C-148-15
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-148/15
FormalizaciOn de
espectAculos de artes escEnicas e inspecciOn y vigilancia sobre sociedades de
gestiOn colectiva de derechos de autor-Toma de posesión de sociedades de gestión colectiva de
derechos de autor/Toma de posesiOn de
sociedades de gestion colectiva de derechos de autor-No resulta
oportuna ni necesaria la observancia de criterios previstos en el artículo 150
numeral 21 del texto superior
COSA
JUZGADA CONSTITUCIONAL-Efectos
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL ABSOLUTA-Configuración/COSA JUZGADA
CONSTITUCIONAL ABSOLUTA-Alcance
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL RELATIVA-Configuración/COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL
RELATIVA-Alcance
COSA
JUZGADA CONSTITUCIONAL RELATIVA-Modalidades/COSA JUZGADA
CONSTITUCIONAL RELATIVA EXPLICITA-Configuración/COSA JUZGADA
CONSTITUCIONAL RELATIVA IMPLICITA-Configuración
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL MATERIAL Y FORMAL-Diferencias
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL APARENTE-Configuración
COSA
JUZGADA CONSTITUCIONAL-Inexistencia por
cargos distintos
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos mínimos/ACCION PUBLICA DE
INCONSTITUCIONALIDAD-Necesidad de un mínimo de argumentación/DEMANDA DE
INCONSTITUCIONALIDAD-Razones claras, ciertas, específicas, pertinentes y
suficientes
PRINCIPIO PRO ACTIONE-Aplicación
PROPIEDAD
INTELECTUAL-Alcance/PROPIEDAD
INTELECTUAL-Naturaleza jurídica/PROPIEDAD INTELECTUAL-Jurisprudencia
constitucional
Sobre
la naturaleza jurídica de la propiedad intelectual, esta Corporación ha
señalado, recordando el artículo 670 del Código Civil, que "las
producciones del talento o del ingenio son una propiedad de sus autores".
Bajo este supuesto, la sentencia C-334 de 1993 sostuvo, que la propiedad
intelectual es un tipo de propiedad sui generis, en la medida en que guarda
semejanzas y diferencias con la concepción clásica de este derecho. En efecto,
según esa providencia, comparte, de un lado, los elementos esenciales de la
propiedad, - como  son "el usus, el fructus y el abusus, con las
limitaciones que establecen la Constitución y la ley"- , y del otro, se
separa de la noción clásica de propiedad, al presentar algunas de las
siguientes características: (a) que el contenido moral del derecho que tiene el
autor sobre la propiedad intelectual es inalienable, irrenunciable,
imprescriptible e independiente del contenido patrimonial del mismo. Mientras
que el derecho de propiedad común, sólo tiene un contenido patrimonial,
alienable, renunciable y prescriptible. (b) La propiedad intelectual recae
sobre una cosa incorporal. Mientras que la propiedad común, generalmente, recae
sobre cosas corporales; y (c) la propiedad intelectual, por determinación de la
ley, es temporal (art. 11 de la Ley 23 de 1982, modificado por la Ley 1520 de
2012), mientras que la común es perpetua.
PROPIEDAD INTELECTUAL-Protección
constitucional
PROPIEDAD INTELECTUAL-Alcance del concepto
La
propiedad intelectual comprende: (i) la propiedad industrial, que preserva en
general lo relativo a marcas y patentes, y (ii) los derechos de autor y
conexos, que buscan salvaguardar las obras literarias, científicas y artísticas
y amparar igualmente los derechos de artistas, intérpretes, ejecutantes, y
productores de fonogramas, así como los de los organismos de radiodifusión,
respecto de su emisión.
DERECHOS DE AUTOR-Doble dimensión jurídica
La doble dimensión de los derechos de autor, puede ser
descrita de la siguiente manera: (i)         El derecho moral, es inalienable,
irrenunciable, extrapatrimonial y perpetuo. Se refiere a la posibilidad de que
el autor de determinada creación, reivindique en cualquier momento la
paternidad de su obra, exigiendo que se indique su nombre o seudónimo cuando
esta se haga pública por cualquier medio. Comprende igualmente el derecho a
oponerse a cualquier deformación, mutilación o modificación de su obra que
desconozca su reputación, así como a la posibilidad de mantenerla inédita o
anónima, o modificarla antes o después de hacerla pública. En esta dimensión se
reconoce también el derecho del autor de suspender la circulación de su obra,
así la haya autorizado previamente reconociendo los respectivos perjuicios a
terceros. La jurisprudencia constitucional ha reconocido, frente al derecho
moral de autor, que la Decisión Andina 351 de 1993, expedida por la Comisión
del Acuerdo de Cartagena, forma parte del bloque de constitucionalidad. Desde
esa óptica, ha reconocido su valor como parámetro de control de
constucionalidad, en lo relativo a la protección de los derechos morales de
autor. A su vez, ha sostenido que ese elemento moral de estos derechos,  es de
carácter fundamental, bajo la idea de que se trata de derechos “que emanan de la misma
condición de hombre.  (ii)
Los derechos patrimoniales de autor, por otra parte, tienen que ver con la
facultad del autor de una creación, de disponer de su obra. Ello implica, la
posibilidad de cederla, transferirla, renunciar a ella, etc. De acuerdo con la
definición de la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual, estos derechos implican que “el titular
del derecho de autor puede hacer toda clase de utilizaciones públicas de la
obra previo abono de una remuneración. En particular, los derechos
patrimoniales comprenden la facultad para hacer o autorizar que se haga lo
siguiente: publicar o reproducir de otro modo la obra para su transmisión
(distribución) al público: comunicarla al público mediante representación o
ejecución, mediante radiodifusión o por hilo; hacer traducciones o cualquier
tipo de adaptaciones de la obra y utilizarlas en público, etc.”. Lo anterior se traduce, (i) en el
derecho de reproducción de la obra, mediante su edición, inclusión en
audiovisual, fonograma o fijación en medio magnético; (ii) el derecho de
comunicación pública a través de la representación o ejecución pública, la
radiodifusión radial o televisiva, la transmisión de las obras por cualquier
medio, y otras formas de representación de la misma; (iii) el derecho de
transformación mediante la autorización del autor para la traducción,
adaptación, arreglo o cualquier modificación de la obra; (iv) el derecho de
distribución que comprende la posibilidad de alquilar, prestar el importar la
obra. Conforme con la jurisprudencia constitucional, si bien “los derechos patrimoniales derivados de
los derechos de autor, no se consideran fundamentales, merecen también la
protección del Estado”.
DERECHOS CONEXOS A LOS DERECHOS DE
AUTOR-Concepto/MECANISMOS DE
PROTECCION DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y CONEXOS-Jurisprudencia
constitucional
SOCIEDADES DE GESTION COLECTIVA DE
DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS-Naturaleza jurídica
El Legislador faculta a los autores y/o titulares de obras
literarias y artísticas para autorizar, de manera previa y expresa, la
utilización de sus creaciones. Como desarrollo de dicha atribución, se ha
previsto que el recaudo de los derechos de autor y sus derechos conexos se
realice de manera directa a través de la gestión individual de cada persona
interesada libremente o mediante la gestión colectiva realizada por personas
jurídicas instituidas para dicho efecto, denominadas sociedades de gestión
colectiva. Las sociedades de gestión colectiva, que encuentran fundamento en el
derecho de asociación consagrado en el artículo 38 de la Constitución Política,
son entidades civiles o privadas, sin ánimo de lucro, que representan frente a
terceros los derechos exclusivos o de remuneración de sus afiliados en relación
con la utilización de sus obras o producciones artísticas. Su actividad resulta ser un
ejercicio ligado al derecho de asociación –de quienes se organizan para lograr
proyectos económicos, sociales o culturales (los autores) -, y relacionado con
la libertad de empresa – de quienes pueden avanzar en una actividad económica
concreta fundada en la iniciativa privada (la sociedad) – que se debe ejercer
dentro de los límites de la ley y del bien común. El artículo 10° de la
Ley 44 de 1993 indica que “los titulares de derechos de autor y derechos
conexos podrán formar sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y
derechos conexos, sin ánimo de lucro con personería jurídica, para la defensa
de sus intereses conforme a las disposiciones establecidas en la Ley 23 de 1982
y en la presente Ley”.  También según la Ley 44 de 1993, quienes quieran
constituir una sociedad de gestión colectiva con las prerrogativas conferidas
legalmente, deberán supeditarse a las exigencias y deberes que la ley disponga
y sus atribuciones serán igualmente las que la ley les confiere, relacionadas
claro está, con la gestión o administración de los intereses de los titulares
de derechos de autor y de derechos conexos.
SOCIEDADES DE
GESTION COLECTIVA-Atribuciones
SOCIEDAD DE GESTION COLECTIVA DE
DERECHOS DE AUTOR Y CONEXOS-Función y
contenido patrimonial/SOCIEDAD DE GESTION COLECTIVA DE
DERECHOS DE AUTOR Y CONEXOS-Intervención
del Estado
Dichas
sociedades tienen un contenido esencialmente patrimonial, en la medida en que
gestionan el recaudo de la remuneración derivada de los derechos de los autores
y demás titulares, distribuyéndola entre sus asociados. Este hecho le ha
permitido a la Corte alegar que estas sociedades, al “superar en su
funcionamiento los principios del derecho general de asociación (Art. 38 C.P),
se inscriben dentro de la regulación contenida en la Constitución Económica,
por lo que son sujetos pasivos de la intervención del Estado en su
funcionamiento, en ejercicio de su facultad de dirección de la economía”. Por ende son susceptibles de la
intervención del Estado
dado que su creación y funcionamiento, así como el control y la vigilancia
pertenece al ámbito del derecho público y las normas internacionales
vinculantes en la materia.
ESTADO SOCIAL DE DERECHO-Combina intervencionismo económico con
respeto de derechos civiles y políticos
ECONOMIA
SOCIAL DE MERCADO-Modelo adoptado en la Constitución Política
La Carta del 91 consagra
efectivamente la idea de una economía social de mercado puesto que reconoce
genéricamente que la iniciativa privada y la actividad económicas son libres
(C.P art 333) pero establece también, de manera global, el precepto de que
"la dirección general de la economía estará a cargo del Estado" (C.P
art 334) y que las intervenciones se realizarán por mandato de la ley.
INTERVENCION
DEL ESTADO EN LA ECONOMIA-Finalidad
La intervención del Estado en la economía se justifica
en la medida en que a través de ella se pretende conciliar los intereses
privados de quienes participan en el mercado, con el interés general de la
comunidad expresado en los artículos 333 y 334 de la Carta.
INTERVENCION
DEL ESTADO EN LA ECONOMIA-Sujeción a la ley/INTERVENCION
DEL ESTADO EN LA ECONOMIA-Contenido y alcance/INTERVENCION
DEL ESTADO EN LA ESFERA SOCIAL Y ECONOMICA-Relacionada
con cumplimiento de diversas funciones
La intervención del Estado en la esfera social y económica, se relaciona
con el cumplimiento de diversas funciones, que la jurisprudencia ha señalado de
la siguiente manera: “una
función de redistribución del ingreso y de la propiedad expresamente consagrada
en varias disposiciones de la Constitución con miras a alcanzar un "orden
político, económico y social justo" (Preámbulo); una función de
estabilización económica también consagrada en diversas normas superiores
(artículos 334 inc, 1°, 339, 347, 371 y 373 de la C.P.); una función de
regulación económica y social de múltiples sectores y actividades específicas
según los diversos parámetros trazados en la Constitución (artículos 49 y 150,
numeral 19, por ejemplo); y, todas las anteriores, dentro de un contexto de
intervención general encaminado a definir las condiciones fundamentales del
funcionamiento del mercado y de la convivencia social, como el derecho de
propiedad privada pero entendido como "función social" (artículo 58
C.P.) o la libertad de iniciativa privada y de la actividad económica siempre
que se respete también la "función social" de la empresa (artículo 333
C.P.) en aras de la "distribución equitativa de las oportunidades y los
beneficios del desarrollo" (artículo 334
C.P.)”.
INTERVENCION DEL ESTADO EN LA ECONOMIA-Clasificación
Según la sentencia C-150 de 2003, el Estado interviene
genéricamente, para cumplir objetivos relacionados con la protección social, la
redistribución o la estabilización económica. La intervención puede
clasificarse, desde esta perspectiva, y según dicha providencia, como (i)
global – desde la perspectiva estatal-, cuando incide en la economía como un
todo; (ii) sectorial cuando se relaciona con un ámbito económico particular;
(iii) directa, cuando se refiere a la intervención sobre la actividad de
agentes económicos; (iv) indirecta, cuando recae sobre el resultado de dicha
actividad; (v) unilateral, en los casos de autorización, prohibición o
reglamentación de una actividad particular por parte del Estado; (vi)
convencional, cuando el Estado pacta con las agentes económicos políticas o
programas que propenden de interés general; (vii) intervención vía directiva,
que se presenta cuando el Estado adopta medidas que orientan a los agentes
económicos privados; (viii) o intervención por vía de gestión, cuando el
Estado se hace cargo él mismo de actividades económicas por medio de personas
jurídicas generalmente públicas
INTERVENCION ECONOMICA DEL EJECUTIVO-Respaldo constitucional
LABORES DE DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS
DE AUTOR-Jurisprudencia
constitucional
Referencia: expediente D-10411
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos
31 y 32 de la Ley 1493 de 2011, “Por la cual se toman medidas para formalizar
el sector del espectáculo público de las artes escénicas, se otorgan
competencias de inspección, vigilancia y control sobre las Sociedades de
Gestión Colectiva  y se dictan otras disposiciones”.
Demandante: Miguel José Rujana Acosta
Magistrado ponente:
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Bogotá, D. C.,  siete (7) de abril de dos mil quince (2015).
La Sala Plena de la
Corte Constitucional, integrada por los Magistrados María Victoria Calle
Correa, Mauricio González Cuervo, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo, Gloria Stella Ortíz Delgado, Jorge Iván Palacio
Palacio, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, Martha Victoria Sáchica Méndez y Luis
Ernesto Vargas Silva, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de
los requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991,
ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública prevista en los
artículos 40-6 y 242-1 de la Carta Política, el ciudadano Miguel
José Rujana Acosta, presentó acción pública de inconstitucionalidad contra los artículos 31 y 32 de la
Ley 1493 de 2011, “Por la cual se toman medidas para formalizar el sector
del espectáculo público de las artes escénicas, se otorgan competencias de
inspección, vigilancia y control sobre las Sociedades de Gestión Colectiva  y
se dictan otras disposiciones”.
Mediante auto del 26 de agosto de 2014, la suscrita
Magistrada Sustanciadora inadmitió inicialmente la demanda de la referencia,
por considerar que existían falencias importantes en el escrito original del
actor, relacionadas con la falta de certeza, especificidad, pertinencia
y suficiencia de los cargos planteados. Teniendo en cuenta que el
accionante presentó escrito de corrección de la demanda, ésta se admitió por
auto del 15 de septiembre de 2014, en lo concerniente, exclusivamente, al cargo
relacionado con el aparente desconocimiento del numeral 21 del artículo 150 de
la Carta. En la misma providencia, se dispuso que por Secretaría General, se
procediera a la fijación en lista del proceso y se surtiera el traslado de la
demanda al Procurador General de la Nación para lo de su competencia. Igualmente,
se ordenó que de conformidad con el artículo 11 del Decreto 2067 de 1991, se
comunicara la iniciación del proceso al señor Presidente de la República, al
señor Presidente del Congreso, al señor Ministro del Interior y de Justicia
(Unidad Administrativa Especial- Dirección Nacional de Derechos de Autor)  y al
Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Por último, se invitó,
en los términos del artículo 13 del Decreto 2067 de 1991, al Centro Colombiano
de Derechos de Autor (Cecolda) y a las Facultades de Derecho de la Universidad
Nacional de Colombia, del Rosario, Sergio Arboleda, Externado de Colombia, de
los Andes, la Pontificia Javeriana y de Nariño, para que si lo estimaban
pertinente, expusieran sus razones sobre la exequibilidad o no de los segmentos
normativos acusados.
