T-874-11
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-874/11
(Bogotá D.C., Noviembre
22)
ACCION DE TUTELA PARA LA
PROTECCION DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA POBLACION DESPLAZADA-Procedencia
POBLACION DESPLAZADA-Resulta
desproporcionado exigirle el agotamiento previo de trámites ordinarios como
requisito para la procedencia de la tutela
En los casos de
desplazamiento forzado, dadas las condiciones de los accionantes que en su gran
mayoría son personas de escasos recursos económicos, que se encuentran
excluidos de los beneficios de la educación y la cultura y que desconocen los
procedimientos existentes para la defensa de sus derechos; exigirles un
conocimiento jurídico experto en la reclamación de los mismos y en el
agotamiento previo de los recursos ordinarios es en criterio de esta
Corporación desproporcionado.
INSCRIPCION EN EL REGISTRO
UNICO DE POBLACION DESPLAZADA-Criterios y normas que deben tenerse en
cuenta
La Corte ha resaltado, que la situación de desplazamiento
se adquiere no a raíz de la inscripción en el Registro Único de Población
Desplazada, sino cuando concurren dos condiciones fácticas: la causa violenta y
el desplazamiento interno (que incluye tanto la expulsión del lugar de
residencia, como la imposibilidad de regresar). Ante la concurrencia de los
hechos mencionados, la persona tiene derecho fundamental a ser reconocida como
persona en situación de desplazamiento y a los derechos que de tal
reconocimiento se derivan. Al respecto la Corte señaló: “Sea cual fuere la
descripción que se adopte sobre desplazados internos, todas contienen dos
elementos cruciales: la coacción que hace necesario el traslado y la
permanencia dentro de las fronteras de la propia nación. Si  estas dos
condiciones se dan, como ocurre en el caso motivo de esta tutela, no hay la
menor duda de que se está ante un problema de desplazados”. En suma, la
situación “de desplazamiento interno”, no es algo que dependa de  una decisión
administrativa adoptada por la Agencia Presidencial para la Acción Social o
quien hiciere sus veces. Esta Agencia se limita simplemente a constatar la
existencia de tal situación, es decir, a reconocerla. Por lo tanto, si la
decisión de la Agencia es arbitraria o se aparta de los parámetros legales o
constitucionales respectivos, otra autoridad competente – como el juez de
tutela - puede desvirtuarla y ordenar el reconocimiento negado.
REGISTRO UNICO DE POBLACION
DESPLAZADA-Interpretación constitucional de las causales legales y
reglamentarias que dan lugar al rechazo de la inscripción
Cuando por razones distintas a
la propia voluntad del sujeto, una persona que se encuentre en situación de
desarraigo y que no hubiera podido satisfacer su derecho a la reubicación,
solicite la inscripción en el RUPD luego de trascurrido el año a partir de la
fecha del desplazamiento, tendrá derecho a dicha inscripción. La Corte ha
indicado que los funcionarios deben tener en cuenta, en todo momento, las
razones por las cuales existen las reglas anteriores. En últimas se trata de
reconocer que las personas en situación de desplazamiento forzado merecen un
trato especial por parte del Estado, dada la extrema situación de
vulnerabilidad por la que atraviesan, las cargas desproporcionadas o
exorbitantes que han debido soportar y el radical abandono al que han sido
sometidas.
INSCRIPCION EN EL REGISTRO
UNICO DE POBLACION DESPLAZADA-Orden a Acción Social realice las
verificaciones de la división del núcleo familiar y proceda a la inscripción
para la ayuda humanitaria que corresponde
Referencia: expedientes
T-3.096.457, T-3.132.480, T- 3.139.171, T-3.139.720, T-3.145.205.
Accionantes: Julia Emperatriz de la Barrera Meza, Lina Constanza Vargas Bravo, Kelidza Lisbeth Guerra Pinto, Adriana Cecilia
Monsalve Zapata y Darly Mariana Caro Pérez.
Accionados: Agencia Presidencial para la Acción Social, Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional la Cooperación  Internacional, Acción Social, Acción Social.
Derechos
fundamentales invocados: vida digna,
trabajo, igualdad, petición, debido proceso.
Conductas
que causan la vulneración: Negativa por
parte de la Accionada a inscribir a las accionantes en el Registro Único de
Población Desplazada-RUPD-.
Pretensiones: Se ordene a la Accionada la atención de los derechos de petición instaurados y la inclusión de las
accionadas  en el Registro Único de Población Desplazada – RUPD –  y se les
haga entrega de la ayuda humanitaria de emergencia y demás beneficios como
desplazadas.
Fallos de tutela objeto de
revisión: Sentencia
del Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad  de Bogotá,
del 11 de mayo de 2011, Sentencia de la Subsección “D” Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, del 9 de Junio de
2011, que confirmo el fallo del Juzgado Treinta  Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá del 9 de mayo de 2011, Sentencia del Juzgado Primero
del Circuito Judicial de Riohacha, del 14 de junio de 2011, Sentencia de la Sala Tercera de Decisión Civil del Tribunal Superior de Medellín, del 10 de junio de 2011,
que confirmó el fallo del Juzgado Tercero Civil del Circuito del 11 de mayo
de 2011 y la Sentencia del Juzgado Once de Familia de Medellín, del 7 de
junio de 2011.
Magistrados de la Sala Segunda de Revisión: Mauricio González Cuervo,
Juan Carlos Henao Pérez y Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
Magistrado
Ponente: MAURICIO GONZÁLEZ
CUERVO.
I. ANTECEDENTES
1. Fundamento de la pretensión
1.1. T-3.096.457 - Julia Emperatriz de la Barrera Meza[1]
El 25 de febrero de 2011, la
accionante[2]
presenta acción de tutela contra la Agencia Presidencial para la Acción Social
y la Cooperación Internacional,  para lo cual expuso los siguientes hechos:
-
Manifiesta la peticionaria se encuentra junto con su grupo
familiar, en condición de desplazamiento forzado desde el año 2007, del
municipio de URE, Departamento de Córdoba, por hechos violentos ocasionados por
grupos armados al margen de la ley que operan en la región, lo que la obligó junto
con su grupo familiar, a desplazarse de manera forzada dejando abandonados
todos sus bienes y pertenencias en la región.
-
Expresa que con posterioridad a los hechos realizó la declaración
de desplazamiento en la que incluyó a su grupo familiar, en la Inspección de
Policía de Ure, Municipio de Montelíbano, Departamento de Córdoba[3] como único
estamento de representación legítimo del Estado, con presencia en la región. Expresa
que según información suministrada por los funcionarios, aparecía incluida en
el Registro Único de Población Desplazada, por lo que inicio gestiones para que
le fuera suministrada la ayuda humanitaria y demás beneficios, la cual nunca
recibió.
-
El hecho de no recibir las ayudas a las que tiene derecho como
desplazado, agrava más su situación económica, llevando a la familia a extremos
de miseria absoluta como consecuencia del desplazamiento forzado, en medio de
una ciudad desconocida y sin fuentes de empleo digno que garantice su
subsistencia en condiciones dignas.
-
Como consecuencia de lo anterior, el 24 de enero[4] de 2011, mediante
radicado 201113771, presentó derecho de petición para que le fueran otorgadas
las ayudas a las que tiene derecho en su condición de población desplazada[5], derecho de
petición que a la fecha de presentación de la tutela no ha  sido respondido de
fondo, en violación del artículo 23 C.P.
1.1.1. Respuesta de la
accionada
Mediante Auto del 28 de febrero
de 2011, el Juez 5º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá[6], ordenó  la
remisión de la demanda y sus anexos al Sistema Nacional para la Atención de la
Población Desplazada, SNAIPD y a la Agencia Presidencial para la Acción Social
y la Cooperación Internacional, para que si lo consideran pertinente ejerzan el
derecho a la defensa dentro de las 48 horas siguientes al recibo de la misma.
Con oficio radicado el 7 de
marzo de 2011, la Jefe de Oficina Jurídica de la Agencia Presidencial  para la
Acción Social y la Cooperación Internacional dio contestación a la acción de
tutela[7],
oponiéndose a las pretensiones de la demanda y solicitando la improcedencia de
la misma, en contra de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional, en los siguientes términos:
-
Verificado el Registro Único de Población Desplazada, se pudo
constar que la accionante “Julia Emperatriz de la Barrera Meza, identificado
(sic) con la cedula de ciudadanía número 92.496.769 se encuentra NO INCLUIDO en
el registro Único de población desplazada RUPD, lo cual permite inferir lógicamente
que no obstante haber realizado la respectiva declaración, mediante acto
administrativo (Resolución 1616 del 21/08/09), debidamente motivado, la Entidad
concluyó que era improcedente su ingreso por no encontrarse dentro de los
supuestos previstos en el artículo 1º de la Ley  387 de 1997.”
-
Los actos administrativos debidamente ejecutoriados frente a los  cuales
la accionante tuvo la opción de controvertir en vía gubernativa y cuya
legalidad solo puede ser desvirtuada ante la jurisdicción contencioso
administrativa, se desprende la existencia de un medio de defensa judicial
preeminente, cuya pretermisión no puede ser suplida con la acción de tutela, la
cual por ser de naturaleza subsidiaria no constituye una instancia judicial en
la que el juzgado pueda anticiparse a las definiciones y competencias de otros
operadores jurídicos.
-
Manifiesta la apoderada de la entidad accionada: “No procede
este instituto, cuando una persona mal asesorada,  cree que la tutela  es el
instrumento que resuelve todos los problemas a las personas, cuando
razonadamente se pueden utilizar en aquellos casos o circunstancias que lo
ameritan, cuando se vulnere o amenace un derecho fundamental, situación que no
tiene ocurrencia en el caso que nos ocupa, toda vez que para acceder a la
oferta institucional dirigida a las personas en situación de desplazamiento no
necesitan acudir a  este mecanismo constitucional, sino que por el contrario,
debe acudir a las Entidades y seguir procedimientos establecidos.”[8]
-
Dentro de los documentos aportados por la accionada, se encuentra
la Resolución 1616 de agosto 21/09, mediante la cual la Agencia Presidencial
para la Acción Social y la Cooperación Internacional resolvió no incluir a la
señora Julia Emperatriz de la Barrera Meza y los miembros de su hogar en el
RUPD, en razón de que: “no se evidencia que los hechos a que hace referencia
hayan sido perpetrados por un actor armado ilegal y que estos estén
relacionados con motivos ideológicos, políticos o de conflicto bélico, estos
elementos no posibilitan determinar móviles de coacción que se enmarquen dentro
de las condiciones propias de la contienda interna que vive el país. Por lo
anterior dicha situación no se enmarca dentro de la Ley 387 de 1997 y por tanto
no se reconocerá un desplazamiento a la deponente y su grupo familiar en el
Registro Único de Población Desplazada  RUPD”[9].
1.1.2. Decisión de tutela
objeto de revisión
Sentencia del Juzgado
Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, del 11 de marzo
de 2011[10]
(Única Instancia)
El Juez de instancia tuteló en favor de
la accionante y de su núcleo familiar, el derecho de petición reforzado, en
atención a su condición de población en condición de desplazados y de
pertenecer a la población indígena y ordenó a las accionadas para que dentro de
las 48 horas siguientes a la notificación de la providencia le dieran respuesta
a la solicitud elevada mediante escrito del 24 de enero de 2011. En el evento
de que la respuesta fuere favorable a la accionante, se procederá de manera
inmediata a tomar las medidas que sean necesarias para proveer en su favor y el
de sus familias, los beneficios y ayudas consagrados en la ley.
Lo anterior con fundamento en que frente
a la presunta vulneración del derecho de petición, acorde al tratamiento
jurisprudencial, la entidad accionada tenía la obligación de responderle a la
peticionaria con los argumentos que tácitamente expone en la acción de tutela,
y orientarle en los tramites y dependencias a las que debía acudir para obtener
la solución a la problemática que le afecta y que sin duda toca el núcleo de
derechos fundamentales como son la subsistencia digna, por cuanto se ha
certificado su condición de desplazada y per se amerita un trato diferencial y
preferente por disposición constitucional.
Sobre el particular, resaltó que la Corte Constitucional ha
calificado la forma como las entidades encargadas de la provisión de ayudas
humanitarias y atención al desplazado, deben contestar sus peticiones,
indicando que la accionada en el presente caso, deberá proceder de dicha forma,
pues por tratarse de un caso de una modalidad reforzada del derecho de
petición, exige de los funcionarios y servidores públicos atender de modo
especialmente cuidadoso las solicitudes de quienes por sus condiciones críticas
de pobreza y vulnerabilidad social, acuden al Estado en busca de solución a las
necesidades más apremiantes de su mínimo vital, sin que sea admisible
distinción entre ellos.
