SU049-17
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Sentencia SU049/17
DERECHO A LA ESTABILIDAD OCUPACIONAL REFORZADA-No se circunscribe a quienes han sido calificados con pérdida de
capacidad laboral moderada, severa o profunda
La jurisprudencia constitucional ha amparado el
derecho a la estabilidad ocupacional reforzada de quienes han sido
desvinculados sin autorización de la oficina del Trabajo, aun cuando no
presenten una situación de pérdida de capacidad laboral moderada, severa o
profunda, ni cuenten con certificación que acredite el porcentaje en que han
perdido su fuerza laboral, si se evidencia una situación de salud que les
impida o dificulte sustancialmente el desempeño de sus labores en condiciones
regulares.
DERECHO A LA ESTABILIDAD OCUPACIONAL REFORZADA-Alcance
El derecho fundamental a la estabilidad ocupacional
reforzada tiene arraigo constitucional directo y aplica a quienes estén en
condiciones de debilidad manifiesta, incluso si no cuentan con una calificación
de pérdida de capacidad laboral moderada, severa o profunda.
DERECHO A LA ESTABILIDAD OCUPACIONAL REFORZADA
EN LOS CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS, Y LA APLICACION DE LAS
PRESTACIONES DE LA LEY 361 DE 1997-Interpretación constitucional
Todas las
Salas de Revisión han afirmado que se tiene derecho al pago de la indemnización
de 180 días de salario, contemplada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, o
la han ordenado directamente, cuando la relación es de trabajo dependiente y se
vulnera el derecho a la estabilidad laboral reforzada. Esta protección no aplica
únicamente a las relaciones laborales de carácter dependiente, sino que se
extiende a los contratos de prestación de servicios independientes.
UNIFICACION DE
JURISPRUDENCIA EN MATERIA DE DERECHO A LA ESTABILIDAD OCUPACIONAL REFORZADA DE
PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD FISICA, SENSORIAL Y PSIQUICA
El derecho fundamental a la estabilidad
ocupacional reforzada es una garantía de la cual son titulares las personas que tengan una afectación en su salud que les impida o dificulte
sustancialmente el desempeño de sus labores en las condiciones regulares, con
independencia de si tienen una calificación
de pérdida de capacidad laboral moderada, severa o profunda. La estabilidad
ocupacional reforzada es aplicable a las relaciones originadas en contratos de
prestación de servicios, aun cuando no envuelvan relaciones laborales
(subordinadas) en la realidad. La violación a la estabilidad ocupacional
reforzada debe dar lugar a una indemnización de 180 días, según lo previsto en
el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, interpretado conforme a la Constitución,
incluso en el contexto de una relación contractual de prestación de servicios,
cuyo contratista sea una persona que no tenga calificación de pérdida de
capacidad laboral moderada, severa o profunda.
DERECHO A LA ESTABILIDAD OCUPACIONAL REFORZADA-Orden a compañía renovar el contrato de
prestación de servicios con el accionante, cancelar las remuneraciones que se
dejaron de pagar y la indemnización equivalente a 180 días de honorarios
Pese a que el actor era titular del derecho fundamental
a la estabilidad ocupacional reforzada, se le dio por terminado el vínculo
contractual sin autorización de la oficina del Trabajo y sin justa causa
probada
Referencia:
expediente T-4632398
Acción
de
tutela presentada por Ángel María Echavarría Oquendo contra Inciviles S.A.
Magistrada
ponente:
MARÍA
VICTORIA CALLE CORREA
Bogotá D.C., dos (2) de
febrero de dos mil diecisiete (2017)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada
por los Magistrados María Victoria Calle Correa –Presidenta–, Aquiles Arrieta
Gómez(e) Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo, Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo, Alberto Rojas Ríos, Gloria Stella Ortiz Delgado, Jorge
Iván Palacio Palacio, y Luis Ernesto Vargas Silva, en  uso de sus
facultades constitucionales y legales, ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
En el proceso de
revisión de los fallos proferidos, en primera instancia, por el Juzgado Treinta
Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín, el 8 de julio
de 2014 y, en segunda instancia, por el Juzgado Veintiuno Penal del Circuito de
Medellín, el 14 de agosto de 2014, [1]
en el proceso de tutela que inició el señor Ángel María Echavarría
Oquendo contra la empresa Inciviles S.A. En sesión del 11 de marzo de 2015, y con fundamento en el artículo 54A del
Reglamento vigente para ese entonces, la Sala Plena de la Corte Constitucional
decidió asumir el conocimiento de este proceso con el fin de unificar su
jurisprudencia sobre el tema. Mediante
auto del 19 de marzo de 2015, se suspendieron los términos de dicho proceso
hasta que la Sala Plena adoptara la decisión
correspondiente.
I.
DEMANDA
Y SOLICITUD
El señor Ángel
María Echavarría Oquendo, de 73 años de edad, se desempeñaba como
conductor de vehículos de carga para la firma Inciviles S.A., con un contrato
de prestación de servicios. Inciviles S.A. terminó unilateralmente el vínculo sin
autorización previa del inspector de trabajo, en un momento en el cual se
encontraba incapacitado como consecuencia de un accidente de origen profesional
que le ocasionó una lesión completa del músculo supraespinoso,
ubicado en su hombro izquierdo, y que le dificultaba realizar sus
labores desde hacía algún tiempo. Instauró acción de tutela por considerar vulnerado
su derecho fundamental a la estabilidad ocupacional reforzada.
1. Los hechos del caso son los
siguientes:
1.1. Ángel María
Echavarría Oquendo tiene 73 años de edad[2]
y prestó sus servicios a la compañía Inciviles S.A. por cerca de año y medio,
conduciendo los vehículos de dicha empresa que transportan los materiales de
construcción requeridos para el desarrollo de su objeto social[3]. Para tal
efecto, celebró dos contratos de prestación de servicios. El primero desde el 3
de enero de 2013 hasta el 30 de noviembre del mismo año[4]. El segundo
contrato lo inició el 1º de enero de 2014 y, según su cláusula sexta, tenía una
duración de once meses contados a partir de la fecha de celebración[5].
Sin embargo, fue terminado de manera anticipada el 14 de marzo del mismo año,
cuando sólo habían transcurrido dos meses y medio de su ejecución.[6]
1.2. Inciviles S.A.
decidió terminar el segundo contrato de manera unilateral sin solicitar
autorización previa del inspector de trabajo alegando la existencia de una
justa causa relacionada con el incumplimiento de las obligaciones contractuales
a cargo del contratista. Específicamente, en la comunicación del despido, se
anotó: “[e]l día 13 de marzo de 2014, el Sr. ECHAVARRÍA estaba a
cargo del vehículo con placas STZ-215, siendo las 12:00pm en el BOTADERO TERRIGENO
el Sr. ECHAVARRÍA, dejó rodar y chocó una volqueta que estaba parqueada detrás,
dañando la persiana y causando daños a otro vehículo particular” (Mayúsculas
en el texto).
1.3.  La carta
mediante la cual la empresa dio por terminado el contrato de prestación de
servicios, con fecha del 14 de marzo de 2014, le fue notificada al accionante
el día 18 del mismo mes. Para ese momento, se encontraba incapacitado como
consecuencia de un accidente laboral que sufrió mientras realizaba sus labores el
27 de enero de ese año[7].
Cuando descargaba los materiales que se encontraban dentro de uno de los
vehículos que operaba, le cayó encima una llanta que lo arrojó al piso, con la
mala fortuna de que lo atropelló un vehículo particular que transitaba por allí[8].
1.4. El actor sufrió
una lesión completa del músculo supraespinoso, en su hombro izquierdo[9].
Inició tratamiento físico, con ingestión de analgésicos y controles de
ortopedia[10],
y fue incapacitado en cuatro oportunidades, comprendidas entre: (i) el 28 de
enero y el 6 de febrero de 2014[11];
(ii) el 7 y el 26 de febrero de 2014[12];
(iii) el 17 y el 27 de marzo de 2014[13],
y (iv) el 20 y el 30 de junio de 2014[14].
1.5. Todos los
servicios médicos fueron cubiertos por el Seguro Obligatorio de Accidentes de
Tránsito (SOAT), que amparaba al vehículo particular implicado en el accidente,
así como por la EPS del régimen contributivo a la cual estaba afiliado el
accionante como trabajador independiente[15].
1.6. Durante el año
2014, el actor no estuvo afiliado a un Fondo de Pensiones y Cesantías, ni a una
Administradora de Riesgos Laborales. A su juicio, esos gastos debían correr por
cuenta de la compañía, toda vez que, a pesar de que el contrato decía ser de
prestación de servicios, él consideraba que se trataba de un contrato laboral porque
existía subordinación. Particularmente, el señor Echavarría Oquendo manifestó (i)
haber recibido órdenes de manera constante por parte de los funcionarios de la
empresa; (ii) cumplir con un horario habitual de 7:00 a.m. a 5:30 p.m., hasta
completar cuarenta y ocho (48) horas semanales, y (iii) recibir el pago de
horas extras cuando era necesario atender una tarea específica por fuera del
horario establecido. Aunque en el expediente obran copias de los contratos de
prestación de servicios, no aportó pruebas de sus aserciones referidas a
órdenes, horarios y pagos de horas extras.
1.7. Inconforme con
la terminación unilateral del contrato, el 18 de marzo de 2014 el accionante acudió
ante la Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo en el Departamento de
Antioquia para denunciar a Inciviles S.A. por haber desconocido la estabilidad
laboral de la que gozaba al tener tratamientos médicos pendientes y estar incapacitado
para trabajar[16].
Como consecuencia, solicitó el reintegro al cargo. El 3 de junio del 2014, el inspector
de trabajo[17]
citó a ambas partes a una audiencia de conciliación, programada para el día 12
del mismo mes[18].
En la diligencia, la empresa manifestó que no le asistía ánimo conciliatorio
debido a la naturaleza del contrato (de prestación de servicios) que según su
criterio podía terminarse en cualquier momento[19].
Por esa razón, la audiencia finalizó sin acuerdo.
1.8. Teniendo en
cuenta los anteriores hechos, el 24 de junio de 2014 el señor Echavarría Oquendo
presentó acción de tutela contra la compañía Inciviles S.A. por considerar
vulnerado su derecho fundamental al trabajo. Específicamente, denunció la
terminación unilateral y sin autorización previa del inspector de trabajo de su
contrato de prestación de servicios mientras estaba incapacitado como
consecuencia de un accidente laboral. Solicitó el reintegro sin solución de
continuidad, que el contrato celebrado en el 2013 fuera declarado como un
contrato laboral vigente hasta la fecha, y que Inciviles S.A. realizara los
aportes atrasados al Sistema General de Seguridad Social.
2. Respuesta de la entidad
accionada
En escrito presentado el 1º de julio
del 2014, Inciviles S.A. argumentó que (i) era responsabilidad del contratista
realizar los aportes al Sistema General de Seguridad Social; (ii) para la fecha
en que se dio por terminado el contrato, el accionante no estaba incapacitado; (iii)
considera que no hay lugar a la estabilidad laboral reforzada en los contratos
de prestación de servicios, y (iv) finalmente, argumentó que la discusión de la
naturaleza jurídica del contrato celebrado le correspondía al juez laboral, mas
no al juez de tutela.
3. Decisión del juez de tutela
en primera instancia
Mediante Sentencia del 8 de julio
de 2014, el Juzgado Treinta Penal Municipal con Función de Control de Garantías
de Medellín declaró que la acción era improcedente. A su juicio, el actor no
cumplió con el principio de subsidiariedad toda vez que (i) la definición de la
naturaleza jurídica de la relación laboral, el reintegro y el pago de los
aportes al Sistema General de Seguridad Social, son competencia del juez
laboral, y (ii) en el caso no se presenta un perjuicio irremediable a raíz del
cual los medios ordinarios de defensa judicial resulten inidóneos.
4. Impugnación
El accionante impugnó esta decisión
el 11 de julio de 2014, afirmando que la acción era procedente porque existe un
perjuicio irremediable dado que sus derechos fundamentales a la salud y a una
vida en condiciones mínimas de dignidad, se encuentran comprometidos, y es un
sujeto de especial protección constitucional por tener más de 70 años de edad.
5. Decisión del juez de tutela
en segunda instancia
Mediante Sentencia del 14 de
agosto de 2014, el Juzgado Veintiuno Penal del Circuito de Medellín, confirmó
la decisión inicial por considerar que la acción de tutela era improcedente lo
que sustentó con similares argumentos a los expuestos por el juez de primera
instancia.
6. Pruebas aportadas por las
partes y evaluadas por los jueces de tutela
(i) Copia del contrato de
prestación de servicios celebrado en el 2013[20];
(ii) copia de la citación que hizo el Ministerio del Trabajo a una audiencia de
conciliación[21];
(iii) copia del comunicado enviado por el accionante a Inciviles S.A.
informándole sobre la futura realización de la audiencia de conciliación[22]; (iv) copia de
la solicitud presentada por el accionante ante el Ministerio del Trabajo, donde
le pidió que programara una audiencia de conciliación[23]; (v) copia del informe del
accidente de tránsito que ocurrió el 27 de enero de 2014[24]; (vi) copia de la cédula
de ciudadanía y de la licencia de conducción del peticionario[25]; (vii) copia de la cédula
de ciudadanía, de la licencia de conducción y del SOAT del tercero que
atropelló al actor[26];
(viii) copia del contrato de prestación de servicios celebrado en el dos mil
catorce (2014)[27];
(ix) copia del documento a través del cual Inciviles S.A. notificó al
accionante sobre la terminación unilateral del contrato de prestación de
servicios[28];
(x) copia del comunicado por medio del cual la compañía le informó al actor que
iba a proceder a descontar los costos de reparación de un daño que él le ocasionó
al vehículo que estaba a su cargo en el 2013[29];
(xi) copia del registro del siniestro presentado ante Allianz Seguros S.A. el
13 de marzo de 2014[30];
(xii) copia de las incapacidades y valoraciones médicas[31]; (xiii) copia del
formulación de afiliación al Sistema General de Riesgos Profesionales[32]; (xiv) copia
del acta levantada en la audiencia de conciliación[33], y (xv) copia de los
recibos de pago al Sistema General de Seguridad Social en Salud[34].
II.
CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala Plena es competente para estudiar los fallos
de tutela proferidos dentro del trámite de referencia con fundamento en lo
dispuesto en el inciso 3º del artículo 86 y el numeral 9º del artículo 241 de
la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33 a 36 del Decreto
2591 de 1991 y 61 del Reglamento
Interno de la Corporación.
2. Presentación del caso,
motivos de la unificación, planteamiento de los problemas jurídicos y
estructura de la decisión
2.1. En el presente
caso, el señor Ángel María Echavarría Oquendo con 72 años
de edad se desempeñaba como conductor de vehículos de carga para Inciviles S.A.,
en virtud de un contrato de prestación de servicios pactado con una duración de
once meses. No obstante, el vínculo fue terminado cuando sólo había trascurrido
dos meses y catorce días de su ejecución, de manera unilateral por parte de la
compañía contratante y sin autorización previa del inspector del trabajo. Al
momento de finalizarse la relación contractual, el actor sufría una grave
afectación en su estado de salud como consecuencia de un accidente de origen
profesional que le ocasionó una lesión completa del
músculo supraespinoso, ubicado en su hombro izquierdo, y que le
dificultaba realizar sus labores desde hacía algún tiempo. El
señor Echavarría Oquendo interpuso la acción de tutela objeto de revisión por
la presunta vulneración de su derecho fundamental al trabajo al considerarse sujeto
de estabilidad laboral reforzada. Por su parte, la firma
demandada señaló que (i) para la fecha en que se dio por terminado el
contrato, el accionante no estaba incapacitado, (ii) el actor no es sujeto de
estabilidad reforzada predicable de los contratos de prestación de servicios, y
(iii) la discusión de la naturaleza jurídica del contrato le corresponde al
juez laboral, no al de tutela.
2.2. La Sala Plena
de esta Corte asumió el conocimiento del presente asunto, con el fin de unificar la interpretación
constitucional en torno a las siguientes tres cuestiones que encuentran
diferentes respuestas en la jurisprudencia nacional: (i) si la estabilidad ocupacional
reforzada es una garantía de la cual son titulares solo las personas que
cuentan con una calificación de pérdida de capacidad laboral moderada, severa o
profunda; (ii) si la estabilidad ocupacional reforzada es aplicable a las
relaciones originadas en contratos de prestación de servicios, aun cuando no
envuelvan relaciones laborales (subordinadas) en la realidad; y (iii) si, en
caso de ser afirmativas las respuestas a las cuestiones anteriores, la
violación a la estabilidad ocupacional reforzada en el contexto de una relación
contractual de prestación de servicios debe dar lugar a una indemnización de
180 días, según lo previsto en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, interpretado
conforme a la Constitución.
