T-243-17
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-243/17
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia excepcional
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Agotamiento de todos
los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial como requisito
general de procedibilidad
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia por cuanto recurso
extraordinario de casación fue indebidamente fundamentado dentro de proceso ordinario laboral
Referencia:
Expediente T-5.748.388
Demandante:
Jorge Enrique Gaitán Mendoza
Demandados:
Tribunal Superior de Bogotá -Sala Laboral de
Descongestión- y Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Laboral-
Magistrado Ponente:
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Bogotá D.C., veinticinco (25) de abril de dos
mil diecisiete (2017).
La
Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
Magistrados Alejandro Linares Cantillo, Antonio José Lizarazo Ocampo y Luis Guillermo
Guerrero Pérez, quien la preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, específicamente
las previstas en los artículos 86       y 241 Num. 9º de la Constitución
Política y 33 y subsiguientes del Decreto 259
SENTENCIA
En el trámite de revisión del fallo proferido
por la Corte Suprema de Justicia     -Sala de Casación Civil- que, a su turno,
confirmó el dictado por la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Penal,
Sala de Decisión de Tutelas     No. 1-, a propósito del recurso de amparo
constitucional formulado por Jorge Enrique Gaitán Mendoza contra el Tribunal
Superior de Bogotá -Sala Laboral de Descongestión- y la Corte Suprema de
Justicia -Sala de Casación Laboral-.
I.       ANTECEDENTES
1.      La solicitud
Como se ilustra en la demanda, el 1º de
julio de 2016, el señor Jorge Enrique Gaitán Mendoza, actuando por conducto de mandatario
judicial, presentó acción de tutela en procura de obtener la protección de sus
derechos constitucionales fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y a la igualdad ante la ley, presuntamente vulnerados
por la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Laboral- al no casar la
sentencia de segunda instancia expedida por el Tribunal Superior de Bogotá
-Sala Laboral de Descongestión- dentro del proceso ordinario laboral que
entabló contra la Sociedad Operaciones Sísmicas Petroleras -OPSIS S.A.-, la
Organización       de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y
la Cultura -O.I.E.- y la Empresa Colombiana de Petróleos -ECOPETROL S.A.-.
Los hechos y consideraciones que respaldan
dicho pedimento, son los que seguidamente se exponen:
2.      Hechos relevantes
2.1. Refiere el señor Jorge Enrique Gaitán
Mendoza que se desempeñó como geólogo en el programa sísmico denominado “Bloque
Tierra Negra 2000”,     el cual se llevó a cabo en jurisdicción del municipio
de Tauramena, Casanare, según contrato de trabajo que suscribió con la Sociedad
Operaciones Sísmicas Petroleras -OPSIS S.A.-, a partir del 1º de diciembre de
2000 y hasta el 31 de julio de 2001, sin solución de continuidad y con un
salario mensual                 de $ 3.500.000.
2.2. Señala que debido al incumplimiento de
la citada entidad, contratista a su vez de la Organización de Estados
Iberoamericanos para la Educación,            la Ciencia y la Cultura -O.I.E.-,
en el pago de la totalidad de salarios y prestaciones sociales a que tenía
derecho[1],
así como a la falta de respuesta     por parte de la Empresa Colombiana de
Petróleos -ECOPETROL S.A.-, en su calidad de beneficiaria de las obras realizadas,
decidió promover el 15 de mayo de 2003 demanda ordinaria laboral para que a todas
ellas se les condenara,     en forma solidaria, al pago de las acreencias
causadas e insolutas[2].
Entre los supuestos fácticos que le sirvieron
de apoyo para efectuar la anterior pretensión, puso en evidencia que el 4 de
septiembre de 2000, la Empresa Colombiana de Petróleos -ECOPETROL S.A.- y la
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la
Cultura -O.I.E.- celebraron un convenio especial de cooperación ICP-OEI-006-2000,
con el objetivo de apoyar la adquisición y procesamiento de información
geofísica y geológica, mejorar la imagen del subsuelo a través de
procesamientos especializados y evaluar el potencial de hidrocarburos en las
cuencas sedimentarias, lo que, a la postre, produjo la contratación de la
Sociedad Operaciones Sísmicas Petroleras -OPSIS S.A.- para que acometiera “la
adquisición de 83 kilómetros de información sísmica en el programa Tierra Negra
2000 y la adquisición gravimétrica de 250 estaciones sobre las líneas sísmicas”[3].
2.3. El proceso fue tramitado, en primera
instancia, por el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Bogotá y, en segunda
instancia, por el Tribunal Superior de Bogotá -Sala Laboral de Descongestión-.
2.3.1. Mediante sentencia del 9 de mayo de
2007, la autoridad judicial de conocimiento resolvió condenar a la Sociedad Operaciones
Sísmicas Petroleras -OPSIS S.A.- y a la Empresa Colombiana de Petróleos -ECOPETROL
S.A.-[4]
a pagar una suma aproximada de $ 42.653.333 por concepto de salarios, cesantías,
intereses a las cesantías, prima de servicios y vacaciones adeudadas, junto con
la correspondiente sanción por no consignación de las cesantías       en un
fondo e indemnización moratoria[5].
Ello, tras considerar que no solamente había lugar a la declaratoria de la existencia
de un contrato de obra o labor,  sino que ambas empresas[6], al desarrollar un objeto
social similar, eran solidariamente responsables en los estrictos y precisos términos
del artículo   34 del Código Sustantivo del Trabajo[7].
2.3.2. Recurrido el fallo por el apoderado de
la Empresa Colombiana de Petróleos -ECOPETROL S.A.-, sobre la base de que no
cabía que a la entidad que representa se le obligara de forma solidaria al pago
de los montos dinerarios impuestos, comoquiera que constituyó un depósito judicial
en favor del demandante por valor de $14.294.000[8]
y que en ningún momento se dio por acreditado que hubiese fungido como
empleadora de aquel o que fuese beneficiaria directa de sus actividades[9], el Tribunal Superior
de Bogotá -Sala Laboral de Descongestión- procedió a revocarlo parcialmente por
medio de providencia del 29 de agosto de 2008, en la que luego de analizar la relación
de causalidad entre la vinculación formal del actor a la Sociedad Operaciones
Sísmicas Petroleras -OPSIS S.A.-[10]
y el convenio de cooperación suscrito por la Empresa Colombiana de Petróleos -ECOPETROL
S.A.- y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la
Ciencia y la Cultura -O.I.E.-, concluyó que esta última “actuó en ejercicio
de sus actividades propias y no en representación de Ecopetrol S.A. como
contratante directo de la Sociedad Opsis S.A.”, razón por la que no
resultaba plausible prohijar la solidaridad deprecada, pues el mencionado
convenio, “además de no poner en condición de contratista a la O.E.I. y de
subcontratista a Opsis S.A., difiere totalmente de la naturaleza de los
contratos de prestación de servicios de carácter independiente en cuanto a sujetos,
celebración, ejecución y terminación,      con efectos jurídicos disímiles en tratándose
de las partes contratantes y de terceros”.
En ese orden de ideas, a juicio de dicha
colegiatura, el contrato celebrado por  la Organización de Estados
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura -O.I.E.- no
compromete directa ni indirectamente la responsabilidad   de la Empresa
Colombiana de Petróleos -ECOPETROL S.A.-, “conforme lo establecido en el
artículo 34 del C.S.T. respecto del pago efectivo de salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones de los trabajadores de la contratista independiente
Sociedad Opsis S.A.”. De ahí que, al no haberse acreditado el nexo causal
justificativo del gravamen que se le atribuyó, correspondía absolver a la
entidad apelante de todas y cada una de las pretensiones de la demanda, al
igual que de las costas asignadas en primera instancia[11].
2.4. Frente a la decisión en cita,
manifiesta el señor Gaitán Mendoza que, obrando por intermedio de abogado y
estando dentro del plazo legal previsto para el efecto[12], interpuso recurso
extraordinario de casación, el cual fue admitido en auto del 4 de noviembre de
2008 al satisfacer la exigencia comprendida en el artículo 43 de la Ley 712 de
2001[13],
relativa a que la cuantía del proceso exceda de ciento veinte (120) veces el
salario mínimo legal mensual vigente[14].
Una vez remitido el expediente a la
Secretaría de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y
surtido el traslado de rigor[15],
en calidad de parte recurrente sustentó la demanda a partir del desconocimiento
elemental  del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, con el fin de
lograr que, “se revise la actuación procesal adelantada y, en esa medida, se
condene solidariamente a Ecopetrol S.A. al pago íntegro de las súplicas
vertidas en la demanda incoada, máxime si se tiene en cuenta que Opsis S.A.
prácticamente desapareció, ya que aunque conserva el respectivo registro en la Cámara
de Comercio, en la actualidad se desconoce su domicilio”[16].
Así pues, valiéndose de la causal de
casación referente a “ser la sentencia violatoria de la ley sustancial, por
infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea”,
dispuesta en el numeral 1º del artículo 87 del Código Procesal del Trabajo y de
la Seguridad Social[17],
planteó dos cargos: el primero, denominado “violación directa por
interpretación errónea de los artículos     1º y 34 del C.S.T.”, al estimar que con el material probatorio decretado          por
el juez de primera instancia podía verificarse, con suficiencia, no solo que el
reclamante fue contratado por la demandada Opsis S.A. para prestar sus
servicios en los campos del Municipio de Tauramena, Casanare, sino también que
dicha labor fue desarrollada mediando solidaridad por parte de la Empresa Colombiana
de Petróleos -Ecopetrol S.A.- para dar cabal cumplimiento           al contrato
de prestación de servicios No. 1859-00 firmado entre Opsis S.A. y O.I.E., por orden
expresa del administrador del Convenio Especial de Cooperación[18].
El segundo, por su parte, calificado
como “violación indirecta por aplicación indebida e interpretación errónea
de los artículos 1º y 34 del C.S.T.”, se funda en errores de hecho
manifiestos originados en la inadecuada apreciación de unas pruebas y la falta
de valoración de otras que revelan la existencia de una relación de solidaridad
entre Ecopetrol S.A. y Opsis S.A., y de un contrato     de obra o labor entre esta
última y el demandante[19].
2.5. Empero, el aludido recurso fue
despachado desfavorablemente                 en providencia del 27 de abril de
2016 por la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Laboral-, autoridad
judicial que no casó la sentencia emitida      por el Tribunal Superior de
Bogotá -Sala Laboral de Descongestión- el 29 de abril de 2008 con motivo de los
múltiples yerros de técnica atribuidos           “al alcance impugnativo del
libelo en general y, a cada uno de los cargos, en particular, que por sí solos dan
al traste con su objeto”[20].
2.5.1. Al efecto, por lo que hace a la
primera censura contenida en la demanda, dicha colegiatura explicó que “(…) el
recurrente propone la violación directa de unas normas, pero al intentar su
demostración no trata de lograrla desde   el concepto o modalidad en que la reputa,
sino que sin razón alguna, cambia drásticamente la vía de formulación del cargo
y por tanto, de modalidad de violación de la ley atribuida, lo que conduce o a
dejar sin proposición jurídica idónea al mismo, o sin demostración alguna a la
violación planteada”.
Y es que, en su criterio, la interpretación
errónea de una disposición legal resulta ser un tema, cuando menos, ajeno a la cuestión
probatoria del proceso, dado que su remedio se orienta por establecer el
genuino sentido de la misma  al haberse distorsionado su tenor merced a la
utilización de metodologías interpretativas que desvían su recta aplicación. Por
manera que los juicios y razonamientos que soportan tanto el defecto endilgado
como su demostración, compete hacerlos en el terreno jurídico del pleito, esto
es, en la premisa mayor del silogismo de la sentencia bajo examen.
No en vano, discurre, “las alegaciones
de tipo probatorio en nada inciden sobre el pensamiento latente de las normas
en que hubiere fundado el Tribunal su fallo, pues estas solo pueden apuntar a
demostrar que el juzgador dejó de apreciar los medios de prueba del proceso, o
que los apreció pero con error,    lo cual conducirá, de ser cierto, a
acreditar la violación de la ley, pero en modo alguno directamente, sino, cosa
bien distinta, por vía indirecta”.
Con todo, si en gracia de discusión lograra
hacerse de lado la proposición jurídica del cargo, “que no se puede pues se
eliminaría una de las razones esenciales del recurso extraordinario como es la
de uniformar la jurisprudencia, así como la exigencia legal prevista en el
literal a) del numeral 5º del artículo 90 del Código Procesal del Trabajo y de
la Seguridad Social[21],
para tenerse como dirigido el ataque por vía indirecta por desarrollarse sobre
los medios de convicción del proceso, ello a nada positivo conduciría, en la
medida en que el recurrente no define los errores de hecho o de derecho        en
que pudo incurrir el juzgador, tal cual lo exige el literal b) del anunciado
numeral 5º del artículo 90 en cita”. Inclusive, la demostración tampoco
tiende a singularizar los defectos fácticos a los que genéricamente se refiere,
es decir, a discriminar cuáles medios de prueba dejó de considerar el Tribunal,
cuáles otros valoró erróneamente, y dónde estuvo el específico error respecto
de cada uno de ellos. “Por el contrario, nombra unos medios de prueba para
afirmar la existencia de su contrato de trabajo, cuestión no desconocida por el
Tribunal; que del estudio de otros se establece la solidaridad laboral
imputable a Ecopetrol S.A., pero sin hacer ese análisis pormenorizado,        que
es el que le corresponde al recurrente; y que otros -unos testimonios-
contribuyen al referido aserto porque también prestaron sus servicios a la
empleadora en el mismo sitio del trabajador, cuando quiera que ello no admite polémica
en el proceso” (Negrillas propias del texto original).
