C-741-01
Sentencia C-741/01
Sentencia C-741/01
FONDOS GANADEROS DEPARTAMENTALES-Representante nacional/FEDERACION NACIONAL DE FONDOS GANADEROS-Representación
nacional
Los
efectos que se le reconoce a la representación que ejerce Fedefondos, a partir
de los textos contenidos en  la Ley 363 de 1997, se concentran en la defensa
gremial de los intereses de un sector crucial de la economía, que supone su
intermediación política en todos los escenarios nacionales en los que estén en
juego la definición de políticas que interesan al gremio de ganaderos.  En
ningún caso esta labor implica una intermediación jurídica o legal que limite
el ejercicio del objeto social que cumplen los Fondos Ganaderos
Departamentales.
NORMA ACUSADA-Generalidad
e imprecisión
NORMA ACUSADA-Indeterminación
no es razón para inconstitucionalidad/NORMA ACUSADA-Carácter antitécnico
La manera indeterminada - algunas veces
claramente antitécnica - como el legislador expide algunas disposiciones,
aunque constituye una práctica indeseable, no es razón suficiente para predicar
su inconstitucionalidad.
NORMA ACUSADA-Formulación
de efectos implícitos eventuales no derivados expresamente
NORMA ACUSADA-Duda
razonable
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Elementos indispensables/DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos/DEMANDA
DE INCONSTITUCIONALIDAD-Acusación en debida forma
El
artículo 2 del Decreto 2067 de 1991 establece los elementos indispensables que
debe reunir la demanda en los procesos de inconstitucionalidad. Se trata de
“unos requisitos mínimos razonables que buscan hacer más viable el derecho [de
participación política], sin atentar en ningún momento contra su núcleo
esencial”. Así, si un ciudadano demanda una norma, “debe cumplir no sólo
formalmente sino también materialmente estos requisitos, pues si no lo hace,
hay una ineptitud sustancial de la demanda” que impide que la Corte se
pronuncie de fondo. Además, el artículo 241 de la Constitución al consagrar de
manera expresa las funciones de la Corte, señala que a ella le corresponde la
guarda de la integridad y supremacía de la Constitución en los estrictos y
precisos términos del artículo. De acuerdo con esta norma, “no corresponde a la
Corte Constitucional revisar oficiosamente las leyes sino examinar aquellas que
han sido demandadas por los ciudadanos, lo cual implica que el trámite de la
acción pública sólo puede adelantarse cuando efectivamente haya habido demanda,
esto es, una acusación en debida forma de un ciudadano contra una norma legal”.
INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Suposición no contenida en norma impugnada
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Recae sobre todo texto y no deducido o implícito
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD-No recae sobre prácticas
Referencia: expediente
D-3323
Demanda de inconstitucionalidad contra el
artículo 23 de la Ley 363 de 1997 “por la cual se reforma la Ley 132 de 1994,
Estatuto Orgánico de los Fondos Ganaderos”.
Actor: Hernán Guillermo Aldana Duque
Magistrado ponente:
Dr. MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Bogotá, D.C., julio once (11) de
dos mil  uno (2001)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en
cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos de
trámite establecidos en el  Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública de
inconstitucionalidad, el ciudadano Hernán Guillermo Aldana Duque presentó
demanda contra el artículo 23 de la Ley 363 de 1997 “por la cual se reforma la
Ley 132 de 1994, Estatuto Orgánico de los Fondos Ganaderos”.
Cumplidos los trámites constitucionales y legales
propios de los procesos de constitucionalidad, la Corte Constitucional procede
a decidir acerca de la demanda en referencia.
II. NORMA DEMANDADA
El texto de la disposición demandada, de conformidad
con su publicación en el Diario Oficial N° 42.988 del 24 de febrero de 1997, es
el siguiente:
“Ley 363 de 1997
(agosto 15)
Por la cual se reforma la Ley 132 de 1994, Estatuto Orgánico de los
Fondos Ganaderos
El Congreso de Colombia
DECRETA:
(...)
