T-571-08
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-571/08
ACCION DE TUTELA-Carencia actual de objeto
JUEZ CONSTITUCIONAL-Facultad de fallar extra y ultra petita
DEBER GENERAL DE OBEDIENCIA DEL DERECHO Y
CARACTER DE LA JUSTIFICACION-Posibilidad
constitucional de disentir y protestar respecto del contenido de una
disposición normativa
Uno de los temas más recurrentes y de mayor
significación y dificultad en la teoría del derecho, es el relacionado con el
deber de obediencia al derecho, así como el carácter de la justificación de ese
deber. Para el caso, interesa el interrogante que de ello se deriva. Aquél que
plantea “si las personas deben obedecer sus leyes siempre y en todas las
circunstancias o este deber de obediencia cesa y surge la obligación de la
resistencia cuando la ley es injusta, o ilegitima (emana de quien no tiene el
poder de legislar), o inválida (inconstitucional).” En punto de solventar este
interrogante, en atención a las normas constitucionales de nuestro ordenamiento
jurídico, se encuentra que en presencia de ciertas circunstancias, el principio
pluralista (art 1° C.N) permite disentir y protestar respecto del contenido de
una disposición normativa, bien mediante la manifestación de la inconformidad
en dicho sentido, o mediante el incumplimiento de algunas, con el fin de llamar
la atención sobre la implementación o aplicación efectiva de otras.
DESOBEDIENCIA CIVIL-Características
Tratándose de ejercer el derecho de resistencia
respecto del cumplimiento de una norma, por ser contraria a las normas
constitucionales o porque busca la implementación efectiva de principios de
rango constitucional, debe demostrarse una y otra situación. Esto, en el sentido
de que el derecho de resistencia no comporta una justificación para el
incumplimiento de las normas, sino una forma excepcional de protesta que
presupone la aceptación de los principios estructurales de la organización
política y jurídica, y no pretende subvertirlos sino lograr que se implemente
de manera adecuada. A partir de lo anterior, la doctrina ha creado la categoría
de desobediente civil (en ejercicio de la desobediencia civil), para los
ciudadanos que incurren el supuesto anterior. Por ejemplo, Jhon Rawls propuso
que la desobediencia civil es algo más que un acto ilegal, público y no
violento, dirigido a provocar un cambio en la legislación o en la conducta
gubernamental; es ante todo un acto dirigido y justificado por principios
políticos, es decir por principios de justicia que regulan la Constitución y en
general las instituciones sociales… no apelamos a principios de moralidad
personal o a doctrinas religiosas… sino que invocamos la concepción de justicia
comúnmente compartida, que subyace bajo el orden político” De lo anterior se
desprenden igualmente, dos características definitorias del ejercicio del
derecho de resistencia: su carácter no violento, y la necesidad de que pretenda
la pública exaltación de principios constitucionales establecidos. Sobre el
primero cabe señalar que el desobediente civil debe abstenerse de realizar
cualquier lesión en las personas o menoscabo de sus derechos, así como de hacer
daño a las cosas. Y, sobre el segundo, debe entenderse que “aquellas
manifestaciones de insumisión al derecho (…), no obstante ilegales, deben
guardar un mínimo de lealtad al régimen político, y (…) esa lealtad debe
cifrarse en la aceptación de que el cambio de política o de sociedad que se
propugna ha de obtenerse a través del consentimiento de la mayoría, no mediante
la imposición”, esto es, en respeto de las reglas democráticas y del principio
mayoritario.
EJERCICIO DEL DERECHO DE RESISTENCIA-Participación en huelga en los centros
penitenciarios
La participación en una huelga de hambre, puede en
efecto darse en ejercicio del derecho de resistencia, como forma de disentir y
protestar, para advertir la deficiencia o incumplimiento de principios
superiores de rango constitucional. Con todo, no sólo basta, como se ha
explicado, la declaración de dicho evento en tal sentido, sino que hará falta
también la referencia a los principios constitucionales cuya insuficiente
aplicación y desarrollo se sindica, y la verificación de que ello no implique,
se sustente o se logre a partir de actos de violencia. En el caso de los
centros penitenciarios, estas manifestaciones del derecho de resistencia,
incluyen más consideraciones restrictivas. Pues, la especial relación de
sujeción que vincula a los internos y a las autoridades carcelarias, supone
especial atención al mantenimiento del orden y la disciplina; y aún más, supone
que la decisión de no ingerir alimentos puede incluso ser regulada por dichas
autoridades. En el apartado siguiente se hará referencia estos aspectos.
RELACIONES ESPECIALES DE SUJECION-Definición
RELACIONES ESPECIALES DE SUJECION-Elementos principales
Tres elementos principales pueden destacarse de la
anterior definición general. El primero, relacionado con la posición de la
administración respecto de ciudadano o administrado. El segundo, relativo a la
noción de inserción del administrado en la esfera de regulación más cercana a
la Administración. Y el tercero, referido a los fines especiales que busca la
mencionada regulación especial. En relación con el primer elemento, se tiene que
tradicionalmente la Administración ha estado en una posición jerárquica
superior respecto del administrado. Y ello es tanto así, que los ordenes
jurídicos modernos contienen una enorme gama de principios y reglas de
organización, que pretenden que la relación entre el Estado y el ciudadano, no
coloque al último en situaciones desfavorables o inferiores a los derechos de
los que es titular. No obstante, las relaciones especiales de sujeción se
caracterizan justamente porque, se exacerba la idea de superioridad jerárquica
de la Administración sobre el administrado, y porque permiten matices a las
medidas y garantías que buscan en los Estados actuales, atemperar dicho
desequilibrio. Lo anterior tiene como sustento la aceptación de que la
organización política de los Estados constitucionales de Derecho, supone la
cesión del ejercicio del poder, a un ente superior que lo administra para
gobernar. Respecto de lo segundo, cabe señalar que en las relaciones especiales
de sujeción, el administrado se inserta de manera radical a la esfera
organizativa de la Administración. “Inserción que crea una mayor proximidad o
inmediación entre ambos sujetos jurídicos”, administrado y Administración.
Varias causas pueden suscitar el anterior fenómeno. Para el caso interesan aquellas
“en que la integración [o inserción] es forzosa y responde, bien a la necesidad
que tiene la Administración de determinadas prestaciones personales (caso del
soldado de reemplazo- [reservista]), bien al deseo de tutelar la seguridad de
los restantes ciudadanos, poniéndola a salvo del peligro que representan [las
conductas] de ciertos individuos (es el triste y lamentable supuesto de los
reclusos).”  La consecuencia pues, de dicha inserción o acercamiento del
administrado a las regulaciones más próximas de la organización de la
Administración, implica el sometimiento a un régimen jurídico especial y más
estricto, respecto de quienes no están vinculados por dichas relaciones
especiales. El tercer elemento se refiere a los fines constitucionales que
deben sustentar las relaciones especiales de sujeción, para poder autorizar un
sometimiento jurídico especial y estricto del administrado. Así, la disposición
de una estructura administrativa para implementar centros de reclusión penal,
tiene como fin garantizar la posibilidad de que el estado aplique penas
privativas de la libertad (art 28 C.N). Y, a su turno dichas penas tienen
“función protectora y preventiva, pero su fin fundamental es la
resocialización. Las medidas de seguridad persiguen fines de curación, tutela y
rehabilitación.”
RELACIONES ESPECIALES DE SUJECION ENTRE
RECLUSOS Y EL ESTADO-Consecuencias
jurídicas
Es de
radical importancia destacar la conclusión que de lo anterior se derivó en la
sentencia T-881 de 2002. Se afirmó pues, que entre las consecuencias jurídicas
más importantes de la existencia de las relaciones especiales de sujeción,
están: (i) la posibilidad de limitar el ejercicio de algunos derechos
fundamentales de los reclusos (intimidad, reunión, trabajo, educación). (ii) La
imposibilidad de limitar el ejercicio de algunos derechos fundamentales (vida,
dignidad humana, libertad de cultos, debido proceso, habeas data, entre otros).
(iii) El deber positivo en cabeza del Estado de asegurar el goce efectivo tanto
de los derechos no fundamentales como de los fundamentales, en la parte que no
sea objeto de limitación cuando la misma procede, y en su integridad frente a
los demás, debido a la especial situación de indefensión o de debilidad
manifiesta en la que se encuentran los reclusos. (iv) El deber positivo en
cabeza del Estado de asegurar todas las condiciones necesarias que permitan a
su vez condiciones adecuadas para la efectiva resocialización de los reclusos.
DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA
PERSONALIDAD-Límites/AUTONOMIA
PERSONAL
ESTABLECIMIENTO CARCELARIO-Deber de respeto por la decisión del
recluso de no ingerir alimentos en desarro0llo de una huelga de hambre
ESTABLECIMIENTO CARCELARIO-Ejercicio de los derechos por parte de los
reclusos
Se puede concluir que el ejercicio de los derechos,
por parte de los reclusos, que en principio pueden ser limitables, podrán serlo
siempre que dicho ejercicio implique la alteración del orden y la disciplina en
el centro penitenciario. Contrario sensu, si no se configura efecto alguno
sobre el orden de una cárcel, no es posible restringir el ejercicio de los
derechos no limitables de los internos, pues la justificación que los
principios constitucionales prestan para ello, corresponde a la búsqueda y establecimiento
de condiciones de seguridad, tranquilidad y convivencia humana elevada a los
más altos grados de civilización. En dichas condiciones, los reclusos ostentan
un amplio margen de ejercicio de los derechos que conservan pese a su especial
condición jurídica.
EJERCICIO DEL DERECHO DE RESISTENCIA-Participación en huelga de hambre por
recluso no puede obrar como fundamento de una sanción disciplinaria
ESTABLECIMIENTO CARCELARIO-Vulneración de derechos fundamentales del
recluso por imposición de sanciones en razón a participación en huelga de
hambre
Referencia: expediente T-1811566
Acción de tutela interpuesta por Fabio Alex García Chaverra contra el Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad EPAMS de la dorada Caldas.
Magistrado Ponente:
Dr. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO.
Bogotá D.C.,
cuatro (4) de junio de dos mil ocho (2008).
La Sala Octava de Revisión de la Corte
Constitucional integrada por los magistrados Clara Inés Vargas Hernández, Jaime
Araujo Rentería y Humberto Antonio Sierra Porto, quien la preside, en ejercicio
de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas
en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política y en los
artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, profiere la siguiente:
SENTENCIA.
Dentro del proceso de revisión del fallo de tutela, en el asunto de
la referencia, dictado por el Juzgado Quinto Administrativo de Bucaramanga del 30
de julio de 2007, en única instancia.
I.
ANTECEDENTES
Hechos
1.
El ciudadano Fabio Alex García Chaverra, fue trasladado
de la Alta a Mediana seguridad en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario
de Alta y Mediana Seguridad – EPAMS- de la dorada Caldas, por lo cual fue
ubicado en el patio N° 8 de dicho establecimiento penitenciario.
2.
Relata que producto de
dicho traslado, vivía una situación de hacinamiento y condiciones sanitarias indignas
en la celda que le fue asignada. Igualmente, afirma que existió una dilación
injustificada en el trámite de la solicitud del beneficio administrativo de las
72 horas. Por lo anterior, participó en una huelga de hambre el 14 de noviembre
de 2006, como manifestación pacífica de inconformidad respecto de la situación
descrita.
3.
Luego de esto, el 29 de
noviembre de 2006, el director del establecimiento penitencial ordenó la
iniciación de un proceso disciplinario, a quienes participaron de la huelga de
hambre en cuestión, por la presunta vulneración de los numerales 14, 17, 24 y
29 del artículo 121 de la Ley 65 de 1993. Y, el 8 de diciembre de 2006
(mediante resolución N° 9006) fue trasladado a la        EPAMS de Girón –
Santander.
4.
Como resultado del
mencionado proceso disciplinario, mediante resolución N° 0260 del 26 de febrero
de 2007, el EPAMS de la Dorada, sancionó al tutelante con la pérdida de 20 días
de redención, al igual que a los demás internos que participaron en la huelga.
5.
El accionante interpone
recurso de reposición el 25 de abril de 2007 contra la resolución N° 0260 citada,
el cual fue resuelto mediante la resolución 706 del 3 de julio 2007 que
confirmó la decisión, por lo cual, se mantuvo la sanción a la que se hizo
referencia.
6.
