T-364-20
Sentencia T-364/20
Referencia: Expediente T-7.632.489
Acción de tutela interpuesta por Ever Prado Guerrero contra la
Superintendencia de Industria y Comercio.
Magistrada Ponente:
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Bogotá D.C., treinta
y uno (31) de agosto dos mil veinte (2020).
La Sala Séptima
de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, integrada
por los magistrados José Fernando Reyes Cuartas, Alberto Rojas Ríos y la
magistrada Cristina Pardo Schlesinger, quien la preside, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los
artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política, ha proferido la
siguiente:
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES
1.
Hechos Relevantes[1]
1.1.
El 7 de julio de 2016, el actor firmó un acuerdo
de transacción[2] en la Casa del Consumidor de Popayán, según el cual: “PRIMERO. se
compromete a realizar la entrega de doscientos mil pesos ($200.000) al señor
RUBEN DARÍO GÓMEZ HURTADO correspondientes a un abono para la prestación de
unos servicios al señor Rubén. SEGUNDO. Se compromete a asistir el día 11 de
julio de 2016 a las 05:00 pm a las instalaciones de la Casa del Consumidor de
Popayán para hacer efectiva la entrega del dinero al señor RUBEN DARÍO GÓMEZ
HURTADO”.[3]
1.2.
El 29 de julio de 2016, el señor Gómez
diligenció un formato de incumplimiento[4]
en la casa del consumidor de Popayán, en el que se consignó que el actor no
observó el compromiso acordada en el contrato de transacción.
1.3.
El 18 de octubre de 2016, la coordinadora del
Grupo de Trabajo de Verificación de Cumplimiento de la Superintendencia de Industria
y Comercio-SIC, expidió el Auto No. 00097121, mediante el cual requirió al
accionante “para que dentro del término improrrogable de cinco (5) días
siguientes a la notificación de la presente providencia, acredite la
observancia del referido acuerdo. Se advierte a la parte accionada, que, si
transcurrido el término aludido no es atendido lo requerido por el Despacho, se
procederá a la imposición de la multa que corresponde a cada día de retardo en
el cumplimiento de la misma”.[5]
La SIC no precisó en este auto si el trámite dentro del cual fue expedido era
de naturaleza judicial o administrativa.
1.4.
El 21 de octubre de 2016, el actor fue
notificado del auto con requerimiento de pago señalado en el numeral anterior.
En efecto, según el desprendible de la empresa de servicios postales
nacionales S.A.,[6] en esta fecha se entregó dicho documento al accionante.
1.5.
El 18 de septiembre de 2017, el señor Rubén Gómez
radicó un escrito en el que solicitó a la SIC impulsar el trámite iniciado por
esa entidad, pues después del requerimiento de pago no se adelantó ninguna
actuación.[7]
1.6.
El Grupo de Trabajo de Verificación de Cumplimiento
del Despacho del Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales de la
SIC, mediante Auto No. 00103056 del 3 de noviembre de 2017,[8] declaró el incumplimiento de los compromisos pactados en el acuerdo
de transacción, y con base al numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011-Estatuto
del Consumidor, impuso al accionante una multa por cincuenta millones
cuatrocientos ochenta mil ochocientos cincuenta y dos pesos ($50.480.852) a
favor de la SIC, “que corresponde a cuatrocientos setenta y nueve (479) días
de retardo en el cumplimiento de lo pactado (…) comprendidos entre el 12 de
julio de 2016, día siguiente a la fecha en que venció el plazo para el
cumplimiento oportuno de lo acordado, y el 2 de noviembre de 2017, día
inmediatamente anterior a la fecha en que se profiere el presente auto (…) El
pago deberá efectuarse dentro de los cinco(5) días hábiles siguientes a la
ejecutoria de la presente providencia (…) Vencido este plazo se cobrarán
intereses por cada día de retraso, liquidados a la tasa del 12% efectivo anual”.[9] Allí se precisó que dicha multa no eximía al demandado de cancelar
los doscientos mil pesos ($200.000) que se comprometió a pagar en el acuerdo de
transacción y que si el incumplimiento persistía se procedería a reiniciar el
trámite sancionatorio. Este auto fue notificado al accionante el 15 de
noviembre de 2017, de acuerdo con la certificación de servicios postales.[10]
1.7.
El 30 de noviembre de 2017, el accionante
presentó un oficio ante la SIC, en el que expuso que “en ningún momento se
aclaró ni se dio a conocer que el incumplimiento de dicho acuerdo generaría una
sanción equivalente a la séptima parte del salario mínimo legal vigente por
cada día de retardo”, [11] y
solicitó “se reevalúe la sanción impuesta”.[12] La SIC respondió el 16 de febrero de 2018, argumentando que “la
misma hace tránsito a cosa juzgada y no se interpuso recurso alguno. Por lo que
se ordena a la demandada estarse a lo dispuesto en la referida providencia”.[13]
1.8.
En mayo de 2018, un defensor público de la
Defensoría del Pueblo dirigió escrito a la SIC, en el que puso en conocimiento
el reclamo presentado por el actor y planteó los siguientes interrogantes: (i) Si
se brindó la posibilidad de un abogado de pobres para el actor; (ii) Si existe
algún tratamiento pedagógico por parte de la SIC para estos casos en los que
acude “un ciudadano de precarias condiciones económicas y académicas para
ejercer su defensa técnica”;  (iii) Si dentro de la actuación se probó la
calidad de comerciante o industrial del actor. Además, solicitó a la SIC “Replantear
su posición y se permita al señor Ever Prado Guerrero ponerse al día con el
deudor”.[14]
1.9.
La SIC, mediante escrito del 17 de julio de 2018
informó a la Defensoría del Pueblo que la sanción se impuso con fundamento en
el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 y que “teniendo en cuenta que a
la fecha en la que se impuso la sanción, esto es el 3 de noviembre de 2017, no
había en el expediente ningún documento que acreditara el cumplimiento de lo
acordado, procedió la aplicación de la sanción contemplada en dicha norma (…)
la multa impuesta corresponde a una sanción legal, en contra de la parte
incumplida, que no pretende el cubrimiento de la obligación impuesta al
demandado ni el resarcimiento del demandante, sino la reprensión de una
conducta omisiva de desacato a una orden judicial, cuya forma de tasar no
depende de la discrecionalidad del juez, sino que está definida en el numeral
11 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011”.[15]
Con relación al cuestionamiento sobre la
asignación de un abogado de pobres,  indicó que de acuerdo con el CGP, debe “ser
solicitado por el interesado en el marco de un proceso judicial (Art. 151 y
siguientes) y no está prevista para eventos como este, donde se suscribió un
acuerdo de transacción en materia de consumo que hizo tránsito a cosa juzgada,
para evitar precisamente el inicio del proceso jurisdiccional de protección al
consumidor, ni se ha dado inicio al proceso ejecutivo que eventualmente se
tramitaría solo ante la jurisdicción ordinaria”.[16]
Finalmente, agregó que el actor tuvo la oportunidad para exponer las
razones del incumplimiento cuando se le requirió para que realizara el pago.
Además, indicó que el Estatuto del Consumidor es aplicable a los productores de
bienes y servicios que se ofrecen en el mercado.
1.10.
La Coordinación del Grupo de Trabajo Cobro Coactivo
de la SIC, mediante auto de marzo 10 de 2018, resolvió librar mandamiento de
pago en contra del actor por el valor de la multa, más los intereses de mora
del 12% anual sobre esa suma, y además, por el monto de los gastos
administrativos en los que incurra la SIC para el desarrollo de este trámite,
según lo establecido en el artículo 836-1 del Estatuto Tributario. En este
sentido, el 3 de octubre de 2018, decretó el embargo de un inmueble localizado
en el municipio de Puerto Boyacá y fijó como límite del embargo $82.987.200.[17] En efecto, la anotación de dicha medida cautelar se encuentra en el
certificado de libertad y tradición, con fecha 8 de octubre de 2018.[18]
1.11.
El Juzgado Quinto Penal Municipal de Popayán, dentro
del trámite de una acción de tutela distinta a la que aquí se revisa, mediante
sentencia del 30 de enero de 2019, tuteló el derecho de petición del
accionante, pues la SIC no respondió a otro memorial presentado por el actor el
8 de noviembre de 2018, con la que insistió una vez más que reconsiderara la
imposición de la multa.[19] Estimó el Juez que pese a tener el mismo contenido de una petición
anterior, “cuenta como una nueva petición, por lo cual, la entidad debió
brindar dicha respuesta al accionante, ya sea la respuesta brindada al Despacho
en el sentido de que ya se le había respuesta, o la respuesta que se brindó en
la anterior solicitud”.[20]
1.12.
El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito
de Popayán, dentro del trámite de otra acción de tutela, profirió sentencia el
26 de junio de 2019, en la que ordenó a la SIC entregara al accionante las
copias solicitadas, dado que la entidad “no entregó el expediente al actor
dentro del término de 3 días siguientes a su falta de respuesta”.[21]
1.13.
El accionante presentó acción de tutela el 11 de
julio de 2019, en la que solicitó que se ampararan su derecho fundamental a la
dignidad humana en conexidad con el derecho de propiedad privada, así como del
derecho al debido proceso; y que en consecuencia se declare la nulidad de todo
lo actuado, tanto en el proceso de verificación de cumplimiento como el proceso
administrativo de cobro coactivo, que se ordene citar nuevamente a audiencia
para la firma del acuerdo de transacción y que allí se le advierta de la
sanción en caso de incumplimiento. Posteriormente, el Juzgado Cuarto de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán, mediante auto del 12 de
julio de 2019, admitió la acción y suspendió el trámite de remate del bien
inmueble.
2.
Respuesta de la entidad demandada[22]
2.1.
El 17 de julio de 2019, el coordinador del Grupo
de Trabajo de Gestión Judicial (E) de la SIC presentó escrito en el que inicialmente
precisó la naturaleza jurisdiccional de la actuación adelantada y que culminó
con la imposición de la multa en contra del accionante. Al respecto, indicó que
“no se enmarca dentro de la función administrativa, como quiera que la misma
fue tramitada bajo la potestad jurisdiccional atribuida a esta entidad por lo
dispuesto en el artículo 58 del Estatuto del Consumidor y el Código General del
Proceso (Ley 1564 de 2012), subsumiendo las funciones del juez ordinario en
materia de Acciones de Protección al Consumidor y un proceso de cobro coactivo
de naturaleza administrativa”.[23]
2.2.
Posteriormente, relató los antecedentes fácticos
de dicha actuación e indicó que mediante Auto No. 97121 del 18 de octubre de
2016, requirió al accionante para que expusiera los motivos del incumplimiento y
demostrara alguna circunstancia eximente de responsabilidad. Del mismo modo,
refirió que el auto mediante el cual se impuso la sanción no fue objeto de
recurso y quedó ejecutoriado.
2.3.
Argumentó que el legislador previó un
procedimiento especial para la acción de protección al consumidor en el artículo
58 de la Ley 1480 de 2011, en el que se incluyeron las sanciones que puede
imponer la SIC cuando se incumplen los compromisos acordados en una conciliación
o transacción. Así mismo, afirmó que “respecto de las sanciones
impuestas por el Grupo de Trabajo de Verificación del Cumplimiento, no cabe
duda alguna de su naturaleza jurisdiccional (…) la naturaleza de estas
sanciones de carácter jurisdiccional y no administrativa, por lo que no es el
procedimiento administrativo establecido en el artículo 60 de la Ley 1480 de
2011, ni las disposiciones del CPACA las que resultan aplicables”.[24]
2.4.
En este sentido, citó un texto académico en el
que se explica que la SIC “conoce a la par con los jueces civiles del
circuito las demandas de protección al consumidor, que se diferencian de las
quejas administrativas en su objeto, el cual ya no versa exclusivamente
proteger los derechos colectivos de los consumidores y los usuarios, sino que
también tiene por fines proteger a un consumidor o usuario específico (…) Desde
el punto de vista adjetivo, el procedimiento se rige por lo contemplado en el
Código General del Proceso en lo relativo al proceso verbal sumario, según lo
dispuesto en el inciso 4º del artículo (sic) y el artículo 58 de la Ley 1480.
Por lo anterior, es clara la regla consistente en que la aplicación del CPACA
versa sobre las actuaciones administrativas en caso de no estar reguladas en el
Estatuto de Protección al Consumidor y en lo que tiene que ver con las
actuaciones jurisdiccionales, es la legislación procesal civil la que aplica”.[25]
2.5.