1.1.4. Solicitud de insistencia de Revisión expediente[11]
Mediante escrito de julio 25 de 2011, el magistrado Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo, insistió la selección del expediente para su revision,
al considerar que si bien el juez de instancia tuteló el derecho fundamental de
petición de la accionante, omitió tutelar los demás derechos fundamentales
vulnerados por Acción Social, para lo que resaltó que el desconocimiento de
ciertos hechos por parte de la autoridad, no es suficiente para concluir que la
persona no es desplazada y además por cuanto no tuvo en cuenta que las cinco
personas que conforman el núcleo familiar – 3 de ellas menores de edad – son
indígenas.
1.1.5. Pruebas decretadas en
sede de revisión
El magistrado sustanciador
mediante Auto del 6 de octubre de 2011, solicitó la práctica de pruebas ante el
Ministerio de Defensa Nacional, la Gobernación del Departamento de Córdoba,
Alcaldía de Montelíbano (Córdoba), Alcaldía de Rivera (Huila), Inspector de
Policía de Ure (Córdoba), Gobernación del Departamento del Huila, Comandante
Policía de Rivera (Huila), Defensoría del Pueblo, Gobernación del Departamento
de la Guajira, Alcalde de Riohacha (Guajira), Comandante Policía de Tomarrazón
(Guajira), Gobernación de Antioquia, Alcaldía de Medellín, Comandante Policía
Metropolitana de Medellín,  Personería de Medellín,  Defensoría del Pueblo de
Medellín, Defensoría del Pueblo del Huila, Defensoría del Pueblo de la Guajira,
con el fin de conocer el estado del orden público en las localidades del
desplazamiento para la época de los hechos.
Sobre el particular, se obtuvo
respuesta por parte de las siguientes entidades en los siguientes términos:
El Batallón de Infantería
Aerotransportado No. 31, Rifles, manifiesta que no hay evidencia ni información
sobre posibles desplazamientos de comunidades indígenas del Resguardo “Zenú
Alto San Jorge “, cabildo de Viernes Santo, Municipio de Ure y Montelíbano como
consecuencia de grupos armados.
El Departamento de Policía del
Departamento de Córdoba, manifiesta no tener información acerca de situaciones
de violencia o desplazamiento forzado en el Resguardo Indígena Zenú, Alto San
Jorge, Cabildo de Viernes Santo, Municipio de San José de Ure, Montelíbano en
el año 2007.
1.2. T-3.132.480 - Lina
Constanza Vargas Bravo[12]
El 26 de abril de 2011, la
accionante[13]
presenta acción de tutela contra la Agencia Presidencial para la Acción Social
y la Cooperación Internacional, para lo cual expuso los siguientes hechos:
-
Manifiesta la peticionaria que debido al conflicto armado y para
evitar ser asesinados por las FARC,  se vio en la obligación de abandonar todo
lo que le proporcionaba su estabilidad socioeconómica y donde apenas se estaban
acoplando, desplazándose de la vereda de la Inspección de Riverita del
Municipio de Rivera – Huila, el día 13 de enero de 2011, donde se encontraba
desde hacía aproximadamente quince (15) días, como quedó plasmado en la
declaración de desplazamiento realizada el día 18 de febrero de 2011, en la
Procuraduría Segunda Distrital de la ciudad de Bogotá D.C.[14].
-
La declaración mencionada fue enviada a la Agencia Presidencial
para la Acción social y la Cooperación Internacional, para su valoración y
mediante resolución No. 201111001000993 del 1º. de abril de 2011, decidió negar
la inscripción en el RUPD, al considerar que existen razones objetivas y
fundadas para concluir que de la misma no se deduce la existencia de las
circunstancias de hecho previstas en el artículo 1º. de la Ley 387/97, de
acuerdo a lo señalado en el numeral 2 del artículo 11 del Decreto 2569/00, al
no poderse comprobar que las personas que provocaron su salida de la región
haga parte de grupos armados al margen de la ley,[15] toda vez que
la situación descrita corresponde a hechos aislados de otra índole, resolución
que no fue impugnada por la accionante.
-
Manifiesta la accionante que su esposo es el hijo de un ciudadano
alemán que estuvo secuestrado por las FARC durante 5 años  y que “al ser
identificados por el grupo terrorista de la TEOFILO FORERO, temimos por
nuestras vidas al descubrir que mi esposo era hijo de este extranjero...”
1.2.1. Respuesta de la
accionada
-
Mediante Auto del 27 de abril de 2011, el Juez Treinta Administrativo
del Circuito de Bogotá, ordena la notificación del proveído de admisión de la
acción de tutela instaurada al Director General de la Agencia Presidencial para
la Acción Social y la Cooperación Internacional, la cual fue realizada mediante
aviso, el día 28 de abril de 2011, por no encontrarse en su despacho[16].
No obra al expediente respuesta
de la entidad accionada.
1.2.2. Decisión de tutela
objeto de revisión
Sentencia del Juzgado
Treinta Administrativo del Circuito de Bogotá, del 9 de mayo de 2011[17] (primera
instancia)
El Juez de instancia declaró
improcedente al amparo solicitado, tras considerar que la acción de tutela es
de carácter residual y subsidiario, lo que implica que ante la existencia de
otros medios o recursos judiciales para hacer valer el derecho, resulta
improcedente la acción, a menos que los mecanismos ordinarios resulten
ineficaces, es decir que no sean idóneos para enfrentar la vulneración del
derecho fundamental.
En el presente caso, advirtió el juez que la accionante
contaba con la oportunidad para interponer los recursos de reposición y
apelación, contra la resolución de la Agencia Presidencial para la Acción
Social y la Cooperación Internacional que negó la inscripción en el RUPD y sin
embargo no hizo uso de ellos, no siendo aceptable por el fallador, la excusa
dada en la declaración vertida por la accionante en la que manifestó que no lo
había hecho “... porque ahí nos dijeron que se demoraba 30 a 60 días y nos recomendaron que era más rápida la acción de tutela”[18].
1.2.3. Impugnación
Mediante escrito presentado el 17 de mayo de 2011[19] la
accionante impugnó el fallo de primera instancia con base en los mismos
argumentos de la demanda de tutela, y añadiendo que la declaración rendida ante
la Procuraduría Distrital se hizo bajo la gravedad del juramento y actuando
bajo la buena fe, y destacando que no interpuso los recursos de reposición ni
apelación contra la resolución que le negó la inscripción dado que, según dice,
es de conocimiento y práctica usual el que Acción Social siempre lo niega y
coloca al desplazado en una situación de indefensión y adicionalmente hace
referencia a que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido
que la población desplazada debe ser tratada como victima y no someterlos a
procesos engorrosos como sucede con la interposición de los recursos.
1.2.4. Sentencia de la Sección Segunda Subsección “D” del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, del 9 de junio de 2011 (segunda
instancia)[20]
El Ad Quem confirmó el fallo de primera instancia
tras considerar que efectivamente la accionante no recurrió la resolución que
negó su inscripción  y la de su compañero permanente en el Registro Único de
Población Desplazada –RUPD–, por lo cual adquirió firmeza, circunstancia ante
la cual debe acudir ante las autoridades jurisdiccionales competentes para
controvertirlo, esto es ante el juez contencioso administrativo a través de la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho para la satisfacción de las
pretensiones formuladas en esta sede constitucional. Ello por cuanto no se avizora
de las probanzas obrantes en el expediente la ocurrencia de un perjuicio
irremediable que amerite la intervención del juez constitucional en este
asunto.
Con base en las anteriores consideraciones,
la acción de tutela es improcedente, toda vez que la accionante contó y cuenta con
otros medios de defensa judicial y adicionalmente no se evidencia la ocurrencia
de un perjuicio irremediable que merezca concederla  transitoriamente.
1.2.5. Pruebas decretadas en
sede de revisión
El magistrado sustanciador
mediante Auto del 6 de octubre de 2011, solicitó la práctica de pruebas ante el
Ministerio de Defensa Nacional, la Gobernación del Departamento de Córdoba,
Alcaldía de Montelíbano (Córdoba), Alcaldía de Rivera (Huila), Inspector de
Policía de Ure (Córdoba), Gobernación del Departamento del Huila, Comandante
Policía de Rivera (Huila), Defensoría del Pueblo, Gobernación del Departamento
de la Guajira, Alcalde de Riohacha (Guajira), Comandante Policía de Tomarrazón
(Guajira), Gobernación de Antioquia, Alcaldía de Medellín, Comandante Policía
Metropolitana de Medellín,  Personería de Medellín,  Defensoría del Pueblo de
Medellín, Defensoría del Pueblo del Huila, Defensoría del Pueblo de la Guajira,
con el fin de conocer el estado del orden público en las localidades del
desplazamiento para la época de los hechos.
Sobre el particular, se obtuvo
respuesta por parte de las siguientes entidades en los siguientes términos:
Con relación al estado del orden
público en el Municipio de Rivera, Departamento del Huila, el Segundo
Comandante y JEM de la Novena Brigada expresó que se presentaron eventos sin
mayor trascendencia en el orden público de dicha área, los días 9 de junio/10,
20 de julio/10, 4 de febrero/11. Indican que en la zona general del Municipio
de Rivera, para la época indicada, según la información existente en la base de
datos, no se evidenció fenómeno de desplazamiento masivo o individual como
consecuencia de acciones de grupos armados al margen de la ley u otros grupos
delincuenciales y que por lo tanto, no se brindó atención alguna.
Frente al estado del orden
público en el año 2011, el Comandante del Batallón de Artillería de No. 9,
expresó que se ha tenido conocimiento de la presencia de la segunda compañía
Ayiber González de la Columna Teófilo Forero Castro de la ONT –FARC, que esa
estructura terrorista ha hecho presencia en la vereda Termópilas y un caso de
acción terrorista en el casco urbano del municipio de Rivera.
El Comandante del Departamento
de Policía del Departamento del Huila, en su escrito manifestó que contrariamente
a tiempos anteriores, la zona del departamento mantiene actualmente buenas
condiciones de seguridad. Frente a la presencia de integrantes de la columna
Teófilo Forero de las FARC, se debe tener en cuenta que el municipio de Rivera
fue utilizado por la mencionada estructura guerrillera, como corredor
estratégico de movilidad. Sin embargo, actualmente se tiene conocimiento de la
presencia esporádica de algunos milicianos y colaboradores, encargados del
apoyo logístico y vigilancia de los movimientos de la fuerza pública.
La Defensoría del Pueblo, en su
comunicación expresa las diversas inquietudes sobre la situación de orden
público en el municipio de Rivera, Departamento del Huila, así como la modificación
de la estrategia por parte de las FARC en la zona norte del departamento, por la
Columna móvil Teófilo Forero, en su propósito de recuperar el protagonismo
armado en el departamento.
La Defensoría del Pueblo del
Departamento del Huila, en su oficio 8074 de octubre 25/11, expresó que no se
han dado desplazamientos masivos del municipio de Rivera, departamento del
Huila, pero si se han presentado expulsiones individuales según consta en el
registro único de población desplazada, tanto en año 2010 (10 familias, 36
personas), como en el 2011 (7 familias, 31 personas).
El Alcalde del Municipio de
Rivera, departamento del Huila y el personero Municipal del citado municipio,
expresaron que no existe reporte alguno realizado por la fuerza pública, la
autoridad policiva o población civil que admita la presencia de grupos armados
al margen de la ley u otro tipo de grupos delincuenciales que obligaran a
población de esa localidad a desplazarse en forma individual o masiva. Por el
contrario, manifiesta que el municipio se ha consolidado como receptor de
población víctima del desplazamiento forzado proveniente de distintos sectores
de la región y de otros departamentos motivo por el cual la política pública
municipal se ha centrado en brindar ayuda humanitaria y de emergencia en la
búsqueda de soluciones para el restablecimiento de los derechos de quienes han
sido expulsados.
1.3. T-3.139.171 - Kelidza Isabel Guerra Pinto[21]
El 20 de mayo de 2011, la
accionante[22]
presenta acción de tutela contra la Agencia Presidencial para la Acción Social
y la Cooperación Internacional, y Acción Social Territorial de la Guajira, para
lo cual expuso los siguientes hechos y medios de prueba:
-
Manifiesta la peticionaria que se encuentra en estado de pobreza
absoluta y extrema provenientes de su desplazamiento que se produjo en el
Corregimiento de Tomarrazón, Jurisdicción del Municipio de Riohacha,
Departamento de la Guajira, como consecuencia de la acción de grupos ilegales
al margen de la ley el día 2 de septiembre del año 2000.
-
Habiendo tenido conocimiento de que tenía derecho a ser escuchada
y se le inscribiera en el Registro Único de Población Desplazada y se le
suministraran todos los beneficios, muy a pesar de que los hechos que motivaron
el desplazamiento ocurrieron hace unos años, se trasladó a Acción Social,
Unidad Territorial de la Guajira, pidiendo se le escuchara y se le recepcionara
la declaración. Pero la entidad en cuestión manifestó que la declaración era
extemporánea, pues los hechos deben declararse dentro del año siguiente a su
ocurrencia y que tal función le había sido dada a la Unidad de Atención y
Orientación –UAO-.
