T-433-16
Sentencia T-433/16
DERECHO
A LA VIVIENDA DIGNA-Procedencia de tutela como mecanismo de
protección cuando adquiere rango fundamental
OBLIGACIONES
VINCULADAS CON EL DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA-Facetas de
cumplimiento inmediato o en periodos breves de tiempo
En cuanto a las facetas que
deben cumplirse de inmediato o en períodos breves de tiempo, la Corte ha
señalado que, cuando menos, puede decirse que son las siguientes: (i)
garantizar unos contenidos mínimos o esenciales del respectivo derecho a todos
sus titulares; (ii) iniciar cuanto antes el proceso encaminado a la completa
realización del derecho (como mínimo, disponer de un plan); (iii) garantizar la
participación de los involucrados en las decisiones; (iv) no discriminar
injustificadamente; (v) proteger especialmente a las personas desaventajadas,
en circunstancias de vulnerabilidad relevantes, o que se encuentran en peor
situación; (vi) no interferir arbitrariamente en el contenido ya garantizado
del derecho, y (vii) no retroceder de forma injustificada en el nivel de
protección alcanzado.
ACCION DE TUTELA Y PRINCIPIO DE INMEDIATEZ-Excepciones para aceptar que se presente en un extenso espacio de
tiempo entre vulneración y presentación
La Corte Constitucional ha
puesto de presente la existencia de tres (3) factores excepcionales que
justifican el transcurso de un lapso prolongado entre el momento de la
vulneración del derecho y la fecha de interposición de la acción. Estos son (i)
Que existan razones válidas para justificar la inactividad de los accionantes.
Pueden ser situaciones de fuerza mayor, caso fortuito y en general la incapacidad
del accionante para ejercer la acción en un razonable (ii) que se demuestre que
la vulneración es permanente en el tiempo en el entendido de que si bien el
hecho que la originó es muy antiguo, la situación desfavorable del actor
derivada del irrespeto a sus derechos continúa y es actual; y (iii) que la
especial situación del actor convierta en desproporcionado el hecho de
adjudicarle la carga de ejercer los medios ordinarios de defensa judicial.
DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA-Alcance
como derecho fundamental y su protección a través de la acción de tutela
El juez de
tutela no puede argumentar la ausencia del carácter fundamental del derecho a
la vivienda digna o acudir a la teoría de la conexidad para evaluar la
procedibilidad del amparo. Por el contrario, debe analizar en el caso concreto
si lo que se busca defender es el derecho subjetivo en cabeza del accionante
como consecuencia de un determinado plan de adquisición de vivienda propia,
pues, de ser así, la protección se torna procedente.
SUBSIDIOS DE VIVIENDA EN LA DOCTRINA CONSTITUCIONAL-Mecanismo
para el logro progresivo de la efectividad del derecho a contar con una
vivienda digna
SISTEMA NACIONAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL-Proceso
de postulación, asignación, desembolso y legalización del subsidio familiar de
vivienda de interés social
DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA-Vulneración
al no prorrogar el término de vigencia de los subsidios de vivienda otorgados a
los accionantes
SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA Y PRINCIPIO DE
IGUALDAD-Vulneración
al no prorrogar subsidio de vivienda que fue otorgado hasta que se presente su
respectiva legalización y no haber entregado las viviendas asignadas,
correspondiente a proyecto de vivienda ofertado
DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA-Orden
a Fonvivienda otorgar nuevamente vigencia a los subsidios de vivienda hasta que
sean entregadas sus viviendas propias y legalizados los subsidios
Referencia:
Expedientes                           T-5.456.675, T-5.448.677, T-5.447.085, T-5.447.096,
T-5.441.920,  T-5.441.919, T-5.441.912, T-5.488.374, T-5.488.375, T-5.488.376,
T-5.488.377, T-5.488.378
Accionantes:
Faridis
Toscano Gómez, Marco Fidel Ruiz Álvarez, Marelvis Sofía Martínez Reyes, Kelly
Johana Arrieta Villalobos, Yamile del Carmen Luna Luna, Eliana Judith
Lambertinez Pérez, Libardo Ramiro Rodríguez Villadiego, José Luis Pantoja
Negrete, Llira Patricia Ibáñez Causil, Sor Elena Arrieta Galeano, Abel Antonio
Martínez Osorio, Kendris Paola Estrada Mercado
Accionados:
Ministerio
de Vivienda Ciudad y Territorio, Fonvivienda y la Gobernación de Córdoba
Magistrado
Ponente:
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Bogotá D.C., doce (12) de agosto de dos
mil dieciséis (2016)
La Sala Cuarta de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los magistrados Jorge Iván Palacio Palacio,
Gloria Stella Ortiz Delgado y Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, quien  la
preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha
pronunciado la siguiente
SENTENCIA
En la revisión de los fallos proferidos
por el Juzgado 3º Laboral del Circuito de Montería (T-5.456.675), el Juzgado 1º
Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Montería
(T-5.448.677), la Sala Civil, Familia, Laboral del Tribunal Superior de Montería,
la Sala Civil, Familia, Laboral del Tribunal Superior de Montería (T-5.447.085,
T-5.447.096, T-5.441.912), el Juzgado 1º Penal del Circuito de Montería (T-5.441.920,
T-5.441.919), La Sala Jurisdiccional  Disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura de Córdoba, La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Seccional de la Judicatura de Córdoba (T-5.488.374, T-5.488.375, T-5.488.376,
T-5.488.377, T-5.488.378), en el trámite de las acciones de tutela promovidas
por Faridis Toscano Gómez, Marco Fidel Ruiz Álvarez, Marelvis Sofía Martínez
Reyes, Kelly Johana Arrieta Villalobos, Yamile del Carmen Luna Luna, Eliana
Judith Lambertinez Pérez, Libardo Ramiro Rodríguez Villadiego, José Luis
Pantoja Negrete, Llira Patricia Ibáñez Causil, Sor Elena Arrieta Galeano, Abel
Antonio Martínez Osorio, Kendris Paola Estrada Mercado, contra el Ministerio de
Vivienda Ciudad y Territorio, Fonvivienda y la Gobernación de Córdoba.
Los
expedientes fueron escogidos para revisión por la Sala de Selección número
Cuatro, a través de autos del 14 y 29 de abril de 2016 y repartidos a la Sala
Cuarta de Revisión.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud
Faridis Toscano Gómez, Marco Fidel Ruiz
Álvarez, Marelvis Sofía Martínez Reyes, Kelly Johana Arrieta Villalobos, Yamile
del Carmen Luna Luna, Eliana Judith Lambertinez Pérez, Libardo Ramiro Rodríguez
Villadiego, José Luis Pantoja Negrete, Llira Patricia Ibáñez Causil, Sor Elena
Arrieta Galeano, Abel Antonio Martínez Osorio, Kendris Paola Estrada Mercado,  presentaron
sendas acciones de tutela contra el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio,
Fonvivienda y la Gobernación de Córdoba, por considerar que dichas entidades
vulneraron sus derechos fundamentales a la vivienda digna y a la igualdad, al
no prorrogar el subsidio familiar de vivienda que les fue adjudicado, hasta que
se surta el proceso de legalización del inmueble destinado para su habitación y
por incumplir en la entrega del Proyecto Urbanización Villa Melisa en la ciudad
de Montería.
1.1 Aclaración metodológica
En autos
del 14 y 29 de abril de 2016, esta Corporación decidió seleccionar
para revisión los casos de la referencia, en virtud de la atribución prevista
en el artículo 33 del Decreto 2591 de 1991. De igual manera, procedió a
acumularlos para que fuesen fallados en una sola providencia.
Las
solicitudes de amparo se encuentran dirigidas contra las mismas entidades y por
igual situación fáctica, a saber: la prórroga de los subsidios de vivienda de
los cuales fueron beneficiarios los accionantes para ser aplicados en el
proyecto Villa Melisa en la Ciudad de Montería. Debido a ello, en la sentencia
se realizará un estudio conjunto de los doce casos presentados en materia de
antecedentes y análisis de los casos concretos.
No obstante,
para mayor claridad acerca de las particularidades de cada causa, al final de
esta providencia, en un documento anexo, se encuentran desarrolladas, de manera
separada, una relación de los hechos, contestaciones, sentencias y pruebas de
cada expediente.
2. Hechos
La situación fáctica de los casos bajo
estudio se resume de la siguiente manera:
1.     Sostienen
los accionantes que, a través de Resolución No.950 de 2011, el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio adjudicó 1200 subsidios de vivienda por un valor
de 11’783.200 de pesos para el proyecto Urbanización Villa Melisa en la Ciudad
de Montería, de los cuales resultaron beneficiarios.
2.     La
modalidad del subsidio era la de adquisición de vivienda nueva en la ciudad de
Montería, con un plazo de 6 meses para su aplicación a partir del primer día
del mes siguiente a la fecha de publicación de la resolución de asignación y,
en todo caso, siempre y cuando lo permitieran las normas de ejecución
presupuestal.
3.     Coinciden
en señalar, que durante aproximadamente los 4 años siguientes a la adjudicación
de los subsidios se acercaron en múltiples ocasiones a la Gobernación de
Córdoba, como ejecutora del proyecto, con el fin de obtener información sobre
las razones de retraso en la construcción y no entrega de las viviendas
correspondientes. No obstante, la única respuesta que obtenían era que la ayuda
sería entregada bajo la modalidad de contraescritura.
4.     Sin
embargo, manifiestan que, entre los meses de octubre y noviembre de 2015, al acercarse
nuevamente a las oficinas de la Gobernación, les informaron que el subsidio
asignado había expirado, por lo que no sería posible la entrega de la vivienda,
dada la carencia de recursos para ello. Lo anterior, toda vez que, de los 1200
subsidios adjudicados a través de la Resolución No.950 de 2011, 787 se
encontraban vencidos.
5.     Algunos
de los accionantes son cabezas de hogar, con hijos menores de edad y en ciertos
casos en condición de discapacidad, quienes señalaban que no cuentan con los
recursos económicos suficientes para acceder a un inmueble propio. Exponen,
también, que los beneficiarios de los subsidios asignados no pueden verse
afectados por problemas administrativos que se presenten entre las entidades
involucradas y a quienes se les atribuye la no realización de los trámites
necesarios para el pago efectivo del auxilio económico.
3. Pretensiones
Los accionantes solicitan el amparo de
sus derechos fundamentales a la igualdad y a la vivienda digna y, en
consecuencia, que se ordene al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a
Fonvivienda y a la Gobernación de Córdoba el reintegro o devolución del
subsidio de vivienda familiar que les fue otorgado a través de la Resolución
No. 950 de 2011, para aplicarlo en el proyecto Urbanización Villa Melisa.
4. Pruebas
En la mayoría de los expedientes se
aportan los siguientes elementos probatorios:
-
Copia
de la cédula de ciudadanía de los accionantes.
-
Copia
del escrito por medio del cual el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio les
informa la asignación del subsidio de vivienda.
-
Copia
del escrito en el que se establecen las instrucciones para hacer efectivo el
desembolso del Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Urbana.
-
Copia
del resultado de la Consulta Estado Subsidio por Cédula.
-
Copia
del listado de fichas histórico para información de puntaje de SISBEN.
-
Copia
de los registros civiles y tarjetas de identidad de los hijos menores de edad
de los accionantes.
5. Respuesta de las entidades demandadas
y vinculadas
5.1 En los casos en
que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio allegó respuesta, a través
de apoderado judicial, solicitó se denegara el amparo pretendido, bajo
argumentos que se pueden resumir de la siguiente manera:
Indica que, en primer lugar, a partir de
la Convocatoria Concurso Esfuerzo Territorial Nacional y la  postulación
realizada ante la Caja de Compensación Familiar de COMFACOR-Montería los
accionantes, a través de la Resolución No.950 de 2011, resultaron beneficiarios
de un Subsidio Familiar de Vivienda por parte de Fonvivienda en la modalidad
Adquisición de Vivienda Nueva, por un valor de 11.783.200 de pesos para ser
aplicado en el proyecto Urbanización Villa Melisa.
Sin embargo, sostiene que después de
haberse renovado en distintas ocasiones sin que se hubiese dado trámite al
cobro y movilización de la ayuda, según lo dispuesto en la carta de asignación entregada
en el 2011, los subsidios vencieron el 30 de junio de 2015, por lo que,
actualmente, se encuentran en estado “Apto con Subsidio Vencido”. En esa
medida, indica que el dinero correspondiente fue restituido al Tesoro Nacional.
De otro lado, expone que se asignaron
2.098 viviendas de las cuales 1.869 corresponden a quienes se postularon como
población vulnerable y 229 a población desplazada. De ese total, 884 subsidios
se enmarcan dentro de las etapas I a V y la etapa ejecutada contraescritura certificada
por Fonade, entidad supervisora.
Igualmente, sostiene que de la etapa VI
se encontraban en ejecución 343 viviendas las cuales, luego de reunión llevada
a cabo el día 11 de marzo de 2015, entre Fonade, la constructora y la
Gobernación de Córdoba, se pactó que serían entregadas el 31 de julio del mismo
año. No obstante, dicho acuerdo no fue cumplido. En efecto, indica que se ha
legalizado únicamente el 42% del total de las viviendas del proyecto después de
4 años de asignados los subsidios, lo que evidencia el bajo rendimiento de la
obra. Por tal motivo, de las ayudas otorgadas a través de la Resolución 950 de
2011, 787 han vencido y no fueron incluidas en la nueva Resolución de
ampliación No. 0521 de 2015.
En esa medida, manifiesta que es la
Gobernación de Córdoba la que ha incumplido con el proyecto de construcción, no
se han construido la totalidad de las viviendas, ni se han respetado los plazos
establecidos para las entregas. Por tanto, muchos de los subsidios no han sido
legalizados y se encuentran vencidos. En consecuencia, no es posible que los
accionantes accedan a los subsidios en principio adjudicados, pues los recursos
ya no se encuentran disponibles.
Sostuvo también que la entidad no es la
encargada de coordinar, asignar o rechazar subsidios de vivienda de interés
social, pues esa función corresponde principalmente a Fonvivienda en virtud del
Decreto 555 de 2003. Al Ministerio le compete la formulación y dirección de las
políticas y regulación de planes y programas relacionados con proyectos
habitacionales integrales. Por ende, indica que se presenta una falta de
legitimación por pasiva, dado que no es la entidad que está causando la amenaza
o vulneración de los derechos fundamentales.
5.2 Fonvivienda
En todos los casos, Fonvivienda se
pronunció a través de apoderado judicial, solicitando denegar las pretensiones
de los accionantes argumentando que:
En primer lugar, que luego de verificar
en el Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda del Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio se estableció que a los accionantes se les
asignó un subsidio de vivienda por un valor de 11’783.200 de pesos, en la
modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva-Tipo VIP- Vivienda de Interés
Prioritario, para el Proyecto de Urbanización Villa Melisa los cuales,
actualmente, se encuentran en estado “Apto con Subsidio Vencido” desde el 30 de
junio de 2015.
Lo anterior, toda vez que no se dio el
trámite correspondiente al cobro del subsidio así como su respectiva
movilización, según lo indicaba la carta de asignación en la cual se encuentran
las instrucciones para hacer efectivo el pago del subsidio. Por tanto, indica
que, al momento, no es posible presupuestal ni administrativamente hacer
efectivo el auxilio a nombre de los peticionarios pues, al haber perdido su
vigencia, estos no pueden revivirse. Bajo ese orden, sostiene que la negativa
de la entidad obedece al no cumplimiento de las condiciones establecidas en la
ley para acceder a beneficios habitacionales y no a actuaciones caprichosas de
la entidad.
De otro lado, reiteran los argumentos
expuestos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en cuanto al
desarrollo y ejecución de la obra, recalcando el hecho de que en la actualuidad
solo el 42% de la construcción se ha legalizado después de 4 años de la
asignación de las ayudas, máxime cuando los subsidios correspondientes fueron
consignados en los primeros meses del año 2012 en el Banco Agrario de Colombia.
Por tanto, sostiene que el no cumplimiento de los trámites correspondientes se
le atribuye a la Gobernación de Córdoba y demás intervinientes en el proyecto,
más no a la entidad.
Finalmente, expone que las convocatorias
realizadas por Fonvivienda son para cada proyecto en específico, por lo que la
postulación de un hogar solo puede llevarse a cabo una sola vez, en virtud de
lo establecido en el Decreto 2190 de 2009.
5.3 La Gobernación de Córdoba
A través de representante, la
Gobernación de Córdoba sostiene que quien otorgó el subsidio objeto de las
acciones de tutela fue el Ministerio de Vivienda y no la Gobernación.
Expone, también, que luego de consultar
el estado del subsidio al que aluden lo accionantes en la página web del
Ministerio, se verificó que habían perdido vigencia (Apto con subsidio vencido)
desde el 30 de junio de 2015, toda vez que la entidad señalada, a través de
Resolución No. 521 de 2015, resolvió ampliar algunos subsidios de vivienda más
no los concedidos a través de Resolución 950 de 2011.
En esa medida, afirma que no se cuenta
con recursos para la entrega de las viviendas de la Urbanización Villa Melisa
que solicitan los demandantes. No obstante, resalta que, de los 1.200 subsidios
otorgados por la mencionada Resolución, 413 permanecieron vigentes, lo cual, a
su juicio, atenta contra el derecho a la igualdad de los peticionarios, situación
en la que no tiene responsabilidad la Gobernación, sino el Ministerio.
Por otro lado, sostiene que si bien el
plazo para la legalización del subsidio era de 6 meses, estos se prorrogaron
durante 3 años consecutivos a solicitud de la Gobernación, generando en los
beneficiarios de los mismos una confianza legítima de que las casas iban a ser
entregadas.
Al respecto, afirma que el retraso en la
ejecución de los proyectos obedece a las reglas establecidas por el Ministerio.
Lo anterior, aunado a que uno de los requisitos exigidos para el cobro
anticipado del subsidio por parte de la constructora encargada era la
constitución de una póliza de cumplimiento. Esta fue tramitada con la
Aseguradora Cóndor lo que permitió la construcción de 826 viviendas.
No obstante, indica que la mencionada
entidad entró en proceso de liquidación en el año 2013 y ninguna otra
aseguradora accedió a respaldar el proyecto debido al alto riesgo que
implicaba. Manifiesta que, en efecto, el 6 de mayo de 2014, se abrió proceso de
licitación para cumplir el mencionado requisito, pero tuvo que ser declarado
desierto el 4 de junio de la misma anualidad.
Por tanto, expone que el ejecutor de la
obra solo logró entregar 88 viviendas más, a parte de las 826 ya mencionadas,
pero bajo la modalidad contraescritura que, si bien no exige póliza, implica
que se recibe el pago del subsidio  una vez entrega la vivienda. Motivo por el
cual es difícil conseguir los recursos para la construcción, pues debe utilizar
los propios.
Bajo ese orden, afirma que para
sustituir a la Corporación Concretar, constructora inicial, la Gobernación
realizó un proceso de selección a través del cual se eligió al ingeniero
Gustavo Ramírez Mendoza para la finalización del proyecto en la modalidad contraescritura,
pero modificando el valor que recibiría de subsidio por vivienda de 11’783 000
a 14’273.573 de pesos por lo que, con el fin de continuar con el proyecto, la
entidad realizó el aporte complementario necesario.
Así, indica que, en mayo de 2015, se
logró obtener la licencia de construcción de 343 viviendas más y se dio también
el inicio de la VI etapa de construcción. En julio de la misma anualidad se solicitó
la licencia para las viviendas restantes.
Manifiesta que, según lo antes esbozado,
se puede observar el esfuerzo de la Gobernación por finalizar el proyecto sin
obtener resultados positivos dado el vencimiento de 787 subsidios, situación
que, a su juicio, vulnera el derecho a la igualdad y confianza legítima de los
beneficiarios, por causas no atribuibles a la entidad, sino al trámite
administrativo y exigencias del Ministerio que impiden la ejecución de este
tipo de proyectos.
5.4 La Caja de
Compensación Familiar de Córdoba-Comfacor
A través de representante, en las
oportunidades en que fue vinculada, adujo que la entidad no había vulnerado
derecho fundamental alguno, bajo el argumento de que el estado actual de la
postulación realizada por los accionantes es “apto con subsidio vencido” dado
que este perdió vigencia el 30 de junio de 2015.
Por otro lado, sostiene que las
funciones de la Caja se limitan a las que se encuentran establecidas en el
contrato de encargo de gestión No. 534 de 2015, suscrito entre la entidad y la
Unión Temporal de Cajas de Compensación –CAVIS UT-. Dentro de ellas no se advierte
la facultad de reintegrar o devolver el subsidio familiar de vivienda, la cual
reposa en cabeza de Fonvivienda.
5.5 Corporación Concretar
La Corporación Concretar a través de
apoderado judicial, solicitó la desvinculación del proceso argumentando que la
entidad no representa legalmente a la Unión Temporal Villa Melisa, sumado a
que, a través de acta modificatoria No. 7 del 4 de noviembre de 2014, se
realizó una cesión de derechos a la firma de ingenieros Gustavo Ramírez
Mendoza, por lo que sostiene que cesó toda responsabilidad a su cargo,
cualquiera fuese su naturaleza.
De otro lado, sostiene que la facultad
de otorgar y prorrogar los subsidios de vivienda recae únicamente en el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. En consecuencia, afirma que dichas
funciones no están en cabeza de la constructora pues estas se limitan solo a la
construcción de los inmuebles.
Indica también que la constructora fue
parte de la Unión Temporal antes mencionada, pero dado que la Gobernación de
Córdoba no pudo aportar la correspondiente póliza de seguros en vista de que,
según afirma, ninguna aseguradora accedió a contratar, la responsabilidad de la
entidad cesó una vez la construcción fue asumida por la firma de ingenieros.
II DECISIONES JUDICIALES QUE SE REVISAN
Los jueces a quienes les correspondió
estudiar los señalados casos, resolvieron negar el amparo solicitado,
coincidiendo en que no se cumple con los requisitos de subsidiariedad para la
procedencia de las acciones de tutela, pues esta no es la vía adecuada cuando
tiene por objeto controvertir actos administrativos de carácter particular y
concreto, en la medida en que, en su sentir, los accionantes cuentan con otros
mecanismos como la acción de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho
para obtener la protección de sus garantías constitucionales o, de tratarse de
asuntos netamente contractuales, pueden acudir a la jurisdicción civil.
De igual manera, sostienen que no se
observa la ocurrencia de un perjuicio irremediable, por el contrario, se
evidencia una actuar negligente por parte de los peticionarios habida cuenta
que no realizaron los trámites previstos para materializar el subsidio y no
cumplieron con los requisitos establecidos en la “carta de asignaciones” para
hacer efectiva la ayuda señalada.
Ninguna de las decisiones fue objeto de
impugnación.
IV. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA DECISIÓN
1. Competencia
A través de esta Sala de Revisión, la
Corte Constitucional es competente para revisar las sentencias proferida dentro
de los procesos de la referencia, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución Política, en concordancia
con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala Cuarta de
Revisión, determinar si las entidades demandadas vulneraron los derechos
fundamentales a la vivienda digna y a la igualdad de los accionantes, al no
prorrogar la vigencia del subsidio familiar de vivienda que les fue otorgado,
hasta que se efectúe el proceso de legalización del inmueble destinado para su
habitación y por incumplir con la entrega del Proyecto Urbanización Villa Melisa
en la ciudad de Montería.
Para
dirimir este asunto, se abordarán los siguientes temas: (i) alcance del derecho
fundamental a la vivienda digna y su protección a través del ejercicio de la
acción de tutela, (ii) los subsidios de vivienda
familiar, como mecanismo para el logro progresivo de la efectividad del derecho
a contar con una vivienda digna (iii) Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social
para, finalmente, (iv) analizar y resolver el caso concreto.
3. Procedencia de la acción de tutela para exigir la protección del
derecho a la vivienda digna. Reiteración de jurisprudencia[1]
El derecho a la vivienda digna está consagrado en el artículo 51
de la Constitución Política de 1991 en los siguientes términos: “Todos los
colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones
necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de
interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas
asociativas de ejecución de estos programas de vivienda”. En el plano
internacional, este derecho está desarrollado en diferentes instrumentos
suscritos y ratificados por Colombia, así como en los pronunciamientos de los
órganos internacionales autorizados para interpretarlo[2].
El artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, por
ejemplo, sostiene que: “[t]oda persona tiene derecho a un nivel de vida
adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en
especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica
y los servicios sociales necesarios […]” (negrillas fuera de texto
original). Por su parte, el numeral 1º del artículo 11 del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales[3],
establece lo siguiente: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen
el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia,
incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora
continua de las condiciones de existencia […]” (negrillas fuera de
texto).
En relación con su titularidad, esta Corporación ha señalado que
la vivienda digna no es un bien jurídico de carácter exclusivamente individual[4], pues, la mayoría de las veces es
disfrutada por un grupo: la familia, que en virtud del artículo 42 superior,
ostenta una especial protección constitucional[5].
Así pues, la familia requiere de un espacio determinado para desarrollarse en
conjunto con los procesos sociales que le son propios y lo encuentra en la
vivienda. Sin la mencionada protección, esta se ve desprotegida y corre el
riesgo de disolverse[6].
Cabe señalar que al respecto, la Corte Constitucional, desde sus
primeros pronunciamientos, negó la iusfundamentalidad del derecho a la vivienda
digna, como ocurrió con los demás derechos económicos, sociales y culturales,
al considerar que como se trataba de un derecho de carácter prestacional, su contenido
debía ser precisado, en forma programática, por los poderes
democráticamente constituidos para tal fin, de
conformidad con las condiciones jurídico materiales del momento[7].
De conformidad con lo anterior, el Alto Tribunal Constitucional,
en un primer momento, consideró que la acción de tutela era procedente para
proteger el derecho a la vivienda digna solo si se cumplía con los requisitos
generales de procedibilidad y se estaba frente actuaciones arbitrarias de las
autoridades estatales o de particulares[8]. Seguidamente, sostuvo que el derecho a
la vivienda digna derivaba en un derecho fundamental cuando la falta de su
reconocimiento vulneraba o amenazaba, de manera ostensible, un derecho sobre el
cual no había discusión de su naturaleza fundamental[9].
Posteriormente, amplió esa tesis reconociendo su fundamentalidad en los casos
en lo que se evidenciaba una afectación al mínimo vital como resultado del
despojo ilegal de la vivienda y, especialmente, cuando la parte actora se
encontraba en una situación de debilidad manifiesta o era un sujeto de especial
protección constitucional[10]. Poco tiempo después, señaló que el
derecho adquiría un carácter fundamental cuando se vaciaba su contenido[11].
Finalmente, la Corte reconoció el carácter fundamental del derecho
a la vivienda, de forma autónoma, dada la relación directa que tiene con la
dignidad humana[12]; tesis que ha sido sostenida por la
Corporación hasta la actualidad. Según la jurisprudencia constitucional, la
dignidad humana se manifiesta de tres (3) maneras: (i) como autonomía o como
posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según esa elección
(vivir como se quiere); (ii) como acceso al conjunto de las circunstancias
materiales necesarias para desarrollar el proyecto de vida (vivir bien), y
(iii) como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física e
integridad moral (vivir sin humillaciones)[13].
A su vez, la Corte ha señalado que la dignidad humana es protegida y promovida
como (i) principio fundante del ordenamiento jurídico o valor, (ii) principio
constitucional, y (iii) derecho fundamental autónomo.
Así las cosas, el Alto Tribunal Constitucional ha considerado que
el derecho a la vivienda digna está estrictamente ligado con la dignidad humana
entendida como valor, puesto que la disposición de un sitio de habitación
adecuado es absolutamente necesario para el desarrollo del proyecto de vida,
toda vez que facilita la supervivencia del sujeto y, además, porque es allí en
donde transcurre una porción importante de su vida y la de su familia. De esta
manera, la Constitución al autorizar el reconocimiento de derechos
fundamentales no positivizados explícitamente en su capítulo primero (1º)
permitió que la Corte incluyera dentro de esta categoría a la vivienda digna
como una condición para lograr la libertad de elección del plan de vida
concreto y la posibilidad de funcionar en la sociedad, desarrollando un papel
activo en ella. En estos términos, calificar como fundamental el derecho a la
vivienda digna a pesar de que hacer parte de los derechos económicos, sociales
y culturales, llevó a esta colegiatura a adoptar una postura más cercana al
ideario plasmado por los Constituyentes y, adicionalmente, más respetuosa de
los compromisos adquiridos por el Estado colombiano a nivel internacional[14].
Al introducir esta lectura sobre el derecho a la vivienda digna,
la Corte aclaró que sostener la idea contraria, afirmando que ese derecho no es
fundamental autónomamente porque tiene una faceta prestacional, es desconocer
que todos los derechos constitucionales, con independencia de si son civiles,
políticos, económicos, sociales, culturales o del medio ambiente, poseen un
matiz prestacional. Sin importar la generación a la cual se adscriba su
reconocimiento, todo derecho comprende tanto un mandato de abstención
(protección y respeto), como de prestación (garantía), y ello no es óbice para
negar su naturaleza fundamental o para restringir su defensa en sede de tutela.
