SU195-12
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
SU195/12
DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y A LA
TUTELA JUDICIAL EFECTIVA-Vulneración
por parte de autoridades judiciales cuando resuelven no admitir a trámite
acciones de tutela interpuestas contra providencias judiciales
DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA-Reglas jurisprudenciales establecidas en el Auto 100
de 2008
La
Corte estableció que las acciones de tutela presentadas contra providencias
judiciales de las altas corporaciones, que fueran objeto de no trámite,
inadmisión o rechazo por el mismo órgano, permite a cualquier ciudadano su nueva
presentación i) ante cualquier juez, incluyendo una Corporación de igual
jerarquía a la Corte Suprema o al Consejo de Estado, como la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional o Superior de la Judicatura,
o ii) requerir su radicación ante la Corte Constitucional, para así poder
cumplir con los fines esenciales del Estado como lo es el garantizar la
efectividad de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución (art.
2º de la Carta). Conforme a los lineamientos expuestos, para esta Corte la
negativa de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia de dar
trámite a la acción de tutela interpuesta por la exrepresentante, bajo el
argumento que contra las decisiones de los tribunales de cierre no procede
recurso alguno, desconoció su derecho de acceso a la administración de justicia
y a la tutela judicial efectiva. De ahí que la accionante, conforme al Auto 100
de 2008, se encontraba habilitada para presentar el amparo ante la Sala
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura, quien estaba en el deber
constitucional de tramitarla, como efectivamente ocurrió, y goza de la
competencia para decidir en el asunto.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Línea jurisprudencial sobre causales genéricas y
específicas de procedibilidad
La Sala Plena de la Corte Constitucional reitera que
la tutela solamente resulta viable contra providencias judiciales si se cumplen
ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, que se distinguen: unos, como
de carácter general que habilitan la presentación de la acción y, otros, de
carácter específico que conciernen a la procedencia del amparo una vez
interpuesta. Tales eventos comprenden la superación del concepto de “vía de
hecho” y la admisión de “específicos supuestos de procedencia” en eventos en
los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Constitución, si se
trata de decisiones ilegítimas que afectan los derechos fundamentales.
DEFECTO SUSTANCIAL O MATERIAL-Configuración
En un amplio desarrollo por esta Corporación, se ha
explicado que el defecto sustancial o material se presenta cuando “la autoridad
judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la
que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraríe los
postulados mínimos de la razonabilidad jurídica”. De esta manera, la Corte en
diversas decisiones ha venido construyendo los distintos supuestos que pueden
configurar este defecto.
DEFECTO FACTICO-Configuración
La Corte ha sentado que sólo es viable fundar una
acción de tutela contra decisiones judiciales por defecto fáctico cuando se
observa que de manera manifiesta aparece arbitraria la valoración probatoria
hecha por el juez respectivo. Entonces, el error en el juicio valorativo de la
prueba “debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y
el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, en la medida que el
juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad
de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según
las reglas generales de competencia.
DEFECTO FACTICO-Dimensión negativa y positiva
VIOLACION DIRECTA DE LA CONSTITUCION COMO CAUSAL DE
PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
Se estructura cuando el juez ordinario adopta una
decisión que desconoce de forma específica los postulados de la Carta Política.
Ha indicado esta Corte que “el
actual modelo de ordenamiento constitucional reconoce valor normativo a los
preceptos superiores, de modo tal que contienen mandatos y previsiones de
aplicación directa por las distintas autoridades […].  Por ende, resulta
plenamente factible que una decisión judicial pueda cuestionarse a través de la
acción de tutela cuando desconoce o aplica indebida e irrazonablemente tales
postulados”.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES POR
INTERPRETACION JUDICIAL-Procedencia
excepcional
Es claro para este Tribunal que “verificar una
discrepancia en torno a la interpretación jurídica de las normas aplicables a
un caso o de las pruebas aportadas al mismo, no implica constatar una violación
al debido proceso. Si se trata de una interpretación jurídica razonable, el
juez de tutela no puede interferir la decisión judicial, so pretexto de estar
defendiendo la Constitución”. Entonces, un juez de la República no vulnera del
debido proceso cuando, en principio, la lectura que realiza de las reglas
aplicables y de las pruebas aportadas se inserta dentro del margen de
interpretación razonable.
JUZGAMIENTO DE CONGRESISTAS POR LA CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA-Juzgamiento en única
instancia
FUERO CONSTITUCIONAL DE LOS CONGRESISTAS-Determinación
FUERO CONSTITUCIONAL DE LOS CONGRESISTAS-Procesos en única instancia atienden los postulados de
la Carta Política y del bloque de constitucionalidad
Es
claro para este Tribunal que el juzgamiento de los congresistas en única
instancia por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,
resulta una posibilidad válida a la luz de la Constitución Política y los
convenios internacionales de derechos humanos, al garantizar adecuadamente el
principio de la doble instancia y el derecho al debido proceso.
INVESTIGACION Y JUZGAMIENTO DE CONGRESISTAS POR LA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-Precedente
en sentencia C-545/08
La Corte señaló que en virtud del fuero especial otorgado a los congresistas
para ser investigados y juzgados sólo por la Corte Suprema de Justicia, no
resulta discriminatorio y, por tanto, violatorio del derecho a la igualdad, que
respecto de otros altos servidores públicos y de los mayores de edad en
general, se pueda contemplar por el legislador un procedimiento distinto, esto
es, una situación procesal diferente a la prevista para los demás.
JUZGAMIENTO DE ALTOS FUNCIONARIOS POR LA CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA-Juzgamiento en única
instancia
JUZGAMIENTO DE CONGRESISTAS POR LA CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA-Caso en que se aplicó a Ex
Representante aumento de la pena de la ley 890/04 independiente del
procedimiento penal -mixto o acusatorio-, según tesis anterior de la Corte
Suprema de Justicia
La
posición en que se soportó la decisión objeto de examen, constituyó la primera
oportunidad en que la Sala de Casación Penal se vio en la necesidad de
establecer si a un congresista cuyo juicio se adelanta conforme al
procedimiento establecido en la Ley 600 de 2000, le es aplicable el citado
aumento punitivo consagrado en la Ley 890 de 2004. En tal sentido en el Auto del
17 de septiembre de 2008, al definir la situación jurídica de la ex Congresista
Velásquez Salcedo, en decisión mayoritaria, el ente accionado concluyó que en
virtud de los principios de igualdad y legalidad el aumento de las penas opera
con independencia del procedimiento penal –mixto o acusatorio-. La anterior
decisión fue acogida de manera unánime por la Sala de Casación en sentencia del
17 de junio de 2009 (atacada por vía de tutela) donde simplemente se presentó
una aclaración de voto de la doctora María del Rosario González de Lemos, quien
explicó que en desarrollo del proceso había sostenido la improcedencia de
imponer los incrementos punitivos señalados en la Ley 890 de 2004 por estar
ligados única y exclusivamente a la Ley 906 de 2004, sin embargo, por incursión
del modelo acusatorio, considera que el citado aumento en las penas debe
aplicarse a todas las personas con independencia de sus calidades o fueros
constitucionales y legales.
DERECHO A LA LIBERTAD Y AL DEBIDO PROCESO PENAL-Envío del expediente a la Sala de Casación Penal para
nueva decisión según cambio de jurisprudencia de la Corte Suprema en materia de
atenuación de la pena favorable a Ex representante a la Cámara
Es
evidente que la Corte Suprema varió su posición respecto de la aplicación del
aumento punitivo consagrado en la Ley 890 de 2004, para aquellos procesos que
se guíen por los presupuestos de la Ley 600 de 2000, como ocurre con los
congresistas. Por tanto, encuentra este Tribunal Constitucional que en el caso
sometido a examen existe una nueva postura por parte de la Sala de Casación
Penal, que implica su valoración en torno a la decisión sobre este asunto.
Entiende la Sala Plena que la actual interpretación que impera en la
Corporación accionada resulta más beneficiosa para la accionante, lo que
necesariamente conllevaría para el caso que nos ocupa a una modificación
respecto de la dosificación de la pena. en aras de
garantizar la efectividad, la celeridad y la eficiencia en la
administración de justicia, especialmente cuando involucra los protección de
los derechos fundamentales a la libertad y al debido proceso, máxime si se
tiene en cuenta que de no adoptarse una pronta decisión, la providencia objeto
de impugnación en tutela adquiriría plena vigencia y obligaría a su
cumplimiento, aún cuando ella contenga una decisión desfavorable atendiendo la
nueva postura del ente accionado, se hace imperativo
remitir inmediatamente el presente asunto a la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia, para que adopte la decisión que corresponda en
observancia de la aplicación de la posición más beneficiosa e igualdad en las
decisiones judiciales.
JUEZ DE TUTELA-Facultad
de fallar extra y ultra petita
En cuanto a la posibilidad de que los fallos puedan
ser extra y ultra petita en materia de tutela, esta Corte de manera pacífica ha señalado que el juez
de tutela puede al momento de resolver el caso concreto conceder el amparo
incluso a partir de situaciones o derechos no alegados, atendiendo la
informalidad que reviste el amparo y además quien determina los derechos
fundamentales violados. Así, desde los primeros pronunciamientos se ha sentado
esta posición, toda vez que conforme a la condición sui generis de esta acción,
la labor de la autoridad judicial no puede limitarse exclusivamente a las
pretensiones invocadas por la parte actora, sino que debe estar encaminada a
garantizar el amparo efectivo de los derechos fundamentales. En ese orden de
ideas, el juez de tutela está habilitado para fallar extra o ultra petita
cuando así lo requiera la vigencia de los derechos fundamentales. La naturaleza especialísima de la acción de tutela “permite su distinción respecto de las demás acciones
legales, autorizando al juez asumir un papel activo en el análisis del caso
bajo su conocimiento, en aras de la eficaz protección de los derechos
fundamentales”.
JUZGAMIENTO DE CONGRESISTAS POR LA CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA-Caso de Exrepresentante a la
Cámara quien fue condenada penalmente por el delito de falsedad ideológica en
documento público al solicitar a la FAC transportar donación que no provenía de
un ente gubernamental
Referencia:
expediente T-2.466.047
Acción de tutela instaurada por la exrepresentante a la
Cámara Sandra Arabella Velásquez Salcedo en contra de la Sala de Casación Penal
de la Corte Suprema de Justicia.
Magistrado
Ponente:
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Bogotá,
D.C., doce (12) de marzo de dos mil doce (2012)  Sala Plena de la Corte
Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la
Constitución Política, 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991 y 54A del Acuerdo
05 de 1992, profiere la siguiente
SENTENCIA
Dentro
del trámite de revisión del fallo emitido por la Sala Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura, quien conoció en segunda instancia de la acción de
tutela de la referencia.
I.
ANTECEDENTES.
La
señora Sandra Arabella Velásquez Salcedo, exrepresentante a la Cámara, actuando
mediante apoderado judicial, interpone acción de tutela contra la
sentencia dictada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,
el día 17 de junio de 2009[1], por medio de la cual se
le impuso la pena de setenta y cuatro (74) meses de prisión e inhabilitación de
derechos y funciones públicas por noventa (90) meses, al encontrarla
responsable del delito de falsedad ideológica en documento público, previsto en
el artículo 286 del Código Penal[2], en relación con unos
oficios dirigidos a la Fuerza Aérea colombiana que perseguían contar con un
vuelo de apoyo para transportar alimentos no perecederos, además del traslado
de un grupo de personas que se efectuó de Bogotá a Inírida
Estima
que en la citada providencia la Sala de Casación Penal incurrió en diversos
defectos que vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
defensa, a la libertad personal, a la igualdad de las partes ante la ley
procesal, al acceso a la administración de justicia, a la participación política,
al buen nombre y a la honra (arts. 13, 15, 21, 28, 29, 40 y 228 superiores).
1.
Hechos.
1.1.
La descripción fáctica contenida en la acción de tutela.
1.1.1.
Expone la accionante que en enero del año 2006 el alcalde de Inírida,
Guainía, Luis Carlos Sandoval Passos, se comunicó con ella telefónicamente para
que, en su calidad de Representante a la Cámara, solicitara a la Fuerza Aérea
Colombiana -FAC-, un vuelo de apoyo desde Bogotá a dicho municipio a fin de transportar
una donación para la población vulnerable de esa región[3].
Precisa
que al momento de recibir la llamada telefónica se encontraba en Inírida
adelantando su campaña política para ser reelegida en los comicios de marzo de
2006. En orden a lo anterior, refiere que procedió a comunicarse con la señora Carolina
Padrón Barreto quien para esa época laboraba en la Secretaría General de la
Cámara de Representantes desarrollando actividades de tipo secretarial, además de
que había trabajado anteriormente en su Unidad de Trabajo Legislativo.
1.1.2.
Manifiesta que el 31 de enero de 2006, la señora Padrón Barreto redactó,
firmó y envió, a su nombre, dos oficios de contenido idéntico, dirigidos al
Comandante y al Segundo Comandante de la FAC, respectivamente, en los que se
indicaba: “respetuosamente acudo a sus buenos oficios para que nos conceda un
vuelo de apoyo con destino al municipio de Inírida, Departamento del Guainía,
para los primeros días del mes de febrero del presente año, con el fin de
trasladar 10 toneladas de alimentos no perecederos suministrados por la Red de
Solidaridad, para personas de escasos recursos económicos, y ávidos de la ayuda
por parte del Gobierno Nacional”.
1.1.3.
Advierte que la aludida donación finalmente no tuvo lugar, toda vez que dicha
agencia gubernamental hoy denominada “Acción Presidencial para la Acción
Social y Cooperación Internacional”, no programó ni efectuó para aquella
fecha ninguna donación para su región, lo que conllevó a que el vuelo no se efectuara.
1.1.4.
Indica que unas semanas después, una organización no gubernamental -ONG- con
sede en Bogotá, identificada como “Niños Desplazados por la Violencia”,
le ofreció a la Agencia Presidencial una donación de alimentos con destino a la
población vulnerable del Departamento de Guainía, la cual no fue aceptada por
Acción Social atendiendo a las prohibiciones propias de la época electoral. No
obstante, el ente gubernamental le indicó a la ONG que podía comunicarse para
ese efecto con la alcaldía del municipio de Inírida o con el Vicariato
respectivo.
Refiere
que la citada ONG se comunicó con el alcalde Sandoval Passos y le ofreció la
donación, aceptándola con la prevención de que los alimentos serían repartidos
después del día de las elecciones, además que se comprometió a buscar la forma
del traslado aéreo de la mercancía.
1.1.5.
A partir de lo anterior, afirma que nuevamente el alcalde le solicitó su
intermediación ante la FAC, para que se programara un vuelo de apoyo a esa
región, por lo cual procedió otra vez a trasladar esa inquietud a la señora
Padrón Barreto (asistente), para que adelantara los trámites correspondientes.
1.1.6.
Fruto de estas gestiones, la FAC programó el respectivo vuelo de apoyo que tuvo
lugar el 7 de marzo de 2006, desde Bogotá a Inírida, en el cual se
trasportaron las mercancías donadas por la organización “Niños Desplazados
por la Violencia”, consistente en cinco toneladas de alimentos, en su mayor
parte perecederos. Anota que en esa oportunidad trasladó también a un grupo de
personas.
Asevera
que la mercancía fue desembarcada en
Inírida por un particular que la almacenó en sus bodegas por algunos días,
hasta que transcurrieran las elecciones, las que tuvieron lugar el 13 de
marzo de 2006. Aclara que ese particular le prestó dicho servicio a la
alcaldía de Inírida por solicitud expresa del alcalde Sandoval Passos.
Indica
que después del día de las elecciones se procedió a repartir las donaciones entre
los sectores más vulnerables de la población de Inírida, por parte del personal
de la alcaldía y bajo la supervisión de un funcionario de la ONG donante. Igualmente,
señala que era una práctica común que cuando se conocía de la programación de
un vuelo de apoyo, las personas interesadas en transportarse a Inírida
solicitaran, por los medios a su alcance, ser incluidas como pasajeros en el
avión. Explica que algunas personas simplemente se desplazaban hasta la base
aérea de CATAM en Bogotá a la espera de que se las incluyera entre los
pasajeros, mientras que otras buscaban el auxilio de alguna autoridad o de algún
conocido que les permitiera poder beneficiarse del traslado aéreo.
Informa
que siempre que se programaban vuelos de apoyo, atendiendo a su calidad de
parlamentaria, distintas personas de la región le solicitaban su intermediación
ante las autoridades militares para formar parte de la lista de pasajeros, a lo
que les advertía que “todo dependía de la disponibilidad técnica y que la
decisión la tomaban las autoridades militares en CATAM, pero a la vez las
remitía ante la Sra. Carolina Padrón Barreto, quien elaboraba listados con
solicitudes para esos traslados. Esos listados se remitían a las autoridades de
CATAM”. Es así como en el oficio dirigido a las autoridades de la Fuerza
Aérea el 7 de marzo de 2006, se consignó: “Agradeciendo su gran apoyo a los
departamentos que conforman la nueva Colombia y en especial al Departamento del
Guainía con su colaboración integrados con el interior del País, y en razón a
la necesidad de algunos habitantes de este departamento, de trasladarse desde
la capital de la República hacia la ciudad de Inírida, acudo a sus buenos
oficios para que como en anteriores ocasiones, estas personas sean trasladadas
en el próximo vuelo de apoyo que se realizara: [a continuación, el oficio
incluye una lista de 17 personas, con sus números de cédula]. La presente
petición, en razón a que estos indígenas ciudadanos colombianos no poseen
recursos económicos para tal fin”.
Precisa
que respecto del citado oficio, al igual que de los dos anteriores del 31 de
enero de 2006, no fueron firmados, dictados, ni elaborados por la accionante,
sino por su asistente la señora Padrón Barreto.
1.1.7.
Con base en un informe remitido por la Contraloría General de la República
-Delegada para el Sector Defensa, Justicia y Seguridad- y en las copias de la
actuación iniciada por la Procuraduría Regional de Guainía sobre una
investigación adelantada la cual evidenció que la Red de Solidaridad Social,
hoy Agencia Presidencial para la Acción Social y Cooperación Internacional,
para la fecha de las solicitudes efectuadas por la ex congresista, ni para otra
cercana, tenía dispuesta donación alguna de alimentos en beneficio del
municipio de Inírida y que los elementos trasladados no provenían de ella,
además que la mayoría de los transportados, entre quienes figuraba la hermana
de la exrepresentante, no respondían a las características atribuidas al
requerir su traslado; la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia
inició en su contra investigación por los delitos de falsedad ideológica en
documento público (agravada por el uso) y estafa agravada, cometidos en
concurso homogéneo y heterogéneo.
Refiere
que una vez surtidas las etapas procesales correspondientes, la Corte Suprema
de Justicia profirió el 17 julio de 2009 sentencia de única instancia, declarándola
penalmente responsable de falsedad ideológica en documento público, agravada
por el uso, cometida en concurso homogéneo, cuando se desempeñaba como
Representante a la Cámara por el Departamento de Guainía. En orden a ello se le
condenó a una pena principal de setenta y cuatro (74) meses de prisión e
inhabilitación de derechos y funciones públicas por noventa (90) meses.
1.2.
Los fundamentos jurídicos de la acción de tutela que llevan a sostener su
procedencia frente a actuaciones judiciales.
1.2.1. Atendiendo
las exigencias de la jurisprudencia constitucional sobre la procedencia
excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, la actora hace
alusión, en primer término, al cumplimiento de los requisitos generales,
indicando al respecto:
(i)
Relevancia constitucional. Aduce que busca dejar sin efectos una decisión
judicial por estar comprometidos los derechos fundamentales a la libertad
individual, al debido proceso, a la defensa, a la honra y a la participación
política.
(ii)
Agotamiento de todos los medios
de defensa judiciales a su alcance.
Alega que al tratarse de un asunto de única instancia resulta procedente la
acción de tutela al no disponer de recurso alguno que esté contemplado en el
ordenamiento jurídico.
(iii)
Inmediatez. Señala que la decisión cuestionada se profirió el 17
de junio de 2009 por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,
mientras que la acción de tutela fue interpuesta el 6 de agosto de ese mismo
año.
(iv)
Identificación de los hechos
que generaron la vulneración de los derechos invocados. Expone que dentro del escrito de tutela se
desarrollaron ampliamente los hechos y los defectos en que incurrió la decisión
judicial que se controvierte.
En
consecuencia, considera que se cumplen a cabalidad los requisitos generales de
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales.
1.2.2.
De otro lado, los supuestos defectos en que, en su concpeto, incurrió la Sala
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, fueron reseñados de la
siguiente manera:
1.2.2.1.
Defecto sustancial. Considera que la
Corte Suprema de Justicia hizo uso de una ley de aumento de penas (art. 14, Ley
890 de 2004[4]), que no era aplicable a
su caso, como quiera que se trata de un cuerpo normativo expedido en razón del
nuevo sistema penal acusatorio (Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal),
en tanto que los juicios que se siguen contra los congresistas se rigen por la
Ley 600 de 2000[5]. Señala que la aplicación
de la Ley 890 de 2004 implicó que permaneciera efectivamente privada de la
libertad, ya que “si se le aplicaran las normas del Código Penal sin esos
aumentos, aún en el evento de una sentencia condenatoria, tendría derecho
actual a beneficios legales que significarían su puesta en libertad”. Reitera
que la Ley 890 de 2004, a pesar de estar vigente y resultar ajustada a la
Constitución, no resulta procedente aplicarla en este caso.
1.2.2.2.
Defectos fácticos. En términos generales considera que los defectos
fácticos de la providencia cuestionada radican en que las pruebas practicadas
en el proceso penal conducían a su absolución como quiera que: (i) no elaboró,
dictó, ni suscribió ninguno de los tres documentos. Estima que su conducta no se
adecúa a los supuestos fácticos de la autoría jurídica ni mediata de los mencionados
oficios; (ii) no hubo dolo alguno en la elaboración y remisión de esos
documentos por la señora Padrón Barreto. Encuentra que con tales oficios no se
lesionó materialmente ningún bien jurídico protegido; y (iii) no incurrió en el
tipo penal endilgado por cuanto del listado de personas que envió para su
inclusión en el vuelo de apoyo, finalmente su autorización correspondía a la
FAC. En consecuencia, expone que se presentaron tres tipos de defectos fácticos:
1.2.2.2.1.
Primer defecto. Explica que en la sentencia de la Corte Suprema de
Justicia se le consideró “autora jurídica” de los documentos cuya elaboración
material correspondió a la señora Padrón Barreto, quien para entonces laboraba
en la Secretaría General de la Cámara de Representantes. A juicio de la
accionante la Corte Suprema elaboró una teoría sobre la distinción entre los
tipos de autoría que no resultaba aplicable al asunto en estudio, ya que la
tesis del autor jurídico tiene utilidad cuando una persona firma el documento,
lo cual, según explica, no ocurrió en este caso dado que se probó que los
documentos habían sido concebidos, redactados y firmados por la señora Padrón
Barreto, quien ciertamente los creó en atención a una solicitud genérica hecha
por ella, con miras a facilitar la realización de un vuelo de apoyo de la FAC, sin
que por ello hubiere dado una instrucción sobre el contenido específico de tales
oficios.
Afirma
que la Corte Suprema erróneamente indicó que en la calidad de Representante a la
Cámara dio instrucciones específicas a su asistente Padrón Barreto sobre el
contenido de los documentos tachados de apócrifos, pero ninguna prueba del
expediente lleva a esa conclusión. Por el contrario, manifiesta que del acervo
probatorio puede concluirse:
“-   En varias ocasiones la Representante Velásquez
había intermediado para obtener vuelos de apoyo de la FAC, y se había valido,
al efecto, de la colaboración de la Sra. Padrón Barreto.
-
La Sra. Padrón Barreto manejaba
con facilidad ese tema: conocía a las personas a las que se le hacían las
solicitudes en la FAC, y así mismo a las autoridades y personas relevantes del
Guainía y tenía comunicación fluida con ellas.
-
Era usual que esas solicitudes se
vertieran en oficios escritos, como es propio de toda actuación administrativa.
En ese sentido, los oficios que dieron lugar al proceso penal en contra de mi
poderdante, no eran exóticos, originales ni novedosos. Más bien, formaban parte
de la rutina de gestiones a favor de su región, por parte de un parlamentario
de un Departamento incomunicado y deprimido.
-
Dado que la Dra. Sandra Velásquez,
entre enero y marzo del 2006, estaba en campaña política en el Departamento del
Guainía, se comunicaba telefónicamente con el personal del Congreso de la
República en Bogotá, y así fue como se comunicó con Carolina Padrón cuando
recibió una solicitud del alcalde para obtener un vuelo de apoyo.
-
Todas las pruebas recaudadas en el
expediente refieren que lo que la Representante le encargó a la Sra. Padrón
Barreto fue que atendiera la solicitud del alcalde para obtener un vuelo de
apoyo, sin más detalles. De ahí en adelante, la gestión la hizo la Sra. Padrón.
-
Si ello no fuera así, no habría
sido necesario que la Sra. Padrón se comunicara con el alcalde para enterarse
de los detalles de la solicitud, ni habría afirmado en varias ocasiones, bajo
juramento, que sólo había recibido una instrucción genérica de la Representante
Velásquez y que no le había leído el texto exacto de los oficios, sino que
simplemente le había informado que la gestión ya estaba en curso”.
A
pesar de lo anterior, señala que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema
de Justicia estimó que “le dio instrucciones sobre los términos exactos que
debería tener tal oficio y que maliciosamente le ordenó que anotara que la
donación sería hecha por la ‘Red de Solidaridad’ a sabiendas de que ello no era
cierto, y que así mismo, le ordenó que anotara que unas personas eran indígenas
de escasos recursos”, cuando ello tampoco se ajustaba a la realidad.
1.2.2.2.2.
Segundo defecto. Dice la accionante que la autoridad judicial
accionada incurre en otro error cuando indica que al momento en que se redactaron
los primeros oficios, esto es, el 31 de enero de 2006, ella sabía que la Red de
Solidaridad no haría ninguna donación, sino que ésta provendría de una
fundación privada denominada “Niños Desplazados por la Violencia”. Sostuvo
que del expediente no se desprende que “tenía  conocimiento anticipado de
los hechos, y en rigor jurídico y lógico, si no está probado que alguien sabía
algo en una determinada fecha, no puede deducirse responsabilidad […].
Es absurdo considerar que salvo que se pruebe lo contrario, puede considerarse
que las personas saben qué ocurrirá en el futuro”.
Califica
a la providencia acusada como “conjetural”, además que “de las
conjeturas, en derecho, no cabe deducir responsabilidad penal”. Indica que la
Corte Suprema expone “una teoría que permitiría entender el supuesto delito
de falsedad, pero ocurre que ello no coincide con lo que las pruebas en verdad
permiten apreciar”. Arguye que ese Tribunal se empeñó en encontrar nexos
entre ella y la fundación “Niños Desplazados por la Violencia”, para de
esta manera establecer que no se trataba de una donación humanitaria sino de
una ayuda para su campaña política. Recalca que en el expediente está
probado que no figura como aportante, ni representante legal, ni miembro de la
junta directiva, ni con ningún lazo jurídico con la referida fundación, sin
embargo, acepta que algunas personas conocidas por ella tenían relación con esa
fundación y que quienes recibieron y desembarcaron la mercancía en Inírida a
solicitud del alcalde también la conocían, lo que encuentra lógico en una
población de pocos habitantes. Precisa que de las pruebas documentales y
testimoniales puede apreciarse lo siguiente:
“-   En primer término, la fundación le ofreció los
alimentos donados a la Agencia Presidencial denominada Acción Social, y el
representante de esta entidad la rechazó por estar en época electoral, pero le
afirmó a la fundación que podía entrar en contacto, para ese efecto, con la
alcaldía de Inírida o con el Vicariato apostólico regional.
-
Así las cosas, la fundación se
dirigió al alcalde de Inírida, quien tenía intereses electorales distintos de
los de mi poderdante, y le ofreció la donación, la cual fue aceptada bajo el
criterio de que se trataba de una donación estrictamente humanitaria, y que por
tanto, el alcalde sólo autorizaría su entrega a la población necesitada, una
vez hubiera terminado la campaña electoral, es decir, después de las
elecciones.
-
Bajo esa consideración se hizo la
donación, y por eso, aunque el vuelo de apoyo se programó para unos días antes
del certamen electoral (el vuelo no lo programó ni mi poderdante, ni el
alcalde, ni la fundación, sino la FAC), la mercancía entonces se guardó hasta
después de las elecciones en unas bodegas que facilitó en Inírida una persona
cercana al alcalde municipal.
-
No hay en el expediente ninguna
prueba, léase bien, ninguna, que permita considerar que mi poderdante hizo uso
proselitista u obtuvo réditos electorales del episodio del vuelo de apoyo o de
la donación.
-
Los alimentos donados fueron
repartidos a la población necesitada de Inírida después de las elecciones, y
ante autoridades municipales y de un representante de la fundación particular.”
Finaliza
diciendo que los vuelos de apoyo que presta la FAC no están restringidos al
transporte de mercancías donadas por entidades públicas, encontrando que la conclusión
a la que llegó la autoridad judicial accionada es desacertada al permitir entender
que si la donación hubiera sido entregada por la Agencia Presidencial para la Acción
Social no habría tenido una repercusión negativa, como sí lo tiene el que lo hubiere
hecho una organización privada.
1.2.2.2.3.
Tercer defecto. Considera que este último surge a partir del oficio
remitido el 6 de marzo de 2006 por la señora Padrón Barreto a la FAC a nombre
de la exrepresentante, en el que se relacionaron una serie de personas para que
fueran incluidas como pasajeros en el vuelo de apoyo programado para ese día. Dice
que de las pruebas recaudas puede extraerse:
“-   Es una práctica rutinaria, siempre que la FAC
programa un vuelo de apoyo, solicitar la inclusión de pasajeros en los mismos.
Tales solicitudes son atendidas por la FAC en la medida de sus posibilidades,
sin compromiso alguno. No se trata de un servicio preferencial para indígenas,
ni para personas de escasos recursos, ni para servidores públicos, sino
simplemente de la decisión de la FAC de aprovechar al máximo posible, con carga
y con pasajeros, cada vuelo de apoyo que se haga.
-
El 7 de marzo de 2006 faltaban
apenas cinco días para las elecciones, que tuvieron lugar el 12 de marzo de
2006.
-
La Dra. Velásquez Salcedo era
congresista, pero a la vez candidata a la Cámara de Representantes, cabeza de
lista de su partido político (Cambio Radical) por la circunscripción
respectiva, así que tenía una apretada agenda de eventos en esos días
culminantes de la campaña.
-
Cuando se supo que la FAC
programaría para el 7 de marzo el vuelo de apoyo, numerosas personas intentaron
obtener autorización para transportarse en el mismo. Algunas de ellas se fueron
desde primera hora de la mañana a la base aérea de CATAM, en Bogotá, a la
espera de ser incluidas (el vuelo finalmente despegó hacia las ocho de la
noche).
-
Varias personas llamaron a la Dra.
Velásquez Salcedo para solicitarle su mediación con la FAC a ese efecto. A
todas ellas mi poderdante les respondió de igual modo: las remitió a la Sra.
Carolina Padrón y les manifestó que ella les colaboraría, pero que la decisión
era de la FAC.
-
La Señora Carolina Padrón Barreto
había hecho esas solicitudes en varias ocasiones anteriores. Por eso tenía en
su computador un oficio que utilizaba siempre para ese efecto, al cual
simplemente le cambiaba los datos de las personas que solicitaban ser incluidas
en el vuelo.
