T-195-16
Sentencia T-195/16
CAPACIDAD JURIDICA DE LAS PERSONAS EN
SITUACION DE DISCAPACIDAD MENTAL ABSOLUTA FRENTE A LA ACCION DE TUTELA-Procedencia
DISCAPACIDAD-Concepto
La discapacidad ha de ser entendida como un “término
genérico que engloba deficiencias, limitaciones de la actividad y restricciones
para la participación”, relacionadas con condiciones físicas, mentales o
sensoriales de un individuo, que pueden presentarse de manera permanente o
temporal.
DISCAPACIDAD MENTAL-Absoluta o relativa
La discapacidad mental, como una de las
manifestaciones específicas de la discapacidad, se encuentra regulada, de forma
especial, en la Ley 1306 de 2009, [p]or la cual se dictan normas para la
Protección de Personas con Discapacidad Mental y se establece el Régimen de la
Representación Legal de Incapaces emancipados. En el artículo 2º de dicho
ordenamiento, se establece que una persona tiene discapacidad mental cuando
padece limitaciones psíquicas o de comportamiento, que no le permite[n]
comprender el alcance de sus actos o asumen riesgos excesivos o innecesarios en
el manejo de su patrimonio. Conforme con lo dispuesto en los artículos 17 y 32
siguientes, los discapacitados mentales pueden ser absolutos o relativos. El
primer caso corresponde a quienes sufren una afectación o patología severa o
profunda de aprendizaje, de comportamiento o de deterioro mental; entre tanto,
son discapacitados mentales relativos las personas que padezcan deficiencias de
comportamiento, prodigalidad o inmadurez negocial y que, como consecuencia de
ello, puedan poner en serio riesgo su patrimonio. En uno u otro caso, la calificación de la
discapacidad debe realizarse “siguiendo los parámetros científicos adoptados
por el Comité Consultivo Nacional de las Personas con Limitación  y utilizando
una nomenclatura internacionalmente aceptada”.
CAPACIDAD JURIDICA-Significado en sentido general
La capacidad jurídica de las personas con discapacidad
mental, esto es, la aptitud que la ley les reconoce para adquirir y ejercer
derechos y contraer obligaciones por sí mismos sin la intervención de terceros,
el artículo 15 de la ley en mención prevé que, quienes padezcan discapacidad
mental absoluta son incapaces absolutos; mientras que los sujetos con
discapacidad mental relativa se consideran incapaces relativos. Para el
discapacitado mental absoluto el ordenamiento jurídico ha previsto, como medida
de protección de sus derechos, la interdicción; mientras que para el
discapacitado mental relativo dicha medida equivale a la inhabilitación.
CAPACIDAD JURIDICA DE LAS PERSONAS EN
SITUACION DE DISCAPACIDAD MENTAL-Será correlativa a su afectación, según ley 1306 de 2009
DERECHO A LA CAPACIDAD JURIDICA DE PERSONA
EN CONDICION DE DISCAPACIDAD MENTAL
DERECHO A LA SALUD DE EX SOLDADO-Obligaciones de las Fuerzas Militares con
el personal retirado del servicio activo por lesiones o afecciones adquiridas
durante o con ocasión de su prestación
La prestación de los servicios de salud a
cargo del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional
opera únicamente para quienes se encuentran afiliados a dicho régimen en las
condiciones anteriormente descritas y culmina con su desincorporación o retiro
de la institución a la que pertenezcan, siempre que no hayan sido acreedores de
la asignación de retiro o la pensión. Sin embargo, en numerosas oportunidades
esta Corporación ha analizado la situación de miembros retirados la Fuerza
Pública (Fuerzas Militares y Policía Nacional) que durante su permanencia en
servicio activo contrajeron enfermedades, sufrieron accidentes, fueron víctimas
de acciones del enemigo o, en general, adquirieron lesiones que comprometieron
su estado de salud, tanto física como mental, producto de lo cual quedaron con
secuelas y/o limitaciones irreversibles.
DERECHO A LA SALUD DE EX SOLDADO-Presupuestos jurisprudenciales que
habilitan la procedencia de una nueva calificación del grado de disminución de
la capacidad psicofísica para los miembros de la Fuerza Pública
La jurisprudencia constitucional ha establecido tres
presupuestos que, en su conjunto, habilitan la procedencia, por vía de tutela,
de una nueva calificación del grado de disminución de la capacidad psicofísica
del personal retirado de la Fuerza Pública sin derecho a pensión. Tales situaciones
son: “(i) cuando exista conexión objetiva entre el examen solicitado y una
condición patológica atribuible al servicio; (ii) dicha condición recaiga sobre
una patología susceptible de evolucionar progresivamente; y (iii) y la misma se
refiera a un nuevo desarrollo no previsto en el momento del retiro”.
Referencia:
Expedientes T-4.436.977, T-4.477.691
y T-4.485.600 (Acumulados)
Demandantes:
Luis Martín Moreno Carreño, Filiberto
Torres Abril y Jorge Luis Lozano Rocha
Demandados:
La Nación-Ministerio de Defensa-
Ejército Nacional y otros
Magistrado Ponente:
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Bogotá D.C., veintidós (22) de abril de dos
mil dieciséis (2016).
La
Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
Magistrados Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Gloria Stella Ortiz Delgado y
Jorge Iván Palacio Palacio, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
En el trámite de revisión de los fallos de tutela
dictados por los respectivos jueces de instancia, dentro de los asuntos de la
referencia.
I.  SELECCIÓN Y ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES
De acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 86 y 241 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991,
la Sala de Selección Número Nueve de la Corte Constitucional, mediante Auto del
8 de septiembre de 2014, notificado el 25 de septiembre siguiente, seleccionó,
con fines de revisión, los expedientes de tutela T-4.436.977, T-4.477.691 y T-4.485.600, correspondiendo su estudio, para estos efectos, a la
Sala Cuarta de Revisión.
En consideración a que las respectivas
demandas se dirigen contra la misma autoridad y están relacionadas con la
prestación de servicios asistenciales y de la seguridad social a cargo del
Ejército Nacional, en la misma providencia se dispuso su acumulación para que fueran fallados conjuntamente.
Conforme con ello, procede esta Sala a
dictar sentencia en los procesos                    T-4.436.977, T-4.477.691 y
T-4.485.600.
II. ANTECEDENTES
1. Reseña fáctica y pretensiones
1.1.
Expediente
T-4.436.977
1.1.1. El 24 de enero de 1998, encontrándose
en servicio activo como soldado regular del Ejército Nacional, Luis Martín
Moreno Carreño, quien actualmente cuenta con 37 años de edad, presentó un
cuadro clínico de meningitis bacteriana que, a su vez, le produjo una hidrocefalia
comunicante, debiendo ser tratado por neurocirugía para la instalación de
una válvula de Hakim.
1.1.2. Del anterior episodio da cuenta el informe
administrativo por lesiones, suscrito por el comandante del Batallón ASPC
Nº. 5 “Mercedes Abrego”, el 30 de agosto de 2000, en el cual conceptuó que la
enfermedad padecida por el soldado Moreno fue en el servicio por causa y
razón del mismo.
1.1.3. En dicha fecha, la Junta Médico-Laboral
de las Fuerzas Militares también realizó la valoración de su capacidad
sicofísica, cuyo resultado determinó una incapacidad relativa y permanente,
equivalente a un 10% de disminución de la capacidad laboral, por enfermedades
diagnosticadas en servicio activo pero no por causa ni en razón del mismo,
declarándolo no apto para la actividad militar, de acuerdo con las siguientes
conclusiones:
“1) Hidrocefalia obstructiva, fístula de
líquido cefalorraquídeo tratado quirúrgicamente. Actualmente con disminución
visual AV. OD. 20/25 OI. 20/20 que no corrige. Debe tener uso permanente de
válvula de Hakim. 2) Varicocele izquierdo tratado quirúrgicamente que no deja
secuelas”.
1.1.4. En consecuencia, mediante Orden
Administrativa de Personal Nº. 1173 del 25 de septiembre de 2000, el soldado
Moreno fue retirado del servicio activo, bajo la causal de incapacidad
relativa y permanente.
1.1.5. Según lo manifiesta el actor y
conforme con la historia clínica que obra dentro del expediente, actualmente, presenta
una serie de secuelas progresivas asociadas a la meningitis padecida en
el año 1998, tales como: hidrocefalia comunicante, epilepsia
generalizada, moderada inestabilidad de la marcha, trastornos de
memoria inmediata y reciente, entre otras afecciones, para lo cual requiere
tratamiento terapéutico y farmacológico permanente, así como controles
periódicos, de forma vitalicia, de la válvula de Hakim.
1.1.6. Aunque no se menciona expresamente en
la demanda de tutela, junto con esta se aportan dos dictámenes de calificación
de pérdida de la capacidad laboral emitidos por la Junta Regional de
Calificación de Invalidez de Santander y la Junta Nacional de Calificación de
Invalidez, el 20 de junio de 2008 y el 31 de marzo de 2009, respectivamente. En
el último de dichos dictámenes, se determina que el actor tiene comprometida el
100% de su capacidad laboral, con un diagnóstico de síndrome convulsivo
secundario a hidrocefalia con déficit cognoscitivo y trastorno mental
secundario.
1.1.7. Debido al deterioro paulatino de su
estado de salud físico y mental, el demandante sostiene que, el 20 de enero de
2014, elevó solicitud ante la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, con
el propósito de convocar una nueva Junta Médico-Laboral para que se evaluara el
estado actual de pérdida de su capacidad laboral y, eventualmente, poder acceder
a la pensión de invalidez. En respuesta a su solicitud, mediante oficio del 1º
de abril de 2014, esa dependencia le informó que no era jurídicamente viable
acceder a la misma, habida cuenta que se encontraba en estado de retiro,
desde hace más de ocho años.
1.1.8. En consecuencia, Luis Martín Moreno
Carreño acude a la acción de tutela[1],
en procura de que se amparen sus derechos fundamentales a la seguridad social y
al mínimo vital, de tal manera que se ordene a la Dirección de Sanidad del
Ejército Nacional que convoque una nueva Junta-Médico Laboral, para que sea
evaluado el estado actual de disminución de su capacidad laboral.
1.2. Expediente T-4.477.691
1.2.1. Filiberto Torres Abril, quien actualmente
cuenta con de 21 años de edad, afirma que fue convocado por las autoridades de
reclutamiento del Ejército Nacional, con el fin de prestar el servicio militar
obligatorio.
1.2.2. Manifiesta que, encontrándose en las
instalaciones y bajo custodia del Grupo de Caballería Mecanizado Nº. 10
“Tequendama”, para la práctica de los exámenes médicos de ingreso, el 8 de mayo
de 2013, sufrió una aparatosa caída al subir a unos tanques a recoger una
carpa y un eslipin [sic] de una estructura de aproximadamente seis metros
de altura (6m), siguiendo las órdenes de un superior.
1.2.3. De acuerdo con la historia clínica que obra
dentro del expediente, dicho accidente le ocasionó múltiples
politraumatismos a nivel de cadera, metacarpianos, metatarsianos,
radio distal, fémur y húmero, siendo sometido a varias
intervenciones quirúrgicas e internado en el Hospital Militar Central hasta el
17 de junio de 2013.
1.2.4. Sostiene que, el 11 de julio de 2013, la
Dirección de Sanidad del Ejército Nacional le autorizó la prestación de los
servicios de salud por noventa (90) días más, con el fin de garantizarle la
continuidad en la atención por ortopedia y fisioterapia. Sin embargo, refiere que
vencido dicho plazo, esa entidad se negó a renovarle la atención en salud, bajo
el argumento según el cual, no había jurado bandera y tampoco existía informe
administrativo por lesiones.
1.2.5. En consecuencia, mediante escrito de petición
del 12 de septiembre de 2013, reiterado el 30 de octubre siguiente, le solicitó
al comandante del Batallón de Caballería Mecanizado Nº. 10 Grupo “Tequendama”
la elaboración del respectivo informe administrativo, en el que se
detallaran las circunstancias de tiempo, modo y lugar como se produjeron las
lesiones del 8 de mayo de 2013.
1.2.6. El 5 de noviembre de 2013, esa autoridad emitió
respuesta a la anterior solicitud, informándole que, de conformidad con el
Decreto 1796 de 2000, el informe administrativo por lesiones solo opera para
los miembros de la Fuerza Pública, alumnos de las escuelas de formación y sus
equivalentes en la Policía Nacional, personal civil al servicio del Ministerio
de Defensa Nacional y de las Fuerzas Militares, y personal no uniformado de la
Policía Nacional. Por tanto, como quiera que no ostenta ninguna de esas
calidades, no es posible acceder a lo pretendido.
1.2.7. Así las cosas, ante el hecho constitutivo de lo
que, a su juicio, comporta la vulneración de sus derechos fundamentales a la
vida digna, a la salud y al mínimo vital, Filiberto Torres Abril promueve el
presente amparo constitucional[2],
a fin de que se protejan dichas garantías y, en esa medida, se ordene al
comandante del Batallón de Caballería Mecanizado Nº. 10 Grupo “Tequendama” (i)
suscribir el correspondiente informe administrativo por lesiones; y a la
Dirección de Sanidad del Ejército Nacional (ii) prestarle los servicios de
salud en todo lo relacionado con las especialidades de ortopedia, oftalmología
y otorrinolaringología, así como (iii) convocar una Junta Médico-Laboral para
que se efectué la calificación del grado de pérdida de su capacidad laboral.
1.3. Expediente
T-4.485.600
1.3.1. El 1º de febrero de 1985, mientras
ejercía el grado de teniente del Ejército Nacional, Jorge Luis Lozano Rocha fue
asignado en comisión de estudios por el entonces presidente de la República
Belisario Betancur, para adelantar, en Buenos Aires (Argentina), un curso de
inteligencia básica durante el período comprendido entre el 12 de febrero y
el 9 de julio de 1985.
1.3.2. Según lo manifiesta el actor en su
demanda de tutela, durante su permanencia en Argentina se me presentaron
algunas alteraciones en mi seguridad personal y ocurrieron varios hechos que
comprometieron mi salud física. Textualmente, relata que:
“En el desarrollo del entonces Curso de
Inteligencia me fue presentada por parte de un Oficial Argentino miembro del
curso de inteligencia una joven quien dijo ser de la familia de este, con quien
estable [sic] una amistad, y con quien tuve la oportunidad de visitar varios
lugares de la ciudad, esta persona en una ocasión me indujo a un tratamiento
medico [sic] para dejar el cigarrillo al cual acepte [sic] porque no le vi
inconveniente en el momento, visitando luego a una señora medico [sic] oriental
(china) que al parecer era medico [sic] acupunturista al que le cancele [sic]
50 dólares y procedió a realizar el tratamiento. Con la consecuencia de que me
aplico [sic] unas agujas en los oídos, cabeza y manos, sin mi consentimiento
expreso; yo no tenía conocimiento preciso del tratamiento y la forma como este
se realizaría, y cuando entendí el procedimiento ya era demasiado tarde.
Posteriormente y sin haber percibido
todavía daño recibido, en una prueba física de piscina dentro del curso militar
hechos ocurridos dentro del servicio, haciendo una práctica de buceo, sufrí un
accidente cerebro bascular [sic], donde puede comprobar un daño físico, yo me
encontraba en optimas [sic] condiciones físicas, debido a que hacia [sic] poco
tiempo había desarrollado el curso de lancero y paracaidismo, opte [sic] por
callar porque al reducir mi esfuerzo físico no repitió el evento sufrido y no
tuve complicaciones graves, además estaba próximo a concluir el curso. (…)”.
1.3.3.  A pesar de las circunstancias antes
descritas, de acuerdo con el Informe de Calificación Final de Curso, emitido
por la Escuela de Inteligencia del Ejército Argentino (f. 62), Jorge Luis
Lozano Rocha culminó satisfactoriamente el curso de inteligencia básica,
ocupando el puesto Nº 15 entre 16 alumnos, con un promedio de 81.6 sobre 100
puntos.  Dicho informe fue remitido al agregado militar de Colombia en
Argentina, junto con otro de carácter psicomédico, en el cual se indicó
que el Oficial en consideración se encuentra atravesando un período crítico
de natural adaptación a su nuevo medio, lo que sugiere la conveniencia de una
observación constate, en la intención de poder comprobar la total remisión del
cuadro psicológico actual.
1.3.4. A su llegada al país, fue asignado
al Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército
Nacional. Durante su permanencia en dicho comando, se informó que [e]l
Oficial se encuentra trabajando en el Blanco PCC/ML, en donde a pesar de haber
demostrado interés y preocupación en el cumplimiento de su deber, ha dado
muestras de incoherencia y de no estar en el pleno uso y goce de sus facultades
mentales.
1.3.5. Igualmente, se le hicieron varias anotaciones
en su folio de vida, relacionadas con sanciones disciplinarias que le fueron impuestas
por incumplir una orden oficial de operaciones de trascribir un resumen de
interés para la inteligencia militar; falta de control con el personal
de talleres; pretermitir algunos plazos impuestos por el JEM. Todas
estas reconocidas por el actor, a través de su firma.
1.3.6. El 20 de agosto de 1986, Jorge Luis
Lozano Rocha solicitó su retiro voluntario del servicio activo de las Fuerzas
Militares, mediante escrito en el que expresó lo siguiente:
“[…]
Con el presente me permito solicitar al
Señor General Ministro de Defensa Nacional, mi retiro del servicio activo con
pase a la reserva, por lo motivos que a continuación expongo:
1.- Deseo vincularme a actividades
particulares y familiares que me permitan brindar un mejor bienestar tanto
familiar como personal.
2.- Me propongo adelantar estudios
Universitarios que no permiten mi permanencia en la Institución.
3.- Desde mi condición de retirado es mi
deseo colaborar en forma incondicional con la Institución, igualmente quiero
dejar constancia que mi decisión es de tipo personal sin presiones de ninguna
naturaleza.
[…]”.
1.3.7. La anterior solicitud contó con el
visto bueno del Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia del
Ejército Nacional, quien realizó las siguientes observaciones:
“[…]
3. Se deja constancia que este Comando
entrevistó personalmente al Oficial sobre los motivos por los cuales solicitó
su retiro, manifestando que lo hace en forma voluntaria y que en ningún momento
ha sido presionado.
