T-933-13
REPÚBLICA DE COLOMBIA
NOTA DE RELATORIA: En
cumplimiento del auto de fecha 5 de abril de 2016, proferido por la Sala
Séptima de Revisión, Magistrado Ponente Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, se
ordenó retirar de la presente sentencia los nombres de los accionantes y, en su
lugar, reemplazarlos por nombres ficticios.
Sentencia T-933/13
PERSONAS CON DISCAPACIDAD COMO SUJETOS DE
ESPECIAL PROTECCION CONSTITUCIONAL-Protección nacional e internacional
Debido a la exclusión social que han tenido
que soportar injustificadamente las personas en circunstancia de discapacidad,
aunque tardíamente, han surgido grupos organizados de personas que se
encuentran en esta situación y diferentes organizaciones en el mundo que se han
comprometido con la defensa de sus derechos, lo cual se ha expresado en
diferentes instrumentos internacionales y otros documentos con fuerza jurídica
a través de los cuales se les exige a los Estados el reconocimiento de todas
las garantías de esta población como plenos sujetos de derechos. Las personas
que se encuentran en alguna circunstancia de discapacidad tienen una protección
constitucional reforzada, de conformidad con los artículos 13 y 47 de la
Carta y a la luz de la Convención -entre otros instrumentos internacionales-,
razón por la cual el Estado tiene el compromiso de adelantar acciones efectivas
para promover el ejercicio pleno de sus derechos.
DERECHO
FUNDAMENTAL A LA SALUD DE PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Naturaleza y contenido
En
virtud del principio de dignidad humana, el derecho a la salud (i) no se limita
al bienestar físico sino también al bienestar mental, social y emocional; (ii)
es un derecho fundamental que permite la realización de otras garantías
superiores como también el desarrollo integral del ser humano; y
específicamente (iii) frente a la población con discapacidad el contenido del
derecho al goce del más alto nivel posible de salud incluye la rehabilitación,
cuyo fin es lograr la máxima independencia, capacidad física, mental, social y
vocacional, y la inclusión y participación plena en todas las áreas de la vida
de este grupo.
CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD-Finalidad
DERECHO
A LA SALUD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL-Alcance
frente a personas con trastorno mental
DERECHO A LA
SALUD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL-Componentes esenciales de asistencia, según OMS
Frente a las personas con
discapacidad mental, la Organización Mundial de la
Salud en el informe sobre
la salud en el mundo 2001 “Salud mental: nuevos conocimientos, nuevas
esperanzas”, señaló que el enfoque de atención a las
personas que tienen algún tipo de trastorno mental ha sufrido una variación
sustancial, esto es, mientras que en diferentes momentos históricos fueron
tratadas  solo como pacientes y cuando presentaban alguna alteración en su
conducta eran aisladas de la sociedad mediante su hospitalización en grandes
instituciones siquiátricas –privadas o estatales-, a mediados del siglo XX se
produjo un cambio de paradigma “…del hospital a la comunidad...” debido,
principalmente, a los siguientes factores: (i) progreso de la
psicofarmacología; (ii) movimientos de derechos humanos en pro de la defensa de
las personas con trastornos mentales; y (iii) la definición de salud de la
OMS que incluyó dentro de su contenido el componente social y mental. Con
respecto a los componentes esenciales que integran la dimensión de asistencia
para las personas que se encuentren en esta circunstancia, la
OMS destacó los siguientes: (i) medicación o farmacoterapia, (ii) psicoterapia
y, (iii) rehabilitación psicosocial.
DISCAPACIDAD MENTAL POR TRASTORNOS
ESQUIZOAFECTIVOS-Características
DISCAPACIDAD NO ES SINONIMO DE MINUSVALIA
DE LA PERSONA
En las Normas Uniformes sobre la igualdad
de oportunidades para las personas en situación de discapacidad, en un intento
por aclarar los contenidos de las dos expresiones, se señaló que la
discapacidad hacía referencia a una limitación funcional, esto es, a una
deficiencia, dolencia, enfermedad, de carácter permanente o transitorio. En
contraste, se estableció que la minusvalía era generada por el entorno –físico
y social- La minusvalía fue un concepto que se creó para evidenciar la
deficiencia del diseño del entorno físico y de la organización social que
impiden la plena participación de la población con discapacidad en condiciones
de igualdad, frente a quienes no se encuentran en dicha circunstancia.
Siguiendo este espíritu, actualmente la expresión “minusvalía” es integrada
implícitamente al concepto de discapacidad, desde la perspectiva de un modelo
social, para señalar que “…la discapacidad surge principalmente del fracaso de
la adaptación del ambiente social a las necesidades y aspiraciones de las personas
con discapacidad, en vez de la incapacidad de estas personas de adaptarse al
ambiente. Para este modelo la discapacidad es principalmente un problema de
discriminación y estigmatización…”
DISCAPACIDAD NO ES SINONIMO DE INVALIDEZ
No debe confundirse la
situación de discapacidad con la invalidez en el contexto de la normativa de
seguridad social. En el marco de dicha normativa, la invalidez está ligada al
reconocimiento de una prestación que se otorga a quienes cumplen con los
requisitos exigidos en la ley, como el atinente a que la persona tenga una
pérdida de capacidad laboral del 50% o superior a este. Este reconocimiento
económico es una opción con que cuentan las personas con discapacidad dentro de
la normativa laboral y al que pueden acceder una vez acrediten los presupuestos
exigidos para tal fin, pero el que exista esta posibilidad en el ordenamiento
jurídico no significa que la persona con discapacidad, aún teniendo un
porcentaje de pérdida de capacidad laboral (PCL) del 50% o más, no cuente con
otras capacidades que pueda emplear en el desarrollo de una actividad
productiva para acceder a una fuente de ingresos y ponerlas al servicio del
crecimiento de la sociedad. En este orden de ideas (i) la invalidez ligada a la
pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%, no es asimilable a la
discapacidad; y (ii) la pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%,
ligada a una pensión cuando se cumplen con los requisitos legales, no significa
siempre imposibilidad de seguir trabajando.
ACCIONES AFIRMATIVAS-Efectividad del derecho a la igualdad
material de población discapacitada/ACCIONES AFIRMATIVAS O DE DIFERENCIACION POSITIVA-Concepto
La realización del mandato
de la igualdad material supone el desarrollo de acciones afirmativas, entendidas
como “las
políticas o medidas dirigidas a favorecer a determinadas personas o grupos, ya
sea con el fin de eliminar o reducir las desigualdades de tipo social, cultural
o económico que los afectan, bien de lograr que los miembros de un grupo
subrepresentado, usualmente un grupo que ha sido discriminado, tengan una mayor
representación.” En otras palabras, la noción de acción
afirmativa está encaminada a (i) “favorecer a determinada persona o grupos, ya
sea con el fin de eliminar o reducir las desigualdad de tipo social, cultural o
económico, que los afectan…” y a (ii) “lograr que los miembros de un grupo
subrepresentado, usualmente un grupo que ha sido discriminado, tenga una mayor
representación...”
PERSONA CON LIMITACIONES O DISCAPACIDAD-Obligaciones específicas y preferentes del
Estado en adopción de medidas de inclusión y acciones afirmativas para evitar
discriminación y garantizar derechos fundamentales
PRINCIPIO DE AJUSTES RAZONABLES-Modificaciones y adaptaciones para
garantizar a las personas con discapacidad el goce y ejercicio en condiciones
de igualdad de sus derechos humanos y libertades fundamentales
Es importante tener en cuenta que al
interior de la población discapacitada, convergen distintas necesidades
dependiendo del tipo y grado de discapacidad que se tenga, por ello, no basta
con que el Estado adopte medidas afirmativas en relación con ese grupo, sino
que éstas deben responder a sus necesidades particulares y para ello debe
realizar los ajustes razonables que se requieran. La realización del derecho a
la igualdad material de las personas con discapacidad, implica que las medidas
legislativas, administrativas, entre otras, respondan a su situación concreta.
Estas adaptaciones, a la luz del instrumento internacional de la
Convención se denominan ajustes razonables, que involucran no solo la
infraestructura física sino también las reglas jurídicas que, en muchos casos,
imponen limitaciones a las personas en situación de discapacidad, y desconocen
las diferencias existentes entre este grupo y el resto de personas que no se
encuentran en su misma circunstancia.
DERECHO A LA
SALUD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL-Asistencia comprende atención médica, rehabilitación,
transformación cultural de la comunidad y apoyo de la familia
El apoyo que debe brindarse
a las personas con un trastorno mental esquizoafectivo, debe comprender (i)
atención médica – detección diagnóstica, información al interesado sobre el
diagnóstico y el tratamiento a seguir, atención, apoyo psicológico,
hospitalización en caso de requerirse ante recaídas-; (ii) rehabilitación –
apoyo social, educación, formación profesional, empleo, atención prolongada,
atender sus necesidades espirituales-; (iii) transformación cultural de la
comunidad – erradicar estigma y discriminación, participación social plena y
promoción de los derechos humanos-; y (iv) apoyo de la familia – aptitudes para
la atención, cohesión familiar, apoyo durante crisis, apoyo financiero y asistencia
de relevo-.
ACCION DE TUTELA CONTRA EL ICETEX-Caso en que se solicita condonación de
crédito educativo para personas con discapacidad, por cuanto estudiante con
trastorno esquizoafectivo al momento de otorgar el crédito ya contaba con pérdida
de la capacidad laboral superior al 50% y el reglamento de condonación señala
que la PCL sea sobreviniente
DERECHO A LA
CAPACIDAD JURIDICA SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
FRENTE AL PROCESO DE INTERDICCION-Contenido
DERECHO A LA
IGUALDAD DE PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Vulneración por el Icetex al no contemplar ajustes
razonables en el reglamento para la condonación de créditos para estudiantes
discapacitados
Existe un desconocimiento
del derecho a la igualdad de la población en situación de discapacidad porque
el reglamento equipara a las personas que acceden al crédito educativo bajo
otras líneas de crédito y que no se encuentran en circunstancia de
discapacidad, con quienes sí lo están, para aplicar de manera uniforme las
causales de condonación de la deuda, específicamente la contenida en el literal
b) del artículo 44 del Reglamento del Crédito Educativo. La acción afirmativa
implementada por el ICETEX debe tomar en consideración la situación específica
de esta población para adecuar su reglamento en lo referente a las reglas de
condonación. En este contexto, las personas con discapacidad tienen derecho a
que las causales de condonación se adapten a su circunstancia para garantizar
igualdad frente a quienes no se encuentran en su misma situación. En este
respecto, la acción afirmativa consagrada a favor de esta población mediante la
línea de crédito para personas con limitaciones físicas, psíquicas y
sensoriales debe además realizar la igualdad real y efectiva mediante la
implementación de ajustes razonables.
DERECHO A LA
IGUALDAD DE PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Aplicación de excepción de inconstitucionalidad en
reglamento del ICETEX que establece “invalidez sobreviniente” para condonación
de créditos
DERECHO A LA
IGUALDAD DE PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Orden al Icetex suspenda la cancelación de cuotas de
crédito hasta tanto se dictamine después de tratamiento integral de salud,
sobre la posibilidad que el peticionario pueda vincularse laboralmente, en caso
contrario procederá a la condonación de la deuda
DERECHO A LA
IGUALDAD DE PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Orden al Icetex realice ajustes razonables al
Reglamento para la condonación de créditos educativos a población con
discapacidad
Referencia: expediente  T- 3.918.176
Acción de Tutela instaurada por Mauricio
a través de su representante legal Felipe en contra del Instituto
Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior –ICETEX-
Derechos tutelados: salud, educación
inclusiva, igualdad, mínimo vital.
Temas: discapacidad mental, derecho a la
salud, diferencia entre discapacidad e invalidez, derecho  la igualdad y
ajustes razonables.
Problema jurídico: vulnera el ICETEX el
derecho a la igualdad y al mínimo vital familiar, al negarse a condonar la
deuda adquirida por los peticionarios en virtud de un crédito adquirido bajo la
modalidad de línea especial para personas con discapacidad, aduciendo que dicha
figura jurídica sería aplicable si la invalidez alegada hubiese sido
sobreviniente a su otorgamiento, supuesto que, a su parecer, no se cumple en el
caso del joven porque esta circunstancia ya estaba presente cuando se le otorgó
el crédito educativo.
Magistrado Ponente:
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Bogotá D.C., nueve (9) de diciembre de dos
mil trece (2013)
La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de
la Corte Constitucional, conformada por los
magistrados Alberto Rojas Ríos, Luis Ernesto Vargas Silva y Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub –quien la preside-, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y
241, numeral 9°, de la
Constitución Política, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de la sentencia
de segunda instancia proferida el 18 de abril de 2013, por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá –Sala Civil-, que confirma la sentencia del 2
de abril de 2013, proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bogotá,
mediante la cual se negó el amparo de los derechos fundamentales a la igualdad,
a la vida digna y a la educación del tutelante.
1.
ANTECEDENTES
De acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 86 y 241-9 de la
Constitución Política, 33 del Decreto 2591 de 1991 y 49 del Reglamento de la
Corporación, la Sala de Selección Número Seis escogió, para efectos de su
revisión, la acción de tutela de la referencia.
De conformidad con el artículo 34 del
Decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión procede a dictar la sentencia
correspondiente.
1.1.   SOLICITUD
Felipe como curador de su hijo Mauricio,
y en nombre propio demandó ante el juez de tutela
la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, a la vida digna y a
la educación, presuntamente vulnerados por el Instituto Colombiano de Crédito
Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior –ICETEX- al negarse a condonar la
deuda adquirida en virtud del crédito educativo otorgado para personas con
limitaciones físicas, psíquicas y sensoriales, aduciendo que el Reglamento del
Crédito Educativo permite la condonación de la deuda, entre otros eventos,
cuando el hecho que da lugar a la invalidez sobreviene al otorgamiento del
crédito, hipótesis que, según el ICETEX, no se cumple en el caso su hijo porque
al momento del otorgamiento, la invalidez del joven ya existía y, precisamente por
ello, pudo ser beneficiario de la línea de crédito especial. Además, también
invoca la protección de su derecho al mínimo vital y el de su familia.
1.2.
HECHOS RELATADOS
POR EL PETICIONARIO
1.2.1.  Afirma
el accionante que el ICETEX le otorgó a su hijo Mauricio, un préstamo
educativo en la modalidad de “crédito para estudiantes con limitaciones
físicas, psíquicas y sensoriales en desarrollo de la ley 361 de 1997”.
Este préstamo le fue concedido a Mauricio para la cancelación del 60%
del valor de los cuatro últimos semestres de la carrera de “licenciatura en
Educación Básica con énfasis en Humanidades e Idiomas”.
1.2.2.  El
señor Felipe sostiene que el crédito otorgado a su hijo por el ICETEX
fue respaldado por él en calidad de codeudor solidario.
1.2.3.  Asegura
que el ICETEX aprobó el crédito en referencia con base en el dictamen de “la
EPS Caja Colombiana de Subsidio Familiar” de septiembre de 2005, en
el cual se señala el diagnóstico de su hijo así: “Trastorno esquizofrénico,
esquizoafectivo. Porcentaje de pérdida de capacidad laboral total de cincuenta
y uno punto ochenta y cinco por ciento (51.85%). Incapacidad permanente
parcial. Invalidez. No necesita de otra persona”.
1.2.4.  Indica
que con el transcurrir del tiempo, la enfermedad de Mauricio se agudizó
al punto de presentar múltiples trastornos psicóticos. Explica que el
suministro de medicamentos para estabilizarlo le produjo efectos secundarios
adversos, como el parkinsonismo, lo que llevó a que el diagnóstico inicialmente
emitido fuera modificado por el de trastorno esquizoafectivo. Relata que este
deterioro en su salud condujo a que en el segundo periodo de 2008 y en el
primer semestre de 2009, su hijo tuviera que interrumpir sus estudios.
1.2.5.  Manifiesta
que el 10 de noviembre de 2011, dentro del proceso de interdicción promovido
por la progenitora del joven, el Juzgado Segundo de Familia de Bogotá declaró
la “interdicción judicial por discapacidad absoluta” de Mauricio,
y designó como guardador principal al padre y, como suplente a la madre, María
Doris Cruz.
1.2.6.  Alega
que el 31 de mayo de 2012, ante su difícil situación económica, en calidad de
deudor solidario y como guardador de su hijo, radicó ante el ICETEX una
solicitud de condonación de la deuda. Dicha petición se fundamentó en la
difícil situación económica por la que atraviesa la familia, ya que el
tutelante es el único proveedor del hogar, mientras que su esposa María Doris
Cruz debe asumir el cuidado personal del joven.
1.2.7.  Aduce
que el 10 de junio de 2012, el ICETEX respondió a su solicitud de forma
negativa, argumentando que dicha institución no puede condonar la obligación
contraída en razón a que en el caso particular no se reúnen las condiciones
establecidas en el Reglamento de Crédito Educativo contenido en el Acuerdo 029
de 2007, específicamente, sostuvo que el estado de invalidez de Mauricio
no fue un hecho sobreviniente al otorgamiento del crédito educativo.
1.2.8.  Manifiesta
que se encuentra en una grave situación económica debido a que se ha visto
obligado a seguir pagando el referido crédito para no ser reportado en las
centrales de riesgo ni perder su empleo como asesor comercial en Alpina, labor por
la cual percibe ingresos de ochocientos treinta y nueve mil cien pesos
($839.100) mensuales. Cuenta que con ese salario debe cubrir todas sus
necesidades básicas, las de su esposa, y especialmente las de su hijo en
situación de discapacidad, quien además se encuentra recibiendo múltiples
tratamientos, lo que les impone gastos adicionales por concepto de medicamentos
y transporte. Expresa que su salario escasamente alcanza para sufragar tales gastos,
de modo que al verse obligado a pagar el crédito, está poniendo en grave riesgo
su mínimo vital y el de su familia.
1.3.
TRASLADO Y
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
Radicada la acción de tutela el 12 de marzo de 2013,
el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bogotá la admitió y ordenó correr
traslado a la parte accionada para que ejerciera su derecho de defensa.
1.3.1.  Instituto
Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior –ICETEX-
El Jefe de la
Oficina Asesora Jurídica del -ICETEX- realizó las siguientes manifestaciones:
1.3.1.1. Expresó que en el Reglamento de Crédito Público Educativo que forma
parte integral del contrato de mutuo firmado por el accionante, se establece
que procede la condonación de la deuda por causa del fallecimiento y/o
invalidez total o parcial sobreviviente del solicitante del crédito. Aseguró
que la condonación solamente puede otorgarse en los eventos señalados en ese
reglamento, pues si los funcionarios desconocen dicha normativa, se exponen a
sanciones de tipo fiscal, disciplinario e incluso penal.
Indicó que en el caso que se busca resolver, no se otorgó un crédito
común al que le son aplicables en su totalidad las cláusulas del Reglamento,
sino uno previsto especialmente para personas con discapacidad, circunstancia en
la cual se encuentra Mauricio. Dada esta particularidad, sostuvo que no es
viable otorgar la condonación de la deuda, pues la discapacidad del joven no es
sobreviniente sino que existía desde antes del acceso al crédito y fue una de
las razones por las que se concedió.
1.3.1.2. Argumentó que el deudor principal junto con sus codeudores
solidarios, al momento de obligarse, aceptaron plenamente las condiciones del
crédito otorgado y, por ende, deben cumplir con el pago total de la obligación.
1.3.1.3. Alegó que el ICETEX no ha vulnerado ningún derecho del joven
peticionario y su familia, y por el contrario, ha contribuido a garantizar su
acceso a la educación mediante la concesión del crédito. Adicionó que también ha
garantizado su derecho a la igualdad porque ha actuado conforme a la normativa
aplicable a su caso, y no ha consagrado ninguna excepción o privilegio frente a
otras personas que se encuentren en su misma circunstancia.
1.3.1.4. Frente a la vulneración del derecho al debido proceso, explicó que no
accedió favorablemente a la solicitud de condonación del crédito porque no se reúnen
los requisitos señalados en el Reglamento para su aplicación. Bajo esta
perspectiva, sostuvo, el accionante no explica de qué manera la entidad ha
actuado al margen de los parámetros legales y del Reglamento que rige para la
línea de crédito a la que accedió su hijo. Reiteró que tal y como lo certificó el
Coordinador del Grupo de Administración de Cartera del ICETEX, la entidad no
respondió favorablemente a la petición del demandante en aras de salvaguardar
recursos públicos, sumado a que la naturaleza del instituto implica que la
adjudicación y desembolsos de los créditos otorgados se realizan bajo un
criterio de “costeabilidad” para que el servicio del crédito educativo
sea sostenible de acuerdo con las disponibilidades presupuestales programadas.
