T-280-16
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-280/16
SERVICIO
PUBLICO DE ALCANTARILLADO-Características y obligaciones del Estado
DERECHO AL
SANEAMIENTO BASICO-Evolución de la jurisprudencia constitucional e instrumentos
internacionales
DERECHO A LA VIVIENDA,
INTIMIDAD Y SALUD-Vulneración cuando problemas del sistema de alcantarillado y
residuos líquidos afectan de manera colectiva el derecho al ambiente sano
SANEAMIENTO BASICO-Obligaciones específicas en
materia de derechos fundamentales para garantizar la dignidad humana
El saneamiento básico,
entendido como el acceso a un sistema para la recolección, transporte,
tratamiento y disposición o reutilización de las excretas humanas y otras
asociadas, genera obligaciones en materia de derechos fundamentales
indispensables para garantizar la dignidad humana, pues las personas que no
cuentan con sistemas adecuados para este fin, carecen de condiciones higiénicas
y seguras que les permitan desarrollar sus proyectos de vida en espacios libres
de enfermedades y olores nauseabundos. En efecto, quienes carecen de
saneamiento básico se ven expuestos a epidemias y enfermedades prevenibles que
aumentan los niveles de mortalidad infantil, así como a olores que hacen
insoportable el ambiente en el que viven. Además, la carencia o deficiencia de
los sistemas de saneamiento básico desincentiva la permanencia de niños y niñas
en las escuelas obstaculizando su derecho a la educación, y hace indignos los
lugares de trabajo.
DERECHO A
LA VIVIENDA DIGNA, A LA DIGNIDAD HUMANA Y A LA SALUD-Vulneración por
Alcaldía al no adoptar medidas técnicas para solucionar las inundaciones generadas por el desbordamiento de aguas negras y
residuales al interior de viviendas
DERECHO AL
SANEAMIENTO BASICO-Orden a empresa de acueducto y alcantarillado continuar ejecutando medidas de limpieza de las redes de
alcantarillado con efectos inter comunis
Referencia:
expedientes T-5389243 y T-5389244.
Acumulados
Acciones de tutela presentadas por Jorge Arturo Bermúdez Gallo y
Marco Fidel Cañaveral Guzmán contra la Secretaría de Planeación e
Infraestructura y la Alcaldía Municipal de Florida, Valle del Cauca, y
Acuavalle S.A. E.S.P.
Magistrada ponente:
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos
mil dieciséis (2016)
La Sala Primera de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por la Magistrada María Victoria Calle Correa y
los Magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez y Alejandro Linares Cantillo, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la
siguiente
SENTENCIA
En el trámite de revisión de los
fallos proferidos en el expediente T-5389243, en primera instancia, por
el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Florida, Valle, el dieciocho (18) de agosto
de dos mil quince (2015) y, en segunda instancia, por el Juzgado Quinto Civil
del Circuito de Palmira, Valle, el treinta (30) de septiembre del mismo año,
dentro del proceso de tutela iniciado por Jorge Arturo Bermúdez Gallo contra la
Secretaría de Planeación e Infraestructura y la Alcaldía Municipal de Florida,
Valle del Cauca, y Acuavalle S.A. E.S.P.; en el expediente T-5389244, en
primera instancia, por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Florida,
Valle, el dieciocho (18) de agosto de dos mil quince (2015) y, en segunda
instancia, por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Palmira, Valle, el seis
(6) de octubre del mismo año, dentro del proceso de tutela iniciado por Marco Fidel Cañaveral Guzmán contra las entidades antes arriba
descritas.
Los expedientes de la referencia
fueron seleccionados para revisión por la Sala de Selección de Tutelas Número Tres,
mediante auto proferido el once (11) de marzo de dos mil dieciséis (2016), en
donde se decidió su acumulación por presentar unidad de materia.
I. ANTECEDENTES
1. Expediente T-5389243
Demanda y solicitud
El once (11) de agosto de dos mil
quince (2015), Jorge Arturo Bermúdez Gallo actuando en nombre propio, interpuso
acción de tutela contra la Secretaría de Planeación e Infraestructura y la
Alcaldía del municipio de Florida, Valle del Cauca, y Acuavalle S.A. E.S.P.,
por considerar vulnerados sus derechos fundamentales de petición, dignidad
humana, integridad física, medio ambiente sano y salud. Lo anterior, a raíz de las
continuas inundaciones de su vivienda generadas por la saturación de la red de
alcantarillado con las aguas lluvias, debido a que estas últimas no cuentan con
un sistema adecuado para su evacuación[1].
En consecuencia, solicitó que se ordene a quien corresponda la realización de las obras
necesarias para resolver la problemática que en la actualidad está afectando su
calidad de vida y la de su núcleo familiar, así como su salud y demás derechos
fundamentales invocados; ya sea a la empresa de servicios públicos para que
realice la adecuación de la infraestructura de alcantarillado o a la Alcaldía
Municipal para que ejecute el Plan Maestro de Aguas para el municipio de
Florida o construya los sumideros que sean necesarios para la evacuación de las
aguas lluvias de la zona afectada.
El accionante fundamentó su
solicitud de tutela en los siguientes hechos:
-
Su vivienda está ubicada en la calle 7ª No. 18-09 del barrio El Paraíso
del municipio de Florida, Valle, en la cual reside con su núcleo familiar[2].
-
De un tiempo para acá en su barrio viene ocurriendo una problemática con
las tuberías que conducen las aguas negras, las cuales al llover se saturan y
se rebosan al punto de inundar su casa y la de sus vecinos con dichas aguas
sucias, pues se desbordan por los sifones y los sanitarios.
-
Explicó que esta situación ocurre debido a que a pocas cuadras de su
casa (entre las calles 8ª y 7ª y carreras 17 y 18), desemboca una alcantarilla
más grande en una más pequeña que hace que colapse.
-
Señaló que esta problemática la han puesto en conocimiento de las entidades
y la empresa prestadora de servicios públicos accionadas, a través de un derecho
de petición, sin que hasta el momento se haya dado ninguna solución.
-
Explicó que las entidades solo han respondido en forma verbal y que evaden
la responsabilidad haciendo remisiones de una dependencia a otra, sin dar
solución al asunto de fondo.
-
Planteó que la empresa Acuavalle S.A. E.S.P. carga en las facturas de
servicios públicos el concepto de alcantarillado, el cual tiene un costo
promedio mensual de siete mil quinientos pesos ($7.500)[3].  Pese a ello, dicho
servicio no se está prestando adecuadamente.
-
Afirmó que su derecho fundamental a la salud y el de su familia “se
ve vulnerado cada vez que [las] aguas negras se desbordan en el interior de
[su] casa por los sifones y sanitarios ya que son los desechos no solo de [su]
casa sino de gran parte de la comunidad”[4].
-
Sostuvo que la problemática puede agravarse ya que con el desborde de
las aguas negras de las alcantarillas a la superficie terrestre, se pueden
generar humedades que pueden ocasionar grietas y el derrumbamiento de la vivienda
en la que reside con su familia.
Respuesta de las entidades
accionadas
Mediante auto No. 495 del once (11)
de agosto de dos mil quince (2015), el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de
Florida, Valle, admitió la demanda de tutela y le corrió traslado a las
entidades accionadas a fin de que ejercieran su derecho de defensa[5].
El Secretario de Planeación e
Infraestructura del municipio de Florida, Valle[6],
radicó escrito de contestación el trece (13) de agosto de dos mil quince (2015)[7], en el cual
expuso lo siguiente:
-
El municipio de Florida, Valle, bajo convenio o contrato suscribió el
manejo de las aguas servidas con la empresa de acueducto y alcantarillado del
Valle del Cauca Acuavalle S.A., que tiene como función la operación, el
mantenimiento y la reposición del sistema de acueducto y alcantarillado en el
casco urbano.
-
El sistema de alcantarillado del municipio de Florida Valle opera solo
el manejo de las aguas servidas y no funciona como un sistema mixto (aguas
servidas y aguas lluvias), y el municipio no cuenta con un sistema paralelo de
aguas lluvias.
-
En visitas realizadas se observa que los predios tienen conectados el
sistema de recolección de aguas internas al sistema de alcantarillado, lo que
ocasiona que en el momento de escorrentía se genere la colmatación de las
tuberías sanitarias causando en algunos casos que estas se devuelvan por los
orificios internos de las casas.
-
El municipio de Florida, Valle, la Gobernación del Valle del Cauca y la
empresa vallecaucana de Aguas se encuentran gestionando un Plan Maestro de
Aguas para el municipio de Florida.
El catorce (14) de agosto de dos
mil quince (2015), el primer suplente del representante legal de la sociedad
Acuavalle S.A. E.S.P.[8],
radicó escrito de respuesta a través del cual explicó que la empresa de
servicios públicos en ningún momento ha vulnerado los derechos fundamentales
del accionante, toda vez que no maneja las aguas lluvias del municipio sino
solo el servicio de acueducto y alcantarillado, el cual está funcionando bien y
se le hace el mantenimiento que corresponde[9].
Precisó:
“Los hechos
expuestos por el demandante y de los que no tiene conocimiento Acuavalle S.A.
E.S.P., hacen referencia a que [este] y sus representados se ven perjudicados
con las aguas lluvias que corren por las vías de su lugar de residencia;
problema que le corresponde solucionar [al] municipio por ser de su
competencia; ya que Acuavalle S.A E.S.P., no maneja las aguas lluvias no las
tiene incluida[s] en su tarifa de servicios públicos porque no presta este
servicio; es de anotar que según [el] demandante ha formulado solicitud a
través de un derecho de petición [que el municipio no le contestó] y que además
no le han solucionado el problema planteado que consistía en construir unos
sumideros para evacuar las aguas referidas, que afectan la vía pública y las
viviendas aledañas; lo cual […] constituye según el propio escrito del
demandante una trasgresión de sus derechos constitucionales […].
El demandante
ha planteado en su escrito la falta de atención del municipio, a las
reclamaciones presentadas, de las cuales no tiene responsabilidad Acuavalle
S.A. E.S.P. porque siguen afectados los vecinos del barrio con los problemas
que se presentan y que han denunciado, aparentemente se trata de un problema en
una domiciliaria de acueducto pero no en el sistema general de acueducto y
alcantarillado, el cual es solucionable, tanto por el usuario y [por] Acuavalle
S.A. E.S.P., hasta donde le corresponde.
Es de anotar
señor Juez, que Acuavalle S.A. E.S.P., no tiene el manejo de las aguas lluvias
en el municipio, no las incluye como servicio en la factura que emite
mensualmente a cada uno de sus usuarios, en esa población, [porque]
sencillamente no presta el servicio, […].
El factor que
afecta al sector del barrio donde reside el demandante y sus representados es
la incidencia de las aguas lluvias que penetran el sistema de alcantarillado y
causan el rebosamiento sobre las vías públicas; destacando que en tiempo de
verano el sistema de alcantarillado funciona normalmente; lo que hace
necesariamente indispensable la construcción de los sumideros por parte del
municipio; para evacuar las aguas lluvias.
Es de
destacar que no existe red de alcantarillado pluvial en Florida, Valle, y las
aguas provenientes de las lluvias, se manejan por escorrentía sobre las vías
públicas y su disposición final se lleva [a] nuestro alcantarillado, de manera
por demás irregular generando problemas de inundación que perjudican a la
comunidad; por la no existencia de sumideros ubicados técnicamente que permitan
su evacuación regular.
[…]
En lo que
respecta al alcantarillado Acuavalle S.A. E.S.P., realiza periódicamente el
mantenimiento a la red y esta funciona perfectamente, es decir que evacua las
aguas que conduce y no se reciben quejas en este sentido en tiempo de sequía”[10].
Finalmente señaló que no se opone
a que se amparen los derechos fundamentales invocados por el accionante, pues
es la Alcaldía Municipal de Florida a quien corresponde dar solución de fondo
al asunto puesto en conocimiento a través de la acción de tutela.
El Juzgado Primero Promiscuo
Municipal de Florida, Valle, ofició a las entidades de atención de emergencias
que funcionan en el municipio para que informaran “si en tiempo de invierno
o de lluvias o en alguna oportunidad han recibido solicitudes para atender
emergencias por aguas lluvias y/o alcantarillados y en qué fecha han sucedido
tales eventos”[11],
en el inmueble ubicado en la calle 7ª No. 18-09, lugar de residencia del
accionante, entre otros[12].
En respuesta a lo anterior, el
Coordinador de Desastres del municipio de Florida[13] el dieciocho (18) de
agosto de dos mil quince (2015), comunicó “que en los últimos cinco (5) años
no [recibió] solicitud alguna por afectación a viviendas ubicadas en la calle 7
con carrera 18 en cuanto a inundaciones por fuertes lluvias o aguas negras que
afecten el alcantarillado del sector”[14].
En similares términos y en la misma fecha se pronunció el presidente de la
Defensa Civil de Florida[15].
Decisión que se revisa del
juez de tutela de primera instancia
El Juez Primero Promiscuo
Municipal de Florida, Valle, mediante sentencia No. 092 del dieciocho (18) de agosto
de dos mil quince (2015)[16],
negó la acción de tutela interpuesta por Jorge Arturo Bermúdez Gallo contra la
Secretaría de Planeación e Infraestructura y la Alcaldía Municipal de Florida,
Valle del Cauca, y Acuavalle S.A. E.S.P., al estimar que no se acreditó la
vulneración o amenaza de los derechos fundamentales invocados[17].
Impugnación
El veintiuno (21) de agosto de
dos mil quince (2015), el señor Jorge Arturo Bermúdez Gallo en la diligencia de
notificación personal de la sentencia No. 092 del dieciocho (18) de agosto de
dos mil quince (2015), impugnó la decisión del Juez Primero Promiscuo Municipal
de Florida, Valle, sin hacer referencia a argumento alguno[18].
Decisión que se revisa del
juez de tutela de segunda instancia
El Juez Quinto Civil del Circuito
de Palmira, Valle, mediante sentencia No. 093 del treinta (30) de septiembre de
dos mil quince (2015)[19],
confirmó el fallo de primera instancia al considerar que no hay prueba en el
expediente de la vulneración o amenaza de derechos fundamentales por parte de
los entes accionados, y menos la ocurrencia de un perjuicio irremediable para
efectos de conceder el amparo como mecanismo transitorio. Además, señaló que la
acción de tutela no cumple con el requisito de subsidiaridad, toda vez que el
accionante puede acudir a los mecanismos que establece el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  Finalmente,
agregó que el accionante al impugnar el fallo de primera instancia no presentó
argumentos distintos a los del escrito original ni tampoco aportó nuevas
pruebas para controvertir dicha decisión.
2. Expediente T-5389244
Demanda y solicitud
El trece (13) de agosto de dos
mil quince (2015), Marco Fidel Cañaveral Guzmán actuando en nombre propio,
interpuso acción de tutela contra la Secretaría de Planeación e Infraestructura
y la Alcaldía del municipio de Florida, Valle del Cauca, y Acuavalle S.A.
E.S.P., por considerar vulnerados sus derechos fundamentales de petición,
dignidad humana, integridad física, medio ambiente sano y salud. Lo anterior, a
raíz de las continuas inundaciones de su vivienda generadas por la saturación
de la red de alcantarillado con las aguas lluvias, debido a que estas últimas no
cuentan con un sistema adecuado para su evacuación[20].
En consecuencia, solicitó que se ordene a quien corresponda la realización de las obras necesarias
para resolver la problemática que en la actualidad está afectando su calidad de
vida y la de su núcleo familiar, así como su salud y demás derechos
fundamentales invocados; ya sea a la empresa de servicios públicos para que
realice la adecuación de la infraestructura de alcantarillado o a la Alcaldía
Municipal para que ejecute el Plan Maestro de Aguas para el municipio de
Florida o construya los sumideros que sean necesarios para la evacuación de las
aguas lluvias de la zona afectada.
