C-214-17
Sentencia C-214/17
ACUERDO MARCO ENTRE NACIONES UNIDAS Y LA
REPUBLICA DE COLOMBIA RELATIVO A CONTRIBUCIONES AL SISTEMA DE ACUERDOS DE
FUERZAS DE RESERVA DE NACIONES UNIDAS PARA OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA
PAZ-Cumplimiento de
requisitos constitucionales y legales en trámite legislativo
CONTROL CONSTITUCIONAL DE ACUERDO
INTERNACIONAL Y LEY APROBATORIA-Reglas y subreglas jurisprudenciales
TRAMITE LEGISLATIVO DE LEY APROBATORIA DE
TRATADO INTERNACIONAL-Cumplimiento
de requisitos
TRATADO INTERNACIONAL-Representación del Estado colombiano en
proceso de negociación, celebración y suscripción
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO
INTERNACIONAL Y LEY APROBATORIA-Características
CONTROL
DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADOS INTERNACIONALES Y LEYES APROBATORIAS DE
TRATADOS-Verificación de la realización de la consulta
previa a las comunidades indígenas y afrocolombianas, cuando las medidas
adoptadas en el respectivo tratado lo requieran por afectar directamente a
tales comunidades
DERECHO DE PARTICIPACION DE LOS GRUPOS ETNICOS
EN DECISIONES QUE LOS AFECTAN-Jurisprudencia constitucional/DERECHO DE PARTICIPACION DE LOS GRUPOS
ETNICOS EN DECISIONES QUE LOS AFECTAN-Contenido y alcance/DERECHO
FUNDAMENTAL A LA CONSULTA PREVIA-Jurisprudencia constitucional
ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN TRAMITE
LEGISLATIVO DE LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Jurisprudencia constitucional/ANUNCIO
PREVIO DE VOTACION DE PROYECTOS DE LEY-Subreglas jurisprudenciales/REQUISITOS
DE QUORUM Y MAYORIAS EN TRAMITE LEGISLATIVO DE LEY APROBATORIA DE TRATADO
INTERNACIONAL-Cumplimiento/PROYECTO DE LEY APROBATORIA DE TRATADO
INTERNACIONAL-Término máximo de dos legislaturas/LEY APROBATORIA DE
ACUERDO INTERNACIONAL-Sanción presidencial
ACUERDO MARCO ENTRE NACIONES UNIDAS Y LA
REPUBLICA DE COLOMBIA RELATIVO A CONTRIBUCIONES AL SISTEMA DE ACUERDOS DE
FUERZAS DE RESERVA DE NACIONES UNIDAS PARA OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA
PAZ-Votación nominal y
pública en trámite legislativo
PROYECTO DE LEY APROBATORIA DE TRATADO
INTERNACIONAL-Publicación
en trámite legislativo
PROYECTO DE LEY APROBATORIA DE TRATADO
INTERNACIONAL-Quorum
deliberatorio y decisorio
ACUERDO MARCO ENTRE NACIONES UNIDAS Y LA
REPUBLICA DE COLOMBIA RELATIVO A CONTRIBUCIONES AL SISTEMA DE ACUERDOS DE
FUERZAS DE RESERVA DE NACIONES UNIDAS PARA OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA
PAZ-Objeto
ACUERDO MARCO ENTRE NACIONES UNIDAS Y
COLOMBIA SOBRE CONTRIBUCIONES AL SISTEMA DE ACUERDOS DE FUERZAS DE RESERVA DE
NACIONES UNIDAS PARA OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ-Funciones que debe cumplir el Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas
ACUERDO MARCO ENTRE NACIONES UNIDAS Y
COLOMBIA RELATIVO A CONTRIBUCIONES AL SISTEMA DE ACUERDOS DE FUERZAS DE RESERVA
DE NACIONES UNIDAS PARA OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ-Obligaciones del Estado
PRINCIPIOS DE ARREGLO PACIFICO DE
CONTROVERSIAS Y PROSCRIPCION DE LA GUERRA-Jurisprudencia constitucional e instrumentos
internacionales
PRINCIPIO DE SOBERANIA NACIONAL EN EL
DERECHO INTERNACIONAL-Jurisprudencia
constitucional
PRINCIPIO DE NO INTERVENCION-Jurisprudencia constitucional
PRINCIPIO PACTA SUNT SERVANDA-Jurisprudencia constitucional
DERECHO A LA PAZ COMO FIN PRIMORDIAL DEL
ESTADO-Desarrollo
jurisprudencial
ACUERDO MARCO ENTRE NACIONES UNIDAS Y
COLOMBIA RELATIVO A CONTRIBUCIONES AL SISTEMA DE ACUERDOS DE FUERZAS DE RESERVA
DE NACIONES UNIDAS PARA OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ-Tipos de recursos para proporcionar
personal y equipo
ACUERDO MARCO ENTRE NACIONES UNIDAS Y
COLOMBIA RELATIVO A CONTRIBUCIONES AL SISTEMA DE ACUERDOS DE FUERZAS DE RESERVA
DE NACIONES UNIDAS PARA OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ-Despliegue de recursos del Estado
ACUERDO MARCO ENTRE NACIONES UNIDAS Y
COLOMBIA RELATIVO A CONTRIBUCIONES AL SISTEMA DE ACUERDOS DE FUERZAS DE RESERVA
DE NACIONES UNIDAS PARA OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ-Misión constitucional de la fuerza
pública
ENVIO DE TROPAS
AL EXTERIOR-Jurisprudencia constitucional
CELEBRACION DE ACUERDOS DE PROCEDIMIENTO
SIMPLIFICADO-Jurisprudencia
constitucional
ACUERDO MARCO ENTRE NACIONES UNIDAS Y
COLOMBIA RELATIVO A CONTRIBUCIONES AL SISTEMA DE ACUERDOS DE FUERZAS DE RESERVA
DE NACIONES UNIDAS PARA OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ-Estatuto del personal y equipo
suministrado por el Estado a las operaciones de mantenimiento de la paz de las
Naciones Unidas/REGIMEN DE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DE MIEMBROS DE MISIONES
QUE INGRESAN AL PAIS-Jurisprudencia constitucional
Referencia: Expediente
LAT-442
Revisión de
constitucionalidad de la Ley 1794 de 2016 “Por medio de la cual se aprueba
el “Acuerdo Marco entre las Naciones Unidas y el Gobierno de la República de
Colombia relativo a las contribuciones al sistema de Acuerdos de Fuerzas de
Reserva de las Naciones Unidas para las operaciones de mantenimiento de la paz
suscrito en la ciudad de Nueva York el 26 de enero de 2015”.
Magistrada sustanciadora:
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Bogotá, D. C., cinco (5) de abril
de dos mil diecisiete (2017).
La Sala Plena de la Corte
Constitucional, integrada por el Magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez, quien
la preside, los Magistrados María Victoria Calle Correa, Alejandro Linares
Cantillo, Antonio José Lizarazo Ocampo, Gloria Stella Ortiz Delgado, Iván
Humberto Escrucería Mayolo (E), Aquiles Arrieta Gómez (E), Alberto Rojas Ríos y
José Antonio Cepeda Amarís (E), en cumplimiento de sus atribuciones
constitucionales y de los requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067
de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
Dentro del proceso de
revisión de constitucionalidad de la Ley 1794 de 2016 “Por medio de la cual
se aprueba el “Acuerdo Marco entre las Naciones Unidas y el Gobierno de la
República de Colombia relativo a las contribuciones al sistema de Acuerdos de
Fuerzas de Reserva de las Naciones Unidas para las operaciones de mantenimiento
de la paz suscrito en la ciudad de Nueva York el 26 de enero de 2015”.
ANTECEDENTES
De acuerdo con lo previsto en
el numeral 10 del artículo 241 de la Constitución Política, el 12 de julio de
2016, la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República remitió a la
Secretaría General de esta Corporación el oficio número OFI16-00061229/JMSC110200
del 12 de julio 2016 y una fotocopia autenticada de la Ley 1794 de 2016, para
su revisión constitucional.
Mediante auto del 16 de
agosto de 2016, la Corte Constitucional avocó conocimiento de la ley de la
referencia, y ordenó: (i) la práctica de pruebas; (ii) correr traslado al
Procuraduría General de la Nación; (iii) fijar en lista el proceso; (vi)
comunicar la iniciación del proceso los Presidentes de la República y del
Congreso, a los Ministros del Interior, de Justicia y del Derecho, de
Relaciones Exteriores, de Hacienda y Crédito Público y de Defensa, para que
intervinieran si lo consideraban procedente; (v) invitar a la Academia
Colombiana de Derecho Internacional (ACOLDI), a la Academia Colombiana de
Jurisprudencia, a la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), a Dejusticia, a la
facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional
de Colombia, a las facultades de Jurisprudencia y de Ciencia Política, Gobierno
y Relaciones Internacionales del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, a
las facultades de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes, a
las facultades de Derecho y Ciencias Humanas de la Universidad de Nariño, a la
facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad del Cauca, a la
facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Relaciones Internaciones de la Universidad
del Norte y a la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad
Pontificia Javeriana de Cali, para que intervinieran si lo consideraban
oportuno.
Posteriormente, al advertir
la falta de algunas pruebas sobre el trámite legislativo, mediante auto del 16
de septiembre de 2016, el despacho requirió al Secretario General de la Cámara
de Representantes para que remitiera la cadena de anuncios del debate en la
plenaria y el acta en la que consta la discusión y aprobación en la plenaria del
proyecto que se convirtió en la Ley 1794 de 2016, incluido el quorum
deliberatorio y decisorio y la forma de votación.
Cumplidos los trámites
constitucionales y legales propios de esta clase de juicios, y previo concepto
del Procuraduría General de la Nación, procede la Corte a realizar el estudio
de constitucionalidad del instrumento internacional y de su ley aprobatoria.
II. TEXTO DE LA NORMA BAJO
EXAMEN
La ley aprobatoria del tratado
cuya revisión de constitucionalidad se realiza, fue publicada en el Diario
Oficial número 49.931 de 11 de julio de 2016 y su contenido es el siguiente:
“LEY
1794 DE 2016
(julio
11)
CONGRESO
DE LA REPÚBLICA
Por medio de la cual se
aprueba el “Acuerdo marco entre las Naciones Unidas y el Gobierno de la
República de Colombia relativo a las contribuciones al sistema de acuerdos de
fuerzas de reserva de las Naciones Unidas para las operaciones de mantenimiento
de la paz”, suscrito en la ciudad de Nueva York el 26 de enero de 2015.
EL
CONGRESO DE COLOMBIA
Visto el texto del por medio
de la cual se aprueba el “Acuerdo marco entre las Naciones Unidas y el Gobierno
de la República de Colombia relativo a las contribuciones al sistema de
acuerdos de fuerzas de reserva de las Naciones Unidas para las operaciones de
mantenimiento de la paz”, suscrito en la ciudad de Nueva York el 26 de enero de
2015,
Por medio de la cual se aprueba
el “Acuerdo marco entre las Naciones Unidas y el Gobierno de la República de
Colombia relativo a las contribuciones al sistema de acuerdos de fuerzas de
reserva de las Naciones Unidas para las operaciones de mantenimiento de la
paz”, suscrito en la ciudad de Nueva York el 26 de enero de 2015.
ACUERDO MARCO ENTRE LAS NACIONES UNIDAS Y
EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
RELATIVO
A LAS CONTRIBUCIONES AL SISTEMA DE ACUERDOS DE FUERZAS DE RESERVA DE LAS
NACIONES UNIDAS PARA LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ
Los
Signatarios del Presente Acuerdo:
Señor Hervé Ladsous
Secretario General Adjunto de Operaciones de Mantenimiento de la Paz en
Representación de las Naciones Unidas
Y
Señor Juan Carlos Pinzón
Bueno Ministro de Defensa Nacional en Representación del Gobierno de la
República de Colombia
Reconociendo la necesidad de acelerar el
suministro de determinados recursos a las Naciones Unidas a fin de que se pueda
cumplir eficazmente y de manera oportuna el mandato de las operaciones de
mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas autorizadas por el consejo de
seguridad,
Reconociendo además que los compromisos de
ofrecer recursos para las operaciones de mantenimiento de la paz conllevan
ventajas que contribuyen a aumentar la flexibilidad y reducir los costos,
Teniendo presente la intención de la República
de Colombia de contribuir activamente al mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales.
Han llegado al siguiente entendimiento:
I. Objeto
El objeto del presente
acuerdo es establecer el marco para la contribución del Gobierno de la
República de Colombia a las operaciones de mantenimiento de la paz de las
Naciones Unidas e identificar los recursos que el Gobierno proporcionará a las
operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas para el
cumplimiento de los mandatos autorizados por el consejo de seguridad.
II. Descripción de los Recursos
Teniendo en cuenta las
directrices para el suministro de recursos a las operaciones de mantenimiento
de la paz de las Naciones Unidas, el Gobierno de la República de Colombia podrá
proporcionar personal y/o equipo en relación con los siguientes tipos de
recursos, entre otros:
1. Unidades del ejército
2. Unidades navales
3. Unidades de la fuerza
aérea
4. Unidades de policía
III. Condiciones de
suministro
La decisión final respecto al
despliegue efectivo de recursos por parte del Gobierno de la República de
Colombia será siempre una decisión nacional. En relación con cualquier
despliegue efectivo de recursos por el Gobierno de Colombia, y sujeto a la
entrada en vigor del presente acuerdo, las partes acordarán arreglos
posteriores de implementación para aplicar las disposiciones enunciadas en este
acuerdo marco.
Dichos arreglos deberán
contener, entre otros aspectos: i) una descripción detallada del tipo y la
cantidad de personal, acompañada, de ser el caso, de la pertinente descripción
del equipo que el Gobierno de la República de Colombia decida suministrar a las
operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, así como ii) los
regímenes disciplinarios y los estándares de conducta correspondientes, incluidas
las condiciones para la investigación de cualquier falta; iii) las condiciones
para el reembolso y la prestación de apoyo al Gobierno de la República de
Colombia por parte de las Naciones Unidas; iv) las disposiciones relativas a la
autonomía logística, v) las condiciones para la solución de controversias y
reclamaciones de terceros; y vi) cualesquiera otras disposiciones relativas a
la implementación del presente acuerdo.
IV. Estatuto del Personal y
el Equipo
El estatuto del personal y el
equipo proporcionado por el Gobierno de la República de Colombia para prestar
servicios en las operaciones de mantenimiento de la paz se regirá por las
disposiciones pertinentes establecidas en el acuerdo sobre el estatuto de las
fuerzas o el acuerdo sobre el estatuto de la misión (SOFA o SOMA) específico
para la operación de mantenimiento de la paz de que se trate o por las
disposiciones del modelo de acuerdo sobre el estatuto de las fuerzas (A/45/594)
en espera de que se concluya el SOFA o SOMA específico de la misión y de
conformidad con la convención sobre privilegios e inmunidades de las Naciones
Unidas, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1946.
En este sentido, los
privilegios e inmunidades, junto con la jurisdicción penal y civil aplicable
que se especifique en los arreglos de implementación estarán sujetos a las
condiciones acordadas por las Naciones Unidas y el Estado receptor de la
operación de mantenimiento de la paz.
V. Entrada en Vigor
Tras su firma, este acuerdo
marco entrará en vigor en la fecha de recepción de la notificación escrita,
remitida mediante el canal diplomático, por el Gobierno de la República de
Colombia a las Naciones Unidas en la que este comunique que ha concluido el
procedimiento necesario para que el acuerdo marco entre en vigor de conformidad
con su legislación nacional.
El presente acuerdo marco
quedará sin efecto tres meses después de la fecha en que cualquiera de los
signatarios remita a la otra parte notificación escrita de su intención de
ponerle fin.
Hecho en Nueva York, el 26 de
enero del año dos mil quince, en los idiomas español e inglés, siendo ambos
textos igualmente auténticos, en el entendimiento de que, en caso de diferencia
en la interpretación, el texto en inglés prevalecerá”.
III. INTERVENCIONES
INTERVENCIONES DE ENTIDADES
ESTATALES
Ministerio de Relaciones
Exteriores
El Ministerio de Relaciones
Exteriores solicitó que se declare exequible el tratado y la ley
aprobatoria que son objeto de revisión constitucional.
El interviniente manifestó
que el despliegue efectivo de recursos por parte del Gobierno de la República
de Colombia es una decisión soberana, la cual se implementará a través de la
celebración de acuerdos derivados que detallarán de manera específica los
recursos que el Gobierno colombiano proporcionará a las operaciones.
Por otra parte, el Ministerio
resaltó que las operaciones de mantenimiento de la paz se ejecutan con el
objetivo de cumplir con la finalidad de la Organización de Naciones Unidas (en
adelante ONU) de mantener la paz y la seguridad internacional, la cual se
desarrolla a través de los poderes otorgados al Consejo de Seguridad de dicha
organización.
Adicionalmente, el
interviniente indicó que las misiones de mantenimiento de la paz se rigen por
tres principios comunes básicos: (i) consentimiento de las partes; (ii)
imparcialidad y (iii) no uso de la fuerza, excepto en legítima defensa del
mandato.
Asimismo, afirmó que, a pesar
de que cada misión es diferente, todas las operaciones cumplen con los
siguientes objetivos: (i) prevenir el surgimiento de un conflicto o su
propagación a través de distintas fronteras; (ii) estabilizar las situaciones
de conflicto para crear las condiciones adecuadas para lograr un acuerdo de
paz; (iii) prestar asistencia para la consecución y aplicación de la paz
general y (iv) acompañar y guiar a los Estados o territorios autónomos a través
de una transición que los conduzca a un gobierno estable que se base en
principios democráticos, en una buena gobernanza y el desarrollo económico.
Por otra parte, el Ministerio
resaltó que Colombia es miembro y participa de forma activa en los debates y
actividades del “Comité Especial de Operaciones de Mantenimiento de la Paz” (denominado
C34), y contribuye anualmente con una cuota obligatoria destinada para el
soporte de las operaciones. Sin embargo, en la actualidad el Estado colombiano
no ha ratificado ningún instrumento internacional que le permita participar de
forma activa en las operaciones de mantenimiento de la paz alrededor de mundo.
Finalmente, el interviniente
señaló que, con fundamento en los éxitos recientes y a la experiencia adquirida
por nuestras Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo
y la delincuencia organizada, la comunidad internacional ha solicitado la
asistencia de la Fuerza Pública colombiana en operaciones de mantenimiento de
la paz en una calidad diferente a la de observadores.
Ministerio de Defensa
Nacional
El Ministerio de Defensa
Nacional solicitó la declaratoria de exequibilidad del “Acuerdo Marco
entre las Naciones Unidas y el Gobierno de la República de Colombia relativo a
las contribuciones al sistema de Acuerdos de Fuerzas de Reserva de las Naciones
Unidas para las operaciones de mantenimiento de la paz”.
El interviniente reiteró los
argumentos presentados por Ministerio de Relaciones Exteriores relacionados con
el origen de las misiones de mantenimiento de la paz y la importancia de la
participación activa de Colombia en las mismas.
Adicionalmente, el Ministerio
de Defensa Nacional se refirió a cada una de las secciones del acuerdo de la
siguiente manera[1][2]:
Artículo 1: dispone que el fin del
Convenio es crear un marco jurídico para la contribución de personal y equipo
colombiano a las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU. Asimismo,
establece que la contribución se debe desarrollar bajo mandato del Consejo de
Seguridad.
Artículo 2: expone una lista taxativa del
tipo de recursos que podrán ser desplegados por el Gobierno Nacional, a saber:
(i) unidades del Ejército; (ii) unidades Navales; (iii) unidades de la Fuerza
Aérea y (iv) unidades de la Policía.
Artículo 3: establece las condiciones de
suministro y resalta que la decisión sobre los recursos que se pueden desplegar
es exclusiva del Gobierno colombiano. Adicionalmente, la norma hace referencia
a los acuerdos de implementación que se celebrarán posteriormente, para definir
la participación colombiana en cada una de las operaciones de mantenimiento de
la paz y determinar las condiciones concretas de la contribución en cada caso.
Finalmente, el artículo advierte que dichos acuerdos no pueden establecer
nuevas obligaciones para las Partes.
Artículo 4: regula el estatus de las
contribuciones colombianas (personal y/o equipo) y dispone que dependerán del
contenido de los Acuerdos sobre el Estatuto de las Fuerzas o de la Misión
(SOFA), los cuales son previamente negociados entre la ONU y el país receptor
de la misión, en los cuales se determinan los privilegios e inmunidades que
recibirán los integrantes de las operaciones.
Artículo 5: establece las disposiciones
relacionadas con la entrada en vigor del Tratado. En particular, indica que el
Acuerdo entrará en vigor “en la fecha de recepción de la notificación en la
cual Colombia informa a la ONU que el instrumento surtió el trámite interno
requerido para su aprobación”[3]. Asimismo, dispone que el
Convenio quedará sin efectos tres meses después de la fecha en la que
cualquiera de las Partes envíe un escrito en el que manifieste su  intención de
darlo por terminado.
Finalmente, el interviniente
resalta que el Ministerio de Defensa Nacional ha desarrollado una estrategia de
cooperación internacional a nivel bilateral y multilateral, con el fin de
establecer criterios estratégicos de prevención, cooperación y modernización
para el fortalecimiento de la seguridad y la defensa nacional.
INTERVENCIÓN DE UNIVERSIDAD
Facultad de Jurisprudencia de
la Universidad del Rosario
La Universidad del Rosario
consideró que el tratado objeto de revisión debe ser declarado exequible.
En particular, la interviniente indicó que Colombia ya ha ratificado
instrumentos internacionales similares relativos a ejercicios de mantenimiento
de la paz, los cuales han sido considerados exequibles por la Corte
Constitucional, tales como la “Convención para el Arreglo Pacífico de los
Conflictos Internacionales”, aprobada por la Ley 251 del 29 de diciembre de
1995, revisada en la sentencia C-381 de 1996. Asimismo, la Universidad señaló
que en la sentencia anteriormente citada, este Tribunal indicó que la
ratificación de tratados que busquen el mantenimiento de la paz cumple con los
fines esenciales del Estado y en particular lo relativo a asegurar la
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
Adicionalmente la
interviniente resaltó que el artículo 3º es el más sensible del Acuerdo, en la
medida en que permite el despliegue efectivo de tropas en una operación de
mantenimiento de la paz. No obstante, señaló que dicha norma es compatible con
la Carta Política, en la medida en que el Tratado establece que la decisión de
la participación en la misión y el despliegue de recursos, es exclusiva de las
autoridades nacionales.
Por otra parte, la
Universidad advirtió que es necesario confirmar que cada una de las misiones de
mantenimiento de la paz se desarrolle dentro del marco de las Naciones Unidas y
que las actividades que realicen sus miembros respeten los principios de
derecho internacional reconocidos por Colombia, tales como la imparcialidad, el
consentimiento y la no injerencia de la comunidad internacional sobre la
soberanía de cada Estado.
Finalmente, la interviniente
señaló que el régimen de privilegios e inmunidades que establece el acuerdo
objeto de revisión, es acorde con la legislación colombiana, ya que la “Convención
sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas” se encuentra
consagrada en el ordenamiento nacional en la Ley 62 de 1973.
IV.CONCEPTO DEL PROCURADURÍA
GENERAL DE LA NACIÓN
La Procuradora General de la
Nación (E), mediante concepto número 6201 del 11 de noviembre de 2016, solicitó
a la Corte que declare la inexequibilidad del “Acuerdo Marco entre
las Naciones Unidas y el Gobierno de la República de Colombia relativo a las
contribuciones al sistema de Acuerdos de Fuerzas de Reserva de las Naciones
Unidas para las operaciones de mantenimiento de la paz”, y de la Ley 1794
del 11 de julio de 2016 que lo aprueba, por considerar que existe un vicio en
el proceso de formación de la norma. Subsidiariamente, pidió que, si con la
revisión probatoria se logra superar el vicio de forma señalado, se declare su exequibilidad.
El Ministerio Público realizó
un recuento del trámite legislativo y a partir de él concluyó que no se
respetaron todas las características esenciales del voto. En particular,
resaltó que en ninguno de los cuatro debates del Congreso coincide, el número
de parlamentarios presentes al momento de realizarse la votación, con el número
de votos registrados a favor y en contra del proyecto de ley estudiado, lo que a
su juicio contraría lo establecido en el artículo 123 de la Ley 5ª de 1992.
Asimismo, el Procuradora (E)
indicó que es un vicio de procedimiento insubsanable, debido a que se generó
desde la etapa estructural del trámite legislativo, es decir cuando todavía no
se había formado la voluntad de democrática y política del Senado de la
República.
Por lo anterior, la Vista
Fiscal considera que la ley objeto de revisión es inexequible, por lo que se
debe reiniciar la totalidad del procedimiento de aprobación legislativa por
parte del Congreso de la República.
En relación con el análisis
material de acuerdo, la Procuradora (E) señaló que el contenido del Tratado no
desconoce los mandatos constitucionales relativos a las relaciones y políticas
internacionales y desarrolla los principios de soberanía nacional y el respeto
a la autodeterminación de los pueblos. Para la Vista Fiscal, esto se hace más
evidente en la disposición del acuerdo que establece que la decisión final respecto
de cualquier despliegue efectivo de recursos colombianos recae exclusivamente
en el Gobierno Nacional.
Finalmente, el Jefe del
Ministerio Público resaltó que el instrumento internacional objeto de revisión desarrolla
los principios constitucionales que pretenden asegurar la convivencia pacífica
y la vigencia de un orden justo, contenidos en el artículo 2º Superior.
V.CONSIDERACIONES DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL
Competencia
1.
Conforme a lo establecido en el numeral 10º del artículo 241 de la
Constitución Política, corresponde a la Corte Constitucional la revisión de
constitucionalidad de los tratados internacionales y de sus leyes aprobatorias.
Esta Corporación ha
manifestado que el mencionado control se caracteriza por ser: i) previo al
perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la aprobación del Congreso y a
la sanción Presidencial; ii) automático, pues debe ser enviado a la Corte
Constitucional por el Presidente de la República, dentro de los 6 días
siguientes a la sanción gubernamental; iii) integral, puesto que el análisis de
constitucionalidad se realiza sobre aspectos formales y materiales de la ley y
el tratado; iv) tiene fuerza de cosa juzgada absoluta; v) es un requisito sine
qua non para la ratificación del Acuerdo; y vi) tiene una función preventiva,
en tanto que, su finalidad es garantizar la supremacía de la Constitución y el
cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por el Estado
colombiano[4].
Reglas y subreglas
jurisprudenciales para el ejercicio de la revisión formal de constitucionalidad
del Acuerdo internacional y su ley aprobatoria
2.
La revisión del aspecto formal del tratado internacional y de su
ley aprobatoria comprende 2 dimensiones: i) el análisis de la representación
válida del Estado colombiano en las fases de negociación, celebración y firma
del Acuerdo internacional; y ii) la plena observancia del trámite legislativo
dispuesto para su ley aprobatoria.
3.
En efecto, las leyes aprobatorias de tratados internacionales no
disponen de un procedimiento legislativo especial, por lo que el trámite que
debe seguirse es el de las leyes ordinarias, salvo por dos especiales
requisitos: i) el debate debe iniciarse en el Senado de la República, por
tratarse de asuntos relativos a relaciones internacionales (art. 154 C.P.); y
ii) una vez ha sido sancionada la ley por el Presidente, deberá remitirla a la
Corte Constitucional dentro de los 6 días siguientes, para efectos de la
revisión de constitucionalidad (Art. 241 – 10 C.P.)[5].
4.
En ese orden de ideas, las reglas y subreglas jurisprudenciales
que guían la labor de esta Sala en el ejercicio de la revisión formal de la
constitucionalidad del tratado internacional y su ley aprobatoria, son:
Fase previa gubernamental
A.- Representación válida
del Estado colombiano en las fases de negociación, celebración y firma del
tratado internacional[6].
5.
Esta Corporación[7] ha señalado que la revisión constitucional
de los tratados internacionales y de sus leyes aprobatorias, incluye el examen
de las facultades del representante del Estado colombiano en las fases de
negociación, celebración y firma del respectivo instrumento internacional.
