C-404-16
Sentencia
C-404/16
INADMISIBILIDAD DE LA CONCILIACION EN EL
PROCESO DE RESTITUCION-No
desconoce el debido proceso ni el derecho de acceso a la administración de
justicia del solicitante/PROCESOS
DE RESTITUCION DE TIERRAS-Deber constitucional no obliga al Congreso a admitir la conciliación
judicial o extra judicial
El deber de las autoridades de garantizar la
efectividad de los derechos consagrados en la Constitución (artículo 2°), como
el debido proceso y el acceso a la administración de justicia (artículos 29 y
229), no obliga al Congreso a admitir la conciliación judicial o extra judicial
en los procesos de restitución de tierras. Lo anterior, por cuanto (i) la
posibilidad de conciliar no hace parte de las garantías constitucionales que
configuran el derecho al debido proceso, (ii) la inclusión de la conciliación
como una garantía constitucional del debido proceso no se desprende de una
interpretación sistemática o teleológica de la Constitución, (iii) no existen
en el ordenamiento jurídico procesos judiciales o tipos de conflictos respecto
de los cuales el Congreso tenga el deber constitucional de permitir la
conciliación, sea ésta un presupuesto procesal de la acción, una actuación
dentro del proceso, o por fuera de él, (iv) la inadmisibilidad de un mecanismo
que de por sí es excepcional y complementario no puede entenderse como una
limitación del derecho de acceso a la administración de justicia y (v) la
inadmisibilidad de la conciliación judicial o extra judicial  se constituye en
un mecanismo diseñado por el Congreso para proteger los derechos fundamentales
de los solicitantes de restitución, de sus familias, y el derecho a la verdad
que también están en cabeza de toda la sociedad, en contextos en los cuales
existen riesgos de presiones externas que tienen la potencialidad de afectar la
autonomía de la voluntad.
NORMA SOBRE MEDIDAS DE ATENCION, ASISTENCIA
Y REPARACION INTEGRAL A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO-Alcance
NORMA SOBRE MEDIDAS DE ATENCION, ASISTENCIA
Y REPARACION INTEGRAL A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO FRENTE A LA
CONCILIACION-Actuaciones y trámites inadmisibles
ACTUACIONES Y TRAMITES INADMISIBLES EN
PROCESOS DE RESTITUCION DE TIERRAS-Incluye
la conciliación extra proceso judicial
NORMA SOBRE MEDIDAS DE ATENCION, ASISTENCIA
Y REPARACION INTEGRAL A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO-Exposición de motivos de la Ley 1448 de 2011 resalta
la necesidad de acompañamiento judicial en todas las etapas
PRINCIPIO DE LEGALIDAD-Trámites y etapas del proceso deben estar
regulados explícitamente en la ley/PRINCIPIO DE LEGALIDAD-Elemento fundamental del debido proceso
CONCILIACION COMO MECANISMO DE SOLUCION DE
CONFLICTOS-Jurisprudencia
constitucional
CONCILIACION-Naturaleza, presupuestos y consecuencias
CONCILIACION-Mecanismo
de resolución de conflictos
RESOLUCION DE CONFLICTOS-Mecanismos autocompositivos
LEY ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACION DE
JUSTICIA-Relación de la
conciliación con el logro de la paz y los principios y valores fundamentales de
la carta política
CONCILIACION Y OTROS MECANISMOS ALTERNATIVOS
DE RESOLUCION DE CONFLICTOS-Distinción/DISTINCION
ENTRE CONCILIACION Y OTROS MECANISMOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS-Jurisprudencia
constitucional
CONCILIACION COMO MECANISMO DE SOLUCION DE
CONFLICTOS-Elementos
CONCILIACION-Carácter
autocompositivo/CONCILIACION-Naturaleza no judicial
CONCILIACION-Naturaleza sustancial o procedimental
CONCILIACION COMO MECANISMO DE SOLUCION DE
CONFLICTOS-Autonomía de la
voluntad
CONCILIACION-Repercusiones
constitucionales de la voluntad de las partes en el diseño y adopción de
soluciones
CONCILIACION-Amplio
margen de configuración legislativa
CONCILIACION-Mecanismo excepcional
CONCILIACION COMO MECANISMO DE SOLUCION DE
CONFLICTOS-Objeto/CONCILIACION-Versa
únicamente sobre conflictos susceptibles de disposición por las partes/CONCILIACION COMO MECANISMO DE SOLUCION DE
CONFLICTOS-Límites
subjetivos y objetivos/CONCILIACION-Partes deben ser titulares de
derechos o tener legitimidad, representación o facultad para disponer de ellos
CONCILIACION-Límite respecto a la capacidad de los sujetos/CONCILIACION-Protección
especial por limitaciones a la autonomía de la voluntad/CONCILIACION-No
son susceptibles los derechos de personas consideradas incapaces
LIBERTAD-Carácter relacional
CONCILIACION-Libertad en el ejercicio del consentimiento de las
partes
CONCILIACION-Asimetrías en poder de negociación por desigualdades
sociales entre las partes no son fundamento para declarar inconstitucionalidad
de norma jurídica
JUSTICIA TRANSICIONAL-Objetivo
JUSTICIA TRANSICIONAL-Fundamento constitucional
JUSTICIA TRANSICIONAL-Racionalidad de las medidas
JUSTICIA TRANSICIONAL-Garantía de no repetición
JUSTICIA TRANSICIONAL-Función transformadora
JUSTICIA TRANSICIONAL-Garantiza las condiciones de no repetición
de los hechos victimizantes
JUSTICIA TRANSICIONAL-Carácter prevalente de los derechos de
sujetos de especial protección constitucional/LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Protección
constitucional reforzada de víctimas de graves violaciones de derechos humanos
DESPOJO, ABANDONO Y DESPLAZAMIENTO FORZADO
DE VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO COMO SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION
CONSTITUCIONAL-Jurisprudencia
constitucional
VULNERABILIDAD FRENTE AL CONFLICTO ARMADO Y
OTRAS FORMAS DE VIOLENCIA ENDEMICA-Jurisprudencia constitucional
VIOLENCIA-Instancias que suponen riesgo especial para las
víctimas/RESTITUCION DE TIERRAS-Instancias que suponen riesgo especial
para las víctimas
DESPLAZAMIENTO FORZADO-Situación de desarraigo y rompimiento del
tejido social
VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO-Se encuentran especialmente expuestas a
distintas formas de violencia
PROCESO DE RESTITUCION DE TIERRAS-Objeto
PROCESO DE RESTITUCION DE TIERRAS-Identificación de derechos, bienes
jurídicos e intereses involucrados
PROCESO DE RESTITUCION DE TIERRAS-Abarca mucho más que la simple recuperación de bienes inmuebles para su
propietario o poseedor/DESPLAZAMIENTO FORZADO, DESPOJO Y ABANDONO FORZADO-Implica
derechos constitucionales de carácter fundamental
VICTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO-Jurisprudencia constitucional/PROCESO DE RESTITUCION DE TIERRAS-Inadmisibilidad de la conciliación al estar
involucrados derechos fundamentales
PROCESO DE RESTITUCION DE TIERRAS-Involucra el derecho a conocer la verdad
sobre violaciones de derechos humanos y demás hechos victimizantes/RESTITUCION
DE TIERRAS-Garantiza el derecho a la verdad
DERECHO A LA VERDAD-Jurisprudencia constitucional
DERECHO A LA VERDAD-Características
DERECHO A LA VERDAD-Titularidad está en cabeza de la víctima, sus familiares y la
sociedad
PROCESO DE RESTITUCION DE TIERRAS-Involucra el derecho a la restitución de la
tierra/DERECHO A LA RESTITUCION DE TIERRAS-Alcance
LEGISLADOR-Amplio margen de configuración para estructurar los
procesos judiciales
LEGISLADOR-Decide qué materias pueden ser objeto de conciliación
y cuáles no
MARGEN DE CONFIGURACION DEL CONGRESO EN
PROCESOS JUDICIALES, PROCEDIBILIDAD DE LAS ACCIONES Y MATERIAS OBJETO DE
CONCILIACION-No es
absoluto
PROCESOS DE RESTITUCION DE TIERRAS-No
resulta de recibo el argumento sobre el deber constitucional del legislador de
permitir la conciliación/DERECHO AL DEBIDO PROCESO-Posibilidad de
conciliar no hace parte de sus garantías constitucionales/DERECHO DE ACCESO
A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Inadmisibilidad de la conciliación judicial
y extra proceso no lo limita
NORMA SOBRE MEDIDAS DE ATENCION, ASISTENCIA
Y REPARACION INTEGRAL A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO-Exequibilidad de la expresión “ni la conciliación” como actuación y trámite inadmisible en procesos de restitución de tierras
Referencia:
expediente D-11196
Demanda
de inconstitucionalidad contra la expresión “ni en la conciliación” del
artículo 94 de la Ley 1448 de 2011 “por la cual se dictan medidas de atención,
asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y
se dictan otras disposiciones”.
Demandante:
Maximiliano Londoño Arango.
Magistrada
Ponente:
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Bogotá, D. C tres (3) de agosto de dos mil dieciséis (2016).
La Sala Plena de la
Corte Constitucional, integrada por la Magistrada María Victoria Calle Correa,
quien la preside, los Magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro
Linares Cantillo, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Gloria Stella Ortiz Delgado,
Jorge Iván Palacio Palacio, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, Alberto Rojas Ríos y
Luis Ernesto Vargas Silva, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales
y de los requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha
proferido la siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública de
inconstitucionalidad consagrada en el artículo 241 de la Constitución Política,
el ciudadano Maximiliano Londoño Arango presentó ante esta Corporación demanda
de inconstitucionalidad contra la expresión “ni en la conciliación” contenida
en el artículo 94 de la Ley 1448 de 2011 “por la cual se dictan medidas de
atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado
interno y se dictan otras disposiciones”.
La demanda fue admitida
mediante auto del 8 de febrero de 2016, a través del cual se comunicó la
iniciación del proceso al Presidente de la República, al Presidente del
Congreso, a los Ministros del Interior, de Justicia y del Derecho, de Agricultura
y Desarrollo Rural, al director de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
de Restitución de Tierras Despojadas y a la directora de la Unidad
Administrativa Especial de Atención y Reparación a las Víctimas, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 2067 de 1991.
Adicionalmente, se
ordenó la comunicación del proceso a la Clínica de Derecho y Territorio de la
Pontificia Universidad Javeriana, a la Consultoría para los Derechos Humanos y
el Desplazamiento, a las facultades de derecho de las universidades de La
Sabana, Externado de Colombia, Los Andes, Nacional, Libre, Industrial de
Santander, de Nariño y de Antioquia.
Cumplidos los trámites
constitucionales y legales propios de esta clase de juicios y previo concepto
del Procurador General de la Nación, procede la Corte a decidir de fondo la
demanda en referencia.
II. LA DEMANDA
A continuación se
transcribe el artículo 94 y se subraya el aparte acusado. Posteriormente, se
explicarán los cargos de inconstitucionalidad presentados por el demandante y
las intervenciones de las entidades públicas, ciudadanos y el concepto del
Procurador General de la Nación.
“Ley 1448 de 2011
“Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y
reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan
otras disposiciones.
“…
Artículo
94. Actuaciones y trámites inadmisibles. En este proceso no son admisibles la demanda de reconvención,
la intervención excluyente o coadyuvante, incidentes por hechos que configuren
excepciones previas, ni la conciliación. En caso de que se propongan
tales actuaciones o trámites, el Juez o Magistrado deberá rechazarlas de plano,
por auto que no tendrá recurso alguno”.
Concepto de la violación:
El accionante considera que la disposición acusada vulnera
los artículos 2º, 29 y 229 de la Constitución Política. En términos generales,
manifiesta que la expresión demandada vulnera el artículo 2º por cuanto impide promover
la efectividad de los principios y derechos constitucionales. A su vez, señala
que contraviene el artículo 229, al impedir a las víctimas el acceso a la
resolución pacífica de sus controversias.
En primer lugar, el accionante mencionó que la conciliación
desarrolla los principios constitucionales del debido proceso y acceso a la
administración de justicia, toda vez que dicha institución permite que los
ciudadanos solucionen sus conflictos de forma pacífica y expedita. A su juicio,
ésta permite también aplicar el derecho y deber de la paz, contenido en el
artículo 22 de la Constitución Política, y acceder a la administración de
justicia de una forma menos costosa. Puso de presente que en el año 2014 se
realizaron más de cuarenta y dos mil (42.000) conciliaciones, lo cual devino en
soluciones pacíficas y anticipadas, y en la disminución de la congestión
judicial.
Posteriormente, se refirió a las particularidades del proceso
de restitución de tierras desarrollado por la Ley 1448 de 2011, e indicó que
éste tenía como objetivo reparar de forma integral a las víctimas del conflicto.