Artículo 23. Para los efectos pertinentes previstos en la presente Ley; la
representación nacional de los Fondos Ganaderos estará en cabeza de la
Federación Nacional de los Fondos Ganaderos ´FEDEFONDOS´”.
III. LA DEMANDA
En opinión del actor, el artículo 23 de la Ley 363 de
1997 vulnera los artículos 1, 2, 13, 38, 150 numeral 7, 298 y 300 de la
Constitución Política.  Estos son los argumentos en los que se sustenta la
acusación presentada:
1. El artículo acusado señala que para los efectos
pertinentes previstos en la Ley 363 de 1997, la representación nacional de los
Fondos Ganaderos estará en cabeza de una entidad denominada: Federación
Nacional de Fondos Ganaderos (Fedefondos). La disposición supone “que para que
la representación opere, es requisito necesario que los Fondos Ganaderos se
asocien en aquella”[1].
Esto significa “que un Fondo Ganadero Departamental deberá necesaria y
forzosamente integrarse como socio de la Federación de Fondos Ganaderos, so
pena de no tener acceso a las líneas de crédito, que es uno de los aspectos
establecidos en el artículo 17 de la Ley 363 de 1997”[2].
En este orden de ideas, añade que: “no existe un
motivo razonable que justifique que los Fondos, no obstante ser personas
jurídicas de derecho privado, y por lo tanto, gozar de plena capacidad de goce
y de ejercicio, se vean obligados a transitar por la Vía de la Federación Nacional
de Fondos Ganaderos para tramitar y obtener los recursos de crédito que, como
servicio público que es, debiera ofrecerse por el Estado en las condiciones más
sencillas y directas posibles, en aplicación del principio de celeridad y
economía que rige la función administrativa”[3].
Así, se viola el artículo 38 de la Constitución, “al transmutarse, por la
voluntad del legislador, el derecho de asociación en el deber de asociación”[4].
2. En consecuencia, la norma impugnada también
infringe el derecho a la igualdad garantizado por la Carta Política, pues sólo
reconoce a los Fondos Ganaderos como beneficiarios del crédito agropecuario a
través de las líneas de crédito que refiere la Ley 363 de 1997.  Señala el
actor que “otros sujetos eventualmente beneficiarios del crédito agropecuario a
través de la línea de crédito citada [por ejemplo, las personas naturales o
jurídicas], se ven tratados de modo diferente a como lo son los Fondos Ganaderos,
lo cual introduce, dada la similitud de situaciones entre aquellos y éstos, un
trato discriminatorio injustificado y desigual que atenta contra el principio
establecido en el artículo 13 de la Constitución, según el cual los sujetos de
derechos se deben tratar en condiciones de igualdad”[5].
3. “Como ocurre que muchos de los Fondos Ganaderos no
son, a términos del artículo 97 de la Ley 498 de 1999, sociedades de economía
mixta, por ser la participación de capital de origen público inferior al 50%
del capital social, resulta que el legislador, adicionalmente, ha intervenido
en el campo de la autonomía de la voluntad de las personas privadas, lo cual
lesiona igualmente el citado precepto constitucional, en relación con el
artículo 150, numeral 7.  En efecto, esta norma le permite al legislador
intervenir en materia de estructuración de la administración pública y en la
creación de sociedades de economía mixta, o mediante la autorización para
constituirlas, pero no en las sociedades que no tienen tal naturaleza”[6].
4. Existe, además, una clara vulneración del principio
de autonomía de los entes territoriales a los que se hace referencia en los
artículos 1, 298 y 300 de la Constitución Política. Sobre el particular se
señala que: “[l]a creación de los Fondos Ganaderos Departamentales es
competencia exclusiva de las Asambleas Departamentales y manifestación del
poder autonómico del manejo de sus bienes y rentas”[7].  Así, “al disponer el
artículo acusado que los citados Fondos y por ende sus bienes, serán
representados por una Federación de Fondos a la cual, se debe llegar por vía
obligada y no por la espontánea voluntad de los Fondos Ganaderos
Departamentales, si quieren beneficiarse de los servicios y bienes que ofrece y
regula esta ley,..., la autonomía en el manejo de los bienes y rentas de los
Departamentos se ve afectada en el grado territorial indicado y destruido el
núcleo central de la estructura conceptual de la autonomía administrativa y
fiscal de esos entes territoriales”[8].
