deba tenerse como verdadero
empleador.
[77] Ver sentencias T-778 de 2000 (MP Alejandro
Martínez Caballero), T- 040A de 2001 (MP Fabio Morón Díaz), T- 909 de 2002 (MP
Jaime Córdoba Triviño) y T-862 de 2003 (MP Jaime Araujo Rentería).
[78] MP Jaime Araujo
Rentería.
[79] Lo anterior, siguiendo la posición fijada
en la sentencia T-1101 de 2001 (MP Manuel José Cepeda Espinosa).  En esa
oportunidad, la Sala Tercera de Revisión sostuvo: “Con el fin de establecer un
marco legal adecuado para
las empresas de servicios temporales y proteger debidamente los derechos de
los trabajadores, fue expedida la Ley 50 de 1990, que estableció reglas
para la constitución y funcionamiento de empresas de servicios temporales y
garantías para los trabajadores vinculadas a ellas. Aun cuando las empresas de
servicios temporales existen desde 1952 y su marco legal es anterior a la Constitución
de 1991, la Corte Constitucional ha declarado en varias sentencias la
constitucionalidad de algunas de las disposiciones contenidas en esa
regulación. || Entre las limitaciones impuestas a estas empresas por la Ley 50
de 1990, se destacan: || 1) Definición de las labores que pueden ser
contratadas con este tipo de empresas (artículo 77). Dentro de ellas sobresale
la prohibición de prorrogar contratos por más de seis meses con empresas
usuarias que requieran trabajadores temporales para atender incrementos en la
producción, el transporte o las ventas y los períodos estacionales de cosechas
(numeral 3, artículo 77); || 2) La responsabilidad de la empresa de servicios
temporales de la salud ocupacional de los trabajadores en misión (artículo 78);
|| 3) La igualdad de derechos y beneficios laborales de los trabajadores
temporales con aquellos que gozan los trabajadores permanentes de las empresas
usuarias (artículo 79); || 4) La prohibición de prestar servicios temporales
con empresas usuarias con las que se tengan vínculos económicos tales que las
hagan matrices, subordinadas o sucursales (artículo 80); 5) La obligación de
constituir pólizas para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones
laborales (artículo 81); || 6) El sometimiento de las empresas de servicios
temporales al control y vigilancia del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, entidad que autoriza su funcionamiento (artículo 82); || 7) La
prohibición de contratar trabajadores temporales para empresas cuyos
trabajadores se encuentren en huelga (artículo 89). || La finalidad de estas
normas es la de proteger a los trabajadores de los posibles irregularidades de
las empresas que con el fin de reducir sus costos laborales acudan a
trabajadores temporales. || No obstante lo anterior, casos como el
estudiado por la Corte en la presente tutela, muestran la insuficiencia de los
controles ejercidos por el Ministerio de Trabajo y la Seguridad Social para
proteger a los trabajadores temporales y la situación de desprotección en que
éstos se encuentran”.
(negrillas fuera de texto).
[80] MP. Jaime Araújo
Rentería.
[81] De conformidad con la sentencia T-1101
de 2001 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa).
[82] MP. Marco Gerardo Monroy
Cabra.
[83] El principio de
estabilidad laboral ha sido consagrado también en tratados internacionales
sobre derechos humanos que Colombia ha incorporado a su ordenamiento, los
cuales, de conformidad con lo establecido en el artículo 93 de la Constitución,
prevalecen sobre el ordenamiento interno. Uno de ellos, el Protocolo del
Salvador al Convenio Americano Sobre Derechos Humanos (1988), aprobado por el
Congreso a través de la Ley 319 de 1996, establece en su artículo 7: “Los
Estados garantizarán en sus legislaciones nacionales, de manera particular […]
d) La estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las
características de las industrias y profesiones y con las causas de justa
separación. En casos de despido injustificado, el trabajador tendrá derecho a
una indemnización o a la readmisión en el empleo o a cualquier otra prestación
prevista en la legislación nacional”.  En igual sentido dicho principio se
consagra en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU (1948),
artículo 23, y la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales de la OEA
(1947), artículo 19.
[84] MP Fabio Morón Díaz (SV
José Gregorio Hernández Galindo, Carlos Gaviria Díaz, Hernando Herrera Vergara
y Alejandro Martínez Caballero).