No obstante, en opinión del accionante, la prohibición de la conciliación,
adecuadamente dirigida por el juez del proceso, no repercute en una mayor
protección de la víctima.
En particular, señaló que la disposición demandada
vulneraba el artículo 2º de la Constitución Política. Manifestó que la
prohibición de la conciliación impedía que las víctimas pudiesen generar formas
de autocomposición bajo la dirección de un juez, lo que atentaba además contra
la autonomía de la voluntad y el reconocimiento expedito de sus derechos.
Igualmente, explicó que la prohibición de la conciliación en
el proceso de restitución de tierras violaba el artículo 229 de la Carta
Política. El accionante señaló que ello no sólo impedía que las víctimas
accedieran a mecanismos de resolución alternativa de conflictos, sino que
también afectaba “a todos aquellos que están a la espera de poder acceder al
sistema judicial”, por cuanto repercutiría en un incremento de la
congestión judicial.
Estableció que la disposición acusada transgredía el
artículo 29 de la Constitución Política. El accionante indicó que se
prohibía la posibilidad de acceder a un mecanismo que propendía por la paz y
convivencia, y que existía en otros procedimientos, sin una justificación
poderosa. Adicionalmente, indicó que los derechos de las víctimas podían ser
protegidos a través del control judicial de los acuerdos conciliatorios, tal y
como sucede en aquellos procesos en que participan personas o intereses objeto
de protección especial (como es el caso de menores de edad, personas sujetas a
guardas o curadurías y asuntos de patrimonio público)
Finalmente, solicitó que subsidiariamente, se declarara la
exequibilidad condicionada de la norma, bajo el entendido de que la
conciliación es procedente cuando conduzca “a un pronto y más efectivo
reconocimiento de derechos de las víctimas (…) bajo la supervisión del juez”.
III. INTERVENCIONES
Intervención de la Consultoría para los Derechos Humanos y el
Desplazamiento - CODHES
Los representantes de CODHES solicitan a la Corte
Constitucional la declaratoria de exequibilidad de la disposición
demandada.
Afirman que la demanda parte del supuesto de la utilidad de
la conciliación en tiempos de paz. No obstante, en opinión de la entidad es
necesario que la norma sea analizada en consonancia con los fenómenos de
despojo y abandono forzado de tierras con motivo del conflicto armado.
Así, la institución señala que la conciliación y la
transacción son negocios jurídicos propios del derecho privado, y que éstos sólo
pueden tener lugar cuando las partes involucradas se encuentran en un plano de
igualdad, no existen vicios del consentimiento y no se discuten derechos
irrenunciables. De esta manera, en su opinión, “resulta inadecuado
anteponerlo a un campo en el que la naturaleza de los derechos en juego, (sic)
exige un marco de regulación de carácter público”. En consecuencia, advierte
que la conciliación no es procedente en trámites de restitución, especialmente
por tres argumentos: i) la situación de vulnerabilidad manifiesta de las
víctimas, ii) el carácter irrenunciable del derecho a la restitución, iii) el
principio de prevalencia constitucional de los derechos de las víctimas como
límite ético de la aplicación de figuras como la conciliación, el desistimiento
o la transacción.
1. En primer lugar, indica que las víctimas, en un proceso de
restitución, no se encuentran en igualdad de condiciones con sus contrapartes,
tal y como ocurre en el ámbito de derecho privado. Es por ello que la Ley 1448
de 2011 tiene como finalidad protegerlas, por considerarlas sujetos en una
situación de extrema vulnerabilidad. De esta manera, la prohibición de la
conciliación resulta una garantía para evitar que las víctimas sean manipuladas
por agentes con mayor poder económico, jurídico fáctico. Además, el juez se
encuentra facultado a actuar de forma activa y en favor de los intereses de la
víctima, rol que no tiene cabida en una conciliación de carácter privado. Al
respecto, señaló:
“Es
precisamente lo que buscó evitar el legislador mediante la concepción de la
conciliación como un trámite inadmisible dentro del proceso de restitución de
tierras: el uso de este tipo de fórmulas de resolución de conflictos por parte
de quienes pueden eventualmente ejercer las relaciones de poder económico,
jurídico o fáctico sobre las víctimas.
Especialmente
en aquellos casos en que se proponga a la víctima transar sobre su derecho a la
restitución con base en el eventual ofrecimiento de un estímulo económico, por
cuanto si la víctima tiene necesidades apremiantes, esta circunstancia “limita
su capacidad para consentir de manera libre”, como plantea la propia Corte en
sentencia C-099 de 2013”.
Además, indica que la Ley 1448 de 2011 tiene como propósito
garantizar la verdad, la justicia y la reparación en el marco de un sistema de
justicia transicional. En este sentido, permitir un modelo de conciliación
sobre situaciones que no se encuentra del todo esclarecidas implicaría una
limitación al derecho que tienen las víctimas a conocer la verdad sobre el
despojo y abandono al que fueron sometidas. Puntualiza que la Corte Constitucional
en Sentencia C-099 de 2013 adoptó este mismo criterio cuando determinó
que el contrato de transacción no puede ser utilizado para evadir la
responsabilidad del Estado en casos de crímenes de lesa humanidad, pues ello
contradice los principios y objetivos de la Ley 1448 de 2011.
Adicionalmente, menciona que un escenario de conciliación implicaría
un desconocimiento del carácter mixto, a saber, administrativo y judicial, de
la restitución. Para la interviniente la demanda impone a la Corte la carga de decidir
en qué fase tendría lugar la conciliación, y además, analizar si ello
constituye o no un desistimiento, el cual se encuentra prohibido por la Ley
1448 de 2011.
Igualmente, señala que la conciliación asemeja, en el mismo
rango de importancia, el derecho al debido proceso de las víctimas y “la imagen
empresarial” de agentes con mayores posibilidades de defensa. En particular, pone
como ejemplo el caso de la empresa Argos, la cual ha expresado públicamente que
la reclamación de restitución tiene un propósito delictivo. Así, indica:
“Un
caso bastante publicitado en relación con este tema es el de la Cementera Argos,
empresa que se opone a las reclamaciones de restitución de un grupo de
campesinos en San Onofre y Carmen de Bolívar. En ese caso, los propios
directivos de la empresa al tiempo que indican públicamente que “están
dispuestos a conciliar con los reclamantes”, también informan a la opinión
pública que “Argos dará la pelea hasta el final” en tanto consideran que la
reclamación de restitución “tiene un propósito delictivo” que “constituye un
tema de imagen que estamos dispuestos a defender”.
2. En segundo lugar, manifiesta que, tal y como lo ha
indicado la Corte Constitucional en la Sentencia T-821 de 2007, el
derecho a la restitución es un derecho fundamental, toda vez que permite la eficacia
de los derechos a la verdad, a la justicia y la reparación. De esta manera,
señala que la transacción sobre derechos fundamentales, de carácter
irrenunciable, implicaría necesariamente la ilicitud de tales acuerdos. Al
respecto, indica:
“La
naturaleza constitucional de los derechos que se ventilan en el sistema de
restitución de tierras impide que la aplicación de la figura de la conciliación
sea considerada como adecuada o pertinente desde el punto de vista de los
preceptos constitucionales que fundamentan la Ley 1448 de 2011 desde el punto
de vista de la protección reforzada de las víctimas reclamantes, en tanto
implicaría la transacción sobre derechos fundamentales, lo cual implicaría ipso
iure, la ilicitud de dichos acuerdos.
Intervención del Ministerio de Justicia y del Derecho
El Ministerio de Justicia y del Derecho se pronuncia en favor
de la exequibilidad de la norma demandada.
Señala que la prohibición de la conciliación desarrolla los
principios de la Ley 1448 de 2011, cuyo objetivo es garantizar los derechos
fundamentales de las víctimas del conflicto armado, bajo la consideración de
que éstas son sujetos de especial protección constitucional.
En similar sentido, manifiesta que la prohibición de la
conciliación tiene como finalidad evitar que agentes con mayor poder que las
víctimas puedan entrar a negociar con éstas sobre asuntos irrenunciables.
Finalmente, indica que la restitución de tierras a las
víctimas del despojo no sólo es un componente de la reparación, sino del acceso
a la justicia.
Intervención de la Unidad para la Atención y Reparación
Integral de las Víctimas
La entidad solicita a la Corte, como pretensión principal,
declararse inhibida por ineptitud sustancial de la demanda.
Subsidiariamente, pide la declaratoria de exequibilidad de la
disposición acusada.
En primer lugar, solicita la inhibición por cuanto, a juicio
de la entidad, los cargos no cumplen con los requisitos de certeza,
especificidad, suficiencia y pertinencia requeridos por la jurisprudencia de la
Corte Constitucional. Así, indica que: i) el demandante no toma en
consideración que el objetivo de la Ley 1448 de 2011 es la reparación integral
de las víctimas del conflicto, ii) pretermite que la prohibición de la conciliación
tiene como objetivo la garantía del derecho sustancial, y evitar dilaciones
propias del derecho procesal civil, iii) el Legislador cuenta con un amplio
margen de configuración cuando se dirige a proteger los derechos de las
víctimas, y, por último, iv) indica que la norma demandada debe ser analizada
en el marco de un proceso de justicia transicional, el cual admite medidas
excepcionales-
No obstante, también presenta, de forma subsidiaria, algunos
argumentos en favor de la constitucionalidad de la norma. En consecuencia,
explica que: i) debe tenerse en cuenta que la garantía de restitución a las
víctimas del conflicto es uno de los elementos esenciales de la justicia
transicional, ii) la condición de vulnerabilidad de las víctimas impide que se
dé un ejercicio de la autonomía de la voluntad de forma plena, iii) la
conciliación no es procedente frente a hechos ilícitos, como es el caso de
aquéllos relacionados con despojo y desplazamiento forzado.
Intervención de la Defensoría del Pueblo
La Defensora Delegada para Asuntos Constitucionales y Legales
se pronunció en favor de la inhibición o, en su defecto, de la exequibilidad
de la disposición demandada.
Considera que la Corte debe inhibirse de resolver de fondo la
cuestión planteada, por cuanto los cargos no cumplen con los requisitos mínimos
exigidos por la jurisprudencia. Indica que el demandante no brindó argumentos
suficientes en favor de la inconstitucionalidad de la prohibición del trámite
conciliatorio en la Ley 1448 de 2011.
Como argumentos de exequibilidad, menciona que en la Sentencia
C-099 de 2013 la Corte se refirió a las limitaciones de los mecanismos
alternativos de solución de conflictos en el marco de los procesos de
restitución. Así, menciona que el objetivo principal de la Ley 1448 de 2011 es
la protección de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral
de las víctimas del conflicto armado. A su vez, indica que, de acuerdo con la
exposición de motivos de la Ley 1448 de 2011, el Legislador incorporó dicha prohibición
con el fin de proteger los derechos de la tierra de las víctimas, para lo cual
introdujo la prohibición de negociarlas.
3. Intervenciones ciudadanas
1. La ciudadana Blanca Irene López Garzón, actuando como
miembro de la Corporación Yira Castro, se pronuncia en favor de la exequibilidad
de la norma demandada. Considera que de accederse a las pretensiones se
desconocería el objetivo principal de la Ley 1448 de 2011, el cual es el de
garantizar la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas del conflicto,
asuntos que no son transigibles, para darle mayor importancia a un derecho de
carácter patrimonial.
2. En el mismo sentido que la demanda, el ciudadano Ramiro
Bejarano Guzmán solicita a la Corte la declaratoria de inexequibilidad de
la disposición acusada, o en subsidio declarar la constitucionalidad
condicionada, en el entendido de que se permitirá la conciliación en el
proceso de restitución de tierras “siempre y cuando esta consiga un
reconocimiento más expedito y eficiente de los derechos de las víctimas y a
condición de que la misma sea aprobada por el juez”.
En primer lugar, manifiesta que si se interpreta,
restrictivamente, que la norma prohíbe la conciliación en los procesos de
restitución de tierras, ésta debería ser declarada inexequible, por
cuanto vulneraría los artículos 2º, 29 y 229 de la Constitución Política.
Concuerda con el accionante en que la denegación de la conciliación devendría
en “justicia tardía y en una dilación de la entrega de tierras”.
No obstante, por otra parte manifestó que de la lectura de la
disposición demandada no se puede inferir tal prohibición, ni tampoco surge de
la exposición de motivos de la ley, ni de las discusiones adelantadas en las
comisiones y plenarias. En particular, señaló que el propósito de la Ley 1448 de
2011, de acuerdo con la exposición de motivos, es la de simplificar los
trámites del proceso, con el fin de que se efectúe la restitución en un corto
tiempo.