Tal verificación ha sido
realizada por la Corte con base en los artículos 7º a 10º de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, incorporada al ordenamiento
interno por la Ley 32 de 1985, por remisión que hace el artículo 9º de la Carta
en el sentido de que las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en el
reconocimiento de los principios aceptados por Colombia.
Como consecuencia de lo
anterior, existe una representación válida del Estado colombiano:
(i) Cuando la persona delegada presenta plenos poderes
(7.1-a).
(ii) Cuando
de la práctica del Estado o de otras circunstancias, se presume que existe la
intención de considerar a la persona que participa en la negociación como la
representante del Estado para esos efectos, se prescinde de la presentación de
plenos poderes (7.1-b).
(iii) Cuando
se presume a partir de las funciones que cumple la persona delegada, que no
tiene que presentar plenos poderes (7.2). En este evento, por razón de sus
funciones, representan a su Estado para los efectos de negociar y adoptar el
texto de un tratado: (a) los jefes de Estado, jefes de Gobierno y ministros de
relaciones exteriores (7.2-a); (b) el jefe de la misión diplomática ante el
Estado con el cual se va a celebrar (7.2-b) y (c) el representante acreditado
por el Estado ante una conferencia internacional o ante una organización
internacional o uno de los órganos de ésta (7.2-c)[8].
B.- Necesidad y
realización de consulta previa como expresión del derecho fundamental a la
participación de los grupos étnicos
6.
El artículo 1º de la Constitución Política define al Estado
Colombiano como democrático, participativo, y pluralista. Por su parte, los
artículos 7 y 70 de la misma normativa, consagran la protección de la
diversidad étnica y cultural como uno de los principios fundamentales del
Estado[9].
Este Tribunal ha considerado
que el pluralismo debe ser objeto de especial protección y reconocimiento
constitucional, toda vez que en Colombia existe una diversidad de identidades
étnicas y culturales que deben ser tratadas con el mismo respeto que la colectividad
mayoritaria, con los mismos derechos de reproducirse y perpetuarse en el
territorio nacional durante el paso del tiempo[10].
7.
En el desarrollo de su jurisprudencia, en particular en la sentencia
C-169 de 2001[11], reiterada por la sentencia SU-383
de 2003[12] entre otras[13],
esta Corporación ha indicado que una de las formas de materializar dicha
protección constitucional, se da a través del ejercicio del derecho que tienen
los grupos étnicos a participar en las decisiones que los afectan. De acuerdo
con lo señalado en las providencias anteriormente referidas, esta forma de
participación tiene una doble connotación, por una parte, como derecho
fundamental cuyo ejercicio debe ser garantizado y facilitado por las
autoridades correspondientes, y por la otra, como mecanismo indispensable para
la efectividad de otros derechos constitucionales.
De acuerdo con lo establecido
en la sentencia C-187 de 2011[14], el derecho de participación de los
grupos étnicos, se deriva de las siguientes normas: (i) artículo 40 de la
Constitución Política, que dispone el derecho que tiene todo ciudadano a la
participación democrática; (ii) artículo 70 de la Carta que establece la
cultura y sus diferentes manifestaciones como fundamento de la nacionalidad;
(iii) y los artículos 329 y 330 de la misma normativa, que regulan la
participación previa de las comunidades en la conformación de las entidades
territoriales indígenas y la explotación de los recursos naturales en su
territorio. Con fundamento en lo anterior, esta Corporación ha reconocido que
la consulta previa ostenta el grado de derecho fundamental.
Asimismo, la Ley 21 de 1991,
mediante la cual se incorporó en nuestro ordenamiento jurídico el Convenio 169
de la OIT, resalta la importancia del derecho de participación que tienen las
comunidades étnicas en las decisiones que los afectan directamente. En efecto,
el artículo 6º del Convenio establece la obligación que tienen los gobiernos de
consultar a los pueblos interesados, a través de sus instituciones
representativas, cada vez que se prevea una medida legislativa o administrativa
que pueda afectarlos directamente. Igualmente, determina el carácter imperativo
de tomar las medidas necesarias para que dichos pueblos puedan participar de la
misma forma que otros sectores de la población.
8.
Ahora bien, esta Sala considera necesario resaltar que, de acuerdo
con el ordenamiento jurídico colombiano, en particular la Ley 70 de 1993[15],
la expresión grupos étnicos incluye a las comunidades afrodescendientes.
Lo anterior ha sido reconocido por este Tribunal, en especial en la sentencia
C-461 de 2008[16], que reiteró que las comunidades
afrodescendientes también son consideradas grupos étnicos, titulares de derechos
constitucionales fundamentales a la propiedad colectiva de sus territorios
ancestrales, a la conservación, al uso, a la administración de los recursos
naturales y a la realización de la consulta previa, en los casos en que se
tomen medidas que los afecten de forma directa y específica.
9.
En esta oportunidad, la Corte reitera las reglas
jurisprudenciales, en las que se establece que (i) la diversidad de identidades
étnicas y culturales debe ser objeto de especial protección y reconocimiento
constitucional; (ii) una de las formas de materializar dicha protección se da
con el derecho a la participación que le asiste a los pueblos interesados,
cuando se va a tomar una medida legislativa o administrativa que los pueda
afectar de forma directa; y (iii) las comunidades afrodescendientes también son
consideradas grupos étnicos.
El derecho fundamental a la consulta previa de las leyes
aprobatorias de tratados internacionales[17]
10.  Este Tribunal se ha
pronunciado en diferentes ocasiones sobre el ejercicio del derecho a la
consulta previa de leyes aprobatorias de tratados internacionales ratificados
por el Estado Colombiano.
La sentencia C-750 de 2008[18],
que examinó la constitucionalidad de la Ley Aprobatoria del “Acuerdo de
promoción comercial entre la República de Colombia y los Estados Unidos de
América´, sus ´cartas adjuntas´ y sus ´entendimientos´”[19], señaló que toda medida
legislativa o administrativa que afectara de forma directa a una población étnica,
debe someterse a la consulta previa, como consecuencia del derecho que le
asiste a dicha comunidad a decidir sobre sus prioridades en su desarrollo y
preservación cultural.
En esa oportunidad, la Corte consideró que, prima facie, el
acuerdo no afectaba de forma directa los derechos de los pueblos indígenas y
por consiguiente no era necesario adelantar el proceso de consulta previa. No
obstante, indicó que si las medidas de orden legislativo y administrativo que
se expidieran en desarrollo del tratado afectaban de forma directa a alguna
comunidad étnica, debía realizase dicho procedimiento.
Posteriormente, en la sentencia C-027 de 2011[20], en
la revisión constitucionalidad del “Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre el
Gobierno de la República de Guatemala y el Gobierno de la República de
Colombia”, aprobado por la
Ley 1254 de 2008, la Corte indicó que el Tratado sólo establece obligaciones
generales en materia de Cooperación entre Colombia y Guatemala y no hace
referencia a algún área específica para el desarrollo de estas actividades.
Por
consiguiente, esta Corporación concluyó que el Convenio no afecta de forma
directa a ninguna comunidad étnica en el Estado Colombiano y en consecuencia no
era necesario someterlo al proceso de consulta previa. No obstante, indicó que
si en desarrollo del Acuerdo se realiza alguna actividad de investigación
científica o de exploración de recursos naturales en áreas de influencia
directa a alguna comunidad, se debe realizar la consulta.
En otra oportunidad, en la sentencia C-1051 de 2012[21], en
el análisis de exequibilidad del “Convenio Internacional para la Protección
de Obtenciones Vegetales” aprobado por la Ley 1518 de 2012, este Tribunal
declaró la inexequibilidad del Convenio, por considerar que era necesario
realizar el proceso de consulta previa en el trámite de su aprobación interna.
En particular, la Corte indicó que, a pesar de que el Acuerdo no hacía
referencia a alguna comunidad específica, sí regulaba las formas de producción
y conservación de vegetales, lo que evidentemente afectaba a todas las
comunidades étnicas del territorio nacional, en especial sus tradiciones y costumbres,
debido a que sus formas de producción podían incumplir los estándares impuestos
por el Convenio.
Asimismo, esta Corporación afirmó que la filosofía que inspiraba
el derecho de obtentor que regulaba el Tratado, iba en contra de las costumbres
y tradiciones de las comunidades indígenas, toda vez que ellas no buscan la
explotación  comercial de los conocimientos ancestrales, sino que se aprovechan
de su uso comunitario.
Finalmente en la sentencia C-217 de 2015[22], al examinar la
constitucionalidad del “Acuerdo entre el Gobierno de la República de
Colombia y el Gobierno de la República Federativa del Brasil sobre permiso de
residencia, estudio y trabajo para los nacionales fronterizos brasileños y
colombianos entre las localidades fronterizas vinculadas, suscrito en Brasilia
el 1º de septiembre de 2010” aprobado por la Ley 1664 de 2013, esta
Corporación indicó que el objetivo del Acuerdo es flexibilizar las reglas
migratorias entre los dos Estados, especialmente en las zonas fronterizas, por
lo que no se evidenciaba ninguna afectación directa a las comunidades
indígenas. En particular, la Corte enfatizó en el hecho de que en el Acuerdo no
existe ninguna disposición que regule de manera favorable o desfavorable el tránsito
fronterizo de los miembros de las comunidades étnicas y que las medidas están
dirigidas a todos los nacionales colombianos y brasileros, por lo que no se
evidencia ninguna limitación o beneficio especial por el hecho de pertenecer a
una comunidad en particular.
Con fundamento en lo anterior, la Sala concluyó que en ese caso no
era necesario realizar la consulta previa, pero que si en el desarrollo de
Tratado se profieren leyes o actos administrativos que afecten de forma directa
a las comunidades indígenas, se debe realizar la consulta.
La Sala reitera las reglas jurisprudenciales sobre el ejercicio
del derecho a la consulta previa frente a tratados internacionales, que
establecen que (i) las leyes aprobatorias de tratados deben ser objeto de
consulta previa cuando el texto afecte de forma directa a las comunidades
étnicas; (ii) las medidas legislativas o administrativas que se adopten en el
desarrollo del tratado que involucren directamente a una población étnica,
deben someterse al proceso de consulta antes de que se presente la norma para
su aprobación en el Congreso de la República; y (iii) prima facie no es
necesario someter el instrumento internacional a dicho procedimiento, si éste
se refiere a creación de zonas de libre comercio, sin embargo se debe hacer
consulta cuando las medidas que se tomen en desarrollo del tratado afecten de
forma directa a una comunidad étnica.
C.- Aprobación presidencial y
orden de someterlo a consideración del Congreso de la República (art. 189 No. 2
C.P.).
Fase legislativa
D.- Presentación del proyecto
de ley aprobatoria ante el Senado de la República por parte del Gobierno (art.
154 C.P.).
E.- Publicación oficial del
proyecto de ley aprobatoria (art. 156 Ley 5ª de 1992)
F.- Inicio del trámite
legislativo en la comisión correspondiente del Senado de la República (art. 154
C.P.)
G.- Publicación de la
ponencia para debate en comisión y plenaria (art. 157 y 185 Ley 5ª de 1992)
H.- Anuncio previo de
votación (art. 160 C.P. adicionado por el art. 8 Acto Legislativo 03 de 2003)
11.
La Corte ha definido el objetivo del anuncio previo de los proyectos
de ley, a partir de su estrecha relación con la eficacia del principio democrático.
En ese sentido, lo que pretende con esta exigencia constitucional es que los
congresistas conozcan con la suficiente antelación el momento en que las
iniciativas se someterán a consideración de las cámaras, sin que sean
sorprendidos por votaciones inesperadas. Es una condición de racionalidad mínima
del trabajo legislativo y de trasparencia en el proceso de creación legal[23].
12.
Las subreglas jurisprudenciales[24] para analizar el cumplimiento del
anuncio previo como requisito son:
(i) No exige el uso de
fórmulas sacramentales: No se impone el uso de expresiones lingüísticas
determinadas, lo importante es que tengan la entidad suficiente para transmitir
inequívocamente la intención de someter a votación un determinado proyecto. La
Corte ha aceptado el uso de expresiones como “anunciar”, “discutirán”
y “aprobarán”.
(ii) Determinación de la
sesión futura en que tendrá lugar la votación del proyecto, pues, lo contrario,
hace de aquél un anuncio no determinado ni determinable que no cumple con la
exigencia constitucional: si bien la exigencia constitucional parte
de que en una deliberación anterior se anuncien los proyectos que serán
discutidos y votados en una sesión posterior, no es necesario indicar la fecha
exacta en que habrá de realizarse la votación, siempre que sea determinable.
Esta Corporación ha avalado expresiones como: “próximo martes”,
“próxima sesión”, “próxima semana”, “siguiente sesión” y “día
de mañana”.
(iii) Continuación de la
cadena de anuncios por aplazamiento de la votación. Sin embargo ante su
ruptura, no existe vicio de procedimiento cuando el proyecto hubiere sido
anunciado para debate en sesión anterior a la aprobación: frente al
aplazamiento indefinido de la votación debe continuarse la sucesión de anuncios
a fin de evitar el rompimiento de la secuencia temporal del aviso. Sin embargo,
no se desconoce la exigencia constitucional cuando a pesar de presentarse dicha
ruptura, existió claridad de que se realizaría el debate en la sesión en que
efectivamente se debatió y aprobó el proyecto de ley.
(iv) Se cumple con el
requisito de anuncio previo del debate cuando a pesar de no efectuarse la
votación en la fecha prevista, finalmente ésta se realiza en la primera ocasión
en que vuelve a sesionarse, lo cual puede corroborarse atendiendo el orden
sucesivo de las actas de comisión o plenaria de cada Corporación legislativa[25].
De esta manera, la Corte
reitera las subreglas jurisprudenciales relacionadas con la exigencia del
anuncio previo de los proyectos de ley.
I.- Votación y exigencias de
quorum y mayorías (art. 145 y 146 C.P.)
13.
El quórum deliberatorio será de una cuarta parte de los miembros
del Congreso en pleno, Cámara o Comisión. El quórum decisorio exige la
asistencia de la mayoría de los integrantes de la respectiva Corporación. En
relación con la toma de decisión, se requerirá la mayoría de votos de los
asistentes, salvo que la Constitución exija expresamente una mayoría especial.
J.- Requisito temporal
(art. 160 C.P.)
14.
Respecto del tiempo que debe transcurrir entre los debates, se
tiene que entre el primer y segundo debate debe mediar un lapso no inferior a 8
días y que entre la aprobación del proyecto en una de las cámaras y la
iniciación del debate en la otra, deben transcurrir por lo menos 15 días.
Además, el trámite del
proyecto de ley aprobatoria no podrá exceder 2 legislaturas (art. 162 C.P.)
Fase posterior a la legislativa
K.- Sanción Presidencial y
remisión del texto a la Corte Constitucional dentro de los 6 días siguientes
(art. 241–10 CP)
Aplicación de las reglas
jurisprudenciales para la revisión material de constitucionalidad del Acuerdo
internacional y de su ley aprobatoria, en el caso concreto
15.
La revisión material se realiza mediante la confrontación del
contenido del texto del acuerdo internacional y el de su ley aprobatoria, con
las disposiciones constitucionales, para determinar si se ajustan o no a la
Norma Superior.
Establecido el marco de análisis, esta Corporación asume la
revisión integral del “Acuerdo Marco entre las Naciones Unidas y el Gobierno
de la República de Colombia relativo a las contribuciones al sistema de
Acuerdos de Fuerzas de Reserva de las Naciones Unidas para las operaciones de
mantenimiento de la paz” suscrito en la ciudad de Nueva York el 26 de enero
de 2015 y de su Ley aprobatoria 1794 del 11 de julio de 2016.
Revisión formal de
constitucionalidad de la Ley 1794 del 11 de julio de 2016
16.
Procede la Sala a realizar la revisión formal de
constitucionalidad del trámite de expedición de la Ley 1794 del 11 de julio de
2016, con base en las reglas y subreglas jurisprudenciales definidas
anteriormente.
Fase previa gubernamental
17.
De conformidad con lo establecido en el numeral 8º del artículo
9º del Decreto 869 de 2016 “Por medio del cual se modifica la estructura del
Ministerio de Relaciones Exteriores y se dictan otras disposiciones”, la
Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales que hace parte del
Despacho de la Canciller, tiene la función de tramitar los plenos poderes que
deben acreditar los representantes del Estado colombiano para la suscripción de
tratados internacionales.
18.
El Tratado celebrado entre la República de Colombia y la
Organización de Naciones Unidas, fue suscrito en Nueva York el 26 de enero de
2015 y la representación del Estado colombiano fue ejercida por el Ministro de
Defensa, Juan Carlos Pinzón Bueno, quien contaba con plenos poderes para
suscribir el referido acuerdo a través de la concesión otorgada por la Ministra
de Relaciones Exteriores el 20 de enero de ese mismo año[26].
De las referidas
circunstancias se advierte que la representación del Estado fue válida,
a la luz del literal a) del numeral 2º del artículo 7º de la Convención de
Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, disposición que considera que
los Jefes de Estado, los Jefes de Gobierno y los Ministros de Relaciones Exteriores
representan a los Estados para la ejecución de todos los actos relativos a la
celebración de un tratado. En esta oportunidad, dicha representación se ejerció
por medio del Ministro de Defensa quien contó con los plenos poderes otorgados
por la Ministra de Relaciones Exteriores, por lo que la representación del
Estado colombiano se encuentra válidamente acreditada en la suscripción del
presente Acuerdo.
Análisis de consulta previa
en el caso concreto
Como fue visto previamente,
las subreglas que la Corte ha asumido en reiterada jurisprudencia sobre el
derecho a la consulta previa en general, y sobre su aplicación en los tratados
internacionales en particular, pueden ser resumidas de la siguiente forma:
(i)   la diversidad de identidades étnicas y culturales es materia de
especial protección y reconocimiento constitucional;
(ii) estas
cláusulas protegen tanto a comunidades indígenas como afrodescendientes;
(iii)
una de las formas de materializar dicha protección se da con el
derecho a la participación que le asiste a los pueblos interesados, cuando se
va a tomar una medida legislativa o administrativa que los pueda afectar de
forma directa, incluidas las leyes aprobatorias de tratados internacionales;
(iv)
algunos criterios generales para determinar la afectación directa
pueden encontrarse en las materias concernientes a la confirmación de la entidad
de dichas comunidades, por ejemplo: la definición o alteración de su
territorio, la explotación de recursos naturales y los temas relacionados con
las entidades locales de las unidades territoriales de dichos pueblos;
(v) en
el caso de tratados internacionales en los que sea obligatorio adelantar la
consulta previa, la ley
aprobatoria debe someterse al proceso antes de que se presente la norma para su
aprobación en el Congreso de la República;
(vi)
cuando se trate de
medidas legislativas o administrativas que se adopten como consecuencia de la
aprobación de un tratado internacional, la pertinencia de la consulta previa
deberá analizarse en cada ocasión y, si reúne las características que la hagan
obligatoria, deberá llevarse a cabo antes de la aprobación de la medida
legislativa o administrativa.
La Corte encuentra que, en
este caso, no era obligatorio adelantar el proceso de consulta previa por las
siguientes razones. En primer lugar, se trata de una ley aprobatoria de un
tratado cuyo objeto principal es establecer el marco para la contribución del Estado
a las operaciones de mantenimiento de la paz que adelantan las Naciones Unidas,
las cuales se desarrollan por fuera del territorio colombiano, por lo tanto, en
principio, no es necesario adelantar ese procedimiento. En segundo lugar, visto
el contenido material del tratado, es claro que no se refiere de manera directa
y expresa a aquellos elementos que, prima facie, deben ser protegidos a
través de la consulta. En efecto, el tratado no pretende redefinir o alterar el
territorio de comunidades indígenas o afrodescendientes, no se refiere a la
explotación de recursos naturales en territorios determinados donde habiten
estas comunidades y tampoco se refiere a temas relacionados con las entidades
locales de las unidades territoriales de dichos pueblos.
Aprobación presidencial del
tratado y orden de someterlo a consideración del Congreso de la República
19.
El 18 de marzo de 2015 se impartió la respectiva aprobación
ejecutiva por parte del Presidente de la República y la Ministra de Relaciones
Exteriores, María Ángela Holguín y se ordenó que el Acuerdo se sometiera a
consideración del Congreso de la República[27], por lo que se cumplió con la
obligación contenida en el numeral 2º del artículo 189 de la Constitución Política,
que establece como una de las funciones del Presidente de la República la
celebración de tratados internacionales y el deber de someterlos a la
aprobación del Congreso.
Fase Legislativa
Trámite en el Senado de la
República
Presentación y publicación
del proyecto de ley aprobatoria ante el Senado de la República por parte del
Gobierno
20.
Los Ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional presentaron
el 18 de marzo de 2015, en la Secretaría General del Senado de la República, el
proyecto de ley aprobatoria del Acuerdo Marco entre las Naciones Unidas y el
Gobierno de la República de Colombia relativo a las contribuciones al sistema
de Acuerdos de Fuerzas de Reserva de las Naciones Unidas para las operaciones
de mantenimiento de la paz, que fue radicado bajo el número 164 de 2015[28].
21.
La publicación del proyecto de la ley aprobatoria junto con
su exposición de motivos, se realizó inicialmente en la Gaceta del Congreso
número 270 de 2015[29]. Advertida la publicación oficial del
proyecto de ley se tiene por cumplido el requisito formal de publicidad
previsto en el artículo 156 de la Ley 5ª de 1992.
Inicio del trámite
legislativo en la comisión constitucional competente
Publicación de la ponencia
para debate en comisión
22.
La publicación de la ponencia favorable para primer debate en el
Senado se realizó en la Gaceta del Congreso No. 337 del 27 de mayo de 2015[30],
en cumplimiento del artículo 157 de la Ley 5ª de 1992.
Anuncio previos a la votación
23.
El anuncio para la discusión y votación del Proyecto en primer
debate, se realizó el 28 de mayo de 2015[31], en los siguientes
términos:
El
Secretario de la Comisión, doctor Diego Alejandro González:
Procede
con el anuncio de proyectos de ley: por instrucciones del señor Presidente de
la Comisión, me permito adelantar los anuncios para discusión y votación de
proyectos de ley en la próxima sesión.
-
Proyecto de ley número  164 de 2015
Senado,
-
por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo Marco entre las
Naciones Unidas y el Gobierno de la República de Colombia relativo a las
contribuciones al sistema de acuerdos de fuerzas de reserva de las Naciones
Unidas, para las operaciones de mantenimiento de la paz”, suscrito en la ciudad
de Nueva York el 26 de enero de 2015.
-
Autores:
Ministra de Relaciones Exteriores, doctora María Ángela Holguín Cuéllar y
Ministro de Defensa Nacional, doctor Juan Carlos Pinzón Bueno.
Ponente:
honorable Senador Jimmy Chamorro Cruz.
Publicaciones
texto del proyecto de ley: Gaceta del Congreso número 270 de
2015.
Ponencia
Primer Debate: Gaceta del Congreso número 337 de 2015.
Con fundamento en lo
anterior, esta Corte concluye que en primer debate, se cumplió con el requisito
del anuncio previo exigido en los artículos 160 de la Constitución Política y
157 del Reglamento del Congreso. En efecto, para anunciar con la debida
antelación el debate del proyecto de ley, se usó la expresión “Próxima
sesión”, en el caso de la Comisión Segunda del Senado.
No fueron hechos más
anuncios, pues la ponencia se aprobó el día 2 de junio de 2015, que corresponde
a la sesión siguiente al anuncio.
Votación
24.
La discusión y aprobación del proyecto en primer debate, se
realizó el día que fueron anunciadas, es decir en la sesión del 2 de junio de
2015, tal y como se demuestra en el Acta No. 34, publicada en la Gaceta del
Congreso No. 717 del 17 de septiembre del mismo año. Inicialmente hubo quorum
deliberatorio, como se evidencia en la Gaceta anteriormente referida en la que
se consagra lo siguiente:
“Siendo las 10:30 a. m. del martes 2 de
junio del año dos mil quince (2015), previa convocatoria hecha por el señor
Secretario de la Comisión Segunda, doctor Diego Alejandro González
González, se reunieron los honorables Senadores para sesionar en la
Comisión.
El señor Presidente, honorable Senador
Jimmy Chamorro Cruz, declara abierta la sesión. Buenos días, señor Secretario,
sírvase llamar a lista y verificar el quorum.
El señor Secretario, doctor Diego
Alejandro González González: procedo con el llamado a lista, señor Presidente.
Honorables Senadores:
Avirama
Marco Aníbal
Presente
Barón
Neira León Rigoberto
Presente
Cepeda
Castro Iván
Chamorro
Cruz William Jimmy
Presente
Durán
Barrera Jaime Enrique
Galán
Pachón Carlos Fernando
García
Romero Teresita
Holguín
Moreno Paola Andrea
Presente
Lizcano
Arango Óscar Mauricio
Name
Cardozo José David
Osorio
Salgado Nidia Marcela
Vega de
Plazas Thania
Presente
Velasco
Chaves Luis Fernando
Con excusa el honorable Senador
Carlos Fernando Galán Pachón.
El señor Secretario, doctor Diego
Alejandro González González: le informo, señor Presidente, que han contestado a
lista cinco honorables Senadores; en consecuencia, se registra quorum para
deliberar”[32].
25.
La forma de votación fue nominal y pública[33],
regla general para la adopción de decisiones en el Congreso de la República[34],
y se dividió de la siguiente manera:
(i)   Sobre la proposición positiva
con que terminó el informe de ponencia, hubo 7 votos a favor y 1 en contra.
(ii) En relación con la omisión de lectura del
articulado y a la votación en bloque del mismo, 8 senadores votaron por el sí y
1 por el no.
(iii)
Respecto
de la votación del título del proyecto y la aprobación para segundo debate hubo
7 votos a favor y 1 en contra.
De esta forma se verifica el
cumplimiento del requisito de votación nominal y pública establecido en los
artículos 133 Superior y 129 de la Ley 5ª de 1992.
26.
El detalle de la votación puede verse en el Acta No. 34 del 2 de
junio de 2015 del Senado, publicada en la Gaceta del Congreso No. 717 de 2015.
La votación de la proposición positiva con que terminó el informe de ponencia,
fue la siguiente:
“La señora Presidenta, honorable Senadora
Nidia Marcela Osorio Salgado:
Solicito al señor Secretario se sirva
llamar a lista para votar de manera nominal el informe con el cual termina la
ponencia del Proyecto de ley número 164 de 2015 Senado, por medio
de la cual se aprueba el “Acuerdo Marco entre las Naciones Unidas y el Gobierno
de la República de Colombia relativo a las contribuciones al sistema
de acuerdos de Fuerzas de Reserva de las Naciones Unidas para las operaciones
de mantenimiento de la paz”, suscrito en la ciudad de Nueva York el 26 de enero
de 2015.
El señor Secretario, doctor Diego Alejandro González González:
Señora Presidenta, honorables Senadores,
para la aprobación de la proposición final con que termina el informe de
ponencia del Proyecto de ley número 164 de 2015 Senado,
procedo con el llamado a lista:
Avirama
Avirama Marco Aníbal
Sí
Barón
Neira León Rigoberto
Sí
Cepeda
Castro Iván
No
Chamorro
Cruz William Jimmy
Sí
Durán
Barrera Jaime Enrique
Galán
Pachón Carlos Fernando
García
Romero Teresita
Holguín
Moreno Paola Andrea
Sí
Lizcano
Arango Óscar Mauricio
Sí
Name
Cardozo José David
Osorio
Salgado Nidia Marcela
Sí
Vega de
Plazas Thania
Sí
Velasco
Chaves Luis Fernando
El señor Secretario, doctor Diego Alejandro González González:
Le informo, señora Presidente, que han votado siete (7) honorables
Senadores por el sí, un (1) honorable Senador por el no. En consecuencia, ha
sido aprobada la proposición con que termina el informe de ponencia del Proyecto
de ley número 164 de 2015 Senado, por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo
Marco entre las Naciones Unidas y el Gobierno de la República de
Colombia relativo a las contribuciones al sistema de acuerdos de Fuerzas de
Reserva de las Naciones Unidas para las operaciones de mantenimiento de la paz”, suscrito
en la ciudad de Nueva York el 26 de enero de 2015”[35].