Con
posterioridad a lo enunciado, en escrito dirigido a esta Corporación, el
demandante solicitó la realización de una Audiencia Pública con el propósito de
discutir la constitucionalidad de las disposiciones acusadas y analizar “la
complejidad del momento que vive la gestión de derechos de autor”. Sin
embargo, tal solicitud fue desestimada.
Cumplidos como están los trámites constitucionales y
legales propios de esta clase de actuaciones y previo concepto del Procurador
General de la Nación, procede la Corte a decidir sobre la acción de
inconstitucionalidad de la referencia.
II.  NORMA DEMANDADA
A continuación se transcriben los artículos 31 y 32 de
la Ley 1493 de 2011, que en esta oportunidad se acusan en su totalidad, conforme
a su publicación en el Diario Oficial N°
48.294 del 26 de diciembre del mismo año, así:
LEY 1493 DE 2011
Artículo 31. Toma de Posesión. La Dirección Nacional de Derecho de Autor podrá
tomar posesión de una sociedad de gestión colectiva para administrarla o
liquidarla, en los siguientes casos:
1. Cuando la sociedad de gestión colectiva no quiera o
no pueda gestionar los derechos confiados por sus socios o por contratos de
representación recíproca.
2. Cuando sus administradores persistan en violar en
forma grave las normas a las que deben estar sujetos.
3. Cuando sus administradores hayan rehusado dar
información veraz, completa y oportuna a la Dirección Nacional de Derecho de
Autor, o a las personas a quienes estas hayan confiado la responsabilidad de
obtenerla.
Artículo 32. Efectos de la Toma de Posesión. Como consecuencia de la toma de posesión, el
Director de la Dirección Nacional de Derecho de Autor al tomar posesión deberá
designar un administrador y adoptar las medidas que considere pertinentes para
garantizar la gestión de los derechos confiados por sus socios o por contratos
de representación recíproca. Para tales efectos, el Director de la Dirección
Nacional de Derecho de Autor podrá celebrar un contrato de fiducia, en virtud
del cual se encargue a una entidad fiduciaria la administración de la empresa
en forma temporal".
III. LA DEMANDA
1.
El ciudadano Miguel
José Rujana Acosta demanda los
artículos 31 y 32 de la
Ley 1493 de 2011, por
considerar que ellos son contrarios al numeral 21 del artículo 150 de la Carta[1], en la medida en que
tales disposiciones desconocen el deber que tiene el Legislador de precisar los
fines, alcances y límites que se le imponen a la libertad económica, -
en este caso a las Sociedades de Gestión Colectiva  de Derechos de Autor -,
cuando expide leyes de intervención de esa naturaleza.
Para el demandante, los artículos descritos no precisan
cuáles son los fines que persigue el Legislador al facultar a “la Dirección
Nacional de Derechos de Autor para tomar posesión (de) (sic) una sociedad de
gestión colectiva, así como para administrarla o liquidarla en ejercicio de la
figura de intervención económica”.
Según el ciudadano, siguiendo a la sentencia C-377 de
2008[2], la Constitución le
exige al Legislador frente a las leyes de intervención económica, precisar tres
aspectos: (i) los fines de la ley; (ii) su alcance y (iii) los límites a la libertad
económica. La falta de una regulación precisa que incluya estos elementos en
el caso de las Sociedades de Gestión Colectiva, afecta la certeza y seguridad
jurídica de los sujetos afectados, al dejar a los agentes económicos
intervenidos, expuestos “de manera ilimitada, irracional e imprevisible” al
libre arbitrio del Ejecutivo.
Sobre este punto aduce el actor, que ni el artículo 31
de la Ley 1493 de 2011 esboza la finalidad que se pretende con la “Toma de
Posesión” de estas asociaciones privadas - porque sólo consagra los casos en
que la Dirección Nacional de Derechos de Autor puede Tomar Posesión de una
Sociedad de Gestión Colectiva -, ni el artículo 32 de la Ley 1493 de 2011 expresa
tampoco la pretensión concreta del Legislador.  A su juicio, no es posible
confundir las causales de procedencia de una medida, con sus finalidades, ni
tampoco las consecuencias de una medida, con sus límites.
En ese orden de ideas, no sabe, por ejemplo, si lo que
se busca con los artículos acusados es la protección concreta de los derechos
de autor, o  eventualmente, la protección de las  Sociedades de Gestión Colectiva.
Y los fines de tales disposiciones tampoco surgen de los objetivos generales de
la Ley 1493 de 2011 en los artículos 1 y 2, en la medida en que la finalidad
general a la que se refiere la ley, tiene que ver particularmente con la
intervención económica en espectáculos públicos relacionados con las artes
escénicas.
De este modo, la ausencia de la finalidad que
persigue la “Toma de Posesión” establecida en el artículo 32 acusado, se echa
de menos por el actor, pues desde su perspectiva, es distinta de las facultades
de vigilancia, inspección y control que establece la Ley 1493 de 2011 en favor
de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, como se desprende del título del
Capítulo VII de la ley, en la medida en que dichas facultades se establecen de
forma independiente. En su opinión, el tema de la “Toma de Posesión” de
asociaciones privadas está enunciado en la Ley de forma insular, y se encuentra
bajo un título aparte al de las facultades de vigilancia, inspección y control,
por lo que su finalidad no puede ser interpretada bajo esas mismas
consideraciones. Además, la “Toma de Posesión” es más bien un proceso -
siguiendo aparentemente lo dicho por la Corte Constitucional frente a la figura
en el sector financiero -, por lo que es una atribución que va más allá de las
facultades de inspección y vigilancia inicialmente descritas. Se trata de “un
procedimiento administrativo tendiente a tomarse en posesión una asociación de
ese tipo”.
Además, la finalidad propuesta por el Legislador en la
exposición de motivos de la ley, se limita a señalar que el objetivo previsto,
era el de “solucionar un problema que se ha generado por la falta de control”
de las Sociedades de Gestión Colectiva, sin precisar en qué consiste el
referido problema, permitiendo que la supuesta finalidad no cumpla el estándar
que se exige para soportar una ley de intervención económica.
Igualmente, a juicio del demandante, los artículos acusados
desconocen la reserva de ley que impone el numeral 21 del artículo 150 superior
en estas materias, - en especial frente al artículo 32 de la Ley 1493 de 2011 -,
al otorgarle facultades al Director Nacional de Derechos de Autor para
modificar el alcance de la intervención de manera libre, bajo la figura de la
Toma de Posesión. A su juicio, de hecho, no se precisa en modo alguno hasta
dónde llegará la intervención, sus límites o sus instrumentos. Lo mismo ocurre con el artículo 31, ya
que se deja al arbitrio del
Ejecutivo la posibilidad de adoptar medidas indeterminadas, lo que es
violatorio de la reserva de ley, al “deslegalizar un asunto que sólo puede
ser precisado por el legislador, pues no se le puede[n] entregar facultades al
Ejecutivo para que señale a su acomodo el alcance de la intervención económica”.
En su opinión, la reserva de ley ha sido definida por
la Corte Constitucional como una manifestación del principio democrático y de
separación de poderes, y como expresión de la soberanía popular. Al dejarle al
Ejecutivo la posibilidad de precisar los límites y alcances de esa intervención
en contra de estas sociedades, se desconocen las exigencias constitucionales
del artículo 150 numeral 21 de la Carta en mención y la reserva de ley que éste
artículo impone. Así se incurriría en el vicio de inconstitucionalidad que a
juicio del actor esta Corporación destaca en la Sentencia C-377 de 2008[3], al señalar que las
leyes que tratan sobre actividades o materias objeto de regulación por parte de
órganos administrativos deben establecer de manera clara (i) las finalidades
que han de guiar a la administración; (ii) las prestaciones o derechos que se
busca asegurar; (iii) las reglas a las que se sujetará el órgano de regulación
y que regirán la actividad regulada y (iv) las previsiones que impidan que
algunas personas sean objeto de tratamientos arbitrarios, así como los
parámetros de control del juez contencioso administrativo.
2.
Por las anteriores
razones, solicita que la Corte Constitucional declare la inconstitucionalidad de
los artículos 31 y 32 de la Ley 1493 de 2011, por encontrarlos contrarios al numeral 21 del
artículo 150 de la Carta.
IV. INTERVENCIONES.
1.
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, actuando mediante apoderado, solicitó a la Corte Constitucional
estarse a lo resuelto en la sentencia C-851 de 2013 o en su defecto,
declarar EXEQUIBLES los
artículos 31 y 32 de la
Ley 1493 de 2011, por
considerar que tales artículos no son contrarios a la Constitución Política.
Afirma el Ministerio, luego de hacer un análisis sobre
el Marco General de la Ley 1493 de 2011 y de reconocer el interés del
Legislador de controlar a las Sociedades de Gestión Colectiva de Derechos de
Autor a través de las facultades de inspección, vigilancia y control de la
Dirección Nacional de Derechos de Autor, que las normas acusadas, no violan el
numeral 21 del artículo 150 de la Carta.
Para sustentar ésta consideración, el Ministerio sostiene
que según los lineamientos de la sentencia C-835 de 2013[4], las Sociedades
de Gestión Colectiva de Derechos de Autor, al tener contenido patrimonial y
regirse por el derecho de asociación consagrado en el artículo 38 Superior, son
sujetos pasivos de la intervención del Estado en el ejercicio de su facultad de
dirección de la economía. Por ende, son susceptibles de intervención, ya que su
creación y funcionamiento, así como el control y vigilancia sobre las mismas,
pertenece al ámbito del derecho público y de las normas internacionales
vigentes en la materia.
En opinión del Ministerio, existe entonces cosa
juzgada constitucional, porque la sentencia C-851 de 2013 (M.P. Mauricio
González Cuervo), declaró exequibles, entre otros, los artículos 31 y 32
hoy demandados, por los cargos analizados en esa sentencia. En efecto, sostiene
que ellos se centraban en primer lugar, en la posible vulneración del numeral 8
del artículo 150 de la Constitución, por considerar que el legislador se
excedió al asignar al Ejecutivo funciones de inspección y vigilancia que no le
correspondían en virtud del artículo 189 de la Carta. En segundo lugar, por
señalar la aparente violación del artículo 333 de la Constitución, al establecer
restricciones no consagradas en la Carta, a las Sociedades de Gestión Colectiva
de Derechos de Autor. A juicio del Ministerio, existiría entonces en esta
oportunidad, cosa juzgada constitucional, en la medida en que dicha
providencia manifestó que la cláusula general de competencia legislativa del
artículo 150 de la Carta, le otorga al Congreso un amplio margen de
configuración, por lo que carecerían de sustento los argumentos del hoy demandante
en el sentido de que el Congreso excedió las facultades que le otorgó la Carta.
De otro lado, la jurisprudencia ha señalado reiteradamente la posibilidad de
desconcentrar las funciones en cabeza del Presidente de la República en otros
órganos, tal y como sucede con la Dirección Nacional de Derecho de Autor, lo que
constituye una expresión propia de la desconcentración administrativa.
Finalmente concluye el Ministerio, que de la lectura
armónica de los artículos 1 y 2 que establecen el objeto y la finalidad de la
Ley 1493 de 2001, se desprenden con claridad las finalidades y alcances de las
medidas adoptadas por la Dirección Nacional de Derechos de Autor, en
concordancia con los artículos 61, 150-22, 333 y 334 de la Carta, en cuanto a
que puede ejercer actividades de control y vigilancia sobre las Sociedades de
Gestión Colectiva. Medidas que han sido adoptadas en desarrollo del mandato
constitucional de protección de derechos de autor y conexos.
2. Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional
de Derecho de Autor.
La Unidad Administrativa Especial Dirección de Derecho
de Autor (en adelante DNDA), sostiene que los cargos del actor adolecen de pertinencia,
certeza, especificidad y suficiencia. Sin embargo, solicita que se declaren
EXEQUIBLES los artículos acusados, por ajustarse plenamente a la
Constitución.
La DNDA, luego de analizar ampliamente el marco
jurídico que rige a los derechos de autor y derecho conexos en nuestro país,
afirma, con respecto a las formas de gestión colectiva de tales derechos, que
tal y como lo ha precisado la Corte Constitucional en oportunidades anteriores,
en Colombia, los derechos de los autores, los intérpretes o ejecutantes y de
los productores de fonogramas, pueden ser ejercidos mediante tres modalidades
diversas: (i) la gestión colectiva a través de sociedades que llevan ese mismo
nombre; (ii) la gestión individual y (iii) la gestión a través de otras formas diferentes
de asociación.
La gestión colectiva, es un sistema de administración
del derecho de autor y derechos conexos, mediante el cual los autores o
titulares de tales derechos  o sus causahabientes, delegan en organizaciones
creadas para el efecto, la  negociación de las condiciones en que sus obras van
a ser utilizadas por los usuarios. De allí que en nuestro país, para la gestión
colectiva de derechos de autor se deba constituir una sociedad denominada de “gestión
colectiva”, la cual debe obtener por parte de la Unidad Administrativa
Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, personería jurídica y
autorización de funcionamiento. La gestión colectiva de derechos de autor o
derechos conexos, en efecto, está regulada en nuestro ordenamiento jurídico, en
la Decisión Andina 351 de 1993, la Ley 44 de 1993, la Ley 1493 de 2011 y el
Decreto 3942 de 2010. Estas normas establecen condiciones y requisitos  de
constitución y funcionamiento de las sociedades de gestión, reglas relacionadas
con la gestión de derechos propiamente dicha y disposiciones relativas a las facultades
de inspección, vigilancia y control del Estado sobre dichas sociedades.
En materia de intervención económica, el Estado tiene
facultades específicas que se llevan a cabo a través de distintas autoridades y
a través de diversos instrumentos. El primero en cumplir esta labor es el Congreso
de la República, que lo hace por medio de la expedición de leyes, dentro de
la potestad de configuración que le reconoce la Constitución en materia
económica. Así, por ejemplo, al legislador le corresponde: (i) dictar las
normas generales  y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuáles
debe sujetarse el Gobierno para regular las actividades financieras, bursátil,
aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo y aprovechamiento e
inversión de los recursos captados del público; (ii) regular en general la
forma de intervención económica del Estado (C.P. artículo 333); (iii) dictar
las normas sobre las cuáles debe sujetarse el Gobierno para el ejercicio de las
funciones de inspección y vigilancia que le han sido atribuidas (C.P. art.
150-8 y 21 y 189); y (iv) dictar las normas que regirán la prestación de los
servicios públicos.
A su vez, la Constitución le confiere al Gobierno
Nacional la potestad de intervenir, también, atribuyéndole funciones de
policía administrativa, como son las de inspección, vigilancia y control frente
a ciertas actividades. Para la DNDA ésta Corte ha mencionado, que dicha función
depende estrictamente de la ley, esto es, del fundamento jurídico de su
ejercicio, que viene dado por los criterios generales demarcados por la ley. En
consecuencia, el Congreso, en ejercicio de la cláusula general de competencia, de
su facultad de expedir leyes de intervención económica (C.P. art. 150-21) y
de su deber de regular el régimen de propiedad industrial, patentes, marcas y
otras formas de propiedad intelectual (C.P. art. 150-24), regula en concreto,
la inspección, vigilancia y control de las Sociedades de Gestión Colectiva  de
derechos de autor y conexos.