El accionante fundamentó su
solicitud de tutela en los siguientes hechos:
-
Su vivienda está ubicada en la calle 7ª No. 18-70 del barrio El Paraíso
del municipio de Florida, Valle, en la cual reside con su núcleo familiar[21].
-
De un tiempo para acá en su barrio viene ocurriendo una problemática con
las tuberías que conducen las aguas negras, las cuales al llover se saturan y
se rebosan al punto de inundar su casa y la de sus vecinos con dichas aguas
sucias, pues se desbordan por los sifones y los sanitarios.
-
Explicó que esta situación ocurre debido a que a pocas cuadras de su
casa (entre las calles 8ª y 7ª y carreras 17 y 18) desemboca una alcantarilla
más grande en una más pequeña, lo que hace que se rebosen las aguas residuales
afectando su vivienda y la de sus vecinos.
-
Señaló que esta problemática la han puesto en conocimiento de las
instituciones y la empresa prestadora de servicios públicos accionadas, a
través de un derecho de petición, sin que hasta el momento se haya dado ninguna
solución[22].
-
Explicó que las entidades evaden la responsabilidad haciendo remisiones
de una dependencia a otra, sin dar solución al asunto de fondo[23].
-
Planteó que la empresa Acuavalle S.A. E.S.P. carga en las facturas de
servicios públicos el concepto de alcantarillado, el cual tiene un costo mínimo
promedio mensual de siete mil quinientos pesos ($7.500)[24].  Pese a ello, dicho
servicio no se está prestando adecuadamente.
-
Afirmó que su derecho fundamental a la salud y el de su familia “se
ve vulnerado cada vez que [las] aguas negras se desbordan en el interior de
[su] casa por los sifones y sanitarios ya que son los desechos no solo de [su]
casa sino de gran parte de la comunidad”[25].
-
También sostuvo que la problemática puede agravarse ya que con el
desborde de las aguas negras de las alcantarillas a la superficie terrestre, se
pueden generar humedades que pueden ocasionar grietas y el derrumbamiento de la
vivienda en la que reside con su familia.
Respuesta de las entidades
accionadas
Mediante auto No. 501 del trece
(13) de agosto de dos mil quince (2015), el Juzgado Primero Promiscuo Municipal
de Florida, Valle, admitió la demanda de tutela y le corrió traslado a las
entidades accionadas a fin de que ejercieran su derecho de defensa[26].
El Secretario de Planeación e
Infraestructura del municipio de Florida, Valle[27], radicó escrito de
contestación el dieciocho (18) de agosto de dos mil quince (2015)[28], reiterando
en iguales términos lo dicho en el caso del accionante Jorge Arturo Bermúdez
Gallo (expediente T-5389243).
El diecinueve (19) de agosto de
dos mil quince (2015), la apoderada de Acuavalle S.A. E.S.P.[29], radicó escrito de contestación
mediante el cual insistió en que la empresa no es trasgresora de los derechos
constitucionales demandados, y que le corresponde al municipio de Florida,
Valle, pronunciarse y dar solución de fondo a la problemática puesta en
conocimiento a través de la acción de tutela instaurada por el señor Marco
Fidel Cañaveral Guzmán[30].
En esa oportunidad nuevamente reitera los argumentos expuestos en la respuesta
dada en el caso del accionante Jorge Arturo Bermúdez Gallo (expediente
T-5389243).
Decisión que se revisa del
juez de tutela de primera instancia
El Juez Primero Promiscuo
Municipal de Florida, Valle, mediante sentencia No. 094 del dieciocho (18) de
agosto de dos mil quince (2015)[31],
negó la acción de tutela interpuesta por Marco Fidel Cañaveral Guzmán contra la
Secretaría de Planeación e Infraestructura y la Alcaldía Municipal de Florida,
Valle del Cauca, y Acuavalle S.A. E.S.P., al estimar que no se acreditó la
vulneración o amenaza de los derechos fundamentales invocados[32].
Impugnación
El treinta y uno (31) de agosto
de dos mil quince (2015), el señor Marco Fidel Cañaveral Guzmán presentó
escrito de impugnación de la sentencia No. 094 del dieciocho (18) de agosto de
dos mil quince (2015) emanada del juez de primera instancia, reiterando parte
de los hechos planteados en la solicitud de amparo[33]. Agregó que es falso que
nunca se haya dado voz de auxilio a los cuerpos de socorro. Para demostrarlo anexó
una constancia del veinticuatro (24) de agosto de dos mil quince (2015) suscrita
por el comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Florida[34], en la que se lee entre
otras anotaciones: “Que en el Libro de Minuta de Guardia, Folio 27, con
fecha Marzo 24 de 2014 se encuentra de manera textual la siguiente anotación:
|| […] || 18:23 Regresa la M5 e informa el Bri. Lemos Jhonny que desde la Cra
18 con Clle 7 hasta la Cra 20 las viviendas de este sector se encuentran
inundadas a causa del agua que se está devolviendo del alcantarillado”[35]. Al final de
este mismo documento aparece la siguiente nota: “Gran parte de las
inundaciones fue debido a la falta de capacidad de la red de alcantarillado y
red de aguas lluvias”[36].
Decisión que se revisa del
juez de tutela de segunda instancia
El Juez Quinto Civil del Circuito
de Palmira, Valle, mediante sentencia No. 095 del seis (6) de octubre de dos
mil quince (2015)[37],
confirmó el fallo de primera instancia al considerar que no hay prueba en el
expediente de la vulneración o amenaza de derechos fundamentales por parte de
los entes accionados, y menos la ocurrencia de un perjuicio irremediable para
efectos de conceder el amparo como mecanismo transitorio. Asimismo señaló que
la acción de tutela no cumple con el requisito de subsidiaridad, toda vez que
el accionante puede acudir a los mecanismos que establece el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
3. Actuaciones en sede de
revisión
3.1. La Sala de
Revisión para efectos de adoptar una decisión informada en el asunto de la
referencia, mediante auto del veintinueve (29) de abril de dos mil dieciséis
(2016)[38],
requirió a las entidades accionadas para que ampliaran la información
relacionada con los hechos que son materia de investigación en los trámites de
tutela, así:
Requerir a la
Alcaldía Municipal de Florida, Valle, para que informe:
1.     El
estado de la gestión del Plan Maestro de Aguas para el municipio de Florida,
por parte de la Alcaldía Municipal, la Gobernación del Valle del Cauca y la
empresa Acuavalle S.A. E.S.P.
2.     Si ha
realizado visitas técnicas en la calle 7ª con carrera 18 del barrio El
Paraíso del municipio de Florida, Valle, a raíz de las inundaciones reportadas
por los accionantes y que afectan sus viviendas.  Adjuntar los informes o
conceptos técnicos de que disponga.
3.     Si ha
tomado medidas técnicas, ya sea provisionales o definitivas, para mejorar o
resolver la problemática que reportan los accionantes en la calle 7ª con
carrera 18 del barrio El Paraíso del municipio de Florida, Valle, en relación
con la inundación de sus viviendas a raíz de la saturación de la red de
alcantarillado con las aguas lluvias que no cuentan con un sistema adecuado
para su evacuación.
4.     Si ha
coordinado acciones con su propio personal o con Acuavalle S.A. para mejorar o
resolver la problemática que reportan los accionantes en la calle 7ª con
carrera 18 del barrio El Paraíso del municipio de Florida, Valle, en relación
con la adecuación, mejoramiento o construcción de la red de alcantarillado y de
la red de aguas lluvias.
Requerir a la
Sociedad de Acueductos y Alcantarillados del Valle del Causa S.A. E.S.P.,
Acuavalle S.A. E.S.P., para que informe:
1.     Si ha
realizado visitas técnicas en la calle 7ª con carrera 18 del barrio El
Paraíso del municipio de Florida, Valle, a raíz de las inundaciones reportadas
por los accionantes y que afectan sus viviendas.  Adjuntar los informes o
conceptos técnicos de que disponga.
2.     Si ha
tomado medidas técnicas, ya sea provisionales o definitivas, para mejorar o
resolver la problemática que reportan los accionantes en la calle 7ª con
carrera 18 del barrio El Paraíso del municipio de Florida, Valle, en relación
con la inundación de sus viviendas a raíz de la saturación de la red de
alcantarillado con las aguas lluvias que no cuentan con un sistema adecuado
para su evacuación.
3.     Si ha
coordinado acciones con su propio personal o con la Alcaldía Municipal de
Florida, Valle, para mejorar o resolver la problemática que reportan los
accionantes en la calle 7ª con carrera 18 del barrio El Paraíso del municipio
de Florida, Valle, en relación con la adecuación, mejoramiento o construcción
de la red de alcantarillado y de la red de aguas lluvias.
3.2. A través de oficio AC-3212, recibido
el diez (10) de mayo de dos mil dieciséis (2016), el Director Jurídico de
Acuavalle S.A. E.S.P.[39]
informó:
“1.- Visitas
técnicas. || Acuavalle S.A. E.S.P., con oficio No. AC-6441, del 29 de
septiembre de 2015 dirigido al Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Florida,
Valle[40],
anexó copia del acta de visita de fecha 17 de septiembre, en la cual se
describe las inspecciones técnicas y los hallazgos en cuanto a conexiones no
autorizadas (rejillas y sumideros) al alcantarillado de aguas residuales (5
folios), al sitio donde residen los Accionantes haciendo énfasis en que
ACUAVALLE S.A. E.S.P., en calidad de prestador de los servicios públicos en el
municipio no es responsable de la recolección y transporte de las aguas
lluvias; este servicio no lo presta y no lo tiene incorporado a la factura que emite
para los ciudadanos de esa comarca[41].
2.- Medidas
técnicas, provisionales o definitivas. || La solución técnica definitiva
planteada a la problemática del manejo de las aguas lluvias del municipio, [se
encuentra incluida] en los estudios o diseños del Plan Maestro de Acueducto y
Alcantarillado; trabajos contratados en el desarrollo del Convenio No. 0832 de
2009, celebrado entre la gobernación del Valle del Cauca y la Sociedad
Acuavalle S.A. E.S.P., para el manejo del Plan Departamental de Agua PDA Valle
del Cauca, del cual surgieron controversias que fueron sometidas a la
definición del Centro de Conciliación Arbitraje y Amigable Composición de la
Asociación de Ingenieros del Valle, que fue resuelto con fallo proferido [el]
11 de septiembre de 2015, en [el] que se dispuso entre otras cosas que la
Gobernación del Valle debía girar dos meses después de la decisión los recursos
económicos para que Acuavalle S.A. E.S.P., pagara los contratos de diseño de
las futuras obras para el municipio de Florida, Valle, en el que se incluía el
manejo de las aguas lluvias, compromiso que hasta la fecha no ha honrado la
gobernación, lo que no ha permitido la continuación del proceso. || Una vez
efectuados los traslados presupuestales Acuavalle S.A. E.S.P., podrá reiniciar
la finalización de los estudios.
3.- Acciones
con propio personal de redes de Acuavalle S.A. E.S.P. || Los técnicos del
equipo de alcantarillado de ACUAVALLE S.A. E.S.P., con asiento en el municipio
de Florida, Valle, conocedores de la problemática existente en la zona donde
residen los Accionantes; sin responsabilidad de la empresa a la que pertenecen
realiza de manera regular la limpieza y descolmatación de las redes de
alcantarillado; lo que permite la evacuación de las aguas residuales que se
recogen y las aguas lluvias que el municipio deposita en la tubería de la
empresa, ocasionando en épocas de invierno saturación de estas líneas de
conducción”[42]
(negrillas originales).
3.3. Mediante oficio DAM-1-8.02.071-2016,
recibido el once (11) de mayo de dos mil dieciséis (2016), el Alcalde Municipal
de Florida[43]
informó:
“1- El estado
de gestión del Plan maestro de alcantarillado para el Municipio de Florida;
este se encuentra en manos de la empresa Vallecaucana de Aguas, ya que a través
de un convenio realizado entre la Gobernación del Valle y la Empresa prestadora
del servicio de acueducto y alcantarillado en el Municipio –ACUAVALLE S.A.
E.S.P.–, se elaboró dicho plan maestro, no obstante, debido a un litigio
jurídico en el que se encuentra la Gobernación del Valle del Cauca y ACUAVALLE
por el no pago del total del costo del plan, el Municipio no ha podido acceder
al mismo por las circunstancias enunciadas y por lo tanto no ha podido
gestionar los recursos para la ejecución del mismo. Una vez tengamos el plan
maestro de alcantarillado se procederá a la ejecución del plan de acción
definido en el mismo y serán priorizadas aquellas obras que mitiguen o pongan
en riesgo la salud, bienestar y bienes de la comunidad.
2- Para
efectos de verificación de la problemática presente en la calle 7 con carrera
18 del Barrio El Paraíso del Municipio de Florida, la secretaría de Planeación
e Infraestructura ha realizado a través de un funcionario calificado visita de
inspección, encontrando que en épocas de lluvias el sistema de alcantarillado
cuenta con un sistema de drenaje insuficiente para la evacuación rápida de
las aguas lo que ocasiona, efectivamente que se represen momentáneamente dichas
aguas. Anexo informe[44].
3- A la fecha
nos encontramos realizando estudios y diseños que nos permitan realizar las
obras de alcantarillado para la evaluación de aguas lluvias y servidas con
suficiencia y así poder resolver el problema en forma definitiva, por ahora
contamos con el apoyo de la empresa ACUAVALLE quien nos facilita el Vactor para
el debido mantenimiento de las alcantarillas afectadas por la situación
problemática que se presenta sobre todo en épocas de lluvia”[45] (negrillas fuera de
texto).
II. CONSIDERACIONES Y
FUNDAMENTOS
1. Competencia
Esta Sala de Revisión es competente
para revisar los fallos de tutela proferidos dentro de los trámites de la
referencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 86, inciso 3°, y
241, numeral 9°, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos
33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Planteamiento del problema
jurídico
De acuerdo con los antecedentes
expuestos en los casos acumulados, corresponde a la Sala resolver el siguiente
problema jurídico: ¿vulneran la Alcaldía Municipal de Florida y Acuavalle S.A.
E.S.P. los derechos fundamentales a la dignidad humana, la salud y la vivienda
digna de los señores Jorge Arturo Bermúdez Gallo y
Marco Fidel Cañaveral Guzmán, sus familias y demás residentes
del sector ubicado en la calle 7ª con carrera 18 del barrio El Paraíso de
Florida, Valle, quienes en episodios de lluvia se ven afectados por las
inundaciones generadas a raíz del desbordamiento de aguas negras y residuales al
interior de sus viviendas, a través de sifones y sanitarios, debido a que las
redes de alcantarillado se saturan al recibir las aguas lluvias que no tienen
un sistema independiente para su evacuación?
Para resolver el problema
jurídico, la Sala (i) analizará la legitimación para actuar y el
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela de subsidiariedad e inmediatez; (ii) reiterará la jurisprudencia
en relación con el alcantarillado como servicio público, las características
del servicio y las obligaciones del Estado en la materia, y (iii) presentará
la evolución de la jurisprudencia constitucional y los instrumentos
internacionales en materia del derecho al saneamiento básico[46]. Finalmente, (iv)
resolverá los casos concretos.
3.
Legitimación para actuar
3.1. Legitimación por activa. El artículo 86 de la
Constitución Política establece que la acción de tutela es un mecanismo de
defensa al que puede acudir cualquier persona para reclamar la protección
inmediata de sus derechos fundamentales. En esta oportunidad, los señores Jorge
Arturo Bermúdez Gallo y Marco Fidel Cañaveral Guzmán actúan en defensa de sus
derechos e intereses y los de su núcleo familiar, razón por la cual se
encuentran legitimados para actuar en esta causa.
