T-039-13
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-039/13
LEGITIMACION
EN LA CAUSA POR ACTIVA Y AGENCIA OFICIOSA EN LA ACCION DE TUTELA-Requisitos
El artículo 10 del Decreto
2591 de 1991 indicó que la acción de tutela puede ser ejercida
directamente por la persona afectada o por medio de un representante, caso en
el cual, los poderes se presumirán auténticos. A su vez, el inciso segundo de
esta disposición establece la posibilidad de ejercer la acción de tutela
a través de la agencia oficiosa, cuando el titular de los derechos
fundamentales no está en condiciones de promover su propia defensa,
circunstancia que debe manifestarse en la solicitud. Así mismo, podrán
interponerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales, en
guarda de los derechos fundamentales.
PROTECCION
CONSTITUCIONAL DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD-Reiteración de
jurisprudencia
Procede el amparo en sede de
tutela cuando resulta imperioso velar por los intereses de cualquier
persona que así lo requiera. En tal sentido, la salud como servicio público
esencial a cargo del Estado, además de regirse por los principios de
eficiencia, universalidad y solidaridad, que consagra expresamente el artículo
49 de la Constitución Política, debe dar cumplimiento al principio de
continuidad, que conlleva su prestación de forma ininterrumpida, constante y
permanente, sin que sea admisible su paralización sin la debida justificación
constitucional. Lo anterior, por cuanto la materialización del derecho
fundamental a la salud exige que todas las entidades que prestan dicho servicio
se obliguen a la óptima prestación del mismo, en la búsqueda del goce efectivo
de los derechos de sus afiliados conforme al marco normativo señalado,
comoquiera que la salud compromete el ejercicio de distintas garantías,
como es el caso del derecho a la vida y a la dignidad humana.
PRINCIPIO
DE INTEGRALIDAD DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-Obligación de las
EPS y EPS-S de prestar los servicios de salud a los afiliados y beneficiarios
El principio de integralidad,
comprende dos elementos: “(i) garantizar la continuidad en la prestación del
servicio y (ii) evitar a los accionantes la interposición de nuevas
acciones de tutela por cada nuevo servicio que sea prescrito por los médicos
adscritos a la entidad, con ocasión de la misma patología”. La materialización
del principio de integralidad conlleva a que toda prestación del servicio se
realice de manera oportuna, eficiente y con calidad; de lo contrario se
vulneran los derechos fundamentales de los usuarios del sistema de salud.
TRANSPORTE
EN EL SISTEMA DE SALUD Y SU NEXO CON EL PRINCIPIO DE INTEGRALIDAD/SERVICIO DE
TRANSPORTE O TRASLADO DE PACIENTES-Inclusión en el Plan Obligatorio
de Salud bajo ciertas condiciones
De acuerdo con las reglas
jurisprudenciales, corresponde el juez de tutela evaluar si el requerimiento
del servicio de transporte es pertinente, necesario y urgente con referencia a
la situación de salud específica del usuario. Así mismo, debe indagar si
el hecho de no autorizarse un servicio de traslado se convierte en un obstáculo
para acceder al servicio de salud de manera adecuada y con dignidad, cuando se
verifique que la situación económica del accionante y su familia es
insuficiente para asumirlo por sus propios medios.
DERECHO A LA
SALUD Y PRINCIPIO DE ATENCION INTEGRAL-Suministro de pañales
Esta Corporación ha indicado
que existen circunstancias que ameritan el suministro de un medicamento
o la práctica de un tratamiento o intervención no POS, en aquellos eventos en
los que dicha situación amenaza o vulnera la integridad personal y la vida en
condiciones dignas y justas del paciente. Es necesario recordar que este
Tribunal en abundante jurisprudencia ha estudiado el asunto del suministro de
pañales, bajo el entendido de que si bien no pueden entenderse strictu sensu
como un servicio médico, se trata de un elemento indispensable para la salud,
para preservar el goce de una vida en condiciones dignas y justas de
quien lo requiere con urgencia, y debe ser facilitado aunque no allegue al
expediente fórmula del médico tratante adscrito a la entidad que prescriba su
suministro.
DERECHO A LA
SALUD Y A LA VIDA DIGNA DE PERSONA DE LA TERCERA EDAD-Orden a EPS
practique valoración médica con especialista para tratar de manera integral la
enfermedad de alzheimer
DERECHO A LA
SALUD Y A LA VIDA DIGNA DE PERSONA DE LA TERCERA EDAD-Orden a EPS
suministro de pañales desechables sin exigir trámites administrativos para la
autorización y entrega
DERECHO A LA
VIDA DIGNA DEL NIÑO DISCAPACITADO-Orden a EPS suministro de pañales
desechables sin exigir trámites administrativos para la autorización y entrega
DERECHO A LA
VIDA DIGNA DEL NIÑO DISCAPACITADO-Orden a EPS autorice el
reconocimiento y pago de los costos de pasajes, alojamiento, estadía y demás
gastos junto con un acompañante por traslado a otra ciudad
Referencia: expedientes T-3615838,
T-3620403, T-3626847, T-3627285,
T-3629627
Acción de
tutela interpuesta por:
T-3615838:Verónica
María Hernández como agente oficiosa de Bertha Oliva Chavarría de García,
contra la Alcaldía de Medellín, la Secretaría Seccional de Salud y Protección
Social de la Gobernación de Antioquia, la IPS Universitaria de Antioquia y la Caja
de Compensación Familiar de Antioquia Comfama EPSS.
T-3620403: Personero
municipal de Envigado (Antioquia), en representación del menor de edad Andrés
Felipe Cuervo Holguin, contra la EPS Salud Total y el Ministerio de Salud y Protección
Social.
T-3626847: Personero
municipal de Neiva (Huila), en representación de la menor de edad María
Fernanda Trujillo Pérez, contra la EPSS Caprecom y la Secretaría de Salud
Departamental del Huila.
T-3627285: Eleazar
García, en representación de su cónyuge María Elena Lucas de García contra la
Nueva EPS.
T-3629627: Blanca
Elisa Escobar Chávez, en representación de su progenitora, la señora Dolly Chaves[1] de Escobar,
contra Comfandi IPS, la EPS Servicio Occidental de Salud SOS, y el Ministerio
de Salud y Protección Social.
Magistrado
Ponente:
JORGE IVÁN
PALACIO PALACIO
Bogotá, D.C.,
veintiocho (28) de enero de dos mil trece (2013).
La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por los Magistrados Jorge Iván Palacio Palacio, quien la preside,
Nilson Elías Pinilla Pinilla y Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, en ejercicio de
sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en
los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución Política, y en los
artículos 33 y concordantes del Decreto 2591 de 1991, profiere la siguiente:
SENTENCIA
Dentro
del proceso de revisión de los fallos proferidos por el Juzgado Treinta y Nueve Penal Municipal de
Control de Garantías de Medellín (Expediente
T-3615838), el Juzgado Segundo Civil Municipal de Envigado
(Expediente T-3620403), la Sala Tercera de Decisión de Sistema Oral del
Tribunal Contencioso Administrativo del Huila, que revocó la providencia
proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Descongestión de Neiva
(Expediente T-3626847); el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bogotá
(Expediente T-3627285); y el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Palmira, que
a su vez confirmó el proferido por el Juzgado Quinto Civil Municipal de la
misma ciudad (Expediente T-3629627).
Mediante auto del veintisiete (27) de septiembre de 2012, la Sala de Selección
de tutelas número nueve decidió acumular los procesos para ser fallados en una
misma sentencia.
I. ANTECEDENTES DEL EXPEDIENTE
T-3615838
El 9 de julio
de 2012, la señora Verónica María Hernández Betancur, en calidad de agente
oficioso de la señora Bertha Oliva Chavarría de García, interpone acción
de tutela en contra de la Alcaldía de Medellín, por considerar que esa entidad
le ha vulnerado los derechos fundamentales a la vida digna, salud, los derechos
de las personas de la tercera edad y la seguridad social de la agenciada. Para
fundamentar su solicitud de tutela la agente oficiosa relata los siguientes:
1.
Hechos
1.1.
Manifiesta que la señora Bertha Oliva Chavarría de García actualmente tiene 67
años, se encuentra inscrita en el nivel 1 del sisbén y está afiliada al régimen
subsidiado de salud con Comfama EPSS.
1.2. Relata
que la agenciada padece de demencia profunda por la enfermedad de Alzheimer, de
comienzo temprano, de acuerdo con un diagnóstico médico emitido por la
neuróloga adscrita a la EPSS.
1.3. Informa
que la señora Bertha Oliva, desde los 58 años, cuando falleció su hijo, empeoró
los síntomas al punto que dejó de caminar. En la actualidad está en cama, no
tiene control de esfínteres y presenta rigidez generalizada.
1.4. Indica
que la paciente fue incluida en un plan de salud, al parecer del municipio de
Medellín denominado Arizona, en el cual le fue ordenado el medicamento ácido valproico
5cc, cada 8 horas, y un especial cuidado con las escaras.
1.5. Precisa
que hasta el momento la Alcaldía de Medellín no le ha brindado el tratamiento
necesario y adecuado para la enfermedad que padece su agenciada, debido a que
no se le está suministrando el ácido valpróico, no se le ha entregado el
suplemento alimenticio “Ensure”, ni pañales, los cuales son necesarios
para que esta persona de la tercera edad y de escasos recursos económicos pueda
llevar una vida en condiciones dignas.
1.6. Por lo
anterior, solicita para su agenciada el suministro del medicamento prescrito,
el suplemento alimentario “Ensure” y los pañales; que califica como necesarios
para que la paciente pueda desarrollar su vida en condiciones dignas, dado su
delicado estado de salud e incapacidad física para suministrárselos por su
propia cuenta. Adicionalmente, precisa que por su incapacidad económica es
necesario que se le exonere de los copagos para acceder al servicio médico.
2. Respuesta de las entidades demandadas
En principio la acción de tutela
fue dirigida contra la Alcaldía de Medellín; no obstante, en el trámite de
instancia la entidad accionada refirió la responsabilidad de otras entidades
encargadas de suministrar el servicio de salud a la agenciada y por esa razón
se vinculó a la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de la
Gobernación de Antioquia, a la IPS Universitaria de Antioquia y la Caja de
Compensación Familiar de Antioquia Comfama EPSS. Lo anterior, porque a juicio
de la Alcaldía de Medellín, era en quienes recaía la responsabilidad de asumir
lo solicitado por la peticionaria.
2.1. Alcaldía de Medellín
Mediante oficio recibido por el
juez de instancia el 12 de julio de 2012, la Alcaldía de Medellín manifestó que
no está vulnerando los derechos fundamentales de la peticionaria. Ello con
sustento en que como entidad territorial ha desempeñado las actividades que le
son propias, que se limitan a la inclusión dentro del Sisbén de las personas
menos favorecidas y su vinculación al régimen subsidiado tal como ocurre en el
caso de la señora Bertha Oliva Chavarría de García. Por tanto, constata que se
encuentra activa con la EPSS Comfama, entidad a quien corresponde garantizar la
prestación del servicio.
2.2. Secretaría Seccional de
Salud y Protección Social de la Gobernación de Antioquia
Mediante oficio allegado al juez
de instancia el 16 de julio de 2012, la entidad expresó que es Comfama EPSS a
quien corresponde suministrar los medicamentos incluidos o no dentro del Plan
Obligatorio de Salud Unificado para personas de sesenta años o más, prestar un
tratamiento integral y decidir si exonera o no de los copagos a la
peticionaria, de acuerdo con lo previsto en Acuerdo 027 de 2011, la Ley 1122 de
de 2007 y las demás disposiciones que rigen la materia. Informa que como
entidad, dicha seccional no tiene nada que ver con la petición de la accionante
ni ha violentado los derechos aducidos por la misma. Por tanto solicita que se
le exonere de todo tipo de responsabilidad.
2.3. IPS Universitaria de Antioquia
Indica que en la presente acción
no es procedente la solicitud de amparo en contra de la IPS, toda vez que a
quien corresponde asumir la demanda de la peticionaria es a Comfama EPSS.
2.4. Caja de Compensación
Familiar de Antioquia Comfama EPSS
Mediante oficio allegado el 23 de
julio de 2012 al juez de instancia, la EPSS indica que efectivamente la
peticionaria se encuentra afiliada a dicha entidad y que fue diagnosticada con
la enfermedad de Alzheimer.
En lo referente a la solicitud del
suministro de ácido valpróico, precisa que como fue ordenado por la neuróloga,
dicho medicamento le debe ser entregado una vez se efectúe la contraremisión
por el especialista y la prescripción por el médico general.
Respecto a los otros servicios
solicitados por la accionante, es decir, el “Ensure” y los pañales,
indica que no están dentro del POS y que no existe un soporte médico en el que
se exponga que dichos suministros sean necesarios. Por tanto, expresa que Comfama
EPSS no puede autorizarlos pero sí puede someterlos a análisis por el Comité
Técnico Científico, con el fin de determinar su necesidad una vez sean
allegados por parte de la acudiente de la usuaria la fórmula médica, historia
clínica y los formatos individuales no POS por cada servicio, con fecha
actualizada.
3. Decisión
judicial objeto de revisión
El Juzgado Treinta y Nueve Penal
Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín, mediante proveído del
24 de julio de 2012, niega el amparo argumentando que Comfama EPSS no ha
vulnerado ningún derecho, debido a que asegura que el medicamento ácido valpróico
está dentro del POS y por tanto le será suministrado a la paciente.
Adicionalmente, refiere que no se ha presentado una negativa en la prestación
de los servicios en lo referente al “Ensure” y los pañales, toda vez que
los mismos no han sido ordenados por el médico tratante ni han sido solicitados
a la EPSS.
No obstante lo anterior, en la
segunda disposición de la parte resolutiva, el juez de instancia ordena a
Comfama EPSS brindar tratamiento integral a la señora Bertha Oliva Chavarría de
García, por la enfermedad denominada demencia profunda Alzheimer, concediendo
para ello el derecho al recobro ante la Dirección Seccional de Salud de
Antioquia, por los valores que deba sufragar en cumplimiento de esa orden, en
aquellos eventos en los que no esté dentro de las obligaciones contractuales de
la EPSS el suministro de medicamentos o tratamientos.
4. Pruebas
relevantes que obran dentro de este expediente
·
Fotocopia de la contraseña de la señora Bertha Oliva Chavarría de
García.[2]
·
Fotocopia de la historia clínica de la señora Bertha Oliva
Chavarría de García en la cual se observa el siguiente diagnóstico: “Demencia
en la enfermedad de Alzheimer, de comienzo temprano”.[3] Se ordena ácido
valpróico cada 8 horas y cuidados de escaras.
·
Certificación tomada de la base de datos del Fosyga en la que se
constata que desde el 1° de agosto de 2005 la señora Bertha Oliva Chavarría de
García se encuentra afiliada en el nivel 1 en el sisbén a Comfama EPSS.[4]
II. ANTECEDENTES DEL EXPEDIENTE T-3620403
El personero
de Envigado actuando en representación del menor Andrés Felipe Cuervo Holguín y
por solicitud de la señora madre del menor Ana Lucía Holguín Castañeda, interpone
acción de tutela contra la EPS Salud Total y el Ministerio de Salud y Protección
Social, al considerar que esas entidades han vulnerado los derechos fundamentales
a la salud, seguridad social y vida digna del menor, al negarle el suministro
de pañales desechables. Para fundamentar su solicitud de tutela, el personero
peticionario expuso los siguientes:
1.
Hechos
1.1
Sostiene que la señora Ana Lucía Holguín Castañeda junto con su hijo,
Andrés Felipe Cuervo Holguín, se encuentran afiliados a la EPS Salud Total del régimen
contributivo, como beneficiarios de su cónyuge y padre.
1.2
Comenta que el menor tiene 17 años, padece discapacidad por síndrome de
Down y no tiene control de esfínteres; motivo por el cual, mediante oficio
radicado por la señora madre del menor en mayo de 2012, se solicitó a la EPS
accionada que le fueran suministrados los pañales desechables toda vez que el
único ingreso de esa familia es un salario mínimo que recibe su esposo.
1.3
Indica que pese a su solicitud, la EPS Salud Total no le ha dado
respuesta y es por ello que mediante tutela solicita que le sean suministrados
los pañales desechables.
2.
Respuesta de las entidades demandas
2.1. Salud Total EPS
Durante el término previsto para dar contestación a la acción de amparo,
guardó silencio.
2.2 Ministerio
de Salud y Protección Social
Indica que los
pañales desechables se encuentran excluidos del POS y que los mismos son
considerados como elementos de aseo personal, por lo que deberán ser
financiados directamente por el usuario. No obstante, asegura que dicha
solicitud ha de ser valorada por el Comité Técnico Científico con el fin de
determinar la necesidad y, si fuere procedente, se suministren por la EPS. Adicionalmente,
expresa que es necesario que el despacho se abstenga de conceder el recobro
contra el Fosyga, toda vez que corresponde a la EPS utilizar los mecanismos
legales y administrativos establecidos para tal fin.