En cuanto al artículo 334 superior, la sentencia C-792
de 2002[5]
señala a juicio de la DNDA, que dado que las Sociedades de Gestión Colectiva  administran
derechos de autor, entre ellos sus aspectos económicos, “dichas sociedades
tienen un contenido esencialmente patrimonial en la medida en que gestionan el
recaudo de la remuneración derivada de los derechos de los autores y demás
titulares, distribuyéndola entre sus asociados. Al tener las Sociedades de
Gestión Colectiva  contenido patrimonial y al superar su funcionamiento los
principios del derecho genérico de asociación, se inscriben dentro de la
regulación contenida en la Constitución económica, por lo que son sujetos
pasivos de la intervención del Estado en su funcionamiento, en ejercicio de su
facultad de dirección de la economía”.
Siendo ello así, las disposiciones acusadas en esta
oportunidad son entonces reflejo de esta competencia, ya que consagran
elementos relacionados con las facultades de policía administrativa en cabeza
de la DNDA frente a las Sociedades de Gestión Colectiva, facultades de
inspección y vigilancia que la Corte Constitucional avaló en la sentencia C-124
de 2013[6].
El yerro interpretativo del actor en esta oportunidad,
a juicio de la DNDA, recae en creer que únicamente existen ciertas
facultades de intervención en la Carta, desconociendo que dicha facultad es más
amplia, en la medida en que el artículo 150 establece un amplio margen de
intervención, otorgándole al Congreso libre configuración en la materia.
Además, para la DNDA, en contraposición a lo afirmado
por el actor, la Ley 1493 de 2011 sí precisa sus fines, su alcance y los
límites que impone a la libertad económica de las Sociedades de Gestión
Colectiva. Por ejemplo en el artículo 25 de esa Ley, señala en cuanto a la
inspección, que la misma tiene como fin “analizar su situación contable,
económica, financiera, administrativa o jurídica”, el artículo 26 consagra
que se debe velar “porque las Sociedades de Gestión Colectiva  de Derechos
de Autor y Derechos Conexos y sus administradores, se ajusten a la Ley y a los
Estatutos” y el artículo 28 establece que la función de control se ha
instituido con el “fin de ordenar los correctivos necesarios para subsanar
una situación crítica de orden jurídico, contable, económico o administrativo
de cualquier sociedad de gestión colectiva de derechos de autor o derechos
conexos…”
Igualmente, tampoco es cierto para la Unidad lo que
señala el actor en el sentido de que las normas acusadas no precisan de manera
concreta los límites de las medidas atribuidas a la DNDA, dado que
solamente podrán ser adoptadas las medidas que taxativamente señala la ley. Además,
frente al alcance de las facultades de inspección, vigilancia y control
establecidas en los artículos mencionados, la sentencia C-851 de 2013[7] claramente
señaló que las sociedades que gestionan derechos patrimoniales, se encuentran “sometidas
a la dirección general de la economía por parte del Estado, ámbito en el cual
la Constitución le ha otorgado un amplio margen de configuración al legislador,
tal y como lo ha reiterado la jurisprudencia en numerosas ocasiones”.
En consecuencia, concluye la DNDA que los artículos 31
y 32 de la Ley 1493 de 2011 que consagran facultades de inspección, vigilancia
y control no vulneran en forma alguna el artículo 150-21 de la Carta.
3.
Sociedad de
Autores y Compositores de Colombia, Sayco.
El Gerente General de Sayco, Saturnino Caicedo
Córdoba, solicita la INEXEQUIBILIDAD de los artículos acusados, ya que la
ley que se demanda,  a su juicio, no especifica las finalidades de la “Toma
de Posesión” que consagra dicha norma frente a las Sociedades de Gestión
Colectiva,  y en su caso permite que una sociedad como la que él representa,
sea objeto de lo que el interviniente llama una “figura absolutamente lesiva”,
en contra de estas entidades que administran derechos de autor.
Considera que la ley consagra una facultad de obrar
arbitrariamente por parte del Estado en estos casos, en la medida en que no
sólo viola el requisito de precisión en la finalidad de una ley de intervención,
sino que se trata de una facultad que ésta misma corporación reprochó frente al
literal c del artículo 30 de la Ley 1493 de 2011, que según esta sociedad, la
Corte declaró inexequible.
Sostiene que si bien es consciente de la importancia
que para la protección de los derechos de autor  tienen las facultades de
inspección, vigilancia y control de la DNDA,  a su juicio, las sociedades de
gestión de derechos de autor están expuestas a que el gobierno tome en su
contra cualquier medida indeterminada a través de la figura de la “Toma de Posesión”,
lo que sí es a su juicio inconstitucional.
V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN.
Mediante concepto N° 5846 del 5 de noviembre del 2014,
el Ministerio Público solicitó que la Corte Constitucional declararse INHIBIDA
para adelantar un pronunciamiento de fondo en el caso de la
referencia, por las razones que se expresan a continuación:
La Vista Fiscal inició su estudio, evaluando la
existencia o no de cosa juzgada, en la medida en que las normas acusadas, han
sido demandadas en otras ocasiones. Sobre este punto, el jefe del Ministerio
Público consideró que no existe cosa juzgada constitucional, teniendo en cuenta
que los pronunciamientos constitucionales que se han proferido sobre los
artículos 31 y 32 de la Ley 1493 de 2011, versan sobre cargos diversos a los
presentados en este momento por el demandante.
En efecto, sostiene que aunque los artículos 31 y 32
de la Ley 1493 de 2011 han sido demandados en otras oportunidades, las
sentencias C-124 de 2013 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) y C-851 de 2013 (M.P.
Mauricio González Cuervo), han analizado tales artículos a la luz de cargos
diferentes a los propuestos en esta oportunidad. De hecho, en la sentencia
C-851 de 2013 se precisó que los artículos 24 a 34 de la Ley 1493 de 2011 eran
exequibles, bajo la premisa de que el Legislador sí tenía atribuciones para
asignar al Ejecutivo competencias de inspección, vigilancia y control distintas
a las consignadas en el artículo 189 de la Carta, dado que el listado
presentado en el artículo constitucional no era excluyente. En la sentencia
C-124 de 2013, la Corte resolvió varios problemas relacionados con el trámite
legislativo de la ley y la acusación de la presunta falta de unidad normativa
de las facultades de inspección, vigilancia y control propuestas, frente al
resto de la ley enunciada.
Con todo, si bien el actor en este caso, alega en
algunos apartes de su demanda que los artículos acusados carecen de conexidad
directa con el resto de la ley, no lo hace sino para alegar la falta de
desconocimiento de los parámetros constitucionales establecidos en el numeral
21 del artículo 150 de la Constitución, en materia de leyes de intervención
económica, por lo que claramente no opera el fenómeno de la cosa juzgada, porque
se enervan en esta oportunidad cargos diversos a los estudiados por la Corte
Constitucional con anterioridad.
Así, revisado el tema formal, la Procuraduría decidió
analizar desde una perspectiva de fondo, si la disposición acusada resulta ser
una ley de intervención económica y si, en consecuencia, ésta resulta ser
inconstitucional como lo aduce el actor, por carecer del estándar específico que
se exige a tales disposiciones, esto es, el señalamiento expreso de los fines y
límites de esa intervención. Además, consideró pertinente examinar también, si
las disposiciones enunciadas deslegalizaron un tema de reserva legal, - al
conferir al Ejecutivo la capacidad de establecer las finalidades y el alcance
de la intervención económica a través de la toma de posesión de las sociedades
gestoras colectivas de derechos de autor-,  y si  resulta proporcionado o no
que se establezca la figura de la toma de posesión para las sociedades gestoras
colectivas de derechos de autor.
Con todo, al iniciar el análisis constitucional, el
Procurador llegó a la conclusión de que la Corte Constitucional no puede
pronunciarse sobre los cargos formulados, en la medida en que la disposición
demandada no obedece en estricto sentido a una ley de intervención económica,
sino que se trata de una ley dirigida a lograr la dirección de la economía, por
lo que el estándar constitucional invocado por el accionante no es aplicable en
el caso concreto. Sostiene que tampoco puede pronunciarse sobre la presunta
desproporcionalidad de la medida prevista, porque ello posee una conexión
inescindible con el cargo de igualdad, que fue rechazado en el auto admisorio
de la demanda.
En efecto, para la Vista Fiscal, el numeral 21 del
artículo 150 de la Carta advierte que las normas de intervención económica
previstas en el artículo 334 deben poseer un estándar sustantivo de
constitucionalidad, en donde el legislador está en la obligación de precisar
los fines y alcances de la ley y los límites a la libertad económica. No
obstante, la misma Constitución establece que dicho estándar especial de
constitucionalidad se predica de aquellas intervenciones que están descritas en
el artículo 334 superior y no en otro tipo de leyes que tengan por fin crear
herramientas para la dirección de la economía.
De la lectura del artículo 150-21 y del 334 superior,
pueden desprenderse entonces, dos facultades constitucionales distintas en
cabeza del Estado: la referida a la dirección general de la economía y la
atinente a normas de intervención económica. En tal sentido, a lo largo del
articulado constitucional,  se encuentran una serie de tópicos que deben ser
regulados por el Congreso en su deber de dirigir la economía, pero que no
pueden asimilarse sin más a leyes de intervención económica como son, citando
la sentencia C-851 de 2013, las siguientes:
“[L]a intervención del Estado en la
esfera social y económica, que se encuentra regulada en la Constitución económica,
se relaciona con el cumplimiento de diversas funciones que la jurisprudencia ha
señalado de la siguiente manera: “una función de redistribución del ingreso y de la
propiedad[8]
expresamente consagrada en varias disposiciones de la Constitución con miras a
alcanzar un "orden político, económico y social justo" (Preámbulo);
una función de estabilización económica también consagrada en diversas normas
superiores (artículos 334 inc. 1°, 339, 347, 371 y 373 de la C.P.); una función
de regulación económica y social de múltiples sectores y actividades
específicas según los diversos parámetros trazados en la Constitución
(artículos 49 y 150, numeral 19, por ejemplo); y, todas las anteriores, dentro
de un contexto de intervención general encaminado a definir las condiciones
fundamentales del funcionamiento del mercado y de la convivencia social, como
el derecho de propiedad privada pero entendido como "función social"
(artículo 58 C.P.) o la libertad de iniciativa privada y de la actividad
económica siempre que se respete también la "función social" de la
empresa (artículo 333 C.P.) en aras de la "distribución equitativa de las
oportunidades y los beneficios del desarrollo" (artículo 334
C.P.)[9]”[10].
Por las anteriores razones, la Procuraduría concluye
que el parámetro de constitucionalidad previsto por el actor, no tiene
aplicación estricta para la regulación que aquí se propone y que él demanda, ya
que sólo opera para las leyes de intervención económica y no para la ley
demandada.
Además, añade que resulta equivocado pensar que el
Congreso sólo puede intervenir en la economía a través de las leyes de
intervención económica del numeral 21 del artículo 150 superior, ya que por
ejemplo, el legislativo tiene competencia para expedir leyes marco y normas en
función de la cláusula general de competencia, tal y como lo señaló la Corte en
la sentencia C-228 de 2010[11].
También resulta equivocado pensar que la facultad de
dirección de la economía radica exclusivamente en la expedición de leyes por
parte del Congreso, ya que el ejecutivo también cuenta con atribuciones de su
potestad reglamentaria y de inspección y control en la materia.
En consecuencia, las normas demandadas no son normas
de intervención económica en estricto sentido, ya que no tienen por objeto regular
sustantivamente una libertad económica, ni persiguen directamente alguno de los
fines previstos en el artículo 334, sino que se trata de normas de dirección de
la economía, que asignan competencias de inspección, vigilancia y control.
Además, la toma de posesión no es una facultad
distinta de la de inspección, vigilancia y control como lo alega el demandante.
En efecto, las facultades de inspección, vigilancia y control no poseen una
definición cerrada en la Constitución como lo establece la sentencia C-851 de
2013, sino que se trata de una categoría “dúctil” respecto de la cual la
Constitución, sólo establece criterios orientadores.
Igualmente aunque la doctrina no es unánime en definir
la toma de posesión como una sanción administrativa o como un proceso
concursal para la protección de los intereses de los acreedores, lo cierto es
que dicha categoría puede asimilarse a un medio de control agravado, “que
recae sobre las personas vigiladas por el aparato estatal, pues va más allá de
la simple imposición de correctivos o sanciones a las personas jurídicas
vigiladas, llegando a asumir la dirección de la persona, si se quiere anulando
su libertad, ya sea para su liquidación o su saneamiento. Igualmente no se
puede desconocer que la medida se encuentra en un acápite normativo que tiene
como fin conceder facultades de inspección, vigilancia y control, y que además
fue evaluada como una medida inserta en dicho espectro competencial en la
sentencia C-851 de 2013”.
Para el jefe del Ministerio Público, además, el actor
hace una lectura incompleta de la disposición. En efecto, dado que las normas
acusadas crean competencias en cabeza del Ejecutivo y no persiguen
sustantivamente limitar una actividad económica, resultan ser “normas en
blanco” que deben leerse a partir de la disposición sustantiva que tiene por
fin regular la libertad económica llamada a ser vigilada, en este caso, las
leyes que establecen los derechos y obligaciones de las sociedades gestoras de
derechos de autor, esto es, la Ley 44 de 1993 y legislación concordante. En tal
sentido, la Vista Fiscal “considera que si el Ejecutivo carece de un marco
específico para determinar las obligaciones que debe vigilar, inspeccionar y
controlar, no ocurre por la disposición que le confiere dichas competencias
sino por la ausencia de un marco regulativo sustantivo, el cual no hace parte
del presente juicio”.
Además, las exigencias del numeral 21 del artículo 150
no son exigencias predicables de “cada artículo contenido en una disposición
de intervención económica”. Se trata de un parámetro exigible a la ley en
su conjunto o si acaso a cada uno de sus apartes temáticos, en el evento en que
la disposición sea multitemática, como sucede en este caso.
La Corte Constitucional ha señalado, que la finalidad
que debe estar prevista en las leyes de intervención económica, es una
exigencia constitucional que posee cierto grado de flexibilidad y, en tal
sentido, que no sólo habría de estimarse en conjunto para el acápite de las
competencias de intervención, sino que además puede encontrarse a partir de
consideraciones sistemáticas y contextuales de la disposición que se trate[12].
Por lo anterior, aún si se aceptara la naturaleza de
intervención económica de la ley que se acusa, a juicio del Procurador, el
cargo de ausencia de fines y alcances de la intervención se encontraría
incompleto mientras se dirija únicamente contra una de las medidas de
intervención, como es la toma de posesión, ya que las exigencias le serían
aplicables a la generalidad de la ley.
Por lo tanto, no puede adelantarse un escrutinio
parcializado de los fines y alcances de los artículos demandados, porque se
trata de exigencias que afectan a la ley en su conjunto y no sólo algunas
medidas en concreto.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Vista Fiscal concluye
que la Corte Constitucionalidad debe entonces inhibirse de un pronunciamiento
de fondo, por ineptitud de la demanda.
VI. CONSIDERACIONES DE LA
CORTE CONSTITUCIONAL
Competencia.
1.- De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 241, numeral 4o. de la Constitución Política, la Corte
Constitucional es competente para conocer y decidir sobre la demanda de
inconstitucionalidad que se formula contra los artículos 31 y 32 de la
Ley 1493 de 2011
El asunto bajo revisión y el problema jurídico.
2.- El actor solicita que la
Corte Constitucional declare inexequibles los artículos 31 y 32 de la Ley 1493
de 2011, relacionados con la figura de la “Toma de Posesión” de las Sociedades
de Gestión Colectiva de Derechos de Autor, por considerarlos contrarios al artículo 150 numeral 21 de la Constitución[13].