-
Fue Carolina Padrón quien redactó
el oficio en el que incluyó a 17 personas que querían viajar a Inírida, la
mayoría de las cuales finalmente sí pudo viajar en ese vuelo.
-
Fue Carolina Padrón quien incluyó
en ese oficio, según su dicho por simple rutina, la coletilla según la cual se
trataba de indígenas colombianos ciudadanos de escasos recursos, afirmación que
la Corte encontró que no se ajustaba a la realidad, como quiera que el origen
étnico de estas personas no era en todos los casos el anunciado, a la vez que
la capacidad económica de varias de estas personas, o de sus familiares, no era
de precariedad absoluta”.
Aunado
a lo anterior, considera que la calidad de indígena, la capacidad económica u
otras características personales, no son aspectos definitivos para que la FAC decida
incluirlos como pasajeros en sus vuelos de apoyo. Resalta que la única
prioridad recae en los miembros de las Fuerzas Armadas que requieran dicho servicio
y después de ello no existe un criterio normado de prelación, siendo entonces
discrecional si llevan pasajeros.
Bajo
los anteriores lineamientos concluye que el material probatorio recaudado fue
valorado equivocadamente por parte de la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia.
1.2.2.3.
Violación directa de la Constitución. Predica este defecto al haberse
proferido una sentencia condenatoria en un proceso de única instancia en el
cual un mismo órgano judicial concentró las funciones de instrucción y
juzgamiento.
Subraya
que el derecho a impugnar es una garantía de orden constitucional, contenida
igualmente en los tratados internacionales de derechos humanos como el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de
Derechos Humanos, los cuales en el presente caso considera desconocidos cuando
se profieren sentencias condenatorias de única instancia. Precisa que en
materia penal existe el derecho a impugnar la sentencia condenatoria y que esta
es la oportunidad para que se corrija la jurisprudencia nacional en orden a
establecer la posibilidad de que en materia penal siempre proceda la segunda
instancia.
Por
último, expuso que la Corte Suprema de Justicia concentró en buena medida las
funciones de investigación y de juzgamiento, después de proferida la sentencia
C-545 de 2008 de la Corte Constitucional.
2.
La pretensión de amparo. Estima que la sentencia condenatoria de la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia incurrió en diversos defectos
que terminaron vulnerando sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
defensa, a la libertad personal, a la igualdad de las partes ante la ley
procesal y al acceso a la administración de justicia. Además, como consecuencia
de la decisión condenatoria, encuentra vulnerados los derechos al buen nombre,
a la honra y al ejercicio de cargos públicos, al difundirse una información
errónea de su personalidad y sus actos que deterioran el prestigio y la
confianza de sus electores. Precisa que la condena se proyecta incluso más allá
del tiempo en que se cumple la pena, como una inhabilidad general para el
ejercicio de cargos públicos (art. 38.1 del Código Disciplinario Único) y
específica para cargos de representación política[6].
Por
lo anterior, solicita que se deje sin valor ni efecto la sentencia proferida el
17 de junio de 2009, por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia, disponiendo el restablecimiento inmediato y goce pleno de sus
derechos fundamentales, mediante su puesta en libertad y la restitución de sus
derechos políticos.
II.
SENTENCIAS OBJETO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL.
1. Trámite procesal. Reseña la actora que una vez conoció la decisión condenatoria
presentó la solicitud de amparo ante la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia, siendo inadmitida bajo el argumento de que dicha Corporación
constituye un órgano límite de la jurisdicción ordinaria, por lo que ninguna
autoridad está facultada para alterar la condición de inmutabilidad que
revisten sus decisiones.
Ante tal situación, comenta que de conformidad con el
Auto 100 de 2008[7] de la Corte
Constitucional, presentó la acción de tutela ante la Sala Jurisdiccional Disciplinaria
del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, la cual mediante auto del
10 de agosto de 2009 avocó el conocimiento del asunto y corrió traslado a la
autoridad judicial accionada.
2.
Respuesta de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. En su intervención solicita al juez de instancia en
tutela: (i) remitir las diligencias a la Sala Plena de la Corte Suprema de
Justicia por corresponder a dicha Corporación el conocimiento del asunto, según
lo previsto en el Decreto 1382 de 2000 y su Reglamento Interno; y (ii)
subsidiariamente se proceda a declarar la improcedencia de la acción. Al
efecto, explica que el Consejo Seccional de la Judicatura carece de competencia
para conocer de la acción de tutela, atendiendo lo señalado en el Decreto 1382
de 2000 (inc. 2, núm. 2, art. 1º), que prescribe que las tutelas presentadas
contra una alta Corporación serán repartidas al interior de la misma y
resueltas por la sala de decisión, sección o subsección que corresponda de
conformidad con el reglamento. A su vez, el Acuerdo número 001 del 2000 (art.
49), modificatorio del Reglamento General de la Corte Suprema de Justicia,
dispuso que la acción de tutela dirigida contra uno o varios magistrados de la
misma Sala de Casación Especializada o contra la respectiva Sala, debe ser
repartida a la que siga en orden alfabético.
En
cuanto a la pretensión de tutela indica que se orienta a trastocar “la
firmeza del fallo condenatorio proferido, siendo pertinente precisar que en
sentencia C-543 del 1° de octubre de 1992, la Corte Constitucional declaró
inexequible, entre otros, el artículo 40 del decreto 2591 de 1991 y, por ese
motivo, deviene improcedente dirigir esta acción contra sentencias
ejecutoriadas o providencias que pongan término a un trámite judicial”. Sobre
la aplicación de la Ley 890 de 2004, expone que no se está frente a una vía de
hecho, toda vez que ello puede apreciarse del auto del 17 de septiembre de 2008
que definió la situación jurídica de la actora, argumentos que fueron retomados
en auto del 8 de octubre siguiente, que resolvió el recurso de reposición. Por
último, sostiene que la tutela busca reabrir un debate concluido, como si se estuviera
ante una instancia adicional a los procedimientos ordinarios.
3.
Fallo de primera instancia. La Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, mediante
providencia del 21 de agosto de 2009 niega la acción de tutela tras considerar
que no se advertía ninguno de los yerros expuestos por la parte accionante.
3.1.   El
a quo señala que la decisión cuestionada fue el resultado de un análisis
razonable de las pruebas allegadas al expediente, sin que pueda evidenciarse
arbitrariedad o voluntariedad en la misma, al haber sido producto del desarrollo
de una valoración ponderada y racional del material probatorio obrante en el
expediente. Encuentra que la autoridad judicial llegó al convencimiento de que
aún cuando la acusada no elaboró ni suscribió los oficios dirigidos a la FAC con
miras a obtener la colaboración de un vuelo de apoyo para transportar alimentos
y personas a Inírida, al haber ordenado su creación se hizo responsable de la
conducta típica endilgada.
3.2.
Explica que quedó demostrado que la información consignada en dichos documentos
reñía con la verdad en cuanto al origen de las donaciones, a las personas que
intervinieron en ellas y al personal que finalmente fue transportado por solicitud
de la actora. Explica al respecto:
“[S]e logró demostrar que para enero la Red de
Solidaridad no había suministrado 10 toneladas de alimentos para la población y
algunas personas incluidas en el oficio del 6 de marzo como aspirantes a ser
trasladadas a la ciudad de Inirida, no tenían la calidad de indígenas
ciudadanas colombianas carentes de recursos económicos, pues entre ellas se
encontraba LUISA FERNANDA VELÁSQUEZ, hermana de la Representante a la Cámara
SANDRA ARABELLA VELÁSQUEZ SALCEDO, LINDA PILAR ACEVEDO, estudiante de derecho e
hija de un conocido comerciante y activista político de la región, DENIS
FLORIAN BOHORQUEZ, empleada del INCODER y EVERT CASTRO ABRIL, amigo de una hermano
de la procesada, entre otros, que no eran ni indígenas y menos estaban en
imposibilidad de costear su traslado a esa capital, con lo que se pretendió fue
garantizar su transporte.
De otra parte, también concluyó la autoridad judicial
accionada que la administración municipal no había tenido inferencia alguna en
el asunto relacionado con la donación de las 5 toneladas de alimentos, porque
ningún funcionario acudió a recibirlos al aeropuerto y ni siquiera conocían su
existencia; los bienes fueron almacenados en una bodega de la firma Aerocarga
Islas Ltda.; de propiedad del hermano del compañero sentimental de la actora;
al paso de que contrario a lo afirmado por SANDRA ARABELLA VELÁSQUEZ SALCEDO sí
existían vínculos con la fundación NIÑOS DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA; y que la
acusada nunca informó a la FAC el verdadero origen de la donación y las medidas
para acreditar la transparencia del procedimiento se aportaron con
posterioridad al cuestionamiento surgido en el municipio”.
De
esta manera, respecto de los defectos fácticos observados por la accionante, concluye
que no se aprecia capricho ni arbitrariedad por la autoridad accionada.
3.3.
En cuanto al defecto sustantivo concerniente al incremento de la pena conforme
a la Ley 890 de 2004, el Consejo Seccional no evidencia la presencia de
irregularidad alguna, toda vez que dicha ley estableció el aumento en las penas
de los delitos contenidos en la parte especial del Código Penal, a partir del 1
de enero de 2005, y los hechos materia de averiguación penal tuvieron
ocurrencia el 31 de enero y el 6 de marzo de 2006.
3.4.
Respecto del señalamiento de haber sido condenado en una sola instancia por la
Corte Suprema de Justicia que, además, fungió como instructor y juzgador, indica
que esta situación debió haber sido discutida por la accionante al interior del
proceso penal.
3.5.
Por último, manifiesta que no se aprecia una vulneración de los derechos al
buen nombre, a la honra y al ejercicio de cargos públicos, porque las
consecuencias particulares que extrae la actora (prestigio y confianza), son
producto de una sentencia condenatoria a la que se hizo acreedora.
4.
Impugnación. El apoderado judicial de
la accionante solicita la revocatoria del fallo de tutela de primera instancia,
luego de calificarla de “escasa y vaga motivación”. Alega que el Consejo
Seccional de la Judicatura se limitó a hacer un simple resumen de algunos
apartados de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia y sin hondura ni
rigor alguno concluyó que las pretensiones de la tutela no eran procedentes.
Dicho
lo anterior, procede a reiterar los argumentos expuestos en la acción de tutela
bajo los cuales consideró que debió concederse la solicitud de amparo. Arguyó
que (i) no se hizo una adecuada valoración de las pruebas, ya que de lo
contrario se hubiera dispuesto su absolución; (ii) no existe en el proceso
prueba alguna que permita concluir que la exrepresentante determinó a otra
persona a cometer el ilícito por el que se le condenó; (iii) a la actora se le
endilgó la conducta como autora jurídica cuando no concibió, redactó, ni firmó
ningún documento; (iv) respecto del listado de personas que se desplazaron en
el vuelo no se tuvo en cuenta que la decisión de trasportarlos era exclusiva de
la FAC, sin que mediara ningún tipo de condición especial de los pasajeros; y
(v) se aplicó la Ley 890 de 2004 que no resultaba procedente en este asunto .
5.
Fallo de segunda instancia. La Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura revoca la decisión del a
quo y, en su lugar, concede la protección de los derechos fundamentales invocados
por la actora, dejando sin efecto y valor jurídico la sentencia condenatoria proferida
por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, para de esta
manera dictar fallo absolutorio a favor de la exrepresentante Velásquez Salcedo,
ordenando su libertad inmediata.
5.1.
En primer término, expone que ese Consejo es competente para conocer del asunto
atendiendo lo prescrito en los artículos 86 de la Constitución y 37 del Decreto
2591 de 1991, los cuales establecen que todos los jueces, sin distinción de
jerarquía, tienen competencia para conocer y fallar las acciones de tutela. Anota
que cuando la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia decidió “inadmitir
la demanda de tutela”, desconoció los imperativos constitucionales y
legales, particularmente el acceso a la administración de justicia. Recuerda
que la Corte Constitucional ha sido clara en señalar que frente a situaciones
como la que ocupa la atención el peticionario puede acudir ante cualquier juez
o cuerpo colegiado para interponer la acción, encontrando legitimada la intervención
de la Jurisdicción Disciplinaria para resolver este caso.
5.2.   Una
vez evacuada la competencia para resolver la acción de tutela, procede a
adelantar el estudio de los defectos invocados por la parte accionante. En
cuanto a los fácticos afirma que si bien no comparte la valoración hecha por la
Corte Suprema de Justicia, la simple diversidad de criterio o de valoración de
los medios de prueba, no constituye un elemento de tal magnitud que permita al
juez constitucional deslegitimar la decisión adoptada por el juez ordinario.
5.3.   Sobre
el defecto por violación directa de la Constitución, consistente en que no se
observaron las reglas de la doble instancia y la separación de las funciones de
instrucción y juzgamiento, señala que la Corte Constitucional en la sentencia
C-545 de 2008 superó esta problemática al estudiar “la legalidad de la ritualidad
procesal aplicada a los congresistas, indicando que a partir de dicha fecha la
Corte Suprema de Justicia debería adaptar el sistema a uno con doble instancia
y que los procesos iniciados con anterioridad quedan gobernados con formas
procesales vigentes para la época de los hechos”. Precisa que la censura no
fue puesta de presente ante su juez natural.
5.4.
Respecto del defecto sustantivo por indebida aplicación de la Ley 890 de 2004, que
modificó y adicionó el Código Penal estableciendo el aumento de penas para las
conducta punibles, manifiesta que por expreso mandato legal, el juzgamiento de
los congresistas se debe adelantar bajo el procedimiento penal consagrado en la
Ley 600 de 2000[8], por tanto, no encuentra
acertada la decisión de la Corte Suprema de imponer los efectos consagrados en
una normatividad (Ley 890), que sólo aplica para los procesos regidos por la
Ley 906 de 2004, toda vez que el fundamento para adoptar tales incrementos se
dio a partir de la entrada en vigencia del nuevo sistema penal acusatorio, a
fin de permitir la puesta en marcha de un sistema basado en una significativa
negociación de penas. Concluye que en este caso se configura una violación de
los derechos fundamentales invocados por la accionante.
5.5.
De otro lado, observa que la providencia cuestionada adolece de un defecto
adicional que a pesar de no haber sido alegado por la actora constituye una
abrupta violación al “principio de estricta tipicidad con afectación
directa al principio de legalidad”.  En esa medida, aprecia que el juez de
amparo está facultado para adoptar una decisión “ultra o extra petita”, para
alcanzar la efectiva protección de los derechos fundamentales.
Argumenta
que la tipicidad de la conducta en materia penal debe ser rigurosa, precisa e
inequívoca de manera que se adecue al texto legal. Agrega que el tipo penal por
el cual se le condenó a la accionante tiene los siguientes componentes: “(i)
un sujeto activo calificado o cualificado, en este caso servidor público,(ii)
que el agente extienda o produzca el documento en ejercicio de sus funciones
públicas[9], (iii) que al
producir o extender el documento consigne una falsedad o calle total o
parcialmente la verdad dolosamente, esto es, conociendo que se consigna una
(sic) dato falso y queriendo la acción, (iv) que el documento pueda servir de
prueba de una relación jurídica, o sea que el documento tenga vocación
probatoria, y (v) que la conducta afecte la fe pública, esto es la credibilidad
que la sociedad deposita en ciertos documentos”.
En
desarrollo de los presupuestos trazados explica que la calidad de servidora
pública de la actora no se encontraba en discusión, no obstante, considera que
en lo atinente al segundo requisito no se adecúa su conducta a la descripción
del tipo penal mencionado. Indica que en su criterio la exrepresentante en
ningún momento obró en ejercicio de funciones públicas, es decir, aquellas que la
Constitución y la ley le señala[10]. Afirma que el ejercicio
de las funciones de los congresistas se encuentra limitado de manera
constitucional, legal y reglamentaria, por lo que está vedado al operador
jurídico hacer una interpretación extensiva sacrificando los derechos
fundamentales de los ciudadanos. Entiende que la sola titularidad del cargo no
puede conllevar a que todas las acciones desarrolladas por el servidor público
se ubiquen en el ejercicio de sus funciones[11].
Deduce
inicialmente que para la tipificación de esta conducta ilícita el servidor
público debe estar revestido funcionalmente para que el documento adquiera la
capacidad determinada en el tipo penal imputado a la accionante, añadiendo:
“[C]abe señalar que no es el significado lingüístico
que el diccionario le asigne a la definición de función el que demuestra la
adecuación al presupuesto normativo de la tipicidad requerida para la falsedad
ideológica, como lo pretende hacer valer la Sala Penal en su sentencia, ya que
en materia de conductas punitivas es la Ley y la Constitución las que
desarrollan en particular los elementos estructurales del delito; y en especial
el ejercicio funcional requerido para este comportamiento delictivo, se ubica
en la Ley 5 de 1992 como norma que determina el reglamento del Congreso y cada
una de las funciones que ostentan los miembros de dicha Corporación.
Ahora bien, de igual forma es equivocado pretender estructurar
la imputación de responsabilidad legal ´en ejercicio del cargo´, como lo hizo la
Corte Suprema con el argumento genérico de que los congresistas tienen la facultad
de ´requerir del Gobierno el apoyo necesario para el mejor desempeño de sus
funciones´, tal y como lo trae el artículo 135 de la Constitución, a fin de
conectar esta atribución con las incompatibilidades y exclusiones a éstas,
creando vía jurisprudencial una nueva competencia funcional en los
congresistas, violentando de esta forma las normas positivas sobre la materia,
bajo una construcción analógica[12] y desfavorable que no se
encuentra en ningún reglamento, ley o norma constitucional, pues si la Ley 5ª
de 1992 en su artículo 282 y siguientes establece las incompatibilidades y
presupuestos fácticos que se excluyen de ellas, no es válido construir
sofísticamente atribuciones funcionales que no distinguen las normas, pues
llevaría al abuso de una infinita posibilidad de interpretación normativa
utilizando la jurisprudencia para resquebrajar el principio de legalidad”.
Adicionalmente,
indica que cuando el numeral 6 del artículo 135 de la Constitución establece
como facultades de cada Cámara recabar del Gobierno la cooperación para el cumplimiento
de sus funciones, se está refiriendo “no a solicitud de cualquier
cooperación sino de cooperación para el cumplimiento de las funciones propias
de congresista, o sea que la norma constitucional reenvía al interprete a las
disposiciones que otorgan funciones, las cuales como se reitera sólo pueden
estar asignadas por la Constitución o la ley (art. 121 Constitución Política).
No resulta válido aquí, por ser una analogía en lo desfavorable, considera que
cuando un congresista pide auxilio o cooperación al Gobierno para su seguridad,
para obtener transporte en caso de un paro, éste obra en ejercicio de sus
funciones, en estas hipótesis el congresista ejerce un común derecho de
petición, o si acaso obra con ocasión del cargo pero no en ejercicio de
funciones. Quiere significar lo anterior, que el numeral 6 del artículo 135
constitucional, cuando alude a la función de recabar cooperación del Gobierno o
de los organismos de la administración pública, lo hace en estricta relación al
desempeño de las atribuciones propias del congresista, y no a la solicitud de
cooperación para otros fines o propósitos”.
Igualmente,
manifiesta que el ejercicio de la actividad política del congresista, la
consecución de votos, la posibilidad de convocar al electorado para el
acompañamiento de su aspiración, entre otras, como actividades que puede
desarrollar en beneficio de su ejercicio político, no pueden ser asimiladas ni
menos homologadas al ejercicio de su actividad funcional, porque se apoyan en
la investidura parlamentaria y se desarrollan en  atención de las distintas
atribuciones constitucionales y legales, sin que pueda presumirse las gestiones
electorales con los propósitos de la competencia funcional.
Afirma
que en modo alguno las peticiones realizadas por la entonces Representante a la
Cámara, conforme a los oficios dirigidos a la FAC, es un documento público y
menos puede considerarse expedido u otorgado en ejercicio de sus funciones. También,
alude a que el documento no tiene aptitud probatoria, explicando:
“[A]l faltar en el caso concreto un elemento normativo
propio del tipo penal de la falsedad ideológica en documento público, la
conducta resulta atípica, o sea que el comportamiento de la señora VELÁSQUEZ
SALCEDO no se adecuó a la exacta previsión del tipo penal que le fuera imputado
en la sentencia condenatoria.
[…]
Valga decir que en torno a la tipicidad lo afirmado en
precedencia quedaría inconcluso si no se analizara la aptitud probatoria del
documento como otro de los elementos de la estructura típica, pues para que
pueda hablarse de un estricto juicio en este sentido, el documento debe tener
la idoneidad de ´servir de prueba´ tal y como lo reclama el delito.
Entonces, no es el efecto personal o individual que
pueda causar el documento en la percepción de los demás individuos sino la
vocación y aptitud de éste en el tráfico jurídico y las reglas de la
experiencia, por esto, la petición expedida por la actora a la FAC, en sí misma
no tenía la cualidad de servir de medio de convicción, en tanto, la
calificación de certeza o verosimilitud de lo allí expresado, no podía ser
comprobado con la misiva, pues al hacerse referencia a una donación entregada
por una entidad oficial o una organización no gubernamental indistintamente,
este no era el medio que acreditaba la naturaleza de la ayuda humanitaria, pues
lo lógico será que para adquirir tal característica, el hecho a probar estaba
en la certificación de las entidades comprometidas, al igual que la naturaleza
o condición racial de los ciudadanos transportados se demostraba con otros
medios de prueba.
Lo anterior, precisa que la petición presentada ante la
FAC y que pretende hacerse valer como engaño, en nada se estructura o se
identifica con un documento con la naturaleza probatoria exigida por el tipo
penal, pues no es el medio o vehículo para comprobar los hechos fácticos que
allí se pretende distinguir, ´en resumen, se tiene que la expresión típica que
pueda servir de prueba limita el objeto material de los tipos de falsedad a
esos específicos documentos que reúnan objetivamente en sí las tres funciones
indicadas (perpetuación, garantía, medio de prueba) y aparezca en el tráfico
jurídico –no en el dominio personal del autor-´[13]”.
En
orden a lo expuesto protege los derechos fundamentales invocados y adopta una
decisión de reemplazo frente a este asunto dada “la posición inveterada de
la parte accionada de no acatar lo ordenado en fallos de tutela que afectan sus
propias decisiones”.
III.    PRUEBAS APORTADAS EN EL TRÁMITE DE INSTANCIA
DE LA ACCIÓN DE TUTELA.
Dentro
del asunto sometido a examen se adjuntaron al expediente fotocopias simples de
las siguientes piezas procesales del expediente número 27.339, que concluyó con
la sentencia condenatoria en única instancia del 17 de junio de 2009, proferida
por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, así:
1.      Correspondencia
cruzada entre la fundación “Niños Desplazados por la Violencia”, Acción Social
y la Alcaldía de Inírida del 8, 10, 15 y 17 de febrero, y del 7 y 16 de marzo
de 2006 (folios 165 a 172, cuaderno de primera instancia).
2.      Oficios
del 31 de enero (2) y del 6 de marzo de 2006, firmados a nombre de la exrepresentante
Velásquez Salcedo por la señora Padrón Barreto (folios 162 a 164 cuaderno de primera instancia).
3.
Versión libre de la exrepresentante Velásquez Salcedo del 2 de octubre de
2007, rendida ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia
(folios 153 a 160, cuaderno de primera instancia).
4.
Declaración rendida al interior
del proceso penal por la señora Padrón Barreto, el 31 de enero de 2008 (folios 134 a 152 cuaderno de primera instancia).
5.      Versión
libre de Luis Carlos Sandoval Passos, alcalde de Inírida, Guainía, rendida ante
la Procuraduría General de la Nación, el 29 de abril de 2008 (folios 126 a 133, cuaderno de primera instancia).
6.
Diligencia de indagatoria del 14 de mayo de 2008, rendida por la exrepresentante
Velásquez Salcedo (folios 88 a 108, cuaderno de primera instancia).
7.
Ampliación de la indagatoria rendida por la exrepresentante Velásquez Salcedo
del 29 de mayo de 2008 (folios 109 a 112, cuaderno de primera instancia).
8.
Declaración de Luis Carlos Sandoval
Passos, alcalde de Inírida, Guainía, ante la Corte Suprema de Justicia, del 8
de octubre de 2008 (folios 114 a 125 cuaderno de primera instancia).
9.
Sentencia del 17 de junio de 2009, de la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia. Expediente de única instancia 27.339 (folios 36 a 78, cuaderno de primera instancia).
10.
Salvamento de voto a la sentencia (folios 79 a 87, cuaderno de primera instancia).
11.
Certificado de existencia y representación de la fundación “Niños Desplazados
por la Violencia” (folios 173 a 181, cuaderno de primera instancia).
IV.
INTERVENCIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN.
El
Procurador General de la Nación a través de escrito recibido en este Despacho
el 18 de enero de 2012, solicita se revoque el fallo proferido por la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, dictado en
su condición de juez de tutela en segunda instancia.
Para
tal fin indicó que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,
no incurrió en defecto alguno que hiciera procedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, refiriéndose específicamente a la aplicación del
artículo 14 de la Ley 890 de 2004 (aumento punitivo) para el asunto sometido a
examen, dado que: (i) se trata de una norma de carácter sustancial que no
afecta per se lo dispuesto respecto del procedimiento de investigación y
juicio; (ii) la norma en cita no hace ningún tipo de excepción en cuanto a las
personas aforadas; (iii) la Ley 906 de 2004 y la Ley 600 de 2000 son normas
procesales, que resultan neutrales frente a las disposiciones sustanciales
consagradas en el Código Penal; (iv) el aumento punitivo entró a regir con
anterioridad a la ocurrencia de los hechos materia de examen.
Como
argumento adicional expone que la sola divergencia hermenéutica que exista
entre el juez de tutela y el ordinario, cuando media un discurso jurídico
razonable por parte de este último, no puede conllevar a declarar la
configuración de un defecto, para el caso sustantivo.
V.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.
1.
Competencia.
La
Sala Plena de la Corte Constitucional es competente para revisar la decisión
proferida por el Consejo Superior de la Judicatura dentro de la acción de
tutela de la referencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 86
y 241.9 de la Constitución, en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2.
Planteamiento del asunto y determinación del problema jurídico.
2.1.   La
accionante Sandra Arabella Velásquez Salcedo, exrepresentante a la Cámara, a
través de apoderado judicial, interpone acción de tutela contra la sentencia
proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el día
17 de junio de 2009, que le impuso la pena de setenta y cuatro (74) meses de
prisión e inhabilitación de derechos y funciones públicas por noventa (90)
meses, al encontrarla responsable del delito de falsedad ideológica en
documento público agravada por el uso cometido en concurso homogéneo (art. 286,
Código Penal[14]). Estima que la citada sentencia
incurrió en los siguientes defectos:
2.1.1.
Sustancial. Cuestiona la actora la
interpretación que hizo la Corte Suprema de Justicia de las normas sobre
juzgamiento de funcionarios aforados, toda vez que siendo juzgada como
congresista por el procedimiento previsto en la Ley 600 de 2000[15],
le fue aplicado el aumento de penas contemplado en el artículo 14 de la Ley 890
de 2004[16], que en su criterio sólo
se predica respecto de la Ley 906 de 2004, que instituye el sistema penal
acusatorio. Ello por cuanto la Ley 890 fue concebida para permitir un mayor
margen de negociación a la Fiscalía al momento de llegar a preacuerdos,
negociaciones y rebajas de penas por colaboración con la justicia. Expone que
al aumentarse la pena se le impidió acceder a los beneficios propios del
sistema penal, como son la condena de ejecución condicional o la prisión
domiciliaria.
2.1.2. Fácticos.
Hizo alusión a tres tipos de defectos:
2.1.2.1.
Al considerarla autora jurídica de los documentos tachados de falsos cuando su
elaboración material estuvo a cargo de la señora Padrón Barreto (laboraba en la
secretaría general de la Cámara de Representantes). Precisa que se limitó a
efectuar una recomendación genérica a quien fuera su asistente con el objeto
que solicitara un vuelo de apoyo a la FAC para el transporte de alimentos al
municipio de Inírida, respecto de lo cual la señora Padrón Barreto, quien
conocía los trámites que debían adelantarse para tal fin, procedió a concebir,
redactar y firmar los respectivos oficios. Agrega que ninguna de las pruebas
recaudadas lleva a sostener una posición distinta a la mencionada.
2.1.2.2.
Al establecer la sentencia condenatoria que cuando se redactaron los primeros oficios
(31 de enero de 2006) con destino a la FAC, la accionante tenía pleno
conocimiento que no se realizaría donación alguna por alimentos por la Red de
Solidaridad, hoy Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional, sino que lo haría una fundación privada denominada “Niños
Desplazados por la Violencia”, cuando ello no se extrae del material
probatorio recaudado. Califica la sentencia de “conjetural”, toda vez que la
Corte Suprema se empeñó en establecer nexos entre ella y la fundación donante
para colegir que se trataba de una ayuda para su campaña política, aunque
acepta que conocía algunas personas vinculadas con dicha organización, así como
aquellas que recibieron la mercancía, lo cual encuentra lógico en un municipio
tan pequeño. Enfatiza en que los alimentos se entregaron después de las
elecciones y que no reposa en el expediente prueba que permita determinar que
hizo uso proselitista u obtuvo réditos electorales por dicha donación.
2.1.2.3.
Al considerar que la accionante engañó a la FAC al remitir una lista de
personas (oficio del 6 de marzo de 2006) para que fueran trasladadas en el
vuelo de apoyo programado a Inírida, cuando en realidad no se trataban de
indígenas de escasos recursos. Precisa que es una práctica rutinaria solicitar
la inclusión de pasajeros y que la señora Padrón Barreto al elaborar la
comunicación bajo el formato preestablecido, dejó la coletilla según la cual se
trataba de indígenas colombianos de escasos recursos. Finalmente resalta que la
determinación del traslado de los pasajeros está en cabeza exclusivamente de la
FAC, por lo que considera que el material probatorio fue valorado
equivocadamente.
2.1.3. Violación
directa de la Constitución. Radica este defecto al haberse proferido una
sentencia condenatoria en un proceso de única instancia, que vulneró el derecho
a la impugnación en materia penal, contenido igualmente en el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana de
Derechos Humanos. Estima que se desconoció la sentencia C-545 de 2008, al
haberse concentrado en un mismo órgano judicial las funciones de instrucción y
juzgamiento.
De
este modo, considera vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a
la defensa, a la libertad personal, a la igualdad de las partes ante la ley
procesal y al acceso a la administración de justicia. Además, como consecuencia
de la decisión condenatoria encuentra vulnerados los derechos al buen nombre, a
la honra y al ejercicio de cargos públicos, toda vez que se ha difundido una
información errónea de su personalidad y sus actos, que socaban el prestigio y
la confianza de sus electores.
2.1.4. Correspondió
a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia conocer de esta
acción de tutela, la cual fue inadmitida por estar dirigida contra un órgano
límite de la jurisdicción ordinaria.
2.1.5.
Ante tal situación, la acción de tutela se presentó ante la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, la cual
negó el amparo. En segunda instancia, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Superior revocó la decisión del a quo, concediendo la protección
de los derechos fundamentales invocados por la accionante. Así dejó sin efecto
y valor jurídico la sentencia condenatoria de la Sala de Casación Penal,
dictando fallo absolutorio a favor de la exrepresentante Velásquez Salcedo y
ordenando su libertad inmediata. Los defectos encontrados por el ad quem
fueron los siguientes:
2.1.5.1.