El señor García
Chaverra, interpuso acción de tutela, en la que solicitó al juez que ordenará a
la EPAMS de la dorada Caldas, desatar el recurso de reposición interpuesto
contra la resolución de sanción, con el fin de que se revocara la sanción y así
continuar “sin obstrucción” los trámites tendientes a lograr el
beneficio administrativo de las 72 horas . Antes de que el juez de tutela
emitiera su fallo, la entidad accionada resolvió el recurso de reposición y
confirmó la sanción. Por ello, el juez de tutela declaró carencia actual de
objeto y no concedió el amparo.
7.
No obstante, el
accionante interpuso recurso de apelación contra el fallo de tutela en
cuestión, que fue negado por extemporáneo; e igualmente, tanto el tutelante
como los demás internos sancionados, interpusieron recurso de apelación contra la
resolución N° 706 del 3 de julio 2007, confirmatoria de la N° 0260 del 26 de
febrero de 2007, mediante la que originalmente se impuso la sanción. El
mencionado recurso se declaró improcedente por parte del INPEC, lo cual se
informó mediante oficio del 2 de octubre de 2007 (Fl. 28 Cuad Ppal).
8.
Mediante escrito
dirigido a la Corte Constitucional, el demandante de tutela solicita la
revisión del fallo, pues considera que pese a estar en trámite el recurso de
apelación en contra de la resolución confirmatoria de la sanción, se han
vulnerado sus derechos al debido proceso y a la libertad de expresión. Además,
recalca que no ha podido acceder al trámite del beneficio de las 72 horas, pues
la imposición de la sanción, justificada en la valoración del hecho de la
participación en la huelga, como un hecho contrario a la buena conducta, supone
que el trámite de dicho beneficio culminará en su detrimento.
Pruebas
relevantes que obran en los expedientes.
1.     Escrito de la demanda de tutela (Fls. 1 a 5)
2.     Respuesta a la demanda de tutela, por parte
de la entidad accionada (Fls. 55
a 66)
3.     Resolución N° 0260 del 26 de febrero de
2007, por la cual se sanciona a los internos que participaron en la huelga.  (Fls.
78 a 94).
4.     Resolución 706 del 3 de julio 2007, mediante la cual se confirma lo
decidido en la resolución Nº 0260 del 26 de febrero de 2007 (Fls. 67 a 71)
5.     Sentencia de tutela dictada por el Juzgado Quinto Administrativo de
Bucaramanga del 30 de julio de 2007 (Fls. 102 a 113)
6.     Escrito del recurso de apelación, del 11
septiembre de 2006, contra la Sentencia del 25 de agosto de 2006, del Tribunal Administrativo de
Sucre – Sala de Decisión N° 1. (Fl. 239)
7.     Providencia del 29 de noviembre de 2006, por medio de la cual el Tribunal
Administrativo de Sucre niega la procedencia de la apelación. (Fls. 242)
8.     Escritos suscritos por el demandante de
tutela, en los que manifiesta que la decisión del recurso de reposición que confirmó la sanción, se encuentra en trámite de apelación ante superior jerárquico
respectivo al interior del INPEC  (Fls. 127 a 129 y 15 a 21)
Fundamentos
de la Tutela
El demandante alega que se ha configurado
un estado de cosas inconstitucional en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario
(EPAMS) de la Dorada Caldas, y que por ello, decidió junto con algunos
compañeros, manifestar su inconformidad al respecto mediante la realización de
una huelga de hambre. En relación con el anterior hecho, el actor relata en el
escrito de tutela una serie de anomalías que presuntamente se han presentado en
la institución carcelaria accionada. Afirma que el flujo de comunicación,
relativo a la posibilidad de que los internos realicen peticiones y solicitudes
es deficiente; además, que las condiciones sanitarias y de hacinamiento
vulneran flagrantemente sus derechos fundamentales.
Por todo lo anterior solicita al juez de
tutela, como pretensión principal, que ordene a la EPAMS referida, resolver el
recurso de reposición instaurado contra la resolución que culminó con el
proceso disciplinario que se inició a causa de la huelga. Sin embargo, el actor
presenta razones en la demanda de amparo que sugieren al juez que el sentido de
la resolución sancionatoria referida, vulnera los derechos de libertad de
expresión, igualdad y libertad, y sobre todo, el derecho a exigir de manera
pacífica, la implementación de políticas para establecimiento de condiciones de
vida digna en las cárceles. De ahí que, solicite también al juez de amparo
ordenar al INPEC tomar las medidas necesarias para lo propio.
Respuesta del Establecimiento Penitenciario y Carcelario
de Alta y Mediana Seguridad EPAMS de la Dorada Caldas.
El apoderado judicial del Establecimiento
Penitenciario y Carcelario (EPAMS) de la Dorada Caldas, informa en escrito de
respuesta de tutela, que el recurso de reposición fue resuelto y que se han
presentado algunos inconvenientes para su notificación, por cuanto los
recurrentes son un grupo numeroso de internos que han sido trasladados a
diferentes establecimientos penitenciarios, por lo cual la mencionada
notificación no ha sido sencilla.
De otro lado, aclara que el sentido de las decisiones
disciplinarias corresponde a la vulneración de normas de conducta
establecidas en Código Penitenciario que dan lugar a sanciones, y que en ningún
momento pretenden crear condiciones que impidan a los internos realizar
exigencias relativas a las falencias de las cárceles. Agrega, que en el caso
concreto del accionante, el hecho del traslado al Establecimiento Penitenciario
y Carcelario (EPAMS)  de Girón Santander, se debió a que él mismo presionó
para ello mediante la huelga de hambre. Luego, no fue una represalia en su
contra originada en la huelga misma.
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS.
Competencia.
1.- Esta
Corte es competente para revisar el presente fallo de tutela de conformidad con
lo previsto en los artículos 86 y 241 de la Constitución Nacional, el Decreto
2591 de 1991 y las demás disposiciones pertinentes.
Planteamiento del caso y del problema jurídico.
2.- El ciudadano Fabio Alex García Chaverra, aduce que vivía una situación de
hacinamiento y condiciones sanitarias indignas en el Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de la Dorada Caldas, en
adelante EPAMS, además de que el trámite de la solicitud del beneficio
administrativo de las 72 horas, no se adelantaba de manera eficiente. Por lo
anterior, participó en una huelga de hambre el 14 de noviembre de 2006, con el
fin de manifestar de manera pacífica su inconformidad al respecto.
Luego de esto, el 29 de noviembre de 2006,
el director del establecimiento penitencial ordenó la iniciación de un proceso
disciplinario, a quienes participaron de la huelga de hambre en cuestión, por
la presunta vulneración de los numerales 14, 17, 24 y 29 del artículo 121 de la
Ley 65 de 1993. Y, el 8 de diciembre de 2006 (mediante resolución N° 9006) fue
trasladado a la EPAMS de Girón – Santander. Como resultado del mencionado
proceso disciplinario, fue sancionado con la pérdida de 20 días de redención,
al igual que los demás internos que participaron en la huelga (resolución N°
0260 del 26 de febrero de 2007). Se interpuso recurso de reposición contra la
resolución N° 0260, el cual fue resuelto mediante la resolución 706 del 3 de
julio 2007 que confirmó la decisión.
El señor García Chaverra, interpuso acción
de tutela, en la que solicitó al juez que ordenará a la EPAMS de la Dorada Caldas,
desatar el recurso de reposición interpuesto contra la resolución de sanción
(N° 0260 del 26 de febrero de 2007), con el fin de que se revocara y así
continuar “sin obstrucción” los trámites tendientes a lograr el
beneficio administrativo de las 72 horas. En el entretanto, y antes de que el
juez de tutela emitiera su fallo, la entidad accionada resolvió el recurso y
confirmó la sanción. Por ello, el juez de tutela declaró carencia actual de
objeto y no concedió el amparo.
No obstante, el accionante interpuso
recurso de apelación contra el fallo de tutela en cuestión, que fue negado por extemporáneo;
e igualmente, tanto el tutelante como los demás internos sancionados,
interpusieron recurso de apelación contra la resolución N° 706 del 3 de julio
2007, el cual fue declarado improcedente por parte del INPEC.[1]
Mediante
escrito dirigido a la Corte Constitucional, el demandante de tutela solicita la
revisión del fallo, pues considera que pese a estar en trámite el recurso de
apelación en contra de la resolución confirmatoria de
la sanción, se han vulnerado sus derechos al debido proceso y a la libertad de
expresión. Además, recalca que no ha podido acceder al trámite del beneficio de
las 72 horas, pues la imposición de la sanción, justificada en la valoración del hecho de la participación en la huelga, como un hecho
contrario a la buena conducta, supone que el trámite de dicho beneficio
culminará en su detrimento. Adicionalmente solicita, que se revoquen las decisiones
administrativas que han dispuesto la sanción, además de que Corte Constitucional realice recomendaciones al
INPEC para la implementación de medidas para superar satisfactoriamente el estado de cosas inconstitucional en
las cárceles del país.
A su turno, el EPAMS demandado, argumenta
que la acción de tutela resulta improcedente, por cuanto el recurso de reposición
fue en efecto resuelto, aunque la notificación del mismo haya tardado. Aclara
que las resoluciones que imponen sanciones se fundamentan en la vulneración de
normas de conducta establecidas en el Código Penitenciario que dan lugar a dichas
sanciones. De ahí, que no pueda concluirse que éstas configuran una forma de
crear condiciones que impidan a los internos realizar exigencias relativas a
las deficiencias en el funcionamiento de los centros penitenciarios. Agrega,
que en el caso concreto del accionante, el hecho del traslado al EPAMS de Girón
Santander, se debió a que él mismo presionó para ello mediante la huelga
de hambre. Luego, no fue una represalia en su contra originada en la huelga
misma.
Problema Jurídico
3.- De conformidad con lo anterior, esta Sala de Revisión deberá determinar en primer término, el alcance de la
solicitud de tutela elevada por el ciudadano García Chaverra. Esto, con el fin de
establecer si se ha configurado el fenómeno de carencia actual de objeto. Pues,
como se desprende de los antecedentes del caso, la pretensión principal de la
demanda de tutela se refirió a exigir la respuesta del recurso de reposición
interpuesto contra la resolución que impuso la sanción (pérdida de 20 días de
redención). Respuesta que en el trámite del amparo se surtió.
No obstante lo anterior, como también se ha relatado, la demanda de
tutela presenta argumentos que pretenden controvertir el hecho de que la
resolución sancionatoria haya encontrado, que la participación en la huelga se
valore como un evento contrario a la buena conducta. Además de que ello supone,
un presunto efecto perjudicial para el demandante, quién está tramitando el
beneficio administrativo de las 72 horas. De ahí, que la Sala considere
necesario igualmente, hacer referencia a si lo anterior puede ser resuelto de
mérito por el juez de tutela, en consideración a que ello no configura en
estricto sentido la solicitud expresa de la demanda de amparo.
Para resolver lo anterior, la Sala
previamente determinará el alcance de la solicitud elevada en la demanda y la
procedencia de la tutela, luego de ello, estudiará el caso concreto a la luz de
lo anterior  para determinar la procedencia de la acción, y los temas a tratar
si ello resulta pertinente.
Asunto previo: alcance de la demanda de
tutela y procedencia de la acción.
4.- Tal como se ha hecho ver en el relato
de los hechos que enmarcan el presente caso, las solicitudes presentadas en la
demanda de tutela, se referían a la protección de los derechos a la libertad de
expresión, de petición y al debido proceso. Así como a ordenar al EPAMS de la
Dorada Caldas, resolver el recurso de reposición interpuesto contra la
resolución N° 0260 del 26 de
febrero de 2007.
5.- Ahora bien, de la argumentación erigida
por el tutelante se desprende que la protección solicitada en relación con los
derechos a la libertad de expresión, de petición y al debido proceso, se
refieren, de un lado, a la mora en la resolución del recurso de reposición y,
de otro, a las deficiencias del establecimiento carcelario, que dieron origen a
la huelga de hambre; así como al sentido de la resolución mencionada que
sancionó a los participantes de dicha huelga.
En efecto, el concepto de la vulneración de
los derechos fundamentales en mención, se entiende a partir de lo relatado en
el escrito de la tutela. Esto es, las anomalías relacionadas con la falta de
respuesta y efectividad en el trámite de la evaluación para ser ubicados en el
nivel de mediana seguridad, y la incidencia de ello en el trámite para
acceder al beneficio administrativo de las 72 horas, sugieren una presunta
vulneración de los derechos de petición y debido proceso, en los términos de la
demanda de amparo.