[85] Dicho principio, ha
dicho esta Corporación, implica que “más que las palabras usadas por los
contratantes para definir el tipo de relación que contraen, o de la forma que
pretendan dar a la misma, importa, a los ojos del juez y por mandato expreso de
la Constitución, el contenido material de dicha relación, sus características y
los hechos que en verdad la determinen”. Sentencia T-166 de 1997 (MP José
Gregorio Hernández Galindo).
[86] Sentencia C-016 de 1998
(MP Fabio Morón Díaz.  SV José Gregorio Hernández Galindo, Carlos Gaviria Díaz,
Hernando Herrera Vergara y Alejandro Martínez Caballero).
[87] Ver sentencias T-040A
de 2001 (MP Fabio Morón Díaz), T-862 de 2003 (MP Jaime Araujo Rentería), T-889
de 2005 (MP Jaime Araujo Rentería), entre otras.
[88] Sentencia C -016 de
1998 (MP Fabio Morón Díaz.  SV José Gregorio Hernández Galindo, Carlos Gaviria
Díaz, Hernando Herrera Vergara y Alejandro Martínez Caballero).
[89] El artículo 23 del
Código Sustantivo del Trabajo, establece los elementos esenciales del contrato
de trabajo, así: “1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que
concurran estos tres elementos esenciales: || a. La actividad personal del
trabajador, es decir, realizada por sí mismo; || b. La continuada subordinación
o dependencia del trabajador respecto del empleador, que faculta a éste para
exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo,
tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse
por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor,
la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los
tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la
materia obliguen al país; y || c. Un salario como retribución del servicio. ||
2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende
que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se
le dé ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen”.
[90] Sentencia C-124 de 2004
(MP Álvaro Tafur Galvis).
[91] En diferentes fallos la Corte se ha
pronunciado acerca de aquellos contratos denominados de prestación de
servicios, los cuales han sido utilizados por parte de los empleadores para
disfrazar las obligaciones propias de una relación laboral. Ver, entre muchas
otras, las sentencias T-500 de 2000 (MP Alejandro Martínez Caballero), T-890 de
2000 (MP Alejandro Martínez Caballero), T-033 de 2001 (MP Alejandro Martínez
Caballero) y T-905 de 2002 (MP Jaime Araujo Rentería).  En la sentencia T-290
de 2006 (MP Jaime Araujo Rentería) la Sala Primera de Revisión, expresó: “Ahora
bien, es el mismo Código Sustantivo del Trabajo el cual al definir el contrato
de trabajo en su artículo 22, señala los elementos básicos que deben estar
presentes para que se configure un contrato de estas características, e
igualmente plantea una presunción legal en virtud de la cual se asume que toda
relación de trabajo, en la que concurran tales elementos esenciales del
contrato de trabajo, está regida por un contrato de esa índole”.  Asimismo,
puede ser consultada la sentencia T-084 de 2010 (MP María Victoria Calle
Correa), en la cual la Sala Primera de Revisión concedió la tutela de los
derechos fundamentales a acceder a la administración de justicia, a la primacía
de la realidad sobre las formas y a la seguridad jurídica de un ciudadano que
instauró un proceso ordinario laboral, para que se reconociera la existencia
del contrato laboral, mantenido por él con el Instituto de Seguros Sociales
durante al menos ocho (8) años, que transcurrieron entre el primero (1°) de
noviembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994) y el treinta (30) de junio
de dos mil tres (2003) y, además, solicitó que se condenara a la entidad al
pago de todas las prestaciones laborales dejadas de pagar durante la relación
laboral; proceso en el cual solo obtuvo el reconocimiento parcial de sus
pretensiones.
[92] Ver la sentencia T-1058
de 2007 (MP Clara Inés Vargas Hernández).  En esa ocasión correspondió a la
Sala Novena de Revisión analizar si los sociedades accionadas Prontos Ltda. y
Aseo Capital S.A. al dar por terminado el contrato de obra o labor que
vinculaba como empleado de la primera al señor Víctor Mafla Montealegre, como
trabajador en misión de la segunda, le está vulnerando sus derechos
fundamentales a la salud, vida digna, seguridad social y trabajo.  Finalmente,
decidió tutelar transitoriamente los derechos al trabajo, salud y seguridad
social del ciudadano accionante.