Sustancial. En cuanto a este defecto por indebida aplicación del
artículo 14 de la Ley 890 de 2004, que modificó y adicionó el Código Penal
estableciendo el aumento de penas para algunos delitos, expone que por expreso
mandato legal el juzgamiento de los congresistas se debe adelantar bajo el
procedimiento penal consagrado en la Ley 600 de 2000; por tanto, no encontró
acertada la decisión de la Corte Suprema de Justicia de imponer los efectos
consagrados en una normatividad (Ley 890), que sólo aplica para los procesos
regidos por la Ley 906 de 2004, toda vez que el fundamento para adoptar tales
incrementos punitivos se dio a partir de la entrada en vigencia del nuevo
sistema penal acusatorio, con la finalidad de permitir la puesta en marcha de
un sistema basado en una significativa negociación de penas.
2.1.5.2.
Con fundamento en la posibilidad de proferir fallos ultra y extra
petita encontró configurado un defecto sustancial adicional consistente en
que la Sala de Casación Penal adecuó la conducta de la exrepresentante
Velásquez Salcedo en el tipo penal de falsedad ideológica en documento público,
sin que cumpliera el principio de estricta tipicidad, es decir, que abarque
todos los elementos de la conducta endilgada, el cual estructura en dos circunstancias:
La
primera, consistente en que la actora
no extendió ni produjo el documento en el ejercicio de funciones públicas. Ello
por cuanto a lo que está refiriendo el numeral 6 del artículo 135 de la
Constitución[17], es a obtener la
cooperación para el cumplimiento de las funciones, mas no es el ejercicio
propio de las mismas, esto es, dicha norma superior reenvía al interprete a las
disposiciones constitucionales y legales que establecen las atribuciones
propias de los congresistas, de ahí que no obra en el ejercicio de sus
funciones cuando recaba la cooperación del Gobierno, a lo máximo es un
ejercicio del derecho de petición. Anota que no puede crearse vía
jurisprudencial una nueva competencia funcional de los congresistas (principio
de legalidad), ya que los artículos 282 y siguientes de la Ley 5ª de 1992[18],
instituyen incompatibilidades y excepciones a las mismas. La segunda, concierne
a la aptitud probatoria del documento, es decir, que tenga la idoneidad de
servir de prueba. En el presente caso los oficios dirigidos a la FAC no
constituían el medio probatorio idóneo para acreditar el origen de la ayuda
humanitaria, así como tampoco las particularidades de los pasajeros.
2.2.   Conforme
a lo expuesto, corresponde a la Corte Constitucional establecer si la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, al proferir la sentencia del 17
de junio de 2009, en la que condenó a la exrepresentante Velásquez Salcedo por
el delito de falsedad ideológica en documento público, agravada por el uso
cometido en concurso homogéneo, incurrió en:
(i)  un defecto sustancial al haber aplicado
del artículo 14 de la Ley 890 de 2004 sobre aumento de penas, por cuanto la
accionante estima que tal disposición sólo resulta vigente para los procesos que
se adelantan por la Ley 906 de 2004 y no respecto del juzgamiento de los
congresistas que se deben guiar por los presupuestos de la Ley 600 de 2000.
(ii) defectos fácticos por indebida valoración
probatoria, al considerar la accionante que: no fue la autora jurídica de los
documentos dirigidos a la FAC que fueron tachados de falsos; no desprenderse
del material probatorio el conocimiento inicial que las donaciones por
alimentos no se realizarían por la Red de Solidaridad sino que lo haría una
fundación denominada “Niños Desplazados por la Violencia”, además que no se
trataba de una ayuda para su campaña política ni tenía nexos con dicha
fundación; y no era de su competencia sino de la FAC la determinación sobre el
traslado de los pasajeros en los vuelos de apoyo.
(iii) la violación directa de la Constitución,
al apreciar la demandante que no se le permitió el derecho a la impugnación de
la sentencia, además que se concentró las funciones de instrucción y
juzgamiento en un solo órgano judicial a pesar de lo dispuesto en la sentencia
C-545 de 2008.
Adicionalmente,
la Corte habrá de examinar (iv) el defecto sustancial adicional apreciado
por el juez de segunda instancia en tutela, al señalar que se desconoció el
principio de tipicidad por cuanto la actora no extendió ni produjo los
documentos dirigidos a la FAC en el ejercicio de funciones públicas y, adicionalmente,
los mismos no tenían vocación probatoria.
Para
resolver la problemática citada, la Corte acogerá como metodología de
exposición: (i) el derecho a la tutela judicial efectiva frente a la no
admisión a trámite de la acción; (ii) la procedencia excepcional de la acción
de tutela contra providencias judiciales;
(iii) el juzgamiento de los congresistas por la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia; y (iv) la resolución del caso concreto.
3.
El derecho a la protección judicial efectiva frente a la no admisión a trámite
de la acción de tutela.
La
Corte Constitucional en el año 2004 se vio abocada a proferir el auto 004 del 3
de febrero, atendiendo las múltiples peticiones elevadas por ciudadanos en las
cuales manifestaban a esta Corporación su preocupación dado que las salas de
casación de la Corte Suprema de Justicia no admitían a trámite las acciones de
tutela que se presentaban contra sus decisiones, como tampoco enviaban la
correspondiente actuación a este Tribunal para la eventual revisión.
Ello
motivó que esta Corporación, como máximo órgano de la jurisdicción
constitucional (inc. 1, art. 241 superior.), a fin de impedir que quedaran sin
resolución las solicitudes de tutela presentadas, específicamente para
garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia y la tutela
judicial efectiva de los derechos fundamentales, resolviera que los ciudadanos “tienen
el derecho de acudir ante cualquier juez (unipersonal o colegiado), incluyendo
una Corporación de igual jerarquía a la Corte Suprema de Justicia, para reclamar
mediante una acción de tutela la protección del derecho fundamental que
consideran violado con la actuación de una Sala de Casación de dicha Corte”.
Como fundamento de dicha determinación, expuso:
“Por lo tanto, si la Constitución Política (art. 86), el Decreto 2591
de 1991 (art. 1º), y el Decreto Reglamentario 1382 de 2000, establecen que la
tutela procede contra cualquier autoridad pública y no sólo en contra de las autoridades
administrativas, y así lo han reiterado la Corte Constitucional en sus
sentencias sobre la procedencia de la tutela contra providencias judiciales por
vía de hecho y el Consejo de Estado en la sentencia anteriormente citada, es
evidente que lo resuelto por las diferentes Salas de Casación de la Corte
Suprema de Justicia al no admitir a trámite las acciones de tutela que
interponen las personas contra providencia judicial proferida por una Sala de
dicha Corporación, les vulnera su derecho constitucional fundamental de acceso
a la administración de justicia (C.N., art. 229) y a obtener la tutela judicial
efectiva de sus derechos fundamentales, de conformidad con los Tratados
Internacionales (Convención Americana de Derechos Humanos, art. 25), y las
Opiniones Consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (OC-11/90,
OC-16/99).
[…]
Pese a lo anterior, no es posible, como regla general, que la
respectiva Sala de Selección disponga lo pertinente sin que las tutelas
hubieren surtido el trámite propio de las instancias.
En estos casos entonces, con fundamento en el artículo 37 del decreto
2591 de 1991, que dispone que son competentes para conocer de la acción de
tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar
donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la
solicitud, y con el fin de que las personas logren que se pueda disponer lo
pertinente en relación con la revisión de dichas acciones de tutela, los
accionantes tienen el derecho de acudir ante cualquier juez (unipersonal o
colegiado), incluida otra Corporación de igual jerarquía, solicitando la tutela
del derecho fundamental que consideran violado. Es claro que el juez escogido
por el actor o actores no podrá suscitar conflicto de competencia con la Corte
Suprema de Justicia pues es la autoridad que ya con anterioridad ha resuelto no
admitir su trámite.
Tampoco podrá negarse la tutela respectiva con fundamento en la
temeridad o mala fe del accionante, por cuanto para estos casos, al no existir
una decisión de fondo, la vulneración sobreviniente del derecho de acceso a la
administración de justicia justifica la nueva interposición de la acción de
tutela.
Finalmente, es necesario dar un tratamiento igual a otros ciudadanos
que puedan encontrarse en la misma situación aquí advertida. Por ello, para los
casos en que exista la misma situación de vulneración del derecho fundamental
de acceso a la administración de justicia y la no tutela judicial efectiva de
sus derechos fundamentales, los ciudadanos tienen el derecho de acudir ante
cualquier juez (unipersonal o colegiado), incluyendo una Corporación de igual
jerarquía a la Corte Suprema de Justicia, para reclamar mediante una acción de
tutela la protección del derecho fundamental que consideran violado con la
actuación de una Sala de casación de la Corte Suprema de Justicia.”
Posteriormente,
ante la imposibilidad de garantizar el derecho de acceso a la justicia mediante
la aplicación de esta regla para algunos casos, llevó a esta Corporación a
instituir una segunda alternativa con el objeto de garantizar el derecho a una
tutela judicial efectiva. Así se profirió el Auto 100 de 2008, en el cual se
señaló que la persona afectada igualmente puede:
“(ii) solicitar ante la Secretaría General de la Corte
Constitucional, que radique para selección la decisión proferida por la Corte
Suprema de Justicia en la cual se concluyó que la acción de tutela era
absolutamente improcedente, con el fin de que surta el trámite fijado en las
normas correspondientes al proceso de selección. Para este efecto, el
interesado adjuntará a la acción de tutela, la providencia donde se plasmó la
decisión que la tutela era absolutamente improcedente, así como la providencia
objeto de la acción de tutela”.
Por
consiguiente, la Corte estableció que las acciones de tutela presentadas contra
providencias judiciales de las altas corporaciones, que bajo las circunstancias
anotadas fueran objeto de no trámite, inadmisión o rechazo por el mismo órgano,
permite a cualquier ciudadano su nueva presentación i) ante cualquier juez,
incluyendo una Corporación de igual jerarquía a la Corte Suprema o al Consejo
de Estado, como la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional o
Superior de la Judicatura, o ii) requerir su radicación ante la Corte
Constitucional, para así poder cumplir con los fines esenciales del Estado como
lo es el garantizar la efectividad de los derechos fundamentales consagrados en
la Constitución (art. 2º de la Carta)[19].
Conforme a los lineamientos expuestos, para esta Corte
la negativa de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia de dar
trámite a la acción de tutela interpuesta por la exrepresentante Velásquez
Salcedo, bajo el argumento que contra las decisiones de los tribunales de
cierre no procede recurso alguno, desconoció su derecho de acceso a la
administración de justicia y a la tutela judicial efectiva. De ahí que la
accionante, conforme al Auto 100 de 2008, se encontraba habilitada para
presentar el amparo ante la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura, quien estaba en el deber constitucional de tramitarla, como
efectivamente ocurrió, y goza de la competencia para decidir en el asunto.
4.
La procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales.
4.1.   Desde
la entrada en vigencia de la Constitución de 1991 y los primeros
pronunciamientos de esta Corporación[20],
se ha señalado que la acción de tutela procede excepcionalmente contra providencias
judiciales. Ello tiene fundamento en el artículo 86 superior, el cual establece
que mediante dicho instrumento podrá reclamarse la protección inmediata de los
derechos constitucionales fundamentales cuando resulten amenazados o vulnerados
por “cualquier autoridad pública”, lo cual también se reitera en algunas
disposiciones del Decreto 2591 de 1991 que reglamenta la acción de tutela.
Al
abordar lo concerniente a quiénes constituyen autoridad pública, este Tribunal
ha manifestado que del contenido del artículo 86 constitucional se desprende
que son “todas aquellas personas que están facultadas por la
normatividad para ejercer poder de mando o decisión en nombre del Estado y
cuyas actuaciones obliguen y afecten a los particulares”[21].
De igual modo, en las sentencias T-006 de 1992[22]
y C-590 de 2005[23] se trajeron a colación
los antecedentes de la Asamblea Nacional Constituyente, de los cuales puede
extraerse los fundamentos que llevaron a acoger la procedencia del recurso de
amparo contra “cualquier autoridad pública” y de esa manera contra providencias
judiciales.
4.2.   La
sentencia C-543 de 1992 no fue ajena a la jurisprudencia constitucional que le
antecedía, toda vez que si bien en tal determinación se declaró la
inexequibilidad de los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, que
contemplaban la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
esta Corporación luego de enfatizar que los jueces son “autoridades públicas”,
registró claramente que:
“Nada obsta para que por la vía de la tutela se ordene
al juez que ha incurrido en dilación injustificada en la adopción de
decisiones a su cargo, que proceda a resolver o que observe con diligencia los
términos judiciales, ni riñe contra los preceptos constitucionales la
utilización de esta figura ante actuaciones de hecho imputables al
funcionario por medio de las  cuales se desconozcan o amenacen los derechos
fundamentales, ni tampoco cuando la decisión pueda causar un perjuicio
irremediable, para lo cual si está constitucionalmente autorizada la tutela
pero como mecanismo transitorio cuyo efecto, queda supeditado a lo que se
resuelva de fondo por el juez ordinario competente. En hipótesis como estas no
puede hablarse de atentado alguno contra la seguridad jurídica de los
asociados, sino que se trata de hacer realidad los fines que persigue la
justicia” [subrayas al margen del texto
original].
Lo
anterior significa que la citada sentencia terminó excluyendo del ordenamiento
jurídico colombiano la normatividad que hacía procedente la acción de tutela
contra providencias judiciales como regla general, permitiendo su
procedencia sólo de manera excepcional como hasta hoy ha insistido esta
Corporación.
Ello
se comprueba notoriamente con las numerosas sentencias de revisión y
unificación de tutela que reiteran la procedencia extraordinaria del amparo
frente a decisiones judiciales, que han llevado con el paso del tiempo, a casi
20 años, a construir una sólida línea jurisprudencial en cuanto a los supuestos
de procedibilidad de la acción, que vienen a constituir el reflejo de las
distintas situaciones que enfrenta la comunidad respecto de la efectividad de
sus derechos fundamentales, como el debido proceso.[24]
Decisiones
de tutela que han encontrado apoyo en sede de control abstracto de
constitucionalidad, esto es, en sentencias con efectos erga omnes, como la
C-037 de 1996 [Ley Estatutaria de la Administración de Justicia][25],
C-384 de 2000[26], C-739 de 2001[27]
y C-713 de 2008 (Reforma a la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia][28].
Particularmente,
este Tribunal en la sentencia C-590 de 2005
declaró inexequible la norma que impedía interponer la acción de tutela contra
sentencias de casación en materia penal[29], por considerar que
dicha restricción vulneraba, entre otras normas, el artículo 86 de la
Constitución. Los criterios expuestos en tal determinación resultan aplicables
para reivindicar la procedencia excepcional de la acción de tutela contra las
sentencias de los órganos máximos en las jurisdicciones ordinaria, contencioso
administrativa y jurisdiccional disciplinaria.
4.3.   En
consecuencia, la Sala Plena de la Corte Constitucional reitera que la tutela solamente
resulta viable contra providencias judiciales si se cumplen ciertos y
rigurosos requisitos de procedibilidad, que se distinguen: unos, como de
carácter general que habilitan la presentación de la acción y, otros, de
carácter específico que conciernen a la procedencia del amparo una vez
interpuesta. Tales eventos comprenden la superación del concepto de “vía de
hecho” y la admisión de “específicos supuestos de procedencia” en eventos en
los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Constitución, si se
trata de decisiones ilegítimas que afectan los derechos fundamentales. Así se
sostuvo por esta Corporación en la sentencia C-590 de 2005, que in extenso
se transcribe para su mejor comprensión:
“Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar
a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia
constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones[30].
En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios  -ordinarios y
extraordinarios-  de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo
que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable[31].
De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos.
De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de
protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las
distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción
constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un
desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir
del hecho que originó la vulneración[32].
De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o
aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de
cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se
impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora[33].  No
obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como
crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay
lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere
alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible[34].
Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas
por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al
fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que
la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[35].  Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse
de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son
sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en
virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de
la sala respectiva, se tornan definitivas.
Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda
una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la
existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este
sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una
sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos
que adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c.  Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta
la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[36] o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de
una decisión que afecta derechos fundamentales.
f.  Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de
los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional.
g.  Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho
fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la
eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado[37].
h.  Violación directa de la Constitución.”
En
este orden de ideas, los criterios esbozados
constituyen un catálogo a partir del cual es posible comprender y justificar a
la luz de la Constitución y de los instrumentos internacionales de derechos
humanos, la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales.
Tratándose
de las decisiones de las altas corporaciones judiciales, en particular de la
Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, dada la condición de máximos
órganos de las jurisdicciones ordinaria y contencioso administrativa, la
jurisprudencia constitucional ha indicado que los eventos de procedencia del
amparo resultan aún más restrictivos, pero siempre partiendo del grado de
revisión en cabeza de la Corte Constitucional (art. 241.9 superior), como una
puerta abierta hacia la garantía efectiva de la primacía de los derechos inalienables
del ser humano (arts. 2º y 5º superiores), dada la función que se le ha
encomendado por la Carta Política de la guarda de la integridad y supremacía de
la Constitución (art. 241 superior).[38]
4.4.
Ahora bien, en alusión específica a los defectos  sustancial,
fáctico y por violación directa de la Constitución, que ocupan a la presente
decisión, la jurisprudencia constitucional ha reseñado[39]:
4.4.1.
Defecto sustancial. En un amplio desarrollo por esta Corporación, se ha
explicado que el defecto sustancial o material se presenta cuando “la
autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja de
aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraríe
los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica”[40]. De esta manera, la Corte en diversas decisiones ha
venido construyendo los distintos supuestos que pueden configurar este defecto
conforme a las situaciones fácticas que se exponen[41]:
(i) Cuando la decisión judicial tiene como fundamento
una norma que no es aplicable, ya que (i) no es pertinente[42], (ii) ha perdido su
vigencia por haber sido derogada[43],
(iii) es inexistente[44],
(iv) ha sido declarada contraria a la Constitución[45], (v) a pesar de que la
norma en cuestión está vigente y es constitucional, no resulta adecuada su
aplicación a la situación fáctica objeto de estudio, así ocurre por ejemplo
cuando se le reconocen efectos distintos a los señalados por el legislador[46].
(ii) Cuando pese a la autonomía judicial, la
interpretación o aplicación de la norma al caso concreto, no se encuentra, prima
facie, dentro del margen de interpretación razonable[47] o el operador judicial
hace una aplicación inaceptable de la norma al interpretarla de forma
contraevidente -interpretación contra legem- o claramente perjudicial
para los intereses legítimos de una de las partes[48] o cuando
en una decisión judicial se aplica una norma jurídica de manera manifiestamente
errada, sacando del marco de la juridicidad y de la hermenéutica jurídica aceptable
tal decisión judicial[49].
(iii) Cuando no toma en cuenta sentencias que han
definido su alcance con efectos erga omnes[50].
(iv) Cuando la disposición aplicada se muestra
injustificadamente regresiva[51]
o contraria a la Constitución[52].
(v) Cuando un poder concedido al juez por el
ordenamiento se utiliza para un fin no previsto en la disposición[53].
(vi) Cuando la decisión se funda en una interpretación
no sistemática de la norma, omitiendo el análisis de otras disposiciones
aplicables al caso[54].
(vii) Cuando
el operador judicial con una insuficiente sustentación o justificación de la
actuación afecta derechos fundamentales[55].
(viii) Cuando
se desconoce el precedente judicial sin ofrecer un mínimo razonable de
argumentación que hubiere permitido una decisión diferente de acogerse la
jurisprudencia[56].
(ix) Cuando
el juez se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una
violación manifiesta de la Constitución siempre que se solicite su declaración
por alguna de las partes en el proceso[57].
4.4.2.
Defecto fáctico. Ha señalado esta Corporación que tiene lugar siempre
que resulte evidente que el apoyo probatorio en que se fundamentó el juez para resolver
un caso es absolutamente inadecuado[58]. Para este Tribunal “Si bien el juzgador goza de un amplio margen para
valorar el material probatorio en el cual ha de fundar su decisión y formar
libremente su convencimiento, ´inspirándose en los principios científicos de la
sana crítica […]´[59], dicho poder jamás puede
ejercerse de manera arbitraria; su actividad evaluativa probatoria implica,
necesariamente, la adopción de criterios objetivos[60],
no simplemente supuestos por el juez, racionales[61],
es decir, que ponderen la magnitud y el impacto de cada una de las pruebas
allegadas, y rigurosos[62], esto es, que
materialicen la función de administración de justicia que se les encomienda a
los funcionarios judiciales sobre la base de pruebas debidamente recaudadas”[63].
La
Corte ha identificado dos dimensiones en las que se presentan un defecto
fáctico:
“La primera, la dimensión omisiva, comprende
las omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la
veracidad de los hechos analizados por el juez[64]. La segunda, la
dimensión positiva, abarca la valoración de pruebas igualmente esenciales
que el juzgador no puede apreciar, sin desconocer la Constitución[65].
Por eso, en lo que respecta a la dimensión omisiva, ´no se adecua a este desideratum,
la negación o valoración arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba´[66]
que se presenta cuando el juez simplemente ignora la prueba u omite su
valoración[67], cuando sin razón
valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge
clara y objetivamente[68].
En lo relativo a la dimensión positiva, el defecto
fáctico se presenta generalmente cuando aprecia pruebas que no ha debido
admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas (artículo
29 C.P.).”[69]
De
este modo, la Corte ha sentado que sólo es viable fundar una acción de tutela contra
decisiones judiciales por defecto fáctico cuando se observa que de manera
manifiesta aparece arbitraria la valoración probatoria hecha por el juez respectivo.
Entonces, el error en el juicio valorativo de la prueba “debe ser de tal
entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una
incidencia directa en la decisión, en la medida que el juez de tutela no puede
convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria
del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de
competencia”[70]. Entre las
manifestaciones del defecto fáctico, esta Corte ha identificado[71]:
“1. Defecto fáctico por la omisión en el decreto y la
práctica de pruebas. Esta hipótesis se presenta cuando el funcionario judicial
omite el decreto y la práctica de pruebas, lo cual tiene como consecuencia
impedir la debida conducción al proceso de ciertos hechos que resultan
indispensables para la solución del asunto jurídico debatido[72].
2.
Defecto fáctico por la no
valoración del acervo probatorio. Se presenta cuando el funcionario judicial, a
pesar de que en el proceso existan elementos probatorios, omite considerarlos,
no los advierte o simplemente no los tiene en cuenta para efectos de
fundamentar la decisión respectiva, y en el caso concreto resulta evidente que
de haberse realizado su análisis y valoración, la solución del asunto jurídico
debatido variaría sustancialmente[73].
3.
Defecto fáctico por valoración
defectuosa del material probatorio. Tal situación se advierte cuando el
funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse
por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el
asunto jurídico debatido; o cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se
abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva[74].”
4.4.3.
Defecto por violación directa de la Constitución. Se estructura cuando
el juez ordinario adopta una decisión que desconoce de forma específica los
postulados de la Carta Política. Ha indicado esta Corte que “el actual modelo de ordenamiento constitucional
reconoce valor normativo a los preceptos superiores, de modo tal que contienen
mandatos y previsiones de aplicación directa por las distintas autoridades
[…].  Por ende, resulta plenamente factible que una decisión judicial pueda
cuestionarse a través de la acción de tutela cuando desconoce o aplica indebida
e irrazonablemente tales postulados”[75].
Concretamente
este defecto acaece cuando: (i) se deja de aplicar una disposición ius fundamental
a un caso concreto, o (ii) al aplicar la ley al margen de los dictados de
la Constitución[76]. Una de las situaciones en que puede presentarse es
cuando una autoridad judicial no aplica la excepción de inconstitucionalidad,
pasando por alto el artículo 4º de la Carta Política, que preceptúa: “En todo
caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica,
se aplicarán las disposiciones constitucionales.”
4.5.
Por último, es menester destacar que la Corte también ha referido a la
improcedencia de la acción de tutela por defectos en la interpretación
judicial cuando se trata de:
“i) la simple divergencia sobre la apreciación
normativa[77],
ii) la contradicción de opiniones respecto de una decisión judicial[78], iii) una
interpretación que no resulta irrazonable, no pugna con la lógica jurídica, ni
es abiertamente contraria a la disposición analizada[79] y, iv) discutir una
lectura normativa que no comparte[80],
pues para ese efecto deben acudirse a las instancias judiciales ordinarias y
extraordinarias y no a la acción de tutela que no es tercera instancia. […] De
acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la protección de los derechos
fundamentales por vía de tutela cuando éstos resultan afectados por la
interpretación judicial de pruebas o de normas jurídicas debe ser
excepcionalísima y únicamente procede cuando el juez se aparta de la ley y la
Constitución en forma irrazonable, por lo que en caso de que existan distintas
interpretaciones razonables debe prevalecer la del juez de conocimiento en aras
de preservar los principios de autonomía, independencia y especialidad de la
labor judicial”.[81]
Entonces,
es claro para este Tribunal que “verificar una discrepancia en torno a la
interpretación jurídica de las normas aplicables a un caso o de las pruebas aportadas
al mismo, no implica constatar una violación al debido proceso. Si se trata de
una interpretación jurídica razonable, el juez de tutela no puede interferir la
decisión judicial, so pretexto de estar defendiendo la Constitución”[82].
Entonces, un juez de la República no vulnera del debido proceso cuando, en
principio, la lectura que realiza de las reglas aplicables y de las pruebas
aportadas se inserta dentro del margen de interpretación razonable[83].
5. El juzgamiento de congresistas
por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Atendiendo las
circunstancias que preceden este caso, encuentra la Sala Plena necesario
referir i) al procesamiento en una sola instancia de los congresistas por la
Corte Suprema de Justicia, ii) a la separación funcional entre la instrucción y
el juzgamiento en las investigaciones que adelanta la Corte Suprema de Justicia
contra los parlamentarios y iii) al alcance de la sentencia C-545 de 2008, que
examinó el artículo 533[84] de la Ley 906 de 2004,
en relación con el cargo de igualdad.
5.1.   Constitucionalidad
del procesamiento en una sola instancia. La Constitución Nacional de
1886 contemplaba la denominada inmunidad parlamentaria (art. 107. Acto
Legislativo núm. 01 de 1936, art. 26), al señalar que “ningún miembro del
Congreso podría ser aprehendido ni llamado a juicio criminal sin permiso de la
Cámara a que pertenezca, durante el periodo de las sesiones, cuarenta días
antes y veinte después de éstas. En caso de flagrante delito, podrá ser
detenido […] y será puesto inmediatamente a disposición de la Cámara respectiva”.
Con la Constitución
Política de 1991 se contempló en el numeral 3 del artículo 235, la
investigación y juzgamiento de los miembros del Congreso de la República por la
Corte Suprema de Justicia. Así mismo, el artículo 186, ejusdem, expresa
que “De los delitos que cometan los congresistas, conocerá en forma
privativa la Corte Suprema de Justicia, única autoridad que podrá ordenar su
detención. En caso de flagrante delito deberán ser aprehendidos y puestos
inmediatamente a disposición de la misma corporación”. Precepto
constitucional que se encuentra reiterado en los artículos 75.7[85]
de la Ley 600 de 2000 y 32.7[86] de Ley 906 de 2004.
De esta manera, se
establece un fuero penal especial para esos altos dignatarios del
Estado, el cual permite que sean investigados y juzgados por el máximo tribunal
de la jurisdicción ordinaria. El fundamento constitucional de esta clase de
fuero fue expuesto en la sentencia C-222 de 1996 en los siguientes términos:
“Dicho fuero especial no implica el sometimiento a
jueces y tribunales especiales, esto es, distintos de los ordinarios, en
aquellos casos en que sean objeto de investigaciones y eventualmente
acusaciones, determinados funcionarios del Estado, sino el cumplimiento de un
trámite procesal especial de definición de la procedencia subjetiva y en
concreto  del juicio penal; ello precisamente para lograr la realización de los
objetivos propios y esenciales del Estado Social de Derecho, el cual, […],
garantiza también de forma paralela la integridad y salvaguarda de sus
instituciones y la seguridad de las personas que las representan, pues sólo así
es posible mantener el equilibrio en el ejercicio del poder.
La razón de ser del fuero especial es la de servir de
garantía de la independencia, autonomía y funcionamiento ordenado de los
órganos del Estado a los que sirven los funcionarios vinculados por el fuero.
Ante todo se busca evitar que mediante el abuso del derecho de acceso a la
justicia se pretenda paralizar ilegítimamente el discurrir normal de las
funciones estatales y el ejercicio del poder por parte de quienes han sido
elegidos democráticamente para regir los destinos de la Nación”.
En
la sentencia C-545 de 2008, se reafirmó la finalidad de esta clase de fuero, al
señalar que: “además de constituir un privilegio protector de la investidura,
[busca] asegurar al máximo la independencia en el juicio, pues la elección de
esa clase de sistemas, como ocurre en otros países, […] se encuentra acorde con
lo avalado en los actuales postulados doctrinarios, según los cuales un punto
tan delicado como la responsabilidad penal de quienes cumplen funciones que
resultan relevantes al interés público, se sustrae de la actividad legislativa,
para otorgar la competencia juzgadora ‘al órgano situado en la cúspide del
poder judicial y, por eso mismo, el más capacitado para repeler unas eventuales
presiones o injerencias’” y comporta una serie de beneficios, como “una mayor
celeridad en la obtención de una resolución firme, rapidez recomendable en todo
tipo de procesos, pero particularmente en los que, como presumiblemente los
aquí contemplados, provocan un gran sobresalto en la sociedad[87]”.
En cuanto al juzgamiento en
única instancia de los congresistas por la Corte Suprema de Justicia, esta
Corporación en distintos pronunciamientos ha establecido que ello no se opone a
la Constitución Política, ni a los tratados internacionales de derechos humanos.
Así lo ha sostenido este Tribunal desde sus primeros pronunciamientos en el año
de 1993, en orden a concluir que no se desconoce el principio de la doble
instancia, ni el debido proceso[88]. En la sentencia C-934
de 2006, se observó:
“Cabe destacar que el juzgamiento de altos
funcionarios por parte de la Corte Suprema de Justicia constituye la máxima
garantía del debido proceso visto integralmente por las siguientes razones: (i)
porque asegura el adelantamiento de un juicio que corresponde a la jerarquía
del funcionario, en razón a la importancia de la institución a la cual éste
pertenece, de sus responsabilidades y de la trascendencia de su investidura;
(ii) porque ese juicio se adelanta ante un órgano plural, con conocimiento
especializado en la materia, integrado por profesionales que reúnen los requisitos
para ser magistrados del máximo órgano de la jurisdicción ordinaria; y (iii)
porque ese juicio se realiza ante el órgano de cierre de la jurisdicción
ordinaria, quien tiene a su cargo la interpretación de la ley penal y asegurar
el respeto de la misma a través del recurso de casación.
La Corte se refirió ampliamente a la
constitucionalidad de procesos de única instancia en la sentencia C-040 de
2002, […],[89] cuyas consideraciones se
citan […], así dicho fallo se haya producido en un contexto diferente:
´La doble instancia y su relación con el debido
proceso.