IV. INTERVENCIONES
1. Intervención del Ministerio de Agricultura y
Desarrollo rural
La ciudadana Patricia Cuevas Marín, en su calidad de
apoderada del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, intervino en el
proceso para solicitar la declaratoria de constitucionalidad de la norma
acusada.  Estos son los argumentos en los que se funda su petición:
1.1. “De la lectura de la norma acusada resulta claro
que en ningún caso se está obligando a los Fondos Ganaderos a asociarse a la
Federación Nacional de Fondos Ganaderos, ni mucho menos que su libertad de
organizarse y ser representados dependa de su afiliación a la Federación.  Por
el contrario, un análisis armónico de las normas que conforman la Ley 363 de
1997, nos permite concluir que no es cierto que para la formación de un Fondo
Ganadero y desarrollo de su objeto social se requiera asociarse a Fedefondos”[9].
1.2. En este orden de ideas, no puede afirmarse que el
precepto demandado viola el derecho a la igualdad garantizado por el artículo
13 Superior, “porque las normas que establecen mecanismos de financiación no
imponen, para acceder a ellos, el requisito que supone el demandante”[10].
1.3. Por último, se afirma que: “la función que el
artículo 300 numeral 7 de la Constitución atribuye a las asambleas
departamentales de autorizar la formación de las sociedades de economía mixta,
para el caso que nos ocupa –la creación de un Fondo Ganadero- se debe cumplir
en los  términos establecidos por la Constitución -artículos 64, 65 y 66- desarrollados
en la Ley 363, sin que ello implique la pérdida de autonomía que en tal sentido
tienen las asambleas departamentales”[11].
2. Intervención de la Federación Nacional de Fondos
Ganaderos
El ciudadano Luis Fernando Caicedo Lince, en
representación de la Federación Nacional de Fondos Ganaderos, presentó un
escrito en el que defiende la exequibilidad del artículo 23 de la Ley 363 en
los siguientes términos:
2.1. El concepto de “representación nacional” que se
predica de Fedefondos, “no implica, ni se refiere a una representación legal,
mediante la cual la Federación sí podría ejecutar actos administrativos y
comprometer recursos de los Fondos Ganaderos.  Con este concepto de
representación nacional, lo que quisieron los miembros de la Federación, de
manera espontánea y voluntaria fue tener un canal de comunicación que tramitara
las preocupaciones y necesidades [gremiales] de una manera unificada ante los
entes nacionales, de cualquier orden.  En consecuencia, lo que hace el artículo
23 es incluir, dentro de la normatividad de los Fondos Ganaderos, una función
que viene ejecutándose desde 1976.  Este canal encaja dentro de las
normatividades establecidas por el gobierno nacional para simplificar los
trámites y reducir el número de agentes y los costos operativos que generaría
dicha función si la ejecutara cada uno de los fondos de manera individual”[12].
2.2. “Mirado desde este concepto de representación
nacional, contemplado en el citado artículo 23, de ninguna manera la está
otorgando ni una representación legal ni le está dando una capacidad de veto a
la Federación para impedir que los Fondos Ganaderos puedan acceder a las líneas
de crédito de tipo asociativo.  El hecho es que examinada la normatividad
existente en ninguna parte se dice que para  legitimar una gestión con
implicaciones administrativas o de tipo económico o financiero, se debe contar
con el visto bueno de la Federación”[13].
2.3. Para finalizar se afirma que: “mirados los
elementos que se utilizan para aducir la inconstitucionalidad del artículo 23
de la Ley 363 de 1997, es claro que los argumentos y ejemplos utilizados por el
demandante no están contemplados en la norma que rige actualmente los Fondos
Ganaderos, y como tal, el artículo 23, en su texto, en ningún momento habla que
para acceder a lo establecido por la ley, este acto esté condicionado a una
vinculación forzosa a la Federación”[14].
