T-734-13
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
T-734/13
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Requisitos
generales y especiales de procedibilidad
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Evolución
jurisprudencial respecto al reemplazo de la expresión "vía de hecho"
por la de "causales genéricas de procedibilidad"
CARACTERIZACION DEL DEFECTO MATERIAL O
SUSTANTIVO COMO CAUSAL DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración
de jurisprudencia
Respecto del defecto sustantivo alegado a partir de
una errada interpretación normativa, la jurisprudencia constitucional ha sido
enfática en indicar que no cualquier interpretación tiene la virtualidad de
estructurar una vía de hecho, por lo que esta debe ser abiertamente arbitraria
y su error tan evidente, que la juridicidad del pronunciamiento que se
controvierte sea fácilmente desvirtuable. En consecuencia, ha dicho la Corte que el juez de
tutela, en principio, no está llamado a definir la forma correcta de
interpretación del derecho; sin embargo, en aquellos eventos en los que la
interpretación dada por el juez ordinario carezca de razonabilidad y se cumplan
los requisitos anteriormente mencionados, se hace procedente la intervención
del juez constitucional.
DEFECTO FACTICO-Configuración
DEFECTO FACTICO POR LA NO VALORACION DEL
ACERVO PROBATORIO
La configuración del defecto fáctico por la no
valoración del acervo probatorio es una de las causales específicas de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. Esta
hipótesis se concreta en la conducta en que incurre el operador judicial
cuando, existiendo los elementos probatorios en el proceso, o habiendo
decretado la práctica de pruebas, omite el estudio de las mismas, no las
advierte o simplemente no las tiene en cuenta para efectos de fundamentar la
decisión respectiva. Pero el problema surge cuando se observa que de haberse
contemplado dichas pruebas y valorado en el proceso, la solución al problema
jurídico habría sido sustancialmente distinta a la que asumió el juez sin el
análisis de dicha carga probatoria.
CONTRATO DE LEASING-Características
El
leasing en Colombia se define como un contrato financiero, que se distingue por
ser principal, bilateral, consensuado, oneroso, conmutativo, de tracto sucesivo
y de naturaleza mercantil, por medio del  cual el propietario de un bien de
capital cede su uso por un determinado tiempo, a cambio de una renta periódica,
pudiendo acordar eventualmente con el usuario del bien, una opción de compra.
Si bien las anteriores son características generales que se puede encontrar en
muchos otros tipos de contratos, el leasing no puede ser confundido o asimilado
a un negocio jurídico de venta a plazos con reserva de dominio, ni a un
contrato de crédito, pues en el primer supuesto, la propiedad del bien se
adquiere desde el pago de la primera cuota, mientras que en el leasing ésta se
adquiere al final del contrato y solo cuando se pretenda ejercer la opción de
compra; frente al segundo supuesto, la diferencia radica en que el objeto de
leasing es transferir el uso de un bien de propiedad, mientras que en el
crédito se entrega un bien fungible como es el dinero debiéndose devolver una
cantidad igual a la recibida en el crédito, más los intereses pactados.
CONTRATO DE LEASING-Modalidad de leasing operativo
El
llamado leasing operativo o true leasing, es un contrato financiero en el  que
las partes acuerdan que al final de la ejecución del mismo o de la vida útil
del bien objeto del contrato no se podrá ejercer opción de compra alguna, por
haberse excluido de manera expresa dicha posibilidad. Aun bajo este supuesto,
la complejidad jurídica que identifica el leasing no permite que en el supuesto
del leasing operativo pactado respecto de un inmueble, éste se asimile en su
integridad a un contrato de arrendamiento común y corriente, por el simple
hecho de que el pago periódico acordado se asemeje a un “canon de
arrendamiento”, pues para todos los efectos, las demás razones jurídicas que
motivan la suscripción del contrato de leasing, difieren de las que justifican
la firma de un  contrato de arrendamiento de inmueble.
DERECHO DE DEFENSA EN PROCESO DE
RESTITUCION DE INMUEBLE ARRENDADO-Desarrollo jurisprudencial de las cargas procesales que limitan el
ejercicio en los procesos de restitución de bien inmueble arrendado
RESTITUCION DE BIEN INMUEBLE ARRENDADO-Excepción a la presentación de recibos de
pago o consignación de los cánones para ser oído en juicio
PROCESO DE RESTITUCION DE BIEN INMUEBLE
ARRENDADO-Cuando haya
serias dudas sobre la existencia del contrato de arrendamiento no debe
exigírsele al demandado la prueba del pago de los cánones
En los casos de restitución de bien inmueble arrendado
la Corte ha dispuesto que cuando se inicie esta clase de proceso por la causal
de mora en el pago de cánones de arrendamiento, es dable exigir al demandado el
pago de los mismos, excepto cuando se tengan serias dudas sobre la existencia
del contrato de arrendamiento, caso en el cual no debe exigirse al
demandado el pago o la presentación de la consignación de los cánones adeudados
como condición para ser oído dentro del proceso de restitución de bien inmueble
arrendado. Y es que ante la necesidad de probar una real vulneración de un
derecho fundamental, una duda en este sentido dejaría sin piso jurídico la
prueba que sirvió de sustento fáctico para que el juez decida de fondo sobre el
asunto.