1.3.1.5. Teniendo en cuenta lo anterior, advirtió que el juez de tutela es
incompetente para modificar el reglamento del crédito educativo que fue aceptado
por el actor y su hijo, y las partidas ya asignadas en el presupuesto nacional.
Además, indicó que dar una orden en tal sentido conllevaría la extralimitación
de funciones de los servidores del ICETEX e implicaría poner en riesgo recursos
del erario.
1.3.1.6. Por último, adujo que la acción de tutela instaurada es
improcedente por tratarse de un asunto de carácter económico y patrimonial, que
a su juicio, debe resolverse en otras instancias, como también ante la
inexistencia de un inminente perjuicio irremediable.
2.
DECISIONES JUDICIALES
2.1.
DECISIÓN DE
PRIMERA INSTANCIA -JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ-
El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bogotá,
mediante sentencia proferida el 2 de abril de 2013, decidió negar el amparo de
los derechos fundamentales invocados por el accionante, con base en los
siguientes argumentos:
2.1.1.
Indicó que aunque en
un Estado Social de Derecho cobra vital importancia la protección a las
personas en situación de discapacidad, en el caso concreto existe una relación
contractual.
2.1.2.
Afirmó que
teniendo en cuenta la obligatoriedad del crédito y que el señor Felipe tenía
pleno conocimiento de las condiciones de éste, la tutela no es la vía para resolver
la controversia.
2.1.3.
Sin embargo, el
juez de instancia explicó que aunque no puede modificar el reglamento, la
entidad accionada debe analizar nuevamente el caso teniendo en cuenta que las
condiciones del deudor principal cambiaron después de que adquirió el crédito,
tal y como se encuentra demostrado en el plenario, y en vista de que se trata
de un sujeto de protección constitucional reforzada. Además, expuso que las
condiciones del entorno y la su familia del joven también deben tomarse en
consideración, pues el deudor solidario es su padre, quien con los recursos que
devenga ($839.100) debe asumir el sostenimiento de su hogar, compuesto por su
esposa e hijo en circunstancia de discapacidad. En consecuencia, instó al
ICETEX para que estudiara de nuevo el caso, en atención a la situación
particular de los deudores.
2.2.
IMPUGNACIÓN
Felipe a través de apoderado judicial, impugnó el fallo de
tutela proferido el 2 de abril de 2013, exponiendo los siguientes argumentos:
2.2.1.
Afirmó que la
decisión del a quo desconoció que el joven Mauricio debe gozar de una
protección constitucional reforzada por parte del Estado en razón a su
situación de discapacidad, y por ello debieron tutelarse sus derechos.
2.2.2.
Enfatizó que en el
presente caso, se transgredió el derecho fundamental a la igualdad, ya que si
bien es cierto el Reglamento del Crédito Educativo en su artículo 44 señala entre
las causales que hacen procedente la condonación de la deuda, la siguiente “…cuando
sobrevenga una incapacidad del titular del crédito…”, también lo es que aunque
el estado de invalidez de su hijo no fue un hecho sobreviniente, él es una
persona con discapacidad a la cual no se le puede aplicar el mismo tratamiento
que al resto de deudores de créditos educativos. Explicó que el requisito
contemplado en el Reglamento es una exigencia que no puede cumplir una persona
en la situación de su hijo, ya que al momento de adquirir el crédito ya tenía
una discapacidad mental, de modo que ese requisito no puede ser aplicado.
2.2.3.
Señaló que aun
cuando su hijo accedió a un crédito de la línea especial para personas con
discapacidad, ello no significa que no pueda acaecer también un hecho
sobreviviente de invalidez, como ocurrió en el presente caso, pues la salud
mental del joven se deterioró aún más con posterioridad al otorgamiento del
crédito. Adujo que no pretende desconocer el carácter especial del contrato que
suscribió, pero sí evidenciar que existen circunstancias diferentes a las
contempladas en la normativa que también deben dar lugar a la condonación, como
la agravación de la discapacidad del beneficiario de un crédito de línea
especial.
2.2.4.
Adicionalmente,
manifestó, debe tenerse en cuenta que cuando el ICETEX otorga créditos
educativos, confiere 1 año de gracia a los beneficiarios con el propósito de
que puedan vincularse laboralmente y así, facilitarles el cumplimiento de las
obligaciones derivadas del préstamo adquirido. Sin embargo, adujo que en el
caso en concreto, Mauricio no puede trabajar por la discapacidad total
que le sobrevino, y que ante la imposibilidad absoluta de laborar se le debe
condonar la deuda.
2.2.5.
Finalmente, señaló
que el juez de instancia desconoció el derecho a la vida digna de él y de su
hijo, al no tener en cuenta que el monto de su salario escasamente le alcanza
para cubrir los gastos de su hogar.
2.3.
DECISIÓN DE
SEGUNDA INSTANCIA –TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, SALA
CIVIL-
La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante
sentencia proferida el 18 de abril de 2013, confirmó en su integridad el fallo
del a quo, por las siguientes razones:
2.3.1.
Para iniciar, aclaró
que su análisis se circunscribiría a la presunta vulneración de los derechos de
Felipe y no de su hijo, teniendo en cuenta que ni en el escrito de tutela ni en
el poder otorgado a su abogado se indicaba que actuaba como curador ni en representación
de su hijo.
2.3.2.
De otro lado, expuso
que la presente acción no cumple con el requisito de inmediatez en razón a que
transcurrieron nueve meses desde el día en que se negó la condonación de la
deuda al actor y la interposición de la acción de amparo, sumado a que el actor
no explicó las razones que justifican su tardanza.
2.3.3.
Indicó que así se
estudiara de fondo el caso en cuestión, la discusión en los términos planteados
es de índole legal y económica, por tanto, no puede estudiarse mediante el mecanismo
excepcional de la acción de tutela, máxime cuando la institución accionada actuó
conforme a lo establecido en la ley.
3.
PRUEBAS Y DOCUMENTOS
3.1.
PRUEBAS QUE
OBRAN EN EL EXPEDIENTE
3.1.1.
Copia del pagaré
con su respectiva carta de instrucciones, en el que Felipe y su hijo se
comprometen al pago de la deuda adquirida con el ICETEX (Folios 3-4).
3.1.2.
Original del formulario
de dictamen de valoración de Mauricio, emitido por medicina laboral, en
el que se determinó inicialmente una pérdida de capacidad laboral de 51.85%
(Folios 5-7).
3.1.3.
Copia de la sentencia
emitida el 10 de noviembre de 2011, por el Juzgado Segundo de Familia de
Bogotá, en la que declaró la interdicción de Mauricio y se nombraron
como guardadores a sus padres (Folios 9-12).
3.1.4.
Original de la
solicitud formulada por el accionante el 31 de mayo de 2012, ante el ICETEX, en
la que solicita la condonación de la deuda. Al escrito se le asignó como radicación
el número 2012024227-R (Folio 29).
3.1.5.
Copia de la respuesta
de la entidad accionada a la solicitud de condonación de la deuda, con fecha
del 19 de junio de 2012, a la cual se le otorgó el número 2012057272 (Folios
30-31).
3.1.6.
Copia del examen de
psiquiatría practicado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
forenses el 8 de septiembre de 2012, en el que se determinó que Mauricio
sufre de trastorno afectivo bipolar con síntomas psicóticos (Folios 17-25).
3.1.7.
Copia de la evaluación
de la pérdida de la capacidad laboral de Mauricio, expedida por
Famisanar EPS el 8 de enero de 2013, en el que señala que presenta una pérdida
de capacidad laboral del 54.45% (Folios 26-28).
3.1.8.
Original del certificado
laboral expedido por la empresa Alpina Productos Alimenticios S.A., en la que
consta que Felipe trabaja en esa empresa y devenga mensualmente $839.100
pesos (Folio 32).
3.1.9.
Copia de la historia
clínica parcial de Mauricio, en la cual constan los tratamientos y
medicamentos sugeridos para el tratamiento de su diagnóstico de trastorno
mental (Folios 33-39).
3.1.10.
Recibo original de la
cancelación de un copago por valor de $205.000 pesos, emitido el 8 de julio de
2008 por la Clínica Retornar- rehabilitación salud mental-, en donde se
encontraba hospitalizado Mauricio (Folio 40).
3.2.   ACTUACIONES DE LA
CORTE CONSTITUCIONAL
3.2.1.   Pruebas decretadas por la Sala:
La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la
Corte Constitucional,
mediante autos del 16 de septiembre y 8 de octubre de 2013, con el fin de
contar con mayores elementos de juicio para examinar el presente caso, decretó
las siguientes pruebas:
3.2.1.1.Ofició al ICETEX para que informara si la línea de
crédito a la que accedió el joven Mauricio, está amparada por algún tipo
de seguro y, en caso afirmativo, cuáles son las contingencias que se encuentran
cubiertas por el mismo, específicamente en lo concerniente a enfermedades
mentales.
3.2.1.2.Ofició a la
Federación de Aseguradores Colombianos -Fasecolda-, para que informara (i) cómo
se administra el riesgo en el sector asegurador cuando los beneficiarios de las
pólizas son personas en circunstancia de discapacidad; y (ii) si existe
o no un servicio, dentro del sector asegurador, a favor de las personas con
discapacidad en materia educativa y, en caso afirmativo, explicara en detalle
su naturaleza y los requerimientos para acceder a ese tipo de seguros, como las
contingencias que se encuentran cubiertas por el mismo, específicamente, frente
al caso de las enfermedades mentales.
3.2.1.3.Finalmente, invitó al Grupo de Investigación de Derechos
Humanos y DIH “De las Casas” de la Escuela de Derecho de la
Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, al Programa de Acción por la
Igualdad y la Inclusión Social –PAIIS- de la
Universidad de los Andes, al director de la maestría en Discapacidad e
Inclusión Social de la Universidad Nacional de Colombia, al Grupo de Investigación
en Derechos Humanos y a la Escuela de Medicina y Ciencias de la
Salud de la Universidad del Rosario, a la
Fundación Saldarriaga Concha y al Centro de Estudios de Derecho, Justicia y
Sociedad -Dejusticia-, con el fin de que, si lo consideraban pertinente,
emitieran un concepto técnico sobre la demanda de la referencia.
3.2.2.
Informes
recibidos
Rendidos los informes del caso, la
Sala resume las comunicaciones e intervenciones allegadas por la
Secretaría General, al Despacho del Magistrado Sustanciador:
3.2.2.1.Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios
en el Exterior –ICETEX-
El ICETEX, a través de su Oficina Jurídica, informó
que todas sus líneas de crédito tienen canceladas las primas de seguro
destinadas a cubrir los riesgos de muerte o invalidez del beneficiario.
En el presente caso, indicó que dentro de la
documentación allegada por el estudiante, se evidencia que su pérdida de
capacidad laboral es de 51.85%, con fecha de estructuración del 1° de
septiembre de 2005. No obstante, aseguró que el crédito fue adjudicado para el
año 2007, dos años después de que se definiera su capacidad laboral.
Teniendo en cuenta lo anterior, manifestó que se dio
la aprobación del crédito, debido a que el joven aplicó a una línea especial de
créditos para personas con limitaciones y que quieren acceder a la educación superior.
Es por ello –continuó- que no es aceptable la condonación de la deuda, debido a
que es precisamente la incapacidad el motivo por el cual se otorgó el crédito,
situación que descarta como hecho sobreviniente la invalidez, dado que ya
existía al momento de la celebración de la relación contractual.
3.2.2.2.Universidad Nacional de Colombia
La profesora Marisol Moreno Angarita de la
Universidad Nacional de Colombia emitió concepto en el que sostuvo que el ICETEX
debe condonar el monto adeudado por Felipe y su hijo, con base en los
siguientes argumentos:
Explicó que la discapacidad ha sido reconocida por el
Instituto Nacional de la Salud, así como por la
Convención de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, como una
condición dinámica de las personas que depende del entorno, y que requiere de
apoyo para facilitar el desarrollo cotidiano de aquellas. En caso de que este
apoyo no sea brindado, continuó, las personas con discapacidad se ven afectadas
en su vida cotidiana y ven restringida su participación social. En este
sentido, precisó que se reconocen tres componentes de la discapacidad, según la
Clasificación Internacional de la
Discapacidad: el funcionamiento, la salud y la deficiencia.
En el presente caso, aseguró que la familia del joven se
encuentra atrapada en un círculo de pobreza y discapacidad, ya que tienen que
satisfacer sus necesidades familiares y atender los requerimientos de un
miembro de familia con discapacidad que no pudo concluir con su proyecto de
vida profesional, con el único ingreso económico que aporta el señor Felipe.
Por tanto, obligar a la familia a pagar el crédito al ICETEX incrementaría su
situación desventajosa, debido a sus bajos recursos y la imposibilidad de la
madre de trabajar.
Por otro lado, relató que el premio Nóbel en Economía
Amartya Sen ha planteado la necesidad de considerar medidas compensatorias para
disminuir los impactos negativos que derivan de la discapacidad. Aunado a lo
anterior, explicó que John Rawls ha planteado dentro de su teoría de la
justicia, que la sociedad debe hacer unos ajustes para equiparar el impacto
negativo que experimentan ciertos grupos desaventajados. Asimismo, Martha
Nusbaum ha afirmado que en virtud del contrato social de derechos, el Estado
debe realizar medidas en favor de ciertas personas, con la finalidad de evitar una
mayor exclusión.
Con apoyo en el anterior marco teórico, sostuvo que la
familia de Mauricio no debe responder económicamente por el crédito contraído
con el ICETEX, porque ya ha tenido que asumir costos de salud y demás que el
Estado en principio debió haber sufragado para no generar empobrecimiento en esa
familia.
Expresó que esta posición encuentra sustento en la
normativa vigente que cita de la siguiente manera: la
Ley 1361 sobre la educación superior; la
Ley 1346 de 2009, mediante la cual se ratifica la
Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad y se obliga al Estado
a garantizar la vida digna de ese grupo vulnerable; y la
Ley 1618 sobre la garantía del goce efectivo de los derechos de la personas
con discapacidad.
Como conclusión, manifestó que el incumplimiento del
crédito fue una contingencia que el ICETEX debió prever teniendo en cuenta las
condiciones especiales de las personas con discapacidad. De esta manera, adujo
que debe concederse protección de Mauricio y su familia, de conformidad
con la Constitución y las leyes citadas, y exonerarlos del pago del crédito.
3.2.2.3.Federación de Aseguradores Colombianos –FASECOLDA-
El Vicepresidente Jurídico de FASECOLDA respondió los
interrogantes de la siguiente forma:
En relación con la pregunta sobre cómo se administra
el riesgo dentro del sector asegurador cuando los beneficiarios de las pólizas
son personas en situación de discapacidad, indicó que, en cuanto a los seguros
de daños, debido a que convergen las calidades de tomador, beneficiario y
asegurado en una misma persona, el riesgo es evaluado por la compañía de
seguros, y dependiendo del resultado de esa evaluación, se ofrece el seguro;
situación que es diferente cuando se trata de seguros de personas, ya que
generalmente una persona es la asegurada y otra la beneficiaria. En estos
casos, -explicó- la administración del riesgo no es una labor desempeñada por
la aseguradora, pues depende de la designación que realice el asegurado o
tomador del seguro. Sin embargo, señaló que cada una de las compañías procede a
administrar sus seguros de acuerdo con sus políticas.
En relación con la pregunta sobre si existe un servicio
dentro del sector asegurador a favor de las personas con discapacidad en
materia educativa, FASECOLDA respondió que, a pesar de que en materia educativa
el sector asegurador ofrece seguros educativos, no existe en el mercado un
producto educativo para personas que se encuentren en dicha circunstancia.
3.2.2.4.Universidad de los Andes - Programa de Acción por la
Igualdad y la Inclusión Social-.
La Directora del Programa de Acción por la
Igualdad y la Inclusión Social (PAIIS), Andrea Parra, junto con dos
estudiantes miembros de la Universidad y de esta entidad, presentaron su
concepto en los siguientes términos:
Relataron que en el año 2006, Colombia firmó la
Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones
Unidas, bajo la cual el Estado adquirió la obligación de asegurar y promover el
pleno ejercicio de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las
personas con discapacidad, sin discriminación alguna.
Indicaron que se deben reconocer, como bien lo ha
hecho la jurisprudencia de la
Corte Constitucional, tres modelos que han orientado el tratamiento dado a la
población con discapacidad: el de prescindencia, el rehabilitador y el social.
En primer lugar, explicaron que el modelo de la
prescindencia va ligado a una visión de carácter religioso, que observa la
discapacidad como un castigo divino, y tiende a la eliminación de las personas que
se encuentren en dicha circunstancia, la sustracción total de su capacidad
jurídica, así como el aislamiento social en instituciones destinadas a
preservar sus potenciales, en vez de desarrollarlos.
En segundo lugar, relataron que el modelo
rehabilitador tiende a la prevención de la discapacidad y su recuperación,
situación que preserva a las personas con discapacidad dentro del ámbito de la
salud, lo que genera una actitud proteccionista que entiende que estas personas
no tienen capacidad para comprender el mundo que los rodea.
Debido a lo anterior, sostuvieron que tanto el modelo
de la prescindencia como el modelo rehabilitador entienden la discapacidad como
una característica de la persona, que se define en términos de su déficit,
establecido por un tercero experto.
Por el contrario, aseguraron que el modelo social,
consagrado en la Convención en comento, considera que la causa de la
discriminación de las personas con discapacidad se encuentra en las
limitaciones de la sociedad y que la discapacidad es una manifestación más de
la diversidad humana. Destacaron que el modelo social se erige con base en la
idea de que toda persona tiene igual valor en su dignidad, y por tanto, puede
participar en la toma de decisiones que le afecten, de manera autónoma.
En el caso concreto, a la luz de las anteriores
consideraciones, manifestaron que es evidente que se está ante una situación en
la que prevalecen las actuaciones enmarcadas dentro del modelo médico de la
discapacidad, en tanto equiparan el diagnóstico psiquiátrico del joven a su
discapacidad, único justificante para su exclusión del sistema educativo, la
sustracción de su capacidad legal y, en últimas, su aislamiento social,
configurándose así una situación de discriminación por motivos de discapacidad,
en los términos de la Convención arriba descritos.
En cuando al derecho a la educación de las personas
con discapacidad, adujeron que la
Convención establece el derecho a la inclusión educativa, sin discriminación,
sobre la base de la igualdad de oportunidades. Manifestaron que en este mismo
sentido, la
Constitución Política ha establecido diversos derechos y principios enfocados
en la protección reforzada de las personas con discapacidad y la garantía del
derecho a la educación (arts. 1, 13, 20, 47, 54, 67, 68 y 70). Señalaron que la
Corte Constitucional también ha reconocido la obligación de garantizar la
educación inclusiva de las personas con discapacidad en diferentes
pronunciamientos[1].
Aseguraron que en el marco de la implementación de la
política pública de educación inclusiva, el Ministerio de Educación adoptó la
definición de inclusión educativa dada por la
UNESCO, definición que es el marco de las políticas de acceso, permanencia y
culminación de la educación de las personas con discapacidad. La definición es
la siguiente:
“La inclusión significa entonces, atender
con calidad, pertinencia y equidad a las necesidades comunes y específicas que
estas poblaciones presentan. Para lograrlo ha sido necesario que gradualmente
el sistema educativo defina y aplique concepciones éticas que permitan considerar
la inclusión como un asunto de derechos y de valores, lo que está significando
implementar estrategias de enseñanza flexibles e innovadoras que abren el
camino a una educación que reconoce estilos de aprendizaje y capacidades
diferentes ente los estudiantes y que, en consonancia, ofrece diferentes
alternativas de acceso al conocimiento y evalúa diferentes niveles de
competencia.” [2]
Expresaron que el Ministerio de Educación Nacional
diseñó el Plan Decenal para el periodo de 2006
a 2016, en el que propone que “el sistema educativo debe garantizar a
niñas, niños, jóvenes y adulos, el respeto a la diversidad de su etnia, género,
opción sexual, discapacidad, excepcionalidad, edad, credo, desplazamiento,
reclusión, reinserción o desvinculación social, y generar condiciones de
atención especial a las poblaciones que lo requieran.” [3]
Por su parte, la
Ley 115 de 1994 estableció que la atención de la población con capacidad
diferencial o con talento excepcional, es un deber del Estado y hace parte del
servicio público educativo. Asimismo, la Ley 361 de 1997, en su capítulo II,
dispuso las medidas que diferentes agencias del Estado deben adoptar para
garantizar la educación de las personas con discapacidad y, más recientemente, la
Ley Estatutaria 1618 de 2013 señaló en su artículo 11 mandatos concretos
orientados a garantizar el derecho a la educación de las personas con
discapacidad.