V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA
NACION
El Procurador General de la Nación, en
concepto N° 2452 recibido el 22 de febrero de 2001, solicita a la Corte
Constitucional “declararse inhibida para efectuar el análisis de
constitucionalidad del artículo 23 de la Ley 363 de 1997”[15]. Este es el argumento
que sintetiza las razones en las que se fundamenta la petición:
1. “Llama la atención del Ministerio Público
que el artículo 23 de la Ley 363 de 1997, no consagra el supuesto de hecho en
el que se funda la demanda, por cuanto ni él ni ninguna otra norma de la
mencionada ley exigen que los créditos y beneficiarios allí consagrados sólo se
puedan recibir si los Fondos Ganaderos para los que fueron diseñados estos, se
encuentran afiliados a la Federación Nacional de Ganaderos.  Falsa apreciación
del demandante que debería llevar a la Corte Constitucional a inhibirse de
adelantar el estudio de la norma en los términos propuestos en el escrito de la
demanda, pues la función de control no puede quedar, en este caso, circunscrita
a efectuar el análisis de constitucionalidad sobre el contenido de una norma a
la que el ciudadano le hace decir lo que un en su letra un en su espíritu
regula.  [L]a norma acusada no contempla, ni expresa ni  tácitamente, la
obligación para los Fondos Ganaderos de asociarse a la Federación Nacional de
Fondos Ganaderos, como tampoco de ello depende el otorgamiento de los créditos
y beneficios que la Ley 363 de 1997 consagra, hecho que exime a este Despacho
como a la Corte Constitucional de efectuar un pronunciamiento de fondo sobre la
constitucionalidad del artículo 23 de la Ley 363 de 1997”[16].
VI.  CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. Competencia
La Corte es competente para conocer del
proceso de la referencia, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 241
numeral 4° de la Constitución Política.
2. Problema Jurídico
2.1. Al examinar un artículo que se limita a señalar que la
representación nacional de los Fondos Ganaderos Departamentales estará en
cabeza de la Federación Nacional de los Fondos Ganaderos “Fedefondos”, el actor
acusa la inconstitucionalidad de una serie de consecuencias derivadas de tal
representación, relacionadas, entre otras materias, con la necesidad de
pertenecer a dicha entidad en los eventos en los que los Fondos Ganaderos
Departamentales deseen acceder a las líneas de crédito en el sector
agropecuario.  En efecto, los términos generales en los que la disposición
demandada reconoce a una federación nacional la representación de los fondos
departamentales para los efectos pertinentes previstos en la Ley 323 de 1997
permite suponer una serie de efectos jurídicos que contrarían la Constitución
Política; sin embargo, tales cargos se apoyan en interpretaciones de la norma
que no se desprenden de su tenor literal ni de la aplicación sistemática de la
referida ley.
2.2. Por esta razón, la Corte Constitucional deberá hacer (i.)
una referencia puntual al ámbito de aplicación de la norma impugnada,
precisando cuál es el significado de la representación nacional que para los
efectos previstos en la Ley 363 de 1997 se le reconoce a “Fedefondos”.
Posteriormente (ii.) se presentará una breve consideración acerca de los
requisitos que deben cumplir las demandas de inexequibilidad para permitir el
pronunciamiento de fondo por parte de este Tribunal.
3. Ámbito de aplicación de la disposición acusada
3.1. Una revisión integral del contenido de la Ley 363 de 1997
permite desentrañar el significado de la representación nacional que, para los
efectos previstos en tal regulación, se le reconoce a Fedefondos.  En el texto
de la Ley no existe ninguna referencia expresa que condicione cualquiera de las
actividades de fomento, mejoramiento, y sostenibilidad del
sector agropecuario a que desarrollan los Fondos Ganaderos Departamentales, a
su pertenencia a la federación que lleva su vocería a nivel nacional. Los
efectos que se le reconoce a la representación que ejerce Fedefondos, a partir
de los textos contenidos en  la Ley 363 de 1997, se concentran en la defensa
gremial de los intereses de un sector crucial de la economía, que supone su
intermediación política en todos los escenarios nacionales en los que
estén en juego la definición de políticas que interesan al gremio de
ganaderos.  En ningún caso esta labor implica una intermediación jurídica
o legal que limite el ejercicio del objeto social que cumplen los Fondos
Ganaderos Departamentales[17].