Para sustentar ésta apreciación, el demandante
sostiene que las normas acusadas desconocen el deber que tiene el Legislador de
precisar los fines, alcances y límites que se le imponen a la libertad
económica en las leyes de intervención, - en este caso en materia de Sociedades
de Gestión Colectiva de Derechos de Autor -, porque la figura de la “Toma de Posesión”
que allí se consagra, deja a los agentes económicos intervenidos, expuestos “de
manera ilimitada, irracional e imprevisible”, al libre arbitrio del
Ejecutivo.
Así, en primer lugar, sostiene, que los fines
de tales disposiciones no se desprenden de los objetivos generales de la Ley
1493 de 2011 en los artículos 1 y 2, en la medida en que la finalidad  general
a la que se refiere esa ley, tiene que ver particularmente con la intervención
económica en espectáculos públicos relacionados con las artes escénicas. En segundo
lugar, el tema de la “Toma de Posesión” de asociaciones privadas no puede
ser entendido como parte de la facultad de vigilancia, inspección y control
bajo ese supuesto, porque: (i) se aborda de forma insular en la ley; (ii) bajo
un título aparte al de las facultades de vigilancia e inspección y (iii) la
“Toma de Posesión”, va más allá de esas facultades en sentido estricto, ya que dicha
“Toma”, es más un proceso, que una facultad de esa naturaleza.
Igualmente, a juicio del demandante, los artículos
acusados desconocen la reserva de ley que impone el numeral 21 del artículo
150 superior a la intervención económica, al otorgarle facultades al
Director Nacional de Derechos de Autor para modificar el alcance de dicha
intervención de manera libre, y bajo la figura de la Toma de Posesión. Sobre
este punto, considera que no se precisa en modo alguno hasta dónde llegará esa
potestad, por lo que no son claros el alcance, los límites
o los instrumentos de  la intervención. Lo mismo ocurre con el artículo 31, ya que se deja al arbitrio del Ejecutivo la
posibilidad de adoptar medidas indeterminadas, lo que es
violatorio de la reserva de ley.
En su opinión, las leyes que tratan sobre actividades
o materias objeto de regulación por parte de órganos administrativos, de
acuerdo con la Sentencia C-377 de 2008, deben establecer de manera clara: (i)
las finalidades que han de guiar a la administración; (ii) las prestaciones o
derechos que se busca asegurar; (iii) las reglas a las que se sujetará el
órgano de regulación y que regirán la actividad regulada y (iv) las previsiones
que impidan que algunas personas sean objeto de tratamientos arbitrarios, así
como los parámetros de control del juez contencioso administrativo.
3.- La Sociedad de Gestión de Derechos de Autor,
Sayco, siguiendo lo planteado por el demandante, solicita la inexequibilidad de
las normas demandadas, bajo la idea de que la figura de la Toma de Posesión que
la ley acusada consagra, es lesiva para las Sociedades de Gestión, al carecer
de finalidad y límites expresos. Además, que se trata de una facultad que la Corte ya había
reprochado y señalado como inconstitucional, cuando declaró inexequible el artículo
30 de la Ley 1493 de 2011.
4.- En contraposición a lo enunciado por el
actor y la sociedad gestora interviniente, tanto el Ministerio de Tecnología de
la Información y las Comunicaciones, como la Unidad Administrativa Especial Dirección de Derecho de Autor,
reclaman la exequibilidad de las normas acusadas y presentan a su vez cargos de
orden formal en contra de la demanda.
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, en efecto, solicita en primer lugar a la Corte
Constitucional, estarse a lo resuelto en la sentencia C-851 de 2013,
porque a pesar de reconocer que la demanda recae sobre cargos distintos a los
estudiados por esta Corporación en otras oportunidades, a su juicio existe cosa
juzgada constitucional, teniendo en cuenta que la sentencia C-851 de 2013 (M.P.
Mauricio González Cuervo), manifestó que el Legislador cuenta con una cláusula
general de competencia para referirse a estos temas y un amplio margen de
configuración, lo que impide que el Congreso en este caso haya excedido sus facultades,
en detrimento de la Carta.
En segundo lugar, en cuanto al fondo de la
discusión, el Ministerio alega que los artículos acusados son exequibles, en la
medida en que los objetivos de la Ley 1493 de 2001, sí se desprenden de una lectura
armónica de los artículos 1 y 2 de la misma, que establecen también las
finalidades y alcances de las medidas adoptadas por la Dirección Nacional de
Derechos de Autor, en concordancia con los artículos 61, 150-22, 333 y 334 de
la Constitución. Siendo ello así, la Dirección de Derechos de Autor puede
ejercer actividades de control y vigilancia sobre las sociedades de gestión, en
desarrollo además de un mandato constitucional de protección de derechos de
autor y conexos.
5.- La Unidad Administrativa Especial Dirección de Derecho
de Autor (en adelante DNDA), quien interviene alegando igualmente la
exequibilidad de las normas acusadas, sostiene en primer lugar, la
aparente falta de pertinencia, certeza, especificidad y suficiencia de
la demanda, pero no precisa mayores razones para llegar a dicha conclusión.
Sin embargo, en segundo lugar, la DNDA
manifiesta que el fundamento jurídico de su labor, viene dado por los criterios
generales demarcados por la ley. Así, el Congreso, en ejercicio tanto de la
cláusula general de competencia, como de su facultad de expedir leyes de
intervención económica (C.P. art. 150-21) y de su deber de asegurar un régimen
de propiedad industrial, patentes, marcas y otras formas de propiedad
intelectual (C.P. art. 150-24), regula en concreto, la inspección, vigilancia y
control de las Sociedades de Gestión Colectiva  de derechos de autor y
conexos.
En cuanto al artículo 334 superior, recuerda la DNDA
que en la sentencia C-792 de 2002[14],
la Corte señaló que como las Sociedades de Gestión Colectiva  administran derechos
de autor, entre ellos sus aspectos económicos, son sociedades que “tienen un
contenido esencialmente patrimonial”. Por eso, su funcionamiento supera “los
principios del derecho genérico de asociación, [y] se inscriben dentro de la
regulación contenida en la Constitución económica, por lo que son sujetos
pasivos de la intervención del Estado en su funcionamiento, en ejercicio de su
facultad de dirección de la economía”.
En consecuencia, el error del actor en esta
oportunidad según la DNDA, recae en creer que sólo existen ciertas
facultades de intervención en la Carta y otras no, desconociendo que el
artículo 150 le concede un amplio margen de configuración en la materia al
Congreso.
Además, en contraposición a lo afirmado por el actor,
la Ley 1493 de 2011 sí precisa sus fines, su alcance y los límites que
impone a la libertad económica de las Sociedades de Gestión Colectiva. Por
ejemplo, en el artículo 25 de esa Ley, se señala que la inspección de la misma
tiene como fin, “analizar su situación contable, económica, financiera,
administrativa o jurídica”; el artículo 26 consagra que se debe velar “porque
las Sociedades de Gestión Colectiva  de Derechos de Autor y Derechos Conexos y
sus administradores, se ajusten a la Ley y a los Estatutos” y el artículo
28 establece que la función de control se ha instituido con el “fin de
ordenar los correctivos necesarios para subsanar una situación crítica de orden
jurídico, contable, económico o administrativo de cualquier sociedad de gestión
colectiva de derechos de autor o derechos conexos…”.
En  cuanto a las facultades de inspección y vigilancia
establecidas en los artículos mencionados, la sentencia C-851 de 2013[15] a juicio
de la DNDA señaló que las sociedades que gestionan derechos patrimoniales, se
encuentran “sometidas a la dirección general de la economía por parte del
Estado, ámbito en el cual la Constitución le ha otorgado un amplio margen de
configuración al legislador, tal y como lo ha reiterado la jurisprudencia en
numerosas ocasiones”.
Para la Unidad no es cierto entonces lo que señala el
actor, en el sentido de que las normas acusadas no precisan de manera concreta
los límites de las medidas atribuidas a la DNDA, teniendo en cuenta que
tal entidad solamente puede adoptar las medidas que taxativamente señala la
ley.
6. Por último la Vista Fiscal, aduciendo un
argumento diferente a los señalados previamente por los demás intervinientes,
sostiene que en este caso existe una ineptitud sustantiva de la demanda, porque
el parámetro de constitucionalidad planteado por el actor es errado. En su
opinión, el numeral 21 del artículo 150 Superior, hace referencia a las leyes
de intervención económica del artículo 334 de la Carta, leyes que a su juicio
son diversas o no se relacionan directamente con la ley demandada en este caso.
Para la Vista Fiscal, la Ley 1493 de 2011
es “una ley dirigida a lograr la dirección de la economía” y a crear herramientas
para ese propósito. Pero no es una ley  de las incluidas en las consideraciones
del artículo 334 de la Carta: “por lo que el estándar constitucional
invocado por el accionante no es el aplicable en el caso concreto”.
Sobre este particular, aduce el Jefe del
Ministerio Público, que del artículo 334 de la Carta pueden desprenderse dos
facultades distintas en cabeza del Estado: la dirección general de la economía
y la definición de normas de intervención económica. Desde esta perspectiva, para
la Vista Fiscal, no puede entenderse que las leyes de intervención económica no
son de las que se habla en la sentencia C-851 de 2013 - en la que se estudió
también la Ley 1493 de 2011 -, cuando se alude a que la ley tiene que ver con “la
intervención del Estado en la esfera social y económica, (…)”. La ley que
se demanda, no tiene por objeto regular sustantivamente una libertad económica,
ni persigue directamente algunos de los fines previstos en el artículo 334
superior. Se trata de una ley que fija meramente normas de dirección de la economía,
y que asigna competencias de inspección, vigilancia y control.
Sin embargo, sostiene que aún si se considerara
que la Ley 1493 de 2011 es de intervención económica, persistiría la necesidad
de que la Corte se declare inhibida para tomar una decisión de fondo, porque a
juicio del Ministerio Público, el cargo debería haberse dirigido contra la
totalidad de las medidas de intervención y no sólo contra la toma de posesión,
ya que las exigencias correspondientes le serían aplicables a la generalidad de
la ley.
7.- Ahora bien, en consideración a los distintos
argumentos presentados a favor y en contra de la constitucionalidad de los
artículos demandados, esta Corporación iniciará su reflexión, indagando en primer
lugar, si existe cosa juzgada constitucional que obligue a la Corte a
estarse a lo resuelto en otras providencias previas, - como lo plantean algunos
de los intervinientes -, y si la demanda es inepta, por carecer aparentemente
de los requisitos previstos en la jurisprudencia para evaluar la pertinencia,
suficiencia y certeza del cargo, como lo afirma la Unidad Administrativa
Especial.
Sin embargo, si la demanda supera el análisis formal
previo, la Corte deberá, en segundo lugar,  evaluar entre otros
aspectos, la naturaleza de la Ley 1493 de 2011 a la que pertenecen los
artículos acusados, establecer si es o no una ley de intervención económica y
si pueden ser analizada bajo tales supuestos, tomando en consideración las
exigencias del artículo 150 numeral 21 de la Carta.
De ser positiva esta conclusión, procederá la Corte,
en consecuencia, a revisar los cargos de la demanda y los argumentos contrarios
de los intervinientes, para determinar si prosperan o no las acusaciones
ciudadanas de inexequibilidad de los artículos 31 y 32 de la Ley 1493 de 2011, dirigidos
en particular contra de la figura de la Toma de Posesión de las Sociedades de
Gestión Colectiva. De ser negativa la conclusión sobre la naturaleza de la ley
y la pertinencia o no del parámetro constitucional correspondiente, evaluará la
Sala, si como lo aduce el Procurador, lo pertinente es declararse inhibida o
pronunciarse de fondo sobre la demanda.
Consideraciones previas.
Inexistencia
de cosa juzgada constitucional.
8.- Según el inciso primero
del artículo 243 de la Constitución, las sentencias que la Corte
Constitucional dicta “en ejercicio del control jurisdiccional, hacen
tránsito a cosa juzgada constitucional”.
La cosa juzgada a la que alude el
artículo en mención, tiene dos efectos importantes: i) impide que un juez constitucional, en principio, se
pronuncie nuevamente sobre lo que ya ha sido juzgado por esta
Corporación en providencias de constitucionalidad anteriores, o inicie un nuevo
debate respecto de normas sometidas a decisiones constitucionales definitivas[16], ya que le está vedado volver conocer y a
decidir sobre lo ya resuelto[17]; y ii) tal decisión constitucional, prohíbe también a las
autoridades en general, reproducir o aplicar el contenido material de
disposiciones declaradas inexequibles, por razones de fondo, como lo reconoce
el inciso 2º del artículo 243 C.P[18].
En el primer caso, el fenómeno de la cosa
juzgada constitucional, implica un límite a las atribuciones del Tribunal
constitucional, que se consolida a partir de sus propios pronunciamientos, en
la medida en que la Constitución les da un carácter, en principio, incontrovertible[19], a fin de promover la
estabilidad de las sentencias judiciales y la seguridad jurídica[20].
En el segundo caso, la limitación que
ofrece la cosa juzgada se extiende a las demás autoridades públicas, quienes en
aras de la estabilidad y certeza de las decisiones constitucionales y de la prevalencia
de la Carta (Art. 4º C.P), deben abstenerse de reproducir o de aplicar normas declaradas
inconstitucionales.
9- Ahora bien, la cosa juzgada no siempre es un obstáculo definitivo
para que una norma jurídica pueda ser demandada nuevamente por los ciudadanos,
por cargos o razones diferentes a las alegadas inicialmente en una sentencia
previa, si la providencia proferida por la Corte Constitucional, ha permitido
la restricción  del alcance de la cosa juzgada constitucional en su texto.
De hecho, como la Corte Constitucional puede fijar los efectos de sus
propios fallos[21],
cuenta con la atribución de delimitar el alcance de la cosa juzgada constitucional
en sus providencias, con el propósito de promover no sólo el acceso efectivo de
los ciudadanos a la administración de justicia (Art. 229 C.P) y la
interposición de las acciones públicas en defensa de la Constitución (Art. 40-6
C.P), sino de promover la certeza jurídica[22], a fin de lograr de
una manera más precisa y sólida, decisiones concretas y definitivas sobre
aspectos que ofrecen dudas en materia constitucional[23].
La especificidad del control constitucional
en razón de esta potestad, ha favorecido la consolidación jurisprudencial de
categorías puntuales frente al concepto de cosa juzgada[24], cuyas
características y alcances, pueden resumirse brevemente, de la siguiente forma:
(i)
La cosa juzgada constitucional, se clasifica
entonces, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, en las siguientes
categorías conceptuales: absoluta, relativa, formal, material y aparente[25].
(ii)
La regla
general, es que las sentencias de constitucionalidad de esta Corte, hacen
tránsito a cosa juzgada constitucional absoluta[26], salvo que en la providencia
correspondiente, se haya limitado el alcance del control abstracto de
constitucionalidad. Uno de los fundamentos de ese principio, surge de la sentencia
C-037 de 1996 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), que al interpretar el artículo 46
de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia puntualizó que, "mientras
la Corte Constitucional no señale que los efectos de una determinada
providencia son de cosa juzgada relativa, se entenderá que las sentencias que
profiera, hacen tránsito a cosa juzgada absoluta". Por ende, si la Corte no señala lo
contrario en la sentencia correspondiente, se entiende que la decisión que
adoptó se realizó a partir de una confrontación con la totalidad del texto
constitucional, lo que supone que la providencia se encuentra amparada por la
cosa juzgada absoluta[27].