3.
Decisión judicial objeto de revisión en este caso
El Juzgado Segundo Civil
Municipal de Envigado (Antioquia), mediante sentencia del 20 de junio de 2012,
denegó la protección constitucional solicitada, al considerar que el derecho a
la salud no tiene en este caso el carácter de fundamental, por cuanto no pone
en inminente peligro la vida del menor, como quiera que el hecho de no
suministrarle los pañales requeridos no afecta el derecho a la vida en
condiciones dignas ni le impide llevar una vida normal. Aunado a lo anterior,
aduce que el suministro de los mismos no fue ordenado por el médico tratante.
4. Pruebas
relevantes que obran dentro de este expediente
·
Copia de la cédula de ciudadanía de la señora Ana Lucía Holguín
Castañeda.
·
Copia de la tarjeta de identidad del menor de edad Andrés Felipe
Cuervo Holguín.
·
Copia de la planilla de cotización a la seguridad social, en el
que aparece como cotizante el señor Guillermo León Cuervo Mejía, padre del
menor Andrés Felipe Cuervo Holguín y esposo de la señora Ana Lucía Holguín
Castañeda. En la planilla se corrobora que el señor Cuervo Mejía cotiza sobre
un IBC de un salario mínimo.
·
Copia de la historia clínica del menor de edad Andrés Felipe
Cuervo Holguín.
·
Copia del oficio radicado por la señora Ana Lucía Holguín
Castañeda el 2 de mayo de 2012 ante la EPS Salud Total, en el que solicita el
suministro de pañales desechables, manifestando su incapacidad económica para
adquirirlos.[5]
III. ANTECEDENTES DEL
EXPEDIENTE T-3626847
El personero
municipal de Neiva, actuando en representación de la menor María Fernanda
Trujillo Pérez, y por solicitud de la señora madre de la menor María Angélica
Pérez Melgar, presentó acción de tutela en contra de Caprecom EPSS y la
Secretaría de Salud Departamental del Huila (vinculada por el juez de primera
instancia), al considerar que esas entidades le han vulnerado los derechos
fundamentales a la vida en condiciones dignas, salud y seguridad social, debido
a que no han querido autorizar unos servicios médicos ordenados por el médico
tratante y se han negado a garantizar que la menor y un acompañante puedan
desplazarse a la ciudad de Bogotá en donde se debe realizar el tratamiento y
valoración médica ordenados por el galeno adscrito a la EPSS. Para fundamentar
su solicitud relata los siguientes:
1.
Hechos
1.1. Afirma que
la señora María Angélica Pérez Melgar, madre de María Fernanda Trujillo Pérez (menor
a la que no se le ha prestado el servicio), se encuentra afiliada al régimen
subsidiado en salud a través de Caprecom EPSS, en la ciudad de Neiva.
1.2. Relata
que la menor, nació el 28 de enero del 2000, por lo que al momento de la
presentación de la acción de tutela la menor contaba con 13 años de edad; y que
de acuerdo con su historia médica padece de espina bífida lumbar con hidrocéfalo
y disfunción neuromuscular de la vejiga, razón por la cual el médico tratante adscrito
a la EPSS ordenó un manejo interdisciplinario sugiriendo su realización en una
misma institución en la ciudad de Bogotá.
1.3. Aduce que
debido al delicado estado de salud de la menor, el galeno tratante adscrito a la
EPSS ordenó la correspondiente valoración y manejo por: (i) psicología,
para revisar adherencia a tratamientos médicos; (ii) fisiatría, para
establecer el plan de habilitación e independencia funcional; (iii). neurocirugía,
para realizar la revisión y seguimiento de la hidrocefalia con derivación; (iv)
gastropediatría, para manejo de intestino neurogénico; (v)
nefrología pediátrica; (vi) cirugía pediátrica, para revisión de
corrección de malformación ano rectal; y (vii) urología pediátrica, porque
requiere reentrenamiento en cateterismo vesical intermitente en conjunto con el
grupo de ostomizados. Añade que también dispuso la realización de los
siguientes exámenes: urodinamia standard (cirugía), ultrasonografía de vías
urinarias, grupo de ostomizados, cistoscopia transuretral y vaginoscopia con
instrumento en niñas.
1.4 Indica,
que no obstante lo anterior, y pese a haber efectuado la solicitud ante la EPSS
en abril de 2012, mediante escrito del 7 de mayo del mismo año la oficina de
atención al usuario de Caprecom EPSS informó que solo se le había autorizado a
la paciente el examen de urodinamia standard y la valoración por psicología y
fisiatría. Por tanto, en lo referente a las autorizaciones para ultrasonografía
de vías urinarias, las valoraciones por urología pediátrica, gastroneterología
pediátrica, el grupo de ostomizados, la cistoscopia transuretral y la
vaginoscopia con instrumento “se encuentran cotizadas en la Fundación
Hospital de la Misericordia pues ellos solicitan que dichos procedimientos sean
realizados con los médicos de la institución, por lo tanto estamos a la espera
del pago y así poder llamar a la usuaria para autorizar dichos procedimientos.”
1.5. Expresa
que, de acuerdo con lo informado a la personería por parte de la señora María
Angélica Pérez, hasta el momento no se le ha brindado un tratamiento integral a
la menor, ni se han emitido las autorizaciones correspondientes a las órdenes
dadas por el médico tratante para el mejoramiento del estado de salud y las
condiciones de vida de la niña.
1.6. Adicionalmente,
refiere que tanto la menor como su familia son personas de escasos recursos
económicos y que no están en condiciones de sufragar los costos de los exámenes
médicos, cirugías, tratamiento integral, desplazamiento y hospedaje en la
ciudad de Bogotá para dar continuidad al tratamiento ordenado por el médico
tratante adscrito a la EPSS.
1.7. Por lo
anterior, solicita que: (i) se brinde la protección de los derechos
fundamentales invocados; (ii) se haga efectiva la realización de los
exámenes médicos, procedimientos y valoraciones denominadas “ultrasonografía
de vías urinarias, valoración por urología pediátrica, valoración por
gastroenterología pediátrica, valoración por neurocirugía, valoración por grupo
de ostomizados para reentrenamiento de cateterismo vesical intermitente libre
de latex, cistoscopia transuretral y vaginoscopia con instrumento óptico (en
niñas)”[6];(iii)
se ordene a Caprecom EPSS que autorice el reconocimiento y pago de los costos
de pasajes, alojamiento, estadía y demás gastos necesarios para que la paciente
sea trasladada junto con un acompañante a la ciudad de Bogotá; y (iv) que
en adelante se le preste la atención que necesite en forma integral, de
manera que se protejan los derechos a la salud y a la vida digna de la menor.
2. Respuesta de las entidades demandadas
2.1 Secretaría de Salud Departamental del Huila
Mediante oficio radicado en el
juzgado de primera instancia el 21 de Junio de 2012, el representante legal de la
Secretaría de Salud del Huila informó que efectivamente la menor María Fernanda
Trujillo Pérez, desde el 16 de octubre de 2008, se encuentra afiliada al
régimen subsidiado de salud a través de la EPSS Caprecom en estado activo,
nivel 2 del Sisbén del municipio de Neiva (Huila), y por tanto, corresponde a
dicha EPSS la prestación de los servicios reclamados.
Refiere que una vez verificada su
base de datos no se encontró solicitud alguna presentada por el accionante, su
familia o la EPSS Caprecom a nombre de la menor María Fernanda Trujillo Pérez, para
la autorización de los servicios de salud en comento, de manera que la
Secretaría de Salud en ningún momento ha violado los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante.
2.2 Caprecom EPSS
Mediante oficio recibido por el
juez de instancia el 21 de junio de 2012, la EPSS Caprecom manifestó: (i) que la
menor María Fernanda Trujillo Pérez se encuentra con afiliación vigente, (ii) que
dentro de las obligaciones que le corresponden como entidad prestadora del
servicio de salud siempre ha cumplido, autorizado y realizado todo lo prescrito
por los galenos tratantes y; (iii) que le seguirá prestando todos los servicios
ordenados siempre y cuando se encuentren incluidos dentro del POSS. En
consecuencia considera que no ha vulnerado ningún derecho fundamental.
Aduce haber realizado los
trámites administrativos correspondientes para el traslado a la IPS Hospital la
Misericordia de la ciudad de Bogotá y por tanto, a su juicio se configura una
carencia actual de objeto por hecho superado.
Por último, solicita la
desvinculación de la entidad como quiera que ya se encuentra pago y autorizado con
el Hospital la Misericordia el tratamiento integral de la menor de edad María Fernanda
Trujillo Pérez.
3.
Decisión judicial objeto de revisión
3.1. Primera Instancia
El Juzgado Cuarto Administrativo de
Descongestión de Neiva, mediante proveído de 28 de junio de 2012, concede el
amparo solicitado y ordena a Caprecom EPSS disponer todo lo necesario con el
fin de suministrarle a la menor, sin dilación alguna, los procedimientos
prescritos por su médico tratante, así como todo lo relacionado con el
transporte y estadía junto con un acompañante en la ciudad de Bogotá, con el
fin de que se le practiquen todos los procedimientos autorizados por la EPSS.
Adicionalmente, ordenó la desvinculación de la Secretaría de Salud
Departamental del Huila, toda vez que se corroboró que dicha entidad no ha
ocasionado menoscabo alguno a los derechos invocados en la presente acción de
amparo.
Impugnación
La EPSS Caprecom presenta escrito
de impugnación indicando que no le corresponde prestar y garantizar los
servicios no poss denominados “servicio de transporte y estadía de la
paciente y un acompañante en la ciudad de Bogotá”, toda vez que dicha
obligación recae sobre la Secretaría de Salud del Departamento. Por
consiguiente, solicita que dentro del fallo se incluya un numeral en el que se
dé la posibilidad de efectuar el recobro del 100% de los servicios no poss ante
dicha Secretaría, en la medida en que esa situación afecta el equilibrio
financiero de la EPSS.
3.2. Segunda Instancia
La Sala Tercera de Decisión del Sistema Oral del Tribunal
Contencioso Administrativo del Huila, mediante providencia del 26 de julio de
2012, revoca el fallo de primera instancia y en consecuencia niega la solicitud
de amparo. Indica que de acuerdo con lo prescrito en el artículo 41 de la Ley
1122 de 2007, a la parte actora le asiste otro medio de defensa judicial, consistente
en poner la queja ante la Superintendencia Nacional de Salud para garantizar la
efectiva prestación del servicio.
4. Pruebas relevantes que obran
dentro de este expediente
·
Copia de la tarjeta de identidad y carné de afiliación de la
menor de edad María Fernanda Trujillo Pérez, a la EPSS Caprecom.[7]
·
Copia de la cédula de ciudadanía y carné de afiliación de la
señora María Angélica Pérez Melgar a la EPSS Caprecom. [8]
·
Copia de la respuesta dada por la EPSS Caprecom mediante oficio
QUEJA PDDH-PDAM289, emitida el 7 de mayor de 2012, en la que se indican los
servicios autorizados y los que están en proceso de autorización con la IPS
Hospital la Misericordia en la ciudad de Bogotá.[9]
·
Copia de la historia clínica de la menor de edad María Fernanda
Trujillo Pérez. [10]
·
Copia de una orden de servicios para la realización de una
urodinamia estándar, expedida por la Fundación Hospital la Misericordia el 4 de
abril de 2012. [11]
·
Copia de una orden de servicios para la realización de una
ultrasonografía de vías urinarias: riñones, vejiga y próstata, expedida por la
Fundación Hospital la Misericordia el 4 de abril de 2012. [12]
·
Copia de una orden de valoración por urología pediátrica expedida
por la Fundación Hospital la Misericordia el 4 de abril de 2012. [13]
·
Copia de una orden de valoración por psicología expedida por la
Fundación Hospital la Misericordia el 4 de abril de 2012. [14]
·
Copia de una orden de valoración por gastroenterología expedida
por la Fundación Hospital la Misericordia el 4 de abril de 2012. [15]
·
Copia de una orden de valoración por fisiatría expedida por la
Fundación Hospital la Misericordia el 4 de abril de 2012. [16]
·
Copia de una orden de valoración por grupo de ostomizados para
reentrenamiento de cateterismo vesical intermitente libre de látex, expedida
por la Fundación Hospital la Misericordia el 4 de abril de 2012. [17]
·
Copia de una orden de valoración por neurocirugía expedida por la
Fundación Hospital la Misericordia el 4 de abril de 2012. [18]
·
Copia de una orden de servicios para la realización de una
vaginoscopia con instrumento óptico en niñas, expedida por la Fundación
Hospital la Misericordia el 4 de abril de 2012. [19]
·
Copias de solicitudes de autorización de servicios de salud,
radicadas el 26 de abril de 2012 emitidas por la IPS Hospital Universitario
Hernando Moncaleano Perdomo adscrita a la EPSS Caprecom. [20]
·
Copia de remisión núm. 121613 emitida por la IPS Hospital
Universitario Hernando Moncaleano Perdomo adscrita a la EPSS Caprecom, en la
que se ordena nuevo control por fisiatría.[21]
IV. ANTECEDENTES DEL EXPEDIENTE T-3627285
El señor
Eleazar García, actuando en representación de su esposa María Elena Lucas de
García, interpone acción de tutela en contra de la Nueva EPS, por considerar
que esta entidad le ha vulnerado sus derechos fundamentales a la salud y seguridad
social en conexidad con la vida en condiciones dignas de las personas de la
tercera edad, al negarse a dar a su cónyuge una adecuada atención domiciliaria,
la asignación de una IPS con acceso a minusválidos y personas de la tercera
edad, tratamiento integral, y facilidad de un medio de transporte para efectos
de trasladar a la señora María Elena durante la práctica de exámenes
prioritarios. Para fundamentar su solicitud, expuso los siguientes:
1. Hechos
1.1. Sostiene
que junto con su esposa se encuentran afiliados al sistema de seguridad social
en salud en el régimen contributivo, con la Nueva EPS debido a que cotiza como
pensionado con un IBC nivel 1.
1.2. Comenta
que la señora María Elena tiene en la actualidad 75 años, está en silla de
ruedas, no puede caminar y padece desde hace varios años de la enfermedad de
parkinson con estado de dependencia severo, pérdida de la fuerza y pérdida de
memoria recurrente, con síndrome depresivo severo, hipotiroidismo, epilepsia,
artrosis, tensión arterial, rigidez en miembros superiores e inferiores, tal y
como se puede corroborar en la historia médica expedida por la Nueva EPS.
1.4
Indica que a su cónyuge la están entendiendo en la IPS ubicada en la
carrera 43 A sur núm. 63-02 Barrio la Candelaria – Ciudad Bolívar de la ciudad
de Bogotá; sin embargo, la edificación en la que funciona la Nueva EPS no
cuenta con el mínimo de requisitos para garantizar el acceso a personas con
discapacidad y de la tercera edad toda vez que no tiene rampas de ingreso para
personas en silla de ruedas ni ascensores, “dan un trato inapropiado a las
personas de la tercera edad porque las atienden en el pasillo del primer piso
luego de 3 o 4 horas de espera, hasta que los médicos bajan a verlos sin
siquiera examinarlos adecuadamente porque no hay en donde”.
Adicionalmente, refiere que en la mencionada IPS no hay especialista ni
personal experto en el laboratorio clínico.
1.5
Expone que como consecuencia de las enfermedades que padece su cónyuge,
le han ordenado unas terapias físicas e interconsulta con psicología y psiquiatría,
en las cuales se le ha recomendado que es necesario realizar una buena terapia
a la paciente de forma domiciliaria debido a la gravedad de su estado de salud.
1.6
Informa que cada vez que su esposa tiene cita médica en esa IPS debe trasladarla
en taxi, tanto de ida como de regreso, y dichos costos se tornan demasiado
altos debido a que cuenta solamente con el ingreso de su pensión, equivalente a
un salario mínimo.
1.7
De acuerdo con lo anterior, solicita: (i) autorización de atención
domiciliaria con terapias físicas; (ii) valoración por psicología y psiquiatría;
(iii) valoración por reumatología; (iv) toma de laboratorios en una IPS con
acceso adecuado para discapacitados; (v) trato digno y adecuado por parte de su
EPS; (vi) pago del transporte para desplazarse a las citas médicas y a la toma
de laboratorios; y (vii) la adecuación de la infraestructura y el personal
médico de la IPS de la Candelaria, con el fin de que se garantice el acceso de
las personas discapacitadas y de la tercera edad a las citas médicas.
2.
Respuesta de la entidad demanda: Nueva EPS
Adujo que tanto el accionante como su cónyuge se encuentran afiliados a
esa entidad en el régimen contributivo con un IBC nivel 1.