3.2. Los cargos presentados por el actor no pueden predicarse de la
norma impugnada, tal y como ha sido consagrada en la ley, pues no obstante la
generalidad e imprecisión con la que se concibió el artículo 23, su campo de
acción escapa las esferas de la representación legal que mantienen,
naturalmente, los fondos departamentales y se limita a la tarea de
intermediación gremial y política en los términos ya referidos[18].  En este orden de
ideas: (i.) no se deriva del tenor de la norma demandada ni de artículo
alguno de la Ley 363, que sea necesario que un Fondo Ganadero Departamental se
asocie a Fedefondos para acceder a las líneas de crédito agropecuario en los
términos previstos por los artículos 3 y 17 de la Ley 363 de 1997[19]; (ii.) la
representación nacional que ejerce Fedefondos no supone un trato diferenciado
entre los interesados a las líneas de crédito establecidas por el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural que dependa de su afiliación a la Federación; y,
(iii.) la existencia y labor que cumple dicha entidad gremial no
condiciona, como  no lo hace ninguna asociación gremial, el ejercicio de la
autonomía territorial que establece la Constitución.
3.3. Ahora bien: la manera indeterminada - algunas veces claramente
antitécnica - como el legislador expide algunas disposiciones, aunque
constituye una práctica indeseable, no es razón suficiente para predicar su
inconstitucionalidad.  Las acusaciones contra el artículo 23 de la Ley 363 de
1997 parten, entonces, de la interpretación que hace el actor de la norma para
formular una serie de efectos implícitos eventuales de la representación
nacional que se le confiere a Fedefondos, que considera inconstitucionales.
Tales reproches, admisibles en el escenario de la discusión jurídica, son
insuficientes para que este Tribunal se pronuncie sobre el fondo de la norma
impugnada, pues no se derivan expresamente de la aplicación de los textos
legales objeto de estudio.
No es que los efectos eventuales que preocupan al actor carezcan
absolutamente de base textual, pues el carácter antitécnico del artículo
demandado aumenta su indeterminación y crea confusión acerca de su campo de
aplicación.  Como se recordará, la norma acusada se inicia con la siguiente
frase: “Para los efectos pertinentes previstos en la presente ley”; obviamente
cabe preguntarse cuáles son tales “efectos pertinentes”. En la ley no hay
ningún artículo que refiera los alcances, los ámbitos o las consecuencias de la
representación nacional de Fedefondos: esto plantea una duda razonable sobre en
qué consisten dichos efectos. Ante el silencio de la ley, debe acudirse al concepto
de “representación nacional” como una representación de naturaleza gremial en
el ámbito de los foros de discusión de las políticas públicas que interesan a
los ganaderos.  Así, los “efectos pertinentes”, en los términos ya
establecidos, se refieren a la intermediación gremial relativa a las
discusiones de desarrollo de la ley, no a la intermediación jurídica
entre las autoridades nacionales y los Fondos Ganaderos.
Hechas las anteriores precisiones corresponde establecer cuáles son
las consecuencias jurídicas que se desprenden de una demanda formulada en estos
términos.
4. Sobre los requisitos de las demandas en las acciones públicas de
inconstitucionalidad.  Necesidad de presentar una acusación que pueda
predicarse del texto normativo demandado
4.1. El artículo 2 del Decreto 2067 de 1991[20] establece los
elementos indispensables que debe reunir la demanda en los procesos de
inconstitucionalidad. Se trata de “unos requisitos mínimos razonables que
buscan hacer más viable el derecho [de participación política], sin atentar en
ningún momento contra su núcleo esencial”[21].
