C-041-17
NOTA DE RELATORIA: Mediante Auto 547 de fecha 22 de agosto de 2018, el cual se
anexa en la parte final de esta providencia, se declara la nulidad del numeral
segundo de su parte resolutiva, por violación de la cosa juzgada constitucional
frente a lo resuelto en las Sentencias C-666/10 y C-889/12
Sentencia C-041/17
CODIGO
PENAL-Expresión
“menoscaben gravemente” contenida en norma sobre delito de
maltrato animal, no desconoce el principio de legalidad porque aunque tiene
cierto grado de indeterminación se inscribe en el concepto de tipo penal
abierto
La Corte debe establecer si la utilización de
la expresión “menoscaben gravemente” en el tipo penal previsto en el artículo
339A, adicionado por el artículo 5º de la Ley 1774 de 2016, desconoce el
principio de legalidad con motivo de la presunta indeterminación insuperable de
lo acusado, al dejar presuntamente que los jueces decidan a su arbitrio cuando
se causa una lesión a un animal, más aun si no existe una tabla de graduación
que permita su determinación. A fin de resolver dicho problema, la Corte (i)
establece el alcance del principio de legalidad en sentido estricto, (ii)
precisa la naturaleza del control constitucional de los tipos penales cuando
son impugnados por la infracción de tal principio, (iii) alude a los
precedentes relevantes y, finalmente, (iv) examina si la expresión acusada
desconoce la Carta. En segundo lugar, le corresponde determinar a la Corte si
el parágrafo 3º del artículo 339B, adicionado por el artículo 5 de la Ley 1774
de 2016, al exceptuar de la aplicación de las penas previstas en los artículos
339A y 339B a las personas que adelanten las conductas a las que se refiere el
artículo 7 de la Ley 84 de 1989, desconoce el deber constitucional de
protección animal, la calidad de seres sintientes y la indefensión en que se
encuentran, aún bajo el principio de diversidad cultural. Para dar
respuesta a esos interrogantes la Sala aborda el análisis de los siguientes
núcleos temáticos: (i) el principio de legalidad en sentido estricto y su no desconocimiento
en el asunto sub judice; (ii) la Constitución ecológica. El valor intrínseco de
la naturaleza y su entorno, y la interacción del humano con ella; (iii) los
animales como merecedores de protección constitucional e internacional; (iv) la
protección a los animales a partir de deberes morales y solidarios
-comportamiento digno de los humanos- para garantía del medio ambiente y la
sentencia C-666 de 2010; (v) la evolución de la Ley y la jurisprudencia
constitucional hacia mayores ámbitos de protección para con los animales.
NORMA DEMANDADA QUE ESTABLECE QUE “QUIENES ADELANTEN CONDUCTAS
DESCRITAS EN EL ARTÍCULO 7° DE LA LEY 84 DE 1989 NO SERAN OBJETO DE LAS PENAS
PREVISTAS EN LA PRESENTE LEY”-Resulta inconstitucional
Para
la Corte es claro que el parágrafo 3 desconoció la decisión constitucional
previa de exequibilidad condicionada. Adicionalmente, aunque podría pensarse
que era posible aplicar el principio de conservación del derecho, en tanto se
trataba de una disposición penal era necesario preferir una declaratoria de
inexequibilidad para garantizar el principio de legalidad de los delitos. De
este modo, el artículo 5º de la Ley 1774 de 2016, que adicionó el artículo 339B
del Código Penal, al reenviar al artículo 7º de la Ley 84 de 1989 desconoció
los principios de legalidad, tipicidad y de cosa juzgada constitucional, todo
lo cual generó un déficit de protección constitucional hacia los animales que
fue inobservado por el legislador penal, lo cual implica la inexequibilidad del
parágrafo 3º.
NORMA DEMANDADA QUE ESTABLECE QUE “QUIENES ADELANTEN CONDUCTAS
DESCRITAS EN EL ARTÍCULO 7° DE LA LEY 84 DE 1989 NO SERÁN OBJETO DE LAS PENAS
PREVISTAS EN LA PRESENTE LEY”-Efectos diferidos
de la decisión de inexequibilidad
La
inconstitucionalidad del parágrafo 3º del artículo 339B del Código Penal
conlleva a la desaparición de la excepción contenida en dicha disposición. Es
ese sentido, es procedente diferir los efectos de esta decisión por el término
de dos (2) años, contados a partir de la notificación de esta sentencia,
atendiendo los efectos que podría tener la desaparición inmediata de estas
excepciones con respecto a intereses protegidos por el ordenamiento jurídico.
En ese orden de ideas, le corresponde al Congreso de la República, en ejercicio
de la potestad de configuración legislativa (art. 150.2 superior), disponer lo
necesario para adecuar la legislación a los mandatos constitucionales y a la
jurisprudencia mencionada. Sin embargo, de no expedirse la regulación normativa
en el plazo indicado inmediatamente toma fuerza ejecutoria la inexequibilidad
declarada
DELITO
DE MALTRATO ANIMAL EN EL CODIGO PENAL-Pena de prisión
por causar muerte o lesiones que menoscaben gravemente la salud o integridad
física/DELITO DE MALTRATO ANIMAL EN EL CODIGO PENAL-Excepción a la
aplicación de penas previstas a personas que
adelanten conductas de rejoneo, coleo, corridas de toros, novilladas,
corralejas, becerradas, tientas, riñas de gallos
La norma penal bajo estudio refiere a
las circunstancias de agravación punitiva, no obstante, exceptúa de punibilidad
los comportamientos previstos en el parágrafo 3º según el cual: “quienes
adelanten las conductas descritas en el artículo 7º de la Ley 84 de 1989 no
serán objeto de las penas previstas en la presente ley”. En ese sentido, el
parágrafo cuestionado reenvía a la disposición legal contenida en el artículo
7º de la Ley 84 de 1989, exceptuando de penalización los siguientes
comportamientos: “el rejoneo, coleo, las corridas de toros, novilladas,
corralejas, becerradas y tientas, así como las riñas de gallos y los
procedimientos utilizados en estos espectáculos”. Tal remisión adolece de
indeterminación -principio de legalidad-, desconoce el principio de tipicidad
(art. 29 superior) y termina reproduciendo contenidos materiales declarados
inconstitucionales (art. 243 superior), todo lo cual genera un déficit de
protección constitucional hacia los animales. Ello, por cuanto la remisión
normativa se realizó en forma genérica y desatendiendo los lineamientos que con
anterioridad fueron fijados por este Tribunal en la sentencia C-666 de 2010.
PRINCIPIO
DE LEGALIDAD EN SENTIDO ESTRICTO-Alcance
PRINCIPIO
DE LEGALIDAD EN MATERIA
PENAL-Funciones
PRINCIPIO
DE LEGALIDAD-Cláusulas
CONGRESO
DE LA REPUBLICA-Diseño de la política criminal del Estado/CONGRESO
DE LA REPUBLICA-Deber de identificar las conductas típicas y sanción
correspondiente/LEGISLADOR EN MATERIA PENAL-Estructuración de los
elementos del tipo
PRINCIPIO
DE LEGALIDAD ESTRICTA-Tipos penales en blanco y tipos penales
abiertos
TIPOS
PENALES EN BLANCO Y TIPOS PENALES ABIERTOS-Distinción
JUICIO
DE ESTRICTA LEGALIDAD-Alcance/JUICIO DE ESTRICTA LEGALIDAD-Concepto/LENGUAJE
JURIDICO-Indeterminación/JUICIO DE ESTRICTA LEGALIDAD DE LOS TIPOS
PENALES-No puede ser sólo un ejercicio de control sobre la calidad del
lenguaje usado por el legislador
JUICIO
DE ESTRICTA LEGALIDAD DE LOS TIPOS PENALES EN BLANCO Y TIPOS PENALES ABIERTOS-Finalidad/JUICIO
DE ESTRICTA LEGALIDAD DE LOS TIPOS PENALES EN BLANCO Y TIPOS PENALES ABIERTOS-Estructura
diferenciada
TIPOS
PENALES-Principio
de tipicidad/TIPOS PENALES-Inconstitucionalidad
INDETERMINACION
DE LOS TIPOS PENALES-Jurisprudencia constitucional
DELITO
DE MALTRATO ANIMAL-Tipo penal abierto
DELITO
DE MALTRATO ANIMAL-Carácter penal o contravencional
dependerá de un determinado resultado
DELITO
DE MALTRATO ANIMAL-Expresión “menoscaben gravemente”,
permite juicios diferenciados según la naturaleza y las condiciones de los
animales afectados/ACTO DE MALTRATO-Definición de la intensidad y
diferencia entre lesiones profundas y lesiones ligeras/LESIONES PROFUNDAS-Constituyen
menoscabo grave/ACTO DE MALTRATO-Supone intervención en la salud o
integridad con un impacto significativo en las funciones vitales de los
animales
INTERPRETACION
DEL SIGNIFICADO DE LA EXPRESION “GRAVE”-Jurisprudencia
de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia
EXPRESION
“GRAVE” O
“GRAVEMENTE” FRENTE A LA TIPIFICACION DE CONDUCTAS
PENALES-Bloque
de constitucionalidad
EXPRESION
“GRAVE”-Derecho comparado
CONSTITUCION
ECOLOGICA-Valor
intrínseco de la naturaleza y su entorno/CONSTITUCION ECOLOGICA-Interacción
del ser humano
CONSTITUCION
ECOLOGICA O VERDE-Protección/CONSTITUCION
ECOLOGICA O VERDE-Reconocimiento
del interés superior del medio ambiente
MEDIO
AMBIENTE SANO-Defensa/MEDIO AMBIENTE SANO-Objetivo de
principio dentro de la actual estructura del Estado social de derecho/MEDIO
AMBIENTE SANO-Triple dimensión
MEDIO
AMBIENTE COMO PRINCIPIO Y DERECHO-Deberes del Estado
PROTECCION
DEL MEDIO AMBIENTE-Visión antropocéntrica, biocéntrica y
ecocéntrica
ELEMENTOS
DE LA NATURALEZA-Salvaguarda como sujetos de derechos
individualizables al tratarse de seres vivos, constituye un imperativo para el
Estado y la comunidad
MEDIO
AMBIENTE-Protección
de los elementos integrantes/MEDIO AMBIENTE, ANIMALES Y SER HUMANO-Relación
ANIMALES-Protección
constitucional e internacional
PRACTICAS,
COSTUMBRES Y TRADICIONES-Respaldo constitucional/VALOR,
PRINCIPIO O DERECHO FRENTE AL PRINCIPIO DE DIGNIDAD-Límites/VALOR,
PRINCIPIO O DERECHO-Juicio de ponderación
POTESTAD
DE CONFIGURACION NORMATIVA DEL LEGISLADOR PARA DETERMINAR LAS ACTIVIDADES QUE
CONSTITUYEN EXPRESIONES ARTISTICAS Y CULTURALES-No es absoluta
MANIFESTACIONES
CULTURALES-Concepto
DOCTRINA-Importancia
de la diversidad cultural y el multiculturalismo/CULTURA-No es un
concepto estático al experimentar cambios reinterpretados en función de nuevas
necesidades/DEMOCRACIA Y MEDIOAMBIENTE-Constitucionalismo dialógico
PRACTICAS
CULTURALES-No deben confundirse con los derechos culturales/CULTURA-Transformación
y revaluación continua/MANIFESTACIONES CULTURALES-Finalidad/PRACTICAS
CULTURALES-Erradicación de tradiciones de insensibilidad para con los seres
habitantes del territorio
DERECHOS
DE LOS ANIMALES-Reconocimiento histórico/RECONOCIMIENTO DE DERECHOS
SUBJETIVOS A LOS ANIMALES-Concepciones filosóficas
DERECHOS
DE LOS ANIMALES-Instrumentos internacionales
DERECHOS
DE LOS ECOSISTEMAS Y LAS COMUNIDADES NATURALES-Reconocimiento
DOGMATICA
EVOLUTIVA Y DINAMICA-Avance en la concepción clásica y teórica
del derecho/CONSTITUCION POLITICA-Instrumento viviente y abierto
PODER
JUDICIAL-Control
y defensa del orden institucional y visión del interés general
CONSTITUCION
POLITICA-Aunque
no reconozca explícitamente los animales como titulares de derechos, no debe
entenderse como negación ni prohibición
CORTE
CONSTITUCIONAL-Función de hacer cierta la inclusión de los
animales como titulares de derechos
PROTECCION
DE LOS ANIMALES A PARTIR DE DEBERES MORALES Y SOLIDARIOS-Comportamiento
digno de los humanos para garantía del medio ambiente según la sentencia
C-666/10
La sentencia C-666 de 2010 partió de
considerar que se tienen deberes morales y solidarios hacia los animales,
además del comportamiento digno que los humanos están obligados a proveerles
para la preservación del medio ambiente (arts. 8º, 79 y 95 superiores). También
sostuvo que la Constitución de 1991 no es un instrumento estático y que la
permisión prevista en el cuerpo normativo preconstitucional (Ley 84 de 1989) no
puede limitar la libertad de configuración normativa del Congreso de la
República, de acuerdo a los cambios que se produzcan en el seno de la sociedad.
En la Ley 1774 de 2016 el legislador volvió a hacer referencia a la excepción
de las sanciones al maltrato animal -ahora de carácter penal- en tanto se ha
dado más valor a su protección frente al sufrimiento, sin embargo, lo hizo de
manera genérica desprotegiendo a los animales de forma irrazonable y
desproporcionada. Así para la Corte es claro que el parágrafo 3 desconoció la
decisión constitucional previa de exequibilidad condicionada. Adicionalmente,
aunque podría pensarse que era posible aplicar el principio de conservación del
derecho, en tanto se trataba de una disposición penal era necesario preferir
una declaratoria de inexequibilidad para garantizar el principio de legalidad
de los delitos. De este modo, el artículo 5º de la Ley 1774 de 2016, que
adicionó el artículo 339B del Código Penal, al reenviar al artículo 7º de la
Ley 84 de 1989 desconoció los principios de legalidad, tipicidad y de cosa
juzgada constitucional, todo lo cual generó un déficit de protección
constitucional hacia los animales que fue inobservado por el legislador penal,
lo cual implica la inexequibilidad del parágrafo 3º.
LIMITES
LEGITIMOS AL DEBER CONSTITUCIONAL DE PROTECCION ANIMAL-Principios,
derechos y deberes
EXPRESIONES
CULTURALES-Ejercicio debe estar en armonía con otros valores,
derechos y principios fundamentales/JUEZ CONSTITUCIONAL FRENTE AL
RECONOCIMIENTO Y REGULACION DE MANIFIESTACIONES CULTURALES-Criterios de
razonabilidad y proporcionalidad
MANIFIESTACIONES
CULTURALES-Competencia del órgano legislativo o de autoridades
municipales o distritales
CULTURA-No
puede entenderse como un concepto bajo el cual es posible amparar cualquier
tipo de expresiones o tradiciones
LEGISLADOR-Prohibición
de manifestaciones culturales que implican maltrato animal, en ejercicio de la
libertad de configuración normativa
LEY Y
JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL SOBRE PROTECCION DE LOS ANIMALES-Evolución/PROTECCION
DE LOS ANIMALES-Regulación normativa/PROTECCION DE LOS ANIMALES-Jurisprudencia
constitucional
ESTATUTO
NACIONAL DE PROTECCION DE LOS ANIMALES-Protección
especial/ESTATUTO NACIONAL DE PROTECCION DE LOS ANIMALES-Disposición
exceptuó las actividades de rejoneo, coleo, corridas de toros, novilladas,
corralejas, becerradas, tientas, riñas de gallos y los procedimientos
utilizados en estos espectáculos por considerarlas culturales
Referencia: expedientes D-11443 y
D-11467.
Demanda de inconstitucionalidad
contra el artículo 5 (parcial) de la Ley 1774 de 2016, “por medio de la cual
se modifican el Código Civil, la Ley 84 de 1989, el Código Penal, el Código de
Procedimiento Penal y se dictan otras disposiciones”.
Actores: María Cristina Pimiento
Barrera y Esperanza Pinto Flórez (D-11443) – Juliana Marcela Chahín del Río
(D-11467)
Magistrados Ponentes:
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO
Bogotá D. C., primero (1º) de febrero de dos mil
diecisiete (2017).
La
Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales, una vez cumplidos los requisitos y trámites establecidos en
el Decreto ley 2067 de 1991, profiere la siguiente:
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES
1.-
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en el
artículo 241-4 de la Constitución Política, las ciudadanas María Cristina
Pimiento Barrera y Esperanza Pinto Flórez demandaron el artículo 5 (parcial) de
la Ley 1774 de 2016, que adicionó el título XI-A, “De los delitos contra los
animales”, al Código Penal (Expediente D-11443).
2.-
Simultáneamente la ciudadana Juliana Marcela Chahín del Río demandó el artículo
5 (parcial) de la Ley 1774 de 2016 (Expediente D-11467).
3.-
La Sala Plena de la Corte, en sesión del 25 de mayo de dos mil dieciséis
(2016), dispuso la acumulación del expediente D-11467 al D-11443.
4.-
Mediante auto de catorce (14) de junio de dos mil dieciséis (2016) se admitió
la demanda de inconstitucionalidad presentada contra el artículo 5 (parcial) de
la Ley 1774 de 2016, que adicionó el Código Penal, presentada por las
ciudadanas María Cristina Pimiento Barrera y Esperanza Pinto Flórez, así como
la demanda de contra el mismo artículo instaurada por Juliana Marcela Chahín
del Río, pero únicamente por el cargo de violación al deber constitucional de
proteger el ambiente. Los demás, referidos a la violación de los fines
esenciales del Estado y violación al derecho a la igualdad fueron inadmitidos y
posteriormente rechazados[1]
5.-
En la misma providencia se dispuso la fijación en lista del asunto y
simultáneamente corrió traslado al Procurador General de la Nación para que
rindiera el concepto de su rigor. Ordenó comunicar la iniciación del proceso al
Presidente de la República, al Presidente del Congreso de la República, al
Ministerio de Justicia y del Derecho, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, al Ministerio de Cultura y al Ministerio de Defensa; también,
invitó a que emitieran su opinión sobre la demanda de la referencia a las
facultades de derecho de las universidades de los Andes, Sergio Arboleda, del
Rosario, Externado de Colombia, Javeriana, del Norte, de Caldas, de la Sabana y
Libre de Colombia; a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, a la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca, a la Corporación Autónoma Regional de Caldas,
a la Alcaldía de Bogotá, a la Fiscalía General de la Nación, a la Asociación
Defensora de Animales y del Ambiente -ADA- y a la Organización Defenzoores. Para
ello se les envió copia de la demanda por intermedio de la Secretaría General
de la Corte Constitucional.
6.-
Mediante
Auto 022 A de 25 de enero de 2017 la Sala Plena de la Corte Constitucional
declaró que no eran pertinentes las recusaciones formuladas por el ciudadano
Alfredo de la Cruz Molano Bravo contra los magistrados Luis Ernesto Vargas
Silva y María Victoria Calle Correa.
7.-
Cumplidos los trámites previstos en el artículo 242 de la Constitución Política
y en el Decreto ley 2067 de 1991, procede la Corte a resolver sobre la demanda
de la referencia[2].
II.
TEXTO DE LA NORMA PARCIALMENTE ACUSADA
A
continuación, se resaltan los apartes demandados:
“Ley 1774 de
2016
enero 6[3]
“Por medio
de la cual se modifican el Código Civil, la Ley 84 de 1989, el Código Penal, el
Código de Procedimiento Penal y se dictan otras disposiciones”.
ARTÍCULO 5°. Adiciónese al
Código Penal el siguiente título:
TÍTULO XI-A:
DE LOS DELITOS CONTRA LOS ANIMALES
CAPÍTULO ÚNICO
Delitos contra la
vida, la integridad física y emocional de los animales
Artículo 339A. El que, por cualquier medio o
procedimiento maltrate a un animal doméstico, amansado, silvestre vertebrado o
exótico vertebrado, causándole la muerte o lesiones que menoscaben gravemente
su salud o integridad física, incurrirá en pena de prisión de doce (12) a
treinta y seis (36) meses, e inhabilidad especial de uno (1) a tres (3) años
para el ejercicio de profesión, oficio, comercio o tenencia que tenga relación
con los animales y multa de cinco (5) a sesenta (60) salarios mínimos mensuales
legales vigentes.
Artículo 339B. Circunstancias de
agravación punitiva. Las penas
contempladas en el artículo anterior se aumentarán de la mitad a tres cuartas
partes, si la conducta se cometiere:
a) Con sevicia;
b) Cuando una o varias de las conductas
mencionadas se perpetren en vía o sitio público;
c) Valiéndose de inimputables o de
menores de edad o en presencia de aquellos;
d) Cuando se cometan actos sexuales con
los animales;
e) Cuando alguno de los delitos
previstos en los artículos anteriores se cometiere por servidor público o quien
ejerza funciones públicas.
Parágrafo 1°. Quedan exceptuadas de las penas
previstas en esta ley, las prácticas, en el marco de las normas vigentes, de
buen manejo de los animales que tengan como objetivo el cuidado, reproducción,
cría, adiestramiento, mantenimiento; las de beneficio y procesamiento
relacionadas con la producción de alimentos; y las actividades de entrenamiento
para competencias legalmente aceptadas.
Parágrafo 2°. Quienes adelanten acciones de
salubridad pública tendientes a controlar brotes epidémicos, o transmisión de
enfermedades zoonóticas,
no serán objeto de las penas previstas en la presente ley.
Parágrafo 3°. Quienes
adelanten las conductas descritas en el artículo 7° de la Ley 84 de 1989 no
serán objeto de las penas previstas en la presente ley.”
III.
LAS DEMANDAS DE INCONSTITUCIONALIDAD
-
Expediente D-11443
1.-
Las demandantes consideran que la expresión impugnada vulnera los artículos 29
y 93 de la Constitución, así como el artículo 9º del Pacto de San José (Ley 16
de 1972).
2.-
Señalan que la locución “menoscaben gravemente” va en contra vía de los
artículos 29 Constitucional y 9º del Pacto de San José al ser ambigua porque no
establece de manera clara, inequívoca y expresa los supuestos en los cuales la
comisión de la conducta punible se entiende realizada. En otras palabras,
indican que no es posible determinar cuándo la conducta de maltratar “a un animal
doméstico, amansado, silvestre vertebrado o exótico vertebrado, causándole la
muerte o lesiones que menoscaben gravemente su salud o integridad física”, resulta grave.
3.-
Afirman que es obligación definir la ley penal de manera inequívoca en sus
características básicas estructurales para conocer si un comportamiento es
adecuable al tipo y si éste afecta un bien jurídico protegido. De no ser así, desprende,
cualquier ciudadano podría incurrir -sin saberlo- en una sanción penal por no
tener claras las características del delito.
4.-
Insisten en la ambigüedad de la expresión demandada ya que, según el Diccionario
de la Lengua Española maltratar es menoscabar o echar a perder. A partir
de esa definición, determinan que no es posible entender cuando se causa una
lesión que menoscabe gravemente la salud o integridad física de un animal, más
aún si no existe una tabla o escala de graduación que establezca la gravedad de
las lesiones, circunstancia que impide conocer cuál es el alcance de la norma
penal. Lo anterior para las demandantes no es de recibo, ya que la Corte en la
sentencia C-537 de 2009 señaló que si el tipo penal no es claro, preciso e
inequívoco procede la declaratoria de inexequibilidad: “las conductas que
comportan sanciones penales deben ser descritas de tal forma que, antes de
realizarse los actos, las personas puedan saber clara, precisa e
inequívocamente, que comportamientos están prohibidos y cuáles no lo están”.
5.-
Las actoras consideran que el término menoscabar es redundante respecto de la
expresión gravemente, así como con la palabra maltratar porque ésta “de por
sí lleva inserta la expresión menoscabar y, si se menoscaba es porque hay una
lesión grave”. Aunado a ello, señalan de manera categórica que: i) la norma
atacada presenta una dificultad lingüística que impide determinar la licitud o
ilicitud de la conducta porque no señala lo que debe entenderse como grave ni
los supuestos en los cuales se entiende realizada la comisión del delito; ii) no
se garantiza el principio de legalidad ni el derecho a la defensa dada la
imprecisión de la norma, que dejaría al arbitrio del operador judicial
determinar cuándo se ha menoscabado gravemente la salud o integridad física de
un animal; y iii) si bien es cierto “el sentido del precepto es tan claro,
que es posible definir cuál es el comportamiento que pretender (sic)
prevenirse o estimularse para proteger el bien jurídico”, también lo es que
por la ambigüedad normativa en relación con el maltrato, “resulta imposible para
el derecho penal determinar cuándo de manera precisa, científica o empírica un
daño es grave para un animal en determinada circunstancia que menoscabó su
salud o integridad física, al igual que si ese daño no es grave para otro
animal con similares características pero en otras circunstancias”.
-
Expediente D-11467
1.-
La ciudadana Juliana Marcela Chahín del Río considera que el parágrafo tercero
del artículo 5 de la Ley 1774 de 2016 vulnera el artículo 79 de la Constitución
Política.
2.-
Señala que de conformidad con el artículo constitucional es obligación del
Estado velar por la protección del medio ambiente. Agrega que los animales
domésticos o salvajes hacen parte del medio ambiente, razón por la cual merecen
cuidado y protección porque son seres sintientes y no muebles.
3.-
Aduce que si bien es cierto la Ley 1774 de 2016 fue proferida con el fin de
evitar el maltrato animal dado por los seres humanos, catalogándolos como seres
sintientes merecedores de garantías y protección, también lo es que esa disposición
es excluyente al dejar por fuera a aquellos que son utilizados para actividades
de entretenimiento, tales como el rejoneo, coleo, corridas de toros,
novilladas, corralejas, riñas de gallos, becerradas y tientas, y demás animales
que son tenidos en cuenta como parte de un espectáculo denominado artístico.
4.-
Indica que los animales utilizados para un “espectáculo taurino” o de similar
categoría no deben ser considerados como elementos u objetos sino como seres
vivos que sufren y sienten el dolor en esas actividades en las que son
maltratados sin razón alguna, desconociéndose la protección del medio ambiente
y cultural.
5.-
Por esta razón, solicita la inxequibilidad del parágrafo tercero del artículo
5º de la Ley 1774 de 2016, según el cual quienes adelanten las conductas
descritas en el artículo 7° de la Ley 84 de 1989[4] no serán
objeto de las penas previstas en la mencionada Ley.
IV.
INTERVENCIONES
1. Ministerio de Justicia y del Derecho.
La Directora (E.) de la Dirección de Desarrollo del
Derecho y del Ordenamiento Jurídico del Ministerio de Justicia y del Derecho solicita
que se declaren exequibles los apartes demandados.
Estima que el vocablo normativo “menoscaben gravemente”
no resulta contrario a los principios de estricta legalidad y defensa porque como
lo ha reconocido la Corte para casos similares se trata de una expresión cuyo
alcance puede ser completado con referentes del material probatorio  -incluido
el dictamen técnico de medicina legal- y del precedente judicial (C-285 de
1997, C-958 de 2014 y C-297 de 2016).
Señala que la Corte ha considerado pertinente que
algunas expresiones o vocablos de imposible precisión por vía legislativa
puedan ser determinados por el operador judicial, apoyado, entre otros, en un
dictamen o referente técnico de lo que constituye una lesión y cómo se determina
su gravedad, por ejemplo el Reglamento Técnico para el Abordaje Integral de
Lesiones en Clínica Forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias
Forenses.
Afirma que tampoco viola la Constitución el
parágrafo 3º del artículo 339B del Código Penal, adicionado por el artículo 5º
de la Ley 1774 de 2016, porque a partir del condicionamiento de exequibilidad
del artículo 7º de la Ley 84 de 1989, los animales comprometidos en las
actividades de rejoneo, coleo, corridas de toros, novilladas, corralejas,
becerradas, tientas, riñas de gallos y los procedimientos utilizados en eses
espectáculos, no están exentos de cuidado y protección. Así las cosas,
considera que no se vulnera el deber estatal de protección a los animales como
integrantes del medio ambiente, ya que en el entendido actual de dicho artículo
no se está permitiendo el trato cruel de los animales, sino que, por el
contrario, se está enfatizando la condición establecida por la Corte en la
sentencia C-666 de 2010, en cuanto a que los animales comprometidos en las
actividades culturales descritas deben recibir protección especial contra el
sufrimiento y el dolor.
Concluye el Ministerio que las disposiciones
acusadas no resultan violatorias de los principios, reglas y valores superiores
porque, por un lado, la expresión “menoscaben gravemente” no es ambigua
o vaga al existir referentes técnicos en los cuales se puede apoyar el juez
para obtener la suficiente precisión que le permita determinar la adecuación de
la conducta al tipo penal. Por otro lado, los animales comprometidos en las
actividades enunciadas en el artículo 7º de la Ley 84 de 1989, sí son objeto de
cuidado, protección y garantías como seres sintientes.
2. Ministerio de Defensa Nacional
Solicita a la
Corte declarar la exequibilidad de las normas acusadas o subsidiariamente
emitir un fallo inhibitorio por ineptitud sustantiva de la demanda.
Sostiene que el
papel de la Corte en los procesos de constitucionalidad no es el de resolver
todas las dudas que puedan surgir sobre la interpretación de una norma porque
la finalidad radica en “establecer la existencia de una contradicción real y
concreta entre lo establecido por una norma legal materialmente existente y la
Constitución”. Así el ciudadano que ejerce la acción de inconstitucionalidad
contra una norma debe referir con precisión el objeto demandado, el concepto de
la violación y la razón por la cual la Corte es competente para conocer el
asunto. En ese sentido, afirma que las accionantes no consiguieron precisar de
forma clara las circunstancias que demuestran la transgresión constitucional.
Afirma que existieron innumerables razones que
justifican la expedición de la Ley 1774 de 2016, la cual estima que respeta en
toda su integridad los mandatos constitucionales. La finalidad de establecer la
sanción penal, como se desprende de los antecedentes legislativos, consiste en
generar una nueva conciencia y una mejor educación frente al maltrato animal.
Indica que el desarrollo normativo derivado del
artículo 5º de la Ley 1774 de 2016 no corresponde a un capricho del legislador,
en tanto obedece a un proceso de reflexión que ha durado más de 23 años, en el
que por primera vez en la historia del país se otorgan herramientas y
procedimientos penales claros a la ciudadanía y las autoridades para prevenir
el maltrato hacia los animales no humanos.
Añade que la jurisprudencia constitucional ha
reconocido un amplio margen de configuración legislativa “en orden a
determinar qué bienes jurídicos son susceptibles de protección penal, las conductas
que deben ser objeto de sanción, y las modalidades y la cuantía de la pena”.
En todo caso sostuvo la cartera ministerial que el ejercicio de esa competencia
está sometido a límites entre los que se encuentran el respeto de los derechos fundamentales
así como los principios de legalidad razonabilidad y proporcionalidad. Precisa
que dentro de las garantías del principio de legalidad está la prohibición de
delitos y penas indeterminadas, razón por la que ha surgido la necesidad de
estudiar los tipos penales en blanco, respecto de los cuales la jurisprudencia
ha admitido su constitucionalidad siempre que la remisión normativa permita al
interprete determinar inequívocamente el alcance de la conducta penalizada y la
sanción correspondiente.
Aduce que el querer del legislador no fue sancionar
cualquier tipo de maltrato, porque la Ley 1774 de 2016 dividió la competencia
en dos jurisdicciones. La primera, que corresponde a la jurisdicción penal
relativa a comportamientos dolosos, esto es, aquellos que causen la muerte del
animal o menoscaben gravemente su salud o integridad física. La segunda,
relativa a las inspecciones de policía que conocerán del maltrato animal en la
modalidad culposa o dolosa que no tengan los efectos referidos. En ese sentido,
la interpretación de las accionantes dada a las acepciones “menoscaben
gravemente” es desacertada, toda vez que los argumentos y ejemplos
utilizados no demuestran la transgresión de la norma acusada.
Finalmente, precisa que el legislador pretendió
sancionar los maltratos que menoscaben gravemente la integridad y salud de los
animales, las cuales se encuentran enmarcadas dentro de la misma legislación
vigente, Ley 5ª de 1972, Decretos 497 de 1973, 2811 de 1974, 1608 de 1978, Ley
84 de 1989 (Estatuto Nacional de Protección de los Animales).
3. Asociación Defensora de Animales y del
Ambiente
La Representante
Legal de la Asociación Defensora de Animales y del Ambiente solicita a la Corte
que se declare inhibida para emitir un pronunciamiento o, en su defecto, adopte
una decisión de exequibilidad.
De manera
preliminar señala que la demanda no cumple las condiciones mínimas para que
esta Corporación adopte un pronunciamiento de fondo. La acusación se limita “a
una serie de ejemplos que en modo alguno establecen una verdadera transgresión
de la norma acusada con el ordenamiento superior”. El legislador adoptó la
decisión de terminar con la atipicidad de aquellos comportamientos lesivos de
los animales no humanos que, en todo caso, se encuentran comprendidos por la
regulación vigente contenida en la Ley 84 de 1989. A su juicio, se trata de una
demanda que carece de especificidad y claridad dado que solo existen
transcripciones de normas y sentencias de la Corte, desconociendo que una
integración de diferentes fuentes del ordenamiento, permite evidenciar cuales
son las circunstancias en las que el maltrato hacia los animales se erige en un
bien jurídico tutelado.
En su concepto,
la expedición de la Ley 1774 de 2016, dirigida a sancionar a las personas que
ejercen violencia o lesionan a los animales, tiene por objeto enfrentar el
hecho de que éstos son sometidos a tratamientos que los cosifican. Existen
estudios que dan cuenta, por ejemplo, que los mamíferos tienen un sistema
nervioso central similar al de las personas, que implica no solo la percepción
del dolor físico sino que también suscita las emociones asociadas al mismo. En
ese sentido, considera que del preámbulo y de los artículos 2, 11, 67, 79, 80,
95, 277 y 366 de la Constitución se desprende el fundamento para establecer
este tipo de medidas de protección de los animales no humanos.
Afirma que normas
adoptadas constituyen la continuación de un grupo de regulaciones que han
pretendido promover el respeto de los animales. En esa dirección se encuentran
los Decretos; 2811 de 1974; 1608 de 1978; 2257 de 1986 y 479 de 1993, así como
la Ley 84 de 1989.
Señala que un
examen del régimen vigente permite constatar que se han establecido diferentes
modalidades de conducta cuyo conocimiento corresponde a diferentes autoridades.
Así, (i) le corresponde a la jurisdicción penal cuando la actuación es dolosa y
se causa la muerte al animal o se menoscaba gravemente la salud o integridad
del mismo y (ii) a las inspecciones de policía cuando no se cumpla alguna de
tales condiciones. Las expresiones “menoscaben” y “gravemente”,
que corresponden a los tipos penales abiertos, deben ser interpretadas
considerando lo establecido en la legislación vigente y preexistente –en los
términos del artículo 6 de la Ley 599 de 2000- relativa a la protección de los
animales.
Agrega que en la
sentencia C-666 de 2010 la Corte avanzó en la delimitación del alcance de la
protección de los animales a la luz del ordenamiento vigente. De esa sentencia
se desprende la posibilidad del Congreso de la República de adoptar medidas
como las examinadas o de disponer “la eliminación (prohibición,
erradicación, sustitución, etc.) de aquellas actividades laborales que atentan
contra la fauna”.
Precisa que la
disposición demandada se encuentra comprendida dentro del margen de
configuración legislativa al no desconocer derecho fundamental alguno siendo posible
concluir que protege de modo indirecto a los menores de edad. En todo caso, estima,
para mayor claridad resultaría pertinente que la Corte adoptara una decisión
modulada a efectos de “apoyar la labor judicial en los casos de maltrato
animal”. En adición a ello, indica la protección que se desprende del tipo
penal se articula plenamente con el desarrollo del derecho internacional
orientado a establecer medidas de amparo del bienestar de los animales, como
ocurre con la Declaración Universal de Bienestar Animal (Duba) respecto de la
cual el Ministerio de Ambiente mostró su adhesión.
4.
Universidad del Norte
El Director del Grupo de Litigio de Interés Público
de la Universidad del Norte solicita declarar la exequibilidad de las
expresiones porque no existe indeterminación en el tipo penal acusado.
Expresa que el principio de tipicidad o taxatividad
no exige que las conductas y sanciones que configuran los tipos penales sean
precisas e inequívocas, por el contrario, se ha admitido cierto grado de
indeterminación en los preceptos que configuran el delito cuando la naturaleza
del mismo, como el maltrato animal, no permita agotar de forma exhaustiva la
descripción de la conducta, pero se encuentran los elementos básicos para
determinar la prohibición o es determinable mediante la remisión a otras normas.
Anota que la constitucionalidad depende de la posibilidad de establecer cuál es
el comportamiento sancionado, ocurriendo bien mediante la actividad de
interpretación o cuando existen referentes especializados para precisar los
parámetros que determinan su contenido o alcance.
Sostiene que a diferencia de lo que informan las
demandantes, la norma establece lo que debe entenderse por “menoscabo” y
“maltrato”, su gravedad y el ingrediente subjetivo del tipo penal. En
ese sentido, la Ley 1774 prevé una lista extensa, explícita y unívoca sobre las
conductas que constituyen maltrato que causan sufrimiento a los seres sintientes.
Resalta que el tipo penal puede interpretarse a la luz de la Ley 84 de 1989,
así como de las sentencias C-1192 de 2005, C-115 de 2006, C-367 de 2006, C-666
de 2010, C-889 de 2012 y C-283 de 2014, fuentes de las que se extrae una
construcción jurisprudencial y legislativa que determina con certeza qué se
entiende por “maltrato” y “menoscabo”. En esta dirección “el bien jurídico
tutelado es evitar el sufrimiento, lo que supone una manifestación de
sensibilidad o ‘sentiencia’ y de lo que trata, en últimas, es evitar cualquier
acto que ocasione sufrimiento en el ser vivo, sin importar su racionalidad; de
allí deviene el derecho que tienen los animales a no ser tratados con crueldad”.
5. Universidad Libre
El Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional
de la Facultad de derecho de la Universidad Libre de Bogotá manifiesta que la
disposición demandada es exequible.
Encuentra que la pretensión de inexequibilidad
respecto de la expresión “menoscabe gravemente” no está llamada a
prosperar, no solo por la falta de fundamento de los cargos planteados sino  porque
“si lo que se quería con la acción era aclarar en uno u otro alcance el
sentido de las palabras, debió plantearse una pretensión de exequibilidad
condicionada”.
Precisa que de la Constitución y la jurisprudencia
se desprende un deber de protección del medio ambiente y de la fauna. Dicho
deber de protección encuentra límites en otros principios o intereses que
entran en colisión con él. En ese sentido, pueden identificarse límites relacionados
con el consumo de la carne animal, la investigación científica o la cultura.
En su criterio, sancionar las actividades previstas
en el artículo 7º de la Ley 84 de 1989 transgrede los mandatos superiores
protectores de la cultura como bien inmaterial, desconociendo que a través de
un ejercicio de ponderación realizado por el juez constitucional, “se
concluyó la correspondencia de estas actividades con los lineamientos de la
Constitución Política de cara a la tutela de los animales como parte integrante
del medio ambiente”.
Sostiene que en materia penal el legislador tiene un
amplio margen de configuración a efectos de establecer y actualizar los
diferentes tipos. Fue en desarrollo de esa competencia que se adoptó la Ley
1774 de 2016 con el fin de penalizar el maltrato animal. Se estableció con ese
propósito la gravedad de la lesión, precisando así la conducta prohibida. Con
ese criterio cumplió el legislador su obligación de delimitar el comportamiento
típico. Aduce que las disposiciones demandadas pueden precisarse considerando
su tenor literal y su significado lógico, de manera que es posible concluir que
el comportamiento proscrito consiste “en afectar, disminuir algo del animal,
y en el contexto concreto de la norma, su salud, su integridad física o
emocional”. A su vez, la expresión gravemente “remite a una situación de
importancia en el marco de dicha afectación, es decir, que ponga en peligro su
vida”. El significado de las expresiones demandadas no comporta un sentido
ajeno a lo que cotidianamente conoce el ciudadano con un nivel intelectual
promedio.
Aduce que las actividades culturales y artísticas
excluidas del ámbito de aplicación penal constituyen manifestaciones protegidas
por el ordenamiento jurídico. Ello se explica porque se trata de expresiones
asociadas a la cultura e identidad de algunas regiones del país, que han fijado
dentro de sus costumbres la realización de tales actividades. El principio de
necesidad en materia de intervención penal indica que ello solo debe ocurrir en
casos en los que se suscite un riesgo para los asociados. Ello no es lo que
ocurre con las actividades artísticas a las que se refiere la disposición
analizada que, por el contrario, han sido socialmente toleradas.
Concluye que el rechazo de tales actividades por
algunos sectores de la sociedad, no indica que deban ser penalmente prohibidas.
Aunque debe prescribirse la afectación de los animales, incluso cuando ella
corresponde a prácticas culturales o sociales, no puede ser el derecho penal el
camino para conseguir la sensibilización en esta materia. Se puede utilizar no
solo la educación, sino también medidas correctivas de otra
naturaleza.
6. Intervenciones
ciudadanas. Sergio Manzano Macías, Erika Johana Guzmán Torres, Eduardo Peña
Garzón, Carlos Alberto Crespo Carrillo, María Constanza Moreno Acero, Deyanira
Mateus Fuentes, Andrea Huratado Lozano, Ludwig Daniel Dorado Martin y Felipe
Andrés Soler Pulido
En nombre propio o en nombre de la Fundación Bogotá
Adopta, Animal Defenders International, Fundación Resistencia Natural,
Federación de Entidades Defensoras de Animales y del Ambiente de Colombia y
Equipo Bogotá por los Animales, los intervinientes solicitan que se declare la
constitucionalidad o exequibilidad condicionada del artículo 339A del Código
Penal y la inconstitucionalidad del parágrafo tercero del artículo 339B del
mismo Código, ambas disposiciones adicionadas por el artículo 5 de la Ley 1774
de 2016.
Precisan que la Corte debe declarar la
inexequibilidad del parágrafo tercero acusado, dado que las actividades mencionadas
se encuentran excluidas de las sanciones previstas en el Estatuto de Protección
Animal. Si ellas se desarrollan sin el cumplimiento de las reglas previstas en
el ordenamiento jurídico, constituye un maltrato animal grave en la modalidad
dolosa y, en esa medida, sujetas a las disposiciones penales. Así las cosas, afirman
que si tales actividades se ejecutan por fuera de las condiciones establecidas
en la sentencia C-666 de 2010, debe concluirse que constituyen el maltrato
punible previsto en la Ley 1774 de 2016.
Agregan que la disposición acusada desconoce el
deber de protección animal, por lo que resulta necesario que esta Corporación
adopte un pronunciamiento que integre lo decidido en la sentencia C-666 de 2010.
Manifiestan indispensable considerar que desde hace varios años se ha
incrementado la preocupación alrededor de la protección del medio ambiente y de
los animales, lo cual ha ocurrido con tal intensidad que en algunas ciudades
del país y en otros lugares del mundo se ha dispuesto la aprobación de normas
que prohíben definitivamente comportamientos contrarios al bienestar animal.
Señalan que la protección animal se encuentra
asociada al amparo de los derechos de tercera y cuarta generación, así como la
obligación del Estado de amparar a los menores de edad evitando la promoción de
la violencia contra los animales. Existen, en relación con esta obligación de
protección, numerosos referentes históricos e internacionales como ocurre con
la denominada Declaración Universal de Bienestar Animal.
Finalmente, consideran necesario valorar los
diferentes intereses que se encuentran en juego y, a partir de ello, proceder a
su ponderación, teniendo en cuenta los argumentos de quienes apoyan la continuidad
de la fiesta brava y de los que defienden la vida como bien supremo. Es
imprescindible, en este contexto, examinar el contenido de la Ley 1272 de 2009,
cuya correcta lectura indica que se protegen las corralejas como una
manifestación cultural y no como una forma de barbarie hacia los animales. Se
impone, entonces, que la Corte rechace el maltrato animal e inscriba a Colombia
en el propósito de su protección y garantía.
7. Fiscalía General de la Nación[5]
El Director Nacional de Estrategia en Asuntos
Constitucionales de la Fiscalía General de la Nación solicita a la Corte
declarar inexequibles las expresiones demandadas que, dentro de la estructura
gramatical del tipo penal de maltrato animal describen la pena de prisión como
pena principal, la cual desconoce los principios de proporcionalidad y
necesidad.
La Fiscalía utiliza argumentos que no se
circunscriben a los apartes demandados al limitar su análisis a que la norma es
inconstitucional porque establece como pena principal para castigar el maltrato
animal la pena privativa de la libertad y no la multa que en su sentir, resulta
suficiente para combatir ese delito, más aun si ningún instrumento
internacional exige la penalización del maltrato animal, por lo que el tipo
penal resulta innecesario.
Señala que no existe proporcionalidad en la
determinación de la pena del tipo penal de maltrato animal, ya que su diseño
adoptó como pena principal la de prisión, a pesar de que no existe fundamento
constitucional para sustentar la necesidad del castigo más severo –en sociedad
que no tiene pena de muerte-, como garantía de protección a los animales
vulnerándose el derecho a la libertad personal.
En ese sentido, insiste en que el diseño del tipo
penal de maltrato animal cono pena principal de prisión i) desconoce la suficiencia
de regulación de protección de los animales; ii) es desproporcionado en cuanto
a la determinación de la pena más gravosa del derecho penal; y iii) no atiende
criterios en materia penal y de política criminal, máxime si existen otras
sanciones penales y de otra índole menos lesivas del derecho a la libertad con
igual o superior eficacia para lograr ese fin, como los establecidos en el la
Ley 84 de 1989, los cuales no han sido implementados. De hecho, la Ley 1774 de
2016 amplió y profundizó diferentes medidas de protección previendo un régimen
de contravenciones y multas que pretenden amparar a los animales.
8. Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca[6]
La Directora Operativa de la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca considera que las expresiones demandadas deben ser
declaradas inexequibles porque a pesar de que la Ley 1774 de 2016 avanzó en el
sentido de definir a las animales como seres sintientes, descartando el
concepto hasta entonces aplicable de considerarlos cosas, ello no resulta
suficiente en razón a que resultan vagas e imprecisas las expresiones “menoscabo”
y “gravemente”, porque la conducta reprochable es el maltrato animal que
traiga como consecuencia la muerte o lesiones en la salud. En ese sentido
considera que lo que debe censurarse, a fin de asegurar el respeto del
principio de tipicidad, es la asunción de conductas que sean la manifestación
de cualquier tipo de maltrato animal.
9. Universidad de Caldas[7]
El Consultorio Jurídico “Daniel Restrepo Escobar”
de la Universidad de Caldas[8], solicita a la
Corte declarar la inexequibilidad de la expresión “o lesiones que menoscaben
gravemente su salud o integridad física” del artículo 5 de la Ley 1774 de
2016.
Establece que la expresión “menoscaben
gravemente” no guarda correspondencia directa con la realidad, en esa
medida impide la previsibilidad inmediata porque el ciudadano “debe
remitirse a construcciones conceptuales”. El tipo penal no introduce
elemento alguno que permita precisar el alcance del concepto habiendo sido ello
posible. Considera que las decisiones que se tomen serán arbitrarias, ya que no
dependerán de la norma, sino de la amplísima interpretación que tenga el
juzgador de turno, lo que vulnera la seguridad jurídica.
Sin embargo, consideran que excluir únicamente las
expresiones demandadas “dejaría abierta la posibilidad de que se tipificara
una actuación con entidad delictiva, solo con lesionar a un animal”, razón
por la cual solicitan también que la Corte declare la inexequibilidad de la
expresión “o lesiones que menoscaben gravemente su salud o integridad
física”.
10. Intervención ciudadana. Jonathan
Ramírez Nieves[9]
El
ciudadano solicita a la Corte un fallo inhibitorio, ya que la demanda es inepta
al formular un cargo incierto, inespecífico, impertinente e insuficiente, para
la presentación de este tipo de demandas.
Aduce
que las demandantes fundamentan su acusación en la idea según la cual el
artículo 29 Superior exige que los tipos penales deban ser expresos e
inequívocos. Lo anterior, a su juicio, constituye un error y supondría la
inconstitucionalidad de todos los tipos penales en blanco y haría innecesaria la
tarea interpretativa de los jueces.  También es incierta al desconocer el
amplio poder del legislador para regular la materia penal.
Así
mismo, estima que la demanda no es específica porque se limita a formular una
argumentación abstracta y subjetiva. También es impertinente dado que no
desarrolla problema alguno de constitucionalidad, circunscribiéndose a plantear
“ejemplos subjetivos, interpretaciones propias, posturas personales sobre
las problemáticas que corresponden a la labor interpretativa de los jueces”.
Finalmente, encuentra que la demanda no tiene la capacidad de suscitar duda
alguna de constitucionalidad y, en esa medida, carece de suficiencia.
11.
Intervención ciudadana. Alejandro Aponte Cardona[10]
El
ciudadano, Jefe del Área de Derecho Penal de la Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas de la Universidad de la Sabana, solicita a la Corte que declare
ajustadas a la Carta las normas demandadas.
Afirma
que la protección penal de los animales constituye un avance importante en la
conciencia social, ética, cultural y jurídica de las sociedades humanas. Ese cambio
implica concebir que los animales no son cosas, destinadas al uso, explotación,
instrumentalización y aprovechamiento humano sin límites, por lo que es necesario
considerar, en el contexto actual, el tipo y la naturaleza de las relaciones de
las personas con los animales. Su amparo penal no constituye desconocer el
carácter de última ratio del derecho penal. Se trata de un paso dado por
el legislador relacionado con el actual momento histórico y social.
Informa
que la discusión ética, social y jurídica sobre la protección penal de los
animales esta mediada por razones de diferente naturaleza. Algunas de ellas
filosóficas, otras pragmáticas. Dentro de las segundas se encuentran aquellas
relacionadas con el hecho de que la protección de los animales constituye una
condición para la supervivencia y desarrollo de la sociedad razón por la cual la
ecología es en la actualidad objeto de protección penal.
En
su concepto, las normas penales que protegen la vida y la integridad de los
animales, tienen un valor simbólico, el cual dentro del derecho penal ha sido objeto
de diferentes críticas; sin embargo, en la norma analizada ello debe ser
considerado positivamente. Afirma que, en las tareas administrativas de
protección de los animales “el derecho penal tiene y cumple una función
relevante”. Este efecto, por ejemplo, impacta la idea de que los animales
son solo cosas, en tanto ahora se protege su vida e integridad física y
emocional.
Determina
que la posibilidad de que los jueces avancen en la elaboración de discursos
encaminados a la protección de los animales “yace también la fuerza del
efecto simbólico”. En ese sentido, desprende que el derecho penal ha venido
experimentado modificaciones en el lenguaje empleado.
Asevera
que el verbo rector consiste en “maltratar” a través de “cualquier
medio o procedimiento”. Esta última expresión la estima necesaria dado que “es
imposible definir legalmente de qué forma se puede maltratar”.  El maltrato
puede producir diferentes consecuencias y es claro que, en esa dirección, la
norma busca elevar el nivel de exigencia en atención al principio de lesividad.
La expresión “gravemente” debe interpretarse como vinculada al problema
de la antijuridicidad material y, si bien puede tener algún grado de
indeterminación, debe comprenderse a la luz del principio mencionado.
La
disposición penal no implica la desprotección de los animales frente a casos no
graves de menoscabo. Lo que pretende hacer el ordenamiento es disponer la
aplicación de medidas penales o administrativas, como se desprende del artículo
4 de la Ley 1774 de 2016, que modificó el artículo 10 de la Ley 84 de 1989. En
su concepto, a la Corte no le corresponde delimitar el umbral de la gravedad “pues
será el sistema penal, caso a caso y con base en consideraciones basadas
precisamente en los concretos e individuales, el que evaluará los umbrales de
menoscabo grave de la salud o integridad física de los animales”.
V.
CONCEPTO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
El Ministerio Público solicita que se
declaren exequibles las disposiciones acusadas. De manera introductoria
expone que el debido proceso es uno de los límites materiales más importantes
impuesto por la Constitución al legislador a la hora de configurar los delitos,
a fin de garantizar la seguridad jurídica y excluir o restringir la
arbitrariedad, siendo una de las facetas la legalidad de las sanciones penales,
lo cual implica la existencia previa de una ley formal, cierta y con
irretroactividad, de tal forma que el comportamiento penalizado quede descrito
de forma clara, precisa y cierta de acuerdo con la voluntad del legislador y no
de los jueces, incluyendo elementos descriptivos, subjetivos y de tiempo, modo
y lugar.
La Vista Fiscal, trajo como referencia
la sentencia C-297 de 2016, en la que se señaló que son constitucionalmente
validos algunos tipos penales que tienen un cierto grado de indeterminación en
su descripción, como sucede en las tipos penales abiertos y en blanco porque la
determinación de una conducta solo es posible hasta donde se lo permite su
naturaleza, de conformidad con lo cual se reconoce que no es posible describir
con exactitud en tipos cerrados y completos ciertas conductas.
De conformidad con lo anterior, sostiene que la
expresión “menoscaben gravemente” se encuentra acorde con la Constitución,
dado que no desconoce el principio de legalidad ni el debido proceso. Señala
que al principio de legalidad se adscriben diferentes exigencias, entre las
cuales se encuentra la relativa a la obligación de establecer de manera clara y
precisa los comportamientos penalmente prohibidos. Sin embargo, algunas
disposiciones penales siempre impondrán procesos interpretativos con el objeto
de atribuirles significado.
Para
el Ministerio Público la conducta reprochada que da lugar a la imposición de la
pena es “maltratar por cualquier medio o procedimiento a un animal doméstico,
amansado, silvestre vertebrado o exótico vertebrado” y que trae como
consecuencia i) la muerte del animal o ii) el menoscabo grave de la salud o
integridad física. En ese sentido, considera que el verbo rector es maltratar
el cual permite identificar con precisión y claridad la conducta. Aduce, que la
expresión acusada se relaciona con la antijuridicidad, al establecer el nivel
de la lesión del bien jurídico protegido (delitos contra la vida, la integridad
física y emocional de los animales).
Argumenta
que la interpretación de la expresión impugnada permite establecer que la
voluntad del legislador fue penalizar el maltrato que cause la muerte o cuando
se trate de una afectación permanente o que le reste funcionalidad al animal.
En virtud de lo anterior, considera que la norma acusada se ajusta al
ordenamiento superior porque el legislador al definir su contenido no
desconoció los principios de legalidad y proporcionalidad.
Por otro lado, el Ministerio Público señala que como
lo ha reconocido la jurisprudencia de la Corte, de la Carta Política se
desprende un mandato de protección animal que se sigue del deber general de
proteger el medio ambiente (artículos 79, 80 y 95-5 Superiores). Las leyes 84
de 1989 y 1774 de 2016, establecen reglas dirigidas a la protección animal, sin
embargo, en ambos estatutos se ha excluido de la aplicación del régimen
sancionatorio, el rejoneo, las corridas de toros, las becerradas, las
novilladas, las tientas y las riñas de gallos, entre otras.
Aclara que la decisión adoptada en la sentencia
C-666 de 2010, en donde se estudió la constitucionalidad del artículo 7º de la
Ley 84 de 1989, no tiene efectos de cosa juzgada constitucional, al tratarse de
normas distintas aunque debe ser tenida como precedente relevante para resolver
el presente asunto. En la sentencia mencionada la Corte estableció unos límites
al deber de protección animal, a saber: i) la libertad religiosa; ii) los
hábitos alimenticios de los seres humanos; iii) la investigación y experimentación
médica; y iv) algunas manifestaciones culturales. El amparo de la actividad
cultural se relaciona, además, con el libre desarrollo de la personalidad, la
unidad nacional, la tolerancia y el pluralismo dentro de la sociedad. No
obstante, la cultura no es absoluta y debe armonizarse con otros bienes
protegidos.
Concluye en que es al legislador al que corresponde,
con sujeción al principio de razón suficiente, establecer las actividades
artísticas que merecen la protección del Estado, una de ellas, que ha suscitado
diferentes pronunciamientos de la Corte, es la tauromaquia. Se ha reconocido el
fundamento legal que protege su desarrollo (Ley 916 de 2004), así como la
prohibición de que las autoridades territoriales la restrinjan; en ese sentido,
es al legislador al que le corresponde establecer cuáles conductas de maltrato
animal se exceptúan del maltrato general de protección a los animales cuando se
trata de prácticas culturalmente arraigadas.
VI.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1.
Competencia
La
Corte Constitucional es competente para conocer del presente asunto, por cuanto
la norma parcialmente acusada hace parte de una Ley de la República -artículo
241.4 superior-.
2.
Aptitud sustantiva de la demanda y determinación del problema jurídico
2.1. Procedencia
del examen de fondo. El Ministerio de Defensa Nacional y la
Asociación Defensora de Animales y del Ambiente solicitan que la Corte se
inhiba para pronunciarse de fondo, porque la demanda no satisface las
condiciones mínimas para su procedencia, esto es, los requisitos de claridad,
certeza especificidad, pertinencia y suficiencia. Además, porque la acusación se
limita a referirse “a una serie de ejemplos que en modo alguno establecen
una verdadera transgresión de la norma acusada con el ordenamiento superior”.
Este Tribunal considera que no le asiste la razón a
los intervinientes porque la demanda sí cumple los requerimientos exigidos para
un pronunciamiento sustancial, al contar con la estructura argumentativa
suficiente para advertir la existencia de un cargo apto de inconstitucionalidad[11]. Por
la naturaleza pública e informal que caracteriza este tipo de demandas, no se
requiere de extensas ni rigurosas justificaciones para habilitar el examen de
constitucionalidad, siempre que sea posible advertir la exposición adecuada del
concepto de la violación, es decir, la existencia de argumentos que muestren la
oposición objetiva y verificable entre lo demandado y la Carta Política, así no
se participe del razonamiento presentado o se termine declarando la
exequibilidad[12].
Como
puede extraerse de la demanda presentada por las ciudadanas María Cristina
Pimiento Barrera y Esperanza Pinto Flórez, la expresión acusada “menoscaben
gravemente” la estiman indeterminada, lo cual encuentran que dificulta el
proceso de adecuación típica. En ese sentido, los cargos satisfacen el
requisito de certeza, más aun si el contenido de la demanda es claro y permite
comprender el sentido de la acusación. También satisface el requisito de
especificidad porque se expuso la manera en que dichas expresiones desconocen
la prohibición de los tipos penales carentes de precisión, y en esa medida, la
vulneración de las normas constitucionales invocadas. Es claro para las
demandantes que lo impugnado adolece de indeterminación, la cual encuentran
insuperable, al dejarse al interprete cuáles serían los comportamientos que
menoscaban gravemente a los animales.