[93] El señor Juan Bautista
Meléndez Iglesia en la actualidad tiene 62 años, y se encuentra realizando las
gestiones necesarias para reconstruir su expediente laboral en la extinta
Empresas de Servicios Públicos Municipales de Ciénaga, Magdalena.  A folios 25
al 27 del cuaderno de revisión obra copia de la Resolución No. 662 del primero
(01) de julio de dos mil quince (2015), emanada del Alcalde Municipal de
Ciénaga, Magdalena, en donde se declara reconstruido el expediente laboral del
señor Juan Bautista Meléndez Iglesia, “en el cargo de operador del equipo de
limpieza y redes del acueducto y alcantarillado del municipio de Ciénaga,
durante el período comprendido entre el 02 de enero de 1991 hasta el 16 de
Noviembre del 2000, nombrado mediante resolución No. 003 del 02 de enero de
1991” (artículo segundo).
[94] A folio 84 obra
fotocopia del contrato de trabajo a término fijo inferior a un año suscrito el
ocho (08) de enero de dos mil trece (2013) por la representante legal de Asear
Pluriservicios SAS y Juan Bautista Meléndez Iglesia, de donde se extraen los
siguientes datos: “Cargo: Ayudante Acuatech”; “Salario ordinario mensual:
$589.500”; “Fecha inicio labores: 8 Enero 2013”; “Fecha de terminación:
Domingo, 07 de Abril de 2013”; “Tiempo de duración: 3 meses”.  A folio 89 aparece
una primera prórroga al contrato anterior, firmada por las partes el seis (06)
de abril de dos mil trece (2013), en la que convienen de común acuerdo
prorrogarlo por tres (03) meses adicionales al inicialmente pactado, fijando
como nueva fecha de terminación del contrato el “7 julio 2013”.  A folio 87
aparece una segunda prórroga al contrato laboral, firmada el siete (07) de
octubre de dos mil trece (2013), en la que se conviene como nueva fecha de
terminación del contrato de trabajo el “07 octubre 2013”. A folio 86 aparece
una tercera prórroga del contrato suscrita el siete (07) de octubre de dos mil
trece (2013), en la que se conviene prorrogarlo por tres (03) meses más, es
decir, hasta el “7 enero 2014”.  A folio 85 obra una carta de terminación del
contrato a término fijo inferior a un año suscrita por la Directora de Oficina
de Asear Pluriservicios SAS, el siete (07) de octubre de dos mil trece (2013),
y dirigida al señor Juan Bautista Meléndez Iglesia, en donde se le informa que
el contrato de trabajo no será prorrogado, “en consecuencia éste terminará a la
finalización de su jornada laboral del día, (sic) 07 Enero 2014…”.  Esta
comunicación está firmada por el trabajador.  A folio 91 se observa la
liquidación del contrato de trabajo y en el ítem correspondiente a la razón de
la liquidación se lee “vencimiento de contrato”.
[95] Folio 3 del cuaderno de
segunda instancia.
[96] El representante legal
de Operadores de Servicios de la Sierra SA ESP del municipio de Ciénaga, en
escrito de respuesta a la solicitud de amparo del veinte (20) de agosto de dos
mil catorce (2014), informó que la empresa para suplir sus necesidades de
personal contrata los servicios con: Coltemp SAS, Empleos SAS, Tecni Personal
SAS y Asear Pluriservicios SAS (folio 64).
[97] El accionante expresó
que su contrato fue terminado cuando tenía 61 años y que le faltaba cumplir con
el requisito de la edad (62 años) para adquirir el derecho a la pensión de
vejez, conforme a lo regulado en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993,
modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003.  En la actualidad se
encuentra realizando las gestiones necesarias para reconstruir su expediente
laboral en la extinta Empresas de Servicios Públicos Municipales de Ciénaga,
Magdalena.  A folios 25 al 27 del cuaderno de revisión obra copia de la
Resolución No. 662 del primero (01) de julio de dos mil quince (2015), emanada
del Alcalde Municipal de Ciénaga, Magdalena, en donde se declara reconstruido
el expediente laboral del señor Juan Bautista Meléndez Iglesia, “en el cargo de
operador del equipo de limpieza y redes del acueducto y alcantarillado del
municipio de Ciénaga, durante el período comprendido entre el 02 de enero de
1991 hasta el 16 de Noviembre del 2000, nombrado mediante resolución No. 003
del 02 de enero de 1991” (artículo segundo).  A folio 26 obra un reporte de
semanas cotizadas en pensiones expedido por Colpensiones el veintiséis (26) de
julio de dos mil catorce (2014), para el período enero/1967-julio/2014, en
donde se da cuenta de un total de semanas cotizadas por el empleador de 334,43.