2.5.2. Entre tanto, de cara al segundo
cargo propuesto, la Sala de Casación Laboral del máximo tribunal de la
jurisdicción ordinaria adujo que la situación del recurrente se tornaba aún más
compleja, “en tanto, por una parte, propone la simultánea aplicación
indebida e interpretación errónea de las mismas normas, lo cual no es posible
que ocurra coetáneamente como lo recuerda     la réplica, ya que la aplicación
indebida de aquellas supone su no aplicabilidad al caso que se juzga; de suerte
que su interpretación errónea parte de ser la norma aplicable al caso, pero
dándole un sentido distinto       del que realmente tiene, por lo que una misma
norma no puede ser aplicada indebidamente e interpretada erróneamente al mismo
tiempo. En ese entendido, la Corte no puede tomar partido por la modalidad de
violación normativa que más le parezca, debido a que no es de su resorte
adecuar la demanda a las exigencias legales”.
De igual modo, refutó la declaración del
libelista de que las infracciones normativas alegadas se produjeron por la senda
indirecta de violación de la ley a razón de unos particulares errores de hecho,
cuando bien es sabido que la interpretación errónea es una de las modalidades
de violación de la ley por vía directa, toda vez que la aplicación indebida por
errores de hecho concierne       a la violación de la ley en forma indirecta.
Siendo ello así, “los errores que se
tildan por el recurrente como de hecho manifiestos distan enormemente de ser
tales o de haber sido objeto del fallo atacado, pues el primero que se plantea
atañe a las conclusiones a que hubiera arribado el Tribunal, no a los
razonamientos en que se soportaron aquellas. Y esto es así porque establecer si
concurre o no responsabilidad solidaria entre la empleadora y un tercero,
demanda de análisis no solamente probatorios, sino también de los juicios
jurídicos que competen a la ocurrencia o no de tal institución legal, por
tanto, el ejercicio intelectivo del juzgador no refiere simplemente una
distorsión de las percepciones de este sobre la existencia de un medio de
prueba o sobre el contenido o fuerza probatoria que de él emana, que es a lo
que se refieren los llamados específicamente errores de hecho       en el
proceso”. Por consiguiente, el segundo error de hecho manifiesto, vinculado
con la existencia del contrato de trabajo entre el señor Gaitán Mendoza y la
Sociedad Operaciones Sísmicas Petroleras -OPSIS S.A.-, no fue objeto de
pronunciamiento por el Tribunal al encontrar superado su debate, “habida
cuenta de que fue de allí de donde partió el estudio de la figura         de la
responsabilidad solidaria entre esta y Ecopetrol S.A. De modo que,     por
sustracción, no habría que hacer análisis alguno ante la ausencia de verdaderos
errores de hecho manifiestos en el segundo ataque” (Negrillas propias del
texto original).
2.5.3. En definitiva, quien pretendía que
se casara la providencia del Tribunal no indicó los puntuales desatinos de
apreciación sobre cada uno de los medios de prueba allegados a la causa, suscitando,
más bien, “una especie de alegación de instancia alrededor de la
trascendencia de la responsabilidad solidaria en materia laboral” que, en
ningún momento, consiguió enervar o desvirtuar el basamento angular del
fallo impugnado, específicamente relacionado con la imposibilidad de extender
la responsabilidad del empleador directo a la codemandada Ecopetrol S.A.
3.      Fundamentos de la acción de tutela
Contra la decisión en precedencia, el señor
Jorge Enrique Gaitán Mendoza,      a través de apoderado judicial, promovió la
presente acción de tutela, básicamente, por considerar que aquella es
violatoria de sus derechos constitucionales fundamentales a la igualdad ante la
ley y al debido proceso,  no ya solamente porque desconoce que existen
numerosas controversias de índole laboral que han finalizado con la imposición
de condenas bajo             el reconocimiento de la figura legal dispuesta en
el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, sino también, y primordialmente,
por haber incurrido en un defecto fáctico al valorar de forma indebida
el material probatorio aportado al proceso y adolecer de la falta de una
motivación objetiva, al paso que en un defecto sustantivo por dejar de
lado la aplicación de la solidaridad en materia laboral como pauta normativa
cardinal para la resolución del asunto. Tales irregularidades se explican a
continuación:
3.1. Violación del derecho a la igualdad en
la aplicación de la ley:
Según arguye el actor, los fallos proferidos, en segunda instancia, por el
Tribunal Superior de Bogotá -Sala Laboral de Descongestión- y, en sede de
casación, por la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Laboral-, quebrantaron
dicha prerrogativa al no brindar un mismo tratamiento jurídico al de otros litigios
sustancialmente análogos en que sí se ha reconocido, en el marco        de
procesos ordinarios laborales, la responsabilidad solidaria de la Empresa
Colombiana de Petróleos -ECOPETROL S.A.- en lo atinente al pago de deudas
laborales insolutas con trabajadores de base, staff y directivos de la
Sociedad Operaciones Sísmicas Petroleras -OPSIS S.A.-[22].
3.2. Defecto fáctico: A su modo de ver, la estructuración de
esta causal se explica en el mérito de que la providencia que resolvió no casar
la sentencia de segunda instancia dictada por el Tribunal Superior de
Bogotá omitió valorar el material probatorio allegado al proceso ordinario
laboral en el que se acreditaba la evidente solidaridad que se reclama de la
Empresa Colombiana de Petróleos -ECOPETROL S.A.-, en calidad de beneficiaria de
la obra, para asumir el valor de los salarios y prestaciones sociales a que tienen
derecho quienes trabajaron  a órdenes de la entidad contratista[23].
3.3. Defecto material o sustantivo: En punto de la reseñada deficiencia,
el demandante afirma que tanto en la sentencia de segunda instancia expedida
dentro del proceso ordinario laboral como en aquella por medio de la cual se
resolvió el recurso extraordinario de casación, “se dejó de aplicar el
bloque   de constitucionalidad conformado por los artículos 13 y 53 de la Carta
Política alusivos a la protección del trabajo en condiciones dignas y justas”
e, incluso, llegó a interpretarse erradamente el artículo 34 del Código
Sustantivo del Trabajo que determina la solidaridad entre el contratista
independiente y el beneficiario de la labor o dueño de la obra, pues su
entendimiento no se asentó en la significación literal del artículo 3º del
Decreto 2351 de 1965, en detrimento “del principio de favorabilidad en
materia laboral”[24].
4.      Pretensiones de la demanda
En orden a que se amparen las prerrogativas
iusfundamentales que estima     han sido conculcadas, el actor insta al juez
de tutela para que deje sin efectos ni valor alguno las sentencias del 29 de
agosto de 2008 y del 27 de abril de 2016 emitidas por el Tribunal Superior de
Bogotá -Sala Laboral de Descongestión-  y la Corte Suprema de Justicia -Sala de
Casación Laboral-, respectivamente,  en el trámite seguido a la demanda
ordinaria laboral suscitada por el señor Jorge Enrique Gaitán Mendoza contra la
Sociedad Operaciones Sísmicas Petroleras -OPSIS S.A.-, la Organización de
Estados Iberoamericanos para      la Educación, la Ciencia y la Cultura -O.I.E.-
y la Empresa Colombiana de Petróleos -ECOPETROL S.A.-[25].
5.      Pruebas que obran en el expediente
De las pruebas documentales que fueron aportadas junto
con el escrito demandatorio, vale resaltar la siguiente:
-  Copia simple del expediente contentivo
del proceso ordinario laboral radicado con el Número
11001-3105-014-2003-00429-00 y en casación con el Número 38682, impulsado por
el señor Jorge Enrique Gaitán Mendoza contra la Sociedad Operaciones Sísmicas Petroleras -OPSIS
S.A.-, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación,     la
Ciencia y la Cultura -O.I.E.- y la Empresa Colombiana de Petróleos      -ECOPETROL
S.A.- (Cuadernos 2, 3, 4 y 5
del Expediente).
6.      Oposición a la demanda de tutela
En proveído del 6 de julio de 2016, la
Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Penal, Sala de Decisión de Tutelas No. 1-, dispuso admitir la
acción de tutela y notificar de su presentación a los Magistrados de la Sala de
Casación Laboral de esa Corporación y de la Sala de Descongestión Laboral del
Tribunal Superior de Bogotá, al tiempo que vincular al Juzgado        Catorce Laboral
del Circuito de la misma ciudad y a quienes fungieron      como partes y
sujetos intervinientes dentro del proceso ordinario laboral que  en esta
oportunidad se controvierte, para que se pronunciaran acerca de las
pretensiones en ella expuestas[26].
6.1.   Juzgado Catorce Laboral del Circuito
de Bogotá D.C.
Al contestar el requerimiento efectuado, la
juez que tuvo a su cargo                  la sustanciación del fallo ordinario laboral
en primera instancia simplemente pidió atenerse a las actuaciones procesales
que reposan en el expediente,         en particular, a los fundamentos de hecho
y de derecho consignados en la providencia condenatoria que expidió el 9 de
mayo de 2007, “la cual fue recurrida y remitida al H. Tribunal Superior de
Bogotá -Sala Laboral-, mediante oficio No. 1177 del 30 de mayo de 2007”[27].
6.2.   Corte Suprema de Justicia -Sala de
Casación Laboral-
6.2.1. La Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia intervino en la presente controversia por intermedio
del magistrado que actuó como ponente en la sentencia contra la cual se deprecó
la protección constitucional. Dicho servidor, en memorial dirigido al juez de tutela
de primera instancia, propuso  la declaratoria de improcedencia del recurso
entablado por no vislumbrar infracción alguna de derechos fundamentales.
6.2.2. Subrayó, al respecto, que la demanda
de casación que en su momento formuló el apoderado del señor Jorge Enrique Gaitán
Mendoza, no se ajustó apropiadamente a los requisitos de técnica o ingredientes
jurídico-lógicos delineados en la normatividad que la regulan, por lo que
su estudio de fondo resultó infructuoso.
6.2.3. De esa manera, optó por recordar que
no era objetivo prístino del Constituyente de 1991, al instituir el mecanismo
de amparo, “el que los jueces de tutela reemplazaran a los de instancia ni
que usurparan sus funciones; sino por el contrario, concebir un único remedio
de protección constitucional que pudiese llenar los vacíos ofrecidos por el
sistema jurídico para otorgar            a las personas una plena protección de
sus derechos esenciales”. Por lo tanto, en su parecer, tal herramienta no puede
utilizarse como una instancia más ante el fracaso de la reivindicación pretendida
en el proceso natural[28].
II.      DECISIONES JUDICIALES QUE SE
REVISAN
1.      Primera Instancia
La Corte Suprema de Justicia -Sala de
Casación Penal, Sala de Decisión         de Tutelas No. 1-, en providencia del
14 de julio de 2016, resolvió denegar la protección constitucional invocada, debido
al carácter ponderado y racional   del pronunciamiento dictado por vía del recurso
extraordinario de casación “mediante un procedimiento legítimo, con
intervención de las partes y debidamente sustentado en el ordenamiento a partir
de un análisis lógico         y jurídico de las circunstancias que rodearon el
asunto puesto a consideración bajo el principio de la libre formación del
convencimiento” que, dicho          sea de paso, encuentra clara
justificación en la autonomía e independencia    que reviste a la máxima
autoridad de la jurisdicción ordinaria laboral como administrador de justicia,
sobre todo cuando su razonamiento, en modo alguno, se antoja ilegítimo,
caprichoso o arbitrario[29].
2.      Impugnación
La decisión del a-quo fue impugnada en
el término de rigor por el apoderado del accionante, quien se ratificó en todo
lo apuntado en la acción de tutela e insistió en el hecho de que su génesis
obedeció, de alguna manera, no solo a la falta de otros medios efectivos de
defensa judicial que apremiaran al operador jurídico para que aplicara la ley y
retrotrajera el perjuicio económico irreparable ocasionado, sino a la búsqueda
de materialización del principio de prevalencia del derecho sustancial sobre
el formal, en el sentido de evitar que, a causa de la imposición de exigencias
técnicas propias de la casación, se pase por alto el examen de fondo de los
cargos estructurados y articulados en torno  a la demostración de la existencia
de la solidaridad que le asiste a la Empresa Colombiana de Petróleos -ECOPETROL
S.A.- frente a los derechos laborales de su prohijado[30].
3.      Segunda instancia
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia -Sala
de Casación Civil-, a través de sentencia del 18 de agosto de 2016[31], confirmó la
determinación inicialmente adoptada al advertir que los reparos efectuados por
el reclamante estaban cimentados en una mera inconformidad con el sentido de
las interpretaciones normativas y apreciaciones probatorias de las autoridades
judiciales de segunda instancia y casación, “sin alusión concreta y
apuntalada en algún vicio que pudiese constituir una deficiencia de juicio tal
que habilite la irrupción de la justicia constitucional”[32].
III.        ACTUACIONES ADELANTADAS EN SEDE
DE REVISIÓN
1.      Presentación de informe a la Sala
Plena de la Corte Constitucional por virtud de lo dispuesto en el artículo 61
del Reglamento Interno
En cumplimiento de lo previsto en el
artículo 61 del Acuerdo 02 de 2015[33]
“Por medio del cual se unifica y actualiza el Reglamento de la Corte
Constitucional”, el Magistrado Sustanciador puso a disposición de todos los
miembros de la Sala Plena un informe sobre los presupuestos fácticos medulares en
que se apoya la solicitud de amparo constitucional ínsita en la acción de
tutela contentiva del expediente T-5.748.388, por estar enderezada    a
controvertir una providencia judicial proferida por la Sala de Casación Laboral
de la Corte Suprema de Justicia, en su calidad de órgano de cierre      de la
jurisdicción ordinaria.