De
los planteamientos referentes a la protección del medio ambiente se encuentra
que, la demanda presentada por la ciudadana Juliana Marcela Chahín del Río
cumple con la exigencia de certeza en tanto la acusación recae sobre una
proposición jurídica real y existente, que suscita una confrontación con el
deber constitucional de protección al medio ambiente, del cual hacen parte los
animales.
Asimismo,
la
acusación es clara por cuanto permite comprender sin dificultad cuál es
el reparo central,
incluso para quienes reclaman un fallo inhibitorio, a tal punto que los
intervinientes que realizaron tal pedimento se pronunciaron sobre el fondo de
la controversia.
De
igual modo, es específico al definir cómo la disposición demandada vulnera la
Constitución, porque en su concepto, los animales excluidos de la protección de
la Ley 1774 de 2016, son seres sintientes que merecen estar amparados por el
ordenamiento jurídico ante tratos crueles. La acusación deriva que es
pertinente, toda vez que la misma se estructuró mediante argumentos de
naturaleza esencialmente constitucional y no de estirpe legal o de
conveniencia. Para la accionante, al exceptuarse de la punibilidad algunos
comportamientos, termina desconociendo la calidad de seres sintientes por la
indefensión en que se encuentran aún bajo el principio de diversidad cultural.
Lo
anterior permite determinar a la Corte que se cumplen los presupuestos para
entrar a adoptar una decisión de fondo.
2.2.
Problema jurídico y metodología de decisión
En
primer lugar, la Corte debe establecer si la utilización de la expresión “menoscaben
gravemente” en el tipo penal previsto en el artículo 339A, adicionado por
el artículo 5º de la Ley 1774 de 2016, desconoce el principio de legalidad con
motivo de la presunta indeterminación insuperable de lo acusado, al dejar presuntamente
que los jueces decidan a su arbitrio cuando se causa una lesión a un animal,
más aun si no existe una tabla de graduación que permita su determinación. A
fin de resolver dicho problema, la Corte (i) establecerá el alcance del
principio de legalidad en sentido estricto, (ii) precisará la naturaleza del
control constitucional de los tipos penales cuando son impugnados por la
infracción de tal principio, (iii) aludirá a los precedentes relevantes y, finalmente,
(iv) examinará si la expresión acusada desconoce la Carta.
En
segundo lugar, le corresponde determinar a la Corte si el parágrafo 3º del
artículo 339B, adicionado por el artículo 5 de la Ley 1774 de 2016, al
exceptuar de la aplicación de las penas previstas en los artículos 339A y 339B
a las personas que adelanten las conductas a las que se refiere el artículo 7
de la Ley 84 de 1989, desconoce el deber constitucional de protección animal,
la calidad de seres sintientes y la indefensión en que se encuentran, aún bajo
el principio de diversidad cultural.
Para
dar respuesta a esos interrogantes la Sala abordará el análisis de los
siguientes núcleos temáticos: (i) el principio de legalidad en sentido estricto
y su no desconocimiento en el asunto sub judice; (ii) la Constitución
ecológica. El valor intrínseco de la naturaleza y su entorno, y la interacción
del humano con ella; (iii) los animales como merecedores de protección
constitucional e internacional; (iv) la protección a los animales a partir de
deberes morales y solidarios -comportamiento digno de los humanos- para
garantía del medio ambiente y la sentencia C-666 de 2010; (v) la evolución de
la Ley y la jurisprudencia constitucional hacia mayores ámbitos de protección
para con los animales; para así vi) entrar a resolver el asunto
sub examine.
Teniendo
en cuenta que algunos de los intervinientes propusieron asuntos distintos a los
plasmados en la demanda, la Corte limitará su análisis al objeto de las
pretensiones propuestas por las actoras en el libelo introductorio, por lo que
otros cuestionamientos como los expuestos en las intervenciones no serán sujeto
a análisis alguno.
3.
El
principio de legalidad en sentido estricto y su no desconocimiento en el asunto
sub judice[13]
3.1.
El principio de legalidad en materia penal cumple funciones de significativa
trascendencia dado que se trata, según lo ha determinado la jurisprudencia
constitucional, de una de las principales conquistas del constitucionalismo[14].
Este principio (i) determina el origen de las normas que definen los
comportamientos penalmente relevantes, exigiendo que sean aprobadas por un órgano
democráticamente legitimado y con competencia para expedir disposiciones con
fuerza de ley[15]; (ii)
establece la prohibición de retroactividad y, en esa medida, fija las
condiciones temporales que deben cumplir las normas penales para juzgar la
conducta de las personas[16]; (iii)
impide que en materia penal se acuda al derecho consuetudinario o a la analogía
en perjuicio del sindicado; y (iv) delimita la forma y el contenido de los
enunciados que tipifican las conductas penalmente relevantes, ordenando que
ellas sean precisas, inequívocas y claras.
Dichas
funciones del principio de legalidad evidencian su relación estrecha con las
cláusulas que configuran (a) la democracia, al definir el órgano titular de la
competencia de configurar legislativamente la política criminal (arts. 3, 133 y
150)[17]; (b) la
separación de poderes, previendo la distribución de las funciones legislativas
y judiciales en materia penal (art. 113); (c) el Estado de derecho y la
seguridad jurídica, en tanto se predeterminan las reglas que rigen la conducta
de las autoridades del Estado en materia de persecución penal, lo que hace
posible  que  el individuo pueda establecer los comportamientos que se
encuentran prohibidos (arts. 1 y 6 Superiores); y (d) la libertad, al asegurar
que sus restricciones solo serán posibles en aquellos eventos claramente
determinados por el legislador (arts. 16, 28 y 29 Superiores).
Este
principio de legalidad ordena que la definición de los comportamientos
penalmente relevantes, satisfaga determinados requerimientos en su estructura,
conformación y lenguaje[18]. En
esta dimensión el principio de legalidad no prevé los contenidos de la
regulación jurídico penal, sino que determina las condiciones formales
que deben cumplirse al momento de fijarlos. Esta exigencia queda comprendida
por las expresiones legalidad estricta, taxatividad o tipicidad[19].
3.2.
El Congreso de la República al diseñar la política criminal del Estado tiene el
deber de identificar las conductas típicas a través de enunciados que revistan
el menor grado posible de indeterminación o apertura[20].
En efecto, dado que la realización de un comportamiento típico, trae como
consecuencia la imposición de restricciones intensas a la libertad y a otros
derechos constitucionales, se exige del legislador penal un esfuerzo particular
por identificar los ingredientes del comportamiento reprochado[21]
así como la sanción correspondiente[22]. Según
lo ha dicho este Tribunal “la mala redacción de una norma que define un hecho punible no es un
asunto de poca monta sino que tiene relevancia constitucional, puesto que puede
afectar el principio de legalidad penal estricta, ya que no queda clara cuál es
la conducta que debe ser sancionada”[23].
Ha exigido, entonces, que el legislador
estructure “claramente los elementos del tipo tomándolos del comportamiento
humano y de la realidad social, delimitando su alcance de acuerdo a los bienes
que deben ser objeto de tutela por el ordenamiento jurídico-penal, e imponiendo
la determinación del sujeto responsable y de sus condiciones particulares y
especiales”[24].
Tal
exigencia tiene, además, por finalidad evitar que la indeterminación de los
comportamientos penales termine transfiriendo a las autoridades judiciales esa
amplitud interpretativa, que el fundamento democrático que debe acompañar las
restricciones de la libertad, así como la separación de poderes y el principio
de igualdad, sean aniquilados por la actuación incontrolada, caprichosa o
arbitraria de tales autoridades. En esta dirección, la Corte ha sostenido que “si la ley penal puede ser
aplicada por los jueces a conductas que no se encuentran claramente definidas
en la ley previa, entonces tampoco se protege la libertad jurídica de los
ciudadanos, ni se controla la arbitrariedad de los funcionarios estatales, ni
se asegura la igualdad de las personas ante la ley, ya que la determinación
concreta de cuáles son los hechos punibles recae finalmente, ex post facto, en los jueces, quienes pueden además interpretar de manera
muy diversa leyes que no son inequívocas”[25]. Por ello, ha dicho este Tribunal que
la Carta Política “prohíbe
la vaguedad o ambigüedad de las normas penales”[26],
a fin de impedir “que sea el capricho de
quien aplica la norma penal el que deduzca en cada caso su alcance”[27].
Exigencia que es una restricción constitucional al poder punitivo del Estado[28] y, según la Corte, “de nada
serviría que se reservase al legislador la definición de los tipos penales, si
pudiera hacerlo de un modo excesivamente abierto, indeterminado e impreciso,
pues en esa hipótesis serían las autoridades encargadas de su aplicación
quienes completarían los elementos faltantes”[29].
3.3.
Especial interés ha tenido el examen de la validez constitucional, a la luz del
principio de legalidad estricta, de los denominados “tipos penales en blanco” y
“tipos penales abiertos”. Al respecto, esta Corporación ha precisado su
distinción indicando que, los primeros -también denominados de reenvío- son aquellos cuya conducta no se encuentra integralmente
descrita en la norma, por lo que es necesario remitirse a otras disposiciones
legales, del mismo ordenamiento o de otro de carácter extrapenal, para
precisarla y complementarla, con el fin de llevar a cabo el proceso de
adecuación típica”[30],
los segundos, esto es, los tipos penales abiertos son aquellos en los que el
contenido y alcance de los elementos constitutivos de la conducta punible
tienen algún grado de indeterminación, derivado del hecho que no se plasma en
los mismos una descripción perfecta de la conducta[31]. Según ha colegido “[l]os
tipos abiertos se diferencian de los tipos penales en blanco, en el hecho de
que el grado de indeterminación de los elementos normativos que lo configuran,
no se supera a través de operaciones de integración normativa, sino mediante el
ejercicio de la actividad interpretativa a cargo del operador judicial.”[32]
Si bien la
aprobación legislativa de tipos penales con algún grado de indeterminación
suscita complejas cuestiones constitucionales, ha considerado la Corte que no
siempre deben ser declarados inexequibles. En efecto, la jurisprudencia
constitucional ha establecido un “juicio de estricta legalidad”
encaminado a establecer si el grado de apertura del enunciado penal resulta
contrario a la prohibición de delitos o penas indeterminadas[33]
o si, pese a la apertura -prima facie-, existen posibilidades de precisar
su alcance. Sostuvo esta Corporación que se trata de un escrutinio “que busca
establecer si los tipos penales resultan tan imprecisos e indeterminados, que
ni aun con apoyo en argumentos jurídicos razonables es posible trazar una frontera que divida con
suficiente claridad el comportamiento lícito del ilícito”[34].
3.4. El examen
de constitucionalidad toma en cuenta la tensión que se presenta entre la
vigencia de una competencia constitucional específica del Congreso para fijar
los delitos y las penas (arts. 3, 29 y 150.2 Superiores), y el reconocimiento,
también constitucional, de un derecho a que las restricciones a la libertad
personal se encuentren previamente establecidas, de manera que las personas
puedan orientar su comportamiento y las autoridades judiciales solo puedan
reprochar penalmente las conductas previamente definidas. Ha dicho la Corte que
se trata de un control de límites a fin de asegurar “que el legislador permanezca en la órbita de discrecionalidad
que la Carta le reconoce, esto es, que no incurra en desbordamientos punitivos”[35] y que,
al mismo tiempo, no “desproteja aquellos bienes jurídicos que por su
extraordinario valor, la Constitución excepcionalmente haya ordenado una
obligatoria protección penal”[36]. Ha advertido la Corte, reconociendo
que el lenguaje jurídico siempre es en algún grado indeterminado que: “el
juicio de estricta legalidad de los tipos penales no puede ser entonces sólo un
ejercicio de control sobre la calidad del lenguaje usado por el legislador”[37].
El juicio referido
persigue una finalidad común en el caso de los tipos en blanco y los tipos
abiertos –establecer si la indeterminación es o no superable, no obstante tiene
una estructura diferenciada. Así en el primer caso, el de los tipos penales en
blanco, la constitucionalidad del enunciado exige verificar (a) que la remisión
normativa que se haga resulta clara y precisa a efectos de que “el destinatario del tipo penal pueda
identificar e individualizar la norma o normas complementarias que se integran
a dicha disposición penal para llevar a cabo el proceso de adecuación
típica”[38] y (b) que las disposiciones a las
que se hace la remisión “tengan un alcance general, sean de conocimiento
público y preserven los principios y valores constitucionales”[39]. En
adición a ello, la Corte ha señalado que el respeto del principio de legalidad
exige, en estos casos, que la norma que complementa el tipo exista al momento
de su aplicación y, en este sentido, no es condición de constitucionalidad que
preexista al momento de aprobación de la ley correspondiente[40].
En los tipos abiertos el escrutinio constitucional tiene por
objeto definir no si la norma es abierta o cerrada, “sino si el nivel de
apertura impide a los destinatarios individualizar los comportamientos prohibidos
y sancionados”[41]. Se trata de establecer la
admisibilidad de la apertura y, por ello la constitucionalidad depende (a) de
la posibilidad de superarla “con una actividad interpretativa ordinaria de
un destinatario “promedio” del tipo penal, de modo que con mediana diligencia
hermenéutica sea posible precisar el alcance de la prohibición”[42]. En
defecto de ello, (b) podrá declararse exequible la norma correspondiente “cuando
existe un referente especializado que ha decantado pautas específicas que
precisan el contenido y alcance de la prohibición penal, y tal comprensión se
ha trasladado a los destinatarios cuando se efectúa el control constitucional
del precepto”[43]. Dijo la Corte que en estos casos se
impone establecer “si existen referencias que permitan precisar el contenido
normativo de los preceptos penales”[44], advirtiendo también que “un
tipo absolutamente abierto vulnera el principio de tipicidad”[45].
3.5. Bajo este
contexto, este Tribunal ha sostenido que la exigencia de
tipicidad “no excluye por completo la discrecionalidad del juez o de la
autoridad administrativa, sino que la restringe hasta llegar a un grado
admisible, aquel que garantice la reserva de ley y evite la arbitrariedad”[46]. Es inevitable, consideró este
Tribunal, admitir “cierto grado de discrecionalidad en la interpretación de
los términos utilizados por el legislador y en la interpretación de los hechos”[47]. La inconstitucionalidad de los
tipos penales no deriva entonces de su indeterminación, sino de la
imposibilidad de superarla satisfactoriamente, de manera tal que sus
destinatarios puedan establecer los comportamientos permitidos y los
prohibidos.
La
creencia de una regulación carente de toda ambigüedad o vaguedad se ve
contrastada por la naturaleza del lenguaje en general y del jurídico en
particular[48].
En esa medida, la cuestión consiste en examinar si la indeterminación tiene tal
grado que el tipo penal abdica de su función orientadora de la conducta humana
o si, por el contrario, pese a la incorporación de enunciados descriptivos o categorías
valorativas, la referida indeterminación puede superarse de forma
constitucionalmente satisfactoria.
3.6. Esta
Corporación ha tenido oportunidad de juzgar la constitucionalidad de tipos
penales acusados de indeterminación o apertura. Entre los principales
pronunciamientos  se encuentran las sentencias C-127 de 1993, C-599
de 1999, C-843 de 1999, C-1164
de 2000, C-232 de 2002, C-148 de 2005, C-238 de 2005, C-442 de 2011, C-121 de
2012, C-742 de 2012, C-191 de 2016 y C-297 de 2016, pudiendo desprenderse las siguientes premisas que deben orientar el análisis
de las expresiones demandadas: (i) el principio de legalidad en sentido
estricto impone al Congreso la obligación de establecer tipos penales que
satisfagan adecuadamente las exigencias de claridad y precisión; (ii) tal
exigencia no anula su competencia para establecer los comportamientos
penalmente relevantes, pero sí le impide tipificar conductas de manera tan
indeterminada, que hagan imposible a los ciudadanos diferenciar entre los
comportamientos prohibidos y los permitidos, entre lo que es lícito y aquello
que no; (iii) los defectos generales del lenguaje se predican también del
lenguaje jurídico y, en esa medida, todos los enunciados normativos están
revestidos de algún grado de apertura o indeterminación debido a la ambigüedad
o vaguedad de las palabras; (iv) el principio de legalidad no se viola  (a)
cuando resulta posible, mediante el empleo de una “mínima diligencia
hermenéutica”, establecer el significado de las palabras que componen el
tipo penal o, sin ser ello posible, (b) cuando se constata la existencia de un referente especializado que ha
precisado el contenido de la prohibición penal, y tal comprensión ha sido
comunicada a los ciudadanos con ocasión del control constitucional; (v) si la
indeterminación no puede ser superada, de manera que no es posible identificar
lo prohibido y lo permitido, se vulnera la Constitución por el desconocimiento
de los artículos 3, 6, 13, 29, 113 y 150.2.
3.7. El examen
del artículo del que hacen parte lo acusado permite concluir que lo establecido
en el 339A del Código Penal es, siguiendo la terminología de la jurisprudencia
constitucional, un tipo penal abierto, esto es, un tipo con algún grado de
indeterminación. Si bien establece un sujeto activo universal en tanto
comprende a todas las personas e indica el grupo de animales cubierto por la
prohibición –domésticos, amansados, silvestres vertebrados y exóticos
vertebrados-, la descripción de la conducta puede suscitar algunas dificultades
interpretativas que resultan superables.
La disposición,
que puede clasificarse como un tipo penal de resultado y que tiene por
finalidad proteger la vida e integridad de los animales, prohíbe una conducta
matriz que se manifiesta en dos posibles resultados. Así, se prohíbe el
maltrato por cualquier medio o procedimiento, que tenga como consecuencia (a)
la muerte del animal o (b) la producción de lesiones que menoscaben gravemente
su salud o integridad física.
Es
cierto, como lo indica las demandantes, que definir el significado de la
expresión “menoscaben gravemente” reviste algunas dificultades dado que
se trata de una expresión, cuyo alcance depende de un juicio de valor dirigido
a establecer la intensidad del quebranto o deterioro de la salud o integridad del
animal. Lo grave, en el sentido utilizado por el tipo penal, puede considerarse
como opuesto a lo insustancial o insignificante. El tránsito de un extremo a
otro plantea dificultades hermenéuticas en cuanto se trata de un tipo que “no
plasma una descripción perfecta de la conducta” y, en su lugar,
demanda el ejercicio de una actividad importante de interpretación.
Lo demandado “menoscaben
gravemente”, cumple una función importante en la Ley 1774 de 2016, al
permitir diferenciar entre los comportamientos penalmente relevantes y los que
constituyen contravenciones a las que les son aplicables el régimen contenido
en el Estatuto de Protección Animal, como fue modificado por la Ley 1774 de
2016. El artículo 4º de la referida ley modificó el artículo 10º de la Ley 84
de 1989 -Estatuto de Protección Animal- prescribiendo que los actos dañinos y
de crueldad contra los animales descritos en la ley, que no causen la muerte o
lesiones que menoscaben gravemente su salud o integridad física de conformidad
con lo establecido en el Título XI-A del Código Penal, serán sancionados con
multa de cinco (5) a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales
vigentes.
En consonancia
con ello, el carácter penal o contravencional de los actos de maltrato animal
dependerá de que se produzca un determinado resultado. Solo si tal
comportamiento conduce a la muerte del animal o a lesiones que impliquen un
menoscabo grave de su salud o integridad, serán aplicables sanciones penales.
De no ser así, se activará el régimen establecido en la Ley 84 de 1989,
modificada por la Ley 1774 de 2016.
Asimismo, la
expresión “menoscaben gravemente” permite efectuar juicios diferenciados
atendiendo la naturaleza y las condiciones de los animales afectados. En esa
dirección, comportamientos que tienen un impacto intenso respecto de algunos de
ellos, pueden no tener la misma relevancia en otros de acuerdo con su propia
naturaleza.
En ese sentido,
a diferencia de lo sostenido en la demanda, la Corte encuentra que la expresión
acusada supera las exigencias integradas al juicio de estricta legalidad. Esta
conclusión se apoya en el hecho de que resulta posible, mediante una mediana
diligencia hermenéutica[49]
precisar el alcance de la prohibición penal.
La expresión “menoscabar”,
de acuerdo con la acepción natural del término, significa “disminuir algo,
quitándole una parte, acortarlo o reducirlo” así como “deteriorar y
deslustrar algo, quitándole parte de la estimación o lucimiento que antes tenía”.
A su vez, la expresión “grave” significa “grande, de mucha entidad o
importancia” y se opone a lo nimio, insustancial o intrascendente. Tales
significados hacen posible identificar el resultado del acto de “maltrato”
al definir su intensidad y permitir diferenciar entre lesiones profundas y
lesiones ligeras. Solo las primeras constituyen un menoscabo grave. Dicho de
otra manera, la Corte estima que el acto de maltrato supone una intervención en
la salud o integridad con un impacto significativo en las funciones vitales de
los animales. Con fundamento en la severidad de la injerencia en las funciones
vitales de los animales, deberá determinarse en cada caso particular si se
trata de un menoscabo grave de su salud o integridad, tomando en consideración
la naturaleza o características del animal.
Esta precisión
no elimina completamente la indeterminación. Sin embargo, considera la Corte
que los actos de maltrato que no producen la muerte de los animales y que se
encuentran comprendidos por el tipo penal, pueden ser identificados acudiendo
para el efecto a algunos de los comportamientos descritos en el artículo 6º del
Estatuto de Protección Animal (Ley 84 de 1989) que, además de ser considerados
crueles, reflejan una injerencia intensa y a veces definitiva en la integridad
o salud de los animales. Si bien no todos los actos de crueldad suponen al
mismo tiempo un “menoscabo grave” de la salud o la integridad, es
correcto concluir que quedan comprendidos por dicha descripción los que
supongan (i) herir a un animal por golpe, quemadura, cortada o punzada o
con arma de fuego –literal a-, (ii) remover, destruir, mutilar o alterar
cualquier miembro, órgano o apéndice de un animal vivo, sin que medie razón
técnica, científica, zooprofiláctica, estética o se ejecute por piedad para con
el mismo –literal c-, (iii) “pelar” o “desplumar” animales vivos –literal k-,
(iv) recargar de trabajo a un animal a tal punto que como consecuencia del
exceso o esfuerzo superior a su capacidad o resistencia se le cause agotamiento
o extenuación manifiesta –literal m-, (v) envenenar o intoxicar a un animal,
usando para ello cualquier sustancia venenosa, tóxica, de carácter líquido,
sólido, o gaseoso, volátil, mineral u orgánico –literal o- y (vi) hacer con
bisturí, aguja o cualquier otro medio susceptible de causar daño o sufrimiento prácticas
de destreza manual o practicar la vivisección con fines que no sean
científicamente demostrables y en lugares o por personas que no estén
debidamente autorizadas para ello –literal s-[50].
La relevancia de
los supuestos previstos en los literales mencionados del artículo 6º de la Ley
84 de 1989, a efectos de precisar el tipo de comportamientos comprendidos por
el tipo penal acusado, se explica por dos razones. La primera tiene relación
con el hecho de encontrarse contenidos en disposiciones de naturaleza legal
(Ley 84 de 1989), de manera que su articulación con el tipo penal analizado
preserva plenamente el principio de legalidad. Si bien el de dicha ley fue
adoptado como un régimen administrativo, describe algunos de los actos de
crueldad o maltrato y, en esa medida, podrían considerarse referentes
legislativos valiosos para precisar el alcance del tipo penal. A su vez, las
prácticas referidas en los literales mencionados se refieren a conductas cuya
configuración depende de que se produzca un determinado efecto y, en esa
medida, coinciden con la naturaleza del tipo analizado que, según se señaló, es
de resultado y no de mera conducta.
En adición a lo
expuesto no resulta inusual en la legislación penal colombiana prever en el
régimen sustantivo expresiones iguales o semejantes a las juzgadas ahora. En
estos casos, atendiendo las circunstancias concretas de la situación analizada
y a partir de la confrontación probatoria respectiva, al juez le corresponde
establecer si se cumple con la condición establecida. La referencia a la
gravedad puede, por ejemplo, (a) definir la intensidad de una lesión o
afectación del bien jurídico tutelado tal y como ocurre, por ejemplo, en los
tipos penales de genocidio (art. 101), destrucción del medio ambiente (art.
164), daños en los recursos naturales (art. 331), invasión de áreas de especial
importancia ecológica (art. 337) o explotación ilícita de yacimiento minero y
otros materiales (art. 338). Así mismo, tal tipo de expresiones pueden ser
empleadas para (b) determinar la agravación o atenuación punitivas respecto de
determinadas conductas (arts. 170, 242, 267 y 268) o (c) caracterizar un
determinado elemento del tipo penal como ocurre, por ejemplo, cuando se define
una circunstancia concreta del sujeto pasivo (arts. 106, 107 y 131).
Dada la
dificultad de establecer de forma pormenorizada y puntual cada una de las
condiciones, el legislador opta por emplear una expresión que interpretada a la
luz de los hechos del caso, del bien jurídico tutelado y de los otros elementos
determinantes de la conducta, puede ser precisada a partir de criterios
racionalmente comprensibles.
La
jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia evidencia que
es posible la realización de esfuerzos interpretativos para precisar el
significado de la expresión “grave”. Así por ejemplo, a efectos de establecer
la configuración de la ira o intenso dolor como causal de disminución de la
punibilidad, la Corte ha debido determinar si tal estado obedece al
comportamiento grave e injusto de otro, según lo exige el artículo 57 de
la ley 599 de 2000[51].
Igualmente, se ha ocupado de definir el alcance de la causal de disminución
punitiva prevista en el artículo 268 de la Ley 599 de 2000 al indicar que las
penas señaladas se disminuirán cuando la conducta se cometa sobre cosa cuyo
valor sea inferior a un (1) salario mínimo legal mensual, siempre que el agente
no tenga antecedentes penales y que no haya ocasionado grave daño a la
víctima, atendida su situación económica[52]. Así
también se ha ocupado de esta cuestión al definir el carácter grave de
la enfermedad como condición de la prisión domiciliaria[53].
Incluso en
disposiciones reconocidas por la Constitución que tipifican comportamientos que
por su especial seriedad se traducen en la imposición de penas especialmente
severas, se ha empleado la expresión “grave” a efectos de cualificar el
resultado de la lesión. Ello ocurre en varias disposiciones del Estatuto de
Roma referido en el artículo 93 de la Carta y que fue objeto de examen
constitucional. Así ocurre al indicar (i) que una de las hipótesis de genocidio
es aquella que corresponde a la lesión grave
a la integridad física o mental de los miembros del grupo (art. 6.b) y
(ii) que es un crimen de lesa humanidad cuando
se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una
población civil y con conocimiento de dicho ataque la encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de normas
fundamentales de derecho internacional (art. 7.1.e) u otros actos inhumanos de
carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física. Igualmente al referirse
a los crímenes de guerra se establece que uno de ellos consiste (iii) en causar
deliberadamente grandes sufrimientos o de atentar gravemente contra la
integridad física o la salud (art. 8.2.a.iii)[54].
La circunstancia
de que disposiciones integradas al bloque de constitucionalidad[55]
se apoyen en el uso de la expresión “grave” o “gravemente” a efectos de
tipificar comportamientos penalmente relevantes y cuya ocurrencia da lugar a la
imposición de las penas más restrictivas de la libertad, constituye un
referente relevante para juzgar disposiciones del orden interno que describen
comportamientos punibles utilizando el mismo tipo de expresiones, para graduar
la intensidad de la afectación del bien jurídico objeto de protección.
A este respecto,
destaca la Corte que la decisión contenida en la sentencia C-148 de 2005
constituye un precedente relevante para la decisión que debe adoptar en esta
oportunidad. En aquella ocasión se declaró exequible la expresión “grave” que
definía la intensidad de la lesión para el caso de genocidio. Aunque la Corte
no lo señaló expresamente, de los cargos formulados así como del problema
jurídico en esa oportunidad planteado, se desprende que para este Tribunal el
uso de tal tipo de expresiones para fijar la intensidad de una afectación puede
superar el juicio de estricta legalidad.
Finalmente, la
experiencia comparada evidencia el empleo de expresiones similares a las
contenidas en el tipo penal parcialmente acusado. Así el actual artículo 337
del Código Penal de España establece que los
que maltrataren con ensañamiento e injustificadamente a animales domésticos causándoles
la muerte o provocándoles lesiones que produzcan un grave menoscabo
físico serán castigados con la pena de prisión de tres meses a un año e
inhabilitación especial de uno a tres años para el ejercicio de profesión,
oficio o comercio que tenga relación con los animales. El artículo 291bis del Código Penal Chileno
establece, en términos más generales, que el que cometiere actos de
maltrato o crueldad con animales será castigado con la pena de presidio menor
en sus grados mínimo a medio y multa de dos a treinta unidades tributarias
mensuales, o sólo con esta última. En Francia se establece un régimen
similar al establecer, el artículo L. 521-1 del
Código Penal, modificado por la ordenanza 2006-1224 del 5 de octubre de
2006, que el hecho, públicamente o no, de ejercer sevicias graves, o
de naturaleza sexual, o de cometer un acto de crueldad hacia un animal
doméstico, o domesticado, o tenido en cautiverio, se sanciona con dos años de
prisión y 30.000 euros de multa.
Las consideraciones expuestas permiten señalar que el alcance de la expresión demandada puede ser precisado instrumentando una mínima diligencia hermenéutica, sometida en cada caso a la contradicción propia del proceso. El significado de las palabras acusadas y la interpretación del tipo penal, conjuntamente con la Ley 84 de 1989, permite superar el grado de indeterminación que se ha alegado en esta oportunidad. Adicionalmente, según quedó expuesto, la regulación penal contiene numerosas expresiones similares a las demandadas y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia se ha ocupado de precisarlas.           En suma, la expresión “menoscaben gravemente” contenida en el artículo 339A del Código Penal, no desconoce el principio de legalidad porque si bien se le adscribe un cierto grado de indeterminación ésta resulta superable al inscribirse dentro del concepto de tipo penal abierto. Aunado a ello, a través de un ejercicio interpretativo puede ser precisada la locución demandada, acudiendo por ejemplo a los significados del Estatuto de Protección Animal (art. 6), al Código Penal, a las decisiones de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, así como a la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Finalmente, en la ley examinada el impacto significativo en las funciones vitales de los animales tiene como bien jurídico tutelado la vida, la integridad física y emocional de estos seres sintientes.
4. La
Constitución ecológica. El valor intrínseco de la naturaleza y su entorno, y la
interacción del humano con ella[56]
4.1.   El
reconocimiento de la importancia de la “madre tierra” y sus componentes ha sido
un proceso lento y difícil, careciendo de desarrollos significativos que les
registren su valor por sí mismos. A través de los tiempos se han concebido
principalmente como cosas al servicio del ser humano, quien puede disponer
libremente de ellos y encontrar justificado su abuso[57]. Colombia
ha sido reconocida por la comunidad internacional como un país “megabiodiverso”,
al constituir fuente de riquezas naturales invaluables, que amerita una
protección especial bajo una corresponsabilidad universal[58]. La jurisprudencia de la Corte ha insistido en que la Carta Política de
1991 instituyó nuevos parámetros en la relación persona y naturaleza, al
conceder una importancia cardinal al medio ambiente sano en orden a su conservación
y protección, lo cual ha llevado a catalogarla como una “Constitución
ecológica o verde”[59]. Así lo
demuestran las numerosas disposiciones constitucionales, que han llevado a
reconocerle un “interés superior”.
Esta Corporación ha sostenido que la
defensa del medio ambiente sano constituye un objetivo de principio dentro de
la actual estructura del Estado social de derecho[60].
Bien jurídico constitucional que presenta una triple dimensión, toda vez que:
(i) es un principio que irradia todo el orden jurídico correspondiendo
al Estado proteger las riquezas naturales de la Nación; (ii) es un derecho
constitucional (fundamental y colectivo) exigible por todas las personas a
través de diversas vías judiciales; y (iii) es una obligación en cabeza
de las autoridades, la sociedad y los particulares, al implicar deberes
calificados de protección. Además, la Constitución establece el “saneamiento
ambiental” como servicio público y propósito fundamental de la actividad
estatal (arts. 49 y 366 Superiores).
En la sentencia C-123
de 2014[61] la Corte refirió a los deberes que surgen para el Estado,
a partir de la consagración del medio ambiente como principio y derecho: “Mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un
derecho del cual son titulares todas las personas -quienes a su vez están
legitimadas para participar en las decisiones que puedan afectarlo y deben
colaborar en su conservación-, por la otra se le impone al Estado los deberes
correlativos de: 1) proteger su diversidad e integridad, 2) salvaguardar las
riquezas naturales de la Nación, 3) conservar las áreas de especial importancia
ecológica, 4) fomentar la educación ambiental, 5) planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para así garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución, 6) prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 7) imponer las sanciones
legales y exigir la reparación de los daños causados al ambiente y 8) cooperar
con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas de
frontera[62].”
4.2.   La legislación expedida y la
jurisprudencia constitucional desarrollada sobre la defensa al medio natural y
el entorno ecológico han desembocado en la existencia de diversos enfoques
jurídicos que vienen a concretarse en visiones: i) antropocéntricas[63],
ii) biocéntricas[64] y iii)
ecocéntricas[65], entre
otras. Una perspectiva antropocéntrica la constituye la Declaración de
Estocolmo para la Preservación y Mejoramiento del Medio Humano, 1972, al
proclamar que “el hombre es a la vez obra y artífice del medio que lo rodea”
(considerando 1) y “de cuanto existe en el mundo, los
seres humanos son lo más valioso. Ellos son quienes promueven el progreso
social, crean riqueza social, desarrollan la ciencia y la tecnología, y, con su
duro trabajo, transforman continuamente el medio humano” (considerando 5).
Un enfoque ecocéntrico lo constituye la Carta Mundial de la
Naturaleza, 1982, al reconocer que “toda forma de vida es única y merece ser
respetada, cualquiera que sea su utilidad para el hombre, y con el fin de
reconocer a los demás seres vivos su valor intrínseco” (preámbulo) y se “respetará
la naturaleza y no se perturbarán sus proceso esenciales” (principio
general 1).
En
lo que atañe a la jurisprudencia de este Tribunal, puede apreciarse que la
protección de la naturaleza y sus componentes ha partido de una visión
esencialmente antropocéntrica, aunque igualmente es factible encontrar
decisiones con un carácter marcadamente biocéntrico, y otras con visos claros
de un ecocentrismo. En ocasiones, de una misma providencia de esta Corporación
es posible deducir diversos enfoques en forma simultánea[66],
como acaece con la sentencia T-411 de 1992[67] que
muestra en principio un enfoque antropocéntrico al señalar: “es a
partir del ser humano, su dignidad, su personalidad jurídica y su desarrollo
(…) que adquieren sentido (…) la defensa del ambiente, en tanto que éste es el
entorno vital del hombre”, además de expresar que “al fin y al cabo el patrimonio
natural de un país (…) pertenece a las personas que en él viven, pero también a
las generaciones venideras”.
No
obstante, también es posible predicar una visión ecocéntrica al agregar:
“la era pasada nos ha enseñado una muy buena lección: el hombre no puede
mandar sobre el viento y la lluvia. El hombre no es el amo omnipotente del
universo, con carta blanca para hacer impunemente lo que desee o lo que le
convenga en un determinado momento. Y, como sostiene el humanista Vaclav Havel,
el mundo en que vivimos está hecho de un tejido inmensamente complejo y
misterioso sobre el cual sabemos muy poco y al cual debemos tratar con
humildad.  Entre los habitantes de la tierra, son las tribus indígenas las que
aún conservan el respeto por ella; así lo manifestó el Jefe Seattle de las
tribus Dwasmich y Suquamech: ´Esto sabemos: la tierra no pertenece al hombre;
el hombre pertenece a la tierra. Todo va enlazado como la sangre que une a una
familia[68]”.
Asimismo,
la sentencia C-339 de 2002[69] expone
el carácter biocéntrico en la protección del medio ambiente, al informar
que de la Constitución se advierte un enfoque que aborda la cuestión ambiental
desde el punto de vista ético, económico y jurídico: “desde el plano ético
se construye un principio biocéntrico que considera al hombre como parte de la
naturaleza, otorgándoles a ambos valor. Desde el plano económico, el sistema
productivo ya no puede extraer recursos ni producir desechos ilimitadamente,
debiendo sujetarse al interés social, al ambiente y al patrimonio cultural de
la nación; encuentra además, como límites el bien común y la dirección general
a cargo del Estado (artículos 333 y 334). En el plano jurídico el Derecho y el
Estado no solamente deben proteger la dignidad y la libertad del hombre frente
a otros hombres, sino ante la amenaza que representa la explotación y el
agotamiento de los recursos naturales; para lo cual deben elaborar nuevos
valores, normas, técnicas jurídicas y principios donde prime la tutela de
valores colectivos frente a valores individuales”.
La perspectiva ecocéntrica puede constatarse en algunas
decisiones recientes de esta Corporación. La sentencia C-595 de 2010[70]
anota que “la Constitución muestra igualmente la relevancia que toma el
medio ambiente como bien a proteger por sí mismo y su relación estrecha con los
seres que habitan la tierra.” De igual modo, la sentencia C-632 de 2011[71]
expuso que “en la actualidad, la naturaleza no se concibe únicamente como el
ambiente y entorno de los seres humanos, sino también como un sujeto con
derechos propios, que, como tal, deben ser protegidos y garantizados. En este
sentido, la compensación ecosistémica comporta un tipo de restitución aplicada
exclusivamente a la naturaleza”. Postura que principalmente ha
encontrado justificación en los saberes ancestrales en orden al principio de
diversidad étnica y cultural de la Nación (art. 7º superior).
De conformidad con lo anterior, es admisible sostener por la Corte que
los enfoques heterogéneos de protección al medio ambiente encuentran respaldo en
las disposiciones de la Carta de 1991. El paradigma a que nos aboca la
denominada “Constitución Ecológica”, por corresponder a un instrumento dinámico
y abierto, soportado en un sistema de evidencias y de representaciones
colectivas, implica para la sociedad contemporánea tomar en serio los
ecosistemas y las comunidades naturales, avanzando hacia un enfoque jurídico
que se muestre más comprometidos con ellos, como bienes que resultan por sí
mismos objeto de garantía y protección[72].
4.3.   La
preocupación por salvaguardar los elementos de la naturaleza -bosques,
atmósfera, ríos, montañas, ecosistemas, etc.-, no por el papel que representan
para la supervivencia del ser humano, sino principalmente como sujetos de
derechos individualizables al tratarse de seres vivos, constituye un imperativo
para los Estados y la comunidad. Solo a partir de una actitud de profundo
respeto con la naturaleza y sus integrantes es posible entrar a relacionarse
con ellos en términos justos y equitativos, abandonando todo concepto que se
limite a lo utilitario o eficientista.
Finalmente, la
sentencia C-123 de 2014 al referirse a la complejidad que involucra el concepto
de medio ambiente reconoció que sus “elementos integrantes (…) pueden
protegerse per se y no, simplemente, porque sean útiles o necesarios para el
desarrollo de la vida humana”, de manera que “la protección del ambiente
supera la mera noción utilitarista”. En este orden de ideas, el humano es
un ser más en el planeta y depende del mundo natural, debiendo asumir las consecuencias
de sus acciones. No se trata de un ejercicio ecológico a ultranza, sino de
atender la realidad sociopolítica en la propensión por una transformación
respetuosa con la naturaleza y sus componentes[73]. Hay que aprender a
tratar con ella de un modo respetuoso[74].
La relación medio ambiente –del cual hacen parte los animales- y ser humano
acogen significación por el vínculo de interdependencia que se predica
de ellos.
5. Los
animales como merecedores de protección constitucional e internacional
5.1. Las prácticas,
costumbres y tradiciones encuentran respaldo en la Constitución,
particularmente en el pluralismo, la diversidad étnica y cultural de la Nación,
la protección de las riquezas culturales y naturales, el libre ejercicio de las
ocupaciones, artes y oficios, la promoción y el fomento del acceso a la
cultura, y la libertad en la búsqueda del conocimiento y la expresión artística
(arts. 1o, 7o, 8o, 26, 70 y 71).
No obstante, como todo
valor, principio o derecho no resultan ilimitados en una democracia
constitucional, soportada en el principio de dignidad (art. 1o superior),
porque en su relación cotidiana, con otros de igual o superior jerarquía,
tienden a colisionar, haciendo necesario un juicio de ponderación en la
búsqueda de respuestas que, dependiendo de las circunstancias fácticas y
jurídicas de cada asunto, se acompasen de la manera más adecuada con los
dictados del ordenamiento constitucional y del derecho internacional (principio
de interpretación conforme, art. 4o superior)[75].
En esa medida, la
potestad de configuración normativa del legislador para determinar, verbi gratia, cuáles actividades constituyen expresiones artísticas y culturales no
deviene en absoluta, ya que debe cimentarse en un principio de razón suficiente
que, además de mostrarse razonable y proporcional, se encaminen por la
protección del interés general y la disminución de los riesgos sociales. En la
sentencia C-l192 de 2005[76]se sostuvo:
"No todas
las actividades del quehacer humano que expresan una visión personal del mundo,
que interpretan la realidad o la modifican a través de la imaginación,
independientemente de que en su ejecución se acudan al auxilio de recursos
plásticos, lingüísticos, corporales o sonoros, pueden considerarse por parte
del legislador como expresiones artísticas y culturales del Estado. En efecto,
es preciso recordar que conforme al preámbulo y a los artículos 1, 2, 4 y 13 de
la Constitución Política, esta Corporación ha reconocido que el criterio
jurídico de razonabilidad -en tanto límite a la potestad de configuración
normativa- implica la exclusión de toda decisión que éste adopte y que resulte
manifiestamente absurda, injustificada o insensata, vale decir, que se aparte
por completo de los designios de la recta razón, lo que ocurriría, por ejemplo,
al pretenderse categorizar como expresiones artísticas y culturales del Estado,
comportamientos humanos que única y exclusivamente manifiesten actos de
violencia o de perversión (…)"[77].
Igualmente ha
precisado esta Corporación que las manifestaciones culturales no son una
expresión directa de la Constitución, sino una interacción de distintos actores
sociales determinados por un tiempo y espacio específicos. Entonces, por sí
mismas, no constituyen una concreción de postulados constitucionales, menos están
abrigadas de un blindaje que las haga inmune a la preceptiva constitucional o a
la intervención de la jurisdicción constitucional.
5.2. La doctrina no ha
sido ajena a este pensamiento al exponer la importancia de la diversidad
cultural y el multiculturalismo, siempre y cuando no lesionen los mencionados
intereses superiores. En este contexto, deben prohibirse o abandonarse aquellas
costumbres que se muestren nocivas, toda vez que "detrás de
la defensa de tradiciones se encuentran, muchas veces autoritarismos culturales
que lleva a quienes se benefician de ellos a frenar cambios porque eso
significa cuestionar ciertos privilegios y poderes (Tripp, 2002)”[78]. La investigación realizada explica que la cultura no es un concepto
estático, al poder experimentar cambios continuos y ser reinterpretados en
función de nuevas necesidades. Deduce que las prácticas culturales pueden ser
interferidas o que las barreras culturales al cambio ser deconstruidas[79].
Repensar posibles
horizontes y transformar las sedimentadas tradiciones cuando socavan intereses
vitales y primarios de toda sociedad democrática y constitucional es un
imperativo, como medida para desterrar injusticias presentes dadas por el
menosprecio de la dignidad de los demás seres vivos.
Un constitucionalismo
dialógico[80] frente a la apatía
en la reflexión democrática respecto a la mejor forma de resolverlo, impone a
la Corte Constitucional tomar en serio los niveles generales de inclusión como
respuesta a las demandas sociales, cumpliendo un papel activo por el
fortalecimiento de una cultura "constitucional" que busque desterrar
épocas de violencia o menosprecio por la vida de los demás, y haga efectivas
las garantías mínimas debidas a todo ser por el hecho de existir, más cuando
son los más indefensos.
5.3. Como se sostuvo
en la sentencia C-283 de 2014, Las denominadas "prácticas
culturales" no deben confundirse con los "derechos
culturales": “la cultura se transforma y revalúa continuamente en
el marco de la historia de las mentalidades y de los imaginarios de una
civilización para adecuarse a la evolución de la humanidad, el bienestar de los
derechos y el cumplimiento de los deberes, más cuando se busca desterrar
rastros de una sociedad violenta y de menosprecio hacia los demás. El simple
transcurso del tiempo -tradiciones- no puede constituirse en argumento
suficiente para eternizar prácticas que en la actualidad una sociedad la estima
incorrecta y no deseable. Las manifestaciones culturales deben tener por
finalidad la educación de un pueblo, en orden a revelar un país de respeto pol­los
derechos y ético hacia los otros seres que comparten el mismo territorio
(preámbulo y arts. 2o, 7o, 8o, 26, 67, 70, 71
y 95 Superiores)”.
Además, se señaló en
dicha decisión que paulatinamente los países buscan erradicar tradiciones de
insensibilidad para con los demás seres habitantes del territorio. La
ciudadanía en general, las organizaciones no gubernamentales, los partidos y
movimientos políticos, los Estados y las organizaciones internacionales abogan
por el abandono de prácticas que comprometan el uso de animales para la
realización de actividades que comprometan su integridad.
5.4. En Bentham se
reconoce el haber afirmado por primera vez los derechos de los animales: "el
legislador debe prohibir todo aquello que pueda servir para conducir a la
crueldad. Los bárbaros espectáculos de los gladiadores contribuyeron sin duda a
proporcionar a los romanos la ferocidad que desplegaron en sus guerras civiles.
De un pueblo acostumbrado a despreciar la vida humana en sus juegos no podría
esperarse que la respetara en medio de la furia de sus pasiones. Y también es
adecuado, por idéntica razón, prohibir toda clase de crueldad hacia los
animales, ya sea como modo de diversión (...). Las peleas de gallos, las
corridas de toros (...), por necesidad, bien la ausencia de reflexión o un
fondo de inhumanidad, ya que producen los más agudos sufrimientos a seres
sensibles y la muerte más dolorosa y prolongada que imaginarse pueda. ¿Por qué
ha de negar la ley su protección a todo ser dotado de sensibilidad? "[81].
5.5. En 1811, Lord
Erskine, hablando en la Cámara de los Lores, defendió la causa de la justicia
para con los animales, pero sus palabras fueron acogidas con burlas e insultos.
No obstante, once años más tarde los esfuerzos de quienes habían sido
despreciados, particularmente de Richard Martin, se vieron recompensados con un
primer éxito: la aprobación de la Ley contra el maltrato del ganado. A partir
de 1822 el principio del jus animalium, que reclamara Bentham, tuvo reconocimiento aun cuando lo fuera de manera
parcial, esto es, más en interés de la propiedad privada que del principio en
sí[82].
Históricamente el ser
humano ha convivido con los animales desde que habita la tierra, valiéndose de
ellos por medio de la caza y de la pesca para su alimentación o indumentaria, y
empleándolo como instrumento de carga o trabajo. Se registra como primera norma
sancionatoria escrita de protección a los animales su inserción en el Código de
Hammurabi en 1700 a. C, al reconvenir al campesino que sobrecargaba demasiado
al ganado, influyendo a mitad del primer siglo A. C. en el Antiguo y Nuevo
Testamento que recogía un catálogo de derechos y prohibiciones de los animales[83].
La filosofía estuvo impresa en la antigua Grecia por el primer caso de castigo
por maltrato a un animal en el siglo 500 a. C, en que un sujeto fue condenado a
muerte por desollar a un animal salvaje[84].
Ello aunque coexistían movimientos filosóficos contrarios como eran el monista
de Heráclito que señalaba la unidad de esencia
entre el hombre y el animal, y el dualista de Aristóteles que atribuía alma al animal pero no intelecto que lo privaría del derecho
a una protección ética y jurídica. De otra parte, el derecho romano carecía de
reglas especiales de protección de los animales al ser considerados cosas
objeto de tráfico, sujetos al dominio y disposición del hombre. En el último
periodo y por influencia de Ulpiano los animales se consideraron sujetos del derecho natural en el Corpus Iuris
Civilis de Justiniano[85].
La edad media, el
derecho común y hasta inicios del siglo XVI, tampoco fueron tiempos de
sensibilidad para con los animales, excepto de algunos pueblos como la Ley
Sálica de origen germánico (Siglo V hasta el IX), que castigó con multa la
acción de dar muerte a un animal doméstico ajeno, o en la alta edad media en la
que algunos pueblos del norte de Alemania impusieron multas por robo o muerte
del animal de otro. San Agustín o Santo Tomás de
Aquino diferenciaban entre el alma del
animal y el alma humana, no pudiendo equipararse la primera a la del segundo
por falta de intelecto, que permite tener pleno dominio sobre los animales.
Entrado el Siglo XX esta concepción se va transformando dando lugar a la
veneración de la vida y de la naturaleza, a la consideración de hombres y animales
como criaturas que comparten el mismo origen, convivir en familia y ser
protegidos. Fue el movimiento racionalista de Descartes o Kant que empezaría a marcar
una distinción entre la persona dotada de alma y razón y el animal considerado
cosa, que puede expresar sufrimiento como mera reacción mecánica[86].
Esta posición enaltecida de la persona obligaría moralmente a cuidar y no
maltratar a los animales, puesto que de lo contrario lo haría insensible,
actuando contra la naturaleza, y colocando en duda su dignidad[87].
5.6. Otro paso lo
darían Darwin o Schopenhauer revolucionando el pensamiento racionalista, porque "el hombre
ha descubierto que aunque goza de conciencia y lenguaje es solo una pieza más
de la naturaleza"[88], correspondiendo a cada vida una voluntad y un cuerpo, con intelecto y
carácter, con disposición infinita aun cuando su cumplimiento sea limitado, y
con capacidad de sentir dolor, necesidad, soledad o sufrimiento, tanto el ser
humano como el animal, que implica una compasión y respeto hacia el otro.
Fueron el inglés Bentham en 1789 y
posteriormente Singer con su "Etica
Práctica", quienes refirieron a la capacidad
de sufrimiento de los animales[89]. Bentham (1748-1832) señalaba que los animales ostentan significación moral y que
tenemos la obligación directa de no causarles sufrimientos innecesarios. En
materia de bienestar de los animales el único factor a tener en cuenta en el
marco de la moralidad era la capacidad de sentir.
5.7. Con Singer y su "movimiento de liberación animal" se apertura una discusión en el Siglo XX sobre sí los animales deben gozar
de status moral y jurídico, dado que es su capacidad de sufrir la que habrá de
otorgarle protección moral frente a todo acto de discriminación o de
"especismo"[90], teniendo la misma
consideración de intereses que los humanos. Ideología que emana de Bentham que defendía los intereses de todos los afectados por una acción con base
en su capacidad de sentir y, por tanto, de tener intereses, y con ello derechos
que los protejan[91]. Singer populariza el término especismo, afirmando que dicha discriminación se
soporta en una concepción errónea sobre los animales al considerarlos que son
irracionales y que su vida es enteramente mecánica, cuando hoy se tornan
débiles bajo las nuevas evidencias de la etología, la neurociencia, la biología
y la zoología, que informan sobre sus capacidades y habilidades, de socializar
y tener vida emocional. Al existir esas habilidades y capacidades, los animales
que las poseen, como los grandes simios y todos los mamíferos sociales, tienen
una serie de intereses que satisfacer, que se ven restringidos cuando son
recluidos, aislados de su grupo social, y sometidos a experimentación dolorosa.
Todos los seres capaces de sentir tienen intereses y dado que el respeto y
consideración de estos últimos es una actitud moral, debe existir una igualdad
de consideración de intereses[92].
5.8. Adela Cortina[93] sostiene que la dignidad de la persona es el fundamento de los derechos
humanos, la clave para ser miembro de la comunidad moral y política. Defiende
que cualquier ser valioso debería formar parte de la comunidad moral y
política, ya que una auténtica democracia tendría que incluir a todos los seres
que tienen un valor. Propone un modelo de sociedad democrática, atenta al valor
de los animales y comprometida con la dignidad de los humanos. Su tesis es que
aunque los animales tienen un valor interno y tenemos obligaciones hacia ellos,
no tienen dignidad (una característica de la autoconciencia y autoestima) y,
por consiguiente, no le asisten derechos anteriores a toda consideración moral.
Sin embargo, los animales tienen por naturaleza un valor inherente o interno
que es preciso tomar en cuenta en el diálogo moral social. Una sociedad debe
promulgar normas para proteger el valor de los animales.
5.9. Otras
concepciones filosóficas abogan de manera más precisa por reconocer derechos
subjetivos a los animales. Henry Salt, al escribir en 1982 "Los derechos de los animales"[94], expone dos ideas: i) la negación de los derechos de los animales se
soporta en un falso abismo que se fundamenta en la idea de la superioridad de
los hombres sobre los animales y en la teoría que considera a los animales como
máquinas, ii) Si la capacidad de sentir dolor es propia de todo ser sintiente,
entonces la lucha por evitar el dolor debería extenderse a los animales. Le
apuesta al derecho positivo que promulga por la convencionalidad de los
derechos[95] frente naturalidad
de los mismos promovida por el derecho natural. La convencionalidad de los
derechos otorgada por acuerdos sociales de un país va acompañada del
cumplimiento de una obligación, ya que cuando un individuo tiene un derecho los
otros están obligados a garantizarlo. Por consiguiente, los animales como no
pueden exigir que se les respete sus derechos, son beneficiarios de la
obligación de los humanos de respetarlos[96].
5.10. En esta misma
línea Jesús Mosterín (2007)[97],
asume que cuando decidimos hacer algo lo hacemos bajo nuestros valores,
principios y sentimientos que denominamos conciencia moral, la cual constituye
una guía de acción en cada uno de los casos en que decidimos y actuamos
respecto de los animales. Para dirimir la confrontación entre morales
individuales es necesario regularlas a través del derecho que es universal. De
ahí que los derechos no existan por sí mismos sino que son creación de
convenciones y voluntades legislativas, siendo la pregunta relevante ¿qué
derechos queremos que tengan? y no ¿qué derechos tienen los animales?[98]
5.11. Alejandro
Herrera Ibañez[99] sostiene que un derecho jurídicamente establecido y definido tiene en
cuenta las concepciones morales como el sistema de creencias de la comunidad
donde se promulga. Determina que hay tres fuentes actuales de la obligatoriedad
moral: la posesión de sensibilidad, la posesión de conciencia y la posesión de
un bien propio. Reconocer que se posee sensibilidad o conciencia permite
comprender que le debemos consideración moral[100].
Para Joel Feinberg[101] aunque los animales no son capaces de reclamar un buen trato ni alegar
ante los Tribunales la protección de sus intereses, no significa que no puedan
tener derechos, por lo que podría delegarse en un tercero quien sí puede
establecer contratos y hacer alegatos ante las instancias judiciales[102].
5.12. Por su parte, Tom Regan[103]
refiere que existen individuos que no son personas y tienen
derechos. Alude al principio de bondad según el cual el interés de un animal va
en beneficio de sí mismo y no de alguien más de manera indirecta. Al examinar
los derechos morales negativos[104] como la vida, la
integridad corporal y la libertad, considera que estos derechos deben
respetarse en los animales, ya que es inmoral la anulación rutinaria de
derechos de algunos individuos con la excusa de que con ello se beneficia a
otros, como sería el caso del uso de animales para experimentación científica
al soportarse en que la anulación de la libertad o salud del animal contribuye
al beneficio de los seres humanos o el uso de animales en circos alegando que
resultan protegidos de vivir en sus hábitats naturales al poner en riesgo su
supervivencia.
Anota que el
señalamiento de que solo las personas tienen derechos (enfoque fácueo) tiene como peligro entender que lo relacionado con las no-personas no
resulta enjuiciable. En el caso de niños con deficiencias cognitivas son
sujetos de una vida, poseedores de una presencia psicológica unitaria como de
un bienestar experiencial, con independencia lógica de cuan valiosos puedan ser
para los demás, pero el hecho de que no puedan ser autónomos o racionales, se
pregunta ¿implicaría que estamos moralmente autorizados a hacer daño
rutinariamente a estos individuos para beneficio de otros? Los animales aunque
no tienen racionalidad y autonomía, como individuos sí poseen ciertas
características especiales, son conscientes del mundo, tienen sensaciones de
placer y dolor, se sienten seguros o amenazados, comunican sus deseos e
intereses, experimentan bienestar y tienen una vida, por lo que toda la gente
de buena voluntad está de acuerdo en que no se les debería matar o hacer daño
de otro modo rutinariamente para beneficiar a otros[105].
Para Regan no solo las personas tienen derechos. Atendiendo que individuos como
recién nacidos de hecho la tienen, las personas no tienen un status moral
supremo, ya que ninguna persona afirmaría que un adulto tiene más status moral
que un recién nacido; y el hecho de que la persona sea la única capaz de ser
agente moral no le concede un superior status moral, sino una responsabilidad
adicional respecto a sus acciones. Tanto recién nacidos como individuos con
deficiencias cognitivas, así como los animales tienen o deben tener derechos
morales negativos, esto es, deberían tener el derecho a no ser maltratados, a
que no se les prive de la libertad y a que no se les haga daño rutinaria e
injustificadamente para beneficio de otros[106].
Considerar moralmente
a los animales tomando en cuenta la preocupación por sus intereses y la
posibilidad de reclamar derechos, está presente en la legislación del actual
entorno de las naciones. Dieron origen a movimientos de defensa de los animales
y de partidos políticos que proponen mejorar las condiciones de vida de los
animales, reconociéndoles derechos similares a los humanos y los consiguientes
deberes para éstos[107], tratando de
protegerlos no tanto por los nocivos efectos que podría acarrear para la
población, sino porque la ética no debe tener como fronteras las de la misma
especie. Pretende reconocerse los derechos más básicos al menos a los animales
más afines y cercanos al hombre, que se resumen según Pérez Monguió[108]
en tres argumentos: uno de orden moral (capacidad de sufrimiento) que otorga al
animal el derecho a no ser maltratado; otro ontológico que asimilaría el animal
al hombre en signos culturales, uso de herramientas y comunicación con un
lenguaje[109]; y finalmente, el
de los casos marginales[110].