(iii)
La cosa juzgada
absoluta, ocurre entonces, “cuando el pronunciamiento de
constitucionalidad de una disposición, a través del control abstracto, no se
encuentra limitado por la propia sentencia, es decir, se entiende que la norma
es exequible o inexequible en su totalidad y frente a todo el texto
Constitucional”[28]. La figura de la cosa juzgada absoluta
además, puede ocurrir cuando una norma determinada vuelve a ser demandada por
los mismos cargos, o por controvertir los mismos artículos constitucionales que
ya fueron estudiados en una oportunidad anterior, lo que impide claramente un
nuevo pronunciamiento constitucional sobre lo ya definido, por haber operado
frente a tales aspectos  dicho fenómeno constitucional[29]. En este último caso,
la jurisprudencia constitucional ha señalado que se deben dar dos presupuestos: (a) que se proponga estudiar el mismo contenido normativo de la
proposición ya estudiada en una sentencia anterior; y (b) que se
proponga dicho estudio por las mismas razones (cargos o norma presuntamente
vulnerada), estudiados en una sentencia anterior[30].
(iv)
La cosa juzgada absoluta, cierra la posibilidad de
interponer, con posterioridad a la sentencia, nuevas demandas de
inconstitucionalidad contra las normas que ya han sido examinadas y mientras
subsistan las disposiciones constitucionales que fueron fundamento de la
decisión[31]. Desde esta perspectiva, si se presentan
nuevas demandas ciudadanas sobre una norma que ya fue objeto de un pronunciamiento
constitucional previo, -acusada por los mismos cargos o por las razones ya
evaluadas-, tales acciones de inconstitucionalidad deben ser rechazadas, con
fundamento en el precepto superior enunciado y  lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto 2067 de 1991[32].
(v)
Con
todo, de no existir prima facie certidumbre sobre si la cosa juzgada en
un caso en particular ha operado o no, y la demanda es admitida, la Corte
Constitucional puede reconocer el efecto de cosa juzgada al emitir el fallo,
absteniéndose de resolver de fondo y profiriendo una orden de estarse a lo
resuelto en el anterior pronunciamiento constitucional que generó dicho efecto.
(vi)
Las
declaraciones de inexequibilidad que hace la Corte, siempre hacen tránsito a
cosa juzgada constitucional absoluta, por cuanto en estos casos las normas
acusadas que resultan inconstitucionales, son expulsadas del ordenamiento
jurídico, y por lo tanto, respecto de ellas, no puede volverse a entablar
ningún tipo de discusión o debate sobre su constitucionalidad[33]. Ante esa hipótesis, la
acción de inconstitucionalidad presentada por el ciudadano debe ser rechazada,
en los términos previamente indicados. Si se trata de demandas que se resuelven
de manera sucesiva, y ya haya sido admitida para su control, aquella que sea
fallada con posterioridad al pronunciamiento inicial de inexequibilidad, debe estarse
a lo resuelto en la sentencia previa, por existir  cosa juzgada
constitucional.
(vii)
Ahora bien, existe
cosa juzgada relativa, cuando el juez constitucional limita en forma
expresa los efectos de la decisión, dejando abierta la posibilidad para que en
el futuro “se formulen nuevos cargos de inconstitucionalidad contra la norma
que ha sido objeto de examen, distintos a los que la Corte ya ha analizado.”[34]
(viii)
La Corte puede
limitar el alcance de la cosa juzgada de una providencia y volverla relativa,
cuando limita su pronunciamiento a: (a) los cargos de la demanda[35]
o los cargos analizados en la sentencia[36];
(b) a uno o varios artículos de la Constitución respecto de los cuales
la Corte circunscribió su análisis[37]
o (c) a un punto específico que se estudió en un fallo,
lo que “sucede excepcionalmente cuando la Corte al interpretar el cargo
del demandante restringe su análisis constitucional a un aspecto del mismo que
estima especialmente complejo”[38].
(ix)
En relación con
la cosa juzgada relativa, también se ha dicho que ésta puede presentarse
de manera explícita, en aquellos eventos en los cuales los efectos de la
decisión se limitan directamente en la parte resolutiva, e implícita
cuando tal hecho ocurre en forma clara e inequívoca en la parte motiva o
considerativa de la providencia, sin que se haga mención alguna en la parte
resolutiva.[39]
(x)
De otra parte,
la Corte ha distinguido entre la cosa juzgada material y la cosa juzgada
formal.[40]
En relación con esta diferenciación este Tribunal ha establecido que la cosa
juzgada formal ocurre “….cuando existe una decisión previa del juez
constitucional en relación con la misma norma que es llevada posteriormente a
su estudio”[41].
En contraposición, existe cosa juzgada material cuando existen dos
disposiciones distintas que, sin embargo, tienen el mismo contenido normativo,
de manera tal que frente a una de ellas existe ya un juicio de
constitucionalidad por parte de este Tribunal.
(xi)
Finalmente,
existe cosa juzgada aparente[42],
cuando, no obstante existir en la parte resolutiva, un pronunciamiento
decisorio en relación con una determinada norma, puede constatarse que no
existe realmente en su motivación referencia alguna que sustente la decisión
supuestamente tomada en relación con ella. En este caso no existe en realidad el
fenómeno de la cosa juzgada constitucional.
10.- Una vez realizado este breve
recuento sobre el alcance de la cosa juzgada constitucional, atendiendo los
lineamientos de la jurisprudencia, encuentra la Sala que es cierto, tal y como
lo señala el Ministerio interviniente, que existen
pronunciamientos previos de la Corte Constitucional, relacionados con el tema
de la Sociedades de Gestión Colectiva de Derechos de Autor y en particular con
los artículos 31 y 32 hoy demandados.
En
efecto, en las Sentencias C-124 de 2013, (M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub) y C-851 de 2013, (M.P. Mauricio González Cuervo) este tribunal
declaró exequibles por los cargos analizados en dichas providencias,
varias disposiciones de la Ley 1493 de 2011, entre ellas los artículos 31 y 32
ahora demandados.
10.1.-
En la Sentencia C-124 de 2013, el ciudadano demandante, solicitó la
declaratoria de inconstitucionalidad de los artículos 23 a 34 de la Ley 1493 de
2011, alegando la vulneración de los artículos 150, 151, 157, 158 y 169 de la
Carta, por la posible transgresión del trámite legislativo
correspondiente, en la medida en que éste se realizó en las Comisiones Terceras
Conjunta de la Cámara y Senado de la República y no en las Comisiones Primeras
Constitucionales, como lo ordena la Carta y la ley 3a de 1992, por tratarse de
temas relacionados con el régimen de la propiedad intelectual. También afirmó
la vulneración del principio de unidad de materia, por la presunta falta
de coherencia temática entre el fomento a los espectáculos públicos y el
régimen de inspección, vigilancia y control establecido para las Sociedades de
Gestión Colectiva de Derechos de Autor. Por último, consideró que existía falta
de coherencia entre el título de la ley y su contenido, afectando la
congruencia del acto proferido por el Legislador, en detrimento del artículo
169 superior.
La
Corte examinó, con resultados negativos, las posibles afectaciones del trámite
legislativo signado en la Constitución y la presunta vulneración del principio
de unidad de materia evocada por el demandante, limitando en la parte
resolutiva de la providencia el alcance de la cosa juzgada,  a los cargos de la
demanda[43].
10.2.- En la
Sentencia C-851 de
2013 (M.P. Mauricio
González Cuervo), por su parte, la Corte Constitucional estudió varias demandas
ciudadanas, que acusaban  los artículos 30 y 31 de la Ley 1493 de 2011 de desconocer
los artículos 150-8 y 333 de la Constitución. En el primer caso, el fundamento
de la demanda se circunscribía a señalar, que el legislador se excedió al
asignar al Ejecutivo funciones de inspección y vigilancia que no le
correspondían, a su juicio, de acuerdo con el artículo 189 superior, ya que las
Sociedades de Gestión Colectiva no estaban inscritas dentro de las funciones de
control y vigilancia del Estado en los términos de los artículos 21, 22, 24, 25
y 26 del artículo 189 superior. También se alegó la presunta vulneración del
artículo 333 de la Carta, porque los artículos 24 a 34 de la Ley acusada,
establecían una restricción no consagrada en la Carta, a la libertad económica
de las Sociedades de Gestión Colectiva de Derechos de Autor.
La Corte Constitucional en dicha providencia, precisó
que los artículos 24 a 34 de la Ley 1493 de 2011 eran exequibles, bajo la
premisa de que el Legislador sí tenía competencia para asignar al Ejecutivo
competencias de inspección, vigilancia y control distintas a las consignadas en
el artículo 189 de la Carta, dado que el listado presentado en dicho artículo
constitucional no era excluyente. A su vez sostuvo que  de acuerdo con los artículos
333 de la Carta, bien podía el
legislador, en ejercicio de su autonomía normativa, establecer la necesidad de
tal supervisión sobre las actividades económicas, ya que las sociedades de gestión colectiva son
entidades de contenido patrimonial y que tales facultades son una expresión de
la intervención del Estado en la economía.  La sentencia C-851 de 2013, en su
parte resolutiva, limitó también el alcance de la cosa juzgada constitucional,
a los cargos examinados[44].
11.-
En mérito de lo expuesto, ya que las sentencias de constitucionalidad previas,
que conocieron con anterioridad de demandas contra los artículos 31 y 32 de la
Ley 1493 de 2011, limitaron expresamente el fenómeno de la cosa juzgada
constitucional a los cargos que allí se estudiaron, es posible revisar  tales
artículos, constitucionalmente,  por cargos diferentes a los anteriormente
evaluados. En ese orden de ideas, ya que las consideraciones del demandante responden
en esta oportunidad a cargos dirigidos a afirmar la presunta violación del
artículo 150-21 de la Carta, por parte de las normas acusadas, concluye la
Corte que no existe como lo alega el Ministerio interviniente, el fenómeno
constitucional de la cosa juzgada en este caso concreto. En consecuencia, puede
pronunciarse la Sala en esta oportunidad, sobre la demanda de la referencia.
Aptitud sustantiva de la demanda y metodología de la decisión.
12.- Como lo ha mencionado la jurisprudencia de esta
Corporación en múltiples ocasiones, el artículo 2° del Decreto 2067 de 1991,
fija las condiciones o requisitos mínimos de procedibilidad de las demandas de
inconstitucionalidad, exigiéndole a los ciudadanos, el cumplimiento para el
efecto de unos requisitos mínimos, que son entre otros, que en la presentación
de sus demandas señalen: (i) las disposiciones legales contra las
que dirigen la acusación, (ii) las preceptivas constitucionales
que considera violadas y (iii) que expliquen las razones o
motivos por los cuales estiman que tales normas superiores han sido
desconocidas.
El último requisito, implica un deber para los
ciudadanos de “formular por lo menos un cargo concreto, específico y directo
de inconstitucionalidad contra la norma acusada, que le permita al juez
establecer si en realidad existe un verdadero problema de índole constitucional
y, por tanto, una oposición objetiva y verificable entre el contenido literal
de la ley y la Carta Política”.[45]
Siguiendo estas pautas jurisprudenciales, los cargos
que presenten los ciudadanos en contra de las normas acusadas deben estar
apoyados en razones “claras, ciertas, específicas, pertinentes
y suficientes”[46]
que permitan controvertir a la luz de la Carta Política, la disposición
legal que se acusa. Tales exigencias pueden ser descritas de la siguiente manera: (a) claridad, que supone la existencia de un hilo conductor en la argumentación que facilite
comprender el contenido de la demanda y las justificaciones que la sustentan[47]. (b)
Certeza. Reclama
que la demanda recaiga sobre una proposición jurídica real y existente “y no
simplemente [sobre una] deducida por el actor” [48] e incluso
sobre otras normas vigentes que, en todo caso, no son el objeto concreto de la
demanda. (c) Las
razones son específicas, si los cargos de inconstitucionalidad se dirigen directamente contra la
norma demandada, definiendo
con claridad la manera como la disposición acusada desconoce la Carta Política,
formulando, “por lo menos un cargo constitucional concreto contra la norma
demandada”. (d) La pertinencia, significa que el vicio que
aparentemente se desprende de la norma acusada debe ser de naturaleza
constitucional, es decir, fundado en la apreciación del contenido de una norma
Superior, que se enfrenta al precepto demandado. Y por último, (e)
la suficiencia, que guarda relación con la exposición de todos los
elementos de juicio (argumentativos y probatorios) necesarios para iniciar el
estudio de constitucionalidad respecto del precepto demandado, que despierten por
lo menos una duda mínima, sobre la constitucionalidad de la norma
impugnada[49].
El éxito de los cargos en un juicio de
inconstitucionalidad, por consiguiente, dependerá en gran medida de que el actor tenga en consideración en su demanda,
los requisitos establecidos en el artículo 2° del Decreto 2067 de 1991 y la
interpretación que sobre ellos ha adelantado la Corte Constitucional, a fin de
que se pueda adelantar un juicio de constitucionalidad realmente efectivo.
13.- En esta oportunidad, uno de los argumentos de
la Unidad Administrativa
Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor es
que la demanda es inepta, por carecer de pertinencia, certeza,
especificidad y suficiencia, sin presentar mayores justificaciones para
esta precisión. Por el contrario, en abierta contradicción con esa misma
afirmación, la Unidad Administrativa Especial, despliega una argumentación
amplia en su escrito de intervención, para reclamar la constitucionalidad de
las normas acusadas.
De este modo, ya que la participación
de los demás intervinientes no se dirigió en modo alguno a cuestionar la
técnica de los cargos presentados por el ciudadana, sino antes bien, a proponer
razones para defender la constitucionalidad de las normas atacadas, y que
incluso la misma Unidad dio respuestas dirigidas a controvertir el cargo
enunciado por el actor de manera concreta y relacionada con el problema
jurídico, se demuestra de los hechos, que los participantes en este proceso, entendieron
los cargos de la demanda y defendieron la exequibilidad de las disposiciones
enunciadas.
Lo anterior le permite
concluir a la Sala, prima facie, que el cargo presentado por el actor,
cumplió con las exigencias constitucionales básicas, para hacer posible en su
conjunto, el juicio de constitucionalidad. En este escenario y tomando en consideración el principio  pro actione, que no autoriza
desestimar una demanda ciudadana que expone argumentos suficientes para un
estudio constitucional, la
Sala considera que con fundamento en estas observaciones, la demanda es apta, y
que las razones aducidas por
el ciudadano,  son suficientes para adelantar un estudio constitucional de
fondo.
14.- Ahora bien, frente a la
propuesta del Procurador General de la Nación, relativa a que la Corte
Constitucional se declarare inhibida, a priori, para conocer los cargos
del actor, bajo el argumento de que el parámetro de constitucionalidad
propuesto en este caso no le es aplicable a las normas acusadas por el
ciudadano, la Corte debe hacer las siguientes precisiones:
(i)    La lectura inicial que hace el ciudadano de las normas
constitucionales invocadas, aunque puede ser objeto de cuestionamientos
jurídicos de diversa índole, no es prima facie, un argumento que por irrazonable,
no deba ser debidamente valorado. En especial, cuando los mismos
intervinientes dentro del proceso constitucional, también dieron respuesta a
los cargos presentados por el actor, sin invocar las limitaciones alegadas por
la Vista Fiscal.
(ii)   De hecho, la conclusión a la que llegó el Jefe del Ministerio
Público sobre el aparente deber de inhibición de la Corte, forma parte de un
análisis detenido y puntual al que arribó, luego de reflexionar sobre la naturaleza
misma de las normas invocadas.
(iii)  En ese orden de ideas, se trata entonces de una reflexión que
hace parte del análisis de fondo que se debe adelantar en esta providencia, en
la que se deben decantar, entre otros aspectos, el tema de la naturaleza de las
normas invocadas por el ciudadano y las exigencias al legislador, acordes con
dicha naturaleza.
15.- El análisis de estos
temas, en consecuencia, es un aspecto de fondo del que no puede prescindir prima
facie esta Corporación. Por
todo lo anterior, la Sala realizará un análisis constitucional en el que tomará
en consideración los siguientes aspectos concretos: (i) la
propiedad intelectual y su protección; (ii) la naturaleza de las
Sociedades de Gestión Colectiva de Derechos de Autor; (iii) las
leyes de intervención económica y la intervención del Estado en la economía y; (iv)
finalmente, el análisis concreto de los cargos presentados en la demanda, de
ser ese el caso.