-
Expresa la accionante que acudió a la UAO, en donde se negaron
igualmente a recibirle la declaración, remitiéndola a la Fiscalía General de la
Nación,  donde le expresaron que nada tenía que ver con el proceso de
inscripción de víctimas del conflicto armado en el RUPD.
1.3.1. Respuesta de la
accionada
Mediante Auto del 31 de mayo de
2011, el Juez 1º del circuito administrativo de Riohacha,  ordenó  la
notificación del proveído de admisión de la acción de tutela instaurada al
Director General de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional y le confirió tres (3) días para que rindiera informe
con relación a los hechos proferidos en la acción de tutela.[23]
Con oficio radicado el 7 de
junio de 2011, la Jefe de Oficina Jurídica de la Agencia Presidencial  para la
Acción Social y la Cooperación Internacional dio contestación a la acción de
tutela[24],
oponiéndose a las pretensiones de la demanda y solicitando la improcedencia de
la misma, en contra de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional, en los siguientes términos:
-
Manifiesta que la Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional es un ente que cumple dos funciones fundamentales: i)
coordinar las entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Atención a la
Población Desplazada – SNAIPD- y ii) hacer efectiva la entrega de atención
humanitaria de emergencia, consistente en tres (3) meses de asistencia alimentaria,
tres (3) meses de apoyo de alojamiento temporal y suministro de kits (cocina,
hábitat, aseo), y la prórroga de la ayuda humanitaria.
-
Verificadas las bases de datos del Registro Único de Población
Desplazada, encontró que la accionante no aparece registrada, deduciéndose que
no ha realizado la declaración de los hechos que constituyen su situación de
desplazada por la violencia, ante las autoridades habilitadas para ello, como
son la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, las Personerías
Municipales o Distritales, tal como lo señala el Decreto 387/97, art. 32,
modificado por el artículo 32 de la ley 962/05.
-
Expresa que en las Unidades Territoriales de Acción Social no se
recepcionan las declaraciones realizadas por las personas que se consideran
desplazadas por la violencia, pues lo que realiza Acción social es la
valoración de dichas declaraciones para determinar si están conforme a los presupuestos
establecidos por la Ley 387/97, para posteriormente realizar la inscripción en
el RUPD, si hay lugar a ello.
-
Manifiesta que la Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional no ha vulnerado ningún derecho de la accionante,
señora Kelidza Lisbeth Guerra Pinto, pues ésta no ha realizado en debida forma
el procedimiento requerido para ser inscrito en el RUPD. Acceder a esta tutela
vulneraría el derecho a la igualdad de aquellas personas que cumplen cabalmente
la ley. Reitera que la función de Acción Social no es incluir en el RUPD a
todas las personas en condiciones de vulnerabilidad, sino aquellas que por
circunstancias ajenas a su voluntad se han visto obligadas a abandonar su lugar
de residencia o domicilio, que tienen como única causa la violencia o conflicto
armado interno en nuestro país, según lo estipulado en el artículo 1 de la Ley
387 de 1997 y siempre que hagan la respectiva declaración de desplazamiento.
1.3.2. Decisión de tutela
objeto de revisión
Sentencia del Juzgado
Primero del Circuito de Riohacha del 14 de junio de 2011[25] (Única
Instancia)
El Juez de instancia negó la tutela de
los derechos fundamentales de la accionante,  al considerar que la acción de
tutela es de naturaleza subsidiaria, cuyo objetivo no es suplantar o desplazar
los mecanismos judiciales ordinarios, no procediendo en los casos en que exista
el medio judicial y este sea idóneo y eficaz para la defensa del derecho, salvo
que se utilice como mecanismo transitorio, tendiente a evitar un perjuicio
irremediable.
Analizado el expediente, encuentra el
despacho que no existe prueba que acredite lo afirmado por la accionante en la
demanda sobre la negativa de recepción de la declaración por parte de las
autoridades, aportando como prueba única la declaración ante notario, que no es
idónea ya que las notarías no hacen parte de las entidades que de acuerdo a la
Ley 387/97, tienen competencia para ello.
Por otra parte, manifiesta el juzgado
que la presente acción fue presentada como mecanismo transitorio, solicitud
procedente tan solo ante la ineficacia o ausencia de los medios ordinarios y
con el fin de evitar un perjuicio irremediable, el cual debe ser acreditado por
el tutelante y que en el caso concreto no existen pruebas que lo demuestren,
pues la accionante se limitó a expresarlo mas no probarlo.
1.3.3. Pruebas decretadas en
sede de revisión
El magistrado sustanciador
mediante Auto del 6 de octubre de 2011, solicitó la práctica de pruebas ante el
Ministerio de Defensa Nacional, la Gobernación del Departamento de Córdoba,
Alcaldía de Montelíbano (Córdoba), Alcaldía de Rivera (Huila), Inspector de
Policía de Ure (Córdoba), Gobernación del Departamento del Huila, Comandante
Policía de Rivera (Huila), Defensoría del Pueblo, Gobernación del Departamento
de la Guajira, Alcalde de Riohacha (Guajira), Comandante Policía de Tomarrazón
(Guajira), Gobernación de Antioquia, Alcaldía de Medellín, Comandante Policía
Metropolitana de Medellín,  Personería de Medellín,  Defensoría del Pueblo de
Medellín, Defensoría del Pueblo del Huila, Defensoría del Pueblo de la Guajira,
con el fin de conocer el estado del orden público en las localidades del
desplazamiento para la época de los hechos.
Sobre el particular, se obtuvo
respuesta por parte de las siguientes entidades en los siguientes términos:
El Batallón de Infantería
Mecanizado No. 6 de Cartagena, indica que en el Corregimiento de Tomarrazón en
el año 2000, se dio la presencia de una estructura armada del Bloque Caribe de
las FARC y que se dieron incursiones terroristas en el Municipio de Tomarrazón
en el año 2000, por parte de integrantes de la ONT  FARC, según consta en los
folios 62 a 65, así:
-
El 2 de septiembre de 2000, un grupo de aproximadamente 300
miembros de la ONT FARC cuadrillas 41,59 y Columna Marcos Sánchez Castellón
incursionaron en el corregimiento de Tomarrazón, con el empleo de cilindros de
gas acondicionados como artefactos explosivos, destruyendo las instalaciones de
la policía y de Telecom y resultando asesinados 4 agentes. Posteriormente a las
16:45 de ese día emboscaron a los camiones que transportaban refuerzos de
Riohacha.
-
El 3 de septiembre de 2000, un grupo indeterminado de
antisociales ONT FARC, se dirigían a la parte alta de la Sierra en el
corregimiento de Tomarrazón.
-
El 27 de agosto de 2000, un grupo de miembros de ONT FARC,
hicieron presencia en la Finca denominada Sabana y otros 80 integrantes, en el
sector de la Gloria, en el corregimiento de Tomarrazón.
-
5 de septiembre de 2000, un grupo armado de 120 bandoleros de las
ONT FARC que participó en la toma de Tomarrazón, se encuentra en la finca “La
Estancita”, la cual dista pocos kilómetros de la localidad.
No se manifiesta si hubo
desplazamiento de civiles, toda vez que lo remiten a Acción Social por ser de
su competencia.
1.4. T-3.139.720 - Adriana Cecilia Monsalve Zapata[26]
El 27 de abril de 2011, la
accionante[27]
presentó acción de tutela contra la Agencia Presidencial para la Acción Social
y la Cooperación Internacional -Acción Social- unión territorial de Antioquia
con base en los siguientes hechos y medios de prueba:
-
Manifiesta la peticionaria que es desplazada intraurbana de
Medellín, del barrio Santo Domingo. Su desplazamiento ocurrió en el mes de
diciembre de 2009 y declaró ante la Unidad de Derechos Humanos de la
Personería  de Medellín el 18 de diciembre de 2009.
-
Acción Social, como resultado de la valoración de las
circunstancias de la accionante, la rechazó y expidió resolución de no
inclusión dentro del programa de desplazamiento forzado[28] al considerar que la
declaración es contraria a la verdad y que su situación no se enmarca dentro de
las circunstancias previstas en el artículo 1 de la Ley 387/97.
-
Señala la peticionaria que no tenía conocimiento del
procedimiento a seguir, por lo que interpuso los recursos contra la mencionada
resolución de manera extemporánea[29],
y por tal motivo Acción Social mediante resolución rechazó el recurso de
reposición y apelación[30].
-
Afirma que actualmente no tiene empleo fijo, siendo muy difícil
su situación, por lo que considera injusto que no la hayan incluido en el RUPD
argumentando que el desplazamiento no fue provocado por grupos al margen de la
ley.
1.4.1. Respuesta de la
accionada
Mediante Auto del 02 de mayo de
2011, el Juez 3º Civil del Circuito de Medellín, ordenó la notificación del
proveído de admisión de la acción de tutela instaurada al Comisionado
Presidencial para la Acción Social para que por su conducto proceda a notificar
al Alto Comisionado Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional y le confirió dos (2) días para que rindiera informe con relación
a los hechos proferidos en la acción de tutela[31].
Con oficio radicado el 4 de mayo
de 2011, la Jefe de Oficina Jurídica de la Agencia Presidencial  para la Acción
Social y la Cooperación Internacional dio contestación a la acción de tutela[32], oponiéndose
a las pretensiones de la demanda y solicitando negar las peticiones incoadas en
contra de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional, en los siguientes términos:
-
Manifiesta que la accionante y su grupo familiar se encuentran
como no incluidos en el Registro Único de Población Desplazada, toda vez que
mediante Resolución No. 5001121030 se resolvió no inscribirla por no reunir los
requisitos para ello, luego de hacer unas valoración de los hechos relatados en
la declaración de desplazamiento.
-
Destaca que la legalidad de los actos administrativos solo puede
ser desvirtuada ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, de lo cual se
desprende la existencia de otro medio de defensa judicial  que no puede ser
suplido al acudir a la acción de tutela.
1.4.2. Decisión de tutela
objeto de revisión
Sentencia del Juzgado
Tercero Civil del Circuito de Medellín del 11 de mayo  de 2011[33] (Primera
Instancia)
El juez de instancia negó el
amparo solicitado por considerar que es la entidad accionada quien determina si
con las pruebas recopiladas en el trámite que allí se adelanta, la accionante
debe ser inscrita o no, en el Registro Único de Población Desplazada;  adicionalmente
la peticionaria tuvo la oportunidad de controvertir los actos administrativos y
no lo hizo.
1.4.3. Impugnación
La accionante mediante escrito
del 19 de mayo de 2011[34]
impugnó la decisión de primera instancia manifestando que este fallo no está
acorde a los principios que irradian el desplazamiento, y no tuvo en cuenta la
especial situación de vulnerabilidad en la que se encuentra, a causa de la
violencia generalizada y las alteraciones del orden público que la han afectado
tanto a ella, como a su grupo familiar pues los han obligado a desplazarse.
Sentencia de la Sala Tercera
de decisión Civil del Tribunal Superior de Medellín[35] (Segunda
Instancia)
El juez de instancia confirmó el
fallo del a quo tras considerar que la entidad accionada no incurrió en vulneración
alguna, toda vez que se limitó a dar aplicación a la normatividad al caso
concreto, destacando que el hecho de que una persona solicite su inscripción en
el Registro Único de la Población Desplazada por la violencia, no implica por
sí mismo el derecho automático de la inscripción, ya que la entidad encargada
del registro cuenta con un margen de discrecionalidad dado por la Ley.
De igual manera, señaló que es
claro que la tutelante conocía del contenido de la resolución que le negó la
inscripción, motivo por el cual dejó pasar la oportunidad legal para manifestar
su inconformidad contra ésta, presentando los recursos de manera extemporánea.
Con base en lo anterior,
concluye que no se encuentra vulneración a los derechos fundamentales de la
accionante, para proceder a ordenar la inscripción, más aun cuando Acción
Social cuenta con los medios idóneos para verificar la situación particular de
la accionante.
1.5. T-3.145.205 - Darly Mariana Caro Pérez[36]
El 18 de mayo de 2011, la
accionante[37]
presentó acción de tutela contra la Agencia Presidencial para la Acción Social
-Acción Social- con base en los siguientes hechos:
-
Manifiesta la tutelante  que es desplazada del barrio Santo
Domingo Savio de Medellín desde el 30 de enero de 2010 y declaró los hechos de
desplazamiento en la Personería de Medellín el 17 de febrero de 2010.