Por tanto, indicaron, la inclusión educativa es
consustancial al derecho a la educación, “es un requisito del derecho a la
educación, toda vez que el pleno ejercicio de este derecho, implica la
superación de toda forma de discriminación y exclusión educativa. Avanzar hacia
la inclusión supone, por tanto, reducir las barreras de distinta índole que
impiden o dificultan el acceso, la participación y el aprendizaje, con especial
atención en los alumnos más vulnerables o desfavorecidos, por ser los que están
más expuestos a situaciones de exclusión y los que más necesitan de la educación.”[4]
Aseguraron que el sistema de educación superior para
las personas con discapacidad es muy precario y, por tanto, el acceso al goce
efectivo del derecho a la educación inclusiva se ve truncado. También señalaron
que las estadísticas del DANE sobre las personas con discapacidad que se
encuentran en el sistema educativo son preocupantes:
“En el censo 2005 reporta que más del 6% de
las personas en el país tiene alguna discapacidad, y el 77% de las familias con
alguna persona con discapacidad pertenece a los estratos más pobres y no tiene
acceso a los principales servicios sociales, lo que hace que la discapacidad
sea causa y efecto de pobreza, porque tiene mayores gastos familiares y menores
oportunidades de acceso al mercado laboral.[5]”
Igualmente, explicaron que hay datos que registran que
sólo el 0.3% de las personas con discapacidad terminó la secundaria, el 0.8%
ingresa pero no termina estudios universitarios, el 0.5% ingresa pero no
termina carreras técnicas, y sólo el 0.5% logra terminar estudios
universitarios.[6]
Relataron que en un trabajo realizado en España
titulado “Estigma y Enfermedad Mental”, se citan estudios existentes
sobre estigma de las personas con esquizofrenia, y uno de ellos, que analizó
las creencias entre familiares, encontró que aunque la mayoría de personas con
enfermedad mental opinaba que su enfermedad era curable, el 78% de los
familiares de las personas con esquizofrenia opinaba lo contrario.
En el presente caso, aseveraron que el joven Mauricio
fue excluido del sistema educativo por razón de su discapacidad, tomando en
cuenta que no se han adoptado medidas para garantizar su permanencia dentro del
sector educativo, así como su inclusión social, lo que vulnera las obligaciones
del Estado dentro de la Convención de adoptar ajustes razonables para prestarle
acompañamiento al joven y garantizar su potencial dentro del proceso educativo.
En cuanto al ICETEX, afirmaron que la
Ley 361 de 1997 dispone que dicha institución está obligada a facilitar el
acceso a créditos y becas para las personas con discapacidad, por lo cual
dispuso la creación de líneas de crédito a largo y mediano plazo. A su juicio,
a pesar de que esas líneas de crédito intentan garantizar el acceso a la
educación superior de los estudiantes con discapacidad, el ICETEX no ha
adoptado los ajustes razonables necesarios para garantizar su permanencia
dentro del sistema educativo. Prueba de ello es que en el caso específico, la
entidad impuso al joven las mismas condiciones del pago de la línea de crédito
que a las personas sin discapacidad, en lo relativo a la continuidad del
proceso educativo.
Explicaron que se debe tomar en cuenta que las
personas con discapacidad psicosocial presentan patrones episódicos en los que
tienen recaídas que afectan su interacción social. Asimismo, estas personas
presentan efectos secundarios que derivan de los medicamentos que pueden
impactar su concentración, así como las numerosas institucionalizaciones que
pueden impedir sus actividades regulares. Sin embargo, afirmaron que eso no
significa que no tengan derecho a la educación, ya que parte del proceso
terapéutico consiste en prestar acompañamiento y realizar una planeación
centrada para que cada vez se tienda a reducir las recaídas.
En cuanto al crédito educativo, adujeron que la
pregunta no es si se debió condonar el pago del crédito, sino más bien, si los
reglamentos internos del ICETEX cumplen con las obligaciones de la
Convención de adoptar ajustes razonables, para garantizar la permanencia de
jóvenes como Mauricio dentro del sistema educativo.
Concluyeron entonces que el ICETEX debe realizar una
revisión de sus reglamentos internos, para adoptar ajustes razonables
orientados a garantizar la permanencia y culminación del ciclo educativo,
tomando en cuenta a las personas que adquieren un mayor grado de discapacidad
después de haber obtenido el crédito. Precisaron que una de las medidas que se
puede adoptar es la ampliación del plazo para el pago del crédito, así como la
suspensión del crédito por el tiempo necesario para que las personas se puedan
incorporar al entorno educativo, después de una crisis.
En cuanto al proceso de interdicción, así como a la
posterior declaración de incapacidad, expresaron que el artículo 12 de la
Convención dispone el igual reconocimiento de la personalidad jurídica de las
personas con discapacidad, así como la obligación del Estado de adoptar medidas
para la salvaguarda de cualquier abuso por parte de la autoridad, como la toma
de decisiones asistida. Explicaron que esa misma disposición busca la proscripción
de figuras jurídicas como la interdicción, ya que van en flagrante afectación a
la capacidad que busca reconocer la
Convención. Debido a lo anterior, la Ley 1618 de 2013, en su artículo 21,
numeral 2, ordenó al Ministerio Público, a las comisarías de familia y al ICBF,
proponer ajustes o modificaciones a la interdicción judicial. En su sentir, si
se sigue preservando esta figura jurídica, no se podrá garantizar la inclusión
social de las personas con discapacidad, tomando en cuenta que dicha condición
tiene efectos patrimoniales, y por tanto, impide a las personas con
discapacidad participar en negocios jurídicos sin intervención de su
representante legal. Dicha condición también afecta el mercado laboral, ya que
en general, los empleadores no firman contratos laborales con personas con
medida de interdicción vigente.
En virtud de los argumentos planteados, la
investigadora y los estudiantes expusieron que se deben tutelar los derechos
fundamentales a la igualdad y no discriminación y la educación del joven Mauricio,
y se debe ordenar al ICETEX suspender los pagos del crédito educativo bajo la
modalidad de línea especial de crédito, hasta tanto no se adopten ajustes
razonables orientados a la reintegración social del joven. También consideraron
que se debe ordenar que el ICETEX realice la revisión de sus reglamentos
internos y prácticas, para garantizar la plena accesibilidad del derecho a la
educación. Por último, sostuvieron que se debe instar a que las secretarías de
educación y el Ministerio de Educación desarrollen planes y acciones de
coordinación interinstitucional para garantizar, promover y asegurar el acceso
y permanencia de personas con discapacidad a la educación superior.
3.2.2.5.Universidad del Rosario -Grupo de Investigación en
Derechos Humanos-.
Las profesoras Diana Rocío Bernal Camargo y Andrea
Carolina Padilla Muñoz, investigadoras del Grupo de Investigación en Derechos
Humanos, manifestaron lo siguiente:
Explican que si bien la
Ley 361 de 1997 –que ordena la adopción de una línea especial de créditos
educativos para las personas con discapacidad a la luz del paradigma de la
integración- y el Acuerdo 029 de 2007 –por medio del cual el ICETEX creó efectivamente
la línea de crédito referida- son un avance en materia de acciones afirmativas
para las personas con discapacidad, contienen medidas que “se encuentran
descontextualizadas a los avances, tanto en el ámbito jurídico como de
políticas públicas, que se han dado en el mundo entero, y que en particular se
reafirman con la Convención sobre los derechos de las personas con
discapacidad”. En su sentir, desde el lenguaje que adoptan las normas en
comento, se aprecia tal rezago; por ejemplo, manifiestan que mientras la
Convención emplea el término “persona con discapacidad” que incluye las
condiciones de minusvalía, limitación, deficiencia, la actual normativa se
refiere a “personas con limitaciones”.
En relación con la regla contenida en el literal b del
artículo 44 del Acuerdo 029 de 2007, consideran que esta disposición no contempla
aquéllos eventos en los cuales las personas con discapacidad per se tienen una
pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%, y que precisamente es
esta circunstancia la que determina su inclusión en el programa especial de
créditos dirigidos a esta población. En ese orden de ideas, sostienen que no
toda “invalidez”, para efectos de condonar la deuda, debe supeditarse a que
ésta se estructure con posterioridad al otorgamiento del crédito.
En particular, indican, las personas con discapacidad
mental consistente en esquizofrenia tienen una condición cuya evolución es
heterogénea y determinada por múltiples factores medioambientales, la cual,
como en el presente caso, puede llegar a un nivel de progresividad tal que sitúe
al paciente en un estado de discapacidad absoluta.
Por ello, concluyen, la condición de invalidez por
esquizofrenia de Mauricio no puede entenderse como una condición
preexistente al momento de otorgarle el crédito educativo. En este respecto,
consideran que la agudización de su diagnóstico inicial, que condujo a su
declaratoria de interdicción por discapacidad mental absoluta, debe tenerse
como un hecho sobreviniente y, por ello, estaría cumplida la condición
consagrada en el artículo 44 del Acuerdo 029 de 2007 del ICETEX.
De otro lado, evidencian que por el pago de dicha
cuota crediticia, el derecho al mínimo vital del núcleo familiar Lancheros Cruz
se encuentra comprometido, pues sus ingresos económicos dependen únicamente del
salario del señor Felipe ya que la señora Cruz se dedica al trabajo doméstico
y al cuidado de su hijo. De manera -sostienen- que se están limitando aún más
los recursos del núcleo familiar para atender los requerimientos de Mauricio.
Para finalizar, advierten que en el caso bajo análisis
se requiere que la interpretación de la política de créditos educativos para
las personas con discapacidad no sea restrictiva sino amplia a la luz de los
instrumentos internacionales de derechos humanos, en especial, la
Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, y que
además tenga en cuenta la situación particular de cada persona que se encuentre
en dicha circunstancia.
En consecuencia, recomiendan que este caso se resuelva
con base en el criterio de protección constitucional reforzada que opera frente
a la población en situación de discapacidad para proteger los derechos del
accionante y de su núcleo familiar. En concreto, piden a la
Corte Constitucional que emita unos lineamientos para atender la situación de
acceso a la educación y los sistemas de créditos educativos a favor de esta población
–dentro de los cuales se contemple la participación de los diferentes
organismos del orden nacional y territorial - con el propósito de adecuar la
normativa y las políticas públicas a la realización efectiva de los derechos de
las personas con discapacidad.
3.2.2.6.Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad
-Dejusticia-
El director, Rodrigo Uprimny Yepes, y los
investigadores Paula Rangel Garzón y Miguel Emilio La
Rota de Dejusticia, intervinieron en el presente proceso de tutela, en los
siguientes términos:
En primer lugar, hacen referencia a que el tipo de
educación superior al que tienen derecho a acceder las personas en situación de
discapacidad, a la luz de las normas del sistema internacional de derechos
humanos y de su interpretación constitucional, debe ser inclusiva. Explican,
con el fin de que el sistema de educación garantice la plena inclusión de las
personas con discapacidad en la educación superior en condiciones de igualdad,
deben realizarse ajustes razonables.
Señalan que este concepto de ajustes razonables indica
que lo que obstaculiza la plena participación de las personas con discapacidad en
la sociedad no es su circunstancia particular sino las barreras del entorno, el
cual no tiene en consideración sus necesidades particulares, por tanto, la
denegación de ajustes razonables implica una forma de discriminar a esta
población.
Afirman que el derecho a la educación superior de la
población en situación de discapacidad está íntimamente conectado con el
principio de no discriminación, y que el acceso a la educación es una
obligación inmediata del Estado porque constituye un desarrollo del principio
de igualdad material. Por otro lado, sostienen que el acceso a la educación de
esta población debe promoverse mediante la implantación progresiva de la
enseñanza gratuita.
En segundo lugar, en cuanto a las políticas públicas
de acceso a la educación de las personas con discapacidad, exponen que, de un
lado,  éstas deben garantizar todas las dimensiones del acceso a la educación,
lo cual va más allá del otorgamiento de cupos; y de otro lado, deben asegurar los
ajustes razonables de tal manera que se anticipen a los obstáculos particulares
que puedan presentarse en la aplicación de los instrumentos de política pública,
para lo cual deben tener en cuenta  aspectos de carácter geográfico, económico
o de cupos educativos. Advierten que así como pueden existir desventajas en la
etapa de tramitación del crédito, también pueden presentarse obstáculos en
otras etapas como en el momento de hacer uso del servicio o en la de realizar
un eventual pago del mismo.
En particular, consideran que resulta ilógico que
dentro de un programa de préstamos dirigido a un grupo en desventaja no existan
ajustes mínimos que se adapten a las particulares condiciones de estas personas
para cumplir con las obligaciones que se derivan de dicha financiación.
Aclaran que si bien el legislador tiene un alto margen
de libertad para escoger dentro de todas las opciones posibles la acción o las
acciones afirmativas que mejor desarrollen el fin de garantizar el acceso a la
educación superior de las personas con discapacidad, esta libertad tiene
límites, por ejemplo, que la política contenga los “ajustes razonables” requeridos
para asegurar el cumplimiento del objetivo propuesto.
En tercer lugar, sostienen que el presente caso plantea
las siguientes tensiones: por un lado, el deber de Mauricio y de sus
padres como deudores solidarios de asumir el pago que adquirieron con el Estado
y, por otra parte, el principio de solidaridad e igualdad material que de
conformidad con la jurisprudencia constitucional exige a las entidades
financieras no aplicar con el mismo rigor las reglas civiles para tomar en
consideración la situación de vulnerabilidad del deudor.
Sin embargo, anotan que el problema jurídico no se
reduce a si se debe condonar o no el pago de la obligación financiera sino que a
su juicio involucra el desconocimiento del derecho a la educación inclusiva.
Esto es, explican que la norma sobre condonación de créditos del ICETEX
(artículo 44 del Acuerdo 029 de 2007) no reconoce las necesidades especiales de
las personas con discapacidad y, por eso, resulta discriminatoria. Indican que
esto se evidencia, en el presente caso, en el que a una persona se le exige dar
pruebas de su discapacidad para acceder a la línea de crédito especial, pero luego
cuando su situación se agrava no está prevista ninguna forma de condonar el
crédito, pues la regla sólo aplica para la disminución sobreviniente en las
capacidades psicofísicas.
Además, indican, el único alcance que razonablemente
se le puede otorgar al dictamen de la Junta de Calificación de Invalidez es el
de constituir una prueba que evidencia una serie de estudios médicos en los que
se establece la condición física del estudiante, pero en ningún caso debe
asimilarse situación de discapacidad a pérdida de capacidad laboral o a
incapacidad para autodeterminarse o estudiar.
Siguiendo adelante con su argumento, señalan que el
efecto inmediato de la aplicación mecánica de estas normas es que para quienes son
beneficiarios de la línea de crédito especial, sólo hay una causal de
condonación: la muerte del beneficiario, mientras que para las demás personas
se encuentra adicionalmente la “invalidez” sobreviniente del beneficiario. Esta
situación entraña una desigualdad en la condonación que afecta a las personas
con discapacidad, pues también ellas pueden sufrir eventos sobrevinientes que
les impiden pagar el crédito.
Argumentan que aunque la interpretación de las
condiciones de condonación afecta sólo de forma indirecta el acceso a la
educación superior de las personas con discapacidad, pues lo realmente
importante es que puedan acceder por primera vez a cursar sus estudios
superiores, de todas formas una de las principales barreras para acceder al
sistema superior educativo depende de las condiciones en las que se adquiere la
obligación financiera en el mediano y largo plazo. Por ejemplo, aseguraron que las
tasas de interés, los requisitos académicos, las calidades de los deudores
solidarios y, sobre todo, las posibilidades de condonación, son determinantes para
que el estudiante decida si solicita un crédito o no a pesar de contar con los
méritos para ello. En consecuencia, aducen, se desincentiva el acceso de las
personas con discapacidad a los programas de financiación porque no se ajustan
a sus necesidades y, por el contrario, pueden resultarles desfavorables según
el tipo de discapacidad que tengan.
Finalmente, sugieren a la
Corte Constitucional dejar de lado la interpretación literal del artículo 44
del Acuerdo 029 de 2007 que dispone como una de las causales de condonación de
la deuda demostrar la “invalidez” sobreviniente al otorgamiento del crédito
porque desconoce el principio de no discriminación (artículo 13
C.Pol) y el derecho a la ecuación superior (artículos 67 y 69
C.Pol). Por el contrario, consideran que a la luz de los anteriores postulados
constitucionales puede contemplarse la posibilidad de que la situación de
discapacidad de una persona beneficiaria del crédito pueda agravarse con
posterioridad al punto de afectar su capacidad laboral o de terminar sus
estudios, y por tanto, en estos eventos, debería entenderse que el agravamiento
de la discapacidad constituye una incapacidad sobreviniente que permite
condonar la deuda. Por ende, en su sentir, el ICETEX debe examinar si la
condición de discapacidad de Mauricio y su estado de salud indican que
no podrá asumir el pago de la deuda. Adicionalmente, plantearon la importancia de
que se ordene al ICETEX una revisión integral de sus políticas de promoción de
acceso a la educación de esta población y realice los ajustes razonables de las
normas que regulan la condonación de la deuda.
4.
CONSIDERACIONES DE LA
CORTE
4.1.   COMPETENCIA Y OPORTUNIDAD
La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la
Corte Constitucional, en desarrollo de las
facultades conferidas en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la
Constitución, 33 del Decreto 2591 de 1991 y 49 del Reglamento de la
Corporación, es competente para revisar los fallos de tutela adoptados en el
proceso de esta referencia.
4.2.   PROBLEMA JURÍDICO
Corresponde a la Sala examinar si la entidad accionada vulneró los
derechos fundamentales de Mauricio a la igualdad y a la vida digna, y el
derecho al mínimo vital del señor Felipe y el de su familia, al negarse
a condonar la deuda adquirida en virtud del crédito educativo otorgado para
personas con limitaciones físicas, psíquicas y sensoriales, bajo el argumento
de que el Reglamento del Crédito Educativo sólo permite la aplicación de dicha
figura cuando el hecho que da lugar a la invalidez sobreviene al otorgamiento
del crédito, hipótesis que no se cumple en su caso porque cuando se le otorgó
el crédito, dicha circunstancia estaba presente y por eso pudo ser beneficiario
de esta línea de crédito especial.
Para resolver el anterior problema jurídico, esta Sala analizará si
la variación del diagnóstico de Mauricio con posterioridad a la
aprobación del crédito educativo del cual fue beneficiario, constituye un hecho
sobreviniente que incluso puede comprometer su vinculación al campo laboral.
En particular, la
Sala Séptima se referirá (i) a las personas en situación de
discapacidad como sujetos de protección constitucional reforzada; (ii)
al derecho a la salud de las personas con discapacidades, en particular, de aquéllas
con discapacidad mental originada por trastornos esquizoafectivos; (iii)
a la diferenciación entre los conceptos de discapacidad e invalidez; y (iv)
al contenido del derecho a la igualdad frente a las personas que se encuentran
en circunstancia de discapacidad y la necesidad de realizar ajustes razonables
como manifestación del deber de no discriminación. (v) Con base en las
anteriores consideraciones analizará el caso concreto.
4.3.   LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD COMO SUJETOS DE PROTECCIÓN
CONSTITUCIONAL REFORZADA.
Las personas con diversas discapacidades pertenecen a una población
históricamente invisibilizada y excluida; ello se evidencia por ejemplo en su poca
o casi inexistente participación en ámbitos de la vida pública, como también en
el imaginario social que se exterioriza mediante sentimientos de vergüenza,
lástima o incomodidad cuando se comparten los mismos espacios con personas con
diferentes discapacidades, debido a la ignorancia y prejuicios existentes que
ahondan aún más la indiferencia y la marginación a la que ha sido sometida esta
población durante siglos.[7]
Debido a la exclusión social que han tenido que soportar
injustificadamente las personas en circunstancia de discapacidad, aunque
tardíamente, han surgido grupos organizados de personas que se encuentran en
esta situación y diferentes organizaciones en el mundo que se han comprometido
con la defensa de sus derechos, lo cual se ha expresado en diferentes
instrumentos internacionales y otros documentos con fuerza jurídica a través de
los cuales se les exige a los Estados el reconocimiento de todas las garantías
de esta población como plenos sujetos de derechos.[8]
Es importante resaltar que la protección de los derechos humanos de
las personas que se encuentran en alguna situación de discapacidad, se aborda
en la actualidad desde el modelo social, esto es, la discapacidad  es entendida
como una realidad, no como una enfermedad que requiere ser superada a toda
costa, en otras palabras, se asume desde el punto de vista de la diversidad y
de la aceptación de la diferencia. Este modelo tiene una visión amplia, pues
(i) supera un primer modelo centrado en la caridad y el asistencialismo
y, (ii) parte de que no sólo debe abordarse la discapacidad desde el punto de
vista médico o de rehabilitación, sino también desde el aprovechamiento
de todas las potencialidades que tienen los seres humanos, independientemente
del tipo de discapacidades que tengan.
