T-587-15
Sentencia T-587/15
ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia sobre procedencia excepcional
ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de
procedibilidad
Al estudiar la procedencia de la
acción, el juez debe constatar que se cumplen los siguientes requisitos
formales, que no son más que los requisitos generales de procedibilidad de la
acción, adecuados a la especificidad de las providencias judiciales: (i) que
el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga evidente relevancia
constitucional; (ii) que el actor haya agotado los recursos
judiciales ordinarios y extraordinarios, antes de acudir al juez de
tutela; (iii) que la petición cumpla con el requisito de inmediatez,
de acuerdo con criterios de razonabilidad y proporcionalidad; (iv) en
caso de tratarse de una irregularidad procesal, que esta tenga incidencia
directa en la decisión que resulta vulneratoria de los derechos
fundamentales; (v) que el actor identifique, de forma razonable, los
hechos que generan la violación y que esta haya sido alegada al interior del
proceso judicial, en caso de haber sido posible, y (vi) que el fallo
impugnado no sea de tutela.
Además de la
verificación de los requisitos generales, para que proceda la acción de tutela
contra una decisión judicial es necesario acreditar la existencia de alguna o
algunas de las causales de procedibilidad ampliamente elaboradas por la
jurisprudencia constitucional, a saber: defecto orgánico, sustantivo,
procedimental o fáctico; error inducido; decisión sin motivación;
desconocimiento del precedente constitucional, y violación directa de la
Constitución.
PRINCIPIO DE
SUBSIDIARIEDAD E INMEDIATEZ EN LA ACCION DE TUTELA-Requisitos
de procedibilidad
Como se ha mencionado, la Corte es especialmente exigente cuando
la controversia se deriva de un pronunciamiento judicial, especialmente en
relación con los principios de subsidiariedad e inmediatez. El primero, exige el agotamiento de todos los recursos judiciales
como condición previa para la interposición de la acción, salvo que se busque
un amparo transitorio, en razón a que el proceso judicial es el escenario en el
cual debe buscarse la protección de los derechos constitucionales y legales en
primer término, y en consideración a que la competencia del juez de tutela
frente a una sentencia judicial se contrae a los aspectos con relevancia
constitucional que fueron discutidos al interior del proceso, sin obtener una
respuesta constitucionalmente adecuada por parte de los jueces especializados.
El segundo, comporta la obligación de interponer la acción dentro de un plazo
razonable, como garantía esencial para la seguridad jurídica y los derechos de
terceros.
PERJUICIO
IRREMEDIABLE-Elementos
para que se configure
El concepto
de perjuicio irremediable ha sido decantado por la jurisprudencia
constitucional. Se ha establecido que para que pueda hablarse de dicho concepto
el perjuicio ha de ser inminente y grave, requiriendo de medidas urgentes y de aplicación inmediata e impostergable.
PROCESO
VERBAL SUMARIO DE REGLAMENTACION DE VISITAS
PROCESOS
VERBALES SUMARIOS-Contenido y alcance/PROCESOS
VERBALES SUMARIOS-Etapas procesales
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia
por no haber agotado proceso verbal sumario de reglamentación de visitas
Referencia: Expediente T-4968439
Acción de tutela
presentada por Omar Enrique Jiménez Mora en representación del niño Juan José
Jiménez Sandoval por conducto de apoderado judicial, contra el Juzgado Segundo
de Familia de Descongestión de Bogotá
Magistrada
Ponente:
MARÍA VICTORIA
CALLE CORREA
Bogotá, D.C., diez (10) de septiembre de
dos mil quince (2015)
La Sala Primera de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los magistrados María Victoria Calle Correa,
Mauricio González Cuervo y Luis Guillermo Guerrero Pérez, en ejercicio de sus
competencias constitucionales, legales y reglamentarias, ha proferido la
siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de los fallos
proferidos, en primera instancia, por la Sala de Familia del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá  el veinte (20) de marzo de dos mil quince
(2015) y, en segunda instancia, por la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia el quince (15) de mayo de dos mil quince (2015), dentro de
la acción de tutela promovida por Omar Enrique Jiménez Mora en representación
del niño Juan José Jiménez Sandoval, por conducto de apoderado judicial, contra
el Juzgado Segundo de Familia de Descongestión de Bogotá.
El expediente de la referencia fue
seleccionado para revisión por medio de auto del veinticuatro (24) de junio de
dos mil quince (2015), proferido por la Sala de Selección Número Seis.
I.  ANTECEDENTES
El señor Omar Enrique Jiménez Mora, en su
calidad de padre del niño Juan José Jiménez Sandoval, presentó acción de tutela
como mecanismo transitorio tras considerar vulnerados los derechos
fundamentales de su hijo con ocasión de las decisiones adoptadas al interior  del
proceso verbal sumario de reglamentación de visitas que actualmente se adelanta
ante el Juzgado Segundo de Familia de Descongestión de Bogotá.[1]
El argumento principal planteado para
cimentar la vulneración de los derechos es el supuesto defecto fáctico generado
por la falta de valoración integral de los elementos de juicio obrantes en el
proceso que, a juicio del actor, dan cuenta de la necesidad de proceder a la
suspensión de las visitas autorizadas judicialmente a
la señora Liliana Sandoval Arévalo, madre del niño, considerando para tal fin
el presunto grave estado de salud mental por ella padecido.
De las pruebas aportadas con el escrito de
tutela pueden sintetizarse los siguientes hechos:
1. Hechos
1.1. El dos (2) de noviembre de dos mil once
(2011), ante el Juzgado Cuarto de Familia de Descongestión de Bogotá, el señor
Omar Enrique Jiménez Mora y la señora Liliana Sandoval Arévalo suscribieron un
acuerdo en donde se estableció que la custodia del hijo habido entre aquellos
(Juan José Jiménez Sandoval) quedaría en cabeza del padre, permitiéndole a la
madre visitar al niño los días miércoles de cada semana en horario de dos (2) a
cinco (5) de la tarde y los fines de semana cada quince (15) días.
1.2. El veinticuatro (24) de febrero de dos
mil doce (2012), el señor Omar Enrique Jiménez Mora inició ante los Juzgados de
Familia de Bogotá un proceso verbal sumario de reglamentación de visitas en
contra de la señora Liliana Sandoval Arévalo por considerar que esta padecía
una “enfermedad mental” que afectaba el bienestar de Juan José.
1.3. Mediante auto del veintinueve (29) de
febrero de dos mil doce (2012), el Juzgado Once (11) de Familia de Bogotá,
quien conoció inicialmente el proceso, resolvió admitir la demanda incoada.[2]
Surtido el trámite respectivo, el Despacho dispuso la suspensión provisional
de las visitas al niño Juan José Sandoval Arévalo por parte de su madre[3]
y en atención a lo anterior igualmente resolvió:
“Así también y
como de los hechos de la demanda se indica que la demandada, padece trastornos
mentales que le impiden el desarrollo de las visitas con su hijo, habiéndose
ésta comprometido a continuar el tratamiento psiquiátrico en forma mensual y
ante el Juzgado Cuarto de Familia de esta ciudad, del que aparentemente no ha
continuado, el despacho dispone de manera inmediata y por intermedio del Instituto
de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la ciudad de Cali (Valle), una
valoración psiquiátrica a la demandada Liliana Sandoval Arévalo, para
determinar las condiciones mentales en que se encuentra y si estas le permiten
continuar con las visitas reglamentadas en el Despacho ya citado”.[4]
1.4. Contra la referida decisión, el
apoderado de la señora Liliana Sandoval presentó recurso de reposición, lo que
condujo a que el juzgado de conocimiento mediante auto del siete (7) de mayo de
dos mil doce (2012) revocará la suspensión de visitas y ordenará su
reanudación, limitándolas no obstante a una cada quince (15) días por todo el
fin de semana a partir de las ocho (8) de la mañana del día sábado hasta las
ocho (8) de la mañana del día domingo y eventualmente hasta la misma hora del
día lunes en caso de ser este festivo. Dichas visitas debían ejercerse bajo
estricta vigilancia o cuidado de una tercera persona para lo cual el señor Omar
Enrique Jiménez dispuso en todo momento de personal idóneo en el cuidado de
niños.
1.5. Frente al cumplimiento de la orden
judicial de valoración psiquiátrica, señala el actor que la señora Liliana
Sandoval aportó un dictamen del veintisiete (27) de julio de dos mil doce
(2012) emitido por la psicóloga forense Genny Apráez del Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses, Seccional Cali.[5]
1.6. El apoderado del señor Omar Enrique
Jiménez presentó objeción al anterior dictamen apoyándose en el concepto
emitido por un especialista en psiquiatría de niños y adolescentes.[6]
1.7. Como sustento de dicha objeción, se
sostuvo que (i) el dictamen había sido realizado por una psicóloga y no por un
psiquiatra forense; [7]
(ii) las condiciones de su desarrollo no eran aplicables a situaciones propias
de la vida diaria (presiones laborales, estrés, entre otros supuestos) en las
que existía el riesgo de que la señora Sandoval Arévalo presentará nuevamente episodios
de su “enfermedad mental” la que comprendía eventos de agresividad
permanente, depresión, largos periodos de logorrea (habla sin descanso)
orientados a atacar de manera persistente a la familia del señor Omar Enrique
Jiménez, constantes temores cercanos a la paranoia, sentimientos de minusvalía,
intentos de suicidio e inminente peligro de filicidio; (iii) la demandada era
una persona que venía recibiendo tratamiento médico desde los dieciséis (16)
años de edad e incluso había estado internada en un establecimiento
psiquiátrico por espacio de treinta y siete (37) días.[8]
1.8. Con base en lo anterior, se solicitó
la realización de una nueva evaluación médica por un psiquiatra forense, en la
que se tomara en cuenta la evolución clínica que había tenido la paciente en el
transcurrir de su vida.
1.9. Según el accionante, a pesar de los
argumentos expuestos para objetar el dictamen forense que le fue practicado a
la señora Sandoval Arévalo, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses, Seccional Cali, decidió ratificarlo.
1.10. En cumplimiento al acuerdo
PSAA-13-9962, el dieciocho (18) de septiembre de dos mil trece (2013), el
conocimiento del asunto fue asumido por el Juzgado Segundo de Familia de
Descongestión de Bogotá para que continuará el trámite correspondiente,
encontrándose pendientes pruebas por practicar. Señala el apoderado de la parte
demandante que allegó al Despacho la historia clínica de la señora Sandoval
Arévalo proveniente de la Clínica Valle de Lili de Cali[9] y del Instituto
Colombiano del Sistema Nervioso - Clínica Monserrat de Bogotá.[10] Así mismo, se
aportaron los dictámenes privados de los psiquiatras Luis Alberto Ramírez
Ortegón y Oscar Díaz.[11]
1.11. Estos elementos de juicio, según
refiere el accionante, no fueron valorados ni tenidos en cuenta por la titular
del juzgado a pesar de que los mismos reflejaban la “enfermedad mental”
padecida por la señora Sandoval Arévalo, el deterioro en su estado de salud y
el consecuente peligro al que se veía expuesto su hijo cada vez que tenía
contacto con su madre en cumplimiento de las visitas quincenales. Igualmente
evidenciaban en su criterio, la inmadurez de la madre, el consumo frecuente de
licor, y el hecho de que su presunta enfermedad se remontaba al año de mil novecientos
noventa y seis (1996).
1.12. El veintiocho (28) de mayo de dos mil
catorce (2014), el apoderado del señor Omar Enrique Jiménez Mora informó al
Juzgado Segundo de Familia de Descongestión de Bogotá los aparentes reiterados
internamientos de la señora Sandoval Arévalo en clínicas mentales dada la
complejidad de su enfermedad. Así mismo allegó un informe suscrito por la
auxiliar de enfermería Nataly Martínez, quien supervisó las visitas de la madre
con el niño los días diecisiete (17) y dieciocho (18) de mayo de la referida
anualidad, en el cual se informaba que “a pesar de que el niño Juan José se
encontraba con una gripa y se negaba a salir con su mamá, ésta le exigió
cumplir con la visita y adicionalmente lo forzó a utilizar pañal y le impidió de
manera irracional, ir al baño”.[12]
1.13. Posteriormente, se aportó una nueva
prueba ante el juzgado accionado en la que se evidenciaba, al parecer y una vez
más, la negativa del niño a salir con su madre en cumplimiento de la programada
visita, hecho que según el accionante fue plasmado en un CD con una grabación
audiovisual que mostraba a Juan José Jiménez corriendo al interior del conjunto
residencial en el que vive con su padre con el fin de evitar este acercamiento.
El referido suceso fue nuevamente puesto en conocimiento del Despacho, el
tres (3) de julio de dos mil catorce (2014), en forma de secuencia de
fotografías impresas en las que se apreciaban las mismas imágenes plasmadas en
el CD. Con base en lo anterior, se solicitó la suspensión de las visitas por
parte de la señora Liliana Sandoval Arévalo.
1.14. En relación con dichos elementos
probatorios aportados, mediante auto del siete (7) de julio de dos mil catorce
(2014), el Juzgado Segundo de Familia de Descongestión de Bogotá señaló lo
siguiente: “obre en autos las manifestaciones realizadas por el apoderado de
la parte actora en el escrito inmediatamente anterior, los que serán valorados
en la etapa procesal correspondiente. Sin perjuicio de lo anterior, se le
informa al apoderado que este despacho judicial no cuenta con los mecanismos electrónicos
para observar medios magnéticos, los que además no cuentan con los
procedimientos legales para ser tenidos en cuenta como prueba en el presente
asunto”.[13]
1.15. Contra el anterior auto, el apoderado
del señor Omar Enrique Jiménez presentó recurso de reposición y en subsidio apelación
sobre la base de no haberse realizado una valoración integral de las pruebas.[14]
1.16. Mediante decisión del primero (1) de
septiembre de dos mil catorce (2014), el juzgado accionado negó el recurso de
reposición y rechazó el de apelación argumentando que no existía error de
valoración o procedimiento en el acto impugnado en tanto “el hecho de que
sus peticiones no le sean favorables no quiere decir que esta servidora
judicial no realice una valoración a los documentos aportados, pues pese a que
la etapa para solicitar y decretar pruebas ya feneció, en atención a las
circunstancias variables de este proceso el despacho ha estado atento a cada
una de las peticiones de las partes y a obtener medios de prueba que diluciden
el asunto, para tomar una decisión de fondo que beneficie los intereses superiores
del menor”.[15]
Concluyó que “las pruebas se valoran en la sentencia por el juez atendiendo
la sana crítica y todas las facultades y deberes de protección hacia el menor,
y en conjunto con todas las pruebas que se alcancen a recopilar”.[16]
1.17. Mediante auto del doce (12) de
septiembre de dos mil catorce (2014), el Juzgado Segundo de Familia de
Descongestión de Bogotá negó la solicitud de suspensión de visitas incoada por
el accionante.
1.18. Mediante auto del cuatro (4) de diciembre
de dos mil catorce (2014), el referido Juzgado corrió traslado a las partes de
los documentos allegados por el Instituto Colombiano del Sistema Nervioso -
Clínica Monserrat de Bogotá en torno al estado de salud actual de la señora
Sandoval Arévalo, en los cuales se le diagnosticó “trastorno afectivo
bipolar”.[17]
1.19. Dentro de dicho término, el apoderado
del accionante solicitó nuevamente la suspensión de las visitas por parte de la
madre. De manera subsidiaria invocó que las mismas se redujesen o se conservasen
haciéndolas en todo caso mucho más seguras o controladas por el ICBF, ante el supuesto
inminente daño que las mismas podrían causarle al niño. En esta ocasión, aclaró
que el niño solo accedía a cumplir las visitas con su madre, siempre y cuando
estuviera acompañado de su abuela paterna, Cilenia Mora Guerrero quien es la persona
que convive con ellos.[18]
1.20. Como
sustento de la anterior petición reiteró con base en pruebas aportadas al
proceso,[19]
el cuadro clínico complejo de la señora Liliana Sandoval Arévalo caracterizado
al parecer por (i) “estados psicóticos y maniáticos de depresión”[20]
que la habían llevado incluso a varios intentos de suicidio; (ii) continuas
hospitalizaciones en la Clínica Valle de Lili y en el Instituto Colombiano del
Sistema Nervioso - Clínica Monserrat desde el dieciocho (18) hasta el
veintinueve (29) de marzo de dos mil catorce (2014)[21] y desde el
ocho (8) hasta el quince (15) de abril de dos mil catorce (2014) con ocasión de
su estado de salud;[22]
(iii) “insomnio de conciliación asociado a episodios de ansiedad, tristeza
de predominio en horas de la noche con episodios de llanto fácil que ceden al
lograr conciliar el sueño”[23]
e irritabilidad en horas de la mañana al despertar y, (iv) ansiedad
desbordante así como dificultad para mantener relaciones personales objetales
lo que se reflejaba en sus tres (3) matrimonios que habían terminado en
divorcio.
