T-429-10
Sentencia T-429/10
Sentencia T-429/10
ACCION DE TUTELA CONTRA DIRECTOR DE PENITENCIARIA-Pago por su labor como distribuidor de alimentos dentro del pabellón
carcelario
TRABAJO CARCELARIO-Cumple
un fin resocializador y es un elemento dignificante que permite al condenado redimir
su pena
El trabajo
penitenciario cumple una finalidad distinta a aquella que procura el trabajo
libre, pues además de cumplir un fin resocializador y ser un elemento
dignificante, permite al condenado redimir su pena. De hecho, esta última
consecuencia del trabajo penitenciario debe ser entendida, en parte, como una
retribución que recibe el preso por las jornadas trabajadas. Por esta razón –
la posibilidad de redimir la pena -, esta Corporación ha señalado que el
trabajo penitenciario, como derecho, está íntimamente ligado a la libertad. En
igual sentido, es una obligación del Estado proveer los puestos suficientes
para que toda la población carcelaria cuente con posibilidades de trabajar.
TRABAJO PENITENCIARIO EN LA
DOCTRINA Y EN LA JURISPRUDENCIA
La dignidad humana implica la intangibilidad de ciertos bienes, por
esta razón toda pena debe ser proporcional y con ella no pueden afectarse los
derechos más allá de los fines resocializadores de la misma. Es un hecho que,
como se ha dicho, el castigo acarrea una carga sobre el cuerpo y que el trabajo
penitenciario conlleva una afectación a la voluntad – toda vez que es impuesto
como parte del tratamiento penitenciario -, sin importar si se presta
directamente al Estado o, a través de él, a particulares; por lo anterior, los
reclusos se hallan dentro de una condición disminuida de disponibilidad sobre
su fuerza de trabajo, que es legítima dentro del ordenamiento jurídico
colombiano siempre y cuando sea proporcional. Sin embargo, debido a que la
Constitución protege al trabajo en todas sus modalidades[1] y que los
convenios internacionales así como la legislación interna expresamente se
refieren al derecho de los reclusos de recibir remuneración equitativa – sin
distinción alguna -, pues –se reitera– el artículo 14 del Convenio 29 de la
OIT exige la remuneración en metálico, la
Sala estima que el trabajo penitenciario debe ser retribuido también mediante
el pago de una bonificación, pues este pago, por servirse de la fuerza de
trabajo de un sujeto privado de la libertad, hace parte de la esfera de bienes
intangibles de la población reclusa. Lo anterior, por cuanto como se ha dicho,
es un elemento del que depende la efectividad de los fines resocializadores de
la pena; lo que significa, entre otras, formarse en la cultura de la
satisfacción personal de adelantar una labor productiva y legítima por la cual
ser no sólo recompensado sino también reconocido. Así las cosas, el usufructo
gratuito del trabajo del recluso acarrearía tanto una limitación desproporcionada
de los derechos de los internos, como un desconocimiento frontal de sus
propósitos institucionales.
TRABAJO PENITENCIARIO-No es jurídicamente
aceptable la privación de la correspondiente remuneración que por su trabajo
deben percibir
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO-Orden de
cancelar por cada hora trabajada el equivalente que le pagó a los demás
reclusos que desempeñaron actividades bajo la modalidad de administración
directa
El gestor del amparo laboró como
distribuidor de alimentos, cuando era sindicado, un total de 3608 horas entre el doce (12) de julio
de dos mil seis y el veintitrés (23) de diciembre de dos mil siete (2007). Por
lo tanto, la entidad demandada deberá cancelarle por cada hora trabajada el
equivalente que le pagó a los demás reclusos que desempeñaron actividades bajo
la modalidad de administración directa durante ese término. La
Sala constata que el señor Roso Santamaría Benavides, al haber trabajado bajo
la modalidad de administración directa como distribuidor de alimentos tiene
derecho a que le sean canceladas las bonificaciones correspondientes por la
labor desempeñada, pues el hecho de que estuviera privado de la libertad al
momento de desempeñar la labor, no autoriza que su fuerza de trabajo sea
usufructuada gratuitamente. En cuanto al monto de las mismas, la
Sala determina que deberá ser como mínimo igual a aquél recibido por los demás
reclusos que trabajaron bajo la modalidad de administración directa. Por lo
demás, dado que el accionante solicitó que le fueran canceladas bonificaciones
con valores como mínimo iguales a las recibidas por los demás reclusos que
desempeñaron labores similares a la suya, se procederá en tal sentido. Ahora
bien, es importante reiterar que, al no haberle cancelado estos dineros, la
autoridad pública accionada conculcó sus derechos fundamentales al trabajo y a
la igualdad. Dado que la autoridad judicial cuya sentencia se revisa no
protegió los derechos invocados por el actor, la
Sala revocará la sentencia de instancia y en su lugar ordenará efectuar los pagos
por los días laborados con los mismos montos que se le asignaron a los demás
reclusos que trabajaron durante ese tiempo y que recibieron la mencionada
bonificación.
Referencia:
expediente T-2.170.173
Acción de tutela instaurada por Roso Santamaría Benavides contra el
Director de la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Palogordo – Girón.
Magistrado Ponente:
Dr. JUAN CARLOS HENAO PÉREZ
Bogotá,
D.C., veintiocho (28) de mayo de dos mil diez (2010)
La Sala
Tercera de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por los Magistrados GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO, JORGE IVÁN PALACIO PALACIO y JUAN CARLOS HENAO
PÉREZ, quien la preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, profiere la siguiente
SENTENCIA
dentro del trámite
de revisión del fallo proferido por el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de
Bucaramanga, el veinticinco (25) de noviembre de dos mil ocho (2008), en el
asunto de la referencia.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
El diez (10) de noviembre de dos mil ocho (2008),
Roso Santamaría Benavides interpuso acción de tutela contra el Director de la
Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Palogordo - Girón, por considerar
que éste conculcaba sus derechos fundamentales a la igualdad y al trabajo.
Los hechos relatados
por la parte demandante en la acción de tutela se resumen así:
1.
Manifestó que el tres (3) de mayo de dos mil cinco
(2005) llegó a la penitenciaría de Palogordo, siendo trasladado posteriormente
a la cárcel Modelo de Bucaramanga, donde se encuentra actualmente recluido en
el pabellón 6º.
2.
El veinticinco (25) de agosto de dos mil ocho
(2008) solicitó al director de la
Penitenciaría de Palogordo que le “(…) pagara lo laborado como distribuidor
de alimentos dentro del pabellón  10 b[,] desde el 12 de julio de 2006 hasta el
14 de enero de 2008  (…)” (Cuad. 1, folio 2).
3.
Como respuesta a su petición, se le comunicó que “(…)
esta actividad de distribuidor de alimentos no esta (sic) contemplada dentro de
la circular  032 de 2006 como actividad a bonificar (…)” (Cuad. 1, folio
2), por lo que no sería cancelada.
4.
El director de la penitenciaría le indicó,  como
fundamento de la negativa a pagarle la bonificación, que debido a que “(…)
dur[ó] un tiempo sindicado no [tenía] derecho a dicha bonificación (...)”
(Cuad. 1, folio 4).
5.
Manifestó que “(…) para obtener un beneficio
administrativo[,] cualquier juez de la república solicita de que (sic) el
interno halla (sic) descontado desde el primer momento en que queda privado de
la libertad. Por tal motivo[,] el hecho de haber estado un tiempo sindicado no
[le] quita el derecho a que se [le] cancele lo laborado como distribuidor de
alimentos” (Cuad. 1, folio 4).
6.
Adujo que la mencionada bonificación sí ha sido
cancelada a otros internos, que también han interpuesto acciones de tutela para
que les sea pagada.
2. Solicitud de la tutela
Considerando conculcados sus derechos
fundamentales al trabajo y a la igualdad, el accionante solicitó al juez
constitucional que ordenara al Director de la
Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Palogordo - Girón - que le “(…)
cancele la bonificación laborada como distribuidor de alimentos dentro del
pabellón  10 B desde el 12 de julio de 2006 hasta el 14 de enero de 2008”
(Cuad. 1, folio 6).
3. Intervención de la parte demandada
Obrando dentro del
término conferido por la autoridad judicial para ejercer su derecho de defensa,
el director de la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Palogordo –
Girón - intervino en el presente proceso solicitando al juez constitucional que
declarara improcedente la acción interpuesta.
El demandado señaló
que las actividades de redención se crearon con fines terapéuticos y como
medios para lograr más rápidamente la libertad, descontando tiempo físico de la
condena. Así mismo, busca capacitar a los internos en competencias laborales.
Sin embargo, “(…) en ningún momento quiso el legislador darle alcance o
equipararlo al trabajo que se (sic)  desempeñan los particulares” (Cuad. 1,
folio 39).
Enfatizó que “(…)
si bien es cierto [que] el artículo 86 de la ley 65 de 1993 establece que los
internos [se] remunerarán de manera equitativa, también es cierto que este tipo
de incentivo esta (sic) supeditado de (sic) la actividad de redención que
desempeñan, como quiera que la
Dirección General por medio de la subdirección de tratamiento y  la circular
032 de 04 de Julio de 2006 establecen las actividades que recibe incentivo de
acuerdo [a] caracterización del trabajo que desarrolla dentro del centro de
reclusión (…)” (Cuad. 1, folio 39). En este sentido, señaló que esa
circular impone un tope de cupos de actividades a remunerar – 146 -, que debe
ser equitativa y que responde a una política penitenciaria estatal.
Manifestó que el
establecimiento penitenciario obedece las directrices de la
Dirección General del INPEC, que es la que establece qué actividades han de
ser remuneradas. “En la actualidad ningún interno que descuente pena como
distribuidor de alimentos bonifica[,] como quiera que no esta (sic) descrita
taxativamente en la circular mencionada (…)” (Cuad. 1, 40). En este
orden, señaló que la asignación para las bonificaciones ha sido efectuada por
órganos Estatales competentes, por lo que “(…) el juez de tutela debe ser
muy prudente en invadir orbitas (sic) que están  por vía reglamentaria asignadas
a otra rama del poder público (…)”(Cuad. 1, folio 40) .
Arguyó que el pago
corresponde exclusivamente a aquellas actividades taxativamente contempladas en
la Circular, como son las “(…) labores agrícolas o industriales con
empresas o personas de reconocida honorabilidad, es decir a la modalidad de
administración indirecta” (Cuad. 1, folio 43) y reiteró que existe un cupo
específico para “(…) actividades que compartan el estímulo económico (…)”(Cuad.
1, folio 46).
Así mismo, señaló
que el pago de determinadas actividades frente a otras, no se convierte en una
discriminación, mas sí en un trato diferente sustentado en “(…) motivos de
seguridad, de resocialización y para el cumplimiento de la sentencia y de la
política penitenciaria y carcelaria”(Cuad. 1, folio 40). De igual modo,
argumentó que el actor no puede alegar afectación alguna a su mínimo vital,
pues “(…) el centro de reclusión le suministra los elementos necesarios para
vivir dignamente (…)”(Cuad. 1, folio 41).
Indicó que “(…)
el competente para resolver los asuntos concernientes al pago de bonificaciones
es de resorte exclusivo de la
Dirección General, como quiera que [su] despacho sólo sigue los lineamientos
establecidos en la circular mencionada (…)”(Cuad. 1, folio 42).
Finalmente, señaló
que las bonificaciones son estímulos que no alcanzan una cobertura general para
toda la población carcelaria. Por este motivo, se encuentra sometida a una
reglamentación bajo criterios de racionalidad y equidad para su asignación, que
las circunscriben exclusivamente al ámbito  de trabajo por administración
indirecta. Concatenado a lo anterior, es la
Dirección General del INPEC la que determina las actividades que serán
cubiertas con esta bonificación. Así las cosas, “(…) corresponde a los
Directores de los Establecimientos, en coordinación con la
Junta de evaluación de trabajo, estudio y enseñanza, reglamentar internamente
la distribución de los cupos asignados, que tiene una cobertura muy limitada en
relación con el número de internos (…)”(Cuad. 1, folio 46).
4. Pruebas relevantes aportadas al
proceso
a.
Copia de la petición presentada por Roso Santamaría
Benavides, el veintiséis (26) de agosto de dos mil ocho (2008), al Director de la
Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Girón, en la cual solicita que se
le “(…) cancele el tiempo laborado como distribuidor de alimentos dentro del
pabellón  # 10 B (…) del 12 de julio de 2006 hasta el 14 de enero [de] 2008.”
Así mismo, sustenta su petición indicando que espera este pago “(…) así como
a los demás internos se les ha cancelado lo trabajado en esta área, de la misma
forma quiero que se me cancele.” (Cuad. 1, folio 8).
b.     Respuesta expedida a la petición del demandante, el dieciséis (16) de
septiembre de dos mil ocho (2008), por la
Dependencia de Tratamiento y Desarrollo, en la cual se indica que “(…) la
actividad de distribuidor de alimentos no está contemplada dentro de la
circular No. 032 de 2006 como actividad ha (sic) bonificar. Por otra parte, es
importante señalarle que usted en este establecimiento de reclusión perteneció
al pabellón 10B – sindicado, en donde la ley señala atención integral, mas no
tratamiento penitenciario por su condición jurídica”. (Cuad. 1, folio 9).
c.
Copias de certificados de cómputo por trabajo y/o
estudio, expedidas por el Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana
Seguridad de Girón, con fecha dieciocho (18) de enero y dieciocho (18) de julio
de dos mil siete (2007) – respectivamente -, en las cuales se indica que el
accionante ha laborado 1164 horas entre julio y diciembre de dos mil seis
(2006) y 1244 horas entre enero y junio de dos mil siete (2007). (Cuad. 1,
folios 12 y 13).
d.     Memorando de la Dirección Regional de Oriente para los Directores y
Pagadores de los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios y Reclusiones de
Mujeres adscritos a la Regional, con fecha diecisiete (17) de junio de dos mil
ocho (2008), en el cual “(…) se reitera el estricto cumplimiento de los
cupos aprobados y las actividades propias para bonificación en la circular [032
de 2006]”. (Cuad. 1, folio 28)
e.
Copia de la
Resolución 2392 de 2006, Por medio de la cual se reglamentan las
actividades válidas para redención de pena en los Establecimientos de Reclusión
del Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario y se deroga la
Resolución 7447 de 2005,  en la cual se indica que “(…) El Sistema de
Oportunidades Constituye una oportunidad para los (as) internos (as) para
descontar tiempo físico de condena cuyo reconocimiento está a cargo de la
autoridad judicial de conocimiento (…)”. (Cuad. 1, folio 48 y ss.)
f.
Copia de la
Circular 032 del cuatro (4) de julio de dos mil seis (2006), en la cual, “(…)
con el fin de racionalizar los cupos en el Área de Servicios por Administración
Directa[,] se establecen los cupos máximos por Establecimiento de Reclusión y actividades
ocupacionales que tienen reconocimiento económico por el Rubro de Bonificación
por trabajo y Servicio de Internos, como parte del tratamiento penitenciario
(…). [Éstas son:] aquellas labores estrictamente necesarias para el buen
funcionamiento del establecimiento y en beneficio general de la población
reclusa: Se discriminan y agrupan de la siguiente manera: Labores de
recuperadores (…), Brigadas de limpieza (…), Labores de Vigía de Agua (…),
Labores de reparaciones locativas (…), Labores de anunciadores (…), Labores de
Peluquería (…), Labores de Lavandería (…) Labores de internos instructores (…).
En cada establecimiento de Reclusión, tendrán derecho a recibir el incentivo
económico los internos autorizados por la
Junta de Evaluación, Trabajo, Estudio y/o Enseñanza (…). Cupos Máximos
(…)EPAMS Girón: 146 (…)”. (Cuad. 1, folio 52
a 57)
g.     Copia de acción de tutela presentada por Evert Rodríguez contra el
Director de la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Girón, fallada el
veintitrés (23) de mayo de dos mil ocho (2008), por el Juzgado Noveno del
Circuito Administrativo de Bucaramanga. En dicha sentencia se concedió el
amparo solicitado y se ordenó “(…) efectuar el reconocimiento de las
bonificaciones que correspondan (…)” por la labor desempeñada “(…) como
distribuidor de alimentos (…)”. (Cuad. 1, folios 14
a 15).
II. SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN
Conoció de la causa el Juzgado Séptimo Civil
del Circuito de Bucaramanga, quien mediante providencia del veinticinco (25) de
noviembre de dos mil ocho (2008) resolvió denegar el amparo solicitado.
Consideró el juez de instancia que el
trabajo adelantado por el demandante correspondió a la administración directa.
Esta última, según la Resolución 2392 de 2006, es aquélla en la cual el
Establecimiento de Reclusión pone a disposición de los internos los recursos
productivos del Estado necesarios para el desarrollo de la actividad. Así, los
únicos que deben recibir la remuneración son los internos que trabajan bajo la
administración indirecta. Ésta segunda es aquella que sucede cuando la
administración del Establecimiento pone a disposición de  personas naturales o
jurídicas sus recursos físicos, para que lleven actividades productivas con
vinculación de mano de obra interna. En este orden de ideas, al tratarse de
actividades desarrolladas bajo modalidades administrativas diferentes, no se
conculca el derecho fundamental a la igualdad del demandante.
De otro lado, enfatizó que por las
circunstancias en que vive el recluso no puede predicarse una afectación del
mínimo vital, pues éste recibe todo lo que necesita del Estado. Por tal razón,
al no serle cancelada bonificación alguna no se le transgrede el mencionado
derecho.
