C-668-08
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-668/08
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Configuración
Referencia: expediente D-7040
Demanda de inconstitucionalidad: contra el artículo 357 numeral 2
del Código Sustantivo del Trabajo.
Actor: Sandra Patricia Bejarano Rincón
Magistrado Ponente: Mauricio
gonzalez cuervo
Bogotá, D.C., dos  (2) de julio de dos mil ocho (2008)
La Sala Plena
de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales,
cumplidos los requisitos y procedimientos establecidos en el Decreto 2067 de
1991, y surtido el trámite propio del proceso de constitucionalidad, ha
proferido la siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
1. Demanda
de inconstitucionalidad
La ciudadana Sandra Patricia Bejarano Rincón, en ejercicio de la acción pública
de inconstitucionalidad prevista en los artículos 40-6, 241 y 242 de la Constitución
Política, solicita a esta Corporación declarar inexequible el artículo 357
numeral 2 del Código Sustantivo del Trabajo, por considerarlo contrario al
preámbulo de la Carta, al artículo 39 de la Constitución y al artículo 3º del
Convenio 87 de la OIT ratificado por Colombia.
2. Norma
demandada
El numeral 2º
del artículo 357 del Código Sustantivo del Trabajo, - subrogado por el Decreto
2351 de 1965, artículo 26 -, reza lo siguiente:
Artículo 357. -Subrogado por el Decreto
2351 de 1965, Artículo 26.
1. <Numeral INEXEQUIBLE>
2. Cuando en una misma
empresa coexistiere un sindicato de base con uno gremial o de industria, la
representación de los trabajadores, para todos los efectos de la contratación
colectiva, corresponderá al sindicato que agrupe a la mayoría de los
trabajadores de dicha empresa.
3. <Numeral INEXEQUIBLE>
(Diario Oficial
No 31.754, 17 de septiembre de 1965)
3.
Fundamento de la demanda
La demandante
Sandra Patricia Bejarano Rincón, solicita que se declare inconstitucional el
numeral segundo del artículo 357 del Código Sustantivo del Trabajo, por
considerar que esa disposición lesiona el preámbulo, el artículo 39 de la Carta
y el artículo 3º del Convenio 87 de la OIT[1], al permitir
que en caso de coexistencia de un sindicato de base con uno gremial o de
industria en una misma empresa, la representación sindical no sea equitativa.
Para la
demandante, la restricción en la representación del grupo sindical minoritario
que propone la norma, viola el derecho a la igualdad entre agremiaciones y la
libre asociación sindical de los agremiados, quienes a pesar de encontrarse en
la misma empresa, deberían ostentar las mismas garantías y los mismos derechos
constitucionales en condiciones de igualdad.
4.
Intervenciones
4.1. Ministerio
de la Protección Social.
Hernán
Enrique Castro Bohórquez, actuando en representación del Ministerio de la
Protección Social, solicita que se declare exequible el numeral segundo del
artículo 357 del Código Sustantivo del Trabajo, por considerarlo ajustado a la
Constitución.
Para el
interviniente, lo estipulado en el numeral 2º del artículo 357 del Régimen
Laboral Colombiano en relación con la representación  del sindicato mayoritario
en una misma empresa, es un mecanismo adecuado de representación democrática,  que
permite que en cabeza del sindicato que ostente la mayoría, se definan los
asuntos que les competen a todos los trabajadores de una empresa.
La posible
desigualdad que se desprende de la norma, no surge de la ley en sí misma, según
el Ministerio, sino que tiene su origen en el proceso de asociación de las
organizaciones sindicales, ya que son los mismos trabajadores quienes se
colocan en una situación de mayoritarios o minoritarios en cada caso concreto,
y en ejercicio del juego democrático.
De allí que
para el Ministerio no sea aceptable pensar que el legislador previó con la
norma acusada desigualdades en la capacidad decisoria o participativa de las
organizaciones sindicales, en contravención del artículo 39 de la Carta. Lo que
ocurre, es que como la ley es general, impersonal y abstracta y la institución
de la representatividad, es producto del ejercicio democrático que se indica, que
requiere de mayorías. En especial cuando el artículo 39 superior sostiene que
“... los sindicatos y organizaciones sociales y gremiales se sujetarán al
orden legal y a los principios democráticos”.
Por esta
razón tampoco considera que la norma acusada lesione el Convenio 87 de la OIT, dado
que ésta sólo determina un marco democrático y normativo conforme a las
exigencias de ley, para el ejercicio de las atribuciones de los sindicatos en
materia de su estructura administrativa y representatividad, que se ajusta a
esa disposición internacional ratificada por Colombia.
Concluye por
lo tanto el interviniente, que los argumentos de la demandante no demuestran la
inconstitucionalidad de la norma, y solicita en consecuencia, que esta Corte la
declare exequible por las razones expuestas.
4.2. Intervención
ciudadana.
El ciudadano
José Gabriel Mesa Cárdenas intervino en el proceso  constitucional de la
referencia, con el propósito  de que la Corte declarara exequible  el numeral
2º del artículo 357 del Código Sustantivo del Trabajo, por considerarlo
ajustado a la Carta y al Convenio 87 de la OIT sobre Libertad Sindical.
Para el
ciudadano, en contraposición a lo que expresa la demandante, el Convenio 87 de la
OIT no regula aspectos  relacionados con la negociación colectiva, como serían
los concernientes a la representatividad de los sindicatos. De hecho, en gracia
de discusión, sostiene que ellos son materia de los Convenios 98 - sobre el
derecho a la sindicación y la negociación colectiva-, y del 154 - sobre la
negociación colectiva-, ambos ratificados por Colombia. No obstante, afirma que
estos convenios no reglamentan específicamente el asunto de la representatividad
de los trabajadores, ya que ese aspecto puntual se dejó a las legislaciones
nacionales.
Con todo, el
artículo 4º del Convenio 98, propende por el fomento y estímulo de los
procedimientos de negociación voluntaria entre las partes, con el objeto de
reglamentar las condiciones de empleo. Por lo tanto destaca que debe
verificarse si el numeral 2º del artículo 357 del CST, atenta o no contra el
artículo 4º citado, por impedir a las organizaciones de trabajadores el pleno
uso y desarrollo de tales procedimientos.
Para el
interviniente la solución a esa duda debería ser negativa, teniendo en cuenta
que la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la
OIT, en su último Estudio General sobre la Libertad Sindical (1994) señaló que
“...el mero hecho de que una legislación establezca  distinciones entre las
organizaciones sindicales más representativas y las demás no constituye en sí,
un motivo de crítica”. Además, el criterio plasmado por el legislador en el
numeral 2º acusado, se encuentra acorde con la promoción de los principios
democráticos, en tanto prevé un sistema que promueve y garantiza la lucha sindical
libre y voluntaria como es obtener la mayoría de trabajadores de una empresa;
y además tal mayoría resulta ser un criterio objetivo y previo, como lo demanda
la Comisión de Expertos indicada. Por ende, la norma acusada a su juicio no
lesiona  el texto y el espíritu del Convenio 98.
Finalmente,
concluye su intervención  el ciudadano afirmando, que el Comité de Libertad
Sindical, ha sostenido con respecto a la posibilidad de negociar convenios
colectivos de empresa, que “debería bastar la prueba de que dicho sindicato
cuenta con suficiente representatividad”. Esa exigencia es precisamente la
que pretende cubrir el numeral segundo del artículo 357 del Código Sustantivo
del Trabajo, al exigir la representatividad de la mayoría, por lo que a su
juicio el precepto juzgado se encuentra ajustado a las disposiciones
internacionales ratificadas por Colombia en materia de libertad sindical y
negociación colectiva.
En consecuencia,
solicita que se declare exequible el numeral 2º del artículo 357 del Código
Sustantivo del Trabajo.
5.
Concepto del Procurador General de la Nación.
El Procurador
General de la Nación, Dr. Edgardo Maya Villazón,  intervino en el proceso constitucional[2]
solicitando a esta Corporación estarse a lo resuelto en la sentencia C-063 de
2008 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), que declaró la inexequibilidad del numeral
2º del artículo 26 del Decreto Legislativo 2351 de 1965.
No obstante, para
sorpresa de esta Corporación, el señor Procurador inició su intervención
indicando que el precepto demandado en esta oportunidad por la ciudadana, esto
es el artículo 357 del C.S.T., no coincide en cuanto a  su texto, con el acusado
por la demandante.
En efecto,
según lo precisó la Vista Fiscal, si bien la accionante considera que el artículo
357 ha sido subrogado por el artículo 26 del Decreto Legislativo No 2351 de
1965, ello no es así a juicio del Procurador, por cuanto el texto vigente del artículo
357 del Código Sustantivo del Trabajo, es según el Ministerio Público el
siguiente:
“ARTICULO 357. SINDICATOS DE BASE. A los
sindicatos de base corresponde, de preferencia, la representación de sus
afiliados en todas las relaciones de trabajo; la presentación de pliegos de
peticiones; la designación de comisiones disciplinarias o de reclamos y la de
negociadores y de árbitros en su caso; y la celebración de contratos sindicales
y de convenciones colectivas de trabajo, para cuyo concierto deben ser
consultados los intereses de las respectivas actividades de los asociados. Por
lo mismo, dentro de una misma empresa, institución o establecimiento no pueden
coexistir dos (2) o más sindicatos de trabajadores; y si por cualquier motivo
llegaren a coexistir, subsistirá el que tenga mayor número de afiliados, el cual
debe admitir el personal de los demás sin hacerles más gravosas sus condiciones
de admisión[3].
No obstante
resalta el Procurador, que esta aparente falta de concordancia de la norma
acusada con su texto, no desvirtúa la actuación ciudadana en el caso concreto, dado
que existen múltiples elementos en la demanda que permiten reconocer que la
disposición realmente impugnada por la accionante, el concepto de violación y
los cargos presentados, se refieren específicamente y en su conjunto, al
numeral 2º del artículo 26 del Decreto 2351 de 1965. Por ello, para el
Procurador, el yerro de la accionante es subsanable, teniendo en cuenta que es
procedente de manera sencilla la identificación concreta de la norma realmente
acusada.