1.21. Mediante
auto del veintiocho (28) de enero de dos mil quince (2015), el juzgado
accionado negó nuevamente la solicitud incoada al considerar que se “está a
la espera de que se realice la entrevista al niño por el grupo
interdisciplinario del ICBF, solicitud realizada por la Defensora de Familia
adscrita al despacho”.[24]
1.22. La
anterior decisión fue objeto de censura por parte del accionante  considerando
que el Despacho no se había pronunciado acerca de la pretensión subsidiaria
invocada. Sin embargo, mediante providencia del veinte (20) de febrero de dos
mil quince (2015), se negó el recurso reiterando que se estaba a la espera de una
entrevista realizada al niño y se mantuvo, en consecuencia, la decisión
aduciendo para tal fin lo siguiente:
“El padre o la
madre no privado o suspendido en su ejercicio de patria potestad puede reclamar
su derecho de visitar a su descendiente cuando por alguna circunstancia no
ostente la custodia del mismo, y aún bajo los argumentos esbozados en el
escrito, incluso bajo el entendido de la seriedad que tales calificados
encierra, no por ello se puede pretender privar de tal derecho, máxime que allí
no se ha agotado el asunto, pues se trata de un derecho de doble vía incluso de
rango superior, dado que la progenitora lo detenta para poder visitar a su
descendiente y respecto del menor a su progenitora toda vez que en principio le
asiste constitucionalmente, se trata pues de un restablecimiento de derechos
para el menor y la tutela de los de la madre, luego en relación a la
modificación de visitas solicitada por el apoderado de la parte actora, este
despacho judicial la mantendrá en espera del recaudo de la prueba
correspondiente”.[25]
1.23. A juicio del peticionario, la titular
del Despacho accionado ha contrariado los preceptos constitucionales en la
materia al dilatar la adopción de una decisión que ponga fin al proceso
judicial de reglamentación de visitas que se encuentra en curso, ordenando por
el contrario, el recaudo de más pruebas a las ya aportadas, las que además no
han sido valoradas en su conjunto, poniendo en riesgo el interés superior del
niño. Lo anterior a pesar de que la Defensora de Familia adscrita al Despacho
ha realizado sendas peticiones en armonía con las efectuadas por la parte
demandante y encaminadas a la protección de Juan José Jiménez.
1.24. Con fundamento en lo expuesto, el
señor Omar Enrique Jiménez Mora en representación de Juan José Jiménez Sandoval
y por conducto de apoderado judicial, presentó acción de tutela como mecanismo
transitorio habida cuenta de la existencia de un perjuicio irremediable que
considera, se ha concretado sobre el bienestar del niño con ocasión del presunto
actual estado anímico y mental de la madre. Estima que el juzgado accionado no
ha adoptado las medidas de protección requeridas al omitir la valoración
integral y oportuna de las pruebas obrantes en el proceso que dan cuenta de
estos hechos.
1.25. Como objeto material de protección,
invocó (i) el amparo de los derechos fundamentales de su hijo; (ii) la
suspensión inmediata de las visitas asignadas a la señora Liliana Sandoval Arévalo
hasta tanto se resuelva de fondo el proceso verbal sumario que se encuentra en
trámite; (iii) la remisión de la citada ciudadana a una evaluación psiquiátrica
ante el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses a efectos de
determinar el nivel de evolución y sanidad mental que presenta en la
actualidad; (iv) la valoración por parte del Juzgado Segundo de Familia de
Descongestión de Bogotá, de todas las pruebas aportadas al proceso verbal
sumario de reglamentación de visitas y, (v) la adopción de una decisión de
fondo con fundamento en la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal.[26]
2. Respuesta de la entidad accionada
2.1. Una vez se avocó el conocimiento de la
presente acción de tutela por parte de la Sala de Familia del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá, el diez (10) de marzo de dos mil quince
(2015), el Despacho ordenó notificar a la entidad accionada para que ejerciera
el derecho de defensa y contradicción. Así mismo, ordenó la notificación y vinculación
de todos los intervinientes en el proceso de reglamentación de visitas incluida
la Defensoría de Familia y el Ministerio Público.[27] Finalmente, solicitó
en calidad de préstamo el expediente del proceso que actualmente se adelanta
ante el Juzgado Segundo de Familia de Descongestión de Bogotá.[28]
2.2. Mediante escrito del once (11) de
marzo de dos mil quince (2015), la titular del Juzgado Segundo de Familia de
Descongestión de Bogotá[29]
dio contestación al requerimiento judicial. De manera preliminar sostuvo que no
se han vulnerado los derechos del niño Juan José Jiménez Sandoval en el curso
del proceso de reglamentación de visitas, toda vez que las decisiones
impartidas hasta el momento se han adoptado en cumplimiento de la ley procesal
y sustantiva que rige la materia.
Sobre el fondo del asunto, sostuvo que la
determinación de no suspender las visitas de la señora Liliana Sandoval Arévalo
con el niño obedece al hecho de que a la fecha no existen elementos de juicio
idóneos, legales y oportunos que den cuenta de su imposibilidad para tener
acercamientos con su hijo. No obstante, aclaró que una vez se allegue el
informe del estado de salud actual de la citada ciudadana y su correspondiente
evolución por parte de la Clínica Monserrat así como la entrevista realizada a
Juan José a través del equipo técnico interdisciplinario del ICBF, se entrará a
analizar sobre tal petición y se adoptará una decisión de fondo.[30]
3. Otras pruebas obrantes en el
expediente de tutela
3.1. Escrito presentado por el señor Álvaro
Palacios Sánchez apoderado de Omar Enrique Jiménez Mora
Mediante escrito del diecisiete (17) de
marzo de dos mil quince (2015), el apoderado del accionante puso de manifiesto
ante la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá la supuesta inestabilidad
mental que aqueja a la señora Liliana Sandoval Arévalo y como ello está
afectando, en su criterio, el bienestar e integridad de Juan José.
Concretamente refiere que la citada ciudadana ha ejercido algunos ataques
verbales y psicológicos contra el niño tal como a su juicio quedó plasmado en
un audio.[31]
Así mismo, relata que estos hechos quedaron evidenciados en algunos reportes de
enfermería recibidos de las auxiliares Catalina Jiménez y Angélica Devia,[32]
encargadas de asistir a las visitas, en los que se refleja, al parecer, el
deseo del niño de no querer ir a estas con su mamá.[33]
De igual manera mediante escrito del nueve
(9) de julio de dos mil quince (2015), el citado apoderado presentó memorial
ante la Sala Primera de Revisión en el cual reiteró la solicitud de suspensión
de las visitas otorgadas a la señora Liliana Sandoval Arévalo considerando para
tal fin “el acelerado y peligroso deterioro mental y psicológico que esta ha
venido presentando en los últimos 24 meses y que la ha llevado a su internación
en clínicas psiquiátricas por más de 30 días en dicho periodo. Y ante el riesgo
a que se expone al niño Juan José Jiménez Sandoval cada vez que cumple con las
visitas que desde tiempo atrás se pactaron judicialmente con la madre. A lo que
se suma que en el último mes la madre se abstenido (sic) de visitar al niño
presentando excusas para hacerlo, sin que podamos estar seguros que esto
obedezca a que la enfermedad mental que padece la madre y que suele ocultar y
minimizar ante la sociedad, haya vuelto a recrudecer”.[34]
Agrega que “las visitas se han
caracterizado en los últimos meses por una menor duración y ausencia de la Sra.
Sandoval. Es así como ella no asistió el 08 de marzo de 2015 ni en lo
transcurrido de todo el mes de junio de 2015”.[35]
3.2. Declaración de la señora Liliana
Sandoval Arévalo ante la Fiscalía 45 Seccional de Bogotá
El veinte (20) de septiembre de dos mil
trece (2013), la señora Liliana Sandoval Arévalo acudió a la Fiscalía 45
Seccional de Bogotá con el fin de rendir entrevista dentro de la denuncia penal
que instauró en contra del señor Omar Enrique Jiménez Mora por los delitos de
ejercicio arbitrario de la custodia de hijo menor y fraude a resolución
judicial. En esta oportunidad la citada ciudadana sostuvo lo siguiente:
“Después de
haber formulado la denuncia, solucionamos todos los problemas surgidos con
ocasión de las visitas de mi pequeño hijo Juan José, ya que lo que dio lugar a
mi denuncia fue el hecho de haberme trasladado a vivir a la ciudad de Cali, lo
que hacía muy difícil viajar hacia esa ciudad cada quince días a ver al niño de
acuerdo a lo que habíamos acordado y se había dejado plasmado en el acta de
divorcio efectuada ante el Juzgado 4 de Familia de Descongestión de Bogotá.
Actualmente se adelanta proceso de reglamentación de visitas en el Juzgado 11
de Familia de Bogotá, donde se estableció un régimen provisional de visitas el
cual el padre de mi hijo ha cumplido a cabalidad permitiéndome ver a Juan José cada
quince días para lo cual yo me traslado de la ciudad de Cali a Bogotá. Quiero
resaltar que la denuncia penal fue presentada debido a que cuando firmamos de
mutuo acuerdo la custodia a favor del padre, no fue previsto mi traslado a la
ciudad de Cali, por lo cual con este proceso penal yo pretendía en forma equivocada,
poder recuperar la custodia de mi hijo para llevármelo a vivir a Cali o lograr
que Omar por lo menos una vez al mes, lo llevara a Cali y en las vacaciones,
semana santa o semana de receso en Octubre. Omar inició este proceso de
reglamentación de visitas con el fin de que se tuviera en cuenta esta
circunstancia del traslado a otra ciudad, él también solicitó la suspensión de
las visitas dado que yo padecía de un trastorno afectivo bipolar, con el fin de
verificar que mis condiciones mentales fueran idóneas para poder seguir con las
visitas con el niño, solicitando que me fuera practicado examen psiquiátrico en
Medicina Legal el cual fue ordenado por la Juez y salió favorable, en el
sentido de que debido a que el examen arrojó que yo tenía un funcionamiento
psicológico estable y sin síntomas, sin presentar conductas de riesgo en mi rol
de madre y buscando propender por la satisfacción de las necesidades básicas y
un adecuado desempeño en mi rol como madre, razón por la cual las visitas no
han sido suspendidas y estamos a la espera de la sentencia judicial que
establezca el régimen de visitas definitivo”.[36]
Durante la entrevista, se le preguntó por
las condiciones en las que actualmente se encontraba el niño Juan José Jiménez
Sandoval, frente a lo cual señaló:
“Mi hijo Juan
José se encuentra divinamente al lado de su padre, es un niño feliz, siempre
que lo llamo está riéndose, tenemos una excelente relación madre-hijo, el padre
del niño ha propendido por esta relación madre e hijo, nunca permite que le
hablen al niño mal de mí y me permite las visitas y la comunicación permanente
con el niño, el niño se ve física y psicológicamente sano, y actualmente está
en un jardín infantil bilingüe, por lo cual a mi concepto, me da mucha
felicidad y paz saber que mi hijo está perfectamente cuidado”.[37]
Resaltó que “a mí me alcanzaron a
suspender las visitas por orden de la juez. Quiero aclarar que cuando yo
presenté la denuncia diciendo que Omar Enrique Jiménez Mora no había cumplido
con llevarme a mi hijo a la ciudad de Cali para verlo, lo hizo porque en este
momento el régimen de visitas que nos cobijaba era el acordado mediante
conciliación en el Juzgado 4 de Familia de Descongestión de Bogotá y para esa
época, todavía no pensaba en trasladarme a mi ciudad natal, luego analizando
esta situación, él no tenía por qué llevármelo porque no estaba previsto en esa
forma en la sentencia de este despacho”.[38]
Finalizó, solicitando el archivo de las
diligencias por estimar que no existía ningún delito.[39]
4.
Decisiones que se revisan
4.1. Decisión de primera instancia
Mediante providencia del veinte (20) de
marzo de dos mil quince (2015), la Sala de Familia del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, resolvió negar el amparo invocado. De manera
preliminar, sostuvo que la acción de tutela no era un medio alternativo,
adicional o complementario de solución de las controversias, máxime cuando en
el presente asunto se encontraba en curso un proceso ordinario de protección de
derechos que le impedía al juez constitucional invadir la órbita de competencia
del juez natural con atribuciones legales para dirimir el conflicto.
Sobre el fondo del asunto, consideró que el
Juzgado Segundo de Familia de Descongestión de Bogotá no había vulnerado los
derechos fundamentales del accionante ni de su hijo, en tanto todas las
actuaciones surtidas hasta el momento se habían adoptado teniendo en cuenta las
pruebas obrantes en el proceso, las normas que rigen la materia y sobretodo el
interés superior de Juan José Jiménez. Precisó que era un asunto diferente el
que el accionante discrepará del criterio jurídico del Despacho, lo que en modo
alguno se erigía en una vulneración al debido proceso.
Estimó que la negativa de acceder a la
petición de suspensión provisional de visitas incoada por el señor Omar Enrique
Jiménez Mora, obedecía a la inexistencia de elementos de juicio que demostraran
la amenaza o riesgo inminente sobre el niño con ocasión de este acercamiento y
que, por ende, condujeran a privarlo del derecho a tener algún tipo de vínculo afectivo
con su madre a pesar de su enfermedad, pues, incluso, las visitas se realizaban
en compañía de una tercera persona.
Para concluir, señaló que en un proceso de
reglamentación de visitas, el juez está autorizado para adoptar las medidas
provisionales necesarias para salvaguardar las garantías ciudadanas, razón por
la cual desde el inicio del asunto, el Juzgado Once de Familia de Bogotá fijó
un régimen provisional de visitas que aún está vigente y que procura garantizar
los derechos fundamentales del niño.
4.2. Impugnación presentada por el
apoderado del señor Omar Enrique Jiménez Mora
El apoderado del señor Omar Enrique Jiménez
Mora presentó impugnación en contra de la decisión de primera instancia. En
dicho escrito, insistió sobre la configuración de un defecto fáctico en la
actuación del Juzgado Segundo de Familia de Descongestión de Bogotá al no haber
analizado el material probatorio que da cuenta, al parecer, de la evolución de
la “enfermedad mental” de la señora Liliana Sandoval Arévalo y la manera
como ello representa, a su juicio, un inminente riesgo para el desarrollo
integral del niño.
Agrega que el juzgado accionado le ha dado
prevalencia al derecho procedimental sobre el sustancial, aplazando de manera
injustificada su actuar judicial argumentando para ello, la necesaria valoración
previa de las pruebas aportadas al proceso a efectos de tomar una decisión de
fondo.
Así mismo, indica que fueron negadas
arbitrariamente las diferentes solicitudes presentadas incluso por la Defensoría
de Familia, quien invocó que las visitas fueran supervisadas por una
trabajadora social y una psicóloga y realizadas en el centro zonal del ICBF de
la localidad del domicilio del niño durante el término de tres (3) meses, con
la finalidad de conocer el desarrollo de las mismas y establecer el estado
psicoactivo del niño así como la relación con su madre.[40] También se
negó una solicitud de entrevista al niño, bajo el argumento de no contar con
los instrumentos idóneos para realizar esta diligencia a un niño de cuatro (4)
años. Finalmente, se despachó desfavorablemente la petición de valoración de la
señora Liliana Sandoval Arévalo por parte de un médico forense especializado,
aduciendo que la misma había sido decretada como prueba y se estaba a la espera
de la aclaración y/o complementación solicitada, además de que se allegará el
informe proveniente de la Clínica Monserrat sobre el estado de salud actual de
la paciente.
Concluye que deben adoptarse medidas de
protección inmediatas en favor de Juan José Jiménez Sandoval con el fin de
lograr el restablecimiento de sus derechos fundamentales.[41]
4.3. Decisión de segunda instancia
La Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia mediante providencia del quince (15) de mayo de dos mil
quince (2015), confirmó el fallo impugnado. Para ello, consideró que las
decisiones de la autoridad judicial accionada no resultaban caprichosas,
autoritarias o infundadas pues las mismas se habían adoptado con sujeción al
material obrante en el expediente y dentro del ejercicio de las funciones que
de manera autónoma e independiente ejercen los funcionarios judiciales en la
resolución de las controversias sometidas a su consideración. Advirtió que el
disenso con las decisiones proferidas no constituía un específico supuesto de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
En lo referente a la negativa impartida
frente a la solicitud de suspensión de visitas, precisó que la misma había
estado sustentada en las pruebas recaudadas en el proceso, dentro de las cuales
se resaltaba el dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses en el que se había determinado que la señora Sandoval Arévalo no
exhibía conductas de riesgo en su rol parental. Así mismo, la petición no había
sido procedente por cuanto se estaba a la espera de un informe a cargo de la Clínica
Monserrat en torno al estado de salud actual de la demandante y de la realización
de una entrevista al niño.
Finalizó, manifestando que el proceso de
reglamentación de visitas se encontraba en curso y era allí donde, con fundamento
en las pruebas que se siguieran recaudando, se debía tomar una decisión de
fondo en la materia.
5. Actuaciones
en sede de revisión
5.1. La Sala de Revisión para efectos de
adoptar una decisión informada en el asunto de la referencia, mediante auto del
tres (3) de agosto de dos mil quince (2015), requirió
al Juzgado Segundo de Familia de Descongestión de Bogotá el suministro de
información relacionada con:
(i) El estado actual del proceso de
reglamentación de visitas que en su momento fue iniciado por el señor Omar
Enrique Jiménez Mora en contra de la señora Liliana Sandoval Arévalo; (ii) las
medidas que se han adoptado para proteger los derechos y, en especial, el
interés superior del niño Juan José Jiménez Sandoval en el curso del proceso
judicial; (iii) la relación de las pruebas o elementos de juicio que ha tenido
en cuenta o que han servido de fundamento para negar las solicitudes de
suspensión de visitas solicitadas por el señor Omar Enrique Jiménez Mora; (iv)
una relación y una copia de las pruebas obrantes en el proceso que den cuenta
del estado de salud actual de la señora Liliana Sandoval Arévalo, concretamente:
el Dictamen emitido por el Instituto Colombiano del Sistema Nervioso - Clínica
Monserrat de Bogotá, la entrevista realizada al niño Juan José Jiménez Sandoval
a través del equipo técnico interdisciplinario del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, así como los dictámenes emitidos por el Instituto Nacional
de Medicina Legal y Ciencias Forenses y, (v) el concepto, si lo hubiere,
rendido por el Defensor de Familia y el agente del Ministerio Público adscritos
al proceso, sobre el asunto que se debate.