Así, si un ciudadano demanda una norma, “debe cumplir no sólo formalmente sino
también materialmente estos requisitos, pues si no lo hace, hay una ineptitud
sustancial de la demanda”[22]
que impide que la Corte se pronuncie de fondo. Además, el artículo 241 de la
Constitución al consagrar de manera expresa las funciones de la Corte, señala
que a ella le corresponde la guarda de la integridad y supremacía de la
Constitución en los estrictos y precisos términos del artículo.  De acuerdo con
esta norma, “no corresponde a la Corte Constitucional revisar oficiosamente las
leyes sino examinar aquellas que han sido demandadas por los ciudadanos, lo
cual implica que el trámite de la acción pública sólo puede adelantarse cuando
efectivamente haya habido demanda, esto es, una acusación en debida forma de un
ciudadano contra una norma legal”[23].
4.2. En el presente caso, el actor formuló
una acusación en contra del artículo 23 de la Ley 363 de 1997, que constituye
una suposición acerca de una prescripción legal que no está contenida
dentro de la norma impugnada.  Aunque ello se justifica en buena medida por
la manera indeterminada e imprecisa como el legislador formuló la disposición,
tal razón no es suficiente para ejercer el juicio de constitucionalidad que la
Constitución encomendó a esta Corte.  Al respecto, la Corte ya ha hecho algunas
precisiones en los siguientes términos:
“Para que la Corte Constitucional pueda
establecer, con fuerza de verdad jurídica, la inexequibilidad que ante ella se
solicita, es indispensable que la demanda recaiga sobre un texto real y no
simplemente deducido por el actor o implícito.
“Es verdad que la Corte, al efectuar el
cotejo de una norma con la Constitución puede introducir en ella distinciones,
para declarar la exequibilidad condicionada, excluyendo del ordenamiento
jurídico determinado alcance del precepto objeto de su fallo.
“Es decir, puede la Corte, en ejercicio de
sus atribuciones, al analizar una norma que ante ella se demanda, o que debe
revisar oficiosamente, diferenciar entre varios sentidos posibles del precepto
admitiendo aquéllos que se avienen a la Constitución y desechando los que la
contradicen.
“La misma función del control constitucional,
para que sea efectiva, exige que la autoridad encargada de ejercerla pueda
condicionar en casos excepcionales la decisión de exequibilidad, cuando de la
propia disposición enjuiciada pueden surgir efectos jurídicos diversos o
equívocos, por lo cual se requiere que el juez de constitucionalidad defina
hasta dónde llega el precepto en su ajuste a la Constitución, y donde y porqué
principia a quebrantarla.
“Pero esa técnica de control difiere de
aquella encaminada a establecer proposiciones inexistentes, que no han sido
suministradas por el legislador, para pretender deducir la inconstitucionalidad
de las mismas cuando del texto normativo no se desprenden. Esta es la
circunstancia del caso en estudio, en el cual los demandantes piden que no se
declare inexequible ninguna parte de la norma vigente sino una hipótesis
arbitrariamente inferida de ella”  (énfasis
no original)[24].
Así, para llegar a la declaración de
inexequibilidad total o parcial de una disposición de la ley es menester
“definir si existe una oposición objetiva y verificable entre lo que dispone el
precepto acusado y lo que manda la Constitución”[25].  Ello sólo es posible
si existe una correspondencia entre lo acusado y lo argumentado por el actor.
En los casos en los que el resultado de dicha definición preliminar sea
negativo corresponderá proferir sentencia inhibitoria por inepta demanda[26].  Es lo que sucede en
esta oportunidad, pues la demanda no recae sobre un texto real, sino
sobre uno deducido por el actor[27].
Ni del artículo demandado ni de ninguna norma contenida en la Ley 363 de 1997
se puede concluir lo que supone el actor.