2.3. La contestación de estas cuestiones se puede agrupar en la
resolución del siguiente problema jurídico: ¿Vulnera un contratante
(Inciviles S.A.) el derecho fundamental a la estabilidad ocupacional reforzada de
un contratista (el señor Ángel María Echavarría Oquendo) al terminar su
contrato de prestación de servicios de manera unilateral y anticipada sin
obtener autorización previa del inspector del trabajo, en un momento en el cual
padecía los efectos de un accidente de origen profesional que le dificultaba
significativamente desarrollar sus funciones en condiciones regulares? En el caso de comprobarse la alegada vulneración, se deberá precisar
si es dable, además de las protecciones restantes, decretar el reconocimiento
de la indemnización por despido injustificado que se encuentra estipulado en el
artículo 26 de la Ley 361 de 1997[35]
o, en su defecto, determinar qué sumas deben cancelársele al trabajador y por
qué concepto.
2.4. Con este
propósito, la Sala (3) definirá la procedibilidad de la acción de tutela. Luego
de lo cual, precisará la interpretación constitucional en las cuestiones antes indicadas,
referidas al alcance de la estabilidad
ocupacional reforzada respecto: (4) de las personas que no cuentan con
calificación de pérdida de capacidad laboral moderada, severa o profunda; (5) de
si en casos como los referidos procede una indemnización de 180 días, prevista
en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, interpretada conforme a la
Constitución; (6) de si ambas garantías  -estabilidad reforzada e
indemnización- aplican a las relaciones originadas en contratos de prestación
de servicios que no envuelven vínculos laborales (bajo subordinación) en la
realidad. Finalmente, (7) resolverá el caso concreto.
3. Procedencia de la acción de tutela – Reiteración de jurisprudencia y
solución del caso concreto–
3.1. La acción de tutela procede cuando (i) el actor no dispone
de otros medios judiciales de defensa; o (ii) dispone de ellos pero se requiere
evitar un perjuicio irremediable;[36]
o (iii) los recursos disponibles no son idóneos o eficaces, toda vez que su
sola existencia formal no es garantía de su utilidad en el caso concreto. En
este último caso, la
determinación de la eficacia e idoneidad de los recursos ordinarios no debe
obedecer a un análisis abstracto y general. Es competencia del juez
constitucional examinar cuál es la eficacia que, en concreto, tiene el otro
instrumento de protección.[37]
Y para determinar esto último la jurisprudencia de esta Corte ha señalado dos
pautas generales: primero, debe verificarse si los otros medios de defensa proveen un remedio integral, y segundo si son
expeditos para evitar un perjuicio irremediable.[38]
3.2.
La procedibilidad de la acción de tutela está, igualmente, supeditada al
cumplimiento del requisito de inmediatez. Éste exige
que la acción sea interpuesta de manera oportuna en relación con el acto que
generó la presunta vulneración. La inmediatez encuentra su razón de ser en la
tensión existente entre el derecho constitucional a presentar una acción de
tutela en todo momento y el deber de respetar la configuración de aquella
acción como un medio de protección inmediata de los derechos
fundamentales. Es decir, que pese a no contar con un término de prescripción
por mandato expreso del artículo 86 superior, debe existir necesariamente una
correspondencia entre la naturaleza expedita de la tutela y su interposición
oportuna.
3.3.
Ahora bien, la jurisprudencia constitucional ha señalado que el examen de
procedencia de la tutela debe ser más flexible cuando están comprometidos
derechos fundamentales de sujetos de especial protección, o en circunstancias
de debilidad manifiesta[39].
En desarrollo del derecho fundamental a la igualdad, el Estado les debe garantizar
a estas personas un tratamiento diferencial positivo y analizar los requisitos
de subsidiariedad e inmediatez desde una óptica menos estricta, pues en estos
casos el actor experimenta una dificultad objetiva y constitucionalmente
relevante para soportar las cargas procesales que le imponen los medios
ordinarios de defensa judicial[40].
3.4. En este caso la tutela solicita un reintegro,
declarar que el contrato celebrado en 2013 era laboral y
está vigente, y que se ordene a la accionada realizar los aportes atrasados al
Sistema General de Seguridad Social. Para tramitar estas pretensiones el ordenamiento prevé
en abstracto otros medios de defensa judicial susceptibles de instaurarse ante
la justicia ordinaria.[41] No obstante, la tutela ha sido excepcionalmente
declarada procedente por esta Corporación, en casos como este, cuando la parte activa es una persona en
circunstancias de debilidad manifiesta, o un sujeto de especial protección
constitucional que considera lesionados sus derechos fundamentales con ocasión
de la terminación de su relación contractual[42]. Especialmente procede cuando el
goce efectivo de su derecho al mínimo vital o a la salud se ve obstruido.
3.5. En el caso objeto de
estudio, la Sala Plena encuentra que el señor Ángel María Echavarría Oquendo
(i) tiene más de 70 años de edad;[43] (ii) se
desempeñaba como conductor y sufrió un accidente de origen profesional que
le dejó una lesión completa del músculo supraespinoso, ubicado en
su hombro izquierdo, y que le dificultaba realizar sus labores desde
hacía algún tiempo; (iii) carece de otras fuentes de recursos
económicos para asegurar su propia subsistencia, pues no cuenta con empleo o
relación contractual vigente, con pensión ni rentas de otra naturaleza, y
carece de cesantías[44];
y (iv) finalmente no está afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud
en el régimen contributivo.[45]
En tales circunstancias, la acción de tutela es el mecanismo eficaz de
protección, toda vez que el peticionario es una persona de la tercera edad y
con problemas de salud, lo cual le hace difícil retornar al mercado de trabajo.
Por otra parte, no cuenta con recursos para satisfacer sus necesidades básicas.
Se hace entonces indispensable tomar acciones urgentes e impostergables para evitar
un perjuicio sobre el mínimo vital del actor, que sería una consecuencia grave
y, por sus condiciones existenciales, inminente. En consecuencia, la Corte
pasará a pronunciarse sobre las cuestiones referidas.
4. Primera
cuestión: la estabilidad ocupacional reforzada no se circunscribe a quienes han
sido calificados con pérdida de capacidad laboral moderada, severa o profunda
–reiteración de jurisprudencia-
4.1. En la
jurisprudencia nacional hay diferencias en torno a si la estabilidad
ocupacional reforzada protege solo a quienes tienen determinado rango de
porcentaje de pérdida de capacidad laboral, o si por el contrario su ámbito de
cobertura es más amplio y no requiere una calificación de esta naturaleza. Al
respecto, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha
sostenido al menos desde la sentencia del 15 de julio de 2008 (Radicado 32532)
que la estabilidad laboral reforzada es una garantía derivada estrictamente de
la Ley 361 de 1997,[46]
en cuyos preceptos, a su juicio, se dispone que sólo se aplica a quienes tienen
la “condición de limitados por su grado de discapacidad”. Lo cual, a su
turno, remite a la reglamentación contenida en el Decreto 2463 de 2001 que
clasifica los “[g]rados de severidad de la limitación” así: moderada
la que está entre el 15% y el 25% de capacidad laboral; severa la mayor al 25% e inferior al 50%; y profunda la igual o
superior al 50%. En la sentencia citada, al resolver un caso en el cual una
persona que aún sufría las consecuencias de un accidente de origen profesional
fue desvinculada de su empleo sin autorización del Ministerio -entonces de la
Protección Social-, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema sostuvo:
“Es claro entonces que la preci[t]ada Ley se ocupa
esencialmente del amparo de las personas con los grados de limitación a que se
refieren sus artículos 1 y 5; de manera que quienes para efectos de esta ley no
tienen la condición de limitados por su grado de discapacidad, esto es para
aquellos que su minusvalía está comprendida en el grado menor de moderada, no
gozan de la protección y asistencia prevista en su primer artículo. || Ahora,
como la ley examinada no determina los extremos en que se encuentra la
limitación moderada, debe recurrirse al Decreto 2463 de 2001 que sí lo hace,
aclarando que en su artículo 1º de manera expresa indica que su aplicación
comprende, entre otras, a las personas con derecho a las prestaciones y
beneficios contemplados en las Leyes 21 de 1982, 100 de 1993, 361 de 1997 y 418
de 1997. Luego, el contenido de este Decreto en lo que tiene que ver con la
citada Ley 361, es norma expresa en aquellos asuntos de que se ocupa y por tal
razón no es dable acudir a preceptos que regulan de manera concreta otras
materias.
Pues bien, el artículo 7 del Decreto 2463 de 2001 señala
los parámetros de severidad de las limitaciones en los términos del artículo 5
de la Ley 361 de 1997; define que la limitación “moderada” es aquella en
la que la pérdida de la capacidad laboral oscila entre el 15% y el 25%; “severa”,
la que es mayor al 25% pero inferior al 50% de la pérdida de la capacidad
labora y “profunda” cuando el grado de minusvalía supera el 50%. […]
Surge de lo expuesto que la prohibición que contiene el artículo 26 de la
citada Ley 361, relativa a que ninguna persona con discapacidad podrá ser
despedida o su contrato terminado por razón de su minusvalía, salvo que medie
autorización de la Oficina de Trabajo, se refiere a las personas consideradas
por esta ley como limitadas, es decir, todas aquellas que tienen un grado de
invalidez superior a la limitación moderada”.[47]
Esta posición se ha
reiterado en la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, entre otras, por ejemplo en las sentencias del 25 de marzo
de 2009 (Radicado 35606),[48]
del 3 de noviembre de 2010 (Radicado 38992)[49]
y del 28 de agosto de 2012 (Radicado 39207).[50]
4.2. Por el
contrario, la Corte Constitucional ha sostenido que el derecho a la estabilidad
ocupacional reforzada no deriva únicamente de la Ley 361 de 1997, ni es
exclusivo de quienes han sido calificados con pérdida de capacidad laboral
moderada, severa o profunda. Desde muy temprano la jurisprudencia de esta
Corporación ha indicado que el derecho a la estabilidad laboral
reforzada tiene fundamento constitucional y es predicable de todas las personas
que tengan una afectación en su salud que les “impid[a] o dificult[e]
sustancialmente el desempeño de sus labores en las condiciones regulares”,[51] toda vez que
esa situación particular puede considerarse como una circunstancia que genera
debilidad manifiesta y, en consecuencia, la persona puede verse discriminada por
ese solo hecho. Por lo mismo, la jurisprudencia constitucional ha amparado el
derecho a la estabilidad ocupacional reforzada de quienes han sido desvinculados
sin autorización de la oficina del Trabajo, aun cuando no presenten una
situación de pérdida de capacidad laboral moderada, severa o profunda, ni cuenten
con certificación que acredite el porcentaje en que han perdido su fuerza
laboral, si se evidencia una situación de salud que les impida o dificulte
sustancialmente el desempeño de sus labores en condiciones regulares. Al tomar
la jurisprudencia desde el año 2015 se puede observar que todas las Salas de
Revisión de la Corte, sin excepción, han seguido esta postura, como se aprecia
por ejemplo en las sentencias T-405 de 2015 (Sala Primera),[52] T-141 de 2016 (Sala
Tercera),[53]
T-351 de 2015 (Sala Cuarta),[54]
T-106 de 2015 (Sala Quinta),[55]
T-691 de 2015 (Sala Sexta),[56]
T-057 de 2016 (Sala Séptima),[57]
T-251 de 2016 (Sala Octava)[58]
y T-594 de 2015 (Sala Novena).[59]
Entre las cuales ha de destacarse la sentencia T-597 de 2014, en la cual la Corte
concedió la tutela, revocando un fallo de la justicia ordinaria que negaba a
una persona la pretensión de estabilidad reforzada porque no tenía una
calificación de pérdida de capacidad laboral moderada, severa o profunda. Se
sostuvo en esa sentencia:
“[…] al momento de analizar si en
efecto procede la garantía de la estabilidad laboral reforzada en un caso
concreto, no obsta que el trabajador carezca de un dictamen de pérdida de capacidad laboral si se acredita su
circunstancia de debilidad manifiesta. En
este sentido, teniendo en cuenta que la providencia cuestionada de un u otro
modo exigió al [peticionario] demostrar  que al momento de su
desvinculación existiere la calificación de su pérdida de capacidad laboral o
grado de discapacidad, la Sala concluye
que el juez ordinario a través de la sentencia en cuestión, limitó el alcance
dado por la jurisprudencia de esta Corte al derecho fundamental a la
estabilidad laboral reforzada, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante de dicha garantía”.[60]
4.3. Existen entonces diferencias
objetivas en la jurisprudencia nacional. Ahora bien, la Corte Constitucional ha
señalado que el de estabilidad ocupacional reforzada es un derecho
constitucional, y por tanto esta Corporación en su calidad de órgano de cierre
en la materia tiene competencia para unificar la interpretación correspondiente,
cuando haya criterios dispares en la jurisprudencia nacional (CP art 241). Este
caso fue seleccionado y sometido a la Sala Plena de la Corte para esos efectos,
lo cual procede a hacerse.
4.4. La Corte decide reiterar su jurisprudencia para casos como este,
esta vez en su Sala Plena, con el fin de unificar la interpretación
constitucional. El derecho a la estabilidad ocupacional reforzada no tiene un
rango puramente legal sino que se funda razonablemente y de forma directa en
diversas disposiciones de la Constitución Política: en el derecho a “la
estabilidad en el empleo” (CP art 53);[61]
en el derecho de todas las personas que “se encuentren en circunstancias de
debilidad manifiesta” a ser protegidas “especialmente” con miras a
promover las condiciones que hagan posible una igualdad “real y efectiva”
(CP arts. 13 y 93);[62]
en que el derecho al trabajo “en todas sus modalidades” tiene especial
protección del Estado y debe estar rodeado de “condiciones dignas y justas”
(CP art 25); en el deber que tiene el Estado de adelantar una política de “integración
social” a favor de aquellos que pueden considerarse “disminuidos
físicos, sensoriales y síquicos” (CP art 47);[63] en el derecho fundamental a
gozar de un mínimo vital, entendido como la posibilidad efectiva de satisfacer
necesidades humanas básicas como la alimentación, el vestido, el aseo, la
vivienda, la educación y la salud (CP arts. 1, 53, 93 y 94); en el deber de
todos de “obrar conforme al principio de solidaridad social” (CP arts.
1, 48 y 95).[64]
4.5. Estas disposiciones se
articulan sistemáticamente para constituir el derecho fundamental a la
estabilidad ocupacional reforzada, en la siguiente manera. Como se observa,
según la Constitución, no solo quienes tienen una calificación de pérdida de
capacidad laboral moderada, severa o profunda, definida con arreglo a normas de
rango reglamentario, deben contar con protección especial. Son todas las
personas  “en circunstancias de debilidad manifiesta” las que tienen
derecho constitucional a ser protegidas “especialmente” (CP art 13). Este
derecho no se circunscribe tampoco a quienes experimenten una situación
permanente o duradera de debilidad manifiesta, pues la Constitución no hace tal
diferenciación, sino que se refiere genéricamente incluso a quienes
experimentan ese estado de forma transitoria y variable. Ahora bien, esta
protección especial debe definirse en función del campo de desarrollo individual
de que se trate, y así la Constitución obliga a adoptar dispositivos de
protección diferentes según si las circunstancias de debilidad manifiesta se
presentan por ejemplo en el dominio educativo, laboral, familiar, social, entre
otros. En el ámbito ocupacional, que provoca esta decisión de la Corte, rige el
principio de “estabilidad” (CP art 53), el cual como se verá no es
exclusivo de las relaciones estructuradas bajo subordinación sino que aplica al
trabajo en general, tal como lo define la Constitución; es decir, “en todas
sus formas” (CP art 53). Por tanto, las personas en circunstancias de
debilidad manifiesta tienen derecho a una protección especial de su estabilidad
en el trabajo. El legislador tiene en primer lugar la competencia para definir
las condiciones y términos de la protección especial para esta población, pero
debe hacerlo dentro de ciertos límites, pues como se indicó debe construirse
sobre la base de los principios de no discriminación (CP art 13), solidaridad
(CP arts. 1, 48 y 95) e integración social y acceso al trabajo (CP arts. 25,
47, 54).