La propiedad intelectual y su protección[50].
16.- La propiedad en general, en nuestra legislación, recae
sobre los bienes llamados tangibles, que son los bienes que denominamos
muebles e inmuebles; pero también sobre los que llamamos intangibles,
entre los que se encuentra la propiedad intelectual.
La propiedad intelectual, en términos
genéricos, incluye todas las creaciones el ingenio humano, cuyo régimen salvaguarda
las distintas creaciones del intelecto[51],
así como su divulgación y difusión[52].
17.-
Sobre la naturaleza jurídica de la propiedad intelectual, esta Corporación ha
señalado, recordando el artículo 670 del Código Civil, que "las
producciones del talento o del ingenio son una propiedad de sus autores".
Bajo este supuesto, la sentencia C-334
de 1993[53] sostuvo, que la propiedad  intelectual
es un tipo de propiedad sui generis, en la medida en que guarda
semejanzas y diferencias con la concepción clásica de este derecho. En efecto, según
esa providencia, comparte, de un lado, los elementos esenciales de la
propiedad, - como  son "el usus, el fructus y el abusus, con las
limitaciones que establecen la Constitución y la ley"- , y del otro,
se separa de la noción clásica de propiedad, al presentar algunas de las
siguientes características: (a) que el contenido moral del
derecho que tiene el autor sobre la propiedad intelectual es inalienable,
irrenunciable, imprescriptible e independiente del contenido patrimonial del
mismo. Mientras que el derecho de propiedad común, sólo tiene un contenido patrimonial,
alienable, renunciable y prescriptible. (b) La propiedad
intelectual recae sobre una cosa incorporal. Mientras que la propiedad común, generalmente,
recae sobre cosas corporales; y (c) la propiedad intelectual, por
determinación de la ley, es temporal (art. 11 de la Ley 23 de 1982, modificado
por la Ley 1520 de 2012), mientras que la común es perpetua.
18- Constitucionalmente, la garantía de
la protección a la propiedad intelectual está consagrada en el artículo 61 de
la Carta[54],
que establece la obligación del Estado de avalar ese derecho y el deber del
Legislador de crear un régimen de protección correspondiente. Lo anterior, conforme
con la atribución que tiene el Congreso de regular la materia, de acuerdo con
el artículo 150 numeral 24 de la Constitución[55].
El
artículo 61 enunciado, según la sentencia C-509 de 2004[56], permite sostener, que la propiedad
intelectual y sus derechos conexos, tienen un carácter imperativo, y  que su protección,
a cargo del Estado, se da en el tiempo y mediante las formalidades que
establezca la ley.
19.- Ahora bien, la propiedad intelectual
comprende: (i) la propiedad industrial, que preserva en general lo
relativo a marcas y patentes, y (ii) los derechos de autor y conexos, que
buscan salvaguardar las obras literarias, científicas y artísticas y amparar
igualmente los derechos de artistas, intérpretes, ejecutantes, y productores de
fonogramas, así como los de los organismos de radiodifusión, respecto de su
emisión[57].
Los derechos de autor, a su vez, cuentan con un
elemento moral y uno patrimonial, que reciben en la legislación un tratamiento
distinto. De hecho, la doble dimensión de los derechos de autor, puede ser
descrita de la siguiente manera[58]:
(i)    El derecho moral, es
inalienable, irrenunciable, extrapatrimonial y perpetuo. Se refiere a la
posibilidad de que el autor de determinada creación, reivindique en cualquier
momento la paternidad de su obra, exigiendo que se indique su nombre o seudónimo
cuando esta se haga pública por cualquier medio. Comprende igualmente el
derecho a oponerse a cualquier deformación, mutilación o modificación de su
obra que desconozca su reputación, así como a la posibilidad de mantenerla
inédita o anónima, o modificarla antes o después de hacerla pública[59]. En esta
dimensión se reconoce también el derecho del autor de suspender la circulación
de su obra, así la haya autorizado previamente reconociendo los respectivos
perjuicios a terceros[60].
La jurisprudencia constitucional ha
reconocido, frente al derecho moral de autor, que la Decisión Andina 351 de
1993[61],
expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, forma parte del bloque de
constitucionalidad. Desde esa óptica, ha reconocido su valor como parámetro de
control de constucionalidad, en lo relativo a la protección de los derechos
morales de autor.
A su vez, ha
sostenido que ese elemento moral de estos derechos,  es de carácter
fundamental, bajo la idea de que se trata de derechos “que emanan de la misma condición de
hombre[62].
(ii)   Los derechos patrimoniales de autor,
por otra parte, tienen que ver con la facultad del autor de una creación, de
disponer de su obra. Ello implica, la posibilidad de cederla, transferirla,
renunciar a ella, etc.[63].
De acuerdo con la
definición de la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual, estos derechos implican que “el titular
del derecho de autor pued[e] hacer toda clase de utilizaciones públicas de la
obra previo abono de una remuneración. En particular, los derechos patrimoniales
comprenden la facultad para hacer o autorizar que se haga lo siguiente:
publicar o reproducir de otro modo la obra para su transmisión (distribución)
al público: comunicarla al público mediante representación o ejecución,
mediante radiodifusión o por hilo; hacer traducciones o cualquier tipo de
adaptaciones de la obra y utilizarlas en público, etc.”[64].
Lo anterior se
traduce, (i) en el derecho de reproducción de la obra, mediante su edición,
inclusión en audiovisual, fonograma o fijación en medio magnético; (ii) el
derecho de comunicación pública a través de la representación o ejecución
pública[65],
la radiodifusión[66]
radial o televisiva, la transmisión[67]
de las obras por cualquier medio, y otras formas de representación de la misma;
(iii) el derecho de transformación mediante la autorización del autor para la
traducción, adaptación, arreglo o cualquier modificación de la obra; (iv) el
derecho de distribución que comprende la posibilidad de alquilar, prestar el
importar la obra[68].
Conforme con la
jurisprudencia constitucional, si bien “los derechos patrimoniales derivados de los derechos
de autor, no se consideran fundamentales, merecen también la protección del
Estado”[69].
(iii)
Por su parte, los derechos conexos
a los de autor son propios de los artistas, intérpretes o ejecutantes, los
productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión en relación con sus
interpretaciones o ejecuciones, fonogramas y radiodifusiones, y comprenden
también una dimensión patrimonial y una moral.
20.- Finalmente, de acuerdo con la Sentencia C-851 de 2013[70], el marco normativo que protege los
derechos de autor y conexos, es el siguiente:
"La Ley 23 de 1982 “Sobre derechos de autor”; la
Ley 23 de 1992 “por medio de la cual se aprueba el "Convenio para la
protección de los productores de fonogramas contra la reproducción no
autorizada de sus fonogramas", la Ley 44 de 1993 “por la
cual se modifica y adiciona la ley 23 de 1982 y se modifica la ley 29 de 1944”,
la Ley 170 de 1994 “Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo por el que se
establece la "Organización Mundial de Comercio (OMC)", suscrito en
Marrakech (Marruecos) el 15 de abril de 1994, sus Acuerdos multilaterales
anexos y el Acuerdo Plurilateral anexo sobre la Carne de Bovino”; la Ley 33
de 1987 "por medio de la cual Colombia adhiere al convenio de Berna
para la protección de los obras literarias y artísticas”; la Ley 232 de
1995 “Por la cual se dictan normas para el funcionamiento de los
establecimientos comerciales”; la Ley 545 de 1999 “Por medio de
la cual se aprueba el "Tratado de la OMPI -Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual- sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas
(WPPT)", adoptado en Ginebra el veinte de diciembre de mil novecientos
noventa y seis” y la Ley 565 de 2000 “Por medio de la cual se aprueba el
"Tratado de la OMPI -Organización Mundial de la Propiedad Intelectual-
sobre Derechos de Autor(WCT)", adoptado en Ginebra, el veinte (20) de
diciembre de mil novecientos noventa y seis (1996)” [71].
Las Sociedades de Gestión Colectiva de Derechos de
Autor.
21.- La función de las Sociedades de Gestión Colectiva está referida
entonces a la administración de los derechos de sus asociados, entre los que se
encuentran los derechos patrimoniales o económicos, en cabeza de los autores u
otros titulares de derechos de autor.
En
efecto, el Legislador faculta a los autores y/o titulares de obras literarias y
artísticas para autorizar, de manera previa y expresa, la utilización de sus
creaciones. Como desarrollo de dicha atribución, se ha previsto que el recaudo
de los derechos de autor y sus derechos conexos se realice de manera directa a
través de la gestión individual de cada persona interesada libremente o
mediante la gestión colectiva realizada por personas jurídicas instituidas para
dicho efecto, denominadas sociedades de gestión colectiva[72].
Las
sociedades de gestión colectiva, que encuentran fundamento en el derecho de
asociación consagrado en el artículo 38 de la Constitución Política[73], son
entidades civiles o privadas, sin ánimo de lucro, que representan frente a
terceros los derechos exclusivos o de remuneración de sus afiliados en relación
con la utilización de sus obras o producciones artísticas[74]. Su actividad resulta ser un
ejercicio ligado al derecho de asociación –de quienes se organizan para lograr
proyectos económicos, sociales o culturales (los autores) -,  y relacionado con
la libertad de empresa – de quienes pueden avanzar en una actividad económica
concreta fundada en la iniciativa privada (la sociedad) – que se debe ejercer
dentro de los límites de la ley y del bien común[75].
22.- El artículo 10° de la Ley 44 de 1993 indica que “los
titulares de derechos de autor y derechos conexos podrán formar sociedades de
gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos, sin ánimo de lucro
con personería jurídica, para la defensa de sus intereses conforme a las
disposiciones establecidas en la Ley 23 de 1982 y en la presente Ley”.  También
según la Ley 44 de 1993, quienes quieran constituir una sociedad de gestión
colectiva con las prerrogativas conferidas legalmente, deberán supeditarse a
las exigencias y deberes que la ley disponga[76]
y sus atribuciones serán igualmente las que la ley les confiere[77], relacionadas
claro está, con la gestión o administración de los intereses de los titulares
de derechos de autor y de derechos conexos.
23.- Las anteriores razones evidencian un
hecho que ha reconocido la jurisprudencia: dichas sociedades tienen un
contenido esencialmente patrimonial[78], en la medida en que gestionan el
recaudo de la remuneración derivada de los derechos de los autores y demás
titulares, distribuyéndola entre sus asociados[79]. Este
hecho le ha permitido a la Corte alegar que estas sociedades, al “superar en
su funcionamiento los principios del derecho general de asociación (Art. 38
C.P), se inscriben dentro de la regulación contenida en la Constitución
Económica, por lo que son sujetos pasivos de la intervención del Estado en su
funcionamiento, en ejercicio de su facultad de dirección de la economía” [80]. Por ende son susceptibles de la intervención del Estado[81] dado que su creación y funcionamiento,
así como el control y la vigilancia[82]
pertenece al ámbito del derecho público y las normas internacionales
vinculantes en la materia[83].
De acuerdo con lo señalado, en el artículo 43 de la
Decisión 351 del Acuerdo de Cartagena, el funcionamiento de las sociedades de
gestión colectiva de derechos de autor y de derechos conexos debe ser
autorizado por la oficina nacional competente, tal y como lo dispone el
artículo 25 de la Ley 44 de 1993. En el caso colombiano, esa oficina es la
Unidad Administrativa Especial- Dirección Nacional de Derecho de Autor, entidad
a través de la que, las sociedades de gestión colectiva obtienen su personería
jurídica y la autorización para su funcionamiento[84]. En virtud de esa competencia de
intervención, y las demás asignadas por la Ley 1493 de 2011 que se acusa, sobre
las sociedades de gestión,
la Dirección Nacional de Derecho de Autor, ejerce funciones de inspección, vigilancia y control, como se verá a
continuación.
Las leyes de intervención económica y la Intervención
General del Estado en la Economía.
24.-  La Constitución, al
consagrar que Colombia es un Estado Social de Derecho (C.P art 1), combina el
intervencionismo económico, que “supone una permanente posibilidad de
restricción estatal de las libertades económicas”,  con el radical respeto
de los derechos civiles y políticos;  por
lo que “la restricción de estos últimos, debe tener fundamento expreso y
específico”[85].
Bajo tales parámetros, la Carta del
91 consagra efectivamente la idea de una economía social de mercado puesto que
reconoce genéricamente que la iniciativa privada y la actividad económicas son
libres (C.P art 333) pero establece también, de manera global, el precepto de
que "la dirección general de la economía estará a cargo del Estado"
(C.P art 334)[86]
y que las intervenciones se realizarán por mandato de la ley.
25.- A juicio de la Sala, la intervención del Estado
en la economía se justifica en la medida en que a través de ella se pretende
conciliar los intereses privados de quienes participan en el mercado, con el
interés general de la comunidad expresado en los artículos 333 y 334 de la
Carta[87].
Así, para lograr la intervención reglada del
Estado en la esfera económica que consagra la Constitución en el artículo 334, ésta prescribe en sus
primeros dos incisos, lo siguiente:
"La dirección general de la economía estará a cargo del
Estado. Este intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de los
recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución,
utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados,
para racionalizar la economía con el fin de conseguir en el plano nacional y
territorial, en un marco de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la
calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las
oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente
sano. Dicho marco de sostenibilidad fiscal deberá fungir como instrumento para
alcanzar de manera progresiva los objetivos del Estado Social de Derecho. En
cualquier caso el gasto público social será prioritario.
El Estado, de manera especial,
intervendrá para dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurar, de manera
progresiva, que todas las personas, en particular las de menores ingresos,
tengan acceso efectivo al conjunto de los bienes y servicios básicos. También
para promover la productividad y competitividad y el desarrollo armónico de las
regiones”.
El artículo anterior supone en
consecuencia, dos circunstancias. La primera, el reconocimiento de que la
Carta le concede la dirección general de
la Economía al Estado (334 C.P).  En segundo lugar, el hecho adicional
de que la norma delimita también los atributos de la intervención que propone,
al señalar que es por mandato de la ley, que dicha intervención se puede hacer,
y al establecer una serie de actividades económicas en las que
recaerá particularmente la intervención, junto con la designación de una serie
de objetivos concretos para el efecto.
De esta forma, el artículo que se describe, en el segundo
caso, delimita el ámbito de la intervención de la economía en el que actuará, indicando
que: (i) ésta se adelantará por intermedio de la ley; (ii)
frente a ciertas actividades -que pretenden abarcar de manera global los
diferentes ámbitos económicos de la sociedad-, y que ello se hará, (iii)
atendiendo ciertos objetivos puntuales. Estos presupuestos, evidencian los
lineamientos concretos que competen a las denominadas leyes de intervención
económica.
El artículo que se describe, en efecto, señala que habrá intervención
por mandato de la ley en las siguientes actividades: a) en
la explotación de los recursos naturales; b) en el uso del suelo; c)
en la producción, distribución y consumo de los bienes y d) en los
servicios públicos y privados.
A su vez, dicha intervención en tales actividades, cuenta con
objetivos específicos que fungen como directrices básicas para el
Estado, así: a) en cuanto a objetivos de eficiencia y estabilidad
económica, intervendrá para, la racionalización de la economía, con el fin
de conseguir en el plano nacional y territorial el mejoramiento de la calidad
de vida de los habitantes; alcanzar
de manera progresiva los objetivos del Estado Social de Derecho y para
dar pleno empleo a los recursos humanos; b) en aspectos de equidad y distribución, intervendrá
con el objetivo de lograr una distribución equitativa de oportunidades y los
beneficios del desarrollo y el acceso efectivo a bienes básicos; c) en
lo concerniente al desarrollo económico y la competitividad,
intervendrá con el objetivo de promover la productividad y competitividad, el desarrollo
armónico en las regiones y la
preservación de un ambiente sano.