Además, en el folio 29 aparece otro reporte expedido por AFP Colfondos el
diecinueve (19) de noviembre de dos mil trece (2013), en donde se indica un
total de 619,14 semanas acreditadas.
[98] A folio 53 obra
fotocopia de la cédula de ciudadanía del señor Juan Bautista Meléndez Iglesia
en la que se indica como fecha de nacimiento el diecisiete (17) de diciembre de
mil novecientos cincuenta y dos (1952).
[99] Folios 3 al 13 del
cuaderno de segunda instancia.
[100] A folios 29 y 30 del
cuaderno de revisión obran, respectivamente, una fotografía del señor Juan
Bautista Meléndez en donde se evidencia una discapacidad visual de su ojo
derecho y una certificación expedida por el médico cirujano Rubén Gómez Barrera,
el dos (02) de julio de dos mil quince (2015), en la que se lee que el paciente
Juan Bautista Meléndez Iglesia “presenta ceguera total derecha = amaurosis
derecha” y que dicho padecimiento es “innato”.
[101] La información se
extracta de los certificados que aparecen a folios 39 al 52.
[102] Se tiene en cuenta el
tiempo transcurrido entre la fecha de terminación del contrato de trabajo y la
fecha de inicio de la siguiente relación laboral.
[103] Dedicado al tema de los
contratos laborales en las empresas de servicios temporales.
[104] Este hecho, que fue
puesto de presente por el accionante en su escrito de tutela, no fue
controvertido por las empresas demandadas en sus respectivas contestaciones.
[105] La información se
extracta del documento “CARGOS Y PERFILES Y FUNCIONES” para la estructura
organizacional de Operadores de Servicio de la Sierra S.A. E.S.P., cuya versión
digital aparece disponible en http://operadoresdelasierra.com/files/MANUAL_DE_FUNCIONES_OPSS.pdf
(junio de 2015). Es importante mencionar que dentro de la estructura
organizacional descrita, aparecen los cargos de “FONTANERO TUBERIA MAYORES
DIAMETROS”, responsable de las labores de fontanería que se le asigne como
parte de los programas de operación, mantenimiento y conservación de los
sistemas de conducción, redes de acueducto y alcantarillado, y “FONTANERO
TUBERIAS MENORES”, responsable de las reparaciones e instalación de tuberías de
acueducto y alcantarillado y de otros trabajos que le asigne su jefe inmediato
en los programas de operación, mantenimiento y conservación de los sistemas de
abastecimiento, suministro de agua, recolección, transporte y tratamiento de
las aguas residuales.  Para ambos cargos, se indica que el jefe inmediato es el
supervisor de acueducto y alcantarillado (págs. 27 a 30).
[106] A folio 84 obra
fotocopia del contrato de trabajo a término fijo inferior a un año suscrito el
ocho (08) de enero de dos mil trece (2013) por la representante legal de Asear
Pluriservicios SAS y Juan Bautista Meléndez Iglesia, de donde se extraen los
siguientes datos: “Cargo: Ayudante Acuatech”; “Salario ordinario mensual:
$589.500”; “Fecha inicio labores: 8 Enero 2013”; “Fecha de terminación:
Domingo, 07 de Abril de 2013”; “Tiempo de duración: 3 meses”.  A folio 89
aparece una primera prórroga al contrato anterior, firmada por las partes el
seis (06) de abril de dos mil trece (2013), en la que convienen de común
acuerdo prorrogarlo por tres (03) meses adicionales al inicialmente pactado,
fijando como nueva fecha de terminación del contrato el “7 julio 2013”.  A
folio 87 aparece una segunda prórroga al contrato laboral, firmada el siete (07)
de octubre de dos mil trece (2013), en la que se conviene como nueva fecha de
terminación del contrato de trabajo el “07 octubre 2013”.  A folio 86 aparece
una tercera prórroga del contrato suscrita el siete (07) de octubre de dos mil
trece (2013), en la que se conviene prorrogarlo por tres (03) meses más, es
decir, hasta el “7 enero 2014”.  A folio 85 obra una carta de terminación del
contrato a término fijo inferior a un año suscrita por la Directora de Oficina
de Asear Pluriservicios SAS, el siete (07) de octubre de dos mil trece (2013),
y dirigida al señor Juan Bautista Meléndez Iglesia, en donde se le informa que
el contrato de trabajo no será prorrogado, “en consecuencia éste terminará a la
finalización de su jornada laboral del día, (sic) 07 Enero 2014…”.  Esta
comunicación está firmada por el trabajador.  A folio 91 se observa la
liquidación del contrato de trabajo y en el ítem correspondiente a la razón de
la liquidación se lee “vencimiento de contrato”.