4.6. Pues bien, la protección
especial debe en primer término fundarse en los principios de solidaridad e integración
social (CP arts. 1, 43 y 95). La solidaridad supone asumir como propias causas
en principio ajenas, cuando el titular de ellas no puede por razones objetivas ejercer
su defensa y protección individualmente de forma integral. El hecho de elevar a
deber constitucional el principio de solidaridad implica que incluso si, en
tales casos, las causas ajenas no se asumen voluntariamente por otras personas,
pueden ser adjudicadas por las instituciones del Estado entre distintos
individuos, grupos o entidades. Un posible detonante del deber constitucional
de solidaridad puede ser la pérdida de capacidad laboral en un grado
considerable, o la experimentación objetiva de una dolencia o problema de salud
que afecte sustancialmente el desempeño en condiciones regulares de las labores
de las cuales uno o más seres humanos derivan su sustento. En tales eventos,
obrar solidariamente implica hacerse cargo total o parcialmente de los costos
humanos que implica para la persona su situación de salud. Si no se observa una
asunción voluntaria del deber de solidaridad, el Estado puede distribuir las
cargas de la persona afectada de forma razonable entre otras personas. La
Constitución, la ley y la jurisprudencia han tenido en cuenta para tal efecto los
vínculos prexistentes a la situación que motiva el obrar solidario. Así, por
ejemplo, cuando una persona experimenta una afectación de salud relevante, el
principio de solidaridad implica para sus familiares la asunción de su cuidado
y asistencia personal;[65]
para las instituciones de salud con las que estaba vinculado y venía recibiendo
tratamiento, el deber de continuar la prestación de servicios que requiera;[66] y para sus
empleados y contratantes, el deber de preservarlo en el empleo a menos que
concurra justa causa convalidada por la oficina del Trabajo, sin perjuicio de
la obligación de reubicarlo, capacitarlo y ajustar las condiciones de su
trabajo al cambio en sus condiciones existenciales, pues esto además se
acompasa con el principio de integración social (CP art 43).
4.7. Según lo anterior, la
Constitución consagra el derecho a una estabilidad ocupacional reforzada para
las personas en condiciones de debilidad manifiesta por sus problemas de salud.
Ahora bien, como se pudo observar, la jurisprudencia constitucional ha señalado
que se encuentran en condiciones de debilidad manifiesta no solo quienes han
tenido una pérdida ya calificada de capacidad laboral en un grado moderado,
severo o profundo –definido conforme a la reglamentación sobre la materia-,
sino también quienes experimentan una afectación de salud que les “impide o
dificulta sustancialmente el desempeño de sus labores en las condiciones
regulares” (sentencia T-1040 de 2001). La experiencia acumulada por la jurisprudencia
muestra que estas personas están también expuestas a perder sus vínculos
ocupacionales solo o principalmente por ese motivo y, en consecuencia, a ser
discriminados a causa de sus afectaciones de salud. Personas que trabajan al
aire libre o en socavones de minería y son desvinculadas al presentar problemas
respiratorios (T-594 de 2015 y T-106 de 2015); que en su trabajo deben levantar
o trasladar objetos pesados y pierden el vínculo tras sufrir hernias o dolencias
al levantar pesos significativos (T-251 de 2016); que operan artículos,
productos o máquinas con sus extremidades y resultan sin vínculo tras perder completamente
miembros o extensiones de su cuerpo o únicamente su funcionalidad (T-351 de
2015, T-057 de 2016 y T-405 de 2015); que recolectan objetos depositados en el
suelo y deben agacharse y levantarse con suma frecuencia y son desvinculadas
luego de sufrir problemas en las articulaciones, dolores generalizados y
afectaciones en la espalda y las rodillas (T-691 de 2015); que en su trabajo
deben desplazarse largas distancias y son despedidas tras presentar dolores
inusuales atribuibles al esfuerzo físico extenso (T-141 de 2016).
4.8. La posición jurisprudencial
que circunscribe el derecho a la estabilidad ocupacional reforzada únicamente a
quienes tienen una pérdida de capacidad laboral moderada, severa o profunda considera
como constitucionalmente indiferente que a una persona se le termine su vínculo
contractual solo o fundamentalmente por contraer una enfermedad o problema de
salud que acarree un grado de pérdida de capacidad inferior, aunque ciertamente
interfiera en el desarrollo de sus funciones y los exponga a un trato especial
adverso únicamente por ese hecho. La Corte Constitucional, en contraste,
considera que una práctica de esa naturaleza deja a la vista un problema
constitucional objetivo. Los seres humanos no son objetos o instrumentos, que
solo sean valiosos en la medida de su utilidad a los fines individuales o
económicos de los demás. Las personas tienen un valor en sí mismas, y al
experimentar una afectación de salud no pueden ser tratadas como las mercancías
o las cosas, que se desechan ante la presentación de un ‘desperfecto’ o ‘problema
funcional’. Un fundamento del Estado constitucional es “el respeto de la
dignidad humana” (CP art 1), y la Constitución establece que el trabajo, “en
todas sus modalidades”, debe realizarse en condiciones dignas y justas (CP
art 25). Estas previsiones impiden que en el trabajo las personas sean
degradadas a la condición exclusiva de instrumentos.
4.9. Quien contrata la prestación
de un servicio personal –con o sin subordinación- debe tener presente que
adquiere con la persona que se lo presta una relación relevante a la luz de la
Constitución, pues adquiere el deber de actuar con solidaridad cuando las
circunstancias se lo requieran, y sus relaciones deben entonces trascender el
principio de utilidad que en general es válido observar en los actos contractuales
que desarrolle, y en las relaciones patrimoniales de disposición de sus bienes
económicos. Una persona en condiciones de salud que interfieran en el desempeño
regular de sus funciones se encuentra en condiciones de debilidad manifiesta no
solo porque esto puede exponerla a perder su vínculo, como lo muestra la
experiencia relacionada en la jurisprudencia constitucional, sino además porque
le dificulta la consecución de una nueva ocupación con base en sus facultades,
talentos y capacidades humanas, que le depare los bienes suficientes para
satisfacer sus necesidades básicas, con lo cual está en riesgo no solo su estabilidad
y su dignidad, sino incluso su propia subsistencia, y su seguridad social. En
la sentencia T-1040 de 2001, una de las primeras sobre la materia, se dijo:
“La construcción de la solidaridad humana y no la competencia mal
entendida por sobrevivir, es el principio de razón suficiente del artículo 95
de la Carta Política y por ello, en lugar de rechazar a quien está en situación
ostensible de debilidad, es deber positivo de todo ciudadano - impuesto
categóricamente por la Constitución- el de socorrer a quien padece la necesidad,
con medidas humanitarias. La acción humanitaria es aquella que desde tiempos
antiquísimos inspiraba a las religiones y a las sociedades filantrópicas hacia
la compasión y se traducía en medidas efectivas de socorro, que hoy recoge el
derecho internacional humanitario. En el caso sub-judice, lo solidario, lo
humanitario, lo respetuoso de los derechos fundamentales implicados era, se
insiste, mantener al trabajador en su cargo o trasladarlo a otro similar que
implicara menos riesgo hipotético”.
4.10. Por lo anterior, la Corte
Constitucional considera que la estabilidad ocupacional reforzada no se ha de
limitar a quienes tienen una calificación de pérdida de capacidad laboral
moderada, severa o profunda, definida con arreglo a normas de rango reglamentario,
sino a todas las personas en condiciones de debilidad manifiesta, evaluadas
conforme a los criterios antes indicados y desarrollados por la jurisprudencia
constitucional. Ahora bien, resta por preguntarse si esta protección se prodiga
no solo en virtud de la Constitución, sino que implica incluso la posibilidad
de aplicar las prestaciones estatuidas en la Ley 361 de 1997.
5. Segunda
cuestión: la estabilidad ocupacional reforzada en los contratos de prestación
de servicios, y la aplicación de las prestaciones de la Ley 361 de 1997,
interpretada conforme a la Constitución
5.1. La
jurisprudencia constitucional ha usado de forma dominante la expresión “estabilidad
laboral reforzada” para hacer alusión al derecho fundamental antes
caracterizado. En nuestro medio jurídico, la locución ‘laboral’ se
asocia legislativamente a las relaciones de trabajo dependiente, caracterizadas
por la prestación de servicios personales bajo subordinación jerárquica. No
obstante, esta Corte ha señalado que el derecho a la estabilidad laboral reforzada
aplica no solo a quienes tienen un vínculo de trabajo dependiente estrictamente
subordinado y sujeto al derecho laboral, sino también a quienes están insertos
en relaciones ocupacionales divergentes, originadas por ejemplo en un contrato
de prestación de servicios o en un contrato de aprendizaje. En efecto, desde la
sentencia T-1210 de 2008 la Corte ha sostenido que “aún en el seno del contrato de prestación de servicios, puede predicarse
ciertas garantías de la que gozan las relaciones laborales, al cobrar
importancia los principios de estabilidad laboral a ciertos sujetos”.[67]
Luego esta posición se ha reiterado en distintas ocasiones, como por ejemplo en
las sentencias T-490 de 2010,[68]
T-988 de 2012,[69]
T-144 de 2014[70]
y T-310 de 2015.[71]
En la sentencia T-040 de 2016, la Sala Tercera de Revisión de la Corte tuteló
el derecho a la estabilidad reforzada de una persona a quien se le terminó sin
causa justificable y sin autorización de la oficina del Trabajo su contrato de
prestación de servicios, mientras estaba en condiciones de debilidad manifiesta.
Sostuvo entonces que “la estabilidad laboral
reforzada para personas en situación de debilidad manifiesta por su estado de
salud aplica a todas las alternativas productivas, incluyendo al contrato
de prestación de servicios”.[72]
5.2. En
las relaciones de prestación de servicios independientes no desaparecen los derechos a “la
estabilidad” (CP art 53), a una protección especial de quienes “se
encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta” (CP arts. 13 y 93), a
un trabajo que “en todas sus modalidades” esté rodeado de “condiciones
dignas y justas” (CP art 25) y a gozar de un mínimo vital (CP arts. 1, 53,
93 y 94). Tampoco pierden sentido los deberes que tienen el Estado y la
sociedad de adelantar una política de “integración social” a
favor de aquellos que pueden considerarse “disminuidos físicos, sensoriales
y síquicos” (CP art 47), o de “obrar conforme al principio de
solidaridad social” (CP arts. 1, 48 y 95). Por este motivo, más que hablar
de un principio de estabilidad laboral reforzada, que remite
nominalmente por regla a las relaciones de trabajo dependiente, debe hablarse
del derecho fundamental a la estabilidad ocupacional reforzada, por ser
una denominación más amplia y comprehensiva.[73] Esta
garantía tiene, como se dijo, arraigo constitucional directo y aplica a quienes
estén en condiciones de debilidad manifiesta, incluso si no cuentan con una
calificación de pérdida de capacidad laboral moderada, severa o profunda. Este
proceso, sin embargo, provoca una pregunta: (i) por una parte, si en el
contexto de relaciones originadas en contratos de prestación de servicios la
vulneración de la estabilidad ocupacional reforzada activa las prestaciones de
la Ley 361 de 1997; y, en caso afirmativo, (ii) si aplica, en tales hipótesis,
incluso a quienes sin tener calificación de pérdida de capacidad laboral
moderada, severa o profunda están en circunstancias de debilidad manifiesta por
sus problemas acreditados de salud. Sobre estas materias hay diferencias
jurisprudenciales, que la Corte en primer lugar (a) identificará, y luego (b)
resolverá.
a.
Identificación de las diferencias jurisprudenciales: aplicación de las
prestaciones de Ley 361 de 1997 a (i) las relaciones originadas en contratos de
prestación de servicios y (ii) de personas en condiciones de debilidad
manifiesta que no tienen pérdida de capacidad moderada, severa o profunda
5.3. Recuérdese
para el efecto que según el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 ninguna persona en situación de discapacidad podrá ser
despedida o su contrato terminado por razón de su discapacidad, salvo que medie autorización de la
oficina del Trabajo. Si no se cumple este requisito, las personas desvinculadas
tendrán derecho a una indemnización equivalente a ciento ochenta días del
salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que
hubiere lugar de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas
que lo modifiquen, adicionen, complementen o aclaren. Esta disposición fue
objeto de control en la sentencia C-531 de 2000, en la cual la Corte sostuvo
que contemplar solo una indemnización de ciento ochenta días para remediar la
discriminación de una persona en situación de discapacidad resulta insuficiente
a la luz de los estándares constitucionales. Por ese motivo, resolvió que el
artículo 26 de la Ley 361 de 1997 era exequible pero con la condición de que se
entendiera que “carece de todo efecto
jurídico el despido o la terminación del contrato de una persona por razón de
su limitación sin que exista autorización previa de la oficina de Trabajo que
constate la configuración de la existencia de una justa causa para el despido o
terminación del respectivo contrato”.[74] Por lo mismo,
lo que se pregunta en primer lugar la Corte es si en los contratos de
prestación de servicios la desvinculación, sin autorización de la oficina del
trabajo, de una persona en condiciones de debilidad manifiesta acarrea la
ineficacia de la terminación del contrato y la indemnización de 180 días.
5.4. (i)  En
la jurisprudencia constitucional parece no haber desacuerdo en torno a que, en
tales casos, procede la ineficacia de la desvinculación y, por consiguiente, la
renovación del contrato de prestación de servicios en condiciones aceptables.
En las sentencias T-490 de 2010 (Sala Séptima),[75] T-988 de 2012 (Sala
Primera),[76]
T-144 de 2014 (Sala Octava),[77] T-310 de 2015 (Sala Séptima)[78] y T-040
de 2016 (Sala Tercera)[79]
se resolvieron asuntos de personas vinculadas mediante un contrato de
prestación de servicios, a quienes se les dio por terminado el vínculo
contractual sin autorización de la oficina del Trabajo, pese a estar en
condiciones de debilidad manifiesta por problemas de salud que les impedían o
les dificultaban sustancialmente el desempeño de sus funciones en las condiciones
regulares. En todos ellos, al no haberse demostrado justa causa para poner fin
al vínculo, la jurisprudencia consideró ineficaz la terminación de la relación
contractual y ordenó la renovación del contrato de prestación de servicios.[80] No obstante, no
ha habido la misma consistencia con la indemnización de 180 días a la cual se
refiere el artículo 26 de la Ley 361 de 1997. En efecto, mientras en las
sentencias T-144 de 2014 y T-310 de 2015 las Salas Octava y Séptima de Revisión
ordenaron el pago de la indemnización en contextos de prestación de servicios,
en contraste, en las sentencias T-490 de 2010,[81]
T-988 de 2012[82]
y T-040 de 2016[83]
las Salas Séptima, Primera y Tercera respectivamente se abstuvieron de
ordenarla. De hecho, en las dos últimas se señaló de forma expresa que si bien
la naturaleza del vínculo (laboral o de prestación de servicios) no es
relevante a efectos de definir si se aplica la estabilidad ocupacional
reforzada, sí lo es para determinar si procede la indemnización de 180 días
consagrada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997:
“Finalmente,
en lo atinente al ámbito material de protección, la Corporación ha señalado de
manera reiterada y uniforme que la estabilidad no depende de la denominación
del vínculo por el cual la persona logra ejercer una alternativa productiva.
[…] La naturaleza del vínculo, sin embargo, posee importancia al momento de
determinar el alcance del amparo, una vez constatada la violación al derecho a
la estabilidad laboral reforzada pues, a manera de ilustración, resulta claro
que la terminación de un vínculo de carácter laboral indefinido debe dar lugar
al reintegro sin solución de continuidad y, en caso de hallarse plenamente
comprobada la actitud discriminatoria del empleador, puede dar lugar a la
condena al pago de la indemnización de 180 días de salario. A su turno, cuando
la opción productiva es un contrato o una orden de prestación de servicios, el
amparo se concreta en declarar la ineficacia de la terminación del mismo, y
ordenar su renovación por un período igual al inicialmente pactado. Obviamente,
si persiste el estado de debilidad manifiesta del actor por razones de salud,
la terminación del nuevo contrato estará sometida a la existencia del permiso
de la autoridad del trabajo”.