Con todo, en sesión celebrada el 18 de enero
de 2017, la Sala Plena de la Corporación decidió no asumir el conocimiento de
dicho asunto, comoquiera que, con base en una lectura preliminar de la
situación contextual aducida, coligió que no era necesario que el trámite de
revisión tuviera que surtirse        a través de una sentencia de unificación
de jurisprudencia. En tal virtud, ordenó que el estudio del proceso continuara su
curso en cabeza de la Sala Segunda de Revisión de Tutelas.
2.      Auto del 3 de febrero de 2017
Tras haber realizado un examen general de
la documentación obrante en el expediente, la Sala Segunda de Revisión halló
conveniente recaudar algunas pruebas con miras a cotejar varios de los
presupuestos alegados dentro de la causa. Fue así como por obra del Auto del 3 de febrero de
2017[34]
resolvió oficiar a la Empresa Colombiana de Petróleos -ECOPETROL S.A.- para que
remitiera, con destino a este Tribunal, copias simples de informes y
comunicaciones en que constara, si era del caso, la interventoría y supervisión
técnica ejercida por tal entidad en relación con el contrato de prestación          de
servicios suscrito entre la Organización de Estados Iberoamericanos para la
Educación, la Ciencia y la Cultura -O.I.E.- y la Sociedad Operaciones Sísmicas
Petroleras -OPSIS S.A.-.
Vencido el anterior término, la Secretaría
General de esta Corporación, en comunicación del 13 de febrero siguiente, informó
al Magistrado Ponente    que, a pesar de que dio cumplimiento a lo ordenado y, en
esa medida, ofició a la entidad demandada, no recibió respuesta alguna frente al
requerimiento[35].
No obstante lo anterior, con posterioridad,
la propia Secretaría General se sirvió remitir al despacho memorial No.
2-2017-033-279 firmado por Edgar Usma Bolívar, en calidad de Profesional de la
Gerencia de Asuntos Jurídico Laborales de la Empresa Colombiana de Petróleos -ECOPETROL
S.A.-, por medio del cual adjuntó fotocopia del Convenio Especial de
Cooperación     ICP-OEI-006-2000 pactado entre esa entidad y la Organización de
Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura -O.I.E.-, así
como de sendas comunicaciones entre las partes que daban cuenta del supuesto incumplimiento
del contrato de prestación de servicios No. 1859 que se llevó   a cabo, a su
vez, entre la Organización de Estados Iberoamericanos para          la Educación,
la Ciencia y la Cultura -O.I.E.- y la Sociedad Operaciones Sísmicas Petroleras
-OPSIS S.A.-[36].
De ahí que, en Auto del 10 de marzo de
2017, el Magistrado Sustanciador haya decidido informar a las partes y terceros
con interés sobre el aludido oficio  para que, de estimarlo pertinente, se
pronunciaran en relación con el mismo en un término prudencial, de conformidad
con lo establecido en el artículo 64 del Acuerdo 02 de 2015 y en estricto
cumplimiento del ordinal segundo del auto proferido por la Sala Segunda de
Revisión el 3 de febrero de 2017[37].
IV.        CONSIDERACIONES
1.      Competencia
Es competente esta Sala de la Corte
Constitucional para revisar la decisión adoptada dentro de la acción de tutela de
la referencia, con arreglo a lo establecido en los artículos 86 y 241, numeral 9º,
de la Constitución Política,  en concordancia con los artículos 31 a 36 del
Decreto 2591 de 1991, y en acatamiento del Auto del 27 de septiembre de 2016, proferido
por la Sala       de Selección de Tutelas Número Nueve de esta Corporación[38].
2.      Impedimento presentado por el
Magistrado Alejandro Linares Cantillo
Al tenor de lo dispuesto en el artículo 39
del Decreto 2591 de 1991 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela
consagrada en el artículo 86                de la Constitución Política”[39], el
Magistrado Alejandro Linares Cantillo se declaró impedido para decidir en el
proceso de tutela de la referencia, invocando para ello la causal consagrada en
el numeral 4º del artículo 56       del Código de Procedimiento Penal[40]. Los restantes
miembros de la Sala Segunda de Revisión, luego de estudiar dicha manifestación, decidieron
aceptar el impedimento, por encontrar que el supuesto de hecho alegado se
ajustaba     a lo previsto en la citada causal.
En esa medida, la Sala habrá de proseguir con el
estudio del asunto ya contextualizado a fin y efecto de delimitar la
problemática jurídica subyacente y, al mismo tiempo, perfilar una posible
solución desde el punto de vista jurisprudencial y normativo.
3.      Delimitación del asunto por
resolver y planteamiento del problema jurídico
3.1. Conforme con lo puntualizado en el
acápite de antecedentes, se le atribuye a la Corte Suprema de Justicia -Sala de
Casación Laboral- la vulneración de los derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad ante la ley
del señor Jorge Enrique Gaitán Mendoza,  por haber desestimado el recurso
extraordinario de casación que interpuso contra la sentencia de segunda
instancia emitida por el Tribunal Superior        de Bogotá -Sala Laboral de
Descongestión-, en el marco de un proceso ordinario laboral que promovió contra
la Sociedad Operaciones Sísmicas Petroleras -OPSIS S.A.-, la Organización de
Estados Iberoamericanos          para la Educación, la Ciencia y la Cultura
-O.I.E.- y la Empresa Colombiana de Petróleos -ECOPETROL S.A.-.
3.2. Tal escenario, desde la perspectiva
constitucional, impone a la Sala    entrar a determinar si, en efecto, el fallo
cuestionado por no acoger la demanda de casación, (i) respetó las normas
procedimentales básicas aplicables al caso concreto, (ii) si analizó
correctamente los argumentos en que se fundó             la sustentación del
recurso, y (iii) si examinó adecuadamente el alcance de la impugnación,
así como la concreta expresión de los motivos que se esbozaron para su
ejercicio.
3.3. Con ese propósito, entonces, habrá de
reiterarse, una vez más, i) la doctrina de la Corte respecto de la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, para luego, identificadas
las sub-reglas aplicables y puestas en contraste con los hechos
materiales del asunto que se revisa,    definir si se cumplen los requisitos
generales y específicos de procedencia      de la misma[41].
4.      Doctrina constitucional respecto de
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Reiteración jurisprudencial[42]
4.1. La posibilidad de controvertir
decisiones judiciales mediante
el ejercicio  de la acción de tutela ha sido objeto de un riguroso proceso de
construcción jurisprudencial por parte de esta Corporación, tanto por vía del
control concreto, como a través del control abstracto de constitucionalidad[43]. Es en tales escenarios, precisamente,
donde ha llegado a declararse que dicho recurso resulta viable para introducir
el paradigma de los derechos fundamentales a juicios tradicionalmente
tramitados y definidos, actualizar el derecho y nutrirlo de valores y
principios propios del Estado Social y Democrático de Derecho[44].
4.2. Sin embargo, en este punto, conviene
aclarar que dicho desarrollo dogmático no puede ser entendido en forma
definitiva y categórica. La propia jurisprudencia constitucional se ha encargado de dejar por sentado que             la
impugnación de sentencias judiciales en sede del mecanismo tutelar es,           en todo caso, de alcance excepcional,
en la medida en que se encuentran de por medio los principios constitucionales
de los que se desprende el respeto        por la cosa juzgada, la necesidad de
preservar la seguridad jurídica, la garantía de independencia y autonomía de
los jueces, y el sometimiento general de los conflictos al tráfico jurídico en
clave de los recursos y acciones ordinarias y extraordinarias previstas en el
ordenamiento[45].
No en vano, el artículo 86 Superior le
adjudica a la acción de tutela un carácter residual y subsidiario, lo cual
revela que solo es procedente supletivamente, esto es, cuando no existan otros
medios de defensa judiciales a los que se pueda acudir, o aun existiendo éstos,
se compruebe su ineficacia en relación con el caso concreto o se promueva para
precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
Esa particular nota distintiva, ha dicho la
Corte, permite comprender, además, que el recurso de amparo no puede ser
utilizado como un medio judicial alternativo, adicional o complementario de los
establecidos por la ley para       la defensa de los derechos, pues con
aquél no se busca reemplazar los procesos ordinarios o especiales y, menos aún,
desconocer las herramientas adjetivas incluidas en aquellos para controvertir
las decisiones que se adopten[46].
4.3. De
esta manera, la procedencia restrictiva de la acción de tutela para debatir
providencias judiciales se circunscribe a aquellos casos en los que logre
comprobarse que la actuación del funcionario judicial fue “manifiestamente
contraria al orden jurídico, o al precedente judicial aplicable, y violatoria de
derechos fundamentales, en especial, de los derechos al debido proceso            y
al acceso a la administración de justicia”[47].
Eventos que, indefectiblemente, constituyen, en la realidad práctica, una
desfiguración de la actividad judicial que termina por deslegitimar la
autoridad confiada al juez para administrar justicia y que, por consiguiente,
debe ser subsanada desde el punto de vista constitucional para dar primacía al
derecho sustancial y salvaguardar los derechos fundamentales de los
administrados[48].
4.4. De ahí que, con razón, esta Corte se diera a la
tarea de establecer            una serie de parámetros a partir de los cuales
el operador jurídico pudiera identificar aquellos escenarios en los que la
acción de tutela resultara procedente para controvertir los posibles defectos
de que puedan adolecer      las decisiones judiciales, para con ello determinar
si hay o no lugar a la protección excepcional de los derechos fundamentales por
vía del recurso       de amparo constitucional[49].
En efecto, partiendo de la necesidad de armonizar intereses superiores tales
como la autonomía de la actividad jurisdiccional     del Estado y la seguridad
jurídica, junto con la efectiva protección de los derechos fundamentales, logró
consolidarse una doctrina en torno a los eventos y condiciones conforme a los
cuales es procedente la acción de tutela contra providencias judiciales[50].
4.5. Por tanto, como resultado de un ejercicio de
categorización sobre la materia, en la Sentencia C-590 de 2005, la Corte
distinguió entre dos tipos de requisitos, siendo unos generales,
referidos a la procedibilidad de la acción     de tutela, y otros específicos,
atinentes a la tipificación de las situaciones      que conducen al
desconocimiento de derechos fundamentales, especialmente   el derecho al debido
proceso.
4.5.1. En cuanto a los primeros, también denominados
requisitos formales, debe decirse que son aquellos presupuestos cuyo
cumplimiento habilitan al juez de tutela para entrar a evaluar, en el caso
concreto, si se ha presentado alguna causal específica de procedibilidad del
amparo constitucional contra una decisión judicial. En otras palabras, son
condiciones sin las cuales no sería posible abordar el estudio de fondo del
fallo objeto de censura[51].
Ellas son:
“a. Que la controversia planteada sea
constitucionalmente relevante[52].
Ello significa que el asunto a debatir en sede de tutela debe trascender el
ámbito de la mera legalidad, pues el juez constitucional no puede entrar a
estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia
constitucional, so pena de involucrarse en temas que corresponde definir a
otras jurisdicciones. En cumplimiento del tal presupuesto, el juez de tutela
tiene la carga de explicar     por qué el asunto sometido a su conocimiento es
genuinamente una cuestión      de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de alguna de las partes.
b. Que previamente se hayan agotado todos
los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la
persona afectada, a menos que se busque evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable[53]. Atendiendo  al carácter subsidiario y residual que
identifica la acción de tutela, es deber del actor agotar previamente todos los
mecanismos judiciales que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no entenderse así, esto es, “de asumirse la acción de tutela como
un mecanismo de protección alternativo,        se correría el riesgo de vaciar
las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la
jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de
propiciar un desborde institucional en el cumplimiento    de las funciones de
esta última”. Solo en caso que se demuestre la existencia de un perjuicio
irremediable, es posible darle trámite a la tutela, aun a pesar de la
existencia de otros medios de defensa judicial. En estos casos, además de tener
que concurrir los elementos de la irremediabilidad fijados por la jurisprudencia,
la medida de protección que se adopte tiene un carácter apenas
transitorio,       en espera de que la autoridad competente profiera la
decisión definitiva.
c. Que se cumpla con el requisito de la
inmediatez[54].
Esto es, que la
tutela sea interpuesta en un término razonable y proporcional al de la
ocurrencia del hecho que originó la vulneración. Considerando que la tutela
persigue la protección inmediata de los derechos fundamentales, es
absolutamente necesario, para     que se logre ese objetivo específico, que la
misma se promueva dentro del marco de ocurrencia de la amenaza o violación de
los derechos, esto es, en forma consecutiva o próxima al suceso ilegítimo. De
no ser así, de aceptar que              el amparo constitucional pueda
promoverse meses o aún años después de proferida la decisión cuestionada, se
desvirtuaría el alcance reconocido           por el Constituyente del 91
a la acción de tutela, y se sacrificarían también los principios de cosa
juzgada y seguridad jurídica, ya que sobre todas las decisiones judiciales se
cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos. En todo caso, frente al
cumplimiento de este requisito, la jurisprudencia constitucional ha estimado
que, al momento de
determinar si se presenta el fenómeno de la inmediatez en materia de acción de
tutela contra providencias judiciales,            es necesario examinar los
siguientes aspectos: (i) si obra en el expediente prueba alguna que justifique
la inactividad del peticionario; (ii) si se está en presencia  de un sujeto de
especial protección o de persona que se encontraba en una situación de especial
indefensión; y (iii) la existencia de un plazo razonable.
d. Que tratándose de una irregularidad
procesal, la misma tenga un efecto decisivo o determinante en la sentencia que
se impugna y que afecte los derechos fundamentales[55]. Cuando se trata de una irregularidad procesal, es
necesario que el vicio alegado incida de tal forma en la decisión final, que de
no haberse presentado o de haberse corregido a tiempo, habría variado
sustancialmente el alcance de tal decisión. No obstante, de acuerdo con la
doctrina fijada en la Sentencia C-591 de 2005, si la irregularidad comporta
una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de
pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia
que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de
manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos transgredidos y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[56]. Por oposición a la informalidad que caracteriza la
tutela, cuando está se invoca contra providencias judiciales, es necesario que
quien reclama la protección señale los derechos afectados e identifique con
cierto nivel de detalle en que consiste la violación alegada, debiendo haber
planteado el punto previamente en el respectivo proceso. Esta exigencia es
razonable, pues, sin buscar imprimirle a la tutela formalidades que la
desnaturalicen, sí se requiere que el actor tenga claridad en cuanto al
fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que
la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que la tutela no se dirija contra
sentencias de tutela ni contra decisiones      de constitucionalidad abstracta
proferidas por la Corte Constitucional o por el Consejo de Estado[57]. No es posible demandar por tutela una sentencia de
tutela, por cuanto los debates sobre la protección de los derechos
fundamentales,         no pueden prolongarse indefinidamente, máxime cuando
todas las sentencias proferidas en dicha sede son remitidas a la Corte y
sometidas a un riguroso proceso de selección, en virtud del cual las que no son
seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan
definitivas. Tampoco         es factible la procedencia de la acción de amparo
contra decisiones de constitucionalidad abstracta de la Corte o de nulidad por
inconstitucionalidad  del Consejo de Estado, pues lo contrario alteraría
ostensiblemente el diseño del control constitucional al punto de llegar a
admitirse que existe tan solo una tipología que permite a todos los jueces
pronunciarse acerca del cumplimiento  de la Constitución en casos concretos o
en casos de control abstracto”.