5.2. Mediante escrito del cinco (5) de
agosto de dos mil quince (2015), el Despacho dio contestación a lo anterior en
el orden como fueron planteados los interrogantes.
5.3. En relación con el primer punto,
sostuvo que el proceso verbal sumario de reglamentación de visitas se encuentra
en etapa de práctica de las pruebas legal y oportunamente solicitadas,
advirtiendo que han sido múltiples los aportes documentales, material
fotográfico y en USB, escritos y demás elementos de juicio allegados al trámite
judicial.
Señaló que mediante providencia del
veintinueve (29) de mayo de dos mil quince (2015) se fijó fecha para alegatos
de conclusión y fallo, no obstante dicha decisión fue objeto de un recurso de
reposición y de apelación, frente a lo cual se procedió a correr el traslado a
las partes.
5.4. Sobre las medidas que se han adoptado
para proteger los derechos del niño Juan José Jiménez Sandoval, precisó que el
interés superior de este ha sido el pilar sobre el cual el Despacho ha fundado
las decisiones a lo largo del debate. Señaló que las visitas entre madre e hijo
se siguen llevando a cabo, pese a las múltiples solicitudes de suspensión de
las mismas realizadas por la parte actora.
5.5. La funcionaria judicial advirtió que las
pruebas tenidas en cuenta para negar las solicitudes de suspensión de visitas del
peticionario han sido aquellas oportunamente solicitadas y valoradas, que
además reflejan las buenas y estables condiciones de salud de la señora
Sandoval Arévalo para ejercer cuidado integral sobre su hijo. Se destacan (i) diferentes
certificaciones médicas emitidas entre otros, por un psiquiatra institucional,[42]
una psicoanalista[43]
y un médico especialista;[44]
(ii) dictámenes del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses[45]
y, (iii) valoraciones realizadas al niño por parte del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar.[46]
5.6. Frente al estado de salud actual de la
señora Liliana Sandoval Arévalo, se remitieron las copias de algunos dictámenes
periciales efectuados a las partes por el Instituto Nacional de Medicina Legal
y Ciencias Forenses,[47]
la epicrisis e historia clínica de la señora Sandoval Arévalo emitida por la
Clínica Monserrat[48]
y la entrevista realizada por el ICBF al niño Juan José.[49] Así mismo se
aportó la copia de un acta de medida de urgencia tomada por la Comisaría Once de
Familia de Suba a favor del niño Juan José Jiménez Sandoval, el día veintidós
(22) de octubre de dos mil diez (2010).[50]
5.7. Finalmente, el Despacho indicó que si
bien no existen conceptos emitidos por la Defensora de Familia y el Agente del
Ministerio Público, la primera ha intervenido en el proceso solicitando, entre
otras cosas, las visitas supervisadas, la entrevista al niño y la información
relativa a si la demandada acude a los controles por psiquiatría y psicología.[51]
5.8. Durante el término de revisión de la
acción de tutela, el apoderado del señor Omar Enrique Jiménez Mora allegó
mediante escrito del doce (12) de agosto de dos mil quince (2015), un informe
de análisis psiquiátrico forense[52]
y copia de la historia clínica de la señora Liliana Sandoval Arévalo procedente
de la Clínica Monserrat.
En el primero de ellos, se concluyó que “de
acuerdo a la revisión y análisis de los documentos facilitados, en especial la
copia de historia clínica que se le lleva a la señora Liliana Sandoval Arévalo,
la cual fue elaborada por los médicos, psicólogos, terapia ocupacional y
trabajo social de la Fundación Valle de Lili, se puede colegir que la señora
Sandoval Arévalo presenta signos y síntomas clínicos compatibles con un cuadro
de Trastorno Afectivo Bipolar, el cual persiste agudamente enferma como lo
describe su médico tratante Dr. Hernán Rincón en sus anotaciones médicas. Ha
tenido múltiples consultas de control médico debido a la NO estabilidad de su
sintomatología clínica, lo que NO le hace viable a ser garante ni responsable
de la crianza de su hijo, pues sus conductas son impredecibles, como se anota
en la evolución de su sintomatología en el transcurrir de su enfermedad
(historia clínica) sintomatología que persiste en la actualidad, pues como se
anotó, sus conductas son impredecibles”.[53]
En relación con la historia clínica se
indica en la misma, que la señora Sandoval Arévalo fue atendida en el año dos
mil catorce (2014) en la Clínica Monserrat en las siguientes fechas: “ingreso:
marzo 18 de 2014, egreso: marzo 29 de 2014-hospitalización. Ingreso: abril 8 de
2014, egreso: abril 15 de 2014-hospitalización. Mayo 04 de 2014-consulta
prioritaria”.[54]
Allí también se indica que la paciente presenta “trastorno afectivo bipolar,
episodio mixto presente”[55]
y “trastorno de ansiedad, no especificado”.[56]
5.9. De igual forma durante el periodo de
revisión, se aportó por parte del señor Álvaro Palacios Sánchez, apoderado de
Omar Enrique Jiménez Mora, escrito del veinticuatro (24) de agosto de dos mil
quince (2015),[57]
en el que se indica, entre otros aspectos que la señora Liliana Sandoval
Arévalo actualmente no vive en su lugar de residencia habitual sino que
frecuenta diferentes hoteles del sector de La Candelaria en la ciudad de
Bogotá, sin poner en conocimiento del Despacho accionado dicha novedad.
Se aporta junto con el oficio, historia
clínica completa de la paciente procedente de la Fundación Valle de Lili, la que
a juicio del accionante revela “la amplitud del cuadro comórbido de
enfermedades mentales que aquejan a la madre del menor Juan José Jiménez
Sandoval”.[58]
En ella se establece que la citada ciudadana padece “trastorno afectivo
bipolar”. De igual forma se allega en adición con otros documentos,[59]
informe de psiquiatría y psicología forense proveniente del Instituto Nacional
de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el cual es realizado al interior del
proceso de suspensión de patria potestad que a la fecha también adelanta el
actor y en el que básicamente se concluye que el señor Omar Enrique “no
muestra signos ni síntomas de patología mental”.[60]
iI. Consideraciones y
fundamentos
1. Competencia
La Sala Primera es competente para revisar
los fallos de tutela proferidos dentro del trámite de la referencia, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 86, inciso 3°, y 241, numeral 9°,
de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36
del Decreto 2591 de 1991.
2. Presentación del caso y planteamiento
del problema jurídico
2.1. Omar Enrique Jiménez Mora interpuso
acción de tutela contra el Juzgado Segundo de Familia de Descongestión de
Bogotá, solicitando el amparo de los derechos fundamentales de su hijo Juan
José Jiménez Sandoval. El reclamo constitucional se fundamentó en que en el
proceso verbal sumario de reglamentación de visitas iniciado en contra de la
señora Liliana Sandoval Arévalo, presuntamente se generó un defecto fáctico
porque no se ha realizado en forma conjunta e integral una valoración de las
pruebas o elementos de juicio que da cuenta de la necesidad de proceder a la
suspensión de las visitas a cargo de esta última, habida cuenta del estado de
salud mental que, al parecer, la aqueja y la forma como ello, en criterio del
accionante, está afectando el bienestar del niño.[61]
Conforme con las circunstancias fácticas que dieron lugar al ejercicio de la acción de tutela y un
análisis de las pruebas obrantes en el expediente, se puede inferir que la
pretensión central del accionante[62]
recae en la necesidad de dejar sin efectos la totalidad
de las actuaciones judiciales adelantadas por el juez accionado en desarrollo y
con ocasión del proceso referido, especialmente aquellas decisiones materializadas en diversos autos por medio de las cuales se ha
negado por el Juzgado Segundo de Familia de Descongestión de Bogotá las
solicitudes de suspensión de visitas. [63]
2.2. De acuerdo
con estos hechos, la Sala deberá establecer si procede acudir a este mecanismo
frente a una actuación judicial que se encuentra en trámite, y ante la cual el
accionante todavía tiene la posibilidad de agotar los medios procesales para la
defensa de los derechos del niño Juan José Jiménez Sandoval y por esta vía cuestionar
la legalidad de las decisiones allí impartidas.
2.3. Para
desarrollar el anterior interrogante, la Sala procederá a (i) reiterar la
jurisprudencia en relación con la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, y (ii) resolverá el caso concreto.
3.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
3.1. La Corte
Constitucional como intérprete autorizado de la Constitución Política y
guardiana de la integridad del texto superior, ha desarrollado una doctrina
bien definida sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencias judiciales. Esta línea se basa en la búsqueda de un
equilibrio adecuado entre dos elementos fundamentales del orden constitucional,
de un lado, la primacía de los derechos fundamentales y, de otro, el respeto
por los principios de autonomía e independencia judicial[64].
3.2. Para
lograr este adecuado equilibrio, en primer lugar, la Corte ha partido de los
principios generales de procedencia de la acción, subsidiariedad e inmediatez,
haciéndolos particularmente exigentes en el caso de que se pretenda
controvertir una providencia judicial; en segundo lugar, ha ido determinando
los eventos en los cuales es posible que una providencia judicial vulnere los
derechos fundamentales, con el fin de evitar acusaciones infundadas y mantener
un nivel adecuado de coherencia y entendimiento entre los diversos jueces. Por
último, ha acentuado constantemente que la acción de tutela solo procede cuando
se encuentre acreditada la amenaza o violación de un derecho fundamental.
3.3. A
continuación, la Sala reiterará brevemente la jurisprudencia de la Corporación
acerca de la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
sistematizada por la Sala Plena en la decisión de constitucionalidad C-590 de
2005[65]:
3.3.1. La
tutela contra sentencias judiciales es procedente, tanto desde un punto de
vista literal e histórico[66],
como desde una interpretación sistemática, teniendo como referencia el bloque
de constitucionalidad[67]
e, incluso, a partir de la ratio decidendi[68] de la
sentencia C-543 de 1992[69],
siempre que se presenten los criterios ampliamente desarrollados por la
jurisprudencia constitucional.
3.3.2. Así, al
estudiar la procedencia de la acción, el juez debe constatar que se cumplen los
siguientes requisitos formales, que no son más que los requisitos generales de
procedibilidad de la acción, adecuados a la especificidad de las providencias
judiciales[70]:
(i) que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga evidente
relevancia constitucional[71];
(ii) que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios, antes de acudir al juez de tutela[72]; (iii)
que la petición cumpla con el requisito de inmediatez, de acuerdo con criterios
de razonabilidad y proporcionalidad; (iv) en caso de tratarse de una
irregularidad procesal, que esta tenga incidencia directa en la decisión que
resulta vulneratoria de los derechos fundamentales; (v) que el actor
identifique, de forma razonable, los hechos que generan la violación y que esta
haya sido alegada al interior del proceso judicial, en caso de haber sido
posible, y (vi) que el fallo impugnado no sea de tutela[73].
3.3.3. Además
de la verificación de los requisitos generales, para que proceda la acción de
tutela contra una decisión judicial es necesario acreditar la existencia de
alguna o algunas de las causales de procedibilidad ampliamente elaboradas por
la jurisprudencia constitucional[74],
a saber: defecto orgánico[75],
sustantivo[76],
procedimental[77]
o fáctico[78];
error inducido[79];
decisión sin motivación[80];
desconocimiento del precedente constitucional[81],
y violación directa de la Constitución[82].
3.4. Acerca de
la determinación de los vicios o defectos, es claro para la Corte que no existe
un límite indivisible entre ellos, pues resulta evidente que la aplicación de
una norma inconstitucional o el desconocimiento del precedente constitucional,
pueden implicar, a su vez, el desconocimiento de los procedimientos legales o,
que la falta de apreciación de una prueba, pueda producir una aplicación
indebida o la falta de aplicación de disposiciones normativas relevantes para
la solución de un caso específico[83].
3.5. Los eventos en que procede la acción
de tutela contra decisiones judiciales involucran la superación del concepto de
vía de hecho y la admisión de específicos supuestos de procedibilidad en casos
en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se
trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales[84].
Asimismo, vista la excepcionalidad de la
tutela como mecanismo judicial apropiado para rectificar las actuaciones
judiciales equivocadas, es necesario que las alegadas causales de
procedibilidad se aprecien de una manera tan evidente o protuberante, y que las
mismas sean de tal magnitud, que puedan desvirtuar la juridicidad del
pronunciamiento judicial objeto de cuestionamiento[85].  Por esta
razón, esta Corporación ha sido muy clara al señalar que no toda irregularidad
procesal o diferencia interpretativa configura una vía de hecho[86].
3.6. De acuerdo
con las consideraciones precedentes, para determinar la procedencia de la
acción de tutela en contra de una providencia judicial debe verificarse la
concurrencia de tres situaciones: (i) el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad; (ii) la existencia de alguna o algunas de
las causales establecidas por la Corporación para hacer admisible el amparo
material, y (iii) el requisito sine qua non, consistente en la
necesidad de intervención del juez de tutela, para evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental[87].
3.7. Acerca del principio de
subsidiaridad. Como se ha mencionado, la Corte es especialmente exigente
cuando la controversia se deriva de un pronunciamiento judicial, especialmente
en relación con los principios de subsidiariedad e inmediatez[88].
El primero, exige el agotamiento de todos
los recursos judiciales como condición previa para la interposición de la
acción, salvo que se busque un amparo transitorio, en razón a que el proceso
judicial es el escenario en el cual debe buscarse la protección de los derechos
constitucionales y legales en primer término, y en consideración a que la
competencia del juez de tutela frente a una sentencia judicial se contrae a los
aspectos con relevancia constitucional que fueron discutidos al interior del
proceso, sin obtener una respuesta constitucionalmente adecuada por parte de
los jueces especializados[89].
El segundo, comporta la obligación de interponer la acción dentro de un plazo
razonable, como garantía esencial para la seguridad jurídica y los derechos de
terceros[90].
En lo concerniente al principio de
subsidiariedad, en la sentencia T-1049 de 2008[91]
la Sala Tercera de Revisión realizó una precisión conceptual en relación con
los conceptos de subsidiariedad y residualidad de la acción de
tutela. Precisó que aunque en ocasiones ambos términos se usan
indistintamente, en realidad son conceptos relacionados pero no idénticos. El
primero, hace referencia a la inexistencia de recursos como presupuesto para la
procedibilidad de la tutela[92];
el segundo, condiciona el estudio de fondo del amparo a que se hayan agotado
los recursos existentes. Expuso: “Para explicar la relación entre ambos
conceptos, de forma sencilla, basta con señalar que existen diversas razones
por las cuales una persona carece de medios judiciales de defensa diferentes a
la acción de tutela, y una de ellas es que haya agotado los recursos existentes.
Esta situación se hace evidente en el caso de los fallos judiciales: debido a
que por regla general los diferentes procesos prevén recursos, sólo cuando el
peticionario los ha agotado, puede considerarse que no posee otro medio de
defensa judicial”.[93]
En todo caso, el requisito de subsidiariedad se ve incumplido cuando no
se ejercen las acciones ordinarias de defensa judicial, o no se interponen
dentro de la oportunidad que la ley concede para tal fin, o en aquellos casos
en que el fin a alcanzar es una decisión de fondo en un término menor al que
requeriría un proceso iniciado ante el juez ordinario. Debe reiterarse
que el incumplimiento del requisito de subsidiariedad solo puede ser excusado
por circunstancias de fuerza mayor, que de ninguna forma puedan imputarse al
peticionario, y que se encuentren probadas en el proceso, o se prueben durante
el trámite de la tutela[94].
3.7.1. El perjuicio irremediable. De
conformidad con el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991,[95] la existencia
de otros recursos o medios de defensa judicial no representa óbice para que la
acción de tutela sea procedente en aquellos casos en que con la interposición
de la misma se pretenda evitar un perjuicio irremediable. En estos eventos, la
sentencia de tutela otorga, en principio, un amparo transitorio con el fin de
velar por la integridad de los derechos fundamentales amenazados.[96]
El concepto de
perjuicio irremediable ha sido decantado por la jurisprudencia constitucional.
Se ha establecido que para que pueda hablarse de dicho concepto el perjuicio ha
de ser inminente y grave, requiriendo de “[…] medidas urgentes y de
aplicación inmediata e impostergable”.[97]
Sobre la inminencia
del perjuicio se ha dicho que este elemento se refiere a condiciones que
trascienden la mera expectativa del menoscabo a derechos fundamentales. El
requisito de inminencia puede entonces dividirse en dos elementos: el temporal
y el de previsibilidad.  El elemento temporal se refiere a que la amenaza o
lesión de derechos pueda esperarse de forma próxima al momento actual,
excluyendo por esta vía situaciones cuya ocurrencia sea lejana o siquiera
mediata, salvo que concurran circunstancias especiales. De otra parte, el
elemento de previsibilidad parte de la aplicación de las reglas de la
experiencia y la sana crítica, de tal forma que pueda esperarse, de acuerdo al
curso normal de los eventos, que de no haber intervención el evento lesivo de
derechos muy seguramente ocurrirá.