En ese orden
de ideas, con respecto a los cargos de fondo presentados en contra del artículo
26 del Decreto 2351 de 1965, consideró el Director del Ministerio Público que
debía recordarse que sobre este asunto él ya se había pronunciado en el
concepto 4370 con el que reclamó la declaración de inconstitucionalidad de ese
artículo, por las razones que a continuación se expresan: (i) El numeral
2º del artículo 26 del Decreto 2351 de 1965, desconoce los principios y valores
consagrados en los artículo 1º y 2º de la Carta, porque la representación
sindical es un asunto que se gana en la misma lucha democrática dentro de la
propia organización sindical, y no por medio de una legislación que bajo la
excusa de proteger a los trabajadores, está impidiendo el goce efectivo de un
derecho fundamental. Con la norma, en efecto, se está anulando la posibilidad
de participación de las demás asociaciones sindicales que existan en la misma empresa
en la toma de decisiones, especialmente las minoritarias. A su vez, (ii)
no existe  justificación constitucional alguna para introducir una prohibición
que impida a un sindicato de la misma empresa negociar o limitar esa
negociación al sindicato mayoritario y  (iii) la limitación impuesta por
la norma al sindicato minoritario, no es una restricción  temporal sino que es
permanente, por lo que se pone en entredicho de manera indefinida ese derecho
de los sindicatos, de manera discriminatoria para el caso de los minoritarios. Por
consiguiente, se solicitó la declaratoria de inexequibilidad de la disposición
mencionada.
Con todo,
como la Corte Constitucional se pronunció hace poco sobre la disposición que se
enuncia declarándola inconstitucional, solicita la Vista Fiscal que se declare
la existencia de cosa juzgada material. En efecto, recientemente esta
Corporación mediante la sentencia C-063 de 2008 (M.P. Clara Inés Vargas) evaluó
el numeral 2 acusado, por razones similares.
Por lo tanto
el Director del Ministerio Público, solicita a la Corte Constitucional, en este
caso, estarse a lo resuelto en la sentencia C-063 de 2008, que declaró la
inexequibilidad del numeral 2 del artículo 26 del Decreto Legislativo 2351 de
1965.
II.
CONSIDERACIONES.
1. Competencia.
La Corte
Constitucional es competente para decidir sobre la presente demanda, en virtud
de lo dispuesto por los artículos 24.4 de la Carta, el artículo 43 de la Ley
270 de 1996 y el Decreto 2067 de 1991.
2. Consideración previa: la norma acusada.
2.1. Como se desprende de la parte inicial de
esta providencia, la ciudadana demandó el numeral 2º del artículo 357 del Código Sustantivo del Trabajo, “subrogado por el
artículo 26 del Decreto 2351 de 1965”, por considerarlo ajeno al preámbulo,
al artículo 39 de la Carta y al artículo 3º del Convenio 87 de la OIT.
Sobre el contenido normativo del
artículo 357 del Código Sustantivo del Trabajo, llama la atención de esta
Corporación la afirmación del Ministerio Público, en el sentido de que el texto
acusado por la demandante es ajeno al tenor literal de esa disposición laboral.
Tal conclusión de hecho, pone en entredicho la mayor parte de las referencias
normativas existentes en la materia, toda vez que la mayoría de las fuentes consultadas
en la legislación laboral por esta Corporación[4],
afirman que el texto del artículo 357 de ese Código es igual al invocado por la
ciudadana, al haber sido subrogado por el artículo 26 del Decreto 2351 de 1965.
El  texto del artículo 357 que presenta la accionante como demandado, entonces,
es el siguiente:
“Artículo 357. -Subrogado por el Decreto
2351 de 1965, Artículo 26.
1. <Numeral INEXEQUIBLE>
2. Cuando en una misma empresa
coexistiere un sindicato de base con uno gremial o de industria, la
representación de los trabajadores, para todos los efectos de la contratación
colectiva, corresponderá al sindicato que agrupe a la mayoría de los
trabajadores de dicha empresa.
3. <Numeral INEXEQUIBLE>”
2.2. No obstante, destaca también esta
Corporación, que existe otra fuente de consulta normativa[5], que reclama la existencia de otro tenor
literal para ese artículo. El texto que evoca esa fuente, es igual al que alude
el Procurador General de la Nación en su concepto de rigor. De hecho, en la Secretaría del Senado de la República, al momento de la presentación de la demanda que
ocupa a la Corte en esta oportunidad, el contenido
normativo que se describía como vigente respecto del artículo 357 del Código
Sustantivo del Trabajo, junto con las notas del editor para la fecha, decía lo
siguiente:
“ARTICULO 357.
SINDICATOS DE BASE. A los sindicatos de base corresponde, de preferencia, la
representación de sus afiliados en todas las relaciones de trabajo; la
presentación de pliegos de peticiones; la designación de comisiones
disciplinarias o de reclamos y la de negociadores y de árbitros en su caso; y
la celebración de contratos sindicales y de convenciones colectivas de trabajo,
para cuyo concierto deben ser consultados los intereses de las respectivas
actividades de los asociados. Por lo mismo, dentro de una misma empresa,
institución o establecimiento no pueden coexistir dos (2) o más sindicatos de
trabajadores; y si por cualquier motivo llegaren a coexistir, subsistirá el que
tenga mayor número de afiliados, el cual debe admitir el personal de los demás
sin hacerles más gravosas sus condiciones de admisión”.
“<Notas: Considera
el editor, que es importante tener en cuenta lo dispuesto por el numeral 5o.
del artículo 3o. de la Ley 48 de 1968, sobre representación sindical, pliego de
peticiones y convención colectiva.
El texto referido es el siguiente:
“5o. No obstante lo dispuesto en el
artículo 26 del Decreto legislativo 2351 de 1965, cuando el setenta y cinco por
ciento (75%) o más de los trabajadores de una misma profesión, oficio o
especialidad al servicio de una empresa estén afiliados a un solo sindicato
gremial, el pliego de peticiones que éste le presente a la empresa deberá
discutirse directamente con ese sindicato, y el acuerdo a que se llegue formará
un capítulo especial de la respectiva convención colectiva de trabajo”.
Para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta lo
dispuesto por el artículo 26 del Decreto 2351 de 1965, publicado en el Diario
Oficial No 31.754 de 1965. "Por el cual hacen unas reformas al Código
sustantivo del trabajo". El cual establece:
ARTÍCULO 26. REPRESENTACION SINDICAL
1. En una misma empresa no pueden coexistir
dos o más sindicatos de base. Si por cualquier motivo llegaren a coexistir
subsistirá el que tenga mayor número de afiliados, el cual debe admitir al
personal de los demás sin hacerles más gravosas sus condiciones de admisión.
2. Cuando en una misma empresa coexistiere
un sindicato de base con uno gremial o de industria, la representación de los
trabajadores, para todos los efectos de la contratación colectiva,
corresponderá al sindicato que agrupe a la mayoría de los trabajadores de dicha
empresa.
3. Si ninguno de los sindicatos agrupa a la
mayoría de los trabajadores de la empresa, la representación corresponderá
conjuntamente a todos ellos. El Gobierno reglamentará la forma y modalidades de
esta representación."
Este artículo corresponde al artículo 374 del Decreto 2663 de 1950,
su numeración inicial fue variada por la edición oficial del Código Sustantivo
del Trabajo, ordenada por el artículo 46 del Decreto 3743 de 1950”[6].
2.3. La situación de aparente ambigüedad
normativa que se describe con respecto al contenido del artículo 357 del Código
Sustantivo del Trabajo sorprende aún más, cuando de las indagaciones realizadas
por esta Corporación, es claro que interpretaciones judiciales de distintas
Corporaciones y transcripciones autorizadas en varios sitios oficiales, coinciden
con que el artículo 357 del C.S.T. fue subrogado por el artículo 26 del Decreto Legislativo 2351 de 1965.
A título de
ejemplo, puede observarse que en la página web del Ministerio de Protección
Social, al momento de presentación de la demanda ciudadana, aparecía reseñada
la siguiente información sobre el artículo 357 enunciado[7]:
“Artículo 357. Representación Sindical.
<Modificado por el artículo 26 del Decreto 2351 de 1965. El nuevo texto es
el siguiente:>
1. En una misma empresa no pueden coexistir
dos o más sindicatos de base. Si por cualquier motivo llegaren a coexistir subsistirá
el que tenga mayor número de afiliados, el cual debe admitir al personal de los
demás sin hacerles más gravosas sus condiciones de admisión.
2. Cuando en una misma empresa coexistiere
un sindicato de base con uno gremial o de industria, la representación de los
trabajadores, para todos los efectos de la contratación colectiva,
corresponderá al sindicato que agrupe a la mayoría de los trabajadores de dicha
empresa.
3. Si ninguno de los sindicatos agrupa a la
mayoría de los trabajadores de la empresa, la representación corresponderá
conjuntamente a todos ellos. El Gobierno reglamentará la forma y modalidades de
esta representación.
Texto original del Código Sustantivo del Trabajo:
Artículo 357. Sindicatos de Base. A los
sindicatos de base corresponde, de preferencia, la representación de sus
afiliados en todas las relaciones de trabajo; la presentación de pliegos de
peticiones; la designación de comisiones disciplinarias o de reclamos y la de
negociadores y de árbitros en su caso; y la celebración de contratos sindicales
y de convenciones colectivas de trabajo, para cuyo concierto deben ser
consultados los intereses de las respectivas actividades de los asociados. Por
lo mismo, dentro de una misma empresa, institución o establecimiento no pueden
coexistir dos (2) o más sindicatos de trabajadores; y si por cualquier motivo
llegaren a coexistir, subsistirá el que tenga mayor número de afiliados, el
cual debe admitir el personal de los demás sin hacerles más gravosas sus
condiciones de admisión”.
De igual forma, en sentencias de otras Corporaciones,
como es el caso de la decisión de la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Laboral del 9 de octubre de 1997,[8]
ese Tribunal manifestó en un análisis relacionado con la coexistencia de
sindicatos de empresa, que  el contenido del artículo 357 del Código Sustantivo
del Trabajo era el subrogado por el artículo 26 del decreto 2351 de 1965, así:
“Pero ocurre que si
bien hipotéticamente en materia colectiva a todo sindicato  le asiste la
potestad de representar los intereses de los agremiados, en el evento de
coexistencia de dos o más sindicatos, en los caso en que no se prohíbe tal
paralelismo (artículos 357 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por
el 26 del decreto 2351, y 11 del decreto reglamentario 1373 de 1996), para
los efectos de la contratación colectiva no todos ellos están revestidos de tal
poder, sino que en obedecimiento a los principios democráticos ya explicados, y
a la necesidad de que esa negociación en vez de estar diseminada en grupúsculos
sin connotación social, adquiera la fuerza y en lo posible la unidad que
permita más fácilmente el logro de los elevados objetivos legales y sociales,
se entrega a las mayorías sindicales la representatividad colectiva. Quiere
decir lo anterior que en la legislación colombiana en principio, con arreglo
del artículo 26 del decreto legislativo 2351 de 1965, convertido en legislación
permanente por la ley 48 de 1968, sólo el sindicato que agrupe la mitad más
uno del personal de la empresa respectiva, es el titular de la negociación,
calidad que lo faculta para promover el conflicto mediante la representación
del pliego, intentar su solución mediante el diálogo con su interlocutor
laboral y celebrar con él el acuerdo colectivo extensible en principio a todos
los trabajadores”. (Las subrayas fuera del original).