-
Acción Social Mediante Resolución No. 5001123433 del 16 de marzo
de 2010 resolvió no incluir a la accionante en el RUPD, tras considerar que del
análisis de los hechos manifestados, existen razones objetivas y fundadas para
concluir que no se deduce la existencia de las circunstancias de hecho
previstas en el artículo 1º. de la Ley 387/97, para lo que expresó: “[l]a
situación que describe el Deponente corresponde a bandas criminales que
delinquen en la zona; estas bandas delincuenciales no tienen la connotación de
“grupo armado al margen de la ley”, toda vez que estas bandas obedecen a una
estructura delincuencial creada como respuesta a la acción legitima del estado
(sic) en contra de delitos, tales como el narcotráfico y la delincuencia común
organizada. En este sentido, y teniendo en cuenta que, su traslado obedece a un
grupo cuyo actuar se oriente bajo motivos ideológicos y/o políticos, su
situación no se enmarca dentro de los parámetros previstos por el artículo 1º.
de la ley 387 de 1997, por lo cual se resuelve no conceder  la inscripción de
su hogar en el Registro Único de Población Deslazada – RUPD”.  Frente a la
anterior decisión, la tutelante presentó solicitud de Revocatoria Directa[38] la cual fue resuelta
adversamente, confirmando la negativa de la inscripción, argumentando que la
situación de la peticionaria no se enmarca dentro de lo establecido en el
artículo 1º de la Ley 387 de 1997.
1.5.1. Respuesta de la
accionada
Mediante Auto del 25 de mayo de
2011, el Juez once (11) de Familia de Medellín, ordenó la notificación del
proveído de admisión de la acción de tutela instaurada y le confirió dos (2)
días para que rindiera informe de los trámites adelantados con relación a los
servicios solicitados[39].
Con oficio radicado el 1 de junio
de 2011, la Jefe de Oficina Jurídica de la Agencia Presidencial para la Acción
Social y la Cooperación Internacional dio contestación a la acción de tutela[40], oponiéndose
a las pretensiones de la demanda con base en los siguientes argumentos
-
Señaló que para tener derecho a acceder a los beneficios
establecidos en la Ley 387 de 1997 se requiere estar inscrito en el Registro
Único de Población Desplazada por la violencia y que el artículo 11 del Decreto
2569 de 2000, contempla los casos en los cuales no se efectúa la inscripción.
-
Con base en lo anterior, sostuvo que en el caso concreto, la
Unidad Territorial de Antioquia adelantó un estudio de los hechos que
ocasionaron el desplazamiento de la accionante y se determinó que no es viable
jurídicamente la inscripción de la peticionaria y su grupo familiar en el RUPD,
decisión que fue adoptada mediante resolución que fue notificada en debida
forma.
-
Frente a la anterior decisión, la accionante interpuso solicitud
de Revocatoria Directa la que se resolvió mediante Resolución No. 5001123433R
del 4 de septiembre de 2010[41],
confirmando la decisión de no inscripción.
-
Acción Social no ha vulnerado los derechos de la demandante, pues
ha actuado en derecho y una vez hecho el estudio del caso, pudo establecer que
no existe duda respecto a la no inscripción, ya que los hechos ocurridos en el
caso concreto no se encuentran dentro de los requisitos exigidos por el Decreto
2569 de 2000 y la Ley 387 de 1997.
-
En este orden de ideas, considera la interviniente que la acción
de tutela no es el mecanismo legal para solicitar la nulidad de tales
resoluciones y menos el procedimiento para la inscripción, destacando que
existe otro medio de defensa judicial, como lo es acudir a la Jurisdicción
Contenciosa Administrativa.
1.5.2. Decisión de tutela
objeto de revisión
Sentencia del Juzgado
Once de Familia de Medellín del 7 de junio de 2011[42] (Única
Instancia)
El juez de instancia decidió
negar el amparo solicitado, tras argumentar que la accionada profirió sendos
actos administrativos con apego al debido proceso.
Agregó que esta jurisdicción no
puede determinar cuales son las circunstancias reales que obligaron el
desplazamiento de la demandante, pero estas fueron evaluadas y analizadas por
la accionada, quien determinó que no reunía los requisitos exigidos para la
inclusión en el Registro Único de Población Desplazada, decisión ajustada a la
normatividad vigente y que por ende no vulnera los derechos de la accionante.
1.5.3. Pruebas decretadas en
sede de revisión dentro de los procesos T-3.145.205 Darly Mariana Caro Pérez y T-3.139.720
Adriana Cecilia Monsalve Zapata
El magistrado sustanciador
mediante Auto del 6 de octubre de 2011, solicitó la práctica de pruebas ante el
Ministerio de Defensa Nacional, la Gobernación del Departamento de Córdoba,
Alcaldía de Montelíbano (Córdoba), Alcaldía de Rivera (Huila), Inspector de
Policía de Ure (Córdoba), Gobernación del Departamento del Huila, Comandante
Policía de Rivera (Huila), Defensoría del Pueblo, Gobernación del Departamento
de la Guajira, Alcalde de Riohacha (Guajira), Comandante Policía de Tomarrazón
(Guajira), Gobernación de Antioquia, Alcaldía de Medellín, Comandante Policía
Metropolitana de Medellín,  Personería de Medellín,  Defensoría del Pueblo de
Medellín, Defensoría del Pueblo del Huila, Defensoría del Pueblo de la Guajira,
con el fin de conocer el estado del orden público en las localidades del
desplazamiento para la época de los hechos.
Sobre el particular, se obtuvo
respuesta por parte de las siguientes entidades en los siguientes términos:
La Alcaldía de la ciudad de
Medellín, manifestó que en los años 2009 y 2010, se atendió un desplazamiento
masivo interurbano, en el barrio Popular con una cantidad de 29 familias
afectadas y 101 personas, a quienes se prestó la debida atención.[43]
La Policía Metropolitana de la
ciudad de Medellín, en su respuesta al requerimiento de la Corporación, indicó
que en los años 2009 y 2010, en el sector de los barrios Popular y Santo
Domingo Savio se presentaron diversos factores que incidieron en escenarios de
violencia afectando la convivencia y seguridad ciudadana de sus habitantes. Lo
anterior, se evidenció en las denuncias públicas e informes efectuados por la
Personería de Medellín y relacionó las diversas acciones realizadas que
permitieron desarticular bandas delincuenciales, las cuales reposan en el
expediente a folios 72 a 115.
En cuanto a la información
relacionada con desplazamientos masivos o individuales, manifiesta que
solicitada la información a la Unidad de Atención al desplazamiento forzado, el
Coordinador del componente de prevención, protección y reparación de la
Secretaria de Bienestar Social de la Alcaldía de Medellín, expresó:
“Año 2009 – 2010 Sectores
Popular y Santo Domingo:
Total de personas desplazadas:
192. Personas que recibieron ayuda humanitaria: 89. Dicha atención humanitaria
fue debidamente prestada por la Alcaldía de Medellín.
Número de familias que fueron
albergadas durante los años 2009 – 2010 – Sectores Popular y Santo Domingo.
Para el año 2009
Popular; 39 familias – 135
personas.
Santo Domingo: 17 familias –
61 personas.
Para el año 2010
Popular: 35 familias, 129
personas
Santo domingo: 22 familias, 74
personas.”
La personería de Medellín hizo un informe detallado del
estado de orden público de los barrios Popular y Santo Domingo Savio, en los
años 2009 y 2010,  en los que se resalta una reconfiguración violenta del
control territorial por el enfrentamiento entre los grupos armados, lo que
conlleva además del incremento de los homicidios, la realización de conductas
criminales, el desplazamiento forzado interurbano, la vinculación de menores a
las dinámicas de violencia organizada, las extorsiones y amenazas, entre otras.
Frente al desplazamiento forzado
interurbano en la comuna 1 de Medellín, expresa que fueron recibidas así:
Año 2009:
-
Lugar expulsor: Comuna 1 (barrios Popular y Santo Domingo
Savio
-
Declaraciones y personas desplazadas:
-
182 declaraciones de desplazamiento forzado interurbano
-
784 personas
-
23 declaraciones individuales
-
158 declaraciones familiares – relaciona a 660 personas
-
102 corresponden al Barrio Popular (484 personas)
-
56 corresponden al barrio Santo Domingo Savio (221 personas)
-
Septiembre de 2009: desplazamiento masivo de 101 personas del
barrio Popular.
-
Grupo Armados Expulsores: Aguilas Negras, Paramilitares,
las autodefensas, los reinsertados, los desmovilizados, y bandas y combos como:
los Triana, los de Silla, la Galera, los de la 38, los de la Torre, entre
otros.
-
Hechos Victimizantes: amenazas, tentativa de
homicidio, homicidio, acoso sexual, enfrentamientos, despojo y control social.
Año 2010:
-
Lugar expulsor: Comuna 1 (barrios Popular, Santo Domingo Savio
1 y 2, San pablo )
-
Declaraciones y personas desplazadas:
-
268 declaraciones de desplazamiento forzado interurbano
-
926 personas
-
44 declaraciones individuales
-
224 declaraciones familiares – relaciona a 882 personas
-
102 corresponden al Barrio Popular (296 personas)
-
92 corresponden el barrio Santo Domingo Savio (305 personas)
-
(Agosto y septiembre de 2010: desplazamiento masivo de 101
personas 11 familias, 42 personas) – no presentaron declaraciones de
desplazamiento.
-
Grupo Armados Expulsores: Aguilas Negras, Paramilitares,
las autodefensas, los reinsertados y bandas y combos como: los Triana, los de
Silla, la Galera, los de la 38, los de la Torre, los de El Pinal y los de El
Desierto, entre otros.
-
Hechos Victimizantes: amenazas, agresión física,
intento de reclutamiento ilegal, tentativa de homicidio, homicidio, acoso
sexual, enfrentamientos, despojo, el control social y el miedo generalizado.
II. CONSIDERACIONES
1.
Competencia
La Sala es competente para la
revisión de los casos, con fundamento en los artículos 86 y 241.9 de la
Constitución Política, desarrollados en los artículos 33 a 36 del Decreto 2591 de 1991, y en cumplimiento del Auto del 28 de julio de 2011 de la Sala de
Selección de Tutelas Número Cinco de la Corte Constitucional.
2.
Problema de constitucionalidad
Corresponde a esta Corte responder el siguiente problema
jurídico ¿vulneró la Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional los derechos de las accionantes en su condición de víctimas
del desplazamiento forzado, al haberles negado su inscripción en el Registro
Único de Población Desplazada - RUPD-  y a otorgarles la ayuda humanitaria y los
beneficios que dicha inscripción conlleva, por considerar que su desplazamiento
no responde a acciones de grupos armados al margen de la ley cuyo actuar se
oriente bajo motivos ideológicos y/o políticos?
Para resolver el anterior
problema jurídico, la Sala reiterará la jurisprudencia de esta Corporación en
torno a: i) procedibilidad de la acción de tutela como mecanismo para
garantizar los derechos fundamentales de las personas en situación de
desplazamiento; ii) criterios constitucionales que deben seguirse al momento de
definir la solicitud de inscripción en el registro único de población desplazada
y derechos fundamentales de las personas en situación de desplazamiento; iii)
interpretación constitucional de las causales legales y reglamentarias que dan
lugar al rechazo de la inscripción de una persona en el RUPD; iv) finalmente,
tratados los anteriores aspectos se resolverá lo atinente a los casos concretos.
2.2. Procedencia de la acción de tutela como mecanismo
para garantizar los derechos fundamentales de la población desplazada
Como lo ha señalado la Corte, la acción de tutela procede
como mecanismo de protección de los derechos fundamentales de las personas en
situación de desplazamiento forzado. En este sentido, ha dicho la Corte, las
personas que se encuentran en situación de desplazamiento gozan de un estatus
constitucional especial que no puede simplemente tener un efecto retórico, sino
que obliga a las autoridades a reconocer que se trata de una población
especialmente protegida que se encuentra en una situación dramática por haber
soportado cargas excepcionales, cuya protección es urgente para la satisfacción
de sus necesidades más apremiantes[44].
“En este contexto, teniendo en
cuenta la gravedad y urgencia, se ha admitido que cuando quiera que en una
situación de desplazamiento forzado una entidad omita ejercer sus deberes de
protección para con todos aquellos que soporten tal condición, la tutela es un
mecanismo idóneo para la protección de los derechos conculcados”[45].
Para la Corte, dada la situación
de extrema vulnerabilidad de las personas en situación de desplazamiento, el
mecanismo que resulta idóneo y eficaz para defender sus derechos fundamentales
ante una actuación ilegitima de las autoridades encargadas de protegerlos, es
la acción de tutela.
En virtud de la doctrina citada, en los casos objeto de
estudio, encuentra la Sala que al menos desde el punto de vista procedimental,
la acción de tutela resulta procedente. En efecto, lo que se reclama en ellas
es el reconocimiento de su condición de personas afectadas por el
desplazamiento forzado mediante la inscripción en el RUPD y el otorgamiento de
las ayudas y beneficios a las que tienen derecho, tendientes a la protección de
sus derechos fundamentales.