Tampoco se debe afirmar que los únicos derechos que pueden ser exigidos
mediante esta acción son aquellos cuyo contenido ha sido plenamente
desarrollado, dado que todos gozan de un grado de indeterminación propio del
lenguaje con el que se redactan las cartas políticas. La distinción entre
derechos civiles y políticos de un lado, a derechos económicos, sociales y
culturales, (DESC), de otro, solamente responde a razones históricas y
metodológicas, y no necesariamente a que unos sean más relevantes que otros. De
esta manera, si se adoptara la tesis descrita, no se podría predicar la
fundamentalidad de ninguno de los derechos; ni siquiera del derecho a la vida misma,
toda vez que para garantizarlo el Estado debe, por ejemplo, financiar la
creación y el funcionamiento de una fuerza pública encargada de velar por la
seguridad de la ciudadanía. Por consiguiente, el carácter fundamental de una
garantía o una libertad consagrada en la Constitución no reside, como se creía
antes, en la posibilidad de ordenar su amparo de manera inmediata sino, por el
contrario y como ya se dijo, en su relación intrínseca con una de las facetas
de la dignidad humana, pilar del Estado Social de Derecho.
Ahora, si bien en sede de tutela se puede exigir el respeto y la
protección del derecho a la vivienda digna de manera inmediata, ello no implica
que todos los aspectos que se deriven de la garantía de este derecho se puedan
exigir del mismo modo, pues para el cumplimiento de algunas de estas
obligaciones la administración requiere de la inversión de recursos humanos y
económicos, por consiguiente, su satisfacción está sometida a una cierta
‘gradualidad progresiva’. De esta manera, si bien hoy se reconoce el carácter
fundamental del derecho a la vivienda digna solo es exigible al Estado
colombiano, en un corto plazo, su contenido mínimo o esencial puesto que, en
relación con lo demás, su obligación se agota en iniciar, inmediatamente, el proceso
encaminado a obtener el resultado esperado y definitivo en el mediano y largo
plazo[15].
En cuanto a las facetas que deben cumplirse de inmediato o en
períodos breves de tiempo, la Corte ha señalado que, cuando menos, puede
decirse que son las siguientes: (i) garantizar unos contenidos mínimos o
esenciales del respectivo derecho a todos sus titulares; (ii) iniciar cuanto
antes el proceso encaminado a la completa realización del derecho (como mínimo,
disponer de un plan); (iii) garantizar la participación de los involucrados en
las decisiones; (iv) no discriminar injustificadamente; (v) proteger
especialmente a las personas desaventajadas, en circunstancias de
vulnerabilidad relevantes, o que se encuentran en peor situación; (vi) no
interferir arbitrariamente en el contenido ya garantizado del derecho, y (vii)
no retroceder de forma injustificada en el nivel de protección alcanzado.[16] En cuanto a las obligaciones de
cumplimiento progresivo, el Estado debe asegurarles progresivamente a todas las
personas el derecho a una vivienda en plenas condiciones de seguridad jurídica,
disponibilidad, sostenibilidad, habitabilidad, asequibilidad, adecuación
espacial y adecuación cultural.
Ahora bien, el Constituyente, al reconocer el carácter fundamental
del derecho a la vivienda digna, de manera autónoma, sujetó el amparo de dicho
derecho, a través de la acción de tutela, únicamente, a la satisfacción de los
requisitos generales de procedibilidad, particularmente, los de subsidiariedad
e inmediatez.
En relación con el primero, los conflictos que giran en torno al
derecho a la vivienda digna deben, en principio, dirimirse en las
jurisdicciones ordinaria o contencioso administrativo, pues en ellas existen
los espacios naturales y apropiados para analizar las cláusulas contractuales y
el alcance de los derechos sustanciales consagrados en ellas, así mismo, el
desarrollo efectivo de las políticas y programas gubernamentales que se han
formulado sobre la materia.
De igual manera, la imposibilidad de proteger el derecho a la vivienda
a través de la acción de tutela obedece al carácter complejo y bidimensional
que lo caracteriza. Particularmente, en su faceta prestacional toda vez que el
disfrute de varios de sus elementos depende, en buena parte, del desarrollo
progresivo de las políticas sociales y de la capacidad presupuestal del Estado.
De esta manera, la tutela será procedente solo en los casos en los que a través
de ella se busque la protección o el cumplimiento de una de las garantías que
la administración debe desarrollar en el inmediato o corto plazo y, también, si
la acción se emplea (i) como mecanismo principal porque el actor no dispone de
otro medio judicial de defensa; (ii) como mecanismo subsidiario porque los
otros medios no resultan idóneos o eficaces o, (iii) como mecanismo subsidiario
para evitar la consumación de un perjuicio irremediable. En el primero y en el
segundo caso, la protección constitucional adquirirá un carácter definitivo, en
el tercero, uno transitorio. En esta última situación, surge la obligación para
el accionante de acudir posteriormente a las instancias ordinarias para que
allí se desarrolle el debate jurídico de fondo sobre los hechos planteados en
su demanda[17].
Cabe señalar que el análisis del juez constitucional sobre la
eficacia e idoneidad de los recursos ordinarios no debe ser abstracto[18], pues le corresponde determinar la
funcionalidad de tales mecanismos a la luz del caso concreto, para así asegurar
la protección efectiva del derecho cuyo amparo se pretende[19].
Es decir, el juez de tutela debe examinar si dichos medios de defensa ofrecen
la misma protección que podría otorgar el mecanismo excepcional de la tutela y
si su puesta en ejecución no generaría una lesión mayor de los derechos del
afectado[20].
Así las cosas, cuando el accionante sea un sujeto de especial
protección constitucional o esté en una situación de debilidad manifiesta, el
juez de tutela debe aplicar un tratamiento diferencial positivo y analizar
todos los requisitos de procedencia de la acción de tutela desde una óptica
menos estricta, pues este no puede soportar, de la misma manera que el resto de
la sociedad, las cargas y los tiempos procesales de los medios ordinarios de
defensa judicial[21].
Por su parte, el requisito de inmediatez de la acción de tutela
implica que esta sea presentada, de forma oportuna, respecto del acto que
generó la presunta vulneración de los derechos fundamentales. Como requisito de
procedibilidad, la inmediatez encuentra su razón de ser en la tensión que
existe entre el derecho constitucional a presentar una acción de tutela “en
todo momento” y el deber de respetar la configuración de la acción como un
medio de protección “inmediata” de derechos fundamentales[22].
Es decir, que pese a no contar con un término de prescripción por mandato
expreso del artículo 86 superior, debe existir necesariamente una correspondencia
entre la célere naturaleza de la tutela y su interposición justa y oportuna.
Para verificar el cumplimiento de este principio, el juez debe
constatar si el tiempo trascurrido entre la supuesta violación o amenaza y la
interposición de la tutela es razonable. De no serlo, debe analizar si existe
una razón válida que justifique la inactividad del accionante, pues es
inconstitucional pretender darle un término de caducidad a la acción, o
rechazarla únicamente con fundamento en el paso del tiempo[23].
De tal modo que, si bien el término para interponer la acción de tutela no
puede establecerse de antemano, el juez está en la obligación de verificar cuándo
no se ha interpuesto de manera razonable para evitar que se convierta en un
factor de inseguridad que lesione los derechos fundamentales de terceros, o que
desnaturalice la acción. A este respecto, la Corte Constitucional ha puesto de
presente la existencia de tres (3) factores excepcionales que justifican el
transcurso de un lapso prolongado entre el momento de la vulneración del
derecho y la fecha de interposición de la acción. Estos son (i) Que existan
razones válidas para justificar la inactividad de los accionantes. Pueden ser
situaciones de fuerza mayor, caso fortuito y en general la incapacidad del
accionante para ejercer la acción en un razonable[24](ii)
que se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo en el entendido
de que si bien el hecho que la originó es muy antiguo, la situación
desfavorable del actor derivada del irrespeto a sus derechos continúa y es
actual; y (iii) que la especial situación del actor convierta en desproporcionado
el hecho de adjudicarle la carga de ejercer los medios ordinarios de defensa
judicial[25].
Ahora
bien, cuando la vulneración del derecho a la vivienda digna sea alegada a
partir de la existencia de un contenido prestacional del mismo, es decir, ya
existiendo las condiciones para que la persona exija del Estado el cumplimiento
de una obligación específica y previamente establecida,[26]
cuya infracción arbitraria esté además desconociendo otros derechos de
raigambre fundamental, esta Corporación ha admitido que el derecho a la
vivienda digna sea justiciable mediante la acción de tutela.
Estos
presupuestos especiales de procedencia para solicitar el amparo constitucional
del derecho a la vivienda, que no excluyen los relacionados con la
subsidiariedad y la inmediatez y que en alguna medida también están
relacionados con la prosperidad del mismo, operan entonces cuando “(i) por
vía normativa se defina [el] contenido [de tal derecho], de modo que pueda
traducirse en un derecho subjetivo; (ii) cuando su no satisfacción ponga en
riesgo otros derechos de naturaleza fundamental, como el derecho a la vida, al
mínimo vital, a la integridad física, etc., y (iii) cuando se reclame la protección
del derecho en cuestión frente a injerencias arbitrarias de las autoridades
estatales y de los particulares”[27]
4. Alcance del
derecho fundamental a la vivienda digna y su protección a través del ejercicio
de la acción de tutela. Reiteración de la jurisprudencia
La
Constitución, en su artículo 51, consagra que todos los colombianos tienen
derecho a una vivienda digna. Así, es responsabilidad del Estado establecer las
condiciones necesarias para la efectividad del derecho y en esa medida debe
promover planes de vivienda de interés social, pero sobre todo, desarrollar una
política pública encaminada a la creación de formas asociativas de ejecución de
programas para el efecto y de sistemas de financiación a largo plazo adecuados
para permitir la materialización de este derecho.
Por
su parte, la jurisprudencia constitucional ha definido este derecho como aquel
por medio del cual, se satisface la necesidad humana de poder contar con un
sitio, propio o ajeno, que disponga de las condiciones adecuadas y suficientes
para que quien lo habite pueda desarrollar, con dignidad, su proyecto de vida.[28]
El
derecho a la vivienda digna ha sido entendido como parte de los llamados
derechos económicos, sociales y culturales. En ese sentido, en los primeros
pronunciamientos de la Corporación al respecto, se señalaba que estos derechos
incorporan una naturaleza prestacional, por ende, no se predicaba su carácter
fundamental y requerían para su efectivo cumplimiento un desarrollo legal
amplio y la implementación de políticas públicas dirigidas a obtener los medios
para su materialización. En consecuencia, no era procedente amparar el derecho
a la vivienda digna por vía de tutela.[29]
Lo
anterior, tenía fundamento en que, al tratarse de un derecho cuyo desarrollo
debía ser progresivo, se tornaba indeterminado al no ser posible garantizar su
protección inmediata, dada la ausencia de un derecho subjetivo del cual
predicar su exigibilidad.
Posteriormente,
la Corte decidió moderar esta tesis al sostener, luego de un análisis del
artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, entre otros instrumentos internacionales, en conjunto
con el artículo 51 superior, que la relación entre una vida digna y la garantía
de los derechos económicos, sociales y culturales era evidente. Es decir que,
el desarrollo de una vida digna va ligado a la posibilidad de contar con un
lugar de habitación adecuado.[30]
Así
las cosas, se acogió la postura de la conexidad con la intención de proteger de
manera efectiva aquellas garantías que pudieran resultar conculcadas por causa
de la vulneración del derecho a la vivienda digna. En virtud de esta tesis,
aunque el derecho comporte una naturaleza prestacional, cuando su
desconocimiento ponga en peligro los derechos reconocidos por la Carta como
fundamentales, se torna procedente el amparo por medio de la acción
constitucional. [31]
Sin embargo, de
manera más reciente, la jurisprudencia ha abordado el tema desde otro punto de
vista, señalando que la naturaleza de fundamental que adquiere un derecho no
puede estar sujeta a la manera como este se hace efectivo en la práctica. Bajo
ese orden de ideas, la Sentencia T-016 de 2007, expuso que “Los derechos
todos son fundamentales pues se conectan de manera directa con los valores que
las y los Constituyentes quisieron elevar democráticamente a la categoría de
bienes especialmente protegidos por la Constitución. Una cosa es la
fundamentalidad de los derechos y otra – muy distinta – la aptitud de hacerse
efectivos tales derechos en la práctica o las vías que se utilicen para ese
fin.”[32]
En esa línea
argumentativa, si se reconoce que todos los derechos son fundamentales, unos
más que otros y que además cada uno cuenta con cierto contenido prestacional,
incluso el derecho fundamental a la vida, resulta “artificioso” señalar que el
amparo de los derechos económicos sociales y culturales, como el derecho a la
vivienda digna, a través de la acción de tutela, solo es posible bajo la tesis
de la conexidad.
Al respecto el Tribunal
señaló que:
“[L]a implementación práctica de los
derechos constitucionales fundamentales siempre dependerá de una mayor o menor
erogación presupuestaria, de forma tal, que despojar a los derechos
prestacionales – como el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, al
acceso al agua potable entre otros - de su carácter de derechos fundamentales
resultaría no sólo confuso sino contradictorio. Al respecto, se dice, debe
repararse en que todos los derechos constitucionales fundamentales – con
independencia de si son civiles, políticos, económicos, sociales, culturales,
de medio ambiente - poseen un matiz prestacional de modo que, si se adopta esta
tesis, de ninguno de los derechos, ni siquiera del derecho a la vida, se podría
predicar la fundamentalidad. Restarles el carácter de derechos fundamentales a
los derechos prestacionales, no armoniza, por lo demás, con las exigencias
derivadas de los pactos internacionales sobre derechos humanos mediante los
cuales se ha logrado superar esta diferenciación artificial que hoy resulta
obsoleta así sea explicable desde una perspectiva histórica.”[33]
Así las cosas,
con la implementación de proyectos y programas dirigidos a la adquisición de
vivienda propia, como por ejemplo, los planes de subsidios de vivienda para
personas de escasos recursos, se supera la indeterminación del derecho a la
vivienda digna, que ponía en duda la procedencia del amparo a través de la
tutela y se delimitan las prestaciones en cabeza de las entidades públicas
encargadas de desarrollar este tipo de políticas, generando de esta manera un
derecho subjetivo y como consecuencia, susceptible de protección por medio de
esta acción constitucional.[34]
A la luz de lo
anterior, el juez de tutela no puede argumentar la ausencia del carácter
fundamental del derecho a la vivienda digna o acudir a la teoría de la
conexidad para evaluar la procedibilidad del amparo. Por el contrario, debe
analizar en el caso concreto si lo que se busca defender es el derecho
subjetivo en cabeza del accionante como consecuencia de un determinado plan de
adquisición de vivienda propia, pues, de ser así, la protección se torna
procedente. [35]
5.
Los subsidios de vivienda familiar como mecanismo para el logro progresivo de
la efectividad del derecho a contar con una vivienda digna
La
Corte, al abordar el tema del régimen general de los subsidios de vivienda, ha
manifestado que se trata de un medio que permite al Estado lograr que las
personas de escasos recursos cuenten con la posibilidad de adquirir un lugar de
habitación, en el cual puedan desarrollar su proyecto de vida en condiciones
dignas. Esta política, consiste en un aporte, en especie o en dinero, entregado
por una sola vez al beneficiario a cargo del Estado para, de esta manera, dar
aplicación a lo establecido en el artículo 51 de la Constitución.[36]
De conformidad
con lo señalado en el ordenamiento jurídico al respecto, una de las maneras de llevar
a cabo la implementación de proyectos de subsidios de vivienda es a través de
las Cajas de Compensación Familiar. Dichas entidades administran los recursos
parafiscales, ejerciendo una función administrativa dirigida a la ejecución de
políticas públicas con el fin de lograr el acceso de los ciudadanos de escasos
recursos a una vivienda digna, lo que genera en los beneficiarios una
expectativa legítima de poder materializar este derecho.[37]
En ese sentido,
es pertinente mencionar que el actuar de las entidades que ejercen este tipo de
funciones, debe sujetarse a los principios constitucionales entre ellos el de
buena fe, el cual se concreta en la exigibilidad del principio de la confianza
legítima y el principio del respeto por el acto propio que “conjuntamente,
previenen a los operadores jurídicos de contravenir sus actuaciones precedentes
y de defraudar las expectativas que generan en los demás, a la vez que compelen
a las autoridades y a los particulares a conservar una coherencia en sus
actuaciones, un respeto por los compromisos adquiridos y una garantía de
estabilidad y durabilidad de las situaciones que objetivamente permitan esperar
el cumplimiento de las reglas propias del tráfico jurídico”.[38]
El respeto por
el acto propio implica básicamente que debe existir una coherencia en las
actuaciones desarrolladas por los operadores jurídicos a lo largo del tiempo y
que toda actuación que, a pesar de ser lícita, resulte contradictoria con la
conducta originalmente delegada por el sujeto no puede ser aceptada.[39] Por
su parte, la confianza legítima busca proteger aquellas razones objetivas de
las que goza el interesado que le permiten inferir la consolidación de un
derecho aún no adquirido. Así, no es de recibo que las autoridades desconozcan
de manera intempestiva esta confianza que con su conducta habían producido en
la persona, máxime, cuando puede conllevar  la afectación de derechos
fundamentales.[40]
No obstante, como se trata de derechos no adquiridos, las autoridades se
encuentran facultadas para emplear conductas que puedan modificar las expectativas
de los interesados. Sin embargo, dichas medidas no pueden presentarse de manera
repentina o sorpresiva, pues en virtud de la buena fe, se debe permitir un
periodo de transición para que el interesado se ajuste a esa nueva situación.
Ahora bien,
retornando al tema referente a la administración de los recursos parafiscales a
cargo de las Cajas de Compensación Familiar, destinados a otorgar subsidios de
vivienda, se entiende que dicha labor implica también que, una vez expire la
vigencia de los subsidios otorgados y estos no se hayan legalizado, la entidad
tiene la obligación de trasladar los dineros a patrimonios autónomos
constituidos por el Gobierno Nacional para tal fin.[41]Luego,
lo que se persigue es la protección de los recursos dirigidos a la adquisición
de vivienda digna por parte de personas de escasos medios económicos.
Sin embargo,
esta no es la única finalidad para la cual se establece tal garantía legal,
pues, en efecto, también pretende salvaguardar el derecho que tiene todo
colombiano de contar con un sitio de habitación que le permita desarrollar su
proyecto de vida en condiciones dignas. Debido a ello, en ciertos casos, el
hecho de aplicar lo establecido en el artículo 185 de la Ley 1607 de 2012 y en
los artículos 58 y 59 del Decreto 2190 de 2009, puede resultar desproporcionado
y sus consecuencias contrarias a lo consagrado en la Constitución.
En ese sentido,
la protección de dichos recursos se puede alcanzar a través de distintas
medidas que no vulneren los derechos fundamentales de los beneficiarios, como
por ejemplo, la constitución de pólizas de seguro que permitan cubrir las
contingencias generadas por la falta de legalización de los subsidios por
circunstancias ajenas a la voluntad de los beneficiarios.
Así las cosas,
antes de aplicar la legislación al respecto, se debe analizar cada caso
concreto para verificar que no se afecten derechos fundamentales de los beneficiarios,
generando consecuencias desproporcionadas para ellos. Lo anterior, dado que es
posible que no solo se esté vulnerando el derecho a la vivienda digna, sino
también el derecho fundamental al mínimo vital, derechos fundamentales de los
niños, así como el derecho a la vida en condiciones dignas. En ese sentido, lo
principal en cada asunto es velar por el cumplimiento del objetivo fijado por
los programas de subsidio de vivienda familiar, para así desarrollar los fines
del Estado Social de Derecho a su cabalidad, específicamente, lo establecido en
el artículo 51 de la Constitución que interesa a la causa. [42]
6. Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social
Así pues, con el fin de que las entidades que
intervienen en los procesos de aplicación de los subsidios familiares de
vivienda, no actuaran de forma inconexa, por todos los perjuicios que ello
podría generar a los beneficiarios, el Legislador Colombiano creó el Sistema
Nacional de Vivienda de Interés Social. Este sistema es, en realidad, un
mecanismo permanente de coordinación entre todas las entidades con funciones de
financiación, construcción, mejoramiento, reubicación, habilitación y
legalización de títulos de viviendas, de tal naturaleza. Así mismo, este se
instituyó para que tales entidades, actuando bajo una misma directriz, lograran
una mayor racionalidad y eficiencia en la asignación y el uso de los recursos y
en el desarrollo de las políticas de vivienda de interés social.[43]
En razón de lo expuesto, la Sala estima
pertinente realizar una sucinta descripción del proceso de postulación,
asignación, desembolso y legalización del subsidio familiar de vivienda de
interés social. Así, el Decreto 2190 de 2009, por el cual se reglamenta el
Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social, establece que el hogar que
pretenda ser beneficiario de dicho subsidio debe, en primer lugar, postularse
ante las entidades otorgantes,[44]
quienes, a su vez, calificaran y seleccionaran a las familias dependiendo de
sus condiciones socioeconómicas,[45]
para después asignarles los mencionados recursos[46].  Dichas entidades son
el Fondo Nacional de Vivienda-FONVIVIENDA- quien podrá asignar los subsidios
con cargo a los recursos del presupuesto nacional[47] y, las Cajas de
Compensación Familiar con cargo a las contribuciones parafiscales que
administran.[48]
Aunque una de las principales funciones del Fondo
Nacional de Vivienda, según el Decreto Ley 555 de 2000, es otorgar los
subsidios de vivienda,[49]esta
entidad, además, debe hacer un seguimiento financiero y físico permanente de
los mismos, así como de la política de vivienda en general, a través del
sistema de información respectivo.[50]
Ahora, teniendo en cuenta que mientras se surten todas las etapas
del proceso hasta la legalización del subsidio es posible que el mismo pierda
vigencia, por situaciones como retrasos o dificultades a nivel técnico,
financiero o jurídico, es que el artículo 51 del Decreto 2190 de 2009 prevé que
cuando se trate de subsidios con cargo al presupuesto nacional, como los
otorgados por Fonvivienda, el plazo para el vencimiento de los mismos puede ser
prorrogado mediante resolución expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, siempre que exista disponibilidad de recursos y se dé cumplimiento
a las normas del Estatuto Orgánico del Presupuesto.
Finalmente, vista la
participación de las entidades otorgantes del subsidio, de los oferentes de las
soluciones de vivienda, de las entidades fiduciarias, de las aseguradoras y del
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, también cabe destacar la especial
importancia que reviste la participación de los entes territoriales en estos
procesos. De acuerdo con el artículo 10 del Decreto 2190 de 2009, tanto las alcaldías
municipales y distritales, como las gobernaciones y las áreas metropolitanas,
en su condición de instancias responsables de la ejecución de la política
pública en materia de vivienda y desarrollo urbano en su territorio, según la
Constitución Política[51]
y las Leyes 136 de 1994[52]
y 1537 de 2012[53],
podrán participar en la estructuración y ejecución de los programas de vivienda
de interés social de los cuales hagan parte los hogares beneficiarios de
subsidios otorgados por el Gobierno Nacional.
En ese orden de ideas, resulta de
vital importancia la acción coordinada de las entidades involucradas en los
procesos de postulación, asignación, desembolso y legalización de los
subsidios de vivienda de interés social, toda vez que cualquier dificultad
que se presente en una de las etapas puede ocasionar consecuencias gravísimas
para la siguiente como quiera que todas se encuentran conectadas y que cada una
es resultado de la anterior. Así pues, es apenas razonable que los beneficiarios de un
subsidio de esta naturaleza estén protegidos contra todos aquellos obstáculos
administrativos que puedan implicar una amenaza contra la seguridad
jurídica de la tenencia de la vivienda, en virtud de las responsabilidades conjuntas de quienes
conforman el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social.
Justamente, frente a este tipo de situaciones en
las que por causa del incumplimiento por parte de las entidades involucradas en
el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social se ve truncada la entrega
material de la vivienda al beneficiario del subsidio o la legalización del
mismo, la jurisprudencia constitucional ha sido enfática en señalar que tales
cargas, que a su vez implican más tiempo de espera o mayor inversión de
recursos, no deben ser asumidas por la persona titular del subsidio. En
distintas oportunidades, esta Corporación se ha pronunciado frente a este tipo
de casos y lo ha hecho en el sentido mencionado como por ejemplo, las
sentencias T-472 de 2010,  T-573 de 2010, T-088
de 2011 y T-886
de 2014.
A partir de la precedente ilustración, se
observa que en este tipo de situaciones, la jurisprudencia constitucional ha
sido clara y unánime en afirmar que el goce efectivo del derecho fundamental a
la vivienda digna de personas beneficiadas con subsidios de vivienda, no puede
verse comprometido ante el incumplimiento contractual de las entidades que
hacen parte del Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social en un proyecto
determinado, ni tampoco, dichos beneficiarios deben asumir las cargas
temporales o económicas que se deriven de la ocurrencia de dificultades
técnicas, jurídicas o financieras en la ejecución de los planes de vivienda.
Con fundamento en ello, las distintas Salas de Revisión que se han ocupado del
tema, han coincidido en manifestar que la forma adecuada de resolver este tipo
de conflictos, cuyas consecuencias las termina por soportar quien no tiene
injerencia alguna en decisiones administrativas, es ordenando a las entidades
territoriales y/o a las empresas constructoras que hagan la entrega de las
soluciones habitacionales de interés social en un plazo razonable de tiempo
para detener las violaciones de las que han sido partícipes.
“Finalmente, es importante
advertir que, aunque la mayoría de las tutelas que forman parte del precedente
jurisprudencial expuesto involucran a población en situación de desplazamiento
forzado, no por ello la ratio decidendi descrita deja de aplicarse a los
casos en los que los accionantes no han sido víctimas de tal delito. En efecto,
se observa que, a pesar de que dicha condición ubica a las personas en
situaciones aún más vulnerables, la misma no es el factor decisivo de la protección,
sino un elemento que, analizado en conjunto con otros, implica juicios
complementarios, más específicos, para procurar el amparo de los derechos.
En ese sentido, aun cuando la
persona en espera de la solución de vivienda no se encuentra en situación de
desplazamiento, pero se encuentra soportando las cargas del incumplimiento de
las entidades responsables de la solución habitacional, podría deducirse, por
lo ya expuesto, que su derecho a la vivienda digna estaría siendo quebrantado,
conclusión que, desde luego, debe abordar los factores de vulnerabilidad en
cada caso, los cuales se analizan, generalmente, de manera previa y tienen que
ver más con aspectos tocantes a la procedencia de la acción, tal como ya fue
analizado en la presente sentencia.”[54]
7. Derecho a la igualdad
La Constitución, en su
artículo 13, consagra el derecho fundamental a la igualdad el cual implica,
entre otras cosas, que todas las personas recibirán la misma protección y trato
por parte de las autoridades y gozarán de los mismos derechos. Así, los
pronunciamientos de esta Corte al respecto, han desarrollado el concepto
estableciendo ciertos elementos para su verdadera y efectiva garantía.
En ese sentido la
jurisprudencia constitucional ha señalado que la igualdad: “cumple un triple
papel en nuestro ordenamiento constitucional por tratarse simultáneamente de un
valor, de un principio y de un derecho fundamental. Este múltiple carácter se
deriva de su consagración en preceptos de diferente densidad normativa que
cumplen distintas funciones en nuestro ordenamiento jurídico. Así, por ejemplo,
el preámbulo constitucional establece entre los valores que pretende asegurar
el nuevo orden constitucional la igualdad, mientras que por otra parte el
artículo 13 de la Carta ha sido considerado como la fuente del principio
fundamental de igualdad y del derecho fundamental de igualdad”[55]
En esa medida,
la Corte ha reconocido que la igualdad real y la no discriminación se
materializan a través de: “(i) La protección que requieren los intereses de las personas que
se hallan en situación de indefensión, y (ii) la implementación de los
principios de igualdad ante la ley, es decir, que la autoridad encargada de
poner en práctica la ley deberá aplicarla de la misma forma a todas las
personas; igualdad de trato, que implica que el legislador debe brindar una
protección igualitaria y en el evento en que se establezcan diferenciaciones
éstas deben obedecer a propósitos razonables y constitucionales; y la
prohibición constitucional de discriminación siempre que los criterios
diferenciadores para brindar la protección sean el sexo, la raza, el origen
nacional o familiar, la lengua, la religión y opinión política o filosófica.”[56]
En efecto, en la
sentencia T-311 de 2016, a través de la cual se estudiaron tres acciones de
tutela con identidad de situación fáctica, pretensiones y demandados en
relación con las solicitudes de amparo de la referencia, la Corte trajo de
presente lo ya reiterado por la jurisprudencia constitucional, respecto del
objetivo de eliminar todo tipo de obstáculos o barreras que impidan que las
personas puedan ejercer un pleno disfrute de sus derechos fundamentales en
igualdad de condiciones, al señalar que:
“La protección
material del derecho a la igualdad alude al compromiso de remover los
obstáculos que en el plano económico y social configuran efectivas
desigualdades de hecho, las cuales se oponen al disfrute efectivo del derecho,
lo que hace necesaria la configuración de medidas que puedan compensar y sean
defensivas, con respecto a personas y grupos ubicados en condiciones de inferioridad
mediante el ejercicio de acciones positivas por parte de las autoridades
públicas.