4. Asimismo me permito  solicitar se le
conceda el retiro de la Institución a la mayor brevedad, ya que el Oficial en
mención, aduce no querer pertenecer más a la Institución, por los motivos
expuestos en su solicitud y porque su rendimiento como Oficial deja mucho que
desear”.
1.3.8. En consecuencia, mediante Resolución
Nº 8839 del 26 de noviembre de 1986, expedida por el entonces ministro de
Defensa, Jorge Luis Lozano Rocha fue retirado del servicio activo del Ejército
Nacional, por solicitud propia, efectuándose el reconocimiento y pago de las
prestaciones sociales a que tenía derecho con ocasión del retiro. [3]
1.3.9. Frente a este hecho, el actor
manifiesta en su demanda de tutela, lo siguiente:
“[…]
En una prueba física realizada el 30 de
abril de 1986 el Comando Operativo, por parte del señor Mayor XXX, se me
repitió el accidente cerebro vascular pero con otras características, tiempo en
que decidí solicitar por escrito mi traslado de unidad, buscando la posibilidad
de atención hospitalaria especializada, solicitud que no fue siquiera
considerada por el comando de compañía Capitán YYY, Los eventos narrados y el
total de horas laboradas me impedían ocupar tiempo para atender mi estado de
salud.
Por los problemas anteriormente mencionados
se me empezó a sancionar y a presionar, por otras razones se me sanción [sic]
disciplinariamente, motivo por el cual ante el acoso laboral y las pretensiones
del ejecutivo de la unidad, razones que no podía entender en el momento, con
fecha 20 de Agosto [sic] de 1986 opte [sic] por solicitar el retiro voluntario
para establecer prioridades de urgencia y obtener todo el tiempo disponible
para atender mi estado de salud, ya que para entonces evaluando mi situación
calcule [sic] que el tiempo que me quedaba en vida era de unos meses.
Con fecha anterior al mes de noviembre de
1986 yo esperaba respuesta a mi solicitud de retiro del servicio activo,
segundo esperaba la negativa de esta, tercero esperaba el traslado de unidad,
cuarto un colapso total de mi salud”
1.3.10. Más de siete años después de su retiro
voluntario, Jorge Luis Lozano Rocha fue declarado en interdicción judicial por
discapacidad mental, mediante sentencia proferida, el 4 de octubre de 1993, por
el Juzgado Octavo de Familia de Bogotá, siendo designada como curadora su
señora madre, Ana Gilma Rocha de Lozano, decisión que fue confirmada, el 9 de
diciembre siguiente, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. El
fallo se basó en el resultado del examen psiquiátrico que le fue practicado por
dos peritos forenses del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses, el 5 de agosto de 1993, en el cual se concluyó lo siguiente:
“En  la actualidad JORGE LUIS LOZANO ROCHA
tiene una enfermedad caracterizada por ideas delirantes autorreferenciales,
desinterés social y laboral, aislamiento, disminución de su capacidad de
abstracción e introspección y dificultades para modular el afecto. La
enfermedad es una esquizofrenia paranoide crónica. Su etiología precisa
se desconoce, pero su curso es progresivo y el pronóstico es malo. Esto
aunado a su estado actual hacen que Jorge Luis Lozano Rocha no esté en
capacidad de administrar sus bienes y disponer de ellos”. (Negrilla fuera
del texto original)
1.3.11. Ante el fallecimiento de su madre
el 11 de diciembre de 1997 y sin que se hubiere agotado el respectivo trámite
judicial para la designación de un nuevo curador, Jorge Luis Lozano Rocha
presentó demanda de rehabilitación y libre administración de sus bienes ante el
Juzgado Tercero de Familia de Ibagué, solicitud que fue despachada
desfavorablemente, mediante proveído del 4 de febrero de 2008. Ello, con
fundamento en el resultado del nuevo dictamen pericial que le fue practicado el
22 de octubre  de 2007, en el cual el Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses determinó que:
“1. Las manifestaciones características del
estado actual de JORGE LUIS LOZANO ROCHA son:
Limitación en su capacidad para planear
convenientemente su futuro, de manejar el dinero, de administrar sus bienes o
disponer de ellos de forma adecuada.
2. El diagnóstico de la enfermedad de JORGE
LUIS LOZANO ROCHA es Esquizofrenia Paranoide.
3. La etiología de su enfermedad es de tipo
desconocido.
4. El pronóstico de la enfermedad es
reservado sin expectativas de que JORGE LUIS LOZANO ROCHA desarrolle su
autonomía o capacidad intelectual a un nivel como el que tenía previo a la
primera manifestación del cuadro.
5. Teniendo en cuenta lo anotado, JORGE
LUIS LOZANO ROCHA, en el momento, no se encuentra en capacidad de
administrar sus bienes o disponer de ellos.
6. El tratamiento conveniente en el caso de
JORGE LUIS LOZANO ROCHA incluye ayuda y cuidado de un adulto responsable, y
controles periódicos por psiquiatría, medicina general, con el fin de evitar su
deterioro progresivo pero no con fines curativos”. (Negrilla fuera del texto
original)
1.3.12. Dicho dictamen es cuestionado por
el actor en su escrito de tutela, en el sentido de señalar que:
“Con ocasión a la demanda de
rehabilitación, el Instituto de Medicina Forense [sic], en la practica [sic]
del examen forense, actuó con negligencia y dolo, al permitir que el director
de psiquiatría forense de la época fuera un medico [sic] con titulación
profesional falsa, se practican pruebas virtuales, que no llegan sino a
suposiciones y superficialidades.”
1.3.13. En las circunstancias anteriormente
descritas, es decir, encontrándose en estado de interdicción judicial, Jorge
Luis Lozano Rocha, por sí mismo, acudió a la acción de tutela[4], en procura
de obtener el amparo de sus derechos fundamentales a la seguridad social, a la
igualdad, a la honra, al trabajo y al debido proceso, presuntamente vulnerados
por la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y el Juzgado Tercero de
Familia de Ibagué.
1.3.14. En cuanto a las razones de la vulneración
alegada, el escrito de tutela no es claro y, por demás, incurre en
contradicciones e imprecisiones. Sin embargo, puede entenderse que el motivo de
censura, en el primer caso, radica en el hecho de haberse aceptado su retiro del
servicio activo del Ejército Nacional estando comprometido su estado de salud
física y mental; así como por no continuar recibiendo los servicios de sanidad
militar con posterioridad a este. En el segundo caso, en razón del fallo
desestimatorio de su pretensión de rehabilitación, sin más reparo que aquel de
haberse sustentado en un dictamen pericial realizado, según el actor, por
psiquiatras con titulación falsa.
1.3.15. Ese orden de ideas, Jorge Luis
Lozano Rocha solicita al juez de tutela: (i) decretar la nulidad de la
Resolución Nº 8839 del 26 de noviembre de 1986, por medio de la cual se aceptó
su retiro voluntario del Ejército Nacional; (ii) ordenar su reintegro a
las filas del Ejército Nacional; (iii) decretar la nulidad de las
sanciones disciplinarias que obran en su folio de vida; (iv) ordenar su reintegro
a los servicios de salud a cargo de la Dirección de Sanidad del Ejército
Nacional; (v) disponer la practica [sic] de pruebas periciales y
conciliaciones, para definir montos y beneficios de la seguridad social
respecto a lo ordenado en el Estatuto Para el Personal de Oficiales de las
Fuerzas Militares; (vi) decretar la nulidad de las actuaciones
administrativas del Instituto de Medicina Legal; (vii) declarar la nulidad
de las sentencias proferidas por la jurisdiccion [sic] voluntaria, y los
pronunciamientos hechos por la jurisdicción militar, en cuanto a que pretende
interpretar la ley, y mantener indefinidamente la sentencia de interdicción
y, por último, (viii) ordenar a la parte accionada reconocer los orígenes de
la discapacidad.
Con todo, afirma que desde el momento en
que decidí presentar esta acción de tutela, es mi propósito y momento, el de
rehabilitar y restablecer mis derechos civiles ciudadanos, y militares; la
rehabilitación económica, profesional, y familiar. Mi prioridad uno para
normalizar y llevar a feliz término este episodio de mi vida [sic].
2.
Pruebas
relevantes
Las pruebas relevantes aportadas a los trámites de
tutela, todas de origen documental, son las siguientes:
2.1. Expediente
T-4.436.977
·
Copia simple de la
respuesta emitida por la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional el 1º de
abril de 2014, a la petición presentada por Luis Martin Moreno Carreño (f.
5-6).
·
Copia simple del Acta
No. 1816 del 30 de agosto de 2000, suscrita por la Junta Médico-Laboral del
Ejercito Nacional (f. 7-9).
·
Copia simple del informe
administrativo por lesión, firmado por el comandante del Batallón de Apoyo y
Servicios para el Combate No. 5 “Mercedes Abrego”, el 30 de agosto de 2000 (f.
10).
·
Copia simple del
dictamen de calificación de pérdida de la capacidad laboral emitido por la
Junta Regional de Calificación de Invalidez de Santander, el 20 de junio de
2008 (f. 30-33).
·
Copia simple del
dictamen de calificación de pérdida de la capacidad laboral emitido por la
Junta Nacional de Calificación de Invalidez, el 31 de marzo de 2009 (f. 34-37).
·
Copia simple de la
cédula de ciudadanía de Luis Martin Moreno Carreño (f. 38).
·
Copia simple de la
historia clínica de Luis Martin Moreno Carreño (f. 39-162).
2.2.
Expediente T-4.477.691
Pruebas aportadas por el demandante
·
Copia simple de la
historia clínica de Filiberto Torres Abril (f. 4).
·
Copia simple de los
escritos dirigidos al comandante del Batallón de Caballería Mecanizado Nº. 10
Grupo “Tequendama”, en los cuales se solicita la realización del informe
administrativo por lesiones (f. 5-8).
·
Copia simple de la
respuesta emitida por comandante del Batallón de Caballería Mecanizado Nº. 10
Grupo “Tequendama” a la anterior solicitud (f. 9-12).
·
Copia simple de la
historia clínica de Filiberto Torres Abril, que reposa en los archivos del
Hospital Militar Central (f. 13-16).
Pruebas aportadas por la autoridad demandada
·
Documento impreso de la
consulta realizada en la base de datos única de afiliación al Sistema de
Seguridad Social, el 20 de marzo de 2014, en el que consta que Filiberto Torres
Abril se encuentra afiliado al régimen subsidiado, a través de Convida EPS-S
(f.57).
·
Informe escrito emitido,
el “7 de mayo de 2013”, por el Cabo Primero del Ejército Nacional, Edicson
Andrés Ramírez Ávila, en el que relata los hechos ocurridos el 8 de mayo de
2013, en relación con el ciudadano Filiberto Torres Abril (f. 75).
·
Acta Nº. 0248 del 23 de
marzo de 2013, sobre tercer examen médico adelantado al personal de soldados
regulares pertenecientes al primer contingente del año 2013, orgánicos del
Batallón Especial Energético y Vial Nº. 13, en la que consta que Filiberto Torres
Abril fue declarado NO APTO (f. 81-83).
2.3. Expediente T-4.485.600
·
Copia simple de la
Resolución Nº 8839 del 26 de noviembre de 1986, por medio de la cual se retira
del servicio activo de las Fuerzas Militares a Jorge Luis Lozano Rocha, por
solicitud propia (f. 31-35).
·
Copia simple de la
cédula de ciudadanía de Jorge Luis Lozano Rocha      (f. 36).
·
Copia simple de varios
diplomas de grado y distinciones académicas otorgados a Jorge Luis Lozano Rocha
(f. 38-43).
·
Copia simple del
expediente administrativo del Ejército Nacional que contiene los folios de vida
de Jorge Luis Lozano Rocha durante su permanencia en la institución (f.
44-149).
·
Copia simple del
dictamen emitido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses, el 22 de octubre de 2007, en relación con el examen psiquiátrico
practicado a Jorge Luis Lozano Rocha (f. 211-215).
3.
Trámite procesal
e intervención de las demandadas
Con el propósito de conformar debidamente el
contradictorio, las distintas autoridades judiciales que conocieron de las
acciones de tutela resolvieron admitirlas y ordenaron ponerlas en conocimiento
de las demandadas, para efectos de que ejercieran su derecho a la defensa.
3.1. Expediente T-4.436.977
3.1.1.
Dirección General de Sanidad Militar
Dentro del término otorgado para ejercer el derecho de
réplica, el Director General de Sanidad Militar dio respuesta al requerimiento
judicial, mediante escrito en el que manifestó que, por mandato expreso del
artículo 9º de la Ley 352 de 1997 y el artículo 12 del Decreto Ley 1795 de
2000, esa dirección es una dependencia del Comando General de las Fuerzas
Militares, ubicada en la Carrera 10 #27-51 de la ciudad de Bogotá, y solo
cumple funciones administrativas; distinta de la Dirección de Sanidad del
Ejército Nacional, la cual es una dependencia del Comando del Ejército
Nacional, ubicada en la Carrera 7 #52-48 de la misma ciudad, cuyas
funciones son de carácter asistencial.
Acorde con ello, precisa que a cada Fuerza le
corresponde prestar los servicios asistenciales a los afiliados y beneficiarios
del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, a través de sus propias
unidades o mediante la contratación con otras instituciones. Por tanto, la
convocatoria a Junta Médico-Laboral es competencia exclusiva de las Direcciones
de Sanidad de las Fuerzas, en este caso, de la Dirección de Sanidad del
Ejército Nacional.
En consecuencia, informa que dio traslado del presente
requerimiento a la oficina asesora jurídica de la Dirección de Sanidad del
Ejército Nacional para que se pronunciara respecto de las pretensiones
formuladas por Luis Martin Moreno Carreño. No obstante, observa la Sala que no
obra dentro del expediente respuesta alguna por parte de esa dependencia.
3.2.
Expediente T-4.477.691
3.2.1. Dirección de Sanidad del Ejército Nacional
En la oportunidad procesal señalada para el efecto, el
Director de Sanidad del Ejército Nacional dio respuesta a la acción de tutela,
mediante escrito en el que informó que, para efectos de que se le activen los
servicios de salud a Filiberto Torres Abril, este debe acercarse a las
instalaciones de la Dirección de Sanidad, con copia ampliada de su cédula de
ciudadanía y copia del acta de desacuartelamiento, para poder enviar oficio a
la Dirección General de Sanidad Militar, tendiente a que se emita autorización
para ser tratado por ortopedia y fisiatría.
Respecto de la solicitud de valoración por las
especialidades de oftalmología y otorrinolaringología, señala
que, según el concepto emitido por el profesional en salud ocupacional, tal
solicitud no es pertinente, por cuanto no existe sustento médico que la avale.
Frente a la pretensión encaminada a que se elabore el informe
administrativo por lesiones, sostiene que ello es competencia exclusiva del
comandante del batallón donde sucedieron los hechos y no de esa Dirección.
Por último refiere que, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 16 del Decreto 1796 de 2000, la realización de la
Junta Médico-Laboral depende de que se reúnan todos los documentos soporte de
la solicitud.
3.2.2. Grupo de Caballería Mecanizado Nº. 10
“Tequendama”
El comandante del Grupo de Caballería Mecanizado Nº.
10 “Tequendama”, se pronunció en la presente causa, mediante escrito en el que
solicitó desestimar las pretensiones formuladas por Filiberto Torres Abril.
Para tal efecto, sostuvo que es cierto que, el día 8
de mayo de 2013, el demandante se encontraba en las instalaciones del Grupo de
Caballería Mecanizado Nº. 10 “Tequendama”, participando en un “proceso de
selección voluntario para la prestación del servicio militar obligatorio”. Sin
embargo, señala que no se encontraba bajo órdenes o mando de ningún Oficial o
Suboficial perteneciente a esa unidad, pues no era miembro orgánico de la misma,
de ahí que no se explique la razón que lo motivó a subirse a la estructura de
la cual se cayó.
Con todo, informa que una vez ocurridos los hechos,
fue trasladado inmediatamente a la Fundación Santa Fe de Bogotá, “centro
clínico donde fue atendido con el carné de su respectiva EPS” y,
posteriormente, remitido al Hospital Militar Central, debido a que era orgánico
del Batallón Especial Energético Vial Nº. 13, situación que nunca informó al
personal encargado de realizar el procedimiento de incorporación, así como
tampoco, que fue retirado por tercer examen médico, “lo que quiere decir que
para el momento en que el accionante se presentó al proceso de selección
voluntaria en el Grupo de Caballería Mecanizado Nº. 10 ‘Tequendama’, había sido
declarado con anterioridad como NO APTO”.
En ese orden de ideas, manifiesta que no le asiste
derecho a que se le realice el respectivo informe administrativo por lesiones,
toda vez que no cumple con el presupuesto mínimo de pertenecer a la Fuerza
Pública para tal efecto.
3.3. Expediente T-4.485.600
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá,
por Auto del 16 de junio de 2014, admitió la acción de tutela y ordenó ponerla
en conocimiento de las autoridades demandadas para efectos de que ejercieran
sus derechos de defensa y contradicción. Así mismo, ordenó vincular al
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Ministerio Público, con ocasión
del estado de interdicción judicial del demandante y en la medida en que tienen
a cargo la protección de los derechos fundamentales de las personas con
discapacidad.
Posteriormente, tras advertir que una de las
autoridades judiciales demandadas es el Juzgado Tercero de Familia de Ibagué, el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá se declaró incompetente, por
el factor territorial, para conocer de la solicitud de tutela dirigida contra
ese despacho, razón por la cual, mediante proveído del 25 de junio de 2014,
ordenó remitir al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué copia de la
acción de tutela y sus anexos, para que allí se resolvieran los reparos
formulados contra la sentencia dictada por el Juzgado Tercero de Familia de
Ibagué.
Así, una vez admitida la acción de tutela por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, mediante sentencia del 15 de
julio de 2014, ese fallador negó por improcedente el amparo invocado por el
actor, basado en la ausencia del requisito de inmediatez, toda vez que entre la
ocurrencia de los hechos que, presuntamente, originaron la vulneración alegada
y la presentación de la acción de tutela, trascurrieron más de veinte años.