SUBREGLA CONSTITUCIONAL QUE EXIME AL
DEMANDADO DE LA APLICACION DE LOS NUMERALES 2 Y 3 DEL PARAGRAFO 2 DEL ARTICULO
424 DEL CPC-Eventos en los
cuales hay serias dudas sobre la existencia del contrato de arrendamiento como
presupuesto fáctico
ANALOGIA-Aplicación en ausencia de ley positiva
ANALOGIA-Requisitos/INTEGRACION NORMATIVA-Aplicación
En relación con la aplicación de una norma
y su interpretación, debe recordarse, que de conformidad con el inciso 2 del
artículo 230 de la Constitución, debe la Corte, en ausencia de ley positiva,
integrar el ordenamiento mediante la aplicación de la equidad, la
jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina. El
principio de la analogía, o argumentum a simili, consagrado en el artículo 8º
de la Ley 153 de 1887, supone unas condiciones ineludibles para su aplicación
como son las siguientes: a) que no haya ley exactamente aplicable al caso
controvertido; b) que la especie legislada sea semejante a la especie carente
de norma, y c) que exista la misma razón para aplicar a la última el precepto
estatuido respecto de la primera. De esta manera, en el proceso de integración
normativa, la analogía surge como un mecanismo de expansión del derecho frente
a aquellos casos en los que no existe regulación alguna. En otras palabras, la
analogía implica atribuir al caso no regulado legalmente, las mismas
consecuencias jurídicas del caso regulado similarmente. Sin embargo, para que
dicho razonamiento sea válido jurídicamente, se requiere que entre los casos
exista una semejanza relevante, que además de ser un elemento o factor común a
los dos supuestos,  corresponda a una razón suficiente para que al caso
regulado normativamente se le haya atribuido esa consecuencia específica y no
otra.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Procedencia por
defecto sustantivo, al restringir el debido proceso y defensa y realizar
indebida interpretación del numeral 2º del parágrafo 2º del artículo 424 del
C.P.C. por no estar contenida de manera expresa para su aplicación a contratos
financieros como el leasing
PRINCIPIO DE INTERPRETACION PRO HOMINE EN
PROCESO DE RESTITUCION DE BIEN INMUEBLE ARRENDADO-Caso en que se dio aplicación por analogía a la
restricción del artículo 424 del CPC en contrato leasing operativo, vulnerando
derecho de defensa
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES EN PROCESO DE RESTITUCION DE BIEN INMUEBLE ARRENDADO-Procedencia por defecto fáctico por la no
valoración de las pruebas y no determinar la diferencia entre contrato de
leasing financiero y contrato de arrendamiento mobiliario, negándose a oír a la
parte accionante en el proceso
Referencia: expediente
T- 3.858.928
Acción de tutela instaurada por FORMAPLAC
S.A. contra el Juzgado Treinta y Seis Civil del
Circuito de Bogotá y la Sala Civil Tribunal Superior de la misma ciudad.
Magistrado Ponente:
ALBERTO ROJAS RÍOS
Bogotá D.C., diecisiete (17) de octubre de
dos mil trece (2013)
La Sala Octava de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por la
Magistrada María Victoria Calle Correa y los Magistrados Luis Ernesto Vargas
Silva y Alberto Rojas Ríos, quien la preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y
241 numeral 9º de la
Constitución Política y en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991,
ha proferido la siguiente
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión de los fallos
de tutela dictados por la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia del 20 de febrero de 2013 que confirmó la decisión
de primera instancia dictada por la Sala de Casación Civil de esa misma
Corporación el 23 de enero de 2013, en la cual se había negado el amparo
solicitado por la sociedad FORMAPLAC S.A. en el trámite de la acción de tutela que
instaurara contra las providencias judiciales proferidas por el Juzgado Treinta
y Seis Civil del Circuito de Bogotá y por la
Sala Civil del Tribunal Superior de esta misma ciudad.
I. ANTECEDENTES
Hechos
1.- El 30 de mayo de 2011, el señor José
Daniel Castrellón en calidad de apoderado de Leasing Bancoldex S.A. -Compañía
de Financiamiento, que para los efectos de esta providencia se denominará – Leasing
Bancoldex S.A.- interpuso demanda de restitución de inmueble arrendado ante el Juzgado Treinta y Seis Civil del Circuito
de Bogotá. En ella, solicitó dar por terminado el contrato de leasing operativo
101-4000-12207 celebrado entre Leasing Bancoldex S.A. como arrendadora y Formaplac.
S.A. como locatario, respecto del inmueble ubicado en Bogotá (bodega y lote). En
la demanda se indica que el contrato que fuera suscrito el 31 de marzo de 2010,
por un término de ciento veinte (120) meses, y que ascendía al valor de
$747.912.710 pesos, fue incumplido por el arrendatario, quien desde el 1° de
abril de 2011 no honró las obligaciones pactadas. (f. 57
a 63).