La consagración de la doble instancia tiene entonces
un vínculo estrecho con el debido proceso y el derecho de defensa, ya que busca
la protección de los derechos de quienes acuden al aparato estatal en busca de
justicia. Sin embargo, la posibilidad de apelar una sentencia adversa no hace
parte del contenido esencial del debido proceso ni del derecho de defensa en
todos los campos, pues la propia Constitución, en su artículo 31, establece que
el Legislador podrá consagrar excepciones al principio general, según el cual
toda sentencia es apelable o consultable.
[…]
En relación con el fuero penal de los altos
dignatarios, esta Corporación ya había señalado:
"Pero cuando la Corte Suprema conoce en única
instancia del proceso, como ocurre en tratándose de los altos funcionarios, el
sindicado tiene a su favor dos ventajas: la primera, la economía procesal; la
segunda, el escapar a la posibilidad de los errores cometidos por los jueces o
tribunales inferiores. A las cuales  se suma la posibilidad de ejercer la
acción de revisión, una vez ejecutoriada la sentencia.
No es pues, acertado afirmar que el fuero consagrado
en la Constitución perjudica a sus beneficiarios.[90]"
[…]
Por todo lo anterior, aunque la ley puede consagrar
excepciones a la doble instancia (CP art. 31), sin embargo ello no significa
que cualquier exclusión sea constitucional.´
De tal manera que la doble instancia no es la única
forma de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa, si bien es una
de las vías para asegurar el goce efectivo de tales derechos.
[…]
La interpretación del art. 14.5 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y art. 8.2 del Pacto de San José
que han efectuado los órganos internacionales competentes, resulta armónica con
la interpretación que se ha hecho de los artículos 29 y 31 Carta Política en
materia de juzgamiento de los altos funcionarios del Estado, en la medida en
que de dichos pronunciamientos no se deriva una regla según la cual en los
juzgamientos de altos funcionarios con fuero penal ante el órgano de cierre de
la jurisdicción penal, deba establecerse una segunda instancia semejante a la
que existe para otros juicios penales. Es decir, cada Estado goza de un amplio
margen para configurar los procedimientos y para diseñar los mecanismos
eficaces de protección de los derechos, sin que esté ordenado, según la
jurisprudencia vigente, que en los casos de altos funcionarios aforados se
prevea siempre la segunda instancia”.
Más adelante, en la
sentencia SU.811 de 2009[91], la Corte reafirmó que
los procesos seguidos en única instancia contra altos dignatarios del Estado
investidos de fuero constitucional, atienden los postulados de la Carta
Política y del bloque de constitucionalidad:
“La prescindencia de algunas manifestaciones
procesales existentes en el diligenciamiento común, como lo serían aquellos
procesos penales en los cuales se aplica la regla general de la doble
instancia, es suplida por la presteza de la actuación y la preponderancia y
pluralidad de los jurisperitos que participan en la actuación y decisión, que
ciertamente representan óptima garantía y apuntalan la justificación del fuero
especial constitucional configurando excepción válida a las reglas del sistema
procesal común.
Debe recalcarse que la Carta
Política, por haberlo determinado así la Asamblea Nacional Constituyente en su
voluntad soberana, obligó a la Corte Suprema de Justicia a investigar y juzgar
a los congresistas. Al expedirse el Acto Legislativo 03 de 2002 los
Representantes a la Cámara y Senadores que entonces conformaban el Congreso de la
República de Colombia, en desarrollo de su elevada función de reformar la
Constitución, preservaron dicha competencia, que no puede ser sino de única
instancia ante la ausencia de superior jerárquico, respetando así la manera
como la más alta entidad de la jurisdicción ordinaria ha cumplido tal función;
claro es que en esa reforma, o en otra, habrían podido modificar también la
atribución 3ª del artículo 235 superior, que enfáticamente entrega esa misión.
Con todo lo anteriormente
expuesto, la existencia de procesos de única instancia, para la investigación
y/o el juzgamiento de funcionarios investidos con un fuero constitucional como
el de los congresistas, adelantados por el máximo organismo de la jurisdicción
penal ordinaria, cuenta con el aval de la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y armoniza con los principales instrumentos internacionales que
consagran el principio de la doble instancia, sin que en forma alguna llegasen
a constituir una vulneración al debido proceso”.
Por
lo anterior, es claro para este Tribunal que el juzgamiento de los congresistas
en única instancia por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia, resulta una posibilidad válida a la luz de la Constitución Política y
los convenios internacionales de derechos humanos, al garantizar adecuadamente
el principio de la doble instancia y el derecho al debido proceso.
5.2.   Separación funcional entre la instrucción y el juzgamiento. Conforme a lo señalado en el ítem anterior, a la
Corte Suprema de Justicia compete asumir la instrucción y el juzgamiento de los
congresistas, en desarrollo del ius puniendi del Estado.
En la sentencia C-545 de 2008, que examinó la constitucionalidad
del artículo 533, parcial[92], de la Ley
906 de 2004, Código de Procedimiento Penal, este Tribunal sostuvo que por
evolución jurisprudencial el cumplimiento futuro de las funciones de
investigación y juzgamiento por la Corte Suprema de Justicia, debe escindirse
dentro de los miembros de la Corporación constitucionalmente investida de esa
competencia. A continuación, se transcribe in extenso lo manifestado:
“El [precepto demandado] debe ser analizado de cara a
otros derechos, consagrados en la Constitución[93]
y, especialmente, reconocidos en el derecho internacional, atendiendo al efecto
la doctrina y la jurisprudencia actual en materia procedimental, en particular,
frente al derecho a un juez imparcial, en los desarrollos que
trasnacionalmente ha venido presentando la búsqueda de un “juicio cada vez
más  justo”.
[…]
Entonces, lo que se busca con la
amplificación de la imparcialidad también hacia su acepción objetiva es, en un
cambio meramente procedimental, evitar que el funcionario que acopió los
elementos necesarios en el adelantamiento de una actuación, que le llevó verbi
gratia a proferir una resolución de acusación, -como en el presente evento
correspondería según el procedimiento instituido en la Ley 600 de 2000 (que por
cierto sigue y seguirá rigiendo durante bastante tiempo en acciones penales que
cursen contra procesados distintos a los Congresistas, por delitos perpetrados
antes de empezar los años 2005, 2006, 2007 y 2008, según el Distrito Judicial
del acaecimiento)-, al haber estado en contacto con las fuentes de las cuales
procede su convicción, la mantenga, entendiblemente ligado por preconceptos que
para él han resultado sólidos.
Esto se evita, según se ha asumido
doctrinalmente y en creciente número de legislaciones, con la separación
funcional entre la instrucción y el juzgamiento, de forma que la convicción que
el investigador se haya formado previamente no se imponga en las decisiones que
se adopten en el juicio, al quedar éstas a cargo de un servidor judicial
distinto e independiente de aquél, con lo cual, también y especialmente, el
sujeto pasivo de la acción penal superará la prevención de que su causa siga
encaminada hacia tal o cual determinación final.
La garantía del debido proceso o del
juicio justo, referente al derecho a un juez imparcial, como actualmente es
considerado, ha sido […] adicionada, por paulatina evolución doctrinal foránea,
para no circunscribirse ahora únicamente a la parcialidad intencional del
funcionario, por tener o haber tenido un vínculo que le lleve hacia el
favorecimiento o animadversión; también apunta hoy en día al apego competencial
a preconceptos que humanamente vayan siendo asumidos y consolidados, llegando a
percibirse externamente como inmodificables, que pudieren obstaculizar la
confianza que deben inspirar los jueces, tribunales y, en general, toda la
administración de justicia, en una sociedad democrática (STC 11 de 2000,
precitada).
Como la Carta Política sigue avalando y
obligando a la Corte Suprema a investigar y juzgar, ella misma, a los
Congresistas, la total exclusión del servidor judicial de cualquier actividad
previa en el asunto que vaya a ser sometido a su juzgamiento, es en Colombia
una vía para extremar a futuro la adecuación de los procedimientos a las
evoluciones internacionales, que se reflejan en los tratados que forman el
bloque de constitucionalidad.
[…]
Esa actual tendencia demuestra que, aunque la
competencia integral que la Constitución colombiana le asigna a la Corte
Suprema de Justicia para adelantar tanto la investigación como el juzgamiento
de los miembros del Congreso es un ineludible mandato constitucional, el
legislador, dentro de su amplio margen de configuración, al reglamentar el
procedimiento aplicable a esa clase de acciones penales, debe obedecer a un
ejercicio razonable y proporcionado de dicha facultad, asegurando que el juicio
sea realizado por un juez o tribunal establecido con anterioridad por la ley,
competente, “independiente e imparcial”[94],
concepto este último que ha venido evolucionando en la doctrina internacional,
para que se evite ya no solo la parcialización intencional sino el apego a
preconceptos.
Bajo tales supuestos, si bien el aparte demandado del
artículo 533 de la Ley 906 de 2004 es exequible, la dinámica del derecho impone
que a partir de la expedición de esta providencia[95], para efectos de los procesos
adelantados contra quienes ostenten la calidad de aforados conforme al artículo
235.3 superior, por conductas punibles cometidas con posterioridad a la misma,
el legislador adopte en ejercicio de las facultades estatuidas en el artículo
234 ibídem las medidas necesarias para que sea separada, dentro de la
misma Corte Suprema como juez natural en estos casos, la función de
investigación de aquella correspondiente al juzgamiento.
Así, esta Corporación reclama una modificación
legislativa, encaminada a que durante el juicio no actúe ninguno de los
magistrados o funcionarios a cargo de la instrucción, que en lo atinente a
hechos futuros será encomendada a una sala, cuerpo, sección o funcionario
distinto, vinculado a esa misma corporación, que posteriormente no podrá
intervenir en el juzgamiento, si a éste hubiere lugar.
Entonces, se declarará la exequibilidad del segmento legislativo
demandado, porque no existe argumento válido que permita concluir que el modelo
y estructura del proceso de investigación y juzgamiento de los miembros del
Congreso por la Sala Penal de la Corte Suprema contraríe la Carta Política, ni
los tratados reconocedores de los derechos humanos, porque es en fiel
cumplimiento de la primera de donde emerge tal sistema, y la no participación
en el juzgamiento de quien o quienes hubieren tenido a cargo la investigación
fluye de la interpretación ampliada que internacionalmente ha surgido sobre lo
que implica la imparcialidad, en su acrecida acepción objetiva, en cuya
dirección ha de avanzar el Congreso de la República de Colombia.
Precisa la Corte Constitucional que dicho cambio de
percepción, de naturaleza estrictamente procedimental, no tendrá ni podría
tener efectos retroactivos, ni dará lugar a la aplicación del principio de
favorabilidad, en procesos que se hayan adelantado o estén en curso en la Corte
Suprema de Justicia bajo el modelo vigente, ni los que no se hayan iniciado por
delitos cometidos con anterioridad a la fecha de esta sentencia”.
De esta manera, la Corte resolvió declarar exequible la expresión “Los casos de que trata el numeral 3° del artículo 235
de la Constitución Política continuarán su trámite por la Ley 600 de 2000”, contenida en el inciso primero del artículo 533 de la
Ley 906 de 2004, en el entendido que el legislador debe separar, dentro de la
misma Corte Suprema de Justicia, las funciones de investigación y juzgamiento
de los miembros del Congreso, atendiendo las consideraciones expuestas en la
parte motiva de esta sentencia, para las conductas punibles cometidas a partir
del 29 de mayo de 2008[96].
5.3.
El alcance de la sentencia C-545 de 2008, que declaró la exequibilidad del
artículo 533 de la Ley 906 de 2004, en relación con el cargo de igualdad.
Este Tribunal en la sentencia referida examinó la siguiente disposición:
“Derogatoria y vigencia. El presente código regirá
para los delitos cometidos con posterioridad al 1° de enero del año 2005. Los
casos de que trata el numeral 3° del artículo 235 de la Constitución Política[97]
continuarán su trámite por la Ley 600 de 2000”.
El
problema jurídico abordado consistió en determinar si el aparte subrayado
desconocía el principio de igualdad, al señalar que la investigación y
juzgamiento de los congresistas por la Corte Suprema de Justicia “debe
tramitarse por el procedimiento penal contemplado en la Ley 600 de 2000 y no
bajo el sistema penal acusatorio contenido en la Ley 906 de 2004.”[98]
De
esta manera, la Corte al declarar la exequibilidad condicionada del aparte
impugnado, sostuvo lo siguiente:
“Los procesos adelantados contra los altos
dignatarios del Estado investidos de fuero constitucional, son especiales y no
atentan contra el derecho a la igualdad.
[…]
Además de señalar que el fuero de los altos
dignatarios del Estado busca preservar la autonomía y la independencia de los
funcionarios amparados por el mismo, esta corporación ha puntualizado, que los procesos
especiales que contra ellos se adelanten pueden apartarse de los procedimientos
ordinarios, con fundamento en la propia Carta Política, sin que ello implique
discriminación alguna.
[…]
Esta Corte señaló
que los congresistas, como altos representantes de la rama legislativa,
equiparables en otros aspectos a los altos dignatarios de las ramas ejecutiva y
judicial, tienen un fuero constitucional expreso para ellos, al sólo poder ser
investigados y juzgados por la Corte Suprema de Justicia, sin que ello permita
establecer que procesalmente tengan que recibir el mismo trato que los demás
dignatarios, ni que sea imperativo que el diligenciamiento que les corresponde
en materia penal sea el mismo que reciben los demás sujetos pasivos de la
acción penal.
Bajo tales supuestos,
no puede equipararse la situación de los Congresistas, ni con los otros altos
funcionarios del Estado, ni con todos los mayores de edad en general, al
momento de ser investigados y juzgados penalmente, como quiera que la
investigación por su mismo juez natural difiere de la de aquéllos, sin que esto
implique una discriminación o la vulneración de garantías procesales.
[…]
En otras palabras, la sola circunstancia de
encontrarse sometido a un proceso penal, sea en etapa instructiva o durante el
juicio, es un criterio de igualación que si bien resulta en principio relevante
para los efectos planteados por los actores, no es suficiente para, a partir de
él, predicar la igualdad de todos los sujetos que se encuentren en dicha
situación y pretender entonces deducir exactamente las mismas consecuencias
jurídicas, en especial cuando de los Congresistas se trata, quienes gozan de un
fuero constitucional especial y expreso, según el cual su investigación y
juzgamiento compete a la Corte Suprema de Justicia, dentro de un procedimiento
de única instancia.
[…]
Debe recalcarse que
no es la misma situación la de una persona que es investigada por la Fiscalía
General de la Nación o mediante el procedimiento especial ante el Congreso, que
la de aquéllos que son investigados y juzgados por la Corte Suprema de Justicia
en única instancia, pues estos últimos, como se indicó en precedencia, gozan
además de las ventajas de la economía procesal y la probabilidad de que la
decisión esté menos expuesta a error que ante otros despachos judiciales.
Al no ser comparable la situación procesal y el fuero
subjetivo que se confiere a los altos dignatarios de la rama legislativa,
frente a otros altos servidores públicos y con lo procedente ante los investigados
y juzgados en el proceso penal ordinario, el legislador contempla
procedimientos distintos, palmariamente con garantías diferentes a las
contempladas en aquél, situación que como ha establecido esta corporación, se
fundamenta en el derecho al ejercicio legítimo de la potestad de configuración
legislativa[99]
y, para el caso, en lo contemplado en el artículo 150-2 superior, siendo
posible que autónomamente determine la estructura del procedimiento judicial a
emplear en los casos de los aforados juzgados e investigados por la Corte
Suprema de Justicia, en estricto cumplimiento de la preceptiva constitucional.
[…]
Se arriba así a la conclusión de la
carencia de fundamento en lo argumentado dentro de la demanda, como quiera que
está demostrado que no existe vulneración del derecho a la igualdad, al ser
distinta la situación fáctica y jurídica de los Senadores y Representantes a la
Cámara, frente a otros aforados y, en general, ante todas las demás personas
mayores de edad.
Claro está, además, que los Congresistas
cuentan a cabalidad con las mismas garantías instituidas en la preceptiva penal
sustancial (Constitución Política, bloque de constitucionalidad y la Ley 599 de
2000, junto con las normas que la modifican y complementan): dignidad humana,
legalidad, igualdad y las consolidadas exigencias para el establecimiento de la
responsabilidad, todo dentro del derecho de acceso a la administración de
justicia, la gratuidad y la preeminencia del derecho sustancial.”
De este modo, en referencia específica con el cargo de igualdad la
Corte señaló que en virtud del fuero especial otorgado a los congresistas para
ser investigados y juzgados sólo por la Corte Suprema de Justicia, no resulta
discriminatorio y, por tanto, violatorio del derecho a la igualdad, que
respecto de otros altos servidores públicos y de los mayores de edad en general,
se pueda contemplar por el legislador un procedimiento distinto, esto
es, una situación procesal diferente a la prevista para los demás.
6.
El asunto sub-judice.
Conforme
a los presupuestos establecidos en la parte dogmática de esta sentencia, la
Sala Plena entrará a examinar frente al caso concreto la configuración de los
requisitos generales y específicos de procedibilidad excepcional de la acción
de tutela contra providencias judiciales.
6.1.   Cumplimiento
de las exigencias generales de procedencia.
El
estudio sobre la observancia de este presupuesto se desarrollará atendiendo el
orden metodológico de exposición contenida en el punto 4.3. de esta decisión:
(i)
Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
Para la Corte este requisito se cumple por cuanto la discusión se centra en
el presunto desconocimiento de garantías sustanciales y procesales constitucionales
de la actora que conciernen a los derechos fundamentales al debido proceso, a
la defensa, a la libertad personal, a la igualdad de las partes y al acceso a
la administración de justicia, además de afirmarse que como consecuencia de la
decisión condenatoria se vulneraron los derechos al buen nombre, a la honra y
al ejercicio de cargos públicos.
(ii)
Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judiciales al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de
evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. La Corte
encuentra que esta exigencia se cumple teniendo en cuenta que se trata de un
asunto que se tramita en única instancia por el máximo tribunal de la jurisdicción
ordinaria.
(iii)
Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se
hubiere interpuesto en un término razonable a partir del hecho que originó la
vulneración. Para este Tribunal el cumplimiento de este presupuesto resulta
evidente, ya que la decisión controvertida en tutela se profirió el 17 de junio
de 2009, mientras que el amparo se presentó el 6 de agosto de ese mismo año,
por lo que escasamente transcurrieron 2 meses.
(iv)
Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la
misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y
que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. Esta Corporación
estima que se cumple esta exigencia porque la accionante expone que los
defectos que encuentra configurados trascienden sobre el sentido de la
sentencia condenatoria con repercusiones sobre sus derechos fundamentales
alegados. En lo atinente a la exigencia de que el accionante hubiere alegado la
vulneración de sus derechos en el trámite del proceso judicial ordinario
siempre que fuera posible, será objeto de valoración al examinarse los defectos
endilgados a la sentencia condenatoria en la medida que se aprecie su
inobservancia.
(v)
Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos afectados y que hubiere alegado tal desconocimiento
en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible. La Corte
observa que la acción de tutela permite apreciar claramente los hechos y
derechos presuntamente desconocidos al pretender revocar una sentencia
condenatoria que la encontró responsable del delito de falsedad ideológica en
documento  público, agravada por el uso, cuando se desempeñaba como
Representante a la Cámara por el Departamento del Guainía, decisión que
considera incurrió en diversos defectos que vulneraron sus derechos fundamentales.
(vi)
Que no se trate de sentencias de tutela. Este presupuesto también se satisface
dado que la acción de tutela se presenta en contra de una sentencia dictada al
interior de un proceso penal ordinario.
6.2. Defectos alegados por la actora en la decisión dictada
por la Corte Suprema de Justicia.
Como
se expuso, la accionante interpone acción de tutela contra la sentencia de
única instancia proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia, el día 17 de junio de 2009, que le impuso la pena de 74 meses de
prisión e inhabilitación de derechos y funciones públicas por 90 meses, al
encontrarla responsable del delito de falsedad ideológica en documento público,
agravada por el uso, cometido en concurso homogéneo sucesivo.
Estima
que la citada sentencia incurrió en diversos defectos como son: i) la violación
directa de la Constitución, ii) sustancial y iii) fácticos que desconocieron sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la libertad personal,
a la igualdad de las partes ante la ley procesal y al acceso a la administración
de justicia, además de considerar que como consecuencia de la sentencia
condenatoria se quebrantaron los derechos al buen nombre, a la honra y al
ejercicio de cargos públicos. Por último, el juez de segunda instancia en
tutela encontró configurado otro defecto sustancial.
En
consecuencia, la Sala Plena abordará el examen de los defectos observados por
la actora en el mismo orden de la presentación anterior.
6.2.1.
Ausencia de violación directa de la Constitución.
La
accionante señala que no se le permitió el derecho a la impugnación de la
sentencia condenatoria al tratarse de un proceso de única instancia[100],
además que se concentró las funciones de instrucción y juzgamiento en un solo
órgano judicial a pesar de lo dispuesto en la sentencia C-545 de 2008, todo lo
cual desconoce el derecho al debido proceso y el principio de la doble
instancia.
6.2.1.1.
La Sala debe empezar por indicar que este defecto no fue puesto de presente
ante el juez ordinario sino al presentarse la acción de tutela. En cuanto al
cumplimiento de la exigencia de haberse alegado el defecto observado en el
proceso judicial ordinario, siempre que fuera posible, en la sentencia C-590 de
2005 se dijo:
“Que la parte actora identifique de manera razonable
tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y
que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere
sido posible[101].  Esta exigencia es comprensible pues, sin que la
acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su
naturaleza y no previstas por el Constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa
a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé
cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.”
De
esta manera, no corresponde a la Corte en principio hacer un pronunciamiento de
fondo sobre el defecto mencionado. No obstante, con la finalidad de brindar la
mayor claridad sobre i) la posibilidad de adelantar los juicios penales en única
instancia por parte de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia en contra de los congresistas y ii) la separación de las funciones de
investigación y juzgamiento al interior de esa alta Corporación a partir de la
sentencia C-545 de 2008, se procederá a realizar algunas breves consideraciones
sobre dichos aspectos.
6.2.1.2.
Como se anotó en el punto 5.1. de esta decisión, la Corte Constitucional ha señalado
que el procesamiento de los congresistas en una sola instancia por parte
de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia encuentra respaldo
en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos.
A
más de su reconocimiento constitucional, la razón de ser del fuero penal
especial está en fungir como garantía de independencia y funcionamiento
ordenado de los órganos del Estado (C-222 de 1996); conferir competencia al
máximo juez de la jurisdicción ordinaria que acarrea beneficios como oponerse a
eventuales presiones y dar la mayor celeridad al asunto (C-545 de 2008); y
escapar a posibles errores de los jueces o tribunales inferiores (sentencia
C-040 de 2002).
Particularmente,
ha destacado esta Corporación que el juzgamiento de altos funcionarios del
Estado por la Corte Suprema de Justicia resulta concordante con el derecho al
debido proceso y al principio de la doble instancia, ya que atiende a la
jerarquía funcional de la investidura, se cumple el adelantamiento del proceso penal
por un órgano plural, profesional y especializado, y se verifica ante el órgano
máximo de la jurisdicción ordinaria (C-934 de 2006 y C-040 de 2002).
En
relación con el artículo 31 superior que consagra que toda sentencia judicial
podrá ser apelada o consultada salvo las excepciones legales, debe indicarse
que en este caso es la propia Carta Política la que establece que es función de
la Corte Suprema de Justicia investigar y juzgar a los miembros del Congreso
(235.3) y que los delitos que cometan los congresistas conocerá en forma
privativa la Corte Suprema, única autoridad que podrá ordenar su detención
(art. 186), lo cual permite justificar que estas decisiones sean adoptadas en asuntos
de única instancia.
Consideraciones
que también permiten establecer el cumplimiento de los tratados internacionales
de derechos humanos al reconocerse por este Tribunal Constitucional que “si
bien es cierto que existe una regla de carácter general en la Constitución y en
bloque de constitucionalidad, que asegura a toda persona condenada de un delito
la posibilidad de que la sentencia y la pena impuesta puedan ser recurridas
ante un tribunal superior, para los casos de juzgamientos de altos dignatarios
del Estado, la posición institucional que ocupan dentro de la arquitectura de
poder constitucional, implica que las decisiones judiciales acerca de su
culpabilidad en la comisión de delitos, consideren las particularidades del
poder y la jerarquía que éstos ostentan. En el caso de las reglas
internacionales aplicables, éstas han de tener una generalidad tal, que
respeten la especial forma de juzgamiento que pueda derivarse del tipo de
Estado, del modelo de democracia o de la forma de República específica que
tenga el estado parte en cuestión”[102].
Como
se anotó en la parte dogmática de esta decisión, de los pronunciamientos de los
órganos internacionales encargados de interpretar el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de San José de Costa Rica, no se extrae
una regla conforme a la cual en los juzgamientos de altos funcionarios del
Estado que gocen de fuero penal deba instituirse una segunda instancia, toda
vez que cada Estado dispone de un amplio margen para configurar los
procedimientos y para diseñar los mecanismos eficaces para la protección de los
derechos (C-934 de 2006).
Es
claro para este Tribunal que el juzgamiento de los congresistas en única
instancia por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, es una
posibilidad válida a la luz de la Constitución y los convenios internacionales
de derechos humanos, al brindar adecuadamente todas las garantías procesales y
una decisión justa, por lo que no encuentra
asidero constitucional el argumento expuesto por la parte accionante.
6.2.1.3.
En cuanto a la separación funcional entre la instrucción y el juzgamiento,
como se explicó en el punto 5.2. de esta decisión, en la sentencia C-545 de
2008 se dispuso declarar exequible la expresión “Los
casos de que trata el numeral 3° del artículo 235 de la Constitución Política
continuarán su trámite por la Ley 600 de 2000”, contenida en el inciso primero del artículo 533 de la Ley 906 de 2004, en el entendido que el legislador
debe separar, dentro de la misma Corte Suprema de Justicia, las funciones de
investigación y juzgamiento de los miembros del Congreso, para las conductas
punibles cometidas a partir del 29 de mayo de 2008[103].
En
el presente caso, se aprecia que los documentos tachados de falsos se
elaboraron el 31 de enero y 6 de marzo de 2006, siendo a partir de esas
fechas que se configuró la conducta investigada y sancionada penalmente[104].
Por consiguiente, para el momento de entrada en vigencia de la separación de
las funciones de investigación y juzgamiento de los congresistas al interior de
la Corte Suprema de justicia, ya se había cometido el delito de falsedad
ideológica en documento público previsto en el artículo 286 del Código Penal,
por lo que lo que no encuentra viabilidad alguna el defecto observado por la
accionante.
6.2.2.
Defecto sustancial.
La
actora cuestiona la interpretación que hizo la Corte Suprema de Justicia de las
normas sobre juzgamiento de funcionarios aforados, toda vez que siendo juzgada
como congresista por el procedimiento previsto en la Ley 600 de 2000[105],
le fue aplicado el aumento de penas contemplado en el artículo 14 de la Ley 890
de 2004[106], que en su criterio
sólo se predica respecto de la Ley 906 de 2004 que instituye el sistema penal
acusatorio. Ello por cuanto la Ley 890 fue concebida para permitir un mayor
margen de negociación a la Fiscalía al momento de llegar a preacuerdos,
negociaciones y rebajas de penas por colaboración con la justicia. Explica que
al aumentarse la pena se le impidió acceder a los beneficios propios del
sistema penal, como son la condena de ejecución condicional o la prisión
domiciliaria.
6.2.2.1.
Las consideraciones de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia
cuestionada. La decisión del día 17 de junio de 2009, proferida por la Sala
de Casación Penal, tuvo como fundamento esencial el auto del 17 de septiembre
de 2008[107], en el cual se definió
la situación jurídica de la accionante y donde se desarrolló ampliamente su
tesis respecto de la aplicación del artículo 14 de la Ley 890 de 2004, en los
procesos penales adelantados en contra de los congresistas.
Tal
proveído comenzó por recordar los antecedentes constitucionales que dieron
origen a la expedición de la Ley 890 de 2004 (incremento punitivo):
“Mediante el Acto Legislativo 03 de 2002, se introdujo
en la normativa patria un nuevo modelo de investigación penal, de tendencia
acusatoria, implementado mediante la expedición de diversas disposiciones,
entre ellas la Ley 906 de 2004, estatuto procesal cuya aplicación atendió, por
expreso mandato del legislador, precisos criterios que determinaron su
aplicación gradual en el territorio nacional[108].
La mencionada preceptiva[109], en forma expresa
dispuso que los casos mencionados en el numeral 3° del artículo 235 de la
Constitución Política, se tramitarán siguiendo los derroteros de la Ley 600 de
2000, norma aplicable, por tanto, a este asunto.
Otro de los cambios legislativos vinculados con el
nuevo sistema procesal, consistió en la expedición de la Ley 890 de 2004, a través de la cual se reformó el Código Penal en aspectos atinentes [al incremento] de manera
general, las sanciones para los comportamientos descritos en su parte
especial”.
A
continuación, hizo referencia a la entrada en vigencia de dicha Ley 890 de 2004
(1 de enero de 2005), especificando que en el caso de la actora la misma
resultaba aplicable en la medida que la conducta punible por la cual se le
condenó fue cometida con posterioridad a dicha fecha (enero y marzo de 2006):
“Impera señalar que, como se
indicó, los hechos  atribuidos a la doctora VELÁSQUEZ SALCEDO acontecieron en
enero y marzo de 2006, circunstancia que si bien ninguna incidencia tiene
frente al esquema procesal bajo el cual debe adelantarse su investigación y
juzgamiento, lleva a la Corte a plantearse si tales conductas aparejan la
sanción inicialmente dispuesta por la Ley 599 de 2000 o, si por el contrario,
están sometidas al incremento punitivo introducido por el artículo 14 de la Ley
890 de 2004.
Para dilucidar el punto
corresponde, en primer término, remitirse al artículo 15 de esta normativa, en
el cual se señaló que “La
presente ley rige a partir del 1o. de enero de 2005, con excepción de los
artículos 772° a 1373,
los que entrarán en vigencia en forma inmediata”.
La jurisprudencia mayoritaria de esta Sala
ha señalado, en punto de la aplicación de las restantes disposiciones de la
normativa mencionada, entre ellas el artículo 14 donde se prevé el aumento
general de penas, que está supeditada a la gradualidad fijada para la Ley 906
de 2004, con la cual guarda estrecha relación, atendidos sus precedentes
legislativos. En este sentido sostuvo:
‘Si eso es así, y se
revela que lo fue cuando se repasan todos los antecedentes vinculados a la ley
y a los cuales se ha hecho referencia en detalle, resulta imperativo asegurar
que al igual que el acto legislativo 03 de 2002 y que el Código de
Procedimiento Penal de 2004, la norma de aumento de penas, vigente desde el 1º
de enero de 2005, se aplica gradualmente en los Distritos Judiciales donde se
vaya implantando el sistema acusatorio.’ [110]
Ha de concluirse, entonces, que
los incrementos punitivos impuestos por la Ley 890 de 2004 empezaron a regir en
los distritos judiciales de Armenia, Bogotá, Manizales y Pereira desde el 1º de
enero de 2005, únicamente en relación con hechos acontecidos a partir de tal
fecha y, se efectuaron luego, de manera progresiva, en los restantes distritos
del territorio nacional, hasta alcanzar su implementación total, el 1º de enero
del año en curso[111].
Consecuentemente, para enero y
marzo de 2006, el aumento de pena aludido cobijaba cualquier conducta delictiva
cumplida en la ciudad de Bogotá, dada la innegable aplicabilidad de la Ley 890
de 2004 en este distrito judicial.