Concluyó indicando que “(…) bajo el
entendido [de]  que la accionada a (sic) dado cumplimiento a la normatividad
que lo regula [, según la cual ningún interno que descuenta pena como
distribuidor de alimentos recibe tal bonificación], este despacho no encuentra
violación al derecho a la igualdad porque estas dos circunstancias hacen que su
situación sea diferente a la de los otros internos trabajadores. Esto es, se
encuentra en una situación de hecho diferente. Es que la persona que instaura
la tutela, debió recibir atención integral y no tratamiento penitenciario, que
es el que contempla la posibilidad de remuneración por el trabajo desarrollado
(…)”(Cuad. 1, folio 61).
III.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
Remitido el
expediente a esta Corporación, la Sala de Selección Número Dos, mediante Auto
del diecisiete (17) de febrero de dos mil nueve (2009), dispuso su revisión por
la Corte Constitucional.
1.
Competencia
Esta Corte es
competente para conocer de los fallos materia de tutela, de conformidad con lo
establecido en los artículos 86 y 241-9 de la
Constitución Política y en los artículos 31
a 36 del Decreto 2591 de 1991 y demás disposiciones pertinentes, así como por
la escogencia del caso por la Sala de Selección.
2. Actuaciones adelantadas por la
Sala de Revisión
2.1 Mediante Auto proferido el veintiocho
(28) de mayo de dos mil nueve (2009), el Magistrado Ponente ordenó vincular a la
Dirección General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) al
proceso. En consecuencia, le ordenó informar a esta Corporación sobre el
trabajo penitenciario adelantado en el Establecimiento Penitenciario de Alta y
Mediana Seguridad de Palogordo – Girón. Para esto, debía absolver como mínimo
los siguientes interrogantes:
a.
¿Qué población privada de la libertad
–condenados y en detención preventiva- están obligados a trabajar?
b.
¿Cuáles actividades laborales son
desarrolladas bajo la modalidad de administración directa y cuáles lo hacen
bajo la administración indirecta?
c.
¿Cuáles trabajos están siendo
actualmente remunerados o bonificados y cuáles no?
d.
¿Cuál es la fundamentación legal y
constitucional para que algunos trabajos sean remunerados y otros no?
e.
¿Con qué presupuesto cuenta el INPEC
para remunerar los trabajos adelantados bajo la modalidad de administración
directa?
f.
¿Qué controles existen en torno al
trabajo adelantado bajo la modalidad de administración indirecta,
específicamente relacionados con el pago de bonificaciones a personas privadas
de la libertad?
g.
¿Bajo qué modalidad –administración
directa o indirecta- trabajó el señor Roso Santamaría Benavides en el
Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de Palogordo – Girón?
En caso de haber laborado bajo la modalidad de administración indirecta ¿Con
qué particular se contrató el servicio de distribución de alimentos?
Así mismo, se
le ordenó a la Dirección General del INPEC enviar a esta Corporación copia de
los contratos celebrados - a partir de enero de dos mil seis (2006) - con
personas jurídicas de derecho privado que versaran sobre distribución de
alimentos donde se vinculara fuerza de trabajo reclusa. Finalmente, se ordenó
suspender el término para resolver la revisión del fallo dentro del proceso de
la referencia, hasta tanto se recibiera y evaluara la información solicitada.
2.2 La
Oficina Jurídica del INPEC envió respuesta al cuestionario anteriormente
transcrito, así como copia de tres contratos celebrados entre el año 2005 y el
2009. Dado que el tiempo laborado por el accionante comprendió el lapso entre
el diez (10) de julio de dos mil seis (2006) y el catorce (14) de enero de dos
mil ocho (2008), la Sala sólo hará referencia a dos de ellos. Sin embargo, se
empezará por hacer un análisis de las respuestas dadas por el INPEC en lo
atinente al cuestionario.
2.3.1 Respecto
al primer interrogante, sin responder qué población privada de la libertad está
obligada a trabajar, indicó que se les “(…) da prioridad en la ubicación de
actividades válidas de redención de pena a los internos condenados antes que a
la población sindicada (…)”. (Cuad. 3, folios 17 y 18)
2.3.2 En lo
referente al segundo punto, esto es, qué actividades laborales son
desarrolladas bajo la modalidad de administración directa y cuáles bajo la
indirecta, sin responder de fondo el cuestionamiento, se limitó a copiar un
texto del Acuerdo 011 de 1995 en el que se establecen las siguientes definiciones:
“Administración Directa: Cuando la administración del establecimiento pone
a disposición de los internos los recursos productivos del Estado,
necesarios para el desarrollo de actividades industriales, agropecuarias y de
servicios con carácter empresarial y controla directamente el desarrollo
económico y social de las mismas (…). Administración indirecta: Cuando
la administración del establecimiento pone a disposición de personas
naturales o jurídicas los recursos físicos con que cuenta el centro de
reclusión para que aquellas lleven a cabo actividades productivas con
vinculación de mano de obra reclusa en ellas. En este caso el control
del proceso de fabricación y capacitación lo ejerce directamente el
particular (…)”. (subrayas fuera del original) (Cuad. 3, folio 18)
2.3.3 En lo
referente a la tercera pregunta, relativa a cuáles trabajos están siendo
remunerados, indicó que son pagados aquellos definidos en la
Circular 032 de 2008, que contempla “(…) bajo la modalidad de
administración directa las labores estrictamente necesarias para el buen
funcionamiento del establecimiento y beneficio general (…)”. Así mismo,
reciben bonificación los trabajos realizados bajo la “administración
indirecta[,] donde se han celebrado contratos con particulares y que comprometan
la mano de obra de los internos (…)”. (Cuad. 3, folio 19)
2.3.4 Respecto
al fundamento legal y constitucional para que algunos trabajos sean remunerados
y otros no, el INPEC se limitó a indicar que según el texto del artículo 86 de la
Ley 65 de 1993 “(…) el trabajo se remunerará de manera equitativa y se
realizará en un ambiente adecuado bajo observancia de las normas de seguridad
industrial (…)”. (Cuad. 3, folio 20)
2.3.5 En lo
referente al presupuesto con que cuenta el INPEC para remunerar los trabajos
adelantados bajo la modalidad de administración directa, indicó que “para la
vigencia 2009 (…) cuenta con $3.225.679.658 [de pesos] por el rubro
Bonificación por trabajo y servicio de internos, el cual es distribuido de
manera bimensual en los 140 Establecimientos de reclusión según los cupos
máximos asignados en la circular 032 de 2006 (…)”. (Cuad. 3, folio 20)
2.3.6 Sobre el
sexto cuestionamiento, relativo a los controles existentes en torno al trabajo
adelantado bajo la modalidad de administración indirecta – específicamente en
lo relativo a las bonificaciones -, señaló que según el Acuerdo 0011 de 1995 –
artículos 62 y 63 – “(…) Los contratos que se celebren con particulares
deberán contener (…) La compensación y forma de pago que recibirá el interno.
En ningún caso, dicha remuneración podrá ser inferior al salario mínimo legal
vigente. (…)[Debe existir una] orden de trabajo expedido (sic) por la
Junta de Evaluación de Trabajo, Estudio y Enseñanza que autoriza al interno a
desempeñarse en la actividad (…).[ Así como] Planillas de control  y computo
(sic) de trabajo y estudio: que registran el tiempo dedicado por el interno a
la actividad (…) [y] Nómina de Bonificación por trabajo  y servicio interno
(…)”. (Cuad. 3, folios 21 a 23)
2.3.7 Respecto
a la séptima pregunta, relativa a la modalidad de administración en que se
desempeñó el accionante, el INPEC señaló que “(…) verificada la cartilla
biográfica del interno (…) se evidencia que (…) fue asignado mediante acta 004
de fecha 24-12-2007 a la actividad de reparto y distribución de alimentos, la
cual forma parte de la modalidad de administración directa” (cuad. 3, folio
24). Es de anotar que el INPEC no aportó en este momento medio probatorio que
sustentara esta afirmación. Por lo mismo, como se señala a continuación, fue
necesario requerirlo para que lo hiciera. Así mismo, es importante enfatizar
que según el actor, el tiempo trabajado por él comprendió el lapso entre el
diez (10) de julio de dos mil seis (2006) y el catorce (14) de enero de dos mil
ocho (2008).
2.4 El primer
contrato enviado por el INPEC, correspondiente a la modalidad de administración
indirecta, es el 1316 de 2005, celebrado entre esta entidad y el señor José
Macdonell Lenis. Como objeto y obligaciones del contratista se observa el
suministro “(…) a la población interna del EPC. AMS. Girón, por el sistema
de precios por ración (…) de: un desayuno, un almuerzo y una comida (…). El
contratista se obliga a servir a los internos de los establecimientos señalados
(…) durante el termino (sic) de duración del contrato, durante los días lunes,
martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo los alimentos completos
(…) El Contratista deberá mantener por su cuenta en estado de aseo, las
instalaciones e instrumentos de trabajo, procesamiento y distribución de los
servicios y comprar a su costo los implementos de aseo necesarios para el
cumplimiento del objeto del contrato (…). El contratista se obliga a contratar
por su cuenta y riesgo el personal necesario para la ejecución del contrato. (…)
El personal utilizado para la preparación y manejo de los alimentos, deberá ser
preferiblemente seleccionado dentro de los internos del establecimiento (…).
Para tal efecto el Consejo de Disciplina del establecimiento escogerá aquellos
internos que sobresalgan por su buena conducta (…). El Contratista cancelará
las bonificaciones que percibirán los internos que se vinculen al programa de
alimentación dentro de los quince (15) primeros días del mes siguiente,
consignando el valor total de lo liquidado por cada uno en la
Pagaduría del Establecimiento Carcelario. Esta (sic) a su vez, cancelará el
valor que corresponda a cada interno dentro de los cinco (5) días siguientes,
haciendo previamente los descuentos que fijan las reglamentaciones del INPEC.
La bonificación de los internos será de un salario mínimo mensual legal vigente
para aquellos que laboren tiempo completo”. Como obligaciones del INPEC se
observa: “(…) ejercer el respectivo control del contrato (…), [poner] a
disposición del contratista las instalaciones de agua, energía eléctrica[,]
menaje existente y demás elementos que se encuentran en el área de cocina del
establecimiento (…)”.  (Cuad. 3, folios 34
a 40)
2.5 El segundo
contrato enviado por el INPEC es el 1319 de 2007, correspondiente a la modalidad
de administración indirecta, celebrado por esta entidad y José Macdonell Lenis.
Como objeto y obligaciones del contrato se observa: “(…) El Contratista se
obliga para con el INPEC a suministrar la alimentación a la población interna
(…). Deberá mantener por su cuenta en estado de aseo, las instalaciones e
instrumentos de trabajo, procesamiento y distribución de los servicios y
comprar a su costo los implementos de aseo necesarios para el cumplimiento del
objeto del contrato. (…) El personal utilizado para la preparación y manejo de
los alimentos deberá ser preferiblemente seleccionado dentro de los internos de
los Establecimientos. (…) El contratista cancelará las bonificaciones que
percibirán los internos que se vinculen al programa de alimentación dentro de
los quince (15) primeros días del mes siguiente, consignando el valor total de
lo liquidado por cada uno en la Pagaduría de los Establecimientos de Reclusión.
Esta (sic) a su vez, cancelará el valor que corresponda a cada Interno dentro
de los cinco (5) días siguientes, haciendo previamente los descuentos que fijan
las reglamentaciones del INPEC. La bonificación de los internos será de un
salario mínimo mensual legal vigente para aquellos que laboren tiempo completo
(…) (Cuad. 3, folios 47 a 56)
2.6 Considerando que era necesaria
información adicional, mediante Auto del veinticinco (25) de noviembre de dos
mil nueve (2009), el Magistrado Ponente ofició a la
Dirección General del INPEC para que enviara a esta Corporación copia del acta
004 del 24-12-2007. Pues, según contestó esta Entidad en el cuestionario
desarrollado anteriormente, por medio de dicha acta se asignó a Roso Santamaría
Benavides a la actividad de reparto y distribución de alimentos en la modalidad
de administración directa, en la
Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Palogordo, Girón. En el mismo
Auto, se le ordenó a la misma entidad que informara a la
Corte Constitucional sobre los siguientes puntos, adjuntando soporte
documental:
a.
Teniendo en cuenta la comunicación
remitida a esta Corte, mediante oficio de 4 de junio de 2009, suscrito por la
señora Karina Alférez Robayo, en la que se informa que a partir del 24 de
diciembre de 2007 el señor Roso Santamaría Benavides, recluso de la cárcel de
Palogordo Girón, desempeñó la labor de “reparto y distribución de alimentos”
bajo la modalidad de administración directa, determine ¿en qué consistió
dicha actividad? y ¿Por qué se clasifica bajo la modalidad de administración
directa?
b.
Según consta en los certificados de
cómputo por trabajo y/o estudio Nos.- 6487 y 7872 de 18 de enero de 2007,
expedidos por el Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de
Palogordo, Girón, el señor Roso Santamaría Benavides desempeñó labores entre
julio de dos mil seis (2006) y junio de dos mil siete (2007). Indique ¿en
qué consistieron dichas labores? ¿Bajo qué modalidad de administración –
indirecta o directa – se desarrollaron? Y ¿por qué la modalidad elegida fue esa
– ya sea directa o indirecta – y no la otra?
c.
Según las copias de los contratos No 1316 de
2005 y 1319 de 2007 enviados por el INPEC a esta Corporación, ese instituto los
celebró con el señor José Macdonell Lenis Gallego, con el objeto de “(…)
suministrar la alimentación a la población reclusa (…)”. Señale ¿qué
personas de la población reclusa trabajaron para la ejecución de tales
contratos, cómo fueron vinculadas, qué actividades concretas ejecutaron y
cuánto les pagaron a cada uno de ellos?
d.
¿Qué diferencia la actividad de reparto y
distribución de alimentos que desempeñó Roso Santamaría Benavides, de aquella
realizada por los reclusos contratados para la ejecución de los contratos nos.
1316 de 2005 y 1319 de 2007, conforme se establece en sus respectivas cláusulas
segunda, numeral 5º?
e.
Finalmente, informe si, a nivel nacional
¿existe una lista o una definición de actividades que sean desarrolladas bajo
la modalidad de administración directa? Si es así ¿Cuáles actividades están
contenidas en ella y qué razones existen para clasificarlas de esa manera?
2.7 Mediante oficio 7130 –OJU – 8739 –
TUT, recibido en esta Corporación el cuatro de diciembre de dos mil nueve
(2009), la Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario, María Pescador de Pedraza, dio respuesta al mencionado Auto en los
siguientes términos y allegando dos memorandos diferentes.
2.7.1 En cuanto al primer y segundo
cuestionamiento, relativos a la actividad laboral concreta desempeñada por el
gestor del amparo entre julio de dos mil seis (2006) y junio de dos mil siete
(2007), la modalidad de administración en que se desarrolló y la razón de que
fuera esta y no otra, la entidad relató que “(…) el interno desempeñó la
actividad de distribuidor de alimentos (…)” (Cuad.3, folio 81), e indicó
que consistía en la “(…) recepción de alimentos provenientes del servicio de
alimentación en la exclusa de ingreso al pabellón[, en la] entrega de alimentos
a los internos del pabellón [y en el mantenimiento y aseo de áreas de
distribución (…)” (Cuad. 3, folio 84). Así mismo, señaló que “(…) la modalidad
de administración en que se desarrolló esta actividad (…) es considerada como
Directa (…) por cuanto la bonificación la cancela el INPEC, el entregar los
alimentos es una actividad vital para el normal funcionamiento del
establecimiento, por eso el Instituto hace un manejo directo de esta actividad
(…)”(Cuad. 3, folio 81).