4.5.2. Una vez constatado el cabal cumplimiento
de los presupuestos atrás descritos, le corresponde al juez comprobar la
configuración de por lo menos uno de los requisitos específicos de
procedibilidad, o defectos materiales, identificados y decantados en la
jurisprudencia como los aspectos nucleares de los cargos desplegados contra la
providencia judicial censurada o fuentes       de vulneración de prerrogativas iusfundamentales.
Su estudio por parte de esta Corporación ha permitido asimilarlos
conceptualmente en los siguientes términos:
“a. En un defecto orgánico[58].
El cual se configura cuando el funcionario judicial que profirió la providencia
impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello. Dicho en otras
palabras, tal defecto se estructura en los eventos en que la decisión
cuestionada vía tutela, ha sido proferida por un operador jurídico legalmente
incompetente.
b. En un defecto procedimental absoluto[59]. Que se origina cuando el juez ha actuado completamente
al margen del procedimiento establecido, es decir, cuando éste se aparta
abiertamente y sin justificación válida, de la normatividad procesal que era
aplicable al caso concreto. Sobre este defecto, ha expresado la Corte, que al
ignorar completamente
el procedimiento determinado por la ley, el juez termina dictando una sentencia
contraria a derecho, arbitraria, que vulnera derechos fundamentales. No
obstante, también la jurisprudencia ha precisado que para configurar el
defecto, el desconocimiento del procedimiento debe atender a los siguientes
requisitos: (ii) debe ser un error trascendente y manifiesto,          que
afecte de manera grave el derecho al debido proceso y tenga a su vez una
influencia directa en la decisión de fondo adoptada; y (ii) y que la
deficiencia    no resulte atribuible al afectado.
Así, por ejemplo, la Corte ha encontrado
que se configura un defecto procedimental, en los siguientes casos: (i) cuando
se deja de notificar una decisión judicial a raíz de lo cual la parte pierde
arbitrariamente la oportunidad de controvertir dicha decisión. Sin embargo, si
la falta de notificación no tiene efectos procesales importantes, o si se
deriva de un error del afectado, o si la misma no produjo verdaderamente un
efecto real, lo cual puede ocurrir porque  el afectado tuvo oportunidad de
conocer el acto por otros medios, no procederá la tutela; (ii) cuando existe
una dilación injustificada, tanto en la adopción de decisiones como en el
cumplimiento de las mismas por parte del juez; cuando la autoridad judicial
pretermite la recepción y el debate de unas pruebas cuya práctica previamente
había sido ordenada; y (iii) cuando resulta evidente que una decisión
condenatoria en materia penal, se produjo como consecuencia       de una clara
deficiencia en la defensa técnica, siempre que sea imputable al Estado.
c. En un defecto fáctico[60]. Este surge cuando el juez carece del apoyo probatorio
que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
Se estructura, entonces, siempre que existan fallas sustanciales en la
decisión, que sean atribuibles a deficiencias probatorias del proceso. Según
esta Corporación, el fundamento de la intervención del juez de tutela por
deficiencias probatorias  en el proceso, radica en que, no obstante las amplias facultades discrecionales con que
cuenta el juez del proceso para el análisis del material probatorio,      éste
debe actuar de acuerdo con los principios de la sana crítica, es decir, con
base en criterios objetivos y racionales. En ese contexto, La Corte ha explicado que las
deficiencias probatorias pueden generarse como consecuencia de: (i) una omisión judicial, como puede ser la
falta de práctica y decreto de pruebas conducentes al caso debatido,
presentándose una insuficiencia probatoria; (ii) o por vía de una acción
positiva, como puede ser la errada interpretación             de las pruebas
allegadas al proceso, o la valoración de pruebas que son nulas de pleno derecho
o que son totalmente inconducentes al caso concreto, presentándose, en el
primer caso, un defecto por interpretación errónea, y en el segundo, un defecto
por ineptitud e ilegalidad de la prueba.
En punto a los fundamentos y al margen de
intervención que tiene el juez de tutela para configurar la ocurrencia de un
defecto fáctico, la Corte ha fijado     los siguientes criterios de aplicación:
- La intervención del juez de tutela,
frente al manejo dado por el juez natural es,  y debe ser, de carácter
extremadamente reducido. El respeto por el principio de autonomía judicial y el
principio del juez natural, impiden que en sede de tutela se lleve a cabo un
examen exhaustivo del material probatorio.
- Las diferencias de valoración que puedan
surgir en la apreciación de una prueba no pueden considerarse ni calificarse
como errores fácticos. Frente a interpretaciones diversas y razonables, es el
juez natural quien debe determinar, conforme a los criterios de la sana
critica, y en virtud de su autonomía e independencia, cuál es la que mejor se
ajusta al caso concreto. El juez del proceso, en ejercicio de sus funciones, no
sólo es autónomo sino que sus actuaciones están amparadas por el principio de
la buena fe, lo que le impone al juez de tutela la obligación de asumir, en
principio y salvo hechos que acrediten lo contrario, que la valoración de las
pruebas realizadas por aquél es razonable  y legítima.
- Para que la acción de tutela pueda
proceder por error fáctico, “[e]l error en el juicio valorativo de la prueba
debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo
debe tener una incidencia directa en la decisión, pues    el juez de tutela no
puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación
probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto”.
d. En un defecto sustantivo o material[61]. Se presenta cuando la decisión judicial adoptada por
el juez, desborda el marco de acción que la Constitución y la ley    le
reconocen, al sustentarse aquella en disposiciones claramente inaplicables al
caso concreto. Sobre el particular, esta Corporación ha sostenido, que cuando
una decisión judicial se soporta en una norma jurídica manifiestamente
equivocada, que la excluye del marco de la juridicidad y de la hermenéutica,
aquella pasa a ser una simple manifestación de arbitrariedad, que debe dejarse
sin efectos, para lo cual la acción de tutela pasa a ser el mecanismo idóneo y
apropiado. Al respecto, ha explicado la Corte que tal situación de
arbitrariedad se presenta cuando se aplica: (i) una norma inexistente; (ii) o que ha sido derogada
o declarada inexequible; (iii) o que estando vigente, resulta inconstitucional
frente al caso concreto y el funcionario se haya abstenido de aplicar la
excepción de inconstitucionalidad; (iv) o que estando vigente y siendo
constitucional, la misma es incompatible con la materia objeto de definición
judicial.
f. En error inducido o por consecuencia[62]. Tiene lugar, en los casos en que el juez o tribunal
ha sido víctima de un engaño por parte de terceros, y ese engaño lo conduce a
la adopción de una decisión que afecta derechos fundamentales. En estos
eventos, la providencia judicial se soporta en hechos o situaciones en cuya
realización participan personas obligadas a colaborar con la administración
de justicia -autoridades o particulares-, y cuyo manejo irregular induce en
error al funcionario judicial, con grave perjuicio para los derechos
fundamentales de alguna de las partes o de terceros.
g. En una decisión sin motivación[63]. Se configura frente al incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
de sus decisiones, en el entendido que, precisamente, en tal motivación reposa
la legitimidad de su órbita funcional y, por tanto, de las providencias que les
competen proferir.
h. En desconocimiento del precedente judicial[64].
Se presenta en aquellos casos en los cuales la autoridad judicial, a través de
sus pronunciamientos, se aparta del precedente jurisprudencial que le resulta
aplicable al caso, sin ofrecer un mínimo razonable de argumentación jurídica que
justifique tal cambio de jurisprudencia. Ocurre, por ejemplo, cuando la Corte
Constitucional establece   el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. Se
presenta igualmente, cuando el juez del proceso ignora el alcance de una ley,
fijado por la Corte Constitucional           con efectos erga omnes.
i. En violación directa de la
Constitución[65]. La misma tiene lugar, entre otros eventos, cuando, amparada en la discrecionalidad interpretativa, la
decisión judicial se desborda en perjuicio de los derechos fundamentales de los
asociados amparados por la Carta Política”.
4.6.
Corolario imperativo de las consideraciones hasta aquí expuestas, es que  la
acción de tutela, como instrumento jurídico de protección de los derechos
fundamentales, a más de encontrar soporte y entidad propia directamente        en
la Constitución Política de 1991, procede de forma excepcionalísima para
controvertir el sentido y alcance de las decisiones judiciales, siempre que (i) se cumplan los requisitos generales de
procedibilidad, (ii) se observe que la decisión cuestionada haya
incurrido en uno o varios de los defectos o vicios específicos y, a la postre, (iii)
se determine que el defecto sea de tal magnitud que implique una amenaza o quebrantamiento
de derechos fundamentales[66].
4.7.
Habiéndose dejado en claro esto, pasa la Sala a ocuparse, en lo que sigue, de
verificar si los hechos que se alegan en la presente causa se enmarcan en el test
de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales y hacen factible,
por contera, la adopción de medidas de protección de los derechos    de
raigambre superior que fueron invocados como infringidos.
5.      Resolución del caso concreto
5.1.   Estudio sobre el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad
Inicia esta Sala de Revisión por examinar el cumplimiento
de los requisitos generales de procedencia establecidos por la jurisprudencia
constitucional, como a continuación se propone:
5.1.1. Que la controversia planteada sea
constitucionalmente relevante: La cuestión que se debate en el presente juicio trasciende el ámbito
de la mera legalidad y posee indiscutible relevancia constitucional, ya que allí
se alega     la presunta violación de los derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad ante la ley
del señor Jorge Enrique Gaitán Mendoza, a
raíz de la decisión de la Corte Suprema de Justicia  -Sala de Casación Laboral-
de negar el recurso extraordinario de casación     que formuló, por intermedio
de apoderado judicial y en calidad de parte demandante, dentro de un proceso
ordinario laboral, contra la sentencia          de segunda instancia proferida
por el Tribunal Superior de Bogotá -Sala de Descongestión Laboral- que resolvió
revocar la declaratoria de responsabilidad solidaria de la Empresa Colombiana
de Petróleos -ECOPETROL S.A.- para asumir el pago de salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones adeudadas por sus labores de campo en el Proyecto “Tierra
Negra 2000” bajo las órdenes de la Sociedad de Operaciones Sísmicas
Petroleras -OPSIS S.A.-.
5.1.2.
Que la acción de tutela cumpla con el requisito de la inmediatez: Teniendo en cuenta que este presupuesto alude a que
la acción de tutela         sea promovida en un término razonable y
proporcional al de la ocurrencia del hecho que originó la vulneración, es de
resaltar que en el caso concreto            el recurso de amparo constitucional
fue activado en un plazo que se estima próximo al suceso que se reprocha, en
tanto el escrito demandatorio fue radicado el 1º de julio de 2016, esto es,
casi dos meses después de que la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación
Laboral- resolviera notificar por edicto la sentencia que denegó el recurso
extraordinario de casación, lo cual aconteció, exactamente, el 3 de mayo de
2016[67].
5.1.3. Que tratándose de una irregularidad procesal,
la misma deba tener un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se
impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora: Sin excepciones, incumbe destacar que los
cargos planteados por el apoderado judicial             del actor en la demanda
de casación, esto es, la presunta violación del derecho a la igualdad ante la
ley y la configuración de los defectos fáctico y material,       son todos de naturaleza
sustantiva, por lo que no se encuentran orientados         a poner de
manifiesto ningún tipo de irregularidad desde el punto de vista procesal.