Los hechos atribuidos a la
doctora VELÁSQUEZ SALCEDO no son ajenos a la regulación comentada, considerando
que sucedieron en esta ciudad en los meses de enero y marzo de 2006, como
oportunamente se señaló. Por tanto, deben generar una sanción acorde con los
términos señalados en la Ley 890 de 2004.” [Negrillas
corresponde al texto original].
Sentado lo anterior, en la citada providencia la Sala de
Casación Penal procedió a dilucidar lo concerniente a si aplicar el aumento
punitivo señalado en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, también tenía
vigencia en los juicios adelantados bajo los lineamientos de la Ley 600 de 2000
(sistema mixto):
“Entonces, frente a un mismo
supuesto delictivo cumplido a partir del 1º de enero de 2005 en un lugar donde
ya esté operando el sistema de gestión judicial previsto en la Ley 906 de 2004,
el procedimiento dispuesto para adelantar su investigación es la única
diferencia que puede existir entre cualquier individuo y un miembro del
Congreso de la República y, así, mientras para aquél será este ordenamiento
el que rija su investigación, la adelantada contra el Congresista debe atender
los lineamientos trazados por la Ley 600 de 2000.
No cabe, por tanto, considerar
la pena como elemento diferenciador de uno y otro caso, pues ambos están
reglamentados por idéntica preceptiva, el Código Penal, con la modificación
introducida a través del artículo 14 de la Ley 890 de 2004, centrada en
aspectos sustanciales, no procesales.
De aceptarse una tesis distinta,
se estaría prohijando que, acudiendo a interpretaciones normativas se
establezcan diferencias no señaladas por el legislador, quien no las hizo
respecto a las personas cuando expidió la Ley 890 de 2004. Y se llegaría, por
esta vía, a concluir que en nuestro país existe un grupo de ciudadanos, los
miembros del Congreso de la República, respecto de quienes resultan
inaplicables las disposiciones del Código Penal vigente para cuando acaecieron
las conductas que se les imputan, aserto inadmisible en un Estado social de
derecho, concebido como República unitaria.” [Negrillas no corresponden al texto original]
También refirió la Corte Suprema de Justicia a su
precedente en que había señalado que las Leyes 906 y 890 de 2004 tenían
estrechos vínculos al haber surgido a partir de la reforma constitucional
introducida por el Acto Legislativo 03 de 2002, precisando que dicha situación
no implicaba que el aumento punitivo fuera inoperante para los juicios
adelantados conforme a los lineamientos de la Ley 600 de 2000:
“Por otra parte, si bien la Sala
a través de su reiterada jurisprudencia ha señalado la existencia de estrechos
vínculos entre las Leyes 906 y 890 de 2004, al considerar, revisados sus
antecedentes, que ambas se originan en la necesidad de implementar la reforma
constitucional introducida por el Acto Legislativo 03 de 2002, corresponde precisar
que tal postura no riñe con la expuesta en esta oportunidad.
Ello por cuanto, atendida la
teleología del incremento punitivo centrada en permitir  ‘…un margen de
maniobra a la Fiscalía’ y asegurar ‘la imposición de sanciones proporcionales a
la naturaleza de los delitos que castigan’[112], en los procesos
tramitados bajo los postulados de la Ley 600 de 2000, se ha reconocido, por
razones de favorabilidad, la misma rebaja de pena dispuesta por la Ley 906 de 2004, a quienes se han acogido a las figuras previstas en aquél ordenamiento para la terminación
anticipada del proceso, evitando así, el desequilibrio que puede sugerir la
aplicación del incremento punitivo a tales casos.” [Negrillas no corresponden al
texto original]
Así la Sala de Casación Penal concluyó que la aplicación
de la Ley 890 de 2004, en el caso de la exrepresentante Velásquez Salcedo,
ninguna lesión irroga a los principios de legalidad e igualdad:
“Entonces, atendidos los
anteriores planteamientos, compartidos por esta Sala, sin dificultad se
advierte que la aplicación de la Ley 890 de 2004 en este caso, ninguna lesión
irroga al principio de legalidad; obedece, por el contrario, a su estricto
reconocimiento y tutela integral, pues, se reitera, los hechos atribuidos a la
Congresista VELÁSQUEZ SALCEDO acontecieron en 2006, en este distrito judicial,
cuando en él regía la mencionada ley, sin que, por otra parte, exista duda en
torno al procedimiento dispuesto para su investigación o a la autoridad
competente para adelantarla.
Se preserva, de igual forma el
principio de igualdad, por cuanto, si no existe razón constitucional ni legal
para sustraer a los miembros del Congreso del aumento de penas fijado por la
Ley 890 citada o, lo que es igual, aplicarlo exclusivamente a quienes no tienen
tal calidad, resultaría francamente inequitativo que frente a idénticas
situaciones de hecho, surgieran diversas consecuencias punitivas para unos y
otros.”
De
lo expuesto por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, se
puede colegir que al momento de resolver el asunto objeto de examen, esa
Corporación consideró que era procedente imponer el aumento punitivo ya
mencionado, en la medida que:
(i)
La ley 890 de 2004 reformó concretamente el Código Penal (Ley 599 de 2000) al
incrementar las penas previstas en la parte especial.
(ii)
Tanto la Ley 890 de 2004 (aumento punitivo) como la ley 906 de 2004 (Código de
Procedimiento Penal) tuvieron vigencia gradual a partir del 1 de enero de 2005,
entre otros distritos judiciales, en Bogotá, por lo que en relación con los
hechos materia del proceso penal que sucedieron en enero y marzo de 2006 en
dicha ciudad, resultaba aplicable incremento de la pena[113].
(iii)
La pena tanto para las leyes 906 de 2004 y 600 de 2000 (códigos de
procedimiento penal) está reglamentada por idéntica preceptiva como lo es el
Código Penal que regula aspectos sustanciales (Ley 599 de 2000), por lo que
esta última debe aplicarse para ciudadanos aforados y no aforados.
(iv)
La relación próxima entre las leyes 890 y 906 de 2004 en materia del sistema
penal acusatorio, no implica que el aumento punitivo resulte inoperante para
las conductas punibles que se desarrollen por el procedimiento establecido en la
Ley 600 de 2000, por cuanto de lo contrario se resquebrajarían los principios
de legalidad e igualdad.
6.2.2.2.
Examen de la Corte Constitucional. Correspondería en este punto
adelantar una valoración constitucional sobre la eventual configuración del
presente defecto, sin embargo, frente al cambio jurisprudencial acogido
recientemente en la materia por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema
de Justicia[114], obliga a esta
Corporación adoptar una respuesta acorde con los derechos constitucionales de
la accionante.
En
anteriores oportunidades la Corte Suprema de Justicia sostuvo, por vía de
casación frente a los no aforados, que la Ley 890 de 2004 solamente tendría
aplicación respecto de los delitos cometidos en vigencia de la Ley 906 de 2004,
sin que se abordara en concreto el punto concerniente a la aplicación del
aumento punitivo a los miembros del Congreso. Específicamente en dichas
ocasiones, entre otros aspectos, se estudió: (i) la aplicación gradual del
incremento de penas para cualquier ciudadano (ver por ejemplo Auto de 23/02/06,
Rad. 24890 y sentencias de casación: 01/06/06, Rad. 24890; 21/03/07, Rad.
26055; 06/06/07, Rad. 24735; 06/09/07, Rad. 27549; 26/09/07, Rad. 27431; y
28/11/07, Rad. 28674); (ii) la incidencia de los aumentos punitivos en los
casos en que el imputado se allana a los cargos endilgados y cuando accede a
las figuras de acuerdos y negociaciones (Cfr. sentencias de Casación 19/10/06,
Rad. 25724 y 30/11/206, Rad. 25971. Autos 23/05/07, Rad. 27175 y 03/10/07, Rad.
28159); (iii) el acatamiento al principio de legalidad en el aumento de la pena
a los casos ocurridos a partir de la vigencia de la citada ley (Cfr. Auto
07/02/07, Rad. 26791); y (iv) las consecuencias frente al límite máximo de la
pena de prisión y la graduación de beneficios punitivos originados en
institutos procesales contemplados en las leyes 600 de 2000 y 906 de 2004 (Cfr.
sentencias de Casación 26/09/07, Rad. 28056 y 28/05/08, Rad. 29341).
Ahora
bien, la posición en que se soportó la decisión objeto de examen, constituyó la
primera oportunidad en que la Sala de Casación Penal se vio en la necesidad de
establecer si a un congresista cuyo juicio se adelanta conforme al
procedimiento establecido en la Ley 600 de 2000, le es aplicable el citado
aumento punitivo consagrado en la Ley 890 de 2004. En tal sentido en el Auto del
17 de septiembre de 2008, al definir la situación jurídica de la ex Congresista
Velásquez Salcedo, en decisión mayoritaria, el ente accionado concluyó que en
virtud de los principios de igualdad y legalidad el aumento de las penas opera
con independencia del procedimiento penal –mixto o acusatorio-[115].
La
anterior decisión fue acogida de manera unánime por la Sala de Casación en
sentencia del 17 de junio de 2009 (atacada por vía de tutela) donde simplemente
se presentó una aclaración de voto de la doctora María del Rosario González de
Lemos, quien explicó que en desarrollo del proceso había sostenido la
improcedencia de imponer los incrementos punitivos señalados en la Ley 890 de
2004 por estar ligados única y exclusivamente a la Ley 906 de 2004, sin
embargo, por incursión del modelo acusatorio, considera que el citado aumento
en las penas debe aplicarse a todas las personas con independencia de sus
calidades o fueros constitucionales y legales.
Dicha
posición se mantuvo en posteriores pronunciamientos[116],
sin que se hicieran otros razonamientos al respecto, confirmando que la
solución a la que se había llegado en esa oportunidad resultaba ajustada a los
lineamientos legales sobre la materia.
Ahora
bien, en reciente decisión del 18 de enero de 2012[117], la Sala de Casación
Penal resolvió cambiar su posición jurisprudencial en lo que corresponde a este
asunto. En efecto, comenzó por indicar que en anteriores oportunidades dicho
Tribunal sostuvo, por vía de casación frente a los no aforados, que la Ley 890
de 2004 solamente tendría aplicación respecto de los delitos cometidos en
vigencia de la Ley 906 de 2004, como puede observarse:
“A medida que se han venido presentando
cuestionamientos en torno a la aplicabilidad del artículo 14 de la ley 890 de
2004, la Corte se ha mantenido, por vía de la casación, en una misma línea
jurisprudencial frente a justiciables no aforados, consistente en
respetar la regla general de aplicación de la ley penal en el tiempo y en el
espacio, esto es, a hechos acaecidos durante su vigencia, en aquellos Distritos
Judiciales en donde se hubiese implementado el sistema de juzgamiento criminal
acusatorio y, por virtud del poder de configuración legislativa, única y
exclusivamente respecto de conductas punibles cometidas en vigencia de la ley
906 de 2004.[118]”
Respecto
a los procesos seguidos contra aforados, advirtió que se vulneraba el principio
de legalidad cuando se impone el aumento punitivo del artículo 14 de la Ley 890
de 2004, en procesos seguidos bajo los lineamientos de la Ley 600 de 2000.
Para ello aceptó que en decisiones previas, haciendo uso del principio de
igualdad, se dio aplicación al referido aumento punitivo, sin embargo tal
postura hoy no resulta sostenible. En este sentido indicó:
“[E]n los eventos en que la Sala se ha pronunciado
sobre el aumento punitivo de la ley 890 de 2004 respecto de aforados
Constitucionales, cuando los hechos a ellos atribuidos han transitado por
los dos esquemas procesales vigentes,[119]
se ha apartado del criterio consolidado y unánime, mediante una interpretación
orientada a desconocer la estrecha relación entre las leyes 890 y 906 de 2004 y
considerar viable la aplicación de la ley procesal de efectos sustanciales [890
de 2004], a hechos tramitados por la ley 600 de 2000, bajo el “principio de
igualdad”, aduciendo que no existe ningún elemento diferenciador en su
aplicación, por tratarse de un aumento general de penas que cobija a cualquier
conducta delictiva que se haya cometido durante su vigencia, esto es, a partir
del 1º de enero de 2005 sin importar el sistema procesal, como que tampoco la
condición foral del acusado impide la quiebra de la regla general de aplicación
de la ley en el tiempo y en el espacio[120].”
Así,
hace alusión a la necesidad de unificar el criterio de aplicación de la Ley 890
de 2004, estableciendo que el aumento punitivo allí consagrado sólo aplica
respecto del procedimiento penal con tendencia acusatoria (Ley 906 de 2004) que
permite preacuerdos, negociaciones y reducciones de pena por allanamiento a
cargos. Sobre el particular dijo:
“Tales decisiones conllevan ni más ni menos a la
ruptura de una línea de pensamiento que el máximo organismo de la jurisdicción
ordinaria, en su función unificadora de la jurisprudencia se ve obligada a
recoger en esta oportunidad, reafirmando el criterio de que la ley 890 de 2004
tiene una causa común y está ligada en su origen y discurrir con la ley 906 de
2004, por manera que el incremento punitivo de su artículo 14, sólo se
justifica en cuanto se trate de un sistema procesal premial que prevé
instituciones propias como el principio de oportunidad, negociaciones,
preacuerdos y las reducciones de penas por allanamiento a cargos.
Desde esta perspectiva, el incremento del quantum
punitivo previsto en el artículo 14 de la ley 890 de 2004, no aplica al trámite
especial para aforados de la ley 600 de 2000, en cuanto desconoce el querer y
voluntad del legislador en punto a la distinción de dos procedimientos que sólo
son compatibles cuando medie el principio de favorabilidad, sin que existan en
esta oportunidad motivos poderosos para variar la doctrina jurisprudencial
reiterada, sobre la imposibilidad de aplicar el sistema general de agravación
punitiva del citado precepto, a casos rituados bajo el imperio de la Ley 600 de
2000, sin importar la condición del procesado.”
En
ese orden de ideas, es evidente que la Corte Suprema varió su posición respecto
de la aplicación del aumento punitivo consagrado en la Ley 890 de 2004, para
aquellos procesos que se guíen por los presupuestos de la Ley 600 de 2000, como
ocurre con los congresistas. Por tanto, encuentra este Tribunal Constitucional
que en el caso sometido a examen existe una nueva postura por parte de la Sala
de Casación Penal, que implica su valoración en torno a la decisión sobre este
asunto.
Entiende
la Sala Plena que la actual interpretación que impera en la Corporación
accionada resulta más beneficiosa para la accionante, lo que necesariamente
conllevaría para el caso que nos ocupa a una modificación respecto de la
dosificación de la pena. Ello atendiendo a que en un primer momento se
consideró que el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, resultaba aplicable con
independencia del proceso penal bajo el cual se estuviera adelantando la
actuación, siempre que la Ley 906 de 2004 hubiera empezado a regir, mientras
que con la nueva determinación que se ha adoptado en curso del grado de
revisión de la acción de tutela, se señala ahora que esta situación no tendría
efectos respecto a los casos seguidos por la Ley 600 de 2000, contra
funcionarios aforados.
Si
los principios constitucionales exigen dar el mismo trato jurídico a personas
que se encuentran en iguales circunstancias es lógico concluir, ante la nueva
postura de la Sala de Casación Penal, que en adelante las personas aforadas en
contra de quienes se promuevan juicios penales resulten beneficiados con la
posición actualmente adoptada, lo cual tiene que reflejarse favorablemente en
el caso de la ex Representante Velásquez Salcedo. De lo contrario continuaría
viéndose afectada por el incremento impuesto y las consecuencias que ello
acarrea, descartando toda posibilidad de ser acreedora de los distintos
subrogados establecidos en la ley.
No deja de lado esta Corporación el hecho de que la accionante
cuenta con la eventual posibilidad de acudir a la acción de revisión ante la
Corte Suprema de Justicia, por tratarse del mecanismo para atacar decisiones
judiciales que han cobrado firmeza, y que se invoca exclusivamente en relación
con las causales expresamente consagradas en la ley. Debe anotarse que el
numeral 6° del artículo 220 de la Ley 600 de 2000, aplicable al caso, establece
que la referida acción será procedente “cuando mediante pronunciamiento
judicial, la Corte haya cambiado favorablemente el criterio jurídico que sirvió
de base para sustentar la sentencia condenatoria”. De esta manera, la norma
transcrita exige que (i) exista un nuevo pronunciamiento; (ii) que éste haya
sido proferido por la Corte Suprema; y (iii) que a partir del cambio
interpretativo deba variarse la sentencia.
Por su parte, la Ley 906 de 2004 trata este mismo aspecto de
manera distinta, así el numeral 7 del artículo 192 señala que la acción de
revisión procede “cuando mediante pronunciamiento judicial, la Corte haya
cambiado favorablemente el criterio jurídico que sirvió para sustentar la
sentencia condenatoria, tanto respecto de la responsabilidad como de la
punibilidad”.
A su vez, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia en reciente pronunciamiento, entre otras providencias, indicó que la
atenuación de la pena por vía de la acción de revisión es una posibilidad
contemplada exclusivamente a partir de la Ley 906 de 2004, mas no predicable
respecto de la Ley 600 de 2000. En tal sentido estableció:
“Aunado a lo
anterior, encuentra esta Sala que el demandante tenía como finalidad, al
impetrar la demanda de acción de revisión la atenuación de la pena por
modificación de la adecuación típica de la conducta imputada a su poderdante y
no la declaratoria de absolución a su favor, finalidad que es aceptable de
conformidad con el texto de la causal 7 del artículo 192, de la Ley 906 de
2004, pues si bien la misma no era admitida bajo la egida del antiguo C.P.P,
Ley 600 de 2000, en el artículo 192 causal 7 de la ley 906, sí se adicionó
expresamente que la acción puede dirigirse también contra la punibilidad, luego
esta Sala considera que, bajo una interpretación sistemática e histórica de la
norma, es posible solicitar la atenuación de la pena, siempre y cuando se
cumpla con todos y cada uno de los requisitos explicados anteriormente.”[121]
De acuerdo con lo expuesto, se infiere que el sistema penal
acusatorio (Ley 906) específicamente hace alusión a la atenuación de la pena,
circunstancia que no se presenta, al menos literalmente, con ocasión del
sistema mixto (Ley 600), lo que conllevaría a que frente a una posible
interposición de la acción de revisión no fuera, en principio, partiendo de una
interpretación exegética, admitida por no estar expresamente señalada en la
normatividad procesal bajo la cual se rige el presente caso.
Es importante advertir que en estos casos, lo razonable es dar
aplicación a la norma procesal que resulte más favorable a los intereses del
sentenciado, como lo sería el numeral 7 del artículo 192 de la Ley 906 de 2004,
al hacer referencia a la procedencia de la acción de revisión cuando el nuevo
criterio jurídico involucra una variación en la punibilidad. Situación que
encuentra respaldo al tratarse de una norma adjetiva que repercute en los
derechos sustanciales del condenado penalmente, como lo sería para el caso el
derecho a la libertad de la accionante, situación que se encuentra respaldada
en principios rectores del procedimiento penal colombiano[122].
Por tanto, en aras de garantizar la efectividad, la celeridad y la
eficiencia en la administración de
justicia, especialmente cuando involucra los protección de los derechos
fundamentales a la libertad y al debido proceso, máxime si se tiene en cuenta
que de no adoptarse una pronta decisión, la providencia objeto de impugnación
en tutela adquiriría plena vigencia y obligaría a su cumplimiento, aún cuando
ella contenga una decisión desfavorable atendiendo la nueva postura del ente
accionado, se hace imperativo remitir inmediatamente
el presente asunto a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,
para que adopte la decisión que corresponda en observancia de la aplicación de
la posición más beneficiosa e igualdad en las decisiones judiciales.
Lo anterior tendría incidencia directa en la referencia al
artículo 14 de la Ley 890 de 2004 contenida en el numeral primero, así como los
numerales segundo, tercero, cuarto y quinto de la sentencia proferida por la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, al señalar:
PRIMERO: DECLARAR a la doctora SANDRA ARABELLA
VELÁSQUEZ SALCEDO de condiciones civiles y personales conocidas en autos,
penalmente responsable de la conducta punible de Falsedad ideológica en
documento  público, agravada por el uso, cometida en concurso homogéneo por el
cual se le acusó, realizada durante su desempeño como Representante a la Cámara
por el departamento del Guainía, en las circunstancias de tiempo, modo y lugar
precisadas en esta decisión. El comportamiento señalado está previsto en el
artículo 286 del Código Penal, en concordancia con el artículo 290 del mismo
estatuto y con el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, normas
vigentes para la época de su ocurrencia.
SEGUNDO: CONDENAR a la doctora VELÁSQUEZ SALCEDO,
en consecuencia, a la pena principal (74) meses de prisión e inhabilitación de
derechos y funciones públicas durante un término de noventa (90) meses.
TERCERO: DECLARAR que la doctora VELÁSQUEZ SALCEDO no
se hace acreedora al sustituto de la suspensión condicional de la ejecución de
la pena.
CUARTO: NO SUSTITUIR la pena de prisión intramural
impuesta a la doctora VELÁSQUEZ SALCEDO.
QUINTO: DISPONER el traslado de la doctora VELÁSQUEZ
SALCEDO al Centro Penitenciario que señale el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario, INPEC, para efectos del cumplimiento efectivo de la
pena impuesta.
No encuentra la Corte pertinente hacer mayores lucubraciones al
respecto por estar frente a nuevas decisiones por parte de la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia, que no han sido cuestionadas ante este
Tribunal Constitucional bajo las reglas de la procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales.
6.2.3.
Ausencia de configuración de los defectos facticos.
La
accionante identifica tres (3) situaciones que en su opinión configuran el
defecto fáctico por indebida valoración probatoria, como son: i) el no ser la
autora jurídica de los documentos dirigidos a la FAC que fueron tachados de
falsos; ii) el no deducirse del material probatorio el conocimiento inicial que
las donaciones no provenían de la Agencia Presidencial para la Acción Social
sino de una fundación denominada “Niños Desplazados por la Violencia”, además
que no se trataba de una ayuda para su campaña política ni menos tenía nexos
con dicha fundación; y iii) no corresponder a su competencia sino de la FAC la
determinación sobre el traslado de los pasajeros en los vuelos de apoyo.
Por
tanto, se procederá a examinar individualmente los defectos fácticos
mencionados.
6.2.3.1.
La autoría jurídica de los documentos.
La
accionante cuestiona que en la sentencia condenatoria de la Corte Suprema de
Justicia se le hubiere considerado autora
jurídica de los documentos tachados de falsos, cuando su elaboración material
estuvo a cargo de Carolina Padrón Barreto, quien laboraba en la secretaría
general de la Cámara de Representantes. Aduce que se limitó a efectuar una
recomendación genérica a quien fuera su asistente con el objeto que solicitara
un vuelo de apoyo a la FAC para el transporte de alimentos al municipio de
Inírida, respecto de lo cual la señora Padrón Barreto, quien conocía los
trámites que debían adelantarse para tal fin, procedió a concebir, redactar y
firmar los respectivos oficios.
6.2.3.1.1.
Las consideraciones de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia
cuestionada. La decisión del día 17 de junio de 2009, proferida por la Sala
de Casación Penal, abordó lo referente a la autoría jurídica de los oficios en
los términos que se reseñan a continuación.
En
primer lugar, distinguió entre el autor jurídico y quien elabora materialmente
los oficios:
“Impera reiterar ahora, que como ha sido dicho en
anterior oportunidad[123], de las teorías sobre
el alcance del concepto de autor de un documento, esta Sala acoge la sustancial
que diferencia entre el creador material y el autor jurídico, concibiendo a
este último como quien expresa su voluntad de documentar o de hacer
manifestaciones con trascendencia jurídica.
Postura justificada en que sólo puede ser autora del
instrumento la persona que manifiesta su voluntad con el propósito de
documentar, tesis acorde con la realidad social vigente, en la cual la cantidad
y variedad de funciones atribuidas, en este caso, a los servidores públicos con
capacidad de documentar, ha determinado que con el fin de racionalizar el
manejo del tiempo y satisfacer las necesidades del servicio de manera oportuna,
no sean éstos quienes usualmente elaboran los documentos públicos, recurriendo
para ello a secretarias, digitadores y subalternos que los crean para sus
jefes.
Es posible, entonces, distinguir entre el autor y
quien firma el documento: es autor quien plasma en el documento su voluntad con
relevancia jurídica. Firma es el signo material, objetivo y externo cuya
finalidad es acreditar la autoría del documento. Entonces, aún cuando el
documento no sea signado por su autor, no carece de él, pues lo trascendente es
que su autor jurídico sea determinado o determinable.
[…]
“Si bien es cierto que la procesada no
elaboró materialmente los documentos, según informa la transcriptora Carolina
Padrón Barreto, ni los suscribió, como deviene de la prueba de grafología
traída a la actuación[124], no por ello deja
de ser, formalmente, su autora jurídica, en tanto ordenó su creación plasmando
en ellos su voluntad de conseguir el apoyo de la Fuerza Aérea con un vuelo para
trasladar unos bienes y algunas personas, como dispuso, de igual forma, la
suscripción de dichos instrumentos por la funcionaria mencionada, según ambas
han precisado.” [Negrillas al margen
del texto transcrito]
Más adelante, en la citada providencia aludió a los
diversos elementos probatorios que vinculan a la accionante con la autoría
jurídica de los documentos apócrifos:
“[E]n la versión libre rendida por la congresista se
advierte que interrogada acerca de la solicitud de transporte de pasajeros del
6 de marzo de 2006, en respuesta a si la autorización impartida a Carolina
incluía firmar por ella, respondió lo siguiente:
‘Pues la verdad es que yo hablé con ella, (…) y ella
lo hizo en (sic) buena fe porque yo estaba en campaña y como siempre se
solicitaba un oficio, era lo que siempre se hacía, no porque la Fuerza Aérea lo
solicitara, sino porque era algo como una costumbre o como algo que siempre se
hacía en la oficina, hacer el oficio; entonces Carolina me dice que ella por
eso hizo el oficio y lo firmó’[125] (Destaca la Sala).
Más adelante, en la misma actuación, interrogada sobre
el escrito dirigido al comandante de la Fuerza Aérea el 31 de enero de 2006,
manifestó: ‘Este oficio también fue hecho por Carolina por autorización, no
es mi firma fue hecho por Carolina con autorización mía’ (Destaca la Sala).
Luego en su indagatoria, de manera más precisa, al ser
interrogada sobre las circunstancias en las cuales se elaboró el mismo
documento, afirmó: ‘Primero debo hacer aclaración que la firma que reposa en el
documento no es mía, pero que efectivamente di la orden a una persona
que era de confianza mía, a la señorita CAROLINA PADRÓN…’.[126]
Indicando más adelante: ‘Cabe resaltar que las veces
que requerí a CAROLINA hacer los oficios y firmarlos, era porque no me
encontraba en Bogotá’.[127]
Luego, cuestionada si en las anteriores ocasiones en
las cuales dijo haber efectuado la misma gestión medió solicitud escrita y si
fue signada por ella, respondió, siguiendo el mismo orden: ‘Que yo recuerde
sí (…) La verdad no recuerdo, sólo tengo claridad que siempre que se han
solicitado los vuelos de apoyo ha sido por medio escrito’[128].
Por su parte Carolina Padrón Barreto al ser
interrogada, (…) dijo: ‘(...) recuerdo que fue una solicitud que le hizo el
Alcalde a la doctora. Sé que el Alcalde le pidió el favor a ella y me dijo
mamita el Alcalde me comentó de una donación que le van a hacer, hable
con él y mire a ver cómo le podemos colaborar, haga el oficio que usted
siempre hace, es decir la solicitud a la Fuerza Aérea. (…) se hacían dos
oficios, yo siempre mandaba al Comandante de la Fuerza Aérea con copia al Segundo
Comandante. En el caso del folio 104 yo siempre le comentaba como de costumbre,
hay unas personas en la ciudad de Bogotá, entonces ella me decía mire a
ver qué puede hacer, haga el oficio, haga la solicitud como siempre la hace’[129]
Todas estas manifestaciones permiten concluir que la
Representante sí ordenó a su colaboradora elaborar los mencionados oficios,
razón por la cual debe tenérsele como su autora jurídica.” [Negrillas adicionales al margen del texto
transcrito].
Ello permitió a la Sala de Casación Penal sostener la existencia
de una orden dada por la ex congresista a la señora Padrón Barreto para la
elaboración de los oficios remitidos a la FAC:
“[A]l analizar la vinculación de la congresista con la
elaboración de los oficios espurios, en punto de la tipicidad objetiva surge
certidumbre sobre su orden a Carolina Padrón Barreto de elaborar las
comunicaciones remitidas a la Fuerza Aérea Colombiana, con lo cual se descarta
el traslado de esa iniciativa a esta funcionaria, propuesta por la defensa.
(…)
Por otra parte, que no obre prueba directa relacionada
con los términos en los cuales la doctora VELÁSQUEZ SALCEDO impartió
instrucciones a Carolina Padrón para elaborar las comunicaciones remitidas a la
Fuerza Aérea, no desdibuja su compromiso penal frente a los hechos, no sólo
porque en tal sentido obran las frágiles explicaciones de una y otra, sino
porque en el desarrollo de la investigación y el juicio se acopiaron pruebas
claramente indicativas de su interés personal en obtener la movilización del
avión de la FAC, y de la utilización de la Red de Solidaridad como
justificación del pedimento.”
También
sirvió como fundamento de la decisión el que la accionante y la señora Padrón
Barreto al momento de elaborarse los citados documentos se encontraban en
Inírida:
“Por otra parte, a diferencia de lo considerado por la
defensa, que tanto Carolina Padrón como la representante VELÁSQUEZ hayan estado
en la misma ciudad para la fecha de elaboración de éste oficio, si es
trascendente.
Porque si la presencia de la subalterna obedecía a la
necesidad de apoyar el trabajo electoral de la congresista en Inírida [que] es
un municipio pequeño, su proximidad es obvia, al igual que la posibilidad de la
procesada de conocer el texto preciso de la comunicación librada a la Fuerza
Aérea y, además, se tornaba innecesario que Padrón Barreto firmara por la
Congresista, método justificado por ésta en su ausencia de la ciudad.”
Además, la Corte Suprema de Justicia determinó que existía
certeza sobre el conocimiento pleno por parte de la actora respecto de la ilicitud
de la conducta endilgada y su voluntad de llevarla a cabo a través de su
asistente:
“Consecuente con los planteamientos reseñados, el
estudio integral de los elementos de juicio allegados al proceso, arroja
certeza sobre el conocimiento pleno de la doctora VELÁSQUEZ SALCEDO acerca de
la ilicitud de las conductas atribuidas y su voluntad de realizarlas, a través
de Carolina Padrón Barreto, su asistente.
En ese orden, las explicaciones rendidas por ésta,
orientadas a asumir como propias las afirmaciones contrarias a la verdad, se
advierten surgidas de su lealtad para quien le brindó la posibilidad de
concretar su aspiración de convertirse en profesional, al permitirle laborar en
su Unidad de Trabajo Legislativo.
Importa señalar que Padrón Barreto, quien para la
fecha de los hechos ocupaba el cargo de transcriptora en la Secretaría General
de la Cámara de Representantes, sólo fue el instrumento utilizado por la
Congresista, en tanto como era su deber y función, se limitó a elaborar las
comunicaciones requeridas por ella, quien tenía la facultad de ordenárselo, en
su calidad de Segunda Vicepresidente.