Esta norma constitucional junto con el artículo 333
superior, llevan a concluir que la delimitación conceptual de las libertades
económicas se inserta en el equilibrio entre el reconocimiento de las garantías
necesarias para el intercambio económico y la obligación estatal correlativa de
intervenir en el mercado, con el fin de (i) garantizar la supremacía del
bien común, representado en los objetivos identificados por el Constituyente
como propios de ese interés general; y (ii) corregir, en el marco de la
protección de la igualdad de oportunidades, las imperfecciones del mercado que
constituyan una barrera para el acceso de los bienes y servicios de las
personas de menores ingresos.
Esa delimitación normativa, en virtud de la Carta y según el artículo
150-21 superior, debe consagrar los fines, alcances y límites a la libertad
económica como fronteras a la intervención, dirigidas a ser obligaciones del
Legislador, tendientes a favorecer el reconocimiento de las garantías antes
mencionadas.
26.-  Ahora bien, el artículo constitucional que se describe, ha sido
invocado de manera genérica por la jurisprudencia constitucional, como el
fundamento del que se desprenden las distintas funciones atribuidas al Estado,
en lo que concierne a la dirección general a la Economía. En ese sentido, no
debe perderse de vista que la intervención del
Estado en la economía, corre por cuenta de distintos poderes públicos y
se ejerce por intermedio de diferentes instrumentos[88].
El
Congreso de la República, sin duda alguna, al ser el encargado de proferir las leyes,
“sea que se trate específicamente de leyes de intervención económica (Arts.
150.21 y 334), como de otras leyes contempladas en el artículo 150
constitucional (por ejemplo, las leyes marco del numeral 19, o las leyes que
versen sobre servicios públicos domiciliarios previstas en el numeral 23 de la
misma disposición) o en general mediante el ejercicio de su potestad de
configuración en materia económica”, tiene en todo caso un rol protagónico[89].
Así, la intervención del Estado en la esfera social y económica, se relaciona
con el cumplimiento de diversas funciones, que la jurisprudencia
ha señalado de la siguiente manera: “una función de redistribución del ingreso y de la
propiedad[90]
expresamente consagrada en varias disposiciones de la Constitución con miras a
alcanzar un "orden político, económico y social justo" (Preámbulo);
una función de estabilización económica también consagrada en diversas normas
superiores (artículos 334 inc, 1°, 339, 347, 371 y 373 de la C.P.); una función
de regulación económica y social de múltiples sectores y actividades
específicas según los diversos parámetros trazados en la Constitución
(artículos 49 y 150, numeral 19, por ejemplo); y, todas las anteriores, dentro
de un contexto de intervención general encaminado a definir las condiciones
fundamentales del funcionamiento del mercado y de la convivencia social, como
el derecho de propiedad privada pero entendido como "función social"
(artículo 58 C.P.) o la libertad de iniciativa privada y de la actividad
económica siempre que se respete también la "función social" de la
empresa (artículo 333 C.P.) en aras de la "distribución equitativa de las
oportunidades y los beneficios del desarrollo" (artículo 334
C.P.)[91]”[92].
27.- Según la sentencia C-150 de 2003[93], el Estado
interviene genéricamente, para cumplir objetivos relacionados con
la protección social, la redistribución o la estabilización económica[94].
La intervención puede clasificarse, desde esta perspectiva, y según dicha
providencia, como (i) global – desde la perspectiva estatal-,
cuando incide en la economía como un todo; (ii) sectorial cuando
se relaciona con un ámbito económico particular; (iii) directa,
cuando se refiere a la intervención sobre la actividad de agentes económicos; (iv)
indirecta, cuando recae sobre el resultado de dicha actividad; (v)
unilateral, en los casos de autorización, prohibición o
reglamentación de una actividad particular por parte del Estado; (vi) convencional,
cuando el Estado pacta con las agentes económicos políticas o programas que
propenden de interés general; (vii) intervención vía directiva,
que se presenta cuando el Estado adopta medidas que orientan a los agentes
económicos privados; (viii) o intervención por vía de gestión, cuando el
Estado se hace cargo él mismo de actividades económicas por medio de personas
jurídicas generalmente públicas[95].
28.-  Así, la regulación del Estado en la economía,
incluye de acuerdo con la jurisprudencia[96],
variedad de mecanismos. De este modo, la Corte ha entendido que no
sólo el Legislador tiene la potestad para intervenir en la economía a través de
la expedición de leyes (Art. 150-21 y 334 de la C.P.), sino que la intervención
económica del Ejecutivo, también tiene respaldo constitucional (Art. 189-11 de
la C.P., entre otros). La Constitución de 1991,
en efecto, le confirió a la Rama Ejecutiva del poder público importantes
competencias en la materia, no sólo mediante el ejercicio de la potestad
reglamentaria, sino asignándole específicas atribuciones de inspección,
vigilancia y control respecto de ciertas actividades o respecto de determinados
agentes económicos. Precisamente
las funciones de control, inspección y vigilancia, son formas en las que se
manifiesta la potestad de intervención del Estado en la economía para asegurar
que quienes lleven a cabo determinadas actividades económicas, lo hagan
ajustándose a la ley[97].
En la Sentencia C-851 de 2013 (M.P. Mauricio González
Cuervo) se dijo en particular sobre las labores de la Dirección Nacional de
Derechos de Autor, lo siguiente:
En relación con las sociedades de gestión
de derechos de autor y conexos que, como se ha establecido son sociedades de
carácter patrimonial, la intervención de la Dirección Nacional de Derechos de
Autor del Ministerio del Interior es de carácter sectorial, directo y
unilateral. Además las sociedades de gestión se encuentran sometidas a un
régimen de autorización previa. Así, la intervención del Estado en este tipo de
sociedades, se expresa a través de las funciones de inspección, control y
vigilancia”.
29.-
De lo anterior, se concluye que, la Constitución, tanto en su parte dogmática,
como en su parte orgánica, configuró un Estado con amplias facultades de
intervención en la economía, las cuales se materializan mediante la actuación
concatenada de distintos poderes públicos, con actuaciones regladas,
establecidas por la misma Carta.
El caso concreto.
La naturaleza de la Ley 1493 de 2011.
30.- Sostiene el demandante en esta oportunidad, que
los artículos 31 y 32 de la Ley 1493 de 2011, que establecen la figura de la
Toma de Posesión, para el caso de las sociedades de gestión de derechos de
autor, son contrarios a la Carta, en la medida en que tales disposiciones no
incluyen las exigencias que para el Legislador operan en materia de leyes de
intervención. De acuerdo con el artículo 150 numeral 21 de la Constitución,
tales disposiciones deben precisar los fines, alcances y límites de la
intervención económica.
31.- Esta exigencia constitucional, se predica en
particular, de las leyes de intervención económica, que son leyes que como se
dijo, de manera sustantiva regulan una actividad económica particular, de las
establecidas en el artículo 334 superior, cuyo fundamento debe recaer
necesariamente en el cumplimiento de alguno de los objetivos establecidos en el
mismo artículo.
El objetivo del artículo 150-21, es evidentemente,
proteger la libre iniciativa privada y los derechos de quienes pueden verse
afectados en su libertad con las leyes mencionadas, a fin de no atribuir al
Estado facultades ilimitadas frente a la actividad económica en general
32.- Ahora bien, para determinar en este caso si nos
encontramos frente a una ley de intervención económica que justifique la
exigencia constitucional señalada, debemos establecer si la Ley 1493 de 2011 cumple alguno de los
parámetros establecidos en el artículo 334 previamente expuestos y sus
objetivos,  o si se trata de otro tipo de regulación que debe ser analizada
sobre las bases de la limitación  a la libertad de empresa preferentemente,
contenida en el artículo 333 constitucional u otras normas superiores, en el
escenario multifacético de la regulación estatal.
En ese sentido, tenemos que la Ley 1493 de 2011 “Por la cual se toman medidas para
formalizar el sector del espectáculo público de las artes escénicas, se otorgan
competencias de inspección, vigilancia y control sobre las sociedades de
gestión colectiva y se dictan otras disposiciones”, es una ley que de manera expresa, señala
como objetivos, formalizar el sector del espectáculo público de las artes
escénicas y otorgar competencias de inspección, vigilancia y control sobre las
sociedades de gestión colectiva.
Realizando un análisis sistemático de sus normas,
puede concluirse que la Ley 1493 de 2011 tiene por objeto la regulación de las
condiciones fiscales, económicas, administrativas, financieras y tributarias
para la realización de espectáculos públicos, así como la fijación de controles
ante una indebida gestión de tales espectáculos, junto con el otorgamiento de
competencias de inspección, vigilancia y control sobre las sociedades de gestión
colectiva, sin que el objeto central de la ley sea necesariamente regular los
derechos de autor o establecer limitaciones particulares frente a ellos[98].
En efecto, la ley consta de ocho capítulos que tratan los aspectos
fiscales de los espectáculos públicos, la contribución parafiscal para los
mismos, la racionalización de trámites, vigilancia y control de los
espectáculos públicos de las artes escénicas, la generación de recursos de la
infraestructura pública destinada para la realización de dichos espectáculos,
define el contenido de los derechos de autor, y dispone todo lo relativo a la
inspección, vigilancia, control y toma de posesión de las sociedades de gestión
colectiva de derechos de autor y derechos conexos[99].
Como lo recuerda la Sentencia 124 de 2013[100], la Ley 1493 de 2011 aborda tangencialmente algunos temas
relacionados con los derechos de autor y se concentra más en los aspectos
fiscales, tributarios, administrativos y económicos que se regulan en la misma.
Por ese hecho, precisamente, se le dio trámite al proyecto de ley en las
Comisiones Terceras del Congreso de la República.
Así, el
objeto de la ley, según su artículo 2º, es “reconocer, formalizar, fomentar
y regular la industria del espectáculo público de las artes escénicas; así como
democratizar la producción e innovación local, diversificar la oferta de bienes
y servicios, ampliar su acceso a una mayor población, aumentar la
competitividad y la generación de flujos económicos, la creación de estímulos
tributarios y formas alternativas de financiación; así como garantizar las
diversas manifestaciones de las artes escénicas que por sí mismas no son
sostenibles pero que son fundamentales para la construcción de la base social y
los procesos de identidad cultural del país”[101].
33.- En ese orden de ideas, si bien tales actividades podrían
considerarse incluidas dentro de aquellas que establece el art. 334 superior,
cuando habla de producción, distribución y consumo de los bienes, - dado
que los derechos de autor y derechos derivados de las artes escénicas, como se
dijo, son bienes intangibles-, no es claro que esta ley haya tenido como
objetivo, el cumplimiento particular de estos aspectos para el caso de los derechos
de autor. La normativa que se impugna, tiene que ver más que todo, como ya se
dijo, con las facultades de inspección, vigilancia y control de las sociedades
de gestión de tales derechos y con la regulación de las artes escénicas desde
una perspectiva fiscal, no con la producción, distribución o consumo de tales
bienes intangibles en sí mismos considerados.
En ese sentido, la ley que se analiza, no da cuenta de uno de
los elementos determinantes y necesarios para establecer si se trata o no de
una ley de intervención económica, en la medida en que no regula
sustantivamente ni las artes escénicas ni los derechos de autor, bajo los
presupuestos del artículo 334 de la Carta.
34.- Tampoco se trata de una ley, que desarrolle realmente,
algunos de los objetivos concretos previstos en el artículo 334. En efecto, como
se expresó con anterioridad, las leyes de intervención económica del artículo
334 superior, son aquellas que se refieren a las actividades económicas
allí mencionadas y que desarrollan alguno de los objetivos
específicos expresamente establecidos en esa disposición constitucional.
Por eso, aunque la Ley 1493 de 2011 sostiene de manera
tangencial que uno de sus objetivos es el de aumentar la competitividad, dicha
expresión no puede ser vista, entonces, como un enunciado que haga evidente que
la ley acusada se trata de aquellas leyes de intervención económica en los
términos de ese artículo constitucional.
En efecto, ya que la actividad económica a la que se refieren
las normas demandadas, no forma parte de aquellas que exige el artículo 334, el
hecho de que se exprese como uno de los objetivos de la ley acusada el de
favorecer la competitividad, no le da por ese simple hecho a la ley demandada, la
naturaleza de ley de intervención económica. La expresión tangencial de ese
objetivo, frente actividades económicas ajenas a las expresadas en el artículo
334 superior, no es suficiente para cambiarle la naturaleza a la ley que se
destaca. En otras palabras, que uno de los objetivos previstos en el
artículo 334 Superior se cumpla tangencialmente, no implica la definición de la
naturaleza jurídica de la ley como de intervención económica, cuando la
actividad a la que apela la ley que se estudia, no corresponde a las actividades
económicas que se describen en el artículo 334 de la Constitución.
En consecuencia, se concluye que la ley en su conjunto, tiene
que ver más con la consolidación de facultades de intervención en la libertad
de empresa, que con la regulación de aspectos conducentes a fijar directrices
sustantivas sobre uno de los sectores económicos establecidos en el artículo
334 superior, relacionado con los derechos de autor, como bienes intangibles.
Exequibilidad de las normas acusadas.
35.- Las conclusiones anteriores llevan a la Corte a
desestimar la demanda de la referencia y a refutar los cargos del actor, en la
medida en que al analizar de manera directa las disposiciones acusadas y
enfrentarlas a los requerimientos del artículo 150-21 de la Constitución, en
particular, a su reenvío constitucional al artículo 334 superior, se evidencia
que los artículos 31 y 32 de la Ley 1493 de 2011, no son contrarios a la Carta.
En efecto, entiende la Sala que, desvirtuada la
relación existente entre las normas demandadas y las leyes de intervención
económica de las que da cuenta el artículo 334 constitucional, las demás
exigencias que el actor reclama al Congreso, para el caso de los artículos en
mención, no son aplicables a la naturaleza directa de las disposiciones
acusadas.
A esta conclusión llega la Sala, al encontrar que las normas
demandadas por el actor, no pertenecen en modo alguno a una ley de las
denominadas de  intervención económica y que por esta razón, no le son
aplicables los demás requerimientos a los que alude el resto del artículo
150-21, frente a las leyes de esa naturaleza.
36.- Desde esta perspectiva, entiende la Sala, - en
oposición a lo señalado por la Vista Fiscal -, que el análisis realizado por la
Corte en este caso, es un examen de fondo de las normas atacadas, y no un
estudio preliminar, que conduzca a un fallo inhibitorio. Por ende, en
contraposición a lo alegado por el Procurador General, no se requiere que la
Corte deba declararse inhibida para dar cuenta de un pronunciamiento en este
caso, porque aparentemente no existe parámetro alguno de constitucionalidad.
La razón de una aproximación diferente de esta
Corporación a este asunto, en desmedro de la perspectiva del Procurador, se
explica de la siguiente forma: no era posible para la Corte arribar a la
conclusión a la que se llegó en esta providencia, sin adelantar un análisis de
fondo sobre las exigencias del artículo 150-21 constitucional, en particular,
de la primera de ellas, que corresponde al reenvío directo al artículo 334
superior que hace dicha norma, en materia de leyes de intervención económica.
Por ende,  independientemente de que la Corte no haya
podido ahondar en las demás exigencias de finalidad, alcances y límites a la
libertad económica que propone el actor en su escrito y de las que da cuenta el
resto del artículo 150-21 de la Carta, ello no significa que el análisis haya
implicado la imposibilidad de pronunciamiento de fondo de esta Corporación o la
inexistencia de un parámetro de evaluación constitucional que deje a las normas
acusadas huérfanas de la posibilidad de una confrontación frente a los
artículos constitucionales analizados. De hecho, como se ha visto, las normas atacadas
fueron evaluadas, con fundamento en el reenvío normativo que propone el mismo
artículo 150-21 de la Constitución, mediante una confrontación directa y de
contenidos normativos, con lo dispuesto en el artículo 334 constitucional.