De igual forma, recordó que la Corte Suprema de
Justicia ha “reconocido la naturaleza jurisdiccional del trámite de
verificación de cumplimiento”, ejercido por la SIC en el marco del numeral
11 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011.[26] Expuso las diferentes formas con las que se atribuyen funciones
jurisdiccionales a autoridades administrativas y destacó que para el caso de
esta entidad se dio bajo el supuesto de “la enunciación temática dependiente
de un estatuto en la cual la atribución se determina en función del conjunto de
normas comprendidas por un estatuto claramente identificable”.[27]
2.6.
Por otra parte, sobre la garantía del debido
proceso en el trámite de verificación de cumplimiento, consideró que “se
evidencia en la adecuada comunicación de todas las actuaciones del trámite, así
como el otorgamiento de las oportunidades para presentar las alegaciones
correspondientes (…) simplemente ignoró el requerimiento, lo que tuvo como
consecuencia la pérdida de la oportunidad probatoria concedida para evitar la
imposición de la multa”.[28] Con relación al auto a través del cual se impuso la sanción,
precisó que no procedía el recurso de apelación y no fue repuesto, por lo que
quedó en firme.
2.7.
Señaló que el numeral 11 del artículo 58 de la Ley
1480 de 2011 “confiere a la entidad la posibilidad de imponer las sanciones
descritas en sus literales a) y b), dicha facultad potestativa y no obligatoria,
lo que no significa arbitraria. En otras palabras, la decisión de imponer o no
las sanciones allí descritas, no atiende a las particularidades de cada caso,
sino obedece a un criterio objetivo establecido en esa norma (…) la
capacidad económica del demandado o el monto de la obligación incumplida, para
fijar el valor de la sanción. Se trata de una tasación objetiva, fijada en la
ley y de la que el juez no se puede salir”.[29]
2.8.
Respecto a la tasación de las sanciones, señaló
que con la norma se “castiga el retardo en el cumplimiento de lo ordenado en
la sentencia o de lo ordenado en la conciliación o transacción, según sea el
caso. Por ello, la magnitud de la multa o la duración del cierre del
establecimiento de comercio, obedecen a los días de incumplimiento o al tiempo
que se demore la acreditación del cumplimiento, respectivamente”.[30]
2.9.
Sobre ejercicio oportuno de las facultades
sancionatorias judiciales de la SIC, señaló que los veintitresmil (23.000)
expedientes “se atienden en estricto orden de reparto correspondiente y se
evacuan en el menor tiempo posible, atendiendo a la disponibilidad de los
recursos materiales y humanos destinados para el efecto”.[31]
2.10.
Finalmente, en lo que concierne al proceso de
cobro coactivo, sostuvo que conforme a la Ley 1066 de 2006, la entidad tiene
jurisdicción coactiva para hacer efectivas las obligaciones a su favor, con
base al procedimiento previsto en el Estatuto Tributario-ET, sin que sea
necesario el agotamiento de la vía gubernativa. Agregó que con base a los artículos
837 a 839 del ET en concordancia con el Libro Tercero, Sección segunda, Titulo
único del Proceso Ejecutivo, Capítulo VII, cuentan con “toda la capacidad y
competencia legal para decretar cualquier tipo de embargo de bienes o dineros
de propiedad de los ejecutados por dicha jurisdicción, para amparar con ello
las deudas pendientes de pago”.[32]
3.
Respuesta de Rubén Darío Gómez Hurtado[33]
3.1.
El acreedor de la suma de dinero pactada en el
acuerdo transaccional señaló que “ante esta situación me veo en la necesidad
de aclarar que la intención del suscrito no era llegar ante exagerada sanción,
poniendo en riesgo un bien inmueble del núcleo familiar del señor deudor (…)
siendo mi único interés la devolución de un dinero adeudado. Solicito al
Despacho buscar alternativas jurídicas para revocar dicha medida de embargo y
remate garantizándome el pago de lo adeudado más sus intereses de mora”.[34]
4.
Decisiones judiciales objeto de revisión
4.1.
Decisión de primera instancia[35]
4.1.1. El Juzgado
Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán, mediante auto
del 12 de julio de 2019 admitió la acción de tutela presentada por el
accionante y “teniendo en cuenta que EVER PRADO GUERRERO asegura que su casa
está embargada y que se encuentra pendiente de remate, el Despacho decretará
como medida cautelar SUSPENDER el trámite de remate”.[36]
4.1.2. Posteriormente,
el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán, mediante
sentencia de julio 25 de 2019, declaró improcedente el amparo constitucional.
En primer lugar, estimó que se trata de un proceso de naturaleza jurisdiccional
y posteriormente sostuvo que no se cumplió con el presupuesto de
subsidiariedad, “como quiera que convocante y convocado terminaron el
proceso a través de un acuerdo de transacción, no se dio aplicación a todas las
etapas del proceso verbal sumario, sino que se efectuaron algunos trámites
posteriores al acuerdo de transacción, previos a la imposición de la sanción,
en los que se evidenció la omisión por parte del accionante, en el ejercicio de
los recursos o herramientas necesarias para ejercer su derecho a la defensa”.[37]
4.1.3. Agregó que
el actor no justificó el incumplimiento una vez recibió el requerimiento de
pago de la SIC, en el que además le advertían de la imposición de la sanción[38] y que “en tanto el actor considera exagerada la multa que le fue
impuesta, tuvo la posibilidad, además de interponer el recurso de la vía
gubernativa, demandar el auto a través de la jurisdicción contencioso
administrativa, pero tampoco lo hizo”. [39] Del mismo modo, afirmó que el accionante no aportó las pruebas que
demuestren el cumplimiento de los requisitos exigidos por la jurisprudencia
para que, “pese a no haber hecho uso de los recursos ordinarios previstos
para invocar la protección de sus derechos fundamentales, haya lugar a la
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. Es decir, no
acreditó la falta de idoneidad y eficacia”.[40]
4.1.4. Así mismo,
señaló que, dado que para ese momento se encontraba en etapa de notificación el
mandamiento de pago, el actor podía proponer las excepciones del art. 831 del
Estatuto Tributario. Finalmente, concluyó que el peticionario pretende
trasladar al ámbito de la tutela una discusión que debió plantearse con el
recurso de reposición y levantó la medida provisional decretada.
4.2.
Impugnación[41]
4.2.1. El actor destacó
que, si el Juez de Primera Instancia considera que el proceso es de naturaleza
jurisdiccional, los autos no serían objeto de control ante el Juez
Administrativo, “por lo que no es cierto que contaba con ese medio de
defensa judicial”.[42]
4.2.2. Con
relación a la falta de idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios,
argumentó que la entidad dejó pasar cuatrocientos (479) días para la imposición
de la sanción y que “con la notificación hecha del auto sancionatorio, se
advierte que contra el mismo únicamente procedía el recurso de reposición, pues
si su naturaleza es la del verbal sumario del CGP, dichos procesos son de única
instancia”.[43]
4.2.3. Además,
apuntó que, si se aplican las normas del proceso verbal sumario, “significa
que la multa debió imponerse de manera ágil, una vez no contesté el
requerimiento, lo cual habría traído como resultado una multa proporcionada al
hecho debatido. Por ejemplo, si pasados 15 días desde que fui requerido se me
impone la multa establecida en la norma, el monto alcanza el valor de
$1.580.822, el cual es una suma que aunque alta, puede ser pagada por cuotas
sin que se vea afectado mi único patrimonio”.[44]
4.2.4. Por otra
parte, resaltó que fue notificado del mandamiento de pago en dos oportunidades,
primero el 12 de octubre de 2018 y luego el 29 de julio de 2019,[45] con lo que “reviven la notificación del mandamiento de pago por
aviso, con la finalidad de demostrar que no estoy legitimado para actuar por
este medio, por el requisito de subsidiariedad”.
4.3.
Decisión de Segunda Instancia[46]
4.3.1. El
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, mediante sentencia de
agosto 29 de 2019, confirmó el fallo de primera instancia. Consideró que no se probó
justificación alguna para no ejercer los medios de defensa judicial previstos
en el ordenamiento jurídico, como tampoco estimó la ocurrencia de un perjuicio
irremediable. Agregó que el actor pudo haber cumplido la obligación desde el
año 2016 y evitar la sanción.  Del mismo modo, sostuvo que la acción era
improcedente debido a que el proceso ante la SIC aún no había terminado, pues
dicha entidad informó que se encontraba en etapa de notificación del
mandamiento de pago, “de esta manera, puede ejercer su derecho de defensa y
contradicción frente a tal decisión”.[47]
5.
Actuaciones en sede de revisión
5.1.
La magistrada sustanciadora, mediante auto del
26 de febrero de 2020, ordenó al accionante que informara si el inmueble
embargado le reporta alguna utilidad y que describiera su situación económica
actual. El actor, con escrito del 10 de marzo de 2020, comunicó que vive en
casa de su suegra junto con su esposa, sus ingresos nos son fijos pues provienen
del trabajo que realiza como cerrajero, actividad que desarrolla de manera
informal en el antejardín de la casa, “muchas veces en un mes no alcanzo a
reunir el salario mínimo”.[48] Agregó que espera arrendar el inmueble para tener un ingreso fijo, luego
de que resuelva un litigio actual sobre el mismo, pues al parecer la madre del
actor lo habría vendido antes de morir, a través de un documento privado y la
compradora ejerce actualmente la posesión del bien.
5.2.
La Sala Séptima de Revisión, mediante auto
del 10 de marzo de 2020, ordenó como medida provisional,
que el Grupo de Trabajo de Cobro Coactivo de la SIC suspendiera de manera
inmediata el trámite de cobro coactivo que adelanta en contra de Ever
Prado Guerrero.
I.
CONSIDERACIONES
1.
Competencia
y procedencia
1.1.    La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional es
competente de conformidad con los artículos 86 y 241 de la Constitución y con
el Decreto 2591 de 1991, para revisar los fallos de tutela adoptados en los
procesos de la referencia.
Cuestión previa
1.2.
Teniendo en cuenta que el accionante está cuestionando
el Auto No. 00103056 del 3 de noviembre de 2017, por medio del cual la SIC le
impuso una multa, corresponde, en primer lugar, examinar si se trata de una providencia
judicial. Para ello, es necesario precisar que esta decisión fue proferida por el Despacho del
Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales, dependencia que, conforme al artículo 21 del Decreto 4886 de
2011,[49] tiene a su cargo adelantar "funciones
jurisdiccionales de protección al consumidor”. Es decir, atendiendo
a un criterio orgánico, el auto corresponde a una decisión judicial, en tanto fue
expedida por una dependencia que se ocupa de adelantar asuntos judiciales.
1.3.
Por otra parte, la Sala de Revisión advierte que la decisión cuestionada
fue adoptada por la SIC en ejercicio de las funciones jurisdiccionales que
fueron atribuidas por la ley 446 de 1998,[50]
y la ley 1480 de 1992. Al respecto, el Consejo de Estado ha explicado que esta
última ley o Estatuto del Consumidor “dejo enunciado que para la aplicación
del Estatuto del Consumidor, las autoridades tendrían las funciones
administrativas y jurisdiccionales establecidas en el mismo estatuto (…) la
citada ley mantuvo a la SIC como la entidad encargada de velar  por la
protección de los derechos del consumidor; igualmente conservó en la
superintendencia y en  el juez, la competencia a prevención para las acciones
jurisdiccionales (artículo 58). En efecto, el fundamento normativo invocado
por la entidad accionada para imponer la muta, es la facultad que se encuentra
regulada en el ya citado artículo 58 del Estatuto del consumidor.
1.4.
Finalmente, debe destacarse que la decisión cuestionada no es una
resolución, sino que se trata de un auto, es decir, de una providencia
judicial, conforme a la clasificación prevista en el artículo
278 del Código General del Proceso, según la cual “las providencias del juez
pueden ser autos o sentencias”.
1.5.
Con base en estas tres razones, la Sala concluye que el
Auto No. 00103056 del 3 de noviembre de 2017, proferido por el Grupo de Trabajo de
Verificación de Cumplimiento del Despacho del Superintendente Delegado para
Asuntos Jurisdiccionales, es una providencia judicial.
1.6.
Ahora bien, una vez establecida la naturaleza jurídica
de la decisión adoptada por la SIC, corresponde a la Sala de Revisión estudiar
en el caso que se revisa: (i) la legitimación activa y pasiva. (ii) la
procedencia excepcional de la tutela contra providencia judicial. (iii) el
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencia judicial.
