T-196-15
Sentencia T-196/15
DIVERSIDAD ETNICA Y CULTURAL-Respeto
Son múltiples las
disposiciones constitucionales que sirven de base normativa para el respeto por
la diversidad étnica y cultural como principio fundamente de la democracia en
Colombia. Esta Corporación ha reconocido a la diversidad étnica
y cultural como el elemento fundante de la identidad nacional Colombiana, lo
que a su vez da origen al deber del Estado de reconocer, promover y proteger
los distintos legados culturales existentes en el país. Adicionalmente, se ha
establecido también que esta protección que la Carta otorga a la diversidad
étnica entraña un derecho a la identidad de estos pueblos, así como la
posibilidad de, en cuanto colectividad, ser titulares de derechos
fundamentales. El
principio constitucional de respeto por la diversidad étnica y cultural parte
de un entendimiento de la valía intrínseca de las tradiciones, costumbres,
creencias religiosas, prácticas ancestrales, lenguajes, instituciones sociales
y políticas de los múltiples pueblos que habitan en el territorio. Puede
decirse, por lo tanto, que este principio es una exaltación de las distintas
identidades del Estado pluralista, de tal forma que pretende un diálogo que
propicie el entendimiento entre unos y otros.
JURISDICCION ESPECIAL INDIGENA Y
FUERO INDIGENA-Relación de complementariedad pero no
poseen el mismo alcance y significado
La existencia de una jurisdicción especial indígena ha dado
paso a que pueda hablarse de la existencia de un fuero indígena que, además del
derecho de la comunidad a ejercer jurisdicción, también representa un derecho
de la persona a ser juzgada conforme a sus usos y costumbres. En cuanto a la activación de la
jurisdicción especial ocurre con base en un conjunto de criterios decantados
por la jurisprudencia constitucional. Así, se ha hablado de la necesidad de
tomar en consideración cuatro tipos de factores: (i) el personal; (ii) el geográfico; (iii) el objetivo; y (iv) el institucional.
COMPETENCIA DE LA JURISDICCION
ESPECIAL INDIGENA PARA JUZGAR CASOS QUE INVOLUCREN LA INTEGRIDAD SEXUAL DE
NIÑOS-Precedente constitucional
Si bien las decisiones del juez constitucional relacionadas
con la integridad sexual de los menores son expresión de la lucha que libra el
Estado desde la administración de justicia para salvaguardar la integridad, la
salud y la supervivencia del menor, cuando se trata de menores indígenas esta
lucha no puede librarse en términos que excluyan la diversidad. En otras
palabras, el juez constitucional no puede perder de vista el hecho de que el
menor indígena es, en sí, gestor de su propia cultura, por lo que la protección
de sus derechos constituye al mismo tiempo una valiosa oportunidad para
perpetuar saberes y costumbres ancestrales fundamentales para la conservación
de la diversidad y la promoción del respeto por la diferencia.
PRINCIPIO NON BIS IN IDEM-Significado
y alcance
De acuerdo
con el art. 29 de la Constitución, toda persona tiene derecho a no ser juzgada
dos veces por el mismo hecho. Esta prohibición de doble juicio recibe el nombre
de non bis in ídem, y ha sido reconocido por este tribunal constitucional
como un derecho fundamental autónomo. El mismo implica que es contrario a la
Constitución iniciar un nuevo proceso sancionatorio en contra de una persona
que ya fue juzgada por esos mismos hechos, por lo que se prohíbe una nueva
investigación, juicio o condena en contra de la persona que ya fue sometida al poder punitivo del Estado. El principio de non
bis in ídem, se encuentra ubicado en el centro de las garantías procesales
comprendidas por el derecho al debido proceso.
PRINCIPIO NON BIS IN IDEM Y DEBIDO PROCESO DE MIEMBRO
DE COMUNIDAD INDIGENA
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración
de jurisprudencia sobre procedencia excepcional
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos
generales y especiales de procedibilidad
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia por desconocimiento del
precedente constitucional en aquellos que se planteaban conflictos de
jurisdicción entre la justicia ordinaria y la propia de las comunidades
indígenas, en casos de actos sexuales con niños
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia por violación directa de la
Constitución, puesto que desconoció el art. 246
de la Carta al señalar que las autoridades de un Cabildo Indígena no tenían
competencia para juzgar a indígena que cometió acto sexual con menor
DERECHO A LA DIVERSIDAD ETNICA Y
CULTURAL Y AL EJERCICIO DE LA JURISDICCION ESPECIAL INDIGENA-Orden a Centro
Carcelario proceder a la entrega física inmediata de interno a autoridades de
Cabildo Indígena
Referencia: Expediente T-4647595
Acción de tutela instaurada por César,
actuando como representante legal del Cabildo Indígena Colombia, contra la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, el Juzgado
Tercero Penal del Circuito de Cali y la Fiscalía 154 Seccional de Puerto
Escondido.[1]
Magistrada Ponente:
María Victoria Calle Correa
Bogotá, D. C., diecisiete (17) de abril de dos mil
quince (2015).
La Sala Primera de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por la Magistrada María Victoria Calle Correa, y los
Magistrados Mauricio González Cuervo y Luis Guillermo Guerrero Pérez, en
ejercicio de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, ha
proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión del fallo proferido
por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura
del Valle del Cauca, el treinta y uno (31) de julio de dos mil catorce (2014), dentro
de la acción de tutela promovida por César, representante legal del Cabildo Indígena Colombia,
contra la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cali y la Fiscalía 154
Seccional de Puerto Escondido-Valle del Cauca.
El expediente de la referencia fue
seleccionado para revisión mediante Auto del nueve (9) de diciembre de dos mil
catorce (2014), proferido por la Sala de Selección Número Doce.
I. ANTECEDENTES
César, obrando en calidad de Gobernador del Cabildo
Indígena Colombia, interpuso acción de tutela en contra del Juzgado Tercero
Penal del Circuito de Cali y la Fiscalía Seccional Puerto Escondido-Valle del
Cauca, para salvaguardar los derechos fundamentales de la comunidad que
representa a la autonomía, a la jurisdicción especial indígena y al respeto por
la diversidad étnica y cultural, debido a que las autoridades accionadas
iniciaron un proceso penal en contra de uno de sus comuneros por el delito de acceso carnal abusivo con menor
de catorce (14) años agravado en concurso homogéneo y sucesivo, pese a que las autoridades
del resguardo ya lo habían juzgado y condenado por estos mismos hechos, en
ejercicio de la función jurisdiccional que les es propia. Posteriormente, se
hizo parte de la tutela al Consejo Superior de la Judicatura, toda vez que la
Sala Jurisdiccional Disciplinaria de aquella Corporación decidió el conflicto
de competencias desatado entre el Juzgado Tercero Penal del Circuito con
Funciones de Conocimiento de Cali y las autoridades del mencionado Cabildo
Indígena, en relación el juzgamiento de los hechos sobre los que gira el
proceso.
1. Hechos
1.
El actor señala que
es el representante legal del Cabildo
Indígena Colombia.[2]
2.
Indica que el
veintiocho (28) de marzo de dos mil doce (2012), las autoridades del resguardo
recibieron una denuncia presentada por la señora Jennifer en contra del señor Juan,
quien era su compañero permanente, ello toda vez que el mismo habría sostenido
una relación con la hija de la denunciante, una menor de trece (13) años de
edad, situación por la que esta última resultó en estado de embarazo.[3]
3.
Sostiene que el señor
Juan fue declarado culpable por mantener una relación sentimental con una menor
de dieciocho (18) años, lo que llevó a que fuese condenado a seis (6) años de
trabajo comunitario, quince (15) fuetazos ante la asamblea pública, la posibilidad
de permanecer en la comunidad hasta que su compañera lo defina, la obligación de
participar de las actividades de capacitación que programe el cabildo o la
organización indígena, la prohibición de acercarse a la niña, y el deber de
hacerse cargo de la manutención de esta y del hijo que aquella esperaba, quienes
quedaron bajo el cuidado del cabildo.[4]
4.
Aduce que tanto la
niña, como su madre y el acusado son miembros de la comunidad indígena.[5]
5.
Relata que la relación
sostenida durante varios meses por la niña y el señor Juan fue consentida.[6]
6.
Manifiesta que el
dieciséis (16) de agosto de dos mil doce (2012), la guardia indígena acudió a
una reunión con un funcionario de la Fiscalía con la finalidad de otorgar unas
declaraciones. Sin embargo, una vez allí, el funcionario manifestó tener una
orden de captura en contra del señor Juan. Advierte además que el servidor de
la Fiscalía les pidió que lo acompañaran a Puerto Escondido bajo la promesa de
luego dejarlos ir con el detenido, pero que una vez en el sitio procedió a
legalizar la captura de Juan, para luego trasladarlo a Yumbo y, posteriormente,
a la cárcel de Villa Hermosa en Cali.[7]
7.
Sostiene que,
posteriormente, la señora Jennifer fue citada a declarar ante la Fiscalía
General de la Nación donde, luego de pedirle que interpusiera denuncia penal,
le leyeron un documento que aquella no entendió y la coaccionaron para que lo firmara,
pues de no hacerlo amenazaron con enviarla a ella a la cárcel y a los niños al
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF-.[8]
8.
Finalmente, se
informa que el señor Juan ha sido víctima de maltratos en la cárcel de Villa
Hermosa.[9]
9.
En consecuencia, el
actor solicita al juez constitucional que ordene la entrega inmediata del
comunero Juan a las autoridades indígenas para que cumpla la pena impuesta por
la comunidad.[10]
Dentro del expediente, se cuenta con las
siguientes pruebas:
1.
Derecho de petición del
seis (6) de febrero de dos mil catorce (2014), por medio del cual la señora Jennifer
instauró denuncia penal en contra del señor Hernán, funcionario de la Fiscalía
General de la Nación.[11]
2.
Respuesta al derecho
de petición enviado por el Personero Municipal de Pueblo Azul a la señora Jennifer.[12]
3.
Entrevista realizada
a la niña Mariana, donde la misma relata los hechos que dieron lugar al
juzgamiento del señor Juan.[13]
4.
Acta de posesión del Cabildo
Indígena Colombia ante la
Alcaldía Municipal de Pueblo Azul, donde se constata que el gobernador
principal del cabildo es el señor César.[14]
5.
Fotocopia de la
cédula del señor César.[15]
2. Solución del conflicto de jurisdicciones
entre el Cabildo Indígena Colombia y el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones
de Conocimiento de Cali
Luego que se suscitara un conflicto
positivo de jurisdicciones entre el Cabildo Indígena Colombia y el Juzgado Tercero Penal del Circuito
con Funciones de Conocimiento de Cali, el dieciséis (16) de septiembre de dos mil trece
(2013),[16]
el Consejo Superior de la Judicatura-Sala Jurisdiccional Disciplinaria lo
decidió en favor de este
último.[17]
En un primer momento, la decisión del
Consejo Superior se refirió al principio del interés superior del menor y a los
derechos de los niños en nuestro ordenamiento jurídico, para lo cual hizo un
recorrido por parte de la normatividad convencional y constitucional referidas
al tema, así como por ciertas decisiones judiciales, incluyendo la sentencia
T-002 de 2012.[18]
En consecuencia, la providencia registró una lista importante de elementos a
tener en cuenta en la resolución de este caso, a saber: (i) se encuentran
comprometidos los derechos de una persona menor de edad; (ii) como consecuencia
de los hechos, la niña quedó en estado de embarazo; (iii) el presunto
responsable sería el compañero permanente de la madre de la niña; (iv) la niña
indica que esta tenía un noviazgo con el procesado y que ellos escondían esta
situación de la madre de aquella; (v) el señor Juan es el padre del gobernador
del cabildo indígena que reclama tener jurisdicción sobre el caso; (vi) de la
decisión tomada por las autoridades indígenas no es posible establecer los
hechos sobre los cuales recayó el juzgamiento en esta sede. Con base en estas
circunstancias, la Sala estimó necesario excepcionar la autonomía de la
comunidad indígena para proteger los derechos de la niña.
Adicionalmente, la decisión del Consejo
Superior también se fundamentó en que este sería un caso de violencia de
género, por estarse frente a una situación de un acceso carnal contra una
mujer. Así las cosas, la Alta Corte determinó que toda vez que los operadores
jurídicos están llamados a emitir fallos con perspectiva de género, el caso
debería ser conocido por la justicia ordinaria.
Por último, la decisión expresó que “(e)n
suma nos encontramos ante unas conductas cuya relevancia trasciende la esfera
de la Comunidad Indígena, se afectaron derechos fundamentales de primacía
frente a los demás, no es posible establecer a qué puntuales comportamientos se
refiere el pronunciamiento indígena del 14 de julio de 2012, menos aún si en
cuenta se tiene que fue después de casi un año cuando se allegó el documento al
expediente impulsado por la Jurisdicción Ordinaria, adicionalmente, la
protección de la víctima no está garantizada por cuento, el Gobernador del
Cabildo Indígena es hijo de su presunto agresor, éste a su vez convive con ella
y su señora Madre en la misma vivienda y, según la narración de la menor el
victimario es su novio.”[19]
Así las cosas, resulta claro que el
fundamento para la decisión del Consejo Superior tuvo tres ejes: (i) la
necesidad de garantizar los derechos de los niños, debido a que el supuesto
agresor sería el compañero permanente de la madre de la niña y padre del
Gobernador del Cabildo Colombia, lo que representa un riesgo de impunidad y que
los hechos se presenten nuevamente; (ii) no es posible establecer las conductas
por las cuales se juzgó a Juan en su comunidad; (iii) este es un caso de
violencia de género.
3. Respuesta de la entidad demandada
El diez (10) de junio de dos mil catorce
(2014), el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cali-Sala Penal, admitió
la acción de tutela de la referencia y, a continuación, dispuso notificar de la
acción constitucional al Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cali y a la Fiscalía
Seccional de Puerto Escondido, para que se pronunciaran sobre los hechos y
pretensiones planteada por el accionante.[20]
Sin embargo, luego de conocer que la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura habría
resuelto el conflicto de competencias entre la jurisdicción especial indígena y
la ordinaria, mediante auto del diecinueve (19) de junio de dos mil catorce
(2014),[21]
se dispuso remitir el proceso a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia,
por considerar que aquella era competente para resolverlo. Con todo, esta
última Corporación mediante decisión del veintiséis de junio de dos mil catorce
(2014) remitió el proceso al Consejo Superior de la Judicatura, por estimar a
esta instancia competente para desatar el proceso.[22] Por su
parte, el Consejo Superior adujo que en concordancia con la sentencia C-619 de
2012 de la Corte Constitucional,[23]
era necesario remitir el expediente a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, ello con el fin de
garantizar el derecho de las partes a la doble instancia.[24]
De esta manera, el veintiuno (21) de
julio de dos mil catorce (2014), el Consejo Seccional de la Judicatura del
Valle del Cauca-Sala Jurisdiccional Disciplinaria avocó conocimiento del
proceso y ordenó correr traslado del escrito de tutela a la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, al Juzgado Tercero Penal
del Circuito de Cali y la Fiscalía 54 Seccional de Puerto Escondido-Valle.[25] De igual
forma, se ofició al Centro de Servicios Judiciales ante los Juzgados Penales y
al Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cali para que se sirvieran poner a
disposición del despacho el proceso penal iniciado en contra del señor Juan,
con el fin de practicarle una inspección judicial.
4. Respuesta del Centro de Servicios Judiciales
de los Juzgados Penales de Cali
El veintidós (22) de julio de dos mil
catorce (2014), el Centro de Servicios Judiciales de los Juzgados Penales de
Cali remitió copia de la carpeta con número SPOA 76377-6000-178-2012-00072,
relativa al proceso seguido en contra del señor Juan por el delito de acceso
carnal abusivo con menor de catorce (14) años, agravado en concurso homogéneo y
sucesivo.
Dentro de los documentos que constan en
el expediente se tienen:
1.
Inspección judicial
realizada a la carpeta contentiva del proceso penal seguido en contra del señor
Juan.[26]
2.
Acción de competencia
positiva de radicado 763776000178-2012-72, iniciada por César, en calidad de
gobernador suplente del Cabildo Indígena Colombia, en contra del Juzgado Tercero Penal del Circuito de
Cali.[27]
3.
Acta de posesión del Cabildo Indígena Colombia.[28]
4.
Acta de Juzgamiento
0001 del catorce (14) de julio de dos mil doce (2012) del Cabildo Indígena Colombia, dentro del proceso seguido en contra
del señor Juan por el delito de acceso carnal contra la menor de catorce (14)
años Mariana.[29]
5.
Fotocopia de la
cédula del señor Juan.[30]
6.
Certificado de
pertenencia del señor Juan al Cabildo
Indígena Colombia.[31]
7.
Remisión del proceso
al Consejo Superior de la Judicatura por parte del Juzgado Tercero Penal del
Circuito con Funciones de Conocimiento de Cali el doce (12) de agosto de dos
mil trece (2013).[32]
5. Respuesta del Juzgado Tercero Penal
del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cali
El veintidós (22) de julio de dos mil
catorce (2014),[33]
la Jueza Tercera Penal del Circuito de Cali respondió a la acción de tutela
interpuesta por el señor César, oponiéndose a lo pretendido por este. En primer
lugar, la comunicación indicó que en el mes de marzo de dos mil catorce (2014)
se había tramitado una acción de tutela fundada en hechos similares a los que
en esta ocasión se ventilan, interpuesta por el señor Juan. En vista de lo
anterior, la parte accionada reprodujo en su respuesta algunos apartes del
escrito remitido para dicho proceso.
La Jueza informó que en su despacho se
encontraba en trámite un proceso penal en contra del señor Juan por la comisión
de un concurso homogéneo de delitos de acceso carnal abusivo con menor de
catorce (14) años agravados, situación por la cual el procesado se encuentra
privado de la libertad. Indica, además, que el procedimiento se encuentra
detenido, toda vez que el Gobernador del Cabildo Indígena Colombia -hijo del procesado- adujo que Juan ya
había sido juzgado y condenado por la comunidad. En razón de ello, señaló que
el proceso se envió a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior
de la Judicatura de Bogotá, la cual, a su vez, asignó la competencia del
proceso al despacho de la jurisdicción ordinaria, por medio de providencia
fechada el dieciséis (16) de septiembre de dos mil trece (2013).
Por último, la parte tutelada indicó que
también existe en este caso un problema de falta de legitimación por activa,
toda vez que aun si se considerase que la competencia del proceso ha de
corresponder a la jurisdicción especial, quien resultaría afectado por estarse
tramitando un proceso ante la jurisdicción ordinaria es el procesado, y no la
comunidad indígena, como dice ordenarlo el actor.
6. Respuesta de la Fiscalía 154 Seccional
de Puerto Escondido
Por medio de memorial fechado el veintitrés
(23) de julio de dos mil catorce (2014),[34]
David, Fiscal 154 Seccional de Puerto Escondido-Valle del Cauca, respondió a la
acción de tutela interpuesta por César. En un inicio, afirmó que por estos
mismos hechos se han presentado descargos en dos acciones de tutela interpuestas
por el señor César y otras dos del señor Juan.
En torno a los alegatos de la parte
pretensionante, la Fiscalía señala que de acuerdo a lo afirmado por la Fiscal
titular del despacho, la misma no conoce a la señora Jennifer, por lo que no
puede afirmar que haya rendido declaración ante su despacho mientras aquella
fue titular, pues fue trasladada el primero (1º) de mayo de dos mil trece
(2013), cuando ya se había adelantado el procedimiento contra Juan. En consecuencia,
se solicita en el escrito desestimar lo pedido por el tutelante, pues se
pretendería que no se aplique la sanción que correspondería a quien viole la
ley penal. Además aduce que los hechos objeto de investigación ocurrieron
cuando tanto el accionante como la víctima residían fuera del resguardo
indígena, por lo que este corresponde a la justicia ordinaria.
Finalmente, el Fiscal 154 Seccional de Puerto
Escondido, anexó copia de los descargos hechos de forma previa por el Fiscal
precedente y de la investigación adelantada en contra del señor Juan.
7. Respuesta del Consejo Superior de la
Judicatura-Sala Jurisdiccional Disciplinaria
El veinticuatro (24) de julio de dos mil
catorce (2014),[35]
el Consejo Superior de la Judicatura-Sala Jurisdiccional Disciplinaria
respondió a la acción de tutela interpuesta por el señor César y solicitó que
la misma fuera declarada improcedente o, en subsidio, fuese denegada. La parte
resistente adujo que al momento de la presentación de la tutela habían pasado
más de diez (10) meses desde el momento en que se profirió la providencia en la
que se resolvió el conflicto positivo de jurisdicciones en favor de la justicia
ordinaria. De igual manera, estimó que no se cumplen los requisitos para que
esta decisión judicial pueda ser impugnada en sede de tutela, ello toda vez que
no incurrió en ninguna causal de vía de hecho judicial para que pueda entrarse
a su revisión en sede constitucional.