La votación sobre la omisión
de lectura del articulado y la votación en bloque del mismo, se realizó de la
siguiente manera:
“La señora Presidenta, honorable Senadora Nidia Marcela Osorio
Salgado:
Sírvase, señor Secretario, dar lectura al articulado del proyecto.
Tiene la palabra el Senador Chamorro.
Interviene el honorable Senador Jimmy Chamorro Cruz:
Gracias, Presidente. Solicito la omisión de la lectura del
articulado y se someta a consideración el articulado del Convenio y los tres
artículos con los cuales se aprueba dicho Convenio en bloque.
La señora Presidenta, honorable Senadora Nidia Marcela Osorio
Salgado:
Señor Secretario, procedamos con lo que propone el Senador, de
omitir la lectura y el articulado del proyecto. Lo sometemos a consideración.
El señor Secretario, doctor Diego Alejandro González González:
Señora Presidenta, honorables Senadores, la votación para la
omisión de la lectura del articulado y el articulado del proyecto de ley No.
Avirama
Avirama Marco Aníbal
Sí
Barón
Neira León Rigoberto
Sí
Cepeda
Castro Iván
No
Chamorro
Cruz William Jimmy
Sí
Durán
Barrera Jaime Enrique
Galán
Pachón Carlos Fernando
García
Romero Teresita
Sí
Holguín
Moreno Paola Andrea
Sí
Lizcano
Arango Óscar Mauricio
Sí
Name
Cardozo José David
Osorio
Salgado Nidia Marcela
Sí
Vega de
Plazas Thania
Sí
Velasco
Chaves Luis Fernando
El señor Secretario, doctor Diego Alejandro González González:
Le informo, señora Presidente, que han votado ocho honorables
Senadores por el sí, un Honorable Senador por el no. En consecuencia, ha sido
aprobada la omisión de la lectura del articulado y el articulado del Proyecto
de ley número 164 de 2015 Senado, por medio de la cual se aprueba el
“Acuerdo Marco entre las Naciones Unidas y el Gobierno de la República de
Colombia relativo a las contribuciones al sistema de acuerdos de Fuerzas de
Reserva de las Naciones  Unidas para las operaciones de mantenimiento de
la paz”, suscrito en la ciudad de Nueva York el 26 de enero de 2015”[36].
La votación del título del
proyecto y para que el proyecto tuviera segundo debate de ley fue la siguiente:
La señora Presidenta, honorable Senadora Nidia Marcela Osorio
Salgado:
Continuamos con el título del proyecto.
Sírvase, señor Secretario, dar lectura al título del proyecto.
El señor Secretario, doctor Diego
Alejandro González González, da lectura al título del proyecto: por medio
de la cual se aprueba el “Acuerdo Marco entre las Naciones Unidas y el Gobierno
de la República de Colombia relativo a las contribuciones al sistema
de acuerdos de Fuerzas de Reserva de las Naciones Unidas para las operaciones
de mantenimiento de la paz” suscrito en la ciudad de Nueva York el 26 de enero
de 2015.
Está leído el título del proyecto, señora
Presidente.
La señora Presidenta, honorable Senadora
Nidia Marcela Osorio Salgado:
En consideración el título del proyecto,
se somete a votación, pregunto por el querer de la Comisión que este
proyecto tenga segundo debate.
El señor Secretario, doctor Diego
Alejandro González González:
Señora Presidenta, honorables Senadores:
Avirama Avirama Marco
Aníbal
Sí
Barón
Neira León Rigoberto
Sí
Cepeda
Castro Iván
No
Chamorro
Cruz William Jimmy
Sí
Durán
Barrera Jaime Enrique
Galán
Pachón Carlos Fernando
García
Romero Teresita
Sí
Holguín
Moreno Paola Andrea
Sí
Lizcano
Arango Óscar Mauricio
Name
Cardozo José David
Osorio
Salgado Nidia Marcela
Sí
Vega de
Plazas Thania
Sí
Velasco
Chaves Luis Fernando
El señor Secretario, doctor Diego Alejandro González González:
Le informo, señora Presidente, que han votado siete honorables
Senadores por el sí, un honorable Senador por el no. En consecuencia, ha sido
aprobado el título del proyecto de ley y el querer de los honorables Senadores
que este proyecto de ley tenga segundo debate.
Trámite en la plenaria del
Senado de la República
27.
La publicación del informe de ponencia favorable para
segundo debate en Plenaria de Senado, se realizó en la Gaceta del Congreso No.
648 del 1º de septiembre de 2015, en cumplimiento de los artículos 185 y 157
del Reglamento del Congreso de la República.
Anuncios previos a la
votación
28.
La cadena de anuncios previos del proyecto de ley para su
aprobación en segundo debate en Plenaria de Senado, se desarrolló de la
siguiente manera:
Acta
Anuncio previo
Fecha de sesión del anuncio
Forma del anuncio
Próxima sesión
15
8 de septiembre de 2015[37]
Por
instrucciones de la Presidencia y, de conformidad con el Acto Legislativo 01
de 2003, por Secretaría se anuncian los proyectos que se discutirán y
aprobarán en la próxima sesión.
Sí señor
Presidente, es el punto de anuncios de proyectos de ley y actos legislativos
para ser considerados y votados en la sesión plenaria del honorable Senado de
la República siguiente a la del martes 8 de septiembre de 2015.
Proyecto
de ley número 164 de 2015 Senado, por medio de la cual se aprueba el
¿Acuerdo marco entre las Naciones Unidas y el Gobierno de la República de
Colombia relativo a las contribuciones al Sistema de Acuerdos de Fuerzas de
Reserva de las Naciones Unidas para las operaciones de mantenimiento de la
paz, suscrito en la ciudad de Nueva York, el 26 de enero de 2015
9 de septiembre de 2015
16
9 de septiembre de 2015[38]
Por
instrucciones de la Presidencia y, de conformidad con el Acto Legislativo 01
de 2003, por Secretaría se anuncian los proyectos que se discutirán y
aprobarán en la próxima sesión.
Señor
Presidente, los proyectos que serán votados en la próxima sesión plenaria con
base en la aclaración realizada el 21 de julio, Sentencia  C-930 del 2014.
(…)
Proyecto
de ley número 164 de 2015 Senado, por medio de la cual se aprueba el
¿Acuerdo marco entre las Naciones Unidas y el Gobierno de la República de
Colombia relativo a las contribuciones al Sistema de Acuerdos de Fuerzas de
Reserva de las Naciones Unidas para las operaciones de mantenimiento de la
paz, suscrito en la ciudad de Nueva York, el 26 de enero de 2015
15 de septiembre de 2015
17
15 de septiembre de 2015[39]
Por
instrucciones de la Presidencia y, de conformidad con el Acto Legislativo
número 01 de 2003, por Secretaría se anuncian los proyectos que se discutirán
y aprobarán en la próxima sesión.
Señor
Presidente, los siguientes son los proyectos de ley que serán votados en la
próxima Sesión Plenaria de conformidad con la declaración realizada el 21 de
julio en Sentencias C-930 del 2014.
(…)
Proyecto
de ley número 164 de 2015 Senado, por medio de la cual se aprueba el
¿Acuerdo marco entre las Naciones Unidas y el Gobierno de la República de
Colombia relativo a las contribuciones al Sistema de Acuerdos de Fuerzas de
Reserva de las Naciones Unidas para las operaciones de mantenimiento de la
paz, suscrito en la ciudad de Nueva York, el 26 de enero de 2015
16 de septiembre de 2015
18
16 de septiembre de 2015[40]
Por
instrucciones de la Presidencia y, de conformidad con el Acto Legislativo
número 01 de 2003, por Secretaría se anuncian los proyectos que se discutirán
y aprobarán en la próxima sesión.
Sí señor
Presidente. Se trata de los anuncios. Anuncio de Acto Legislativo y de
Proyectos de Ley para ser considerados y votados en la sesión plenaria del
honorable Senado de la República, siguiente a la del miércoles 16 de
septiembre de 2015
(…)
Proyecto
de ley número 164 de 2015 Senado, por medio de la cual se aprueba el
¿Acuerdo marco entre las Naciones Unidas y el Gobierno de la República de
Colombia relativo a las contribuciones al Sistema de Acuerdos de Fuerzas de
Reserva de las Naciones Unidas para las operaciones de mantenimiento de la
paz, suscrito en la ciudad de Nueva York, el 26 de enero de 2015
22 de septiembre de 2015
19
22 de septiembre de 2015[41]
Por
instrucciones de la Presidencia y, de conformidad con el Acto Legislativo 01
de 2003, por Secretaría se anuncian los proyectos que se discutirán y
aprobarán en la próxima sesión.
Anuncio de
proyectos, anuncio de proyectos de Ley y Acto Legislativo que serán
considerados y votados en la sesión plenaria del honorable Senado de la
República, siguiente a la del martes 22 de septiembre de 2015. Se hace los
anuncios de acuerdo con lo establecido en la sentencia C-930 de 2014 de la
honorable Corte Constitucional
(…)
Proyecto
de ley número 164 de 2015 Senado, por medio de la cual se aprueba el
¿Acuerdo marco entre las Naciones Unidas y el Gobierno de la República de
Colombia relativo a las contribuciones al Sistema de Acuerdos de Fuerzas de
Reserva de las Naciones Unidas para las operaciones de mantenimiento de la
paz¿, suscrito en la ciudad de Nueva York, el 26 de enero de 2015
29 de septiembre de 2015
20
29 de septiembre de 2015[42]
Por
instrucciones de la Presidencia y, de conformidad con el Acto Legislativo
número 01 de 2003, por Secretaría se anuncian los proyectos que se discutirán
y aprobarán en la próxima sesión.
Sí señor
Presidente. Lectura de anuncios.
(…)
Proyecto
de ley número 164 de 2015 Senado, por medio de la cual se aprueba el
¿Acuerdo marco entre las Naciones Unidas y el Gobierno de la República de
Colombia relativo a las contribuciones al Sistema de Acuerdos de Fuerzas de
Reserva de las Naciones Unidas para las operaciones de mantenimiento de la
paz¿, suscrito en la ciudad de Nueva York, el 26 de enero de 2015
30 de septiembre de 2015
21
30 de septiembre de 2015[43]
Por
instrucciones de la Presidencia y, de conformidad con el Acto Legislativo
número 01 de 2003, por Secretaría se anuncian los proyectos que se discutirán
y aprobarán en la próxima sesión.
(…)
Proyecto
de ley número 164 de 2015 Senado, por medio de la cual se aprueba el
¿Acuerdo marco entre las Naciones Unidas y el Gobierno de la República de
Colombia relativo a las contribuciones al Sistema de Acuerdos de Fuerzas de
Reserva de las Naciones Unidas para las operaciones de mantenimiento de la
paz¿, suscrito en la ciudad de Nueva York, el 26 de enero de 2015
7 de octubre de 2015
22
7 de octubre de 2015[44]
El
Presidente de la Corporación honorable Senador Luis Fernando Velasco Chaves
aplaza la discusión y votación del proyecto de ley número 164 de 2014 Senado,
para la próxima sesión.
Por
instrucciones de la Presidencia y, de conformidad con el Acto Legislativo
número 01 de 2003, por Secretaría se anuncian los proyectos que se discutirán
y aprobarán en la próxima sesión.
Sin fecha,
siguiente a la de hoy.
(…)
Proyecto
de ley número 164 de 2015 Senado, por medio de la cual se aprueba el
¿Acuerdo marco entre las Naciones Unidas y el Gobierno de la República de
Colombia relativo a las contribuciones al Sistema de Acuerdos de Fuerzas de
Reserva de las Naciones Unidas para las operaciones de mantenimiento de la
paz¿, suscrito en la ciudad de Nueva York, el 26 de enero de 2015
13 de octubre de 2015
23
13 de octubre de 2015[45]
Por
instrucciones de la Presidencia y de conformidad con el Acto Legislativo 01
de 2003, por Secretaría se anuncian los proyectos que se discutirán y
aprobarán en la próxima sesión.
Sí señor
Presidente, anuncio de proyectos de ley y Acto Legislativo que serán
considerados y votados en la sesión plenaria del Senado de la República
siguiente a la del día martes 13 de octubre de 2015, de acuerdo con la
Sentencia C-930 de 2014, se hace los siguientes anuncios:
(…)
Proyecto
de ley número 164 de 2015 Senado, por medio de la cual se aprueba el
¿Acuerdo marco entre las Naciones Unidas y el Gobierno de la República de
Colombia relativo a las contribuciones al Sistema de Acuerdos de Fuerzas de
Reserva de las Naciones Unidas para las operaciones de mantenimiento de la
paz¿, suscrito en la ciudad de Nueva York, el 26 de enero de 2015
27 de octubre de 2015
24
27 de octubre de 2015[46]
Por
instrucciones de la Presidencia y, de conformidad con el Acto Legislativo
número 01 de 2003, por Secretaría se anuncian los proyectos que se discutirán
y aprobarán en la próxima sesión.
Sí señor
Presidente,
Proyecto
de ley número 164 de 2015 Senado, por medio de la cual se aprueba el
¿Acuerdo marco entre las Naciones Unidas y el Gobierno de la República de
Colombia relativo a las contribuciones al Sistema de Acuerdos de Fuerzas de
Reserva de las Naciones Unidas para las operaciones de mantenimiento de la
paz¿, suscrito en la ciudad de Nueva York, el 26 de enero de 2015
28 de octubre de 2015
25
28 de octubre de 2015[47]
Por
instrucciones de la Presidencia y, de conformidad con el Acto Legislativo 01
de 2003, por Secretaría se anuncian los proyectos que se discutirán y
aprobarán en la próxima sesión.
Sí,
Presidente, anuncio de proyectos de ley, de acto legislativo, que serán
considerados y votados en la sesión plenaria del honorable Senado de la
República, siguiente a la del día miércoles 28 de octubre de 2015, estos
anuncios se realizan con base en la aclaración realizada el día 21 de julio,
de acuerdo con Sentencia C-930 de 2014 de la honorable Corte Constitucional.
(…)
Proyecto
de ley número 164 de 2015 Senado, por medio de la cual se aprueba el
¿Acuerdo marco entre las Naciones Unidas y el Gobierno de la República de
Colombia relativo a las contribuciones al Sistema de Acuerdos de Fuerzas de
Reserva de las Naciones Unidas para las operaciones de mantenimiento de la
paz¿, suscrito en la ciudad de Nueva York, el 26 de enero de 2015
3 de noviembre de 2015
26
3 de noviembre de 2015[48]
Por
instrucciones de la Presidencia y, de conformidad con el Acto Legislativo 01
de 2003, por Secretaría se anuncian los proyectos que se discutirán y
aprobarán en la próxima sesión.
Sí
Presidente, anuncios.
Proyecto
de ley número 164 de 2015 Senado, por medio de la cual se aprueba el
¿Acuerdo marco entre las Naciones Unidas y el Gobierno de la República de
Colombia relativo a las contribuciones al Sistema de Acuerdos de Fuerzas de
Reserva de las Naciones Unidas para las operaciones de mantenimiento de la
paz¿, suscrito en la ciudad de Nueva York, el 26 de enero de 2015
4 de noviembre de 2015
27
4 de noviembre de 2015[49]
Por
instrucciones de la Presidencia y, de conformidad con el Acto Legislativo
número 01 de 2003, por Secretaría se anuncian los proyectos que se discutirán
y aprobarán en la próxima sesión.
Sí
Presidente, hay esta, entonces pasa al primer Orden del Día para el martes,
los anuncios de acuerdo con el Orden del Día. Proyectos de ley que serán
votados, en la sesión del Senado de la República siguiente a la del día
miércoles 4 de noviembre de 2015.
(…)
Proyecto
de ley número 164 de 2015 Senado, por medio de la cual se aprueba el
¿Acuerdo marco entre las Naciones Unidas y el Gobierno de la República de
Colombia relativo a las contribuciones al Sistema de Acuerdos de Fuerzas de
Reserva de las Naciones Unidas para las operaciones de mantenimiento de la
paz¿, suscrito en la ciudad de Nueva York, el 26 de enero de 2015
10 de noviembre de 2015
28
10 de noviembre de 2015[50]
Por
instrucciones de la Presidencia y, de conformidad con el Acto Legislativo
número 01 de 2003, por Secretaría se anuncian los proyectos que se discutirán
y aprobarán en la próxima sesión:
Sí
Presidente, anuncios de ley, de proyectos de ley, de actos legislativos para
ser considerados y votados en la sesión plenaria del honorable Senado de la
República siguiente a la del martes 10 de noviembre de 2015:
(…)
Proyecto
de ley número 164 de 2015 Senado, por medio de la cual se aprueba el
¿Acuerdo marco entre las Naciones Unidas y el Gobierno de la República de
Colombia relativo a las contribuciones al Sistema de Acuerdos de Fuerzas de
Reserva de las Naciones Unidas para las operaciones de mantenimiento de la
paz¿, suscrito en la ciudad de Nueva York, el 26 de enero de 2015
11 de noviembre de 2015
29
11 de noviembre de 2015[51]
Por
instrucciones de la Presidencia y, de conformidad con el Acto Legislativo
número 01 de 2003, por Secretaría se anuncian los proyectos que se discutirán
y aprobarán en la próxima sesión.
Sí señor
Presidente, anuncio de proyectos de ley y de actos legislativos para ser
considerados y votados en la sesión plenaria del honorable Senado de la
República, que siga a la del día miércoles 11 de noviembre de 2015.
(…)
Proyecto
de ley número 164 de 2015 Senado, por medio de la cual se aprueba el
¿Acuerdo marco entre las Naciones Unidas y el Gobierno de la República de
Colombia relativo a las contribuciones al Sistema de Acuerdos de Fuerzas de
Reserva de las Naciones Unidas para las operaciones de mantenimiento de la
paz¿, suscrito en la ciudad de Nueva York, el 26 de enero de 2015
19 de noviembre de 2015
Conforme a lo expuesto, la
Sala considera que se ha cumplido con el requisito de anuncio previo del
proyecto de ley, al verificarse una cadena ininterrumpida de anuncios, y el uso
de expresiones “siguiente sesión” o similares, es completamente
determinable y verificable con el consecutivo de actas de sesión Plenaria de la
Cámara de Representantes, hasta la sesión del 19 de noviembre de 2015.
No fueron hechos más
anuncios, pues el proyecto se aprobó el día 19 de noviembre de 2015, sesión
siguiente a la realización del último anuncio.
29.
La aprobación del proyecto de ley en la Plenaria del Senado, como
se indicó previamente, se llevó a cabo el 19 de noviembre de 2015. Es evidente
que se realizó en un término superior a 8 días, en relación con la fecha
de aprobación del texto en primer debate efectuado en Comisión, que tuvo lugar
el 2 de junio de 2015, en aplicación de lo establecido en el artículo 160 de la
Constitución Política.
Votación
Como se evidencia en la
Gaceta del Congreso No. 935 de 2015[52], en la sesión del 7 de
octubre de 2015, se discutió y se aprobó la proposición con la que terminó el
informe de ponencia para segundo debate del proyecto objeto de revisión.
Posteriormente, la sesión se suspendió y se realizó el anuncio para continuar
la discusión y la aprobación del proyecto que se efectuó el 19 de noviembre
siguiente.
La votación de la proposición
con la que terminó el informe de ponencia fue nominal y pública y contó
con quorum deliberatorio y decisorio, de acuerdo con demostrado en la
Gaceta del Congreso No. 935 de 2015[53], el registro inicial fue de
95 Senadores y la votación dio como resultado 52  votos por el sí y 1 por el
no. Lo anterior se desarrolló de la siguiente manera:
“Proyecto
de ley número 164 de 2015 Senado, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo
Marco entre las Naciones Unidas y el Gobierno de la República de
Colombia relativo a las contribuciones al sistema de acuerdos de fuerzas de
reserva de las Naciones Unidas para las operaciones de mantenimiento de la paz suscrito en la ciudad de
Nueva York, el 26 de enero de 2015.
La
Presidencia indica a la Secretaría dar lectura a la proposición
con que termina el informe de ponencia.
Por
Secretaría se da lectura a la proposición positiva con que termina el informe
de ponencia al Proyecto de ley número 164 de 2015 Senado.
La
Presidencia somete a consideración de la Plenaria la proposición
positiva con que termina el informe de ponencia al Proyecto de ley número 164
de 2015 Senado y, cerrada su discusión, abre la votación e indica a la
Secretaría abrir el registro electrónico para proceder en forma nominal.
La
Presidencia cierra la votación e indica a la Secretaría cerrar
el registro electrónico e informar el resultado de la votación.
Por
Secretaría se informa el siguiente resultado:
Por el
Sí:     52
Por el
No:   01
Total:    53
Votos
Votación nominal a la
proposición positiva con que termina el Informe de Ponencia del Proyecto de ley
número 164 de 2015 Senado
por medio de la cual se
aprueba el ¿Acuerdo Marco entre las Naciones Unidas y el Gobierno de la
República de Colombia relativo a las contribuciones al Sistema de Acuerdos
de Fuerzas de Reserva de las Naciones Unidas para las Operaciones de
Mantenimiento de la Paz¿, suscrito en la ciudad de Nueva York, el 26 de
enero de 2015.
Honorables Senadores
Por el Sí
Aguilar
Hurtado Nerthink Mauricio
Amín
Hernández Jaime Alejandro
Araújo Rumié
Fernando Nicolás
Avirama
Avirama Marco Aníbal
Barón Neira
León Rigoberto
Barreras
Montealegre Roy Leonardo
Bustamante
García Éverth
Cabrera Báez
Ángel Custodio
Casado de
López Arleth Patricia
Castañeda
Serrano Orlando
Chamorro
Cruz William Jimmy
Correa
Borrero Susana
Cristo
Bustos Andrés
Delgado
Martínez Javier Mauricio
Delgado Ruiz
Édinson
Duque García
Luís Fernando
Enríquez
Rosero Manuel
Galán Pachón
Carlos Fernando
Galán Pachón
Juan Manuel
Galvis
Méndez Daira de Jesús
García
Burgos Nora María
García
Romero Teresita
García
Turbay Lidio Arturo
García
Zuccardi Andrés Felipe
Gaviria
Correa Sofía Alejandra
Gaviria
Vélez José Obdulio
Holguín
Moreno Paola Andrea
Hoyos
Giraldo Germán Darío
López
Hernández Claudia Nayibe
Martínez
Aristizábal Maritza
Mejía Mejía
Carlos Felipe
Merheg Marún
Juan Samy
Motoa
Solarte Carlos Fernando
Name Vásquez
Iván Leonidas
Ospina Gómez
Jorge Iván
Pestana
Rojas Yamina del Carmen
Prieto
Riveros Jorge Eliécer
Ramos Maya
Alfredo
Rangel
Suárez Alfredo
Restrepo
Escobar Juan Carlos
Rodríguez
Sarmiento Milton Árlex
Santos Marín
Guillermo Antonio
Serpa Uribe
Horacio
Soto
Jaramillo Carlos Enrique
Tamayo
Tamayo Fernando Eustacio
Tovar Rey Nohora Stella
Uribe Vélez
Álvaro
Valencia
Laserna Paloma Susana
Varón
Cotrino Germán
Vega Quiroz
Doris Clemencia
Velasco
Chaves Luis Fernando
Villalba
Mosquera Rodrigo.
Honorables Senadores
Por el No
Cepeda
Castro Iván.
07. X. 2015.
En
consecuencia, ha sido aprobada la proposición positiva con que termina el
informe de ponencia al Proyecto de ley número 164 de 2014 Senado.
El
Presidente de la Corporación honorable Senador Luis Fernando Velasco
Chaves aplaza la discusión y votación del proyecto de ley número 164 de 2014
Senado, para la próxima sesión.
Posteriormente, tal y como se
registra en el Acta No. 30 de 2015, en la sesión plenaria del 19 de noviembre
de la misma anualidad, se discutió y se aprobó la omisión de lectura del
articulado, su votación en bloque, el título y la continuación del trámite en
la Cámara de Representantes.
Dicha sesión contó con el quorum
deliberatorio y decisorio, de acuerdo con la certificación remitida por el
Secretario General del Senado de la República asistieron a la sesión 94
Senadores[54] y el debate y la aprobación se
efectuaron con la presencia de 52 senadores, como se evidencia en la
certificación anteriormente referida.
La votación del proyecto se
realizó de forma nominal y pública[55], regla general para la adopción de
decisiones en el Congreso de la República[56], y se dividió de la siguiente manera:
(i)   En relación con la omisión de
lectura del articulado y su votación en bloque, 50 senadores votaron por el sí
y 2 por el no.
(ii) Respecto de la votación del título del
proyecto y la continuación del trámite en la Cámara de Representantes hubo 51
votos a favor y 1 en contra.
La votación sobre la omisión
de lectura del articulado y la votación en bloque del mismo, se realizó de la
siguiente manera:
“Se abre segundo debate
La Presidencia concede el uso de la
palabra al honorable Senador ponente, William Jimmy Chamorro Cruz.
Palabras del honorable Senador William Jimmy
Chamorro Cruz.
Con la venia de la
Presidencia hace uso de la palabra el honorable Senador William Jimmy
Chamorro Cruz:
Gracias Presidente. Simplemente para el
título. Es el proyecto que tiene que ver con la cooperación de Colombia para lo
que concierne a las operaciones para el mantenimiento de la paz, con Naciones
Unidas.
La Presidencia somete a consideración
de la Plenaria la omisión de la lectura del articulado y cierra su
discusión.
La Presidencia somete a consideración
de la Plenaria el bloque del articulado Proyecto de ley número 164 de
2015 Senado y, cierra su discusión y pregunta: ¿Adopta la Plenaria el
articulado propuesto?
La Presidencia abre la votación de la omisión de la lectura del
articulado y el articulado en bloque del Proyecto de ley número 164 de 2015
Senado, e indica a la Secretaría abrir el registro electrónico para
proceder en forma nominal.
La Presidencia cierra la votación, e
indica a la Secretaría cerrar el registro electrónico e informar el
registro:
Por Secretaría se informa el siguiente
resultado:
Por el Sí: 50
Por el No: 02
Total: 52 Votos
Votación nominal a la omisión de la lectura
del articulado, bloque del articulado del Proyecto de ley número 164 de 2015
Senado
por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo Marco entre las Naciones
Unidas y el Gobierno de la República de Colombia relativo a las
contribuciones al sistema de acuerdos de fuerzas de reserva de las Naciones
Unidas para las Operaciones de Mantenimiento de la Paz",
suscrito en la ciudad de Nueva York, el 26 de enero de 2015.
Honorables Senadores
Por el Sí
Aguilar Hurtado Nerthink Mauricio
Amín Hernández Jaime Alejandro
Andrade Casamá Luís Évelis
Avirama Avirama Marco Aníbal
Barón Neira León Rigoberto
Cabrales Castillo Daniel Alberto
Cabrera Báez Ángel Custodio
Casado de López Arleth Patrícia
Castañeda Serrano Orlando
Chamorro Cruz William Jimmy
Correa Borrero Susana
Corzo Román Juan Manuel
Delgado Martínez Javier Mauricio
Duque Márquez Iván
Enríquez Maya Carlos Eduardo
Fernández Alcocer Mario Alberto
Galán Pachón Carlos Fernando
García Burgos Nora María
García Romero Teresita
Gaviria Correa Sofía Alejandra
Gaviria Vélez José Obdulio
Gerléin Echeverría Roberto Víctor
Guerra de la Espriella Antonio del
Cristo
Guerra de la Espriella María del
Rosario
Henríquez Pinedo Honorio Miguel
Holguín Moreno Paola Andrea
Lizcano Arango Óscar Mauricio
Macías Tovar Ernesto
Martínez Aristizábal Maritza
Martínez Rosales Rosmery
Mejía Mejía Carlos Felipe
Merheg Marún Juan Samy
Mora Jaramillo Manuel Guillermo
Navarro Wolff Antonio José
Osorio Salgado Nidia Marcela
Ospina Gómez Jorge Iván
Paredes Aguirre Myriam Alicia
Prieto Riveros Jorge Eliécer
Ramos Maya Alfredo
Restrepo Escobar Juan Carlos
Rodríguez Rengifo Roosvelt
Rodríguez Sarmiento Milton Arlex
Santos Marín Guillermo Antonio
Soto Jaramillo Carlos Enrique
Tovar Rey Nohora Stella
Uribe Vélez Álvaro
Valencia Laserna Paloma Susana
Vega de Plazas Ruby Thania
Vega Quiroz Doris Clemencia
Velasco Chaves Luis Fernando
Honorables Senadores
Por el No
López Maya Alexánder
Niño Avendaño Segundo Senén
19. XI. 2015
En consecuencia ha sido aprobada la omisión
de la lectura del articulado y el articulado en bloque del Proyecto de ley
número 164 de 2015 Senado”[57].