En relación con
la urgencia de las medidas se tiene que este requisito parte de un
análisis de la inminencia del perjuicio. Existe una relación directa entre la
inminencia del perjuicio y la urgencia de las medidas necesarias para que este
no se concrete.  Con relación a la urgencia, la Corporación ha indicado que
esta “[…] Es apenas una
adecuación entre la inminencia y la respectiva actuación: si la primera hace
relación a la prontitud del evento que está por realizarse, la segunda alude a
su respuesta proporcionada en la prontitud.  Pero además la urgencia se
refiere a la precisión con que se ejecuta la medida, de ahí la necesidad de
ajustarse a las circunstancias particulares.  Con lo expuesto se verifica
cómo la precisión y la prontitud señalan la oportunidad de la urgencia”.[98]
La gravedad
del perjuicio, por su parte, se refiere a la intensidad con la que se afectan
los intereses del accionante, siendo una valoración de la lesión que puede
devenir sobre los derechos fundamentales comprometidos por la acción u omisión
de aquel contra quien se interpone la tutela. Se aclara que dicha valoración
exige determinar cuál es la importancia del bien jurídico amenazado. En este
sentido, la gravedad de la afectación depende de la estima que, conforme a
criterios objetivos, puede tenerse de los derechos afectados, tomando como
referente las circunstancias particulares del accionante. Tales criterios
objetivos se construyen con base en consensos sociales sobre la precedencia que
determinados bienes jurídicos tienen sobre otros en circunstancias concretas.
En cuanto a la
intensidad y al tipo de bien afectado, debe tenerse en cuenta si la
afectación del bien es reversible o irreparable, esto derivado de la exigencia
de que el perjuicio tenga un carácter irremediable. Se advierte que la
irreparabilidad incluye aquellos eventos en los que la única forma de resarcir
la afectación es por medio de medidas indemnizatorias. Finalmente, se precisa
que el nivel de afectación del derecho fundamental sea determinado o cuando
menos determinable.[99]
Por último, la impostergabilidad
se refiere a la oportunidad y eficacia de la acción de tutela con relación
a la amenaza de derechos fundamentales. La tutela ha de ser necesaria en ese
preciso momento para evitar el daño: “Si hay postergabilidad de la acción, ésta corre el riesgo de ser
ineficaz por inoportuna.  Se requiere una acción en el momento de la
inminencia, no cuando ya haya desenlace con efectos antijurídicos”.[100]
3.7.2. Ahora bien, las demoras en la
administración de justicia, como sucede en la decisión de recursos interpuestos
en el marco de procesos ordinarios no permiten, por regla general, la
configuración de un perjuicio irremediable. Ha sido enfática la Corte al
afirmar que: “[…] La congestión
judicial y demoras de los procesos es una realidad innegable, que aun cuando es
necesario corregir en la medida de lo posible, imponen para las partes una
carga que deben asumir, salvo en los casos en que excepcionalmente la
jurisprudencia de la Corte Constitucional ha identificado para la defensa
de los derechos fundamentales. No puede el juez de tutela, sin vulnerar el
derecho a la igualdad y sin que realmente concurra  la necesidad de evitar
un perjuicio irremediable, alterar esa situación para conocer en sede de
tutela, de manera anticipada y sumaria, lo que debe ser objeto de decisión por
el juez ordinario”.[101]
3.7.3. Es
forzoso concluir de esta manera que la excepción planteada al principio de
subsidiariedad de la acción de tutela, consistente en que esta es procedente
para evitar un perjuicio irremediable, precisa de unos requisitos mínimos de
inmediatez, urgencia, gravedad e impostergabilidad, que excluyen situaciones
que pueden verse resueltas de forma efectiva y oportuna por medio de
procedimientos judiciales propios de la jurisdicción ordinaria.
4. El señor Omar Enrique Jiménez Mora
no ha agotado todos los medios de defensa judicial a su alcance en tanto el
proceso verbal sumario de reglamentación de visitas aún se encuentra en curso y
no se evidencia la ocurrencia de un perjuicio irremediable como
presupuesto necesario para que la acción proceda como mecanismo transitorio
4.1. En esta oportunidad, el señor Omar
Enrique Jiménez Mora actuando por conducto de apoderado judicial y en procura
de la defensa de los derechos fundamentales de su hijo, Juan José Jiménez Sandoval,
presentó acción de amparo con la finalidad única de lograr que el juez de
tutela intervenga en las decisiones judiciales que hasta la fecha se vienen
adoptando en el proceso verbal sumario de reglamentación de visitas que conoce
el Juzgado Segundo de Familia de Descongestión de Bogotá y, concretamente, se
decrete como medida provisional la suspensión de las visitas autorizadas judicialmente
a la señora Liliana Sandoval Arévalo a Juan José, considerando para tal fin el presunto
grave estado de salud mental por ella padecido.
El argumento planteado para cimentar la
vulneración de los derechos es el supuesto defecto fáctico generado por la falta
de valoración integral de los elementos de juicio obrantes en el proceso
ordinario que, a juicio del actor, dan cuenta de la necesidad de proceder a la
suspensión solicitada.
4.2. Los jueces de instancia dentro del
asunto de la referencia avalaron la tesis del agotamiento del requisito de
subsidiariedad como presupuesto sine qua non para la procedencia de la tutela contra providencias judiciales,
argumentando básicamente que el mecanismo constitucional no podía ser empleado
como medio alterno o complementario para la solución de controversias que aún
se están dirimiendo en su escenario natural pues ello supondría invadir la
autonomía e independencia judicial de los funcionarios que conocen de un
asunto.
4.3. Como ya lo señaló la Sala, para que la
solicitud de amparo sea procedente en sede constitucional, debe darse
cumplimiento al mandato según el cual está solo procede en ausencia de un
mecanismo alternativo de defensa judicial, lo que es conocido como el requisito de subsidiaridad.  En las
sentencias T-639 y T-996 de 2003,[102]
la Sala Novena de Revisión precisó este condicionamiento de la acción de tutela contra providencias judiciales al cumplimiento de
una de las siguientes hipótesis:[103]
“a) Es
necesario que la persona haya agotado todos los mecanismos de defensa previstos
en el proceso dentro del cual fue proferida la decisión que se pretende
controvertir mediante tutela. Con ello se busca prevenir la intromisión
indebida de una autoridad distinta de la que adelanta el proceso ordinario[104],
que no se alteren o sustituyan de manera fraudulenta los mecanismos de defensa
diseñados por el Legislador[105],
y que los ciudadanos observen un mínimo de diligencia en la gestión de sus
asuntos[106],
pues no es ésta la forma de enmendar deficiencias, errores o descuidos, ni de
recuperar oportunidades vencidas al interior de un proceso judicial[107].
“b) Sin
embargo, puede ocurrir que bajo circunstancias especialísimas, por causas
extrañas y no imputables a la persona, ésta se haya visto privada de la
posibilidad de utilizar los mecanismos ordinarios de defensa dentro del proceso
judicial, en cuyo caso la rigidez descrita se atempera para permitir la
procedencia de la acción.[108]
“c) Finalmente,
existe la opción de acudir a la tutela contra providencias judiciales como
mecanismo transitorio a fin de evitar un perjuicio irremediable. Dicha
eventualidad se configura cuando para la época de presentación del amparo aún
está pendiente alguna diligencia o no han sido surtidas las correspondientes
instancias, pero donde es urgente la adopción de alguna medida de protección,
en cuyo caso el juez constitucional solamente podrá intervenir de manera
provisional”.[109]
4.4. Con fundamento en estas premisas,
cuando se pretende controvertir mediante la acción de tutela una decisión
judicial, los requisitos generales de procedencia se hacen más exigentes pues (i)
la persona que se considera afectada por una actuación judicial tiene, al
interior del proceso, diferentes vías para defender sus derechos, y (ii)
no es el propósito de la acción de tutela el que se produzca una invasión de
competencias por parte del juez constitucional, frente a las demás autoridades
judiciales.
Para la Corte es claro que al juez natural
le corresponde el estudio detallado de todos los elementos normativos y
fácticos discutidos mediante un proceso judicial, a través de un amplio debate
probatorio y de la interpretación y aplicación de las cláusulas legales
involucradas en el conflicto. Al juez constitucional, en cambio, solo le
corresponde conocer de violaciones o amenazas a los derechos fundamentales
derivadas de las actuaciones judiciales,[110]
sin involucrarse en las controversias propias del litigio y, además, solo en
caso de que hayan sido alegadas al interior del proceso sin éxito.
Esta restricción en la actuación del juez
de tutela es una consecuencia de la obligación del peticionario de actuar
diligentemente y agotar todos los recursos judiciales existentes al interior
del proceso para la defensa de sus derechos como requisito previo a la
interposición de la acción de tutela, salvo que medien circunstancias de fuerza
mayor que le corresponde alegar y demostrar a la parte interesada.
4.5. Del proceso verbal sumario de
reglamentación de visitas. A partir del artículo 435 y siguientes del
Código de Procedimiento Civil,[111]
vigente para la época de los hechos, se establece la estructura básica de los
procesos verbales sumarios que se incoan, entre otras razones, con la finalidad
de dirimir controversias suscitadas entre cónyuges o
entre aquéllos y sus hijos menores, como sucede por ejemplo con el tema de la
reglamentación de visitas del hijo cuando quiera que la custodia se encuentra
en cabeza de uno de ellos, como ocurre en esta oportunidad. Estos procesos son
de única instancia.[112]
Dicho cuerpo normativo nos enseña que este tipo de proceso está investido de unas etapas
procesales específicas en las que pueden plantearse correlativamente
pretensiones de las partes. Así este comienza con la presentación de una
demanda por la parte interesada quien deberá relacionar los hechos y las
disposiciones normativas que le sirvan de fundamento y las pruebas que pretenda
hacer valer; posteriormente sigue la fase de admisión de la misma en caso de
reunir los requisitos legales para tal fin, su notificación y traslado. En este
momento el demandado contesta la demanda, solicita o aporta las demás pruebas
que considere útiles, pertinentes y conducentes para la demostración de los
hechos y propone las excepciones de mérito que estime procedentes.[113]
En esta etapa preliminar las partes pueden
impugnar las decisiones tomadas por el juez que adelanta el trámite, a través
de los recursos señalados por el legislador, además, oficiosamente, el
funcionario puede adoptar las medidas de saneamiento necesarias para evitar
nulidades y sentencias inhibitorias.
Es decir, ya hay un primer escenario claro
para el ejercicio del derecho de defensa y contradicción por parte de quienes
intervienen en el asunto como manifestación de la garantía constitucional del
debido proceso e, incluso, un control de la actividad desplegada por el funcionario
judicial que adelanta su trámite.
Superada la etapa de integración del
contradictorio y saneamiento inicial del proceso, se celebra la audiencia en la
fecha y hora fijadas por el juez, conforme al trámite descrito en el artículo
439 del Código de Procedimiento Civil,[114]
en donde tiene lugar: (i) la realización de una fase conciliatoria entre las
partes; si esta fracasa, (ii) la verificación del cumplimiento de las medidas
ordenadas por el juez para corregir los defectos de forma detectados en el
proceso y el correspondiente saneamiento de las nulidades; (iii) la fijación de
los hechos, las pretensiones y las excepciones; (iv) el decreto de las pruebas
solicitadas por las partes o que de oficio se consideren útiles, pertinentes y
conducentes, y su práctica;[115]
(v) la presentación de los alegatos de conclusión, y (vi) el proferimiento de
la sentencia de única instancia.
Se trata entonces de (i) un escenario jurídico
procesal especial, amplio y apropiado para debatir y probar los hechos
afirmados y negados por las partes, y que está a cargo de (ii) un juez con
competencia que además de garantizar un juicio oportuno, eficiente y eficaz,
igualmente debe propender por la protección de los derechos fundamentales.
4.6. De
la descripción del procedimiento anterior se infieren dos
cosas: (i) el accionante a la fecha dispone de un mecanismo de defensa judicial
idóneo y eficaz para dirimir la controversia planteada ante la jurisdicción
ordinaria en su competencia de familia. (ii) El legislador ha rodeado estos
procedimientos verbales de garantías que permiten la defensa y la
contradicción, además de los mecanismos de control suficientes para proteger el
debido proceso jurisdiccional en forma idónea y eficaz.
En efecto, de los hechos narrados y demás elementos de
juicio presentes en el expediente se observa que el señor Omar Enrique Jiménez
Mora a lo largo del proceso y por conducto de su apoderado judicial (i) ha objetado
y solicitado aclaración y complementación de los diferentes dictámenes emitidos
por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses; (ii) ha
presentado diez (10) recursos de reposición contra aquellas decisiones o autos
proferidos por la juez que a su juicio han sido desfavorables a sus pretensiones;[116] (iii)
ha incoado recurso de queja en los términos del artículo 377 del Código de
Procedimiento Civil[117]
y, (iv) ha presentado varias solicitudes de suspensión de visitas y de otra
naturaleza similar aportando para tal fin diversos elementos de juicio.[118]
En este orden de ideas, se tiene que el
accionante es parte en un proceso verbal sumario que prevé amplias facultades
de intervención, en donde incluso ha planteado las divergencias frente a las
determinaciones tomadas por la juez hasta la fecha y, en ningún momento se ha
visto privado de la posibilidad de emplear las herramientas jurídicas de defensa
allí provistas.  Situación diferente y que en modo alguno se erige en una
violación al debido proceso, es que la funcionaria judicial haya negado algunas
de las peticiones por él invocadas, pues lo ha hecho en ejercicio de su
autonomía e independencia judicial y en todo caso la discrepancia de criterio
jurídico o interpretativa no es una causal de procedencia de la tutela contra
providencias judiciales.
4.7. Siguiendo esta línea de argumentación y conforme
se desprende de los hechos narrados en el expediente, se tiene que en el
proceso verbal sumario se han incorporado las pruebas documentales aportadas
por las partes y se han decretado pruebas periciales, incluso por solicitud de
la Defensoría de Familia adscrita al juzgado accionado.
Actualmente, conforme lo indican las pruebas aportadas
en sede de revisión por el Juzgado Segundo de Familia de Descongestión de
Bogotá, el proceso verbal sumario de reglamentación de visitas se encuentra en la
etapa de práctica de pruebas.[119]
Es decir, a la fecha no se ha dictado sentencia judicial y, por ende, no hay
decisiones de naturaleza sustancial y con carácter definitivo sobre el asunto
controvertido.
Ahora bien, si el despacho accionado hasta
el momento no ha accedido a las solicitudes provisionales de suspensión de las
visitas presentadas por el señor Omar Enrique Jiménez Mora, es porque conforme
el mismo lo reitera “dentro del plenario en la actualidad no existe prueba
idónea, legal y oportuna que llegue (sic) a esta juzgadora tomar decisión en
contrario a lo ya resuelto”.[120]
Agrega, “para tomar la decisión de la suspensión de visitas el despacho
necesita contar con las pruebas suficientes para no vulnerar los derechos del
menor”.[121]
Sin embargo, la negativa anterior no obsta
para que dicha medida resulte procedente.  Prueba de ello es la actuación del
Juzgado Once de Familia de Bogotá, quien conoció del asunto en un primer
momento y dispuso provisionalmente la suspensión de las visitas a cargo de la
señora Liliana Sandoval Arévalo al estimar que, en esa ocasión, resultaba
necesario para proteger el interés superior del niño. Como lo indicó en sede de
tutela la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá en primera instancia,
“desde el punto de vista legal, en esta clase de procesos el Juez está
autorizado para adoptar las medidas provisionales necesarias precisamente para
salvaguardar los derechos de los ciudadanos convocados a ellos”.[122]
El peticionario sostiene en su escrito de
impugnación que en el proceso de reglamentación de visitas (i) se ha omitido la
valoración oportuna de las pruebas que obran en el plenario;[123] (ii) se ha
aplazado de manera injustificada la actuación judicial aduciendo la necesaria
valoración previa de las pruebas aportadas[124]
y, (iii) en general este “se ha prolongado peligrosamente en el tiempo”.[125]
Sin embargo, hasta el momento han sido decididas cada una de las
solicitudes realizadas por el apoderado judicial del accionante, entre ellas,
las que están relacionadas con la suspensión de las visitas decretadas a favor
de la señora Liliana Sandoval Arévalo, en este último caso, en sentido
contrario a los intereses que representa.  Obsérvese que aún no se ha tomado
dentro del proceso una decisión definitiva porque conforme lo informó la juez
competente “[s]i bien es cierto mediante providencia del 29 de mayo de 2015
(fl. 1982) se señaló fecha para alegatos de conclusión y fallo, dicha
providencia fue atacada con un recurso de reposición y de alzada, corriéndose
el correspondiente traslado a los interesados de conformidad con lo previsto en
el artículo 108 del C. de P.C. y que fuera resuelto en oportunidad”.[126]
Entonces, como el proceso verbal sumario de
reglamentación de visitas está en curso, a medida que la juez natural vaya
adoptando las decisiones pertinentes el accionante podrá hacer uso de los
medios de impugnación establecidos por el legislador, siempre y cuando exista
mérito suficiente para ello y no sea simplemente con el ánimo de dilatar el
proceso.[127]
Es claro que solo cuando sean agotados en su integridad los medios de defensa
judicial, puede acudirse a la tutela en defensa de un derecho fundamental que
se estime amenazado o vulnerado.[128]
Así, atendiendo la realidad actual del proceso, ello aún no ha ocurrido pues
está pendiente la posibilidad de alegar de conclusión conforme lo dispone el
parágrafo 5º del artículo 439 del Código de Procedimiento Civil,[129]
en donde se apertura para el sujeto demandante la oportunidad de valorar las
pruebas que han sido recaudadas en el proceso con miras a fundamentar el por
qué su pretensión de suspensión de visitas decretadas a favor de la señora
Liliana Sandoval Arévalo a su hijo Juan José Jiménez Sandoval debe ser acogida
finalmente en la sentencia.