Con la anterior perspectiva surge un cambio de paradigma en la forma
cómo debe abordarse la discapacidad, pues según esta aproximación, la
discapacidad surge principalmente del fracaso de la adaptación del ambiente
social a las necesidades y aspiraciones de las personas con discapacidad, no de
la incapacidad de estas personas de adaptarse al ambiente. Bajo este
modelo, la discapacidad es principalmente un problema de discriminación y
estigmatización.
En su modo más puro, quienes defienden el modelo social sostienen
que la discapacidad es una construcción social (esta afirmación es hecha en el
Plan de Acción para la Discapacidad de la
Unión Europea de 2003) y, por tanto, que la sociedad debe adaptarse para
responder a las necesidades de las personas con discapacidad. Este modelo se reflejó
en la Declaración para la Igualdad de Oportunidades para las Personas con
Discapacidad de julio de 1996, inspirada en las Reglas Estándar de las Naciones
Unidas para la equidad de oportunidades de las personas con discapacidad. En
este instrumento se afirma que la forma como la sociedad está organizada sirve
a la exclusión de las personas con discapacidad, y se hace un llamado al
diálogo cívico con organizaciones no gubernamentales que abogan por los
derechos de estas personas[9].
Sin embargo, fue con la adopción de la
Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad que el
modelo social se concretó. Si bien éste no es el único tratado internacional
referente a las personas en situación de discapacidad, se resalta su relevancia
como instrumento de protección de los derechos humanos, el cual
introduce una serie de pautas sustanciales para abordar la discapacidad como
una realidad que siempre ha estado presente en la sociedad, al paso que proscribe
cualquier práctica, por acción u omisión, discriminatoria.
Terminando, las personas que se encuentran en alguna
circunstancia de discapacidad tienen una protección constitucional reforzada,
de conformidad con los artículos 13 y 47 de la
Carta y a la luz de la Convención -entre otros instrumentos internacionales-[10],
razón por la cual el Estado tiene el compromiso de adelantar acciones efectivas
para promover el ejercicio pleno de sus derechos.
4.4.
EL DERECHO FUNDAMENTAL
A LA SALUD
Teniendo en cuenta que el actor Mauricio presenta
una discapacidad mental, y que de acuerdo con la normativa internacional y otros
estudios, como el informe de la
Organización Mundial de la Salud sobre salud mental, existe un cambio de
paradigma en torno a la discapacidad originada por trastornos mentales, es
importante hacer referencia a la naturaleza del derecho a la salud y, en
particular, cuál es su contenido frente a las personas que se encuentran en
esta circunstancia.
4.4.1. Naturaleza del derecho a la salud,
en particular, su contenido frente a las personas en situación de discapacidad.
4.4.1.1. El derecho fundamental a la
salud y a la seguridad social se encuentra consagrado en el artículo 48
Superior, en los siguientes términos: “…es un servicio público de
carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control
del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y
solidaridad, en los términos que establezca la
Ley. Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la
seguridad social…”
4.4.1.2. Acerca de naturaleza, esta
Corporación ha establecido que el derecho a la salud no se circunscribe tan
solo a un bienestar físico sino que de acuerdo con el principio de dignidad
humana involucra un concepto amplio de bienestar en otras áreas, como la
mental, social y emocional:
“…La
jurisprudencia constitucional ha señalado que no existe una definición única de
salud, pues ésta hace referencia a un estado variable, susceptible de
afectaciones múltiples.[11]
Sin embargo, siguiendo a la OMS, la Corte ha entendido que el principio de dignidad
humana impide reducir la salud a la ausencia de enfermedad, y, por el
contrario, la enmarca dentro del contexto del máximo bienestar físico, mental y
social que puede gozar una persona.[12]
En este orden de ideas, la
Corte –también siguiendo a la OMS- ha definido el derecho a la salud como el
derecho a gozar del nivel más alto de dicho estado, el cual se debe alcanzar de
manera progresiva[13]…”[14]
En particular, sobre la
naturaleza del derecho a la salud, la
Corte Constitucional en su primera jurisprudencia acudió a conceptos como el
de la conexidad con otros derechos fundamentales y a la categoría de sujetos de
protección constitucional reforzada para analizar la procedencia de su amparo en
sede de tutela. En la actualidad, ha señalado que se trata de un derecho subjetivo
autónomo que puede reclamarse por la vía judicial:
“…A pesar de que en un comienzo la jurisprudencia
no fue unánime respecto a la naturaleza del derecho a la salud, razón por la
cual se valió de caminos argumentativos como el de la conexidad y el de la
transmutación en derecho fundamental en los casos de sujetos de especial
protección constitucional, hoy la Corte acepta la naturaleza fundamental
autónoma del derecho a la salud, atendiendo, entre otros factores, a que por
vía normativa y jurisprudencial se han ido definiendo sus contenidos, lo que ha
permitido que se torne en una garantía subjetiva reclamable ante las instancias
judiciales.[15]
En el desarrollo
jurisprudencial de la tesis del carácter fundamental autónomo del derecho a la
salud, la Corte ha descartado el argumento de que su contenido principalmente
prestacional y de desarrollo progresivo impida su reconocimiento como
fundamental. Como bien lo ha precisado esta Corporación en numerosos fallos,
todos los derechos fundamentales tienen una faceta prestacional y progresiva
–incluso los tradicionales derechos civiles y políticos- sin que ello tenga
incidencia sobre su naturaleza constitucional[16]”
De
igual manera, la Observación General No. 14 del Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales -intérprete autorizado del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales- señala que el
derecho a la salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el
ejercicio de los demás derechos, y que todo ser humano tiene derecho al
disfrute del más alto nivel posible de salud para vivir con dignidad.
4.4.1.3 En particular, frente a la
población con discapacidad, el artículo 47 Superior preceptúa el deber
del Estado de adelantar una política de previsión, rehabilitación e integración
social de las personas con discapacidad física, sensorial o psíquica.
Sobre este aspecto, en la sentencia T-057 de 2012[17], se expuso lo
siguiente:
“…la
Corte Constitucional ha sostenido en reiteradas oportunidades que el
concepto de salud debe interpretarse en un sentido amplio e integral,
englobando no solo el aspecto funcional o físico de la persona sino también sus
condiciones psíquicas, emocionales y sociales.[18]
En este sentido, la sentencia T―548
de 2011 consideró que ´la salud no equivale únicamente a un estado de bienestar
físico o funcional. Incluye también el bienestar psíquico, emocional y social
de las personas. Todos estos aspectos contribuyen a configurar una vida de
calidad e inciden fuertemente en el desarrollo integral del ser humano.´
En síntesis, puede afirmarse
hasta aquí que la salud mental, la salud física y la salud social son
componentes esenciales de la vida estrechamente relacionados e
interdependientes[19] y tan solo la garantía y
protección de estas tres esferas de la vida del ser humano, por parte del
Estado, significará la completa y adecuada protección del derecho
constitucional fundamental a la salud…”
En
consonancia con lo anterior, la
Observación General No. 14, consagra que:
“…26.
El Comité reafirma lo enunciado
en el párrafo 34 de su observación general Nº 5, en el que se aborda la
cuestión de las personas con discapacidades en el contexto del derecho a la
salud física y mental. Asimismo, el Comité subraya la necesidad de velar
por que no sólo el sector de la salud pública, sino también los
establecimientos privados que proporcionan servicios de salud, cumplan el
principio de no discriminación en el caso de las personas con discapacidades…” (Subraya fuera de texto)
Bajo
esta perspectiva, el artículo 25 de la
Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad
consagró que las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto
nivel posible de salud y que dentro de las medidas pertinentes para garantizar
este derecho, el Estado debe incluir la rehabilitación[20], como también la
exigencia a los profesionales de esta área de prestar a la población con
discapacidad un servicio de calidad sobre la base del consentimiento libre  e
informado que incluya “…la sensibilización respecto de los derechos humanos,
la dignidad, la autonomía y las necesidades de las personas con discapacidad a
través de la capacitación y la promulgación de normas éticas para la atención
de la salud en los ámbitos público y privado…”
Resumiendo,
en virtud del principio de dignidad humana, el derecho a la salud (i) no
se limita al bienestar físico sino también al bienestar mental, social y
emocional; (ii) es un derecho fundamental que permite la realización de
otras garantías superiores como también el desarrollo integral del ser humano; y
específicamente (iii) frente a la población con discapacidad el contenido
del derecho al goce del más alto nivel posible de salud incluye la
rehabilitación, cuyo fin es lograr la máxima independencia, capacidad física, mental,
social y vocacional, y la inclusión y participación plena en todas las áreas de
la vida de este grupo.
4.4.2.
El alcance del
derecho a la salud de las personas en circunstancia de discapacidad originada
por trastornos mentales.
4.4.2.1. Frente a las personas con
discapacidad mental, la
Organización Mundial de la Salud en el informe sobre la salud en el
mundo 2001 “Salud mental: nuevos conocimientos, nuevas esperanzas”, señaló que el enfoque de atención a las personas que tienen
algún tipo de trastorno mental ha sufrido una variación sustancial, esto es,
mientras que en diferentes momentos históricos fueron tratadas  solo como
pacientes y cuando presentaban alguna alteración en su conducta eran aisladas
de la sociedad mediante su hospitalización en grandes instituciones
siquiátricas –privadas o estatales-, a mediados del siglo XX se produjo un
cambio de paradigma “…del hospital a la comunidad...” debido,
principalmente, a los siguientes factores: (i) progreso de la psicofarmacología;
(ii) movimientos de derechos humanos en pro de la defensa de las personas con
trastornos mentales; y (iii) la definición de salud de la
OMS que incluyó dentro de su contenido el componente social y mental[21].
En ese sentido, la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH-[22], así como la
Corte Interamericana de Derechos Humanos -Corte IDH-[23] han reconocido
la condición de especial vulnerabilidad en la que se encuentran las personas
con discapacidad mental, así como los tratos crueles e inhumanos a los que son
sujetos, en diversas ocasiones, dentro de los centros psiquiátricos.[24]
Asimismo, a nivel internacional se han adoptado una serie de instrumentos
internacionales que establecen estándares respecto a las medidas de protección
de las personas con discapacidad mental.[25]
Lo anterior evidencia el grado de importancia que
tiene para la Comunidad Internacional que los Estados se comprometan a
implementar medidas especiales de protección para este tipo de personas, con la
finalidad de garantizar un nivel de vida adecuado, así como la inclusión social
que requieren, para el pleno ejercicio de todos sus derechos humanos[26].
Ahora, con respecto a los componentes
esenciales que integran la dimensión de asistencia para las personas que se
encuentren en esta circunstancia, la OMS destacó los siguientes: (i) medicación
o farmacoterapia, (ii) psicoterapia[27] y, (iii) rehabilitación psicosocial.
Específicamente, el
objetivo de la rehabilitación psicosocial es brindar a las personas con alguna
discapacidad mental la posibilidad de desarrollarse al máximo desde el punto de
vista funcional y con independencia en la comunidad, pero sobre todo de
potenciar sus capacidades individuales e introducir cambios en el entorno.
Dentro de las estrategias que incluye este tipo de rehabilitación, además de la
rehabilitación desde el área de la salud, se encuentran el ambiente cultural y
socioeconómico del país, así como la posibilidad de acceder a un empleo,
adquirir vivienda, tener una red de apoyo fuerte como la familia. En definitiva
“[l]a rehabilitación
psicosocial permite que muchas personas adquieran o recuperen las aptitudes
prácticas necesarias para vivir e integrarse en la comunidad, y les enseña a
hacer frente a sus discapacidades…”
4.4.2.2. Teniendo en cuenta las particularidades del presente
caso, la Sala considera pertinente hacer una breve referencia a las
características de la discapacidad mental originada por trastornos
esquizoafectivos. Al respecto, la
Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas
Relacionados con la Salud (CIE-10) que define los trastornos mentales y del
comportamiento, estableció que son:
“…[t]rastornos episódicos en los cuales tanto los
síntomas afectivos como los esquizofrénicos son destacados y se presentan
durante el mismo episodio de la enfermedad, preferiblemente de forma simultánea
o al menos con pocos días de diferencia entre unos y otros. No es clara aún su
relación con los trastornos del humor (afectivos) (F30-F39) y con los
trastornos esquizofrénicos (F20-F24) típicos. Otros cuadros en los cuales los
síntomas afectivos aparecen superpuestos o forman parte de una enfermedad
esquizofrénica preexistente, o en los cuales coexisten o alternan con otros
tipos de trastornos de ideas delirantes persistentes, se clasifican bajo la
categoría adecuada de F20-F29.
Los enfermos que sufren episodios esquizoafectivos
recurrentes, en particular aquellos cuyos síntomas son de tipo maníaco más que
de tipo depresivo, generalmente se recuperan completamente y sólo rara vez
desarrollan un estado defectual…”
4.4.2.3
Por último, es
importante destacar que todos los programas y políticas públicas que se diseñen
para atender las necesidades específicas de la población con discapacidad
mental deben garantizar como mínimo la realización efectiva de los derechos a
la no discriminación, a la privacidad, a la autonomía individual, a la
integridad física, a la información y a la participación, entre otros.
4.4.3.
La circunstancia
de discapacidad no debe asimilarse a “minusvalía de la persona” ni a
“invalidez”.
Teniendo en cuenta que en el presente caso la entidad
accionada afirma que precisamente la situación particular del actor -quien al
momento de solicitar el beneficio del crédito educativo tenía más del 50% de pérdida
de capacidad laboral-  le permitió ser beneficiario de esta línea de crédito
especial, la Corte considera pertinente realizar un acercamiento a los
conceptos de “minusvalía” e “invalidez” para diferenciarlos de la situación de
discapacidad, circunstancia que en ningún caso debe confundirse con el
porcentaje numérico establecido en estos dictámenes.
4.4.3.1
La discapacidad
no es sinónimo de “minusvalía de la persona”
4.4.3.1.1
Para iniciar, es
importante realizar un acercamiento al concepto de discapacidad desde sus
inicios y su contenido actual. Con respecto a una de las primeras
construcciones del significado de discapacidad, es importante destacar el que
se incluyó en las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las
personas en situación de discapacidad, aprobadas por la
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas mediante Resolución
48/96 el 20 de diciembre de 1993, que aunque no tienen carácter obligatorio, constituyen
un marco normativo de acción muy importante para las organizaciones de personas
en situación de discapacidad[28],
pues tal y como se expone en el numeral 14 de la introducción de este
instrumento, tienen vocación de transformarse en costumbre internacional y, en
ese sentido, en normas aplicables a todos los Estados.
Esta normativa estableció una diferenciación entre los
conceptos de discapacidad y minusvalía. Dicha distinción se dio
en razón a que algunos representantes de organizaciones de personas con
discapacidad y profesionales en el área, durante el decenio de 1970,
manifestaron su inconformidad respecto a lo que se estaba entendiendo por discapacidad
y minusvalía, pues de manera constante se confundían y reflejaban un enfoque
médico.
Por esta razón, en las Normas Uniformes sobre la igualdad
de oportunidades para las personas en situación de discapacidad, en un intento
por aclarar los contenidos de las dos expresiones, se señaló que la
discapacidad hacía referencia a una limitación funcional, esto es, a una
deficiencia, dolencia, enfermedad, de carácter permanente o transitorio. En
contraste, se estableció que la minusvalía era generada por el entorno –físico
y social-:
“Con la palabra "discapacidad" se resume un gran número de
diferentes limitaciones funcionales que se registran en las poblaciones de
todos los países del mundo. La discapacidad puede revestir la forma de una
deficiencia física, intelectual o sensorial, una dolencia que requiera atención
médica o una enfermedad mental. Tales deficiencias, dolencias o enfermedades
pueden ser de carácter permanente o transitorio”[29].
Por su parte, con la palabra minusvalía
se describe:
“la pérdida o limitación de oportunidades de participar en la vida de la
comunidad en condiciones de igualdad con los demás. La palabra ´minusvalía´
describe la situación de la persona con discapacidad en función de su entorno.
Esa palabra tiene por finalidad centrar el interés en las deficiencias de
diseño del entorno físico y de muchas actividades organizadas de la sociedad,
por ejemplo, información, comunicación y educación, que se oponen a que las
personas con discapacidad participen en condiciones de igualdad”[30]
Aunque la anterior diferenciación se dio para
evidenciar que la discapacidad no debía ser entendida como una condición
inherente a la persona y que no era sinónimo de “minusvalía”, haciendo claridad
en que este último concepto era generado por el entorno físico y social al obstaculizarle
el ejercicio pleno de todos sus derechos en condiciones de igualdad, el
concepto de discapacidad en sí mismo seguía privilegiando una perspectiva
médica.
4.4.3.1.2 Años más tarde, 2006, la
Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptó la
Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (CDPD),
aprobada en Colombia mediante la Ley 1346 del 31 de julio de 2009, declarada
exequible mediante sentencia C-293 del 21 de abril de 2010[31], que  introdujo
la transformación de, por lo menos, dos paradigmas en torno a la discapacidad,
estos son: 1) no debe ser entendida como una enfermedad y 2) abarca mucho más
que un tratamiento médico de habilitación y rehabilitación. Sobre este punto,
en la sentencia T-974 de 2010[32],
se expuso lo siguiente:
“También es pertinente recordar que en los últimos tiempos se ha
observado una variación frente a la forma en que se entienden protegidos los
derechos de las personas con discapacidad, pues como lo anota el grupo de
investigación de la Universidad de los Andes (PAIIS) en su intervención, ha
habido un cambio de paradigma al respecto, esto es, que la discapacidad ya no
debe ser entendida como una enfermedad o un obstáculo para vivir, sino que debe
ser abordada desde el matiz de la diversidad y del pluralismo, valores
protegidos en la Constitución y que a la vez promueven la tolerancia y la
igualdad.
En últimas, a la luz de la normativa internacional, la discapacidad
no sólo debe abordarse desde el punto de vista médico sino que debe abarcar
otras aristas que permitan atender dicha realidad de forma integral.”
El artículo 1 de este instrumento internacional, que
integra el bloque de constitucionalidad, estableció unos lineamientos para
delimitar lo que debe entenderse por circunstancia de discapacidad, así: “…Las
personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas,
mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con
diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la
sociedad, en igualdad de condiciones con las demás…”
Es importante aclarar que esta Convención no define de
manera expresa lo que debe entenderse por discapacidad, toda vez que reconoce
que es un concepto en evolución y, permite adaptaciones atendiendo al paso del
tiempo y a diversos entornos socioeconómicos.[33]
Agregado a lo
anterior, la Corte IDH ha considerado que “la discapacidad no se define en
torno a la deficiencia de la persona, sino en virtud de las barreras o
limitaciones que existen socialmente para que las personas puedan ejercer sus
derechos de manera efectiva.”[34]
En resumen, la
minusvalía fue un concepto que se creó para evidenciar la deficiencia del
diseño del entorno físico y de la organización social que impiden la plena participación
de la población con discapacidad en condiciones de igualdad, frente a quienes
no se encuentran en dicha circunstancia.
Siguiendo este
espíritu, actualmente la expresión “minusvalía” es integrada implícitamente al
concepto de discapacidad, desde la perspectiva de un modelo social, para señalar
que “…la
discapacidad surge principalmente del fracaso de la adaptación del ambiente
social a las necesidades y aspiraciones de las personas con discapacidad, en
vez de la incapacidad de estas personas de adaptarse al ambiente. Para este
modelo la discapacidad es principalmente un problema de discriminación y
estigmatización…”[35]
4.4.3.2
La discapacidad
no es sinónimo de “invalidez”
4.4.3.2.1 Por otra parte, no debe confundirse la situación de
discapacidad con la invalidez en el contexto de la normativa de seguridad
social. En el marco de dicha normativa, la invalidez está ligada al reconocimiento
de una prestación que se otorga a quienes cumplen con los requisitos exigidos
en la ley, como el atinente a que la persona tenga una pérdida de capacidad
laboral del 50% o superior a este. Este reconocimiento económico es una opción
con que cuentan las personas con discapacidad dentro de la normativa laboral y
al que pueden acceder una vez acrediten los presupuestos exigidos para tal fin,
pero el que exista esta posibilidad en el ordenamiento jurídico no significa
que la persona con discapacidad, aún teniendo un porcentaje de pérdida de
capacidad laboral (PCL) del 50% o más, no cuente con otras capacidades que
pueda emplear en el desarrollo de una actividad productiva para acceder a una
fuente de ingresos y ponerlas al servicio del crecimiento de la sociedad.