Adicionalmente, se declaró que la
decisión tomada por el Consejo Superior de la Judicatura tenía como base la
procura de impedir que hechos de abuso como el acontecido sigan ocurriendo, en
vista de que el supuesto agresor es el padrastro de la víctima y, a su vez,
padre del gobernador del cabildo, además que la niña resultó en embarazo como
consecuencia de lo ocurrido. Así las cosas, por estar referido a este caso a
actos contra una menor de edad y ser esta una situación de violencia de género,
el caso debe tramitarse ante la justicia ordinaria, de acuerdo al Consejo
Superior de la Judicatura.
8. Otros documentos que obran en el
expediente:
De manera adicional a lo ya señalado, se
encuentran incorporados en el expediente un conjunto de pruebas referentes al
proceso penal surtido en contra del comunero Juan. Debido a la cantidad de
folios, solo se enumerarán aquellos que revistan importancia:
1.
Oficio remitido por
la enfermera profesional del Hospital de Montañita al Fiscal Local del
municipio, donde se informa del supuesto abuso sexual en menor de edad en
contra de la niña Mariana, de trece (13) años de edad, por parte del señor Juan,
fechado el once (11) de abril de dos mil doce (2012).[36]
2.
Formato único de
noticia criminal de la Fiscalía General de la Nación relativa a los hechos,
fechado del once (11) de abril de dos mil doce (2012).
3.
Oficio por el cual se
ordena a la policía judicial entrevistar a la señora Sandra, promotora de salud
del hospital de Montañita, y a la madre de la niña Mariana, con fecha de doce
(12) de abril de dos mil doce (2012).[37]
4.
Solicitud de
valoración médico legal para la niña Mariana, del dieciséis (16) de abril de
dos mil doce (2012).[38]
5.
Oficio por el cual se
ordena a la policía judicial que se realice una entrevista a la niña Mariana
por parte de un psicólogo, en compañía de la Defensora de Familia y en
presencia de su representante legal, fechado el dieciséis de abril de dos mil
doce (2012).[39]
6.
Entrevista realizada
a la señora Mabel, hermana de la víctima, del veintitrés (23) de abril de dos
mil doce (2012).[40]
7.
Entrevista a Aura,
enfermera profesional del hospital de Montañita, con fecha de dieciséis (16) de
abril de dos mil doce (2012).[41]
8.
Entrevista a Sandra,
promotora de salud del hospital de Montañita, del dieciséis (16) de abril de
dos mil doce (2012).[42]
9.
Orden de cambio de
asignación por competencia fechada el doce (12) de julio de dos mil doce
(2012).
10.
Ecografía practicada
a la niña Mariana.[43]
11.
Oficio remitido por
el auxiliar administrativo con funciones de inspector de policía y tránsito a
la señora Aleyda, madre comunitaria, donde se le pide ubicar temporalmente a la
niña Mariana debido a que respecto de la misma se dictó una medida provisional
de restablecimiento de derechos.[44]
12.
Acta de compromiso
suscrita por la mencionada madre comunitaria.[45]
13.
Orden de captura en
contra del señor Juan, del veintisiete (27) de julio de dos mil doce (2012).[46]
14.
Solicitud de remisión
del proceso penal iniciado en contra del señor Juan, presentada por César,
actuando como gobernador suplente del Cabildo Indígena Colombia, ante la
Fiscalía General de la Nación, municipio de Puerto Escondido.[47]
15.
Transcripción  de
audiencias de legalización de captura, formulación de imputación  e imposición
de medida de aseguramiento del señor Juan, surtidas el dieciséis (16) de agosto
de dos mil doce (2012) ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Escondido,
y que concluyeron con la declaratoria de la legalidad de la captura, legalidad
de la formulación de imputación -sin que se aceptaran los cargos- y el decreto
de medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento
carcelario.[48]
16.
Solicitud de custodia
y boleta de encarcelación del imputado.[49]
17.
Registro civil de
nacimiento del niño Sebastián, hijo de Mariana.[50]
18.
Acta de la audiencia
preliminar Nº 444, surtida el diez (10) de diciembre de dos mil doce (2012) ante
el juzgado Sexto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías, que
negó la solicitud de libertad provisional de Juan.[51]
19.
Escrito de acusación
contra el señor Juan.[52]
20.
Entrevista a la niña Mariana,
llevada a cabo el treinta (30) de abril de dos mil doce (2012).[53]
9. Decisiones que se revisan
9.1. Sentencia de única instancia
La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, el treinta y uno (31)
de julio de dos mil catorce (2014) dispuso declarar improcedente la acción de
tutela impetrada.[54]
De acuerdo con el juez de instancia, la acción de tutela pretendía la nulidad
de la actuación judicial por medio de la cual el Consejo Superior de la
Judicatura resolvió el conflicto de jurisdicciones desatado entre la justicia
ordinaria y la indígena, por lo que aquella debía cumplir con alguna de las
condiciones de procedibilidad de tutela contra providencia judicial, sin que se
haya satisfecho dicho estándar en el caso concreto. Adicionalmente, la decisión
estimó que lo proveído por el Consejo Superior estaba fuera de control
constitucional en sede de tutela, pues esta situación significaría una
interferencia arbitraria de las competencias de esa Alta Corte.
9.2. Trámite
ante la Corte Constitucional
Por medio de auto de nueve (9) de diciembre
de dos mil catorce (2014), la Sala de Selección Número Doce eligió el
expediente para revisión.[55]
De igual forma, el seis (6) de febrero de dos mil quince (2015), la suscrita
Magistrada dispuso la práctica de pruebas, por lo que se ofició: (i) al
gobernador del Cabildo Indígena Colombia para que informara si el señor Juan ha cumplido alguna
parte de la pena que le fue impuesta por las autoridades de la comunidad, la
forma en que usualmente se juzgan los casos relacionados con actos sexuales con
menores de catorce (14) años, el procedimiento por medio del cual se juzgó al
señor Juan y quién tomó la decisión de declararlo culpable por los hechos
referidos; (ii) a la Defensoría del Pueblo-Regional Valle del Cauca para que
realizara una inspección a la Cárcel de Villahermosa e informara sobre las
condiciones de reclusión del comunero, si el mismo ha sido víctima de abusos o
malos tratos al interior del centro de detención, su estado de salud y si el
mismo fue recluido con enfoque diferencial; (iii)  a la directora del EPMSC
Cali-Centro Carcelario Villahermosa para que informara sobre las mismas situaciones
sobre las cuales recayó la inspección de la Defensoría del Pueblo; (iv) a la
Comisaría de Familia de Puerto Escondido para que informase del estado de salud
de la niña Mariana y de su hijo, el lugar donde aquellos residen y la persona
encargada de su cuidado; (v) a la Corte Suprema de Justicia-Sala Penal para que
remitiera el expediente del proceso con radicado 76001-22-04-000-2014-00171-00.
A su vez, se dispuso vincular al proceso al señor Juan, la señora Jennifer y la
niña Mariana, para que se pronunciaran sobre los hechos y pretensiones de la
acción de tutela.[56]
9.2.1.  Respuesta del gobernador del Cabildo
Indígena Colombia
Por medio de memorial allegado el
veintisiete (27) de febrero de dos mil catorce (2014), el señor César respondió
al oficio remitido por esta Corporación.[57]
En relación con el cumplimiento de la pena impuesta por las autoridades al
señor Juan, el gobernador señaló que se habría hecho efectiva por lo menos la
parte relativa a los quince (15) fuetazos con látigo armonizado y un (1) mes y
dos (2) días de trabajo comunitario, cumplidos entre el día del juicio y el
dieciséis (16) de agosto de dos mil doce (2012), que fue cuando el señor Juan
fue capturado por las autoridades de la justicia ordinaria.
En torno al juzgamiento de delitos por
parte de las autoridades de la comunidad indígena, manifestó que su justicia
involucra un elemento material y un elemento espiritual, estando el primero a
cargo de las autoridades políticas del cabildo y el segundo en manos de las
autoridades espirituales, que se enfocan en el manejo de la relación con la
naturaleza a través de ritos y prácticas culturales, cuyo objetivo es el
equilibrio y armonización del universo. Luego de evaluada esta situación, se
procede a un juicio público que consiste en una asamblea comunitaria donde se
expone el resultado de las investigaciones realizadas por ambos tribunales. En dicha
asamblea también está presente la persona sometida a juicio, quien luego de ser
valorado con base en criterios como la reincidencia y el grado de
arrepentimiento verdadero es sometida al veredicto.
A paso seguido, expuso el procedimiento
por medio del cual se juzgó al señor Juan. Indicó que el veintiocho (28) de
marzo de dos mil doce (2012), la señora Jennifer interpuso una denuncia contra
aquel, toda vez que descubrió que su hija estaba en estado de embarazo fruto de
relaciones sexuales con el señor Juan. Con base en ello, las autoridades
tradicionales del cabildo iniciaron una investigación en relación con la
familia, que estaba compuesta por siete miembros desplazados por la violencia,
que habían salido del resguardo en búsqueda de trabajo por temporadas y luego
regresaban, por lo que se encontraban viviendo por fuera del resguardo cuando
se tuvo conocimiento de los hechos. A su vez, expresó que luego de cuatro (4)
meses de investigación, donde se tomaron declaraciones, se llegó a juicio ante
la asamblea comunitaria, en el cual fue condenado el señor Juan y se le impuso
sanción. Expresan que la condena del resguardo deberá cumplirla una vez salga
de la cárcel. De otro lado, señalan que el conjunto de autoridades tradicionales
y ancestrales presentó su culpabilidad ante la asamblea, que decidió aprobar
dicha decisión de forma democrática y, en este caso, unánime.
9.2.2.  Respuesta de la Defensoría del
Pueblo-Regional Valle del Cauca
El diecisiete (17) de febrero de dos mil
quince,[58]
Carlos Hernán Rodríguez, Defensor del Pueblo-Regional Valle del Cauca, remitió
oficio por medio del cual dio cuenta de la inspección realizada al señor Juan.
En relación con las condiciones de reclusión, el informe señala que luego de su
ingreso al centro de detención, el comunero adujo haber sido víctima de
maltratos, pues lo habrían golpeado. Indica además que en su celda, que es
compartida con otro interno, tiene colchón y sábanas, que el sitio donde habita
se encuentra en un pasillo, el cual posee duchas, baterías sanitarias,
lavamanos y orinales.  Sin embargo, manifiesta que desde el diez (10) de
febrero se encuentra castigado por las autoridades étnicas del pasillo por
haber consumido licor los días veinticuatro (24) y treinta y uno (31) de
diciembre. La sanción impuesta habría consistido en permanecer por un periodo
de dos (2) meses en el pasillo treinta y uno (31) del patio cuatro, donde se
encuentra con internos diferentes a los de su identidad étnica, sin celda, sin
colchoneta, durmiendo en el piso del corredor, en hacinamiento y durante el día
se encuentra en el patio, con acceso a agua deficiente.
En cuanto al estado de salud del señor Juan,
el reporte indica que el comunero tiene dificultad para respirar en las noches
desde hace varios días, situación respecto a la que se habría informado a la
guardia. También manifiesta que le duele el pecho de manera permanente,
situación que debe ser tratada por su médico tradicional y no por los médicos
del centro de detención.
En cuanto al enfoque diferencial de la
reclusión, se expresa que pese a tener el cabello largo al momento de ingresar
al centro de reclusión, no le fue cortado debido a su adscripción étnica. Se
manifiesta que se encuentra asignado al pasillo 4D, que es el designado para
población indígena. A su vez, pese a que considera no haber sido víctima de
discriminación, el recluso aduce que cuando habla su lengua, sus compañeros de
reclusión se burlan. También señala que a sus familiares no les es permitido
ingresar a la cárcel las yerbas con que trata su dolor de pecho y que cuando
logran hacerlo no puede realizar los rituales necesarios para su tratamiento.
Así mismo, se menciona que de acuerdo con
el comunero, ya había sido juzgado por las autoridades de su pueblo y que de la
pena impuesta había cumplido con los quince (15) fuetazos y un (1) mes de
trabajo forzado.
9.2.3.  Respuesta de la Comisaría de Familia de Puerto
Escondido
Por medio de memorial allegado el
dieciocho (18) de febrero de dos mil quince (2015),[59] la Comisaría
de Familia de Puerto Escondido dio respuesta al oficio. Respecto al mismo
indicó que tanto la niña Mariana como su hijo Sebastián se encuentran bajo el
cuidado de su hermana , la señora Mabel, quien reside al interior del Cabildo
Indígena Colombia, al paso
que anexó copia de la queja interpuesta por el tío de la niña, quien fue el
denunciante de los hechos de acoso, y la resolución Nº 085-08-2012, por la cual
se decretó medida de protección de derecho en favor de la niña Mariana,
mediante su ubicación en su familia extensa.
9.2.4.  Respuesta de la Corte Suprema de Justicia
El trece (13) de febrero de dos mil
quince (2015), la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia
respondió al oficio y adjuntó, en calidad de préstamo el expediente de radicado
T-76001-22-04-000-2014-00171-00, correspondiente a la acción de tutela
interpuesta por Juan contra la Fiscalía 54 de Puerto Escondido y el Juzgado
Tercero Penal del Circuito de Cali.
Del expediente se deriva que la tutela
fue interpuesta por el comunero en contra de la Fiscalía 54 de Puerto Escondido
y el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cali,
con base en hechos similares a los que dieron lugar a la acción de tutela que
en este momento se revisa por parte de esta Corporación, para proteger su
derecho al debido proceso y a no ser juzgado dos (2) veces por el mismo delito.
También consta en el expediente que al mismo se vinculó al Cabildo Indígena
Colombia, al Consejo Superior de la Judicatura y a las víctimas del proceso de
origen, por medio de auto nueve (9) de abril de dos mil catorce (2014),
proferido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
9.2.5.  Respuesta de EPMSC Cali
EL EPMSC Cali-Centro Carcelario
Villahermosa no respondió al oficio enviado por la Corte.
9.2.6.  Respuesta de las personas vinculadas
La señora Jennifer no respondió al oficio
enviado a nombre propio ni a nombre de su hija. El señor Juan tampoco remitió
respuesta.
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL
1. Competencia
La
Sala es competente para revisar el fallo de tutela referido, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución, y 33 y
34 del Decreto 2591 de 1991.
2. Planteamiento del caso y problemas
jurídicos
2.1. De conformidad con los antecedentes
expuestos, le corresponde a la Sala determinar, en primer lugar, si el Consejo
Superior de la Judicatura violó los derechos fundamentales a la jurisdicción
especial, a la autonomía y la diversidad étnica y cultural del Cabildo Indígena
Colombia, toda vez que al
resolver el conflicto de jurisdicciones suscitado en relación con el
juzgamiento del señor Juan aquella Corporación decidió que el conocimiento del
proceso fuese asumido por la justicia ordinaria con el fin de garantizar los
derechos de la niña afectada por la conducta antijurídica.
2.2., En segundo lugar, deberá analizarse si
se violó el derecho fundamental del señor Juan a no ser juzgado dos veces por
el mismo delito (Non bis in ídem), al iniciarse en su contra un proceso
penal ante la jurisdicción ordinaria por la comisión del delito de acceso carnal abusivo con menor de
catorce (14) años agravado en concurso homogéneo y sucesivo, pese a que ya
existía una sanción penal en su contra por los mismos hechos, proferida por el Cabildo Indígena Colombia.
2.3. Para dar solución a estos interrogantes, en primer
lugar, se harán algunas consideraciones sobre la jurisdicción especial indígena
y el principio de respeto por la diversidad étnica y cultural. Luego, se estudiará
el precedente constitucional sobre jurisdicción especial indígena y juzgamiento
de casos penales por delitos contra la integridad sexual de niños. A paso
seguido, se abordará el principio de non bis in ídem. Más tarde, se
explorará este último principio en relación con la jurisdicción especial
indígena. Finalmente, se analizará el caso concreto.
3. Jurisdicción especial indígena y respeto
por la diversidad étnica y cultural
Son múltiples las disposiciones
constitucionales que sirven de base normativa para el respeto por la diversidad
étnica y cultural como principio fundamente de la democracia en Colombia. Para
empezar, el art. 1 de la Carta establece que la forma de la república será
unitaria, al paso que declara a la misma participativa y pluralista.[60] De igual manera, el art.
2 indica que constituye un fin esencial del Estado permitir la vigencia de un
orden justo.[61]
Por su parte, el art. 7 declara que la diversidad étnica y cultural de la
Nación son reconocidos y protegidos,[62]
situación luego reforzada por el art. 8 que establece un deber a cargo del
Estado de proteger las riquezas culturales existentes al interior de las
fronteras. De igual forma, el art. 10 manifiesta que las lenguas y dialectos de
los grupos étnicos son oficiales en sus territorios, por lo que la enseñanza en
estas zonas será bilingüe. Asimismo, el art. 13 garantiza la igualdad ante la
ley y prohíbe la discriminación motivada por la raza, la lengua y la religión,
así como por cualquier otro criterio.[63]
En consonancia, el art. 96 reconoce como nacionales colombianos a los miembros
de los pueblos indígenas que habitan en territorios de frontera.[64] Además, el art. 171 crea
una circunscripción especial para los pueblos indígenas en el Senado de la
República,[65]
y el art. 246 faculta a las autoridades indígenas para el ejercicio de
facultades jurisdiccionales al interior de sus territorios.[66] Igualmente, el art. 286
reconoce como entidades territoriales a los territorios indígenas.[67]
En el caso de Colombia, para entender la
importancia de este principio es preciso remitirse a los procesos históricos de
poblamiento, colonización y organización del territorio que dieron lugar al
surgimiento del Estado. La existencia de múltiples grupos humanos con distintas
formas de vida, tradiciones, sistemas morales y prácticas cotidianas, es el
resultado de complicados procesos sociales de resistencia ante la dominación que,
a su vez, hacen imperioso que aquellos elementos propios de los grupos étnicos
no solo se reconozcan sino que se entiendan como merecedores de protección.[68]
De acuerdo con la Constitución, es un fin
imperioso el garantizar la persistencia en el tiempo de las distintas
identidades culturales que conforman la nación, ello en la medida que a lo
largo de nuestra historia la negación de dichas formas de vida ha generado
enormes pérdidas para la sociedad y el Estado. Procesos de colonización basados
en entendimientos de las culturas autóctonas de América como atrasadas,
salvajes, e incivilizadas dieron lugar la extinción física de muchos pueblos en
la América colonial. Los procesos de aculturación forzosa a la que fueron
sometidos los grupos indígenas y de procedencia africana, que en buena medida
se mantienen vigentes, han llevado a que sus identidades de desvanezcan en el
tiempo, en detrimento de la existencia física y moral de las mencionadas
comunidades, lo que significa una gran pérdida para la nación entera. Por lo
tanto, el respeto por la diversidad étnica y cultural se encuentra íntimamente
ligado a otros contenidos constitucionales, como es el caso del derecho a la
identidad cultural.[69]
Esta Corporación ha reconocido a la
diversidad étnica y cultural como el elemento fundante de la identidad nacional
Colombiana, lo que a su vez da origen al deber del Estado de reconocer,
promover y proteger los distintos legados culturales existentes en el país.
Adicionalmente, se ha establecido también que esta protección que la Carta
otorga a la diversidad étnica entraña un derecho a la identidad de estos
pueblos, así como la posibilidad de, en cuanto colectividad, ser titulares de
derechos fundamentales.[70]
Sobre este punto “(…) la jurisprudencia ha
precisado que los derechos de las comunidades indígenas no deben ser
confundidos con los derechos colectivos de otros grupos humanos. Ciertamente,
cada comunidad indígena es un verdadero sujeto
colectivo y no una sumatoria de individuos
particulares que comparten una serie de derechos o intereses difusos.”[71]
De lo anterior se concluye que el principio
constitucional de respeto por la diversidad étnica y cultural parte de un
entendimiento de la valía intrínseca de las tradiciones, costumbres, creencias
religiosas, prácticas ancestrales, lenguajes, instituciones sociales y
políticas de los múltiples pueblos que habitan en el territorio. Puede decirse,
por lo tanto, que este principio es una exaltación de las distintas identidades
del Estado pluralista, de tal forma que pretende un diálogo que propicie el
entendimiento entre unos y otros.