En este orden de ideas, se tiene
que el peticionario aún cuenta con mecanismos de
defensa judicial ante la juez de familia que adelanta el proceso de regulación
de visitas, en donde puede ventilar las presuntas irregularidades que rodean su
trámite.  Se trata de la existencia de mecanismos expeditos y disponibles
dentro del proceso verbal sumario que no pueden pasarse por alto para el logro
de la protección de los intereses del señor Omar Enrique Jiménez y especialmente
de su hijo.
Atendiendo las premisas mencionadas hasta
el momento se tiene que la procedencia de la acción de tutela en esta ocasión
está supeditada entonces a la causación de un perjuicio irremediable.
El accionante ha precisado en su escrito
que el perjuicio irremediable por el cual acude al amparo constitucional,
consiste en el riesgo que se ha concretado sobre la “integridad
física, moral y psicológica”[130]
del niño Juan José Jiménez Sandoval con ocasión del actual estado anímico y
mental de la madre, el cual, a su juicio, ha sido desconocido por el juzgado
accionado al negar a través de varias decisiones judiciales las solicitudes de
suspensión de visitas incoadas.
La Sala no encuentra satisfechas las
características que debe reunir el perjuicio irremediable para que la acción de
tutela proceda como mecanismo transitorio con el fin de evitar su ocurrencia, a
saber: (i) inminencia; (ii) gravedad, (iii) urgencia e (iv) impostergabilidad
del amparo que se reclama.
(i) En relación
con la primera característica, el aludido perjuicio debe ser inminente,
exigencia que no cumple la supuesta vulneración alegada por el demandante ya
que esa afirmación no ostenta un grado de certeza considerable y tampoco se
hallaron elementos fácticos suficientes que conlleven a demostrar el perjuicio
irremediable que en su sentir podría configurarse. La mera indicación de la supuesta
conculcación de los derechos de su hijo no constituye en sí la probabilidad de
que el menoscabo acontezca, faltando así el elemento de previsibilidad de la
inminencia.
Este último
justamente apunta a la causación del evento lesivo ante la no intervención de
una autoridad judicial. Sin embargo, en esta oportunidad se tiene que conforme
se ha venido indicando reiteradamente, el Juzgado Segundo de Familia de
Descongestión de Bogotá se encuentra conociendo del proceso verbal sumario de
reglamentación de visitas, agotando para tal fin las diversas etapas procesales
y actuando conforme al curso normal de un trámite judicial.[131]
Según se extrae
de los elementos de juicio aportados al trámite de tutela, el proceso no ha
sido abandonado a su suerte ni ha permanecido inactivo, muestra de ello son los
diferentes autos que se han proferido negando las solicitudes de suspensión de
visitas incoadas.[132]
Así las cosas, aunque el juzgado accionado no ha despachado favorablemente
algunas de las peticiones presentadas por el peticionario en su curso, ello no
significa que no esté adelantando activamente la labor de administrar justicia
en aras de proteger los intereses del niño involucrado. Al respecto se ha
indicado que  “el hecho de que sus peticiones no le sean favorables no
quiere decir que esta servidora judicial no realice una valoración a los
documentos aportados, pues, en atención a las circunstancias variables de este
proceso el despacho ha estado atento a cada una de las peticiones de las partes
y a obtener medios de prueba que diluciden el asunto, para tomar una decisión
de fondo que beneficie los intereses superiores del menor”.[133]
En conclusión, declarar la acción de tutela
como procedente para evitar un perjuicio irremediable implicaría, en este caso,
anticiparse al sentido de la decisión judicial sin que la misma se hubiese producido,
desplazando por esta vía la facultad de la justicia ordinaria de tomar sus
propias decisiones. El juez de
tutela no puede, “sin vulnerar el derecho a la igualdad y sin que realmente
concurra la necesidad de evitar un perjuicio irremediable, alterar esa
situación para conocer en sede de tutela, de manera anticipada y sumaria, lo
que debe ser objeto de decisión por el juez ordinario”.[134] Además, “no
puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación
probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas
generales de competencia porque ello sería contrario al principio de que la
tutela es un medio alternativo de defensa judicial, aparte de que se invadiría
la órbita de la competencia y la autonomía de que son titulares las otras
jurisdicciones”.[135]
(ii) En cuanto al carácter grave, igualmente
la Sala no observa su cumplimiento. Si bien los derechos alegados por Omar
Enrique Jiménez Mora en representación de su hijo, comportan un interés
altamente significativo, esto no supone que el proceder del Juzgado Segundo de
Familia de Descongestión de Bogotá de no acceder hasta el momento a la
suspensión de las visitas solicitada, conlleve un detrimento grave en los
mismos. Así, en el entendido que sus derechos no avizoran una evidente
afectación, los mismos no ameritan una urgente protección por parte del juez
constitucional.
Ahora bien, no puede perderse de vista que
la competencia del juez familia no se restringe únicamente a la garantía de los
derechos de rango legal, sino que también está orientada a la salvaguarda de
los derechos fundamentales de raigambre constitucional que se encuentran en
cabeza de los intervinientes, en cuyo caso existe una responsabilidad
principalísima de protección cuando quiera que su titular corresponde a un niño.[136]
Esto obliga al juez natural a adoptar decisiones constitucionalmente acertadas y
oportunas, más aún cuando el proceso verbal sumario de regulación de visitas
está precedido de un respaldo institucional al contar con la presencia de la
Defensoría de Familia[137]
y el Ministerio Publico[138]
quienes han intervenido activamente en el mismo como garantes del interés
superior del niño.[139]
(iii)  Respecto a los requisitos de
urgencia y carácter impostergable del amparo constitucional, esta Sala de
Revisión tampoco los halló satisfechos. Lo anterior debido a que no puede
predicarse un carácter urgente e impostergable de una amenaza, perjuicio o daño,
cuando este a su vez no ostenta la certeza de inminencia u ocurrencia y tampoco
la gravedad del mismo. Estos dos  requerimientos son la consecuente y derivada
aplicación de los dos primeros, es decir, a partir de la comprobación de la
inminencia y gravedad del perjuicio, es que surge la necesidad de tomar medidas
urgentes para superar el menoscabo y así adoptar aquellas de carácter
impostergables que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de
evitar la consumación de un daño irreparable.
No obstante lo anterior, de las pruebas
aportadas al expediente de tutela e incluso de aquellas allegadas durante el
periodo de revisión, se observa que se han adoptado por parte del Juzgado Segundo
de Familia de Descongestión de Bogotá diversas medidas necesarias para evitar
que se concrete un eventual perjuicio irremediable en cabeza del niño Juan
José.
En efecto, mediante auto calendado el veinticinco
(25) de abril de dos mil catorce (2014), el Juzgado decidió previo a resolver
definitivamente sobre la solicitud de suspensión de visitas, oficiar a la
Clínica Monserrat para que informará si la señora Liliana Sandoval Arévalo se
encontraba internada en dicha institución, y en caso afirmativo señalará cuáles
habían sido las causas de ello y su evolución médica.[140] Asímismo, el Despacho
señaló que por solicitud de la Defensoría de Familia se ordenó la entrevista del
niño a través de un cuerpo interdisciplinario del ICBF.[141] Estas medidas
se tornan idóneas para este tipo de procesos en los que siempre es importante
escuchar la voz de los expertos y las opiniones de los niños allí involucrados.[142]
Estas actuaciones en lugar de vulnerar los
derechos del niño, se han encaminado a su protección teniendo en cuenta que es
deber del juez garantizar el debido proceso, verificar las afirmaciones y
negaciones realizadas por las partes y salvaguardar los derechos del niño,
entre ellos el de tener una familia y no ser separado de ella.[143] Se trata de
medidas que en modo alguno se erigen como irrazonables o desproporcionadas y
que han tenido como núcleo de discusión si se deben o
no suspender las visitas.
(iv) Si bien se ha modulado el concepto de
perjuicio irremediable en aquellos casos en que los derechos fundamentales
amenazados están radicados en cabeza de sujetos de especial protección
constitucional, este matiz se ha hecho con base en consideraciones de igualdad
material que en esta oportunidad no puede introducirse. En esta ocasión, a
juicio de la Sala no se cuentan con elementos suficientes que permitan afirmar
que el niño Juan José Jiménez Sandoval se encuentra en una situación de
indefensión, precariedad o grave vulneración de sus derechos fundamentales
debido al estado de salud mental de su madre.
En primer lugar, si el padre teme por la
vida e integridad de su hijo durante el tiempo de las visitas con su madre y en
ello concreta el supuesto perjuicio irremediable, del expediente y de las
mismas afirmaciones del juzgado que hoy conoce del trámite judicial, se
desprende que el niño asiste a ellas en compañía de un tercero, quien en muchas
ocasiones es su abuela paterna o una niñera.[144]
Es decir siempre hay una persona ajena a la señora Sandoval Arévalo que ejerce
sobre el niño un cuidado y una vigilancia permanente, lo que de entrada
disminuye o anula el riesgo o intensidad de la afectación al que eventualmente
puede enfrentarse este último durante los acercamientos con su mamá.
En segundo lugar, obran en el expediente de
tutela diversas pruebas que acreditan que, si bien la madre de Juan José
Jiménez padece una “enfermedad mental”, de las experticias médicas realizadas
y aportadas hasta el momento al proceso verbal sumario de reglamentación de
visitas, no puede concluirse que acarree un riesgo para el niño el hecho de que
esta lo visite.
Por mencionar algunos elementos médicos que
dan cuenta de esta circunstancia, el Doctor Hernán G. Rincón Hoyos señaló que
“el control actual de la enfermedad le permite ejercer actividades tanto
laborales como familiares y cuidar integralmente a su hijo. Actualmente su
enfermedad se encuentra en remisión, asiste a controles periódicamente y toma
el tratamiento en forma cumplida y adherente, con recuperación de su última
crisis”.[145]
Por su parte, la Doctora Luz Stella Núñez Sánchez certificó que “Liliana
Sandoval está en capacidad emocional de cuidar a su bebé en compañía de su
madre”.[146]
Agrega que “asiste semanalmente a controles psicofarmacológicos y se toma
adecuadamente los medicamentos. Está capacitada para cuidar integralmente a su
hijo. Presenta buen rendimiento laboral. Se encuentra emocionalmente estable
con la capacidad de manejar todo tipo de situaciones cotidianas”.[147]
Así mismo,
mediante dictamen del veintisiete (27) de junio de dos mil doce (2012) del
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses se concluyó que la
señora Sandoval Arévalo “no exhibe conductas de riesgo en su rol parental. La
examinada muestra propender por la satisfacción de las necesidades básicas y
requerimientos para un adecuado desempeño de rol parental”.[148] Finalmente, se
tiene la valoración realizada al niño por el ICBF, el día veintinueve (29) de
julio de dos mil quince (2015), en la que se conceptuó lo siguiente: “es
imperante fortalecer el vínculo madre e hijo a través de un proceso
terapéutico, ya que por la edad de Juan José existe una necesidad de contacto y
desarrollo afectivo con la figura materna y esta ha mostrado interés por
restablecer el vínculo con su hijo”.[149]
(v) Si en gracia de discusión se aceptará
la ocurrencia de un perjuicio irremediable, este debe tener la condición de iusfundamental
y de ninguna manera, puede ser remediado posteriormente, circunstancia esta que
no se cumple en la solicitud estudiada en tanto las situaciones de presunta
vulneración a los derechos fundamentales del niño han sido resueltas de forma
efectiva y oportuna en el marco de un procedimiento judicial idóneo y eficaz propio
de la jurisdicción ordinaria que a la fecha se encuentra en trámite y en el que
incluso no se ha emitido una sentencia judicial que defina el régimen de
visitas en forma definitiva, existiendo hasta el momento una regulación de
carácter provisional.
Es decir, no estamos en presencia de un
daño irreversible o irreparable sobre los derechos fundamentales de Juan José
Jiménez pues hasta ahora se está debatiendo y definiendo lo que más se ajusta a
sus intereses como sujeto de especial protección constitucional. Como el mismo
juzgado lo afirma, “hasta el momento, ésta Juzgadora considera que el niño
Juan José Jiménez no se encuentra en riesgo con alguno de sus padres”.[150]
4.8. De lo anteriormente dicho observa la
Sala que en el caso bajo examen se pretende controvertir a través del mecanismo
constitucional de la tutela, un asunto que debe debatirse y discutirse por
regla general ante su juez natural,[151]
considerando especialmente que el accionante no demostró sumariamente que los mecanismos alternos de defensa carecían de
idoneidad y eficacia para brindar una solución clara, definitiva y precisa a los acontecimientos que se ponen en
consideración en el actual debate constitucional y que no se está ante un
perjuicio irremediable. Así, sus afirmaciones sobre el presunto grave estado de salud mental de la
señora Liliana Sandoval Arévalo deben abordarse en su escenario natural con
base en los elementos de juicio que allí se alleguen, con fundamento en los
cuales se adoptará la decisión que más se ajuste al interés superior del niño teniendo en cuenta para tal fin la
prevalencia de sus derechos.[152] Como la misma
autoridad judicial accionada lo señala “las pruebas se valoran en la
sentencia por el juez atendiendo la sana crítica y todas las facultades y
deberes de protección hacia el menor, y en conjunto con todas las pruebas que
se alcancen a recopilar”.[153]
5. Conclusión
La acción de
tutela presentada por el señor Omar Enrique Jiménez Mora en representación de
su hijo Juan José Jiménez Sandoval, contra el Juzgado Segundo de Familia de
Descongestión de Bogotá, es improcedente debido al incumplimiento del principio
de subsidiariedad, por cuanto el proceso verbal sumario de reglamentación de visitas
aún se encuentra en curso y es allí donde el accionante deberá seguir agotando los
mecanismos de defensa judicial que el legislador ha dispuesto para obtener la
protección de sus derechos fundamentales y, en general, para ejercer su derecho
de defensa y contradicción.
La acción de
tutela no constituye una instancia de decisión paralela o adicional que permita
usurpar las funciones asignadas legalmente al juez de familia para definir la
controversia planteada, máxime cuando en esta oportunidad no se verifica la
consumación de un perjuicio irremediable como presupuesto necesario para
que esta proceda como mecanismo transitorio.
En consecuencia, la Sala Primera de
Revisión revocará la sentencia del veinte (20) de marzo de dos mil quince
(2015), proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, que negó el amparo de los derechos fundamentales del señor
Omar Enrique Jiménez Mora en representación de su hijo, y la sentencia del quince
(15) de mayo de dos mil quince (2015), emanada de la Sala de Casación Civil de
la Corte Suprema de Justicia, que confirmó la anterior, y, en su lugar,
declarará improcedente la acción de tutela por no superar el examen formal de
procedibilidad en lo que respecta al requisito de la subsidiariedad.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión
de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
Primero.- REVOCAR
la sentencia del veinte (20) de marzo de dos mil quince (2015), proferida por
la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que
negó el amparo de los derechos fundamentales del señor Omar Enrique Jiménez
Mora en representación de su hijo Juan José Jiménez Sandoval, y la sentencia
del quince (15) de mayo de dos mil quince (2015), emanada de la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, que confirmó la anterior. En su
lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela por las razones
expuestas en esta providencia.
Segundo.- LÍBRESE
por Secretaría General la comunicación prevista en el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese y
cúmplase.
MARÍA
VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO
GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1] El proceso adelantado en el Juzgado
Segundo de Familia de Descongestión de Bogotá tiene el radicado No.
11001-3110-0752-2013-00079.
[2] Folio 5 del cuaderno principal. En
adelante, cuando se cite un folio, debe entenderse que hace parte del cuaderno
principal, a menos que se diga expresamente otra cosa.
[3] Para proceder a la suspensión de las
visitas el Despacho estimó lo siguiente: “Atendiendo lo manifestado por la
parte actora, respecto del cambio de domicilio de Liliana Sandoval Arévalo,
situación que necesariamente incide en el desarrollo de las visitas, pues
altera el acuerdo al que llegaron los padres de Juan José Jiménez Sandoval, y
que fuera avalado por el Juzgado Cuarto de Familia de esta ciudad, el Despacho
por ahora y provisionalmente ordena la suspensión de las visitas, a la
demandada en este asunto” (folio 5).
[4] Folios 5, 88 y 89.
[5] La Sala advierte que dentro del expediente
de tutela no obra el contenido de dicho dictamen y que el hecho esbozado
obedece a la narración fáctica elaborada por el accionante.
[6] Luis Alberto Ramírez Ortegón.