La votación del título del
proyecto y la continuidad del trámite legislativo en la Cámara de
Representantes fue la siguiente:
La Presidencia indica a la
Secretaría dar lectura al título del Proyecto.
Por Secretaría se da lectura al título del
Proyecto de ley número 164 de 2015 Senado, por medio de la cual se aprueba
el “Acuerdo Marco entre las Naciones Unidas y el Gobierno de la
República de Colombia relativo a las Contribuciones al Sistema de Acuerdos
de Fuerzas de Reserva de las Naciones Unidas para las Operaciones de Mantenimiento
de la Paz”, suscrito en la ciudad de Nueva York, el 26 de enero de
2015.
Leído este, la Presidencia somete a
consideración de la Plenaria, y cierra su discusión y pregunta: ¿Aprueban
los miembros de la Corporación el título leído?
Cumplidos los trámites constitucionales,
legales y reglamentarios, la Presidencia pregunta: ¿Quieren los
Senadores presentes que el Proyecto de ley aprobado surta su trámite en la
Cámara de Representantes?
La Presidencia abre la votación del
título y que surta su tránsito en la Cámara de Representantes el
Proyecto de ley número 164 de 2015 Senado e indica a la
Secretaría abrir el registro electrónico para proceder en forma nominal.
La Presidencia cierra la votación, e
indica a la Secretaría cerrar el registro electrónico e informar el
registro:
Por Secretaría se informa el siguiente
resultado:
Por el Sí: 51
Por el No: 01
Total: 52 Votos
Votación nominal al título y tránsito a la
otra Cámara del Proyecto de ley número 164 de 2015 Senado por medio
de la cual se aprueba el “Acuerdo Marco entre las Naciones Unidas y el Gobierno
de la República de Colombia relativo a las contribuciones al sistema
de acuerdos de fuerzas de reserva de las Naciones Unidas para las Operaciones
de Mantenimiento de la Paz”, suscrito en la ciudad
de Nueva York, el 26 de enero de 2015.
Honorables Senadores
Por el Sí
Aguilar Hurtado Nerthink Mauricio
Amín Hernández Jaime Alejandro
Andrade Casamá Luis Évelis
Avirama Marco Aníbal
Barón Neira León Rigoberto
Cabrales Castillo Daniel Alberto
Cabrera Báez Ángel Custodio
Casado de López Arleth Patrícia
Castañeda Serrano Orlando
Chamorro Cruz William Jimmy
Correa Borrero Susana
Corzo Román Juan Manuel
Delgado Martínez Javier Mauricio
Enríquez Maya Carlos Eduardo
Fernández Alcocer Mario Alberto
Galán Pachón Carlos Fernando
Galvis Méndez Daira de Jesús
García Burgos Nora María
García Romero Teresita
Gaviria Correa Sofía Alejandra
Gaviria Vélez José Obdulio
Gerléin Echeverría Roberto Víctor
Guerra de la Espriella Antonio del
Cristo
Guerra de la Espriella María del
Rosario
Henríquez Pinedo Honorio Miguel
Holguín Moreno Paola Andrea
Lizcano Arango Óscar Mauricio
Macías Tovar Ernesto
Martínez Aristizábal Maritza
Martínez Rosales Rosmery
Mejía Mejía Carlos Felipe
Merheg Marún Juan Samy
Mora Jaramillo Manuel Guillermo
Navarro Wolff Antonio José
Osorio Salgado Nidia Marcela
Ospina Gómez Jorge Iván
Paredes Aguirre Myriam Alicia
Prieto Riveros Jorge Eliécer
Ramos Maya Alfredo
Restrepo Escobar Juan Carlos
Rodríguez Rengifo Roosvelt
Rodríguez Sarmiento Milton Arlex
Santos Marín Guillermo Antonio
Soto Jaramillo Carlos Enrique
Tovar Rey Nohora Stella
Uribe Vélez Álvaro
Valencia Laserna Paloma Susana
Varón Cotrino Germán
Vega de Plazas Ruby Thania
Vega Quiroz Doris Clemencia
Velasco Chaves Luis Fernando
Honorables Senadores
Por el No
López Maya Alexánder
19. XI. 2015
En consecuencia ha sido aprobado título y que
surta su tránsito en la Cámara de Representantes el Proyecto de ley
número 164 de 2015 Senado.
Término de aprobación entre
las cámaras
30.
También se cumplió con el término establecido por el artículo 160
de la Constitución Política, dado que entre la aprobación del proyecto de ley
por la Plenaria del Senado de la República, efectuada el 30 de marzo de 2016 y
el primer debate y la aprobación por la Comisión Segunda de la Cámara de
Representantes, realizados el 13 y 14 de junio de la misma anualidad, medió
un tiempo superior a 15 días.
Trámite en la Cámara de
Representantes
31.
En la Cámara de Representantes se le asignó al proyecto el número
de radicación 166 de 2015.
Publicación de la ponencia
para debate en comisión
32.
En la Comisión Segunda Constitucional, el trámite inició con la
publicación del informe de ponencia favorable para primer debate en la Gaceta
del Congreso número 82 de 2016[58], en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 157 de la Ley 5ª de 1992.
Anuncios previos a la
votación
33.
El anuncio para la discusión y votación del proyecto en primer
debate, se realizó el 16 de marzo de 2016[59], en los siguientes
términos:
“Hace uso
de la palabra el Secretario General de la Comisión Segunda, doctor Benjamín
Niño Flórez:
Quinto punto. Anuncio de proyectos de ley.
Anuncio de
proyectos de ley para la próxima sesión de comisión, donde se sometan a
discusión y votación proyectos de ley para dar cumplimiento al artículo 8° del
Acto Legislativo número 01 de 2003”.
(…)
Proyecto
de ley número 166 de 2015 Cámara, 164 de 2015 Senado, por medio de la cual se
aprueba el “Acuerdo Marco entre las Naciones Unidas y el Gobierno de la
República de Colombia, relativo, a las contribuciones al sistema de
Acuerdos de Fuerzas de Reserva de las Naciones Unidas para las operaciones de
mantenimiento de la paz”, suscrita en la ciudad de Nueva York, el 26 de
enero de 2015”.
Con fundamento en lo anterior,
esta Corte concluye que en primer debate, se cumplió con el requisito del
anuncio previo exigido en los artículos 160 de la Constitución Política y 157
del Reglamento del Congreso. En efecto, para anunciar con la debida antelación
el debate del proyecto de ley, se usó la expresión “Próxima sesión”, de
la Comisión.
No fueron hechos más
anuncios, pues la ponencia se aprobó el día 30 de marzo de 2016, que
corresponde a la sesión siguiente al anuncio.
Votación
34.
La discusión y aprobación del proyecto en primer debate, se
realizó el día en que fue anunciada, es decir en la sesión del 30 de marzo de
2016, tal y como lo demuestra el Acta No. 20, publicada en la Gaceta del
Congreso No. 243 del 6 de mayo del mismo año.
35.
El inicio de la sesión del 30 de marzo de 2016 de la Comisión
Segunda de la Cámara de Representantes contó con quorum deliberatorio, pues de
los 19 integrantes de la comisión estuvieron presentes inicialmente 13, en el
transcurso de la sesión se presentaron 4 más y 2 representantes presentaron
excusa.
Para la aprobación del
proyecto de ley se cumplió, además, con el quorum decisorio, ya que se
contó con la presencia de la mayoría de sus integrantes.
La votación del proyecto se
realizó de forma nominal y pública[60], regla general para la adopción de
decisiones en el Congreso de la República[61], y se dividió de la siguiente manera:
(i)   Respecto del sentido con el
que termina el informe de ponencia, hubo 11 votos a favor y ninguno en contra.
(ii) En relación con el articulado, 11
representantes votaron por el sí y 0 por el no.
(iii)
Respecto
de la votación del título del proyecto hubo 11 votos a favor y ninguno en
contra.
La votación sobre sentido con
el que termina el informe de ponencia, se realizó de la siguiente manera:
“Hace uso
de la palabra el Secretario General de la Comisión Segunda, doctor
Benjamín Niño Flórez:
Presidenta en razón a estos proyectos de iniciativa de ley, debe ser
votación nominal, por lo tanto con su venia ponga a consideración el informe de
ponencia.
Votando sí, se aprueba el informe de ponencia, votando no, se
niega.
Agudelo
García Ana Paola
Sí
Barreto
Castillo Miguel Ángel
-
Cabello
Flórez Tatiana
Sí
Deluque
Zuleta Alfredo Rafael
-
Durán
Carrillo Antenor
Sí
Hoyos
Salazar Federico Eduardo
Sí
Merlano
Rebolledo Aída
-
Mesa
Betancur José Ignacio
Sí
Mizger
Pacheco José Carlos
Excusa
Orjuela
Gómez Pedro Jesús
Sí
Orozco
Vicuña Moisés
-
Pérez
Oyuela José Luis
Sí
Rosado
Aragón Álvaro Gustavo
Excusa
Torres
Monsalvo Efraín Antonio
Sí
Triana
Vargas María Eugenia
Sí
Uribe
Muñoz Alirio
-
Urrego
Carvajal Luis Fernando
Sí
Villamizar
Ortiz Andrés Felipe
Sí
Yepes
Martínez Jaime Armando
-
Señora
Presidenta han votado once (11) honorables Representantes y los once han votado
por el sí, por lo tanto ha sido aprobado el informe de ponencia”.
La votación del articulado
del proyecto fue la siguiente:
“Hace uso
de la palabra la señora Presidenta (e) de la Comisión Segunda, honorable
Representante Ana Paola Agudelo García:
Sírvase leer y poner a consideración el articulado del proyecto.
Hace uso
de la palabra el Secretario General de la Comisión Segunda, doctor
Benjamín Niño Flórez:
Son tres
artículos, me permito dar lectura a los tres artículos Presidenta, no existen
proposiciones.
Artículo 1°.
Apruébese el acuerdo Marco entre las Naciones Unidas y el Gobierno de la
República de Colombia relativo a las contribuciones al sistema de acuerdos
de Fuerzas de Reservas de las Naciones Unidas para las operaciones de
mantenimiento de la paz, suscrito en la ciudad de Nueva York, el 26 de enero de
2015.
Artículo 2°.
De conformidad con los dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7ª de
1994, el Acuerdo Marco entre las Naciones Unidas y el Gobierno de la
República de Colombia relativo a las contribuciones al sistema de acuerdos
de Fuerzas de reserva de las Nación es Unidas para las operaciones de
mantenimiento de la paz, suscrito en la ciudad de Nueva York, el 26 de enero de
2015, que por el artículo 1º de esta ley se aprueban, obligará a la República de
Colombia a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional
respecto del mismo.
Artículo 3°. La presente rige a partir de la fecha de su
publicación.
Firman, Representante Alfredo Deluque y María
Eugenia Triana.
Presidenta puede usted someter en bloque los tres artículos ya
leídos, nominalmente.
Hace uso
de la palabra la señora Presidenta (e) de la Comisión Segunda, honorable
Representante Ana Paola Agudelo García:
Sírvase
señor Secretario tomar nota de la votación si aprueban los honorables
Representantes el articulado del proyecto de ley en consideración.
Hace uso
de la palabra el Secretario General de la Comisión Segunda, doctor
Benjamín Niño Flórez:
Votando sí, se aprueba el articulado, votando no, se niega.
Agudelo
García Ana Paola
Sí
Barreto Castillo Miguel Ángel
-
Cabello Flórez Tatiana
Sí
Deluque Zuleta Alfredo Rafael
-
Durán Carrillo Antenor
Sí
Hoyos Salazar Federico Eduardo
Sí
Merlano Rebolledo Aída
-
Mesa Betancur José Ignacio
Sí
Mizger Pacheco José Carlos
Excusa
Orjuela Gómez Pedro Jesús
Sí
Orozco Vicuña Moisés
-
Pérez Oyuela José Luis
Sí
Rosado Aragón Álvaro Gustavo
Excusa
Torres Monsalvo Efraín Antonio
Sí
Triana Vargas María Eugenia
Sí
Uribe Muñoz Alirio
-
Urrego Carvajal Luis Fernando
Sí
Villamizar Ortiz Andrés Felipe
Sí
Yepes Martínez Jaime Armando
-
Señora
Presidenta han votado once (11) honorables Representantes y los once han votado
por el sí, por lo tanto ha sido aprobado el articulado del proyecto de ley”.
Finalmente, la
votación del título del proyecto de ley objeto se desarrolló de la siguiente
manera:
“Hace uso
de la palabra la señora Presidenta (e) de la Comisión Segunda, honorable
Representante Ana Paola Agudelo García:
Favor leer el título del proyecto.
Hace uso
de la palabra el Secretario General de la Comisión Segunda, doctor
Benjamín Niño Flórez:
Título. Por
medio de la cual se aprueba el Acuerdo Marco entre las Naciones Unidas y el
Gobierno de la República de Colombia, relativo a las contribuciones al
sistema de acuerdos de Fuerzas de Reservas de las Naciones Unidas para las
operaciones de mantenimiento de la paz, suscrito en la ciudad de Nueva York, el
26 de enero de 2015.
Presidenta
ha sido leído el título y puede usted también preguntar si quieren que este
proyecto de ley surta su segundo debate y se convierta en ley de la república y
se pueden votar conjuntamente título y pregunta.
Hace uso de la palabra la señora Presidenta (e)
de la Comisión Segunda, Ana Paola Agudelo García:
¿Aprueba la
Comisión el título del proyecto y la pregunta si quiere la
Comisión que este proyecto de ley pase a segundo debate y sea ley de la
república?
Hace uso
de la palabra el Secretario General de la Comisión Segunda, doctor
Benjamín Niño Flórez:
Presidenta,
de forma nominal me permito hacer llamado para la votación; título y pregunta.
Votando sí, se aprueba, votando no, se niega.
Agudelo
García Ana Paola
Sí
Barreto
Castillo Miguel Ángel
-
Cabello
Flórez Tatiana
Sí
Deluque
Zuleta Alfredo Rafael
-
Durán
Carrillo Antenor
Sí
Hoyos
Salazar Federico Eduardo
Sí
Merlano
Rebolledo Aída
-
Mesa
Betancur José Ignacio
Sí
Mizger
Pacheco José Carlos
Excusa
Orjuela
Gómez Pedro Jesús
Sí
Orozco
Vicuña Moisés
-
Pérez
Oyuela José Luis
Sí
Rosado
Aragón Álvaro Gustavo
Excusa
Torres
Monsalvo Efraín Antonio
Sí
Triana
Vargas María Eugenia
Sí
Uribe
Muñoz Alirio
-
Urrego
Carvajal Luis Fernando
Sí
Villamizar
Ortiz Andrés Felipe
Sí
Yepes
Martínez Jaime Armando
-
Señora
Presidenta han votado once (11) honorables Representantes y los once han votado
por el sí, por lo tanto ha sido aprobado el título del proyecto y la pregunta
del proyecto de ley en mención.
Hace uso de la palabra la señora Presidenta (e)
de la Comisión Segunda, Ana Paola Agudelo García:
Se designan
como ponentes para segundo debate a los honorables Representantes: Alfredo
Rafael Deluque Zuleta y a la doctora María Eugenia Triana Vargas. Tiene la
palabra al señor Viceministro, antes de continuar con el Orden del Día”.
Trámite en la Plenaria de la
Cámara de Representantes
36.
La publicación del informe de ponencia favorable para
segundo debate en Plenaria de la Cámara de Representantes, se realizó en la
Gaceta del Congreso No. 165 del 20 de abril de 2016[62],
en cumplimiento de los artículos 185 y 157 del Reglamento del Congreso de la
República.
37.
La cadena de anuncios previos del proyecto de ley para su
aprobación en segundo debate en Plenaria de Senado, se desarrolló de la
siguiente manera:
Acta
Anuncio previo
Fecha de sesión del anuncio
Forma del anuncio
Próxima sesión
142
1º de junio de 2016[63]
Presidente,
Alfredo Rafael Deluque Zuleta:
Gracias a
la Representante. Antes de proseguir, vamos a anunciar proyectos para la
sesión del martes próximo.
Subsecretaria
General, Yolanda Duque Naranjo:
Anuncio de
proyectos para la sesión plenaria del martes 7 de junio a las 2:00 p. m, o
para la siguiente sesión plenaria en la cual se debatan proyectos de ley,
actos legislativos.
(…)
Segundo.
Proyecto de ley número 166 del 2015 Cámara, 164 del 2015 Senado.
7 de junio de 2016
143
7 junio de 2016[64]
Subsecretaria
General,
Yolanda Duque Naranjo:
Se
anuncian los siguientes proyectos para la sesión plenaria del día 8 de junio
o para la siguiente sesión plenaria en la cual se debatan proyectos de ley o
actos legislativos.
Primero.
(…)
Proyectos
para segundo debate.
(…)
Proyecto
de ley número 166 de 2015 Cámara, 164 de 2015 Senado.
8 de junio de 2016
144
8 de junio de 2016[65]
Secretario
General, Jorge Humberto Mantilla Serrano:
Se
anuncian los siguientes proyectos para la Sesión del día de mañana 9 junio o
para cuando se tramiten proyectos de ley y actos legislativos.
Subsecretaria
General, Yolanda Duque Naranjo:
Se
anuncian los siguientes proyectos para la Sesión Plenaria del día 9 junio o
para la siguiente sesión Plenaria en la cual se debatan proyectos de ley o
actos legislativos.
(…)
Segundo.
Proyectos para segundo debate.
(…)
Cuarto. Proyecto
de ley número 166 de 2015 Cámara, 164 de 2015 Senado.
9 de junio de 2016
145
9 junio de 2016[66]
Intervención
de la Subsecretaria, Yolanda Duque Naranjo:
Se
anuncian los siguientes proyectos para la sesión plenaria del día lunes 13 de
junio o para la siguiente Sesión Plenaria en la cual se debatan proyectos de
ley o actos legislativos.
(…)
Segundo.
Proyectos
para segundo debate.
(…)
Proyecto
de ley número 166 de 2015 Cámara, 164 de 2015 Senado.
13 de junio de 2016
Conforme a lo expuesto, la
Sala considera que se ha cumplido con el requisito de anuncio previo del
proyecto de ley, al verificarse una cadena ininterrumpida de anuncios, y el uso
de expresiones “siguiente sesión” o similares, es completamente
determinable y verificable con el consecutivo de actas de sesión Plenaria de la
Cámara de Representantes, hasta la sesión del 9 de junio de 2016.
Como se evidencia en la
Gaceta del Congreso No. 584 de 2016[67],
en la sesión del 13 de junio de 2016, se discutió y aprobó el informe de
ponencia del proyecto objeto de revisión. Posteriormente, la sesión se
suspendió y se realizó el anuncio para continuar la discusión y la aprobación del
proyecto el 14 de junio siguiente. Dicha votación fue nominal y pública,
contó con quorum deliberatorio y decisorio, de acuerdo con la
certificación remitida por el Secretario General de la Cámara de Representantes[68],
el registro inicial fue de 154 Representantes y la votación dio como resultado
82 a votos por el sí y 3 por el no. Lo anterior se desarrolló de la siguiente
manera:
Dirección de la Presidencia, Alfredo
Rafael Deluque Zuleta:
Continúa en consideración el informe de ponencia, anuncio que va a
cerrarse la discusión, queda cerrada, señor Secretario por favor abra el
registro para votar.
Secretario General, Jorge Humberto Mantilla
Serrano:
Se abre el registro para votar la ponencia
donde pide que se le dé segundo debate a este proyecto.
María Eugenia Triana vota sí.
Subsecretaria General, Yolanda Duque Naranjo:
El Representante Jair Arango vota sí.
Cárdenas Morán Jhon Jairo dejó abierto el registro.
Hoyos Mejía Samuel Alejandro dejó abierto el
registro.
Prada Artunduaga Álvaro Hernán dejó abierto el
registro.
Dirección de la Presidencia, Alfredo
Rafael Deluque Zuleta:
Señor Secretario, por favor, cierre el
registro.
Subsecretaria General, Yolanda Duque Naranjo:
Por favor señores de cabina cerrar el
registro.
Secretario General, Jorge Humberto Mantilla
Serrano:
La votación final es la siguiente:
Por el SÍ 80 votos electrónicos por el SÍ, y 2 votos manuales por el SÍ;
para un total de 82 votos por el SÍ.
Por el NO 3 votos electrónicos, ninguno
manual; para un total por el NO de 3 votos.
Señor Presidente, ha sido aprobada la ponencia
que busca que este proyecto se le dé segundo debate.
Registros de votación
Resultados de grupo
Partido 100% Colombiano
Sí
2
No
0
No votado
0
Partido Cambio Radical
Sí
9
No
0
No votado
0
Partido Centro Democrático
Sí
16
No
0
No votado
0
Partido Conservador
Sí
13
No
0
No votado
0
Partido de la U
Sí
14
No
0
No votado
0
Partido Funeco
Sí
1
No
0
No votado
0
Partido Liberal Colombiano
Sí
18
No
0
No votado
0
Partido MIRA
Sí
2
No
0
No votado
0
Partido Movimiento AICO
Sí
1
No
0
No votado
0
Partido Opción Ciudadana
Sí
1
No
0
No votado
0
Partido Polo Democrático
Sí
0
No
1
No votado
0
Partido Por un Huila Mejor
Sí
1
No
0
No votado
0
Partido Verde
Sí
2
No
2
No votado
0
Resultados individuales
Yes
José
Carlos Mizger Pacheco
Partido
100
Fabio Raúl
Amín Saleme
Partido
Liber
Jaime
Enrique Serrano Pérez
Partido
Liber
Lina María
Barrera Rueda
Partido
Cons
Germán
Alcides Blanco Álvarez
Partido
Cons
Carlos
Julio Bonilla Soto
Partido
Liber
John Jairo
Cárdenas Morán
Partido de
la
Nancy
Denise Castillo García
Partido
Liber
Carlos
Alberto Cuenca Chaux
Partido
Cam
Alfredo
Rafael Deluque Zuleta
Partido de
la
José
Bernardo Flórez Asprilla
Partido de
la
Atilano
Alonso Giraldo Arboleda
Partido
Cam
Carlos
Abraham Jiménez López
Partido
Cam
Juan
Felipe Lemos Uribe
Partido de
la
Hernando
José Padauí Álvarez
Partido
Cam
Diego
Patiño Amariles
Partido
Liber
Pedrito
Tomás Pereira Caballero
Partido
Cons
Jhon
Eduardo Molina Figuered o
Partido
100
Crisanto
Pizo Mazabuel
Partido
Liber
León Darío
Ramírez Valencia
Partido de
la
Ciro
Antonio Rodríguez Pinzón
Partido
Cons
John Jairo
Roldán Avendaño
Partido
Liber
Rafael
Romero Piñeros
Partido
Liber
Jorge
Enrique Rozo Rodríguez
Partido
Cam
Heriberto
Sanabria Astudillo
Partido
Cons
Albeiro
Vanegas Osorio
Partido de
la
Armando
Antonio Zabaraín D´Arce
Partido
Cons
Jorge
Camilo Abril Tarache
Partido
Liber
Ana Paola
Agudelo García
Partido
MIRA
Fabio
Alonso Arroyave Botero
Partido
Liber
Miguel
Ángel Barreto Castillo
Partido
Cons
Guillermina
Bravo Montaño
Partido
MIR
Germán B.
Carlosama López
Partido
Movi
Wilmer
Ramiro Carrillo Mendoza
Partido de
la
Jairo
Enrique Castiblanco Parra
Partido de
la
Marcos
Yohan Díaz Barrera
Partido
Cent
Elda Lucy
Contento Sanz
Partido de
la
Wilson
Córdoba Mena
Partido
Cent
Neftalí
Correa Díaz
Partido
Liber
Carlos
Alberto Cuero Valencia
Partido
Cent
Karen
Violette Cure Corcione
Partido
Cam
Marta
Cecilia Curi Osorio
Partido de
la
Élbert
Díaz Lozano
Partido de
la
Nicolás A.
Echeverry Alvarán
Partido
Cons
Rafael
Elizalde Gómez
Partido
Opci
Ángel
María Gaitán Pulido
Partido
Liber
Pierre
Eugenio García Jacquier
Partido
Cent
Juan
Carlos García Gómez
Partido
Cons
Mauricio
Gómez Amín
Partido
Liber
Kelyn
Johana González Duarte
Partido
Liber
Harry
Giovanny González García
Partido
Liber
Hugo
Hernán González Medina
Partido
Cent
Orlando A.
Guerra de la Rosa
Partido
Cons
José Élver
Hernández Casas
Partido
Cons
Samuel
Alejandro Hoyos Mejía
Partido
Cent
Federico
E. Hoyos Salazar
Partido
Cent
Rodrigo
Lara Restrepo
Partido
Cam
Álvaro
López Gil
Partido
Cons
Andrés
Felipe Villamizar Ortiz
Partido
Liber
Norbey
Marulanda Muñoz
Partido
Liber
Rubén
Darío Molano Piñeros
Partido
Cent
Luz
Adriana Moreno Marmolejo
Partido de
la
Moisés
Orozco Vicuña
Partido
Fune
Óscar
Ospina Quintero
Partido
Verde
Rafael
Eduardo Paláu Salazar
Partido de
la
Ana
Cristina Paz Cardona
Partido
Verde
Flora
Perdomo Andrade
Partido
Por u
José Luis
Pérez Oyuela
Partido
Cam
Óscar
Darío Pérez Pineda
Partido
Cent
Sara Elena
Piedrahíta Lyons
Partido de
la
Esperanza
María Pinzón de Jiménez
Partido
Cent
Álvaro
Hernán Prada Artunduaga
Partido
Cent
Ciro
Alejandro Ramírez Cortés
Partido
Cent
Margarita
María Restrepo Arango
Partido
Cent
Gloria
Betty Zorro Africano
Partido
Cam
Juan
Carlos Rivera Peña
Partido
Cons
Édward
David Rodríguez Rodríguez
Partido Cent
Óscar
Hernán Sánchez León
Partido
Liber
Fernando
Sierra Ramos
Partido
Cent
María
Regina Zuluaga Henao
Partido
Cent
No
Carlos
Germán Navas Talero
Partido
Polo
Ángela
María Robledo Gómez
Partido
Verde
Inti Raúl
Asprilla Reyes
Partido
Verde
Registro manual para votaciones
Proyecto de ley 166 de 2015
Tema a votar: informe
con el que termina la ponencia.
Sesión plenaria: lunes
13 de junio de 2016.
NOMBRE
CIRCUNSCRIPCIÓN
PARTIDO
VOTO
SÍ
NO
Jaír Arango Torres
Vaupés
Cambio Radical
X
María Eugenia Triana Vargas
Santander
Partido Opción Ciudadana
X
Dirección de la Presidencia, Alfredo
Rafael Deluque Zuleta:
Articulado, señor Secretario.
Secretario General, Jorge Humberto Mantilla
Serrano:
El proyecto consta de tres artículos, ninguno de ellos tiene
proposiciones. Señor Presidente, para que los  someta en bloque los tres, como
fueron presentados en la ponencia.
Dirección de la Presidencia, Alfredo
Rafael Deluque Zuleta:
En consideración el bloque de artículos, anuncio que va a cerrarse la
discusión, queda cerrada. Por favor señor Secretario aprueba la plenaria. Abra
el registro señor Secretario.
Secretario General, Jorge Humberto Mantilla
Serrano:
Presidente necesita que sea nominal.
Dirección de la Presidencia, Alfredo
Rafael Deluque Zuleta:
Abra el registro señor Secretario, como hemos
venido haciendo.
Secretario General, Jorge Humberto Mantilla Serrano:
Se abre el registro para votar el bloque de artículos, el 1°, 2° y 3° que
fueron publicados como vienen en la ponencia se van a votar. Pueden votar
señores Representantes.