5.5. (ii) Esta diferencia se profundiza además, si se
tiene en cuenta que en la jurisprudencia de la Corte también ha habido
posiciones enfrentadas en torno a si la indemnización de 180 días de salario o
remuneración aplica solo a quienes presentan una calificación de pérdida de
capacidad laboral moderada, severa o profunda, o si también es predicable de
quienes no la tienen pero están en condiciones de debilidad manifiesta
por afectaciones de salud que les impiden o les dificultan sustancialmente el
desempeño de sus funciones en las condiciones regulares. En términos generales,
todas las Salas de Revisión han afirmado que se tiene derecho al pago de la
indemnización de 180 días de salario, contemplada en el artículo 26 de la Ley
361 de 1997, o la han ordenado directamente, cuando la relación es de trabajo
dependiente y se vulnera el derecho a la estabilidad laboral reforzada, incluso
en casos como los indicados. Esto puede apreciarse en las sentencias T-692 de
2015 (Sala Primera), T-302 de 2013 (Sala Segunda), T-040 de 2016 (Sala Tercera),
T-646 de 2015 (Sala Cuarta), T-593 de 2015 (Sala Quinta), T-899 de 2014 (Sala
Sexta), T-098 de 2015 (Sala Séptima), T-316 de 2014 (Sala Octava) y T-594 de
2015 (Sala Novena).[84]
No obstante, en otras oportunidades, no se ha ordenado la indemnización, como
por ejemplo en las sentencias T-597 de 2014 (Sala Tercera) o T-106 de 2015
(Sala Quinta).[85]
Más aún, en salvamentos y aclaraciones de voto, algunos magistrados de la
Corporación han sostenido que las previsiones de la Ley 361 de 1997 sólo
aplican a las personas que tienen pérdida de capacidad suficiente para quedar
en condiciones de discapacidad, que sería la calificada como moderada, severa o
profunda. En la sentencia T-040 de 2016 se reconstruyó esta posición disidente así:
“algunos
magistrados han salvado o aclarado su voto, dando un enfoque diferente a la
estabilidad laboral reforzada para personas en situación de debilidad
manifiesta[86].
|| En dichos disentimientos se ha expuesto que es diferente la protección
brindada a las personas discapacitadas -que se entienden calificadas-, a la
protección otorgada a las personas en situación de debilidad manifiesta,
quienes si bien no han sido calificadas ven disminuido su estado de salud. De
esta manera, (i) la estabilidad reforzada del primer grupo se otorga en
aplicación de la Ley 361 de 1997 y por tanto, ante el despido de una persona
calificada como discapacitada sin la autorización de la autoridad laboral
competente, procede el pago de la indemnización prevista en la Ley y el
reintegro correspondiente. (ii) Respecto del segundo grupo, su protección no se
desprende de la ley sino directamente de la Constitución, por ello, al
comprobarse el despido de una persona en debilidad manifiesta no es procedente
el pago de una indemnización sino simplemente el reintegro, teniendo en cuenta
que la sanción se genera por la presunción contenida en la ley[87]”.
5.6. Pues bien, en vista de las diferencias de
criterio, es entonces preciso unificar la jurisprudencia en esta materia. Ciertamente,
para la Corte Constitucional no pasa inadvertido que en apariencia las
discrepancias referidas se originan únicamente en la determinación de los
alcances de la Ley 361 de 1997. Si esto fuera así, y el asunto no tuviera
entonces relevancia constitucional, las competencias de esta Corte estarían
limitadas, pues su función en contextos como este es unificar la interpretación
de la Constitución para casos similares. Sin embargo, lo que subyace a esta
discrepancia es más que una diferencia hermenéutica sobre los alcances de las
normas contenidas en la Ley 361 de 1997. En el fondo busca definir si la las
lecturas encontradas de la Ley 361 de 1997 se ajustan a la Constitución. La
Corte procede a resolver esta diferencia.
b. Unificación de jurisprudencia constitucional. El
artículo 26 de la Ley 361 de 1997, y sus garantías de estabilidad reforzada,
conforme a la Constitución
5.7. El
artículo 26 de la Ley 361 de 1997 establecía en su versión original garantías
de estabilidad laboral reforzada para toda persona con “limitación” o “limitada”.
En esto seguía una terminología general usada por todo el cuerpo de la misma
Ley, que utilizaba originalmente los vocablos “discapacidad” y “personas con limitaciones”[88]
para definir el universo de individuos beneficiarios de sus garantías. No
obstante, en la sentencia C-458 de 2015[89] la Corte Constitucional conoció
de la acción pública dirigida contra varias disposiciones de la Ley 361 de 1997,
y de otras leyes, las primeras porque empleaban vocablos tales como “Personas
con limitación”, “limitación”, “minusvalía”,
“población con limitación”, “limitados”, “disminución
padecida”, “trabajadores con limitación”, “normal o
limitada”, “individuos con limitaciones”, lo cual en criterio de los actores tenía un marcado sesgo discriminatorio
y proyectaba una concepción de las personas que estimaban contraria a la igual
dignidad de todos los seres humanos. La Corte declaró exequibles los vocablos “limitación”, “limitaciones” o “disminución
padecida” contenidos en los artículos 5º, 7º, 8º, 9º, 11, 12, 14, 18, 22, 26,
27, 31, 34, 35, 36, 43, 45, 50, 51, 59, 60, 63, 67 de la Ley 361 de 1997, “en
el entendido de que deberán reemplazarse por las expresiones “discapacidad” o
“en situación de discapacidad””. Como fundamento de su decisión expuso lo siguiente:
“Los fragmentos acusados generan discriminación porque corresponden
a un tipo de marginación sutil y silenciosa consistente en usar expresiones
reduccionistas y que radican la discapacidad en el sujeto y no en la sociedad.
Con ello, definen a los sujetos por una sola de sus características, que además
no les es imputable a ellos, sino a una sociedad que no se ha adaptado a la
diversidad funcional de ciertas personas. || No cabe ninguna duda del poder del
lenguaje y más del lenguaje como forma en la que se manifiesta la legislación,
que es un vehículo de construcción y preservación de estructuras sociales y
culturales. Ese rol de las palabras explica que las normas demandadas puedan
ser consideradas inconstitucionales por mantener tratos discriminatorios en sus
vocablos. Cabe recordar que el mandato de abstención de tratos discriminatorios
ostenta rango constitucional (art. 13 CP) y por tanto cualquier acto de este
tipo –incluso cuando se expresa a través de la normativa- está proscrito.
[…] La discriminación aludida se manifiesta porque las
expresiones acusadas […] contribuyen a la generación de una mayor adversidad
para las personas en situación de discapacidad, pues ubican su situación como
un defecto personal, que además los convierte en seres con capacidades
restringidas que tienen un menor valor. Esta carga propia de las palabras
citadas hace que los procesos de dignificación, integración e igualdad sean más
complejos. || En efecto, las expresiones usadas por el Legislador no son
neutrales, tienen una carga no sólo peyorativa en términos de lenguaje natural,
sino violatoria de derechos en términos de las últimas tendencias del DIDH que
ha asumido el enfoque social de la discapacidad. En ese sentido no podrían ser
exequibles expresiones que no reconozcan a las personas en condición de
discapacidad como sujetos plenos de derechos, quienes a pesar de tener
características que los hacen diversos funcionalmente, deben contar con un
entorno que les permita desenvolverse con la mayor autonomía posible, pues son
mucho más que los rasgos que los hacen diversos y pueden ser parte de la
sociedad si ella se adapta a sus singularidades y les da el valor que les
corresponde como individuos, en concordancia con el derecho a la dignidad
humana […].”
5.8. Puede entonces afirmarse que las garantías de
estabilidad reforzada del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 se aplican, de
conformidad con la sentencia C-458 de 2015,[90] a las personas en situación de
discapacidad. No obstante, debe tenerse en cuenta que esa decisión de
control constitucional no buscaba agravar las condiciones de acceso a las
prestaciones de la Ley, sino ajustar el lenguaje y la concepción legislativa a
las previsiones superiores. Ahora bien, la Ley 361 de 1997 no define qué
características debe tener una persona para considerarse en situación de
discapacidad, pero sí parece consagrar en sus artículos 1º y 5º que sus
previsiones aplican a quienes están en condiciones de discapacidad moderada, severa
y profunda. En efecto, por una parte, el artículo 1º de la Ley 361 de 1997
señala que “la presente ley” se inspira en los derechos de las
personas en situaciones de discapacidad, y en la necesidad de garantizar la
asistencia y protección necesaria a quienes estén en situaciones de
discapacidad  “severas y profundas”. Por su parte, el artículo 5º ídem
prevé que las personas en situación de discapacidad deben entonces “aparecer
calificadas como tales en el carné de afiliado al Sistema de Seguridad en Salud”,
y que dicho carné especificará el carácter de persona en situación de discapacidad y el
grado de discapacidad, y por
tanto si es “moderada, severa
o profunda”. A partir de estas dos previsiones se ha llegado a concluir,
como antes se indicó, que la estabilidad reforzada contenida en la Ley 361 de
1997 aplica solo a quienes tienen una pérdida de capacidad moderada, severa o
profunda.
5.9. Sin
embargo, es preciso resaltar los siguientes aspectos. En primer lugar, la Ley
361 de 1997 no define directamente las características de una discapacidad
moderada, severa o profunda, cuestión que ha quedado entonces a la
determinación del reglamento. En esa medida, según se indicó, el universo
efectivo de personas beneficiarias de la Ley 361 de 1997 no ha sido definido
por el legislador, sino por el Ejecutivo mediante el Decreto reglamentario 2463
de 2001, que precisa cuándo una pérdida de capacidad es moderada, severa o
profunda. En segundo lugar, debe señalarse que en la sentencia C-606 de 2012[91]
la Corte declaró exequible el artículo 5 (parcial) antes mencionado, según el
cual en el carné debía identificarse el grado de discapacidad de la persona. La
Corporación sostuvo que la norma era constitucional, por cuanto establecía un
mecanismo para facilitar la identificación de los beneficiarios de la Ley. No
obstante, al mismo tiempo sostuvo que la tenencia o no de un carné no podía
convertirse en requisito necesario para acceder a las prestaciones y garantías
establecidas en la misma:
“se
debe resaltar que el carné de afiliación al Sistema de Seguridad Social en
Salud es una prueba declarativa pero no constitutiva y por ende no se puede
configurar de ningún modo como una barrera de acceso para la garantía de los
derechos establecidos en la Ley 361 de 1997 para las personas en situación de
discapacidad. Por tanto se debe entender que el carné solo sirve como una
garantía y una medida de acción positiva de los derechos contenidos en la Ley
361 de 1997 y no se puede convertir en una limitación, restricción o barrera de
los derechos o prerrogativas de que son portadoras las personas en situación de
discapacidad”.[92]
5.10. Finalmente, debe resaltarse que en la sentencia
C-824 de 2011[93] la Corte Constitucional conoció
además de una demanda contra los vocablos “severas y profundas” del
artículo 1º, Ley 361 de 1997, por cuanto en criterio de los accionantes excluía
de su aplicación a quienes estaban en situaciones de discapacidad “clasificadas de leves y moderadas”, y que tenían incluso “entre un 5% y 25%”, a quienes por tanto se los marginaba
de la protección especial a su estabilidad ocupacional. Tras efectuar una interpretación
sistemática de la Ley, pero ante todo luego de efectuar un entendimiento de la
misma conforme a la Constitución, la Corte declaró exequible la disposición
(parcial) demandada. No obstante, en sus consideraciones fue clara en que esta
decisión se fundaba en la circunstancia notoria de que el artículo 1º simplemente
ratificaba el hecho de que sus previsiones aplicaban a las personas en
situaciones de discapacidad clasificadas como severas y profundas, pero que esto
no significaba que excluyera su aplicación a otras personas en situaciones de
discapacidad no clasificadas de ese modo. En otras palabras, la Corte
señaló que el artículo 1º era inclusivo y no excluyente, pues debía entenderse
en el sentido de que asegura la protección de quienes tienen una pérdida de
capacidad severa o profunda, pero esto no implica que los demás carezcan del
derecho a beneficiarse de las previsiones allí contempladas. Exactamente, en lo
relevante, la sentencia C-824 de 2011 dice al respecto:
“Al realizar una interpretación sistemática del
artículo 1º de la Ley 361 de 1997 y de las expresiones “severas y profundas”
con el resto de las disposiciones contenidas en la misma normativa que se acaba
de reseñar, la Sala concluye lo siguiente: […] Los beneficiarios de la Ley 361
de 1997 no se limitan a las personas con limitaciones severas y profundas, sino
a las personas con limitaciones en general, sin entrar a determinar ni el tipo
de limitación que se padezca, ni el grado o nivel de dicha limitación, esto es,
sin especificar ni la clase, ni la gravedad de las limitaciones. || Así, en
todo el cuerpo normativo de la Ley 361 de 1997, la Sala constata que los
artículos relativos a la protección de la salud, educación y en materia
laboral, así como en aspectos relativos a la accesibilidad, al transporte, y a
las comunicaciones, hacen siempre referencia de manera general a las personas
con limitación, a estas personas o a ésta población, sin entrar a realizar
tratos diferenciales entre ellas, que tengan origen en el grado de limitación o
nivel de discapacidad” (énfasis añadido).
5.11. Además, en la sentencia C-824 de 2011 la Corte
sostuvo que esta interpretación amplia del universo de beneficiarios de la Ley
361 de 1997, definible “sin entrar a determinar ni el
tipo de limitación que se padezca, ni el grado o nivel de dicha limitación”, era la misma que había inspirado la
jurisprudencia constitucional sobre estabilidad laboral reforzada, expresada en
una de sus primeras decisiones en la sentencia T-198 de 2006. En esta última
decisión, la Corte Constitucional había señalado que “en materia
laboral, la protección especial de quienes por su condición física están en
circunstancia de debilidad manifiesta se extiende también a las personas
respecto de las cuales esté probado que su situación de salud les impide o
dificulta sustancialmente el desempeño de sus labores en las condiciones
regulares, sin necesidad de que exista una calificación previa que acredite
su condición de discapacitados o de invalidez” (énfasis
añadido). Esta aproximación,
según la sentencia C-824 de 2011, no atañe exclusivamente a la determinación de
los alcances de la estabilidad ocupacional reforzada sino también a la
interpretación de la Ley 361 de 1997, con el fin de no introducir
discriminaciones en el grupo de personas que por su situación de salud
experimenten impedimentos o dificultades relevantes para cumplir sus funciones
en condiciones regulares. Por eso la Sala Plena dijo que la jurisprudencia
constitucional “ha acogido una concepción amplia del término limitación, en
el sentido de hacer extensiva la protección de la que habla la Ley 361 de 1997
a las personas de las que se predique un estado de debilidad manifiesta por
causa de una enfermedad que no necesariamente acarree una pérdida de la
capacidad para trabajar”.[94]
5.12. Todo lo cual, en síntesis, quiere decir que de
acuerdo con la jurisprudencia de esta Corte, y con los propios términos
legales, una interpretación de la Ley 361 de 1997 conforme a la Constitución tiene
al menos las siguientes implicaciones. Primero, dicha Ley aplica a todas las
personas en situación de discapacidad, sin que esto implique agravar las
condiciones de acceso a sus beneficios que traía la Ley en su versión original,
que hablaba de personas con “limitación” o “limitadas” (Sentencia
C-458 de 2015). Segundo, sus previsiones interpretadas conforme a la
Constitución, y de manera sistemática, se extienden a todas las personas en
situación de discapacidad, así entendida,  “sin entrar
a determinar ni el tipo de limitación que se padezca, ni el grado o nivel de
dicha limitación” (sentencia
C-824 de 2011). Tercero, para exigir la extensión de los beneficios
contemplados en la Ley es útil pero no necesario contar con un carné de
seguridad social que indique el grado de pérdida de capacidad laboral
(sentencia C-606 de 2012). Cuarto, en todo caso no es la Ley expedida en
democracia la que determina cuándo una pérdida de capacidad es moderada, severa
o profunda, pues esta es una regulación reglamentaria.
5.13. De acuerdo con lo anterior, no es entonces
constitucionalmente aceptable que las garantías y prestaciones de estabilidad
reforzada del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 se contraigan a un grupo
reducido, cuando la Corte encontró  en la sentencia C-824 de 2011 que el
universo de sus beneficiarios era amplio y para definirlo no resulta preciso “entrar a determinar ni el tipo de limitación que se padezca, ni el
grado o nivel de dicha limitación”. Cuando se interpreta que es necesario contar con un
porcentaje determinado de pérdida de capacidad laboral para acceder a los
beneficios de la Ley 361 de 1997, ciertamente se busca darle un sustento más
objetivo a la adjudicación de sus prestaciones y garantías. No obstante, al
mismo tiempo se levanta una barrera también objetiva de acceso para quienes,
teniendo una pérdida de capacidad relevante, no cuentan aún con una
certificación institucional que lo establezca, o padeciendo una pérdida
inferior a la estatuida en los reglamentos experimentan también una
discriminación objetiva por sus condiciones de salud. La concepción amplia del
universo de destinatarios del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 busca
efectivamente evitar que las personas sean tratadas solo como objetos y por esa
vía son acreedores de estabilidad reforzada con respecto a sus condiciones
contractuales, en la medida en que su rendimiento se ve disminuido por una
enfermedad o limitación producto de un accidente.
5.14. Una vez las personas contraen una enfermedad, o
presentan por cualquier causa (accidente de trabajo o común) una afectación
médica de sus funciones, que les impida o
dificulte sustancialmente el desempeño de sus labores en condiciones regulares,
se ha constatado de manera objetiva que experimentan una situación
constitucional de debilidad manifiesta, y se exponen a la discriminación. La
Constitución prevé contra prácticas de esta naturaleza, que degradan al ser
humano a la condición de un bien económico, medidas de protección, conforme a
la Ley 361 de 1997. En consecuencia, los contratantes y empleadores deben
contar, en estos casos, con una autorización de la oficina del Trabajo, que
certifique la concurrencia de una causa constitucionalmente justificable de
finalización del vínculo.[95]
De lo contrario procede no solo la declaratoria de ineficacia de la terminación
del contrato, sino además el reintegro o la renovación del mismo, así como la
indemnización de 180 días de remuneración salarial o sus equivalentes.