Impugnada la anterior decisión, la misma fue confirmada por la Sala de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia, en providencia del 13 de agosto de 2014,
por las mismas razones.
Remitido el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, fue radicado en la Secretaría General de esta Corporación
con el número                     T- 4.512.176. Sin embargo, mediante Auto del
22 de septiembre de 2014, dictado por la Sala de Selección Número Nueve, dicho
expediente fue excluido de revisión y remitido al juzgado de origen.
3.3.1. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en
adelante, ICBF, a través de la defensora de familia delegada ante el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dio respuesta a la acción de tutela, mediante
escrito en el que rindió concepto, en el sentido de señalar que, revisado el
contenido de la acción de tutela y partiendo del principio de la buena fe del
demandante al tomar la iniciativa de presentar, por sí mismo, la acción de
tutela, se observa claramente que necesita ayuda institucional para su buen
desempeño físico, emocional, por especialistas que manejen la presunta
enfermedad que padece y ante todo contactar a su familia.
Acorde con ello, informa que el ICBF cuenta con
programas de asistencia para personas con discapacidad pero que, en principio,
la obligación directa del cuidado de Jorge Luis Lozano Rocha recae en su
familia, de ahí la necesidad de establecer si se inició el proceso judicial
para la designación de un nuevo curador ante el fallecimiento de la madre del afectado.
3.3.2. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses
La jefe de la Oficina Jurídica del Instituto Nacional
de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en adelante, INMLCF, se pronunció en la
presente causa, mediante escrito que inicia señalando que los hechos contenidos
en la acción de tutela no guardan un orden cronológico y que, por tanto,
intentará ser lo más clara posible, a efectos de pronunciarse respecto de los
puntos que corresponden a acusaciones directas contra ese instituto.
Bajo esa premisa, en cuanto a los señalamientos hechos
por Jorge Luis Lozano Rocha, según los cuales la valoración psiquiátrica que le
fue practicada, dentro del proceso de rehabilitación de derechos tramitado ante
el Juzgado Tercero de Familia de Ibagué, la realizaron médicos con titulación
profesional falsa, manifiesta que no se tiene conocimiento de ninguna
irregularidad en el trámite de [e]sta valoración ni respecto de la idoneidad
del perito que la realizó. Sostiene que, para realizar una aseveración y
cuestionamiento de esta índole, se debe contar con el material probatorio
suficiente para respaldar su dicho, de lo contrario, podrá tacharse de falsa y
temeraria, además que no presenta ninguna prueba que respalde su afirmación,
por el contrario se prevé que el único objetivo del accionante es el desprestigio
de la Institución.
En ese sentido, explica que por parte del INMLCF se
cumplieron todos los protocolos, parámetros, requisitos y procedimientos para
la práctica del examen psiquiátrico, cuyo resultado quedó plasmado bajo la
radicación interna No. 2007C-08090308151 y que en su momento fue entregado a la
[autoridad] solicitante, quedando bajo su consideración y competencia las
determinaciones a tomar dentro del proceso que adelantaba, ya que nuestra
función se cumplió con la práctica de la valoración psiquiátrica y la emisión
del concepto, de acuerdo con la documentación aportada y los procedimientos y
ejercicios practicados al paciente durante el desarrollo de la evaluación.
Por otra parte, respecto de la solicitud de nulidad
del dictamen practicado al actor, aclara que ello no es procedente, en la
medida en que las valoraciones y dictámenes de los peritos del Instituto no
son actos administrativos. Sin embargo informa que, de acuerdo con lo
dispuesto en el Código de Procedimiento Civil, hoy Código General del Proceso,
quien no esté de acuerdo con el dictamen puede objetarlo solicitando su
aclaración, adición o complementación, mecanismo que tuvo a su disposición el
demandante sin haber hecho uso de este.
Finalmente, solicita la desvinculación del INMLCF del
trámite de la acción de tutela por falta de legitimación en la causa por
pasiva, toda vez que, asegura, no ser el agente vulnerador de los derechos
fundamentales que invoca el actor.
3.3.3. Procuraduría General de la Nación
La Procuradora Séptima Judicial II de Familia, en
respuesta a la acción de tutela, señaló que, una vez revisado el proceso de
interdicción de Jorge Luis Lozano Rocha que se tramitó ante el Juzgado Octavo
de Familia de Bogotá, se establece que fue declarado en interdicción judicial
por discapacidad mental, mediante providencia del 4 de octubre de 1993, siendo
designada como curadora su progenitora, decisión que fue confirmada por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 9 de diciembre de 1993.
Así mismo, menciona que el examen psiquiátrico que se
le practicó en aquella ocasión fue realizado por los galenos Marco Fierro
Urresta y Lisandro Durán Robles, quienes concluyeron que padecía esquizofrenia
paranoide. Sin embargo, aclara que los nombres de estos psiquiatras no
corresponden con la persona que ejerció durante varios años en el Instituto
Nacional de Medicina Legal como médico psiquiatra sin serlo.
Manifiesta, a su vez, que en el respectivo expediente existe
evidencia de que, tras la muerte de la madre de Jorge Luis Lozano Rocha, su
hermana María del Pilar Lozano Rocha solicitó al Juzgado Octavo de Familia de
Bogotá que se le designara como guardadora de su hermano, solicitud que fue
despachada desfavorablemente, toda vez que debía tramitar la correspondiente
demanda de remoción de guardador y someterse a reparto.
Así las cosas, afirma que se comunicó, vía telefónica,
con María del Pilar Lozano Rocha, quien le informó que, actualmente, reside en
Estados Unidos  (EE. UU.) en la ciudad de Weston (Florida) y que su madre la
designó como curadora testamentaria de su hermano pero que no recordaba haber
tramitado el proceso de designación de guardador, razón por la cual le solicitó
los datos de contacto de otro pariente idóneo para ejercer la guarda de Jorge
Luis Lozano Rocha, a lo que esta respondió informándole dirección y teléfono de
su hermana Leonor Lozano Rocha.
En consecuencia, anuncia que la suscrita
Procuradora Judicial presentará ante el Juzgado Octavo de Familia de Bogotá la
correspondiente demanda de Designación de Guardador a favor del discapacitado
mental JORGE LUIS LOZANO ROCHA, contando con el apoyo de sus hermanas MARÍA DEL
PILAR LOZANO ROCHA y LEONOR LOZANO ROCHA, pues se hace necesario y urgente la
designación de un curador que empiece a ejercer sus funciones y haga todas las
gestiones necesarias para hacer valer los derechos del discapacitado, y para
este caso, en principio, se solicitará la designación de LEONOR LOZANO ROCHA,
pues es la hermana que reside en la ciudad de Bogotá y es considerada por MARÍA
DEL PILAR LOZANO ROCHA como la persona idónea para ejercer la guarda de su
hermano […].
3.3.4. Ejército Nacional de Colombia
Dentro del término otorgado para el efecto, el subdirector
de personal del Ejército Nacional atendió el requerimiento judicial, mediante
escrito en el que solicitó denegar por improcedente el amparo solicitado por
Jorge Luis Lozano Rocha.
Para tal efecto, sostuvo que la acción de tutela no
está diseñada para anular la validez de un acto administrativo mediante el cual
se dispuso la desvinculación de un servidor de las Fuerzas Militares, así como
tampoco para ordenar su reintegro, habida cuenta que para ello existe otro
mecanismo judicial de defensa como lo es el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.
No obstante, aduce que se debe tomar en consideración
que el retiro del demandante se produjo el 26 de noviembre de 1986 y su
interdicción se declaró el 4 de octubre de 1993, es decir, ocho (8) años
después de su desvinculación, lo que significa que en el momento de
solicitar su retiro, no se tenía conocimiento de algún aspecto que impidiera
que este tuviera la capacidad psicofísica para discernir y tomar sus propias
decisiones.
Adicionalmente, refiere que la acción constitucional
no cumple con el presupuesto procesal de inmediatez, toda vez que se pretende
dejar sin efectos un acto de retiro que se produjo hace veintinueve (29) años,
por solicitud del propio oficial.
Para concluir, hace énfasis en que el actor en su
momento debió dar a conocer las presuntas persecuciones ante la Defensoría del
Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, y no esperar tanto tiempo para
dar a conocer supuestas anomalías que debieron ser aclaradas en su momento,
cuando el personal que al parecer participo [sic] en estos hechos anómalos se
encontraba en actividad y no ahora cando algunos de ellos han fallecido y
ninguno está actualmente activo, para que con mente fresca, hubieren respondido
si era del caso con los desafueros que hasta ahora da a conocer el señor
oficial ®.
III. DECISIONES JUDICIALES QUE SE REVISAN
1. Expediente T-4.436.977
1.1.
Primera
instancia
La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bucaramanga, mediante sentencia proferida el 13 de mayo de
2014, negó el amparo de los derechos fundamentales invocados por Luis Martín
Moreno Carreño. Ello, tras estimar que, siendo las afecciones que actualmente
padece secuelas directas de las enfermedades que, en su momento, fueron evaluadas
por la Junta Médico-Laboral de las Fuerzas Militares y frente a las cuales se determinó
que no son atribuibles al servicio activo, no se reúnen los presupuestos
establecidos por la jurisprudencia constitucional para que sea viable disponer
la realización de una  nueva valoración de pérdida de su capacidad laboral.
1.2.
Impugnación
El actor impugnó oportunamente la anterior decisión,
ratificándose en todo lo manifestado en el escrito de tutela y, agregó, que en
su condición de soldado conscripto, el Estado está en la obligación de
responder por los daños antijurídicos causados durante la prestación del
servicio militar obligatorio, máxime cuando el informe administrativo por
lesión da cuenta de que la meningitis padecida en el año 1998 ocurrió
en servicio activo por causa y en razón del mismo.
1.3.
Segunda
instancia
La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia, en sentencia del 24 de junio de 2014, confirmó el fallo dictado por
el juez de primer grado, al considerar que no existe conexión objetiva entre el
examen solicitado y una condición patológica atribuible al servicio, pues la
Junta Médico-Laboral de las Fuerzas Militares descartó que los padecimientos del
actor tuvieran su génesis en la actividad militar, dictamen que no fue
controvertido por este.
2.
Expediente
T-4.477.691
2.1.
Primera
instancia
La Sección Segunda-Subsección “A” del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, mediante providencia del 13 de marzo de 2014,
resolvió conceder el amparo de los derechos fundamentales invocados por
Filiberto Torres Abril y, en consecuencia, ordenó a la Dirección de Sanidad del
Ejército Nacional, continuar suministrándole, “de forma indefinida e
ininterrumpida”, toda la atención en salud que requiera, así como realizar la
respectiva Junta Médico-Laboral para determinar el grado de pérdida de su
capacidad laboral. Esto último, una vez el comandante del Grupo de Caballería
Mecanizado Nº. 10 “Tequendama” elabore el informe administrativo por lesiones,
para lo cual, a su vez, dictó la orden correspondiente.
El motivo de la decisión se basó en la consideración
según la cual, cuando el Ejército Nacional recluta a los ciudadanos para que
presten el servicio militar obligatorio, estos quedan en custodia del Estado,
haciéndose responsable de su integridad física y psicológica hasta que pueda
restablecerse su estado de salud o de no ser posible, asumiendo la prestación de
los servicios médicos para el tratamiento de las lesiones que se generen como
secuelas de las ya existentes.
2.2.
Impugnación
2.2.1. El director de Sanidad del Ejército Nacional
impugnó la anterior decisión, reafirmándose en que no se puede acceder a
ninguna de las pretensiones formuladas por el actor, en razón de que nunca tuvo
la calidad de soldado definida en la Ley 48 de 1993 y, en tal virtud, tampoco es
afiliado ni beneficiario del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares.
Destaca, además, que los hechos ocurridos el 8 de mayo
de 2013 son responsabilidad exclusiva del actor, pues fue él quien “decidió lanzarse
al vacío sin justificación alguna”.
Por último, informa que Filiberto Torres Abril se
encuentra afiliado al Régimen Subsidiado, desde el 1 de julio de 2005, a través
de Convida EPS-S, en estado ACTIVO, lo que permite inferir que, actualmente,
está recibiendo toda la asistencia médica que requiere, sin que se esté
afectado su derecho fundamental a la salud.
2.2.2. Por su parte, el comandante del Grupo de
Caballería Mecanizado Nº. 10 “Tequendama” también impugnó la decisión de
juez de primer grado, ratificándose en todo lo manifestado en su respuesta
inicial y, resaltó, que no le corresponde elaborar el informe administrativo
por lesiones, toda vez que, además de que el demandante no tiene la calidad de
ser miembro de la Fuerza Pública, pues nunca fue soldado orgánico de esa
unidad, para la fecha en que se produjeron las lesiones el suscrito no fungía
como comandante y aquel no se encontraba bajo órdenes ni mando de ningún Oficial
o Suboficial, tal y como lo exige el artículo 24 del Decreto 1796 de 2000.
No obstante, con posterioridad a su respuesta, se
allegó el respectivo informe administrativo por lesiones, firmado por el mismo
comandante el 30 de abril de 2014, en el cual se determina que las mismas
ocurrieron en actos realizados contra la ley, el reglamento o la orden
superior (f. 86).
2.3.
Segunda
instancia
La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, mediante sentencia del 18 de junio de
2014, revocó la decisión de primera instancia, tras estimar que la autoridad
castrense no está obligada a brindarle al actor los servicios de salud que
requiere, toda vez que no fue incorporado formalmente al Ejército Nacional, y
solo los miembros de la Fuerza Pública son acreedores de los derechos,
prerrogativas y estímulos previstos en la Ley 48 de 1993. Acorde con ello,
puntualizó que la encargada de asumir dicha prestación es la EPS-S Convida, a
la cual se encuentra afiliado, desde el 1º de julio de 2005.
Por las mismas razones, consideró que tampoco hay
lugar a que se le elabore el informe administrativo por lesiones y, menos aún,
que se convoque a Junta Médico-Laboral.
3.
Expediente
T-4.485.600
3.1.
Fallo único de
instancia
La Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, mediante sentencia proferida el 26 de junio de 2014, negó
el amparo deprecado por Jorge Luis Lozano Rocha. Ello, en consideración a que la
acción de tutela no satisface el presupuesto de inmediatez, toda vez que las
actuaciones y determinaciones respecto de las cuales solicita el accionante se
declare la nulidad, se produjeron hace varios años atrás, algunas incluso antes
de la vigencia de la Constitución de 1991”.
En ese sentido, puntualizó que no es razonable
dejar pasar varios años para mostrarse en desacuerdo con decisiones judiciales
y administrativas que actualmente no pueden ser modificadas y tienen fuerza
ejecutoria vinculante para el accionante, quien en su momento estuvo
representado por la curadora designada en el proceso de interdicción.
Por último, sostuvo que ante la necesidad de
ofrecer al accionante el apoyo institucional que su condición de interdicción
por discapacidad requiere, es pertinente observar que la señora procuradora
adscrita a este Tribunal, informó que iniciará las acciones judiciales
pertinentes tendientes a garantizar el ejercicio legal de los derechos del
interdicto, razones todas estás que llevan a denegar el amparo pretendido por
el ciudadano JORGE LUIS LOZANO ROCHA, en aquello que es de nuestra competencia,
toda vez que las actuaciones del Juzgado Tercero de Familia de Ibagué, se ha
compulsado copias al Tribunal competente.
La anterior decisión no fue objeto de impugnación.
IV. ACTUACIONES ADELANTADAS EN SEDE DE
REVISIÓN
1. A través de Auto del 1º de diciembre de
2014, el magistrado ponente  consideró necesario recaudar algunas pruebas para
verificar y actualizar  los supuestos de hecho que dieron origen a las
solicitudes de tutela y mejor proveer en el presente asunto. En consecuencia,
resolvió lo siguiente:
a)
Respecto del
expediente T-4.436.977
“PRIMERO. Por Secretaría General, OFÍCIESE
a la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, con sede en la Carrera 7ª No.
52-48/60 de la ciudad de Bogotá, para que, en el término de tres (3) días
hábiles contados a partir de la notificación del presente auto, se sirva
remitir a este despacho, copia del Acta No. 1816 del 30 de agosto de 2000,
suscrita por la Junta Médico-Laboral del Ejército Nacional, correspondiente a
la valoración de la capacidad laboral del soldado regular retirado Luis Martín
Moreno Carreño, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.514.910 de
Bucaramanga.
SEGUNDO. Por Secretaría General, OFÍCIESE a la Dirección
de Personal del Ejército Nacional, con sede en la Carrera 54 No. 26-25 CAN de
la ciudad de Bogotá, para que, en el término de tres (3) días hábiles contados
a partir de la notificación del presente auto, se sirva remitir a este
despacho, copia de la Orden Administrativa de Personal No. 1175 del 25 de
septiembre de 2000, mediante la cual se dispuso el retiro del servicio activo
del soldado regular Luis Martín Moreno Carreño, identificado con cédula de
ciudadanía No. 13.514.910 de Bucaramanga.
TERCERO. Por Secretaría General, OFÍCIESE a la Dirección
de Sanidad del Ejército Nacional -Hospital Militar de Bucaramanga-, ubicado en
la Calle 14 No. 32B-00, Batallón Ricaurte, de la ciudad de Bucaramanga, para
que, en el término de tres (3) días hábiles contados a partir de la
notificación del presente auto, se sirva informar a este despacho, con los
correspondientes documentos que respalden sus afirmaciones, lo siguiente:
·
Cuál es el estado
actual de afiliación al Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares del
soldado regular retirado Luis Martín Moreno Carreño, identificado con cédula de
ciudadanía No. 13.514.910 de Bucaramanga.