2.7.2 A su vez, la
Dirección General del INPEC adjuntó un memorando expedido por la
Directora de la EPAMS Girón, con fecha dos (2) de diciembre de dos mil nueve
(2009). En dicho escrito, sobre el primer punto del cuestionario, se indica que
“(…) de acuerdo a los lineamientos (…) [de] la
Resolución 2395 de 2005, la actividad de reparto y distribución de alimentos,
esta (sic) incluida dentro de la categoría de Actividades de Servicio de paso
inicial en el sistema de oportunidades, la cual podía ser desarrollada por
internos ubicados en fase de Alta seguridad (…)” (Cad. 3, folio 84). Así
mismo, señaló que la actividad desempeñada por el actor “(…) está
clasificada dentro de las Actividades de administración directa, ya que esta
actividad facilita la prestación de un servicio al interior del pabellón, por
lo que los pagos de bonificación para este tipo de población (…) es realizada
por el INPEC (…). Dichas actividades son desarrolladas por los internos en
tiempos y movimientos que no superan los 45 minutos de ejecución por
pabellón, en cada entrega teniendo en cuenta las tres suministradas diariamente”
(Cuad. 3, folio 85) (Subrayas fuera del original). Es de anotar, en primer
lugar, que el acta 004 de 2007 – como se señalará más adelante -, versa
realmente sobre el cambio de actividades que desempeñaban algunos internos, lo
cual se sustenta en que determinadas actividades no se encuentran validadas por
la Dirección General del INPEC en la
Resolución 2392 del tres (3) de mayo de 2006, por lo que existe una
incongruencia entre la primera respuesta y la mencionada acta. Así mismo, es
menester señalar que consta en el acervo probatorio, específicamente en los
certificados de cómputo por trabajo o estudio, que mensualmente el actor
trabajaba cerca de 200 horas al mes (Cuad. 1, folios 12 y 13). Por lo mismo, la
respuesta de que el señor Santamaría Benavides laboraba sólo 45 minutos -tres
veces al día-, no puede ser cierta. Respecto al segundo punto, concerniente a
en qué consistieron las labores desempeñadas, el memorando señala que “(…)
en el periodo 2006-2007 no es posible determinar el tipo de actividad que
desarrollaba [el accionante], pues una vez fue trasladado al EPMSC se adjuntó
la cartilla de tratamiento (…)” (Cuad. 1, folio 85). En cuanto a la
población interna que trabajó para el desarrollo de los contratos No 1316 de
2005 y 1319 de 2007, señaló que “(…) laboraron en el servicio de
alimentación aproximadamente 150 internos (…)” (Cuad. 1, folio 85). Empero,
no indicó cuánto recibían de remuneración. Respecto al cuestionamiento en el
que se le solicitaba diferenciar la actividad de reparto y distribución de
alimentos – llevada a cabo por el gestor del amparo -, y aquéllas objeto de los
aludidos contratos, señaló que “(…) la función primordial es entregar en
adecuadas condiciones tanto de higiene como de presentación los alimentos
provenientes del servicio de alimentación. Es (…) una actividad de servicio, y
se encuentra incluida en pago de bonificación por administración directa,
por ser un servicio de estricta ejecución en el pabellón, sin mantener
subordinación del contratista. Los preparadores de alimentos ó (sic)
manipuladores de alimentos, son internos clasificados en fase de mediana seguridad
(…) cuyas funciones se orientan a manipular los alimentos en el servicio de
alimentación, manteniendo subordinación directa con la empresa contratista (…).
El cumplimiento de las tareas exige el manejo de maquinas (sic), equipos y
herramientas, así como el desarrollo de procesos en cadena” (Cuad. 1, folio
85) (Subrayas fuera del original). “(…) El señor interno Roso Santamaría
Benavidez, cumplió a cabalidad con las funciones como distribuidor de alimentos
en el pabellón N. 10 B (…) cuya labor no corresponde a la ejecutada en el
servicio de alimentos (rancho) (Cuad. 3, folio 86). En cuanto al último
punto del cuestionario, relativo a la existencia o no de una lista de
actividades que se desarrollen bajo la modalidad de la administración directa,
en el memorando se observa que “(…) La
Subdirección de tratamiento y desarrollo, establece pautas a nivel general a
través de la resolución 2395 de 1995 y el acuerdo 0011. Dichas pautas son
aplicables de acuerdo a las necesidades específicas del establecimiento
(…). Siendo la dirección del establecimiento quien determina que (sic)
actividades deben ser incluidas en el sistema de pago de bonificación  (…).
Relación de actividades bonificadas por administración directa: (…) Reparto y
distribución de alimentos (…)” (Subrayas fuera del original) (Cuad. 3,
folio 86).
2.7.3. La
Dirección Nacional del INPEC adjuntó a su respuesta un segundo memorando, sin
fecha, expedido por el Subdirector de Tratamiento y Desarrollo, en el cual se
indica que la labor desempeñada por el gestor del amparo “(…) incluye la
recolección y limpieza de menajes, verificación de menús y cantidad (…). [Se]
encuentra clasificada bajo la modalidad de administración directa, teniendo en
cuenta que los contratos de alimentación consisten, básicamente, en la
preparación de alimentos[,] pero no cuentan con la capacidad para distribuirlos
(…). [Así las cosas] la actividad [desempeñada por Santamaría Benavides] se
encuentra contemplada en la Resolución No. 2392 de 2006. Adicional a lo
anteriormente expuesto, se considera de administración directa[,] puesto que es
el INPEC, quien selecciona, vigila y evalúa el personal de internos que van a
desarrollar dicha labor (…). La actividad que desarrollan los internos que
trabajan con los contratistas de alimentos, corresponde únicamente a la
preparación de alimentos” (Cuad. 3, folios 108
a 110). Es de anotar que se aportó copia de la
Resolución 2392 del tres (3) de mayo de dos mil seis (2006), que se analiza
detalladamente más adelante. En el numeral 5º del artículo tercero, consta como
actividad laboral industrial “(…) el procesamiento y transformación de
alimentos (…)”. Así mismo, se observa, en ese mismo numeral, como actividad
laboral de servicios, “(…) la manipulación de alimentos (Servicio de
alimentos – Reparto y distribución de alimentos)” (Cuad. 3, folio 133).
Ambas actividades pertenecen al Sistema de Oportunidades FINAL, que se
desarrolla con mínimas restricciones de seguridad.
2.8 Así mismo, la
Dirección Nacional del INPEC allegó copia del Acta 004 del veinticuatro (24)
de diciembre de dos mil siete (2007), suscrita por la
EPAMS Girón, en la cual se observa que “(…) La
Junta de Trabajo, Estudio y Enseñanza con la finalidad de garantizar el
tratamiento penitenciario y la redención de la pena personal de internos que se
encontraban desarrollando las actividades de consejo de interventoría de
alimentos  (…) les asigna la actividad de redención en el programa de educación
informal de promoción, prevención y desarrollo humano. Lo anterior motivado a
que las mencionadas actividades de redención no se encuentran validadas
por la dirección general del INPEC en las Resoluciones 2392 de 2006 y la
Resolución No 13824 (…)” (Subrayas fuera del original) (Cuad. 3, folio
116). Entre la lista de los reclusos a asignar trabajo se ve la siguiente
información: “(…) Santamaría Benavidez Roso, Fecha inicial 26/12/2007;
estado: Trasladado; Horario: Lunes a Sábado y Festivos; Observaciones:
Desarrollará la actividad al interior del Patio No 108. Asignación
terminada-Interno trasladado (…)” (Cuad. 3, folio 123). En primer lugar, es
importante indicar que se trata de un acta de reubicación y no de asignación.
Por lo tanto, la respuesta brindada en un primer momento por la
Dirección General del INPEC, reseñada en este apartado de la sentencia, bajo
el numeral 2.3.7 no es cierta, pues ahí se dijo que se le había asignado la
labor de distribución de alimentos mediante la mencionada acta. En segundo
lugar, es pertinente recalcar que la misma acta, conforme a lo establecido en
la resolución 2392 de 2006, carece de fundamento, pues la actividad desempeñada
por el gestor del amparo sí se encuentra reconocida en esta última.
2.9 Finalmente, y en consonancia con lo
anterior, la Dirección Nacional del INPEC adjuntó a su respuesta copia de la
Resolución 2392 del tres (3) de mayo de dos mil seis (2006), “Por medio de
la cual se reglamentan las actividades válidas para redención de pena en los
Establecimientos de Reclusión del Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario y
se deroga la Resolución No. 7447 de 2005”,
donde se define el Sistema de Oportunidades, como “(…) el conjunto de
programas educativos, laborales y de enseñanza (…) orientados hacia una
integración social positiva, prevaleciendo el respeto a la dignidad humana, a
las garantías constitucionales y a los derechos humanos (…). [Organizado] en
tres niveles PASO inicial, medio y final”. Como parte del sistema de
oportunidades inicial -, se sitúan los “(…) Programas de promoción,
prevención y desarrollo humano (…)”. El mencionado programa se desarrolla
en “(…) la fase de alta seguridad y requiere mayores restricciones de
desplazamiento (…)”. Así las cosas, esta actividad no pudo haber sido
desempeñada por un sindicado. Así mismo, en el numeral 5º del artículo tercero,
consta como actividad laboral industrial “(…) el procesamiento y
transformación de alimentos (…)” y como actividad laboral de servicios la “(…)
manipulación de alimentos (Servicio de alimentos – Reparto y distribución de
alimentos (…)” (Cuad. 3, folio 130
a 145). Ambas actividades hacen parte del Sistema de Oportunidades
Final.
2.10 De conformidad con las pruebas
anteriormente referidas, se pueden extraer las siguientes conclusiones
generales: 1. En la administración directa, el establecimiento penitenciario
pone a disposición de la población reclusa los recursos productivos necesarios
para desempeñar las labores y controla el desarrollo de las mismas. 2. En la
administración indirecta, el establecimiento penitenciario pone a disposición
de un tercero los recursos físicos, para que éste – con vinculación de mano de
obra reclusa – despliegue actividades productivas. En este caso, el control del
proceso es responsabilidad del tercero y a la población reclusa le corresponde
un pago correspondiente a un salario mínimo. 3. El establecimiento
penitenciario indicó que la diferenciación en cuanto a actividades a bonificar
depende de su inclusión en la Circular 032 de 2006, donde se establece cuáles
son de relevancia vital para el funcionamiento del mismo. 4. Existe un
presupuesto determinado para cubrir las bonificaciones de la mano de obra
reclusa que desempeñe actividades bajo la modalidad de administración directa.
5. La Resolución 2392 de 2006 diferencia entre el procesamiento y
transformación de alimentos y el reparto y distribución de los mismos. Los
primeros corresponden a una actividad laboral industrial y los segundos a una
actividad laboral de servicios.
En cuanto a la situación del gestor del
amparo, se pueden denotar las siguientes conclusiones: A. La labor desempeñada
por Rosso Santamaría implicaba la recepción de alimentos en la exclusa de
ingreso al pabellón, su entrega a la población reclusa, la verificación de la
cantidad y del menú, así como el aseo de los menajes y del área de
distribución. En este sentido, su trabajo no se efectuaba en la cocina
(rancho), donde son preparados los alimentos, sino que se desplegaba
exclusivamente en el pabellón. B. Al ser una actividad vital para el
funcionamiento del establecimiento penitenciario, es remunerada por el INPEC a
pesar de no estar contemplada en la Circular 032 de 2006.
C. Existen errores en cuanto al sustento del Acta 004 de 2007, al igual que
respecto a las respuestas brindadas por la entidad demandada relacionadas con
aquella, pues no se trata de un acta que verse sobre la asignación del gestor
del amparo a la distribución de alimentos, sino sobre el cambio de actividades.
Así mismo, el sustento normativo del acta es errado, pues en ella se indica que
la actividad desempeñada por el actor no encuentra sustento en la
Resolución 2392 de 2006, a pesar de que esta última sí se refiere a la
actividad laboral de servicios, que incluye el reparto y distribución de
alimentos. Finalmente, a pesar de que la actividad laboral desarrollada por el
gestor del amparo no se encuentra en la
Circular 032 de 2006, es de vital importancia para el funcionamiento del
establecimiento penitenciario y, por lo mismo, le corresponde una bonificación.
Por lo tanto, la respuesta de la entidad demandada sobre este punto también es
deficiente.
3. Problema jurídico y esquema de
resolución
De los hechos narrados y probados en el
proceso, corresponde a esta Sala de Revisión determinar si la negativa del
Director de la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Palogordo – Girón –
de remunerar el trabajo efectuado por Roso Santamaría Benavides como
distribuidor de alimentos, vulnera sus derechos fundamentales al trabajo y a la
igualdad.
Para resolver el anterior problema jurídico,
la Sala (3.1) reiterará la jurisprudencia de esta corporación respecto a las
restricciones, limitaciones e intangibilidad de derechos fundamentales de la
población reclusa; (3.2) se referirá al trabajo penitenciario en el
ordenamiento jurídico, (3.3) en la doctrina y en la jurisprudencia. (4)
Finalmente se resolverá el caso en concreto.
3.1 Restricciones, limitaciones e
intangibilidad de derechos fundamentales de la población reclusa. Reiteración
de jurisprudencia.
3.1.1 En su jurisprudencia, esta Corporación
ha enfatizado que la condición de persona privada de la libertad como
consecuencia de una sanción penal, sin importar el delito cometido, no acarrea
la pérdida de la dignidad humana. En otras palabras, todo condenado conserva su
dignidad, aun cuando determinados bienes jurídicos le sean suspendidos y otros
limitados. Esto se relaciona directamente con la proporcionalidad de la pena,
que a la vez se encuentra delimitada por los fines resocializadores del
castigo.
3.1.2 Respecto a la expresión “dignidad
humana”, bien jurídico difuso, esta Corte ha señalado que su acepción en el
ordenamiento jurídico puede determinarse, al menos, de dos maneras: a partir
del objeto concreto de su protección y – sin excluirse mutuamente – a partir de
su funcionalidad normativa.
Partiendo desde el punto de vista del objeto
de protección de la dignidad humana, en la sentencia T-881 de 2002[2]
se identificaron tres lineamientos claros y diferenciables: “(i) La dignidad
humana entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y
de determinarse según sus características (vivir como quiera). (ii) La dignidad
humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia
(vivir bien). Y (iii) la dignidad humana entendida como intangibilidad de los
bienes no patrimoniales, integridad física e integridad moral (vivir sin humillaciones)”.
Desde el punto de vista de su funcionalidad
normativa, en la misma sentencia se observaron también tres lineamientos: “(i)
la dignidad humana entendida como principio fundante del ordenamiento jurídico
y por tanto del Estado, y en este sentido la dignidad como valor. (ii) La
dignidad humana entendida como principio constitucional. Y (iii) la dignidad
humana entendida como derecho fundamental autónomo”.
Lo anterior no significa que en tales
lineamientos se agote en su totalidad el contenido jurídico de la dignidad
humana. Por el contrario, “la riqueza tanto conceptual como funcional de la
dignidad humana como concepto normativo, de tal forma que el énfasis o el
acento que resulte puesto en uno de los sentidos expresados para efectos de la
argumentación y en general de la solución jurídico constitucional de los casos
concretos, no implica la negación o la pérdida de validez de los demás, incluso
de las que no aparecen en este fallo relacionadas”[3].
3.1.3 Ahora bien, haciendo énfasis en el presente
asunto en torno a la acepción de dignidad humana entendida como la
intangibilidad de determinados bienes, ésta se relaciona necesariamente con la
condición de especial sujeción en la que se encuentran las personas privadas de
la libertad, toda vez que la proporcionalidad de la pena impuesta implica –
necesariamente – límites a la afectación de derechos mediante el castigo. En
este sentido, el fin de la pena es la resocialización, y cualquier limitación o
suspensión de los derechos que no se adecúe a los fines de la pena es contraria
a la dignidad humana de las personas privadas de la libertad.
3.1.4 En la sentencia T-596 de 1992[4],
refiriéndose a la condición de especial sujeción, esta Corporación señaló que “[Es]
una relación jurídica [donde] el predominio de una parte sobre la otra no
impide la existencia de derechos y deberes para ambas partes. Este es el caso
del interno en un centro penitenciario. Frente a la  administración, el preso
se encuentra en una relación especial de sujeción, diseñada y comandada por el
Estado, el cual  se sitúa en una posición preponderante, que se manifiesta en
el poder disciplinario y cuyos límites están determinados por el reconocimiento
de los derechos  del interno y por los correspondientes deberes estatales que se
derivan de dicho reconocimiento”.
3.1.5 Respecto a las características y
consecuencias de las relaciones de especial sujeción en que se encuentran las
personas privadas de la libertad frente al Estado, esta Corporación, en la
referida sentencia T-881 de 2002[5]
indicó: “De la jurisprudencia de la
Corte Constitucional la Sala identifica seis elementos característicos que
procederá a relacionar así: las relaciones de especial sujeción implican (i) la
subordinación[6]
de una parte (el recluso), a la otra (el Estado); (ii) Esta subordinación se
concreta en el sometimiento del interno a un régimen jurídico especial[7]
(controles disciplinarios[8]y
administrativos[9]
especiales y posibilidad de limitar[10]
el ejercicio de derechos, incluso fundamentales). (iii) Este régimen en cuanto
al ejercicio de la potestad disciplinaria especial y a la limitación de los
derechos fundamentales debe estar autorizado[11]
por la Constitución y la ley. (iv) La finalidad[12] del
ejercicio de la potestad disciplinaria y de la limitación de los derechos
fundamentales, es la de garantizar los medios para el ejercicio de los demás
derechos de los internos (mediante medidas dirigidas a garantizar disciplina,
seguridad y salubridad) y lograr el cometido principal de la pena (la
resocialización). (v)  Como consecuencia de la subordinación, surgen ciertos
derechos especiales[13]
(relacionados con las condiciones materiales de existencia: alimentación,
habitación, servicios públicos) en cabeza de los reclusos, los cuales deben ser[14]
especialmente garantizados por el Estado. (vi) Simultáneamente el Estado debe
garantizar[15]
de manera especial el principio de eficacia de los derechos fundamentales de
los reclusos (sobre todo con el desarrollo de conductas activas).
“Como lo puede apreciar la
Sala, entre las consecuencias jurídicas más importantes de la existencia de
las relaciones especiales de sujeción, están: (i) la posibilidad de limitar el
ejercicio de algunos derechos fundamentales de los reclusos (intimidad,
reunión, trabajo, educación). (ii) La imposibilidad de limitar el ejercicio de
algunos derechos fundamentales (vida, dignidad humana, libertad de cultos,
debido proceso, habeas data, entre otros). (iii) El deber positivo[16]
en cabeza del Estado de asegurar el goce efectivo tanto de los derechos no
fundamentales como de los fundamentales, en la parte que no sea objeto de
limitación cuando la misma procede, y en su integridad frente a los demás,
debido a la especial situación de indefensión o de debilidad manifiesta en la
que se encuentran los reclusos. (iv) El deber positivo[17] en cabeza
del Estado de asegurar todas las condiciones necesarias[18] que
permitan a su vez condiciones adecuadas para la efectiva resocialización[19]
de los reclusos.”