Manifiesta que una vez verificado el resumen de la historia clínica de la
paciente, se evidencia que el médico tratante no ha ordenado atención
domiciliaria y por tanto, es necesario programar una visita médica domiciliaria
para definir el ingreso al plan y así establecer el manejo.
Menciona que
en lo referente a las consultas de psicología, psiquiatría, neurología y
reumatología es pertinente aclarar que dentro de las actividades establecidas
por el programa de atención domiciliaria no se contemplan visitas de médicos
especialistas por lo que la señora Lucas de García debe continuar accediendo a
estas en forma ambulatoria.
Precisa que, de
conformidad con la legislación vigente, el cubrimiento de los gastos de
desplazamiento solo procede para las zonas que han sido catalogadas como
especiales por su ubicación y sus condiciones de acceso, precisando que la
negativa de las entidades de salud a reconocer los gastos que involucren el
desplazamiento del lugar de residencia al sitio donde se autorizó realizar el
tratamiento médico, no implica la vulneración del derecho fundamental a la
salud, en razón a que tales gastos pueden ser asumidos por la propia persona o
por sus familiares.
Finalmente,
solicita se le exonere de la responsabilidad indicando que en ningún momento ha
ocasionado la vulneración de los derechos alegados por el peticionario.
3.
Decisión judicial objeto de revisión
El Juzgado Segundo Civil del
Circuito de Bogotá, mediante sentencia del 18 de julio de 2012, denegó la
protección constitucional solicitada por considerar que en el presente asunto: (i)
si bien es cierto se corrobora el delicado estado de salud de la agenciada, no
se observa prueba alguna que permita establecer la falta de capacidad de pago
que argumenta el peticionario; (ii) tampoco se evidencia la negativa en la
prestación del servicio de salud por parte de la EPS accionada; y finalmente;
(iii) no se encuentra la prescripción de la necesidad del transporte domiciliario
ni la negativa del mismo por parte de la EPS.
4. Pruebas relevantes que obran
dentro de este expediente
·
Copia de la cédula de ciudadanía de la señora María Elena Lucas
de García y del carné de afiliación como beneficiaria de su esposo en la Nueva EPS.
·
Copia de la cédula de ciudadanía del señor Eleazar García.
·
Copia de la historia clínica de la señora María Elena Lucas de
García expedida por la Nueva EPS. Dentro de la mencionada historia clínica se observa
a folios 3 a 5 una orden de remisión a terapia física del 7 de abril de 2012,
así como a valoración de control por especialidades para (i) dermatología por
lesión costrosa en la región cigomática, (ii) psiquiatría, por presentar
síndrome depresivo severo, al punto que no quiere comer ni caminar; (iii) neurología
(paciente con enfermedad de parkinson con estado de dependencia severo, pérdida
de fuerza y pérdida de memoria recurrente, inhibición motora total, lo cual
implica que debe ser asistida en su alimentación, aseo y cuidados personales).
·
Orden de control emitida el 12 de abril de 2012 por el psiquiatra
tratante, para dentro de 2 meses.
·
Orden del médico especialista en neurología, que demanda el
inicio del Plan de tratamiento con observancia del siguiente protocolo: (i)
valoración prioritaria por fonoaudiología para determinar deglución y de esta
forma definir vía de alimentación; (ii) valoración por fisiatría; (iii)
valoración de RM Cerebral y estudios.[22]
V. ANTECEDENTES DEL EXPEDIENTE T-3629627
La señora
Blanca Elisa Escobar Chávez, actuando en representación de su progenitora, la
señora Dolly Chaves [23]
de Escobar, interpone acción de tutela en contra de Comfandi IPS, Servicio
Occidental de Salud EPS S.A. SOS, y el Ministerio de Salud y Protección Social,
al considerar que estas entidades le han vulnerado sus derechos a la salud y seguridad
social en conexidad con la vida digna, debido a que se han negado a autorizar
el servicio de hospital en casa, una enfermera permanente, dotación de pañales
desechables e insumos de aseo personal, cremas anti escaras, complementos
nutricionales y servicio de transporte en ambulancia para acudir a citas
médicas y procedimientos. Para fundamentar su solicitud, la accionante expuso
los siguientes:
1.
Hechos.
1.1. Sostiene
que su señora madre Dolly Chaves de Escobar, es una persona de 77 años, se
encuentra afiliada como beneficiaria activa a Servicio Occidental de Salud EPS
S.A. SOS, entidad del sistema de seguridad social en salud del régimen contributivo.
1.2.
Comenta que desde hace cinco (5) años padece las enfermedades de demencia por
alzhaimer, diabetes e hipertensión, lo que conlleva a que no pueda valerse por
sí misma ni controle esfínteres. Razón por la cual la especialista adscrita a la
EPS le recomendó colocarle un “botón gástrico”, manejarla
en cama y verificar constantemente los problemas de deglución que presenta la
paciente.
1.3.
Indica que el 30 de diciembre de 2012 el médico tratante ordenó el
manejo de la enfermedad de la señora Dolly Chaves con pañales desechables.[24]
1.4.
Expone que el 4 de julio de 2012 el médico tratante adscrito a la EPS
emitió una fórmula médica ordenando 120 pañales desechables (4 x día), óxido de
zinc (desitin) para aplicación diaria y “Entprex” en polvo.
Motivo por el cual le solicitó a la EPS el correspondiente suministro, pero dicha
petición fue negada con fundamento en que se encuentra excluida del POS.
1.5.
Informa que su situación económica es muy difícil ya que el único
ingreso económico de su familia y su señora madre es de una pensión por
sustitución de la que la peticionaria es beneficiaria. Precisa que la señora
Dolly es viuda y que no cuenta con ninguna entrada de recursos con los cuales
pueda proveerse lo necesario para llevar una vida en condiciones dignas durante
el manejo de su enfermedad en casa.
1.6.
Precisa que, por el estado de agresividad que presenta como paciente y el
delicado estado de salud de la señora Dolly Chaves, se le dificulta
transportarla en taxi, ya que además de ser costoso es difícil por el
comportamiento.
1.7.
Con fundamento en lo anterior, la peticionaria solicita el amparo de los
derechos fundamentales de su progenitora y que en consecuencia se ordene la
autorización del servicio “home cure” u hospital en casa,
enfermera permanente, consultas de control en casa, dotación de insumos
(pañales desechables, pañitos húmedos, guantes, tapabocas, cremas para
escaras), complementos nutricionales y el servicio de transporte en ambulancia.
2. Respuesta
de las entidades demandas
2.1. Servicio Occidental de Salud EPS S.O.S.
Adujo que la accionante se encuentra afiliada a esa entidad en el régimen
contributivo como beneficiaria activa.
Manifiesta que se le han dado varias órdenes para atención domiciliaria
de terapias de fonoaudiología, fisioterapia y terapia respiratoria.
Menciona que los
pañales desechables se encuentran excluidos del POS, que no existe orden médica
al respecto y que no es posible suministrar el servicio de transporte toda vez
que no existe orden de remisión interinstitucional.
Precisa que
de acuerdo con la situación de la paciente, a su juicio, esta no aplica para
manejo con enfermera 24 horas según criterios de evaluación propios de su
protocolo.
Finalmente,
solicita se le exonere de la responsabilidad alegando la inexistencia en la
negativa de la prestación del servicio de salud.
2.2.
Comfandi IPS
Indica que como
IPS no es la encargada de autorizar los procedimientos, medicamento y servicios,
ya que de acuerdo con lo contemplado en la Ley 100 de 1993 dicha tarea recae en
la EPS.
Manifiesta
que ha cumplido a cabalidad con sus obligaciones, que se encuentra pendiente
una valoración del médico especialista para cirugía pero que la misma ya está
autorizada. Finalmente, aduce que la solicitud de amparo constitucional carece
de objeto respecto de la IPS y en consecuencia debe exonerársele de la
responsabilidad endilgada.
2.3.
Ministerio de Salud y Protección Social
Indica las
pautas que a su juicio se deben seguir en lo concerniente a la protección del
derecho a la salud y recuerda que el despacho debe omitir ordenar el recobro
ante el Fosyga.
3.
Decisión judicial objeto de revisión en este caso
3.1. Primera Instancia
El Juzgado Quinto Civil
Municipal de Palmira (Valle del Cauca), mediante sentencia del 29 de junio de 2012,
denegó la protección constitucional solicitada. Ello con fundamento en que no
evidencia una negación del servicio toda vez que a la paciente se le está
brindando atención especializada para el manejo de su patología y el hecho de
que no se le hayan autorizado pañales desechables, pañitos húmedos, tapabocas,
cremas contra escaras, “home cure” u hospital en casa,
enfermera permanente, consultas de control en casa, complementos nutricionales
y servicio de ambulancia, obedece a que los mismos no han sido prescritos por
su médico de cabecera ni han sido tramitados ante la EPS.
Impugnación
La parte actora manifiesta su inconformidad con el fallo y
presenta escrito de impugnación aduciendo que ya los pañales desechables habían
sido ordenados por el médico tratante adscrito a la EPS, y pese a haber
solicitado al autorización de los mismos ante la EPS, esta se negó a
autorizarlos argumentando que están fuera del POS. Adicionalmente, recuerda su
incapacidad económica para asumir el gasto que conlleva el cuidado de la señora
Dolly Chaves en condiciones dignas y reitera las peticiones del escrito de
tutela.
3.2. Segunda Instancia
El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Palmira (Valle del
Cauca), mediante providencia del 8 de agosto de 2012, confirma la sentencia de
primera instancia y en consecuencia, niega la protección invocada. Aduce que no
existe prescripción médica adicional a la de los pañales desechables, que
indique que la paciente necesite pañitos húmedos, tapabocas, cremas contra
escaras, “home cure” u hospital en casa, enfermera
permanente, consultas de control en casa, complementos nutricionales y servicio
de ambulancia. No obstante lo anterior, en la segunda parte del resuelve, el
juez de exhorta a Comfandi IPS y a Servicio Occidental de Salud SOS EPS, para
que a la mayor brevedad posible procuren la valoración médica pertinente de la
señora Dolly Chaves de Escobar.
4.  Pruebas relevantes que
obran dentro de este expediente.
·
Copia de la historia clínica de la señora Dolly Chaves de Escobar.[25]
·
Copia de la cédula de ciudadanía de la señora Blanca Elisa
Escobar Chávez.
·
Copia de la cédula de ciudadanía de la señora Dolly Chaves de
Escobar.[26]
·
Copia de la cédula de ciudadanía de la señora Blanca Elisa Escobar
Chávez.[27]
·
Copia de la fórmula médica en la que se ordena el suministro de
pañales y crema “Desitin” dictaminada por el médico
tratante adscrito a la EPS.[28]
·
Copia de formato de servicios de salud y/o medicamentos en el que
se niega la autorización del suministro de pañales desechables.[29]
VI.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS.
1.
Competencia
Esta Corte
es competente para conocer los fallos materia de revisión, de conformidad con
lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y en los
artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Planteamiento del problema jurídico
Conforme a la
situación fáctica planteada, corresponde a esta Sala de Revisión determinar si una
entidad prestadora del servicio de salud vulnera los derechos fundamentales a
la vida digna, salud, integridad personal, mínimo vital y seguridad social de los
usuarios, al negarles con fundamento en no encontrarse en el plan obligatorio
de beneficios, el suministro de los pañales desechables y de los otros insumos,
medicamentos, procedimientos y servicios que demandan, ante las especiales
condiciones de vulnerabilidad por el estado de salud en que se encuentran y los
escasos recursos económicos con los que cuentan.
Para resolver
el anterior problema jurídico la Sala abordará los siguientes asuntos: (i)
legitimación para actuar como agente oficioso o representante; (ii) procedencia
de la acción de tutela cuando lo que se busca es proteger el derecho
fundamental a la salud; (ii) deber de las EPS de prestación del servicio de
salud sin dilaciones conforme al principio de integralidad; (iii) principio de
integralidad y servicio de transporte en el sistema de salud; y (iv) el
suministro de pañales. Por último, (v) se entrará a analizar los casos concretos.
3. Legitimación
para actuar como agente oficioso o representante. Reiteración de Jurisprudencia
El artículo 86 superior establece
que la acción de tutela puede ser promovida por cualquier persona, ya sea por
sí misma o por medio de un tercero que actúe en su nombre, cuando sus derechos
constitucionales fundamentales resulten vulnerados o amenazados por la acción o
la omisión de las autoridades públicas y, excepcionalmente, por los
particulares.
En desarrollo de este precepto
constitucional, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 indicó que la acción de
tutela puede ser ejercida directamente por la persona afectada o por medio de
un representante, caso en el cual, los poderes se presumirán auténticos. A su
vez, el inciso segundo de esta disposición establece la posibilidad de ejercer
la acción de tutela a través de la agencia oficiosa[30], cuando el titular de
los derechos fundamentales no está en condiciones de promover su propia
defensa, circunstancia que debe manifestarse en la solicitud. Así mismo, podrán
interponerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales, en guarda de
los derechos fundamentales[31].
4.
Procedencia de la acción de
tutela cuando lo que se busca proteger es el derecho fundamental a la salud[32]. Reiteración de jurisprudencia
4.1 La
Constitución Política consagra en sus artículos 48 y 49 el derecho a la
seguridad social y determina que la salud es un servicio público esencial a
cargo del Estado, que debe ser prestado con sujeción a los principios de
eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la ley[33].
4.2 Inicialmente
la Corte diferenció los derechos protegidos mediante la acción de tutela de los
de contenido exclusivamente prestacional, de tal manera que el derecho a la
salud, para ser amparado por vía de tutela, debía tener conexidad con el
derecho a la vida, la integridad personal o la dignidad humana. Se protegía
como derecho fundamental autónomo cuando se trataba de los niños, en
razón a lo dispuesto en el artículo 44 de la Constitución, y en el ámbito
básico cuando el accionante era un sujeto de especial protección.
4.3 En la
sentencia T-858 de 2003 la Corte Constitucional precisó las dimensiones de
amparo de este derecho, para lo cual sostuvo lo siguiente:
“En
abundante jurisprudencia esta Corporación ha señalado que la protección
ofrecida por el texto constitucional a la salud, como bien jurídico que goza de
especial protección, tal como lo enseña el tramado de disposiciones que
componen el articulado superior y el bloque de constitucionalidad, se
da en dos sentidos: (i) en primer lugar, de acuerdo al artículo 49
de la Constitución, la salud es un servicio público cuya organización,
dirección y reglamentación corresponde al Estado. La prestación de este
servicio debe ser realizado bajo el impostergable compromiso de satisfacer los
principios de universalidad, solidaridad y eficiencia que, según dispone el
artículo 49 superior, orientan dicho servicio. En el mismo sentido, como
fue precisado por esta Sala de revisión en sentencia T-016 de 2007, el diseño
de las políticas encaminadas a la efectiva prestación del servicio público de
salud debe estar, en todo caso, fielmente orientado a la consecución de los altos
fines a los cuales se compromete el Estado, según lo establece el artículo 2°
del texto constitucional.
“(ii)
La segunda dimensión en la cual es protegido este bien jurídico es
su estructuración como derecho. Sobre el particular, la jurisprudencia de esta
Corporación ha señalado que el derecho a la salud no es de aquellos cuya
protección puede ser solicitada prima facie por vía de tutela. No obstante, en
una decantada línea que ha hecho carrera en los pronunciamientos de la
Corte Constitucional, se ha considerado que una vez se ha superado la
indeterminación de su contenido –que es el obstáculo principal a su
estructuración como derecho fundamental- por medio de la regulación ofrecida
por el Congreso de la República y por las autoridades que participan en
el Sistema de Seguridad Social; las prestaciones a las cuales se encuentran
obligadas las instituciones del Sistema adquieren el carácter de derechos
subjetivos(…)”. (Negrillas fuera del texto original).
Desde entonces, la Corte
ha reconocido que el derecho a la salud posee
una doble connotación: (i) como un derecho
fundamental y (ii) como un servicio público.
En tal
razón ha considerado que:
“En
materia de amparo del derecho fundamental a la salud por vía de tutela una vez
adoptadas las medidas de orden legislativo y reglamentario orientadas a
determinar cuáles son las prestaciones obligatorias en salud y a trazar las
vías de acceso a la seguridad social, si se cumplen los requisitos
previstos en estos escenarios, todas las personas sin excepción
pueden acudir a la acción de tutela para lograr la efectiva protección de su
derecho constitucional fundamental a la salud cuando quiera que este
derecho se encuentre amenazado de vulneración o haya sido conculcado.
Por tal
motivo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido constante y
enfática en afirmar que tratándose de la negación de un servicio,
medicamento o procedimiento incluido en el Plan Obligatorio de Salud (P.O.S.),
en el Plan Obligatorio de Salud Subsidiado (POSS), en el Plan de Atención
Básica (PAB), en el Plan de Atención Complementaria (PAC) así como ante
la no prestación de servicios relacionados con la obligaciones básicas
definidas en la Observación No. 14 del Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, puede acudirse directamente a la tutela para
lograr su protección”[34].