2.- El 2 de agosto de 2011, el Juzgado
Treinta y Seis Civil del Circuito inadmitió la demanda, por indebida
acumulación de la pretensión cuarta concerniente a la obligación de pagar los
cánones de arrendamiento desde el 31 de marzo de 2011 hasta la efectiva entrega
del inmueble, y la pretensión quinta correspondiente al pago de la suma de
$777.691.200 pesos a título de penalidad pactada contractualmente, y la suma de
$535.600 pesos. Una vez subsanado el error, la demanda se admitió mediante auto
del 24 de agosto del mismo año. (f. 64)
3.- El 29 de septiembre de 2011, Formaplac
S.A. contestó la demanda, y presentó excepciones de fondo, orientadas a
demostrar lo siguiente: (i) que el negocio principal acordado entre las partes
es un contrato de préstamo (mutuo) por un valor cercano a los mil millones de
pesos, respecto del cual se suscribieron los respectivos pagarés y (ii) que Leasing
Bancoldex S.A. exigió como garantía de dicha obligación de mutuo, la
constitución de un contrato de leasing bajo la modalidad de lease - back[1],
para lo cual hubo que traspasarse la propiedad de los bienes objeto de la
restitución. Alega el accionante, que esta exigencia constituyó a su juicio una
muestra de la posición dominante y abusiva de Leasing Bancoldex S.A., pues los
dineros cancelados desde el inicio de la relación contractual hasta el momento
de esta reclamación judicial, superan los $850.000.000 de pesos. Aclaró
igualmente, que parte de dicho pago se amortizó con la dación en pago de un
inmueble de propiedad de esa empresa, localizado en el municipio de Funza y que
fue entregado por un valor de $521.426.537. Por esta razón, explica que la
solicitud de entrega de los inmuebles reclamados, resulta desbordada por cuanto
el valor de estos  excedería en más de tres veces la suma adeudada. Finalmente,
solicitó que se citará al representante legal de la sociedad demandante para
que diera respuesta a las excepciones de fondo allí planteadas (f. 66-70).
4.- En auto del 26 de octubre de 2011, el
Juzgado Treinta y Seis del Circuito Civil de Bogotá advirtió, con fundamento en
los numerales 2 y 3 del artículo 424 del Código de Procedimiento Civil, que la
parte demandada no sería escuchada dentro del proceso en trámite, hasta tanto demostrase
haber consignado a órdenes de ese Juzgado, el valor total que según el
demandante se adeudaba por concepto de cánones de arrendamiento (f. 71).
5.- En escrito del 2 de noviembre de 2011, el demandado
interpuso los recursos de reposición y apelación contra la providencia del 26
de octubre de 2011, por considerar violado su derecho de defensa,  y estimar
que las citadas normas procesales resultaban inaplicables al caso. Explicó
igualmente, que las excepciones propuestas debían ser estudiadas en tanto se
orientaban a controvertir las pretensiones de la demanda. En escrito
complementario, el apoderado de la accionada, alegó igualmente la petición de
la entidad accionante de no permitirle ser oída en dicho proceso hasta tanto
cancelara los cánones adeudados, solicitud que desconoce a su juicio, el
derecho constitucional al debido proceso. (f. 72-73)
6.- En auto del 26 de enero de 2012, el referido
Juzgado admitió que el proveído recurrido no se ajustó a derecho en tanto la
parte actora presentó en término escrito de reforma de la demanda, por lo que
consideró prematuro tomar una determinación, no resolviendo sobre la
contestación de la demanda ni las excepciones de fondo propuestas. (f. 74-75)
7.- Mediante auto del 22 de febrero de 2012, el
juzgado resolvió adicionar un aparte al numeral 1 del Auto del 26 de enero de
2012, que dice: “revocar el auto del 26 de octubre de 2011, mediante el cual
no se tiene en cuenta el escrito de contestación de la demanda, ni las
excepciones de mérito formuladas por la parte demanda”. En lo que respecta al
numeral 2 ordenó corregir un error mecanográfico involuntario, en el sentido de
indicar que: “Así mismo, conforme las previsiones del artículo 310 del
C.P.C., se corrige el error mecanográfico contenido en el numeral 2° de la
precitada providencia, en el sentido de indicar que se prescinde de la
pretensión primera principal del libelo interlocutorio y no como allí se
consignó de forma involuntaria”.
Finalmente, dicha instancia judicial en virtud a lo
dispuesto en los numerales 2° y 3° del artículo 424 del C.P.C. resolvió no
tener en cuenta la contestación de la demanda ni las excepciones formuladas por
la parte demandada, reiterando la advertencia de que no sería oída en el
proceso hasta probar haber consignado a órdenes de ese juzgado el valor
adeudado por concepto de cánones o en su defecto aportar las correspondientes
consignaciones a favor de la entidad arrendadora (f. 77).