5.13. Martha Nussbaum[111] considera que las relaciones entre los humanos y algunos animales varían
desde la preocupación y el interés hasta la manipulación, la indiferencia y la
crueldad; en esa medida, deberían estar reguladas por principios de justicia y
no simplemente apelando al trato humanitario propio de la consideración de sus
intereses. Los animales son capaces de llevar una vida, toda vez que son
sujetos de ella y, de este modo, merecen dignamente ser capaces de desarrollar
procesos de nutrición, actividad física, lazos fraternales, libertad de
desplazamiento, etc. De este modo, merecen tener una vida libre de dolor,
crueldad y miseria, que no frustre el desarrollo de las capacidades propias de
su especie. Advierte la necesidad de extender nuestras consideraciones morales
hacia los animales, que parte de un enfoque de las capacidades que reconoce a
los animales formas de vida, habilidades y posibilidades de crecimiento y
mejoramiento que merecen ser desarrolladas.
Elabora una lista de
capacidades humanas[112] que debe ser
asegurado por el orden político de un país, una de ellas refiere al hecho de
ser capaz de vivir en relación con los animales, con una ética de cuidado y
respeto por su bienestar. La preocupación por las capacidades y posibilidades
de florecimiento y autorrealización de la vida de un individuo debe ser una
cuestión de justicia, ya que el fin de esta es garantizar una vida digna para
muchas clases de seres[113]. Nussbaum propone una teoría de los derechos de los animales no humanos de
inspiración contractualista, a la cual llama teoría del "enfoque de las
capacidades", consistente en que los animales no humanos son "personas en
sentido amplio" y por ello tienen derechos[114].
5.14. Jorge Riechmann[115]
expresa que los animales tienen capacidades concebidas como
aquello que se puede hacer de acuerdo con los intereses y deseos que se tienen.
No encuentra sentido empeñarse en negar que los animales sean capaces de llevar
una vida individual, digna de florecer, puesto que el potente ideal ético del
florecimiento individual concebido como desarrollo de las capacidades centrales
del ser humano se apoya en categorías generales que no están restringidas al
ámbito humano. De ahí que los seres vivos, humanos y no humanos, que tiene una
forma de vida individual, pueden ejercer sus capacidades en contextos
determinados naturalmente, por lo que para todos ellos puede concebirse el
deseable estado de florecimiento de autorrealización y vida buena. Como seres
vivos y sintientes, los animales son una combinación de capacidades,
necesidades y vulnerabilidades, seres con un bien propio, es decir, con una
tendencia a la realización de sus bienes, de sus fines, propios de su especie[116].
Refiere a la
sustentabilidad que contiene cuatro perspectivas: i) el mantenimiento del
crecimiento de la sociedad sin exceder los límites de lo que pueda soportar el
planeta en términos de carga contaminante; ii) la necesidad de la conservación
de la diversidad biológica para evitar el reduccionismo y la simplificación
biótica de la biosfera, es decir, la creación de políticas y estrategias de
desarrollo que vayan en contra de la disminución de la pluralidad de especies y
formas de vida sobre la tierra; iii) la necesidad de mantener reservas y
disminuir el consumo atendiendo el impacto en la degradación del planeta y el
agotamiento de los elementos que componen la biosfera, que permiten la
supervivencia de los animales en la tierra; y iv) la necesidad de mantener las
condiciones espaciales para la conservación de múltiples formas de vida posible
en la tierra, que incluye la vida humana y de los demás animales.
Plantea así un
desarrollo sostenible dentro de los límites de los ecosistemas, soportado en
dos pilares fundamentales: por un lado, el hecho de que todos los seres vivos
tienden hacia la satisfacción de necesidades básicas y el desarrollo de
capacidades esenciales; de otro, ha de considerarse los límites naturales
impuestos por los ecosistemas. Tales pilares están acompañados de seis
principios que potencializan el alcance de la tarea de crear políticas que
protejan las formas de vida de la biosfera[117]:
i) principio de precaución[118], ii) principio de solidaridad entre poblaciones, generaciones y especies[119],
iii) principio de participación mediante mecanismos de decisión[120],
iv) principio de autocontención[121], v) principio de Biomimesis[122] y vi) principio
ecoeficiencia[123].
5.15. Retomando a Tom
Regan en su libro “En defensa de los animales”[124] destaca que la relación entre seres humanos y animales ha sido
materia de reflexión filosófica y de creación literaria. Precisa que los animales no humanos
son seres con capacidad de poseer experiencias positivas y negativas y, así,
tener un bienestar. De este modo, se muestra en desacuerdo con la afirmación
según la cual los animales no son seres conscientes por no poseer un lenguaje.
Regan considera inaceptable que los
deberes hacia los animales sean de tipo indirecto, por cuanto (i) la idea de
que los animales no humanos no son moralmente considerables, esto es, el hecho
de que puedan verse dañados o beneficiados por nuestras acciones no debería en
sí mismo importarnos en absoluto; y (ii) la idea de que, no obstante, no
debemos tratarlos cruelmente porque con ello estaríamos obrando inadecuadamente
hacia otros humanos.
Finalmente, distingue
los animales humanos y no humanos para concluir que ambos deben recibir un
trato digno, con respeto absoluto a su vida y a su libertad y cuyo derecho a
una existencia sin sufrimiento debe ser garantizado por la racionalidad y por
una ética trascendental.
Por último, como se reseñó en precedencia, desde tiempos
inmemorables se ha hablado sobre la materia, por ejemplo, en la conferencia “Los
Problemas Nacionales” dictada por Rafael Uribe Uribe[125], al referirse acerca da las
diferentes actividades que procuran alegría, señaló que debían realizarse
distracciones que no impliquen crueldad, como las corridas de toros o las riñas
de gallos. Al respecto:
“28. El problema de la alegría
¿Por qué no? Después de Ilustrar al pueblo y de velar
por su salud; después de tenerlo bien alojado, bien vestido y bien comido, hay
que procurarle distracciones que no impliquen crueldad, como las corridas de
toros y las riñas de gallos, que deberían proscribirse. Baños públicos,
parques, avenidas, monumentos nacionales educativos del buen gusto, jardines (…),
exposiciones, conferencias, fiestas patrias, (…), música, teatro y sobre todo
deportes atléticos y gimnasios públicos.
Crear la alegría, la alegría sana, madre de la
benevolencia, es el mejor servicio que puede prestarse a los colombianos que,
en medio de una risueña naturaleza, son un pueblo melancólico y huraño, que
parece rumiar a toda hora un tedio incurable”.
De esta evolución
filosófica sobre la consideración de los animales que parte del enfoque de las
capacidades, está acompañada de evidencias científicas producto de la etología, neurociencia, biología y zoología que advierten
que son seres vivos, sintientes, con capacidades, niveles de raciocinio y, por
tanto, con una serie de intereses por satisfacer.
La Declaración de
Cambridge sobre la Conciencia[126] es un claro reflejo de ello. En 2012 un prominente grupo internacional de
neurocientíficos cognitivos, neurofarmacólogos, neurofísiólogos,
neuroanatomistas y neurocientíficos computacionales se reunieron en la
universidad de Cambridge para valorar de nuevo los substratos neurobiológicos
de la experiencia consciente y los comportamientos relacionados en animales
humanos y no humanos. Se plantearon algunas observaciones que fueron
establecidas inequívocamente[127]:
"La ausencia
de un neocortex no parece impedir que un organismo experimente estados
afectivos. Evidencias convergentes indican que los animales no humanos poseen
substratos neuroanatómicos, neuroquímicos y neuroftsiológicos de los estados de
conciencia, junto con la capacidad de exhibir comportamientos intencionales.
Consecuentemente, el peso de las evidencias indica que los humanos no son
únicos en la posesión de substratos neurológicos que generan conciencia. Los
animales no humanos, incluyendo todos los mamíferos y pájaros, y oirás muchas
criaturas, también poseen estos substratos neurológicos."
A nivel de instrumentos internacionales[128] debe mencionarse la Declaración Universal de los Derechos del
Animal, 1977[129],
de la cual puede destacarse los siguientes derroteros:
Preámbulo.
Considerando que todo animal posee
derechos; considerando que el reconocimiento
por parte de la especie humana de los derechos a la existencia de las otras
especies de animales constituye el fundamento de la coexistencia de las
especies en el mundo; considerando que la educación debe enseñar, desde la
infancia, a observar, comprender, respetar y amar a los animales. Artículo
1. Todos los animales nacen iguales
ante la vida y tienen los mismos derechos a la existencia. Artículo
2. a) Todo animal tiene derecho al
respeto; b) el hombre, en tanto que especie animal, no puede atribuirse el
derecho de exterminar a los otros animales o de explotarlos violando ese
derecho; c) todos los animales tienen derecho a la atención, a los cuidados y a
la protección del hombre. Artículo 3. a) Ningún animal será sometido a malos tratos ni actos crueles. Artículo
4. a) Todo animal perteneciente a una
especie salvaje, tiene derecho a vivir libre en su propio ambiente natural,
terrestre, aéreo o acuático y a reproducirse; b) toda privación de libertad,
incluso aquella que tenga fines educativos, es contraria a este derecho. Artículo
5. a) Todo animal perteneciente a una
especie que viva tradicionalmente en el entorno del hombre, tiene derecho a
vivir y crecer al ritmo y en las condiciones de vida y de libertad que sean
propias de su especie, b) Toda modificación de dicho ritmo o dichas condiciones
que fuera impuesta por el hombre con fines mercantiles, es contraria a dicho
derecho. Artículo 8. a) La experimentación animal que implique un sufrimiento físico o
psicológico es incompatible con los derechos del animal, tanto si se trata de
experimentos médicos, científicos, comerciales, como toda otra forma de
experimentación. Artículo 9. Cuando un animal es criado para la alimentación debe ser nutrido, instalado
y transportado, así como sacrificado, sin que de ello resulte para él motivo de
ansiedad o dolor. Artículo 10. a) Ningún animal debe ser explotado para esparcimiento del hombre, b) Las
exhibiciones de animales y los espectáculos que se sirvan de animales son
incompatibles con la dignidad del animal.
En materia de
bienestar de los animales se registra a nivel regulatorio (ley civil y
Constitución) la introducción de enmiendas para su protección en países como:
i) Suiza, 1999, artículo 80 que consagra la
protección de los animales[130]; ii) Austria, 2004, artículo 11.1 que estipula que el Estado protege la vida y el
bienestar de los animales porque los seres humanos tienen una responsabilidad
especial hacia los seres prójimos; y iii) Alemania, 2002, artículo 20 impuso al Estado la protección de los animales mediante
acciones ejecutivas y judiciales, como responsabilidad hacia las generaciones
futuras[131].
Este nuevo enfoque
jurídico lleva a tomar a la naturaleza y a su entorno en serio. En el mundo contemporáneo se ha se ha empezado a reconocer los "derechos de
los ecosistemas y de las comunidades naturales ", como ocurre en Estados Unidos. Uno de los primeros ejemplos se dio
en la comunidad de Blaine[132]. En el año 2006 la
comunidad de esta localidad, Estado de Pennsylvania, contrató los servicios del
Fondo para la Defensa Legal Ambiental Comunitario, con el objeto de oponerse a
un proyecto de minería de carbón subterránea que pretendía utilizar un sistema
de extracción de tajo largo prohibido incluso en Alemania, ya que generaba el
hundimiento de la superficie del suelo o subsidencia. De forma colectiva se
redactó una ordenanza municipal, aprobada por las autoridades locales, que
prohibía la minería empresarial en toda la jurisdicción del condado,
reconociendo los derechos intrínsecos de los ecosistemas y comunidades
naturales, y limitando el poder de las compañías para anular esta ordenanza. La
norma establece lo siguiente: "Sección 6.5. Las comunidades
naturales y los ecosistemas poseen derechos fundamentales e inalienables a
existir y prosperar dentro del municipio de Blaine. Los ecosistemas podrán
incluir pero no limitarse a humedales, corrientes, ríos, acuíferos y otros
sistemas hídricos".
La Constitución de
Ecuador (2008), plantea un nuevo escenario jurídico en lo que a protección del
ambiente se refiere. El artículo 71 establece que la naturaleza o Pachamama tiene derecho a que se le respete integralmente su existencia y el
mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y
procesos evolutivos. Igualmente, contempla que toda persona, comunidad, pueblo
o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los
derechos de la naturaleza[133]. Para Bedón
Garzón, el consagrar derechos constitucionales a favor de la naturaleza en el
Ecuador tiene tres fundamentos: i) el jurídico, fundamentado en el principio de progresividad al considerar al derecho en
constante evolución y mutación, máxime cuando las normas cambian a medida que
las relaciones sociales se transforman y la concepción del mundo también; ii) el económico, soportado en la imposición de límites a las actividades del ser humano, en
la búsqueda de un nuevo modelo de desarrollo; y iii) el filosófico que exige el abandono de la visión antropocéntrica del mundo y del medio natural
para dar paso a una visión ecocéntrica[134].
En Bolivia se expidió
la denominada Ley de Derechos de la Madre Tierra, números 071 de 2010 y 300 de
2012, con amplio arraigo en los sectores campesinos e indígenas y la pretensión
de un nuevo modelo de desarrollo económico[135].
Finalmente, en
Colombia se expidió la Ley 1774 de 2016, que en su artículo primero dispuso que
los animales como seres sintientes no
son cosas, recibirán especial protección contra el sufrimiento y el dolor, en
especial, el causado directa o indirectamente por los humanos, por lo cual en
la presente ley se tipifican como punibles algunas conductas relacionadas con
el maltrato a los animales, y se establece un procedimiento sancionatorio de
carácter policivo y judicial.
El respeto por los
animales debe partir de la reflexión sobre el sentido de la existencia, el
universo y el cosmos. Una filosofía soportada en una concepción del humano como
parte y no como dominador de la naturaleza permitiría un proceso de
autorregulación de la especie humana y de su impacto sobre el ambiente, al
reconocer su papel dentro de la cadena de vida y de la evolución. Se trata de
establecer un instrumento jurídico que ofrezca a los animales y a sus
relaciones con el humano una mayor justicia, apartando una simple concesión
benevolente por una de reconocimiento colectivo de nuestra especie, consistente
en que compartimos el planeta con otros seres que también merecen protección
como nosotros[136]. La justicia con
la naturaleza debe ser aplicada más allá del escenario humano.
Existe un consenso
social de condenar el maltrato y la crueldad hacia los animales por diversión,
a lo cual el derecho y la jurisprudencia deben empezar a dar respuestas para
erradicar definitivamente su sufrimiento[137].
La dogmática evolutiva
y dinámica impone avanzar en la concepción clásica y teórica del derecho. La
Constitución, como lo ha recordado la jurisprudencia constitucional, es un
instrumento viviente y abierto[138], que debe
ajustarse a los cambios sociales, políticos, culturales e ideológicos para
estar en consonancia con las diversas realidades, además que no puede pretender
agotar todas y cada una de las respuestas posibles respecto a las múltiples
problemáticas que surgen en el seno de la sociedad[139].
En esa medida, el
poder judicial dotado por excelencia de la capacidad de control y de defensa
del orden institucional, también es portador de la visión del interés general
(arts. 113 y 241 inc. primero, C. Pol.). De ahí que el Tribunal Constitucional,
a quien se le ha confiado la guarda de la integridad y supremacía del Estatuto
Fundamental, deba realizar una reflexión interdisciplinaria, incluyente y
sensible a las realidades de un mundo cambiante, para que los contenidos
constitucionales no queden en letra muerta. Los derechos también son aquello
que los jueces dicen a través de sus sentencias[140].
Aunque la Constitución
no reconozca explícitamente a los animales como titulares de derechos, ello no
debe entenderse como su negación, ni menos como una prohibición para su
reconocimiento -innominados-. Su exigencia atiende a factores como la evolución
de la humanidad y los cambios que presente una sociedad, lo cual puede llevar a
la Corte a hacer visible lo que a primera vista no se avizora en la
Constitución. Además, con independencia de la clasificación de los derechos en
el tiempo (generacionales), forman una unidad por cuanto son interdependientes,
integrales y universales[141].
Siendo este Tribunal
el intérprete autorizado de la Carta Política (art. 241), tiene una función
encomiable de hacer cierta para la realidad del
Derecho la inclusión de los animales como titulares de ciertos derechos, en la
obtención de los fines esenciales y sociales del Estado constitucional
(preámbulo, arts. 1o y 2o superiores). Un derecho
jurídicamente establecido y definido tiene en cuenta el sistema de evidencias,
representaciones colectivas y creencias de la comunidad, por lo que el criterio
de la consagración expresa de un derecho resulta insuficiente para cuestionar
la posición aquí adoptada. Más aún cuando se endilga un déficit de protección o
circunstancias de indefensión.
Concibe la Corte la
búsqueda del orden justo, la convivencia pacífica, la dignidad, la efectividad
de los derechos, la protección del medio ambiente y su entorno y el pluralismo
(diversidad y multiculturalismo), como intereses de orden constitucional e
internacional que permiten favorecer a los animales en el reconocimiento de
ciertos derechos (la prohibición de tratos crueles y degradantes por
diversión).
La cultura se
transforma y revalúa constantemente en el marco de las mentalidades y de los
imaginarios de una civilización, para adecuarse a la evolución de la humanidad,
la realización de los derechos y el cumplimiento de los deberes, más cuando se
busca desterrar rastros de una sociedad violenta que ha impuesto categorías de
marginalización y dominación de determinados individuos o colectivos. Erradicar
la subalternidad hacia los animales se constituye en un claro y preciso
derrotero de la sociedad actual.
Una lógica de lo
razonable permite comprender que el hecho de que los animales no puedan
reclamar directamente un buen trato o el respeto por sus derechos, no significa
que deba prescindirse de su garantía. Su condición de indefensión haría forzosa
la figura de la representación o agencia humana, pudiendo ser un instrumento
efectivo las acciones populares o incluso la acción de tutela, mientras se
establece la regulación.
Los animales no son
individuos idénticos a los humanos y no tienen por qué serlo. La Constitución
preserva las especies -humanas y no humanas- como parte del entorno ecológico,
pero también es posible extraer su protección como individuos al disponer de
variadas y similares capacidades y niveles de raciocinio. De las interacciones
que los humanos tienen con los demás seres vivos es claro que hacemos parte del
mismo ecosistema compartiendo análogas y diferentes necesidades básicas, que no
se reducen a la condición de seres vivos y sintientes.
Desterrar toda
concepción de vida mecánica y sin racionalidad respecto de los animales permite
encausarlos dentro del sentido amplio de persona. Susan Hurley[142] recoge la idea que este Tribunal busca transmitir en esta decisión: "El interés
en si los animales son agentes racionales no requiere que la racionalidad tenga
una unidad profunda o que todos sus aspectos puedan ser comparados en un solo
espectro; es un interés en varias maneras específicas en que las capacidades de
los animales pueden ser continuas así como discontinuas con las nuestras”.
En
conclusión, la dogmática dinámica y evolutiva impone avanzar con mecanismos más
decisivos para la efectividad de los intereses de los animales, al disponer hoy
de nuevos estudios científicos y mayores saberes. Es un imperativo repensar
posibles horizontes y transformar las sedimentadas tradiciones cuando socavan
intereses vitales y primarios de toda sociedad democrática y constitucional.
6. La protección
a los animales a partir de deberes morales y solidarios -comportamiento digno
de los humanos- para garantía del medio ambiente. La sentencia C-666 de 2010[143]
En esta decisión
la Corte Constitucional examinó el artículo 7[144]
de la Ley 84 de 1989 que establece como excepción el eximir de
sanciones administrativas a quienes participen u organicen rejoneos, corridas
de toros, coleo, becerradas, novilladas, corralejas, tientas y riñas de gallos,
respecto de las conductas que en principio se consideran prohibidas por dicho
estatuto por representar actos de crueldad para con los animales (artículo 6
ibídem) Esa providencia señaló que de las disposiciones constitucionales surgen
obligaciones que condicionan el comportamiento que los seres humanos pueden y
deben tener respecto de los animales. El concepto de ambiente, la situación de
los seres humanos en dicho contexto, la conciencia de no ser los únicos cuya existencia
es relevante para la regulación e interpretación jurídica sobre ambiente y los
parámetros de comportamiento que de la Constitución se derivan para seres
dignos al relacionarse con otros seres vivos, especialmente de su esencia como
seres sintientes, son coordenadas de referencia ineludibles para los operadores
jurídicos que creen, interpreten o apliquen el ordenamiento jurídico en
relación con los animales.
Concibe la
protección del ambiente en orden a incluir a los animales a partir de dos perspectivas:
la de fauna protegida en virtud del mantenimiento de la biodiversidad y el
equilibrio natural de las especies; y la de fauna a la cual se debe
salvaguardar del padecimiento, maltrato y crueldad sin justificación legítima,
protección que refleja un contenido de moral política y conciencia de la
responsabilidad que deben tener los humanos respecto de los otros seres
vivos y sintientes[145]. Las
distintas referencias de la Carta Política sobre medio ambiente incluyen como
elemento esencial los recursos naturales, contándose dentro de éstos a los
animales que se hallen dentro del territorio colombiano.
También la Corte
indicó que ha de tomarse en cuenta la existencia de parámetros de obligatorio
seguimiento por el legislador, quien ya no tendrá plena libertad de opción
respecto del tipo, alcance, amplitud o naturaleza de la protección que cree
respecto de los animales, sino que, en cuanto poder constituido, se encuentra
vinculado por el deber constitucional previsto en los artículos 8º, 79 y
95.8, y el concepto de dignidad humana (fundamento de las relaciones que un ser
sintiente –humano- tiene con otro ser sintiente –animal-), debiendo establecer
un sistema jurídico de protección que garantice la integridad de los animales
en cuanto seres sintientes que hacen parte del contexto natural en el que las
personas desarrollan su vida.
Explica que la
libertad de decisión en el tratamiento que las personas brindan a los animales
se encuentre restringida drásticamente por el concepto de bienestar animal[146],
el cual se sustenta en el concepto complejo y amplio de ambiente, que debe
superar una visión utilitarista y, por consiguiente, antropocéntrica-, para
centrarse en una que comprenda al ser humano como parte de un todo que tiene un
sentido propio[147]
-disposiciones constitucionales que conforman la llamada Constitución
ecológica-[148]; el
deber de protección de los recursos naturales –artículos 8º y 95.8 superiores-;
el deber de comportamiento digno de los seres humanos para con otras
especies –que surge de una interpretación sistemática de los artículos 1º, 2º,
8º y 94 de la Carta-[149] y la función
ecológica de la propiedad –artículo 58 Superior-[150].
Respecto a los límites
legítimos al deber constitucional de protección animal se exponen algunos
ejemplos en razón de la concreción de otros principios, derechos y deberes
constitucionales, como son: i) la libertad religiosa[151],
ii) los hábitos alimenticios de los seres humanos[152]
y iii) la investigación y experimentación médica[153].
En cuanto a iv) las expresiones culturales se manifiesta que es objeto de
garantía y reconocimiento, de un amplio espacio de manifestación y desarrollo,
con el objeto de impedir la creación de limitaciones ilegítimas de las diversas
formas de concreción de un bien constitucional de gran importancia en el Estado.
No obstante,
anota la decisión, el ejercicio de las diversas expresiones culturales debe
estar en armonía con otros valores, derechos y principios fundamentales que
integran el sistema constitucional colombiano. En este sentido, será tarea del
juez constitucional en cada caso que le sea sometido a su examen,
determinar que las distintas formas de expresión en que se manifieste la
cultura sean acordes con las demás normas de la Constitución, para lo cual
deberá emplear criterios de razonabilidad y proporcionalidad.
El
deber constitucional que impide el maltrato animal no puede entenderse con un
carácter absoluto, ya que su aplicación puede estar mediatizada por la
existencia de valores, principios y reglas constitucionales que para los casos
puntuales resulten contradictorios, situación que obliga al intérprete a realizar
una armonización en concreto, que a partir de un entendimiento inclusivo y
pluralista conduzca a una aplicación coherente de las disposiciones
constitucionales. El
examen del juez de constitucionalidad debe realizarse bajo el criterio de la razonabilidad,
de manera que las manifestaciones culturales, su reconocimiento y regulación
deben concretarse de forma armónica con los principios, deberes,
derechos y demás bienes protegidos por el ordenamiento constitucional.
Sin embargo,
precisa la sentencia, las manifestaciones culturales no son una expresión
directa de la Constitución, sino fruto de la interacción de los distintos
actores sociales determinados por un tiempo y un espacio específicos. No
puede entenderse que en sí mismas consideradas, sean concreción de
postulados constitucionales, ni que, por consiguiente, tengan blindaje
alguno que las haga inmunes a la regulación por parte del ordenamiento
jurídico cuando quiera que se estime necesario limitarlas o,
incluso suprimirlas, por ser contrarias a los valores que busque
promocionar la sociedad, decisión que se encuentra dentro del ámbito
competencial del órgano legislativo o de las autoridades municipales o
distritales.
Resalta
la providencia que la cultura no puede entenderse como un concepto bajo el cual
es posible amparar cualquier tipo de expresiones o tradiciones, puesto
que sería entenderla como un principio absoluto dentro de nuestro ordenamiento
y, por consiguiente, aceptar que amparadas bajo este concepto tuviesen lugar
actividades que contradicen valores axiales de la Constitución, como la
prohibición de discriminación por género o por raza; la libertad religiosa, el
libre desarrollo de la personalidad; o, para el caso concreto, el deber de
cuidado a los animales.
Incluso,
explica la decisión, el Legislador en ejercicio de su libertad de
configuración normativa puede llegar a prohibir las manifestaciones
culturales que implican maltrato animal, si considera que debe primar el deber
de protección sobre la excepcionalidad de las expresiones culturales que implican
agravio a seres vivos, ya que, como lo ha defendido esta Corporación en
numerosas oportunidades, la Constitución de 1991 no es estática y la
permisión contenida en un cuerpo normativo preconstitucional no puede limitar
la libertad de configuración del órgano representativo de acuerdo a los
cambios que se produzcan en el seno de la sociedad.
Termina
señalando la sentencia que será en el examen concreto de las disposiciones
acusadas, de involucrar mandatos de fomento a actividades de maltrato animal,
el que determine la declaratoria de exequibilidad o inexequibilidad de un
precepto jurídico, conclusión a la que la Corte no puede arribar de manera
general y abstracta.
7. La evolución
de la Ley y la Jurisprudencia constitucional hacia mayores ámbitos de
protección para con los animales
7.1. En primer
lugar, debe precisarse que el Legislador mediante la Ley 84 de 1989 adoptó el
Estatuto Nacional de Protección de los Animales en donde se señaló que los
animales tendrían especial protección contra el sufrimiento y el dolor,
causados directa o indirectamente por el hombre, así como erradicar y sancionar
el maltrato y los actos de crueldad para con los animales. Sin embargo, el artículo
7 de la disposición exceptuó algunas actividades por considerarlas culturales
como el rejoneo, coleo, las corridas de toros, novilladas, corralejas,
becerradas y tientas, así como las riñas de gallos y los procedimientos utilizados
en estos espectáculos.
Esa norma fue
demandada, desarrollando la Corte su estudio de constitucionalidad mediante
sentencia C-666 de 2010, como se indicó en el capítulo anterior. En esa
providencia la Corte consideró que el artículo 7º de la Ley 84 de 1989 era
parcialmente inconstitucional por desconocer la protección de los animales ante
el sufrimiento (como parte de un ambiente sano), al haber establecido algunas
excepciones amplias e imprecisas a las sanciones por maltrato. También se
consideró que tales excepciones serían constitucionales solamente si estaban
condicionadas a estrictos parámetros de modo, tiempo y lugar. De esta manera,
en esa oportunidad se determinó que: i) pudiera darse una decisión legislativa
en contrario, ii) en las tradiciones culturales se protejan especialmente a los
animales contra el sufrimiento y el dolor, iii) se eliminen o morigeren en el
futuro las conductas crueles, iv) se cumpla el deber constitucional de amparo a
los animales, y v) únicamente podrán desarrollarse en los lugares y fechas en
los que tradicionalmente se han realizado, entre otros. La sentencia C-666 de
2010 partió de considerar que se tienen deberes morales y solidarios hacia los
animales, además del comportamiento digno que los humanos están obligados a
proveerles para la preservación del medio ambiente (consideración número 6 de
la presente providencia).
7.2. En segundo
lugar, el Congreso de la República expidió la Ley 1638 de 2013, “por medio
de la cual se prohíbe el uso de animales silvestres, ya sean nativos o exóticos,
en circos fijos o itinerantes”. El artículo 1º de esa disposición prohibió
de manera categórica el uso de animales en espectáculos de circos al señalar
que “se prohíbe el uso de animales silvestres ya sean nativos o exóticos de
cualquier especie en espectáculos de circos fijos e itinerantes, sin importar
su denominación, en todo el territorio Nacional”.
En la sentencia
C-283 de 2014 esta Corporación, estudió la constitucionalidad de los artículos
1º, 2º y 3º de la mencionada Ley, señalando que no se oponía a la Constitución
la prohibición de usar
animales silvestres ya sean nativos o exóticos de cualquier especie en
espectáculos de circos, establecida en la Ley 1638 de 2013. Este Tribunal destacó, en
primer lugar, (i) que el deber que impide el maltrato animal “no puede entenderse con un carácter absoluto, ya que su
aplicación puede estar mediatizada por la existencia de valores, principios y
reglas constitucionales que para los casos puntuales resulten contradictorios”.
Tal circunstancia (ii) le impone al intérprete la obligación de “realizar
una armonización en concreto -en cada caso-, que a partir de un entendimiento
inclusivo y pluralista conduzca a una aplicación coherente de las disposiciones
constitucionales”. Dicho examen, advirtió, (iii) “debe realizarse bajo
el criterio de la razonabilidad, de manera que las manifestaciones
culturales, su reconocimiento y regulación deben concretarse de forma armónica con
los principios, deberes, derechos y demás bienes protegidos por el ordenamiento
constitucional”. Seguidamente sostuvo (iv) que “las manifestaciones culturales no son una expresión
directa de la Constitución, sino fruto de la interacción de los distintos
actores sociales determinados por un tiempo y un espacio específicos”.
Consideró luego (v) que no puede entenderse que tales manifestaciones, en
sí mismas consideradas, sean concreción de postulados constitucionales, ni que,
por consiguiente, tengan blindaje alguno que las haga inmunes a
la regulación por parte del ordenamiento jurídico, cuando quiera que se estime
necesario limitarlas o, incluso suprimirlas. Por el contrario,
(vi) con fundamento en la protección de la cultura no pueden entenderse protegidas “actividades que contradicen
valores axiales de la Constitución, como la prohibición de discriminación por
género o por raza; la libertad religiosa, el libre desarrollo de la
personalidad; o, para el caso concreto, el deber de cuidado a los animales”.
En virtud de lo
anterior, sostuvo la Corte que “la potestad del legislador no deviene en
absoluta sino que debe cimentarse en un principio de razón suficiente de manera
que la definición que realice de una expresión artística y cultural y las
limitaciones que se impongan para su desarrollo, además de ser razonables y
proporcionales, deben estar dirigidas a la protección del interés general y a
la disminución de los riesgos sociales”[154]. En
esa medida, la actividad circense es un componente de la cultura colombiana que
merece protección y, en principio, las expresiones artísticas que envuelven el
desarrollo de este espectáculo de las artes escénicas se encuentran
legitimadas. Sin embargo, el legislador está habilitado para limitar o prohibir
alguna de dichas manifestaciones en aras de la protección de intereses
superiores, siempre que resulten razonables y proporcionales. Precisó que cada vez son más
los países y ciudades que prohíben la presentación de espectáculos circenses
con animales.
También la Corte indicó (vii) que “la prohibición establecida en
el artículo 1º de la Ley 1638 de 2013 armoniza plenamente con la Constitución,
sin que se muestre la medida adoptada como irrazonable ni desproporcionada”.
Para el Tribunal el Congreso “en ejercicio de su potestad de configuración
normativa, está habilitado para prohibir determinadas manifestaciones culturales
que impliquen un maltrato animal”. En este caso, (viii) al preferir la protección de
la integridad de los animales “la voluntad política legislativa satisfizo el
déficit normativo de protección animal en los circos”. Consideró finalmente
(ix) que “[l]a protección
de los animales desde la perspectiva de los deberes morales y solidarios
-bienestar animal-, como del comportamiento digno que los humanos están
obligados a proveer respecto de otras especies -seres vivos y sintientes- en
aras de la conservación del medio ambiente (C-666 de 2010), es
suficiente para que este Tribunal respalde la constitucionalidad del artículo
1º de la Ley 1638 de 2013 por resultar conforme a los artículos 8º, 79 y 95, entre otros, de la Constitución”.
En
esa oportunidad este Tribunal sostuvo que la prohibición establecida en el
artículo 1º de la Ley 1638 de 2013 armonizaba plenamente con la Constitución,
sin que se muestre la medida adoptada como irrazonable ni desproporcionada. El
legislador, en ejercicio de su potestad de configuración normativa, está
habilitado para prohibir determinadas manifestaciones culturales que impliquen
un maltrato animal, lo cual se acompasa además con el carácter dinámico
de la Constitución en orden a los cambios que se producen en el seno de la sociedad.
En
opinión de esta Corporación, tales preceptos constitucionales muestran la
relevancia del interés superior del medio ambiente -Carta ecológica- como bien a
proteger por sí mismo, además de la relación estrecha con los seres de la
tierra. Una
mayor consciencia, efectividad y drasticidad en la política defensora de la
fauna silvestre se constituye en un imperativo. Los peligros y daños
ambientales (maltrato animal-progresiva desaparición de la fauna) plantean la
necesidad de normar los procesos bajo la neutralización del daño ambiental y la
adopción de medidas oportunas eficaces aunque no exista certeza del daño.[155]
La interconexión con las demás formas de vida, el acceso apropiado a los
recursos biológicos y genéticos, el respeto por el conocimiento tradicional y
la protección de la biósfera y biodiversidad, habrán de atenderse por la
humanidad.[156]
De igual manera
se adujo que, el interés superior del medio ambiente implica también la
protección de la fauna ante el padecimiento, el maltrato y la crueldad, lo cual
refleja un contenido de moral política y conciencia de la responsabilidad que
deben tener los seres humanos respecto de los otros seres sintientes.[157]
En síntesis, la
sentencia C-283 de 2014 avaló la prohibición definitiva del uso de animales
silvestres en circos en todo el territorio nacional, señalando que el
legislador está habilitado para prohibir determinadas manifestaciones
culturales que impliquen un maltrato animal. Además expuso que la cultura se
revalúa permanentemente para adecuarse a la evolución de la humanidad, la
garantía de los derechos y el cumplimiento de los deberes, máxime cuando se
busca desterrar rastros de una sociedad que ha marginalizado y excluido a
ciertos individuos y colectivos.
7.3. En tercer
lugar, esta Corporación se pronunció en
relación con la demanda de inconstitucionalidad presentada contra los artículos
655[158] y 658[159]
del Código Civil porque la calificación como “cosas” de los animales no se
acompasa con el actual ordenamiento constitucional, en términos de protección
al medio ambiente y a la diversidad ecológica.
En esa
oportunidad la Corte mediante sentencia C-467 de 2016 declaró la exequibilidad
de las disposiciones acusadas, porque si bien es cierto en ellas se alude a los
animales como a bienes jurídicos e incluso se emplea la palabra cosas en
relación con ellos, también lo es que tal realidad no se opone a la
consideración de los animales como seres sintientes dignos de protección contra
el maltrato. Se señaló demás que la demanda debía ser considerada a la luz de
las modificaciones que en la legislación civil se introdujeron con la
aprobación de la Ley 1774 de 2016, en la que se cambió el contenido normativo
del artículo 655 del Código Civil, puesto que, aunque de acuerdo con la nueva
regulación, los animales todavía se clasifican como cosas corporales muebles
(semovientes), o inmuebles por destinación, al mismo tiempo se reconoce su
calidad como seres sintientes. Para adoptar esa decisión, el Tribunal
Constitucional consideró que no cabía hacer un análisis en torno a la
pretensión del actor conforme a la cual los animales son titulares de derechos
y en tal calidad, sujetos de protección constitucional contra toda forma de
maltrato, por cuanto las normas acusadas contienen una regulación de carácter
civil, de alcance definitorio, orientado a establecer las condiciones en las
cuales los animales pueden ser objeto de relaciones jurídicas, pero no disponen
nada en relación con el tratamiento que deban recibir ni con las obligaciones
que, de otras normas, tanto constitucionales como legales, se derivan para
todas las personas en relación con la proscripción del maltrato animal.
Sostuvo la
Corte, que tampoco se daban los supuestos que permiten ejercer un control de
constitucionalidad sobre el empleo del lenguaje, porque ello ha ocurrido, de
manera excepcional, cuando se plantean problemas relacionados con la dignidad
de la persona o con la igualdad entre seres humanos, sin que el lenguaje, en sí
mismo considerado, sea susceptible de provocar una afectación negativa o un
detrimento en las condiciones de vida de los animales. De este modo, la
sentencia en mención señaló que en la Constitución subyace un deber de
protección a los animales en su condición de seres sintientes, que supone un
límite derivado de la función ecológica mediante la cual se prohíben tratos
crueles[160].
8. El asunto sub
examine
8.1. Con
fundamento en las consideraciones precedentes corresponde a la Corte analizar
la constitucionalidad del parágrafo 3º del nuevo artículo 339B, conforme al
cual las personas que adelanten las conductas descritas en el artículo 7º de la
Ley 84 de 1989[161] no
serán objeto de las penas previstas en la Ley 1774 de 2016, esto es, cuando
tales comportamientos tengan lugar con ocasión del
rejoneo, el coleo, las corridas de toros, las novilladas, las corralejas, las
becerradas, las tientas o las riñas de gallos. Es decir, si esa
excepción desconoce el deber de protección constitucional de los animales.
8.2. En primer
lugar, la norma penal bajo estudio refiere a las circunstancias de agravación
punitiva, no obstante, exceptúa de punibilidad los comportamientos previstos en
el parágrafo 3º según el cual: “quienes adelanten las conductas descritas en
el artículo 7º de la Ley 84 de 1989 no serán objeto de las penas previstas en la
presente ley”. En ese sentido, el parágrafo cuestionado reenvía a la
disposición legal contenida en el artículo 7º de la Ley 84 de 1989, exceptuando
de penalización los siguientes comportamientos: “el rejoneo, coleo, las
corridas de toros, novilladas, corralejas, becerradas y tientas, así como las
riñas de gallos y los procedimientos utilizados en estos espectáculos”. Tal
remisión adolece de indeterminación -principio de legalidad-, desconoce el
principio de tipicidad (art. 29 superior) y termina reproduciendo contenidos
materiales declarados inconstitucionales (art. 243 superior), todo lo cual
genera un déficit de protección constitucional hacia los animales. Ello, por
cuanto la remisión normativa se realizó en forma genérica y desatendiendo los
lineamientos que con anterioridad fueron fijados por este Tribunal en la
sentencia C-666 de 2010.
En la referida
sentencia, la Corte señaló que el artículo 7º de la Ley 84 de 1989 era
parcialmente inconstitucional por desconocer la protección de los animales ante
el sufrimiento (como parte de un ambiente sano), al haber establecido algunas
excepciones amplias e imprecisas a las sanciones por maltrato. Así mismo, esta
Corporación consideró que tales excepciones serían constitucionales siempre que
se cumplan estrictos parámetros de modo, tiempo y lugar.
En otras
palabras, 1) se permitió, hasta determinación legislativa en contrario, la
práctica de las actividades de entretenimiento y de expresión cultural con
animales, siempre y cuando se entienda que estos deben recibir protección
especial contra el sufrimiento y el dolor durante el transcurso de esas
actividades. La excepción del artículo 7 de la ley 84 de 1989 permite la
continuación de expresiones humanas culturales y de entretenimiento con
animales, siempre y cuando se eliminen o morigeren en el futuro las conductas
especialmente crueles contra ellos en un proceso de adecuación entre
expresiones culturales y deberes de protección a la fauna. 2) Que únicamente
podrán desarrollarse en aquellos municipios o distritos en los que las mismas
sean manifestación de una tradición regular, periódica e ininterrumpida y que
por tanto su realización responda a cierta periodicidad; 3)  que sólo
podrán desarrollarse en aquellas ocasiones en las que usualmente se han
realizado en los respectivos municipios o distritos en que estén autorizadas; 4)
que sean estas las únicas actividades que pueden ser excepcionadas del
cumplimiento del deber constitucional de protección a los animales; y 5)  que
las autoridades municipales en ningún caso podrán destinar dinero público a la
construcción de instalaciones para la realización exclusiva de estas
actividades.
La sentencia
C-666 de 2010 partió de considerar que se tienen deberes morales y solidarios
hacia los animales, además del comportamiento digno que los humanos están
obligados a proveerles para la preservación del medio ambiente (arts. 8º, 79 y
95 superiores). También sostuvo que la Constitución de 1991 no es un
instrumento estático y que la permisión prevista en el cuerpo normativo preconstitucional
(Ley 84 de 1989) no puede limitar la libertad de configuración normativa del
Congreso de la República, de acuerdo a los cambios que se produzcan en el seno
de la sociedad. En la Ley 1774 de 2016 el legislador volvió a hacer referencia
a la excepción de las sanciones al maltrato animal -ahora de carácter penal- en
tanto se ha dado más valor a su protección frente al sufrimiento, sin embargo,
lo hizo de manera genérica desprotegiendo a los animales de forma irrazonable y
desproporcionada. Así para la Corte es claro que el parágrafo 3 desconoció la
decisión constitucional previa de exequibilidad condicionada.
Adicionalmente,
aunque podría pensarse que era posible aplicar el principio de conservación del
derecho, en tanto se trataba de una disposición penal era necesario preferir
una declaratoria de inexequibilidad para garantizar el principio de legalidad
de los delitos.
De este modo, el
artículo 5º de la Ley 1774 de 2016, que adicionó el artículo 339B del Código
Penal, al reenviar al artículo 7º de la Ley 84 de 1989 desconoció los
principios de legalidad, tipicidad y de cosa juzgada constitucional, todo lo
cual generó un déficit de protección constitucional hacia los animales que fue
inobservado por el legislador penal, lo cual implica la inexequibilidad del
parágrafo 3º.
Antes de la
Constitución de 1991 y con posterioridad a ella han existido normas y
pronunciamientos. Así mismo, después de haber sido proferida la sentencia C-666
de 2010 se han expedido algunas leyes como la 1638 de 2013 que prohibió el uso
de animales silvestres en circos fijos itinerantes, igualmente la 1774 de 2016
que modificó el Código Civil, la Ley 84 de 1989, el Código Penal y el Código de
Procedimiento Penal, en orden a reconocer a los animales como seres sintientes,
determinando unos principios de protección, bienestar y solidaridad social, y
estableciendo conductas penalizables en orden a la protección de la vida, su
integridad física y emocional, entre otros.
La jurisprudencia
constitucional y la doctrina ha sido enfática en señalar teorías que propendan
por encontrar mecanismos de respuestas eficientes para la protección de los
animales respecto a los actos de maltrato o conductas arbitrarias. La sentencia
C-283 de 2014 avaló la prohibición definitiva del uso de animales silvestres en
circos en todo el territorio nacional, señalando que el legislador está
habilitado para prohibir determinadas manifestaciones culturales que impliquen
un maltrato animal. Además expuso que la cultura se revalúa permanentemente
para adecuarse a la evolución de la humanidad, la garantía de los derechos y el
cumplimiento de los deberes, máxime cuando se busca desterrar rastros de una
sociedad que ha marginalizado y excluido a ciertos individuos y colectivos.
En esa misma
línea, la sentencia C-467 de 2016 señaló que en la Constitución subyace un
deber de protección a los animales en su condición de seres sintientes, que
supone un límite derivado de la función ecológica mediante la cual se prohíben
tratos crueles. Otras decisiones como la sentencia C-449 de 2015 ha hecho
merecedores de mayores atributos al reconocer a la naturaleza y su entorno
(animales) su valor intrínseco independientemente de su beneficio para el
humano, llamando la atención de transitar de una visión antropocéntrica (bondad
hacia los animales bajo preeminencia del humano) a una ecocéntrica (protección
a los animales por sí mismos con independencia de su valor para el humano). La
dogmática dinámica y evolutiva impone avanzar con mecanismos más decisivos para
la efectividad de los intereses de los animales, al disponer hoy de nuevos
estudios científicos y mayores saberes. Es un imperativo repensar posibles
horizontes y transformar las sedimentadas tradiciones cuando socavan intereses
vitales y primarios de toda sociedad democrática y constitucional.
Cada vez son más
los países y ciudades que prohíben la presentación de espectáculos donde se ven
afectados los derechos de los animales, por lo que es necesario que el
legislador adopte la legislación a los mandatos constitucionales y a la
jurisprudencia desarrollada respecto de la defensa de los animales, su
protección y garantía.
La dogmática
dinámica y evolutiva impone avanzar con mecanismos más decisivos para la
efectividad de los intereses de los animales, al disponer hoy de nuevos
estudios científicos y mayores saberes. Es un imperativo repensar posibles
horizontes y transformar las sedimentadas tradiciones cuando socavan intereses
vitales y primarios de toda sociedad democrática y constitucional.
Por último, la
inconstitucionalidad del parágrafo 3º del artículo 339B del Código Penal
conlleva a la desaparición de la excepción contenida en dicha disposición. Es
ese sentido, es procedente diferir los efectos de esta decisión por el término
de dos (2) años, contados a partir de la notificación de esta sentencia,
atendiendo los efectos que podría tener la desaparición inmediata de estas
excepciones con respecto a intereses protegidos por el ordenamiento jurídico[162].
En ese orden de
ideas, le corresponde al Congreso de la República, en ejercicio de la potestad
de configuración legislativa (art. 150.2 superior), disponer lo necesario para
adecuar la legislación a los mandatos constitucionales y a la jurisprudencia
mencionada. Sin embargo, de no expedirse la regulación normativa en el plazo
indicado inmediatamente toma fuerza ejecutoria la inexequibilidad declarada.
VII. DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- Declarar
EXEQUIBLE, por el cargo examinado, la expresión “menoscaben gravemente”
prevista en el artículo 5º de la Ley 1774 de 2016, que adicionó el artículo
339A al Código Penal.
Segundo.- Declarar
INEXEQUIBLE el parágrafo 3º previsto en el artículo 5º de la Ley 1774 de 2016,
que adicionó el artículo 339B al Código Penal. Se DIFIEREN los efectos de esta
decisión por el término de dos (2) años, contados a partir de la notificación
de la presente sentencia, para que el Congreso de la República adapte la
legislación a la jurisprudencia constitucional.
Cópiese, notifíquese, comuníquese al Gobierno,
publíquese y cúmplase.
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Presidente
Con salvamento de voto
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
Con aclaración de voto
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
Con salvamento de voto
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
Con aclaración
de voto
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
Con salvamento parcial de voto
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
Con aclaración
de voto
AQUILES IGNACIO ARRIETA GÓMEZ
Magistrado (e.)
Con aclaración
de voto
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
Con salvamento de voto
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
Con aclaración
de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MENDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
ALBERTO ROJAS RÍOS
A LA SENTENCIA C-041 DE 2017
DELITO
DE MALTRATO ANIMAL-Sala Plena realizó remisión normativa
genérica e indeterminada de las conductas que se excluyen de la sanción penal
(Salvamento de voto)/DELITO DE MALTRATO ANIMAL-Remisión normativa
desconoció lineamientos fijados en la sentencia C-666/10 (Salvamento de voto)/PRINCIPIO
DE PROTECCION-Condiciones (Salvamento de voto)
DEMANDA
CONTRA EL DELITO DE MALTRATO ANIMAL-Disentimiento de la
decisión adoptada en la Sentencia C-041/17 (Salvamento de voto)/DELITO DE
MALTRATO ANIMAL-Corte desconoce condicionamientos de la sentencia C-666/10
y renuncia a armonizar valores, principios y derechos constitucionales
(Salvamento de voto)
DELITO
DE MALTRATO ANIMAL-Corte impone
penalización desproporcionada a las conductas de rejoneo, coleo, corridas de
toros, novilladas, corralejas, becerradas, tientas, riñas de gallos y los
procedimientos utilizados en estos espectáculos (Salvamento de voto)/DERECHO
PENAL-Principio de mínima intervención (Salvamento de voto)/DELITO DE
MALTRATO ANIMAL-Actividades de rejoneo, coleo, corridas de toros,
novilladas, corralejas, becerradas, tientas y riñas de gallos tienen represión
en el derecho sancionatorio ambiental (Salvamento de voto)
ESTADO
SOCIAL DE DERECHO-Identificación de conductas sancionables
penalmente debe regirse por el principio de dignidad humana (Salvamento de
voto)
DELITO
DE MALTRATO ANIMAL-Decisión de la sentencia C-041/17
constituye negación de la cultura como bien constitucionalmente salvaguardado
(Salvamento de voto)/MANIFESTACIONES CULTURALES-Protección
constitucional (Salvamento de voto)/REJONEO, COLEO, CORRIDAS DE TOROS,
NOVILLADAS, CORRALEJAS, BECERRADAS, TIENTAS Y RIÑAS DE GALLOS-Actividades
que no pueden proscribirse como lo dispuso la sentencia C-041/17 (Salvamento de
voto)/EXPRESIONES CULTURALES-No se extinguen por mandato real ni por
sentencia judicial (Salvamento de voto)/EXPRESIONES CULTURALES-Categorización
jurídico sociológica que debe ajustarse para garantizar la protección animal
(Salvamento de voto)/REJONEO, COLEO, CORRIDAS DE TOROS, NOVILLADAS,
CORRALEJAS, BECERRADAS, TIENTAS Y RIÑAS DE GALLOS-Práctica cultural debe
ser armonizada por generar tensión con el principio de protección animal
conforme la sentencia C-666/10 (Salvamento de voto)
DEMANDA
CONTRA EL DELITO DE MALTRATO ANIMAL-Corte debió
armonizar el principio de protección animal y el principio de defensa,
promoción y protección a la cultura (Salvamento de voto)
NORMA
SOBRE DELITO DE MALTRATO ANIMAL-Inexequibilidad diferida permite
que continúe el maltrato en las prácticas culturales exceptuadas de la sanción
penal durante dos años más (Salvamento de voto)
DELITO
DE MALTRATO ANIMAL-El espectáculo público de violencia
contra los seres sintientes desconoce la Constitución y los deberes morales de
los humanos frente a los animales (Salvamento de voto)
RELACIONES
ENTRE ANIMALES HUMANOS Y ANIMALES NO HUMANOS-Aspectos de
filosofía moral y teoría de la justicia que impactan al derecho constitucional
(Salvamento de voto)/TRATO DE LOS ANIMALES-Tema de justicia y filosofía
moral (Salvamento de voto)
Magistrados
Ponentes:
JORGE IVAN
PALACIO PALACIO
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
¿POR QUÉ NUESTROS
AMIGOS ANIMALES NO TIENEN DERECHOS?[163]
Con el acostumbrado respeto por las
sentencias de la Corte Constitucional, el
suscrito Magistrado quiere dejar constancia de las razones que lo llevaron a
separarse de la Sala Plena en relación con la decisión de declarar inexequible,
con efecto diferido, el parágrafo 3º del artículo 5º de la Ley
1774 de 2016.
La
presente opinión estará dividida en dos partes. La primera hará referencia a
las razones que sustentan mi disenso de la determinación adoptada por la
mayoría de la Sala. La Segunda inscribe en la agenda del juez constitucional la
necesidad de comprender la importancia del trato de los humanos con los seres
sintientes.
Este
el último acápite se expone a la sociedad con el objetivo de que la Corte
Constitucional asuma el debate sobre la protección de los animales con el mayor
respeto de las posiciones en deliberación. Además, ese tema requiere que sea
abordado con sumo cuidado académico y filosófico. Tales metas se justifican en
que el comportamiento de las personas frente a  los seres sintientes es un
asunto de justicia que le incumbe al juez en el Estado Social de Derecho.
I.
Argumentos
de la disidencia sobre la Sentencia C-041 de 2017
1.
En
la Sentencia C-041 de 2017, la mayoría de la Sala Plena declaró inexequible
diferidamente el parágrafo 3º del artículo 5 de la Ley 1774 de 2016,
disposición que adicionó al Código Penal el artículo 339B, porque realizó una
remisión normativa genérica e indeterminada de las conductas que se excluyen de
la sanción penal del delito de maltrato animal. Así mismo, ese reenvío normativo
desconoció los lineamientos fijados por la Corte Constitucional en Sentencia
C-666 de 2010, criterios que descartaron interpretaciones como la reproducida
en la norma cuestionada. En esa oportunidad, la Corte consideró que las
excepciones al principio de protección serían constitucionales, siempre que
observaran las siguientes condiciones: i) en las tradiciones culturales se
protejan especialmente a los animales contra el sufrimiento y el dolor, ii) se
eliminen o morigeren en el futuro las conductas crueles, iii) se cumpla el
deber constitucional de amparo a los animales, y iv) únicamente podrán
desarrollarse en los lugares y fechas en los que tradicionalmente se han
realizado, entre otros. Sin embargo, el legislador omitió tales
condicionamientos, por lo que, se estimó adecuado excluir esa norma del
ordenamiento jurídico, empero esa decisión tendrá efectos en dos años en el
futuro mientras se regula la materia.
Además,
se aclaró que la decisión de inexequibilidad era la apropiada, dado que el
artículo 5º de la Ley 1774 de 2016, norma punitiva, desconoció los principios
de legalidad, tipicidad y de la cosa juzgada constitucional, escenario que
generó un déficit de protección constitucional hacia los animales.
2.
No
comparto la decisión adoptada en la Sentencia C-041 de 2017, porque: i)
criminaliza de manera desproporcionada, en equivocada aproximación a los fines
del derecho penal, las conductas de “rejoneo, coleo, las corridas de toros,
novilladas, corralejas, becerradas y tientas, así como las riñas de gallos y
los procedimientos utilizados en estos espectáculos” ; ii) impone una
postura que avasalla prácticas culturales con arraigo popular de larga
tradición en caracterizadas regiones de nuestro país; y iii) constituye una
oportunidad perdida para haber dispuesto en forma inmediata la eliminación
gradual pero concreta y eficaz, en un arco de tiempo preciso, el trato cruel y
la violencia contra los animales, en las prácticas reconocidas por el artículo
7º de la Ley 84 de 1989. En síntesis, la Corte tomó una decisión que desconoce
los condicionamientos establecidos en la Sentencia C-666 de 2010 y renuncia a
armonizar valores, principios y derechos constitucionales.
2.1.
En
primer lugar, la decisión mayoritaria de la Corte impuso indirectamente, así
sea en forma diferida, pero no por ello menos real y concreta, una penalización
desproporcionada a las conductas del “rejoneo, coleo, las corridas de toros,
novilladas, corralejas, becerradas y tientas, así como las riñas de gallos y
los procedimientos utilizados en estos espectáculos·”. La medida propuesta
rebasa los límites del ius-puniendi del Estado, porque desconoce el
carácter subsidiario, fragmentario y de última ratio del derecho penal,
aspectos conforme a los cuales la criminalización de una conducta requiere que
no existan otros medios de control menos gravosos (principio de mínima
intervención), o cuando existiendo y aplicándose hubiesen fallado[164].
En el caso sub-judice, las actividades referidas tienen represión en el
ámbito del derecho sancionatorio ambiental, espacio adecuado para salvaguardar
la vida e integridad física de los animales. Además, la Sala Plena jamás
argumentó que esa herramienta hubiese fallado, porque jamás se activó por las
autoridades a quienes corresponde su aplicación.
Como Magistrado,
llamo la atención de que en un Estado Social de Derecho la identificación de
las conductas sancionables penalmente debe regirse por el principio de la
dignidad humana, norma que faculta a la organización política a intervenir los
comportamientos de las personas de la menor forma posible. La máxima
contracción del sistema penal y su intervención de última así como extrema
ratio garantiza las libertades del individuo,
al igual que evita la reacción violenta contra el delito[165].
La mayoría de la Sala Plena dispuso un ejercicio inapropiado de control social,
el cual aumenta la deslegitimación del sistema penal[166],
en tanto constituye a la postre una equivocada aproximación a los fundamentos y
fines del derecho penal, que habrá de erigirse en una expresión más del
denominado “populismo punitivo”.
2.2.
En
segundo lugar, estimo que el poder de la palabra no logró modificar en el
presente caso la escueta verdad: la decisión contenida en la Sentencia C- 041
de 2017 constituye una negación de la cultura como bien constitucionalmente
salvaguardado en los artículos 7 y 70 Superiores. La Carta Política consagra la
protección de las manifestaciones culturales de hondo arraigo popular, como las
prácticas descritas en el artículo 7 de la Ley 84 de 1989, actividades que no
pueden proscribirse, como lo ha dispuesto esta Sentencia, mediante un golpe
autocrático de gracia. Las expresiones culturales no se extinguen por mandato
real ni por sentencia judicial, en tanto las mismas tienen categorización
jurídico-sociológica que debe ajustarse para garantizar la protección animal.
Reconozco que las prácticas culturales consagradas en el artículo ibídem generan
tensiones en relación con el principio de protección animal, por lo que deben
ser armonizadas, conforme expone la Sentencia C-666 de 2010. Ello se hubiera
logrado con la fijación de reglas precisas, eficaces y concretas para adelantar
esas actividades y no eliminando en forma diferida, la posibilidad de su
realización. Una decisión como la que propuse en la deliberación de este fallo
es consciente de las restricciones que posee el funcionario judicial, límites
que son impuestos por las realidades sociales o culturales.
La
Corte no puede ser indiferente ante el maltrato animal, puesto que debe
maximizar los contenidos superiores y promover un ambiente de concordia en
donde coexistamos todos los seres vivos, empero este Tribunal tampoco puede ser
ciego ante las realidades y dar la espalda a la cultura, fenómeno que es fruto
de la interacción de actores sociales determinados por un tiempo y un espacio
específico. Lo anterior implicaba que se hubiese efectuado una adecuada y
razonada armonización entre el principio de protección animal y el principio de
defensa, promoción y protección a la cultura.
2.3.
En
tercer lugar, considero que la inexequibilidad diferida del parágrafo 3º del
artículo 5º de la Ley 1774 de 2016 permite, paradójicamente, que continúe
durante dos años más, el maltrato contra los animales en las prácticas
culturales exceptuadas de la sanción penal, o sea lo que severamente se quería
evitar. La Corte no dispuso conforme a nuestro ordenamiento constitucional
salvaguardas racionales y ponderadas para los seres sintientes. A todas luces,
esa autorización es contraria al principio constitucional de protección animal.
Dicha omisión significó desplazar la dignidad humana y las obligaciones morales
que tenemos los humanos en relación con los seres sintientes, en posición de
garantes. La Sala Plena debió precisar las reglas eficaces y concretas de
comportamiento que regirían las actividades mencionadas, parámetros que se
enmarcan dentro la eliminación de las conductas crueles y públicas contra los
animales, mediante reglas de armonización con valores culturales.