5.15. Esta protección, por lo demás, no aplica únicamente
a las relaciones laborales de carácter dependiente, sino que se extiende a los
contratos de prestación de servicios independientes propiamente dichos. En
efecto, esto se infiere en primer lugar del texto mismo del artículo 26 de la
Ley 361 de 1997, el cual establece que “ninguna persona en situación de discapacidad podrá ser
despedida o su contrato terminado por razón de su discapacidad, salvo que medie autorización de la
oficina de Trabajo”. Como se observa, la norma
establece una condición para la terminación del contrato de una persona en
situación de discapacidad, y no califica la clase de contrato para reducirla
únicamente al de carácter laboral, propio del trabajo subordinado. Ciertamente,
el inciso 2º de la misma disposición dice que, en caso de vulnerarse esa
garantía, la persona tiene derecho a una indemnización “equivalente a ciento
ochenta días del salario”. Dado que el salario es una remuneración
periódica inherente a las relaciones de trabajo dependiente, podría pensarse
que esta indemnización es exclusiva de los vínculos laborales que se desarrollan
bajo condiciones que implican vinculación a la planta de personal. Sin embargo,
esta interpretación es claramente contraria a la Constitución pues crea un
incentivo perverso para que la contratación de personas con problemas de salud
se desplace del ámbito laboral al de prestación de servicios, con
desconocimiento del principio de prevalencia de la realidad sobre las formas y
de las garantías propias de las relaciones de trabajo dependiente.
5.16. Con base en
estos fundamentos se resolverá el caso concreto.
6. El señor
Ángel María Echavarría Oquendo es titular del derecho a la estabilidad ocupacional
reforzada y su contrato debe ser renovado                   – Resolución del
caso concreto–
6.1. El señor
Ángel María Echavarría tiene 72 años de edad y se desempeñaba como conductor de
vehículos de carga de Inciviles S.A., empresa del sector de la construcción con
quien ha celebrado dos contratos de prestación de servicios. El primero se
suscribió el 3 de enero de 2013 y duró hasta el 30 de noviembre del mismo año.
El segundo contrato se firmó el 1º de enero de 2014 y estaba llamado a durar
once meses, pero la compañía resolvió darlo por terminado mediante memorial del
14 de marzo de 2014, con base en una serie de hechos: (i) daño de un vehículo
de propiedad de la compañía el 20 de junio de 2013; (ii) daño de un vehículo
ajeno el 13 de septiembre de 2013; (iii) daño de un vehículo de la empresa el
18 de septiembre de 2013; (iv) contravención de tránsito el 13 de octubre de
2013; (v) accidente vehicular el 13 de marzo de 2014. La empresa invocó
entonces la cláusula séptima del contrato de prestación de servicios, que
establecía como “justas causas” para terminar el contrato “a) La
inadecuada ejecución por parte del contratista del objeto del contrato, que
afecte los intereses del contratante y/o de sus clientes, b) Los daños causados
por el contratista, a los elementos, maquinaria o equipos de propiedad del
contratante”. El escrito de terminación del contrato de prestación de
servicios se le dio a conocer al actor el 18 de marzo de 2014.
6.2. Ahora
bien, para la fecha en que se le informó de la terminación del vínculo el señor
Echavarría Oquendo estaba afectado por una incapacidad médica que iba desde el
17 hasta el 26 de marzo de 2014. El origen de los problemas de salud que
ocasionaron esta y otras incapacidades fue un accidente de carácter profesional
sufrido por el actor, el día 27 de enero de ese año, cuando
descargaba los materiales de construcción de uno de los vehículos que operaba.
Mientras realizaba esa actividad, le cayó encima una llanta que lo arrojó al
piso. En ese momento transitaba por allí un vehículo particular, que arrolló al
tutelante. Sufrió entonces una lesión completa del músculo supraespinoso,
ubicado en su hombro izquierdo, por lo cual se sometió a tratamiento físico,
con ingestión de analgésicos y controles de ortopedia. A raíz de este accidente
fue incapacitado en cuatro oportunidades: entre el 28 de enero y el 6 de
febrero de 2014,[96]
el 7 y el 26 de febrero de 2014,[97]
el 17 y el 26 de marzo de 2014,[98]
y el 20 y el 30 de junio de 2014.[99]
La Sala Plena de la
Corte Constitucional debe entonces resolver si se le violó el derecho
fundamental a la estabilidad ocupacional reforzada.
6.3. En primer
lugar, la Corte advierte que el actor es titular efectivo del derecho a la
estabilidad ocupacional reforzada, por cuanto a causa del accidente de trabajo
que padeció, experimentaba dificultades sustanciales para realizar las labores
para las cuales fue contratado en condiciones regulares. Esto se infiere no
solo a partir de la clase de lesión que sufrió, pues una afectación en su
hombro repercutía en sus funciones como conductor de vehículos, sino también al
constatar las incapacidades médicas a las que se vio sujeto, que afectaron el
cumplimiento de su contrato, por una causa que le resultaba ajena. Por otra
parte, se observa que, de hecho, el memorial de terminación del vínculo
contractual se le dio a conocer al peticionario cuando estaba dentro del
término de una incapacidad originada en el accidente que sufrió. Conforme a los
criterios unificados en esta providencia, el hecho de que se trate de un
contrato de prestación de servicios o una relación laboral no es relevante, en
cuanto a la protección de la estabilidad ocupacional reforzada, ni lo es que el
señor Ángel María Echavarría Oquendo carezca de una calificación de pérdida de
capacidad laboral que determine que determine el grado de su situación de
discapacidad. En sus condiciones de salud tiene derecho a la estabilidad
ocupacional reforzada en virtud de la Constitución, y en concordancia con la
Ley 361 de 1997.
6.4. Ahora
bien, la estabilidad ocupacional reforzada significa que el actor tenía
entonces derecho fundamental a no ser desvinculado sino en virtud de justa
causa debidamente certificada por la oficina del Trabajo. No obstante, en este
caso la compañía contratante Inciviles S.A. no solicitó la autorización
referida. En eventos como este, la jurisprudencia constitucional ha señalado
que la pretermisión del trámite ante la autoridad del Trabajo acarrea la
presunción de despido injusto.[100]
Sin embargo, esta presunción se puede desvirtuar, incluso en el proceso de
tutela, y por tanto lo que implica realmente es la inversión de la carga de la
prueba. Está entonces en cabeza del empleador o contratante la carga de probar
la justa causa para terminar la relación. Esta garantía se ha aplicado no solo
a las relaciones de trabajo dependiente, sino también a los vínculos originados
en contratos de prestación de servicios independientes.[101] Por tanto, en
esta ocasión, la Corte debe definir si la compañía Inciviles S.A. logra
desvirtuar la presunción de desvinculación injusta del actor.
6.5. Como
antes se indicó, la empresa contratante invocó cinco acontecimientos, asociados
a daños de vehículos de la compañía o de terceros y a una contravención de
tránsito, para justificar la terminación del contrato suscrito el 1º de enero
de 2014. No obstante, la Corte observa que cuatro de esos motivos tienen que
ver con hechos ocurridos en 2013; es decir, durante la ejecución de un contrato
anterior, que tuvo lugar entre el 3 de enero y el 30 de noviembre de 2013,
cuando finalizó el plazo pactado. Esos sucesos, a lo sumo podrían haber servido
de fundamento para terminar el contrato entonces vigente, o para no suscribir
el que en efecto luego se celebró en enero de 2014, con independencia del
anterior, y por voluntad de la sociedad que llamó al trabajador a firmarlo.
Pero un hecho ocurrido y conocido por la parte contratante antes de celebrar el
contrato del año 2014, no puede erigirse como causa para ponerle fin anticipadamente
a este último.
6.6. Sin
embargo, la Corte no pasa por alto que la compañía Inciviles S.A. adujo en la
carta de terminación del contrato la concurrencia de otro hecho, acontecido
este sí en el año 2014. Dijo en ese memorial que el día 13 de marzo de 2014 el
tutelante estaba a cargo de un vehículo de la empresa, y que: “lo dej[ó]
rodar y chocó una volqueta que estaba detrás, causando daños a otro vehículo
particular”.[102]
6.7. Respecto
del caso, el señor Echavarría Oquendo señala en su tutela que en el memorial de
terminación se le endilgan fallas en las que “presuntamente” incurrió,
pero respecto de las cuales “se [l]e ha violado el debido proceso al
no permitirse[l]e la defensa frente a los cargos que se esbozan”. Finalmente,
cabe resaltar que el actor se presentó ante la Inspección del Trabajo, oficina
del Ministerio del Trabajo, para solicitar la citación de Inciviles S.A. con el
fin de llegar a una conciliación, pero este intento fracasó pues el representante
de la empresa manifestó no tener “ánimo conciliatorio”.
6.8. En vista
de que la presunción de desvinculación injusta invierte la carga de la prueba y
la radica en la parte demandada, a Inciviles S.A. no le bastaba en este caso
con afirmar, sin sustento probatorio, los hechos mencionados en la causal de
terminación del contrato. Por tanto, al invocar la causal de terminación del
contrato contenida en su Cláusula Séptima, literal b), debía probar que hubo un
daño a uno de sus vehículos el 13 de marzo de 2014 y que el señor Ángel María
Echavarría lo causó, pues el contrato dice expresamente en lo pertinente
que la causal de terminación se produce por los “daños causados por
el Contratista”. Pues bien, tras examinar los documentos aportados al
proceso se advierte que la compañía Inciviles S.A. no anexa ninguna prueba de
que hubiese habido un daño a sus vehículos, o de que un vehículo a cargo del
peticionario específicamente hubiese sufrido una avería, ni tampoco muestra los
elementos que la llevan a concluir que el supuesto daño lo hubiese causado el
actor. Incluso dando por cierto, sobre la base de la buena fe, que un vehículo
hubiese sido objeto de un choque, sería injustificado inferir a partir de allí
que el daño lo hubiese causado el actor. El hecho de que el demandando haya
afirmado, como se indicó, que “se [l]e ha violado el debido proceso
al no permitirse[l]e la defensa frente a los cargos que se esbozan”,
le impide a la Corte asumir la versión que ofrece la empresa, pues el
demandante no fue escuchado en proceso administrativo alguno. Por lo demás, si
bien el rodamiento de un vehículo puede ser ocasionado por la voluntad o el
descuido humano de quien tenía el dominio del automotor, en este caso no está
claro que esa persona hubiera sido en concreto el actor, ni se ha descartado
que el deslizamiento se hubiese producido por fallas mecánicas.
7. Conclusión
7.1. Teniendo en
cuenta lo anterior, la Corte concluye que no se desvirtuó la presunción de
desvinculación injusta. En consecuencia, en este caso, pese a que el actor era
titular del derecho fundamental a la estabilidad ocupacional reforzada, se le
dio por terminado el vínculo contractual sin autorización de la oficina del
Trabajo y sin justa causa probada.
En este punto es
relevante aclarar que en la cláusula quinta del contrato celebrado el 1 de
enero de 2014 se describió el objeto contractual así: “el CONTRATISTA se
compromete para con la parte CONTRATANTE a poner a disposición sus
conocimientos y experiencia en el servicio de SUMINISTRAR TRANSPORTE DE
MATERIALES: EL CONTRATISTA se compromete para con EL CONTRATANTE, en forma
independiente y estable a: suministrar el transporte y/o suministro de
materiales”[103].
Asimismo, según el Certificado de Existencia y Representación de la empresa
Inciviles S.A., su objeto social corresponde a: “el desarrollo de
actividades tales como la construcción de puentes, carreteras, canales,
acueductos, alcantarillado, plantas de tratamiento, redes de energía,
teléfonos, vías, vivienda y en general todo tipo de obras de ingeniería civil y
de arquitectura”[104].
De lo anterior se desprende claramente que, conforme a la naturaleza de la
sociedad, el objeto del contrato de prestación de servicios al que aquí se ha
hecho alusión sigue requiriéndose.
En ese sentido, con
base en la jurisprudencia constitucional unificada en la presente sentencia, en
el caso concreto la Sala Plena de esta Corporación revocará los fallos
proferidos, en primera instancia, por el Juzgado Treinta Penal Municipal con
Función de Control de Garantías de Medellín el 8 de julio de 2014 y, en segunda
instancia, por el Juzgado Veintiuno Penal del Circuito de Medellín el 14 de
agosto de 2014. A su turno, concederá la tutela del derecho fundamental a la
estabilidad ocupacional reforzada del señor Ángel María Echavarría Oquendo,
vulnerado por Inciviles S.A.
7.2. Por tanto,
procederá a declarar ineficaz la terminación de la relación contractual. Como
consecuencia, ordenará (i) la renovación del contrato de prestación de
servicios con condiciones análogas a las que tenía al momento de dársele por
terminado el último de tales contratos. Si el actor no pudiera realizar las
actividades para las cuales fue contratado con anterioridad, la empresa
atenderá la recomendación que al respecto efectúe la administradora de riesgos
profesionales, a fin de garantizar su reubicación, previa capacitación y
ajuste de las condiciones de su trabajo en virtud del principio de integración
social (CP art 43). Finalmente, dispondrá (ii) el pago de los
emolumentos dejados de percibir desde la desvinculación (17 de marzo de 2014)
hasta la fecha inicialmente pactada para la terminación del contrato celebrado
(1 de diciembre de 2014), y (iii) una indemnización equivalente a 180 días de
remuneración, todo lo cual habrá de calcularse conforme al contrato celebrado
entre la partes que parece con fecha del mes de enero del año 2014.
8. Síntesis de la
unificación
8.1. El derecho fundamental a la estabilidad ocupacional reforzada es
una garantía de la cual son titulares las personas que tengan una
afectación en su salud que les impida o dificulte sustancialmente el desempeño
de sus labores en las condiciones regulares, con independencia de si tienen una calificación de pérdida de capacidad laboral
moderada, severa o profunda. La estabilidad ocupacional reforzada es aplicable
a las relaciones originadas en contratos de prestación de servicios, aun cuando
no envuelvan relaciones laborales (subordinadas) en la realidad. La violación a
la estabilidad ocupacional reforzada debe dar lugar a una indemnización de 180
días, según lo previsto en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, interpretado
conforme a la Constitución, incluso en el contexto de una relación contractual
de prestación de servicios, cuyo contratista sea una persona que no tenga
calificación de pérdida de capacidad laboral moderada, severa o profunda.
III.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala
Plena de la Corte Constitucional,
RESUELVE:
Primero.- LEVANTAR la suspensión de términos decretada dentro del proceso.
Segundo.- REVOCAR el
fallo proferido, en segunda instancia, por el Juzgado Veintiuno Penal del
Circuito de Medellín el 14 de agosto de 2014, que a su turno confirmó el
dictado, en primera instancia, por el Juzgado Treinta Penal Municipal con
Función de Control de Garantías de Medellín el 8 de julio de 2014. En su lugar,
TUTELAR el derecho fundamental del señor Ángel María Echavarría Oquendo
a la estabilidad ocupacional reforzada, vulnerados por Inciviles S.A.
Tercero.-
ORDENAR a Inciviles S.A. a través de su representante legal, o quien haga sus
veces, y en el plazo de quince (15) días calendario,
contados a partir de la notificación de la presente sentencia: (i) renueve el
contrato de prestación de servicios con el señor Ángel María Echavarría
Oquendo; (ii) cancele al actor las
remuneraciones que dejó de recibir entre el momento de su
desvinculación (17 de marzo de 2014) y la fecha en que su contrato se vencería
conforme al plazo pactado; (iii) y le pague, adicionalmente, una indemnización
equivalente a 180 días de honorarios.
Cuarto.- Por
Secretaría General, LÍBRENSE las comunicaciones a que se refiere el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Comuníquese y
cúmplase.
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Presidenta
AQUILES ARRIETA GÓMEZ
Magistrado (e)
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
CON SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
CON SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO
AUSENTE
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
CON SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
ALBERTO ROJAS RIOS
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO
PARCIAL DE VOTO DE LA MAGISTRADA
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
A
LA SENTENCIA SU049/17
DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL OCUPACIONAL DE
PERSONA EN ESTADO DE DEBILIDAD MANIFIESTA POR RAZONES DE SALUD-Terminación del contrato del
accionante no constituía una justa causa probada que permitiera desvincularlo
mientras presentaba afectaciones en su salud (Salvamento parcial de voto)
DERECHO A LA ESTABILIDAD OCUPACIONAL REFORZADA-Se debió hacer un análisis
minucioso de la vinculación del accionante, las funciones que ejercía y la
permanencia en el cargo para declarar la existencia de un contrato realidad y
concluir que el contrato se debía renovar (Salvamento parcial de voto)
DERECHO A LA ESTABILIDAD OCUPACIONAL REFORZADA-No se aplica para contrato de
prestación de servicios civil y comercial (Salvamento parcial de voto)
Referencia:
Expediente T-5.632.398
Acción de tutela
presentada por Ángel María Echavarría Oquendo contra Inciviles
S.A.