(i)
Legitimación activa y pasiva.
1.7.    En cuanto a la legitimación pasiva, es necesario precisar que la SIC
es “un organismo de carácter técnico adscrito al Ministerio de
Desarrollo Económico, que goza de autonomía administrativa, financiera y
presupuestal”,[51]
por tanto, es una entidad de naturaleza pública. En este sentido, han sido
varias las oportunidades en las que este Tribunal ha decidido acciones de tutela
dirigidas contra esta entidad y en las que ha precisado que “dado que las
superintendencias tienen la característica de ser también ´autoridades
administrativas´, la Corte ha considerado como constitucionales, aquellas
normas que les asignan funciones jurisdiccionales, siempre y cuando se respeten
los criterios mínimos para el ejercicio de la actividad judicial”.[52]
En la tutela que se examina, el amparo fue dirigido en
contra de la SIC por la presunta vulneración del derecho al debido proceso
dentro de un trámite en el que actuó investido de competencias
jurisdiccionales, de manera que la legitimación pasiva está
acreditada.
1.8.    Por su parte, la persona sancionada dentro del proceso de verificación
de cumplimiento adelantado por la SIC y por ello titular del derecho al debido
proceso presuntamente vulnerado dentro de dicho trámite, es la misma que
interpuso la tutela que es objeto de estudio en esta providencia, de manera que
el requisito de legitimación por activa también se encuentra satisfecho.
(ii)
Procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencias judiciales y requisitos generales de procedencia.
1.9.    Esta Corporación ha definido que la procedencia de la acción de
tutela es excepcional para cuestionar sentencias judiciales, debido a que este
criterio asegura que dichas providencias “estén amparadas adecuadamente por
el principio de cosa juzgada que prescribe su inmutabilidad, y que los jueces
conserven su competencia, autonomía e independencia al decidir los casos de los
que conocen”. [53]
1.10.    En este sentido, son precisas las circunstancias en las que es
posible reprochar a través de la acción de tutela un proceso judicial o las
decisiones adoptadas dentro del mismo, y para ello es necesario examinar el
cumplimiento de requisitos generales, “para que el juez constitucional pueda
a entrar a valorar de fondo el asunto puesto en su conocimiento”.[54] Así mismo, superado
este análisis, debe estudiarse el cumplimiento de requisitos especiales o
específicos, que entrañan “vicios o defectos presentes en la decisión
judicial y que constituyen la causa de la vulneración o amenaza de los derechos
fundamentales”.[55]
1.11.     En particular, los requisitos generales de procedencia que deben
cumplirse en cada caso son los siguientes:
“(a)
Que el tema sujeto a discusión sea de evidente relevancia constitucional. (b)
Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable, o de un sujeto de especial protección
constitucional que no fue bien representado, (c) Que se cumpla el requisito de
la inmediatez, (d) En el evento de hacer referencia a una irregularidad
procesal, debe haber claridad que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora, (e) Que la parte actora identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y qué hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible, (f) Que no se trate de sentencias de tutela”.[56]
En consecuencia, la Sala de Revisión pasa
a examinar el cumplimiento de estos requisitos en el caso concreto:
a.  Relevancia constitucional.
1.12.     El debate que se aborda tiene relación directa con la presunta
vulneración del derecho al debido proceso, pues se endilga a la entidad
accionada una tardanza injustificada en la adopción de la decisión dentro de un
trámite de verificación de cumplimiento y que habría causado la imposición de
una multa excesiva y desproporcionada para el actor. De manera que el objeto de
discusión supone el exámen de una garantía de naturaleza constitucional, en
tanto plantea la inquietud sobre el tiempo que se estima razonable para que las
autoridades judiciales o las autoridades administrativas con funciones judiciales,
decidan el asunto puesto a su consideración.
b.  Agotamiento de todos los
medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la
persona afectada.
1.13.
El examen de este requisito implica verificar que el accionante agotó “todos los medios
–ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance”,[57]
porque no puede desfigurarse la naturaleza residual de esta acción, y
transformarse en “una instancia más en el trámite jurisdiccional, ni un mecanismo de
defensa que reemplace aquellos otros diseñados por el legislador. Menos aún,
que resulte ser un camino excepcional para solucionar errores u omisiones de
las partes o para corregir oportunidades vencidas en los procesos
jurisdiccionales ordinarios”.[58]
1.14.
No obstante, en la jurisprudencia también se ha establecido que la falta
de activación de los recursos ordinarios, previstos por el legislador dentro
del proceso judicial, puede obedecer a motivos razonables, de ahí que se haya
planteado que no es posible revivir oportunidades procesales vencidas “por la negligencia
e inactividad injustificada del actor”.[59]
(Negrilla fuera del texto original).
1.15.
En el
caso concreto, el actor no interpuso el recurso de reposición contra el Auto No. 00103056 del 3 de noviembre de 2017, mediante el cual la SIC le impuso una multa, pese a que en dicha
providencia fue concedido y debió interponerse dentro de los 3 días siguientes
a su notificación. No obstante, la Sala concluye que la inactividad del actor
está justificada por la situación de indefensión en la que se encontraba,
atendiendo a su vulnerabilidad y a que la entidad accionada no le
informó la naturaleza judicial del trámite que estaba en curso. A continuación
se explican con detalle cada una de estas razones:
1.16.     En primer
lugar, el accionante es una persona que se encuentra en una situación de
vulnerabilidad económica, pues se dedica al trabajo informal y no cuenta con
una fuente de ingresos distinta a los escasos recursos que obtiene con su
trabajo no formal; los cuales no son fijos, y en todo caso, “muchas
veces en un mes no alcanzo a reunir el salario mínimo”.[60] Además, el
accionante relató que vive en la casa de su suegra, y es en el antejardín de
esta vivienda donde labora. Agregó que su esposa no cuenta con una fuente de
ingresos y depende económicamente de él.  Por otra parte, como bien lo señaló
la Defensoría del Pueblo, se trata de “un ciudadano de precarias condiciones
económicas y académicas para ejercer su defensa técnica”.[61]
1.17.     Con relación a
la segunda razón, es necesario recordar que de acuerdo con una de las reglas
constitucionales relativas a la atribución de funciones judiciales a
autoridades administrativas, debe haber una “distinción clara entre las
funciones administrativas y las funciones jurisdiccionales de la entidad”,[62]
lo cual también debe ser claro para el ciudadano inmerso en trámites de una u
otra naturaleza, de ahí que “la entidad tenga la obligación de informar
adecuadamente a las personas involucradas sobre el carácter jurisdiccional o
administrativo de los procedimientos iniciados”.[63]
1.18.     En el caso
concreto, la SIC no informó al actor sobre la naturaleza del procedimiento
adelantado. En efecto, una vez el señor Rubén Gómez, acreedor de la suma
pactada en el contrato de transacción, informó a la entidad accionada sobre el
incumplimiento de dicho acuerdo, aquella requirió al actor para que pagara la
suma allí acordada, pero en ese documento no se precisó si el trámite era de
carácter jurisdiccional o administrativo.
1.19.     De modo que el
accionante no tuvo conocimiento de que se encontraba frente a un proceso
judicial en su contra, es decir, no se enteró de que estaba siendo demandado y a
partir de ello, gestionar y preparar su defensa, puesto que el ciudadano
experimenta de manera distinta el hecho de estar demandado al de estar
dentro de un trámite administrativo, lo cual es coherente con la mirada
jurídica de uno y otro trámite, dado que “las decisiones judiciales tienen
efectos jurídicos distintos a los administrativos. Por ejemplo, las primeras tienen
la fuerza de cosa juzgada, por lo cual no son revocables ni modificables por la
administración o por el juez mismo, y ni siquiera por el superior cuando ya se
han surtido los recursos ordinarios o extraordinarios. Cosa distinta a lo que ocurre
con los actos que tienen naturaleza administrativa, ya que éstos por lo general
pueden revocarse, modificarse por la administración y ser revisados por las
autoridades judiciales, con excepción de aquellos en los cuales existe una
situación jurídica consolidada”.[64]
1.20.     En contraste, la
entidad si le atribuyó la condición de demandado al accionante en la respuesta
que presentó ante el juez de primera instancia, cuando dijo que la tasación de
la multa no dependía de las condiciones particulares del “demandado”.[65]
Con esta asimetría de información entre el ciudadano y el Estado, es claro que el
primero quedó en profunda desventaja, no sólo para gestionar y preparar su
defensa, sino además para actuar conforme a las reglas de los trámites
judiciales y usar las herramientas allí disponibles, como por ejemplo, solicitar
el amparo de pobreza previsto en los artículos 151 a 158 del CGP.
1.21.     Ahora
bien, a esta omisión de informar sobre la naturaleza judicial del
procedimiento, se suma que la entidad accionada no estima procedente el amparo
de pobreza dentro del trámite de verificación de cumplimiento, pues así se lo
manifestó a la Defensoría del Pueblo,[66]
en el que sostuvo que “no está prevista para eventos como
este, donde se suscribió un acuerdo de transacción en materia de consumo que
hizo tránsito a cosa juzgada”. [67]
1.22.     Respecto a esta afirmación, debe recordarse que esta Corporación ha
precisado que el amparo de pobreza es “una institución de carácter procesal
desarrollada por el legislador para favorecer a las personas que por su
condición socioeconómica no pueden sufragar los gastos derivados de un trámite
judicial”,[68]
con la que se pretende superar barreras económicas para el acceso a la
administración de justicia, y en consecuencia, asegurar el ejercicio
igualitario de este derecho.[69]
Por tanto, no es admisible que la entidad accionada descarte el derecho de los
ciudadanos a solicitar el amparo de pobreza dentro del trámite que adelanta en
el ejercicio de funciones jurisdiccionales, pues con ello los pone en una difícil
situación de desventaja para actuar dentro del mismo.
1.23.
Ahora bien, la Sala de Revisión estima necesario recordar que,
en la sentencia de tutela de segunda instancia, el juez sostuvo que era improcedente, debido a que el proceso ante la SIC aún no había
terminado, pues dicha entidad informó que se encontraba en etapa de
notificación del mandamiento de pago. Al respecto, es necesario distinguir nuevamente
el trámite judicial de la actuación administrativa, pues en la sentencia C-649
de 2001,[70]
en la que se estudió la constitucionalidad de las atribuciones jurisdiccionales
conferidas a la SIC por la Ley 446 de 1998, se precisó que para garantizar la
independencia, autonomía e imparcialidad en la adjudicación y en el ejercicio
de las mismas, “la superintendencia de industria y comercio debía adecuarse
institucionalmente con el propósito de que en la organización interna de la
entidad estuvieran definidas y separadas las funciones administrativas y las
jurisdiccionales”.
1.24.
En efecto, el Despacho del Superintendente
Delegado para Asuntos Jurisdiccionales es la única dependencia de la SIC que desarrolla
funciones de esta naturaleza, por lo que el trámite de verificación de
cumplimiento ya concluyó y finalizó con el auto con el que se impuso la multa. Por
otro lado, el procedimiento administrativo de cobro coactivo es adelantado por el
Grupo de Trabajo de Cobro Coactivo de la Oficina Asesora Jurídica de la SIC,
que es una dependencia claramente distinta e independiente del Despacho del
Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales, que cumple con
funciones administrativas, como puede observarse en el organigrama de la SIC.[71]
1.25.
Ahora bien, el procedimiento de cobro coactivo no
desplaza el amparo constitucional, pues la naturaleza residual de la acción de
tutela se predica respecto de la existencia de otros medios de defensa
judicial. En la sentencia T-628 de 2008,[72] se refirió su
naturaleza jurídica al señalar que “en su condición de procedimiento
administrativo, el de cobro coactivo está sujeto al respeto de las garantías
fundamentales”.  En el mismo sentido, con la sentencia T-412 de 2017,[73] se reiteró que el
trámite de cobro coactivo es un procedimiento administrativo.
1.26.
Dicho lo anterior, solo resta examinar si contra
la providencia mediante la cual se impuso la multa, procedía el recurso
extraordinario de revisión. En el artículo 354 del CGP
expresamente se señala que “el recurso extraordinario de revisión procede
contra las sentencias ejecutoriadas”, de manera que no es viable esta
alternativa, dado que la providencia judicial cuestionada por el actor es un
auto.
c.   Que se cumpla el requisito de
la inmediatez.