A
mi juicio, hacer un espectáculo público de violencia contra los seres sintientes
desconoce los artículos 1º, 2º, 58 y 79 de la  Constitución y los deberes
morales que con el avance de los tiempos tenemos los humanos frente a los
animales. Este debate ético nos debió dejar a salvo, sin embargo, de la
barbarie, que por acción u omisión se convierte en “paisaje social”. La Sala
Plena debió levantar sus ojos a otras latitudes para proferir la actual
decisión, en el propósito de morigerar paulatinamente la violencia contra los
animales, sin desconocer valores culturales, por ejemplo, hacía Portugal, país
donde en la mayoría del territorio desde 1836, por orden de la Reina Doña María
II, se prohibió la muerte del toro en el ruedo. Por lo menos no en el marco de
una “fiesta” de maltrato y violencia. Inclusive, se debieron evaluar las medidas
como las adoptadas en Quito (Ecuador), sitio donde la permisión de la
tauromaquia (derecho cultural) tiene restricciones razonables.
II.  Relaciones
entre animales humanos y animales no humanos, aspectos de filosofía moral así
como de teoría de la justicia que impactan al derecho constitucional
3.
Debo
celebrar y compartir el reconocimiento expreso que hicieron mis colegas de los
deberes que tenemos los humanos con los seres sintientes. Empero, me parece
incompleta su visión englobante y unidimensional para evaluar los argumentos en
conflicto y comprender que el trato de los animales es un tema de justicia y
filosofía moral. Ante esa situación, el objetivo de este acápite se concreta en
dimensionar en términos ius-filosóficos el debate constitucional que propuso
la demanda formulada en el proceso D-11467 y que concluyó con la sentencia de
la que me aparto en esa oportunidad.
Deseo
mostrar que, durante amplios periodos de la historia del pensamiento, el
tratamiento de los animales y las relaciones entre éstos con los seres humanos
han sido una discusión olvidada[167] por la
Filosofía y el Derecho Constitucional. No obstante, debido a los eventos
acaecidos durante el siglo XX y la destrucción del ambiente derivado de
determinadas formas de desarrollo económico, la legislación internacional y las
agendas públicas de múltiples países han evidenciado el carácter problemático
de las normas de conducta de los individuos frente a los animales. Tales nuevas
dinámicas no han sido ajenas a la política legislativa en Colombia y a la
jurisprudencia constitucional.
Los problemas
que surgieron de las relaciones entre los seres humanos y los animales solían
ser disvalorados o desplazados por asuntos mucho más importantes, por ejemplo
la guerra, las pandemias o las hambrunas. En esos debates, se intentaba
resolver exclusivamente los conflictos entre personas. Por ello, durante
siglos, la situación de los seres sintientes no humanos estuvo al margen de la
Filosofía Política, las Teorías de la Justicia o del Derecho.
Durante largos
periodos de la historia occidental, los autores más influyentes, faros de cada
siglo, colocaron al individuo como agente y protagonista de la historia y a la
naturaleza (compuesta por fauna y flora) como el medio o herramienta que debía
ser usado y dominado por la humanidad para la satisfacción de sus intereses.
La visión del
mundo descrita tuvo mucho que ver con el Renacimiento (siglo XVI) y la
Ilustración (Siglo XVIII). Con sus propias particularidades y partiendo de las
diferencias de cada etapa del pensamiento europeo, los dos movimientos
intelectuales mencionados argumentaron que la razón, la técnica, la tecnología
y el consecuente dominio humano sobre la naturaleza traía consigo el progreso y
la emancipación de los individuos. Además, defendieron la idea que la humanidad
tiene un origen en la naturaleza (en el estado de naturaleza), empero las
personas pueden salir de esa condición para convertirse en cultura y en
sociedad, transmutación que se obtiene con la facultad que poseen de autolegislarse
y de determinar su propio destino[168].
De esta manera,
una forma de entender la Ilustración es verla como la convicción humana en que
la razón, la ciencia, la técnica, y la tecnología permite: i) salir a los
individuos de la naturaleza, esto es, un estado inseguro y precario en donde
las personas se hallan sometidas a las fuerzas físicas del ambiente (fuego,
lluvias, terremotos, etc.); y ii) otorga el poder a la humanidad de convertirse
en cultura (civilización). Esa transformación se alcanza a través del control
de la naturaleza para lograr las grandes manifestaciones del espíritu humano[169].
Un elemento constitutivo de la modernidad política corresponde con la idea de
la superioridad del ser humano sobre su entorno, de modo que él está llamado a
dominar y controlar a las fuerzas naturales, “bárbaras” o “incivilizadas” y
traerlas a un estado civil(izado)[170].
Así, aunado a
las premisas ilustradas de: (i) derechos individuales; (ii) control al poder,
(iii) progreso moral y científico de la humanidad; se agregan otros principios
defendidos por la modernidad como son: (iv) la diferencia radical entre
civilización (cultura) y naturaleza[171]; al
igual que (v) la idea de que el ser humano controla el ambiente que lo rodea
con la ciencia, la técnica y la tecnología.
Como
consecuencia de ello, en el siglo XIX, la relación entre los seres humanos y
los animales fue un asunto de análisis de las ciencias agrarias o de las
referidas a la productividad de los recursos naturales y no al Derecho, a la
Justicia o a la filosofía.
En criterio de
importantes historiadores y filósofos[172], las
premisas explicadas tuvieron varias consecuencias negativas en la historia de
la humanidad. El dominio de las personas sobre las fuerzas naturales produjo
que las diferentes revoluciones industriales y tecnológicas tuvieran como
consecuencia el uso y agotamiento de los recursos naturales, al igual que la
instrumentalización de la fauna y la flora con el fin de garantizar las
condiciones de comodidad contemporáneas[173].
Ante ese
escenario de secuelas negativas que tuvo una de las tesis centrales de la
Ilustración -dominio del ser humano sobre la naturaleza-, a inicios del siglo
XX, nuevas corrientes de pensamiento denunciaron los defectos y sombras de la
modernidad e hicieron un llamado a que se revaluara la idea de que el ser
humano está por encima de la naturaleza[174].
Por ejemplo,
Jurgen Habermas explicó que la Ilustración tiene dos aspectos o elementos[175]
fundamentales: (i) la “razón técnica”, es decir, el ya mencionado
elemento racionalista técnico-científico que predica que la razón tiene la
finalidad de dominar la naturaleza mediante la técnica o la tecnología; y (ii)
la “razón humanista”, esto es, una serie de discursos que buscan la
emancipación moral de los individuos, “su salida de la minoría de edad auto
culpable”. Habermas argumenta que el sentido humanista y emancipatorio de
la Ilustración debe tomar protagonismo sobre la versión racionalista
(técnico-científica) de la modernidad con el fin de que se evite el ejercicio
autoritario de la política. Ello evitaría resultados nefastos como la Alemania
Nazi.
Como parte de un
momento intelectual de la segunda mitad del siglo XX, desde múltiples
disciplinas, diversos autores han indicado la necesidad de que la humanidad
reencuentre o “recupere”[176] su
condición de “naturaleza”, al punto que reestructure las reglas y principios
mediante los cuales se desarrollan las relaciones entre los seres humanos y el
ambiente. Ese llamado implica que esa interacción se aborde desde la Filosofía,
las Teorías de la Justicia y se cristalice en el Derecho, denuncia que
claramente no advierte la Sentencia C-041 de 2017.
En ese contexto,
recalco que los debates y tensiones sobre las relaciones entre seres humanos y
los animales no es una discusión de poco calado ni se reduce a los
ámbitos académicos. Por el contrario, en esas discusiones se involucran
argumentos que dan cuenta de los elementos y características definitorias del
humanismo moderno, y en atención a ello, dichas polémicas deben enmarcarse como
un asunto que compete a las Teorías de la Justicia y a la Administración de
Justicia.
Estimo
importante insistir en que no puede banalizarse o subestimarse la posición de
aquellas personas y autoridades que consideran necesario extender la protección
legal a los animales en todos los eventos posibles, por ejemplo merece respeto
la tesis que advierte que deben carecen de validez constitucional los actos “justificados”
de violencia contra los animales. Los argumentos de las partes que intervienen
en la deliberación no pueden ser aminorados ni ridiculizados.
Tales censuras y
pedidos son concordantes con varias de las posturas de ilustres pensadores
contemporáneos. Filosofas como Martha Nussbaum[177]
y Corine Pelluchon[178], y
autores como Jacques Derrida[179] o
Peter Singer[180] han
señalado suficientes argumentos para indicar que el tratamiento que los seres
humanos dan a los animales es una problemática que debe resolverse desde las
teorías de las justicias y/o de la filosofía moral. En consonancia con esos
pensadores, la Corte Constitucional ha precisado que ese debate debe ser
abordado desde una perspectiva filosófica y ecológica[181]
Todos ellos
señalan que la neurociencia y la biología han arrojado evidencias contundentes
sobre el hecho que los animales (especialmente los vertebrados superiores)
sienten dolor y placer, motivo por el cual, es perfectamente plausible que un
ciudadano se pregunte: ¿si los animales son capaces de sufrir como consecuencia
de una conducta de una persona, dicho comportamiento puede ser calificado como “justo”
o “injusto”, “moral” o “inmoral”?, o ¿Es posible desplegar actos que implican
“violencia” contra animales de manera justificada? Las preguntas mencionadas
adquieren sentido en un concepto de derecho que incluye elementos morales[182]
y en Cartas Políticas que advierten una alta densidad normativa que comprenden
la moral y la política determinada de una sociedad[183].
Así, reitero mi
convicción de la Corte Constitucional puede interrogarse acerca de: ¿si los
animales sufren, dado que sienten dolor, no es acaso un asunto de justicia el
trato que los seres humanos les ofrecen?, ¿es posible identificar como injusta
una conducta humana que cause dolor a los animales?, o ¿es válido que un
legislador permite o autorice actos de violencia contra seres sintientes? La
evidencia empírica advierte que esas incógnitas han estado en la jurisprudencia
de esta Corporación y han delineado la política legislativa del Congreso, al
permitir ciertas prácticas del maltrato contra los animales o al reconocer a
éstos como seres sintientes[184].
Según los
autores referenciados, la capacidad de sentir dolor de los animales es el
criterio para que los seres humanos consideren a éstos moralmente, es decir,
ese reconocimiento implica que la persona puede evaluar si su comportamiento
frente a esos seres es bueno o malo. Para que un ser vivo merezca consideración
moral basta que pueda sentir dolor, empero esa calidad no se relaciona con su
inteligencia, su posibilidad comunicativa, su racionalidad o su utilidad.
Estos filósofos
llaman la atención sobre la necesidad de que todos los interlocutores que
discuten sobre el tratamiento justo a los animales tomen con altura los
argumentos de quienes defienden la protección de los animales no humanos.
Ningún autor de los mencionados patrocina posiciones que ridiculizan los
argumentos de ambientalistas y animalistas. Los intelectuales citados indican
con precisión que la discusión sobre la condición moral de los animales no
tiene como objetivo que se les permita votar o ir al sistema educativo. En estricto
sentido, se trata de determinar ¿si dentro del humanismo contemporáneo existen
razones suficientes para impedir que los animales sean tratados con justicia y
moralidad?[185] Y ¿si
ese aspecto debe ser regulado por el derecho, al entrar en tensión con otros
principios constitucionalmente protegidos?
4.
Para
este Magistrado, las discusiones sobre el tratamiento que los seres humanos
ofrecen a los animales deben ser abordados como un debate moral, filosófico y
de justicia constitucional, de modo que, a partir de las discusiones brevemente
reseñadas, es necesario entender los principios ecocéntricos que estableció el
constituyente en 1991. La decisión mayoritaria no puso en sus precisas
dimensiones el alcance del debate ius-filosófico que implica el trato de
las personas sobre los animales para el derecho.
Dejo aquí las
razones que me llevaron a salvar mi voto frente a la Sentencia C-041 de 2017,
en relación con la determinación de declarar inexequible el parágrafo 3º del
artículo 5º de la Ley 1774 de 2016. Lo expuesto precedentemente es una visión
constitucional y democrática de la labor del juez en la protección del ambiente
en el marco de Carta Política ecológica, postura que defiende una concepción
omnicomprensiva de la responsabilidad ética y moral de las personas con los
seres sintientes.
Fecha ut supra,
ALBERTO
ROJAS RÍOS
Magistrado
ACLARACIÓN DE VOTO DE LA MAGISTRADA
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
A LA SENTENCIA C-041/17
LEY
SOBRE DELITO DE MALTRATO ANIMAL-Problema de técnica legislativa
por incorporación de excepción al tipo penal, donde deberían aparecer
circunstancias de agravación punitiva (Aclaración de voto)/LEY SOBRE DELITO
DE MALTRATO ANIMAL-Legislador utilizó la técnica de reenvío o remisión
normativa a una norma que fue objeto de control de constitucionalidad para
definir las conductas exceptuadas (Aclaración de voto)
DEMANDA
CONTRA DELITO DE MALTRATO ANIMAL-Decisión genera dificultad de
interpretación al declarar la inexequibilidad diferida y exhortar al Congreso
para que modifique la norma (Aclaración de voto)
LEY
SOBRE DELITO DE MALTRATO ANIMAL-Contiene contravenciones y
excepciones o conductas exceptuadas de la prohibición (Aclaración de voto)/LEY
SOBRE DELITO DE MALTRATO ANIMAL-Excepciones citadas fueron objeto de
control de constitucionalidad en la sentencia C-666/10 (Aclaración de voto)
LEY
SOBRE DELITO DE MALTRATO ANIMAL-Adopción de normas y principios
destinados a fortalecer su protección (Aclaración de voto)
APLICACION
DE PENAS PREVISTAS A
PERSONAS QUE ADELANTEN CONDUCTAS DE REJONEO, COLEO, CORRIDAS DE TOROS,
NOVILLADAS, CORRALEJAS, BECERRADAS, TIENTAS, RIÑAS DE GALLOS-Al
declarar la inexequibilidad la Corte decidió
que estas excepciones no son válidas
(Aclaración de voto)
MALTRATO
ANIMAL-Prohibición
legal como conducta castigada por el orden constitucional vigente (Aclaración
de voto)
LIBERTAD
HUMANA-Prohibiciones
son válidas cuando persiguen la satisfacción de fines constitucionales
legítimos y la protección de bienes relevantes para la sociedad (Aclaración de
voto)
DEFENSA
DE LOS ANIMALES-Prohibiciones deben ser el elemento final de un
sistema jurídico adecuado y deben mantenerse
mientras existan casos de maltrato (Aclaración de voto)
PROHIBICION
AL MALTRATO ANIMAL EN LA CONSTITUCION POLITICA DE 1991-Incorporación
de los principios de función social y ecológica de la propiedad y constitución
verde o ecológica (Aclaración de voto)
RELACION
ENTRE ANIMALES Y SERES HUMANOS EN EL ORDEN CONSTITUCIONAL-Sentencia
C-666/10 como piedra angular de la concepción (Aclaración de voto)
ALCANCE
DE LA DIGNIDAD HUMANA-Admisión de los intereses de los
animales con la decisión T-760/07 (Aclaración de voto)/DIGNIDAD DEL HOMBRE-Deriva
derechos e impone deberes (Aclaración de voto)/ANIMALES-Como seres
sintientes, resulta irrazonable que el ser humano no les prodigue un trato
decente y no tome en consideración sus intereses (Aclaración de voto)
MALTRATO
ANIMAL-Punto
de inflexión de la sentencia C-666/10 es necesario pero insuficiente
(Aclaración de voto)
CONDUCTAS
DE REJONEO, COLEO, CORRIDAS DE TOROS, NOVILLADAS, CORRALEJAS, BECERRADAS,
TIENTAS, RIÑAS DE GALLOS COMO EXCEPCIONES RECREATIVAS-Sentencia
C-041/17 debe concebirse como el resultado del mandato de desaparición
progresiva, en el ámbito de una relación digna entre personas y animales (Aclaración
de voto)
LEY
SOBRE DELITO DE MALTRATO ANIMAL-Lleva la prohibición de aplicar
penas previstas a personas que
adelanten conductas de rejoneo, coleo, corridas de toros, novilladas,
corralejas, becerradas, tientas, riñas de gallos al plano penal (Aclaración de
voto)/LEY SOBRE DELITO DE MALTRATO ANIMAL-Decisiones legislativas deben
ser de la eliminación del sufrimiento animal y posterior desaparición del mismo
(Aclaración de voto)
LEY
SOBRE DELITO DE MALTRATO ANIMAL-En virtud del principio de
legalidad los jueces deberán aplicar sanciones correspondientes, sin perjuicio
de la posible existencia de eximentes de responsabilidad (Aclaración de voto)
Referencia: Expediente D-11443
Demanda contra el artículo 5º de la Ley 1774 de 2016, por el cual
se adiciona al Código Penal el artículo 339B, correspondiente al tipo penal por
maltrato animal.
Magistrados
Ponentes:
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
JORVE IVÁN
PALACIO PALACIO
Comparto la decisión adoptada por la
Corte Constitucional en la sentencia C-041 de 2017[186]. Sin embargo, estimo que es un
pronunciamiento con cierto nivel de complejidad en lo que tiene que ver con (i)
la norma que fue objeto de control y (ii) el remedio judicial adoptado. Aclaro
mi voto con el propósito de aportar algunas ideas, con miras a la futura
interpretación del fallo.
La Corte estudió una norma incorporada
al código penal, por la cual se castiga con pena de prisión el maltrato animal.
Tanto el problema jurídico como la decisión adoptada por la Corporación suponen
ciertas exigencias para su adecuada comprensión.
Una dificultad inicial radica en un
problema de técnica legislativa, derivado de la incorporación de la excepción a
un tipo penal, donde supuestamente deberían aparecer las circunstancias de
agravación punitiva; el segundo tiene que ver con que el legislador utilizó,
para definir las conductas exceptuadas otra ley, una técnica denominada
“reenvío” o “remisión normativa”, y que no sería problemática, salvo porque el
legislador efectuó la remisión a una norma que fue objeto de control de
constitucionalidad, sin tomar en consideración las condiciones que impuso la
Corte a su validez, en el año 2010. (Me refiero al artículo 7º de la Ley 84 de
1989 y a la decisión de constitucionalidad C-666 de 2010).
Finalmente, la decisión adoptada por la
Corte puede generar dificultades al intérprete (en este caso a toda la
ciudadanía), pues en esta ocasión acudió a dos remedios especiales. Se declaró
la inexequibilidad diferida[187],
a dos años, y se exhortó (llamado) al Congreso de la República para que
modifique la norma analizada y la haga acorde a la Constitución Política.
Para facilitar la exposición, debe
tomarse en cuenta que existen tres elementos normativos determinantes en este
caso. Primero, la Ley 84 de 1989 que definió un conjunto de contravenciones,
destinadas a erradicar el maltrato animal, pero preservó, en su artículo 7º,
cuatro excepciones asociadas a actividades que podrían denominarse recreativas.
Esta ley contiene entonces las contravenciones por maltrato animal y
las excepciones o conductas exceptuadas de la prohibición. Segundo, las
excepciones citadas fueron objeto de control de constitucionalidad en la
Sentencia C-666 de 2010[188].
En esta providencia la Corte señaló que
cada una de esas excepciones genera un maltrato intenso a los animales y, por
lo tanto, se oponen a un principio constitucional de protección a la fauna.
Indicó que debe avanzarse progresivamente en la eliminación de toda conducta de
maltrato a los animales y que los entes territoriales, el Gobierno Nacional y
el Congreso de la República deben adoptar medidas para su erradicación
definitiva. Precisó que las excepciones son válidas únicamente en los lugares
en los que se encuentre plenamente demostrado que esas prácticas tienen un
arraigo o tradición. Puntualizó que está prohibido extenderlas a otros lugares
y a fechas distintas a las temporadas en las que cada municipio las realiza y
finalmente, indicó que el Congreso de la República puede prohibirlas
definitivamente. Me referiré a la ratio decidendi de esa sentencia como el
mandato de protección animal a partir de la dignidad humana, la función social
y ecológica de la propiedad y el principio de constitución ecológica. Y
hablaré de la parte resolutiva como los condicionamientos a la validez de
las excepciones (al maltrato animal).
El tercer elemento normativo relevante
es la disposición demandada. Esta hace parte de la Ley 1774 de 2016, en la que
el Congreso de la República adoptó un conjunto de normas y principios
destinados a fortalecer la protección a los animales. El primer aspecto
trascendental de la ley es el abandono de la concepción de los animales como
objetos, y el paso a considerarlos seres sintientes. El segundo es la
incorporación de los principios de bienestar y protección animal, que serán
determinantes al momento de la definición e implementación de políticas
públicas para su defensa. El tercero es el endurecimiento de la prohibición de
maltrato ya establecida en la Ley 84 de 1989. A partir de la Ley 1774 de 2016
las contravenciones se transformaron en tipos penales y las sanciones de multa
en penas privativas de la libertad. Sin embargo, el Congreso decidió
excepcionar “las conductas definidas en el artículo 7º de la Ley 84 de
1989”.
En términos simples, la pregunta a
resolver era si resultaba válido incorporar esas excepciones al tipo penal de
maltrato animal o si ello desconoce los intereses de los animales, en tanto seres
sintientes amparados por el principio constitucional de protección a la
fauna, fundada en la dignidad humana en el trato hacia los animales, la función
social y ecológica de la propiedad y la Constitución verde.
La Corte decidió que estas excepciones
no son válidas (ese es el significado de la decisión de inexequibilidad); pero,
tomando en consideración que la norma estudiada es un tipo penal, ámbito donde
opera una estricta reserva de ley (es decir, las normas deben ser definidas por
el Congreso de la República), decidió abrir un compás para la deliberación
democrática en torno a la adecuación de la norma al orden constitucional.
Las cuestiones centrales que deja
podrían suscitar dudas a partir de una lectura de la sentencia C-041 de 2017[189] son dos. La primera, ¿cuál es el propósito
del exhorto dirigido al Congreso para modificar la regulación si, en últimas,
la Corte Constitucional ya concluyó que las excepciones recreativas al maltrato
animal no son válidas? La segunda, ¿deben entenderse prohibidas las actividades
exceptuadas en caso de que el legislativo omita la expedición de una nueva
regulación?
Estimo que existen suficientes elementos
para dar una respuesta a esos interrogantes en el marco de la jurisprudencia
constitucional y el orden jurídico vigente, como paso a explicar:
1. El maltrato animal está prohibido en
Colombia, al menos, desde el año 1984 (existen leyes previas que omito en
función de mantener la simplicidad de la exposición). No se trata de una
prohibición retórica o a título de declaración de principio, sino de una
conducta castigada por el orden constitucional vigente. Esto demuestra que el
bienestar animal es un bien jurídico relevante para el orden jurídico
colombiano, incluso antes de la entrada en vigencia de la Constitución Política
de 1991, de un conjunto de decisiones legislativas destinadas a avanzar en este
ámbito, y de la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
2. Las prohibiciones siempre afectan la
libertad humana. Sin embargo, son válidas cuando persiguen la satisfacción de
fines constitucionales legítimos y la protección de bienes relevantes para la
sociedad. Así, nadie tiene libertad para el maltrato a niños y niñas, para la
violencia familiar, para incumplir la obligación de alimentos a sus familiares,
para estafar o defraudar, para utilizar los recursos estatales en su propio
beneficio.
Quien argumenta que la libertad humana
no puede limitarse por la protección de los animales, ni siquiera en una
discusión democrática sobre el valor del bien jurídico que se pretende
proteger, en realidad está argumentando desde el poco valor que le atribuye a
su bienestar, en una percepción de carácter puramente personal y subjetivo.
Pese a ello, las prohibiciones deben ser
sólo el elemento final de un sistema jurídico adecuadamente articulado para la
defensa de los animales. La educación, la prevención, el conocimiento profundo
de los animales debe ser el eje de las políticas públicas, mientras que la
prohibición penal debe mantenerse mientras existan casos de maltrato, sin
justificación constitucional alguna.
3. La prohibición al maltrato animal se
hizo más intensa desde la expedición de la Constitución Política de 1991, pues
en esta se incorporan los principios de función social y ecológica de la
propiedad y constitución verde o ecológica. Esto implica que, junto con el
humanismo que inspira las normas de derechos fundamentales, la Carta Política
actual no es indiferente al entorno y hay un complemento entre antropocentrismo
y ecocentrismo.
4. La piedra angular de la concepción
actual de la relación entre animales y seres humanos en el orden constitucional
de 1991 se encuentra en la sentencia C-666 de 2010[190].
Esta, junto con la decisión T-760 de
2007[191],
define un momento histórico en el que la Corte Constitucional admite los
intereses de los animales dentro de los alcances de la dignidad humana. Este
punto, sin embargo, debe aclararse. La Corte no acogió un punto de vista capaz
de extender a los animales el atributo de la dignidad, exigido desde diversas
corrientes de pensamiento y movimientos sociales. La Corporación entendió, en
cambio, que la dignidad del hombre de la que derivan sus derechos también le
impone deberes. Señaló que, siendo los animales seres sintientes, resulta
irrazonable que el ser humano, en su dignidad, no les prodigue un trato decente
y no tome en consideración sus intereses. Más irrazonable aún, que opte por
proteger el sufrimiento animal.
Esta sentencia se separa abiertamente de
una tendencia jurisprudencial ubicada en los años 2005 y 2006 en la que se
negaba cualquier trascendencia constitucional al problema de los animales, bajo
la afirmación de que la dignidad humana (como lo indica la expresión) es sólo
de los seres humanos.
5. El punto de inflexión de la sentencia
C-666 de 2010[192] es, en
mi criterio, necesario, pero insuficiente. Es necesario, pues la jurisprudencia
de los años 2005 y 2006 (muy especialmente la sentencia C-1192 de 2015) negaba
relevancia constitucional al maltrato animal, sin asumir la tarea imperiosa de
desarrollar los principios de dignidad humana, función social y ecológica de la
propiedad y constitución verde, pero es insuficiente porque las premisas que construyó
la Corte debieron dar lugar a la declaratoria de inexequibilidad diferida de
las conductas exceptuadas.
Inexequibilidad, porque no es válido
mantener en el orden jurídico normas que violan tres principios que son,
además, ejes fundamentales del orden normativo actual. Y diferida porque era
necesaria una transición que permitiera proteger a los afectados y brindarles
alternativas de trabajo y generación de recursos.
6. Con todo, hay aspectos de esa
providencia que no dieron lugar a avances ulteriores, como podría pensarse de
una lectura atenta de ese precedente. Quisiera destacar algunos elementos de
los condicionamientos y ratio decidendi de esa sentencia.
6.1. El Congreso de la república puede
adoptar la decisión de prohibir definitivamente las prácticas al día de hoy
exceptuadas. Esto implica, básicamente, que el libre desarrollo personal no
tiene un contenido constitucionalmente intangible (o inmodificable) que impida
al órgano democrático avanzar en la prohibición de maltrato. Aquello que el Congreso
puede eliminar definitivamente, no es un derecho fundamental.
6.2. La sentencia ordenó la reducción
progresiva del maltrato animal. En consecuencia, ni las normas jurídicas, ni la
política pública puede mantener una orientación pasiva en este ámbito, ni
preservar el balance hallado en el año 2010. Este debe modificarse con miras a
la erradicación definitiva del maltrato animal.
6.3. En este ámbito es muy relevante la
deliberación democrática. Pero esta no se agota en el Congreso de la República.
Los entes territoriales, especialmente los municipios, deben adoptar medidas
para la disminución y posterior erradicación del sufrimiento animal. Y en estos
escenarios la participación ciudadana es imprescindible. La democracia, en este
ámbito, debe ser a la vez representativa y participativa.
Más aún, en la medida en que uno de los
fundamentos del mandato constitucional de protección a los animales es la
Constitución verde o ecológica, resulta claro que los municipios pueden adoptar
decisiones más fuertes que las del nivel central, con miras a la prohibición de
maltrato animal.
6.4. La progresividad o aumento gradual
en la protección de los animales y la consecuente prohibición de maltrato ya ha
sido asumida en otros campos. Así, las políticas de sustitución de vehículos de
tracción animal (zorras) y la prohibición de utilizar animales en circos son
normas que indican cómo el Congreso de la República ya ha asumido, aunque de
forma incipiente, el avance gradual hacia una relación digna entre humanos y
animales no humanos.
En esos ámbitos, es imprescindible
indicarlo, las decisiones también implicaron la intervención en intereses
individuales. El caso de las “zorras” evidenció la posibilidad de una política
de sustitución de la actividad por una permitida, para morigerar así los
efectos en los ingresos económicos de quienes hacían del uso de los animales su
fuente principal de recursos. El caso de los circos evidencia cómo un
espectáculo con arraigo cultural se ha transformado intensamente, sin
afectación grave a la cultura y, en contraste, con un incremento notable en el
bienestar animal.
6.5. Con todo, la jurisprudencia
constitucional y las discusiones que se han adelantado hasta el momento se
ubican en la frontera de las preocupaciones por el bienestar animal y por una
relación digna entre humanos y animales.
El problema del trato dado por los seres
humanos a los animales se basa en el significado de la dignidad humana. Un
escenario donde se desnudan las insuficiencias de la construcción más valiosa
de la ética normativa moderna que encontró en la razón la capacidad moral y la
base de los derechos de las personas.
Las denuncias a la insuficiencia de esta
construcción son delicadas, pero estimo que estas denuncias deben llevar, más
bien, al fortalecimiento de los derechos. La construcción de la dignidad humana
dejó por fuera de los derechos, en distintas etapas históricas, a las mujeres,
a los pueblos indígenas, a las personas afrodescendientes. La solución a estas
exclusiones siempre ha significado una ampliación del horizonte de solidaridad
entre los seres humanos.
En el caso de los animales, el problema
es más complicado, pues lo que se pretende inicialmente y una parte del
movimiento animalista[193] es
ampliar una vez más la base de consideración a los intereses de unos seres,
debido a su capacidad de sentir.
Como indica Singer, la propuesta de
igualdad en este ámbito no se basa en una supuesta igualdad de hecho entre
personas y animales, sino en la igualdad de consideración en los intereses de
los seres sintientes.
La Corte Constitucional colombiana, sin
duda, ha comprendido la trascendencia del debate, lo que se evidencia en las
decisiones ampliamente discutidas, con votos concurrentes y disidentes. El
balance alcanzado no es en mi criterio satisfactorio, como lo expresado en
diversos salvamentos y aclaraciones de voto y existen muchos temas pendientes,
tanto en la discusión política, como en la jurídica. Sin embargo, en lo que
tiene que ver con las excepciones “recreativas”, la sentencia C-041 de 2014 debe
concebirse como el resultado del mandato de desaparición progresiva, en el
ámbito de una relación digna entre personas y animales.
6.6. Por todo lo expuesto, la respuesta
constitucional a las excepciones al maltrato no es la misma en el año 2017 que
en el año 2010. Desde la sentencia C-666 de 2010[194] debió iniciarse el proceso de transición
hacia la desaparición de las excepciones al maltrato. La Ley 1774 de 2016 lleva
la prohibición al plano penal, razón por la cual la Corte Constitucional
decidió privilegiar al máximo las decisiones legislativas. Pero estas
decisiones deben ser las de la transición, eliminación del sufrimiento animal y
posterior desaparición del mismo.
Si el Legislador no cumple su tarea, el
tipo penal de maltrato animal quedará vigente, pero sin las excepciones
“recreativas”. En virtud del principio de legalidad (y de su importancia
especial en el ámbito penal), los jueces deberán aplicar las sanciones
correspondientes, sin perjuicio de las discusiones acerca de la posible
existencia de eximentes de responsabilidad, por ignorancia o error.
Fecha ut supra
María Victoria Calle Correa
Magistrada
ACLARACIÓN
DE VOTO DEL MAGISTRADO
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
A
LA SENTENCIA C-041/17
CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACION PUNITIVA
EN NORMA QUE MODIFICA EL CODIGO PENAL SOBRE DELITO DE MALTRATO ANIMAL-Falta de claridad de la decisión
respecto de la norma que incorpora la excepción de “quienes adelanten las
conductas descritas en el artículo 7 de la ley 84 de 1989” (Aclaración de
voto)
Referencia: Expedientes
D-11443 y D-11467 (acumulados). Demanda de inconstitucionalidad contra el
artículo 1o de la Ley 1774 de 2016.
Magistrados Ponentes:
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO JORGE IVAN PALACIO PALACIO
La
razón primordial por la cual participo de la decisión de inexequibilidad
adoptada en este caso, se contrae, en lo fundamental, a lo siguiente:
La
Ley 1774 de 2016 fue expedida por el Congreso de la República de Colombia con
el objeto de modificar el Código Civil, la Ley 84 de 1989, el Código Penal y el
Código de Procedimiento Penal en el sentido de establecer, según la
transcripción textual de su artículo primero, que: "Los
animales, como seres sintientes, no son cosas, recibirán especial protección
contra el sufrimiento y el dolor, en especial, el causado directa o
indirectamente por los humanos, por lo cual en la presente ley se tipifican
como punibles algunas conductas relacionadas con el maltrato a los animales, y
se establece un procedimiento sancionatorio de carácter policivo y judicial".
En
procura de desarrollar los precisos fines que se deducen del texto transcrito,
el artículo tres (3) de dicha ley, bajo el acápite de "principios",
dispone que: "La
violación de las disposiciones contenidas en el presente Estatuto son
contravenciones cuyo conocimiento compete a los funcionarios descritos en el
Capítulo décimo de esta Ley". En
los artículos siguientes la ley incrementa las sanciones pecuniarias aplicables
a quienes incurran en actos dañinos y crueles contra los animales, tipifica
como hechos punibles esas conductas, precisa las circunstancias de agravación
punitiva y determina la competencia y el procedimiento que para materializar
sus postulados impositivos deben observarse.
Ocurre
empero que el parágrafo tercero (3o) del artículo quinto (5),
incorpora una excepción según la cual: "Quienes
adelanten las conductas descritas en el artículo 7 de la Ley 84 de 1989 no
serán objeto de las penas previstas en la presente ley". Tal
regulación, a juicio del demandante, contradice el mandato de protección del
medio ambiente, que incluye a los animales, en los términos señalados por el
artículo veintinueve (29) superior y la jurisprudencia de esta corporación. La
remisión efectuada por el parágrafo demandado al artículo 7 de la Ley 84 de
1989 pierde de vista que dicho artículo fue objeto de examen por esta Corte en
la sentencia C-666 de 2010, la cual, en su parte resolutiva, en relación con el
mismo dispuso:
"Declarar
EXEQUIBLE el
artículo 7o de la Ley 84 de 1989
"por la cual se adopta el estatuto nacional de protección de los animales
y se crean unas contravenciones y se regula lo referente a su procedimiento y
competencia", en el entendido:
1)
Que la excepción allí planteada permite, hasta determinación legislativa en
contrario, si ello llegare a ocurrir, la práctica de las actividades de
entretenimiento y de expresión cultural con animales allí contenidas, siempre y
cuando se entienda que estos deben, en todo caso, recibir protección especial
contra el sufrimiento y el dolor durante el transcurso de esas actividades. En
particular, la excepción del artículo 7 de la ley 84 de 1989 permite la
continuación de expresiones humanas culturales y de entretenimiento con
animales, siempre y cuando se eliminen o morigeren en el futuro las conductas
especialmente crueles contra ellos en un proceso de adecuación entre
expresiones culturales y deberes de protección a la fauna. 2) Que únicamente
podrán desarrollarse en aquellos municipios o distritos en los que las mismas
sean manifestación de una tradición regular, periódica e ininterrumpida y que
por tanto su realización responda a cierta periodicidad; 3) que sólo podrán
desarrollarse en aquellas ocasiones en las que usualmente se han realizado en
los respectivos municipios o distritos en que estén autorizadas; 4) que sean
estas las únicas actividades que pueden ser excepcionadas del cumplimiento del
deber constitucional de protección a los animales; y 5) que las autoridades
municipales en ningún caso podrán destinar dinero público a la construcción de
instalaciones para la realización exclusiva de estas actividades ".
Cabe
recordar que el artículo 7 de la Ley 84 de 1989 excluía del catálogo de las
conductas crueles descritas y sancionadas por el artículo 6, ibídem, a
prácticas como el rejoneo, coleo, las corridas de toros, novilladas,
corralejas, becerradas y tientas, así como las riñas de gallos y los
procedimientos utilizados en estos "espectáculos". Es claro que la
Corte al condicionar la constitucionalidad de esta norma, en parte la avaló y,
en parte la reprobó. Explicado de mejor manera, bajo determinado entendimiento
la Corte encontró que la norma era constitucional pero, al mismo tiempo, bajo
otro enfoque.
En
términos más concretos cabe entender que desconocía las directrices de la carta
las actividades aludidas en dicho artículo siete (7) son constitucionales si se
desarrollan en las condiciones de tiempo, modo y lugar que la Corte consideró
validas por estar ajustadas a la constitución pero, no lo serían, si se
desarrollan de manera distinta a como la Corte lo dispuso. En tal supuesto, se
reitera, tales prácticas serían inconstitucionales.
Tal
sería el caso, por ejemplo, en el que dichas actividades tengan lugar en sitios
no permitidos (donde no hay tradición) o sin que se adopten medidas tendientes
a morigerar el sufrimiento, el dolor y las conductas crueles contra los
animales en el transcurso de las respectivas prácticas.
El
legislador al efectuar la remisión no paró mientes sobre tal situación, no la
tuvo en cuenta, no la proveyó y, por lo mismo terminó regulando equivocadamente
un tema penal, que, de acuerdo con el principio de legalidad y teniendo en
cuenta los caros intereses que están en juego, la libertad personal, entre
otros, exige la mayor claridad y precisión, que excluya, en lo posible, ambigüedades
e indeterminaciones de cualquier tipo. Por el contrario el órgano democrático
reprodujo una norma considerada, así sea parcialmente, inexequible. Sin
precisar claramente hacia qué dirección del condicionamiento apuntaba la
remisión.
Esta
indeterminación desconoce no solo el principio de tipicidad penal sino la
garantía de protección animal a que antes se aludió, al igual que el mandato
constitucional contenido en el artículo 243, según el cual "Los
fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen
tránsito a cosa juzgada constitucional. Ninguna autoridad podrá reproducir el
contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de
fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer
la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución".
La
infracción de la norma transcrita se produjo en este caso por la reproducción
de un acto jurídico parcialmente declarado inexequible en virtud de su
condicionamiento, sin reparar lo que ese condicionamiento comportaba, en
materia de protección a los animales, desde la perspectiva constitucional, en
los términos en que la Corte lo entendió en la sentencia C-666 de 2010.
Las
dudas que suscitan los efectos de la declaratoria de inexequibilidad del
parágrafo demandado son las que precisamente justifican el diferimiento
ordenado para que el Congreso regule la materia de cara a lo que la Corte sentó
en la sentencia C-666 de 2010 y en otras sentencias que han avalado normas
expedidas paradójicamente por ese mismo órgano democrático que han propendido,
de manera creciente, hacia la protección de los animales, lo que hace ver como
una especie de retroceso la excepción sin matices que el Legislador quiso hacer
prevalecer en la disposición acusada. La decisión adoptada en este caso
responde a una valoración objetiva de las normas constitucionales y precedentes
constitucionales vinculados inescindiblemente con el asunto en cuestión y que
la Corte en su examen de constitucionalidad no podía obviar de acuerdo con el
artículo 46[195] de
la Ley Estatutaria de Administración de Justicia.
Así
dejo expresado, en términos generales, los argumentos que nos llevaron a
aclarar el voto en esta oportunidad.
Fecha
ut supra,
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
A LA SENTENCIA C-041/17
EXCEPCION CONTENIDA EN NORMA SOBRE
CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACION PUNITIVA EN MATERIA DE MALTRATO ANIMAL-No se debieron diferir los efectos de
la decisión de inexequibilidad de norma que incorpora la excepción contenida en
el parágrafo 3º previsto en el artículo 5º de la Ley 1774 de 2016 (Aclaración
de voto)
MALTRATO ANIMAL-Necesidad de eliminación de manera
definitiva (Aclaración de voto)
Referencia: expedientes D-l 1443 y D-l 1467.
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 5
(parcial) de la Ley 1774 de 2016, "por medio de la cual se modifican
el Código Civil, la Ley 84 de 1989, el Código Penal, el Código de Procedimiento
Penal y se dictan otras disposiciones”.
Actores:
María
Cristina Pimiento Barrera y Esperanza Pinto Flórez (D-l 1443) –
Juliana Marcela Chahín del Río (D-l 1467)
Magistrados Ponentes:
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Con el respeto que merecen las decisiones
de esta Corporación, a continuación expongo la razón que me llevó a aclarar el
voto en relación con lo decidido por la Sala Plena en el asunto de la
referencia.
1.
Sentencia C-041 de 2017[196]
1.
En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo
241 de la Constitución Política, las ciudadanas María Cristina Pimiento
Barrera, Esperanza Pinto Flórez[197]
y Juliana Marcela Chahín del Río[198],
interpusieron acción de inconstitucionalidad contra el artículo 5 (parcial) de
la Ley 1774 de 2016, que adicionó el título XI-A, "De
los delitos contra los animales ",
al
Código Penal.
2.
La mayoría de la Corte declaró exequible la expresión "menoscaben
gravemente" prevista en el artículo 5o de la Ley 1774 de
2016, que adicionó el artículo 339A al Código Penal. No obstante, al estudiar
la constitucionalidad del parágrafo 3o previsto en el artículo 5o
de la misma disposición, que adicionó el artículo 339B al Código Penal, lo
declaró inexequible con efectos diferidos, en razón a lo siguiente:
3.
La sentencia C-041 de 2017, al desarrollar el tema
relacionado con la protección a los animales a partir de deberes morales y
solidarios -comportamiento digno de los humanos- para garantía del medio
ambiente (sentencia C-666 de 2010), señaló que la cultura no puede entenderse
como un concepto bajo el cual es posible amparar cualquier tipo de expresiones
o tradiciones, puesto que sería entenderla como un principio absoluto dentro de
nuestro ordenamiento y, por consiguiente, aceptar que amparadas bajo este
concepto tuviesen lugar actividades que contradicen valores axiales de la
Constitución, como la prohibición de discriminación por género o por raza; la
libertad religiosa, el libre desarrollo de la personalidad; o, para el caso
concreto, el deber de cuidado a los animales.
4.
Este Tribunal Constitucional señaló que la norma penal bajo
estudio refiere a las circunstancias de agravación punitiva, no obstante,
exceptúa de punibilidad los comportamientos previstos en el parágrafo 3o
según el cual: "quienes adelanten las
conductas descritas en el artículo 7o
de la Ley 84 de 1989 no serán objeto de las penas previstas en la presente
ley". En ese sentido, el parágrafo cuestionado reenvía a la
disposición legal contenida en el artículo 7o de la Ley 84 de 1989,
exceptuando de penalización los siguientes comportamientos: "el
rejoneo, coleo, las corridas de toros, novilladas, corralejas, becerradas y
tientas, así como las riñas de gallos y los procedimientos utilizados en estos espectáculos”. Para la Corte tal remisión desconoció los
principios de legalidad y tipicidad (art. 29 superior), reproduciendo
contenidos materiales declarados inconstitucionales (art. 243 superior), todo
lo cual generó un déficit de protección constitucional hacia los animales.
El referido fallo indicó que el artículo T
de
la Ley 84 de 1989 era parcialmente inconstitucional por desconocer la
protección de los animales ante el sufrimiento (como parte de un ambiente
sano), al haber establecido algunas excepciones amplias e imprecisas a las
sanciones por maltrato. Así mismo, esta Corporación consideró que tales
excepciones serían constitucionales siempre que se cumplan estrictos parámetros
de modo, tiempo y lugar. En palabras de la Corte: 1) se permitió, hasta
determinación legislativa en contrario, la práctica de las actividades de entretenimiento
y de expresión cultural con animales, siempre y cuando se entienda que estos
deben recibir protección especial contra el sufrimiento y el dolor durante el
transcurso de esas actividades. La excepción del artículo 7o de la
ley 84 de 1989 permite la continuación de expresiones humanas culturales y de
entretenimiento con animales, siempre y cuando se eliminen o morigeren en el
futuro las conductas especialmente crueles contra ellos en un proceso de
adecuación entre expresiones culturales y deberes de protección a la fauna; 2)
únicamente podrán desarrollarse en aquellos municipios o distritos en los que
las mismas sean manifestación de una tradición regular, periódica e
ininterrumpida y que por tanto su realización responda a cierta periodicidad;
3) sólo podrán desarrollarse en aquellas ocasiones en las que usualmente se han
realizado en los respectivos municipios o distritos en que estén autorizadas;
4) que sean estas las únicas actividades que pueden ser excepcionadas del
cumplimiento del deber constitucional de protección a los animales; y 5) que
las autoridades municipales en ningún caso podrán destinar dinero público a la
construcción de instalaciones para la realización exclusiva de estas
actividades.
5.
Explicó la Sala que la sentencia C-666 de 2010 partió de
considerar que se tienen deberes morales y solidarios hacia los animales,
además del comportamiento digno que los humanos están obligados a proveerles
para la preservación del medio ambiente (arts. 8o, 79 y 95
superiores). También sostuvo que la Constitución de 1991 no es un instrumento
estático y que la permisión prevista en el cuerpo normativo preconstitucional
(Ley 84 de 1989) no puede limitar la libertad de configuración normativa del
Congreso de la República, de acuerdo a los cambios que se produzcan en el seno
de la sociedad. En la Ley 1774 de 2016 el legislador volvió a hacer referencia
a la excepción de las sanciones al maltrato animal -ahora de carácter penal- en
tanto se ha dado más valor a su protección frente al sufrimiento, sin embargo,
lo hizo de manera genérica desprotegiendo a los animales de forma irrazonable y
desproporcionada. Así para la Corte el parágrafo 3o desconoció la
decisión constitucional previa de exequibilidad condicionada.
6.
Por último, la sentencia C-041 de 2017 señaló que la
inconstitucionalidad del parágrafo 3o del artículo 339B del Código
Penal conlleva d la desaparición de la excepción contenida en dicha
disposición, por lo que se difirió los efectos de esa decisión por el término
de dos (2) años, contados a partir de la notificación de la sentencia,
atendiendo los efectos que podría tener la desaparición inmediata de estas
excepciones con respecto a intereses protegidos por el ordenamiento jurídico[199].
2.
Motivos de la aclaración de voto
2.1.
En mi criterio, la sentencia debió declarar la
inexequibilidad del parágrafo 3o previsto en el artículo 5o
de la Ley 1774 de 2016, que adicionó el artículo 339B al Código Penal sin
diferir los efectos de la decisión a dos años, por las siguientes razones:
2.2.
La Corte concluyó que las excepciones al maltrato animal no
son válidas dentro del ordenamiento jurídico colombiano, más aún si dichas
excepciones estarán prohibidas a pesar de que el legislador omita la expedición
de una nueva norma que las regule. En otras palabras, el tipo penal del
maltrato animal junto con las circunstancias de agravación punitiva,
contempladas en los artículos 339 A y 339 B del Código Penal, adicionados por
el artículo 5o de la Ley 1774 de 2016, quedarán vigentes pero sin
las excepciones, que bajo el principio de diversidad cultural, se encuentran
enlistadas en el artículo 7o de la Ley 84 de 1989[200], toda vez que desconoce el deber
constitucional de protección animal, la calidad de seres sintientes y la
indefensión en que se encuentran.
2.3.
Así las cosas, la inexequibilidad del parágrafo acusado debe
interpretarse conforme a la sentencia C-666 de 2010 y no solo teniendo en
cuenta el artículo 7o de la Ley 84 de 1989, dado que esa decisión
fijó unos lineamientos que fueron desatendidos por el Legislador al momento de proferir
la norma, lo que condujo a que se regulara de manera inadecuada un asunto
penal.
Si bien es cierto, el Congreso de la
República es el único facultado para proferir una nueva legislación que no
desconozca los parámetros y el avance jurisprudencial sobre la protección de
los animales, dado que la remisión normativa que estaba prevista en la
disposición declarada inconstitucional se realizó en forma genérica y
desatendiendo los lineamientos que con anterioridad fueron fijados por este
Tribunal en la sentencia C-666 de 2010, también lo es que diferir los efectos
de la decisión resulta inocuo ya que la Corte pudo haber tomado medidas
distintas para garantizar de manera efectiva la protección de los animales, ya
que durante aproximadamente dos (2) años esas prácticas continuarán
ejecutándose sin penalización alguna. En suma, el rejoneo, el coleo, las
corridas de toros, novilladas, correjadas, becerradas, tientas y las riñas de
gallos no pueden ser prácticas sometidas a una excepción etnocultural, en tanto
debe existir una relación digna entre los seres humanos y los animales.
2.4.
En los anteriores términos dejo argumentada mi postura, más
aun si se tiene en cuenta que cada vez son más los países y ciudades que
prohíben la presentación de espectáculos donde se ven afectados los derechos de
los animales, por lo que es necesario que se elimine de manera definitiva el
maltrato animal.
Fecha ut supra,
JORGE IVAN PALACIO PALACIO
Magistrado
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO DE LA
MAGISTRADA
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
A LA SENTENCIA C-041/17
NORMA SOBRE CIRCUNSTANCIAS DE
AGRAVACION PUNITIVA EN MATERIA DE MALTRATO ANIMAL-Desconocimiento de cosa juzgada constitucional en sentencia C-666
de 2010, en relación con el artículo 7 de la ley 84 de 1989 (Salvamento parcial
de voto)
NORMA SOBRE CIRCUNSTANCIAS DE
AGRAVACION PUNITIVA EN MATERIA DE MALTRATO ANIMAL-Desconocimiento de línea jurisprudencial en torno a ponderación de
manifestaciones culturales como bien constitucionalmente protegido y el deber
de protección de los animales (Salvamento parcial de voto)
NORMA SOBRE CIRCUNSTANCIAS DE
AGRAVACION PUNITIVA EN MATERIA DE MALTRATO ANIMAL-Decisión constituye una intromisión en el ámbito de competencia
del Congreso de la República en materia de política criminal (Salvamento parcial
de voto)
PENALIZACION
DE CONDUCTAS QUE ATENTAN CONTRA BIENES JURIDICOS EN UN ESTADO SOCIAL Y
DEMOCRATICO DE DERECHO-Debe surgir como ultima ratio
(Salvamento parcial de voto)
NORMA SOBRE CIRCUNSTANCIAS DE
AGRAVACION PUNITIVA EN MATERIA DE MALTRATO ANIMAL-Decisión impuso al Congreso el deber de legislar con un criterio
de maximalismo penal (Salvamento parcial de voto)
Ref: Expedientes
D-11443 y D-11467 (acumulados)
Demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo 5 (parcial) de la Ley 1774 de 2016 “Por
medio de la cual se modifican el Código Civil, la Ley 84 de 1989, el Código
Penal, el Código de Procedimiento Penal y se dictan otras disposiciones”.
Magistrados
ponentes:
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y
Jorge Iván Palacio Palacio.
1.-
Con el acostumbrado respeto, me aparto parcialmente del fallo de la Corte que
decidió, entre otros:
“Primero.- Declarar
EXEQUIBLE, por el cargo examinado, la expresión “menoscaben gravemente”
prevista en el artículo 5º de la Ley 1774 de 2016, que adicionó el artículo
339A al Código Penal.
Segundo.- Declarar
INEXEQUIBLE el parágrafo 3º previsto en el artículo 5º de la Ley 1774 de 2016,
que adicionó el artículo 339B al Código Penal. Se DIFIEREN los efectos de esta
decisión por el término de dos (2) años, contados a partir de la notificación
de la presente sentencia, para que el Congreso de la República adapte la
legislación a la jurisprudencia constitucional.”
La
disposición declarada inexequible, es la subrayada en el texto normativo que se
transcribe a continuación:
“Artículo 339B.
Circunstancias de agravación punitiva. Las penas
contempladas en el artículo anterior se aumentarán de la mitad a tres cuartas
partes, si la conducta se cometiere:
a) Con sevicia;
b) Cuando una o
varias de las conductas mencionadas se perpetren en vía o sitio público;
c) Valiéndose de
inimputables o de menores de edad o en presencia de aquellos;
d) Cuando se
cometan actos sexuales con los animales;
e) Cuando alguno
de los delitos previstos en los artículos anteriores se cometiere por servidor
público o quien ejerza funciones públicas.
Parágrafo
1°. Quedan
exceptuadas de las penas previstas en esta ley, las prácticas, en el marco de
las normas vigentes, de buen manejo de los animales que tengan como objetivo el
cuidado, reproducción, cría, adiestramiento, mantenimiento; las de beneficio y
procesamiento relacionadas con la producción de alimentos; y las actividades de
entrenamiento para competencias legalmente aceptadas.
Parágrafo
2°. Quienes
adelanten acciones de salubridad pública tendientes a controlar brotes
epidémicos, o transmisión de enfermedades zoonóticas, no serán objeto de
las penas previstas en la presente ley.
Parágrafo 3°.
Quienes adelanten las conductas descritas en el artículo 7° de la Ley 84 de
1989 no serán objeto de las penas previstas en la presente ley.”
A
su vez, el artículo 7º de la Ley 84 de 1989 “Por la cual se adopta el
Estatuto Nacional de Protección de los Animales y se crean unas contravenciones
y se regula lo referente a su procedimiento y competencia”, al que remite
el aparte demandado, hace referencia al artículo 6º. Los textos, en los que se
subrayan las remisiones, son del siguiente tenor
“CAPITULO III
De la crueldad
para con los animales.
Artículo  6. El que cause daño a un animal o
realice cualquiera de las conductas consideradas como crueles para con los
mismos por esta Ley, será sancionado con la pena prevista para cada caso.
Se presumen
hechos dañinos y actos de crueldad para con los animales los siguientes:
a)  Herir o lesionar a un animal por golpe, quemadura, cortada
o punzada o con arma de fuego;
b) Causar la
muerte innecesaria o daño grave a un animal obrando por motivo abyecto o fútil;
c) Remover,
destruir, mutilar o alterar cualquier miembro, órgano o apéndice de un animal
vivo, sin que medie razón técnica, científica, zooprofiláctica, estética o se
ejecute por piedad para con el mismo;
d)
Causar la muerte inevitable o necesaria a un animal con procedimientos que
originen sufrimiento o que prolonguen su agonía. Es muerte inevitable o
necesaria la descrita en los artículos 17 y 18 del capítulo quinto de esta Ley;
e) Enfrentar
animales para que se acometan y hacer de las peleas así provocadas un
espectáculo público o privado;
f)  Convertir en espectáculo público o privado, el maltrato,
la tortura o la muerte de animales adiestrados o sin adiestrar;
g)  Usar animales vivos para entrenamiento o para probar o
incrementar la agresividad o la pericia de otros animales;
h) Utilizar para
el servicio de carga, tracción, monta o espectáculo, animales ciegos, heridos,
deformes, o enfermos gravemente o desherrados en vía asfaltada, pavimentada o
empedrada o emplearlos para el trabajo cuando por cualquier otro motivo no se
hallen en estado físico adecuado;
i) Usar animales
cautivos como blanco de tiro, con objetos susceptibles de causarles daño o
muerte o con armas de cualquier clase;
j) Toda
privación de aire, luz, alimento, movimiento, espacio suficiente, abrigo,
higiene o aseo, tratándose de animal cautivo, confinado, doméstico o no, que le
cause daño grave o muerte;
k) Pelar o
desplumar animales vivos o entregarlos a la alimentación de otros;
l) Abandonar
substancias venenosas o perjudiciales en lugares accesibles a animales
diferentes de aquellos a los cuales específicamente se trata de combatir;
m) Recargar de
trabajo a un animal a tal punto que como consecuencia del exceso o esfuerzo
superior a su capacidad o resistencia se le cause agotamiento, extenuación
manifiesta o muerte;
n) Usar mallas
camufladas para la captura de aves y emplear explosivos o venenos para la de
peces. La utilización de mallas camufladas para la captura de aves será
permitida únicamente con fines científicos, zooprofilácticos o veterinarios y
con previa autorización de la entidad administradora de los recursos naturales;
o) Envenenar o
intoxicar a un animal, usando para ello cualquier sustancia venenosa, tóxica,
de carácter líquido, sólido, o gaseoso, volátil, mineral u orgánico;
p) Sepultar vivo
a un animal;
q) Confinar uno
o más animales en condiciones tales que le produzca la asfixia;
r) Ahogar a un
animal;
s) Hacer con
bisturí, aguja o cualquier otro medio susceptible de causar daño o sufrimiento
prácticas de destreza manual con animales vivos o practicar la vivisección con
fines que no sean científicamente demostrables y en lugares o por personas que
no estén debidamente autorizadas para ello;
t) Estimular o
entumecer a un animal con medios químicos, físicos o quirúrgicos, para fines
competitivos, de exhibición o utilización en espectáculo público o privado y en
general aplicarles drogas sin perseguir fines terapéuticos;
u) Utilizar
animales vivos o muertos en la elaboración de escenas cinematográficas o
audiovisuales destinadas a la exhibición pública o privada, en las que se cause
daño o muerte a un animal con procedimientos crueles o susceptibles de promover
la crueldad contra los mismos;
v) Dejar
expósito o abandonar a su suerte a un animal doméstico o domesticado en estado
de vejez, enfermedad, invalidez o incapacidad de procurarse la subsistencia;
w) Realizar
experimentos con animales vivos de grado superior en la escala zoológica al
indispensable, según la naturaleza de la experiencia
x) Abandonar a
sus propios medios animales utilizados en experimentos;
y. Causar la
muerte de animales grávidos, cuando tal estado sea patente en el animal, salvo
que se trate de industrias legalmente establecidas que se funden en la
explotación del nonato;
z) Lastimar o
arrollar un animal intencionalmente o matarlo por simple perversidad.
Excepciones.
Artículo  7. Quedan exceptuados de los expuestos
en el inciso 1o. y en los literales a), d), e), f) y g) del artículo anterior,
el rejoneo, coleo, las corridas de toros, novilladas, corralejas, becerradas y
tientas, así como las riñas de gallos y los procedimientos utilizados en estos
espectáculos.”