De otro lado, el adelantamiento de un
proceso disciplinario a quienes participaron en la huelga de hambre, y la consecuente
sanción por presunta incursión en conductas sancionables del Código Penitenciario
derivadas del mismo evento de la huelga, indican -según el accionante- la
supuesta vulneración del derecho a la libre expresión.
6.- Por lo anterior, en virtud del
principio pro accione, el alcance de lo pretendido en la tutela bajo
estudio, no puede reducirse únicamente a la solicitud según la cual se debe
resolver el recurso de reposición. Sino, en relación con los derechos invocados
por el actor y su relación con los hechos relatados. Es decir, el cuestionamiento
sobre la conformidad constitucional de las razones que sustentaron la sanción,
y su supuesto origen en una actividad que prima facie es interpretada
por el demandante como ejercicio del derecho a la libre expresión.
Por lo anterior, no es acertada la
conclusión del juez de instancia, en el sentido de declarar la configuración
del fenómeno de carencia actual de objeto, en tanto una de las solicitudes, o
si se quiere, la solicitud principal fue la respuesta del recurso de
reposición, lo cual a la postre se dio durante el trámite de la tutela. Era
pues necesario, que juez asumiera la solicitud de garantía de los derechos
invocados en un sentido más amplio, tal como se explicó arriba.
7.- Sobre la posibilidad del Juez
constitucional, de interpretar los cargos por vulneración de la Constitución y
los derechos fundamentales en ella contenidos, ha dicho la Corte Constitucional
que, “[e]n todo caso, la apreciación del cumplimiento de tales
requerimientos ha de hacerse en aplicación del principio pro actione de tal
manera que se garantice la eficacia de este procedimiento vital dentro del
contexto de una democracia participativa como la que anima la Constitución del
91. Esto quiere decir que el rigor en el juicio que aplica la Corte al examinar
la demanda no puede convertirse en un método de apreciación tan estricto que
haga nugatorio el derecho reconocido al actor y que la duda habrá de
interpretarse a favor del demandante, es decir, admitiendo la demanda y
fallando de fondo[2]. De
manera más especifica, esto quiere decir que “las normas procesales han de
interpretarse siempre <como instrumentos puestos al servicio del derecho
sustancial y a las soluciones que permitan resolver el fondo de los asuntos
sometidos a consideración de los jueces (principio pro actione).>” [3]
8.- También, en el caso concreto del juez
de tutela, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que éste tiene no sólo
la posibilidad sino el deber de fallar extra y ultra petita,
cuando verifique la necesidad de reparar o evitar la vulneración o amenaza de
los derechos fundamentales. Ha sostenido sobre el particular la Corte:
“En aras del principio dispositivo de los procedimientos judiciales,
el juez se atiene a la solicitud de las partes. Esto es así, incluso para el
juez de tutela. Pero, esto no excluye ni matiza
el deber del juez constitucional de interpretar las pretensiones de los
tutelantes a la luz de la protección de los derechos fundamentales.
Esto significa que ni los jueces de tutela ni la Corte
Constitucional, pueden agotar lo solicitado
mediante el amparo, en la formalidad de las materias explícitamente expresadas
en la demanda. La procura de protección de los derechos fundamentales reclama
del juez de tutela la sensatez de tener en consideración las materias que
explícita o implícitamente se relacionen con la
vulneración de los derechos y su subsiguiente protección.
No se rompe pues con las reglas dispositivas a las cuales se
encuentra sometido juez constitucional, al hacer objeto de la decisión de
revisión cuestiones que en principio no fueron
alegadas, siempre y cuando con ello se busque hacer efectiva la protección de
los derechos vulnerados y, sobre todo, sea la única manera en que la reparación
de esta vulneración se pueda desprender adecuadamente de la orden judicial.
La Corte entiende que el procedimiento constitucional en materia de
acciones de tutela no es ajeno a las exigencias racionales de los demás
procedimientos judiciales. No es ajeno a la exigencia de una relación directa y coherente entre lo que se alega en la tutela, y así, el
fallo que en virtud de ello se dicta. Empero, dicho procedimiento tampoco es
ajeno a que la mencionada relación directa y coherente no se puede exigir
imperiosamente de la vulneración o amenaza real
de los derechos y del fallo que pretende reparar o cesar dicha vulneración o
amenaza.
Por el contrario, la efectividad del fallo de tutela para proteger
el derecho vulnerado, puede depender de elementos que no fueron presentados al
juez como claves para la solución del caso. De
otro modo, el juez de tutela estaría obligado a proteger únicamente
vulneraciones de derechos fundamentales que expresamente se presenten como
tales en el debate jurídico. Generando con dicha obligación, la prohibición para el juez de tutela de reparar situaciones de violaciones de
derechos constitucionales, cuya existencia advierte, pero que no le hayan sido
solicitadas en ese sentido.
Lo cierto es que la obligación es la
contraria. El juez de tutela debe pronunciarse a favor de la protección de los derechos fundamentales,
cada vez que encuentre probada su vulneración o amenaza. La indiscutible
superioridad de la Constitución y de los derechos en ella contenidos, y su
aplicación sustancial preferente por encima de las consideraciones procedimentales formales,
hace ineludible este deber para el juez de tutela.”[4]
9.- Por lo anterior, se reitera que el
demandante de tutela pretendía no sólo la respuesta al recurso de reposición
interpuesto contra el acto que le impuso la sanción, sino sobre todo, controvertir
el hecho de que el proceso disciplinario adelantado por el EPAMS demandado y la
sanción consecuente, tuvieran como fundamento el evento de huelga de hambre.
Pretensión que quedó sin resolver en el trámite de tutela ante el juez de
instancia.
10.- De otro lado, en el caso sub judice
encuentra la Sala que, tal como se manifiesta en la demanda de tutela, las
sanciones impuestas por las autoridades se relacionan directamente con el
ejercicio, presunta limitación y afectación de los derechos fundamentales, a un
sujeto de especial protección constitucional, como son los internos. Lo
anterior hace urgente la protección por parte de juez de tutela.
Puntos de partida para el análisis del caso
concreto
11.- Aclarado lo anterior, la Sala encuentra
que en la demanda de tutela del ciudadano García Chaverra, se solicita al juez de tutela, ordenar
al EPAMS de la Dorada Caldas resolver el recurso de reposición contra el acto
que le impuso la sanción de pérdida de 20 de día de redención. Y, así mismo, se
solicita revocar el mencionado acto, por cuanto tiene como fundamento la
participación en una huelga de hambre, que según el tutelante, resulta ser una
actividad en ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, la cual no
puede culminar con una sanción por incursión en causales de mala conducta.
Sobre la primera solicitud existe carencia
actual de objeto, en tanto el recurso de reposición ya se resolvió. Mientras
que sobre la segunda solicitud, procede efectuar un estudio de fondo, tal como
se explicó en el acápite anterior.  Así, la Corte asumirá el estudio de la segunda
solicitud.
12.- En este orden, la Sala Octava de
decisión de la Corte Constitucional considera que el evento de la participación
en la huelga de hambre en el EPAMS de la Dorada Caldas, como fundamento de la
sanción impuesta al tutelante, debe ser analizado a la luz de los elementos que
constituyen en sí misma la conducta consistente en adelantar, por parte de
internos, una huelga de hambre en un centro penitenciario. Valga decir, (i) la
motivación de dicha conducta, (ii) la manifestación de la conducta mediante la
decisión de no ingerir alimentos y (iii) las consecuencias de la conducta en la
implementación de las reglas de disciplina y orden propias de una cárcel.
13.- Para la Sala, (i) los motivos que sustentan
el adelantamiento de una huelga de hambre de internos en una institución
carcelaria, se relacionan con la posibilidad de disentir y protestar, en ejercicio
del derecho resistencia derivado del principio pluralista (art. 1° C.N) de
nuestro ordenamiento jurídico, y que bajo ciertas circunstancias encuentra una
permisión constitucional, en aras de hacer efectivos otros principios
superiores como son la dignidad (art. 1° C.N), la protección reforzada de personas
en situación de debilidad manifiesta (inc. tercero art. 13 C.N) y la obligación
del Estado de garantizar, en cualquier situación, la primacía de los derechos
inalienables de las personas (art 5° C.N).
De igual manera, (ii) la decisión de no
tomar alimentos, como opción de conducta autónoma, se refiere al derecho a la
autodeterminación como contenido normativo del principio constitucional del
libre desarrollo de la personalidad (art. 16 C.N), e igualmente derivado del
pluralismo (art. 1° C.N) como pilar de la organización del estado colombiano.
Lo que, en el caso específico de las prisiones, se encuentra limitado, pero no
excluido. Así, esta limitación tiene como sustento la relación especial de
sujeción que se traba entre la administración y el ciudadano que se encuentra
en una cárcel en cumplimiento de una pena privativa de la libertad, y no puede por
tanto, exceder ni obviar las restricciones que dicha relación le impone.
Y, (iii) la especial y estricta regulación
disciplinaria en un centro penitenciario, sugiere que el interés por el mantenimiento
del orden y la disciplina al interior de los penales cobra especial
importancia. Por ello, las consecuencias en cuanto a dicho orden, de cualquier
conducta, y así de una huelga de hambre, resultan relevantes para establecer el
umbral a partir del cual se permite la limitación de algunos derechos de los
reclusos, y también, para impedir o autorizar formas de protesta. Limitación
que tiene como único fundamento, que las consecuencias de la conducta representen
alteraciones en la implementación de dicho orden interno.
La Sala se referirá a continuación, a los
tres tópicos que se acaban de describir y, al tenor de las conclusiones
producto de su desarrollo analizará el caso concreto.
Posibilidad constitucional de disentir y
protestar, en ejercicio del derecho resistencia.
14.- Uno de los temas más recurrentes y de
mayor significación y dificultad en la teoría del derecho, es el relacionado
con el deber de obediencia al derecho, así como el carácter de la justificación
de ese deber. Para el caso, interesa el interrogante que de ello se deriva. Aquél
que plantea “si las personas deben obedecer sus leyes siempre y en todas las
circunstancias o este deber de obediencia cesa y surge la obligación de la
resistencia cuando la ley es injusta, o ilegitima (emana de quien no tiene el
poder de legislar), o inválida (inconstitucional).”[5]
En punto de solventar este interrogante, en
atención a las normas constitucionales de nuestro ordenamiento jurídico, se
encuentra que en presencia de ciertas circunstancias, el principio pluralista
(art 1° C.N) permite disentir y protestar respecto del contenido de una
disposición normativa, bien mediante la manifestación de la inconformidad en
dicho sentido, o mediante el incumplimiento de algunas, con el fin de llamar la
atención sobre la implementación o aplicación efectiva de otras.
15.- No obstante la dificultad que presenta
la anterior afirmación, ésta encuentra suficientes razones que fundamentan su
sustento principal, cual es el de omitir en especiales circunstancias, la
aplicación de normas vigentes, por considerarse abierta y claramente contrarias
a las normas de rango constitucional, que son las normas de mayor jerarquía en
nuestro ordenamiento jurídico. Así, existe por ejemplo la figura de la
excepción de inconstitucionalidad, cuyo sentido es precisamente el descrito.
De este modo, a los ciudadanos podría
asistirles el derecho a resistir[6] el cumplimiento de una
disposición, si ésta es abierta y claramente contraria a las normas
constitucionales, o si dicha resistencia propugna por el cumplimiento de principios
superiores de justicia, equidad, dignidad, entre otros, como forma de protesta
y manifestación de inconformidad.
Por supuesto, tratándose de ejercer el
derecho de resistencia respecto del cumplimiento de una norma, por ser
contraria a las normas constitucionales o porque busca la implementación
efectiva de principios de rango constitucional, debe demostrarse una y otra
situación. Esto, en el sentido de que el derecho de resistencia no comporta una
justificación para el incumplimiento de las normas, sino una forma excepcional
de protesta que presupone la aceptación de los principios estructurales de la
organización política y jurídica, y no pretende subvertirlos sino lograr que se
implemente de manera adecuada.
A partir de lo anterior, la doctrina ha
creado la categoría de desobediente civil (en ejercicio de la desobediencia
civil), para los ciudadanos que incurren el supuesto anterior. Por ejemplo,
Jhon Rawls propuso que la desobediencia civil es algo más que un acto
ilegal, público y no violento, dirigido a provocar un cambio en la legislación
o en la conducta gubernamental; es ante todo un acto dirigido y justificado por
principios políticos, es decir por principios de justicia que regulan la
Constitución y en general las instituciones sociales… no apelamos a principios
de moralidad personal o a doctrinas religiosas… sino que invocamos la
concepción de justicia comúnmente compartida, que subyace bajo el orden
político”[7]
16.- De lo anterior se desprenden
igualmente, dos características definitorias del ejercicio del derecho de
resistencia: su carácter no violento, y la necesidad de que pretenda la pública
exaltación de principios constitucionales establecidos. Sobre el primero cabe
señalar que el desobediente civil debe abstenerse de realizar cualquier lesión
en las personas o menoscabo de sus derechos, así como de hacer daño a las cosas[8].