En consecuencia, no debe pensarse que el respeto
por la diversidad étnica y cultural, tal como lo entiende la Constitución,
propende por la separación de espacios y tradiciones de los grupos humanos, al
mejor estilo de la existencia de sociedades paralelas que no se tocan ni
interactúan (sociedad de guetos). Todo lo contrario, el propósito último de la
protección de la diversidad étnica y cultural se encuentra en la expectativa de
que los distintos grupos humanos encuentren espacios en común y se
retroalimenten unos con otros, de tal forma que puedan avanzar de forma conjunta
aprovechando el conocimiento acumulado. Así las cosas, la promesa del
multiculturalismo se encuentra dirigida hacia el diálogo intercultural y el
aprendizaje mutuo.[72]
Es posible entender que existen ciertas
razones por los que es de gran importancia reconocer la diversidad cultural
como merecedora de protección. Dentro de estas se encuentran: (i) en nuestro país
habitan un número importante de pueblos con culturas e identidades propias;
(ii) el conjunto de estos legados culturales dan forma a la identidad nacional
colombiana; (iii) existe un deber de dar un igual trato a todas las identidades
étnicas; (iv) las distintas culturas existentes en el territorio deben
preservarse en el tiempo.[73]
Una de las principales muestras de la forma
en que nuestro sistema constitucional busca concretar el respeto por la
diversidad étnica y cultural está dado por el otorgamiento de la función de
administración de justicia a las autoridades indígenas, de tal suerte que se ha
establecido una jurisdicción especial para dirimir aquellos asuntos que involucran
intereses de los grupos étnicos. En este sentido, el ya mencionado art. 246
Superior declara que “(l)as autoridades de
los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su
ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos,
siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. La
ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el
sistema judicial nacional.”[74]
Si bien las anteriores reglas han hecho
carrera en la jurisprudencia constitucional, las mismas no dejan de ser
problemáticas.[75]
En este sentido, la primera de estas ha debido de ser matizada en el sentido de
aclarar que la pérdida de las tradiciones de una comunidad no significa que per
se la misma carezca de capacidad para administrar justicia. Asimismo,
también debe mencionarse que en relación con la segunda regla, se tiene que en
muchos casos existen tensiones entre el reconocimiento de la diversidad étnica
y la garantía y vigencia de derechos fundamentales. Esta tensión, enfocada en
determinar si los derechos humanos tienen realmente un carácter universal o,
por el contrario, obedecen a un discurso relativo desde una perspectiva
cultural no puede pasarse por alto. De la misma forma, es problemático que en
la tercera regla se sugiera que es posible establecer una jerarquía de valores
constitucionales de forma absoluta, sin consideración a condicionamientos
específicos de un caso concreto.
En torno al alcance de la facultad que el
art. 246 de la Constitución otorga a las autoridades indígenas, se tiene que
esta Corporación ha manifestado sus elementos esenciales, los cuales estarían
dados por la posibilidad de: (i) tener autoridades judiciales propias; (ii)
disponer normas y procedimientos judiciales propios, siempre con sujeción a la
Constitución y a la ley. A su vez, el legislador retiene la facultad de
determinar la forma de coordinación entre la jurisdicción especial y ordinaria
y a falta de desarrollo legislativo, la coordinación deberá llevarse a cabo con
respeto de los parámetros establecidos por la jurisprudencia constitucional.
De otro lado, también se ha establecido que
la sujeción de la jurisdicción especial a la Constitución y la ley es un asunto
que debe ser tratado con cautela, toda vez que sostener que dicha sujeción es
completa e irrestricta a todas las normas legales significaría dejar vacío de
contenido el derecho de los pueblos indígenas a ejercer jurisdicción al
interior de sus territorios.[76]
Una situación como aquella planteada no sería conforme al principio de
maximización de autonomía de las comunidades. Ahora bien, ha dicho la Corte que
en situaciones en las que los elementos que dan lugar al conflicto jurídico
pertenecen al entorno cultural del grupo étnico, la intervención estatal
tendiente a verificar el ajuste del ejercicio de jurisdicción debe corresponder
a unos elementos mínimos, estando comprendidas situaciones particularmente
excepcionales, dentro de las cuales están: (i) protección del derecho a la
vida; (ii) prohibición de esclavitud; (iii) prohibición de tortura; (iv) garantía
del debido proceso.[77]
En relación con el derecho al debido proceso, la jurisprudencia ha derivado
criterios adicionales para velar por los intereses de las víctimas y del
procesado, dentro de las cuales se encuentran: (i) respeto por el principio de
legalidad en materia penal, tanto desde un punto de vista sustantivo como
procesal; (ii) garantía de la presunción de inocencia; (iii) derecho de
defensa; (iv) la prohibición de responsabilidad objetiva y principio de
culpabilidad individual; (v) respeto por el non bis in ídem; (vi) no
obligatoriedad de segunda instancia; (vii) proporcionalidad y razonabilidad de
sanciones.[78]
La existencia de una jurisdicción especial
indígena ha dado paso a que pueda hablarse de la existencia de un fuero
indígena que, además del derecho de la comunidad a ejercer jurisdicción,
también representa un derecho de la persona a ser juzgada conforme a sus usos y
costumbres.[79]
En cuanto a la activación de la jurisdicción especial ocurre con base en un
conjunto de criterios decantados por la jurisprudencia constitucional. Así, se
ha hablado de la necesidad de tomar en consideración cuatro tipos de factores:
(i) el personal;[80]
(ii) el geográfico;[81]
(iii) el objetivo;[82]
y (iv) el institucional.[83]
Para entender con mayor profundidad cada
uno de estos factores, así como la forma en que la Corte los ha utilizado en
casos relacionados con actos sexuales que involucran niños, es preciso retomar
algunos pronunciamientos de la Corporación en este sentido, por constituir el
precedente constitucional aplicable al caso concreto.
4. Precedente constitucional sobre la competencia
de la jurisdicción especial indígena para juzgar casos que involucren la
integridad sexual de niños
Para empezar, en la sentencia T-617 de 2010[84] la Corte conoció una
acción de tutela interpuesta por el gobernador indígena de una comunidad en
contra del Consejo Superior de la Judicatura, toda vez que consideró que aquel
organismo vulneró los derechos fundamentales de la comunidad a la autonomía y a
la diversidad cultural, así como el derecho al debido proceso y a la diversidad
étnica de uno de sus comuneros. De acuerdo con el relato de la tutela, uno de
sus miembros fue acusado de incurrir en actos de acceso carnal violento en
contra de una niña, que también pertenecía al grupo. El caso empezó a ser
investigado por la fiscalía del lugar, ante lo cual el cabildo solicitó que se
trasladara el caso, toda vez que este debía ser juzgado por la jurisdicción
especial, situación que generó un conflicto positivo de competencias entre el
cabildo y un juzgado penal de la zona que, a su vez, fue resuelto por el
Consejo Superior de la Judicatura en favor de la jurisdicción ordinaria, toda
vez que consideró que de lo contrario podrían afectarse los derechos de la niña
afectada y que el supuesto responsable conocía y diferenciaba su cultura de la
mayoritaria. La Corte tuteló los derechos fundamentales alegados, revocó la
decisión del Consejo Superior de la Judicatura y ordenó la remisión del caso al
cabildo mencionado. Adicionalmente, ordenó dejar sin efectos las actuaciones de
la Fiscalía y las sentencias de primera y segunda instancia proferidas por la
jurisdicción ordinaria en torno al caso.
En un primer momento, la Corte se refirió al principio
del interés superior de niños pertenecientes a comunidades indígenas, advirtiendo
que la labor del juez constitucional no debe restringirse a evaluar bajo la
perspectiva de la cultura mayoritaria la situación del niño, sino que debe
tener en cuenta que aquel es un “(…) guardián de saberes ancestrales y de valores
culturales cuya protección persiguió con ahínco el constituyente de 1991, pues
constituyen el patrimonio de diversidad que nos permite conocernos como una
nación con una identidad compleja, respetuosa de la igualdad en la diferencia.”[85]
Igualmente, la providencia se encargó de
establecer el alcance de los aspectos que determinan la competencia de la
jurisdicción especial indígena, así como los elementos estructurales del fuero
indígena. En este sentido, la Corte estableció que si bien, en principio,
corresponde al Consejo Superior de la Judicatura resolver los conflictos de
competencia que se susciten entre la justicia ordinaria y la jurisdicción
especial, toda vez que no existe una ley de coordinación entre las
jurisdicciones, corresponde a la Corte definir el alcance del art. 246
Superior, debido al carácter fundamental que asiste al principio de autonomía
de los pueblos indígenas.
De manera específica, la decisión introdujo
consideraciones importantes respecto al factor objetivo, referido este a la
naturaleza del conflicto jurídico y desarrollado con base en la jurisprudencia
del Consejo Superior de la Judicatura. Empero, al referirse al mismo la
Corporación estimó que su definición resultaba vaga, por no determinar qué tipo
de objetos o sujetos involucrados en el litigio han de ser considerados
determinantes para definir el alcance de la jurisdicción especial. Así las
cosas, la providencia trató de precisar el criterio objetivo e indicó que el
mismo puede “(…) definirse
de manera más precisa el elemento objetivo como la condición de indígena del
sujeto afectado, o del titular del bien jurídico ofendido; o, la naturaleza
cultural del bien jurídico afectado.”[86]
La Sala advirtió que el denominado criterio objetivo
ha dado lugar a más dudas que certezas,[87]
luego de examinar a alguna de las maneras en que ha sido entendido, y concluyó “(…)
que una concepción de la jurisdicción especial indígena dirigida de forma
absoluta y exclusiva a la solución de asuntos internos de las comunidades
originarias, ignora la importancia que la Constitución Política ha dado, en el
marco del derecho mayoritario, a la autonomía indígena como fuente de
aprendizaje de distintos saberes, y piedra angular para la vigencia de un
estado pluralista y participativo…”[88]
Señaló además que, en situaciones en que el
bien jurídico afectado concierna tanto a la comunidad indígena como a la
cultura mayoritaria, el criterio objetivo no resulta decisivo para definir la
competencia, debiéndose en este último tipo de eventos consultarse las particularidades
del caso y los demás elementos que definen la competencia de la justicia
indígena.
Ahora bien, el juez constitucional también
tuvo oportunidad de aclarar que en situaciones en las que se está frente a un
caso que reviste especial gravedad para el derecho mayoritario, no puede por
este solo hecho descartar la posibilidad de que el conflicto se resuelva ante
la jurisdicción especial, toda vez que ello derivaría en una imposición de
valores de la cultura mayoritaria, en desconocimiento de los principios de
pluralismo y diversidad cultural. En estos casos, más que la gravedad de la
conducta, es importante que se haga justicia en el caso concreto, por lo que
debe evaluarse con mayor rigor el factor institucional, pues de este depende la
vigencia de los derechos de la víctima.
Al resolver el caso concreto, la Corte encontró, entre
otros aspectos, que el Consejo Superior de la Judicatura había incurrido en un
defecto sustantivo al interpretar de manera errónea el art. 246 de la
Constitución.[89]
De acuerdo con el Consejo, esta disposición no permite que asuntos que
involucren menores de edad sean conocidos por la jurisdicción especial
indígena. Esta comprensión, de acuerdo con la Corte no resulta conforme a la
Carta Política, toda vez que al determinar la competencia: (i) no tomó en
cuenta el elemento institucional a la hora de establecer en qué sede habría de
darse trámite al proceso; (ii) tomó como prevalente el criterio objetivo a
pesar que el bien jurídico era compartido; (iii) señaló que existía una falta
de competencia de la jurisdicción especial para juzgar asuntos relacionados con
niños.
En cuanto al primero asunto, la Corte estimó que no
podía el Consejo Superior pretermitir el análisis del elemento institucional,
debido a la importancia que el mismo tiene a efectos de definir la protección
de los derechos de las víctimas y del acusado. En torno al segundo asunto, la
Corporación estableció que el Consejo Superior acogió una lectura del elemento
objetivo como un umbral de nocividad a partir del cual la jurisdicción especial
carece de competencia para tramitar un asunto. Esta postura, de acuerdo con la
decisión, no resulta conforme a los postulados constitucionales toda vez que se
basa en un universalismo cultural que dista del relativismo ético moderado que
se encuentra incorporado en la Carta. Por último, en relación con el tercer
punto, la providencia señaló que este partía de una comprensión de acuerdo con
la cual existía una tensión entre los arts. 44 y 246 de la Constitución en el
caso concreto. Empero, la sentencia concluyó que la decisión del Consejo
Superior no ponía (en términos fácticos) de presente la razón de la aparente
tensión, que al parecer devendría del “(…) supuesto de que en la jurisdicción indígena no se
respetan los derechos de niños y niñas, lo que constituye un prejuicio y una
actitud discriminatoria frente a los pueblos originarios.”[90] Por lo dicho, en aquella ocasión se
estimó que se había incurrido en sendos defectos fáctico y sustantivo.
A paso seguido, la Corte procedió a
establecer la competencia jurisdiccional en el caso concreto. En un primer
momento determinó que al haberse acreditado pertenencia a la comunidad del procesado,
el elemento personal se encontraba satisfecho. En torno al elemento territorial,
este también se consideró cumplido, toda vez que durante la definición de
competencia ante el Consejo Superior de la Judicatura no se controvirtió la
afirmación de la parte accionante, de acuerdo con la cual los hechos ocurrieron
dentro del territorio del resguardo. Asimismo, se estimó acreditado el factor
objetivo, toda vez que la niña afectada por los hechos hacía parte de la
comunidad indígena y que el hecho de ser este un caso de actos sexuales con una
niña no generaba de por sí que la jurisdicción especial no tuviese competencia
para conocer el asunto, toda vez que la integridad sexual de los niños es un
bien jurídico compartido con el sistema jurídica mayoritario, además de que
debía tomarse en cuenta el análisis del criterio institucional.
Ahora bien, la Sala estimó que en este caso
se presentaba una tensión entre la garantía del interés superior de la niña y
el fuero indígena, toda vez que la familia de la víctima había señalado que
podrían existir razones de peso para mantener el caso en la jurisdicción
ordinaria, relacionadas con la desconfianza en las instituciones de la
comunidad. Empero, también estimó la providencia que al someter el conflicto a
la técnica de la ponderación, se obtenía como resultado que la afectación
potencial de los derechos de la niña carecía de certeza, por lo que en el caso
concreto debía primar la garantía de la autonomía de la comunidad y del debido
proceso del procesado. En conclusión, se estimó que la jurisdicción especial
indígena sí tenía competencia para juzgar los hechos. Finalmente, la Corte
estableció el alcance del amparo e indicó que en este caso resultaba necesario
revocar la decisión del Consejo Superior de la Judicatura y disponer que el
expediente fuese remitido al cabildo, por ser estas las competentes para
conocer del proceso.
Esta regla de decisión fue reiterada en la
sentencia T-002 de 2012.[91]
En aquella ocasión, la Corte conoció dos casos en los que el Consejo Superior
de la Judicatura había negado la competencia de la jurisdicción especial
indígena para conocer de delitos sexuales cometidos contra niños. La sentencia reiteró que la protección
del interés superior del niño indígena no puede hacerse de espaldas al valor de
la diversidad, puesto que es necesario entender que el niño es gestor de una
cultura propia.[92]
En este sentido, la jurisprudencia de la
Corte ha hecho énfasis en que “la labor del juez no se limita a evaluar,
desde la perspectiva “occidental”, la situación del menor indígena”.[93] Esto significa que, si bien las decisiones
del juez constitucional relacionadas con la integridad sexual de los menores
son expresión de la lucha que libra el Estado desde la administración de
justicia para salvaguardar la integridad, la salud y la supervivencia del
menor, cuando se trata de menores indígenas esta lucha no puede librarse en
términos que excluyan la diversidad. En otras palabras, el juez constitucional
no puede perder de vista el hecho de que el menor indígena es, en sí, gestor de
su propia cultura, por lo que la protección de sus derechos constituye al mismo
tiempo una valiosa oportunidad para perpetuar saberes y costumbres ancestrales
fundamentales para la conservación de la diversidad y la promoción del respeto
por la diferencia.
En relación con el primero de los casos
revisados, la Sala logró establecer que en el caso concreto, la comunidad
indígena contaba con autoridades instituidas que podían aplicar el derecho
propio de la zona y que no había razón para pensar que en este caso se
encontraran en riesgo la garantía del debido proceso del acusado ni los
derechos de la niña víctima, por lo cual adujo que “(…) (a)l no existir esa prueba, no puede
la Sala sino concluir que la decisión del Consejo Superior de la Judicatura se
basó en el supuesto de que la jurisdicción especial indígena es per se una
jurisdicción protectiva e indulgente, supuesto que, en opinión de esta Sala,
constituye una interpretación errónea del artículo 246 Superior.”[94] De esta manera, la Corporación descartó
que pueda hablarse de una colisión de los arts. 44 y 246 de la Constitución
analizados en abstracto.[95]
Concluyó, por tanto, que en este caso existía un defecto sustantivo por
interpretación errónea del art. 246 de la Constitución Política.
A continuación, la providencia procedió al
análisis del segundo proceso en revisión, respecto al cual señaló que la
decisión del Consejo Superior de la Judicatura careció de motivación, pues se
restringió a señalar que era necesario asignar la competencia jurisdiccional a
la justicia ordinaria, mas no indicó la razón de esta asignación,
restringiéndose a reproducir algunos apartes normativos.[96] De forma adicional, la
Corte también consideró que la providencia incurrió en un defecto sustantivo
debido a que interpretó de forma errónea el art. 246 Superior, por las mismas
razones que en el otro proceso acumulado.
Por último, la Corte definió el conflicto
de jurisdicciones que acaeció en cada caso concreto. Al realizar este análisis,
señaló que los elementos personal, geográfico y objetivo se cumplían en ambos
procesos. Al analizar el elemento institucional, la Sala encontró que en primer
caso este se encontraba acreditado, toda vez que no solo había autoridades
dispuestas a aplicar un derecho propio de la comunidad, sino que no existían
razones para pensar que pudieran afectarse los derechos del procesado o de la
víctima. Así mismo, si bien la Corte determinó que podría existir un conflicto
entre los principios de respeto por la autonomía de la comunidad y el interés
superior de la niña víctima, al ponderar dichos intereses se obtenía como
resultado que el segundo habría de ceder, toda vez que no existía certeza en
relación con el potencial peligro que podría derivarse para este de asignarse
el conocimiento del proceso a la jurisdicción especial indígena.
Por su parte, al evaluar el elemento
institucional en el segundo proceso, la Sala encontró que dichos reglamentos
solo designan sanciones para faltas leves, más no para infracciones graves. Así
mismo, la asamblea del cabildo consideraba que el caso debía ser juzgado por la
justicia ordinaria, pues ellos no contaban con las condiciones necesarias para
hacer justicia en el caso concreto. Por lo dicho, al analizar el elemento
institucional para determinar la competencia en el caso concreto, la Corte
estimó que la misma habría de corresponder a la jurisdicción ordinaria, puesto
que en este caso sí existía certeza respecto a la afectación de los derechos de
la niña víctima, de dejarse el caso en manos de la jurisdicción especial
indígena.
La línea de decisión expuesta se consolidó
en la sentencia T-921 de 2013, en la que la Corte Constitucional conoció una
acción de tutela interpuesta por un un comunero de un resguardo indígena quien
se encontraba retenido y procesado por la jurisdicción ordinaria por sostener
relaciones sexuales con una joven de trece (13) años, integrante de la
comunidad, pese a que la comunidad indígena había reclamado competencia para
tramitar el asunto. El Consejo Superior de la Judicatura decidió el conflicto
positivo de competencias a favor de la jurisdicción ordinaria. Por su parte, la
Corte Constitucional decidió tutelar los derechos fundamentales del accionante,
por lo cual dejó sin efectos la providencia del Consejo Superior de la
Judicatura que decidió el conflicto positivo de jurisdicciones y ordenó remitir
el caso y entregar al acusado a las autoridades indígenas.
La sentencia se refirió al principio del
interés superior del niño, precisando las condiciones para que una decisión
pueda fundamentarse en él, a saber: “(1) en primer lugar, el interés del menor en cuya
defensa se actúa debe ser real, es decir, debe hacer relación a sus particulares
necesidades y a sus especiales aptitudes físicas y sicológicas; (2) en segundo
término, debe ser independiente del criterio arbitrario de los demás y, por
tanto, su existencia y protección no dependen de la voluntad o capricho de los
padres o de los funcionarios públicos encargados de protegerlo; (3) en tercer
lugar, se trata de un concepto relacional, pues la garantía de su protección se
predica frente a la existencia de intereses en conflicto cuyo ejercicio de
ponderación debe ser guiado por la protección de este principio; (4) por
último, debe demostrarse que dicho interés tiende a lograr un beneficio
jurídico supremo consistente en el pleno y armónico desarrollo de la
personalidad del menor.”[97]
De otro lado, la sentencia también se
refirió al interés superior del niño cuando este se analiza en relación con
miembros de comunidades indígenas. En torno a esto se dijo que, en estas
situaciones, los derechos de los niños deben conciliarse con los principios de
identidad étnica y cultural, así como de pertenencia a una determinada
comunidad, ello de acuerdo al principio de enfoque diferencial.[98]
En este orden de ideas, la sentencia señala
que la garantía del interés superior del niño indígena requiere que se propenda
por: (i) el desarrollo integral del niño; (ii) la efectividad de todos sus
derechos fundamentales; (iii) que no sea expuesto a riesgos prohibidos; (iv)
que sus derechos se encuentren en equilibrio con los de sus padres; (v) que el
mismo tenga un ambiente familiar apto; (vi) que la intervención estatal en las
relaciones familiares se justifique en razones poderosas. Así las cosas, la
protección de la integridad física, mental y emocional del niño indígena
víctima de situaciones de abuso sexual no puede pretenderse de espaldas a la
diversidad y al pluralismo.[99]
Adicionalmente, la sentencia también se
refirió a los estándares constitucionales respecto a la privación de la
libertad de las personas indígenas. En cuanto a esto se indicó que las personas
indígenas tienen derecho a mantener su identidad y su cultura aun en
situaciones de privación de la libertad. Así, se afirmó que las personas
indígenas condenadas a pena privativa de la libertad no deberían ser recluidas
en establecimientos penitenciarios comunes, por lo que esto desconoce sus
valores culturales y su identidad étnica. Lo dicho no resulta menos cierto en
aquellos casos en que el fuero indígena no resulte aplicable al caso concreto,
toda vez que los estándares constitucionales para la reclusión de personas
indígenas deben ser acatados aunque no se haya dado aplicación al fuero.[100]
Una vez hechas estas consideraciones, la
Corte procedió a realizar el estudio del caso concreto. Al analizar los
criterios establecidos para que pueda darse aplicación al fuero indígena, la
Corporación llegó a la conclusión que se cumplían todos los factores precisados
para que el caso pudiese ser conocido por la jurisdicción especial. Con todo,
la providencia prosiguió con su análisis y se centró en determinar si al ser
este un caso donde se comprometieron derechos de una persona menor de edad,
ello tenía efectos en la aplicación del fuero indígena en el caso concreto.