Dirección de la Presidencia, Alfredo
Rafael Deluque Zuleta:
Señor Secretario, por favor suspenda la
votación.
Secretario General, Jorge Humberto Mantilla
Serrano:
Se suspende la votación.
Dirección de la Presidencia, Alfredo
Rafael Deluque Zuleta:
Anuncie proyectos, por favor, para la sesión del día de mañana 14 de
junio a las diez y media de la mañana.
Secretario General, Jorge Humberto Mantilla
Serrano:
Se anuncian proyectos para la sesión del 14 de junio de 2016, o para la
siguiente sesión cuando se aprueben proyectos de ley o actos legislativos.
Subsecretaria General, Yolanda Duque Naranjo:
Se anuncian los siguientes proyectos para la sesión plenaria del día 14
de junio a las diez y media de la mañana o para la siguiente sesión plenaria en
la cual se debatan proyectos de ley o actos legislativos.
Informes de conciliación
Proyecto de ley número 199 de 2016 Cámara, 175
de 2016 Senado.
Proyecto de ley estatutaria número 191 de 2016
Cámara, 27 de 2016 Senado.
Proyectos para segundo debate
Proyecto de ley número 166 de 2015 Cámara, 164
de 2015 Senado”.
Posteriormente, tal y como se
registra en el Acta No. 147 de 2016, en la sesión plenaria del 14 de junio de
la misma anualidad, se discutió y se aprobó el articulado, el título y la
pregunta: “¿Quiere la plenaria que este proyecto sea Ley de la República?” [69].
Dicha sesión contó con el quorum
deliberatorio y decisorio, de acuerdo con la certificación remitida por el
Secretario General de la Cámara de Representantes asistieron a la sesión 160 Representantes[70],
y efectuó la votación nominal y pública del proyecto de Ley 166 de 2015 Cámara
- 164 de 2015 Senado con los siguientes resultados:
(i)
En relación con el articulado 84 Representantes votaron a favor y
8 en contra.
(ii)
Respecto del título y la pregunta hubo 76 votos por el sí y 8
votos por el no[71].
La votación mediante la cual
se aprobó el proyecto se realizó de forma nominal y pública[72],
regla general para la adopción de decisiones en el Congreso de la República[73],
y se dividió de la siguiente manera:
“Secretario General, Jorge Humberto Mantilla Serrano:
Ha sido aprobado repito el informe de conciliación, siguiente
punto proyectos para segundo debate:
Proyecto
de ley número 166 de 2015 Cámara, 164 de 2015 Senado, por medio de la cual se
aprueba el Acuerdo marco entre las Naciones Unidas y el Gobierno de la
República de Colombia relativo a las contribuciones al sistema de acuerdos
de fuerzas de reserva de la Naciones Unidas para las operaciones de
mantenimiento de la paz, suscrito en la ciudad de Nueva York el 26 de enero de
2015.
Señor
Presidente, este proyecto en la sesión del día 13 junio de 2016 se estaba
votando el articulado, son 3 artículos de los cuales ninguno tiene
proposiciones que busquen modificar o alterar su contenido, para que se someta
a consideración nuevamente el articulado como viene en la ponencia, se necesita
votación nominal.
(…)
Presidente, Pierre Eugenio García Jacquier:
Señor
Secretario por favor abra el registro para votar.
Secretario General, Jorge Humberto Mantilla Serrano:
Se abre el
registro para votar el articulado del Proyecto de ley número 166, 2015 Cámara,
164, 2015 Senado, señores Representantes pueden votar.
Proyecto
presentado por la Ministra de Relaciones Exteriores, Ángela Holguín,
y el Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, el ponente, los
ponentes son el doctor Alfredo Rafael Deluque y María Eugenia
Triana, quien ayer intervino y explicó los alcances de este proyecto.
Rogamos a
los asistentes, asesores, auxiliares del recinto de los Honorables
Representantes que está fuera del recinto para que por favor se acerquen a
votar este importante Proyecto, sea negativo o positivo su voto se necesita,
los que están almorzando por favor informarle que quedan 19 minutos para venir
a cumplir con el deber, para continuar con el Orden del Día.
Presidente, Pierre Eugenio García Jacquier:
Señor
Secretario por favor cierre el registro, faltan por votar unos Representantes,
señores Representantes les agradeceríamos que no se alejen del recinto, porque
enseguida vamos a votar el título y la pregunta.
Secretario General, Jorge Humberto Mantilla Serrano:
Se está votando.
Presidente, Pierre Eugenio García Jacquier:
Señor Secretario por favor cierre el registro.
Secretario General, Jorge Humberto Mantilla Serrano:
Se cierra el
registro, la votación es la siguiente: por el Sí 84 votos electrónicos, ninguno
manual, para un total por el Sí de 84, por el No 8 votos electrónicos, ninguno
manual para un total por el No de 8 votos. Señor Presidente ha sido aprobado el
articulado del Proyecto número 166 de 2015 Cámara, 164 de 2015 Senado.
Publicación votación:
Resultados de grupo
Partido
100% Colombiano
Sí
No
No votado
3
0
0
Partido
Cambio Radical
Sí
No
No votado
7
0
0
Partido
Centro Democrático
Sí
No
No votado
16
0
0
Partido
Conservador
Sí
No
No votado
10
0
1
Partido de
la U
Sí
No
No votado
19
0
0
Partido
Funeco
Sí
No
No votado
2
0
0
Partido
Liberal Colombiano
Sí
No
No votado
20
4
0
Partido
MIRA
Sí
No
No votado
1
0
0
Partido
Movimiento AICO
Sí
No
No votado
1
0
0
Partido
Opción Ciudadana
Sí
No
No votado
2
0
0
Partido
Polo Democrático
Sí
No
No votado
0
1
0
Partido
Por un Huila Mejor
Sí
No
No votado
1
0
0
Partido
Verde
Sí
No
No votado
2
3
0
Resultados individuales
Yes
Carlos
Arturo Correa Mojica
Partido de
la
José
Carlos Mizger Pacheco
Partido
100
Iván Darío
Agudelo Zapata
Partido
Liber
Fabio Raúl
Amín Saleme
Partido
Liber
Jaime
Enrique Serrano Pérez
Partido
Liber
Jaír
Arango Torres
Partido
Cam
Lina María
Barrera Rueda
Partido
Cons
Gloria
Amparo Bolaños Basante
Partido
Cons
Carlos
Julio Bonilla Soto
Partido
Liber
Óscar
Fernando Bravo Realpe
Partido
Cons
Jaime
Buenahora Febres
Partido de
la
Dídier
Burgos Ramírez
Partido de
la
Alejandro
Carlos Chacón Camargo
Partido
Liber
Orlando
Alfonso Clavijo Clavijo
Partido
Cons
Alfredo
Rafael Deluque Zuleta
Partido de
la
Eduardo
Diazgranados Abadía
Partido de
la
Carlos
Abraham Jiménez López
Partido
Cam
Diego
Patiño Amariles
Partido
Liber
Telésforo
Pedraza Ortega
Partido
Cons
Hernán
Penagos Giraldo
Partido de
la
Jhon
Eduardo Molina Figueredo
Partido
100
Miguel
Ángel Pinto Hernández
Partido
Liber
Crisanto
Pizo Mazabuel
Partido
Liber
Humphrey
Roa Sarmiento
Partido
Cons
John Jairo
Roldán Avendaño
Partido
Liber
Rafael
Romero Piñeros
Partido
Liber
Jorge
Enrique Rozo Rodríguez
Partido
Cam
Efraín
Antonio Torres Monsalvo
Partido de
la
Nicolás
Daniel Guerrero Montaño
Partido de
la
Armando
Antonio Zabaraín D Arce
Partido
Cons
Miguel
Ángel Barreto Castillo
Partido
Cons
Guillermina
Bravo Montaño
Partido
MIR
María
Fernanda Cabal Molina
Partido
Cent
Silvio
José Carrasquilla Torres
Partido
Liber
Wílmer
Ramiro Carrillo Mendoza
Partido de
la
Jairo
Enrique Castiblanco Parra
Partido de
la
Fabián
Gerardo Castillo Suárez
Partido
Cam
Marcos
Yohan Díaz Barrera
Partido
Cent
Elda Lucy
Contento Sanz
Partido de
la
Wilson
Córdoba Mena
Partido
Cent
Carlos
Alberto Cuero Valencia
Partido
Cent
Karen
Violette Cure Corcione
Partido
Cam
Marta
Cecilia Curi Osorio
Partido de
la
Antenor
Durán Carrillo
Partido
Movi
Nicolás A.
Echeverry Alvarán
Partido
Cons
Rafael
Elizalde Gómez
Partido
Opci
Ángel
María Gaitán Pulido
Partido
Liber
Pierre
Eugenio García Jacquier
Partido
Cent
Mauricio
Gómez Amín
Partido
Liber
Édgar
Alfonso Gómez Román
Partido
Liber
Kelyn
Johana González Duarte
Partido
Liber
Hugo
Hernán González Medina
Partido
Cent
Samuel
Alejandro Hoyos Mejía
Partido
Cent
Federico
E. Hoyos Salazar
Partido
Cent
Jaime
Felipe Lozada Polanco
Partido
Cons
Andrés
Felipe Villamizar Ortiz
Partido
Liber
Norbey
Marulanda Muñoz
Partido
Liber
Rubén
Darío Molano Piñeros
Partido
Cent
Luz
Adriana Moreno Marmolejo
Partido de
la
Pedro
Jesús Orjuela Gómez
Partido
Liber
Moisés
Orozco Vicuña
Partido
Fune
Sandra
Liliana Ortiz Nova
Partido
Verd
Rafael
Eduardo Paláu Salazar
Partido de
la
Ana
Cristina Paz Cardona
Partido
Verd
Flora
Perdomo Andrade
Partido
Por u
José Luis
Pérez Oyuela
Partido
Cam
Sara Elena
Piedrahíta Lyons
Partido de
la
Esperanza
María Pinzón de Jiménez
Partido
Cent
Álvaro Hernán Prada Artunduaga
Partido
Cent
Ciro
Alejandro Ramírez Cortés
Partido
Cent
Margarita
María Restrepo Arango
Partido
Cent
Antonio
Restrepo Salazar
Partido
Cam
Héctor
Javier Osorio Botello
Partido de
la
Cristóbal
Rodríguez Hernández
Partido de
la
Édward
David Rodríguez Rodríguez
Partido
Cent
Candelaria
Patricia Rojas Vergara
Partido
100
Fernando
Sierra Ramos
Partido
Cent
Hernán
Sinisterra Valencia
Partido
Liber
Eduardo
José Tous de la Ossa
Partido de
la
María
Eugenia Triana Vargas
Partido
Opci
Olga Lucía
Velásquez Nieto
Partido
Liber
Martha
Patricia Villalba Hodwalker
Partido de
la
María
Regina Zuluaga Henao
Partido
Cent
Álvaro
Gustavo Rosado Aragón
Partido
Fune
No
Nancy
Denise Castillo García
Partido
Liber
Carlos
Germán Navas Talero
Partido
Polo
Ángela
María Robledo Gómez
Partido
Verd
Jorge
Camilo Abril Tarache
Partido
Liber
Inti Raúl
Asprilla Reyes
Partido
Verd
Luciano
Grisales Londoño
Partido
Liber
Óscar
Ospina Quintero
Partido
Verd
Clara
Leticia Rojas González
Partido
Liber
No votado
José Élver
Hernández Casas
Partido
Cons
Presidente Pierre Eugenio García Jacquier:
Título y pregunta señor Secretario.
Secretario General Jorge Humberto Mantilla Serrano:
Título. Por
medio de la cual se aprueba el “Acuerdo Marco entre las Naciones Unidas y el
Gobierno de la República de Colombia relativo a las contribuciones al
sistema de acuerdos de fuerzas de reserva de la Naciones Unidas para
las operaciones de mantenimiento de la paz” y la pregunta quiere la
Plenaria que este proyecto de ley sea ley de la
República, repito la pregunta quiere la Plenaria que este
proyecto sea ley de la República.
Presidente Pierre Eugenio García Jacquier:
En
consideración el título y la pregunta, anuncio que va a cerrarse la discusión,
queda cerrada abra el registro señor Secretario para votar.
Secretario General Jorge Humberto Mantilla Serrano:
Se abre
registro para votar el título y la pregunta, sobre este Proyecto de ley
número 166 de 2015 Cámara, 164 de 2015 Senado, señores Representantes
pueden votar, doctor Pierre García ya votó, vota SÍ, Pierre García vota SÍ.
Subsecretaria General Yolanda Duque Naranjo:
El
Representante Antonio Restrepo no ha votado, González Medina Hugo Hernán dejó
abierto el registro, Guerrero Montaño Nicolás Daniel dejó abierto el registro,
Representante Antonio Restrepo cómo vota, Representante Jaír Arango no ha
votado, Representante Jaír Arango cómo vota.
Secretario General Jorge Humberto Mantilla Serrano:
Queremos felicitar al doctor Pedrito Pereira quien hoy está de
cumpleaños.
Presidente Pierre Eugenio García Jacquier:
El Partido
Conservador agradece la gentileza que ha tenido el Presidente del Partido
Liberal Fabio Amín, de comprarle una torta para los 166 Representantes y
compartir con el Vicepresidente el Representante Pedrito Pereira, el día de sus
cumpleaños, Representante Fabio Amín en el momento en que usted estime la
Mesa Directiva podrá disponer para que podamos hacer ese reconocimiento al
Vicepresidente Pedro.
Jefe Relatoría Raúl Enrique Ávila Hernández:
Se retira el voto manual del doctor Pierre García ya que lo hizo
electrónicamente.
Presidente Pierre Eugenio García Jacquier:
Representante
Christian Moreno, necesita un técnico el Representante Christian Moreno,
secretario por favor cierre el registro.
Jefe Relatoría Raúl Enrique Ávila Hernández:
Sí señor
Presidente se cierra el registro el resultado de la votación es el siguiente
por el SÍ 76 votos electrónicos, ninguno manual para un total de 76 votos por
el SÍ, por el NO 8 votos electrónicos, ninguno manual para un total de 8 votos
por el NO.
Publicación votación:
Resultados de grupo
Partido
100% Colombiano
Sí
1
No
0
No votado
0
Partido
Cambio Radical
Sí
7
No
0
No votado
0
Partido
Centro Democrático
Sí
15
No
0
No votado
0
Partido
Conservador
Sí
9
No
0
No votado
0
Partido de
la U
Sí
24
No
0
No votado
0
Partido
Funeco
Sí
1
No
0
No votado
0
Partido
Liberal Colombiano
Sí
16
No
5
No votado
0
Partido
MIRA
Sí
1
No
0
No votado
0
Partido
Movimiento AICO
Sí
1
No
0
No votado
0
Partido
Polo Democrático
Sí
0
No
1
No votado
0
Partido
Por un Huila Mejor
Sí
1
No
0
No votado
0
Partido
Verde
Sí
0
No
2
No votado
0
Resultados individuales
Yes
Carlos
Arturo Correa Mojica
Partido de
la
Iván Darío
Agudelo Zapata
Partido
Liber
Fabio Raúl
Amín Saleme
Partido
Liber
Jaír
Arango Torres
Partido
Cam
Lina María
Barrera Rueda
Partido
Cons
Gloria
Amparo Bolaños Basante
Partido
Cons
Jaime
Buenahora Febres
Partido de
la
José
Edilberto Caicedo Sastoque
Partido de
la
Alejandro
Carlos Chacón Camargo
Partido
Liber
Orlando
Alfonso Clavijo Clavijo
Partido
Cons
Alfredo
Rafael Deluque Zuleta
Partido de
la
Eduardo
Diazgranados Abadía
Partido de
la
José
Bernardo Flórez Asprilla
Partido de
la
Carlos
Abraham Jiménez López
Partido
Cam
Juan
Felipe Lemos Uribe
Partido de
la
Diego
Patiño Amariles
Partido
Liber< o:p>
Pedrito
Tomás Pereira Caballero
Partido
Cons
Jhon
Eduardo Molina Figueredo
Partido
100
Miguel
Ángel Pinto Hernández
Partido
Liber
Crisanto
Pizo Mazabuel
Partido
Liber
Humphrey
Roa Sarmiento
Partido
Cons
John Jairo
Roldán Avendaño
Partido
Liber
Rafael
Romero Piñeros
Partido
Liber
Jorge
Enrique Rozo Rodríguez
Partido
Cam
Efraín
Antonio Torres Monsalvo
Partido de
la
Albeiro
Vanegas Osorio
Partido de
la
Nicolás
Daniel Guerrero Montaño
Partido de
la
Jaime
Armando Yépez Martínez
Partido de
la
Armando
Antonio Zabaraín D Arce
Partido
Cons
Miguel
Ángel Barreto Castillo
Partido
Cons
Guillermina
Bravo Montaño
Partido
MIRA
María
Fernanda Cabal Molina
Partido
Cent
Wílmer
Ramiro Carrillo Mendoza
Partido de
la
Jairo
Enrique Castiblanco Parra
Partido de la
Fabián
Gerardo Castillo Suárez
Partido
Cam
Marcos
Yohan Díaz Barrera
Partido
Cent
Elda Lucy
Contento Sanz
Partido de
la
Wilson
Córdoba Mena
Partido
Cent
Carlos
Alberto Cuero Valencia
Partido
Cent
Karen
Violette Cure Corcione
Partido
Cam
Marta
Cecilia Curi Osorio
Partido de
la
Alonso
José del Río Cabarcas
Partido de
la
Antenor
Durán Carrillo
Partido
Movi
Nicolás A.
Echeverry Alvarán
Partido
Cons
Ángel
María Gaitán Pulido
Partido
Liber
Pierre
Eugenio García Jacquier
Partido
Cent
Mauricio
Gómez Amín
Partido
Liber
Édgar
Alfonso Gómez Román
Partido
Liber
Kelyn
Johana González Duarte
Partido
Liber
Hugo
Hernán González Medina
Partido
Cent
Samuel
Alejandro Hoyos Mejía
Partido
Cent
Federico
E. Hoyos Salazar
Partido
Cent
Jaime
Felipe Lozada Polanco
Partido
Cons
Andrés
Felipe Villamizar Ortiz
Partido
Liber
Norbey
Marulanda Muñoz
Partido
Liber
Rubén
Darío Molano Piñeros
Partido
Cent
Luz
Adriana Moreno Marmolejo
Partido de
la
Christian
José Moreno Villamizar
Partido de
la
Pedro
Jesús Orjuela Gómez
Partido
Liber
Moisés
Orozco Vicuña
Partido
Fune
Rafael
Eduardo Paláu Salazar
Partido de
la
Flora
Perdomo Andrade
Partido
Por u
José Luis
Pérez Oyuela
Partido
Cam
Sara Elena
Piedrahíta Lyons
Partido de
la
Esperanza
María Pinzón de Jiménez
Partido
Cent
Álvaro
Hernán Prada Artunduaga
Partido
Cent
Ciro
Alejandro Ramírez Cortés
Partido
Cent
Margarita
María Restrepo Arango
Partido
Cent
Antonio
Restrepo Salazar
Partido
Cam
Héctor
Javier Osorio Botello
Partido de
la
Cristóbal
Rodríguez Hernández
Partido de
la
Fernando
Sierra Ramos
Partido
Cent
Eduardo
José Tous de la Ossa
Partido de
la
Olga Lucía
Velásquez Nieto
Partido
Liber
Martha
Patricia Villalba Hodwalker
Partido de
la
María
Regina Zuluaga Henao
Partido
Cent
No
Carlos
Julio Bonilla Soto
Partido
Liber
Nancy
Denise Castillo García
Partido
Liber
Carlos
Germán Navas Talero
Partido
Polo
Ángela
María Robledo Gómez
Partido
Verde
Jorge
Camilo Abril Tarache
Partido
Liber
Luciano
Grisales Londoño
Partido
Liber
Óscar
Ospina Quintero
Partido
Verde
Clara
Leticia Rojas González
Partido
Liber
Señor
Presidente ha sido aprobado el título y la pregunta del Proyecto de ley
número 166 de 2015 Cámara, 164 de 2015 Senado, por medio de la cual se
aprueba el “Acuerdo Marco entre las Naciones Unidas y el Gobierno de la
República de Colombia relativo a las contribuciones al sistema de acuerdos
de fuerzas de reserva de la Naciones Unidas para las operaciones de
mantenimiento de la paz”, suscrito en la ciudad de Nueva York, el 26 de
enero de 2015.
Presidente Alfredo Rafael Deluque Zuleta:
Siguiente punto del Orden del Día.”
De los resultados transcritos
previamente se evidencia el cumplimiento del quorum deliberatorio, dado
que estuvieron presentes más de la cuarta parte de los miembros de la
Corporación, que en este caso corresponden a 166, lo que exigía para deliberar
la asistencia de por lo menos 41 miembros y se contó con la asistencia de 154 representantes
en la sesión del 13 de junio de 2016 y 160 en la del 14 de junio de la misma
anualidad.
También se acreditó el quorum
decisorio, ya que en las dos sesiones estuvieron presentes la mayoría de los
integrantes de la Corporación. En este caso se alcanzó la mayoría decisoria, en
la medida en el informe de ponencia se aprobó con 82 votos positivos, el
articulado con 84 y el título y la pregunta con 76.
Para la aprobación del
proyecto en la Plenaria de la Cámara de Representantes, realizada el 13 y 14 de
junio de 2016, medió un término superior a 8 días respecto al trámite de
aprobación del proyecto de ley realizado en la Comisión Segunda de esa Corporación,
llevado a cabo el 30 de marzo de la misma anualidad.
De la misma manera, el trámite
legislativo en su conjunto, adelantado ante el Congreso de la República, se
efectuó en menos de 2 legislaturas, con lo que se dio cumplimiento a lo
establecido en los artículos 160 y 162 de la Constitución Política.
Aspecto del trámite legislativo cuestionado por la Procuraduría
General de la Nación
En su intervención, la Procuradora (E) alegó la configuración de
un vicio en el trámite legislativo de la Ley
1794 de 2016 “Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo Marco entre las
Naciones Unidas y el Gobierno de la República de Colombia relativo a las
contribuciones al sistema de Acuerdos de Fuerzas de Reserva de las Naciones
Unidas para las operaciones de mantenimiento de la paz suscrito en la ciudad de
Nueva York el 26 de enero de 2015”. En particular, indicó que el proceso de formación de la referida
norma incumplió la regla de votación establecida en el numeral 4º del artículo
123 de la Ley 5ª de 1992, que establece que todos los Congresistas que estén
presentes en el momento en el que se inicia la votación y que se encuentren
habilitados para hacerlo, deben votar. Lo
anterior, por considerar que en ninguno de los cuatro debates del Congreso
coincide el número de parlamentarios presentes al momento de realizarse la votación,
con el número de votos registrados, lo que a su juicio contraría lo dispuesto en
el Reglamento del Congreso de la República.
Asimismo, la Procuradora (E)
indicó que es un vicio de procedimiento insubsanable, debido a que se generó
desde la etapa estructural del trámite legislativo, es decir cuando todavía no
se había formado la voluntad de democrática y política del Senado de la
República.
38.
Del análisis realizado por el Ministerio Público, se evidencia que
la Vista Fiscal tomó el número de parlamentarios con el que inicio la sesión
como base para definir los congresistas que se encontraban presentes en el
momento de la votación en cada uno de los debates.
La Constitución Política
dispone una serie de requisitos que se deben cumplir en el proceso de formación
de leyes en el Congreso de la República. Uno de ellos es el quorum
deliberatorio, que establece que ni el Congreso en pleno, ni las plenarias de
cada una de las cámaras, ni las comisiones permanentes, pueden abrir la sesión
ni deliberar con menos de la cuarta parte de sus miembros.
Ahora bien, la configuración
del quorum deliberatorio no implica que los parlamentarios asistentes en
ese momento de la sesión puedan adoptar alguna decisión, pues estas sólo se
pueden tomar con la mayoría de sus integrantes que se encuentren habilitados
para votar, es decir que se conforme el quorum decisorio.
Particularmente, sobre las mayorías establecidas para los casos de proyectos de
leyes aprobatorias de tratados internacionales la mayoría que se exige para su
aprobación es la mayoría simple[74].
En diferentes oportunidades
esta Corporación ha llamado la atención de la necesidad de que las actas de las
sesiones y las certificaciones emitidas por los Secretarios Generales de cada cámara
incorporen toda la información necesaria para verificar el cumplimiento de los
requisitos constitucionales sobre quorum deliberatorio y decisorio[75].
Ahora bien, en varias
ocasiones, la Corte Constitucional ha reconocido que el quorum en las
sesiones en el Congreso tiende a variar en el transcurso de las mismas. En
efecto, en el Auto 118 de 2013[76],
al analizar el trámite legislativo de la votación de una ley estatutaria que se
aprobó de forma ordinaria, este Tribunal indicó que no se puede tomar el número
de parlamentarios con el que se efectuó el registro inicial de la sesión como
base para determinar los Congresistas que se encontraban presentes al momento
de la votación, en la medida en que, como lo indica la práctica parlamentaria,
algunos congresistas pueden ausentarse transitoriamente en el transcurso de la
sesión.
Asimismo, en el Auto 175
de 2015[77],
esta Corporación reiteró que la práctica legislativa indica que en el
desarrollo de las sesiones en el Congreso se configura un quorum variable
por lo que el número de asistentes certificados en el acta no permanece
constante durante todo el desarrollo de la sesión. Por lo anterior, indicó que
es necesario que en sus certificaciones el Secretario General de cada cámara
indique con precisión el número de congresistas y votos con los que se aprobó
un proyecto determinado.
39.
En esta oportunidad, de lo expuesto en los fundamentos jurídicos
24 a 26, 31, 51 y 52 de la presente sentencia, se evidencia que las
certificaciones emitidas por los Secretarios Generales de cada una de las células
legislativas acreditan de forma específica los parlamentarios que votaron la
aprobación del proyecto en cada uno de los debates. Tal información, también se
comprueba en las Gacetas del Congreso en donde se encuentran las actas de las
sesiones en las que se realizó la discusión y aprobación de la norma objeto de
revisión. En efecto se encuentra probado lo siguiente:
Votación en el Senado de la República
Votación en la Cámara de Representantes
Comisión Segunda del Senado
(i)
Sobre la proposición positiva con que terminó el informe de
ponencia, hubo 7 votos a favor y 1 en contra.
(ii)  En relación con la omisión de lectura del articulado y a la
votación en bloque del mismo, 7 senadores votaron por el sí y 1 por el no.
(iii)    Respecto de la votación del
título del proyecto y la aprobación para segundo debate hubo 7 votos a favor
y 1 en contra.
Comisión Segunda de la Cámara
(iv)  Respecto del sentido con el
que termina el informe de ponencia, hubo 11 votos a favor y ninguno en
contra.
(v)    En relación con el
articulado, 11 senadores votaron por el sí y 0 por el no.
(vi)  Respecto de la votación del
título del proyecto hubo 11 votos a favor y ninguno en contra.
Plenaria del Senado
(i)
En relación con la omisión de lectura del articulado y su
votación en bloque, 50 senadores votaron por el sí y 2 por el no.
(ii)   Respecto de la votación del título del proyecto y la
continuación del trámite en la Cámara de Representantes hubo 51 votos a favor
y 1 en contra.
Plenaria de la Cámara
(i)
Sobre la proposición positiva con que terminó el informe de
ponencia, hubo 2 votos a favor y 3 en contra.
(ii)   En relación con el articulado, 84 Representantes votaron a favor
y 8 en contra
(iii) Respecto
del título y la pregunta ¿quiere la plenaria que este proyecto sea Ley de la
República? hubo 76 votos por el sí y 8 por el no.
En consecuencia, no se
encuentra acreditado el vicio en el procedimiento legislativo alegado por la
Procuraduría General de la Nación. En efecto, las pruebas demuestran que en
esta oportunidad se desarrolló la práctica legislativa de quorum variable, en
la medida en que los congresistas que se registraron al inicio de las sesiones
no eran los mismos que estaban presentes al momento en el que se votó la
propuesta en cada uno de los debates. Adicionalmente, la votación en todas las
sesiones fue nominal y pública, por lo que es posible identificar los parlamentarios
que estaban presentes al momento de la votación y si efectivamente votaron o
no.