Igualmente, puso de presente que el artículo 94 parcialmente
acusado sólo considera “inadmisibles” unas “actuaciones y trámites”, como es el
caso de la conciliación, pero que no impide a las partes conciliar. Dice que la
norma tiene como objetivo evitar que las partes propongan al juez un trámite de
conciliación en los términos del Código General del Proceso, pero que ello no
implica una prohibición absoluta de conciliar o transigir extraprocesalmente.
Adicionalmente, el interviniente solicita a la Corte aclarar
que el juez de restitución de tierras no debe privilegiar a ninguna de las
partes en el proceso, como dice, hasta ahora lo vienen haciendo la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras y algunos jueces
de restitución.  Por lo tanto, sostiene que los jueces no pueden “concederles
más ventajas a quienes como solicitantes y demandantes ya vienen apadrinados
por las presunciones legales en su favor”. Sin embargo, el ciudadano
interviniente no fundamenta estas afirmaciones, ni establece cómo se relacionan
con la expresión demandada. Por el contrario, sostiene que esta hermenéutica
también resulta desfavorable a los intereses de las víctimas en recibir pronta
justicia.
Finalmente, manifiesta que una interpretación contraria a la
expuesta en su escrito, según la cual la disposición demandada no prohíbe la
conciliación, sino que acorta los trámites del proceso, devendría en una
limitación injustificada del derecho de acceso a la administración de justicia
y al reconocimiento expedito de los derechos de los ciudadanos.
3. El ciudadano Ramiro Cubillos Velandia solicita a la Corte
la declaratoria de inexequibilidad de la disposición acusada.
Señala que la disposición demandada contraviene el artículo
116 de la Constitución, el cual consagra la función de administración de
justicia en favor del conciliador. Para el interviniente, la norma desconoce
que la conciliación es una institución alternativa para la solución de
conflictos.
Adicionalmente, indica que la prohibición de la conciliación
repercute en una vulneración del derecho al libre desarrollo de la personalidad
y de la autonomía de la voluntad del individuo.
También expresa que la norma vulnera el principio de
igualdad, toda vez que revictimiza a ciudadanos que conscientemente han logrado
establecer acuerdos con sus victimarios sobre asuntos de carácter patrimonial,
y los obliga a acudir a procesos “lentos y tediosos”. Para el interviniente, el
proceso administrativo y judicial al que se ven sometidos las víctimas que
tienen intención de conciliar repercute en un acto de “violencia moral”.
4. El ciudadano Luis Enrique Jiménez Osorio se pronuncia a
favor de la exequibilidad de la norma demandada. Considera que la norma
no impide a las partes conciliar o transigir, sino que simplemente se
circunscribe a prohibir que se efectúe un trámite de conciliación en el marco
del proceso de restitución.
5. La Facultad de Derecho de la Universidad Libre de Bogotá solicita
la declaratoria de exequibilidad de la disposición acusada.
En primer lugar, señala que la Corte Constitucional en las Sentencias
C-370 de 2006, C-609 de 2012 y T-376 de 2013 manifestó el carácter de
sujetos de especial protección constitucional que les asiste a las víctimas del
conflicto armado, y, consecuentemente, la obligación que tiene el Estado de
garantizar una reparación integral.
Posteriormente, indica que la improcedencia de la
conciliación se previó desde el inicio del trámite ante la Cámara de
Representantes[1]
con el fin de proteger a las víctimas del conflicto de posibles vulneraciones a
su derecho a la restitución.
Finalmente, señala que permitir la conciliación implicaría
una vulneración de los principios de estabilización y seguridad jurídica
previstos en la Ley 1448 de 2011, toda vez que i) daría pie a un potencial uso
de la fuerza contra las víctimas y ii) pretermitiría todas las etapas
procesales del proceso de restitución.
6. La ciudadana Edilia Martínez de Canabal, quien afirma que
actualmente es reclamante en un proceso de restitución como víctima del
conflicto armado, interviene en favor de la inconstitucionalidad de la
norma demandada.
Manifiesta que actualmente está tratando de negociar con una empresa
que tiene un proyecto agroindustrial en unos predios que vendió a precios
irrisorios en tiempos del conflicto. No obstante, la disposición demandada ha
impedido llegar a un acuerdo, lo que ha interferido con el ejercicio de su
derecho a la autonomía de la voluntad. Así, señala que “hay una órbita de la
vida de los ciudadanos que el GOBIERNO no tiene por qué invadir, espacio al que
también tenemos derecho las víctimas del conflicto armado”.
Indica que tiene setenta y cinco (75) años y no se encuentra
en la capacidad de esperar la culminación de un proceso judicial que resulte
dispendioso. Por ello, solicita “a la CORTE CONSTITUCIONAL que haga todo lo
que considere necesario para corregir esta situación, pues somos muchas las
víctimas que estamos en esta encrucijada y no es justo que por leguleyadas del
GOBIERNO no podamos arreglar nuestros problemas”.
7. El ciudadano Byron Adolfo Valdivieso interviene en favor
de la exequibilidad condicionada de la norma demandada.
En primer lugar, menciona que no todas las víctimas del
conflicto armado tienen la calidad de parte en un proceso de restitución, y
que, en consecuencia, resultaría desproporcionado negarles la posibilidad de
acceder a este mecanismo de autocomposición. Y, en similar sentido, afirma que
no todos los opositores o sujetos pasivos de las demandas son despojadores,
pues existe la posibilidad de que se hayan efectuado despojos sucesivos y que
los predios hayan sido ocupados posteriormente por otras víctimas.
En segundo lugar, indica que si bien de acuerdo con las Sentencias
C-438 de 2013, C-286 y C-287 de 2014 el derecho a la reparación integral es
fundamental, ello no impide la posibilidad de autocomponer sobre el componente
material de este derecho. Así, manifestó que ni el Protocolo II Adicional a los
Convenios de Ginebra, ni los principios Deng ni los Principios Pinheiro excluyen
este tipo de resolución de conflictos. A juicio del interviniente, el objetivo
de la Ley 1448 de 2011 y de los tratados internacionales es proveer a las
víctimas de recursos adecuados, efectivos y rápidos; no imponer una limitación
del acceso a la administración de justicia.
Además, menciona que la Corte Constitucional aceptó que sí era
posible conciliar sobre derechos fundamentales, si con ello se permite
garantizar los derechos involucrados.
Por último, expresa que de acuerdo con los antecedentes
legislativos de la norma en cuestión, el Legislador tenía como propósito
imponer el carácter irrenunciable del derecho a la restitución, lo cual no
puede ser entendido como una prohibición de las fórmulas de autocomposición,
como es el caso del contrato de transacción.
El interviniente resalta que en la Sentencia C-099 de 2013
la Corte Constitucional manifestó que las víctimas pueden efectuar un
contrato de transacción siempre y cuando i) el ofrecimiento económico no limite
la capacidad para que las partes manifiesten su consentimiento de forma libre y
exenta de vicios, y ii) no se trate de crímenes de lesa humanidad imputables a
agentes del Estado.
Finalmente, propone unos mínimos para la procedencia de la
conciliación en el marco de los procesos de restitución, entre éstos: i) la
existencia de una decisión judicial que avale el acuerdo; ii) la vinculación de
la víctima a los proyectos agroindustriales en los términos del artículo 99 de
la Ley 1448 de 2011, iii) el derecho a una compensación en dinero en favor de
las víctimas en caso de que el juez concluya que la restitución es imposible,
iv) no debe existir ningún tipo de vicio del consentimiento, y, finalmente, v)
la Unidad de Restitución estaría obligada a garantizar los derechos de las
víctimas en el procedimiento de auto-composición.
8. Los ciudadanos Luis Enrique Ruiz González y Ricardo Álvarez
Morales solicitan, como pretensión principal, la inhibición por falta de
aptitud de la demanda. A juicio de los intervinientes, los cargos no cuentan
con los requisitos de certeza, claridad, especificidad ni suficiencia
requeridos para proceder al análisis de constitucionalidad de la disposición
demandada.
Subsidiariamente, piden la exequibilidad de la norma
acusada. Señalan que, de acuerdo con lo establecido por la Corte en la Sentencia
C-979 de 2005, la etapa judicial de restitución no corresponde a un
conflicto de intereses susceptible de ser conciliados, toda vez que implica la
grave vulneración de derechos fundamentales.
Señalan que, de acuerdo con lo establecido por la Corte en la
Sentencia C-715 de 2012, mediante el proceso de restitución el Estado, y
no un particular, debe adoptar todas las medidas requeridas para la restitución
material y jurídica de las víctimas del conflicto armado. Ello implica algunas
medidas complementarias, tales como adjudicaciones de baldíos o establecimientos
de los derechos de propiedad o posesión, las cuales no pueden ser proveídas por
particulares. En este sentido, permitir la conciliación implicaría también la
vulneración de la garantía de la restitución.
Finalmente, explica que la conciliación obviaría importantes
garantías, tales como las presunciones legales y la inversión de la carga de la
prueba; y, que en todo caso, no existe una vulneración del derecho a la administración
de justicia puesto que el actual procedimiento resulta idóneo para garantizar
los derechos de las víctimas.
IV.    CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
La Procuraduría General de la Nación se pronuncia en favor de
la constitucionalidad de la disposición acusada.
En primer lugar, menciona que el Legislador cuenta con un amplio
margen de configuración para diseñar los trámites y procedimientos tendentes a
proteger los derechos de sujetos de especial protección constitucional, como es
el caso de las víctimas del conflicto armado. De acuerdo con el Ministerio
Público, “esta es justificación suficiente para que el Congreso de la
República, en ejercicio de su libertad configuración legislativa, haya
dispuesto para esta clase de controversias un procedimiento especial (…) en
donde no es procedente la conciliación”.
En segundo lugar, indica que el procedimiento de restitución
de tierras tiene el carácter de independiente, por lo cual no puede
asimilarse a las acciones previstas en la jurisdicción civil. Además, no es
automático, por lo que deben garantizarse los principios de gradualidad y
progresividad. Y, por último, señala que constituye un derecho fundamental
en virtud de la debilidad manifiesta de las víctimas involucradas, situación
que justifica la improcedencia de la conciliación.
V.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Competencia
1. De acuerdo con lo consagrado en el numeral 4º del
artículo 241 de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente
para conocer de la constitucionalidad de la norma acusada, ya que se trata de
una demanda ciudadana en contra de una disposición que hace parte de una ley de
la República.
Aptitud de la demanda
2.      Algunos de los intervinientes dentro del
proceso, en particular dos ciudadanos, la Unidad para la Atención y Reparación
a las Víctimas (UARIV) y la Defensoría del Pueblo consideran que la demanda es
inepta, pues los cargos planteados carecen de los atributos exigidos por la
Corte constitucional en interpretación del artículo 2º del Decreto 2067 de
1991. Sin embargo, los argumentos de la UARIV no están realmente encaminados a
establecer por qué los cargos de la demanda son ineptos, sino a por qué no debe
prosperar. Por su parte, los argumentos de la Defensoría, si bien se refieren
uno a uno a los requisitos que deben tener las demandas, no ahondan respecto de
las razones que fundamentan dicha apreciación.
Por el contrario, tal como quedó consignado en el Auto
admisorio de la demanda, del 8 de febrero del año en curso, los cargos
planteados en la demanda cumplen con los requisitos de certeza, especificidad,
suficiencia, claridad y pertinencia, establecidos por la jurisprudencia
constitucional.
En particular, el demandante señaló que la disposición
demandada vulneraba el artículo 2º de la Constitución Política.
Manifestó que la prohibición de la conciliación impedía que las víctimas
pudiesen generar formas de autocomposición bajo la dirección de un juez, lo que
atentaba además contra la autonomía de la voluntad y el reconocimiento expedito
de sus derechos.
Igualmente, explicó que la prohibición de la
conciliación en el proceso de restitución de tierras violaba el artículo 229
de la Carta Política. El accionante señaló que ello no sólo impedía que las
víctimas accedieran a mecanismos de resolución alternativa de conflictos, sino
que también afectaba “a todos aquellos que están a la espera de poder
acceder al sistema judicial”, por cuanto repercutiría en un incremento de
la congestión judicial.
Estableció que la disposición acusada transgredía el artículo
29 de la Constitución Política, en la medida en que  se prohibía la
posibilidad de acceder a un mecanismo que propendía por la paz y convivencia, y
que existía en otros procedimientos, sin una justificación poderosa.
Adicionalmente, indicó que los derechos de las víctimas podían ser protegidos a
través del control judicial de los acuerdos conciliatorios, tal y como sucede
en aquellos procesos en que participan personas o intereses objeto de
protección especial (como es el caso de menores de edad, personas sujetas a
guardas o curadurías y asuntos de patrimonio público).