Cabe señalar
que el artículo 13 Superior consagra el principio de no discriminación el cual
tiene por finalidad que no se brinden tratos diferenciados injustificados por
criterios raciales, familiares, sexuales etc.
En este orden
de ideas, la discriminación se presenta, cuando la diferencia de trato se hace
sin fundamento constitucional que tenga un carácter objetivo y razonable”[57]
8. Caso concreto
Con fundamento en las anteriores
consideraciones, pasa la Sala a verificar si, efectivamente, se presentó la
vulneración del derecho fundamental a la vivienda digna de los
accionantes, por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio,
Fonvivienda y la Gobernación de Córdoba al no prorrogar el subsidio de vivienda
que les fue otorgado hasta que se presente su respectiva legalización y no
haber entregado las viviendas asignadas correspondientes al Proyecto de
Vivienda Villa Melisa, en la ciudad de Montería.
Aparece acreditado en los expedientes
que, luego de los respectivos trámites, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, a través de Resolución No.950 de 2011 y, por medio de Fonvivienda, asignó
a los actores un subsidio de vivienda por un valor de 11.783.200 de pesos para ser
aplicados en el proyecto Urbanización Villa Melisa en la Ciudad de Montería.
Durante aproximadamente 4 años se
acercaron en múltiples ocasiones a la Gobernación de Córdoba, como ejecutora
del proyecto, con el fin de obtener información sobre las razones del retraso
en la construcción y no entrega de las viviendas correspondientes al subsidio
adjudicado, obteniendo como respuesta final que el auxilio asignado había
expirado, por lo que no sería posible la entrega del inmueble dada la carencia
de recursos para ello. Lo anterior, toda vez que, de los 1200 subsidios
adjudicados a través de la Resolución No.950 de 2011, 787 se encontraban
vencidos.
En cuanto a la situación personal de los
accionantes, se observa que son cabezas de hogar, con hijos menores de edad y
en ciertos casos en condición de discapacidad, señalando que no cuentan con los
recursos económicos suficientes para acceder a un inmueble propio.
Por su parte, el Ministerio, además de
manifestar que no es la entidad encargada de asignar o rechazar los subsidios
de vivienda, sostiene que, en vista de que el 30 de junio de 2015 las ayudas
otorgadas  a los accionantes llegaron a su vencimiento, actualmente se
encuentran en estado “Apto con Subsidio Vencido,” después de haberse renovado
en distintas ocasiones sin que se hubiese dado trámite al cobro y movilización
de la ayuda, según lo dispuesto en la carta de asignación entregada en el 2011.
En esa medida, indica que el dinero correspondiente fue restituido al Tesoro
Nacional.
Adicionalmente, indica que se ha
legalizado únicamente el 42% del total de las viviendas del proyecto, después
de 4 años de asignados los subsidios lo que evidencia el bajo rendimiento de la
obra. Motivo por el cual, de las ayudas otorgadas a través de la Resolución 950
de 2011, 787 han vencido y no fueron incluidos en la nueva Resolución de
ampliación No. 0521 de 2015.
Por tanto, en su sentir, es la
Gobernación de Córdoba la que ha incumplido con la ejecución del proyecto, no
se han construido la totalidad de las viviendas, ni se han respetado los plazos
establecidos para las entregas. Motivo por el cual, muchos de los subsidios no
han sido legalizados y se encuentran vencidos. En consecuencia, no es posible
que los accionantes accedan al subsidio del cual fueron beneficiarios, pues los
recursos ya no se encuentran disponibles.
Fonvivienda reitera que los subsidios se
encuentran vencidos debido a que no se impartió el trámite señalado,  por lo
que, en la actualidad, administrativa y presupuestalmente no es posible hacer
efectiva la ayuda otorgada. Lo anterior, sumado a que, desde el año 2012, el
dinero correspondiente fue consignado en el Banco Agrario, indicando que ha
dado cabal cumplimiento a sus funciones y que es la Gobernación de Córdoba a
la que se le atribuye la no entrega de las viviendas.
Por su parte, la Gobernación de Córdoba
manifiesta que ha realizado un gran esfuerzo por cumplir con los plazos
estipulados para la entrega de las viviendas, pero que ello no ha sido posible
debido a las propias directrices del ministerio, puesto que las mismas han
devenido en la imposibilidad de la entidad para continuar la construcción, aunado
al vencimiento de 787 subsidios, situación que, a su juicio, vulnera el derecho
a la igualdad y confianza legítima de los beneficiarios, por causas no
atribuibles a la entidad.
Así, analizados los elementos fácticos de
los asuntos presentados, se evidencia que, en primer lugar, a pesar de que, a
excepción de Fonvivienda, la mayoría de las entidades demandadas alegan no
están legitimadas en la causa por pasiva debido a que no son las encargadas de
adjudicar los subsidios de vivienda, la Sala observa que las resoluciones que
otorgaron y no renovaron mencionadas ayudas económicas fueron emitidas por el
ministerio demandado, y el incumplimiento en la entrega de los inmuebles se
deriva del retraso en la construcción de las mismas, situación que se atribuye
a la Gobernación de Córdoba a quienes se encontraban involucradas en dicho
proceso.
En efecto, tal y como se dispuso en la
parte considerativa, todas las entidades que intervienen en los procesos de
aplicación de los subsidios familiares de vivienda, no deben actuar de forma
inconexa y son responsables del cumplimiento de dichas ayudas económicas y de
garantizar el derecho de los beneficiarios a una vivienda digna, por tanto, se
encuentran legitimadas en la causa por pasiva.
De otro lado, si bien podría
considerarse que los accionantes contaban con la posibilidad de acudir a otros
mecanismos judiciales para la defensa de sus derechos, presentando acciones
contractuales o de responsabilidad ante las jurisdicciones civil ordinaria o
contenciosa administrativa, según el caso, en esta ocasión se observa que la
acción de tutela es procedente. Lo anterior, habida cuenta que debido a las
condiciones personales de los peticionarios, no solo la escasez de recursos
económicos, sino también muchos de ellos cabezas de familia con menores a cargo
y con padecimientos de salud que hacen que por su condición de vulnerabilidad
hacen que los medios judiciales mencionados no sean eficaces e idóneos para
conjurar la situación.
Ahora bien, del estudio de los casos, la
Sala observa que a pesar de que la posición de Fonvivienda tiene un soporte válido,
lo cierto es que no se advierte razón por la cual no se prorrogaron la
totalidad de los subsidios que fueron otorgados a través de la Resolución No. 950
de 2011. En efecto, en sentencia T-311 de 2016, a través de la cual, como se
vio en la parte considerativa de esta providencia, se abalizaron tres acciones
de tutela con identidad de hechos, pretensiones y demandados la Corte determinó
que:
“Al respecto
encuentra esta Sala que Fonvivienda desconoció el derecho a la igualdad de los
accionantes, como quiera que, tal como lo ha sustentado esta Corporación, no es necesario que
las situaciones o supuestos fácticos que se comparan tengan idénticos supuestos.
En efecto, en los asuntos que ocupan la atención de la Sala, tanto los
accionantes como los 787 beneficiarios cuyos subsidios se mantuvieron vigentes
se encuentran a la espera del desarrollo de las viviendas del proyecto
Urbanización Villa Melisa, para las cuales la Gobernación de Córdoba ha
destinado un subsidio complementario.
Así, tanto los
favorecidos con subsidios vigentes, como aquellos a quienes se les dejó vencer
el subsidio, tienen el mismo derecho a que la administración les permita mantener
este beneficio económico con el que accederán a una vivienda propia. No le es
dable a Fonvivienda afirmar que la Gobernación no había adelantado ninguna
gestión respecto de los subsidios vencidos, cuando obran en el expediente las
comunicaciones dirigidas a la Cartera de vivienda por parte de la autoridad
departamental, en las que anuncia la necesidad de prorrogar los subsidios e
informa acerca del avance y dificultades del proyecto. Además que, en las
contestaciones presentadas por la Gobernación a las acciones de tutela
acumuladas, se indicó en el mes de julio de 2015 se radicó la licencia de
construcción para las viviendas restantes del proyecto.”
De igual manera, se considera que dicha
postura resulta contraria a los principios constitucionales que irradian
nuestro ordenamiento, pues la no realización de los trámites para la
materialización del subsidio se debió a circunstancias ajenas a la voluntad de
los accionantes. Por tanto, la decisión adoptada por la accionada de revocar
las ayudas otorgadas fue desproporcionada y lesiva de sus derechos
fundamentales a la vivienda digna y de los principios de buena fe,
específicamente, la confianza legítima debido a las expectativas generadas en
cabeza de los demandantes.
Lo anterior, toda vez que los peticionarios
cumplieron con todos los requisitos y exigencias que se necesitaban para poder beneficiarse
de los subsidios y actuaron conforme con lo que las entidades y la ley le
exigían, por ende, tenían la confianza de que su casa les iba a ser entregada;
el único requisito que se echa de menos es la movilización o formalización del
subsidio, situación no atribuible a los peticionarios Así, no sería de recibo
que por el actuar negligente de las entidades involucradas, los accionantes sean
privados de acceder a una vivienda digna.
En efecto, se considera pertinente
reiterar que el incumplimiento por parte de las entidades involucradas en el
proceso de hacer efectivo el subsidio de vivienda no puede derivar en cargas
administrativas a los beneficiarios de dicho auxilio económico, como ya lo ha
señalado esta Corte en previas oportunidades, a saber: “en casos como estos, los beneficiarios del
subsidio de vivienda no deben correr con las consecuencias de un incumplimiento
que  no les es imputable, porque la misma finalidad que se logra con una
decisión como la cuestionada, puede alcanzarse al menos en un grado aceptable
con otra medida, que no sacrifica el derecho a la vivienda como sí lo hace la
decisión adoptada en este caso por Comfenalco.”[58]
De hecho, se observa que, como se
mencionó, además de cumplir con los requisitos exigidos, desde el primer
momento los actores mostraron interés en obtener información sobre el proceso
de entrega de sus viviendas ya que se acercaron en varias oportunidades a las
oficinas de la gobernación con el objeto de indagar sobre la situación. No
obstante, luego de 4 años de retraso en la entrega de los inmuebles, se les
notifica que la entrega de los mismos no iba a ser posible, por causas
totalmente ajenas a la voluntad de los peticionarios, quienes, debido al actuar
de las entidades, independientemente del grado de responsabilidad de cada una
de ellas en la vulneración de los derechos, tienen que soportar las
circunstancias adversas de la decisión de revocar o retirar las ayudas.
De otro lado, si bien se observa que la
no materialización de los subsidios se debe al incumplimiento en la
construcción y entrega de las viviendas por parte de la Gobernación de Córdoba
situación que a su vez contribuye a la vulneración de los derechos
fundamentales de los accionantes, también se advierte que al tomar la decisión
de no prorrogar las ayudas hoy objeto de amparo, Fonvivienda debió consultar
las distintas alternativas con la que contaban los beneficiarios y verificar
cual era la mejor solución a asumir y no optar por generar mayores obstáculos a
los peticionarios para la obtención de su casa por causa de un incumplimiento
de un tercero.
Bajo ese orden de ideas, a Fonvivienda,
como entidad responsable del seguimiento de la política de vivienda para dar
solución a las necesidades habitacionales de la población, no le es dable
retirar el subsidio de los beneficiarios pues, con dicho actuar, impide la
posibilidad de que los peticionarios se postulen para otros proyectos de esta
naturaleza. En esa medida, la solución viable era prorrogar los auxilios
económicos.
Aunado a lo
anterior, evidencia la Sala que los accionantes merecen una especial
protección constitucional, toda vez que se encuentra en condiciones de
vulnerabilidad al ser cabezas de hogar teniendo que velar por hijos menores de
edad, sin contar con los recursos económicos para ello.
Así las cosas, con base en las
circunstancias fácticas de este caso y el material probatorio que reposa en el
expediente, se advierte la vulneración del derecho fundamental a la vivienda
digna por parte de las entidades demandadas, al no prorrogar el término de
vigencia de los subsidios de vivienda otorgados situación atribuible al
ministerio y a Fonvivienda y por no entregar los inmuebles destinados para su
habitación en el tiempo previsto para tal fin, responsabilidad que recae en
cabeza de la Gobernación de Córdoba,
De conformidad con las
consideraciones esbozadas, esta Sala restablecerá los derechos conculcados de los
accionantes y ordenará a Fonvivienda prorrogar la vigencia de los subsidios de vivienda familiar otorgados a los accionantes de conformidad
con el artículo 51 del Decreto 2190 de 2009,[59] hasta la fecha de legalización y de
registro de la escritura pública de los inmuebles destinados para su habitación
y estos sean entregados a los beneficiarios.
De igual manera, en concordancia con lo resuelto por esta Corte en la sentencia T-311 de
2016, se ordenará a la Gobernación de Córdoba que: (i) dentro de los nueve
(9) meses siguientes a la notificación de esta providencia, le haga entrega a
los accionantes y sus núcleos familiares de las soluciones de vivienda pactadas
en los Contratos de promesa de Compraventa suscritos con cada uno de ellos, en
el proyecto Urbanización Villa Melisa y, (ii) de resultar necesario, ejecute
las actuaciones administrativas a que haya lugar para elevar el subsidio
complementario a los accionantes, en caso de que el valor del subsidio otorgado
por Fonvivienda no sea suficiente para cubrir los precios actuales de las
viviendas de los accionantes.[60]
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta
de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO.- REVOCAR la
sentencia proferida por el Juzgado 3º Laboral del Circuito de Montería, el 18
de noviembre de 2015, por medio de la cual se negó el amparo
solicitado, en el trámite del proceso de tutela T-5.456.675 por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia y en consecuencia,
TUTELAR los derechos fundamentales a la vivienda digna de Faridis
Toscano Gómez.
SEGUNDO.-
ORDENAR
a Fonvivienda y al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio que,
de conformidad con el Decreto 2190 de 2009 en las cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la
notificación de la presente sentencia, inicie los trámites administrativos
necesarios para prorrogar la vigencia del subsidio de vivienda familiar de Faridis
Toscano Gómez. No obstante, de haber
procedido a trasladar los dineros correspondientes al auxilio al Tesoro
Nacional debe iniciar los trámites administrativos necesarios para retrotraer
esta acción y mantener el subsidio de vivienda otorgado.
TERCERO.-ORDENAR a la Gobernación de Córdoba, que: (i) dentro de los nueve (9) meses
siguientes a la notificación de esta providencia, le haga entrega a los
accionantes y sus núcleos familiares de las soluciones de
vivienda pactadas en los Contratos de promesa de Compraventa suscritos con
cada uno de ellos, en el proyecto Urbanización Villa Melisa y, (ii) de resultar
necesario, ejecute las actuaciones administrativas a que haya lugar para elevar
el subsidio complementario a los accionantes, en caso de que el valor del
subsidio otorgado por Fonvivienda no sea suficiente para cubrir los precios
actuales de las viviendas de los accionantes.
De igual manera, en caso de existir circunstancias de orden
técnico o de otra naturaleza que hagan imposible la entrega de las casas a los
accionantes, deberá indicarlas oportunamente para reconsiderar el término acá
expuesto.[61]
CUARTO.- REVOCAR la
sentencia proferida por el Juzgado 1º Civil del Circuito Especializado en
Restitución de Tierras de Montería, el 9 de diciembre de 2015, por
medio de la cual se negó el amparo solicitado, en el trámite del proceso de
tutela T-5.448.677
por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia y en consecuencia,
TUTELAR los derechos fundamentales a la vivienda digna de Marco
Fidel Ruiz Álvarez.
QUINTO.- ORDENAR a Fonvivienda y al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio que,
de conformidad con el Decreto 2190 de 2009 en las cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la
notificación de la presente sentencia, inicie los trámites administrativos
necesarios para prorrogar la vigencia del subsidio de vivienda familiar de Marco
Fidel Ruiz Álvarez. No obstante, de
haber procedido a trasladar los dineros correspondientes al auxilio al Tesoro
Nacional debe iniciar los trámites administrativos necesarios para retrotraer
esta acción y mantener el subsidio de vivienda otorgado.
SEXTO.- ORDENAR a la Gobernación de Córdoba, que: (i) dentro de los nueve (9) meses siguientes a la notificación
de esta providencia, le haga entrega a los accionantes y sus núcleos familiares
de las soluciones de vivienda pactadas en los Contratos de promesa de
Compraventa suscritos con cada uno de ellos, en el proyecto Urbanización Villa
Melisa y, (ii) de resultar necesario, ejecute las actuaciones administrativas a
que haya lugar para elevar el subsidio complementario a los accionantes, en
caso de que el valor del subsidio otorgado por Fonvivienda no sea suficiente
para cubrir los precios actuales de las viviendas de los accionantes.
De igual manera, en caso de existir circunstancias de orden
técnico o de otra naturaleza que hagan imposible la entrega de las casas a los
accionantes, deberá indicarlas oportunamente para reconsiderar el término acá
expuesto.
SÉPTIMO.- REVOCAR la
sentencia proferida por la Sala Civil, Familia, Laboral del Tribunal Superior
de Montería, el 23 de noviembre de 2015, por medio de la
cual se negó el amparo solicitado, en el trámite del proceso de tutela T-5.447.096
las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia y, en consecuencia, TUTELAR el
derecho fundamental a la vivienda digna de Marelvis Sofía Martínez Reyes.
OCTAVO.- ORDENAR a Fonvivienda y al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio que,
de conformidad con el Decreto 2190 de 2009 en las cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la
notificación de la presente sentencia, inicie los trámites administrativos
necesarios para prorrogar la vigencia del subsidio de vivienda familiar de Marelvis
Sofía Martínez Reyes. No obstante,
de haber procedido a trasladar los dineros correspondientes al auxilio al
Tesoro Nacional debe iniciar los trámites administrativos necesarios para retrotraer
esta acción y mantener el subsidio de vivienda otorgado.
NOVENO.- ORDENAR a la Gobernación de Córdoba, : (i) dentro de los nueve (9) meses
siguientes a la notificación de esta providencia, le haga entrega a los
accionantes y sus núcleos familiares de las soluciones de
vivienda pactadas en los Contratos de promesa de Compraventa suscritos con
cada uno de ellos, en el proyecto Urbanización Villa Melisa y, (ii) de resultar
necesario, ejecute las actuaciones administrativas a que haya lugar para elevar
el subsidio complementario a los accionantes, en caso de que el valor del
subsidio otorgado por Fonvivienda no sea suficiente para cubrir los precios
actuales de las viviendas de los accionantes.
De igual manera, en caso de existir circunstancias de orden
técnico o de otra naturaleza que hagan imposible la entrega de las casas a los
accionantes, deberá indicarlas oportunamente para reconsiderar el término acá
expuesto.
DÉCIMO.- REVOCAR la
sentencia proferida por la Sala Civil, Familia, Laboral del Tribunal Superior
de Montería, el 23 de noviembre de 2015, por medio de la
cual se negó el amparo solicitado, en el trámite del proceso de tutela T-5.447.085
por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia y, en
consecuencia, TUTELAR el derecho fundamental a la vivienda digna de
Kelly Johana Arrieta Villalobos.
DÉCIMO PRIMERO.-
ORDENAR
a Fonvivienda y al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio que,
de conformidad con el Decreto 2190 de 2009 en las cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la
notificación de la presente sentencia, inicie los trámites administrativos
necesarios para prorrogar la vigencia del subsidio de vivienda familiar de Kelly
Johana Arrieta Villalobos. No
obstante, de haber procedido a trasladar los dineros correspondientes al
auxilio al Tesoro Nacional debe iniciar los trámites administrativos necesarios
para retrotraer esta acción y mantener el subsidio de vivienda otorgado.
DÉCIMO SEGUNDO.- ORDENAR a la Gobernación de Córdoba, que : (i) dentro de los nueve (9) meses siguientes a la notificación
de esta providencia, le haga entrega a los accionantes y sus núcleos familiares
de las soluciones de vivienda pactadas en los Contratos de promesa de
Compraventa suscritos con cada uno de ellos, en el proyecto Urbanización Villa
Melisa y, (ii) de resultar necesario, ejecute las actuaciones administrativas a
que haya lugar para elevar el subsidio complementario a los accionantes, en
caso de que el valor del subsidio otorgado por Fonvivienda no sea suficiente
para cubrir los precios actuales de las viviendas de los accionantes.
De igual manera, en caso de existir circunstancias de orden
técnico o de otra naturaleza que hagan imposible la entrega de las casas a los
accionantes, deberá indicarlas oportunamente para reconsiderar el término acá
expuesto.
DÉCIMO TERCERO.-
REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado1º Penal del Circuito de
Montería, el 24 de noviembre de 2015, por medio de la cual se negó el
amparo solicitado, en el trámite del proceso de tutela T-5.441.920
las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia y, en consecuencia, TUTELAR el
derecho fundamental a la vivienda digna de Yamile del Carmen Luna Luna.
DÉCIMO CUARTO.-
ORDENAR a Fonvivienda y al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio que,
de conformidad con el Decreto 2190 de 2009 en las cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la
notificación de la presente sentencia, inicie los trámites administrativos
necesarios para prorrogar la vigencia del subsidio de vivienda familiar de Yamile
del Carmen Luna Luna. No obstante,
de haber procedido a trasladar los dineros correspondientes al auxilio al
Tesoro Nacional debe iniciar los trámites administrativos necesarios para
retrotraer esta acción y mantener el subsidio de vivienda otorgado.
DÉCIMO
QUINTO.- ORDENAR a la Gobernación de Córdoba, que : (i) dentro de los nueve (9) meses siguientes a la notificación
de esta providencia, le haga entrega a los accionantes y sus núcleos familiares
de las soluciones de vivienda pactadas en los Contratos de promesa de
Compraventa suscritos con cada uno de ellos, en el proyecto Urbanización Villa
Melisa y, (ii) de resultar necesario, ejecute las actuaciones administrativas a
que haya lugar para elevar el subsidio complementario a los accionantes, en
caso de que el valor del subsidio otorgado por Fonvivienda no sea suficiente
para cubrir los precios actuales de las viviendas de los accionantes.
De igual manera, en caso de existir circunstancias de orden técnico
o de otra naturaleza que hagan imposible la entrega de las casas a los
accionantes, deberá indicarlas oportunamente para reconsiderar el término acá
expuesto.
DÉCIMO SEXTO.-
REVOCAR la
sentencia proferida por el Juzgado 1º Penal del Circuito de Montería, el 25 de
noviembre de 2015, por medio de la cual se negó el amparo solicitado,
en el trámite del proceso de tutela T-5.441.919 las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia y, en consecuencia, TUTELAR el
derecho fundamental a la vivienda digna de Eliana Judith Lambertinez Pérez.
DÉCIMO SÉPTIMO.-
ORDENAR
a Fonvivienda y al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio que,
de conformidad con el Decreto 2190 de 2009 en las cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la
notificación de la presente sentencia, inicie los trámites administrativos
necesarios para prorrogar la vigencia del subsidio de vivienda familiar de Eliana
Judith Lambertinez Pérez. No
obstante, de haber procedido a trasladar los dineros correspondientes al
auxilio al Tesoro Nacional debe iniciar los trámites administrativos necesarios
para retrotraer esta acción y mantener el subsidio de vivienda otorgado.
DÉCIMO
OCTAVO.- ORDENAR a la Gobernación de Córdoba, que : (i) dentro de los nueve (9) meses siguientes a la notificación
de esta providencia, le haga entrega a los accionantes y sus núcleos familiares
de las soluciones de vivienda pactadas en los Contratos de promesa de
Compraventa suscritos con cada uno de ellos, en el proyecto Urbanización Villa
Melisa y, (ii) de resultar necesario, ejecute las actuaciones administrativas a
que haya lugar para elevar el subsidio complementario a los accionantes, en
caso de que el valor del subsidio otorgado por Fonvivienda no sea suficiente
para cubrir los precios actuales de las viviendas de los accionantes.
De igual manera, en caso de existir circunstancias de orden
técnico o de otra naturaleza que hagan imposible la entrega de las casas a los
accionantes, deberá indicarlas oportunamente para reconsiderar el término acá
expuesto.
DÉCIMO NOVENO.- REVOCAR
la sentencia proferida por la Sala Civil, Familia, Laboral del Tribunal
Superior de Montería el 19 de noviembre de 2015, por medio de la
cual se negó el amparo solicitado, en el trámite del proceso de tutela T-5.441.912
las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia y, en consecuencia, TUTELAR el
derecho fundamental a la vivienda digna de Libardo Ramiro Rodríguez Villadiego.
VIGÉSIMO.- ORDENAR
a Fonvivienda y al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio que,
de conformidad con el Decreto 2190 de 2009 en las cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la
notificación de la presente sentencia, inicie los trámites administrativos
necesarios para prorrogar la vigencia del subsidio de vivienda familiar de Libardo
Ramiro Rodríguez Villadiego. No
obstante, de haber procedido a trasladar los dineros correspondientes al
auxilio al Tesoro Nacional debe iniciar los trámites administrativos necesarios
para retrotraer esta acción y mantener el subsidio de vivienda otorgado.
VIGÉSIMO
PRIMERO.- ORDENAR a la Gobernación de Córdoba, que : (i) dentro de los nueve (9) meses siguientes a la notificación
de esta providencia, le haga entrega a los accionantes y sus núcleos familiares
de las soluciones de vivienda pactadas en los Contratos de promesa de
Compraventa suscritos con cada uno de ellos, en el proyecto Urbanización Villa
Melisa y, (ii) de resultar necesario, ejecute las actuaciones administrativas a
que haya lugar para elevar el subsidio complementario a los accionantes, en
caso de que el valor del subsidio otorgado por Fonvivienda no sea suficiente
para cubrir los precios actuales de las viviendas de los accionantes.
De igual manera, en caso de existir circunstancias de orden
técnico o de otra naturaleza que hagan imposible la entrega de las casas a los
accionantes, deberá indicarlas oportunamente para reconsiderar el término acá
expuesto.
VIGÉSIMO SEGUNDO.-
REVOCAR la
sentencia proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Seccional de la Judicatura de Córdoba, el 18 de noviembre de 2015, por
medio de la cual se negó el amparo solicitado, en el trámite del proceso de
tutela T-5.488.374
las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia y, en consecuencia, TUTELAR el
derecho fundamental a la vivienda digna de José Luis Pantoja Negrete.
VIGÉSIMO
TERCERO.- ORDENAR a Fonvivienda
y al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio que, de conformidad con el
Decreto 2190 de 2009 en las cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la
presente sentencia, inicie los trámites administrativos necesarios para
prorrogar la vigencia del subsidio de vivienda familiar de José
Luis Pantoja Negrete. No obstante,
de haber procedido a trasladar los dineros correspondientes al auxilio al
Tesoro Nacional debe iniciar los trámites administrativos necesarios para
retrotraer esta acción y mantener el subsidio de vivienda otorgado.
VIGÉSIMO
CUARTO.- ORDENAR a la Gobernación de Córdoba, que: (i) dentro de los nueve (9) meses siguientes a la notificación
de esta providencia, le haga entrega a los accionantes y sus núcleos familiares
de las soluciones de vivienda pactadas en los Contratos de promesa de
Compraventa suscritos con cada uno de ellos, en el proyecto Urbanización Villa
Melisa y, (ii) de resultar necesario, ejecute las actuaciones administrativas a
que haya lugar para elevar el subsidio complementario a los accionantes, en
caso de que el valor del subsidio otorgado por Fonvivienda no sea suficiente
para cubrir los precios actuales de las viviendas de los accionantes.
De igual manera, en caso de existir circunstancias de orden
técnico o de otra naturaleza que hagan imposible la entrega de las casas a los
accionantes, deberá indicarlas oportunamente para reconsiderar el término acá
expuesto.
VIGÉSIMO
QUINTO.- REVOCAR la sentencia proferida por la
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de
Córdoba, el 30 de noviembre de 2015, por medio de la cual se negó el
amparo solicitado, en el trámite del proceso de tutela T-5.488.375
las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia y, en consecuencia, TUTELAR el
derecho fundamental a la vivienda digna de Llira Patricia Ibáñez Causil.