1.27.     Esta Corporación ha señalado que cuando se ejerce la acción de
tutela contra providencias judiciales, “por un lado, (i) el examen de este
requisito debe ser más estricto y riguroso, pues con una eventual orden de
amparo se estarían comprometiendo el principio de seguridad jurídica, la
garantía de la cosa juzgada, así como la presunción de acierto con las que
están revestidas las providencias judiciales[74];
y por otro lado,  (ii) la carga de argumentación en cabeza del demandante para
justificar su inactividad aumenta de manera proporcional a la distancia
temporal que existe, entre la presentación del amparo y el momento en el que se
consideró que se vulneró su derecho”. [75]
1.28.     Pasando al caso concreto, la providencia judicial reprochada por el
actor fue expedida el 3 de noviembre de 2017 y el 30 de noviembre del mismo año
solicitó a la SIC reevaluar la imposición de la sanción. Ante la negativa de la
entidad, el tutelante acudió a la Defensoría de Pueblo en busca de asesoría
legal y, en consecuencia, el Ministerio Público presentó un escrito en junio de
2018, en el que presentó a la SIC el caso y planteó varios interrogantes sobre
el proceso adelantado contra el actor. El 30 de enero de 2019, el Juzgado
Quinto Penal Municipal de Popayán estudió una acción de tutela distinta a la
que actualmente se revisa y mediante sentencia del 30 de enero de 2019, tuteló
el derecho de petición del aquí accionante, pues la SIC no respondió a la
solicitud presentada por el actor el 8 de noviembre de 2018. Posteriormente,
mediante sentencia del 26 de junio de 2019, el Juzgado Tercero Administrativo
del Circulo de Popayán, ordenó que la SIC respondiera a la solicitud de copias
del expediente hecha por el actor. De modo que entre esta última decisión, con la
cual el actor obtuvo copia del expediente, y la interposición de la acción de
tutela que se revisa, el 11 de julio de 2019, transcurrió menos de un mes,
tiempo razonable para la interposición del amparo.
1.29.     En este proceso diacrónico se observa una continua actividad del
actor en busca de que la SIC reconsiderara la multa impuesta, con apoyo incluso
del Ministerio Público, desde que tuvo conocimiento de la decisión hasta la
presentación de la acción de tutela que se revisa. Adicionalmente, debe
destacarse que las consecuencias de la decisión de la SIC todavía afectan al
tutelante, pues continúa siendo deudor de la multa que considera
desproporcionada y vulneradora de su derecho al debido proceso.
1.30.    Además, el monto de la sanción pecuniaria sigue creciendo por cuenta
de los intereses: para el 7 de diciembre de 2017, la suma por concepto de
intereses ya había alcanzado los ciento cuarenta y un mil pesos (141.000), de
manera que la multa pasó de ser cincuenta millones cuatrocientos ochenta mil
ochocientos cincuenta y dos pesos ($50.480.852) a cincuenta millones
seiscientos veintiunmil novecientos treinta y ocho pesos ($50.621.938), en tan
solo un (1) mes y cuatro (4) días. Por tanto, mientras la deuda subsista y permanezca
creciendo por cuenta de los intereses, el actor sigue soportando los resultados
negativos en su vida y patrimonio, pues además ha tenido que ocuparse del
proceso de cobro coactivo que adelanta la SIC en su contra. De manera que el
tercer requisito también está satisfecho.
d.   En el evento de hacer
referencia a una irregularidad procesal, debe haber claridad que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales de la parte actora.
1.31.     El actor explicó en el escrito con el que impugnó la decisión de
primera instancia, que la decisión a través de la cual la SIC declaró el
incumplimiento de la transacción y que dio lugar a la imposición de la multa
tardó 489 días, lo que causó que el monto de la multa llegara a una suma tan
alta, pues la liquidación de la misma, tiene en cuenta cada día de retraso
entre el incumplimiento de la transacción y la decisión de la SIC. Por tanto, consideró
que si la entidad hubiese tomado menos tiempo para resolver el asunto, el valor
hubiese sido también menor.
1.32.     En este contexto, la conexión entre, por un lado, la irregularidad
que se endilga a la entidad en cuanto a que debió tomar la decisión en un lapso
mucho menor al que efectivamente empleó; y por otro lado, el contenido de la
providencia que se considera vulneratoria de derechos fundamentales, quedó
demostrada pues hay una relación directa y proporcional entre el valor que
puede llegar a alcanzar la multa y el número de días que tarda en expedirse la decisión
de la SIC.
e.    Que la parte actora
identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración
como los derechos vulnerados y qué hubiere alegado tal vulneración en el
proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.
1.33.
La Sala de Revisión concluye que en el relato de los hechos expuestos en
el escrito de tutela se precisaron las circunstancias fácticas del caso, como
los derechos que, según el actor, están siendo vulnerados. Por su parte, la SIC
manifestó que el actor tuvo la oportunidad de presentar su defensa con relación
al incumplimiento de la transacción, cuando fue requerido por dicha entidad
para que realizara el pago del valor pactado en dicho acuerdo. En efecto, en
ese momento habría podido el actor exponer argumentos que justificasen el
incumplimiento de la transacción, pero no discutir sobre el monto de la multa
que para esa fecha era incierto. De modo que se considera que el reproche sobre
el monto al que llegó la multa, solo se habría podido exponer una vez el actor
tuvo conocimiento de dicha suma.
f.      Que no se trate de sentencias
de tutela
1.34.    La decisión judicial que se discute en este trámite de revisión
corresponde a una providencia proferida por el Despacho Delegada para Asuntos Jurisdiccionales
de la SIC, dentro del desarrollo de un trámite de verificación de cumplimiento,
de manera que no se trata de una sentencia de tutela. Así que este último
requisito, al igual que los anteriores, está cumplido. Por esta razón, es procedente
pasar a plantear el problema jurídico a resolver.
2.    Problema Jurídico
Teniendo en cuenta los antecedentes
expuestos, corresponde a la Sala de Revisión responder el siguiente interrogante:
Primero. ¿La SIC vulneró el derecho fundamental al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de Ever Prado Guerrero, al tardar cuatrocientos setenta y nueve (479)
días para proferir la providencia con la que le impuso una multa por cincuenta
millones cuatrocientos ochenta mil ochocientos cincuenta y dos pesos
($50.480.852), más el pago de intereses sobre esa suma, los cuales continúan
generándose, más gastos administrativos?
Con el objetivo de responder a estos
interrogantes, la Sala Séptima de Revisión abordará los siguientes temas: (i) La
constitucionalidad del traslado de competencias judiciales a las
superintendencias; (ii) la jurisprudencia constitucional sobre acciones
de tutela dirigidas contra decisiones judiciales emitidas por la SIC; (iii) el deber de las autoridades judiciales de adoptar
decisiones ajustadas a los principios de proporcionalidad y razonabilidad; (iv)
requisitos especiales de procedibilidad excepcional de la
acción de tutela contra providencias judiciales; (v) el defecto procedimental. Finalmente,
el caso concreto será resuelto.
3.    La constitucionalidad del traslado de competencias judiciales a las
superintendencias
3.1.    Este Tribunal se ha pronunciado en diversos momentos sobre la
constitucionalidad del traslado excepcional de la competencia judicial a
autoridades administrativas en general: en la sentencia C-592 de 1992,[76] se precisó que es una medida válida para descongestionar la
administración de justicia; y que su validez radica en su excepcionalidad y su
origen legal, conforme con el artículo 116 superior. Posteriormente, en la
providencia C-212 de 1994,[77]
se explicó que el principio de separación de poderes no es absoluto y por ello
no excluye la colaboración armónica entre los órganos del poder público para
alcanzar fines estatales. Por tanto, la Corte encontró ajustada a la carta
política la asignación de funciones jurisdiccionales a inspectores de policía y
alcaldes.
3.2.    Sobre las funciones jurisdiccionales atribuidas en particular a las
superintendencias, en la sentencia C-1143 de 2000[78] la Corte explicó que la facultad dada a
la Superintendencia de Sociedades por el artículo 146 de la Ley 222 de 1995 sólo
era para iniciar o interponer, con base en su función administrativa de
inspección y vigilancia, la acción revocatoria concursal y no para decidir
sobre ella, pues le correspondía tramitarla a un juez de la república. Agregó
que esta facultad no significaba que la superintendencia actuara como juez y
parte, pues si bien la misma entidad estaba al mismo tiempo facultada para
conocer y decidir procesos concursales, estas dos funciones coexisten, pero no
se confunden entre ellas.
Más adelante, en la sentencia C-1641 de 2000,[79] la Corte estudió si la Superintendencia Bancaria actuaría como juez
y parte para fallar algunos conflictos entre clientes y entidades bancarias, debido
a que podría haber actuado en ellos previamente debido al ejercicio de sus
funciones de inspección y vigilancia. Allí, la Corte advirtió que “las
directrices administrativas de inspección, control y vigilancia dadas por las
superintendencias limitan una actividad jurisdiccional posterior de la misma
entidad, toda vez que ya hay una posición previa de la entidad en relación con
las actividades que ahora tiene que juzgar”, por lo que concluyó que se
requiere que “la independencia e imparcialidad del funcionario estén
completamente aseguradas, lo cual no ocurre en casos como los aquí previstos
porque habría un juez de sí mismo”. Al final, declaró la inexequibilidad
del artículo 51 de la Ley 510 de 1999, que modificó el artículo 146 de la ley
446 de 1998, y mediante el cual se atribuyen funciones jurisdiccionales a la
Superintendencia Bancaria.
En el mismo sentido, en la
sentencia C-649 de 2001[80]
se abordó la cuestión de la independencia e imparcialidad de los funcionarios
que conocen y deciden las acciones jurisdiccionales (ver numeral 1.24 de esta
providencia).[81] Finalmente, en la sentencia C-156 de 2013[82] concluyó que la atribución de funciones
jurisdiccionales a autoridades administrativas debe estar sujeta al
cumplimiento de tres grupos de condiciones: “en primer término, debe respetar un principio de excepcionalidad,
asociado a (i) la reserva de ley en la definición de funciones (incluidos los
decretos con fuerza de ley), (ii) la precisión en la regulación o definición de
tales competencias; y (iii) el principio de interpretación restringida o
restrictivita de esas excepciones. En segundo lugar, la regulación debe ser
armónica con los principios de la administración de justicia, entre los que se
destacan (iv) la autonomía e independencia judicial; (v) la imparcialidad del
juzgador; y (vi) un sistema de acceso a los cargos que prevea un nivel determinado
de estabilidad para los funcionarios judiciales. Y, por último, debe ajustarse
al principio de asignación eficiente de las competencias, el cual se
concreta en un respeto mínimo por la especialidad o la existencia de un nivel
mínimo de conexión entre las materias jurisdiccionales y las materias
administrativas en las que potencialmente interviene el órgano. Esa conexión
debe ser de tal naturaleza, que asegure el derecho a acceder a un juez
competente, y que, a la vez, brinde garantías suficientes de independencia de
ese juzgador”.
4.    Jurisprudencia constitucional sobre acciones de tutela dirigidas contra
decisiones judiciales emitidas por la SIC
4.1.
En la sentencia T-538
de 2003,[83]
esta Corporación examino un caso en el que el accionante cuestionaba que la SIC
inició un incidente de liquidación de perjuicios dentro de un trámite
administrativo cuando dicho trámite suponía el ejercicio de una función
jurisdiccional. En esa ocasión, la Corte estableció que “la
Superintendencia no especificó con claridad la naturaleza de la investigación
que pretendía adelantar y menos le informó al interesado sobre tal cuestión, es
decir, si ejercía funciones administrativas o jurisdiccionales, toda vez que
del último párrafo transcrito fluye que invocaba funciones jurisdiccionales (…)
Es evidente que la demandada mezcló las dos facultades, pues dentro de una
misma investigación profirió decisiones de carácter administrativo y
jurisdiccional, cuestión que riñe con el debido proceso, toda vez que aunque
legalmente era competente para adelantar ambos procedimientos, su deber era
haber determinado previamente la naturaleza de la función que iba a ejercer y
luego sí adelantar la correspondiente investigación o, en caso de que se
pidieran ambas, era necesario que garantizara la independencia no sólo del
funcionario encargado de llevarlas a cabo sino del trámite y de la decisión
respectiva”.