En relación con los cargos referidos encuentra la
Corte que la demanda contiene los elementos mínimos para permitir un
pronunciamiento de fondo. En efecto, la discusión sobre si la exclusión de la
conciliación judicial o extra judicial en los procesos de restitución de
tierras no satisface el deber de las autoridades de garantizar la efectividad
de los derechos consagrados en la Constitución (artículo 2°), como el debido
proceso y el acceso a la administración de justicia (artículos 29 y 229), muestra
que se está ante un problema constitucionalmente relevante, que debe ser
evaluado a la luz del margen de configuración del cual dispone el Congreso para
determinar los recursos y actuaciones dentro de los procesos judiciales, los
requisitos de procedibilidad de las acciones y para decidir las materias que
pueden ser objeto de conciliación.
Planteamiento
del problema jurídico y organización de las consideraciones de la sentencia
3. En el presente caso el demandante solicita la
declaratoria de inexequibilidad de la expresión acusada, y en subsidio, su
condicionamiento según el cual la disposición es exequible “siempre y cuando esta consiga un
reconocimiento más expedito y eficiente de los derechos de las víctimas y a
condición de que la misma sea aprobada por el juez”. En
general el demandante y algunos de los intervinientes consideran que en su actual
redacción la disposición vulnera los derechos al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia, y la garantía de eficacia de estos derechos
contenida en el artículo 2º de la Constitución, en la medida en que impide que
las partes dentro del proceso de restitución de tierras acudan a la
conciliación, como mecanismo pacífico de resolución de sus controversias. Por
su parte, el interviniente Ramiro Bejarano Guzmán sostiene que la disposición
demandada no prohíbe la conciliación extra-procesal entre víctimas y
opositores, simplemente limita el conjunto de trámites y etapas que componen el
proceso de restitución.
4. Los intervinientes que solicitan la declaratoria de
exequibilidad de la expresión demandada, y el Procurador General, lo hacen
basados en tres argumentos principales: i) el carácter fundamental y por lo
tanto intransigible del derecho a la restitución, ii) la vulnerabilidad de la
situación en que se encuentran las víctimas de despojo y abandono forzado de
bienes, iii) la prevalencia de los principios y demás normas constitucionales
dentro del proceso de restitución de tierras, y sus diferencias con los
procesos civiles.
5. A partir de los cargos de la demanda, del punto de
vista fiscal y de las intervenciones ciudadanas, la Corte plantea el siguiente
problema jurídico:
¿Los derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia conllevan una garantía constitucional que
obligue al Congreso a admitir la conciliación judicial o extra judicial en los
procesos de restitución de tierras?
6. Para resolver el anterior interrogante esta
Corporación considera pertinente determinar, antes que nada, la aptitud de los
cargos planteados en la demanda. Una vez establecida la aptitud de la demanda, esta
Corporación debe fijar cuál es el alcance de la disposición que contiene la
expresión demandada. Fijado dicho alcance, esta Sentencia abordará los
siguientes temas:
i) La naturaleza, presupuestos y consecuencias de la
conciliación; ii) la relación entre la Constitución y la justicia transicional,
y en particular, el fundamento
de la protección especial a las víctimas de despojo, abandono y desplazamiento
forzado; iii) el objeto del proceso de restitución, y finalmente, iv) la
existencia de un deber constitucional en cabeza del Congreso de permitir la
conciliación en los procesos de restitución de tierras como presupuesto del
análisis de constitucionalidad de la expresión normativa demandada.
Interpretación del alcance de la
disposición acusada
7. De conformidad con la interpretación que algunos de
los intervinientes hacen de la disposición en que se encuentra la expresión
demandada, la norma establecida en el
artículo 94 establece que son inadmisibles determinados trámites y actuaciones
dentro del proceso, como pueden serlo la conciliación, la demanda de
reconvención, algunas intervenciones e incidentes. Sin embargo, tales
intervinientes sostienen que a partir de la lectura literal del texto no se
desprende que la norma impida a los solicitantes conciliar con los opositores
por fuera del proceso de restitución.
Esta interpretación resulta razonable si se toma como
factor determinante del alcance normativo el título del artículo 94. En efecto,
el título de dicho artículo no habla de una prohibición, sino de trámites y
actuaciones inadmisibles. A renglón seguido, la disposición dice que “En este proceso no son admisibles…” y continúa enunciando una serie de trámites
y actuaciones propios de la mayoría de los procesos judiciales, uno de los
cuales es la conciliación. Al asociar el título con el fragmento inicial antes
transcrito podría concluirse que la disposición sólo se refiere a la
conciliación que se lleva a cabo “en el proceso”, es decir, como una
etapa dentro del proceso, pero que se excluyen las conciliaciones efectuadas
por fuera de éste. En ese orden de ideas, según esta lectura del artículo 94
parcialmente demandado, estarían permitidas todas las formas de conciliación,
siempre y cuando no se llevaran a cabo dentro del proceso de restitución de
tierras.
8. Sin embargo, la disposición cuya expresión se
demanda es susceptible de una interpretación que incluya la conciliación extra
proceso judicial. Algunos intervinientes reconocen esta posibilidad, y es por
ello que solicitan un condicionamiento en ese preciso sentido. De hecho, afirman
que los operadores jurídicos, verbigracia, la Unidad Administrativa Especial de
Gestión de restitución de Tierras Despojadas, UAEGRTD, y algunos jueces de
restitución, han interpretado la expresión demandada incluyendo la conciliación
extra proceso.
9. Más aún, existe evidencia histórica que le da
fundamento a la interpretación según la cual la conciliación extra proceso no
es admisible en el proceso de restitución. La exposición de motivos de la Ley
1448 de 2011 resalta la necesidad de acompañamiento judicial en todas las
etapas, no sólo para garantizar la efectividad de la restitución, sino para
devolverles a las víctimas la confianza en las instituciones del Estado. Al
respecto dice la exposición de motivos:
“Dada la importancia de los objetivos
de la reparación, es evidente que el Estado, si bien no ostenta
inicialmente la obligación de reparar, sí debe garantizar que la reparación
sea alcanzada. En efecto, el Estado, a través de la rama judicial del
poder público, en la aplicación de justicia, y particularmente mediante la
creación del procedimientos propios de la justicia transicional (sic),
asume esa responsabilidad investigando, juzgando y sancionando a los
victimarios no solamente con medidas de castigo, sino también, y con
considerable relevancia, con medidas reparativas a favor de quienes
sufrieron daño por causa de sus acciones delictivas. …”
Posteriormente continúa, diciendo:
“De esa manera, el acompañamiento
del Estado, desde todas sus instancias, a las víctimas, es en sí misma una
medida con efectos reparadores, teniendo en cuenta que uno de los fines
específicos de un programa de reparaciones es la devolución de la confianza cívica,
es decir, la confianza pública según la cual los ciudadanos confían en sus
instituciones, al sentirse por estas respaldados.” (subrayado y resaltado
fuera de texto original)
10. Así las cosas, la interpretación según la cual el
artículo 94 incluye la conciliación extra judicial resulta consistente con una
interpretación teleológica de la disposición demandada. Como se desprende del
extracto de la exposición de motivos transcrito, la Ley 1448 de 2011 tiene como
objetivo redefinir la relación entre el Estado y las víctimas garantizando la
efectividad del derecho a la restitución mediante el acompañamiento estatal
durante todas las etapas del proceso.
11. De otra parte, una interpretación sistemática de
la Ley 1484 de 2011 llevaría a la conclusión de que el artículo 94 se refiere exclusivamente
a la conciliación extrajudicial. En principio, el proceso de restitución de
tierras, como cualquier otro tipo de proceso, es una ordenación de etapas, trámites,
recursos e incidentes fijados de manera explícita en la ley. La necesidad de
que los trámites y etapas del proceso estén regulados explícitamente en la ley
tiene como objetivo garantizar el principio de legalidad, que constituye un
elemento fundamental del debido proceso. Por lo tanto, si dentro del proceso de
restitución no se regula una etapa judicial o prejudicial de conciliación, es
lógico suponer que dicha etapa no está prevista dentro del proceso.  Si ello es
así, carece de sentido que el artículo 94 se refiera a una etapa procesal que
al no estar regulada no está prevista. Por lo tanto, por reducción al absurdo,
no es dable suponer que dicho artículo se refiere a la inadmisibilidad de una
etapa procesal que ya de por sí no está contemplada.
Con todo, aun así, en gracia de discusión podría
afirmarse que dicha etapa sí podría estar contemplada por virtud de alguna
norma remisoria al ordenamiento procesal civil en aquello que no esté
expresamente contemplado en la Ley 1448 de 2011. Sin embargo, dicha ley no
contiene una sola norma remisoria al ordenamiento civil, procesal civil, ni a
ningún otro. En esa medida, sería necesario concluir que, conforme a este
criterio de interpretación sistemática, la expresión demandada no incluye la
conciliación como actuación dentro del proceso de restitución. Esta
interpretación, empero, resulta excesivamente formalista, pues asume que todas
y cada una de las actuaciones dentro de un proceso judicial deben estar
explícitamente consagradas en la ley, incluso en detrimento de la libertad de
disposición de las partes.
Aunado a lo anterior, la Corte tampoco puede
desconocer que la disposición cuyo aparte se acusa no distingue entre
diferentes tipos de conciliación. En esa medida, conforme al criterio hermenéutico
tradicional según el cual el intérprete no debe establecer distinciones no
fijadas por el legislador, máxime si con ello restringe la libertad de
disposición de las partes, debe concluirse que la expresión demandada cobija
tanto la conciliación como etapa del proceso, como la conciliación extra
proceso.
12. En conclusión, entonces, la disposición que
contiene la expresión demandada se refiere tanto a la conciliación que se lleve
a cabo tanto por dentro del proceso como por fuera de él. En esa medida, le
corresponde a la Corte establecer si la inadmisibilidad de la conciliación que
llevan a cabo las partes por dentro y/o fuera del proceso de restitución de
tierras vulnera los artículos 29 y 229, en concordancia con el artículo 2º de la
Constitución. Antes de ello, sin embargo, es necesario que la Corte efectúe
algunas consideraciones en torno a la conciliación como mecanismo alternativo
de resolución de conflictos, para posteriormente referirse a la relación entre
la Constitución y la justicia transicional.
Naturaleza, presupuestos y consecuencias de la
conciliación
13. Desde sus inicios la Corte Constitucional ha
avalado la figura de la conciliación como mecanismo de resolución de
conflictos, fundamentando su constitucionalidad en el deber que tienen el
Estado y los particulares de contribuir al mantenimiento de la paz social. Esta
Corporación ha puesto de presente que la posibilidad de que las partes en
conflicto lleguen a una solución de manera autónoma, sin necesidad de que un tercero
les imponga la solución, contribuye enormemente al logro de la paz. Al
respecto, la Sentencia C-165 de 1993 (M.P. Carlos Gaviria Díaz),
sostuvo:
“Es pertinente
anotar que la conciliación es no solo congruente con la Constitución del 91,
sino que puede evaluarse como una proyección, en el nivel jurisdiccional, del
espíritu pacifista que informa a la Carta en su integridad. Porque, siendo la
jurisdicción una forma civilizada y pacífica de solucionar conflictos, lo es
más aún el entendimiento directo con el presunto contrincante, pues esta
modalidad puede llevar a la convicción de que de la confrontación de puntos de
vista opuestos se puede seguir una solución de compromiso, sin necesidad de que
un tercero decida lo que las partes mismas pueden convenir.”
14. Sin duda, la posibilidad de llegar a una solución
a través de una interacción directa entre las partes en conflicto les permite
ejercer de manera más amplia su libertad personal y en algunos casos facilita
el mantenimiento de buenas relaciones interpersonales. Así mismo, las partes se
ven más comprometidas con las soluciones adoptadas por ellos mismos, que con
aquellas impuestas por un tercero. Por lo tanto, los llamados mecanismos “autocompositivos”
de resolución de conflictos le dan sostenibilidad a la paz, y permiten una
satisfacción más completa de los intereses de las partes en conflicto. Sin
embargo, la Corte ha avalado este tipo de mecanismos también por otras razones.