Respecto a este asunto, la Sala estableció que el interés superior de la niña
no resultaba incompatible con la aplicación del fuero penal indígena, pues la
jurisdicción especial también tiene el deber de velar por el cumplimiento de
los mandatos constitucionales, incluidos los derechos de los niños. En
concordancia se aseveró que “(e)n este sentido, de ninguna manera puede afirmarse
que remitir el proceso a la jurisdicción indígena afecta el interés superior,
sino que, por el contrario, hacerlo podrá hacer velar porque efectivamente las
autoridades del Resguardo Embera - Chamí puedan
salvaguardar dicho interés de acuerdo a los parámetros de la diversidad, tal
como lo ordenó la Sentencia T-002 de 2012.”[101]
De lo anterior, relata la providencia, se
desprendió la configuración de un defecto por violación directa de la
Constitución, al no haberse remitido el proceso a la jurisdicción especial
indígena. Adicionalmente, la providencia estimó que el accionante fue afectado
en su dignidad al no haberse considerado su adscripción étnica a efectos de
darle un enfoque diferencial a su detención.[102]
Por último, se establecieron un conjunto de reglas aplicables a situaciones en
las que la justicia ordinaria procese a una persona perteneciente a una
comunidad indígena, ello con el fin de garantizar los derechos del este a la
identidad.[103]
Con esto visto, se procerá a abordar el principio de non bis in ídem.
5. Principio de non bis in ídem
César interpuso acción de tutela en contra
del Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cali y
la Fiscalía Seccional Puerto Escondido, toda vez que consideró que estas
autoridades vulneraron los derechos fundamentales de la comunidad indígena que
el accionante representa al iniciar en contra de Juan, uno de sus miembros, un
proceso penal por unos hechos que ya habían sido juzgados por las autoridades
del cabildo. Toda vez que de los hechos alegados en el amparo se desprende que
podría estar comprometido el derecho a no ser juzgado dos veces por el mismo
delito, la Sala estima necesario referirse al principio constitucional de non
bis in ídem. A continuación, se procede a dicho análisis.
De acuerdo con el art. 29 de la
Constitución, toda persona tiene derecho a no ser juzgada dos veces por el
mismo hecho. Esta prohibición de doble juicio recibe el nombre de non bis in
ídem, y ha sido reconocido por este tribunal constitucional como un derecho
fundamental autónomo.[104]
El mismo implica que es contrario a la Constitución iniciar un nuevo proceso
sancionatorio en contra de una persona que ya fue juzgada por esos mismos
hechos, por lo que se prohíbe una nueva investigación, juicio o condena en
contra de la persona que ya fue sometida al poder punitivo del Estado.[105]
El mencionado principio no tiene aplicación
solo en materia penal, en cambio que irradia distintos tipos de procesos,
extendiéndose incluso a aquellos en los que el poder sancionatorio del Estado
se ejerce en sede administrativa. En este orden de ideas, este derecho se
encuentra vinculado de manera estrecha con el principio de seguridad jurídica,
y los derechos a la defensa, la presunción de inocencia y a la prevalencia de
un orden jurídico justo.[106]
Así las cosas, el principio de non bis in ídem, se encuentra ubicado en
el centro de las garantías procesales comprendidas por el derecho al debido
proceso.
Ahora bien, la prohibición de doble juicio
no se extiende a situaciones en las que una misma conducta da lugar a una
pluralidad de sanciones con distinta finalidad. No contradice el principio de non
bis in ídem que una misma conducta sea sancionada con pena privativa en
sede penal y con destitución de un cargo público, debido al carácter de estos
dos tipos de consecuencias jurídicas.[107]
El derecho a no ser juzgado dos veces por
el mismo hecho se erige como una limitación al poder sancionatorio estatal que guarda
estrecha relación con el principio de legalidad, pues aquel presume la
existencia de determinadas normas de rango legal que den un estatus jurídico
particular a los hechos objeto de censura. Si bien lo anterior hace del
principio de non bis in ídem un elemento fundamental de la relación
entre el Estado y quienes habitan al interior de sus fronteras, ello no quiere
decir que esta garantía sea absoluta. Existen situaciones en las cuales otros
valores constitucionales de igual o mayor importancia en un caso concreto
pueden oponérsele, lo que hace necesario que se proceda a la ponderación de los
intereses en conflicto para dar soluciones que conduzcan de manera efectiva a
la justicia material.[108]
Ahora bien, en relación con el alcance real
y efectivo del derecho al non bis in ídem, la Corte Constitucional en la
sentencia C-870 de 2002[109]
hizo un análisis dogmático de la norma establecida en el art. 29 de la
Constitución, de acuerdo con la cual: “Quien sea sindicado tiene el derecho
(…) a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho”.[110] En
relación con la expresión “sindicado”, la Corte estableció que si bien la misma
pareciera ubicar al mencionado principio en el ámbito del derecho penal, la
jurisprudencia constitucional ha extendido su campo de aplicación a otros
regímenes sancionatorios. En cuanto a ello se adujo “(…) que cuando la finalidad
de un régimen es regular las condiciones en que un individuo puede ser
sancionado personalmente en razón a su conducta contraria a derecho, este
principio es aplicable.”[111] En relación con la
palabra “derecho” se afirmó que no existe duda de que la prohibición de doble
juicio es un derecho fundamental de aplicación inmediata y directa, cuyo
contenido incluye la prohibición de ser sometido a múltiples sanciones o
juicios sucesivos por unos mismos hechos. Sobre la expresión “juzgado”, se
tiene que la misma comprendería no solo la posibilidad de ser condenado, sino
cualquier etapa procesal necesaria para que se llegue a una decisión de fondo
que pueda imponer una sanción. De igual forma, la expresión “dos veces”
incluiría cualquier número de procedimientos sancionatorios superiores a uno.
Por último, en relación con la expresión “hecho”, se tiene que la misma incluye
situaciones fácticas y no las categorías jurídicas que pueden utilizarse a la
hora de catalogar dichas conductas.
De forma adicional, la
mencionada sentencia también tuvo oportunidad de señalar que para dar
aplicación al principio de non bis in ídem, es necesario que ocurra una
triple correspondencia de elementos entre uno y otro proceso a saber: (i) la
identidad física de la persona debe ser la misma; (ii) el hecho por el cual se
le juzga ha de corresponder con aquel por el cual se surtió el proceso previo;
(iii) el motivo que dio lugar al nuevo proceso ha de corresponderse con aquel
que dio lugar al proceso inicial.[112]
Lo anterior, permite ver que el principio guarda una estrecha correspondencia
con la institución de la cosa juzgada, al punto de poder afirmarse que el
nombrado principio se erige como la forma a través de la cual la cosa juzgada
se inserta dentro de los procesos sancionatorios y, especialmente, penales.
En vista de las
anteriores consideraciones, está por más decir que el derecho fundamental a no
ser juzgado dos veces por los mismos hechos puede ser protegido por el juez constitucional
en sede de tutela, puesto que su violación puede afectar intereses de un
altísimo rango constitucional, como lo es la libertad personal. Con estas
cortas consideraciones se procederá a abordar la jurisprudencia constitucional
sobre el principio de non bis in ídem en el juzgamiento de hechos
constitutivos de delito por parte de personas pertenecientes a comunidades
indígenas.
6. Non bis in ídem
y jurisdicción especial indígena
En la sentencia T-266 de
1999, la Corporación conoció el caso de un comunero indígena arhuaco, a quien
se le acusó de haber asesinado a su cónyuge, también perteneciente a dicha
comunidad. Luego de ser investigado y juzgado por los Mamos y las autoridades
indígenas, fue hallado inocente y liberado de toda responsabilidad por los
hechos que condujeron a la muerte de su compañera sentimental. Superada esta
situación, el tutelante se trasladó a una localidad del departamento del
Magdalena, donde fue capturado por tener una orden de detención en su contra,
debido a que fue condenado en ausencia por un juzgado penal de Valledupar a
dieciocho (18) años de prisión por el homicidio de su cónyuge. Ante esta
situación, el enjuiciado interpuso tutela, la cual fue denegada por el Tribunal
Superior de Distrito Judicial de Valledupar, toda vez que aún estaba por
decidirse un recurso de revisión. El accionante, posteriormente, interpuso una
nueva acción de tutela para que se protegieran sus derechos fundamentales al
debido proceso y a la defensa técnica, al considerar que al haberse resuelto
desfavorablemente el recurso de revisión, no le asistía ningún otro mecanismo
de defensa judicial, además de que se habían desconocido sus derechos
fundamentales al debido proceso y a la defensa técnica, toda vez que fue
condenado como reo ausente, pese a que fácilmente le hubiesen podido localizar
para el juicio. La Corte Constitucional procedió a conceder el amparo deprecado
y a salvaguardar los derechos del actor y del pueblo indígena arhuaco. Además,
el juez constitucional procedió a anular el proceso penal en contra del
accionante que se surtió ante la jurisdicción ordinaria, desde que se declaró
reo ausente al actor y dispuso que se diera traslado del expediente y entrega
del detenido al pueblo arhuaco para que ellos resolvieran el asunto de acuerdo
con sus costumbres.
Además de las
consideraciones relativas a la indebida declaración de reo ausente y a la
ausencia de prueba de la imputabilidad del actor en el proceso penal efectuado
ante la jurisdicción ordinaria, la Corte tuvo oportunidad de señalar que debido
a que los hechos que rodearon la muerte de la cónyuge del accionante tuvieron
lugar en el territorio arhuaco y que el actor era miembro activo de la
comunidad arhuaca, al negarse a reconocer la jurisdicción y competencia de los
Mamos para decidir sobre el fallecimiento de la cónyuge del tutelante y juzgar
a este último, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Valledupar vulneró los
derechos del peticionario al juez natural, así como del pueblo arhuaco a la
jurisdicción especial.
Ahora bien, en relación
con la vulneración del derecho del actor a no ser juzgado dos veces por los
mismos hechos, la Corte descartó dicha posibilidad, toda vez que la sentencia
que declaró la inocencia del actor tuvo lugar en el año de mil novecientos ochenta
y ocho (1988), antes que se hubiese reconocido facultad jurisdiccional a las
comunidades indígenas, situación que ocurrió al consagrarse este derecho en la
Constitución Política de 1991.
De otro lado, en la
sentencia T-866 de 2013 se decidió una acción de tutela interpuesta por el
gobernador de un cabildo indígena de Bosa quien, actuando como agente oficioso
de un comunero, interpuso acción de tutela contra un juzgado de ejecución de
penas y medidas de seguridad de Fusagasugá, toda vez que consideró que se
estaban vulnerando los derechos al debido proceso, diversidad étnica y
cultural, a la igualdad y al non bis in ídem de aquel. Según relata la
tutela, un miembro de la comunidad fue procesado por la justicia ordinaria por
incurrir en el delito de hurto en concurso con porte ilegal de armas debido a
que participó de la sustracción de varios elementos de una finca. Lo dicho
llevó a que fuese condenado a veinte (20) meses de prisión por la justicia
ordinaria, todo ello pese a que, debido a su calidad étnica, ya había sido
juzgado por aquellos hechos al interior de su comunidad, siendo condenado en
esta instancia a diez (10) años de trabajo comunitario y prohibición de salir
de territorio indígena. Luego de la detención del condenado, las autoridades
del cabildo interpusieron derecho de petición solicitando al Juzgado accionado
que trasladara al indígena a su territorio, toda vez que aquel ya había sido
condenado y había purgado buena parte de su pena en aquella sede, a lo que el
mencionado juzgado se negó. Lo anterior llevó a que se interpusiese acción de
tutela con el fin de lograr que se ordenara la libertad del comunero retenido y
ratificar que el juez natural de este caso era su autoridad tradicional. Por su
parte, la Corte Constitucional decidió negar el amparo en relación con el
derecho fundamental al juez natural del procesado, pero concederlo en relación
con el derecho al debido proceso por vulneración del principio al non bis in
ídem. Así mismo, declaró la nulidad del acta del cabildo indígena, por la
cual se había sancionado al comunero y declarar la carencia actual de objeto en
este caso.
En aquella ocasión, en
primer lugar, la Corporación se refirió al alcance de la jurisdicción especial
indígena, a la cual caracterizó como una forma de reparación por injusticias
históricas de las que han sido víctimas algunos grupos tradicionalmente
excluidos. Adicionalmente, se pusieron de presente cuatro (4) elementos
centrales que se desprenden de la consagración de la jurisdicción especial
indígena en el art. 246 de la Constitución Política, a saber: (i) la
posibilidad de que existan autoridades judiciales propias de aquellos pueblos;
(ii) la facultad de dichas comunidades para establecer normas y procedimientos
propios; (iii) el sometimiento de esta jurisdicción a la Constitución y la ley;
(iv) la prerrogativa para el legislador para establecer la forma de
coordinación de la justicia indígena y la ordinaria.
A paso seguido, la
sentencia abordó el derecho al debido proceso y, en especial, se concentró en
analizar los principios del juez natural y del non bis in ídem. En
cuanto al primer asunto, este tiene como fundamento el respeto por las
competencias orgánicas que la Constitución dispone para el juzgamiento de
determinados asuntos. Así las cosas, el uso de poder jurisdiccional se encuentra
reglado en términos de asignación de competencia a ciertos funcionarios
judiciales para conocer conflictos. De otro lado, el principio de non bis in
ídem obtiene consagración a nivel Constitucional y convencional, según lo
relata la providencia. El mismo tiene como contenido básico la prohibición de:
(i) investigar, juzgar o sancionar a una persona por un delito por el cual ya
se le había juzgado previamente; (ii) investigar, juzgar o sancionar a una
persona por un hecho respecto al cual ya se le había absuelta por medio de
sentencia ejecutoriada; (iii) imponer una sanción por un hecho que ya había
dado lugar a la imposición de una pena; (iv) agravar la pena a imponer con base
en una circunstancia que ya había sido considerada como elemento constitutivo
del tipo penal.
Al resolver el caso
concreto, la Corte estimó que en esta ocasión se incumplían tanto el elemento
territorial como el elemento objetivo para que el juez competente para decidir
el asunto fuese el de la jurisdicción especial. Por lo anterior, encontró que
no se había vulnerado el derecho al debido proceso en relación con el principio
de respeto por el juez natural. Empero, la providencia estimó que al haberse
ejecutoriado la segunda decisión se lesionó el principio de non bis in ídem,
toda vez que existían dentro del ordenamiento jurídicos dos sanciones impuestas
por la comisión de un mismo delito. A su vez, la providencia estimó que no
había lugar a considerar que la violación de este principio se encontraba
subsanada toda vez que la jurisdicción especial carecía de competencia para
decidir el caso, puesto que la vulneración de dicha garantía tuvo como
fundamento el actuar negligente del juez ordinario, que se abstuvo de desatar
el conflicto de competencias ante el Consejo Superior de la Judicatura en el
momento oportuno, pues no indagó sobre la identidad indígena del procesado.
Ahora bien, debido a que al momento de proferirse la sentencia ya el condenado
había purgado la sanción impuesta en ambas jurisdicciones, la Corporación no
tuvo más remedio que declarar la carencia actual de objeto por hecho superado.
Ahora bien, la
mencionada sentencia, también tuvo oportunidad de referirse a la obligación de
juzgar a las personas pertenecientes a comunidades indígenas de acuerdo a un
criterio de enfoque diferencial, en aquellos eventos en los que los mismos sean
procesados por la jurisdicción ordinaria. De igual manera, se aclaró que dicha
obligación se extiende a garantizar que el cumplimiento de la pena impuesta se
haga, tomando en cuenta la identidad étnica del condenado, de tal suerte que se
de aplicación al criterio mencionado.[113]
Con base en las
consideraciones expuestas, se procede a analizar el caso concreto.
7. Análisis del caso concreto
El señor César, actuando en calidad de
gobernador del Cabildo
Indígena Colombia, interpuso acción de tutela para que se protegieran los
derechos fundamentales de la comunidad que representa, debido a que el Juzgado
Tercero Penal del Circuito de Cali y la Fiscalía 154 Seccional de Puerto
Escondido-Valle del Cauca, asumieron el juzgamiento e investigación,
respectivamente, en relación con el señor Juan por el concurso homogéneo de delitos de acceso
carnal abusivo con menor de catorce (14) años agravado, pese a que la
jurisdicción especial indígena tenía competencia para tramitar el asunto, de
tal suerte que ya había juzgado y condenado al procesado por estos hechos. El
actuar de las entidades accionadas, por su parte, tendría como base la
providencia del Consejo Superior de la Judicatura, fechada el dieciséis (16) de septiembre de dos mil
trece (2013), que resolvió
el conflicto positivo de jurisdicciones desatado entre las autoridades
indígenas y el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento
de Cali, y que falló a favor
de este último.
Si bien la tutela en un inicio no se
dirigió contra el Consejo Superior de la Judicatura, en instancia dicha
Corporación fue vinculada como parte accionada, pues se consideró que la acción
constitucional estaría dirigida a atacar el contenido de la providencia que
resolvió el conflicto positivo de jurisdicciones mencionado.
De esta forma, para resolver el caso
concreto, la Sala primero se referirá a las condiciones de procedibilidad de la
tutela contra providencia judicial y luego establecerá si las mismas se cumplen
en el caso concreto. De encontrar satisfechos tanto los requisitos formales
como materiales del amparo, habrá de asignar la competencia jurisdiccional en
el caso concreto. Por último, deberá determinarse si en la situación objeto de
análisis se lesionó el derecho del señor Juan a no ser juzgado dos veces por
los mismos hechos.
7.1. Condiciones de procedibilidad de la
tutela contra providencia judicial
En profusa jurisprudencia, la Corte
Constitucional se ha referido a los supuestos que permiten por medio de acción
de tutela controvertir decisiones judiciales. Estas condiciones particulares
tienen como fundamento la necesidad de preservar el principio de autonomía
judicial y de garantizar la seguridad jurídica. Así, se han establecido una
serie de requisitos formales que han de cumplirse para que pueda entrarse al
estudio de fondo de la petición elevada en sede constitucional, dentro de los
cuales se encuentran: (i) que el asunto alegado en la tutela tenga relevancia
constitucional; (ii) que se hayan agotado los medios de defensa judicial
ordinarios y extraordinarios antes de interponer la acción; (iii) que se
satisfaga el requisito de inmediatez, en consonancia con los principios de
razonabilidad y proporcionalidad; (iv) que si se ataca un problema de
naturaleza procesal, este haya tenido incidencia directa en la decisión que
lesiona las garantías fundamentales del accionante; (v) que la acción
identifique de manera razonable los hechos que vulneran derechos fundamentales
y estos hayan sido alegados dentro del proceso judicial ordinario; (vi) que la
decisión atacada no sea un fallo de tutela.[114]
Adicionalmente, se tiene que la
jurisprudencia constitucional también ha precisado el cumplimiento de, por lo
menos, una causal material de procedibilidad de la tutela contra providencia
judicial para que la misma se torne procedente, en relación con las cuales se
han señalado ocho (8) causales, a saber: “(i) Defecto orgánico que
se presenta “cuando
el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello”; en segundo lugar (ii) el Defecto procedimental
absoluto “que se
origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento
establecido”; en tercer término (iii) el Defecto fáctico “que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita
la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión”; en
cuarto lugar (iv)
el Defecto material o sustantivo  “como son los casos en que se decide con base en normas
inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión”; en quinto lugar
(v) Error inducido, “que se presenta cuando el
juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales”; en
sexto término(vi) Decisión
sin motivación, “que
implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los
fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita
funcional”; en séptimo lugar (vii). Desconocimiento del precedente cuando “(…) la autoridad judicial se
aparta de los precedentes jurisprudenciales, sin ofrecer un mínimo razonable de
argumentación, de forma tal que la decisión tomada variaría, si hubiera
atendido a la jurisprudencia; en octavo lugar (viii) Violación directa de la
Constitución, en eventos, “… en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la
Carta, si se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos
fundamentales”.”[115]
7.2. En el caso concreto se cumplen las
condiciones de procedibilidad de la tutela contra providencia judicial
A continuación, se pasa a analizar si en
el caso concreto se cumplen con las condiciones formales y materiales de
procedibilidad de tutela contra providencia judicial en relación con la
decisión del Consejo Superior de la Judicatura-Sala Jurisdiccional Disciplinaria
que decidió el conflicto de jurisdicciones suscitado entre el Juzgado Tercero
Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cali y las autoridades del Cabildo
Indígena Colombia.