4.2.    En el
mismo sentido, en la sentencia T-200 de 2004,[84]
fue objeto de estudio la omisión por parte de la SIC de tramitar el recurso de
apelación interpuesto por el demandante dentro de un proceso de competencia
desleal. En esta providencia se recordó que las facultades jurisdiccionales
otorgadas por la ley a autoridades administrativas como la SIC, se ajustan a la
Constitución,[85]
siempre y cuando la entidad a la que se le trasladó la competencia judicial,
asegure “la efectividad de los principios que orientan la administración de
justicia, entre otros, los de independencia, imparcialidad, libertad
institucional y autonomía, de forma tal que pueda salvaguardarse que quien
actúa como juez esté previamente establecido por la ley (juez natural), sea
ajeno a las partes en la controversia (imparcial), sujeto únicamente al derecho
y no a las instrucciones de sus superiores (independencia), y goce de una
estabilidad suficiente para ejercer su independencia y autonomía (inamovilidad)[86]”.
Y en ese sentido, “las decisiones que tienen su origen
en una autoridad que se desenvuelve como juez, difieren
sustancialmente de aquellas en las que actúa con carácter administrativo[87]”. (Negrilla fuera del texto).
Por tanto, dado que en este caso
la SIC asimiló el trámite judicial a uno de naturaleza administrativa y por
ello dejó de aplicar la norma que en efecto permitía la interposición del
recurso de reposición, este Tribunal concluyó que se estructuró un defecto
procedimental; y, en consecuencia, ordenó que fuese decidido por la entidad dentro
de un término de 48 horas.
5.    El deber del juez de aplicar los principios de proporcionalidad y
razonabilidad para la liquidación de sumas de dinero y tasación de multas
5.1.     En el contexto particular de la administración de justicia, este
Tribunal ha precisado que el operador judicial no realiza un ejercicio formal
al decidir sobre la aplicación de una ley, sino que “la sujeción de la actividad judicial al
imperio de la ley, como se dijo anteriormente, no puede reducirse a la
observación minuciosa y literal de un texto legal específico, sino que se
refiere al ordenamiento jurídico como conjunto integrado y armónico de normas,
estructurado para la realización de los valores y objetivos consagrados en la
Constitución”.[88]
5.2.    En este sentido, el juez debe consultar
los principios de razonabilidad y proporcionalidad de una medida prevista en la
ley, como lo es una sanción pecuniaria. Por ello, esta
Corporación se ha pronunciado en varias oportunidades y diversos contextos
sobre el deber que tienen las autoridades judiciales de adoptar decisiones ajustadas
a esos principios constitucionales. [89]
5.3.    En cuanto a al principio de razonabilidad, se ha dicho que “el
concepto de razonabilidad puede ser aplicado satisfactoriamente solo si se
concreta en otro más específico, el de proporcionalidad”.[90] Y en esta dirección, “el
concepto de proporcionalidad comprende tres conceptos parciales: la adecuación
de los medios escogidos para la consecución del fin perseguido, la necesidad de
la utilización de esos medios para el logro del fin (esto es, que no exista
otro medio que pueda conducir al fin y que sacrifique en menor medida los
principios constitucionales afectados por el uso de esos medios), y la
proporcionalidad en sentido estricto entre medios y fin, es decir, que el
principio satisfecho por el logro de este fin no sacrifique principios
constitucionalmente más importantes”.[91]
5.4.    En particular, cuando el juez debe liquidar sumas de dinero, ha sido
persistente el argumento de la Corte sobre la imperiosa necesidad de que la
autoridad judicial considere las condiciones particulares de las personas
afectadas, pues solo de ese modo pueden materializarse estos principios.
5.5.    En la sentencia C-039 de 2003,[92]
esta Corte acogió el principio de proporcionalidad como criterio esencial para
que el juez penal fije el monto de la caución o fianza, de modo que la decisión
judicial que adopte se ajuste a la constitución. Señaló que “la caución
prendaria viola el principio de proporcionalidad cuando es excesiva. Una
caución excesiva obstaculizaría el goce efectivo de la libertad personal (…) El
criterio que toma como fundamento la capacidad de pago del individuo para
determinar un trato diferencial, en este caso, para señalar el monto de una
imposición dineraria, no es opuesto per se al principio de igualdad
constitucional. Por el contrario, su reconocimiento garantiza que las cargas económicas guarden relación proporcional
con el patrimonio disponible de quienes las soportan”. (Negrilla fuera del texto).
5.6.    En la sentencia C-750 de 2015,[93]
este Tribunal estudió la constitucionalidad del artículo 399 de la Ley 1564 de
2012, que restringía a seis (6) meses la tasación del lucro cesante para
calcular la indemnización a favor de los propietarios de inmuebles expropiados
con el fin de ejecutar obras de infraestructura pública. En esa oportunidad, la
Corte explicó que “el equilibrio de las cargas públicas y el cumplimiento de
finalidades constitucionales significan que el juez y la administración deben sopesar las circunstancias de cada caso para tasar la
indemnización. Ello no es otra cosa que la vigencia y aplicación de los principios
de razonabilidad y proporcionalidad en el pago de los perjuicios causados al
ciudadano (…) la administración y los jueces
cuentan con la obligación de calcular una indemnización que atienda al
principio de razonabilidad”. (Negrilla fuera del
texto).
En este sentido, se declaró la
inexequibilidad de la norma con fundamento en que un límite en abstracto “impide
al juez ponderar los intereses del expropiado y de la comunidad para calcular
una indemnización justa. El lapso señalado en la norma obligaría al funcionario
judicial a reconocer un resarcimiento que no asegure la protección especial de
personas discapacitadas, niños o de ancianos”.[94]
5.7.    En particular, sobre la proporcionalidad del monto de las multas, en
la sentencia T-986A de 2012,[95]
si bien se estudió este tema dentro de un trámite administrativo, las
consideraciones allí expuestas ilustran la necesidad de concretar el principio
de proporcionalidad y razonabilidad. Una familia que habitaba un asentamiento
irregular fue sancionada por violación de normas urbanísticas, con una multa
que sumó más de siete millones de pesos ($7.000.000). En esa ocasión se planteó
que “la sanción
impuesta no consulta la situación económica particular de la accionante. De los hechos se evidencia la
condición de pobreza en la que viven la señora Ceballos y su núcleo familiar,
situación que fue ignorada por la administración al momento de imponer una
multa de tan elevado valor. En este sentido, al aplicar la norma, la
administración desatendió el principio de proporcionalidad que rige la función
administrativa sancionatoria, pues la sanción impuesta resulta ser en exceso
gravosa para la accionante, teniendo en cuenta además la finalidad de la norma”. (Negrilla fuera del texto).
5.8.     Del mismo modo, en la sentencia C-054 de
2019[96] se estableció la proporcionalidad de la multa con base en las
condiciones financieras del obligado a pagarla. Así se hizo cuando se afirmó
que “quienes están en disposición de ofrecer bienes y servicios al Estado
tienen no solo el deber, sino la posibilidad de hecho de pagar multas que
ascienden a 32 SMLDV, es decir, algo más que 1 SMMLV (…) Así el pago de una
multa que en el peor de los casos, excede un salario mínimo no parece
desproporcionada para quienes estén interesados en ejercer la actividad
comercial, de quienes, por otra parte, se espera un cumplimiento de sus
obligaciones económicas”.
5.9.    Ahora bien, con relación a la aplicación de estos principios en las
actuaciones dirigidas a hacer efectivo el pago de multas, en la sentencia C-799 de 2003,[97] esta Corporación estudió
el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, que permitía la inmovilización del
vehículo o la retención de la licencia de conducción por el no pago de una
multa de tránsito. Allí la Corte concluyó que la medida no era proporcional ni
razonable porque desconocía la realidad socioeconómica de un grupo de
conductores y el hecho de que no todos están en las mismas condiciones para el
pago de las obligaciones pecuniarias derivadas de las multas.
6.    Requisitos
especiales de procedibilidad excepcional del amparo contra providencia judicial
y defecto procedimental. Reiteración de jurisprudencia
6.1.    De acuerdo con el precedente constitucional los requisitos o
causales de procedencia especial de la acción de tutela contra providencias
judiciales fueron inicialmente definidos de la siguiente manera:
“a. Defecto orgánico, que se
presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada,
carece, absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental
absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del
procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que
surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o
sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes
o inconstitucionales[20] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
f. Error inducido, que se
presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación,
que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los
fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del
precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte
Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la
Constitución”. [98]
6.2.    Particularmente, el defecto procedimental implica entonces que “en
desarrollo de la actividad judicial el funcionario se aparta de manera evidente
de las normas procesales aplicables”,[99]
y “no se trata de cualquier defecto respecto de las formas propias de cada
juicio, sino uno que tenga la entidad suficiente para negar la materialización
de los derechos fundamentales”.[100]
Esto quiere decir que no se trata de cualquier omisión, sino que la
irregularidad que el actor alega debe ser la causa que imposibilita a la
persona para gozar de sus derechos fundamentales.
6.3.    Este defecto puede manifestarse a través de dos modalidades: (i) el
defecto procedimental absoluto y (ii) defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto.[101]
En cuanto al primero, son tres las circunstancias en las cuales se estructura:
(i) “resolver por un cauce
completamente distinto al previsto en la ley o prescinde por su simple voluntad
de la práctica de una o de varias etapas del proceso. Bajo este supuesto, no
solo se ha decidido casos en los que el operador ha omitido, sin ninguna
justificación razonable, el decreto y práctica de pruebas o la notificación de
la actuación procesal que requiere de dicha formalidad[102],
sino que también ha examinado la aplicación de términos judiciales, donde el
juez opta, sin motivación, por prolongar o delimitar el tiempo con que cuentan
las partes para intervenir en el proceso ordinario[103]”.
(ii) “En segundo lugar, cuando en el proceso se
presenta una demora injustificada que impide la adopción de la decisión
judicial definitiva. Esto no quiere decir que sea posible cuestionar mediante
tutela cualquier retraso, alegando de forma general la existencia de una mora
judicial, pues lo que se cuestiona en este supuesto es la propia vulneración
del derecho a un trámite judicial ágil y sin dilaciones injustificadas[104]”.[105]
Sobre esta segunda circunstancia, en la sentencia T-1246 de 2008[106]
se había precisado que se trata de una “demora injustificada por parte del
funcionario, tanto en la adopción de la decisión, como en su cumplimiento”.
(iii) “Finalmente, cuando el juez de la causa
desconoce las garantías mínimas del debido proceso[107],
en especial, en los casos que el operador judicial limita irrazonablemente los
derechos a la defensa y contradicción de los sujetos procesales, presentándose
por ello evidentes fallas en la defensa técnica que no pueden ser imputables a
la persona y que, sin embargo, tienen un efecto decisivo en la resolución del
asunto controvertido[108]”.[109]
6.4.    Ahora
bien, teniendo en cuenta que una de las circunstancias que estructura el
defecto procedimental absoluto, tiene que ver con la tardanza injustificada
en la adopción de la decisión, es necesario examinar las reglas fijadas por
esta Corporación para identificar cuándo puede estimarse que el incumplimiento
de los términos procesales previstos en la ley para el desarrollo de un proceso
judicial es injustificable.
7.    Circunstancias que estructuran la mora judicial injustificada. Reiteración
de jurisprudencia.
7.1.    Las acciones de tutela revisadas por esta Corporación y en las que
se ha estudiado la mora judicial, han involucrado casos en los que los
ciudadanos aún se encuentran en espera de que el operador judicial adopte la
decisión definitiva para resolver el asunto puesto a su consideración. De
manera que ante la falta de decisión, en la jurisprudencia se han definido las
circunstancias en las cuales dicha mora está justificada y es sólo en esas
precisas circunstancias en las que la Corte encuentra que la tardanza de la
autoridad judicial es excusable:
“(i) cuando es producto de la complejidad del
asunto y dentro del proceso se demuestra la diligencia razonable del operador
judicial; (ii) cuando se constata que efectivamente existen problemas
estructurales en la administración de justicia que generan un exceso de carga
laboral o de congestión judicial; o (iii) cuando se acreditan otras
circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la
controversia en el plazo previsto en la ley”.[110]
7.2.    Por su parte
y como corolario de lo anterior, la mora judicial injustificada ocurre cuando (i)
se presenta un incumplimiento de los términos señalados en la ley para
adelantar alguna actuación judicial; (ii) no existe un motivo razonable que
justifique dicha demora, como lo es la congestión judicial o el volumen de
trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a la omisión en el cumplimiento de
las funciones por parte de una autoridad judicial.[111]
7.3.    De esta manera, en la sentencia T-052 de
2018,[112]
una mujer de 76 años que padecía varias dolencias y actuaba como demandante en
un proceso laboral, aguardaba la resolución del recurso de casación radicado en
el año 2010. En esta oportunidad, se aludió al principio de plazo razonable que
se encuentra en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, “con el fin
de evitar dilaciones injustificadas que configuren la violación de derechos
fundamentales”;[113]
así mismo, fue referenciado el derecho al acceso a la administración de
justicia y la prohibición de dilaciones injustificadas. En esa oportunidad se
encontró que la mora estaba justificada porque se trataba de un asunto de
indiscutible complejidad, la justicia ordinaria laboral presenta los índices
más altos en congestión judicial, de modo que “la mora obedece a problemas
estructurales de la administración de justicia”.[114]
7.4.    Del mismo modo son varias las sentencias de este Tribunal en las que
se ha justificado la mora judicial, especialmente casos de la Sala Laboral de
la Corte Suprema de Justicia, por la notoria congestión judicial que llevó a
concluir que se trataba de un problema estructural que eximía a los
funcionarios de cualquier responsabilidad en la tardanza para decidir los
recursos de casación.[115]
8.    Solución del caso concreto
8.1.