[107] A folio 26 obra un
reporte de semanas cotizadas en pensiones expedido por Colpensiones el
veintiséis (26) de julio de dos mil catorce (2014), para el período enero/1967-julio/2014,
en donde se da cuenta de un total de semanas cotizadas por el empleador de 334,43.
En dicho documento aparecen cotizaciones de Juan Manuel Dávila (período
01/05/1975-31/07/1975), EMPOMAG Ciénaga (período 03/04/1984-20/05/1990), Juan
Meléndez Iglesia (período 22/07/1994-31/07/1994), Empresa de Servicios Públicos
(período 01/07/1999-31/07/1999), y Empresa de Servicios Públicos (período
01/08/1999-30-09-1999).  En vista de que no figuran todos los aportes
realizados por Empresas de Servicios Públicos Municipales de Ciénaga, el señor
Juan Bautista Meléndez Iglesia solicitó, el dieciséis (16) de mayo de dos mil
quince (2015), a la Alcaldía de Ciénaga la reconstrucción de la historia
laboral que refleje el tiempo comprendido entre el dos (02) de enero de mil
novecientos noventa y uno (1991) y el dieciséis (16) de noviembre de dos mil
(2000), y que fue laborado en la extinta empresa.  A través de la Resolución
No. 662 del primero (01) de julio de dos mil quince (2015), emanada del Alcalde
Municipal de Ciénaga, Magdalena (folios 25 al 27 del cuaderno de revisión), se
declara reconstruido el expediente laboral del señor Juan Bautista Meléndez
Iglesia, “en el cargo de operador del equipo de limpieza y redes del acueducto
y alcantarillado del municipio de Ciénaga, durante el período comprendido entre
el 02 de enero de 1991 hasta el 16 de Noviembre del 2000, nombrado mediante
resolución No. 003 del 02 de enero de 1991”.  Es importante tener en cuenta,
que dentro de las pruebas enlistadas por el ente territorial para hacer la
reconstrucción del expediente laboral del accionante, se encuentra “Copia
auténtica de la Sentencia del Juzgado Laboral del Circuito, del Municipio de
Ciénaga Magdalena, en donde se obliga al municipio a pagar las prestaciones
sociales y aportes a la Seguridad Social del período comprendido entre el 02 de
Enero de 1991 hasta el 16 de Noviembre del 2000” (folio 25 del cuaderno de
revisión).  Además, en el folio 29 aparece otro reporte expedido por AFP
Colfondos el diecinueve (19) de noviembre de dos mil trece (2013), en donde se
indica un total de 619,14 semanas acreditadas. En dicho documento
aparecen cotizaciones de Empleos Temporales del Litoral y Asear Pluriservicios
SAS.
[108] A folio 53 del cuaderno principal obra fotocopia de la
cédula de ciudadanía en la que se indica como fecha de nacimiento del
accionante el diecisiete (17) de diciembre de mil novecientos cincuenta y dos
(1952). En adelante,
los folios que se refieran harán parte del cuaderno principal, a menos que se
diga expresamente otra cosa.
[109] A folio 21 del
expediente de revisión obra declaración extraprocesal rendida por el señor Juan
Bautista Meléndez Iglesia en la Notaría Única de Ciénaga, Magdalena, el
veintidós (22) de junio de dos mil quince (2015), en donde se lee que desde hace
33 años convive en unión marital de hecho con la señora Ana María Tomás Romero.
Asimismo, que la señora Ana María depende económicamente del accionante, quien
en la actualidad se encuentra desempleado.