Rep
A su vez, en una providencia reciente de la Sala
de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia[9],
se reconoció también la subrogación del artículo 357 del C.S.T., en los
términos alegados, al precisar que:
“La inconformidad (…) con la sentencia
atacada radica rigurosamente en (i) la errónea apreciación de la convención
colectiva de trabajo, pues el Tribunal no advirtió que con el artículo primero
se establece que SINTRAISS actúo como sindicato mayoritario de conformidad
con el artículo 357 de Código Sustantivo del Trabajo, y  (ii) en que haya
concluido que no se presentó prueba para  establecer que el sindicato SINTRAISS
cobijara a más de la tercera parte de los trabajadores del Instituto de Seguros
Sociales, a pesar de haber dado por sentado que  la organización sindical fuera
mayoritaria por medio de la confesión ficta o presunta y por lo tanto la actora
no era beneficiaria de la convención colectiva de trabajo.
El contenido del artículo primero de la
convención colectiva de trabajo dice textualmente: “EL INSTITUTO, de una parte,
y de la otra, EL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE SEGUROS
SOCIALES- SINTRAISS, entidad con personería Jurídica otorgada por el Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social, mediante Resolución Nro. 1524 de mayo 31 de
1996,aprobada por el MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, se denominará EL
SINDICATO, quien actúa como SINDICATO MAYORITARIO de conformidad con el
artículo 357 CST y representante de las organizaciones sindicales: ANEC ASOCOLQUIFAR,
ASTECO, ASDOAS, ASBAS, ACODIN, ASINCOLTRAS Y ACITEQ, quienes al firmar el
presente texto, reconocen y aceptan tal representación con el principio de
autonomía sindical, consagrado en el Convenio de la OIT NRO. 87 de 1948
aprobado por la ley 26 de 1976”. (Subrayado fuera de texto - folios 83 y 84).
La referencia legal que trae este precepto
convencional dispone que  SINTRAISS actúa como sindicato mayoritario de
conformidad con el artículo 357 del Código Sustantivo del Trabajo, cuyo texto
reza:
“ART. 357.—Subrogado. D.L. 2351/65, art.
26. Representación sindical.
2. Cuando en una misma empresa coexistiere
un sindicato de base con uno gremial o de industria, la representación de los
trabajadores, para todos los efectos de la contratación colectiva, corresponderá
al sindicato que agrupe a la mayoría de los trabajadores de dicha empresa.”(Subrayado
fuera de texto).
Por su parte  el Decreto 1373 de 1966,
reglamentario del Decreto 2351 de 1965, en su artículo 11 dispone que: “2.
Cuando en una misma empresa coexistiere un sindicato de base con sindicatos
gremiales o de industria, la representación de los trabajadores, para todos los
efectos de la contratación colectiva, corresponderá al sindicato que
agrupe a la mitad más uno de los trabajadores de dicha empresa (...)”.
Pues bien, dichas normas definen
claramente que la representación de los trabajadores en la negociación
colectiva le corresponde a la organización que agrupe a la mayoría de los
trabajadores de la empresa, es decir, a la mitad más uno de los empleados de la
entidad.
Entonces, la prueba en comento sí evidencia
que SINTRAISS representó a los trabajadores en la contratación colectiva, en
situación aceptada y reconocida expresamente por el Instituto de Seguros
Sociales, no solamente, durante la negociación colectiva, sino también al
momento de  suscribir la convención colectiva de trabajo, la cual fue el
resultado del desarrollo del  ejercicio de la autonomía de la voluntad de las
partes”[10].  (Las subrayas
fuera del original).
En el mismo sentido, la Corte Constitucional ha
resaltado la subrogación normativa de ese artículo, al precisar por ejemplo, en
la sentencia T-656 de 2004 (M.P. Jaime Córdoba Triviño)
que el texto perteneciente al artículo acusado hoy, era precisamente el subrogado
por el Decreto 2351 de 1965, así:
“3.6. La legislación laboral desarrolla el
principio de la representación sindical.
Al respecto, el artículo 357 del Código
Sustantivo del Trabajo disponía lo siguiente:
Artículo 26. Representación Sindical.
1. En una misma empresa no pueden coexistir
dos o más sindicatos de base. Si por cualquier motivo llegaren a coexistir
subsistirá el que tenga mayor número de afiliados, el cual debe admitir al
personal de los demás sin hacerles más gravosas sus condiciones de admisión.
2. Cuando en una misma empresa coexistiere
un sindicato de base con uno gremial o de industria, la representación de los
trabajadores, para todos los efectos de la contratación colectiva,
corresponderá al sindicato que agrupe a la mayoría de los trabajadores de dicha
empresa.
3. Si ninguno de los sindicatos agrupa a la
mayoría de los trabajadores de la empresa, la representación corresponderá
conjuntamente a todos ellos. El Gobierno reglamentará la forma y modalidades de
esta representación.
La Corte Constitucional declaró la
inexequibilidad del numeral 1 de la disposición trascrita. Para la Corte, al
efectuar “la comparación del artículo 39 de la Constitución, en cuanto
garantiza a todos los trabajadores el derecho de constituir sindicatos, y de
las disposiciones del Convenio 87 de la O.I.T., especialmente en el artículo 2,
que dice que todos los trabajadores, sin ninguna distinción, tienen derecho a
constituir las organizaciones que estimen convenientes, se concluye que la
prohibición legal de formar sindicatos de base en una misma empresa, cuando ya
exista otro, resulta injustificada a la luz de la garantía expresa de la
Constitución de 1991”[1].
En la misma providencia declaró inexequible
el numeral 3 del mismo artículo, frente a lo cual expresó que “Es claro para la
Corte que si un grupo de trabajadores constituye y se afilia a un sindicato,
éste, para la efectividad del ejercicio del derecho de asociación sindical,
tiene la representación de tales trabajadores; y, siendo ello así, resulta
violatorio del artículo 39 de la Carta imponerle por la Ley que esa
representación deba necesariamente ejercerla ‘conjuntamente’ con otro u otros
sindicatos si ninguno agrupa a la mayoría de los trabajadores de la empresa,
pues eso menoscaba, de manera grave la autonomía sindical, razones por las
cuales se declarará la inexequibilidad del numeral 3 del artículo 26 del
Decreto 2351 de 1965”[1].
Así, pues, a partir de la sentencia
C-567/00, la representación sindical se caracteriza por lo siguiente: 1) Al
interior de una misma empresa pueden coexistir varios sindicatos de empresa o
de base; 2) El sindicato mayoritario tendrá la representación  de todos los
trabajadores de la empresa para efectos de la negociación colectiva; 3) La
representación de los sindicatos minoritarios para efectos de la negociación
colectiva corresponde a cada una de las organizaciones sindicales; 4) Cada uno
de los sindicatos minoritarios podrá adelantar su proceso de negociación
colectiva, con la advertencia que, que para efectos del Decreto 904 de 1951,
las convenciones colectivas posteriores a la primera se incorporarán a ella”.
Asimismo en la
sentencia C-063 de 2008 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández) en la que esta
Corporación estudió el numeral segundo del artículo 26 del Decreto 2351 de
1965, se reconoció en los  antecedentes de esa providencia, que el ciudadano “demandó
la inconstitucionalidad del numeral 2º del artículo 26 del Decreto Legislativo
2351 de 1965, que subrogó el artículo 357 del Código Sustantivo del Trabajo”
(subrayas fuera del original).
2.4. Ahora
bien, en atención a estas reflexiones preliminares, puede concluirse que existe
una posición, en principio mayoritaria, que aduce que el texto original del
artículo 357 del Código Sustantivo del Trabajo es el demandado por la ciudadana
y subrogado por el artículo 26 del Decreto 2351 de 1965, y otra posición, que
descarta ese contenido, y sostiene que el texto de ese artículo es el que
corresponde al texto original de esa norma según la versión oficial del Código Sustantivo
del Trabajo de 1951, que es la tesis que sostiene la Procuraduría.
En consecuencia,
debe preguntarse esta Corporación: ¿corresponde a la Corte Constitucional determinar
cuál es texto normativo vigente en relación con el artículo 357 del Código
Sustantivo del Trabajo demandado por la ciudadana para adelantar así su
análisis constitucional?
A primera
vista la respuesta pertinente sería negativa, teniendo en cuenta que esta
Corporación en múltiples oportunidades ha reconocido que no le corresponde dirimir asuntos relacionados con la vigencia de las disposiciones
acusadas[11], toda vez que la Corte
no ha sido concebida como una instancia para que hacer juicios de vigencia
sobre normas, ni estudios relacionados con los efectos derogatorios de los
preceptos jurídicos[12].
De hecho, el
examen de constitucionalidad de una norma legal parte de la correspondencia
lógica entre el contenido real y no presunto de la misma,  los cargos aducidos
en contra de la disposición y las normas constitucionales que se estiman
violadas. Cuando el cargo se estructura a partir de unos contenidos normativos inexistentes
o que no son, se rompe la correspondencia enunciada, y resulta imposible en
consecuencia, adelantar el examen de constitucionalidad. En tal caso, la ausencia
de claridad normativa sobre el objeto de control constitucional, imputable  en
esa situación al demandante, puede dar lugar a la inadmisión de la acción de
inconstitucionalidad  o a la inhibición de la Corte en la sentencia, por inepta
demanda. Al respecto, este Tribunal ha reconocido que “para que la Corte
Constitucional pueda establecer, con fuerza de verdad jurídica, la
inexequibilidad que ante ella se solicita, es indispensable que la demanda
recaiga sobre un texto real y no simplemente deducido por el actor o
implícito.”[13]
Como se ha
indicado, entonces, no son pocas las ocasiones en las que la Corte
Constitucional se ha declarado inhibida para pronunciarse sobre la vigencia de
disposiciones particulares, principalmente cuando tales pronunciamientos han
sido el objeto de interés de los demandantes que aducen la derogatoria tácita,
como razón de inconstitucionalidad[14]. También se ha declarado
inhibida en otras oportunidades, cuando la derogatoria de un precepto es
expresa y no cabe duda de que la acción de inconstitucionalidad pretende la
inexequibilidad de una norma derogada, cuando claramente no produce efectos
jurídicos.
Con todo, ¿qué
ocurre en casos como el que convoca a la Sala en esta oportunidad, cuando en
principio, la norma demandada por la ciudadana parece ser la correcta, salvo interpretaciones
en  contrario de algunas fuentes de consulta subsidiarias, que permiten
generalizar esa ambigüedad normativa?