Igualmente, en sentencia T-126 de 2009[20],
al analizar un caso de hacinamiento penitenciario, la
Corte, siguiendo la doctrina científica, señaló que algunos sectores han
definido las relaciones especiales de sujeción como aquellas        “
(…) relaciones jurídico-administrativas caracterizadas por una duradera y
efectiva inserción del administrado en la esfera organizativa de la Administración, a resultas de la cual queda sometido a un régimen jurídico peculiar que se
traduce en un especial tratamiento de la libertad y de los derechos
fundamentales, así como de sus instituciones de garantía, de forma adecuada a
los fines típicos de cada relación.”[21]
3.1.6 En suma, de la condición de especial
sujeción en que se encuentra la población reclusa no se desprende la pérdida de
la dignidad humana. Si bien el Estado cuenta con potestades punitivas y
disciplinarias, éstas encuentran límites en los derechos de los internos. Por
ende, y debido a los fines de la pena, así como a la proporcionalidad de la
misma, toda limitación o suspensión de los derechos de los reclusos debe estar
autorizada por la Constitución y por la ley, no siendo legítimas afectaciones a
los derechos que no busquen la resocialización o  la garantía de los medios y
condiciones para el ejercicio de los demás derechos de la población reclusa.
3.2 El trabajo penitenciario en el ordenamiento
jurídico
3.2.1 La
Ley 65 de 1993, Por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario
(CPCa), regula el cumplimiento de las penas privativas de la libertad personal,
las medidas de seguridad, así como las medidas de aseguramiento[22]. Como principio
rector de este ordenamiento, figura que la resocialización es el fin
fundamental de la pena; ésta debe ser alcanzada mediante diferentes
actividades, entre las que se encuentra el trabajo y la educación[23].
A su vez, la finalidad de la detención preventiva es asegurar la comparecencia
de los imputados al proceso penal adelantado, garantizar la efectividad de la
pena impuesta, conservar la prueba y proteger a la comunidad[24].
3.2.2 Debido a la pretensión de
resocialización y con el objetivo de cumplirla como finalidad de la pena, en el
ordenamiento jurídico colombiano existe el tratamiento penitenciario que busca
preparar al condenado para su vida en libertad. Esto “se verifica a través
de la educación, la instrucción, el trabajo, la actividad cultural, recreativa
y deportiva y las relaciones de familia (…)”[25].
En este orden de ideas y específicamente en
torno al trabajo adelantado “en los establecimientos de reclusión (…)”,
el Código Nacional Penitenciario y Carcelario lo contempla como obligatorio
para los condenados, ya que – partiendo de los fines de resocialización de la
pena – se trata de un medio terapéutico[26].
De hecho, el trabajo cumple además otra función: la redención de la pena. En
este sentido, el artículo 82 del mencionado Código establece que “A los
detenidos y condenados se les abonará un día de reclusión por dos días de
trabajo”, donde cada día tiene como límite ocho horas diarias de trabajo[27].
3.2.3 Aun cuando el trabajo penitenciario
sea obligatorio para los condenados, la legislación nacional consagra algunas
excepciones, que no excluyen la posibilidad de trabajar voluntariamente. En
efecto, el artículo 83 del CPCa consagra que no estarán obligados los mayores
de 60 años, las mujeres durante los tres meses anteriores al parto y el mes siguiente,
así como los que padezcan una enfermedad que los inhabilite para ello.
3.2.4 En lo referente al contrato de
trabajo, la legislación nacional prohíbe que los internos contraten con
particulares, autorizando que éstos lo hagan con la administración del centro
de reclusión. De hecho, para garantizar la existencia de plazas de trabajo, el
director de cada establecimiento de reclusión, previa autorización de la
Dirección General del INPEC, podrá celebrar convenios y trabajos con personas
de derecho privado, con o sin ánimo de lucro[28].
3.2.5 El artículo 84 del CPCa establece
expresamente la remuneración que se le pagará al interno, como contenido
obligacional que deberá contemplar el contrato celebrado con los particulares[29].
Por su parte, el artículo 86 del mismo estatuto prescribe que “[e]l trabajo
de los reclusos se remunerará de una manera equitativa (…)”, sin distinguir
si se trata del trabajo prestado por intermedio del INPEC a particulares, o si
versa sobre las labores desarrolladas directamente bajo la coordinación del
Estado. Adicionalmente, esta misma disposición consagra que el trabajo
habrá de desarrollarse dentro de un ambiente adecuado y bajo la observación de
las normas de seguridad industrial. En cuanto a la protección social y laboral
de los reclusos, se contempla que será precisada dentro del reglamento general
e interno de cada centro de reclusión; que debe sujetarse al reglamento general
del INPEC y ser compatible con los Convenios y Tratados internacionales
suscritos y ratificados por Colombia[30],
así como las demás normas laborales que contempla el Código Penitenciario y
Carcelario, como la protección laboral y social o las indemnizaciones por
accidentes de trabajo[31].
Finalmente, respecto al manejo del dinero,
el artículo 87 del referido Código,  consagra la prohibición de su uso al
interior de los centros de reclusión[32],
pero enfatiza en que se deberá “(…) estimular al interno para que haga
acopio de sus ahorros con el fin de atender, además de sus propias necesidades
en la prisión, las de su familia y sufragar los gastos de su nueva vida al ser
puesto en libertad”[33].
Concatenado a lo anterior, como obligaciones pecuniarias que debe cumplir
el condenado se encuentran la reparación a la víctima y el pago total de la
multa. Por cierto, de esto último, depende la concesión de la libertad
condicional, así como la posibilidad de utilizar sustitutos de la prisión como
son los sistemas de vigilancia electrónica[34].
Evidentemente, el cumplimiento de dicha obligación se dificulta si los reclusos
no reciben remuneración por las actividades que desempeñen.
3.2.6 Debido a que el trabajo obligatorio
adelantado en las cárceles no es en esencia voluntario, pues deviene de la
imposición y ejecución de una pena,  estima la
Sala de trascendental relevancia referirse a los Convenios de la
Organización Internacional del Trabajo respecto a estos temas. Con todo, de
manera previa es pertinente enfatizar que la jurisprudencia de esta
Corporación, en apoyo del artículo 93 de la
Constitución, ha señalado que los Tratados y Convenios Internacionales
ratificados por el Congreso que reconocen los derechos humanos hacen
parte del bloque de constitucionalidad. Una de las consecuencias que emana de
lo anterior, es que la interpretación de los derechos contemplados en la
Carta – como el del  trabajo -, debe llevarse a cabo conforme a los
mencionados instrumentos internacionales[35].
3.2.7 El Convenio 29[36], relativo al
trabajo forzoso, contempla la obligación – en su artículo 1º- para todo miembro
de la OIT de suprimir el empleo del trabajo forzoso u obligatorio en todas sus
formas. Paso seguido, lo define  como “(…) todo trabajo o servicio exigido a
un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho
individuo no se ofrece voluntariamente”[37].
Sin embargo, según el numeral 2º del artículo 2º del mencionado Convenio, la
expresión trabajo forzoso u obligatorio que debe ser abolido, no comprende “(…)
cualquier trabajo o servicio que se exija a un individuo en virtud de una
condena pronunciada por sentencia judicial, a condición de que este trabajo o
servicio se realice bajo la vigilancia y control de la autoridades públicas y
que dicho individuo no sea cedido o puesto a disposición de particulares,
compañías o personas jurídicas de carácter privado”.
3.2.8 Ahora bien, según la
Comisión de Expertos de la OIT[38],
el  trabajo penitenciario debe entenderse como trabajo forzoso si la fuerza de
trabajo de los reclusos es cedida a particulares, salvo que medie voluntad de
la persona privada de la libertad para realizarlo y se cumplan determinadas
condiciones laborales. En las observaciones llevadas a cabo sobre Gabón
(República Gabonesa), la Comisión indicó que aun cuando el mencionado numeral
2º del artículo 2º  prohíbe que una persona condenada sea puesta a disposición
de particulares, compañías o personas jurídicas de carácter privado, “(…) el
trabajo penitenciario efectuado por cuenta de empresas privadas podría ser
compatible con esas disposiciones del Convenio en los casos en que los reclusos
trabajan en condiciones comparables a una relación de trabajo libre (…)”[39].
Esto requiere, necesariamente, el consentimiento voluntario del recluso, así
como los elementos esenciales en toda relación laboral, entre otras, “(…) la
aplicación de la legislación laboral, el pago de salario normal y la cobertura
de seguridad social”[40].
3.2.9 En lo referente a la remuneración y
las condiciones en las que habrá de desarrollarse el trabajo forzoso, el
artículo 13 del Convenio 29 dispone que “[l]as horas normales de trabajo de
toda persona sujeta al trabajo forzoso u obligatorio deberán ser las mismas que
las que prevalezcan en el trabajo libre, y las horas de trabajo que excedan de
la jornada normal deberán ser remuneradas con arreglo a las mismas tasas
aplicadas a las horas extraordinarias de los trabajadores libres”. A su
vez, el numeral 1º del artículo 14 estipula que “[c]on excepción del trabajo
previsto en el artículo 10 del presente Convenio [que se refiere al trabajo
exigido a título de impuesto, al igual que al trabajo forzoso por utilidad
pública], el trabajo forzoso y obligatorio, en todas sus formas, deberá ser
remunerado en metálico con arreglo a tasas que, para el mismo género de
trabajo, no deberán ser inferiores a las vigentes en la región donde los
trabajadores estén empleados, ni a las vigentes en la región donde fueron
reclutados”.
Respecto a la remuneración, en el Informe de
la Comisión de Expertos anteriormente mencionado, para el caso de Marruecos
(Reino de Marruecos) la Comisión indicó que incluso los reclusos “(…) que trabajan
en la agricultura para el establecimiento penitenciario (…) [deben] prestar su
consentimiento y recibir remuneración”. Paso seguido solicita al mencionado
Reino informar sobre la tasa de remuneración de los reclusos empleados al
exterior de los establecimientos penitenciarios[41].
3.2.10 Como se observa, de las normas
internacionales hasta aquí mencionadas, al igual que de los informes reseñados
como herramienta para su interpretación, nada se dice sobre la cuantía de la
bonificación que debe recibir la población reclusa por el trabajo prestado,
salvo en el caso de que brinden su fuerza de trabajo al servicio de
particulares[42].
Lo anterior, también es predicable de las normas nacionales que regulan este
asunto, pues si bien el artículo 86 del CPCa contempla la remuneración, sólo
indica que aquella habrá de ser equitativa.
No sobra indicar que el trabajo
penitenciario no tiene por finalidad satisfacer el mínimo vital del recluso,
sino que es eminentemente terapéutico al igual que un medio para redimir la
pena. Por lo tanto, su remuneración equitativa, salvo en el caso de los
reclusos que trabajen para particulares – y que, como se verá, corresponde a la
administración indirecta – no tiene por qué ser igual a un salario mínimo.
3.2.11 Es necesario recordar, que el trabajo
penitenciario no deviene de un contrato laboral, sino de una relación de
derecho público que surge como consecuencia de la pena y que busca, a la vez de
los fines señalados anteriormente, evitar el ocio penitenciario – tal y como se
desarrollará más adelante, en el apartado 3.3 de esta providencia -. En este
sentido, si las bonificaciones fueran demasiado altas, podrían causar
dificultades presupuestales para que el Estado generara oportunidades de
trabajo, máxime si se tiene en cuenta el estado de hacinamiento de la población
reclusa en Colombia[43].
Sin embargo, la remuneración tampoco puede conllevar a una precaria
“salarización” que acarree la explotación institucionalizada del recluso, pues
esto sería contrario a la dignidad humana. Por lo mismo, bastaría entonces –
conforme con las normas nacionales e internacionales mencionadas -, que se
fijen criterios de equidad para determinar el monto de las mencionadas
bonificaciones, que en todo caso, dado que el tratamiento penitenciario es un sistema
progresivo, deben aumentar paulatinamente según la persona se vaya
resocializando. Lo anterior, teniendo en cuenta además que en otras
disposiciones del mismo Código, se consagra también el estímulo al ahorro, el
resarcimiento a la víctima y la ayuda económica a la familia, previsiones que
en su conjunto reclamarían la percepción de ingresos mínimamente suficientes
por parte del individuo privado de la libertad.
3.2.12 Ahora bien, el Convenio 105[44],
sobre la abolición del trabajo forzoso, que complementa al 29 - que viene de
referirse -, enfatiza en su artículo 1º como obligación de todo miembro de la
OIT que haya ratificado el mentado Convenio, el abstenerse de hacer uso del
trabajo forzoso “(…) como medio de coerción o de educación políticas o como
castigo por tener o expresar determinadas opiniones políticas o por manifestar
oposición ideológica al orden político, social o económico establecido[, así]
como método de movilización y utilización de la mano de obra con fines de
fomento económico (…)”. Así, el trabajo obligatorio está proscrito para
delincuentes políticos, al igual que su utilización con fines de auxilio
económico.
3.2.13 La prohibición de imponer trabajo
forzoso no sólo cobija a los presos políticos. Respecto a la población recluida
que no se le puede obligar a trabajar, la
Comisión de Expertos de la OIT, en el informe elaborado sobre la aplicación
del Convenio 29 para el caso de Madagascar (República de Madagascar), indicó
que está prohibido imponer trabajo forzoso a las personas en detención
preventiva[45].
En este mismo sentido, el último inciso del artículo 86 del CPCa establece la
posibilidad, que no la obligación, de que los detenidos trabajen, caso en el
cual sus condiciones no podrán ser más gravosas que las de los condenados[46].
3.2.14 En definitiva, según las normas
internacionales, el trabajo penitenciario queda excluido de la prohibición de
imposición de trabajo forzoso fijada tanto en el Convenio 29 como por el 105 de
la OIT, bajo dos condiciones. En primer lugar, y con excepción de las condenas
por delitos políticos, el fundamento de la obligación de trabajar debe ser una
sentencia judicial que declare al individuo culpable. De tal suerte, las
personas que han sido detenidas sin haber sido juzgadas o las que esperan ser
procesadas, no deben estar obligadas a hacer ningún trabajo, pero naturalmente
pueden llevarlo a cabo siempre y cuando de manera voluntaria se ofrezcan a
ello. En segundo lugar, la mano de obra utilizada debe permanecer bajo la
administración y control de las autoridades públicas y no ser cedida o puesta a
disposición de particulares, compañías o personas jurídicas de carácter privado
para que sea económicamente explotada. Sin embargo, se permite que la población
reclusa trabaje para particulares si las condiciones de trabajo son similares a
las del trabajo libre y se efectúe de forma voluntaria por parte del recluso[47].
Así, “(…) las condiciones no tienen  necesariamente que ser idénticas a las
que se aplican en el mercado libre, pero en materia de salarios, seguridad
social, higiene y seguridad e inspección de trabajo, las condiciones en que se
efectúe el trabajo penitenciario no deberían ser desproporcionadamente
inferiores a las que prevalecen en el mercado libre de manera que puedan
considerarse como condiciones de explotación”[48].
En cuanto al ámbito nacional, para los
efectos de esta sentencia, la Corte constata que las normas mencionadas siguen
los lineamientos establecidos por los Convenios de la
OIT relativos al trabajo forzoso. Por lo mismo, se contempla el derecho de los
reclusos a encontrarse protegidos frente a accidentes de trabajo, jornadas
máximas laborales, así como el derecho a recibir una remuneración equitativa a
la tarea desempeñada. Dentro de esta última o como parte de ella, se encuentra
la redención de la pena al igual que la retribución en metálico, pues así lo
contempla el artículo 14 del Convenio 29 de la
OIT. Sin embargo, ninguna de las normas, ya sean las internacionales o las
nacionales, establecen la cuantía de esta bonificación, salvo para los casos
del trabajo prestado a los particulares, como de aquél que se efectúe en
jornadas extraordinarias. Así las cosas, es importante reiterar que el pago por
el trabajo ha de ser equitativo y que mediante él debe poderse incentivar el
ahorro, al igual que el soporte económico del núcleo familiar, sin olvidar la
reparación de las víctimas, pero la cuantía ha de ser fijada por las
autoridades competentes, que deben tener en cuenta, así mismo, que si bien la
remuneración no tiene por qué ser igual a un salario mínimo, tampoco puede
conllevar la explotación institucionalizada de la fuerza de trabajo de la
población reclusa.
De otro lado, a pesar de que el trabajo
penitenciario es obligatorio – salvo las excepciones señaladas con
anterioridad, entre las que se encuentran las mujeres embarazadas o
parturientas y los presos políticos -, pues hace parte del tratamiento
penitenciario y tiene como sustento una relación de derecho público, existen
dos circunstancias en las cuales la voluntad del recluso es determinante para
su desarrollo. La primera de ellas se presenta para aquellas personas que están
privadas de la libertad, pero por causa distinta a una sentencia condenatoria –
por ejemplo los detenidos preventivamente -. Y la segunda, para aquellos
condenados que quieren trabajar para un tercero que contrate con el
establecimiento penitenciario conforme al artículo 84 del CPCa. En este caso,
las condiciones bajo las cuales se desarrolle la labor deberán ser similares a
las existentes para el trabajo libre, entre ellas la remuneración.