5.1.4. Que la parte identifique de manera razonable
tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y
que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto
fuere posible: Por
oposición a la informalidad que caracteriza a la tutela, cuando  ésta se invoca
contra providencias judiciales, es necesario que quien reclama   la protección mencione
los derechos afectados, identifique con cierto nivel de detalle en qué consiste
la violación alegada y demuestre de qué forma aquella se aparta del ámbito del
derecho o incurre en una actuación abusiva contraria  al orden jurídico,
debiendo haber planteado el punto de manera previa en el respectivo proceso. De
acuerdo con ese entendimiento se tiene que, en el caso concreto, el mandatario
judicial del señor Jorge Enrique Gaitán Mendoza,        si bien solicitó, en la
etapa de alegatos de conclusión dentro del proceso ordinario laboral de primera
instancia, que el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Bogotá evaluara en su
sentencia algunos elementos de juicio contenidos en un fallo que la Sala
Laboral del Tribunal Superior de Bogotá emitió en el año 2005 a favor de un ex
trabajador de la Sociedad Operaciones Sísmicas Petroleras -OPSIS S.A.- que
prestó sus servicios en el
programa sísmico denominado “Bloque Tierra Negra 2000”[68], lo cierto es que al
momento de sustentar la demanda de casación no invocó ni estructuró formalmente
una acusación por desconocimiento del principio de igualdad en contra de la
providencia de segunda instancia expedida el 29 de agosto de 2008 por el
Tribunal Superior de Bogotá -Sala Laboral de Descongestión-, a través de la expresión
de una infracción legal derivada de un error de hecho cometido por no haber
brindado un mismo tratamiento jurídico al de otros procesos ordinarios laborales
en que sí ha tenido lugar el reconocimiento y pago,          en forma solidaria
entre la Sociedad Operaciones Sísmicas Petroleras -OPSIS S.A.- y la Empresa
Colombiana de Petróleos -ECOPETROL S.A.-, de salarios y prestaciones sociales a
trabajadores de base, staff y directivos de la mentada sociedad.
En ese contexto, no puede darse por acreditado el requisito
general bajo análisis frente al cargo por presunta violación del derecho a la
igualdad en la aplicación de la ley, toda vez que la identificación razonable
del hecho generador             y, en últimas, la imputación material a la
providencia de segunda instancia dentro del proceso ordinario laboral que aquí
se disputa, tan solo se produjo  con la activación del mecanismo de amparo
constitucional, habiendo tenido el abogado del accionante, como recién se acaba
de mencionar en precedencia,  un escenario sustantivo y procesal previo para
alegarlo de manera adecuada.
5.1.5. Que la tutela no se dirija contra sentencias de
tutela ni contra decisiones de constitucionalidad abstracta proferidas por la
Corte Constitucional o por el Consejo de Estado: Como puede advertirse, de los hechos expuestos en la
demanda, no se trata de una solicitud de amparo dirigida contra una sentencia
de tutela ni contra una decisión de constitucionalidad abstracta dictada por
esta Corporación o de nulidad por inconstitucionalidad proferida por el Consejo
de Estado. Las objeciones, como ya se ha tenido        la oportunidad de
distinguir, versan sobre el trámite que la Corte Suprema      de Justicia -Sala
de Casación Laboral- dio a la demanda de casación presentada por el apoderado
judicial del señor Jorge Enrique Gaitán Mendoza contra la sentencia de segunda instancia
dictada dentro de un proceso ordinario laboral.
5.1.6. Que previamente se hayan agotado todos los
medios -ordinarios        y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de
la persona afectada, a menos que se busque evitar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable:     El principio de subsidiariedad de la tutela
aparece claramente expresado en el artículo 86 de la Constitución al indicar que:
“Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable”.
Con
base en el citado mandato, esta Corte ha sido enfática en señalar que, en
cuanto el ordenamiento jurídico cuenta con un sistema judicial de protección  de
los derechos constitucionales, incluidos los de carácter fundamental, la
procedencia excepcional de la tutela se justifica por fuerza de la necesidad de
preservar el orden regular de competencias asignadas por la ley a las distintas
autoridades jurisdiccionales, buscando con ello no solo impedir su paulatina
desarticulación sino también garantizar el principio de seguridad jurídica.
Y
es que la efectiva vigencia de los derechos constitucionales no es un asunto que
haya sido reservado exclusivamente a la acción de tutela, toda vez que la misma
Constitución Política de 1991 impuso a las autoridades de la República la
obligación de proteger a todas las personas en sus derechos y libertades[69],
por lo que debe entenderse que los diversos mecanismos judiciales de defensa
previstos en la ley también han sido estatuidos para garantizar la vigencia de
tales derechos, erigiéndose así en los instrumentos preferentes a los que deben
acudir las personas en procura de su satisfacción[70].
Esto
último, explica que la jurisprudencia constitucional haya declarado, en forma
categórica y uniforme, que los conflictos jurídicos relacionados con los
derechos fundamentales deben ser solventados, en principio, por las vías
ordinarias -jurisdiccionales y administrativas- y solo ante la ausencia
de dichas vías o cuando las mismas no sean eficaces o idóneas para abordar el
caso concreto o para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, resulta
admisible acudir a la acción de amparo constitucional.
Ciertamente,
el carácter subsidiario de la acción de tutela impone al interesado la
obligación de desplegar todo su actuar dirigido a poner en marcha los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa ofrecidos dentro del ordenamiento
jurídico para la protección de sus derechos fundamentales. Tal imperativo
constitucional pone de relieve que, para acudir a la acción de tutela, el
peticionario debe haber actuado con diligencia en tales procedimientos,       pero
también, que la falta injustificada de agotamiento de los recursos legales   a
que haya lugar o, incluso, su ejercicio negligente o inadecuado, deviene          en
la improcedencia del mecanismo de amparo establecido en el artículo         86
Superior[71].
5.1.6.1.
Ahora bien, tal y como quedó establecido en los antecedentes de esta
providencia, el 15 de mayo de 2003, el señor Jorge Enrique Gaitán Mendoza
entabló demanda ordinaria laboral contra la Sociedad Operaciones Sísmicas
Petroleras -OPSIS S.A.-, la Organización de Estados Iberoamericanos para      la
Educación, la Ciencia y la Cultura -O.I.E.- y la Empresa Colombiana de
Petróleos -ECOPETROL S.A.-, con la finalidad de que le fueran reconocidos y
pagados los salarios y prestaciones sociales a que hubiere lugar, previa
declaratoria de la existencia de un contrato de trabajo entre el 1º de
diciembre de 2000 y el 31 de julio de 2001 con la sociedad contratista OPSIS
S.A.,            y de la responsabilidad solidaria de Ecopetrol S.A. para
asumir las acreencias causadas e insolutas, habida cuenta de su calidad de beneficiaria
del trabajo y propietaria de la obra contratada, como consecuencia de la
suscripción de un convenio especial de cooperación con O.I.E para apoyar la
adquisición             y procesamiento de información geofísica y geológica,
mejorar la imagen a través de procesamientos especializados y evaluar el
potencial de hidrocarburos en las cuencas sedimentarias ubicadas en el
municipio de Tauramena, Casanare.
El
Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Bogotá, que asumió en primera instancia
el conocimiento de la controversia, resolvió, en providencia proferida el 9 de
mayo de 2007, luego de estimar que sí existía un contrato por obra o labor y
que el objeto social de las empresas era semejante, condenar solidariamente a
la Sociedad Operaciones Sísmicas Petroleras -OPSIS S.A.- y a la Empresa
Colombiana de Petróleos -ECOPETROL S.A.- al pago de una suma aproximada de $ 42.653.333
por concepto de salarios, cesantías, intereses a las cesantías, prima de
servicios y vacaciones adeudadas, junto con la respectiva sanción por no
consignación de las cesantías en un fondo e indemnización moratoria[72].
Apelada
la precedente decisión por el apoderado de la Empresa Colombiana   de Petróleos
-ECOPETROL S.A.- al considerar que constituyó un depósito judicial en favor del
demandante por valor de $14.294.000 a fin de terminar    el proceso y que, en
todo caso, no estaba debidamente probado que la entidad que prohija fuese
beneficiaria directa de la obra, el Tribunal Superior              de Bogotá
-Sala Laboral de Descongestión-, mediante sentencia del 29 de agosto de 2008,
procedió, en segunda instancia, a revocarla parcialmente        en cuanto a la
declaratoria de responsabilidad solidaria de la Empresa Colombiana de Petróleos
-ECOPETROL S.A.- y su condena al pago de la suma impuesta, absolviéndola de
todas y cada una de las pretensiones de la demanda.
Ello,
tras colegir que no se había podido acreditar el nexo de causalidad entre la
vinculación formal del actor a la Sociedad Operaciones Sísmicas Petroleras
-OPSIS S.A.- y el convenio de cooperación suscrito por la Empresa Colombiana de
Petróleos -ECOPETROL S.A.- y la Organización de Estados Iberoamericanos para la
Educación, la Ciencia y la Cultura -O.I.E.-.
En
tales condiciones, actuando por intermedio de apoderado judicial y estando
dentro del término legal previsto, el señor Jorge Enrique Gaitán Mendoza interpuso
el 21 de octubre de 2008 recurso extraordinario de casación invocando al efecto
la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 87 del Código Procesal del
Trabajo y de la Seguridad Social, sustentado a partir       del desconocimiento
general del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo y la confluencia de
dos cargos, a saber: uno por violación directa por interpretación errónea
y, el otro, por violación indirecta merced a su aplicación indebida e
interpretación errónea.
La
Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Laboral-, en sentencia del 27 de
abril de 2016, decidió no casar el fallo de segunda instancia expedido
por el Tribunal Superior de Bogotá -Sala Laboral de Descongestión-, dados   los
múltiples yerros de técnica contenidos en la demanda que impedían abordar el
estudio de fondo de los cargos alegados. Así, por ejemplo, respecto del primer
cargo, se dijo que, aun cuando allí se proponía la violación directa       de
la norma, para la demostración de su interpretación errónea se pretendió la
utilización del método de violación indirecto, esto es, a través de la
exposición de alegatos de tipo probatorio que no tenían nada que ver con su
alcance o significación original.
Entre
tanto, frente al segundo cargo, argumentó que se trataba de una proposición abiertamente
improcedente, debido a que invocar al mismo tiempo aplicación indebida e
interpretación errónea de la norma no era posible, pues, mientras la primera
supone su inaplicabilidad al caso que se juzga, la segunda, en cambio, parte de
reconocer que debe ser empleada pero con un sentido distinto de aquel con el
que se fijó.
5.1.6.2.
Efectuadas las anteriores precisiones,
interesa aludir nuevamente          a la nota característica principal de la
acción de tutela como un mecanismo de carácter verdaderamente supletivo[73],
que no puede concebirse como una instancia adicional o alternativa[74]
a las establecidas en la vía ordinaria[75]
y, mucho menos aún, ha de ser entendida por quienes recurren a ella
como    una herramienta judicial para corregir sus desatinos o para revivir
términos ya fenecidos como resultado de su incuria procesal[76].
De esta manera, si la parte afectada no ejerce las
acciones ni utiliza los recursos ordinarios o extraordinarios establecidos en
el ordenamiento jurídico para salvaguardar los derechos amenazados o
vulnerados, o incluso hace un uso inadecuado o negligente de ellos, el
mecanismo de amparo constitucional       no puede ser empleado con fines de
corrección o enmienda para pasar por alto las faltas sustantivas o procesales
cometidas, debido a que su ejercicio no se corresponde con el objetivo de retrotraer
términos o reestablecer escenarios procesales ya tramitados y concluidos, ni
tampoco con el propósito de servir como remedio de solución paralelo a las
instancias previstas en cada jurisdicción.
5.1.6.3. Las anteriores consideraciones han sido ampliamente
desarrolladas en la jurisprudencia constitucional mediante una línea de
interpretación sólida       e invariable que ratifica no solamente el alcance
excepcional y restrictivo de la acción de tutela para controvertir providencias
judiciales, sino que también pone de manifiesto la necesidad de salvaguardar el
orden regular de las competencias asignadas por la ley a las distintas
autoridades jurisdiccionales.
Particularmente, la actividad del juez de tutela, al
estudiar si una determinada providencia adolece de algún defecto, no puede sustituir
a los jueces naturales, ya que no se trata de una última instancia con
capacidad para revisar integralmente todo lo actuado o, inclusive, para juzgar
extremos que sólo competen al juez de la causa. De ahí que dicha tarea se
asemeje a la evaluación de la validez de una específica decisión y no a un
juicio de corrección alternativo o suplementario del procedimiento ordinario.
5.1.6.3.1. A efectos ilustrativos, bien puede traerse
a colación la Sentencia      T-902 de 2009[77], en la que Sala Octava
de Revisión de la Corte Constitucional asumió el conocimiento de un caso en el
que el demandante alegaba la existencia de una vía de hecho judicial en
el trámite de una acción popular    por haberse desconocido allí el precedente
del Consejo de Estado en materia de fuero de atracción, toda vez que la
competencia para estudiar la demanda,        al ser vinculada una entidad
pública, debía ser de la jurisdicción contenciosa y no de la justicia
ordinaria.
Tras repasar los requisitos generales y específicos de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
mencionada Sala de Revisión concluyó que en el caso bajo análisis no podía
darse por acreditado                  el presupuesto del agotamiento de los
mecanismos ordinarios de defensa judicial dispuestos en el ordenamiento
jurídico, en tanto el actor había actuado de manera descuidada al soslayar la
sustentación del recurso de apelación, lo que condujo a su declaratoria como
desierto. Este escenario permitía a la Sala asumir que el demandante acudía
ahora a la acción de tutela con la intención  de subsanar y remediar los yerros
producto de su falta de diligencia en el proceso contencioso administrativo. En
punto al tema, dicha Sala de Revisión expresó que:
“Desconocer tal omisión, implicaría reconocer en la
tutela un mecanismo destinado a corregir los errores atribuibles a las partes
involucradas en el proceso ordinario, lo cual raya con el mandato  del artículo
6 numeral 1 del Decreto 2591 de 1991 y la naturaleza de esta acción extraordinaria
de defensa de derechos fundamentales. Así lo sostuvo esta Corporación en
sentencia T-606 de 2004, en la que se preceptúo que el respeto de las
competencias en este sentido, ´obedece además a una especial consideración
sobre el valor sustantivo de los recursos en el curso de los procedimientos ordinarios,
sede por antonomasia del ejercicio dialéctico entre las diversas posiciones de
las partes y donde el rol     del juez como tercero imparcial y perito en
derecho, cobra todo sentido’. Justamente, la destinación de otros escenarios
propios para la continuación      de un proceso se funda en la necesidad de
asegurar la legalidad, la racionalidad y la uniformidad de las decisiones,
tarea que en cabeza de la autoridad con competencia y jurisdicción para ello”.