8.- El 28 de febrero de 2012[2], Formaplac
S.A. presentó recurso de reposición y apelación contra el auto del 22 de
febrero que resolvió no tener en cuenta la contestación de la demanda y las
excepciones propuestas. Los recursos se sustentaron en los siguientes puntos: (i)
lo decidido es violatorio de los derechos al debido proceso y de defensa, (ii) no
se tuvieron en cuenta las excepciones presentadas, las cuales no solo
desvirtúan el contrato base del proceso, sino que pretenden demostrar la
existencia de otra negociación principal. Finalmente reiteró (iii) que la
demanda en cuestión no había discriminado los cánones de arrendamiento presuntamente
adeudados. (f. 78)
9.- El 29 de marzo de 2012, el Juzgado Treinta
y Seis Civil del Circuito de Bogotá dictó sentencia en la que ordenó dar por
terminado el contrato de arrendamiento celebrado entre Leasing Bancoldex S.A. y
Formaplac S.A. respecto del inmueble anotado. En consecuencia, ordenó la
restitución de “los muebles” (sic) con el argumento de que a dicho proceso se
allegó un contrato de arrendamiento que probaba la anotada relación contractual
entre el demandante y el demandado (f. 79
a 80).
10.-  El 18 de abril de 2012 el tutelante presentó
recurso de apelación contra la sentencia del 29 de marzo. En esta oportunidad sostuvo
que le fueron violadas sus garantías constitucionales a la igualdad procesal,
al derecho a la defensa y al acceso a la justicia, pues consideró que esa
decisión iba en contravía de los precedentes constitucionales contenidos en las
sentencias     T-067 de 2010 y C-798 de 2003 que desarrollan la subregla que indica
que “cuando hay serias dudas sobre la existencia del contrato de
arrendamiento”, no resulta aceptable aplicar la referida norma (art. 424
del C.P.C.). Por ello, consideró que los fundamentados expuestos en ese
sentido en las excepciones de fondo, eran argumento suficiente para poner
en duda las pretensiones de la sociedad demandante. (f. 82- 83ª)
11.- El 23 de abril de 2012 el citado juzgado
negó el recurso de apelación advirtiendo que el trámite de la acción
restitutoria fundada en la causal de mora en el pago de cánones de
arrendamiento, correspondía a un proceso de única instancia, razón por la cual
la decisión impartida no era apelable - artículo 39 de la
Ley 820 de 2003-.[3]
(f. 84)
12.- En auto del 17 de mayo de 2012 el referido
juzgado dio respuesta a Formaplac S.A. en relación con su petición de corregir un
error mecanográfico existente en el numeral 2 de la sentencia dictada el 29 de
marzo pasado, en el que indicó que la orden de restitución recaía sobre “el
bien inmueble” identificado en la demanda y no sobre “bienes muebles” como se
dijo. (f. 85)
13.-  El 22 de mayo de 2012, Formaplac S.A., interpuso
recurso de apelación contra la sentencia del 29 de marzo de 2012 y contra el
auto del 17 de mayo, complementario a dicha sentencia. No obstante, en
pronunciamiento del 5 de junio siguiente, el juzgado denegó la referida
solicitud por improcedente, pues aclaró que ese despacho ya se había
pronunciado sobre el recurso de apelación en auto del 23 de abril de 2012. (f.
86)
14.- El 7 de junio de 2012 Formaplac S.A.
interpuso recurso de reposición contra el auto del 5 de junio que negó la
apelación y solicitó en subsidio se compulsaran copias para dar trámite al
recurso de queja en caso de no concederse el primero. En esta oportunidad la
sociedad demandada sostuvo: (i) que había existido desconocimiento del precedente
constitucional; (ii) que se había negado el recurso propuesto contra el fallo
del 29 de marzo de 2011 sin considerar que éste se había interpuesto contra ‘la
sentencia complementaria’, pues advirtió que el auto del 17 de mayo de 2012 no correspondió
a una simplemente corrección mecanográfica, por lo que ésta decisión debió
notificarse por edicto y no por estado como así sucedió y; finalmente, (iii) insistió
en que Leasing Bancoldex S.A. no especifico los cánones adeudados, circunstancia
que daba lugar a una sentencia inhibitoria. (f. 91-92)
15.- El 2 de agosto de 2012, el Juzgado Treinta
y Seis Civil del Circuito Civil de Bogotá negó la reposición y ordenó compulsar
copias. (f. 93)
16.- El 7 de septiembre de 2012 la
Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá declaró improcedente el recurso de
queja contra el auto del 5 de junio de 2012 proferido por el Juzgado Treinta y
Seis Civil del Circuito de Descongestión de Bogotá, pues señaló que ya se había
negado la apelación interpuesta contra la sentencia del 29 de marzo, por lo que
era improcedente estudiar de nuevo dicho recurso. Indicó además, que el recurso
de queja se presentó en forma extemporánea, pues éste debió interponerse contra
el auto del 23 de abril que denegó el recurso de alzada y no contra el auto del
5 de junio que corrigió la sentencia. (f. 95-97)
Fundamentos de la demanda
La sociedad Formaplac S.A., actuando por medio de
apoderado judicial, al considerar que las decisiones adoptadas por el Juzgado
Treinta y Seis Civil del Circuito de Descongestión de Bogotá y por la
Sala Civil del Tribunal Superior de esta misma ciudad, vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso,  defensa y contradicción; de igualdad ante la
ley y de acceso a la administración de justicia, por los siguientes motivos:
(i) haber desconocido  sin fundamento alguno las excepciones propuestas en la
contestación de la demanda; (ii) el juzgado accionado no podía haber dictado
sentencia por cuanto no se cumplió el presupuesto procesal de demanda en forma,
en razón a que no se indicaron cuáles eran los cánones adeudados tal y como lo
exige el artículo 424 del C.P.C.; (iii) porque una de las decisiones dictadas
por el juzgado no fue debidamente notificada.