En consecuencia se continuará
con el análisis de constitucionalidad de la norma examinada.
40.
El Presidente de la República sancionó la Ley 1794 de 2016 “Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo
Marco entre las Naciones Unidas y el Gobierno de la República de Colombia
relativo a las contribuciones al sistema de Acuerdos de Fuerzas de Reserva de
las Naciones Unidas para las operaciones de mantenimiento de la paz suscrito en
la ciudad de Nueva York el 26 de enero de 2015”[78],
y radicó copia autenticada de la misma en la Secretaría General de la Corte
Constitucional el 12 de julio de 2016[79], con lo que se dio cumplimiento al término
de remisión a esta Corporación dentro de los 6 días hábiles siguientes a la
sanción, establecido en el numeral 10 del artículo 241 de la Constitución
Política.
Revisión general de la Ley
aprobatoria
41.
Ley 1794 de 2016 “Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo
Marco entre las Naciones Unidas y el Gobierno de la República de Colombia
relativo a las contribuciones al sistema de Acuerdos de Fuerzas de Reserva de
las Naciones Unidas para las operaciones de mantenimiento de la paz suscrito en
la ciudad de Nueva York el 26 de enero de 2015”,
está compuesta por 3 artículos, el primero contiene la inequívoca manifestación
de voluntad del órgano legislativo de aprobar el instrumento internacional
presentado a su consideración por el ejecutivo; el segundo reitera lo dispuesto
en el artículo 1º de la Ley 7 de 1944, bajo el entendido de que el Acuerdo
obligará al Estado colombiano, a partir de la fecha en que se perfeccione el
vínculo internacional respecto de la misma; y el último establece la vigencia
de la Ley a partir de su promulgación.
42.
Ha manifestado esta Corporación que:
“Dada la naturaleza
especial de las leyes aprobatorias de tratados públicos, el legislador no puede
alterar el contenido de éstos introduciendo nuevas cláusulas ya que su función
consiste en aprobar o improbar la totalidad del tratado. Si el tratado es
multilateral, es posible hacer declaraciones interpretativas, y, a menos que
estén expresamente prohibidas, también se pueden introducir reservas que no
afecten el objeto y fin del tratado.”[80].
Por tal razón, estima la
Corte, que la competencia del Congreso de la República, contenida en el numeral
16 del artículo 150 de la Constitución Política referida al estudio de posibles
vicios de contenido material[81], no fue desconocida, toda vez que su
labor se limitó a aprobar el instrumento internacional sometido a su
consideración por parte del Gobierno Nacional, sin introducir modificaciones al
texto del Acuerdo.
El artículo 2º de la ley
objeto de estudio cumple con el artículo 224 de la Constitución, puesto que los
tratados serán válidos una vez han sido aprobados por el Congreso de la
República.
Conclusión
43.
No encuentra la Corte reparo constitucional en el análisis formal
de la ley aprobatoria del tratado, puesto que no encontró vicios en su
procedimiento de formación que invaliden las normas objeto de estudio. Pasa
entonces a analizar la validez del Acuerdo.
44.
La metodología para el análisis consiste en una breve descripción
del contenido de cada una de las secciones del Acuerdo, un recuento de aspectos
jurisprudenciales sobre la materia, para concluir con el cotejo constitucional
propiamente dicho, en el cual se declarará la exequibilidad o inexequibilidad
de las normas de cada apartado.
45.
Ahora bien, la Sala considera necesario hacer el análisis conjunto
de algunas secciones, en la medida en que su contenido se fundamenta en los
mismos principios constitucionales. Por lo anterior, el orden a seguir es el
siguiente:
·
Análisis conjunto de la Sección Preliminar y la Sección I
“Objeto”.
·
Análisis conjunto de la Sección II “Descripción de los Recursos y
la Sección III “Condiciones del Suministro”.
·
Análisis de la Sección IV “Estatuto del Personal y el Equipo”.
·
Análisis de la Sección V “Entrada en Vigor”.
Sección Preliminar
46.
El
acápite inaugural del Tratado celebrado con la ONU indica las motivaciones y
los objetivos que se persiguen con su celebración. Parte del reconocimiento de
la necesidad de agilizar el suministro de ciertos recursos a las Naciones
Unidas con el fin de que puedan cumplir de forma eficaz y oportuna el mandato
de las operaciones de mantenimiento de la paz, en la medida en que contribuye a
aumentar la flexibilidad de las misiones y reducir sus costos.
Finalmente, resalta la
intención de la República de Colombia de contribuir de forma activa al
mantenimiento de la paz y seguridad internacionales.
Sección I. Objeto
47.
Este apartado dispone que la finalidad del Tratado es establecer
el marco de la contribución e identificar los recursos que el Gobierno
colombiano suministrará a las operaciones de mantenimiento de la paz de las
Naciones Unidas que se desarrollan en cumplimiento de los mandatos autorizados
por el Consejo de Seguridad.
El análisis de las secciones
previamente descritas se dividirá en tres partes: (i) una exposición sobre en
qué consisten las operaciones de mantenimiento de la paz, su objetivo y
regulación; (ii) la obligación del Estado colombiano en relación con el
mantenimiento de la paz y seguridad internacionales y (iii) el desarrollo
jurisprudencial del derecho a la paz como un fin primordial del Estado.
Las Operaciones de
Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas
48.
La Carta de las Naciones Unidas (en adelante la Carta) se firmó el
26 de junio de 1945 en San Francisco: entró en vigor el 24 de octubre del mismo
año y fue ratificada por Colombia el 5 de noviembre de la misma anualidad. Por
medio de dicho tratado los Estados crearon la Organización Internacional de las
Naciones Unidas.
El artículo 1º de la Carta
establece los propósitos y principios de tal organización de la siguiente
manera:
“Los propósitos de las
Naciones Unidas son:
Mantener la paz y la
seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas colectivas eficaces
para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u
otros quebrantamientos de la paz; y lograr por medios pacíficos, y de
conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional, el
ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de
conducir a quebrantamientos de la paz;
Fomentar entre las naciones
relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de
derechos y al de la libre determinación de los pueblos, y tomar otros medidas
adecuadas para fortalecer la paz universal;
Realizar la cooperación
internacional en la solución de problemas internacionales de carácter
económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del
respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin
hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión; y
Servir de centro que armonice
los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos propósitos comunes”.
Por su parte, el artículo 24
de la Carta establece las funciones que debe cumplir el Consejo de Seguridad.
En particular, confirió a dicho organismo la responsabilidad de mantener la paz
y seguridad internacionales.
Con fundamento en lo
anterior, el Consejo de Seguridad adoptó varias medidas en las que se incluyó
el establecimiento de las operaciones de mantenimiento de la paz, que tienen su
fundamento en los Capítulos VI, VII y VIII de la Carta[82].
En efecto, el capítulo sexto regula los aspectos relacionados con el arreglo
pacífico de controversias, el séptimo establece las acciones que se deben
adoptar en caso de amenaza o quebrantamiento de la paz o actos de agresión y el
octavo consagra los temas relacionados con acuerdos con organismos regionales
creados para el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales[83].
A pesar de que
tradicionalmente, las operaciones de mantenimiento de la paz se han
circunscrito al Capítulo VI de la Carta, el Consejo de Seguridad nunca ha
vinculado tal aparte formalmente al solicitar la autorización para desplegar
una nueva misión, porque ha entendido que ligar las operaciones a un capítulo
particular de la Carta podría desvirtuar su propósito. Lo anterior, en
consideración a que cada una de ellas responde a necesidades específicas y
pueden incluir normas de combate para el componente militar y directivas del
uso de la fuerza para el componente policivo[84].
Todas las operaciones de
mantenimiento de la paz se despliegan por un mandato del Consejo de Seguridad
de Naciones Unidas, en el que se establecen las funciones requeridas en cada
misión, ya que cada una de ellas varía dependiendo de la naturaleza del conflicto.
Las funciones asignadas por el Consejo de Seguridad son esencialmente militares
y normalmente consisten en: (i) observación, monitoreo y reporte de las
situaciones a través de estaciones o patrullas o sobrevuelos militares, siempre
que se tenga el consentimiento de las partes; (ii) supervisión del cese al
fuego y (iii) creación de zonas de separación. Estas misiones no están creadas
para desarrollar esfuerzos políticos para resolver los conflictos[85].
Las operaciones de mantenimiento
de la paz iniciaron en el año 1949 cuando los primeros observadores militares
de Naciones Unidas fueron desplegados en Medio Oriente[86].
Actualmente, han evolucionado de ser misiones de observación principalmente
militares a incorporar diferentes elementos de tipo policivo y civil, que
trabajan juntos para construir una paz sostenible[87].
Actualmente existe una nueva generación operaciones de mantenimiento de la paz
con elementos multidisciplinarios que se despliegan en escenarios de post
conflicto y que se desarrollan a través de componentes militares, policivos y
civiles para apoyar la implementación de un acuerdo de paz[88].
En este sentido, se desarrollan como una técnica diseñada para preservar
escenarios en donde existe una paz frágil, en donde el conflicto se ha detenido
y es necesario brindar apoyo para la implementación de los acuerdos a los que
hubieran llegado los negociadores del conflicto. Uno de los principios
fundamentales de las operaciones es el consentimiento de las partes para
desplegar la misión[89].
Algunas misiones se han
implementado por solicitud de las autoridades nacionales de los Estados para
apoyar la transición de un gobierno legítimo en ausencia de un acuerdo formal
de paz.
Es importante resaltar que, a
pesar de que las operaciones de mantenimiento de la paz tienen un alto
componente militar no implica que estas fuerzas puedan ejecutar su poder
coercitivo en el desarrollo de las misiones a menos de que sea por legítima
defensa[90].
Por tal razón, la colaboración de los Estados es fundamental para el desarrollo
de las operaciones de mantenimiento de la paz, en la medida en que la
Organización de Naciones Unidas no tiene su propio ejército. En la actualidad
125 países apoyan las misiones con recursos policivos y militares tales como
Brasil, Uruguay, Italia, Francia, España, Holanda, Chile, Alemania, Argentina y
Perú entre otros[91].
Actualmente hay 16 misiones en curso:
·
En el Sahara Occidental desde abril 1991
·
En la República Centroafricana desde abril de 2014
·
En Malí desde abril de 2013
·
En Haití desde junio de 2004
·
En la República Democrática del Congo desde julio de 2010
·
En Darfur desde julio de 2007
·
En Siria desde junio de 1974
·
En Chipre desde marzo de 1964
·
En el Líbano desde marzo de 1978
·
En Abyei, Sudán desde junio de 2011
·
En Sudán del Sur desde julio 2011
·
En Costa de Marfil desde abril de 2004
·
En Kosovo desde junio de 1999
·
En Liberia desde septiembre de 2003
·
En la India y el Pakistán desde enero de 1949
·
En Medio Oriente desde mayo de 1948
Las misiones son examinadas
por el Comité Especial de Operaciones de Mantenimiento de la Paz creado por la
Asamblea General el 18 de febrero de 1965. Su función principal es presentar
informes de las labores realizadas a la Asamblea General. Está compuesto por
147 Estados que en su mayoría son contribuyentes de personal a las operaciones.
La obligación del Estado colombiano en relación con el
mantenimiento de la paz y seguridad internacionales
49.  Como se indicó previamente, el
artículo 1º de la Carta de Naciones Unidas establece que uno de los propósitos
de la creación de la ONU es mantener la paz y la seguridad internacionales.
Para cumplir con dicha finalidad, dispone que es necesario que los Estados
parte tomen las medidas colectivas necesarias para prevenir y eliminar las
amenazas a la paz y lograr por los medios pacíficos el arreglo de controversias
y en general cualquier situación que conduzca al quebrantamiento de la paz.
Colombia ratificó la
Carta de Naciones Unidas el 5 de noviembre de 1945, lo que implica que reconoció
el compromiso a nivel internacional de todos los Estados de promover y respetar
los derechos humanos como garantía de la paz.
En este sentido, se evidencia
que el mantenimiento de la paz es un deber de Colombia a nivel internacional,
por lo que se debe garantizar el cumplimiento de las obligaciones internacionales
que ha asumido el Estado. En consecuencia, es necesario analizar los criterios
y objetivos que orientan sus relaciones internacionales.
Los artículos 9, 226 y
227 de la Constitución Política constituyen el referente jurídico de las
relaciones internacionales de Colombia. En efecto, así lo reconoció esta
Corporación en la sentencia C-269 de 2014[92], en la que estableció que de tales
artículos se deriva: (i) la obligación de basar las relaciones internacionales
en el principio de soberanía nacional; en la autodeterminación de los pueblos y
en el respeto de los principios de derecho internacional reconocidos por el
Estado; (ii) el deber de promover la internacionalización de las relaciones
políticas, económicas, sociales y ecológicas con fundamento en la equidad, la
reciprocidad y la conveniencia nacional; (iii) la promoción de la integración
de los países de América latina y el Caribe y (iv) el respeto de los principios
de derecho internacional reconocidos por el Estado colombiano. Tales mandatos
vinculan a las autoridades responsables de dirigir las relaciones exteriores y
a los órganos que tienen a su cargo el control político y jurídico de las
normas que desarrollan las mencionadas relaciones.
Respecto de los
principios reconocidos por la República de Colombia, la Corte indicó lo
siguiente:
“4.8.1.6. La jurisprudencia
de este Tribunal ha ido definiendo los principios de derecho internacional que,
a la fecha y en consideración a su aceptación por la República de Colombia  –en
su calidad de sujeto de derecho internacional–, se encuentran comprendidos por
el artículo 9° de la Constitución Política[93].
4.8.1.6.1. En ese sentido, es pertinente referir el principio de
buena fe[94]; el principio de proscripción de
la guerra para la solución de controversias internacionales[95],
a la par, con el principio del arreglo pacífico de las mismas[96];
el principio de igualdad soberana de los Estados[97];
el principio de respeto a la soberanía nacional de los mismos sujetos de
derecho internacional[98]; el principio de no intervención[99];
el principio de inmunidad soberana de los Estados –extensible a las
organizaciones internacionales-[100]; el principio de reciprocidad[101]
y ciertos principios del derecho de los tratados[102],
en particular, el principio “pacta sunt servanda”[103].
(Negrilla
fuera del texto original).
A continuación se realizará un breve recuento jurisprudencial de
los principios que la Sala considera relevantes resaltar para el análisis del
presente asunto.
Principios de arreglo pacífico de controversias y de la proscripción
de la guerra
50.  Este Tribunal se ha pronunciado sobre los diferentes compromisos
que ha asumido Colombia respecto de la proscripción de la guerra y la búsqueda
de la solución pacífica de controversias. En efecto, la sentencia C-287 de
2002[104]
indicó lo siguiente:
Cabe mencionar, que Colombia
ha ratificado otros instrumentos internacionales que persiguen como fin
esencial el mantenimiento de la paz tales como el Tratado de Renuncia a la
Guerra o “Pacto de París” de 1928, el Tratado americano de Soluciones Pacificas
(sic) o “Pacto de Bogotá” de 1948, e incluso las Cartas de la Organización
Estados Americanos y de las Naciones Unidas, propósitos y fines que también
están presentes en la Organización de Estado Americanos OEA. Entonces “la
búsqueda le (sic) la paz es un objetivo que ha existido desde siempre entre los
Estados y frente al cual Colombia siempre a (sic) permanecido atenta ya sea
prestado la colaboración necesaria o ratificando los diferentes instrumentos
internacionales que persiguen ese fin”.[105]
De lo anterior, se deriva la
obligación del Estado de velar por el mantenimiento de la paz no sólo en el
territorio Colombiano sino también en el escenario internacional. Ahora bien,
esta Corporación no se ha pronunciado de forma expresa sobre la proscripción de
la guerra y el arreglo pacífico de controversias en el ámbito internacional,
sin embargo en el desarrollo jurisprudencial de tales principios se evidencia que
la Corte ha desarrollado la obligación del Estado de privilegiar el arreglo de
controversias por medios pacíficos, lo que se encuentra intrínsecamente
relacionado con la proscripción de la guerra. Esto tiene gran relevancia en el
presente asunto, en la medida en que generalmente las operaciones de
mantenimiento de la paz buscan apoyar a las partes de un conflicto que han
llegado a un acuerdo para su terminación por medios pacíficos o ayudar a un
Estado en un proceso de transición política.
En relación con el principio
sobre arreglo pacífico de controversias, en la sentencia C-264 de 2002[106],
esta Corporación estableció que los tratados que consagran la negociación como
mecanismo de solución de controversias, se encuentran conformes con el artículo
9 de la Constitución Política, en la medida en que el arreglo pacífico de
controversias, ya sea por la negociación o por cualquier otro de los mecanismos
previstos en el derecho internacional, hace parte de los principios
internacionalmente aceptados por Colombia[107].
Asimismo, en la sentencia
C-915 de 2010[108],
la Corte reconoció la solución pacífica de controversias internacionales como
uno de los principios de derecho internacional reconocidos por el Estado
colombiano, al declarar la exequibilidad del sistema de consultas para lograr
dirimir los conflictos internacionales que surjan en la ejecución del “Acuerdo
sobre medio ambiente entre Canadá y la Republica de Colombia hecho en Lima
(Perú) el veintiuno (21) de noviembre de 2008”, el “Canje de notas entre Canadá
y la República de Colombia del 20 de febrero de 2009 por medio del cual se
corrigen errores técnicos y materiales del Acuerdo sobre medio ambiente entre
Canadá y la República de Colombia”. Lo anterior, debido a que se privilegió
la implementación de mecanismos alternos para la solución de controversias en
el referido tratado.
Principio de soberanía nacional
51.  Desde la sentencia C-401 de 1997[109], este
Tribunal señaló que uno de los principios en los que se deben basar las
relaciones internacionales del Estado es el de la soberanía nacional, el cual
se encuentra relacionado con la autodeterminación de los pueblos, los cuales
han sido reconocidos por Colombia en virtud del artículo 9º Superior.
Posteriormente, en la sentencia C-578 de 2002[110],
esta Corporación se pronunció sobre la evolución de la soberanía nacional como
uno de los principios de derecho internacional reconocidos por Colombia y de su
concepción como una facultad absoluta de los Estados. En particular señaló:
“El contenido y los límites del
principio de soberanía han ido evolucionando a la par del desarrollo de las
relaciones internacionales y de las necesidades de la comunidad internacional y
han llevado a una redefinición del concepto original de soberanía absoluta, sin
que ello implique menoscabo de este principio fundamental del derecho
internacional. No obstante esta evolución, el principio de la soberanía
continúa siendo un pilar del derecho internacional.
Como resultado de la creciente
interacción e interdependencia entre Estados y de la constatación de desafíos
globales que interesan a toda la humanidad, surgieron límites a la concepción
absoluta de soberanía, justificados por la necesidad de preservar la
coexistencia pacífica entre sujetos iguales de derecho internacional, así como
el reconocimiento de otros límites adicionales a la soberanía, fundados en la
necesidad de respetar valores protegidos por el derecho internacional y
asociados a la dignidad del ser humano, a la paz mundial, a la democracia y a
la conservación de la especie humana.”
Asimismo, en la sentencia C-189 de 2008[111],
la Corte indicó que el principio de respeto de la soberanía también se
encuentra relacionado con la integridad territorial, con la no intervención en
los asuntos internos de cada uno de los Estados y con el derecho de los pueblos
a construir su sistema político y sus instituciones.
Adicionalmente, en la sentencia C-819 de 2012[112],
este Tribunal reiteró que los principios de soberanía nacional y la
autodeterminación de los pueblos establecen la forma en la que el Estado
colombiano debe desarrollar sus relaciones internacionales, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 9 Superior y el artículo 2 de la misma normativa,
en lo relacionado con la defensa de la independencia nacional y el
mantenimiento de la integridad territorial.
Principio de no intervención
52.  Desde sus inicios esta Corporación ha reconocido el principio de
derecho internacional de la no intervención. En efecto, en la sentencia
C-187 de 1996[113],
la Corte lo definió como la prohibición de injerir en los asuntos internos de
otros Estados, por medio de hechos o actos para lograr objetivos de carácter
económico, político y social, entre otros.
Este principio también ha sido desarrollado en la jurisprudencia
de la Corte Constitucional. En particular, en la sentencia C-974 de 2001[114],
determinó lo siguiente:
“La
obligación del Estado de no intervenir en los asuntos propios de los otros
Estados, se constituye en uno de los principios rectores del derecho
internacional destacados por el artículo 9º de la Constitución Política. Por
esto la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en 1965 la “Declaración sobre la
inadmisibilidad de la intervención en los asuntos internos de los Estados y la
protección de su independencia y soberanía[115], que
condena toda clase de injerencia que atente contra la existencia misma de los
otros Estados y que amenace la identidad política económica o cultural de
cualquier orden, de sus pueblos”.
Esta Corporación se pronunció en el mismo sentido en la sentencia
C-249 de 2004[116],
reiterada por la C-269 de 2014[117], en las que indicó que la
obligación de la comunidad internacional de no intervenir en los asuntos de los
otros Estados se genera con fundamento en el derecho indivisible, absoluto,
inalienable, indelegable, permanente e incondicional de los pueblos a su
soberanía. En este sentido, cada Estado puede definir con absoluta libertad su
ordenamiento constitucional y legal.
Principio pacta sunt servanda
53.
La Corte se ha pronunciado en diferentes oportunidades sobre el
principio pacta sunt servanda. En efecto, desde sus inicios, en la sentencia
C-276 de 1993[118],
esta Corporación indicó que la fuerza obligatoria de los tratados fundada en la
regla del pacta sunt servanda constituye un principio de seguridad, de
justicia y de moral internacionales. Asimismo, la Corte indicó que tal
principio es reconocido por la comunidad internacional y ha sido incluido en
diferentes instrumentos internacionales tales como el Preámbulo de la Carta de
las Naciones Unidas, en el artículo 17 de la Carta de la Organización de
Estados Americanos (OEA) [119]
y la Convención de Viena de 1969[120].
En particular, este Tribunal resaltó el artículo 26 de la
Convención de Viena que establece que “Todo tratado en vigor obliga a las
partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe”, y en este sentido el
principio de la buena fe se debe establecer como pilar fundamental en la
ejecución de los tratados por parte de los Estados. Tal disposición se reitera
en el parágrafo segundo de la Carta de Naciones Unidas.
Asimismo, en la sentencia
C-400 de 1998[121],
esta Corporación manifestó que tal principio constituye la base fundamental del
derecho de los tratados y el funcionamiento pacífico de la comunidad
internacional, pues no se puede concebir el derecho internacional sin la
existencia de una norma que exija el obligatorio cumplimiento de los tratados.
En este sentido indicó que los acuerdos internacionales no deben ser
formalmente acatados sino que deben cumplirse de buena fe, es decir con la
voluntad de hacerlos efectivos. Finalmente, resaltó que el cumplimiento de las
obligaciones internacionales por parte del Estado colombiano tiene sustento
constitucional en el artículo 83 Superior, que establece la obligación de los
particulares y de las autoridades públicas de ceñir sus actuaciones a los
postulados de la buena fe.
Más adelante, en las sentencias
C-155 de 2007[122]
y C-269 de 2014[123],
la Corte reiteró las reglas anteriormente señaladas y manifestó que las
autoridades nacionales deben respetar los compromisos internacionales asumidos
por la República de Colombia que han sido incorporados en el ordenamiento
nacional y los cuales se encuentran orientados por el principio de pacta
sunt servanda.
Desarrollo jurisprudencial
del derecho a la paz como un fin primordial del Estado
54.
Desde sus
inicios, esta Corporación ha reconocido la paz como un derecho tal y como lo
establece la Constitución Política. En efecto, en la sentencia T-102 de 1993[124]
la Corte estableció que:
“Una característica
peculiar de este derecho es el de la multiplicidad que asume su forma de
ejercicio. Es un derecho de autonomía en cuanto está vedado a la injerencia del
poder público y de los particulares, que reclama a su vez un deber jurídico
correlativo de abstención; un derecho de participación, en el sentido de que
está facultado su titular para intervenir en los asuntos públicos como miembro
activo de la comunidad política; un poder de exigencia frente al Estado
y los particulares para reclamar el cumplimiento de obligaciones de hacer”.
(Negrilla fuera del texto original).
Asimismo, este Tribunal
indicó que la convivencia pacífica es uno de los fines del Estado y “ha de
ser el móvil último de las fuerzas del orden constitucional”. Además,
reconoció que la paz ocupa un lugar central en el ordenamiento constitucional
que lo llevó a su consagración como derecho y deber de obligatorio
cumplimiento.
Posteriormente, en la sentencia
C-328 de 2000[125], esta
Corporación reconoció que el Estado colombiano tiene el deber fundamental de
prevención de la guerra, toda vez que a través del Estado se representan los
intereses de los ciudadanos y es el custodio de los derechos de todos los
residentes. Además, en esa oportunidad, la Corte reconoció el mantenimiento de
la paz como uno de los propósitos de la Carta de Naciones Unidas; en particular
indicó:
“El deber de prevención
de la guerra, que se desprende naturalmente del concepto de dignidad humana, es
un claro propósito internacional.  En efecto, el artículo 1 de la Carta de
las Naciones Unidas indica que los propósitos de las Naciones Unidas son los de
“mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar
medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar
amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u otros
quebrantamientos de la paz.”
Adicionalmente, en esa
oportunidad este Tribunal resaltó que con fundamento en los derechos a la
dignidad humana y a la paz, el Estado tiene el deber de morigerar los efectos
de un conflicto en caso de que no hubiera sido posible prevenirlo.
En su jurisprudencia más
reciente, esta Corporación reiteró los fundamentos anteriormente mencionados.
En particular, en la sentencia C-579 de 2013[126], la Corte estableció que la
convivencia pacífica es un pilar fundamental del Estado y debe ser el
fundamento de las fuerzas de orden Superior. Asimismo, reiteró que la paz es un
presupuesto democrático, libre y abierto y constituye una condición fundamental
para el goce efectivo de los derechos fundamentales, por lo tanto ocupa un
lugar central en la Carta Política.
Conclusión
55.  Con fundamento en lo anterior, se
evidencia que el Estado colombiano ha adquirido una serie de obligaciones en el
ámbito internacional dentro de las que se encuentra el mantenimiento de la paz
y la seguridad internacionales. Para lograr este objetivo, Colombia ha
reconocido varios principios de derecho internacional sobre los cuales
fundamenta sus relaciones internacionales, tales como: la proscripción de la
guerra, la solución pacífica de controversias, el respeto por la soberanía
nacional de los Estados, el principio de no intervención y el pacta sunt
servanda. Para la Sala todos ellos cobran gran importancia en esta
oportunidad, en la medida en que se debe analizar si el Tratado objeto de
examen se encuentra conforme con tales principios.
56.  De la revisión de la sección
preliminar del Acuerdo y la sección I relativa a su objeto, la Corte encuentra
que éste se encuentra conforme con la Constitución Política y a los principios
de derecho internacional reconocidos por el Estado colombiano.
57.  En primer lugar, se evidencia que el
Convenio busca que Colombia suministre recursos en las operaciones de mantenimiento
de la paz de las Naciones Unidas, las cuales se desarrollan en escenarios donde
las partes de un conflicto han llegado a un acuerdo para hacer una transición a
una paz sostenible; aspecto que se encuentra acorde con la Norma Superior que
establece la paz como un derecho y un fin primordial del Estado.
Adicionalmente, se encuentra conforme con la obligación de Colombia de mantener
la paz y seguridad internacionales establecida en la Carta de Naciones Unidas y
con los principios sobre la proscripción de la guerra, la solución pacífica de
controversias y el pacta sunt servanda.
58.  En segundo lugar, se encuentra que el
Tratado respeta los principios de soberanía nacional y de no intervención, en
la medida en que las misiones se desarrollan dentro del marco de un tratado
celebrado previamente por la ONU y por el Estado receptor.