3.2. Legitimación por pasiva.
De conformidad con el artículo 5 del Decreto 2591 de 1991[47], “[l]a acción de
tutela procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que
haya violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el
artículo 2 de esta ley”. En este orden de ideas, la Secretaría de
Planeación e Infraestructura y la Alcaldía Municipal de Florida, Valle del
Cauca, y Acuavalle S.A. E.S.P., están legitimadas como parte pasiva en los
procesos de tutela, al atribuírseles por parte de los accionantes la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales.
4. Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
4.1. La Corte Constitucional a través
de su jurisprudencia ha señalado que el respeto a los requisitos de subsidiariedad
e inmediatez, como exigencias generales de procedencia de la acción de
tutela, ha sido tradicionalmente una condición necesaria para el conocimiento
de fondo de las solicitudes de protección de los derechos fundamentales, por
vía excepcional. De hecho, de manera reiterada, esta Corporación ha reconocido
que la acción de tutela conforme al artículo 86 de la Carta, es un mecanismo de
protección de carácter residual y subsidiario[48], que puede
ser utilizado ante la vulneración o amenaza de derechos fundamentales, cuando
no exista otro medio idóneo y eficaz para la protección de los derechos
invocados, o cuando existiendo otros medios de defensa judiciales, se
requiera acudir al amparo constitucional como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable[49].
4.2. Inmediatez.
Ha planteado la Corporación que no obstante la inmediatez que reclama la
interposición de la acción de tutela, se ha reconocido que la aplicación de
este presupuesto no es absoluta debido a la existencia de situaciones de
excepción como las que se presentan cuando “[…]
se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el
hecho que la originó por primera vez es muy antiguo respecto de la presentación
de la tutela, la situación es continua y actual”[50].
En los casos que estudia la Sala se observa que hay una afectación que
permanece en el tiempo, cual es el rebosamiento de aguas residuales al interior
de las viviendas de los señores Jorge Arturo Bermúdez Gallo y Marco Fidel Cañaveral
Guzmán en episodios de lluvia, debido a que el sector ubicado entre la calle
7ª con carrera 18 del barrio El Paraíso del municipio de Florida, no cuenta con las obras requeridas para la evacuación
de las aguas lluvias, las cuales van a parar a la red de alcantarillado
colmatando el sistema.
4.3. Subsidiariedad. Los hechos descritos por los accionantes con ocasión
del vertimiento de las aguas residuales al interior de sus viviendas en
momentos de lluvia, y la inundación de las mismas, sugieren que se encuentran
desprovistos de acceso
físico a un sistema básico de recolección, transporte, tratamiento y
disposición o reutilización de las excretas humanas y otras asociadas, en
condiciones de calidad, intimidad, seguridad e higiene. Lo anterior, genera
afectaciones subjetivas y particulares que pueden ser atribuidas a la omisión
de las entidades accionadas y pueden implicar el desconocimiento de derechos
fundamentales como la dignidad humana, la salud y la vivienda digna. En este
escenario, la Sala considera que la acción de tutela es el medio más idóneo y
eficaz para su protección, pues se requieren acciones urgentes para el
restablecimiento de las condiciones de vida digna en los hogares de Jorge
Arturo Bermúdez Gallo y Marco Fidel Cañaveral Guzmán.
En el acápite 6, dedicado a la descripción de la evolución
de la jurisprudencia constitucional y los instrumentos internacionales en
materia del derecho al saneamiento básico, la Sala explicará con mayor detalle
por qué la acción de tutela es procedente para proteger derechos fundamentales
como la dignidad humana, la salud y la vivienda digna en
relación con las obligaciones de saneamiento básico, cuandoquiera que ha encontrado que la ausencia o
deficiencia del sistema de alcantarillado desconoce dichos derechos de los accionantes.
4.4. Concluye la Sala que en los casos
acumulados se cumple con los requisitos de procedibilidad de la acción de
tutela, por lo que se debe proceder a estudiar el fondo de los asuntos.
5.
El alcantarillado como servicio público, las características del servicio y las
obligaciones del Estado en la materia
5.1. De acuerdo con el artículo
14 de la Ley 142 de 1994, “por la cual se establece el régimen de los
servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”, el
alcantarillado es un servicio público consistente en “la recolección
municipal de residuos, principalmente líquidos, por medio de tuberías y
conductos”, cuya regulación incluye las “actividades complementarias de
transporte, tratamiento y disposición final de tales residuos”.
Además, por disposición de la misma ley, comparte el carácter de servicio domiciliario
y esencial con el acueducto, el aseo (que se encarga de los residuos
principalmente sólidos), la energía eléctrica, la telefonía pública básica
conmutada y la telefonía móvil rural. En este sentido, el servicio público de
alcantarillado es uno de “aquellos que se prestan a través del sistema de
redes físicas o humanas con puntos terminales en las viviendas o sitios de
trabajo de los usuarios y cumplen la finalidad específica de satisfacer las
necesidades esenciales de las personas”[51].
5.2. Atendiendo a su naturaleza
de servicio público, el alcantarillado cobra especial relevancia dentro del
ordenamiento constitucional colombiano, pues su prestación contribuye
directamente al cumplimiento de la finalidad social del Estado social de
derecho prevista en los artículos 1 y 2 de la Constitución Política que, de
acuerdo con el artículo 366 ibíd., se concreta en el “bienestar general y el
mejoramiento de la calidad de vida de la población”. La consecuencia de
estos postulados es tal que, como lo ha sostenido la Corte, la legitimidad y la
eficacia sustantiva del Estado social de derecho “se mide por la capacidad
de éste para satisfacer, a través de la prestación de los servicios públicos,
las necesidades vitales de la población, mediante el suministro de concretas
prestaciones que tiendan a ello y, consecuentemente, de lograr por esta vía la
igualación de las condiciones materiales de existencia de las personas”[52]. Por
eso cuando el servicio público de alcantarillado no se presta de manera
eficiente (art. 365 C.P.), se pone en peligro la posibilidad de hacer realidad
la igualdad material entre todos los integrantes de la comunidad y de
garantizar la eficacia del Estado social de derecho.
Para que un servicio público
garantice los fines sociales previstos anteriormente, ha dicho la Corte que es
necesario que se preste en condiciones de: (i) Eficiencia y calidad, es
decir, “que se asegure que las empresas que proporcionen el servicio lo
hagan de manera completa y atendiendo las necesidades básicas de la población.
Para ello, también debe garantizar que dichas empresas recuperen sus costos y
puedan invertir en el mismo sector con el fin de lograr una mayor competitividad,
lo que se traduce en una mejor prestación del servicio”[53]. (ii) Regularidad
y continuidad, características que hacen referencia a la ausencia de
interrupciones colectivas o individuales injustificadas, de suerte que el
tiempo en que se presta el servicio sea apto para satisfacer de forma
permanente las necesidades de los usuarios. (iii) Solidaridad, que exige
la atención prioritaria de las necesidades básicas insatisfechas de la
población más vulnerable; y (iv) universalidad, que involucra la
ampliación permanente de la cobertura del servicio hasta que llegue a cobijar a
todos los habitantes del territorio nacional[54].
5.3. El artículo 365 Superior
establece en el inciso segundo que los servicios públicos pueden ser prestados
“por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por
particulares”. Sin embargo, para la Corte es claro que independientemente
del tipo de entidad u organización encargada directamente de la prestación de
los servicios públicos, la prestación a todos los habitantes del territorio
nacional de los servicios públicos “es deber del Estado”, pues así lo
prevé el primer inciso de la norma referida. Por esta razón ha considerado que
existen unas obligaciones de carácter general en cabeza del Estado en materia
de servicios públicos y otros deberes específicos que sujetan a las entidades
del orden estatal que prestan directamente los servicios públicos en los entes
territoriales.
El artículo constitucional citado
pone en cabeza del Estado las tareas de “regulación, el control y la
vigilancia” de los servicios públicos. Estas funciones armonizan “con la
facultad general que la Carta atribuye al Estado de dirigir la economía e
intervenir en los servicios públicos y privados para racionalizar la economía y
mejorar la calidad de vida de los habitantes, obviamente sin perjuicio del reconocimiento
de la libre iniciativa privada (CP arts. 333 y 334)”[55].
Ha dicho la Corte que es al
legislador a quien compete definir el régimen general de los servicios
públicos. Específicamente, corresponde a la ley “establecer el régimen
jurídico de dichos servicios, definir las pautas, parámetros generales y los
aspectos estructurales de los mismos, reservarse algunos de esos servicios
según las necesidades y conveniencias del Estado, definir áreas prioritarias de
inversión social, determinar el régimen de participación ciudadana y municipal
e incluir en los planes y presupuestos de la Nación el gasto social”[56].
Adicionalmente, conforme al carácter descentralizado del Estado, los
departamentos y los municipios pueden reglamentar las normas fijadas por el
Congreso, del mismo modo que lo puede hacer el gobierno en ejercicio de la
potestad reglamentaria.
Por su parte, el gobierno en
cabeza del Presidente de la República tiene la función de ejercer las tareas de
control y vigilancia de las entidades que presten los servicios públicos
domiciliarios, especialmente a través de la Superintendencia de Servicios Públicos.
Las atribuciones que en este ámbito se cumplan deben propender por la
prestación eficiente de los servicios públicos, en las condiciones técnicas
previstas en la legislación, y con respeto de las garantías del debido proceso
en la relación de las empresas prestadoras con los usuarios.
6.
El derecho al saneamiento básico: evolución de la jurisprudencia constitucional
e instrumentos internacionales
6.1. Además de considerar el
sistema de disposición de líquidos residuales y aguas servidas como un servicio
público domiciliario, la Corte ha entendido que el acceso a este en condiciones
de eficiencia y calidad, regularidad y continuidad, solidaridad y
universalidad, genera derechos subjetivos susceptibles de protección por medio
de la acción de tutela. No obstante, la jurisprudencia se ha abstenido de
considerar el saneamiento básico como un derecho autónomo y ha vinculado el
acceso a sistemas de alcantarillado a diferentes derechos reconocidos, de
acuerdo con el patrón fáctico de cada caso.
Por lo general, la Corte ha
reconocido que la ausencia de saneamiento básico desconoce el derecho colectivo
al ambiente sano, razón por la cual es preciso acudir en primer lugar a la
acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución y solo de forma excepcional
a la acción de tutela. En este último escenario, la Corte ha concedido tutelas
relativas al servicio de alcantarillado en los casos en los que ha encontrado
que la ineficiencia o inexistencia del servicio desconoce los derechos a la intimidad,
la vida digna y la salud de los afectados[57].
En otros pronunciamientos más recientes, la Corte ha protegido el derecho a la
vivienda digna cuando la ausencia de sistemas adecuados de saneamiento básico afecta
el inmueble en el que habita una familia y, en otros, ha considerado que el
acceso a estos sistemas es un componente del derecho fundamental al agua
potable para el consumo humano.
La ausencia de sistemas
eficientes y adecuados de alcantarillado desconoce el derecho colectivo al
ambiente sano[58]
6.2. Desde sus primeras
sentencias diferentes salas de revisión de la Corte han abordado el estudio de
tutelas instauradas para solicitar que se ordene a las autoridades estatales la
construcción o mantenimiento de sistemas de alcantarillado, debido a que las
aguas negras y servidas provenientes de los inmuebles o de predios vecinos,
desembocan o rebosan en áreas abiertas o comunes provocando olores
nauseabundos, proliferación de animales, insectos y microorganismos
transmisores de enfermedades y afecciones físicas en las poblaciones de niños,
niñas y adultos mayores que habitan en el sector afectado[59].
Para examinar estas situaciones,
la Corporación comenzó por considerar que la ausencia de sistemas eficientes de
disposición y tratamiento de los residuos líquidos desconoce el derecho
previsto en el artículo 79 de la Constitución, de acuerdo con el cual “todas
las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano”, y en el artículo
11 del Protocolo de San Salvador que sostiene que “1. Toda persona tiene
derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos
básicos [y] 2. Los Estados partes promoverán la protección, preservación y
mejoramiento del medio ambiente”[60].
Para la Corte, el ámbito de
protección constitucional del ambiente sano se refiere a aquellos “aspectos
relacionados con el manejo, uso, aprovechamiento y conservación de los recursos
naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la protección de la diversidad
biológica y cultural, el desarrollo sostenible, y la calidad de vida del hombre
entendido como parte integrante de ese mundo natural”[61]. En este sentido, el
ambiente sano es un derecho colectivo, no solo por su pertenencia al capítulo 3
Título II de la Constitución, que se refiere a los derechos colectivos y del
ambiente, sino por cuanto su contenido es tal que no puede ser asignado a
ninguna persona en particular. Por ello, “la protección de estos aspectos
ambientales consagrados en la Constitución, se realiza en estricto sensu
mediante el mecanismo de las acciones populares, en virtud del artículo 88 de
la Carta, que al haber sido estructuradas en la ley 472 de 1998, son la vía
judicial acertada para proteger los derechos colectivos relacionados con el
espacio público, la seguridad, la salubridad y el medio ambiente”[62].
6.3. Sin embargo, también desde
sus providencias iniciales la Corte ha reiterado que la vulneración del derecho
al ambiente sano no siempre es exclusiva del ámbito del derecho colectivo.
Pueden presentarse situaciones en las que la afección de ese u otros derechos
colectivos produzca efectos lesivos sobre derechos fundamentales. Así, “[e]n
esos supuestos, las acciones populares previstas por el constituyente resultan
sustancialmente insuficientes con miras a la protección de los derechos
afectados y ante esa situación es claro que el Estado constitucional debe
responder facilitándole al ciudadano instrumentos normativos que le permitan
obtener la protección de tales derechos”[63].
Con ese propósito, en la sentencia de unificación SU-1116 de 2001[64] la Corte
sistematizó las subreglas, señalando que la acción de tutela es procedente de
forma excepcional para la protección de derechos colectivos siempre que se verifique:
“(i) que
exista conexidad entre la vulneración de un derecho colectivo y la violación o
amenaza a un derecho fundamental, de tal suerte que el daño o la amenaza del
derecho fundamental sea “consecuencia inmediata y directa de la perturbación
del derecho colectivo”. Además, (ii) el peticionario debe ser la persona
directa o realmente afectada en su derecho fundamental, pues la acción de
tutela es de naturaleza subjetiva; (iii) la vulneración o la amenaza del
derecho fundamental no deben ser hipotéticas sino que deben aparecer
expresamente probadas en el expediente. Y (iv) finalmente, la orden judicial
debe buscar el restablecimiento del derecho fundamental afectado, y “no del
derecho colectivo en sí mismo considerado, pese a que con su decisión resulte
protegido, igualmente, un derecho de esta naturaleza.”[65]
“[…] la
entrada en vigor de una regulación completa y eficaz sobre acciones populares
implica que, fuera de los cuatro requisitos señalados en el fundamento 4º de la
presente sentencia, para que la tutela proceda en caso de afectación de un
derecho colectivo, es además necesario, teniendo en cuenta el carácter
subsidiario y residual de la tutela (CP art. 86), que en el expediente aparezca
claro que la acción popular no es idónea, en concreto, para amparar
específicamente el derecho fundamental vulnerado en conexidad con el derecho colectivo”.
Los
problemas relativos a los sistemas de alcantarillado pueden vulnerar los
derechos fundamentales a la vivienda digna, la intimidad y la salud[66]
6.4.