Por todo lo anterior, la sociedad accionante solicita
como petición prioritaria ordenar la suspensión de la diligencia de lanzamiento
del bien inmueble objeto del proceso de restitución. Como petición general,
solicitó declarar la nulidad de todo lo actuado por el Juzgado Treinta y
Seis Civil del Circuito de Bogotá, a efectos de que la parte demandada pueda
ejercer su derecho de defensa y contradicción.
Pruebas allegadas al
proceso
Las pruebas relevantes aportadas al trámite de tutela
son las siguientes:
·
Copia del contrato de
Leasing Operativo suscrito el 6 de abril de 2010 entre Jorge Hernando Álvarez
Retrepo, representante legal de Leasing Bancoldex, en su calidad de
arrendatario y José Aleth Nivia Ayala, representante legal de Formaplac S.A.,
en calidad de locatario. (f. 46 a 56 cuaderno principal).
·
Copia de la demanda de
restitución de inmueble arrendado interpuesta el 30 de mayo de 2011 por José
Daniel Castrellón Pardo, apoderado de Leasing Bancoldex S.A. -compañía de
financiamiento-  contra Formaplac S.A. (f. 57
a 63)
·
Copia del auto del 2 de
agosto de 2011, por medio del cual el Juzgado Treinta y Seis Civil del Circuito
de Bogotá inadmitió la demanda por presentarse una indebida acumulación de las
pretensiones cuarta y quinta, justificado en el hecho de no tenerse en cuenta
el tipo de proceso de que se trata. Por ello, ordenó en su momento dar estricto
cumplimiento al artículo 82 del C.P.C. (f. 64)
·
Copia del auto del 24
de agosto de 2012, mediante el cual el Juzgado Treinta y Seis Civil del
Circuito de Bogotá, admitió la demanda de restitución de tenencia de bien
inmueble arrendado presentada por Leasing Bancoldex S.A. compañía de
financiamiento contra Formaplac S.A. y que fue notificado el 26 de agosto de
2011. (F. 65)
·
Copia de la
contestación de la demanda presentada por el apoderado de Formaplac S.A. el 29
de septiembre de 2011 ante el Juzgado Treinta y Seis Civil del Circuito de
Bogotá. (f. 66 a 70)
·
Copia del auto del 26
de octubre de 2011, por medio del cual el Juzgado Treinta y Seis Civil del Circuito
de Bogotá, ante la negativa del demandante de no pagar los cánones de
arrendamiento adeudados, le advierte que no será escuchado dentro del proceso
hasta tanto no demuestre que los ha consignado a órdenes del juzgado, auto que
fue notificado el 28 de octubre del mismo año. (f.71)
·
Copia de los recursos
de reposición y apelación interpuestos el 2 de noviembre de 2011 por el
apoderado de Formaplac S.A. contra el auto del 26 de octubre de 2011 dictado
por el Juzgado Treinta y Seis Civil del Circuito de Bogotá que ordenó no
escuchar a la parte demandada hasta tanto no consigne el valor de los cánones
de arrendamiento adeudados. (f. 72 -73)
·
Copia del auto del 26
de enero de 2012 proferido por el Juzgado Treinta y Seis Civil del Circuito
Civil de Bogotá, en el que se ordena revocar la providencia del 26 de octubre
de 2011 recurrida por la parte demandante, pero negó dar trámite a las
excepciones de mérito; la notificación se surtió el 31 de enero de 2012. (f.