Puede suceder que en la práctica exista una
situación que le otorga fundamento fáctico a la lectura que hace el demandante
de la disposición acusada, así éste no la haya descrito en el libelo ni haya
demostrado en qué forma y grado dicha práctica contradice la Carta.  No
obstante, el control de constitucionalidad versa sobre normas jurídicas no
sobre prácticas.  Si bien su carácter abstracto no la torna indiferente al
contexto dentro del cual la norma acusada surte sus efectos, la relevancia de
la realidad nacional en la interpretación de la Constitución y las leyes no
conduce a que el control constitucional recaiga sobre prácticas o hechos.
3.3. Estas exigencias, antes que recortar la
participación ciudadana a través de la acción pública de inconstitucionalidad,
“busca precisar su ejercicio con el objeto de permitir que la actuación ante la
Corte Constitucional cumpla realmente su finalidad, sin diluirse en la
discusión sobre hipótesis planteadas por los peticionarios que no encuentran
asidero en las disposiciones acusadas”[28].
Por estas razones, la Corte se declarará
inhibida para conocer de la demanda presentada contra el artículo 23 de la Ley
363 de 1997.
VII.
DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato
de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- INHIBIRSE para decidir sobre la constitucionalidad
del artículo 23 de la Ley 363 de 1997 por inepta demanda.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
archívese el expediente.
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Presidente
JAIME ARAUJO RENTERÍA
Magistrado
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Cfr. folio 4 del expediente.
[2] Ibid.
[3] Cfr. folio 5 y siguientes del expediente.
[4] Cfr. folio 7 del expediente.
[5] Ibid.
[6] Cfr. folio 8 del expediente. Esta es la trascripción del cargo
presentado; no existe en el documento de la demanda ninguna otra referencia que
desarrolle o explique la idea aquí presentada.
[7] Cfr. folio 9 del expediente.
[8] Ibid.
[9] Cfr. folio 34 del expediente.
[10] Cfr. folio 36 del expediente.
[11] Cfr. folio 38 del expediente.
[12] Cfr. folio 42 del expediente.
[13] Cfr. folio 43 del expediente.
[14] Cfr. folio 45 del expediente.
[15] Cfr. folio 79 del expediente.
[16] Cfr. folio 78 del expediente.
[17] Este es el texto de los incisos 1 y 2 del artículo 2 de la Ley
363 de 1997:
“Artículo 2: Objeto Social. El objeto social principal de los
Fondos Ganaderos es el fomento, mejoramiento y sostenibilidad del sector
agropecuario.
“En cumplimiento de su objeto social, los Fondos Ganaderos podrán
desarrollar directamente o mediante asociación con terceros, nacionales o
extranjeros, actividades de producción, industrialización, comercialización,
distribución o financiación de bienes o servicios agropecuarios; programas de
investigación y transferencia de tecnología y en general todas las actividades
relacionadas directa o indirectamente con su objeto social principal o que sean
complementarias del mismo o necesarias o convenientes para el desarrollo de sus
actividades normales.
(...)”.
[18] Esta consideración que se sustenta en el análisis integral de la
Ley 363 de 1997, es la base del alegato que, en defensa de la disposición
impugnada, presentó la propia Federación Nacional de Fondos Ganaderos en su
intervención.
[19] Dicen  los artículos 3 y 17 de la Ley 363 de 1997:
“Artículo 3: Crédito de Fomento Agropecuario. La Junta Directiva
del Banco de la República y el Fondo para el Financiamiento del Sector
Agropecuario, FINAGRO, podrá establecer sistemas de crédito de fomento
agropecuario, con el fin de que los Fondos Ganaderos puedan acceder a ellos
para dar atención a las necesidades de financiación de pequeños y medianos
ganaderos independientes o que se encuentren afiliados a empresas comunitarias
o cooperativas de producción”.
(...)
"Artículo 17: Política del Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural.  Los Fondos Ganaderos desarrollarán dentro de su objeto social  los
planes y programas que con relación a estas entidades diseñe y establezca el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
“Así mismo, los Fondos Ganaderos suministrarán la información
necesaria para el cumplimiento de las políticas agropecuarias que diseñe el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural”.