En el caso que se revisa, el actor incumplió un
acuerdo de transacción en el  que se pactó el pago de doscientos mil pesos ($200.000),
hecho que motivó que la SIC impusiera, cuatrocientos setenta y nueve (479) días
después de vencido el plazo para pagar ese valor, una multa que fue liquidada en cincuenta millones cuatrocientos ochentamil
ochocientos cincuenta y dos pesos ($50.480.852) a favor de la SIC, suma que ha
venido creciendo por cuenta de los intereses que también fueron ordenados en la
misma providencia, más los gastos administrativos que determine el Grupo de
Trabajo de Cobro Coactivo. El tutelante sostiene que como consecuencia de la
tardanza de la SIC en tomar la decisión, le fue impuesta una multa excesiva,
cuyo pago amenaza la propiedad sobre el único bien inmueble que posee, pues
este fue embargado por dicha entidad dentro del trámite de cobro coactivo.
8.2.
En este contexto factico, la Sala de Revisión advierte
que el trámite de verificación de cumplimiento adelantado por la SIC estuvo
compuesto por dos actuaciones: (i) el requerimiento de pago y (ii) la
imposición de la sanción. Además, es necesario resaltar que cada una de estas
actuaciones tuvo la forma jurídica de auto: el requerimiento de pago se hizo a
través del Auto No. 00097121 del 18 de octubre de 2016, mientras que la multa fue
liquidada con Auto No. 00103056 del 3 de noviembre de 2017.
8.3.
El auto, como se indicó previamente,[116] es un tipo de providencia judicial cuyo término de expedición fue
expresamente regulado por el legislador en el artículo 120 del CGP:
ARTÍCULO 120. TÉRMINOS
PARA DICTAR LAS PROVIDENCIAS JUDICIALES POR FUERA DE AUDIENCIA. En
las actuaciones que se surtan por fuera de audiencia los jueces y los
magistrados deberán dictar los autos en el término de diez (10) días y las
sentencias en el de cuarenta (40), contados desde que el expediente pase al
despacho para tal fin.
8.4.
En el caso que se examina, la SIC expidió 2
autos al margen de una audiencia, de manera que los términos que debió seguir
para dictar estas providencias son los que específicamente señala el CGP, esto
es, 10 días contados desde que el expediente pase al despacho para tal fin.
8.5.
No obstante, la Sala detecta que el auto de
requerimiento de pago y el de imposición de la sanción fueron dictados en un
lapso mucho más largo del término fijado por el CGP, como se explica a
continuación:
8.6.
Primero. La demora en la expedición del auto con el
requerimiento de pago - Auto No. 00097121 del 18 de
octubre de 2016: el 11 de julio de 2016 venció el plazo para cumplir
lo pactado en el contrato de transacción firmado en la casa del consumidor de
Popayán, y el 18 de octubre del mismo año, el Grupo de Trabajo de Verificación
de Cumplimiento dictó el auto con el requerimiento de pago. Contados los días
desde que venció el plazo para cumplir el acuerdo hasta la expedición del Auto No.
00097121, fueron 67 días hábiles los que dejó pasar la
SIC para dictar este auto: 12 días del mes de julio de 2016, 22 días en el mes de
agosto, más otros 22 días del mes de septiembre, y adicionalmente, 11 días
hábiles del mes de octubre.[117]
8.7.
Ahora bien, dado que en la fórmula de liquidación de la multa no
se aplican días hábiles,[118]
sino calendario; estos 67 días hábiles que dejó pasar la SIC significaron 99
días en contra del actor, como se expone en la siguiente tabla:
Tabla 1. Total de días calendario usados para expedir
auto con requerimiento de pago
Actuación
Año
Mes
Días calendario
Expedición Auto No. 00097121 del 18 de
octubre de 2016
2016
Julio
20
2016
Agosto
31
2016
Septiembre
30
2016
Octubre
18
Total
99
Notificación Auto No. 00097121 del 18 de
octubre de 2016
2016
Octubre
3
Plazo otorgado para pagar
2016
Octubre
7
8.8.
En contraste, si la SIC hubiese estado sujeta al término previsto
en el artículo 120 del CGP: 10 días hábiles, hubiese tomado un número mucho
menor de días: si se contabilizan desde el 12 de julio de 2016- día siguiente
al vencimiento del plazo para cumplir lo pactado en el contrato de transacción-
este auto debió haberse expedido, a más tardar, el 27 de julio de 2016. Este
lapso equivale a 16 días calendario.
8.9.
Segundo. La demora en la expedición del auto con la imposición
de la multa- Auto 00103056 del 3 de noviembre de 2017: el actor fue
notificado del auto con el requerimiento de pago el 21 de octubre de 2016, en
el que se le indicó que debía observar el acuerdo dentro de los 5 días
siguientes, plazo que venció el 28 de octubre de ese año.[119]
Esto quiere decir que la SIC tardó desde el 29 de octubre de 2016 hasta el 3 de
noviembre de 2017, esto es, 370 días calendario, como se expone en la siguiente
tabla:
Tabla 2. Total de días calendario usados para expedir
auto con imposición de la multa
Actuación
Año
Mes
Días calendario
Expedición Auto 00103056 del 3 de noviembre de 2017.
2016
Octubre
3
2016
Noviembre
30
2016
Diciembre
31
2017
Enero
31
2017
Febrero
28
2017
Marzo
31
2017
Abril
30
2017
Mayo
31
2017
Junio
30
2017
Julio
31
2017
Agosto
31
2017
Septiembre
30
2017
Octubre
31
2017
Noviembre
2
Total
370
8.10.
En contraste, si la SIC hubiese estado sujeta al término previsto
en el artículo 120 del CGP: 10 días hábiles, hubiese tomado un número mucho
menor de días: si se contabilizan estos 10 días desde el 29 de octubre de 2016
– día siguiente al vencimiento del plazo otorgado en el Auto No. 00097121 para cumplir la obligación-, el auto con la
imposición de la sanción debió haberse expedido, a más tardar, el 15 de
noviembre de 2016. Este lapso equivale a18 días calendario. En este sentido, la
diferencia entre los 370 días calendario que en efecto tomó la SIC y los 18
días que debió tardar es de 352 días.
8.11.
Adicionalmente, es inquietante que la entidad accionada se haya
mantenido inactiva durante casi un año, sin desarrollar alguna actuación, al
punto que dicha dilación impuso al acreedor la carga de impulsar el trámite,
como consta en el memorial que presentó el 18 de septiembre de 2017.[120]
8.12.
Ahora bien, la Sala de Revisión estima necesario valorar si esta tardanza configura un defecto procedimental. Como
se expuso en la parte motiva de esta providencia, una de las circunstancias que
da lugar a la estructuración de este defecto es “cuando en el proceso
se presenta una demora injustificada que impide la adopción de la decisión
judicial definitiva. Esto no quiere decir que sea posible cuestionar mediante
tutela cualquier retraso, alegando de forma general la existencia de una mora
judicial, pues lo que se cuestiona en este supuesto es la propia vulneración
del derecho a un trámite judicial ágil y sin dilaciones injustificadas[121]”.[122]
De modo que es preciso examinar los supuestos previstos
en la jurisprudencia constitucional sobre el incumplimiento justificado de los
términos procesales en este caso:
(i)
Cuando es producto de la complejidad del asunto y dentro del
proceso se demuestra la diligencia razonable del operador judicial. Con relación
al auto de requerimiento de pago, se trata de un documento de una página que
comprende información sobre: la eventual imposición de la multa y la norma que
la regula, el plazo dado para el cumplimiento de la obligación y el deber de
adjuntar los soportes que lo acrediten, así como la instrucción de
notificación. Al respecto, la sala estima que no se trata de un documento que
implique una extensa laboriosidad, sino que, siendo parte de las tareas
misionales y cotidianas del Grupo de Verificación de Cumplimiento de la SIC,
corresponde más bien a un formato cuyos datos deben ser modificados para cada
caso.
En cuanto al auto que impuso la multa, las
consideraciones que allí se desarrollaron corresponden a la referencia
normativa aplicable, la inexistencia de la prueba de pago, y finalmente, la
realización de la operación aritmética para calcular el monto de la multa. Como
puede evidenciarse, no se trata de un problema jurídico complejo, e incluso, la
verificación del pago se basó en constatar la inexistencia de la prueba que así
lo demostrara, por lo que no fue necesario desarrollar actividades adicionales.
De modo que la demora en la adopción de la decisión no puede excusarse por la
complejidad del caso.
(ii)
Cuando se constata que efectivamente existen problemas
estructurales en la administración de justicia que generan un exceso de carga
laboral o de congestión judicial. En esta oportunidad no existe prueba alguna o
evidencia aportada por la SIC que indique que, en el ejercicio de sus funciones
jurisdiccionales, enfrente un problema de congestión en un algún grado. En su
escrito, la entidad mencionó el número de expedientes que tiene a su cargo, que
alcanzan los veintitresmil (23.000), pero no explicó por qué la capacidad
instalada con la que cuenta es insuficiente para resolverlos con prontitud.
8.13.
Además, la entidad accionada tampoco explicó cuántos de esos expedientes
se encontraban a cargo del Grupo de Trabajo de Verificación de Cumplimiento,
dependencia que adelantó el trámite de imposición de la multa desde el inicio
hasta el final, y por qué habría congestión en esa área en particular. Esta
precisión es relevante, si se tiene en cuenta que el Despacho del
Superintendente para Asuntos Jurisdiccionales está conformado por distintos
grupos de trabajo, entre los cuales está dividida la labor de evacuar los
expedientes según la etapa en que se encuentren. Es decir, el cien por ciento
(100%) de los expedientes del despacho no se encuentra en el Grupo de Trabajo
de Verificación de Cumplimiento.
8.14.
Al respecto, la misma entidad explicó que “debido al elevado número
de procesos que se tramitan en materia de derecho del consumo, para su trámite
se dispuso de la creación de cuatro grupos de trabajo. La primera fase del
proceso, la admisión de la demanda la realiza el Grupo de Trabajo de
Calificación. Una vez admitida la demanda, el proceso es llevado hasta su
culminación, ya sea por sentencia o cualquier otra forma de terminación, por el
Grupo de Trabajo de Defensa del Consumidor. Adicionalmente, en tanto el proceso
judicial de protección al consumidor prevé una fase en la que se pueden imponer
una serie de sanciones en caso de incumplimiento de la orden impartida en la
sentencia o de un acuerdo logrado en una conciliación o transacción, se creó el
Grupo de Trabajo de Verificación del cumplimiento que tiene como función
adelantar dicha etapa”.[123]
8.15.     En
efecto, en los dos últimos informes de rendición de cuentas publicados por la
SIC, no se exponen problemas de congestión, al contrario, fueron expuestas las reformas
orgánicas que han venido desarrollando y que les ha permitido evacuar con éxito
los expedientes, “durante los últimos cinco (5) años se han realizado
importantes reestructuraciones al interior de la delegatura enfocadas en
mejorar los tiempos de respuesta de los procesos, pero manteniendo ante todo la
calidad”.[124]
8.16.    Por
su parte, en el informe del año 2019, se afirmó que “en los casos en los que
el proceso culminó con una decisión favorable al consumidor, el trámite de
verificación de cumplimiento ha permitido crear una cultura de obediencia a las
sentencias proferidas. Esto se evidencia en el archivo de 8.393 expedientes, lo
que muestra que en un 92% de los expedientes revisados las
condenas impuestas o los compromisos adquiridos en acuerdos de conciliación o
transacción, se cumplieron de forma oportuna. Asimismo, las conductas de
incumplimiento a las sentencias judiciales, conciliaciones o transacciones
fueron sancionadas en 682 oportunidades”.[125]
8.17.     En
todo caso, en circunstancias eventuales de congestión, esa situación no podría
justificar que el ciudadano asuma las consecuencias del alto volumen de trabajo
que deben evacuar las entidades administrativas que ejercen funciones
jurisdiccionales, pues resulta ser una carga desproporcionada para las
personas, especialmente en este caso, en el que la persona afectada se
encuentra en una situación de vulnerabilidad económica y social, por ser un
trabajador informal; y además, está en riesgo de perder el único bien inmueble
del que es propietario.
