T-576-17
Sentencia T-576/17
LEGITIMACION
POR ACTIVA EN TUTELA DE COMUNIDAD INDIGENA-En representación de miembros de la comunidad
Tratándose de acciones de tutela promovidas para la
protección de los derechos de comunidades indígenas, la Corte ha señalado que
del carácter colectivo que ellos tienen se desprenden reglas especiales de
legitimación. En este sentido, ha afirmado que “tanto los dirigentes como los miembros individuales de estas
colectividades se encuentran legitimados para presentar la acción de tutela con
el fin de perseguir la protección de los derechos de la comunidad”.
LEGITIMACION POR PASIVA EN TUTELA-Autoridad pública
PRINCIPIO
DE SUBSIDIARIEDAD DE LA ACCION DE TUTELA-Juez debe verificar si ante la existencia de otro
medio de defensa judicial, éste es eficaz e idóneo
ACCION DE
TUTELA Y REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD-Flexibilidad en caso de sujetos de especial
protección constitucional
PUEBLOS
INDIGENAS Y COMUNIDADES NEGRAS, AFRODESCENDIENTES O AFROCOLOMBIANAS-Titulares de derechos
fundamentales y sujetos de especial protección constitucional
COMUNIDADES
INDIGENAS COMO SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION CONSTITUCIONAL Y TITULARES DE
DERECHOS FUNDAMENTALES-Procedencia de la acción de tutela para la
protección de sus derechos
Resulta relevante resaltar que
la jurisprudencia ha identificado una regla de procedencia específica de la
acción de tutela cuando esta tiene como propósito la defensa de derechos de
comunidades indígenas. Al respecto, recientemente afirmó la Corte que “la
acción de tutela es, por regla general, el medio judicial adecuado y preferente
para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y, en especial, del
derecho a la consulta previa”.
DERECHO DE
PETICION-Alcance y contenido
DERECHO DE
PETICION-Respuesta debe ser de fondo, oportuna, congruente y tener
notificación efectiva
DERECHO A LA AUTODETERMINACION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS-Autonomía
política y autogobierno/COMUNIDAD INDIGENA-Límites a la autonomía
La Corte ha afirmado que los
derechos a la autodeterminación y al autogobierno se concretan en facultades
más precisas, que les otorgan derechos como los siguientes: “(i) el de escoger
la modalidad de gobierno que las debe regir; (ii) el derecho a consolidar y
determinar sus instituciones políticas y sus autoridades tradicionales; (iii)
la posibilidad de establecer de manera propia y conforme a sus usos y
costumbres y a lo que señale la ley, las funciones que les corresponde asumir a
tales autoridades y (iv) la determinación de los procedimientos y requisitos de
elección de sus autoridades, así como la modificación y actualización de tales
normas. Al respecto, si bien a las autoridades indígenas les corresponde actuar
conforme lo han hecho en el pasado, dado que sus usos y costumbres son el eje
de su autoridad y de la cohesión social de sus pueblos, las comunidades
indígenas en su conjunto pueden determinar, modificar y actualizar las
disposiciones y procedimientos de elección, en virtud a sus potestades
legislativas internas que poseen. Por último, (v) también pueden definir las
instancias internas de resolución de sus conflictos electorales”. Según lo anterior, la elección de los representantes
de las comunidades indígenas es una manifestación de los derechos a la
autodeterminación y al autogobierno, la cual debe ser ejercida por los miembros
de la comunidad, con base en las reglas establecidas por sus usos y costumbres.
Adicionalmente, como lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional, si bien
estas comunidades tienen derecho a ejercer la autonomía dentro de sus
territorios, de acuerdo con sus usos y costumbres, este derecho encuentra
límites en otros principios constitucionales de igual categoría,
fundamentalmente en aquellos que se refieren a bienes relacionados con el individuo
y su dignidad.
CONSULTA PREVIA-Contenido y alcance
CONVENIO 169 DE LA OIT Y BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-Fundamento
del derecho a la consulta previa
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO
SUPERADO-Se respondieron de fondo
derechos de petición
DERECHO DE PETICION DE COMUNIDAD
INDIGENA-Vulneración por el
Ministerio del Interior al no dar respuesta de fondo
DERECHO A LA CONSULTA PREVIA-Caso en que accionante considera que se realizaron
consultas con miembros de la comunidad que no hacen parte del clan dominante
del territorio en el que se construirá proyecto eólico, por lo que no pueden
entenderse como válidas
Referencia: Expediente T-6.040.456
Acción de tutela interpuesta por
Zoila Curvelo Bernier contra el Ministerio del Interior–Dirección de Consulta
Previa y la sociedad Jemeiwaa Ka’ S.A.S.
Magistrado Ponente:
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Bogotá D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil dieciséis
(2017)
La Sala Tercera de Revisión (en adelante, la “Sala”)
de la Corte Constitucional (en adelante, la “Corte”), integrada por la
magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado y los magistrados Antonio José Lizarazo
Ocampo y Alejandro Linares Cantillo, quien la preside, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES
A.
LA DEMANDA DE TUTELA
1. La acción de tutela fue interpuesta el seis (6)
de septiembre de dos mil dieciséis (2016) por Zoila Curvelo Bernier, ciudadana
indígena de la etnia Wayúu, Clan Uriana, actuando a nombre propio y de otros
miembros del clan dominante del territorio Carrizal, contra el Ministerio del
Interior–Dirección de Consulta Previa y la sociedad Jemeiwaakai S.A.S. (en
adelante, la “Sociedad”), por considerar que dichas entidades omitieron
la realización de consulta previa frente a actividades que la mencionada
empresa ejecuta en su territorio ancestral. En la acción se argumentó que,
por la razón mencionada, la entidad y la empresa demandadas desconocieron
distintos derechos fundamentales de la accionante y de los otros miembros del
clan representados por ella, a saber: los derechos de petición, a la consulta
previa, al debido proceso, a la igualdad, a la conservación y protección
territorial y a participar en la toma de decisiones que los afecten.
B.
HECHOS RELEVANTES
Generalidades
sobre el clan Wayúu Uriana
2. La accionante manifestó que el territorio
Carrizal está compuesto de “una gran extensión” de hectáreas[1], de dominio
ancestral del clan Uriana. Señaló que en ese territorio se asientan distintos
clanes, entre ellos el clan Uriana (al que identifica como el dominante), el
Epieyú y el Ipuana[2].
Con relación a su conformación histórica expuso lo siguiente:
“El territorio CARRIZAL fue y
ha sido el asentamiento ancestral del Cal Uriana, cuya autoridad en jefe Clanil
la ocup[ó] el indígena way[ú]u SATUAIRA URIANA[,] quien en el año 1878 tuvo
tres mujeres (3), que en casamiento cultural de usos y costumbres adquirió,
asentándolas o trayéndolas consigo a convivir con él en su territorio Clanil.
Todas tres (3) pertenecían al CLAN EPIEY[Ú], DOS DE ELLAS hermanas ROSARITO Y
KAREME EPIEY[Ú] pertenecientes a la COMUNIDAD DE AIPIR y [M]ercedes EPIEY[Ú] DE
LA COMUNIDAD de JICHIPAÁ, territorios contiguos al suyo”[3] (sic).
3. Adicionalmente, sostuvo en su escrito de tutela
que en el territorio Carrizal se encuentra ubicado el cementerio Manuyaro, en
el que se hallan sepultados Satuaira Uriana, su hermana Josefina y muchos
familiares de Satuaira[4].
4. Afirmó que los clanes Uriana, Epieyú e Ipuana
constituyen una gran familia parental, “permitiéndoseles a todos los
derechos de uso, explotación y utilización, sin que ello constituya que sus
legítimos herederos del Clan Uriana renunciemos o repudiemos nuestros derechos
ancestrales del territorio por encontrarnos fuera de él”[5]. Agregó que es la
voluntad del clan Uriana compartir el territorio donde se asientan los clanes
Epieyú e Ipuana, como también lo es compartir “los proyectos y cualquier
obra que lo comprometa”[6],
por lo que señaló que deben ser tenidos en cuenta para la realización de
cualquier obra o proyecto que allí se planee construir.
Proceso de
consulta previa en el que el clan Wayúu Uriana solicita participar, en el marco
de la construcción de un proyecto de energía eólica
5. Adujo la accionante que en el territorio
Carrizal, específicamente en el lugar donde se encuentra asentada la comunidad
La Trampa[7],
se pretende establecer un proyecto generador de energía eólica (en adelante, el
“Parque Eólico Carrizal 195 MW” o el “Parque Eólico Carrizal” o
el “proyecto de energía eólica”), por parte de la Sociedad, la cual ha
venido adelantando un proceso de consulta previa con el acompañamiento del
Ministerio del Interior–Dirección de Consulta Previa[8].
6. Señaló la accionante que el veintiocho (28) de
marzo de 2012 sostuvo una reunión con representantes de la Sociedad, a la cual
asistió Wilder Guerra Curvelo en nombre del Ministerio del Interior y Justicia.
En ella los representantes de la Sociedad se comprometieron a mantenerlos
informados[9].
7. El veintinueve (29) de marzo de 2012 se realizó
una reunión entre la Sociedad y la comunidad de La Trampa, con la participación
del Ministerio del Interior, en la cual se acordó que la mencionada empresa
asumiría unos compromisos para la realización del proyecto de generación de
energía eólica. Tales compromisos eran: (i) la adecuación de cuatro cementerios
(por un valor total de veintidós millones setecientos treinta y dos mil
novecientos pesos - $22.732.900); y (ii) la construcción de enramadas (por valor
de cinco millones ciento sesenta y seis mil pesos - $5.166.000)[10].
8. El nueve (9) de abril de 2012, la Corporación
Autónoma Regional de La Guajira (en adelante, “Corpoguajira”) expidió la
Resolución No. 00390, “por la cual se otorga permiso para el estudio de
recursos naturales con potencial aprovechamiento de energía eólica en la Alta
Guajira–Jurisdicción del municipio de Uribia, departamento de La Guajira, y se
dictan otras disposiciones”, a nombre de la Sociedad[11]. En dicha actuación
Corpoguajira estableció una serie de compromisos que debían ser cumplidos por
la mencionada empresa, entre ellos (i) presentar actas de concertación
adelantadas con las comunidades de La Trampa y Jaipalechi para la instalación
de torres de medición, así como (ii) presentar las actas de la consulta previa
con las comunidades Wayúu adelantadas con la presencia del Ministerio del
Interior[12].
9. El diez (10) de abril
de 2012, la accionante informó al Ministerio del Interior–Dirección de Consulta
Previa que tuvo conocimiento de que la Sociedad realizó estudios para la
instalación de plantas de energía eólica y solicitó que se le informara “los
proyectos de inversión que actualmente estén tramitando o se piensen
desarrollar en el mediano y largo plazo”[13].
El diecinueve (19) de abril de ese mismo año el Ministerio contestó la petición
afirmando que no era procedente, por cuanto “los proyectos de inversión
hacen parte del giro ordinario de las relaciones entre particulares”, por
lo que le indicó que debía dirigirse a la Sociedad y solicitar tal información[14].
10. El quince (15) de
mayo de 2012, la accionante y el ciudadano Carlos Kennedy Guerra Curvelo,
perteneciente también al clan Uriana y miembro del cabildo indígena Carrizal
Apushi de Manayaruu, actuando en representación de dicho clan, presentaron una
petición a Folker Kuester y Diego Patrón Arcila, identificados como
representantes de la Sociedad, requiriendo ser informados sobre (i) el interés
de dicha empresa en la realización de estudios en el corregimiento de Carrizal
para la instalación de una planta eólica; y (ii) los compromisos adquiridos con
la comunidad en la reunión de protocolización de la consulta previa, en
particular con relación a la mejora de un cementerio, a la dotación del colegio
y a la mano de obra para la construcción de una torre de medición eólica[15].
11. El siete (7) de abril de 2014, mediante Auto No.
330, Corpoguajira decidió renovar el permiso de estudio de recursos naturales
con potencial aprovechamiento de energía eólica en la Alta Guajira,
específicamente en la zona de la comunidad Carrizal (La Trampa), por un término
de dos (2) años.
12. El treinta (30) de mayo
de 2014, el señor Diego Patrón Arcila, en representación de la Sociedad,
solicitó al Ministerio del Interior–Dirección de Consulta Previa que se
certificara la presencia o no de comunidades étnicas en el área del proyecto “Parque
Eólico Carrizal 195 MW”, localizado en el municipio de Uribia, departamento
de La Guajira. Dicho Ministerio contestó tal petición mediante el acto
administrativo de certificación No. 1024 del diez (10) de junio de 2014, en los
siguientes términos:
“se registra la presencia de
las siguientes comunidades indígenas way[ú]u: Comunidad Indígena Way[úu] La
Trampa (La Trampa-Orokama-Japulalao-Chichón), Comunidad Indígena Way[úu]
Japulalao, Comunidad Indígena Jaipalechi y la Comunidad Indígena Way[úu]
Palepaleen-Itapalepu pertenecientes al Resguardo Indígena Alta y Media Guajira,
constituido por el Incoder mediante Resolución 028 del 19 de 1994”[16] (sic).
13. El treinta (30) de
enero de 2015, el señor José Armando Pulido Curvelo, en calidad de autoridad
tradicional de las comunidades indígenas de Pajara, Alema, Manaru, Yosulu y
Maranama, solicitó al Ministerio del Interior visita de verificación y la
correspondiente certificación de la presencia de comunidades indígenas en el
área del proyecto “Parque Eólico Carrizal 195 MW”, localizado en el
municipio de Uribia, departamento de La Guajira. Para contestar esta petición,
el Ministerio del Interior–Dirección de Consulta Previa, mediante
certificación del dos (2) de julio de 2015, luego de buscar en sus bases de
datos y de realizar una visita de verificación en campo, dio respuesta al
requerimiento que le fue formulado en los siguientes términos:
“se registra la presencia de la
Comunidad Indígena Manaru, mediante la Diligencia de Posesión No. 044 de 22 de
septiembre de 2012 en la Alcaldía Municipal de Uribia y perteneciente al
Resguardo de la Alta y Media Guajira constituido mediante resolución 0015 del
28 de febrero de 1984 y ampliado mediante resolución 0028 del 19 de julio de
1994, en el área del proyecto ‘Parque Eólico Carrizal 195 MW’, localizado en
jurisdicción del municipio de Uribia, departamento de La Guajira, identificado
con las siguientes coordenadas”[17].
14. Entre marzo y abril
de 2015, la accionante envió distintas comunicaciones al Ministerio del
Interior–Dirección de Consulta Previa, como a continuación se menciona:
a.
A través de comunicación del veinticuatro (24) de marzo de 2015, indicó
que su familia se encontraba en trámite de levantamiento topográfico en su
territorio, por lo que, “para prevenir futuros conflictos”[18], le solicitó
abstenerse de dar trámite a cualquier solicitud relacionada con las comunidades
Manuyaru, Pajara, La Trampa, Trópico, Santa Cruz, Jaiparechi, Riricumana,
Arema, Carrizar, Murujuy, Japurarau y El Idilio, pertenecientes al Resguardo de
la Alta y Media Guajira, del corregimiento de Carrizal. Igualmente, le solicitó
su acompañamiento para el proceso de auto-reconocimiento territorial.
b.
Mediante escrito del quince (15) de abril de 2015, relató que se había
enterado de que el señor José Armando Pulido (ver supra, numeral 13) le solicitó a dicha entidad verificar los territorios Manuyaru y Pajara del
corregimiento de Carrizal, del municipio de Uribia, departamento de La Guajira.