En ese orden de ideas, el que la Corte Constitucional haya
confrontado las normas acusadas frente a uno de los elementos directos
del mencionado artículo 150-21; que haya hecho un análisis de fondo sobre las
exigencias del artículo 334 constitucional, - reenviado por el artículo
constitucional anterior-y haya evaluado finalmente las normas acusadas tomando
en consideración varias de las apreciaciones del actor, supone de por sí, un
pronunciamiento de fondo de esta Corporación. La limitación en el análisis a
ese aspecto en particular, - el del reenvío constitucional -, y no a los demás
aspectos alegados por el actor, no es razón suficiente para cuestionar la
existencia de un fallo constitucional de fondo. De hecho, aunque no adelantó un
análisis de todos los argumentos presentados por el ciudadano, por las razones
ya expuestas, sí se dio cuenta de todos ellos, al admitir que el resto
de sus quejas sobre la finalidad, alcance y límites a la libertad económica, son
exigencias que no le son aplicables al Legislador en este caso, dada la
naturaleza de las normas enunciadas.
En consecuencia, la Corte Constitucional en esta
oportunidad, ha hecho un juicio de constitucionalidad de fondo, al cotejar los
artículos 150.21 – en particular frente al reenvío al artículo 334 de la Carta-,
con las normas acusadas, encontrando que los cargos presentados por el actor no
comprometen la constitucionalidad de tales disposiciones jurídicas. No se trata
en esta oportunidad de un caso en que exista imposibilidad jurídica de tomar
una determinación constitucional en un sentido u otro. Se trata sólo de una
situación en que no prosperan los cargos de la demanda, porque la naturaleza de
las normas atacadas no hace necesario exigirle al actor las premisas normativas
a las que alude el artículo 150.21 de la Constitución.
VII.   DECISION
En mérito de lo expuesto, la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Declarar EXEQUIBLES, por los cargos examinados,
los artículos 31 y 32 de la
Ley 1493 de 2011.
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Presidente (E)
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
Ausente con permiso
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
Ausente con excusa
MARÍA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Magistrada
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
ANDRÉS MUTIS VANEGAS
Secretario General
[1] ARTICULO 150 C.P. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por
medio de ellas ejerce las siguientes funciones: (…). 21. Expedir las leyes de
intervención económica, previstas en el artículo 334, las cuales
deberán precisar sus fines y alcances y los límites a la libertad económica”.
[2] M.P. Dra. Clara Inés Vargas. Plan
Nacional de Desarrollo.
[3] M.P. Dra. Clara Inés Vargas.
[4] M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[5] M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[6] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
[7] M.P. Mauricio González Cuervo.
[8] A diferencia de lo que establece nuestra Constitución, en otros
países los defensores de un estado mínimo rechazan que el Estado pueda
legítimamente intervenir para redistribuir la propiedad o el ingreso porque
estiman que ello es contrario a la libertad, crea sobre costos y trabas a la
iniciativa privada y es fuente de privilegios. Ver, por
ejemplo, Nozick, Robert. Anarchy, State and Utopia. Blackwell. Oxford,
1974; Hayeck, Frederich. Law, legislation and
liberty. Volumen 3. Routledge, Londres, 1979. Ello coincide con los intentos de desregular algunas industrias y
sectores así como de reducir la autonomía de los órganos de regulación en
Estados Unidos y en Gran Bretaña durante la década de los ochenta.
[9] La Corte agrega que, además de las funciones citadas, se
encuentra la de asignación, es decir, la de distribución de recursos entre los
diferentes órganos del Estado. Esta función se puede concretar al desarrollarse
cualquiera de las cuatro básicas mencionadas.
[10] C-150 de 2003.
[11] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[12] Cfr. Sentencia C-955 de 2007. M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra.
[13] ARTICULO 150 C.P. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por
medio de ellas ejerce las siguientes funciones: (…). 21. Expedir las leyes de
intervención económica, previstas en el artículo 334, las cuales
deberán precisar sus fines y alcances y los límites a la libertad económica”.
[14] M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[15] M.P. Mauricio González Cuervo.
[16] Cfr. Sentencia C-337 de 2007. M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa.
[17] Sentencia C-287 de 2014 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[18] Art. 243-2º C.P.
[19] Sentencia C-337 de 2007. M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa.
[20] Sentencia C-478 de 1998. M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra.
[21] Sentencia C-113 de 1993. M.P. Jorge
Arango Mejía.
[22] Sentencia C-153 de 2002. M.P. Clara Inés
Vargas.
[23] Sentencia C-543 de 1992. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[24] Sentencia C-337 de 2007. M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa.
[25] Sentencia C-774 de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[26] Sentencia C-382 de 2005. M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa.
[27] Sentencia C-069 de 2013. M.P. Jorge
Pretelt Chaljub.
[28] Para consultar los alcances y diferencias entre cosa juzgada
relativa y cosa juzgada absoluta se pueden consultar los siguientes fallos:
C-366 de 2006, C-850 de 2005, C-710 de 2005, A-163 de 2005, C-914 de 2004,
C-1004 de 2003, C-567 de 2003, C-063 de 2003, C-415 de 2002, C-045 de 2002, entre otras.
[29] Sentencia C-337 de 2007.M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa.
[30] Sentencia C-031 de 2012.M.P. Humberto
Sierra Porto.
[31] Sentencia
C-976 de 2002. M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[32] Decreto 2067 de 1992. Art. 6º. “Se
rechazarán las demandas que recaigan sobre normas amparadas por una sentencia
que hubiera hecho tránsito a cosa juzgada o respecto de las cuales sea
manifiestamente incompetente. No obstante estas decisiones también podrán
adoptarse en la sentencia”.
[33] Sentencia C-1022 de 2012 M.P.  Luis Ernesto Vargas Silva.
[34] Cfr. Auto de Sala Plena, A-174 de 2001.
[35] Sentencia C-382 de 2005. M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa.
[36] Sentencia C-382 de 2005. M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa.
[37] Sentencia C-382 de 2005. M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa.
[38]Sentencia C-291 de 2000. M.P. José Gregorio Hernández Galindo, y
C-108 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[39] Sentencia C-478 de 1998. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[40] Sentencia C-532 de 2013. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[41] Sentencia C-489 de 2000. M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[42] Cfr. sobre estos aspectos, entre otros,
las fallos C-397 de septiembre 7 de 1995 y C-700 de septiembre 16 de 1999,
ambos con ponencia del Magistrado José Gregorio Hernández Galindo; C-1062 de
agosto 16 de 2000, M. P. Álvaro Tafur Galvis; C-415 de 2002 y C-931 de 2008 ya
referidos; y C-729 de octubre 14 de 2009,
M. P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[43] Dijo la
sentencia en mención lo siguiente: "PRIMERO.- Declarar EXEQUIBLES los artículos 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33 y 34 de la Ley 1493 de 2011, por los cargos analizados".
[44] La parte pertinente de la resolutiva dice lo siguiente: " Tercero.- Declarar EXEQUIBLES, por los cargos examinados,
los artículos 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34 de la Ley 1493 de
2011, en la demanda del expediente D-9676".
[45] Sentencia C-561 de 2002. M.P. Rodrigo
Escobar Gil.
[46] Sentencia C-1052 de 2001. M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa. Ver también las sentencias
C-568 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, C-856 de 2005 M.P. Clara Inés
Vargas y recientemente la sentencia C-503 de 2014 M.P.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, entre otras.
[47] Cfr. Sentencia C-1052 de 2001. M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa.
[48] Cfr. Sentencia C-1052 de 2001. M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa.
[49] Cfr. Sentencia C-1052 de 2001. M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa.
[50] El siguiente recuento normativo y
jurisprudencial corresponde, en parte, a las consideraciones presentadas en las
sentencias  C-361 de 2013 y C-851 de 2013. M.P. Mauricio González Cuervo.
[51] Algunos autores destacan como parte de la
Propiedad intelectual, de un lado los Derechos de Autor y del otro, la
Propiedad Industrial.
[52] Sentencia C-851 de 2013. M.P. Mauricio
González Cuervo.
[53] M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[54]"Artículo 61 C.P. El Estado protegerá la propiedad
intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la
ley".
[55]Artículo 150-24. C.P. "Corresponde
al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes
funciones: (...) 24. Regular el régimen de propiedad industrial, patentes y
marcas y las otras formas de propiedad intelectual".
[56] M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[57] Sentencia C-276 de 1996 y C-975 de 2002.
[58] Ver entre otras sentencias, C-276 de 1996, C-533 de 1993, C-924
de 2000, C-1139 de 2000, C-053 de 2001, C-975 de 2002, C-509 de 2004, SU-913 de
2009, C-523 de 2009.
[59] Sentencia C-523 de 2009.
[60] Sentencia C-851 de 2013. M.P. Mauricio
González Cuervo.
[61] La sentencia C-1490 de 2000 se estableció que, atendiendo al
carácter fundamental de los derechos morales de autor, la
Decisión Andina 351 de 1993, por la cual se regula el régimen común sobre
derechos de autor, hace parte del bloque de constitucionalidad.
[62] C-155 de 1998.
[63] Ibídem.
[64] Sentencia C-792 de 2002. M.P. Jaime
Córdoba Triviño y C-124 de 2013. M.P. Jorge Pretelt
Chaljub
[65] Regulado por los artículos 11, 11 ter, 14 y 14 bis. En términos generales, la
Convención de Berna incluye en este apartado todas las obras,
independientemente de su género, susceptibles de ser representadas.
[66] Regulada por el artículo 11 bis de la
Convención de Berna. Autoriza a los Estados a imponer medidas más restrictivas
que en el caso de los derechos de representación que son derechos exclusivos.
[67] Sentencia C-792 de 2002. M.P. Jaime
Córdoba Triviño.
[68] Ríos Ruiz, Wilson. “Derechos de autor y derechos conexos en la
televisión por satélite y televisión por cable”. En: Revista la propiedad
inmaterial. Universidad Externado de Colombia. Bogotá, 2003.
[69] C-155 de 1998.
[70] M.P. Mauricio González Cuervo
[71] Sentencia C-509 de 2004 M.P. Eduardo Montealegre Lynett
[72] Sentencia C-124 de 2013. M.P. Jorge Pretelt Chaljub
[73] Sentencia C-124 de 2013. M.P. Jorge Pretelt Chaljub
[74] Sentencia C-124 de 2013. M.P. Jorge Pretelt Chaljub.
[75] Sentencia C-792 de 2002. M.P. Jaime
Córdoba Triviño.
[76] Sentencia C-265 de 1994.
[77] Art. 13. Tales atribuciones son las siguientes: //1. Representar
a sus socios ante las autoridades jurisdiccionales y administrativas en todos
los asuntos de interés general y particular para los mismos. //Ante las
autoridades jurisdiccionales los socios podrán coadyuvar personalmente con los
representantes de su asociación, en las gestiones que éstos lleven a cabo y que
los afecten. //2. Negociar con los usuarios las condiciones de las
autorizaciones para la realización de actos comprendidos en los derechos que
administran y la remuneración correspondiente, y otorgar esas autorizaciones,
en los términos de los mandatos que estos le confieran y sin desconocer las
limitaciones impuestas por la ley. //3. Negociar con terceros el importe de la
contraprestación equitativa que corresponde cuando éstos ejercen el recaudo del
derecho a tales contraprestaciones. //4. Recaudar y distribuir a sus socios,
las remuneraciones provenientes de los derechos que le correspondan. Para el
ejercicio de esta atribución las asociaciones serán consideradas como
mandatarias de sus asociados por el simple acto de afiliación a las mismas. //5.
Contratar o convenir, en representación de sus socios, respecto de los asuntos
de interés general o particular. //6. Celebrar convenios con las sociedades de
gestión colectiva extranjeras de la misma actividad o gestión. //7. Representar
en el país a las sociedades extranjeras con quienes tengan contrato de
representación ante las autoridades jurisdiccionales y administrativas en todos
los asuntos de interés general y particular de sus miembros, con facultad de
estar en juicio en su nombre. //8. Velar por la salvaguardia de la tradición
intelectual y artística nacional. //9. Las demás que la ley y los estatutos
autoricen.”
[78] Sentencia C-265 de 1994 Alejandro Martínez Caballero
[79] Sentencia C-509 de 2004. M.P. Eduardo
Montealegre Lynett
[80] Sentencia C-509 de 2004. M.P. Eduardo
Montealegre Lynett
[81] Sentencias C-124 de 2013, C-509 de 2004 y  C-265 de 1994.
[82] Sentencia C-265 de 1994 M.P. Alejandro
Martínez Caballero
[83] Sentencia C-833 de 2007. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[84] De acuerdo con la sentencia C-124 de 2013, actualmente las
únicas sociedades con personería jurídica y autorización de funcionamiento son la
Sociedad de Autores y Compositores de Colombia – SAYCO-, la
Asociación Colombiana de Intérpretes y Productores Fonográficos – ACINPRO-, el
Centro Colombiano de Derechos Reprográficos – CEDER-, la
Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales de Colombia –
EGEDA Colombia- y los Actores con autorización de funcionamiento.
[85] Sentencia C-265 de 1994. M.P. Alejandro
Martínez Caballero.
[86] Sentencia C-265 de 1994. M.P. Alejandro
Martínez Caballero.
[87] Sentencia C-615 de 2002. En igual
sentido, en la sentencia C-697 de 2008, la Corte señaló: “La Corte reafirma así, una vez más, su jurisprudencia sobre la
importancia de las libertades económicas como base del desarrollo económico y
social, y garantía fundamental de una sociedad democrática y pluralista.
Reitera, así mismo, la existencia de límites que  la Constitución expresamente
establece en relación con el ejercicio de esas libertades como son la defensa
del interés social (Art. 333 C.P.) y los deberes de intervención del Estado
(Art. 334 C.P.) como estrategia de armonización de los intereses privados
presentes en la actividad empresarial de los particulares, con el interés
general que en determinados casos, involucra tal actividad.”
[88] Sentencia C-228 de 2010. M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva.
[89] Sentencia C-228 de 2010. M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva.
[90] A diferencia de lo que establece nuestra Constitución, en otros
países los defensores de un estado mínimo rechazan que el Estado pueda
legítimamente intervenir para redistribuir la propiedad o el ingreso porque
estiman que ello es contrario a la libertad, crea sobre costos y trabas a la
iniciativa privada y es fuente de privilegios. Ver, por
ejemplo, Nozick, Robert. Anarchy, State and Utopia. Blackwell. Oxford, 1974; Hayeck, Frederich. Law, legislation and liberty. Volumen 3. Routledge, Londres, 1979. Ello
coincide con los intentos de desregular algunas industrias y sectores así como
de reducir la autonomía de los órganos de regulación en Estados Unidos y en
Gran Bretaña durante la década de los ochenta.
[91] La Corte agrega que, además de las funciones citadas, se
encuentra la de asignación, es decir, la de distribución de recursos entre los
diferentes órganos del Estado. Esta función se puede concretar al desarrollarse
cualquiera de las cuatro básicas mencionadas.
[92] Sentencia C-150 de 2003. M.P. Manuel José
Cepeda.
[93] M.P. Manuel José Cepeda.
[94] Ibídem.
[95] Ibídem.
[96] Ibídem.
[97] Sentencia C-228 de 2010. M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva.
[98] Sentencia C-124 de 2013. M.P. Jorge
Pretelt Chaljub.
[99] Sentencia C-851 de 2013. M.P. Mauricio
González Cuervo.
[100] M.P. Jorge Pretelt Chaljub.
[101] Sentencia C-851 de 2013. M.P. Mauricio
González Cuervo.