·
Si, actualmente, Luis
Martín Moreno Carreño se encuentra recibiendo algún tipo de tratamiento médico
por parte de la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional -Hospital Militar de
Bucaramanga-. En caso afirmativo, informar todo lo relacionado con la atención
médica suministrada.”
b)
Respecto del
expediente T-4.477.691
“CUARTO. Por
Secretaría General, OFÍCIESE al gerente general de Convida EPS-S, con
sede en la Carrera 58 No. 9-97 de la ciudad de Bogotá, para que en el término
de tres (3) días hábiles contados a partir de la notificación del presente
auto, se sirva informar a este despacho si el señor Filiberto Torres Abril,
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.077.087.516 de Tocancipá, se
encuentra afiliado al Sistema de Seguridad Social en Salud, en el Régimen
Subsidiado, a través de esa entidad. En caso afirmativo, sírvase indicar lo
siguiente:
·
Fecha, tipo y estado de afiliación
de Filiberto Torres Abril.
·
Cuál es el estado actual de salud
de Filiberto Torres Abril y si se encuentra recibiendo algún tipo de
tratamiento médico. En caso afirmativo, informar todo lo relacionado con la
atención médica suministrada.
Para efectos de dar respuesta a los
anteriores requerimientos, allegar los documentos que soporten sus
afirmaciones.”
c)
Respecto del expediente T-4.485.600
“QUINTO. Por Secretaría General, OFÍCIESE al Juzgado Octavo de
Familia del Circuito de Bogotá para que, en el término de tres (3) días hábiles
contados a partir de la notificación del presente auto, remita a este despacho,
en calidad de préstamo o en copia, el proceso de interdicción de Jorge Luis
Lozano Rocha, con radicado número 11001311000819932788700.
SEXTO. Por Secretaría General, OFÍCIESE al Juzgado Tercero
de Familia del Circuito de Ibagué (Tolima) para que, en el término de tres (3)
días hábiles contados a partir de la notificación del presente auto, remita a
este despacho copia de la sentencia proferida dentro del proceso de rehabilitación
de derechos del interdicto Jorge Luis Lozano Rocha, con radicado número
2005-00332.
SÉPTIMO. Por Secretaría General, OFÍCIESE a la doctora
Martha Ligia Patrón López, Procuradora Séptima Judicial II Familia de Bogotá,
para que, en el término de tres (3) días hábiles contados a partir de la
notificación del presente auto, se sirva informar a este despacho si, en
relación con la acción de tutela presentada por Jorge Luis Lozano Rocha contra
la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional y otros, ha iniciado alguna
actuación judicial, tendiente a la designación de curador en favor de Jorge
Luis Lozano Rocha, quien debido a su estado de discapacidad mental fue
declarado interdicto por el Juzgado Octavo de Familia del Circuito de Bogotá.”
2. El 19 de diciembre de 2014, la
Secretaría General de la Corporación puso a disposición del despacho del
magistrado ponente la respuesta emitida por el subdirector de personal del Ejército
Nacional, el director del Hospital Militar Regional Bucaramanga y la procuradora
séptima judicial II de familia, a los cuestionamientos planteados en la
anterior providencia. En relación con la solicitud efectuada a la Dirección de
Sanidad del Ejército Nacional y al gerente general de Convida EPS-S se indicó
que, vencido el término otorgado para el efecto, no se recibió respuesta
alguna.
En la misma comunicación, también se
informó que se libraron los oficios 1158/2014 y 1159/2014 dirigidos al Juzgado
Octavo de Familia del Circuito de Bogotá y al Juzgado Tercero de Familia del
Circuito de Ibagué, respectivamente, los cuales no se han podido remitir a
dichos despachos, debido al paro judicial.
2.1.
Respecto de la solicitud dirigida a la Dirección de Personal del Ejército
Nacional, dentro del expediente T-4.436.977, con el fin de que remitiera
copia de la Orden Administrativa de Personal No. 1175 de 2000, mediante la cual
se dispuso el retiro del servicio activo del soldado regular Luis Martin
Moreno Carreño, el Subdirector de esa dependencia allegó a esta Sala el documento
correspondiente, el cual obra a folios 37 a 41 del cuaderno principal, dando
así cumplimiento al Auto del 1º de diciembre de 2014.
2.2.
En el mismo caso, en relación con la solicitud de información acerca del estado
actual de su afiliación al Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares y si se
encuentra recibiendo algún tipo de tratamiento médico por parte de la Dirección
de Sanidad del Ejército Nacional, el director del Hospital Militar Regional
Bucaramanga certificó que Luis Martin Moreno Carreño pertenece al
Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares (EJC) a través del Ejército
Nacional, su estado es Activo y como tal goza de los servicios médicos
asistenciales aprobados en el Plan Integral de Salud mediante Acuerdo No. 002
del 27 de abril de 2001 para él y sus beneficiarios.
Así
mismo, informó que es un paciente con diagnóstico de trauma craneoencefálico
severo + meningitis bacteriana, hidrocefalia en el 1998, epilepsia
pos-traumática controlada, atrofia óptica leve 01. Con antecedentes quirúrgicos,
varicectomía izquierda sin secuelas, safenectomía izquierda. Enfermedad actual:
paciente orientado en sus tres esferas acude a sus consultas por sus propios
medios sin limitaciones para realizar sus actividades diarias o autocuidado.
Acude a sus transcripciones de tratamiento de neurología mensual, se le realiza
POP safetomía izquierda el día 03-10-2014 con evolución favorable con control
con cirujano vascular el día 17-10-2014 con tratamiento de daflon tabletas
500mg una al día. Tratamiento recibido: DIVALPROATO DE SODIO 500MG CADA 8
HORAS, OXCARBAZEPINA TABLETAS 600MG 6TB DIA, CLONAZEPAM 20MG UNA EN LA NOCHE
[Sic].
2.3.
En cuanto a la pregunta realizada a la Procuradora Séptima Judicial II de
Familia, dentro del expediente T-4.485.600, acerca de si ha iniciado
alguna actuación judicial tendiente a la designación de curador en favor de Jorge
Luis Lozano Rocha, en el correspondiente escrito, dicha servidora respondió
que la demanda se encuentra elaborada y a la espera de que se levante el
paro judicial para su presentación ante el Juzgado Octavo de Familia de Bogotá,
quien de conformidad con la unidad de actuaciones y expedientes, establecida en
el artículo 46 de la Ley 1306 de 2009, debe conocer del asunto.
3. Como quiera que, tal y como lo informó
la Secretaría General de la Corporación, vencido el término probatorio
dispuesto en el Auto del 1º de diciembre de 2014, no se recibió respuesta
alguna por parte de la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional y del gerente
general de Convida EPS-S, por Auto del 16 de enero de 2015, el magistrado
ponente resolvió requerir a dichas entidades para que atendieran el llamado
efectuado mediante Auto del 1º de diciembre de 2014. Asimismo, se ordenó la
suspensión de términos en los respectivos procesos hasta tanto los Oficios
1158/2014 y 1159/2014 fueran remitidos al Juzgado Octavo de Familia del
Circuito de Bogotá y al Juzgado Tercero de Familia del Circuito de Ibagué,
respectivamente, y las pruebas solicitadas fueran enviadas y analizadas por
esta Sala de Revisión.
4.
El 20 de enero de 2015, la Secretaría General de la Corporación remitió al
despacho del magistrado ponente copias de los oficios librados a los Juzgados
Octavo de Familia de Bogotá y Tercero de Familia de Ibagué, informando que solo
hasta el pasado 15 de enero fueron remitidos a dichos despachos, debido al paro
judicial. Igualmente, el 21 de enero de 2015, envió al despacho del
magistrado sustanciador copia del expediente No. 1993-27887, correspondiente al
proceso de interdicción de Jorge Luis Lozano Rocha,  remitido por el
Juzgado Octavo de Familia de Bogotá, el cual obra a folios 74 a 247 del
cuaderno principal.
5.
Posteriormente, el 27 de enero de 2015, la Secretaría General puso a
disposición del despacho del Magistrado ponente la respuesta que Convida EPS-S dio
a los cuestionamientos planteados en el Auto del 1º de diciembre de 2014,
reiterados en el Auto del 16 de enero de 2015, dentro del expediente        T-4.477.691.
En la misma oportunidad, informó que no se recibió respuesta alguna por parte
de la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional.
5.1.
En el correspondiente escrito, la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de dicha
EPS-S informó que, una vez verificada la base de datos de la entidad, el señor
Filiberto Torres Abril se encuentra activo, sin embargo el usuario no es
reconocido en liquidación por encontrarse en régimen de excepción. En
cuanto a su estado de salud, indicó que la EPS-S no cuenta con la historia clínica
del paciente y, por tanto, a quien corresponde aportarla es a la IPS que le ha
venido prestado, de manera directa, la atención en salud.
6.
Mediante Auto del 17 de noviembre de 2015, el magistrado ponente resolvió
oficiar nuevamente al Juzgado Octavo de Familia de Bogotá para que se sirviera
informar el estado actual del proceso de designación de curador en beneficio
del interdicto Jorge Luis Lozano Rocha, identificado con cédula de
ciudadanía 19.462.082 de Bogotá, en virtud de la demanda presentada ante ese
despacho por la Procuradora Séptima Judicial II de Familia, el 14 de enero de
2015.
De
igual forma, se requirió, por segunda vez, al Juzgado Tercero de Familia de
Ibagué para que se sirviera remitir copia de la sentencia proferida dentro
del proceso de rehabilitación de derechos del interdicto Jorge Luis Lozano
Rocha, con radicado número 2005-00332.
Así mismo, se dispuso oficiar a la señora
Leonor Adela Lozano Rocha para que se sirviera informar todo lo relacionado con
la situación personal de su hermano Jorge Luis Lozano Rocha y, de manera
particular, lo siguiente:
“Qué
persona se encuentra a cargo del cuidado personal del señor Jorge Luis Lozano
Rocha.
- Cuál
es el estado actual de salud de Jorge Luis Lozano Rocha y si se encuentra
afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud. En caso afirmativo,
indicar a través de qué entidad y qué servicios asistenciales se le han
brindado para el tratamiento de su enfermedad mental.
- De
qué manera se ha venido efectuando la administración de los bienes de propiedad
de Jorge Luis Lozano Rocha y cómo se ha garantizado su mínimo vital.”
7.
Como quiera que en respuesta, vía telefónica, al anterior requerimiento la
secretaria del Juzgado Octavo de Familia de Bogotá informó al despacho que,
radicada la demanda de designación de curador en favor del interdicto Jorge
Luis Lozano Rocha, su conocimiento fue reasignado al Juzgado Sexto de
Familia de Descongestión de Bogotá, a través de Auto del 25 de noviembre de 2015,
el magistrado sustanciador ordenó oficiar a ese operador judicial para que se
sirviera informar el estado actual del proceso de designación de curador en
beneficio del interdicto Jorge Luis Lozano Rocha.
8.
El 3 de diciembre de 2015, la Secretaría General de la Corporación puso a
disposición del despacho del magistrado ponente la respuesta emitida por el
Juzgado Octavo de Familia de Bogotá, la señora Leonor Adela Lozano Rocha y el
Juzgado Sexto de Familia de Descongestión de Bogotá, dentro del expediente T-4.485.600.
En relación con el requerimiento efectuado al Juzgado Tercero de Familia de
Ibagué, nuevamente se informó que no se recibió respuesta alguna.
8.1.
En el correspondiente oficio, el Juzgado Octavo de Familia de Bogotá reiteró lo
manifestado vía telefónica y agregó que el proceso de interdicción No.
1993-27887 de Jorge Luis Lozano Rocha, fue remitido a los Juzgados escriturales
junto con el proceso de remoción de guardador radicado con el número 2015-0185
y correspondió al Juzgado Sexto de Familia de Descongestión de Bogotá.
8.2.
Por su parte, la señora Leonor Adela Lozano Rocha, hermana de Jorge Luis
Lozano Rocha, dio respuesta a los interrogantes formulados en el Auto del
17 de noviembre de 2015, en los siguientes términos:
Frente
a la pregunta acerca de qué persona se encuentra a cargo del cuidado personal
de Jorge Luis Lozano Rocha, respondió:
“Fallecida
mi madre, Jorge Luis decidió irse a vivir en forma permanente a su casa lote
que heredó localizada en el Alto de Gualanday-Ibagué Tolima, Finca Los Cauchos,
lugar donde reside actualmente. Él ejerce posesión del predio, lo cerco [sic],
lo puso a producir y en el momento tiene gallinas, ovejos, árboles frutales y
ha acompañado en las tareas a nuestra hermana María del Pilar en el servicio de
arrendamiento y cuido [sic] de la casa de campo en el predio vecino. Él trabajaba
ayudando en el área de electricidad, en el manejo del mantenimiento de la
piscina y del ariete que sube el agua a la casa. También cuenta con el servicio
inalámbrico de Internet el cual yo le apoyo en los costos del servicio de
teléfono y le he facilitado computador. En este año del 2015 he podido estar
más pendiente de el [sic] porque a partir del 27.02.2015 salí pensionada y por
este motivo puedo estar viajando constantemente a Ibagué. Me quedo en la finca
acompañándolo ya que él vive solo, él hace su comida, lava la ropa y hace la
mano de obra que requiere la tierra; me tiene designada una habitación donde yo
tengo mis cosas personales. Lo llamo por teléfono casi todos los días”.
En
lo relacionado con su estado de salud y si se encuentra afiliado al Sistema
General de Seguridad Social en Salud, informó:
“Según
el [sic] manifiesta, ciertos medicamentos le generan problemas, debido a una
intolerancia a los medicamentos adquirida desde que viajó a Argentina, en
particular a los neurodepresivos, motivo por el cual de común acuerdo
con su medico [sic] que lo atendía se decidió suspender el suministro de estos
[…]. Desde hace siete años se sometió a un tratamiento de rehabilitación oral y
han tenido que intervenirlo varias veces. En este momento tiene un problema
dental y tienen que hacerle una Apiceptomia [sic] según el diagnóstico del
odontólogo que lo ha venido tratando.
En
la fecha Jorge Luis Lozano Rocha no se encuentra afiliado a ningún sistema de
seguridad social en salud, el [sic] ha atendido sus problemas y costos de salud
en forma particular”.
En
cuanto hace a la forma como se ha venido efectuando la administración de sus
bienes y cómo se ha garantizado su mínimo vital, mencionó que:
“Jorge
Luis Lozano posee dos bienes inmuebles, adquiridos a su nombre según sucesión
de ANA GILMA ROCHA DE LOZANO y NICOLAS LOZANO MORALES, mis padres. El inmueble
número 1 es una casa lote ubicada en el Municipio de Ibagué, Alto del
Gualanday, y que es donde él vive […]. El inmueble número 2 es un lote de 15
hectáreas heredadas por mi papa [sic] ubicado en la Vereda La Jagua Municipio
de San Luis Tolima.
[…]
Desde
el 2010 yo le estoy ayudando económicamente a Jorge Luis mandándole dinero para
su manutención, aseo, comida para los animales y ayuda en compra de las cosas
que requiera la finca. Mensualmente le mando vía Servientrega dinero que él
reclama directamente para sus gastos entre $300.000 a $400.000, le recargo los
teléfonos celulares que utiliza como medio de comunicación y el servicio de
Internet, Direc TV [sic]. Le he pagado los dos últimos anos [sic] los impuestos
de la finca La Jagua.
Cuando
voy a visitarlo le hago mercado de todo lo que él necesita donde se me va entre
$500.000 a $700.000 más otros gastos directamente de la finca como alambre,
cemento, comida para los animales, de ves [sic] en cuando le pago $170.000 por
semana a un trabajador para que le colabore en ciertas tareas pesadas como
hacer cercas, limpiar los potreros, $100.000 pesos para el pago de la luz”.
Por
último, la señora Leonor Adela Lozano Rocha aporta material fotográfico y un
concepto particular emitido, el 24 de julio de 2006, por el médico psiquiatra
Dr. Germán Orjuela Mancera, en el que se concluye que Jorge Luis Lozano
Rocha se encuentra en una fase de remisión total de la enfermedad mental
que sufría y no presenta síntomas positivos o negativos que interfieran en su
actividad psicológica, social y laboral. Acorde con ello, eleva la
siguiente solicitud a la Sala:
“Con
todo respeto, le solicito en el marco de la acción de tutela que Jorge Luis
Lozano Rocha presentó, las medidas cautelares necesarias, entre estas, la
Revisión del Proceso de Interdicción con el propósito de la rehabilitación de
mi hermano y demás medidas necesarias, para proteger los derechos vulnerados
manifestados por Jorge Luis en dicha acción de tutela” [sic].
8.3.
Finalmente, el Juzgado Sexto de Familia de Descongestión de Bogotá se pronunció,
en el sentido de informar que, mediante proveído del 24 de noviembre de
2015, se designó curadora provisoria a la señora LEONOR ADELA LOZANO ROCHA y se
le ha requerido a la parte interesada para que de [sic] impulso al proceso,
como quiera que no ha efectuado las publicaciones de ley.
V. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1. Competencia
Es competente esta Sala de la Corte
Constitucional para revisar las decisiones proferidas dentro de las acciones de
tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86 y 241-9 de la
Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34 y 35 del
Decreto 2591 de 1991, y en cumplimiento del Auto del 8 de septiembre de 2014,
proferido por la Sala de Selección Número Nueve de esta Corporación.
2. Procedibilidad de la acción de tutela
2.1. Legitimación activa
El artículo 86 de la Constitución Política establece
que la acción de tutela es un mecanismo de defensa judicial al que puede acudir
cualquier persona para reclamar la protección inmediata de sus derechos
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por las
actuaciones u omisiones de las autoridades públicas y de los particulares, en
los casos específicamente previstos por el legislador.
En consonancia con dicho mandato superior,
el artículo 10° del Decreto 2591 de 1991, [p]or el cual se reglamenta la
acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
establece lo siguiente:
La acción de tutela podrá ser ejercida, en
todo momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus
derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de
representante. Los poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos
cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia
defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. (Subraya fuera de texto)
También podrá ejercerla el defensor del
pueblo y los personeros municipales.
En los casos relacionados en los
expedientes T-4.436.977 y T-4.477.691, los demandantes son
ciudadanos mayores de edad que actúan por sí mismo en defensa de sus propios
derechos e intereses, razón por la cual se encuentran plenamente legitimados
para acudir a la acción de tutela.