Sobre el
particular debe recordar esta Corporación que en ciertas ocasiones, la Corte ha
entrado a definir si la norma acusada está vigente o no, sólo con el propósito
necesario y único de determinar objetivamente la materia legal sujeta a su
control. Si una  norma derogada ha sido acusada, por ejemplo, la Corte
Constitucional debe estudiarla sólo si continúa proyectando sus efectos en el
tiempo. Por consiguiente, en caso de incertidumbre sobre la derogatoria tácita de
una norma demandada, generalmente la Corte no se inhibe de estudiar los cargos,
porque en tales casos, el precepto demandado podría estar produciendo efectos
jurídicos.
En esta
oportunidad, no obstante, no se trata de una demanda dirigida  contra una norma
tácitamente derogada que permita hacer un estudio constitucional sobre ella, por
estar produciendo efectos. De hecho, está claro que la ciudadana dirigió sus
cargos, no contra el texto original del artículo 357 del  Código Sustantivo del
Trabajo de 1951, sino que acusó de inconstitucional,  ese artículo
aparentemente subrogado por el Decreto 2531 de 1965 (Art. 26).  La
incertidumbre entonces se concreta en determinar si el contenido normativo del
artículo 357 del Código Sustantivo del Trabajo, objeto de control constitucional,
es el subrogado o no, porque es contra el subrogado, que se dirige la acción ciudadana.
De concluirse
que el texto vigente al momento de la presentación de la demanda ciudadana era el
del artículo 357 no subrogado del Código Sustantivo del Trabajo, esta
Corporación se declarará inhibida en todo caso de conocer de la acción de inconstitucionalidad
de la referencia,  por ausencia de cargos e inepta demanda, ya que esa norma
original no es el objeto de reparo constitucional de la ciudadana y contra ella
no de dirigieron sus críticas, defecto que obligaría a la
Corte a proferir un fallo inhibitorio en relación con ese disposición.
En caso
contrario, es decir, si la norma objeto de estudio fue subrogada, la Corte
entrará a evaluar bajo ese supuesto, los cargos dirigidos contra el precepto
357 del Código Sustantivo del Trabajo que se acusa.
Ante  esta ambigüedad
legislativa, entra la Corte a considerar en su análisis algunos elementos
puntuales de la vigencia y contenido normativo del artículo 357 del Código
Sustantivo del Trabajo.
3. Reflexiones
sobre la vigencia de la norma acusada.
3.1. La Edición Oficial del Código Sustantivo del Trabajo de 1951, con las
modificaciones ordenadas por el artículo 46 del Decreto Ley 3743 de 1950[15],
que compiló los Decretos 2663 y 3743 de 1950 y 905 de 1951, es la
versión oficial de la que puede partir inicialmente esta Corporación[16],
para hacer un recuento normativo sobre los alcances y vigencia del artículo 357
del Código Sustantivo del Trabajo. Tal edición oficial de hecho, estableció en la
Parte II, Título I, Capítulo I de ese Código, los siguientes artículos:
“Artículo 356. Los sindicatos de
trabajadores se clasifican así:
De base, si están formados por individuos
de varias profesiones, oficios o especialidades, que prestan sus servicios en
una misma empresa, establecimiento o institución.
De industrias, si están formados por
individuos que prestan sus servicios en varias empresas de una misma rama
industrial.
Gremiales, si están formados por individuos
de una misma profesión, oficio o especialidad.
De oficios varios, si están formados de
trabajadores de diversas profesiones, disímiles o inconexas. Estos últimos sólo
pueden solo pueden formarse en los lugares donde no haya trabajadores de una
misma actividad, profesión u oficio en el número mínimo requerido para formar
uno gremial y sólo mientras subsista esa circunstancia.
Artículo 357. A los sindicatos de base
corresponde, de preferencia, la representación de sus afiliados en todas las
relaciones de trabajo; la presentación de pliegos de peticiones; la designación
de comisiones disciplinarias o reclamos y la de negociadores, entre sus propios
miembros; el nombramiento de conciliadores y de árbitros en su caso; y la
celebración de contratos sindicales u de convenciones colectivas de trabajo,
para cuyo concierto deben ser consultados los intereses de las respectivas
actividades de los asociados. Por lo mismo, dentro de una misma empresa,
institución o establecimiento no pueden coexistir dos (2) o más sindicatos de
trabajadores; y si por cualquier motivo llegaren a coexistir, subsistirá el que
tenga mayor número de afiliados, el cual debe admitir el personal de los demás
sin hacerles más gravosas sus condiciones de admisión”[17].
El artículo 357 en su tenor literal establece en
consecuencia que: (a)  corresponde al sindicato de base frente a otros
tipos de sindicatos, “de preferencia”, la representación de los
trabajadores; (b) que dentro de la misma empresa, no pueden coexistir
más de dos sindicatos, independientemente de la naturaleza del que se trate, -
ya que la norma habla de sindicatos de trabajadores sin hacer distinción
-,  y (c) que  en caso tal de llegar a coexistir en una misma empresa
dos o más sindicatos de cualquier orden, en principio distintos al de base, sólo
subsiste el mayoritario.
Sobre la vigencia de este código y sus derogatorias, además,
la versión oficial del Código Sustantivo del Trabajo  de 1951 que se cita,
afirmó lo siguiente:
“Art. 490  El presente código principia a
regir el día primero (1º)  de enero  del año mil novecientos cincuenta y uno
(1951).
Artículo 491. 1. Desde la fecha en que
principie la vigencia  de este Código, quedan suspendidos todas las leyes,
decretos, resoluciones y demás preceptos anteriores de carácter nacional,
reguladores de las materias contempladas en este Código, en cuanto han venido
rigiendo los derechos  individual y colectivo del trabajo  entre patronos y
trabajadores particulares y los del derecho colectivo del trabajo entre la
administración pública y sus servidores[18].
2. Suspéndanse los artículos 121, 122, 123,
124, 125, 126, 127, 128 y 129 del Decreto 2158 de 1948, adoptado como ley por
el Decreto 4133 de 1948[19].
Artículo 492. Quedan vigentes las normas
que regulan el salario mínimo, el seguro social obligatorio y el derecho
individual de trabajo en cuanto se refiere a los trabajadores oficiales”.
3.2. En 1965,
el legislador extraordinario profirió conforme a la legislación de estado de
sitio, el Decreto 2351 de 1965,
“Por el cual se hacen unas reformas al Código Sustantivo del Trabajo”.
Decreto que fue publicado en el Diario Oficial No
31.754, el 17 de septiembre de 1965. En los fundamentos de ese decreto
legislativo se dijo en su momento lo siguiente: “Que
es conveniente introducir al Código Sustantivo del Trabajo vigente, las
modificaciones que constituyen un avance en esta materia, para afianzar la
tranquilidad social del país”.
Desde esa perspectiva se profirió el artículo 26 sobre
representación sindical, que en su texto original determinó lo siguiente:
“ARTICULO 26. Representación sindical.
En una misma empresa no pueden coexistir
dos o más sindicatos de base. Si por cualquier motivo llegaren a coexistir
subsistirá el que tenga mayor número de afiliados, el cual debe admitir al
personal de los demás sin hacerles más gravosas sus condiciones de admisión.
Cuando en una misma empresa
coexistiere un sindicato de base con uno gremial o de industria, la
representación de los trabajadores, para todos los efectos de la contratación
colectiva, corresponderá al sindicato que agrupe a la mayoría de los
trabajadores de dicha empresa
Si ninguno de los sindicatos agrupa a la
mayoría de los trabajadores de la empresa, la representación corresponderá conjuntamente
a todos ellos. El gobierno reglamentará la forma y modalidades de esta
representación”.
El tenor de
esta norma difiere del artículo 357 original del Código Sustantivo del Trabajo
de 1951, e incluso puede ser contrario en muchos aspectos al 26 enunciado, por
las siguientes razones:
(a) Precisa el artículo 26, que no pueden coexistir en una  misma
empresa, dos sindicatos de base. Esa condición difiere de la establecida
originalmente en el artículo 357 del Código de 1951, porque esa norma particularmente
no fijó esa prohibición expresa. Así, bajo el amparo del artículo 357 del Código
Sustantivo del  Trabajo de 1951 podrían existir dos (2) sindicatos de base en
una empresa, ya que el artículo 357 que se comenta sólo habla de sindicatos
de trabajadores en términos genéricos; y en caso de coexistencia de dos
sindicatos de base, según esa norma, la representación laboral sería del
sindicato mayoritario.
De lo
anterior se desprende que el artículo 357 original, podía llegar a ser
contrario a la prohibición expresa del artículo 26 enunciado de coexistencia de
sindicatos base, ya que esa última norma sí establecía sobre el particular una
prohibición de coexistencia, de manera taxativa.
(b) Adicionalmente
a lo anterior, el artículo 26 señala concretamente que  si la coexistencia en
la empresa es de un sindicato de base con uno gremial o de industria, el
mayoritario es el que prevalece en materia de representación de los
trabajadores. Esta precisión no se desprendía tampoco de la norma original del
Código Sustantivo del Trabajo de 1951 (Art. 357), ya que como su texto lo
indica, la preferencia de representación recaía principalmente en el
sindicato mayoritario de trabajadores cualquiera fuera su naturaleza, aunque
con prevalencia del sindicato de base. En este sentido la norma
posterior también estipula de manera especial, unas reglas particulares en
materia de representación en el caso de coexistencia entre ese tipo de
sindicatos.  Bajo el amparo del artículo 357 original, no necesariamente
debería prevalecer el mayoritario, sino el de base, énfasis que difiere al
artículo 26 descrito e incidía para la fecha, en la representación sindical.
(c) Por
último, el artículo 26 reguló a sí mismo un aspecto no previsto en el Código
Sustantivo del Trabajo de 1951 (Art. 357), como lo fue la ausencia de mayorías
sindicales o el llamado empate, en una empresa. Para solucionar esa situación,
la norma propuso claramente que la representación fuese conjunta  en caso de
que la coexistencia de sindicatos no permitiese establecer uno mayoritario y
que el Gobierno regulara esa situación[20]. En este punto como se puede constatar de la norma original del
Código Sustantivo del Trabajo de 1951, esa disposición guardó silencio, por lo
que frente a ese aspecto, el artículo 26 llenó un eventual vacío normativo, en
caso de enfrentamiento, por ejemplo, entre dos sindicatos de base. Una
interpretación literal del artículo 357 original de 1951 en caso de un empate o
de ausencia de mayorías en  sindicatos de diferente naturaleza, daría como
respuesta normativa preferentemente, la prevalencia del sindicato de base
frente a otros, mientras que el artículo 26 regula que la representación debía
ser conjunta, lo que implica resultados normativos disímiles.