Manifestó que dicha solicitud atenta contra sus derechos ancestrales sobre esos
territorios, en los cuales se encuentran sepultados sus familiares. Agregó que
el señor José Armando Pulido “no está autorizado para solicitar dicha
verificación”, pues se postuló como autoridad tradicional sin el
consentimiento de los demás miembros de la comunidad[19].
c.
Mediante comunicación del veintiocho (28) de abril de 2015, solicitó que
se expidiera copia del documento en el que el grupo de indígenas de la
ranchería de La Trampa, Carrizal, con la presencia de Marta Vanegas y del
palabrero Oragel Bouriyu, ambos funcionarios de ese Ministerio, habían manifestado
públicamente, en julio de 2014, que la accionante y sus cinco (5) hermanos son
los legítimos herederos del territorio ancestral donde se encuentra instalada
una antena de medición de vientos de propiedad de la Sociedad.
d.
A través de escrito del veintiocho (28) de abril de 2015, solicitó
acompañamiento para el auto reconocimiento de un territorio ancestral que
corresponde al clan Uriana, conformado por las comunidades de Manuyaru, Pajara,
La Trampa, Trópico, Santa Cruz, Jaiparechi, Riricumana, Arema, Carrizar,
Murujuy, Japurarau, y El Idilio, pertenecientes al Resguardo de la Alta y Media
Guajira, del corregimiento de Carrizal. Afirmó que tenía derecho a dicho
reconocimiento por cuanto era la legítima heredera en línea materna de acuerdo
con los usos y costumbres de su comunidad, y dicho reconocimiento era necesario
para “evitar los avances de los conflictos que últimamente se han venido
presentando”[20].
15. Mediante distintos
escritos el Ministerio del Interior atendió las comunicaciones a las que
hace referencia el numeral 14 anterior, así:
a.
En respuesta del veinticinco (25) de mayo de dos mil quince (2015), el
Ministerio del Interior – Dirección de Consulta Previa indicó que:
“coordinaremos con las
Secretar[í]as de Asuntos Indígenas de Uribia y la Gobernación de [L]a Guajira,
una reunión en la que evaluaremos la situación que se viene presentando en el
departamento de [L]a Guajira y especialmente en el municipio de Uribia frente a
los crecientes conflictos por territorio que se presentan entre las comunidades
Way[ú]u, de esta reunión, se determinará una ruta de abordaje de las
solicitudes presentadas ante las diferentes instancias”[21] (sic).
Sostuvo que la Dirección de Etnias del Ministerio del
Interior organizó una reunión a la que asistieron los accionantes, funcionarios
de dicho ministerio, un funcionario de la Secretaría de Asuntos Indígenas y un
palabrero, en el que los accionantes plantearon sus reclamaciones y concertaron
con los demás asistentes darle seguimiento al caso.
b.
En respuesta del veintiséis (26) de mayo
de dos mil quince (2015) de la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías
del Ministerio del Interior, se remitió copia a los accionantes de la ayuda de
memoria de la reunión celebrada el veintidós (22) de julio de dos mil catorce
(2014) en la comunidad Japurarau-La Trampa.
c.
En respuesta del seis (06) de julio de dos mil quince (2015), suscrita
por la Coordinadora del Grupo de Investigación y Registro del Ministerio del
Interior, manifestó que tomaba “atenta nota” de la solicitud de
abstenerse de dar trámite a cualquier requerimiento formulado por parte de
comunidades ubicadas en el territorio de La Trampa que no cuenten con el
consentimiento previo del clan que la accionante representa. Le sugirió también
acudir ante la alcaldía de Uribia, pues esta entidad posesiona a las
autoridades tradicionales, por lo que los registros del Ministerio del Interior
tienen como soporte jurídico las diligencias de posesión emitidas en la
alcaldía.
16. Mediante comunicación del veintitrés (23) de
noviembre de 2015, la accionante informó al Ministerio del Interior–Dirección
de Consulta Previa sobre los resultados de la reunión realizada el veinte (20)
de noviembre de ese mismo año. En dicha comunicación sostuvo que representantes
de los clanes Epieyu y Uriana acordaron que este último era el heredero
legítimo. Manifestó que en tal reunión estuvo presente el hijo de una autoridad
tradicional de la comunidad Carrizal, la integrante de la comunidad Wayúu Olga
Pana Epieyu. Según relató la accionante, el hijo de Olga Pana Epieyu autorizó
el uso de la firma de su madre en un documento de reconocimiento del dominio
del territorio de la comunidad Carrizal. Afirmó que, pese a lo anterior, la
señora Olga Pana Epieyu persiste en negar que la propiedad de dicho territorio
la ostente el clan Uriana.
17. Posteriormente, el
veintisiete (27) de julio de 2016, la accionante le solicitó por escrito al
Ministerio del Interior–Dirección de Consulta Previa (i) que informara si se ha
realizado o se pretende realizar consulta previa en el territorio Carrizal,
ubicado en el municipio de Uribia, departamento de La Guajira, con relación al
proyecto de energía eólica que allí pretende construir la Sociedad. Asimismo,
manifestó que, en caso afirmativo; (ii) se le informara con qué clanes se había
realizado tal consulta previa, los acuerdos a los que se había llegado, si se
han firmado contratos de servidumbre, entre otras; y (iii) que se vinculara al
clan Uriana al proceso de consulta previa, “por ser el Clan dominante y
dueño ancestral del territorio”[22].
18. En escrito de esa
misma fecha, la accionante solicitó al Ministerio del Interior–Dirección de
Asuntos Indígenas, ROM y Minorías realizar un proceso de verificación
territorial para determinar los clanes que tienen presencia en el lugar del
territorio Carrizal del municipio Uribia del departamento de La Guajira, donde
se pretende construir el proyecto de energía eólica por parte de la Sociedad[23].
19. Así mismo, dirigió comunicación
de la misma fecha a la Sociedad, en la cual la accionante informó que, con
relación al proyecto de instalación y operación de molinos de energía eólica en
el lugar de asentamiento de la comunidad de La Trampa en el territorio
Carrizal, del municipio de Uribia, departamento de La Guajira, se había
realizado consulta previa con el Clan Epieyu. Agregó que ese clan, no podía
tomar decisiones por este último. Manifestó también que, a la fecha, no habían
sido consultados ni tenidos en cuenta respecto de dicho proyecto, por lo que le
solicitó que se abstuvieran de iniciar cualquier obra o instalación de
medidores o molinos hasta tanto el Ministerio del Interior–Dirección de
Consulta Previa procediera a realizar el proceso de verificación territorial,
con el fin de obtener un resultado definitivo, en relación con la verdadera
representación de los clanes asentados en la comunidad de La Trampa[24].
20. El once (11) de
agosto de 2016, el Ministerio del Interior contestó las solicitudes formuladas
por la accionante con relación a la certificación del territorio Carrizal y a
la existencia de procesos de consulta previa (ver supra, numerales 17 y 18). Al respecto, manifestó que los procesos de certificación de territorios Wayúu
requieren del apoyo de personas conocedoras del sistema normativo propio de
dicha comunidad y con conocimientos de Wayunayki y, dado que a la fecha de la
respuesta el Ministerio del Interior solo contaba con el apoyo de una persona
que reunía dichas características, le manifestó a la accionante que “por lo
pronto no tenemos agenda disponible para atender su requerimiento”[25]. En todo
caso, le informó que se encontraban en disposición de adelantar una reunión con
la autoridad del clan Uriana, misma que se llevaría a cabo en el mes de
septiembre[26].
21. La Sociedad dio
respuesta a la petición mencionada en el numeral 19 mediante escrito del seis (6) de septiembre de 2016, informándole a la accionante que no se ha realizado
un proceso de consulta previa para la construcción de un parque eólico, “precisamente
por el conflicto interno existente en la zona y que no se ha resuelto conforme
a los Usos y Costumbres Way[ú]u” y que dicha Sociedad no se involucraría o
entrometerería en ningún conflicto interno de las comunidades y de sus
autoridades[27].
22. Por
los hechos anteriores, el seis (6) de septiembre de 2016, la señora Zoila
Curvelo Bernier interpuso acción de tutela, a nombre suyo y de miembros del “clan
dominante del territorio Carrizal”[28],
contra el Ministerio del Interior–Dirección de Consulta Previa y la Sociedad,
por desconocimiento del derecho a la consulta previa, al debido proceso, a la
igualdad, a la conservación y protección territorial, y a la participación en
la toma de decisiones que los afecten. El argumento de la acción de tutela es
planteado de la siguiente forma:
“Hemos solicitado, requerido y
hasta peticionado a estas entidades y empresas que como dueños ancestrales de
dicho territorio debemos ser consultados y tenernos en cuenta en nuestras
reclamaciones y aspiraciones, lo cual ha sido desconocido y han omitido, desconociéndonos
en todos los sentidos nuestros derechos y reclamaciones”[29].
23. Con base en esos argumentos, en la acción de
tutela fueron formuladas las siguientes pretensiones: (i) ordenar a las
entidades accionadas responder las peticiones elevadas ante ellas por parte de
la accionante; (ii) requerir a la Dirección de Consulta Previa del Ministerio
del Interior para que en un término máximo de 48 horas disponga lo necesario
para adelantar el proceso de consulta previa a los miembros del Clan Uriana;
(iii) exigir a la Dirección de Etnias, Minorías y Rom llevar a cabo un proceso
de verificación territorial, teniendo en cuenta para ello los métodos
tradicionales; (iv) ordenar a la Sociedad abstenerse de adelantar o ejecutar
cualquier proyecto en el territorio Carrizal, o, en caso de que la empresa
hubiera ya iniciado allí alguna actividad, suspenderla; y (v) declarar nulas
todas las actuaciones surtidas dentro del proceso de consulta previa[30].
24. Mediante auto del
ocho (8) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), la acción de tutela fue
admitida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de La Guajira, e igualmente
en él se dispuso solicitar al Instituto Agustín Codazzi y a Corpoguajira
certificar si en el territorio Carrizal donde se pretende realizar un proyecto
de energía eólica por parte de la Sociedad existen asentamientos de la etnia Wayúu
o indígena[31].
C.
RESPUESTA DE LAS ENTIDADES
ACCIONADAS Y DE LAS ENTIDADES
VINCULADAS
Instituto
Geográfico Agustín Codazzi –IGAC
25. Con relación a la orden de la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria de La Guajira contenida en el auto admisorio de la
acción de tutela (ver supra, numeral 24), mediante escrito del trece (13) de septiembre de 2016, la Directora Territorial de La Guajira del
Instituto Geográfico Agustín Codazzi señaló que dicha institución no es la
competente para certificar si en la comunidad Carrizal donde se pretende
realizar el proyecto de energía eólica por parte de la Sociedad existen
asentamientos de la etnia Wayúu o indígena, pues en su opinión la entidad
competente para ello es el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER[32].
Corpoguajira[33]
26. Con relación a lo solicitado en el auto
admisorio de la acción de tutela (ver supra, numeral 24), explicó que su competencia se limita a otorgar o negar la licencia ambiental de proyectos como
el que se propone realizar la Sociedad, según la afectación que pueda
producirse a recursos naturales determinados. Por ello, sostuvo que no le es
posible certificar la presencia de comunidades indígenas en el área de
influencia del proyecto de la mencionada empresa, pues dicha certificación es
competencia exclusiva del Ministerio del Interior, a través de la Dirección de
Consulta Previa.
Dirección de
Consulta Previa del Ministerio del Interior[34]
27. Manifestó que,
atendiendo a una solicitud de información sobre la presencia o no de grupos
étnicos para el proyecto de generación de energía eólica en el municipio de
Uribia, departamento de La Guajira, formulada por la Sociedad, certificó
mediante acto administrativo No. 116 del treinta (30) de enero de dos mil doce
(2012) que en la zona de influencia del mencionado proyecto se identificaba la
presencia de las comunidades Japulalao, La Trampa y Jaipalechi del resguardo
indígena de la Alta y Media Guajira de la etnia Wayúu[35]. Agregó que existe
registro legalmente reconocido de estas comunidades, según consta en la
Resolución No. 0015 del veintiocho (28) de febrero de mil novecientos ochenta y
cuatro (1984) expedida por el INCODER.
28. Informó que la petición formulada por la
accionante reseñada anteriormente (ver supra, numeral 17) fue contestada mediante oficio del dieciséis (16) de septiembre de dos mil dieciséis (2016)[36], de la
siguiente forma. Primero, le informó que, teniendo en cuenta el acto
administrativo No. 116 del treinta (30) de enero de dos mil doce (2012) (ver supra,
numeral 27), procedió a realizar la consulta previa con las comunidades
Japalalao, La Trampa y Jaipalechi, la cual tuvo lugar el veintinueve (29) de
marzo de dos mil doce (2012). En esa consulta se protocolizaron los siguientes
compromisos: adecuación de cuatro cementerios por valor de $22.732.900 y
construcción de dos enramadas por valor de $5.166.000. Y segundo, le puso de
presente que, debido a que en ese acto administrativo no se mencionaba el clan
Uriana, no le fue notificado el proceso de consulta previa.
29. Indicó que en el proceso de consulta previa del
proyecto de energía eólica promovido por la Sociedad participó la comunidad
indígena Wayúu La Trampa, de la cual hace parte el Clan Uriana, según lo
expuesto en la acción de tutela, por lo que “resulta improcedente adelantar
consulta previa con el Clan Uriana que pertenece a una comunidad ya consultada
que contó con todos los presupuestos legales y los principios en los que se
funda la consulta previa”[37].
Dirección de
Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior
30. Afirmó que los
conflictos internos que se presentan entre la accionante y otros miembros de la
comunidad indígena Wayúu deben ser solucionados con base en su autonomía y
conforme a los usos y costumbres de la comunidad. Señaló que el veinte (20) de
noviembre de 2015 se llevó a cabo una reunión a la que asistieron funcionarios
de ese Ministerio y de la Secretaría de Asuntos Indígenas de la Gobernación,
así como la accionante y familias pertenecientes al territorio Carrizal. Resaltó
que en esa reunión la accionante “inició el espacio dando lectura a un
documento en donde expresaba a los asistentes su interés en que se le
reconociera como la única heredera del territorio Carrizal”
(negrillas dentro del texto original), lo cual generó una reacción “negativa
y agresiva” de los comuneros indígenas presentes[38].
31. Expuso que le sugirió a la accionante adelantar
una reunión con la autoridad clanil Uriana como clan dominante del territorio
Carrizal. Señaló que esta reunión constituía una “condición clara para
retomar el ejercicio de intervención institucional en cumplimiento de las
obligaciones legales de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías”.
32. Manifestó que dio respuesta oportuna a la petición
presentada por la accionante ante esa dirección (ver supra, numeral 18), y como respaldo de su afirmación aportó copia de la respuesta[39]. En ella le informó,
entre otras cosas, que “[l]os procesos de verificación del territorio en
población Wayúu requieren además de varias jornadas de trabajo en territorio,
de personal conocedor del sistema normativo Wayúu y con manejo del Wayunayki”,
a lo que agregó que “esa entidad entre su personal de apoyo solo cuenta con
una persona perteneciente a la población indígena Wayúu que reúne estos
requisitos, el señor Palabrero Orangel Gouriyu, quien actualmente viene
atendiendo un número considerado de conflictos en todo el departamento de La
Guajira”, razón por la cual concluyó diciendo que “por lo pronto no
tenemos agenda disponible para atender su reconocimiento”[40].