7.2.1. Legitimación para actuar
Algunas de las partes han puesto en duda
la legitimación del señor César para interponer la acción de tutela, toda vez
que consideran que en este caso no se le está violando derecho fundamental
alguno al gobernador del cabildo ni a su comunidad, pues de considerarse que
una garantía constitucional se encuentra comprometida, la misma estaría
radicada en cabeza del señor Juan, por lo que sería este quien debería apelar
al amparo constitucional. Es decir que se estima que el señor César carece de
legitimación para actuar.
Sea lo primero señalar que en el presente
caso el gobernador César no solo solicita el amparo de los derechos
fundamentales del comunero Juan, sino también el derecho al reconocimiento de
la jurisdicción indígena de la comunidad a la que representa. Por tal razón, el
argumento que le niega legitimación para actuar parte de una premisa errada.
En materia de legitimación para actuar,
el art. 10 Decreto 2591 de 1991, “por el cual se reglamenta la acción de
tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”, establece
que este requisito se encuentra satisfecho en una de cuatro circunstancias, a
saber: (i) cuando la tutela la interpone la víctima de la violación; (ii)
cuando aquella obra por medio de representante; (iii) en situaciones donde el
amparo lo solicita un agente oficioso; (iv) cuando, en desarrollo de sus
funciones, el Defensor del Pueblo o las personerías piden la protección.[116] Esta
ocasión, la tutela es deprecada por el gobernador del cabildo indígena como
representante legal de la comunidad indígena que gobierna y como agente oficioso
del señor Juan, es decir que estamos en presencia de los supuestos dos (ii) y
tres (iii).
En vista de lo anterior, conviene hacer
eco de la sentencia T-617 de 2010, de acuerdo con la cual las autoridades
indígenas tienen capacidad para representar a sus comunidades en una gran
cantidad de actos jurídicos, dentro de los que se encuentra la posibilidad de
interponer acciones de tutela para garantizar sus derechos fundamentales. De
esta forma, no existe duda que en este caso el señor César tiene legitimación
para obrar [117]
Ahora bien, en relación con la situación
del comunero privado de la libertad, se tiene que el accionante tiene capacidad
para obrar como agente oficioso del mismo, al considerar que el señor Juan se
encuentra privado de la libertad en un establecimiento carcelario que es ajeno
a su cultura. Es indudable que esta situación de indefensión da lugar a que
proceda la agencia oficiosa para la interposición del amparo, aún más si se
tiene en cuenta que el gobernador del Cabildo Indígena no solo ha de velar por
los derechos de la comunidad sino de sus integrantes.
7.2.2. Ausencia de temeridad
De las respuestas presentadas por las
autoridades accionadas se colige que podría plantearse que en este caso existe
temeridad, toda vez que según el Fiscal 154 Seccional Puerto Escondido se
habrían presentado múltiples acciones de tutela previas en relación con estos
hechos. De las pruebas aportadas en sede de revisión se desprende que antes de
ser interpuesta la acción constitucional que da lugar a esta revisión por parte
de la Corporación, el señor Juan presentó una acción de tutela en contra de la
Fiscalía 54 de Puerto Escondido y el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones
de Conocimiento de Cali para proteger sus derechos al debido proceso y a no ser
juzgado dos (2) veces por los mismos hechos, la cual fue conocida por la Corte
Suprema de Justicia-Sala de Casación Penal. A esta acción luego fueron
vinculados el Cabildo Indígena Colombia, así como las víctimas del proceso
penal de origen y el Consejo Superior de la Judicatura. El aducido proceso
llegó a término por medio sentencia de veinticuatro (24) de abril de dos mil
catorce (2014), que negó por improcedente el amparo deprecado.
De esta forma, podría pensarse que en
este caso se presenta una situación de cosa juzgada, que impediría un segundo
pronunciamiento de fondo por estos hechos, toda vez que las situaciones que
fundamentaron el proceso de tutela anterior, así como sus partes, serían
idénticas. Con todo, la Sala estima que este no es el caso debido a que el
objeto de ambos procesos no es el mismo, como se pasa a explicar.
La sentencia de la Sala de Casación Penal
de la Corte Suprema identifica como problema jurídico el determinar si se
lesionó el derecho al debido proceso del señor Juan al habérsele juzgado por el
delito de acceso carnal abusivo con menor de catorce (14) años en sede de
justicia ordinaria, pese a haber sido condenado por esta misma razón en la
jurisdicción especial indígena. Es decir, el problema jurídico consiste en
analizar si se lesionó el derecho fundamental al non bis in ídem del
comunero. Con todo, al estudiar la sentencia de manera detenida, tenemos que la
misma no aborda ni tiene en cuenta las potenciales vulneraciones de los
derechos fundamentales de la comunidad indígena, que juzgó al comunero. Así, no
se evalúa si se lesionó su derecho a la autonomía, a la diversidad étnica y
cultural o al ejercicio de la jurisdicción especial.
Al no haberse considerado estos problemas
jurídicos, referidos a la potencial vulneración de los derechos de la comunidad
indígena, la Sala estima que no existe correspondencia entre el objeto del
primer proceso de tutela y aquel que en esta ocasión se revisa, máxime si se
considera que la acción de tutela interpuesta por César pretende la garantía de
las prerrogativas propias de la comunidad. Al faltar identidad en el objeto, se
tiene que no se presenta en este caso la configuración del fenómeno de la cosa
juzgada, por lo que puede procederse a un pronunciamiento de fondo, que en este
caso versará exclusivamente sobre la alegada infracción del derecho de la
comunidad indígena y de sus integrantes a que sea reconocida la validez de las
decisiones jurisdiccionales proferidas por sus autoridades.
En cuanto a las demás acciones de tutela
que supuestamente habrían sido presentadas por otros miembros de la comunidad,
se tiene que si bien las autoridades accionadas mencionan que habrían respondido
a varias solicitudes de amparo previas, no proveen los datos que permitan su
identificación ni señalan la forma en que fueron resueltas. Además, luego de
realizar un rastreo en los buscadores de procesos de la Corte Constitucional, no
se hallaron rastros de las mismas, por lo que no fue posible confirmar su
interposición. Así las cosas, debido a que fue imposible verificar la
existencia de otros procesos judiciales previos en torno al asunto que ahora se
debate, la Sala ha de continuar con el estudio del cumplimiento de los demás
requisitos de procedibilidad.
7.2.3. Relevancia constitucional
En primer lugar, no cabe duda de que la
situación expuesta por el accionante en su tutela tiene relevancia
constitucional, toda vez que la autonomía y el derecho de los pueblos indígenas
a administrar justicia al interior de sus territorios se encuentran consagrados
en la Carta Política. Así mismo, al encontrarse en juego el respeto por el juez
natural, el interés superior del niño, la garantía de non bis in ídem, y
la preservación de la diversidad étnica y cultural, este caso reviste una gran
importancia desde la perspectiva de los valores que fundan la Carta Política.
Por lo dicho, se tiene por cumplido este requisito.
7.2.4. Agotamiento de medios de defensa
judicial
Resulta patente que en el caso concreto
se han agotado todos los medios de defensa judicial al alcance de la comunidad
accionante, por cuanto se surtió el procedimiento establecido en la ley para
resolver el conflicto de jurisdicciones desatado entre el Juzgado Tercero Penal
del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cali y el Cabildo Indígena Colombia, el cual
concluyó con la resolución del mismo por parte del Consejo Superior de la
Judicatura-Sala Jurisdiccional, instancia de cierre de este tipo de decisiones.[118] Así, esta
condición se encuentra acreditada.
7.2.5. Inmediatez
La decisión de la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria que resolvió el conflicto de jurisdicciones fue tomada el dieciséis
(16) de septiembre de dos mil trece (2013), mientras que la acción de tutela se
interpuso en mayo de dos mil catorce (2014), alrededor de ocho (8) meses
después de haberse emitido la providencia del Consejo Superior de la
Judicatura. Si bien en principio, podría plantearse que en este caso el
requisito de inmediatez no se encuentra satisfecho, la Sala recuerda tres
situaciones que hacen inaceptable dicha conclusión en el caso concreto: (i) la
Corte Constitucional ha señalado en múltiples ocasiones que no puede
establecerse un término de caducidad para la tutela, luego del cual se entiende
que se ha incumplido el requisito de inmediatez; (ii) este requisito debe
analizarse de acuerdo a los criterios constitucionales de razonabilidad y
proporcionalidad; (iii) en este caso, los derechos fundamentales cuya
vulneración se denuncia corresponden a una comunidad indígena, que goza del
estatus de sujeto de especial protección constitucional, al haber sido históricamente
discriminados y excluidos.
En razón de lo dicho, la Sala estima que
el momento de presentación de la tutela se ajusta al requisito de inmediatez,
debido, en primer lugar, a que el comunero Juan en la actualidad continúa
privado de la libertad en cumplimiento de una medida de aseguramiento impuesta
por la jurisdicción penal ordinaria, con desconocimiento, según alega, de su
derecho a ser juzgado de su propia comunidad. En segundo lugar, para evaluar el
requisito de la inmediatez en este caso han de considerarse las dinámicas
organizativas y los tiempos propios de una comunidad indígena, para decidir de
manera colectiva sus estrategias de defensa, que en este caso implicaban,
además, superar las limitaciones para entrar en contacto con el comunero, por
encontrarse este privado de la libertad en un establecimiento carcelario por
fuera del territorio. Exigir a la comunidad indígena afectada actuar con mayor
rapidez al solicitar el amparo no hubiese sido proporcionado tomando en cuenta
las condiciones materiales que rodean el caso objeto de análisis, por lo que la
se considera cumplido este criterio.
7.2.6. Identificación de los hechos que
vulneran derechos fundamentales
De acuerdo con la jurisprudencia
constitucional, la identificación de los hechos vulneratorios de derechos
fundamentales por parte de la comunidad también debe analizarse de conformidad
con el principio de razonabilidad, exigiéndose que los mismos hayan sido
puestos de manifiesto en el proceso judicial que dio lugar a la providencia
atacada.
En relación con la situación que se ventila,
se tiene son dos las condiciones que dan lugar la vulneración de los derechos
fundamentales de la comunidad: (i) que la jurisdicción para resolver el asunto
se haya asignado a la justicia ordinaria, ello aun cuando ya existía una
decisión judicial tomada por las autoridades del Cabildo en contra del acusado;
(ii) que se haya retenido e iniciado un proceso penal en contra del señor Juan,
con base en la providencia del Consejo Superior de la Judicatura reseñada. Las
situaciones descritas también dan cuenta de una potencial vulneración del
derecho al debido proceso del comunero detenido, por la vía de desconocerse su
derecho al juez natural y al non bis in ídem.
Se da por descontado que en este caso las
situaciones que dieron lugar a la vulneración se alegaron durante el proceso
judicial que concluyó con la providencia del Consejo Superior, toda vez que fue
la misma solicitud del Cabildo Indígena Colombia, la que dio pie a que el
Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cali
remitiese el expediente del proceso a la Alta Corporación para que zanjase la
disputa presentada entre ambas autoridades judiciales. Otro tanto puede decirse
en relación con la detención del comunero Juan y el inicio de un proceso penal
en su contra, pues fue con base en la decisión del Consejo Superior que la
justicia ordinaria procedió a ejercer sus facultades en relación con el
mencionado comunero. En vista de lo dicho, se considera que este requisito
también se encuentra cumplido.
7.2.7. Que la decisión judicial impugnada
no sea una tutela
La jurisprudencia constitucional ha sido
consistente en señalar que no resulta procedente interponer una acción de
tutela contra la decisión judicial que resuelve otra acción constitucional del
mismo tipo. Lo dicho tiene como fundamento los principios de economía procesal,
respeto por el debido proceso, seguridad jurídica, así como de respeto por el
carácter excepcional de la tutela. En el caso concreto, la providencia atacada
corresponde a una decisión por medio de la cual el Consejo Superior de la
Judicatura resolvió un conflicto de jurisdicciones, por lo que no es este un
caso de tutela contra tutela.
Toda vez que la Sala encuentra que se han
satisfecho los requisitos formales para la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales, se procede a analizar si se encuentra acreditada alguna
causal material de procedencia de la tutela contra providencias judiciales.
Para ello es preciso retomar la decisión del Consejo Superior de la Judicatura
y analizar si la misma adolece de alguna falla.
7.2.8. La decisión del Consejo Superior
de la Judicatura desconoció el precedente constitucional e incurrió en una
violación directa de la Constitución
Como ya se mencionó, la providencia del
Consejo Superior de la Judicatura-Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
dieciséis (16) de septiembre de dos mil trece (2013), por medio de la cual se
resolvió el conflicto positivo de jurisdicciones suscitado entre el Cabildo Indígena Colombia y el Juzgado
Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cali, tuvo como
principio fundante y eje conductor el principio del interés superior del niño.
En relación con el mismo, la Alta Corte hizo mención al art. 44 de la
Constitución[119]
y a los arts. 1º y 19 de la Convención de los Derechos del Niño.[120] De forma
concomitante, la providencia hizo eco de los arts. 13 y 18 del Código de la
Infancia y la Adolescencia, que se refieren a la necesidad de garantizar los
derechos de los niños indígenas, sin perjuicio de los principios que rigen sus
culturas y formas de organización social, así como al derecho de todos los
niños a ser protegidos contra todas las formas de violencia, incluida la
violencia sexual.
Ahora bien, luego de evaluar las
particularidades del caso concreto,[121]
la decisión señala que “(…) (e)s decir, la futura ocurrencia de tales hechos
no se descarta, de ahí la necesidad de la intervención estatal para juzgar la
totalidad de los hechos investigados y procurar evitar la continuidad en el
maltrato de la menor de edad, ahora madre de un hijo de su “padrastro”, quien
–se reitera- es padre del Gobernador de la comunidad indígena donde la víctima,
desarrolla su proyecto de vida en conjunto con su familia.”[122] Con
fundamento en ello, la autoridad estimó que era necesario excepcionar la
autonomía de la comunidad indígena, por estar en juego los derechos de la niña.
Adicionalmente, el Consejo Superior de la
Judicatura señaló que si bien en otras ocasiones la Corporación había sostenido
que al existir un pronunciamiento de fondo en una de las jurisdicciones, era
procedente inhibirse de desatar la colisión, en este caso ello no resultaba viable,
toda vez que no se podía determinar qué hechos fueron objeto de juzgamiento por
parte de la jurisdicción especial, lo que impedía que se encontrase acreditada
la configuración de la cosa juzgada.
A su vez, la providencia enfatizó que en
este caso se está frente a una situación de violencia de género, por tratarse
de una mujer que fue accedida sexualmente por parte del compañero permanente de
su madre, quien también tiene otra hija. Lo dicho, a juicio del Consejo Superior,
resultaba de especial importancia, toda vez que los jueces han de proferir
fallos con perspectiva de género, en los cuales se reconozca el derecho de las
mujeres a vivir sin violencia, según lo declaran múltiples instrumentos
internacionales.
De lo anterior, la Alta Corte concluyó
que por tener estas conductas una relevancia que trasciende la esfera de la
comunidad indígena, por afectarse los derechos prevalentes de una niña, por no
tener claridad sobre qué conductas fueron objeto de juzgamiento por parte de
las autoridades indígenas y porque la protección de la víctima no está
garantizada, no existía más remedio que dar el conocimiento del proceso a la
jurisdicción ordinaria.
Al confrontar la decisión del Consejo
Superior de la Judicatura con los precedentes constitucionales aplicables al
caso, lo primero que salta a la vista es que la misma no toma en cuenta los
criterios constitucionales para la determinación de la competencia de las
autoridades indígenas para tramitar procesos judiciales. Como ya se mencionó,
la Corte Constitucional desarrolló una serie de criterios o elementos para
determinar cuando las autoridades propias de una comunidad indígena pueden
asumir el trámite de un determinado proceso judicial. Así, se ha hablado de la
existencia de cuatro factores estructurales del fuero indígena, a saber: (i)
subjetivo; (ii) geográfico; (iii) objetivo; e (iv) institucional. Del texto
proferido por el Consejo Superior, se tiene que el mismo no aborda ninguno de
estos criterios para asignar la jurisdicción del proceso penal en contra del
señor Juan.
La Sala estima que la decisión objeto de
controversia incurrió en defecto por desconocimiento del precedente, al
apartarse de los mencionados cánones. Específicamente, la mencionada
providencia desconoció lo establecido por esta Corporación en las decisiones
T-617 de 2010, T-002 de 2012 y T-921 de 2013, que por su similitud fáctica con
la situación que aquí se ventila constituyen el precedente aplicable a la
situación objeto de discusión.
El carácter del precedente que tienen las
mencionadas decisiones se desprende de la correspondencia fáctica con el caso
que se decide en esta oportunidad, por cuanto: (i) los casos señalados se
ocupaban de actos sexuales con niños; (ii) en todo ellos se trataba de niños
indígenas; (iii) en aquellos se plateaban conflictos de jurisdicción entre la
justicia ordinaria y la propia de las comunidades indígenas. Por su parte, en
las tres decisiones mencionadas, el conflicto de jurisdicciones fue resuelto
por la Corte con base en el análisis de si se cumplían o no los criterios jurisprudenciales
señalados. Al haber desconocido estas decisiones y su contenido, el Consejo
Superior de la Judicatura incurrió en un desconocimiento del precedente
constitucional en la materia.
Ahora bien, al analizar el contenido de
la providencia del Consejo Superior se tiene que el mismo se centró en las
características de la víctima, el tipo de conducta y los bienes jurídicos en
juego, para concluir que el caso habría de corresponder a la jurisdicción
ordinaria. De lo anterior se colige que la decisión tomó como punto central
aquello que la jurisprudencia constitucional ha denominado factor objetivo. Resulta
claro que la asignación de jurisdicción a la justicia ordinaria radicó en que
la afectada es una niña, que al ser este un caso de violencia de género debe
ser de conocimiento de la justicia ordinaria, pues esta ha de proferir fallos
con perspectiva de género, y que como resultado de los hechos la niña quedó en
situación de embarazo, lo que hace del hecho particularmente grave.
En relación con este punto, la Sala se
permite proceder al análisis de dos (2) ideas que de forma consistente se
asocian con la aplicación del criterio objetivo y que, llegado el caso, pueden
dar lugar a un uso del mismo contrario a los mandatos constitucionales. Estas
serían: (i) los derechos de los niños y de las mujeres son bienes jurídicos de
la sociedad mayoritaria y no de los pueblos indígenas, por lo cual de acuerdo
al art. 246 de la Constitución los asuntos relacionados con estos valores deben
ser tramitados por la jurisdicción ordinaria; (ii) existe un umbral de
nocividad, a partir del cual es deseable que sea la justicia ordinaria –y no la
indígena- la que juzgue una determinada conducta, lo que restringe la autonomía
dada a estas comunidades para administrar justicia.
Ambas premisas se oponen de manera
frontal a los valores que inspiran la Carta Política y la manera como ellos han
sido interpretados por esta Corporación en las decisiones que constituyen
precedente para el caso. En relación con el primer asunto, se tiene que suponer
que el bienestar infantil y la igualdad de género no resultan de interés para
los pueblos indígenas responde a una comprensión estereotipada de los mismos,
que desconoce las variopintas cosmovisiones que estas comunidades tienen en
torno a sus relaciones con los otros. Así mismo, ello parte de una idealización
apresurada de la postura y acciones de la sociedad mayoritaria en torno a estos
mismos valores, en el sentido de entender que existe un respeto real y efectivo
por estos intereses en el entorno cultural dominante, situación que no se
corresponde con la realidad puesto que en este último contexto las mujeres son
víctimas de maltrato de manera persistente.
A juicio de esta Corte, el bienestar
infantil y la igualdad de género son dos objetivos primordiales de la Carta que
no pueden entenderse como un bien jurídico propio de la cultura mayoritaria
sino de todos los pueblos que conforman el Estado pluricultural. Tanto el
entorno social dominante como aquel en donde se conservan las tradiciones
culturales de los indígenas se preocupan por proteger a sus niños y a las
mujeres. La diferencia entre uno y otro espacio está más centrada en torno a la
forma en la que estos valores se llevan a la práctica. La anterior sería, por
lo tanto, una diferencia que tiene más que ver con los medios a través de los
cuales se persigue la materialización de estos intereses, que con los fines
perseguidos.
Sostener que es posible dividir los
valores sociales y jurídicos entre aquellos que conciernen a la sociedad
mayoritaria y los que resultan de interés para los pueblos indígenas parte de
una concepción del multiculturalismo que se aleja de aquella adoptada por la
Constitución, pues presume que la nación puede dividirse en grupos que
coexisten sin tocarse, interactuar o incidirse de forma mutua. Como fue objeto
de mención, la visión de respeto por la diversidad étnica y cultural que abraza
la Carta tiene como sustento una postura filosófica y política que se cimenta
en la idea del diálogo intercultural, como medio ideal para regir las
relaciones entre las sociedades mayoritaria e indígenas.