Y, sobre el segundo, debe entenderse que “aquellas manifestaciones de
insumisión al derecho (…), no obstante ilegales, deben guardar un mínimo de lealtad
al régimen político, y (…) esa lealtad debe cifrarse en la aceptación de que el
cambio de política o de sociedad que se propugna ha de obtenerse a través del
consentimiento de la mayoría, no mediante la imposición”[9],
esto es, en respeto de las reglas democráticas y del principio mayoritario.
17.- Ahora bien, la participación en una
huelga de hambre, puede en efecto darse en ejercicio del derecho de
resistencia, como forma de disentir y protestar, para advertir la deficiencia o
incumplimiento de principios superiores de rango constitucional. Con todo, no
sólo basta, como se ha explicado, la declaración de dicho evento en tal sentido,
sino que hará falta también la referencia a los principios constitucionales
cuya insuficiente aplicación y desarrollo se sindica, y la verificación de que
ello no implique, se sustente o se logre a partir de actos de violencia.
En el caso de los centros penitenciarios,
estas manifestaciones del derecho de resistencia, incluyen más consideraciones
restrictivas. Pues, la especial relación de sujeción que vincula a los internos
y a las autoridades carcelarias, supone especial atención al mantenimiento del
orden y la disciplina; y aún más, supone que la decisión de no ingerir
alimentos puede incluso ser regulada por dichas autoridades. En el apartado
siguiente se hará referencia estos aspectos.
Relaciones especiales de sujeción y
derechos de los internos. La
decisión de no ingerir alimentos en el contexto de una huelga de hambre en
un centro penitenciario.
Relaciones especiales de sujeción
18.- La jurisprudencia de la Corte
Constitucional ha desarrollado la noción de relaciones especiales de sujeción,
como base del entendimiento del alcance de los deberes y derechos recíprocos,
entre internos y autoridades carcelarias. De manera genérica, algún sector de
la doctrina ha definido las relaciones especiales de sujeción, como “las
relaciones jurídico-administrativas caracterizadas por una duradera y efectiva
inserción del administrado en la esfera organizativa de la Administración, a
resueltas de la cual queda sometido a un régimen jurídico peculiar que se
traduce en un especial tratamiento de la libertad y de los derechos
fundamentales, así como de sus instituciones de garantía, de forma adecuada a
los fines típicos de cada relación.”[10]
19.- Tres elementos principales pueden
destacarse de la anterior definición general. El primero, relacionado con la
posición de la administración respecto de ciudadano o administrado. El segundo,
relativo a la noción de inserción del administrado en la esfera de regulación
más cercana a la Administración. Y el tercero, referido a los fines especiales
que busca la mencionada regulación especial.
En relación con el primer elemento, se
tiene que tradicionalmente la Administración ha estado en una posición jerárquica
superior respecto del administrado. Y ello es tanto así, que los ordenes
jurídicos modernos contienen una enorme gama de principios y reglas de
organización, que pretenden que la relación entre el Estado y el ciudadano, no
coloque al último en situaciones desfavorables o inferiores a los derechos de
los que es titular. No obstante, las relaciones especiales de sujeción se
caracterizan justamente porque, se exacerba la idea de superioridad jerárquica
de la Administración sobre el administrado, y porque permiten matices a las
medidas y garantías que buscan en los Estados actuales, atemperar dicho
desequilibrio. Lo anterior tiene como sustento la aceptación de que la
organización política de los Estados constitucionales de Derecho, supone la
cesión del ejercicio del poder, a un ente superior que lo administra para
gobernar.
Respecto de lo segundo, cabe señalar que en
las relaciones especiales de sujeción, el administrado se inserta de
manera radical a la esfera organizativa de la Administración. “Inserción que
crea una mayor proximidad o inmediación entre ambos sujetos jurídicos”[11],
administrado y Administración. Varias causas pueden suscitar el anterior
fenómeno. Para el caso interesan aquellas “en que la integración [o inserción]
es forzosa y responde, bien a la necesidad que tiene la Administración de
determinadas prestaciones personales (caso del soldado de reemplazo- [reservista]),
bien al deseo de tutelar la seguridad de los restantes ciudadanos, poniéndola a
salvo del peligro que representan [las conductas] de ciertos individuos
(es el triste y lamentable supuesto de los reclusos).”[12]
La consecuencia pues, de dicha inserción o
acercamiento del administrado a las regulaciones más próximas de la organización
de la Administración, implica el sometimiento a un régimen jurídico especial y
más estricto, respecto de quienes no están vinculados por dichas relaciones
especiales.
El tercer elemento se refiere a los fines
constitucionales que deben sustentar las relaciones especiales de sujeción, para
poder autorizar un sometimiento jurídico especial y estricto del administrado.
Así, la disposición de una estructura administrativa para implementar centros
de reclusión penal, tiene como fin garantizar la posibilidad de que el estado
aplique penas privativas de la libertad (art 28 C.N). Y, a su turno dichas
penas tienen “función protectora y preventiva, pero su fin fundamental es la
resocialización. Las medidas de seguridad persiguen fines de curación, tutela y
rehabilitación.”[13]
Derechos de los internos
20.- En el contexto anterior, la
jurisprudencia constitucional ha hecho referencia a las implicaciones
constitucionales de la relaciones especiales de sujeción entre autoridades
carcelarias y reclusos. Dichas implicaciones suponen considerar la ponderación
de las necesidades organizativas y de disciplina en las cárceles  con los
derechos no limitables de los internos. Ha sostenido la Corte:
“De la existencia, identificación y régimen de las llamadas
“relaciones especiales de sujeción”[14] entre los
reclusos y el Estado (las autoridades penitenciarias), la Corte ha extraído
importantes consecuencias jurídicas que la Sala procederá a reiterar en función
de la ilustración del caso bajo estudio.
De la jurisprudencia de la Corte Constitucional la Sala identifica
seis elementos característicos qué procederá a relacionar así: las relaciones
de especial sujeción implican (i) la subordinación[15]
de una parte (el recluso), a la otra (el Estado); (ii) Esta subordinación se
concreta en el sometimiento del interno a un régimen jurídico especial[16]
(controles disciplinarios[17]y
administrativos[18]
especiales y posibilidad de limitar[19] el
ejercicio de derechos, incluso fundamentales). (iii) Este régimen en cuanto al
ejercicio de la potestad disciplinaria especial y a la limitación de los
derechos fundamentales debe estar autorizado[20] por la
Constitución y la ley. (iv) La finalidad[21] del
ejercicio de la potestad disciplinaria y de la limitación de los derechos
fundamentales, es la de garantizar los medios para el ejercicio de los demás
derechos de los internos (mediante medidas dirigidas a garantizar disciplina,
seguridad y salubridad) y lograr el cometido principal de la pena (la
resocialización). (v)  Como consecuencia de la subordinación, surgen ciertos
derechos especiales[22]
(relacionados con las condiciones materiales de existencia: alimentación,
habitación, servicios públicos) en cabeza de los reclusos, los cuales deben ser[23]
especialmente garantizados por el Estado. (vi) Simultáneamente el Estado debe
garantizar[24] de manera
especial el principio de eficacia de los derechos fundamentales de los reclusos
(sobre todo con el desarrollo de conductas activas).”[25]
21.- Es de radical importancia destacar la conclusión que de lo
anterior se derivó en la sentencia T-881 de 2002. Se afirmó pues, que entre las
consecuencias jurídicas más importantes de la existencia de las relaciones
especiales de sujeción, están: (i) la posibilidad de limitar el ejercicio de
algunos derechos fundamentales de los reclusos (intimidad, reunión, trabajo,
educación). (ii) La imposibilidad de limitar el ejercicio de algunos derechos
fundamentales (vida, dignidad humana, libertad de cultos, debido proceso, habeas
data, entre otros). (iii) El deber positivo[26] en cabeza del
Estado de asegurar el goce efectivo tanto de los derechos no fundamentales como
de los fundamentales, en la parte que no sea objeto de limitación cuando la
misma procede, y en su integridad frente a los demás, debido a la especial
situación de indefensión o de debilidad manifiesta en la que se encuentran los
reclusos. (iv) El deber positivo[27] en cabeza del Estado de
asegurar todas las condiciones necesarias[28] que permitan
a su vez condiciones adecuadas para la efectiva resocialización[29]
de los reclusos.
En este sentido, del perfeccionamiento de
la “relación de especial sujeción” entre los reclusos y el Estado, surgen
verdaderos deberes jurídicos positivos del Estado que se encuentran
estrechamente ligados a la garantía de la funcionalidad del sistema penal, que
viene dada por la posibilidad real de la resocialización de los reclusos, a
partir del aislamiento en condiciones cualificadas de seguridad y de existencia
vital de la población carcelaria. Deberes positivos de cuyo cumplimiento
depende la legitimidad del sistema penal y ante cuya inadvertencia este último
resulta convertido en una sombra ridícula de los valores y principios propios
del Estado social de derecho. [T-881 de 2002]
La decisión de un recluso de no ingerir alimentos,
como manifestación de una huelga de hambre.
22.- Como se acaba de explicar, sólo
algunos derechos de los internos se pueden restringir de manera significativa o
de manera definitiva, mientras que otros no son limitables, e incluso algunos
generan por el contrario obligaciones positivas de garantía en cabeza de la
Administración. Ahora bien, la conducta concreta de no ingerir alimentos, en sí
misma representa una expresión del derecho al libre desarrollo de la personalidad.
Es claro para la Sala, que la decisión de no ingerir alimentos, es en abstracto
y objetivamente una conducta que puede tener consecuencias riesgosas para la
salud del individuo, pero, ello no la convierte en una conducta prohibida.
En apoyo de lo anterior se puede afirmar, que el pluralismo como
principio constitucional (art. 1° C.N), así como el contenido normativo
correspondiente a la autonomía personal (derecho de
autonomía personal), cuya garantía se deriva, según la jurisprudencia de la
Corte Constitucional, del derecho al libre desarrollo de la personalidad[30] (art. 16 C.N),
del derecho de autodeterminación[31] (Art. 9 C.N) y del derecho de dignidad humana[32] (art 1° C.N)
soportan en buena medida la posibilidad de asumir riesgos voluntariamente. De
igual manera, la consagración del pluralismo como pilar fundamental de la
organización de nuestra sociedad, implica la
prevalencia de la autonomía[33], y así del respeto por las decisiones que dentro del orden legal
tomen los individuos como seres libres.
De la vigencia del principio de
organización pluralista y del derecho a la autonomía personal, se derivan pues importantes
principios que delimitan el ámbito de libertad de los individuos. Así, se puede
afirmar que la competencia de las autoridades no tiene prima facie, el alcance de regular aquellas conductas de las
personas, que no interfieran
con el goce pleno de los derechos de otras personas.[34] Ello querría decir igualmente que el ámbito de
regulación estatal permitido, según las cláusulas constitucionales citadas,
involucra de manera general la relación de los individuos con otros individuos, y no la relación del
individuo consigo mismo[35]. Por supuesto esto tiene excepciones[36], pero la regla general se mantiene. Bajo
el mismo principio, se puede concluir que los individuos no sólo pueden, sino que tienen el derecho
de colocarse autorresponsablemente en situaciones que otros consideren
inconvenientes o riesgosas, siempre que no comprometan los derechos de otros[37]. Y, en el punto específico de decisiones
concernientes al cuidado de la salud, la Corte ha realzado la garantía del derecho de autonomía
personal[38]. De la condición personal de la salud se desprende pues,
una valoración individual, única y respetable de la dignidad, que puede
justificar la decisión de no vivir más, por ejemplo. Así como, el caso
contrario también forma parte de la esfera individual e inviolable de las
personas, cual es el de tomar la decisión de continuar viviendo en condiciones
que para la mayoría serían de suma indignidad.[39]
23.- De lo expuesto se puede concluir, que
los reclusos se encuentran en una situación jurídica enmarcada por dos
contenidos normativos que no pueden ser aplicados con la misma intensidad. Por
un lado son sujetos de los derechos derivados del principio pluralista y del libre
desarrollo de la personalidad, y de otro están sometidos a un régimen jurídico estricto,
derivado de la relación especial de sujeción que los vincula con el Estado, la
cual implica que las autoridades carcelarias deben responder por su bienestar.