Se estructura, de esta forma, la autoría mediata de la
procesada en estos hechos, facilitada por la relación de subordinación que
tenía con Padrón Barreto, de la confianza depositada por ésta en su benefactora
y su consecuente falta de prevención sobre el alcance de las manifestaciones
contenidas en los documentos cuya elaboración se le ordenó.”
Establecidos
los fundamentos que llevaron a determinar la existencia de una autoría mediata
de la accionante en relación con los oficios dirigidos a la FAC, procede la
Sala Plena a hacer la respectiva valoración del defecto alegado por la
accionante
6.2.3.1.2. Examen de la Corte Constitucional. Conviene inicialmente traer a colación lo expresado
por esta Corporación en el punto 4.4.2. de esta decisión, en cuanto que las
discrepancias sobre la valoración de las pruebas que hace el juez al interior
del proceso ordinario, en principio no son objeto de controversia por medio de
la acción de tutela, al hacer parte la autonomía funcional del juez. En esa
medida, sólo en el evento de una arbitrariedad manifiesta, ostensible y grave,
que no pueda ser corregida con la utilización de los recursos ordinarios y
extraordinarios previstos en la ley, es posible, como una circunstancia
excepcional, la procedencia de su examen por el juez de tutela.
La Sala de Casación Penal sustentó su decisión en que
algunos servidores públicos con capacidad de suscribir documentos públicos
recurren a los subalternos con la finalidad de racionalizar el tiempo y cumplir
con sus obligaciones. Situación que se presentó en este caso por cuanto pudo
demostrarse que en cumplimiento de las instrucciones de la exrepresentante la
señora Padrón Barreto procedió a redactar y firmar los oficios remitidos a la
FAC, situación que se adecua a la teoría del autor jurídico anotada por la
Corte Suprema de Justicia, en la que aunque otra persona elabora y suscribe un
documento, realmente quien es el responsable es el servidor público que ordena
su creación al plasmar en él su voluntad.
Situación que se hizo evidente en la medida que para
la fecha de los hechos la señora Padrón Barreto ocupaba el cargo de
transcriptora en la Secretaría General de la Cámara de Representantes, quien se
había limitado a cumplir con las indicaciones dadas por la exrepresentante dada
su calidad de Primera Vicepresidente de la Cámara.
De esta forma, encuentra esta Corte que la Sala de
Casación Penal no omitió su deber de valorar debidamente las pruebas. De hecho,
el estudio del material probatorio que comprendió los testimonios, el cotejo de
su contenido con las piezas procesales y las razones para establecer los
elementos del delito, demuestran a las claras que la decisión de dictar
sentencia condenatoria tiene un fundamento jurídico sólido, que resulta
concordante con el debido proceso.
Por tanto, no se configura el defecto fáctico
endilgado por la actora al no presentarse ningún error manifiesto y ostensible
en el juicio valorativo de las pruebas respecto a la autoría de los oficios
enviados a la FAC, sino un ejercicio de interpretación razonable que respeta
las garantías constitucionales.
6.2.3.2.
El conocimiento sobre el origen de las donaciones.
Afirma
la accionante que erróneamente en la sentencia condenatoria se consideró que cuando
se redactaron los primeros oficios (31 de enero de 2006) con destino a la FAC, la
accionante tenía pleno conocimiento que no se realizaría donación alguna por
alimentos a través de la Red de Solidaridad, hoy Agencia Presidencial para la Acción
Social y la Cooperación Internacional, sino que lo haría una fundación privada
denominada “Niños Desplazados por la Violencia”, cuando ello no se
extrae del material probatorio recaudado. Describe la sentencia como “conjetural”,
bajo el argumento que la Corte Suprema de Justicia se empeñó en establecer
nexos entre ella y la fundación donante para colegir que se trataba de una
ayuda para su campaña política, aunque acepta que conocía algunas personas
vinculadas con dicha organización, así como aquellas que recibieron la mercancía,
lo cual encuentra consecuente en un municipio tan pequeño. Resalta que los
alimentos se entregaron después de las elecciones y que no reposa en el
expediente prueba que permita determinar que hizo uso proselitista u obtuvo
réditos electorales por dicha donación.
6.2.3.2.1.
Las consideraciones de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia
cuestionada. La Sala de Casación Penal examinó lo concerniente a si la Red
de Solidaridad suministró en los meses de enero o febrero de 2006 varias
toneladas de alimentos no perecederos para personas de escasos recursos, para
lo cual se soportó en inspecciones practicadas en la Agencia Presidencial para la
Acción Social y la Cooperación Internacional y en el testimonio del Alcalde  de
Inírida, como puede apreciarse:
“No es cierto que, como se indicó en las
comunicaciones fechadas el 31 de enero de 2006, la Red de Solidaridad haya
suministrado en los meses de enero o febrero de ese año ‘diez toneladas de
alimentos no perecederos para personas de escasos recursos económicos y ávidos
de la ayuda del gobierno nacional’.
Así surge de las diversas inspecciones practicadas en la
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional[130],
Área de Gestión de Donaciones,
ubicada en esta ciudad, a través de las cuales se evidenció que el 3 de
enero de 2006 la entidad tramitó, según Resolución 12190 de 15 de diciembre
de 2005, una donación de electrodomésticos, no alimentos, para la
Alcaldía Municipal de Inírida, elementos valorados en $13.500.000[131].
Además, que sólo hasta el siguiente mes de agosto, a través de Resolución 8492 del 2 de dicho mes, la
Agencia dispuso una ayuda para la Alcaldía de Inírida consistente en alimentos
y elementos de aseo. Otras dos donaciones vinculadas con esa ciudad, pero
no con su alcaldía, recayeron sobre elementos de aseo, entregados el 13 de
marzo y el 27 de diciembre de 2006, en favor de la Cruz Roja Colombiana y el
Vicariato Apostólico, respectivamente.
De igual forma, en las mismas diligencias se
estableció que en los archivos de correspondencia de la Agencia Presidencial no
obra petición elevada por la alcaldía de Inírida, en el primer período de 2006
(…)[132].
Por otra parte, el Área de Gestión de Donaciones
hizo constar que no tramitó ante la Fuerza Aérea traslado alguno de elementos
destinados a la población del Guainía[133], mientras (…) [el]
responsable de la Territorial en Guainía, declaró que las ayudas suministradas
por el nivel central se canalizaban a través de su oficina, sin que para la
fecha de su intervención, - mayo de 2006 -, hubiera recibido una consistente en
víveres o recursos económicos[134].
(…)
“[E]stá demostrado, (…), que para el 31 de enero de
2006, fecha de elaboración de los oficios espurios, la Agencia Presidencial (…),
no había otorgado donación alguna de alimentos a la alcaldía de Inírida. También se acreditó que el representante de esta
entidad Luis Carlos Sandoval Passos no adelantó una mínima gestión seria para
lograr su adjudicación.
Así, no obra prueba que demuestre la presentación
de una solicitud, de la cual no se halló evidencia escrita en los archivos de la
Agencia Presidencial y de haberla elevado verbalmente, es claro que, según
indica Carlos Humberto Cardona Botero, profesional universitario adscrito al
Área de Donaciones de esa entidad, se le habría recomendado presentarla por
escrito, formalidad obvia para adelantar estos trámites —en tanto se
cumplen entre organismos públicos, no entre particulares—, y a la cual no era
ajeno el alcalde Sandoval Passos, pues en 2005 había requerido por escrito
recursos en especie para su municipio.
En ese orden, surge evidente que nunca se adelantó
una gestión idónea por el entonces alcalde de Inírida para alcanzar una
donación de la Red de Solidaridad ni había posibilidad real de obtenerla.
La inexistencia de la donación otorgada por la Red de
Solidaridad, fue comunicada a la Congresista VELÁSQUEZ SALCEDO, según revela
en su declaración Sandoval Passos, quien explica que cuando requirió la
contribución de la Congresista, ‘…le dije que posiblemente me iba a salir una
donación, que si ella me podía colaborar con la Fuerza Aérea para conseguir un
vuelo de apoyo y me dijo que sí, que le avisara si me salía o no la donación’.” [Negrillas al margen del texto transcrito].
En cuanto a la vinculación de la administración
municipal con las presuntas donaciones por alimentos que se haría, la Sala de
Casación Penal expuso:
“En tal sentido se tiene que durante el proceso se
quiso vincular a la administración municipal de Inírida con el traslado de los
alimentos a esa ciudad, relación demostrada con el testimonio sobre su entrega,
rendido por Blanca Yoli Real, líder de los desplazados y la aducción al
trámite, mediante inspección, de los únicos documentos relativos a la donación
encontrados en sus dependencias, —el listado de beneficiados, el acta de
entrega, la fotocopia, sin fecha, del ofrecimiento de la fundación a Acción Social
y la respuesta de ésta—; sin embargo, el desarrollo real de los acontecimientos
revela cómo salvo el alcalde, los restantes empleados de la alcaldía ignoraban
lo atinente a la donación, incluso quienes debían participar en su solicitud,
transporte y recibo en Inírida.
Nótese cómo de dicha entidad, ningún funcionario, ni
siquiera el alcalde, acudió al aeropuerto a recibir los alimentos, como tampoco
nadie vinculado a ella asumió responsabilidad alguna en cuanto al descargue,
bodegaje y pago de estos servicios. Quien se adjudicó estas obligaciones fue Guillermo
Duarte Valencia, empleado de Aerocarga Islas Ltda., cuyo propietario Jesús
Hernando Montenegro Reyes, es hermano de Bernardo, pareja sentimental por
varios años de SANDRA ARABELLA VELÁSQUEZ SALCEDO.
Es más, fue en la bodega de dicha empresa en donde
permanecieron por diez (10) días las cinco (5) toneladas de alimentos, sin que
el ente municipal pagara emolumento alguno por un servicio que se le prestó de
manera exclusiva y excepcional, […].”
De
esta manera, la Corte Suprema de Justicia encontró que las personas vinculadas
con la consecución de los bienes donados por la fundación “Niños Desplazados
por la Violencia” y su posterior recepción y manejo en el municipio de Inírida,
tenían relación directa con la exrepresentante:
“[P]ara el 31 de enero de 2006, cuando se hizo la
solicitud de vuelo a la Fuerza Aérea, la donación ya era conocida por los
interesados en ella, es decir Jesús María Bacca y sus relacionados, pues según
revela el revisor fiscal de la fundación, tenía acopiados los alimentos cinco
(5) o diez (10) días antes de ofrecerla a la Agencia Presidencial, Territorial
del Guainía. Por tanto, nada justifica que la Congresista haya atribuido a la
Red de Solidaridad una donación que no provenía de ella, sino de una fundación
particular con la cual, como visto está, tenía todos los vínculos atrás
descritos.
Tampoco tiene cabida la explicación de su defensa, orientada a destacar que la
donación sólo fue conocida ‘oficialmente’ el 8 de febrero de 2006, esto es
después de la creación de los documentos espurios.
La copia del documento en el cual el defensor finca su tesis, esto es, aquél
por cuyo medio se hizo el ofrecimiento, carece de fecha tanto de creación como
de recibo. Así surge de la simple observación de la copia remitida por el
Coordinador de la Territorial Guainía, la cual, como se constató durante
inspección a sus dependencias, corresponde al único documento proveniente de la
fundación, recibido en esa entidad. Lo propio ocurre con el hallado en la
alcaldía de Inírida entre los precarios soportes de la donación.”
6.2.3.2.2.
Examen de la Corte Constitucional. Como se anotó en el punto 4.5. de esta
decisión, el juez ordinario no vulnera el derecho al debido proceso mediante una
providencia judicial cuando, prima facie, la lectura, que realiza de las
reglas aplicables y de las pruebas aportadas al proceso, se encuentra dentro
del margen de interpretación razonable. Por ende, el verificar una divergencia
en torno a las pruebas recopiladas en el proceso no implica constatar la
violación del debido proceso.
Observa la Sala que existió en el proceso penal un
soporte y valoración probatoria adecuados respecto al conocimiento del origen
de los alimentos donados, así como de la vinculación de ciertas personas
miembros de la fundación “Niños Desplazados por la Violencia” con la
actora. Ello se aprecia a partir de la verificación probatoria que del caso
hizo la Corte Suprema de Justicia, producto de las inspecciones, testimonios y
documentación aportada, que le permitieron señalar que para el 31 de enero de
2006, fecha de los oficios enviados a la FAC, la Red de Solidaridad, hoy
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, no
había asignado ni menos entregado al municipio de Inírida donación alguna de
alimentos no perecederos, de allí que no correspondan a la realidad las
afirmaciones consignadas en tales documentos.
De
igual modo, se pudo clarificar que a pesar de que durante el proceso penal se
pretendió vincular a la administración municipal alrededor de las donaciones, una
vez adelantadas las pesquisas correspondientes por la Sala de Casación Penal, se
demostró que en la alcaldía de Inírida se desconocían los trámites adelantados
para alcanzar el arribo de los alimentos supuestamente donados. De ahí que el
Tribunal de Casación haya evidenciado que para el 31 de enero de 2006, la
Agencia Presidencial no autorizó donación alguna de alimentos con destino a tal
municipio, circunstancia que era conocida por la exrepresentante.
De
otra parte, la Corte Suprema de Justicia también pudo determinar con fundamento
en el acervo probatorio que las personas vinculadas con la consecución de los
bienes donados por la fundación “Niños Desplazados por la Violencia”, como
su posterior recepción y manejo en el municipio de Inírida, tienen relación
directa con la exrepresentante.
Lo anterior permitió establecer que ningún empleado del
municipio conocía la existencia de la donación, ni el origen de la misma,
adicionalmente, era claro para la ex Congresista y el alcalde de Inírida, que
la donación no provenía de un ente gubernamental, sino de una entidad
particular con la que la accionante tenía vínculos.
Concluye entonces la Corte que no se incurrió en el defecto fáctico observado por la
accionante, dado que la práctica y el análisis de las pruebas recaudadas no
exponen error manifiesto alguno, sino que es posible predicar un margen de
interpretación razonable que se encuentra concordante con las garantías procesales
constitucionales.
6.2.3.3.
La lista de pasajeros.
Expone la accionante que como práctica rutinaria una
vez se programa un vuelo de apoyo se pide la inclusión de pasajeros, siendo
potestativo de la FAC autorizar el número y calidades de éstos, sin que sea un
punto determinante la condición de indígena o tratarse de personas de escasos
recursos. Una vez se supo la hora del vuelo muchas personas solicitaron su
intermediación para ser incluidas como pasajeros, por lo que las remitió a la
señora Padrón Barreto, quien al momento de elaborar el oficio bajo el formato
establecido dejó la coletilla de que se trataban de indígenas o ciudadanos de
escasos recursos. Anota que el material probatorio fue valorado equivocadamente
por cuanto se consideró por la Corte Suprema que engañó a la FAC al remitir una
lista de pasajeros de la cual no hacían parte ningún indígena ni personas de
escasos recursos.
6.2.3.3.1. Las consideraciones de la Corte Suprema
de Justicia en la sentencia cuestionada. Sobre este punto la Sala de
Casación Penal expuso lo siguiente:
“Lo mismo ocurre con el oficio de 6 de marzo de 2006, a través del cual la congresista solicita a la FAC el traslado de 17 personas, calificándolas
como ‘indígenas ciudadanos colombianos’ carentes de recursos económicos para
tal fin.
Contrariando esta afirmación en el proceso se
acreditó, a través de prueba testimonial[135], que de las
personas incluidas en el listado, Luisa Fernanda Velásquez es hermana de la
Congresista; Linda Pilar Acevedo, estudiante de derecho de la Universidad
Católica de esta ciudad, es hija de Pedro Pablo Acevedo Vesga, conocido
comerciante y activista político de Inírida, cuyos restantes hijos ejercen sus
profesiones de ingenieros de sistemas y alimentos en Bogotá; Denis Margarita
Florián Bohórquez era para ese momento empleada del INCODER y Everth Castro
Abril, amigo de Carlos Humberto, hermano de la vinculada, regresaba de Bogotá
después de adelantar gestiones relacionadas con el ingreso de su hija a la
universidad.
A su vez Daniel Gámez Estupiñán ejercía como fotógrafo
en Villavicencio e Inírida; Nelsy Braga Bernal, hija de artesanos oriundos de
Brasil era estudiante universitaria en Bogotá y Ángela Fernanda Bustos es hija
de un transportador de Inírida[136].
Los demás integrantes de la lista, de acuerdo con
informe del CTI[137], ejercen actividades
relacionadas con la salud, la administración pública, de asesoramiento o
empresariales, en razón de las cuales se encuentran afiliados al régimen
contributivo de salud, lo que da idea de vínculos laborales y de la posibilidad
de sufragar el aludido gasto.
La condición étnica atribuida a estas personas,
también les es ajena, con excepción de Efraín Bautista Sánchez, quien ha sido candidato
a la Cámara de Representantes y a la Gobernación del departamento[138].
Puede concluirse, con ese fundamento que las
manifestaciones relacionadas con estas personas en procura de obtener su
traslado por la Fuerza Aérea, distan de la verdad, más si como se advierte,
quien encabeza el listado es Luisa Fernanda Velásquez, hermana de la
Congresista y estudiante universitaria en esta ciudad.” [Negrillas al
margen del texto transcrito]
Conforme
a lo expuesto, la autoridad judicial accionada constató que la exrepresentante
Velásquez Salcedo no se desentendió del contenido de los oficios remitidos a la
FAC, ni de la lista de personas que en ellos serían incluidos:
“Además, no es cierto que la Congresista se ‘desconectó’
del tema de los pasajeros, cuya lista le pidió expresamente el Coordinador de
Vuelos de la Fuerza Aérea, Mayor Strong Flórez, pues demostrado está que,
casualmente, buena parte de los enlistados tienen con ella relación directa.
Así, Francisco Peña Cubides, quien consiguió cupo para
su hijastra Maritza Andrea Sánchez y William Quintero Pascuas, cuya hija Karen
Carolina se incluyó en el oficio, fueron sus compañeros de trabajo en la
Secretaría de Salud Departamental de Guainía, mientras Pedro Acevedo Vesga, comerciante
de Inírida y padre de Linda Pilar Acevedo, al igual que Maritza Andrea Sánchez,
Ángela Fernanda Bustos y Everth Castro Abril son sus directos conocidos, según
señaló durante su versión libre.
Si bien es cierto que los dos primeros, como lo
destaca la defensa, en las declaraciones rendidas durante el juicio indicaron
que, sin acudir a la congresista, realizaron sus propias gestiones en orden a
lograr la inclusión de sus parientes en el listado remitido por ella, tal
argumento resulta inadmisible, si se tiene en cuenta que en este preciso caso,
la realización del vuelo sólo fue conocida en el pueblo a su arribo, al punto
que la ignoraban incluso los propios Comandantes de las Unidades Militares y de
la Policía Nacional, quienes así lo informaron en la reunión extraordinaria del
Comité de Seguimiento Electoral […].” [Negrillas
al margen del texto transcrito]
6.2.3.3.2. Examen de la Corte Constitucional.
Según se manifestó en el punto 4.4.2. de esta decisión, el error en el juicio
valorativo de la prueba debe ser de gran magnitud y tener incidencia directa en
la decisión, ya que el juez tutela no puede constituirse en una instancia
revisora alterna de la evaluación de las pruebas que compete al juez
ordinario.
Ingresando al asunto en estudio la Sala observa que la
Corte Suprema de Justicia con base en las pruebas recaudadas (testimoniales) determinó
que el oficio a través del cual la ex congresista solicita a la FAC el traslado
de 17 personas a las que califica de indígenas carentes de recursos económicos,
incluía familiares y personas con suficiente capacidad económica para sufragar el
costo de su transporte aéreo, pudiendo determinar que no se “desconectó” del contenido
del listado de pasajeros, todo lo cual permitió arribar a la conclusión que la
actora estaba al tanto de las personas que serían incluidas en el vuelo de
Bogotá a Inírida.
No puede la accionante pretender desconocer que la
calificación consistente en que el listado de personas incluye indígenas
carentes de recursos económicos, no influiría en la autorización del vuelo de
apoyo dada por la FAC, menos cuando según se pudo demostrar que buena parte de
los enlistados tienen relación directa con la accionante, que vino a desarrollarse
en una época electoral.
Por consiguiente, para la Corte no se configura el
defecto fáctico señalado por la actora, puesto que la valoración de las pruebas
atendió al material testimonial recaudado, sin que se aprecie una interpretación
irrazonable sino el ejercicio de una actividad
evaluativa probatoria que se encuentra
consonante con las garantías constitucionales como el debido proceso.
6.2.4.
Consecuencialmente la sentencia condenatoria no desconoció los derechos al buen
nombre, a la honra y al ejercicio de cargos públicos.
Adicionalmente,
como consecuencia de la decisión condenatoria la accionante encuentra vulnerados
los derechos al buen nombre, a la honra y al ejercicio de cargos públicos, toda
vez que al haberse proferido una sentencia condenatoria en su contra, se ha
difundido una información errónea de su personalidad y sus actos, que socaban, en
su opinión, el prestigio y la confianza de sus electores.
Como
se ha podido determinar en esta decisión, si los defectos identificados por la
accionante (violación directa de la Constitución, sustancial y fáctico)
respecto de la sentencia condenatoria, no se han presentado, es de extraer que ningún
menoscabo consecuencial del buen nombre, la honra y el derecho al ejercicio de
los cargos públicos se ha dado sobre la accionante, por cuanto la decisión de la
Sala de Casación Penal ha sido producto de la observancia de las reglas del
debido proceso y del principio de legalidad.
Por
tanto, si la sentencia condenatoria es el resultado de una conducta catalogada
como hecho punible, cuya investigación y juzgamiento se ha adelantado siguiendo
las garantías procesales constitucionales, ningún derecho fundamental puede como
consecuencia alegarse como vulnerado, al estar motivada en la propia conducta
punible de la actora que ha ocasionado la pena correspondiente.
Una vez se ha establecido por la Corte que no se
presentan los diversos defectos alegados por la actora, resta por examinar el defecto adicional determinado
por quien fungió como juez de segunda instancia en tutela.
6.3. Inexistencia del defecto sustancial observado
oficiosamente por el juez de segunda instancia en tutela.
6.3.1. Posibilidad de dictar fallos de tutela extra
y ultra petita.
Según se ha expuesto, la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, encontró que existía atipicidad
de la conducta. Sustentó su afirmación en que (i) el tipo penal endilgado,
esto es, falsedad ideológica en documento público, exige que el escrito
apócrifo se elabore en ejercicio de las funciones del servidor público y (ii)
adicionalmente los documentos dirigidos a la FAC no tienen aptitud probatoria y
la calidad para servir de verdadero medio de convicción.
En cuanto a la posibilidad de que los fallos puedan
ser extra y ultra petita en materia de tutela, esta Corte de manera pacífica ha señalado que el juez
de tutela puede al momento de resolver el caso concreto conceder el amparo
incluso a partir de situaciones o derechos no alegados, atendiendo la
informalidad que reviste el amparo y además quien determina los derechos
fundamentales violados. Así, desde los primeros pronunciamientos se ha sentado
esta posición, toda vez que conforme a la condición sui generis de esta
acción, la labor de la autoridad judicial no puede limitarse exclusivamente a
las pretensiones invocadas por la parte actora, sino que debe estar encaminada
a garantizar el amparo efectivo de los derechos fundamentales. En este sentido,
en la sentencia T-310 de 1995, se dijo:
“Dada la naturaleza de la presente acción,
la labor del juez no debe circunscribirse únicamente a las pretensiones que
cualquier persona exponga en la respectiva demanda, sino que su labor debe
estar encaminada a garantizar la vigencia y la efectividad de los preceptos
constitucionales relativos al amparo inmediato y necesario de los derechos
fundamentales. En otras palabras, en materia de tutela no sólo resulta
procedente sino que en algunas ocasiones se torna indispensable que los fallos sean
extra o ultra petita. Argumentar lo contrario significaría que si, por ejemplo,
el juez advierte una evidente violación, o amenaza de violación de un derecho
fundamental como el derecho a la vida, no podría ordenar su protección, toda
vez que el peticionario no lo adujo expresamente en la debida oportunidad
procesal. Ello equivaldría a que la administración de justicia tendría que
desconocer el mandato contenido en el artículo 2º superior y el espíritu mismo
de la Constitución Política, pues -se reitera- la vigencia de los derechos
constitucionales fundamentales es el cimiento mismo del Estado social de
derecho.”[139]
Entonces, la ausencia de formalidades y el carácter sumario
y preferente del procedimiento de tutela, otorgan al juez constitucional la
facultad de fallar más allá de las pretensiones de las partes, potestad que surge
a partir de haberle sido confiado a la Corte Constitucional la guarda de la
integridad y supremacía de la Constitución (art. 241 superior), la primacía de
los derechos inalienables del ser humano (art. 5 superior) y la prevalencia del
derecho sustancial sobre las formas (art. 228 superior). En la sentencia T-553
de 2008, se expuso:
“La acción de tutela tiene como función
principal la real defensa y efectiva protección de los derechos fundamentales.
Coadyuva al logro de ese objetivo la naturaleza
informal de esta acción, al punto que el Juez constitucional no está sometido a
la causa petendi y puede estudiar la vulneración de otros derechos, así
el actor no haya sabido invocarlos.
Recuérdese lo que al
respecto fue mencionado en la sentencia T-886 de 2000 […].
‘…la naturaleza de la acción de tutela, como mecanismo
de protección de derechos fundamentales, reviste al juez que conoce de ella de
una serie de facultades que, en ejercicio de la jurisdicción ordinaria, no
posee. La principal de ellas, consiste en fallar más allá de lo solicitado por
quien hace uso de este mecanismo, fallos ultra o extra petita. Prerrogativa que
permite al juez de tutela pronunciarse sobre aspectos que, sin ser expuestos
como fundamento del amparo solicitado, deben ser objeto de pronunciamiento, por
estar vulnerando o impidiendo la efectividad de derechos de rango
constitucional fundamental.’
Entonces, sí es posible que el juez ordene
la protección judicial de uno o más derechos constitucionales fundamentales que
aparezcan vulnerados, así el interesado no lo hubiese solicitado expresamente
en la demanda de tutela. Dada la naturaleza de la presente acción, la labor del
Juez es impulsar el proceso tutelar y averiguar no sólo todos los hechos
determinantes, sino los derechos cuya afectación resulte demostrada en cada
caso; en otras palabras, en materia de tutela no solo resulta procedente sino
justo y reclamado por la preeminencia del derecho sustancial, que las acciones
sean falladas extra o ultra petita.
Argumentar lo contrario conllevaría que la
administración de justicia incumpla su deber de impartirla oportuna y
acertadamente, denegación que se materializa si el Juez advierte un
quebrantamiento o amenaza de violación contra un derecho fundamental […].”
En ese orden de ideas, el juez de tutela está habilitado
para fallar extra o ultra petita cuando así lo requiera la vigencia de
los derechos fundamentales[140]. La naturaleza especialísima de la acción de tutela “permite su distinción respecto de las demás acciones
legales, autorizando al juez asumir un papel activo en el análisis del caso
bajo su conocimiento, en aras de la eficaz protección de los derechos
fundamentales”.[141]
Establecido que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicatura, que fungió como juez de segunda instancia en
tutela, podía proferir un fallo de tutela extra o ultra petita, como en
efecto acaeció, corresponde a la Sala Plena estudiar si efectivamente se
presentó el defecto sustancial adicional determinado por ese Consejo.
6.3.2. Falta de configuración del defecto sustancial
apreciado oficiosamente por el juez de tutela.
6.3.2.1.
En el presente caso, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior
de la Judicatura, encontró configurado otro defecto sustancial consistente en
que la Sala de Casación Penal adecuó la conducta de la exrepresentante
Velásquez Salcedo al tipo penal de falsedad ideológica en documento público,
sin que se cumpliera el principio de estricta tipicidad, es decir, que hubiere
abarcado todos los elementos de la conducta endilgada, que estructura en dos
supuestos:
Uno, en que la actora no extendió ni produjo los
documentos en el ejercicio de funciones públicas, es decir, aquellas que la
Constitución y la ley le señalan[142]. Explica que el numeral
6 del artículo 135 de la Constitución[143] refiere a obtener la
cooperación para el cumplimiento de las funciones, mas no corresponde al
ejercicio propio de éstas, esto es, dicha norma superior reenvía al interprete
a las disposiciones constitucionales y legales que instituyen las atribuciones
propias de los congresistas, de ahí que considere que no se obra en el
ejercicio de las funciones cuando se recaba la cooperación del Gobierno, a lo
máximo estima que sería un ejercicio del derecho de petición. Resalta que no
puede crearse vía jurisprudencial una nueva competencia funcional de los
congresistas (principio de legalidad), ya que los artículos 282 y siguientes de
la Ley 5ª de 1992[144], establecen
incompatibilidades y excepciones a las mismas. El otro, está referido a
la aptitud probatoria de los documentos, es decir, que tenga la idoneidad de
servir de medio de prueba. Estima que los oficios dirigidos a la FAC no
constituían el medio probatorio idóneo para acreditar el origen de la ayuda
humanitaria, así como tampoco las particularidades de los pasajeros.
Sobre estos cuestionamientos, la Corte en primer lugar
traerá a colación los argumentos esbozados por la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia respecto a la tipicidad de la conducta, para así
examinar el defecto observado de conformidad con el ordenamiento superior.
6.3.2.2.
Debe empezar la Corte por señalar que la accionante fue encontrada responsable
del delito de falsedad ideológica en documento público, agravada por el uso
cometido en concurso homogéneo, a través de la sentencia  proferida el día 17
de junio de 2009, que le impuso la pena de 74 meses de prisión e inhabilitación
de derechos y funciones públicas por 90 meses. Debe recordarse lo preceptuado
en el artículo 286 del Código Penal:
“El servidor público que en ejercicio de sus
funciones, al extender un documento público que pueda servir de prueba,
consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad, incurrirá en
prisión de cuatro (4) a ocho (8) años e inhabilitación para el ejercicio de
derechos y funciones públicas de cinco (5) a diez (10) años”.
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia, en la aludida sentencia condenatoria evaluó cada uno de los elementos
estructurales de la conducta penal descrita, así: (i) la condición de funcionaria
pública de la actora; (ii) su posición funcional frente a los actos
documentales; (iii) el alcance probatorio de éstos; y (iv) la alteración de la
verdad en su contenido. Apreciemos de manera amplia lo considerado por dicho
Tribunal:
6.3.2.2.1.
En cuanto a la condición de funcionaria pública de la exrepresentante,
señaló:
“En relación con la calidad de funcionaria pública de
la doctora VELÁSQUEZ SALCEDO obran en la actuación las certificaciones emitidas
por la Secretaría General de la Cámara de Representantes, en las cuales se
señala su pertenencia a esa Corporación, para la cual fue elegida por la
Circunscripción Electoral del Guainía, período constitucional 2002 – 2006. La
procesada tomó posesión de su cargo el 20 de julio del año inicialmente citado,
lo ejerció hasta el final del período y fungió como Primera Vicepresidente de
la referida entidad entre el 20 de julio de 2005 y el 19 de julio de 2006[145].
Posteriormente, fue reelegida en dicho cargo por el
mismo departamento para el período constitucional 2006 – 2010, se posesionó el
20 de julio de 2006 y fue suspendida de su ejercicio por resolución N° MD 3224
del 16 de diciembre de 2008[146].