Así mismo, en
cuanto a la vigencia del Decreto 2351 de 1965, el artículo 42 de esa norma
señaló lo siguiente:
“ARTICULO 42. Este decreto rige desde la
fecha de su expedición, y suspende las disposiciones del Código Sustantivo
del Trabajo y de las leyes especiales que le sean contrarias y los
parágrafos 1o. y 2o. de la ley 102 de 1958”.  (Las subrayas fuera del
original).
3.3. Posteriormente,
con la Ley 48 de 1968, “Por la cual se adopta como legislación permanente algunos
decretos legislativos, se otorgan facultades al Presidente de la República y a
las Asambleas, se introducen reformas al Código Sustantivo del trabajo y se
dictan otras disposiciones”, publicada en
el Diario Oficial No 32.679, del 26 de diciembre de 1968, el Congreso de la
República decidió que el Decreto Legislativo 2351 de 1965 debía volverse
legislación permanente, con algunas modificaciones y adiciones que fueron las
siguientes:
ARTICULO 3o. Los Decretos legislativos números 2351 de
1965 y 939 de 1966, seguirán rigiendo como leyes después de levantado el estado
de sitio, con las modificaciones y adiciones siguientes:
1. El Gobierno previo concepto favorable del Consejo
Nacional del Trabajo, cuya emisión es suficiente para justificarlos, podrá
dictar reglamentos especiales destinados a incrementar las exportaciones; el
empleo de mano de obra en determinadas actividades o empresas, principalmente
en la industria de la construcción y el mantenimiento regular de servicios
esenciales o enderezados al fomento de regiones en donde imperen condiciones de
desempleo y de bajo desarrollo económico.
Tales reglamentos podrán exceptuar las actividades,
empresas y regiones económicas a que se refiere este numeral, de la aplicación
de algunas disposiciones legales que normalmente regulan las actividades
laborales y de cuya no aplicación pueda deducirse, con la mayor certidumbre
posible, que se facilitará notoriamente el logro de los objetivos a que se
refiere el inciso primero de este numeral[21].
2. En cualquier momento, antes de la
declaración de huelga o durante su desarrollo, el sindicato o sindicatos a que
estén afiliados más de la mitad de los trabajadores, o en defecto de éstos, los
trabajadores, en asamblea general, podrá solicitar que las diferencias precisas
respecto de las cuales no se haya producido acuerdo entre las partes en las
etapas de arreglo directo y de conciliación, contenidas en el pliego de peticiones de los trabajadores
como proyecto de convención colectiva o de pacto colectivo de trabajo[22], sean sometidas al fallo de un tribunal de arbitramento
obligatorio constituido en la forma que se determina más adelante.
El Ministro del Trabajo, de oficio o a
solicitud del sindicato o sindicatos, o en defecto de estos, de los
trabajadores, en asamblea general someterá a votación de la totalidad de los
trabajadores de la empresa si desean o no sujetar las mencionadas diferencias a
fallo arbitral, y si la mayoría absoluta de ellos optare por lo primero, no se
suspenderá el trabajo y se reanudará dentro del término máximo de tres (3) días
hábiles siguientes el tribunal de arbitramento obligatorio llamado a proferir
dicho fallo.
3o. El tribunal de arbitramento
obligatorio se compondrá de tres miembros designados así: uno por la empresa,
otro por el sindicato o sindicatos a que estén afiliados más de la mitad de los
trabajadores, o en defecto de éstos por los trabajadores, en asamblea general,
y el tercero de común acuerdo por dichos dos árbitros. En caso de que los dos
árbitros no se pongan de acuerdo para elegir el tercero dentro de las 48 horas
siguientes a su posesión, dicho árbitro será designado por el Ministerio del
Trabajo de lista integrada por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia integrará dicha lista para
periodos de dos años con doscientos ciudadanos colombianos, residentes en los
distintos Departamentos del país, que sean abogados titulados, especialistas en
derecho laboral o expertos en la situación económica y social del país y de
reconocida honorabilidad.
4o. Si una huelga, por razón de su naturaleza o
magnitud afecta de manera grave los intereses de la economía nacional
considerada en su conjunto, el Presidente de la República podrá ordenar en
cualquier momento la cesación de la huelga y que los diferendos que la
provocaron sean sometidos a fallo arbitral. Pero el Presidente no podrá tomar
esa decisión sin el concepto previo y favorable de la Sala Laboral de la Corte
Suprema de Justicia. Se deroga el ordinal i) del artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo tal como
fue sustituido por el artículo 1o. del Decreto legislativo 753 de 1956[23].
5o. No obstante lo dispuesto en el artículo 26 del Decreto legislativo 2351 de 1965,
cuando el setenta y cinco por ciento (75%) o más de los trabajadores de una
misma profesión, oficio o especialidad al servicio de una empresa estén
afiliados a un solo sindicato gremial, el pliego de peticiones que éste le
presente a la empresa deberá discutirse directamente con ese sindicato, y el
acuerdo a que se llegue formará un capítulo especial de la respectiva
convención colectiva de trabajo.
6o. La pensión de jubilación a que se refiere el
numeral 14 del artículo 7o. del Decreto 2351
de 1965, es la consagrada en los artículos 260 del Código Sustantivo del trabajo y 11 del
Decreto 3041 de diciembre 19 de 1966.
7o. La acción de reintegro que consagra el
numeral 5o. del artículo
8o. del Decreto 2351
de 1965, prescribirá en el término de tres meses contado desde la fecha del
despido[24].
Respecto de la vigencia de la Ley 48 de de 1968,  el artículo 6 determinó que la
ley regiría desde su sanción.
3.4. Por
último, con la Ley 50 de 1990 del 1º de enero de 1991[25]
“Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se
dictan otras disposiciones”, se hicieron profundas modificaciones a la
legislación laboral, pero no se alteró en modo alguno el artículo 357 del
C.S.T.
De hecho, en cuanto a las vigencias de la Ley 50 de 1990, el artículo 116
de esa ley determinó que quedaban derogados los artículos 358 ordinal 2, 379 literal a), 397, 427, 437, 438, 439, 440, 441 y 442 del Código Sustantivo del Trabajo,
artículo de la Ley 65 de 1966 y demás disposiciones que fuesen contrarias a esa
Ley.
3.5. El
tránsito legislativo que se acaba de reseñar, en consecuencia, demuestra cómo
las disposiciones involucradas en el debate sobre la vigencia y contenido del
artículo 357 del CST, en los términos propuestos por el Ministerio Público, se
contraen a valorar si el artículo 26 del Decreto 2351 de 1965, integrado como
legislación permanente por la Ley 48 de 1968 y con sus modificaciones, derogó o
subrogó tácitamente el artículo 357 del Código Sustantivo del Trabajo de 1951,
ya que esa decisión del legislador no fue en ningún modo expresa.
Cómo lo
recordó la sentencia C-159 de 2004 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra), la derogación
expresa ocurre cuando el legislador señala en forma determinante  y concreta
los artículos que deroga. Es decir, no es necesaria interpretación alguna de
las normas en cuanto a su vigencia, pues simplemente se excluyen del
ordenamiento los preceptos legales, desde el momento en que así lo señale el
legislador. En contraposición a esa figura, la derogación tácita supone con el  cambio
de legislación, una incompatibilidad entre lo regulado en la nueva ley y lo
establecido en la ley anterior. En tal caso, se hace necesario interpretar
ambas leyes, para establecer cuál es la ley que rige la materia, o si la
derogación es total o parcial, o si se dio una subrogación, que involucra la
sustitución de un texto por otro, derivado de la derogación de la norma.
Una interpretación
normativa en tal sentido, requiere del análisis de los artículos 71[26]
y 72[27] del Código Civil, así
como del 2º y  3º de la  Ley 153 de 1887,  que consagran la figura de la
derogatoria tácita y determinan sus efectos.
Los artículos
71 y 72 del Código Civil, autorizan la derogatoria tácita, especificando que
existe y opera, cuando la norma anterior sobre una misma materia es contraria a
las disposiciones de la nueva ley. Los artículos 2[28]
y 3[29] de la Ley 153 de 1887,
de otro modo, imponen a las autoridades judiciales en materia de interpretación
legal, reconocer que la ley posterior prevalece sobre
la ley anterior y que en caso de que una ley posterior sea contraria a otra
anterior, y ambas preexistentes al hecho que se juzga, se aplicará la ley
posterior. A su vez, que una ley puede derogarse por declaración expresa del
legislador, o por incompatibilidad con disposiciones especiales posteriores, o
por existir una ley nueva que regula íntegramente la materia a que la anterior
disposición se refería.
También puede
producirse la sustitución de una norma por otra posterior que es una forma de
derogación que se ha llamado por la teoría jurídica, subrogación.
Es claro
entonces que las leyes nuevas derogan las anteriores que les sean contrarias, y
que la derogatoria es tácita cuando la nueva ley[30]
contiene disposiciones que no pueden conciliarse con las de la ley anterior.[31]
La
derogatoria, tácita o expresa, por lo tanto, es un fenómeno de teoría
legislativa donde no sólo juega lo jurídico sino la conveniencia
político-social[32].El Congreso tiene competencia para derogar las
normas precedentes de acuerdo a la atribución que expresamente le confiere la
Carta (Art. 150 C.P) así como en atención al propio principio democrático y en
la soberanía popular (Art. 1 y 3 C.P), que hacen que las potestades
legislativas, siempre y cuando no violen normas superiores, sean inagotables.
En ese sentido, es la propia libertad política del legislador la que le permite
a ese órgano, expulsar del ordenamiento una norma que hasta ese momento era
totalmente válida, ya sea para sustituirla por otra disposición o para regular
toda una materia[33].
Con todo, la derogación de una norma no afecta
tampoco ipso iure la eficacia de las normas, pues en general las
situaciones surgidas bajo su vigencia continúan rigiéndose por ella. Ello justifica
que la Corte se pronuncie en ocasiones, sobre preceptos derogados, en los casos
en que éstos siguen produciendo efectos[34].
3.6. Visto
el estudio normativo anterior sobre los alcances y modificaciones del artículo
357 del Código Sustantivo del Trabajo, y los criterios  a considerar  sobre si
existe o no una derogatoria tácita, se concluye por esta Corporación lo
siguiente:
(i) Como la
confusión normativa con respecto al artículo 357 ha sido un hecho notorio no
imputable exclusivamente a la ciudadana, no puede afirmar esta Corporación que
la demanda es inepta por la “imprecisión” normativa en la que al parecer
incurrió la demandante. De hecho, no puede la Corte declararse inhibida ante
ese hecho, alegando un presunto “yerro” atribuible a la ciudadana, en la
medida en que ese “error” frente al contenido del artículo 357 del CST es
notorio y recae en la interpretación normativa realizada por fuentes de
consulta de diversa índole. Como ese hecho incide  en el análisis que debe
adelantar esta Corporación en lo concerniente a la norma sobre el cual recae el
control constitucional y en atención al principio pro actione, debe la
Corte revisar en principio la situación que propone la accionante.