En este orden de ideas (i) la invalidez ligada a la
pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%, no es asimilable a la
discapacidad; y (ii) la pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%,
ligada a una pensión cuando se cumplen con los requisitos legales, no significa
siempre imposibilidad de seguir trabajando.
En la sentencia T-198 de 2006[36], la
Corte sostuvo:
“…Debe reiterarse, sin embargo, que la
protección laboral reforzada a favor del trabajador discapacitado, no debe
asimilarse a trabajador inválido. En efecto, tal y como se desarrolló en la
parte motiva de esta providencia, el concepto de invalidez se utiliza en el
ámbito laboral para otorgar una pensión a aquella persona que ha perdido su
fuerza laboral, y resulta independiente de la estabilidad laboral reforzada
establecida por la ley…” (Subraya fuera de texto)
4.4.3.2.2
Para ilustrar las
anteriores hipótesis, es pertinente hacer referencia a dos casos en los que la
Corte ha considerado que la situación de discapacidad no es sinónimo de
invalidez y, por el contrario, a pesar de que existe una pérdida de capacidad
laboral superior al 50% ello no significa que la persona no pueda desarrollar
un trabajo de acuerdo con sus capacidades.
En la sentencia T-427 de 2012[37], se
analizó el caso de una persona que tenía discapacidad mental desde su
nacimiento, y quien pudo vincularse laboralmente como auxiliar de bodega y, en
consecuencia, realizar cotizaciones al sistema de seguridad social en
pensiones; sin embargo, al solicitar el reconocimiento de la prestación
económica de invalidez, ésta le fue negada bajo el argumento de que como su
pérdida de capacidad laboral tuvo como fecha de estructuración la fecha de su
nacimiento, no cumplía con el requisito legal de haber contribuido con aportes
al sistema dentro de los tres años anteriores a la calificación de invalidez.
En esta oportunidad, la Corte consideró que debía realizar un ajuste razonable
en la interpretación de la norma frente a la circunstancia específica del
accionante porque de lo contrario se estaría avalando un acto de discriminación
en su contra por razón de su discapacidad, ya que, en efecto, se le estaría
exigiendo un requisito que nunca podría cumplir.  En este respecto, sostuvo la
Corte:
“…Por lo anterior, en aquellos casos en
los que se deba establecer la fecha de estructuración de la pérdida de la
capacidad laboral de una persona que sufra una enfermedad crónica, degenerativa
o congénita, que no le impida ejercer ciertas actividades laborales remuneradas
durante algunos períodos, la entidad encargada de realizar el dictamen de
pérdida de capacidad laboral deberá tener en cuenta que la fecha de
estructuración corresponde a aquella en que el afiliado ve disminuidas sus
destrezas físicas y mentales, en tal grado, que le impide desarrollar cualquier
actividad económicamente productiva…
Asimismo, está
claro que la discapacidad del señor Meza Franco no le ha impedido ejercer
actividades remuneradas durante ciertos períodos de su vida. Tal como está
acreditado en el expediente, el tutelante laboró como auxiliar de bodega desde
junio de 1994 hasta febrero de 1999.[38] Según lo manifestado por su madre,
quien actúa como agente oficiosa, la razón para que el actor dejara de laborar
fue ´el cierre de la […] empresa [empleadora]´,[39]
y porque no logró obtener otro trabajo…
Al respecto,
debe señalarse que la actuación de la
AFP Porvenir S.A. no tuvo en cuenta que el señor Franco mantuvo su capacidad
laboral para ejercer ciertas actividades compatibles con su discapacidad. En
efecto, el actor laboró durante cerca de cinco (5) años a pesar de ser una
persona con discapacidad. Por lo anterior, para la
Sala de Revisión es claro que la razón para que el tutelante no hubiera podido
seguir laborando y aportando al Sistema no está relacionada con su discapacidad
sino con una barrera social, ya que la sociedad no le brindó la oportunidad de
seguir realizándose como persona en forma autónoma e independiente…”
Por las razones
anotadas, la Sala Primera de Revisión de la
Corte ordenó el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez a favor del
actor.
Por otro lado,
mediante sentencia T-770 de 2012[40], la
Sala Séptima de Revisión analizó la solicitud de un ciudadano que interpuso
acción de tutela contra el Ministerio de Defensa Nacional, por considerar que
había vulnerado sus derechos fundamentales a la igualdad y al trabajo al emitir
una resolución que decidió retirarlo del servicio por haber sobrepasado la edad
correspondiente a su cargo, sin tomar en consideración que debido a que la
Junta Médica Laboral de la Dirección de Sanidad de la
Armada reportó una disminución de su capacidad laboral del 100%, le era
imposible cumplir con los requisitos de ascenso en dicha institución.
Del relato
presentado por el peticionario pudo constatarse que aunque la pérdida de
capacidad laboral antes referida fue emitida en el año 2009, el peticionario
continuó prestando sus servicios a la
Armada Nacional y adelantó estudios técnicos en el SENA en desarrollo de
software. Luego, se desempeñó como coordinador de proyectos de seguridad,
coordinador del Proyecto de Gestión Documental ORFEO y Jefe del Grupo de
Desarrollo de Sistemas y de Información. Ante la notificación de su
desvinculación de la entidad accionada, consideró que la decisión iba en contra
de su rehabilitación integral porque se encontraba en capacidad de poner al
servicio de la institución su conocimiento en el área de desarrollo de software
y electrónica. En particular, expuso la Sala que a pesar de que el actor reunía
los requisitos legales para acceder a la prestación económica de invalidez,
también se encontraba acreditado que contaba con la capacidad de ejercer una
actividad productiva –además era su deseo desarrollarla-, hecho que debió ser
analizado por la institución antes de proceder a su retiro. Para la
Corporación, con su retiro se estaba incurriendo en el desconocimiento del
derecho a la igualdad por no otorgar el trato más favorable dentro de las
opciones existentes. De este pronunciamiento se destaca:
“…Esta es la oportunidad
para recalcar que el concepto de integración laboral consagrado en la
Ley 361 de 1997, que desarrolla el artículo 13 de la
Carta, y se relaciona también con los principios contenidos en los
instrumentos internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad
como fuente interpretativa, analizados en el aparte de las consideraciones, va
más allá de la posibilidad de que las personas en condición de discapacidad
puedan tener ingresos económicos. La integración laboral deviene del principio
de integración social, e implica que este grupo poblacional pueda relacionarse
con los demás, desarrollarse en el ámbito laboral sintiéndose útil para los que
lo rodean.
En consecuencia, si el juez
de tutela ordenara el reconocimiento de la pensión de invalidez de este hombre
de 36 años de edad, que tiene una pérdida total de visión, se le estaría
condenando a no volver a trabajar y a pasar el resto de sus años sin ejercer
ninguna actividad productiva, siendo que ha demostrado que tiene las
capacidades para desarrollar sus labores a pesar de su condición…”
Por las anteriores razones, dejó
sin efecto la resolución atacada y se ordenó el reintegro del accionante al
cargo que desempeñaba.
En resumen: (i) la “minusvalía” e “invalidez”
se originan por diversas barreras culturales, sociales, económicas, físicas, de
lenguaje, que le impiden a la población con discapacidad ejercer con plenitud
sus derechos; (ii) el concepto de “invalidez” también se utiliza en el
campo de la seguridad social para hacer referencia a la prestación económica
que le es reconocida a las personas que acrediten el cumplimiento de los
requisitos legales, dentro de los cuales se encuentra la pérdida de capacidad
laboral igual o superior al 50%. Sin embargo, la posibilidad de acceder a dicho
reconocimiento no define la situación de discapacidad porque desde el punto de
vista numérico esta circunstancia puede coincidir en un grado inferior o superior
al 50%, sin que ello signifique que la persona no pueda desarrollarse en el
campo laboral de acuerdo con sus capacidades; (iii) existe una gran
limitante para que las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho al
trabajo por las barreras sociales que les impiden realizarse de forma autónoma
e independiente; y (iv) no siempre la pérdida de capacidad laboral igual
o superior al 50% es sinónimo de reconocimiento de la pensión de invalidez ni
de incapacidad laboral, pues esta prestación económica es una opción con que
cuentan las personas que reúnen los requisitos legales exigidos, pero ello no
elimina la posibilidad de ejercer una actividad productiva como quedo visto con
los casos anteriormente expuestos.
4.5       LAS ACCIONES AFIRMATIVAS SON UN MEDIO PARA LA REALIZACIÓN DE LA
IGUALDAD MATERIAL.
4.5.1. El
artículo 13 de la
Constitución Política consagra el derecho a la igualdad en los siguientes
términos:
“…Todas las personas nacen libres e iguales
ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán
de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación
por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión,
opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para
que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos
discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a
aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se
encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o
maltratos que contra ellas se cometan...”
A la luz del anterior precepto y en consonancia con
reiterada jurisprudencia de esta Corporación[41],
se pueden presentar los siguientes contenidos del derecho a la igualdad. En
primer lugar, la igualdad formal ante la ley que asegura que todas las
personas recibirán la misma protección y trato por parte de las autoridades; en
segundo lugar, la prohibición de discriminación, dirigida a evitar que
se mantenga, agrave o perpetúe la exclusión de grupos tradicionalmente
discriminados en la sociedad
por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica y;
en tercer lugar la igualdad de oportunidades o igualdad material, cuya
finalidad es superar las
desigualdades que afrontan las personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad, o que soportan ciertos grupos que son tradicionalmente
discriminados o marginados. En particular, en la sentencia C-221 de 2011,
acerca del contenido del derecho a la igualdad se expuso:
“Como lo ha señalado la Corte,[42]
del artículo 13 C.P. se colige la existencia de contenidos normativos que
ordenan (i) la igualdad ante la ley, comprendida como el deber estatal de
imparcialidad en la aplicación del derecho frente a todas las personas; (ii) la
prohibición de discriminación, previsión que dispone que las actuaciones del
Estado y los particulares no deban, prima facie, prodigar tratos desiguales a
partir de criterios definidos como “sospechosos” y referidos a razones de sexo,
raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o
filosófica; y (iii) un mandato de promoción de la igualdad de oportunidades o
igualdad material, comprendido como el deber de ejercer acciones concretas
destinadas a beneficiar a los grupos discriminados y marginados, bien sea a
través de cambios políticos a prestaciones concretas.  A este mandato se
integra la cláusula constitucional de promoción de la igualdad, que impone al
Estado el deber de proteger especialmente a aquellas personas que por su
condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad
manifiesta, al igual que sancionar los abusos que contra ellas se cometan…”[43]
En este orden de ideas cabe destacar que la
realización del mandato de la igualdad material supone el desarrollo de
acciones afirmativas[44],
entendidas como “las políticas o medidas dirigidas a favorecer a
determinadas personas o grupos, ya sea con el fin de eliminar o reducir las
desigualdades de tipo social, cultural o económico que los afectan[45], bien de lograr que los miembros de un grupo
subrepresentado, usualmente un grupo que ha sido discriminado, tengan una mayor
representación[46].”[47]
En otras palabras, la noción de acción
afirmativa está encaminada a (i) “favorecer a determinada persona o grupos,
ya sea con el fin de eliminar o reducir las desigualdad de tipo social,
cultural o económico, que los afectan…”[48] y a (ii) “lograr
que los miembros de un grupo subrepresentado, usualmente un grupo que ha sido
discriminado, tenga una mayor representación...”[49]
En este punto, es importante precisar que
con la noción de acción afirmativa no sólo se hace referencia a aquéllas
medidas de discriminación inversa o positiva, sino que también involucra otras
especies, en los términos de la jurisprudencia constitucional:
“En
las Sentencias C-371 de 2000, C-964 de 2003 y C-293
de 2010 la Corte precisó que el concepto de acción afirmativa
es un género a partir del cual se desarrollan tres especies[50]: (i) las
acciones de concientización, encaminadas a la sensibilización con respecto
a una problemática, como lo son las campañas publicitarias[51]; (ii) las
acciones de promoción y facilitación, como lo son, verbi gratia,  el
apoyo económico a los pequeños productores, las becas y ayudas financieras para
estudiantes de escasos recursos y los subsidios en los servicios públicos[52]; y (iii) las acciones
de discriminación inversa o positiva, que se distinguen por tomar
como eje ‘categorías sospechosas’ de discriminación como lo son el sexo o la
raza y se producen ante una situación de especial escasez de bienes deseados,
como ocurre con respecto a los puestos de trabajo o cupos universitarios, lo
que implica que el beneficio que se brinda a ciertas personas, tiene como
contrapartida el perjuicio de otras[53]”[54]
Todas estas medidas son constitucionalmente
admisibles para garantizar real y materialmente el ejercicio del derecho a la
igualdad de las personas en situación de debilidad, vulnerabilidad o cuya
situación se enmarque dentro de los criterios que son considerados como
sospechosos, frente a las demás personas que no se encuentren en su misma
circunstancia.
4.5.2.
La especial
protección constitucional que se otorga a diferentes personas o grupos en
estado de vulnerabilidad, como es el caso de aquellos ciudadanos con diferentes
discapacidades es un deber constitucional cuyo sustento se encuentra de
manera expresa en el artículo 47 Superior[55],
en los principios del Estado Social de Derecho, del trabajo, de la solidaridad
y del deber de velar por un orden justo. Al respecto, esta Corporación ha sido
enfática en sostener que:
“…el trato favorable no constituye un
privilegio arbitrario o una concesión caritativa. Es, por el contrario,
simple cumplimiento del deber constitucional de especial protección al que se
ha hecho mención, a fin de lograr que las personas discapacitadas no tengan que
sumar a su circunstancia y a la marginación a la que usualmente se ven
sometidos, una carga adicional a la que deben soportar el resto de los
habitantes de la ciudad. Desconocer esta situación no sólo contradice el
postulado mínimo de igualdad sino la más elemental idea de un orden justo”[56]
(Subraya fuera de texto)
Lo anterior no significa que las personas en situación
de discapacidad se encuentren relevadas de sus deberes y obligaciones
constitucionales como cualquier otro ciudadano:
“…la Corte ha reiterado que el derecho a un trato especial, no llega hasta
liberar a las personas con limitaciones de sus deberes ni exonerarlos de manera
anticipada por sus faltas. En criterio de la
Corte ´en la misma medida en que el Estado y la sociedad les brindan a los
discapacitados posibilidades de integrarse a la vida social, los discapacitados
adquieren distintos deberes para con las organizaciones política y social, que
les podrán ser exigidos como a cualquier otro ciudadano.`[57]”[58]
4.5.3.
Para garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de
las personas en situación de discapacidad, se ha reconocido que debido a la
discriminación histórica a la que ha sido sometida esta población, el Estado
tiene el compromiso de adelantar acciones afirmativas para desarrollar el
postulado del derecho a la igualdad con el fin de promover el ejercicio pleno
de sus derechos. El incumplimiento de este deber estatal, esto es, la no
promoción de acciones tendientes a favorecer y reivindicar a un grupo que ha
sufrido exclusiones sociales a lo largo de la historia, constituye un acto
discriminatorio en contra del mismo, pues vigoriza los obstáculos a los cuales
se ha encontrado expuesto cotidianamente, y, en esta medida le impide el
ejercicio pleno de sus derechos y libertades.
4.5.4.
Ahora bien, es
importante tener en cuenta que al interior de este grupo convergen distintas
necesidades dependiendo del tipo y grado de discapacidad que se tenga, por
ello, no basta con que el Estado adopte medidas afirmativas en relación con ese
grupo, sino que éstas deben responder a sus necesidades particulares[59]
y para ello debe realizar los ajustes razonables que se requieran.
4.6.   LOS AJUSTES RAZONABLES SON UNA MANIFESTACIÓN DEL CONTENIDO DEL
DERECHO A LA IGUALDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES.
Es importante recordar que la
Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con
Discapacidad reconoce a la persona en situación de discapacidad como un ser
digno, diverso y pleno sujeto de derechos, cuya circunstancia específica está
construida principalmente a partir de los obstáculos no sólo físicos sino
también culturales y sociales que esta población tiene que afrontar. Por otra
parte, abandona el paradigma médico rehabilitador y aunque reconoce la
importancia de que a esta población se le preste atención desde esta perspectiva,
la reconoce como una de sus facetas, pero no como la única ni como la
determinante.
Ahora bien, como quedó expuesto en la consideración
precedente, las acciones afirmativas son un medio para realizar la igualdad
material y de oportunidades de un grupo históricamente invisibilizado y
discriminado como el que integran las personas con discapacidad. Por ello, es
necesario que dichas políticas o medidas legislativas o administrativas
respondan a las necesidades de esta población y tengan en cuenta sus
particularidades.
Esta adecuación ha sido desarrollada en el instrumento
internacional, bajo el título de “ajustes razonables”, esto es, “…las
modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga
desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para
garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de
condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales…”
Sobre el desarrollo de esta categoría, la
Organización de las Naciones Unidas en su publicación denominada “De la
exclusión a la igualdad”[60],
expuso en lo referente al tema que se viene tratando que “el hecho de no
conceder a una persona “ajustes razonables” equivale a discriminarla por
motivos de discapacidad.
Además, en este informe se hizo referencia a que “la
expresión `ajustes razonables` se conoce también como la obligación de
dar facilidades, adaptarse o tomar medidas, o de efectuar modificaciones
efectivas o adecuadas. Por ejemplo, conceder a una persona `ajustes razonables`
significa efectuar adaptaciones en la organización de un ambiente de trabajo,
un establecimiento docente, una instalación de atención médica o un servicio de
transporte a fin de eliminar los obstáculos que impidan a una persona con
discapacidad participar en una actividad o recibir servicios en igualdad de
condiciones con los demás. En el caso del empleo, esto podría
significar modificaciones materiales de los locales, adquirir o modificar
equipo, ofrecer un lector o intérprete o la capacitación o supervisión
pertinentes, adaptar los procedimientos de examen de ingreso o evaluación,
modificar las horas de trabajo normales, o asignar algunas de las tareas de un
puesto a otra persona.” (Negrillas y subrayas fuera del texto).
Al respecto, en la
Sentencia C-605 de 2012[61]
se analizó, entre otros problemas jurídicos, si un conjunto de normas de la
Ley 982 de 2005[62]
vulneran la Constitución por haber incurrido en una omisión legislativa
relativa al no haber considerado los derechos de las personas con discapacidad
auditiva que no emplean el lenguaje de señas. En punto al concepto de ajustes
razonables sostuvo:
“Se entienden como razonables
aquellos ajustes que no imponen una carga
desproporcionada o indebida, apreciación que
implica la simultánea ponderación de los costos que tales acciones
necesariamente tendrán para el Estado y la sociedad. A juicio de la
Corte, este concepto referente, así como la trascendental consideración que en
él va envuelta, se acompasan debidamente con los principios constitucionales
que inspiran el diseño y ejecución de las acciones afirmativas, a través de las
cuales el Estado procura el logro de la igualdad real y efectiva garantizada
por la Constitución Política. Por consiguiente, se considera que su uso y
aplicación como medida de las acciones a realizar no plantea problemas en
relación con la exequibilidad de estas normas...”
Igualmente, la
Corte Constitucional, mediante Sentencia C-066 de 2013[63], analizó entre
otros aspectos si las expresiones normalización social y plena de las personas
con discapacidad como la normalización de su entorno familiar vulneran los
derechos a la dignidad humana, autonomía e igualdad de esta población. Entre
las cuestiones que abordó para dar respuesta al problema jurídico planteado, se
encuentran las barreras que tienen que superar las personas con discapacidad
para hacer efectivos sus derechos, las cuales no sólo se circunscriben a las
barreras físicas; la Corporación sostuvo:
“Desde esa perspectiva, la protección de
los derechos de las personas en situación de discapacidad pasa por la
eliminación de esas barreras, las cuales no son únicamente de índole físico,
sino también jurídico.  Las diferentes modalidades de infraestructura,
la conformación institucional y las reglas jurídicas deben, en ese orden de
ideas, adaptarse de modo tal que su configuración no imponga limitaciones de
acceso a las personas con discapacidad.  Así, como lo ha señalado la
Corte `… para el Constituyente, la igualdad real sólo se alcanza si el Estado
se quita el velo que le impide identificar las verdaderas circunstancias en las
que se encuentran las personas a cuyo favor se consagra este derecho. Una vez
revelado el panorama real, el Estado tiene la tarea de diseñar políticas
públicas que permitan la superación de las barreras existentes para que las
personas puedan incorporarse, en igualdad de condiciones, a la vida social,
política, económica o cultural... el derecho a la igualdad en el Estado Social
de Derecho, trasciende los imperativos clásicos de la igualdad ante la ley, y
obliga al Estado a detenerse en las diferencias que de hecho existen entre las
personas y los grupos de personas. Justamente, en consideración a las
diferencias relevantes, deben diseñarse y ejecutarse políticas destinadas a
alcanzar la verdadera igualdad.`[64]”(Negrilla
fuera de texto)
En definitiva, la realización del derecho a la
igualdad material de las personas con discapacidad, implica que las medidas legislativas,
administrativas, entre otras, respondan a su situación concreta. Estas
adaptaciones, a la luz del instrumento internacional de la
Convención se denominan ajustes razonables, que involucran no solo la infraestructura
física sino también las reglas jurídicas que, en muchos casos, imponen
limitaciones a las personas en situación de discapacidad, y desconocen las
diferencias existentes entre este grupo y el resto de personas que no se
encuentran en su misma circunstancia.