La
sentencia C-666 de 2010 condicionó el artículo 7º precitado en los siguientes
términos:
“Declarar EXEQUIBLE  el
artículo 7° de la Ley 84 de 1989 “por la cual se adopta el estatuto nacional de
protección de los animales y se crean unas contravenciones y se regula lo
referente a su procedimiento y competencia”, en el entendido:
1) Que la
excepción allí planteada permite, hasta determinación legislativa en contrario,
si ello llegare a ocurrir, la práctica de las actividades de entretenimiento y
de expresión cultural con animales allí contenidas, siempre y cuando se
entienda que estos deben, en todo caso, recibir protección especial contra el
sufrimiento y el dolor durante el transcurso de esas actividades. En
particular, la excepción del artículo 7 de la ley 84 de 1989 permite la
continuación de expresiones humanas culturales y de entretenimiento con
animales, siempre y cuando se eliminen o morigeren en el futuro las conductas
especialmente crueles contra ellos en un proceso de adecuación entre expresiones
culturales y deberes de protección a la fauna. 2) Que únicamente podrán
desarrollarse en aquellos municipios o distritos en los que las mismas sean
manifestación de una tradición regular, periódica e ininterrumpida y que por
tanto su realización responda a cierta periodicidad; 3)  que sólo podrán
desarrollarse en aquellas ocasiones en las que usualmente se han realizado en
los respectivos municipios o distritos en que estén autorizadas; 4)  que
sean estas las únicas actividades que pueden ser excepcionadas del cumplimiento
del deber constitucional de protección a los animales; y 5)  que las
autoridades municipales en ningún caso podrán destinar dinero público a la
construcción de instalaciones para la realización exclusiva de estas
actividades.”
Con
base en este contexto normativo y jurisprudencial, la mayoría concluyó que, a
pesar de que la norma acusada se refiere a las circunstancias de agravación
punitiva, exceptúa de punibilidad los comportamientos previstos en el parágrafo
3º según el cual: “quienes adelanten las conductas descritas en el artículo
7º de la Ley 84 de 1989 no serán objeto de las penas previstas en la presente
ley”. El parágrafo cuestionado reenvía al artículo 7º de la Ley 84 de 1989
y excluye de penalización los siguientes comportamientos: “el rejoneo,
coleo, las corridas de toros, novilladas, corralejas, becerradas y tientas, así
como las riñas de gallos y los procedimientos utilizados en estos espectáculos”.
La
posición mayoritaria calificó tal remisión como indeterminada y, por lo tanto,
violatoria de los principios de legalidad y de tipicidad (art. 29 superior), y
de cosa juzgada constitucional (art. 243 superior). Bajo esta hipótesis, la
norma desconoce los criterios fijados por la Corte en la sentencia C-666 de
2010 porque el legislador debía ampliar la protección animal. Todas estas
circunstancias configuran un déficit de protección constitucional hacia los
animales que llevan a la inexequibilidad.
La argumentación
del fallo del que discrepo entendió que la sentencia C-666 de 2010 tuvo las
siguientes consecuencias:
(i)
permitió,
hasta determinación legislativa en contrario, la práctica de las actividades
de entretenimiento y de expresión cultural con animales, siempre y cuando se
entienda que estos deben recibir protección especial contra el sufrimiento y el
dolor durante el transcurso de esas actividades en un proceso de adecuación
entre expresiones culturales y deberes de protección a la fauna.
(ii)
estas
actividades únicamente podrán desarrollarse en aquellos municipios o
distritos en los que las mismas sean manifestación de una tradición
regular, periódica e ininterrumpida y que por tanto su realización responda a
cierta periodicidad;
(iii)
sólo
podrán desarrollarse en aquellas ocasiones en las que usualmente se han
realizado en
los respectivos municipios o distritos en que estén autorizadas;
(iv)
son
las únicas actividades que pueden ser exceptuadas del
cumplimiento del deber constitucional de protección a los animales; y
(v)
las
autoridades municipales en ningún caso podrán destinar dinero público a la
construcción de instalaciones para la realización exclusiva de estas
actividades.
Estos postulados
sirvieron para concluir que el fundamento de esa decisión partió de la
existencia de deberes morales y solidarios hacia los animales, además del comportamiento
digno que los humanos están obligados a proveerles para la preservación del
medio ambiente (arts. 8º, 79 y 95 superiores). También sostuvo que la permisión
prevista en un cuerpo normativo preconstitucional (Ley 84 de 1989) no puede
limitar la libertad de configuración normativa del Congreso de la República
hacia una mayor protección a los animales.
Con base en esos
argumentos, la mayoría estimó que la Ley 1774 de 2016 restringió de manera
irrazonable y desproporcionada la protección a los animales al referirse a la
excepción de sanciones penales frente a ciertas hipótesis de maltrato animal.
Por lo tanto, el parágrafo 3º desconoció la decisión constitucional previa de
exequibilidad condicionada al no tomar en cuenta los cambios sobre la percepción
de los animales que tienden hacia una mayor protección.
De acuerdo con
estos razonamientos, fue declarada la inexequibilidad del apartado y se
descartó la posibilidad de un fallo condicionado que limitara el entendimiento
de la norma. La sentencia afirmó que, por tratarse de una norma penal, un fallo
modulado no habría garantizado el principio de legalidad de los delitos. Sin
embargo, la decisión mayoritaria optó por diferir los efectos de esta decisión
por dos (2) años, contados a partir de la notificación de esta sentencia, en
consideración a las consecuencias que podría tener la desaparición inmediata de
estas excepciones con respecto a intereses protegidos por el ordenamiento
jurídico.
Finalmente,
afirmó que el Congreso deberá disponer lo necesario para adecuar la legislación
a los mandatos constitucionales y a la jurisprudencia mencionada. Sin embargo,
de no expedirse la regulación normativa en el plazo indicado inmediatamente
tomará fuerza ejecutoria la inexequibilidad declarada.
2.
Los
motivos principales que me llevan a salvar parcialmente mi voto son tres: (i)
el desconocimiento de la cosa juzgada sobre la ponderación entre la protección
animal y la libertad de desplegar ciertas manifestaciones culturales, prevista
en la sentencia C-666 de 2010; (ii) la concepción maximalista del Derecho Penal
que desconoce que en nuestro ordenamiento constitucional la penalización es ultima
ratio; y, como consecuencia, (iii) la invasión de la órbita de acción del
Legislador al imponerle un plazo para expedir una normativa sancionatoria que
el proceso democrático ya había decidido excluir del Derecho Penal cuando
expidió el fragmento declarado inexequible.
3. Se configura un claro desconocimiento
de la cosa juzgada constitucional, en particular, de la decisión adoptada
en la sentencia C-666 de 2010, en relación con el artículo 7º de la Ley 84 de
1989 al cual alude la norma acusada, como también de la línea jurisprudencial
de la Corte trazada en las sentencias C-1192 de 2005, C-115 de 2006, C-367 de
2006, C-666 de 2010, C-889 de 2012 y C-283 de 2014 en torno de la ponderación
de manifestaciones culturales como bien constitucionalmente protegido y el
deber de protección de los animales. En efecto, en esas decisiones se
consideraba legal el ejercicio de ciertas manifestaciones culturales, bajo
circunstancias específicas con base en la ponderación entre la libertad y la
protección animal.[201]
En todos estos casos la subregla es
clara, en particular, en el caso de la sentencia C-666 de 2010 invocada por la
mayoría, la regla de decisión indica que las excepciones enunciadas en el
citado artículo 7º no fueron retiradas del ordenamiento jurídico, sino que
debían ser entendidas, interpretadas y aplicadas acorde con los criterios y
condiciones señalados en la citada sentencia. En caso de duda, debido a la
extensión del fallo y a la variedad de motivaciones, es imperativo entender que
la comprensión de la sentencia como un todo hace necesario interpretar el fallo
y sus razonamientos como una unidad argumentativa y procesal.
En ese asunto, el fallo condicionó la
comprensión de la norma estudiada. Es indudable que estos enunciados revisten
cierta complejidad por la naturaleza del caso, pero no son incomprensibles y
tampoco soportan la tesis de la sentencia de la que me aparto. En efecto, la
sentencia C-666 de 2010 establece cinco condiciones, y ninguna de ellas excluye
la validez o vigencia del artículo 7 de la Ley 84 de 1989. De hecho, se ocupan
de dejar en claro su pertenencia al sistema jurídico y su aplicabilidad: en la
primera se dice que “la
excepción del artículo 7 de la ley 84 de 1989 permite la continuación de
expresiones humanas culturales y de entretenimiento con animales” con la idea de
morigerar o eliminar la crueldad en un proceso indeterminado de adecuación
cultural salvo determinación legislativa en contrario; la segunda limita
territorialmente esta posibilidad, de acuerdo con una tradición probada y
reiterada; la tercera finja una limitación temporal ligada a las épocas en las
que usualmente se han realizado esas manifestaciones; la cuarta enfatiza en que
“son las únicas actividades que pueden ser excepcionadas del cumplimiento
del deber constitucional de protección a los animales”; y la
quinta prohíbe el uso de recursos públicos para la construcción de
instalaciones para la realización exclusiva de estas actividades. Como puede
observarse, todo el condicionamiento que hizo la Corte parte de la posibilidad
de llevar a cabo estas expresiones culturales con animales, dentro de ciertos
límites y sin cerrar el debate sobre la materia, que se reconoce abierto a
cambios o adecuaciones culturales que, por definición, no dependen de este
Tribunal, y que quedan explícitamente en cabeza del Legislador.[202]
En este punto es importante reiterar que
una decisión de exequibilidad condicionada, de conformidad con las competencias
de esta Corte, implica una interpretación de la norma legal conforme con la
Constitución -por lo tanto excluye del ordenamiento otro tipo de
interpretaciones- armoniza el principio democrático y la supremacía constitucional,
promueve la conservación de la ley y la preservación de la seguridad jurídica,
de modo que la disposición legal permanece en el ordenamiento, pero con un
contenido modificado que incorpora la interpretación que se ajusta a la Carta,
la cual es vinculante para todas las autoridades y, por tanto, debe ser
entendida y aplicada por cualquier operador y ciudadano en la forma en que lo
ha resuelto el tribunal constitucional.
Como consecuencia, el artículo 7º de la
Ley 84 de 1989 al cual remite el parágrafo 3º demandado, necesariamente
incorpora las condiciones establecidas en la sentencia C-666 de 2010, pues
son vinculantes. Por lo tanto, en ese entendido, la  exclusión de la
sanción penal para las actividades de rejoneo, corridas de toros, coleo,
corralejas, tientas y riñas de gallos, que son actividades enunciadas en el
mencionado artículo 7º, bajo las circunstancias previstas en el
condicionamiento, no riñen con la Constitución, como concluyó la mayoría en la
providencia de la cual me aparto parcialmente. Por el contrario, la exclusión
prevista en el parágrafo 3º declarado inexequible, remitía a una norma válida y
vigente, cuya comprensión ya había delimitado este tribunal constitucional con
efectos erga omnes.
4. De otro lado, la decisión de la cual
me separo constituye también una intromisión en el ámbito de competencia del
Congreso de la República en materia de política criminal[203]. Efectivamente, la
decisión de la mayoría limita su facultad para determinar las conductas que
deben ser reprochadas penalmente, lo que comprende la atribución para
determinar aquellos comportamientos que se excluyen de responsabilidad penal.
La posición mayoritaria dejó de lado un argumento fundamental: la
penalización de las conductas que atentan contra bienes jurídicos importantes,
en un Estado social y democrático de Derecho, debe surgir como ultima ratio[204],
por lo tanto, para asegurar el cumplimiento de deberes superiores y la
protección de principios, valores y derechos constitucionales, existen otras
vías distintas de la penal que no castigan de manera tan drástica la infracción
de tales deberes y son menos restrictivas de los derechos del infractor.
De conformidad con ese postulado, no
existe pronunciamiento alguno de esta Corte que haya ha ordenado que la protección
de los animales deba realizarse obligatoriamente mediante sanción penal de
conductas, de hecho son muy pocos los bienes jurídicos que el ordenamiento
constitucional ordena proteger de manera imperativa por medio del Derecho Penal[205],
varios derivan de normas de ius cogens, que han sido consagradas en
disposiciones de Derecho Internacional que materializan acuerdos sobre la
magnitud de los bienes protegidos y la necesidad de intervención penal[206].
Además de esta regla genérica sobre la obligación de penalizar sólo las
conductas más graves, existe otro argumento adicional que destaca la posición
errada de la mayoría: no es razonable derivar el deber de sanción penal de lo
establecido por esta Corte en las sentencias C-666 de 2010 y C-889 de 2012. Por
el contrario, esas decisiones reconocieron el arraigo de ciertas
manifestaciones culturales en algunas regiones del país para permitirlas y
excluirlas de la penalización, no se ocuparon de ordenarle al legislador, por
vía jurisprudencial, la sanción penal del maltrato animal, y menos aún de fijar
esa competencia en el tribunal constitucional.
5. Esa intromisión en la esfera del
legislador ostenta mayor gravedad si se tiene en cuenta que, además, la mayoría
determinó efectos temporales para el fallo. En efecto, decidió diferir los
efectos de la declaración de inexequibilidad por dos años e impuso al
Congreso el deber de legislar con un criterio de maximalismo penal, pues la
única posibilidad frente a la violencia contra los animales es usar el Derecho
Penal. Adicionalmente, estableció que si el Congreso no legisla en ese sentido
dentro del plazo fijado, las actividades excluidas de sanción penal en el
parágrafo acusado se convertirían en delito por virtud de la decisión adoptada
por la Corte.
Esta decisión es violatoria del
principio democrático[207], sobre el tema este tribunal se ha
pronunciado en los siguientes términos
“en un Estado
democrático de derecho se considera que la definición de aquellos
comportamientos que deben ser entendidos como infracciones penales corresponde
al legislador. En efecto, dada su condición de órgano de representación popular
es en su interior y mediante el desarrollo de un proceso de formación
legislativa, en donde se construyen y promulgan las normas que regulan la
conducta de los habitantes y se disponen aquellas actuaciones que tienen la
entidad de comprometer la realización del derecho a la libertad personal. Es
por ello que, más allá de la cláusula general de competencia que tiene el
Congreso para expedir leyes, a la cual se refiere los artículos 114 y 150 del
Texto Superior, su participación obligatoria en la fijación de los actos u
omisiones de mayor importancia que afectan a la sociedad, aparece en el
artículo 28 de la Carta, al establecer el principio de reserva legal en materia
punitiva. Al respecto, la norma en cita dispone que: “Nadie podrá ser molestado
en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su
domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad
judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente
definido en la ley”[208] (negrilla original)
En efecto, el legislador, como titular
de la representación democrática por excelencia, ya había decidido establecer
unas excepciones frente a la violencia contra los animales, las mismas que
habían sido avaladas por la Corte con un entendimiento que delimitaba su
aplicación de acuerdo con la normatividad superior a fin de resolver un tensión
entre derechos.
6. En gracia de discusión, si fuera
admisible la tesis de la mayoría con respecto a la eventual inexequibilidad del
parágrafo 3º acusado, con fundamento en el principio de conservación del
derecho y de forma coherente con su jurisprudencia, la Corte bien había podido
declarar una exequibilidad condicionada[209] –que no violaría el
principio de legalidad como se afirmó en la sentencia- de modo que se
interpretara la exclusión establecida por el legislador, en los términos
dispuestos en la sentencia C-666 de 2010 que fija el alcance del artículo 7º de
la Ley 84 de 1989, al cual remite el parágrafo 3º acusado, que no puede ser
leído sin integrar el entendimiento dado por el tribunal constitucional. Ese
habría sido el resultado de una interpretación sistemática que tomara en cuenta
el panorama normativo, la fuerza vinculante del condicionamiento y el respeto a
la cosa juzgada constitucional.
Por
las razones anteriores me separo parcialmente de la decisión adoptada por la
mayoría.
Fecha ut supra,
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
Auto
547/18
Referencia:
Solicitud de nulidad de la Sentencia C-041 de 2017 presentada por los
ciudadanos Daniel Fernando Gutiérrez Hurtado y Juan Pablo Osorio Marín.
Expedientes: D-11443 y D-11467 (acumulados).
Magistrados
Ponentes:
ANTONIO
JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
JOSÉ
FERNANDO REYES CUARTAS
Bogotá,
D.C., veintidós (22) de agosto de dos mil dieciocho (2018)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en
cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, resuelve la
solicitud de nulidad de la sentencia C-041 de 2017, formulada por los
ciudadanos Daniel Fernando Gutiérrez Hurtado y Juan Pablo Osorio Marín, en el
asunto de la referencia.
I.
ANTECEDENTES
Hechos
que dieron lugar a la sentencia C-041 de 2017
1. En ejercicio de la acción pública consagrada en
el artículo 241.4 de la Constitución Política, las ciudadanas María
Cristina Pimiento Barrera, Esperanza Pinto Flórez (Expediente D-11443) y
Juliana Marcela Chahín del Río (Expediente D-11467), interpusieron acción de
inconstitucionalidad contra el artículo 5º (parcial) de la Ley 1774 de 2016,
que adicionó al Código Penal el Título XI-A.
En
dicha reforma se adiciona el artículo 339A “Delitos contra la vida, la
integridad física y emocional de los animales”, en el que se
indica que, “El que, por cualquier medio o procedimiento maltrate a un
animal doméstico, amansado, silvestre vertebrado o exótico vertebrado,
causándole la muerte o lesiones que menoscaben gravemente su salud o
integridad física, incurrirá en pena de prisión de doce (12) a treinta y seis
(36) meses, e inhabilidad especial de uno (1) a tres (3) años para el
ejercicio de profesión, oficio, comercio o tenencia que tenga relación con los
animales y multa de cinco (5) a sesenta (60) salarios mínimos mensuales legales
vigentes”.
Del
mismo modo se adiciona el artículo 339B en el que se establecen las
circunstancias de agravación punitiva de estas conductas y se indica que, “Las
penas contempladas en el artículo anterior se aumentarán de la mitad a tres
cuartas partes, si la conducta se cometiere: a) Con sevicia; b) Cuando una o
varias de las conductas mencionadas se perpetren en vía o sitio público; c)
Valiéndose de inimputables o de menores de edad o en presencia de aquellos; d)
Cuando se cometan actos sexuales con los animales; e) Cuando alguno de los
delitos previstos en los artículos anteriores se cometiere por servidor público
o quien ejerza funciones públicas”.
En
el parágrafo 1º del mismo artículo se establece que, “Quedan exceptuadas de
las penas previstas en esta ley, las prácticas, en el marco de las normas
vigentes, de buen manejo de los animales que tengan como objetivo el cuidado,
reproducción, cría, adiestramiento, mantenimiento; las de beneficio y
procesamiento relacionadas con la producción de alimentos; y las actividades de
entrenamiento para competencias legalmente aceptadas”.
Así
mismo en el parágrafo 2º se indica que, “Quienes adelanten acciones de salubridad
pública tendientes a controlar brotes epidémicos, o transmisión de enfermedades
zoonóticas, no serán objeto de las penas previstas en la presente ley”; y finalmente el
parágrafo 3º se estableció que, “Quienes adelanten las conductas
descritas en el artículo 7º de la Ley 84 de 1989 no serán objeto de las penas
previstas en la presente ley”[210].
2. La Sala Plena de la Corte dispuso la acumulación
de los expedientes D-11443 y D-11467 en sesión del 25 de mayo de dos mil
dieciséis (2016).
En la primera demanda (D-11443), a juicio de las
actoras, la expresión “menoscaben gravemente”, contenida en el artículo
339A del Código Penal adicionado por el artículo 5º de la Ley 1774 de 2016, en
relación con los “Delitos contra la vida, la integridad física y
emocional de los animales”, vulnera los artículos 29 y 93 de la
Constitución, así como el artículo 9º de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”, aprobado por la Ley 16 de
1972. Según las demandantes, dicha expresión tiene un contenido incierto,
ambiguo e indeterminado ya que no establece de manera clara, inequívoca y
expresa los supuestos en los cuales la comisión de la conducta punible se
entiende realizada con lo cual se termina violando el principio de legalidad[211].
Por su parte, en la segunda demanda (Expediente
D-11467) la ciudadana Juliana Marcela Chahín del Río consideró que el parágrafo
3º del artículo 339B del Código Penal adicionado por el artículo 5º de la Ley
1774 de 2016, que contiene las circunstancias de agravación punitiva en contra
de los “Delitos contra la vida, la integridad física y emocional de los
animales” quebranta los artículos 2, 13 y 79 superior, sobre los deberes
esenciales del Estado, la igualdad y la protección del medio ambiente. El
Magistrado Ponente[212],
decidió rechazar los cargos relacionados con la posible violación de los
artículos 2º y 13 y analizar la posible vulneración del artículo 79 de la
Constitución en relación con la protección del medio ambiente.
La actora agregó que los animales domésticos y
salvajes hacen parte de nuestro hábitat, razón por la cual merecen cuidado y
protección ya que son seres sintientes y no muebles. Precisó que los animales
utilizados para actividades de entretenimiento, tales como el rejoneo, coleo,
corridas de toros, novilladas, corralejas, riñas de gallos, becerradas y
tientas, no deben ser considerados como objetos, sino como seres que sufren y sienten
dolor en esas actividades durante las cuales son maltratados. Por lo anterior,
solicitó la inexequibilidad del apartado de la disposición acusada, según el
cual quienes adelanten las conductas descritas en el artículo 7° de la Ley 84
de 1989[213],
no serán objeto de las penas previstas en la mencionada Ley.
Sentencia C-041
de 2017, fundamentos de la decisión
3. En la Sentencia C-041 de 1º de febrero de 2017[214],
la Sala Plena de la Corte Constitucional resolvió:
Primero.-
Declarar EXEQUIBLE, por el cargo examinado, la expresión ‘menoscaben
gravemente’ prevista en el artículo 5º de la Ley 1774 de 2016, que adicionó el
artículo 339A al Código Penal.
Segundo.-
Declarar INEXEQUIBLE el parágrafo 3º previsto en el artículo 5º de la Ley 1774
de 2016, que adicionó el artículo 339B al Código Penal. Se DIFIEREN los efectos
de esta decisión por el término de dos (2) años, contados a partir de la
notificación de la presente sentencia, para que el Congreso de la República
adapte la legislación a la jurisprudencia constitucional”.
4. La Corte comenzó por analizar la aptitud de las
demandas, ya que algunos intervinientes concluyeron que no cumplían los
requisitos establecidos por la Corte, y que por ende se debía proferir un fallo
inhibitorio[215].
A este respecto la Sala consideró que la demanda cumplía con los requisitos de
claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia, que ha decantado
la jurisprudencia para las acusaciones de inconstitucionalidad y que por ende
la demanda podía ser estudiada, “al contar con la estructura argumentativa
suficiente para advertir la existencia de un cargo apto de constitucionalidad”.[216]
5. Una vez resueltas las cuestiones de aptitud
sustantiva de la demanda, la Corte estimó que los problemas jurídicos que debía
resolver consistían en establecer si la utilización de la expresión “menoscaben
gravemente” en el tipo penal previsto en el artículo 339A, adicionado por
el artículo 5º de la Ley 1774 de 2016, desconocía el principio de legalidad con
motivo de la presunta indeterminación insuperable de lo acusado, al dejar que
los jueces decidan a su arbitrio cuándo se causa una lesión a un animal.
En segundo lugar, la Corte se ocupó de resolver si
el parágrafo 3º del artículo 339B, adicionado por el artículo 5º de la Ley 1774
de 2016, al exceptuar de la aplicación de las penas previstas en los artículos
339A y sus agravantes contenidos en el artículo 339B del Código Penal, a las
personas que adelanten las conductas a las que se refiere el artículo 7º de la
Ley 84 de 1989, desconocía el deber constitucional de protección animal, la
calidad de seres sintientes de los animales y la indefensión en que se
encuentran, aún bajo el principio de diversidad cultural.
6. A fin de resolver los problemas jurídicos
expuestos, se dispuso como esquema para la resolución del caso los siguientes
ejes temáticos: (i) el principio de legalidad en sentido estricto y su no
desconocimiento en el asunto sub judice; (ii) la Constitución ecológica.
El valor intrínseco de la naturaleza y su entorno, y la interacción del humano
con ella; (iii) los animales como merecedores de protección constitucional e
internacional; (iv) la protección a los animales a partir de deberes morales y
solidarios -comportamiento digno de los humanos, como garantía del medio
ambiente, y la sentencia C-666 de 2010; (v) la evolución de la ley y la
jurisprudencia constitucional hacia mayores ámbitos de protección para con los
animales; y finalmente (vi) el examen constitucional de las normas demandadas.
7. Sobre el primer cargo la Corte declaró
exequible la expresión “menoscaben gravemente” porque
si bien se le adscribe un cierto grado de indeterminación “esta resulta
superable al inscribirse dentro del concepto de tipo penal abierto”. Además
señaló que a través de un ejercicio interpretativo la expresión demandada puede
ser precisada acudiendo, por ejemplo, a los significados del Estatuto de
Protección Animal (art. 6), al Código Penal, a las decisiones de la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, así como a la jurisprudencia de
la Corte Constitucional, y concluyó que, “(…) en la ley examinada el impacto
significativo en las funciones vitales de los animales tiene como bien jurídico
tutelado la vida, la integridad física y emocional de estos seres sintientes”.
8. En relación con el segundo cargo, atinente a la
posible vulneración del artículo 79 superior que consagra el deber de
protección del medio ambiente y de los animales como seres sintientes que no
pueden ser sometidos a sufrimientos, aún bajo el principio de diversidad cultural,
señaló que el parágrafo 3º del artículo 5º de la misma disposición, que
adicionó el artículo 339B al Código Penal, y que disponía que, “Quienes
adelanten las conductas descritas en el artículo 7º de la Ley 84 de 1989 no
serán objeto de las penas previstas en la presente ley” era inexequible
y aplazó sus efectos por el término de dos (2) años contados a partir de la
notificación de la sentencia.
9. Se indicó sobre este cargo que el parágrafo
cuestionado, que reenvía a la disposición legal contenida en el artículo 7º de
la Ley 84 de 1989 que exceptúa de penalización comportamientos como el “rejoneo,
coleo, las corridas de toros, novilladas, corralejas, becerradas y tientas, así
como las riñas de gallos y los procedimientos utilizados en estos espectáculos”,
adolece del principio de legalidad y desconoce el principio de tipicidad que se
encuentra contenido en el artículo 29 de la Constitución.
Explicó que con esta remisión se termina
reproduciendo contenidos materiales declarados inconstitucionales (art. 243)[217],
lo cual genera un déficit de protección constitucional hacia los animales, por
cuanto la remisión normativa se realizó en forma genérica, desatendiendo los
lineamientos que con anterioridad fueron fijados por la Corte en la Sentencia
C-666 de 2010, en la que se estableció que el artículo 7º de la Ley 84 de 1989
era parcialmente inconstitucional por desconocer la protección de los animales
ante el sufrimiento, y como parte de un ambiente sano.
10.
Del mismo modo se citaron los condicionamientos que se establecieron en la
Sentencia C-666 de 2010 para que pudieran ser admisibles estas prácticas, en
armonización con el principio de la cultura, en donde se había dispuesto que
dichas prácticas que tenían contenido cultural eran constitucionales en el
entendido,
“1)
Que la excepción allí planteada permite, hasta determinación legislativa en
contrario, si ello llegare a ocurrir, la práctica de las actividades de
entretenimiento y de expresión cultural con animales allí contenidas, siempre y
cuando se entienda que estos deben, en todo caso, recibir protección especial
contra el sufrimiento y el dolor durante el transcurso de esas actividades. En
particular, la excepción del artículo 7 de la ley 84 de 1989 permite la
continuación de expresiones humanas culturales y de entretenimiento con
animales, siempre y cuando se eliminen o morigeren en el futuro las conductas
especialmente crueles contra ellos en un proceso de adecuación entre
expresiones culturales y deberes de protección a la fauna; 2) Que únicamente
podrán desarrollarse en aquellos municipios o distritos en los que las mismas
sean manifestación de una tradición regular, periódica e ininterrumpida y que
por tanto su realización responda a cierta periodicidad; 3) que sólo podrán
desarrollarse en aquellas ocasiones en las que usualmente se han realizado en
los respectivos municipios o distritos en que estén autorizadas; 4) que sean
estas las únicas actividades que pueden ser excepcionadas del cumplimiento del
deber constitucional de protección a los animales; y 5) que las autoridades
municipales en ningún caso podrán destinar dinero público a la construcción de
instalaciones para la realización exclusiva de estas actividades”.
11. Así mismo, se hizo énfasis en que la Sentencia
C-666 de 2010 se fundamentó en que los humanos tienen deberes morales y
solidarios hacia los animales, además del comportamiento digno que están
obligados a observar para la preservación del medio ambiente (arts. 8º, 79 y 95
numeral 8º de la C. Pol.), que la Constitución de 1991 no es un instrumento
estático y que la permisión prevista en el cuerpo normativo preconstitucional
(Ley 84 de 1989) no puede limitar la libertad de configuración normativa del
Congreso de la República de acuerdo con los cambios que se produzcan en la sociedad.
Explicó que en la Ley 1774 de 2016 el legislador
volvió a hacer referencia a la excepción de las sanciones de maltrato animal
–ahora de carácter penal–, en tanto se ha dado un mayor valor a la protección
frente al sufrimiento animal, pero que, sin embargo, se realizó de manera
genérica, desprotegiendo a los animales de forma irrazonable y desproporcionada[218].
Así mismo se estableció que con la remisión contenida en el parágrafo 3º se
había desconocido el precedente de la Sentencia C-666 de 2010.
12. Por otra parte, se indicó que aunque podía
pensarse en aplicar el principio de conservación del derecho, en tanto se
trataba de una disposición penal, resultaba necesario proferir una declaratoria
de inexequibilidad para garantizar el principio de legalidad de los delitos,
dado que con el reenvió al artículo 7º de la Ley 84 de 1989 se había
desconocido los principios de legalidad, tipicidad y de cosa juzgada
constitucional y se había generado un déficit de protección constitucional
hacia los animales, “que fue inobservado por el legislador penal, lo cual
implica la inexequibilidad del parágrafo 3º”.
Adicionalmente se dispuso que con posterioridad a la
promulgación de la Sentencia C-666 de 2010 se han expedido algunas leyes como
la 1638 de 2013 que prohibió el uso de animales silvestres en circos fijos
itinerantes, igualmente la Ley 1774 de 2016, actualmente demandada que modificó
el Código Civil, el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal, en orden a
reconocer a los animales como seres sintientes, “determinando unos
principios de protección, bienestar y solidaridad social, y estableciendo
conductas penalizables en orden a la protección de la vida, su integridad
física y emocional, entre otros”.
Así mismo se explicó que a nivel de la
jurisprudencia constitucional también se habían dado avances, como por ejemplo
la Sentencia C-283 de 2014 en la que se señaló que el legislador está
habilitado para prohibir determinadas manifestaciones culturales que impliquen
maltrato animal, y expuso además que, “la cultura se revalúa permanentemente
para adecuarse a la evolución de la humanidad, la garantía de los derechos y el
cumplimiento de los deberes, máxime cuando se busca desterrar rastros de una
sociedad que ha marginalizado y excluido a ciertos individuos y colectivos”.
Por último, se reseñaron las Sentencias C-467 de
2016, en la que subyace el deber de protección hacia los animales en su
condición de seres sintientes, lo que supone un límite derivado de la función
ecológica mediante la cual se prohíben tratos crueles, y la Sentencia C-449 de
2015 en la que se reconoció a la naturaleza como merecedora de mayores
atributos, su valor intrínseco independiente de su beneficio para el humano, en
la que se indicó que se estaba realizando un tránsito de una visión antropocéntrica
(bondad hacia los animales bajo preeminencia del humano) a una ecocéntrica
(protección a los animales por sí mismos con independencia de su valor para el
humano).
Sobre estas novedades legales y jurisprudenciales se
concluyó que, “La dogmática dinámica y evolutiva impone avanzar con
mecanismos más decisivos para la efectividad de los intereses de los animales,
al disponer hoy de nuevos estudios científicos y mayores saberes” y que
resulta imperativo “repensar posibles horizontes y transformar las
sedimentadas tradiciones cuando socavan intereses vitales y primarios de toda
sociedad democrática y constitucional”[219].
13. Con relación al diferimiento de la decisión se
indicó que la inconstitucionalidad inmediata del parágrafo 3º del artículo 339B
del Código Penal conlleva a la desaparición de la excepción contenida en dicha
disposición y que en ese sentido, “(…) es procedente diferir los efectos de
esta decisión por el término de dos (2) años, contados a partir de la
notificación de esta sentencia, atendiendo los efectos que podría tener la
desaparición inmediata de estas excepciones con respecto a intereses protegidos
por el ordenamiento jurídico”[220].
14. Finalmente se dispuso que corresponde al
Congreso de la República, en ejercicio de la potestad de configuración
legislativa (art. 150.2 superior), disponer lo necesario para adecuar la
legislación a los mandatos constitucionales y a la jurisprudencia mencionada y
que “de no expedirse la regulación normativa en el plazo indicado
inmediatamente toma fuerza ejecutoria la inexequibilidad declarada”.
II. SOLICITUD DE NULIDAD[221]
15. Mediante escritos radicados ante la Secretaría
General de la Corte Constitucional el 14 de febrero y 16 de mayo de 2017, los
ciudadanos Daniel Fernando Gutiérrez Hurtado y Juan Pablo Osorio Marín,
formularon incidente de nulidad contra la Sentencia C-041 de 2017 con
fundamento en las siguientes causales: (i) vulneración de la garantía del juez
natural; (ii) violación de la cosa juzgada constitucional formal por no atender
el precedente de lo resuelto en las sentencias C-666 de 2010, C-889 de 2012,
y el Auto 025 de 2015; (iii) vulneración de la garantía de cosa juzgada
constitucional, al extender jurisprudencialmente un tipo penal a conductas no
contempladas por el legislador; (iv) inobservancia de la plenitud de las formas
propias de cada juicio.
Sostienen que el incidente de nulidad cumple con los
requisitos formales de procedibilidad de la solicitud de nulidad, en relación
con la temporalidad y la legitimación por activa.
16. En relación con la oportunidad o
temporalidad, explican que la Sentencia fue proferida el 1º de febrero de
2017 pero notificada por edicto el 10 de mayo de 2017 y desfijado el 12 de mayo
siguiente. Informan que el 14 de febrero del 2017 presentaron un primer escrito
de nulidad, y luego nuevamente el 16 de mayo de 2017, cumpliendo con el
requisito de que la solicitud de nulidad se haya presentado dentro de los tres
(3) días siguientes a la notificación del fallo[222].
17. Sobre la legitimidad por activa los solicitantes
aducen que, más allá de que se esté alegando una vulneración del debido proceso
por una situación específicamente producida en el texto de la sentencia, se
impone haber sido legitimados como parte en el trámite del proceso dado que en
los procesos de constitucionalidad quienes efectúan intervenciones se
encuentran legitimados y pueden participar activamente del proceso de
recusaciones y medios de control[223].
Citan
al respecto el Auto 281 de 2010, reiterado en los Autos 047 de 2011 y 155 de
2013
en
donde se establece que las partes y los intervinientes en el proceso son los
que están legitimados para solicitar la nulidad. Teniendo en cuenta estos autos
señalan que están plenamente facultados para presentar la solicitud de nulidad,
ya que participaron como intervinientes en el proceso de la referencia.
Del
mismo modo hacen referencia al Auto 155 de 2013 en donde se dice que,
“Téngase en
cuenta, además, que las causales que pueden dar origen a la nulidad de la
sentencia tienen origen en la providencia misma o en el proceso de su concreta
adopción y no en situaciones posteriores relativas a las consecuencias de lo
decidido, lo cual explica que sólo las partes y los intervinientes sean los
legitimados para solicitar la nulidad, mas no quienes resulten movidos por
circunstancias que eventualmente puedan presentarse después de pronunciarse la
sentencia. Tampoco se puede perder de vista que durante el proceso se
otorga una oportunidad para que los ciudadanos intervengan e impugnen o
coadyuven la demanda y que es lógico que quienes efectivamente intervienen
tengan la posibilidad de solicitar la nulidad, pues abrir la posibilidad a
cualquiera que manifieste un interés con posterioridad a la sentencia no
significa cosa distinta que propiciar una controversia pública sobre lo
decidido, controversia que la Corte tendría que resolver y que, si fuera
equitativa, también debería incluir a todos aquellos que se considere
beneficiados por la sentencia cuestionada. En definitiva, lo abierto al público
es la acción de inconstitucionalidad y la oportunidad de intervenir en el
proceso, pues la posibilidad de solicitar la nulidad también es excepcional
por el aspecto que se analiza. Además, en la regulación de los procesos
ante la Corte no está prevista ninguna oportunidad posterior a la sentencia
para que la ciudadanía vuelva a intervenir y lo efectivamente previsto tiene
que ver con el efecto general y obligatorio de las sentencias que, según el
artículo 243 de la Carta, hacen tránsito a cosa juzgada”[224].
18. Finalmente los solicitantes explican las
causales de procedencia del incidente de nulidad[225] que
se refieren a (i) la vulneración de la garantía del juez natural; (ii)
vulneración de la garantía de la cosa juzgada constitucional, y (iii)
vulneración  de las formas propias del juicio, que se explicaran en los
siguientes acápites.
Vulneración de la garantía del juez
natural
19. Señalaron que de conformidad con las sentencias
C-328 de 2015 y C-200 de 2002, la garantía del juez natural no se configura por
el sólo hecho de presentarse un vicio por defecto orgánico o de jurisdicción,
ya que puede darse también cuando el juez o tribunal competente carece de
imparcialidad. En su concepto, si bien la Corte Constitucional es competente
para resolver una demanda de inconstitucionalidad, la actuación judicial se
vició de nulidad al desconocer las reglas que rigen el quorum y la
mayoría necesaria para la adopción de la sentencia, porque la Sala Plena al
momento de adoptar la decisión, tuvo en cuenta el voto de una Magistrada que se
encontraba incursa en una causal objetiva de impedimento[226].
De manera preliminar, relatan que este Tribunal
mediante sentencia C-666 de 2010 declaró condicionalmente exequible el artículo
7º de la Ley 84 de 1989, a la luz de los artículos 1º, 4º, 8º, 12, 58, 79, 95
numeral 8º, y 313 de la Carta Política.
Precisan que el 24 de febrero de 2011 se llevó a
cabo el “Tercer Foro Nacional e Internacional contra el maltrato animal”,
en el cual participó como panelista la ex magistrada María Victoria Calle Correa,
cuya intervención giró en torno a la sentencia C-666 de 2010 y al salvamento de
voto que realizó de la misma. Explican que se trataba de un foro académico
público y que su intervención giró en torno a la abolición de las corridas de
toros, en cuyo desarrollo explicó las razones por las cuales se apartó del
fallo de la Corte, pero también expresó “su posición ética, política y
filosófica sobre las manifestaciones culturales en donde hay maltrato animal,
así como para describir cual [sic] es –lo que ella denomina– el camino para
lograr la abolición de tales prácticas”[227].
Los solicitantes citaron apartes de la intervención
de la Magistrada Calle Correa, en el siguiente sentido:
“Y
tampoco estábamos de acuerdo por ejemplo en que se prohibiesen construir
escenarios para desarrollar esas actividades [las protegidas por el artículo 7º
de la Ley 84 de 1984] cuando esas actividades se habían protegido y quizás la
construcción o modernización de estos escenarios hubieren conducido a que se
establecieran nuevas formas de protección de los animales. Y nos preguntábamos,
¿entonces con dineros públicos aunque hay un limitante en la ley podrá
publicitarse ese tipo de actividades? [...] porque ahí no se prohíbe,[…] entonces
realmente no estuvimos por ello de acuerdo en ese condicionamiento, en ese
reproche constitucional que permitió que la norma siguiera existiendo (Resaltado
fuera del texto)”[228]
Indican que al final del foro, la Magistrada Calle
emitió una serie de opiniones políticas y morales, sentando su posición
ideológica en relación con el asunto de la tauromaquia y, en general, frente a
las excepciones al maltrato animal consagradas en el artículo 7º de la Ley 84
de 1989. Relatan que la Magistrada indicó lo siguiente: “Nosotros creemos
que cada vez el hombre tiene que ser más consciente que es un problema de ética
entender de que no se puede atentar contra ningún ser vivo, y ese problema de
ética va a trascender siempre a la cultura y tenemos que fortalecernos dese
[sic] cualquier escenario: desde el escenario jurisdiccional, desde el
escenario legislativo, desde el escenario gubernamental”[229].
En criterio de los solicitantes la participación de
la Magistrada Calle Correa en el foro antes mencionado impide que ésta adopté
decisiones al respecto pues ello denota parcialidad sobre la temática que se va
a decidir en torno a las corridas de toros, la excepción consagrada en el
artículo 7º de la Ley 84 de 1989 y la forma de abolición de las prácticas que
protege. Concluyen anotando que de conformidad con lo establecido en los
artículos 25 del Decreto Ley 2067 de 1991[230]  y
141 numeral 12 del Código General del Proceso[231], al
haber emitido un concepto sobre las corridas de toros la Magistrada Calle
Correa incurrió en una causal de impedimento de carácter objetivo[232],, y
que por este solo hecho está impedida sin que sea necesario ahondar en las
consecuencias que esta situación tiene sobre la actuación judicial,
circunstancia que vicia toda la actuación judicial que dio lugar a la sentencia
C-041 de 2017.
Violación
de la cosa juzgada constitucional de carácter formal por desconocimiento de lo
resuelto en la sentencia C-666 de 2010, C-889 de 2012, y el Auto 025 de 2015
20.  Explican sobre este punto que la Sentencia
C-041 de 2017 va en contra de los artículos 29 y 243 de la C. Pol., en la
medida en que vulnera la garantía constitucional de la cosa juzgada
constitucional “ya que la Corte Constitucional ya se había pronunciado sobre
la excepción del artículo 7º de la Ley 84 de 1989 en la Sentencia C-666 de 2010”[233].
21. Arguyen que podría argumentarse que se trata de
una norma distinta y que, por consiguiente, no opera la cosa juzgada
constitucional, toda vez que la parte resolutiva de la Sentencia en principio
no se refiere al artículo 7º de la Ley 84 de 1989 sino que declara inexequible
el parágrafo 3º del artículo 339B del Código Penal adicionado por el artículo
5º de la Ley 1774 de 2016. Sin embargo encuentran que el artículo 339B del
Código Penal penaliza el maltrato a los animales y el parágrafo declarado
inexequible mantenía la excepción consagrada en el artículo 7º de la Ley 84 de
1989. Por esta razón sostienen que lo que se está efectuando es declarar
inexequible una norma que ya había sido declarada exequible de manera
condicionada previamente[234].
22. Explican que lo que el legislador ordinario
contempló en el parágrafo 3º del artículo 5º de la Ley 1774 de 2016, en
ejercicio de la libertad de configuración legislativa, no es otra cosa que el
desarrollo a la protección del medio ambiente, de conformidad a la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y, en especial, en ejercicio de las
atribuciones que en la parte resolutiva de la Sentencia C-666 de 2010 le había
reconocido.
Encuentran que en el presente caso opera la cosa
juzgada formal dado que como en la Sentencia C-666 de 2010 se estableció la
constitucionalidad de las excepciones consagradas en el artículo 7º de la Ley
84 de 1989 que fueron reproducidas en el parágrafo 3º de la Ley 1774 de 2016, y
que por ende ya se había efectuado un pronunciamiento previo sobre el mismo contenido
normativo.
23. Citan la Sentencia C-090 de 2015 en donde se explica
que la cosa juzgada formal se produce, “…en aquellos casos en los que la
Corte Constitucional se ha pronunciado previamente frente a la misma norma
jurídica que pretende nuevamente someterse al análisis de la Corporación. En
consecuencia, esta Corporación ha establecido que la cosa juzgada formal ocurre
‘cuando existe una decisión previa del juez constitucional en relación con
la misma norma que es llevada posteriormente a su estudio’ o también, en
aquellos casos en los que ‘se trata de una norma con texto normativo
exactamente igual, es decir, formalmente igual’. En ambos supuestos, no es
posible volver a abordar su estudio por existir un fallo ejecutoriado”[235].
Añaden
que como el parágrafo 3º del artículo 5º de la Ley 1774 de 2016 no modifica en
absoluto el contenido normativo del artículo 7º de la Ley 84 de 1989 sino que
lo reproduce y reconoce, opera en el presente caso la paridad normativa formal “…
por lo que la Corte Constitucional no puede entrar a analizar es la
constitucionalidad de un reproducción normativa”. Cita a este respecto la
Sentencia C-007 de 2016 en la que se indicó que, “… (iii) si la decisión
previa fue de exequibilidad y existe cosa juzgada formal la Corte deberá
limitarse en su pronunciamiento a estarse a lo resuelto…”[236].
24.
Relatan que en el caso sub judice, el artículo 5º de la Ley 1774 del
2016 adiciona el artículo 339A y 339B por medio de los cuales se creó el tipo
penal “delitos contra la vida, la integridad física y emocional de los
animales” y que el aparte normativo demandado, esto es el parágrafo 3º del
artículo 339B, estableció como excepciones al tipo penal las actividades
señaladas en el artículo 7º de la Ley 84 de 1989, que previamente había sido objeto
de control de constitucionalidad den la Sentencia C-666 de 2010[237].
25.
Concluyen señalando que la norma demandada reproduce unas excepciones legales
contenidas en el antiguo “Estatuto de Protección de los Animales” a la sanción
penal establecida por estos nuevos artículos del código penal, “…excepciones
que en todo caso no fueron modificadas en forma alguna por el legislador en la
Ley 1774 de 2016, sino que tienen la misma estructura desde la entrada en
vigencia de la Ley 84 de 1989, y que fueron declaradas exequibles por la Corte
Constitucional en la Sentencia C-666 del 2010”[238].
26.
De otra parte los solicitantes exponen que se desconoció el precedente
constitucional de lo resuelto en las Sentencias C-666 de 2010, C-889 de 2012 y
en el Auto de Sala Plena 025 de 2015, ya que la decisión de inexequibilidad
diferida del parágrafo 3º del artículo 5º de la Ley 1774 de 2016, que adicionó
el artículo 339B al Código Penal, tiene por efecto la supresión de la
tauromaquia como una manifestación cultural y como expresión artística del ser
humano reconocida positivamente en el artículo 1º de la Ley 916 de 2004,
declarado exequible en la Sentencia C-1192 de 2005.
Sostienen
que mientras el legislador había reconocido la existencia de dicha
manifestación cultural no sólo a través del Reglamento Taurino (Ley 916 de
2004), sino también mediante su exclusión expresa de los delitos contra los
animales tipificados en la Ley 1774 de 2016, “…la Corte Constitucional,
desconociendo la garantía de la cosa juzgada constitucional, asumió la facultad
que ella misma le había reconocido de manera privativa al Congreso de la
República para suprimir dicha manifestación” [239].
27.
Así mismo, indican que dentro de las razones de la decisión (ratio decidendi)
de las sentencias C-666 de 2010 y C-889 de 2012 se encuentra la regla
jurisprudencial según la cual el Congreso de la República, “…de manera
privativa, está habilitado para restarle el reconocimiento
jurídico a la tauromaquia a través del debate democrático propio de las leyes,
sin que ninguna otra autoridad pueda asignarse dicha facultad” [240]. Citan para
sustentar la facultad privativa del legislador la parte resolutiva de la
Sentencia C-666 de 2010 en donde se hace énfasis en que, “1) Que la
excepción allí planteada permite, hasta determinación legislativa en
contrario, si ello llegare a ocurrir, la práctica de las actividades de
entretenimiento y de expresión cultural con animales allí contenidas”. [241].
Señalan
que en dicha decisión se explicó que,
“Excede el
ámbito de la Corte Constitucional el determinar al detalle los elementos
normativos que debe incorporar dicha regulación, que cae dentro de la
órbita exclusiva del legislador. Sin embargo, una interpretación
conforme a la Constitución conduce a la conclusión que el cuerpo normativo que
se cree no podrá, como ocurre hasta el momento en regulaciones legales – ley
916 de 2004 – o de otra naturaleza, resoluciones de organismos administrativos
o, incluso, de naturaleza, privada, ignorar el deber de protección animal – y
la consideración del bienestar animal que del mismo se deriva- y, por tanto, la
regulación creada deberá ser tributaria de éste (…)
Incluso el
Legislador en ejercicio de su libertad de configuración normativa puede llegar
a prohibir las manifestaciones culturales que implican maltrato animal, si considera
que debe primar el deber de protección sobre la excepcionalidad de las
expresiones culturales que implican agravio a seres vivos, pues como lo ha
defendido esta Corporación en numerosas oportunidades, la Constitución de 1991
no es estática y la permisión contenida en un cuerpo normativo
preconstitucional no puede limitar la libertad de configuración del órgano
representativo de acuerdo a los cambios que se produzcan en el seno de la
sociedad”[242].
28. Reseñan que de dicha línea jurisprudencial forma
parte la Sentencia C-889 de 2012, en donde se distingue el poder, la función y
la actividad de policía, y en la que la Corte encontró que el legislador es el
único facultado para imponer restricciones tan severas a los derechos
fundamentales comprometidos en la práctica de la tauromaquia, llegando incluso
al grado de prohibición general.
Citan para sustentar este aserto el apartado de esta
Sentencia que indica que,
“Bajo estas
condiciones, las autoridades locales carecen de un soporte normativo que las
lleve a concluir que la actividad taurina está prohibida in genere. En
contrario, se trata de un espectáculo avalado por las normas legales, pero que
ha sido sometido a restricciones estrictas y específicas por parte de la Corte,
en aras de hacerlo compatible con las prescripciones constitucionales
relacionadas con la protección del medio ambiente. En ese sentido, comparte
unidad de sentido con otra serie de actividades que si bien no están
constitucional o legalmente prohibidas, sí se someten válidamente a
limitaciones, incluso intensas, pues existe el interés de desincentivarlas,
como sucede con el consumo de tabaco o de bebidas embriagantes.[243]
A su vez, como se trata de una actividad controversial y que compromete
posiciones jurídicas constitucionalmente relevantes, bien puede ser restringida
por el legislador, al grado de prohibición general. Sin embargo,
consideraciones básicas derivadas de la eficacia del principio democrático,
exigen que esas decisiones estén precedidas del debate propio de las normas
legales”[244].
29.
También encuentran que dicha decisión va en contra del precedente contenido en
el Auto 025 de 2015 en el que se despachó desfavorablemente la solicitud de
nulidad de la Sentencia T-296 de 2013 que estableció las siguientes subreglas
en materia del poder de policía para prohibir la tauromaquia: “(i) los límites competenciales frente al
actuar de la autoridad territorial, (ii) el ejercicio de la función de policía atada
al principio de estricta legalidad, (iii) el ejercicio privativo en cabeza
del Congreso de la República del poder de policía por entrañar la restricción de
derechos fundamentales, y (iv) la ausencia de facultades de las autoridades
administrativas municipales, para decidir por sí mismas la prohibición de la
actividad taurina” [245]..
30. Concluyen sobre este punto indicando que al
ser la tauromaquia una actividad controversial, su prohibición general y
definitiva sólo puede obtenerse, según lo explicado con autoridad de cosa
juzgada constitucional por la propia Corte, a través del debate democrático
propio de las leyes en el seno del legislador, y que por ende ningún otro poder
incluyendo la jurisdicción constitucional, puede asignarse dicha facultad[246].
Desconocimiento
de la cosa juzgada constitucional por extender jurisprudencialmente un tipo
penal a conductas no contempladas por el legislador
31. Para los solicitantes la sentencia cuestionada
extendió un tipo penal a conductas excluidas por el legislador, en manifiesta
violación a lo resuelto en las sentencias C-996 de 2000 y C-742 de 2012[247],
lo que, de acuerdo con el principio de legalidad penal, es competencia
privativa del Congreso: incluir conductas delictivas que penalicen la
libertad de expresión[248].
Explican que, según la cosa juzgada de la que gozan
las Sentencias C-742 de 2012 y C-996 de 2000, “(…) la Corte procedió a
ampliar o extender manifestaciones que derivan de la libertad de expresión
(tauromaquia), por la vía del control abstracto de constitucionalidad, para ser
comprendidas dentro del tipo penal de maltrato animal creado en la Ley 1774 de
2016, aun cuando el legislador las había excluido de manera expresa,
desconociendo de manera grave y grosera la reserva material de ley que la misma
Corte ha descrito, cuando se trata de definir la política criminal del Estado”
[249].
32. Finalizan afirmando sobre esta causal que al
realizar el control abstracto de constitucionalidad, la Corte Constitucional
desbordó el ejercicio de sus funciones para incluir dentro de las conductas
punibles tipificadas en el Título XI-A del Código Penal, las actividades
culturales descritas en el artículo 7º de la Ley 84 de 1989, “desconociendo
que frente al mismo problema jurídico, la Corte, con autoridad de cosa juzgada
constitucional, había expresado que la competencia para definir o establecer
los tipos penales y las conductas que caen bajo su ámbito normativo, es
exclusiva y excluyente del Congreso de la República” [250].
Inobservancia
de la plenitud de las formas propias de cada juicio
33. En relación con este punto, relatan que fueron
desconocidas las formas del proceso de constitucionalidad a la luz del
Reglamento Interno de la Corte y el Decreto Ley 2067 de 1991, en lo atinente
con la falta de mayorías para la adopción de la decisión. Sostienen que de
acuerdo con los artículos 14 y 15 del Decreto antes mencionado, en concordancia
con el artículo 54 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, las
decisiones deben ser adoptadas por la mayoría de los miembros de la Sala, en
este caso cinco (5).
Explican que la votación de la Sentencia C-041 de
2017 fue 5-4, con la presentación de 4 salvamentos y 2 aclaraciones de voto,
con lo que se puede colegir que la Sentencia no tuvo las mayorías requeridas
para ser aprobada por la Sala Plena de la Corte Constitucional. Indican que de
acuerdo a los salvamentos de voto proferidos por los Magistrados Luis Guillermo
Guerrero Pérez y Alejandro Linares Cantillo, la decisión de la Corte no impone
la penalización del rejoneo, el coleo, las corridas de toros, las novilladas,
las corralejas, las becerradas y tientas, así como las riñas de gallos y los
procedimientos utilizados en estos espectáculos, ni siquiera cuando no se
hubiera cumplido el diferimiento que se previó para el legislador, “por
cuanto ello significaría una contradicción flagrante con la jurisprudencia que
ha reconocido el valor cultural y la manifestación de la libertad de expresión
de estas prácticas”[251].
Añaden que incluso el Magistrado co-ponente Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo, da cuenta de la indeterminación de la decisión de la
sentencia en su aclaración de voto, señalando, “que los efectos de la
inexequibilidad ‘suscitan dudas’, que en todo caso, según él, se resuelven con
el diferimiento de los efectos de la inexequibilidad, mientras al Congreso de
la República regula la materia con fundamento en lo expuesto por la Corte en la
Sentencia C-666 del 2010 Lo [sic] que en nuestro criterio no supera, sino por
el contrario ahonda la indeterminación de la sentencia, toda vez que ya existía
regulación por parte del legislador en la materia, con fundamento en lo
expuesto por la Corte en la sentencia C-666 del 2010, a través de las distintas
disposiciones normativas que establecieron a las corridas de toros y otras
expresiones culturales como excepción a los tipos penales desarrollados en la
Ley 1774 de 2016”[252].
34. Concluyen explicando que si bien lo relatado no
es causal de nulidad da cuenta de la división al interior de la Sala en
relación con esta decisión[253].
III.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Competencia
35. De conformidad con lo previsto en el artículo 49
del Decreto Ley 2067 de 1991, la Sala Plena de la Corte Constitucional es
competente para decidir los incidentes de nulidad que se promueven contra las
sentencias proferidas por esta Corporación[254].
Procedencia
excepcional de la nulidad de sentencias dictadas por la Corte Constitucional.
Reiteración de jurisprudencia[255]
36. El artículo 243 de la Constitución señala que
los fallos expedidos por esta Corporación en ejercicio del control
jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional; es decir, se
encuentran resguardados por el principio de seguridad jurídica. Por lo tanto,
una vez proferidos se tornan definitivos, intangibles e inmodificables, lo que
implica, “como función negativa, prohibir a los funcionarios judiciales
conocer, tramitar y fallar sobre lo resuelto, y como función positiva, dotar de
seguridad a las relaciones jurídicas y al ordenamiento jurídico”[256].
En consonancia con lo anterior, el artículo 49 del
Decreto ley 2067 de 1991[257]
dispone que “contra las sentencias de la Corte Constitucional no procede
recurso alguno. La nulidad de los procesos ante la Corte Constitucional sólo
podrá ser alegada antes de proferido el fallo. Sólo las irregularidades que
impliquen violación del debido proceso podrán servir de base para que el Pleno
de la Corte anule el Proceso”.
37. Este Tribunal ha sostenido que las nulidades de
los procesos solo pueden invocarse antes de proferido el fallo, únicamente por
violación al debido proceso[258].
Sin embargo, interpretando de manera armónica el artículo 49 mencionado, ha
precisado que aún después de producido el fallo se pueden invocar nulidades
imputables directamente al texto o contenido de la decisión, a petición de
parte o de manera oficiosa. Sobre el particular, en Auto 162 de 2003 señaló:
“En
este orden de ideas, la Corte ha considerado que, si bien la Constitución
ordena que todas las decisiones adoptadas por este Alto Tribunal hacen tránsito
a cosa juzgada constitucional (Artículo 243 de la Carta Política), es decir,
que tienen un carácter definitivo e inmutable, el reconocimiento a la dignidad
humana y la necesidad de asegurar la vigencia de los derechos fundamentales y
la supremacía de la Constitución, le imponen al juez constitucional la
obligación ineludible de incluir, dentro del espectro de sus competencias, un
mecanismo judicial que eventualmente le permita revisar sus propias
actuaciones, de manera que le sea posible establecer si, frente a un caso
concreto y en una situación específica, ha desconocido grave e
incorregiblemente alguna de las garantías procesales previstas en la
Constitución y las leyes”.
38. La Corte ha sido enfática en precisar que: (i)
esta clase de incidentes no implica per se la existencia de un recurso
contra las providencias proferidas y (ii) su procedencia no constituye una
regla general toda vez que la posibilidad de que prosperen está restringida a
que esté demostrada la existencia de situaciones jurídicas extraordinarias. Al
respecto, en Auto 162 de 2003 dijo:
“Nótese
como, el que la ley y la jurisprudencia hayan convalidado la existencia de
incidentes de nulidad contra las distintas decisiones proferidas por esta
Corporación, no significa que tal procedimiento se constituya en regla general.
Por el contrario, la posibilidad de que éstos prosperen está condicionado a que
previamente se verifique ‘la existencia de circunstancias jurídicas
verdaderamente excepcionales’[259].