15. Al estudiar la Ley estatutaria de la
administración de justicia, la Corte en la Sentencia C-037 de 1996 (M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa) relacionó el fundamento constitucional de la
conciliación no sólo con el logro de la paz, sino con los principios y valores
fundamentales establecidos en la Carta, así como con la eficiencia en la
administración de justicia, debido a la congestión crónica que ésta padece. Al
respecto dijo:
“Como se ha
expuesto a lo largo de esta providencia, el propósito fundamental de la
administración de justicia es hacer realidad los principios y valores que
inspiran al Estado Social de Derecho, entre los cuales se encuentran la paz, la
tranquilidad, el orden justo y la armonía de las relaciones sociales, es decir,
la convivencia (Cfr. Preámbulo, Arts. 1o y 2o C.P.). Con todo, para la Corte es
claro que esas metas se hacen realidad no sólo mediante el pronunciamiento
formal y definitivo de un juez de la República, sino que asimismo es posible
lograrlo acudiendo a la amigable composición o a la intervención de un tercero
que no hace parte de la rama judicial. Se trata, pues, de la implementación de
las denominadas “alternativas para la resolución de los conflictos”, con las
cuales se evita a las partes poner en movimiento el aparato judicial del país y
se busca, asimismo, que a través de instituciones como la transacción, el
desistimiento, la conciliación, el arbitramento, entre otras, los interesados
puedan llegar en forma pacífica y amistosa a solucionar determinadas diferencias,
que igualmente plantean la presencia de complejidades de orden jurídico. …”
“Para esta
Corporación, las formas alternativas de solución de conflictos no sólo responden
a los postulados constitucionales anteriormente descritos, sino que
adicionalmente se constituyen en instrumentos de trascendental significado para
la descongestión de los despachos judiciales…”
16. Con todo, la Corte ha establecido una distinción
entre la conciliación y otros mecanismos alternativos de resolución de conflictos.
Estas distinciones no son meramente doctrinarias, académicas o conceptuales. Por
el contrario, las diferencias entre estos mecanismos tienen importantes
repercusiones constitucionales. Así, en el Auto A-070 de 1999 (M.P.
Fabio Morón Díaz) y en la Sentencia C-1281 de 2001 (M.P. Clara Inés
Vargas Hernández) la Corte ha diferenciado entre la conciliación y el
allanamiento a las pretensiones del demandante, en el cual éste no está transando
frente al demandado o frente a un tercero. A diferencia de lo que ocurre en la
conciliación, en el allanamiento el demandado o el tercero reconocen sin
objeciones el derecho que le asiste al demandante. Por lo tanto, aun cuando la
Corte ha cerrado la posibilidad de la conciliación sobre derechos
fundamentales, ha avalado la posibilidad del desistimiento frente al
allanamiento del demandado, en la medida en que lo concibe no como una forma de
transacción sino como una forma de protección de los derechos fundamentales.
17. Por su parte, la Corte Constitucional en la Sentencia
C-160 de 1999 (M.P. Antonio Barrera Carbonell) caracterizó la conciliación como
un tipo particular de mecanismo de solución de conflictos, a partir de los
siguientes seis elementos: 1) es un mecanismo de autocomposición, 2) preventivo
o previo, que 3) no corresponde a una actividad judicial, 4) es eficiente, 5) versa
sobre conflictos susceptibles de transacción, y 6) debe estar regulado por el Congreso.
Cada uno de estos elementos tiene repercusiones respecto del alcance
constitucional de la conciliación. Para efectos de la presente sentencia, la
Corte abordará tres de estas características, analizando sus implicaciones
desde el punto de vista constitucional. En particular, esta Corporación se
referirá al carácter autocompositivo de la conciliación, a su naturaleza no
judicial, y al tipo de conflictos que pueden ser resueltos a través de este
mecanismo, como se verá a continuación.
18. Así mismo, la Corte ha establecido una distinción
entre dos acepciones del término conciliación. Por un lado, sostuvo que desde
el punto de vista sustantivo la conciliación denota un acuerdo entre dos o más
partes en un conflicto. Por el otro, desde una perspectiva procedimental la
conciliación se refiere, no al resultado, sino al momento procesal o al trámite
por medio de la cual se pretende llegar a dicho acuerdo, y en particular, a la
relación que existe entre la conciliación y los medios jurisdiccionales de
resolución de conflictos. Esta puede estar inserta como actuación de un proceso
judicial (p. ej. la audiencia establecida en el artículo 101 del Código de
Procedimiento Civil), constituir un requisito previo, necesario para que el
demandante acceda a dicho proceso judicial (como lo es en el ordenamiento
laboral), o puede constituir una actuación independiente, que no está inserta como
un prerrequisito ni como una etapa de un proceso judicial. Así, desde el punto
de vista procedimental, la conciliación puede ser judicial, prejudicial o
extra-judicial. Con respecto a la naturaleza sustancial o procedimental de la
conciliación, la Corte en la Sentencia C-1195 de 2001 (M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa), sostuvo:
“El término conciliación tiene dos
sentidos distintos según el contexto en que es utilizado: uno procedimental y
otro sustancial. En relación con su acepción procedimental, la conciliación es
“un mecanismo de resolución de conflictos a través del cual, dos o más personas
gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias, con la ayuda de un
tercero neutral y calificado, denominado conciliador.”  Según esta acepción, la
conciliación es apenas una serie de pasos preestablecidos que tiene por objeto
eventual, no necesario  la celebración de un acuerdo entre dos o más personas.
No obstante, el término conciliación también se refiere al acuerdo al que se
llega mediante la celebración del procedimiento conciliatorio. En este segundo
sentido sustancial, la conciliación se materializa en un acta que consigna el
acuerdo al que llegan las partes, certificado por el conciliador.”
19. Ahora bien, el carácter autocompositivo de
la conciliación tiene consecuencias respecto de quién y cómo se resuelve el
conflicto. Si bien el artículo 116 de la Constitución se refiere a la
conciliación en la misma disposición en que enuncia algunos mecanismos propios de
la administración de justicia, la Corte ha sostenido sistemáticamente desde la misma
Sentencia C-066 de 1999, que en todo caso, la conciliación no es una
actividad judicial. Ello es así desde una perspectiva tanto orgánica como
material.[2]
En primer lugar, porque al tratarse de un mecanismo de autocomposición son las
partes, y no el juez, quienes en últimas deciden cómo resolver el conflicto. Por
lo tanto, al margen de que sea el juez quien actúa como conciliador o como
garante del acuerdo de conciliación, éste no está propiamente desempeñando una
actividad judicial. Por otra parte, no constituye una función judicial desde un
punto de vista material, porque la solución no corresponde a la aplicación de normas
jurídicas en casos concretos conforme al artículo 230 de la Constitución, sino
que está abierta a la libre disposición de las partes. Por supuesto, este tipo
de decisiones pueden estar más o menos mediadas por las gestiones que lleva a
cabo un conciliador, quien como ya se dijo, puede ser un juez. Sin embargo, la
labor del conciliador no es la de decidir con autoridad la manera como se debe
resolver el conflicto, sino proponer soluciones que resulten aceptables para
las partes. Son ellas quienes en últimas deciden si adoptan o no las
sugerencias que les hace el conciliador. De lo anterior es necesario concluir
que la autonomía de la voluntad juega un papel fundamental en la solución que adoptan
las partes dentro de una conciliación.
20. La importancia
que adquiere la voluntad de las partes en el diseño y la adopción de soluciones
en la conciliación tiene repercusiones constitucionales. Sin duda, tal y como
lo ha sostenido esta Corporación en múltiples oportunidades, aun cuando está
sujeto a los principios de razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, el Congreso
cuenta con un amplio margen de configuración legislativa para regular la
conciliación.[3]
En ejercicio de este margen de configuración el Congreso tiene la potestad para
establecer, entre otras, las materias que son susceptibles de conciliación y
las condiciones subjetivas que, en materia de capacidad y de consentimiento,
deben tener las partes para poder conciliar. Así, la Sentencia C-893 de 2001 (M.P. Clara
Inés Vargas Hernández), sostuvo:
“La conciliación es un mecanismo
excepcional,  porque dependiendo de la naturaleza jurídica del interés
afectado, sólo algunos de los asuntos que podrían ser sometidos a una decisión
jurisdiccional, pueden llevarse ante una audiencia de conciliación. En general,
son susceptible de conciliación los conflictos jurídicos que surgen en relación
con derechos disponibles y por parte de sujetos capaces de disponer.”
21. En relación
con el objeto de este mecanismo alternativo de resolución de conflictos, la
Corte ha dicho que la conciliación únicamente puede versar sobre conflictos
susceptibles de disposición por las partes.  Ello supone dos tipos de límites,
unos subjetivos y otros objetivos. En relación con los límites subjetivos, las
partes deben tener la capacidad de disposición sobre aquello que es objeto de
conciliación. Es decir, las partes deben ser titulares de los derechos objeto
de la conciliación, o tener la legitimidad para disponer sobre los intereses a
conciliar, tener la representación para disponer de ellos, o en cualquier caso
tener la facultad de disposición con fundamento en algún título de carácter
jurídico. Por lo tanto, la Corte ha sostenido que no resulta aceptable la
conciliación en materias que comprometan, entre otros, el interés público,[4] como en lo
relacionado con el estado civil de las personas, la legalidad de los actos
administrativos,[5]
los derechos y obligaciones ciertos e indiscutidos,[6] la vigencia
y efectividad de los derechos fundamentales.[7]
22. La Sentencia
C-066 de 1999 antes mencionada sostuvo que resulta contrario a la
Constitución que una ley le permita a un individuo conciliar sobre asuntos que
involucren intereses o derechos de los cuales no es titular. En aquel caso, la
Corte declaró la inconstitucionalidad de la conciliación respecto de asuntos relacionados
con el despido de personas con fuero sindical, por cuanto dicho fuero compromete
el derecho de asociación sindical. Aun cuando el fuero cobija sólo a los
directivos y a los fundadores de los sindicatos, esta garantía hace parte del
derecho fundamental de asociación sindical, que tiene una dimensión colectiva
que repercute sobre los asociados al sindicato, y sobre los trabajadores en
general. En efecto, como lo ha sostenido la jurisprudencia constitucional en
reiteradas ocasiones, el fuero sindical no es una garantía personal dirigida a
proteger la estabilidad laboral de quienes lo detentan de manera permanente o
temporal.[8]
Es una garantía institucional encaminada a proteger el derecho de asociación y
el libre ejercicio de la actividad sindical que tienen todos los trabajadores,
así cubra únicamente a los directivos y a los fundadores. En la medida en que
se trata de un derecho fundamental que tiene el carácter de inalienable, los directivos
sindicales no tienen capacidad para disponer sobre el fuero. Por lo tanto, en
la medida en que se afecta la inalienabilidad del derecho de asociación
sindical, resulta inconstitucional que la ley les permitiera a estos últimos
disponer sobre derechos fundamentales ajenos.
23. Otro límite
que la Corte ha puesto a la posibilidad de conciliar y de someter a tribunales
de arbitramento se refiere a la capacidad de ciertos sujetos que, por
limitaciones a la autonomía de la voluntad, gozan de una especial protección
por parte del ordenamiento jurídico. Así, la Corte ha sostenido que no son
susceptibles de conciliación los derechos de personas que el sistema jurídico
considere incapaces.[9]
Más adelante, la Sentencia C-893 de 2001, dijo:
“A la conciliación le
caben los mismos argumentos expuestos por la Corte en relación con el
arbitramento, en lo que tiene que ver con las materias susceptibles de
transacción. Así debe decirse que están excluidos de ser conciliables
asuntos relativos al estado civil o a los derechos de incapaces, o
derechos sobre los cuales la ley prohíba a su titular disponer. Del mismo modo,
puede decirse que a conciliación no pueden ser sometidos asuntos que involucren
el orden público, la soberanía nacional o el orden constitucional, o materias
relacionadas con la legalidad de los actos administrativos.”
24. En relación
con los límites objetivos, los intereses o bienes jurídicos también deben ser,
por su naturaleza, susceptibles de disposición. En efecto, en la Sentencia
C-893 de 2001 la Corte sostuvo que la conciliación es un mecanismo
excepcional que opera de manera complementaria, no sustitutiva a los mecanismos
jurisdiccionales de resolución de conflictos. En esa medida, no todos los
asuntos susceptibles de ventilarse por las vías jurisdiccionales son
susceptibles de conciliación. Por lo tanto, como ya se mencionó, no es posible conciliar
asuntos atinentes  a cuestiones de orden público, soberanía nacional, el orden
jurídico positivo, o algunos elementos o garantías inalienables de los derechos
fundamentales. Sin embargo, es perfectamente posible que el titular de un
derecho fundamental concilie los aspectos económicos relacionados con dicho derecho.
Esto ocurre cuando un trabajador concilia con su empleador el monto de sumas
adeudadas por concepto de salarios dejados de percibir,[10] o cuando
una víctima concilia con el perpetrador la indemnización a la que tiene derecho
como consecuencia de una conducta punible.[11]
25. La existencia de estos límites objetivos y
subjetivos permitiría cuestionar si la restricción legal a la posibilidad de
que las personas concilien sobre garantías y derechos subjetivos constituye una
forma de paternalismo que resulta contraria a las libertades individuales[12]. Sin embargo, las personas
ejercen sus libertades individuales en contextos sociales y políticos
concretos. Más aun, en la medida en que por definición las libertades implican la
facultad para pensar, actuar o no actuar, sin obstáculos o interferencias
externas, toda libertad es relacional. Ello significa que las libertades se
ejercen frente a una persona, frente a un grupo o frente a una institución, que
presumiblemente tienen el poder para interferir u obstaculizar el pensamiento,
la acción o la omisión del titular del derecho.