(ii) Ahora
bien, considera la Corte que analizados los antecedentes legislativos del
artículo 357 del C.S.T. y la figura de la derogatoria tácita,  lo cierto es que
el artículo 26 del Decreto 2351 de 1965 incorporado en la legislación
permanente en virtud de la Ley 45 de 1968, sí subrogó el artículo 357 del CST
de 1951 o lo derogó de manera tácita por varias razones: (a) El artículo
26 del Decreto 2351 de 1965, era una norma posterior al CST de 1951. Además,
fue incorporado a la legislación permanente también por una norma posterior,
como lo fue la Ley 45 de 1968, por lo que se trata de una decisión posterior
del legislador. (b) Del análisis literal de los dos artículos, podría pensarse
que ambas normas son compatibles entre sí,  por lo que el artículo 357 original
estaría vigente, bajo el supuesto de que esa norma “se acomoda” al
numeral 1º del artículo 26 del Decreto 2351 de 1965 sobre los sindicatos de
base. No obstante se ha demostrado previamente que ello no es así, al analizar
los efectos disímiles de la representación sindical entre ambas normas,  teniendo
en cuenta que el numeral 1º del artículo 26 establece una prohibición que dista
mucho en sus efectos de ser compatible con las reglas que fija el artículo 357
original del Código Sustantivo del Trabajo de 1951 como ya se explicó. Esa
aparente conciliación que se percibe, entonces, no es cierta, porque la
prohibición del artículo 26 inciso 1, alude a los sindicatos de base en una
misma empresa y semejante determinación no existía  así, en el artículo 357 del
Código de 1951. En consecuencia, este primer aspecto desvirtúa la vigencia del
artículo 357 original del CST de 1951 bajo las reglas hermenéuticas antes
descritas, que claramente alegan la posibilidad de que las dos normas
subsistan, siempre y cuando no se de una derogatoria tácita de la norma previa,
por incompatibilidad del precepto anterior frente al nuevo.
Al explicar
el artículo 26 del Decreto 2351 de 1965, esta Corte analizó varias posibilidades
de incompatibilidad entre la norma posterior y la anterior y la distancia
evidente entre los efectos queridos por el legislador en uno y otro caso, ya
que la regulación del artículo 26 es mucho más amplia y particular en lo
concerniente a los distintos tipos de sindicato en la empresa y su
representatividad, lo que permite concluir en consecuencia, que el artículo 357
del Código Sustantivo del Trabajo en el momento de la presentación de esta
demanda, correspondía al texto enunciado por la peticionaria, que era el
artículo 357 del CST, subrogado por el artículo 26 del Decreto 2531 de 1965[35].
A
continuación en consecuencia, revisará la Corte el texto normativo acusado y establecerá
si es cierto o no que existe, como lo alega el Ministerio Público, cosa juzgada
material en el caso objeto de análisis por la Corte Constitucional.
4. De la
existencia de cosa juzgada constitucional.
4.1. En la
sentencia C-567 de 2000 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra) esta Corte declaró
inexequibles previamente los numerales 1 y 3 del artículo 26 del Decreto 2351 de 1965. Por eso al momento de la demanda, la
ciudadana sólo acusó la constitucionalidad del numeral 2º de esa disposición
jurídica.
Recientemente
sin embargo,  y con posterioridad a la admisión de esta acción ciudadana,
mediante la sentencia C-063 de 2008 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández) la Corte
conoció de una demanda dirigida contra el inciso 2 del artículo 26 del Decreto
Legislativo 2351 de 1965 descrito, atacado en esa oportunidad,  por vulnerar el
preámbulo, los artículos 13, 39, 53, 55, y 93 de la Constitución Política, así
como los artículos 2, 3 y 8 del Convenio 87 de 1948 sobre la libertad sindical;
los artículos 1  y 2 del Convenio 98 de 1949 sobre el derecho de sindicación y
de negociación colectiva; los artículos 1, 2, 3 y 5 del Convenio 135 de 1971
sobre los representantes de los trabajadores y los artículos 2, 3, 5, 7 y 8
del  Convenio 154 sobre negociación colectiva.
En relación
con al Preámbulo, afirmó el accionante en esa oportunidad, que su vulneración
se derivaba del hecho de que a través de la norma acusada, se estaba
restringiendo la participación democrática de las organizaciones sindicales en
la discusión de las prerrogativas laborales de la contratación colectiva. En lo
concerniente a la violación del artículo 39 de la Carta, dijo el ciudadano  en
esa demanda, que la norma implicaba una injerencia indebida del Estado en los
sindicatos, al imponer reglas que atentan contra los derechos democráticos y
contra el derecho fundamental de asociación, del que son igualmente titulares
quienes hayan optado por afiliarse a un sindicado de industria y no a la
organización sindical de base.
Sobre la
violación al artículo 53 de la Constitución alegó el actor el menoscabo del
derecho a la negociación colectiva, al suplantar al representante, por aquel de
otra organización sindical diferente a la escogida por el trabajador para el
mejoramiento de sus condiciones laborales. Y finalmente con respecto al
artículo 93 superior, se alegó la vulneración del bloque de constitucionalidad
correspondiente a las disposiciones contenidas en los diferentes Convenios
Internacionales de la OIT como el 87 de 1948, el Convenio 98 de 1949, el
Convenio 135 de 1971 y el Convenio 154 de 1981. En ese sentido el ciudadano acusó
la norma, de permitir que se suplante la representación de los sindicatos de
industria por la de los sindicatos de base, impidiendo por completo la
negociación colectiva de una categoría de trabajadores y suprimiendo la representación
del sindicato minoritario de industria, en detrimento de su derecho a la
igualdad  en relación con el derecho de asociación y con el derecho a la
representación sindical.
La Corte concluyó frente a estos cargos, que si bien el derecho de
sindicación y el de negociación colectiva son cuestiones diferenciadas, - que
en caso del último puede admitir restricciones -, de conformidad con lo
previsto en la Constitución, el art. 55 y el Convenio 98 de la OIT., el
impedimento absoluto a los sindicatos minoritarios de negociar colectivamente,
no se atiende los principios de razonabilidad y proporcionalidad, exigidos al
legislador en la determinación normativa. Además, vulnera no solo el derecho de
negociación colectiva sino también el derecho a la  libertad sindical, eje
fundamental de los derechos de los trabajadores. Para la sentencia que se
describe, el derecho de los trabajadores de negociar libremente con los
empleadores las condiciones de trabajo, como elemento esencial de la libertad
sindical, implica la autonomía de las organizaciones sindicales para presentar
pliegos de peticiones y de negociarlos de manera libre, a través de sus propios
representantes. En el caso de análisis, al disponer el legislador que la
representación de los trabajadores, para todos los efectos de la negociación
colectiva, corresponderá al sindicato mayoritario, hace un reconocimiento al
sindicato mayoritario para todos los efectos citados, con lo cual, su finalidad
parecería ajustarse a los propósitos constitucionales de garantizar la
negociación colectiva tomando una medida que parecería contribuir a su
promoción y fomento.
Sin embargo, para
la Corte, ello no atiende al principio de proporcionalidad, cuando dicho
propósito se produce a costa del sacrificio de la autonomía de los sindicatos
minoritarios, vulnerándoles sus derechos constitucionales de negociación
colectiva y libertad sindical; y afectando además, de manera indirecta, a los
sindicatos de industria cuando éstos agrupan a la minoría de los trabajadores
de una empresa, pues se desfavorece que la negociación colectiva se lleve a
cabo por dicha categoría de sindicato y con ello que la contratación colectiva
se amplíe a otros niveles.
Por último,
sobre los efecto de la decisión, la Corte consideró que la exclusión del
ordenamiento jurídico de la norma acusada no conducía a la atomización de las
negociaciones y al desmedro de la seguridad jurídica de las relaciones laborales,
ya que no se trata de multiplicar las negociaciones y las convenciones en
función del número de sindicatos coexistentes, sino de asegurar la
participación directa de cada uno de tales sindicatos en las negociaciones  que
lleven a la suscripción de la correspondiente convención colectiva de trabajo.
Por eso, dado
que a juicio de la Corte la disposición demandada no tenía  justificación
constitucional, pues restringía a los sindicatos minoritarios el derecho a la
negociación colectiva de manera irrazonable y desproporcionada, declaró “inexequible
el numeral 2º del artículo 26 del Decreto Legislativo 2351 de 1965” en esa
providencia.
4.2. En el
caso objeto de análisis, dado que al momento de la admisión de la demanda no
existía la decisión constitucional definitiva que se describió previamente,
esta Corporación considero procedente en su momento, la admisión de la acción y
el  análisis constitucional correspondiente.
No obstante,
ya que con la sentencia C-063 de 2008 la Corte resolvió declarar inexequible el
numeral 2º del artículo 26 del Decreto Ley 2351 de 1965, lo cierto es que tal
disposición jurídica ha desaparecido del ordenamiento y ha operado en
consecuencia el fenómeno de la cosa juzgada constitucional. Por tal razón, este
Tribunal ordenará estarse a lo resuelto en la citada providencia.
III.
DECISION
En mérito de
lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-063 de 2008, en la que se  declaró inexequible el numeral 2º del artículo 26
del Decreto Legislativo 2351 de 1965, que subrogó el artículo 357 del CST.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
archívese el expediente.
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Presidente
JAIME ARAUJO RENTERIA
Magistrado
Con aclaración de voto
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MENDEZ
Secretaria General
ACLARACION DE VOTO A LA SENTENCIA C-668 DE 2008 DEL MAGISTRADO JAIME
ARAÚJO RENTERÍA
CONVENCION COLECTIVA-Coexistencia de más de una convención
colectiva en una misma empresa (Aclaración de voto)
DERECHO DE ASOCIACION SINDICAL-Coexistencia de varias asociaciones
sindicales de base en una misma empresa (Aclaración de voto)
Referencia: expediente D-7040
Demanda de
inconstitucionalidad contra el  artículo 357 numeral 2 del Código Sustantivo
del Trabajo.