Luego, no tienen la misma libertad (respecto de quienes no son reclusos) para
colocarse en situaciones, aunque sea de manera voluntaria, que pongan en grave
riesgo su integridad física.
De este modo, puede afirmarse que la
decisión de no ingerir alimentos, tomada por un recluso, debe ser respetada plenamente,
mientras dicho acto no represente una amenaza grave a la integridad física del
individuo, por la cual responden las autoridades penitenciarias. Caso en el
cual la perspectiva de análisis será distinta a la adoptada en el presente estudio.
Para el caso concreto, resulta relevante
únicamente el hecho, de que los derechos no limitables de los reclusos, les
permitan tomar tal decisión, sin necesidad de entrar en el análisis de si en
cierto grado de desarrollo de una huelga de hambre, ésta puede o no darse por
terminada teniendo en cuenta el riesgo en el que se colocan quienes participan
de dicha actividad. Como se dijo, en el caso sub judice, es posible a
luz de los principios constitucionales, que el demandante haya tomado la
decisión autónoma de no ingerir alimentos.
24.- Sin embargo, no se puede dejar de lado
que la relación especial de sujeción entre el recluso y las autoridades
carcelarias, tiene incidencia también en otro aspecto distinto al del respeto
por el principio pluralista y el libre desarrollo de la personalidad, en el
evento de una huelga de hambre. Dicha incidencia se da en relación con las
exigencias de orden y disciplina propias de un establecimiento penitenciario. Estas
exigencias suponen que el quebrantamiento y alteración de la disciplina y el
orden referidos, obran como limites a la realización, en principio permitida,
de una huelga de hambre. Este aspecto se analizará a continuación.
Justificación y alcance del mantenimiento
del orden y la disciplina en las cárceles.
25.- La Corte se ha ocupado del fundamento y alcance de la
disciplina en los centros penitenciarios. En punto de determinar la justificación
de los reglamentos y sanciones disciplinarias, para ciertas conductas de los
internos, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que “internado el
condenado en un centro de reclusión, tendrá que cumplir con las reglas
impuestas para conseguir el orden, seguridad, tranquilidad y convivencia que
debe existir en estas instituciones. Las violaciones a estas reglas lo hacen
acreedor a sanciones disciplinarias que pretenden corregir su comportamiento y
advertirlo sobre los principios de obediencia, colaboración y buen trato que
debe observar en el futuro.”[40]
De igual manera, recalcó la Corte que los motivos que asisten al
legislador para expedir un régimen disciplinario aplicable a los internos en
establecimientos penitenciarios y carcelarios no son otros que los de permitir
el cumplimiento de la finalidad buscada por la pena impuesta en un ambiente de
respeto y consideración por el otro, sea condenado o sea guardián. “El orden
penitenciario se enmarca dentro del criterio de la resocialización, y para ello
es necesaria, la disciplina, entendida como la orientación reglada hacia un fin
racional, a través de medios que garanticen la realización ética de la persona.
La disciplina, pues, no es fin en sí mismo, sino una vía necesaria para la
convivencia humana elevada a los más altos grados de civilización. Ella no
anula la libertad, sino que la encauza hacia la perfectibilidad racional. Se
trata entonces, de un proceso de formación del carácter, que tiende a la
expresión humanista y humanitaria en sentido armónico.”[41]
26.- De igual manera esta disposición de
orden y disciplina en los centros carcelarios lleva aparejada la necesidad de atender
al fin buscado con dicha estructura organizativa. Ello, para evitar medidas
arbitrarias so pretexto de la disciplina, y también restricciones a los
derechos de los internos, que no se compadezcan con los principios que inspiran
la existencia de penas privativas de libertad, y la existencia misma de centros
penales.
Es decir, que “no existe justificación
constitucional que permita la limitación de los derechos de los internos más
allá de las exigencias relacionadas con la finalidad perseguida por la pena
impuesta, y que velan por la resocialización de los reclusos, el mantenimiento
del orden, el cumplimiento de la disciplina que permita la convivencia al
interior de los penales, y la prevención de situaciones que pongan en peligro
la eficacia de la función del sistema carcelario”[42]
Estos fines, y sólo éstos, constituyen “la
justificación para desarrollar todo un cuidadoso sistema que pretende respetar
los valores propios de la dignidad humana reconocidos a todos los reclusos,
estableciendo garantías que hagan de la experiencia en las cárceles una etapa
constructiva y regeneradora del individuo, pero al mismo tiempo, consagrando
restricciones que permitan supervisar las conductas para asegurar el
acatamiento de la ley, la aplicación justa de las condenas y la integridad de
las instituciones y sujetos del sistema carcelario”[43],
esto es mantener el orden y la disciplina.
27.- De lo anterior se puede concluir que el
ejercicio de los derechos, por parte de los reclusos, que en principio pueden
ser limitables, podrán serlo siempre que dicho ejercicio implique la alteración
del orden y la disciplina en el centro penitenciario. Contrario sensu,
si no se configura efecto alguno sobre el orden de una cárcel, no es posible
restringir el ejercicio de los derechos no limitables de los internos, pues la
justificación que los principios constitucionales prestan para ello,
corresponde a la búsqueda y establecimiento de condiciones de seguridad,
tranquilidad y convivencia humana elevada a los más altos grados de
civilización. En dichas condiciones, los reclusos ostentan un amplio margen
de ejercicio de los derechos que conservan pese a su especial condición
jurídica.
A la luz de los criterios y líneas
jurisprudenciales expuestos hasta aquí, se analizará el caso concreto objeto de
revisión.
Análisis del caso concreto.
28.- En el caso que se revisa, el ciudadano
García Chaverra, quien se
encuentra privado de libertad, aduce que fue sancionado con la pérdida de 20
días de redención, por el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y
Mediana Seguridad EPAMS de la Dorada Caldas, por haber participado en una
huelga de hambre el 14 de noviembre de 2006. Por el contrario, el
establecimiento carcelario alega que la sanción tiene como sustento el
incumplimiento de los numerales 14, 17, 24 y 29 del artículo 121 de la Ley 65
de 1993.
El actor interpuso acción de tutela, en la
que solicitó al juez que ordenará a la EPAMS de la Dorada Caldas, desatar el
recurso de reposición interpuesto contra la resolución de sanción, con el fin
de que se revocara y así continuar “sin obstrucción” los trámites
tendientes a lograr el beneficio administrativo de las 72 horas. En el
entretanto, y antes de que el juez de tutela emitiera su fallo, la entidad accionada
resolvió el recurso y confirmó la sanción. No obstante, la acción de tutela
también presentaba argumentos que solicitaban la protección de los derechos a
la libertad de expresión, de petición y al debido proceso, referidos a la justificación
de la resolución mencionada que sancionó a los participantes de dicha huelga;
y, la Sala encontró procedente decidir de mérito sobre esta última solicitud.
29.- De esta manera, esta Corporación encontró
que el tutelante alegaba la vulneración de sus derechos a la libre expresión y al
debido proceso, al considerar que la sanción impuesta (pérdida de 20 días de
redención) tiene como
fundamento la participación en una huelga de hambre. Lo que, en opinión del
accionante, es una actividad en ejercicio de sus derechos fundamentales, por lo
cual no puede sustentar una sanción, con base en la asimilación del hecho de la
huelga, a una causal de mala conducta.
Vulneración de los derechos fundamentales.
30.- A juicio de la Sala Octava de decisión
de la Corte Constitucional, el evento de la participación de la huelga de
hambre en el EPAMS de la Dorada Caldas, por parte del señor García Chaverra, no puede obrar como
fundamento de una sanción disciplinaria, como la impuesta al accionante.  Ello
vulnera la posibilidad de disentir y protestar, en ejercicio del derecho de resistencia
derivado del principio pluralista (art. 1° C.N) de nuestro ordenamiento
jurídico que, como se demostró, encuentra una permisión constitucional bajo
ciertas circunstancias. Además de que, como el caso concreto, su garantía (la
del derecho de resistencia) se relaciona de manera directa con la garantía efectiva
de otros principios superiores como son la dignidad (art. 1° C.N), la
protección reforzada de personas en situación de debilidad manifiesta (inc.
tercero art. 13 C.N) y la obligación del Estado de garantizar, en cualquier
situación, la primacía de los derechos inalienables de las personas (art 5°
C.N). Esto, en atención a que las reivindicaciones alegadas por el actor se
relacionan con las condiciones carcelarias precarias, y con la supuesta
ineficacia en la resolución de solicitudes de los internos, por parte de la
administración.
De otro lado, la mencionada participación
en la huelga de hambre, se dio dentro de los parámetros que la Corte encontró
como propicios y necesarios para el ejercicio del derecho de resistencia mencionado.
Así, tal como se desprende de las pruebas del expediente de tutela[44],
la huelga de hambre se declaró como protesta y manifestación de inconformidad respecto
de las condiciones de hacinamiento y salubridad, la ausencia y dilación de las respuestas
a solicitudes  de traslado y de otorgamiento del beneficio administrativo de
las 72 horas. De igual modo, como se relató en el escrito de tutela y en la
relación de los hechos de las resoluciones 0260 del 26 de febrero de 2007 y 706 del 3 de julio de
2007 del EPAMS que impusieron la sanción, la huelga de hambre no representó
actos de violencia, sino que por el contrario fue pacífica.
También, tal como se desprende de los
acápites anteriores, se debe señalar que el legítimo ejercicio del derecho de
resistencia, mediante la realización de una huelga de hambre en un centro
penitenciario, depende no sólo de los elementos anteriores, sino que debe
igualmente demostrarse que no incide en el mantenimiento del orden y la
disciplina al interior del penal.
31.- En relación con lo anterior se debe
hacer una especial consideración, pues el EPAMS demandando, esboza dos
argumentos principales en la resolución 706 de julio de 3 de 2007, como
fundamento de las sanciones impuestas a quienes participaron el la huelga de
hambre, entre ellos quien es demandante en el presente proceso. En primer
lugar, aduce el ente demandado que “en ningún momento se puede aceptar por
parte de la Dirección del establecimiento esta clase de alteraciones para
presionar que se llevan a cabo los trámites pertinentes para la obtención ya
sea de un beneficio o de un traslado”[45]. Y en
segundo, asevera que “no es cierto que no se haya alterado el orden del
establecimiento, por cuanto se paralizó (sic) las labores diarias de la
institución, teniendo en cuenta que éstos [los reclusos en huelga de
hambre] impedían de forma normal la salida de los demás internos a
educativas y en especial al área de sanidad ya que el personal de guardia tenía
que estar pendiente de su estado de salud dejando a un lado la atención de los
demás internos que requerían los servicios médicos, dificultaban el
procedimiento de encerrada de los demás por cuanto tocaba estar al tanto de
ellos, siendo llevados a sus respectivas celdas de forma más lenta debido a su
debilidad física al no aceptar los alimentos los cuales se acumulaban y venía
la proliferación de moscas, insectos, lo que en determinado momento proporcionaría
una epidemia.”[46]
Sobre el primer argumento, considera la
Sala que tal como se explicó, no es acorde con el orden constitucional acoger
la afirmación según la cual no es posible aceptar la protesta de los internos
en una cárcel, mediante la implementación de una huelga de hambre. Ello,
resulta sin duda incompatible con el principio pluralista y la posibilidad de
resistir de manera pacífica y en respeto del orden y la disciplina al interior
de un penal, con el fin de lograr una realización efectiva de otros principios
superiores. Los cuales para el caso, están representados por la pretensión de
unas condiciones dignas y de la implementación de canales de comunicación más
ágiles y efectivos para adelantar los trámites al interior del centro
penitenciario.
32.- Ahora bien, en relación con la presunta
alteración del orden y la disciplina del EPAMS accionado, a raíz de la
realización de la huelga de hambre, encuentra la Sala que la descripción de
dicha alteración en la Resolución que confirma las sanciones impuestas, se
refiere a la afectación del tránsito de personal por el lugar en donde se
ubicaron los huelguistas. Tal como se desprende de lo relatado en el
acto administrativo parcialmente trascrito, la entidad demandada interpreta que
la utilización del espacio por parte los internos en huelga de hambre, al
afectar -por supuesto-, el paso por dicho lugar, configuró una alteración del
orden y la disciplina en el establecimiento.
La Corte considera que el anterior
argumento es, por lo menos, insuficiente si se pretende justificar la
valoración del evento de la huelga de hambre, como un hecho que incidió
negativamente en el orden y la disciplina del centro carcelario en cuestión.