26. En la medida en que las libertades individuales se
ejercen frente a una persona, grupo o institución, su efectividad requiere garantizar
también unas condiciones mínimas de igualdad. Al impedir que las partes sometan
a conciliación ciertos asuntos se garantiza que un juez resuelva los conflictos
conforme a las normas del ordenamiento jurídico, en lugar de dejar su
resolución en manos de las partes. Estas pueden encontrarse en condiciones de tal
desigualdad que terminen por afectar el resultado, con lo cual la conciliación
puede terminar reproduciendo, o incluso agravando, las desigualdades sociales
existentes, en lugar de contribuir al logro de la justicia y de la paz al
interior de la sociedad.
Así lo ha reconocido esta Corporación, que en la Sentencia
C-893 de 2001 citada, sostuvo:
“Con todo se han
identificado algunos de los peligros que encierra la puesta en práctica de la
justicia informal: las profundas desigualdades materiales entre las partes, que
inclinaría la balanza a favor del más poderoso; la existencia de una justicia
comunitaria de tipo sancionador; la trivialización de las demandas ciudadanas
de cambio social; la desactivación de los movimientos de organización
comunitaria mediante la judialización (sic) de la participación social
y  la legitimación de una descarga  de trabajo para la administración de
justicia.”
27. Por tales motivos, en la medida en que la solución
depende exclusivamente de la voluntad de las partes, el Congreso debe
garantizar que las disposiciones de orden legal que regulan la conciliación
protejan de manera efectiva tanto el ordenamiento jurídico, como la libertad de
las partes para disponer de sus derechos. Por lo tanto, el Congreso debe garantizar
que existan las condiciones necesarias y suficientes para que el ejercicio del
consentimiento de las partes sea libre en la conciliación. Es decir, la ley
debe asegurar que la voluntad de quienes aspiran a conciliar esté libre de
coacción externa.
28. Ahora bien, como lo ha sostenido la Corte en
reiteradas ocasiones, la sola existencia de asimetrías en el poder de
negociación producto de las desigualdades sociales entre las partes en una
conciliación no constituyen un fundamento para declarar la inconstitucionalidad
de una norma jurídica. Por el contrario, la Corte ha avalado en múltiples
oportunidades la posibilidad de conciliación entre personas o grupos sociales
en condiciones de desigualdad.[13]
Sin embargo, lo que sí resultaría inaceptable desde el punto de vista de la
Constitución sería que mediante la conciliación una de las partes pudiera
beneficiarse de asimetrías provenientes de factores de poder ilegítimos, como
el miedo instigado por la violencia, por la desprotección del Estado, o por la
tenencia de las armas. Esta posibilidad resulta inaceptable en un país donde,
desafortunadamente, las armas siguen representando un poder de facto en muchas
regiones del país, pues atentaría contra la autonomía de la voluntad que
constituye un presupuesto necesario para la conciliación.
Constitución y justicia transicional
29. El objetivo de la justicia transicional es crear
un conjunto de  condiciones que permitan darle efectividad a la justicia y
lograr la paz social durante períodos de tránsito, caracterizados por la
presencia de conflictos sociales y políticos agudos, que atentan contra los
derechos de las personas y contra la estabilidad de las instituciones. Para
garantizar la eficacia de la justicia en contextos como estos se implementan un
conjunto de mecanismos encaminados a establecer responsabilidades individuales
y colectivas por violaciones de los derechos humanos. Estos suelen ser
mecanismos diferentes de aquellos establecidos en los sistemas jurídicos durante
períodos de relativa normalidad. Sin embargo, como lo ha establecido esta
Corporación, el que se trate de mecanismos diferentes a los utilizados por el
sistema de justicia durante períodos de normalidad no significa que la justicia
transicional pueda ubicarse por fuera del marco de la Constitución. Al
respecto, la Corte en Sentencia C-771 de 2011 (M.P. Nilson Pinilla), dijo:
“A partir de esta reflexión, resulta claro que la
implantación de ese tipo de medidas en un determinado Estado debe resultar
aceptable dentro de su marco constitucional, pues lo contrario implicaría una
disminución de los estándares de justicia y de protección de los derechos de
las víctimas, que la sociedad tiene derecho a asegurar, como consecuencia y
realización de los preceptos, valores y principios presentes en el texto
superior, y de las reglas contenidas en los tratados que integran el bloque de
constitucionalidad.”
30.    En algunos casos, la justicia transicional
supone un grado mayor de sacrificio de bienes jurídicos asociados con el valor
de la justicia que en la justicia permanente. La racionalidad detrás de este
tipo de medidas parte del presupuesto según el cual en situaciones de conflicto,
aunque las partes cometen violaciones de los derechos humanos que deben ser
sancionados, resulta más importante la necesidad de restablecer el tejido social.
De esa manera, para facilitar la paz social, algunas normas del sistema
jurídico deben ser más flexibles que en situaciones ordinarias.
En otros casos, sin embargo, la justicia transicional sirve
como garantía de no repetición, lo cual supone normas jurídicas con
consecuencias más severas. No se puede ignorar que en situaciones de conflicto,
quienes suelen tener que asumir las peores consecuencias, y quienes tienden a
ser victimizados son los sectores más débiles de la sociedad. Por lo tanto,
para permitir que estos mecanismos sean de verdad mecanismos de justicia, es
necesario que protejan con mayor intensidad a los más débiles de la sociedad. En
este punto debe reconocerse que la justicia transicional debe cumplir una
función transformadora, más que restaurativa. En esa medida, no es suficiente con
restablecer las cosas al estado anterior a la ocurrencia de las violaciones de
los derechos humanos. Por el contrario, es necesario reconocer que en ese
estado de cosas las víctimas se encontraban en situación de desprotección, puesto
que esa fue la condición que permitió que ocurrieran los hechos victimizantes. En
esa medida, la protección provista por el sistema de justicia transicional debe
estar encaminada a empoderar a las partes más débiles para impedir una nueva
victimización. Ello supone reforzar la protección que les otorga el sistema
jurídico, para garantizar las condiciones de no repetición de los hechos
victimizantes.
31. Tal como lo ha dicho la Corte en innumerables
ocasiones, las víctimas de despojo de bienes y de abandono forzado de bienes
requieren una protección reforzada mediante los sistemas de justicia
transicional. Son, en otras palabras, lo que la Corte ha denominado el carácter
prevalente de los derechos de los sujetos de especial protección
constitucional. Al analizar la constitucionalidad de diversas disposiciones de
la Ley 975 de 2005, conocida como la Ley de Justicia y Paz, la Corte tuvo
oportunidad de analizar el alcance de las medidas de justicia transicional. En
particular, la Corte se refirió a la protección constitucional reforzada de la
que son destinatarias las víctimas de graves violaciones de los derechos
humanos, así:
“Del artículo 250 Superior  que señala que el Fiscal
General de la Nación debe ‘velar
por la protección de las víctimas’ se desprende que la víctima o
perjudicado por un delito goza de una protección constitucional. Esta protección,
en una interpretación sistemática de la Constitución, en especial del derecho a
acceder a la justicia y del bloque de constitucionalidad, comprende, entre
otros, los derechos a la verdad, la justicia y la reparación.”
32. Por otra parte, la consagración de las víctimas
del conflicto armado, y como parte de ellas, las de despojo, abandono y
desplazamiento forzado como sujetos de especial protección constitucional fue
reiterada en la Sentencia C-609 de 2012 (M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio). Al establecer el tipo de test a través del cual debía analizar el
parágrafo 1º del artículo 44 de la Ley 1448 de 2011, esta Corporación sostuvo:
“Así las cosas, considera esta
Corporación que el supuesto planteado en la demanda respecto de la posible vulneración
del derecho de las víctimas trae consigo aplicar un test de igualdad estricto, por
cuanto en amplia jurisprudencia constitucional (supra 7 y ss)  estas han sido
catalogados como sujetos de especial protección constitucional.”
33.    Esta clasificación se debe a la condición de
especial vulnerabilidad en que se encuentran. Tal condición de vulnerabilidad se
debe, entre otras razones, a la continuidad del conflicto armado y de otras
formas de violencia endémica que hay en nuestro país. Al respecto, la Sentencia
T-025 de 2004 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), sostuvo:
“También ha resaltado esta Corporación que, por las
circunstancias que rodean el desplazamiento interno, las personas –en su mayor
parte mujeres cabeza de familia, niños y personas de la tercera edad ‑
que se ven obligadas ‘a abandonar intempestivamente su lugar de residencia y
sus actividades económicas habituales, debiendo migrar a otro lugar dentro de
las fronteras del territorio nacional’ para huir de la violencia generada por
el conflicto armado interno y por el desconocimiento sistemático de los
derechos humanos o del derecho internacional humanitario, quedan expuestas a un nivel mucho mayor de
vulnerabilidad, que implica una violación grave, masiva y sistemática de sus
derechos fundamentales y, por lo mismo, amerita el otorgamiento de una
especial atención por las autoridades: ‘Las personas desplazadas por la
violencia se encuentran en un estado de debilidad que los hace merecedores de
un tratamiento especial por parte del Estado’.” (resaltado fuera de texto)
34. En ese contexto de violencia, existen instancias
que suponen un riesgo especial para las víctimas. Una de tales instancias es,
precisamente, el proceso de restitución de tierras. Nuestro país adoptó un
modelo para proteger las tierras y territorios de las víctimas a través del
proceso de restitución en medio del conflicto. Este modelo tiene ventajas
importantes, como por ejemplo, que permite proteger los derechos de las
víctimas, independientemente del resultado de un proceso de paz, que para el
momento en que se promulgó la Ley 1448 de 2011, era sólo una posibilidad. Por
otra parte, la protección de los derechos territoriales de las víctimas en
medio del conflicto impide la pérdida de las pruebas sobre la relación de las
víctimas con la tierra y sobre los hechos de despojo, lo cual es de suma
importancia en un contexto caracterizado por la informalidad en dichas relaciones.
Así mismo, este modelo permite prevenir la situación
de desarraigo y de rompimiento del tejido social, producto del desplazamiento
forzado, especialmente en las áreas rurales de este país. Sin embargo, como lo
muestran las cifras de homicidios y amenazas en contra de los líderes, y la
aparición de los denominados “ejércitos anti-restitución”, la restitución en
medio del conflicto implica también una serie de riesgos importantes para la
población víctima de despojo, abandono y desplazamiento forzado. Estos hechos y
amenazas de violencia son mecanismos disuasivos para impedir que las víctimas puedan
recuperar los derechos sobre sus tierras y territorios. Así lo reconoció
recientemente esta Corporación en la Sentencia SU-235 de 2016 (M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado), en la cual sostuvo lo siguiente:
“19. Por otra parte, no puede
desconocerse que en nuestro país el solo hecho de acudir al sistema de
administración de justicia puede constituir un factor de riesgo para los
líderes de restitución y para las familias que han sido objeto de despojo de
sus tierras. Así lo atestiguan fenómenos como la aparición de los llamados
“ejércitos anti-restitución”, así como los múltiples homicidios y demás actos
de violencia cometidos contra los líderes de restitución en nuestro país en los
últimos años. Este es uno de los riesgos inherentes a la decisión que adoptó el
Legislador, de llevar a cabo un proceso de restitución de tierras en medio de
un conflicto armado, como resultado de la declaratoria del Estado de Cosas
Inconstitucional declarado por la Sentencia T-025 de 2004  y posteriormente
desarrollado en el Auto 008 de 2009 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa). Sin
embargo, como también lo ha reconocido esta Corporación, el riesgo es bastante
mayor cuando los victimarios permanecen en la zona donde se produjo el despojo
durante el proceso de restitución y/o del retorno.”
35. Sin embargo, no todos los riesgos que implica el
proceso de restitución para la población víctima son resultado del modelo de
restitución durante el conflicto. Dichos riesgos provienen de factores
estructurales como el abandono estatal, u otros que son adyacentes o están incidentalmente
vinculados, pero que no necesariamente tienen una relación directa con el
conflicto armado. En todo caso, la presencia del Estado en gran parte de los
territorios donde se llevan a cabo procesos de restitución sigue siendo muy
precaria, y el fortalecimiento institucional en estas áreas es un proceso que
tardará muchos años en llevarse a cabo. Por otra parte, el análisis comparativo
muestra que los índices de criminalidad suelen aumentar en los períodos
subsiguientes a los procesos de paz.[14]
En ese orden de ideas, las víctimas del conflicto armado se encuentran
especialmente expuestas a distintas formas de violencia, incluso después de que
culminan dichos procesos.