Sociedad
Jemeiwaa Ka’i SAS[41]
33. Mediante escrito del veintiuno (21) de
septiembre de dos mil dieciséis (2016), informó que la petición enviada por la
accionante a dicha empresa (ver supra, numeral 19) fue contestada el seis (6) de septiembre de dos mil dieciséis (2016) (ver supra, numeral 21). A su vez, indicó que se oponía las pretensiones de la acción de tutela que la
involucraban directamente, argumentando que “[ú]nicamente se ha desarrollado
un proceso de [c]onsulta [p]revia para el establecimiento de una antena de
monitoreo eólico en el territorio de la Comunidad de la Trampa que corresponde
al área de influencia directa del equipo de medición”[42], agregando que los
acuerdos a los que se llegó en ese proceso fueron protocolizados conforme a las
disposiciones legales. Manifestó también que la instalación de la antena se
hizo con el permiso y la supervisión de Corpoguajira.
34. Informó que, ante la solicitud de la accionante,
aportó dos millones de pesos ($ 2.000.000) para una reunión de esta con
funcionarios del Ministerio del Interior y de la Secretaría de Asuntos
Indígenas del departamento de La Guajira, aunque advierte que no está informada
de sus resultados.
35. Adicionalmente, señaló que la Sociedad, teniendo
en cuenta la Directiva Presidencial 10 de 2013, relacionada con el proceso de
realización de la consulta previa, solicitó al Ministerio del Interior la
certificación de presencia o no de comunidades étnicas para el desarrollo del
parque eólico Carrizal (ver supra, numeral 12) y la posterior realización y protocolización de los acuerdos de las comunidades señaladas, lo cual da
cuenta del cumplimiento por parte de la Sociedad de las normas sobre consulta
previa.
36. Finalmente, indicó que la jurisprudencia
constitucional ha sostenido que “en caso de no llegarse a un acuerdo o
concertación con las comunidades indígenas, o estas por algún motivo se niegan
a participar en los procesos de consulta previa, las autoridades preservan la
competencia para tomar una determinación final sobre la imposición de una
medida”[43],
razón por la cual no puede accederse a la pretensión de la acción de tutela
relacionada con que se ordene la suspensión de la explotación del territorio
Carrizal.
D.
INTERVENCIONES DURANTE EL TRÁMITE
DE LA ACCIÓN DE TUTELA
37. La señora Inés Epieyu y el señor Alberto Aguilar
Riveira enviaron un oficio a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de La Guajira
indicando que habían tenido conocimiento de que el señor Javier Rojas Uriana,
representante legal de la Asociación Shipia Wayúu, había radicado el día
veintinueve (29) de agosto de dos mil dieciséis (2016) ante la Gobernación de
La Guajira un oficio relacionando un listado de nombres de las comunidades que
asocia, agrupa y agremia la Asociación Shipia Wayúu, indicando que las
comunidades ubicadas en los municipios de Manaure y Uribia se encuentran en
proceso de legalización de la afiliación a dicha asociación. Respecto de esta
comunicación, los dos intervinientes manifestaron que era falsa[44].
E.
DECISIONES JUDICIALES OBJETO DE
REVISIÓN
Primera instancia: Sentencia proferida por la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de La
Guajira, el veintidós (22) de septiembre de dos mil dieciséis (2016)
38. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Seccional de la Judicatura de La Guajira decidió negar la acción de tutela de
la referencia. Consideró que las pretensiones expuestas se circunscribían a la
protección de dos derechos fundamentales, a saber, el de petición y el de
consulta previa.
39. Con relación a las pretensiones sobre el derecho
fundamental de petición, advirtió el juez de primera instancia que “de las
pruebas allegadas a este proceso aparecen relacionados los derechos de petición
presentados por la señora Curvelo Bernier –aquí accionante– ante las entidades
accionadas, así como las respuestas entregadas frente a dichas peticiones”[45]. En
consecuencia, consideró que las entidades accionadas no habían desconocido el
derecho fundamental de petición de la accionada.
40. Con relación a las pretensiones relacionadas con
la protección del derecho fundamental a la consulta previa, consideró que sí se
han realizado trámites de consulta previa, pues la Sociedad ha cumplido los requisitos
legales para la realización del proyecto que pretende adelantar, incluyendo la
solicitud de certificación de presencia de comunidades étnicas al Ministerio
del Interior. Agregó que no se ha iniciado la construcción del Parque Eólico
Carrizal 195MW, sino que hasta el momento solo se ha instalado una antena de
medición de viento, en la zona donde está ubicada la comunidad indígena La
Trampa.
41. Por lo anterior, sostuvo que la situación
planteada por la acción de tutela se relaciona no con la falta de consulta
previa para la construcción de determinado proyecto, sino con la titularidad
del territorio donde dicho proyecto tendrá lugar. Sostuvo en este sentido lo
siguiente:
“Lo que se ha
establecido entonces es que existe un conflicto interno clanil y que por ende
los derechos que la accionante y las personas que con ella suscribieron la
tutela no surgen claramente radicados en ellos, porque otros indígenas vienen
reclamándolos en su favor, y cuando se presenta tal situación en el conflicto
debe ser resuelto por las propias comunidades acorde con sus usos y costumbres,
de ahí que la señora Curvelo Bernier solicitara al Ministerio del Interior
adelantar las gestiones tendientes a lograr un nuevo reconocimiento del
territorio, lo que no puede echar al traste per se los trámites de consulta
previa y demás que ya se han adelantado con el concurso de las autoridades de
las comunidades asentadas en el lugar donde se pretende desarrollar el referido
proyecto”.
42. Por lo expuesto, afirmó que no se advertía una
vulneración de los derechos fundamentales de petición y de consulta previa. Con
todo, señaló el juez de instancia que existe un conflicto clanil en el
territorio de la comunidad indígena La Trampa, y con el ánimo de prevenir la
vulneración de derechos de las comunidades indígenas asentadas en el territorio
Carrizal, consideró necesario proferir la siguiente orden:
“CONMINAR al Ministerio del
Interior para que a través de sus dependientes competentes adelante las
gestiones a que legalmente está obligado, con la finalidad [de] que se protejan
los intereses de otras comunidades que conformen el territorio donde se vaya a
ejecutar el proyecto Parque Eólico Carrizal, tales como la comunidad que dice
representar la accionante; en consecuencia, deben hacer el seguimiento
correspondiente a los resultados de la reunión de acompañamiento que ha debido
realizarse el 20 de noviembre de 2015 por solicitud de la señora Zoila Josefa
Curvelo Bernier y proseguir los trámites que les correspondan para determinar
qué comunidades tienen derechos a reconocer y garantizar al momento en que se
determine si es viable o no el proyecto Parque Eólico Carrizal[.] Igualmente,
deberán remitir a esta Sala, a la menor brevedad posible, un informe sobre sus
actuaciones en este caso, posteriores a la fecha ya indicada”.
Impugnación
43. La accionante impugnó parcialmente el fallo de
primera instancia. Por un lado, con relación al derecho fundamental de
petición, argumentó que las respuestas que las entidades accionadas dieron a
las solicitudes presentadas por ella fueron extemporáneas, ya que tan solo contestaron
en el momento en el que se dieron cuenta de la presentación de la acción de
tutela de la referencia. Manifestó también que la respuesta que recibió de la
Sociedad era falsa, pues, a diferencia de lo allí expresado, dio inicio a un
proceso de consulta previa, que conllevó incluso a la suscripción de acuerdos
parciales con las comunidades consultadas, mismos que fueron aceptados por la
propia empresa.
44. Por su parte, con relación al derecho
fundamental a la consulta previa, la accionante expuso tres argumentos para
oponerse a la decisión de primera instancia. En primer lugar, sostuvo que la no
inclusión del clan que representa en la certificación del Ministerio del
Interior sobre la presencia de comunidades étnicas en el territorio en el que
la Sociedad planea construir un proyecto eólico no implica que dicho clan no
tenga derecho a la consulta previa. En su opinión, “las consultas llevan
implícito una identificación del territorio, sus componentes culturales, la
afectación y la forma de cómo se deben proteger y reparar los daños que se
cause”[46].
En segundo lugar, señaló la accionante que ningún clan Wayúu puede “decidir
ni aprobar sobre un determinado territorio ningún proyecto que comprometa los
intereses de otro clan, pues traería problemas interclaniles”[47], por lo que
en su opinión el proceso de consulta previa que se adelantó con comunidades del
territorio La Trampa es ilegal y desconoce el derecho a la consulta previa de
la comunidad por ella representada. Y, en tercer lugar, afirmó que no haberse
consultado a la comunidad que ella representa implica el desconocimiento de la igualdad
en la realización de la consulta previa, pues supone que se atienden los
intereses y reclamos de ciertas comunidades en concreto, desprotegiendo los
derechos fundamentales que le asisten a su comunidad.
45. Por lo anterior, reitera la pretensión formulada
mediante la acción de tutela de la referencia, en el sentido de que el juez de
tutela debe ordenar la suspensión de las obras del proyecto adelantado por la
Sociedad para la construcción de un parque eólico.
Segunda
instancia: Sentencia proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicatura, el dieciséis (16) de noviembre de dos mil
dieciséis (2016)
46. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura revocó parcialmente el fallo proferido en primera
instancia, con el propósito de declarar la improcedencia de la acción de
tutela.
47. En opinión de la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, la accionante contaba con
la posibilidad de acudir a las autoridades estatales para plantearles sus
inconformidades y ante las autoridades indígenas pertinentes para dilucidar el
conflicto clanil sobre propiedad ancestral del territorio. En ese evento, si
obtuviera respuesta negativa a sus pretensiones, podía además acudir ante la
instancia judicial correspondiente para solicitar la protección de sus
derechos. El juez de segunda instancia consideró que, como la accionante no
había realizado ese procedimiento, resultaba improcedente la tutela.
F.
ACTUACIONES ADELANTADAS ANTE LA
CORTE CONSTITUCIONAL Y PRUEBAS RECAUDADAS EN SEDE DE REVISIÓN
Auto de pruebas del treinta (30)
de mayo de dos mil diecisiete (2017)
48. El Magistrado sustanciador, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64
del Reglamento de la Corte Constitucional, decretó pruebas en sede de revisión,
con el fin de recaudar elementos de juicio relevantes para el proceso. En
consecuencia, le solicitó información al Ministerio del Interior
sobre los siguientes asuntos: (i) las actuaciones
relacionadas con el proceso de certificación del territorio Carrizal del
municipio de Uribia del departamento de La Guajira, en atención a la petición que
en ese sentido planteó la accionante del proceso de la referencia; (ii) la
descripción detallada de la manera cómo se llevan a cabo los procesos de
certificación del territorio en las comunidades Wayúu, indicando, entre otras
cosas, si las solicitudes de certificación del territorio suspenden la
realización de los proyectos que se pretenden adelantar sobre él y si deben
realizarse en todos los casos en los que una comunidad así lo requiere; (iii)
las actuaciones realizadas durante los últimos tres (3) años con relación a los
conflictos territoriales sobre el territorio Carrizal del municipio Uribia del
departamento de La Guajira; y (iv) los procesos de consulta previa que se han
llevado a cabo con relación al proyecto “Parque Eólico Carrizal 195 MW”
que realiza la Sociedad en el territorio Carrizal del municipio Uribia del
departamento de La Guajira.
49. También
en dicha providencia se le solicitó a Corpoguajira remitir copia de todos los
actos administrativos por ella expedidos relacionados con la implementación del
proyecto de generación de energía eólica que la Sociedad pretende adelantar
en el territorio Carrizal del municipio Uribia del departamento de La Guajira.
50. Debido a que para el veintinueve (29) de junio
de dos mil diecisiete (2017) no había sido remitida a la Corte Constitucional
la información solicitada, la Sala Tercera de Revisión, mediante Auto de la
misma fecha, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento
de la Corte, resolvió “SUSPENDER los términos del presente
proceso por un periodo de dos (02) meses”[48].
Auto de pruebas del cuatro (04) de agosto de dos mil
diecisiete (2017)
51. Posteriormente,
el Magistrado sustanciador en uso de las facultades previstas en el artículo 64
del Reglamento de la Corte, le solicitó a la Sociedad la siguiente
información sobre el proyecto “Parque Eólico Carrizal 195 MW”, que
realiza en el territorio Carrizal del municipio Uribia del departamento de La
Guajira: (i) los avances en la ejecución del proyecto logrados hasta la
actualidad y las actividades que se encuentran pendientes de realizar, y (ii)
el cronograma de actividades para la ejecución del proyecto.
Información
allegada por el Ministerio del Interior
52. Para dar respuesta a la información requerida por
la Corte en el auto de pruebas (ver supra, numeral 48), mediante oficio del catorce (14) de junio de dos mil diecisiete (2017), el Director de Consulta
Previa del Ministerio del Interior señaló que, a solicitud de Diego Patrón
Arcila, representante legal de la Sociedad, esa dirección expidió la
Certificación Número 1024 de 2014, en la que se constató que se registra la
presencia de las siguientes comunidades wayúu en el área del proyecto “Parque
Eólico Carrizal 195 MW”: “Comunidad Indígena Way[ú]u La Trampa (La
Trampa-Orokamana-Japulalao-Chichón). Comunidad indígena Jaipalechi y la
Comunidad indígena Way[úu] Palepaleen-Itapalepu pertenecientes al Resguardo
indígena Alta y Media Guajira constituido por el Incoder mediante Resolución
028 del 19 de julio de 1994”[49].
53. En la Certificación Número 1024 de 2014, cuya
copia se anexa a la respuesta del Ministerio del Interior, consta que se
realizó una visita de verificación al territorio relacionado con el “Parque
Eólico Carrizal 195MW” para constatar la presencia de comunidades étnicas.
Como resultado de ella, afirmó el Ministerio que se llegó a la siguiente
conclusión:
“Con los
ejercicios y las técnicas aplicadas en campo se pudo analizar y concluir que en
el área del proyecto ‘Parque Eólico Carrizal 195 MW’ hace presencia por zonas
de usos y costumbre la comunidad indígena autodenominada ‘Manuyaluu’. Es
importante mencionar que durante la visita de verificación se encontró que se
debe aclarar y realizar la corrección pertinente toda vez que esta comunidad se
encuentra registrada en las bases de datos de la Dirección de Asuntos
Indígenas, Rom y Minorías como ‘Comunidad Indígena Manaru’”[50].
54. Igualmente, en esa
misma certificación el Ministerio del Interior advirtió de la existencia de un
conflicto relacionado con la representación de la comunidad, que involucraba a
la accionante. Sostuvo al respecto el mencionado Ministerio:
“Durante la visita de
verificación se presentó un problema de representatividad toda vez que la
señora Soyla Curvelo manifestó verbalmente ser la heredera ancestral del
territorio y su hermano mayor Miguel Agustín Curvelo Vernier ser la autoridad
viva por herencia matrilineal, por tanto la autoridad clanil, a su vez el
solicitante de la visita manifiesta ser la autoridad tradicional registrada
ante el gobierno local y nacional. Por lo anterior se realizó una entrevista a
las Comunidades vecinas utilizando la práctica de reconocimiento de terceros,
donde se entrevistó a habitantes de Carrizal y de la Comunidad la [T]rampa y
Jaipalechi, Japulalao y Arema, quienes en una asamblea reconocen que la
heredera ancestral del área Manuyaluu pertenece a la familia de la señora Soyla
Curvelo, toda vez que son los [h]erederos de los pobladores León Vernier y
Satuaira Uriana[,] quien se casó con Agustín Vernier, y que el señor José
Armando Pulido, según su testimonio[,] es nieto de Concepción Uriana y Ramón
Pana Almaso, hijo de Rafaela Pana Uriana, quien no es heredera ancestral sino
que pertenece a la familia extensa del clan Uriana.