3.3 El trabajo penitenciario en la
doctrina y en la jurisprudencia
3.3.1 Desde la
Ilustración el castigo sufrió una gran transformación: el cuerpo como objeto
de la pena a través del suplicio, pasó a ser un medio – un intermediario – “(…)
para privar al individuo de una libertad considerada a la vez como un derecho y
un bien”. Así, el castigo devino de un acto físico de sometimiento a
acciones insoportables,  a “(…) una economía de los derechos suspendidos”[49].
Sin embargo, aún cuando el cuerpo no sea el objeto del castigo, éste si lo
afecta directamente. Una de las penas principales en el ordenamiento jurídico
colombiano es la privación de la libertad, cosa que no se lograría sin la
reclusión física de la persona en establecimientos destinados para tal fin.
Ahora bien, en cuanto al trabajo penitenciario, como parte de la ejecución de
la pena bajo el presupuesto de la resocialización, es claro que también implica
una carga sobre el cuerpo, pues acarrea el usufructo de la fuerza de trabajo de
las personas recluidas en contraposición al ocio penitenciario[50].
3.3.2 En el caso del trabajo libre, el
trabajador se presenta en el mercado laboral como vendedor de su propia fuerza
de trabajo. Cosa que hace de manera voluntaria. Tras la celebración de un
intercambio económico, en virtud del cual el empleador se apropia de la fuerza
de trabajo para consumirla en determinada tarea, el trabajador adquiere el
derecho de recibir –entre otras- una remuneración. De esta forma, el uso de la
fuerza de trabajo, que es el trabajo mismo, es consumido por el empleador
haciendo desempeñar determinada tarea a su vendedor. Lo anterior, es una
relación eminentemente  onerosa, pues se efectúa a cambio de una retribución[51].
Por este motivo, uno de los elementos esenciales del contrato de trabajo, según
el Código Sustantivo del Trabajo, es el salario[52].
3.3.3 Evidentemente, y en razón de que la
obligatoriedad del trabajo penitenciario surge de la ejecución de una sentencia
condenatoria, el trabajador delincuente no se presenta voluntariamente al
mercado a vender su fuerza de trabajo y es la pena la que le impone -
legitimada por la resocialización –, el uso de la misma; con lo que la
ejecución de la pena implica una carga sobre el cuerpo del condenado para
alcanzar los fines del castigo. Si bien es cierto – como se anotó anteriormente
- que en el caso del trabajo adelantado por reclusos ante particulares debe
mediar la voluntad, así como su ejecución bajo condiciones similares al trabajo
libre, no puede compararse la anuencia de una persona en libertad a la que
puede dar quien se encuentre privada de la misma, toda vez que se halla en una
condición de sujeción jurídica debido a la misma sentencia condenatoria.  En
este sentido, la libertad del preso al momento de decidir si le presta su
fuerza de trabajo a un particular, se reduce a este campo; es decir, puede
escoger entre trabajar o no con determinado sujeto, mas, según se ha dicho, no
es libre para decidir si trabaja o no, pues tendrá que desempeñar una actividad
laboral, ya que el trabajo hace parte de la resocialización, amén de ser un
mecanismo para la redención de la pena.
En este sentido, el trabajo penitenciario es
una relación laboral impuesta y controlada por el Estado, en virtud de la cual
el trabajador se encuentra en una condición disminuida en cuanto a la
disponibilidad de su fuerza de trabajo[53].
Así las cosas, surge para el recluso una relación que tiene su origen en el
derecho público y que lo obliga a trabajar, con lo cual se deduce que no es un
contrato de trabajo propiamente dicho, pues no se requiere la manifestación de
la voluntad. Es por esta condición de sujeción que ciertas prerrogativas - como
la asociación y la contratación colectivas - no cobijan a los reclusos, ya que
son incompatibles con la condición de sometimiento[54]. Sin embargo,
según la doctrina, su condición disminuida no los priva de todos sus derechos
laborales. Así, deben estar cubiertos por la seguridad social, protegidos en
caso de accidentes de trabajo y recibir una remuneración justa[55].
3.3.4 Por otra parte, el trabajo
penitenciario tiene como condiciones sociales que lo diferencian radicalmente
del trabajo libre – además de la obligatoriedad - la separación habitual y
forzosa del trabajador y su familia, así como la intromisión del empleador en
la destinación del salario proveído, pues el trabajador no puede disponer de lo
que reciba dentro de la prisión.
3.3.5 Ahora bien, argumentos a favor del
trabajo penitenciario, además de las virtudes que frente al ocio presenta,
pretenden legitimarlo mediante la idea del abaratamiento de los costos de
mantenimiento de los reclusos y la posible subvención familiar, así como el
pago de indemnizaciones a favor de las víctimas. Como argumentos formulados en
contra –incluso por empresarios- se encuentra la existencia de una competencia
desleal a favor de los pocos que contraten con los establecimientos
penitenciarios, ya que muchos de los costos en que debe incurrir un empleador
frente a sus trabajadores libres, son exonerados en el caso del trabajo
penitenciario[56].
Así mismo, se le critica la afectación que tiene el uso de esta mano de obra
barata frente a los trabajadores libres que no serán más contratados, pues la
reducción de los costos de producción debido al no pago de determinadas
prerrogativas se constituye en un incentivo para preferir la mano de obra
reclusa, generándose incluso una mayor plusvalía a favor de determinados
empresarios privilegiados que la que deviene del usufructo de la mano de obra
libre.
3.3.6 Respecto al trabajo forzoso, la
Corte, al analizar la constitucionalidad de artículos del Código Penitenciario
y Carcelario, en sentencia C-394 de 1995 indicó[57]:
“Con respecto al artículo 79[58],
la Corte manifiesta la legitimidad del trabajo obligatorio, el cual, aparte de
estar conforme con el Convenio 29 de la OIT, es un elemento dignificante, ya
que afianza el dominio del hombre sobre sí mismo,  es decir, lo realiza como
persona, en orden siempre al ascenso de sus propias capacidades. El trabajo,
pues, como supremacía del raciocinio humano, que se vierte bien en una idea, o
en hechos, cosas y situaciones, tiene al tenor de nuestra Carta Política, una
triple dimensión armónica: como principio, como derecho y como deber. Es en
virtud de lo anterior que el Convenio citado de la
OIT, en su art. 2o., num. 1o., admite el trabajo forzado en las cárceles como
elemento perfeccionante. Entendido el trabajo como un movimiento perfeccionador
que el hombre ejerce como persona, el trabajo aludido en el artículo sub
examine, comprende también la labor intelectual, que es igualmente
reedificadora y resocializante.”
3.3.7 Dentro del ordenamiento jurídico colombiano, el trabajo cuenta
con una triple dimensión constitucional. Por una parte, se trata de un
principio fundante del Estado Social de derecho[59] y es – además
de un derecho – una obligación social; fundada de modo ostensible en el sistema
económico de mercado, por lo cual - prima facie -, todo individuo
capaz está llamado a proveerse de los recursos necesarios para satisfacer sus
necesidades y las de los suyos. Por ello, goza, “(…) en todas sus
modalidades (…)”, de protección por parte del Estado[60]. Esta última
se concreta, entre otras, en la prohibición constitucional de que la
Ley, los contratos, los acuerdos e incluso los convenios menoscaben la
libertad, la dignidad y los derechos de los trabajadores[61].
Con todo, el trabajo penitenciario, al surgir de una condición de
especial sujeción existente entre las personas privadas de la libertad y el
Estado, tiene características y consecuencias diferentes – como se ha observado
-, a aquellas que revisten el trabajo libre. No obstante, esto no puede llevar
al absurdo de la privación de todas las garantías que revisten el trabajo, pues
aún cuando las personas privadas de la libertad se enfrentan a suspensiones y
restricciones de determinados derechos, no pierden el carácter de sujetos de
derechos.
3.3.8 Evidentemente, el trabajo penitenciario cumple una finalidad
distinta a aquella que procura el trabajo libre, pues además de cumplir un fin
resocializador y ser un elemento dignificante, permite al condenado redimir su
pena. De hecho, esta última consecuencia del trabajo penitenciario debe ser
entendida, en parte, como una retribución que recibe el preso por las jornadas
trabajadas. Por esta razón – la posibilidad de redimir la pena -, esta
Corporación ha señalado que el trabajo penitenciario, como derecho, está
íntimamente ligado a la libertad. En igual sentido, es una obligación del
Estado proveer los puestos suficientes para que toda la población carcelaria
cuente con posibilidades de trabajar. En este sentido, en la sentencia T-601 de
1992[62],
se señaló que el trabajo desarrollado por los presos es un medio
indispensable - junto con el estudio y la enseñanza - para alcanzar el
fin resocializador de la pena, y hace parte integrante del núcleo
esencial  del derecho a la libertad (CP art. 28), pues tiene la virtud de aminorar
el tiempo de duración de la pena a través de su rebaja o redención (C.P.P.
arts. 530 a 532). Consecuencia de lo anterior es la obligación del Estado de
proveer a los reclusos puestos de trabajo que contribuyan a su readaptación
social progresiva, a la vez que permitan, en caso de existir familia, el
cumplimiento de sus obligaciones alimentarias. Mientras la estructura
necesaria para crear suficientes puestos de trabajo en las cárceles se cumple,
los empleos a distribuir deben asignarse en condiciones de igualdad de
oportunidades, sin que el orden de prelación pueda ser objeto de una
aplicación arbitraria o discriminatoria (CP art. 13)”. (Subrayas fuera del
original).
3.3.9 Ahora bien, la jurisprudencia de la
Corte no ha sido unánime en torno a la remuneración y el trabajo
penitenciario. Por una parte, en la sentencia anteriormente citada se indica
que la remuneración por el trabajo penitenciario, amén de contribuir a la
readaptación social, facilita que el trabajador cumpla con sus obligaciones
alimentarias; así se pretende evitar que por causas económicas los familiares
del condenado se vean extremadamente afectados por su situación. De igual modo
se pronunció esta Corporación en la sentencia T-009 de 1993[63], en la cual se
dijo, tras hacer una diferenciación entre el descanso remunerado y el tiempo
laborado con efectos de redención de pena, que “El carácter resocializador
de la pena tiene la función de formar al interno en el uso responsable de su
libertad: ello es posible a través del trabajo, particularmente mediante el
respeto de sus garantías constitucionales y legales. Sin el descanso necesario
y el reconocimiento salarial correspondiente, la efectividad de este medio se
vería menguada”.
Sin embargo, en la sentencia T-1077 de 2005[64],
esta Corporación adoptó otra posición frente a la remuneración del trabajo
penitenciario, para lo que se argumentó que es la resocialización y la
redención de la pena el fin del trabajo penitenciario y no la satisfacción del
mínimo vital, como lo es en el trabajo libre. En efecto, en esta sentencia se
dijo que “(…) la remuneración no forma parte
del derecho al trabajo de los reclusos el cual es concebido como instrumento de
redención de pena, y no como fuente permanente de ingresos para la satisfacción
de las necesidades básicas, las cuales deben estar cubiertas por el sistema
penitenciario”. Así mismo, se enfatizó que “la
remuneración equitativa del trabajo, a que alude el artículo 86 de la
Ley 65 de 1993[65]
hace referencia a los condenados en la fase de mediana seguridad dentro del
sistema progresivo, que trabajan organizados en grupos de labores agrícolas o
industriales con empresas o personas de reconocida honorabilidad, es decir a la
modalidad de administración indirecta (…)”.
Con todo, en
sentencia T-1326 de 2005[66],
refiriéndose a la remuneración del trabajo penitenciario, se indicó que “(…) lo establecido en las disposiciones contenidas en la
Ley 65 de 1993 se enmarca dentro de las condiciones específicas de
subordinación y sujeción en que se encuentran los internos. De las actividades
laborales realizadas por los reclusos no se deriva, por consiguiente, una
relación laboral en el estricto sentido de la palabra. Esto no obsta,
sin embargo, para que se deje de garantizar el derecho de los internos a
trabajar en condiciones liberadoras o se deje de hacer efectivo el derecho de
los reclusos a rehabilitarse, a disminuir su pena y, en la medida de lo posible,
a gozar del producto de su trabajo. (…) De ninguna de las normas contenidas en la mencionada Ley, es factible
deducir que el trabajo carcelario no deba ser remunerado. Las condiciones de remuneración podrán estar determinadas, en efecto,
por la disposición presupuestaria, pero es deber del Estado velar porque los
distintos establecimientos carcelarios dispongan de los recursos suficientes
para recompensar el trabajo realizado por los internos. Si bien se habla del
trabajo en prisión como trabajo obligatorio, a renglón seguido se establece que
este trabajo no podrá ser realizado de forma que resulte humillante o
degradante para el recluso (…)” (subrayas fuera del
original).
En este sentido,
bajo el presupuesto de que el fin del trabajo penitenciario es principalmente
la resocialización y partiendo de la base de que el Estado debe garantizar los
medios económicos que la permitan, en esa sentencia la
Corte manifestó: “No puede, pues, el
Estado soslayar sus obligaciones con el argumento de falta de recursos presupuestales.
Es deber del Estado conseguir los recursos económicos suficientes para la
efectiva resocialización de los reclusos tal como lo dispone la
Ley 65 de 1993”.
3.3.10 Ahora
bien, a pesar de que es comprensible la razón presupuestal para no bonificar
toda labor desempeñada en un establecimiento penitenciario por parte de los
reclusos, lo cierto es que resulta necesario efectuar distinciones, pues la
remuneración económica de todos los trabajos que pueden llegar a desarrollar
los internos no depende exclusivamente del Estado. En efecto,  existen dos
tipos de relaciones de derecho público que pueden regir el trabajo
penitenciario. Por una parte, se encuentra la administración indirecta,
modalidad que se presenta cuando un particular contrata con el Estado para que
éste facilite los recursos físicos, pero manteniendo bajo su cargo el control
del proceso productivo y debiendo vincular mano de obra reclusa. Esta
modalidad, como ya se dijo, conlleva que las condiciones laborales que rigen la
situación concreta se asemejen al trabajo libre. Por ello, la remuneración
pecuniaria que reciben los reclusos no puede ser inferior al salario mínimo y
no depende directamente del presupuesto del Estado, sino que debe ser pactada
en el mismo contrato con el particular.
La segunda,
denominada administración directa, se presenta cuando es el establecimiento
penitenciario el que pone a disposición de los internos los recursos necesarios
para adelantar las labores y controla directamente el desarrollo del proceso
productivo. En este caso, las bonificaciones sí dependen del presupuesto
asignado para tal fin, y las mismas no tienen que ser equivalentes a un salario
mínimo. Como quiera que ninguna de las normas analizadas determinan cómo habrá
de fijarse el monto de las bonificaciones, es preciso enfatizar que sólo
existen dos condiciones establecidas por las disposiciones analizadas. La
primera – consagrada en el artículo 86 del CPCa – contempla que habrá de ser
equitativa, y la segunda – establecida en el artículo 14 del Convenio 29 de la
OIT – establece que al menos una parte deberá ser pecuniaria. Así las cosas,
un componente de toda remuneración del trabajo penitenciario es el económico, a
lo que se suma la redención de la pena como consecuencia del tratamiento
terapéutico[67].
Debido
entonces a que existen los dos parámetros señalados para fijar las
bonificaciones de los trabajos realizados bajo la modalidad de la
administración directa,  son las entidades competentes, entre ellas el INPEC,
las que deben determinar las tasas de remuneración pecuniarias, respetando
siempre criterios de equidad y teniendo en cuenta que el trabajo penitenciario,
al igual que una precaria remuneración, no puede llevar a que se
institucionalice una explotación de la fuerza de trabajo reclusa. Sin embargo,
dadas las dificultades presupuestales del Estado, es legítimo que se
desarrollen estrategias que temporalmente suspendan la remuneración de todo
trabajo adelantado, para lo cual, por ejemplo, los establecimientos
penitenciarios podrían implementar un sistema rotativo.
3.3.11 En
conclusión, la dignidad humana implica la intangibilidad de ciertos bienes, por
esta razón toda pena debe ser proporcional y con ella no pueden afectarse los
derechos más allá de los fines resocializadores de la misma. Es un hecho que,
como se ha dicho, el castigo acarrea una carga sobre el cuerpo y que el trabajo
penitenciario conlleva una afectación a la voluntad – toda vez que es impuesto
como parte del tratamiento penitenciario -, sin importar si se presta
directamente al Estado o, a través de él, a particulares; por lo anterior, los
reclusos se hallan dentro de una condición disminuida de disponibilidad sobre
su fuerza de trabajo, que es legítima dentro del ordenamiento jurídico
colombiano siempre y cuando sea proporcional. Sin embargo, debido a que la
Constitución protege al trabajo en todas sus modalidades[68]
y que los convenios internacionales así como la legislación interna
expresamente se refieren al derecho de los reclusos de recibir remuneración
equitativa – sin distinción alguna -, pues –se reitera– el artículo 14 del
Convenio 29 de la OIT exige la remuneración en metálico, la
Sala estima que el trabajo penitenciario debe ser retribuido también mediante
el pago de una bonificación, pues este pago, por servirse de la fuerza de
trabajo de un sujeto privado de la libertad, hace parte de la esfera de bienes
intangibles de la población reclusa. Lo anterior, por cuanto como se ha dicho,
es un elemento del que depende la efectividad de los fines resocializadores de
la pena; lo que significa, entre otras, formarse en la cultura de la
satisfacción personal de adelantar una labor productiva y legítima por la cual
ser no sólo recompensado sino también reconocido. Así las cosas, el usufructo
gratuito del trabajo del recluso acarrearía tanto una limitación
desproporcionada de los derechos de los internos, como un desconocimiento
frontal de sus propósitos institucionales.