Así
pues, en vista de que el actor tuvo a su disposición un medio ordinario, que se
estimaba efectivo e idóneo para la protección de los derechos involucrados,
pero que fue inaplicado por razones imputables al mismo, la Sala de Revisión
optó por declarar la improcedencia de la acción de tutela.
5.1.6.3.2. Idéntica línea interpretativa adoptó la
Sala Tercera de Revisión en la Sentencia T-880 de 2013[78], por obra de la cual
se abordó el estudio de una acción de tutela promovida contra el Tribunal
Superior de Bogotá -Sala de Decisión Civil- por haber rechazado un recurso
extraordinario de revisión que habían interpuesto las accionantes contra la
sentencia de única instancia       que, en el marco de un proceso ejecutivo
singular en el que figuraban como la parte demandada, resolvió declarar probada
parcialmente la excepción denominada cobro de lo no debido y seguir adelante con
la ejecución             del crédito en la forma indicada en el mandamiento de
pago.
En esa ocasión, la Sala reparó en el hecho de que, casi
dos años después de haber cobrado ejecutoria la providencia objeto de censura,
las actoras habían formulado, mediante apoderado judicial, recurso
extraordinario de revisión que fue inadmitido por no haberse presentado con la
debida argumentación dirigida    a demostrar de manera diáfana la causal
alegada. Esta decisión fue recurrida por el abogado de las tutelantes a través
de los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación, los cuales fueron
rechazados de inmediato por cuanto   el mecanismo de defensa que debía
proponerse, según lo estipulado en el artículo 363 del ordenamiento procesal
civil, era el recurso de súplica.
Por manera que, para la Sala de Revisión, las
demandantes, en su pretensión   de atacar la decisión del Tribunal, hicieron
uso de unos mecanismos              por completo inadecuados para impugnar el
auto que rechazó el recurso extraordinario de revisión; estrategia jurídica
que, en su momento, equivalió a prescindir del recurso de súplica como
alternativa idónea de defensa judicial, dejándose caducar además dicha
posibilidad, en tanto debió acudirse a ella dentro de los 3 días siguientes a
la notificación del respectivo auto que sería objeto de reproche.
Siguiendo, entonces, tales consideraciones, se declaró
el incumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales y, consecuencialmente, se denegó la protección
constitucional impetrada al reputarse improcedente.
5.1.6.3.3. Bajo similar enfoque, la Sala Sexta de Revisión
de la Corte Constitucional, en la Sentencia T-006 de 2015[79], abordó el estudio de una
acción de tutela promovida por el representante legal de la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Pereira
contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de dicha ciudad, al considerar
vulnerados sus derechos al debido proceso y a la defensa, en atención a que
inadmitió un recurso extraordinario  de casación por considerar que no cumplía con
el requisito atinente al interés jurídico para recurrir, es decir, por no exceder
su cuantía de 120 veces el salario mínimo legal mensual vigente, decisión
contra la cual interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de queja, que a
la postre fueron rechazados por extemporáneos.
De entrada, la mencionada Sala advirtió sobre la improcedencia
del recurso    de amparo en función del inadecuado e inoportuno ejercicio de
los medios de defensa judicial que le asistían al actor dentro del proceso
ordinario laboral. Desde luego, allí se expuso que pese a que el gestor de la
solicitud                   de protección constitucional había hecho uso de los
mecanismos legales para atacar el auto que había negado el recurso de casación,
aquellos fueron promovidos sin seguir los parámetros contemplados en la
legislación vigente para la época de los hechos, motivo que explicaba que
resultaran extemporáneos. De ahí que mal pueda pretender acudir al dispositivo
tutelar para subsanar su equivocación, ya que bien sea por negligencia o
descuido,     su habilitación no está orientada a la reapertura de etapas
procesales que se encuentran debidamente concluidas, en este caso, por no
haberse presentado      a tiempo los respectivos recursos en el trámite del
proceso ordinario laboral arbitrado.
En atención, entonces, al incumplimiento del requisito
general de procedibilidad relativo al agotamiento de los medios de defensa
judicial, la Sala se abstuvo de emitir pronunciamiento alguno respecto de los
requisitos específicos de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales.
5.1.6.3.4. Esta postura,
valga la pena mencionar, viene decantándose en la jurisprudencia constitucional
desde sus inicios. Un ejemplo de ello                  es la Sentencia C-543
de 1992[80],
en la que esta Corporación expuso sobre el particular:
“Así, pues, la tutela no puede converger
con vías judiciales diversas por cuanto no es un mecanismo que sea factible de
elegir según la discrecionalidad del interesado, para esquivar el que de modo
específico ha regulado la ley; no se da la concurrencia entre éste y la acción
de tutela porque siempre prevalece -con la excepción dicha- la acción
ordinaria.
La acción de tutela no es, por tanto, un
medio alternativo, ni menos adicional o complementario para alcanzar el
fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al
alcance del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de único
medio de protección, precisamente incorporado a la Carta con el fin de llenar
los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas
una plena protección de sus derechos esenciales.
Se comprende, en consecuencia, que cuando
se ha tenido al alcance un medio judicial ordinario y, más aún, cuando ese
medio se ha agotado y se ha adelantado un proceso, no puede pretenderse
adicionar al trámite ya surtido una acción de tutela, pues al tenor del
artículo 86 de la Constitución, dicho mecanismo es improcedente por la sola
existencia de otra posibilidad judicial de protección, aún sin que ella haya
culminado en un pronunciamiento definitorio del derecho.
Bien puede afirmarse que, tratándose de
instrumentos dirigidos a la preservación de los derechos, el medio judicial por
excelencia es el proceso, tal como lo acreditan sus remotos orígenes. En
el sentir de esta Corte, nadie puede alegar que careció de medios de defensa si
gozó de la oportunidad de un proceso y menos todavía si tomó parte en él hasta
su conclusión y ejerció los recursos de que disponía. Pero, claro está, si pese
a las ocasiones de defensa dentro del proceso y a las posibilidades de
impugnación del fallo que le otorgaba el sistema jurídico en obedecimiento a
claros principios constitucionales (artículos 29 y 31 de la Carta), el
interesado se abstuvo de utilizar los mecanismos a su disposición, tampoco
puede acudir a la institución de la tutela como última tabla de salvación de
sus pretensiones, por cuanto ello implica el alegato de su propia incuria
contra el principio universalmente aceptado y desvirtúa el carácter subsidiario
de la acción”. (Negrillas propias
del texto original)
5.1.6.4.
En líneas generales, encuentra
esta Sala de Revisión que el apoderado judicial del actor, en su pretensión de
enervar los efectos de la decisión proferida por el Tribunal Superior de Bogotá
-Sala Laboral de Descongestión-, hizo uso del recurso extraordinario de
casación de manera inadecuada en orden a obtener la anulación de la absolución
decretada en favor de la Empresa Colombiana de Petróleos -ECOPETROL S.A.- para
asumir el pago en forma solidaria, junto con la Sociedad Operaciones Sísmicas
Petroleras -OPSIS S.A.-, de los salarios y prestaciones sociales adeudados al
señor Jorge Enrique Gaitán Mendoza por sus labores como geólogo dentro del Proyecto “Tierra Negra 2000”.
En su momento, la hipótesis justificativa empleada por
el abogado del accionante para presentar la demanda de casación, estructurada
sobre la base  de argüir el desconocimiento del artículo 34 del Código
Sustantivo del Trabajo a partir de la formulación de dos cargos bajo las
modalidades de violación directa e indirecta de la norma, no tuvo en cuenta los
siguientes aspectos sustanciales y de convicción: i) en primer lugar, que
la condena al pago          de salarios y prestaciones sociales adeudados había
quedado, en todo caso, en cabeza de la Sociedad Operaciones Sísmicas Petroleras
OPSIS S.A.,            para lo cual bien podría haber entablado un proceso
ejecutivo con el propósito de satisfacer las obligaciones de dar
contenidas en el fallo de primera instancia proferido por el Juzgado Catorce
Laboral del Circuito de Bogotá; ii) en segundo término, que lo revocado
parcialmente en la sentencia de segunda instancia dictada por el Tribunal
Superior de Bogotá -Sala Laboral de Descongestión- fue exclusivamente la
declaratoria de responsabilidad solidaria de la Empresa Colombiana de Petróleos
-ECOPETROL S.A.-, eje vertebral   del pronunciamiento que, en consecuencia, debía
ser atacado y desvirtuado           en sede del recurso extraordinario de
casación; iii) Finalmente, en tercer y último lugar, como consecuencia
natural de los anteriores planteamientos,    que una adecuada sustentación del
recurso exigía contar con una argumentación concisa que cumpliera con la
obligación de demostrar de forma clara                y coherente el presunto desatino
jurídico del juez de segunda instancia al invalidar la extensión de la
responsabilidad solidaria a la demandada Empresa Colombiana de Petróleos -ECOPETROL
S.A.-, declarada inicialmente, en sede de primera instancia, por el Juzgado
Catorce Laboral del Circuito de Bogotá.
En esa dirección, puede apreciarse que, aunque el
abogado impugnante   endilgó al Tribunal Superior de Bogotá -Sala Laboral de
Descongestión-          la inobservancia del artículo 34 del Código Sustantivo
del Trabajo, omitió elaborar un discurso lógico y coherente dirigido a demostrar
de manera objetiva por qué dicho precepto legal se había aplicado
indebidamente. De hecho, como claramente lo subrayó la Sala de Casación Laboral
de la Corte Suprema de Justicia al resolver sobre el medio impugnativo, aquél
se limitó a señalar que el Tribunal no apreció o que valoró erradamente las
pruebas que a lo largo de su escrito menciona, sin desarrollar argumentos
demostrativos de la comisión de errores fácticos evidentes del ad-quem.
Allí, por lo tanto, se aprecian apreciaciones genéricas sin ningún tipo de
especificidad en cuanto a la recta inferencia en la valoración del material
probatorio aportado al proceso y sin indicación especial alguna frente a las
principales conclusiones a las que dicha autoridad judicial arribó en relación
con la responsabilidad entre contratista y beneficiario de la obra o labor
contratada.
De esta forma, encuentra la Sala que, en aras de la
claridad que debe regir la fundamentación de la demanda de casación, era deber
del recurrente indicar de manera objetiva la incidencia de los yerros
endilgados en las conclusiones     del fallo que se impugnó, esto es, la
definición puntual y concreta sobre           si se había interpretado erróneamente
o se había dado aplicación indebida al artículo 34 del Código Sustantivo del
Trabajo, si se tergiversó su contenido normativo o no se valoraron
adecuadamente las pruebas que presuponían su existencia. Dicha omisión
significó, a juicio de esta la Sala, el desconocimiento de las reglas básicas
que regulan el recurso de casación y la prescindencia de la oportunidad de que el
máximo tribunal de justicia ordinaria examinara el fondo de los cargos
propuestos, que no era otro que, como aquí ya se ha dejado        en claro, la
configuración de la responsabilidad solidaria en cabeza de la Empresa Colombiana
de Petróleos -ECOPETROL S.A.-.
No
es, entonces, el recurso de amparo constitucional un medio alternativo ni
tampoco adicional o complementario para volver a traer a colación los debates y
conflictos de instancia surgidos de las pretensiones esbozadas por el actor    en
el trámite del proceso ordinario laboral, pasando por alto las consideraciones
jurídicas expuestas por la propia Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema
de Justicia en sede del recurso extraordinario de casación e instrumentalizando
las normas procesales aplicables sin contar con una carga argumentativa seria,
coherente y razonada, dirigida a demostrar el vicio o defecto que se le
atribuye a la decisión judicial censurada y su grado de incidencia en la
situación que se plantea como contraria a derecho[81].
Es
de reiterarse que el propósito específico de la acción de tutela es el de
brindar una protección efectiva y actual, pero supletoria, de los derechos
constitucionales fundamentales, cuando los mismos no puedan ser defendidos por
vía de los medios que ofrece el sistema jurídico para cumplir ese fin
determinado.
Por
esa razón, también deviene desacertado concebir a la acción de tutela como una
herramienta de carácter procesal válida para suplir las deficiencias en que
puedan incurrir las partes durante el ejercicio de su derecho de defensa, tal y
como ocurre en el presente asunto, pues ello sería tanto como admitir            que
se está en presencia de una instancia más de definición de derechos ordinarios[82].
5.1.6.5. Constatado así el ejercicio inadecuado del mecanismo
de defensa judicial extraordinario dispuesto en el ordenamiento jurídico para
controvertir la decisión adoptada en segunda instancia dentro del proceso
ordinario laboral promovido contra la Sociedad Operaciones Sísmicas Petroleras -OPSIS S.A.-, la
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la
Cultura -O.I.E.- y la Empresa Colombiana de Petróleos -ECOPETROL S.A.-., por parte del apoderado judicial del actor, no queda
camino distinto a esta Sala de Revisión que advertir que no se cumplieron los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales. En ese orden de ideas, no resulta procedente verificar los restantes cargos
relacionados con la posible configuración de un defecto fáctico y otro material
o sustantivo y, en consecuencia, habrán de ser revocados los fallos proferidos
por los jueces de instancia para, en su lugar, declarar la improcedencia de la
acción de tutela.
V.          DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión
de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO.- REVOCAR el fallo proferido el 18 de agosto de 2016
por la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Civil- que, a su vez,
confirmó     el dictado el 14 de julio de ese mismo año por la Corte Suprema de
Justicia       -Sala de Casación Penal, Sala de Decisión de Tutelas No. 1- y,
en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por Jorge
Enrique Gaitán Mendoza, actuando mediante apoderado judicial, contra el Tribunal Superior de Bogotá -Sala Laboral de Descongestión- y la Corte
Suprema de Justicia -Sala de Casación Laboral-, por las razones expuestas
en esta providencia.