Siguiendo la argumentación previa, la Corte ha sostenido que acaece una
vulneración subjetiva e individual de derechos cuando se carece de sistemas de
disposición de los residuos líquidos, principalmente cuando se hace evidente
que la afectación colectiva del derecho al ambiente sano vulnera o amenaza con
vulnerar la salud de los habitantes del sector; o cuando los desbordamientos de
aguas lluvias y aguas residuales generan filtraciones a través del suelo de
viviendas privadas, así como rebosamientos de agua en los inodoros de las casas[67], tal como
acurre en los casos que son objeto de estudio por la Sala.
6.5. En
relación con el primer punto, la Corte ha encontrado que el derecho fundamental
que se vulnera con mayor frecuencia como consecuencia inmediata y directa de la
perturbación del derecho al ambiente sano es la salud[68]. Desde la sentencia
T-207 de 1995[69],
la Corte examinó diversos reportes científicos y encontró que un alto número de
enfermedades y epidemias se derivan del contacto o la ingesta de aguas negras.
Por eso señaló que “en abstracto, está
plenamente probada la amenaza del derecho fundamental a la salud y a la vida
cuando una persona se encuentra residiendo en un sector en el cual no hay [una]
adecuada disposición de excretas”.
Pero, dado
que es necesario que se compruebe la afectación subjetiva y concreta de los
derechos fundamentales de un accionante como consecuencia del desconocimiento
del derecho colectivo, la Corte ha concedido el amparo al derecho al ambiente
sano por vía de la acción de tutela solo cuando ha encontrado pruebas suficientes
de la existencia de enfermedades en los accionantes, tal como brotes en la
piel, enfermedades gastrointestinales, dengue y otras enfermedades asociadas.
Además, ha prestado especial atención a estas situaciones cuando afectan a
personas de la tercera edad y a niños y niñas, cuya especial protección
constitucional exige mayor cuidado frente a las situaciones que generen riesgo
de enfermedad[70].
Por el contrario, cuando no ha encontrado elementos que le permitan establecer
de qué modo ello afecta en particular la salud de algún miembro de la
comunidad, ha negado el amparo[71].
6.6. Sobre el
segundo evento, esto es, cuando los desbordamientos de aguas lluvias y aguas
residuales generan filtraciones a través del suelo de viviendas privadas, así
como rebosamientos de agua en los inodoros de las casas; en sentencias más
recientes la Corte ha recordado que el derecho fundamental a tener una vivienda
digna implica acceder a una vivienda “habitable”, característica que exige que
la infraestructura física tenga condiciones mínimas que permitan salvaguardar a
sus habitantes de los riesgos contra la salud y la vida[72]. Por eso, cuando los
problemas del sistema de alcantarillado empiezan a causar rebosamiento de
aguas, aumento de olores fétidos al interior de las viviendas y, como
consecuencia de ello se genera la forzosa salida de sus habitantes o el
inmueble se ve amenazado por derrumbe[73],
se desconoce el derecho a la vivienda digna y su protección a través de la
acción de tutela se hace inaplazable.
Tal como lo
sostiene la sentencia T-271 de 2010[74]
la afectación al derecho a la vivienda digna desconoce el derecho a la
intimidad de las personas, pues exponerse a malos olores de forma constante
puede afectar la autodeterminación y la vida privada de los afectados,
obligándolos en últimas a cambiar de sitio de habitación, pese a no contar
necesariamente con los recursos para ello[75].
Cabe añadir
que, dado que en estos casos no se invoca el derecho al ambiente sano, en ellos
la Corte no ha hecho referencia a la relación entre la vulneración del derecho
colectivo y el derecho fundamental, sino que ha concedido la tutela de los
derechos fundamentales a la vivienda digna y a la intimidad de forma directa
con base en la información obrante en el expediente. Específicamente, en las
sentencias T-618 de 2011[76]
y T-576 de 2012[77]
diferentes salas de revisión ordenaron adoptar las medidas adecuadas y
necesarias para “i. evitar que ingresen malos olores hacia la
vivienda del actor; ii. garantizar un adecuado mantenimiento del pozo séptico o
lugar de destino de los deshechos o aguas negras; y iii. controlar la presencia
e ingreso de insectos vectores de enfermedad hacia la vivienda”.
Las
obligaciones específicas en materia de saneamiento básico[78]
6.7. De la jurisprudencia y la normativa hasta aquí reseñada
se destaca la estrecha conexión entre el acceso a sistemas adecuados de
disposición de excretas, entre ellas el alcantarillado, y diversos derechos
fundamentales: el derecho a la salud, a la vida digna, a la vivienda digna y a
la intimidad. Ello es explicable por el carácter indivisible e interdependiente
de los derechos de acuerdo con el cual, en la medida en que comparten como
fundamento y finalidad la eficacia de la dignidad humana[79], todos
ostentan la misma jerarquía, y el avance o retroceso de uno influye en el
desarrollo de los otros.
Así las cosas, la jurisprudencia ha acertado al
conceder la protección de dichos derechos cuandoquiera que ha encontrado que la
ausencia o deficiencia del sistema de alcantarillado desconoce los derechos
fundamentales de los accionantes. Pero, del mismo modo, la dificultad para
integrar plenamente el objeto susceptible de amparo en alguno de los derechos
mencionados, pues el saneamiento básico contribuye a la realización de los
derechos a la vivienda digna, la salud y la intimidad, pero no se agota en
ninguno de ellos, sugiere que el saneamiento básico contiene obligaciones
específicas que generan derechos subjetivos, algunas de las cuales –conforme a la
jurisprudencia reiterada de la Corte– son susceptibles de protección inmediata
a través de la acción de tutela.
6.8. El saneamiento básico, entendido como el
acceso a un sistema para la recolección, transporte, tratamiento y disposición
o reutilización de las excretas humanas y otras asociadas, genera obligaciones
en materia de derechos fundamentales indispensables para garantizar la dignidad
humana, pues las personas que no cuentan con sistemas adecuados para este fin,
carecen de condiciones higiénicas y seguras que les permitan desarrollar sus
proyectos de vida en espacios libres de enfermedades y olores nauseabundos. En
efecto, quienes carecen de saneamiento básico se ven expuestos a epidemias y
enfermedades prevenibles que aumentan los niveles de mortalidad infantil, así
como a olores que hacen insoportable el ambiente en el que viven. Además, la
carencia o deficiencia de los sistemas de saneamiento básico desincentiva la
permanencia de niños y niñas en las escuelas obstaculizando su derecho a la educación,
y hace indignos los lugares de trabajo.
6.9. Junto con el derecho al agua potable, el
saneamiento básico ha venido siendo objeto de reconocimientos recientes en el
ámbito del sistema internacional de Derechos Humanos a través de instrumentos
vinculantes en el ordenamiento interno colombiano. Así por ejemplo, la
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) prevé que “los Estados
Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación
contra la mujer en las zonas rurales a fin de asegurar, en condiciones de
igualdad entre hombres y mujeres, su participación en el desarrollo rural y en
sus beneficios, y en particular le asegurarán el derecho a: […] f. Gozar
de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la
vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento
de agua, el transporte y las comunicaciones”[80] (negrillas fuera
del texto).
Del mismo
modo, el artículo 24 de la Convención de los Derechos del Niño establece que: “2.
Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en
particular, adoptarán las medidas apropiadas para: a) Reducir la mortalidad
infantil y en la niñez; b) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la
atención sanitaria que sean necesarias a todos los niños, haciendo hincapié en
el desarrollo de la atención primaria de salud; || c) Combatir las enfermedades
y la malnutrición en el marco de la atención primaria de la salud mediante,
entre otras cosas, la aplicación de la tecnología disponible y el suministro de
alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo en cuenta los
peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente; || d) Asegurar atención
sanitaria prenatal y postnatal apropiada a las madres; || e) Asegurar que todos
los sectores de la sociedad, y en particular los padres y los niños, conozcan
los principios básicos de la salud y la nutrición de los niños, las ventajas de
la lactancia materna, la higiene y el saneamiento ambiental y las medidas de
prevención de accidentes, tengan acceso a la educación pertinente y reciban
apoyo en la aplicación de esos conocimientos; || f) Desarrollar la atención
sanitaria preventiva, la orientación a los padres y la educación y servicios en
materia de planificación de la familia”[81].
Por otra
parte, en julio de dos mil diez (2010) la Asamblea General de Naciones Unidas
aprobó la Resolución 64/292, en la que “reconoce que el derecho al agua
potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute
de la vida y de todos los derechos humanos; y exhorta a los Estados y las
organizaciones internacionales a que proporcionen recursos financieros y
propicien el aumento de la capacidad y la transferencia de tecnología por medio
de la asistencia y la cooperación internacionales, en particular a los países
en desarrollo, a fin de intensificar los esfuerzos por proporcionar a toda la
población un acceso económico al agua potable y el saneamiento”[82].
En la misma
dirección, en noviembre de dos mil diez (2010), el Comité DESC declaró: “El Comité considera que el derecho al
saneamiento exige su pleno reconocimiento por los Estados partes de conformidad
con los principios de derechos humanos relativos a la no discriminación, la
igualdad de género, la participación y la rendición de cuentas”[83].
6.10. Así, el acceso a la
disposición de sistemas adecuados para la disposición y tratamiento de los
residuos, principalmente líquidos, se relaciona funcionalmente con la
realización de la dignidad humana, y su importancia ha empezado a construirse a
través de consensos dogmáticos y jurisprudenciales en el derecho internacional[84]. Además, lo
dicho hasta aquí en relación con el saneamiento básico puede concretarse en
posiciones jurídicas subjetivas de carácter iusfundamental, que permiten
establecer quién es el titular del derecho a tener saneamiento básico, quiénes
son los obligados a proveer las prestaciones que conforman el saneamiento y
cuáles de estas obligaciones pueden exigirse a través de la acción de tutela.
En
consecuencia, la Sala considera que todas las personas tienen derecho al acceso
físico, sin discriminación alguna, a servicios
de saneamiento básico en sus lugares de habitación, estudio y trabajo. Con
todo, entendiendo por saneamiento básico el sistema para la recolección,
transporte, tratamiento y disposición o reutilización de las excretas humanas y
otras asociadas, la Sala encuentra que, pese a que técnicamente pueden existir
diversos sistemas para este propósito, no todos ellos son admisibles desde el
punto de vista constitucional.
Para salvaguardar la dignidad de los titulares del
derecho, teniendo en cuenta los derechos fundamentales que la Corte ha
considerado se ven directamente afectados cuando las obligaciones en materia de
saneamiento básico son incumplidas, los sistemas de saneamiento deben cumplir al
menos con las siguientes características, verificadas en cada caso en concreto:
(i) cumplir con todas las normas técnicas y/o contractuales relativas al
tipo de solución de saneamiento básico instalado en un bien inmueble, teniendo
en cuenta los principios que rigen la prestación de los servicios públicos; (ii)
garantizar la seguridad personal e higiene del conjunto de instalaciones que
componen el sistema, y (iii) garantizar la intimidad del sujeto titular
del saneamiento básico. Además, conforme lo exigen los tratados internacionales
referidos anteriormente, adquiere especial relevancia garantizar estas
características cuando se trata de sujetos de especial protección
constitucional, por ejemplo, las mujeres, los niños y las niñas.
6.11. La Sala no es ajena al hecho de que buena parte
de las obligaciones mencionadas son de carácter prestacional, esto es, que
requieren de rubros presupuestales, en ocasiones elevados, cuya apropiación
tiene como lugar privilegiado los órganos representativos a nivel municipal,
departamental y nacional. Frente a ello, insiste en que el deber de
proporcionar acceso físico a un sistema de saneamiento básico adecuado,
seguro, higiénico y digno, constituye una obligación de derechos
fundamentales de aplicación inmediata en cuanto que de él depende la dignidad
humana de quienes lo requieren. Pero, en principio, los demás aspectos
relativos al saneamiento básico deben ser resueltos a través de otros
mecanismos de orden jurisdiccional, como por ejemplo las acciones populares,
contractuales o extracontractuales; o a través de la incidencia en las
decisiones de política pública del Estado, siempre que la situación no
involucre la vulneración de los derechos fundamentales de los usuarios.
Por
estas razones, cuando una persona demuestre que se encuentra desprovista de
acceso físico a sistemas básicos de recolección, transporte, tratamiento y
disposición o reutilización de las excretas humanas y otras asociadas, en
condiciones de calidad, intimidad, seguridad e higiene, se desconoce su
derecho a la dignidad humana y, por lo tanto, es procedente la acción de
tutela, pues esta vulneración afecta las facetas amparables de otros derechos
tales como la salud, la vivienda digna y la intimidad. No obstante, cuando lo
que la persona pretende con la acción de tutela es la construcción de obras
públicas de alcantarillado y saneamiento básico cuyo alcance exceda las
obligaciones inmediatas en materia de saneamiento básico previstas
anteriormente, la tutela se torna improcedente y debe solicitarse la protección
a través de los demás medios de defensa judicial previstos en la legislación
nacional, excepto que en el caso concreto se establezca que estos medios no son
idóneos y eficaces.
7. Análisis de los casos concretos
7.1. Los señores Jorge Arturo
Bermúdez Gallo y Marco Fidel Cañaveral Guzmán residentes en el barrio El
Paraíso del municipio de Florida, Valle, interpusieron acción de tutela contra
la Secretaría de Planeación e Infraestructura y la Alcaldía del municipio de
Florida y Acuavalle S.A. E.S.P., por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales a la dignidad humana, la salud y la vivienda digna, pues, como
usuarios del servicio de alcantarillado, en episodios de lluvia se ven
afectados por las inundaciones generadas a raíz del desbordamiento de aguas negras
y residuales al interior de sus viviendas, a través de sifones y sanitarios,
debido a que las redes de alcantarillado se saturan al recibir las aguas lluvias
que no tienen un sistema independiente para su evacuación.
A raíz de la situación que tienen
que padecer, solicitaron que se ordene a quien corresponda
la realización de las obras necesarias para resolver la problemática que en la
actualidad está afectando su calidad de vida y la de su núcleo familiar, así
como su salud y demás derechos fundamentales invocados.
7.2. Jorge
Arturo Bermúdez Gallo reside en la calle 7ª No. 18-09 del barrio El Paraíso del
municipio de Florida, Valle, con su núcleo familiar compuesto por la señora
Luciria Sabi León y su hija Angie Liliana Bermúdez Sabi[85]. Y Marco Fidel Cañaveral
Guzmán reside en la calle 7ª No. 18-70 del mismo barrio, con su núcleo familiar
compuesto por la señora María Amparo Cañaveral de Cañaveral y sus menores hijas
Laura Sofía Lugo Cañaveral, Kelly Johanna Cañaveral Cañaveral Stephany Yulieth
Cañaveral Cañaveral[86].
7.3. Explicó
la Secretaría de Planeación e Infraestructura del municipio de Florida, Valle[87], que el
sistema de alcantarillado del municipio opera solo el manejo de las aguas
servidas y no funciona como un sistema mixto (aguas servidas y aguas lluvias) y
que no cuenta con un sistema paralelo de aguas lluvias; que en visitas
realizadas al sector se observó que los predios tienen conectados el sistema de
recolección de aguas internas al sistema de alcantarillado, lo que ocasiona que
en el momento de escorrentía se genere la colmatación de las tuberías
sanitarias causando que estas se devuelvan por los orificios internos de las
casas; y que la administración municipal, la Gobernación del Valle del Cauca y la
empresa Acuavalle S.A. E.S.P. se encuentran gestionando un Plan Maestro de Acueducto
y Alcantarillado para el municipio de Florida[88],
no obstante informó que este proceso se encuentra suspendido en razón de unas
diferencias presentadas entre la empresa de servicios públicos y la
administración departamental[89].
Por su parte, Acuavalle S.A.