5.
ESTUDIO
DEL CASO CONCRETO
5.1.   HECHOS RELEVANTES:
Antes de avocar el estudio de
los supuestos fácticos a la luz de las consideraciones expuestas, es pertinente
referirse a los hechos que se encuentran debidamente probados en el presente
caso y que a continuación se resumen:
5.1.1. El actor es beneficiario de la línea especial de
crédito dirigida a los estudiantes con discapacidades físicas, síquicas o
sensoriales, de carácter permanente. En la actualidad tiene el título de licenciado
en humanidades e idiomas
5.1.2. El señor Mauricio fue valorado por el área de
medicina laboral de la Caja Colombiana de Subsidio Familiar, el 1 de septiembre
de 2005, y se le dictaminó una pérdida de capacidad laboral del 51.85%, especificando
en dicho informe que no necesitaba de otra persona para realizar sus
actividades (Folios 5-7).
5.1.3.  El 5 de noviembre de 2010, su médico psiquiatra
conceptuó que el diagnóstico inicial del señor Mauricio era trastorno
afectivo bipolar; sin embargo, una vez analizó en conjunto los síntomas
afectivos y psicóticos que presentaba, modificó el diagnóstico hacia un
trastorno esquizoafectivo. Agregó que el paciente no tomaba la medicación de
forma regular y que abusaba de sustancias como el alcohol y el cigarrillo. Por
otra parte, advirtió que mientras el paciente no lograra estabilizarse, no tendría
capacidad para administrar sus bienes (Folio 18).
5.1.4.  El 8 de septiembre de 2011, el Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses, a través de uno de sus médicos
especialistas, practicó examen a Mauricio en el cual constan las
siguientes conclusiones: 1) tiene signos y síntomas de trastorno
afectivo bipolar en remisión parcial con episodio más reciente maniaco y
síntomas psicóticos lo que limita su capacidad de resolver problemas cotidianos
de forma adecuada; 2) debido a su diagnóstico, no tiene capacidad para
administrar sus bienes ni disponer de ellos; 3) requiere tratamiento por
tiempo indefinido con psicofármacos y controles por consulta externa de
psiquiatría; y 4) el hecho de que no pueda administrar sus bienes no significa
que no tenga capacidad “permanente” para comprender y determinar cuándo está
transgrediendo las normas. Por ejemplo, si llegara a delinquir, el acto y el
contexto debe ser valorado por un perito psiquiatra para determinar la capacidad
de comprensión y autodeterminación en ese momento (Folios 24-25).
5.1.5.  Mediante sentencia emitida por el Juzgado Segundo de
Familia de Bogotá, el 10 de noviembre de 2011, se declaró la interdicción
judicial de Mauricio por discapacidad mental absoluta y fueron
designados como sus guardadores su padre Felipe –principal- y su madre
María Doris Cruz -suplente- (Folios 9-12).
5.1.6.  El 31 de mayo de 2012, el señor Felipe dirigió
un escrito al ICETEX mediante el cual solicitó la condonación de la deuda del
crédito educativo que le fue otorgado a su hijo, en razón a que el beneficiario
del crédito fue declarado interdicto por discapacidad mental absoluta, lo que
ha limitado su acceso al campo laboral. Agregó que debía tenerse en cuenta que
aunque es el codeudor del obligado principal, es el único proveedor económico
de su familia (Folio 29).
5.1.7.  El 19 de junio de 2012, el ICETEX dio respuesta a la
anterior solicitud informándole al actor que tal y como le había explicado en
respuesta emitida el 25 de octubre de 2011, no era procedente acceder a la
petición de condonación de la deuda porque no reunía los requisitos
establecidos en el Reglamento de Crédito Educativo, contenido en el Acuerdo 029
de 2007, específicamente, el estado de invalidez declarado no fue un hecho
sobreviniente a su otorgamiento (Folio 31).
5.1.8.  El 8 de enero de 2013, el médico especialista en
Medicina del Trabajo de la EPS Famisanar conceptúo que Mauricio tiene un
trastorno esquizoafectivo. Su pérdida de capacidad laboral la determinó en un
54.45% y advirtió que necesita de otra persona para realizar sus actividades
(Folios 26-28).
5.2.
EXAMEN DE LA
PROCEDENCIA
5.2.1. En el presente caso Felipe actuando
en representación de su hijo Mauricio presentó la acción de amparo para
solicitar la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad y a la vida
digna.
En este punto, es importante
aclarar que esta Sala no comparte el argumento presentado por los jueces de
segunda instancia –Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala
Civil-, en el sentido de que como el representante legal de Mauricio otorgó
poder para la presentación de la acción de tutela en su calidad de perjudicado
directo y sin aclarar expresamente que la solicitud de protección de los
derechos fundamentales invocados la elevaba en nombre de su hijo, tan solo debía
pronunciarse acerca de la posible vulneración de los derechos de aquel mas no
de su hijo.
El artículo 3 del Decreto 2591
de 1991 establece “…Principios. El trámite de la acción de tutela se
desarrollará con arreglo a los principios de publicidad, prevalencia del
derecho sustancial, economía, celeridad y eficacia”
De los anteriores principios,
en especial el de la prevalencia del derecho sustancial sobre lo procedimental,
se deriva el carácter informal de la acción de tutela; en este escenario, la
misión más importante del juez de tutela es desentrañar los derechos
fundamentales que están siendo amenazados o vulnerados, aún de aquéllos que no
fueron invocados expresamente[65].
A la luz de este espíritu, la aplicación en exceso rigurosa de las formas
procesales cede frente al principio de justicia material.
Al respecto, cabe mencionar que
del escrito de acción de tutela se puede colegir con claridad que la
inconformidad del actor se centra en la negativa de la entidad accionada de condonar
la deuda del crédito educativo del que fue beneficiario su hijo para acceder a
la educación superior. Aún más, cuestiona que la regla general contenida en el
Acuerdo 029 de 2007 se aplique a todos los beneficiarios de las distintas
líneas de crédito por igual, sin hacer una distinción frente a quienes se
encuentran en circunstancia de discapacidad. En este orden de ideas, es claro
para esta Sala que el actor está actuando en representación de su hijo
–declarado interdicto mediante sentencia judicial-, y también en su nombre para
pedir la protección de su derecho al mínimo vital.
5.2.2. Por otra parte, frente al argumento de la ausencia del
requisito de inmediatez, esta Sala considera que aunque transcurrieron 9 meses aproximadamente
entre la negativa de la condonación de la deuda y la presentación de la acción
de tutela, no se trata de un periodo tan prolongado y, además, la presunta
vulneración a los derechos fundamentales invocados continúa y se perpetúa en el
tiempo.
Siguiendo adelante con el
análisis, se encuentra acreditado que (i) Mauricio tiene trastorno
mental esquizoafectivo, (ii) se alega la vulneración del derecho
fundamental a la igualdad porque la norma del reglamento del crédito que regula
lo concerniente a la  condonación de la deuda, contempla como uno de sus
eventos que el estado de invalidez sea sobreviniente al otorgamiento del
crédito, sin tener en cuenta que en muchos casos los beneficiarios de la línea
de crédito especial para estudiantes con discapacidades físicas, síquicas o
sensoriales tienen una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%; y
en ciertos eventos puede impedir que la persona se desempeñe laboralmente o
continuar con sus estudios.
5.2.3. Finalmente, la Corte Constitucional ha establecido como regla general que la acción de
tutela es el mecanismo idóneo para solicitar la protección del derecho
fundamental a la igualdad, siempre y cuando no existan otros medios judiciales
para solicitar la defensa de los derechos invocados; cuando aún existiendo,
estos se tornan ineficaces para evitar la configuración de un perjuicio
irremediable[66];
o cuando los mecanismos no son idóneos para resolver la controversia
constitucional dadas las particularidades del caso.  En este caso se evidencia
la inminencia de un perjuicio irremediable debido a que el mínimo vital del
núcleo familiar se encuentra en riesgo y aunque el actor podría acudir a la
jurisdicción contencioso administrativa, por ejemplo, a través de la acción de
nulidad, en dicha sede judicial no se resolvería su situación particular, esto
es, el análisis de la presunta vulneración del derecho a la igualdad y al
mínimo vital no enmarcarían el objeto de análisis de la demanda.
5.3.   ANÁLISIS DE LA
PRESUNTA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES INVOCADOS.
5.3.1.  Breve recapitulación de los antecedentes
del caso
El señor Felipe
considera que el ICETEX le está vulnerando a su hijo los derechos fundamentales
a la igualdad y a la vida digna y su derecho al mínimo vital y el de su familia,
al negarse a condonar la deuda que adquirieron con esta entidad para que el
joven accediera a sus estudios superiores bajo la modalidad de una línea de
crédito especial dirigida a personas con diferentes discapacidades. En
concreto, sostiene que su hijo nunca podrá cumplir el requisito contenido en el
numeral b)   del artículo 44 del Acuerdo 029 de 2007 “Reglamento del Crédito
Educativo” que consagra “Por el hecho
sobreviniente de invalidez del beneficiario, la cual se acredita con el
certificado expedido por la autoridad competente (EPS, ARS, Junta Regional de
Invalidez), en el cual debe constar el porcentaje de incapacidad laboral y la
fecha de su estructuración…”, en razón a que Mauricio al
momento de acceder al crédito ya tenía una pérdida de capacidad laboral
superior al 50%, circunstancia que se agudizó al finalizar sus estudios.
Por su parte, el ICETEX sostiene
que no es posible acceder a la solicitud de condonación del crédito educativo
porque la situación del joven no se enmarca en el evento consagrado en la
normativa aplicable para el efecto, esto es, la calificación de pérdida de
capacidad laboral en un porcentaje igual o superior al 50% no fue posterior al
otorgamiento del crédito, por eso no puede tenerse como un hecho sobreviniente.
Para el juez de primera
instancia, aunque es innegable que las personas con discapacidad tienen una
protección constitucional reforzada, también lo es que en el presente caso
existe una relación contractual que a su parecer le impide al juez
constitucional resolver la controversia y menos modificar las normas del
reglamento del crédito educativo. No obstante, consideró que la entidad
accionada debía revisar de nuevo la solicitud del actor, esta vez, teniendo en
cuenta la situación actual del beneficiario y de su entorno familiar.
Por otra parte, el juez de
segunda instancia consideró que no se cumplió con el requisito de inmediatez,
que se trata de una controversia económica y legal, y que la entidad accionada
ha actuado conforme a la ley.
5.3.2.  La Sala evidencia que la situación particular de Mauricio
ha sido abordada tan solo desde una perspectiva médica.
5.3.2.1.       Si bien, como se desprende de las pruebas
obrantes en el plenario, el hijo del actor ha tenido atención psiquiátrica y como
parte del tratamiento, le han sido suministrados medicamentos - lo cual
constituye un área dentro del proceso de tratamiento integral que se le debe garantizar
a la población con discapacidad-, ésta no es la única perspectiva desde la cual
debe abordarse la realidad del joven tutelante.
Tal y como quedó expuesto en la
parte considerativa de esta sentencia, la forma de abordar en concreto la
discapacidad por un trastorno mental, ha cambiado de paradigma. En este sentido,
el artículo 26 de la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con
Discapacidad consagra que el fin de la habilitación y rehabilitación de esta
población es lograr (i) que tengan la máxima independencia; (ii) que
mantengan la capacidad física, mental, social y vocacional; y (iii) que
logren su inclusión y participación plena en todos los aspectos de la vida.
Para concretar estos objetivos,
es vital que los Estados, por ejemplo, promuevan la formación inicial y
continua, y la sensibilización de los profesionales que se desempeñan en este
campo para que conozcan los derechos humanos de quienes se encuentran en
circunstancia de discapacidad y también los promuevan. Sobre todo, deben
propender por el reconocimiento de la dignidad y autonomía de las personas en
situación de discapacidad.
Cabe además recordar que el
derecho a la salud debe entenderse en un sentido amplio que trasciende el plano
funcional o físico, y abarca áreas trascendentales como la psíquica, emocional
y social.
Siguiendo esta línea
argumental, el apoyo que debe brindarse a las personas con un trastorno mental
esquizoafectivo, como el que tiene Mauricio, debe comprender[67]
(i) atención médica – detección diagnóstica, información al interesado
sobre el diagnóstico y el tratamiento a seguir, atención, apoyo psicológico,
hospitalización en caso de requerirse ante recaídas-; (ii) rehabilitación –
apoyo social, educación, formación profesional, empleo, atención prolongada,
atender sus necesidades espirituales-; (iii) transformación cultural de la
comunidad – erradicar estigma y discriminación, participación social plena
y promoción de los derechos humanos-; y (iv) apoyo de la familia – aptitudes
para la atención, cohesión familiar, apoyo durante crisis, apoyo financiero y
asistencia de relevo-.
Por todo lo anterior, se
concluye que la asistencia que se le debe brindar al joven Mauricio no
sólo consiste en la prescripción de medicamentos sino que debe acompañarse de
atención psicológica, por citar un aspecto, en todo lo que tiene que ver con el
manejo de sus emociones. Igualmente, debe existir una rehabilitación
psicosocial para potencializar todas sus capacidades individuales, como también
una transformación del ambiente cultural, socioeconómico y familiar para
propender por la realización efectiva de todos sus derechos fundamentales.
5.3.2.2.       Ahora bien, es importante contrastar la
asistencia que se le ha brindado al joven a la luz de los anteriores
lineamientos para concluir que el actor sólo ha recibido apoyo desde una
perspectiva médica y de manera restrictiva, como pasará a demostrarse:
De las pruebas documentales que
obran en el expediente se puede colegir que a Mauricio, aproximadamente
desde el año 2004[68],
le fue diagnosticado trastorno mental, ha sido tratado por médicos psiquiatras
mediante la formulación de medicamentos y en algunas oportunidades ha tenido
que ser hospitalizado para atender sus crisis. De estos documentos se destaca,
en primer lugar, la valoración por parte del médico laboral que se le
realizó en septiembre de 2005 y en la que fue calificado con una pérdida de
capacidad laboral del 51.85%, al paso que se consideró que no necesitaba de
otra persona para valerse por sí mismo.
En segundo lugar, se
encuentra la constancia emitida por el médico psiquiatra -con destino al inicio
del proceso de interdicción judicial que iniciara la familia-  el 5 de
noviembre de 2010, en la que manifestó que:
“…se trata de un paciente de 27 años, conocido por el servicio de
psiquiatría de esta institución, con un diagnóstico inicial de trastorno
afectivo bipolar. Desde el comienzo su manejo y tratamiento ha sido muy
difícil, ha requerido la
utilización y el cambio de varios medicamentos…con control de síntomas y
estabilización del ánimo…
Sin
embargo, sus crisis han seguido presentándose, y en ellas los síntomas cada vez
son más difíciles de controlar; en los últimos años además de síntomas
afectivos, presenta múltiples síntomas psicóticos, por lo cual el diagnóstico
se modifica hacia un trastorno esquizoafectivo…
El
paciente no toma la
medicación regularmente, también hay abuso de alcohol, cigarrillo y discontrol
de impulsos, lo que empeora el pronóstico y la estabilización del cuadro.
Mientras
el paciente no logre estabilizarse, difícilmente estará en capacidad de
administrar sus bienes y disponer de ellos de forma correcta…”[69]
En tercer lugar, se
encuentra el examen psiquiátrico practicado al joven Mauricio por el
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el 8 de septiembre de
2011, en el cual establece lo siguiente:
“…Toda la sintomatología
anteriormente descrita que presenta el examinado, ha producido gran menoscabo
en sus áreas de relación tales como el área social y laboral, y esto hace
necesario que constantemente requiera de la ayuda y asistencia de los demás
para garantizar su bienestar…
…puedo afirmar que el
examinado padece un deterioro mental que le impide valerse por sí mismo y así
poder administrar sus bienes. El cuadro descrito se corresponde en términos
psiquiátricos forenses con una discapacidad mental absoluta…
La recomendación médica
psiquiátrica de manejo consiste en tratamiento por tiempo indefinido con
psicofármacos y controles por consulta externa de psiquiatría…”
En cuarto lugar, se
encuentra el fallo judicial del 10 de noviembre de 2011, en el que se declara la
interdicción de Mauricio por discapacidad mental absoluta y nombra como
curadores a sus progenitores. De la sentencia se destaca la declaración que
rindieron sus padres dentro del mismo: “… MARIA DORIS CRUZ, Y Felipe…manifestaron:
Mauricio tiene un trastorno esquizoafectivo según dictamen psiquiátrico, desde
niño presentaba antecedentes de aislamiento no jugaba; hacia la edad de los 14
años empezó a mostrar agresividad y lo mandaron a psiquiatría, su
comportamiento fue desmejorando con el tiempo, a la edad de los 20 años tuvo la
primera crisis y enloqueció, por lo que tiene que estar medicado…Mauricio no
tiene bienes de fortuna e hizo su carrera universitaria, se graduó de
licenciado en humanidades de idiomas…”[70]
Para finalizar, está la más
reciente evaluación de la pérdida de capacidad laboral del hijo del actor del pasado
8 de enero, en un porcentaje del 54.45% , y en la que se hace constar que
requiere de la asistencia de otra persona.
De este recuento pueden
extraerse las siguientes conclusiones:
1. El trastorno mental
esquizoafectivo que tiene Mauricio ha sido tratado desde una perspectiva
médica restringida; ello se observa, por un lado, en la constancia que emitió
el médico laboral de la EPS que establece que el joven venía siendo tratado
desde el área de psiquiatría con base en el diagnóstico de trastorno afectivo
bipolar; sin embargo, también señaló que en razón a la última sintomatología
presentada por el paciente, modificaba el diagnóstico a un trastorno mental
esquizoafectivo. Es decir, a juicio de esta Sala, cuando se emitió el concepto
acerca de la falta de capacidad para administrar sus bienes, como para manejar las
emociones, no se le había brindado el tratamiento pertinente para ese nuevo
diagnóstico. Además, en consonancia con el cambio de paradigma en lo atinente a
la salud mental, tampoco se observa que se haya tenido en cuenta la opinión del
interesado directo o se le haya informado acerca del respectivo diagnóstico con
respecto a su salud y el tratamiento a seguir. Por otro lado, la observación
del médico en el sentido de que el actor no estaba tomando sus medicamentos y
que abusaba del consumo de sustancias como el alcohol y el cigarrillo confirma
la necesidad de apoyar este diagnóstico desde el área de psicología –lo cual,
según las pruebas allegadas no se hizo-, para que exista una sensibilización no
sólo de quien debe consumir los medicamentos sino de la red familiar de apoyo,
en especial sus cuidadores, con el fin de desarrollar una conciencia de
autocuidado y de la necesidad de adquirir ciertos hábitos en desarrollo del
respectivo tratamiento médico.
Sumado a lo anterior, en el
dictamen presentado por medicina legal, la recomendación estuvo enfocada al
seguimiento del tratamiento médico y al consumo de psicofármacos de manera
indefinida, así como a los controles de psiquiatría. Como se ve, se privilegió
la visión médica a través de la medicación, y se excluyeron otros aspectos
importantes que también integran esta perspectiva, como el apoyo psicológico,
la emisión de un diagnóstico y la propuesta de un tratamiento acorde con éste,  y
el suministro de información al interesado directo y a la familia sobre la
asistencia requerida.
Además de esto, tampoco se
aprecia que se hubiesen tenido en cuenta las demás perspectivas requeridas para
un tratamiento integral como la rehabilitación social, la cooperación con la
familia -en especial los cuidadores-, y el brindar respuesta a sus
interrogantes y necesidades.
2. En el presente caso se
asimilaron los conceptos de discapacidad e “invalidez” cuando, como quedó
expuesto en la parte motiva, éstos no son conceptos asimilables. Es diferente
la situación de discapacidad y la calificación de pérdida de capacidad laboral
que en ciertos eventos, para efectos de acceder a la prestación económica
denominada pensión de invalidez, puede ser igual o superior al 50%.