VIGÉSIMO SEXTO.-
ORDENAR
a Fonvivienda y al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio que,
de conformidad con el Decreto 2190 de 2009 en las cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la
notificación de la presente sentencia, inicie los trámites administrativos
necesarios para prorrogar la vigencia del subsidio de vivienda familiar de Llira
Patricia Ibáñez Causil. No obstante,
de haber procedido a trasladar los dineros correspondientes al auxilio al
Tesoro Nacional debe iniciar los trámites administrativos necesarios para
retrotraer esta acción y mantener el subsidio de vivienda otorgado.
VIGÉSIMO
SÉPTIMO.- ORDENAR a la Gobernación de Córdoba, : (i) dentro de los nueve (9) meses
siguientes a la notificación de esta providencia, le haga entrega a los
accionantes y sus núcleos familiares de las soluciones de
vivienda pactadas en los Contratos de promesa de Compraventa suscritos con
cada uno de ellos, en el proyecto Urbanización Villa Melisa y, (ii) de resultar
necesario, ejecute las actuaciones administrativas a que haya lugar para elevar
el subsidio complementario a los accionantes, en caso de que el valor del
subsidio otorgado por Fonvivienda no sea suficiente para cubrir los precios
actuales de las viviendas de los accionantes.
De igual manera, en caso de existir circunstancias de orden
técnico o de otra naturaleza que hagan imposible la entrega de las casas a los
accionantes, deberá indicarlas oportunamente para reconsiderar el término acá
expuesto.
VIGÉSIMO
OCTAVO.- REVOCAR la sentencia proferida por la Sala
Jurisdiccional  Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de
Córdoba, el 30 de noviembre de 2015, por medio de la cual se negó el
amparo solicitado, en el trámite del proceso de tutela T-5.488.376
las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia y, en consecuencia, TUTELAR el
derecho fundamental a la vivienda digna de Sor Elena Arrieta Galeano.
VIGÉSIMO
NOVENO.- ORDENAR a Fonvivienda y al Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio que, de conformidad con el Decreto 2190 de
2009 en las cuarenta y ocho (48)
horas contadas a partir de la notificación de la presente sentencia, inicie los
trámites administrativos necesarios para prorrogar la vigencia del subsidio de
vivienda familiar de Sor Elena Arrieta Galeano. No obstante, de haber procedido a
trasladar los dineros correspondientes al auxilio al Tesoro Nacional debe
iniciar los trámites administrativos necesarios para retrotraer esta acción y
mantener el subsidio de vivienda otorgado.
TRÍGESIMO.- ORDENAR a la Gobernación de Córdoba, que : (i) dentro de los nueve (9) meses siguientes a la notificación
de esta providencia, le haga entrega a los accionantes y sus núcleos familiares
de las soluciones de vivienda pactadas en los Contratos de promesa de
Compraventa suscritos con cada uno de ellos, en el proyecto Urbanización Villa
Melisa y, (ii) de resultar necesario, ejecute las actuaciones administrativas a
que haya lugar para elevar el subsidio complementario a los accionantes, en
caso de que el valor del subsidio otorgado por Fonvivienda no sea suficiente
para cubrir los precios actuales de las viviendas de los accionantes.
De igual manera, en caso de existir circunstancias de orden
técnico o de otra naturaleza que hagan imposible la entrega de las casas a los
accionantes, deberá indicarlas oportunamente para reconsiderar el término acá
expuesto.
TRIGÉSIMO
PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida por la Sala
Jurisdiccional  Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de
Córdoba, el 30 de noviembre de 2015, por medio de la cual se negó el
amparo solicitado, en el trámite del proceso de tutela T-5.488.377
las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia y, en consecuencia, TUTELAR el
derecho fundamental a la vivienda digna de Abel Antonio Martínez Osorio.
TRIGÉSIMO
SEGUNDO.- ORDENAR a Fonvivienda
y al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio que, de conformidad con el
Decreto 2190 de 2009 en las cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la
presente sentencia, inicie los trámites administrativos necesarios para
prorrogar la vigencia del subsidio de vivienda familiar de Abel
Antonio Martínez Osorio. No
obstante, de haber procedido a trasladar los dineros correspondientes al
auxilio al Tesoro Nacional debe iniciar los trámites administrativos necesarios
para retrotraer esta acción y mantener el subsidio de vivienda otorgado.
TRÍGESIMO
TERCERO.- ORDENAR a la Gobernación de Córdoba, que : (i) dentro de los nueve (9) meses siguientes a la notificación
de esta providencia, le haga entrega a los accionantes y sus núcleos familiares
de las soluciones de vivienda pactadas en los Contratos de promesa de
Compraventa suscritos con cada uno de ellos, en el proyecto Urbanización Villa
Melisa y, (ii) de resultar necesario, ejecute las actuaciones administrativas a
que haya lugar para elevar el subsidio complementario a los accionantes, en caso
de que el valor del subsidio otorgado por Fonvivienda no sea suficiente para
cubrir los precios actuales de las viviendas de los accionantes.
De igual manera, en caso de existir circunstancias de orden técnico
o de otra naturaleza que hagan imposible la entrega de las casas a los
accionantes, deberá indicarlas oportunamente para reconsiderar el término acá
expuesto.
TRIGÉSIMO
CUARTO.- REVOCAR la sentencia proferida por la Sala
Jurisdiccional  Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de
Córdoba, el 30 de noviembre de 2015, por medio de la cual se negó el
amparo solicitado, en el trámite del proceso de tutela T-5.488.378
las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia y, en consecuencia, TUTELAR el
derecho fundamental a la vivienda digna de Kendris Paola Estrada Mercado.
TRIGÉSIMO
QUINTO.- ORDENAR a Fonvivienda y al Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio que, de conformidad con el Decreto 2190 de
2009 en las cuarenta y ocho (48)
horas contadas a partir de la notificación de la presente sentencia, inicie los
trámites administrativos necesarios para prorrogar la vigencia del subsidio de
vivienda familiar de Kendris Paola Estrada Mercado. No obstante, de haber procedido a trasladar
los dineros correspondientes al auxilio al Tesoro Nacional debe iniciar los
trámites administrativos necesarios para retrotraer esta acción y mantener el
subsidio de vivienda otorgado.
TRÍGESIMO
SEXTO.- ORDENAR a la Gobernación de Córdoba, : (i) dentro de los nueve (9) meses
siguientes a la notificación de esta providencia, le haga entrega a los
accionantes y sus núcleos familiares de las soluciones de
vivienda pactadas en los Contratos de promesa de Compraventa suscritos con
cada uno de ellos, en el proyecto Urbanización Villa Melisa y, (ii) de resultar
necesario, ejecute las actuaciones administrativas a que haya lugar para elevar
el subsidio complementario a los accionantes, en caso de que el valor del
subsidio otorgado por Fonvivienda no sea suficiente para cubrir los precios
actuales de las viviendas de los accionantes.
De igual manera, en caso de existir circunstancias de orden
técnico o de otra naturaleza que hagan imposible la entrega de las casas a los
accionantes, deberá indicarlas oportunamente para reconsiderar el término acá
expuesto.
TRIGÉSIMO SÉPTIMO.- ORDENAR que por conducto
de la Secretaría General de esta corporación, se compulsen copias a la
Contraloría General de la República y a la Defensoría del Pueblo, para que, a
través de sus delegadas competentes, se haga auditoría y seguimiento sobre los
recursos que se han invertido en la construcción del proyecto Villa Melisa y se
efectúe el acompañamiento necesario a las personas que han resultado afectadas
por el incumplimiento de la Gobernación de Córdoba respecto de la entrega de
los correspondientes inmuebles.
TRIGÉSIMO OCTAVO.- Por
Secretaría General, LÍBRESE la comunicación a que se refiere el artículo
36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
Expediente
Hechos
Pruebas
Respuesta de las entidades demandadas
Decisiones judiciales
T-5456675
Manifiesta Fardis Toscano Gómez que a
través de Resolución No. 0950 del 22 de noviembre de 2011, el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio le adjudicó un subsidio familiar de vivienda
equivalente a 11’783.200 para aplicar al proyecto Urbanización Villa Melisa,
en la modalidad de adquisición de vivienda nueva, en la Ciudad de Montería.
(Con un plazo de 6 meses para su aplicación a partir del primer día del mes
siguiente a la fecha de publicación de la resolución de asignación y, en todo
caso, siempre y cuando lo permitan las normas de ejecución presupuestal).
Señala que durante 4 años se ha
acercado a la Gobernación de Córdoba solicitando información sobre el avance
del proyecto de vivienda. En un primer momento, le indicaron que una vez el
constructor le entregara la vivienda el Ministerio procedería al desembolso
del subsidio asignado.
No obstante, al acudir nuevamente a la
entidad, el 8 de octubre de 2015, le manifiestan que de las consultas
realizadas en el sistema del Ministerio se evidenciaba que el subsidio que le
habían asignado se encontraba vencido y, por tanto, no sería posible la
entrega de vivienda alguna, en la medida en que carecían de recursos para
financiar sus construcción.
De igual manera, sostuvo que la
entidad manifestó que algunos de los subsidios otorgados en la citada
resolución habían expirado, por lo que serían excluidos del proyecto de
vivienda. Bajo ese orden, considera la accionante que se vulneran sus
derechos fundamentales a la vivienda digna e igualdad dado que por
inconvenientes administrativos del proyecto Urbanización Villa Melisa se les
impidió obtener una solución de vivienda.
Aunado a ello, indica que es madrea
cabeza de familia de dos menores de edad, una de las cuales padece síndrome
de Down.
-              Copia del contrato de
compraventa celebrado con la Unión Temporal Villa Melisa (folio 4 y 5,
cuaderno 2).
- Copia de la autorización  a
Fonvivienda por parte de la actora para el giro y desembolso del dinero
correspondiente al subsidio de vivienda (folio 6, cuaderno 2).
-              Copia del escrito por
medio del cual el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio informa a la
actora la asignación del subsidio de vivienda (folio 7, cuaderno 2).
-              Copia del escrito en el
que se establecen las instrucciones para hacer efectivo el desembolso del
Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Urbana (folio 7, cuaderno 2).
-              Copia del resultado de
la Consulta Estado Subsidio por Cédula (folio 9, cuaderno 2).
-  Copia de la cédula de ciudadanía de
la señora Toscano Gómez (folio 10, cuaderno 2).
-              Copia del registro
civil de la hija menor de edad de la actora (folio 12, cuaderno 2).
- Copia de evolución de neuropediatría
de la hija menor de edad de la actora quien, padece síndrome de Down (folio
11, cuaderno 2).
Gobernación de Córdoba
Indica que, quien otorgó la ayuda fue
el Ministerio de Vivienda y no la Gobernación de Córdoba. Por otro lado,
sostiene que, luego de consultar el estado  del subsidio al que alude la
accionante en la página web del Ministerio de vivienda, se verificó que este
se encontraba vencido (Apto con subsidio vencido) desde el 30 de junio de
2015, toda vez que, la entidad señalada, a través de Resolución No. 521 del
día mencionado, resolvió ampliar algunos subsidios de vivienda, más no los
concedidos a través de Resolución 950 de 2011.
En esa medida, no se cuenta con los
recursos para la entrega de la vivienda en la Urbanización Villa Melisa que
solicita la demandante. No obstante, resalta que de los 1.200 subsidios que
en principio fueron otorgados, 413 permanecieron vigentes, lo cual, a su
juicio, atenta contra el derecho a la igualdad de la accionante, hecho no
imputable a  la Gobernación sino el Ministerio.
Por otro lado, sostiene que si bien el
plazo del subsidio era de 6 meses, estos se prorrogaron durante 3 años
consecutivos a solicitud de la Gobernación, generando en los beneficiarios
una confianza legítima de que las casas iban a ser entregadas.
Al respecto afirma que la demora en la
ejecución de los proyectos obedece a las reglas establecidas por el
Ministerio. Lo anterior, aunado a que uno de los requisitos exigidos para el
cobro anticipado del subsidio, por parte de la constructora encargada era la
constitución de una póliza de cumplimiento. Esta fue tramitada con la
Aseguradora Cóndor lo que permitió la construcción de 826 viviendas.
No obstante, la mencionada entidad
entró en proceso de liquidación en el año 2013 y ninguna otra aseguradora
accedió a respaldar el proyecto debido al alto riesgo que implicaba. Advierte
que, en efecto, el 6 de mayo de 2014, se abrió proceso de licitación para
cumplir el mencionado requisito, pero tuvo que ser declarado desierto el 4 de
junio de la misma anualidad.
Por tanto, el ejecutor de la obra solo
logró entregar 88 viviendas más, aparte de las 826 ya mencionadas, pero bajo
la modalidad contraescritura que, si bien no exige póliza, implica que se
recibe el pago del subsidio  una vez entrega la vivienda. Motivo por el cual,
aduce que es difícil conseguir los recursos para la construcción, pues debe
utilizar los propios.
Bajo ese orden, afirman que para
sustituir a la Corporación Concretar, constructora inicial, la Gobernación
realizó un proceso de selección a través del cual se eligió al ingeniero
Gustavo Ramírez Mendoza para la finalización del proyecto en la modalidad
contraescritura, pero modificando el valor que recibiría de subsidio por
vivienda de 11’783 000 a 14’273.573, por lo que, con el fin de continuar con
el proyecto, la entidad realizó el aporte complementario necesario.
Así, en mayo de 2015, se logró obtener
la licencia de construcción de 343 viviendas más y se dio también inicio a la
VI etapa de construcción. En julio de la misma anualidad se solicitó la licencia
para las viviendas restantes.
Indica que, según lo antes esbozado,
se puede observar el esfuerzo de la Gobernación por llevar a fin el proyecto,
pero que no va a poder ser terminado dado el vencimiento de 778 subsidios,
situación que, a su juicio, vulnera el derecho a la igualdad y confianza
legítima de los beneficiarios, por causas no atribuibles a la entidad, sino
al trámite administrativo y exigencias del Ministerio de Vivienda  que
impiden la ejecución de este tipo de proyectos.
Finalmente, cuestiona el actuar del
Ministerio, al no tener en cuenta las condiciones personales de los núcleos
familiares a los que no se les prorrogó el subsidio, como por ejemplo, si
eran desplazados por la violencia, madres cabezas de hogar o menores en
situación de discapacidad.
Fonvivienda
Wilian Fernando Abonia Flórez, en
representación del Fondo Nacional de Vivienda,  Fonvivienda, solicita denegar
el amparo deprecado, bajo los siguientes argumentos:
En primer lugar, sostiene que luego de
verificar en el Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda del
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio se estableció que a la actora se
le asignó un subsidio de vivienda por un valor de 11’3783.200 pesos en la
modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva-Tipo VIP- Vivienda de Interés
Prioritario, para el Proyecto de Urbanización Villa Melisa, el cual
actualmente se encuentra en estado “Apto con Subsidio Vencido” desde el 30 de
junio de 2015.
Lo anterior, toda vez que la
accionante no dio el trámite correspondiente al cobro del subsidio así, como
su respectiva movilización, según lo indicaba la carta de asignación en la
cual se encuentran las instrucciones para hacer efectivo el pago del
subsidio. Por tanto, indica que al momento no es posible presupuestal, ni
administrativamente, hacer efectivo el subsidio a nombre de la actora, pues
al haber perdido su vigencia, este no puede revivirse. En consecuencia,
advierte que la negativa de la entidad obedece al no cumplimiento de las
condiciones establecidas en la ley para acceder a beneficios habitacionales y
no a caprichos de la entidad.
Ministerio de vivienda Ciudad y
Territorio
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, a través de apoderado judicial, solicita se declare la
improcedencia del amparo solicitado, al estimar que: En primer lugar, a
partir de la Convocatoria Concurso Esfuerzo Territorial Nacional y la
postulación realizada ante la Caja de Compensación Familiar de COMFACOR-Montería
la accionante, a través de la Resolución No.950 de 2011, resulto beneficiaria
de un Subsidio Familiar de Vivienda por parte de Fonvivienda, en la modalidad
Adquisición de Vivienda Nueva por un valor de 11’783.200 pesos para ser
aplicado en el proyecto Urbanización Villa Melisa.
Sin embargo, sostiene que dado que la
actora no utilizó el subsidio, este se venció el 30 de junio de 2015, por lo
que, actualmente, se encuentra en estado “Apto con Subsidio Vencido” después
de haberse renovado en distintas ocasiones, sin que se hubiese dado trámite
al cobro y movilización de la ayuda, según lo dispuesto en la carta de
asignación entregada en el 2011. En esa medida, indica que el dinero
correspondiente fue restituido al Tesoro Nacional.
De otro lado, manifiesta que se
asignaron 2.098 viviendas de las cuales 1.869 corresponden a quienes se
postularon como población vulnerable y 229 a población desplazada. De ese
total, 884 subsidios se enmarcan dentro de las etapas I a V y la etapa
ejecutada contraescritura certificada por Fonade, entidad supervisora.
Igualmente, sostiene que de la etapa
VI se encontraban en ejecución 343 viviendas las cuales, luego  de reunión
llevada a cabo el día 11 de marzo de 2015, entre Fonade, la constructora y la
Gobernación de Córdoba, se pactó serían entregadas el 31 de julio del mismo
año. Sin embargo, dicho acuerdo no fue cumplido. En efecto, indica que se ha
legalizado únicamente el 42% del total de las viviendas del proyecto, después
de 4 años de asignados los subsidios lo que evidencia el bajo rendimiento de
la obra, motivo por el cual, de las ayudas otorgadas a través de la
Resolución 950 de 2011, 787 han vencido y no fueron incluidos en la nueva
Resolución de ampliación No. 0521 de 2015.
En esa medida, manifiesta que es la
Gobernación de Córdoba la que ha incumplido con el proyecto de construcción,
no se han construido la totalidad de las viviendas, ni se han respetado los
plazos establecidos para las entregas, motivo por el cual, muchos de los
subsidios no han sido legalizados y se encuentran vencidos. En consecuencia,
no es posible que la accionante acceda al subsidio del cual fue beneficiaria,
pues los recursos ya no se encuentran disponibles.
El Juzgado 3º Laboral del Circuito de
Montería, en fallo del 18 de noviembre de 2015, resolvió denegar el amparo
pretendido, al considerar que no se cumple con el requisito de
subsidiariedad. Lo anterior, toda vez que en el caso bajo estudio, la tutela
no fue presentada como mecanismo transitorio para la protección de sus
derechos, aunado a que no realizó los trámites previstos para hacer efectivo
el pago del subsidio otorgado.
De otra parte, sostiene que la
accionante contaba con la posibilidad de presentar un escrito de petición
ante la entidad demandada, “como vía en este caso administrativa para poder
ejercer sus derechos”. Sumado a ello, manifiesta que, dado que  el subsidio
se encuentra vencido, se configura un daño consumado por lo que el reintegro
o devolución del subsidio no puede ser objeto de discusión a través de la
acción constitucional.
La decisión adoptada por el señalado
juez no fue objeto de impugnación.
T-5448677
1.            Manifiesta Marco Fidel
Ruiz Álvarez que a través de resolución No.950 de 2011 el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio fueron adjudicados 1.200 subsidios de los
cuales el actor resultó beneficiario de vivienda, por un valor de 11’783.200
de pesos para el proyecto Urbanización Villa Melisa en la Ciudad de Montería.
2.            Sostiene que, durante
aproximadamente 4 años se acercó en múltiples ocasiones a la Gobernación de
Córdoba, como ejecutora del proyecto, con el fin de obtener información sobre
las razones de retraso en la construcción y no entrega de la vivienda
correspondiente al subsidio adjudicado, el cual le informaron sería entregado
bajo la modalidad de contraescritura.
3.            Indica que, no obstante
lo señalado, el 19 de noviembre de 2015, al acercarse nuevamente a las
oficinas de la Gobernación, le informaron que el subsidio asignado había
expirado, por lo que no sería posible la entrega de la vivienda, dada la
carencia de recursos para ello. Lo anterior, toda vez que, de los 1.200
subsidios adjudicados a través de la Resolución No.950 de 2011, 787 se
encontraban vencidos.
4.            Finalmente, expone que
los beneficiarios de los subsidios asignados por el Ministerio de Vivienda no
pueden verse afectados por problemas administrativos que se presenten entre
las entidades involucradas y a quienes se les atribuye la no realización de los
trámites necesarios para el pago efectivo del subsidio.
-              Copia de la cédula de
ciudadanía de Marco Fidel Ruiz Álvarez (folio 5, cuaderno).
-              Copia del escrito por
medio del cual el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio informa al
actor de la asignación del subsidio de vivienda (folio 6, cuaderno 2).
-              Copia del escrito en el
que se establecen las instrucciones para hacer efectivo el desembolso del
Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Urbana (folio 7, cuaderno 2).
-              Copia del resultado de
la Consulta Estado Subsidio por Cédula (folio 8, cuaderno 2).
-              Copia del listado de
fichas Histórico  para información de puntaje de SISBEN (folio 9, cuaderno
2).
-              Copia del registro
civil de la hija menor de edad del actor (folio 11, cuaderno 2).
5.2 Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio a través de apoderado judicial, solicita se deniegue el amparo
solicitado bajo los siguientes argumentos:
En primer lugar, sostiene que la
entidad no es la encargada de coordinar, asignar o rechazar subsidios de
vivienda de interés social, pues esa función corresponde principalmente a
Fonvivienda en virtud del Decreto 555 de 2003.
Indica que, al ministerio le compete
la formulación y dirección de las políticas y regulación de planes y
programas relacionados con proyectos habitacionales integrales. Por tal
motivo, se presenta una falta de legitimación por pasiva, pues no es la
entidad la que está causando la amenaza o vulneración de los derechos
fundamentales.
Gobernación de Córdoba
Indica que quien otorgó la ayuda fue
el Ministerio de Vivienda y no la Gobernación de Córdoba. Por otro lado,
sostiene que, luego de consultar el estado  del subsidio al que alude la
accionante en la página web del Ministerio de vivienda, se verificó que este
se encontraba vencido (Apto con subsidio vencido) desde el 30 de junio de
2015, toda vez que, la entidad señalada, a través de Resolución No. 521 del
día mencionado, resolvió ampliar algunos subsidios de vivienda, más no los
concedidos a través de Resolución 950 de 2011.
En esa medida, no se cuenta con los
recursos para la entrega de la vivienda en la Urbanización Villa Melisa que
solicita la demandante. No obstante, resalta que de los 1.200 subsidios que
en principio fueron otorgados, 413 permanecieron vigentes, lo cual, a su juicio,
atenta contra el derecho a la igualdad de la accionante, hecho no imputable
a  la Gobernación sino el Ministerio.
Por otro lado, sostiene que si bien el
plazo del subsidio era de 6 meses, estos se prorrogaron durante 3 años
consecutivos a solicitud de la Gobernación, generando en los beneficiarios
una confianza legítima de que las casas iban a ser entregadas.
Al respecto afirma que la demora en la
ejecución de los proyectos obedece a las reglas establecidas por el
Ministerio. Lo anterior, aunado a que uno de los requisitos exigidos para el
cobro anticipado del subsidio, por parte de la constructora encargada era la
constitución de una póliza de cumplimiento. Esta fue tramitada con la
Aseguradora Cóndor lo que permitió la construcción de 826 viviendas.
No obstante, la mencionada entidad
entró en proceso de liquidación en el año 2013 y ninguna otra aseguradora
accedió a respaldar el proyecto debido al alto riesgo que implicaba. Advierte
que, en efecto, el 6 de mayo de 2014, se abrió proceso de licitación para
cumplir el mencionado requisito, pero tuvo que ser declarado desierto el 4 de
junio de la misma anualidad.
Por tanto, el ejecutor de la obra solo
logró entregar 88 viviendas más, aparte de las 826 ya mencionadas, pero bajo
la modalidad contraescritura que, si bien no exige póliza, implica que se
recibe el pago del subsidio  una vez entrega la vivienda. Motivo por el cual,
aduce que es difícil conseguir los recursos para la construcción, pues debe
utilizar los propios.
Bajo ese orden, afirman que para
sustituir a la Corporación Concretar, constructora inicial, la Gobernación
realizó un proceso de selección a través del cual se eligió al ingeniero
Gustavo Ramírez Mendoza para la finalización del proyecto en la modalidad
contraescritura, pero modificando el valor que recibiría de subsidio por
vivienda de 11’783 000 a 14’273.573, por lo que, con el fin de continuar con
el proyecto, la entidad realizó el aporte complementario necesario.
Así, en mayo de 2015, se logró obtener
la licencia de construcción de 343 viviendas más y se dio también inicio a la
VI etapa de construcción. En julio de la misma anualidad se solicitó la
licencia para las viviendas restantes.
Indica que, según lo antes esbozado,
se puede observar el esfuerzo de la Gobernación por llevar a fin el proyecto,
pero que no va a poder ser terminado dado el vencimiento de 778 subsidios,
situación que, a su juicio, vulnera el derecho a la igualdad y confianza
legítima de los beneficiarios, por causas no atribuibles a la entidad, sino al
trámite administrativo y exigencias del Ministerio de Vivienda  que impiden
la ejecución de este tipo de proyectos.
Finalmente, cuestiona el actuar del
Ministerio, al no tener en cuenta las condiciones personales de los núcleos
familiares a los que no se les prorrogó el subsidio, como por ejemplo, si
eran desplazados por la violencia, madres cabezas de hogar o menores en
situación de discapacidad.
Fonvivienda
Wilian Fernando Abonia Flórez, en
representación del Fondo Nacional de Vivienda,  Fonvivienda, solicita denegar
el amparo deprecado, bajo los siguientes argumentos:
En primer lugar, sostiene que luego de
verificar en el Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda del
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio se estableció que a la actora se
le asignó un subsidio de vivienda por un valor de 11’3783.200 pesos en la
modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva-Tipo VIP- Vivienda de Interés
Prioritario, para el Proyecto de Urbanización Villa Melisa, el cual
actualmente se encuentra en estado “Apto con Subsidio Vencido” desde el 30 de
junio de 2015.
Lo anterior, toda vez que la
accionante no dio el trámite correspondiente al cobro del subsidio así, como
su respectiva movilización, según lo indicaba la carta de asignación en la
cual se encuentran las instrucciones para hacer efectivo el pago del
subsidio. Por tanto, indica que al momento no es posible presupuestal, ni
administrativamente, hacer efectivo el subsidio a nombre de la actora, pues
al haber perdido su vigencia, este no puede revivirse. En consecuencia,
advierte que la negativa de la entidad obedece al no cumplimiento de las
condiciones establecidas en la ley para acceder a beneficios habitacionales y
no a caprichos de la entidad.
El Juzgado 1º Civil del Circuito
Especializado en Restitución de Tierras de Montería, en fallo del 9 de
diciembre de 2015, resolvió denegar el amparo pretendido, bajo el argumento
de que el actor no realizó los trámites previstos para materializar el
subsidio. Sostiene que su actuar fue negligente y no cumplió con los
requisitos establecidos en la “carta de asignaciones” para hacer efectiva la
ayuda señalada.
Por tanto, afirma que no se vulnera
derecho fundamental alguno, pues la obligación de hacer efectivo el subsidio
dependía únicamente del actor y fue por su omisión que el mismo perdió
vigencia.
La decisión no fue objeto de
impugnación
T-5447085
1.            Manifiesta Kelly Johana
Arrieta Villalobos, que a través de resolución No.950 de 2011 el Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio fueron adjudicados 1.200 subsidios de
vivienda por un valor de 11’783.200 de pesos para el proyecto Urbanización
Villa Melisa en la Ciudad de Montería, de los cuales la actora resultó
beneficiaria.
2.            Sostiene que durante
aproximadamente 4 años se acercó en múltiples ocasiones a la Gobernación de
Córdoba, como ejecutora del proyecto, con el fin de obtener información sobre
las razones de retraso en la construcción y no entrega de la vivienda
correspondiente al subsidio adjudicado, el cual le indicaron sería entregado
bajo la modalidad de contraescritura.
3.            Aduce que, no obstante
lo señalado, el 8 de octubre de 2015, al acercarse nuevamente a las oficinas
de la Gobernación, le informaron que el subsidio asignado había expirado, por
lo que no sería posible la entrega de la vivienda, dada la carencia de
recursos para ello. Lo anterior, toda vez que, de los 1.200 subsidios
adjudicados a través de la Resolución No.950 de 2011, 787 se encontraban
vencidos.
4.            Finalmente, expone que
los beneficiarios de los subsidios asignados por el Ministerio de Vivienda no
pueden verse afectados por problemas administrativos que se presenten entre
las entidades involucradas y a quienes se les atribuye la no realización de
los trámites necesarios para el pago efectivo del subsidio.
Sostiene también, que es madre cabeza
de familia de 2 hijos menores de edad.
-              Copia del contrato de
promesa de compraventa con  la Unión Temporal Villa Melisa (folios 4 y 5,
cuaderno 2).