E.S.P. explicó que la empresa de servicios públicos en ningún momento ha
vulnerado los derechos fundamentales de los accionantes, toda vez que no maneja
las aguas lluvias del municipio sino solo el servicio de acueducto y
alcantarillado, el cual está funcionando bien y al que se le hace el
mantenimiento que corresponde. Precisó que “[e]l factor que afecta al sector
del barrio donde [residen los demandantes] es la incidencia de las aguas
lluvias que penetran el sistema de alcantarillado y causan el rebosamiento
sobre las vías públicas; destacando que en tiempo de verano el sistema de
alcantarillado funciona normalmente; lo que hace necesariamente indispensable
la construcción de los sumideros por parte del municipio; para evacuar las
aguas lluvias”. Y continuó: “Es de destacar que no existe red de
alcantarillado pluvial en Florida, Valle, y las aguas provenientes de las
lluvias, se manejan por escorrentía sobre las vías públicas y su disposición
final se lleva [a] nuestro alcantarillado, de manera por demás irregular
generando problemas de inundación que perjudican a la comunidad; por la no
existencia de sumideros ubicados técnicamente que permitan su evacuación
regular”[90].
7.4. De
acuerdo con las pruebas allegadas al proceso, la Sala constató que en la calle
7ª con carrera 18 del barrio El Paraíso del municipio de Florida, Valle,
sector de residencia de los accionantes, hay una problemática
existente debido al rebosamiento de aguas negras y residuales al interior de
las viviendas en episodios de lluvia[91].
Según explicó Acuavalle S.A. E.S.P., dicha situación se presenta debido a que
la administración municipal de Florida realizó una obras para la pavimentación
de la calle 7ª, pendiente abajo entre la carrera 19 hasta la carrera 23,
consistentes en la construcción de siete (7) sumideros para aguas lluvias a
lado y lado de la vía, además modificó las cámaras de alcantarillado con la
adecuación de rejillas que permiten que el agua lluvia ingrese al interior de
dichas cámaras. Asimismo, realizó cunetas pronunciadas dirigidas al interior de
las cámaras para transportar el flujo de agua lluvia[92]. Informó la
empresa de servicios públicos que en su momento dio concepto negativo acerca de
la construcción de sumideros en dicha obra, que fue finalizada en diciembre de
dos mil catorce (2014)[93].
Así, el
sistema de alcantarillado existente en el sector capta las aguas residuales domésticas
y urbanas, las aguas pluviales que se recogen en los techos del interior de las
viviendas, las aguas de escorrentía de los techos que dan al exterior y las
aguas lluvias recogidas por estructuras de captación construidas o adecuadas
por la administración municipal de Florida a lado y lado de las vías
(sumideros, rejillas y cunetas). Todo lo anterior es recogido en una tubería
sin capacidad hidráulica y, por ello, se presenta su saturación y rebosamiento
en episodios de lluvia.
7.5. Señaló
Acuavalle S.A. E.S.P. que para solucionar la actual problemática que tienen que
soportar los residentes del sector, hay que “reparar las modificaciones
realizadas en la Calle 7 entre Carreras 19 y 23, con el debido taponamiento de
rejillas de paso de agua lluvia al interior de las cámaras de alcantarillado y
de los sumideros a lado y lado de la vía. Realizar además el pronunciamiento de
cunetas que dirijan el agua lluvia cuando se den episodios, hacia el final de
la Carrera 23 donde se entrega aguas abajo a una acequia que finalmente vierte
al río Frayle”[94],
pues la empresa no ve viable la solución que plantean los usuarios cual es la
ampliación de la capacidad de las tuberías en el tramo de la calle 7ª entre
carreras 18 y 19, puesto que la diferencia de 2 pulgadas de diámetro de la
tubería en la cámara de la calle 7ª con carrera 18 y en la cámara de la calle 7ª
con carrera 19 “no representa un cambio significativo en términos
hidráulicos en cuanto a capacidad de transporte de flujo de agua residual se
refiere”[95].
Así las cosas,
los accionantes demostraron que se encuentran desprovistos de acceso físico a un sistema básico de recolección,
transporte, tratamiento y disposición o reutilización de las excretas humanas y
otras asociadas, en condiciones de calidad, intimidad, seguridad e higiene,
debido a que las redes de alcantarillado existentes en
el sector se saturan con las aguas lluvias que no cuentan con un sistema
independiente para su evacuación, generando el rebosamiento de las aguas negras
y residuales por los orificios internos de las casas ubicadas
en calle 7ª con carrera 18 del barrio El Paraíso, causando inundaciones[96]. En estos eventos los residentes afectados se ven obligados a
salir de sus viviendas. Esta situación, que se presenta desde el dos mil
catorce (2014), genera olores nauseabundos y proliferación de animales que constituyen vectores de enfermedad que perjudican a los habitantes de las viviendas.
7.6. Según
informó la Alcaldía Municipal de Florida en la actualidad se encuentra
realizando estudios y diseños que permitan ejecutar las obras de alcantarillado
para la evaluación de aguas lluvias y servidas con suficiencia, para poder
resolver el problema en forma definitiva[97].
Además, señaló que Acuavalle S.A. E.S.P. facilita el camión Vactor para el
debido mantenimiento de las alcantarillas afectadas por la problemática que se
presenta en el sector sobre todo en épocas de lluvia[98] .
Esto último
fue corroborado por la empresa vallecaucana de servicios públicos al señalar
que “[l]os técnicos del equipo de alcantarillado de ACUAVALLE S.A. E.S.P.,
con asiento en el municipio de Florida, Valle, conocedores de la problemática
existente en la zona donde residen los Accionantes; sin responsabilidad de la
empresa a la que pertenecen realiza de manera regular la limpieza y
descolmatación de las redes de alcantarillado; lo que permite la evacuación de
las aguas residuales que se recogen y las aguas lluvias que el municipio
deposita en la tubería de la empresa, ocasionando en épocas de invierno
saturación de estas líneas de conducción”[99].
7.7. Atendiendo
a la situación que padecen los accionantes y sus familias, a raíz del
desbordamiento de aguas residuales al interior de sus viviendas a través de
sifones y sanitarios cada vez que hay episodios de lluvia, que obliga a los
perjudicados a vivir en circunstancias deplorables, esto es, en unas residencias
que se anegan con aguas negras y servidas, y a soportar unas condiciones de
insalubridad potencialmente lesivas de su salud y de su vida, pues el contacto
con excretas genera riesgos elevados de transmisión de enfermedades[100];
la Sala concluye que la Alcaldía Municipal de Florida está vulnerando los
derechos fundamentales a la dignidad humana, la salud y la vivienda digna de
los señores Jorge Arturo Bermúdez Gallo y Marco Fidel Cañaveral Guzmán y
sus familias, máxime cuando dicha problemática se puso en conocimiento de la
administración municipal desde inicios del año 2015[101], momento en el cual pudo
tomar medidas técnicas transitorias para solucionar la afectación, teniendo en
consideración que se encuentra pendiente la ejecución del Plan Maestro de
Acueducto y Alcantarillado para el municipio de Florida.
7.8. Ahora bien, como en los
expedientes obra evidencia de que otros residentes del
sector ubicado en la calle 7ª con carrera 18 del barrio El Paraíso
también se encuentran afectados por los mismos hechos descritos por los
accionantes y probados en el presente trámite[102], la Sala considera
pertinente declarar que los efectos de la sentencia no se restrinjan a los señores Jorge Arturo Bermúdez Gallo y Marco Fidel
Cañaveral Guzmán y sus familias[103].
Esta
Corporación ha señalado que “los efectos inter comunis pueden definirse como
aquellos efectos de un fallo de tutela que de manera excepcional se extienden a
situaciones concretas de personas que, aun cuando no promovieron el amparo
constitucional, se encuentran igualmente afectadas por la situación de hecho o
de derecho que lo motivó, producto del actuar de una misma autoridad o
particular, justificado en la necesidad de dar a todos los miembros de una
misma comunidad un trato igualitario y uniforme que asegure el goce efectivo de
sus derechos fundamentales”[104].
Este
efecto, que ha sido establecido en diferentes decisiones[105], encuentra fundamento
no solo en la posibilidad de esta Corporación de determinar el alcance de sus
decisiones de manera tal que se maximice la protección de los derechos
fundamentales afectados o en riesgo de afectación, sino también en la necesidad
de asegurar el amparo del derecho a la igualdad de aquellos sujetos que,
encontrándose en la misma situación, no han obtenido la protección de sus
derechos constitucionales.
Para la Sala,
el efecto inter comunis en este caso concreto es procedente porque a partir
de la prueba documental analizada en sede de Revisión pudo comprobarse que hay
personas que se encuentran en condiciones objetivas similares a las de los
accionantes[106],
de manera que no existe una razón válida para desconocer los derechos
fundamentales a la dignidad humana, la salud y la vivienda digna de quienes no
presentaron acción de tutela. Lo contrario, podría constituir una violación del
derecho a la igualdad.
7.9. Por lo
anterior, la Sala le ordenará al Alcalde Municipal de Florida, Valle, (i)
que adopte las medidas técnicas, adecuadas y necesarias para hacer cesar la
afectación que en la actualidad padecen los señores Jorge Arturo Bermúdez Gallo
y Marco Fidel Cañaveral Guzmán, sus familias y demás residentes del sector
ubicado en la calle 7ª con carrera 18 del barrio El Paraíso, evitando que
ingresen a la red de alcantarillado existente en la zona las aguas lluvias y
garantizando una adecuada evacuación de las mismas a través de un sistema
independiente. En la ejecución de los trabajos deberá contar con la asesoría y
acompañamiento de técnicos del equipo de alcantarillado de Acuavalle S.A.
E.S.P. (ii) Que una vez adoptadas las medidas señaladas en el numeral
anterior dentro del plazo que se precisará a continuación, rinda sendos
informes al Juez Primero Promiscuo Municipal de Florida, Valle, con destino a
los expedientes de los accionantes Jorge Arturo Bermúdez Gallo y Marco Fidel Cañaveral
Guzmán. (iii) Que una vez Acuavalle S.A. E.S.P. finalice el diseño del Plan
Maestro de Acueducto y Alcantarillado para el municipio de Florida, inicie su
ejecución priorizando aquellas obras en sectores en donde se observa afectación
a los derechos fundamentales a la dignidad humana, la salud y la vivienda
digna, como ocurre en el caso de los residentes en la calle 7ª con carrera 18
del barrio El Paraíso.
Teniendo en
cuenta que en los expedientes no obra prueba acerca de la disponibilidad
presupuestal que tiene la Alcaldía de Florida, Valle, para adoptar las medidas
provisionales ordenadas, se otorgará un plazo de tres (3) meses contados a
partir de la comunicación del presente fallo, primero, para que adelante los
trámites necesarios para obtener los recursos requeridos y, segundo, ejecute las
obras destinadas a hacer cesar la afectación que en la actualidad padecen los
accionantes, sus familias y demás residentes del sector ubicado en la calle 7ª
con carrera 18 del barrio El Paraíso.
Además, ordenará a Acuavalle S.A.
E.S.P. que hasta tanto se dé solución definitiva por parte
de la Alcaldía del municipio de Florida, continúe ejecutando medidas
provisionales, idóneas y gratuitas, encaminadas a la cesación de las
afectaciones que padecen los accionantes, sus familias y demás residentes del
sector, entre ellas la limpieza regular y descolmatación de las redes de
alcantarillado ubicadas en la calle 7ª con carrera 18 del barrio El Paraíso del
municipio de Florida. Se insiste en que las medidas adoptadas no podrán generar
ningún tipo de cobro adicional a los usuarios del sector.
Asimismo, por conducto de la
Secretaría General de la Corporación comunicará la presente sentencia a la
Gobernación del Valle del Cauca, debido a que tanto la Alcaldía Municipal de
Florida como Acuavalle S.A. E.S.P.[107]
conceptuaron que la solución técnica definitiva a la problemática del manejo de
las aguas lluvias del municipio de Florida, se incluye en los estudios y diseños
del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado (trabajos contratados en el
desarrollo del Convenio No. 0832 de 2009, celebrado entre la Gobernación del
Valle del Cauca y la Sociedad Acuavalle S.A. E.S.P.); proceso este que se
encuentra suspendido porque la Gobernación no ha girado los recursos económicos
para que Acuavalle S.A. E.S.P. pague los contratos de diseño de las futuras
obras para el municipio de Florida, incluidas las referentes al manejo de las
aguas lluvias[108].
Entonces, se requiere que la Gobernación del Valle cumpla sus compromisos, para
que una vez efectuados los traslados presupuestales necesarios, Acuavalle S.A.
E.S.P. finalice el diseño del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, para
que así el municipio de Florida pueda iniciar la ejecución del plan de acción
definido en el mismo, priorizando aquellas obras en sectores en donde se
observa afectación a los derechos fundamentales a la dignidad humana, la salud
y la vivienda digna, como ocurre en el caso de los residentes en la calle 7ª
con carrera 18 del barrio El Paraíso de Florida, Valle.
7.10.
En virtud de lo expuesto, esta
Sala revocará las decisiones de los jueces de instancia, comoquiera que quedó
demostrado que la Alcaldía Municipal de Florida, Valle, vulneró los derechos fundamentales a
la dignidad humana, la salud y la vivienda digna en relación
con las obligaciones de saneamiento básico, de los
señores Jorge Arturo Bermúdez Gallo y Marco Fidel Cañaveral Guzmán, sus
familias y demás residentes del sector ubicado en la calle
7ª con carrera 18 del barrio El Paraíso de Florida, Valle.
8. Conclusión
La Alcaldía Municipal de Florida,
Valle, vulneró los derechos fundamentales a la dignidad humana, la salud y la
vivienda digna en relación con las obligaciones de saneamiento
básico, de los señores Jorge Arturo Bermúdez
Gallo y Marco Fidel Cañaveral Guzmán, sus familias y demás residentes
del sector ubicado en la calle 7ª con carrera 18 del barrio El Paraíso
de Florida, Valle, quienes en episodios de lluvia se ven afectados por las
inundaciones generadas a raíz del desbordamiento de aguas negras y residuales
al interior de sus viviendas, a través de sifones y sanitarios, debido a que
las redes de alcantarillado se saturan al recibir las aguas lluvias que no
tienen un sistema independiente para su evacuación. Lo anterior, porque ha
podido adoptar medidas técnicas provisionales para la solución de la
problemática conocida desde inicios del dos mil quince (2015), y no lo ha
hecho, mientras se pone en marcha la ejecución del Plan Maestro de Acueducto y
Alcantarillado para el municipio.
En
mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Primero.- En el expediente T-5389243, REVOCAR la sentencia del
dieciocho (18) de agosto de dos mil quince (2015) emitida por el Juez Primero
Promiscuo Municipal de Florida, Valle, que negó la acción de tutela interpuesta
por Jorge Arturo Bermúdez Gallo contra la Secretaría de Planeación e
Infraestructura y la Alcaldía Municipal del municipio de Florida, Valle del
Cauca, y Acuavalle S.A. E.S.P.; y la sentencia del treinta (30) de septiembre
del mismo año, emanada del Juez Quinto Civil del Circuito de Palmira, Valle,
que confirmó la anterior. En su lugar, TUTELAR los derechos
fundamentales a la dignidad humana, la salud y la vivienda digna en relación con las obligaciones de saneamiento básico, del señor Jorge Arturo Bermúdez Gallo y su familia.
Segundo.- En el expediente T-5389244, REVOCAR la sentencia del
dieciocho (18) de agosto de dos mil quince (2015) emitida por el Juez Primero
Promiscuo Municipal de Florida, Valle, que negó la acción de tutela interpuesta
por Marco Fidel Cañaveral Guzmán contra la Secretaría de Planeación e Infraestructura y la Alcaldía
Municipal de Florida, Valle del Cauca, y Acuavalle S.A. E.S.P.; y la sentencia
del seis (6) de octubre del mismo año, emanada del Juez Quinto Civil del
Circuito de Palmira, Valle, que confirmó la anterior. En su lugar, TUTELAR
los derechos fundamentales a la dignidad humana, la salud y la vivienda digna en relación con las obligaciones de saneamiento básico, del señor Marco Fidel Cañaveral Guzmán y su familia.