[7] Sobre este aspecto, se consideró que “sin
desmeritar la formación de la psicóloga Apráez, es claro que tras revisarse el
perfil psiquiátrico de la señora Sandoval Arévalo, se está ante una paciente
con una patología mental psiquiátrica comórbida, es decir, con una compleja
psicopatología que integra varios tipos de trastornos de muchos años de
evolución y con constante control médico. Por lo tanto, se hace necesario que
la nueva evaluación se realice por un psiquiatra forense, y que se tome en
cuenta la evolución clínica psiquiátrica que ha tenido la paciente en el
transcurrir de su vida. En efecto, la señora Sandoval Arévalo presenta un
cuadro de patología mental compleja con varios intentos de suicidio a lo largo
de su vida, cuyo tratamiento o atención médica inició desde los 16 años de
edad, teniendo desde entonces controles médicos psiquiátricos en forma
constante, llegando a tener más de 54 consultas en el año, lo que significa,
más de una consulta por semana. En su historia clínica se advierte que en cada
consulta, su médico tratante hace anotaciones, describiendo la crisis que su
paciente viene presentando, por lo que ha tenido que modificar la dosificación
de sus medicamentos, debiendo en varias ocasiones incrementarla para controlar
dichos episodios de crisis. De acuerdo con la evolución clínica y el incremento
en la frecuencia de sus controles, así como de sus reclusiones en
establecimiento psiquiátrico (37 días entre julio de 2013 y abril de 2014), se
demuestra que la señora Sandoval Arévalo ha estado en constante desequilibrio
mental desde el inicio del proceso civil de reglamentación de visitas,
evidenciándose por demás, las contradicciones en que incurre su médico
tratante, quien por una parte habla de una REMISIÓN de la sintomatología de su
paciente, cuando por otra parte en la historia clínica hace una descripción
diferente de las crisis recientes que afecta su paciente y que ha supuesto el
incremento de la medicación en varias ocasiones. Finalmente, la señora Sandoval
Arévalo aportó una hoja de vida laboral, la cual no es coherente con el número
de consultas psiquiátricas de la cual ha sido objeto durante los supuestos
periodos de tiempo en que afirma haberse encontrado laborando” (folios 90 y
91).
[8] En la objeción al dictamen se plantearon
así mismo los siguientes puntos: “(i) Las condiciones en que se dio el dictamen
son aplicables solamente en el contexto de la situación aséptica de entrevista,
por lo que no se consideró cuál podría ser el comportamiento de la señora
Sandoval Arévalo al salir a la calle. En efecto, la referida valoración
psicológica no permite extrapolar las observaciones allí hechas, a la forma en
que la señora Sandoval Arévalo se relacionaba con su hijo, quien para la fecha
de dicha valoración contaba con tan solo dos (2) años de edad aproximadamente;
(ii) lo hallado en el anotado dictamen deja la opción de establecer una nueva
evaluación a la señora Sandoval Arévalo, de ser necesario, es decir establecer
un nuevo análisis de su situación mental y, (iii) no pueden olvidarse las
numerosas agresiones en contra del personal asignado para la vigilancia del
menor durante las visitas con ella, vigilancia que se recuerda fue ordenada
judicialmente hasta tanto la señora Sandoval Arévalo fuese objeto de una nueva
valoración psiquiátrica” (folios 89 y 90).
[9] La Sala advierte que dentro del expediente
de tutela no obra el contenido de dicha historia clínica y que el hecho
esbozado obedece a la narración fáctica elaborada por el accionante.
[10] Folios 33 al 56 del cuaderno de revisión.
El diagnóstico reportado fue “trastorno afectivo bipolar”.
[11] La Sala advierte que dentro del expediente
de tutela no obra el contenido del primer dictamen y que el hecho esbozado
obedece a la narración fáctica elaborada por el accionante. En cuanto al
segundo, este obra en los folios 17 al 31 del cuaderno de revisión.
[12] Folio 94.
[13] Folio 95.
[14] Como sustento de los referidos recursos,
el apoderado del accionante solicitó se revocará o se modificará el auto
atacado y se ordenará tomar las medidas necesarias para conocer la grabación de
las cámaras de seguridad contenidas en el compact disc adjuntado y de esta
manera fuera tenido como prueba en razón a que no había nada que lo invalidará.
Así mismo, se tuvieran en cuenta las fotos que reproducían la grabación de las
cámaras de seguridad y se ordenará la inmediata suspensión de las visitas a
favor de la madre porque el niño no podía ser forzado a asistir a las mismas en
contra de su voluntad. Igualmente, se tuvieran en cuenta los registros de
enfermería para decretar la suspensión de las visitas o subsidiariamente
limitarlas a una cada quince (15) días pero en el ICBF o similar (folio 95).
[15] Folios 8 y 9 del cuaderno de segunda
instancia.
[16] Folio 13 del cuaderno de segunda
instancia.
[17] Folios 33 al 56 del cuaderno de revisión.
[18] Folio 125 del cuaderno de revisión.
[19] Folios 93 al 117 del cuaderno de revisión.
[20] Folio 98.
[21] Folio 101 del cuaderno de revisión.
[22] Folio 102 del cuaderno de revisión.
[23] Folio 98.
[24] Folio 9 del cuaderno de segunda instancia.
[25] Folio 101.
[26] A juicio del accionante, el Juzgado
Segundo de Familia de Descongestión de Bogotá ha postergado la toma de una
medida de protección en favor de los intereses de Juan José Jiménez con el
único fundamento jurídico de ceñirse de manera rigurosa a los requisitos
procedimentales del proceso civil, aún por encima de la garantía constitucional
de los derechos del niño, impidiendo el acceso a una efectiva justicia material
(folios 101 y 102).
[27] Al respecto, fueron notificados los
siguientes sujetos procesales: (i) Agente del Ministerio Público adscrito al
Juzgado Segundo de Familia de Descongestión de Bogotá; (ii) Defensor de Familia
adscrito al Juzgado Segundo de Familia de Descongestión de Bogotá; (iii) Tito
Pio Cuevas Neira; (iv) Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses, Seccional Cali; (v) Nicolás Andrés Martínez Naranjo; (vi) Maribel Arboleda
Marín y, (vii) Juan Carlos Canosa Torrado.
[28] Folios 113 al 119.
[29] Lourdes Beatriz Nevado Sales.
[30] Folios 120 al 123.
[31] La información contenida en dicho audio,
la cual se puede observar en un CD, también se encuentra en una memoria USB. De
allí se extraen conversaciones sostenidas entre la señora Liliana Sandoval
Arévalo y su hijo, Juan José Jiménez Sandoval, particularmente sobre la forma
en que ella considera que el señor Omar Enrique Jiménez Mora la ha apartado del
niño de manera “malvada” (folio 135).
[32] En el reporte del veintiuno (21) de
febrero de dos mil quince (2015), ante el hecho de que el niño no cede, al
parecer, en ir con su mamá a la visita, la auxiliar textualmente anota: “La
mamá en un acto de impaciencia  toma al niño y el (sic) comienza a llorar y a
gritar que no quiere ir con ella que lo suelte pero ella se niega. Don Omar le
dice: Liliana a las malas no. Por favor. Entonces ella le responde: Estoy
cansada de que siempre sea lo mismo y eso es su culpa Omar. A las buenas o a
las malas el (sic) se va conmigo. Estas cosas pasan por culpa suya y de su
mamá. Don Omar le responde: pero yo que puedo hacer si el niño no quiere. No lo
voy a obligar. Entonces ella se desespera y dice: voy a llamar a mi abogado y
amigo el Dr. Canosa, que es muy amigo de la Juez. Don Omar decide llamar a la
policía para obtener ayuda y llegan unos patrulleros. Él explica lo que está
pasando, pero ellos no saben mucho lo que deben hacer. Entonces uno de ellos
decide comunicarse con adolescencia e infancia (Policía) para que lo orienten
en lo que debe hacer” (folio 132). En el reporte del veintidós (22) de febrero
de la misma anualidad, se señala por parte de una de las auxiliares de
enfermería lo siguiente: “Liliana recibió una llamada, cuando colgó dijo que
era el novio y que debía irse urgente, yo la acompañe al baño y me dijo que
ella se merecía una alegría en medio de tanto problema con Omar y Juan José y
que ya era bueno de niño por el fin de semana. Se despidió y se fue” (folio
133). Dentro del expediente obran más reportes de las auxiliares de enfermería
que dan cuenta de lo ocurrido durante las visitas de la señora Liliana Sandoval
Arévalo con el niño Juan José Jiménez entre el mes de enero y el mes de marzo
del año dos mil quince (2015) (folios 136 al 149).
[33] Folios 131 al 135.
[34] Folio 13 del cuaderno de revisión.
[35] Folio 14 del cuaderno de revisión.
[36] Folio 4.
[37] Folio 4.
[38] Folio 4.
[39] Folio 4.
[40] Frente a esta petición, aduce el
accionante que el Despacho la negó considerando que “previo a resolver sobre
las visitas supervisadas en el Centro Zonal de la localidad del domicilio del
niño, alléguese por parte de la interesada la información completa del Centro
Zonal y de los horarios en que puedan ser posibles dichas visitas” (folio 185).
[41] Folios 177 al 188.
[42] Doctor Hernán G. Rincón Hoyos quien señala
que “el control actual de la enfermedad le permite ejercer actividades tanto
laborales como familiares y cuidar integralmente a su hijo. Actualmente su
enfermedad se encuentra en remisión, asiste a controles periódicamente y toma
el tratamiento en forma cumplida y adherente, con recuperación de su última
crisis” (folio 64 del cuaderno de revisión).
[43] Doctora Luz Stella Núñez Sánchez. Aquella
certificó que “Liliana Sandoval está en capacidad emocional de cuidar a su bebé
en compañía de su madre” (folio 64 del cuaderno de revisión). Agrega que
“Liliana Sandoval asiste semanalmente a controles psicofarmacológicos y se toma
adecuadamente los medicamentos. Está capacitada para cuidar integralmente a su
hijo. Presenta buen rendimiento laboral. Se encuentra emocionalmente estable
con la capacidad de manejar todo tipo de situaciones cotidianas” (folio 66 del
cuaderno de revisión).
[44] Doctor Ramírez “quien realiza contención
de tipo verbal la cual es efectiva y disminuye la ansiedad presentada por la
paciente y por la madre de la misma; de igual forma ante el cuadro actual
considera que la paciente tiene buena introspección y conciencia de enfermedad
así como buena red de apoyo” (folio 66 del cuaderno de revisión).
[45] Específicamente se destaca el dictamen del
veintisiete (27) de junio de dos mil doce (2012) en el que se concluye que la
señora Sandoval Arévalo “no exhibe conductas de riesgo en su rol parental. La
examinada muestra propender por la satisfacción de las necesidades básicas y
requerimientos para un adecuado desempeño de rol parental” (folio 65 del
cuaderno de revisión).
[46] Se destaca la valoración realizada al
niño, el día veintinueve (29) de julio de dos mil quince (2015), en la que se
conceptuó lo siguiente: “es imperante fortalecer el vínculo madre e hijo a
través de un proceso terapéutico, ya que por la edad de Juan José existe una
necesidad de contacto y desarrollo afectivo con la figura materna y esta ha
mostrado interés por restablecer el vínculo con su hijo” (folio 66 del cuaderno
de revisión).
[47] Sobre el particular, se tiene: (i) un
dictamen del veintisiete (27) de junio de dos mil doce (2012) en el que se
realiza una evaluación psicológica forense a la señora Liliana Sandoval Arévalo
para determinar las condiciones mentales en que se encuentra y si estas le
permiten continuar con las visitas reglamentadas. Se concluye que esta no
evidencia “sintomatología clínica que obstaculice el ejercicio de su rol
parental” (folio 77 del cuaderno de revisión) y, (ii) dictamen del
veintiséis (26) de diciembre de dos mil trece (2013) por medio del cual se le
practica un examen psicológico forense al señor Omar Enrique Jiménez Mora con
el fin de establecer si sus condiciones mentales le permiten continuar con la
custodia de su hijo. Allí se establece que “sobre su personalidad se encuentran
rasgos de personalidad de tipo narcista. Es de resaltar que estos rasgos de
personalidad no se traducen por si solos en una enfermedad mental sino en una
forma de funcionamiento del examinado y de relación con el mundo. Durante la
evaluación Omar no muestra signos ni síntomas de patología mental. Teniendo en
cuenta el relato que hace Omar, se encuentra un vínculo afectivo estrecho con
su hijo; cuenta con las condiciones necesarias para proveer cuidados, atención,
cariño y demás que requiere su menor hijo. La evaluación realizada al señor
Omar no muestra que exista impedimento alguno para un adecuado ejercicio de su
rol de padre. Existen algunas dificultades en la relación de Omar con la señora
Liliana que le impiden favorecer la relación madre-hijo. Teniendo en cuenta lo
anterior, se sugiere el inicio de un proceso terapéutico en el que se atiendan
los aspectos anteriormente nombrados, ya que resulta de vital importancia que
el progenitor sea parte activa del proceso de formación y consolidación del
vínculo madre-hijo”. Se concluye que “de lo conocido en las valoraciones
precedentes y de la información allegada por la autoridad sobre el régimen de
visitas se sugiere que en aras de evitar situaciones como las mencionadas
anteriormente se establezca un régimen de visitas bajo la supervisión de
profesionales asignados por las autoridades competentes en estos casos, es
decir el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Juzgado de Familia,
Comisaría de Familia etc. Aunque el objeto de esta pericia no es el de brindar
un concepto sobre la regulación de las visitas se debe observar que teniendo en
cuenta la edad del menor y la altísima importancia de mantener y fortalecer el
vínculo madre-hijo el número de visitas podría incrementar a un encuentro
semanal bajo la supervisión de un profesional asignado por algunas de las
instituciones del Estado competentes para estos casos quien podría a la vez
brindar información sobre la cualidad y la calidad de las mismas” (folios 91 y
92 del cuaderno de revisión).
[48] Se aportó al expediente epicrisis de la
señora Liliana Sandoval Arévalo proveniente de la Clínica Monserrat en la que
se le diagnostica “trastorno afectivo bipolar, episodio mixto presente” después
de haber estado internada allí desde el 2014/03/18 al 2014/03/29 (folios 33, 39
y 98 del cuaderno de revisión). Igualmente, se allegó epicrisis de la paciente
con ocasión de su internamiento en la Clínica Monserrat desde el 2014/04/08 al
2014/04/15. Se le diagnosticó en esta oportunidad “trastorno afectivo bipolar,
episodio depresivo presente leve o moderado, trastorno de ansiedad, no
especificado” (folios 33, 43 y 102 del cuaderno de revisión). También obra
historia clínica de la señora Sandoval Arévalo emitida por la Clínica Monserrat
en la que se le diagnostica “trastorno afectivo bipolar, episodio mixto
presente, confirmado nuevo” (folios 54 y 113 del cuaderno de revisión).
[49] Obra en el plenario, dictamen pericial
psicológico del veintisiete (27) de febrero de dos mil quince (2015) emitido
por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Regional Bogotá, Centro
Zonal Suba, y suscrito por la psicóloga Marcela Ruiz Quintero. Allí se le
realiza al niño una entrevista en la cual se le preguntan, entre otros
aspectos, su lugar y actividad favorita así como el lugar y actividad que menos
le agrada. En el curso de la diligencia, refiere que cuando sea grande le
gustaría vivir con su papá. Cuando se le indaga sobre si le gusta ver a la mamá
y hablar sobre ella, refiere que no y se observan gestos en su rostro que
denotan incomodidad. Manifiesta que no desea ir al lugar donde su madre vive,
dice que “es el peor lugar del mundo” (folio 134 del cuaderno de revisión). Se
establece que en general, al abordar el tema de su progenitora, se evidencia
afectación. Cuando se le indaga sobre su papa, habla y manifiesta que “siempre
me gusta estar con mi papá” (folio 134 del cuaderno de revisión). Sobre este
aspecto, en el dictamen se destaca que el niño se observa afectuoso con su
padre, evidenciándose además confianza y estabilidad en el trato entre ambos.
Su acompañante, en este caso el señor Omar Enrique Jiménez señala en el curso
de la entrevista que su hijo no duerme muy tranquilo. De todo lo anterior, se
concluye lo siguiente: “Es un niño alegre, activo y recursivo, se evidencia
interacción adecuada con el medio así como con los participantes en la
intervención. Presenta dificultades relacionadas a temas de interacción con la
familia materna y la madre. Se identifica inseguridad al permanecer alejado de
su padre y abuela que se potencializa si se tocan temas que son incómodos para
él. A su vez se presenta híper-vigilancia por cuidadores retroalimentando la
conducta. Presenta lazos afectivos fuertes con su familia nuclear y no se
refiere situaciones de riesgo en el medio familiar que actualmente tiene su
cuidado desde la narración del niño y sus familiares. No manifiestan conflictos
adicionales en el área académica. Con respecto a la afectación en los ciclos
vitales se refiere en el sueño teniendo en cuenta que presenta episodios de
pesadillas en determinados fines de semana, lo cual puede ser denominado como
terrores nocturnos y puede relacionarse con eventos diarios que generan en él
temor y al no poder evitarlo ni expresarlo desemboca estos sueños, se sugiere
evaluar la existencia de estos eventos y disminuir los estresores porque puede
perjudicar su adecuado crecimiento y desempeño. El niño manifiesta claramente
su negativa a permanecer en compañía de la madre, se buscan explicaciones para
esta situación a lo cual genera encabezados y termina el diálogo, al indagar
más al respecto dice: “no se” y termina la comunicación” (folios 136 y 137 del
cuaderno de revisión).