El objeto del proceso de restitución
36. Para establecer si la inadmisibilidad de la
conciliación en los procesos de restitución vulnera los derechos al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, la Corte debe definir el objeto
de dicho proceso. Ello le permite a la Corte identificar los derechos, bienes
jurídicos e intereses involucrados en el proceso de restitución. Al identificar
estos derechos, bienes jurídicos e intereses, esta Corporación puede determinar
si los solicitantes de la restitución pueden disponer de ellos o si, por el
contrario, tienen sólo facultades limitadas de disposición. Adicionalmente, su
identificación le permite a la Corte establecer si la decisión legislativa de
limitar la posibilidad de la conciliación en estos procesos es razonable y
proporcionada.
37. Conforme al artículo 72 de la Ley 1448 de 2011, el
objeto del proceso es la restitución material y jurídica de los inmuebles que
hayan sido objeto de despojo o abandono forzado, y cuando ello no sea posible,
la compensación en especie o en dinero. A simple vista, se trataría de derechos
de índole económica que son susceptibles de libre disposición. En esa medida,
nada se opondría a que se pudieran conciliar. Desde una perspectiva
constitucional, sin embargo, el proceso de restitución de tierras abarca mucho
más que la simple recuperación de bienes inmuebles para su propietario o
poseedor. En efecto, la Corte ha sostenido una línea jurisprudencial ininterrumpida
según la cual el desplazamiento forzado, el despojo, el abandono forzado, y las
demás afectaciones territoriales tienen implicaciones para una serie de
derechos constitucionales, muchos de ellos de carácter fundamental.
Así, por ejemplo, la Corte en Sentencia T-025 de 2004
(M.P. Manuel José Cepeda Espinosa) consideró como víctimas de desplazamiento
forzado “las personas que ven afectados sus derechos a la vida digna, a la
libertad para escoger domicilio, al libre desarrollo de la personalidad, como
facultad para escoger su propio proyecto de vida, a la libertad de expresión y
asociación, los derechos sociales, el derecho a la unidad familiar, a la salud,
a la integridad personal, a la seguridad personal, a la circulación, al
trabajo, a la alimentación, a la educación, a la vivienda, a la paz y a la
igualdad.”[15]
Como se observa, la Corte ha sostenido que el desplazamiento, el abandono
forzado y el despojo afectan una serie de derechos, algunos de los cuales son
de carácter fundamental. Al estar involucrados derechos fundamentales, la Corte
observa que, prima facie, la inadmisibilidad de la conciliación dentro
del proceso de restitución cuenta con un fundamento constitucional sólido.
38. Ahora bien, además de los derechos enunciados en la
sentencia citada, no se puede desconocer que el proceso de restitución
involucra otro derecho fundamental, que es el derecho a conocer la verdad sobre
las violaciones de los derechos humanos y demás hechos victimizantes. En
efecto, la misma Ley 1448 de 2011 en su artículo 1º establece que uno de los
objetos de la ley es garantizar el derecho a la verdad. Ahora bien, la Corte ha
dicho que la titularidad de este derecho no está únicamente en cabeza de quien
sufre el hecho victimizante, también está en cabeza de sus familiares y de la
sociedad en su conjunto. Al respecto, la Corte en Sentencia C-370 de 2006
acogió la interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos que
hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En dicha ocasión la Corte
sostuvo:
“4.5.10. El derecho a la verdad
implica que en cabeza de las víctimas existe un derecho a conocer lo
sucedido, a saber quiénes fueron los agentes del daño, a que los hechos se
investiguen seriamente y se sancionen por el Estado, y a que se prevenga la
impunidad.
4.5.11. El derecho a la verdad implica para los familiares
de la víctima la posibilidad de conocer lo sucedido a ésta, y, en caso de
atentados contra el derecho a la vida, en derecho a saber dónde se encuentran
sus restos; en estos supuestos, este conocimiento constituye un medio de
reparación y, por tanto, una expectativa que el Estado debe satisfacer a los
familiares de la víctima y a la sociedad como un todo.
4.5.12. La sociedad también tiene un derecho a
conocer la verdad, que implica la divulgación pública de los resultados de
las investigaciones sobre graves violaciones de derechos humanos.” (resaltado fuera de texto original)
39. Por su parte, la Corte en Sentencia C-715 de
2012 (Luis Ernesto Vargas Silva) estableció que el derecho a la verdad tiene
determinadas características, entre las cuales se cuenta el tener una dimensión
colectiva, y la necesidad de que se garantice mediante investigaciones que debe
llevar a cabo el Estado. Sobre el particular afirmó:
5.2.2 En relación con el derecho a la verdad,
la jurisprudencia de la Corte ha establecido los siguientes criterios
jurisprudenciales:
…
(ii) Así, las víctimas y los perjudicados por graves violaciones de
derechos humanos tienen el derecho inalienable a saber la verdad de lo ocurrido;
(iii) este derecho se encuentra en cabeza de las víctimas,
de sus familiares y de la sociedad en su conjunto, y por tanto apareja una
dimensión individual y una colectiva;
…
(v) la dimensión colectiva del derecho
a la verdad, por su parte, significa que la sociedad debe conocer
la realidad de lo sucedido, su propia historia, la posibilidad de elaborar
un relato colectivo a través de la divulgación pública de los resultados de las
investigaciones, e implica la obligación de contar con una “memoria pública”
sobre los resultados de estas investigaciones sobre graves violaciones de
derechos humanos;
…
(vii) con la garantía del derecho a la
verdad se busca la coincidencia entre la verdad procesal y la verdad real;
(viii) este derecho se encuentra
intrínsecamente relacionado y conectado con el derecho a la justicia y a la
reparación. Así, el derecho a la verdad se encuentra vinculado con el
derecho de acceso a la justicia, ya que la verdad sólo es posible si se
proscribe la impunidad y se garantiza, a través de investigaciones
serias, responsables, imparciales, integrales y sistemáticas por parte del
Estado, el consecuente esclarecimiento de los hechos y la correspondiente
sanción;
…
40. Como se observa entonces, conforme al criterio
acogido por esta Corporación la titularidad del derecho a la verdad está en
cabeza de la víctima, de sus familiares y de la sociedad y debe estar
garantizado por el Estado. Como la víctima no es la única titular del derecho a
la verdad, es claro que el solicitante  de la restitución no puede disponer autónomamente
de este derecho. Por lo tanto, también desde este punto de vista se refuerzan
los argumentos que justificarían la constitucionalidad de la inadmisibilidad de
la conciliación en los procesos de restitución.
41. Con todo, podría alegarse que conforme al
principio de dignidad humana la ley no puede utilizar al solicitante como un
medio para esclarecer la verdad sobre el despojo y abandono forzado de bienes. Conforme
a dicho principio, los seres humanos son fines en sí mismos, dotados de un
ámbito irreductible de libertad individual, y el Estado no puede entrar a
limitarla con el propósito utilitarista de beneficiar a la sociedad mediante el
conocimiento de la verdad. Este argumento de principio resultaría razonable si
las condiciones actuales de nuestro país permitieran garantizar el ejercicio
pleno de la autonomía de la voluntad a cada individuo. Sin embargo,
desafortunadamente ello no es así. La situación de vulnerabilidad en la que se
encuentran los solicitantes de restitución por todos los factores mencionados
en la presente sentencia lleva a que muchos de ellos se encuentren sujetos a
presiones externas que les impiden ejercer su libertad individual.  Desde esta
perspectiva, ante la falta de las garantías mínimas necesarias para el
ejercicio de la libertad individual de los solicitantes de restitución, este
argumento no resulta aceptable.
42. Finalmente, además del derecho a conocer la
verdad, el proceso de restitución involucra, valga la redundancia, el derecho
fundamental a la restitución de la tierra, el cual ha sido comprendido por la
jurisprudencia constitucional como “componente preferente y principal de la
reparación integral a víctimas y, por otro, como una política dirigida a
favorecer la recomposición del tejido social y la construcción de una paz
sostenible, especialmente, en los territorios golpeados por la violencia”[16].
El presunto deber constitucional del
legislador de permitir la conciliación en los procesos de restitución de
tierras
43.    Según el argumento planteado por el demandante
y por algunos de los intervinientes, la inadmisibilidad de la conciliación en
los procesos de restitución de tierras vulnera los derechos al debido proceso y
de acceso a la administración de justicia. Según este planteamiento el
legislador tiene el deber constitucional bien sea de establecer la conciliación
como una actuación anterior al proceso o como parte del mismo, o de permitir la
conciliación por fuera del proceso de restitución. Este planteamiento, sin
embargo, no resulta de recibo para la Corte por varias razones.
44.    En primer lugar, porque como lo ha sostenido la
Corte en múltiples oportunidades, el Legislador cuenta con un amplio margen de
configuración para estructurar los procesos judiciales. Como parte de este
margen puede decidir qué actuaciones y recursos hacen parte del proceso
judicial y cuáles no. Dentro de este margen de configuración, el Congreso puede
decidir en qué casos establece la conciliación como un requisito previo,
necesario para interponer determinada acción judicial, o como una etapa dentro
del proceso. En ese mismo orden de ideas, como parte del margen de
configuración que le compete, la ley también puede decidir no exigirles a las partes
llevar a cabo esta actuación.
45.    Por otra parte, la Corte también ha sostenido
en diversas ocasiones que el Congreso cuenta con un amplio margen de
configuración para regular la conciliación. Este margen de configuración,
entonces, no se limita a la estructuración de las etapas del proceso judicial,
sino que también se predica de la conciliación por fuera del proceso. Así, la
Corte ha sostenido que el legislador puede decidir qué materias pueden ser
objeto de conciliación y cuáles no lo son.
46.    Por supuesto, el margen de configuración del
cual dispone el Congreso para determinar los recursos y actuaciones dentro de
los procesos judiciales, los requisitos de procedibilidad de las acciones, y
para decidir las materias que pueden ser objeto de conciliación, no es
absoluto. Está limitado, entre otras, por los derechos al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia. Con base en lo dicho hasta ahora, corresponde
entonces a esta Corporación responder, en primer lugar, al interrogante de si la
conciliación hace parte de las garantías constitucionales que conforman el
derecho al debido proceso. Así mismo, le corresponde concluir si la
inadmisibilidad de la conciliación limita el acceso a la administración de
justicia.
47.    Para la Corte la posibilidad de conciliar no hace
parte de las garantías constitucionales que configuran el derecho al debido
proceso. En primer lugar, porque el artículo 29 de la Constitución no hace
mención alguna de la conciliación, ni de otro mecanismo alternativo de resolución
de conflictos. Por otra parte, la inclusión de la conciliación como una garantía
constitucional del debido proceso tampoco se desprende de una interpretación
sistemática o teleológica de la Constitución. En efecto, es perfectamente
posible que el Congreso decida excluir la posibilidad de que las partes
solucionen controversias mediante la conciliación, o mediante otras formas de
solución alternativa de conflictos, en determinados procesos. En efecto, tanto
la determinación de los recursos y actuaciones propios de cada proceso, como la
decisión respecto de las materias que pueden ser objeto de conciliación hacen
parte de la potestad de configuración del legislador. Por lo tanto, no existen
en el ordenamiento jurídico procesos judiciales o tipos de conflictos respecto
de los cuales el Legislador tenga el deber constitucional de permitir la
conciliación, sea ésta un presupuesto procesal de la acción, una actuación
dentro del proceso, o por fuera de él.
48.    Por otra parte, la inadmisibilidad de la
conciliación judicial y extra proceso no limita el derecho de acceso a la
administración de justicia. Como lo ha sostenido esta Corporación en múltiples
ocasiones, la conciliación es un mecanismo excepcional, y debe entenderse como
complementario de los mecanismos principales de administración de justicia. De
tal modo, la imposibilidad de acudir a un mecanismo que de por sí es excepcional
y complementario no puede entenderse como una limitación del derecho de acceso
a la administración de justicia.
Por el contrario, tal y como ha quedado consignado a
lo largo de esta providencia, la Corte observa que el Congreso, en ejercicio de
su potestad configurativa, y siguiendo con los parámetros establecidos por esta
Corporación y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, concluyó la
inadmisibilidad de la conciliación judicial o extra proceso como mecanismo para
proteger los derechos fundamentales de los solicitantes de restitución, de sus
familias, y el derecho a la verdad que también están en cabeza de toda la
sociedad. En esa medida, el cargo por violación del derecho de acceso a la
administración de justicia también debe descartarse.