Magistrado
Ponente:
MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Con
el respeto acostumbrado por las decisiones de esta Corte, me permito aclarar mi
voto al presente fallo, el cual decide estarse a lo resuelto en la sentencia
C-063 de 2008, en la que se declaró inexequible el numeral 2º del artículo 26
del Decreto Legislativo 2351 de 1965, que subrogó el artículo 357 del CST, en
razón a que en su momento aclaré igualmente mi voto a la sentencia C-063 del 2008
a la cual se atiene la presente decisión, por lo cual me permito reiterar aquí
los argumentos expuestos en dicha oportunidad, a los que me remito por
considerar que siguen siendo válidos en el presente estudio de
constitucionalidad y por tanto me permito citar in extenso:
“Con el respeto acostumbrado por las decisiones
de esta Corte, me permito aclarar mi voto frente a la presente decisión, ya que
si bien me encuentro de acuerdo con la parte resolutiva de este fallo, en
cuanto declara la inexequibilidad de la disposición acusada, considero
necesario realizar algunas observaciones respecto de varios temas tratados en
la parte considerativa y motiva de esta providencia, como paso a exponer a
continuación:
1. En primer término, si bien el suscrito
magistrado se encuentra de acuerdo con la sentencia en que lo esencial es
garantizar la participación de todos los sindicatos en la negociación
colectiva, y que por tanto es inconstitucional que se limite la participación
de éstos a través de una regulación mediante la cual, cuando en una misma
empresa coexistiere un sindicato de base con uno gremial o de industria, la
representación de los trabajadores, para todos los efectos de la contratación
colectiva, corresponderá al sindicato que agrupe a la mayoría de los
trabajadores de dicha empresa; considero necesario aclarar que no coincido con
la consideración que se hace en la parte motiva de esta providencia –aparte 5.
pág. 19- respecto de que sólo puede existir una convención colectiva de trabajo
en una empresa.
Por el contrario, considero que hace parte
del núcleo esencial de la libertad sindical –art. 39 Superior y Convenios 87 y
98 de la OIT-, la posibilidad de que así como pueden existir varias
asociaciones sindicales de base, principio constitucional que hace parte del
núcleo esencial de la libertad sindical y del derecho de asociación sindical,
derechos que han sido restablecidos por esta Corporación[36],
así también pueden éstas asociaciones sindicales pueden suscribir varias
convenciones colectivas, todo lo cual redunda en el fortalecimiento de la
autonomía sindical y en últimas en la garantía efectiva de los derechos de los
trabajadores, todo lo cual se encuentra en armonía con los artículos 39, 53 y
55 de la Constitución Política, y los Convenios 87, 98 y 154 de la OIT.
2. En segundo lugar, considero que la
inexequibilidad que se declara en el presente fallo tiene consecuencias
prácticas, como la que se busca con esta demanda de constitucionalidad, en el
sentido de que cada sindicato pueda tener su propia convención. En este
sentido, considero que la fórmula de inexequibilidad decidida en la sentencia
es la acertada en cuanto se refiere a asegurar la participación de todos los
sindicatos en la negociación colectiva, lo cual implica a mi entender, la
posibilidad que diversos sindicatos suscriban diversas convenciones colectivas
de trabajo.
3. De otra parte, en relación con la
jurisprudencia de esta Corte sobre el tema que ahora nos ocupa, encuentro
conveniente anotar aquí que la referencia de la sentencia C-567 de 2000 que se
hace en esta sentencia es necesaria para mostrar la consolidación de la línea
jurisprudencial de la Corte sobre la garantía de la autonomía sindical, el
derecho de asociación sindical y el derecho de negociación colectiva y su
resultado en las convenciones colectivas de trabajo.
Es en este sentido que la sentencia C-567
de 2000 declaró inconstitucional el numeral 1º del artículo 26 del D.L. 2351 de
1965, que disponía que en una misma empresa no podían coexistir dos o más
sindicatos de base, por limitar el derecho de los trabajadores de agruparse en
distintas y variadas organizaciones sindicales, en ejercicio de la libertad
sindical y el derecho de asociación sindical y en aras de ejercer los derechos
que se derivan de estos primeros como el de negociación colectiva, del cual se
deriva a su vez la posibilidad de suscribir las convenciones colectivas de
trabajo.
4. Finalmente, en relación con el tema de
la representación de las organizaciones sindicales, me permito recordar que de
conformidad con la jurisprudencia de esta Corte, el principio válido en este
ámbito es que quien negocia a nombre del sindicato es quien fue designado
válidamente de entre sus miembros para ello, y que dicha representación es un
asunto que hace parte del núcleo esencial de la libertad sindical y el derecho
de asociación sindical, razón por la cual el Legislador no puede intervenir en
esta materia, tal y como quedó establecido en la sentencia C-797 del 2000. “
Con
fundamento en lo expuesto, aclaro mi voto a la presente sentencia.
Fecha ut supra.
JAIME ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
[1] El artículo 3º del Convenio 87 de la OIT,
reza lo siguiente: “Artículo 3. //1. Las organizaciones de trabajadores y
de empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos
administrativos, el de elegir libremente sus representantes, el de organizar su
administración y sus actividades y el de formular su programa de acción. //2.
Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a
limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal.
[2] Mediante
concepto No 4483 del 12 de febrero de 2008
[3] Este
texto normativo indicado por el Procurador, únicamente figura como tal en la
referencia que hace sobre el particular, la Secretaría Senado, consultada en http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/C_SUSTRA.HTM
En las demás fuentes jurídicas informativas, el texto del artículo 357 aparece
subrogado por el del artículo 26 del Decreto 2351 de 1965.
[4]
Ver por ejemplo el artículo 357 enunciado en: el  Código
Sustantivo del Trabajo, Editorial Leyer, 2007; el Código Sustantivo del
Trabajo, Editorial Legis, envío No 233 de noviembre de 2007; Lexbase.com  en:http://www.lexbase.biz/lexbase/codigos/codigo%20sustantivo%20del%20trabajo/codigosustantivodeltrabajo.htm,
entre otras.
[5] Cfr. con  la Secretaría Senado, consultada
en http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/C_SUSTRA.HTM
En las demás fuentes jurídicas informativas, el texto del artículo 357 aparece
subrogado por el del artículo 26 del
Decreto 2351 de 1965.
[6] En la actualidad la referencia normativa realizada
por la Secretaría del Senado sobre esa norma es la siguiente: “ARTICULO 357.
SINDICATOS DE BASE. <Ver Notas del Editor para la
interpretación de este artículo y las declaratorias de INEXEQUIBILIDAD con
respecto al artículo 26 del Decreto 2321 de 1965> A los sindicatos de base
corresponde, de preferencia, la representación de sus afiliados en todas las
relaciones de trabajo; la presentación de pliegos de peticiones; la designación
de comisiones disciplinarias o de reclamos y la de negociadores y de árbitros
en su caso; y la celebración de contratos sindicales y de convenciones
colectivas de trabajo, para cuyo concierto deben ser consultados los intereses
de las respectivas actividades de los asociados. Por lo mismo, dentro de una
misma empresa, institución o establecimiento no pueden coexistir dos (2) o más
sindicatos de trabajadores; y si por cualquier motivo llegaren a coexistir,
subsistirá el que tenga mayor número de afiliados, el cual debe admitir el
personal de los demás sin hacerles más gravosas sus condiciones de admisión.
<Notas del Editor> -Considera el editor, que es importante tener en
cuenta lo dispuesto por el numeral 5o. del artículo 3o. de la Ley 48 de 1968,
sobre representación sindical, pliego de peticiones y convención colectiva. //El
texto referido es el siguiente: "ARTÍCULO 3.  ...." "5o. No
obstante lo dispuesto en el artículo 26 del Decreto legislativo 2351 de 1965,
cuando el setenta y cinco por ciento (75%) o más de los trabajadores de una
misma profesión, oficio o especialidad al servicio de una empresa estén
afiliados a un solo sindicato gremial, el pliego de peticiones que éste le
presente a la empresa deberá discutirse directamente con ese sindicato, y el
acuerdo a que se llegue formará un capítulo especial de la respectiva
convención colectiva de trabajo. //<Notas de vigencia> - Este artículo
corresponde al artículo 374 del Decreto 2663 de 1950, su numeración inicial fue
variada por la edición oficial del Código Sustantivo del Trabajo, ordenada por
el artículo 46 del Decreto 3743 de 1950.//<Jurisprudencia Vigencia>  -
Numeral 2o. del Artículo 26 del Decreto 2351 de 1965 declarado INEXEQUIBLE por la
Corte Constitucional mediante Sentencia C-063 de 2008 de 30 de enero de de
2008, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández. - Numerales 1o. y 3
del Artículo 26 del Decreto 2351 de 1965 declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-567-00 del 17 de mayo de 2000, Magistrado Ponente Dr.
Alfredo Beltrán Sierra”
[7]
Consultada en mayo de 2008. En la actualidad la referencia al
Código Sustantivo del Trabajo no aparece en la página en mención.
[8] Corte Suprema de
Justicia. Sala de Casación Laboral. Exp 10381. C.P. José Roberto Herrera Vergara.
[9] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral,
Magistrada Ponente: ISAURA VARGAS DIAZ, Radicación No.     21302, Bogotá, D.C.,
dieciséis (16) de abril de dos mil cuatro (2004)
[10] En esa sentencia la Corte Suprema de Justicia estudió
un cargo dirigido por la señora Aída Yolanda Villada Ospina quien alegaba que
el  juez de alzada  en su demanda original contra el Seguro Social, no se “fundamentó
en la convención colectiva de trabajo (reintegro, intereses a las cesantías,
primas de servicio extralegales y auxilio de alimentación) al estimar que ésta
no resultaba aplicable a la demandante, por no haberse demostrado que el
sindicato suscriptor de la convención colectiva de trabajo agrupaba a más de la
tercera parte de los trabajadores de la entidad demandada”(folio 19
cuaderno 2), por cuanto “no advirtió que al probarse el carácter mayoritario
de SINTRAISS, ello implicaba la demostración de que el sindicato suscriptor de
la convención colectiva de trabajo agrupaba a más de la tercera parte de los
trabajadores al servicio del ISS” (ibídem). Y, que precisamente esa
categoría de mayoritario “se establece cabalmente con el texto del artículo
1º de la convención colectiva de trabajo en la cual se establece  que SINTRAISS
actúa como sindicato mayoritario de conformidad con el artículo 357 del CST.
(En la referida norma convencional se consagra que EL SINDICATO NACIONAL DE
TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES “se denominará EL SINDICATO,
quien actúa como SINDICATO MAYORITARIO de conformidad con el Artículo 357
C.S.T.). Si bien el Tribunal apreció la referida convención colectiva no advirtió
el claro contenido de la norma convencional citada” (ibídem).
[11] Sentencia C-419 de 2002.
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[12] Sentencia C-898 de 2001
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[13]
Sentencia C-504 de 1995, M.P José Gregorio Hernández Galindo. Pueden
consultarse entre otras, también  las sentencias C- 509 de 1996 y C-599 de
2000.