Ahora bien, los jueces de
instancia dado el carácter subsidiario y residual de la acción de  tutela,
declararon en algunos casos[46]
la improcedencia de la misma y en otros[47],
negaron el amparo tutelar, tras considerar que las accionantes no habían
agotado previamente los recursos ordinarios habiendo tenido la oportunidad de
hacerlo, o lo hicieron por fuera del termino correspondiente.
La Corte ha encontrado que resulta desproporcionado exigir
el agotamiento previo de los recursos ordinarios como requisito para la
procedencia de la acción[48].
A este respecto la Corte ha señalado:
“Es que, como se verá , por el
solo hecho de su situación, las personas sometidas a desarraigo pueden exigir
la atención del Estado, sin soportar cargas adicionales a la información de su
propia situación, como las que devienen de promover procesos dispendiosos y
aguardar su resolución[49]”[50]
En los casos de desplazamiento forzado, dadas las
condiciones de los accionantes que en su gran mayoría son personas de escasos
recursos económicos, que se encuentran excluidos de los beneficios de la
educación y la cultura y que desconocen los procedimientos existentes para la
defensa de sus derechos; exigirles un conocimiento jurídico experto en la
reclamación de los mismos y en el agotamiento previo de los recursos ordinarios
es en criterio de esta Corporación desproporcionado; motivo por el cual la Sala
procederá a revisar cada uno de los casos puestos a su consideración en la
presente oportunidad.
2.3. Criterios constitucionales para la definición de la solicitud
de inscripción en el registro único de población desplazada
Las personas que han sido desplazadas por la violencia se
encuentran en una situación de extrema urgencia y vulnerabilidad, razón por la
que son merecedoras de un trato especial a cargo de las instituciones públicas.
Dicho trato especial debe someterse a un conjunto de directrices
constitucionales que esta Corte ya ha tenido oportunidad de señalar. En la
presente decisión se reiterarán las directrices más importantes para resolver los
casos que ocupan la atención de la Sala.
La Ley 387 de 1997, indica que la persona en condición de
desplazamiento es aquella que se ha visto forzada a migrar dentro del
territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades
económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o
libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente
amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: conflicto
armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada,
violaciones masivas de Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional
Humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que
puedan alterar o alteren drásticamente el orden público.
El artículo 2 del Decreto 2569  de 2000 definió la condición
de desplazado por la violencia al establecer: “Es desplazado toda persona
que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional, abandonando su
localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su
integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se
encuentran directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes
situaciones: conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores,
violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos,
infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias
emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren
drásticamente el orden público”.
La Corte ha resaltado, que la situación de desplazamiento se
adquiere no a raíz de la inscripción en el Registro Único de Población Desplazada,
sino cuando concurren dos condiciones fácticas: la causa violenta y el
desplazamiento interno (que incluye tanto la expulsión del lugar de residencia,
como la imposibilidad de regresar). Ante la concurrencia de los hechos
mencionados, la persona tiene derecho fundamental a ser reconocida como persona
en situación de desplazamiento y a los derechos que de tal reconocimiento se
derivan. Al respecto la Corte señaló: “Sea cual fuere la descripción que se
adopte sobre desplazados internos, todas contienen dos elementos cruciales: la
coacción que hace necesario el traslado y la permanencia dentro de las
fronteras de la propia nación. Si  estas dos condiciones se dan, como ocurre en
el caso motivo de esta tutela, no hay la menor duda de que se está ante un
problema de desplazados”[51].
En suma, la situación “de
desplazamiento interno”, no es algo que dependa de  una decisión administrativa
adoptada por la Agencia Presidencial para la Acción Social o quien hiciere sus
veces[52].
Esta Agencia se limita simplemente a constatar la existencia de tal situación,
es decir, a reconocerla. Por lo tanto, si la decisión de la Agencia es
arbitraria o se aparta de los parámetros legales o constitucionales respectivos,
otra autoridad competente – como el juez de tutela - puede desvirtuarla y
ordenar el reconocimiento negado.
2.4. Interpretación
constitucional de las causales legales y reglamentarias que dan lugar al
rechazo de la inscripción de una persona en el RUPD
El artículo 11 del Decreto 2569
de 2000 contempla los motivos por los cuales la Agencia Presidencial puede negar
la inscripción en el RUPD, el cual establece:
“Artículo 11. De la no inscripción.
La entidad en la que se haya delegado la inscripción, no efectuará la
inscripción en el  registro de quien solicita la condición de desplazado en los
siguientes casos:
Cuando la declaración resulte
contraria a la verdad.
Cuando existan razones objetivas
y fundadas para concluir que de la misma no se deduce la existencia de las
circunstancias de hecho previstas en el artículo 1° de la Ley 387 de 1997.
Cuando el interesado efectúe
la declaración y solicite la inscripción en el Registro después de un (1) año
de acaecidas las circunstancias descritas en el artículo 1° de la Ley 387 de
1997.
En tales eventos, se expedirá
un acto en el que se señalen las razones que asisten a dicha entidad para tal
determinación, el cual deberá ser notificado al afectado. Contra dicho acto
proceden los recursos de Ley y la decisión que los resuelva agota vía
gubernativa”
De los parámetros mencionados
anteriormente, se derivan una serie de consecuencias concretas a la hora de
interpretar y aplicar las normas legales y reglamentarias que regulan la
inscripción de una persona en el RUPD y en  aras de salvaguardar los derechos
fundamentales de la población en situación de desplazamiento, esta Corporación
ha establecido claras directrices que son condición imprescindible para la
aplicación constitucionalmente correcta de dichas causales.
En lo referente a la primera de
las causales mencionadas –“cuando la declaración resulte contraria a la
verdad”-  la Corte ha considerado imprescindible la aplicación de dos
directrices[53]:
(i)
Al valorar los enunciados de la declaración, el funcionario debe tener
en cuenta la presunción de buena fe. En consecuencia, si estima que el relato o
las pruebas son contrarios a la verdad, debe demostrar que ello es así, dado
que la presunción de la buena fe supone una inversión de la carga de la prueba.
En estos casos, corresponde a la autoridad demostrar que los hechos esenciales
de la narración no son ciertos y que, por tal razón, el solicitante no se
encuentra en circunstancia de desplazamiento interno[54].
(ii)       Si
el funcionario competente advierte una incompatibilidad entre los enunciados de
la declaración, para poder rechazar la inclusión en el RUPD, tiene que tratarse
de una incompatibilidad referida al hecho mismo del desplazamiento y no a otros
hechos accidentales o accesorios[55].
Esta regla constitucional se
encuentra fundada en la idea según la cual en algunos casos las personas que se
encuentran en situación de desplazamiento forzado se ven obligadas a no revelar
de manera exacta y detallada todas sus circunstancias, pues pueden considerar
que ello apareja un mayor riesgo para su vida o su integridad o dificultades
adicionales y exorbitantes para acceder a la ayuda que necesitan de manera
urgente. Son casos de extrema necesidad en los cuales el propio derecho o las
autoridades encargadas de aplicarlo, no dejan a las personas en situación de
desplazamiento salida distinta para satisfacer sus más elementales necesidades.
En estas circunstancias, se trata de contradicciones, imprecisiones o ficciones
menores que no tienen como propósito hacer fraude al derecho, al Estado o a
terceros. Su único propósito es superar obstáculos desproporcionados o
exorbitantes impuestos por las autoridades para poder acceder a sus derechos más
básicos. En consecuencia, en las condiciones mencionadas, el reproche del
Estado no puede ser desproporcionado.
La segunda causal que da lugar a
la no inscripción en el registro se describe como sigue: La entidad en la
que se haya delegado la inscripción, no efectuará la inscripción en el
registro de quien solicita la condición de desplazado en los siguientes casos:
(…) (2) Cuando existan razones objetivas y fundadas para concluir que de la
misma no se deduce la existencia de las circunstancias de hecho previstas en el
artículo 1° de la Ley 387 de 1997. Sobre esta causal ha dicho la Corte lo
siguiente:
(i)
A la hora de valorar si existen razones objetivas y fundadas para
considerar que no se trata de una persona que hubiere sido desplazada, la
entidad competente debe tomar en consideración el principio de buena fe. En
consecuencia, no hace falta que la persona aporte plena prueba sobre su dicho.
Basta una prueba siquiera sumaria de la ocurrencia de los hechos para
determinar que una persona sí se encuentra en situación de desplazamiento.
(ii)
Adicionalmente, también por la aplicación del principio de buena fe, el
desconocimiento por parte de la autoridad de los hechos ocurridos no es prueba
suficiente de la no ocurrencia del acontecimiento narrado por el solicitante.
En efecto, los hechos generadores del desplazamiento pueden ir desde la
notoriedad nacional, hasta la extrema reserva de ámbitos privados[56].
(iii)
En virtud del principio de favorabilidad, los enunciados legales o
reglamentarios deben interpretarse de la manera que mejor convenga a las
personas obligadas a huir de su lugar habitual de trabajo o residencia[57].
Finalmente resulta relevante
recordar los criterios que sirven para interpretar la causal 3°, consistente en
negar la inclusión cuando la declaración de desplazamiento haya tenido lugar un
año después de ocurrido el desplazamiento. A este respecto esta Corporación
declaró la exequibilidad condicionada[58]
del artículo 16 de la Ley 418 de 1997, que condicionaba la asistencia prestada
por la Red de Solidaridad Social a que la correspondiente solicitud se
efectuará “dentro del año siguiente a la ocurrencia del hecho”.  La Corte entendió
que, en principio, el plazo de un (1) año, establecido por la Ley, resultaba
razonable, sin embargo, consideró que el funcionario competente debería
estudiar si en el caso concreto concurrían circunstancias de fuerza mayor o de
caso fortuito que hubieran impedido la presentación oportuna de la solicitud de
ayuda humanitaria. En consecuencia, la Corte declaró exequible la norma
demandada bajo el entendido de que el término de un año fijado por el Legislador
para acceder a la ayuda humanitaria comenzara a contarse a partir del momento
en que cese la fuerza mayor o el caso fortuito que impidieron presentar
oportunamente la solicitud[59].
En consecuencia, cuando por
razones distintas a la propia voluntad del sujeto, una persona que se encuentre
en situación de desarraigo y que no hubiera podido satisfacer su derecho a la
reubicación, solicite la inscripción en el RUPD luego de trascurrido el año a
partir de la fecha del desplazamiento, tendrá derecho a dicha inscripción[60].
La Corte ha indicado que los
funcionarios deben tener en cuenta, en todo momento, las razones por las cuales
existen las reglas anteriores. En últimas se trata de reconocer que las
personas en situación de desplazamiento forzado merecen un trato especial por
parte del Estado, dada la extrema situación de vulnerabilidad por la que
atraviesan, las cargas desproporcionadas o exorbitantes que han debido soportar
y el radical abandono al que han sido sometidas.
En aplicación de las reglas anteriores, la Corte ha ordenado
bien el registro de una persona en el Registro Único de Población Desplazada o
la revisión institucional de la decisión de negar el registro, siempre que ha
verificado que Acción Social ha incurrido en alguna de las siguientes
conductas:
(1) ha efectuado una interpretación de las normas aplicables
contraria a los principios de favorabilidad y buena fe;
(2) ha exigido requisitos formales irrazonables o
desproporcionados  o ha impuesto barreras de acceso al registro que no se
encuentran en las normas aplicables;
(3) ha proferido una decisión que carece de suficiente
motivación;
(4) ha negado la inscripción por causas imputables a la
administración y ajenas al solicitante;
(5) ha impedido que la persona pueda exponer las razones por
las cuales considera que se encuentra en circunstancia de desplazamiento
forzado o ejercer los recursos arbitrados por el ordenamiento para controvertir
la decisión administrativa que le niega la inscripción en el Registro.
La Corte procederá a resolver cada uno de los casos planteados
a la luz de los criterios mencionados en los fundamentos precedentes.
2.5. Estudio de los casos concretos
2.5.1. T-3.096.457 - Julia Emperatriz de la Barrera Meza
Se pregunta la Corte si en el
caso a la señora Julia Emperatriz de la Barrera Meza le fue vulnerado su
derecho fundamental a obtener respuesta a la petición formulada a la Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional el día 24 de
enero/11, solicitando el otorgamiento de las ayudas a que tiene derecho en su
condición de desplazada y si le fueron vulnerados sus derechos como indígena en
condiciones de desplazamiento, al habérsele negado su inscripción en el RUPD a
la luz de los criterios constitucionales antes mencionados.
La Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional, en su respuesta a la acción de tutela señaló que en
razón de que la señora Julia Emperatriz de la Barrera Meza realizó declaración
de desplazamiento, Acción Social a través de la resolución 1616 de agosto 21 de
2009, resolvió negar la inscripción de la actora en el RUPD, pero no acreditó
la respuesta oportuna dada al derecho de petición incoado.