No obstante, en el expediente T-4.485.600
surge el interrogante acerca de si el actor, encontrándose en estado de
interdicción judicial por discapacidad mental absoluta, está habilitado para
promover, por sí mimo, el presente amparo constitucional. Para resolver dicha
cuestión, es necesario realizar algunas consideraciones en torno a la capacidad
jurídica de los sujetos con discapacidad mental absoluta frente al ejercicio de
la acción de tutela.
2.1.1. La capacidad jurídica de los sujetos
con discapacidad mental absoluta frente al ejercicio de la acción de tutela
Distintos instrumentos internacionales y leyes
incorporadas a nuestro ordenamiento jurídico han contribuido al propósito de
definir qué se entiende por discapacidad. Así, por ejemplo, la
Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de
Discriminación de las Personas con Discapacidad (Guatemala, 1999), en su
artículo 1º, define la discapacidad como una
deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o
temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales
de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y
social.
A su turno, la Convención
de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Nueva
York, 2006)[5], reconociendo que la discapacidad es un concepto que
evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias
y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás, en su artículo 1º, sostiene que [l]as
personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas,
mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con
diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la
sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.
Si bien no se trata de un instrumento jurídicamente
vinculante, no menos importante resultan las Normas Uniformes sobre la igualdad
de oportunidades para las personas con discapacidad, aprobadas por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, mediante Resolución 48/96, del 20 de diciembre
de 1993. Allí se explica que la discapacidad resume un gran número de
diferentes limitaciones funcionales que se registran en las poblaciones de
todos los países del mundo.  La discapacidad puede revestir la forma de una
deficiencia física, intelectual o sensorial, una dolencia que requiera atención
médica o una enfermedad mental.  Tales deficiencias, dolencias o enfermedades
pueden ser de carácter permanente o transitorio.
En ese orden de ideas, la discapacidad ha de
ser entendida como un “término genérico que engloba deficiencias, limitaciones
de la actividad y restricciones para la participación”[6], relacionadas
con condiciones físicas, mentales o sensoriales de un individuo, que pueden
presentarse de manera permanente o temporal.
Por su parte, la discapacidad mental, como
una de las manifestaciones específicas de la discapacidad, se encuentra
regulada, de forma especial, en la Ley 1306 de 2009, [p]or la cual se dictan
normas para la Protección de Personas con Discapacidad Mental y se establece el
Régimen de la Representación Legal de Incapaces emancipados. En el artículo
2º de dicho ordenamiento, se establece que una persona tiene discapacidad
mental cuando padece limitaciones psíquicas o de comportamiento, que no le
permite[n] comprender el alcance de sus actos o asumen riesgos excesivos o
innecesarios en el manejo de su patrimonio.
Conforme con lo dispuesto en los artículos 17 y 32
siguientes, los discapacitados mentales pueden ser absolutos o
relativos. El primer caso corresponde a quienes sufren una afectación
o patología severa o profunda de aprendizaje, de comportamiento o de deterioro
mental; entre tanto, son discapacitados mentales relativos las personas
que padezcan deficiencias de comportamiento, prodigalidad o inmadurez negocial
y que, como consecuencia de ello, puedan poner en serio riesgo su patrimonio.
En uno u otro caso, la calificación de la discapacidad debe realizarse “siguiendo
los parámetros científicos adoptados por el Comité Consultivo Nacional de las
Personas con Limitación[7]
y utilizando una nomenclatura internacionalmente aceptada[8]”[9].
En cuanto a la capacidad jurídica de las
personas con discapacidad mental, esto es, la aptitud que la ley les reconoce
para adquirir y ejercer derechos y contraer obligaciones por sí mismos sin la
intervención de terceros[10],
el artículo 15 de la ley en mención prevé que, quienes padezcan discapacidad
mental absoluta son incapaces absolutos[11]; mientras
que los sujetos con discapacidad mental relativa se consideran incapaces
relativos.[12]
Para el discapacitado mental absoluto el ordenamiento jurídico ha previsto,
como medida de protección de sus derechos, la interdicción;
mientras que para el discapacitado mental relativo dicha medida equivale a la inhabilitación.
El contenido del citado artículo 15, en principio,
guarda correspondencia con los artículos 1503 y 1504 del Código Civil. La
primera de dichas normas señala que “toda persona es legalmente capaz, excepto
aquellas que la ley declara incapaces”; por su parte, la segunda norma dispone
que “son absolutamente incapaces [las personas con discapacidad mental], los
impúberes y los sordomudos que no pueden darse a entender”.
Sin embargo, la Ley 1306 de 2009, orientada hacia el
respeto a la dignidad, la autonomía individual y la independencia de las
personas en situación de discapacidad mental[13],
al disponer que “la incapacidad jurídica de las personas con discapacidad
mental será correlativa a su afectación, sin perjuicio de la seguridad
negocial y el derecho de los terceros que obren de buena fe”[14], supuso una actualización normativa frente a la
protección debida a este grupo de sujetos y su régimen de representación legal,
a efectos de acompasar el tema con la realidad constitucional vigente y la
perspectiva de los diversos instrumentos internacionales sobre la materia.[15]
En efecto, de acuerdo con la exposición de motivos del
proyecto de ley que dio lugar a la Ley 1306 de 2009, el legislador encontró
necesario enfocar dicha normativa hacia una visión moderna de la ciencia respecto
de las personas en situación de discapacidad mental, de manera que se ajustara
a sus necesidades personales y sociales, “brindándoles el espacio para su actuación correlativo
a su capacidad intelectual, sin poner en riesgo sus intereses y los de la
sociedad”[16].
Así mismo, entendió que las personas en situación de
discapacidad mental severa tendrían que seguir siendo asimiladas por el sistema
jurídico como no aptos para tomar decisiones en derecho, es decir, seguirían
limitados en su capacidad de ejercicio. Sin embargo, siguiendo los lineamientos
de la ciencia actual, consideró el legislador que la sustracción del individuo “no
debe convertirse en una rígida cortapisa que llegue a ser contraproducente con
los intereses del discapacitado”. Textualmente, indicó lo siguiente:
“Quienes presentan de manera permanente
deficiencias mentales de tal entidad que ameritan protección tendrán que seguir
siendo apreciados por el sistema jurídico como no aptos para tomar decisiones
jurídicas; es decir, seguirán limitados en su capacidad de ejercicio. Nadie
duda que quien padece una deficiencia o lesión mental grave o severa, según el
dictamen de médicos especializados, debe quedar sustraído del ejercicio
jurídico tanto para protegerlo a él, como para proteger el tráfico jurídico,
pero siguiendo los lineamientos de la ciencia actual y las tendencias
jurídicas, esta sustracción no debe convertirse en una rígida cortapisa que
llegue a ser contraproducente con los intereses del discapacitado”[17].
Acorde con ello, bajo ese nuevo orden legal, la
incapacidad absoluta del discapacitado mental interdicto no es en la actualidad
una situación jurídica que restrinja o limite totalmente su capacidad de obrar,
a tal grado de exigir siempre la intervención de un tercero que actúe en su
nombre. Por el contrario, se reconoce que los factores que generan limitaciones
psíquicas o de comportamiento son variables en cada persona y, en esa medida, les
será permitido realizar determinados actos, por sí mismos, siempre y cuando
estos le beneficien, partiendo de la presunción de que “su padecimiento no
llega hasta el punto de no reconocer lo que le es perjudicial”. Puntualmente, se
explicó que:
“Se abre entonces la puerta para que
algunos actos de la persona con discapacidad mental interdicta tengan aptitud
jurídica cuando le sean beneficiosos, de modo que si ha consentido por algo que
lo beneficie, se pueda dar firmeza a ese acto, e incluso se presume la sanidad
de la voluntad en estos eventos, partiendo del hecho que su padecimiento no llega
hasta el punto de no reconocer lo que le es perjudicial”[18].
A lo anterior se agregó:
“No se trata de dar
capacidad a la persona con discapacidad mental, sino de establecer unas pocas y
sanas excepciones en beneficio tanto de los intereses de la persona con
discapacidad como de la sociedad”[19].
Entre tanto, esta Corporación, en materia
de protección de los derechos fundamentales de las personas en situación de
discapacidad mental, especialmente de aquellas que se encuentran sometidas a
interdicción judicial, en la Sentencia T-684 de 2014, sostuvo que:
“No por el hecho de estar bajo esa
condición debe afirmarse la incapacidad mental para discernir sobre lo que le
es conveniente o no, pues no todas las enfermedades mentales anulan la
consciencia del individuo y algunas permiten un cierto grado de razonamiento.
[…] aunque se trate de una persona mentalmente disminuida, su personalidad
jurídica no debe ser anulada por ese simple hecho, sino que cualquier opinión
que pueda permitirse emitir según el nivel de su enfermedad, debe ser valorada
razonablemente por las autoridades judiciales”.
Así las cosas, valoradas las condiciones actuales de
Jorge Luis Lozano Rocha, encuentra esta Sala que, si bien es cierto fue
declarado en interdicción judicial por discapacidad mental absoluta derivada de
la esquizofrenia paranoide que padece, también lo es que, a pesar de las
limitaciones psíquicas y de comportamiento propias de la enfermedad, adquirió
cierto grado de autonomía y discernimiento, a tal punto de entender que la
acción de tutela resulta, como en efecto lo es, un mecanismo expedito para la
protección de los derechos fundamentales que considera vulnerados.
Procurando entonces un beneficio para sí a través del
ejercicio de esta acción constitucional y, en la medida en que del contenido de
la demanda se aprecia con mediana claridad los hechos y sus pretensiones, esta
Corte no puede ignorar su voluntad de acudir a dicho mecanismo sin la
intervención de su curador en procura de la protección de sus garantías
fundamentales, pues ello implicaría anular su capacidad jurídica por el simple
hecho de encontrase en situación de discapacidad mental, lo cual contraviene lo
dispuesto en la Convención de Naciones Unidas
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley 1306 de 2009,
en cuanto reconocen la importancia que para las personas con discapacidad
reviste su autonomía e independencia individual, incluida la libertad de tomar
sus propias decisiones.
En consecuencia, en el presente caso, se tendrá por
satisfecho el presupuesto de legitimación en la causa por activa, otorgando plena
validez a la actuación adelantada por el interdicto Jorge Luis Lozano Rocha, quien
decidió acudir de manera directa a la acción de tutela con el propósito de que
se protegieran sus derechos fundamentales que estima vulnerados. Tal decisión adquiere
mayor entidad, si se tiene en cuenta que al momento de presentar la solicitud, carecía
de curador, ante el fallecimiento de la persona a quien se la había designado
la guarda.
2.2. Legitimación pasiva
Al tenor de lo dispuesto en el artículo 5° del Decreto
2591 de 1991, el Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, a través de la
Dirección de Sanidad y del Batallón de Caballería Mecanizado Nº 10 Grupo
“Tequendama”, se encuentra legitimado como parte pasiva en el presente asunto,
dada su calidad de autoridad pública y militar, y en la medida en que se le
atribuye la vulneración de los derechos fundamentales en discusión.
3. Presentación del asunto y planteamiento del problema
jurídico
3.1. Las acciones de tutela objeto de revisión, si
bien es cierto se dirigen contra la misma autoridad castrense, esto es, contra
el Ejército Nacional de Colombia, y plantean la vulneración de derechos
fundamentales como la salud, la seguridad social y el mínimo vital atribuible a
esa Fuerza, no lo es menos que en los tres casos planteados, a pesar de las
semejanzas que los identifican, en cuanto se trata de personas que tuvieron vínculos
con esa institución y mientras ejercían determinadas labores desarrollaron
enfermedades que mermaron su capacidad psicofísica, subsisten en ellos, a su
vez, diferencias fácticas y pretensiones disímiles que ameritan
pronunciamientos ajustados a cada circunstancia.
3.2. En efecto, en el expediente identificado con número
T-4.436.977, la situación se refiere al hecho de que el demandante,
siendo miembro activo del Ejército Nacional, en calidad de soldado regular, en
el año 1998, padeció una meningitis bacteriana que le produjo una hidrocefalia
comunicante, razón por la cual fue sometido a un procedimiento quirúrgico
consistente en la implantación de una válvula de Hakim, que
requiere controles vitalicios. Mientras el informe administrativo da
cuenta de que la lesión se produjo en el servicio por causa y razón del
mismo; la valoración realizada por la Junta Médico-Laboral de las Fuerzas
Militares, el 30 de agosto de 2000, determinó que la misma se diagnosticó en
servicio activo pero no por causa ni en razón del mismo, motivo por el cual
se dispuso su retiro de la institución, con fundamento en la causal de incapacidad
relativa y permanente, pues fue calificado con el 10% de disminución de la
capacidad laboral. Con el paso de los años y ante la progresividad de las
secuelas de dichas enfermedades, el 20 de enero de 2014, solicitó a la
Dirección de Sanidad del Ejército Nacional la realización de una nueva
valoración de su estado psicofísico, petición que fue despachada
desfavorablemente por esa autoridad, en razón de encontrarse en estado de retiro.
En consecuencia, el demandante solicita que se ordene a la Dirección de Sanidad
del Ejército Nacional autorizar una nueva Junta Médico-Laboral para que se califique
el estado actual de disminución de su capacidad laboral.
3.3. A diferencia de la situación expuesta en el caso
anterior, en el expediente radicado con el número T-4.477.691, el
demandante no ingresó formalmente al Ejército Nacional, toda vez que se
encontraba en el lugar donde fue citado para la realización de los exámenes de
aptitud psicofísica, de cuyo resultado dependería su ingreso para la prestación
del servicio militar obligatorio, cuando sufrió una caída al subir a una
estructura de aproximadamente seis (6) metros de altura para recoger una
carpa y un eslipin [sic], según su propio relato, que le ocasionó múltiples
fracturas. Se observa que recibió la atención inicial de urgencias y por el
término de noventa (90) días más, a cargo de la Dirección de Sanidad del
Ejército Nacional, luego del cual dejó de recibir tales servicios. El actor
reclama, a través de la acción de tutela: (i) la continuidad en la prestación
de los servicios de salud, pues asegura que presenta nuevos padecimientos que
requieren atención por ortopedia, oftalmología y otorrinolaringología; (ii) que
se le realice el informe administrativo por lesiones y (iii) se efectúe la calificación
del grado de disminución de su capacidad psicofísica.
Ahora bien, en cuanto a la segunda pretensión
encaminada a que se realice el informe administrativo por lesiones, de
entrada, es menester advertir que cesó la vulneración alegada en este aspecto, toda
vez que, durante el trámite de la acción tutela se superó al situación de hecho
que la motivó, pues el comandante del Grupo de Caballería Mecanizado Nº 10
“Tequendama” allegó el respectivo informe suscrito el 30 de abril de 2014, en
el que se indicó que las lesiones padecidas por el actor ocurrieron en actos
realizados contra la ley, el reglamento o la orden de un superior.
Sobre la carencia actual de objeto por hecho
superado, esta Corporación, en distintos pronunciamientos, ha explicado
que se origina
cuando antes de dictar el fallo de tutela, el juez constata que se superó la
amenaza o la vulneración del derecho cuya protección se reclama, de ahí que al
encontrarse satisfecha la pretensión alegada, la acción de tutela resulta
inoperante y, por tanto, deviene improcedente.[20]
3.4. Entre tanto, el caso planteado en el expediente T-4.485.600,
está relacionado con un  exoficial del Ejército Nacional, quien fue retirado de
la institución, por solicitud propia, el 26 de noviembre de 1986. No obstante,
se aprecia que antes de su retiro voluntario venía presentando problemas
conductuales, razón por la cual, siete años después, fue diagnosticado con esquizofrenia
paranoide crónica y declarado en interdicción por discapacidad
mental, mediante sentencia proferida, el 4 de octubre de 1993, por el Juzgado
Octavo de Familia de Bogotá, decisión confirmada, el 9 de diciembre de 1993,
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Años después, inició
el trámite judicial tendiente a la rehabilitación de sus derechos y libre
disposición de sus bienes, el cual concluyó con sentencia desfavorable a su
pretensión, dictada el 4 de febrero de 2008, por el Juzgado Tercero de Familia
de Ibagué. Para tal efecto, se le practicó nuevo examen psiquiátrico que
confirmó su diagnóstico inicial de esquizofrenia paranoide crónica.
Actualmente, continúa en estado de interdicción judicial y solicita, por vía
del mecanismo excepcional de la acción de tutela, (i) su reintegro al
Ejército Nacional; (ii)  acceder a los servicios de salud a cargo de la
Dirección de Sanidad de esa Fuerza y (iii) la nulidad de las sanciones
disciplinarias que obran en su folio de vida, de los dictámenes emitidos por el
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, así como de las
sentencias proferidas en los procesos de interdicción y de rehabilitación de
derechos.
3.5. Vistas las circunstancias fácticas de los asuntos
objeto de revisión y analizadas las pruebas aportadas en cada uno de estos
procesos junto con aquellas recaudadas por esta Sala, el problema jurídico que
le corresponde resolver a la Corte se contrae a la necesidad de determinar si
se han vulnerado los derechos fundamentales alegados por los demandantes, como
consecuencia del actuar desplegado por el Ejército Nacional, en el sentido en
que ya se ha explicado.
3.5.1. Puntualmente, en el asunto planteado en el
expediente T-4.436.977, deberá establecer si la condición de ser miembro
retirado del Ejército Nacional por incapacidad relativa y permanente,
impide que se autorice una nueva Junta Médico-Laboral de Revisión Militar para
que se evalúe el estado actual de pérdida de la capacidad psicofísica.
3.5.2. En la situación descrita en el expediente T-4.477.691,
habrá de definir si, quien haya sido declarado no apto para la prestación del
servicio militar obligatorio y, en consecuencia, no haya ingresado formalmente
a la Fuerza Pública, puede acceder a los servicios integrales de salud a cargo
de la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional y a la Junta Médico-Laboral de
Revisión Militar, si durante el procedimiento de reclutamiento, concretamente,
en la etapa de realización de exámenes de aptitud psicofísica, sufrió un
accidente por actos que fueron calificados como realizados contra la ley, el
reglamento o la orden de un superior.