[14] En la Sentencia C-898 de 2001 M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa, se estudió el caso de  un demandante que solicitó la
inconstitucionalidad de la norma, por estimarla tácitamente derogada. Dijo esa
sentencia: “Tampoco es la acción de inconstitucionalidad el medio idóneo
para pedirle a la Corte que declare formalmente que la norma demandada ha sido
tácitamente derogada. No puede el demandante afirmar, sin elevar cargos
específicos de inexequibilidad, que una norma es inconstitucional, para luego
pedir que se declare que en realidad no está vigente. (…)Así, la
solicitud de inconstitucionalidad es tan sólo la puerta de entrada para pedir
una declaratoria de derogatoria tácita, lo cual es contrario a la acción
pública de inconstitucionalidad. La Corte en esta oportunidad se declaró
inhibida por inepta demanda.
[15] Publicada en el Diario
Oficial 27622 del jueves 7 de junio de 1951. El Código Sustantivo del Trabajo
en su primera versión, decreto 2663 de 1950, fue el publicado en el diario
oficial 27407 de 9 de septiembre de 1950.
[16]Con la Ley 6ª de 1945, “Por la cual se dictan algunas
disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones profesionales,
conflictos colectivos y jurisdicción especial del trabajo”, publicada en el
Diario Oficial No 25.790, del 14 de marzo de 1945, se introdujo por primera
vez, la idea de que en una empresa no podrían coexistir dos o más sindicatos, y
que de ser el caso de que ello ocurriera, subsistiría el sindicato de empresa
mayoritario que además tendría la representación de los afiliados en todas las
relaciones de trabajo. En efecto, el artículo 39 de esa ley mencionada rezaba
lo siguiente: “ARTICULO 39. Los sindicatos de empresas son la base de la
organización sindical; a ellos corresponde, de preferencia, la representación
de sus afiliados en todas sus relaciones de trabajo; la presentación de pliegos
de peticiones; la designación de comisiones disciplinarias o de reclamos y la
de negociadores, de entre sus propios miembros; el nombramiento de
conciliadores y árbitros, en su caso, y la celebración de contratos sindicales
y convenciones colectivas de trabajo, para cuyo concierto deberán ser
debidamente consultados los intereses de los diversos gremios. Por lo mismo,
dentro de una misma empresa no podrán coexistir dos o más sindicatos de
trabajadores. Si de hecho los hubiere, subsistirá el que tenga mayor número
de afiliados, el cual deberá admitir el personal de los demás sin hacerles más
gravosas sus condiciones de admisión”. El Aparte subrayado, fue declarado
EXEQUIBLE por la Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia del 9 de marzo
de 1948.
[17]
Este artículo que aparece en el Código Sustantivo del Trabajo de 1951 con el
número 357, correspondía originalmente en el Decreto 2633 de 1950, esto es en
la primera edición del Código Sustantivo del Trabajo, con el número 374.
[18]
Teniendo en cuenta que este artículo deroga expresamente todas las
disposiciones anteriores en materia de derecho colectivo del trabajo, la Corte
inicia su estudio con el Código Sustantivo del Trabajo de 1951 que se cita. Si
el término “suspéndanse” no se entiende como una derogatoria, en todo caso la
suspensión implica la vigencia de una norma “mientras exista orden en contrario
que impida su aplicación”. Como ese código en muchos aspectos se encuentra
vigente y en otros ha sido derogado por otras leyes posteriores, la suspensión
en la práctica ha implicado la derogatoria de las normas anteriores.
[19]
Relacionadas con autoridades de conocimiento y reglas
procesales ante los jueces.
[20] En efecto, el Gobierno Nacional mediante el Decreto 1373 de 1966 “Por el cual se reglamentan los
artículos 4o., 7o. numerales, 9, 14 y 15; 9o., 10, 14 numeral 2; 17, 20, 25,
26, 39 y 40 del Decreto extraordinario No. 2351 de 1965”, determinó sobre el
artículo 26, lo siguiente: “Artículo 11. 1. En una misma empresa no pueden
coexistir dos o más sindicatos de base. Si por cualquier motivo llegaren a
coexistir subsistirá el que tenga mayor número de afiliados, el cual debe
admitir al personal de los demás sin hacerles más gravosas sus condiciones de
admisión. //2. Cuando en una misma empresa coexistiere un sindicato de base con
sindicatos gremiales o de industria, la representación de los trabajadores,
para todos los efectos de la contratación colectiva, corresponderá al sindicato
que agrupe a la mitad más uno de los trabajadores de dicha empresa. En este
evento el sindicato mayoritario deberá avisar a los otros sindicatos, con
treinta (30) días de anticipación, la fecha en que ha de celebrarse la asamblea
general que debe aprobar el pliego de peticiones, a fin de que éstos puedan
enviar, si así lo acuerdan, los puntos o materias que les interesen. La
asamblea general decidirá por mayoría de votos si los incluye en el pliego o
los rechaza, indicando en este último caso las razones que determinen su
negativa. //3. Si los sindicatos minoritarios no solicitan al mayoritario la
inclusión de sus peticiones en el pliego, se entenderá que no tienen interés en
la negociación colectiva.// PARAGRAFO. Cuando el setenta y cinco por ciento
(75%) o más de los trabajadores de determinado oficio o especialidad al
servicio de una empresa estén afiliados a un solo sindicato, el pliego de
peticiones que éste le presenta a la empresa deberá discutirse directamente con
ese sindicato, y el acuerdo a que se llegue formará un capítulo especial de la
respectiva convención colectiva de trabajo. //4. Cuando la representación de
los trabajadores para la negociación de un pliego de peticiones deba ejercerse
conjuntamente por no agrupar un solo sindicato a la mayoría de los trabajadores
de la empresa, se procederá así: //a. Se integrará una comisión redactora del
proyecto de pliego, formada por sendos representantes de los sindicatos, todos
los cuales deben ser trabajadores de la respectiva empresa. Esta comisión
dispondrá de un término máximo de treinta (30) días para acordar el pliego de
peticiones. El proyecto de pliego debe ser convenido por mayoría y sometido
luego a la aprobación de las asambleas generales de los distintos sindicatos,
antes de su presentación al patrono.// Elaborado y aprobado el pliego de peticiones
en la forma indicada anteriormente, se designará la comisión negociadora del
mismo, compuesta de tres miembros elegidos en asamblea conjunta del personal
sindicalizado y en proporción al número de afiliados que tenga cada uno de
ellos en la empresa. Esta asamblea deberá ser presidida por el Inspector del
Trabajo y efectuarse dentro de un término no mayor de treinta (30) días,
contados a partir de la fecha en que el pliego quede acordado por la comisión
redactora. // b. Si el pliego de peticiones no quedare elaborado y aprobado en
la forma prevista anteriormente, la representación corresponderá al sindicato
que elijan en asamblea general los trabajadores sindicalizados de la empresa,
por mayoría absoluta, en votación secreta y papeleta escrita, bajo la
vigilancia de un Inspector del trabajo, quien la convocará a solicitud de
cualquiera de las organizaciones sindicales y se celebrará en la ciudad donde
tenga su domicilio principal la empresa. // El sindicato así elegido, deberá
incluir en el pliego de peticiones, además de sus puntos, aquellos que las
demás organizaciones sindicales de la Empresa consideren como específicos de su
ocupación, especialidad, oficio y remuneración y aceptará la asesoría de sendos
representantes de estas organizaciones, para la inclusión de sus puntos dentro
del pliego general y la negociación correspondiente. Estos asesores deberán ser
trabajadores de la empresa. // El sindicato que lleve la representación
comunicará a los otros sindicatos por escrito, con treinta (30) días de
anticipación, la elaboración del pliego, a fin de que éstos puedan presentarle
oportunamente sus puntos específicos, para lo cual dispondrán de un plazo de
diez 10) días, contados a partir del día en que reciban la comunicación de
aquel. //PARAGRAFO. El Ministerio del Trabajo determinará en cada caso, de
oficio o a solicitud de parte, a qué sindicato corresponde la representación de
los trabajadores, previa la investigación que realice la División de Asuntos
Colectivos”.
[21] Numeral 1o. declarado
INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-234-02 de 2 de abril
de 2002, Magistrado Ponente Dr. Eduardo Montealegre Lynett.
[22]
La expresión resaltada fue declarada INEXEQUIBLE por la Corte Suprema de
Justicia, mediante Sentencia del 12 de junio de 1970.
[23]
Ese numeral fue  declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante
Sentencia No. C-548-94 del 1 de diciembre de 1994, Magistrado Ponente Dr.
Hernando Herrera Vergara. También el ordinal fue declarado EXEQUIBLE por la
Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia del 9 de diciembre de 1969.
[24]
Numeral declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia No.
C-548-94 del 1 de diciembre de 1994, Magistrado Ponente Dr. Hernando Herrera
Vergara. En general, La Corte Suprema de Justicia se declaró inhibida para
decidir por falta de unidad normativa, mediante Sentencia No. 018 del 14 de
marzo de 1985, Magistrado Ponente Dr. Manuel Gaona Cruz.
[25] Diario Oficial No.
39.618 de esa fecha.
[26] Dice el artículo 71 del Código Civil: “La derogación
de las leyes podrá ser expresa o tácita.//Es expresa, cuando la nueva ley dice
expresamente que deroga la antigua.//Es tácita, cuando la nueva ley contiene
disposiciones que no pueden conciliarse con las de la ley anterior.”.
[27] El artículo 72 del Código Civil dice lo siguiente:
“La derogación tácita deja vigente en las leyes anteriores, aunque versen sobre
la misma materia, todo aquello que no pugna con las disposiciones de la nueva
ley”.
[28] ARTICULO 2o. La ley posterior prevalece sobre la ley
anterior. En caso de que una ley posterior sea contraria á otra anterior, y
ambas preexistentes al hecho que se juzga, se aplicará la ley posterior.
[29] ARTICULO 3o. Estimase
insubsistente una disposición legal por declaración expresa del legislador, ó
por incompatibilidad con disposiciones especiales posteriores, ó por existir
una ley nueva que regula íntegramente la materia á que la anterior disposición
se refería.
[30] Sentencia
C-159 de 2004 M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[31] Sentencia
C-541 de 1995 M.P. Jorge Arango  Mejía
[32] Sentencia
C-159 de 2004 M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[33] Sentencia C-145 de 1994. MP Alejandro Martínez
Caballero.
[34]
Sentencia C-145 de 1994. MP Alejandro Martínez
Caballero.
[35]
Nótese que las modificaciones del Código Sustantivo del
Trabajo  a las que s hace referencia, son anteriores a la constitución de 1991
y en consecuencia, no se enfrentan a los debates actuales sobre la modificación
de Códigos por parte del legislador sea extraordinario o no.
[36] Ver por ejemplo la
sentencia C-567 del 2000.