Ello quiere
decir que procede el amparo en sede de tutela cuando resulta imperioso velar
por los intereses de cualquier persona que así lo requiera[35]. En tal sentido, la salud como servicio público
esencial a cargo del Estado, además de regirse por los principios de
eficiencia, universalidad y solidaridad, que consagra expresamente el artículo
49 de la Constitución Política, debe dar cumplimiento al principio de continuidad,[36]
que conlleva su prestación de forma ininterrumpida, constante y permanente, sin
que sea admisible su paralización sin la debida justificación constitucional.[37]
Lo anterior, por cuanto la materialización del derecho fundamental a la
salud exige que todas las entidades que prestan dicho servicio se obliguen a la
óptima prestación del mismo, en la búsqueda del goce efectivo de los derechos
de sus afiliados conforme al marco normativo señalado, comoquiera que la salud
compromete el ejercicio de distintas garantías, como es el caso del derecho a la
vida y a la dignidad humana[38].
5.     Las
EPS tienen el deber de prestar el servicio
de salud sin dilaciones y de acuerdo con el principio de
integralidad.[39]
5.1. Como se
explicó en el acápite precedente, en la actualidad el derecho a la salud es
considerado como fundamental de manera autónoma y se vincula directamente con el
principio de dignidad humana, en la medida en que responde a la necesidad de
garantizar al individuo una vida en condiciones mínimas. No solo porque dicha
salvaguarda protege la mera existencia física de la persona, sino porque,
además, se extiende a la parte psíquica y afectiva del ser humano.[40]
De acuerdo
con los artículos 48 y 49 la Constitución Política y los artículos 153[41] y 156[42] de la Ley
100 de 1993, el servicio a la salud debe ser prestado conforme con los
principios de eficacia, igualdad, moralidad, economía, celeridad,
imparcialidad, publicidad e integralidad, lo que implica que tanto el Estado
como las entidades prestadoras del servicio de salud tienen la obligación de
garantizar y materializar dicho servicio sin que existan barreras o pretextos
para ello. Al respecto esta Corporación, en la sentencia T-576 de 2008, precisó
el contenido del principio de integralidad de la siguiente manera:
“16.- Sobre este extremo, la Corte ha enfatizado el
papel que desempeña el principio de integridad o de integralidad y ha
destacado, especialmente, la forma como este principio ha sido delineado por el
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del mismo modo que
por las regulaciones en materia de salud y por la jurisprudencia constitucional
colombiana. En concordancia con ello, la Corte Constitucional ha
manifestado en múltiples ocasiones que la atención en salud
debe ser integral y por ello, comprende todo cuidado, suministro de
medicamentos, intervenciones quirúrgicas, prácticas de rehabilitación, exámenes
de diagnóstico y seguimiento de los tratamientos iniciados así como todo otro
componente que los médicos valoren como necesario para el
restablecimiento de la salud del/ de la (sic)
paciente[43].
(subrayado fuera de texto).
17.- El principio de integralidad es así uno de los
criterios aplicados por la Corte Constitucional para decidir sobre
asuntos referidos a la protección del derecho constitucional a la salud. De
conformidad con él, las entidades que participan en el Sistema de Seguridad
Social en Salud - SGSSS - deben prestar un tratamiento integral a sus
pacientes, con independencia de que existan prescripciones médicas
que ordenen de manera concreta la prestación de un servicio específico.
Por eso, los jueces de tutela deben ordenar que se garantice todos los
servicios médicos que sean necesarios para concluir un tratamiento[44].”
(Subrayado fuera del texto original).
En dicha sentencia también se precisaron las facetas del
principio de atención integral en materia de salud:
“A propósito de lo expresado, se distinguen dos
perspectivas desde las cuales la Corte Constitucional ha desarrollado el
principio de integridad de la garantía del derecho a la salud. Una,
relativa a la integralidad del concepto mismo de salud, que llama la atención
sobre las distintas dimensiones que proyectan las necesidades de las personas
en materia de salud, valga decir, requerimientos de orden preventivo,
educativo, informativo, fisiológico, psicológico, emocional, social,
para nombrar sólo algunos aspectos.[45]
La otra perspectiva, se encamina a destacar la necesidad de proteger el
derecho constitucional a la salud de manera tal que todas las prestaciones
requeridas por una persona en determinada condición de salud, sean garantizadas
de modo efectivo. Esto es, el compendio de prestaciones orientadas a asegurar
que la protección sea integral en relación con todo aquello que sea
necesario para conjurar la situación de enfermedad particular de un(a)
paciente.”
5.2. En
síntesis, el principio de integralidad, tal y como ha sido expuesto, comprende
dos elementos: “(i) garantizar la continuidad en la prestación del
servicio y (ii) evitar a los accionantes la interposición de nuevas acciones de
tutela por cada nuevo servicio que sea prescrito por los médicos adscritos a la
entidad, con ocasión de la misma patología”[46]. De igual modo, se dice
que la prestación del servicio en salud debe ser:
-
Oportuna: indica que el
usuario debe gozar de la prestación del servicio en el momento que corresponde
para recuperar su salud, sin sufrir mayores dolores y deterioros. Esta
característica incluye el derecho al diagnóstico del paciente, el cual es
necesario para establecer un dictamen exacto de la enfermedad que padece el
usuario, de manera que permita que se brinde el tratamiento adecuado.[47]
-
Eficiente: implica
que los trámites administrativos a los que está sujeto el paciente sean
razonables, no demoren excesivamente el acceso y no impongan al interesado una
carga que no le corresponde asumir.[48]
- De
calidad: esto quiere decir que los
tratamientos, medicamentos, cirugías, procedimientos y demás prestaciones en
salud requeridas contribuyan, a la mejora de las condiciones de vida de los
pacientes.[49]
En
consecuencia, la materialización del principio de integralidad conlleva a que
toda prestación del servicio se realice de manera oportuna, eficiente y con
calidad; de lo contrario se vulneran los derechos fundamentales de los
usuarios del sistema de salud.
6.     Principio
de integralidad y servicio de transporte en el sistema de salud[50]
6.1. El servicio
de transporte se encuentra regulado en el Acuerdo núm. 029 de 2011 como una garantía
del acceso oportuno, eficiente y de calidad por parte de los usuarios al
servicio de salud, de acuerdo con el principio de integralidad. [51]
De manera que los
elementos esenciales del servicio de salud se ven socavados cuando los usuarios
de las EPS no pueden acceder a las atenciones hospitalarias realizadas en un
lugar diferente al de su residencia, debido a que ni el paciente ni su familia
cuentan con capacidad económica suficiente para asumir dicho traslado.
6.2. Si bien
el servicio de transporte no es una prestación médica, sí se ha considerado por
el ordenamiento jurídico, a partir de decisiones de esta corporación, como un
medio para acceder al servicio de salud.[52]
En esa medida, se torna obligatorio garantizarlo cuando su no prestación ocasiona
consecuencias graves respecto a la garantía de acceso al servicio.
En lo concerniente al servicio de
transporte y la obligación de ser asumido por la EPS, esta corporación, en la sentencia
T-352 de 2010, expresó lo siguiente:
“1.3. La garantía
constitucional de acceso a los servicios de salud, implica que, además de
brindarse los tratamientos médicos para  proteger la salud de la persona,
se deben eliminar las barreras que impiden la materialización efectiva del
servicio. Esta Corte ha identificado que el transporte es un medio para
acceder al servicio de salud, y aunque no es una prestación médica como tal, en
ocasiones se constituye en una limitante para lograr su materialización,
especialmente cuando las personas carecen de los recursos económicos
para sufragarlo. Por ello, ha considerado que “toda persona tiene derecho a que
se remuevan las barreras y obstáculos que [le] impidan… acceder a los servicios
de salud que requiere con necesidad, cuando éstas implican el desplazamiento a
un lugar distinto al de residencia, debido a que en su territorio no
existen instituciones en capacidad de prestarlo, y la persona no puede asumir
los costos de dicho traslado”.
El transporte es un
servicio que, de conformidad con el Acuerdo 08 de 2009 emitido por la
Comisión de Regulación en Salud[53],
se encuentra incluido dentro del Plan Obligatorio de Salud del régimen
contributivo y del régimen subsidiado, en los siguientes casos[54]:
(i) para el traslado en ambulancia entre instituciones prestadoras de servicios
de salud de pacientes remitidos por otra institución, que no cuenta con el
servicio requerido; (ii) cuando el paciente sea remitido en ambulancia para
recibir atención domiciliaria bajo la responsabilidad del prestador de
salud, y según el criterio del médico tratante; y (iii) cuando se requiere el
transporte de un paciente ambulatorio, en un medio diferente a la ambulancia,
para que acceda a un servicio que no esté disponible en el municipio de
su residencia[55].
La inclusión del
transporte en el Plan Obligatorio de Salud no es absoluta, ya que no basta con
que en el municipio donde reside el paciente no exista la prestación médica que
requiere, para que los planes de salud cubran el traslado con la
finalidad de acceder al servicio. Por ende, solamente los pacientes
“ambulatorios” que se encuentren bajo los supuestos que señala la norma, pueden
recibir efectivamente el servicio médico ordenado.
En los demás casos,
cuando la carencia de recursos para sufragar el desplazamiento impide
que una persona se traslade a una IPS para recibir un servicio médico, esta
carencia se constituye en una barrera para acceder al goce efectivo de su
derecho a la salud; y en consecuencia, corresponderá al Juez
Constitucional aplicar la regla jurisprudencial para la procedencia del amparo
para financiar el traslado, en los casos donde se acredite que “(i) ni el
paciente ni sus familiares cercanos tienen los recursos económicos suficientes
para pagar el valor del traslado y (ii) de no efectuarse la remisión se
pone en riesgo la vida, la integridad física o el estado de salud del usuario.[56]”
Sumado a lo
anterior, esta Corte ha reconocido que:
“(…)… la
identificación de los eventos en los cuales es viable autorizar el servicio de
transporte o suministrar ayuda económica depende del análisis fáctico en cada
caso concreto, donde el juez debe evaluar la pertinencia, necesidad y
urgencia de la medida, así como las condiciones económicas del actor y su
núcleo familiar. Así entonces, cuando deban prestarse servicios médicos en
lugares diferentes al de la sede del paciente, si éste ni su familia disponen
de los recursos suficientes para tal fin y se comprometen sus derechos
fundamentales, procede la acción de tutela para ordenar a la EPS que
pague los costos pertinentes y, posteriormente, recobre a la entidad estatal
correspondiente, por los valores que no esté obligada a sufragar”.[57]
6.3. Para dar
mayor claridad sobre el rol que cumple el servicio de transporte en el sistema
de salud, es necesario hacer una síntesis sobre las reglas que normativa[58] y
jurisprudencialmente[59]
se han desarrollado para reclamarlo mediante tutela. Las citadas directrices
son las siguientes:
(i). El
servicio de transporte se encuentra dentro del POS y en consecuencia debe ser
asumido por la EPS en aquellos eventos en los que[60]:
-
Un paciente sea remitido en ambulancia por una IPS a otra, cuando la
primera no cuente con el servicio requerido.
-
Se necesite el traslado del paciente en ambulancia para recibir atención
domiciliaria bajo la responsabilidad de la EPS y según el criterio del médico
tratante.
-
Un paciente ambulatorio deba acceder a un servicio que no esté
disponible en el municipio de su residencia y necesite ser transportado en un
medio diferente a la ambulancia[61].
(ii). Cuando se pretende que una
EPS del régimen contributivo o subsidiado asuma los costos que demanda el
desplazamiento de un usuario para acceder a un servicio médico, el juez de
tutela debe verificar que“(i) ni el paciente ni sus familiares
cercanos tienen los recursos económicos suficientes para pagar el valor del
traslado y que (ii) de no efectuarse la remisión se pone en
riesgo la vida, la integridad física o el estado de salud del usuario.[62]”.
Lo anterior se fundamenta en
que toda persona tiene derecho a que se remuevan las barreras y obstáculos que
le impidan acceder a los servicios de salud que requiere con urgencia,
cuando implican el desplazamiento a un lugar distinto al de su residencia,
debido a que en su territorio no existen instituciones en capacidad de
prestarlo y la persona no puede asumir los costos de dicho traslado.
Para efecto de lo anterior[63], se deben recordar
algunas pautas establecidas en la sentencia T-022 de 2011, en donde se
reiteraron las directrices probatorias en materia de incapacidad económica que
a continuación se transcriben[64]:
“(i) sin
perjuicio de las demás reglas, es aplicable la regla general en materia
probatoria, según la cual, incumbe al actor probar el supuesto de hecho que
permite obtener la consecuencia jurídica que persigue; (ii) ante la afirmación
de ausencia de recursos económicos por parte del actor (negación indefinida),
se invierte la carga de la prueba correspondiendo en ese caso a la entidad
demandada demostrar lo contrario; (iii) no existe tarifa legal para demostrar
la ausencia de recursos económicos, la misma se puede intentar mediante
negaciones indefinidas, certificados de ingresos, formularios de
afiliación al sistema, extractos bancarios, declaración de renta, balances
contables, testimonios, indicios o cualquier otro medio de prueba; (iv)
corresponde al juez de tutela ejercer activamente sus poderes inquisitivos
en materia probatoria, con el fin de establecer la verdad real en cada caso,
proteger los derechos fundamentales de las personas y garantizar la corrección
del manejo de los recursos del sistema de seguridad social en salud, haciendo
prevalecer el principio de solidaridad cuando el peticionario cuenta con
recursos económicos que le permitan sufragar el costo de las intervenciones,
procedimientos o medicamentos; (v) en el caso de la afirmación indefinida del
solicitante respecto de la ausencia de recursos económicos, o de
afirmaciones semejantes, se presume su buena fe en los términos del artículo 83
de la Constitución, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal
que le quepa, si se llega a establecer que tal afirmación es falsa o
contraria a la realidad (vi) hay presunción de incapacidad económica frente a
los afiliados al SISBÉN teniendo en cuenta que hacen parte de los
sectores más pobres de la población”.
Esto quiere decir que al
presentarse una acción de amparo para reclamar el cubrimiento de un servicio
como el de transporte, en principio corresponde al accionante y su familia
poner en conocimiento su situación económica. Sin embargo, ante la negación
indefinida (no poder asumir los costos del servicio), se invierte la carga
probatoria en cabeza de la EPS a la cual se reclama el servicio.[65]
Ello debido a que las EPS tienen en sus archivos información
referente a la situación socioeconómica de sus afiliados y por tanto están en
la capacidad de controvertir o ratificar las afirmaciones formuladas por los
accionantes referentes a su incapacidad económica. En esa medida, su
inactividad al respecto hace que las afirmaciones presentadas por el accionante
se tengan como prueba suficiente.[66]
Adicionalmente, la jurisprudencia ha explicado que ante la ausencia
de otros medios probatorios (es decir, situación de desempleo, extractos
bancarios, escrituras, etc.), por el hecho de estar afiliado al sistema de
seguridad social en salud en calidad de beneficiario y no de cotizante[67], pertenecer
al grupo poblacional vulnerable y tener ingresos mensuales equivalentes a uno o
dos salarios mínimos legales mensuales, se puede determinar que tales
situaciones son indicativas de la incapacidad económica del accionante, siempre
y cuando tal condición no haya sido controvertida por el demandado.[68]
(iii). De otra parte, se debe comprobar si el paciente al cual se
tiene que trasladar, puede hacerlo por sus propios medios o si por el contrario
necesita de una persona que lo acompañe en razón a su estado de salud. En estos
eventos la Corte incluso ha garantizado la posibilidad de que se brinden los
medios de transporte y traslado a un acompañante, cuando sea necesario. La
regla jurisprudencial aplicable para la procedencia del amparo constitucional
respecto de la financiación del traslado del acompañante exige que: “(i)
el paciente sea totalmente dependiente de un tercero para su desplazamiento,
(ii) requiera atención permanente para garantizar su integridad física y
el ejercicio adecuado de sus labores cotidianas y (iii) ni él ni su núcleo
familiar cuenten con los recursos suficientes para financiar el traslado.”[69]
6.4. En conclusión, de acuerdo
con las reglas jurisprudenciales precitadas, corresponde el juez de tutela evaluar
si el requerimiento del servicio de transporte es pertinente, necesario y
urgente con referencia a la situación de salud específica del usuario. Así
mismo, debe indagar si el hecho de no autorizarse un servicio de traslado se
convierte en un obstáculo para acceder al servicio de salud de manera adecuada
y con dignidad, cuando se verifique que la situación económica del accionante y
su familia es insuficiente para asumirlo por sus propios medios.