Así las cosas, frente a la
atención oportuna del derecho de petición presentado por la accionante ante
Acción Social, encuentra la Corte que al no darse respuesta dentro del término
establecido al mismo, se presentó una vulneración del derecho fundamental de
petición, el cual fue amparado por el Juzgado de primera instancia que ordenó a
la accionada para que en el término perentorio de 48 horas contados a partir de
la notificación de la providencia emitieran respuesta a la petición elevada por
la señora Emperatriz de la Barrera Meza, el 24 de enero de 2011, motivo por el
cual la Sala confirmará la providencia objeto de revisión en lo que a este
respecto se refiere.
Ahora bien,  se pregunta la Corte
si la motivación que precedió a la decisión de la Agencia Presidencial para la
Acción Social al negar la inscripción de la señora Julia Emperatriz de la
Barrera Meza y su grupo familiar en el RUPD, se ajusta a los criterios constitucionales
adoptados por la Corte para la interpretación y aplicación de las causales por
las cuales es procedente dicha negativa, en aras de salvaguardar los derechos
fundamentales de la población desplazada o si por el contrario se fundó en
alguna de las conductas consideradas contrarias a dichos criterios y señaladas
anteriormente.
La motivación aducida en la resolución 1616 de 2009 de
Acción Social, para negar la inscripción de la accionante y su grupo familiar
en el RUPD, indica que para la época de los hechos narrados por la deponente,
en la zona referida por ella, de acuerdo a las manifestaciones de las
autoridades civiles y militares no hubo alteración del orden público que
obligara al desplazamiento forzoso de población civil y en la parte final de la
misma, se indica que no se evidencia que los hechos narrados correspondan o
hayan sido perpetrados por un actor armado ilegal que estén relacionados con
motivos ideológicos, políticos o que tengan relación con el conflicto interno y
en la respuesta a la acción de tutela, antes que desvirtuar la manifestación de
la accionante acerca del desplazamiento y sus motivaciones,  pretende la
improcedencia de la misma por no haber agotado los trámites administrativos y
judiciales disponibles.
De las manifestaciones de la accionante dentro del proceso, encuentra
la Corte que: (i) la accionante manifiesta haber sido desplazada en el año
2007, de Ure, municipio de Montelíbano, por hechos violentos de grupos armados
al margen de la ley que operan en la región, teniendo que dejar de manera
forzada todos sus bienes y pertenencias y que realizó declaración de
desplazamiento ante la Inspección de Policía Ure, Montelíbano, Departamento de
Córdoba; ii)  la accionante adjunta a la acción de tutela instaurada, una
constancia del Inspector de Policía del corregimiento de Ure, en la cual consta
que el señor “Francisco Alberto Banquet Rivera,... su compañera sentimental,
Julia Emperatriz de la Barrera Mesa... y sus hijos Carmen Sofía Barrera Meza,
Jeris Luz Banquet Barrera y Selenia Olaya Banquet Barrera los cuales son
desplazados por desastre natural ocurridos el día 05/11/2007 en horas de la
madrugada un deslizamiento de tierra ocasionando la muerte de dos niños, uno de
siete (7) años y otro de año y medio, dejando cinco personas gravemente
heridas, destrucción total de las viviendas de la vereda de San Antonio de
Filipo del corregimiento de Ure del municipio de Montelíbano Córdoba, ésta
familia vivió  en la zona durante varios años en su casa propia; por ende les
tocó abandonar sus tierras y alojarse en la casa de acción comunal del barrio
Pueblo Nuevo”(subrayado fuera de texto); iii) la accionante en escrito de
marzo 11 de 2011 dirigida a Acción Social, expresa que ha sido objeto de dos
desplazamientos forzados, “...desde la salida inicial de la vereda donde
vivía con mi familia y posteriormente del municipio de Ure Córdova (sic) donde
sucedieron los hechos del desplazamiento forzado...”
Lo anterior genera dudas acerca de si la señora Julia
Emperatriz de la Barrera Mesa y su grupo familiar fueron realmente
desplazados de la manera como lo afirma en la acción de tutela o si se trató de
un desastre natural. Sin embargo, considera la Corte que dadas las condiciones
de la accionante y su grupo familiar, de pertenecer a la población indígena
sujeta de especial protección, las dudas presentadas en lo manifestado en
desarrollo de la acción de tutela y el principio de la favorabilidad y la buena
fe con la que deben interpretarse los mismos por parte de las autoridades
encargadas de autorizar o no la inscripción en el RUPD, que no se evidencia
prueba aportada por la Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional que contradiga lo afirmado por la accionante, es
procedente la revisión de su situación, con el fin de salvaguardar los derechos
en su condición de indígena en situación de desplazamiento.
Como lo indicó esta Corporación en sentencia de tutela
T-1094 de 04: “A pesar de que la Red en esta ocasión no ha obrado de forma
arbitraria, con el fin de proteger los derechos fundamentales del núcleo
familiar del indígena y de prevenir que se cause un perjuicio irremediable al
accionante, la Corte concederá la acción de tutela. Esta Corporación ordenará a
la Red que realice una segunda evaluación acerca de la inclusión del
solicitante y su familia en el Registro Único de Población Desplazada, en la
cual deberán ser incluidos elementos de juicio adicionales a los ya
considerados, con el fin de que sea disipada la duda acerca de si la persona
declarante es o no desplazada.”
Por lo expuesto, la Sala modificará la sentencia del Juzgado
Quinto de Ejecución de Penal y Medidas de Seguridad, que tuteló el derecho de
petición de la accionante de fecha marzo 11de 2011, tutelará  los derechos
fundamentales de la señora Julia Emperatriz de la Barrera Meza y su grupo
familiar y ordenara al Director de la Agencia Presidencial para la Acción
Social y la Cooperación Internacional que, en el término de quince días
contados a partir de la notificación de esta providencia, proceda a realizar
una segunda valoración de las condiciones objetivas de desplazamiento y de
vulnerabilidad de la señora Julia Emperatriz de la Barrera Meza y de las
circunstancias que llevaron a su alegado desplazamiento forzado. En dicha
evaluación, la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional deberá incorporar elementos probatorios adicionales a los ya
considerados, que lleven a disipar la duda existente acerca de si Julia
Emperatriz de la Barrera Meza es víctima del desplazamiento.
2.5.2. T-3.139.171 - Kelidza Lisbeth Guerra Pinto
En cuanto a la accionante  Kelidza Lisbeth Guerra Pinto,
manifiesta que se le vulneraron sus derechos fundamentales, por parte de Acción
Social, por cuanto una vez tuvo conocimiento de que tenía el derecho a ser
escuchada, inscrita en el RUPD y a recibir los beneficios correspondientes, como
consecuencia de su desplazamiento forzado ocurrido en el año 2000, se dirigió a
Acción Social, Unidad Territorial Guajira, pero en dicha entidad además de
manifestarle que se trataba de una declaración extemporánea, por no encontrarse
dentro del año siguiente a la ocurrencia de los hechos, tal función le había
sido delegada a  la Unidad de Atención y Orientación, de donde la remitieron a la
Fiscalía General de la Nación, donde tampoco le fue recibida.
La accionante manifiesta no haber hecho la declaración en
tiempo,  debido a la ignorancia del derecho que le asistía a ser escuchada, a
ser inscrita en el RUPD, a recibir los beneficios correspondientes y al temor
por habérselo prohibido los autores del desplazamiento[61].
La Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional indica que no le ha vulnerado los derechos a la
accionante, en razón de que si ésta no realizó dentro del término de un año la
declaración de desplazamiento ante las entidades habilitadas para ello, no se
podrá hacer la valoración de la misma y determinar la viabilidad de la
inscripción en el RUPD.
Acorde con la jurisprudencia de esta Corporación y con el
fin de brindar protección a la población en condiciones de desplazamiento, el
presentar la declaración de desplazamiento fuera del año estipulado en la Ley
387 de 1997, no constituye per se, una causal para negar la inscripción en el
Registro Único de Población Desplazada- RUPD-, siendo pertinente la evaluación
de las condiciones por las cuales el peticionario no realizó en tiempo la
misma, menos aún, negar la recepción de la declaración misma por encontrarse fuera
del término, pues impide al peticionario exponer las razones por las cuales
considera encontrarse en circunstancia de desplazamiento forzado y someterla a
su correspondiente valoración[62].
Como lo ha dicho la Corte, el estado material de desplazado no
puede ser desconocido argumentando el carácter extemporáneo de la solicitud de
inscripción en el registro nacional de población desplazada, pues como se
indicó anteriormente,  tal condición no se adquiere por virtud del acto formal
de inscripción,  sino por el hecho cierto del desplazamiento.  Así las cosas,
la extemporaneidad en la declaración no constituye una razón suficiente para
negarle la inscripción y para desvincularlo de los programas de protección
dispuestos para la población desplazada. En este sentido, se pronunció la Corte
en la sentencia T-175 de 2005, en la cual ordenó la inscripción de una persona
desplazada en el Registro  Único de Población Desplazada pese a que la
solicitud de inscripción había sido realizada de manera extemporánea dado el
desconocimiento que la actora tenía de sus propios derechos.
En el caso sub examine, la accionante ha manifestado
ser desplazada del corregimiento de Tomarrazón (Guajira), que trató de realizar
la declaración de desplazamiento, pero por la ignorancia de sus derechos y el
temor frente a los expulsores no lo hizo dentro del año siguiente a los hechos,
habiendo sido negada su recepción por parte de la accionada, por ser
extemporánea.
Encuentra la Corte que la conducta de la Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, le impidió a
la accionante exponer las razones por las cuales consideraba encontrarse en condiciones
de desplazamiento, para ser posteriormente sometida a la valoración
correspondiente,  constituyéndose en una decisión arbitraria y contraria a los
criterios constitucionales planteados por esta Corporación para el estudio de
las condiciones de las población desplazada. En consecuencia, la Sala procederá
a revocar el fallo de única instancia que negó el amparo tutelar y en su lugar amparará
y ordenará a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional que realice las gestiones pertinentes con el fin de que se
registre la declaración de desplazamiento de la accionante y efectúe la valoración
de las condiciones objetivas de la misma, a fin de determinar su inscripción en
el RUPD y el otorgamiento de los beneficios correspondientes.
2.5.3. T-3.132.480- Lina Constanza Vargas
Bravo,  T-3.145.205 – Darly Mariana Caro Pérez, T-3.139.720 - Adriana
Cecilia Monsalve Zapata
Frente a los casos de las señoras Lina Constanza Vargas
Bravo, Darly Mariana Caro Pérez y Adriana Cecilia Monsalve Zapata, se
pregunta la Sala si la Agencia Presidencia para la Acción Social y la
Cooperación Internacional les vulneró sus derechos fundamentales, al haberle
negado la inscripción en el RUPD y el otorgamiento de los beneficios
correspondientes.
La razón aducida por la Agencia Presidencial para la Acción
Social y la Cooperación Internacional para la negativa de la inscripción en el
RUPD, de Lina Constanza Vargas Bravo y su grupo familiar, es que existen
razones objetivas y fundadas para concluir que de la declaración de
desplazamiento no se deduce la existencia de las circunstancias de hecho
previstas en el artículo 1 de la Ley 387 de 1997, acorde a lo señalado al
numeral 2 del artículo 11 de Decreto 2569/00, pues consultadas las autoridades
civiles y militares de la región se pudo constatar que las personas que
provocaron su salida de la región no hacen parte de los grupos armados al
margen de la ley, entendido  como el grupo cuyo accionar se orienta bajo
motivos ideológicos y/o políticos, sino por delincuencia común.
En el caso de Darly Mariana Caro Pérez, la razón
esgrimida por la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional como fundamento de la negativa de su inscripción en el RUPD, es
al igual que en el caso anterior,  que existen razones objetivas y fundadas
para concluir que de la declaración de desplazamiento no se deduce la
existencia de circunstancias de hecho como las previstas en el artículo 1 de la
Ley 387 de 1997, acorde a lo señalado al numeral 2 del artículo 11 del Decreto
2569/00, toda vez que de la lectura detallada de la narración de los hechos, se
puede extraer que la amenaza recibida no proviene de grupos al margen de la
ley, cuyo actuar se oriente bajo motivos ideológicos y/o políticos.
En relación con la actora Adriana Cecilia Monsalve Zapata,
la Agencia Presidencia para la Acción Social y la Cooperación Internacional
expresó que una vez valorada la declaración rendida se encontró que no era
viable jurídicamente efectuar su inscripción  y la de su hogar en el RUPD, por
cuanto la declaración resulta contraria a la verdad, de acuerdo a lo señalado por
el Decreto 2569 de 200, artículo 11, numeral 1 pues las circunstancias
descritas no corresponden a los supuestos fácticos que contempla la ley.