La necesidad de preservar los derechos a la seguridad jurídica y a la confianza
legítima, de propender por la certeza en el ejercicio del derecho, y de
mantener el carácter intangible de sus decisiones, han llevado a la Corte a
concluir que la declaratoria de nulidad de una cualquiera de sus actuaciones o
de la propia sentencia requiere de características especiales, por lo cual debe
tratarse de situaciones jurídicas excepcionales y extraordinarias ‘que tan sólo
pueden provocar la nulidad del proceso cuando los fundamentos expuestos por
quien la alega muestren, de manera indudable y cierta, que las reglas procesales
aplicables a los procesos constitucionales, que no son otras que las previstas
en los decretos 2067 y 2591 de 1991, han sido quebrantadas, con notoria y
flagrante vulneración del debido proceso.’[260]
De
este modo, para que una solicitud de nulidad pueda prosperar, es imprescindible
que la irregularidad en que haya podido incurrir la Corte produzca efectos
sustanciales de tal significación y trascendencia, que de haberse advertido a
tiempo la decisión por tomar no hubiera sido la misma, o en su defecto, que su
oportuna percepción hubiere implicado cambios radicales reflejados en aquella o
en sus efectos”.
39. La Corte ha sostenido que el carácter
excepcional de las nulidades contra las
sentencias proferidas en sede de revisión exige una especial rigurosidad,
estableciendo los siguientes parámetros: “el
incidente de nulidad ha de originarse en la sentencia misma, a petición de
parte o de oficio[261];
quien lo invoque debe cumplir con una exigente carga argumentativa[262];
debe tratarse de irregularidades superlativas y ostensibles, esto es, de una
notoria, flagrante, significativa y trascendental vulneración del debido
proceso[263];
y no constituye una instancia adicional por lo que no puede pretenderse reabrir
un debate concluido (Auto A-167 de 2013)”[264].
Conforme con lo expuesto, la Corte ha decantado
algunas condiciones necesarias para la procedencia extraordinaria de la nulidad
contra sentencias, distinguiendo para ello unas de carácter formal y otras de
naturaleza sustancial.
40. Respecto de los requisitos procedimentales o
formales ha afirmado que tales, están orientados a comprobar
los presupuestos mínimos que deben existir para poder adelantar un análisis de
fondo de la solicitud de nulidad, precisando que la carencia de alguno de ellos
torna improcedente la solicitud[265].
Entre estos se identifican los siguientes:
(i) Temporalidad. La
solicitud de nulidad debe ser invocada dentro de los tres (3) días siguientes a
la notificación de la sentencia; vencido dicho término se entienden saneados
los vicios que hubieran dado dar lugar a la declaratoria de la misma[266].
(ii) Legitimación en la causa por activa: El
incidente de nulidad contra sentencias dictadas en ejercicio del control
abstracto de constitucionalidad, solamente puede ser presentado por el
demandante, por el Procurador General de la Nación, por quienes intervinieron
oportunamente en el proceso y quienes hayan tenido iniciativa o intervenido
como ponentes en la elaboración de la norma.
(iii) Deber de argumentación:
Quien pretenda la nulidad de una sentencia de la Corte debe cumplir previamente
con una “exigente carga argumentativa”, en el sentido de
demostrar con base en “fundamentos claros, ciertos, serios y coherentes la
causal de nulidad invocada, la incidencia en la decisión adoptada y
la “evidente violación del debido proceso”. No son de recibo razones o
interpretaciones que obedezcan al “disgusto o inconformismo del solicitante”
por la sentencia proferida[267].
En Auto de Sala Plena 049 de 2013 se reafirmó:
“Precisamente, por razones de seguridad jurídica y de
garantía en la certeza del derecho, la declaratoria de nulidad de una sentencia
de esta Corporación tiene características muy particulares, en virtud a que ‘se
trata de situaciones jurídicas especialísimas y excepcionales, que tan sólo
pueden provocar la nulidad del proceso cuando los fundamentos expuestos por
quien la alega muestran, de manera indudable y cierta que las reglas procesales
aplicables a los procesos constitucionales, que no son otras que las previstas
en los decretos 2067 y 2591 de 1991, han sido quebrantadas, con notoria y
flagrante vulneración del debido proceso. Ella tiene que ser significativa y
trascendental en cuanto a la decisión adoptada, es decir, debe tener unas
repercusiones sustanciales, para que la petición de nulidad pueda prosperar’.
En ese sentido la jurisprudencia de esta Corporación ha
manifestado que quien acude en solicitud de nulidad de una sentencia proferida
por una sala de revisión, debe acreditar el cumplimiento de unos requisitos de
procedibilidad, además de invocar y sustentar, cualquiera de las causales de
procedencia de nulidad de las sentencias específicamente señaladas por la
doctrina constitucional”.
41. De igual modo, en Auto
de Sala Plena 059 de 2012 se reiteró que “no toda inconformidad con la
interpretación realizada por este Tribunal, con la valoración probatoria, o con
los criterios argumentativos que apoyan la sentencia, constituye fundamento
suficiente para declarar la nulidad de una de sus providencias, pues esta clase
de situaciones solo constituyen meras apreciaciones ‘connaturales al desacuerdo
e inconformismo del solicitante con la decisión’”.
Por último, ha señalado esta Corporación que “los presupuestos formales” de procedencia excepcional de la nulidad contra los fallos de las Salas
de Revisión “deben cumplirse de manera concurrente” por lo que de faltar
uno de ellos la Sala Plena estaría relevada de entrar a examinar los
presupuestos materiales subsiguiente invocados por el solicitante[268].
42. En relación con los requisitos materiales,
la jurisprudencia constitucional ha determinado las causales que pueden dar
lugar a la declaración de nulidad, aclarando que siempre se debe partir de una
vulneración al debido proceso “ostensible, probada, significativa y
trascendental, es decir, que tenga repercusiones sustanciales y directas en la
decisión o en sus efectos”[269].
La Corte ha sistematizado de la siguiente forma esas causales:
“(i)
Cambio de jurisprudencia. Según lo dispuesto en el artículo 34 del
Decreto 2591 de 1991, solamente la Sala Plena de la Corte está autorizada para
realizar cambios de jurisprudencia. Por ello, cuando el criterio de
interpretación o la posición jurisprudencial fijada por la Sala Plena ha sido
variada por una Sala de Revisión de tutelas, ante una misma situación fáctica y
jurídica, se desconoce el principio del juez natural y se vulnera el derecho a
la igualdad, con la consecuente declaratoria de nulidad por violación al debido
proceso.
(ii)
Desconocimiento de las mayorías legalmente establecidas. En los casos en
los que la Corte dicta una sentencia sin que haya sido aprobada por las
mayorías exigidas en el Decreto Ley 2067 de 1991, el Reglamento Interno
(Acuerdo 05 de 1992) y la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de
Justicia, también hay lugar a la declaratoria de nulidad.
(iii)
Incongruencia entre la parte considerativa y resolutiva de la sentencia.
Esta causal se configura en aquellos eventos en los cuales existe incertidumbre
respecto de la decisión adoptada, por ejemplo ante decisiones anfibológicas o ininteligibles, por abierta
contradicción o cuando carece en su totalidad de argumentación en su parte
motiva. Sin embargo, ello no quiere decir que los criterios que se utilizan
para la adecuación de la sentencia (respecto de la redacción o la
argumentación) o el estilo de los fallos (más o menos extensos en el desarrollo
de la argumentación), vulneren el debido proceso.
(iv) Órdenes a particulares no vinculados. Esta
causal surge como garantía de los derechos de contradicción y defensa,
por cuanto al no tenerse la oportunidad de intervenir en el trámite de tutela
se vulnera el debido proceso de aquellos que no han participado.
(v) Elusión arbitraria del análisis de asuntos de
relevancia constitucional. Hay lugar a declarar la nulidad de un fallo
cuando la omisión en el examen de argumentos, pretensiones o cuestiones de
orden jurídico afectan el debido proceso, si de haber sido
analizados esos puntos se hubiese llegado a una decisión o trámite distintos, o
si por la importancia que revestía en términos constitucionales para la
protección de derechos fundamentales, su estudio no podía dejarse de lado por
la respectiva Sala. En este punto se debe
precisar que la Corte cuenta con la facultad de delimitar el ámbito de análisis
constitucional, restringiendo su estudio a los temas que considere de especial
trascendencia. Al respecto se ha señalado que en sede de revisión la
delimitación se puede hacer de dos maneras: (i) mediante referencia expresa en
la sentencia, cuando al analizar los asuntos objeto de revisión la Corte
establece específicamente el objeto de estudio; o (ii) tácitamente, cuando se
abstiene de pronunciarse en relación con algunos aspectos que no tienen
relevancia constitucional, hecho este que autónomamente considerado no genera
violación al debido proceso.
(vi) Desconocimiento de la cosa juzgada
constitucional. Esta causal se deriva de una extralimitación en el
ejercicio de las competencias atribuidas a la Corte por la Constitución y la
Ley (A-031A de 2002, A-082 de 2000)”[270].
43. En suma, la declaratoria de nulidad de una
sentencia proferida por la Corte Constitucional sólo prospera si se acreditan
los requisitos formales y sustanciales a los que se ha hecho alusión. De no ser
así, la naturaleza excepcional de esta clase de incidentes obliga a denegar la
nulidad.
Caso
concreto
Cumplimiento de los requisitos formales:
(i) Temporalidad. La Sala nota que en el presente asunto los peticionarios
interpusieron el incidente de nulidad en dos momentos: a) antes de la
notificación de la sentencia C-041 de 2017 el 14 de febrero de 2017[271] y b) después de haber esta acaecido, el 16 de mayo de
2017[272]. En efecto, el referido fallo fue notificado por la
Secretaría General de la Corte mediante edicto de 10 de mayo de
2017 y desfijado el viernes 12 de mayo siguiente[273].
No obstante, desde el 14 de febrero del presente año la solicitud de nulidad
fue presentada, es decir, antes de la fijación del edicto, dado que, según los
solicitantes, tuvieron conocimiento de la decisión a través del comunicado de
prensa publicado en la página web de la Corporación, que se produjo el 1
de febrero de 2017[274].
Se aúna a ello, que el 16 de mayo
de 2017 –dentro de los tres (3) días hábiles a la notificación de la
Sentencia-, los solicitantes radicaron ante la Secretaría de
esta Corporación un nuevo escrito de nulidad. Teniendo en cuenta lo anterior,
observa la Sala que dicha solicitud fue presentada en forma oportuna[275].
(ii) Legitimidad. Con el fin de determinar la legitimidad para presentar la
solicitud de nulidad de una sentencia de constitucionalidad es preciso advertir
que en la sentencia C-415 de 2012 se sostuvo que:
“en los procesos de constitucionalidad no es
exacto hablar de partes en el sentido en que este término se aplica en otra
clase de procesos contenciosos. El demandante activa la jurisdicción
constitucional en ejercicio de un derecho fundamental de contenido político,
que tiene como pretensión la defensa de la integridad y supremacía de la
Constitución y no tiene como parte contendiente a la autoridad que expidió el acto
demandado, ya que la confrontación se da entre la Constitución y las normas
demandadas como violatorias de aquella.
Tan ello es así, que no existe por parte de la autoridad que expidió el acto
demandado la obligación de concurrir al proceso y su no comparecencia no tiene
la virtud de producir nulidad alguna por ausencia de parte contradictoria. No
es este medio de control -la nulidad por inconstitucionalidad-, la institución
procesal para tramitar las demandas contra actos de carácter particular y concreto,
en los cuales sí podría hablarse, en estricto sentido, de partes procesales. En
suma, se trata de un conflicto constitucional internormativo y no
intersubjetivo”[276].
44. En este orden de
ideas, se encuentran legitimados para elevar este tipo de solicitudes las personas que intervinieron de
manera oportuna en el proceso, así como el o los accionantes.
La Corte en Auto 180
de 2015 indicó: “Ahora bien, sobre
esta categoría (la de ciudadano interviniente) la Corte ha señalado que, tal
como lo señala su designación, el ciudadano debe ostentar la calidad de
interviniente, la cual se adquiere cuando efectivamente éste radica en la
Secretaría General de la Corte Constitucional, escrito de intervención con
destino al proceso correspondiente, y dentro de los términos que el juez de
control de constitucionalidad indique para ello. Esto es, dentro de los
diez días de fijación en lista previstos para la intervención ciudadana,
regulados en el inciso segundo del artículo 7º del Decreto 2067 de 1991”[277].
45. Este Tribunal mediante Autos
202 de 2016 y 024 de 2017[278] reiteró la anterior
postura al indicar que las solicitudes de nulidad contra
sentencias dictadas en ejercicio del control abstracto de constitucionalidad, solo
pueden ser instauradas por el accionante, el Procurador General de la Nación,
los que intervinieron oportunamente en el proceso y quienes hayan tenido
iniciativa o intervenido como ponentes en la elaboración de la norma[279].
En palabras de la Corte, con ello,
“Se
busca garantizar la estabilidad de las decisiones y darle seguridad jurídica a
la colectividad. El artículo 243 de la Constitución
señala que ‘los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control
constitucional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional’, y el artículo 49
del Decreto 2067 de 1991 dice que contra las sentencias de la Corte
Constitucional ‘no procede recurso alguno’. De estas disposiciones se desprende
entonces que las providencias dictadas por esta Corporación para poner fin a un
proceso son en principio inmodificables, con lo cual se trata de asegurar que
las controversias institucionales en torno a un punto de derecho tengan un fin
cierto e improrrogable. Con el objetivo de que la nulidad no se convierta en
un escenario para exponer argumentos que pudieron ser presentados antes de la
sentencia, en las oportunidades previstas para ello en el ordenamiento (CP art
242), se legitima para pedir la anulación del fallo solo a quienes hicieron uso
de esos espacios para presentar sus puntos de vista”.[280]
46. Así mismo, luego de proferida la sentencia que da solución a una
demanda de inconstitucionalidad, se encuentran legitimados para solicitar
excepcionalmente la nulidad de la misma quienes actuaron en el respectivo
proceso como accionantes, así como los ciudadanos, organizaciones y autoridades
durante la etapa de fijación en lista del asunto y el Procurador General de la
Nación, mas no quienes luego de proferida la providencia judicial afirmen que
la decisión les afectó de manera directa, máxime cuando las providencias de
control abstracto al tener efecto erga omnes son adoptadas con
independencia de la situación particular de las personas[281].
47. En el presente
caso, se observa que los ciudadanos Daniel Fernando Gutiérrez
Hurtado y Juan Pablo Osorio Marín intervinieron en nombre de la Universidad de Caldas dentro de la acción de
inconstitucionalidad que dio lugar a la sentencia C-041 de 2017[282]. Esta
Corporación ha resuelto de fondo las solicitudes de recusación[283],
nulidad contra el auto que resolvió la recusación[284]
y aclaración[285] presentadas por los mismos
peticionarios, reconociéndoles legitimidad para actuar, razón por la cual y
con el fin de garantizar el acceso a la administración de justicia y el debido
proceso, así como el derecho de intervención, se analizará el asunto de la
referencia.
(iii) Deber de argumentación. La Sala considera que los
peticionarios cumplieron con la carga argumentativa requerida para solicitar la
nulidad de la sentencia C-041 de 2017. Independiente de que las pretensiones
prosperen o no, los solicitantes expusieron de manera clara y suficiente las
razones por las cuales en su sentir la sentencia incurre en graves y
ostensibles violaciones al debido proceso. En este caso formularon cuatro
cargos contra la sentencia mencionada, los cuales corresponden a: (i)
vulneración de la garantía del juez natural; (ii) violación de la
cosa juzgada constitucional por desconocimiento de lo resuelto en las
sentencias C-666 de 2010, C-889 de 2012 y en el Auto 025 de 2015; (iii)
desconocimiento de la cosa juzgada constitucional por extender
jurisprudencialmente un tipo penal a conductas no contempladas por el
legislador y, finalmente, (iv) inobservancia de la plenitud de
las formas propias de cada juicio.
Estudio de los requisitos materiales
48. Una vez
verificado el cumplimiento de los requisitos formales, la Sala examinará si
proceden o no las causales de nulidad invocadas.
En primer
término, se analizará lo relativo al argumento
de la “(i)
vulneración a la garantía del juez natural”.
49. Los solicitantes plantean su inconformidad
manifestando que la Sala Plena al momento de adoptar la decisión, dio validez
al voto de la Magistrada María Victoria Calle Correa quien se encontraba
incursa en una causal objetiva de impedimento. Afirman que de conformidad con
lo establecido en los artículos 25 del Decreto Ley 2067 de 1991 y 141 numeral
12 del Código General del Proceso, el haber emitido un concepto sobre las
corridas de toros en el “Tercer Foro Nacional e Internacional contra el
maltrato animal”, configura una causal de impedimento, circunstancia
que vicia toda la actuación judicial que dio lugar a la sentencia censurada.
Sobre esta causal
encuentra la Sala que la sentencia cuestionada no incurrió en una
vulneración del principio del juez natural. Por el contrario, lo que se
evidencia es que el 30 de enero de 2017 los ciudadanos Daniel
Fernando Gutiérrez Hurtado y Juan Pablo Osorio Marín, formularon recusación
en contra de la entonces magistrada María Victoria Calle Correa para que
se separara del conocimiento del proceso acumulado (D-11443 y D-11467) en el
que se examina el parágrafo 3º del artículo 5º de la Ley 1774 de 2016, con base
en la causal de “haber conceptuado sobre la constitucionalidad de la
disposición acusada” prevista en el artículo 25 del Decreto ley 2067 de
1991.
50. Dicha solicitud fue rechazada por la
Sala Plena de la Corte por falta de pertinencia mediante Auto 038 de 2017. Al
respeto, señaló lo siguiente:
“2.
Los criterios para determinar la pertinencia o no de la recusación[286](…)
2.2.
Al implicar una valoración preliminar -no una resolución del fondo- sobre la
aptitud de la petición de recusación, el estudio de la Corte se limita a
determinar: a) las condiciones adjetivas relativas a la temporalidad en la
presentación de la solicitud, la legitimación por activa de quien la formula y
el cumplimiento de la carga argumentativa; y b) las condiciones sustantivas
concernientes a la indicación de la causal de recusación, la individualización
del supuesto fáctico que configura la causal y la conexión entre uno y otro elemento[287].
Sobre
los presupuestos referidos en el literal a) la Corte ha señalado lo siguiente:
(i) la oportunidad involucra que ‘la solicitud se presente dentro del plazo
legal, esto es, antes de que se adopte la decisión respecto de la cual
se cuestiona la imparcialidad de uno (…) de los magistrados’. Esta ha sido la
línea jurisprudencial que se ha venido consolidando por este Tribunal, la cual
se fundamenta en las particularidades que revisten los asuntos que se tramitan
ante la Corte -control abstracto-, que atienden un procedimiento especial
previsto en el Decreto ley 2067 de 1991 (arts. 25 a 31)[288].
Por ejemplo, los Autos 562 de 2016, 308, 110 de 2016 y 216 de 2015, entre
otros, señalan como oportunidad para presentar la recusación ‘antes de que
el fallo de constitucionalidad hubiese sido adoptado’[289].
(ii) La legitimación por activa comprende a quienes tengan la calidad de
accionantes, intervinientes o Ministerio Público[290].
Y iii) la solicitud de recusación debe estar debidamente justificada[291].
(…)
3.5.
De esta manera, la Corte encuentra que carece de oportunidad la recusación
presentada por lo que resulta impertinente. El trámite de discusión y
aprobación del asunto de fondo evidencia que para el momento de la formulación
de la recusación, por quienes aducen representar la Universidad de Caldas, ya
se había votado, esto es, con anterioridad, uno de los asuntos acumulados y el
otro estaba ad portas de cerrar la discusión por que para esa día vencía el
término máximo con que contaba inicialmente la Sala Plena para resolver el
proceso acumulado.
(…)
Solo
fue hasta el 30 de enero de 2017, cuando vencía el término máximo con que
disponía inicialmente la Sala Plena para tomar la decisión de fondo sobre el
asunto, en que se formuló la recusación contra la magistrada Calle Correa, esto
es, estando ad portas de adoptar la decisión sobre el asunto acumulado, aunque
finalmente se hubiere aplazado la discusión para su decisión en la sesión
siguiente (1 feb./17), atendiendo que se había presentado motivos de caso fortuito
o fuerza mayor (incapacidad del magistrado ponente)
La
Corte observa que las circunstancias en que se desenvuelve la recusación
muestran que se encontraba muy avanzada la decisión sobre el asunto en su
conjunto. Uno de ellos ya había sido votado y el otro acumulado se encontraba
en víspera de votación. Subyace, entonces, un principio de decisión, que marca
la diferencia sobre otros casos similares que ha resuelto esta Corporación”.
51. A juicio de la Sala, el argumento presentado por
los solicitantes en el incidente de nulidad transmite la idea de su
inconformidad frente a la decisión de la Corte tomada con anterioridad por
haber rechazado por falta de pertinencia el incidente de recusación. Los
argumentos expuestos por los solicitantes se soportan en situaciones que
expusieron en su momento como recusación y que fueron despachados
desfavorablemente por la Sala Plena de la Corte, por lo que no pueden servir de
fuente en esta ocasión para pretender la nulidad de la sentencia C-041 de 2017,
ya que en este caso se trataría de reabrir un debate ya concluido con
anterioridad. Se concluye que para la Corte los fundamentos de la solicitud
buscan reabrir y controvertir el Auto 038 de 2017 que rechazó el incidente de
recusación, decisión sobre la que no procede recurso alguno.
Así mismo,
como se indicó en los criterios de pertinencia, la oportunidad para presentar
recusaciones es antes de que el fallo de constitucionalidad hubiese sido
adoptado, en este caso la nulidad no puede reemplazar la recusación de un Magistrado
de manera extemporánea a los términos de la misma.
52. De este modo, la Sala concluye que el cargo de “vulneración
a la garantía del juez natural” si bien es una causal que puede
llevar a la nulidad del proceso, no habrá de prosperar en este caso porque se
verifica que los peticionarios
están haciendo uso del incidente de nulidad para reabrir debates concluidos que
conciernen al rechazo de la recusación por falta de pertinencia, ya que su
solicitud contiene los mismos argumentos previamente sostenidos en la
recusación que fue negada en su oportunidad por la Sala Plena de la Corte
Constitucional mediante Auto 038 de 2017. Así las cosas, se rechazará la
nulidad presentada por esta causal.
53. En relación con la segunda causal aducida por
los solicitantes, titulada “(ii) violación de la cosa juzgada
constitucional por desconocimiento de lo resuelto en las sentencias C-666 de
2010, C-889 de 2012 y Auto 025 de 2015”, los peticionarios sostienen
que como la providencia C-666 de 2010 declaró la constitucionalidad de las
excepciones consagradas en el artículo 7º de la Ley 84 de 1989, las cuales
fueron reproducidas en el parágrafo 3º del artículo 5º de la Ley 1774 de 2016, se
está desconociendo la cosa juzgada formal, de lo establecido en las
Sentencias C-666 de 2010, C-889 de 2012 y en el Auto 025 de 2015, para de este
modo eliminar manifestaciones culturales como la tauromaquia.
54. Observa la Sala que en esta oportunidad la
solicitud de nulidad se fundamenta, además, en la causal de violación al debido
proceso por desconocimiento de la cosa juzgada constitucional derivada de las
sentencias C-666 de 2010, C-889 de 2012 y en el Auto 025 de 2015, las cuales
serán abordadas de manera independiente,
55. Como ha sostenido la Corporación los criterios para entender
presente el fenómeno de la cosa juzgada constitucional se encuentran
consignados en el artículo 243 de la C. Pol. Tal norma recuerda que tal
instituto persigue “garantizar la efectiva aplicación de los principios de
igualdad, seguridad jurídica y confianza legítima de los administrados, ya que
por medio de esta figura, se garantiza que el órgano encargado del control
constitucional sea consistente con las decisiones que ha adoptado previamente”.
56. La jurisprudencia constitucional ha indicado que la cosa juzgada
constitucional así como sus efectos, tienen fundamento (i) en la protección de
la seguridad jurídica que impone la estabilidad y certidumbre de las
reglas que rigen la actuación de autoridades y ciudadanos, (ii) en la
salvaguarda de la buena fe que exige asegurar la consistencia de las decisiones
de la Corte, (iii) en la garantía de la autonomía judicial al impedirse que
luego de juzgado un asunto por parte del juez competente y siguiendo las reglas
vigentes pueda ser nuevamente examinado y, (iv) en la condición de la
Constitución como norma jurídica en tanto las decisiones de la Corte que ponen
fin al debate tienen, por propósito, asegurar su integridad y supremacía[292].
57. La jurisprudencia ha clasificado la cosa juzgada en (i) aparente; (ii)
absoluta y relativa, (iii) formal y material. La cosa juzgada aparente
es aquella en donde la Corte declara en la parte resolutiva de la sentencia la
constitucionalidad de una norma o un conjunto de ellas, que en la parte
motiva no han sido objeto de estudio. En este caso existe una “apariencia”
de cosa juzgada, ya que en realidad no ha existido un juicio sobre la
constitucionalidad de la norma[293],
y se hace perentorio que la Corte pueda llegar a fallar, porque se requiere que
se realice efectivamente un análisis siquiera mínimo de la norma, en donde la
parte resolutiva este respaldada por argumentos en la parte motiva.
58. La diferencia entre cosa juzgada absoluta y relativa se
establece con relación al análisis de los cargos de constitucionalidad que se
produjeron en la Sentencia. Así la cosa juzgada absoluta se puede
definir como aquella en donde la primera decisión agotó cualquier debate sobre
la constitucionalidad de la norma, en este caso por regla general no será
posible emprender un nuevo examen de constitucionalidad[294].
59. Por su parte la cosa juzgada relativa, se refiere a
que la norma se puede volver a controvertir, ya que en la decisión anterior se
realizó el estudio de constitucionalidad solo respecto de algunos cargos, y será posible
examinar la norma acusada desde la perspectiva de las nuevas acusaciones. En el
caso de la cosa juzgada relativa se ha dado una nueva clasificación
fundamentada en si en la parte resolutiva se estableció expresamente que el
pronunciamiento se limitó a los cargos analizados o no[295].
60. La diferenciación entre cosa juzgada formal y material, se
establece fundamentalmente para aplicar los efectos de la cosa juzgada a una
norma que se produce con posterioridad, pero que tiene los mismos contenidos
normativos de la disposición estudiada. En este caso la cosa juzgada
formal se refiere al juzgamiento previo de una “disposición normativa”
cuando ya se haya proferido una sentencia sobre este texto legal, y la
cosa juzgada material, es aquella en donde se impide estudiar
contenidos idénticos, aun cuando estos se encuentren contemplados en
disposiciones normativas distintas[296].
61. De otro lado se ha indicado que la cosa juzgada formal se
configura cuando la Corte Constitucional conoce una demanda que censura la misma
disposición que fue examinada en el pasado. En estos casos, esta Corporación no
tiene competencia para decidir de nuevo sobre la constitucionalidad, y la
sentencia declarará estarse a lo resuelto en relación con la providencia
inicial y no es posible adelantar un nuevo juicio de constitucionalidad.
62. Cuando
se trata de establecer si se
produjo cosa juzgada formal se tiene que verificar el objeto de control
y el cargo de inconstitucionalidad son, desde un punto de vista
jurídico, iguales, esto es, se debe constatar la identidad en el objeto y la
identidad en el cargo. Según ha sostenido esta Corporación, se tratará del
mismo objeto de control cuando el contenido normativo que fue juzgado es igual
al acusado, bien porque se trata del mismo texto o porque, pese a sus
diferencias, producen los mismos efectos jurídicos[297]. A
su vez, se
trata del mismo cargo cuando coinciden el parámetro de control que se invoca
como violado y las razones que se aducen para demostrar la infracción.
63. Como se ha venido indicando, en el presente caso los
solicitantes establecieron que se produjo una violación de la cosa juzgada
formal con la Sentencia C-041 de 2017, dado que tanto en la Sentencia C-666 de
2010 se había declarado la exequibilidad condicionada del artículo 7º de la Ley
84 de 1989 “por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Protección de los
Animales y se crean unas contravenciones y se regula lo referente a su
procedimiento y competencia”; decisión que fue reiterada, según los
solicitantes, en las Sentencias C-889 de 2012 y en el Auto 025 de 2015.
Sostuvieron que en estas providencias se resolvió el mismo objeto normativo
–artículo 7º de la Ley 84 de 1989– sobre el mismo cargo del deber de protección
animal, que también fue analizado en la Sentencia C-041 de 2017.
64. Teniendo en cuenta lo anterior, pasa la Corte a exponer los cargos y
la ratio decidendi de cada una de las providencias citadas por los
solicitantes.
65. En la sentencia C-666 de 2010 esta Corporación estudió una
demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra el artículo 7º de la ley 84
de 1989 “por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Protección de los
Animales y se crean unas contravenciones y se regula lo referente a su
procedimiento y competencia”.
66.
En aquella ocasión la Corte formuló los siguientes problemas jurídicos: “i. Si
la excepción del artículo 7º de la ley 84 de 1989 encuentra fundamento en la
consideración de hechos o manifestaciones culturales y sociales de las
actividades en ella incluidas; y de ser así, ii. Si, partiendo de que en
Colombia está prohibido el maltrato animal y los actos de crueldad contra
animales porque desconocen el deber constitucional de protección a los mismos,
las actividades incluidas en el artículo 7º de la ley 84 de 1989 resultan
acordes a la Constitución en cuanto son manifestaciones culturales y
expresiones del pluralismo que se deriva de una interpretación incluyente de la
misma”.
67. La Corte consideró que el artículo 7º de la Ley
84 de 1989 era exequible porque el fundamento de la permisión de maltrato
animal en el desarrollo de ciertas actividades radica en que se trata de
manifestaciones culturales con arraigo social en ciertas regiones del
territorio nacional, pero sin embargo encontró que, “…es necesario armonizar
dichas manifestaciones culturales con el deber de protección animal, que como
antes se concluyó, tiene también rango constitucional en el ordenamiento
jurídico nacional”.
Se explicó que de la ponderación entre las
manifestaciones de carácter cultural y la protección animal existe, “(…) un
déficit normativo del deber de protección animal, porque el legislador
privilegia desproporcionadamente las manifestaciones culturales tales como las
corridas de toros, las corralejas, las becerradas, las novilladas, el rejoneo,
las tientas y las riñas de gallos, las cuales implican un claro y contundente
maltrato animal”.
Por esta razón se indicó que una lectura sistemática
de la Constitución obliga a armonizar los dos valores constitucionales en
colisión en el caso concreto y se resalta que, “… la excepción de la
permisión del maltrato animal contenida en el precepto acusado debe ser
interpretada de forma restrictiva y, por consiguiente, no debe tener vacíos que
dificulten o, incluso, hagan nugatorio el deber de protección de los animales
que se deriva de la Constitución: en  este sentido, la excepción prevista en el
artículo 7 de la Ley 84 de 1989 debe incluir elementos mínimos que garanticen
en la mayor medida posible el bienestar de los animales involucrados en dichas
manifestaciones culturales”.
Igualmente se hizo énfasis en que esta armonización
de los dos valores constitucionales implica necesariamente la actuación del
Legislador, que en cumplimiento de su potestad de configuración normativa debe
regular de manera más detallada la permisión de maltrato animal objeto de
examen y que esta labor debe ser complementada con el concurso de las
autoridades administrativas con competencias normativas en la materia, de
manera tal que se subsane el déficit normativo del deber de protección animal
al que ya se hizo referencia, y que en  este sentido,  “(…) deberá
expedirse una regulación de rango legal e infralegal que determine con
exactitud qué acciones que impliquen maltrato animal pueden ser realizadas en
desarrollo de las corridas de toros, becerradas, novilladas, rejoneos, riñas de
gallos, tientas y coleo, y en las actividades conexas con dichas
manifestaciones culturales, tales como la crianza, el encierro, el
adiestramiento y el transporte de los animales involucrados en las mismas”[298].
Señaló que “(…) la Sala debe ser enfática en el
sentido que la regulación que se expida respecto de las actividades contenidas
en el artículo 7º de la ley 84 de 1989 deberá tener en cuenta el deber de
protección a los animales y, en consecuencia, contener una solución que de
forma razonable lo armonice en este caso concreto con los principios y derechos
que justifican la realización de dichas actividades consideraciones como
manifestaciones culturales”.
68. Así mismo estableció que dicha regulación deberá
prever la protección contra el sufrimiento y el dolor de los animales empleados
en estas actividades y “deberá propugnar porque en el futuro se eliminen las
conductas especialmente crueles para con ellos”. Se hizo hincapié en que, “Excede
el ámbito de la Corte Constitucional el determinar al detalle los elementos
normativos que debe incorporar dicha regulación, que cabe dentro de la órbita
exclusiva del legislador” [299].
De otro lado, dispuso que, “(…) una
interpretación conforme a la Constitución conduce a la conclusión que el cuerpo
normativo que se cree no podrá, como ocurre hasta el momento en regulaciones
legales Ley 916 de 2004- o de otra naturaleza –resoluciones de organismos
administrativos o, incluso, de naturaleza privada-, ignorar el deber de protección
animal –y la consideración de bienestar animal que del mismo se deriva-, y, por
tanto, la regulación creada deberá ser tributaria de éste”.
69. Subrayó que el legislador en ejercicio de su
libertad de configuración normativa, puede llegar incluso a prohibir las
manifestaciones culturales que implican maltrato animal, “(…) si considera
que debe primar el deber de protección sobre la excepcionalidad de las
expresiones culturales que implican agravio a seres vivos, pues como lo ha
definido esta Corporación en numerosas oportunidades la Constitución de 1991 no
es estática y la permisión contenida en un cuerpo normativo preconstitucional
no puede limitar la libertad de configuración del órgano representativo de
acuerdo a los cambios que se produzcan en el seno de la sociedad” [300].
70. Se explicó que el fundamento para la
consideración especial que se tuvo respecto de las actividades incluidas en la
excepción del artículo 7º de la Ley 84 de 1989 es su arraigo social en
determinados y precisos sectores de la población, es decir, su práctica
tradicional, reiterada y actual en algunos lugares del territorio nacional, y
que el resultado en un ejercicio de armonización de los valores y principios
constitucionales involucrados conduce a concluir que la excepción del artículo
7º de la Ley 84 de 1989 se encuentra acorde con las normas constitucionales “…
en aquellos casos en donde la realización de dichas actividades constituye una
tradición regular, periódica e ininterrumpida de un determinado municipio o
distrito dentro del territorio colombiano”.
71. Así mismo se explicó que como complemento del
condicionamiento anterior, la idea de ser práctica cultural de tradición no
hace referencia únicamente al lugar en el cual se realizan, sino que de la
misma hace parte la oportunidad o el momento en que
dichas actividades son llevadas a cabo, y que una interpretación diferente
conllevaría a una limitación desproporcionada al deber de protección animal,
por cuanto posibilitaría la realización de las actividades excepcionadas
teniendo en cuenta no solo en los lugares en donde exista esta tradición, sino
exclusivamente en aquellas ocasiones en que usualmente se hayan realizado en
los respectivos municipios o distritos en que estén autorizadas.
72. De otra parte indicó que estas son las únicas
manifestaciones culturales suficientemente relevantes para motivar la excepción
de la protección establecida prima facie, porque son estas las que
responden a las exigencias de tradición y arraigo, y por ende no podrá existir
base material para considerar que otras actividades en las que también se
maltraten animales son tradiciones arraigadas dentro de la sociedad colombiana,
incluso a nivel local, es decir que esto implica la imposibilidad de ampliar la
excepción prevista en el artículo 7º de la Ley 84 de 1989.
73. Así mismo entre el ejercicio de ponderación
entre tradiciones culturales y el deber de protección animal, se dispuso que
resulta contrario a los términos constitucionales que los municipios o
distritos dediquen recursos públicos a la construcción de instalaciones para la
realización exclusiva de estas actividades, ya que esta sería una acción
incompatible con el deber de protección animal, pues se privilegiaría sin
ninguna limitación el deber de fomento a la cultura, sin tener en cuenta la
armonización necesaria.
Con fundamento en lo anterior se especificó que
respecto de estas precisas actividades y de cualquiera que involucre maltrato
animal se concluye que el Estado podrá permitirlas, cuando se consideren
manifestación cultural de la población de un determinado municipio o distrito,
pero, “…deberá abstenerse de difundirlas, promocionarlas, patrocinarlas o
cualquier otra forma de intervención que implique fomento de las mismas por
fuera de los límites establecidos en esta sentencia”[301].
74. De esta manera se concluyó en esta decisión lo
siguiente:
“i.
Las
manifestaciones culturales en las cuales se permite excepcionalmente el
maltrato animal deben ser reguladas de manera tal que se garantice en la mayor
medida posible el deber de protección animal. Existe el deber estatal de
expedir normas de rango legal e infralegal que subsanen el déficit normativo
actualmente existente de manera que cobije no sólo las manifestaciones
culturales aludidas por el artículo 7 de la Ley 84 de 1989 sino el conjunto de
actividades conexas con las mismas, tales como la crianza, el adiestramiento y
el transporte de los animales.
ii. No podría
entenderse que las actividades exceptuadas puedan realizarse en cualquier parte
del territorio nacional, sino sólo en aquellas en las que implique una
manifestación ininterrumpida de tradición de dicha población. Contrario
sensu, no podría tratarse de una actividad carente de algún tipo de arraigo
cultural con la población mayoritaria del municipio en que se desarrolla la que
sirva para excepcionar el deber de protección animal.
iii.  La
realización de dichas actividades deberá estar limitada a las precisas
ocasiones en que usualmente éstas se han llevado a cabo, no pudiendo extenderse
a otros momentos del año o lugares distintos a aquellos en los que
resulta tradicional su realización.
iv. Las
manifestaciones culturales en las cuales está permitido el maltrato animal son
aquellas mencionadas por el artículo 7 de la Ley 84 de 1989, no se entienden
incluidas dentro de la excepción al deber de protección animal otras
expresiones que no hayan sido contempladas en la disposición acusada. Lo
contrario sería crear contextos impermeables a la aplicación de principios
fundamentales y deberes constitucionales incluidos en la Constitución, algo que
excede cualquier posibilidad de interpretación por parte de los poderes
constituidos y los operadores jurídicos.
v. Las
autoridades municipales en ningún caso podrán destinar dinero público a la
construcción de instalaciones para la realización exclusiva de estas
actividades”.
75. Teniendo en cuenta lo anterior se concluyó, en
la parte resolutiva de la decisión, que el artículo 7º de la Ley 84 de 1989 “por
la cual se adopta el estatuto de protección de los animales y se crean unas
contravenciones y se regula lo referente a su procedimiento y competencia”,
era exequible, como se anotó anteriormente, en el entendido:
“1)
Que la excepción allí planteada permite, hasta determinación legislativa en
contrario, si ello llegare a ocurrir, la práctica de las actividades de
entretenimiento y de expresión cultural con animales allí contenidas, siempre y
cuando se entienda que estos deben, en todo caso, recibir protección especial
contra el sufrimiento y el dolor durante el transcurso de esas actividades. En
particular, la excepción del artículo 7 de la ley 84 de 1989 permite la
continuación de expresiones humanas culturales y de entretenimiento con
animales, siempre y cuando se eliminen o morigeren en el futuro las conductas
especialmente crueles contra ellos en un proceso de adecuación entre
expresiones culturales y deberes de protección a la fauna. 2) Que únicamente
podrán desarrollarse en aquellos municipios o distritos en los que las mismas
sean manifestación de una tradición regular, periódica e ininterrumpida y que
por tanto su realización responda a cierta periodicidad; 3) que sólo podrán
desarrollarse en aquellas ocasiones en las que usualmente se han realizado en
los respectivos municipios o distritos en que estén autorizadas; 4) que sean
estas las únicas actividades que pueden ser excepcionadas del cumplimiento del
deber constitucional de protección a los animales; y 5) que las
autoridades municipales en ningún caso podrán destinar dinero público a la
construcción de instalaciones para la realización exclusiva de estas
actividades”.
76. De otra parte, en la Sentencia C-889
de 2012 la Corte estudió la constitucionalidad de algunas expresiones
normativas contenidas en los artículos 14 y 15 de la Ley 916 de 2004 “por la
cual se establece el Reglamento Nacional Taurino”. En dicha oportunidad
señaló el actor que los apartes demandados desconocían la autonomía de las
entidades territoriales que se encuentra contenida en los artículos 1º, 7º,
136, 311 y 313 de la C. Pol. Sostuvo que en aquellos municipios y distritos que
cuenten con plazas de toros permanentes, esas entidades territoriales están
obligadas, por mandato del legislador, a permitir la actividad taurina
limitando la autonomía de la autoridad local en la decisión de no poder realizarlas
si así lo determina el propio municipio o distrito.
Explicó el demandante que esta normatividad
convierte a las autoridades locales en simples agentes de la imposición del
legislador, puesto que, “(…) al no poder intervenir en la decisión de permitir
o prohibir la celebración taurina, son meros tramitadores de la comunicación
para celebración de dichos espectáculos, retirándoles cualquier forma de
participación activa, vulnerando adicionalmente el principio constitucional de
autonomía de las entidades territoriales, establecido en el artículo 1º de la
Constitución, principio que además está ligado a la soberanía popular y a la
democracia participativa (…)”.
Para resolver la demanda la Corte formuló el
siguiente problema jurídico: “¿Las expresiones demandadas, en tanto sujetan
la autorización para el uso de las plazas de toros permanentes a la
comunicación del interesado a las autoridades administrativas correspondientes,
vulneran la autonomía de las entidades territoriales, porque presuntamente les
imponen la obligación de permitir el espectáculo taurino en dichos inmuebles?”.
77. La Corte indicó en primer lugar, que el asunto
se circunscribía a los límites al ejercicio de la función de policía de las
autoridades locales, respecto de la autorización para la celebración de
espectáculos taurinos en plazas de toros permanentes, y que no se trataba de un
nuevo escrutinio judicial sobre las condiciones de validez constitucional de
las corridas de toros, pues ese asunto quedó resuelto en la sentencia C-666 de
2010.
Así mismo, con base en la diferenciación entre
poder, función y actividad de policía, dispuso que el legislador es el único
que tiene la potestad de fijar las condiciones para el ejercicio de
espectáculos públicos, entre ellos la actividad taurina, “(…) sin que esté
obligado constitucionalmente a otorgar márgenes discrecionales de evaluación a
los alcaldes, pues ello no sería nada distinto que transferirles el ejercicio
del poder de policía, lo que contradeciría la Carta Política”[302].
78. A este respecto sostuvo que, “los requisitos
particulares que deben ser evaluados por las autoridades locales, en modo
alguno puede considerarse como el desconocimiento del grado de autonomía que la
Constitución les confiere, ni menos como la comprensión de la autoridad local
como una ‘simple tramitadora’ de requisitos.  Antes bien, es un ejercicio prima
facie legítimo de las potestades que se derivan del poder de policía, ligado
tanto al principio democrático como al principio de Estado unitario”.[303]
79. Señaló que no existe una norma legal que regule
las actividades contenidas en la Ley 916 de 2004, en cuanto una tradición
cultural de la Nación, susceptible de ser reconocida por el Estado. Sin
embargo, explicó que debido a que esta actividad puede llegar a ser problemática
frente a otros valores constitucionales, en especial el mandato de bienestar
animal, esta Corporación ha dispuesto restricciones particulares
relacionadas con su ejercicio relativas a: (i) el cumplimiento de condiciones
de arraigo cultural, oportunidad, localización y excepcionalidad, así como (ii)
la prohibición del incentivo público, mediante la promoción y la dedicación de
recursos, a fines exclusivamente relacionados con las prácticas de tauromaquia.
80. Igualmente se explicó que las corridas de toros,
con las características anotadas, es un asunto que recae en la articulación de
competencias entre la Nación y las entidades territoriales, y que el Congreso,
en ejercicio de una competencia que esta Corte ha considerado válida desde la
perspectiva constitucional, incluso para la actividad taurina, la ha reconocido
como una expresión cultural. Indicó que por tal motivo las entidades
territoriales resultan vinculadas jurídicamente por este reconocimiento, “(…)
bajo el cumplimiento de las restricciones que la jurisprudencia de esta
Corporación ha fijado para su compatibilidad con la vigencia del mandato de
bienestar animal”[304].
Teniendo en cuenta estos presupuestos se hizo
énfasis en que el marco de las limitaciones propias del ejercicio de la función
de policía, consiste en que las autoridades locales deben estar precedidas por
un mandato legal[305].
Subrayó a este respecto que la jurisprudencia constitucional ha indicado que se
debe conservar el equilibrio entre la protección de los animales, la vigencia
de las tradiciones culturales y el carácter autorrestringido de la acción
estatal, y que para llegar a prohibir la tauromaquia, “(…) la vía
institucionalmente aceptable para esa decisión es el debate democrático
y no la extensión riesgosa y jurídicamente injustificada de las competencias de
las autoridades locales, en tanto ejercen la función de policía (…)”[306].
81. Sin embargo, agregó, que en la labor legislativa
se debe tener en cuenta “las restricciones y limitaciones, derivadas de la
delimitación excepcional al mandato constitucional del bienestar animal,
previstas en la sentencia C-666/10”, es decir que de realizarse una
regulación por parte del Congreso en ejercicio del debate democrático que llene
este déficit de protección hacia los animales, se podría incluso prohibir
dichas prácticas.
La Corte concluyó en aquella ocasión declarando
exequible, por los cargos analizados, las expresiones demandadas sobre la
previa comunicación al órgano administrativo en las plazas permanentes
contenidas en el artículos 14, 15, 17, 18 y 19 de la Ley 916 de 2004 “por la
cual se establece el Reglamento Nacional Taurino”, con excepción de la
expresión “que requiera autorización previa” contenida en los artículos
17 y 18 de la misma ley, que se declararon inexequibles debido a que con este
contenido normativo, “(…) se estaría imponiendo un estándar de cumplimiento
de requisitos legales menos rigurosos, en el caso particular de las corridas
celebradas en plazas de toros permanentes (…)[307].
82. Por último, los solicitantes indicaron que se
estaría yendo en contra de lo decidido en Sala Plena en el Auto 025 de 2015.
En este Auto la Corte resolvió la nulidad contra la Sentencia T-296 de 2013 en
donde se ordenó tutelar los derechos fundamentales al debido proceso administrativo
y a la libre expresión artística invocados por la Corporación Taurina de
Bogotá, dejando sin efectos la Resolución 280 de 2012, “por medio de la cual
se revoca el Contrato No. 411 de 1999” y el Oficio 20121010062061 del 26 de
abril de 2012, por medio del cual se suspendió la venta de abonos y las
novilladas en el marco del Festival de Verano de Bogotá[308].
Se especificó en este Auto que la Corte
Constitucional en las sentencias C-1192 de 2005, C-666 de 2010 y C-889 de 2012
concluyó: (i) que la calificación legal de la actividad taurina como arte es
facultad exclusiva del Legislador; (ii) que el carácter nacional de la
regulación taurina se halla determinada en la Ley, debiendo entenderse que
alude a su aplicación uniforme en los lugares donde está permitida la actividad
taurina; (iii) que el impedimento o la prohibición del espectáculo taurino en
los términos de la Ley 916 de 2005, excede la competencia de las autoridades
territoriales colegiadas o ejecutivas, a quienes corresponde el ejercicio de la
función de policía con sujeción estricta a la ley; y (iv) que la destinación
legal de los escenarios taurinos es constitucionalmente admisible, como es el
caso de la Plaza de Toros de Santa María de Bogotá.
83. Finalmente resaltó que tales tópicos no son asunto
de competencia ni de la autoridad administrativa nacional, ni de las
autoridades del nivel territorial asambleas y concejos distritales o
municipales, gobernadores y alcaldes–, sino materias propias del Legislador a
través del debate democrático.
Análisis
de los cargos
84. Una vez analizado la ratio decidendi de
las providencias citadas por los solicitantes entra la Sala a verificar si con
la Sentencia C-041 de 2017 se produjo la vulneración de la garantía de la cosa
juzgada por desconocimiento de la cosa juzgada constitucional de carácter
formal de lo resuelto en las Sentencias C-666 de 2010, C-889 de 2012 y el
Auto de la Sala Plena 025 de 2015.
Como se estableció, la Corte ha dispuesto que para
comprobar si se produjo la violación del debido proceso por desconocimiento de
la cosa juzgada constitucional, se debe verificar si el objeto del control y el
cargo de inconstitucionalidad son desde el punto de vista jurídico iguales, es
decir, si existe identidad entre estos.
85. Sobre la identidad en el objeto de control y el
cargo de inconstitucionalidad se estudiará en primer lugar la Sentencia C-041
de 2017 para luego establecer si existe correspondencia del objeto de control y
de los cargos con las Sentencias C-666 de 2010, C-889 de 2012 y el Auto 025 de
2105.
Como se ha venido exponiendo, en la Sentencia C-041
de 2017 se resolvieron dos cargos en dos demandas diferentes que se
acumularon en Sala Plena. En la primera demanda (Exp. D-11443), las demandantes
sostuvieron que el artículo 5º (parcial) contenido en el artículo 339A de la
Ley 1774 de 2016, que adicionó al Código Penal el Título XI-A, “De los
delitos contra los animales” violaba el principio de legalidad, dado que el
término “menoscaben gravemente” era abierto, indeterminado y difuso.
86. Los cargos que se adujeron eran que dicha
expresión vulneraba los artículos 29 y 93 de la Constitución, así como el
artículo 9º de la Convención Americana de Derechos Humanos “Pacto de San
José de Costa Rica” porque dicha expresión era incierta y ambigua, ya que
no establece de manera clara, inequívoca y expresa los supuestos en los cuales
la comisión de la conducta punible se entiende realizada.
87. Por otro lado, en la otra demanda (Exp. D-11467)
se acusó de violar la Constitución el parágrafo 3º del mismo artículo 5º,
contenido en el artículo 339B de la Ley 1774 de 2016 que dispone que,
“Quienes adelanten las conductas descritas en el artículo 7º de la Ley 84 de
1989 no serán objeto de las penas previstas en la presente Ley”. En este
caso la actora consideraba que se vulneraba el artículo 79 de la C. Pol., ya
que es obligación del Estado velar por el deber de protección animal pues la
jurisprudencia constitucional ha determinado que los animales no pueden ser
tratados como objetos o cosas, dado que son seres sintientes.
En relación con esta última demanda, hay que
resaltar que el parágrafo acusado hace una remisión expresa al artículo 7º de
la Ley 84 de 1989 “por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Protección
de los Animales y se crean unas contravenciones y se regula lo referente a su
procedimiento y competencia”. Como se ha venido relatando en dicho artículo
se establece que, “Quedan
exceptuados de los expuestos en el inciso 1º y en los literales a), d), e), f)
y g) del artículo anterior, el rejoneo, coleo, las corridas de toros,
novilladas, corralejas, becerradas y tientas, así como las riñas de gallos y
los procedimientos utilizados en estos espectáculos”[309].
88. En la Sentencia C-666 de 2010 se resolvió
la demanda en contra del artículo 7º de la Ley 84 de 1989 “Por la cual se
adopta el Estatuto Nacional de Protección de los Animales y se crean unas
contravenciones y se regula lo referente a su procedimiento y competencia” que estipula que
quedan exceptuados de lo expuesto en el inciso 1º, en los literales a), d), e),
f) y g) del artículo anterior, “el rejoneo, coleo, las corridas de toros,
las novilladas, corralejas, becerradas y tientas así, como las riñas de gallos
y los procedimientos utilizados en estos espectáculos”.
En este caso se establecieron como cargos, si se
vulneraban los principios de diversidad étnica y cultural, la prohibición de
torturas y penas crueles inhumanas, la función social de la propiedad, la
obligación de protección a la diversidad y al medio ambiente y el principio de
distribución de competencias entre la Nación y las entidades territoriales,
contenidos en los artículos 1, 4, 8, 12, 58, 79 y 95 numerales 8º y 313 de la
Constitución.
89. Por su parte, la Sentencia C-889 de 2012 se
resolvió la demanda contra algunos apartados de los artículos 14 y 15 de la Ley
916 de 2004 “por la cual se establece el Reglamento Nacional Taurino”.
El artículo 14 contenía los requisitos para la celebración de espectáculos
taurinos en relación con la comunicación al órgano administrativo local, y el
artículo 15 la documentación requerida para la comunicación referida.
Los cargos en dicha ocasión se referían a si los
apartados demandados vulneraban los artículos 1°, 7°, 136, 287, 311 y
313 de la Constitución, relacionados con el grado de autonomía que la
Constitución reconoce a las entidades territoriales, así como si dichas
expresiones desconocían la diversidad cultural de la Nación, al imponer una
visión particular y específica para todos los habitantes, “fundada en el
acuerdo sobre la práctica taurina, que es controvertida en razón de basarse en
el maltrato animal”.
90.
Por último, en el Auto 025 de 2015, la Sala Plena de la Corte resolvió
las solicitudes de nulidad presentadas por la Alcaldía de Bogotá y el Instituto
Distrital de Recreación y Deportes en contra de la sentencia T-296 de 2013. Las
razones de la nulidad se fundamentaron en el desconocimiento del precedente
judicial que se había establecido en las sentencias C-666 de 2010, C-367 de
2006, C-889 de 2012 y C-283 de 2014; la falta de congruencia entre la parte
motiva y la parte resolutiva de la Sentencia y unos cargos adicionales
relacionados con aspectos sociológicos y contextuales, como por ejemplo que el
espectáculo taurino ha perdido aceptación en países latinos e ibéricos, y que
los defensores de la tauromaquia pertenecen a una minoría, pero no a una
minoría constitucionalmente protegida[310].
Sobre
el desconocimiento de la cosa juzgada de carácter formal de la sentencia C-666
de 2010, indicaron que dicha decisión había establecido la eliminación o
morigeración en el futuro de las conductas especialmente crueles para con los
animales, ya que esta obligación no solo alude al legislador, sino a todo
operador jurídico que tuviera que dar aplicación al artículo 7º de la Ley 84 de
1989[311].
Añadieron
que con la Sentencia T-296
de 2013 se habría presentado un cambio de jurisprudencia, cuando tal decisión
le correspondía a la Sala Plena, contrariando lo dispuesto en el artículo 34
del Decreto Estatutario 2591 de 1991 y el artículo 53 del Acuerdo 05 de 1992
del Reglamento de la Corte Constitucional, ya que se había realizado una nueva
ponderación entre la protección y difusión de la cultura y la protección
animal.
91.
Con relación a las sentencias C-367 de 2006[312], C-889 de 2012
y C-283 de 2014, los solicitantes consideraron que se había realizado una mala
lectura de la Sentencia C-889 de 2012, pues se habría fijado “una nueva regla
jurisprudencial según la cual el deber de protección animal debe ceder en mayor
medida ante actividades como las corridas de toros”.
Al
mismo tiempo adujeron que se estaba yendo en contra del precedente de la
Sentencia C-283 de 2014, que resolvía la demanda en contra de los artículos 1º,
2º y 3º de la Ley 1638 de 2013 “por medio de la
cual se prohíbe el uso de animales silvestres, ya sean nativos o exóticos, en
circos fijos itinerantes”. Explicaron que con dicha Sentencia se había analizado
aspectos relacionados con el respeto al que está obligado el ser humano frente
a otros seres vivos sintientes en ejercicio de su dignidad humana, y la
relación entre tradición y protección de los animales.
92.
De otro lado, establecieron como cargo el desconocimiento del alcance al
derecho a la libertad de expresión definida en la jurisprudencia, pues
indicaron que no puede confundirse el derecho a la libre expresión artística
con la difusión de la misma. Sobre este punto citaron la sentencia T-104 de
1996, y sostuvieron que la expansión del arte tiene una naturaleza diferente a
la libre expresión, ya que se trata de una la libertad de expresión artística
en donde se pueden llegar a imponer ciertos límites.
93.
En cuanto a la falta de congruencia entre la parte motiva y la parte resolutiva
de la sentencia, indicaron que la T-296 de 2013 era anfibológica o
ininteligible porque la Sala de Revisión no realizó valoración alguna: (i)
sobre el carácter subsidiario de la tutela y (ii) sobre la existencia, en
concreto de otros mecanismos de defensa judicial.
94.
Finalmente, sostuvieron como cargos adicionales que el espectáculo taurino ha
perdido aceptación en países latinos e ibéricos, incluida Colombia, “con lo
cual el consenso social sobre su pertenencia a la identidad colectiva se ha
erosionado, especialmente por la importancia ganada por imperativos de
protección medioambiental y animal”, y que la Sentencia, está protegiendo
la práctica de las corridas de toros en algunas de las localidades y municipios
donde, de hecho, existe menor apoyo a este tipo de actividades por razones
incluso morales y jurídicas.
Violación
de la cosa juzgada constitucional el numeral segundo de la Sentencia C-041 de
2017 con relación al precedente de la Sentencia C-666 de 2010, reiterada en las
sentencias C-889 de 2012
95.
Una vez analizado los cargos y el objeto de la demanda y la ratio decidendi
de las Sentencias C-666 de 2010, C-889 de 2012 y el Auto 025 de 2015, pasa la
Corte a analizar si se produjo violación de la cosa juzgada constitucional de
carácter formal con lo dispuesto en el numeral segundo de la Sentencia C-041 de
2017.
En
primer lugar comprueba la Sala que tienen razón los solicitantes en que existe
identidad de objeto y cargos, en relación con la Sentencia C-666 de 2010 y el
numeral segundo de la Sentencia C-041 de 2017, dado que aunque no se trata de
las mismas normas, ya que en la Sentencia C-041 de 2017 el objeto de control de
constitucionalidad se trataba de una norma penal (artículo 5º -parcial – y
parágrafo 3º de la Ley 1774 de 2016), y en la C-666 de 2010 de una norma
contravencional (artículo 7º de la Ley 84 de 1989), la identidad objetiva se
presenta con la remisión que se realiza en el parágrafo 3º del artículo 339B de
la Ley 1774 de 2016 a la Ley 84 de 1989 en donde se terminan exceptuando
conductas relacionadas con las mismas prácticas declaradas exequibles, pero
condicionadas, como “el rejoneo, coleo, las corridas de toros, novilladas,
corralejas, becerradas y tientas, así como las riñas de gallos y los
procedimientos utilizados en estos espectáculos”.
96.
En efecto, encuentra la Sala que la remisión que se efectúa con la norma penal
a las normas contravencionales se cumple con el criterio que aducen los
solicitantes de que se viola en este caso la cosa juzgada formal, ya que se
trata de normas que tienen el mismo contenido normativo, y por ende se cumple
con uno de los presupuestos para verificar la existencia de cosa juzgada
formal, ya que existe una decisión previa del juez constitucional con una nueva
norma “con un texto exactamente igual a uno anteriormente examinado por la
Corte, que es demandado nuevamente por los mismos cargos”[313].