7. Suministro de
pañales desechables. Reiteración de jurisprudencia[70]
Esta corporación ha indicado que
existen circunstancias que ameritan el suministro de un medicamento o la
práctica de un tratamiento o intervención no POS, en aquellos eventos en los
que dicha situación amenaza o vulnera la integridad personal y la vida en
condiciones dignas y justas del paciente.
Es necesario recordar que este
Tribunal en abundante jurisprudencia ha estudiado el asunto del suministro de
pañales, bajo el entendido de que si bien no pueden entenderse strictu sensu
como un servicio médico, se trata de un elemento indispensable para la salud,
para preservar el goce de una vida en condiciones dignas y justas de quien lo
requiere con urgencia, y debe ser facilitado aunque no allegue al expediente fórmula
del médico tratante adscrito a la entidad que prescriba su suministro[71]. Al
respecto, por ejemplo, la Corte, en sentencia T-595 de 1999 la Corte señaló lo
siguiente:
“La
Corte, en numerosa jurisprudencia, ha establecido que la exclusión de ciertos
tratamientos y medicamentos de la cobertura del Plan Obligatorio de
Salud, no puede ser examinada por el juez de tutela, simplemente desde la
perspectiva de lo que dice la normatividad, y, en virtud de ello, aceptar la
negativa, por no violar las disposiciones respectivas. Se ha reiterado,
una y otra vez, que corresponde al juez constitucional examinar el caso
concreto, y, de acuerdo con el examen al que llegue, estimar si la negativa de
la entidad pone o no en peligro el derecho fundamental a la salud o a la vida
del interesado, o algún otro derecho fundamental, que tenga relación con
ellos.
En el
presente caso, el juez de instancia sólo realizó el examen sobre la salud de la
paciente, y concluyó que la negativa de la entidad, al no poner en peligro la
salud o la vida de la señora Aldana, no violaba sus derechos
fundamentales, y, por consiguiente, había que denegar la tutela.
Sin
embargo, en la sentencia que se revisa, el juez no examinó un aspecto que
adquiere especial importancia: la relación entre lo pedido y la dignidad humana.
No examinó que se trata de una anciana, que padece demencia senil, que no
controla esfínteres y que la situación económica no le permite a su cónyuge
suministrarle los artículos de aseo que su situación especial requiere. Y
requiere tales pañales, precisamente por la enfermedad que padece. Es
decir, existe una relación directa entre la dolencia (no controla esfínteres) y
lo pedido.
Al
respecto, no se precisan profundas reflexiones para concluir que la negativa de
la entidad, sí afecta la dignidad de la persona, en uno de sus aspectos
más íntimos y privados, y que impide la convivencia normal con sus congéneres.
En este caso, la negativa de la entidad conduce a menoscabarle la dignidad de
persona y la puede llevar al aislamiento, producto, se repite, de la
enfermedad que sufre”.
Del mismo
modo, en posteriores pronunciamientos y con base en el principio de atención
integral, la Corte ha ordenado el suministro de esta prestación sin que exista
una orden médica que los prescriba. Así, por ejemplo en la sentencia T-574 de
2010 se dijo:
“Ahora
bien, como quiera que en decisiones anteriores esta Sala ha ordenado el
suministro de prestaciones sin una orden médica[72] y que en el caso
concreto el señor Luis Eduardo Rivera Cortés presenta una PARÁLISIS CEREBRAL y
sufre de EPILEPSIA PARCIAL DE DIFÍCIL CONTROL lo que produce, como es
evidente y notorio, una INCONTINENCIA URINARIA y su  IMPOSIBLE
MOVILIZACIÓN esta Sala le ordenará a la EPS Cruz Blanca que le
suministre (i) los PAÑALES DESECHABLES necesarios para mantenerlo en
condiciones higiénicas, (ii) el SERVICIO MÉDICO DOMICILIARIO y (iii) LA
ENTREGA DE LOS MEDICAMENTOS REQUERIDOS POR EL PACIENTE EN SU DOMICILIO.”
Igualmente, esta Corporación ha
estimado que cuando se trate de personas de la tercera edad, quienes son
consideradas como un grupo de especial protección constitucional, el Estado
deberá garantizar el acceso a la prestación de los servicios de salud,
indicando que:
“Los
adultos mayores necesitan una protección preferente en vista de las
especiales condiciones en que se encuentran y es por ello que el Estado tiene
el deber de garantizar los servicios de seguridad social integral a estos,
dentro de los cuales se encuentra la atención en salud. //La
atención en salud de personas de la tercera edad se hace relevante en el
entendido en que es precisamente a ellos a quienes debe procurarse un
urgente cuidado médico en razón de las dolencias que son connaturales a la
etapa del desarrollo en que se encuentran”[73].
Siguiendo los anteriores lineamientos,
en la sentencia T-437 de 2010, la Corte concedió el amparo a una persona de la
tercera edad que había sufrido un accidente cerebro vascular que le ocasionó
una parálisis cerebral, y requería el suministro de pañales desechables pero
carecía de orden médica que los prescribiera. Sostuvo entonces:
“En el caso sub
examine, encuentra la Sala que sí se configuran los elementos necesarios para
que se conceda la presente acción y se proteja el derecho a la salud y a la
vida digna del accionante, por las siguientes razones:
1. Se encuentra demostrado que la persona a favor de quien se
interpone la acción, pertenece a la
tercera edad (84 años) y  padece de parálisis general como consecuencia de
un accidente cerebro vascular. De esta manera, en la historia clínica adjunta
al expediente de tutela, se indica que: el
paciente refiere antecedentes de ACV en
2 ocasiones, y refiere incontinencia urinaria, no controla esfínteres, y gran
limitación funcional para realizar actividades físicas además porque presenta
insomnio y decaimiento. (SIC)
En atención a lo anterior, se infiere que el señor José de Jesús Posada  requiere de la utilización de
pañales desechables para sobrellevar sus enfermedades. Por ello, para esta Sala
resulta claro que la negativa de la
Nueva E.P.S. de suministrar tales elementos, vulnera su derecho constitucional fundamental a la salud y a
la vida digna.
2. Si bien, en
estricto sentido es indudable que en este caso no se trata de la negación de un
medicamento que esté fuera del P.O.S. si se refiere, tal como se dijo en los
precedentes de este fallo, de la
negativa del suministro de unos elementos (pañales y guantes desechables) que
tienen incidencia en la salud y la vida digna del progenitor de la
peticionaria.
3. Por
otra parte, si bien es cierto que en el expediente de tutela no obra fórmula médica que permita precisar que al señor José de
Jesús Posada le haya sido prescrito la utilización de pañales por un médico
adscrito a la Nueva E.P.S., tal y como
se señaló en el numeral anterior, de la
historia clínica del paciente se deduce la necesidad de utilizar pañales
desechables y guantes desechables dadas las características de las patologías
presentadas”.
Bajo los supuestos
jurisprudenciales señalados, este Tribunal ha precisado que cuando una persona
de la tercera edad requiere el suministro de pañales desechables con el fin de
salvaguardar su dignidad humana, deberán entregarse como un elemento no POS que
puede ser recobrado con cargo a los recursos del Estado[74]. Sobre este último
aspecto esta Corporación ha sido enfática en señalar que: “(…) cuando por el
acatamiento de lo descrito en el Plan Obligatorio de Salud, se causa un
perjuicio a derechos fundamentales como la vida, la integridad personal o la
dignidad de la persona que requiere de los servicios por ellas excluidos, tal
reglamentación debe inaplicarse y se debe ordenar su suministro, para garantizar
el goce efectivo de los derechos y garantías constitucionales. Así, cada
situación concreta deberá ser evaluada, pues en casos de enfermedad manifiesta
y ante la urgencia comprobada de la necesidad de esos servicios, no existe
norma legal que ampare la negativa de prestarlos ya que por encima de la
legalidad y normatividad, está la vida, como fundamento de todo el sistema. En
tales casos, ha determinado la Corporación, que los costos del
tratamiento serán asumidos por la entidad del sistema a que corresponda
la atención de la salud del paciente, pero ésta, tendrá derecho a la acción de
repetición contra el Estado, para recuperar aquellos valores que legalmente no
estaba obligada a sufragar”[75]
Como puede verse, tratándose del
suministro de pañales desechables y teniendo en cuenta las citadas
circunstancias, la exigencia reglamentaria acerca de que los mismos hayan sido
ordenados por el médico tratante, se morigera permitiendo un margen de
apreciación mucho más amplio para el juez en orden a proteger efectivamente la
dignidad y la integridad personal del peticionario.
8. Casos concretos
Después de señalar los referentes
normativos y jurisprudenciales aplicables a los casos objeto de revisión, la
Sala hace claridad sobre el hecho de que en todos ellos se corrobora la
legitimación en la causa por activa de quienes en su calidad de agentes
oficiosos o personeros municipales interpusieron cada una de las solicitudes de
amparo, en la medida en que en los cinco asuntos se pudo comprobar la
incapacidad de los sujetos en nombre de los cuales se elevaron las acciones de
tutela, e igualmente en todas se acreditó la condición en que se invocaba la
protección.[76]
A continuación la Sala pasa a estudiar cada uno de los casos concretos:
8.1. Expediente
T- 3615838:
8.1.1. Síntesis del caso
La señora Verónica María
Hernández Betancur, en calidad de agente oficiosa de la señora Bertha Oliva
Chavarría de García, presenta acción de tutela solicitando el suministro del
medicamento “ácido valpróico x 5cc”, pañales
desechables y un suplemento alimentario denominado “Ensure”,
debido a que la agenciada es una persona de 67 años, que padece Alzheimer, está
en cama, y no tiene control de esfínteres.  Tal como se corrobora en su
historia clínica, se encuentra inscrita a la EPSS Comfama de Antioquia en el
nivel 1 del Sisbén, y no cuenta con recursos económicos ni físicos para
proveerse los elementos básicos en procura de una vida en condiciones dignas.
En la contestación del escrito de
tutela la Alcaldía de Medellín, la Secretaría de Salud y Protección Social de la
Gobernación de Antioquia y la IPS Universitaria de Antioquia, afirmaron no
haber vulnerado los derechos fundamentales de la señora Chavarría de García, en
la medida en que habían actuado dentro del marco de sus obligaciones. No
obstante, todas coincidieron en afirmar que en quien recaía la obligación de
brindar los servicios solicitados era en la EPSS Comfama, entidad a la que se
encuentra afiliada la señora Bertha Oliva Chavarría de García.
Por su parte, la EPSS Comfama
ejerció su derecho de defensa argumentando que en lo atinente a la solicitud
del ácido valpróico, al haber sido ordenado por la neuróloga tratante, debe ser
entregado, solamente, una vez se efectúe la contrarremisión por el especialista
y se realice la prescripción por el medico general. En lo referente a la
solicitud de pañales y el “Ensure”, afirmó que estos no
eran procedentes toda vez que los mismos se encuentran excluidos del POSS, razón
por la cual, de considerarlo necesario, la agente oficiosa debe solicitarlos
para la valoración del Comité Técnico Científico allegando a la EPSS la fórmula
médica, historia clínica y los formatos individuales NO POSS.
En única instancia, el Juzgado
Treinta y Nueve Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín
niega la solicitud de amparo argumentando que no existe la vulneración a los
derechos invocados, toda vez que, de una parte, el ácido valpróico es un
medicamento que está dentro del POSS y le será suministrado; y de otra,
respecto a los pañales y “Ensure”, que son insumos no POSS
que ni han sido ordenados por el médico tratante ni han sido solicitados ante la
EPSS con el procedimiento pertinente.
8.1.2. Problema
jurídico a resolver
En el presente asunto corresponde
a la Sala determinar, si la Caja de Compensación Familiar de Medellín Comfama
EPSS vulnera los derechos fundamentales a la vida digna, salud, seguridad
social y derechos de las personas de la tercera edad de la señora Bertha Oliva
Chavarría de García, al negarle el suministro de: (i) medicamento ácido valpróico
x 5cc (incluido en el POSS), (ii) pañales desechables y (iii) el suplemento
nutricional “Ensure”. Los dos últimos por no existir orden
del médico tratante.
8.1.3. Consideraciones
En el asunto bajo examen, la Sala
encontró probado que la neuróloga tratante ordenó a la señora Bertha Oliva el
suministro del medicamento denominado “ácido valpróico
x 5cc”, el cual pese a estar dentro del POSS no le ha sido
suministrado por Comfama EPSS. Adicionalmente, con fundamento en la respuesta
dada por la misma EPSS accionada, se verifica que existe la imposición de
cargas administrativas exorbitantes al usuario contrariando las reglas
jurisprudenciales establecidas por esta corporación[77]
De acuerdo con la historia clínica
obrante en los folios 6 y 7 del expediente, se corrobora que en la actualidad
la señora Bertha Oliva Chavarría de García está en cama, no habla, no camina,
no tiene control de esfínteres, es nivel 1 del sisbén, se encuentra inscrita en
la EPSS Comfama Antioquia y, por tanto, se presume que no cuenta con recursos
económicos suficientes para acceder al suministro de pañales desechables,
necesarios para sobrellevar su existencia de manera digna dadas las patologías
que padece.
Adicionalmente, se verifica falta
de diligencia de la EPSS en el diseño de un plan de manejo integral de la
enfermedad de la agenciada, quien pese a ser un sujeto de especial protección
constitucional, no ha sido tratada en procura de proporcionarle una vida en
condiciones dignas.
Es por ello que no se explica
esta corporación cómo la demandada exige trámites administrativos adicionales,
sin ser conscientes que de acuerdo con el principio de integralidad tiene el
deber de prestar el servicio de salud sin dilaciones; es decir, de manera
oportuna, eficiente y con calidad, bajo las directrices señaladas por la Corte
Constitucional como se expuso en los acápites de esta providencia.
En consecuencia, se concluye que la
EPSS Comfama Antioquia vulneró los derechos fundamentales de la peticionaria,
al negarle el medicamento ordenado por su médico tratante, pese a estar
contemplado en el POSS. De igual manera, se observa que la accionada no ha realizado
un plan integral que garantice a la agenciada una subsistencia digna. También
se evidencia que la EPSS está fijando obstáculos administrativos para acceder a
los servicios de salud sin tener en cuenta la situación espacialísima en que se
encuentra.
Sobre el suministro del “Ensure”,
esta Sala encuentra que si bien se presume que es necesario que la agenciada
tenga un régimen alimenticio acorde con su situación, no existe certeza sobre
si este sea el adecuado para la paciente. Por tanto, será forzoso que de manera
inmediata se realice una valoración médica y se determine el plan alimentario y
de manejo integral de la enfermedad por especialistas, sin que para ello se
tenga que someter a la usuaria a más trámites administrativos. De tal manera
que si se determina que es dicho suplemento alimentario u otro el adecuado para
la paciente, se suministre de inmediato.
Por lo anterior, la Sala
procederá a revocar la sentencia proferida por el Juzgado Treinta y Nueve Penal
Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín, que negó la
solicitud de amparo para, en su lugar, conceder la protección de los derechos
invocados.
8.2. Expediente
T-3620403
8.2.1. Síntesis del caso
En este asunto la petición de
tutela va dirigida a solicitar el suministro de pañales desechables para el
menor Andrés Felipe Cuervo Holguín, quien padece síndrome de Down y según su
historia clínica no controla esfínteres.
El menor se encuentra afiliado
como beneficiario de sus padres a la EPS Salud Total (régimen contributivo) y
se verifica un ingreso base de cotización de un salario mínimo.
De acuerdo con las pruebas
allegadas al proceso, se confirma que la señora madre del menor Andrés Felipe
elevó la correspondiente solicitud de pañales desechables ante la EPS accionada,
manifestando además la imposibilidad económica para proveérselos en razón a su
bajo ingreso económico. No obstante, en la actualidad la accionada no ha dado
respuesta.
Durante el término previsto para
la contestación de la acción de amparo, la EPS Salud Total guardó silencio mientras
que el Ministerio de Salud y Protección Social manifestó que los pañales
desechables son un insumo de cuidado personal que debe ser asumido por el
usuario.
En única instancia el Juzgado
Segundo Civil Municipal de Envigado (Antioquia) niega la protección mediante
tutela indicando que el hecho de no suministrarle los pañales desechables al
menor no le vulnera el derecho a la vida en condiciones dignas.
8.2.2. Problema
jurídico a resolver
¿La EPS Salud Total vulnera los
derechos fundamentales a la salud, seguridad social y vida digna del menor con
síndrome de Down, Andrés Felipe Cuervo Holguín, al negarle el suministro de
pañales desechables pese a que de acuerdo con la historia clínica, no tiene
control de esfínteres y sus padres demuestran estar en incapacidad económica
para proporcionárselos?