Lo anterior significa que el fin último
de la diversidad cultural no está dado por apartar a un grupo de otro, sino por
facilitar las herramientas necesarias para que puedan acercarse y nutrirse de
esta simbiosis cultural. Por lo dicho, resulta inadecuado hablar de la
existencia de valores sociales o bienes jurídicos pertenecientes a una u otra
cultura. De esta manera, la protección de la dignidad de la persona, el respeto
por la vida, la protección de los niños, la evitación de la violencia, la
primacía del bienestar general y el respeto por el medio ambiente, entre otros,
son elementos comunes que permiten establecer dicho diálogo intercultural, pese
a que la forma en que cada pueblo decida llevar a la práctica estos valores sea
contingente.
Así las cosas, suponer que los derechos
de los niños y de las mujeres son bienes jurídicos exclusivos de la sociedad
mayoritaria puede llevar a la formulación de falsas dicotomías en casos como el
que se encuentra bajo estudio, pues podría pensarse que es necesario elegir
entre salvaguardar los derechos de los niños o preservar la autonomía de las
comunidades a las que estos pertenecen. La incongruencia de esta elección
radica precisamente en que la garantía de los derechos de los niños indígenas requiere
que se respeten los derechos de sus comunidades, pues es este el entorno
cultural del que hacen parte, que les da su cosmovisión y llena de sentido su
identidad individual y como miembros de una colectividad.
El interés superior de los niños, tiene
un carácter relacional, en cuanto debe ser apreciado en el caso concreto y de
acuerdo a las circunstancias particulares de las personas. Así las cosas, la
aludida dicotomía cae en el error de crear una tensión  entre el principio del
interés superior del niño y el respeto por la diversidad étnica y cultural en
abstracto, sin siquiera preguntarse si resulta posible armonizar ambos
principios en la práctica.
Solo resta por decir que, a juicio de la
Sala, no existen razones para pensar que, en el caso concreto, el cabildo
indígena no se encuentra movido precisamente por garantizar la protección de la
niña Mariana y hacer que la misma cuente con un espacio idóneo para
materializar sus derechos, ello en tanto las autoridades de la comunidad
obraron en este sentido al sancionar al responsable de la conducta reprochada
por su derecho propio. Así las cosas, el entendimiento de acuerdo con el cual
la garantía de los derechos de los niños y la proscripción de la violencia de
género son bienes jurídicos pertenecientes a la cultura mayoritaria y no a las
comunidades indígenas colapsa bajo su propio peso.
En cuanto a la segunda idea, referida a
la existencia de un umbral de nocividad luego del cual la facultad de las
autoridades indígenas para administrar justicia deja de tener valor, es preciso
señalar que esta tiene como origen fundante una situación similar a la
anterior, referida a una concepción de las relaciones entre la sociedad
mayoritaria y los pueblos indígenas que parte de afirmar la superioridad de la
primera en torno a los segundos.
En cuanto al umbral de nocividad, la
Corte en su jurisprudencia ha indicado con claridad que “(e)sta regla se
muestra incompatible con la jurisprudencia constitucional, tal como ha sido
sistematizada en esta providencia, pues la exclusión definitiva de la
jurisdicción especial indígena de asuntos de especial nocividad social o de
trascendencia universal, comporta una restricción injustificada de la autonomía
de las comunidades indígenas, basada en un universalismo cultural que se opone
al “relativismo ético moderado” adoptado por la Constitución Política de
1991 (sobre el concepto, ver sentencia T-254 de 1994), de acuerdo con el cual
la forma de vida de cada cultura es igualmente respetable y, en el caso de las
comunidades indígenas, sus normas de control social son válidas, siempre que no
excedan los límites impuestos por los derechos fundamentales…”[123]
En esta misma línea argumentativa,
defender el concepto de umbral de nocividad como una situación que excluye el
juzgamiento de conductas constitutivas de delito por parte de la justicia
indígena tendría como fundamento un exceso de confianza en la administración de
justicia ordinaria. Este exceso de confianza tiene que ver con asumir que las
instituciones jurídicas de la sociedad mayoritaria se encuentran mejor
preparadas para asumir el conocimiento de estos casos, al tener casi una
certeza de que no habrá impunidad. Para la Sala este argumento no resulta
sustentable toda vez que la justicia ordinaria también es falible y puede
resultar poco equipada para atender situaciones de delitos que involucran
afectaciones graves a garantías como la integridad sexual de los niños o de las
mujeres. No se cuenta con razones que permitan suponer que la justicia
ordinaria es superior a la indígena, más efectiva o eficiente.
En cuanto al caso concreto, si bien no
existen suficientes elementos que permitan afirmar que la decisión del Consejo
Superior de la Judicatura tuvo como fundamento la aplicación del criterio del
umbral de nocividad, llama la atención de la Sala que la providencia no da
cuenta de un análisis del elemento orgánico, estando el mismo referido a la
existencia de autoridades propias de la comunidad, así como de usos,
costumbres, normas, y procedimientos que resultan aplicables por estas
autoridades, con miras a verificar la existencia de un poder de coerción en
cabeza de la mismas y un entendimiento propio de nocividad social, pues la decisión
no discurrió en torno a si la comunidad indígena contaba con una
institucionalidad propia capaz para tramitar el asunto.
En cuanto a esto, conviene recordar que las
sentencias T-617 de 2010, T-002 de 2012 y T-921 de 2013 ya habían advertido que
en casos en los que han de juzgarse conductas de gran nocividad social, lo que
debe analizarse para saber si el juicio puede llevarse a cabo frente a la
jurisdicción especial es: (i) que de acuerdo con el principio de razonabilidad
el procedimiento no concluirá con impunidad; y que (ii) el derecho propio
establezca medidas de protección para la víctima.[124] Al
contrastar esta consideración con el proceder del Consejo Superior al definir
el conflicto positivo de jurisdicciones, se tiene que el mismo no se ajusta a
ella, toda vez que la Alta Corte no verificó si el Cabildo Indígena Colombia
cumplía con el elemento orgánico y por tanto podía decidir de fondo la
acusación contra el comunero Juan.
De lo expuesto es posible concluir que la
decisión del Consejo Superior de la Judicatura utilizó al factor objetivo como
elemento preponderante para definir el conflicto de jurisdicciones y no hizo un
mayor análisis del criterio institucional. La anterior situación, a juicio de
la Sala, permite ver que la providencia judicial incurre en dos de los requisitos
materiales de procedibilidad de tutela contra decisiones judiciales. De una
parte, la misma constituye una violación directa de la Constitución, puesto que
desconoció el art. 246 de la Carta al señalar que las autoridades del Cabildo
Indígena Colombia no tenían competencia para juzgar al señor Juan por los actos
sexuales en que incurrió con la hija de su compañera permanente. Esta
interpretación del art. 246 de la Constitución resulta en extremo limitada, al
punto que puede entenderse como una violación directa de la Carta Política.
Por su parte, también considera la Sala que
la decisión del Consejo Superior de la Judicatura, que resolvió el conflicto de
jurisdicciones entre las autoridades indígenas y el Juzgado Tercero Penal del
Circuito con Funciones de conocimiento de Cali, incurrió en un desconocimiento
del precedente constitucional, toda vez que no acogió las reglas de decisión
expuestas en las sentencias T-617 de 2010, T-002 de 2012 y T-921 de 2013, que
por su similitud fáctica con el caso en comento constituían pauta obligada para
la decisión, toda vez que la providencia acusada no solo utilizó como base primordial
para su decisión del criterio objetivo, sino que se abstuvo de analizar el
factor institucional, según lo habían establecido las sentencias reseñadas.
8. Resolución del conflicto positivo de
jurisdicciones
Al haberse satisfecho los requisitos
formales y materiales de procedibilidad de la acción de tutela, la Corte
procederá a resolver el conflicto jurisdiccional desatado entre las autoridades
indígenas y de la justicia ordinaria, para luego indicar las potenciales
violaciones a derechos fundamentales y disponer de los remedios judiciales
necesarios para conjurarlas.
Conforme a lo expresado hasta este momento,
la Sala evaluará si se cumplen los requisitos jurisprudenciales necesarios para
que el caso en comento sea decidido por la jurisdicción especial indígena.
8.1. Elemento subjetivo
Al estar el elemento personal vinculado a
la pertenencia del acusado a una comunidad indígena, se tiene que este se
encuentra acreditado en el caso concreto por tenerse dentro del expediente una
certificación expedida por el Cabildo Indígena Colombia de la pertenencia del
señor Juan al Cabildo Indígena Colombia.[125]
8.2. Elemento geográfico
El Juzgado Tercero Penal del Circuito con
Funciones de Conocimiento de Cali,[126]
en respuesta a la acción de tutela, señaló que al parecer los hechos por los
cuales se procesó al señor Juan habían ocurrido por fuera del Cabildo, pues
para la época de la ocurrencia de los hechos tanto él como la niña Mariana al
parecer residían por fuera del perímetro del mismo.[127]
Si bien en principio ello significaría
que se está frente a la ausencia de uno de los elementos necesarios para que el
caso sea juzgado por la jurisdicción especial, es preciso recordar que el
factor territorial no solo se refiere al lugar geográfico delimitado del
resguardo indígena, sino que implica una noción mucho más amplia, referida al
ámbito territorial, entendido este como el lugar donde se desarrolla la cultura
del pueblo indígena.
Conforme a esta concepción, se tiene que
de acuerdo con el registro investigativo aportado por la Fiscalía, la vivienda
donde habrían ocurrido los hechos estaría ubicada en la Vereda Aguaclara del
municipio de Puerto Escondido[128]
y que el Cabildo indígena tendría como domicilio al municipio de Pueblo Azul,
que resulta ser colindante con el anterior. La cercanía territorial entre el
lugar de los hechos y aquel donde se encuentra ubicado el Cabildo Indígena
Colombia, parece indicar que los hechos delictivos pudieron haber ocurrido en
el ámbito territorial del cabildo.
Adicionalmente, se tiene que en la
decisión que desató el conflicto positivo de jurisdicciones, el Consejo
Superior de la Judicatura, al referirse al lugar donde habrían ocurrido los
hechos, señaló que “(…) la futura ocurrencia de tales hechos no se descarta,
de ahí la necesidad de la intervención estatal para juzgar la totalidad de
hechos investigados y procurar evitar la continuidad en el maltrato de la menor
de edad, ahora madre de un hijo de su “padrastro”, quien –se reitera- es el
padre del Gobernador de la comunidad indígena donde la víctima, desarrolla
su proyecto de vida junto con su familia.”[129] (Negritas
propias). Adicionalmente, la misma providencia indica que “(s)umado a ello,
este juez del conflicto no puede dejar pasar por alto que subyace en el tema
objeto de análisis un aspecto relacionado con la violencia de género (desde la
óptica del maltrato de la mujer accedida sexualmente, de una señora adulta cuyo
compañero permanente sostuvo relaciones sexuales con una de sus hijas en su
lugar de residencia donde también habita su otra hija, ubicado en la
comunidad indígena cuyo Gobernador es hijo del presunto agresor)…”[130]
(negritas propias). Así las cosas, la Sala entiende que el Consejo Superior
de la Judicatura concluyó que la vivienda se encontraba comprendida dentro del
territorio de la comunidad indígena, pese a estar ubicada por fuera de los
límites del cabildo.
De forma adicional, del escrito remitido
por el gobernador del Cabildo Indígena Colombia en sede de revisión se
desprende que la razón por la cual los hechos que dieron lugar al proceso penal
no hubiesen ocurrido dentro del territorio del cabildo consistiría en que los
integrantes de la familia son personas en situación de desplazamiento, que
abandonan de forma regular el cabildo en búsqueda de oportunidades laborales. Sin
embargo, ello no obsta para que mantengan los vínculos comunales y de
reconocimiento de sus autoridades, como se expresa en el hecho de que la madre
de la menor acudiera a las autoridades indígenas del cabildo para denunciar los
hechos ocurridos y de este modo activar el ejercicio de su jurisdicción propia.
Así, se tiene que el trabajo de los miembros de la comunidad indígena haría
parte del desenvolvimiento de su cultura y no se opone al mantenimiento de
vínculos con sus autoridades propias. Por tanto, las situaciones de
desplazamiento episódico por motivos laborales no desvirtúan la concurrencia
del factor territorial que define la competencia de la jurisdicción indígena.
8.3. Elemento objetivo
Por su parte, el criterio objetivo se
refiere al estatus del sujeto y del bien jurídico afectado. Si bien la Corte
reitera lo señalado en la sentencia T-617 de 2010, en cuanto a los problemas
que entraña este factor, estima que el mismo se encuentra satisfecho, toda vez
que el sujeto pasivo de la acción por la que se sancionó a Juan fue una niña
perteneciente a la misma comunidad indígena que él, cuya pertenencia al grupo
étnico no se ha puesto en duda. Así mismo, al analizar el tipo de bien jurídico
comprometido por la conducta penal, la misma recayó sobre lo que podría
identificarse como integridad sexual de la niña Mariana, situación que nos
permite afirmar que el bien jurídico comprometido, tal como se explicó,
pertenece tanto a la sociedad mayoritaria como al pueblo indígena. En vista de
lo anterior, se tiene que este requisito no es decisivo, máxime porque, como se
examinará a continuación, no existen elementos que permitan a la Sala concluir
que los derechos de la niña se encontrarían desprotegidos en caso de reconocer
la competencia de la jurisdicción de la comunidad indígena a la que pertenece.
8.4. Elemento institucional
En cuanto al factor institucional, se
tiene probado dentro del proceso que el pueblo indígena que reclama jurisdicción
tiene usos, costumbres y normas que regulan el tipo de situaciones que dan
lugar a esta controversia, así como autoridades con suficiente capacidad de
coerción para hacerlas valer. Prueba de ello es que en este caso los hechos por
los cuales se quiere procesar al señor Juan ante la justicia ordinaria ya
fueron objeto de juicio y sanción por parte de las autoridades del cabildo, de
tal suerte que al acusado se le condenó a cumplir con una pena que, entre otras
cosas, ya había empezado a purgar al momento de su detención. En este orden de
ideas, la justicia de la jurisdicción especial no solo operó de forma efectiva,
sino que hizo con una prontitud que difícilmente habría podido ser igualada por
la justicia ordinaria. En este sentido, se tiene que la justicia eficaz es la
justicia pronta.
De lo anterior también se sigue que, en
el caso concreto, los derechos de la víctima se han hecho valer, pues el
responsable fue juzgado y condenado por lo ocurrido. Similarmente, según señala
el gobernador del cabildo en su tutela, la decisión de las autoridades
indígenas no solo dispuso una pena para el responsable, sino que contempló una
serie de medidas adyacentes, dentro de las cuales están: (i) que el responsable
permanezca en la comunidad por el tiempo que la niña Mariana lo defina; (ii)
una prohibición absoluta para el condenado de acercarse a la niña; (iii) el
deber de velar por la manutención de aquella y su hijo a cargo del responsable;
(iv) que la responsabilidad de cuidar a la niña recaerá sobre el cabildo.
Adicionalmente, la Corte encuentra que en
este caso no solo el cabildo ha señalado que se encuentra en condiciones de
asumir el juzgamiento del caso, al desplegar la conducta inequívoca de juzgar y
sancionar al señor Juan de acuerdo a sus procedimientos y costumbres, sino que
también la misma víctima y su madre han expresado su deseo de que las
autoridades indígenas se encarguen de resolver este asunto. En cuanto a esto,
en el expediente obra prueba de la denuncia formulada por la señora Jennifer,
en la que aquella solicita que el personero municipal de Pueblo Azul: “Reafirme
su legalidad ante el Cabildo como máxima autoridad de los pueblos indígenas y
la sentencia condenatoria proferida por el Cabildo.”[131] (sic) De
igual manera, al ser entrevistada por la Fiscalía General de la Nación, la niña
víctima indicó que “Yo estoy aquí porque quiero quitar esa demanda porque
esta no es la ley de nosotros la ley de nosotros es la indígena porque yo soy
indígena y no quiero decir nada más”,[132]
y a paso seguido continuó: “Si yo no voy a volver a esto porque yo ya me
estoy presentando ante el gobernador del cabildo que es la ley de nosotros.”[133] Así mismo,
al recibir la entrevista, la propia Fiscalía General de la Nación dejó
constancia, según la cual: “Es de anotar que la niña manifiesta que es
indígena y que ella quiere que su ley sea la que tome la decisión de lo
sucedido.”[134]
Así las cosas, no existe duda de que incluso las personas que habrían resultado
dañadas por las conductas que se censuran indican que el caso debe ser conocido
por la jurisdicción indígena, situación que constituye una muestra innegable de
respeto por sus costumbres y derecho propio, así como un signo de confianza
respecto a la institucionalidad de la administración de justicia indígena.
Una situación similar sucede con los
derechos del procesado. A juicio de la Sala no existe razón para pensar que el
ejercicio de la potestad de administrar justicia en cabeza de la comunidad
indígena presente un riesgo real para los derechos del acusado, quien, como se indicó,
ya fue juzgado y condenado por las autoridades propias de su pueblo.
Ahora bien, de los documentos que obran
dentro del expediente, podrían identificarse dos situaciones que podrían
resultar problemáticas desde el punto de vista del elemento institucional. El
primero tiene que ver con el hecho de que el hijo del responsable sería el
gobernador del Cabildo
Indígena Colombia, mientras que el segundo estaría referido al hecho de que de
la decisión proferida por las autoridades indígenas no podría conocerse cuales fueron
las conductas objeto de juzgamiento en aquella ocasión.
Respecto al primer asunto, la Sala estima
pertinente retomar el texto de la tutela, en el cual el señor César indica que “(…)
como para la época el gobernador del cabildo era el señor Iván, hijo de la
persona sindicada por decisión de la directiva yo en mi calidad de gobernador
suplente fui designado para llevar el caso de investigación del señor Juan.
Investigación que asumí hasta el 14 de julio de 2012 cuando se llevó a cabo la
AUDIENCIA COMUNITARIA, en esta audiencia la fue ratificada en firme la decisión
de que en mi calidad de gobernador fuera el responsable de presidir la asamblea
y el gobernador principal se mantuviera al margen del proceso.”[135]
De la misma manera, consta dentro del
expediente prueba de que si bien en dos mil doce (2012) el gobernador principal
del cabildo era el señor Iván,[136]
hijo del procesado, el señor César fungía como gobernador suplente, de tal
suerte que para el año dos mil catorce (2014), este último ocupaba la posición
de gobernador principal.[137]
En consonancia con lo anterior, tanto la acción de competencia positiva en
contra del Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de
Cali,[138]
como la acción de tutela fueron interpuestas por el señor César quien siempre
ha obrado como representante del cabildo para efectos de este proceso.[139]
De este modo, se tiene claridad de que si
bien el antiguo gobernador del cabildo era el hijo del acusado, las autoridades
de la comunidad dispusieron que para efectos de este proceso era el señor César
quien habría de llevar a cabo las actividades procesales tanto de investigación
como de otro tipo, de tal suerte que el vástago del sindicado no desplegó
actividad alguna dentro del proceso que lleve a inferir la existencia de una
ruptura de las condiciones de imparcialidad y neutralidad que deben cumplirse en
todo trámite judicial, respetándose así principio de igualdad entre las partes
procesales. Por ello, la Sala estima que el elemento institucional no se ve
afectado por la relación de parentesco mencionada, puesto que se dispusieron de
medidas para evitar que la misma afectara el correcto desarrollo del juicio del
señor Juan.
En torno al segundo asunto, relativo a
que del acta de juzgamiento provista por la comunidad no se puede saber con
certeza que hechos fueron objeto de juzgamiento, la Sala encuentra que la
mencionada acta menciona: “Se da inicio a las 10, am el juicio de sanción al
comunero: JUAN mayor de edad con Cédula de ciudadanía Nº XXXXXXX. Por el delito
de Acceso carnal contra la menor de 14 años: MARIANA.”[140]
Estima la Sala que la referencia hecha en
el acta sí permite conocer que los sucesos por los cuales se juzgó al comunero
ante la jurisdicción especial son los mismos por los cuales se le pretende
juzgar ante la justicia ordinaria, toda vez que se conoce la víctima, el
momento de juzgamiento y el tipo de hecho a juzgar. De igual manera, se
advierte que quizá la dificultad en entender el contenido del documento se
deriva de una expectativa de acuerdo con la cual las decisiones de la justicia
indígena han de constar por escrito y cumplir el estándar de claridad
perteneciente al sistema jurídico mayoritario. En cuanto a esto, la Sala estima
que el respeto por la diversidad étnica y cultural implica el deber de respetar
los modos por medio de los cuales los usos y costumbres que constituyen el
derecho propio de los pueblos indígenas se representan y ejercen, lo que
significa que no puede exigirse que las actuaciones procesales que se presenten
en un determinado juicio o proceso se ajusten a los estándares del derecho
mayoritario. En consecuencia, se considera que la falta de una determinación
fáctica detallada de la situación objeto de juzgamiento no hace suponer que se
carece del criterio institucional necesario para que caso sea conocido por la
jurisdicción especial, pues podría incluso ser el caso en que no se tuviere
constancia escrita de la actuación desplegada por el cabildo, sin que ello
afecte el cumplimiento del mencionado factor para definir la jurisdicción. En
cualquier caso, de existir dudas por parte de la autoridad encargada de
resolver el conflicto de competencias, estas debieron ser resueltas disponiendo
la práctica de pruebas conducentes a despegar las dudas, entre ellas, por
ejemplo, de un peritaje antropológico que permitiera contar con elementos para
traducir el ejercicio de jurisdicción indígena ocurrido en este caso a términos
que fueran inteligibles para el juez que resolvía el caso. En consecuencia, y
al tener en cuenta que las autoridades del cabildo informaron que ya habían
juzgado al comunero por los mismos hechos por los que pretende ser enjuiciado
por el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de
Cali, se puede aseverar que sí existe claridad en relación con los hechos por
los cuales se juzgó previamente al señor Juan.