-              Copia de la
autorización  a Fonvivienda por parte de la actora para el giro y desembolso
del dinero correspondiente al subsidio de vivienda (folio 6, cuaderno 2).
-              Copia del escrito por
medio del cual el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio informa a la
actora la asignación del subsidio de vivienda (folio 7, cuaderno 2).
-              Copia del resultado de
la Consulta Estado Subsidio por Cédula (folio 9, cuaderno 2).
-              Copia de la cédula de
ciudadanía de la actora y las tarjetas de identidad de sus 2 hijas menores de
edad (folios 10 a 12, cuaderno 2).
La Caja de Compensación Familiar
de Córdoba- Comfacor, a través de representante, indicó que la entidad no
había vulnerado derecho fundamental alguno, bajo el argumento de que las
funciones de la Caja se limitan a las establecidas en el contrato de encargo
de gestión No. 534 de 2015, suscrito entre la entidad y la Unión Temporal de
Cajas de Compensación –CAVIS UT-. Dentro de ellas, no se encuentra la
facultad de reintegrar o devolver el subsidio familiar de vivienda, pues esta
se encuentra en cabeza de Fonvivienda.
La Gobernación de Córdoba
Indica que quien otorgó la ayuda fue
el Ministerio de Vivienda y no la Gobernación de Córdoba. Por otro lado,
sostiene que, luego de consultar el estado  del subsidio al que alude la
accionante en la página web del Ministerio de vivienda, se verificó que este
se encontraba vencido (Apto con subsidio vencido) desde el 30 de junio de
2015, toda vez que, la entidad señalada, a través de Resolución No. 521 del
día mencionado, resolvió ampliar algunos subsidios de vivienda, más no los
concedidos a través de Resolución 950 de 2011.
En esa medida, no se cuenta con los
recursos para la entrega de la vivienda en la Urbanización Villa Melisa que
solicita la demandante. No obstante, resalta que de los 1.200 subsidios que
en principio fueron otorgados, 413 permanecieron vigentes, lo cual, a su
juicio, atenta contra el derecho a la igualdad de la accionante, hecho no
imputable a  la Gobernación sino el Ministerio.
Por otro lado, sostiene que si bien el
plazo del subsidio era de 6 meses, estos se prorrogaron durante 3 años
consecutivos a solicitud de la Gobernación, generando en los beneficiarios
una confianza legítima de que las casas iban a ser entregadas.
Al respecto afirma que la demora en la
ejecución de los proyectos obedece a las reglas establecidas por el Ministerio.
Lo anterior, aunado a que uno de los requisitos exigidos para el cobro
anticipado del subsidio, por parte de la constructora encargada era la
constitución de una póliza de cumplimiento. Esta fue tramitada con la
Aseguradora Cóndor lo que permitió la construcción de 826 viviendas.
No obstante, la mencionada entidad
entró en proceso de liquidación en el año 2013 y ninguna otra aseguradora
accedió a respaldar el proyecto debido al alto riesgo que implicaba. Advierte
que, en efecto, el 6 de mayo de 2014, se abrió proceso de licitación para
cumplir el mencionado requisito, pero tuvo que ser declarado desierto el 4 de
junio de la misma anualidad.
Por tanto, el ejecutor de la obra solo
logró entregar 88 viviendas más, aparte de las 826 ya mencionadas, pero bajo
la modalidad contraescritura que, si bien no exige póliza, implica que se
recibe el pago del subsidio  una vez entrega la vivienda. Motivo por el cual,
aduce que es difícil conseguir los recursos para la construcción, pues debe
utilizar los propios.
Bajo ese orden, afirman que para
sustituir a la Corporación Concretar, constructora inicial, la Gobernación
realizó un proceso de selección a través del cual se eligió al ingeniero
Gustavo Ramírez Mendoza para la finalización del proyecto en la modalidad contraescritura,
pero modificando el valor que recibiría de subsidio por vivienda de 11’783
000 a 14’273.573, por lo que, con el fin de continuar con el proyecto, la
entidad realizó el aporte complementario necesario.
Así, en mayo de 2015, se logró obtener
la licencia de construcción de 343 viviendas más y se dio también inicio a la
VI etapa de construcción. En julio de la misma anualidad se solicitó la
licencia para las viviendas restantes.
Indica que, según lo antes esbozado,
se puede observar el esfuerzo de la Gobernación por llevar a fin el proyecto,
pero que no va a poder ser terminado dado el vencimiento de 778 subsidios,
situación que, a su juicio, vulnera el derecho a la igualdad y confianza
legítima de los beneficiarios, por causas no atribuibles a la entidad, sino
al trámite administrativo y exigencias del Ministerio de Vivienda  que
impiden la ejecución de este tipo de proyectos.
Finalmente, cuestiona el actuar del
Ministerio, al no tener en cuenta las condiciones personales de los núcleos
familiares a los que no se les prorrogó el subsidio, como por ejemplo, si
eran desplazados por la violencia, madres cabezas de hogar o menores en
situación de discapacidad.
Fonvivienda
Wilian Fernando Abonia Flórez, en
representación del Fondo Nacional de Vivienda,  Fonvivienda, solicita denegar
el amparo deprecado, bajo los siguientes argumentos:
En primer lugar, sostiene que luego de
verificar en el Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda del
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio se estableció que a la actora se
le asignó un subsidio de vivienda por un valor de 11’3783.200 pesos en la
modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva-Tipo VIP- Vivienda de Interés
Prioritario, para el Proyecto de Urbanización Villa Melisa, el cual actualmente
se encuentra en estado “Apto con Subsidio Vencido” desde el 30 de junio de
2015.
Lo anterior, toda vez que la
accionante no dio el trámite correspondiente al cobro del subsidio así, como
su respectiva movilización, según lo indicaba la carta de asignación en la
cual se encuentran las instrucciones para hacer efectivo el pago del
subsidio. Por tanto, indica que al momento no es posible presupuestal, ni
administrativamente, hacer efectivo el subsidio a nombre de la actora, pues
al haber perdido su vigencia, este no puede revivirse. En consecuencia,
advierte que la negativa de la entidad obedece al no cumplimiento de las
condiciones establecidas en la ley para acceder a beneficios habitacionales y
no a caprichos de la entidad.
La Sala Civil, Familia, Laboral del
Tribunal Superior de Montería, en fallo del 23 de noviembre de 2015, resolvió
negar el amparo pretendido al considerar que, en primer lugar, la acción de
tutela no es procedente cuando tiene por objeto controvertir actos
administrativos de carácter particular y concreto, en la medida en que, en su
sentir, la actora cuenta con otros mecanismos como la acción de nulidad o
nulidad y restablecimiento del derecho para obtener la protección de sus
garantías constitucionales.
En esa medida, sostiene que no le es
dable al tribunal desplazar al juez natural, máxime cuando no se evidencia la
ocurrencia de un perjuicio irremediable que amerite la intervención del juez
de tutela.
T-5447096
1.            Manifiesta Marelvis
Sofía Martínez Reyes que a través de resolución No.950 de 2011 el Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio fueron adjudicados 1.200 subsidios de
vivienda por un valor de 11’783.200 de pesos para el proyecto Urbanización
Villa Melisa en la Ciudad de Montería, de los cuales la actora resultó beneficiaria.
2.            Sostiene que durante
aproximadamente 4 años se acercó en múltiples ocasiones a la Gobernación de
Córdoba, como ejecutora del proyecto, con el fin de obtener información sobre
las razones de retraso en la construcción y no entrega de la vivienda
correspondiente al subsidio adjudicado, el cual le indicaron sería entregado
bajo la modalidad de contraescritura.
3.            Aduce que, no obstante
lo señalado, el 8 de octubre de 2015, al acercarse nuevamente a las oficinas
de la Gobernación, le informaron que el subsidio asignado había expirado, por
lo que no sería posible la entrega de la vivienda, dada la carencia de
recursos para ello. Lo anterior, toda vez que, de los 1.200 subsidios
adjudicados a través de la Resolución No.950 de 2011, 787 se encontraban
vencidos.
4.            Finalmente expone que
los beneficiarios de los subsidios asignados por el Ministerio de Vivienda no
pueden verse afectados por problemas administrativos que se presenten entre
las entidades involucradas y a quienes se les atribuye la no realización de
los trámites necesarios para el pago efectivo del subsidio. Sostiene también
que es madre cabeza de familia y tiene a su cargo un hijo menor de edad.
-              Copia del resultado de
la Consulta Estado Subsidio por Cédula (folio 5, cuaderno 2).
-              Copia del contrato de
promesa de compraventa con  la Unión Temporal Villa Melisa (folios 6 y 7, cuaderno
2).
-              Copia de la
autorización  Fonvivienda por parte de la actora para el giro y desembolso
del dinero correspondiente al subsidio de vivienda (folio 8, cuaderno 2).
-              Copia del escrito por
medio del cual el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio informa a la
actora la asignación del subsidio de vivienda (folio 9, cuaderno 2).
-              Copia del escrito en el
que se establecen las instrucciones para hacer efectivo el desembolso del
Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Urbana (folio 9, cuaderno 2).
-              Copia de la cédula de
ciudadanía de la actora (folio 10, cuaderno 2).
La Caja de Compensación Familiar de
Córdoba- Comfacor a través de representante, indicó que
la entidad no había vulnerado derecho fundamental alguno, bajo el argumento
de que las funciones de la Caja se limitan a las establecidas en el contrato
de encargo de gestión No. 534 de 2015, suscrito entre la entidad y la Unión
Temporal de Cajas de Compensación –CAVIS UT-. Dentro de ellas, no se
encuentra la facultad de reintegrar o devolver el subsidio familiar de
vivienda, pues esta se encuentra en cabeza de Fonvivienda.
La Gobernación de Córdoba
Indica que quien otorgó la ayuda fue
el Ministerio de Vivienda y no la Gobernación de Córdoba. Por otro lado,
sostiene que, luego de consultar el estado  del subsidio al que alude la
accionante en la página web del Ministerio de vivienda, se verificó que este
se encontraba vencido (Apto con subsidio vencido) desde el 30 de junio de
2015, toda vez que, la entidad señalada, a través de Resolución No. 521 del
día mencionado, resolvió ampliar algunos subsidios de vivienda, más no los
concedidos a través de Resolución 950 de 2011.
En esa medida, no se cuenta con los
recursos para la entrega de la vivienda en la Urbanización Villa Melisa que
solicita la demandante. No obstante, resalta que de los 1.200 subsidios que
en principio fueron otorgados, 413 permanecieron vigentes, lo cual, a su
juicio, atenta contra el derecho a la igualdad de la accionante, hecho no
imputable a  la Gobernación sino el Ministerio.
Por otro lado, sostiene que si bien el
plazo del subsidio era de 6 meses, estos se prorrogaron durante 3 años
consecutivos a solicitud de la Gobernación, generando en los beneficiarios
una confianza legítima de que las casas iban a ser entregadas.
Al respecto afirma que la demora en la
ejecución de los proyectos obedece a las reglas establecidas por el
Ministerio. Lo anterior, aunado a que uno de los requisitos exigidos para el
cobro anticipado del subsidio, por parte de la constructora encargada era la
constitución de una póliza de cumplimiento. Esta fue tramitada con la
Aseguradora Cóndor lo que permitió la construcción de 826 viviendas.
No obstante, la mencionada entidad
entró en proceso de liquidación en el año 2013 y ninguna otra aseguradora
accedió a respaldar el proyecto debido al alto riesgo que implicaba. Advierte
que, en efecto, el 6 de mayo de 2014, se abrió proceso de licitación para
cumplir el mencionado requisito, pero tuvo que ser declarado desierto el 4 de
junio de la misma anualidad.
Por tanto, el ejecutor de la obra solo
logró entregar 88 viviendas más, aparte de las 826 ya mencionadas, pero bajo
la modalidad contraescritura que, si bien no exige póliza, implica que se
recibe el pago del subsidio  una vez entrega la vivienda. Motivo por el cual,
aduce que es difícil conseguir los recursos para la construcción, pues debe
utilizar los propios.
Bajo ese orden, afirman que para
sustituir a la Corporación Concretar, constructora inicial, la Gobernación
realizó un proceso de selección a través del cual se eligió al ingeniero
Gustavo Ramírez Mendoza para la finalización del proyecto en la modalidad
contraescritura, pero modificando el valor que recibiría de subsidio por
vivienda de 11’783 000 a 14’273.573, por lo que, con el fin de continuar con
el proyecto, la entidad realizó el aporte complementario necesario.
Así, en mayo de 2015, se logró obtener
la licencia de construcción de 343 viviendas más y se dio también inicio a la
VI etapa de construcción. En julio de la misma anualidad se solicitó la
licencia para las viviendas restantes.
Indica que, según lo antes esbozado,
se puede observar el esfuerzo de la Gobernación por llevar a fin el proyecto,
pero que no va a poder ser terminado dado el vencimiento de 778 subsidios,
situación que, a su juicio, vulnera el derecho a la igualdad y confianza
legítima de los beneficiarios, por causas no atribuibles a la entidad, sino
al trámite administrativo y exigencias del Ministerio de Vivienda  que
impiden la ejecución de este tipo de proyectos.
Finalmente, cuestiona el actuar del
Ministerio, al no tener en cuenta las condiciones personales de los núcleos
familiares a los que no se les prorrogó el subsidio, como por ejemplo, si
eran desplazados por la violencia, madres cabezas de hogar o menores en situación
de discapacidad.
Fonvivienda
Indica que, en primer lugar, luego de
verificar en el Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda del
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio se estableció que a la actora se
le asignó un subsidio de vivienda por un valor de 11’3783.200 pesos en la
modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva-Tipo VIP- Vivienda de Interés
Prioritario, para el Proyecto de Urbanización Villa Melisa, el cual
actualmente se encuentra en estado “Apto con Subsidio Vencido” desde el 30 de
junio de 2015.
Sin embargo, sostiene que dado que la
actora no utilizó el subsidio, este se venció el 30 de junio de 2015 por lo
que actualmente se encuentra en estado “Apto con Subsidio Vencido” después de
haberse renovado en distintas ocasiones sin que se hubiese dado tramite al
cobro y movilización de la ayuda, según lo dispuesto en la carta de
asignación entregada en el 2011. En esa medida, indica que el dinero
correspondiente fue restituido al Tesoro Nacional.
De otro lado, indica que se asignaron
2.098 viviendas de las cuales 1.869 corresponden a quienes se postularon como
población vulnerable y 229 a población desplazada. De ese total, 884
subsidios se enmarcan dentro de las etapas I a V y la etapa ejecutada
contraescritura certificada por Fonade, entidad supervisora.
Igualmente, sostiene que de la etapa
VI se encontraban en ejecución 343 viviendas las cuales, luego  de reunión
llevada a cabo el día 11 de marzo de 2015, entre Fonade, la constructora y la
Gobernación de Córdoba, se pactó serían entregadas el 31 de julio del mismo
año. No obstante, dicho acuerdo no fue cumplido. En efecto, indica que se ha
legalizado únicamente el 42% del total de las viviendas del proyecto, después
de 4 años de asignados los subsidios lo que evidencia el bajo rendimiento de
la obra, motivo por el cual de las ayudas otorgadas a través de la Resolución
950 de 2011, 787 han vencido y no fueron incluidos en la nueva Resolución de
ampliación No. 0521 de 2015.
En esa medida, manifiestan que es la Gobernación
de Córdoba la que ha incumplido con el proyecto de construcción, no se han
construido la totalidad de las viviendas, ni se han respetado los plazos
establecidos para las entregas. Motivo por el cual, muchos de los subsidios
no han sido legalizados y se encuentran vencidos. En consecuencia, no es
posible que la accionante acceda al subsidio del cual fue beneficiaria, pues
los recursos ya no se encuentran disponibles.
Lo anterior, toda vez que la
accionante no dio el trámite correspondiente al cobro del subsidio, así como
su respectiva movilización, según lo indicaba la carta de asignación en la
cual se encuentran las instrucciones para hacer efectivo el pago del
subsidio. Por tanto indica que al momento no es posible presupuestal ni
administrativamente hacer efectivo el subsidio a nombre de la actora, pues al
haber perdido su vigencia, este no puede revivirse. Por tanto la negativa de
la entidad obedece al no cumplimiento de las condiciones establecidas en la
ley para acceder a beneficios habitacionales no y a caprichos de la entidad.
Añade que el subsidio correspondiente
fue consignado el 13 de febrero de 2012 en el Banco Agrario de Colombia, por
lo que el no cumplimiento de los trámites correspondientes se le atribuye a
la Gobernación de Córdoba y demás intervinientes en el proyecto, más no la
entidad.
Sostiene a su vez, que las
convocatorias realizadas por Fonvivienda son para cada proyecto en específico
por lo que la postulación de un hogar solo puede llevarse a cabo una sola
vez, en virtud de lo establecido en el Decreto 2190 de 2009.
La Sala Civil, Familia, Laboral del
Tribunal Superior de Montería, en sentencia del 23 de noviembre de 2015,
decidió negar el amparo solicitado al considerar que, en primer lugar, la
acción de tutela no es procedente cuando tiene por objeto controvertir actos
administrativos de carácter particular y concreto, en la medida en que, en su
sentir, la actora cuenta con otros mecanismos como la acción de nulidad o
nulidad y restablecimiento del derecho para obtener la protección de sus
garantías constitucionales.
En esa medida, sostiene que no le es
dable al tribunal desplazar al juez natural, máxime cuando no se evidencia la
ocurrencia de un perjuicio irremediable que amerite la intervención del juez
de tutela.
T-5441920
1.            Yamile del Carmen Luna
Luna, sostiene que que a través de Resolución No.950 de 2011, el Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio adjudicó 1.200 subsidios de vivienda por un
valor de 11’783.200 de pesos para el proyecto Urbanización Villa Melisa en la
Ciudad de Montería, de los cuales la actora resultó beneficiaria.
2.            Sostiene que durante
aproximadamente 4 años se acercó en múltiples ocasiones a la Gobernación de
Córdoba, como ejecutora del proyecto, con el fin de obtener información sobre
las razones de retraso en la construcción y no entrega de la vivienda
correspondiente al subsidio adjudicado, el cual le indicaron sería entregado
bajo la modalidad de contraescritura.
3.            Indica que, no obstante
lo señalado, el 8 de octubre de 2015, al acercarse nuevamente a las oficinas
de la Gobernación, le informaron que el subsidio asignado había expirado, por
lo que no sería posible la entrega de la vivienda, dada la carencia de
recursos para ello. Lo anterior, toda vez que, de los 1.200 subsidios
adjudicados a través de la Resolución No.950 de 2011, 787 se encontraban
vencidos.
4.            Finalmente, expone que
los beneficiarios de los subsidios asignados por el Ministerio de Vivienda no
pueden verse afectados por problemas administrativos que se presenten entre
las entidades involucradas y a quienes se les atribuye la no realización de
los trámites necesarios para el pago efectivo del subsidio.
-              Copia del contrato de
promesa de compraventa con  la Unión Temporal Villa Melisa (folios 4 a 6,
cuaderno 2).
-              Copia de la
autorización  Fonvivienda por parte de la actora para el giro y desembolso
del dinero correspondiente al subsidio de vivienda (folio 8, cuaderno 2).
-              Copia del escrito por
medio del cual el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio informa a la
actora la asignación del subsidio de vivienda (folio 8, cuaderno 2).
-              Copia del escrito en el
que se establecen las instrucciones para hacer efectivo el desembolso del
Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Urbana (folio 9, cuaderno 2).
-              Copia del resultado de
la Consulta Estado Subsidio por Cédula (folio 10, cuaderno 2).
-              Copia de la cédula de
ciudadanía de la actora (folio 11, cuaderno 2).
Fonvivienda
Wilian Fernando Abonia Flórez en
representación del Fondo Nacional de Vivienda,  Fonvivienda solicita
denegar el amparo deprecado bajo los siguientes argumentos:
En primer lugar, sostiene que luego de
verificar en el Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda del
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio se estableció que a la actora se
le asignó un subsidio de vivienda por un valor de 11’3783.200 pesos en la
modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva-Tipo VIP- Vivienda de Interés
Prioritario, para el Proyecto de Urbanización Villa Melisa, el cual
actualmente se encuentra en estado “Apto con Subsidio Vencido” desde el 30 de
junio de 2015.
Lo anterior, toda vez que la
accionante no dio el trámite correspondiente al cobro del subsidio así, como
su respectiva movilización, según lo indicaba la carta de asignación en la
cual se encuentran las instrucciones para hacer efectivo el pago del
subsidio. Por tanto, indica que al momento no es posible presupuestal, ni
administrativamente, hacer efectivo el subsidio a nombre de la actora, pues
al haber perdido su vigencia, este no puede revivirse. En consecuencia,
advierte que la negativa de la entidad obedece al no cumplimiento de las
condiciones establecidas en la ley para acceder a beneficios habitacionales y
no a caprichos de la entidad.
5.2.  La Gobernación de Córdoba
Indica que, quien otorgó la ayuda fue
el Ministerio de Vivienda y no la Gobernación de Córdoba. Por otro lado,
sostiene que, luego de consultar el estado  del subsidio al que alude la
accionante en la página web del Ministerio de vivienda, se verificó que este
se encontraba vencido (Apto con subsidio vencido) desde el 30 de junio de
2015, toda vez que, la entidad señalada, a través de Resolución No. 521 del
día mencionado, resolvió ampliar algunos subsidios de vivienda, más no los
concedidos a través de Resolución 950 de 2011.
En esa medida, no se cuenta con los
recursos para la entrega de la vivienda en la Urbanización Villa Melisa que
solicita la demandante. No obstante, resalta que de los 1.200 subsidios que
en principio fueron otorgados, 413 permanecieron vigentes, lo cual, a su
juicio, atenta contra el derecho a la igualdad de la accionante, hecho no
imputable a  la Gobernación sino el Ministerio.
Por otro lado, sostiene que si bien el
plazo del subsidio era de 6 meses, estos se prorrogaron durante 3 años
consecutivos a solicitud de la Gobernación, generando en los beneficiarios
una confianza legítima de que las casas iban a ser entregadas.
Al respecto afirma que la demora en la
ejecución de los proyectos obedece a las reglas establecidas por el Ministerio.
Lo anterior, aunado a que uno de los requisitos exigidos para el cobro
anticipado del subsidio, por parte de la constructora encargada era la
constitución de una póliza de cumplimiento. Esta fue tramitada con la
Aseguradora Cóndor lo que permitió la construcción de 826 viviendas.
No obstante, la mencionada entidad
entró en proceso de liquidación en el año 2013 y ninguna otra aseguradora
accedió a respaldar el proyecto debido al alto riesgo que implicaba. Advierte
que, en efecto, el 6 de mayo de 2014, se abrió proceso de licitación para
cumplir el mencionado requisito, pero tuvo que ser declarado desierto el 4 de
junio de la misma anualidad.
Por tanto, el ejecutor de la obra solo
logró entregar 88 viviendas más, aparte de las 826 ya mencionadas, pero bajo
la modalidad contraescritura que, si bien no exige póliza, implica que se
recibe el pago del subsidio  una vez entrega la vivienda. Motivo por el cual,
aduce que es difícil conseguir los recursos para la construcción, pues debe
utilizar los propios.
Bajo ese orden, afirman que para
sustituir a la Corporación Concretar, constructora inicial, la Gobernación
realizó un proceso de selección a través del cual se eligió al ingeniero
Gustavo Ramírez Mendoza para la finalización del proyecto en la modalidad contraescritura,
pero modificando el valor que recibiría de subsidio por vivienda de 11’783
000 a 14’273.573, por lo que, con el fin de continuar con el proyecto, la
entidad realizó el aporte complementario necesario.
Así, en mayo de 2015, se logró obtener
la licencia de construcción de 343 viviendas más y se dio también inicio a la
VI etapa de construcción. En julio de la misma anualidad se solicitó la
licencia para las viviendas restantes.
Indica que, según lo antes esbozado,
se puede observar el esfuerzo de la Gobernación por llevar a fin el proyecto,
pero que no va a poder ser terminado dado el vencimiento de 778 subsidios,
situación que, a su juicio, vulnera el derecho a la igualdad y confianza
legítima de los beneficiarios, por causas no atribuibles a la entidad, sino
al trámite administrativo y exigencias del Ministerio de Vivienda  que
impiden la ejecución de este tipo de proyectos.
Finalmente, cuestiona el actuar del
Ministerio, al no tener en cuenta las condiciones personales de los núcleos
familiares a los que no se les prorrogó el subsidio, como por ejemplo, si
eran desplazados por la violencia, madres cabezas de hogar o menores en
situación de discapacidad.
El Juzgado1º Penal del Circuito de
Montería, en providencia del 24 de noviembre de 2015, resolvió negar el
amparo pretendido, al considerar que la accionante cuenta con otro mecanismo
de defensa para hacer valer sus derechos.
Lo anterior, pues estima que, de los
hechos se desprende que el conflicto en cuestión es netamente contractual
por lo que la accionante debe acudir a la jurisdicción civil para dar
solución a la cuestión planteada en sede de tutela. En esa medida, esta
última se torna improcedente, pues su objeto no es reemplazar otras ramas del
derecho, a menos que se advierta que no son eficientes para la protección
solicitada.
La decisión no fue impugnada.
T-5441919
1. Eliana Judith Lambertinez Pérez
sostiene que a través de Resolución No. 0950 del 22 de noviembre de 2011, el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio le adjudicó un subsidio familiar
de vivienda equivalente a 11’783.200 para aplicar al proyecto Urbanización
Villa Melisa, en la modalidad de adquisición de vivienda nueva, en la Ciudad
de Montería. (Con un plazo de 6 meses para su aplicación a partir del 1er día
del mes siguiente a la fecha de publicación de la resolución de asignación y
en todo caso, siempre y cuando lo permitan las normas de ejecución
presupuestal).
2. Señala que durante 4 años se ha
acercado a la Gobernación de Córdoba solicitando información sobre el avance
del proyecto de vivienda. En un primer momento, le indicaron que una vez el
constructor le entregara la vivienda el Ministerio procedería al desembolso
del subsidio asignado.
3. No obstante, al acudir nuevamente a
la entidad, el 4 de noviembre de 2015, le manifiestan que de las consultas
realizadas en el sistema del Ministerio se evidenciaba que el subsidio que le
habían asignado se encontraba vencido y por tanto, no sería posible la
entrega de vivienda alguna, en la medida en que carecían de recursos para
financiar sus construcción.
4. De igual manera, sostuvo que la
entidad manifestó que algunos de los subsidios otorgados en la citada
resolución habían expirado, por lo que serían excluidos del proyecto de
vivienda. Bajo ese orden, considera la accionante que se vulneran sus
derechos fundamentales a la vivienda digna e igualdad, dado que por
inconvenientes administrativos del proyecto Urbanización Villa Melisa se les
impidió obtener una solución de vivienda.
Sostiene también que Madre de 2 menores
de edad.
-              Copia de la cédula de
ciudadanía de Eliana Judith Lambertinez (folio 5, cuaderno 2).
-              Copia del contrato de
promesa de compraventa con  la Unión Temporal Villa Melisa (folios 6 a 8,
cuaderno 2).
-              Copia de la
autorización  Fonvivienda por parte de la actora para el giro y desembolso
del dinero correspondiente al subsidio de vivienda (folio 9, cuaderno 2).
-              Copia del escrito por
medio del cual el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio informa a la
actora la asignación del subsidio de vivienda (folio 11, cuaderno 2).
-              Copia del escrito en el
que se establecen las instrucciones para hacer efectivo el desembolso del
Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Urbana (folio 10, cuaderno
2).
-              Copia del resultado de
la Consulta Estado Subsidio por Cédula (folio 16, cuaderno 2).
-              Copia del listado de
fichas Histórico  para información de puntaje de SISBEN (folio 13, cuaderno
2).
-              Copia del registro
civil de los hijos menores de edad de la actora (folio 14 y 15, cuaderno 2).
La Gobernación de Córdoba
Indica que, quien otorgó la ayuda fue
el Ministerio de Vivienda y no la Gobernación de Córdoba. Por otro lado,
sostiene que, luego de consultar el estado  del subsidio al que alude la
accionante en la página web del Ministerio de vivienda, se verificó que este
se encontraba vencido (Apto con subsidio vencido) desde el 30 de junio de
2015, toda vez que, la entidad señalada, a través de Resolución No. 521 del
día mencionado, resolvió ampliar algunos subsidios de vivienda, más no los concedidos
a través de Resolución 950 de 2011.
En esa medida, no se cuenta con los
recursos para la entrega de la vivienda en la Urbanización Villa Melisa que
solicita la demandante. No obstante, resalta que de los 1.200 subsidios que
en principio fueron otorgados, 413 permanecieron vigentes, lo cual, a su
juicio, atenta contra el derecho a la igualdad de la accionante, hecho no
imputable a  la Gobernación sino el Ministerio.