Asunto: Contrato
realidad. Estabilidad laboral reforzada de persona incapacitada.
Magistrada Ponente:
María Victoria
Calle Correa
Con el acostumbrado respeto por
las decisiones de la Corte Constitucional, a continuación presento las razones
que me conducen a salvar parcialmente el voto en la decisión adoptada
por la mayoría de la Sala Plena, en sesión del 2 de febrero de 2017.
1. La providencia de la que me aparto estudió si se vulneraba el
derecho a la estabilidad ocupacional reforzada del accionante, al terminarle la
empresa accionada su contrato de prestación de servicios de
manera unilateral y anticipada, sin obtener autorización previa del inspector
del trabajo, en un momento en el cual padecía los efectos de un
accidente de origen profesional que le dificultaba desarrollar sus funciones en
condiciones regulares.
La Sala resolvió tutelar el derecho fundamental a la estabilidad
ocupacional reforzada del accionante. En consecuencia, ordenó a la empresa Inciviles S.A. (i) renovar el contrato de prestación de
servicios con el señor
Ángel María Echavarría Oquendo; (ii) cancelarle las remuneraciones
que dejó de recibir entre el momento de su desvinculación y la fecha en que su
contrato se vencería conforme al plazo pactado; (iii) y pagarle,
adicionalmente, una indemnización equivalente a 180 días de honorarios.
Para tal efecto, la Corte señaló que el derecho
fundamental a la estabilidad ocupacional reforzada es una garantía de la cual
son titulares las personas que tengan una afectación en su salud que les
impida o dificulte sustancialmente el desempeño de sus labores en las
condiciones regulares, con independencia de si tienen una calificación de
pérdida de capacidad laboral moderada, severa o profunda.
Además, esta Corporación precisó que la estabilidad ocupacional
reforzada es aplicable a las relaciones originadas en contratos de prestación
de servicios, aun cuando no envuelvan relaciones laborales en la realidad. En
esa medida, la violación a la estabilidad ocupacional reforzada debe dar lugar
a una indemnización de 180 días, según lo previsto en el artículo 26 de la Ley
361 de 1997, interpretado conforme a la Constitución, incluso en el contexto de
una relación contractual de prestación de servicios, cuyo contratista sea una
persona que no tenga calificación de pérdida de capacidad laboral moderada,
severa o profunda.
2. Si bien estoy de acuerdo con la decisión adoptada en la Sentencia
SU-049 de 2017, lo cierto es que no comparto las
razones que llevaron a la Sala Plena a conceder el amparo y ordenar la
renovación del contrato de prestación de servicios. Considero que de
conformidad con el principio de primacía de la realidad sobre las formas
era evidente que existía un contrato realidad y, tal y como se señala en
la sentencia, la terminación del contrato del accionante no constituía una
justa causa probada que permitiera desvincularlo mientras presentaba afectaciones
en su salud que le impedían sustancialmente el desempeño de sus labores.
3. En efecto, el señor Echavarría Oquendo manifestó (i)
haber recibido órdenes de manera constante por parte de los funcionarios de la
empresa; (ii) cumplir con un horario habitual de 7:00 a.m. a 5:30 p.m.,
hasta completar cuarenta y ocho (48) horas semanales, y (iii) recibir el
pago de horas extras cuando era necesario atender una tarea específica por
fuera del horario establecido. Aunque en el expediente obran copias de los contratos
de prestación de servicios, no aportó pruebas de sus aserciones referidas a
órdenes, horarios y pagos de horas extras, pero ello nunca fue desvirtuado por
la empresa accionada.
4. De conformidad con la jurisprudencia de la
Corte[105],
existen distintos criterios que diferencian un contrato civil o comercial de
prestación de servicios de una vinculación laboral. En particular,
independientemente de la denominación que las partes asignen al contrato,
existirá una relación laboral cuando: “i) se presten servicios personales,
ii) se pacte una subordinación que imponga el cumplimiento de horarios o
condiciones de dirección directa sobre el trabajador y, iii) se acuerde una
contraprestación económica por el servicio u oficio prestado.”[106]
5. En este
orden de ideas, considero que la Sala Plena debió estudiar la concurrencia de
los elementos esenciales de la relación laboral, esto es, que la actividad del
accionante en la empresa fue personal, que por dicha labor
recibió una remuneración o pago y, además, que en la relación con
el empleador existía subordinación o dependencia. En este sentido, para conceder el amparo se debió efectuar un análisis
minucioso de la vinculación del accionante, las funciones que ejercía y la
permanencia en el cargo, para declarar la existencia de un contrato realidad y
poder concluir que el contrato se debía renovar.
6. En consecuencia,
salvo parcialmente mi voto porque disiento del análisis
realizado en relación con el desconocimiento de la estabilidad ocupacional
reforzada de la que supuestamente gozaba el accionante. En efecto, la razón
para conceder el amparo no debió tener como fundamento la regla formulada por
la Sala Plena en relación con la estabilidad ocupacional en los contratos de
prestación de servicios, pues la situación del accionante era otra. En este
caso se debió conceder el amparo al accionante, porque en realidad se
encontraba vinculado mediante un contrato laboral y en
este sentido la no renovación sin justa causa probada y sin autorización de la
oficina del trabajo, permitía suponer que no se renovó por la incapacidad en la
que se encontraba el accionante, lo cual desconoce los artículos 13 y 53
Superiores.
7. Por último, debo
aclarar que no comparto la aplicación del principio de estabilidad ocupacional
reforzada para los contratos de prestación de servicios civil y comercial, ya
que en esos casos no se configuran las mismas condiciones ni requisitos de un
contrato laboral. En efecto, los contratos de prestación de servicios tienen
como objeto una obligación de hacer, que se caracteriza por la autonomía
e independencia del contratista y su duración siempre debe ser
por tiempo limitado.
En consecuencia, la
intención de permanencia o continuidad que trae consigo la aplicación del
principio de estabilidad ocupacional reforzada, desnaturaliza las formas de
contratación civil y comercial para la prestación de un servicio específico.
De esta manera, expongo las
razones que me llevan a salvar parcialmente el voto con respecto a las
consideraciones y la decisión que se adoptó en la Sentencia SU-049 de 2017.
Fecha ut supra,
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
[1] El proceso de la referencia fue seleccionado para
revisión por la Sala de Selección Número Doce (12) de la Corte Constitucional,
con fundamento en el artículo 49 del reglamento interno de la Corporación que
se encontraba vigente para la época.
[2] Como anexo al escrito de tutela, el accionante aportó copia de su
cédula de ciudadanía, con número 8.249.372 de Medellín, Antioquia. Según este
documento, nació el tres (3) de agosto de mil novecientos cuarenta y tres
(1943). Folio 11 del cuaderno principal (de ahora en adelante, siempre que se
haga alusión a un folio de este Expediente, se entenderá que hace parte del
cuaderno principal, salvo que se diga otra cosa).
[3] La compañía Inciviles S.A. fue constituida el veintitrés (23) de
octubre de mil novecientos ochenta (1980) como una sociedad de responsabilidad
limitada (posteriormente se transformó en sociedad anónima) y su objeto
principal es “[e]l desarrollo de actividades tales como la construcción de
puentes, carreteras, canales, acueductos, alcantarillado, plantas de
tratamiento, redes de energía, teléfonos, vías, vivienda y en general todo tipo
de obras de ingeniería civil y de Arquitectura”.
[4] El objeto del contrato celebrado el tres (3) de enero de dos mil trece
(2013), fue el siguiente: “[el contratista ha] celebrado el contrato de
prestación de servicios para desempeñar el cargo de SUPERNUMERARIO, y que se
regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA: - El contratista adquiere con el
contratante las siguientes obligaciones: a) velar por el buen desarrollo de la
labor encomendada (s) a su responsabilidad. b) velar por el correcto trato y
uso del equipo, herramienta, materiales y bienes de El Contratante. c) velar
por todo aquello que colabore al desarrollo y correcta utilización de los
recursos de Inciviles S.A.” Como causales de terminación, pactaron las
siguientes: “El presente contrato se dará por terminado entre las partes, sin
reclamación alguna por parte de EL CONTRATISTA, en cualquiera de los siguientes
casos: a) por liquidación unilateral de INCIVILES S.A.; b) por cualquiera de
las causales contempladas en el código sustantivo del trabajo y en el
reglamento interno de trabajo de INCIVILES S.A.”. Como contraprestación a dicha
labor, el accionante recibía un pago mensual de un millón treinta y dos mil
cuatrocientos veintiséis pesos ($1.032.426), sin incluir el subsidio de
transporte, el cual se lo pagaban una vez al año. Folio 5.
[5] El objeto del contrato de prestación de servicios celebrado el primero
(1º) de enero de dos mil catorce (2014), fue el siguiente: “EL CONTRATISTA se
compromete para con la parte CONTRATANTE, a poner a disposición sus
conocimientos y experiencia en el servicio de SUMINISTRAR TRANSPORTE DE
MATERIALES […] Es obligación del CONTRATISTA: […] cuidar y mantener en perfecto
estado de funcionamiento, los elementos y máquinas de propiedad del
CONTRATANTE, que el CONTRATISTA podrá usar para la ejecución del Contrato”.
Como causales de terminación, pactaron las siguientes: “[…] son justas causas
para dar termino a este contrato, por parte del CONTRATANTE: a) La inadecuada
ejecución por parte  del CONTRATISTA del objeto del Contrato, que afecte los
intereses del CONTRATANTE y/o de sus clientes, b) los daños causados por el
CONTRATISTA, a los elementos, maquinarias o equipos de propiedad del
CONTRATANTE, […]”. Como contraprestación a la labor mencionada, el accionante
recibía un pago mensual de un millón ciento cincuenta y seis mil cuarenta y
siete pesos ($1.156.047), sin incluir el subsidio de transporte, el cual se lo
pagan una vez al año. Folios 13 al 15.
[6] Ver. Folio 43, en el que obra copia de la carta de terminación
del contrato de prestación de servicios por parte de Inciviles S.A.
[7] El actor fue diagnosticado el diecisiete (17) de marzo de dos mil
catorce (2014) por el Dr. Juan Sebastián Penagos, médico general, y recibió una
incapacidad comprendida entre tal fecha y el día veintisiete (27) del mismo
mes. Folio 18 –reverso-.
[8] Como anexo al escrito de tutela, el accionante aportó copia del
informe policial del accidente de tránsito ocurrido el veintisiete (27) de
enero de dos mil catorce (2014). Folios 9 y 10.
[9] Según la epiciris elaborada el veinte (20) de junio de dos mil catorce
(2014) en el servicio de urgencias de la Clínica Las Américas por la Dra.
Jackeline Andrea Delgado Torres, médica cirujana, la ecografía de hombro que se
le practicó al accionante evidencia una lesión completa del músculo
supraespinoso izquierdo, que le impide elevar el brazo y que le genera una
incapacidad funcional. Folios 25 y 26.
[10] Ver la epicrisis elaborada el veinte (20) de junio de dos mil catorce
(2014) en el servicio de urgencias de la Clínica Las Américas, por la Dra.
Jackeline Andrea Delgado Torres, médica cirujana. Folios 25 y 26.
[11] Incapacidad otorgada el veintisiete (27) de enero de dos mil catorce
(2014) por el Dr. Eduardo González Ríos, ortopedista y traumatólogo de la
Clínica Las Américas, ubicada en la ciudad de Medellín, Antioquia. Folio 18.
[12] Incapacidad otorgada el diez (10) de febrero de dos mil catorce (2014)
por el Dr. Eduardo González Ríos, ortopedista y traumatólogo de la Clínica Las
Américas, ubicada en la ciudad de Medellín, Antioquia. Folio 18.
[13] Incapacidad otorgada el diecisiete (17) de marzo de dos mil catorce
(2014) por el Dr. Juan Sebastián Penagos, médico general. Folio 18.
[14] Incapacidad otorgada el veinte (20) de junio de dos mil catorce (2014)
por la Dra. Jackeline Andre Delgado Torres, médica cirujana de la Clínica Las
Américas, ubicada en la ciudad de Medellín, Antioquia. Folios 23 y 24.
[15] Como anexos, aportó el comprobante de pago de seguridad social en
salud, correspondientes a los meses de enero, marzo, abril, mayo y junio de dos
mil catorce (2014). Folio 21. Así mismo, en el escrito de impugnación que
presentó el once (11) de julio de dicho año, afirmó que “[e]l accidente laboral
(y de tránsito) ocurrió el día 27 de enero; para la fecha sólo tenía como
protección el ítem de salud, por el pago hecho [por mí] en forma oportuna a
favor de la correspondiente entidad prestadora del servicio indicado”. Folio
53.
[16] Ver copia del acta levantada por la Dirección Territorial del
Ministerio del Trabajo, ubicada en el Departamento de Antioquia. Folio 8.
[17] El señor Leonardo Múnera.
[18] Ver copia de la citación enviada al representante legal de Inciviles.
S.A. por parte del Inspector del Trabajo. Folio 6.
[19] Acta no conciliada No. 446, suscrita por el accionante. Los apoderados
del reclamante de la empresa y el inspector del trabajo, el doce (12) de junio
de dos mil catorce (2014). Folio 20.
[20] Folio 5.
[21] Folio 6.
[22] Folio 7.
[23] Folio 8.
[24] Folios 9 y 10.
[25] Folio 11.
[26] Folio 12.
[27] Folios 13 al 15.
[28] Folio 16.
[29] Folio 17.
[30] Folio 17.
[31] Folios 18, 23, 24, 25 y 26.
[32] Folio 19.
[33] Folio 20.
[34] Folio 21 y 22.
[35] Por medio de la cual se establecen mecanismos de integración social de la
personas con limitación y se dictan otras disposiciones.
[36] El
perjuicio irremediable debe ser (i) inminente; (ii) grave; (iii) requerir de
medidas urgentes para su supresión, y (iv) demandar la acción de tutela como
una medida impostergable. Por inminencia se ha
entendido algo que amenaza o que está por suceder prontamente. Es
decir, un daño cierto y predecible cuya ocurrencia se pronostica objetivamente
en el corto plazo a partir de la evidencia fáctica y que justifica la toma de
medidas prudentes y oportunas para evitar su realización. Así pues, no se
trata de una simple expectativa o hipótesis. El criterio de gravedad, por su
parte, se refiere al nivel de intensidad que debe reportar el daño. Esto es, a
la importancia del bien jurídico tutelado y al nivel de afectación que puede
sufrir. Esta exigencia busca garantizar que la amenaza o violación sea
motivo de una actuación extraordinariamente oportuna y diligente. El criterio
de urgencia, por otra parte, está relacionado con las medidas precisas que se
requieren para evitar la pronta consumación del perjuicio irremediable y la
consecuente vulneración del derecho. Por esta razón, la urgencia está
directamente ligada a la inminencia. Mientras que la primera alude a la
respuesta célere y concreta que se requiere, la segunda hace referencia a la
prontitud del evento. La impostergabilidad de la acción de tutela, por último,
ha sido definida como la consecuencia de la urgencia y la gravedad, bajo el
entendido de que un amparo tardío a los derechos fundamentales resulta ineficaz
e inoportuno. Sobre los elementos constitutivos del perjuicio irremediable se
pueden ver las consideraciones hechas en las siguientes Sentencias: T- 225 de
1993 (MP. Vladimiro Naranjo Mesa), T-789 de 2003
(MP. Manuel José Cepeda Espinosa), T-761 de 2010 (MP. María Victoria
Calle Correa), T-424 de 2011 (MP. Juan Carlos Henao Pérez), T-206 de 2013 (MP.
Jorge Iván Palacio Palacio) y T-471 de 2014 (MP. Luis Guillermo Guerrero
Pérez), entre muchas otras.
[37] El artículo 6 numeral 1°
del Decreto 2591 de 1991 ofrece un desarrollo admisible de la Constitución
Política, y de acuerdo con su texto, la disponibilidad de dichos medios debe
ser “apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante” (Dcto 2591 de 1991, art.
6.1).