Cabe hacer la descripción de lo
manifestado en campo sin que esto intervenga o esté en contraposición con la información
y evidencia cartográfica encontrada en campo que da cuenta de que el territorio
de la Comunidad Manayaluu coincide espacialmente en sus zonas de tránsito y
costumbres con el área del proyecto PARQUE EÓLICO CARRIZAL 195 MW”[51].
55. En la Certificación Número 1024 de 2014 también
se evidencian los “puntos o zonas de uso y costumbres identificadas por
miembros de la comunidad Manuyaluu de la etnia Way[úu]”, entre los cuales
se menciona el cementerio tradicional del clan Uriana.
56. Agregó que la Dirección de Consulta Previa del
Ministerio del Interior emitió la Certificación Número 909 de 2015, en la que
indicó que se registra la presencia de la comunidad indígena Manaru en el
territorio en el que se planea construir el proyecto “Parque Eólico Carrizal
195 MW”[52].
Dicha comunidad se encontraba representada por el señor José Armando Pulido
Curvelo, quien actuaba en su calidad de autoridad tradicional de las
comunidades indígenas de La Pajara, Alema, Manaru, Yosulu y Maranama.
57. Por otro lado, expuso
que el proceso de certificación sobre la presencia de comunidades étnicas –como
requisito previo a determinar si es necesaria o no la realización de consulta
previa– se adelanta con base en lo establecido en la Directiva Presidencial
Número 10 de 2013. Según esta, dicho proceso debe iniciarse necesariamente por
una solicitud de certificación, momento a partir del cual deben seguirse los
siguientes pasos:
(i)
Estudio de la solicitud de certificación de presencia o no de
comunidades étnicas: en esta etapa, la Dirección de Consulta Previa debe
identificar el objeto del proyecto y verificar que la información sea
suficiente para identificar su localización.
(ii)
Consulta en la base de datos de la Dirección de Consulta Previa: la
Dirección de Consulta Previa debe consultar sus bases de datos para verificar
si las coordenadas del área del proyecto, obra o actividad entregadas por el
solicitante coinciden con un territorio legalmente constituido o con presencia
de comunidades étnicas. Para realizar este paso, la Dirección debe hacer uso de
la cartografía georreferenciada creada por el Ministerio del Interior, el IGAC
y el INCODER (hoy, Agencia Nacional de Tierras –ANT).
(iii)
Verificación en campo, solo en caso que la Dirección de Consulta Previa
así lo determine: la Dirección de Consulta Previa debe determinar la presencia
de comunidades étnicas en las áreas de interés de proyecto, obra o actividad,
para lo cual debe estar presente por lo menos uno de los siguientes elementos:
que haya un asentamiento de comunidades en el área de referencia, que allí se
desarrollen los usos y costumbres por parte de comunidades en esas áreas, o que
por ellas haya tránsito de comunidades étnicas.
(iv)
Verificación de posible incidencia en territorios que no tienen asentamientos
permanentes: la Dirección de Consulta Previa debe verificar si el proyecto
genera impacto directo en comunidades étnicas que no estén asentadas de forma
permanente en el área de influencia del proyecto.
(v)
Determinación final de la necesidad de realizar la consulta previa: en
caso de que se haya identificado la presencia de comunidades étnicas en el área
de construcción del proyecto, la Dirección de Consulta Previa debe determinar
si ellas podrían verse afectadas directamente por su construcción, para efectos
de determinar si es procedente la realización de consulta previa.
(vi)
Proyección y expedición de la certificación de presencia de comunidades
étnicas: dentro de los quince (15) días siguientes a la radicación de la
solicitud, la Dirección de Consulta Previa debe expedir un acto administrativo
que contenga, entre otras, lo siguiente: una identificación clara de las áreas
de influencia del proyecto, con un mapa que muestre su localización con
coordenadas geográficas; documentación completa del desarrollo del proceso de
certificación; caracterización clara del número de identificación de las
comunidades certificadas y de sus representantes; y decisión sobre la necesidad
de realizar consulta previa.
(vii)
En caso de que se interponga recurso de reposición, resolver el recurso,
según los plazos y el procedimiento previsto en la legislación vigente.
58. Con base en la mencionada Directiva
Presidencial, afirmó el Ministerio del Interior que no tiene la facultad de
suspender la realización de un proyecto, ni tampoco de iniciar un proceso
consultivo, pues este último requiere una solicitud de inicio (ver supra,
numeral 57(i)).
59. Indicó que no se encontraron registros ni
solicitudes de inicio de consulta previa por parte de la Sociedad para el
desarrollo del proyecto “Parque Eólico Carrizal 195 MW”, pero sí se
encontró información sobre el proceso de consulta previa denominado “Generación
de Energía Eólica” ejecutado por la misma empresa. Sobre este último
proceso, afirmó que se encuentra en la etapa de seguimiento de acuerdos, y que
la última reunión para ese propósito tuvo lugar el quince (15) de diciembre de
dos mil catorce (2014). Señaló que la función del proyecto “Generación de
Energía Eólica” no es producir energía, sino medir las corrientes de aire.
Explicó en este sentido que las mediciones de viento se realizan durante dos
fases del proyecto: primero, para la realización de informes de ubicación, con
el fin de calcular el rendimiento energético de un futuro parque eólico, y,
segundo, después de la construcción de dicho parque, para comprobar el correcto
funcionamiento de las turbinas y de otros componentes del parque eólico.
60. Mediante oficio recibido por la Corte el
veintisiete (27) de junio de dos mil diecisiete (2017), el Director de Asuntos
Indígenas, ROM y Minorías amplió la información antes reseñada. Manifestó que
el siete (7) de octubre de dos mil quince (2015), el Ministerio del Interior
concertó con la accionante asistir a una reunión en el territorio a la que
asistirían las familias pertenecientes al territorio Carrizal con el fin de
escuchar los argumentos sobre su titularidad. Señaló que esa reunión se llevó a
cabo el veinte (20) de noviembre de dos mil quince (2015), con el
acompañamiento del Ministerio del Interior, en la cual no se llegó a ningún
consenso por cuanto la accionante inició su intervención solicitando que se la
reconociera como única heredera del territorio Carrizal, generando reacciones
negativas y agresivas de los comuneros indígenas presentes.
61. Agregó que, según el sistema normativo Wayúu, “la
interlocución con las entidades gubernamentales se adelanta con la autoridad
clanil, por lo cual hemos sugerido a la señora Zoila Curvelo Bernier adelantar
una reunión con la autoridad clanil Uriana como clan dominante de dicho
territorio”[53].
62. Informó que dio respuesta a la petición de la
accionante relacionada con el proceso de certificación (ver supra,
numerales 17 y 18), por lo que puede concluirse que existe hecho superado y
carencia actual de objeto con relación a las pretensiones de la accionante
relacionadas con el derecho de petición.
63. Finalmente, indicó que la accionante no aparece
registrada en los censos de las comunidades indígenas de la Dirección de
Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior, por lo que “observa
que se trata de una pretensión de carácter particular de la señora Curvelo[,]
como quiera que no se ha identificado una autoridad y una autoridad clanil
Uriana que respalde su reclamación en ese sentido”[54].
Información
allegada por Corpoguajira
64. En respuesta a la
solicitud formulada por la Corte (ver supra, numeral 49), Corpoguajira remitió copia de distintas resoluciones relacionadas con el
proyecto Parque Eólico Carrizal 195MW que se propone adelantar la Sociedad. A
continuación, se incluye una breve referencia al contenido de tales
resoluciones:
(i)
Resolución 00390 del nueve (9) de abril de dos mil doce (2012): Indicó
que, con relación al mencionado proyecto, se adelantó un proceso de consulta
previa con las comunidades Japulalao, La Trampa y Jaipalechi, pertenecientes al
Resguardo de la Alta y Media Guajira, con participación de las autoridades
tradicionales y demás miembros de las comunidades que se encuentran en el área
de influencia del proyecto. Afirmó que como consecuencia del proceso de
consulta previa se llegaron a los siguientes compromisos: (i) cuatro cementerios
por un valor de $22.739.900, para Clemente Gutiérrez Pana, Eduardo Pana Epiayu,
Tía Lucila y Ramón Pana; y (ii) dos enramadas por un valor de $5.166.000. Con
base en lo anterior, resolvió otorgar permiso para el estudio de recursos
naturales con potencia de aprovechamiento de energía eólica para la instalación
y operación de dos torres, indicando que ese permiso se otorgaba por dos años.
(ii)
Resolución 02337 del veintitrés (23) de diciembre de dos mil quince
(2015): Señaló que el día veintiuno (21) de mayo de dos mil quince (2015) la
Sociedad solicitó permiso de investigación para el estudio de impacto ambiental
del Parque Eólico Carrizal. Informó que la Oficina de Evaluación Control y
Monitoreo Ambiental de Corpoguajira emitió concepto favorable, por lo que fue
concedido el permiso para la recolección de especímenes de especies silvestres
de la diversidad biológica con fines de elaboración del estudio de impacto
ambiental del Parque Eólico Carrizal. Manifestó que dicho permiso tenía una
vigencia de catorce (14) meses.
(iii)
Resolución 01279 del quince (15) de junio de dos mil dieciséis (2016):
Indicó que, mediante oficio del diecinueve (19) de febrero de dos mil catorce
(2014), la Sociedad solicitó renovación del permiso de estudio de recursos
naturales con potencial aprovechamiento de energía eólica en la comunidad
indígena Carrizal (La Trampa), ubicada en la Alta Guajira. Ante esa petición se
inició un proceso en el que se constató que la empresa había cumplido los
compromisos técnicos y comunitarios consagrados en la Resolución 00390 del
nueve (9) de abril de dos mil doce (2012). Igualmente, señaló que el quince
(15) de diciembre de dos mil catorce (2014) se habían pactado nuevos acuerdos
con la comunidad La Trampa por un periodo de dos años, consistentes en arreglo
de dos nuevos cementerios más y los portones para los cementerios existentes,
por un valor de $34.000.000. En consecuencia, Corpoguajira resolvió renovar el
permiso solicitado por un término de dos (2) años adicionales contados a partir
de la ejecutoria del acto administrativo que se reseña.
Información allegada por el Consejo
Superior de Palabreros
65. Mediante escrito allegado a la Corte el veintiocho
(28) de junio de dos mil diecisiete (2017), intervino en el proceso de la
referencia el Consejo Superior de Palabreros. Aclaró que el propósito de este
escrito no era sugerir una posición específica que debiera tener en cuenta la
Corte, sino aportar argumentos para que la sentencia sea “precisa en cuanto
a los derechos territoriales del pueblo [W]ayúu”, como del “procedimiento
que debe[n] aplicar las entidades y empresas en los procesos de consulta en
aras de garantizar en su real magnitud la protección de los derechos
fundamentales”, con el fin de que el pronunciamiento “sirva de base para
la solución de las múltiples discusiones y conflictos que por este asunto se
presentan por toda la geografía de La Guajira, especialmente en los territorios
wayúu”[55].
66. Sostuvo que la propiedad del territorio de las
comunidades étnicas en general no suele ser individual, sino colectiva, ya que
no constituye no tanto un elemento de dominio sino parte del ecosistema con el
que interactúan. Afirmó que, como lo han destacado pronunciamientos de la Corte
y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la propiedad colectiva debe,
además, ser determinada a partir de los usos y costumbres de las comunidades
étnicas.
67. Agregó que, pese a lo anterior, la noción de
propiedad colectiva de los territorios étnicos debía ser precisada tratándose
del pueblo Wayuú, pues el derecho de dominio, atributo de la propiedad, solo lo
tienen los miembros del clan materno dominante. Por ello, consideró que es más
preciso afirmar que, según el derecho ancestral Wayúu, “el territorio no es
un derecho de propiedad sino un vínculo materno, una historia de vida fecundada
por la naturaleza”[56].
Precisó además que cada clan pertenece únicamente a un territorio, y que solo
sus legítimos dueños pueden aprobar o decidir sobre un proyecto que afecta y
compromete los derechos territoriales de otro clan dominante. Expuso al
respecto lo siguiente:
“el territorio es la SU>URA
(matriz o placenta) de donde nace la madre mayor y de la cual dependen todos
los descendientes maternos; por eso no hay clan que no posea su propio
territorio, de donde emana su autoridad mayor y la espiritualidad de sus
muertos, pues solo los que dependan de dicho clan allí han de ser enterrados en
su última morada”[57].
68. Añadió que es posible que en un mismo territorio
confluyan distintos clanes, pero que no por ello el grado de relación cultural
entre sí y sobre dicho territorio debe ser el mismo. Explicó en este sentido
que “mientras [unos clanes] guardan un derecho de habitar tradicional, bien
consentido, permitido o excesivo, el titular lleva la delantera porque el
derecho es ancestral porque la su>urá (matriz o placenta) de sus raíces, de
sus ancestros y de su pasado allí están enterrados, lo cual es un inamovible”[58].
69. En el caso antes mencionado –es decir, cuando
conviven distintos clanes en un mismo territorio–, el derecho ancestral Wayúu
establece criterios para determinar cuál es el clan dominante. Señaló el
interviniente que el más importante de ellos son las tumbas (denominadas “íí”,
“ísse” o “teií”) y los cementerios (denominados “amúchi”), ya que con ellos se
determina e indica su dominio sobre su territorio. Manifestó en este sentido
que “[e]n el mundo way[ú]u, la historia del territorio y las tumbas define
en gran medida una posesión imprescriptible, un derecho indivisible y los
límites del mismo”[59].
Añadió que por estas razones “las tumbas ancestrales sifnifi[can] una
especie de escritura pública”[60].
70. Aclaró que no cualquier cementerio puede
considerarse como prueba del dominio de un territorio, pues “muchos clanes
dominados han establecido cementerios de paso en territorio ajenos”, con
permiso de sus propios padres[61].
Con todo, estos cementerios son temporales, pues, según la cosmovisión Way[ú]u,
las almas no descansan hasta que no son llevadas a la madre tierra, único sitio
en el que pueden encontrar el “Jepirra”, nombre con el que se denomina el lugar
de descanso de las almas o la puerta de entrada al cielo.
71. Resaltó que el derecho de pertenencia
territorial de los usos y costumbres wayúu no prescribe, así sea el territorio
dejado solo por muchos años, ni tampoco puede ser enajenado, incluso por
ninguno de los miembros legítimos del clan dominante, pues significaría acabar
con un legado, con su existencia y con su propia historia.
72. Indicó que también existen conflictos en la
comunidad Wayúu no solo por la presencia de distintos clanes en un territorio,
sino por quién ejerce la representación al interior de determinado clan.
Sostuvo que en este evento también el derecho ancestral prevé la forma de
resolverlos. Explicó en este sentido lo siguiente:
“Cualquier miembro clanil
distinto al [clan] dominante, pudiendo ser achonurú (hijo de hombre), aikeyu
(nieto de hombre), considerados OUPAYU, o kerrau (yernos), que por su relación
aprental puede vivir, incluso, hasta haber nacido en él, dicha razón y causa no
les imprime derecho alguno sobre este territorio, pues ellos[,] al igual que
sus padres[,] dependen de su propio tronco matrilineal de donde descienden y
donde también tienen su propio territorio ancestral, de donde proviene su
progenitora. Así que cualquier decisión que afecta el territorio solo es
facultad del clan dominante o del dueño ancestral del territorio”[62].