Tercero.- TUTELAR con
efectos inter comunis los derechos fundamentales a la dignidad humana,
la salud y la vivienda digna en relación con las obligaciones
de saneamiento básico, de los residentes del sector ubicado
en la calle 7ª con carrera 18 del barrio El Paraíso de Florida, Valle, y
que padecen las mismas afectaciones que los señores Jorge Arturo Bermúdez Gallo
y Marco Fidel Cañaveral Guzmán, a raíz de las inundaciones generadas por el
desbordamiento de aguas residuales al interior de sus viviendas en episodios de
lluvia.
Cuarto.- ORDENAR al Alcalde Municipal de
Florida, Valle:
(i)
Que adopte las medidas técnicas, adecuadas y necesarias
para hacer cesar la afectación que en la actualidad padecen los señores
Jorge Arturo Bermúdez Gallo y Marco Fidel Cañaveral Guzmán, sus familias y
demás residentes del sector ubicado en la calle 7ª con
carrera 18 del barrio El Paraíso, evitando que
ingresen a la red de alcantarillado existente en la zona las aguas lluvias y
garantizando una adecuada evacuación de las mismas a través de un sistema
independiente. En la ejecución de los trabajos deberá contar con la asesoría y
acompañamiento de técnicos del equipo de alcantarillado de Acuavalle S.A.
E.S.P.
Se otorgará un plazo de tres (3) meses contados a partir de la
comunicación del presente fallo, para que la Alcaldía de Florida Valle,
primero, adelante los trámites necesarios para obtener los recursos requeridos
y, segundo, ejecute las obras destinadas a hacer cesar la afectación.
(ii)
Que una vez adoptadas las medidas señaladas en
el numeral anterior dentro del plazo señalado, rinda sendos informes al Juez
Primero Promiscuo Municipal de Florida, Valle, con destino a los expedientes de
los accionantes Jorge Arturo Bermúdez Gallo y Marco
Fidel Cañaveral Guzmán.
(iii)
Que una vez Acuavalle S.A. E.S.P. finalice el
diseño del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado para el municipio de
Florida, inicie su ejecución priorizando aquellas obras en sectores en donde se
observa afectación a los derechos fundamentales a la dignidad humana, la salud
y la vivienda digna, como ocurre en el caso de los residentes en la calle 7ª
con carrera 18 del barrio El Paraíso.
Quinto.- ORDENAR
a Acuavalle S.A. E.S.P. que hasta tanto se dé solución
definitiva por parte de la Alcaldía del municipio de Florida, continúe
ejecutando medidas provisionales, idóneas y gratuitas, encaminadas a la
cesación de las afectaciones que padecen los accionantes, sus familias y demás
residentes del sector, entre ellas la limpieza regular y descolmatación
de las redes de alcantarillado ubicadas en la calle 7ª con carrera 18 del
barrio El Paraíso del municipio de Florida.
Sexto.- Por conducto de la
Secretaria General de la Corporación COMUNICAR la presente sentencia a
la Gobernación del Valle del Cauca, para lo de su competencia en relación con la
gestión del diseño del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del municipio
de Florida.
Séptimo.-
LÍBRESE por Secretaría General la comunicación prevista en el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese y
cúmplase.
MARIA
VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
Con
salvamento de voto
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] La
demanda y sus anexos obran a folio 1 al 15 del cuaderno principal. En adelante,
los folios que se refieran harán parte del cuaderno principal, a menos que se
diga expresamente otra cosa.
[2] A
folios 11 a 13 obra fotocopia de los documentos de identidad del núcleo
familiar del accionante Jorge Arturo Bermúdez Gallo, conformado por este (63
años), la señora Luciria Sabi León (55 años) y la joven Angie Liliana Bermúdez
Sabi (19 años).
[3] A
folio 15 obra fotocopia de la factura de venta No. 32817020 con fecha de
expedición del trece (13) de marzo de dos mil quince (2015), correspondiente a
la vivienda ubicada en la calle 7ª No. 18-09 del municipio de Florida (estrato
2). En dicho documento aparecen facturados los servicios de acueducto, por un
valor total de trece mil doscientos noventa y seis pesos con cuarenta y un
centavos ($13.296,41), y alcantarillado, por un valor total de siete mil
cuatrocientos ochenta y cuatro con trece centavos ($7.484,13).
[4] Folio
2.
[5]
Folios 16 y 17.
[6]
Ingeniero Jhon Fredy Perea Fiscal.
[7]
Folios 21 y 22.
[8]
Alexander Sánchez Rodríguez. A folios 27 al 35 obra el certificado de
existencia y representación legal de la Sociedad de Acueductos y
Alcantarillados del Valle del Causa S.A. E.S.P., Acuavalle S.A. E.S.P.
[9] Folios
23 al 26.
[10]
Folios 23 y 24.
[11]
Folio 36.
[12]
También solicitó información acerca de las viviendas ubicadas en la calle 7ª No.
18-25 (María Nelly Perlaza Vásquez), calle 7ª No. 18-39 (Jesús Orlando Bastidas
Leiton) y calle 7ª No. 18-33 (Faiber Jiménez Castro).
[13]
Herney Figueroa Silva.
[14]
Folio 37.
[15] Luis
David Medina Gamboa. Folio 38.
[16] Folios 39 al 42.
[17] En
dicha providencia se lee: “Revisado el expediente encuentra este funcionario
constitucional que no existen anexos que acompañen y/o respalden el escrito de tutela
del accionante; estamos frente a una percepción del accionante la cual no está
respaldada en presuntas violaciones a sus DERECHOS FUNDAMENTALES. Ninguno de
los organismos que actúan en la municipalidad han tenido que intervenir en un
lapso retroactivo a cinco años para atender peticiones de este accionante por
inundación o represamiento de las alcantarillas de su vivienda…” (folio 41).
[18]
Folio 43.
[19]
Folios 11 al 14 del cuaderno dos.
[20] La
demanda y sus anexos obran a folios 1 al 21.
[21] A
folios 11 a 15 obra fotocopia de los documentos de identidad del núcleo
familiar del accionante Marco Fidel Cañaveral Guzmán, conformado por este (68
años), la señora María Amparo Cañaveral de Cañaveral (66 años) y las
adolescentes Laura Sofía Lugo Cañaveral (17 años), Kelly Johanna Cañaveral
Cañaveral (16 años) y Stephany Yulieth Cañaveral Cañaveral (13 años).
[22] A
folios 18 al 20 aparece fotocopia de un derecho de petición dirigido al gerente
de Acuavalle S.A. E.S.P., Humberto Swann, con fecha de recibido del treinta
(30) de enero de dos mil quince (2015), y con copia a la Alcaldía Municipal de
Florida, Valle, y a la Secretaría de Planeación y Personería; firmado por Jorge
Arturo Bermúdez (casa 18-09), Maricela Casquete (casa 18-17), Eva Vásquez (casa
18-25), Faiber Jiménez Castro (casa 18-33), Jesús Orlando Bastidas Leyton (casa
18-39), Servio A. Montenegro (casa 18-45), Urbano José Mosquera (casa 18-53),
Luis Alfredo Peña (casa (18-75) y Marco Fidel Cañaveral (casa 18-70). En dicho documento
se lee: “[…] comedidamente le solicitamos a ACUAVALLE S.A. proceder a cambiar
la red de ALCANTARILLADO de la Calle 7 entre carreras 18 y 19 de Florida, Valle,
Barrio El Paraíso en el menor tiempo posible; esto en razón de: || 1 - Nuestras
viviendas cada que llueve torrencialmente se inundan, como ocurrió el
pasado 22 de Enero de 2015 y con ésta ya van tres (3) inundaciones en
diferentes fechas. || 2 - Como consecuencia de inundarse nuestras habitaciones
ha habido daños a muebles y enseres y si sigue ocurriendo esta irregularidad se
irá deteriorando la infraestructura de las casas afectadas. || 3 - Hemos
observado que por los sifones brotan las aguas lluvias y por lo tanto, las que
caen a los corredores y de los tejados no tienen salida porque se colapsan las
tuberías domiciliarias. Ya en la vivienda determinada con el No. 17-17 se
cambió la tubería domiciliaria después de la primera inundación y sigue
inundándose. || 4 - Las cajas ubicadas en el andén de cada casa también
colapsan, lo que ayuda a la inundación de las viviendas. || 5 - A fines del año
pasado ACUAVALLE cambió el alcantarillado de la Calle 7 entre carreras
17 y 18 empleando tubería de “16” pulgadas; la carrera 18 entre calles 8
y 7 tiene alcantarillado en tubería de 12 pulgadas, ambas con una pendiente
muy pronunciada, las recibe la Caja Central de la Calle 7 con Carrera 18 y tal
es la presión que además de colapsar es desplazada su tapa del sitio normal. ||
6 - Entonces el citado FLUJO lo recibe desde la Caja Central de la Calle 7 con carrera
18 nuestro alcantarillado en tubería de 12 pulgadas, que construimos por
“Autogestión” con la asesoría de Acuavalle hace más de veinte (20) años.
Deducimos que el nuestro NO está capacitado para recibir el tramo referido en
el punto “5” y que Acuavalle NO tuvo en cuenta esta circunstancia técnica. || 7
- Deberá revisar la Caja Central ubicada en la Calle 7 - Carrera 19 esquina que
posiblemente tampoco tiene capacidad de recepción del FLUJO de la Calle 7. || 8
- Es importante anotar que con “anterioridad” a la ejecución de la obra
referida en el Punto “5” jamás nuestras viviendas se inundaron…” (mayúsculas y
subrayas originales).
[23] A
folio 21 obra la respuesta al derecho de petición enviado por algunos vecinos
residentes en la calle 7ª con carrera 18 del municipio de Florida, Valle, suscrito
por el Coordinador de Mantenimiento de Agua 10, César Augusto Chicaiza Lozada,
en el cual se lee: “1. Acuavalle s.a. e.s.p. no es responsable de la evacuación
de las aguas lluvias, porque no es parte del cobr[o] que se realiza mediante la
factura actual, el directo responsable es la administración municipal, que debe
realizar la ejecución de obras para mitigar esta problemática, cada que se
presentan épocas de lluvia. || 2. Nuevamente se informa que no somos los
responsables de estos eventos. || 3. Efectivamente las aguas lluvias no pueden
ser transportadas y mucho menos evacuadas por las redes actuales, por lo tanto
debe realizarse obras con base a un plan maestro teniendo en cuenta las aguas
lluvias y poder dar solución al problema, pero no es de nuestra
responsabilidad. || 4. Las cajas no están en capacidad de evacuar las aguas
lluvias, porque esa no es su función, la que debe solucionar el problema es la
tubería central. || 5. Efectivamente la nueva red tiene esta capacidad, pero no
se instal[ó] para la evacuación de las aguas lluvia[s], lo que sucede es que
tiene más capacidad pero no es la solución y menos la que ocasiona el problema,
la solución es más integral. || 6. La solución definitiva es realizar la
construcción del plan maestro de alcantarillado para la evacuación de las aguas
lluvias, responsabilidad que no es de la empresa. || 7. No es la causa del
problema. || 8. Por favor esta afirmación si es bueno que se demuestre
técnicamente para poder atender esta afirmación y así dar solución al problema.
|| Para definir se recomienda solicitar a la administración municipal el
concepto técnico por parte de ellos para poder dar una solución integral a esta
solicitud, que lo principal es la evacuación de las aguas lluvias”. (negrillas
fuera de texto). Copia de este oficio es dirigido al personero municipal.
[24] A
folio 15 obra fotocopia de la factura de venta No. 33316019 con fecha de
expedición del dieciséis (16) de junio de dos mil quince (2015),
correspondiente a la vivienda ubicada en la calle 7ª No. 18-70 del municipio de
Florida (estrato 2). En dicho documento aparecen facturados los servicios de
acueducto, por un valor total de veintiocho mil seiscientos sesenta y cinco con
setenta centavos ($28.665,70), y alcantarillado, por un valor total de dieciséis
mil cuatrocientos treinta y tres con diez centavos ($16.433,10).
[25] Folio
2.
[26]
Folios 22 y 23.
[27]
Ingeniero Jhon Fredy Perea Fiscal.
[28]
Folio 27.
[29] Victoria
Eugenia Murillo Polo. A folios 47 y 48 obra copia del poder otorgado mediante
escritura pública 1283 del treinta y uno (31) de mayo de dos mil trece (2013),
por el gerente y representante legal de la Sociedad de Acueductos y
Alcantarillado del Valle del Cauca S.A. E.S.P., Acuavalle S.A. E.S.P., Humberto
Swann Barona. A continuación, a folios 49 a 53 aparece el certificado de
existencia y representación legal de la empresa de servicios públicos.
[30]
Folios 32 al 35.
[31] Folios 36 al 40.
[32] En
dicha providencia se lee: “Revisado el expediente encuentra este funcionario
constitucional que no existen anexos que acompañen y/o respalden el escrito de
tutela del accionante; estamos frente a una percepción del accionante la cual
no está respaldada en presuntas violaciones a sus DERECHOS FUNDAMENTALES.
Ninguno de los organismos que actúan en la municipalidad han tenido que
intervenir en un lapso retroactivo a cinco años para atender peticiones de este
accionante por inundación o represamiento de las alcantarillas de su vivienda…”
(folio 39).
[33]
Folios 55 y 56. En dicho escrito se lee: “Con todo respeto pido revocar la
decisión del a-quo por las siguientes razones: || 1. Yo como ciudadano presento
una demanda de tutela para que se me protejan unos derechos fundamentales
claramente violentados y el juez de primera instancia en el fallo de tutela
solo se encarga de tratar de desmentir los hechos mencionados y nunca en
realizar una inspección judicial y comprobar que los hechos mencionados son
ciertos. || 2. La problemática con las cañerías del municipio son incómodas
para mí y mi núcleo familiar, el hecho que se devuelvan las aguas residuales y
se inunde mi hogar de aguas negras, excremento, es verdaderamente violatorio de
mis derechos constitucionales a un ambiente sano, eso no tiene discusión
alguna, como tampoco tiene discusión que el derecho fundamental a la salud se
ve violentado…” (folio 55).
[34] St.
Nelson Elied Gómez H.
[35]
Folio 57.
[36]
Folio 58.
[37]
Folios 10 al 13 del cuaderno dos.
[38] Folios 12 al 14
del expediente T-5389243.
[39]
Rafael Pérez Manquillo.
[40] Por
medio de dicha comunicación se da respuesta a un incidente de desacato
adelantado contra la empresa de servicios públicos y propuesto por los
accionantes Luis Alfredo Peña y otro, quienes residen en la calle 7 No. 18-45 y
18-53 del municipio de Florida, Valle. En dicho documento se explicó: “[…] el
problema de fondo que se presenta en épocas de lluvia se debe a la conexión de
los sumideros existentes, no autorizados Acuavalle S.A. E.S.P., sobre la calle
7 desde la carrera 19 hasta la variante; es decir que al captarse esta agua
lluvia sobre una tubería sin capacidad hidráulica de transporte origina el
efecto de represamiento perjudicando los inmuebles aledaños; en lo que
corresponde a estos dos ciudadanos. […]. Los sumideros son de responsabilidad
en cuanto a su construcción y operación de la competencia exclusiva del
municipio, los cuales están mal localizados porque permiten la captación de
aguas lluvias y las llevan a la red de alcantarillado perjudicando a los
afectados ya que represan las aguas conducidas por la tubería y generan la
inundación;…” (folios
26 al 28 del expediente T-5389243).