[38] Sentencia SU-961 de 1999
(MP. Vladimiro Naranjo Mesa. Unánime). En esa ocasión, la Corte debía definir
si una acción contenciosa era eficaz para resolver una determinada pretensión,
y concluyó que no lo era. Por esa razón, juzgó que la acción de tutela debía
considerarse el medio de defensa idóneo. En ese contexto definió los criterios
para determinar si los otros medios de defensa judicial, distintos a la tutela,
son eficaces. Lo hizo en el siguiente sentido: “[…] En cada caso, el juez está en la obligación de determinar si las
acciones disponibles le otorgan una protección eficaz y completa a quien la
interpone.  Si no es así, si los mecanismos ordinarios carecen de tales
características, el juez puede otorgar el amparo de dos maneras distintas,
dependiendo de la situación de que se trate. La primera posibilidad es que las
acciones ordinarias sean lo suficientemente amplias para proveer un remedio
integral, pero que no sean lo suficientemente expeditas para evitar el
acontecimiento de un perjuicio irremediable. En este caso será procedente la
acción de tutela como mecanismo transitorio, mientras se resuelve el caso a
través de la vía ordinaria. La segunda posibilidad, es que las acciones comunes
no sean susceptibles de resolver el problema de manera integral”.
[39] Ver por ejemplo sentencias
T-719 de 2003 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa), T-1042 de 2010 (MP. Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo), T-167 de 2011 (MP. Juan Carlos Henao Pérez), T-352 de
2011 (M.P Luis Ernesto Vargas Silva), T-206 de 2013 (MP. Jorge Iván Palacio
Palacio) y T-269 de 2013 (MP. María Victoria Calle Correa), entre otras.
[40] Ver Sentencias T-1316 de
2001 (MP. Rodrigo Uprimny Yepes), T-719 de 2003 (MP. Manuel José Cepeda
Espinosa), T-456 de 2004 (MP. Jaime Araujo Rentería), T-015 de 2006 (MP. Manuel
José Cepeda Espinosa), T-515A de 2006 (MP. Rodrigo Escobar Gil), T-700 de 2006
(MP. Manuel José Cepeda Espinosa), T-972 de 2006 (MP. Rodrigo Escobar Gil),
T-167 de 2011 (MP. Juan Carlos Henao Pérez), T-352 de 2011 (MP. Luis Ernesto
Vargas Silva) y
T-206 de 2013 (MP. Jorge Iván Palacio Palacio), entre otras.
[41] El Código Procesal del Trabajo establece, en su artículo 2º que
la jurisdicción laboral conoce de “Los conflictos jurídicos que
se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo” (num
1º), y de “Los conflictos jurídicos que se originan en el
reconocimiento y pago de honorarios o remuneraciones por servicios personales
de carácter privado, cualquiera que sea la relación que los motive”. Por
su parte, el Código General del Proceso dice en su artículo 15 que “Corresponde a la jurisdicción ordinaria en su especialidad civil, el
conocimiento de todo asunto que no esté atribuido expresamente por la ley a
otra especialidad jurisdiccional ordinaria”.
[42] La Corte ha
puesto de presente esta excepcional procedencia de la tutela en las siguientes
Sentencias: T-198 de 2006 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra), T-661 de 2006 (MP
Álvaro Tafur Galvis), T-1038 de 2007 (MP. Humberto Antonio Sierra Porto), T-812 de 2008 (MP. Jaime Córdoba
Triviño), T-263 de 2009 (MP. Luis Ernesto
Vargas Silva), T-467
de 2010 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), T-996 de 2010 (MP Luis Ernesto Vargas
Silva), T-292 de 2011 (MP. Luis
Ernesto Vargas Silva), T-910 de 2011 (MP.
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-263 de 2012 (MP. Jorge Iván Palacio
Palacio), T-440A de 2012 (MP. Humberto Antonio Sierra Porto), T-484 de
2013 (MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-445 de 2014 (MP. María Victoria
Calle Correa. AV Mauricio González Cuervo y Luis Guillermo Guerrero Pérez) y
T-673 de 2014 (MP. Jorge Iván Palacio Palacio y SPV. Gloria Stella Ortiz
Delgado), entre muchas otras.
[43] Según
el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y el Ministerio
del Trabajo, la tasa de desempleo de las personas mayores de cincuenta y cinco
(55) años es menor a aquella de los demás grupos etarios. Su nivel de ingresos
promedio es, a la vez, mayor que aquel de personas más jóvenes. Sin embargo,
cuando una persona adulta es despedida, encuentra más obstáculos para regresar
al mercado laboral. Razón por la cual, las personas mayores de cincuenta y un
(51) años permanecen casi el doble de tiempo desempleadas. Ver Indicadores del
Mercado Laboral” en http://www.mintrabajo.gov.co/empleo/indicadores-del-mercado-laboral.html; Juan Carlos Guataquí, Andrés Felipe García y
Mauricio Rodríguez. 2009. Estimaciones de los determinantes de los ingresos
laborales en Colombia con consideraciones diferenciales para asalariados y
cuenta propia. Universidad del Rosario, Facultad de Economía. http://www.urosario.edu.co/urosario_files/92/924d7a77-2ee8-49d0-80b7-f910b406801e.pdf (2 de marzo de 2014); y Jaime Tenjo Galarza, Martha Misas Arango, Alfredo
Contreras Eitner, Alejandro Gaviria Jaramillo. 2012. Duración del Desempleo en
Colombia. Universidad Jorge Tadeo Lozano. http://virtual.utadeo.edu.co/programas/pregrados/economia/working_paper/duracion_%20del_desempleo_en_colombia_julio_2012.pdf
(1 de marzo de 2014); Juan Carlos Guataquí, Nohora Forero y Andrés Felipe
García. 2009 ¿A quiénes afecta el desempleo? Análisis de la tasa de incidencia
en Colombia. Lecturas de Economía No. 70. http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/lecturasdeeconomia/article/view/2257/1818
(1 de marzo de 2014).
[44] Al haber tenido un contrato de prestación de servicios, y al éste
verse terminado por una presunta justa causa, el accionante no gozaba de
auxilio de cesantías y no recibió el pago de una indemnización.
[45] El accionante todavía sufre las consecuencias de la lesión completa
del músculo supraespinoso, ubicado en su hombro izquierdo, que le ocasionó el
accidente de tránsito sufrido el veintisiete (27) de enero de dos mil catorce
(2014). Folio 25 y 26.
[46] “Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las
personas en situación de discapacidad y se dictan otras disposiciones”.
[47] Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia
del 15 de julio de 2008. Radicado 32532 (MP. Elsy del Pilar Cuello Calderón).
[48] Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia
del 15 de julio de 2008. Radicado 35606. (MP. Isaura Vargas Díaz). En esa
ocasión la demanda que originó el proceso buscaba, primero, la declaratoria de que al momento de la
terminación de la relación laboral el actor se encontraba en situación de
discapacidad y, segundo, que por desvincularlo de modo irregular, la demandada
fuera condenada a reconocerle y pagarle la indemnización establecida en el
artículo 26 de la Ley 361 de 1997. La Corte consideró que no había lugar
a conceder la protección de la Ley 361 de 1997, porque al terminarse el vínculo
el empleador no sabía si la limitación del empleado era severa o profunda.
[49] Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 3
de noviembre de 2010. Radicado 38992. (MP. Camilo Tarquino Gallego). En esa
oportunidad se estudiaba el caso de una persona que fue desvinculada de su
trabajo cuando sufría los efectos de un problema de salud que le ocasionaba una
pérdida de capacidad laboral del 21.55%, sin autorización de la autoridad del
trabajo. La Corte Suprema reiteró que la Ley 361 de 1997 no protegía cualquier
clase de disminución, y aunque en ese caso era moderada, encontró que la
terminación del contrato se dio por haber superado el actor 180 días de
incapacidad.
[50] Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 28
de agosto de 2012. Radicado 39207. (MP. Jorge Mauricio Burgos Ruíz). En este
fallo se sostuvo: “esta Sala reitera su posición contenida en la sentencia
32532 de 2008, consistente en que no cualquier discapacidad está cobijada por
el manto de la estabilidad reforzada previsto en el artículo 26 de la Ley 361
de 1997; dicha acción afirmativa se justifica y es proporcional en aquellos
casos donde la gravedad de la discapacidad necesita protección especial para
efectos de que los trabajadores afectados con ella no sea excluidos del ámbito
del trabajo, pues, históricamente, las discapacidades leves que podría padecer
un buen número de la población no son las que ha sido objeto de discriminación.
Por esta razón, considera la Sala que el legislador fijó los niveles de
limitación moderada, severa y profunda (artículo 5º reglamentado por el
artículo 7º del D. 2463 de 2001), a partir del 15% de la pérdida de la
capacidad laboral”
[51] Sentencia T-1040 de 2001 (MP. Rodrigo Escobar Gil). La Corte
Constitucional en este asunto dijo que una mujer debía ser reintegrada al cargo
del cual había sido desvinculada sin autorización del inspector de trabajo,
porque a pesar de que no había sido calificada como inválida, tenía una
disminución suficiente en su salud que la hacía acreedora de una protección
especial.
[52] Sentencia T-405 de 2015 (MP. María Victoria Calle Correa. SPV Luis
Guillermo Guerrero Pérez). En esa ocasión se resolvían varios casos acumulados.
Entre ellos, estaba el correspondiente al caso en el que una persona fue
diagnosticada con síndrome del túnel del carpo bilateral severo, fue sometida a una cirugía cuando estaba pendiente de
otra intervención y de una valoración del hombro derecho, y entre tanto fue desvinculada
sin contar con la autorización del inspector de trabajo. El actor se
desempeñaba como jardinero, y la enfermedad era de origen profesional. No
acreditó un porcentaje de pérdida de capacidad, pero la Corte reconoció que era
titular de la estabilidad laboral reforzada mientras experimentara por su salud
dificultades sustanciales para desarrollar sus funciones en condiciones
regulares.
[53] Sentencia T-141 de 2016 (MP. Alejandro Linares Cantillo). En ese fallo
la Sala Tercera resolvió dos casos, uno de los cuales era de una persona que
fue desvinculada sin autorización del Inspector del Trabajo en un momento en
que experimentaba las consecuencias médicas de una cirugía que le desencadenó
un proceso infeccioso. El actor se desempeñaba como asesor comercial, y para
desarrollar sus funciones requería caminar periodos y tramos prolongados. La
Corte le reconoció como titular del derecho a la estabilidad laboral reforzada,
pese a no encontrarse en el expediente referencias a su porcentaje de
calificación de pérdida de capacidad laboral.
[54] Sentencia T-351 de 2015 (MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo). La Sala
Cuarta revisaba el caso de una persona que sufrió un “trauma en el pie derecho”
mientras operaba una máquina guadañadora, en desarrollo de su trabajo al servicio
de una empresa dedicada a la siembra de palma
para usos alimenticios. La Corte le reconoció el derecho a la estabilidad
laboral reforzada, sin que se hubiera considerado como relevante el hecho de
que no contaba con un certificado del porcentaje de pérdida de capacidad
laboral.
[55] Sentencia T-106 de 2015 (MP. Gloria Stella Ortiz Delgado). El caso
entonces resuelto correspondía al de una persona que fue desvinculada mientras
sufría las consecuencias adversas de una discopatía lumbar múltiple y una
neumoconiosis. El peticionario se desempeñaba como minero y su médico le
recomendó, entre otras cosas, evitar “la
exposición a material particulado, humo o vapores durante la actividad laboral”.
La Corte reconoció su derecho a la estabilidad laboral reforzada, sin que
estuviera una calificación de pérdida de capacidad laboral.
[56] Sentencia T-691 de 2015 (MP. Jorge Iván Palacio Palacio). En esa
oportunidad se resolvía un asunto relativo a una persona que fue desvinculada
sin autorización del Ministerio del Trabajo, en un contexto en el cual padecía
las secuelas de un “ganglio en el dorso de la mano derecha”, así como de “dolencias en las articulaciones
de manos, brazos, pies, piernas, cintura y en general en todo el cuerpo”,
por lo cual se le diagnosticó con “lumbalgia en los
miembros inferiores, compromiso inflamatorio de todas las vértebras lumbares,
[…] artritis gotosa degenerativa”. La actora era recolectora de residuos
sólidos de un municipio. La Corte la reconoció como titular del derecho a la
estabilidad laboral reforzada, pese a no contar con certificación sobre el
porcentaje de pérdida de capacidad laboral.
[57] Sentencia T-057 de 2016 (MP Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub). La tutela decidida en ese caso la presentó una persona que
fue desvinculada de su trabajo, sin la autorización del inspector del trabajo,
pese a que padecía “Hipertensión
esencial primaria, goma y úlceras de frambesia, hipertensión arterial,
hipertropia ventricular izquierda, cardiopatía hipertensiva, pólipos
gástricos”, además de las consecuencias de un accidente mientras trabajaba en la línea de producción de la compañía, en el cual sus
dedos de la mano derecha se afectaron y uno de ellos resultó atrapado. La Corte
sostuvo que la persona tenía derecho a la estabilidad laboral reforzada, aun
cuando no obrara certificado de porcentaje de pérdida de capacidad laboral.
[58] Sentencia T-251 de 2016 (MP. Alberto Rojas Ríos). En uno de los casos
acumulados el actor fue desvinculado, sin autorización institucional, cuando
experimentaba las secuelas de un “síndrome del
túnel carpiano, lumbago no especificado y cervicalgia”. En su trabajo se
desempeñaba como “andamiero”, por lo cual sus labores eran “cargar elementos pesados como andamios y tablas, subir
materiales, escalar, etc.”. La Corte lo consideró titular del derecho a
la estabilidad laboral reforzada, aun sin porcentaje de pérdida de capacidad
laboral.
[59] Sentencia T-594 de 2015 (MP Luis Ernesto Vargas Silva). En esa
ocasión, en uno de los casos, la actora fue desvinculada sin autorización del
Ministerio, mientras experimentaba las consecuencias de diversas afectaciones
de salud [“(i)trastorno mixto de ansiedad, por el exceso de trabajo, (ii) amigdalitis y faringitis,
debido a la exposición al frio, (iii) bocio tiroideo, (iv) gastritis antral eritematosa, (v) asimetría de la altura de las
rodillas, (vi) quiste aracnoideo en fosa
nasal posterior (vii) escoliosis toraco-lumbar de ceonvejidad el riesgo osteomuscular
por la postura y movimientos repetitivos”]. La peticionaria se
desempeñaba como vendedora, y entre las recomendaciones médicas estaba la de “no exponerse al frio”. La Corte la consideró
titular del derecho a la estabilidad laboral reforzada, pese a que no se expuso
el porcentaje de pérdida de capacidad laboral.
[60] Sentencia T-597
de 2014 (MP. Luis Guillermo Guerrero Pérez. AV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[61] Sentencia T-1219 de 2005 (MP. Jaime Córdoba Triviño). En ella, la
Corte examinaba si una persona que sufría de diabetes y ocultaba esa
información en una entrevista de trabajo para acceder al empleo, tenía derecho
fundamental a la estabilidad laboral reforzada frente a la decisión de la
empresa de desvincularlo por haber ocultado dicha información. Para decidir, la
Corte consideró que cuando se trata de personas en “circunstancias excepcionales
de discriminación, marginación o debilidad [m]anifiesta”, la estabilidad en el
empleo contemplada en el artículo 53 Superior tiene una relevancia especial y
puede ser protegida por medio de la acción de tutela, como garantía
fundamental.  Concluyó que, en ese caso, a causa de las condiciones de
debilidad, sí tenía ese derecho fundamental. En consecuencia, ordenó el
reintegro del trabajador.
[62] Sentencia T-520 de 2008 (MP Manuel José Cepeda Espinosa). En esa
oportunidad, al examinar si un accionante de tutela tenía derecho a la
estabilidad laboral reforzada, la Corte concluyó que sí, debido a sus
condiciones de salud, pero que no se lo había violado su empleador. Para
fundamentar el derecho a la estabilidad laboral reforzada, la Corte aludió al
derecho a la igualdad de las personas que por su condición física o mental “se
encuentr[a]n en circunstancias de debilidad manifiesta”, consagrado en el
artículo 13 Superior.
[63] Sentencia T-263 de 2009 (MP Luís Ernesto Vargas Silva). Al estudiar el
caso de una mujer que había sido desvinculada de su trabajo sin autorización de
la autoridad competente, a pesar de que tenía cáncer, la Corte Constitucional
señaló que se le había violado su derecho a la estabilidad laboral reforzada y
ordenó reintegrarla en condiciones especiales. En sus fundamentos, la Corte
indicó que una de las razones hermenéuticas que sustentan el derecho
fundamental a la “estabilidad laboral reforzada” es el deber del Estado de
adelantar “una política de previsión, rehabilitación e integración social para
los disminuidos físicos, sensoriales y síquicos, a quienes se
prestará la atención especializada que requieran”, contemplado en el artículo
47 Superior.
[64] Sentencia T-519 de 2003 (MP. Marco Gerardo Monroy), citada. La Corte
vinculó los fundamentos del derecho fundamental a la estabilidad laboral
reforzada al principio de solidaridad. Dijo, a este respecto, que el derecho a
la estabilidad especial o reforzada, que se predica respecto de ciertos
sujetos,  “se soporta, además […] en el cumplimiento del deber de solidaridad;
en efecto, en estas circunstancias, el empleador asume una posición de sujeto
obligado a brindar especial protección a su empleado en virtud de la condición
que presenta”.