73. Explicó que los conflictos claniles en la
comunidad Wayúu se han acrecentado por distintos intereses, entre ellos algunos
relacionados con el sistema general de participaciones y la llegada de empresas
explotadoras del suelo o del subsuelo. A ello se suma que muchos jóvenes wayúu
se han alejado de sus costumbres. Describe que, por lo anterior, la mayoría de
los conflictos territoriales en dicha comunidad son por causa de posesiones
ante las alcaldías y el registro ante el Ministerio del Interior de las
autoridades de las comunidades que no son dueñas ancestrales de los territorios
que ocupan. Al respecto, señala que:
“No todos los
territorios indígenas way[ú]u están ocupados por sus legítimos propietarios,
pero allí reposan sus tumbas y entierran sus muertos, y las consultas que se
estén llevando a cabo sin prever quién realmente puede disponer del mismo es un
error y una omisión, además falta del deber de cuidado ya que la consulta
implica una individualización del territorio, esto es, identificarlo
plenamente, tanto el territorio, las comunidades y sus habitantes, como sus
elementos culturales existentes que puedan resultar afectados y por lo tanto
protegidos”[63].
Información allegada por la Sociedad
74. En respuesta al auto de pruebas del cuatro (04)
de agosto de dos mil diecisiete (2017) (ver supra, numeral 51), el representante autorizado de la Sociedad informó de los avances en el proyecto
Parque Eólico Carrizal 195MW. Así, por un lado, hizo referencia a avances
técnicos, entre los que mencionó los siguientes: (i) arqueológicos, como la
evaluación y aprobación por el grupo de arqueología del Instituto Colombiano de
Antropología e Historia, relacionado con la fase de prospección y diseño del
plan de mano arqueológico; (ii) ambientales, siendo el más reciente de ellos la
Resolución 2337 de 2015 de Corpoguajira, “Por la cual se otorgan permisos
para la recolección con fines de elaboración de estudios ambientales en el
parque eólico Carrizal, jurisdicción del municipio de Uribia – La Guajira y se
dictan otras disposiciones”; y (iii) sociales, en los que reporta tres
tipos de avances: (a) certificación de presencia de comunidades y autoridades
tradicionales indígenas en el área de influencia directa del proyecto,
expedidas por el Ministerio del Interior y la Secretaría de Asuntos Indígenas
del municipio de Uribia; (b) proceso de consulta previa para la instalación de
torres de medición meteorológicas; y (c) talleres en las comunidades para
socializar el proyecto y elaborar la línea de base, como requisito para obtener
el permiso de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales.
75. Con relación al
cronograma de actividades para la ejecución del proyecto Parque Eólico Carrizal
195MW, indicó que tendrían lugar entre julio de dos mil diecisiete (2017) y
noviembre de dos mil veintidós (2022), entre las cuales se encuentran las
siguientes: talleres para la construcción de la línea de base en las
comunidades en las que aún esto no ha tenido lugar; petición al Ministerio del
Interior para la actualización de la certificación sobre presencia de grupos
étnicos y sus respectivas autoridades; y solicitud de consulta previa ante el
Ministerio del Interior, con su correspondiente convocatoria, según los
términos y condiciones que establezca esa entidad.
76. Finalmente, indicó que ha respondido de fondo y
de manera oportuna a los derechos de petición presentados por la accionante.
Resaltó además que, a diferencia de lo que ella señala, no se le ha negado su
derecho a la consulta previa y a la participación en las decisiones que la
afectan, por cuanto la primera etapa de la consulta previa, relacionada con la
instalación de torres de medición meteorológicas, se realizó con cumplimiento
de los lineamientos fijados por el Ministerio del Interior.
II.
CONSIDERACIONES
A.
COMPETENCIA
77. La Corte Constitucional es competente para
conocer de esta acción de tutela, de conformidad con lo establecido en los
artículos 86 y 241 numeral 9 de la Constitución Política, en los artículos 31 a
36 del Decreto 2591 de 1991, así como en virtud del Auto del treinta (30) de
marzo de dos mil diecisiete (2017), expedido por la Sala de Selección de Tutela
Número Tres de esta Corte, que decidió someter a revisión las decisiones
adoptadas por los jueces de instancia.
B.
CUESTIONES PREVIAS: PROCEDIBILIDAD
DE LA ACCIÓN DE TUTELA
78. En virtud de lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución
Política, los artículos concordantes del Decreto 2591 de 1991 y la reiterada
jurisprudencia constitucional sobre la materia[64], la acción de tutela tiene un carácter
residual y subsidiario. Por lo anterior, solo procede como mecanismo de
protección definitivo (i) cuando el presunto afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial o (ii) cuando, existiendo, ese medio carezca de
idoneidad o eficacia para proteger de forma adecuada, oportuna e integral los
derechos fundamentales, a la luz de las circunstancias del caso concreto.
Además, procederá como mecanismo transitorio cuando se interponga para
evitar la consumación de un perjuicio irremediable en un derecho fundamental[65]. En el evento de proceder como mecanismo
transitorio, el accionante deberá ejercer dicha acción en un término máximo de
cuatro (4) meses a partir del fallo de tutela y la protección se extenderá
hasta tanto se produzca una decisión definitiva por parte del juez ordinario[66].
79. Antes de realizar el estudio de fondo de la
acción de tutela seleccionada, la Corte procederá primero a verificar si esta
cumple los requisitos de procedibilidad.
Procedencia de la acción de tutela –Caso concreto
80. Legitimación por activa: La Constitución establece quiénes son los legitimados
para interponerla. Dice al respecto el artículo 86: “[t]oda persona tendrá
acción de tutela para reclamar […], por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales” (subrayas fuera del texto original).
81. Tratándose
de acciones de tutela promovidas para la protección de los derechos de
comunidades indígenas, la Corte ha señalado que del carácter colectivo que
ellos tienen se desprenden reglas especiales de legitimación. En este sentido,
ha afirmado que “tanto los dirigentes como los miembros individuales de
estas colectividades se encuentran legitimados para presentar la acción de
tutela con el fin de perseguir la protección de los derechos de la comunidad”[67].
82. En
la acción de tutela que se revisa se advierte que la accionante actúa a nombre
propio y de los miembros de un clan wayúu Uriana del territorio Carrizal que
ella considera dominante (ver supra, numerales 1 y 22), para
reclamar la protección principalmente de sus derechos fundamentales de petición
y a la consulta previa. Del análisis del expediente se aprecia que distintos
hechos permiten inferir que la accionante ha actuado de forma reiterada como
miembro y representante de un clan específico de la comunidad Wayúu.
83. Así,
por ejemplo, en la reunión que tuvo lugar el veinte (20) de noviembre de dos
mil quince (2015), a la que asistieron funcionarios del Ministerio del Interior
y de la Secretaría de Asuntos Indígenas de la Gobernación, así como la
accionante y familias pertenecientes al territorio Carrizal, esta última se
presentó como “única heredera del territorio Carrizal” (ver supra,
numeral 30). Además,
recuerda la Sala que, teniendo en cuenta esta reunión, mediante la
Certificación Número 1024 de 2014, el Ministerio del Interior advirtió de la
existencia de un conflicto relacionado con la representación de la comunidad,
que involucraba a distintos miembros de la comunidad indígena Wayúu, entre los
cuales se encuentra la accionante (ver supra, numeral 54).
84. Además,
en los distintos derechos de petición enviados por la accionante al Ministerio
del Interior y a la Sociedad, puso de presente su pertenencia a un clan de la
comunidad Wayúu: el clan Uriana (ver supra, numerales 10, 14, 17, 18 y 19).
85. Por
lo anterior, considera la Corte que la accionante está legitimada para
presentar la acción de tutela que se revisa, por cuanto se encuentra acreditada
su pertenencia al clan indígena a favor del cual solicita la protección de
derechos fundamentales.
86. Legitimación por pasiva: La acción de
tutela se dirige contra el Ministerio del Interior. Se trata de una autoridad
pública, por lo cual existe legitimación en la causa por pasiva, en los
términos del artículo 5 del Decreto 2591 de 1991.
87. Igualmente, se dirige también contra la
Sociedad. Respecto de dicha entidad encuentra la Corte que no existe
legitimación en la causa por pasiva en relación con el derecho a la consulta
previa, por cuanto la autoridad encargada de la realización del proceso de
consulta previa con comunidades étnicas es el Ministerio del Interior, a través
de la Dirección de Consulta Previa, según lo establece el artículo 16 del
Decreto 2893 de 2011[68].
Por otro lado, existe legitimación en la causa por pasiva frente a la
mencionada empresa con relación a la eventual vulneración del derecho de
petición, según lo prevé el artículo 32 de la Ley 1755 de 2015.
88. Inmediatez: El artículo
86 de la Constitución Política señala que la acción de tutela podrá
interponerse “en todo momento y lugar”. Por ello, no es posible
establecer un término de caducidad de la acción de tutela, pues ello sería
contrario al artículo citado[69].
Con todo, lo anterior no debe entenderse como una facultad para presentar la
acción de tutela en cualquier momento, ya que ello pondría en riesgo la
seguridad jurídica y desnaturalizaría la acción, concebida, según el propio
artículo 86, como un mecanismo de “protección inmediata” de los derechos
alegados.
89. Por lo anterior, ha entendido la jurisprudencia
constitucional que la tutela debe presentarse en un término razonable, pues de
lo contrario podrá declararse improcedente[70].
No existen reglas estrictas e inflexibles para la determinación de la
razonabilidad del plazo, sino que al juez de tutela le corresponde evaluar, a
la luz de las circunstancias de cada caso, lo que constituye un término
razonable. Esto implica que la acción de tutela no puede ser rechazada con
fundamento en el paso del tiempo, sino que debe el juez estudiar las
circunstancias con el fin de analizar la razonabilidad del término para
interponerla[71].
90. Como se explicará con más detalle (ver infra,
numeral 99), la acción de tutela identifica dos causas de la eventual
vulneración de los derechos fundamentales alegados: la ausencia de consulta
previa para la construcción del proyecto Parque Eólico Carrizal 195MW y la
falta de respuesta de peticiones presentadas por la accionante al Ministerio
del Interior y a la Sociedad, corresponde entonces analizar si existe
inmediatez respecto de cada situación.
91. Por un lado, se advierte que las peticiones más
recientes presentadas por la accionante datan del veintisiete (27) de julio de
dos mil dieciséis (2016) (ver supra, numerales 17, 18 y 19). Por lo tanto, la acción de tutela fue interpuesta menos de dos meses después de esta actuación
(ver supra, numeral 1), lo cual, a juicio de la Sala, constituye un
plazo razonable.
92. Por otro lado, la Sala advierte que la alegación
sobre la falta de consulta previa se refiere a estudios referentes a la
construcción de un potencial eólico -Parque Eólico Carrizal. Conviene recordar
en este sentido que Corpoguajira concedió en 2012 a la Sociedad permiso para el
estudio de recursos naturales con potencial de aprovechamiento de energía
eólica (ver supra, numeral 64 (i)), el cual fue renovado en 2016 (ver supra,
numeral 64 (iii)). A su vez, en 2015, Corpoguajira concedió permiso para la
recolección de información con fines de elaboración de estudios ambientales
para el Parque Eólico Carrizal (ver supra, numeral 64 (ii)). Además, estos permisos se relacionan con la eventual construcción de un parque eólico (para
la cual aún Corpoguajira no ha concedido permiso aún)[72]. Por lo anterior, puede
afirmarse que se trata de un hecho actual, razón por la que la acción de tutela
cumple también respecto de este supuesto el requisito de inmediatez.
93. Subsidiariedad: El artículo 86 de la
Constitución Política establece que la acción de tutela “solo procederá
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable”. En consecuencia, el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991
estableció como causal de improcedencia de la tutela la existencia de otros recursos
o medios de defensa judicial, sin perjuicio de la posibilidad de acudir a la
tutela como mecanismo transitorio para remediar un perjuicio irremediable.
94. La jurisprudencia constitucional ha entendido
que el requisito de subsidiariedad exige que el peticionario despliegue de
manera diligente las acciones judiciales que estén a su disposición, siempre y
cuando ellas sean idóneas y efectivas para la protección de los derechos que se
consideran vulnerados o amenazados. Ha sostenido también que una acción
judicial es idónea cuando es materialmente apta para producir el efecto
protector de los derechos fundamentales, y es efectiva cuando está
diseñada para brindar una protección oportuna a los derechos amenazados o
vulnerados[73].
95. La idoneidad y efectividad de los medios de
defensa judicial no pueden darse por sentadas ni ser descartadas de manera
general sin consideración a las circunstancias particulares del caso sometido a
conocimiento del juez[74].
96. Entre las circunstancias que el juez debe
analizar para determinar su idoneidad y efectividad se encuentra la condición
de la persona que acude a la tutela. En efecto, según la jurisprudencia, la
condición de sujeto de especial protección constitucional y la de debilidad
manifiesta del accionante son relevantes para analizar si los medios ordinarios
de defensa judicial son idóneos y efectivos. Ha sostenido que para estos
sujetos el análisis de subsidiariedad de la tutela es flexible[75].
97. Para el análisis del presente caso, resulta
relevante resaltar que la jurisprudencia ha identificado una regla de
procedencia específica de la acción de tutela cuando esta tiene como propósito
la defensa de derechos de comunidades indígenas. Al respecto, recientemente
afirmó la Corte que “la acción de tutela es, por regla general, el medio
judicial adecuado y preferente para la defensa de los derechos de los pueblos
indígenas y, en especial, del derecho a la consulta previa”[76].
98. En el caso objeto de revisión, se invoca la
protección de derechos fundamentales de un clan de la comunidad indígena Wayúu,
por hechos relacionados con la presunta ausencia de respuesta a peticiones
presentadas por la accionante y por el supuesto desconocimiento del derecho a
la consulta previa en la construcción del proyecto de energía eólica. Por ello, teniendo en cuenta el criterio jurisprudencial
antes mencionado, considera la Corte que, pese a que es posible acudir a la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho para controvertir las
actuaciones administrativas que se consideran violatorias del derecho a la
consulta previa[77],
la acción de tutela resulta también procedente.
C.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
JURÍDICO, MÉTODO Y ESTRUCTURA DE LA DECISIÓN
99. Con
base en los fundamentos fácticos expuestos en la Sección I de esta providencia,
le corresponde a la Sala resolver los siguientes problemas jurídicos:
(i)
Si el Ministerio del Interior y la Sociedad desconocieron el derecho de
petición de la accionante y de las personas en cuyo favor actúa por no dar
respuesta oportuna a las solicitudes por ella planteadas.
(ii)
Si el Ministerio del Interior desconoció el derecho a la consulta previa
de la accionante y de los miembros de la comunidad indígena Wayúu en cuyo favor
ella actúa, por no haber incluido a su clan en la certificación de la presencia
de comunidades indígenas en el área del proyecto “Parque Eólico Carrizal 195
MW”, pese a que la accionante así se lo ha solicitado en distintas
oportunidades.
100. A continuación,
la Corte procederá a analizar cada uno de los problemas jurídicos planteados en
secciones separadas.
D.
PRIMER PROBLEMA JURÍDICO: PRESUNTO
DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO DE PETICIÓN
101. Con el fin de determinar si el Ministerio del
Interior y la Sociedad desconocieron el derecho de petición de la accionante y
de los miembros del clan indígena Wayúu que ella representa, la Corte abordará
los siguientes temas. Primero, reiterará la jurisprudencia constitucional
relacionada con el alcance del derecho fundamental de petición. Segundo,
analizará, con base en los elementos probatorios obrantes en el expediente, si
este derecho se garantizó o no a la accionante.