Para evidenciar con más
claridad lo expuesto, es importante tener presente que, por ejemplo, en el
presente caso, el hijo del actor antes de iniciar sus estudios universitarios
tenía un 51.85% de pérdida de capacidad laboral. Este dictamen no se realizó
para efectos de acceder a la “pensión de invalidez” como es conocida
jurídicamente (además se recuerda que la calificación de pérdida de capacidad
laboral no es el único requisito para acceder a su reconocimiento. Por tanto,
se impone otra conclusión: no todas las personas con discapacidad que son
calificadas con una PCL igual o superior al 50% pueden pensionarse por
“invalidez” ), sino para optar a un cupo que el ICETEX otorga dentro de la
línea de crédito especial dirigida a las personas con discapacidad.
Aunque Mauricio tenía
una calificación de pérdida laboral superior al 50%, pudo emplear sus
capacidades en el estudio de la carrera de licenciatura en humanidades e
idiomas, y la culminó. Aunque el mismo estudiante sostiene que este esfuerzo
implicó invertir aproximadamente 7 años y medio debido a sus constantes
recaídas, está demostrado que ese porcentaje que calificó numéricamente sus
capacidades no le impidió aprovechar el resto de potencialidades para actuar
conforme al proyecto educativo que se había trazado como meta.
Ahora bien, se destaca en este
punto concreto que una entidad como el ICETEX contribuya a satisfacer la
necesidad específica que tienen las personas con discapacidad de acceder al
sistema educativo en todos sus niveles, en este caso superior, mediante la línea
de crédito especial ofrecida a esta población.
Sin embargo, para garantizar la
participación social plena de las personas en situación de discapacidad se
requiere la concurrencia de apoyos en las áreas de salud, psicología,
rehabilitación social y apoyo familiar, para generar un entorno accesible a las
aspiraciones de las personas que se encuentran en esta circunstancia y que, por
ejemplo, como en este caso, luego de acceder a una formación académica, les
permitan ejercer su derecho al trabajo y al empleo, y continuar formándose en
todos los niveles durante el resto de su vida.
Quiere enfatizar la
Sala la importancia de que las personas con discapacidad cuenten con una red
familiar que además de desarrollar labores de cuidado, promocionen la
realización efectiva de todos sus derechos, labor que debe acompañar el Estado
ofreciéndole a las familias su apoyo económico, psicológico y social para
abordar esta realidad[71].
Por ejemplo, en este caso el
señor Felipe es el único proveedor económico de su familia y la madre
del joven se dedica al trabajo en el hogar y al cuidado de su hijo con
discapacidad. Al parecer, no se ha construido una red de cooperación con ellos
ni se les ha dado respuesta a sus necesidades. Tampoco se evidencia que hayan tenido
la oportunidad de participar junto a su hijo en el tratamiento médico propuesto,
ni que se les hubiese explicado sus implicaciones o cómo podían brindarle a su
hijo un mejor acompañamiento durante el curso del mismo. Ello confirma que, por
regla general, las familias que afrontan esta realidad y que no cuentan con
suficientes recursos económicos están muy solas en este proceso y con
frecuencia no saben cómo deben actuar ni cómo adoptar las mejores decisiones.
5.3.3.   El contenido del derecho a la capacidad
jurídica consagrado en la Convención sobre los derechos humanos de las personas
con discapacidad y el proceso de interdicción.
En este punto es importante
hacer referencia al proceso de interdicción promovido por la familia. Sin
calificar la decisión que tomaron sus progenitores, la
Corte quiere poner en evidencia la contradicción entre la nueva forma en que
se ha abordado la discapacidad por trastornos mentales -como la del hijo del
peticionario- a la luz de la
Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad[72]
, que integra el bloque de constitucionalidad, frente al proceso legal de
interdicción judicial. Por un lado, el artículo 12 de la
Convención establece que debe privilegiarse la toma de decisiones de la
población en situación de discapacidad con independencia y autonomía, como
también elevar al máximo las potencialidades de esta población, y de otro lado,
se está declarando que las personas con discapacidad mental pueden ser privadas
de la capacidad para obligarse por sí mismas, luego de que se acrediten los
requisitos establecidos en la norma, de la cual se destaca, no existe
participación de quien va a ser declarado interdicto dentro del proceso
judicial para que exprese sus opiniones[73].
Acerca de la omisión de
notificarle de manera personal el inicio del trámite del proceso de
interdicción a la persona en circunstancia de discapacidad mental, la
Corte Constitucional mediante Sentencia T-1103 de 2004[74], sostuvo
lo siguiente:
“…Dada
la importancia que reviste la notificación personal para el ejercicio del
derecho de defensa, como en numerosas ocasiones lo  ha sostenido esta
Corte, y teniendo en cuenta que no todas las enfermedades mentales le impiden
permanentemente al paciente comprender la realidad, el juez de familia debe
interpretar el artículo 659 del C.P.C. de conformidad con el artículo 13
constitucional, lo que significa que debe apoyarse en lo establecido en el
certificado médico para efectos de decidir si, en el caso concreto, el
demandado comprenderá o no el sentido de la notificación, y por ende, si debe
intentarse la misma o no...”
En el caso concreto, se
evidencia que el actor Mauricio manifestó su opinión en el marco de las
preguntas formuladas por el médico psiquiatra para realizar el dictamen
pericial que emite el Instituto Nacional de Medicina Legal dentro del proceso
de interdicción, pero no en una etapa procesal autónoma dentro del mismo.
En consecuencia, debido a la
declaratoria de interdicción de Mauricio y a pesar de que cuenta con una
carrera profesional que podría ejercer si se le presta una asistencia integral
para garantizar su participación social plena, esta posibilidad se encuentra
limitada ante la restricción legal que tiene para celebrar contratos y
obligarse por sí mismo sin la asistencia de su curador. Por tanto, esta Sala
considera que, una vez se le garantice el tratamiento integral al hijo del
actor, puede contemplarse la posibilidad de que la familia o el mismo
interesado directo acuda a la figura jurídica de la rehabilitación[75],
con el fin de que el joven Mauricio pueda, eventualmente, acceder al
campo laboral y cumplir con el pago de sus obligaciones financieras.
5.3.4.  La Sala encuentra que la norma del Reglamento del Crédito
Educativo que regula lo atinente a la condonación de la deuda de los créditos
otorgados, vulnera el derecho a la igualdad de las personas con discapacidad al
no contemplar ajustes razonables que tengan en cuenta su circunstancia
específica.
Es importante destacar la
medida de acción afirmativa con que cuenta el ICETEX a favor de las personas
con discapacidad para garantizar su acceso a la educación superior: línea
especial de crédito dirigida a los estudiantes con discapacidades físicas,
síquicas o sensoriales, de carácter permanente, de acuerdo con lo establecido
en la Ley 361 de 1997; pero del análisis del caso bajo estudio, se concluye que
las reglas de condonación del crédito no diferencia entre las personas que se encuentran
en circunstancia de discapacidad y quienes no se encuentran en dicha situación.
En este sentido se centra el reproche
realizado por el actor, quien sostiene que la regla aplicable para que proceda
la solicitud de condonación consistente en que sobrevenga un hecho que origine
el estado de “invalidez” acreditándolo mediante una certificación de pérdida de
capacidad laboral igual o superior al 50%, en tanto es la misma que procede
frente a todas las líneas de crédito ofrecidas por la entidad accionada,
contraría el mandato de igualdad. Al respecto, la
Sala considera lo siguiente:
El artículo 44 del Acuerdo 029 de
2007 contempla los eventos en que procede la condonación del crédito otorgado
bajo cualquier línea de crédito. En particular, el literal b) establece que la
condonación de la deuda será procedente cuando sobrevenga un estado de
invalidez, lo cual debe leerse como la pérdida de capacidad laboral igual o
superior al 50%.
A la luz de este precepto, el
actor considera que como su hijo actualmente tiene una PCL del 54.45%, superior
a la que presentaba cuando inició sus estudios superiores -51.85%-, debe
aplicársele dicha regla. Además, advierte que dicho requisito nunca podrá ser
cumplido para las personas con discapacidad que al momento de acceder a esta
línea de crédito tengan una calificación de pérdida de capacidad laboral igual
o superior al 50% porque no se tomará como un hecho sobreviniente.
Por su parte, el ICETEX
considera que la situación de Mauricio no se enmarca dentro del evento
que invoca el actor porque el porcentaje de dicha calificación no se emitió con
posterioridad al otorgamiento del crédito, sino que ya existía al momento de
acceder al mismo, el cual se le otorgó precisamente por su situación de
discapacidad.
Sobre el punto la
Sala encuentra que, en efecto, existe un desconocimiento del derecho a la
igualdad de la población en situación de discapacidad porque el reglamento
equipara a las personas que acceden al crédito educativo bajo otras líneas de
crédito y que no se encuentran en circunstancia de discapacidad, con quienes sí
lo están, para aplicar de manera uniforme las causales de condonación de la
deuda, específicamente la contenida en el literal b) del artículo 44 del
Reglamento del Crédito Educativo. La acción afirmativa implementada por el
ICETEX debe tomar en consideración la situación específica de esta población
para adecuar su reglamento en lo referente a las reglas de condonación.
En este contexto, las personas
con discapacidad tienen derecho a que las causales de condonación se adapten a
su circunstancia para garantizar igualdad frente a quienes no se encuentran en su
misma situación. En este respecto, la acción afirmativa consagrada a favor de
esta población mediante la línea de crédito para personas con limitaciones
físicas, psíquicas y sensoriales debe además realizar la igualdad real y
efectiva mediante la implementación de ajustes razonables.
Puede afirmarse que las personas que se encuentran en alguna
circunstancia de discapacidad, como el actor, requieren, principalmente, unas
medidas apropiadas que garanticen una justicia de reconocimiento, pues la
invisibilización y exclusión a la que ha sido sometida esta población
históricamente, puede empezar a superarse a través de su identificación como
plenos sujetos de derechos y realizar todo tipo de acciones que garanticen su
derecho a la igualdad frente al resto de las personas.
Entonces, la norma tiene
efectos discriminatorios porque dentro de las causales de condonación no se
tiene en cuenta (i) la situación de las personas con discapacidad que no
tienen una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%, recuérdese que
este porcentaje no debe asimilarse con la situación de discapacidad, tal y como
se expuso en la parte considerativa, y (ii) la situación de las personas
con discapacidad que al momento de acceder al crédito educativo ya tienen una
calificación de pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%, y cuya
pérdida de capacidad laboral aumenta y eventualmente les impide continuar
desempeñándose laboralmente o a nivel educativo, caso en el que se enmarca el
de Mauricio. Por esta razón, es importante que la entidad accionada realice
los ajustes razonables de su reglamento en lo concerniente a este punto para
que se incluyan eventos de condonación del crédito que tengan en cuenta la
circunstancia de esta población.
En este caso, el
desconocimiento del derecho a la igualdad se da por no haber tenido en cuenta
la circunstancia especial de las personas con discapacidad, máxime al contar
con la línea de crédito especial dirigido a personas con discapacidades, para ajustar
los eventos en que procede la condonación de la deuda.
Específicamente, el literal b)
del artículo 44 del Acuerdo 029 de 2007 impone una barrera jurídica a quienes
tienen discapacidad y son beneficiarios de esta línea de crédito desconoce
el deber de trato diferenciado, constitucionalmente admisible en estos
casos, pues: (i) se trata de una persona en situación de discapacidad que
al momento del otorgamiento del crédito ya tenía una calificación de pérdida de
capacidad laboral superior al 50%,  a diferencia de otras personas que no se
encontraban en su misma circunstancia, y que explica la exigencia de que esta
PCL sea sobreviniente a la aprobación del crédito, requisito que nunca
podrá acreditarse en el caso del hijo del actor; lo anterior, hace que se esté
haciendo referencia a hechos distintos; (ii) el trato diferente está
fundado en un fin aceptado constitucionalmente, artículos 13[76], 47[77]
y 68[78]
de la Constitución; y (iii) lo que se busca es la realización de la
igualdad material.
Adicionalmente, esta Sala hace
notar que es importante prever, dependiendo del tipo de discapacidad, que los
estudiantes pueden tener recaídas, ausencias, posibles hospitalizaciones, etc.,
que también deben tomarse en consideración al momento de brindar este tipo de
línea de crédito a la población con discapacidad para garantizarles su acceso y
permanencia en el sistema público educativo.
5.3.5. La excepción de inconstitucionalidad en el caso objeto
de estudio
En este caso, al aplicarse literalmente el
contenido del literal b) del artículo 44 del Reglamento del Crédito Educativo
del ICETEX, por ser la norma que regula la causal de “invalidez sobreviniente”
y que habilita la aplicación de la condonación del crédito para todas las
líneas ofrecidas por la entidad accionada, se desconoció la
Carta Fundamental. Aunque se aplicó la norma legal, dicha interpretación
literal contrarió el derecho fundamental a la igualdad y a la educación
inclusiva de Mauricio al desconocer que el actor, al momento de aplicar
para la solicitud del crédito ya contaba con una pérdida de capacidad laboral
superior al 50%, es decir, que en los términos en que se encuentra redactada la
norma, él nunca podrá cumplir con la condición allí establecida.
En esta medida, se evidencia una barrera de
tipo jurídico para las personas con discapacidad, pues el Reglamento del
Crédito establece unas causales de condonación que no toman en consideración la
circunstancia particular de este grupo y que contraviene el espíritu de esta
acción afirmativa: garantizar el acceso a la educación superior de las personas
con discapacidad de forma incluyente.
Teniendo en cuenta que la anterior regla
genera efectos inconstitucionales y que se está desconociendo de manera directa
el artículo 13 Superior y el artículo 2, 5 y 24 de la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; esta Sala considera
que, en este caso concreto, debe inaplicarse el literal b) del artículo 44 del
Reglamento del Crédito Educativo del ICETEX, que establece como una de las
causales de condonación la “invalidez sobreviniente” sin tomar en consideración
que pueden existir eventos, como el del actor, en donde al momento de acceder a
la línea de crédito especial tienen una pérdida de capacidad laboral superior
al 50% y que con posterioridad su situación de discapacidad se agudiza. Lo
anterior, con el fin de evitar que dicha normativa produzca efectos
discriminatorios, pues tal y como está redactada la norma no contiene los
ajustes razonables necesarios para la población con discapacidad.
5.3.6. Conclusiones y decisiones a adoptar
Al realizar el análisis del caso puesto a
consideración de la Sala, se pudo establecer que (i) la discapacidad
mental de Mauricio se ha abordado desde una perspectiva médica
restringida, incluso, desde el área de psiquiatría no se le ha brindado el
tratamiento integral que requiere atendiendo al diagnóstico de trastorno
esquizoafectivo, como terapias psicológicas, rehabilitación -no sólo médica
sino social- y el establecimiento de una red de apoyo fuerte con la familia; (ii)
el proceso de interdicción judicial promovido por la familia y que culminó con
la declaración de interdicción por discapacidad mental absoluta contraviene el
espíritu de la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con
Discapacidad en lo atinente a la capacidad jurídica y al cambio de paradigma
que se ha dado frente a las personas con trastornos mentales bajo el cual, debe
propenderse por la potencialización de la autonomía y de las capacidades
individuales de las personas con discapacidad; y (iii) el Reglamento del
Crédito Educativo del ICETEX debe realizar ajustes razonables como
manifestación del derecho a la igualdad de la población en situación de
discapacidad, ya que el requisito contenido en el literal b) del artículo 44
nunca podrá acreditarse en casos como el del joven Mauricio.
También se ordenará al ICETEX que suspenda
la cancelación de las cuotas del periodo de amortización y de los respectivos
intereses del crédito al que accedió Mauricio, hasta que luego de
iniciar un tratamiento integral y se determinen sus resultados, el médico
tratante mediante certificación emita un concepto acerca de la posibilidad de
que el peticionario pueda vincularse o no en el campo laboral. En caso de que
ello no sea una opción, la entidad accionada deberá proceder a la condonación
de la deuda tomando como hecho sobreviniente la agudización del trastorno
mental de Mauricio.
Además, se ordenará al ICETEX que realice
los ajustes razonables del Reglamento del Crédito Educativo en lo que respecta
a los eventos en que procede la condonación de la deuda y que tenga en cuenta
las necesidades específicas de la población con discapacidad. Para el efecto,
deberá contar con la participación de la
Procuraduría General de la Nación, las Secretarías de Educación Distrital y de
Cundinamarca, miembros de la
sociedad civil como por ejemplo instituciones educativas que tengan
observatorios y/o grupos de investigación sobre los derechos de las personas
con discapacidad y en otras áreas del conocimiento, ONG´s, asociaciones de
padres de familia que tengan hijos con discapacidades, profesionales expertos
en educación inclusiva, entre otros, con el fin de que adopten las medidas
necesarias, para asegurar la realización efectiva de los derechos fundamentales
de las personas con discapacidad.
En virtud de lo expuesto, esta Sala
revocará las sentencias de instancia que denegaron la protección de los
derechos fundamentales invocados, pero por las razones expuestas en la parte
motiva de esta sentencia. En su lugar, ordenará a la
EPS Famisanar que le suministre el tratamiento integral requerido por Mauricio
según lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia,
específicamente según lo establecido en el numeral 5.3.2.
También se exhortará al Ministerio de
Educación Nacional para que implemente el contenido del instrumento de la
Convención y continúe el proceso de construcción de una educación inclusiva en
todos los niveles del sistema público educativo (oficial y privado), de acuerdo
con la normativa interna y el bloque de constitucionalidad dentro de un
ambiente que propicie la tolerancia y el respeto por la diversidad, donde cada
educando pueda adelantar su proceso de aprendizaje desarrollando al máximo
posible sus potencialidades.
6.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la
Sala Séptima de Revisión de tutelas de la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo
colombiano y por mandato de la
Constitución Política,
RESUELVE
PRIMERO.- LEVANTAR la suspensión de términos para fallar
el presente asunto, decretada por la
Sala Séptima de Revisión.
SEGUNDO.- REVOCAR las sentencias proferidas el 18 de abril de 2013, por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá –Sala Civil-, que confirma la
sentencia del 2 de abril de 2013, proferida por el Juzgado Segundo Civil del
Circuito de Bogotá, en cuanto negaron los derechos fundamentales invocados por
el actor. En su lugar CONCEDER la protección de los derechos fundamentales
a la salud, a la educación inclusiva y a la igualdad de MAURICIO,
y al mínimo vital de FELIPE por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
TERCERO.- ORDENAR al ICETEX que dentro de los cinco (5)
días siguientes a la notificación del presente fallo, suspenda la cancelación
de las cuotas del periodo de amortización y de los respectivos intereses del
crédito al que accedió Mauricio, hasta que luego de iniciar un
tratamiento integral y se determinen sus resultados, el médico tratante - en un
término no superior a seis (6) meses- mediante certificación emita un concepto
acerca de la posibilidad de que el peticionario pueda vincularse o no en el
campo laboral. En caso de que ello no sea una opción, la entidad accionada
deberá proceder a inaplicar el Reglamento del Crédito Educativo y proceder a la
condonación de la deuda tomando como hecho sobreviniente la agudización del
trastorno mental de Mauricio, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
CUARTO.- ORDENAR al ICETEX que, en un término no
superior a un (1) año, realice los ajustes razonables del Reglamento del
Crédito Educativo en lo que respecta a los eventos en que procede la figura de
la condonación de la deuda que tenga en cuenta las necesidades específicas de
la población con discapacidad. Para el efecto, deberá contar con la
participación de la
Procuraduría General de la Nación, las Secretarías de Educación Distrital y de
Cundinamarca, miembros de la
sociedad civil como por ejemplo instituciones educativas que tengan
observatorios y/o grupos de investigación sobre los derechos de las personas
con discapacidad y en otras áreas del conocimiento, ONG´s, asociaciones de
padres de familia que tengan hijos con discapacidades, profesionales expertos
en educación inclusiva, entre otros, con el fin de que adopten las medidas
necesarias, para asegurar la realización efectiva de los derechos fundamentales
de las personas con discapacidad.
QUINTO.- EXHORTAR al Ministerio de Educación Nacional para
que implemente el contenido del instrumento de la
Convención y continúe el proceso de construcción de una educación inclusiva en
todos los niveles del sistema público educativo (oficial y privado), de acuerdo
con la normativa interna y el bloque de constitucionalidad, en un ambiente que
propicie la tolerancia y el respeto por la diversidad, donde cada educando
pueda adelantar su proceso de aprendizaje desarrollando al máximo todas sus
potencialidades.
SEXTO.- COMUNICAR la presente decisión al
Procurador General de la Nación y al Defensor del Pueblo, para que, dentro de
la órbita de sus competencias, hagan un seguimiento del cumplimiento de esta
providencia.