[65] Sentencia T-154 de 2014 (MP Luis Guillermo
Guerrero Pérez). En esa ocasión la Corte consideró que la solicitud presentada
por los familiares de una persona, para que el sistema de salud le
proporcionara a esta un cuidado permanente, constituía una carga soportable que
en principio debía ser asumido por los parientes: “El principio de solidaridad atribuye a los miembros de una sociedad el
deber de ayudar, proteger y socorrer a sus parientes cuando se trata del goce
de sus derechos fundamentales a la salud y a la vida digna. Deber que a su vez
contiene un mayor grado de fuerza y compromiso cuando se trata de personas que
se encuentran en condiciones de debilidad manifiesta, debido a los
padecimientos propios de su edad o a las enfermedades que los agobian, y que
por tanto no están en capacidad de proveer su propio cuidado, requiriendo de
alguien más que les brinde dicho cuidado permanente y principal”.
[66] Sentencia C-800
de 2003 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa. Unánime). En ese caso la Corte
resolvía la demanda contra una norma que autorizaba a las entidades promotoras
e instituciones prestadoras de salud a interrumpir indiscriminadamente los
servicios de salud de las personas, después de seis meses de verificada una
mora en los aportes. La Corte señaló que si está en curso un tratamiento del
cual dependa la integridad o la vida de la persona, es inconstitucional a la
luz del principio de solidaridad interrumpirlo aduciendo mora: “Si el paciente ha sido
desvinculado laboralmente, por ejemplo, el servicio de salud específico que
venía recibiendo, y del cual depende su vida o su integridad, debe continuar
prestándose en virtud del principio de solidaridad, el cual impide que la vida
o la integridad de una persona gravemente enferma quede desprotegida debido a
que la compensación proveniente de los aportes ya no opera para continuar
financiando el servicio”.
[67] Sentencia T-1210 de 2008 (MP Clara Inés Vargas Hernández). En
esa ocasión la Corte señaló que no estaban dadas las condiciones para declarar
la existencia de un contrato realidad, lo cual no obstaba para señalar que la
tutelante, por estar en circunstancias de debilidad manifiesta, era titular del
derecho a la estabilidad laboral reforzada. Sin embargo, concluyó que la
desvinculación no se debió a las condiciones de salud de la peticionaria, por
lo cual negó la tutela de los derechos fundamentales invocados.
[68] Sentencia T-490 de 2010 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub). La Corte
en ese caso reconoció el derecho a la estabilidad laboral reforzada en el
contexto de la prestación de servicios.
[69] Sentencia T-988 de 2012 (MP María Victoria Calle Correa). Al conocer
la tutela de una persona desvinculada irregularmente en condiciones de
debilidad manifiesta señaló: “la estabilidad no depende de la denominación del
vínculo por el cual la persona logra ejercer una alternativa productiva”.
[70] Sentencia T-144 de 2014 (MP Alberto Rojas Ríos). Concedió entonces la
tutela a una persona a la que se le terminó su contrato de prestación de
servicios mientras estaba en circunstancias de debilidad manifiesta: “la
terminación de un contrato de prestación de servicios no puede servir de
criterio objetivo para despedir a una persona en situación de discapacidad”,
dijo la Sala Octava de Revisión.
[71] Sentencia T-310 de 2015 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub). En el caso
de unas personas a quienes se les terminó su contrato de prestación de
servicios mientras persistían las condiciones de salud que les dificultaban el
desarrollo regular de sus funciones, la Corte indicó: “la protección
constitucional de la cual deben gozar los trabajadores que se encuentren en
circunstancias de debilidad manifiesta […] cobija no solo los casos de
contratos laborales, sino también los asuntos en los que se trate de contratos
de prestación de servicios”.
[72] Sentencia T-040 de 2016 (MP Alejandro Linares Cantillo. SAPV
Gloria Stella Ortiz Delgado). En esa ocasión concluyó que se viola “el derecho a la estabilidad reforzada cuando
(i) una entidad del Estado, (ii) no prorroga el contrato de prestación de
servicios de un sujeto en condición de debilidad manifiesta por padecer de fibrosis
quística, (iii) teniendo conocimiento de la enfermedad de la persona, (iv) sin
demostrar una causal objetiva, diferente al simple vencimiento del término para
la terminación del vínculo contractual, y (v) ante la continuidad del objeto
del contrato.”
[73] Sentencia T-881 de 2012. En esa oportunidad, la Sala Primera de
Revisión debía resolver el caso de una persona que fue desvinculada mientras se
encontraba en condiciones de debilidad manifiesta, en el contexto de un “contrato
de aprendizaje”. En vista de que este último tenía características legales
y contractuales que permitían diferenciarlo, conforme a la jurisprudencia
constitucional, del contrato laboral en sentido estricto, la Corte señaló que
en vez de hablar de derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada
se haría “referencia al derecho a la
estabilidad ocupacional reforzada”. En ese caso
concedió la tutela de este derecho.
[74] Sentencia C-531 de 2000 (MP Álvaro Tafur Galvis. Unánime). El
condicionamiento se fundó constitucionalmente en “los principios de respeto a la dignidad humana,
solidaridad e igualdad (C.P., arts. 2o. y 13), así como los mandatos
constitucionales que establecen una protección especial para los disminuidos
físicos, sensoriales y síquicos (C.P., arts. 47 y 54)”.
[75] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, S.P.V. Humberto Antonio
Sierra Porto y Luis Ernesto Vargas Silva.
[76] M.P. María Victoria Calle Correa.
[77] Sentencia T-144 de 2014 (MP Alberto Rojas Ríos). Concedió entonces la
tutela a una persona a la que se le terminó su contrato de prestación de
servicios mientras estaba en circunstancias de debilidad manifiesta: “la
terminación de un contrato de prestación de servicios no puede servir de
criterio objetivo para despedir a una persona en situación de discapacidad”,
dijo la Sala Octava de Revisión.
[78] Sentencia T-310 de 2015 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub). En el caso
de unas personas a quienes se les terminó su contrato de prestación de
servicios mientras persistían las condiciones de salud que les dificultaban el
desarrollo regular de sus funciones, la Corte indicó: “la protección
constitucional de la cual deben gozar los trabajadores que se encuentren en
circunstancias de debilidad manifiesta […] cobija no solo los casos de
contratos laborales, sino también los asuntos en los que se trate de contratos
de prestación de servicios”.
[79] M.P. Alejandro Linares Cantillo, S.P.V. Gloria Stella Ortiz
Delgado.
[80] Sentencia T-490 de 2010 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub): en
esa ocasión, ante la desvinculación irregular de una persona que no había sido
calificada con una pérdida de capacidad laboral moderada, severa o profunda, se
confirmó un fallo de instancia que ordenó la renovación del contrato de
prestación de servicios. Sentencia T-988 de 2012 (MP María Victoria Calle
Correa): en ese caso, tras constatar la irregular terminación del vínculo
contractual de una persona en un contexto en que no se exhibía calificación de
pérdida de capacidad laboral, se declaró la ineficacia de la desvinculación y
se ordenó renovar el contrato. Sentencia T-144 de 2014 (MP Alberto Rojas Ríos):
en esa decisión se ordenó el reintegro al cargo que, por prestación de
servicios, ejercía la actora en condiciones de debilidad manifiesta. Sentencia
T-310 de 2015 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub): en esa oportunidad, en dos
casos de la misma naturaleza de los antes referidos, se ordenó renovar el
contrato de prestación de servicios previa asunción de la ineficacia de la
terminación del vínculo. Sentencia T-040 de 2016 (MP Alejandro Linares
Cantillo): en esa ocasión, ante la terminación irregular de un contrato de
prestación de servicios de una persona en condiciones de debilidad manifiesta,
sin acreditar pérdida de capacidad laboral moderada, severa y profunda, se
ordenó celebrar con el actor un nuevo contrato.
[81] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, S.P.V. Humberto Antonio
Sierra Porto y Luis Ernesto Vargas Silva.
[82] M.P. María Victoria Calle Correa.
[83] M.P. Alejandro Linares Cantillo, S.P.V. Gloria Stella Ortiz
Delgado.
[84] En todos los fallos citados, la Corte resuelve casos de personas en
condiciones de debilidad manifiesta que o bien no tienen calificación de
pérdida de capacidad laboral, o bien la tienen pero no es siquiera moderada
(inferior al 15%). La Corte en esos eventos concede el amparo de la estabilidad
laboral reforzada, y en algunos ordena directamente la indemnización de 180
días de salario de la Ley 361 de 1997, o dice que no es por regla improcedente
para casos así, aunque en el caso no la conceda por excepción. Ha ordenado la
indemnización en casos así en las sentencias T-692 de 2015 (MP María
Victoria Calle Correa. SPV Luis Guillermo Guerrero Pérez), T-302 de 2013 (MP
Mauricio González Cuervo. SPV Luis Guillermo Guerrero Pérez), T-646 de 2015 (MP
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-899 de 2014 (MP Gloria Stella Ortiz
Delgado), T-098 de 2015 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-316 de 2014
(Alberto Rojas Ríos) y T-594 de 2015 (MP Luis Ernesto Vargas Silva). En las
sentencias T-040 de 2016 (MP Alejandro Linares Cantillo), T-593 de 2015 (MP
Gloria Stella Ortiz Delgado), se ha señalado que la indemnización de 180 días
es procedente en estos casos de relaciones laborales con personas en debilidad
manifiesta, pero no se ha concedido, en el primer fallo, por tratarse un
contrato de prestación de servicios y, en el segundo, por ser improcedente el
amparo.
[85] En la sentencia T-597 de 2014 (MP Luis Guillermo Guerrero Pérez), la
Corte concedió la tutela de la estabilidad laboral reforzada, pero solo declaró
ineficacia y ordenó el reintegro, pero no la indemnización, sobre la base de
que “para efectos de analizar la garantía de la
estabilidad laboral reforzada, nuestro sistema jurídico diferencia los trabajadores discapacitados a quienes se les ha dictaminado el
porcentaje de pérdida de su capacidad laboral, de aquellos que únicamente han
padecido un deterioro físico durante el desarrollo del contrato de trabajo. Así
entonces, con fundamento en lo dispuesto por la Ley 361 de 1997 la estabilidad laboral reforzada,
en principio, se predicaba de los trabajadores discapacitados
calificados”. En la sentencia T-106 de 2015 (MP Gloria
Stella Ortiz Delgado) la Corte concedió la tutela del derecho a la estabilidad
laboral reforzada, pero no ordenó la indemnización de 180 días de salario.
[86] Cita de la sentencia T-040 de 2016 (MP Alejandro Linares Cantillo):
“Ver las aclaraciones y salvamentos de voto presentados por el Magistrado Luis
Guillermo Guerrero Pérez a las siguientes Sentencias: Sala Segunda de Revisión,
Sentencia T-302 de 2013 (M.P. Mauricio González Cuervo y S.P.V. Luis Guillermo
Guerrero Pérez); Sala Primera de Revisión, Sentencia T-773 de 2013 (M.P. María
Victoria Calle Correa, A.V. María Victoria Calle Correa y A.V. Luis Guillermo
Guerrero Pérez); Sala Primera de Revisión, Sentencia T-217 de 2014 (M.P. María
Victoria Calle Correa y S.P.V. Luis Guillermo Guerrero Pérez); Sala Primera de
Revisión, Sentencia T-445 de 2014 M.P. María Victoria Calle Correa, A.V.
Mauricio González Cuervo y A.V. Luis Guillermo Guerrero Pérez), Sala Segunda de
Revisión, Sentencia T-453 de 2014 (M.P. Mauricio González Cuervo, SV. Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo y AV. Luis Guillermo Guerrero Pérez), Sala Primera de
Revisión, Sentencia T-837 de 2014 (M.P. María Victoria Calle Correa y S.P.V.
Luis Guillermo Guerrero Pérez), y Sala Primera de Revisión, Sentencia T-405 de
2015 (MP. María Victoria Calle Correa y S.P.V. Luis Guillermo Guerrero Pérez),
entre otras”.
[87] Ver los salvamentos de voto presentados por el Magistrado Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo a las siguientes Sentencias: Sala Tercera de Revisión,
Sentencia T-166 de 2011 (MP. Juan Carlos Henao Pérez y S.PV. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo), Sala Segunda de Revisión, Sentencia T-850 de 2011 (MP.
Mauricio González Cuervo y S.P.V. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), entre
otras.
[88] Léase, por ejemplo, el artículo 1º de la Ley 361 de 1997, el cual
dispone lo siguiente: “Los principios que inspiran la presente Ley, se
fundamentan en los artículos 13, 47, 54 y 68 que la Constitución Nacional
reconocen en consideración a la dignidad que le es propia a las personas con
limitación en sus derechos fundamentales, económicos, sociales y culturales
para su completa realización personal y su total integración social y a las
personas con limitaciones severas
y profundas, la asistencia y protección necesarias” (negrillas fuera del
texto).
[89] Sentencia C-458 de 2015 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado. SV.
Luis Guillermo Guerrero Pérez y Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[90] MP. Gloria Stella Ortiz Delgado. SV. Luis Guillermo Guerrero
Pérez y Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[91] MP. Adriana María Guillén Arango.
[92] Sentencia C-606 de 2012 (MP (e) Adriana Guillén Arango.
Unánime).
[93] Sentencia C-824 de 2011 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva.
Unánime).
[94] Sentencia C-824 de 2011, citada.
[95] La exigencia de autorización de la oficina de Trabajo para la
terminación de contratos de prestación de servicios de personas en
circunstancias de debilidad manifiesta, se ajusta a las funciones previstas en
la Ley 1610 de 2013 ‘por la cual se regulan algunos aspectos sobre las
inspecciones del trabajo y los acuerdos de formalización laboral’, y en la
Constitución. La Ley 1610 de 2013 prevé que a los inspectores del trabajo y la
seguridad social tienen la función de conocer “de los asuntos individuales y
colectivos del sector privado”, sin supeditarlas a las relaciones de
trabajo dependiente (art 1). Además, dice que en el desempeño de sus funciones,
los inspectores se regirán por la Constitución Política y los Convenios
Internacionales sobre Derecho del Trabajo (art 2). Por su parte, la Constitución
establece que el trabajo “en todas sus modalidades” goza de la especial
protección del Estado (art 25).
[96] Folio 18.
[97] Ibídem.
[98] Contracara del folio 18.
[99] Folio 23.
[100] Sentencia T-1083 de 2007 (MP. Humberto Sierra
Porto). Al conocer el caso de un trabajador en condiciones de debilidad
manifiesta  a quien su empleador desvinculó sin autorización de la Oficina del
Trabajo, la Corte presumió la discriminación precisamente porque el trabajador
fue desvinculado sin autorización de la oficina del trabajo, y como el
empleador no la desvirtuó, le concedió la tutela al peticionario. En específico
dijo: “si el juez constitucional logra establecer que el despido o la
terminación del contrato de trabajo de una persona discapacitada se produjo sin
previa autorización de la Oficina del Trabajo, deberá presumir que la causa de
éste o ésta es la circunstancia de discapacidad que aquel padece y que bien
puede haber sobrevenido como consecuencia de la labor desempeñada en desarrollo
de la relación laboral. En consecuencia, el juez estará en la obligación de
proteger los derechos fundamentales del peticionario, declarando la ineficacia
del despido, obligando al empleador a reintegrarlo y de ser necesario
reubicarlo, y en caso de no haberse verificado el pago de la indemnización
prevista por el inciso segundo del artículo 26 de la ley 361 de 1997, deberá
igualmente condenar al empleador al pago de la misma”.
[101] Sentencia T-040 de 2016 (MP. Alejandro Linares Cantillo),
citada. En el contexto de una estabilidad ocupacional reforzada, que se activó
durante la ejecución de un contrato de prestación de servicios, la Corte señaló
que era aplicable la presunción de despido injusto. Sentencia T-988 de 2012 (MP.
María Victoria Calle Correa) también reconoció como pertinente esta presunción
a un caso de la misma naturaleza.
[102] Folio 16.
[103] Folio 13.
[104] En el folio 35 obra copia del Certificado de Existencia y
Representación, expedido por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
[105] Ver sentencia C-614 de 2009, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[106] Ibídem.