Por un lado, como lo hace ver el mismo demandado, el tránsito por el lugar se
afectó, pero no se impidió por parte de los huelguistas. Y por otro, el
EPAMS no demuestra que los internos se hayan rehusado a la toma de las medidas
necesarias por parte de las autoridades carcelarias, bien para solucionar el
asunto de la utilización del espacio en el que se realizó la protesta, o para
manejar lo relacionado con la acumulación de la comida, para evitar las
consecuencias de insalubridad.
Tampoco resulta satisfactoria la
justificación según la cual se impedía el correcto funcionamiento del penal, a
raíz del deber de vigilancia y protección sobre los huelguistas, por su
condición de tales, en cuanto esto sugirió una carga especial en cabeza de las
autoridades penitenciarias respecto del control y manejo de su estado de salud,
entre otros. Que además, impedía según el ente demandado, atender a los otros
reclusos. Si tal justificación fuera pertinente, implicaría aceptar que los
establecimientos carcelarios encuentran una justificación razonable para el
incumplimiento de algunos deberes de garantía y protección de los internos, en
el hecho de que su atención está concentrada en cumplir otros. Esto, sin duda
no resulta razonable.
En definitiva la justificación que pretende
demostrar que la huelga de hambre alteró el orden y la disciplina del EPAMS demandado,
resulta insuficiente, y permite concluir que las sanciones contra el demandado,
se impusieron en razón de la participación en la huelga. Lo cual, como se ha
dicho vulnera sus derechos fundamentales.
33.- Conviene agregar, que la EPAMS
fundamenta formalmente la imposición de la sanción, en la configuración de las
conductas descritas en los numerales 14, 17, 24 y 29 del artículo 123 de la Ley 65 de 1993 (Código Penitenciario y
Carcelario). Estas disposiciones establecen que se consideran como faltas
graves las protestas colectivas (num. 14), incitar a los compañeros para que
cometan desórdenes u otras faltas graves o leves (num. 17), asumir conductas
dirigidas a menoscabar la seguridad y tranquilidad del centro de reclusión
(num. 24) y, el incumplimiento grave al régimen interno y a las medidas de
seguridad de los centros de reclusión (num.29)
La Sala considera que si la justificación
de la sanción, y así de la supuesta configuración de las conductas anteriores, está
basada en los dos argumentos principales que se transcribieron más arriba, dicha
justificación resulta igualmente insuficiente para concluir la incursión en los
supuestos de hecho de las normas citadas.
La prohibición de protestas colectivas del
numeral 14, no puede ser interpretada en relación con aquellas que se hacen en
ejercicio del derecho de resistencia y en las condiciones especiales
(reivindicatorias de principios superiores, no violentas y sin alteración del
orden y la disciplina del penal) que se explicaron anteriormente.
Las prohibiciones de incitación al desorden
(num 17) y de asumir conductas que menoscaben la seguridad y tranquilidad del
establecimiento carcelario (num 24), están igualmente justificadas por el
demandado, en la incidencia que tuvo la huelga en el uso del espacio en el que
se ubicaron los huelguistas, al tenor de lo estipulado en la parte
motiva de la resolución que confirmó la sanción. Como se explicó, esto resulta
una justificación insuficiente, más aún, cuando se trata de determinar que una
conducta se adecua a los amplísimos y generales supuestos de hecho de los
numerales citados del artículo 121 de la Ley 65 de 1993. El texto de estas
proposiciones jurídicas, como se vio, es general e imprime por tanto una carga
argumentativa adicional para su aplicación. Carga, que como se ha expresado en
varias oportunidades, no se asumió, pues la argumentación del accionado resultó
insuficiente.
Por último, el presunto incumplimiento del
régimen interno y de las medidas de seguridad del penal, cuya observación
dispone el numeral 29 del artículo 123 de la Ley 65 de 1993, no encuentra
suficiente fundamentación. Por un lado podría pensarse que dicho incumplimiento
se dio en razón a las afectaciones que se han referido en el uso del espacio,
lo cual como se ha dicho no es una razón suficiente. O, en razón a la negativa
a ingerir alimentos, lo cual como se explica en los fundamentos jurídicos 26 y
27 de esta sentencia, forma parte de las decisiones que de manera autónoma
puede tomar un recluso, siempre y cuando ello no implique riesgo inminente para
su estado de salud, lo cual no es el caso.
34.- Analizados los elementos que
constituyeron la conducta del tutelante de participar en una huelga de hambre
en el centro penitenciario demandando, esto es, la motivación de dicha
conducta, su manifestación mediante la decisión de no ingerir alimentos y las
consecuencias de la conducta en la implementación de las reglas de disciplina y
orden propias de una cárcel, la Sala concluye que se tomó como base principal
de la imposición de la sanción contenida en la resoluciones 0260 del 26 de febrero de 2007 y 706 del 3
de julio de 2007, el hecho de haber participado en la huelga de hambre, sin que
en contra de esta conclusión se encuentran argumentos suficientes y pertinentes
en las partes motivas de alguna de la resoluciones en cuestión. Por ello, se
vulneraron los derechos fundamentales del actor, derivados de los artículos
constitucionales 1°, 5°, inciso tercero del 13 y 16, y procede dejar sin
efectos la sanción como fórmula de reparación de dicha vulneración.
Con base en los argumentos expuestos a lo
lago del presente fallo, la Sala ordenará al Director del EPAMS de la Dorada
Caldas, o al funcionario que corresponda en el INPEC, dejar sin efectos la
sanción contenida en las resoluciones 0260 del 26 de febrero de 2007 y 706 del 3 de julio de 2007.
III. DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la Sala Octava de
Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO:
REVOCAR, por las razones expuestas en la presente sentencia, el
fallo dictado en el proceso de tutela de la referencia, por dictado por el Juzgado Quinto
Administrativo de Bucaramanga del 30 de julio de 2007, en única instancia.
SEGUNDO:
TUTELAR los derechos del ciudadano Fabio Alex García Chaverra derivados de los artículos 1°, 5°, inciso
tercero del 13 y 16 de la Constitución, y en consecuencia ORDENAR al Director
del EPAMS de la Dorada Caldas, o al funcionario que corresponda en el INPEC,
que un término de 48 horas contados a partir de la notificación del presente
fallo, proceda a dejar sin efectos la sanción impuesta al ciudadano Fabio Alex
García Chaverra, contenida en las resoluciones 0260 del 26 de febrero de 2007 y
706 del 3 de julio de 2007.
TERCERO: LÍBRESE por Secretaría la
comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los
efectos allí contemplados.
Notifíquese, comuníquese, insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado Ponente
JAIME ARAUJO RENTERÍA
Magistrado
Con aclaración de voto
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
ACLARACION DE VOTO A LA SENTENCIA T-571 DE 2008 DEL  MAGISTRADO
JAIME ARAUJO RENTERIA
DERECHO A LA RESISTENCIA-Derecho constitucional connatural al ser
humano sustentado en el poder constituyente que ostenta el individuo
(Aclaración de voto)
SOBERANIA-El poder de crear un Estado deviene del pueblo/VOLUNTAD
SOBERANA DEL INDIVIDUO-Organización de un determinado poder público a fin
de garantizar sus derechos (Aclaración de voto)
ESTADO Y REPUBLICA-Fines esenciales del estado y finalidad de
la institución de las autoridades/DERECHOS DEL SER HUMANO-Constituyen
una obligación jurídica que ha de satisfacer el Estado (Aclaración de voto)
DERECHOS FUNDAMENTALES-Deber de todas las autoridades públicas de
respetar y garantizar (Aclaración de voto)
ESTADO DE DERECHO CONSTITUCIONAL-Es necesario el respeto, garantía y
satisfacción de los derechos humanos para su mantenimiento (Aclaración de voto)
DERECHO A LA RESISTENCIA-Concepto (Aclaración de voto)
El derecho a la resistencia es el derecho ejercido a
fin de lograr la cesación de un comportamiento proveniente de alguna autoridad
pública enmarcado por fuera de la Constitución que violenta los derechos,
principios y bienes jurídicos fundamentales, que entre otras cosas, se
configura en un abuso de poder por acción o por omisión. Se trata del ejercicio
de determinadas medidas de presión enmarcadas dentro de la Constitución para
conseguir la restauración de los derechos vulnerados, sea por medio de acciones
judiciales, como la acción de tutela, o por mecanismos fácticos, como las
huelgas, paros, marchas, protestas. La resistencia puede configurarse así en
cualquier escenario donde una autoridad exceda sus funciones y resulte
vulnerando los derechos fundamentales del individuo, incluso en relaciones
catalogadas como de especial sujeción.
RECLUSO Y AUTORIDAD PENITENCIARIA-Relación de especial sujeción
Una relación de especial sujeción es en la que se
encuentra el recluso respecto de la autoridad penitenciaria, toda vez que el
recluso está subordinado a la autoridad estatal por medio de un régimen
jurídico especial previamente establecido y autorizado por la Constitución y la
ley que pretende garantizar los derechos de los otros internos y cumplir la
finalidad resocializadora de la pena. Esta relación de sujeción implica la
posibilidad de limitar el ejercicio de algunos derechos fundamentales, verbi
gratia la libertad de circulación, y la imposibilidad de restringir derechos
fundamentales connaturales a la existencia humana como la vida, la dignidad
personal, la libertad de cultos, entre otros, ya que el hecho de estar recluido
en una cárcel no es óbice para desconocer la dignidad del ser humano, pues es
un ser humano como cualquier otro y por tanto acreedor de la obligación estatal
de garantizar la satisfacción de los derechos fundamentales.
RELACION DE SUJECION-Autoridad tiene el deber positivo de
asegurar el goce efectivo de los derechos constitucionales que no son objeto de
limitación cuando ésta procede/RECLUSO-Estado de cosas inconstitucional
debido a la vulneración de sus derechos fundamentales (Aclaración de voto)
PRINCIPIO DE DIGNIDAD-Legitimación de la realización de una
huelga de hambre de recluso en condición de hacinamiento (Aclaración de voto)
PRINCIPIO DE RECONOCIMIENTO DE LA SOBERANIA
DEL PUEBLO-Es contrario la
imposición de una sanción por el uso legítimo de la resistencia u oposición a
una autoridad cuya conducta afecta derechos fundamentales (Aclaración de voto)
Referencia: Expediente T-1.811.566
Acción de tutela instaurada por Fabio Alex
García Chaverra contra el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y
Mediana Seguridad EPAMS de La Dorada, Caldas.
Magistrada Ponente:
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Con el respeto acostumbrado por las decisiones
mayoritarias de la Sala Octava de Revisión aclaro mi voto a la presente
decisión, ya que si bien me encuentro de acuerdo con la parte resolutiva de
esta sentencia, considero necesario exponer y desarrollar mi posición jurídica
en relación con el tema del derecho a la resistencia y las situaciones de
especial sujeción en que se encuentran, entre otros, los reclusos.
En este sentido he de señalar que el derecho a la
resistencia es un derecho constitucional connatural al ser humano sustentado en
el poder constituyente que ostenta el individuo.
Del artículo 3° de la Constitución Política, el cual
reconoce que “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual
emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus
representantes, en los términos que la Constitución establece”, se deriva
que el poder de crear un Estado deviene originariamente del pueblo, de la
voluntad soberana[47] de cada individuo, los
cuales a fin de que su bienestar -derechos- sea garantizado decide organizar un
determinado poder público.
Es por ello que entre los fines esenciales del Estado
está el de “servir a la comunidad, promover la prosperidad general y
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en
la Constitución…”[48] y la
finalidad de la institución de las autoridades de la República es la de “proteger
a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes,
creencias y demás derechos y libertades, y … asegurar el cumplimiento de los
deberes sociales del Estado y de los particulares”, el cumplimiento de
dichos fines se constituye en la base sobre la cual se edifica la legitimidad
de las mencionadas instituciones, luego una falencia en la ejecución de sus
objetivos justifica la exigencia de su cumplimiento por parte del ciudadano, ya
que el conjunto de derechos atribuibles al ser humano en razón de tal se
constituyen en una obligación jurídica que ha de satisfacer el Estado.
Es pues, deber de todas las autoridades públicas
respetar y garantizar los derechos fundamentales sin excepción alguna, ya que
la justificante de alguna excepción, implicaría admitir que los derechos puedan
ser vulnerados, lo que representaría la negación de los presupuestos del Estado
constitucional, ya que de su naturaleza dimana el aseguramiento de esos
derechos.