Por otro lado, sostiene que si bien el
plazo del subsidio era de 6 meses, estos se prorrogaron durante 3 años
consecutivos a solicitud de la Gobernación, generando en los beneficiarios
una confianza legítima de que las casas iban a ser entregadas.
Al respecto afirma que la demora en la
ejecución de los proyectos obedece a las reglas establecidas por el
Ministerio. Lo anterior, aunado a que uno de los requisitos exigidos para el
cobro anticipado del subsidio, por parte de la constructora encargada era la
constitución de una póliza de cumplimiento. Esta fue tramitada con la
Aseguradora Cóndor lo que permitió la construcción de 826 viviendas.
No obstante, la mencionada entidad
entró en proceso de liquidación en el año 2013 y ninguna otra aseguradora
accedió a respaldar el proyecto debido al alto riesgo que implicaba. Advierte
que, en efecto, el 6 de mayo de 2014, se abrió proceso de licitación para
cumplir el mencionado requisito, pero tuvo que ser declarado desierto el 4 de
junio de la misma anualidad.
Por tanto, el ejecutor de la obra solo
logró entregar 88 viviendas más, aparte de las 826 ya mencionadas, pero bajo
la modalidad contraescritura que, si bien no exige póliza, implica que se
recibe el pago del subsidio  una vez entrega la vivienda. Motivo por el cual,
aduce que es difícil conseguir los recursos para la construcción, pues debe
utilizar los propios.
Bajo ese orden, afirman que para
sustituir a la Corporación Concretar, constructora inicial, la Gobernación
realizó un proceso de selección a través del cual se eligió al ingeniero
Gustavo Ramírez Mendoza para la finalización del proyecto en la modalidad
contraescritura, pero modificando el valor que recibiría de subsidio por
vivienda de 11’783 000 a 14’273.573, por lo que, con el fin de continuar con
el proyecto, la entidad realizó el aporte complementario necesario.
Así, en mayo de 2015, se logró obtener
la licencia de construcción de 343 viviendas más y se dio también inicio a la
VI etapa de construcción. En julio de la misma anualidad se solicitó la
licencia para las viviendas restantes.
Indica que, según lo antes esbozado,
se puede observar el esfuerzo de la Gobernación por llevar a fin el proyecto,
pero que no va a poder ser terminado dado el vencimiento de 778 subsidios,
situación que, a su juicio, vulnera el derecho a la igualdad y confianza
legítima de los beneficiarios, por causas no atribuibles a la entidad, sino
al trámite administrativo y exigencias del Ministerio de Vivienda  que
impiden la ejecución de este tipo de proyectos.
Finalmente, cuestiona el actuar del
Ministerio, al no tener en cuenta las condiciones personales de los núcleos
familiares a los que no se les prorrogó el subsidio, como por ejemplo, si
eran desplazados por la violencia, madres cabezas de hogar o menores en
situación de discapacidad.
Fonvivienda
Indica que, en primer lugar, luego de
verificar en el Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda del
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio se estableció que a la actora se
le asignó un subsidio de vivienda por un valor de 11’3783.200 pesos en la
modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva-Tipo VIP- Vivienda de Interés
Prioritario, para el Proyecto de Urbanización Villa Melisa, el cual
actualmente se encuentra en estado “Apto con Subsidio Vencido” desde el 30 de
junio de 2015.
Sin embargo, sostiene que dado que la
actora no utilizó el subsidio, este se venció el 30 de junio de 2015 por lo
que actualmente se encuentra en estado “Apto con Subsidio Vencido” después de
haberse renovado en distintas ocasiones sin que se hubiese dado tramite al
cobro y movilización de la ayuda, según lo dispuesto en la carta de
asignación entregada en el 2011. En esa medida, indica que el dinero
correspondiente fue restituido al Tesoro Nacional.
De otro lado, indica que se asignaron
2.098 viviendas de las cuales 1.869 corresponden a quienes se postularon como
población vulnerable y 229 a población desplazada. De ese total, 884
subsidios se enmarcan dentro de las etapas I a V y la etapa ejecutada
contraescritura certificada por Fonade, entidad supervisora.
Igualmente, sostiene que de la etapa
VI se encontraban en ejecución 343 viviendas las cuales, luego  de reunión
llevada a cabo el día 11 de marzo de 2015, entre Fonade, la constructora y la
Gobernación de Córdoba, se pactó serían entregadas el 31 de julio del mismo
año. No obstante, dicho acuerdo no fue cumplido. En efecto, indica que se ha
legalizado únicamente el 42% del total de las viviendas del proyecto, después
de 4 años de asignados los subsidios lo que evidencia el bajo rendimiento de
la obra, motivo por el cual de las ayudas otorgadas a través de la Resolución
950 de 2011, 787 han vencido y no fueron incluidos en la nueva Resolución de
ampliación No. 0521 de 2015.
En esa medida, manifiestan que es la
Gobernación de Córdoba la que ha incumplido con el proyecto de construcción,
no se han construido la totalidad de las viviendas, ni se han respetado los
plazos establecidos para las entregas. Motivo por el cual, muchos de los
subsidios no han sido legalizados y se encuentran vencidos. En consecuencia,
no es posible que la accionante acceda al subsidio del cual fue beneficiaria,
pues los recursos ya no se encuentran disponibles.
Lo anterior, toda vez que la
accionante no dio el trámite correspondiente al cobro del subsidio, así como
su respectiva movilización, según lo indicaba la carta de asignación en la cual
se encuentran las instrucciones para hacer efectivo el pago del subsidio. Por
tanto indica que al momento no es posible presupuestal ni administrativamente
hacer efectivo el subsidio a nombre de la actora, pues al haber perdido su
vigencia, este no puede revivirse. Por tanto la negativa de la entidad
obedece al no cumplimiento de las condiciones establecidas en la ley para
acceder a beneficios habitacionales no y a caprichos de la entidad.
Añade que el subsidio correspondiente
fue consignado el 25 de noviembre de 2011 en el Banco Agrario de Colombia,
por lo que el no cumplimiento de los trámites correspondientes se le atribuye
a la Gobernación de Córdoba y demás intervinientes en el proyecto, más no la
entidad.
Sostiene a su vez, que las
convocatorias realizadas por Fonvivienda son para cada proyecto en específico
por lo que la postulación de un hogar solo puede llevarse a cabo una sola
vez, en virtud de lo establecido en el Decreto 2190 de 2009.
El Juzgado 1º Penal del Circuito de
Montería, en fallo del 25 de noviembre de 2015, resolvió negar el amparo
pretendido pues, a su juicio, la tutela no es el mecanismo adecuado para
controvertir actos administrativos de carácter particular y concreto. En esa
medida considera que la actora cuenta, con la acción de nulidad o nulidad y
restablecimiento del derecho para dar una solución a lo planteado. De otro
lado, sostiene que no se evidencia la ocurrencia de un perjuicio irremediable
que permita desplazar al juez contencioso administrativo.
T-5441912
Libardo Ramiro Rodríguez Villadiego
sostiene que a través de Resolución No. 0950 del 22 de noviembre de 2011, el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio le adjudicó un subsidio familiar
de vivienda equivalente a 11’783.200 para aplicar al proyecto Urbanización
Villa Melisa, en la modalidad de adquisición de vivienda nueva, en la Ciudad
de Montería. (Con un plazo de 6 meses para su aplicación a partir del 1er día
del mes siguiente a la fecha de publicación de la resolución de asignación y
en todo caso, siempre y cuando lo permitan las normas de ejecución
presupuestal).
2. Señala que durante 4 años se ha
acercado a la Gobernación de Córdoba solicitando información sobre el avance
del proyecto de vivienda. En un primer momento, le indicaron que una vez el
constructor le entregara la vivienda el Ministerio procedería al desembolso
del subsidio asignado.
3. No obstante, al acudir nuevamente a
la entidad, el 4 de noviembre de 2015, le manifiestan que de las consultas
realizadas en el sistema del Ministerio se evidenciaba que el subsidio que le
habían asignado se encontraba vencido y por tanto, no sería posible la
entrega de vivienda alguna, en la medida en que carecían de recursos para
financiar sus construcción.
4. De igual manera, sostuvo que la
entidad manifestó que algunos de los subsidios otorgados en la citada
resolución habían expirado, por lo que serían excluidos del proyecto de
vivienda. Bajo ese orden, considera la accionante que se vulneran sus
derechos fundamentales a la vivienda digna e igualdad dado que por
inconvenientes administrativos del proyecto Urbanización Villa Melisa se les
impidió obtener una solución de vivienda.
-              Copia de la cédula de
ciudadanía de Libardo Rodríguez (folio 5, cuaderno 2).
-              Copia del contrato de
promesa de compraventa con  la Unión Temporal Villa Melisa (folios 9 y 10,
cuaderno 2).
-              Copia de la
autorización  Fonvivienda por parte del actor para el giro y desembolso del
dinero correspondiente al subsidio de vivienda (folio 11, cuaderno 2).
-              Copia del escrito por medio
del cual el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio informa al actor la
asignación del subsidio de vivienda (folio 6, cuaderno 2).
-              Copia del escrito en el
que se establecen las instrucciones para hacer efectivo el desembolso del
Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Urbana (folio 6, cuaderno 2).
-              Copia del resultado de
la Consulta Estado Subsidio por Cédula (folio 7, cuaderno 2).
-              Copia del listado de
fichas Histórico  para información de puntaje de SISBEN (folio 8, cuaderno
2).
-              Copia de la tarjeta de
identidad y el comprobante del documento de identificación en trámite de los
hijos del actor (folio 13 y 14, cuaderno 2).
La Gobernación de Córdoba
Indica que, quien otorgó la ayuda fue
el Ministerio de Vivienda y no la Gobernación de Córdoba. Por otro lado,
sostiene que, luego de consultar el estado  del subsidio al que alude la
accionante en la página web del Ministerio de vivienda, se verificó que este
se encontraba vencido (Apto con subsidio vencido) desde el 30 de junio de 2015,
toda vez que, la entidad señalada, a través de Resolución No. 521 del día
mencionado, resolvió ampliar algunos subsidios de vivienda, más no los
concedidos a través de Resolución 950 de 2011.
En esa medida, no se cuenta con los
recursos para la entrega de la vivienda en la Urbanización Villa Melisa que
solicita la demandante. No obstante, resalta que de los 1.200 subsidios que
en principio fueron otorgados, 413 permanecieron vigentes, lo cual, a su
juicio, atenta contra el derecho a la igualdad de la accionante, hecho no
imputable a  la Gobernación sino el Ministerio.
Por otro lado, sostiene que si bien el
plazo del subsidio era de 6 meses, estos se prorrogaron durante 3 años
consecutivos a solicitud de la Gobernación, generando en los beneficiarios
una confianza legítima de que las casas iban a ser entregadas.
Al respecto afirma que la demora en la
ejecución de los proyectos obedece a las reglas establecidas por el
Ministerio. Lo anterior, aunado a que uno de los requisitos exigidos para el
cobro anticipado del subsidio, por parte de la constructora encargada era la
constitución de una póliza de cumplimiento. Esta fue tramitada con la
Aseguradora Cóndor lo que permitió la construcción de 826 viviendas.
No obstante, la mencionada entidad
entró en proceso de liquidación en el año 2013 y ninguna otra aseguradora
accedió a respaldar el proyecto debido al alto riesgo que implicaba. Advierte
que, en efecto, el 6 de mayo de 2014, se abrió proceso de licitación para
cumplir el mencionado requisito, pero tuvo que ser declarado desierto el 4 de
junio de la misma anualidad.
Por tanto, el ejecutor de la obra solo
logró entregar 88 viviendas más, aparte de las 826 ya mencionadas, pero bajo
la modalidad contraescritura que, si bien no exige póliza, implica que se
recibe el pago del subsidio  una vez entrega la vivienda. Motivo por el cual,
aduce que es difícil conseguir los recursos para la construcción, pues debe
utilizar los propios.
Bajo ese orden, afirman que para
sustituir a la Corporación Concretar, constructora inicial, la Gobernación
realizó un proceso de selección a través del cual se eligió al ingeniero
Gustavo Ramírez Mendoza para la finalización del proyecto en la modalidad
contraescritura, pero modificando el valor que recibiría de subsidio por
vivienda de 11’783 000 a 14’273.573, por lo que, con el fin de continuar con
el proyecto, la entidad realizó el aporte complementario necesario.
Así, en mayo de 2015, se logró obtener
la licencia de construcción de 343 viviendas más y se dio también inicio a la
VI etapa de construcción. En julio de la misma anualidad se solicitó la
licencia para las viviendas restantes.
Indica que, según lo antes esbozado,
se puede observar el esfuerzo de la Gobernación por llevar a fin el proyecto,
pero que no va a poder ser terminado dado el vencimiento de 778 subsidios,
situación que, a su juicio, vulnera el derecho a la igualdad y confianza
legítima de los beneficiarios, por causas no atribuibles a la entidad, sino
al trámite administrativo y exigencias del Ministerio de Vivienda  que
impiden la ejecución de este tipo de proyectos.
Finalmente, cuestiona el actuar del
Ministerio, al no tener en cuenta las condiciones personales de los núcleos
familiares a los que no se les prorrogó el subsidio, como por ejemplo, si
eran desplazados por la violencia, madres cabezas de hogar o menores en
situación de discapacidad.
5.2 Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio a través de apoderado judicial, solicita se deniegue el amparo
solicitado bajo los siguientes argumentos:
En primer lugar, sostiene que la
entidad no es la encargada de coordinar, asignar o rechazar subsidios de
vivienda de interés social, pues esa función corresponde principalmente a
Fonvivienda en virtud del Decreto 555 de 2003.
Indica que al Ministerio le compete la
formulación y dirección de las políticas y regulación de planes y programas
relacionados con proyectos habitacionales integrales. Por tal motivo, aduce
que se presenta una falta de legitimación por pasiva, pues no es la entidad
la que está causando la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales.
Caja de Compensación Familiar de
Córdoba
La Caja de Compensación Familiar de
Córdoba- Comfacor, a través de representante, indicó que la entidad no había
vulnerado derecho fundamental alguno, bajo el argumento de que las funciones
de la Caja se limitan a las establecidas en el contrato de encargo de gestión
No. 534 de 2015, suscrito entre la entidad y la Unión Temporal de Cajas de
Compensación –CAVIS UT-. Dentro de ellas, no se encuentra la facultad de
reintegrar o devolver el subsidio familiar de vivienda, pues esta se
encuentra en cabeza de Fonvivienda.
La Sala Civil, Familia, Laboral del
Tribunal Superior de Montería, en fallo del 19 de noviembre de 2015, decidió
negar el amparo solicitado al considerar que, en primer lugar, la acción de
tutela no es procedente cuando tiene por objeto controvertir actos
administrativos de carácter particular y concreto, en la medida en que, en su
sentir, el actor cuenta con otros mecanismos como la acción de nulidad o
nulidad y restablecimiento del derecho para obtener la protección de sus
garantías constitucionales.
En esa medida, sostiene que no le es
dable al tribunal desplazar al juez natural, máxime cuando no se evidencia la
ocurrencia de un perjuicio irremediable que amerite la intervención del juez
de tutela.
T-5488374
1.            José Luis Pantoja
Negrete sostiene que en el año 2011 el Ministerio de Vivienda, Cuidad y
Territorio abrió convocatoria a través de La Caja de Compensación Familiar de
Córdoba para acceder a un subsidio de vivienda de interés social. En virtud
de lo anterior, el 11 de noviembre del citado año se le informó al actor que
había sido beneficiado con la mencionada ayuda, por un valor de 11’783.200
para aplicar al proyecto Urbanización Villa Melisa en la ciudad de Montería.
2.            A través del mismo
documento, le informaron también que el subsidio  debía ser aplicado en un
plazo máximo de 6 meses contados a partir del mes siguiente a la fecha de
publicación de la Resolución No. 950 de 2011, por medio de la cual se
realizaron las asignaciones, dependiendo a su vez de las normas de ejecución
presupuestal.
3.            Indica el actor, que
luego de notificado de la asignación del subsidio, el 19 de diciembre de 2011
acudió a las oficinas de la Unión Temporal Villa Melisa ubicada en la
Gobernación de Córdoba para firmar el correspondiente contrato de promesa de
compraventa.
4.            Manifiesta también que
el precio del bien inmueble que le iba a ser entregado equivale a 30’178.624
de pesos, los cuales serían pagados con el subsidio otorgado por el
Ministerio, y con otras ayudas brindadas por el la Corporación Concretar y
una parte en especie por la Gobernación de Córdoba.
5.            Para ello, sostiene que
le exigieron la apertura de una cuenta en el Banco Agrario de Colombia para
el desembolso del subsidio y la autorización al Fondo Nacional de Vivienda
para que fuera este el que consignara el dinero a la constructora.
6.            Afirma a su vez, que el
Ministerio desembolsó el subsidio en el mes de febrero de 2012. No obstante,
pasado el tiempo y ante la demora en la entrega de la vivienda, acudió
nuevamente a la Gobernación, en donde le informaron que el subsidio otorgado
se encontraba vencido, lo cual considera una vulneración a sus derechos fundamentales
pues el hecho de no tener acceso a la ayuda otorgada es atribuible únicamente
a las entidades involucradas, máxime cuando ya han sido entregadas algunas
viviendas, señalando también que el plazo para hacerlo efectivo
significativamente corto.
7.            Sumado a ello, sostiene
que no cuenta con los recursos económicos necesarios para adquirir una
vivienda por cuenta propia, por lo que depende del subsidio para tal fin.
-              Copia de la cédula de
ciudadanía de José Luis Pantoja Negrete (folio 12, cuaderno 2).
-              Copia del contrato de
promesa de compraventa con  la Unión Temporal Villa Melisa (folios 13 y 14,
cuaderno 2).
-              Copia de la autorización
a Fonvivienda por parte del actor para el giro y desembolso del dinero
correspondiente al subsidio de vivienda (folio 15, cuaderno 2).
-              Copia del escrito por
medio del cual el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio informa al
actor la asignación del subsidio de vivienda (folio 16, cuaderno 2).
Corporación Concretar
La Corporación Concretar a través de
apoderado judicial, solicitó la desvinculación del proceso argumentando que
la entidad no representa legalmente a la Unión Temporal Villa Melisa, sumado
a que, a través de acta modificatoria No. 7 del 4 de noviembre de 2014, se
realizó una cesión de derechos a la firma de ingenieros Gustavo Ramírez
Mendoza, por lo que sostiene que cesó toda responsabilidad a su cargo,
cualquiera fuese su naturaleza.
De otro lado, sostiene que la facultad
de otorgar y prorrogar los subsidios de vivienda recae únicamente en el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. En consecuencia, afirma que
dichas funciones no están en cabeza de la constructora pues estas se limitan
solo a la construcción de los inmuebles.
Indica también que la constructora fue
parte de la Unión Temporal antes mencionada, pero dado que la Gobernación de
Córdoba no pudo aportar la correspondiente póliza de seguros en vista de que,
según afirma, ninguna aseguradora accedió a contratar, la responsabilidad de
la entidad cesó una vez la construcción fue asumida por la firma de
ingenieros.
La Gobernación de Córdoba
Indica que, quien otorgó la ayuda fue
el Ministerio de Vivienda y no la Gobernación de Córdoba. Por otro lado,
sostiene que, luego de consultar el estado  del subsidio al que alude la
accionante en la página web del Ministerio de vivienda, se verificó que este
se encontraba vencido (Apto con subsidio vencido) desde el 30 de junio de 2015,
toda vez que, la entidad señalada, a través de Resolución No. 521 del día
mencionado, resolvió ampliar algunos subsidios de vivienda, más no los
concedidos a través de Resolución 950 de 2011.
En esa medida, no se cuenta con los
recursos para la entrega de la vivienda en la Urbanización Villa Melisa que
solicita la demandante. No obstante, resalta que de los 1.200 subsidios que
en principio fueron otorgados, 413 permanecieron vigentes, lo cual, a su
juicio, atenta contra el derecho a la igualdad de la accionante, hecho no
imputable a  la Gobernación sino el Ministerio.
Por otro lado, sostiene que si bien el
plazo del subsidio era de 6 meses, estos se prorrogaron durante 3 años
consecutivos a solicitud de la Gobernación, generando en los beneficiarios
una confianza legítima de que las casas iban a ser entregadas.
Al respecto afirma que la demora en la
ejecución de los proyectos obedece a las reglas establecidas por el
Ministerio. Lo anterior, aunado a que uno de los requisitos exigidos para el
cobro anticipado del subsidio, por parte de la constructora encargada era la
constitución de una póliza de cumplimiento. Esta fue tramitada con la
Aseguradora Cóndor lo que permitió la construcción de 826 viviendas.
No obstante, la mencionada entidad
entró en proceso de liquidación en el año 2013 y ninguna otra aseguradora
accedió a respaldar el proyecto debido al alto riesgo que implicaba. Advierte
que, en efecto, el 6 de mayo de 2014, se abrió proceso de licitación para
cumplir el mencionado requisito, pero tuvo que ser declarado desierto el 4 de
junio de la misma anualidad.
Por tanto, el ejecutor de la obra solo
logró entregar 88 viviendas más, aparte de las 826 ya mencionadas, pero bajo
la modalidad contraescritura que, si bien no exige póliza, implica que se
recibe el pago del subsidio  una vez entrega la vivienda. Motivo por el cual,
aduce que es difícil conseguir los recursos para la construcción, pues debe
utilizar los propios.
Bajo ese orden, afirman que para
sustituir a la Corporación Concretar, constructora inicial, la Gobernación
realizó un proceso de selección a través del cual se eligió al ingeniero
Gustavo Ramírez Mendoza para la finalización del proyecto en la modalidad
contraescritura, pero modificando el valor que recibiría de subsidio por
vivienda de 11’783 000 a 14’273.573, por lo que, con el fin de continuar con
el proyecto, la entidad realizó el aporte complementario necesario.
Así, en mayo de 2015, se logró obtener
la licencia de construcción de 343 viviendas más y se dio también inicio a la
VI etapa de construcción. En julio de la misma anualidad se solicitó la
licencia para las viviendas restantes.
Indica que, según lo antes esbozado,
se puede observar el esfuerzo de la Gobernación por llevar a fin el proyecto,
pero que no va a poder ser terminado dado el vencimiento de 778 subsidios,
situación que, a su juicio, vulnera el derecho a la igualdad y confianza
legítima de los beneficiarios, por causas no atribuibles a la entidad, sino
al trámite administrativo y exigencias del Ministerio de Vivienda  que impiden
la ejecución de este tipo de proyectos.
Finalmente, cuestiona el actuar del
Ministerio, al no tener en cuenta las condiciones personales de los núcleos
familiares a los que no se les prorrogó el subsidio, como por ejemplo, si
eran desplazados por la violencia, madres cabezas de hogar o menores en
situación de discapacidad.
Fonvivienda
Indica que, en primer lugar, luego de
verificar en el Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda del
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio se estableció que a la actora se
le asignó un subsidio de vivienda por un valor de 11’3783.200 pesos en la
modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva-Tipo VIP- Vivienda de Interés
Prioritario, para el Proyecto de Urbanización Villa Melisa, el cual
actualmente se encuentra en estado “Apto con Subsidio Vencido” desde el 30 de
junio de 2015.
Sin embargo, sostiene que dado que la
actora no utilizó el subsidio, este se venció el 30 de junio de 2015 por lo
que actualmente se encuentra en estado “Apto con Subsidio Vencido” después de
haberse renovado en distintas ocasiones sin que se hubiese dado tramite al
cobro y movilización de la ayuda, según lo dispuesto en la carta de
asignación entregada en el 2011. En esa medida, indica que el dinero correspondiente
fue restituido al Tesoro Nacional.
De otro lado, indica que se asignaron
2.098 viviendas de las cuales 1.869 corresponden a quienes se postularon como
población vulnerable y 229 a población desplazada. De ese total, 884
subsidios se enmarcan dentro de las etapas I a V y la etapa ejecutada
contraescritura certificada por Fonade, entidad supervisora.
Igualmente, sostiene que de la etapa
VI se encontraban en ejecución 343 viviendas las cuales, luego  de reunión
llevada a cabo el día 11 de marzo de 2015, entre Fonade, la constructora y la
Gobernación de Córdoba, se pactó serían entregadas el 31 de julio del mismo
año. No obstante, dicho acuerdo no fue cumplido. En efecto, indica que se ha
legalizado únicamente el 42% del total de las viviendas del proyecto, después
de 4 años de asignados los subsidios lo que evidencia el bajo rendimiento de
la obra, motivo por el cual de las ayudas otorgadas a través de la Resolución
950 de 2011, 787 han vencido y no fueron incluidos en la nueva Resolución de
ampliación No. 0521 de 2015.
En esa medida, manifiestan que es la
Gobernación de Córdoba la que ha incumplido con el proyecto de construcción,
no se han construido la totalidad de las viviendas, ni se han respetado los
plazos establecidos para las entregas. Motivo por el cual, muchos de los
subsidios no han sido legalizados y se encuentran vencidos. En consecuencia,
no es posible que la accionante acceda al subsidio del cual fue beneficiaria,
pues los recursos ya no se encuentran disponibles.
Lo anterior, toda vez que la
accionante no dio el trámite correspondiente al cobro del subsidio, así como
su respectiva movilización, según lo indicaba la carta de asignación en la
cual se encuentran las instrucciones para hacer efectivo el pago del
subsidio. Por tanto indica que al momento no es posible presupuestal ni
administrativamente hacer efectivo el subsidio a nombre de la actora, pues al
haber perdido su vigencia, este no puede revivirse. Por tanto la negativa de
la entidad obedece al no cumplimiento de las condiciones establecidas en la
ley para acceder a beneficios habitacionales no y a caprichos de la entidad.
Añade que el subsidio correspondiente
fue consignado el 13 de febrero de 2012 en el Banco Agrario de Colombia, por
lo que el no cumplimiento de los trámites correspondientes se le atribuye a
la Gobernación de Córdoba y demás intervinientes en el proyecto, más no la
entidad.
Sostiene a su vez, que las
convocatorias realizadas por Fonvivienda son para cada proyecto en específico
por lo que la postulación de un hogar solo puede llevarse a cabo una sola
vez, en virtud de lo establecido en el Decreto 2190 de 2009.
La Sala Jurisdiccional  Disciplinaria
del Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba, en fallo del 18 de
noviembre de 2015, resolvió declarar improcedente la acción de tutela, al
considerar que lo que solicita el actor es materia de la jurisdicción
contenciosa administrativa. En efecto, sostiene que lo que corresponde en
este caso es atacar el acto administrativo que ordenó su exclusión como
beneficiario del subsidio de vivienda.
Con base en lo anterior, considera que
la acción de tutela no es el mecanismo llamado a resolver el asunto pues el
demandante debió acudir a la acción de nulidad o de nulidad y
restablecimiento del derecho para dar solución al problema planteado. Señala
también que otra opción es la acción de grupo y unirse con las demás personas
a las cuales les fue cancelado el subsidio y demandar el restablecimiento de
sus derechos.
T-5488375
1.            Llira Patricia Ibáñez
Causil  sostiene que a través de resolución No.950 de 2011 el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio adjudicó 1.200 subsidios de vivienda por un
valor de 11’783.200 de pesos para el proyecto Urbanización Villa Melisa en la
Ciudad de Montería, de los cuales la actora resultó beneficiaria.
2.            Sostiene que durante
aproximadamente 4 años se acercó en múltiples ocasiones a la Gobernación de
Córdoba, como ejecutora del proyecto, con el fin de obtener información sobre
las razones de retraso en la construcción y no entrega de la vivienda
correspondiente al subsidio adjudicado, el cual le informaron sería entregado
bajo la modalidad de contraescritura.
3.            Indica que, no obstante
lo señalado, el 3 de noviembre de 2015, al acercarse nuevamente a las
oficinas de la Gobernación, le informaron que el subsidio asignado había
expirado, por lo que no sería posible la entrega de la vivienda, dada la
carencia de recursos para ello. Lo anterior, toda vez que, de los 1.200
subsidios adjudicados a través de la Resolución No.950 de 2011, 787 se
encontraban vencidos.
4.            Finalmente, expone que
los beneficiarios de los subsidios asignados por el Ministerio de Vivienda no
pueden verse afectados por problemas administrativos que se presenten entre
las entidades involucradas y a quienes se les atribuye la no realización de
los trámites necesarios para el pago efectivo del subsidio.
-              Copia de la cédula de
ciudadanía de Llira Patricia Ibáñez (folio 9, cuaderno 2).
-              Copia del contrato de
promesa de compraventa con  la Unión Temporal Villa Melisa (folios 5 a 6,
cuaderno 2).
-              Copia de la
autorización  a Fonvivienda por parte de la actora para el giro y desembolso
del dinero correspondiente al subsidio de vivienda (folio 7, cuaderno 2).