74-75)
·
Copia de memorial
presentado por Álvaro Enrique Agudelo como apoderado de Formaplac S.A. ante el
Juzgado Treinta y Seis Civil del Circuito de Bogotá, el 6 de febrero de 2012,
en el que solicita sean tenidas en cuenta las excepciones de fondo en garantía
del derecho de defensa. (f.76)
·
Copia de auto de 22 de
febrero de 2012 proferido por el Juzgado 36 Civil del Circuito de Bogotá,
notificado el 24 de febrero, en el que se ordena (i) adicionar al numeral 1 y 2
del auto del 26 de enero de 2012, (ii) no tener en cuenta el escrito de contestación,
(iii) ni las excepciones de mérito formuladas por la parte demandante. (f. 77)
·
Copia del recurso de
reposición y apelación presentado por la parte demandante el 28 de febrero ante
el Juzgado Treinta y Seis Civil del Circuito, contra el auto del 22 de febrero
de 2012. (f. 78)
·
Copia de la providencia
del 29 de marzo de 2012, dictada por el Juzgado Treinta y Seis Civil del Circuito
de Bogotá en la que se resolvió (i) dar por terminado el contrato de
arrendamiento celebrado entre Leasing Bancoldex S.A. Compañía de Financiamiento
–arrendador- y Formaplac S.A. – locataria- sobre el bien inmueble de la
referencia y (ii) se ordenó la restitución del mismo. La notificación se surtió
por edicto el 11 de abril del 2012. (f. 79
a 80)
·
Copia del recurso de
apelación, presentado por el apoderado de Formaplac S.A. el 18 de abril de 2012
contra la sentencia del 29 de marzo de ese mismo año. (f. 82
a 83ª)
·
Copia del auto del 23
de abril de 2012, notificado el 25 de abril del mismo año, mediante el cual el
Juez Treinta Seis Civil del Circuito de Bogotá negó el recurso de apelación interpuesto
por la parte demanda contra la sentencia del 29 de marzo de 2012. (f.84)
·
Copia del auto del 17
de mayo de 2012, mediante el cual el Juzgado Treinta y Seis Civil del Circuito
de Bogotá, corrigió un error mecanográfico presentado en el numeral 2 de la parte
resolutiva de la sentencia del 29 de marzo de 2012. El auto fue notificado el
22 de mayo de 2012. (f.85)
·
Copia del recurso de
apelación que interpuso el apoderado de Formaplac. S.A., el 23 de mayo de 2012
contra la sentencia del 29 de marzo de 2012 y el auto del 17 de mayo de ese año,
que según la sociedad tutelante era complementario de la misma. (fl.86)
·
Copia del auto de junio
5 de 2012, notificado el 7 de junio, por medio del cual el Juzgado Treinta y
Seis Penal del Circuito de Bogotá denegó la solicitud de la tutelante pues
contra la providencia del 29 de marzo de 2012 ya se había resuelto un recurso
de apelación. (f. 87)
·
Copia del recurso de
apelación presentado ante el Juzgado Treinta y Seis Civil del Circuito de
Bogotá el 7 de junio de 2012, en el que el accionante solicitó se compulsaran
copias para dar trámite del recurso de queja en caso de no concediese la
apelación. (f.91-92)
·
Copia del auto del 2 de
agosto de 2012 -fecha de notificación ilegible-, proferido por el Juzgado
Treinta y Seis Civil del Circuito mediante el cual rechazó la apelación y
ordenó compulsar copias. (f.93)
·
Copia del auto del 7 de
septiembre de 2012 proferido por la
Sala Civil del  Tribunal Superior de Bogotá en el que declaró improcedente el
recurso de queja contra el auto del 5 de junio de 2012 proferido por el Juzgado
36 Civil del Circuito de Bogotá. (f. 95-97)
Respuesta de las entidades vinculadas a la acción de
tutela
Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá
En escrito recibido el 14 de enero de 2012 en la
Secretaría de la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia, el Magistrado Rodolfo Arciniegas Cuadros de la
Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, intervino como parte accionada en
esta tutela, señalando al efecto que esa instancia judicial profirió auto el 7
de septiembre de 2012, dentro del trámite del proceso abreviado promovido por
Leasing Bancoldex S.A., contra la empresa Formaplac S.A., aclarando que el
respectivo expediente fue devuelto al Juzgado Treinta Seis Civil del Circuito
de esta misma ciudad.
Señala así mismo, que “en relación con los hechos
expuestos en la acción, es pertinente precisar que la providencia antes
mencionada, de conformidad con los argumentos que allí se enuncian, declaró
improcedente el recurso de queja formulado por la parte demandada contra el
auto del 5 de junio de 2012.” (folio 19).
Juzgado Treinta y Seis Civil del Circuito de Bogotá
En escrito recibido el 15 de enero de 2013 en la
Secretaría de la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia, la juez de la referencia manifestó lo siguiente:
“[e]n este despacho se tramitó el proceso
de restitución de inmueble arrendado No. 20110013103036201100270, de LEASING
BANCOLDEX S.A. Compañía de Financiamiento Comercial contra FORMAPLAC S.A., en
el cual se profirió sentencia de primera instancia el 29 de marzo de 2012
(folio 18 cuaderno principal) en cuyo número primero se ordenó declarar
terminado el contrato de arrendamiento del inmueble identificado en la demanda
y en consecuencia ordenar la restitución correspondiente; como quiera que en el
numeral segundo de la referida providencia se incurrió en error de digitación
al indicar como objeto de la restitución ‘los referidos muebles’, se hizo
necesario enmendar tal yerro, para lo cual se profirió el auto de 17 de mayo de
2012, acompasando así esta determinación con la parte motiva de la sentencia y
con lo dispuesto en el primer aparte de la resolutoria.