Como se indicó anteriormente, la situación de desplazamiento
se adquiere no a raíz de la inscripción en el Registro Único de Población
Desplazada, sino cuando concurren dos condiciones fácticas: la causa violenta y
el desplazamiento interno (que incluye tanto la expulsión del lugar de
residencia como la imposibilidad de regresar). Ante la concurrencia de los
hechos mencionados, la persona tiene el derecho fundamental a ser reconocida
como persona en situación de desplazamiento y a los derechos que de tal
reconocimiento se derivan. Al respecto la Corte señaló: “Sea cual fuere la
descripción que se adopte sobre desplazados internos, todas contienen dos
elementos cruciales: la coacción que hace necesario el traslado y la
permanencia dentro de las fronteras de la propia nación. Si  estas dos
condiciones se dan, como ocurre en el caso motivo de esta tutela, no hay la
menor duda de que se está ante un problema de desplazados”[63].
De los parámetros dados por el
artículo 1 de la Ley 387/97, se derivan una serie de consecuencias concretas a
la hora de interpretar y aplicar las normas legales y reglamentarias que
regulan la inscripción de una persona en el RUPD y en  aras de salvaguardar los
derechos fundamentales de la población en situación de desplazamiento, para lo
que esta Corporación ha establecido claras directrices que son condición
imprescindible para la aplicación constitucionalmente correcta de dichas
causales.
Así las cosas, frente a la
segunda causal que da lugar a la no inscripción en el registro que se describe
como: La entidad en la que se haya delegado la inscripción, no efectuará la
inscripción en el  registro de quien solicita la condición de desplazado en los
siguientes casos: (…) (2) Cuando existan razones objetivas y fundadas para
concluir que de la misma no se deduce la existencia de las circunstancias de
hecho previstas en el artículo 1° de la Ley 387 de 1997”, la Corte ha dicho que: i) A la hora de valorar si existen razones objetivas y fundadas
para considerar que no se trata de una persona que hubiere sido desplazada, la
entidad competente debe tomar en consideración el principio de buena fe. En
consecuencia, no hace falta que la persona aporte plena prueba sobre su dicho.
Basta una prueba siquiera sumaria de la ocurrencia de los hechos para
determinar que una persona sí se encuentra en situación de desplazamiento. ii)
Adicionalmente, también por la aplicación del principio de buena fe, el
desconocimiento por parte de la autoridad de los hechos ocurridos no es prueba
suficiente de la no ocurrencia del acontecimiento narrado por el solicitante.
En efecto, los hechos generadores del desplazamiento pueden ir desde la
notoriedad nacional, hasta la extrema reserva de ámbitos privados[64].        iii)
En virtud del principio de favorabilidad, los enunciados legales o
reglamentarios deben interpretarse de la manera que mejor convenga a las
personas obligadas a huir de su lugar habitual de trabajo o residencia[65].
Por lo anterior, sujetar el
reconocimiento de la condición de desplazado y como consecuencia de ello la
protección de sus derechos fundamentales de las personas víctimas del
desplazamiento,  a que los grupos que ocasionaron con sus acciones violentas el
desplazamiento forzado estén orientados por motivos ideológicos y/o políticos, como
lo hace la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional en los actos administrativos que negaron la inscripción de las
accionantes en el RUPD,  constituye una interpretación y aplicación de las
normas que regulan la inscripción de las personas en el RUPD contraria a los
criterios expuestos por esta Corporación en su jurisprudencia.
Por otra parte, el
desconocimiento o la ignorancia de las autoridades administrativas, sobre la
situación de violencia de la región de la cual proviene, quien solicita la
inscripción en el RUPD, tampoco es razón suficiente para negar tal inscripción.
En este sentido, frente a la situación de la accionante Lina
Constanza Vargas Bravo, la afirmación de Acción Social según la cual las
autoridades civiles y militares consultadas no confirman alteración de orden
público en la vereda de Riverita, parece contrastar con la información sobre
violencia en el municipio de Rivera a la cual pertenece dicha vereda allegados
a esta Corporación, que indican que en la zona hay presencia desde el año 2004,
de grupos armados ilegales de las FARC, a través de la Columna móvil Teófilo
Forero, en los municipios de Algeciras, Gigante, Hobo, Campoalegre, Neiva y
Rivera y que la ubicación geoestratégica de la subregión le permite  a la
guerrilla movilizarse por los corredores naturales de la cordillera oriental
que comunican el Departamento del Huila con Caquetá y Meta y que si bien en el
año 2010 y 2011 no se han dado desplazamientos masivos, si se registraron
expulsiones individuales[66].
En lo que se refiere a la situación de orden público en el
área metropolitana de Medellín, en especial los barrios el Popular y Santo
Domingo Savio, en los cuales se dieron los hechos que ocasionaron el
desplazamiento de las accionantes Caro Pérez y Monsalve Zapata, es pertinente resaltar
que los informes de la Personería de Medellín y la Defensoría del Pueblo
indican las nuevas dinámicas de violencia que se dan al interior de las comunas
de Medellín, en las que participan por el control del territorio y por el botín
rentístico, los paramilitares, las autodefensas, los desmovilizados, los
reinsertados y las bandas criminales, que generan el desplazamiento interurbano
de la población.
Sobre el particular, la Personería de Medellín, expresó:
“La comuna 1 en el año 2010
ocupó el segundo lugar (17%) de las comunas con mayor número de desplazamientos
en la ciudad. El 76% del total de desplazamiento forzados intraurbanos
ocurridos en el año 2010 en esta comuna, de acuerdo a las declaraciones
recibidas en la personería de Medellín por hechos ocurridos en el 2010,
ocurrieron en cuatro barrios: Popular (popular No. 1 y 2) , Santo Domingo Savio
No. 1, Santo Domingo Savio No. 2 y San Pablo.”
(...)
En las 171 declaraciones
recibidas en la personería de Medellín durante el año 2010 de los barrios
popular y Santo Domingo Savio se relaciona como grupo armado expulsor a grupos
armados como las Aguilas negras, los paramilitares, las autodefensas y bandas o
combos como... los hechos Victimizantes son principalmente las amenazas,
agresión física, la tentativa de homicidio, el homicidio, intento de
reclutamiento ilegal, el acoso sexual, los enfrentamientos, el despojo, el
control social y el miedo generalizado.” .
La información oficial obtenida y parcialmente trascrita
anteriormente, da cuenta de los niveles de violencia tanto en el municipio de
Rivera, Departamento del Huila al cual pertenece la vereda de la cual proviene
la señora Vargas Bravo y los actos de violencia presentados en las comunas de
Medellín que han generado el desplazamiento forzado de la población en los
casos de las señoras Caro Pérez y Monsalve Zapata, conllevan a afirmar que
sostener que las accionantes faltan a la verdad en sus declaraciones, toda vez
que no se han reportado alteraciones del orden público en la zona, es
claramente desconocer hechos notorios y permanentemente reportados como causa para
negar el reconocimiento de la calidad de desplazadas de las accionantes y su
correspondiente inscripción en el RUPD, ocasionando la vulneración de los
principios constitucionales de protección de la población víctima del
desplazamiento forzado.
En consecuencia la Sala revocará
los fallos de instancia en los procesos que negaron la tutela de los derechos
fundamentales de las señoras Lina Constanza Vargas Bravo, Darly Mariana Caro
Pérez y Adriana Cecilia Monsalve Zapata en su condición de desplazadas
y en su defecto tutelará los derechos de las accionantes para lo cual ordenará
a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional,
que realice la valoración de las condiciones objetivas de desplazamiento y
vulnerabilidad de las accionantes y que de acuerdo a los resultados que
obtenga, proceda si hay lugar a ello, a inscribirlas junto con su grupo
familiar, en el Registro Único de Población Desplazada.
3. Razón de la decisión
Las personas que han sido desplazadas por la violencia se
encuentran en una situación de extrema urgencia y vulnerabilidad, razón por la
que son merecedoras de un trato especial a cargo de las instituciones públicas.
Dicho trato especial debe someterse a un conjunto de directrices
constitucionales que esta Corte ya ha tenido oportunidad de señalar.
La Corte ha resaltado, que la situación de desplazamiento se
adquiere no a raíz de la inscripción en el Registro Único de Población
Desplazada, sino cuando concurren dos condiciones fácticas: la causa violenta y
el desplazamiento interno  y ante la concurrencia de estos, la persona tiene
derecho fundamental a ser reconocida como persona en situación de
desplazamiento y a los derechos que de tal reconocimiento se derivan, por lo
que exigir adicionalmente que los agentes que causan la expulsión sean grupos
armados al margen de la ley, que se orientan por motivos ideológicos y/o
políticos, para que las personas puedan ser inscritas en el RUPD y recibir los
beneficios respectivos,  constituye un condicionamiento que se aparta de los
parámetros legales y constitucionales en franca vulneración de los derechos
fundamentales de los desplazados.
La Corte ha señalado cual es la interpretación
constitucional de las causales legales y reglamentarias que dan lugar al
rechazo de la inscripción de una persona en el RUPD y ha indicado que los
funcionarios deben tener en cuenta, en todo momento, las razones por las cuales
existen las reglas anteriores. En últimas se trata de reconocer que las
personas en situación de desplazamiento forzado merecen un trato especial por
parte del Estado, dada la extrema situación de vulnerabilidad por la que
atraviesan, las cargas desproporcionadas o exorbitantes que han debido soportar
y el radical abandono al que han sido sometidas.
En aplicación de las reglas anteriores, revisadas las
condiciones de las accionantes, encuentra la Corte que la Agencia Presidencial
para la Acción Social y la Cooperación Internacional al negar la inscripción de
las accionantes en el Registro Único de Población Desplazada incurrió en las
siguientes conductas: i) efectúo una interpretación de las normas aplicables
contraria a los principios de favorabilidad y buena fe; ii) exigió requisitos
formales irrazonables o desproporcionados; iii) impidió que la persona pudiera exponer
las razones por las cuales considera que se encuentra en circunstancia de
desplazamiento forzado.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión de la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo, y por
mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
Primero.- CONFIRMAR parcialmente el fallo
proferido por el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Bogotá, que resolvió  la  acción de tutela impetrada por Emperatriz de la
Barrera Meza contra la Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional (Acción Social), y tuteló el derecho de petición de
la señora Emperatriz de la Barrera Meza.
Segundo.- TUTELAR
los derechos los derechos fundamentales de la señora Julia Emperatriz de la
Barrera Meza y su grupo familiar y ORDENAR al Director de la Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional que, en el
término de quince días contados a partir de la notificación de esta
providencia, proceda a realizar la valoración de las condiciones objetivas de
desplazamiento y de vulnerabilidad de la señora Julia Emperatriz de la Barrera
Meza y de las circunstancias que llevaron a su alegado desplazamiento forzado.
En dicha evaluación, la Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional deberá incorporar elementos probatorios adicionales a
los ya considerados, que lleven a disipar la duda existente acerca de si Julia
Emperatriz de la Barrera Meza es víctima del desplazamiento.
Tercero.- REVOCAR la decisión proferida por la
Subsección D, Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que
confirmó el fallo del Juzgado treinta (30) Administrativo del Circuito Judicial
de Bogotá que declaró improcedente el amparo solicitado por la señora Lina
Constanza Vargas Bravo y en su lugar CONCEDER la tutela de los derechos
fundamentales como desplazada de la señora Lina Constanza Vargas Bravo y su
grupo familiar.
Cuarto.- ORDENAR a la Agencia Presidencial para la
Acción Social y la Cooperación Internacional, que realice todas las gestiones
necesarias para que en un plazo no mayor de ocho (8 días), contados a partir de
la notificación de la presente sentencia, realice la valoración de las
condiciones objetivas de desplazamiento y de las condiciones de vulnerabilidad
de la Lina Constanza Vargas Bravo junto con su grupo familiar, proceda a su
inscripción en el Registro Único de Población Desplazada -RUPD-  si como
consecuencia de la valoración realizada hay lugar a ello y la oriente
adecuadamente para que pueda acceder a los programas de atención para población
desplazada.
Quinto.-  REVOCAR el fallo proferido por el
Juzgado Primero del circuito de Riohacha que negó la tutela impetrada por Kelidza
Isabel Guerra Pinto contra la Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional (Acción Social), y en su lugar CONCEDER la
tutela de los derechos fundamentales de la accionante.
Sexto.- ORDENAR a la Agencia Presidencial para la
Acción Social y la Cooperación Internacional para que  en un plazo máximo de quince
(15) días contados a partir de la notificación de la presente providencia,
proceda a realizar las gestiones necesarias, tendientes a que le sea recibida
la declaración de desplazamiento de la señora Kelidza Isabel Guerra Pinto y
proceda a la valoración de la misma, con el fin de determinar la procedencia o
no de su inscripción en el Registro Único de Población Desplazada - RUPD.