4. Caso concreto
4.1 Roso Santamaría
Benavides interpuso acción de tutela contra el Director de la
Penitenciaría de Alta y Media Seguridad de Palogordo – Girón -, el diez (10)
de noviembre de dos mil ocho (2008), por considerar, como se ha anotado, que se
le conculcaban sus derechos fundamentales al trabajo y a la igualdad. Indicó
que laboró como distribuidor de alimentos dentro del pabellón 10b desde el doce
(12) de julio de dos mil seis (2006) hasta el catorce (14) de enero de dos mil
ocho (2008). Sin embargo, a pesar de haberle solicitado a la autoridad
demandada el pago correspondiente a la labor desempeñada, el Director de la
Penitenciaría se abstuvo de hacerlo por considerar que al actor no le
correspondía sueldo alguno. Señaló que a otros reclusos se les ha cancelado la
bonificación por la misma labor que él desempeñó. Con fundamento en estos
hechos, el gestor del amparo solicitó al juez constitucional que ordenara al
Director de la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Palogordo – Girón –
que le cancelara la bonificación correspondiente al tiempo laborado como
distribuidor de alimentos, que, como mínimo, debía ser igual a aquella recibida
por los reclusos que desempeñaron actividades similares a la suya.
4.2 Por su parte,
el Director de la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Palogordo –
Girón – intervino dentro del término conferido por la autoridad judicial para
solicitar que la acción de tutela fuera declarada improcedente. Argumentó que
el trabajo penitenciario no puede ser asimilado al trabajo en libertad, pues su
fin es diferente: eminentemente terapéutico, sirviendo – además- para descontar
tiempo físico de la condena.
De otro lado, el
demandado argumentó que al estar obligado el Estado a proveer todo lo que los
reclusos requieran para la satisfacción de su mínimo vital, no puede
considerarse que este derecho se vea conculcado con la ausencia de pago de las
actividades por ellos desempeñadas.  Así, a pesar de lo establecido en el
artículo 86 de la Ley 65 de 1993, la remuneración depende de la actividad
adelantada, como quiera que así lo ha establecido la
Dirección General del INPEC. En este orden de ideas, indicó que la
Circular 032 de 2006 consagró cuáles actividades habrán de ser remuneradas y
cuántos cupos existen para las mismas. En la actualidad, ningún interno recibe
bonificación si trabajó como distribuidor de alimentos. Finalmente, indicó que
el juez de tutela no es competente para intervenir en esta materia, pues los
pagos por el trabajo carcelario han sido reglamentados por otra rama del poder
público, que ha determinado cuáles son las actividades a remunerar. Esta
distinción no acarrea una discriminación, ya que se debe a motivos de
seguridad, resocialización y del desarrollo de la política penitenciaria y
carcelaria.
4.3 La autoridad
judicial de instancia resolvió denegar el amparo deprecado. Indicó que bajo las
circunstancias en las que viven los reclusos, no puede considerarse que la
ausencia de remuneración de determinadas actividades conlleva una trasgresión
del derecho al mínimo vital. En este orden de ideas, argumentó que es legítima
la distinción entre actividades desempeñadas bajo la administración directa y
aquellas que son desarrolladas bajo la administración indirecta, siendo estas
últimas las únicas que reciben bonificación. Así, al pertenecer la distribución
de alimentos a la administración directa, es legítimo que no sea remunerada.
4.4 La
Sala constata que la acción de tutela interpuesta por el gestor del amparo es
procedente, pues la misma condición de especial sujeción en la que se encuentra
Roso Santamaría Benavides, por estar privado de la libertad, obliga a que el
Juez Constitucional intervenga para evitar que sus derechos fundamentales se
vean conculcados. Esta condición acarrea que el análisis de idoneidad de los
demás medios de defensa judicial sea decidido a favor de la acción de tutela,
por ser ésta mucho más eficiente que el resto de acciones existentes en el
ordenamiento jurídico. De otro lado, y sumado a lo anterior, la limitación
desproporcionada del derecho al trabajo, protegido en todas sus formas según el
artículo 25 de la Carta,  hace que el asunto bajo estudio sea de evidente
relevancia constitucional. En este sentido, las condiciones establecidas en la
sentencia T-1326 de 2005, relativas a la importancia iusfundamental  del
caso, a la existencia de una posible transgresión a los derechos fundamentales,
la situación de indefensión del gestor del amparo y la ausencia de otro
mecanismo de defensa judicial que pueda resolver la situación en un tiempo
sumario y razonable, también se cumplen en este caso. Así las cosas, como fue
señalado en las consideraciones generales de esta sentencia,  y como quiera que
casos similares han sido estudiados y fallados por esta Corporación, la
Sala considera que la acción de tutela es procedente.
4.5 De los medios
probatorios obrantes en el expediente, se evidencia que el gestor del amparo
laboró como distribuidor de alimentos un total de 2408 horas entre el doce (12)
de julio de dos mil seis (2006) y junio de dos mil siete (2007) (Cuad. 1, folio
12 y 13). Ahora bien, el actor indicó al momento de interponer la acción de
tutela que había desempeñado la mencionada actividad hasta el catorce (14) de
enero de dos mil ocho (2008), información ésta que fue corroborada por el
INPEC, como respuesta a la séptima pregunta del primer cuestionario enviado,
donde informó que “(…) verificada la cartilla
biográfica del interno (…) se evidencia que (…) fue asignado mediante acta 004
de fecha 24-12-2007 a la actividad de reparto y distribución de alimento (…)” (cuad. 3, folio 24). Sin embargo, tras el análisis de otros medios
probatorios allegados al expediente, se vislumbra una conclusión diferente. En
efecto, como se indicó en el análisis de las diferentes pruebas recaudadas en
sede de revisión, el acta 04 del veinticuatro (24) de
diciembre de dos mil siete (2007) versa sobre el traslado del gestor del
amparo, al igual que su asignación a la actividad “(…) de redención en el
programa de educación informal de promoción, prevención y desarrollo humano
(…)” (Cuad. 3, folio 116). Por lo mismo, de ella no puede desprenderse que
Santamaría Benavides haya laborado durante el tiempo comprendido entre el
veinticuatro (24) de diciembre de dos mil siete (2007) y enero de dos mil ocho
(2008). De hecho, en la mencionada acta sólo se observa que “(…) [la]
asignación [fue] terminada” (Cuad. 3, folio 123).
Con todo, la
Sala también se enfrenta a otra cuestión, relativa a si el actor trabajó
durante el lapso comprendido entre julio de dos mil siete (2007) y el
veintitrés (23) de diciembre de esa anualidad, un día antes de haber sido
expedida la Acta 04 de dos mil siete (2007). Si bien no existen certificados de
cómputo por trabajo y estudio durante ese tiempo, equiparables a los que
establecen que el accionante laboró un total de 2408 horas entre julio de dos
mil seis (2006) y junio de dos mil siete (2007) - pues el último que obra en el
expediente fue expedido el dieciocho (18) de julio de dos mil siete (2007)
(Cuad. 1, folios 12 y 13) -, lo cierto es que la mencionada acta establece la “(…)
termina[ción]” de la actividad (Cuad. 3, folio 123). Por lo mismo, la
Sala considera que el accionante, quien adujo que trabajó durante los aludidos
meses, así lo hizo.
Ahora bien, no es
posible determinar con certeza el número de horas que desempeñó la labor,
debido a la ausencia de los mencionados certificados. Sin embargo, esto no
puede llevar a que el actor quede desamparado, pues de las pruebas obrantes se
observa que siempre, en promedio, trabajó cerca de 200 horas al mes (Cuad. 1,
folios 12 y 13). Por lo mismo, la Sala utilizará este aproximado para fijar el
tiempo que trabajó durante julio de dos mil siete (2007) y hasta el veintitrés
(23) de diciembre del mismo año. Así las cosas, a las 2408 horas habrá que
sumarle 1200 horas, correspondientes a las 200 horas laboradas cada mes durante
medio año. Entonces, la suma total de las horas trabajadas por Roso Santamaría
Benavides equivaldría a 3.608 horas.
4.6 Como se
mencionó anteriormente, la condición de especial sujeción en la que se
encuentran los reclusos no acarrea que cualquier limitación o suspensión de sus
derechos sea legítima. Esto se debe a los principios de  proporcionalidad de la
pena y de la dignidad humana. Así, aun cuando sea legítimo imponerles a las
personas privadas de la libertad actividades que requieran el despliegue de su
fuerza de trabajo, esto no significa que sea jurídicamente aceptable la
privación de la correspondiente  remuneración que por su trabajo deben
percibir, pues ello además de ir en contra de la valía con que debe ser tratado
y estimado todo individuo, resulta una carga excesiva para quien se encuentra
privado de la libertad y  contraria a la
Constitución.
Además, la
contraprestación económica a la labor desempeñada encuentra fundamento en
normas legales, como lo son el artículo 86 del CPCa – que establece, sin
distinción alguna, que el trabajo de los reclusos será remunerado - o el 88 del
mismo estatuto, que contempla el estímulo al ahorro. A la misma conclusión ha
llegado tanto la doctrina consultada como la jurisprudencia constitucional y
los Convenios que fueron analizados. En suma, al ser la remuneración al trabajo
una parte intangible de este derecho fundamental, la autoridad pública
accionada, al no haberla cancelado, incurrió en una limitación no autorizada
del derecho, conculcándolo inevitablemente.
De hecho, la misma
Dirección General del INPEC, como respuesta al segundo cuestionario enviado,
manifestó que la actividad es cancelada – de ordinario -, por la institución.
Al respecto, anotó en los siguientes términos: “(…)
la modalidad de administración en que se desarrolló esta actividad (…) es
considerada como Directa (…) por cuanto la bonificación la cancela el INPEC
(…)” (Subrayas fuera el original) (Cuad. 3, folio
81). Así mismo, la Directora de la
EPAMS Girón, en el memorando adjuntado a la respuesta de la
Dirección General del INPEC, señaló también que “(…) los pagos de
bonificación para este tipo de población (…) [son] realizad[os] por el INPEC
(…)”(Cuad. 3, folio 85). Por lo tanto, la entidad demandada, al no haberle
cancelado a Santamaría Benavides las bonificaciones correspondientes, a
sabiendas de que la actividad es remunerada, le conculcó su derecho fundamental
al trabajo.
4.7 Lo anterior
toma aún mayor importancia considerando que Roso Santamaría laboró cuando era
sindicado. Según la respuesta expedida el dieciséis (16) de septiembre de dos
mil ocho (2008) por la Dependencia de Tratamiento y Desarrollo, como
justificación para no cancelarle la bonificación por él solicitada, se le
indicó que al haber desempeñado la actividad como sindicado, no le correspondía
remuneración alguna (Cuad. 1, folio 9). Como se evidencia de los Convenios
internacionales, el trabajo sólo puede ser impuesto en razón a una sentencia
condenatoria, lo que no priva del derecho a la remuneración equitativa – tal y
como lo contempla el CPCa -, con las variaciones que dependen de si se presta
en la modalidad de administración directa o indirecta. Si esto opera para las
personas condenadas, quienes se encuentran privadas de la libertad bajo las
medidas de aseguramiento, además de que no se les puede forzar para trabajar,
tampoco tienen por qué padecer más restricciones a sus derechos que los
sufridos sobre su libertad. Por ende, si aquéllos reciben remuneración, con más
razón éstos deben acceder al salario. Y es que, como lo indica el gestor del
amparo, “(…) a los demás internos se les ha cancelado lo trabajado en esta
área” (Cuad. 1, folio 8). Afirmación que, según el acervo probatorio queda
acreditada, pues a otro recluso, que se desempeñaba como distribuidor de
alimentos, se le reconocieron las bonificaciones tras una decisión
jurisdiccional (Cuad. 1, folios 14 a 15). La prueba anterior muestra que,
además del derecho al trabajo, al actor se le transgredió el derecho a la
igualdad.
4.8 De otro lado, el argumento dado por la
Dependencia de Tratamiento y Desarrollo, según el cual no cancelaba la
bonificación correspondiente porque “(…) la actividad de distribuidor de
alimentos no [está] contemplada dentro de la circular No. 032 de 2006 (…)” (Cuad.
1, folio 9), no es de recibo para esta Sala. Lo anterior, por cuanto la
Circular es jerárquicamente inferior al CPCa, que en su artículo 86 dispone
que “(…) El trabajo de los reclusos se remunerará de una manera equitativa
(…)”. Al no existir distinción alguna en esta disposición, la misma no puede
ser efectuada en una norma de inferior jerarquía. Y es que la
Constitución es clara en señalar que la Ley es jerárquicamente superior a
cualquier reglamento o circular. En efecto, el inciso segundo del artículo 123,
mediante una enumeración donde se observa la jerarquía normativa, indica que “[los]
servidores públicos (…) ejercerán sus funciones en la forma prevista por la
Constitución, la ley y el reglamento (…)”. Así las cosas, la única
diferenciación que permite el mencionado artículo del CPCa es un pago
equitativo, que toma relevancia al momento de distinguir entre el trabajo bajo
la modalidad de administración indirecta y directa, aspecto que se analiza a
continuación.
4.9 Una vez
determinado que el gestor del amparo trabajó y que existe la obligación
jurídica de reconocerle las bonificaciones correspondientes, es importante
analizar en qué modalidad realizó la labor desempeñada, ya que  esto, a su vez,
acarrea determinadas consecuencias jurídicas. Ente ellas, el monto que le
corresponde como contraprestación al trabajo desempeñado.
La Dirección General del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario (INPEC), indicó, como respuesta al segundo
interrogante formulado que versaba sobre cuáles actividades se desarrollaban
bajo la modalidad de administración directa y cuáles bajo la de administración
indirecta, que según el Acuerdo 011 de 1995 existen
dos modalidades bajo las cuales se desarrolla el trabajo penitenciario. La
primera, se presenta cuando el establecimiento pone a disposición de los reclusos
los recursos productivos y controla directamente el desarrollo del trabajo, y
la segunda, cuando la Administración entrega a los particulares los recursos
físicos del Estado, para que éstos vinculen mano de obra reclusa y controlen el
proceso de producción (Cuad. 3, folio 18).
En términos
muy similares se establece en el artículo 5º de la
Resolución 2392 del tres (3) de mayo de dos mil seis (2006) que los programas
laborales que puede desempeñar la población reclusa se enmarcan en dos
modalidades: “[La] administración directa: Cuando la administración del
Establecimiento de Reclusión pone a disposición de los Internos los recursos
productivos del Estado, necesarios para el desarrollo de actividades
industriales, agropecuarias y de servicios con carácter empresarial y controla
directamente el desarrollo económico y social de las mismas. [Y  la]
administración indirecta: Cuando la administración del Establecimiento pone a
disposición de personas naturales o jurídicas los recursos físicos, con que
cuenta el Establecimiento de Reclusión para que ellas lleven a acabo
actividades productivas con vinculación de mano de obra interna. En este caso
el control del proceso de fabricación y capacitación lo ejerce directamente el
particular (…)” (Cuad. 3, folio 134)
4.10 En cuanto
a la modalidad bajo la cual el gestor del amparo desempeñó la actividad de
reparto y distribución de alimentos, la Sala constata que la misma pertenece a
la administración directa, pues, a pesar de que existen dos contratos aportados
al acervo probatorio que versan sobre la producción de alimentos, la labor
desempeñada por el gestor del amparo es complementaria a la actividad
desplegada en razón a esto últimos, como pasa a exponerse.
Estos dos
contratos pertenecen a la modalidad de administración indirecta. El primero de
ellos – Número 1316 de 2005, celebrado por el INPEC y el señor José Macdonell
Lenis  – señala, como ya se ha dicho, que el objeto del mismo es suministrar “(…)
a la población interna del EPC. AMS. Girón, por el sistema de precios por
ración (…): un desayuno, un almuerzo y una comida (…)” (Cuad. 3, folio 34).
Así mismo, se observa que “El contratista se obliga a contratar por su
cuenta y riesgo el personal necesario para la ejecución del contrato. (…) El
personal utilizado para la preparación y manejo de los alimentos, deberá ser
preferiblemente seleccionado dentro de los internos del establecimiento (…)”
(Cuad. 3, folio 35). Finalmente, como obligaciones del INPEC, se
contemplaron “(…) ejercer el respectivo control del contrato (…), [poner] a
disposición del contratista las instalaciones de agua, energía eléctrica[,]
menaje existente y demás elementos que se encuentran en el área de cocina del
establecimiento (…)” (Cuad. 3, folio 37). En cuanto al segundo contrato  –
Número 1319 de 2007, celebrado por el INPEC con José Macdonell Lenis -, se
constata la misma obligación de suministro de alimentación a la población
interna por parte del contratista, así como que “El personal utilizado para
la preparación y manejo de los alimentos deberá ser preferiblemente
seleccionado dentro de los internos de los Establecimientos (…)” (Cuad. 3,
folio 50).