En virtud de lo anterior, la Sala da por
satisfecho el elemento institucional, por lo que dispone que las autoridades
del Cabildo Indígena
Colombia tienen competencia para juzgar al señor Juan por las conductas
sexuales desplegadas por este en relación con la niña Mariana.
Ahora bien, no pasa inadvertida para la
Sala de decisión que ya son varias las oportunidades en las que el Consejo
Superior de la Judicatura desconoce el precedente constitucional en relación
con la asignación de competencia jurisdiccional en casos que involucran la
integridad sexual de menores de edad. Como fue objeto de mención, esta
Corporación ha señalado que el mero hecho de que la víctima sea un niño o que
el crimen cometido lesione la integridad sexual del mismo no implica de por sí
que el asunto escape a la competencia de la jurisdicción especial, pues habrá
de evaluarse la institucionalidad propia de las autoridades indígenas para
verificar si esta es suficientemente fuerte como para garantizar los derechos
del acusado y de sus víctimas. Por su parte, para el Consejo Superior de la
Judicatura los casos penales que afecten la integridad sexual de niños no
pueden ser conocidos por la justicia indígena, debido a que considera que el
factor objetivo es determinante en estos casos para asignar la competencia
jurisdiccional.
Resulta patente entonces que existe un
abierto y consistente desconocimiento del precedente constitucional de esta
Corte por parte del Consejo Superior de la Judicatura, en relación con la
asignación de competencia en causas penales que se sigan por delitos contra la
integridad sexual de niños. Si bien la Corte Constitucional ha indicado que es
viable para las demás autoridades judiciales apartarse del precedente
constitucional si tienen razones legítimas para ello, en este caso se tiene que
los motivos expuestos por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria no cumplen con
dichos parámetros, toda vez que las mismas han sido rechazadas de forma
reiterativa por esta Corporación, por considerarlas discriminatorias,
paternalistas y no respetuosas del principio de la diversidad étnica y
cultural, así como de la autonomía de las autoridades indígenas.
Por lo dicho, la Sala recuerda que el no
acatamiento de las reglas de decisión desarrolladas por esta Corporación puede
eventualmente constituir una falta disciplinaria o incluso penal. Máxime si se
tiene que en casos penales, la aludida rebeldía tiene consecuencias materiales
en la garantía del derecho de los ciudadanos a la libertad personal. Por lo
anterior, la Sala conminará al Consejo Superior de la Judicatura para que acate
el precedente constitucional relativo a la asignación de competencia
jurisdiccional en casos penales en los que se procesen conductas delictivas que
lesionan la integridad sexual de los niños.
De otra parte, la violación del derecho
de la comunidad indígena y de sus integrantes a que la validez de sus
decisiones adoptadas en ejercicio de su jurisdicción propia sea reconocida por
las autoridades estatales, se ve reflejada, además, en el hecho que la
jurisdicción ordinaria, pese a la existencia de un proceso penal que concluyó
con decisión condenatoria, decidiera iniciar una nueva investigación por el
mismo delito. Bajo este
entendido, y por considerar que ya existe una decisión válida sobre este caso,
proferida por las autoridades del cabildo indígena accionante, la Sala
procederá a dejar sin efecto el proceso penal surtido ante el Juzgado Tercero
Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cali en contra del señor Juan
por el delito de acceso
carnal abusivo con menor de catorce (14) años agravado en concurso homogéneo y
sucesivo con la niña Mariana, por lo que se deberá proceder a la entrega
inmediata del señor Juan a las autoridades del Cabildo Indígena Colombia, para que allí el mismo purgue la
condena que le fue impuesta por la jurisdicción especial. Las autoridades del
Cabildo deberán velar de manera especial por cumplir las medidas que fueron
impuestas para garantizar los derechos de la niña, que se vieron reflejados en
las órdenes de impedir al condenado acercarse a esta y el deber de asumir su
manutención y del hijo concebido.
Ahora bien, tomando en cuenta que el
señor Juan se encuentra retenido en cumplimiento de una medida de aseguramiento
de detención preventiva en la cárcel Villa Hermosa de Cali desde el mes de
agosto del año dos mil doce (2012), la Sala sugerirá a las autoridades del
cabildo que tomen en cuenta el tiempo que el comunero ha pasado recluido en la
cárcel a efectos de conmutarla con la condena que el mismo ha de pagar de
acuerdo a la decisión de la jurisdicción especial.
Con fundamento en lo expuesto, la Sala de Revisión revocará la sentencia
del treinta y uno (31) de
julio de dos mil catorce (2014) proferida por el Consejo Seccional de la
Judicatura-Sala Jurisdiccional Disciplinaria que declaró improcedente el amparo
solicitado por el señor César, en representación del Cabildo Indígena Colombia
y dispondrá de medidas para garantizar los derechos fundamentales de la
comunidad y del señor Juan.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Primera
de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- TUTELAR los
derechos fundamentales del Cabildo Indígena Colombia a la autonomía, al respeto por la diversidad étnica y
cultural, y al ejercicio de la jurisdicción especial indígena.
Segundo.- REVOCAR la sentencia del treinta y uno (31) de julio de dos mil
catorce (2014) proferida por el Consejo Seccional de la Judicatura-Sala
Jurisdiccional Disciplinaria que declaró improcedente el amparo solicitado por
el señor César, en representación del Cabildo Indígena Colombia.
Tercero.- DEJAR SIN EFECTO la providencia del Consejo Superior de
la Judicatura-Sala Jurisdiccional Disciplinaria del dieciséis (16) de
septiembre de dos mil trece (2013), donde se resolvió el conflicto de
jurisdicciones suscitado entre las autoridades del Cabildo Indígena Colombia y
el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cali, en
relación con el juzgamiento del señor Juan.
Cuarto.- DEJAR SIN EFECTO el proceso penal que se lleva frente al
Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cali en
contra del señor Juan por el delito de acceso carnal abusivo con menor de catorce (14) años
agravado en concurso homogéneo y sucesivo.
Quinto.- ORDENAR a la Directora del EPMSC Cali-Centro
Carcelario Villahermosa que proceda a la entrega física inmediata del señor Juan,
identificado con cédula de ciudadanía 4649665 a las autoridades del Cabildo
Indígena Colombia.
Sexto. – EXHORTAR a las autoridades del Cabildo Indígena
Colombia, para que tomen en
cuenta el periodo de reclusión del comunero Juan a efectos de descontar dicho
tiempo de la sanción impuesta por las autoridades de la comunidad. Así mismo,
las autoridades del Cabildo deberán velar de manera especial por cumplir las
medidas que fueron impuestas para garantizar los derechos de la niña, que se
vieron reflejados en las órdenes de impedir al condenado acercarse a esta y el
deber de asumir su manutención y del hijo concebido.
Séptimo.- CONMINAR al Consejo Superior de la Judicatura
para que en desarrollo de la facultad conferida por el art. 256.6 de la
Constitución se sujete a las reglas constitucionales establecidas por esta
Corporación en materia de jurisdicción de las autoridades indígenas para juzgar
hechos que involucran derechos de menores de edad.
Octavo.- Por la Secretaría General, DEVUÉLVASE al
juzgado de origen el proceso de tutela de radicado 76001-22-04-000-2014-00171-00
que fue enviado en calidad de préstamo por la Corte Suprema de Justicia-Sala de
Casación Penal.
Noveno.- Por la Secretaría General, LÍBRESE la
comunicación a que alude el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
MARÍA VICTORIA
CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ANDRÉS MUTIS VANEGAS
Secretario General (E)
[1] Con el fin de proteger los derechos a la intimidad de
los niños y niñas cuyos derechos se habrían vulnerado en este caso, se han
cambiado los nombres de las personas involucradas en los hechos que dieron
lugar a la acción de tutela y de los lugares donde ocurrieron.
[2] Expediente, folio 13. En adelante, siempre que se haga
referencia a un folio, se entenderá que el mismo se refiere al cuaderno
principal, salvo que se haga indicación en contrario.
[3] Folio 1.
[4] Folio 2.
[5] Folio 2.
[6] Folio 2.
[7] Folio 2.
[8] Folio 3.
[9] Folio 3.
[10] Folio 5.
[11] En este derecho de petición, la denunciante relata los
hechos que dieron lugar al proceso penal. Así mismo, se señala un conjunto de
hechos constitutivos de abuso por parte de la fuerza pública y su hermano,
dentro de los cuales se cuentan: (i) fue detenida de forma arbitraria, contra
su voluntad y sin orden judicial; (ii) fue obligada a firmar un documento donde
denunciaba los hechos ante la jurisdicción ordinaria, bajo amenaza de cárcel y
entrega de sus hijos al ICBF.
[12] Folio 6.
[13] Folio 7.
[14] Folios 12 y 13.
[15] Folio 14.
[16] Consejo Superior de la Judicatura, providencia del
dieciséis (16) de septiembre de dos mil trece (2013), M. P. María Mercedes
López Mora. A. V. Henry Villaraigosa Oliveros y Angelino Lizcano Rivera. Folios
27 a 60.
[17] Folios 38 y 39.
[18] Corte Constitucional, sentencia T-002 de 2012, M. P.
Juan Carlos Henao Pérez.
[19] Folio 38.
[20] Folios 15 al 20.
[21] Folio 61.
[22] Folios 69 a 71.
[23] Corte Constitucional, sentencia C-619 de 2012, M. P. Jorge Iván Palacio
Palacio.
[24] Folios 76 a 79.
[25] Folios 82 y 83.
[26] Folios 99 y 100.
[27] Folios 101 a 103.
[28] Folios 104 a 106.
[29] Folios 107 a 111.
[30] Folio 112.
[31] Folios 113 y 114.
[32] Folios 115 a 117.
[33] Folios 120 a 125.
[34] Folios 131 y 132.
[35] Folios 136 a 141.
[36] Folios 160.
[37] Folios 164 y 165.
[38] Folios 166 y 167.
[39] Folios 168 y 169.
[40] Folios 170 a 172.
[41] Folios 173 y 174.
[42] Folios 175 a 177.
[43] Folios 185 y 186.
[44] Folio187.
[45] Folio 188.
[46] Folios 194 y 195.
[47] Folios 196 y 197.
[48] Folios 213 a 216.
[49] Folios 216 y 217.
[50] Folios 237.
[51] Folios 240 a 242.
[52] Folios 246 a 252.
[53] Folios 276 y 277.
[54] Folios 279 a 302.
[55] Cuaderno de revisión, folios 3 a 5.
[56] Cuaderno de revisión, folios 10 a 13.
[57] Cuaderno de revisión, folios 21 a 30.
[58] Cuaderno de Revisión, folios 32 al 35.
[59] Cuaderno de revisión, folios 38 a 46.
[60] Constitución Política de 1991, art. 1.
[61] Constitución Política de 1991, art, 2.
[62] Constitución Política de 1991, art. 7.
[63] Constitución Política de 1991, art. 13.
[64] Constitución Política de 1991, art. 96.
[65] Constitución Política de 1991, art. 171.
[66] Constitución Política de 1991, art. 246.
[67] Constitución Política de 1991, art. 286.
[68] Organización Internacional del Trabajo, Convenio 169,
“sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes”, 1989.
[69] “(e)l derecho a la identidad cultural otorga a las
comunidades indígenas prerrogativas como las siguientes: (i) tener su propia
vida cultural, (ii) profesar y practicar su propia religión como manifestación
cultural, (iii) preservar, practicar, difundir y reforzar otros valores y
tradiciones sociales, culturales, religiosas y espirituales, así como sus
instituciones políticas, jurídicas, sociales, culturales, etc. (iv) emplear y
preservar su propio idioma, (v) no ser objeto de asimilaciones forzadas; (vi)
conservar, acceder privadamente y exigir la protección de  los lugares de
importancia cultural, religiosa, política, etc. para la comunidad; (vii)
conservar y exigir protección a su patrimonio cultural material e inmaterial;
(viii) utilizar y controlar sus objetos de culto; (ix) revitalizar, fomentar y
transmitir a las generaciones presentes y futuras sus historias, tradiciones
orales, filosofía, literatura, sistema de escritura y otras manifestaciones
culturales; (x) emplear y producir sus medicinas tradicionales y conservar sus
plantas, animales y minerales medicinales; (xi) participar en la vida cultural
de la Nación; (xii) seguir un modo de vida según su cosmovisión y relación con
los recursos naturales; (xiii) preservar y desarrollar su modos de producción y
formas económicas tradicionales; y (xiv) exigir protección de su propiedad
intelectual relacionada con obras, creaciones culturales y de otra índole.”
Corte Constitucional, sentencia C-882 de 2011, M. P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
[70] Corte Constitucional, sentencia T-778 de 2005, M. P. Manuel José Cepeda
Espinosa.
[71] Corte Constitucional, sentencia T-778 de 2005, M. P. Manuel José Cepeda
Espinosa.
[72] Pérez Escuredo, Tirma Lina, “El diálogo intercultural
como gestión de la multiculturalidad: un reto por alcanzar”, CIP-FUEHM.
[73] Corte Constitucional, sentencia C-208 de 2007, M. P.
Rodrigo Escobar Gil.
[74] Constitución Política de 1991, art. 246.
[75] “En definitiva, tanto en su formulación inicial como
en el entendimiento propuesto a partir de la sentencia T-514 de 2009, el criterio “a
mayor conservación de la identidad cultural, mayor autonomía” carece de
justificación constitucional, salvo alguna excepción, no ha sido empleado como
regla de decisión efectiva, y además plantea más problemas de los que
soluciona. En virtud de esta problemática que motiva mi aclaración de voto,
estimo fundamental que se unifique la comprensión de este principio, e incluso
se considere el abandonarlo.” T-659 de2013. M. P. Luis Ernesto Vargas Silva. A.
V. María Victoria Calle Correa.
[76] “Interesa aquí, particularmente, el estudio de los límites
que se fijan para el ejercicio de las facultades jurisdiccionales conferidas de
manera potestativa a las autoridades de las comunidades indígenas, a la luz del
principio de la diversidad cultural, pues si bien la Constitución se refiere de
manera general a “la Constitución y la ley” como parámetros de restricción,
resulta claro que no puede tratarse de todas las normas constitucionales y
legales; de lo contrario, el reconocimiento a la diversidad cultural no tendría
más que un significado retórico. La determinación del texto constitucional
tendrá que consultar entonces el principio de maximización de la autonomía que
se había explicado anteriormente.” Corte Constitucional, sentencia T-349 de
1996, M. P. Carlos Gaviria Díaz.
[77] Corte Constitucional, sentencia T-349 de 1996, M. P.
Carlos Gaviria Díaz.
[78] “En primer lugar, la Corte
Constitucional ha resaltado la importancia medular del respeto por el principio
de legalidad de los procedimientos, los delitos y las penas al interior de los
ordenamientos jurídicos indígenas, pero entendiendo tal principio de legalidad
como un requisito mínimo de previsibilidad en las actuaciones de las
autoridades propias, aunado a un requisito de internalización de las
prohibiciones, sanciones y procedimientos por parte de los miembros de la
comunidad o pueblo indígena correspondiente (…)5.6.3.2. Respeto por la presunción de inocencia. Durante el desarrollo
de procesos punitivos, las autoridades indígenas deben respetar la presunción
constitucional de inocencia que ampara a los acusados; esto implica que la
culpabilidad individual debe ser establecida a través de los materiales
probatorios que las autoridades ancestrales consideren relevantes y
suficientes, y también implica que no son admisibles las decisiones adoptadas
en forma arbitraria y sin un mínimo respaldo en evidencias que acrediten la
responsabilidad individual. 5.6.3.3. Garantía del derecho de defensa. En
repetidas oportunidades la Corte Constitucional ha exigido que en el ejercicio
de la jurisdicción propia, las autoridades tradicionales indígenas deben
respetar plenamente el derecho fundamental de defensa de las personas sujetas a
procesamiento punitivo, que implica su derecho a intervenir en el curso del
proceso en defensa de sus intereses[78].
Ahora bien, dadas las especificidades socioculturales de los pueblos indígenas
colombianos, en cuyas cosmovisiones y ordenamientos culturales se atribuye una
importancia diferenciada a lo colectivo, la Corte Constitucional ha admitido
que en casos concretos tal derecho de defensa sea ejercido por los familiares
de la persona que está siendo procesada[78].
También en atención a la diversidad sociocultural que caracteriza al país, la
Corte ha admitido que dicha defensa no tiene que ejercerse necesariamente a través
de un abogado defensor, cuya presencia no constituye por ende un requisito
obligatorio para el procesamiento punitivo de personas por la jurisdicción
indígena. Proscripción de la responsabilidad objetiva y principio de
culpabilidad individual. La jurisprudencia constitucional también ha exigido
que las decisiones punitivas de las autoridades indígenas se basen en una
determinación de la responsabilidad o culpabilidad individual, prohibiendo así
la imposición de responsabilidad objetiva en este ámbito. Garantía del
principio de non bis in idem. Las autoridades tradicionales indígenas también
deben abstenerse de sancionar dos veces a una persona por una misma conducta
proscrita bajo sus ordenamientos ancestrales. No obligatoriedad de la segunda
instancia. Ante la jurisdicción indígena no es obligatorio garantizar la
segunda instancia frente a las decisiones sancionatorias, según lo ha admitido
la jurisprudencia constitucional, dado que en el marco de los ordenamientos
ancestrales indígenas existen autoridades cuyo rango sociocultural excluye la
impugnación de sus decisiones. Proporcionalidad y razonabilidad de las penas.
La jurisprudencia de esta Corte ha señalado que además de las prohibiciones
constitucionales expresas de cierto tipo de penas (como las de destierro,
tortura[78],
etc.), las autoridades tradicionales indígenas no pueden imponer sanciones o
penas que resulten desproporcionadas ni irrazonables; y ha explicado a este
respecto que son desproporcionadas, por ejemplo, las penas que trasciendan a la
persona del infractor, que afecten su mínimo vital, que sean irredimibles, o
que impliquen un cercenamiento cultural.” Corte Constitucional, sentencia T-523
de 2012.
[79] “El fuero indígena ha sido definido como un derecho de
los miembros de las comunidades indígenas que se adquiere por el hecho de
pertenecer a las mismas, y que consiste en la posibilidad de ser juzgados por
las autoridades indígenas, con arreglo a sus normas y procedimientos, y cuyo
objeto es el juzgamiento acorde con los usos y costumbres de dichas
comunidades.” Corte Constitucional, sentencia T-097 de 2012.
[80] “Con el factor personal se determinan los sujetos de
juzgamiento y de la relación procesal, activa y pasiva. La Corte ha señalado que las comunidades
indígenas deben ocuparse del juzgamiento de sus propios integrantes. Es más,
para la Corte, la pertenencia a una comunidad otorga a sus miembros un fuero
especial conforme al cual deben ser juzgados por sus propias autoridades y
según el derecho propio. El fuero de jurisdicción garantiza el respeto por la
particular cosmovisión de las comunidades indígenas…” Corte Constitucional, sentencia T-449 de 2013, M. P.
Mauricio González Cuervo.
[81] “El factor territorial, de otra parte, permite que
cada comunidad juzgar las conductas cometidas en su ámbito territorial y
aplicar su sistema jurídico dentro del mismo.[81] La jurisprudencia ha considerado que este
elemento se refiere de manera concreta a la existencia de una comunidad
indígena organizada, con vocación de pertenencia sobre la tierra que ocupa y
con su convivencia regida por su cultura.” Corte Constitucional, sentencia
T-449 de 2013, M. P. Mauricio González Cuervo.
[82] “El factor objetivo, finalmente, hace referencia a las
materias sobre las que versan las controversias que deben ser dirimidas. La
Corte ha sostenido que las comunidades indígenas pueden conocer de casi
cualquier tipo de controversia que suscite la aplicación de su derecho propio.”
Corte Constitucional, sentencia T-449 de 2013, M. P. Mauricio González Cuervo.
[83] “el elemento institucional (a veces denominado
orgánico) se refiere a la existencia de autoridades, usos y costumbres, y
procedimientos tradicionales en la comunidad, a partir de los cuales sea
posible inferir: (i) cierto poder de coerción social por parte de las
autoridades tradicionales; y (ii) un concepto genérico de nocividad
social.” Corte Constitucional, sentencia T-617 de 2010, M. P. Luis Ernesto
Vargas Silva.
[84] Corte Constitucional, sentencia T-617 de 2010, M. P.
Luis Ernesto Vargas Silva.
[85] Corte Constitucional, sentencia T-617 de 2010, M. P.
Luis Ernesto Vargas Silva.
[86] Corte Constitucional, sentencia T-617 de 2010, M. P.
Luis Ernesto Vargas Silva.