[41] En
el acta se da cuenta de los hallazgos de una visita técnica realizada el ocho
(8) de septiembre de dos mil quince (2015) a la calle 7 entre carreras 18 y 19
del barrio El Paraíso por el personas de Acuavalle, a raíz de la problemática
existente en el sector por el rebosamiento de agua residual al interior de las
viviendas en episodios de lluvia. En dicho documento se explica: “[…] Una de
las hipótesis planteadas por el personal de ACUAVALLE S.A. E.S.P. para la
problemática del represamiento de agua residual al interior de las viviendas
era que en las cámaras siguientes a las revisadas o en los tramos de red de
alcantarillado que recibe el flujo de AR, se haya realizado alguna modificación
por parte del municipio o de la comunidad ya sea en alguna estructura, losa,
etc. que ocasione que el AR se remanse en episodios de lluvia. || Para probar
dicha hipótesis, se verificó el tramo de la vía de la Calle 7 pendiente abajo
entre la Carrera 19 hasta la Carrera 23, encontrándose que efectivamente, con
las obras para la pavimentación de dicha Calle se construyeron siete (7) sumideros
para agua lluvia a lado y lado de la vía, además de que se evidenció
modificaciones a las cámaras de alcantarillado, con la adecuación de rejillas
que permiten que el agua lluvia ingrese al interior de las cámaras de
alcantarillado. En adición de cunetas pronunciadas dirigidas al interior de las
cámaras para transportar el flujo de agua lluvia. […]. || Cabe aclarar que la
pavimentación de la Calle 7 fue realizada por el Municipio, cuya obra finalizó
en el mes de Diciembre del año 2014, mas no por la empresa ACUAVALLE S.A.
E.S.P., la cual en su momento dio su concepto acerca de que no se debería
llevar a cabo la construcción de sumideros en dicha obra. Sin embargo, así se
realizó. || Expuestos los planteamientos técnicos sobre la problemática del
sector, la solución radica fundamentalmente en reparar las modificaciones
realizadas en la Calle 7 entre Carreras 19 y 23, con el debido taponamiento de
rejillas de paso de agua lluvia al interior de las cámaras de alcantarillado y
de los sumideros a lado y lado de la vía. Realizar además el pronunciamiento de
cunetas que dirijan el agua lluvia cuando se den episodios, hacia el final de
la Carrera 23 donde se entrega aguas abajo a una acequia que finalmente vierte
al río Frayle. || En cuanto a la solución que plantean los usuarios sobre la
ampliación de la capacidad de las tuberías en el tramo de la Calle 7 entre
Carreras 18 y 19, esta no es viable; puesto que la diferencia de 2 pulgadas de
diámetro de la tubería en la cámara de la Calle 7 con Carrera 18 [12 pulgadas] y
en la cámara de la Calle 7 con Carrera 19 [10 pulgadas] no representa un cambio
significativo en términos hidráulicos en cuanto a capacidad de transporte de
flujo de agua residual se refiere; ya que al realizar un balance de caudales
con base en la Ecuación de Manning para hidráulica de colectores (V=1/n*R2/3*S1/2),
se tiene en cuenta criterios como la pendiente (S) y el material de la tubería
(coeficiente de rugosidad de Manning, n), la cual se aplicó para establecer la
velocidad de flujo y capacidad de transporte de agua residual en un determinado
colector. || Se tomó el tramo de la Calle 7 desde la Carrera 5 hasta la Carrera
23, donde finaliza. Se pudo evidenciar que las cámaras existentes desde la
Carrera 5 hasta la Carrera 13 tienen un diámetro de 8 [pulgadas], y con
pendientes que oscilan entre el 1-2%, la capacidad de transporte es uniforme a
lo largo de la vía. Luego en la cámara de la Carrera 13ª, el flujo de esta se
deriva hacia otra cámara ubicada en la Calle 6 con Carrera 13ª, es decir, que
este disminuye para que la cámara siguiente sobre la Calle 7 tenga la capacidad
de recibir dicho flujo. Esta condición se repite en la cámara de la Carrera 15,
donde el diámetro de la tubería es de 10 [pulgadas]. || En el tramo de vía de
la Calle entre Carrera 16 y 18, el diámetro aumenta a 12 [pulgadas], sin
embargo, la capacidad de transporte fluctúa debido al cambio de pendiente, es
decir, que esta condición no necesariamente aumentará la cantidad de agua
residual a transportar. Luego en el tramo de la Carrera 19, el diámetro es de 10
[pulgadas], pero al presentarse una pendiente baja, la velocidad disminuye, por
lo que la capacidad disminuye, sin embargo, esto no significa que el colector no
tenga la capacidad de transportar la cantidad de flujo que recibe, lo cual se
evidenció el día de la visita, al encontrarse en perfectas condiciones de
operación. || Finalmente, entre las Carreras 19 y 20, el colector tiene un
diámetro de 36 [pulgadas] en material de hormigón, el cual se encuentra en
perfectas condiciones de operación, debido principalmente a la reciente
pavimentación de la vía. Este colector al presentar un diámetro grande, tiene
capacidad de recibir sin inconveniente alguno el flujo de agua residual que
viene aguas arriba de la Calle 7, ya que además recibe el flujo proveniente de
un colector sobre la Carrera 19 con diámetro de 27 [pulgadas] y ello se
sustenta teniendo en cuenta la capacidad máxima de transporte de 1,7 m3/s
(ver tabla anexa). Se reitera, que el problema de inundación se deriva cuando
este colector recibe el flujo de agua lluvia que entra por los sumideros
construidos sobre la vía y por las modificaciones a las cámaras de
alcantarillado que aumenta la cantidad de agua a transportar sin tener la
capacidad para ello dicho colector, teniendo como consecuencia el rebose de
agua residual en la cámara de la Calle 7 con carrera 18 y 19 e inundando el interior
de las viviendas que se encuentran en este tramo de la vía…”. El acta está
firmada por César A. Chicaizal, Coordinador de Mantenimiento Zona 1 (folios 29
al 33 del
expediente T-5389243).
[42] Folios 24 al 25
del expediente T-5389243.
[43]
Diego Felipe Bustamante Arango.
[44] El
informe de visita No. 0399 fechado el dieciocho (18) de marzo de dos mil
dieciséis (2016), a la calle 7 No. 18-09 y 18-70, barrio El Paraíso, refiere la
siguiente situación: “Se pudo encontrar [que] el drenaje de la tubería de la
dirección antes mencionada es muy reducido para aguas servidas y lluvias por lo
tanto presenta inundación en estas viviendas, particularmente en épocas de
lluvias, lo que afecta las viviendas del sector” (negrillas fuera de
texto). En el apartado de requerimientos se lee: “Se recomienda realizar
obras con una tubería más amplia, realizando el cambio de todo el sistema de
alcantarilla [del] sector (calle 7 entre k 18 y 19 [del] barrio el paraíso”
(negrillas fuera de texto). El informe está firmado por Víctor Mario Silva,
Secretario de Planeación, y por Edgar Hurtado, Técnico Operativo responsable de
la visita (Folio
19 del expediente T-5389243).
[45] Folios 17 y 18
del expediente T-5389243.
[46] En los
puntos dos y tres se retoma la conceptualización descrita en la sentencia T-707
de 2012 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva). En esa ocasión correspondió a la Sala
Novena de Revisión determinar si la Alcaldía Municipal de Miranda y la Empresa
de Servicios Públicos Domiciliarios de Miranda desconocieron los derechos
fundamentales de unas personas cuyas viviendas estaban ubicadas en la Avenida
Centenario - Cuatro Esquinas del municipio de Miranda (Cauca), debido a que los
residuos líquidos y aguas servidas producidas en las mismas no desembocaban a
la red de alcantarillado a la cual estaban formalmente conectados, sino que caían
directamente a la quebrada El Infiernito que cruza por la parte trasera de las
casas causando (i) contaminación de la quebrada y de los ríos en los que ella
desemboca y (ii) olores insoportables y proliferación de moscas y zancudos en
las viviendas. La Sala concedió la tutela a los derechos a la dignidad, la
salud y la vivienda digna en relación con las obligaciones de saneamiento
básico invocados por el accionante, y de todos los habitantes del sector Cuatro
Esquinas, ubicado en el barrio El Rosario del municipio de Miranda, Cauca, que carecían
de sistemas adecuados de disposición y canalización de las aguas residuales
provenientes del interior de sus viviendas, ordenando a las entidades
accionadas tomar medidas necesarias para superar la afectación.
[47] “Por
el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política”.
[48]
Sentencia T-827 de 2003 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett).
[49]
Sobre la procedencia de la acción de tutela como mecanismo transitorio, para
evitar un perjuicio irremediable, resultan relevantes las sentencias T-225 de
1993 (MP Vladimiro Naranjo Mesa) en la cual se sentaron la primeras directrices
sobre la materia, que han sido desarrolladas por la jurisprudencia posterior;
T-1670 de 2000 (MP Carlos Gaviria Díaz),  SU-544 de 2001 (MP Eduardo
Montealegre Lynett), SU-1070 de 2003 (MP Jaime Córdoba Triviño), T-827 de 2003
(MP. Eduardo Montealegre Lynett), T-698 de 2004 (MP Rodrigo Uprimny Yepes) y
C-1225 de 2004 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa).
[50]
Sentencia T-792 de 2007 (M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra).
[51]
T-578 de 1992 (M.P. Alejandro Martínez Caballero) y SU-1010 de 2008 (M.P.
Rodrigo Escobar Gil).
[52]
C-636 de 2000 (M.P Antonio Barrera Carbonell).
[53]
C-060 de 2005 (M.P. Jaime Araujo Rentería).
[54] En relación con las condiciones de prestación de los
servicios públicos domiciliarios ver las sentencias T-380 de 1994 (M.P.
Hernando Herrera Vergara), T-410 de 2003 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), T-546 de
2009 (M.P. María Victoria Calle Correa), T-614 de 2010 (M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva. S.V. María Victoria Calle Correa), T-717 de 2010 (M.P. María
Victoria Calle Correa), T-740 de 2011 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), T-707
de 2012 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), T-974 de 2012 (M.P. Alexei Julio
Estrada. A.V. Luis Ernesto Vargas Silva), T-016 de 2014 (M.P. Alberto Rojas
Ríos. S.V. María Victoria Calle Correa) y T-028 de 2014 (M.P. María Victoria
Calle Correa. A.V. Luis Guillermo Guerrero Pérez), entre otras. También puede
consultarse la sentencia C-739 de 2008 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. S.V.
Humberto Antonio Sierra Porto, y S.V. Jaime Araujo Rentería).
[55] Sentencia
C-272 de 1998 (M.P. Alejandro Martínez Caballero). En esa ocasión los temas
estudiados por la Corporación fueron la formulación de las políticas generales
de administración y control de la eficiencia de los servicios públicos
domiciliarios como atribución presidencial y la delegación de las funciones
presidenciales y las Comisiones de Regulación de Servicios Públicos
Domiciliarios.
[56] Ibídem.
[57] Entre otras, ver las sentencias T-406 de 1992 (M.P.
Ciro Angarita Barón. A.V. José Gregorio Hernández Galindo), T-207 de 1995 (M.P.
Alejandro Martínez Caballero) y T-022 de 2008 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla).
[58] Sentencia
T-707 de 2012 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
[59] Al
respecto, ver las sentencias T-481 de 1997 (M.P. Fabio Morón Díaz), T-771 de
2001 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), SU-1116 de 2001 (M.P. Eduardo Montealegre
Lynett), T-734 de 2009 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio), T-974 de 2009 (M.P.
Mauricio González Cuervo), T-605 de 2010 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo),
T-055 de 2011 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio), T-567 de 2011 (M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio) y T-707 de 2012 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
[60] El
Protocolo de San Salvador, o Protocolo Adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, fue aprobado en Colombia mediante la Ley 319 de 1996 y fue
ratificado el veintidós (22) de octubre de mil novecientos noventa y siete (1997).
[61] Sentencia
T-453 de 1998 (M.P. Alejandro Martínez Caballero) y T-851 de 2010 (M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto).
[62] Sentencia
T-863A de 1999 (M.P. Alejandro Martínez Caballero).
[63] Sentencia T-771 de 2001 (M.P. Jaime
Córdoba Triviño). En esa oportunidad correspondió a la Sala Cuarta de Revisión
resolver si el alcalde municipal de Malambo, Atlántico, vulneró el derecho a un
medio ambiente sano en conexidad con el derecho a la salud y el derecho a la
vida de los actores, al no disponer lo necesario para el destaponamiento de la
tubería del alcantarillado en el sector de la calle 5ª entre carreras 4ª y 5ª
de ese municipio y para superar el acceso de aguas negras a las viviendas de
aquellos. Luego de concluir que “[l]a situación es tan patética que las aguas
negras brotan de los sanitarios e inundan los baños y los patios de esas
viviendas, generándose una urgencia sanitaria que obliga a los perjudicados a
vivir en condiciones deplorables, esto es, en unas residencias anegadas por
aguas negras que no pueden ser evacuadas de esa zona urbana y a soportar unas
condiciones de insalubridad potencialmente lesivas de su salud y de su vida,
particularmente de la población más vulnerable, niños y ancianos
fundamentalmente”; decidió tutelar “el derecho a un medio ambiente sano, en
conexidad con el derecho a la salud y el derecho a la vida de los actores.  En
consecuencia, impartió instrucciones al Alcalde Municipal de Malambo para que
en un término máximo de 48 horas contadas a partir de la notificación [del] fallo
y con cumplimiento del principio de legalidad presupuestal, si aún no lo ha
hecho, inicie las gestiones necesarias para programar el presupuesto de la
próxima vigencia fiscal proyectando los recursos necesarios para efectuar el
gasto relacionado con las obras necesarias para el destaponamiento de la
tubería del alcantarillado de ese municipio en el sector comprendido entre la
calle 5ª entre carrera 4ª y 5ª”.
[64] M.P.
Eduardo Montealegre Lynett. En esa ocasión correspondió a la Sala Plena
determinar si era viable que por vía de tutela se ordenara al alcalde de
Zarzal, Valle, que adelantara las obras necesarias para evitar que las aguas
lluvias penetraran en la residencia de la peticionaria y de algunos de sus
vecinos. La problemática narrada en la acción de tutela se generaba porque la
administración municipal no había canalizado las aguas lluvias, por lo cual
estas se mezclaban con aguas negras y luego invadían la residencia de la
peticionaria y de sus vecinos afectando sus derechos fundamentales. Así,
confirmó la sentencia del seis (6) de octubre de dos mil (2000) del Juzgado
Primero Promiscuo Municipal, que tuteló el derecho a la vida, a un ambiente
sano y a la salud de la accionante contra la alcaldía de Zarzal, Valle.
[65] Se
retoma la posición planteada por la Sala Tercera de Revisión en la sentencia
T-1451 de 2000 (M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez), a través de la cual le
correspondió establecer si en el caso estudiado la acción de tutela era el
mecanismo idóneo para la protección de los derechos a la vida, a la salud y a
la integridad física de los residentes en la Avenida Calle 19, entre carreras
11 a 21 del municipio de Ciénaga, Magdalena, en especial, de la población
infantil, derechos que se decían vulnerados por las deficiencias que presentaba
la red de alcantarillado en la zona de habitación de los actores en el
municipio de Ciénaga, Barranquilla.
[66] Sentencia
T-707 de 2012 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
[67] Ver las
sentencias T-045 de 2009 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla), T-271 de 2010 (M.P.
María Victoria Calle Correa. A.V. Mauricio González Cuervo) y  T-618 de 2011 (M.P.
María Victoria Calle Correa).