(iii)
Cuando se acreditan otras circunstancias imprevisibles o
ineludibles que impiden la resolución de la controversia en el plazo previsto
en la ley. En ninguno de los escritos de la SIC se expone alguna
circunstancia imprevisible o ineludible que le hubiese impedido resolver el
asunto que se revisa dentro de los términos procesales previstos por el CGP.
8.18.
En conclusión, la Sala de Revisión constató que
no se cumplen las condiciones para excusar la tardanza de la SIC, sino que en
su lugar, determinó la estructuración de un defecto procedimental por la demora
injustificada en el desarrollo del proceso de verificación de cumplimiento,
tardanza que no es cualquier retraso, sino uno de tal grado que condujo a que
se impusiera al actor una multa excesiva y desproporcionada con relación al
monto de la obligación que incumplió.
8.19.
En efecto, como fue señalado previamente, el
lapso que tomó la SIC para dictar los dos autos fue excesivo, tiempo de más al
que es atribuible que la multa en contra del actor haya resultado visiblemente
elevada y desproporcionada. De modo que no se trata de un retraso cualquiera,
sino de uno de tal magnitud que configura una violación al debido proceso y al
acceso a una administración de justicia pronta y eficaz.
8.20.     Ahora bien, la Sala de Revisión también concluye que la decisión de
la autoridad judicial, en este caso la SIC, no se ajusta a los principios de
razonabilidad y proporcionalidad. Ciertamente, el paradigma de la justicia en
el Estado Social de Derecho descarta la aplicación de normas generales sin
advertir diferencias en los casos particulares. En este sentido, una norma
puede lucir justa durante su lectura en abstracto, pero al concretase en una
situación singular puede transfigurarse y resultar injusta. De allí deriva la
importancia de que los jueces valoren si la aplicación de la norma abstracta en
el caso concreto resulta congruente con principios constitucionales.
8.21.     En el caso que se examina, si bien la finalidad de la multa
prevista en el literal 11 del artículo 58 es generar una cultura de respeto a
los derechos de los consumidores a través de la imposición de sanciones a los
productores de bienes y servicios que incumplan sus obligaciones con los
consumidores, bajo las circunstancias del caso concreto la medida resulta
desproporcionada para alcanzar esa finalidad, pues significaría un sacrificio
excesivo de los derechos del actor: (i) si se mantiene el monto de la multa tal
como fue liquidada por la SIC en su auto del 3 de noviembre de 2017, se estaría
sacrificando el derecho al debido proceso y el derecho a la administración de
justicia pronta y eficaz; así como, (ii) el derecho a la propiedad porque el
monto de la multa sólo puede pagarse con el único bien inmueble del que es
propietario, pues con los ingresos que percibe el actor no sería posible cancelarla,
con lo cual el Estado estaría empobreciendo mucho más a un ciudadano.
8.22.     Si bien la SIC señaló que la liquidación de la multa obedece a un
criterio objetivo y no a las condiciones subjetivas de la personas sancionada,
dado que está sujeta a la fórmula prevista en el numeral 11 del artículo 58 del
Estatuto del Consumidor, debe recordarse que “la sujeción de la actividad judicial al imperio de la
ley, como se dijo anteriormente, no puede reducirse a la observación minuciosa
y literal de un texto legal específico, sino que se refiere al ordenamiento
jurídico como conjunto integrado y armónico de normas, estructurado para la
realización de los valores y objetivos consagrados en la Constitución”.[126]
8.23.    La SIC, luego de liquidar la multa debió percatarse de que el monto
de la misma resultaba abiertamente desproporcional, es decir, significaba un
sacrificio excesivo de los derechos del actor con relación a la finalidad de la
norma, teniendo en cuenta las circunstancias singulares del caso concreto: la
condición de vulnerabilidad del accionante por su situación financiera y los
precarios ingresos económicos que obtiene como trabajador informal. Sin
embargo, la SIC no apeló a estos principios constitucionales para adecuar su
actuación a los mismos y expidió una decisión que resultó claramente contraria
al principio de razonabilidad y proporcionalidad. En
este sentido, la SIC tenía opciones para reencausar su actuación y ajustarla a estos
principios de razonabilidad y proporcionalidad, como bien lo explico la entidad
en su escrito del 17 de julio de 2019: el numeral 11 del artículo 58 del
Estatuto del Consumidor “confiere a la entidad la posibilidad de imponer
las sanciones descritas en sus literales a) y b), dicha facultad
potestativa y no obligatoria, lo que no significa arbitraria. En otras
palabras, la decisión de imponer o no las sanciones allí descritas, no
atiende a las particularidades de cada caso, sino obedece a un criterio
objetivo establecido en esa norma”.[127] Es decir, la facultad de imponer la
multa no es obligatoria sino postestativa, de ahí que la SIC cuente con el
margen legal para decidir si impone o no la multa. En efecto, en dicha norma el
legislador no usó el verbo imperativo “impondrá”, sino la palabra “podrá”:
11. En caso de
incumplimiento de la orden impartida en la sentencia o de una conciliación o
transacción realizadas en legal forma, la Superintendencia Industria y Comercio
podrá:
a) Sancionar
con una multa sucesiva a favor de la Superintendencia de Industria y
Comercio, equivalente a la séptima parte de un salario mínimo legal mensual
vigente por cada día de retardo en el incumplimiento (Negrilla fuera del
texto).
8.24.
De modo que, en lugar de imponer la sanción con
el auto del 3 de noviembre de 2017, la SIC pudo haber motivado dicho auto con
base a los principios de proporcionalidad y razonabilidad para usar su facultad
potestativa de no imponer la multa, conforme lo
prescribe el numeral 11 del artículo 58 del Estatuto del Consumidor. Posteriormente, con el
objeto de asegurar el cumplimiento de la finalidad de la norma y con fundamento
en la persistencia del incumplimiento en el pago de la obligación pactada en el
acuerdo de transacción, la SIC pudo reiniciar el trámite ajustado a los
términos procesales del artículo 120 del CGP y a partir de allí obtener una
sanción pecuniaria con una multa razonable y proporcional.
8.25.
Por otra parte, en lo que concierne al proceso
de jurisdicción coactiva impulsado por la SIC para hacer efectivo el pago de la
multa, causó el embargo del único bien inmueble del que es propietario
accionante, de allí que en el escrito de tutela invocara la protección del
derecho a la propiedad. No obstante, ese trámite fue suspendido con la medida
provisional ordenada por esta Sala el 10 de marzo de 2020, y teniendo en cuenta
que con la presente sentencia se dejará sin efecto el Auto No. 00103056 del 3 de noviembre de 2017 que impuso la multa y
todas las decisiones tomadas con base en esta
providencia, la Sala no encuentra vulneración alguna al derecho a la propiedad.
8.26.
Por tanto, la Sala de Revisión ordenará
dejar sin efecto el Auto
No. 00103056 del 3 de noviembre de 2017,
expedidos por la SIC, y en consecuencia, todas las decisiones que fueron
proferidas con base en esta providencia, entre las cuales se encuentra el auto
de mandamiento de pago del 10 de marzo de 2018, expedido por la coordinadora
del Grupo de Trabajo de Cobro Coactivo de la SIC.
8.27.
En ese sentido, se ordenará a la SIC que expida, dentro de los 10
días hábiles siguientes a la notificación de esta sentencia, un auto que
reemplace el Auto No. 00103056 del 3 de noviembre de 2017.
8.28.
De modo que la entidad accionada tendrá que liquidar nuevamente
el valor de la multa, con base al número total de días que resulten de sumar:
(i) los dieciséis (16) días calendario que debió tomar para dictar el auto con
el requerimiento de pago[128]
y el número de días calendario que tarde en expedir el auto de reemplazo, que
se reitera, no podrá superar el término de 10 días hábiles contados desde la
notificación de esta providencia.
8.29.
Adicionalmente, la Sala considera que no puede pasarse por alto
el tiempo que ciertamente transcurrió para que se dieran actos procesales como
la notificación del auto de requerimiento de pago: 3 días calendario, pues el
auto del 18 de octubre fue notificado el día 21 de ese mes. Así como el plazo
dado al actor para cumplir con la obligación: 5 días hábiles que equivalen a 7
días calendario, puesto que el actor fue notificado del auto con el
requerimiento de pago el 21 de octubre de 2016 y el plazo venció el 28 de
octubre de ese año. Sin duda, estos lapsos son parte del proceso de
verificación de cumplimiento y son imprescindibles para el adecuado desarrollo
del mismo, por lo que deben ser contabilizados para liquidar la multa.
8.30.
Tampoco se pueden dejar de mencionar los 16 días calendario que
transcurrieron entre el vencimiento del plazo acordado en el contrato de
transacción: 11 de julio de 2016, y el día 27 del mismo mes, fecha en la que
fue diligenciado el formato de incumplimiento.[129]
Esta precisión es relevante porque el numeral 11 del artículo 58 del Estatuto
del Consumidor prevé que la multa debe ser liquidada desde la fecha del
incumplimiento del acuerdo de transacción. No obstante, debido a que la
audiencia de facilitación en el marco de la cual se firmó el acuerdo de
transacción fue realizada en la Casa del Consumidor de Popayán, el cual es un
proyecto liderado por la SIC junto a las alcaldías municipales,[130] no debería el consumidor, en este caso Rubén Gómez, soportar
la carga de advertir a esa misma Casa del Consumidor sobre el incumplimiento.
Esto es especialmente relevante en este caso, porque de acuerdo con el contrato
de transacción, el pago de los doscientos mil pesos ($200.000) debió hacerse en
la misma Casa del Consumidor de Popayán. De manera que el tiempo que la Corte
estima prudente para que la Casa del Consumidor informara sobre el
incumplimiento al Grupo de Trabajo de Verificación de Cumplimiento de la SIC en
Bogotá, es el que tardó la notificación del auto de requerimiento de pago al
accionante, esto es, tres (3) días.
8.31.
En resumen, los días con base en los cuales la SIC debe liquidar
la multa son:
Tabla 3. Número de días para nueva liquidación de la
multa
Actuación
Días calendario
Comunicación a la SIC sobre el incumplimiento
3
Tiempo para expedición auto con requerimiento de pago
16
Notificación auto con requerimiento de pago
3
Plazo concedido en el requerimiento de pago
7
Expedición auto de remplazo
Máximo diez (10) días hábiles, contados desde la
notificación de esta providencia.
8.32.
Finalmente, dado que el auto con la imposición de la multa debió
ser expedido en el año 2016, el valor del salario mínimo que deberá usar la SIC
para aplicar la fórmula de liquidación de la multa será el vigente para ese
momento: seiscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos
($689.455).[131]
9.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando
justicia, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.
REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Popayán el veintinueve (29) de agosto de dos mil
diecinueve (2019), en la que confirmó el fallo emitido el veinticinco (25) de
julio del mismo año, por Juzgado Cuarto de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la misma ciudad. En su lugar, CONCEDER el amparo del derecho
fundamental al debido proceso y el derecho fundamental al acceso a una
administración de justicia pronta y eficaz.
SEGUNDO. DEJAR SIN EFECTO el Auto
No. 00103056 del tres (3) de noviembre de dos
mil diecisiete (2017), expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio,
y en consecuencia, todas las decisiones que fueron proferidas por esa entidad
con base en dicha providencia, dentro de las cuales se encuentran todas las
relacionadas con el proceso de cobro coactivo.
TERCERO. ORDENAR a la Superintendencia de Industria y
Comercio que expida un auto en reemplazo del que se dejó sin efectos en el
numeral anterior dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la
notificación de esta providencia.