3.5.3. Finalmente, en el caso expuesto en el
expediente T-4.485.600, deberá precisar si el retiro voluntario de un
oficial del Ejército Nacional, quien, al parecer, no se encontraba en pleno uso
de sus facultades mentales al momento de solicitar su retiro y, posteriormente,
fue declarado en interdicción judicial, da lugar a que se le continúe brindando
los servicios integrales de salud a cargo de la Dirección de Sanidad del
Ejército Nacional. Lo anterior, no sin antes establecer si la acción de tutela
resulta procedente para ordenar el reintegro del actor al cargo que ocupaba,
así como para dejar sin efectos las sanciones disciplinarias que obran en su
folio de vida, los dictámenes psiquiátricos emitidos por el Instituto Nacional
de Medicina Legal y Ciencias Forenses y las sentencias proferidas por los
jueces de familia en los procesos de interdicción y de rehabilitación de
derechos, tal y como lo solicita en su demanda de tutela.
3.6. Para resolver el
problema jurídico planteado en cada uno de estos casos, previamente, le
corresponde a la Sala abordar el estudio de los siguientes temas: (i) la
procedencia excepcional de la acción de tutela en relación con los presupuestos
de subsidiariedad e inmediatez; (ii) las obligaciones
de las Fuerzas Militares en materia de salud con el personal retirado del
servicio activo por lesiones o afecciones adquiridas durante o con ocasión de
la prestación del mismo; y (iv) los presupuestos jurisprudenciales que
habilitan la procedencia de una nueva calificación del grado de disminución de
la capacidad psicofísica para los miembros de la Fuerza Pública.
4.
Procedencia
excepcional de la acción de tutela
4.1.
Presupuesto de
subsidiariedad
4.1.1. La jurisprudencia constitucional ha señalado,
de manera reiterada y uniforme, que la acción de tutela es un instrumento de
defensa judicial dotado de un carácter subsidiario y residual, en virtud del
cual, es posible, a través de un procedimiento preferente y sumario, obtener el
amparo inmediato de los derechos constitucionales fundamentales cuando quiera
que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las
autoridades públicas o de los particulares en los casos expresamente
determinados por la ley.
4.1.2. El carácter subsidiario y residual, significa
entonces que solo es procedente supletivamente, es decir, cuando no existan
otros medios de defensa a los que se pueda acudir, o cuando existiendo estos,
se promueva para precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable[21].
A este respecto, el artículo 86 de la Constitución Política señala expresamente
que: esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio
de defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable.
4.1.3. Bajo esa orientación, se entiende que “la
acción de tutela, en términos generales, no puede ser utilizada como un medio
judicial alternativo, adicional o complementario de los establecidos por la ley
para la defensa de los derechos, pues con ella no se busca reemplazar los procesos
ordinarios o especiales y, menos aún, desconocer los mecanismos dispuestos
[dentro] de estos procesos para controvertir las decisiones que se adopten”[22].
4.1.4. Este elemento medular de la acción de tutela,
la subsidiariedad, adquiere fundamento y se justifica, en la necesidad de
preservar el orden regular de asignación de competencias a las distintas
autoridades jurisdiccionales, con el objeto no solo de impedir su paulatina
disgregación sino también de garantizar el principio de seguridad jurídica.
Ello, sobre la base de que no es la acción de tutela el único mecanismo
previsto por el legislador para la defensa de los derechos fundamentales, pues
existen otros instrumentos ordinarios, dotados de la especialidad necesaria
para, de manera preferente, lograr su protección.
4.1.5. Así las cosas, los conflictos jurídicos en los
que se alegue la vulneración de derechos fundamentales, en principio, deben ser
resueltos a través de los distintos medios ordinarios de defensa previstos en
la ley para estos efectos, y solo ante la ausencia de dichos mecanismos o
cuando los mismos no resulten idóneos o eficaces para evitar la ocurrencia de
un perjuicio irremediable, es procedente acudir, de manera directa, a la acción
de tutela.
4.1.6. Acorde con ello, esta Corporación ha hecho
énfasis en que “el carácter subsidiario de la acción de tutela impone al
interesado la obligación de desplegar todo su actuar dirigido a poner en marcha
los medios ordinarios de defensa ofrecidos dentro del ordenamiento jurídico
para la protección de sus derechos fundamentales. Tal imperativo constitucional
pone de relieve que para solicitar el amparo de un derecho fundamental, el
peticionario debe haber actuado con diligencia en los procesos y procedimientos
ordinarios, pero también que la falta injustificada de agotamiento de los
recursos legales deviene en la improcedencia de la acción de tutela”[23].
Concretamente, ha indicado que “si existiendo el medio
judicial de defensa, el interesado deja de acudir a él y, además, pudiendo
evitarlo, permite que éste caduque, no podrá posteriormente acudir a la acción
de tutela en procura de obtener la protección de un derecho fundamental. En estas
circunstancias, la acción de amparo constitucional no podría hacerse valer ni
siquiera como mecanismo transitorio de protección, pues tal modalidad procesal
se sujeta a la activación de un medio judicial ordinario en cuyo trámite se
resuelva definitivamente acerca de la vulneración iusfundamental y a la
diligencia del actor para hacer uso oportuno del mismo”[24].
4.1.7. Con todo, ha de anotarse que, no obstante la
regla general de improcedencia de la acción de tutela cuando existen otras vías
ordinarias a las que se puede acudir en procura de lograr la protección de
garantías fundamentales, será el juez constitucional, en cada caso en
particular, el que determine cuándo ese medio judicial preferente es ineficaz o
no es lo suficientemente apropiado para prodigar una protección inmediata, real
y efectiva de dichas garantías, evento en el cual la acción de tutela se erige
como el mecanismo directo de protección.
4.2.
Presupuesto de
inmediatez
4.2.1. La eficacia de la acción de tutela frente a la
protección de los derechos fundamentales se encuentra relacionada directamente
con la aplicación del principio de la inmediatez, presupuesto sine qua non
de procedencia de dicho mecanismo, dado que su objetivo primordial se encuentra
orientado hacia la protección actual, inmediata y efectiva de derechos
fundamentales. Bajo ese  contexto, la jurisprudencia constitucional ha
establecido que, siendo el elemento de la inmediatez consustancial al amparo
que la acción de tutela brinda a los derechos de las personas, ello
necesariamente conlleva que su ejercicio deba ser oportuno y razonable[25].
A este respecto, la Corte ha precisado que:
“[e]l propósito de la acción de tutela
consiste en la garantía efectiva e inmediata de los derechos fundamentales
vulnerados o amenazados, de lo cual se sigue la necesidad de que el afectado
haga uso de la acción en un término prudencial y oportuno contado desde el
momento de la vulneración o la amenaza real del derecho, con el fin de que la
protección constitucional pueda desplegarse de manera eficaz para restablecer
la situación del accionante y salvaguardar los derechos fundamentales
quebrantados”[26].
4.2.2. Acorde con dicha orientación, en relación con
la oportunidad en la presentación de la acción de tutela, esta corporación ha
sido reiterativa en señalar que debe ejercitarse dentro de un término prudente
y razonable que permita la protección inmediata del derecho fundamental presuntamente
trasgredido o amenazado, pues, de lo contrario, el amparo constitucional podría
resultar inocuo debido a la inobservancia del principio de la inmediatez y, a
su vez, desproporcionado frente a la finalidad perseguida por la acción de
tutela, que no es otra que la protección actual, inmediata y efectiva de los derechos
fundamentales.
4.2.3. En ese orden de ideas, cabe resaltar que se
desvirtuaría la necesidad de la protección constitucional que brinda la acción
de tutela, cuando esta no es promovida dentro de un término razonable, por
cuanto el prolongado paso del tiempo entre la ocurrencia de los hechos que se
muestran como trasgresores de derechos fundamentales y el ejercicio del
mecanismo de protección, supondría la desarticulación de la acción judicial
como mecanismo expedito y excepcional.
Esta corporación, refiriéndose concretamente al
presupuesto de la inmediatez, ha explicado que:
“(…) Si la acción de tutela pudiera
interponerse varios años después de ocurrido el agravio a los derechos fundamentales,
carecería de sentido la regulación que el constituyente hizo de ella.
Nótese que el constituyente, para evitar
dilaciones que prolonguen la vulneración de los derechos invocados y para
propiciar una protección tan inmediata como el ejercicio de la acción, permite
que se interponga directamente por el afectado, es decir, sin necesidad de
otorgar poder a un profesional del derecho; orienta el mecanismo al suministro
de protección inmediata; sujeta su trámite a un procedimiento preferente y
sumario; dispone que la decisión se tome en el preclusivo término de diez días;
ordena que el fallo que se emita es de inmediato cumplimiento y, cuando
se dispone de otro medio de defensa judicial, permite su ejercicio con carácter
transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
De acuerdo con ello, el constituyente asume
que la acción de tutela configura un mecanismo urgente de protección y lo
regula como tal.  De allí que choque con esa índole establecida por el constituyente,
el proceder de quien solo acude a la acción de tutela varios meses, y aún años
después de acaecida la conducta a la que imputa la vulneración de sus
derechos.  Quien así procede, no puede pretender ampararse en un instrumento
normativo de trámite sumario y hacerlo con miras a la protección inmediata de
una injerencia a sus derechos fundamentales que data de varios años.”[27]
4.2.4. Del mismo modo, la Corte se ha orientado en el sentido de sostener que, la inexistencia de un término de caducidad
para el ejercicio de la acción tuitiva de los derechos fundamentales, no
significa que deba promoverse sin límite temporal alguno y alejada de su
finalidad: la protección actual,
inmediata y efectiva de los derechos fundamentales del interesado. Bajo ese
parámetro, será el juez de tutela el encargado de ponderar y establecer, a la
luz del caso concreto, si la acción se promovió dentro de un lapso prudencial y
adecuado, de tal modo que, de un lado, se garantice la eficacia de la
protección tutelar impetrada y, de otro, se evite satisfacer las pretensiones
de aquellos que, por su desidia e inactividad, acudieron tardíamente a
solicitar el amparo de sus derechos.
4.2.5.
Finalmente, cabe mencionar que la jurisprudencia constitucional se ha ocupado
de establecer algunos parámetros que sirven de guía a la labor de juez
constitucional en cuanto al análisis de razonabilidad del término para
instaurar la acción de tutela, con el fin de verificar si se cumple con el
requisito de inmediatez que habilite su procedencia frente a una situación
determinada y excepcional. En esos términos, la acción de tutela será
procedente, aun cuando no haya sido promovida de manera oportuna, (i) si
existe  un motivo válido que
justifique la inactividad del interesado; (ii) si la inactividad injustificada
vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la
decisión, siempre que exista un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la
acción y la vulneración de los derechos de los interesados[28]; (iii) si a pesar del paso del tiempo es evidente
que la vulneración o amenaza de derechos fundamentales es permanente en el
tiempo, es decir, si la situación desfavorable es continua y actual; y (iv) cuando
la carga de acudir a la acción de tutela en un plazo razonable resulta
desproporcionada frente a la situación de sujetos de especial protección
constitucional. [29]
5.
Las obligaciones de las
Fuerzas Militares en materia de salud con el personal retirado del servicio
activo por lesiones o afecciones adquiridas durante o con ocasión de su
prestación. Reiteración jurisprudencial
5.1. Los artículos 217 y 218 de la Constitución Política
le atribuyen al legislador la potestad de determinar el régimen prestacional de
las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. Acorde con dicho mandato, el
presidente de la República, en uso de facultades extraordinarias otorgadas por
el Congreso de la República, expidió el Decreto 1795 del 14 de septiembre de
2000, por el cual se estructura el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y
de la Policía Nacional.
5.2. Según lo dispuesto en el artículo 5º del citado
ordenamiento, dicho sistema tiene por objeto prestar el Servicio de Sanidad inherente a las
Operaciones Militares y del Servicio Policial como parte de su logística
Militar y además brindar el servicio integral de salud en las áreas de
promoción, prevención, protección, recuperación y rehabilitación del personal
afiliado y sus beneficiarios.
Para tales efectos, el mismo decreto define la sanidad como un servicio
público esencial de la logística militar y policial, inherente a su
organización y funcionamiento, orientada al servicio del personal activo,
retirado, pensionado y beneficiarios[30].
5.3. Respecto del personal afiliado al
Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, el
artículo 23 señala que existen dos clases de afiliados: los afiliados
sometidos al régimen de cotización y los afiliados no sometidos a dicho
régimen. En el primer grupo se encuentran: (i) el personal en
servicio activo; (ii) el personal en goce de asignación de retiro o pensión;
(iii) los soldados voluntarios; (iv) los servidores públicos y pensionados de
las entidades descentralizadas adscritas o vinculadas al Ministerio de Defensa
Nacional, el personal civil activo o pensionado de ese ministerio y el personal
no uniformado activo y pensionado de la Policía Nacional; (v) los beneficiarios
de pensión por muerte del soldado profesional activo o pensionado; (vi) los
beneficiarios de pensión o de asignación de retiro por muerte del personal en
servicio activo, pensionado o retirado; y (vii) los beneficiarios de pensión
por muerte del personal civil, activo o pensionado, del Ministerio de Defensa
Nacional y del personal no uniformado, activo o pensionado, de la Policía
Nacional. Entre tanto, el segundo grupo se halla integrado por (i) los
alumnos de las escuelas de formación de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas
Militares y de la Policía Nacional y (ii) el personal que se encuentra
prestando el servicio militar obligatorio.
5.4. Del contenido de la anterior
disposición se deduce entonces que la prestación de los servicios de salud a
cargo del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional
opera únicamente para quienes se encuentran afiliados a dicho régimen en las
condiciones anteriormente descritas y culmina con su desincorporación o retiro
de la institución a la que pertenezcan, siempre que no hayan sido acreedores de
la asignación de retiro o la pensión.
5.5. Sin embargo, en numerosas
oportunidades esta Corporación ha analizado la situación de miembros retirados
la Fuerza Pública (Fuerzas Militares y Policía Nacional) que durante su
permanencia en servicio activo contrajeron enfermedades, sufrieron accidentes,
fueron víctimas de acciones del enemigo o, en general, adquirieron lesiones que
comprometieron su estado de salud, tanto física como mental, producto de lo
cual quedaron con secuelas y/o limitaciones irreversibles.
En todos estos casos, la Corte ha señalado,
de manera reiterada y uniforme, que existen en cabeza del Estado especiales deberes de
solidaridad y protección a la salud de aquellos ciudadanos que habiendo
ingresado al servicio de la fuerza pública en óptimas condiciones, presentan al
momento de su retiro un serio detrimento de su estado de salud, que limita de
manera considerable sus condiciones de vida y su capacidad para procurarse el
propio sustento y el de sus familias, como consecuencia de hechos acaecidos
durante o con ocasión del servicio patriótico que han desempeñado.[31]
5.6. Protección que resulta doblemente
reforzada, en tratándose de sujetos en situación de debilidad manifiesta, como
es el caso de las personas en condición de discapacidad, a quienes la
Constitución Política y diversos instrumentos internacionales les ha reconocido
el derecho a gozar del más alto nivel posible de salud, sin discriminación
alguna.
5.7. Acorde con ello, ha sostenido que […] no es justo que el Estado, a través
de las Fuerzas Militares, se niegue a prestarle los servicios médicos,
quirúrgicos, hospitalarios y farmacéuticos a quien al ingresar a prestar sus
servicios a la patria, ostentaba unas óptimas condiciones de salud y a su
desacuartelamiento le persisten unas lesiones ocasionadas por causa y razón de
la prestación del servicio militar.[32]
5.8. En tal virtud, ha hecho especial énfasis en que la
desvinculación de una persona que prestó sus servicios a una Entidad, no
necesariamente rompe toda relación que se tenga con ella de manera definitiva,
toda vez que pueden mantenerse obligaciones como la de prestar los servicios de
salud para garantizar el derecho a la vida en condiciones dignas y la seguridad
social de quienes se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta[33].
5.9. Las anteriores reflexiones han
llevado a esta Corporación a considerar que las normas legales y reglamentarias
que regulan la asistencia médica que las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional
están obligadas a dispensar a sus miembros, deben ser interpretadas en
consonancia con los principios, valores y derechos constitucionales y, en
particular, con los principios de igualdad material y dignidad humana, los
derechos fundamentales a la vida y a la salud, y la vigencia de un orden social
justo.
5.10. Conforme con ello, la jurisprudencia
constitucional[34]
se ha ocupado de establecer en qué casos excepcionales es posible, por vía de
tutela, extender la cobertura de los servicios médico-asistenciales al personal
retirado de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional que, mientras
permaneció en servicio activo, sufrió lesiones o contrajo enfermedades cuyas
secuelas o efectos negativos persisten en la actualidad. Tales eventos son:
(a)  Cuando la lesión o enfermedad fue adquirida con
anterioridad al ingreso a la Fuerza Pública pero representa una amenaza cierta
y actual de los derechos fundamentales a la integridad física y a la vida digna
de la persona. En este caso, para la viabilidad del amparo deberá demostrarse (i)
que la enfermedad o lesión preexistente no fue advertida en los exámenes
psicofísicos de ingreso, debiendo hacerlo, y (ii) la misma se agravó como
consecuencia de la prestación del servicio.
(b) Cuando la lesión o enfermedad se originó durante la
prestación del servicio. Frente esta situación, deberá probarse que la lesión o
enfermedad (i) es producto directo del servicio; (ii) se generó en razón o con
ocasión del mismo o; (iii) es la causa directa de la desincorporación.
(c)  Cuando la lesión o enfermedad tiene ciertas características
que ameritan la realización del exámenes especializados para determinar el
nivel de incapacidad laboral de la persona y el origen de la misma.
5.11. Así las cosas, si se configura cualquiera
de las tres situaciones anteriormente enunciadas, es posible, a través de la
acción de tutela, ordenar la continuidad en la prestación de los servicios de
salud al personal retirado de la Fuerza Pública hasta procurar su recuperación,
con cargo al Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional. Ello, en procura de la garantía de sus derechos fundamentales a la
vida digna y a la salud, y en manifestación del deber solidario del Estado de
prodigar especial protección a aquellas personas que se encuentran en situación
de debilidad manifiesta y, en particular, de quienes entregaron su fuerza de
trabajo al servicio a la Patria.