Entonces, para los meses de enero y marzo de 2006,
cuando se cumplieron los hechos tema de investigación, la doctora VELÁSQUEZ
SALCEDO fungía como Representante a la Cámara, ostentaba la calidad de Primera
Vicepresidente de esa Corporación y ejercía las funciones propias de esa
dignidad.”
6.3.2.2.2.
Respecto a la posición funcional frente a los actos documentales, anotó:
“[D]e conformidad con el artículo 133 de la
Constitución Política, los congresistas, como miembros de un cuerpo colegiado
de elección directa, representan al pueblo y tienen la obligación de actuar
consultando la justicia y el bien común.
Ese marco general fijado a su labor, es desarrollado a
través de normas del mismo rango y por la Ley 5ª de 1992[147]. Entre las primeras se
encuentra el artículo 135, donde se señalan las facultades de cada Cámara, cuyo
numeral 6° les confiere la de ‘Recabar del Gobierno la cooperación de los
organismos de la administración pública para el mejor desempeño de sus
atribuciones’, texto reproducido por el numeral 6° del artículo 51 de la
citada ley, bajo el título de Funciones Generales.
En ese orden, es claro que entre las atribuciones de
cada congresista se encuentra la de requerir del ejecutivo la cooperación de la
administración pública en procura del mejor desempeño de su labor.
Resulta imperioso en este punto referirse al argumento
de la defensa, según el cual la integración de los artículos 133 y 135
superiores, en la forma indicada, responde a un error de hermenéutica, pues las
funciones señaladas en la última preceptiva, sólo pueden entenderse relacionadas
con el Senado o la Cámara en pleno, sus órganos de representación o cuando
menos un número plural de miembros y no respecto de cada uno de éstos,
individualmente considerados.
Sobre el particular corresponde indicar que una de las
acepciones del término función, según el Diccionario de la Real Academia
Española se refiere, en este contexto, a la “tarea que corresponde realizar a
una institución o entidad, o a sus órganos o personas”.[148]
En ese orden, el argumento de la defensa resulta
sofístico, en tanto olvida que la Cámara
de Representantes como cualquier cuerpo colegiado no actúa per sé sino a
través de los individuos que la integran, en quienes, por tal causa, descansan
todas y cada una de las facultades conferidas a la Corporación, con independencia
de si su ejercicio válido requiere o no un número específico de sus miembros,
aspecto precisamente reglamentado por la ley que determina los eventos dónde se
requiere quórum y cómo se integra para que la actuación se cumpla como cuerpo
colegiado.
Además, no todas las atribuciones deferidas por el
artículo 135 superior demandan el concurso del pleno de los integrantes de la
Cámara correspondiente o de un número plural de ellos; basta con examinar el
contenido del literal a) del artículo 249 de la Ley 5ª de 1992, reglamentario
del procedimiento para citar a los Ministros del Despacho y a otros
funcionarios públicos, para advertir que tal citación, prevista en el numeral
8° de la preceptiva constitucional aludida, puede hacerse por un solo congresista.
Por tanto, si los miembros del Congreso ostentan la
representación del pueblo que los eligió, es claro que cada uno de ellos tiene
como función propia de su cargo, requerir del Gobierno el apoyo necesario para
el mejor desempeño de tal atribución general, gestión para la cual no requiere
actuar de manera colegiada.
Resultaría, por demás absurdo, que en situaciones
particulares y de esta naturaleza -bien general de la región representada-, sus
gestiones necesitaran el concurso de un determinado número de legisladores.
Cuestiona también la defensa que la atribución
prevista en el numeral 6° del artículo 135 superior, se considere limitada
atendido lo previsto en el numeral 2° del artículo 180 de la Constitución
Política, atinente a las incompatibilidades de los Congresistas.
En relación con este punto debe precisarse, que la
lectura de la última preceptiva citada permite advertir cómo, por considerarse
incompatible con sus funciones, se prohíbe a los Congresistas “Gestionar en
nombre propio o ajeno, asuntos ante las entidades públicas o ante las personas
que administren tributos, ser apoderados ante las mismas, celebrar con ellas,
por sí o por interpuesta persona, contrato alguno”, dejando sí abierta la
posibilidad de establecer, a través de la ley, las excepciones pertinentes.
Por ello, ninguna dificultad representa concluir, conforme se señaló en la
acusación, que la facultad prevista en el numeral 6° del artículo 135 citado,
no es absoluta, pues su ejercicio, por mandato constitucional, debe hacerse
atendiendo las excepciones fijadas en la ley.
Éstas, de conformidad con los numerales 6° y 8° del
artículo 283 de la Ley 5ª de 1992, se refieren a ‘adelantar acciones ante el
Gobierno en orden a satisfacer las necesidades de los habitantes de sus
circunscripciones electorales’ e ‘intervenir, gestionar o convenir en
todo tiempo, ante los organismos del Estado en la obtención de cualquier tipo
de servicios y ayudas en materia de salud, educación, vivienda y obras públicas
para beneficio de la comunidad colombiana’.
En ese orden, contrario a lo indicado por el
defensor, no es por obra de la interpretación antes expuesta, que las
actuaciones transcritas deben asumirse como el ejercicio legítimo de las
funciones asignadas a un Congresista. La propia ley, en desarrollo del mandato
contenido en la parte final del numeral 2°, artículo 180 superior, reglamenta
en cuál ámbito y con qué propósitos dichos servidores pueden gestionar en
representación de sus electores ante los organismos del Estado.
[...]
Resta señalar que esta Sala ya había analizado el tema
en discusión, al concluir que las diligencias cumplidas por un congresista en
orden a obtener inversiones para su región, no constituyen conducta punible,
pues al contrario, responden al ejercicio legítimo de las atribuciones de estos
servidores, en especial de los Representantes a la Cámara, quienes por ser
elegidos a través de circunscripciones electorales, tienen compromiso directo
con la comunidad a la cual representan[149].”
[Negrillas al margen del texto
transcrito]
Lo
anterior, le permitió concluir:
“La tesis no responde, entonces, al capricho de la
Corporación; al contrario, atiende las precisiones que al respecto hizo la
Corte Constitucional, al pronunciarse sobre la constitucionalidad de los
numerales 6° y 8° del artículo 283 de la Ley 5ª de 1992 en los siguientes
términos:
“[…] Es claro que, al adelantar acciones ante el
Gobierno para buscar satisfacción de las necesidades de los habitantes de una
parte del territorio nacional, el congresista está gestionando algo a nombre de
otros, ante una entidad pública.
Pero, analizado el contenido de las excepciones, se
encuentra que no consisten en la posibilidad de intermediar para servir
intereses particulares, evento en el
cual ellas harían perder todo vigor a la disposición constitucional hasta el
extremo de dejarla sin sentido, sino que están orientadas a fines de interés
general que los pobladores de la respectiva circunscripción electoral canalizan
a través de quien, en el plano nacional, actúa como su representante.
Los preceptos, así entendidos, no
se oponen a la Constitución Política, sino que, por el contrario, encajan
dentro del papel que en la democracia ha sido atribuido a los congresistas,
quienes tienen a su cargo una función representativa de los intereses de la
comunidad, a cuyo servicio se encuentran, como todos los servidores
públicos, según el artículo 123 de la Constitución. (Lo resaltado no
corresponde al texto).
Si la filosofía de las incompatibilidades radica, como
se deja dicho, en la necesidad de impedir que la investidura congresional sea
utilizada para beneficio puramente privado, los numerales atacados no
desconocen el principio que las sustenta, desde el momento en que, por estar
referidos a aspiraciones de naturaleza colectiva y al bien público, excluyen de
plano todo asomo de interés personal”[150].
Ha de concluirse, entonces, que la doctora VELÁSQUEZ
SALCEDO en ejercicio de su función de representación, tenía la facultad de
adelantar gestiones ante el Gobierno nacional y las entidades públicas
adscritas a él, siempre y cuando dichas actividades tuvieran los específicos
propósitos indicados en las normas aludidas, pudiendo, en consecuencia,
extender comunicaciones con destino a esas entidades para obtener atención
adecuada a los intereses de sus electores”.
6.3.2.2.3.
Sobre el alcance probatorio de los documentos, indicó:
“En cuanto a la naturaleza jurídica de estos
instrumentos y su alcance probatorio, se concluye que tienen el carácter de
documentos públicos, atendido lo preceptuado en el artículo 251 del Código de
Procedimiento Civil. Dicha norma, al clasificar los documentos en públicos y
privados, señala que corresponde a la primera categoría ‘…el otorgado por el
funcionario público en ejercicio de su cargo o con su intervención…’.
En ese orden, su alcance probatorio, está fijado por
el artículo 264 del mismo ordenamiento, según el cual ‘los documentos
públicos hacen fe de su otorgamiento, de su fecha y de las declaraciones que en
ellos haga el funcionario que los autoriza’”.
6.3.2.2.4.
En relación con la alteración de la verdad de los documentos, dijo:
“[P]ara el 31 de enero de 2006, fecha de los oficios
enviados a la Fuerza Aérea Colombiana, la Agencia Presidencial a la cual se
integró la denominada Red de Solidaridad, no había asignado ni entregado al
municipio de Inírida donación alguna de alimentos no perecederos y tampoco se
encontraba en trámite una ayuda semejante; de allí que sean espurias las
afirmaciones consignadas en ese sentido dichos documentos.
Lo mismo ocurre con el oficio de 6 de marzo de 2006, a través del cual la congresista solicita a la FAC el traslado de 17 personas, calificándolas
como “indígenas ciudadanos colombianos” carentes de recursos económicos para
tal fin.
Contrariando esta afirmación en el proceso se
acreditó, a través de prueba testimonial[151],
que de las  personas incluidas en el listado, Luisa Fernanda Velásquez es
hermana de la Congresista; Linda Pilar Acevedo, estudiante de derecho de la
Universidad Católica de esta ciudad, es hija de Pedro Pablo Acevedo Vesga,
conocido comerciante y activista político de Inírida, cuyos restantes hijos
ejercen sus profesiones de ingenieros de sistemas y alimentos en Bogotá; Denis
Margarita Florián Bohórquez era para ese momento empleada del INCODER y Everth
Castro Abril, amigo de Carlos Humberto, hermano de la vinculada, regresaba de
Bogotá después de adelantar gestiones relacionadas con el ingreso de su hija a
la universidad.
A su vez Daniel Gámez Estupiñán ejercía como fotógrafo
en Villavicencio e Inírida; Nelsy Braga Bernal, hija de artesanos oriundos de
Brasil era estudiante universitaria en Bogotá y Ángela Fernanda Bustos es hija
de un transportador de Inírida[152].
Los demás integrantes de la lista, de acuerdo con
informe del CTI[153],
ejercen actividades relacionadas con la salud, la administración pública, de
asesoramiento o empresariales, en razón de las cuales se encuentran afiliados
al régimen contributivo de salud, lo que da idea de vínculos laborales y de la
posibilidad de sufragar el aludido gasto.
La condición étnica atribuida a estas personas,
también les es ajena, con excepción de Efraín Bautista Sánchez, quien ha sido
candidato a la Cámara de Representantes y a la Gobernación del departamento[154].
Puede concluirse, con ese fundamento que las
manifestaciones relacionadas con estas personas en procura de obtener su
traslado por la Fuerza Aérea, distan de la verdad, más si como se advierte,
quien encabeza el listado es Luisa Fernanda Velásquez, hermana de la
Congresista y estudiante universitaria en esta ciudad.”
De este modo, la Corte Suprema de Justicia encontró
cumplidos cada uno de los elementos configurativos del tipo penal de falsedad
ideológica en documento público, al concluir:
“Siguiendo las anteriores pautas debe concluirse que
la doctora VELÁSQUEZ SALCEDO en ejercicio de sus atribuciones como
Representante a la Cámara ordenó la creación de documentos públicos, invocando
esta condición y la de Primera Vicepresidente de la Corporación, instrumentos
signados con su nombre, también por instrucción suya.
Estas situaciones unidas a la demostración de la
falacia consignada en ellos, llevan a predicar la ocurrencia de una conducta
que, desde el plano objetivo, se adecua a la descripción típica del delito de
falsedad ideológica en documento público, por cuanto dichos escritos además de
estar revestidos de una presunción de autenticidad y legalidad tienen la
posibilidad real de acreditar los hechos y situaciones consignados en ellos y
la capacidad de generar efectos jurídicos derivados de su contenido.
En efecto, estos documentos fueron idóneos para servir
de prueba de la situación señalada en ellos y por ello, al ser remitidos,
concretaron efectivamente el propósito de su creación. Así se demostró con la
inspección practicada en las oficinas del alto mando de la Fuerza Aérea
Colombiana donde se recuperaron los originales de los fechados en 31 de enero
de 2006, así como la impresión del creado el 6 de marzo siguiente[155],
remitido al Coordinador de Vuelos de la misma entidad, a través de correo
electrónico, según informó este oficial[156], con lo cual,
obviamente se configura y acredita su uso.
Así, pues, no hay duda alguna acerca de la
materialidad del delito de Falsedad ideológica en documento público    por
cuanto concretan todos los supuestos normativos previstos en el artículo 286
del estatuto represor, situación predicable respecto de cada uno de los
documentos creados, cuyo probado uso ante la Fuerza Aérea Colombiana,
constituye la circunstancia de agravación establecida para tal conducta”.
6.3.2.3.
Examen de la Corte Constitucional. Del recuento in extenso que se
ha efectuado de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, no se aprecia por
esta Corporación que se hubiere presentado el defecto sustancial declarado
oficiosamente por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura, por cuanto la Sala de Casación Penal hizo una aplicación válida de
la normatividad legal en orden a la tipicidad de la conducta punible, motivación
que además se inserta dentro de un margen de interpretación razonable, sin que
se evidencie arbitrariedad o voluntariedad en la misma al haber sido producto
de una valoración ponderada y racional del material probatorio que reposa en el
expediente.
La Sala de Casación Penal en la aludida sentencia evaluó
cada uno de los elementos estructurales del tipo penal de falsedad ideológica
en documento público, como fueron la condición de funcionaria pública, su
posición funcional frente a los actos documentales, el alcance probatorio de
éstos y la alteración de la verdad en su contenido. Pudo determinar con
claridad la tipicidad de la conducta de la accionante, como uno de los
requerimientos para que sea punible, al encontrarse el comportamiento ajustado
a la descripción del delito de la falsedad ideológica en documento público en
sus aspectos objetivo y subjetivo.
6.3.2.3.1. Particularmente, en torno a la
característica básica estructural del tipo penal consistente en que la
extensión del documento público por el servidor público ocurra “en ejercicio
de sus funciones”, como lo exige el artículo 286 del Código Penal[157],
que constituye uno de los reproches que realiza el juez de segunda instancia en
tutela, la sentencia condenatoria cuestionada explicó suficiente y
adecuadamente con base en el material probatorio recaudado que la accionante para
entonces era funcionaria pública al ejercer las funciones propias de
Representante a la Cámara y Primera Vicepresidenta de la misma; además, que el
marco general constitucional de su labor como representante del pueblo (art.
133 superior[158]), se encuentra
desarrollado por disposiciones constitucionales y de la Ley 5ª de 1992, como la
atribución general de requerir del Ejecutivo la cooperación de la
administración pública para el mejor desempeño de su función (arts. 135.6
superior[159] y 51.6 Ley 5ª/92[160]),
en la cual se encausó la conducta de la accionante.
Estableció la sentencia condenatoria que en cada uno
de los representantes reposa todas y cada una de las facultades conferidas a la
Corporación, señalando que la atribución asignada a los congresistas por el
artículo 135.6 superior no resulta absoluta, porque debe desarrollarse conforme
a las excepciones fijadas en la ley (art. 283, núms. 5 y 6[161],
Ley 5ª /92), para así anotar que sus actuaciones corresponden al ejercicio de
las funciones asignadas a un congresista, donde la ley reglamenta el ámbito y
los propósitos para gestionar en representación de los electores ante los
organismos del Estado.
Planteamiento
de la Corte Suprema de Justicia que fue soportado en una decisión de la Corte Constitucional
(sentencia C-497 de 1994) que examinó la constitucionalidad de los numerales 6
y 8 del artículo 283 de la Ley 5ª de 1992[162] y en la cual se resalta
que el congresista busca gestionar algo a nombre de otros y ante una entidad
pública, teniendo a su cargo una función representativa de los intereses de la
comunidad. Ello permitió colegir inicialmente que la exrepresentante Velásquez
Salcedo, en ejercicio de la función de representación, tenía la facultad de
adelantar gestiones ante el Gobierno y las entidades públicas adscritas,
siempre que dichas actividades tengan los propósitos específicos señalados en
las normas mencionadas, pudiendo extender comunicaciones dirigidas a tales
entidades para lograr la atención adecuada a los intereses de sus electores. Consideraciones
que para esta Corporación hacen parte de una aplicación adecuada del tipo penal
al comportamiento desarrollado por la actora, inscribiéndose dentro de un
margen de interpretación razonable, sin que se evidencie arbitrariedad o voluntariedad
en la misma.
6.3.2.3.2. Sobre el otro elemento estructural del tipo penal
concerniente a que el documento público “pueda servir de prueba”, como
lo exige el artículo 286 del Código Penal, la sentencia condenatoria señaló razonablemente
que los oficios librados a la FAC tienen el carácter de documentos públicos al
ser otorgado por funcionario público en el ejercicio de sus funciones (art.
251, Código de Procedimiento Civil[163]) y tienen el alcance
probatorio previsto en el artículo 264[164], ejusdem. Se
determinó que las afirmaciones consignadas en tales oficios (31 de enero/06,
presuntas donaciones y 6 de marzo/06, lista de pasajeros) resultan espurias con
fundamento en el acervo probatorio recopilado en el expediente, según ha sido
explicado precedentemente en esta decisión.
6.3.2.3.3. Ello le permitió a la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia concluir que “se produjo lesión para la
Fuerza Aérea, cuya confianza en la validez de la información, surgida de quien
la enviaba -la Primera Vicepresidente de la Cámara- y el medio utilizado para
suministrarla —un documento oficial—, fue vulnerada al igual que su derecho a
conocer a quienes otorgaba realmente el servicio solicitado”[165].
Encontró
ese alto Tribunal que la doctora Velásquez Salcedo, en ejercicio de sus
atribuciones como Representante a la Cámara, ordenó la creación de los documentos
públicos, invocando su calidad y la de Primera Vicepresidenta de la
Corporación, que fueron signados con su nombre por instrucción de la
congresista. Situaciones que aunadas a la comprobación de la falacia contenidas
en los oficios, llevaron a establecer la ocurrencia de la conducta punible que
objetivamente se adecuó a la descripción típica del delito de falsedad
ideológica en documento público, al poder, además de gozar de presunción de autenticidad
y legalidad, acreditar los hechos y tener la capacidad de generar efectos
jurídicos.
Documentos
que fueron catalogados de idóneos para servir de prueba y al ser remitidos
vinieron a concretar el objetivo de su creación, además de configurarse y
acreditarse su uso. Así, no existió duda alguna sobre la materialidad del
delito al concretarse todos los supuestos normativos contemplados por el
artículo 286 del Código Penal.
Establecido que se cumplieron los presupuestos de la tipicidad objetiva
en lo concerniente al delito de falsedad ideológica en documento público, dado que
su extensión se dio por un servidor público “en ejercicio de sus funciones” y
los documentos públicos pueden “servir de prueba”, no comparte esta Corporación
la decisión a la que llegó la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura, al señalar la existencia de un defecto sustancial.
La Sala de Casación Penal no hizo cosa diferente a
sentar su postura sobre el cumplimiento de las características básicas
estructurales del tipo penal de falsedad ideológica en documento público, cuyo razonamientos
no se muestran como infractoras de las garantías constitucionales y menos
constitutivas de un defecto sustancial que hiciera procedente la acción de
tutela contra la sentencia condenatoria proferida por la Corte Suprema de
Justicia. Contrario a lo afirmado por el juez de segunda instancia en tutela,
muestran una interpretación que se acompasa con la salvaguarda del principio de
legalidad y el derecho al debido proceso.
Para
la Corte no se configura el defecto sustancial observado por la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura (6.3.2.1), por
cuanto la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia encausó
adecuadamente el comportamiento de la congresista en el tipo penal de falsedad
ideológica en documento público, producto de una interpretación válida constitucionalmente,
que resulta adecuada a la situación fáctica puesta en su conocimiento, por lo
que no se desconoce los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica, ni las
garantías constitucionales.
En
virtud de lo anterior, se puede concluir que: i) el juzgamiento de los
congresistas en única instancia por la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia constituye una posibilidad válida constitucionalmente al
brindar adecuadamente todas las garantías procesales y una decisión justa
(violación directa de la Constitución); ii) la separación funcional entre la
instrucción y el juzgamiento se dio con posterioridad a la comisión del delito
(violación directa de la Constitución); iii) se adecúa a la teoría del autor
jurídico en cuanto a la autoría de los oficios, era claro para la excongresista
que la donación no provenía de un ente gubernamental y conocía las condiciones
de buena parte de los pasajeros al tener relación directa con la accionante, no
encontrándose un error manifiesto ni ostensible en el juicio valorativo de las
pruebas (defecto fáctico); y iv) se encausó adecuadamente el comportamiento de
la congresista en el tipo penal (defecto sustancial observado oficiosamente por
el Consejo Superior de la Judicatura).
Ahora bien, frente a la nueva posición jurisprudencial expuesta
por la Sala de Casación Penal en materia de aumento punitivo, se remitirá la actuación
a la Corte Suprema de Justicia, para lo que corresponda, esta situación atiende
en su metodología al respeto del principio de autonomía de dicha Corporación.
Por
las razones anteriores, se revocará parcialmente el fallo proferido en segunda
instancia por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura.
VI.  DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte
Constitucional administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE:
Primero. REVOCAR la sentencia proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicatura, el 26 de octubre de 2009, dentro de la
acción de tutela interpuesta por la exrepresentante a la Cámara Sandra Arabella
Velásquez Salcedo. En su lugar, NEGAR el
amparo solicitado.
Segundo.
Dado el cambio de jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia, REMITIR la presente actuación a esa Corporación,
para que adopte la decisión que corresponda en lo referente a la aplicación del
artículo 14 de la Ley 890 de 2004.
Tercero. DISPONER
que a través de la Secretaría General de esta Corporación se devuelva el
expediente contentivo del proceso penal Núm. 27.339 a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Cuarto. Líbrese
por la Secretaría General de esta Corporación, la comunicación prevista en el
artículo 36 del Decreto Ley 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la
Corte Constitucional y cúmplase.
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Presidente
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
JUAN CARLOS HENAO PÉREZ
Magistrado
JORGE IVAN PALACIO PALACIO
Magistrado
NILSON ELIAS PINILLA PINILLA
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
Con salvamento parcial de voto
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
Ausente con permiso
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Expediente de Única Instancia 27.339.
[2] Esta disposición establece: “Falsedad ideológica en documento
público. El servidor público que en ejercicio de sus funciones, al extender
documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle
total o parcialmente la verdad, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8)
años e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de
cinco (5) a diez (10) años.”
[3] En relación con la posibilidad de trasportar donaciones en
aviones de la FAC indica la accionante que se justifica atendiendo la
dificultad de acceso al Departamento de Guainía. Anota que sólo se puede
arribar a su capital por vía aérea o fluvial, situación que obliga a que las
donaciones provenientes de Bogotá deban ser trasladadas en avión hasta su
destino, sobre todo si se trata de alimentos perecederos. Aclara que la FAC prevé, dentro de sus funciones operativas no relacionadas con actividades bélicas, la
misión de transportar donaciones y auxilios humanitarios hacia aquellas
regiones de difícil acceso, lo que se conoce como “vuelos de apoyo” y
que se programan cuando hay disponibilidad de equipos y personal para
realizarlos.
[4] La norma en cita señala: “Las penas previstas en
los tipos penales contenidos en la Parte Especial del Código Penal se aumentarán en la tercera parte en el mínimo y en la mitad en el máximo. […]”.
[5] Así lo establece el artículo 533 de la Ley 906 de 2004: “El presente código regirá para
los delitos cometidos con posterioridad al 1º de enero del año 2005. Los casos
de que trata el numeral 3 del artículo 235 de la Constitución Política continuarán su trámite por la Ley 600 de 2000”.  Recuerda que el numeral 3 de artículo 235  de la Constitución, expresa: “Son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia: 3. Investigar y juzgar a los
miembros del Congreso”.
[6] Trae
como ejemplos el de congresista (art. 179 superior), presidente de la República o gobernador (arts. 197 y 304 superiores), diputado (art. 33.1 de la Ley 617 de 2000), alcalde (art. 95.1, Ley 136 de 1994) o concejal (art. 43.1, Ley 136 de
1994).
[7] Debe recordarse que en la citada providencia se señaló: “Cuando se presente una situación (…) en la cual la Corte Suprema de Justicia no admita a trámite una acción de tutela contra una de sus
providencias, el tutelante tendrá la opción de: (i) acudir a la regla fijada en
el Auto 04 del 3 de febrero de 2004, es decir, presentar la acción de tutela
ante cualquier juez (unipersonal o colegiado) o incluso ante una corporación
judicial de la misma jerarquía de la Corte Suprema de Justicia; o (ii) solicitar ante la Secretaría General de la Corte Constitucional, que radique para selección la decisión proferida por la Corte Suprema de Justicia en la cual se concluyó que la acción de tutela era absolutamente
improcedente, con el fin de que surta el trámite fijado en las normas
correspondientes al proceso de selección. Para este efecto, el interesado
adjuntará a la acción de tutela, la providencia donde se plasmó la decisión que
la tutela era absolutamente improcedente, así como la providencia objeto de la
acción de tutela”.
[8] Trae a colación el artículo 533 de la Ley 906 de 2004, que señala: “Derogatoria
y vigencia. El presente Código regirá para los delitos cometidos con
posterioridad al 1º de enero del año 2005. Los casos de que trata el numeral 3
del artículo 235 de la Constitución Política continuarán su trámite por la Ley 600 de 2000”.
[9] Martínez López Antonio José. Delitos de falsedad y fraude.
Ediciones Librería del Profesional. Bogotá, 1990, pág. 65.
[10] En este punto hace alusión a los artículos 121, 122, 135 y 136 de
la Constitución y 6°, 18, 41, 51, 233, 305 y 328 de la Ley 5 de 1992 (Reglamento del Congreso).
[11] Cita un concepto en materia disciplinaria del Consejo de Estado,
Sala de Consulta y Servicio Civil, del 26 de marzo de 2007. Radicado número
1810. Así mismo, hace referencia a la doctrina legal en la materia.
[12] “La prohibición de la analogía: Nullum crimen sine lege stricta:
En cuanto a la interpretación de la ley penal, no está permitida la aplicación
analógica de las normas jurídico penales que definen hechos punibles,
establecen penas o medidas de seguridad o consagran agravantes –analogía in
malam partem-. En cambio, si está permitida la analogía in bonam partem. Por
ejemplo, en materia de atenuantes”. Hans Heinrich Jescheck. Tratado. Ob. Cit.
Pág. 180-182.
[13] Corredor Pardo. Ob cit. Pág. 399.
[14] “El servidor público que en ejercicio de sus funciones, al
extender un documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad
o calle total o parcialmente la verdad, incurrirá en prisión de cuatro (4) a
ocho (8) años e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones
públicas de cinco (5) a diez (10) años”.
[15] Así lo establece el artículo 533 de la Ley 906 de 2004, que señala: “El presente código regirá para los delitos cometidos con
posterioridad al 1° de enero del año 2005. Los casos de que trata el numeral 3
del artículo 235 de la Constitución Política continuarán su trámite por la Ley 600 de 2000.” El numeral 3 del artículo 235 de la Constitución reza: “Son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia: 3. Investigar y juzgar a los miembros del Congreso”.
[16] Señala:
“Las penas previstas en los
tipos penales contenidos en la Parte Especial del Código Penal se aumentarán en la tercera parte en el mínimo y en la mitad en el máximo. En todo caso, la
aplicación de esta regla general de incremento deberá respetar el tope máximo
de la pena privativa de la libertad para los tipos penales de acuerdo con lo
establecido en el artículo 2º de la presente ley. Los artículos 230ª, 442, 444,
444ª, 453, 454ª, 454b y 454c del Código Penal tendrán la pena indicada en esta
ley”.
[17] Expresa: “Son facultades de cada cámara: […] 6. Recabar del
Gobierno la cooperación de los organismos de la administración pública para el
mejor desempeño de sus atribuciones. […]”.
[18] “ARTÍCULO 282.
MANIFESTACIONES DE LAS INCOMPATIBILIDADES. Los
Congresistas no pueden: 1. Desempeñar cargo o empleo público o privado. 2.
Gestionar, en nombre propio o ajeno, asuntos ante las entidades públicas o ante
las personas que administren tributos, ser apoderados ante las mismas, celebrar
con ellas, por si o por interpuesta persona, contrato alguno; con las
excepciones que establezca la ley. 3. Ser miembros de juntas o consejos
directivos de entidades descentralizadas de cualquier nivel o de instituciones
que administren tributos. 4. Celebrar contratos o realizar gestiones con
personas naturales o jurídicas de derecho privado que administren, manejen o
inviertan fondos públicos o sean contratistas del Estado o reciban donaciones
de éste.
ARTÍCULO
283. EXCEPCIÓN A LAS INCOMPATIBILIDADES. Las
incompatibilidades constitucionales no obstan para que los Congresistas puedan
directamente o por medio de apoderado: […] 6. Adelantar acciones ante el
Gobierno en orden a satisfacer las necesidades de los habitantes de sus
circunscripciones electorales. […] 8. Intervenir, gestionar o convenir en todo
tiempo, ante los organismos del Estado en la obtención de cualquier tipo de
servicios y ayudas en materia de salud, educación, vivienda y obras públicas
para beneficio de la comunidad colombiana. […].”
[19] Cft. Sentencias T-146 de 2010, T-301 de 2009.
[20] T-006 de 1992, T-223 de 1992, T-413 de 1992,
T-474 de 1992, entre otras.
[21] Sentencia T-405 de 1996.
[22] Indicó: “En el seno de la Asamblea Nacional Constituyente fue negada reiteradamente la propuesta que buscaba
circunscribir la expresión "autoridades públicas", que aparece en el
texto del artículo 86 de la Constitución, de manera que sólo cobijara a las "autoridades administrativas". En el proyecto de articulado presentado
por la Comisión I a la Plenaria no se acogió la pretendida limitación del
alcance del derecho de amparo o de la acción de tutela a las autoridades
administrativas (Proyecto No. 67, artículo 62 Misael Pastrana Borrero, Augusto
Ramírez Ocampo, Carlos Rodado Noriega, Hernando Yepes Alzate y Mariano Ospina
Hernández. Gaceta Constitucional No. 23) y, por el contrario, adoptó la
fórmula  amplia de incluir como sujeto pasivo de dicha acción a cualquier
autoridad pública. Igualmente, en el curso del segundo debate en Plenaria, se
presentó una propuesta sustitutiva en el sentido de restringir a las acciones u
omisiones de las autoridades administrativas la interposición de la acción de
tutela cuando éstas vulneren o amenacen vulnerar los derechos fundamentales, la
cual fue nuevamente  derrotada al aprobarse  definitivamente  el actual
artículo 86 de la Constitución Política. (Propuesta sustitutiva presentada por los honorables constituyentes Hernando Yepes Arcila, Rodrigo Llorente Martínez,
Carlos Rodado Noriega, Mariano Ospina Hernández y María Garcés Lloreda. Gaceta
Constitucional No. 142 p.18)”.