Así, para el mantenimiento de un Estado de Derecho
Constitucional es condición necesaria el respeto, garantía y satisfacción de
los derechos humanos, pues, en caso contrario, un desconocimiento total de los
derechos sumado a la deficiencia de los mecanismos constitucionales y legales
para su amparo, constituiría un régimen de “tiranía” y “opresión”
que en términos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos[49],
haría que el hombre se viera compelido al extremo recurso de la rebelión,
debido a que la estructura estatal no satisfizo la finalidad para la cual fue
concebida, sino que por el contrario trastornó su esencia y se fue en contra
del bienestar del ser humano, del individuo cuya soberanía justifica el derecho
a la rebelión.
De igual forma, dentro de la perspectiva del individuo
como soberano “se plantea el interrogante de si los hombres deben obedecer
sus leyes siempre y en todas las circunstancias o este deber de obediencia cesa
y surge la obligación de la resistencia cuando la ley es injusta, o ilegitima
(emana de quien no tiene el poder de legislar), o inválida (inconstitucional)”[50].
El derecho a la resistencia es el derecho ejercido a
fin de lograr la cesación de un comportamiento proveniente de alguna autoridad
pública enmarcado por fuera de la Constitución que violenta los derechos,
principios y bienes jurídicos fundamentales, que entre otras cosas, se
configura en un abuso de poder por acción o por omisión.
Se trata del ejercicio de determinadas medidas de
presión enmarcadas dentro de la Constitución para conseguir la restauración de
los derechos vulnerados, sea por medio de acciones judiciales, como la acción
de tutela, o por mecanismos fácticos, como las huelgas, paros, marchas,
protestas.
La resistencia puede configurarse así en cualquier
escenario donde una autoridad exceda sus funciones y resulte vulnerando los
derechos fundamentales del individuo, incluso en relaciones catalogadas como de
especial sujeción.
Una relación de especial sujeción es en la que se
encuentra el recluso respecto de la autoridad penitenciaria, toda vez que el
recluso está subordinado a la autoridad estatal por medio de un régimen
jurídico especial previamente establecido y autorizado por la Constitución y la
ley que pretende garantizar los derechos de los otros internos y cumplir la
finalidad resocializadora de la pena.
Esta relación de sujeción implica la posibilidad de
limitar el ejercicio de algunos derechos fundamentales, verbi gratia la
libertad de circulación, y la imposibilidad de restringir derechos
fundamentales connaturales a la existencia humana como la vida, la dignidad
personal, la libertad de cultos, entre otros, ya que el hecho de estar recluido
en una cárcel no es óbice para desconocer la dignidad del ser humano, pues es
un ser humano como cualquier otro y por tanto acreedor de la obligación estatal
de garantizar la satisfacción de los derechos fundamentales.
De este modo, la autoridad incursa en la mencionada
relación de sujeción tiene el deber positivo de asegurar el goce efectivo de
los derechos constitucionales que no son objeto de limitación cuando ésta
procede. Así cuando este deber es incumplido el recluso tiene el derecho a
manifestar su inconformismo y exigir su cumplimiento, a resistir por medios
legales o fácticos la acción u omisión que desencadena la vulneración de sus
derechos fundamentales dado que existe la obligación esencial del Estado de
satisfacer dicha pretensión, más aún cuando la situación de los reclusos ha
sido catalogada por esta Corporación como un estado de cosas
inconstitucional debido a la vulneración masiva de los derechos
fundamentales, en especial de la dignidad, principio, valor y derecho
fundamental constitucional.
En el caso concreto, se ha de observar que el señor
García Chaverra tiene derecho a exigir al Estado la satisfacción de los
derechos fundamentales que no se encuentran restringidos por razón natural al
cumplimiento de la pena, como lo es el de la vida en condiciones de dignidad.
Luego, frente a una conducta de omisión u acción que origina la vulneración a
este principio fundante de la organización social -dignidad-, como lo es la
condición de hacinamiento, el individuo puede demandar la superación de dicha
circunstancia para de este modo garantizar el amparo de sus derechos y entre
los medios para ello es totalmente legitimo la realización de una huelga de
hambre que no transgredió los derechos fundamentales de los reclusos ni impidió
la consecución de la finalidad resocializadora de la pena.
De este modo, es contrario a los principios que
gobierna la Constitución, en especial del reconocimiento de la soberanía del
pueblo, la imposición de una sanción por el ejercicio legítimo de la
resistencia u oposición a una autoridad cuya conducta a afectado los derechos
humanos de rango fundamental, más aún cuando dicha resistencia no vulneró el
orden constitucional, sino que exigía su garantía,  y se reitera, no
transgredió los derechos fundamentales de los reclusos ni impidió la
consecución de la finalidad resocializadora de la pena.
Por las razones expuestas aclaro mi voto a la presente
sentencia.
Fecha ut supra,
JAIME ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
[1]
Esto se informó mediante oficio del 2 de octubre de 2007 (Fl.
28 Cuad Ppal)
[2]
C-666 de 2005. Sobre el mismo tema se pueden consultar entre otras las
sentencias C-451/05, C-383/05, C-113/05, C-798/04, C-569/04 y C-251/05.
[3] [Énfasis fuera de texto] Corte Constitucional.
Sentencia T-345 de 1996, citada en la C-731 de 2005
[4]
T-1216 de 2005
[5]
Salvamento de voto del Magistrado Jaime Araujo Rentería a la Sentencia C-174 de
2006.
[6] Cr., al respecto de la noción de
derecho de resistencia, entre otros,  http://www.iepala.es/curso_ddhh/ddhh167.htm:
LA RESISTENCIA EN SENTIDO ESTRICTO. DEFINICIÓN: La resistencia, en su
significado actual, entendida en sentido estricto, puede ser entendida como
aquella garantía, por virtud de la cual los ciudadanos pueden tomar medidas, de
presión, en sí mismas no violentas, que tiendan a restaurar la plenitud del
ejercicio de los Derechos Humanos, cuando las garantías institucionales
resultan insuficientes o inaplicadas.
CARACTERES
Es
una garantía que está reconocida incluso de forma explícita en algunos
ordenamientos jurídicos como derecho fundamental,
como el artículo 20.4. de la Ley Fundamental de Bonn o como el artículo 45 de la
Constitución de la República de Guatemala, que entró en vigor el 31 de Mayo de
1985. Existen una serie de elementos diferenciadores de la resistencia
-entendida en sentido estricto- respecto de la rebelión. Esos elementos diferenciadores son
los siguientes:
·
La rebelión supone la existencia previa de una
generalizada y radical negación de los Derechos Humanos. Se trata de dar salida
a una situación límite: tiranía u opresión
evidente y prolongada. En la resistencia, por el contrario, se trata de ir
subsanando concretas situaciones -sin duda muchas veces graves- de negación de
los Derechos Humanos. La resistencia tiene también sentido, como es obvio, en
situaciones límites de negación de los Derechos Humanos.
·
La rebelión tiene lógica explicación y legitimidad en un sistema totalitario. La resistencia tiene lógica
explicación y legitimidad en un
sistema formalmente democrático. Aunque también tiene sentido la resistencia en
un sistema totalitario.
·
La rebelión tiene carácter reparador y último,
límite. Por el contrario, la resistencia tiene, además del carácter reparador,
un carácter preventivo: trata de impedir que el sistema democrático degenere en
un sistema totalitario y que, en consecuencia,
no haya otro recurso que acudir a la rebelión. "La
experiencia de que las dictaduras son difíciles de combatir o de destruir una
vez establecidas, debe constituir una obligación del ciudadano, de oponerse incluso
a las tendencias hacia formas autoritarias del Estado y de Gobierno, en el caso
de que otros órganos estatales no puedan hacerlo".
·
Este carácter preventivo parece
estar presente, a juicio de algunos autores en el derecho de resistencia reconocido en el artículo 20 párrafo 4º
de la Ley Fundamental de Bonn. Osborg Skart lo opone así el derecho de resistencia tradicional (al que aquí denominamos derecho de rebelión).
·
En virtud de lo afirmado en el
apartado anterior se puede afirmar que existe una complementariedad entre la
resistencia y la rebelión. La primero
actuaría como garantía que facilitaría el no tener que acudir a la segunda. La rebelión sería el recurso último que serviría de garantía cuando la resistencia
o no se ha ejercitado o no ha dado resultado positivo.
·
La rebelión va dirigida ante todo contra los
órganos que ostentan el poder máximo del Estado.
El derecho de resistencia se opone además a otras
formas de poder social, en manos de particulares y de
grupos sociales. Como señala Osborg Skart, refiriéndose al artículo 20 párrafo
4º de la Ley Fundamental de Bonn, se trata de un" derecho de resistencia de ciudadanos contra ciudadanos".
·
La rebelión -aunque es típicamente violenta-
puede tomar formas violentas o no violentas en su ejercicio. Por el contrario,
la resistencia, en cuanto forma de lo que genéricamente podemos denominar
resistencia pasiva, es esencialmente no violenta.
·
Ejemplos actuales de rebelión los podemos encontrar en algunos
fenómenos revolucionarios de América Latina. Un ejemplo muy importante actual
de la resistencia lo podemos encontrar en la desobediencia civil.
·
[7]
RAWLS Jhon, Teoría de la Justicia, pág 406. Citado en
GASCÓN ABELLÁN Marina, Obediencia al derecho y objeción de conciencia.
Ed Centro de Estudios Constitucionales. Madrid 1990, pág 62
[8]
GARCÍA COTARELO R, Resistencia y desobediencia Civil.
Citado en GASCÓN ABELLÁN Marina, Obediencia al… Od cit, pág 49.
[9]
PRIETO L. La objeción de conciencia como forma de
desobediencia civil. Citado en GASCÓN ABELLÁN Marina, Obediencia al…
Od cit, pág 46.
[10]
LÓPEZ BENITES Mariano, Naturaleza y presupuestos constitucionales de las
relaciones especiales de sujeción. Ed. Civitas. Madrid 1994. Págs 161 y
162.
[11]
Ibídem. Pág 195
[12]
Ibídem. Pág 197
[13]
Artículo 9° de la Ley 65 de 1993 (Código Penitenciario y
Carcelario), y artículo 12 Código Penal
[14]
[Cita del aparte trascrito] Esta expresión en el contexto de las relaciones
entre autoridades penitenciarias y personas privadas de la libertad, fue
utilizada por primera  vez en la jurisprudencia de la Corte Constitucional en
sentencia T-596 de 1992, así mismo dentro de las sentencias más importantes al
respecto cabe citar T-705 de 1996 y T-153 de 1998.
[15]
[Cita del aparte trascrito] La subordinación tiene su fundamento en la
obligación especial de la persona recluida consistente en “cumplir una medida
de aseguramiento, dada su vinculación a un proceso penal, o una pena debido a
que es responsable de la comisión de un hecho punible” citada de la Sentencia
T-065 de 1995. O también es vista como el resultado de la “inserción” del
administrado en la organización administrativa penitenciaria por lo cual queda
“sometido a un régimen jurídico especial”, así en Sentencia T-705 de 1996.
[16]
[Cita del aparte trascrito] Desde los primeros pronunciamientos sobre el tema, la
Corte identificó la existencia de un “régimen jurídico especial al que se
encuentran sometidos los internos”, el cual incluye la suspensión y la
limitación de algunos derechos fundamentales, en este sentido ver Sentencia
T-422 de 1992.
[17][Cita
del aparte trascrito] Que se concreta por ejemplo,  en la posibilidad de
implantar un régimen disciplinario para los reclusos, así en  la Sentencia
T-596 de 1992.
[18]
[Cita del aparte trascrito] Que se concreta por ejemplo, en la posibilidad de
implantar un régimen especial de visitas, así en la sentencia T-065 de 1995.
[19]
[Cita del aparte trascrito] Sobre los tres regímenes de los derechos
fundamentales de los reclusos, según la posibilidad de la suspensión,
limitación y goce pleno, ver entre otras las sentencias T-222 de 1993, T-065 de
1995 y T-705 de 1996.
[20]
[Cita del aparte trascrito] En este sentido véase la sentencia C-318 de 1995.
La potestad administrativa para limitar o restringir derechos fundamentales en
el contexto de las relaciones especiales de sujeción, “debe estar expresamente
autorizada en la ley que regule su ejercicio”, así en la sentencia T-705 de
1996.
[21]
[Cita del aparte trascrito] Sobre la finalidad de la limitación a los derechos
fundamentales en el contexto de las relaciones especiales de sujeción, véase
especialmente la sentencia T-705 de 1996. Sobre su relación con la posibilidad real
de la resocialización véase la sentencia T-714 de 1996.