[50] En esa ocasión, ante el conflicto de
pareja originado entre el señor Omar Enrique Jiménez Mora y la señora Liliana
Sandoval Arévalo sobre el cuidado y bienestar de su hijo, la Comisaría de
Familia resolvió, entre otras cosas, “tomar como medida de urgencia, el cuidado,
tenencia y responsabilidad de la integridad en general del niño Juan José
Jiménez Sandoval en cabeza de la abuela paterna señora Cilenia Mora Guerrero,
identificada con la C.C. 20.272.600 expedida en Bogotá, residente en la carrera
58 No. 134-57, Torre 4, Apto 306 de esta ciudad, quien se apoyará en este
cuidado de la señora Ana Alicia Olivares Cárdenas u otra persona que considere
idónea en su acompañamiento por el interés superior del niño” (folio 121 del
cuaderno de revisión).
[51] Folios 63 al 140 del cuaderno de revisión.
[52] El informe es del veintidós (22) de agosto
de dos mil trece (2013) suscrito por el psiquiatra forense, Oscar Armando Díaz
Beltrán.
[53] Folios 16 al 31 del cuaderno de revisión.
[54] Folio 33 del cuaderno de revisión.
[55] Folio 39 del cuaderno de revisión.
[56] Folio 43 del cuaderno de revisión.
[57] Folios 141 al 474 del cuaderno de revisión.
[58] Folio 142 del cuaderno de revisión.
[59] Obra dentro del oficio allegado, historia
clínica de la señora Liliana Sandoval Arévalo proveniente del Hospital
Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá en la que se le diagnostica
“trastorno mixto de ansiedad y depresión” (folio 413 del cuaderno de revisión).
Igualmente, certificación laboral de la referida ciudadana del veintisiete (27)
de enero de dos mil catorce (2014) donde se indica que desde el doce (12) de
diciembre de dos mil trece (2013) laboró para el Fondo Financiero Inmobiliario
en el cargo de abogada (folio 462 del cuaderno de revisión). También obra
informe médico sobre el estado del niño Juan José Jiménez Sandoval realizado
por la médico cirujano, Margarita Gutiérrez Serrano en el que se destaca que
este último presenta “trastorno opositor desafiante” en relación con su madre
(folio 472 del cuaderno de revisión).
[60] Folio 455 del cuaderno de revisión.
[61] La demanda de tutela obra a folios 87 a
111.
[62] Dentro del ámbito de competencia del juez
de tutela para delimitar el objeto de la controversia, la jurisprudencia de
esta Corporación en armonía con el artículo 14 del Decreto 2591 de 1991, "Por el cual se reglamenta la acción
de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política"
ha admitido que el juez constitucional, de manera oficiosa, tiene competencia
para esclarecer las actuaciones u omisiones que amenazan o vulneran los
derechos fundamentales, así como para determinar realmente qué norma
constitucional fue infringida y cuál es la pretensión que se pretende realizar
a través del amparo constitucional.
[63] Conforme se desprende de los elementos de
juicio obrantes en el expediente, mediante auto de fecha veinticinco (25) de
abril de dos mil catorce (2014) se negó la solicitud de suspensión de visitas
incoada por el señor Omar Enrique Jiménez Mora. Posteriormente, mediante
decisión del doce (12) de septiembre de dos mil catorce (2014) se impartió
determinación desfavorable frente a la solicitud de suspensión presentada. El
veintiocho (28) de enero de dos mil quince (2015) se insistió en la negativa
por parte del juzgado accionado, posición que fue reafirmada mediante decisión
del veinte (20) de febrero de la misma anualidad. A la fecha, al parecer están
pendientes de resolución algunas solicitudes de esta misma naturaleza con
ocasión a la instauración de la acción constitucional.
[64] Al respecto, ver las sentencias T-441 de
2003, T-462 de 2003, T-771 de 2003 y T-949 2003 (todas ellas del MP Eduardo
Montealegre Lynett) y C-590 de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño. Unánime) y T-018
de 2008 (MP Jaime Córdoba Triviño).  Entre muchas otras, la posición fijada ha
sido reiterada en las sentencias T-743 de 2008 (MP Manuel José Cepeda
Espinosa), T-310 de 2009 (MP Luis Ernesto Vargas Silva) y T-451 de 2012 (MP
Luis Ernesto Vargas Silva).
[65] MP Jaime Córdoba Triviño.  Se trata de una
exposición sintetizada de la sentencia C-590 de 2005.
[66] “En la citada norma superior (artículo 86
CP) es evidente que el constituyente no realizó distinciones entre los
distintos ámbitos de la función pública, con el fin de excluir a alguno o
algunos de ellos de la procedencia de ese mecanismo de protección de los
derechos fundamentales. Precisamente por ello en la norma superior indicada se
habla de “cualquier” autoridad pública.  Siendo ello así, la acción de tutela
procede también contra los actos que son manifestación del ámbito de poder
inherente a la función jurisdiccional y, específicamente, contra las decisiones
judiciales, pues los jueces y tribunales, en su cotidiana tarea de aplicación
del derecho a supuestos particulares, bien pueden proferir decisiones que se
tornen constitucionalmente relevantes por desbordar el estricto marco de
aplicación de la ley y afectar derechos fundamentales”. Cfr. sentencia C-590 de
2005 (MP Jaime Córdoba Triviño).
[67] “La procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales está legitimada no sólo por la Carta Política sino
también por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y por la
Convención Americana de Derechos Humanos”. Ibídem.
[68] Sobre los conceptos de ratio decidendi
y obiter dicta, consultar la sentencia SU-047 de 1999 (MP Carlos Gaviria
Díaz).
[69] MP José Gregorio Hernández Galindo (SV
Ciro Angarita Barón, Eduardo Cifuentes Muñoz y Alejandro Martínez Caballero). “Al
proferir la Sentencia C-593-92, la decisión de la Corte no fue excluir la
tutela contra decisiones judiciales”. Cfr. sentencia C-590 de 2005 (MP Jaime
Córdoba Triviño).
[70] Se reitera, se sigue la exposición de la
sentencia C-590 de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño).
[71] Ver sentencia T-173 de 1993 (MP José
Gregorio Hernández Galindo) y C-590 de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño).
[72] Sobre el agotamiento de recursos o
principio de residualidad y su relación con el principio de subsidiariedad
cuando se ejerce la acción de tutela para controvertir un fallo judicial, ver
la sentencia T-1049 de 2008 (MP Jaime Córdoba Triviño).
[73] Esta regla se desprende de la función
unificadora de la Corte Constitucional, ejercida a través de sus Salas de
Selección. Así, debe entenderse que si un proceso no fue seleccionado por la
Corte para su revisión, se encuentra acorde con los derechos fundamentales.
[74] Es importante precisar que esta línea
jurisprudencial se conoció inicialmente bajo el concepto de “vía de hecho”. Sin
embargo, con el propósito de superar una percepción restringida de esta figura
que había permitido su asociación siempre con el capricho y la arbitrariedad
judicial, la Corporación sustituyó la expresión de vía de hecho por la de
“causales de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones
judiciales” que responde mejor a su realidad constitucional.  La sentencia
C-590 de 2005 da cuenta de esta evolución, señalando que cuando se está ante la
acción de tutela contra providencias judiciales es más adecuado hablar de
“causales genéricas de procedibilidad de la acción”, que de vía de hecho.
[75] El defecto orgánico hace referencia a la
carencia absoluta de competencia por parte del funcionario que dicta la
sentencia.
[76] El defecto sustantivo se configura cuando
se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o en los fallos
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión (ver sentencia C-590 de 2005); igualmente, los fallos T-079 de 1993
(MP Eduardo Cifuentes Muñoz) y T-008 de 1998 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz).
[77] El defecto procedimental absoluto se
presenta cuando el funcionario judicial se aparta por completo del
procedimiento legalmente establecido. Al respecto, ver sentencias T-008 de 1998
(MP Eduardo Cifuentes Muñoz), T-937 de 2001 (MP Manuel José Cepeda Espinosa),
SU-159 de 2002 (MP Manuel José Cepeda Espinosa; SV Alfredo Beltrán Sierra),
T-996 de 2003 (MP Clara Inés Vargas Hernández), T-196 de 2006 (MP Álvaro Tafur
Galvis).
[78] El defecto fáctico está referido a la
producción, validez o apreciación del material probatorio. En razón al
principio de independencia judicial, el campo de intervención del juez de
tutela por defecto fáctico es supremamente restringido.
[79] El error inducido, también conocido como
vía de hecho por consecuencia, hace referencia al evento en el cual, a pesar de
una actuación razonable y ajustada a derecho por parte del funcionario
judicial, se produce una decisión violatoria de derechos fundamentales, bien
sea porque el funcionario es víctima de engaño, por fallas estructurales de la
Administración de Justicia o por ausencia de colaboración entre los órganos del
poder público. Ver, principalmente, las sentencias SU-846 de 2000 (MP Alfredo
Beltrán Sierra; SV Eduardo Cifuentes Muñoz y Vladimiro Naranjo Mesa; AV Álvaro
Tafur Galvis), SU-014 de 2001 (MP Martha Victoria Sáchica Méndez) y T-1180 de
2001 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra).
[80] La decisión sin motivación se configura en
una de las causales de procedibilidad de la acción de tutela, en tanto la
motivación es un deber de los funcionarios judiciales, así como su fuente de
legitimidad en un ordenamiento democrático. Ver sentencia T-114 de 2002 (MP
Eduardo Montealegre Lynett).
[81] Conforme con la sentencia T-018 de 2008
(MP Jaime Córdoba Triviño), el desconocimiento del precedente constitucional
“[se presenta cuando] la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance”. Ver sentencias SU-640 de 1998 (MP Eduardo
Cifuentes Muñoz. Unánime) y SU-168 de 1999 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz.
Unánime).
[82] La violación directa de la Constitución se
presenta cuando el juez le da un alcance a una disposición normativa
abiertamente contraria a la Constitución.  Al respecto, ver sentencias T-1625
de 2000 (MP Martha Victoria Sáchica Méndez), SU-1184 de 2001 (MP Eduardo
Montealegre Lynett) y T-1031 de 2001 (MP Eduardo Montealegre Lynett).
Asimismo, cuando no se aplica la excepción de inconstitucionalidad, a pesar de
ser evidente y haber sido solicitada por alguna de las partes en el proceso.
Ver, sentencia T-522 de 2001 (MP Manuel José Cepeda Espinosa).
[83] Ver sentencia T-701 de 2004 (MP. (E)
Rodrigo Uprimny Yepes).
[84] Cfr. sentencia C-590 de 2005 (MP. Jaime
Córdoba Triviño).
[85] Al respecto pueden consultarse las
sentencias T-933 de 2003 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa) y T-231 de 2007 (MP.
Jaime Araujo Rentería).
[86] Entre otras, ver la sentencia T-231 de
2007 (MP. Jaime Araujo Rentería).
[87] Ver las sentencias C-590 de 2005 y T-018
de 2008 (MP Jaime Córdoba Triviño). En el mismo sentido, la sentencia T-701 de
2004 (MP (E) Rodrigo Uprimny Yepes).
[88] Se sigue la exposición de la sentencia
T-1049 de 2008 (MP. Jaime Córdoba Triviño).
[89] El principio de subsidiariedad ha sido
reiterado por la Corte en un gran número de oportunidades.  Sobre su
formulación general, pueden verse las sentencias C-543 de 1992 (MP José
Gregorio Hernández Galindo. SV Ciro Angarita Barón, Eduardo Cifuentes Muñoz y
Alejandro Martínez Caballero), SU-622 de 2001 (MP Jaime Araujo Rentería),
T-441 de 2003 (MP Eduardo Montealegre Lynett) y T-595 de 2007 (MP Jaime Córdoba
Triviño). Su aplicación en el sentido de agotamiento de recursos como requisito
para la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, es estudiado
en las sentencias T-874 de 2000 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz), T-951 de 2005 (MP
Humberto Antonio Sierra Porto), T-1203 de 2005 (MP Álvaro Tafur Galvis), T-225
de 2006 (MP Clara Inés Vargas Hernández), T-086 de 2007 (MP Manuel José Cepeda
Espinosa) y T-764 de 2007 (MP Clara Inés Vargas Hernández).
[90] Ver, entre otras, las sentencias T-222 de
2006 (MP Clara Inés Vargas Hernández), T-578 de 2006 (MP Manuel José Cepeda
Espinosa) y T-410 de 2007 (MP Jaime Córdoba Triviño). Para una presentación
general del principio de inmediatez, ver la sentencia SU-961 de 1999 (MP
Vladimiro Naranjo Mesa).
[91] MP Jaime Córdoba Triviño.
[92] Conforme al artículo 86 de la Constitución
Política, la acción de tutela “solo procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.
[93] Sobre el carácter residual de la acción de
tutela contra sentencias y la obligación de agotar los recursos del proceso,
ver entre otras las sentencias T-742 de 2002 (MP Clara Inés Vargas Hernández),
T-441 de 2003 (MP Eduardo Montealegre Lynett), T-606 de 2004 (MP (e) Rodrigo
Uprimny Yepes) y T-086 de 2007 (MP Manuel José Cepeda Espinosa).
[94] Ver, entre otras, las sentencias T-1203 de
2005 (MP Álvaro Tafur Galvis), T-225 de 2006 (MP Clara Inés Vargas Hernández),
T-511 de 2006 (MP Álvaro Tafur Galvis) y T-764 de 2007 (MP Clara Inés Vargas
Hernández).
[95] "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el
artículo 86 de la Constitución Política".
[96] En aquellos casos en los cuales la acción
de tutela se concede para evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental
de carácter irremediable, los efectos del fallo de tutela son meramente
transitorios y quedan supeditados a la decisión final adoptada por el juez de
la causa. En criterio de la Corte Constitucional: “[…] siempre debe haber una
necesidad de acudir a la tutela, y no una mera opción. Si se interpone la
acción de tutela es porque hay un principio de razón suficiente que lo
justifica. No se instituyó este mecanismo como un medio de sustitución, sino
como un medio subsidiario –regla general–, o como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable, evento excepcional.  Pero aún en este caso no
se sustituye la vía ordinaria, porque la tutela es transitoria, es decir, se
acudiría a la vía ordinaria de todas maneras”. Sentencia T-327 de 1994 (MP
Vladimiro Naranjo Mesa).
[97] Sentencia T-1190 de 2004 (MP Marco Gerardo
Monroy Cabra). En esa ocasión, la Sala Sexta de Revisión abordó el concepto de
perjuicio irremediable a propósito de una acción de tutela presentada por un
ciudadano quien reclamaba su ocurrencia al interior de un proceso disciplinario
adelantado en su contra por la Procuraduría General de la Nación que había
culminado con la imposición de una multa. En esta ocasión, se concluyó que “en relación con el caso sometido a estudio, la
Sala sigue la tendencia de la jurisprudencia constitucional para la cual la
sanción disciplinaria no puede considerarse, en sí misma, como un perjuicio
irremediable, pues por vía de dicha argumentación el juez de tutela estaría
clausurando la jurisdicción contenciosa administrativa, encargada por
naturaleza de juzgar la legalidad de los actos sancionatorios de tipo
disciplinario”. Con fundamento en lo anterior, se declaró la improcedencia del
amparo.
[98] Ibídem.
[99] Ibídem.
[100] Ibídem.
[101] Sentencia T-343 de 2001 (MP Rodrigo
Escobar Gil). En esa ocasión, la Sala Quinta de Revisión descartó la existencia
de un perjuicio irremediable supuestamente generado al interior de un proceso
policivo adelantado en contra del accionante para la restitución del espacio
público por cuanto no halló probados los elementos integrantes del mismo,
especialmente la inminencia del daño alegado y la necesidad de intervención
inmediata del juez constitucional. Ello sirvió de sustento para declarar la
improcedencia del amparo.
[102] MP Clara Inés Vargas Hernández.
[103] Estos requisitos de tipo formal para la
procedencia de la acción de tutela son retomados, entre otras, en las sentencias T-890 de 2007 (MP Humberto
Antonio Sierra Porto) y T-343 de 2012 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[104] Ver la sentencia T-001 de 1999 (MP José Gregorio Hernández
Galindo).
[105] Ver la sentencia SU-622 de 2001 (MP Jaime Araujo Rentería).
[106] Sentencia T-116 de 2003 (MP Clara Inés
Vargas Hernández).
[107] Al respecto, pueden verse las sentencias C-543 de 1992 (MP José Gregorio Hernández Galindo. SV Ciro Angarita
Barón, Eduardo Cifuentes Muñoz y Alejandro Martínez Caballero), T-329 de 1996 (MP José Gregorio Hernández Galindo), T-567 de 1998 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz),
SU-622 de 2001 (MP Jaime Araujo Rentería), T-511 de 2001 (MP Eduardo
Montealegre Lynett) y T-108 de 2003 (MP Álvaro Tafur Galvis).