6.  Los presupuestos jurisprudenciales que
habilitan la procedencia de una nueva calificación del grado de disminución de
la capacidad psicofísica para los miembros de la Fuerza Pública. Reiteración
jurisprudencial
6.1. El régimen legal vigente en materia de evaluación
de la capacidad psicofísica y de la disminución de la capacidad laboral de los
miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional se encuentra
regulado en el Decreto 1796 de 2000[35].
Según lo dispuesto en el artículo 1º de dicho ordenamiento, el mismo  solo
aplica para los miembros de la Fuerza Pública, los alumnos de las escuelas de
formación y sus equivalentes en la Policía Nacional; así como para el personal
civil del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Militares y el personal no
uniformado de la Policía Nacional vinculado a partir de su vigencia[36].
6.2.
Conforme lo prevé su artículo 2º, la capacidad psicofísica del personal antes
referido para su ingreso y permanencia en el cargo será valorada con base en
criterios laborales y de salud ocupacional por parte de las autoridades
médico-laborales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. Acorde con
ello, la capacidad psicofísica será determinada, en primera instancia, por la
Junta Medico-Laboral Militar o de Policía[37]
y, en segunda instancia, por el Tribunal Médico-Laboral de Revisión Militar y
de Policía[38].
6.3.
De acuerdo con el mandato contenido en el artículo 22 siguiente, las decisiones
del Tribunal Médico-Laboral de Revisión Militar y de Policía en última
instancia son irrevocables y obligatorias, y contra ellas solo proceden las
acciones jurisdiccionales pertinentes.
6.4.
Lo anterior significa entonces que, en principio, no existe la posibilidad de
que se realicen nuevas valoraciones de la capacidad psicofísica de quienes
hayan sido retirados de la institución, salvo los exámenes periódicos y de revisión
a que debe someterse el personal en servicio activo y los pensionados por
invalidez, respectivamente.[39]
Sin embargo, esta Corte, en la sentencia          T-493 de 2004, reiterada en pronunciamientos
posteriores, sostuvo que no parece de recibo, a la luz de los principios y valores
constitucionales, una interpretación del régimen legal y reglamentario de las
fuerzas militares y de policía en materia de salud, que excluya toda responsabilidad
del Estado en relación con desarrollos patológicos posteriores al retiro de una
persona del servicio activo, que no fueron tenidos en cuenta al fijar la
condición de salud en la Junta Médica con base en la cual se determinó el
retiro, pero que pueden atribuirse de manera clara y directa a una situación de
servicio[40].
6.5.
Bajo ese criterio interpretativo, la jurisprudencia constitucional ha
establecido tres presupuestos que, en su conjunto, habilitan la procedencia,
por vía de tutela, de una nueva calificación del grado de disminución de la
capacidad psicofísica del personal retirado de la Fuerza Pública sin derecho a pensión.
Tales situaciones son:
“(i) cuando exista conexión objetiva entre el examen
solicitado y una condición patológica atribuible al servicio;
(i) dicha condición recaiga sobre una patología
susceptible de evolucionar progresivamente; y
(iii) y la misma se refiera a un nuevo desarrollo no
previsto en el momento del retiro”.
6.6. Con todo, cabe advertir que el cumplimiento de
los anteriores presupuestos debe valorarse de conformidad con la situación
particular de quien promueve el amparo constitucional, pues la procedencia de
una nueva valoración de la capacidad psicofísica no puede llegar al extremo de
depender de que se demuestre lo mismo que se pretende comprobar a través del
nuevo examen.[41]
6.7. De acuerdo con las
consideraciones expuestas, pasa la Corte a resolver los casos concretos.
7.
Casos concretos
7.1.
Expediente T-4.436.977
7.1.1.
Tal y como se indicó en los antecedentes de esta providencia, el 30 de agosto
de 2000, el actor dentro de la presente causa fue retirado del servicio
activo del Ejército Nacional por incapacidad relativa y permanente, al
ser calificado por la Junta Médico-Laboral de las Fuerzas Militares con 10% de
disminución de la capacidad psicofísica, debido a las complicaciones de una meningitis
bacteriana padecida en el año 1998, mientras se encontraba en servicio
activo, que le produjo una hidrocefalia obstructiva. El anterior
dictamen no fue objetado por el actor y, por tanto, no se convocó a la Junta
Médico-Laboral de Revisión Militar.
El
20 de enero de 2014, ante el deterioro paulatino de su estado de salud físico y
mental, debido al surgimiento de nuevas enfermedades producto de las secuelas
que le produjo la meningitis bacteriana, como lo es la epilepsia
generalizada y el trastorno mental secundario que padece
actualmente, afecciones que se encuentran todas consignadas en su historia
clínica del Hospital Militar Regional Bucaramanga, solicitó a la Dirección de
Sanidad del Ejército Nacional que se le practicara una nueva valoración del
grado de disminución de su capacidad laboral, petición que fue despachada
desfavorablemente por esa dependencia, en razón de haber sido retirado
de la institución.
Por
su parte, los jueces de tutela coincidieron en la decisión de negar el amparo
constitucional, basados en la idea según la cual no existe conexión objetiva
entre el examen solicitado y una condición patológica atribuible al servicio.
En
ese orden de ideas, Luis Martín Moreno Carreño promueve la presente acción de
tutela con el fin de que se amparen sus derechos fundamentales a la vida digna,
a la seguridad social y al mínimo vital y, en consecuencia, se ordene a la
Dirección de Sanidad del Ejército Nacional autorizar una nueva Junta
Médico-Laboral para que se evalúe el estado actual de disminución de su
capacidad psicofísica.
7.1.2.
Vista la situación fáctica descrita, le corresponde a la Sala de Revisión definir
si, en el presente caso, se cumplen los presupuestos excepcionales establecidos
por la jurisprudencia constitucional que habilitan la realización de una nueva
evaluación de la disminución de la capacidad psicofísica a los miembros
retirados del Ejercito Nacional.
7.1.3.
Previamente, es menester
señalar que, si bien es cierto contra la decisión inicial de la Junta
Médico-Laboral Militar el actor contaba con la posibilidad de acudir, dentro de
los cuatro meses siguientes, ante el Tribunal Médico-Laboral de Revisión para
objetar lo decidido en aquella oportunidad, también lo es que, en esta ocasión,
lo que pretende por medio de la acción de tutela no es controvertir la
legalidad de dicho acto, para lo cual ya caducó cualquier acción judicial o
administrativa, sino que se efectúe una nueva valoración de su capacidad psicofísica
que tome en consideración otras enfermedades que le han surgido con
posterioridad a dicho dictamen y que no son más que secuelas progresivas de la meningitis
bacteriana y la consecuente hidrocefalia obstructiva que motivaron
su retiro del servicio activo. En tal virtud, la Sala verifica que la acción de
tutela cumple con el requisito de subsidiariedad para su procedencia; al tiempo
que satisface el presupuesto de inmediatez, toda vez que desde que se negó la
nueva valoración (01/04/2014) hasta la presentación de la acción de tutela
(28/04/2014) tan solo trascurrieron veintisiete (27) días.
7.1.4.
Aclarada la procedencia de la
acción de tutela en este asunto, entra la Sala a resolver el problema jurídico
planteado. Tal como quedó expuesto en la parte considerativa de esta
providencia, para que quepa una nueva
calificación de la disminución de la capacidad psicofísica del personal retirado
del Ejército Nacional, sin derecho a pensión, se debe acreditar: (i) que
existe una conexión objetiva entre el examen solicitado y una condición
patológica atribuible al servicio; (ii) que dicha condición recae sobre una
patología susceptible de evolucionar progresivamente; y (iii) la misma se
refiere a un nuevo desarrollo no previsto en el momento del retiro.
7.1.5.
Sobre la conexión objetiva entre el examen solicitado y una condición
patológica atribuible al servicio, en el presente caso, la Corte encuentra que
se cumple cabalmente dicho presupuesto, como quiera que el resultado del
informe administrativo por lesiones da cuenta de que la meningitis bacteriana
padecida por el actor se produjo en servicio activo por causa y razón del
mismo y la nueva calificación está encaminada, precisamente, a que se
valoren las secuelas de dicha enfermedad, cuya progresividad deteriora cada vez
más su estado de salud físico y mental. Por tanto, al margen de lo consignado
en el dictamen de la Junta Médico-laboral Militar, en el sentido de que la hidrocefalia
obstructiva que le generó dicha enfermedad no es imputable al servicio,
esta Corte se aparta de dicho pronunciamiento, por cuanto el mismo desconoce lo
dispuesto en el artículo 15 del Decreto 1796 de 2000, el cual le asigna a dicho
organismo la función, entre otras, de registrar la imputabilidad al
servicio “de acuerdo con el Informe Administrativo por Lesiones”.
Por
último, en lo que respecta a la segunda y tercera exigencia, esto es, que las
afecciones con fundamento en las cuales se solicita la nueva calificación recaigan
sobre una patología atribuible al servicio susceptible de evolucionar
progresivamente y que no hayan sido previstas al momento del retiro, la Sala
observa que, igualmente, se satisfacen en el asunto que se revisa, toda vez
que, de acuerdo con la historia clínica que obra dentro del expediente, la epilepsia
generalizada con síndrome convulsivo secundario a hidrocefalia, la moderada
inestabilidad de la marcha y los trastornos de memoria inmediata y
reciente que actualmente padece el actor, son consecuencia directa del daño
neurológico que le produjo la meningitis bacteriana, cuyas secuelas han ido
evolucionando progresivamente, de ahí que no hayan sido valoradas en su momento
por la Junta Médico-Laboral Militar.
Así
las cosas, se cumplen en su totalidad los presupuestos jurisprudenciales que
posibilitan una nueva evaluación o calificación de la disminución de la
capacidad psicofísica de Luis Martín Moreno Carreño. Ello, no sin antes
advertir a la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional que, tal y como lo
informó en sede de revisión (§2.2), a través del Hospital Militar Regional
Bucaramanga, debe continuar brindándole al actor la atención médica integral
que requiera para el manejo de sus afecciones hasta cuando las mismas se hayan
superado y, en particular, seguir realizándole el control periódico de la
válvula de Hakim que le fue implantada en su cerebro, sin dilaciones ni
interrupciones.
En
consecuencia, la Sala de Revisión revocará la sentencia proferida por la Sala de Casación Civil
de la Corte Suprema de Justicia, el 24 de junio de 2014, que confirmó la
dictada por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bucaramanga, el 13 de mayo del mismo año; y, en su lugar, concederá el amparo de los derechos fundamentales a la vida digna, a la seguridad social y al mínimo
vital de Luis Martín Moreno. Conforme con ello, ordenará a la Dirección de
Sanidad del Ejército Nacional que autorice la reunión de la Junta
Médico-Laboral Militar para la realización de una nueva evaluación de la
capacidad psicofísica de Luis
Martín Moreno, en la que se determine su estado actual de salud física y
mental, y se actualice el porcentaje de disminución de su capacidad laboral.
7.2.
Expediente T-4.477.691
7.2.1.
Tal y como se informó en precedencia, el demandante, Filiberto Torres Abril, se
encontraba en las instalaciones del Grupo de Caballería Mecanizado Nº. 10
“Tequendama”, el 8 de mayo de 2013, en la práctica de los exámenes médicos de
cuyo resultado determinaría su ingreso al Ejército Nacional para la prestación
del servicio militar obligatorio. Estando allí, se subió a unos tanques de
una altura aproximada de (6) metros, según él, para recoger una carpa y un
eslipin [sic] que le habían regalado, cuando sufrió una aparatosa caída que
le produjo considerables politraumatismos. En ese momento, se le proporcionó la
atención médica de urgencia y, debido a la gravedad de las lesiones, fue
remitido al Hospital Militar Central donde permaneció hospitalizado hasta el 17
de junio de 2013, cuando se le dio de alta por satisfactoria evolución
clínica (f. 13). El 11 de julio siguiente, la Dirección de Sanidad del
Ejército Nacional le autorizó la prestación de los servicios de salud por
noventa (90) días más, al término de los cuales no pudo volver a acceder a los
mismos.
Cabe
advertir que, antes de que ocurriera el accidente, el actor había sido
declarado NO APTO para la prestación del servicio militar por tercer examen de
aptitud psicofísica, ordenándose su desincorporación del Batallón Especial
Energético y Vial Nº. 13, del cual era orgánico, el 25 de marzo de 2013 (f. 80).
Sin embargo, al parecer, no informó dicha novedad en el trascurso del nuevo
proceso de selección.
Con
ocasión del amparo de tutela concedido en primera instancia por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, el cual, posteriormente, fue revocado por la
Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, el comandante del Grupo de Caballería Mecanizado Nº. 10 “Tequendama”
emitió el correspondiente Informe Administrativo por Lesiones. Allí, se
consigna que las lesiones padecidas por el actor, el 8 de mayo de 2013,
ocurrieron en actos realizados contra la ley, el reglamento o la orden de un
superior.
Dentro
de tal contexto, el demandante le atribuye al Ejército Nacional la vulneración
de sus derechos fundamentales a la vida digna, a la salud y a la integridad
personal, al no continuar brindándole la atención médica necesaria para el
tratamiento de las secuelas físicas y psicológicas que, según
manifiesta, le produjo el accidente. Puntualiza, además, que su estado de salud
es crítico y que ha venido perdiendo de manera progresiva la audición, la
visión y la movilidad de su brazo izquierdo. En consecuencia solicita, a través
de la acción de tutela, que se ordene a la Dirección de Sanidad del Ejército
Nacional, prestarle todos los servicios de salud necesarios para el manejo de
sus afecciones, particularmente, en las especialidades de ortopedia,
oftalmología y otorrinolaringología, así como que se convoque la Junta
Médico-Laboral Militar que determine el grado de disminución de su capacidad
psicofísica.
7.2.2.
Analizados los hechos materia de la presente solicitud y los elementos de
juicio que obran dentro del expediente, de entrada, la Corte advierte que el
amparo deprecado por Filiberto Torres Abril no está llamado a prosperar, por
las siguientes razones:
7.2.3.
Previamente, es necesario advertir que la situación fáctica descrita se
desarrolla en dos escenarios distintos. Por una parte, Filiberto Torres Abril adquirió
el estatus de soldado regular cuando ingresó por primera vez al Ejército
Nacional para prestar el servicio militar obligatorio, siendo posteriormente
desincorporado de esa institución, como consecuencia del resultado del tercer
examen de aptitud psicofísica que se le practicó, el cual determinó que no
era apto para continuar en el servicio militar. Por otra parte, se tiene que en
una segunda oportunidad, participó en un nuevo proceso de selección con el
mismo objetivo, cual era, la prestación del servicio militar obligatorio, con la
salvedad que, en esta ocasión, no logró ingresar formalmente a la Fuerza
Pública, pues mientras se le practicaban los exámenes de aptitud psicofísica
sufrió una caída que le produjo graves lesiones.
7.2.4.
Al margen de esta situación, aparentemente irregular, lo cierto es que las
prestaciones que demanda el actor, por vía de tutela, están relacionadas: (i)
con presuntas secuelas de lesiones que se produjeron hace más de dos (2) años y
respecto de las cuales no aporta prueba, siquiera sumaria, que demuestre la
existencia de las mismas y la forma como han evolucionado en detrimento de su
salud física y mental; (ii) dichas lesiones se originaron con
posterioridad a su desincorporación del Ejército Nacional y cuando no tenía el
estatus de ser miembro de la Fuerza Pública; (iii) de acuerdo con el
informe administrativo por lesiones, las mismas son consecuencia directa de
actos calificados como contra la ley, el reglamento o la orden de un
superior, conclusión que, para esta Sala de Revisión, adquiere sentido, en
la medida en que subirse a unos tanques a recoger una carpa y un eslipin
[sic], como él mismo lo señala, no corresponde propiamente a una actividad
de instrucción militar, por lo menos, no en un proceso de selección para la
prestación del servicio militar obligatorio; (iv) aunque desde hace
varios años dejó de recibir atención médica por parte de la Dirección de
Sanidad del Ejército Nacional, la cual se le brindó mientras superó su estado
crítico y se recuperó de las lesiones, desde mucho antes de ocurridos los
hechos, concretamente, desde el 1º de octubre de 2009, el actor se encontraba
afiliado a Convida EPS-S, tal y como lo informó esa entidad en sede de revisión
y, actualmente, pertenece a Famisanar EPS en calidad de cotizante principal, en
estado activo, desde el 3 de febrero de 2016[42].
7.2.5.
Así las cosas, como quiera que Filiberto Torres Abril se encuentra afiliado a
Famisanar EPS, es esa entidad la que está obligada a suministrarle toda la
atención en salud que requiera para el tratamiento de las afecciones que dice
padecer, así como a quien puede solicitarle la calificación del grado de disminución
de su capacidad laboral o, en su defecto, acudir a la Junta Regional de
Calificación de Invalidez.
7.2.6.
De todo lo anterior, es claro, entonces, que no se cumplen los presupuestos
exigidos por la jurisprudencia constitucional para acceder al amparo solicitado
por Filiberto Torres Abril, en el sentido de que se le extienda la cobertura de
los servicios médico-asistenciales del Subsistema de Salud de las Fuerzas
Militares. En consecuencia, se confirmará la sentencia proferida por la Sección Cuarta de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, el 18 de junio de 2014, que
revocó la dictada por la Sección Segunda-Subsección A del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, el 13 de marzo del mismo año.
7.3.
Expediente T-4.485.600
7.3.1. En el caso sub examine, se encuentra acreditado que Jorge Luis Lozano Rocha, de
manera voluntaria, solicitó su retiro del servicio activo del Ejército Nacional,
el cual le fue aceptado y se hizo efectivo el 26 de noviembre de 1986,
perdiendo todo privilegio que el régimen legal le otorga al personal vinculado
a esa institución, como lo es la afiliación a su propio Subsistema de Salud.