Como se
observa, la actividad desempeñada bajo estos contratos versaba sobre la
preparación y manejo de alimentos, era ejecutada y controlada por el
contratista, con vinculación de población reclusa y se desarrollaba en una
locación específica: el área de cocina. En cambio, el objeto de la labor
efectuada por Roso Santamaría Benavides era la distribución de los alimentos en
el pabellón # 10b del EPAMS de Palogordo – Girón -, no su preparación, así como
la limpieza de los menajes utilizados. Esto se observa, en primer lugar, del
memorando aportado por la Dirección General del INPEC, expedido por la
Directora de la mencionada institución, que, al diferenciar la actividad
desempeñada por el actor del objeto de los aludidos contratos, señaló que “(…)
la función primordial es entregar en adecuadas condiciones tanto de higiene
como de presentación los alimentos provenientes del servicio de alimentación.
(…) [Actividad que se desarrolla], sin mantener subordinación del contratista.
[En cambio,] Los preparadores de alimentos ó (sic) manipuladores de alimentos,
son internos clasificados en fase de mediana seguridad (…) cuyas funciones se
orientan a manipular los alimentos en el servicio de alimentación, manteniendo
subordinación directa con la empresa contratista (…). El cumplimiento de las
tareas exige el manejo de maquinas (sic), equipos y herramientas, así como el
desarrollo de procesos en cadena” (Cuad. 1, folio 85). “(…) El señor
interno Roso Santamaría Benavidez, cumplió a cabalidad con las funciones como
distribuidor de alimentos en el pabellón N. 10 B (…) cuya labor no corresponde
a la ejecutada en el servicio de alimentos (rancho) (Cuad. 3, folio 86).
Lo anterior,
fue corroborado por el Subdirector de Tratamiento y Desarrollo, quien manifestó
que la labor desempeñada por el gestor del amparo “(…) incluye la
recolección y limpieza de menajes, verificación de menús y cantidad (…). [Se]
encuentra clasificada bajo la modalidad de administración directa, teniendo en
cuenta que los contratos de alimentación consisten, básicamente, en la
preparación de alimentos[,] pero no cuentan con la capacidad para
distribuirlos. (…) [Es] el INPEC, quien selecciona, vigila y evalúa el personal
de internos que van a desarrollar dicha labor (…). La actividad que desarrollan
los internos que trabajan con los contratistas de alimentos, corresponde
únicamente a la preparación de alimentos” (Cuad. 3, folios 108
a 110). Adicionalmente, en el numeral 5 del artículo 3º de la
Resolución 2392 del tres (3) de mayo de dos mil seis (2006) se observa la
diferenciación entre el “(…) procesamiento y transformación de alimentos
(…)”, perteneciente a labores industriales, y la “(…) manipulación de
alimentos (Servicios de alimentos – Reparto y distribución de alimentos (…)”,
que corresponde a las labores de servicios (Cuad. 3, folio 133). Así las cosas,
para la Sala no hay duda de que el gestor del amparo desempeñó una actividad
perteneciente a la modalidad de administración directa y le corresponde la
bonificación de la misma, que, a diferencia de la administración indirecta,
puede ser proporcional y diferente al salario mínimo vigente, conforme a los
Convenios de la OIT y a la normatividad nacional, atrás referidos, pues la
fuerza de trabajo no se cedió a un particular.
4.11 Como fue expuesto en el numeral
4.5 de esta providencia, el gestor del amparo laboró como distribuidor de
alimentos, cuando era sindicado, un total de 3608 horas entre el doce (12) de julio de dos mil seis y el veintitrés (23)
de diciembre de dos mil siete (2007). Por lo tanto, la entidad demandada deberá
cancelarle por cada hora trabajada el equivalente que le pagó a los demás
reclusos que desempeñaron actividades bajo la modalidad de administración
directa durante ese término.
4.12 En definitiva, la
Sala constata que el señor Roso Santamaría Benavides, al haber trabajado bajo
la modalidad de administración directa como distribuidor de alimentos tiene
derecho a que le sean canceladas las bonificaciones correspondientes por la
labor desempeñada, pues el hecho de que estuviera privado de la libertad al
momento de desempeñar la labor, no autoriza que su fuerza de trabajo sea
usufructuada gratuitamente. En cuanto al monto de las mismas, la
Sala determina que deberá ser como mínimo igual a aquél recibido por los demás
reclusos que trabajaron bajo la modalidad de administración directa. Por lo
demás, dado que el accionante solicitó que le fueran canceladas bonificaciones
con valores como mínimo iguales a las recibidas por los demás reclusos que
desempeñaron labores similares a la suya, se procederá en tal sentido. Ahora
bien, es importante reiterar que, al no haberle cancelado estos dineros, la
autoridad pública accionada conculcó sus derechos fundamentales al trabajo y a
la igualdad. Dado que la autoridad judicial cuya sentencia se revisa no
protegió los derechos invocados por el actor, la
Sala revocará la sentencia de instancia y en su lugar ordenará efectuar los
pagos por los días laborados con los mismos montos que se le asignaron a los
demás reclusos que trabajaron durante ese tiempo y que recibieron la mencionada
bonificación.
5. Cuestiones sustanciales que el
caso ha puesto en evidencia, pero que no hacen parte del asunto.
5.1 Aparte del análisis de carácter
sustancial que se ha desarrollado hasta el momento y que da lugar a que esta
Sala ampare los derechos fundamentales del actor, no puede la
Corte pasar por alto serias irregularidades que se evidencian de las pruebas
recaudadas durante todo el proceso, sobre todo de las respuestas enviadas por
el INPEC y por la Directora de la EPAMS de Palogordo -Girón-, conforme fue
señalado en los numerales 2.3.7 y 2.7.2 de esta providencia y que a
continuación se sintetizan.
5.2 En la
respuesta dada por el INPEC a la séptima pregunta del primer cuestionario,
donde se le indagaba por la modalidad bajo la cual el accionante desempeñó la
labor de repartidor de alimentos, esta entidad señaló que “(…) verificada la
cartilla biográfica del interno (…) se evidencia que (…) fue asignado mediante
acta 004 de fecha 24-12-2007 a la actividad de reparto y distribución de
alimentos, la cual forma parte de la modalidad de administración directa”. (cuad.
3, folio 24). En ese momento, el INPEC, de forma negligente, omitió aportar
medios probatorios que sustentaran tal afirmación. Sin embargo, tras un segundo
requerimiento, allegó copia de la mencionada acta. Tras analizarla, la
Sala constata que versa realmente sobre el cambio de actividades que desempeñaban
algunos internos y no sobre la asignación del gestor del amparo a la actividad
de distribución de alimentos.  De hecho, en el acta consta la terminación de
esta actividad, cosa que se  argumentó bajo la afirmación de que la misma no se
encontraba reconocida en la Resolución 2392 de 2006. Por lo tanto, existe una
incongruencia entre la primera respuesta y el acta.
5.3 Así mismo,
la respuesta dada por la Directora del EPAMS Girón, donde señalaba que el
tiempo laborado por el accionante no superaba tres jornadas diarias de 45
minutos, no puede ser cierta, toda vez que en el acervo probatorio constan  los
certificados de cómputo por trabajo o estudio, que  acreditan que mensualmente
el actor trabajaba cerca de 200 horas al mes (Cuad. 1, folios 12 y 13).
5.4 En cuanto
a la remuneración del trabajo desempeñado por el actor, es curioso que en un
principio el establecimiento penitenciario enfatizara que el mismo no debía ser
remunerado, mas en las respuestas dadas a los cuestionarios enviados, apuntara
que era “(…) una actividad de servicio, y se [encontraba] incluida en pago
de bonificación por administración directa (…)”(Cuad. 1, folio 85).
5.5 Observa la
Sala que una copia de la Resolución 2392 del tres (3) de mayo de dos mil seis
(2006) fue aportada al expediente, y que en la misma se reconoce tanto la
actividad laboral de industria de procesamiento y transformación de alimentos,
como la actividad laboral de servicios de manipulación, distribución y reparto
de alimentos (Cuad. 3, folio 133). Ahora bien, el Acta 004 del veinticuatro
(24) de diciembre de dos mil siete (2007) sustentó la reubicación de la labor
que desempeñaba el gestor del amparo, en que esta última no se encontraba
validada por la Resolución en comento. Sin embargo, esta afirmación carece de
sustento, ya que, como se demostró, la actividad desarrollada por el gestor del
amparo sí era reconocida en la Resolución 2392 de 2006. En este sentido, se
recuerda que su trabajo consistió en distribuir alimentos dentro del pabellón
10 b, y que tal labor está incluida en la mentada resolución, donde se afirma
que la actividad de manipulación de alimentos – reparto y distribución de los
mismos – hace parte de las actividades laborales de servicio.
5.6 Vistas estas irregularidades, la
Sala remitirá copias del expediente, así como de esta providencia, a la
Defensoría del Pueblo para que, como parte del Ministerio Público – si lo
considera -, inicie las pesquisas pertinentes en torno a la situación laboral
de los reclusos en el mencionado establecimiento penitenciario.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Tercera de Revisión, administrando justicia en nombre
del pueblo y por mandato de la
Constitución Política,
RESUELVE
Primero:
LEVANTAR la suspensión del término para decidir.
Segundo: REVOCAR
la sentencia proferida por el Juzgado Séptimo Civil
del Circuito de Bucaramanga el veinticinco (25) de noviembre de dos mil ocho
(2008) y en su lugar amparar los derechos fundamentales al trabajo y a la
igualdad de Roso Santamaría Benavides contra la
Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Palogordo – Girón-.
Tercero: ORDENAR a la Dirección de la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de
Palogordo – Girón –, que en el término de cinco (5) días, contados a partir de
la notificación de la presente sentencia, se cumplan los trámites pertinentes
para efectuar el reconocimiento de las bonificaciones que corresponden a Roso
Santamaría Benavides con motivo de la actividad desempeñada por él como
distribuidor de alimentos entre el doce (12) de julio
de dos mil seis y el veintitrés (23) de diciembre de dos mil siete (2007), los
cuales, en todo caso, deberán reconocer las tres mil seiscientas ocho horas ( 3608) laboradas por el gestor del amparo con un valor mínimo igual al
recibido por los demás reclusos de ese establecimiento que hayan desempeñado
actividades bajo la modalidad de administración directa.
Cuarto: REMITIR
copias del expediente, así como de la presente sentencia al Defensor del Pueblo
para que, si lo considera pertinente, inicie las pesquisas correspondientes
conforme al numeral 5º de esta providencia.
Quinto: LÍBRESE
por Secretaría la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de
1991, para los efectos allí contemplados.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
JUAN CARLOS HENAO
PÉREZ
Magistrado Ponente
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE IVÁN PALACIO
PALACIO
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
[1] Artículo 25 C.P
[2] En esa ocasión, la Corte se pronunció sobre dos casos en los cuales
una empresa de energía eléctrica resolvió imponer fuertes sanciones a entidades
públicas por incumplir los pagos causados por el suministro eléctrico. En el
primero de ellos, el INPEC había celebrado un convenio administrativo con el
Distrito de Cartagena para hacerse cargo de los contraventores. Sin embargo,
este último no canceló dicho convenio y el INPEC no pudo asumir los nuevos
costos que surgieron como consecuencia del aumento de la población reclusa.
Ante el incumplimiento, Electrocosta decidió someter la cárcel a racionamientos
eléctricos con duraciones que oscilaban entre 5 y 6 horas. Por lo mismo, las
condiciones de subsistencia de los internos se vieron seriamente afectadas,
pues el bombeo del agua, la ventilación del establecimiento penitenciario, las
instalaciones de cocina y la vigilancia del recinto dependían de la energía
eléctrica. En el segundo caso, la misma empresa decidió suspenderle a todo un
municipio el mencionado servicio público, pues la
Alcaldía había incumplido con el pago del mismo. Como consecuencia de lo
anterior, el hospital, el acueducto, la iluminación de las calles y la
refrigeración de los alimentos se vieron afectados. La
Corte, tras determinar que la acción de tutela era procedente por tratarse de
la prestación de un servicio público, reiterar y sistematizar la jurisprudencia
de esta Corporación en torno a la dignidad humana y a las condiciones de
especial sujeción de las personas recluidas en establecimientos penitenciarios,
resolvió amparar los derechos de los gestores del amparo. Uno de los argumentos
esbozados, radicó en señalar que el interés contractual de las partes no puede,
en principio, prevalecer sobre los intereses de terceros que se vean afectados
directamente por la ejecución de los contratos, cosa que se acentúa cuando la
conducta del particular amenaza los derechos fundamentales de aquellos.
[3] Sentencia T-881 de 2002
[4] En esta providencia, la Corte se pronunció sobre tres casos relativos
a población reclusa. En los dos primeros, los accionantes señalaban que dado el
hacinamiento en la penitenciaría, sólo encontraban un lugar para pernoctar al
lado de las letrinas del establecimiento. En el tercer caso, el accionante indicó
que tras haber tenido una discusión con un guardia, fue confinado a un calabozo
donde las condiciones de salubridad eran precarias. La entidad demandada
justificó las condiciones de limpieza de la penitenciaría aduciendo que fue
construida sólo para albergar a 380 personas, pero que en el momento contaba
con una población reclusa de 484 individuos. Así mismo, señaló que debido a la
falta de presupuesto le era imposible mejorar las deficientes instalaciones de
acueducto y alcantarillado. La Corte, tras analizar el fundamento, el sentido y
la función de la pena, así como la relación del castigo y el valor
constitucional de la dignidad, relacionada con la situación jurídica existente
entre el preso y la administración, resolvió amparar los derechos fundamentales
de los accionantes, dado que la falta de dinero no justificaba las
insuficientes condiciones de salubridad de la población reclusa. De igual modo,
enfatizó que no es aceptable, a la luz de la
Constitución, someter a las personas a tratos y penas crueles o degradantes, y
que tales condiciones de salubridad conllevaban la transgresión de tales
preceptos.
[5]  Al respecto, también pueden consultarse, entre otras, las sentencias
T – 161 de 2007 y T- 1108 de 2002.
[6] “La subordinación tiene su fundamento en la obligación
especial de la persona recluida consistente en “cumplir una medida de
aseguramiento, dada su vinculación a un proceso penal, o una pena debido a que
es responsable de la comisión de un hecho punible” (citada de la
Sentencia T-065 de 1995). (…) También es vista como el resultado de la
“inserción” del administrado en la organización administrativa penitenciaria
por lo cual queda “sometido a un régimen jurídico especial”. Sobre este tema,
puede consultarse la Sentencia T-705 de 1996.
[7] “Desde los primeros pronunciamientos sobre el
tema, la Corte identificó la existencia de un “régimen jurídico especial al que
se encuentran sometidos los internos”, el cual incluye la suspensión y la
limitación de algunos derechos fundamentales. [En] este sentido ver [la]
Sentencia T-422 de 1992”.
[8] “Que se concreta por ejemplo,  en la
posibilidad de implantar un régimen disciplinario para los reclusos[. Ver] la
Sentencia T-596 de 1992.”
[9] “Que se concreta por ejemplo, en la
posibilidad de implantar un régimen especial de visitas[.Ver] la sentencia
T-065 de 1995”.
[10] “Sobre los tres regímenes de los derechos
fundamentales de los reclusos, según la posibilidad de la suspensión,
limitación y goce pleno, ver[,] entre otras[,] las sentencias T-222 de 1993,
T-065 de 1995 y T-705 de 1996”.
[11] “En este sentido véase la sentencia C-318 de
1995. La potestad administrativa para limitar o restringir derechos
fundamentales en el contexto de las relaciones especiales de sujeción, “debe
estar expresamente autorizada en la ley que regule su ejercicio”[. Ver] la
sentencia T-705 de 1996”.
[12] “Sobre la finalidad de la limitación a los
derechos fundamentales en el contexto de las relaciones especiales de sujeción,
véase especialmente la sentencia T-705 de 1996. Sobre su relación con la
posibililidad real de la resocialización véase la sentencia T-714 de 1996”.
[13] “Entre los especiales derechos de los presos
y su correlato, los deberes del Estado, como consecuencia del establecimiento
de una relación especial de sujeción, se encuentran “el deber de trato humano y
digno, [el] deber de proporcionar alimentación suficiente, agua potable,
vestuario, utensilios de higiene, lugar de habitación en condiciones de higiene
y salud adecuadas, el deber de asistencia médica, y el derecho al descanso
nocturno, entre otros”, citada de la sentencia T-596 de 1992”.
[14] “Sobre los deberes especiales del Estado[,]
ver la sentencia T-966 de 2000”.
[15] “Para la
Corte esta garantía debe ser reforzada, ya que el recluso[,] al estar sometido
a una relación especial de sujeción, tiene limitado su derecho a escoger
opciones y le es imposible autoabastecerse[. En] este sentido ver la sentencia
T-522 de 1992[. Además] se encuentra en un estado de “vulnerabilidad” por lo
cual la actividad del Estado en procura de la eficacia de los derechos
fundamentales debe ser activa y no solo pasiva[. En] este sentido[,] ver la
sentencia T-388 de 1993, y (…) la sentencia T-420 de 1994. [A lo anterior se
suma que] el recluso está en imposibilidad de procurarse en forma autónoma los
beneficios propios de las condiciones mínimas de una existencia digna[. A este
respecto, ver] la sentencia T-714 de 1995 (…)”.
[16] “Sobre el contenido de este deber positivo
ver la sentencia T-153 de 1998”.