SEGUNDO.- Líbrese la comunicación de que trata el artículo 36
del decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Notifíquese,
comuníquese, cópiese, publíquese en la página web de la Corte Constitucional y
cúmplase.
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
Con impedimento aceptado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
ROCÍO LOAIZA MILIÁN
Secretaria General (E)
[1]
Particularmente todos los conceptos laborales producidos entre el 1º de marzo y
el 31 de julio de 2001, junto con sus respectivos incrementos e indexación. Ver
numerales décimo a décimo séptimo del acápite de hechos de la demanda ordinaria
laboral en folio 22 del Cuaderno No. 1 del Expediente.
[2] Del texto de la demanda ordinaria laboral se
advierte que el señor Jorge Enrique Gaitán Mendoza arguyó   que, habida cuenta
de su condición de propietaria o beneficiaria de la obra contratada, “la
Empresa Colombiana de Petróleos -ECOPETROL S.A.- era solidariamente responsable
frente al pago de las acreencias laborales que se le adeudaban, de acuerdo con
lo previsto en el artículo 34 del Código Sustantivo del    Trabajo y la
Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre la misma Empresa y la Unión
Sindical Obrera     -U.S.O.-”. Como consecuencia de lo anterior, pidió que
se condenara a la Sociedad Operaciones Sísmicas Petroleras -OPSIS S.A.-, a la
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la
Cultura -O.I.E.- y a la Empresa Colombiana de Petróleos -ECOPETROL S.A.- a pagar
los salarios, cesantías, primas de servicios, vacaciones, derechos
convencionales y sanciones e indemnizaciones a que hubiere lugar. Ver folios 20
a 32 del Cuaderno No. 1 del Expediente.
[3] Ver numerales primero a noveno del acápite de hechos de la demanda
ordinaria laboral en folios 20 a 22 del Cuaderno No. 1 del Expediente.
[4] Cabe anotar que durante el trámite de la
audiencia pública obrante en folios 334 a 339 del expediente contentivo del
proceso laboral ordinario, el actor desistió de su demanda respecto de la
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la
Cultura -O.I.E.-, lo cual fue aceptado inmediatamente por el despacho. Ver
folio 149 del Cuaderno No. 2 del Expediente.
[5] Ver contenido de la providencia en folios 145 a
157 del Cuaderno No. 2 del Expediente.
[6] En criterio del juzgador, responde la Sociedad
Operaciones Sísmicas Petroleras -OPSIS S.A.- como contratista y la
Empresa Colombiana de Petróleos -ECOPETROL S.A.- como beneficiaria de la
obra, sin que por tal solidaridad se entienda que “el aquí demandante
haya suscrito contrato de trabajo con esta última y, por lo tanto, sea
considerado empleado directo de la misma. De ahí que no sea beneficiario de los
convenios especiales celebrados entre Ecopetrol y USO, procediéndose a absolver
a la parte demandada del pago de primas vacacionales correspondientes a 28 días
y primas convencionales de 48 días”. Ver folios 152 y 153  del Cuaderno No.
2 del Expediente.
[7] “ARTICULO 34. CONTRATISTAS INDEPENDIENTES. <Artículo modificado por el artículo 3o. del Decreto
2351 de 1965. El nuevo texto es el siguiente:> 1o) Son contratistas
independientes y, por tanto, verdaderos empleadores y no representantes ni
intermediarios, las personas naturales o jurídicas que contraten la ejecución de
una o varias obras o la prestación de servicios en beneficios de terceros, por
un precio determinado, asumiendo todos los riesgos, para realizarlos con sus
propios medios y con libertad          y autonomía técnica y directiva. Pero el
beneficiario del trabajo o dueño de la obra, a menos que se trate de labores
extrañas a las actividades normales de su empresa o negocio, será
solidariamente responsable con el contratista por el valor de los salarios y de
las prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho             los
trabajadores, solidaridad que no obsta para que el beneficiario estipule con el
contratista las garantías del caso o para que repita contra él lo pagado a esos
trabajadores. 2o) El beneficiario del trabajo o dueño          de la obra, también
será solidariamente responsable, en las condiciones fijadas en el inciso
anterior, de las obligaciones de los subcontratistas frente a sus trabajadores,
aún en el caso de que los contratistas no estén autorizados para contratar los
servicios de subcontratistas”.
[8] En audiencia pública primera de trámite
adelantada por el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Bogotá    el 21 de
abril de 2004, la representante legal de la Empresa Colombiana de Petróleos
-ECOPETROL S.A.-, con ánimo conciliatorio y el propósito de dar por terminado
el proceso, ofreció pagar la suma de $14.294.000,      sin que ello implicara
aceptación alguna de las pretensiones del demandante, quien en su momento no
aceptó tal propuesta al considerar que no cubría todos los beneficios que
brindaba la Unión Sindical Obrera en relación con los contratistas de
Ecopetrol. No obstante, con posterioridad, el abogado del señor Jorge Enrique
Gaitán Mendoza solicitó al despacho judicial de conocimiento que “ordenara
la entrega del título de depósito judicial DJ-04 No. 400100000743619 por la
suma de catorce millones doscientos noventa y cuatro mil pesos $14.294.000
allegado a través de listado desmaterializado el 2 de abril de 2014 y
consignado por la Fiduciaria Fidupetrol a favor del demandante”, lo cual
fue aceptado en audiencia pública del 4 de noviembre de 2004. Ver folios 88 del
Cuaderno No. 2 y 51 a 56 y 137 a 141 del Cuaderno No. 4 del Expediente.
[9] Otros argumentos de inconformidad que fueron
esgrimidos en el escrito de apelación se orientaron              por destacar que:
i) en desarrollo del proceso ordinario laboral no se comprobó la
existencia de vínculo laboral o comercial alguno entre las partes; ii)
el convenio especial de cooperación celebrado entre la Organización de Estados
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura -O.I.E.- y la
Empresa Colombiana            de Petróleos -ECOPETROL S.A.- no tiene la
virtualidad suficiente para generar responsabilidad solidaria,  dado que no
tiene nada que ver con la exploración, explotación y transporte de
hidrocarburos de que trata el Decreto 2719 de 1993; iii) la Sociedad
Operaciones Sísmicas Petroleras -OPSIS S.A.- fue contratada por la Organización
de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura -O.I.E.-
y no                  por la Empresa Colombiana de Petróleos -ECOPETROL S.A.-
para la realización de obras de información sísmica del programa “Tierra
Negra 2000”; y iv) las labores desplegadas por la Sociedad
Operaciones Sísmicas Petroleras -OPSIS S.A.- no están comprendidas dentro del
giro ordinario de los negocios de la Empresa Colombiana de Petróleos -ECOPETROL
S.A.-, por lo que no podría configurarse la pretendida responsabilidad
solidaria estipulada en el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo. Ver
folios 158 a 161 del Cuaderno No. 2 del Expediente.
[10] Para el ad-quem, no ofrece discusión
alguna el hecho de que “el demandante estuvo vinculado directamente a la
accionada Sociedad Operaciones Sísmicas Petroleras -OPSIS S.A.-, bajo la
modalidad de contrato de trabajo por obra o labor, en el cargo de Geólogo, devengando
la suma de $3.500.000 mensuales, a partir     del 1º de diciembre de 2000 y
hasta el 31 de julio de 2001, tal como lo encontró probado el juez de primera
instancia”. Ver contenido de la providencia en folios 217 a 224 del
Cuaderno No. 2 del Expediente.
[11] De acuerdo con dichas premisas, el Tribunal Superior
de Bogotá -Sala Laboral de Descongestión- procedió a “revocar la sentencia
proferida por el Juez Catorce Laboral del Circuito de Bogotá D.C., de fecha 9
de mayo de 2007, en cuanto declaró solidariamente responsable a la demandada
ECOPETROL S.A. y la condenó        al pago de las sumas decretadas en su parte
resolutiva; en su lugar, absuélvase a la accionada de las reclamaciones hechas
en la demanda presentada por Jorge Enrique Gaitán Mendoza, como de las costas
fijadas en primera instancia, confirmándose en lo demás el pronunciamiento
apelado”. Ver parte resolutiva de la providencia en folio 223 del Cuaderno
No. 2 del Expediente.
[12] El citado recurso fue instaurado el 21 de
octubre de 2008 por parte del mandatario judicial del actor, aduciendo razones
de inconformidad con el fallo dictado en segunda instancia por el Tribunal
Superior de Bogotá -Sala Laboral de Descongestión-, “especialmente por
lesionar de modo considerable los intereses económicos de su poderdante”.
Ver memorial radicado en folio 225 del Cuaderno No. 2 del Expediente.
[13] “ARTÍCULO 43. El inciso
segundo del artículo 86 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social
quedará así: Artículo 86. Sentencias susceptibles del recurso. A partir
de la vigencia de la presente ley y sin perjuicio de los recursos ya interpuestos
en ese momento, sólo serán susceptibles del recurso de casación los procesos
cuya cuantía exceda de ciento veinte (120) veces el salario mínimo legal
mensual vigente”.
[14] En concepto de la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Bogotá, “el interés jurídico de la parte demandante se encuentra
determinado por las pretensiones que le fueron denegadas en el recurso de
alzada que revocó las condenas impuestas en solidaridad a la demandada
Ecopetrol S.A., a la que se había ordenado, entre otras,    a pagar una suma
igual al último salario diario por cada día de retardo equivalente a la suma de
$116.667.00 pesos sobre un salario de $3.500.000 a partir del 31 de julio de
2001 y hasta el momento en que cancelen       la totalidad de las prestaciones
sociales, como la indemnización moratoria. Al cuantificar dicha pretensión,
en un periodo comprendido entre la fecha indicada en la condena (31 de julio de
2001) y la fecha del fallo de segunda instancia, por un salario de $3.500.000,
se obtiene una suma de $297.266.666.7 sin resultar necesario, por lo
tanto, cuantificar las demás pretensiones invocadas” (Negrillas propias del
texto original). Ver proveído en folio 227 del Cuaderno No. 2 del Expediente.
[15] Ver folios 1 a 5 y 18 del Cuaderno No. 3 del
Expediente.
[16] Ver alcance del recurso en folios 10 y 11 del
Cuaderno No. 3 del Expediente.
[17] “1. Ser la sentencia violatoria de la ley
sustancial, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación
errónea”.
[18] Ver formulación y demostración del cargo en folios 11 a 15 del
Cuaderno No. 3 del Expediente.
[19] Ver formulación y demostración del cargo en folios 15 a 17 del
Cuaderno No. 3 del Expediente.
[20] Ver sentencia de casación en folios 101 a 111 del Cuaderno No. 3
del Expediente.
[21] “Artículo 90. REQUISITOS DE LA DEMANDA DE CASACIÓN. La demanda
de casación deberá contener: (…) 5. La expresión de los motivos de casación,
indicando: a) El precepto legal sustantivo, de orden nacional, que se estime
violado, y el concepto de la infracción, si directamente, por aplicación
indebida o por interpretación errónea”.
[22] A este respecto, el abogado del señor Jorge Enrique Gaitán Mendoza resalta
que son varios, a su juicio, los procesos ordinarios laborales que se
tramitaron sobre el particular en contra de las mismas entidades aquí
demandadas y que, en segunda instancia, terminaron con decisiones de condena
solidaria en favor de ex trabajadores de la Sociedad Operaciones Sísmicas
Petroleras -OPSIS S.A-, entre los que cabe destacar: “Alberto Pérez Pérez-Tribunal
Superior de Bogotá -Sala Laboral- (16 de diciembre de 2009); Wbeimar José
García Correal-Tribunal Superior de Bogotá -Sala Laboral de Descongestión-
(16 de abril de 2010); Jhon Alexander Puentes Rojas-Tribunal Superior de
Bogotá -Sala Laboral- (28 de junio de 2007); Sigifredo Vargas Velandia-Tribunal
Superior de Bogotá -Sala Laboral de Descongestión- (31 de enero de 2011); y José
Aveneci Rey Riveros-Tribunal Superior de Bogotá -Sala Laboral de
Descongestión- (18 de enero de 2011)”. (Negrillas propias del texto
original). Ver folios 4 y 5 del Cuaderno No. 1 del Expediente y el Cuaderno No.
5 del Expediente.
[23] Ver folios 8 a 11 del Cuaderno No. 1 del Expediente.
[24] Ver folios 12 y 13 del Cuaderno No. 1 del Expediente.
[25] Ver folios 13 y 14 del Cuaderno No. 1 del Expediente.
[26] Ver folios 301 y 302 del Cuaderno No. 1 del Expediente.
[27] Ver folios 314 y 315 del Cuaderno No. 1 del
Expediente.
[28] Ver folios 319 y 320 del Cuaderno No. 1 del Expediente.
[29] Tras precisar que el recurso de amparo
constitucional es excepcional y subsidiario, el juez de primera instancia dejó
por sentado que ninguna de las causales específicas de procedibilidad alegadas en
el caso concreto tenía vocación de prosperidad, “pues el proveído que se
pretende dejar sin efectos no puede calificarse como el resultado de la
arbitrariedad ni el capricho de los funcionarios judiciales que lo expidieron”.
Antes bien, “argumentos como los presentados por la parte actora son
incompatibles con el mecanismo constitucional. Si se admitiera que el juez de
tutela puede verificar la juridicidad de los trámites por los presuntos
desaciertos en la valoración probatoria o interpretación de las normas
jurídicas, no solo     se desconocerían los principios de independencia y
sujeción exclusiva a la ley, que disciplinan la actividad de los jueces
ordinarios, previstos en los artículos 228 y 230 de la Carta Política, sino
además los del juez natural y las formas propias del juicio contenidos en el
artículo 29 Superior” (Subrayas propias del texto original). Ver folios 332
a 339 del Cuaderno No. 1 del Expediente.