[68] En la sentencia
T-092 de 1993 (M.P. Simón Rodríguez Rodríguez) se señaló: “El derecho al medio
ambiente no se puede desligar del derecho a  la vida y a la salud de las
personas. De hecho, los factores perturbadores del medio ambiente  causan
daños irreparables en los seres humanos y si ello es así habrá que
decirse  que el medio ambiente es un derecho fundamental para la
existencia de la humanidad”.
[69] M.P.
Alejandro Martínez Caballero. En esa ocasión la Sala Séptima de Revisión abordó
la eficacia de los derechos prestacionales y la posibilidad de acceder a una
red de alcantarillado, y su posible protección a través de la acción de tutela.
Resolvió confirmar la tutela del derecho fundamental a la salud de los accionantes
y ordenó a la administración municipal de Turbo, Antioquía, la realización de
las gestiones necesarias para solucionar, en forma definitiva, el problema de
desagüe de aguas negras en el sector comprendido entre la calle 104 y la
carrera 17 de la ciudad de Turbo, dentro de un período razonable.
[70] Ver,
entre otras, las sentencias T-254 de 1993 (M.P. Antonio Barrera Carbonell), T-481
de 1997 (M.P. Fabio Morón Díaz) y T-514 de 2007 (M.P. Jaime Araujo Rentería).
[71] Ver las
sentencias T-1451 de 2000 (M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez), T-037 de 2005 (M.P.
Alfredo Beltrán Sierra) y T-439 de 2007 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández).
[72] Sentencia
T-618 de 2011 (M.P. María Victoria Calle Correa). En esa oportunidad, la Sala
Primera de Revisión consideró si una administración pública municipal violó los
derechos a una vivienda digna, a la intimidad y la salud de una persona
portadora de una enfermedad causada por virus en el ambiente y susceptible de
agravarse en casos de sensible deterioro ambiental, cuando pese a existir
evidencias de que vive en un entorno ambiental descompuesto, no adopta ninguna
decisión encaminada a neutralizar o a erradicar los efectos. Finalmente, tuteló
los derechos fundamentales y ordenó al Alcalde Municipal de Montería que
“adopte las medidas adecuadas y necesarias para: i. evitar que ingresen malos
olores a la vivienda del actor; ii. garantizar un adecuado mantenimiento del
pozo séptico o lugar de destino de los deshechos o aguas negras; y iii.
controlar la presencia e ingreso de insectos vectores de enfermedad hacia la
vivienda del [accionante]”.
[73]
Sobre este caso específico ver la sentencia T-601 de 2007 (M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa).
[74] M.P.
María Victoria Calle Correa (A.V. Mauricio González Cuervo). En esa ocasión
correspondió a la Sala Primera de Revisión determinar si el Distrito de
Cartagena, la empresa Aguas de Cartagena S.A. E.S.P. y el Establecimiento Público
Ambiental de Cartagena, violaron los derechos fundamentales a la vida digna, la
salud y la intimidad del peticionario y su familia, por negarse a garantizarles
que el canal que pasa junto a su vivienda dejara de: “(i) conducir malos olores
hacia ella; (ii) ocasionar taponamientos en el canal que dificulten o
imposibiliten el flujo de aguas pluviales de tal forma, que el nivel del agua
contaminada alcance el de su vivienda y la invada; y (iii) atraer insectos y
roedores a esa vivienda, y que todas las entidades se nieguen a ello
argumentando no estar obligadas a, o no tener competencia para, adelantar ese
tipo de gestiones”. Resolvió conceder el amparo a los derechos fundamentales a
la vida digna y la intimidad de los accionantes y le ordenó al Establecimiento
Público Ambiental EPA-CARTAGENA que iniciara los trabajos necesarios para
diseñar, construir, mantener, administrar, operar y desarrollar la
infraestructura adecuada que le ponga fin a la violación de los derechos
fundamentales del accionante y los miembros de su grupo familiar, que habitan
en una vivienda ubicada en el barrio Piedra Bolívar.
[75] Esta
tesis ya había sido planteada en las sentencias T-219 de 1994 y T-622 de 1995 (M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz).
[76] M.P.
María Victoria Calle Correa. La decisión adoptada en la sentencia T-618 de 2011
fue referida en ideas anteriores.
[77] M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto.
[78] Sentencia
T-707 de 2012 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
[79] Ver
al respecto la sentencia T-235 de 2011 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
[80] Artículo 14 numeral 2 de la Convención, ratificada por
Colombia el diecinueve (19) de enero de mil novecientos ochenta y dos (1982).
[81] La
Convención fue suscrita por Colombia el veinte (20) de noviembre de mil
novecientos ochenta y nueve (1989) y ratificada el veintiocho (28) de enero de mil
novecientos noventa y uno (1991).
[82] Asamblea General de las Naciones Unidas. El derecho humano al agua y el saneamiento A/RES/64/292.
[83] Comité DESC. Declaración sobre el derecho al
saneamiento. E/C.12/2010/1. El Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR, por sus siglas en inglés, o
DESC, por sus siglas en español) se estableció en virtud de la resolución
1985/17 del veintiocho (28) de mayo de mil novecientos ochenta y cinco (1985),
del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) para desempeñar
las funciones de supervisión del Pacto Internacional de Derechos Económicos
Sociales y Culturales (PIDESC).
[84]
Sentencias T-227 de 2003 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett) y T-235 de 2011 (M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva).
[85] A
folios 11 a 13 obra fotocopia de los documentos de identidad del núcleo
familiar del accionante Jorge Arturo Bermúdez Gallo, conformado por este (63
años), la señora Luciria Sabi León (55 años) y la joven Angie Liliana Bermúdez
Sabi (19 años).
[86] A
folios 11 a 15 obra fotocopia de los documentos de identidad del núcleo
familiar del accionante Marco Fidel Cañaveral Guzmán, conformado por este (68
años), la señora María Amparo Cañaveral de Cañaveral (66 años), la joven Laura
Sofía Lugo Cañaveral (17 años), la joven Kelly Johanna Cañaveral Cañaveral (16
años) y la niña Stephany Yulieth Cañaveral Cañaveral (13 años).
[87] Por
conducto del Ingeniero Jhon Fredy Perea Fiscal.
[88]
Folios 21 y 22.
[89]
Mediante oficio DAM-1-8.02.071-2016 recibido el once (11) de mayo de dos mil
dieciséis (2016), el Alcalde del municipio de Florida  informó en relación con
el estado de la gestión del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado: “1-;
este se encuentra en manos de la empresa Vallecaucana de Aguas, ya que a través
de un convenio realizado entre la Gobernación del Valle y la Empresa prestadora
del servicio de acueducto y alcantarillado en el Municipio –ACUAVALLE S.A.
E.S.P.–, se elaboró dicho plan maestro, no obstante, debido a un litigio
jurídico en el que se encuentra la Gobernación del Valle del Cauca y ACUAVALLE
por el no pago del total del costo del plan, el Municipio no ha podido acceder
al mismo por las circunstancias enunciadas y por lo tanto no ha podido
gestionar los recursos para la ejecución del mismo. Una vez tengamos el plan
maestro de alcantarillado se procederá a la ejecución del plan de acción
definido en el mismo y serán priorizadas aquellas obras que mitiguen o pongan
en riesgo la salud, bienestar y bienes de la comunidad” (folios 17 al 18
del expediente T-5389243).
[90]
Folios 23 al 24.
[91] Acta
de visita del diecisiete (17) de septiembre de dos mil quince (2015) realizada
al sector por personal de Acuavalle S.A. E.S.P., firmada por
César A. Chicaizal, Coordinador de Mantenimiento Zona 1;
referenciada en el oficio AC-3212 del diez (10) de mayo de dos mil dieciséis
(2016). Folios
29 al 33 del expediente T-5389243.
[92]
Ibídem. Explica el informe: “[…] entre las Carreras 19 y 20, el colector tiene
un diámetro de 36 [pulgadas] en material de hormigón, el cual se encuentra en
perfectas condiciones de operación, debido principalmente a la reciente
pavimentación de la vía. Este colector al presentar un diámetro grande, tiene
capacidad de recibir sin inconveniente alguno el flujo de agua residual que
viene aguas arriba de la Calle 7, ya que además recibe el flujo proveniente de
un colector sobre la Carrera 19 con diámetro de 27 [pulgadas] y ello se
sustenta teniendo en cuenta la capacidad máxima de transporte de 1,7 m3/s (ver
tabla anexa). Se reitera, que el problema de inundación se deriva cuando este
colector recibe el flujo de agua lluvia que entra por los sumideros construidos
sobre la vía y por las modificaciones a las cámaras de alcantarillado que
aumenta la cantidad de agua a transportar sin tener la capacidad para ello
dicho colector, teniendo como consecuencia el rebose de agua residual en la
cámara de la Calle 7 con carrera 18 y 19 e inundando el interior de las
viviendas que se encuentran en este tramo de la vía…”.
[93]
Ibídem.
[94]
Ibídem.
[95]
Ibídem.
[96] A
folio 58 del expediente T- 5389244 obra una constancia del veinticuatro (24) de
agosto de dos mil quince (2015) suscrita por el comandante del Cuerpo de
Bomberos Voluntarios de Florida, en la que se lee entre otras anotaciones: “Que
en el Libro de Minuta de Guardia, Folio 27, con fecha Marzo 24 de 2014 se
encuentra de manera textual la siguiente anotación: || […] || 18:23 Regresa la
M5 e informa el Bri. Lemos Jhonny que desde la Cra 18 con Clle 7 hasta la Cra
20 las viviendas de este sector se encuentran inundadas a causa del agua que se
está devolviendo del alcantarillado”. Al final de este mismo documento aparece
la siguiente nota: “Gran parte de las inundaciones fue debido a la falta de
capacidad de la red de alcantarillado y red de aguas lluvias”
[97] En
cuanto al estado de gestión del Plan maestro de alcantarillado para el
Municipio de Florida, señaló: “[…] este se encuentra en manos de la empresa
Vallecaucana de Aguas, ya que a través de un convenio realizado entre la
Gobernación del Valle y la Empresa prestadora del servicio de acueducto y
alcantarillado en el Municipio –ACUAVALLE S.A. E.S.P.–, se elaboró dicho plan
maestro, no obstante, debido a un litigio jurídico en el que se encuentra la
Gobernación del Valle del Cauca y ACUAVALLE por el no pago del total del costo
del plan, el Municipio no ha podido acceder al mismo por las circunstancias
enunciadas y por lo tanto no ha podido gestionar los recursos para la ejecución
del mismo. Una vez tengamos el plan maestro de alcantarillado se procederá a la
ejecución del plan de acción definido en el mismo y serán priorizadas aquellas
obras que mitiguen o pongan en riesgo la salud, bienestar y bienes de la
comunidad” (folio 17
del expediente T-5389243).
[98] Folio 18 del
expediente T-5389243.
[99] Folio 25 del
expediente T-5389243.
[100] Esto
fue objeto de examen en la sentencia T-207 de 1995 (M.P. Alejandro Martínez
Caballero).
[101] A
folios 18 al 20 aparece fotocopia de un derecho de petición dirigido al gerente
de Acuavalle S.A. E.S.P., Humberto Swann, con fecha de recibido del treinta
(30) de enero de dos mil quince (2015), y con copia a la Alcaldía Municipal
de Florida, Valle, y a la Secretaría de Planeación y la Personería, en
donde los afectados del sector ubicado en la calle 7ª con carrera 18 del barrio
El Paraíso describen la problemática ocasionada por las inundaciones.
[102] Entre
ellos, Maricela Casquete (casa 18-17), Eva Vásquez (casa 18-25), Faiber Jiménez
Castro (casa 18-33), Jesús Orlando Bastidas Leyton (casa 18-39), Servio A.
Montenegro (casa 18-45), Urbano José Mosquera (casa 18-53) y Luis Alfredo Peña
(casa 18-75). Ver folios 18 al 20 del expediente T-5389244. Asimismo, la Sala
tiene en cuenta que en las respuestas de las entidades accionadas se habla de
una comunidad afectada por las inundaciones, residente en la calle 7ª con
carrera 18 del barrio El Paraíso.
[103]
Sobre la extensión de los efectos de las sentencias de tutela proferidas por la
Corte Constitucional ver la sentencia SU-1023 de 2001 (M.P. Jaime Córdoba
Triviño).  La Corporación en esa oportunidad le dio efectos inter comunis
a su decisión, tras constatar que “todos los pensionados pertenecen a una
comunidad, en situaciones de igualdad de participación, y con el fin de evitar
entre ellos desequilibrios injustificados”. Precisó: “hay eventos excepcionales
en los cuales los límites de la vulneración deben fijarse en consideración
tanto del derecho fundamental del tutelante como del derecho fundamental de
quienes no han acudido a la tutela, siempre y cuando se evidencie la necesidad
de evitar que la protección de derechos fundamentales del accionante se realice
paradójicamente en detrimento de derechos igualmente fundamentales de terceros
que se encuentran en condiciones comunes a las de aquel frente a la autoridad o
particular accionado”. En la sentencia T-088 de 2011 (M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva) fueron  precisados los requisitos para dictar fallos con efectos inter
comunis, en los siguientes términos: “(i) que la protección de los derechos
fundamentales de los peticionarios atente o amenace con atentar contra los
derechos fundamentales de los no tutelantes; (ii) que quienes no acudieron a la
acción de tutela y los accionantes se encuentren en condiciones objetivas
similares; y (iii) que con la adopción de este tipo de fallo se cumplan fines
constitucionales relevantes tales como el goce efectivo de los derechos de la
comunidad y el acceso a la tutela judicial efectiva”.
[104] Sentencia
T-213A de 2011 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[105] El
efecto inter comunis ha sido utilizado por diferentes salas de decisión
en materia de protección especial a la madre o al padre cabeza de familia en
las sentencias T-592 de 2006 (M.P. Jaime Araujo Rentería) y T-098 de 2009 (M.P.
Clara Inés Vargas Hernández); derecho a la seguridad social de los trabajadores
en la sentencia T-451 de 2009 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez); libertad de
asociación sindical en la sentencia T-938 de 2011 (M.P. Nilson Pinilla
Pinilla);  derecho a la educación en la sentencia T-698 de 2010 (M.P.
Juan Carlos Henao Pérez);  concurso público
de méritos en la T-213A de 2011 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo); derecho
al saneamiento básico de aguas residuales en la sentencia T-707 de 2012 (M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva); derecho a la vivienda digna en las sentencias T-047
de 2011 (M.P.
María Victoria Calle Correa), T-284A de 2012 (M.P. María Victoria Calle
Correa), T-098 de 2012 (M.P. Mauricio González Cuervo), T-047 de 2011 (M.P.
María Victoria Calle Correa), T-907 de 2013 (M.P. María Victoria Calle Correa)
y T-689 de 2013 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub); derechos de las víctimas
de desplazamiento forzado en las sentencias T-946 de 2011 (M.P. María Victoria
Calle Correa), SU-254 de 2013 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), T-239 de 2013
(M.P. María Victoria Calle Correa), T-370 de 2013 (M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio) y T-465 de 2013 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva); derechos a la
seguridad social y al mínimo vital de usuarios del régimen de prima media en
las sentencias T-441 de 2013 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) y T-556 de
2013 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez); protección de derechos de personas
afectadas por desastres naturales en las sentencias T-648 de 2013 (M.P.
Mauricio González Cuervo) y T-696 de 2013 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub),
entre otros aspectos.
[106] Obsérvese
que en las respuestas suministradas por las entidades accionadas en todo
momento se refieren a la afectación sufrida por los residentes del sector
ubicado en la calle 7ª con carrera 18 del barrio El Paraíso, de Florida, Valle.
[107] Folios 20, 24 y
25 del expediente T-5389243.
[108] Folio 25 del
expediente T-5389243.