Conclusión
El deber de las autoridades de garantizar la
efectividad de los derechos consagrados en la Constitución (artículo 2°), como
el debido proceso y el acceso a la administración de justicia (artículos 29 y
229), no obliga al Congreso a admitir la conciliación judicial o extra judicial
en los procesos de restitución de tierras. Lo anterior, por cuanto (i) la
posibilidad de conciliar no hace parte de las garantías constitucionales que
configuran el derecho al debido proceso, (ii) la inclusión de la conciliación
como una garantía constitucional del debido proceso no se desprende de una
interpretación sistemática o teleológica de la Constitución, (iii) no existen
en el ordenamiento jurídico procesos judiciales o tipos de conflictos respecto
de los cuales el Congreso tenga el deber constitucional de permitir la
conciliación, sea ésta un presupuesto procesal de la acción, una actuación
dentro del proceso, o por fuera de él, (iv) la inadmisibilidad de un mecanismo
que de por sí es excepcional y complementario no puede entenderse como una
limitación del derecho de acceso a la administración de justicia y (v) la
inadmisibilidad de la conciliación judicial o extra judicial  se constituye en
un mecanismo diseñado por el Congreso para proteger los derechos fundamentales
de los solicitantes de restitución, de sus familias, y el derecho a la verdad
que también están en cabeza de toda la sociedad, en contextos en los cuales existen
riesgos de presiones externas que tienen la potencialidad de afectar la
autonomía de la voluntad.
VII.   DECISION
En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Declarar EXEQUIBLE, por
los cargos analizados, la expresión “ni la conciliación”, contenida
en el artículo 94 de la Ley 1448 de 2011.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, cúmplase y
archívese el expediente.
MARÍA
VICTORIA CALLE CORREA
Presidenta
Con
aclaración de voto
LUIS GUILLERMO GUERRERO
PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Magistrado
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
JORGE
IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
Ausente
con excusa
ALBERTO
ROJAS RIOS
Magistrado
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria
General
ACLARACION DE VOTO DE LA MAGISTRADA
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
A LA SENTENCIA C-404/16
Expediente: D-11196
Actor: Maximiliano Londoño Arango
Demanda de inconstitucionalidad contra el
artículo 94 (parcial) de la Ley 1448 de 2011, por la cual se dictan medidas de
atención, asistencia, reparación integral a las víctimas del conflicto armado
interno y se dictan otras disposiciones.
Magistrado Ponente:
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Con el respeto acostumbrado por las decisiones de la
Corte Constitucional, aclaro mi voto a la sentencia C-404 de 2016.
En la sentencia de la referencia, la Corte
Constitucional declaró exequible la expresión “ni en conciliación”, contenida
en el artículo 94 de la Ley 1448 o “de víctimas y restitución de tierras”, que
hace referencia a las actuaciones que no son admisibles en el procedimiento de
restitución de tierras.
La Corporación consideró que la decisión de excluir la
conciliación de este escenario se encuentra amparada por el amplio margen de
configuración del Congreso en materia de procedimientos judiciales, debido a la
importancia de los bienes jurídicos que protege el trámite de restitución de
tierras, y que exceden a una pretensión económica individual, relativa a la
protección de la propiedad privada.
En el centro de la argumentación desarrollada por  la
Sala se afirma que uno de los fines del proceso de restitución de tierras es la
reconstrucción de la verdad, un derecho fundamental de las víctimas, que posee
al mismo tiempo una dimensión individual y una colectiva, razón por la cual
resulta plausible y válida en el marco de la Constitución Política, la decisión
de excluir la conciliación de estos procesos.
Comparto esa decisión, aunque me parece imprescindible
señalar que el bien jurídico directamente protegido en estos trámites, es el
derecho fundamental de las víctimas a la restitución de las tierras
abandonadas y despojadas forzosamente. Esta característica de la restitución
fue por primera vez mencionada por la Corte Constitucional en la sentencia
T-821 de 2007[17], y posteriormente ha sido reiterada de
forma constante por la Corporación, tanto en decisiones de revisión de tutela
como en fallos de constitucionalidad. La protección de este derecho
fundamental, que difiere de la propiedad privada, por tratarse de la forma
principal para buscar la reparación de las víctimas, para lograr una transición
eficaz y dotar de estabilidad a la paz, resultaba indispensable para una
adecuada comprensión de la ratio decidendi del pronunciamiento.
Fecha ut supra,
María Victoria Calle Correa
Magistrada
[1] Tal y como se evidencia en la Gaceta No. 63 del 1º de marzo de
2011.
[2] Con todo, a pesar de no tratarse propiamente de una función
judicial, la jurisprudencia ha variado en torno al tema de si la conciliación
es una forma de administración de justicia. En la Sentencia C-066 de 1999 y en
otras que le siguieron, la Corte sostuvo que tampoco era una función propia de
administración de justicia. Sin embargo, en la Sentencia C-1195 de 2001, la
Corte sostuvo lo contrario.
[3] Ver Sentencias C-160 de 1999 (M.P. Antonio Barrera Carbonell)
Fundamento Jurídico 3.1 f), C-314 de 2002 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra)
título 5,
[4] Sentencia T-589 de 1998 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[5] Sentencia C-1436 de 2000 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra).
[6] Sentencias C-1436 de 2000 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra), C-910 de
2004 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
[7] Sentencias T-374 de 1993 (M.P. Fabio Morán Díaz), T-232 de 1996
(M.P. Alejandro Martínez Caballero), C-160 de 1999 (M.P. Antonio Barrera
Carbonell), T-1248 de 2004 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), entre otras.
[8] Ver Sentencias T-220 de 2012 (M.P.
Mauricio González Cuervo), T-938 de 2011 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla), entre
otras.
[9] Sentencia C-893 de 2001 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández).
[10] Ver Sentencias C-160 de 1999 (M.P.
Antonio Barrera Carbonell), C-891 de 2001 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández).
[11] Ver Sentencias C-059 de 2005 (M.P. Clara
Inés Vargas Hernández), C-979 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
[12] En relación con los límites consagrados por la Corte
Constitucional en relación con otros mecanismos alternativos de solución de
conflictos, en la Sentencia C-099 de 2013, (M.P. María Victoria Calle Correa)
esta Corporación analizó si resultaba contrario a los derechos a la verdad, la
justicia y a la reparación integral de las víctimas que el artículo 132 de la
Ley 1448 de 2011, estableciera que la aceptación del contrato de transacción,
impedía a la víctima que ha aceptado la indemnización administrativa, acudir a
cualquier proceso judicial para obtener la satisfacción de tales derechos.
Para resolver la Corte precisó que en el caso de los daños causados por
crímenes de lesa humanidad, tales como tortura, genocidio, desaparición
forzada, ejecuciones extrajudiciales, y violaciones, o cuando concurran en una
misma víctima varios de estos hechos y sean atribuibles a agentes del Estado,
el cerrar toda posibilidad de reparación pecuniaria adicional, por el simple
hecho de haber suscrito el contrato de transacción, resultaba contrario al
derecho de las víctimas a ser reparadas integralmente, pues por esta vía se les
impondría el deber de soportar un daño antijurídico exorbitante.
[13] Ver, entre otras, Sentencias C-891 de
2001, C-059 de 2005, antes citadas y C-1195 de 2001 (M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra y Manuel José Cepeda Espinosa).
[14] En este sentido, ver, entre otras, las siguientes referencias: Oficina
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (2016). Informe
anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Adición. Situación de los derechos humanos en Colombia (Versión avanzada no
editada). 15 de marzo de 2016. (A/HRC/31/3/Add.2) Párr. 23-30. Devia Garzón,
Camilo; Ortega Avellaneda, Dina; Magallanes Montoya Marcela. (2014) “Violencia
luego de la paz: escenarios de posconflicto en Centroamérica.” En: Revista
Republicana. No. 17, Jul-dic 119-148. Bogotá. Garzón, Juan Carlos. (2003).
“Las limitaciones de la paz”. En: Revista de Estudios Sociales. No. 15,
jun pp. 125-132. Kurtenbach, Sabine & Wulf, Herbert. (2012). Violence
and Security Concerns in Post-Conflict Situations. Duisburg: Institute for
Development and Peace (INEF). Project Working Paper No. 3. University of
Duisburg-Essen. Essen, Alemania. Pp. 1-60. Muggah, Robert. (2005). No Magic
Bullet: A Critical Perspective on Disarmament, Demobilization and Reintegration
(DDR) and Weapons Reduction in Post-conflict Contexts. En: The Round Table.
Vol. 94, No. 379, pp. 239–252. Gonzalo Wielandt. (2005). Hacia la
construcción de lecciones del posconflicto en América Latina y el Caribe. Una
mirada a la violencia juvenil en Centroamérica. CEPAL - SERIE Políticas
sociales. N° 115. Banar, Elaine; Fennel, Kristen; Gross, Adalbert; Hartmann,
Michael E. Isser, Deborah; Mackay, Andrew; O’Connor, Vivienne; Ralston, David
& Rausch, Colette .(2006). Combating Serious Crimes in Postconflict
Societies - English Edition. A Handbook for Policymakers and Practitioners.
(Colette Rausch, ed.). United States Institute of Peace. Bloomfield, David;
Callaghan, Noreen; Chea, Vannath; Freeman, Mark; Hamber, Brandon; Hayner,
Priscilla; Huyse, Luc; Uvin, Peter; Vandeginste, Stef & White, Ian. (2003).
Reconciliation after a violent conflict. A Handbook. Halmstad, Suecia.
International Institute for Democracy and Electoral Assistance. Pp. 1-278.
[15] Sentencia SU-235 de 2016.
[16] Sentencia C-330 de 2016, M.P. María
Victoria Calle Correa. Sobre el derecho fundamental a la restitución de la
tierra ver las sentencias T-821 de 2007, M.P. (e) Catalina Botero Marino,
C-820 de 2012, M.P. Mauricio González Cuervo y C-715 de 2012, M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva.
[17] T-821 de 2007 (MP Catalina Botero
Marino) “60. Las personas que se encuentran en situación de desplazamiento
forzado y que han sido despojadas violentamente de su tierra (de la tierra de
la cual son propietarias o poseedoras), tienen derecho fundamental a que el
Estado conserve su derecho a la propiedad o posesión y les restablezca el uso,
goce y libre disposición de la misma en las condiciones establecidas por el
derecho internacional en la materia. En efecto, en estos casos el derecho a la
propiedad o a la posesión adquiere un carácter particularmente, reforzado, que
merece atención especial por parte del Estado[82].
Ciertamente, si el derecho a la
reparación integral del daño causado a víctimas de violaciones masivas y
sistemáticas de derechos humanos, es un derecho fundamental, no puede menos que
afirmarse que el derecho a la restitución de los bienes de los cuales las
personas en situación de desplazamiento han sido despojadas, es también un
derecho fundamental. Como bien se sabe, el derecho a la restitución es uno de
los derechos que surgen del derecho a la reparación integral. En este sentido
es necesario recordar que el artículo 17 del Protocolo Adicional de los
Convenios de Ginebra de 1949[83] y los Principios
Rectores de los Desplazamientos Internos, consagrados en el Informe del
Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas para el Tema
de los Desplazamientos Internos de Personas[84] (los llamados
principios Deng), y entre ellos, los Principios 21, 28 y 29[85] y los Principios sobre
la restitución de las viviendas y el patrimonio de los refugiados y las
Personas desplazadas, hacen parte del Bloque de constitucionalidad en sentido
lato, en tanto son desarrollos adoptados por la doctrina internacional, del
derecho fundamental a la reparación integral por el daño causado[86] (C.P. art. 93.2)” (Ver, en el mismo sentido, la
sentencia T-085 de 2009 (MP Jaime Araújo Rentería, T-159 de 2011 (MP
Humberto Antonio Sierra Porto), T-679 de 2015 (MP Luis Ernesto Vargas
Silva. En sede de Constitucionalidad, vale la pena mencionar las decisiones  C-820 de 2012 (MP Mauricio González Cuervo), en la que expresó la
Corte: “Ha advertido esta Corporación que si
el derecho a la reparación integral del daño causado a víctimas de violaciones
masivas y sistemáticas de derechos humanos es un derecho fundamental, no puede
menos que afirmarse que el derecho a la restitución de los
bienes de los cuales las personas en situación de desplazamiento han sido
despojadas, es también un derecho fundamental y, por tanto, de
aplicación inmediata, siendo deber del Estado proteger los derechos de las
víctimas de abandono, despojo o usurpación de bienes[135]. Como elemento
fundamental de la justicia retributiva, se le atribuye a la restitución las
siguientes características: (i) ser un mecanismo de reparación y (ii) un
derecho en sí mismo, autónomo, con independencia de que se efectué el retorno,
o la reubicación de la víctima[136]. La
jurisprudencia constitucional la ha definido como  “restablecer o poner algo en el estado que antes tenía, es decir,
para el caso de las personas víctimas de la vulneración de los derechos
fundamentales, se trata de regresarlas a la situación en que se encontraban
antes de la transgresión de sus derechos.[137].”. Similares consideraciones se encuentran en las providencias C-715
de 2012 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), C-795 de 2014 (MP Jorge Iván
Palacio Palacio), C-298 de 2016 (MP Alberto Rojas Ríos) C-330 de 2016
(MP María Victoria Calle Correa).