[23] Señaló: “… si bien es cierto
que algunos delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente consideraban que la tutela no debía proceder contra sentencias judiciales, también lo es que
la gran mayoría participó de la idea de consagrar una acción que  -como el amparo
en España o el recurso de constitucionalidad en Alemania-  pudiera proceder
contra las decisiones judiciales. En este sentido es importante recordar que la
propuesta presentada por un conjunto de delegatarios destinada a restringir en
el sentido que se estudia el ámbito de protección de la acción de tutela,
resultó amplia y expresamente derrotada por la mayoría con el argumento,
claramente expuesto en el debate, según el cual impedir la tutela contra
decisiones judiciales podría crear un ámbito de impunidad constitucional y
reduciría la eficacia de los derechos fundamentales a su simple consagración
escrita”. Cft. Sentencia T-117 de 2007.
[24] Dentro
de las sentencias más relevantes pueden citarse: T-043 de 1993, T-079 de 1993,
T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-055 de 1994, T-175 de 1994, T-231 de 1994,
T-442 de 1994, T-572 de 1994, SU.327de 1995, SU.637 de 1996,
T-056 de 1997, T-201 de 1997, T-432 de 1997, SU.477 de 1997, T-019 de 1998,
T-567 de 1998, T-654 de 1998, SU.047
de 1999, T-171 de 2000, T-1009 de 2000, SU.014 de 2001, T-522 de 2001, SU.1185 de 2001, T-1223
de 2001, SU.1300 de 2001, T-1306 de 2001, T-1334 de 2001, T-020 de 2002, T-080 de 2002,
SU.159 de 2002, T-1057 de 2002, T-1123 de 2002, T-012 de 2003, SU.120 de 2003,
SU.1159 de 2003, T-1232 de 2003, T-027 de 2004, T-205 de 2004, T-778 de 2004,
T-1189 de 2004, T-039 de 2005, T-328 de 2005, T-465 de 2005, T-516 de 2005,
T-902 de 2005, T-170 de 2006, T-1072 de 2006, SU.891 de 2007, T-1020 de 2007,
T-276 de 2008, T-302 de 2008, T-402 de 1998, T-436 de 2008, T-489 de 2008,
T-789 de 2008, T-906 de 2009, T-934 de 2009, T-947 de 2009, T-901 de 2010,
SU.917 de 2010, T-957 de 2010, T-266 de 2011, T-429 de 2011 y SU.447 de 2011.
[25] Al
examinar el artículo 66 sobre error jurisdiccional señaló: “Conviene aclarar que la argumentación expuesta no
significa que el juez de tutela y la Corte Constitucional, en ejercicio de la atribución contenida en el artículo 86 superior, no
pueda revisar las providencias proferidas por cualquier autoridad judicial, en
aquellos casos en que al presentarse una “vía de hecho”, en los términos que
han sido definidos en la Sentencia C-543 de 1992 y demás jurisprudencia de esta
Corporación, se amenace o se vulnere un derecho constitucional fundamental.
Nótese que en este caso se trata de una facultad de origen constitucional, que
no implica la resolución de fondo del conflicto jurídico contenido en la
providencia bajo revisión , ni se enmarca dentro del análisis de la
responsabilidad patrimonial del Estado -como es el caso del artículo que se
examina-. Se trata simplemente del reconocimiento de que el juez, al igual que
cualquier otra autoridad pública, se encuentra comprometido con el respeto y la
protección de los derechos fundamentales de los asociados dentro de la órbita
constitucional; por ende, en caso de que una actuación judicial, incluso
aquellas contenidas en una providencia, vulnere un derecho, será posible su
amparo a través de la acción de tutela, sin perjuicio de la definición de las
demás responsabilidades en los términos que han sido descritos en esta
sentencia”.
[26] Dijo: “La Corte ha reconocido que contra las decisiones judiciales ejecutoriadas procede en ciertos
casos la acción de tutela. De conformidad con reiterada jurisprudencia de esta
Corporación, en especial la contenida en la Sentencia C-543 de 1992, la tutela procede contra providencias judiciales cuando respecto de
ellas se configura una vía de hecho, concepto que esta Corporación ha definido
así: ´Obsérvese que los defectos calificados como vía de hecho son aquellos que
tienen una dimensión superlativa y que, en esa misma medida, agravian el
ordenamiento jurídico. Los errores ordinarios, aún graves, de los jueces in
iudicando o in procedendo, no franquean las puertas de este tipo de control
que, por lo visto, se reserva para los que en grado absoluto y protuberante se
apartan de los dictados del derecho y de sus principios y que, por lo tanto, en
la forma o en su contenido traslucen un comportamiento arbitrario y puramente
voluntarista por parte del juez que los profiere´ [T-231 de 1994].”
[27] Expuso: “Esta Corte ha considerado reiteradamente, […] que cuando
se conculcan las disposiciones que asignan el conocimiento de los asuntos,
procede acudir a la vía de hecho para que el juez adecue el procedimiento,
siempre que no se cuente con otros medios de defensa, los existentes resulten
ineficaces, o se interponga la acción de tutela para evitar la realización de
un perjuicio irremediable y grave”.
[28] Manifestó:
“Son numerosos y reiterados los pronunciamientos en los que se ha dejado en
claro que los jueces de tutela forman parte de la jurisdicción constitucional
(desde el punto de vista funcional). En esa medida, los jueces de instancia no
pueden dejar de aplicar la Constitución, de acuerdo con el alcance que le ha dado su intérprete autorizado, independientemente de cuál sea el objeto del
debate, en particular en lo que hace referencia a la tutela contra providencias
judiciales. Y es por ello que tampoco son órganos de cierre en materia constitucional,
de modo que en sede de tutela no pueden abstenerse de remitir a esta
Corporación, para su eventual revisión, todas las decisiones de cualquier
naturaleza que profieran al resolver este tipo de asuntos. Lo anterior armoniza
con lo previsto en el artículo 86 de la Constitución, que dispone que los fallos de tutela deberán ser remitidos a la Corte Constitucional “para su eventual revisión”, y con el artículo 241-9 del mismo estatuto, según el cual corresponde a
esta Corporación “revisar, en la forma que determine la ley, las
decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de los derechos
constitucionales”. En este orden de ideas, es preciso llamar la atención
sobre la procedencia de la tutela contra todo tipo de providencias judiciales,
en particular contra las sentencias de los órganos máximos de las
jurisdicciones ordinaria, contencioso administrativa y jurisdiccional
disciplinaria”.
[29] Artículo 185 de la Ley 906 de 2004: “Decisión. Cuando la Corte aceptara como demostrada alguna de las causales propuestas, dictará el fallo dentro de
los sesenta  (60)  días siguientes a la audiencia de sustentación, contra el
cual no procede ningún recurso ni acción, salvo la de revisión. La Corte está facultada para señalar en qué estado queda el proceso en el caso de determinar que
éste pueda recuperar alguna vigencia.  En caso contrario procederá a dictar el
fallo que corresponda. Cuando la Corte adopte el fallo, dentro del mismo lapso
o a más tardar dentro de los cinco  (5)  días siguientes, citará a audiencia
para lectura del mismo.”
[30]  Sentencia 173/93.
[31] Sentencia T-504/00.
[32] Ver entre otras la reciente Sentencia T-315/05
[33] Sentencias T-008/98 y SU-159/2000
[34] Sentencia T-658/98
[35] Sentencias T-088/99 y SU.1219/01
[36] Sentencia T-522/01
[37] Cfr. Sentencias T-462/03; SU-1184/01;
T-1625/00 y T-1031/01.
[38] Así lo
sostuvo este Tribunal en la sentencia SU.917 de 2010, al señalar: “Teniendo en cuenta el rol
protagónico que cumplen la Corte Suprema y el Consejo de Estado en sus respectivos
ámbitos, tanto la regulación normativa como la jurisprudencia se han ocupado de
fijar mayores restricciones, pues ellos son los primeros llamados a definir y
unificar la jurisprudencia en sus respectivos ámbitos. […] De otro lado, es preciso tener en
cuenta que la acción de tutela en estos eventos no se explica porque el juez constitucional nunca
se equivoque y los tribunales supremos de la jurisdicción ordinaria o
contenciosa administrativa sí lo hagan, pues es claro que la infalibilidad no
es propiamente una virtud humana. De hecho, una prueba de que la Corte Constitucional también yerra en sus decisiones es que algunas de sus sentencias han
sido anuladas por la propia Corte, cuando por ejemplo advierte graves y
trascendentales violaciones al debido proceso o cuando alguna de las salas de
revisión ha desconocido la jurisprudencia de la Corte. Una de las principales razones que justifican la procedencia de la tutela contra sentencias
judiciales es la imperiosa necesidad de que exista una interpretación unificada
sobre el alcance y límites de los derechos fundamentales; y ésta es la
principal misión de la Corte Constitucional en sede de revisión de los fallos
de tutela (art. 86 y 241-9 CP). […] Con ello, además, se ofrece a los
ciudadanos cuotas mínimas de seguridad jurídica y certeza del derecho, en la
medida en que razonablemente pueden anticipar cuál será la respuesta jurídica a
sus actos o ante la defraudación de las conductas que el ordenamiento censura.
Por lo mismo, la tutela contra providencias judiciales de las altas
Corporaciones es más restrictiva, en la medida en que sólo tiene cabida cuando
una decisión riñe de manera abierta con la Constitución y es definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el alcance y límites de los derechos fundamentales o cuando
ejerce el control abstracto de constitucionalidad, esto es, cuando se configura
una anomalía de tal entidad que exige la imperiosa intervención del juez
constitucional. En los demás eventos los principios de autonomía e
independencia judicial, y especialmente la condición de órganos supremos dentro
de sus respectivas jurisdicciones, exigen aceptar las interpretaciones y
valoraciones probatorias aun cuando el juez de tutela pudiera tener una
percepción diferente del caso y hubiera llegado a otra conclusión. […] En síntesis, la acción de tutela contra
sentencias judiciales constituye un mecanismo para asegurar la primacía de los
derechos fundamentales y la unidad de interpretación en torno a su alcance y
límites; no obstante, con miras a evitar utilizaciones indebidas, su ejercicio
es verdaderamente excepcional y siempre condicionado a profundas restricciones
formales y materiales, particularmente cuando se ejerce contra providencias de
altas corporaciones judiciales.”
[39] Cft.
Sentencias recientes: T-429 de 2011, T-388 de 2011, T-343 de 2011, T-230 de
2011, T-138 de 2011, T-103 de 2010, entre otras.
[40] Sentencias SU.159 de 2002, T-043 de 2005, T-295 de 2005, T-657 de
2006, T-686 de 2007, T-743 de 2008, T-033 de 2010, T-792 de 2010, entre otras.
[41] Sentencias T-343 de 2011, T-138 de 2011, T-792 de 2010,
T-364 de 2009, T-808 de 2007 y T-086 de 2007, entre otras.
[42] Sentencia T-189 de 2005.
[43] Sentencia T-205 de 2004.
[44] Sentencia T-800 de 2006.
[45] Sentencia T-522 de 2001.
[46] Sentencia SU.159 de 2002.
[47] Sentencias T-051 de 2009 y T-1101 de 2005.
[48] Sentencias T-462 de 2003, T-001 de 1999 y T-765 de
1998.
[49] Sentencias T-066 de 2009 y T-079 de 1993.
[50] Sentencias T-462 de 2003, T-842 de 2001 y T-814 de 1999.
[51] Sentencia T-018 de 2008.
[52] Sentencia T-086 de 2007.
[53] Sentencia T-231 de 1994.
[54] Sentencia T-807 de 2004.
[55] Sentencias T-086 de 2007, T-1285 de 2005 y T-114 de 2002.
[56] Sentencias T-292 de 2006, T-1285 de 2005, T-462 de 2003 y SU.640
de 1998.
[57] En la sentencia T-808 de 2007, se expuso: “… en
cualquiera de estos casos debe estarse frente a un desconocimiento claro y
ostensible de la normatividad aplicable al caso concreto, de manera que la
desconexión entre la voluntad del ordenamiento y la del funcionario judicial
sea notoria y no tenga respaldo en el margen de autonomía e independencia que la Constitución le reconoce a los jueces (Art. 230 C.P.). Debe recordarse además, que el amparo
constitucional en estos casos no puede tener por objeto lograr interpretaciones
más favorables para quien tutela, sino exclusivamente, proteger los derechos
fundamentales de quien queda sujeto a una providencia que se ha apartado de lo
dispuesto por el ordenamiento jurídico”.
[58] Sentencias T-143 de 2011 y T-567 de 1998.
[59] Cfr. sentencia T-442 de 1994.
[60] Cfr. sentencia SU.1300 de 2001.
[61] Cfr. sentencia T-442 de 1994.
[62] Cfr. sentencia T-538 de 1994.
[63] Sentencia SU.159 de 2002.
[64] Cfr. sentencia T-442 de 1994.
[65] Cfr. sentencia T-538 de 1994.
[66] Ibíd. sentencia T-442 de 1994.
[67] Cfr. sentencia T-576 de 1993.
[68] Cfr. sentencia T-239 de 1996.
[69] Cfr. Sentencias T-138 de 2011 y SU.159 de 2002.
[70]Cfr. sentencias SU.159 de 2002 y T-442 de 1994.
[71] Sentencia T-138 de 2011.
[72] Cfr. Sentencia T-902 de 2005.
[73] Ibídem.
[74] Ibídem.
[75] Sentencia T-555 de 2009.
[76] Sentencias T-1028 de 2010 y T-747 de 2009.
[77] La sentencia T-565 de 2006, dijo: “siempre que la
interpretación normativa que los operadores jurídicos hagan de un texto legal
permanezca dentro de los límites de lo objetivo y lo razonable, la mera
divergencia interpretativa con el criterio del fallador no constituye una
irregularidad que haga procedente la acción de tutela contra providencias
judiciales”.
[78] Al respecto, la sentencia T-1001 de 2001, reiterada en la
sentencia T-565 de 2006, explicó: “En materia de interpretación judicial,
los criterios para definir la existencia de una vía de hecho son especialmente
restrictivos, circunscritos de manera concreta a la actuación abusiva del juez
y flagrantemente contraria al derecho. El hecho de que los sujetos procesales,
los particulares y las distintas autoridades judiciales no coincidan con la
interpretación acogida por el operador jurídico a quien la ley asigna la
competencia para fallar el caso concreto, o no la compartan, en ningún caso
invalida su actuación ya que se trata, en realidad, de una vía de derecho
distinta  que, en consecuencia, no es posible acomodar dentro de los requisitos
de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. De
esta manera, queda a salvo, pues, el respeto por el principio democrático de la
autonomía funcional del juez que reserva para éste, tanto la adecuada
valoración probatoria como la aplicación razonable del derecho”.
[79] Es clara la sentencia T-1036 de 2002, al afirmar: “las
divergencias en la interpretación de las normas legales, en principio, no son
materia que pueda ser objeto de acción de tutela, sobre todo en presencia de
recursos ordinarios, diseñados precisamente para lograr ‘la superación de las
diferencias de interpretación de las normas y promover, a su vez, la
unificación de criterios entre los funcionarios judiciales, con vista a una
aplicación uniforme de la ley’. Por lo tanto, cuando la labor interpretativa
realizada por el juez se encuentra debidamente sustentada y razonada, no es
susceptible de ser ‘cuestionada, ni menos de ser calificada como una vía de
hecho, y por lo tanto, cuando su decisión sea impugnada porque una de las
partes no comparte la interpretación por él efectuada a través del mecanismo
extraordinario y excepcional de la tutela, ésta será improcedente’ (...) En
suma, el juez de tutela no puede controvertir la interpretación que de las
situaciones de hecho o de derecho realice el juez de la causa en el respectivo
proceso, salvo que esta hermenéutica sea arbitraria e irrazonable y, por ende,
vulnere los derechos fundamentales de la persona que acude a la acción de
tutela.”
[80] En sentencia T-955 de 2006, la Sala de Revisión concluyó lo siguiente: “la labor adelantada por el Tribunal hace parte de
su función interpretativa de las normas, y que la decisión que profirió en el
presente caso no surge subjetiva o irrazonable, por el simple hecho de que el
accionante no comparta la forma en que dicho tribunal aplicó las normas
pertinentes en su caso.//
Ciertamente
en materia de interpretación judicial, es claro que los criterios para definir
la existencia de una vía de hecho se circunscriben a la actuación arbitraria
que adelante el juez, y que por ello sea abiertamente contraria al derecho, lo
cual no se aprecia en el presente caso.”
[81] Sentencia T-1263 de 2008.
[82] Sentencia T-146 de 2010.
[83] Ibídem.
[84]“Derogatoria y vigencia. El presente código regirá
para los delitos cometidos con posterioridad al 1° de enero del año 2005. Los
casos de que trata el numeral 3° del artículo 235 de la Constitución Política continuarán su trámite por la Ley 600 de 2000”.
[85] “De la Corte Suprema de Justicia. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia conoce: 7. De la investigación y juzgamiento de los senadores y
representantes a la Cámara”.
[86] “De la Corte Suprema de Justicia. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia conoce: 7. De la investigación y juzgamiento de los senadores y
representantes a la Cámara”.
[87] Cfr. Obregón García, Antonio, “La responsabilidad criminal de
los miembros del Gobierno: análisis del artículo 102 de la Constitución española”, ed. Civitas, Madrid, 1996, págs. 56 y 57.
[88] Cfr. Sentencias C-142 de 1993, C-561 de 1996, C-411 de 1997,
C-040 de 2002 y C-545 de 2008.
[89] Corte Constitucional, sentencia C-040 de 2002, en
donde la Corte decidió: “Declarar exequibles, por el cargo estudiado en esta
sentencia, las expresiones acusadas del artículo 39 de la Ley 446 de 1998, que literalmente dicen “en única instancia” y “privativamente y en única
instancia”.” Ver también la sentencia C-103 de 2005, en donde la Corte recordó “los criterios que deben ser respetados por el Legislador para que su
decisión de someter un procedimiento o acto procesal determinado a trámite de
única instancia no riña con la Constitución”.
[90] Sentencia C-142 de 1993.
[91] Cfr. Sentencia T-965 de 2009 y T-146 de 2010.
[92] “Derogatoria
y vigencia. El presente código regirá para los delitos cometidos con
posterioridad al 1° de enero del año 2005. Los casos de que trata el numeral
3° del artículo 235 de la Constitución Política continuarán su trámite por la Ley 600 de 2000.
Los artículos 531 y 532 del presente código, entrarán
en vigencia a partir de su publicación.”
[93] El artículo 22 del Decreto 2067 de 1991, por el cual fue dictado
el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deban surtirse ante la Corte Constitucional, fija como imperativo que la corporación confronte las disposiciones
sometidas a control con la totalidad de los preceptos superiores, especialmente
los del Título II. Igualmente, en el artículo 46 de la Ley 270 de 1996 se consagra ese principio de control integral, norma frente a la cual
esta corporación indicó en sentencia C-037 de febrero 5 de 1996: “A través
de la norma bajo examen se busca que la Corte, en caso de encontrar que un determinado canon constitucional ha sido violado por una norma legal,
o que, por el contrario, él sirve para declarar su exequibilidad, entonces
pueda fundarse la sentencia en ese precepto, así este no haya sido invocado por
el demandante. Lo anterior no significa, y en esos términos lo entiende la Corporación, que en todos los casos la Corte deba realizar un análisis de la totalidad del
texto de la Carta frente a la disposición legal que se estudia, pues -se
reitera- lo que se busca es la posibilidad de invocar argumentos adicionales
sustentados en otras normas fundamentales que servirán para adoptar una mejor
decisión.”  (No está en negrilla en el texto original.)
[94] Arts. 6°-1 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos; 14-1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos; 8°-1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
[95] En el artículo 45 de la Ley 270 de 1996 se establece que las sentencias proferidas por esta corporación sobre los actos sujetos a su
control en los términos del artículo 241 de la Constitución, tienen efecto hacia el futuro a menos que la Corte resuelva lo contrario (no está en negrilla en el texto original).
[96] Cfr. Sentencia C-762 de 2009.
[97] “Son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia: […] 3. Investigar y juzgar a los miembros del Congreso.”
[98] Debe indicarse además que la Corte examinó la disposición parcialmente acusada frente al contenido integral de la Constitución Política.
[99] C-316 de abril 30 de 2002.
[100] Debe anotarse que adicionalmente a las normas constitucionales
que considera infringidas refiere al Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos y a la Convención Americana de Derechos Humanos.
[101] Sentencia T-658-98
[102] Sentencia T-146 de 2010.
[103] Cfr. Sentencia C-762 de 2009.
[104] Etapas
procesales desarrolladas por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia: (i) apertura de investigación previa el 16 de julio de 2007; (ii)
apertura de instrucción el 23 de enero de 2008; (iii) acusación el 2 de
diciembre de 2008; (iv) audiencia pública de juzgamiento el 20 de mayo de 2009;
y (v) sentencia el 17 de junio de 2009.
[105] Así lo estable el artículo 533 de la Ley 906 de 2004, que señala: “El presente código regirá para los delitos cometidos con
posterioridad al 1° de enero del año 2005. Los casos de que trata el numeral 3
del artículo 235 de la Constitución Política continuarán su trámite por la Ley 600 de 2000.” El numeral 3 del artículo 235 de la Constitución reza: “Son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia: 3. Investigar y juzgar a los miembros del Congreso”.
[106] Establece:
“Las penas previstas en los
tipos penales contenidos en la Parte Especial del Código Penal se aumentarán en la tercera parte en el mínimo y en la mitad en el máximo. En todo caso, la
aplicación de esta regla general de incremento deberá respetar el tope máximo
de la pena privativa de la libertad para los tipos penales de acuerdo con lo
establecido en el artículo 2º de la presente ley. Los artículos 230ª, 442, 444,
444ª, 453, 454ª, 454b y 454c del Código Penal tendrán la pena indicada en esta
ley”.
[107] En esta decisión se presentaron cinco salvamentos
parciales de voto.
[108] Ley 906 de 2004, artículo 530.
[109] Art. 533, vigente para la fecha de ejecución de las conductas
denunciadas.
[110] Cfr. Auto 23312 de 7/04/05 y en el mismo sentido fallo Tutela
7/02/2006 Rad. 24021, Sent. 21/03/07 Rad. 26065, entre otros.
[111] Siguiendo los derroteros del artículo 530 de la Ley 906 de 2004.
[112]  Ponencia para primer debate en el Senado al proyecto de ley 01 de
2003, por el cual se modifica la Ley 599 de 2000.
[113] En este punto la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema destacó que en las fechas en que se elaboraron los
escritos la actora fungía como vicepresidenta de la Cámara de Representantes y siguiendo sus instrucciones, Carolina Padrón Barreto, transcriptora
de la Secretaría General de esa Corporación, elaboró y suscribió dos comunicaciones, del siguiente tenor, desde la ciudad de Bogotá al alto mando de la FAC.
[114] Proceso de única instancia Radicado 32.764, causa seguida
en contra de Luís Alberto Gil Castillo y Alfonso RiañoCastillo.
[115] En dicha ocasión cinco Magistrados salvaron parcialmente el
voto. La Doctora María del Rosario González de Lemos
explicó que en su criterio no era aplicable el aumento punitivo consagrado en la Ley 890 de 2004 por estar estrechamente ligada con la Ley 906 de 2004. En argumento adicional
expuso que haciendo uso del principio de favorabilidad se debió resolver la
situación jurídica de la actora, teniendo en cuenta las medidas no privativas
de la libertad establecidas en la Ley 906 de 2004 (mecanismos de vigilancia
electrónica, presentaciones periódicas, prohibición de salir del país, entre
otras). Los Doctores Augusto J. Ibáñez Guzmán y Alfredo Gómez Quintero,
consideraron que el delito que debió variar la calificación jurídica
provisional, en el sentido de adaptar la conducta al delito de peculado. El
Doctor José Leonidas Bustos Martínez, expuso que el comportamiento
típico desplegado por la accionante se encuadra dentro del delito de peculado
por uso. El Doctor Sigifredo Espinosa Pérez, explicó que en su concepto
no es posible aplicar el aumento punitivo de penas previsto en el artículo 14
de la Ley 890 de 2004 a hechos tramitados dentro de los presupuestos procesales
de la Ley 600 de 2000. Adicionalmente indicó que en este caso no era procedente
imponer la medida detención preventiva, conforme con el principio de
favorabilidad, toda vez que la Ley 906 de 2004 señala que los delitos cuyo
mínimo sea de 4 años de prisión, como ocurre en este caso, no procede limitar
la libertad del procesado.
[116] Ver procesos 27.198 causa seguida en contra de Pedro
Nelson Pardo Rodríguez y 29.389 proceso seguido en contra de Fabio Arango
Torres.
[117] Proceso de única instancia Radicado 32.764, causa seguida
en contra de Luís Alberto Gil Castillo y Alfonso Riaño Castillo.
[118] Sala de Casación Penal. Radicación 26065, 32.108, 25.667, 24.890,
24.986, 31.439, 33.754, 36.343, 37.313, 33.545,25.632 del 27 de enero de 2010 y
33.545 del 1º de junio de 2011.
[119] Interlocutorios del 17 de septiembre de 2008 dentro del radicado
27.339 y 27 de abril y 18 de mayo del año en curso, radicado 27.198.
[120] Ibíd
[121] Proceso Radicado Núm. 34020, decisión del 8 de julio de 2010.
[122] La Ley 600 de 2000 y la Ley 906 de 2004 en sus artículos 6° indican: “La ley procesal de efectos sustanciales
permisiva o favorable, aun cuando sea posterior a la actuación, se aplicará de
preferencia a la restrictiva o desfavorable”.
[123] Auto 28-05-08 Rad. Única Instancia 22019.
[124] Fl. 146 a 150 c. 3.
[125] Fl. 73 c. 2.
[126] Fl. 82 c. 3.
[127] Fl. 83 c. 3.
[128] Fl. 91 c. 3.
[129] Fl. 155 c. 2.
[130] Entidad surgida de la fusión de la Agencia Colombiana de Cooperación Interna ACCI a la Red de Solidaridad Social, RSS, dispuesta
por Decreto 2467 de julio 19 de 2005.
[131] Fls. 208 a 219 c. anexo Rad. original 27849 y 212 a 217 c. 5.
[132] Fl. 215 c. 5
[133]
Fl. 65 c. 2
[134] Fl. 75 c. 1
[135] Fls. 154 c. 2; 73 c. 1; 281 y 284 c.2.
[136] Fl. 232 c. 5
[137] Fls. 208 a 200 c. 4 Informe CTI
[138] Fl. 232 c. 5
[139] En el mismo sentido pueden consultarse las sentencias T-450 de
1998, T-794 de 2002, T-182 de 2005 y T-610 de 2005.
[140] Sentencia T-331 de 2011.
[141] Sentencia T- 622 de 2000. Cfr. Sentencia SU.484 de 2008.
[142] Hace alusión a los artículos 121, 122, 135 y 136 de la Constitución y 6º, 18, 41, 51, 233, 305 y 328 de la Ley 5 de 1992.
[143] Señala: “Son facultades de cada cámara: […] 6. Recabar del
Gobierno la cooperación de los organismos de la administración pública para el
mejor desempeño de sus atribuciones. […]”.
[144] “Artículo
282. Manifestaciones de las incompatibilidades. Los Congresistas no pueden: 1. Desempeñar cargo o empleo público o
privado. 2. Gestionar, en nombre propio o ajeno, asuntos ante las entidades
públicas o ante las personas que administren tributos, ser apoderados ante las
mismas, celebrar con ellas, por si o por interpuesta persona, contrato alguno;
con las excepciones que establezca la ley. 3. Ser miembros de juntas o consejos
directivos de entidades descentralizadas de cualquier nivel o de instituciones
que administren tributos. 4. Celebrar contratos o realizar gestiones con
personas naturales o jurídicas de derecho privado que administren, manejen o
inviertan fondos públicos o sean contratistas del Estado o reciban donaciones
de éste.
Artículo 283. Excepción a las incompatibilidades. Las incompatibilidades constitucionales no obstan
para que los Congresistas puedan directamente o por medio de apoderado: […] 6.
Adelantar acciones ante el Gobierno en orden a satisfacer las necesidades de
los habitantes de sus circunscripciones electorales. […] 8. Intervenir,
gestionar o convenir en todo tiempo, ante los organismos del Estado en la
obtención de cualquier tipo de servicios y ayudas en materia de salud,
educación, vivienda y obras públicas para beneficio de la comunidad colombiana.
[…].”
[145] Fls. 15 c. anexo antes Radicado 27849 y 138 c. 3
[146] Fls. 145 c. 1 y  222 a 224 c.
[147] Por la cual se expide el reglamento del Congreso, el Senado y la Cámara de Representantes.
[148] RAE, Edición N° 22. Contiene otras definiciones del término,
referidas a temas  de lingüística y matemáticas.
[149] Auto 23/02/0 Rad. 22453
[150]. CORTE CONSTITUCIONAL. Sent. C-497 del 3/11/1994. M.P. Dr.
José Gregorio Hernández Galindo.
[151] Fls. 154 c. 2; 73 c. 1; 281 y 284 c.2.
[152] Fl. 232 c. 5
[153] Fls. 208 a 200 c. 4 Informe CTI
[154] Fl. 232 c. 5
[155] Cfr. Inspección practicada a la Jefatura de Operaciones Aéreas, JOA, Fls. 169 a 171 c. 2
[156] Fl. 27 c. 3
[157] “El servidor público que en ejercicio de sus
funciones, al extender un documento público que pueda servir de prueba,
consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad, incurrirá en
prisión de cuatro (4) a ocho (8) años e inhabilitación para el ejercicio de
derechos y funciones públicas de cinco (5) a diez (10) años”.
[158] “Los miembros de cuerpos colegiados de elección directa
representan al pueblo, y deberán actuar consultando la justicia y el bien
común.”
[159] “Son facultades de cada cámara: […] 6. Recabar del
Gobierno la cooperación de los organismos de la administración pública para el
mejor desempeño de sus atribuciones.”
[160] “Funciones generales. Son facultades de cada cámara: […]
6. Recabar del Gobierno la cooperación de los organismos de la administración
pública para el mejor desempeño de sus atribuciones.”
[161] “Excepción a las incompatibilidades. Las
incompatibilidades constitucionales no obstan para que los congresistas puedan
directamente o por medio de apoderado: […] 5. Dirigir peticiones a los
funcionarios de la rama ejecutiva para el cumplimiento de sus obligaciones
constitucionales. 6. Adelantar acciones ante el Gobierno en orden a satisfacer
las necesidades de los habitantes de sus circunscripciones electorales.”
[162] “Excepción a las incompatibilidades. Las
incompatibilidades constitucionales no obstan para que los congresistas puedan
directamente o por medio de apoderado: […] 8. Intervenir, gestionar o convenir
en todo tiempo, ante los organismos del Estado en la obtención de cualquier
tipo de servicios y ayudas en materia de salud, educación, vivienda y obras
públicas para beneficio de la comunidad colombiana.”
[163] “Distintas clase de documentos. […] Documento público es
el otorgado por el funcionario público en ejercicio de su cargo o con su
intervención.”
[164] “alcance probatorio. Los documentos públicos hacen fe de
su otorgamiento, de su fecha y de las declaraciones que en ellos haga el
funcionario que los autoriza.”
[165] Sentencia del 17 de junio de 2009.