Durante la gestión del caso la parte
demandante contó con todas las garantías que supone el derecho al debido
proceso y a la defensa, a pesar de lo cual no resultó procedente escuchar las
alegaciones de la pasiva, en tanto no atendió la orden legal de consignar los
cánones que de acuerdo con el hecho No. 6 del texto de la demanda, estaban en
mora. Por demás las decisiones fueron adoptadas de manera razonable.
En consecuencia no puede haber lugar a la
prosperidad de la tutela, por ser este un medio extraordinario, que exige
precisos elementos no presentes en este asunto, por lo que respetuosamente
solicito no acceder a la pretensión de amparo constitucional deprecada ante su
honorable despacho.”
(folios 26 – 27)
Decisiones judiciales objeto de revisión
1. Primera instancia
La Sala
de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 23 de enero
de 2013, denegó el amparo incoado por la sociedad Formaplac S.A. por las
siguientes razones:
- En lo concerniente a los
preceptos contenidos en el artículo 424 del C.P.C. y a los precedentes
jurisprudenciales de esa misma Sala de Casación, no existieron las causales
para inaplicar los presupuestos jurídicos de dicha norma. En virtud de ello,
advierte que en la contestación de la demanda hecha por la sociedad Formaplac
S.A., no desconoció la existencia de la relación arrendataria ni la celebración
del contrato, ya que si bien se adujo que ‘en el fondo se trataba de un préstamo’,
se aceptó por parte de la empresa tutelante que el negocio jurídico celebrado
fue un leasing operacional, muy a pesar de que existan presuntas “cláusulas abusivas
“ y una “posición dominante” de la sociedad demandante en el proceso ordinario,
pues nada de ello desvirtúa per se la existencia de la mencionada
relación contractual.
- Aceptada entonces la
existencia de la obligación contractual, no existe discusión alguna en torno a
las cargas procesales exigidas por el juzgado de primera instancia en el proceso
ordinario. Así, al no probarse el pago de los cánones adeudados desde abril de
2011, el arrendatario incumplido no podía ser oído en el proceso en los términos
que señala el mismo artículo 424 del C.P.C.
- En lo que respecta a la
forma en que fue notificado el auto del 17 de mayo de 2012, es claro que este
se orientó a corregir un error mecanográfico.
- De otra parte, la sociedad accionante
no hizo uso de manera oportuna de las herramientas de defensa que tenía a su
alcance, pues si bien formuló los recursos de reposición y apelación contra el
auto del 22 de febrero de 2012, no cuestionó la omisión en la que incurrió el
juez de instancia al no desatar los fundamentos de defensa contenidos en la
contestación de la demanda, con lo cual hubiese podido hacer uso del recurso de
queja y obtener un pronunciamiento del superior de dicho juez.
- Finalmente, explicó el a
quo, que por el  tipo de reclamación que se hacía en el proceso en
cuestión, las normas procesales no daban cabida al recurso de apelación en
cuanto a que “la casual de restitución sea exclusivamente la mora  en
el pago del canon de arrendamiento, el proceso se tramitará en única
instancia, (…), norma esta aplicable a toda clase de proceso de
restitución, como se desprende de los artículos 35
a 40 de dicha normatividad”.[4]
Así mismo destacó, que el recurso de queja fue indebidamente tramitado, pues
debió proponerse respecto del auto del 23 de abril de 2012 que negó la
apelación de la sentencia y no contra el auto del 5 de junio de 2012, que
reiteró la decisión en tal sentido.
Por las anteriores razones, se concluye que las
decisiones asumidas por las autoridades judiciales accionadas, de manera alguna
desconocieron los derechos fundamentales de la empresa accionante.
2. Impugnación
Mediante escrito del 5 de febrero de 2013, la parte
accionante impugnó la anterior decisión a partir de argumentos similares a los expuestos
en su demanda de tutela y que se pueden sintetizar en los siguientes dos puntos:
- La entidad financiera
demandada guarda silencio acerca de la real obligación celebrada entre las
partes relativa a un contrato de mutuo, cuyo valor ya se había cancelado en su
mayoría, y que solo vino a ser garantizado con el referido contrato de leasing.
- La violación del derecho al
debido proceso se concreta en que la sentencia dictada en el proceso de
restitución de inmueble arrendado, se dictó sin el cumplimiento de los mínimos
requisitos que debe contemplar una demanda de estas características, como
quiera que no se indicaron de manera puntual los cánones de arrendamiento
adeudados.
3. Segunda instancia
La Sala
de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en providencia del 20 de
febrero de 2013, confirmó el fallo dictado de primera instancia al estimar que
las decisiones proferidas por las autoridades judiciales censuradas no se  apartaron
de la realidad fáctica y jurídica sometida a su análisis, actuando por el
contrario dentro del marco de la autonomía y competencia que les corresponde y
realizando la valoración del material probatorio aportado al proceso sometido a
su consideración. Por estas razones, afirmó el ad quem que no es posible
tildarlas de arbitrarias o violatorias de derecho fundamental alguno.