Contenido y alcance del derecho fundamental
de petición
102. El artículo 23 de la Constitución establece el
derecho de todas las personas a “presentar peticiones respetuosas a las
autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta
resolución”. Este derecho constituye una expresión de la democracia
participativa debido a su importante función instrumental, pues a través suyo
es posible materializar distintos derechos fundamentales que dependen de
autoridades o de ciertos particulares ante los cuales ese derecho puede
ejercerse[78].
103. Con relación
al contenido de este derecho, ha precisado la jurisprudencia que su núcleo
esencial lo constituye la posibilidad misma de formular la petición y de que
ésta sea recibida, así como “la resolución pronta y oportuna de la cuestión,
pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si esta no
resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido”[79]. Por eso, la
satisfacción de este derecho requiere que la respuesta de las autoridades a las
peticiones que ante ellas se formulan cumplan con determinadas características:
(i) ser oportuna; (ii) resolverse de fondo; (iii) de forma clara, precisa y
congruente con lo planteado; y (iv) ser puesta en conocimiento del interesado.
Si no se presenta alguno de estos supuestos, la autoridad incurre en una
vulneración del derecho de petición[80].
104.       El goce efectivo del derecho
de petición implica que exista una contestación que resuelva efectivamente lo
pedido, sin que implique que la respuesta corresponda a lo solicitado, puesto
que la misma puede ser negativa siempre que sean claras las razones por las
cuales no se accede a lo peticionado; dicho de otra manera, no puede ser
evasiva o abstracta. De la misma forma, se requiere que la respuesta sea de
fondo, clara, congruente, oportuna y notificada eficazmente[81]. Sobre el particular la Corte ha dicho que:
“(…) el pronunciamiento debe versar sobre lo
preguntado, sin evasivas y puntualizando en lo que realmente desea conocer el
ciudadano; la claridad de la respuesta está relacionada con “la virtud que le permite al
peticionario entender el porqué del comportamiento de la administración,
independientemente de que esté o no de acuerdo con la resolución finalmente
tomada sobre lo pedido”[82]; por su parte la
congruencia implica la coherencia entre lo respondido y lo pedido. Finalmente,
la oportunidad y la notificación eficaz de la respuesta, constituyen que la
misma debe ser suministrada con la mayor celeridad posible, sin que se exceda
el término legal, y notificando de manera que se garantice que el peticionario
tendrá conocimiento de ella” [83].
105.
El término en el que las autoridades deben responder las
peticiones formuladas por las personas está previsto en la Ley 1755 de 2015,
estatutaria del derecho fundamental de petición. En su artículo 14 dicha ley
establece que, por regla general, las peticiones deben ser resueltas en el
término de los quince (15) días siguientes a la recepción por parte de la
autoridad competente. Se exceptúan de esta regla las peticiones de documentos y
de información, que deben resolverse dentro de los diez (10) días siguientes, y
aquellas mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades, las
cuales deben contestarse dentro de los treinta (30) días siguientes. Ahora
bien, esa misma norma señala que excepcionalmente las autoridades podrán
excusarse de resolver dentro de los plazos señalados. Ello ocurrirá cuando “no
fuera posible resolver la petición en los plazos aquí señalados”, situación
que debe ser informada al solicitante antes del vencimiento del plazo inicial,
explicando los motivos de la demora e indicando la fecha en la que se resolverá
la petición la cual, en todo caso, “no podrá exceder el doble del
inicialmente previsto”.
Potencial vulneración al derecho de petición
de la accionante –Caso concreto
106.  Para determinar si, a la luz de los hechos planteados,
se desconoció el derecho de petición de la señora Zoila Curvelo Bernier y de
los miembros del clan de la comunidad indígena Wayúu que ella representa, la
Corte procederá a contrastar las peticiones presentadas por la actora tanto al
Ministerio del Interior como a la Sociedad frente a las respuestas que
estos les dieron. Para efectos de mayor claridad, esta información se expondrá
en un cuadro comparativo de dos columnas, de tal forma que en una aparecerá
ante quién se presentó, la fecha y el contenido de la petición, y en la otra la
entidad que responde, la fecha y el contenido de la respuesta.
Peticiones presentadas
Respuestas obtenidas
Petición del diez (10) de
abril de dos mil doce (2012), dirigida al Ministerio del Interior–Dirección
de Consulta Previa, solicitando que se le informara “los proyectos de
inversión que actualmente estén tramitando o se piensen desarrollar en el
mediano y largo plazo” (ver supra, numeral 9).
Respuesta del diecinueve
(19) de abril de dos mil doce (2012) del Ministerio del Interior, señalando
que no podía contestar la solicitud, por cuanto “los proyectos de
inversión hacen parte del giro ordinario de las relaciones entre particulares”,
y en consecuencia sugiriéndole dirigirse a la Sociedad para solicitarle tal
información (ver supra, numeral 9).
Petición del quince (15) de mayo de dos mil doce (2012),
dirigida a Folker Kuester y Diego Patrón Arcila, como representantes de la
Sociedad, solicitando información sobre (i) el interés de dicha empresa en la
realización de estudios en el corregimiento de Carrizal para la instalación
de una planta eólica y (ii) los compromisos adquiridos con la comunidad en la
reunión de protocolización de la consulta previa, en particular con relación
a la mejora de un cementerio, la dotación del colegio y la mano de obra para
la construcción de una torre de medición eólica (ver supra, numeral 10).
No consta en el expediente
la respuesta a esta petición por parte de la Sociedad.
Petición del veinticuatro
(24) de marzo de dos mil quince (2015), dirigida a la Dirección de Consulta
Previa del Ministerio del Interior, solicitando abstenerse de dar trámite a
cualquier solicitud relacionada con las comunidades Manuyaru, Pajara, La
Trampa, Trópico, Santa Cruz, Jaiparechi, Riricumana, Arema, Carrizar,
Murujuy, Japurarau y El Idilio, pertenecientes al Resguardo de la Alta y
Media Guajira, del corregimiento de Carrizal. Igualmente, le solicitó su
acompañamiento para el proceso de auto-reconocimiento territorial (ver supra,
numeral 14.a).
Petición del quince (15) de
abril de 2015, indicando que el señor José Pulido Curvelo, no se encuentra
autorizado para solicitar verificación alguna, pues se postuló como autoridad
tradicional sin el consentimiento de los demás miembros de la comunidad (ver
supra, numeral 14.b)
Respuesta del seis (06) de
julio de dos mil quince (2015) de la Coordinadora del Grupo de Investigación
y Registro del Ministerio del Interior, manifestando que tomaba “atenta
nota” de la solicitud de abstenerse de dar trámite a cualquier
requerimiento formulado por comunidades ubicadas en el territorio de La
Trampa que no cuenten con el consentimiento previo del clan que la accionante
representa. Le sugirió también acudir ante la alcaldía de Uribia, pues esta
entidad posesiona a las autoridades tradicionales, por lo que los registros del
Ministerio del Interior tienen como soporte jurídico las diligencias de
posesión emitidas en la alcaldía (ver supra, numeral 15.c).
Petición del veintiocho
(28) de abril de dos mil quince (2015), dirigida a la Dirección de Consulta
Previa del Ministerio del Interior, solicitando que se expidiera copia del
documento en el que el grupo de indígenas de la ranchería de La Trampa,
Carrizal, con la presencia de Marta Vanegas y del palabrero Oragel Bouriyu,
ambos funcionarios de ese ministerio, habían manifestado públicamente, en
julio de 2014, que la accionante y sus cinco hermanos son los legítimos
herederos del territorio ancestral donde se encuentra instalada una antena de
medición de vientos (ver supra, numeral 14.c).
Respuesta del veintiséis
(26) de mayo de dos mil quince (2015) de la Dirección de Asuntos Indígenas,
ROM y Minorías del Ministerio del Interior, remitiendo copia de la ayuda de
memoria de la reunión celebrada el veintidós (22) de julio de dos mil catorce
(2014) en la comunidad Japurarau-La Trampa (ver supra, numeral 15.b).
Petición del veintiocho
(28) de abril de dos mil quince (2015), dirigida a la Dirección de Consulta
Previa del Ministerio del Interior, solicitando acompañamiento para el auto
reconocimiento de un territorio ancestral que, según la accionante,
corresponde al clan Uriana, conformado por las comunidades de Manuyaru, Pajara,
La Trampa, Trópico, Santa Cruz, Jaiparechi, Riricumana, Arema, Carrizar,
Murujuy, Japurarau, y El Idilio, pertenecientes al Resguardo de la Alta y
Media Guajira, del corregimiento de Carrizal (ver supra, numeral 14.d).
Respuesta del veinticinco (25)
de mayo de dos mil quince (2015) del Ministerio del Interior–Dirección de
Consulta Previa, indicando: “coordinaremos con las Secretar[í]as de
Asuntos Indígenas de Uribia y la Gobernación de [L]a Guajira, una reunión en
la que evaluaremos la situación que se viene presentando en el departamento
de [L]a Guajira y especialmente en el municipio de Uribia frente a los
crecientes conflictos por territorio que se presentan entre las comunidades
Way[ú]u, de esta reunión, se determinará una ruta de abordaje de las
solicitudes presentadas ante las diferentes instancias” (ver supra,
numeral 15.a).
Petición del veintisiete
(27) de julio de dos mil dieciséis (2016), dirigida al Ministerio del
Interior–Dirección de Consulta Previa, solicitándole: (i) informar si se ha
realizado o se pretende realizar consulta previa en el territorio Carrizal,
ubicado en el municipio de Uribia, departamento de La Guajira, con relación
al proyecto de energía eólica que allí pretende construir la Sociedad; (ii)
indicar con qué clanes se había realizado tal consulta previa, los acuerdos a
los que se había llegado, si se han firmado contratos de servidumbre, entre
otras; y (iii) vincular al clan Uriana al proceso de consulta previa, “por
ser el Clan dominante y dueño ancestral del territorio” (ver supra,
numeral 17).
Respuesta del once (11) de agosto de dos mil dieciséis
(2016) del Ministerio del Interior, manifestando que los procesos de
certificación de territorios Wayúu requieren del apoyo de personas
conocedoras del sistema normativo Wayúu y con conocimientos de Wayunayki y,
dado que en la actualidad el Ministerio del Interior solo cuenta con el apoyo
de una persona que tenga estas características, “por lo pronto no tenemos
agenda disponible para atender su requerimiento”. Informó que se
encontraban en disposición de adelantar una reunión con la autoridad del clan
Uriana para el mes de septiembre (ver supra, numeral 20).
Petición del veintisiete
(27) de julio de dos mil dieciséis (2016), dirigida al Ministerio del
Interior–Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías, solicitándole
realizar un proceso de verificación territorial para determinar los clanes
que tienen presencia en el lugar del territorio Carrizal del municipio Uribia
del departamento de La Guajira, donde se pretende construir el proyecto de
energía eólica por parte de la Sociedad (ver supra, numeral 18).
El Ministerio del Interior respondió esta consulta en el
mismo oficio reseñado en la casilla superior.
Petición del
veintisiete (27) de julio de dos mil dieciséis (2016), dirigida a la Sociedad
manifestándole que, a la fecha, su clan no había sido consultado ni tenido en
cuenta respecto del proyecto de construcción de energía eólica, y
solicitándole que se abstuviera de iniciar cualquier obra o instalación de
ninguna clase de medidores o molinos hasta tanto el Ministerio del
Interior–Dirección de Consulta Previa realice el proceso de verificación
territorial, con el fin de arrojar un resultado definitivo en relación con la
verdadera representación de los clanes asentados en la comunidad de La Trampa
(ver supra, numeral 19).
Respuesta del seis
(6) de septiembre de dos mil dieciséis (2016) de la Sociedad informándole que
no se ha realizado un proceso de consulta previa para la construcción de un
parque eólico, “precisamente por el conflicto interno existente en la zona
y que no se ha resuelto conforme a los Usos y Costumbres Way[ú]u”,
advirtiendo también que la empresa no se involucrará o entrometerá en ningún
conflicto interno de las comunidades y de sus autoridades (ver supra,
numeral 21).
Cuadro 1. Comparación entre
las peticiones presentadas y las respuestas obtenidas
107.
Las diferentes solicitudes resumidas en el
Cuadro 1 constituyen un ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo
23 de la Constitución Política. Por lo anterior, tanto la administración como
la Sociedad, al resolver este tipo de solicitudes, deben dar una respuesta de fondo,
clara, congruente, oportuna y notificada eficazmente, conforme a las exigencias
propias de este derecho.
108.
Sobre el particular, para esta Sala es claro
que, si bien, en la mayoría de los casos, el Ministerio del Interior dio
respuestas de fondo, claras y congruentes, negando u otorgando la información
solicitada por la actora, en algunos casos estas respuestas no fueron
oportunas, pues se dieron por fuera del término legal para resolver las
peticiones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 1755 de
2015. Por lo anterior, esta Corte encuentra que en el caso que aquí se analiza,
si bien podría considerarse que se presentó una vulneración al derecho de
petición de la accionante debido a que el Ministerio del Interior en algunos
casos no dio respuesta pronta y oportuna a las solicitudes ante él elevadas, se
configura el fenómeno del hecho superado, en la medida en que la accionante
obtuvo respuesta de fondo a sus solicitudes, de tal manera que la decisión que pudiese adoptar el juez respecto
del caso específico resultaría a todas luces inocua y, por lo tanto, contraria
al objetivo de protección previsto para el amparo constitucional[84].
109.
No sucede lo mismo con relación a la petición formulada por la
accionante el veintisiete (27) de julio de dos mil dieciséis (2016), dirigida
al Ministerio del Interior–Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías,
solicitándole realizar un proceso de verificación territorial para determinar
los clanes que tienen presencia en el lugar del territorio Carrizal del
municipio Uribia del departamento de La Guajira, donde se pretende construir el
proyecto de energía eólica por parte de la Sociedad (ver supra, numeral
18). En este caso, la contestación se limitó a exponer que no era posible
atender la solicitud realizada por cuanto los procesos de certificación de
territorios Wayúu requieren del apoyo de personas conocedoras del sistema
normativo de la comunidad y con conocimientos de Wayunayki y, el Ministerio del
Interior no contaba con el personal suficiente.
110.
En efecto, consideró la Corte que una respuesta en la que el
Ministerio del Interior se limita a aducir situaciones administrativas que le
impiden atender la petición de la accionante no constituye una respuesta de
fondo y congruente. Así, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de
la Ley 1755 de 2015, cuando la autoridad frente a la que se presenta la
petición no puede atenderla en los plazos ordinarios, debe informar al
solicitante la fecha en la que se dará la respuesta definitiva a la solicitud
planteada, la cual debe en todo caso constituir un plazo razonable. Lo
anterior, no sucedió en el presente caso, por lo que se concluye que el
Ministerio del Interior desconoció el derecho de petición de la accionante
formulado el veintisiete (27) de julio de dos mil dieciséis (2016).
111.
Por su parte, encuentra la Sala
que no consta en el expediente respuesta de la petición del quince (15)
de mayo de dos mil doce (2012), dirigida
a Folker Kuester y Diego Patrón Arcila, representantes de la Sociedad (ver supra,
numeral 10). Tampoco en el escrito de contestación de la acción de tutela de la
referencia suscrito por dicha empresa se hace referencia a dicha respuesta, pues
para explicar que esta no desconoció el derecho de petición solo se menciona la
contestación del seis (6) de septiembre de dos mil dieciséis (2016) (ver supra,
numeral 21), la cual corresponde a una petición distinta a la formulada por la
accionante (ver supra, numeral 19).
112.