8.2.3. Consideraciones
De acuerdo con el problema
jurídico planteado, la Sala encuentra que efectivamente en el caso de Andrés
Felipe Cuervo Holguín existe una vulneración latente de los derechos
fundamentales invocados, toda vez que, (i) por la situación del menor (no
controla esfínteres y padece síndrome de Down) existe plena certeza sobre la
necesidad del suministro de pañales, (ii) se verifica que pese a que la madre
del menor solicitó el suministro de pañales la EPS no le dio contestación y,
finalmente; (iii) se corrobora la incapacidad económica de la familia.
Sobre el particular, se debe
recordar que en la sentencia T-760 de 2008 (fundamentos 4.5. y 5.3.), esta
corporación realzó la importancia en el amparo del derecho a la salud de los
sujetos de especial protección constitucional como las mujeres embarazadas, los
niños y las niñas, haciendo hincapié en el valor que tiene la garantía del
acceso oportuno de los menores a los servicios de salud, máxime cuando su
familia no tiene como sufragarlos y sin importar si están afiliados al régimen
contributivo o al subsidiado.
En aquella oportunidad este
Tribunal se pregunto si: “¿[d]esconoce el derecho a la salud, una entidad
encargada de garantizar la prestación de los servicios requeridos, cuando no le
autoriza a un niño o una niña un servicio que requiere y sus responsables no lo
pueden costear, por el hecho de que no se encuentra incluido en el plan
obligatorio de salud o porque la vida o la integridad personal del menor no
dependen de la prestación del servicio?”, y sostuvo que : “(…) [l]a
respuesta a esta cuestión [era] afirmativa.[toda vez que] El derecho a la salud
se viola especialmente, cuando el servicio requerido con necesidad es negado a
una niña o a un niño,[que son] sujetos de especial protección constitucional”.
Por lo tanto, dado que los niños y las niñas tienen una protección
constitucional especial, la regla que responde el problema jurídico planteado
por esta Sala consiste en que: una entidad encargada de prestar servicios de
salud irrespeta sus derechos, cuando niega un servicio no incluido en el POS,
que el menor requiere y que su familia no puede sufragar.[78]
En esa medida, aplicando las
precitadas reglas jurisprudenciales, se verifica que en este caso, le asiste al
menor el derecho de acceder a lo pedido en su solicitud de amparo.
En consecuencia, esta Sala
revocará la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Civil Municipal de
Envigado y, en su lugar, concederá la protección de los derechos invocados y
por ende el suministro de pañales desechables.
8.3. Expediente 3626847
8.3.1. Síntesis del Caso
El personero municipal de Neiva,
actuando en representación de la menor María Fernanda Trujillo Pérez, mediante
la presente acción de amparo realiza dos solicitudes a Caprecom EPSS (i) la
realización de unos procedimientos, exámenes y valoraciones ya ordenados y
autorizados por la entidad accionada[79],
así como (ii) la autorización del suministro de transporte y estadía para la
niña y un acompañante debido a que la pequeña vive en la ciudad de Neiva y el
tratamiento integral debe desarrollarse en la ciudad de Bogotá.
El peticionario sustenta su
solicitud argumentando que se trata de una menor afiliada al régimen subsidiado
nivel 1, cuya familia no cuenta con recursos económicos suficientes para asumir
el costo que su traslado conlleva.
Caprecom EPSS indicó haber
realizado los trámites administrativos para la atención de la menor en la IPS
Hospital la Misericordia de Bogotá, e hizo énfasis en que seguirá prestando
todos los servicios ordenados siempre y cuando se encuentren dentro del POSS.
En primera instancia el Juzgado
Cuarto Administrativo de Descongestión de Neiva concedió el amparo solicitado y
ordenó a la EPSS accionada disponer todo lo necesario y sin dilación alguna
para garantizar los procedimientos y medicamentos prescritos por el medico
tratante, así como el transporte y estadía de la menor y un acompañante a la
ciudad de Bogotá.
La EPSS Caprecom impugnó la
decisión y en segunda instancia la Sala Tercera de Decisión del Sistema Oral
del Tribunal Contencioso Administrativo del Huila revocó la sentencia aduciendo
que al peticionario le asisten otros medios de defensa judicial.
8.3.2. Problema
jurídico a resolver
¿Se violentan los derechos
fundamentales a la vida, dignidad, salud y seguridad social de la menor de edad
María Fernanda Trujillo Pérez cuando se le niega por parte de la EPSS Caprecom,
la realización de procedimientos y valoraciones médicas ordenadas por el galeno
tratante y autorizadas por la EPSS, así como el suministro de transporte y
estadía para ella y un acompañante cuando se le ordena un tratamiento que debe
ser realizado en una ciudad distinta al domicilio de la niña?
8.3.3. Consideraciones
En el presente asunto la Sala
corrobora que la EPSS Caprecom le está violentando a la menor María Fernanda
Trujillo Pérez, los derechos fundamentales a la vida digna y acceso a la salud
de manera integral, al dilatar con trámites administrativos el acceso al
tratamiento integral que fue ordenado y autorizado por la misma EPSS y que no
se ha hecho efectivo.
Adicionalmente, se verifica que
la familia de la niña se encuentra afiliada al régimen subsidiado de salud y en
esa medida se deduce su incapacidad económica tanto para asumir el tratamiento
de su hija como para desplazarse a la ciudad de Bogotá en donde debe realizarse
parte del tratamiento médico.
En consecuencia, la Sala
encuentra que con su actuación, la EPSS accionada contraría los referentes
normativos y jurisprudenciales que ampliamente han sido desarrollados por este
Tribunal y es por ello que se procederá a revocar la sentencia proferida por la
Sala Tercera de Decisión Oral del Tribunal Contencioso Administrativo del Huila,
que a su vez revocó la del Juzgado Cuarto Administrativo de Descongestión de
Neiva, y se darán órdenes concretas encaminadas a la satisfacción de los
servicios solicitados (medicamentos y procedimientos previstos por el médico
tratante, tratamiento integral, transporte y estadía de la menor y un
acompañante).
8.4. Expediente T-
3627285
8.4.1. Síntesis del caso
La señora María Elena Lucas de
García es una persona de 75 años que sufre  parkinson, con estado de
dependencia severo, pérdida de la fuerza y de la memoria, síndrome depresivo
severo, hipotiroidismo, epilepsia, artrosis, tensión arterial, rigidez en
miembros superiores e inferiores; actualmente se encuentra vinculada a la Nueva
EPS como beneficiaria de su esposo, quien cotiza como pensionado, con un
ingreso base de cotización de un salario mínimo.
El señor Eleazar García solicita
que se garantice a su esposa (i) la autorización de atención domiciliaria con
terapias físicas, (ii) valoración por psicología y psiquiatría, (iii)
valoración por reumatología, (iv) toma de laboratorios en una IPS con acceso
adecuado para discapacitados, (v) trato digno y adecuado por parte de su EPS,
(vi) pago del transporte para desplazarse a las citas médicas y a la toma de
laboratorios; y por último, (vii) la adecuación de la infraestructura y el personal
médico de la IPS de la Candelaria, con el fin de que se garantice el acceso de
las personas discapacitadas y de la tercera edad a las citas médicas.
La Nueva EPS da contestación a la
acción de tutela indicando que en ningún momento ha sido ordenada la atención
domiciliaria por el médico tratante; menciona que las consultas con los especialistas
no se dan dentro de la aducida atención domiciliaria, sino que se hace de
manera ambulatoria; y finalmente aclara que de conformidad con la legislación
vigente, el cubrimiento de los gastos de desplazamiento del lugar de residencia
al sitio donde se autoriza realizar el tratamiento médico deben ser asumidos
por el usuario y/o su familia.
En sentencia de única instancia
el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bogotá denegó la protección
argumentando que si bien se corrobora el pésimo estado de salud de la
agenciada, (i) no existe prueba de la capacidad de pago, (ii) no se evidencia
la negativa de la prestación del servicio, (iii) ni se corrobora la
prescripción de la necesidad del transporte.
8.4.2. Problema jurídico a
resolver
En el presente asunto corresponde
a la Sala determinar si la Nueva EPS vulnera los derechos fundamentales a la
salud, la seguridad social y la vida digna de la señora María Elena Lucas de
García, al negarse a autorizar atención médica domiciliaria, terapias físicas,
valoración por psicología y psiquiatría, valoración por reumatología, la toma
de laboratorios en una IPS con acceso adecuado para personas en condiciones de
discapacidad, el suministro de transporte para desplazarse a las citas médicas
y procedimientos, así como la asignación de una IPS adecuada a su condición de
salud.
8.4.3. Consideraciones
Una vez verificado el expediente
se concluye que la Nueva EPS está vulnerando los derechos fundamentales
invocados por el agente oficioso de la señora Maria Elena tal como a
continuación se expone:
Como se corrobora con el
expediente, en el caso de la señora María Elena Lucas de García, tanto ella
como su esposo son personas de la tercera edad (75 y 74 años respectivamente)
cuyo ingreso mensual no supera un salario mínimo, razón por la cual se infiere
que no pueden asumir el costo del traslado para acceder a las citas y
procedimientos que el tratamiento de los padecimientos de la agenciada
demandan.
Es por ello que de acuerdo con
las reglas jurisprudenciales esbozadas en los acápites 4, 5 y 6 de la presente
providencia, la EPS accionada está en la obligación de asumir el costo de un
medio de transporte adecuado a los padecimientos y condición de la agenciada
junto con su acompañante.
En lo concerniente a la solicitud
de atención domiciliaria y tratamiento integral de la señora María Elena, esta
Sala ratifica la importancia de la prestación de un servicio adecuado, oportuno
y con calidad. En consecuencia, considera que es necesario brindar un
tratamiento integral, que efectivice el acceso de la paciente a citas
especializadas para el tratamiento de su enfermedad y en esa medida, deberá ser
valorada y encaminada dentro de un plan de manejo ya sea ambulatorio o
domiciliario (de acuerdo al criterio médico de los especialistas) garantizando
por parte de la EPS que durante el mismo no existiran dilaciones injustificada
por temas administrativos en la asignación por ejemplo de citas,
procedimientos, medicamentos y suministro de transporte adecuado. Por ende, si
bien no existe orden médica que avale la atención domiciliaria, la EPS debe
valorar esta posibilidad dentro del plan de manejo de la enfermedad de la
agenciada y de considerar que la misma no es procedente, deberá asumir el costo
y riesgo de todos los traslados a las citas y procedimientos que requiera junto
con su acompañante.
Adicionalmente, el señor Eleazar
afirma que la IPS sede Candelaria no es adecuada para que su agenciada asista a
las citas de controles; no obstante, dicha afirmación no fue ni mencionada ni
desvirtuada por la EPS en su contestación de tutela, razón por la cual esta
corporación presume su veracidad.  Al respecto, teniendo en cuenta que a los
usuarios del sistema, les asiste el derecho a cambiar la IPS asignada cuando la
misma no se adecúa a sus necesidades o no reciben un trato digno (máxime en la
especial condición del peticionario y su esposa), será necesario que de forma
inmediata la Nueva EPS reasigne una IPS que cumpla con los requisitos de acceso,
de acuerdo con las características y condiciones de complejidad de los usuarios
peticionarios.
De igual manera, será necesario
que sobre esta particular situación, se informe a la Superintendencia de Salud
con el fin de que tome las medidas necesarias, toda vez que este tipo de
establecimientos deben cumplir con un mínimo de obligaciones en cuanto a la
adecuación de su infraestructura que al parecer en este caso no se cumple.
8.5. Expediente T-
3629627
8.5.1. Síntesis del caso
La señora Dolly Chaves de Escobar
es una persona de 77 años de edad que padece de la enfermedad de demencia por
alzhaimer, diabetes, hipertensión y no controla esfínteres, razón por la cual,
de acuerdo con la historia clínica no puede valerse por sí misma.
Su hija, actuando como agente
oficiosa solicita un manejo adecuado de la enfermedad de su progenitora, así
como el suministro de pañales desechables, crema y medicamentos, de los cuales
aparece en el expediente una orden del médico tratante adscrito a la EPS que
fue negada por la misma con fundamento en que son elementos NO POS.
Adicionalmente, indica que por el
estado de salud y agresividad de la señora Dolly Chaves  y la capacidad
económica reducida que afronta, se le hace en ocasiones imposible asistir a las
citas médicas ya que en un taxi además de ser costoso muchas veces no la
transportan por el comportamiento de su progenitora. Es por ello que solicita
la autorización de servicio de transporte que sea adecuado para la asistencia
de la paciente a las citas médicas y procedimientos ambulatorios que se le
deban realizar.
En la contestación de la tutela la EPS Servicio Occidental de Salud SOS,
expresa que no existen negativas en la prestación del servicio en lo referente
a las órdenes médicas emitidas por los médicos tratantes. Aduce que se le han
dado varias órdenes para atención domiciliaria de terapias de fonoaudiología,
fisioterapia y terapia respiratoria. Manifiesta, además, que los pañales
desechables se encuentran excluidos del POS, que no existe orden médica al
respecto y que no es posible suministrar el servicio de transporte toda vez que
no se ha dado orden de remisión interinstitucional.
De igual manera, la EPS, precisa que de acuerdo con la situación de la
paciente, no aplica para manejo con enfermera 24 horas según criterios de evaluación
propios de su protocolo.
De otra
parte, tanto Comfandi IPS como el Ministerio de Salud y Protección Social piden
la exoneración de responsabilidad argumentando que a quien corresponde asumir
las peticiones de la accionante es a la EPS demandada.
En primera
instancia el Juzgado Quinto Municipal de Palmira niega la protección de los
derechos invocados al considerar que no existen negativas en la prestación del
servicio. La agente oficiosa impugna la decisión y en segunda instancia el
Juzgado Quinto Civil del Circuito de Palmira confirma la negativa del juez de
primera instancia bajo idénticos argumentos.
8.5.2. Problema jurídico a
resolver
En el presente asunto corresponde
a la Sala determinar si la EPS Servicio Occidental de Salud SOS vulnera los
derechos fundamentales a la salud a la seguridad social y a la vida digna de la
señora Dolly Chaves de Escobar, al negarse a autorizar, el servicio “home
cure” u hospital en casa, servicio de enfermera 24 horas, consultas de
control en casa, dotación e insumos de pañales desechables, crema anti escaras,
pañitos húmedos, guantes y tapabocas, complementos nutricionales y servicio de
transporte en ambulancia para asistir a citas médicas y procedimientos
8.5.3. Consideraciones
Una vez verificado el expediente
se concluye que la EPS Servicio Occidental de Salud SOS está vulnerando los
derechos fundamentales invocados por la agente oficiosa de la señora Dolly
Chaves de Escobar, toda vez que al dilatar la prestación del servicio, negando
el suministro de elementos necesarios para que esta paciente lleve una vida
digna, socava gravemente las garantías constitucionales que por su especial
condición tiene la agenciada. Lo anterior con fundamento en lo siguiente:
En torno a la solicitud del
suministro de pañales desechables e insumos de cuidado personal, se corrobora
la existencia de una orden del médico tratante[80]
y la negativa a la misma allegada durante el trámite de tutela[81]. En esa medida se evidencia
la necesidad del suministro pese a no estar contemplado dicho servicio dentro
del POS.
Adicionalmente, se verifica que
pese a que la peticionaria alegó la incapacidad económica para adquirir por sus
propios medios, tanto los pañales como los insumos ordenados, dicha situación
no fue desvirtuada por la EPS, lo cual indica  que en este evento corresponde a
la accionada la obligación de suministrarlos.
Ahora bien, debido a que la
peticionaria en su escrito de tutela, manifestó el alto grado de agresividad de
su agenciada por la situación de salud que la aqueja, así como la dificultad
para transportarla y acudir a las citas médicas, tratamientos y procedimientos,
será necesario disponer que de manera inmediata, se realice una valoración
integral de la situación de la señora Dolly Chaves, con el fin de diseñar un
tratamiento integral en el que además se determine el transporte idóneo a la
condición de la paciente.
9. Ordenes
a impartir
Según el
ordenamiento, las instituciones públicas y privadas tienen el deber
constitucional de trabajar armónicamente por la protección y promoción de los
derechos fundamentales de las personas que por sus condiciones físicas,
psíquicas o económicas, se encuentran en estado de debilidad manifiesta. Es por
ello que llama la atención a esta Sala que en los procesos bajo examen, las
entidades accionadas y los jueces de instancia, a excepción del Juzgado Cuarto
Administrativo de Descongestión de Neiva (Expediente T-3626847), no cumplieron
este deber.
Lo anterior
con fundamento en que se constató que en contravía de la prohibición expresa
del legislador y la amplia jurisprudencia de este Tribunal, las EPS dificultaron
el acceso de los usuarios a los servicios de salud, y en sede de tutela los
jueces hicieron una lectura inadecuada de las normas aplicables y de la
jurisprudencia constitucional en la materia.