Aunque
se podría aducir que la remisión que se hace cambia el contenido de la norma,
ya que en últimas se exceptuarían dichas conductas de una sanción mucho más
drástica como la penal[314], el contenido
de las excepciones es exactamente el mismo, ya que se trata de las excepciones
a las sanciones – contravencionales y penales – que se derivan del maltrato
animal y que tienen algún contenido cultural como el rejoneo, el coleo, las
corridas de toros, novilladas, corralejas, becerradas y tientas, así como las
riñas de gallos y los procedimientos utilizados en estos espectáculos.
Por
este motivo considera la Sala que con el numeral segundo de la Sentencia C-041
de 2017, en donde se declaró inconstitucional de manera diferida por el término
de dos (2) años el parágrafo 3º previsto en el artículo 5º de la Ley 1774 de
2016 que adicionó el artículo 339B al Código penal, se produjo una violación
de la cosa juzgada formal contenido en las Sentencias C-666 de 2010 que fue
reiterado en la Sentencia C-889 de 2012 ya que en estas decisiones se
estableció como “ratio decidendi” que se declaraba constitucional de
manera condicionada el mismo contenido normativo, que se analizó en la
Sentencia C-041 de 2017, es decir el artículo 7º de la Ley 84 de 1989 que
contiene las excepciones al maltrato animal antes referidas.
97.
Veámoslo gráficamente, en el siguiente cuadro-resumen:
Sentencia
Demanda
Cargos
Ratio Decidendi/ Decisión
Sentencia C-041 de 2017
Se
demandó el artículo 5º (parcial) contenido en el art. 339A de la Ley 1774 de
2016, que adicionó al Código Penal el Título XI-A “De los delitos contra
los animales”, por la expresión “menoscaben gravemente” y el
parágrafo 3º del mismo art. 5º, contenido en el art. 339B de la Ley 1774/16
que dispone que, “Quienes adelanten las conductas descritas en el art. 7
de la Ley 84 de 1989 no serán objeto de las penas previstas en la presente
ley”.
Los
cargos fueron  por vulneración de los arts. 29, 79 y 93, así como el
art. 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos para verificar: (i) si
la utilización de la expresión “menoscaben gravemente” contenido en el
art. 339A es un tipo penal indeterminado; y (ii) analizar si el parágrafo 3º
del art. 339B adicionado por el art. 5º de la Ley 1774 de 2016 al exceptuar
de las sanciones penales a las personas que adelanten conductas a las que se
refiere el art. 7º de la Ley 84 de 1989 desconocía el deber constitucional de
protección animal, la calidad de seres sintientes de los animales y la
indefensión en que se encuentran aún bajo el principio de diversidad
cultural.
En
la ratio decidendi se declara exequible la expresión “menoscaben
gravemente” porque si bien se adscribe a cierto grado de indeterminación
la misma puede llegar a ser precisada teniendo en cuenta el Código Penal, el
Estatuto de Protección Animal y las decisiones de la Corte Suprema de
Justicia.
Respecto
del segundo cargo, que se refiere a la vulneración del art. 79 sobre el deber
de protección animal del parágrafo 3º del art. 5º de la Ley 1774 de 2016 se
declara inexequible y aplaza sus efectos por el término de dos (2) años.
Sentencia C-666 de 2010
Se
demandó el art. 7º de la Ley 84 de 1989 “Por la cual se establece el
Reglamento Nacional Taurino”.
Los
cargos fueron por vulneración de los artículos 1º, 7º, 136, 287, 311 y
313 que contienen el deber de protección a los animales en el marco de la
protección del medio ambiente.
En
la ratio decidendi se declara exequible el art. 7º de la Ley
84 de 1989 en el entendido que (i) se subsane por parte del
legislador el déficit de protección que existe hacia los animales; (ii) que
solo deben realizarse en los lugares en que se tiene esta tradición, (iii)
solo en los momentos u ocasiones en que se tenga tradición; (iv) que solo
sean aquellas tradiciones contenidas en el art. 7 de la Ley 84 de 1989 y (v)
que no podrán las autoridades en ningún caso destinar dinero público a estas
actividades.
Sentencia C-889 de 2012
Los
cargos fueron por vulneración de los arts. 1, 7, 136, 287, 311 y 313,
para verificar si las expresiones demandadas violaban la autonomía local
En
la ratio decidendi estableciendo la diferenciación entre poder,
función y actividad de policía, que el legislador es el único que tienen la
potestad de fijar las condiciones para el ejercicio de espectáculos públicos,
entre ellos la actividad taurina.
Se
hizo referencia a la Sentencia C-666 de 2010 sobre los condicionamientos
planteados que deben  ser tenidos en cuenta por el legislativo, aún con la
posibilidad de prohibir dichas prácticas.
98.
Como se puede comprobar en este cuadro, los cargos relacionados con el deber de
protección del medio ambiente y, en especial, de los animales contenido en el
artículo 79 de la C. Pol., fue tenido en cuenta en la exequibilidad
condicionada del artículo 7º de la Ley 84 de 1989 de la Sentencia C-666 de
2010, en donde se exceptúa de las sanciones contravencionales las prácticas de
contenido cultural como el rejoneo, coleo, las corridas de toros, novilladas,
corralejas, becerradas y tientas, así como las riñas de gallos y los procedimientos
utilizados en estos espectáculos.
La
cosa juzgada de esta decisión fue reiterada en la Sentencia C-889 de 2012 que
aunque se refiere a otra normas y cargos, se basaron en la ratio decidendi
de la Sentencia C-666 de 2010 en lo referente a que únicamente el legislador
puede llegar a regular estas prácticas incluso con la posibilidad de
prohibirlas, y teniendo en cuenta los condicionamientos previstos en dicha
decisión en atención al principio democrático.
99.
Así las cosas, se concluye que, en efecto, comparecen razones para anular el
fallo C-041 de 2017,  conforme lo piden los solicitantes, dada la  evidente y
palmaria contradicción entre lo que se decidió en la Sentencia C-666 de 2010 - exequibilidad
condicionada del artículo 7 de la Ley 84 de 1989—y lo resuelto en la
Sentencia C-041 de 2017: inexequibilidad diferida a dos (2) años del
mismo contenido normativo.
100.
Por estos motivos encuentra la Corte que tiene razón los solicitantes al
afirmar que el numeral segundo de la Sentencia C-041 de 2017 desconoció la
cosa juzgada constitucional de carácter formal de la Sentencia C-666 de
2010 reiterada en la Sentencia C-889 de 2012. En esta Sentencia se
estableció que le corresponde al legislador, en atención al principio
democrático modificar la relación adecuada entre la salvaguarda y conservación
de la cultura y la protección del medio ambiente, de modo que solo el Congreso
de la República, a través de la norma de rango legal, le atañe la eventual
prohibición de la realización de espectáculos propios de la tradición cultural,
que conllevan maltrato con animales.
101.
Se verificó que en la Sentencia C-666 de 2010 se permitió la realización de
prácticas como el rejoneo, el coleo, las corridas de toros, las novilladas, las
corralejas, las becerradas y tientas, así como las riñas de gallos y los
procedimientos asociados a la realización de estos espectáculos – enlistados en
el artículo 7º de la Ley 84 de 1989, Estatuto Nacional de Protección de los
Animales-, en los lugares donde se desarrollen en las condiciones de tiempo,
modo y lugar asociadas a la tradición, pues en dichas circunstancias esos
espectáculos – que implican afectación del bienestar de los animales – se
ajustan a la Constitución pues se justifican a la luz de la obligación de
salvaguarda de las expresiones culturales (Constitución Política, Arts. 2, 7,
8, 70 y 71).
102.
No sobra recordar que en la Sentencia C-666 de 2010 se estableció que como
mecanismo para ajustar la permisión de realización de expresiones culturales al
mandato de protección de los animales, se dispusieron algunos condicionamientos
dirigidos a comprender la norma consagrada en el artículo 7º de la Ley 84 de
1989, que exceptuaba de sanción estas prácticas, así:
“1) Que la
excepción allí planteada permite, hasta determinación legislativa en contrario,
si ello llegare a ocurrir, la práctica de las actividades de entretenimiento y
de expresión cultural con animales allí contenidas, siempre y cuando se
entienda que estos deben, en todo caso, recibir protección especial contra el
sufrimiento y el dolor durante el transcurso de esas actividades. En
particular, la excepción del artículo 7 de la ley 84 de 1989 permite la
continuación de expresiones humanas culturales y de entretenimiento con
animales, siempre y cuando se eliminen o morigeren en el futuro las conductas
especialmente crueles contra ellos en un proceso de adecuación entre
expresiones culturales y deberes de protección a la fauna. 2) Que únicamente
podrán desarrollarse en aquellos municipios o distritos en los que las mismas
sean manifestación de una tradición regular, periódica e ininterrumpida y que
por tanto su realización responda a cierta periodicidad; 3) que sólo podrán
desarrollarse en aquellas ocasiones en las que usualmente se han realizado en
los respectivos municipios o distritos en que estén autorizadas; 4) que sean
estas las únicas actividades que pueden ser excepcionadas del cumplimiento del
deber constitucional de protección a los animales; y 5) que las autoridades
municipales en ningún caso podrán destinar dinero público a la construcción de
instalaciones para la realización exclusiva de estas actividades”.
103.
En este sentido, tanto en la Sentencia C-666 de 2010, como en la posterior
Sentencia C-889 de 2012, la Corte Constitucional determinó y reafirmó que la
competencia para la eventual prohibición de las expresiones culturales que
impliquen maltrato animal debía disponerla el legislador, teniendo en
cuenta que es él quien puede prohibir la realización de expresiones culturales,
en tanto único titular del poder de policía, es decir, de la facultad de “prever
límites y condiciones para el ejercicio de actividades ciudadanas, en aras de
la protección del orden público y la convivencia social”[315] , además de ser
el foro plural donde están representadas las distintas regiones del país y se
puede dar una discusión democrática profunda acerca de la relación adecuada
entre la salvaguarda de las expresiones culturales en un ambiente de
pluralismo, y la protección de los animales.
104.
En suma a partir de estas consideraciones, se constata que tuvieron
razón los solicitantes en que se vulneró la cosa juzgada constitucional de
carácter formal, ya que en el numeral segundo de la sentencia C-041 de 2017 no
solo se desconoció la permisión dispuesta en la sentencia C-666 de 2010 para la
realización de expresiones culturales que conllevan maltrato animal en
condiciones de arraigo y tradición, sino también la definición que en esa misma
providencia hizo de la competencia del legislador para disponer la prohibición
de las mismas. En efecto, en la sentencia objeto de solicitud de nulidad se
adoptó una posición según la cual de la Constitución y de la jurisprudencia se
derivaría un mandato absoluto de sanción al maltrato animal que se presenta en
el marco de expresiones culturales tradicionales, posición completamente
opuesta a la permisión para la realización de expresiones como el rejoneo, el
coleo, las corridas de toros, las novilladas, las corralejas, las becerradas,
las tientas y las riñas de gallos, desarrolladas de acuerdo a las tradiciones
culturales, contenida en la parte resolutiva de la sentencia C-666 de 2010.
105.
A partir de esta consideración, se puede verificar que se contraria la cosa
juzgada de carácter formal, sentada por la Corte Constitucional, en la Sentencia
C-041 de 2017 que en su numeral segundo declaró inexequible con efectos
diferidos el parágrafo 3º del artículo 5º de la Ley 1774 de 2016, que adicionó
el artículo 339B al Código Penal, que precisamente mantenía una permisión
perfectamente compatible con aquella dispuesta por la Corte Constitucional en
su sentencia de 2010.
106.
Esta decisión de inexequibilidad de 2017, al eliminar una medida legislativa
compatible con la Constitución y disponer el diferimiento de sus efectos por un
término de dos (2) años, desconoció la competencia del legislador pues generó
una limitación judicial a su ejercicio, imponiendo la existencia de un deber
que en realidad no es constitucional, relacionado con la penalización de
conductas de maltrato animal asociadas a las prácticas culturales
tradicionales, desconociendo lo decidido en la sentencia C-666 de 2010. Aún
más, la sentencia C-041 de 2017, se arrogó una competencia radicada en cabeza
del Congreso de la República por la jurisprudencia constitucional, disponiendo
la penalización de ciertas conductas luego de dos (2) años de inacción
legislativa, lo cual contradice de raíz lo asentado en la providencia C-666 de
2010 citada. Estas circunstancias implican, en consecuencia, un desconocimiento
de la cosa juzgada formal configurada en virtud de la sentencia C-666 de 2010,
pues no se expusieron argumentos suficientes relacionados con la ocurrencia de
alguna de las circunstancias previstas por la jurisprudencia para relativizar
el efecto de cosa juzgada constitucional en estos casos.
107.
De
otra parte, respecto de la causal de nulidad denominada “(iii)
desconocimiento de la cosa juzgada constitucional por extender
jurisprudencialmente un tipo penal a conductas no contempladas por el
legislador”, afirman los peticionarios que la providencia extendió un
tipo penal a conductas excluidas por el legislador en manifiesta violación a lo
resuelto en las sentencias C-996 de 2000 y C-742 de 2012. Además, en atención
al principio de legalidad penal, los solicitantes consideran que la competencia
privativa para incluir conductas delictivas recae en el Congreso de la
República y no en la Corte Constitucional.
108. Sobre esta petición advierte la
Sala que las Sentencias C-996 de 2000 y C-742 de 2012 no guardan identidad
temática con la decisión censurada, requisito indispensable para que se
configure la cosa juzgada constitucional. Lo anterior, por cuanto en la
sentencia proferida en el año 2000 la Corte estudió una demanda presentada
contra algunos apartes contenidos en el artículo 43 de la ley 222 de 1995 “por la cual se modifica el Libro II del Código del Comercio, se
expide un nuevo régimen de procesos concursales y se dictan otras
disposiciones”, que establecía la pena de
prisión de uno a seis años para quienes a sabiendas: “1. Suministren datos a las autoridades o expidan constancias o
certificaciones contrarias a la realidad” y
“2. Ordenen, toleren, hagan o encubran falsedades en los
estados financieros o en sus notas”.[316]
109. Así mismo la Sentencia C-742 de 2012, también
tenía un objeto de control diverso porque se refería a la constitucionalidad
del artículo 44 y un apartado del artículo 45 de la Ley 1453 de 2011. El
artículo 44 incluía en el Código Penal el artículo 353A sobre “obstrucción a
vías públicas que afecten el orden público” y la expresión
“imposibilite la circulación” incluida en el artículo 45 que establece
el delito de “perturbación
en servicio del transporte público, colectivo u oficial”.
En este último caso los cargos se referían a la
posible vulneración de los artículos constitucionales 20, sobre
libertad de expresión, y 37 sobre derecho de reunión, así como el artículo 15
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa
Rica), en donde la Corte consideró que las normas eran exequibles pues, en su
sentir, no violaban el principio de estricta legalidad al considerar que aunque
las manifestaciones o protestas pacíficas están protegidas, las violentas no lo
están, ni siquiera prima facie, por la Constitución.
En atención a lo anterior encuentra la Sala que, con
relación a estas dos sentencias, no existe desconocimiento de la cosa juzgada
constitucional por no tratarse del mismo objeto de la demanda ni los mismos
cargos de la Sentencia C-041 de 2017.
110. Finalmente, en lo relacionado con la causal de
nulidad relativa a la “(iv) inobservancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio”, denominada por la jurisprudencia
Constitucional como “desconocimiento de las mayorías legalmente
establecidas”, los peticionarios manifestaron que fueron desconocidas las
formas del proceso de constitucionalidad a la luz del Reglamento Interno de la
Corte y el Decreto estatutario 2067 de 1991, en lo relacionado con la falta de
mayorías para la adopción de la decisión. Al respecto, sostuvieron que cinco
(5) de los magistrados presentaron o anunciaron la presentación de aclaraciones
de voto, lo cual “si bien no es una causal de nulidad, da cuenta de la
división al interior de la Sala…”.
111. Como se dijo anteriormente es
preciso aclarar que tal argumento fue utilizado en la solicitud de aclaración
de la sentencia de la referencia, oportunidad en la que la Corte, mediante Auto
245 de 2017, precisó que las determinaciones de este Tribunal se adoptan con
mayoría absoluta, de conformidad con el artículo 3º[317]
del Acuerdo 02 de 2015[318].
En segundo lugar, observa la Sala que
como la Corte Constitucional está integrada por nueve miembros “la mayoría
para la adopción de decisiones debe estar compuesta por un número de votos
mayor que el número entero que supere a la mitad de nueve, es decir, se
necesitan mínimo cinco votos para que una decisión de esta Corte sea
válidamente adoptada”[319].
Finalmente hay que resaltar que sobre esta causal
los mismos solicitantes indicaron que la nulidad no era procedente cuando una
decisión se tomaba por 5 de los 9 magistrados de la Corporación con lo cual la referida
causal de nulidad no prospera.
Conclusión
112. En conclusión, en relación con los
cargos de vulneración a la garantía del juez natural e inobservancia de la
plenitud de las formas de cada juicio, estima la Sala que carecen de razón
los solicitantes para que se declare la nulidad del numeral segundo de la
Sentencia C-041 de 2017, pues en la recusación promovida contra la Magistrada
María Victoria Calle Correa, se evidenció que los solicitantes utilizaron los
mismos argumentos que sustentan el Auto 038 de 2017, el cual había declarado la
improcedencia de la dicha recusación por falta de pertinencia. Tampoco procede
la nulidad en el caso de la plenitud de las formas de cada juicio ya que se
comprobó que este caso la decisión fue tomada por la mayoría de la Corte en una
votación de 5-4, sin que comprobará la violación de las mayorías para la toma
de decisiones por parte de la Corte Constitucional.
113. Sin embargo, en relación con la causal de la
violación de la cosa juzgada constitucional por lo resuelto en las
Sentencias C-666 de 2010, y reiterado en la Sentencia C-889 de 2012, en lo
referente en a que el legislador y no la Corte es el único órgano que puede
regular estas conductas para eliminar el déficit de protección hacia los
animales, comprobó la Sala que tienen razón los peticionarios en solicitar la
nulidad de la Sentencia C-041 de 2017, porque se desconoció la cosa juzgada
constitucional derivada de la Sentencia C-666 de 2010, en cuanto declaró la
constitucionalidad condicionada del artículo 7º de la Ley 84 de 1989, y en
cambio dispuso la inexequibilidad con efectos diferidos de la misma norma a dos
(2) años de la promulgación del fallo. En este caso se subraya que en atención
al principio democrático, es el Congreso de la República, a través de una
ley, el único órgano que tiene la potestad de establecer una eventual
prohibición de la realización de espectáculos propios de la tradición, que
conlleven maltrato animal.
IV. DECISIÓN
Con fundamento en las anteriores consideraciones, la
Sala Plena de la Corte Constitucional
RESUELVE:
DECLARAR la nulidad del
numeral segundo de la Sentencia C-041 de 2017 por violación de la cosa juzgada
constitucional con lo resuelto en las Sentencias C-666 de 2010 reiterado en la
Sentencia C-889 de 2012.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Presidente
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
Con Salvamento de Voto
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
Impedimento aceptado
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
Con Salvamento de Voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1]
Auto de 5 de julio de 2016.
[2]
Al respecto, precisa la Corte que la ponencia original estuvo a cargo del
Magistrado Alejandro Linares Cantillo, la cual no fue aceptada por la mayoría
de los integrantes de la Sala Plena, razón por la cual fue nuevamente asignada
a los magistrados Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y Jorge Iván Palacio Palacio.
En ese sentido, se recogen algunos de los tópicos del proyecto de sentencia inicialmente
presentado, particularmente lo concerniente al numeral primero de la parte resolutiva,
que declaró exequible por el cargo analizado la expresión “menoscaben
gravemente” prevista en el artículo 5º de la Ley 1774 de 2016, que adicionó
el artículo 339A al Código Penal, toda vez que ese punto fue aprobado por la
Sala Plena, razón por la cual se transcriben las consideraciones allí
expuestas.
[3]
Diario Oficial No. 49.747.
[4]
“Artículo 7. Quedan exceptuados de los expuestos en el
inciso 1o. y en los literales a), d), e), f) y g) del artículo anterior, el
rejoneo, coleo, las corridas de toros, novilladas, corralejas, becerradas y
tientas, así como las riñas de gallos y los procedimientos utilizados en estos
espectáculos”.
[5]
Intervención presentada el 3 de agosto de 2016, cuando el
término de fijación en lista del presente asunto venció el 29 de julio.
[6]
Intervención presentada el 1º de agosto de 2016, cuando el
término de fijación en lista del presente asunto venció el 29 de julio.
[7]
Intervención presentada el 1º de agosto de 2016, cuando el
término de fijación en lista del presente asunto venció el 29 de julio.
[8]
Participan como docentes integrantes de dicho consultorio Juan
Pablo Osorio Marín, Fernando Gutiérrez Hurtado y Juan Pablo Rodríguez Cruz.
[9]
Intervención presentada el 1º de agosto de 2016, cuando el
término de fijación en lista del presente asunto venció el 29 de julio.
[10]
Intervención presentada el 4 de agosto de 2016, cuando el
término de fijación en lista del presente asunto venció el 29 de julio.
[11] Cfr. Sentencias
C-795 de 2014, C-595 de 2010, C-523 de 2009 y C-149 de 2009.
[12]
Sentencias C-449 de 2015, C-795 de 2014, C-359 de 2013, C-595 de 2010 y C-523
de 2009.
[13] Los apartes que se transcriben se recogen de la ponencia original.
[14]
Sentencia C-599 de 1999. En esa misma dirección la sentencia C-843 de 1999.
[15]
De acuerdo con la sentencia C-599 de 1999 “la definición de las conductas punibles corresponde al
Legislador, y no a los jueces ni a la administración, con lo cual se busca que
la imposición de penas derive de criterios generales establecidos por los
representantes del pueblo, y no de la voluntad individual y de la apreciación
personal de los jueces o del poder ejecutivo”. También, en ese sentido, las sentencias C-739 de
2000, C-205 de 2003, C-238 de 2005 y C-365 de 2012.
[16]
Sentencias C-238 de 2005 y C-820 de 2005.
[17]
Por ejemplo la sentencia C-226 de 2002.
[18]
La Corte se ha referido a las otras garantías que se desprenden del principio
de legalidad en sentido estricto. Con apoyo en la doctrina autorizada indicó en
la sentencia C-205 de 2003: “El deber de
observar la estricta legalidad comprende pues la obligación que tiene el
legislador de respetar el principio de legalidad de las penas y de los delitos
en sus diversas manifestaciones: 1 ) La prohibición de la analogía ( nullum crimen, nulla poena
sine lege stricta ); 2 ) la prohibición del derecho consuetudinario
para fundamentar y agravar la pena ( nullum crimen, nulla poena sine lege scripta ); 3 ) la
prohibición de la retroactividad ( nullum crimen, nulla poena sine lege praevia ); 4 ) la
prohibición delitos y penas indeterminados ( nullum crimen, nulla poena sine lege certa ) (…); 5 )
el principio de lesividad del acto ( nulla lex poenalis sine iniuria ) (…); 6 ) el
principio de la necesidad de tipificar un comportamiento como delito ( nullum crimen sine
necessitate ) (…)  y 7 ) el derecho penal de acto y no de autor.”
[19]
Sentencia C-592 de 2005. Igualmente puede consultarse las sentencias C-191 de
2016 y C-297 de 2016.
[20]
Sentencia C-238 de 2005.
[21]
Sentencia C-226 de 2002.
[22]
Esta exigencia se predica de las penas dado que, según lo sostuvo la Corte en
la sentencia C-843 de 1999 “no sólo que las conductas punibles deben estar descritas inequívocamente
sino que las sanciones a imponer deben estar también previamente
predeterminadas, esto es, tiene que ser claro cuál es la pena aplicable, lo
cual implica que la ley debe señalar la naturaleza de las sanciones, sus montos
máximos y mínimos, así como los criterios de proporcionalidad que debe tomar en
cuenta el juzgador al imponer en concreto el castigo”. En igual sentido la sentencia
C-232 de 2002.
[23]
Sentencia C-599 de 1999.
[24]
Sentencia C-1144 de 2000.
[25]
Sentencia C-559 de 1999. En igual sentido la sentencia C-301 de 2011.
[26]
Sentencia C-133 de 1999. Dijo en esa oportunidad la Corte que “[l]a ley es
general, impersonal y abstracta y lo que exige la Constitución es que en ella
se describan en forma clara y precisa los elementos generales de cada delito,
señalando la pena y su medida para que el administrador de justicia pueda
adecuar el comportamiento individual y concreto a uno de ellos. La precisión
debe ser entonces razonable”.
[27]
Sentencia C-1164 de 2000.
[28]
Sentencia C-939 de 2002.
[29]
C-742 de 2012. Expuso la Corte: “Para este
fin, conviene tener en consideración que todas las disposiciones de un Código
Penal como el nuestro están formuladas en un lenguaje natural, aunque técnico.
Eso es relevante porque según la teoría del derecho más autorizada sobre la
materia de los límites del lenguaje normativo, todas las directivas expresadas
en lenguaje natural, sin excepción, no sólo presentan a menudo problemas de
ambigüedad semántica, sintáctica o pragmática, sino que incluso es posible
aseverar que todas ellas están integradas por palabras vagas. (…)”.
[30]
Cfr. sentencia C-501 de 2014. La sentencia C-739 de 2000 se refirió al tipo
penal en blanco indicando que se trata de “aquel que contiene una norma
incriminadora incompleta o imperfecta, dado que aunque incluye precepto y
sanción, el primero, el precepto, es relativamente indeterminado, “...siendo
determinable mediante norma jurídica distinta que será, generalmente, un
decreto, resolución o mandamiento de autoridad extraprocesal (administrativa
por regla general), cuyo reglamento - complementario del precepto - tiene que
darse antes del hecho, pues de otra manera  se sancionaría en parte con
una norma posterior.” Los tipos penales en blanco, son aquellos en que “la
conducta no aparece completamente descrita en cuanto el legislador se remite al
mismo u otros ordenamientos jurídicos para actualizarla y concretarla.” (…)”.
Al respecto pueden consultarse también las sentencias C-605 de 2006 y C-442 de
2011.
[31]
Sentencia C-501 de 2014.
[32] En otros
términos lo dijo la sentencia C-297 de 2016 al señalar que “[e]n el caso de los tipos abiertos la remisión es
judicial, mientras que en el caso de los tipos en blanco ésta es hacia otros
contenidos normativos”. La sentencia
C-127 de 1993 ofreció una justificación de los tipos penales abiertos en los
siguientes términos: “Ciertamente
existen tipos penales claramente tipificados en el Código Penal que no admiten
interpretación diferente que la de los contenidos intrínsecos de la misma
norma. Pero tratándose de comportamientos que avanzan a una velocidad mayor que
la de los tipos -como es el caso del terrorismo-, requieren una
interpretación bajo la óptica del actual Estado Social de Derecho. // En este sentido, frente a delitos "estáticos" o
tradicionales, deben consagrarse tipos penales cerrados. Pero frente a delitos
"dinámicos" o fruto de las nuevas y sofisticadas organizaciones y
medios delincuenciales, deben consagrarse tipos penales abiertos. Esta
distinción faculta un tratamiento distinto para dos realidades diferentes, con
base en el artículo 13 de la Constitución Política”.
[33]
Sentencia C-121 de 2012.
[34]
Sentencia C-742 de 2012.
[35]
Sentencia C-226 de 2002.
[36]
Sentencia C-226 de 2002.
[37]
Sentencia C-742 de 2012.
[38] Sentencia
C-501 de 2014.
[39] Sentencia
C-501 de 2014.
[40]
Sentencia C-501 de 2014.
[41] Sentencia
C-501 de 2014.
[42] Sentencia
C-501 de 2014.
[43]
Sentencia C-501 de 2014. La sentencia C-297 de 2016 señaló que “los tipos penales abiertos no violan el principio de
legalidad siempre que: i) la naturaleza del tipo impida su descripción exacta,
pero se encuentran los elementos básicos para delimitar la prohibición; y ii)
el destinatario pueda comprender cuál es el comportamiento sancionado, lo cual
se verifica cuando mediante un ejercicio de actividad interpretativa ordinaria
se puede precisar el alcance de la prohibición o cuando existe un referente
especializado que precisa los parámetros específicos del contenido y alcance de
la prohibición”.
[44]
Sentencia C-442 de 2011.
[45]
Sentencia C-442 de 2011.
[46]
Sentencia C-191 de 2016.
[47]
Sentencia C-191 de 2016.
[48]
Roxin ha señalado en esa dirección que “[n]adie discute que un cierto grado
de indeterminación es inevitable, porque todos los términos empleados por el
legislador admiten varias interpretaciones”. Según el mismo autor el asunto
central “lo constituyen sobre todo los “conceptos necesitados de
complementación valorativa”, que no proporcionan descripciones de la conducta
prohibida, sino que requieren del juez un juicio valorativo.” Derecho
Penal, parte general, Tomo I. Ed. Civitas. 1997. Pág. 170.
[49]
Estándar fijado en la sentencia C-501 de 2014.
[50] Es muy
importante destacar que la Ley 1774 estableció de manera específica algunos
eventos en los cuales no pueden ser aplicables las penas previstas para el
maltrato animal. Así señaló que “[q]uedan exceptuadas de las penas previstas
en esta ley, las prácticas, en el marco de las normas vigentes, de buen manejo
de los animales que tengan como objetivo el cuidado, reproducción, cría,
adiestramiento, mantenimiento; las de beneficio y procesamiento relacionadas
con la producción de alimentos; y las actividades de entrenamiento para
competencias legalmente aceptadas.” Igualmente ha previsto que “[q]uienes
adelanten acciones de salubridad pública tendientes a controlar brotes
epidémicos, o transmisión de enfermedades zoonóticas, no serán objeto de las
penas previstas en la presente ley”.
[51] En sentencia de
13 de agosto de 2014 (SP10724-2014) se indicó: “El artículo 57
penal determina que el estado generador del descuento punitivo es aquel que
hubiere sido causado por un comportamiento grave e injustificado de un tercero,
esto es, la actuación del último debe ser la causa, razón y motivo de la
conducta delictiva. Debe existir una incitación del tercero para que se
desencadene en el agente la agresión, o, lo que es lo mismo, una provocación
que comporta irritar o estimular al otro con palabras u obras para generar su
enojo, pero en el entendido de que tal provocación no puede ser de cualquier
índole, sino de especiales características, como que debe ser grave (de
mucha entidad e importancia, enorme, excesiva) e injusta (es decir, no
justa, no equitativa; sin justicia ni razón). (…)Y es precisamente respecto del
primero de tales presupuestos, en lo que tiene ver de manera específica con el
desarrollo de una conducta grave de parte de la víctima, que no se encuentra
satisfecha la diminuente, sobre lo cual pertinente resulta evocar el criterio
de la Sala, en el entendido de que: “…la gravedad y la injusticia de la
provocación debe ser estudiada en cada situación, dadas las condiciones
particulares de los protagonistas del conflicto y de aquellas en las que se
consumó el hecho, como por ejemplo, su situación psico-afectiva, la
idiosincrasia, la tolerancia, las circunstancias, los sentimientos, el grado de
educación, el nivel social y económico”” (Subrayas y negrillas no hacen parte
del texto original).
[52] La sentencia
SP16096-2016 de 2 de noviembre de 2016. En esa oportunidad indicó la Corte: “En orden a
determinar la procedencia de dicho instituto, debe recordar la Sala, que
durante la etapa de la causa, el Juzgado de conocimiento concedió a RT la
sustitución de la detención preventiva por domiciliaria con base en el numeral
3º del artículo 362 de la Ley 600 de 2000, al diagnosticársele por parte de su
médico tratante, esto es, el cardiólogo hemodinamista, según fue autorizado por
el Instituto de Medicina Legal -con ocasión de una intervención programada y
para efectos de una posterior valoración -, que en efecto se hallaba en ‘un
estado grave de salud y ante la posibilidad de presentar muerte súbita debido
al nivel alto de catecolamina circulante, por ser portador de una enfermedad
grave y tratarse de un paciente de alto riesgo cardiovascular, portador de una
patología crónica como es la arterioesclerosis coronaria’, que para entonces
requería un tratamiento ‘en un medio libre de situaciones de estrés, en un
entorno familiar y bajo manejo sicoterapéutico continuo’.  // De acuerdo
con el citado parte médico, que como se dijo sirvió de base para conceder al
procesado la sustitución de la detención preventiva por domiciliaria, en esta
oportunidad la Sala lo hace extensivo para autorizarle la ejecución de la pena
privativa de la libertad en su lugar de residencia, acorde con el citado
artículo 68 del C.P., en tanto que la patología que le fue dictaminada por un
médico especialista, indica que se trata de una enfermedad de carácter grave”.
[53]
Así por ejemplo se encuentra la providencia SP2230-2016 de fecha 24 de febrero
de 2016.
[54]
En otras disposiciones se utiliza esta expresión a efectos de delimitar las conductas
prohibidas. Así ocurre, entre otros, en el artículo 8.2.b.iv, vii y x.
[55]
Sobre las disposiciones del Estatuto de Roma que se integran al bloque de
constitucionalidad indicó la Corte en la sentencia C-290 de 2012: “La Corte Constitucional ha estimado que no todo el
texto del Estatuto de Roma hace parte del bloque de constitucionalidad, lo cual
no obsta para que algunos de sus artículos sí lo conformen. En tal sentido, de
manera puntual, han sido tomados como parámetros para ejercer el control de constitucionalidad
las siguientes disposiciones: el Preámbulo (C-928 de 2005); el artículo 6,
referido al crimen de genocidio (C- 488 de 2009); artículo 7, relacionado con
los crímenes de lesa humanidad (C- 1076 de 2002); artículo 8, mediante el cual
se tipifican los crímenes de guerra  (C- 291 de 2007, C-172 de 2004 y C-
240 de 2009); el artículo 20, referido a la relativización del principio de la
cosa juzgada (C- 004 de 2003 y C- 871 de 2003), al igual que los artículos
19.3, 65.4, 68, 75 y 82.4, concernientes a los derechos de las víctimas (C- 936
de 2010). En consecuencia, la Corte ha preferido determinar, caso por caso, qué
artículos del Estatuto de Roma, y para qué efectos, hacen parte del bloque de
constitucionalidad”.
[56] Se
recogen las consideraciones expuestas en la sentencia C-449 de
2015.
[57]
Lecturas sobre derecho al medio ambiente. Universidad Externado de Colombia.
2007. Págs. 16 y 17.
[58]
Sentencias C-632 de 2011, C-595 de 2010 y C-519 de 1994.
[59] En la sentencia
C-750 de 2008 se manifestó: “En Colombia el tema ambiental constituyó una
seria preocupación para la Asamblea Nacional Constituyente. En aquel momento,
en el que se preparaba la Constitución de 1991, se consideró que ninguna
Constitución moderna puede sustraer de su normatividad el manejo de un problema
vital, no sólo para la comunidad nacional, sino para toda la humanidad”.
Cfr. sentencias C-595 de 2010 y T-254 de 1993.
[60]
Sentencia C-431 de 2000, que declaró inexequibles expresiones
de los parágrafos 6 y 7 del artículo 1º de la Ley 507 de 1999 (modifica Ley 388
de 1997), en materia de planes y esquemas de ordenamiento territorial.
[61] Declaró la
exequibilidad del artículo 37 de la Ley 685 de 2001, en el entendido que en
desarrollo del proceso por medio del cual se autorice la realización de actividades
de exploración y explotación minera, las autoridades competentes del nivel
nacional deberán acordar con las autoridades territoriales concernidas, las
medidas necesarias para la protección del ambiente sano y, en especial, de sus
cuencas hídricas, el desarrollo económico, social, cultural de sus comunidades
y la salubridad de la población, mediante la aplicación de los principios de
coordinación, concurrencia y subsidiariedad previstos en el artículo 288 de la
Constitución Política. Cfr. sentencia C-666 de 2010.
[62]
Sentencia C-431 de 2000. Cita tomada de la sentencia T-154 de 2013.
[63]
“Hace referencia a la preeminencia y dominio del ser humano sobre los demás
seres existentes en el planeta tierra; una ética de la relación con la
naturaleza centrada en lo humano y en la satisfacción de las necesidades de
esta especie. Desde esta perspectiva, los recursos naturales son vistos de
manera instrumental como proveedores de alimento, energía, recreación y riqueza
para la humanidad y por esta razón deben ser conservados, protegidos y
convenientemente explotados para garantizar la supervivencia de la especie
humana. Al respecto véase Toca Torres. Las versiones del desarrollo sostenible,
cit; Dobson. Pensamiento político verde, cit. pp. 84-94; Gregorio Mesa Cuadros.
Derechos ambientales en perspectiva de integralidad. Concepto y fundamentación
de nuevas demandas y resistencias actuales hacia el Estado ambiental de
derecho, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2010.” Información tomada
del texto “Derechos de la Naturaleza”, historia y tendencias actuales. Javier
Alfredo Molina Roa, Universidad Externado de Colombia, 2014. Pág. 72.
[64]
Envuelve una teoría moral que considera al ser humano como
parte de la naturaleza confiriéndole a ambos valor, ya que son seres vivos que
merecen el mismo respeto. Propende porque la actividad humana ocasione el menor
impacto posible sobre las demás especies y el planeta. Reivindica el valor
primordial de la vida. Ver, sentencia C-339 de 2002.
[65]
“Apunta al valor intrínseco de la naturaleza integrada por los ecosistemas y la
biosfera en el planeta tierra, independientemente de su valor para el hombre”.
Véase Claudia Toca Torres. Las versiones del desarrollo sostenible, en
Sociedade e Cultura, vol. 14, No. 1, enero-junio del 2011, Universidade Federal
de Goiás, p. 203.” Extraído del libro “Derechos de la Naturaleza”, historia y
tendencias actuales. Pág. 48.
[66]
Sentencia T-080 de 2015.
[67] El caso
obedeció al manejo de los desechos de materias primas (cascarilla de arroz
abandonada y luego quemada), produciendo grandes cantidades de ceniza y
problemas respiratorios en los habitantes de los lugares aledaños al Molino. El
Alcalde de Granada ordenó el sellamiento, sin embargo, durante el trámite de la
tutela dispuso la reapertura bajo la advertencia de volverlo a cerrar. El actor
insiste que se abstenga de disponer el sellamiento del Molino debido a la
cantidad de perjuicios que esta medida genera a la empresa.
[68]
Derechos Humanos y Modernidad. Personeria Municipal de Cali. 1989. Pág. 171.
[69]
Examinó la constitucionalidad de los artículos 3º parcial, 4º, 18 parcial, 34,
35 parcial literales a) y c) y 36 parcial de la Ley 685 de 2001, Código de
Minas.
[70] Estudió si el
parágrafo del artículo 1º y el parágrafo 1º del artículo 5º de la Ley 1333 de
2009 vulneraba el principio de presunción de inocencia, al presumir la culpa o
el dolo del infractor e invertir la carga de la prueba en el campo del derecho
administrativo sancionador ambiental.
[71] Le correspondió
examinar el artículo 31 y los parágrafos 1° y 2° del artículo 40 de la Ley 1333
de 2009, en orden a establecer si el legislador al incluir las medidas
compensatorias dentro del régimen sancionatorio ambiental y asignarle a las
autoridades administrativas la competencia para adoptarlas, desconoció las garantías
de non bis in ídem, de legalidad de la sanción y reserva de ley, así
como el principio de separación de poderes.
[72]
Cfr. sentencia T-080 de 2015.
[73] La Constitución
del Ecuador (2008), plantea un nuevo escenario jurídico en lo que a protección
del ambiente se refiere. El artículo 71 establece que la Pachamama tiene
derecho a que se le respete integralmente su existencia y el mantenimiento y
regeneración de sus ciclos vitales, como la estructura, funciones y procesos
evolutivos. Establece que toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá
exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza[73].
Otro paso
lo es la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra, que tuvo
lugar en Cochabamba (Bolivia) en el 2010, ya que el numeral 6 del artículo 1
señaló: “Así como los seres humanos tienen derechos humanos, todos los demás
seres de la Madre Tierra también tienen derechos que son específicos a su
condición y apropiados para su rol y función dentro de las comunidades en los
cuales existen.” La
preocupación de los Estados, como sucede en Europa, por alcanzar un desempeño
ambiental adecuado y una sostenibilidad ecológica a largo plazo se ha
incrementado desde hace tres décadas, alcanzándose avances relevantes en
políticas ambientales en países como Alemania, Finlandia, Japón, Suecia,
Noruega, Dinamarca y Nueva Zelanda. Cfr. Derechos de la naturaleza. Historia y
tendencias actuales. Págs.188 a 201.
[74]
Sobre la relevancia del hombre y tierra de Ludwig Klages para el actual debate
ecológico. Diana Aurenque Stephan. Revista de Humanidades No. 22 (diciembre
2010). Visionario de la problemática ecológica, 1913.
[75] En materia de conflictos entre valores, principios y derechos pueden
consultarse las sentencias C-1287 de 2001 y C-818 de 2005.
[76]
Cfr. Sentencias C-367 de 2006 y C-666 de 2010.
[77] Ibídem.
[78] Tomado del texto Género, Cultura y
Desarrollo: límites y oportunidades para el cambio cultural pro-igualdad de
género en Mozambique. Eugenia Rodríguez Blanco PP01/09. Instituto Complutense
de Estudios Internacionales, Universidad Complutense de Madrid. Campus de
Somosaguas, Finca Mas Ferré. 28223. Pozuelo Alarcón, Madrid, Spain.
Investigación realizada por Eugenia Rodríguez Blanco y Maira Hari Domingos.
[79] Ibídem.
[80] Cfr. Por una justicia dialógica. El Poder Judicial como promotor de la
deliberación democrática. Roberto Gargarella, compilador. Colección Derecho y
Política. Buenos Aires. 2014.
[81] Jeremy Bentham. An Introduction on the Principies of Moráis and
Legislation. 1789. Principies of Penal Lax. Cap. XVI.
[82] Op. cit. ps. 26 y 27.
[83] En el Nuevo Testamento se contemplaban deberes como la de salvar el
ganado caído en la fuente (Lucas, cap.. 14, Vers. 5) o buscar el pastor la
oveja perdida en el desierto hasta el punto de dejarse allí la vida si era
necesario (Lucas, Capt. 15, Vers. 4-6 y Juan Cap. 10, Vers. 11).
[84] El maltrato animal contradecía las aspiraciones griegas de estética,
belleza y equilibrio.
[85] El derecho natural es aquel derecho que pertenece a la naturaleza de toda
criatura viviente, no solo a la esencia humana sino a toda forma de vida que ha
nacido de la tierra o del mar, también a los pájaros. Cfr. Requejo Conde, 2010,
Carmen. La protección penal de la fauna. Especial consideración del delito de
maltrato a los animales. Granada, 2010. Editorial Comares.
[86] El imperativo categórico de Kant estableció la idea de
que "¡a
máxima de la propia voluntad puede valer al mismo tiempo como principio de una
ley generar. Spinoza indicaba que el hombre debe
comportarse con los animales según le dicte su voluntad. Leibniz calificó el razonamiento humano como solo gradualmente diferente al del
animal al faltarle a éste un conocimiento estructurado.
[87] Cfr. Requejo Conde, 2010, op. cit.
[88] Raoul Francé, en Lorz/Metzger, Tierschutzgesetz mil allgemeiner verwaltungsvoschrift,
Rechtsverordnungen und Europaischen Ubereinkommen sowie Erlautereungen des Art.
20 a GG, 2008, p. 36.
[89] Cfr. Requejo Conde, 2010, op. cit.
[90] Lo considera como un racismo de especie
que funciona bajo una lógica discriminatoria según la cual existen jerarquías y segregaciones que justificarían el trato indigno
y humillante a la clase de seres que no sean parte de las mismas o que lo
fueran de la escala más baja de éstas.
[91] Singer, Liberación animal, 1999. Bentham, An Introduction to the
Principies of Morales and Legislation, 1970. según el cual "debemos preguntarnos: ¿pueden razonar?, ni tampoco
¿pueden ¡tablar?, sino ¿pueden sufrir? Albert Schweilzer, premio nobel de la
paz 1952, los calificaría como "hermanos y hermanas de los hombres",
de modo que "no me importa si un animal puede razonar. Solo sé que es
capaz de sufrir y por eso lo considero mi prójimo''. Cfr. Requejo Conde, 2010.
[92] Intervención presentada en este asunto por Rincón Higuera, Eduardo.
Coordinador Plataforma Colombiana por los Animales. Animales Libres de Tortura.
Texto: "Sobre animales, capacidades e intereses. Reflexiones filosóficas
acerca de la consideración moral de los animales no humanos. Cfr.
"Consideración moral de los animales. Un enfoque filosófico y ecoético orientado
hacia la política". Elaborado por Eduardo Rincón Higuera para optar por el
título magister en filosofía. Universidad del Rosario. Maestría en Filosofía.
2012.
[93]  Las fronteras
de la persona. El valor de los animales, la dignidad de los humanos, Taurus
Madrid, 2009
[94] Madrid. Los libros de la catarata. 1999.
[95] Los derechos se tienen o dejan de tenerse según se acuerde o se convenga.
[96] Salt, 1999. Pág. 17. Cfr. Rincón Higuera.
30 La Ética frente a los
animales. En González, Juliana (Coord.). Dilemas de Bioética, México. Fondo de
Cultura Económica.
[98] Mosterín, 2007, págs. 274 y 280. Cfr. Rincón Higuera, op. cit.
[99]
Comentario
a Jesús Mosterían: la ética frente a los animales. En González, Juliana
(Coord.). Dilemas de Bioética, Mexico: Fondo de Cultura Económica. 2007.
[100] Herrera, 2007, p. 298. Cfr. Rincón Higuera.
[101] The Righls of Animáis and
Futwe Generations. 1974.
[102] Cfr. Rincón Higuera.
[103] Poniendo a las personas en su sitio. Teorema. Vol. XVI11/3. 1999. Págs.
17-37. Feinberg on what sorts of beings can have rights. En Blackslone, William
(Ed.) Philosophy and Environmental Crisis. Georgia. University of Georgia
Press.
[104] Afirma que existen derechos morales y legales, y a su vez derechos
positivos y negativos. Los morales son aquellos descubiertos en los hombres por
considerarse que son intrínsecos a su naturaleza y dignidad, como la vida,
integridad y libertad; los legales son aquellos creados por los hombres por
medio de consensos y pactos sociales, determinando quienes son sus portadores,
como los derechos a votar y ser elegido; los positivos son en los que hay un
ejercicio del derecho como el expresarse libremente; y los negativos son
aquellos que se manifiestan de manera pasiva, en la que la omisión de una
acción garantiza el derecho, por ejemplo, el derecho a no ser dañado, a no ser
detenido injustamente.
[105] Cfr. Rincón Higuera, op. cit.
[106] Ibid.
[107] Seguidores de este movimiento son Mosterín o Riechmann, vid., Pérez
Monguió, Animales de compañía. Su régimen jurídico, 2005, págs. 39 siguientes.
[108] Animales de compañía, cit. págs. 56 siguientes.
[109] Frente a ciertos rasgos físicos distintos de la especie humana, como, con
reservas, el celo continuo, la posición del dedo pulgar y el caminar erguido.
[110] Cfr. Requejo Conde, 2010, op. cit.
[111]
“Las
mujeres y el desarrollo humano, Barcelona, Editorial Herder, 2002. Las
fronteras de la Justicia, consideraciones sobre la exclusión. Barcelona, Paidós
Ibérica, 2007. Paisajes del pensamiento, La inteligencia de las emociones.
Barcelona, Paidós Ibérica, 2008.
[112]
Diez capacidades humanas: vida, salud corporal, integridad corporal, sentidos,
imaginación y pensamiento, emociones, razón práctica, afiliación, otras
especies, juego, y control del propio entorno.
[113] Cfr. Rincón Higuera, op. cit.
[114] Animal Rights: Current Debates and New Direction.
[115] Todos los animales somos hermanos, Madrid, Los libros de la catarata,
2005. Un mundo vulnerable, Ensayos sobre ecología, ética y tecnociencia,
Madrid, Los libros de la catarata, 2005. Biomímesis, ensayos sobre imitación de
la naturaleza, Ecosocialismo y autocontención, Madrid, Los libros de la
catarata, 2006.
[116] Cfr. Rincón Higuera, op. c¡t.
[117] Cfr. Rincón Higuera, op. cit.
[118]  Las acciones humanas que afectan a los animales y a
la tierra deben tener una concepción preventiva del daño y no solo reparadora
del mismo.
[119] Encuentra sintonía con la idea del principio de responsabilidad de Hans
Jonas, para quien el aumento de la capacidad humana de intervención en la
naturaleza requiere repensar éticamente nuestra relación con la misma. Es
indispensable abordar perspectivas que abandonen el antropocentrismo extremo y
sean más moderadas dadas las responsabilidades morales de cuidado de la
naturaleza para nuestro bienestar y el de las futuras generaciones.
[120] Privilegia instancias de decisión democrática como ejercicio clave para
la creación de políticas públicas que fomenten la protección y sostenibilidad
de la vida.
[121] Se
debe gestionar la demanda de consumo humano dentro de los límites que permite
la biosfera.
[122] Proteja las múltiples formas de vida de la biosfera. Podríamos imitar los
rasgos de los ecosistemas para crear nuestras propias formas de vida, que
implica comprender los principios de funcionamiento de la vida en sus
diferentes niveles con la finalidad de reconstruir los sistemas humanos (político
o económico) de manera que encajen armoniosamente en los sistemas naturales.
[123]  Promueve la reducción y el refinamiento de la
explotación de recursos y su remplazo por recursos renovables y fuentes de
energía sustitutas que prevengan el daño ecológico.
[124] Regan, T. En defensa de los derechos de los animales; trad. de Ana
Tamarit, rev. técnica de Gustavo Ortiz Millán – México: FCE, IIF, PUB, UNAM,
2016.
[125]
“Leída ante la Unión Nacional de Industriales y Obreros y ante el Ministro de
Instrucción Pública, Dr. Pedro Marra Carreño el domingo 4 de Diciembre de 1910,
en el Salón de Grados”. Bogotá Imprenta Eléctrica, 168, calle 10, 1910.
[126]  El texto es obra de Jaak Panksepp, Diana REiss, David
Edelman, Bruno Van Swinderen, Philip Low y Christof Koch.  Fue hecha pública
este mes de julio con ocasión del Francis Crick Memorial Conference on
Consciousness in Human an non-Human Animals, en el Churchill College de la
universidad de Cambridge.
[127] "El campo de la
investigación de la conciencia está evolucionando rápidamente. Se han
desarrollado abundantes nuevas técnicas y estrategias para la investigación con
anima/es humanos y no humanos. Consecuentemente, más dalos están convirtiéndose
en fácilmente disponibles, y esto hace una llamada para revaluar periódicamente
las preconcepciones' previas en este campo. Estudios de animales no humanos han
mostrado que circuitos homólogos del cerebro correlacionados con experiencia
consciente y percepción pueden ser activados o desactivados para evaluar si de
hecho son necesarios para tales experiencias. Más aún, en humanos, están
disponibles nuevas técnicas no invasivas para estudiar los correlatos de la
conciencia. Los sustratos neura/es de las emociones no parecen estar confinados
a las estructuras corticales. De hecho, redes murales subcorticales activadas
durante estados afectivos en humanos también son críticamente importantes para
generar comportamientos emocionales en animales. La activación de las mismas
regiones cerebrales genera un comportamiento correspondiente y estados
sentimentales tanto en animales humanos como en no humanos. Donde fuera que el
cerebro de uno evoca comportamientos emocionales instintivos en no humanos,
muchos de los comportamientos consiguientes son consistentes con la experiencia
de estados sentimentales, incluyendo aquellos estados internos que tienen que
ver con la recompensa y el castigo. Sistemas asociados con el afecto se
concentran en regiones subcorticales donde abundan homologías neurales.
Animales jóvenes humanos y no humanos sin neocortex retienen estas funciones
cerebro-mente. Más aún, los circuitos neurales que apoyan los estados de
atención comportamentales y electrofisiológicos, el sueño y la toma de
decisiones, parecen haber surgido en la evolución tan pronto como en la
radiación de los invertebrados, resultando evidente en insectos y moluscos
cefalópodos (por ejemplo, el pulpo). Los pájaros parecen ofrecer, en sus
comportamientos, neurojisiología y neuroanalomía, un impresionante caso de
evolución paralela de ¡a conciencia. Evidencias de niveles casi humanos de
conciencia se han observado dramáticamente en los loros grises africanos. Se ha
averiguado que las redes emocionales de las aves y los mamíferos, y los
microcircuitos cognitivos, exhiben patrones neurales de sueño similares a aquellos
de los mamíferos, que previamente se pensaba que requerían un neocortex
mamífero. Se ha mostrado en particular que las urracas exhiben impresionantes
similitudes con humanos, grandes simios, delfines y elefantes en estudios de
auto-reconocimiento en el espejo. En humanos, el efecto de ciertos alucinógenos
parece estar asociado a la interrupción de los procesos de retroalimentación
cortical. Intervenciones farmacológicas con compuestos que se sabe que afectan
al comportamiento consciente en humanos puede llevar a perturbaciones similares
en el procesamiento suhcortical o casi cortical, así como en la conciencia
visual. Evidencias de que los sentimientos emocionales
[128]Los convenios, declaraciones  y conceptos de expertos
internacionales influyen necesariamente en las determinaciones que pueda
adoptar este Tribunal al constituir criterios obligatorios u orientadores que
guían la política internacional y nacional para interpretar y comprender
adecuadamente cada uno de los asuntos bajo su conocimiento.
[129] Londres, 23 de septiembre de 1977. La Declaración fue adoptada por la
Liga Internacional de los Derechos del Animal y las Ligas Nacionales afiliadas
en la Tercera reunión sobre los derechos del animal, celebrada en Londres del
21 al 23 de septiembre de 1977. Proclamada el 15 de octubre de 1978 por la Liga
Internacional, las Ligas Nacionales y las personas físicas que se asocian a
ellas. Aprobada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la
Ciencia y la Cultura (UNESCO), y posteriormente por la Organización de las
Naciones Unidas (ONU).
61 "1 La legislación
sobre la protección de los animales es competencia de la Confederación. 2 En
particular, la legislación federal regulará: a. la custodia de los animales y
los cuidados que deban dárseles; b. la experimentación con animales y los
atentados a la integridad de animales vivos; c. la utilización de animales; d.
la importación de animales y de los productos de origen animal; e. el comercio
y transporte de animales; f. la matanza de animales. 3 La ejecución de las
prescripciones federales incumbe a los cantones, salvo que la ley reserve
expresamente la competencia de la Confederación.
[131] "El Estado, asumiendo igualmente su responsabilidad respecto a las
generaciones futuras, protege los recursos naturales y a los animales por medio
del ejercicio del poder legislativo, en el cuadro del orden constitucional y de
los poderes ejecutivo y judicial en las condiciones que establezcan la ley y el
derecho".
[132] Derechos de la naturaleza. Historia y tendencias actuales. Javier Alfredo
Molina Roa. Universidad Externado de Colombia. 2014. Págs. 84-86.
[133] Ob. cit. p. 98.
[134] Ob. cit. p. 100.
[135] Ob. cit. p. 129.
[136] Lecturas sobre Derecho del Medio Ambiente. Universidad Externado de
Colombia. 1999.
[137] A finales de 2014 la justicia argentina se pronunció en sede de casación
en el caso de Sandra, una orangutana nacida en Alemania, próxima a cumplir 29
años de edad, que permanecía en cautiverio desde hace 20 años en el Zoológico
de Buenos Aires. La Sala II de la Cámara de Casación Penal, señaló: "A partir de una
interpretación jurídica dinámica y no estática, menester es reconocer al animal
el carácter de sujeto de derechos, pues los sujetos no humanos (animales) son
titulares de derechos, por lo que se impone su protección en el ámbito
competencial correspondiente." Con fundamento en ese
argumento le concedió la libertad a Sandra, quien había sido representada por
la Asociación de Funcionarios y Abogados por el Derecho de los Animales
(Afada), a través del mecanismo del habeas corpus. No se puede afirmar
que esta herramienta solo está dirigida a los humanos. (Personas no humanas
(II). Ámbito Jurídico. Legis. Sergio Andrés Gómez. Diario El Espectador, "Fallo
inédito argentino da semilibertad a orangután al ser sujeto no humano".
21, diciembre, 2014. Otro hito en la jurisprudencia francesa nos ilustra: un
pequeño perro de dos años de edad de nombre Mambo, abandonado por sus dueños,
deambulaba por los alrededores cerca de Perpignan en el departamento de los
Pyrénées-Orientales. El animal se acercó desprevenida y amistosamente a un
grupo de jóvenes buscando protección y un poco de comida. De repente una de las
integrantes del grupo, quien cuenta con 22 años, lo sometió por la fuerza y lo
roció con gasolina, mientras otro de los miembros del grupo, un joven de 17
años, prendió fuego al animal utilizando la cola como mecha. Por sus propios
medios el perro logró huir del lugar. Sufrió quemaduras de segundo y tercer
grado en cerca del 60% del cuerpo, siendo encontrado moribundo al día siguiente
y llevado a una clínica veterinaria, donde su recuperación tomó más de dos
meses. Sus agresores fueron capturados y enjuiciados por la Sala Penal del
Tribunal que impuso una pena de un año de prisión, tres mil euros de multa y la
prohibición de tener animales bajo su cuidado. Durante la audiencia de
juzgamiento Mambo estuvo presente, vendado en más del 50% del cuerpo y en los
brazos de un miembro de la Sociedad Protectora de Animales, mientras más de
doscientos asistentes reclamaban justicia. El representante del Ministerio
Público expresó que este animal no está presente para causar emoción, sino en
calidad de víctima.
[138] Cfr. Sentencia C-774 de 2001 y SV a la sentencia C-1040 de 2005.
[139] Ver, sentencia T-406 de 1992.
[140] Ibídem.
[141] Cfr. sentencia C-251 de 1997.
[142] Hurley,
S. (2006). Making sense of animals. En S. Hurley & M. Nudds (eds.).
Rational Animals?  afirmación, posición, punto de
vista, decisión, etc., como una razón para rechazar su verdad o justificación.
Pág. 263.
[143]
La Corte reseña las consideraciones expuestas en la sentencia C-283 de 2014.