59.  En
este sentido, no cabe reparo de inconstitucionalidad en relación con
la Sección Preliminar y la Sección I que contiene el objeto del Tratado, pues
como se vio, concuerdan con los valores y fines supremos del ordenamiento,
además de cumplir con una importante función en la interpretación de las
disposiciones convencionales. En consecuencia, se declarará EXEQUIBLE la
Sección Preliminar del Acuerdo y la Sección I correspondiente a su objeto.
Sección II. Descripción de los Recursos
60.
Esta Sección del Acuerdo establece que el Estado colombiano podrá
proporcionar personal y/o equipo respecto de los siguientes tipos de recursos:
(i) unidades del Ejército; (ii) unidades Navales; (iii) unidades de la Fuerza
Aérea y (iv) unidades de Policía, entre otros.
Sección III. Condiciones de Suministro
61.
Este aparte del Tratado establece que la decisión final del
despliegue efectivo de recursos es del Estado Colombiano, es decir que siempre
será una decisión nacional.
Adicionalmente, dispone que las partes
acordarán arreglos posteriores de implementación para cualquier despliegue
efectivo de recursos que realice Colombia en el marco del presente Tratado.
Consagra que tales arreglos deben contener:
a.     Una descripción detallada del tipo y la cantidad de personal y la
descripción del equipo que el Gobierno decida suministrar a las operaciones de
mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas.
b.    Los regímenes disciplinarios y estándares de conducta
correspondiente, incluidos los presupuestos de investigación de cualquier
falta.
c.     Las condiciones para el reembolso y la prestación de apoyo al
Gobierno colombiano por parte de las Naciones Unidas.
d.    Las disposiciones relacionadas con la autonomía logística.
e.     Los requisitos para la solución de controversias y reclamaciones
de terceros.
f.      Cualquier disposición relativa a la implementación del Tratado
objeto de revisión.
De acuerdo con el contenido
de estas secciones, su examen se dividirá en 3 subtemas: (i) la misión
constitucional de la fuerza pública; (ii) el cumplimiento de las obligaciones
internacionales con fundamento en el principio de soberanía y (iii) la
celebración de acuerdos de procedimiento simplificado.
La misión constitucional de
la fuerza pública
62.
El artículo 216 de la Constitución Política consagra que la fuerza
pública del Estado colombiano está integrada por las Fuerzas Militares y por la
Policía Nacional. En complemento de lo anterior, el artículo 217 de la misma
normativa dispone que la Nación tiene para su defensa unas fuerzas militares
permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, y su
finalidad primordial es la defensa de la soberanía, la independencia, la
integridad del territorio nacional y el orden constitucional. Asimismo, el
artículo 218 Superior establece que la Policía Nacional es un cuerpo armado
permanente de naturaleza civil a cargo de la Nación, que tiene como objetivo
principal mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos
y asegurar que los colombianos convivan en paz.
Lo anterior ha sido reiterado en
diferentes oportunidades por esta Corporación. En efecto, en la sentencia
C-251 de 2002[127]
estableció:
“la Constitución señala que para la
protección de la Nación existen las Fuerzas Militares, que tienen como
finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la
integridad del territorio nacional y del orden constitucional, mientras que a
la Policía corresponde asegurar la convivencia pacífica y las condiciones
necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas (CP arts 217
y 218). A su vez el artículo 216 superior precisa perentoriamente que la Fuerza
Pública está integrada “en forma exclusiva” por las Fuerzas Militares y la
Policía Nacional (CP art. 216)”.
Ahora bien, este Tribunal ha permitido
el envío de tropas nacionales a territorio extranjero sin ningún reproche de
constitucionalidad, al determinarlo como una colaboración por parte del Estado
Colombiano a quien eventualmente lo necesitara. En efecto en la sentencia
C-179 de 1994[128]
esta Corporación señaló que:
“resulta obvio afirmar, que cuando el
Gobierno decida enviar tropas a un Estado que está sufriendo una agresión
armada, no es necesario declarar el estado de guerra exterior en Colombia, pues
las hostilidades militares, además de realizarse en territorios ajenos al
nuestro, no atentan contra la independencia, seguridad, estabilidad o soberanía
colombiana, y por consiguiente no se dan las circunstancias que permiten hacer
uso de ese mecanismo excepcional, se trata simplemente de una labor de apoyo y
solidaridad con el país al que se le presta la ayuda”.
La Sala reitera que no existe
ningún reproche de constitucionalidad respecto del envío de miembros de la
Fuerza Pública a otros países. No obstante, se debe recalcar que las
actuaciones que realice el Estado colombiano en el desarrollo de sus relaciones
internacionales deben respetar los principios de derecho internacional
reconocidos por Colombia, tales como la proscripción de la guerra, la solución
pacífica de controversias, la soberanía nacional, la no intervención y el pacta
sunt servanda, los cuales fueron brevemente descritos en los fundamentos
jurídicos 68 a 71 de la presente providencia.
El cumplimiento de las
obligaciones internacionales con fundamento en el principio de soberanía
nacional
En su jurisprudencia, esta
Corporación ha desarrollado el principio de soberanía nacional. En efecto en la
sentencia C-418 de 1995[129],
la Corte estableció que éste constituye el reconocimiento de la comunidad
internacional de no intervenir en los asuntos propios de cada Estado, con
fundamento en el derecho de los pueblos a su soberanía y el respeto a su
autodeterminación. Asimismo, indicó que de esta forma se garantiza que cada Estado
pueda definir con absoluta independencia y libertad, su propio ordenamiento.
Asimismo, de conformidad con
lo establecido por la Corte desde la sentencia C-187 de 1996[130],
el principio de no intervención consiste en el respeto a la soberanía de los
Estados, lo que se materializa en la prohibición de injerir en los asuntos
internos de otros, por medio de acciones con objetivos de diferente índole
tales como económicos, políticos, sociales, entre otros. Además, estableció su
fundamento constitucional así:
“En el Preámbulo de
nuestra Constitución Política al igual que en el artículo 1o. de la misma, se
consagra que Colombia es un Estado social de derecho, democrático,
participativo y pluralista; y en el artículo 3o. ibídem, se establece que la
soberanía reside exclusivamente en el pueblo del cual emana el Poder Público,
quien lo puede ejercer directamente o por medio de sus representantes (art. 3 ibídem.).
Dicha soberanía popular, permite a la comunidad autodeterminarse, es decir,
organizarse y regularse políticamente. Estos principios consagran el fundamento
del orden jurídico que el Constituyente ha establecido”.
Asimismo, en la sentencia
C-249 de 2004[131],
este Tribunal estableció que la soberanía nacional se encuentra relacionada con
la autonomía de los pueblos para darse su propio ordenamiento jurídico, para
imponer y resolver sus propios asuntos y en general, para actuar libremente en
los asuntos que no afecten los derechos o intereses legítimos de otros Estados.
En este sentido, concluyó que se debe salvaguardar la soberanía de la República
de Colombia y tener especial atención en la articulación adecuada de los
compromisos internacionales y el ejercicio de las competencias propias del
Estado Social de Derecho, que propende por la realización de los intereses
nacionales y la internacionalización de las relaciones políticas, económicas,
sociales y ecológicas con fundamento en los principios de equidad, reciprocidad
y conveniencia nacional.
Posteriormente, en la sentencia
C-469 de 2014 esta Corporación estableció lo siguiente:
“el mandato constitucional de
proteger la soberanía y autodeterminación en las relaciones internacionales del
Estado tiene un “núcleo duro” que no admite afectación y que se traduce en la
facultad de los Estados, bajo ciertos límites, de adoptar las decisiones relativas
a su régimen constitucional y legal. En ese núcleo queda comprendida una
prohibición de renunciar o ceder absolutamente el ejercicio de competencias del
Estado. De ser así, se “desnaturalizaría” la esencia de la soberanía[132]”.
Ahora bien, como se indicó
anteriormente, la Sección II del Acuerdo objeto de revisión establece los
recursos que el Estado colombiano podrá suministrar a las operaciones de mantenimiento
de la paz, consistentes en unidades del Ejército, Navales, Fuerza Aérea y
Policivas. Por su parte, la Sección III del Tratado establece que la decisión
del despliegue efectivo de los recursos siempre será una decisión de Colombia.
En este sentido, se evidencia que tales disposiciones del Tratado se encuentran
conformes a la Constitución Política, en la medida en que se respeta el
principio de soberanía del Estado, y en este sentido el Gobierno, que es el
encargado de determinar el despliegue de los recursos, deberá evaluar que en
ningún caso se desconozca la finalidad principal de la Fuerza Pública de la
defensa de la soberanía, la independencia y el orden constitucional en el
territorio colombiano y la convivencia pacífica de sus habitantes. Luego, en
este aspecto, las secciones II y III del Tratado se ajustan a la Constitución
Política.
La celebración de acuerdos de
procedimiento simplificado
En la Constitución Política
de Colombia no existe ninguna regulación expresa respecto de la celebración de
acuerdos de procedimiento simplificado. Sin embargo, la Corte en diferentes
oportunidades, ha extraído su fundamento legal de los artículos 12 y 13 de la
Convención de Viena que establecen la posibilidad de los Estados de adquirir
obligaciones internacionales mediante expresiones del consentimiento,
diferentes a la ratificación. En efecto, el artículo 12 dispone la posibilidad
de que los Estados puedan expresar su consentimiento mediante la firma de un
tratado y el artículo 13 a través del canje de instrumentos[133].
En particular, en la sentencia
C-710 de 1998[134],
este Tribunal estableció que:
“los
Acuerdos Simplificados están previstos en los artículos 12 y 13 de la
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y
Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales, hecha en
Viena el 21 de marzo de 1986, de los cuales puede inferirse que tienen tanta
validez los tratados formales como los acuerdos en forma simplificada”.
Esta Corporación se ha
pronunciado sobre la capacidad del Estado colombiano de celebrar acuerdos
simplificados. En efecto, en la sentencia C-363 de 2000[135],
la Corte indicó que debe impedir la celebración de nuevos compromisos
internacionales sin el lleno de los requisitos constitucionales. En este
sentido los acuerdos simplificados deben formar parte de un tratado marco que
hubiera sido sometido al trámite completo de aprobación y no puede contener
nuevas obligaciones para el Estado, más allá de las adquiridas en el tratado
que fue sometido al proceso legislativo. En consecuencia, se debe desarrollar
como un instrumento necesario para la ejecución del convenio anterior.
En el mismo sentido, en la sentencia
C-303 de 2001[136],
este Tribunal reiteró las reglas anteriormente establecidas al manifestar que
la posibilidad de celebrar acuerdos complementarios a convenios marco es
constitucional, siempre y cuando tales acuerdos; (i) no contengan obligaciones
adicionales a las establecidas en el tratado anterior; (ii) se enmarquen dentro
de los propósitos y objetivos del convenio previo; y (iii) no modifiquen el
contenido el acuerdo marco.
Lo anterior fue reiterado en
la sentencia C-239 de 2006[137],
al indicar lo siguiente:
El Estado
colombiano ha celebrado acuerdos o tratados marco de cooperación con múltiples
Estados, organizaciones o agencias internacionales en cuyo texto se prevén
mecanismos especiales de ejecución de las obligaciones convenidas. En
particular estos instrumentos suelen referirse a los llamados convenios de
ejecución, también llamados convenios administrativos, acuerdos simplificados o
celebrados en forma simplificada. Como lo ha reiterado la Corte, dichos
acuerdos tendrán validez en el derecho interno siempre que se firmen en
desarrollo de una ley que apruebe el tratado marco y siempre que las
obligaciones en éste contenidas sean un simple desarrollo de las obligaciones
contempladas en la ley aprobatoria del tratado marco. En efecto, la Corte
Constitucional ha señalado enfáticamente que por vía del trámite de los
acuerdos celebrados en forma simplificada no puede el gobierno comprometer la
responsabilidad del Estado colombiano en aquello que el Congreso no hubiere
aprobado a través de la ley que aprueba el tratado marco”. (Negrilla
fuera del texto original).
De forma más reciente, en el Auto
288 de 2010[138],
esta Corporación se pronunció sobre el Acuerdo complementario para la
Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad entre los Gobiernos de
la República de Colombia y de los Estados Unidos de América”, suscrito en
Bogotá el 30 de octubre de 2009. En esa oportunidad, la Corte estableció que
tal convenio generaba nuevas obligaciones para el Estado Colombiano que no
habían surtido el trámite constitucional de aprobación exigido en el artículo
224 de la Constitución Política[139].
Por consiguiente, este Tribunal ordenó a la Presidencia de la República someter
el acuerdo al trámite de aprobación correspondiente a los tratados y declaró
que el Acuerdo revisado no puede surtir efectos en el ordenamiento colombiano
hasta que cumpla con el trámite constitucional previsto para los tratados en
forma solemne, de conformidad con lo establecido en los artículos 150.16, 154,
157, 158, 160, 165, 224 y 241 numeral 10 de la Carta Política.
Con fundamento en las
anteriores consideraciones, la Sala encuentra que la Sección III del Tratado revisado
en esta oportunidad se encuentra conforme a la Norma Superior. En efecto, los “arreglos
posteriores de implementación” a los que se hace referencia en dicho
aparte, no tienen la facultad de crear nuevas obligaciones, sino que
desarrollan las que se encuentran establecidas en el presente Acuerdo. Lo
anterior se evidencia en la medida en que el Tratado establece que los “arreglos
posteriores de implementación” sólo pueden contener:
(i)   una descripción detallada del tipo y la cantidad de personal y la
descripción del equipo que el Gobierno decida suministrar a las operaciones de
mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas;
(ii) los
regímenes disciplinarios y estándares de conducta correspondiente, incluidas
las condiciones de investigación de cualquier falta;
(iii)
las condiciones para el reembolso y la prestación de apoyo al
Gobierno colombiano por parte de las Naciones Unidas;
(iv)
las disposiciones relacionadas con la autonomía logística;
(v) las
condiciones para la solución de controversias y reclamaciones de terceros; y
(vi)
cualquier disposición relativa a la implementación del Tratado
objeto de revisión.
En este sentido, no se
encuentra que los “arreglos posteriores de implementación” tengan la
entidad suficiente para generar obligaciones adicionales a las dispuestas en el
Convenio objeto de revisión, sino que desarrollan temas específicos para su
implementación, pues establecen las condiciones de suministro de recursos que
deberán ser evaluadas en cada caso, dependiendo de las necesidades que tenga
cada operación.
Por las consideraciones
expuestas anteriormente, la Corte declarará la EXEQUIBILIDAD de la Sección II
“Descripción de los Recursos” y de la Sección III “Condiciones del Suministro”.
Sección IV. Estatuto del
Personal y el Equipo
63.
La presente sección del Acuerdo dispone que el Estatuto del
personal y el equipo suministrado por el Estado Colombiano a las operaciones de
mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, se regirá por las disposiciones
consagradas en el acuerdo sobre el estatuto de las fuerzas o el acuerdo sobre
el estatuto de la misión (Status of Forces Agreements “SOFA” o Status of Mission
Agreements “SOMA”) específico de la operación en la que se intervenga, o
por las disposiciones del Modelo de Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas
(A/45/594), cuando no se haya concluido el SOFA o SOMA correspondiente,
de conformidad con lo establecido en la Convención sobre Privilegios e Inmunidades
de las Naciones Unidas, aprobada por la Asamblea General de dicha Organización
en 1946.
En tal sentido, el Tratado establece que
los privilegios e inmunidades y la jurisdicción penal y civil aplicable que se
especifique en cada uno de los acuerdos de implementación, estarán sujetos a
las condiciones acordadas por las Naciones Unidas y el Estado receptor de la
operación de mantenimiento de la paz.
Uno de los elementos fundamentales de
las operaciones de mantenimiento de la  paz es la protección al personal de las
misiones[140].
En esta medida, de conformidad con lo establecido en el artículo 105 de la
Carta de Naciones Unidas, la ONU y sus representantes gozan de los privilegios
e inmunidades necesarios para la realización de sus propósitos y para
desempeñar sus funciones con independencia. En las operaciones de mantenimiento
de la paz el régimen de privilegios e inmunidades lo establece el SOFA o
SOMA correspondiente que celebre la ONU con el Estado receptor de las
operaciones.
Ahora bien, de acuerdo con lo dispuesto
en la Resolución A/45/594 proferida por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 9 octubre de 1990, que consagra el modelo de los SOFA de las
operaciones de mantenimiento de la paz, el personal de tales misiones gozará de
las mismas prerrogativas e inmunidades de los representantes de las Naciones
Unidas establecidas en la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las
Naciones Unidas.
Adicionalmente, establece que el Estado
receptor les reconocerá los derechos a:
(i)   Importar equipos, provisiones, suministros, y otros bienes que
sean para uso exclusivo de las operaciones de mantenimiento, o para su reventa
en los economatos del siguiente punto;
(ii) Establecer,
mantener y administrar economatos en su cuartel general, en sus campamentos y
en sus puestos, en beneficio de los miembros de las operaciones. Tales
economatos podrán proporcionar bienes de consumo y otros artículos que se
especifiquen con anticipación.
(iii)
Despacho de aduanas y depósitos aduaneros, equipos, provisiones,
suministros, y otros bienes que sean para uso exclusivo de la misión o para su
reventa en los economatos mencionados,
(iv)
Reexportar o disponer en otra forma de dichos equipos, en la
medida en que todavía se puedan utilizar, así como todas las previsiones,
suministros, y otros bienes no consumidos que se hayan importado o despachado
de aduanas y de depósitos aduaneros y que no sean transferidos, o entregados en
los términos que se había acordado, a las autoridades locales competentes del
territorio, al Estado receptor o una entidad designada por ellas.
(v) El
Estado receptor y la operación de mantenimiento de la paz acordarán un
procedimiento que abarque la documentación para que la importación, despacho,
transferencia o exportación de bienes pueda efectuarse en el menor tiempo
posible.
Ahora bien, en consideración a que el
régimen de privilegios e inmunidades se circunscribe a lo establecido en la Convención
sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas aprobada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 13 de febrero de 1946, e incorporada en el
ordenamiento nacional mediante la Ley 62 de 1973, se expondrá un breve resumen
sobre el contenido que se relaciona con el asunto objeto de revisión.
La Convención sobre Privilegios e
Inmunidades de las Naciones Unidas tiene su fundamento principal en los
artículos 104 y 105 de la Carta de la ONU en los que se establece que sus
miembros tienen todas las prerrogativas necesarias para el pleno cumplimiento
de sus funciones.
Asimismo, dispone que la ONU tiene
personalidad jurídica y capacidad para contratar, adquirir y disponer
propiedades y entablar procesos judiciales. Los bienes de propiedad de las
Naciones Unidas gozan de inmunidad contra cualquier procedimiento judicial
excepto si hay renuncia expresa a la misma. Sus locales no pueden ser allanados,
requisados, confiscados o expropiados y no se puede ejercer sobre ellos
cualquier forma de injerencia, ya sea de carácter ejecutivo, judicial o
legislativo. Adicionalmente, las Naciones Unidas pueden tener fondos, oro o
divisas corrientes de cualquier clase y llevar sus cuentas en cualquier moneda
y sus bienes e ingresos se encuentran exentos de contribuciones tributarias y
de derechos de aduana.
Además, la Convención dispone que los
miembros de la ONU tendrán las mismas facilidades de comunicaciones que las que
haya otorgado el Estado receptor a otro País en su territorio.
El artículo IV de la referida Convención
establece las siguientes prerrogativas e inmunidades para los representantes de
los miembros de los órganos principales y subsidiarios de las Naciones Unidas:
“(a) inmunidad contra detención o arresto personal y embargo de su
equipaje personal, y respecto a todos sus actos y expresiones ya sean orales o
escritas en tanto se encuentren desempeñando sus funciones en dicha capacidad,
e inmunidad contra todo procedimiento judicial;
(b) inviolabilidad de
todo papel o documento;
(c) el derecho de
usar claves y recibir documentos y correspondencia por estafeta y valija
sellada;
(d) exención con
respecto a los representantes y sus esposas de toda restricción de inmigración
y registro de extranjeros, y de todo servicio de carácter nacional en el país
que visiten o por el cual pasen en el desempeño de sus funciones;
(e) las mismas
franquicias acordadas a los representantes de Gobiernos extranjeros en misión
oficial temporal, por lo que respecta a las restricciones sobre divisas
extranjeras;
(f) las mismas
inmunidades y franquicias respecto a sus equipajes personales acordadas a los
enviados diplomáticos, y también:
(g) aquellos otros
privilegios, inmunidades y facilidades compatibles con lo antedicho, de los
cuales gozan los enviados diplomáticos, con la excepción de que no podrán
reclamar excepción de derechos aduaneros sobre mercaderías importadas (que no
sean parte de su equipaje personal) o de impuestos de venta y derechos de
consumo”.
Por otra parte, el artículo
V de dicha normativa establece que los funcionarios que previamente determine
el Secretario General de la ONU estarán:
“(a) inmunes contra
todo proceso judicial respecto a palabras escritas o habladas y a todos los
actos ejecutados en su carácter oficial;
(b) exentos de
impuestos sobre los sueldos y emolumentos pagados por la Organización;
(c) inmunes contra
todo servicio de carácter nacional;
(d) inmunes, tanto
ellos como sus esposas e hijos menores de edad, de toda restricción de
inmigración y de registros de extranjeros;
(e) se les acordará,
por lo que respecta al movimiento internacional de fondos, franquicias iguales
a las que disfrutan funcionarios de categoría equivalente pertenecientes a las
misiones diplomáticas acreditadas ante el Gobierno en cuestión;
(f) se les dará a
ellos, y a sus esposas e hijos menores de edad, las mismas facilidades de
repatriación en época de crisis internacional, de que gozan los agentes
diplomáticos;
(g) tendrán derecho a
importar, libres de derechos, sus muebles y efectos en el momento en el que
ocupen su cargo en el país en cuestión”.
Ahora
bien, esta Corporación se ha pronunciado en diferentes oportunidades sobre la
constitucionalidad del régimen de privilegios e inmunidades de los miembros de
diferentes misiones que han ingresado a Colombia, pero no existe un
pronunciamiento particular sobre Colombianos que hagan parte de una misión de
una organización internacional y que con base en ello sean beneficiarios de un
régimen de inmunidades. No obstante, en aplicación del principio de
reciprocidad en las relaciones internacionales, es lógico sostener que si la
Corte avala el régimen de privilegios e inmunidades para extranjeros que
ingresan a Colombia, es válido admitir que tales privilegios también son aplicables
a los colombianos en el exterior.
En
este sentido, en la sentencia C-137 de 1996[141],
la Corte estableció que a partir del principio de soberanía, independencia e
igualdad de los Estados, se deriva una regla de derecho internacional público
reconocida por la costumbre internacional y diferentes tratados
internacionales, que establece que los agentes y bienes provenientes de Estados
extranjeros deben ser inmunes a la acción coercitiva de las autoridades
públicas de los Estados huéspedes. Además, indicó que este principio también es
aplicable a los funcionarios y bienes de agencias o centros internacionales con
el fin de garantizar la independencia de tales organismos.
Asimismo, hizo referencia de forma
particular a la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones
Unidas, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de
febrero de 1946, suscrita por los Países miembros de dicha organización y la
Convención sobre los privilegios e inmunidades de los organismos especializados
aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 21 de noviembre de
1947. Tales instrumentos internaciones fueron incorporados en el ordenamiento
interno por medio de la Ley 62 de 1973.
Posteriormente, en la sentencia C-254
de 2003[142],
al analizar la exequibilidad de la Ley 766 del 31 de julio de 2002 “Por
medio de la cual se aprueba la ‘Convención sobre asistencia en caso de
accidente nuclear o emergencia radiológica’ aprobada en Viena el 26 de
septiembre de 1986” la Corte estableció que las inmunidades conferidas a
los miembros de un organismo internacional se otorgan con fundamento en
disposiciones de derecho internacional que no afectan en principio la soberanía
nacional, tal y como se reconoció al incorporar en la legislación nacional la
Convención sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas.
En el mismo sentido se pronunció este
Tribunal en la sentencia C-1156 de 2008[143],
al examinar la constitucionalidad del “Acuerdo sobre los Privilegios e
Inmunidades de la Corte Penal Internacional, hecho en Nueva York el 9 de septiembre
de 2002” y la Ley aprobatoria 1180 del 31 de diciembre de 2007, en
la que reiteró las reglas anteriormente establecidas e indicó que las
prerrogativas e inmunidades que se conceden en los diferentes tratados
internacionales no resultan prima facie contrarias a la Constitución, en
la medida en que responden a una necesidad de conceder las garantías
indispensables para que los sujetos de derecho internacional puedan ejercer las
funciones que les corresponden con mayor independencia y neutralidad, por lo
que tales cláusulas se encuentran acordes con la Norma Superior.
Las reglas anteriormente establecidas
han sido reiteradas en jurisprudencia reciente, en particular en la sentencia
C-788 de 2011[144],
que indicó:
“la Corte ha sostenido que el principio
de inmunidad de jurisdicción debe ser entendido en concordancia con tres
elementos: (i) el artículo 9 de la Constitución Política según el cual, las
relaciones exteriores del Estado se fundamentan en el reconocimiento de los
principios de derecho internacional aceptados por Colombia; (ii) la soberanía,
independencia e igualdad de los Estados; y (iii) en el caso de los organismos y
agencias internacionales, la necesidad de que los mismos gocen de independencia
para el cumplimiento de su mandato. Así, en criterio de la jurisprudencia, los
privilegios e inmunidades de los Estados y las agencias internacionales
huéspedes en Colombia, “queda[n] supeditad [os] a que, efectivamente, propendan
por la defensa de la independencia, igualdad y soberanía del organismo de
derecho internacional de que se trate”.
En esta oportunidad, la sala encuentra
que la Sección IV del Convenio objeto de revisión se encuentra conforme con los
principios constitucionales y la jurisprudencia de esta Corporación. En efecto,
se evidencia que cada una de las operaciones de mantenimiento de la paz se
regirá por un acuerdo específico con el Estado receptor de la misión (SOFA o
SOMA) en el que se establecen disposiciones especiales sobre el régimen de
inmunidades y privilegios consagrados en la Resolución No. A/45/594 de 1990.
Adicionalmente, el Tratado objeto de examen dispone que el personal estará
protegido por las disposiciones de la Convención sobre Privilegios e
Inmunidades de las Naciones Unidas, que se encuentra incorporada en la
legislación nacional mediante la Ley 62 de 1973. En esa oportunidad, Sala no
encuentra que la Convención contenga alguna disposición contraria a la Norma
Superior, y al contrario se reconoce la protección que tendrán los nacionales
que sean enviados como parte de las operaciones de mantenimiento de la paz.
Con fundamento en lo anterior, se
evidencia que el personal colombiano enviado a las operaciones en cumplimiento
del presente acuerdo, estará protegido por un régimen especial de inmunidades y
privilegios, lo cual ha sido aceptado por este Tribunal. En consecuencia se
declarará la EXEQUIBILIDAD de la Sección III del presente Convenio.
Sección V. Entrada en Vigor
64.
Este apartado dispone que el Tratado entrará en vigor cuando la
Organización de Naciones Unidas reciba la notificación escrita enviada por el
canal diplomático del Gobierno colombiano, en la que se comunique que ha
concluido el proceso necesario para que el Acuerdo Marco entre en vigor, de
conformidad con su legislación nacional.
Adicionalmente, establece que
el Tratado quedará sin efectos tres meses después de la fecha en que cualquiera
de las partes remita a la otra la notificación escrita de su intención de
ponerle fin.
65.
La Sala considera que el presente aparte se encuentra conforme a
la Norma Superior, en la medida en que somete la entrada en vigor del Acuerdo a
la notificación de la culminación del proceso de aprobación de la Ley. En
efecto, tal procedimiento inicia con la presentación del Tratado objeto de
revisión por parte del Presidente de la República o del Ministro
correspondiente al Senado para su respectiva ratificación y promulgación de la
ley aprobatoria del tratado. Posteriormente, el Presidente sanciona la
mencionada ley y la remite a la Corte Constitucional para que ésta decida sobre
la constitucionalidad del convenio. En caso de que éste sea declarado exequible
el Gobierno podrá manifestar su consentimiento de ratificar el tratado a la
otra parte.
66.
Con fundamento en lo anterior, el Tratado será declarado
EXEQUIBLE, ya que no se contrapone con la Carta Política, toda vez que somete
su entrada en vigor a la culminación proceso de la ley aprobatoria del presente
Acuerdo en el ordenamiento nacional.