Séptimo.- REVOCAR la decisión proferida por la Sala Tercera
(3)  de Decisión Civil del Tribunal Superior de Medellín, que confirmó el fallo
del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Medellín, que negó el amparo
solicitado en la acción de tutela incoada por Adriana Cecilia Monsalve Zapata
contra la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional y en su lugar CONCEDER la tutela de los derechos
fundamentales de la accionante.
Octavo.- ORDENAR la Agencia Presidencial para la
Acción Social y la Cooperación Internacional, que realice todas las gestiones
necesarias para que en un plazo no mayor de ocho (8 días), contados a partir de
la notificación de la presente sentencia, realice la valoración de las
condiciones objetivas de desplazamiento y de las condiciones de vulnerabilidad
de la señora Adriana Cecilia Monsalve Zapata y proceda a su inscripción en el Registro
Único de Población Desplazada -RUPD- si como consecuencia de la valoración
realizada hay lugar a ello y la oriente adecuadamente para que pueda acceder a
los programas de atención para población desplazada.
Noveno.- REVOCAR  el fallo proferido por el
Juzgado Once de familia de Medellín, que negó la acción de tutela impetrada por
Darly Mariana Caro Pérez contra la Agencia Presidencial para la Acción Social y
la Cooperación Internacional y en su lugar CONCEDER la tutela de los
derechos fundamentales de la accionante.
Décimo.- ORDENAR la Agencia Presidencial para la
Acción Social y la Cooperación Internacional, que realice todas las gestiones
necesarias para que en un plazo no mayor de ocho (8 días), contados a partir de
la notificación de la presente sentencia, realice la valoración de las
condiciones objetivas de desplazamiento y de las condiciones de vulnerabilidad
de la Darly Mariana Caro Pérez y su grupo familiar, proceda a su inscripción en
el Registro Único de Población Desplazada -RUPD- si como consecuencia de la
valoración realizada hay lugar a ello y la oriente adecuadamente para que pueda
acceder a los programas de atención para población desplazada.
Undécimo.- Por Secretaría
General, LÍBRESE la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto
2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese,
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
MAURICIO GONZÁLEZ
CUERVO
Magistrado
JUAN CARLOS HENAO
PÉREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA
MARTELO
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
[1]
Acción de tutela presentada el 25 de febrero de 2011, ver folios 1 a 9 del cuaderno # 1.
[2]
Mujer indígena perteneciente al cabildo Zenú de Ure, Municipio de Montelíbano,
Departamento de Córdoba, según documento de identidad indígena. (folio 19 del
cuaderno No. 1)
[3]
Ver folio 10 del cuaderno No. 1.
[4]
Ver folios 7 a 9 del cuaderno No.1.
[5]
Ayuda alimentaria, arriendo, menaje de cocina, aseo, vestuario, etc.
[6]
Ver folio 29 del Cuaderno No. 1.
[7]
Folio 32 a 34 del cuaderno No. 1.
[8]
Folio 35 del cuaderno no. 1.
[9]
Folio 39 del cuaderno No. 1.
[10]
Ver folios 40 a 51 del cuaderno No. 1.
[11]
Escrito de insistencia. (folio 4 del cuaderno No. 2)
[12]
Acción de tutela presentada el 26 de abril de 2011, ver folios 1 a 13del cuaderno # 1.
[13]
Mujer de 25 años de edad, junto con su grupo familiar que incluye a su
compañero permanente de 30 años de edad.
[14]
Ver folio 2 y 15 a 18 del cuaderno No.1.
[15]
“...grupo armado al margen de la ley es aquella organización de personas que
bajo la dirección de un mando responsable, ejerce sobre una parte del
territorio un control tal q ue permita realizar operaciones militares
sostenidas y concertadas con el objetivo de desestabilizar el gobierno de un
país.”
[16]
Folio 26 del cuaderno No. 1.
[17]
Ver folios 38 a 45 del cuaderno No. 1.
[18]
Folio 29 del cuaderno no. 1.
[19]
Ver folios 51 a 53 del cuaderno No.1.
[20]
Ver folios 59 a 61 del cuaderno No. 1.
[21]
Acción de tutela presentada el 30 de mayo de 2011, ver folios 1 a 5 y Minuta de Acta de Declaración Extrajuicio folio 6 , 7 y 8 del cuaderno # 1.
[22]
Mujer madre cabeza de hogar, con 31 años, ver fotocopia de la cedula folio 9
del cuaderno No. 1 y  con una menor de 5 años de edad, ver Registro Civil de
Nacimiento folio 10 cuaderno No. 1.
[23]
Folio 13 del cuaderno No. 1.
[24]
Ver folios 17 a 32 del cuaderno No. 1.
[25]
Ver folios 34 a 40 del cuaderno No. 1.
[26]
Acción de tutela presentada el 27 de abril de 2011, ver folios 2 a 12 del cuaderno # 1.
[27]
Mujer madre cabeza de hogar, con 31 años, ver fotocopia de la cedula folio 9
del cuaderno No. 1 y  con una menor de 5 años de edad, ver Registro Civil de
Nacimiento folio 10 cuaderno No. 1.
[28]
Ver folio 21 del cuaderno No. 1.
[29]
El 27 de diciembre de 2010.
[30]
Ver folio 13 del cuaderno No. 1.
[31]
Folio 13 del cuaderno No. 1.
[32]
Ver folios 17 a 19 del cuaderno No. 1.
[33]
Ver folios 22 a 26 del cuaderno No. 1.
[34]
Ver folios 30 a 34 del cuaderno No. 1.
[35]
Ver folios 43 a 46 del cuaderno No. 1.
[36]
Acción de tutela presentada el 18 de mayo de 2011, ver folios 12 a 18 del cuaderno # 1.
[37]
Mujer con 29 años, ver fotocopia de la cedula folio 30 del cuaderno No. 1.
[38]
Ver folios 7 a 11 del cuaderno No.1.
[39]
Folio 41 del cuaderno No. 1.
[40]
Ver folios 42 a 43 del cuaderno No. 1.
[41]
Ver folios 37 a 40 del cuaderno No. 1.
[42]
Ver folios 44 a 47 del cuaderno No. 1.
[43]
Folio 67 y 68.
[44]
Sentencia T-821 de 2007.
[45]
Sentencia T-086 de 2006.
[46]
Lina Constanza Vargas Bravo.
[47]
Kelidza Lisbeth Guerra Pinto, Adriana Cecilia Monsalve Zapata y Darly Mariana
Caro Pérez.
[48]
Sentencia SU-150 de 2000, Sentencia T-025 de 2004, anexo 4, Sentencias T-740 de
2004, T-175 de 2005, T-1094 de 2004, T-563 de 2005, T-1076 de 2005, T-882 de 2005,
T-1144 de 2005, T-086 de 2006 y T-468 de 2006.
[49]
La Corte ha sostenido, de manera reiterada que la acción de tutela es
procedente para que la población desplazada acceda a la protección de sus
derechos, en razón de la grave situación que afrontan, al respecto se pueden consultar,
entre otras, las sentencias T-227 de 1997, T – 327 de 2001, T-1346 de 2001,
T-098 de 2002, T-268 de 2003, T – 813 de 2004, T-094 de 2004, T-563 de 2005.
[50]
Sentencia T- 882 de 2005.
[51] Sentencia T-227 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero. En el mismo sentido la Corte ha señalado: “La condición de desplazado se adquiere pues, al estar en cualquier situación, derivada del
conflicto armado interno, contraria a los derechos de las personas a permanecer
pacíficamente y sin apremio alguno, en el lugar escogido para establecer sus
raíces familiares, culturales, sociales y/o económicas. De lo que además se
derive la necesidad de trasladarse para preservar no sólo la vida sino la
tranquilidad y la armonía propias del desarrollo de la convivencia en un Estado
Constitucional de Derecho.” Sentencia T-468 de 2006.
[52]
En todo caso la Corte ha resaltado de manera reiterada la importante misión de
Acción Social y la relevancia del RUPD como instrumento para una adecuada
planeación y ejecución de políticas públicas en materia de desplazamiento
forzado. En efecto, en criterio de la Corporación, la existencia y el adecuado diligenciamiento del RUPD responde a fines constitucionalmente relevantes, pues es un
mecanismo adecuado para la canalización de la ayuda humanitaria de emergencia y
para el diseño y ejecución ordenada de políticas públicas en la materia. No
obstante, la Corte también ha puesto de presente las limitaciones y
dificultades que, desde la perspectiva de la protección de los derechos
fundamentales, encuentra el mecanismo del registro tal y como opera
actualmente. A este respecto se pueden confrontar las sentencias T-025 de 2005,
T-327/01, T-1094/04, T-563/05, y T-328/07 entre otras.
[53]
Sentencia T-328 de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[54]
En la Sentencia T-327 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, la Corte ordenó la inscripción en el RUPD de una persona en situación de desplazamiento por
grupos paramilitares, a quien se le había negado la inclusión en tres
oportunidades por no aportar pruebas de su condición e incurrir en versiones
contradictorias. Entre las consideraciones que hizo este Tribunal en aquella
oportunidad se encuentra esta: “En virtud de la aplicación del artículo 83
de la Carta Política, debe presumirse la buena fe en la actuación de los
particulares. En el caso de los desplazados, se debe presumir la buena fe al
estudiar su inclusión en el Registro Nacional de Desplazados para recibir la
ayuda del Gobierno (…) Al presumirse la buena fe, se invierte la carga de la
prueba y, por ende, son las autoridades las que deben probar plenamente que la
persona respectiva no tiene la calidad de desplazado.”
[55]
En la Sentencia T-1094 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa la Corte ordenó reevaluar una declaración de desplazamiento de una persona, a quien se le había
denegado su inclusión en el RUPD por hallar en ella inconsistencias. La Corte encontró, igualmente, que las inconsistencias existían; sin embargo, encontró que de
ellas no se derivaba necesariamente la conclusión de que el señor no era
desplazado, puesto que las inconsistencias versaban sobre accidentes o
circunstancias diferentes al hecho generador del desplazamiento. En semejante
sentido se pronunció la Corte en la Sentencia  T-882 de 2005, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[56]
Sentencia T-327 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[57] Tal fue lo que afirmó este Tribunal en la Sentencia T-268 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra en la cual ordenó la inscripción en
el RUPD de personas que habían migrado dentro de la misma municipalidad
(Medellín) con motivo de los combates entre el ejército y un grupo armado
ilegal  en la localidad donde residían. En esta ocasión, la Corte dijo que el aparte que a continuación se subraya de la ley 387 de 1998, debía ser
interpretado como comprensivo, también, como referido a las divisiones
territoriales del municipio. “ARTICULO 1o. DEL DESPLAZADO. Es desplazado toda persona que se ha visto forzada a
migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia
o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su
seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente
amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: Conflicto
armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada,
violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones al Derecho
Internacional Humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones
anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público.”
[58]
Sentencia C-047 de 2001.
[59]
Sentencias T-327 de 2001, T-268 de 2003, T-1094 de 2004, T-882 de 2005, T-1145
de 2005, T-620 de 2006, T-328 de 2007.
[60]
Sentencias T-327 de 2001, T-268 de 2003, T-1094 de 2004, T-882 de 2005, T-1145
de 2005, T-620 de 2006, T-328 de 2007.
[61]
Manifestación de la accionante a folio 1.
[62]
Sobre la vigencia de estos principios en todos los momentos del proceso de
registro pueden verse Sentencias T-327 de 2001, T-268 de 2003, T-1094 de 2004,
T-882 de 2005, T-1145 de 2005, T-620 de 2006, T-328 de 2007.
[63] Sentencia T-227 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero. En el mismo sentido la Corte ha señalado: “La condición de desplazado se adquiere pues, al estar en cualquier situación, derivada del
conflicto armado interno, contraria a los derechos de las personas a permanecer
pacíficamente y sin apremio alguno, en el lugar escogido para establecer sus
raíces familiares, culturales, sociales y/o económicas. De lo que además se
derive la necesidad de trasladarse para preservar no sólo la vida sino la
tranquilidad y la armonía propias del desarrollo de la convivencia en un Estado
Constitucional de Derecho.” Sentencia T-468 de 2006.
[64]
Sentencia T-327 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[65] Tal fue lo que afirmó este Tribunal en la Sentencia T-268 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra en la cual ordenó la inscripción en
el RUPD de personas que habían migrado dentro de la misma municipalidad
(Medellín) con motivo de los combates entre el ejército y un grupo armado
ilegal  en la localidad donde residían. En esta ocasión, la Corte dijo que el aparte que a continuación se subraya de la ley 387 de 1998, debía ser
interpretado como comprensivo, también, como referido a las divisiones
territoriales del municipio. “ARTICULO 1o. DEL DESPLAZADO. Es desplazado toda persona que se ha visto forzada a
migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia
o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su
seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran
directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes
situaciones: Conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores,
violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos,
infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias
emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren
drásticamente el orden público.”
[66]
Reporte de la Defensoría del Pueblo.