[144]
Quedan exceptuados de lo expuesto en el inciso 1, en los literales a), d), e),
f) y g) del artículo anterior, el rejoneo, coleo, las corridas de toros, las
novilladas, corralejas, becerradas y tientas así, como las riñas de gallos y
los procedimientos utilizados en estos espectáculos.
[145]
De entrada la Ley 84 de 1989 objeta la relación abusiva o cruel del hombre con
la naturaleza y llama la atención de todos a partir del siguiente epígrafe: “los
animales tendrán en todo el territorio nacional especial protección contra el
sufrimiento y el dolor, causados directa o indirectamente por el hombre”
(art. 1º); enseguida, dentro de sus objetivos, la misma insiste en rechazar el dolor
y sufrimiento animal, plantea la promoción de su salud, bienestar, respeto
y cuidado, y propone desarrollar medidas efectivas para la preservación de
la fauna silvestre.  Como tal, la ley impone un conjunto de obligaciones
específicas para lograr su cometido, todas ellas enmarcadas en el compromiso de
evitar causar daño o lesión a cualquier especie (art. 4º), y enlista el
conjunto de actos que considera perjudiciales y crueles aplicables, en su gran
mayoría, a las maniobras de cacería reguladas por el CRNR y su decreto
reglamentario. Sentencia T-760 de 2007.
[146] Un Estado
social debe buscar, entre otros, el bienestar animal, por ser éste un elemento
connatural al desarrollo del principio de solidaridad.
[147]
Y que no es relevante simplemente en cuanto está a su servicio, sino que tiene
importancia per se como contexto en el cual uno de sus integrantes es la
comunidad humana.
[148] Conformada por
las siguientes 34 disposiciones: Preámbulo (vida), 2º (fines esenciales
del Estado: proteger la vida), 8º (obligación de proteger las riquezas
culturales y naturales de la Nación), 11 (inviolabilidad del derecho a la
vida), 44 (derechos fundamentales de los niños), 49 (atención de la salud y del
saneamiento ambiental), 58 (función ecológica de la propiedad), 66 (créditos
agropecuarios por calamidad ambiental), 67 (la educación para la protección del
ambiente), 78 (regulación de la producción y comercialización de bienes y
servicios), 79 (derecho a un ambiente sano y participación en las decisiones
ambientales), 80 (planificación del manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales), 81 (prohibición de armas químicas, biológicas y nucleares), 82
(deber de proteger los recursos culturales y naturales del país), 215
(emergencia por perturbación o amenaza del orden ecológico), 226
(internacionalización de las relaciones ecológicas, 268-7 (fiscalización de los
recursos naturales y del ambiente), 277-4 (defensa del ambiente como función
del Procurador), 282-5 (el Defensor del Pueblo y las acciones populares como
mecanismo de protección del ambiente), 289 (programas de cooperación e
integración en zonas fronterizas para la preservación del ambiente), 300-2
(Asambleas Departamentales y medio ambiente), 301 (gestión administrativa y
fiscal de los departamentos atendiendo a recursos naturales y a circunstancias
ecológicas), 310 (control de densidad en San Andrés y Providencia con el fin de
preservar el ambiente y los recursos naturales), 313-9 (Concejos Municipales y
patrimonio ecológico), 317 y 294 (contribución de valorización para
conservación del ambiente y los recursos naturales), 330-5 (Concejos de los
territorios indígenas y preservación de los recursos naturales), 331 (Corporación
del Río Grande de la Magdalena y preservación del ambiente), 332 (dominio del
Estado sobre el subsuelo y los recursos naturales no renovables), 333 (limitaciones
a la libertad económica por razones del medio ambiente), 334 (intervención
estatal para la preservación de los recursos naturales y de un ambiente sano), 339
(política ambiental en el plan nacional de desarrollo), 340 (representación de
los sectores ecológicos en el Consejo Nacional de Planeación), 366 (solución de
necesidades del saneamiento ambiental y de agua potable como finalidad del
Estado).
[149] La dignidad no
se otorga, sino que se reconoce, de manera que siempre podrá exigirse de los
seres humanos un actuar conforme a parámetros dignos y, en este sentido,
coherente con su condición de ser moral que merece el reconocimiento de dichas
garantías y que, llegado el caso, podría exigirlas por la posición [también] moral
que tiene dentro de la comunidad.
[150] Las excepciones
que existan en el ordenamiento jurídico respecto de la protección prevista para
los animales, no pueden ser fruto del capricho o discrecionalidad de los
poderes constituidos –vinculados en este tema por un deber constitucional-,
sino que tendrán que estar sustentadas en criterios de razonabilidad o
proporcionalidad acordes con los valores y principios que prevé el ordenamiento
constitucional.
[151]  Es relevante
mencionar la reglamentación contenida en el Decreto 1500 de 2007 (art. 30, núm.
3), que al referirse a las condiciones de sacrificio de animales para consumo
humano, tomó en cuenta la posible afectación de la libertad de cultos: “Con el
fin de preservar la libertad de culto, la única excepción permitida para el
sacrificio sin insensibilización, será en el caso de que los rituales
religiosos así lo requieran”.
[152] El principio de
bienestar animal cede ante las costumbres alimenticias de la especie humana, al
admitirse el sacrificio de animales para el consumo humano. Sin embargo, el
sacrificio animal en estos casos debe ajustarse a parámetros establecidos con
el objetivo de eliminar cualquier práctica que implique sufrimiento evitable
para el animal y, así mismo, la crueldad en los procedimientos de sacrificio,
demostrando que, incluso en estos casos, el deber constitucional resulta
plenamente aplicable a la relación que los humanos mantengan con los animales.
[153] La ley 84 de
1989 consagra un capítulo especial para regular aquellas condiciones que son
necesarias para la realización de experimentos con animales. Se incluyen normas
que prohíben la realización de los mismos cuando como fruto de su práctica se
cause maltrato, cuando éstos no sean puestos bajo anestesia, cuando se realice
experimentación con animales vivos como medio de ilustración en conferencias de
facultades con carreras relacionadas con el estudio animal; así como normas que
exigen la existencia de un comité de ética siempre que se realice un
experimento con animales. Esta es una disposición suficiente para derivar
mandatos precisos a los operadores jurídicos en el sentido de evitar los tratos
crueles que causen sufrimiento a los animales involucrados en estos
experimentos, no obstante, los mismos son permitidos en razón de derechos
constitucionales como la libertad de empresa, la educación, la libertad de
cátedra o de intereses colectivos de raíz constitucional como la salubridad
pública o el orden público.
[154]
Al respecto, la sentencia C-1192 de 2005 precisó que “No
todas las actividades del quehacer humano que expresan una visión personal del
mundo, que interpretan la realidad o la modifican a través de la imaginación,
pueden considerarse por parte del legislador como expresiones artísticas y
culturales del Estado. Esta Corporación ha reconocido que el criterio jurídico
de razonabilidad -en tanto límite a la potestad de configuración normativas-
implica la exclusión de toda decisión que éste adopte y que resulte
manifiestamente absurda, injustificada o insensata, vale decir, que se aparte
por completo de los designios de la recta razón lo que ocurriría, por ejemplo,
al pretenderse categorizar como expresiones artísticas y culturales del Estado,
comportamientos humanos que única y exclusivamente manifiesten actos de
violencia o de perversión (v.gr. la pornografía, el voyerismo y el sadismo),
que además de considerarse lesivos de los valores fundamentales de la sociedad,
desconocen principios y derechos fundamentales como los de la dignidad humana
(C.P. art. 1 y 12) y la prohibición de tratos crueles (C.P. art. 12)”.
[155]
Sentencia C-595 de 2010.
[156]
Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos,
UNESCO, 2005.
[157]
Cfr. Sentencia C-666 de 2010.
[158]
“Artículo 655. MUEBLES. <Artículo modificado por el artículo 2 de la Ley
1774 de 2016. El nuevo texto es el siguiente:> Muebles son las que pueden
transportarse de un lugar a otro, sea moviéndose ellas a sí mismas como los
animales (que por eso se llaman semovientes), sea que sólo se muevan por una
fuerza externa, como las cosas inanimadas.
Exceptúense las que
siendo muebles por naturaleza se reputan inmuebles por su destino, según el
artículo 658.
Parágrafo. Reconózcase
la calidad de seres sintientes a los animales”.
[159]
“Artículo 658. <INMUEBLES POR DESTINACION>. Se reputan inmuebles,
aunque por su naturaleza no lo sean, las cosas que están permanentemente
destinadas al uso, cultivo y beneficio de un inmueble, sin embargo de que
puedan separarse sin detrimento. Tales son, por ejemplo:
Las losas de un
pavimento.
Los tubos de las
cañerías.
Los utensilios de
labranza o minería, y los animales actualmente destinados al cultivo o
beneficio de una finca, con tal que hayan sido puestos en ella por el dueño de
la finca.
Los abonos existentes en
ella y destinados por el dueño de la finca a mejorarla.
Las prensas, calderas,
cubas, alambiques, toneles y máquinas que forman parte de un establecimiento
industrial adherente al suelo y pertenecen al dueño de éste.
Los animales que se
guardan en conejeras, pajareras, estanques, colmenas y cualesquiera otros
vivares, con tal que estos adhieran al suelo, o sean parte del suelo mismo o de
un edificio”.
[160]
Comunicado de prensa No. 37 de 31 de agosto de 2016.
[161]
“Artículo 7. Quedan exceptuados de los expuestos en el inciso 1o. y en los
literales a), d), e), f) y g) del artículo anterior, el rejoneo, coleo, las
corridas de toros, novilladas, corralejas, becerradas y tientas, así como las
riñas de gallos y los procedimientos utilizados en estos espectáculos”.
[162] Cfr. Sentencias C-297 de 2010, C-818 de 2011, C-366 de 2011 y C-052
de 2015.
[163]
Cuestionamiento formulado por el Tribunal de Kerala en India en el fallo Nair
v. Union of India, Tribunal Superior de Kerala, No. 15/1999, junio de 2000.
Considero pertinente retomar la práctica del Magistrado Ciro Angarita Barón de
colocar títulos a los salvamentos de voto, como lo realizó este jurista en la
disidencia de las Sentencias T-407 de 1992 “PALABRAS, PALABRAS, FLATUS
VOCIS?”, T-418 de 1992 “DEL DICHO AL HECHO”, T-462 de 1992 “OTRO
ESCARNIO IRREFRAGABLE”, y T-496 de 1992 “ADMINISTRATIVIZACIÓN A
ULTRANZA: MANES DEL REY MIDAS”.
[164]
Sentencia C-385 de 2015.
[165] Ferrajoli, Luigi, el Derecho penal
Mínimo, en “Poder y Control” No 1986, p 24.
[166]
Zaffaroni Eugenio Raúl, En busca
de las penas perdidas, deslegitimación y dogmática jurídico – penal, EDIAR,
Buenos Aires, 1998, Primera parte capítulo I
[167]
Jacques Derrida sostiene que los animales han sido los grandes olvidados de la
filosofía occidental, puesto que ningún gran sistema de pensamiento ha tomado
en cuenta su situación en el mundo, “por ejemplo, Descartes, Kant, Heidegger,
Lacan y Levinas. Sus discursos son sólidos y profundos, pero, en estos
discursos, todo sucede como si aquellos no hubieran sido nunca mirados, y sobre
todo desnudos, por un animal que se hubiera dirigido a ellos.” En,
El animal que luego estoy si(gui)endo. (Trad. Cristina de Peretti y Cristina
Rodriguez Marciel), Editorial Trotta, Madrid, 2008, pág. 29
[168]
Habermas, a partir de Marcuse, explica sobre a racionalidad moderna: “(…)
esa racionalidad solo se refiere a las situaciones de empleo posible de la técnica
y exige por ello un tipo de acción que implica dominio, ya sea sobre la
naturaleza o sobre la sociedad. // (…) En su crítica a Max Webber, Marcuse
llega a la siguiente conclusión: <<el concepto de razón técnica es quizás
él mismo ideología. No solo su aplicación sino que ya la técnica misma es
dominio de la naturaleza y sobre los hombres: un dominio metódico, científico,
calculado y calculante. >>” En Ciencia y Técnica como Ideología.
(Trad. Manuel Jiménez Redondo) Tecnos, Madrid, 1986 pág. 55.
[169]
Pagden Anthony. La Ilustración. Y porque sigue siendo para nosotros. (Trad.
Pepa Linares) Alianza Editorial, 2015.
[170]
“Lo mismo que el espíritu de negocios se autonomiza en la esfera de la
sociedad, también en el reino del espíritu se autonomiza el espíritu
especulativo. En la sociedad y en la filosofía se desarrollaron dos
legislaciones contrarias. Y esta oposición abstracta de sensibilidad y
entendimiento, de impulso a la materia e impulso a la forma, somete a los
sujetos ilustrados a una doble coerción: tanto a la coerción física de la
naturaleza como a la coerción moral de la libertad, la cuales se hacen sentir
tanto más cuanto menos son los estorbos con que los sujetos tratan de dominar
la naturaleza, tanto la naturaleza externa como la propia naturaleza interna”.
En Habermas, Jurgen. El Discurso Filosófico de la Modernidad, Doce Lecciones,
(Trad. Manuel Jiménez Redondo), Primera edición, enero de 1989. pág. 63, 136.
[171] Elias,
Norbert. El proceso de la civilización, investigaciones socio genéticas y psicogenéticas,
Fondo de Cultura Económica,
[172] Arendt
Hannah
[173]
Theodoro Adorno, en su texto titulado “Dialéctica de la Ilustración” explica el
proceso de la modernidad, en sus aspectos emancipatorios y humanistas, como en
sus elementos negativos. Con el fin de comentar la relación entre la naturaleza
y los seres humanos, Th. Adorno explica: “Aunque ajeno a la matemática,
Bacon supo captar bien el modo de pensar de la ciencia que vino tras él. El
matrimonio feliz entre el entendimiento humano y la naturaleza de las cosas en
que él pensaba es patriarcal: el intelecto que vence a la superstición debe
mandar sobre la naturaleza desencantada. El saber, que es poder, no conoce
límites, ni en la esclavización de las criaturas ni en la condescendencia con
los amos del mundo. Del mismo modo que está a la disposición de los objetivos
de la económica burguesa en la fábrica y en el campo de batalla se halla
también a la disposición de los emprendedores sin distinción de origen. Los
reyes no disponen de la técnica más directamente que los comerciantes: ella es
tan democrática como el sistema económico con el que se desarrolla. La técnica
es la esencia de tal saber. Éste no aspira a conceptos e imagines, a la
felicidad del conocimiento, sino al método, a la explotación del trabajo de
otros, al capital. Las muchas cosas que, según Bacon, todavía reserva son a su
vez sólo instrumentos: la radio como imprenta sublimada; el avión de caza como
artillería más eficaz. El telemando como la brújula más segura. Lo que los
hombres quienes aprender de la naturaleza es la manera de servirse de ella para
dominarla por completo; y también a los hombres. (Subrayados fuera del
texto) En “la Dialéctica de la Ilustración” Editorial Akal, 2007, pág. 20 .
En el mismo sentido, ver sentencias T-445 de 2016 y T-660 de 2015
[174]
A esta altura de las consideraciones, la Corte recurre a las reflexiones de los
autores conocidos como “La Escuela de Frankfort”. Esa corriente intelectual,
que a partir de las premisas mismas de la Ilustración (modernidad), busca denunciar
el exceso y sus consecuencias negativas de ésta con el fin de fortalecer un
movimiento Neo-Ilustrado, Neo-Moderno, que sin caer en las ingenuidades del
siglo XVIII, realice las promesas de emancipación y humanismo del discurso
racionalista. Cfr. Wiggershaus, Rolf. La Escuela de Fráncfort, (Trad. Marcos
Romano Hassan), Fondo de Cultura Económica/ Universidad Autónoma Metropolitana,
México, 2010.
[175]
Habermas, Jurgen. El Discurso Filosófico de la Modernidad, Doce Lecciones,
(Trad. Manuel Jiménez Redondo), Primera edición, enero de 1989.
[176]
Villacañas, José Luis. Historia de la Filosofía Contemporánea. Editorial Akal,
1997. pág. 327
[177]
Nussbaum, Martha, Las Fronteras de la Justicia, Consideraciones sobre la
exclusión, Editorial Paidos, Editorial Planeta de Colombia, Primera Edición,
2016, pág. 41.
[178]
Pelluchon Corine, Elementos para una ética de la vulnerabilidad, Los Hombres,
los Animales, La Naturaleza, Estudios en Bioética, Editorial de la Pontificia
Universidad Javeriana, 2015.
[179]
En el texto Jacques Derrida sostiene : “En el transcurso de los dos siglos
últimos, esas formas tradicionales de tratamiento del animal se han visto
alteradas, es demasiado evidente, por los desarrollos conjuntos de saberes
zoológicos, etológicos, biológicos y genéticos siempre inseparables de técnicas
de intervención en su objete, de transformación de su objeto mismo y del medio
y del mundo de su objeto, el ser vivo animal: por la cría y el adestramiento a
una escala demografía sin el parangón con el pasado, por la experimentación
genética, por la industrialización de lo que se puede llamar la producción
alimenticia de carne animal, por la inseminación artificial masiva, por la
manipulaciones cada vez más aduces del genoma, por la reproducción del animal
no solamente a la producción y a la reproducción sobre activada (hormonas,
cruces, clonación etc.) de la carne alimenticia sino a toda suerte de otras
finalidades al servicio de cierto ser y al supuesto bienestar humano del
hombre…Si estas imágenes son   <<<patéticas>>, lo son también
por que abren patéticamente la inmensa cuestión del pathos y de lo patológico,
precisamente, del sufrimiento, de la piedad y de la compasión. Y del lugar que
hay que conceder a la interpretación de esa compasión, al hecho de compartir el
sufrimiento entre unos seres vivos, al derecho, a la ética, a la política que
sería preciso vincular con esta experiencia de la compasión.” Derrida,
Jacques, El animal que luego estoy si(gui)endo, Editorial Trotta, Madrid, 2008
pág. 43
[180]
Singer, Peter, Liberación Animal. Editorial Trotta, Madrid, 1999.
[181]
En la Sentencia C- 283 de 2014 y en los Salvamentos Parciales de Voto de las
Sentencias C-666 de 2010 y C-899 de 2012, tanto la Sala Plena de la Corte
Constitucional, como diversos Magistrados, han usado este término para
referirse a los animales.  La Corte Constitucional también ha indicado que el
tratamiento a los animales sea trabajado desde un punto de vista filosófico, y
como un problema ético-ecológico. Ejemplo de ello es el salvamento parcial de
voto de la Sentencia C-889 de 2012 suscrito por la Magistrada María Victoria
Calle, y los Magistrados Jorge Iván Palacio y Nilson Pinilla.
[182]Dworkin,
Ronald, El imperio de la justicia,
Gedisa, Barcelona, 2005, pp 22 -24. Shapiro, Scott, El debate Hart
‘Hart-Dworkin’: una guía breve guía para perplejos, en Dowrkin y sus
críticos, el Debate sobre el imperio de la Ley, Editor Mariano C. Mlero de la
Torre, Ed- Tirant to Blanch, Valencia España 2012 pp. 143 – 194.
[183]Comanducci, Paolo. Capítulo: Formas de (neo)constitucionalismo:
un análisis metateórico: en Carbonell, Miguel (ed.), Neoconstitucionalismo(s).
Editorial Trotta. Madrid:, 2003. pp. 75-98.
[184]
Sentencia C-283 del 2014 y C-660 de 2010
[185]
En el mismo sentido Rawls, John, La Teoría de la Justicia, pág. 512.
[186]
MPs. Eduardo Mendoza Martelo y Jorge Iván Palacio Palacio.
[187]
Es decir, una según la cual el texto estudiado es incompatible
con la Carta Política, pero su desaparición inmediata generaría problemas
constitucionales adicionales, que deberían ser objeto de discusión en el foro
democrático
[188]
MP. Humberto Antonio Sierra Porto.
[189]
MPs. Eduardo Mendoza Martelo y Jorge Iván Palacio Palacio.
[190]
MP. Humberto Antonio Sierra Porto.
[191]
MP. Clara Inés Vargas Hernández.
[192]
MP. Humberto Antonio Sierra Porto.
[193]
Este movimiento es plural y los enfoques que se asumen entre los distintos
autores comparten ciertos elementos y difieren en otros. En un salvamento de
voto previo, compartido con otros magistrados, hablamos de esa pluralidad. En
estas líneas he escogido principalmente ideas de Peter Singer (en su famosa
obra Liberación Animal), quien es considerado el padre del movimiento
animalista moderno y de Martha Nussbaum (Las fronteras de la Justicia) quien,
en mi criterio, logra la construcción más depurada del problema, como un
problema de justicia, y con ideas plenamente aplicables al derecho
constitucional colombiano. En esta oportunidad los cito con cierta
flexibilidad, pues me interesa sólo destacar un par de ideas, antes de llegar a
la conclusión sobre el caso estudiado por la Corte Constitucional en sentencia
C-041 de 2017 (MPs. Jorge Iván Palacio Palacio y Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo).
[194]
MP. Humberto Antonio Sierra Porto.
[195]
ARTÍCULO 46. CONTROL INTEGRAL Y COSA JUZGADA
CONSTITUCIONAL. En desarrollo del artículo 241 de la Constitución Política, la
Corte Constitucional deberá confrontar las disposiciones sometidas a su control
con la totalidad de los preceptos de la Constitución
[196]
Esta sentencia contó con salvamento de voto de los magistrados Alejandro
Linares Cantillo, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Gloria Stella Ortiz Delgado y
Alberto Rojas Ríos. Por su parte, los magistrados Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio, Luis Ernesto Vargas Silva y María Victoria
Calle Correa, aclararon su voto.
[197]
(Expediente D-l 1443).
[198]
(Expediente D-l 1467).
[199] Cfr. Sentencias
C-297 de 2010, C-818 de 2011, C-366 de 2011 y C-052 de 2015.
[200]
“Artículo 7. Quedan exceptuados de los expuestos en el inciso 1º. Y en los
literales a), d), e), f) y g) del artículo anterior, el rejoneo, coleo, las
corridas de toros, novilladas, corralejas, becerradas y tientas, así como las
riñas de gallos y los procedimientos utilizados en estos espectáculos”.
[201]
La sentencia C-1192 de 2005 decidió “Declarar EXEQUIBLE por
los cargos estudiados, la expresión “Los espectáculos taurinos son
considerados como una expresión artística del ser humano”, contenida en el
artículo 1° de la Ley 916 de 2004.” La C-115 de 2006 resolvió
“SEGUNDO: Declarar EXEQUIBLE por los
cargos estudiados en esta sentencia, la Ley 916 de 2004, “Por la cual se
establece el Reglamento Nacional Taurino”. La sentencia C-367 de 2006
encontró ajustada a la Constitución la competencia del legislador para regular
la actividad taurina, decidió que ésta no atenta contra el principio de
dignidad humana y además se trata de una actividad de libre ejercicio aunque
esté regulada. La sentencia C-666 de 2010 declaró EXEQUIBLE  el
artículo 7° de la Ley 84 de 1989 “Por la cual se adopta el Estatuto Nacional
de Protección de los Animales y se crean unas contravenciones y se regula lo
referente a su procedimiento y competencia” con un complejo condicionamiento”. La
sentencia C-889 de 2012 resolvió “PRIMERO.- Declarar EXEQUIBLES,
por los cargos analizados en esta sentencia, las expresiones “La
celebración de espectáculos taurinos requerirá la previa comunicación al órgano
administrativo competente o, en su caso, la previa autorización del mismo en
los términos previstos en este reglamento.”; “en plazas permanentes
bastará únicamente, en todo caso, con la mera comunicación por escrito. En las
plazas no permanentes”; y “La comunicación”, contenidas en el artículo 14
de la Ley 916 de 2004 “por la cual se establece el Reglamento Nacional
Taurino.” // SEGUNDO.- Declarar EXEQUIBLES, por los
cargos estudiados en esta sentencia, la expresión “o comunicación”,
contenida en el artículo 15 de la Ley 916 de 2004 “por la cual se
establece el Reglamento Nacional Taurino.”//TERCERO.- Declarar EXEQUIBLES, por
los cargos estudiados en esta sentencia, los artículos 17, 18 y 19 de la Ley
916 de 2004 “por la cual se establece el Reglamento Nacional Taurino.”,
con excepción de la expresión “que requieran autorización previa” contenida
en los artículos 17 y 18 citados, que se declara INEXEQUIBLE.”
La sentencia C-283 de 2014 declaró exequible el
artículo 1º de la Ley 1638 de 2013 “Por medio
de la cual se prohíbe el uso de animales silvestres, ya sean nativos o
exóticos, en circos fijos  itinerantes”, por los cargos
examinados en esa oportunidad.
[202]
Desde las perspectivas críticas del Derecho, los cambios culturales reflejados
en las normas son procesos políticos y no jurisdiccionales, por lo tanto toda
decisión política en un marco judicial tiene restricciones estructurales que
distan de la apertura de lo político y resultan altamente limitadas. Al
respecto puede verse la crítica al fallo Brown vs. Board of Education en
Estados Unidos presentada por Morton Horwitz en The Warren Court and the
Pursuit of Justice, 50 Wash. & Lee L. Rev. 5 (1993),
disponible en http://scholarlycommons.law.wlu.edu/wlulr/vol50/iss1/4 consultada en septiembre de 2017. Otros autores con perspectivas
distintas también se refieren a las “esperanzas demasiado elevadas” en las
posibilidades de los jueces constitucionales, ver por ejemplo Bachof Otto.
Jueces y constitución. Cuadernos Civitas. Madrid. 1985.
[203]
El legislador tiene, por excelencia, la competencia para
definir la política criminal del Estado ver las
Sentencias C-070 de 1996, C-592 de 1998, C-551 de 2001, C-420 de 2002, C-034 de
2005, C-636 de 2009, C-334 de 2013 y C-368 de 2014, citadas por la sentencia
C-259 de 2016 MP Luis Guillermo Guerrero.
[204]
Ver, entre muchas otras, la sentencia C-259 de 2016.
[205]
Sentencia C-988 de 2006, MP Álvaro Tafur Galvis.
[206]
En general, esta obligación proviene de tratados
internacionales que ocupan un lugar en nuestro sistema de fuentes de
conformidad con el bloque constitucional. Algunos ejemplos pueden verse en la
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes, cuyo artículo 4 establece lo siguiente: “1. Todo
Estado Parte velará por que todos los actos de tortura constituyan delitos
conforme a su legislación penal. Lo mismo se aplicará a toda tentativa de
cometer tortura y a todo acto de cualquier persona que constituya complicidad o
participación en la tortura.// 2. Todo Estado Parte castigará esos delitos con
penas adecuadas en las que se tenga en cuenta su gravedad.” Por su parte,
la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las
desapariciones forzadas, determina en su artículo 4 que “Cada Estado
Parte tomará las medidas necesarias para que la desaparición forzada sea
tipificada como delito en su legislación penal.”
[207]
Ely, John Hart. Democracia y desconfianza: una teoría del Control Judicial.
Siglo del Hombre Editores, Bogotá, 1997.
[208]
Sentencia C-368 de 2014, MP Alberto Rojas Ríos.
[209]
Dos ejemplos de tipos penales que han sido declarados exequibles bajo
condicionamiento se encuentran en las sentencias C-292 de 2017 que resolvió “Declarar EXEQUIBLE el literal e del artículo 2º (parcial) de la Ley 1761
de 2015 “Por la cual se crea el tipo penal de feminicidio como delito
autónomo y se dictan otras disposiciones” (Rosa Elvira Cely), por los
cargos analizados, en el entendido de que la violencia a la que se refiere
el literal es violencia de género como una circunstancia contextual para
determinar el elemento subjetivo del tipo: la intención de matar por el hecho
de ser mujer o por motivos de identidad de género” y C-1184 de 2008 que
resolvió “Declarar EXEQUIBLE el artículo 424 de la Ley 599
de 2000, “por la cual se expide el Código Penal”, sin perjuicio de la
aplicación de otros tipos penales cuando los hechos constituyan delitos de
mayor gravedad.”
[210] Subrayado
fuera del texto.
[211] Indicaron que la norma es tan ambigua y vaga dado “que
hoy por hoy ningún ciudadano o residente en el territorio nacional puede saber
CON PRECISIÓN – cuál es el alcance de la norma penal-, con cuál conducta se
puede llegar al tipo penal cuando de por sí ya la palabra maltratar puede
entenderse que es grave. O si es un estrés animal también puede considerarse en
cierto momento como delito, como por ejemplo, cuando el amo se va a un viaje de
negocios y su perro queda una semana solo” (p. 6 de la demanda). Citaron
las sentencias C-133 de 1999 y C-537 de 2009 que indican que se proscribe la
vaguedad cuando se trata de tipos penales, ya que los tipos penales en materia
penal deben ser inequívocos y precisos y que, “La Corte ha dicho que las
conductas que comportan sanciones penales deben ser descritas de tal forma que,
antes de realizarse los actos, las personas puedan saber clara, precisa e
inequívocamente, qué comportamientos están prohibidos y cuáles no lo están. El
incumplimiento de estos requisitos habrá de conducir a la declaración de
inexequibilidad de la norma” (Sentencia C-537 de 2009).
[212] En su momento el Magistrado Alejandro
Linares Cantillo.
[213] “Artículo 7. Quedan exceptuados de los expuestos en el inciso 1o. y
en los literales a), d), e), f) y g) del artículo anterior, el rejoneo, coleo,
las corridas de toros, novilladas, corralejas, becerradas y tientas, así como
las riñas de gallos y los procedimientos utilizados en estos espectáculos”.
[214] Magistrados Ponentes Gabriel Eduardo Mendoza y Jorge Iván
Palacio Palacio contó con salvamento de voto de los magistrados Alejandro
Linares Cantillo, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Gloria Stella Ortiz Delgado y
Alberto Rojas Ríos. Por su parte, los magistrados Gabriel Eduardo Mendoza Martelo,
Jorge Iván Palacio Palacio, Luis Ernesto Vargas Silva y María Victoria Calle
Correa, aclararon su voto.
[215] El Ministerio de Defensa Nacional y la Asociación Defensora
de Animales y del Ambiente.
[216] Se indicó que, “Por la naturaleza pública e informal que
caracteriza este tipo de demandas, no se requiere de extensas ni rigurosas
justificaciones para habilitar el examen de constitucionalidad, siempre que sea
posible advertir la exposición adecuada del concepto de la violación, es decir,
la existencia de argumentos que muestren la oposición objetiva y verificable
entre lo demandado y la Carta Política, así no se participe del razonamiento
presentando o se termine declarando la exequibilidad”.
[217] El artículo 243 de la C.
Pol. establece, “Los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control
jurisdiccional hacen tránsito a la cosa juzgada constitucional// Ninguna
autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declarado
inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones
que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la
Constitución”.
[218] Se indicó en el punto 8.2. lo siguiente, “En ese
sentido, el parágrafo cuestionado reenvía a la disposición legal contenida en
el artículo 7º de la Ley 84 de 1989, exceptuando de penalización los siguientes
comportamientos: ‘el rejoneo, coleo, las corridas de toros, novilladas,
corralejas, becerradas y tientas, así como las riñas de gallos y los
procedimientos utilizado en estos espectáculos. Tal remisión adolece de
indeterminación –principio de legalidad -, desconoce el principio de tipicidad
(art. 29 superior) y termina reproduciendo contenidos materiales declarados
inconstitucionales (art. 243 superior), todo lo cual genera un déficit de
protección constitucional hacia los animales. Ello, por cuanto la remisión
normativa se realizó en forma genérica y desatendiendo los lineamientos que con
anterioridad fueron fijados por este Tribunal en la Sentencia C-666 de 2010”.
[219] Se explicó que “Cada vez son más los países y
ciudades que prohíben la presentación de espectáculos donde se ven afectados
los derechos de los animales, por lo que es necesario que el legislador adopte
la legislación a los mandatos y a la jurisprudencia desarrollada respecto a la
defensa de los animales, su protección y garantía”.
[220] Se citaron para realizar este diferimiento las
Sentencias C-297 de 2010, C-818 y C-366 de 2011 y C-052 de 2015.
[221] Mediante
auto de 16 de junio de 2017 se dio traslado de la solicitud de nulidad a las
ciudadanas María Cristina Pimiento Barrera, Esperanza Pinto Flórez y Juliana
Marcela Chahín del Río, demandantes dentro del asunto de la referencia, a fin
de que si lo consideraban pertinente se pronunciaran en relación con la misma,
sin embargo, guardaron silencio.
[222] Dicen los solicitantes que, “De acuerdo con
la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el incidente de nulidad de la
sentencia de constitucionalidad puede ser presentado dentro de los tres (3)
días hábiles siguientes a la notificación de la Sentencia. En el presente caso,
la Sala Plena habría tomado una decisión, en principio, el 1 de febrero de 2017
pero solo se le dio publicidad a través del Comunicado No. 3 (anexo 4) el 10 de
febrero de 2017 por lo que, por ser un viernes, habría oportunidad de presentar
el incidente hasta el miércoles quince (15) de febrero de 2017. Así las cosas,
se cumple el requisito de oportunidad teniendo en cuenta que esta solicitud
está siendo presentada el 14 de febrero del mismo año, apenas dos días hábiles
después de su notificación” (Folio 33 de la solicitud).
[223] Folio 31 de
la primera solicitud.
[224] Folio 32 de la primera solicitud. Negrilla
fuera del texto.
[225]  Citan
el artículo 49 del Decreto 2067 que establece la nulidad de los procesos ante
la Corte Constitucional por la violación del debido proceso. Explican sin
embargo, que la Corte ha establecido también que puede presentarse la nulidad
contra la sentencia de la Corte como medio de control, y en el Auto 155 de 2013
se establece que, “Pese a que, de conformidad con el precepto citado, en
contra de las sentencias de la Corte Constitucional ‘no procede recurso
alguno’, la Corporación ha aceptado que cuando situaciones originadas en la
misma sentencia configuren vulneraciones del debido proceso, cabe solicitar la
nulidad de la providencia, hipótesis también presidida por el carácter
excepcional, de modo que únicamente causales tan graves como, por
ejemplo, las relacionadas con el desconocimiento de las reglas que rigen el
quórum y la mayoría necesaria para su adopción, la publicidad o la cosa juzgada
tienen la posibilidad de dar al traste con la sentencia” (Folio 13 de
la solicitud).
[226] Folio 15 de la intervención.
[227] Folio 19 de la primera solicitud.
[228]
Folio 18 de la primera solicitud. Según los solicitantes esto se produjo en el
minuto 24.30 de la intervención en donde la Magistrada Calle Correa explica
cómo fueron las discusiones en la Sala Plena.
[229]
Señalan que estas fueron las palabras textuales de la Magistrada Calle Correa
en el minuto 25.45 de la intervención. Folio 19 de la primera solicitud.
[230] Explican
que según el artículo 25 del Decreto Ley 2067 de 1991 “En los casos de
objeciones del Gobierno a un proyecto de ley por inconstitucionalidad y en los
de revisión de los decretos dictados en ejercicio de las facultades que otorgan
los artículos 212, 213 y 215 de la Constitución Nacional, serán causales de
impedimento y recusación: haber conceptuado sobre la constitucionalidad de
la disposición acusada; haber intervenido en su expedición; haber sido
miembro del Congreso durante la tramitación del proyecto; o tener interés en la
decisión”.
[231] Indican que
esa causal estaba consagrada en el numeral 12 del artículo 150 del Código de
Procedimiento Civil y se replicó en el numeral 12 del artículo 141 del Código
General del Proceso de la siguiente manera, “Artículo 141. Causales de
recusación. Son causales de recusación las siguientes: […] 12. Haber dado el
juez consejo o concepto fuera de actuación judicial sobre las cuestiones
materia del proceso, o haber intervenido en este como apoderado, agente del
Ministerio Público, perito o testigo”.
[232] Señalan que de acuerdo con el Auto 154 de 2006 (en
reiteración de jurisprudencia), para la Corte Constitucional el haber emitido
un concepto sobre una disposición demandada, constituye una causal objetiva de
impedimento en tanto es un hecho que demuestra imparcialidad y que es
plenamente verificable. Citan dicho auto en donde se indica que, “Entre las
14 causales de recusación consagradas en el artículo 150 del código de
procedimiento civil existen indistintamente hechos objetivos y argumentos
subjetivos para tachar al juez, así: ‘Son objetivas las siguientes causales: No
2 (haber conocido el proceso), 3 (parentesco), 4 (guarda); 5 (Dependiente); 6
(existir pleito); 7 (denuncia penal contra el juez), 8 (denuncia penal por el
juez), 10 (acreedor o deudor), 11. (ser socio), 12. (haber emitido concepto),
13 (ser heredero o legatario) y 14 (tener pleito pendiente o similar)’”.
[233] Folio 23 de la primera solicitud.
[234] Indican que en la Sentencia C-666 de 2010, la Corte
Constitucional había declarado la exequibilidad de dicho precepto al contrastar
la norma frente a los artículos 1, 4, 8, 12, 58, 79, 95 numeral 8º y 313 de la
Constitución.
[235] Folio 26 de la primera solicitud.
[236] Ibíd.
[237] Folio 27 de la primera solicitud.
[238] Ibíd.
[239] Folio 29 de la segunda solicitud.
[240] Folio 30 de la segunda solicitud. Negrilla y subrayado
fuera del texto.
[241] Ibíd. Negrilla y subrayado fuera del texto.
[242] Ibíd. Negrilla y subrayado fuera del texto.
[243] La
sentencia C-830 de 2010 asume esta discusión, en el marco del análisis de
constitucionalidad de normas que prohíben la publicidad de tabaco, al indicar
que “Es evidente que las normas acusadas se restringen a imponer
prohibiciones a conductas dirigidas a la promoción para el consumo de un grupo
de bienes determinados (productos de tabaco y sus derivados), sin que tengan el
alcance de afectar ni la fabricación de tales productos, ni la posibilidad que
los mismos sean puestos a disposición de los consumidores. Por ende, no puede
concluirse que la medida de prohibición de la publicidad de productos de tabaco
y el patrocinio de eventos culturales y deportivos por las empresas tabacaleras
afecte per se la libertad de empresa. Ello al margen que pueda o no
considerarse como una medida desproporcionada, asunto que hace parte de la
segunda etapa de análisis, según la metodología antes descrita. || La
medida de prohibición total, a juicio de la Corte, responde a un motivo
adecuado y suficiente que justifica tal limitación. En efecto, distintos
apartes de esta decisión demuestran que existe un consenso global acerca de las
graves consecuencias que el consumo de tabaco conlleva para la salud de las
personas, tanto usuarios como fumadores pasivos, al igual que para el medio
ambiente. Es así que ese consenso ha servido de base para que instrumentos
internacionales como el CMCT fijen obligaciones a los Estados tendientes a
controlar y desincentivar el consumo de tabaco. De otro lado, no existe duda
que el mensaje publicitario, en tanto instrumento dirigido a persuadir al
individuo para que adopte una decisión de consumo particular, es un elemento de
particular importancia para la promoción del uso de productos de tabaco.”
[244] Folio
31 de la segunda solicitud. Negrilla fuera del texto.
[245] Folio
32 de la segunda solicitud. Negrilla fuera del texto.
[246] Ibíd.
[247] Se
estableció en esta Sentencia que “3.4. (i) la creación de tipos penales es
una competencia exclusiva del legislador (reserva de ley en sentido material) y
que (ii) es obligatorio respetar el principio de tipicidad ‘nullum crimen,
nulla poena, sine lege previa, script et certa’. De manera que el legislador
está obligado no sólo a definir la conducta punible de manera clara, precisa e
inequívoca, sino que además debe respetar el principio de irretroactividad de
las leyes penales (salvo favorabilidad). Mediante este principio, ha precisado
la Corte, se busca proteger la libertad individual, controlar la arbitrariedad
judicial y asegurar la igualdad material de las personas frente al poder
punitivo y sancionador del Estado”.
[248] Folio
35 de la segunda solicitud.
[249]  Ibíd.
[250]  Folio
36 de la segunda solicitud.
[251] Salvamento de Voto del Magistrado Luis Guillermo Guerrero
Pérez. Del mismo modo citan el Salvamento de Voto del Magistrado Linares que
dispuso, “(…) que la decisión de inexequibilidad puede llevar al lector y a
algunos operadores jurídicos a una confusión por creer que transcurridos los
dos años la práctica taurina puede ser penalizada, frente a lo que reiteró que
la decisión no puede ser interpretada en el sentido de generar una prohibición
del rejoneo, las riñas de gallos, el coleo, las corridas de toros, las
novilladas, corralejas, becerradas o tientas, puesto que no se configuró una
decisión mayoritaria para validar dicha consecuencia, y acoger dicha
percepción equivocada implicaría la vulneración de los derechos
fundamentales de quienes practican, difunden o asisten a estos espectáculos”.
[252] Folio 40 de la segunda solicitud.
[253] Ibíd.
[254] Cfr. Autos 049 de 2017, A-180 de 2016, A-538 de 2015, A-229
de 2014, A-023 de 2013, A-052 de 2012, A-018 de 2011, A-027 de 2010,
A-064 de 2009, A-050 de 2008, A-025 de 2007, A-048 de 2006, A-009 de 2005,
A-015 de 2004, A-146 de 2003, A-031A de 2002, A-003 de 1998, A-013 de 1997,
A-004 de 1996, A-033 de 1995, A-024 de 1994 y  A-008 de 1993, entre otros.
[255] Autos
218 de 2009, 155 de 2013, 045 de 2014, 538 de 2015, 202 de 2016 y 024 de 2017.
[256] Sentencia C-774
de 2001. Cfr. Autos 245 de 2012, 042, 229 de 2014 y 244 de 2016.
[257] Por el cual se dicta el régimen procedimental de los
juicios y actuaciones que deban surtirse ante la Corte Constitucional.
[258] Cfr. Autos 012, 021 y 056 de 1996; 013, 052 y 053
de 1997; 003A, 011, 012 y 026A de 1998; 013, 074 de 1999; 016, 046, 050, 082 de
2000; 053 y 232 de 2001; 162 y 262 de 2003; 196, 262, 299 de 2006; 194 de 2008,
318 de 2010, A-245 de 2012, A-168 de 2013, 382 de 2014, 180 de 2015, 180 de
2016 y 090 de 2017, entre otros.
[259] Auto 044 de 2003.
[260] Auto 033 de 22 de
1995.
[261] Auto A-026 de 2011.
[262] Auto A-168 de 2013.
[263] Auto A-245 de 2012.
[264] Auto 229
de 2014.
[265] Auto 218 de
2009, 155 de 2013, 045 de 2014, 538 de 2015, 180 de 2016 y 024 de 2017.
[266] Autos 232 de 2001, 245 de 2012 y 229 de 2014, entre
muchos otros.
[267] En Auto de Sala Plena 185 de 2012 se indicó: “el carácter
excepcional de la nulidad de los fallos de la Corte impone al solicitante la
carga de argumentación de identificar con suficiencia y claridad una
vulneración grave al debido proceso que afectó el sentido de la decisión y que
además se desprende directamente del texto de la sentencia censurada, de modo
que la solicitud de nulidad no puede basarse simplemente en una inconformidad
con la decisión o la ocurrencia de defectos de procedimiento o de valoración
probatoria que no inciden en la decisión final del caso sometido a estudio”.
[268] Autos de
Sala Plena 097 de 2013, 011 de 2011, entre otros.
[269] Auto 055 de 2005.
[270] Auto 229 de
2014.
[271]  Por escrito de 15 de febrero de 2017 la Secretaría envió
al Despacho del entonces Magistrado Titular Jorge Iván Palacio, el memorial
recibido en la Secretaria General el 14 de febrero de 2017, suscrito por los
ciudadanos Daniel Fernando Gutiérrez Hurtado y Juan Pablo Osorio Marín,
mediante el cual presentan solicitud de nulidad contra la sentencia. La
Secretaría anota que la Sentencia C-041 de 2017 se encuentra “en los
trámites de documentación y recolección de firmas”.
[272] En escrito de 19 de mayo de 2017 la Secretaría envió al
Despacho de los H. Magistrados, doctores Iván Humberto Escrucería Mayolo
(encargado) y Antonio José Lizarazo Ocampo, el incidente de nulidad propuesto
contra la sentencia C-041 de 2017, la cual fue recibida en la secretaría de
esta corporación el día 16 de mayo de 2017, suscrita por los ciudadanos Daniel
Fernando Gutiérrez Hurtado y Juan Pablo Osorio. En dicho escrito se hace
referencia a que la Sentencia proferida e la Sala Plena el día 1º de febrero de
2017, se encuentra “en los trámites de documentación y recolección de
firmas”.
[273] Mediante Edicto No
063 de doce (12) de mayo de 2017.
[274] Comunicado de Prensa No 3 de 1 de febrero de
2017.
[275] La solicitud de nulidad debe interponerse dentro del
término de ejecutoria del fallo, esto es, dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación.
[276] Fundamento Jurídico 3.5.5
[277] Cfr. Autos 030 de 2016 y 024 de 2017. Negrilla fuera de texto.
[278] Al respecto, pueden verse los autos 015 de 2006, 280, 281
y 349 de 2010, 047 y 107 de 2011, 172 y 228 de 2012, 155 y 301 de 2013, 359 de
2014, 180 y 517 de 2015, 151 y 202 de 2016, en los cuales se rechazaron
solicitudes de nulidad dirigidas contra sentencias de control abstracto de
constitucionalidad, por falta de legitimación en la causa por activa.
[279]Auto
281 de 2010. En ese caso, la Corte se abstuvo de resolver el fondo de
solicitudes de nulidad contra una sentencia de control abstracto, por cuanto
los solicitantes “carecen de legitimación
para solicitar motu propio la nulidad de la sentencia C-588 de 2009, pues no
intervinieron en el proceso”.
[280]
Negrilla fuera de texto.
[281] En el Auto 055 de 2016, se sostuvo: “(…) no cualquier
ciudadano puede solicitar la declaratoria de nulidad de una sentencia de
constitucionalidad, sino sólo aquel que ha formulado la demanda o ha
intervenido en el trámite del proceso. Bajo ese entendido, es pertinente
preguntarse si quien argumenta tener un interés directo en la decisión, por
haber sido afectado por la misma, puede solicitar su nulidad. // La Sala Plena
ha resuelto el anterior problema jurídico, manifestando que tales personas no
se encuentran legitimadas para ello, dado el carácter abstracto e impersonal
del control abstracto de constitucionalidad (…)”.
[282] La intervención se presentó de manera extemporánea el día primero
(1) de agosto de 2016 por parte de Juan Pablo Osorio Marín, asistente docente
del área de derecho penal del consultorio jurídico  “Daniel Restrepo Escobar”
de la Universidad de Caldas; Daniel Fernando Gutiérrez Hurtado, asistente
docente del área de derecho público del Consultorio Jurídico “Daniel Restrepo
Escobar” de la Universidad de Caldas y Juan Pablo Rodríguez Cruz docente asesor
del área de derecho público, adscritos, a la Clínica Sociojurídica de interés
público de la misma institución. El término de fijación en lista del
asunto venció el 29 de julio. Intervención en los folios 177 a
181 del Expediente D-11443 y D-11467 (Cuaderno No 1).
[283] Auto 038 de 2017.
Recusación formulada por los señores Daniel Fernando Gutiérrez Hurtado y Juan
Pablo Osorio Marín contra la magistrada María Victoria Calle Correa, la cual
fue rechazada por falta de pertinencia.
[284] Auto 193 de 2017. En esta providencia se negó la solicitud
de nulidad presentada por el ciudadano Juan Pablo Osorio Marín contra el Auto
038 de 2017.
[285]Auto 245 de 2017. En esta oportunidad se negó la aclaración
de la sentencia C-041 de 2017 solicitada por ciudadano Juan Pablo Osorio Marín.
[286] Los argumentos
que fundamentan este acápite fueron tomados principalmente de los Autos 340 de
2014, 518A de 2015 y 562 de 2016.
[287] Cfr. Auto 308
de 2016.
[288] El artículo 27 del
Decreto ley 2067 de 1991 establece que en el evento de no declararse separado
del conocimiento del asunto el magistrado continuará participando en “la
tramitación y decisión del asunto”. Cfr. artículos 5º literal j), 98 y 99
del Reglamento Interno de la Corte Constitucional.
[289] Debe precisarse que si
bien el Auto 359 de 2006 separó del conocimiento de las solicitudes de nulidad
de la sentencia C-355 de 2006 al magistrado Nilson Pinilla Pinilla, lo fue por
haber manifestado su opinión -antes de posesionarse como magistrado- contra
dicha decisión de la Sala Plena de la cual no hizo parte.
[290] Cfr. Autos 211 y
047 de 2005.
[291] Cfr. Autos 308 de
2016, 216 y 011 de 2015; y Autos 380, 237 y 234 de 2014, entre otros.
[292] Ver la Sentencia C-007 de 2016 y la línea jurisprudencial
citada por ésta: Sentencias C-600 de 2010, C-241 de 2012 y C-462 de 2013.
[293] En la
Sentencia C-397 de 1995 la Corte introdujo el concepto de cosa juzgada aparente
en donde se dijo que “La cosa juzgada constitucional, plasmada en el
artículo 243 de la Constitución Política, no puede cobijar determinaciones de la
Corte carentes de toda motivación, menos todavía si ellas recaen sobre normas
no demandadas y respecto de las cuales no se ha configurado, por su propia
decisión, unidad normativa, puesto que en tales eventos la Corporación carece
de competencia para proferir el fallo en aquellos puntos que no fueron objeto
de demanda ni de proceso…”.
[294] Ver
sentencias C-310 y C-584 de 2002, C-149 de 2009 y C-007 de 2016.
[295] Así
puede existir cosa juzgada relativa explícita o implícita dependiendo a
si se hizo o no referencia en la parte resolutiva a que la Corte se limitó a
estudiar los cargos analizados, y que de no ser así la norma se puede llegar a
controvertir por otros cargos Sentencias C-478 de 1998, C-310 de 2002, C-469 de
2008, C-600 de 2010, C-912 de 2013 y C-148 de 2015.
[296] En la
Sentencia C-1046 de 2001 se dijo que la cosa juzgada material se presenta, “cuando
no se trata de una norma con texto normativo exactamente igual, es decir,
formalmente igual, sino de una disposición cuyos contenidos normativos son idénticos.
El fenómeno de la cosa juzgada opera así respecto de los contenidos de una
norma jurídica”.
[297] Sentencias C-287 de 2017, C-273 y C-007 de 2016, C-1076 de
2002 y C-551 de 2001.
[298] Negrilla fuera del texto.
[299] Negrilla fuera del texto.
[300] Negrilla fuera del texto.
[301] Sobre este punto se indicó que, “…el análisis ahora realizado no
tiene como consecuencia la inexequibilidad de ninguna norma jurídica cuyo
contenido pueda entenderse manifestación de fomento a las actividades previstas
en el artículo 7º de la Ley 84 de 1989, ya que dicho fomento tiene muy
diferentes formas de concreción y, eventualmente, implican la realización o
protección de muy distintos principios o derechos fundamentales. En estos casos
es posible, que, por elementos jurídicos propios del precepto estudiado, el
juez constitucional deba utilizar criterios de interpretación como el de
razonabilidad, proporcionalidad, ponderación, entre otros que a priori hacen
imprevisible una decisión al respecto. Por esta razón, será en el examen concreto
de las disposiciones acusadas de involucrar mandatos de fomento de actividades
de maltrato animal el que determine la declaratoria de exequibilidad o
inexequibilidad de un precepto jurídico, conclusión a la que la Corte no puede
arribar de manera general y abstracta”.
[302] Fundamento jurídico
28 y siguientes.
[303] Ibíd.
[304] Fundamento jurídico 29.
[305] Fundamento jurídico 34.
[306] Negrilla fuera del texto. Fundamento jurídico 35. A este
respecto subraya que, “(…) debe haber una delimitación precisa a través del
principio de estricta legalidad, del ejercicio de la función de policía que se
adelanta cuando las autoridades locales autorizan la celebración de
espectáculos públicos”.
[307] Explicó a este respecto
que, “Como se indicó, el estándar preciso y estricto al que se ha hecho
referencia en este fallo, es exigible a todos los espectáculos taurinos, al
margen de la naturaleza (permanente, no permanente o portátil), del inmueble en
que se lleven a cabo. Por ende, la Corte declarará la inexequibilidad de esa
expresión”.
[308] En este caso se declaró la existencia de un daño consumado
en relación con la realización de la temporada taurina correspondiente al año
2013 y se ordenó a las entidades accionadas: (i) restituir de manera inmediata
la Plaza de Toros de Santa María como plaza de toros permanente para la
realización de espectáculos taurinos y la preservación de la cultura taurina,
sin perjuicio de otras destinaciones culturales o recreativas siempre que éstas
no alteren su destinación principal y tradicional, legalmente reconocida, como
escenario taurino de primera categoría de conformidad con la Ley 916 de 2004;
(ii) rehabilitar en su integridad las instalaciones de la Plaza para la
realización de espectáculos taurinos en las condiciones habituales de su
práctica, como expresión de la diversidad cultural y el pluralismo social, en garantía de la salubridad, la seguridad y la
tranquilidad de las personas que utilicen dichos escenarios para realizar su
expresión artística o para disfrutarla; (iii)
abstenerse de adelantar cualquier tipo de actuación administrativa que
obstruya, impida o dilate su restablecimiento como recinto del espectáculo
taurino en Bogotá D.C. Finalmente
se ordenó a las autoridades distritales
competentes disponer lo necesario para la reanudación del espectáculo taurino
en la Plaza de Toros de Santa María de Bogotá, mediante la adopción de
mecanismos contractuales u otros administrativos que garanticen la continuidad
de la expresión artística de la tauromaquia y su difusión, teniendo en cuenta:
(i) la reapertura de la Plaza como escenario taurino en condiciones de
neutralidad e igualdad, garantizando la selección objetiva de los proponentes y
la realización de los fines de transparencia en la administración pública
aplicables al proceso; (ii) el restablecimiento de los espectáculos taurinos en
las fechas u ocasiones usuales en la ciudad de Bogotá, incluyendo tanto la
temporada regular en los primeros meses del año como el Festival de Verano en
el mes de agosto; (iii) la sucesiva, periódica y regular realización de las
actividades taurinas tradicionales, con las características habituales de la
calidad y contenido de tal expresión artística. Finalmente se ordenó que el
IDRD dispondrá de seis (6) meses, a partir de la notificación de la presente
providencia, para el cumplimiento de lo ordenado en el resolutivo anterior
-cuarto-, a través de los procedimientos contractuales u otros administrativos
del caso conducentes a la reanudación de los espectáculos taurinos
tradicionales y periódicos, en los términos de la Ley 916 de 2004.
[309] En el artículo 6º se estableció que, “Se presumen
dañinos y actos de crueldad para los animales los siguientes. a) Herir o
lesionar a un animal por golpe, quemadura, cortada o punzada o con arma de
fuego; d) Causar la muerte inevitable o necesaria a un animal con
procedimientos que origine sufrimiento o que prolonguen su agonía. Es muerte
inevitable o necesaria la descrita en los artículos 17 y 18 del capítulo quinto
de esta Ley; e) Enfrentar animales para que se acometan y hacer de las peleas
así provocadas un espectáculo público o privado; f) Convertir en espectáculo
público o privado, el maltrato, la tortura o la muerte de animales adiestrados
o sin adiestrar; g) Usar animales vivos para entrenamientos o para probar o
incrementar la agresividad o la pericia de otros animales”.
[310] Esto
teniendo como fundamento la Sentencia T-296 de 2013 que establece que, “Los taurómacos no son en ese sentido, una
de las ‘minorías’ constitucionalmente relevantes, como no lo son tampoco, por
ejemplo, los pedófilos, los hinchas del club ‘La Equidad’, los practicantes de
tiro con arco y así un largo etcétera de organizaciones centradas en afinidades
o en gustos comunes. Estos gustos, en términos generales, serán lícitos y
permitidos si no chocan con otros intereses de derechos sociales de mayor nivel”.
[311] Indicaron en la solicitud
que, “señalar que una declaratoria de constitucionalidad condicionada tiene
como único destinatario el legislador implica dejar sin efecto dicha
declaratoria y desconocer el concepto y alcance que tienen estos fallos en la
propia jurisprudencia de la Corte”. Del mismo modo se dispuso que la
Sentencia de la Sala de Revisión modificó el alcance derivado de la condición
2) y 5) respecto a la excepcionalidad del artículo 7º de la Ley 84 de 1994.
[312] Se explicó en el Auto que
esta Sentencia apenas fue citada sin mayor argumentación.
[313] Sentencia C-393 de 2011. Así mismo las
sentencias C-287 y C-096 de
2017, C-541 y C-007 de 2016, C-090 de 2015, C-181 de 2010 y C-030 de 2003,
entre otras.
[314] El artículo 10º señala que, “Los actos dañinos de
crueldad descritos en el artículo 6º de la presente ley, serán sancionados con
pena de arresto de 1 a 3 meses y multa de $5.000 a $50.000. PARÁGRAFO.- Cuando
como consecuencia del daño o acto cruel se produzca la muerte o se afecte
gravemente la salud del animal o éste quede impedido por pérdida anatómica o de
la función de uno o varios órganos o miembros o con deformación grave y
permanente, la pena será de arresto de 15 días a 4 meses y multas de $10.000 a
$100.000”. Por otra parte el artículo 11 señala que, “Cuando uno o
varios de los hechos sancionados en el artículo 6º, se ejecuten en vía o sitio
público, la pena de arresto será de 45 días a 6 meses y multas de $7.500 a
$50.000”.
[315] Sentencia C-889 de 2012.
[316] En este caso
el cargo se refería a que con dicha norma se estaban vulnerando los artículos 28 y 29 y el
inciso 1º del artículo150 de la Constitución, porque se tipifican en forma
“vaga, imprecisa y discrecional” la conducta punitiva, al utilizarse expresiones
como “suministren datos a las autoridades o expidan constancias o
certificaciones contrarias a la realidad; ordenen, toleren hagan o encubran
falsedades ‘en los estados financieros o en sus notas’". La Corte la
declaró exequible al encontrar que no tenían razón el actor porque los
contenidos normativos eran identificables.
[317] “Mayoría. Las
decisiones de la Corte, salvo lo dispuesto en la ley para determinados casos,
se adoptarán por mayoría absoluta. Se entiende por mayoría absoluta cualquier
número entero de votos superior a la mitad del número de Magistrados que
integran la Corte”.
[318] Por medio del cual se unifica y actualiza el Reglamento de
la Corte Constitucional.
[319] Corte
Constitucional, Auto 062 de 2000.