[87] En este sentido, señaló la sentencia: “A pesar de la
precisión obtenida a partir de las consideraciones de la autoridad judicial
citada, una revisión somera de su jurisprudencia permite concluir que del
elemento objetivo han surgido más inquietudes que certezas. Así, en algunos
fallos proferidos por el Consejo Superior de la Judicatura en el escenario que
nos ocupa, la competencia se definió exclusivamente, con base en los factores
personal y territorial; en otras sentencias, la pertenencia de la víctima al
resguardo se estableció como requisito de procedencia del fuero, en atención al
elemento objetivo; en algunos pronunciamientos, la Corporación sostuvo una
posición un poco más débil, señalando que si bien es relevante determinar la
pertenencia de la víctima a la comunidad, de ahí no se deriva una regla
definitiva de exclusión de la competencia de la jurisdicción especial indígena;
lo anterior, dejando de lado que la víctima en ocasiones se ha ubicado como
parte del elemento personal. Una última formulación, cuya relevancia parece
aumentar en el Consejo Superior de la Judicatura, presenta el elemento objetivo
en función de la gravedad de la conducta. De acuerdo con esta posición,
existiría un umbral de nocividad, a partir del cual un asunto trasciende los
intereses de la comunidad por tratarse de un bien jurídico universal y, por lo
tanto, es excluido de la competencia de la jurisdicción especial indígena. Esa
posición ha llevado al Consejo Superior de la Judicatura a sustraer a la
jurisdicción especial indígena del conocimiento de asuntos relativos a tráfico
de estupefacientes, secuestro, abuso de menores, y delitos o crímenes de lesa
humanidad de manera general.” Corte Constitucional, sentencia T-617 de 2010, M.
P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[88] Corte Constitucional, sentencia T-617 de 2010, M. P.
Luis Ernesto Vargas Silva.
[89] En relación con este punto, la Corte tuvo oportunidad
de manifestar que: “El Consejo Superior de la Judicatura es el órgano
competente para efectuar la interpretación de las normas aplicables a los
conflictos de competencia entre distintas jurisdicciones (artículos 256.6 de la
Constitución Política y 112.2 de la Ley Estatutaria de la Administración de
Justicia); sin embargo, cuando la autoridad judicial referida dirime conflictos
entre la jurisdicción especial indígena y la jurisdicción ordinaria interpreta
y aplica directamente la Constitución Política, pues el Congreso de la
República no ha proferido la ley de coordinación interjurisdiccional
pertinente. Por esa razón, este Tribunal ha sostenido que, hasta que se
promulgue esa ley, las reglas para la solución de conflictos entre jurisdicción
especial indígena y jurisdicción ordinaria son fijadas, de forma conjunta, por
la jurisprudencia de esta Corporación y la del Consejo Superior de la
Judicatura.” Corte Constitucional, sentencia T-617 de 2010, M. P. Luis Ernesto
Vargas Silva.
[90] Corte Constitucional, sentencia T-617 de 2010, M. P.
Luis Ernesto Vargas Silva.
[91] Corte Constitucional, sentencia T-002 de 2012, M. P.
Juan Carlos Henao Pérez.
[92] Corte Constitucional, sentencia T-002 de 2012, M. P.
Juan Carlos Henao Pérez.
[93] Corte Constitucional, sentencia T-002 de 2012, M. P.
Juan Carlos Henao Pérez.
[94] En este
sentido se indicó que “(f)rente a la prevalencia del elemento objetivo,
fundamentado en la existencia de un umbral de nocividad a partir del cual la
jurisdicción indígena carece de competencia, la Sala insiste en la
incompatibilidad de este planteamiento con la jurisprudencia constitucional,
pues la exclusión de la jurisdicción especial indígena de asuntos de especial
nocividad social es una postura que desconoce injustificadamente la validez del
control social realizado por las comunidades indígenas, al tiempo que riñe con
el “relativismo ético moderado” adoptado por la Constitución.” Corte Constitucional, sentencia T-002 de
2012, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
[95] “Así, la Sala estima que no puede considerarse en abstracto que el
artículo 44 de la Constitución, que consagra el carácter prevalente de los
derechos de los niños, esté en conflicto con el artículo 246 Superior, ni que
dicho conflicto se soluciona mediante la supresión de uno de los dos principios
enfrentados. De ahí la necesidad de abordar el análisis de los conflictos entre
normas constitucionales en el marco de situaciones específicas, teniendo en
cuenta que la eficacia de un principio no puede lograrse de forma absoluta sin
limitar otro mandato(s) constitucional(es). Por esta razón, la Sala insiste en
que la falta de motivación del elemento institucional por parte de la entidad
accionada redundó en la ausencia de las razones específicas por las cuales
consideró que el respeto por los derechos de “Gina” entra en tensión
con la aplicación del derecho propio del resguardo La Montaña. Así, el yerro en
el que incurre el Consejo Superior de la Judicatura al interpretar el artículo
246 consiste en suponer que la consecuencia necesaria del ejercicio de la
jurisdicción indígena en casos que involucran la integridad sexual de los menores
es el irrespeto por los derechos de niños y niñas, lo que constituye, a ojos de
esta Sala, una actitud prejuiciosa y discriminatoria frente a los pueblos
originarios, así como una desconfianza injustificada sobre sus procedimientos.”
Corte Constitucional,
sentencia T-002 de 2012, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
[96] “Tratándose de un requisito cuyo análisis se impone de cara al
caso concreto, la Sala advierte que la decisión del Consejo Superior de la
Judicatura se limitó a reiterar el concepto de colisión de competencias,
insertar una extensa cita de la sentencia C-139 de 1996 y copiar los artículos
8 y 44 de la Constitución, para finalmente concluir que los derechos de los
niños “tienen establecida su protección de manera predominante”; y enseguida
agrega “Bajo esta directriz, la Sala debe optar por decidir el conflicto de
jurisdicción aquí analizado, asignando el asunto a la Jurisdicción Ordinaria
Especial”. Ciertamente, los artículos mencionados y la sentencia citada son
pertinentes en el asunto en cuestión; sin embargo, la simple sumatoria de
artículos y citas no constituye, en opinión de esta Sala, una argumentación
sólida o suficiente, pues las providencias judiciales no pueden ser construidas
a la manera de una colcha de retazos[96]. Teniendo en cuenta que en la parte considerativa de la
sentencia no se observa prácticamente ningún párrafo que pueda tomarse como
resultado del ejercicio argumentativo del juez, esta Sala no puede sino admitir
que el cargo está llamado a prosperar. Si bien esta Corte ha dicho que “las
divergencias respecto de lo que para dos intérpretes opuestos puede constituir
una motivación adecuada no encuentra respuesta en ninguna regla de derecho”[96],
el juez es responsable de proveer sus sentencias con un contenido argumentativo
mínimo que la sentencia en cuestión no satisface, sin que tal exigencia pueda
considerarse una intromisión en la autonomía del funcionario judicial.” Corte
Constitucional, sentencia T-002 de 2012, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
[97] Corte Constitucional, sentencia Corte Constitucional,
sentencia T-921 de 2013, M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[98] Corte Constitucional, sentencia T-921 de 2013, M. P.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[99] “Garantía del desarrollo integral del menor. Es
necesario, como regla general, asegurar el desarrollo armónico, integral,
normal y sano de los niños, desde los puntos de vista físico, psicológico,
afectivo, intelectual y ético, así como la plena evolución de su personalidad[99].
Garantía de las condiciones para el pleno ejercicio de los derechos
fundamentales del menor. Estos derechos, incluyen aquellos que expresamente
enumera el artículo 44 Superior: la vida, la integridad física, la salud y la
seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener
una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la
cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión, pero no se agotan en
éstos. Protección del menor frente a riesgos prohibidos. Se debe resguardar a
los niños de todo tipo de abusos y arbitrariedades, y se les debe proteger
frente a condiciones extremas que amenacen su desarrollo armónico, tales como
el alcoholismo, la drogadicción, la prostitución, la violencia física o moral,
la explotación económica o laboral, y en general, el irrespeto por la dignidad
humana en todas sus formas. Equilibrio con los derechos de los padres. Es
necesario preservar un equilibrio entre los derechos del niño y los de los
padres; pero cuando quiera que dicho equilibrio se altere, y se presente un
conflicto entre los derechos de los padres y los del menor que no pueda
resolverse mediante la armonización en el caso concreto, la solución deberá ser
la que mejor satisfaga el interés superior del menor. Provisión de un ambiente
familiar apto para el desarrollo del menor. Para efectos de garantizar el
desarrollo integral y armónico del menor, en virtud de lo dispuesto por el
artículo 44 Superior, se le debe proveer una familia en la cual los padres o
acudientes cumplan con los deberes derivados de su posición, y así le permitan
desenvolverse adecuadamente en un ambiente de cariño, comprensión y protección.
Necesidad de razones poderosas que justifiquen la intervención del Estado en
las relaciones paterno/materno - filiales. El solo hecho de que el niño pueda
estar en mejores condiciones económicas no justifica de por sí una intervención
del Estado en la relación con sus padres; deben existir poderosos motivos
adicionales, como los que se enuncian en los acápites anteriores, que hagan
temer por su bienestar y desarrollo, y así justifiquen las medidas de
protección que tengan como efecto separarle de su familia biológica.” Corte
Constitucional, sentencia T-921 de 2013, M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[100] “En consecuencia, en todo proceso penal debe tenerse
en cuenta la condición de indígena en el momento de determinar el lugar y las
condiciones especiales de privación de su libertad, independientemente de que
no se aplique el fuero penal indígena, pues si ésta no se tiene en cuenta, se
afecta su derecho a la identidad cultural y su dignidad humana.” Corte
Constitucional, sentencia T-921 de 2013, M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[101] Corte Constitucional, sentencia T-921 de 2013, M. P.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[102] “En este sentido, la Corte Constitucional no puede
pasar por alto que el accionante fue recluido en un establecimiento
penitenciario y carcelario ordinario, sin estar en un pabellón o
establecimiento especial, afectándose de manera grave su identidad cultural,
situación que también padecen cientos de indígenas en todo el territorio
nacional, tal como ha señalado la Defensoría del Pueblo en el informe
denominado “Indígenas privados de la libertad en establecimientos
penitenciarios y carcelarios del INPEC”, en el cual señaló que no se reúnen
las  condiciones para que vivan dignamente de acuerdo con su diversidad  étnica
y cultural, lo que implica una  grave amenaza contra estos valores que gozan de
reconocimiento constitucional y que no se respeta su diversidad cultural.”
Corte Constitucional, sentencia T-921 de 2013, M. P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
[103] “En virtud de lo anterior, en caso de que un indígena
sea procesado por la jurisdicción ordinaria se deben cumplir las siguientes
reglas con el objeto de evitar que se siga presentando el desconocimiento del
derecho a la identidad de los indígenas al ser recluidos en establecimientos
ordinarios sin ninguna consideración relacionada con su cultura: Siempre que el
investigado en un proceso tramitado por la jurisdicción ordinaria sea indígena
se comunicará a la máxima autoridad de su comunidad o su representante. De
considerarse que puede proceder la medida de aseguramiento consistente en
detención preventiva el juez de control de garantías (para procesos tramitados
en vigencia de la Ley 906 de 2004) o el fiscal que tramite el caso (para
procesos en vigencia de la Ley 600 de 2000) deberá consultar a la máxima
autoridad de su comunidad para determinar si el mismo se compromete a que se
cumpla la detención preventiva dentro de su territorio. En ese caso, el juez
deberá verificar si la comunidad cuenta con instalaciones idóneas para
garantizar la privación de la libertad en condiciones dignas y con vigilancia de
su seguridad. Adicionalmente, dentro de sus competencias constitucionales y
legales el INPEC deberá realizar visitas a la comunidad para verificar que el
indígena se encuentre efectivamente privado de la libertad. En caso de que el
indígena no se encuentre en el lugar asignado deberá revocarse inmediatamente
este beneficio. A falta de infraestructura en el resguardo para cumplir la
medida se deberá dar cumplimiento estricto al artículo 29 de la Ley 65 de 1993.
Una vez emitida la sentencia se consultará a la máxima autoridad de la
comunidad indígena si el condenado puede cumplir la pena en su territorio. En
ese caso, el juez deberá verificar si la comunidad cuenta con instalaciones
idóneas para garantizar la privación de la libertad en condiciones dignas y con
vigilancia de su seguridad. Adicionalmente, dentro de sus competencias
constitucionales y legales el INPEC deberá realizar visitas a la comunidad para
verificar que el indígena se encuentre efectivamente privado de la libertad. En
caso de que el indígena no se encuentre en el lugar asignado deberá revocarse
inmediatamente esta medida. A falta de infraestructura en el resguardo para
cumplir la pena se deberá dar cumplimiento estricto al artículo 29 de la Ley 65
de 1993. Teniendo en cuenta el principio de favorabilidad, este procedimiento
también será aplicable a todos los indígenas que se encuentren en la actualidad
privados de la libertad, quienes con autorización de la máxima autoridad de su
comunidad podrán cumplir la pena privativa de la libertad al interior de su
resguardo, siempre y cuando el mismo cuente con las instalaciones necesarias
para el cumplimiento de ésta. La solicitud para la aplicación de esta medida
podrá ser presentada ante el juez que vigile el cumplimiento de la medida o
sentencia. La Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación
harán un seguimiento del cumplimiento de la presente sentencia.” Corte
Constitucional, sentencia T-921 de 2013, M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[104] “(…) (e)n cuanto al alcance de este derecho, en
desarrollo de la interpretación constitucional del artículo 29 de la Carta, la
Corte ha identificado el principio non bis in ídem como un derecho fundamental
de aplicación inmediata, que hace parte del debido proceso, que protege a
cualquier sujeto activo de una infracción de carácter penal, disciplinario, o
administrativo mediante la prohibición de dos o más juicios y sanciones por un
mismo hecho…” Corte Constitucional.
[105] Corte Constitucional, sentencia T-590 de 1992.
[106] Corte Constitucional, sentencia T-590 de 1992.
[107] “El principio de non bis in ídem prohíbe que se
imponga a una persona más de una sanción de la misma naturaleza por la comisión
de un mismo hecho. Dicho principio constituye una garantía esencial del derecho
penal contemporáneo e integra, sin duda, el núcleo esencial del derecho
fundamental al debido proceso. En consecuencia, está proscrito al legislador
sancionar, a través de distintos tipos y en una misma rama del derecho, una
misma e idéntica conducta. No obstante, dicho principio no prohíbe que una
persona pueda ser objeto de dos o más sanciones de naturaleza diferente -vgr.
pecuniaria, disciplinaria, administrativa o penal- por la comisión de un mismo
hecho. En este sentido, por ejemplo, la Corte ha establecido que la posibilidad
legal de que un funcionario público resulte sancionado penal y
disciplinariamente por haber incurrido en un delito que, al mismo tiempo,
constituye falta administrativa, no vulnera el principio mencionado.” Corte
Constitucional, sentencia T-260 de 1999, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[108] “El principio constitucional del non bis in ídem no
tiene carácter absoluto, puesto que desde la perspectiva del derecho interno
existen motivos de orden superior que justifican su atenuación, cuando se trata
de defender intereses de inapreciable valor para la sociedad como son los
relacionados con la soberanía nacional, la existencia y la seguridad del
Estado, en cuya promoción está comprometido el mismo Estado.” Corte
Constitucional, sentencia C-554 de 2001, M. P. Clara Inés Vargas Hernández.
[109] Corte Constitucional, sentencia C-870 de 2002, M. P. Manuel José Cepeda
Espinosa.
[110] Constitución Política de 1991, art. 29.
[111] Corte Constitucional, sentencia C-870 de 2002, M. P. Manuel José Cepeda
Espinosa.
[112] “Ahora bien, la Corte Constitucional ha explicado que
el principio no prohíbe de manera absoluta la existencia de juzgamientos
diversos por el mismo hecho, por ejemplo, cuando una conducta es objeto de
reproche penal y disciplinario. La evaluación sobre el respeto por este derecho
supone determinar si se presenta una triple identidad de persona, causa y
objeto en las sanciones supuestamente concurrentes. Para que tal derecho se
consolide se requiere mucho más que la simple identidad en la situación de
hecho que sirve de punto de partida a esas diversas actuaciones, circunstancia
que explica por qué la jurisprudencia y la doctrina, recogiendo decantadas
elaboraciones, exijan la triple identidad de objeto, causa y persona entre dos
actuaciones para afirmar la vulneración del principio non bis in ídem. La
identidad en la persona significa que el sujeto incriminado debe ser la misma
persona física en dos procesos de la misma índole. La identidad del objeto está
construida por la del hecho respecto del  cual  se
solicita  la  aplicación  del  correctivo penal. Se exige
entonces la correspondencia en la especie fáctica de la conducta en dos
procesos de igual naturaleza. La identidad en la causa se refiere a que el
motivo de la iniciación del proceso sea el mismo en ambos casos. También ha
manifestado la Corte que la prohibición de doble enjuiciamiento es compatible
con diversas investigaciones y sanciones, cuando estas tengan distintos
fundamentos normativos, finalidades, y alcances de la sanción. Esta
consideración constituye un desarrollo más amplio de la identidad de causa, a
la vez que plantea la necesidad de revisar la naturaleza de la sanción como
presupuesto para evaluar si una medida legislativa desconoce el principio non
bis in ídem.” Corte Constitucional, sentencia C-914 de 2013, M. P. Luis Ernesto
Vargas Silva. S. P. V. María Victoria Calle Correa, Jorge Iván Palacio Palacio,
Mauricio González Cuervo, Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[113] En este sentido se enfatizó: “(e)s importante aclarar
que, independientemente de que la falta cometida sea o no juzgada por la
jurisdicción especial una vez la persona haya sido juzgada y condenada por la
jurisdicción ordinaria, es esencial que el cumplimiento de la pena o medida
preventiva se tenga en cuenta la cosmovisión indígena, sus costumbres, sus
prácticas, y la finalidad de la pena para el miembro de la comunidad. De este
modo, se plantea la necesidad de que en la ejecución de la condena, se opte por
soluciones que favorezcan el cumplimiento de la orden del juez de un modo que
respete y no atente contra las costumbres y la conciencia colectiva de los
indígenas, para lo cual resulta imperioso armonizar de manera efectiva los
mandatos de la justicia y el respeto por la diversidad cultural”. T-866/13.
[114] Corte Constitucional, sentencia T-617 de 2010, M. P.
Luis Ernesto Vargas Silva. Corte Constitucional, sentencia T-002 de 2012, M. P.
Juan Carlos Henao Pérez. Corte Constitucional, sentencia T-921 de 2013, M. P.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[115] Corte Constitucional, sentencia T-002 de 2012, M. P.
Juan Carlos Henao Pérez, replicando aquello consagrado en la sentencia C-590 de
2005.
[116] Decreto 2591, “por el cual se reglamenta
la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”,
art. 10.
[117] Corte Constitucional, sentencia T-617 de 2010, M. P.
Luis Ernesto Vargas Silva.
[118] Folios 27 a 40.
[119] Constitución Política de 1991, art. 44.
[120] Convención sobre los Derechos del Niño, art. 1.
[121] “(...) (i) se trata de una menor de edad, cutos
derechos son prevalentes a los de las demás personas y en tal virtud a los de
la misma comunidad a los que pertenece, (ii) producto de los hechos la menor
resultó en estado de embarazo, (iii) el presunto victimario es el compañero
permanente de su señora madre, con quien conviven en un núcleo familiar, (iv)
expuso la menor en su entrevista que con su padrastro la une un vínculo de
“noviazgo” el cual ocultaban a su señora madre (compañera del procesado), (v)
según se ha puesto de presente en las diligencias, el señor Juan es el padre
del Gobernador del Cabildo que reclama para la Jurisdicción Indígena el proceso
objeto de estudio, (vi) del contenido de la decisión aportada por esa comunidad
(en la cual supuestamente se juzgó al señor Juan) no es posible establecer a
cuales conductas se refiere, más aún si se tiene en cuenta que la menor indicó
en su entrevista que habían sostenido relaciones sexuales en múltiples
ocasiones, cuando no había nadie en la casa…” Folio 33.
[122] Folios 33 y 34.
[123] Corte Constitucional, sentencia T-617 de 2010, M. P.
Luis Ernesto Vargas Silva.
[124] “Por lo tanto, los derechos de las víctimas pueden
imponer restricciones justificadas a la  jurisdicción especial indígena.
Sin embargo, esa situación es la precisamente la que ha llevado al desarrollo
del elemento institucional. Por lo tanto, es preciso reiterar que, cuando una
conducta supera determinado umbral de gravedad social, lo relevante para
determinar si el asunto puede ser conocido por la jurisdicción especial
indígena es (i) que pueda establecerse de manera razonable que el ejercicio de
la autonomía jurisdiccional no se traducirá en impunidad  y (ii), que se
verifique si el derecho propio prevé medidas de protección para la víctima.” Corte
Constitucional, sentencia T-617 de 2010, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[125] Folio 113.
[126] Folio 123.
[127] Folio 30.
[128] Folios 203 al 205.
[129] Folios 33 y 34.
[130] Folio 35.
[131] Folio 10.
[132] Folio 277.
[133] Folio 277.
[134] Folio 277.
[135] Folios 1 y 2.
[136] Folios 104 a 106.
[137] Folio 13.
[138] Folio 101.
[139] Folios 1 al 5.
[140] Folio 107.