-              Copia del escrito en el
que se establecen las instrucciones para hacer efectivo el desembolso del
Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Urbana (folio 8, cuaderno 2).
-              Copia del escrito por
medio del cual el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio informa la
asignación del subsidio de vivienda (folio 8, cuaderno 2).
-              Copia del resultado de
la Consulta Estado Subsidio por Cédula (folio 13, cuaderno 2).
-              Copia del listado de
fichas Histórico  para información de puntaje de SISBEN (folio 12, cuaderno
2).
-              Copia del registro
civil de y de la tarjeta de identidad de sus hijos menores de edad (folio 10
y 11, cuaderno 2).
5.1 Gobernación de Córdoba
Indica que, quien otorgó la ayuda fue
el Ministerio de Vivienda y no la Gobernación de Córdoba. Por otro lado,
sostiene que, luego de consultar el estado  del subsidio al que alude la
accionante en la página web del Ministerio de vivienda, se verificó que este
se encontraba vencido (Apto con subsidio vencido) desde el 30 de junio de
2015, toda vez que, la entidad señalada, a través de Resolución No. 521 del día
mencionado, resolvió ampliar algunos subsidios de vivienda, más no los
concedidos a través de Resolución 950 de 2011.
En esa medida, no se cuenta con los
recursos para la entrega de la vivienda en la Urbanización Villa Melisa que
solicita la demandante. No obstante, resalta que de los 1.200 subsidios que
en principio fueron otorgados, 413 permanecieron vigentes, lo cual, a su
juicio, atenta contra el derecho a la igualdad de la accionante, hecho no
imputable a  la Gobernación sino el Ministerio.
Por otro lado, sostiene que si bien el
plazo del subsidio era de 6 meses, estos se prorrogaron durante 3 años
consecutivos a solicitud de la Gobernación, generando en los beneficiarios
una confianza legítima de que las casas iban a ser entregadas.
Al respecto afirma que la demora en la
ejecución de los proyectos obedece a las reglas establecidas por el
Ministerio. Lo anterior, aunado a que uno de los requisitos exigidos para el
cobro anticipado del subsidio, por parte de la constructora encargada era la
constitución de una póliza de cumplimiento. Esta fue tramitada con la
Aseguradora Cóndor lo que permitió la construcción de 826 viviendas.
No obstante, la mencionada entidad
entró en proceso de liquidación en el año 2013 y ninguna otra aseguradora
accedió a respaldar el proyecto debido al alto riesgo que implicaba. Advierte
que, en efecto, el 6 de mayo de 2014, se abrió proceso de licitación para
cumplir el mencionado requisito, pero tuvo que ser declarado desierto el 4 de
junio de la misma anualidad.
Por tanto, el ejecutor de la obra solo
logró entregar 88 viviendas más, aparte de las 826 ya mencionadas, pero bajo
la modalidad contraescritura que, si bien no exige póliza, implica que se
recibe el pago del subsidio  una vez entrega la vivienda. Motivo por el cual,
aduce que es difícil conseguir los recursos para la construcción, pues debe
utilizar los propios.
Bajo ese orden, afirman que para
sustituir a la Corporación Concretar, constructora inicial, la Gobernación
realizó un proceso de selección a través del cual se eligió al ingeniero
Gustavo Ramírez Mendoza para la finalización del proyecto en la modalidad
contraescritura, pero modificando el valor que recibiría de subsidio por
vivienda de 11’783 000 a 14’273.573, por lo que, con el fin de continuar con
el proyecto, la entidad realizó el aporte complementario necesario.
Así, en mayo de 2015, se logró obtener
la licencia de construcción de 343 viviendas más y se dio también inicio a la
VI etapa de construcción. En julio de la misma anualidad se solicitó la
licencia para las viviendas restantes.
Indica que, según lo antes esbozado,
se puede observar el esfuerzo de la Gobernación por llevar a fin el proyecto,
pero que no va a poder ser terminado dado el vencimiento de 778 subsidios,
situación que, a su juicio, vulnera el derecho a la igualdad y confianza
legítima de los beneficiarios, por causas no atribuibles a la entidad, sino
al trámite administrativo y exigencias del Ministerio de Vivienda  que
impiden la ejecución de este tipo de proyectos.
Finalmente, cuestiona el actuar del
Ministerio, al no tener en cuenta las condiciones personales de los núcleos
familiares a los que no se les prorrogó el subsidio, como por ejemplo, si
eran desplazados por la violencia, madres cabezas de hogar o menores en
situación de discapacidad.
Fonvivienda
Hilda Yalile Acero en representación
del Fondo Nacional de Vivienda  Fonvivienda solicita denegar el amparo
deprecado bajo los siguientes argumentos:
En primer lugar, sostiene que luego de
verificar en el Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda del
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio se estableció que a la actora se
le asignó un subsidio de vivienda por un valor de 11’3783.200 pesos en la
modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva-Tipo VIP- Vivienda de Interés
Prioritario, para el Proyecto de Urbanización Villa Melisa, el cual
actualmente se encuentra en estado “Apto con Subsidio Vencido” desde el 30 de
junio de 2015.
Lo anterior, toda vez que la
accionante no dio el trámite correspondiente al cobro del subsidio así, como
su respectiva movilización, según lo indicaba la carta de asignación en la
cual se encuentran las instrucciones para hacer efectivo el pago del
subsidio. Por tanto, indica que al momento no es posible presupuestal, ni administrativamente,
hacer efectivo el subsidio a nombre de la actora, pues al haber perdido su
vigencia, este no puede revivirse. En consecuencia, advierte que la negativa
de la entidad obedece al no cumplimiento de las condiciones establecidas en
la ley para acceder a beneficios habitacionales y no a caprichos de la
entidad.
La Sala Jurisdiccional Disciplinaria
del Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba, en sentencia del 30 de
noviembre de 2015, resolvió negar el amparo pretendido, al considerar que lo
que solicita la actora es materia de la jurisdicción contenciosa
administrativa. En efecto, sostiene que lo que corresponde en este caso es
atacar el acto administrativo que ordenó su exclusión como beneficiaria del
subsidio de vivienda.
Con base en lo anterior, considera que
la acción de tutela no es el mecanismo llamado a resolver el asunto, pues el
demandante debió acudir a la acción de nulidad o de nulidad y
restablecimiento del derecho para dar solución al problema planteado. Señala
también, que otra opción es acudir a la acción de grupo y unirse con las
demás personas a las cuales les fue cancelado el subsidio para demandar el
restablecimiento de sus derechos.
T-5488376
1. Sor Elena Arrieta Galeano sostiene
que a través de Resolución No. 0950 del 22 de noviembre de 2011, el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio le adjudicó un subsidio familiar
de vivienda equivalente a 11’783.200 para aplicar al proyecto Urbanización
Villa Melisa, en la modalidad de adquisición de vivienda nueva, en la Ciudad
de Montería. (Con un plazo de 6 meses para su aplicación a partir del 1er día
del mes siguiente a la fecha de publicación de la resolución de asignación y
en todo caso, siempre y cuando lo permitan las normas de ejecución
presupuestal).
2. Señala que durante 4 años se ha
acercado a la Gobernación de Córdoba solicitando información sobre el avance
del proyecto de vivienda. En un primer momento, le indicaron que una vez el
constructor le entregara la vivienda el Ministerio procedería al desembolso
del subsidio asignado.
3. No obstante, al acudir nuevamente a
la entidad, el 8 de octubre de 2015, le manifiestan que de las consultas
realizadas en el sistema del Ministerio se evidenciaba que el subsidio que le
habían asignado se encontraba vencido y por tanto, no sería posible la
entrega de vivienda alguna, en la medida en que carecían de recursos para
financiar sus construcción.
4. De igual manera, sostuvo que la
entidad manifestó que algunos de los subsidios otorgados en la citada
resolución habían expirado, por lo que serían excluidos del proyecto de
vivienda. Bajo ese orden, considera la accionante que se vulneran sus
derechos fundamentales a la vivienda digna e igualdad dado que por
inconvenientes administrativos del proyecto Urbanización Villa Melisa se les impidió
obtener una solución de vivienda. Aunado a ello indica que es madrea cabeza
de familia de tres menores de edad y actualmente se encuentra desempleada.
-              Copia de la cédula de
ciudadanía (folio 10, cuaderno 2).
-              Copia del contrato de
promesa de compraventa con  la Unión Temporal Villa Melisa (folios 4 y 5,
cuaderno 2).
-              Copia de la
autorización  a Fonvivienda por parte de la actora para el giro y desembolso
del dinero correspondiente al subsidio de vivienda (folio 6, cuaderno 2).
-              Copia del escrito en el
que se establecen las instrucciones para hacer efectivo el desembolso del
Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Urbana (folio 7, cuaderno 2).
-              Copia del escrito por
medio del cual el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio informa la
asignación del subsidio de vivienda (folio 7, cuaderno 2).
-              Copia del resultado de
la Consulta Estado Subsidio por Cédula (folio 9, cuaderno 2).
-              Copia del registro
civil de sus hijos uno de los cuales es menor de edad (folio 10 y 11,
cuaderno 2).
5.1 Gobernación de Córdoba
Indica que, quien otorgó la ayuda fue
el Ministerio de Vivienda y no la Gobernación de Córdoba. Por otro lado,
sostiene que, luego de consultar el estado  del subsidio al que alude la
accionante en la página web del Ministerio de vivienda, se verificó que este
se encontraba vencido (Apto con subsidio vencido) desde el 30 de junio de
2015, toda vez que, la entidad señalada, a través de Resolución No. 521 del
día mencionado, resolvió ampliar algunos subsidios de vivienda, más no los
concedidos a través de Resolución 950 de 2011.
En esa medida, no se cuenta con los
recursos para la entrega de la vivienda en la Urbanización Villa Melisa que
solicita la demandante. No obstante, resalta que de los 1.200 subsidios que
en principio fueron otorgados, 413 permanecieron vigentes, lo cual, a su
juicio, atenta contra el derecho a la igualdad de la accionante, hecho no
imputable a  la Gobernación sino el Ministerio.
Por otro lado, sostiene que si bien el
plazo del subsidio era de 6 meses, estos se prorrogaron durante 3 años
consecutivos a solicitud de la Gobernación, generando en los beneficiarios
una confianza legítima de que las casas iban a ser entregadas.
Al respecto afirma que la demora en la
ejecución de los proyectos obedece a las reglas establecidas por el
Ministerio. Lo anterior, aunado a que uno de los requisitos exigidos para el
cobro anticipado del subsidio, por parte de la constructora encargada era la
constitución de una póliza de cumplimiento. Esta fue tramitada con la
Aseguradora Cóndor lo que permitió la construcción de 826 viviendas.
No obstante, la mencionada entidad
entró en proceso de liquidación en el año 2013 y ninguna otra aseguradora
accedió a respaldar el proyecto debido al alto riesgo que implicaba. Advierte
que, en efecto, el 6 de mayo de 2014, se abrió proceso de licitación para
cumplir el mencionado requisito, pero tuvo que ser declarado desierto el 4 de
junio de la misma anualidad.
Por tanto, el ejecutor de la obra solo
logró entregar 88 viviendas más, aparte de las 826 ya mencionadas, pero bajo
la modalidad contraescritura que, si bien no exige póliza, implica que se
recibe el pago del subsidio  una vez entrega la vivienda. Motivo por el cual,
aduce que es difícil conseguir los recursos para la construcción, pues debe
utilizar los propios.
Bajo ese orden, afirman que para
sustituir a la Corporación Concretar, constructora inicial, la Gobernación
realizó un proceso de selección a través del cual se eligió al ingeniero
Gustavo Ramírez Mendoza para la finalización del proyecto en la modalidad
contraescritura, pero modificando el valor que recibiría de subsidio por
vivienda de 11’783 000 a 14’273.573, por lo que, con el fin de continuar con
el proyecto, la entidad realizó el aporte complementario necesario.
Así, en mayo de 2015, se logró obtener
la licencia de construcción de 343 viviendas más y se dio también inicio a la
VI etapa de construcción. En julio de la misma anualidad se solicitó la
licencia para las viviendas restantes.
Indica que, según lo antes esbozado,
se puede observar el esfuerzo de la Gobernación por llevar a fin el proyecto,
pero que no va a poder ser terminado dado el vencimiento de 778 subsidios,
situación que, a su juicio, vulnera el derecho a la igualdad y confianza legítima
de los beneficiarios, por causas no atribuibles a la entidad, sino al trámite
administrativo y exigencias del Ministerio de Vivienda  que impiden la
ejecución de este tipo de proyectos.
Finalmente, cuestiona el actuar del
Ministerio, al no tener en cuenta las condiciones personales de los núcleos
familiares a los que no se les prorrogó el subsidio, como por ejemplo, si
eran desplazados por la violencia, madres cabezas de hogar o menores en
situación de discapacidad.
Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio
Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio a través de apoderado judicial, solicita se deniegue el amparo
solicitado bajo los siguientes argumentos:
En primer lugar, sostiene que la
entidad no es la encargada de coordinar, asignar o rechazar subsidios de
vivienda de interés social, pues esa función corresponde principalmente a
Fonvivienda en virtud del Decreto 555 de 2003.
Indica que, al ministerio le compete
la formulación y dirección de las políticas y regulación de planes y
programas relacionados con proyectos habitacionales integrales. Por tal
motivo, se presenta una falta de legitimación por pasiva, pues no es la
entidad la que está causando la amenaza o vulneración de los derechos
fundamentales.
La Sala Jurisdiccional  Disciplinaria
del Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba, en fallo del 30 de
noviembre de 2015, resolvió declarar improcedente la acción de tutela, al
considerar que lo que solicita la actora es materia de la jurisdicción contenciosa
administrativa. En efecto, sostiene que lo que corresponde en este caso es
atacar el acto administrativo que ordenó su exclusión como beneficiario del
subsidio de vivienda.
Con base en lo anterior, considera que
la acción de tutela no es el mecanismo llamado a resolver el asunto, pues el
demandante debió acudir a la acción de nulidad o de nulidad y
restablecimiento del derecho para dar solución al problema planteado. Señala
también, que otra opción es acudir a la acción de grupo y unirse con las demás
personas a las cuales les fue cancelado el subsidio para demandar el
restablecimiento de sus derechos.
T-5488377
1.            Abel Antonio Martínez
Osorio sostiene que a través de resolución No.950 de 2011 el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio fueron adjudicados 1.200 subsidios de vivienda
por un valor de 11’783.200 de pesos para el proyecto Urbanización Villa
Melisa en la Ciudad de Montería, de los cuales el actor resultó beneficiario.
2.            Sostiene que durante
aproximadamente 4 años se acercó en múltiples ocasiones a la Gobernación de
Córdoba, como ejecutora del proyecto, con el fin de obtener información sobre
las razones de retraso en la construcción y no entrega de la vivienda
correspondiente al subsidio adjudicado, el cual le informaron sería entregado
bajo la modalidad de contraescritura.
3.            Indica que, no obstante
lo señalado, el 28 de octubre de 2015, al acercarse nuevamente a las oficinas
de la Gobernación, le informaron que el subsidio asignado había expirado, por
lo que no sería posible la entrega de la vivienda, dada la carencia de
recursos para ello. Lo anterior, toda vez que, de los 1.200 subsidios
adjudicados a través de la Resolución No.950 de 2011, 787 se encontraban
vencidos.
4.            Finalmente, expone que
los beneficiarios de los subsidios asignados por el Ministerio de Vivienda no
pueden verse afectados por problemas administrativos que se presenten entre
las entidades involucradas y a quienes se les atribuye la no realización de
los trámites necesarios para el pago efectivo del subsidio.
-              Copia de la cédula de
ciudadanía de Abel Antonio Martínez (folio 9, cuaderno).
-              Copia del escrito por
medio del cual el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio informa al
actor la asignación del subsidio de vivienda (folio 12, cuaderno 2).
-              Copia del escrito en el
que se establecen las instrucciones para hacer efectivo el desembolso del
Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Urbana (folio 12, cuaderno
2).
-              Copia del resultado de
la Consulta Estado Subsidio por Cédula (folio 5, cuaderno 2).
-              Copia del listado de
fichas Histórico  para información de puntaje de SISBEN (folio 11, cuaderno
2).
-              Copia del registro
civil y las tarjetas de identidad de sus hijos menores de edad (folios 6 a 8,
cuaderno 2).
5.1 Gobernación de Córdoba
Indica que, quien otorgó la ayuda fue
el Ministerio de Vivienda y no la Gobernación de Córdoba. Por otro lado,
sostiene que, luego de consultar el estado  del subsidio al que alude la
accionante en la página web del Ministerio de vivienda, se verificó que este
se encontraba vencido (Apto con subsidio vencido) desde el 30 de junio de
2015, toda vez que, la entidad señalada, a través de Resolución No. 521 del
día mencionado, resolvió ampliar algunos subsidios de vivienda, más no los
concedidos a través de Resolución 950 de 2011.
En esa medida, no se cuenta con los
recursos para la entrega de la vivienda en la Urbanización Villa Melisa que
solicita la demandante. No obstante, resalta que de los 1.200 subsidios que
en principio fueron otorgados, 413 permanecieron vigentes, lo cual, a su
juicio, atenta contra el derecho a la igualdad de la accionante, hecho no
imputable a  la Gobernación sino el Ministerio.
Por otro lado, sostiene que si bien el
plazo del subsidio era de 6 meses, estos se prorrogaron durante 3 años
consecutivos a solicitud de la Gobernación, generando en los beneficiarios
una confianza legítima de que las casas iban a ser entregadas.
Al respecto afirma que la demora en la
ejecución de los proyectos obedece a las reglas establecidas por el
Ministerio. Lo anterior, aunado a que uno de los requisitos exigidos para el
cobro anticipado del subsidio, por parte de la constructora encargada era la
constitución de una póliza de cumplimiento. Esta fue tramitada con la
Aseguradora Cóndor lo que permitió la construcción de 826 viviendas.
No obstante, la mencionada entidad
entró en proceso de liquidación en el año 2013 y ninguna otra aseguradora
accedió a respaldar el proyecto debido al alto riesgo que implicaba. Advierte
que, en efecto, el 6 de mayo de 2014, se abrió proceso de licitación para
cumplir el mencionado requisito, pero tuvo que ser declarado desierto el 4 de
junio de la misma anualidad.
Por tanto, el ejecutor de la obra solo
logró entregar 88 viviendas más, aparte de las 826 ya mencionadas, pero bajo
la modalidad contraescritura que, si bien no exige póliza, implica que se
recibe el pago del subsidio  una vez entrega la vivienda. Motivo por el cual,
aduce que es difícil conseguir los recursos para la construcción, pues debe
utilizar los propios.
Bajo ese orden, afirman que para
sustituir a la Corporación Concretar, constructora inicial, la Gobernación
realizó un proceso de selección a través del cual se eligió al ingeniero
Gustavo Ramírez Mendoza para la finalización del proyecto en la modalidad
contraescritura, pero modificando el valor que recibiría de subsidio por
vivienda de 11’783 000 a 14’273.573, por lo que, con el fin de continuar con
el proyecto, la entidad realizó el aporte complementario necesario.
Así, en mayo de 2015, se logró obtener
la licencia de construcción de 343 viviendas más y se dio también inicio a la
VI etapa de construcción. En julio de la misma anualidad se solicitó la
licencia para las viviendas restantes.
Indica que, según lo antes esbozado,
se puede observar el esfuerzo de la Gobernación por llevar a fin el proyecto,
pero que no va a poder ser terminado dado el vencimiento de 778 subsidios,
situación que, a su juicio, vulnera el derecho a la igualdad y confianza
legítima de los beneficiarios, por causas no atribuibles a la entidad, sino
al trámite administrativo y exigencias del Ministerio de Vivienda  que
impiden la ejecución de este tipo de proyectos.
Finalmente, cuestiona el actuar del
Ministerio, al no tener en cuenta las condiciones personales de los núcleos
familiares a los que no se les prorrogó el subsidio, como por ejemplo, si
eran desplazados por la violencia, madres cabezas de hogar o menores en
situación de discapacidad.
Fonvivienda
Wilian Fernando Abonia Flórez, en
representación del Fondo Nacional de Vivienda,  Fonvivienda, solicita denegar
el amparo deprecado, bajo los siguientes argumentos:
En primer lugar, sostiene que luego de
verificar en el Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda del
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio se estableció que a la actora se
le asignó un subsidio de vivienda por un valor de 11’3783.200 pesos en la
modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva-Tipo VIP- Vivienda de Interés
Prioritario, para el Proyecto de Urbanización Villa Melisa, el cual actualmente
se encuentra en estado “Apto con Subsidio Vencido” desde el 30 de junio de
2015.
Lo anterior, toda vez que la
accionante no dio el trámite correspondiente al cobro del subsidio así, como
su respectiva movilización, según lo indicaba la carta de asignación en la
cual se encuentran las instrucciones para hacer efectivo el pago del
subsidio. Por tanto, indica que al momento no es posible presupuestal, ni
administrativamente, hacer efectivo el subsidio a nombre de la actora, pues
al haber perdido su vigencia, este no puede revivirse. En consecuencia,
advierte que la negativa de la entidad obedece al no cumplimiento de las
condiciones establecidas en la ley para acceder a beneficios habitacionales y
no a caprichos de la entidad.
La Sala Jurisdiccional Disciplinaria
del Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba, en sentencia del 30 de
noviembre de 2015, resolvió negar el amparo pretendido al considerar que lo
que solicita el actor es materia de la jurisdicción contenciosa
administrativa. En efecto, sostiene que lo que corresponde en este caso es
atacar el acto administrativo que ordenó su exclusión como beneficiario del
subsidio de vivienda.
Con base en lo anterior, considera que
la acción de tutela no es el mecanismo llamado a resolver el asunto, pues el
demandante debió acudir a la acción de nulidad o de nulidad y
restablecimiento del derecho para dar solución al problema planteado. Señala
también, que otra opción es acudir a  la acción de grupo y unirse con las
demás personas a las cuales les fue cancelado el subsidio para demandar el
restablecimiento de sus derechos.
T-5488378
5.            Kendris Paola Estrada
Mercado sostiene que a través de resolución No. 950 de 2011 el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio adjudicó 1.200 subsidios de vivienda por un
valor de 11’783.200 de pesos para el proyecto Urbanización Villa Melisa en la
Ciudad de Montería, de los cuales la actora resultó beneficiaria.
6.            Sostiene que durante
aproximadamente 4 años se acercó en múltiples ocasiones a la Gobernación de
Córdoba, como ejecutora del proyecto, con el fin de obtener información sobre
las razones de retraso en la construcción y no entrega de la vivienda
correspondiente al subsidio adjudicado, el cual le indicarons sería entregado
bajo la modalidad de contraescritura.
7.            Indica que, no obstante
lo señalado, el 12 de noviembre de 2015, al acercarse nuevamente a las
oficinas de la Gobernación, le informaron que el subsidio asignado había
expirado, por lo que no sería posible la entrega de la vivienda, dada la
carencia de recursos para ello. Lo anterior, toda vez que, de los 1.200
subsidios adjudicados a través de la Resolución No.950 de 2011, 787 se
encontraban vencidos.
8.            Finalmente, expone que
los beneficiarios de los subsidios asignados por el Ministerio de Vivienda no
pueden verse afectados por problemas administrativos que se presenten entre
las entidades involucradas y a quienes se les atribuye la no realización de
los trámites necesarios para el pago efectivo del subsidio.
-              Copia de la cédula de
ciudadanía de Kendris Paola Estrada Mercado (folio 5, cuaderno 2).
-              Copia del escrito por
medio del cual el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio informa a la
actora la asignación del subsidio de vivienda (folio 6, cuaderno 2).
-              Copia del escrito en el
que se establecen las instrucciones para hacer efectivo el desembolso del
Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Urbana (folio 6, cuaderno 2).
-              Copia del resultado de
la Consulta Estado Subsidio por Cédula (folio 11, cuaderno 2).
-              Copia del listado de
fichas Histórico  para información de puntaje de SISBEN (folio 8, cuaderno
2).
-              Copia de los registros
civiles de sus hijos menores de edad (folios 6 a 8, cuaderno 2).
Gobernación de Córdoba
Indica que, quien otorgó la ayuda fue
el Ministerio de Vivienda y no la Gobernación de Córdoba. Por otro lado,
sostiene que, luego de consultar el estado  del subsidio al que alude la
accionante en la página web del Ministerio de vivienda, se verificó que este
se encontraba vencido (Apto con subsidio vencido) desde el 30 de junio de
2015, toda vez que, la entidad señalada, a través de Resolución No. 521 del
día mencionado, resolvió ampliar algunos subsidios de vivienda, más no los
concedidos a través de Resolución 950 de 2011.
En esa medida, no se cuenta con los
recursos para la entrega de la vivienda en la Urbanización Villa Melisa que
solicita la demandante. No obstante, resalta que de los 1.200 subsidios que
en principio fueron otorgados, 413 permanecieron vigentes, lo cual, a su
juicio, atenta contra el derecho a la igualdad de la accionante, hecho no
imputable a  la Gobernación sino el Ministerio.
Por otro lado, sostiene que si bien el
plazo del subsidio era de 6 meses, estos se prorrogaron durante 3 años
consecutivos a solicitud de la Gobernación, generando en los beneficiarios
una confianza legítima de que las casas iban a ser entregadas.
Al respecto afirma que la demora en la
ejecución de los proyectos obedece a las reglas establecidas por el
Ministerio. Lo anterior, aunado a que uno de los requisitos exigidos para el
cobro anticipado del subsidio, por parte de la constructora encargada era la
constitución de una póliza de cumplimiento. Esta fue tramitada con la
Aseguradora Cóndor lo que permitió la construcción de 826 viviendas.
No obstante, la mencionada entidad
entró en proceso de liquidación en el año 2013 y ninguna otra aseguradora
accedió a respaldar el proyecto debido al alto riesgo que implicaba. Advierte
que, en efecto, el 6 de mayo de 2014, se abrió proceso de licitación para
cumplir el mencionado requisito, pero tuvo que ser declarado desierto el 4 de
junio de la misma anualidad.
Por tanto, el ejecutor de la obra solo
logró entregar 88 viviendas más, aparte de las 826 ya mencionadas, pero bajo
la modalidad contraescritura que, si bien no exige póliza, implica que se
recibe el pago del subsidio  una vez entrega la vivienda. Motivo por el cual,
aduce que es difícil conseguir los recursos para la construcción, pues debe
utilizar los propios.
Bajo ese orden, afirman que para
sustituir a la Corporación Concretar, constructora inicial, la Gobernación
realizó un proceso de selección a través del cual se eligió al ingeniero
Gustavo Ramírez Mendoza para la finalización del proyecto en la modalidad
contraescritura, pero modificando el valor que recibiría de subsidio por
vivienda de 11’783 000 a 14’273.573, por lo que, con el fin de continuar con
el proyecto, la entidad realizó el aporte complementario necesario.
Así, en mayo de 2015, se logró obtener
la licencia de construcción de 343 viviendas más y se dio también inicio a la
VI etapa de construcción. En julio de la misma anualidad se solicitó la
licencia para las viviendas restantes.
Indica que, según lo antes esbozado,
se puede observar el esfuerzo de la Gobernación por llevar a fin el proyecto,
pero que no va a poder ser terminado dado el vencimiento de 778 subsidios,
situación que, a su juicio, vulnera el derecho a la igualdad y confianza
legítima de los beneficiarios, por causas no atribuibles a la entidad, sino
al trámite administrativo y exigencias del Ministerio de Vivienda  que
impiden la ejecución de este tipo de proyectos.
Finalmente, cuestiona el actuar del
Ministerio, al no tener en cuenta las condiciones personales de los núcleos
familiares a los que no se les prorrogó el subsidio, como por ejemplo, si
eran desplazados por la violencia, madres cabezas de hogar o menores en
situación de discapacidad.
Fonvivienda
Fonvivienda solicita denegar el amparo
deprecado bajo los siguientes argumentos:
En primer lugar, sostiene que luego de
verificar en el Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda del
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio se estableció que a la actora se
le asignó un subsidio de vivienda por un valor de 11’3783.200 pesos en la
modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva-Tipo VIP- Vivienda de Interés
Prioritario, para el Proyecto de Urbanización Villa Melisa, el cual
actualmente se encuentra en estado “Apto con Subsidio Vencido” desde el 30 de
junio de 2015.
Lo anterior, toda vez que la accionante
no dio el trámite correspondiente al cobro del subsidio así, como su
respectiva movilización, según lo indicaba la carta de asignación en la cual
se encuentran las instrucciones para hacer efectivo el pago del subsidio. Por
tanto, indica que al momento no es posible presupuestal, ni
administrativamente, hacer efectivo el subsidio a nombre de la actora, pues
al haber perdido su vigencia, este no puede revivirse. En consecuencia,
advierte que la negativa de la entidad obedece al no cumplimiento de las condiciones
establecidas en la ley para acceder a beneficios habitacionales y no a
caprichos de la entidad.