[110] Además de una
fotografía obrante a folio 29 del expediente de revisión, en donde se observa
la discapacidad visual del accionante, y de la certificación expedida el dos
(02) de julio de dos mil quince (2015) por el médico cirujano Rubén Gómez
Barrera, en donde se indica que “presenta ceguera total derecha = amaurosis
derecha” (folio 30 del expediente de revisión); en el trámite de la segunda
instancia en sede de tutela, el Juez Segundo Promiscuo de Familia de Ciénaga en
la sentencia del once (11) de diciembre de dos mil catorce (2014), afirmó: “En
cuanto a su estado de debilidad manifiesta a causa de una disminución de su capacidad
física por ser “inútil” del ojo derecho, es menester aclarar que si bien no hay
prueba de ello en el plenario, es un hecho constatado por la presentación
personal del accionante a este despacho…” (negrillas fuera de texto).
[111] Entre otras, así lo ha
dicho la Corte en la sentencia T-1219 de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño). En
ella, la Corte examinó si una persona que sufría de diabetes y ocultó esa
información en la entrevista de trabajo para acceder al empleo, tenía el
derecho fundamental a la estabilidad laboral frente a la decisión de la empresa
de desvincularlo por haber omitido dicha información. Para decidir, la
Corte consideró que cuando se trata de personas en “circunstancias
excepcionales de discriminación, marginación o debilidad [m]anifiesta”, la estabilidad
en el empleo contemplada en el artículo 53 Superior tiene una relevancia
especial y puede ser protegida por medio de la acción de tutela, como garantía
fundamental.  Concluyó que el trabajador sí tenía ese derecho fundamental
a causa de las condiciones de debilidad y, en consecuencia, ordenó su
reintegro.
[112] Sentencia T-198 de
2006 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra).  El tema de las acciones afirmativas fue
objeto de amplio desarrollo en las sentencias C-371 de 2000 (MP Carlos Gaviria
Díaz. SPV Álvaro Tafur Galvis y Alejandro Martínez Caballero; SV Eduardo
Cifuentes Muñoz; AV Vladimiro Naranjo Mesa), y C-293 de 2010 (MP Nilson Pinilla
Pinilla), mediante la cual se declaró la exequibilidad de la
Ley 1346 de 2009, aprobatoria de la “Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad”, adoptada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006); y C-744
de 2012 (MP Nilson Pinilla Pinilla; AV María Victoria Calle Correa, Luis
Guillermo Guerrero Pérez y Luis Ernesto Vargas Silva).  Este Tribunal, en la
sentencia T-1167 de 2005 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), sostuvo que las
acciones afirmativas son aquellas que están destinadas a proteger a ciertas
personas o grupos para eliminar o reducir las desigualdades de tipo social,
cultural o económico que los afectan, o bien para procurar que los miembros de
un grupo discriminado tengan una mayor representación en el escenario político
o social.  Igualmente, puede ser consultada la sentencia T-434 de 2008 (MP
Jaime Córdoba Triviño).
[113] El artículo 26 de la
Ley 361 de 1997, señala: “En ningún caso la limitación de una persona, podrá
ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha
limitación sea claramente demostrada como incompatible e insuperable en el
cargo que se va a desempeñar. Así mismo, ninguna persona limitada podrá ser
despedida o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que medie
autorización de la oficina de Trabajo. || No obstante, quienes fueren
despedidos o su contrato terminado por razón de su limitación, sin el
cumplimiento del requisito previsto en el inciso anterior, tendrán derecho a
una indemnización equivalente a ciento ochenta días del salario, sin perjuicio
de las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con
el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo modifiquen, adicionen,
complementen o aclaren”. En la sentencia T-225 de 2012 (MP Humberto Antonio
Sierra Porto), reiterada por la sentencia T-226 de 2012 (MP Humberto Antonio
Sierra Porto), la Corporación se refiere a la evolución de la línea
jurisprudencial en relación con el concepto de limitación, que fue sostenido en
la sentencia T-198 de 2006 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra) y seguida por otras
como las T-819 de 2008 (MP Clara Inés Vargas Hernández), T-603 de 2009 (MP
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) y T-643 de 2009 (MP Juan Carlos Henao Pérez).
[114] Sentencia C-072 de 2003 (MP Alfredo
Beltrán Sierra). Mediante esta providencia la
Corporación declaró la exequibilidad de la expresión subrayada del artículo 33
de la Ley 361 de 1997, “por la cual se establecen mecanismos de integración
social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones”, que
dispone: “El ingreso al servicio público o privado de una persona limitada que
se encuentre pensionada, no implicará la pérdida ni suspensión de su
mesada pensional, siempre que no implique doble asignación del tesoro público”.