Por tanto, la
Sala considera pertinente recordar que cualquier actuación, pública o privada,
que vulnere o amenace la vida, la salud o la integridad de una persona,
especialmente de un niño o una niña, o una persona de la tercera edad en
condiciones de discapacidad, es una actuación constitucionalmente reprochable,
que deberá ser enmendada por sus responsables. Por ello, a continuación
se emitirán las órdenes de carácter general y de efectos concretos
correspondientes a cada uno de los casos:
Debido a que
en todos los asuntos existió una vulneración a los derechos invocados por los
usuarios y, sin embargo, los jueces de tutela denegaron la protección, esta
corporación procederá a revocar las sentencias proferidas por el Juzgado
Treinta y Nueve Penal Municipal de Control de Garantías de Medellín (Expediente
T-3615838), el Juzgado Segundo Civil Municipal de Envigado (Expediente
T-3620403), la Sala Tercera de Decisión del Sistema Oral del Tribunal Contencioso
Administrativo del Huila que revocó la providencia proferida por el Juzgado
Cuarto Administrativo de Descongestión de Neiva (Expediente T-3626847); el
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bogotá (Expediente T-3627285); y por
último, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Palmira (Valle del Cauca) que a
su vez confirmo la proferida por el Juzgado Quinto Civil Municipal de la misma
ciudad (Expediente T-3629627); y adicionalmente, prevendrá a los jueces de
instancia para que en lo sucesivo atienda los referentes normativos y
jurisprudenciales que constantemente son reiterados por esta corporación a
efectos de no seguir incurriendo en situaciones como las estudiadas en la
presente providencia.
En
consecuencia, se concederá el amparo constitucional invocado y se ordenará a
las EPS accionadas dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la
notificación de esta providencia, el suministro de medicamentos e insumos POS y
NO POS, servicio de transporte y tratamiento integral solicitado por los
peticionarios de acuerdo con las directrices jurisprudenciales señaladas para
cada caso.
III.
DECISIÓN
En mérito de
lo expuesto, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
Primero.- (Expediente
T-3615838) REVOCAR la sentencia proferida el 24 de julio
de 2012 por el Juzgado Treinta y Nueve Penal Municipal con Función de Control
de Garantías de Medellín, mediante la cual se
denegó el amparo invocado dentro del trámite de la acción de tutela instaurada
por Verónica María Hernández Betancur como agente oficiosa de la señora Bertha
Oliva Chavarría de García. En su lugar, CONCEDER la protección de los
derechos fundamentales a la vida digna, salud y seguridad social de la agenciada.
En virtud de esa decisión se resuelve, además:
1.1.
ORDENAR a la EPSS Comfama por conducto de su representante
legal o quien haga sus veces, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación del presente fallo, autorice a la señora Bertha
Oliva Chavarría de García, el suministro del medicamento denominado “ácido
valpróico x 5cc” así como los pañales desechables en
la proporción necesaria que estime el médico tratante, sin que se exija al acudiente
de la agenciada, el trámite administrativo para la autorización.
1.2.
ORDENAR a la EPSS Comfama por conducto de su representante
legal o quien haga sus veces, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación del presente fallo, practique una valoración
médica integral a la señora Bertha Oliva Chavarría de García, la cual deberá
estar a cargo de especialistas en el manejo de la patología que padece,
adscritos a la entidad y con base en su historia clínica, con el fin de que
elaboren un plan de atención que incluya: medicamentos, controles de
tratamiento integral, suministro de pañales desechables e implementos
necesarios para garantizarle una existencia digna a la paciente y un plan
nutricional acorde con la enfermedad que padece, sin que se exija al acudiente
de la agenciada, el trámite administrativo para la autorización y suministro de
los mismos.
Segundo.-(Expediente
T-3620403) REVOCAR la sentencia proferida el 20 de junio de
2012 por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Envigado,
mediante la cual se denegó el amparo invocado dentro del trámite de la
acción de tutela instaurada por el personero municipal de Envigado (Antioquia)
en representación del menor de edad Andrés Felipe Cuervo Holguín; en su lugar, CONCEDER
la protección de los derechos fundamentales a la vida digna, salud y seguridad
social del niño. En consecuencia, ORDENAR a la EPS Salud Total por
conducto de su representante legal o quien haga sus veces, que dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del presente fallo,
autorice el suministro de pañales desechables en la proporción necesaria que
estime el médico tratante, sin que se exija a la familia del niño, el trámite
administrativo para la autorización.
Tercero.- (Expediente
T-3626847) REVOCAR la sentencia que negó la solicitud de
amparo, proferida el 26 de julio de 2012 por la Sala Tercera de Decisión de
Sistema Oral del Tribunal Contencioso Administrativo del Huila, que revocó la emitida
el 28 de junio del mismo año por el Juzgado Cuarto Administrativo de
Descongestión de Neiva, dentro del trámite de la acción de tutela instaurada
por el personero municipal de Neiva en representación de la menor de edad María
Fernanda Trujillo Pérez. En su lugar, CONCEDER la protección de los
derechos fundamentales a la vida digna, salud y seguridad social de la niña. En
virtud de esa decisión se resuelve, además:
3.1. ORDENAR a Caprecom EPSS, por conducto de su
representante legal o quien haga sus veces, que dentro de las cuarenta y ocho
(48) horas siguientes a la notificación del presente fallo, de manera
prioritaria programe y fije fechas para la realización de los exámenes médicos,
procedimientos y valoraciones denominadas “ultrasonografía de vías
urinarias, valoración por urología pediátrica, valoración por gastroenterología
pediátrica, valoración por neurocirugía, valoración por grupo de ostomizados
para reentrenamiento de cateterismo vesical intermitente libre de latex,
cistoscopia transuretral y vaginoscopia con instrumento óptico (en niñas)”[82].
3.2. ORDENAR a Caprecom EPSS, por conducto de su
representante legal o quien haga sus veces, que dentro de las cuarenta y ocho
(48) horas siguientes a la notificación del presente fallo, autorice el
reconocimiento y pago de los costos de pasajes, alojamiento, estadía y demás gastos
necesarios para que la paciente sea trasladada junto con un acompañante a la
ciudad de Bogotá, con el fin de que le sean realizados los procedimientos
ordenados por el médico tratante adscrito a la EPSS.
3.3. ORDENAR a Caprecom EPSS que de ahora en adelante disponga de todos los medios necesarios para la efectiva
atención integral de la niña María Fernanda
Trujillo Pérez y
se abstenga de dilatar la realización de
cualquier procedimiento, desplazamiento,
suministro de medicamentos y todo lo relacionado con el desarrollo del
tratamiento integral de la menor.
Cuarto.- (Expediente
T-3627285) REVOCAR la sentencia proferida el 18 de julio de
2012 por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bogotá, mediante la cual se denegó el amparo invocado dentro del
trámite de la acción de tutela instaurada por Eleazar García como agente
oficioso de su cónyuge la señora María Elena Lucas de García. En su lugar, CONCEDER
la protección de los derechos fundamentales a la vida digna, salud y seguridad
social de la agenciada. En virtud de esa decisión se resuelve además:
4.1. ORDENAR a la Nueva EPS por conducto de su representante
legal o quien haga sus veces, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación del presente fallo, practique una valoración
médica integral a la señora María Elena Lucas de García, la cual deberá estar a
cargo de especialistas en el manejo de la patología que padece, adscritos a la
entidad y con base en su historia clínica, con el fin de que elaboren un plan
de tratamiento que indique si es procedente o no la atención domiciliaria, y
que determine qué medicamentos, valoraciones, plan nutricional y procedimientos
son acordes a la enfermedad para brindarle un tratamiento integral a su
situación de salud. Lo anterior, sin endilgarle al agente oficioso de la
paciente el trámite administrativo que la entidad debe surtir para la autorización
y suministro de todo lo que determinen los especialistas.
4.2. ORDENAR a la Nueva EPS por conducto de su
representante legal o quien haga sus veces, que dentro de las cuarenta y ocho
(48) horas siguientes a la notificación del presente fallo, asuma y autorice a la señora María Elena Lucas de García y
un acompañante, el pago del valor de un medio
de transporte adecuado para acudir a las citas
médicas y el tratamiento integral de la
enfermedad, de manera ininterrumpida y prioritaria.
4.3. ORDENAR a la Nueva EPS por conducto de su
representante legal o quien haga sus veces, que en el evento en que no lo
hubiere hecho, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación del presente fallo, reasigne una IPS adecuada a las condiciones
físicas y patológicas de la peticionaria y su esposo (silla de ruedas), con el
fin de que se les brinde una atención adecuada.
4.4. ORDENAR a la Nueva EPS que en el término de un (1)
mes contado a partir de la notificación del presente fallo, remita a esta
Corporación un informe detallado sobre el diagnóstico de la señora María Elena
Lucas de García, y la forma en que la entidad procedió para continuar con la
prestación de los servicios de salud.
Quinto.- (Expediente
T-3629627) REVOCAR la sentencia proferida el 8 de agosto de
2012 por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Palmira (Valle), que a su vez confirmó la emitida el 29 de junio
del mismo año por el Juzgado Quinto Civil Municipal de Palmira, dentro del
trámite de la acción de tutela instaurada por Blanca Elisa Escobar Chávez como
agente oficiosa de su progenitora, la señora Dolly Chaves de Escobar. En su
lugar, CONCEDER la protección de los derechos fundamentales a la vida
digna, salud y seguridad social de agenciada. En virtud de esa decisión se
resuelve además:
5.1. ORDENAR a la EPS Servicio Occidental de Salud SOS por
conducto de su representante legal o quien haga sus veces, que dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del presente fallo,
practique una valoración médica integral a la señora Dolly Chaves  de Escobar,
la cual deberá estar a cargo de especialistas en el manejo de la patología que
padece, adscritos a la entidad y con base en su historia clínica, con el fin de
que elaboren un plan de tratamiento que indique si es procedente o no la
atención domiciliaria, y determine qué medicamentos, valoraciones, plan
nutricional y procedimientos, son acordes a la enfermedad, para brindarle un
tratamiento integral. Lo anterior, sin que se exija a la agente oficiosa de la
paciente el trámite administrativo que la entidad debe surtir para la
autorización y suministro de todo lo que determinen los especialistas.
5.2.
ORDENAR a la EPS Servicio Occidental de Salud SOS por conducto de
su representante legal o quien haga sus veces, que dentro de las cuarenta y
ocho (48) horas siguientes a la notificación del presente fallo, autorice el
suministro de pañales desechables y demás implementos autorizados por el médico
tratante en la proporción necesaria que este estime, sin que se exija a la
peticionaria el trámite administrativo para la autorización.
5.3. ORDENAR a la EPS Servicio Occidental de Salud SOS por conducto
de su representante legal o quien haga sus veces, que dentro de las cuarenta y
ocho (48) horas siguientes a la notificación del presente fallo, asuma y autorice a la señora Dolly Chaves  de
Escobar y a un acompañante, el pago del valor de un medio de transporte
adecuado para acudir a las citas médicas y el tratamiento integral de la
enfermedad, de manera ininterrumpida y prioritaria.
Sexto-.
PREVENIR a los titulares del Juzgado Treinta y Nueve Penal Municipal
de Control de Garantías de Medellín (expediente T-3615838), del Juzgado Segundo
Civil Municipal de Envigado (expediente T-3620403), la Sala Tercera de Decisión
del Sistema Oral del Tribunal Contencioso Administrativo del Huila (expediente
T-3626847); Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bogotá (expediente
T-3627285); del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Palmira (Valle del Cauca)
y el Juzgado Quinto Civil Municipal de la misma ciudad (expediente T-3629627); para
que en lo sucesivo atiendan los referentes normativos y jurisprudenciales que
constantemente son reiterados por esta corporación a efectos de no seguir
incurriendo en situaciones como las estudiadas en la presente providencia.
Séptimo-.
ORDENAR que por Secretaría General de esta Corporación se remitan
copias de los expedientes acumulados y de la presente providencia a la
Superintendencia Nacional de Salud, para que en el marco de sus competencias se
realice un seguimiento de los casos, se adelanten las investigaciones e
impongan las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar.
Octavo-. LIBRAR
por Secretaría General las comunicaciones previstas en el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1] Apellido escrito como aparece en la cédula de ciudadanía obrante a
folio 3 del cuaderno de primera instancia.
[2] Folio 5 del cuaderno de instancia.
[3] Folio 7 del cuaderno de instancia.
[4] Folios 18 y 19 del cuaderno de instancia.
[5] Folio 14 del cuaderno de instancia.
[6] Folio 3 del cuaderno de primera instancia.
[7] Folio 10 del cuaderno de primera instancia.
[8] Folio 11 del cuaderno de primera instancia.
[9] Folio 12 del cuaderno de primera instancia.
[10] Folios 13, 14, y 15 del cuaderno de primera instancia.
[11] Folio 16 del cuaderno de primera instancia.
[12] Folio 17 del cuaderno de primera instancia.
[13] Folio 18 del cuaderno de primera instancia.
[14] Folio 19 del cuaderno de primera instancia.
[15] Folio 20 del cuaderno de primera instancia.
[16] Folio 21 del cuaderno de primera instancia.
[17] Folio 22 del cuaderno de primera instancia.
[18] Folio 23 del cuaderno de primera instancia.
[19] Folio 24 del cuaderno de primera instancia.
[20] Folios 26 a 29 del cuaderno de primera instancia.
[21] Folios 30 y 31 del cuaderno de primera instancia.
[22] Folio 10 del cuaderno de instancia.
[23] Apellido escrito como aparece en la cédula de ciudadanía obrante a
folio 3 del cuaderno de primera instancia.
[24] Orden obrante a folio 9 del cuaderno de primera instancia.
[25] Folios 4 al 19 del cuaderno de primera instancia.
[26] Folios 3 al del cuaderno de primera instancia.
[27] Folios 3 del cuaderno de primera instancia.
[28] Folios 13 y 14 del cuaderno de segunda instancia.
[29] Folio 12 del cuaderno de segunda instancia.
[30] De acuerdo con las sentencias T-458 de 1992, T-023 de 1995, T-452 de 2001, T-476 de 2002, T-573 de
2006, T-250 de 2009 y la T-730 de 2010, para que opere la
figura de la agencia oficiosa, esta corporación ha exigido el cumplimiento de
los siguientes requisitos: “(1) el actor en el proceso de amparo actúa a
nombre de otra persona y (2) de la exposición de los hechos resulta evidente
que el agenciado se encuentra imposibilitado para interponer la acción por su
propia cuenta”. Sobre el particular, también en la
sentencia T-459 de 2007, se indicó: “Es viable incoar
una acción mediante el uso de la figura de la agencia oficiosa siempre y cuando
el titular de los derechos agenciados se encuentre imposibilitado para
defenderlos, por razones físicas, mentales, entre otras. En tales
circunstancias, el juez de tutela tiene el deber de identificar las razones y
los motivos que conducen al actor a impetrar la acción a nombre de otro.
Entonces si el agenciado sufre una enfermedad que limita el ejercicio de sus
capacidades físicas y mentales, es evidente que se encuentra impedido para
solicitar directamente el amparo de sus derechos.”.
[31] De acuerdo a los numerales 1, 2 y 7, de los artículos 277 y 282 de la Constitución Política.
[32] Corte Constitucional, Sentencia T-201 de
2009, al respecto se señala: “Esta
Corporación en un amplio estudio contenido en la Sentencia T-760 de 2008, reiteró la abundante jurisprudencia constitucional relacionada con la
protección del derecho fundamental a la salud. En dicha providencia se explicó
que la Corte ha protegido de tres formas este derecho: (i) en una época
fijando la conexidad con derechos fundamentales expresamente contemplados en la
carta, asemejando aspectos del núcleo esencial del derecho a la salud y
admitiendo su protección por medio de la acción de tutela; (ii)
advirtiendo su naturaleza fundamental en situaciones en las que se encuentran
en peligro o vulneración de sujetos de especial protección, (como niños,
discapacitados, ancianos[32], entre otros); (iii)
argumentando la fundamentalidad del derecho a la salud en lo que respecta a un
ámbito básico, el cual coincide con los servicios contemplados por la Constitución, el bloque de constitucionalidad, la ley, la jurisprudencia y los planes
obligatorios de salud, con la necesidad de proteger una vida en condiciones
dignas, sin importar cual sea la persona que lo requiera.”.