[22]
[Cita del aparte trascrito] Entre los especiales derechos de los presos y su
correlato, los deberes del Estado, como consecuencia del establecimiento de una
relación especial de sujeción, se encuentran “el deber de trato humano y digno,
del deber de proporcionar alimentación suficiente, agua potable, vestuario,
utensilios de higiene, lugar de habitación en condiciones de higiene y salud
adecuadas, el deber de asistencia médica, y el derecho al descanso nocturno,
entre otros”, citada de la sentencia T-596 de 1992.
[23]
[Cita del aparte trascrito] Sobre los deberes especiales del Estado ver la
sentencia T-966 de 2000.
[24]
[Cita del aparte trascrito] Para la Corte esta garantía debe ser reforzada, ya
que el recluso al estar sometido a una relación especial de sujeción, tiene
limitado su derecho a escoger opciones y le es imposible autoabastecerse, en
este sentido ver la sentencia T-522 de 1992,  además se encuentra en un estado
de “vulnerabilidad” por lo cual la actividad del Estado en procura de la eficacia
de los derechos fundamentales debe ser activa y no solo pasiva, en este sentido
ver la sentencia T-388 de 1993, y en el mismo sentido la sentencia T-420 de
1994. Ya que el recluso está en imposibilidad de procurarse en forma autónoma
los beneficios propios de las condiciones mínimas de una existencia digna, así
en la sentencia T-714 de 1995, o se encuentra en estado de indefensión frente a
terceros, así en la sentencia T-435 de 1997.
[25] T-881 de 2002, reiterada
entre otras en la T-1108 de 2002 y T-161 de 2007.
[26]
[Cita del aparte trascrito] Sobre el contenido de este deber positivo ver la
sentencia T-153 de 1998.
[27]
[Cita del aparte trascrito] Sobre el énfasis en el deber positivo en cabeza del
Estado, véase las sentencias T-714 de 1996 y  T-153 de 1998
[28]
[Cita del aparte trascrito] Responsabilidad del Estado que se concreta en la
obligación de velar por la seguridad de los reclusos en el perímetro carcelario
y en la obligación  de garantizar condiciones de vida adecuadas a los reclusos,
así en la Sentencia T-522 de 1992.
[29]
[Cita del aparte trascrito] La posibilidad de reinserción social depende en
buena medida de la eficacia del derecho de los reclusos a contar con centros
carcelarios adecuados, este derecho encuentra el fundamento de su validez en el
derecho a la dignidad y en el principio del Estado social de derecho, así en
sentencia T-153 de 1998.
[30]
Vid. entre otras las sentencias T-532 de 1992 y C-221 de 1994.
[31] Vid. entre otras la sentencia T-124/98: “Vivir en
comunidad y experimentar la sensación de ser iguales y libres
constitucionalmente frente a los demás, incluye también la posibilidad de
actuar y sentir de una manera diferente, en lo que concierne a las aspiraciones
y a la autodeterminación personal. La potestad de cada quien para fijar esas
opciones de vida de conformidad con las propias elecciones y anhelos, sin
desconocer con ello los derechos de los demás y el ordenamiento jurídico
existente, es lo que llamamos el derecho al libre desarrollo de la
personalidad. Este derecho, protegido constitucionalmente y ligado  sin duda
alguna a los factores mas internos de la persona y a su dignidad, se manifiesta
singularmente en la definición consciente y responsable que cada persona puede
hacer frente a sus propias opciones de vida y a su plan como ser humano, y
colectivamente, en  la pretensión de respeto de esas decisiones por parte de
los demás miembros de la sociedad”.  También, SU-510 de 1998. “El hombre es un ser que se domina a
sí mismo por medio de la razón, lo que implica su capacidad de
autodeterminación.”
(S.V parcial a la SU-510 de 1998. Vladimiro Naranjo M.). En el mismo sentido,
C-660 de 2000 y C-718 de 2006.
[32] Uno de los argumentos
que la Corte Constitucional utilizó en el juicio de proporcionalidad que
pretendió determinar la aplicación ponderada del derecho a la dignidad de las
mujeres y del principio de respeto y protección de la vida, en el estudio de
constitucionalidad de la disposición jurídica que penaliza la conducta del
aborto [C-355 de 2006], interpretó que uno de los contenidos normativos del
mencionado derecho a la dignidad consiste en la posibilidad de decidir
autónomamente cuestiones relativas al desarrollo personal. Se sostuvo que: “La
dignidad de la mujer excluye que pueda considerársele como mero receptáculo, y
por tanto el consentimiento para asumir cualquier compromiso u obligación cobra
especial relieve en este caso ante un hecho de tanta trascendencia como el de
dar vida a un nuevo ser, vida que afectará profundamente a la de la mujer en
todos los sentidos.”  Además, en materia de salud se dijo en la citada
C-355 de 2007 lo siguiente: “…el derecho a la salud tiene una estrecha
relación con la autonomía personal y el libre desarrollo personal que reserva
al individuo una serie de decisiones relacionadas con su salud libre de
interferencias estatales y de terceros.”
[33]
SU-337 de 1999. Fundamento jurídico número 10.
[34]
C-221 de 1994
[35]
Ibídem
[36] Dentro de estas
excepciones, son bien conocidos los casos de la imposición obligatoria de
vacunas y la obligatoriedad del uso del cinturón de seguridad como norma
general de tránsito de vehículos automotores. Sobre las vacunas se dijo en
sentencia SU-037 de 1999 (fundamento jurídico número 13):
“En otras ocasiones, el
rechazo de una intervención médica puede tener efectos negativos no sólo sobre
el paciente sino también frente a terceros, lo cual puede justificar, dentro de
ciertos límites, la realización de ciertos procedimientos, incluso contra la
voluntad de la propia persona. Esto explica la obligatoriedad de ciertas vacunas
que protegen contra enfermedades muy contagiosas, susceptibles de afectar
gravemente la salud colectiva, o la imposición de ciertas medidas sanitarias,
como el aislamiento o la cuarentena de los enfermos, para evitar la propagación
de una epidemia.”
Sobre la
obligatoriedad del uso del cinturón de seguridad en los vehículos, se dijo en
sentencia C-309 de 1997 (fundamento jurídico número 19):
“La obligatoriedad del cinturón de seguridad no sólo cumple
los requisitos sino que incluso puede ser considerada como el prototipo de una
medida coactiva de protección legítima y compatible con el respeto de la
autonomía individual. Este dispositivo de seguridad no sólo salvaguarda valores
esenciales del ordenamiento, como la vida y la integridad personal, sino que
también es razonable considerar que protege la propia autonomía, ya que una
persona que resulta gravemente afectada por un accidente pierde muchas
alternativas vitales, siendo en general razonable presumir que la persona no
quería asumir tal riesgo. La carga que se impone a la persona es mínima,
mientras que el efecto protector es claro y sustantivo, pues se trata de evitar
graves lesiones o innecesarias pérdidas de vidas humanas. Esta medida no impone
un modelo de vida, pues es plausible pensar que son muy pocos los que realmente
quieren asumir los riesgos de la velocidad, por lo cual la no utilización del
cinturón es en general debida a una debilidad de voluntad o a presiones de
terceros. La sanción no es excesiva, pues se trata de una multa que no es particularmente
elevada. La sociedad tiene un interés evidente, no sólo porque la Constitución
es favorable a la vida y a la salud sino además por cuanto, conforme al
principio de solidaridad, es a ella a quien corresponde sufragar, en muchos
casos, los costos de atención médica derivados de lesiones que podrían no haber
ocurrido si se hubiera utilizado el cinturón de seguridad. La prohibición se
aplica para la conducción de vehículos en lugares públicos, con lo cual se evita
que la conducta riesgosa de no utilizar el cinturón en esa esfera tenga un
efecto inductor sobre otras personas y genere conductas imitativas que el
Estado tiene el derecho de desestimular. Finalmente, las heridas o la muerte
derivadas de una colisión en la cual la mayor parte de los daños provienen de
la falta de empleo de ese dispositivo de seguridad pueden representar mayores
problemas jurídicos y económicos para terceras personas, puesto que pueden
significar mayores deberes de indemnización para los conductores de otros
vehículos. La imposición por la ley de la obligación de llevar cinturón de
seguridad es legítima y no vulnera la autonomía personal.”
[37] Sobre el particular ha
agregado la Corte: “Para que una limitación al derecho
individual al libre desarrollo de la personalidad sea legítima y, por lo mismo
no arbitraria, se requiere que goce de un fundamento jurídico constitucional.
No basta que el derecho de otras personas o la facultad de la autoridad se
basen en normas jurídicas válidas, sino que en la necesaria ponderación
valorativa se respete la jerarquía constitucional del derecho fundamental
mencionado. En consecuencia, simples invocaciones del interés general, de los
deberes sociales (CP art. 15), o de los derechos ajenos de rango legal, no son
suficientes para limitar el alcance de este derecho.” [T-532/92. Fundamento
Jurídico # 3]
[38] En la T-493 de 1993 la
Corte revisó un caso en el que una persona interpuso acción de tutela con el
fin que se ordenara a un familiar someterse a un tratamiento para tratar el
cáncer, se sostuvo que se desconocía “…el mandato
constitucional del artículo 16, que reconoce el derecho  al libre desarrollo de
la personalidad  ´sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los
demás y el orden jurídico´, en cuanto coartan la libertad (…) de decidir si se
somete o no a un tratamiento médico y las modalidades del mismo, e interfieren
indebidamente la potestad de autodeterminarse, conforme a su propio arbitrio
dentro de los límites permitidos, en lo relativo a lo que a su juicio es más
conveniente para preservar su salud y asegurar una especial calidad de vida. La
decisión (…) de no acudir a los servicios médicos (…), entre otras razones, por
lo costosos que ellos resultan, su razón valedera de no querer dejar sola a su
hija en la casa, su especial convicción de que  "Cristo la va a
aliviar", y de que se siente bien de salud, no vulnera ni amenaza los
derechos de los demás,  ni el orden jurídico; por consiguiente, merece ser
respetada, dentro del ámbito del reconocimiento de su derecho al libre
desarrollo de la personalidad.” De igual manera, cuando la Corte estudió la
constitucionalidad de la norma que penaliza el homicidio por piedad (C-239 de
1997), analizó la relación de la dignidad de las personas con la valoración
individual de la propia condición de salud, y la consecuencia de que dicha
relación se diera bajo factores externos. Afirmó por ello esta Corporación que “[n]ada
tan cruel como obligar a una persona a subsistir en medio de padecimientos
oprobiosos, en nombre de creencias ajenas, así una inmensa mayoría de la
población las estime intangibles. Porque, precisamente, la filosofía que
informa la Carta se cifra en su propósito de erradicar la crueldad. Rorty lo ha
expresado en palabras exactas: quien adhiere a esa cosmovisión humanística, es
una persona que piensa "que la crueldad es la peor cosa que puede haber.”
[C-239 de 1997 citando a Richard Rorty. Contingencia Ironía y Solidaridad.
Ediciones Paidos, Barcelona, 1991, Pg.154]
Más recientemente en la citada C-355 de 2007, en la cual esta
Corporación estudió la constitucionalidad de la disposición jurídica que
penaliza la conducta del aborto, se sostuvo lo siguiente: “…el derecho a la
salud tiene una estrecha relación con la autonomía personal y el libre
desarrollo personal que reserva al individuo una serie de decisiones
relacionadas con su salud libre de interferencias estatales y de terceros.”
[39] T-234
de 2007
[40] C-184
de 1998.
[41] Sentencia C-394 de 1995.
[42] C-184
de 1998
[43] Ibídem.
[44]
Tanto los hechos narrados en la demanda de tutela, como la
reconstrucción de los mismos por parte de la EPAMS de la Dorada Caldas, en las resoluciones
0260 del 26 de febrero de 2007 y 706 del 3 de julio de
2007
[45]
Fl. 69
[46] Fl. 69
[47] El preámbulo de la
Constitución Política establece que “el pueblo de Colombia en ejercicio de
su poder soberano,… decreta, sanciona y promulga la siguiente:
Constitución…”.
[48] Artículo
2° de la Constitución Política.
[49]
Entre las consideraciones expuestas para la proclamación
universal de los Derechos Humanos se encuentra la siguiente: …Considerando
esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a
fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión
contra la tiranía y la opresión…
[50] Salvamento
de Voto a la sentencia C- 174 del 2006 del magistrado Jaime Araújo Rentería.