[115] Ibídem.  Agregó: “[se] encuentra
absolutamente razonable que el legislador establezca disposiciones que
faciliten y estimulen el reintegro a la actividad laboral de las personas que
sufren alguna clase de limitación, creando condiciones de privilegio aceptables
para que se haga realidad la integración social, pues, en esta medida se
cumplen propósitos directamente relacionados con la dignidad como persona,
razón de ser de la Constitución de 1991”.
[116] Ver la sentencia T-550 de 1994 (MP Jorge Arango Mejía).
[117] Ver las sentencias T-434 de 2002 (MP Rodrigo Escobar Gil) y C-188 de 2006 (MP Rodrigo
Escobar Gil). Ya con anterioridad, en sede de control abstracto de
constitucionalidad, la Corte había aclarado que el principio de solidaridad,
entendido como deber, podía ser exigido excepcionalmente a los particulares a
pesar de que no hubiera sido desarrollado en una ley de la República.  Así lo
señaló en la sentencia C-237 de 1997 (MP Carlos Gaviria Díaz) cuando, al
ocuparse de una demanda instaurada contra el delito de inasistencia alimentaria
consagrado en el Código Penal, dijo que “el deber de solidaridad no se limita
al Estado: corresponde también a los particulares, de quienes dicho deber es
exigible en los términos de la ley, y de manera excepcional, sin mediación
legislativa, cuando su desconocimiento comporta la violación de un derecho
fundamental”.  Esta interpretación fue posteriormente acogida en sede de tutela
en la sentencia T-170 de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño), donde la Sala Cuarta
de Revisión se ocupó del cobro de un crédito hipotecario por parte de una
entidad bancaria que había pasado por alto que en la vivienda que perseguía
habitaba una familia compuesta por cuatro (4) menores de edad y sus dos (2)
padres, quienes padecían de VIH/SIDA.
[118] Ver la sentencia T-434
de 2002 (MP Rodrigo Escobar Gil).  Esta posición fue reiterada en las sentencias
T-792 de 2009 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) y T-445 de 2014 (MP María
Victoria Calle Correa. AV Mauricio González Cuervo), entre otras.  En esta
última decisión, correspondió a la Sala Primera de Revisión decidir si un
empleador vulneró los derechos fundamentales al trabajo, a la estabilidad
laboral reforzada, al mínimo vital y a la igualdad de una ciudadana, al dar por
terminado su contrato laboral de manera unilateral bajo el argumento de que su
edad y estado de salud le impedían realizar adecuadamente sus funciones, a
pesar de que no le solicitó previamente autorización al Ministerio del Trabajo
para realizar el despido.  Concluyó, que al haber gozado de una estabilidad
laboral reforzada en el momento de los hechos, la accionante tenía derecho a no
ser despedida en razón a su situación de vulnerabilidad y a permanecer en su
cargo hasta que el inspector de trabajo autorizara su despido con base en la
verificación previa de una justa causa.  Razón por la cual, ordenó su reintegro
y el pago de algunas acreencias laborales causadas.
[119] Ver sentencia
T-519 de 2003 (MP Marco
Gerardo Monroy Cabra).
[120] Ver sentencia T-1040 de
2001 (MP Rodrigo Escobar Gil). Sobre la aplicación del principio de solidaridad
a favor de los trabajadores que presentan una disminución en su estado de
salud, pueden verse también las sentencias T-936 de 2009 (MP Humberto Antonio
Sierra Porto) y T-003 de 2010 (MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[121] Folio 86.
[122] El artículo 9 de la Ley
797 de 2003, reglamentado parcialmente por el Decreto Nacional 510 de 2003,
dispone: “El artículo 33 de la Ley 100 de 1993 quedará así: || Artículo 33.
Requisitos para obtener la Pensión de Vejez. Para tener el derecho a la Pensión
de Vejez, el afiliado deberá reunir las siguientes condiciones: || 1. Haber
cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer o sesenta (60) años si
es hombre. || A partir del 1° de enero del año 2014 la edad se incrementará a
cincuenta y siete (57) años de edad para la mujer, y sesenta y dos (62) años
para el hombre. || 2. Haber cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en
cualquier tiempo. || A partir del 1° de enero del año 2005 el número de semanas
se incrementará en 50 y a partir del 1° de enero de 2006 se incrementará en 25
cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015...”.