[33] El artículo 2° de la ley 100 de 1993 define los principios sobre los cuales debe basarse
el servicio público esencial de seguridad social y la forma como debe prestarse
con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad,
integralidad, unidad y participación, así:
“a. EFICIENCIA. Es la mejor
utilización social y económica de los recursos administrativos, técnicos y
financieros disponibles para que los beneficios a que da derecho la seguridad
social sean prestados en forma adecuada, oportuna y suficiente; (…)
d. INTEGRALIDAD. Es la cobertura de todas las contingencias que
afectan la salud, la capacidad económica y en general las condiciones de vida
de toda la población. Para este efecto cada quien contribuirá según su
capacidad y recibirá lo necesario para atender sus contingencias amparadas por
esta Ley; (…)”
[34] Corte Constitucional, Sentencia T-016 de 2007
[35] Al respecto es oportuno referir lo expuesto en la sentencia T-581
de 2007, donde esta corporación señaló: “A su
turno, la urgencia de la protección del derecho a la salud se puede dar en
razón a, por un lado, que se trate de un sujeto de especial protección
constitucional (menores, población carcelaria, tercera edad, pacientes que
padecen enfermedades catastróficas, entre otros), o por otro, que se trate de
una situación en la que se puedan presentar argumentos válidos y suficientes de
relevancia constitucional, que permitan concluir que la falta de garantía del
derecho a la salud implica un desmedro o amenaza de otros derechos
fundamentales de la persona, o un evento manifiestamente contrario a la idea de
un Estado constitucional de derecho. Así, el derecho a la salud debe ser
protegido por el juez de tutela cuando se verifiquen los anteriores criterios.”
[36] Relacionadas con el principio de continuidad en la prestación del
servicio, entre muchas otras, pueden verse las sentencias: T-059 de 1997, T-515 de 2000, T-746 de 2002,
C-800 de 2003,T-685de 2004, T-858 de 2004,
T-875de 2004, T-143 de 2005, T-305 de 2005, T-306 de 2005, T-464 de 2005, T-508 de 2005, T-568
de 2005,T-802 de 2005, T-842 de 2005, T-1027 de
2005, T-1105 de 2005,
T-1301 de 2005,
T-764 de
2006, T-662 de 2007, T-690 A de 2007, T-807 de 2007, T-970 de 2007 y T-1083 de 2007.
[37] Existen diversos instrumentos internacionales que consideran el derecho a la salud como un elemento esencial de
la persona al ser inherente a la misma. A continuación se enuncian alguno de
ello: i) El artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos afirma en su párrafo 1º que “toda persona tiene
derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la
salud y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia
médica y los servicios sociales necesarios”; ii) El artículo 12 del Pacto
Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales contiene una de las
disposiciones más completas y exhaustivas sobre el derecho a la salud; en su
párrafo 1º determina que los Estados partes reconocen: “el derecho de toda
persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental’,
mientras que en el párrafo 2 del artículo 12 se indican, a título de ejemplo,
diversas ‘medidas que deberán adoptar los Estados Partes a fin de asegurar la
plena efectividad de este derecho”;  iii) la Observación No. 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establece que “La salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos. Todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente. La efectividad del derecho
a la salud se puede alcanzar mediante numerosos procedimientos complementarios,
como la formulación de políticas en materia de salud, la aplicación de los
programas de salud elaborados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la adopción de instrumentos jurídicos concretos.”
(Subrayadas fuera de texto)
[38] En la sentencia T-790 de 2012 esta
corporación indicó: “Por consiguiente, fue con la Observación General 14 que se estableció que el derecho a la salud debe ser garantizado por
el Estado en el más alto nivel posible que les permita a las personas vivir en
condiciones dignas.// En concordancia con lo anterior, la Corte Constitucional ha identificado diversos escenarios de protección donde el suministro de
ciertos medicamentos o procedimientos resultan necesarios para procurar la
garantía de la dignidad humana de las personas que atraviesan por especiales
condiciones de salud. Verbigratia, sobre las personas que tienen dificultades
de locomoción y que por este motivo no pueden realizar sus necesidades
fisiológicas en condiciones regulares, este Tribunal indicó://siendo este
aspecto uno de los más íntimos y fundamentales del ser humano, los accionantes
tienen derecho a acceder al servicio de salud que disminuya la incomodidad en
intranquilidad que les genera su incapacidad física. Si bien los pañales
desechables no remedian por completo esta imposibilidad, sí permiten que las
personas puedan gozar de unas condiciones dignas de existencia.´”
[39] Acápite tomado de la Sentencia T- 073 de 2012,proferida por esta misma
Sala.
[40] Al respecto se pueden consultar, entre otras,
las sentencias T- 016 de 2007, T-173 de 2008, T-760 de 2008, T-820 de 2008,
T-999 de 2008, T-931 de 2010, T-566 de 2010, T-022 de 2011 y T-091 de 2011.
[41]El
numeral 3° del artículo 153 de la ley 100 de 1993 enuncia el principio de
integralidad en la prestación del servicio de la siguiente manera:  “El sistema general de seguridad social en salud brindará atención en
salud integral a la población en sus fases de educación, información y fomento
de la salud y la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, en
cantidad, oportunidad, calidad y eficiencia, de conformidad con lo previsto en
el artículo 162 respecto del plan obligatorio de salud”.
[42] El
literal c del artículo 156 de la misma ley dispone que “Todos los afiliados
al sistema general de seguridad social en salud recibirán un plan integral de
protección de la salud, con atención preventiva, médico quirúrgica y
medicamentos esenciales, que será denominada el plan obligatorio de salud.”
[43] Consultar Sentencia T-518 de 2006.
[44] Esta posición jurisprudencial ha sido reiterada en diferentes fallos,
dentro de los cuales pueden señalarse a manera de ejemplo los siguientes: T-830
de 2006, T-136 de 2004, T-319 de 2003, T-133 de 2001, T-122 de 2001 y T-079 de
2000.
[45] Sobre el particular se puede consultar las sentencias T-307 de 2007 y
T-016 de 2007, entre muchas otras.
[46] Corte Constitucional, Sentencias T-103 de 2009 y T-022 de 2011.
[47] Sobre el derecho al
diagnóstico en la sentencia T-139 de 2011 se recordó la siguiente regla
jurisprudencial: “Finalmente, ante la falta de exámenes diagnósticos para
determinar la necesidad de un servicio de salud, situación que se presenta en
los expedientes T-2827008, Lilia Aurora Jiménez de Hurtado; T-2830317, Luis
Jaime Palomino; T-2839905, David Amaris Correa y T-2854465; María Lía Correa
Restrepo, el problema jurídico a resolver es ¿vulnera una entidad encargada de
prestar servicios de salud los derechos fundamentales de un usuario, cuando le
niega el acceso a las pruebas y
exámenes diagnósticos
indispensables para determinar si requiere o no un servicio de salud? La
respuesta a este interrogante es afirmativa. La jurisprudencia constitucional
ha señalado que toda persona tiene
derecho a acceder a las pruebas y exámenes diagnósticos indispensables para determinar si
requiere o no un servicio de salud. Al
respecto, es importante mencionar el apartado [4.4.2.] de la sentencia T-760 de
2008, en el cual esta Corporación sostuvo: (…) en ocasiones el médico tratante
requiere una determinada prueba médica o científica para poder diagnosticar la
situación de un paciente. En la medida que la Constitución garantiza a toda persona el acceso a los servicios de salud que requiera, toda
persona también tiene derecho a acceder a los exámenes y pruebas diagnósticas
necesarias para establecer, precisamente, si la persona sufre de alguna
afección a su salud que le conlleve requerir un determinado servicio de salud.
Esta es, por tanto, una de las barreras más graves que pueden interponer las
entidades del Sistema al acceso a los servicios que se requieren, puesto que es
el primer paso para enfrentar una afección a la salud. Así pues, no garantizar
el acceso al examen diagnóstico, es un irrespeto el derecho a la salud.”
[48] Corte Constitucional, Sentencia T-760 de 2008:” una EPS irrespeta
el derecho a la salud de una persona cuando le obstaculiza el acceso al
servicio, con base en el argumento de que la persona no ha presentado la
solicitud al Comité Técnico Científico[48].
El médico tratante tiene la carga de iniciar dicho trámite.”. Ante la
ausencia de un procedimiento para que las EPS tramiten las autorizaciones de
servicios de salud no incluidos en el POS, cuando éstos son diferentes a un
medicamento, en el apartado 6.1.3. de la sentencia T-760 de 2008 la Corte señaló que hasta tanto el legislador no expida las normas correspondientes, le compete
al Comité Técnico Científico, el cual autoriza los medicamentos no incluido en
el POS, autorizar también los tratamientos, procedimientos o intervenciones.
[49] Sentencia T-922 de 2009.
[50] Acápite tomado de la Sentencia T-073 de 2012 proferida por esta misma Sala.
[51] Sentencia T-022 de 2011 y T-091 de 2011.
[52] Sentencia T-760 de 2008.
[53] Se aclara que este Acuerdo fue derogado por
el Acuerdo 028 de 2011 y éste a su vez fue sustituido por el Acuerdo 029 de
2011.
[54] La norma en mención expresamente señala: “ARTÍCULO
33. TRANSPORTE O TRASLADO DE PACIENTES. El Plan Obligatorio de Salud de ambos
regímenes incluye el transporte en ambulancia para el traslado entre
instituciones prestadoras de servicios de salud dentro del territorio nacional,
de los pacientes remitidos, según las condiciones de cada régimen y teniendo en
cuenta las limitaciones en la oferta de servicios de la institución en donde
están siendo atendidos, que  requieran de atención en un servicio no
disponible en la institución remisora.
“El
servicio de traslado de pacientes cubrirá el medio de transporte adecuado y
disponible en el medio geográfico donde se encuentre, con base en el estado de
salud del paciente, el concepto del médico tratante y el destino de la remisión
y de conformidad con las normas del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad de la Atención en Salud.
“PARÁGRAFO
1o. Si en concepto del médico tratante, el paciente puede ser atendido en un
prestador de menor nivel de atención el traslado en ambulancia, en caso
necesario, también hace parte del POS o POS-S según el caso. Igual ocurre en
caso de ser remitido a atención domiciliaria, en los eventos en que el paciente
siga estando bajo la responsabilidad del respectivo prestador.
“PARÁGRAFO
2o. Si realizado el traslado, el prestador del servicio, encuentra casos de
cobertura parcial o total, por seguros de accidente de tránsito, seguros
escolares y similares, el valor del transporte deberá ser asumido por ellos
antes del cubrimiento del Plan Obligatorio de Salud de ambos regímenes, en los
términos de la cobertura del seguro y la normatividad vigente.”
[55] Cfr. Acuerdo 8 de 2009 de la CRES (Comisión de Regulación en Salud) artículo 34. [Es de aclarar que éste fue derogado por
el Acuerdo 028 de 2011 y este último a su vez fue sustituido por el Acuerdo 029
de 2011].
[56] Esta regla jurisprudencial fue establecida en
la sentencia T-900 de 2000. La Corte Constitucional la ha utilizado en casos similares, por ejemplo en las sentencias T-1079 de 2001, T-1158 de 2001,  T-
962 de 2005, T-493 de 2006, y recientemente en las siguientes sentencias: T-057
de 2009, T-346 de 2009 y T-550 de 2009.
[57] Sentencia T-550 de 2009.
[58] Ley 100 de 1993, Acuerdo 008 de 2009 que fue
derogado por el Acuerdo 028 de 2011 y éste a su vez fue sustituido por el
Acuerdo núm. 029 de 2011.
[59] Corte Constitucional, Sentencias T-760 de 2008, T-716 de 2009, T-019
de 2010, T-104 de 2010, T-246 de 2010, T-1024 de 2010, T-022 de 2011, T-091 de
2011, T-233 de 2011, T-481 de 2011, T-523 de 2011, entre muchas otras.
[60] Las reglas que a continuación se transcriben se establecieron en
sentencias anteriores a la T-760 de 2008 y en esta última se ordenó su
inclusión en la correspondiente regulación, razón por la cual fueron plasmadas
en los acuerdos 008 de 2009 y 029 de 2011, aún cuando su desarrollo ha sido
esencialmente por vía jurisprudencial.
[61] Es de
anotar que la clase de transporte a utilizar deberá ser acorde al estado de
salud del paciente y al concepto del medico tratante.
[62] Esta regla jurisprudencia fue establecida en la Sentencia T-900 de 2000. La Corte Constitucional la ha utilizado en casos similares, por
ejemplo en las sentencias T-1079 de 2001, T-1158 de 2001, T- 962 de 2005, T-493
de 2006, T-057 de 2009, T-346 de 2009 y T-550 de 2009.
[63] Cuando ni el paciente ni sus familiares cercanos
tienen los recursos económicos suficientes para pagar el valor del traslado.
[64] Ver también las sentencias T-306 de 2005, T-829 de 2004 y
T-113 de 2002, entre otras.
[65] En el mismo sentido ver las sentencias T-1019 de 2002, T-906 de 2002,
T-861 de 2002, entre otras.
[66] Confróntese con las sentencias T-022 de 2011, T-091 de 2011, T-233 de
2011, T-481 de 2011 y T-523 de 2011, entre muchas otras.
[67] Confróntese con las sentencias T- 861 de 2002 y T-867 de 2003.
[68] Al respecto se pueden consultar las sentencias T-744 de 2004, T-984 de
2004, T-236ª de 2005, T-805 de 2005 y T-888 de 2006.
[69] Corte Constitucional, sentencia T-350 de
2003. Esta decisión ha sido
reiterada por la Corte en varias ocasiones; entre otras, en las sentencias
T-962 de 2005 y T-459 de 2007.
[70] Acápite tomado de la Sentencia T-320 de 2011, proferida por esta misma Sala de Revisión.
[71] Al respecto,  pueden consultarse las
siguientes sentencias: T-099 de 1999, T-899 de 2002, T-1219 de 2003, T-965 de
2007, T-202 de 2008, T-437 de 2010, entre otras.
[72] Sobre el mismo tema, podrá consultarse la
sentencia T-975 de 2008, en la que este Tribunal ordenó el
suministro de PAÑALES DESECHABLES a una menor que sufría de INCONTINENCIA,
sustentando su decisión en que tal padecimiento es un hecho notorio que no
necesita de una orden médica que respalde la necesidad del suministro de los
insumos que se solicitaban ante la Entidad Promotora de Salud.
[73] Sentencia T-540 de 2002.
[74] Al respecto, la sentencia T-760 de 2008 precisó que: “cuando
el servicio que requiera no está incluido en el plan obligatorio de salud
correspondiente, debe asumir, en principio, un costo adicional por el servicio
que se recibirá. No obstante, como se indicó, la jurisprudencia constitucional
ha considerado que sí carece de la capacidad económica para asumir el costo que
le corresponde, ante la constatación de esa situación de penuria, es posible
autorizar el servicio médico requerido con necesidad y permitir que la EPS obtenga ante el Fosyga el reembolso del servicio no cubierto por el POS.”
[75] Corte Constitucional, Sentencias T-223 de
2006, T-933 de 2009, T-126 de 2010 y T-786 de 2010.
[76] Expediente T-3615838: la señora Verónica María Hernández allega
la historia clínica de la señora Bertha Oliva Chavarría de García en la que se
constata el delicado estado de salud y manifiesta que actúa como agente
oficiosa. Expediente T-3620403: el personero de Envigado allega la
solicitud elevada por la progenitora del menor Andrés Felipe Cuervo Holguín, el
acta de posesión en el cargo y demás documentos, que en calidad de personero lo
facultan para acudir en defensa de los derechos del menor de edad. Expediente
T- 3626847: el personero de Neiva allega la solicitud elevada por la señora
madre de la menor de edad María Fernanda Trujillo Pérez, el acta de posesión en
el cargo y demás documentos, que en calidad de personero lo facultan para
acudir en defensa de los derechos de la niña. Expediente T-3627285: el
señor Eleazar García actúa como agente oficioso de su esposa, la señora María
Elena Lucas de García, quien padece de la enfermedad de parkinson, se encuentra
en silla de ruedas y no puede valerse por si misma. En la petición de amparo el
señor García manifiesta que presenta la acción de tutela como agente oficioso y
allega los documentos que acreditan el vínculo matrimonial. Expediente T-
3629627: la señora Blanca Elisa Escobar Chávez solicita el amparo de los
derechos fundamentales de la señora Dolly Chaves de Escobar (madre de la
peticionaria) en calidad de agente oficiosa, indicando que actúa en dicha
forma.
[77] Corte Constitucional, Sentencia T- 760 de 2008: “las EPS no
pueden imponer como requisito de acceso a un servicio de salud el cumplimiento
de cargas administrativas propias de la entidad”.
[78] Corte Constitucional, Sentencia T-139 de 2011.
[79] Los servicios que aún no se le han brindado a la niñas son: “ultrasonografía de vías urinarias, valoración por urología
pediátrica, valoración por gastroenterología pediátrica, valoración por
neurocirugía, valoración por grupo de ostomizados para reentrenamiento de cateterismo
vesical intermitente libre de látex, cistoscopia transuretral y vaginoscopia
con instrumento óptico en niñas”
[80] Obrante en los folios: 9 del cuaderno de primera
instancia y 13 y 14 del cuaderno de segunda instancia.
[81] Folio 12 del cuaderno de segunda instancia.
[82] Folio 3 del cuaderno de primera instancia.