No obstante, para ese entonces, el director de la
Escuela de Inteligencia de Buenos Aires (Argentina), país donde meses antes
había sido enviado en comisión de estudios para adelantar un curso de
inteligencia básica, informó a los mandos militares en Colombia que, de acuerdo
con el resultado de un examen psicomédico que se le practicó al finalizar el
curso (f. 76), Jorge Luis Lozano Rocha se encontraba atravesando por un
período crítico de natural adaptación a su nuevo medio y, sugirió, la conveniencia de una observación
constate, en la intención de poder comprobar la total remisión del cuadro
psicológico actual.
Aunque obra constancia en el expediente
(§115) de que el demandante se presentó ante la Dirección de Sanidad del
Ejército Nacional para la práctica de los exámenes psicofísicos de retiro, se
desconoce su resultado. Sin embargo, el 4 de octubre de 1993, fue declarado en interdicción
judicial por discapacidad mental, con base en el resultado del examen psiquiátrico
que le fue practicado en aquella ocasión por el Instituto Nacional de Medicina
Legal y Ciencias Forenses, en el que se concluyó que padecía esquizofrenia
paranoide crónica. Posteriormente, el actor intentó obtener la
rehabilitación de sus derechos y la libre administración de sus bienes a través
del respectivo proceso judicial, el cual finalizó con sentencia desfavorable a
sus pretensiones del 4 de febrero de 2008, toda vez que en la nueva valoración
psiquiátrica que se le practicó se confirmó el diagnóstico inicial de esquizofrenia
paranoide crónica.
7.3.2. En esta oportunidad, Jorge Luis Lozano Rocha le atribuye al Ejército Nacional la vulneración de
sus derechos fundamentales a la salud, a la seguridad social, a la igualdad y
al trabajo, por el hecho de haber sido retirado del servicio activo estando aparentemente
comprometida su salud mental y, por consiguiente, quedar desafiliado del
Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares. Por otra parte, hace señalamientos
frente a personas determinadas, censurando, sin base argumental ni probatoria
alguna, las actuaciones adelantadas por los jueces de familia en los procesos
de interdicción y de rehabilitación de derechos, así como por los peritos del
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses que evaluaron su
estado de salud mental.
7.3.3. Con fundamento en lo anterior, a través del
mecanismo excepcional de la acción de tutela, el demandante solicita (i) el reintegro
al Ejército Nacional; (ii)  tener acceso a los servicios de salud a cargo del
Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares; y (iii) la nulidad de las
sanciones disciplinarias que obran en su folio de vida, de las sentencias
proferidas por los jueces de familia en los procesos de interdicción y de
rehabilitación de derechos, y de los dictámenes emitidos por el Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Frente a la pretensión encaminada a dejar sin efectos
la providencia judicial dictada, el 4 de febrero de 2008, por el Juzgado Tercero
de Familia de Ibagué dentro del proceso de rehabilitación de derechos,
previamente, es menester advertir que, mediante Auto del 25 de junio de 2014,
la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó
remitir copia de la demanda de tutela y sus anexos al Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Ibagué para que esa autoridad judicial, por competencia, avocara
conocimiento de la acción de tutela respecto de los reparos expuestos contra la
decisión del Juzgado Tercero de Familia de Ibagué. En consecuencia, se tramitó,
de manera simultánea, otra acción de tutela contra el fallo proferido por ese
juzgado, cuyo conocimiento le correspondió, en primera instancia, a la Sala
Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué y, en
segunda instancia, a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia,
declarándose la improcedencia de la misma por ausencia del presupuesto de
inmediatez. Posteriormente, el respectivo expediente fue remitido a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, siendo radicado en la Secretaría
General de esta Corporación con el número T-4.512.176 y, al no haber sido
seleccionado, se dispuso su devolución al despacho de origen quedando en firme
los fallos de tutela[43].
7.3.4. Aclarado en esos términos el trámite
que se impartió a la acción de tutela  en lo relacionado con los señalamientos
hechos contra  la decisión del Juzgado Tercero de Familia de Ibagué, procede esta
Corte a decidir acerca del amparo solicitado, iniciando por examinar
previamente la procedencia excepcional de la acción de tutela en el presente
caso, en atención a que el juez de instancia consideró que la misma no cumple
con el requisito de inmediatez.
7.3.5. Tal y como se explicó en las
consideraciones generales de esta providencia, siendo la acción de tutela un instrumento
de defensa judicial dotado de un carácter subsidiario y residual, solo es
procedente cuando no existan otros medios de defensa a los que se pueda acudir
o, cuando existiendo estos, se promueva para precaver la ocurrencia de un
perjuicio irremediable.
Bajo esa premisa, ha sostenido la Corte que
no puede ser utilizada como un medio judicial alternativo, adicional o
complementario de los establecidos por la ley para la defensa de los derechos,
pues con ella no se busca reemplazar los procesos ordinarios o especiales y,
menos aún, desconocer los mecanismos dispuestos dentro de estos procesos para
controvertir las decisiones que se adopten.
Así mismo, la eficacia de la acción de tutela frente a
la protección de los derechos fundamentales se encuentra estrechamente
vinculada con el principio de la inmediatez, el cual exige que la misma sea
promovida en un término oportuno y razonable a partir de la ocurrencia del
hecho trasgresor, pues siendo su objetivo primordial la protección actual,
inmediata y efectiva de tales derechos, ejercitarla meses o años después,
supondría su desarticulación como mecanismo urgente de protección.
7.3.6.
En virtud de lo anterior, es claro que la presente solicitud no cumple con los
presupuestos de subsidiariedad e inmediatez para su procedencia, toda vez que,
por una parte, para controvertir y dejar sin efectos las decisiones
administrativas y judiciales que en esta oportunidad se pretende, Jorge Luis Lozano Rocha tuvo a su alcance otros
mecanismos judiciales de defensa a los que dejó de acudir –bien directamente o
a través de su curador– sin justificación aparente y, por otra, han trascurrido
más de veintiocho (28) años desde la ocurrencia de los hechos a los que se
les atribuye la trasgresión de sus derechos fundamentales y la presentación de
la acción de tutela, desvirtuándose toda inminencia o urgencia de protección constitucional.
7.3.7.
Ahora bien, aun cuando esta Sala no advierte la ocurrencia de un perjuicio
irremediable, como quiera que se encuentra acreditado en el expediente que el
actor posee recursos económicos suficientes para satisfacer su mínimo vital y
llevar una vida en condiciones dignas, pues es propietario de dos bienes
inmuebles que le generan rentas y, además, tiene el apoyo económico de su
hermana Leonor Adela Lozano Rocha, quien constantemente le envía dinero para
asumir el pago de servicios públicos, alimentación y mantenimiento de la
vivienda donde vive, lo cierto es que, actualmente, no cuenta con ninguna cobertura
o protección en salud.
En
efecto, como lo ratificó su hermana en sede de revisión, Jorge Luis Lozano Rocha no se encuentra afiliado al
Sistema General de Seguridad Social en Salud, ni tampoco pertenece al
Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, ya que al solicitar su retiro
voluntario de la institución, se reitera, perdió todo beneficio en materia de
sanidad.
7.3.8.
Frente  a esta situación, que la Sala no puede desatender, es necesario adoptar
medidas de protección de los derechos fundamentales a la vida y a la salud de
Jorge Luis Lozano Rocha, ante el estado de debilidad manifiesta en el que se
encuentra debido a la discapacidad mental que padece y que lo hace merecedor de
una especial protección constitucional.
Así
las cosas, se exhortará a la señora Leonor Adela Lozano Rocha, hermana del
demandante y quien fue nombrada su curadora, que en cumplimiento del deber de
solidaridad y protección que le asiste, inicie las gestiones necesarias para la
afiliación de Jorge Luis Lozano Rocha al Sistema General de Seguridad Social en
Salud, de manera que, a través de la EPS que libremente se elija, se garantice
su pleno acceso al servicio público de salud en todos los niveles de atención. Ello,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la Constitución Política
y su desarrollo legislativo mediante la Ley 100 de 1993, la cual crea el
Sistema General de Seguridad Social en Salud, orientado, entre otros
principios, en los de universalidad y obligatoriedad.
VI.    DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión
de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO: LEVANTAR la suspensión de términos decretada,
mediante auto del 16 de enero de 2015, dentro de los procesos de la referencia.
SEGUNDO: REVOCAR, en el expediente T-4.436.977, la
sentencia proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia, el 24 de junio de 2014, que confirmó la dictada por la Sala
Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, el 13
de mayo del mismo año; y, en su lugar, CONCEDER
el amparo de los derechos fundamentales
a la vida digna, a la seguridad social y
al mínimo vital de Luis Martín
Moreno Carreño, por las razones expuestas
en esta providencia.
TERCERO:
ORDENAR a la Dirección de
Sanidad del Ejército Nacional que, en el término de cinco (5) días hábiles,
contados a partir de la notificación de la presente providencia, autorice la
reunión de la Junta Médico-Laboral Militar para la realización de una nueva
evaluación de la capacidad psicofísica de Luis Martín Moreno Carreño, en la que se determine su
estado actual de salud física y mental, y se actualice el porcentaje de
disminución de su capacidad laboral.
CUARTO:          ADVERTIR al director del Hospital Militar Regional
Bucaramanga que debe continuar
brindándole a Luis Martín Moreno Carreño la atención médica integral que
requiera para el manejo de sus afecciones hasta cuando las mismas se hayan
superado y, en particular, seguir realizándole el control periódico de la
válvula de Hakim que le fue implantada en su cerebro, sin dilaciones ni
interrupciones.
QUINTO: CONFIRMAR, en el expediente T-4.477.691, la sentencia proferida por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, el 18 de junio de 2014, que revocó la
dictada por la Sección Segunda-Subsección A del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, el 13 de marzo del mismo año, por las razones expuestas en esta
providencia.
SEXTO: CONFIRMAR, en el expediente T-4.485.600, la
sentencia de única instancia proferida por la Sala de Familia del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 26 de junio de 2014, mediante la
cual se negó por improcedente el amparo solicitado por Jorge Luis Lozano Rocha.
SÉPTIMO: EXHORTAR a la señora Leonor Adela Lozano Rocha, hermana del demandante y quien
fue nombrada su curadora, que en cumplimiento del deber de solidaridad y
protección que le asiste, inicie las gestiones necesarias para la afiliación de
Jorge Luis Lozano Rocha al Sistema General de Seguridad Social en Salud, de manera
que, a través de la EPS que libremente se elija, se garantice su pleno acceso
al servicio público de salud en todos los niveles de atención.
OCTAVO: ORDENAR a la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá que, en lo sucesivo, se abstenga de escindir o dividir las
solicitudes de tutela cuando las mismas se dirijan contra diferentes
autoridades del orden nacional y territorial, alegando supuesta falta de
competencia, por cuanto dicho proceder desconoce las reglas de reparto
previstas en el Decreto 1382 de 2000 y, en particular, la contenida en el
último inciso del artículo 1º, según la cual, “[c]uando la acción de tutela se promueva contra
más de una autoridad y estas sean de diferente nivel, el reparto se hará al
juez de mayor jerarquía, de conformidad con las reglas establecidas en el
presente numeral”.
NOVENO: Líbrese
la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los
efectos allí contemplados.
Cópiese,
notifíquese, insértese en la gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
GABRIEL EDUARDO MENDOZA
MARTELO
Magistrado Ponente
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Acción de tutela presentada el 28 de abril de 2014.
[2] Acción de tutela presentada el 27 de enero de 2014.
[3] El tiempo total de permanencia de Jorge
Luis Lozano Rocha en el Ejército Nacional fue de siete (7) años, siete (7)
meses y ocho (8) días.
[4] Acción de tutela presentada el 16 de junio
de 2014.
[5] Aprobada en Colombia por medio de la Ley
1346 de 2009, declarada exequible por la Corte Constitucional, mediante la
sentencia C-293 de 2010.
[6] Clasificación Internacional del
Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF).
[7] Órgano creado por la Ley 361 de 1997, “por
la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas en
situación de discapacidad  y se dictan otras disposiciones”.
[8] Clasificación Internacional de
Enfermedades (CIE).
[9] Ley 1306 de 2009, artículo 17.
[10] Código Civil, artículo 1502.
[11] Código Civil, artículos 1503 y 1504.
[12] Las
incapacidades se han instituido con el objeto de proteger los intereses de
ciertas personas que por una u otra razón no tienen el total discernimiento o
carecen de la experiencia necesaria para poder expresar su voluntad, adquirir
derechos y obligarse con la claridad suficiente y, por tal motivo, están
inhabilitados para celebrar actos jurídicos.
[13] Ley 1306 de 2009, artículo 3º.
[14] Ley 1306 de 2009, artículo 2º, inciso
segundo.
[15] Sentencia T-684 de 2014.
[16] Gaceta del Congreso núm. 369 del 3 de
agosto de 2007.
[17] Ibidem.
[18] Ibidem.
[19] Ibidem.
[20] Consultar, entre otras, las sentencias
T-229 de 2012, T-178 de 2013, T-141 de 2014, T-082 de 2015 y T-092 de 2015.
[21] A propósito del
concepto de perjuicio irremediable, desde sus primeros pronunciamientos esta
Corte ha expresado que, para
determinar la irremediabilidad del perjuicio hay que tener en cuenta la
presencia concurrente de varios elementos que configuran su estructura, como la
inminencia, que exige medidas inmediatas; la urgencia que tiene el sujeto de
derecho por salir de ese perjuicio inminente; y la gravedad de los hechos, que
hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para
la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales.
[22] Consultar, entre otras, las sentencias
SU-544 de 2001, T-599 de 2002, T-803 de 2002, T-273 de 2006, T-093 de 2008,
SU-037 de 2009, T-565 de 2009, T-424 de 2010, T-520 de 2010, T-859 de 2010,
T-1043 de 2010,     T-076 de 2011, T-333 de 2011, T-377A de 2011, T-391 de
2013, T-627 de 2013 y T-502 de 2015.
[23] Sentencia SU-037 de 2009.
[24] Ibidem.
[25] Sentencia 1043 de 2010.
[26] Sentencias T-304 de 2006 y T-562 de 2010.
[27] Sentencia T-290 de 2011.
[28] Sentencia T-016 de 2006.
[29] Sentencias T-533 de 2010 y T-1028 de 2010.
[30] Decreto 1795 de 2000, artículo 2º.
[31] Sentencia
T-875 de 2012.
[32] Sentencia
T-107 de 2000, reiterada, entre otras, en las sentencias T-948 de 2006 y T-279
de 2009.
[33] Sentencia
T-824 de 2002, reiterada, entre otras, en las sentencias T-854 de 2008, T-875
de 2009 y T-879 de 2013.
[34] Consultar,
entre otras, las sentencias T-1041 de 2010, T-396 de 2013, T-879 de 2013 y
T-507 de 2015.
[35] Por el cual se regula la evaluación de
la capacidad sicofísica y de la disminución de la capacidad laboral, y aspectos
sobre incapacidades, indemnizaciones, pensión por invalidez e informes
administrativos  por lesiones, de los miembros de la Fuerza Pública,
Alumnos  de las Escuelas de Formación y sus equivalentes en la
Policía Nacional, personal civil al servicio del  Ministerio de
Defensa Nacional y de las Fuerzas Militares y personal no uniformado de la
Policía Nacional vinculado con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de
1993.
[36] El personal civil al servicio del
Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas Militares y el personal no
uniformado de la Policía Nacional, vinculado con anterioridad a la vigencia de
la Ley 100 de 1993, continuará rigiéndose, en lo referente a las indemnizaciones
y pensiones de invalidez, por las normas pertinentes del decreto 094 de 1989.
[37] ARTICULO 15. JUNTA MEDICO-LABORAL MILITAR O DE
POLICIA. Sus funciones son en
primera instancia:
1 Valorar y registrar las secuelas
definitivas de las lesiones o afecciones diagnosticadas.
2 Clasificar el tipo de incapacidad
sicofísica y aptitud para el servicio, pudiendo recomendar la reubicación
laboral cuando así lo amerite.
3 Determinar la disminución de la
capacidad psicofísica.
4 Calificar la enfermedad según sea
profesional o común.
5 Registrar la imputabilidad al servicio
de acuerdo con el Informe Administrativo por Lesiones.
6 Fijar los correspondientes índices de
lesión si hubiere lugar a ello.
7 Las demás que le sean asignadas por Ley
o reglamento.
[38] ARTICULO 21. TRIBUNAL
MEDICO-LABORAL DE REVISION MILITAR Y DE POLICIA. El Tribunal Médico Laboral de Revisión
Militar y de Policía conocerá en última instancia de las reclamaciones que
surjan contra las decisiones de las Juntas Médico-Laborales y en consecuencia
podrá ratificar, modificar o revocar tales decisiones. Así mismo, conocerá en
única instancia la revisión de la pensión por solicitud del pensionado […].
[39] ARTICULO 9o. EXAMENES
PERIODICOS Y SU OBLIGATORIEDAD. Las
Direcciones de Sanidad podrán disponer la práctica de los exámenes periódicos
que estimen indispensables para establecer el estado de capacidad sicofísica en
que se encuentra el personal activo de que trata el presente decreto. Es
obligatorio someterse a tales exámenes y a las revisiones, tratamientos,
prácticas y restricciones que se ordenen.
ARTICULO 10. EXAMENES DE REVISION A
PENSIONADOS. La Dirección de Sanidad de cada Fuerza o
de la Policía Nacional, realizará por lo menos una vez cada tres (3) años
exámenes médicos de revisión al personal pensionado por invalidez.
En caso de evidenciarse que no persiste la
patología que dio origen a la prestación, el Tribunal Médico Laboral de
Revisión Militar y de Policía procederá a revisar el caso.
[…].
[40] Sentencia T-493 de 2004, reiterada, entre
otras, en las sentencias T-140 de 2008, T-696 de 2011 y T-530 de 2014.
[41] Sentencias T-696 de 2012 y T-530 de 2014.
[42] Resultado de la consulta realizada, el 12
de abril de 2016, a la base de datos única de afiliación al Sistema General de
Seguridad Social del Ministerio de Salud y Protección Social.
[43] Sobre el valor de la cosa juzgada
constitucional, pueden consultarse, entre otras, las sentencias SU-1219 de 2001
y T-208 de 2013.