[30] Ciertamente, para el abogado del señor Gaitán
Mendoza, el hecho de que el Tribunal Superior de Bogotá       -Sala Laboral de
Descongestión- no haya abordado el estudio de la figura de la solidaridad por
la presunta existencia de errores de técnica en el recurso de casación, “se
traduce en un exceso ritual manifiesto, pues pese a que se evidencia el
garrafal error en la apreciación de la prueba por parte de la Corporación de
segunda instancia, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia prefirió
someterse a la formalidad normativa para indicar la imposibilidad de abordar
este estudio, debido a los errores de técnica supuestamente presentes en el
recurso de casación”. Ver escrito de impugnación en folios 408 a 411 del
Cuaderno No. 1 del Expediente.
[31] Antes de proferido este veredicto, la Empresa
Colombiana de Petróleos -ECOPETROL S.A.-, extemporáneamente y por intermedio de
apoderado especial, radicó memorial en el que se opuso a las pretensiones
insertas en la acción de tutela, sobre la base de argumentar que i) el
recurso extraordinario de casación busca proteger el principio de legalidad y,
en esa medida, exige el cumplimiento de unos mínimos
requisitos dirigidos a demostrar las falencias en derecho; ii) el
mecanismo de amparo constitucional únicamente procede contra providencias
judiciales que constituyan “una vía de hecho” y tal concepto no puede
hacerse extensivo a demandas de casación desechadas por no contar con la
técnica adecuada; iii) del convenio de cooperación debatido no puede
derivarse responsabilidad solidaria, en tanto nada tiene que ver un
proyecto     de adquisición, proceso e interpretación de información geológica
con la exploración, explotación y transporte de
hidrocarburos en los términos del Decreto 2719 de 1993; y iv) el nexo de
causalidad entre la Empresa Colombiana de Petróleos -ECOPETROL S.A.- y la
Sociedad Operaciones Sísmicas Petroleras -OPSIS S.A.- nunca fue demostrado por
la parte reclamante dentro del proceso ordinario laboral. Ver folios 379 a 384
del Cuaderno  No. 1 del Expediente.
[32] Para soportar dicho aserto, el ad-quem
explicó que echaba de menos “la mención certera a las puntuales deficiencias
de cada una de las providencias atacadas con la explicación clara de los
defectos endilgados,     lo cual desnaturaliza notablemente la habilitación
tutelar contra las determinaciones judiciales, no pudiendo emplearse el
mecanismo tuitivo para desvirtuar la naturaleza y condicionamientos legalmente
establecidos para el recurso de casación, máxime cuando en este caso, la
decisión de la Sala respectiva, a lo largo de su motivación, se esmeró por
superar, en la medida de lo posible, las múltiples deficiencias
descubiertas            en la demanda incoativa de la impugnación
extraordinaria”. Ver folios 3 a 6 del Cuaderno No. 6 del Expediente.
[33] En el inciso segundo del reseñado artículo se
dispone que: “(…) después de haber sido escogidos autónomamente por la Sala
de Selección competente, los fallos sobre acciones de tutela instauradas contra
providencias de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado deberán
ser llevados por el magistrado a quien le corresponda en reparto a la Sala
Plena, la cual determinará si asume su conocimiento (…)”.
[34] Ver folios 21 y 22 del Cuaderno No. 7 del
Expediente.
[35] Ver folios 23 a 26 del Cuaderno No. 7 del
Expediente.
[36] Ver folios 27 a 78 del Cuaderno No. 7 del
Expediente.
[37] Ver folios 42 y 43 del Cuaderno No. 7 del
Expediente.
[38] Ver folios 4 a 18 del Cuaderno No. 7 del
Expediente.
[39] En el referido artículo se establece lo siguiente:
“(…) El juez deberá declararse impedido
cuando concurran las causales de impedimento del Código de Procedimiento Penal
so pena de incurrir en la sanción disciplinaria correspondiente (…)”.
[40] Esta causal se estructura
cuando “(…) el funcionario judicial haya sido apoderado o defensor de alguna
de las partes, o sea o haya sido contraparte de cualquiera de ellos, o haya
dado consejo o manifestado su opinión sobre el asunto materia del proceso”.
[41] Según lo ha precisado la Corte Constitucional, “la reiteración de jurisprudencia es un método de
adjudicación apropiado para resolver problemas jurídicos de frecuente aparición
en determinados escenarios constitucionales. La técnica citada consiste en
recordar y aplicar las subreglas definidas por la jurisprudencia en supuestos
fácticos análogos a los que presenta el caso de estudio. El método comporta
celeridad a la administración de justicia y cumple otros fines
constitucionalmente valiosos, como se explica a continuación: En primer
término, la reiteración de jurisprudencia contribuye a la unificación de la
interpretación consolidando las subreglas jurisprudenciales en el tiempo,
aspecto imprescindible para una aplicación adecuada de los derechos
fundamentales, contenidos en cláusulas de notoria apertura semántica; en
segundo lugar, propende por la consolidación de una cultura de respeto al
precedente lo que, a su vez, dota de eficacia al principio de igualdad, pues
permite que se corrijan aquellos fallos en que los jueces, bajo escenarios
fácticos similares, llegan a consecuencias diversas por la inaplicación de subreglas
decantadas por vía jurisprudencial; finalmente, beneficia la confianza
ciudadana en la administración de justicia, dado que los jueces adoptarán sus
decisiones bajo reglas claras y derroteros señalados por los órganos de cierre              del
sistema jurídico”. Sentencia T-589 de
2011. Sobre el tema de reiteración de jurisprudencia también pueden
consultarse, entre otras, las Sentencias T-505 de 2008 y T-662 de 2013.
[42] Acápite elaborado tomando como principal referencia la base
argumentativa contenida en las Sentencias     T-285 de 2010, SU-917 de 2010,
SU-195 de 2012, SU-515 de 2013, SU-556 de 2014 y SU-210 de 2017.
[43] Sobre el particular, consultar, entre otras sentencias, las
siguientes: C-543 de 1992, T-079 de 1993, T-231 de 1994, T-327 de 1994, SU-014
de 2001, T-705 de 2002, T-949 de 2003, T-774 de 2004, C-590 de 2005,
T-363 de 2006, T-565 de 2006, T-661 de 2007, T-213 de 2008, T-249 de 2008,
T-027 de 2008, T-066 de 2009, T-162 de 2009, T-267 de 2009, T-425 de 2009,
T-167 de 2010, T-214 de 2010, T-217 de 2010, T-285 de 2010, T-351 de 2011,
T-269 de 2012, T-152 de 2013, T-791A de 2013, T-880 de 2013, T-399 de 2014,
T-490 de 2014, T-645 de 2014, T-677 de 2015,
[44] Al respecto, consultar, entre otras, las Sentencias C-590 de 2005 y
T-285 de 2010.
[45] Sentencia T-233 de 2007.
[46] Al respecto, consultar, entre otras, la
Sentencia SU-037 de 2009.
[47] Sentencia T-1066 de 2007. Consultar, adicionalmente,
las Sentencias T-233 de 2007, T-012 de 2008             y
T-1275 de 2008.
[48] Consultar, entre otras, la
Sentencia T-217 de 2010.
[49] Consultar, entre otras, la
Sentencia T-462 de 2003.
[50] Al respecto, consultar, entre otras, la Sentencia T-1275 de 2008.
[51] Al respecto, consultar, entre otras, las Sentencias T-012 de 2008 y
T-789 de 2008.
[52] Al respecto, consultar, entre otras, las Sentencias T-061 de 2007,
T-586 de 2012 y T-136 de 2015.
[53] Al respecto, consultar, entre otras, las Sentencias SU-297 de 2015,
T-238 de 2016 y T-001 de 2017.
[54] Al respecto, consultar, entre otras, las Sentencias SU-961 de 1999,
T-322 de 2008 y T-031 de 2016.
[55] Al respecto, consultar, entre otras, las Sentencias T-267 de 2000,
T-319A de 2012, T-586 de 2012 y T-079 de 2014.
[56] Al respecto, consultar, entre otras, la Sentencia SU-770 de 2014.
[57] Al respecto, consultar, entre otras, las Sentencias T-104 de 2007,
T-951 de 2013, T-272 de 2014 y SU-391 de 2016.
[58] Al respecto, consultar, entre otras, las Sentencias SU-198 de 2013,
SU-173 de 2015 y SU-431 de 2015.
[59] Al respecto, consultar, entre otras, las Sentencias T-674 de 2013 y
SU-406 de 2016.
[60] Al respecto, consultar, entre otras, las Sentencias T-590 de 2009,
T-803 de 2012, T-429 de 2013, SU-842 de 2013, SU-172 de 2015 y T-145 de 2017.
[61] Al respecto, consultar, entre otras, las Sentencias T-1029 de 2010,
T-120 de 2014, T-454 de 2015 y T-123 de 2016.
[62] Al respecto, consultar, entre otras, las Sentencias T-145 de 2014,
T-012 de 2016 y T-031 de 2016.
[63] Al respecto, consultar, entre otras, las Sentencias T-302 de 2008 y
T-709 de 2010.
[64] Al respecto, consultar, entre otras, las Sentencias SU-567 de 2015,
T-677 de 2015 y SU-542 de 2016.
[65] Al respecto, consultar, entre otras, las Sentencias SU-415 de 2015
y T-574 de 2016.
[66] Para efectos ilustrativos, valga mencionar
que en la Sentencia T-152 de 2013 se caracterizó la labor del juez
constitucional a la hora de abordar el estudio de una acción de tutela entablada
contra una sentencia judicial, en los siguientes términos: “la intervención
del juez constitucional en asuntos decididos por otros jueces, en sus
respectivas jurisdicciones, se puede adelantar únicamente con el fin de
proteger los derechos fundamentales vulnerados, pues no puede suplantarse o
desplazarse al juez ordinario en el estudio de un caso que, por su naturaleza
jurídica, le compete. Su misión, entonces, es la de vigilar si la providencia
conlleva la vulneración de los derechos constitucionales del tutelante, en
especial, el derecho al debido proceso y el acceso a la administración de
justicia. De allí se infiere que la tutela no es un mecanismo que permita al
juez constitucional anular decisiones que no comparte o remplazar al juez
ordinario en su tarea de interpretar    las normas conforme al material
probatorio del caso, sino que le permite determinar si la actividad judicial
estuvo conforme o no al ordenamiento constitucional”.
[67] Ver folio 112 del Cuaderno No. 3 del Expediente.
[68] Ver memorial dirigido por el abogado del accionante con destino al
Juzgado Catorce Laboral del Circuito   de Bogotá y fotocopia simple de la
sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá en
folios 89 a 112 del Cuaderno No. 2 del Expediente.
[69] Artículo 2º de la
Carta Política: “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad,
promover              la prosperidad general y garantizar la efectividad de los
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la
participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo (…)”.
[70] Consultar, entre otras, las Sentencias T-106
de 1993, SU-544 de 2001, T-983 de 2001, T-514 de 2003           y T-1017 de
2006.
[71] Sobre
este particular, ha precisado la jurisprudencia que “si existiendo el medio
judicial de defensa, el interesado deja de acudir a él y, además, pudiendo
evitarlo, permite que éste caduque, no podrá posteriormente acudir a la acción
de tutela en procura de obtener la protección de un derecho fundamental. En
estas circunstancias, la acción de amparo constitucional no podría hacerse
valer ni siquiera como mecanismo transitorio de protección, pues tal modalidad
procesal se encuentra subordinada al ejercicio de un medio judicial ordinario
en cuyo trámite se resuelva definitivamente acerca de la vulneración
iusfundamental  y a la diligencia del actor para hacer uso oportuno del mismo”.
Sentencia SU-037 de 2009.
[72] Según se extrae del numeral quinto de la parte resolutiva de dicha sentencia,
la condena a la Sociedad Operaciones Sísmicas Petroleras -OPSIS S.A.- y
solidariamente a la Empresa Colombiana de Petróleos             -ECOPETROL
S.A.- a pagar tal suma de dinero en favor del señor Jorge Enrique Gaitán
Mendoza, puede discriminarse de la siguiente manera: a) $ 17.500.000.oo
por concepto de salarios insolutos; b) $ 2.333.333.oo por concepto de
cesantías; c) $ 186.667.oo por concepto de intereses a la cesantía; d)
$ 2.333.333.oo por concepto de prima de servicios; e) $ 1.166.667.oo por
concepto de vacaciones; f) el pago de una suma igual al último salario
diario por cada día de retardo equivalente a la suma de $ 116.667.oo sobre un
salario de $ 3.500.000.oo a partir del 31 de julio de 2001 y hasta el momento
en que cancelen la totalidad de las prestaciones sociales como indemnización
moratoria; g) $19.133.333.oo por concepto de sanción por no consignación
de la cesantía en un fondo. Ver folios 156 y 157 del Cuaderno No. 2 del
Expediente.
[73] Sentencia T-660 de 1999.
[74] Sentencia C-543 de 1992.
[75] Sentencia SU-622 de 2001.
[76] Consultar, entre otras, las Sentencias
C-543 de 1992, T-567 de 1998, T-511 de 2001, SU-622 de 2001           y T-108
de 2003.
[77] M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[78] M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[79] M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[80] M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[81] Consultar, entre otras, las Sentencias T-214 de 2012, T-466 de 2012
y T-362 de 2013.
[82] Consultar, entre otras, las Sentencias
T-008 de 1992 y T-604 de 1996.