Conclusiones
67.
La revisión formal de constitucionalidad del instrumento internacional
y de su ley aprobatoria, muestra que se cumplieron las reglas y subreglas
jurisprudenciales establecidas para las fases:
68.
Previa gubernamental: se acreditó la representación válida del
Estado colombiano por el entonces Ministro de Defensa, en la negociación,
celebración y suscripción del instrumento internacional, así como su aprobación
y remisión al Congreso de la República por parte del Presidente de la
República. Asimismo, del contenido del tratado no se derivó la obligación de
agotar el mecanismo de consulta previa;
69.
Legislativa: en la que se verificó el cumplimiento del
procedimiento legislativo establecido para las leyes ordinarias y en especial
la exigencia del anuncio previo, conforme al artículo 160 de la Constitución el
quorum deliberatorio y decisorio en cada debate legislativo. No se encontró
acreditado el supuesto vicio en el proceso referido por el Ministerio Público,
relacionado con el incumplimiento de la regla de votación dispuesta en el
numeral 4º del artículo 123 de la Ley 5º de 1992, que establece que todos los
Congresistas que estén presentes al momento de iniciar la votación deben votar.
Lo anterior, teniendo en cuenta que la Vista Fiscal en su argumento utilizó el
número inicial de registro de Parlamentarios como el cifra de los Congresistas
que estaban presentes al momento de votar en cada uno de los debates, y no tuvo
en consideración la práctica legislativa de quorum variable, es decir que no
todos los parlamentarios que se registraron en el inicio de una sesión están
presentes en el momento de la votación, pues pudieron ausentarse por diferentes
motivos. En esta oportunidad, de las pruebas que constan en las Gacetas del
Congreso y las certificaciones de los Secretarios Generales de cada una de las
Cámaras, se pudo verificar que los Congresistas que se encontraban presentes en
el momento que inició la votación efectivamente votaron.
70.
Por otra parte, en la revisión del trámite legislativo, se
encontró que se configuró un vicio de procedimiento en la Plenaria del Senado, debido
a que se omitió la presentación y la votación de la proposición con la que
terminó el informe de ponencia para segundo debate. No obstante, del análisis
del desarrollo de la sesión, se prueba que dicha irregularidad se saneó. En
efecto, se comprobó que todos los Senadores conocían el contenido del informe,
debido a que éste fue publicado antes de la sesión en la que se aprobó. Además,
todos estuvieron de acuerdo con continuar con la votación de la omisión de
lectura del articulado, hubo plena participación democrática en la sesión, ya
que todos los parlamentarios tenían pleno conocimiento del objeto de la
votación, de hecho dos Senadores votaron en contra de la omisión de lectura del
articulado y de su aprobación. En consecuencia, la Corte concluye que en esta
oportunidad el vicio de la etapa formal se saneó en el desarrollo de la sesión,
pues no se encontró ninguna vulneración a la voluntad democrática del
Legislador.
71.
Posterior gubernamental: se cumplió el deber del Presidente de la
República de sancionar la ley y remitirla a la Corte Constitucional dentro de
los 6 días siguientes, en cumplimiento del artículo 241.10 de la Constitución
Política.
72.
Al analizar la integridad material de la Ley 1794 de 2016 “Por
medio de la cual se aprueba el “Acuerdo Marco entre las Naciones Unidas y el
Gobierno de la República de Colombia relativo a las contribuciones al sistema
de Acuerdos de Fuerzas de Reserva de las Naciones Unidas para las operaciones
de mantenimiento de la paz suscrito en la ciudad de Nueva York el 26 de enero
de 2015”, este Tribunal considera que es constitucional, pues se constató
que el Congreso de la República, respetó la Competencia fijada en el artículo
150.16 y aprobó el Acuerdo internacional sometido a su consideración por parte
del Gobierno Nacional, sin introducir modificaciones al texto del Instrumento
que es objeto de estudio de constitucionalidad con respeto a las reglas sobre
entrada en vigor del instrumento internacional.
De la revisión material de
constitucionalidad del Acuerdo, la Corte encuentra que:
73.  La sección preliminar y la sección
I sobre el objeto del Tratado son constitucionales. En efecto, se evidencia que el
Convenio busca que Colombia suministre recursos en las operaciones de
mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, las cuales se desarrollan en
escenarios donde las partes de un conflicto han llegado a un acuerdo para hacer
una transición a una paz sostenible, lo cual se encuentra acorde con la
Constitución Política que establece la paz como un derecho y un fin primordial del
Estado. Adicionalmente, se encuentra conforme con la obligación de mantener la
paz y seguridad internacionales, establecida en la Carta de Naciones Unidas, y
con los principios sobre la proscripción de la guerra, la solución pacífica de
controversias y el pacta sunt servanda. Además, se encuentra que el
Tratado respeta los principios de soberanía nacional y de no intervención, en
la medida en que las misiones se desarrollan dentro del marco de un tratado
celebrado previamente por la ONU y por el Estado receptor. Lo anterior en
consideración a que uno de los principios fundamentales de las operaciones de
mantenimiento de la paz es el consentimiento de las partes de recibir a los
miembros de las misiones. En consecuencia se declararán EXEQUIBLES.
74.  La sección II
sobre la descripción de los recursos y la sección III respecto de las
condiciones de suministro se encuentran conformes a la Constitución
Política, toda vez que respetan el principio de soberanía nacional al
establecer que la decisión de suministrar los recursos siempre será del Estado
Colombiano, lo que garantiza que siempre se verifique que no se incumpla la
finalidad constitucional para la que fue concebida la Fuerza Pública. Además,
se encuentra que los “arreglos posteriores” a los que se refiere el
Tratado no tienen la entidad suficiente para generar nuevas obligaciones a la
República de Colombia porque  todos hacen referencia a temas específicos de la
ejecución del acuerdo, tales como: (i) la
descripción detallada del tipo y la cantidad de personal y la descripción del
equipo que el Gobierno decida suministrar a las operaciones de mantenimiento de
la paz de las Naciones Unidas; (ii) los regímenes disciplinarios y estándares de conducta
correspondiente, incluidas las condiciones de investigación de cualquier falta;
(iii) las condiciones para el
reembolso y la prestación de apoyo al Gobierno colombiano por parte de las
Naciones Unidas; (iv) las disposiciones relacionadas con la
autonomía logística; (v) las condiciones para la solución de
controversias y reclamaciones de terceros; y (vi) cualquier disposición
relativa a la implementación del Tratado objeto de revisión, por lo
que también se encuentra conforme con la Carta Política. Por consiguiente se
declararán EXEQUIBLES.
75.
La sección IV sobre el régimen de privilegios e inmunidades es
acorde a la Norma Superior, en la medida en que garantiza que el personal colombiano
que sea enviado a las operaciones de mantenimiento de la paz tenga una
protección especial en el ejercicio de sus funciones como parte de tales
misiones. En efecto el Tratado estable un régimen especial de inmunidades
proveniente del SOFA o SOMA que, de conformidad con lo dispuesto en la
Resolución A/45/594 proferida por la Asamblea General de Naciones Unidas, les
otorga la misma protección que tiene los miembros de la ONU consagrada en la
Convención sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas incorporada
en nuestro ordenamiento por medio de la Ley 62 de 1973. En consecuencia se
declarará la EXEQUIBILIDAD de la Sección IV del presente Acuerdo.
76.
Finalmente la Sala encuentra que la sección V relacionada con
la entrada en vigor del Acuerdo es constitucional en la medida en que
establece que el Tratado objeto de revisión entrará en vigor cuando finalice su
trámite de aprobación en el ordenamiento nacional. Por consiguiente se
declarará la EXEQUIBILIDAD de la sección V del Convenio.
VI. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la
Sala Plena de la Corte Constitucional, en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE:
Primero.- Declarar EXEQUIBLE la
Ley 1794 de 2016
“Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo Marco entre las Naciones Unidas
y el Gobierno de la República de Colombia relativo a las contribuciones al
sistema de Acuerdos de Fuerzas de Reserva de las Naciones Unidas para las
operaciones de mantenimiento de la paz”, suscrito en la ciudad de
Nueva York el 26 de enero de 2015.
Segundo.- Declarar EXEQUIBLE el
“Acuerdo
Marco entre las Naciones Unidas y el Gobierno de la República de Colombia
relativo a las contribuciones al sistema de Acuerdos de Fuerzas de Reserva de
las Naciones Unidas para las operaciones de mantenimiento de la paz”, suscrito en la ciudad de Nueva York el 26
de enero de 2015.
Cópiese, notifíquese,
comuníquese insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y
archívese el expediente.
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Presidente
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
IVÁN HUMBERTO ESCRUCERÍA
MAYOLO
Magistrado (E)
AQUILES ARRIETA GÓMEZ
Magistrado (E)
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
JOSÉ ANTONIO CEPEDA AMARÍS
Magistrado (E)
ROCÍO LOAIZA MILIÁN
Secretaria General (E)
[1] Es necesario resaltar que la división por
artículos la hace el Ministerio de Defensa, sin embargo el texto original del
Tratado no se divide en artículos.
[2] Es necesario resaltar que la división por
artículos la hace el Ministerio de Defensa, sin embargo el texto original del
Tratado no se divide en artículos.
[3] Folio 220,
cuaderno principal.
[4] Sentencia C–468
de 1997 M.P. Alejandro Martínez Caballero, reiterada en sentencias C-378 de 1996, M.P Hernando Herrera Vergara; C-682
de 1996, M.P Fabio Morón Díaz; C-400 de 1998, M.P Alejandro Martínez Caballero;
C-924 de 2000, MP: Carlos Gaviria Díaz, C–576 de 2006 M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa, entre otras.
[5] Sentencia C–011
de 2010 M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[6] Artículo
7 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, aprobada
por Colombia mediante la ley 32 de 1985.
[7] Ver
Sentencias C–582 de 2002, C–933 de 2006, C–534
de 2008 todas con ponencia del doctor Rodrigo Escobar Gil, además las
sentencias C–537 de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño, C–039 de 2009 y C–378 de
2009 ambas con ponencia del doctor Humberto Sierra Porto entre otras.
[8] Ibídem.
[9] Ver
Sentencia C-208 de 2007 M.P. Rodrigo Escobar Gil, C-196 de 2012 M.P. María
Victoria Calle Correa.
[10] Ibídem.
[11] M.P. Carlos
Gaviria Díaz.
[12] M.P. Álvaro
Tafur Galvis.
[13] Ver
Sentencias C-208 de 2007 M.P. Rodrigo Escobar
Gil, C-030 de 2008 M.P. Rodrigo Escobar Gil, C-461 de 2008 M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa; C-175 de 2009 M.P. Luís Ernesto Vargas Silva, C-187 de 2011
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
[14] Humberto Antonio
Sierra Porto.
[15] Ley
70 de 1993, Artículo 2 Para los efectos de la presente ley se entiende por:
(…)5. Comunidad Negra. Es el conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana
que poseen una cultura propia, comparten una historia y tienen sus propias
tradiciones y costumbres dentro de la relación campo-poblado, que revelan y
conservan conciencia de identidad que las distinguen de otros grupos étnicos.
[16] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[17] Apartado tomado
de las Sentencia C-157 de 2016 y C-184 de 2016, M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado.
[18] M.P.
Clara Inés Vargas Hernández.
[19] Ley
1143 del 4 de julio de 2007.
[20] M.P.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[21] M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez.
[22] M.P. María
Victoria Calle Correa.
[23] Auto 081 de
2008.
[24] Sistematizadas en
la sentencia C–533 de 2008 M.P. Clara Inés Vargas Hernández, reiteradas en
sentencias C–305 de 2010 M.P. Luís Ernesto Vargas Silva, C–982 de 2010 M.P.
María Victoria Calle Correa, entre otras.
[25] Subreglas
reiteradas en sentencia C–305 de 2010 M.P. Luís Ernesto Vargas Silva
[26]Folio 29, Cuaderno principal.
[27] Folio 28,
cuaderno principal.
[28] Folio,
1051, CD prueba parte 2.
[29] Folios
99-110, cuaderno principal.
[30] Folios
111-118, Cuaderno de pruebas parte 2.
[31] Control de
anuncio para discusión y votación el proyectos de Ley, folio 142, cuaderno
principal.
[32] Folio 142 anverso, Cuaderno Principal.
[33] Acta
No. 24. Comisión Segunda
Constitucional Permanente del Senado, sesión del 2 de junio de 2015, Publicada en la
Gaceta del Congreso 717 del 17 de septiembre de 2015, folios 142-148, cuaderno
principal.
[34] Sobre este punto,
en la Sentencia C-1017 de 2012 se expuso que: “La votación nominal y pública ha sido definida como aquella
en la cual cada uno de los congresistas vota siguiendo el orden alfabético de
apellidos o mediante el uso de cualquier procedimiento electrónico, de suerte
que de manera individual contestarán de viva voz el sentido de su decisión o el
mismo quedará consignado en un sistema electrónico que permita su visualización
en tiempo real[34]. Esta
modalidad de votación es, por querer del constituyente, la regla general. Sin
embargo, en la misma disposición Superior en la que se expresó este mandato, se
delegó en el legislador el señalamiento de las hipótesis exceptivas en las
cuales dicha votación no tendría ocurrencia”.
[35] Folio 147, cuaderno principal.
[36] Folio 147,
cuaderno principal.
[37]http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.nivel_3  Imprenta Nacional de
Colombia. Consultada el 4 de abril de 2017, Gaceta No. 833 de 2015.
[38]http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.nivel_3  Imprenta Nacional de
Colombia. Consultada el 4 de abril de 2017, Gaceta No. 867 de 2015.
[39]http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.nivel_3  Imprenta Nacional de
Colombia. Consultada el 4 de abril de 2017, Gaceta No. 868 de 2015.
[40]http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.nivel_3 Imprenta Nacional de
Colombia. Consultada el 4 de abril de 2017, Gaceta No. 869 de 2015.
[41]http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.nivel_3  Imprenta Nacional de Colombia. Consultada el 4 de abril
de 2017, Gaceta No. 870 de 2015.
[42]http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.nivel_3. Imprenta Nacional de Colombia. Consultada el 4 de abril
de 2017, Gaceta No. 933 de 2015.
[43]http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.nivel_3. Imprenta Nacional de Colombia. Consultada el 4 de abril
de 2017, Gaceta No. 934 de 2015.
[44]http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.nivel_3. Imprenta Nacional de
Colombia. Consultada el 4 de abril de 2017, Gaceta No. 935 de 2015. En esa
sesión se aprobó la proposición con la que terminó el informe de ponencia para
segundo debate.
[45]http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.nivel_3. Imprenta Nacional de
Colombia. Consultada el 4 de abril de 2017, Gaceta No. 997 de 2015.
[46]http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.nivel_3. Imprenta Nacional de
Colombia. Consultada el 4 de abril de 2017, Gaceta No. 998 de 2015.
[47]http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.nivel_3. Imprenta Nacional de
Colombia. Consultada el 4 de abril de 2017, Gaceta No. 999 de 2015.
[48]http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.nivel_3. Imprenta Nacional de
Colombia. Consultada el 4 de abril de 2017, Gaceta No. 14 de 2016.
[49]http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.nivel_3. Imprenta Nacional de
Colombia. Consultada el 4 de abril de 2017, Gaceta No. 1048 de 2015.
[50]http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.nivel_3. Imprenta Nacional de
Colombia. Consultada el 4 de abril de 2017, Gaceta No.15 de 2016.
[51]http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.nivel_3. Imprenta Nacional de
Colombia. Consultada el 4 de abril de 2017, Gaceta No. 16 de 2016.
[52]http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.nivel_3. Imprenta Nacional de
Colombia. Consultada el 4 de abril de 2017. Gaceta No. 935 de 2015. En esa
sesión se aprobó la proposición con la que terminó el informe de ponencia para
segundo debate.
[53]http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.nivel_3. Imprenta Nacional de
Colombia. Consultada el 4 de abril de 2017. Gaceta No. 935 de 2015.
[54] Folio
150, cuaderno principal.
[55] Acta
No. 30, Plenaria del Senado,
sesión del 19 de noviembre de 2015, Publicada en la Gaceta del Congreso 17 del 15 de
febrero de 2016, CD folio 97, cuaderno principal.
[56] Sobre este
punto, en la Sentencia C-1017 de 2012 se expuso que: “La votación nominal y pública ha sido definida como
aquella en la cual cada uno de los congresistas vota siguiendo el orden alfabético
de apellidos o mediante el uso de cualquier procedimiento electrónico, de
suerte que de manera individual contestarán de viva voz el sentido de su
decisión o el mismo quedará consignado en un sistema electrónico que permita su
visualización en tiempo real[56].
Esta modalidad de votación es, por querer del constituyente, la regla general.
Sin embargo, en la misma disposición Superior en la que se expresó este
mandato, se delegó en el legislador el señalamiento de las hipótesis exceptivas
en las cuales dicha votación no tendría ocurrencia”.
[57] Acta
No. 30, Plenaria del Senado,
sesión del 19 de noviembre de 2015, Publicada en la Gaceta del Congreso 17 del 15 de
febrero de 2016, CD folio 97, cuaderno principal.
[58] Folios
32-34, cuaderno principal.
[59] Folios 81-82,
cuaderno principal.
[60] Acta
No. 20, Comisión Segunda de la Cámara
de Representantes, sesión del 30 de marzo de 2016, publicada en la Gaceta del Congreso No. 243
de 2016, folio 91-95, cuaderno principal.
[61] Sobre este
punto, en la Sentencia C-1017 de 2012 se expuso que: “La votación nominal y pública ha sido definida como
aquella en la cual cada uno de los congresistas vota siguiendo el orden
alfabético de apellidos o mediante el uso de cualquier procedimiento
electrónico, de suerte que de manera individual contestarán de viva voz el
sentido de su decisión o el mismo quedará consignado en un sistema electrónico
que permita su visualización en tiempo real[61].
Esta modalidad de votación es, por querer del constituyente, la regla general.
Sin embargo, en la misma disposición Superior en la que se expresó este
mandato, se delegó en el legislador el señalamiento de las hipótesis exceptivas
en las cuales dicha votación no tendría ocurrencia”.
[62] Folio 151, CD.
[63]http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=02&p_numero=142&p_consec=45464. Imprenta Nacional de Colombia. Consultada el 13 de marzo
de 2017.
[64]http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=02&p_numero=143&p_consec=45319 Imprenta Nacional de Colombia. Consultada el 13 de marzo
de 2017.
[65]http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=02&p_numero=144&p_consec=45663 Imprenta Nacional de Colombia. Consultada el 13 de marzo
de 2017.
[66]http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=02&p_numero=145&p_consec=45375 Imprenta Nacional de Colombia. Consultada el 13 de marzo
de 2017.
[67] CD, folio 167,
cuaderno principal.
[68] Certificación del Secretario General de la Cámara
de Representantes, Folio 153-154, cuaderno
principal.
[69] Certificación del Secretario General de la Cámara
de Representantes, Folio 153-154, cuaderno
principal.
[70] Certificación del Secretario General de la Cámara
de Representantes, Folio 153-154, cuaderno
principal.
[71]Certificación del Secretario General de la Cámara
de Representantes, Folio 153-154, cuaderno
principal.
[72] Acta
No. 30, Plenaria del Senado,
sesión del 19 de noviembre de 2015, Publicada en la Gaceta del Congreso 17 del 15 de
febrero de 2016, CD folio 97, cuaderno principal.
[73] Sobre este
punto, en la Sentencia C-1017 de 2012 se expuso que: “La votación nominal y pública ha sido definida como
aquella en la cual cada uno de los congresistas vota siguiendo el orden
alfabético de apellidos o mediante el uso de cualquier procedimiento
electrónico, de suerte que de manera individual contestarán de viva voz el
sentido de su decisión o el mismo quedará consignado en un sistema electrónico
que permita su visualización en tiempo real[73].
Esta modalidad de votación es, por querer del constituyente, la regla general.
Sin embargo, en la misma disposición Superior en la que se expresó este
mandato, se delegó en el legislador el señalamiento de las hipótesis exceptivas
en las cuales dicha votación no tendría ocurrencia”.
[74] Sentencias C-008
de 1995 M.P. José Gregorio Hernández Galindo y C-322 de 2006 M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra.
[75] C-008 de 1995 M.P. José Gregorio Hernández
Galindo, Auto 170 de 2003 M.P. Álvaro Tafur Galvis y C-307 de 2004 M.P. Rodrigo
Escobar Gil, Manuel José Cepeda Espinosa, Alfredo Beltrán Sierra.
[76] M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio.
[77] M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio.
[78] Folio
18. cuaderno principal.
[79] Folio 1, cuaderno principal.
[80] Sentencia
C–576 de 2006 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[81] Sentencias C–1161 de 2000 M.P. Alejandro
Martínez Caballero, C–1252 de 2001 M.P. Clara Inés Vargas, C–551 de 2003 M.P.
Eduardo Montealegre Lynnet, entre otras.
[82] United Nations Peacekeeping Operations – Principles and
Guidelines, United Nations Department of Peacekeeping Operations Department of
Field Support, January 2008.
[83] Ibid.
[84] Ibid.
[85] United
Nations Peacekeeping Operations – Principles and Guidelines, United Nations Department of Peacekeeping
Operations Department of Field Support, January 2010.
[86] Ibid.
[87] Ibid.
[88] DPKO Policy
Directive on JOCs and JMACs, 1
July 2006. In this context, the term “joint” refers
to the internal collaboration required between
all mission components to achieve shared objectives
under a single leadership team, citada en United
Nations Peacekeeping Operations – Principles and Guidelines, United Nations
Department of Peacekeeping Operations Department of Field Support, January
2010. 22.
[89] Ibid.
[90] P. Sharf, Michael, Williams, Paul R, The Law of
International Organizations – Problems and Materials, Carolina Academic
Press, Durham, North Carolina, 2013. 508.
[91] http://www.un.org/en/peacekeeping/resources/statistics/contributors.shtml. Organización de
Naciones Unidas. Consultada el 13 de marzo de 2017.
[92] M.P. Mauricio González Cuervo.
[93] Desde su jurisprudencia temprana había
identificado a partir de lo dispuesto en la Carta de las Naciones Unidas
algunos de los principios que quedaban comprendidos por el artículo 9 de la
Constitución. En la sentencia C-381 de 1996 señaló: “Estos principios contenidos en el Capítulo I de la Carta de las Naciones
Unidas y reiterados en la resolución 2735 de la Asamblea General, o "Declaración sobre principios
de derecho internacional referente a las relaciones de amistad y cooperación
entre los Estados", se garantizan en la Convención bajo estudio, si
se tiene en cuenta que ellos son, entre otros, los siguientes: a) los Estados en sus relaciones
internacionales se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza
contra la integridad o independencia política de otro Estado; b) solucionar sus controversias por
medios pacíficos y así evitar poner en peligro la paz y la seguridad internacionales; c) no intervenir en los asuntos internos
de otro Estado; d) cumplir de buena fe sus compromisos
internacionales y e) igualdad de derechos y
autodeterminación de los pueblos.”
[94]
Sentencias C-202 de 2001, C-578 de 2002, C-823 de 2011.
[95]
Sentencia C-287 de 2002.
[96]
Sentencias C-264 de 2002 y C-915 de 2010.
[97]
Sentencia C-264 de 2002.
[98]
Sentencias C-401 de 1997, C-914 de 2001, C-264 de 2002,  C-578 de 2002, C-316
de 2002, C-189 de 2008, C-609 de 2010, C-417 de 2012, C-819 de 2012.
[99]
Sentencias C-974 de 2001, C-264 de 2002, C-189 de 2008.
[100] Sentencias C-203 de 1995, C-915 de 2010, C-788 de 2011, C-316 de 2012,
T-667 de 2011, T-180 de 2012.
[101] Sentencia C-609 de 2010.
[102] Sentencias C-264 de 2002 y
C-578 de 2002. En esta última providencia indico la Corte al referirse al
derecho de denuncia: “Esta disposición reafirma el artículo 9 constitucional,
que establece el consentimiento como fundamento para obligarse
internacionalmente y además con los principios de derecho internacional
aceptados por Colombia, dentro de los cuales se encuentran las disposiciones
sobre la materia que consagra la Convención de Viena de 1969, sobre el derecho
de los tratados.”
[103] Sentencias C-276 de 1993,
C-202 de 2001, C-974 de 2001, C-578 de 2001 y C-578 de 2002. En esta última
sentencia la Corte se refirió al vínculo entre la soberanía y el pacta sunt
servanda al indicar: “Encuentra la Corte que estas disposiciones desarrollan
los principios que rigen el manejo de las relaciones internacionales de
Colombia previstas en nuestro ordenamiento constitucional, en cuanto reiteran
el respeto a los principios de soberanía y pacta sunt servanda aceptados
por Colombia (artículo 9 CP), según los cuales los compromisos internacionales
de Colombia y de cualquier Estado, surgen sólo cuando se ha expresado
válidamente el consentimiento para obligarse.”
[104] M.P. Clara Inés
Vargas Hernández.
[105] Sentencia C-381 de 1996 M.P. Dr. Hernando
Herrera Vergara.
[106] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[107] En particular se hace referencia a la Resolución 2625
(XXV) de la Asamblea General de la ONU, 24 de octubre de 1970, Declaración
sobre los Principios de Derecho Internacional referentes a las relaciones de
amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de
Naciones Unidas (artículo 2.4)
[108] M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[109] M.P. Hernando Herrera Vergara.
[110]
[111] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[112] M.P. Alexei Julio Estrada.
[113] M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[114] M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[115] Resolución 2131 21 de diciembre de 1965.
[116] M.P. Jaime Araújo Rentería.
[117] M.P. Mauricio González Cuervo.
[118] M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[119] Ratificado por Colombia
el 28 de mayo de 1973.
[120] Aprobada en Colombia
mediante la Ley 32 de 1985.
[121] M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[122] M.P. Álvaro Tafur Gálvis.
[123] M.P. Mauricio González Cuervo.
[124] M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[125] M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[126] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[127] Ms.Ps. Eduardo Montealegre Lynett y Clara Inés Vargas
Hernández.
[128] M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[129] M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[130] Sentencia C-187 de 1996,
M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[131] M.P. Jaime Araújo Rentería.
[132] Así lo señaló el Auto 288 de 2010. CITAS DENTRO DE CITAS SIEMPRE EN
CURSIVAS
[133] C-363 de 2000 M.P. Álvaro
Tafur Galvis.
[134] M.P. Hernando Herrera Vergara.
[135] M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[136]M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[137] M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[138] M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[139] Entre dichas obligaciones
se encontraban las siguientes: - Autorización para acceder y utilizar
instalaciones militares por personal militar y civil extranjero. Recuérdese que
el Acuerdo de 2009 permite a los Estados Unidos el acceso y uso, con vocación
de permanencia, de la Base Aérea Germán Olano Moreno (Palanquero), de la Base
Aérea Alberto Pawells Rodríguez (Malambo), del Fuerte Militar de Tolemaida
(Nilo), del Fuerte Militar Larandia (Florencia), de la Base Aérea Capitán Luis
Fernando Gómez Niño (Apíay), de la Base Naval ARC Bolívar en Cartagena y de la
Base Naval ARC Málaga en Bahía Málaga, así como de otras que eventualmente
llegaren a acordar las partes. Es de precisar que la vocación de permanencia
del personal civil y militar extranjero se deriva del artículo XXV del Acuerdo,
que señala una vigencia inicial de diez (10) años pero prorrogable por periodos
iguales de manera indefinida. - Acceso y libre circulación en las instalaciones
convenidas por parte del personal de los Estado Unidos (militar y civil). -
Facultad de ingreso y libre circulación de buques, naves, aeronaves y vehículos
tácticos extranjeros por el territorio nacional, sin posibilidad de inspección
o control por las autoridades nacionales. - Autorización para el uso y porte de
armas en el territorio nacional por personal extranjero, entre otras.
[140] United
Nations Peacekeeping Operations – Principles and Guidelines, United Nations Department of Peacekeeping
Operations Department of Field Support, January 2010.
[141] M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[142] Marco Gerardo Monroy Cabra.
[143] M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[144] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.