CUARTO. ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio que en el
auto de reemplazo liquide nuevamente la multa con base al número total
de días que resulten de sumar: (i) los veintiocho (28) días calendario que
debió tardar el trámite, conforme a la tabla 3 de esta providencia, y (ii) los
días que tarde la expedición del auto de remplazo. Así mismo, en la formula
deberá aplicar el valor del salario mínimo fijado para el año 2016.
QUINTO. ADVERTIR a la Superintendencia de Industria y Comercio que en los
procesos de verificación de cumplimiento expida los autos dentro del término
previsto en el artículo 120 del CGP.
SEXTO. ORDENAR a la
Superintendencia de Industria y Comercio que informe a las partes desde el
inicio de la actuación sobre: (a) la naturaleza de los procesos que adelanta,
indicando si se trata de un trámite administrativo o judicial; (b) las
consecuencias monetarias precisas que podría tener el incumplimiento de una
conciliación o un acuerdo de transacción, de haber lugar a ello; y, (c) las
posibilidades que tienen las partes para acudir a un defensor de oficio en caso
de no contar con los recursos necesarios para tener una defensa técnica
adecuada.
SÉPTIMO. ADVERTIR a la Superintendencia de Industria y
Comercio que adopte sus decisiones consultando los principios de razonabilidad
y proporcionalidad, especialmente cuando se trate de tasar multas u otro tipo
de sanciones pecuniarias.
OCTAVO. LIBRAR las comunicaciones –por la Secretaría
General de la Corte Constitucional–, así como DISPONER las
notificaciones a las partes –a través del juez de tutela de instancia–,
previstas en el artículo 36 del Decreto Ley 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1]
El relato de la acción de tutela fue complementado con las pruebas documentales
para precisar los hechos.
[2]
Cuaderno de primera instancia, folios 21 a 23.
[3]
Cuaderno de primera instancia, folio 22.
[4]
Ibíd., folios 19 y 20.
[5]
Ibíd., folio 26.
[6]
Ibíd., folio 29.
[7]
Ibíd., folio 30.
[8]
Ibíd., folios 32 a 34.
[9]
Ibíd., folio 33.
[10]
Ibíd., folio 37.
[11]
Ibíd., folio 38.
[12]
Ibíd., folio 39.
[13]
Ibíd., folio 45.
[14]
Ibíd., folio 49.
[15]
Ibíd., folio 52.
[16]
Ibíd.
[17]
Ibíd., folio 128.
[18]
Ibíd., folio 62.
[19]
Ibíd., 57,58 y 59.
[20]
Ibíd., folio 84.
[21]
Ibíd. Folio 81.
[22]
Ibíd., folios 116 a 121.
[23]
Ibíd., folio 116.
[24]
Ibíd., folio 117.
[25]
Cárdenas, Margarita. El Estatuto del Consumidor y su integración con el
código de procedimiento administrativo y de los Contencioso Administrativo.
En Estudios de Derecho del Consumo: Ley 1480 de 2011. Bogotá. 2017. Pág.
376-377.
[26]
Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 16 de agosto de
2018. MP. Octavio Augusto Tejeiro.
[27]
Corte Constitucional. Sentencia C-436 de 2013. MP. Mauricio González Cuervo.
[28]
Cuaderno de primera instancia, folio 118.
[29]
Ibíd., folio 119.
[30]
Ibíd.
[31]
Ibíd.
[32]
Ibíd., folio 120.
[33]
Ibíd., folios 113 y 114.
[34]
Ibíd., folio 114.
[35]
Ibíd., folios 171 a 187.
[36]
Ibíd., folio 87A.
[37]
Ibíd., folio 184.
[38]
Ibíd., 183.
[39]
Ibíd., folio 186.
[40]
Ibíd.
[41]
Ibíd., folios 217 a 221.
[42]
Ibíd., folio 218.
[43]
Ibíd., folio 219.
[44]
Ibíd.
[45]
Ibíd., folios 222 y 224.
[46]
Ibíd., folios 234 a 240.
[47]
Ibíd., folio 239.
[48]
Cuaderno de revisión, folio 38.
[49]
“Por medio del cual
se modifica la estructura de la Superintendencia de Industria y Comercio, se
determinan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones”
[50]
Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil.
Consejero ponente Germán Alberto Bula Escobar. Radicación 11001-03-06-000-2018-00027-00(C).
23 de enero de 2019.
[51]
Decreto 2153 de 1992, art. 1º.
[52]
Corte Constitucional. Sentencia T-200 de 2004. MP. Clara Inés Vargas Hernández.
[53]
Corte Constitucional. Sentencia T-401 de 2019. MP. Cristina Pardo Schlesinger.
[54]
Corte Constitucional. Sentencia T-1276 de 2005. MP. Humberto Antonio Sierra
Porto.
[55]
Ibíd.
[56]
Corte Constitucional. Sentencia T-1276 de 2005,
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[57]
Corte Constitucional, sentencias C-590 de 2005, MP. Jaime Córdoba Triviño;
T-237 de 2018, MP. Cristina Pardo Schlesinger; entre otras.
[58]
Ibíd.
[59]
Corte Constitucional. Sentencia T-032 de 2011. MP. Luis Ernesto Vargas Silva.
[60]
Cuaderno de revisión, folio 38.
[61]
Ibíd., folio 49.
[62]
Corte Constitucional. Sentencia C-436 de 2013. MP. Mauricio
González Cuervo.
[63]
Corte Constitucional. Sentencia C-156 de 2013. MP. María
Victoria Calle Correa.
[64]
Corte Constitucional, sentencia T-200 de 2004, MP. Gloria Stella Ortiz.
[65]
Ver numeral 2.9 de esta providencia.
[66]
Ibíd., numeral 1.7.
[67]
Ibíd.
[68]
Corte Constitucional. Sentencia T- 339 de 2018. MP. Luis Guillermo Guerreo
Pérez.
[69]
Ibíd.
[70]
MP. Eduardo Montealegre Lynett.
[71]El
organigrama de la SIC está disponible en https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Organigrama_2016-05-23.pdf.
[72]
MP. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[73]
MP. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[74]
Cfr. Sentencias T-089 de 2008 (M.P. Mauricio González Cuervo), T-983 de 2008
(M.P. Jaime Córdoba Triviño) y T-491 de 2009 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
[75]
Corte Constitucional, sentencia SU-037 de 2019. MP. Luis
Guillermo Guerrero Pérez.
[76]
MP. Fabio Morón Díaz
[77]
MP. José Gregorio Hernández Galindo
[78]
MP. Carlos Gaviria Díaz.
[79]
MP. Alejandro Martínez Caballero.
[80]
MP. Eduardo Montealegre Lynett.
[81]
Reiterada en la sentencia C-1072 de 2002.
[82]
MP. Luis Ernesto Vargas Silva.
[83]
MP. Jaime Córdoba Triviño
[84]
MP. Clara Inés Vargas Hernández.
[85]
Al respecto fueron citadas las sentencias: C-592 de 1992,
C-384 de 2000, C-1641 de 2000 y C-415 de 2002.
[86]
Estas características las ha señalado la Corte en la Sentencia C – 189 de 1998.
Al respecto, también puede consultarse Ferrajoli, Luigi, Derecho y razón. Madrid:
Trotta, 2001.
[87]
Al respecto pueden consultarse las sentencias C – 189 de 1998 y C – 1641 de
2000.
[88]
Sentencia C-836 de 2001. MP. Rodrigo Escobar Gil.
[89]
Ver sentencias C.573 de 2003, T-363 de 2011, T-622 de 2012, C-694 de 2015,
T-023 de 2019, entre otras.
[90]
Corte Constitucional. Sentencia C-022 de 1996. MP. Carlos Gaviria Díaz.
[91]
Ibíd.
[92]
Manuel José Cepeda Espinosa
[93]
MP. Alberto Rojas Ríos
[95]
MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
[96]
MP. Diana Fajardo Rivera.
[97]
MP. Marco Gerardo Monroy Cabra
[98]
Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005. MP. Jaime
Córdoba Triviño. Reiterada en las sentencias SU-061 de 2018, MP. Luis Guillermo
Guerrero, T-367 de 2018, MP. Cristina Pardo Schlesinger, entre otras.
[99]
Corte Constitucional. Sentencia 1246 de 2008. MP. Humberto
Antonio Sierra Porto.
[100]
Corte Constitucional. SU-061 de 2018, MP. Luis Guillermo
Guerrero.
[101]
Corte Constitucional. SU-061 de 2018, MP. Luis Guillermo
Guerrero.
[102] Cfr., Corte Constitucional, Sentencias
SU-089 de 1999 y T-996 de 2003.
[103] Cfr., Corte Constitucional, Sentencia
T-579 de 2006.
[104] Cfr., Corte Constitucional, Sentencias
T-996 de 2003 y T-579 de 2006.
[105]
Corte Constitucional. Sentencia SU-061 de 2018. MP. Luis Guillermo Guerrero
Pérez.
[106]
MP. Humberto Antonio Sierra Porto.
[107] Cfr., Corte Constitucional, Sentencias
SU-159 de 2002, T-331 de 2008, T-719 de 2012 y SU-355 de 2017.
[108] Cfr., Corte Constitucional, Sentencia
T-674 de 2013.
[109]
Corte Constitucional. Sentencia SU-061 de 2018. MP. Luis Guillermo Guerrero
Pérez.
[110]
Corte Constitucional. Sentencia T-230 de 2013. MP. Luis Guillermo Guerrero
Pérez. Reiterada en la sentencia T-052 de 2018. MP. Alberto Rojas Ríos.
[111]
Corte Constitucional. Sentencia T-186 de 2017. MP. María
Victoria Calle Correa.
[112]
MP. Alberto Rojas Ríos
[113]
Corte Constitucional. Sentencia T-052 de 2018. MP. Alberto Rojas Ríos.
[114]
Ibíd. Al respecto ver también las sentencias T-230 de 2013,
MP. Luis Guillermo Guerreo Pérez y T-346 de 2018, MP. Cristina Pardo
Schlesinger.
[115]
Sentencias T-052 de 2018, T-186 de 2017, T-441 de 2015, entre
otras.
[116]
Ver numeral 1.4 de esta providencia.
[117]
Cálculos realizados con base al calendario de Colombia del año
2016. Documento disponible en https://www.cuandoenelmundo.com/calendario/colombia/2016.
[118]
Conforme con el numeral 11 del artículo 58 del Estatuto del Consumidor.
[119]
Cálculos realizados con base al calendario de Colombia del año
2016. Documento disponible en https://www.cuandoenelmundo.com/calendario/colombia/2016.
[120]
Ver numeral 1.5 de esta providencia.
[121] Cfr., Corte Constitucional, Sentencias
T-996 de 2003 y T-579 de 2006.
[122]
Corte Constitucional. Sentencia SU-061 de 2018. MP. Luis Guillermo Guerrero
Pérez.
[123]
Superintendencia de Industria y Comercio. ABC de la SIC.
Pág. 59. Disponible en file:///C:/Users/user/Documents/2020/ABC_SIC_feb21_2020%20(2).pdf
[124]
Superintendencia de Industria y Comercio. Informe de
redición de cuentas a la ciudadanía. Periodo 2011-2018. Pág. 80
[125]
Superintendencia de Industria y Comercio. Informe de
redición de cuentas a la ciudadanía. Diálogo con Colombia. Pág. 34.
[126]
Sentencia C-836 de 2001. MP. Rodrigo Escobar Gil.
[127]
Ibíd., folio 119.
[128]
Ver numeral 8.8 de esta providencia.
[129]
Ver numeral 1.2. de esta providencia.
[130]
De acuerdo con la información oficial publicada en la página
web de la Superintendencia de Industria y Comercio, “las casas del
consumidor de bienes y servicios son un proyecto de la Superintendencia de
Industria y Comercio, en asocio con las alcaldías municipales de diferentes
capitales del país, mediante el cual se adecuan y dotan inmuebles para agrupar
la oferta institucional de las autoridades del orden nacional y local que hacen
parte de la Red Nacional de Protección al Consumidor”. Una de las
actividades que desarrolla es “crear espacios de facilitación para la
solución de controversias entre consumidores y productores o proveedores”.
Disponible en http://www.redconsumidor.gov.co/publicaciones/casas_del_consumidor_pub
[131]
Decreto 2552 de 2015. Disponible en http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/decretos/2015/Decretos2015/DECRETO%202552%20DEL%2030%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202015.pdf