Ahora bien, en la respuesta
del seis (6) de septiembre de dos mil dieciséis (2016) (ver supra,
numeral 21) la empresa abordó los planteamientos formulados por la accionante
en el derecho de petición que inicialmente no fue contestado (ver supra,
numeral 19), explicando que no seguirían adelante con actividades adicionales
del proyecto de energía eólica hasta que no hubiera un proceso de consulta
previa, que requería abordar el conflicto existente al interior de la comunidad
sobre quiénes son sus legítimos representantes. Por ello, considera la Corte
que respecto de la petición del quince (15)
de mayo de dos mil doce (2012), dirigida a Folker Kuester y Diego Patrón
Arcila, representantes de la Sociedad (ver supra, numeral 10), si bien podría considerarse que se presentó una vulneración
al derecho de petición de la accionante debido a que la Sociedad no dio
respuesta a ella, se configura aquí también el fenómeno del hecho superado, en
la medida en que la accionante obtuvo respuesta de fondo a sus solicitudes. Por
lo anterior, en
los mismos términos anteriormente señalados, considera la Corte que la decisión
que pudiese adoptar el juez respecto del caso específico resultaría a todas
luces inocua y, por lo tanto, contraria al objetivo de protección previsto para
el amparo constitucional[85]. Por lo
anterior, la Corte también declarará la carencia actual de objeto por hecho
superado de este derecho particular frente a la Sociedad.
E.
SEGUNDO PROBLEMA JURÍDICO:
PRESUNTO DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO A LA CONSULTA PREVIA
113.
El problema jurídico que se plantea sobre el posible
desconocimiento del derecho a la consulta previa tiene su origen en un
conflicto entre distintos miembros de la comunidad indígena Wayúu que habitan
el área del proyecto Parque Eólico Carrizal. Considera la Corte que para
resolver dicho problema jurídico deben analizarse tres cuestiones, a saber: (i)
el alcance de la autonomía de las comunidades indígenas y su relación con la
resolución de conflictos internos relacionados con quién ejerce su
representación; (ii) el derecho a la consulta previa; y (iii) el análisis del
caso concreto.
Autonomía de las comunidades indígenas y su relación con la
resolución de conflictos relacionados con quién ejerce su representación
114.
La Constitución Política define al Estado colombiano como
pluralista (artículo 1º) y reconoce y protege la diversidad étnica y cultural
de la Nación colombiana (artículo 7). A su vez, establece también que la
cultura, en todas sus manifestaciones, es el fundamento de la nacionalidad
colombiana, y señala que el Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las
que conviven en el país (artículo 70).
115.
En dichos mandatos constitucionales ha reconocido la Corte el
principio de diversidad étnica y cultural, que implica la aceptación de la
multiplicidad de formas de vida y sistemas de comprensión del mundo[86]. A su vez,
ha señalado que, como desarrollo de lo anterior, estas minorías tienen el
derecho de no ser forzados a adoptar una nueva cultura o a modificar la que les
es propia, salvo que se trate de una decisión libre y voluntaria adoptada por
ellas mismas[87].
116.
Con el fin de proteger la diversidad étnica y cultural, el Estado
no solo le reconoce a los integrantes de las comunidades indígenas todas las
prerrogativas que se le garantizan a los demás colombianos, sino que además les
confiere algunos derechos fundamentales como entidad colectiva[88]. Para el
análisis del caso que se revisa resultan de especial interés dos de ellas: la
autodeterminación y el autogobierno de las comunidades indígenas, y la consulta
previa. En el presente apartado la Sala se ocupará solo de la primera de ellas.
117.
Los artículos 9, 286, 287, 329 y 330 de la Constitución Política disponen
que los territorios indígenas tendrán el estatus de entidad territorial y establecen
los derechos que de ello se desprenden. Entre tales derechos se encuentra la
gestión de sus intereses y el derecho a autogobernarse por autoridades propias
según sus usos y costumbres, facultad que ha sido denominada por la
jurisprudencia constitucional como autodeterminación y autogobierno de los
pueblos indígenas.
118.
La Corte ha afirmado que los derechos a la autodeterminación y al
autogobierno se concretan en facultades más precisas, que les otorgan derechos
como los siguientes[89]:
“(i) el de escoger la modalidad
de gobierno que las debe regir; (ii) el derecho a consolidar y determinar sus
instituciones políticas y sus autoridades tradicionales; (iii) la posibilidad
de establecer de manera propia y conforme a sus usos y costumbres y a lo que
señale la ley, las funciones que les corresponde asumir a tales autoridades y
(iv) la determinación de los procedimientos y requisitos de elección de sus
autoridades, así como la modificación y actualización de tales normas. Al
respecto, si bien a las autoridades indígenas les corresponde actuar conforme
lo han hecho en el pasado, dado que sus usos y costumbres son el eje de su
autoridad y de la cohesión social de sus pueblos, las comunidades indígenas en
su conjunto pueden determinar, modificar y actualizar las disposiciones y
procedimientos de elección, en virtud a sus potestades legislativas internas
que poseen. Por último, (v) también pueden definir las instancias internas de
resolución de sus conflictos electorales”.
119.
Según lo anterior, la elección de los representantes de las
comunidades indígenas es una manifestación de los derechos a la
autodeterminación y al autogobierno, la cual debe ser ejercida por los miembros
de la comunidad, con base en las reglas establecidas por sus usos y costumbres.
Adicionalmente, como lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional[90], si bien
estas comunidades tienen derecho a ejercer la autonomía dentro de sus
territorios, de acuerdo con sus usos y costumbres, este derecho encuentra
límites en otros principios constitucionales de igual categoría,
fundamentalmente en aquellos que se refieren a bienes relacionados con el
individuo y su dignidad.
120.
Por lo demás, debe indicarse que el reconocimiento de que las
comunidades indígenas pueden darse unas reglas y normas propias implica también
que las actuaciones de las autoridades que las representan y de todos los
miembros del respectivo pueblo quedan sujetas a tal orden, de manera que
resulta exigible su observancia y respeto. Lo anterior, constituye un límite
interno o endógeno a la autonomía de los pueblos indígenas, por virtud del cual
su ejercicio está sujeto al acatamiento de las normas que ellos mismos se han
fijado.
Derecho a la consulta previa –Definición de los
representantes autorizados
121.
Como se estableció previamente, a las comunidades étnicas les
corresponden, en tanto entidad colectiva, determinadas prerrogativas que buscan
salvaguardar su diversidad étnica y cultural, entre las cuales se encuentra el
derecho a la consulta previa (ver supra, numeral 116).
122.
El derecho
a la consulta previa encuentra sustento normativo en el artículo 6(1)(a) del
Convenio 169 del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (en
adelante, “OIT”) y en los artículos 40-2, 329 y 330 de la Constitución.
La primera de estas normas citadas señala que los Estados parte deben “consultar
a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a
través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas
legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”.
Según lo establece el artículo 1 del mencionado tratado, este aplica a los
pueblos tribales o indígenas[91].
123.
Por su parte, el artículo 40 numeral 2 de la Constitución
establece el derecho a la participación democrática, mientras que los artículos
329 y 330 disponen que los territorios indígenas son de propiedad colectiva y
no enajenable, y que la explotación de los recursos naturales que allí se
encuentren se hará sin desmedro de la integridad cultural, social y económica
de las comunidades indígenas.
124.
Conviene señalar que ninguna de estas normas establece un
procedimiento específico para la realización de la consulta previa. El artículo
2 del Convenio 169 de la OIT se limita a indicar que debe realizarse de buena
fe. La ausencia de normas procedimentales específicas quiere decir que los
Estados tienen la potestad de definirlas, siempre buscando su efectividad[92].
125.
Ahora bien, la protección de los derechos a la autodeterminación
y al autogobierno de los pueblos indígenas implica que las consultas previas
deben realizarse con sus representantes autorizados[93]. Con base en este
argumento, la Corte consideró, en la sentencia T-769 de 2009, que se había
desconocido el derecho a la consulta previa pues no se tuvo en cuenta a todas las autoridades e instituciones
representativas de las comunidades respectivas, constatándose que algunos de los participantes en la adopción
del proyecto no se encontraban debidamente acreditados ni autorizados.
126.
En el ordenamiento jurídico colombiano, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 3 del Decreto 1320 de 1998, para la realización de un proceso de
consulta previa se requiere que el Ministerio del Interior certifique la
presencia de comunidades étnicas en la zona de influencia del proyecto que se
pretende adelantar. Dicha actuación debe ser fidedigna, de tal forma que si se
omite la referencia a una comunidad que puede ser afectada por la construcción
de un proyecto, obra o actividad se le desconoce su derecho a la consulta previa[94].
127.
La consulta previa debe realizarse con los representantes legales
de las autoridades de los grupos étnicos y en los espacios de concertación
propios de cada uno de ellos, tal como lo establece el numeral 6 del artículo
16 del Decreto Ley 2893 de 2011. En este punto, es preciso reconocer que pueden
existir disputas al interior de las comunidades con relación a quiénes los
representan legítimamente. En este supuesto, para respetar los derechos a la
autodeterminación y al autogobierno de los pueblos indígenas, no pueden las
autoridades del Estado resolver directamente el conflicto, eligiendo a quien
considere como representante legítimo. Su función, por lo tanto, debe limitarse
a facilitar que dichas disputas se resuelvan, de acuerdo con los usos y
costumbres de cada pueblo indígena. Así lo reconoce la legislación colombiana,
la cual en el numeral 10 del artículo 13 del Decreto 2893 de 2011 (según el
mismo fue modificado por el artículo 1º del Decreto 2340 de 2015) asigna a la
Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías la función de “[p]romover la
resolución de conflictos de conformidad con los usos y costumbres de las
comunidades indígenas y Rom”. Puede entenderse entonces que esta función
asigna al Ministerio del Interior una obligación de medio, según la cual esta
entidad se compromete a efectuar las actividades requeridas para promover la
resolución de dichos conflictos[95],
previa solicitud expresa de las comunidades en las que se presenta determinada
disputa.
Análisis sobre el cumplimiento del derecho a la consulta
previa en el caso concreto
128.
La accionante argumenta que se le desconoció a ella y a otros
miembros de la comunidad Wayúu el derecho a la consulta previa, por cuanto el
Ministerio del Interior y la Sociedad han realizado consultas con personas que,
si bien son miembros de esa comunidad, no son dueños ancestrales del territorio
donde se construirá el proyecto Parque Eólico Carrizal. Al respecto, como se
evidencia del acervo probatorio, en el proceso de consulta previa para la
instalación de la antena de monitoreo participó la comunidad indígena La
Trampa, de la cual hace parte el clan Uriana, por lo que, prima facie,
no se evidencia una vulneración al derecho a la consulta previa.
129.
Ahora bien, con fundamento en los hechos y pruebas que obran en
el expediente, concluye la Corte que la situación que se presenta en las
comunidades que habitan el territorio Carrizal, en el municipio de Uribia,
departamento de La Guajira, es un conflicto entre algunos de sus miembros acerca
de quién es el legítimo representante del territorio, lo cual podría impactar
cualquier futura consulta que se realice con dichas comunidades. De este
conflicto ha sido informado el Ministerio del Interior mediante distintas
peticiones enviadas por la accionante (ver, por
ejemplo, supra, numeral 9). Así, a partir de esas comunicaciones, el
Ministerio del Interior propició una reunión con las autoridades indígenas
involucradas en el conflicto, cuyos resultados constan en la Certificación
Número 1024 de 2014 (ver supra, numeral 54).
130.
Recuerda la Corte que los conflictos sobre las autoridades y los
representantes de las comunidades indígenas deben resolverse de acuerdo con sus
usos y costumbres, en desarrollo de los principios de autogobierno y
autodeterminación (ver supra, numeral 125). En este sentido, la función del Ministerio del Interior no puede ser la de definir, como última
instancia, quién es el clan dominante del territorio Carrizal y quiénes son sus
legítimos representantes, pues de proceder de esta forma estaría excediendo el
límite de sus funciones y desconociendo el principio de diversidad étnica y
cultural.
131.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Corte constata que el
Ministerio del Interior, lejos de vulnerar el derecho a la consulta previa de
la comunidad, ha tratado de establecer cuál es la situación real de la
representación de la misma. Para ello, convocó efectivamente una reunión a la
que asistieron las partes de este conflicto territorial. A pesar de que fue
infructuosa para lograr el resultado planteado, no supone ello un
incumplimiento de los deberes legales del Ministerio del Interior, pues
corresponde a una obligación de medio (ver supra, numeral 127), que se activa previa solicitud expresa de las comunidades en las que se
presenta determinada disputa. Además, debe indicarse que, si bien la Dirección
de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías tiene dentro de sus funciones llevar el
registro de las autoridades tradicionales indígenas, ella solo se refiere a
aquellas que han sido “reconocidas por la respectiva comunidad”, lo cual,
según la verificación que hizo el Ministerio in situ, no ha tenido lugar
en el presente caso.
132.
Con fundamento en lo anterior, en el presente caso considera la
Sala que el Ministerio del Interior ha cumplido su función establecida en el
numeral 10 del artículo 13 del Decreto Ley 2893 de 2011, según el mismo fue
modificado por el artículo 1º del Decreto 2340 de 2015, por cuanto ha actuado
cuando se lo han solicitado, mostrando así diligencia para el cumplimiento de
su obligación. Así las cosas, debido a que no es claro quién ostenta la
representación de la comunidad Wayúu Clan Uriana, clan dominante en el
territorio Carrizal, y que, por el contrario, sí lo es que existe una disputa
en la definición de dicho representante al interior de la comunidad en
aplicación de sus usos y costumbres ancestrales, no es posible acceder a las
pretensiones formuladas por la accionante. Por eso, en el resolutivo de la
presente sentencia, la Sala advertirá a la accionante que debe realizar las
gestiones necesarias para que se creen escenarios de acercamiento y diálogo en
la comunidad, en procura de buscar soluciones que permitan resolver el
conflicto territorial en la comunidad Carrizal[96].
Recordará, además, que el Ministerio del Interior debe, cuando así se lo
soliciten, dar cabal cumplimiento al numeral 6 del artículo 16 del Decreto Ley
2893 de 2011.
133.
Por ello, es posible concluir que en el presente caso: (i) no se
configura un evento de improcedencia en la acción de tutela, como lo dispuso el
juez de segunda instancia; (ii) procede el amparo del derecho de petición por
la falta de respuesta de fondo por parte del Ministerio del Interior a la
petición ante él formuladas por la accionante, el día veintisiete (27) de julio
de dos mil dieciséis (2016); (iii) debe denegarse la protección del derecho a
la consulta previa; y (iv) declarar la carencia actual de objeto, respecto de
los derechos de petición adicionales formulados ante el Ministerio y frente a
la Sociedad. En consecuencia, la Sala revocará la sentencia proferida por la
Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura, para, en su lugar,
confirmar parcialmente la decisión de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Seccional de La Guajira, en los términos de la presente providencia.
F.
SÍNTESIS DE LA DECISIÓN
134.  Zoila
Curvelo Bernier, ciudadana indígena de la etnia Wayúu, Clan Uriana, actuando a
nombre propio y de otros miembros del clan dominante del territorio Carrizal,
interpuso acción de tutela contra el Ministerio del Interior–Dirección de
Consulta Previa y la Sociedad, por considerar que estas omitieron la realización
de consulta previa frente a actividades que la mencionada empresa adelanta en
su territorio ancestral en el marco de la construcción de un proyecto de
energía eólica. Sostiene que han venido teniendo lugar consultas con otros
miembros de la comunidad Wayúu, que no hacen parte del clan dominante del
territorio en el que se construirá el proyecto, por lo que no puede entenderse
como válida.