[108] En la sentencia T-440 de 2003 (MP Manuel José Cepeda
Espinosa), la Sala Tercera de Revisión le concedió la tutela a una entidad
bancaria y algunos usuarios de la misma, por considerar que en el trámite de
una acción de grupo la autoridad judicial había desconocido los derechos a la
intimidad y al debido proceso, al ordenar la remisión de varios documentos que
implicaban la revelación de datos privados confiados a una corporación
bancaria.  Sobre la procedencia de la tutela señaló: “[...] En segundo lugar,
la Corte también desestima la consideración según la cual existió una omisión
procesal por parte de los usuarios del Banco Caja Social. Dichas personas no
integraban el pasivo del proceso de acción de grupo [...]. Por lo tanto,
difícilmente podían los ahora tutelantes controvertir providencias judiciales
que no les habían sido notificadas, y que, por demás, habían sido proferidas en
el transcurso de un proceso judicial de cuya existencia no estaban enterados”.
En sentido similar pueden consultarse las sentencias T-329 de 1996 (MP José
Gregorio Hernández Galindo), T-567 de 1998 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz), T-654
de 1998 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz) y T-289 de 2003 (MP Manuel José Cepeda
Espinosa).
[109] Ver la sentencia T-598 de 2003 (MP Clara
Inés Vargas Hernández).
[110] Conforme se indicó en la sentencia T-353
de 2005 (MP Rodrigo Escobar Gil), “el principio de independencia judicial
contenido en los artículos 228 y 230 de la Constitución también impide que el
juez constitucional adelante un control de legalidad sobre el procedimiento
judicial, por lo que su competencia se encuentra limitada exclusivamente a los
conflictos de rango constitucional que surjan de la actividad judicial”.
[111] Decreto 1400 de 1970.
[112] En la sentencia C-179 de 1995 (MP Carlos
Gaviria Díaz ) se indicó que “ el proceso verbal sumario pertenece al grupo de
los juicios que el Código clasifica y denomina declarativos y, como su nombre
lo indica, se caracteriza por ser breve y ágil, pues se ha creado con el fin de
resolver algunos asuntos que, en razón de su naturaleza o dada la cuantía de la
pretensión, no requieren del despliegue de una actividad procesal amplia, ya
que en muchas ocasiones con el cumplimiento de unas pocas diligencias es
posible decidir, lo que permite su evacuación rápida por parte de los
funcionarios competentes”. En esta oportunidad, la Corte, tras estudiar una
demanda de constitucionalidad resolvió: “PRIMERO. Declarar EXEQUIBLE el
artículo 440 del Código de Procedimiento Civil, tal como quedó modificado por
el numeral 244 del artículo 1°. del Decreto 2282 de 1989. SEGUNDO. Declarar
EXEQUIBLE las expresiones del artículo 547 del Código del Procedimiento Civil,
tal como quedó modificado por el numeral 299 del artículo 1°. del Decreto 2282
de 1989, que dicen: "Prohibiciones. Las contempladas en el artículo 440”.
[113] Conforme lo indicó el Juzgado Segundo de
Familia de Descongestión de Bogotá en su respuesta al requerimiento judicial
del juez de instancia, “la demanda fue contestada en tiempo, proponiéndose
excepciones de mérito” (folio 120).
[114] Artículo  439. Modificado por el artículo 28, Ley 1395 de 2010. “Trámite de la audiencia. La audiencia
se sujetará a las siguientes reglas: Parágrafo.
1º Iniciación, duración y conciliación. El juez aplicará lo dispuesto en
los parágrafos 2º y 3º del artículo 101, en lo pertinente. Parágrafo. 2º Saneamiento. En caso de no lograrse la
conciliación, el juez examinará si se cumplieron las medidas de saneamiento que
hubiere ordenado y si existe alguna causal de nulidad; en el último caso, si
considera que para sanearla son necesarias algunas pruebas procederá a
practicarlas, en los diez días siguientes. El auto que así lo disponga no
tendrá reposición. Con posterioridad a esta etapa de la audiencia no podrá
alegarse ni declararse nulidad alguna.
Parágrafo. 3º Fijación de hechos, pretensiones y excepciones. El juez
dará aplicación a lo dispuesto en el parágrafo 5º del artículo 101. Parágrafo. 4º Decreto y práctica de pruebas. Acto
seguido, el juez procederá a decretar y practicar las pruebas pedidas por las
partes que considere necesarias, con la limitación que en el siguiente inciso
se establece y las que de oficio disponga. El
interrogatorio de las partes lo hará en primer lugar el juez y luego la parte
que lo pidió, quien podrá formular hasta diez preguntas sobre hechos o
circunstancias que no hayan sido objeto de las formuladas por el juez. Las partes podrán presentar los documentos que
no hubieren aportado con la demanda y su contestación, así como los testigos
cuyas declaraciones hayan solicitado y que no excederán de dos sobre los mismos
hechos. Con esta restricción, el juez
sólo recibirá los testimonios de quienes se encuentren presentes y prescindirá
de los demás; oirá el dictamen del perito, del cual dará traslado
inmediatamente a las partes para que puedan solicitar, en la misma audiencia,
aclaración y complementación, las que tramitarán acto seguido; si las partes
manifiestan que objetan el dictamen por error grave, dentro de los tres días
siguientes deberán fundamentar la objeción mediante escrito en que solicitarán
las pruebas que pretendan hacer valer, y se procederá como disponen las letras
b) y c) del parágrafo 4º del artículo 432. En
caso de que sea necesaria la inspección judicial o una exhibición fuera del
recinto del juzgado, en la misma audiencia se señalará fecha y hora para el
quinto día siguiente. Parágrafo. 5º Alegaciones,
sentencia y costas. Se aplicará lo dispuesto en los parágrafos 5º y 6º del
artículo 432, excepto en lo relacionado con apelación y consulta. Parágrafo. 6º Grabación de lo actuado y acta. Podrá
dársele aplicación a lo dispuesto en el parágrafo 7º del artículo 432, si así
lo dispone el juez y el despacho cuenta con los elementos técnicos apropiados”.
[115] Sobre el particular véase el parágrafo 4
del artículo 439 del Código de Procedimiento Civil.
[116] La misma titular del Juzgado Segundo de
Familia de Descongestión de Bogotá señala que “las providencias han sido
reiteradamente objeto de recursos” (folio 122 y folio 69 del cuaderno de
revisión).
[117] “Artículo 377.
Procedencia. Cuando el juez de primera
instancia deniegue el recurso de apelación, el recurrente podrá interponer el
de queja ante el superior, para que éste lo conceda si fuere procedente”. (El
escrito se refiere en el folio 69 del cuaderno de revisión)
[118] El juzgado accionado ha señalado al
respecto: “es de indicar que el tutelante en reiteradas ocasiones ha solicitado
se suspendan las visitas madre e hijo” (folio 122).
[119] Conforme con las pruebas aportadas en sede
de revisión por el juzgado accionado “la reglamentación de visitas que nos
ocupa, se encuentra en etapa de práctica de pruebas, legal y oportunamente
solicitadas; lo anterior para destacar que han sido múltiples los aportes
documentales, material fotográfico, material en USB, escritos, así como solicitudes
de pruebas por la parte demandante efectuadas por fuera de los términos de la
ley procesal civil colombiana. || Si bien es cierto mediante providencia del 29
de mayo de 2015 (fl. 1982) se señaló fecha para alegatos de conclusión y fallo,
dicha providencia fue atacada con un recurso de reposición y de alzada,
corriéndose el correspondiente traslado a los interesados de conformidad con lo
previsto en el artículo 108 del C. de P.C. y que fuera resuelto en oportunidad”
(folio 63 del cuaderno de revisión).
[120] Folio 123.
[121] Folio 65 del cuaderno de revisión.
[122] Folio 164.
[123] Folio 180.
[124] Folio 180.
[125] Folio 180.
[126] Folio 63 del cuaderno de revisión.
[127] Establece el artículo 74 del Código de
Procedimiento Civil que se considera
que ha existido temeridad o mala fe, en los siguientes casos: “5. Cuando por
cualquier otro medio se entorpezca reiteradamente el desarrollo normal del
proceso”.
[128] Según la sentencia T-353 de 2005 (MP
Rodrigo Escobar Gil) “si la parte afectada por una providencia judicial
contraria al ordenamiento jurídico tiene aún oportunidad de ejercer las
acciones o los recursos previstos para salvaguardar los derechos amenazados o
vulnerados, el mecanismo de amparo no tiene la virtualidad de desplazarlos ni
de convertirse en un recurso adicional o supletorio de las instancias propias
de cada jurisdicción. Así las cosas, en la medida en que existan otros medios
de defensa judicial para proveer la protección solicitada, éstos prevalecerán
sobre el mecanismo residual y subsidiario de amparo constitucional”.
[129] “Artículo 439, parágrafo 5. Alegaciones,
sentencia y costas. Se aplicará lo
dispuesto en los parágrafos 5º y 6º del artículo 432, excepto en lo relacionado
con apelación y consulta”.
[130] Folio 104.
[131] Conforme lo indica el Juzgado Segundo de
Familia de Descongestión de Bogotá, después de haberse presentado la demanda de
reglamentación de visitas por el señor Omar Enrique Jiménez Mora y haberse
admitido la misma, notificando para tal fin a las partes incluso a la
Defensoría de Familia y al Agente del Ministerio Público aquella “fue
contestada en tiempo, proponiéndose excepciones de mérito. Fenecido el traslado
a las excepciones de mérito, mediante providencia de fecha 23 de mayo de 2012,
se señaló fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de que trata el artículo
439 del C.P.C. Llegado el día y la hora para tal fin, la misma fue realizada el
día 11 de julio de 2012, oportunidad en que las partes manifestaron que “no hay
acuerdo conciliatorio”, por lo que el juzgado de conocimiento por no contar con
elementos de juicio suficientes dada las razones esbozadas, dispuso suspender
la diligencia hasta tanto fuera remitido el resultado de la valoración
psiquiátrica practicada a la señora Liliana Sandoval Arévalo. Allegado el
resultado de la valoración psiquiátrica, por auto de fecha 27 de agosto de
2012, se corrió traslado del mismo, término en el cual el apoderado de la parte
demandante solicitó aclaración del mismo, razón por la que en providencia de
fecha 05 de septiembre de 2012, se ordenó oficiar al Instituto Nacional de
Medicina Legal para que se pronunciase respecto de la aclaración solicitada. El
día 10 de septiembre de 2012 se continuó con la audiencia de trámite,
encontrándose prueba de la valoración practicada por el Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses, se da por superada la etapa conciliatoria
ante la falta de ánimo para ello: a renglón seguido se continua con el trámite
procesal correspondiente decretándose las pruebas oportunamente solicitadas por
las partes así como la práctica de las mismas. En cumplimiento del acuerdo
PSAA-13-9962 mediante proveído calendado 18 de septiembre de 2013 este despacho
judicial asume la competencia para continuar con el trámite dentro del presente
asunto encontrándose pendientes pruebas por practicar. Encontrándose en tal
estadio procesal, el apoderado de la parte demandante solicitó la suspensión de
las visitas, decisión que fue resuelta mediante auto de fecha 25 de abril de
2014 decisión que fue recurrida por el memorialista allegando con el escrito CD
y fotografías, dicho recurso fue resuelto en oportunidad mediante providencia
de fecha 7 de julio de 2014, no reponiéndose la decisión, posteriormente aportó
el tutelante USB y fotografías impresas solicitando que se tuvieran en cuenta
como pruebas y pidiendo que las visitas fueran supervisadas por el ICBF y que
se entrevistara al menor, petición que fue resuelta el día 1 de septiembre de
2014 en la que se le informó entre otros que el juzgado no contaba con los
instrumentos idóneos para realizar la entrevista a un menor de 4 años” (folios
121 y 122).
[132] Sobre el particular, consúltese el pie de
página 63.
[133] Folios 8 y 9 del cuaderno de segunda
instancia.
[134] Sentencia T-343 de 2001 (MP Rodrigo
Escobar Gil), analizada con anterioridad.
[135] Sentencia T-442 de 1994 (MP Antonio
Barrera Carbonell). En esa ocasión, la Sala Segunda de Revisión concedió el
amparo transitorio tras hallar probado un perjuicio irremediable al interior de
un proceso de familia en el que se impartió una decisión que afectó gravemente
los derechos fundamentales del menor involucrado.
[136] De los elementos de juicio aportados al
expediente se desprende que Juan José Jiménez Sandoval es menor de edad. Según
la sentencia T-353 de 2005 (MP Rodrigo Escobar Gil), “La protección de los
derechos constitucionales no es un asunto reservado a la tutela. El ordenamiento
jurídico en su integridad debe respetar los derechos constitucionales (C.P.
art. 4) y todas las herramientas judiciales dispuestas por el legislador deben
permitir su protección (C.P. art. 2)”.
[137] Conforme con los artículos 2 y 4
del Estatuto Integral del Defensor de Familia,  dicho funcionario
público es garante del desarrollo armónico e integral de los niños, niñas y
adolescentes, así como del ejercicio de todos los derechos reconocidos en la
Constitución, en la ley y en todos los instrumentos internacionales suscritos
por Colombia. Sus funciones están enfocadas a la prevención, protección,
garantía y restablecimiento de los derechos de los niños en el marco de
actuaciones judiciales y administrativas.
[138] Conforme con el artículo 118 de la
Constitución Política, le corresponde al Ministerio Público la guarda y promoción de los derechos
humanos así como la protección del interés público. Específicamente le compete
(i) vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones
judiciales y los actos administrativos; (ii) intervenir
en los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas, cuando sea
necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de los
derechos y garantías fundamentales, entre otras funciones.
[139] Artículo 8 de la Ley 1098 de 2006. Interés superior
de los niños, las niñas y los adolescentes. “Se entiende por interés superior
del niño, niña y adolescente, el imperativo que obliga a todas las personas a
garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus Derechos Humanos,
que son universales, prevalentes e interdependientes”.
[140] Folios 7 y 8 del cuaderno de segunda
instancia.
[141] Folio 122.
[142] El artículo 41 numeral 34 de
la Ley 1098 de 2006 señala dentro de las obligaciones del Estado frente a los
niños: “Asegurar la presencia del niño, niña o adolescente en todas las
actuaciones que sean de su interés o que los involucren cualquiera sea su
naturaleza, adoptar las medidas necesarias para salvaguardar su integridad
física y psicológica y garantizar el cumplimiento de los términos señalados en
la ley o en los reglamentos frente al debido proceso. Procurar la presencia en
dichas actuaciones de sus padres, de las personas responsables o de su
representante legal”.
[143] El artículo 44 de la Carta Política dispone lo
siguiente: “Son derechos fundamentales de los niños:
la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación
equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados
de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la
libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono,
violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o
económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos
consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales
ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen la
obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico
e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir
de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los
derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás” (Subrayado
fuera del texto). En armonía con lo anterior, el artículo 22 de la Ley 1098 de
2006 señala que “Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a tener
y crecer en el seno de la familia, a ser acogidos y no ser expulsados de ella.
Los niños, las niñas y los adolescentes sólo podrán ser separados de la familia
cuando esta no garantice las condiciones para la realización y el ejercicio de
sus derechos conforme con lo previsto en este código. En ningún caso la
condición económica de la familia podrá dar lugar a la separación”.
[144] Folio 122.
[145] Folio 64 del cuaderno de revisión.
[146] Folio 64 del cuaderno de revisión.
[147] Folio 66 del cuaderno de revisión.
[148] Folio 65 del cuaderno de revisión.
[149] Folio 66 del cuaderno de revisión.
[150] Folio 66 del cuaderno de revisión.
[151] La jurisprudencia constitucional ha
precisado y reafirmado esta posición en situaciones fácticas similares a la
analizada en esta oportunidad. En la sentencia T-353 de 2005 (MP Rodrigo
Escobar Gil) la Sala Quinta de Revisión estudió el caso de una persona que
invocaba la existencia de una vía de hecho por haberse admitido una demanda de
reglamentación de visitas incoada por los abuelos maternos de su hija quienes a
su juicio, carecían de legitimidad para tal fin. En esta ocasión, se estimó que
el motivo de la censura podía ser debatido en otras instancias procesales
dentro del mismo proceso verbal sumario de regulación de visitas en trámite,
por lo que la acción de tutela no era el medio judicial procedente para
cuestionar las decisiones judiciales adoptadas ni para suplir los mecanismos
procesales establecidos por la ley para ejercer el derecho de defensa, tales
como la posibilidad de interponer recursos, proponer nulidades y presentar
alegaciones. Textualmente sostuvo lo siguiente: “En definitiva, como mecanismo
residual y subsidiario, no puede remplazar los procesos judiciales destinados a
obtener la satisfacción de los derechos ni puede pretender desplazar los
trámites procesales estatuidos para controvertir las providencias que se
profieran en su interior, pues su objetivo es garantizar “una protección
efectiva y actual, pero supletoria, de los derechos constitucionales
fundamentales”. Con fundamento en las consideraciones
anteriores, la Sala revocó los fallos de instancia que concedieron el
amparo constitucional solicitado, y en su lugar declaró la improcedencia de la
acción de tutela.
[152] Artículo 9 de la Ley 1098 de 2006. Prevalencia de
los derechos. “En todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de
cualquier naturaleza que deba adoptarse en relación con los niños, las niñas y
los adolescentes, prevalecerán los derechos de estos, en especial si existe
conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona.
En caso de conflicto entre dos o más disposiciones legales, administrativas o disciplinarias,
se aplicará la norma más favorable al interés superior del niño, niña o
adolescente”.
[153] Folio 13 del cuaderno de segunda
instancia.