SÉPTIMO.- Por secretaría general librar las comunicaciones de
que trata el Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, cúmplase, publíquese e insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional,
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
Con aclaración de voto
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
Ausente en comisión
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Citan las sentencias T-139 de 2013
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, T-826 de 2004
M.P. Rodrigo Uprimny Yepes, y T-093 de 2007
M.P. Humberto Sierra Porto.
[2] Ministerio de Educación Nacional, Educación para todos (s.f.)
Consultado el 14 de septiembre de 2013 [en línea] Disponible en
http://www.mineducacion.gov.co/article-141881.html
[3] Plan Nacional Decenal de Educación PNDE 2006-2016. Pacto Social
por la Educación (s.f.) Consultado el 14 de septiembre de 2013 [en línea]
Disponible en: http://www.plandecenal.edu.co/html/1726/w3-channel.html
[4] ECHEITA SARRIONANDIA, Gerardo “Inclusión y exclusión educativa.
Voz y quebranto” en REICE. Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad,
Eficacia y Cambio en Educación, vol. 6, núm. 002. Red Iberoamericana de
Investigación sobre Cambio y Eficacia Escolar, Madrid, España. 2008, pp. 9-18.
[5] Acurdo 036 de 2012 “Por el cual se establece la policía
institucional para la inclusión educativa de las personas con discapacidad en l
Universidad Nacional de Colombia.”
[6] GÓMEZ BELTRÁN, Julio César. Discapacidad en Colombia: reto para
la inclusión en capital humano. Colombia Líder, Fundación Saldarriaga Concha.
Bogotá: 2011. Consultado el 13 de septiembre de 2013 [en línea] Disponible en: http://www.colombialider.org/wp-content/uploads/2011/03/discapacidad-en-colombia-reto-para-lainclusion-en-capital-humano.pdf. Págs. 74 y 128.
[7] Corte Constitucional, sentencia T-207 del 12 de abril de 1999.
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[8] Ibídem.
El
artículo 3° de la Ley 361 de 1997 refiere “ (…) El Estado Colombiano inspira
esta ley para la normalización social plena y la total integración de las
personas con limitación y otras disposiciones legales que se expidan sobre la
materia en la Declaración de los Derechos Humanos proclamada por las Naciones
Unidas en el año de 1948, en la
Declaración de los Derechos del Deficiente Mental aprobada por la
ONU el 20 de diciembre de 1971, en la
Declaración de los Derechos de las Personas con Limitación, aprobada por la
Resolución 3447 de la misma organización, del 9 de diciembre de 1975, en el
Convenio 159 de la OIT, en la
Declaración de Sund Berg de Torremolinos, Unesco 1981, en la
Declaración de las Naciones Unidas concernientes a las personas con limitación
de 1983 y en la recomendación 168 de la OIT de 1983”
A lo anterior, podría agregarse la
Convención de los Derechos Humanos de las personas en circunstancia de
discapacidad, ratificada por el Estado colombiano el pasado 10 de mayo.
[9] WADDINGTON, Lisa. From Rome to Nice in a Wheelchair The
Development of a European Disability Policy (2006) http://ssrn.com/abstract=1027867
[10] Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Normas Uniformes
sobre la igualdad de oportunidades para las personas en situación de
discapacidad; Declaración de derechos de los impedidos de la
Asamblea General, Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con
Discapacidad.
[11] Ver sentencias T-507 de 1993,
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y T-760 de 2008,
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
“[12]
En el Preámbulo de la Constitución de la
Organización Mundial de la Salud, la salud es definida como ´(…) un estado de
completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de
afecciones o enfermedades´”.
[13] Ver sentencia T-760 de 2008,
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[14] Corte Constitucional, sentencia C-936 de 2011.
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
“[15] Ver sentencias T-859 de 2003,
M.P. Eduardo Montealegre Lynett; C-463 de 2008,
M.P. Jaime Araujo Rentería y T-760 de 2008,
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa”
“[16] Ver sentencias T-016 de 2007,
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; C-463 de 2008,
M.P. Jaime Araujo Rentería; T-760 de 2008,
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-372 de 2011,
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. En el primer
fallo, la Corte explicó: ´Al respecto, se dice, debe repararse en que todos
los derechos constitucionales fundamentales – con independencia de si son
civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, de medio ambiente -
poseen un matiz prestacional de modo que, si se adopta esta tesis, de ninguno
de los derechos, ni siquiera del derecho a la vida, se podría predicar la
fundamentalidad. Restarles el carácter de derechos fundamentales a los derechos
prestacionales, no armoniza, por lo demás, con las exigencias derivadas de los
pactos internacionales sobre derechos humanos mediante los cuales se ha logrado
superar esta diferenciación artificial que hoy resulta obsoleta así sea
explicable desde una perspectiva histórica´”.
[17] M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
“[18]
Ver, entre otras, sentencias T―659 de 2003 y T―307 de 2006”
“[19]
´Informe sobre la Salud en el Mundo 2001. Salud Mental: nuevos
conocimientos, nuevas esperanzas.´  Organización Mundial de la
Salud OMS”
[20] Artículo 26 de la
Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. “…Habilitación
y rehabilitación
1. Los
Estados Partes adoptarán medidas efectivas y pertinentes, incluso mediante el
apoyo de personas que se hallen en las mismas circunstancias, para que las
personas con discapacidad puedan lograr y mantener la máxima independencia,
capacidad física, mental, social y vocacional, y la inclusión y participación
plena en todos los aspectos de la vida. A tal fin, los Estados Partes
organizarán, intensificarán y ampliarán servicios y programas generales de
habilitación y rehabilitación, en particular en los ámbitos de la salud, el
empleo, la educación y los servicios sociales, de forma que esos servicios y
programas:
a) Comiencen
en la etapa más temprana posible y se basen en una evaluación multidisciplinar
de las necesidades y capacidades de la persona;
b) Apoyen la
participación e inclusión en la comunidad y en todos los aspectos de la
sociedad, sean voluntarios y estén a disposición de las personas con
discapacidad lo más cerca posible de su propia comunidad, incluso en las zonas
rurales.
2. Los
Estados Partes promoverán el desarrollo de formación inicial y continua para
los profesionales y el personal que trabajen en los servicios de habilitación y
rehabilitación.
3. Los
Estados Partes promoverán la disponibilidad, el conocimiento y el uso de
tecnologías de apoyo y dispositivos destinados a las personas con discapacidad,
a efectos de habilitación y rehabilitación…”
[21] Informe sobre la salud en el mundo 2001. Salud mental: nuevos
conocimientos, nuevas esperanzas.
[22] Véase, Recomendación de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la
Promoción y Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad
Mental, Aprobada en el 111° periodo extraordinario de sesiones, 4 de abril de
2001.
[23] Corte IDH, Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil,
Sentencia de 4 de Julio De 2006, Serie C No. 149, párr. 103.
[24] Para más información sobre los tratos inhumanos o degradantes que
sufren las personas con discapacidad mental dentro de centros psiquiátricos, se
recomiendan los siguientes casos ante la
CIDH: Informe N° 63/99, Caso 11.427 Víctor Rosario Congo vs. Ecuador,
13 de abril de 1999; Informe N° 39/03, Caso Abu-Ali Abdur'Rahman vs. Estados
Unidos, 6 de junio de 2003; e Informe N° 16/04 Petición Tracy Lee Housel
vs. Estados Unidos, 27 de febrero de 2004.
[25]Declaración de Caracas, adoptada en la
Conferencia Reestructuración De la
Atención Psiquiátrica en América Latina Caracas, Venezuela, 11-14 de noviembre
de 1990; Principios para la
Protección de los Enfermos Mentales y para el Mejoramiento de la
Atención de la Salud Mental, G.A. Res. 119, U.N. GAOR, 46 Sesión, Supp No.
49, Anexo, p. 188-192. U.N. Doc.A/46/49 (1991).
[26] Véase, “El derecho internacional como un instrumento
esencial para la promoción y protección de los derechos humanos y las
libertades fundamentales de las personas con discapacidad mental y sus
familiares en el contexto del Sistema Europeo e Interamericano de Derechos
Humanos” en Salud mental y derechos humanos: vigencia de los estándares
internacionales, Vázquez, Javier (comp), Buenos Aires: Organización
Panamericana de la Salud -OPS, 2009, pág. 33-44.
[27] Ibídem, p. 61: “…Varias técnicas y enfoques, derivados de
distintos fundamentos teóricos, han demostrado ser eficaces en relación con
diversos trastornos mentales y conductuales. Entre ellos se cuentan la terapia
conductual, la terapia cognitiva, la terapia interpersonal, las técnicas de
relajación y las técnicas terapéuticas de apoyo (consejo) (OMS 1993b).
La terapia
conductual consiste en la aplicación de principios psicológicos de base
científica a la solución de problemas clínicos (Cottraux 1993). Se basa en los
principios del aprendizaje…”
[28] Numeral 14 de las Normas Uniformes sobre la igualdad de
oportunidades para las personas en situación de discapacidad: “…Aunque no son de cumplimiento obligatorio, estas
Normas pueden convertirse en normas internacionales consuetudinarias cuando las
aplique un gran número de Estados con la intención de respetar una norma de
derecho internacional. Llevan implícito el firme compromiso moral y político de
los Estados de adoptar medidas para lograr la igualdad de oportunidades. Se
señalan importantes principios de responsabilidad, acción y cooperación. Se
destacan esferas de importancia decisiva para la calidad de vida y para el logro
de la plena participación y la igualdad. Estas Normas constituyen un
instrumento normativo y de acción para personas con discapacidad y para sus
organizaciones. También sientan las bases para la cooperación técnica y
económica entre los Estados, las Naciones Unidas y otras organizaciones
internacionales…”
[29] Numeral 17, ibídem
[30] Numeral 18, ibídem
[31] M.P. Nilson Pinilla Pinilla
[32] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
[33] Alto Comisionado de Naciones Unidas, Manual para
parlamentarios sobre la Convención sobre los derechos de las personas con
discapacidad y su Protocolo Facultativo, ONU, Ginebra, 2007, pág. 13.
[34] Corte IDH.
Caso Furlan y Familiares Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012.
Serie C No. 246, pár. 133
[35] Corte Constitucional, sentencia T-974 de 2010.
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[36] M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
[37] M.P. María Victoria Calle Correa
[38] En el expediente obra copia de la historia laboral del señor Juan
Carlos Meza Franco, en la que consta que el actor fue afiliado como dependiente
al Sistema General de Pensiones el 1 de junio de 1994, e hizo aportes hasta
febrero de 1999. (Folios 53 – 57).
[39] Folio 19 del cuaderno de revisión.
[40] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
[41] Sobre el alcance del derecho a la
igualdad ver, entre otras, las siguientes sentencias: C-836 de 2001
M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-1064 de 2001
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y Jaime Córdoba Triviño;  C-242 de 2006
M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T-1248 de 2008
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; C-145 de 2010 y C-368 de 2011  M.P.
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; T-684
A de 2011 M.P. Mauricio González Cuervo; T-387 de 2012
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
“[42]
Corte Constitucional, sentencia T-340/10.  Fundamentos
jurídicos 39 a 40”
[43] Corte Constitucional, sentencia C-221 de 2011.
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
[44] Sentencia C-932 de 2007. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra: “…En
desarrollo del concepto de igualdad material y del reconocimiento que el
derecho hace de la existencia de desigualdades naturales, sociales y
económicas, los distintos ordenamientos jurídicos diseñaron medidas estatales
para limitar la libertad de decisión pública y privada y hacer exigible el
trato favorable para quienes se encuentran en situación de discriminación. Así,
como respuesta jurídica a una situación fáctica consolidada de discriminación
que obedece a una práctica social, cultural o económica de un grupo, se
diseñaron las denominadas acciones afirmativas. Las acciones afirmativas como
género y las medidas de discriminación positiva o inversa como especie, están
dirigidas a remover diferencias fácticas que si bien son reales no deben
continuar en un Estado cuya finalidad primordial es conseguir una sociedad más
equitativa y justa…”
[45] “Alfonso Ruiz Miguel. Discriminación Inversa e Igualdad.
Varcárcel Amelia. El
Concepto de Igualdad. Editorial Pablo Iglesias. Madrid. 1994. Pág.77-93.”
[46] “Greenwalt Kent. Discrimination and Reverse Discrimination. New
York: Alfred A. Knopf. 1983. Citado en: Michel Rosenfeld. Affirmative Action Justice. A Philosophical and Constitutional
Inquiry. Yale
University Press. New
Yok. 1991”
[47] Cfr. Sentencias: C-371 del 29 de marzo de
2000. MP. Carlos Gaviria Díaz y C-964 del 21 de octubre de 2003. MP. Álvaro
Tafur Galvis.
[48] Sentencia C-371 de 2001 M.P. Carlos Gaviria Díaz
[49] Ibídem
[50] Ídem.
[51] Sentencia T-500 del 27 de junio de 2002. MP. Eduardo Montealegre
Lynett.
[52] Ver Sentencias: C-371 del 29 de marzo de
2000. MP. Carlos Gaviria Díaz y C-964 del 21 de octubre de 2003. MP. Álvaro
Tafur Galvis.
[53] Ver Sentencias: C-371 del 29 de marzo de
2000. MP. Carlos Gaviria Díaz y C-293 del 21 de abril de 2010. MP. Nilson
Pinilla Pinilla.
[54] Corte Constitucional, sentencia T-387 de 2012.
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[55] Artículo 47 de la
Constitución Política de Colombia: “El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e
integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a
quienes se prestará la atención especializada que requieran.”
[56] Corte Constitucional, sentencia T-823 del 21 de octubre de 1999.
M.P. Eduardo Cifuentes Múñoz
[57] Sentencia T-207/99 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz)
[58] Ibídem
[59] Declaración de Madrid, Adoptada en el marco del Congreso Europeo
de las Personas con Discapacidad, Madrid, 20-23 de marzo de 2002, principio 5.
[60] http://www.un.org/spanish/disabilities/documents/toolaction/handbookspanish.pdf
[61] M.P. María Victoria Calle Correa
[62] “Por la cual se establecen normas tendientes a la equiparación
de oportunidades para las personas sordas y sordo ciegas y se dictan otras
disposiciones’
[63] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
[64] Corte Constitucional, sentencia T-823/99.
[65] Corte Constitucional, sentencia T-1284 de 2001.
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
[66] Corte Constitucional, sentencia T-117 del 13 de febrero de 2003.
M.P. Clara Inés Vargas Hernández
[67] Informe sobre la salud en el mundo 2001. “Salud mental: nuevos
conocimientos, nuevas esperanzas”
[68] Folio 19 del cuaderno principal
[69] Folio 8 del cuaderno principal
[70] Folio 10 del cuaderno principal
[71] GARCÍA GÓMEZ, Clara María “Familia y Discapacidad”;
ZAPATA, Gloria Teresa “La familia en contextos no convencionales o de riesgo:
la discapacidad” en Discapacidad e inclusión social. Reflexiones desde la
Universidad Nacional de Colombia. Bogotá D.C.  2004.
[72] “Artículo 12. Igual reconocimiento como persona ante la ley
1. Los
Estados Partes reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho en
todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica.
2. Los
Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad
jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la
vida.
-12-
3. Los
Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las
personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su
capacidad jurídica.
4. Los
Estados Partes asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio de la
capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para
impedir los abusos de conformidad con el derecho internacional en materia de
derechos humanos. Esas salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al
ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las
preferencias de la persona, que no haya conflicto de intereses ni influencia
indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de
la persona,
que se apliquen en el plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes
periódicos por parte de una autoridad o un órgano judicial competente,
independiente e imparcial. Las salvaguardias serán proporcionales al grado en
que dichas medidas afecten a los derechos e intereses de las personas.
5. Sin
perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, los Estados Partes tomarán
todas las medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar el derecho
de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a
ser propietarias y heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos y
tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y
otras modalidades de crédito financiero, y velarán por que las personas con
discapacidad no sean privadas de sus bienes de manera arbitraria”.
[73] Artículo 42 de la
Ley 1306 de 2009 “Por la cual se dictan normas para la protección de
personas con discapacidad mental y se establece el régimen de la representación
legal de incapaces emancipados… Interdicción y rehabilitación de la
persona con discapacidad mental absoluta: Derogado por el literal c), art.
626, Ley 1564 de 2012. El
artículo 659 del Código
de Procedimiento Civil quedará así:
Artículo. 659. Interdicción de la persona con
discapacidad mental absoluta. Para la interdicción de la persona con
discapacidad mental absoluta se observarán las siguientes reglas:
1. A la demanda se acompañará un certificado de un médico psiquiatra o
neurólogo sobre el estado del presunto interdicto, expedido bajo juramento que
se entenderá prestado por la sola firma.
2. No será necesario probar el interés del
demandante para promover el proceso e incluso podrá promoverlo el Juez, de
oficio.
3. En el auto admisorio de la demanda se
ordenará citar a quienes se crean con derecho al ejercicio de la guarda y se
ordenará el dictamen médico neurológico o psiquiátrico sobre el estado del
paciente; la objeción al dictamen se decidirá por auto apelable.
4. En el dictamen médico neurológico o
psiquiátrico se deberá consignar:
a). Las manifestaciones características
del estado actual del paciente.
b). La etiología, el diagnóstico y el
pronóstico de la enfermedad, con indicación de sus consecuencias en la
capacidad del paciente para administrar sus bienes y disponer de ellos, y
c). El tratamiento conveniente para
procurar la mejoría del paciente.
5. Recibido el dictamen, el Juez, dentro
de los cinco (5) días siguientes correrá traslado del mismo, por el término de
tres (3) días.
6. Resueltas las objeciones, si las
hubiere y vencido el término probatorio se dictará sentencia; en ésta se hará
la provisión del guardador testamentario, legítimo o dativo conforme a lo
preceptuado en esta Ley. En la misma sentencia ordenará la confección, en un
plazo que no excederá de sesenta (60) días, del inventario y avalúo de los
bienes de la persona con discapacidad mental absoluta, por un auxiliar de la
justicia cuyos honorarios serán cancelados con cargo al patrimonio de la
persona con discapacidad mental absoluta o por el ICBF cuando la persona con
discapacidad no tenga recursos suficientes para ello. Recibido y aprobado el
inventario el Juez fijará la garantía y una vez otorgada esta, se dará posesión
al guardador y se hará entrega de los bienes inventariados.
7. Se podrá decretar la interdicción
provisoria de la persona con discapacidad mental absoluta, de conformidad con
lo dispuesto en la Ley, teniendo en cuenta el certificado médico acompañado a
la demanda. En el auto que decrete esta medida se designará el curador
provisorio.
También se podrán decretar las medidas de
protección personal de quien se encuentre con discapacidad mental que el Juez
considere necesarias, incluyendo las medidas terapéuticas que se estimen
convenientes.
Los autos a que se refiere el presente
numeral son apelables en el efecto devolutivo si en ellos se accede a tales
medidas, y en el diferido si las niegan.
8. Los decretos de interdicción provisoria
y definitiva deberán inscribirse en la
Oficina de Registro del Estado Civil y notificarse al público por aviso que se
insertará una vez por lo menos en un diario de amplia circulación nacional,
señalado por el Juez.
9. La posesión, las excusas o la
incapacidad del guardador y la entrega de bienes, se regirán por lo dispuesto
en el artículo 655”
[74] M.P. Clara Inés Vargas Hernández
[75] “ARTÍCULO 30. Rehabilitación del interdicto: Cualquier persona podrá solicitar la rehabilitación
del interdicto, incluso el mismo paciente.
Recibida la solicitud de rehabilitación, el Juez
solicitará el dictamen pericial correspondiente, así como las demás pruebas que
estime necesarias y, si es del caso, decretará la rehabilitación.
PARÁGRAFO: El Juez, si lo estima conveniente, podrá abstenerse de
iniciar diligencias respecto de una solicitud de rehabilitación, cuando no
hayan transcurrido seis (6) meses desde la última solicitud tramitada…
ARTÍCULO  44.
Rehabilitación del interdicto: Derogado por el literal c), art.
626, Ley 1564 de 2012. El artículo 660 del Código de Procedimiento Civil
quedará así:
ART 660. Rehabilitación del interdicto. Para la rehabilitación
de la persona con discapacidad mental absoluta, se aplicará el procedimiento de
la interdicción, sin que haya lugar a la citación por edicto de posibles interesados”
[76] “(…) El Estado promoverá las condiciones para que la
igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos
discriminados o marginados.
El Estado
protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica,
física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.”
[77] “El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación
e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a
quienes se prestará la atención especializada que requieran.”
[78] “(…) La erradicación del analfabetismo y la educación de
personas con limitaciones físicas o mentales, o con capacidades excepcionales,
son obligaciones especiales del Estado.”