135.  Antes
de proceder con el análisis de fondo del presente asunto, la Sala estudió el
cumplimiento de los requisitos de procedibilidad en el caso concreto,
considerando que todos ellos se verificaban. Particularmente, al analizar el
cumplimiento del requisito de subsidiariedad, reiteró la regla recientemente
establecida por la Sala Plena de la Corte en la sentencia SU-217 de 2017, de
acuerdo con la cual la acción de tutela es, por regla general, el medio
judicial adecuado y preferente para la defensa de los derechos de los pueblos
indígenas y, en especial, del derecho a la consulta previa.
136.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala consideró que la acción
de tutela planteaba dos problemas jurídicos: (i) si el Ministerio del Interior
y la Sociedad desconocieron el derecho de petición de la accionante y de las
personas en cuyo favor actúa por no dar respuesta oportuna a las solicitudes
por ella planteadas, y (ii) si el Ministerio del Interior desconoció el derecho
a la consulta previa de la accionante y de los miembros de la comunidad
indígena Wayúu en cuyo favor ella actúa, por no haber incluido a su clan en la
certificación de la presencia de comunidades indígenas en el área del proyecto
“Parque Eólico Carrizal 195 MW”, pese a que la accionante así se lo ha
solicitado en distintas oportunidades.
137.
Respecto del primer problema
jurídico, la Sala concluyó que las peticiones presentadas por la accionante al
Ministerio del Interior fueron en su mayoría contestadas de fondo. Advirtió a
su vez que en una de ellas el Ministerio se limitó a indicarle a la accionante
los obstáculos administrativos que le impiden cumplir con lo solicitado por
ella, sin indicarle una fecha aproximada en la que estaría en capacidad de
hacerlo. Por lo anterior, consideró que resultaba procedente concluir que esta
entidad, en este caso concreto, desconoció el derecho fundamental reconocido en
el artículo 23 de la Constitución. Respecto de los casos adicionales, se
constató que no hubo una respuesta pronta y oportuna a las solicitudes elevadas
ante la misma, se configura aquí el fenómeno del hecho superado, en la medida
en que la accionante obtuvo respuesta de fondo a sus solicitudes.
138.
Por su parte, consideró la Sala
que no consta en el expediente respuesta de la petición del quince (15)
de mayo de dos mil doce (2012), dirigida a Folker Kuester y Diego Patrón
Arcila, representantes de la Sociedad (ver supra, numeral 10). Con todo, señaló que en la respuesta del
seis (6) de septiembre de dos mil dieciséis (2016) (ver supra, numeral 21) la empresa abordó los planteamientos formulados por la accionante en el derecho
de petición que inicialmente no fue contestado (ver supra, numeral 19). Por ello, afirmó que respecto de la petición del
quince (15) de mayo de dos mil doce (2012), dirigida a dichos miembros
de la Sociedad (ver supra, numeral 10), si bien podría considerarse que se presentó una vulneración al
derecho de petición de la accionante debido a que la Sociedad no dio respuesta
a la solicitud mencionada, se configura aquí el fenómeno del hecho superado, en
la medida en que la accionante obtuvo respuesta de fondo a sus solicitudes, por lo que la decisión que pudiese adoptar el juez respecto del caso
específico resultaría a todas luces inocua y, por lo tanto, contraria al
objetivo de protección previsto para el amparo constitucional. Por lo anterior, la Corte declarará la carencia actual de objeto
por hecho superado de este derecho particular frente a la Sociedad.
139.
Con relación al segundo problema
jurídico, consideró la Corte que la discusión se centra en el conflicto
que existe entre las comunidades que ocupan el territorio Carrizal, del
municipio Uribia, departamento de La Guajira. Afirmó que los conflictos sobre
las autoridades y los representantes de las comunidades indígenas deben
resolverse de acuerdo con sus usos y costumbres, en desarrollo de los
principios de autogobierno y autodeterminación. Por ello, no le es dado al
Ministerio del Interior definir, como última instancia, quiénes son los
legítimos representantes, pues de proceder de dicha forma excedería sus
competencias.
140.
Adicionalmente, señaló la Corte que el Ministerio del Interior ha
cumplido su función establecida en el numeral 10 del artículo 13 del Decreto
Ley 2893 de 2011 (según el mismo fue modificado por el artículo 1º del Decreto
2340 de 2015), por cuanto ha actuado cuando se lo han solicitado las
comunidades, mostrando así diligencia para el cumplimiento de su obligación.
Por eso, en el resolutivo de la presente sentencia, la Sala advertirá a la
accionante que debe realizar las gestiones necesarias para que se creen
escenarios de acercamiento y diálogo en la comunidad, en procura de buscar soluciones
que permitan resolver el conflicto territorial en la comunidad Carrizal.
III.      DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala
Tercera de Revisión de la Corte Constitucional de la República de Colombia,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- LEVANTAR la suspensión de términos,
declarada mediante el Auto del veintinueve (29) de junio de dos mil diecisiete
(2017).
Segundo.- REVOCAR la decisión de segunda instancia
del proceso de la referencia, proferida el dieciséis (16) de noviembre de 2016
por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura,
la cual declaró improcedente la acción de tutela. En su lugar, CONFIRMAR
PARCIALMENTE la decisión de primera instancia del proceso de la referencia,
proferida el veintidós (22) de septiembre de dos mil dieciséis (2016) por la
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de La
Guajira, únicamente en cuanto a la decisión de denegar el amparo del derecho a
la consulta previa.
Tercero.- DECLARAR la carencia actual de
objeto por hecho superado con relación al desconocimiento del derecho de
petición por parte de la sociedad Jemeiwaa Ka’ S.A.S. y del Ministerio del
Interior. Se exceptúa de esta declaración lo relacionado con la petición
formulada por la accionante el día veintisiete (27) de julio de dos mil
dieciséis (2016), respecto del cual se TUTELA el derecho de petición.
Cuarto.-  ORDENAR al Ministerio del Interior
que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de
la presente sentencia, dé respuesta de fondo a la petición formulada por Zoila
Bernal Curvelo, el día veintisiete (27) de julio de dos mil dieciséis (2016).
Quinto.- ADVERTIR a la accionante que en desarrollo
de sus cometidos debe iniciar las gestiones necesarias para que se creen
escenarios de acercamiento y diálogo en la comunidad a la que representa, en
procura de buscar soluciones que permitan resolver el conflicto territorial y
definir la representación del clan Uriana de la comunidad indígena Wayúu,
ubicada en el territorio Carrizal, municipio de Uribia, departamento de La
Guajira. Para ello, podrá solicitar el acompañamiento del Ministerio del Interior,
para que este ejerza dicha función en cumplimiento del deber asignado en el numeral
10 del artículo 13 del Decreto Ley 2893 de 2011, según el mismo fue modificado
por el artículo 1º del Decreto 2340 de 2015..
Sexto.- LIBRAR, a través de la Secretaría
General, las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591
de 1991, y DISPONER, a través de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de
La Guajira, la realización de la notificación a las partes de que trata esa
misma norma.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase.
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ
LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
Con aclaración de voto
GLORIA STELLA
ORTIZ DELGADO
Magistrada
ROCÍO LOAIZA
MILIÁN
Secretaria
General (E)
[1]
Según consta en el cuaderno principal, fl. 1.
[2]
Según consta en el cuaderno principal, fl. 2.
[3]
Ibíd.
[4]
Ibíd.
[5]
Ibíd.
[6]
Ibíd.
[7]
Según consta en el cuaderno principal, fl. 69.
[8]
Según consta en el cuaderno principal, fl. 2.
[9]
Según consta en el cuaderno principal, fl. 23.
[10]
Según consta en el cuaderno principal, fl. 119.
[11]
Según consta en el cuaderno principal, fl. 117.
[12]
Según consta en el cuaderno principal, fl. 118.
[13]
Según consta en el cuaderno principal, fl. 20.
[14]
Según consta en el cuaderno principal, fl. 21.
[15]
Según consta en el cuaderno principal, fl. 22.
[16]
Según consta en el cuaderno principal, fl. 50.
[17]
Según consta en el cuaderno principal, fl. 51.
[18]
Según consta en el cuaderno principal, fl. 24.
[19]
Según consta en el cuaderno principal, fl. 25.
[20]
Según consta en el cuaderno principal, fl. 27.
[21]
Según consta en el cuaderno principal, fl. 47.
[22]
Según consta en el cuaderno principal, fl. 70, 136 y 137.
[23]
Según consta en el cuaderno principal, fls. 75 y 76.
[24]
Según consta en el cuaderno principal, fls. 71 y 72.
[25]
Según consta en el cuaderno principal, fl. 113.
[26]
Según consta en el cuaderno principal, fl. 114.
[27]
Según consta en el cuaderno principal, fl. 84.
[28]
Según consta en el cuaderno principal, fl. 1.
[29]
Según consta en el cuaderno principal, fl. 3.
[30]
Según consta en el cuaderno principal, fl. 2.
[31]
Según consta en el cuaderno principal, fl. 86.
[32]
Según consta en el cuaderno principal, fl. 99.
[33]
Según consta en el cuaderno principal, fl. 101.
[34]
Según consta en el cuaderno principal, fls. 124 a 135.
[35]
Según consta en el cuaderno principal, fls. 172 a 174.
[36]
Según consta en el cuaderno principal, fls. 138 a 142.
[37]
Según consta en el cuaderno principal, fl. 134.
[38]
Según consta en el cuaderno principal, fl. 187.
[39]
Según consta en el cuaderno principal, pp. 190 y 191.
[40]
Según consta en el cuaderno principal, p. 190.
[41]
Según consta en el cuaderno principal, fls. 177 a 185.
[42]
Según consta en el cuaderno principal, fl. 179.
[43]
Según consta en el cuaderno principal, p. 184.
[44]
Según consta en el cuaderno principal, fls. 107 a 110.
[45]
Según consta en el cuaderno principal, fl. 211.
[46]
Según consta en el cuaderno principal, fl. 270.
[47]
Ibíd.
[48]
Según consta en cuaderno 3, folio 47.
[49]
Según consta en el cuaderno de pruebas, fl. 24.
[50]
Según consta en el cuaderno de pruebas, fl. 56.
[51]
Según consta en el cuaderno de pruebas, fl. 57.
[52]
Según consta en el cuaderno de pruebas, fl. 24.
[53]
Según consta en el cuaderno de pruebas, fl. 90.
[54]
Ibíd.
[55]
Según consta en el cuaderno de pruebas, fl. 96.
[56]
Según consta en el cuaderno de pruebas, fl. 98.
[57]
Según consta en el cuaderno de pruebas, fl. 96.
[58]
Según consta en el cuaderno de pruebas, fl. 97.
[59]
Según consta en el cuaderno de pruebas, fl. 98.
[60]
Según consta en el cuaderno de pruebas, fl. 99.
[61]
Ibíd.
[62]
Según consta en el cuaderno de pruebas, fl. 102.
[63]
Según consta en el cuaderno de pruebas, fl. 107.
[64] Ver, entre otras, sentencias T-119, T-250, T-317, T-446 y T-548,
todas de 2015.
[65] Acerca del
perjuicio irremediable, esta Corte ha señalado que debe reunir una serie de
características, a saber: “(i) que se trate de un hecho cierto e inminente;
(ii) que las medidas a tomar deben ser urgentes; (iii) que la situación a la
que se enfrenta la persona es grave; y finalmente (iv) que las actuaciones de
protección han de ser impostergables.” Ver, entre otras, sentencia T-896 de 2007.
[66] Al respecto, el Decreto 2591 de 1991 en su artículo 8 establece lo
siguiente: “[a]ún cuando el afectado disponga de otro medio de defensa
judicial, la acción de tutela procederá cuando se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable. En el caso del inciso anterior, el juez
señalará expresamente en la sentencia que su orden permanecerá vigente sólo
durante el término que la autoridad judicial competente utilice para decidir de
fondo sobre la acción instaurada por el afectado. En todo caso el afectado
deberá ejercer dicha acción en un término máximo de cuatro (4) meses a partir
del fallo de tutela”.
[67]
Ver, sentencia T-795 de 2013, reiterada en la sentencia T-213
de 2016.
[68]
Establece ese artículo que es función de la Dirección de
Consulta Previa del Ministerio del Interior “[d]irigir en coordinación con
las entidades y dependencias correspondientes los procesos de consulta previa
que se requieran de conformidad con la ley”.
[69] Ver, sentencia C-543 de 1992.
[70] Ver, sentencia SU-961 de 1999.
[71] Ver, sentencia T-246 de 2015.
[72]
Conviene precisar que, en respuesta a la información
solicitada por el Magistrado sustanciador mediante auto de pruebas, la Sociedad
informó que, según su cronograma de actividades, están programadas labores de
construcción del proyecto Parque Eólico Carrizal para desarrollarse entre 2017
y 2022. Entiende la Sala que se trata de un cronograma estimado por la entidad,
pues no existe aún permiso de Corpoguajira para la construcción del Parque
Eólico Carrizal (ver supra, numeral 75), según consta en las pruebas que obran
en el expediente.
[73]
Ver, sentencia T-211 de 2009.
[75]
Ver, sentencia T-589 de 2011.
[76]
Ver, sentencia SU-217 de 2017.
[77]
Al respecto, el artículo 46 de la Ley 1437 de 2011 establece
lo siguiente: “cuando la Constitución o la ley ordenen la realización de una
consulta previa a la adopción de una decisión administrativa, dicha consulta
deberá realizarse dentro de los términos señalados en las normas respectivas,
so pena de nulidad de la decisión que se llegare a adoptar”.
[78]
Ver, sentencia C-818 de 2011.
[79]
Ver, sentencia T-377 de 2008.
[80]
Ver, sentencia C-818 de 2011.
[81]
Ver, sentencia T-149 de 2013.
[82]
Ver, sentencia T-968 de 2005.
[83]
Ver, sentencia T-439 de 2013.
[84]
Ver, sentencia T-059 de 2016.
[85]
Ver, sentencia T-059 de 2016.
[86]
Ver, sentencia T-973 de 2014.
[87]
Ibíd.
[88]
Ver, sentencia T-371 de 2013.
[89]
Ver, sentencia T-973 de 2009.
[90]
Ver, sentencias C-292 de 2003, T-603 de 2005 y T-188 de 2015.
[91]
Ver, sentencia C-379 de 2016.
[92]
Ver, sentencias C-187 y T-693, ambas de 2011.
[93]
Desde sus primeras sentencias sobre consulta previa, la Corte
ha puesto de presente la importancia de que esta se realice con los
representantes autorizados de las comunidades indígenas. Así, por ejemplo, en
la sentencia SU-039 de 1997 estableció lo siguiente: “No tiene por consiguiente el valor de consulta la
información o notificación que se le hace a la comunidad indígena sobre un
proyecto de exploración o explotación de recursos naturales. Es necesario que
se cumplan las directrices antes mencionadas, que se presenten fórmulas de
concertación o acuerdo con la comunidad y que finalmente ésta se manifieste, a
través de sus representantes autorizados, su conformidad o inconformidad
con dicho proyecto y la manera como se afecta su identidad étnica, cultural,
social y económica” (subrayas por
fuera del texto original).
[94]
Ver, sentencia T-348 de 2012.
[95]
Ver Procedimiento para promover la Resolución de Conflictos de
las comunidades indígenas de conformidad con sus usos y costumbres, AN-AI-P5 V4
del Ministerio del Interior.
[96]
Esta decisión se adopta en seguimiento del precedente
establecido en la sentencia T-188 de 2015.