[17] “Sobre el énfasis en el deber positivo en
cabeza del Estado, véase las sentencias T-714 de 1996 y  T-153 de 1998”.
[18] “Responsabilidad del Estado que se concreta
en la obligación de velar por la seguridad de los reclusos en el perímetro
carcelario y en la obligación  de garantizar condiciones de vida adecuadas a
los reclusos[. Al respecto, ver] la
Sentencia T-522 de 1992”.
[19] “La posibilidad de reinserción social depende
en buena medida de la eficacia del derecho de los reclusos [de] contar con
centros carcelarios adecuados[. Este] derecho encuentra el fundamento de su validez
en el derecho a la dignidad y en el principio del Estado social de derecho[. Al
respecto, consultar la], sentencia T-153 de 1998”.
[20] En esta providencia, la Corte se pronunció sobre una acción de tutela
instaurada por la Defensoría del Pueblo contra el INPEC, el Ministerio del
Interior y de Justicia, al igual que otras entidades estatales. En esta
ocasión, se evidenció que el hacinamiento carcelario en un establecimiento
penitenciario se agravaba por las pésimas condiciones en las cuales se hallaba la
infraestructura del inmueble, ya que existían riesgos de accidentes por las
conexiones eléctricas, deficiente suministro de agua potable, el techo del
edificio amenazaba con caerse y no existía un adecuado sistema de atención en
salud de la población reclusa. Por todo lo anterior, la
Corte, tras referirse a las relaciones de especial sujeción, a los derechos de
la población reclusa y al respeto a la dignidad humana, resolvió conceder el
amparo. Como consecuencia de lo anterior, ordenó a las entidades demandadas
adoptar las medidas administrativas y presupuestales necesarias para garantizar
la reparación del inmueble.
[21] López Benites Mariano, Naturaleza y presupuestos constitucionales
de las relaciones especiales de sujeción, Madrid: Civitas, 1994, Págs. 161
y 162.
[22] Art. 1, Ley 65 de 1993.
[23] Art. 10, Ley 65 de 1993.
[24] El
texto del mencionado artículo es el siguiente: ARTÍCULO 11. FINALIDAD DE LA
DETENCIÓN PREVENTIVA. <Artículo modificado por el artículo 2 del Decreto 2636 de 2004. El nuevo texto es el
siguiente:> La detención preventiva tiene por objeto asegurar la
comparecencia de los imputados al proceso penal, la conservación de la prueba y
la protección de la comunidad, en especial de las víctimas, y la efectividad de
la pena impuesta.
[25] Art. 143, Ley 65 de 1993
[26] El art. 79, de la Ley 65 de 1993 dispone: “Obligatoriedad
del Trabajo. El trabajo en los establecimientos de
reclusión es obligatorio para los condenados como medio terapéutico adecuado a
los fines de la resocialización. No tendrá carácter aflictivo ni podrá ser
aplicado como sanción disciplinaria. Se organizará atendiendo las aptitudes y
capacidades de los internos, permitiéndoles dentro de lo posible escoger entre
las diferentes opciones existentes en el centro de reclusión.  Debe estar
previamente reglamentado por la
Dirección General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Sus
productos serán comercializados”.
[27] El texto completo del
mencionado artículo es el siguiente: ARTÍCULO 82. REDENCIÓN DE LA
PENA POR TRABAJO. El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad
concederá la redención de pena por trabajo a los condenados a pena privativa de
libertad.
A los detenidos y a los condenados se les abonará un día de reclusión
por dos días de trabajo. Para estos efectos no se podrán computar más de ocho
horas diarias de trabajo.
El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad constatará en
cualquier momento, el trabajo, la educación y la enseñanza que se estén
llevando a cabo en los centros de reclusión de su jurisdicción y lo pondrá en
conocimiento del director respectivo.
[28] Establece el mencionado artículo 87 del CPCa: “ACTOS
DE GESTIÓN. El director de cada establecimiento de reclusión, previa
delegación del Director General del Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario, podrá celebrar convenios o contratos con personas de derecho
público o privado con o sin ánimo de lucro, con el fin exclusivo de garantizar
el trabajo, la educación y la recreación, así como el mantenimiento y
funcionamiento del centro de reclusión”.
[29] El
texto completo del mentado artículo es el siguiente: ARTÍCULO 84. CONTRATO DE TRABAJO. Los internos
no podrán contratar trabajos con particulares. Estos deberán hacerlo con la
administración de cada centro de reclusión o con la
Sociedad "Renacimiento". En este contrato se pactará la clase de
trabajo que será ejecutado, término de duración, la remuneración que se le
pagará al interno, la participación a la caja especial y las causas de
terminación del mismo. Igualmente el trabajo en los centros de reclusión podrá
realizarse por orden del director del establecimiento impartida a los internos,
de acuerdo con las pautas fijadas por el INPEC.
[30] Art. 52, Ley 65 de 1993.
[31] Art. 86
Ley 65 de 1993. Esta norma dispone: “REMUNERACIÓN DEL TRABAJO, AMBIENTE ADECUADO Y
ORGANIZACIÓN EN GRUPOS. El trabajo de los reclusos se remunerará de una manera
equitativa. Se llevará a cabo dentro de un ambiente adecuado y observando las
normas de seguridad industrial.
Los condenados en la fase de mediana seguridad dentro
del sistema progresivo, podrán trabajar organizados en grupos de labores
agrícolas o industriales con empresas o personas de reconocida honorabilidad,
siempre que colaboren con la seguridad de los internos y con el espíritu de su
resocialización.
La protección laboral y social de los reclusos se
precisará en el reglamento general e interno de cada centro de reclusión.
En caso de accidente de trabajo los internos tendrán
derecho a las indemnizaciones de ley.
Los detenidos podrán trabajar individualmente o en
grupos de labores públicas, agrícolas o industriales en las mismas condiciones
que los condenados, siempre que el director del respectivo establecimiento
penal conceda esta gracia, según las consideraciones de conducta del interno,
calificación del delito y de seguridad. Los trabajadores sindicados o
condenados, solo podrán ser contratados con el establecimiento respectivo y
serán estrictamente controlados en su comportamiento y seguridad”.
[32] Artículo 89 Ley 65 de 1993. Esta norma dispone: “MANEJO DE DINERO. Se prohíbe el uso de dinero al interior de los centros de reclusión.
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario reglamentará las modalidades
de pago de bienes y servicios internos en los centros de reclusión”.
[33] Artículo 88 Ley 65 de 1993. Norma que establece: “ESTÍMULO DEL AHORRO. El director de cada centro de reclusión y en especial el asistente
social, procurarán estimular al interno para que haga acopio de sus ahorros con
el fin de atender, además de sus propias necesidades en la prisión, las de su
familia y sufragar los gastos de su nueva vida al ser puesto en libertad”.
[34] El artículo 64 del C.P. dispone: “Libertad Condicional (…) en todo
caso su concesión estará supeditada al pago total de la multa y de la
reparación a la víctima (…)”. Por su parte, el numeral 4º del artículo 38ª
del mismo estatuto impone como un presupuesto que debe concurrir para que el
juez ordene la utilización de sistemas de vigilancia electrónicos “(…) que
se realice el pago total de la multa (…)”.
[35] Sobre el concepto de bloque de constitucionalidad puede
consultarse la sentencia C-225 de 1995, mediante la cual se analizó la
exequibilidad del Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de
agosto de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos
armados sin carácter internacional (protocolo II) y de la
Ley 171 de 1994, por medio de la cual se aprobó dicho Protocolo.
[36] Incorporado a la Legislación interna mediante la
Ley 23 de 1967.
[37] Art. 2 # 1, Convenio 29.
[38] Sobre este tipo de documentos, la
Sala estima oportuno precisar que si bien no hacen parte del bloque de
constitucionalidad, son herramientas importantes para dilucidar el contenido
normativo que contemplan los instrumentos internacionales que tienen un rango
equivalente a la Constitución. En este sentido, es válido utilizarlos para
interpretar las normas de los diferentes Convenios de la
OIT, sin que sean tomados como instrumentos férreos al momento de aplicar las
mencionadas disposiciones.
[39] Oficina Internacional del Trabajo, Informe de la
Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, Informe III
(Parte 1ª),  Conferencia Internacional del Trabajo 91ª reunión, primera
edición, 2003, p. 113.
[40] Ibid. p 114.
[41] Ibid. p 148-149
[42] Para este caso, se indica claramente que las condiciones que rodeen al
trabajo han de ser comparables con aquellas bajo las que se encuentren los
trabajadores libres -, y en el caso de las horas extra – donde se establece que
deberán ser remuneradas con las mismas tasas aplicadas a las horas
extraordinarias de los trabajadores en libertad.
[43] Ver sentencia T-126 de 2009.
[44] Incorporado a la Legislación interna mediante la
Ley 54 de 1962.
[45] Oficina Internacional del Trabajo, Informe de la
Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, Informe III
(Parte 1ª), op. Cit. p 146.
[46] El mencionado inciso del artículo 86 del CPCa establece: “Los
detenidos podrán trabajar individualmente o en grupos de labores públicas,
agrícolas o industriales en las mismas condiciones que los condenados, siempre
que el director del respectivo establecimiento penal conceda esta gracia, según
las consideraciones de conducta del interno, calificación del delito y de
seguridad. Los trabajadores sindicados o condenados, solo podrán ser
contratados con el establecimiento respectivo y serán estrictamente controlados
en su comportamiento y seguridad”.
[47]Humblet M. Zarka-Martres M. et al, Las normas internacionales
del trabajo, un enfoque global, 75 aniversario de la
Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones,  Oficina
Internacional del Trabajo, 2002, p 68 y ss.
[48] Ibid. p 72
[49] Foucault Michele, Vigilar y Castigar, nacimiento de la
prisión, México: Siglo Veintiuno Editores S.A de CV, trigésimocuarta
edición 2005, primera edición en español 1976, p 18.
[50] Sandoval Huertas Emiro, Penología parte especial, Bogotá:
Universidad Externado de Colombia, 1984, p 157.
[51] Marx Carlos, El Capital, Crítica de la
Economía Política, México: Fondo de Cultura Económica, quinta reimpresión
1972, primera edición en español 1946, Tomo I, p 130-149.
[52]Según el artículo 23 del mencionado Código, son elementos esenciales
del contrato de trabajo: “(…) La actividad personal del trabajador, es
decir, realizada por sí mismo; la continua subordinación o dependencia (…); un
salario como retribución del servicio (…)”.
[53] Puerto Polanco Héctor, Trabajo Penitenciario y
Resocialización, Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 1996, p 177.
[54] Sandoval Huertas Emiro, op. Cit. p 162 - 163
[55] Puerto Polanco Héctor, op. Cit.. p 180
[56] Sandoval Huertas Emiro, op. Cit. p 166-167
[57] En esta providencia, la Corte se pronunció sobre la constitucionalidad
de los siguientes artículos del CPCa:  3o. (parcial), 14, 16, 21, 22,
23, 24, 29, 30, 33, 36, 37, 44, 45 y 52 (parciales); 53 y 57; 60 y 64
(parciales); 65; 69 (parcial); 72, 73, 77, 79, y 84; 86 (parcial); 87, 89, 90,
91, 98, 99, 101 y 109; 111 y 112 (parciales); 113, 114, 115, 116, 117, y 119;
121, 123, 125, 139, 147, 150 y 153 (parciales) y 168.
[58] Vid, pie de página 25.
[59] Artículo 1º Constitución Política de Colombia
[60] El artículo 25 de la
Constitución dispone: “El trabajo es un derecho y una obligación social y
goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda
persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas”.
[61] El último inciso del artículo 53 de la
Carta establece: “(…) La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de
trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos
de los trabajadores”.
[62] En esta sentencia, la Corte se pronunció sobre un caso en el cual un
preso alegaba que el consejo disciplinario del establecimiento penitenciario
donde se encontraba recluido, le trasgredió sus derechos fundamentales al
trabajo y al debido proceso. Al momento de instaurar la acción de tutela,
relató que venía trabajando en una fábrica en la ciudad de Armenia y gozando
del permiso de 72 horas, pero que el consejo demandado decidió modificar la
calificación que tenía de ejemplar a buena y posteriormente a regular, así
mismo, le suspendió el mencionado permiso al igual que el derecho al trabajo.
Por su parte, la entidad accionada indicó que denuncias de tráfico de
estupefacientes que presuntamente adelantaba el recluso y para lo que
aprovechaba su estancia por fuera del establecimiento penitenciario, al igual
que su llegada en estado de alicoramiento, fueron las causales para sancionarlo
y modificar la calificación de su conducta. La
Corte, tras pronunciarse sobre la naturaleza jurídica del trabajo
penitenciario y enfatizar sobre su relación con la libertad por servir como
medio para redimir la pena, señaló que no existía una sanción en el
ordenamiento jurídico – en ese momento el Decreto 1817 de 1964 regulaba el
trabajo penitenciario -, que legitimara la suspensión del trabajo. Por lo
mismo, y debido a que la calificación mencionada era la que le impedía
continuar trabajando, revocó la calificación que el consejo demandado le había
dado a la conducta del demandante.
[63] En esta sentencia, la Corte se pronunció sobre una acción de tutela
instaurada por varios reclusos de la cárcel Modelo, que consideraban que el no
reconocimiento de los sábados, domingos y festivos como días laborados – para
que fueran tenidos en cuenta a efectos de redención de la pena - transgredía
sus derechos fundamentales, amén de las garantías de la
OIT y de las normas laborales nacionales. La entidad demandada indicó que era
al Juez de ejecución de penas y medidas de seguridad al que le correspondía
definir la redención de la pena y que ella sólo era responsable de certificar
las horas laboradas, con lo que su accionar no transgredía derecho fundamental
alguno. La Corte, tras reiterar su jurisprudencia sobre las características e
importancia del trabajo penitenciario, señaló que el reconocimiento del tiempo
trabajado y el respeto por las garantías constitucionales y legales entre las
que se encontraba la remuneración, eran necesarias  para que el trabajo
penitenciario pudiera cumplir con sus fines resocializadores. Sin embargo, a
juicio de la Corte, eran los días efectivamente laborados y no los sábados,
domingos y festivos, los que debían ser tenidos en cuenta para efectos de
redención de la pena. Por lo mismo, resolvió confirmar la decisión de instancia
que negó el amparo deprecado.
[64] En esta providencia, la Corte revisó dos casos en los cuales los
accionantes – ambos reclusos – indicaban que los establecimientos
penitenciarios transgredían sus derechos fundamentales al no reconocerles
bonificaciones por las actividades que desempeñaban. Por su parte, los
demandados enfatizaron que existía una selección para determinar a qué trabajos
les correspondía una remuneración, la cual no era arbitraria, y que el fin del
trabajo penitenciario era la resocialización como medio terapéutico y no la
satisfacción del mínimo vital de los reclusos. La
Corte, tras analizar la naturaleza del trabajo carcelario, indicó como sus
características principales que se encuentra permitido por las normas
internacionales, que es obligatorio como medio terapéutico y que su finalidad
se encuentra circunscrita a la resocialización y a la redención de la pena. Por
lo mismo, la remuneración no hace parte de él, a pesar de que sería favorable
que toda actividad fuera bonificada. En este sentido, apuntó que dicha
imposibilidad se fundamenta en los recursos presupuestales escasos con que
cuenta el Estado. Por lo tanto, en el caso concreto, consideró legítimo que
existiera una diferencia entre actividades a remunerar y resolvió confirmar las
sentencias de instancia que denegaron el amparo solicitado.
[65] Establece el artículo 86 del Código Penitenciaria que “El
trabajo de los reclusos se remunerará de manera equitativa. Se llevará a cabo
dentro de un ambiente adecuado y observando las normas de seguridad
industrial”.
[66] En este caso, el demandante alegaba que se le transgredían sus
derechos fundamentales a la igualdad y al trabajo debido a que por las labores
que él desempeñó no se le cancelaron bonificaciones, a pesar de que a otros
reclusos, que efectuaron trabajos similares al suyo, si se les reconocieron. La
autoridad demandada apuntó que no cancelaba las mencionadas bonificaciones por
contar con un presupuesto reducido y porque la misma no se encontraba en una
Circular del INPEC que autorizaba dichos pagos. Así mismo, alegó que lo único
que podía garantizar el establecimiento penitenciario era el trabajo con
efectos de redención de pena. La Corte, después de pronunciarse sobre la
procedencia de la acción de tutela dada la importancia iusfundamental
del caso, la existencia del desconocimiento de derechos fundamentales, el
estado de indefensión del actor y la ausencia de mecanismos de defensa judicial
que en un tiempo razonable resolvieran el conflicto jurídico suscitado, señaló
que el trabajo – en todas sus modalidades- cuenta con protección
constitucional. Por lo mismo, las garantías existentes en el ordenamiento
jurídico se extienden a los reclusos en la medida de lo posible y en lo
razonable. Así las cosas, como quiera que reclusos que llevaron a cabo
actividades similares sí recibieron bonificaciones, consideró que no era
conforme a la Constitución el distinguir entre trabajos bonificados y los que
no lo eran. En ese orden, constató que al gestor del amparo se le
transgredieron los derechos fundamentales a la igualdad y al trabajo y por
consiguiente determinó que las bonificaciones deben aplicarse de manera
equitativa.
[67] Sobre ambas formas de administración, puede consultarse la sentencia
T-1077 de 2005.
[68] Artículo 25 C.P