La Sala Jurisdiccional Disciplinaria
del Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba, en sentencia del 30 de
noviembre de 2015, resolvió negar el amparo pretendido al considerar que lo
que solicita la actora es materia de la jurisdicción contenciosa
administrativa. En efecto, sostiene que lo que corresponde en este caso es
atacar el acto administrativo que ordenó su exclusión como beneficiario del subsidio
de vivienda.
Con base en lo anterior, considera que
la acción de tutela no es el mecanismo llamado a resolver el asunto, pues el
demandante debió acudir a la acción de nulidad o de nulidad y
restablecimiento del derecho para dar solución al problema planteado. Señala
también, que otra opción es la acción de grupo y unirse con las demás
personas a las cuales les fue cancelado el subsidio y demandar el
restablecimiento de sus derechos.
[1] Capítulo tomado de la
sentencia T-763 de 2015.
[2] El derecho a la
vivienda se encuentra recogido directa o indirectamente en: (i) el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos de 1948; (ii) en el artículo 11 numeral 1º del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales; (iii) en el artículo 5º de la
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial; (iv) en el artículo 14 de la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; (v) en el
artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño; (vi) en el artículo
10 de la Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social; (vii) en
la sección 3ª de la Declaración de Vancouver sobre los Asentamientos Humanos;
(viii) en el artículo 8º de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, y
(ix) en la Recomendación Nº 115 de la Organización Internacional del Trabajo.
[3] Incorporado al ordenamiento interno colombiano mediante
la Ley 74 de 1968.
[4] Así lo señaló la Sala
Plena en la Sentencia C-936 de 2003 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett, S.V.
Alfredo Beltrán Sierra, Jaime Córdoba Triviño y Clara Inés Vargas Hernández),
al conocer una demanda de inconstitucionalidad presentada contra la Ley 795 de
2003, por medio de la cual se ajustaron algunas normas del Estatuto Orgánico
del Sistema Financiero y se dictaron otras disposiciones.
[5] El
artículo 42 de la Constitución Política señala lo siguiente: “la familia es el
núcleo fundamental de la sociedad […] El Estado y la sociedad garantizan la
protección integral de la familia […]
[6] Sobre la titularidad
de la vivienda digna, en la citada Sentencia C-936 de 2003 (M.P. Eduardo
Montealegre Lynett, S.V. Alfredo Beltrán Sierra, Jaime Córdoba Triviño y Clara
Inés Vargas Hernández, la Sala Plena señaló lo siguiente: “La familia como objeto constitucionalmente protegido
(C.P. art. 42) requiere un espacio determinado en el cual se desarrolla y se
realizan los procesos propios de este fenómeno social. Dicho espacio
corresponde a la vivienda y las condiciones antes indicadas, que cualifican su
dignidad y benefician a cada uno de sus integrantes, así como a la familia. Sin
la mencionada protección a los individuos integrantes de la familia, ésta se ve
desprotegida y se enfrenta a su disolución”.
[7] Gran
parte de los pronunciamientos en la materia calificaron la vivienda digna como
un derecho asistencial del cual no era posible derivar derechos subjetivos
exigibles en sede de tutela por cuanto su desarrollo sólo correspondía al
legislador y a la administración y su disfrute
dependía de las condiciones jurídicas, económicas y materiales del momento. A
este respecto, se pueden consultar las Sentencias T-251
de 1995 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), T-258 de 1997 (M.P. Carlos Gaviria Díaz)
y T-203 de 1999 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa) entre otras, donde la Corte negó
el amparo del derecho a la vivienda digna por considerar que los accionantes
que reclamaban tal pretensión no cumplían con los requisitos para acceder a una
solución habitacional según la reglamentación de los programas nacionales y
locales que se desarrollaban en ese entonces. Así mismo, la Corte se abstuvo de
intervenir en dichos proyectos a pesar de los problemas que se habían
presentado en la ejecución de algunos de ellos por considerar que el derecho a
la vivienda digna no gozaba del amparo prevalente de la tutela por ser de
inferior jerarquía.
[8] Ver Sentencia T-585
de 2006 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).
[9] Denominada como
procedibilidad por conexidad, esta excepción quedó sujeta al cumplimiento de
dos (2) requisitos: (i) que el accionante demostrara el vínculo objetivo entre
la afectación del derecho a la vivienda y un derecho fundamental (generalmente
la vida o la salud), y (ii) que fuera imperiosa la intervención del juez de
tutela ante el grado de indefensión o subordinación en el que se encontrara el
accionante. A modo de ejemplo, se pueden ver las Sentencias T-406
de 1992 (M.P. Ciro Angarita Barón), T-617 de 1995 (M.P. Alejandro
Martínez Caballero), T-190 de 1999 (M.P. Fabio Morón Díaz), T-626 de 2000 (M.P.
Álvaro Tafur Galvis), T-1073 de 2001 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández) y T-894
de 2005 (M.P. Jaime Araujo Rentería), entre otras. En dichos casos, la Corte
amparó el derecho fundamental a la vivienda digna por conexidad con el
principio de buena fe, el derecho a la igualdad, el derecho a la vida o el
interés superior del menor.
[10] Esta tesis fue una
suerte de flexibilización de la procedibilidad por conexidad toda vez que
planteaba una relación entre la violación al derecho a la vivienda digna y el
mínimo vital, dando una mayor importancia a las circunstancias específicas en
las que se encontraba la parte actora. Dicha excepción le permitió a la
Corte amparar a las personas que no tenía un derecho subjetivo a la vivienda y
cuya salud o vida no se veía afectada por la pérdida o las condiciones de esta,
pero que se encontraban en circunstancias de debilidad manifiesta como
resultado de sus condiciones físicas, mentales o
económicas, o como producto de la discriminación histórica de la que habían
sido víctimas. En estos casos, el juez de
amparo se vio llamado a intervenir ante la inexistencia o la deficiencia del
desarrollo legal o reglamentario en la materia, no con el propósito de definir
en forma general las políticas públicas sobre la materia, sino para superar o
suplir las falencias que advertía en la definición de estas en aras de
garantizar el mandato contenido en el artículo 13 superior a favor de una
igualdad real y efectiva. Así, aunque en principio los sujetos que se
encontraban en las condiciones antes descritas debían ser los principales
destinatarios de las políticas públicas que buscaban asegurar el goce efectivo
de los derechos económicos, sociales y culturales, la Corte impidió que la
inexistencia o inoperancia de las mismas sirviera de pretexto para no
brindarles la especial protección que a la luz de la Constitución merecían, por
cuanto era respecto de ellos que el Estado Social adquiría una mayor
significación ya que, por regla general, carecían de los medios indispensables
para hacer viable la realización de sus propios proyectos de vida en
condiciones dignas. A este respecto pueden consultarse las Sentencias T-462
de 1992 (M.P. Ciro Angarita Barón), SU-111 de 1997 (M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz), C-217 de 1999 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), SU-995 de 1999 (M.P.
Carlos Gaviria Díaz; A.V. Eduardo Cifuentes Muñoz)  y T-1091 de 2005 (M.P.
Clara Inés Vargas Hernández).
[11] Esta tesis,
denominada como procedibilidad por trasmutación, le otorgaba un carácter
fundamental al derecho a la vivienda digna cuando se presentaban los elementos que
le permitían a la persona exigir del Estado la obligación de ejecutar una
prestación determinada, consolidándose, así, lo asistencial en una realidad
concreta en favor de un sujeto específico. Esto sucedió cuando el
derecho fue dotado de contenido mediante la implementación de medidas legislativas,
administrativas y judiciales, transformándose así en un derecho subjetivo y
fundamental. Como es evidente, los principales llamados a configurar los
contenidos normativos en virtud de los cuales debe ponerse en práctica el
derecho a la vivienda digna son los poderes democráticamente constituidos para
tal fin. Lo anterior por cuanto el diseño de las políticas públicas necesarias
para el efecto conlleva la adopción de decisiones de gran trascendencia en relación
con la distribución de bienes escasos en el panorama económico nacional y la
consecuente determinación de las prioridades en su asignación. Lo cual implica,
en cierta medida, oponer excepciones a las leyes del mercado que, en términos
generales, determinan la satisfacción de este tipo de necesidades. En este
proceso de configuración de prestaciones concretas a favor de ciertos sujetos o
categorías de ellos, tanto el legislador como la administración en sus
distintos niveles deben atender al mandato de progresividad. En estos términos,
la faceta prestacional del derecho a la vivienda digna puede dar origen por vía
de transmutación a distintos derechos subjetivos concebidos en el marco de
políticas públicas, las cuales a su vez, deberán idear mecanismos idóneos para
asegurar la exigibilidad de tales derechos. Sin embargo, según fue señalado en
las Sentencias T-859 de 2003 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett) y T-585 de
2006 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra), los órganos judiciales, como lo han
hecho, pueden contribuir al desarrollo del contenido del derecho a la vivienda
digna. En este orden de ideas, el derecho adquiere un carácter fundamental a
partir de los contenidos que por vía interpretativa esta Corporación ha fijado,
los cuales, en consecuencia, podrán ser reclamados mediante el ejercicio de la
acción de tutela. A
este respecto puede consultarse la Sentencia T-304 de 1998 (M.P. Fabio Morón
Díaz), entre otras.
[12] Sobre esta tesis,
hoy vigente, pueden verse las Sentencias T-016
de 2007 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), T-573 de 2010 (M.P. Juan Carlos
Henao Pérez), T-088 de 2011 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), T-986A de 2012
(M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-602 de
2013 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) y T-653 de 2013 (M.P. Alberto Rojas
Ríos; S.P.V. Luis Ernesto Vargas Silva), entre otras.
[13] Sobre el concepto de
dignidad humana, puede verse la Sentencia T-881 de 2002 (M.P. Eduardo
Montealegre Lynett), en donde la Sala de Séptima de Revisión resolvió dos (2)
casos donde a raíz de un corte en el suministro del servicio público de
electricidad, se vieron afectados los reclusos de una cárcel y los habitantes
de un municipio de la región caribe colombiana.
[14] El derecho a la
vivienda se encuentra recogido en: (i) el artículo
25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948; (ii) en el artículo
11 numeral 1º del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales; (iii) en el artículo 5º de la Convención Internacional sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; (iv) en el artículo
14 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer; (v) en el artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del
Niño; (vi) en el artículo 10 de la Declaración sobre el Progreso y el
Desarrollo en lo Social; (vii) en la sección 3ª de la Declaración de Vancouver
sobre los Asentamientos Humanos; (viii) en el artículo 8º de la Declaración
sobre el Derecho al Desarrollo, y (ix) en la Recomendación Nº 115 de la
Organización Internacional del Trabajo.
[15] Adicionalmente,
como fue explicado en la Sentencia C-671 de 2002
(MP. Eduardo Montealegre Lynett), posteriormente reiterada en la T-176 de 2013
(M.P. María Victoria Calle Correa), el mandato de progresividad “implica que
una vez alcanzado un determinado nivel de protección, la amplia libertad de
configuración del legislador en materia de derechos sociales se ve menguada, al
menos en un aspecto: todo retroceso frente al nivel de protección alcanzado
debe presumirse en principio inconstitucional, y por ello está sometido a un
control judicial estricto. Para que pueda ser constitucional, las autoridades
tienen que demostrar que existen imperiosas razones que hacen necesario ese
paso regresivo en el desarrollo de un derecho social prestacional”.
[16] A este respecto,
véase la Sentencia T-175 de 2013 (M.P. María Victoria Calle Correa), en donde
la Corte incluye el listado de los deberes de inmediato y progresivo
cumplimiento que se desprenden de todos los derechos sociales, económicos y
culturales.
[17] Ver Sentencia T-417
de 2010 (M.P. María Victoria Calle Correa).
[18] Ver Sentencia T-303
de 2002 (M.P. Jaime Araujo Rentería).
[19] Cuando se afirma que el juez de tutela debe tener en cuenta
la situación especial del actor, se quiere decir que este debe prestar atención
a su edad, a su estado de salud o al de su familia, a sus condiciones
económicas y a la posibilidad de que para el momento del fallo
definitivo por la vía ordinaria o contenciosa, la decisión del juez ordinario o
contencioso sea inoportuna o inocua. A este respecto, ver Sentencias T-100 de 1994 (M.P. Carlos Gaviria Díaz), T-228
de 1995 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), T-338 de 1998 (M.P. Fabio Morón
Díaz), SU-086 de 1999 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), T-875 de 2001 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), T-999 de 2001(M.P. Rodrigo Escobar Gil), T-179 de 2003 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), T-267 de 2007 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla),
SU-484 de 2008 (M.P. Jaime Araujo Rentería), T-167 de 2011 (M.P. Juan
Carlos Henao Pérez), T-225 de 2012 (M.P.
Humberto Sierra Porto) y T-269 de 2013 (M.P. María Victoria Calle
Correa).
[20] Ver las
consideraciones en materia de subsidiariedad hechas en la Sentencia T-384 de 1998 (M.P.
Alfredo Beltrán Sierra), que fueron posteriormente reiteradas en la T-1316 de 2001 (M.P.
Marco Gerardo Monroy Cabra).
[21] Ver Sentencias T-1316 de 2001 (M.P.
Rodrigo Uprimny Yepes), T-719 de 2003 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), T-456
de 2004 (M.P. Jaime Araujo Rentería), T-015 de 2006 (M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa), T-515A de 2006 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), T-700 de 2006 (M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa), T-972 de 2006 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), T-1088
de 2007 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), T-953 de 2008 (M.P. Rodrigo Escobar Gil),
T-167 de 2011 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez), T-352 de 2011 (M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva), T-202 de 2012 (M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio) y T-206 de 2013 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio).
[22] Ver, entre otras, la
Sentencia T-521 de 2013 (M.P. Mauricio González Cuervo) donde la Corte hizo una
exposición detallada del principio de inmediatez al estudiar una acción de
tutela mediante la cual se solicitó una sustitución pensional después de que
había transcurrido más de un (1) año entre la expedición de la Resolución que
negó el acceso a la pensión y la interposición de la acción.
[23] A este respecto,
véase la Sentencia C-543 de 1992 (M.P. José Gregorio Hernández) en la que se
declaró la inexequibilidad de los artículos 11 y 12 del Decreto 2591 de 1991,
los cuales regulaban la caducidad de la tutela cuando era interpuesta contra
providencias judiciales. Así mismo, véase la Sentencia T-288 de 2011 (M.P.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) donde se pusieron de presente los deberes del
juez de tutela en relación con el principio de inmediatez a la luz de unas
presuntas vías de hecho en las que supuestamente habían incurrido dos (2)
autoridades judiciales en el marco de un proceso ejecutivo hipotecario.
[24] T-299 de 2009, M.P.
Mauricio González Cuervo.
[25] Ver Sentencias
T-1110 de 2005 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), T-158 de 2006 (M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto), T- 429 de 2011 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub),
T-998 de 2012 (M.P. María Victoria Calle Correa), SU-158 de 2013 (M.P. María
Victoria Calle Correa) y T-521 de 2013 (M.P. Mauricio González Cuervo). Allí la
Sala Plena y las diferentes Salas de Revisión han hecho alusión a estas
situaciones excepcionales al abordar la procedibilidad de acciones de tutela
mediante las cuales se pretendía obtener acceso a una defensa técnica, a un
recalculo del monto base de la pensión, a la indemnización por daños y
perjuicios, a la sustitución pensional, a la pensión de sobreviviente y a la
pensión de invalidez, respectivamente.
[26] Este
derecho logra un mayor nivel de concreción al fijarse prestaciones especificas
a cargo del Estado y en beneficio de las personas, por ejemplo mediante la
creación e implementación de planes y programas que promueven la adquisición de
vivienda propia; o a través del otorgamiento de y auxilios de carácter técnico
o financiero; o inclusive, mediante la demarcación de un conjunto de
prestaciones concretas a cargo de las entidades que tienen como función
desarrollar la política pública en materia de vivienda.
[27] Sentencia T-585 de 2006. Al respecto, ver también las
sentencias T-1318/05, C-936/03, T-859/03 y T-223/03
[28] Ver Sentencias T-585
de 2008, T-675 de 2011, T-761 de 2011.
[29] Ver sentencia T-907
de 2010.
[30] Ver Sentencia T-675
de 2011.
[31] Ver sentencias T-509
de 2010, T675 de 2011 y T-585 de 2008.
[32] Sentencia T-016 de
2007.
[33] Ver Sentencia T-016 de
2007.
[34] Ver Sentencia T-907
de 2010.
[35] Capítulo tomado de la
sentencia T-049 de 2014.
[36] Ver Sentencia T-040 de 2007.
[37] Decreto 2190 de 2009.
[38] Sentencia T-248 de
2008.
[39] Ver sentencia T-1228
de 2001.
[40] Ver Sentencia T-053
de 2008 y T-722 de 2012.
[41]
Artículo 185, parágrafo 4 de la Ley  1607 de 2012 “DESTINACIÓN
DE RECURSOS PARAFISCALES DESTINADOS A SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA. Adiciónese
un parágrafo al artículo 68 de la Ley 49 de 1990:
PARÁGRAFO 4o. Los recursos
administrados por las Cajas de Compensación Familiar en los fondos para el
otorgamiento de subsidio familiar de vivienda, se regirán por las condiciones
de focalización y distribución que establezca el Gobierno Nacional. Las Cajas
de Compensación Familiar podrán transferir recursos del FOVIS a los patrimonios
que constituya Fonvivienda junto con las Cajas de Compensación Familiar y otras
entidades públicas o las entidades que determine el Gobierno Nacional, para que
en forma conjunta con recursos del Gobierno Nacional se desarrollen programas
de vivienda de interés prioritaria dirigidos a los hogares con ingresos
familiares de hasta dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes
conforme a la normatividad vigente. Las condiciones para la asignación de los
subsidios las reglamentará el Gobierno Nacional.
La vigencia de los subsidios familiares de
vivienda que fueron otorgados por la caja de compensación familiar y que a la
fecha de entrada en vigencia de la presente ley no hubieren sido aplicados
dentro del término de su vigencia, serán transferidos al Patrimonio Autónomo de
que trata el presente artículo. Así mismo, para los próximos tres (3) años, los
recursos de los Fondos de Vivienda de las Cajas de Compensación Familiar, serán
destinados a dicho patrimonio autónomo en los porcentajes y en las condiciones
que determine el Gobierno Nacional atendiendo la composición poblacional.”
[42] Tomado de la
sentencia T-049 de 2014.
[43] Ley
3 de 1991. “Artículo 1º.- Créase el Sistema Nacional de Vivienda
de Interés social, integrado por las entidades públicas y privadas que cumplan
funciones conducentes a la financiación, construcción, mejoramiento, reubicación,
habilitación y legalización de títulos de viviendas de esta naturaleza.// Las
entidades integrantes del sistema actuarán de conformidad con las políticas y
planes generales que adopte el Gobierno Nacional.// El Sistema será un
mecanismo permanente de coordinación, planeación, ejecución, seguimiento y
evaluación de las actividades realizadas por las entidades que lo integran, con
el propósito de lograr una mayor racionalidad y eficiencia en la asignación y
el uso de los recursos y en el desarrollo de las políticas de vivienda de
interés social.”
[44] “Artículo  33. Postulación. La
postulación de los hogares para la obtención de los subsidios se realizará ante
la entidad otorgante o el operador autorizado con el que se haya suscrito un
convenio para tales efectos”
[45] “Artículo
43. Criterios para la calificación de las postulaciones. Una vez surtido
el proceso de verificación de la información de que trata el artículo 42 del
presente decreto, las entidades otorgantes del subsidio calificarán cada una de
las postulaciones aceptables que conforman el Registro de Postulantes, esto es,
aquellas que no se hubieren rechazado por falta de cumplimiento de los
requisitos normativos o por inconsistencias y/o falsedad en la información.//
Teniendo en cuenta que los aportes para la solución de vivienda que puede
realizar un hogar se definen en función de su nivel de ingresos y del número de
miembros del mismo, la calificación de las postulaciones se realizará de
acuerdo con la ponderación de variables del ahorro previo y las condiciones
socioeconómicas de los postulantes tal y como lo establece la Ley 3ª de 1991 en
sus artículos 6° y 7°. Estas variables son las siguientes:// 1. Condiciones
socioeconómicas de acuerdo con los puntajes del Sisbén, que evidencien mayor
nivel de pobreza, en el caso de postulantes que presenten carné o certificación
municipal del puntaje Sisbén.// 2. Número de miembros del hogar.// 3.
Condiciones especiales de los miembros del hogar.
4. Ahorro
previo.// 5. Número de veces que el postulante ha participado en el proceso de
asignación de subsidios, sin haber resultado beneficiario, siempre y cuando
haya mantenido la inmovilización del ahorro mínimo pactado para la
postulación.// Los puntajes a aplicar a cada una de las variables son los
establecidos en el artículo siguiente del presente decreto.”
[46] “Artículo
45. Proceso general de selección de beneficiarios de los subsidios. Una
vez calificadas cada una de las postulaciones aceptables, la entidad otorgante
o el operador autorizado, si fuere el caso, las ordenará de manera automática y
en forma secuencial descendente, para conformar un listado de postulantes
calificados hasta completar un número de hogares equivalente al total de los
recursos disponibles. Los hogares postulantes que no alcanzaren a quedar
incorporados en el listado resultante serán excluidos de la correspondiente
asignación.// Parágrafo 1°. Si los recursos no son suficientes para atender el
monto total de subsidio solicitado por el postulante individual alcanzado por
el corte de selección, tanto ese postulante como los que le siguen en el orden
secuencial serán excluidos de la correspondiente asignación.// Parágrafo 2°.
Las entidades otorgantes del subsidio, no asumirán compromiso alguno respecto
de los postulantes que no alcanzaren a quedar incorporados en los listados de
beneficiarios contenidos en las resoluciones de asignación expedidas en los
términos del artículo 55 del presente decreto.”
[47]
Decreto- Ley 555 de 2003. “Artículo 2°.Los
recursos asignados en el Presupuesto General de la Nación en inversión para
vivienda de interés social urbana; los recursos que se apropien para la
formulación, organización, promoción, desarrollo, mantenimiento y consolidación
del Sistema Nacional de Información de Vivienda y en general los bienes y
recursos de que trata el presente decreto."
[48] “Artículo 5°. Entidades
otorgantes del subsidio familiar de vivienda de interés social y
recursos. Las entidades otorgantes
del subsidio familiar de vivienda de que trata este decreto serán el Fondo
Nacional de Vivienda con cargo a los recursos definidos en el Decreto-ley 555
de 2003, o la entidad que haga sus veces y las Cajas de Compensación Familiar
con las contribuciones parafiscales administradas por estas, todo ello de
conformidad con lo establecido en las normas vigentes aplicables a la materia.”
[49] Decreto-
Ley 555 de 2003. “Artículo  3°. Funciones del Fonvivienda. Las funciones
del Fondo Nacional de Vivienda «Fonvivienda» serán las siguientes: (…) 9.
Asignar subsidios de vivienda de interés social bajo las diferentes modalidades
de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia y con el reglamento y
condiciones definidas por el Gobierno Nacional.”
[50] Ibídem.
“8.1 Diseñar, poner en funcionamiento y
mantener mecanismos de control y seguimiento financiero y físico de la política
de vivienda, en particular, de la asignación de recursos del programa de
Subsidio Familiar de Vivienda en un sistema de información integrado para este
sector.”
[51] “Artículo 311. Al
municipio como entidad fundamental de la división politico-administrativa del
Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley,
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su
territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y
cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la
Constitución y las leyes.”
“Artículo
298. Los departamentos tienen autonomía para la
administración de los asuntos seccionales y la planificación y promoción del
desarrollo económico y social dentro de su territorio en los términos
establecidos por la Constitución.// Los departamentos ejercen funciones
administrativas, de coordinación, de complementariedad de la acción municipal,
de intermediación entre la Nación y los Municipios y de prestación de los
servicios que determinen la Constitución y las leyes.// La ley reglamentará lo
relacionado con el ejercicio de las atribuciones que la Constitución les
otorga.”
“Artículo
300. Corresponde a las Asambleas Departamentales, por
medio de ordenanzas: “3. Adoptar de acuerdo con la Ley los planes y programas
de desarrollo económico y social y los de obras públicas, con la determinación
de las inversiones y medidas que se consideren necesarias para impulsar su
ejecución y asegurar su cumplimiento. (…)Los planes y programas de desarrollo
de obras públicas, serán coordinados e integrados con los planes y programas
municipales, regionales y nacionales”
[52] Artículo 3 modificado
por la Ley 1551 de 2012 “Funciones de los
municipios. Corresponde al
municipio: 7. Procurar la solución de las
necesidades básicas insatisfechas de los habitantes del municipio, en lo que
sea de su competencia, con especial énfasis en los niños, las niñas, los
adolescentes, las mujeres cabeza de familia, las personas de la tercera edad,
las personas en condición de discapacidad y los demás sujetos de especial
protección constitucional. (…) 14. Autorizar y aprobar, de acuerdo con la
disponibilidad de servicios públicos, programas de desarrollo de Vivienda
ejerciendo las funciones de vigilancia necesarias.”
[53] “Por la cual se dictan normas tendientes a
facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda [de interés
social y prioritario] y se dictan otras disposiciones”. “Artículo
3°. Coordinación entre las entidades nacionales y territoriales. La
coordinación entre la Nación y las Entidades Territoriales se referirá, entre
otros, a los siguientes aspectos: // a) La articulación y congruencia de las
políticas y de los programas nacionales de vivienda con los de los
departamentos y municipios;(…)”// “Artículo 4°. Corresponsabilidad
departamental. Los departamentos en atención a la corresponsabilidad que
demanda el adelanto de proyectos y programas de vivienda prioritaria, en
especial en cumplimiento de su competencia de planificar y promover el
desarrollo local, de coordinar y complementar la acción municipal y servir de
intermediarios entre la Nación y los municipios, deberán en el ámbito exclusivo
de sus competencias y según su respectiva jurisdicción:// 1. Adelantar las
funciones de intermediación del departamento en las relaciones entre la Nación
y los municipios.”
[54] Apartes tomados de la
sentencia T-763 de 2015.
[55] Sentencia SU-339 del
2011, ver también sentencia T-311 de 2016.
[56] Sentencia T-387 de 2012.
[57] Sentencia T-1122 de 2002, ver también sentencia T-311
de 2016.
[58] Sentencia T-675 de
2011.
[59] “Artículo
51. Vigencia del subsidio. La vigencia de los subsidios de
vivienda de interés social otorgados con cargo a los recursos del Presupuesto
Nacional, será de seis (6) meses calendario contados desde el primer día del
mes siguiente a la fecha de la publicación de su asignación. // En el caso de
los subsidios de vivienda de interés social asignados por las Cajas de
Compensación Familiar, la vigencia será de doce (12) meses calendario, contados
desde el primer día del mes siguiente a la fecha de la publicación de su
asignación. // Parágrafo l°. Para los subsidios otorgados con cargo a
los recursos del Presupuesto Nacional, cuyos beneficiarios a la fecha de su vencimiento
hayan suscrito promesa de compraventa de una vivienda ya construida, en proceso
de construcción, o un contrato de construcción de vivienda en los casos de
construcción en sitio propio, la vigencia del mismo tendrá una prórroga
automática de seis (6) meses adicionales, siempre y cuando el beneficiario del
subsidio remita a la entidad otorgante, antes del vencimiento del mismo, la
respectiva copia auténtica de la promesa de compraventa o del contrato de
construcción. // La suscripción de promesas de compraventa o contratos de
construcción de vivienda se deberán realizar únicamente en proyectos que
cuenten con su respectiva elegibilidad o licencia de construcción vigente,
conforme a lo dispuesto en la normativa vigente sobre la materia. // Parágrafo
2°. En todo caso, la vigencia de los subsidios familiares de vivienda
otorgados con cargo a los recursos del Presupuesto Nacional podrá ser
prorrogada mediante resolución expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial. // Parágrafo 3°. En el caso de subsidios
otorgados con cargo a recursos del Presupuesto Nacional, lo dispuesto en el
presente artículo operará siempre y cuando exista disponibilidad de recursos y
se dé cumplimiento a las normas del Estatuto Orgánico del Presupuesto. // Parágrafo
4°. Las Cajas de Compensación Familiar podrán prorrogar, mediante acuerdo
expedido por su respectivo Consejo Directivo, la vigencia de los subsidios
familiares de vivienda asignados a sus afiliados por un plazo no superior a
doce (12) meses, prorrogable máximo por doce (12) meses más. Para los casos en
los que exista giro anticipado de subsidio, esta ampliación estará condicionada
a la entrega por parte del oferente de la ampliación de las respectivas
pólizas, antes de los vencimientos de los subsidios.”
[60] Ver Sentencia T-311
de 2016.
[61] De conformidad con la
sentencia T-311 de 2016.