[20] Artículo 2º. Las demandas en las
acciones públicas de inconstitucionalidad se presentarán por escrito, en
duplicado, y contendrán:
1. El señalamiento de las normas acusadas como
inconstitucionales, su trascripción literal por cualquier medio o un ejemplar
de la publicación oficial de las mismas;
2. El señalamiento de las normas constitucionales que se
consideren infringidas;
3. Los razones por las cuales dichos textos se estiman
violados;
4. Cuando fuera el caso, el señalamiento del trámite impuesto
por la Constitución para la expedición del acto demandado y la forma en que fue
quebrantado; y
5. La razón por la cual la Corte es competente para conocer de
la demanda.
El inciso segundo de este artículo fue
declarado inconstitucional por la sentencia C-003 de 1993 M.P. Alejandro
Martínez Caballero.
[21] Corte Constitucional Sentencia C-131 de 1993 M.P. Alejandro
Martínez Caballero. Esta sentencia declaró la constitucionalidad del artículo 2
del Decreto 2067 de 1991, y estableció el punto de partida de la jurisprudencia
constitucional respecto de la sistematización de los requisitos que deben
cumplir las demandas de constitucionalidad. Los lineamientos generales sobre la
materia han sido desarrollados, entre otras, en las sentencias C-024 de 1994
(M.P. Alejandro Martínez Caballero); C-504 de 1995 (M.P. José Gregorio
Hernández Galindo); C-609 de 1996 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa);  C-236 de 1997
(M.P. Antonio Barrera Carbonell); y, C- 447 de 1997 (M.P. Alejandro Martínez
Caballero). Ciertamente, existen muchos otros pronunciamientos sobre el
particular que desarrollan  y precisan los elementos esbozados en estos
fallos.  Cuando sea necesario, se harán las referencias puntuales a los textos
citados.
[22] Corte Constitucional Sentencia C-447 de 1997 M.P. Alejandro
Martínez Caballero. La Corte se declara inhibida para pronunciarse de fondo
sobre la constitucionalidad del inciso primero del artículo 11 del Decreto Ley
1228 de 1995, por demanda materialmente inepta, debido a la ausencia de cargo.
[23] Ibid.
[24]
Corte Constitucional Sentencia C-504 de 1995 M.P. José Gregorio Hernández
Galindo.  La Corte se declaró inhibida para conocer de la demanda presentada
contra el artículo 16, parcial, del Decreto 0624 DE 1989 “por el cual se expide
el Estatuto Tributario de los impuestos administrados por la Dirección General
de Impuestos Nacionales”, pues la acusación carecía de objeto, ya que aludía a
una disposición no consagrada por el legislador.
[25] Ibid.
[26] Esta es la posición asumida por la Jurisprudencia de la Corte
Constitucional.  En todo caso, no puede perderse de vista, y así lo reconoce la
doctrina constitucional referida, que el escenario inicial en donde debe
efectuarse la valoración de la demanda en el cumplimiento de los requisitos
legales, es, por razones de economía procesal, el de la admisión de la demanda
(Cfr. sentencia C-447 de 1997 M.P. Alejandro Martínez Caballero. Infra. Nota
57).
[27]
Cfr. Sentencia C-621 de 2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.  En esta
oportunidad la Corte Constitucional, al estudiar los cargos presentados contra
el artículo 13 del Decreto 100 de 1980 “por el cual se expide el nuevo Código
Penal”, decidió inhibirse de conocer de las acusaciones por la presunta
violación del artículo 250 C.P., aduciendo ineptitud en la demanda.  Al
responder la impugnación formulada, la Sala Plena hizo referencia a los
requerimientos mínimos que debe cumplir la demanda de constitucionalidad en los
eventos en los que se “solicita que se excluya del ordenamiento jurídico un
sentido normativo de la norma acusada”.
[28] Cfr. Corte Constitucional Sentencia C-670 de 2001 M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa. La Corte Constitucional se declaró inhibida para conocer
de la demanda presentada contra el artículo 52 del Decreto Ley 261 de 2000,
pues el cargo formulado no se podía predicar de la disposición impugnada, sino
que pretendía inducir en ella un sentido normativo totalmente diferente a su tenor
literal.