II.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. Competencia
Esta Sala de Revisión de la
Corte Constitucional es competente para revisar las decisiones proferidas
dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos
86 y 241-9 de la
Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34 y 35 del
Decreto 2591 de 1991, y en cumplimiento del auto del 28 de junio de 2013,
proferido por la Sala de Selección Número Seis de esta corporación.
2. Presentación del caso y planteamiento del problema
jurídico
La sociedad Formaplac S.A. instauró acción de tutela
contra el Juzgado Treinta y Seis Civil del Circuito de Bogotá y contra la
Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad, al
estimar que las decisiones judiciales proferidas por tales autoridades
judiciales dentro del proceso de restitución de bien inmueble arrendado, desconocieron
sus derechos a la igualdad, el debido proceso y al acceso a la administración
de justicia, al negarle la posibilidad de ser escuchada en este proceso de
única instancia, hasta tanto no hubiese pagado los cánones de arrendamiento
presuntamente adeudados.
Explicó la demandante que a pesar de que en la
contestación de la demanda presentó excepciones de fondo que ponían en
entredicho la reclamación judicial, sus argumentos jamás fueron analizados. Por
tal motivo consideró, que la conducta asumida por las autoridades judiciales
accionadas, en especial por el Juzgado Treinta y Seis Civil del Circuito de
Bogotá incurrió en los siguientes errores: (i) aplicación indebida del artículo
424 del C.P.C, (defecto sustantivo); (ii) no tuvo en cuenta  el material
probatorio aportado para comprobar la naturaleza jurídica del contrato financiero
de leasing en clara diferenciación de un  contrato de arrendamiento de inmueble
(defecto fáctico); y, (iii) no se tuvieron en cuenta las excepciones a
la aplicación de la referida norma procesal, resueltas por la Corte
Constitucional por vía de algunos pronunciamientos de tutela.
En consideración al problema
planteado, la Sala encuentra necesario iniciar el estudio del presente caso reiterando
la jurisprudencia de la Corte Constitucional relacionada con: (i)  la procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales; (ii) el
cumplimiento de los requisitos generales y específicos de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, haciendo especial
énfasis en los defectos sustantivo y fáctico; (iii) se explicará el contrato
financiero de leasing en su modalidad de leasing operativo, (iv) se
expondrá igualmente la constitucionalidad de las cargas procesales que
restringen el derecho de defensa de los arrendatarios en procesos de restitución
de inmueble arrendado, así como la excepción de la carga procesal del demandado
de consignar el valor de los cánones de arrendamiento, para finalmente, (v)
resolver el caso concreto.
3. Procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales. Reiteración jurisprudencial
La Constitución Política dispone en su artículo 86 que la acción de tutela es
un mecanismo judicial preferente y sumario para alcanzar la protección inmediata
y efectiva de los derechos fundamentales. Sin embargo, se aclara que
éste es una vía judicial de carácter subsidiario[5]
a la que se acude en ausencia de otros medios ordinarios de defensa, o cuando
existiendo estos, la acción de tutela se tramite como mecanismo transitorio de
defensa judicial para evitar un perjuicio irremediable[6].
Se confirma así, que la acción de tutela no es una vía
judicial adicional o paralela[7] a los mecanismos judiciales previstos por
el Legislador, como tampoco
puede ser empleada como un recurso de último minuto al que se acude para
corregir sus propios errores, o para revivir términos ya fenecidos como
consecuencia de su propia incuria procesal[8].
La Corte
Constitucional, mediante Sentencia C-543 de 1992, declaró la
inexequibilidad de los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991 referidos
a la caducidad y competencia especial de la tutela frente a providencias
judiciales, por considerar que contrariaban principios constitucionales de gran
valía como la autonomía judicial de la administración de justicia y la
seguridad jurídica.
A pesar de que las actuaciones de las autoridades
judiciales están soportadas en los principios de autonomía, independencia, acceso a la justicia y
legalidad, y que las mismas se ajustan a las disposiciones que protegen los
derechos constitucionales y legales de todos, la
Corte Constitucional ha advertido, que en algunos casos, tales decisiones
desconocen los derechos fundamentales, por lo que estos pronunciamientos, que
en principio son tenidos como verdaderas vías de derecho, dejan de serlo y
pasan a convertirse en auténticas vías de hecho.
Es así como, a partir de las sentencias T-079[9]
y T-158 de 1993[10],
la Corte Constitucional desarrolló el concepto de “vía de hecho”,
entendido inicialmente, como la decisión “arbitraria y caprichosa” del
juez que resuelve un asunto sometido a su consideración, por lo que la
providencia resulta manifiesta y evidentemente contraria a las normas que rigen
el caso concreto, o a las pruebas que se hallan en el expediente.
A
partir de este precedente, la Corte ha construido una línea jurisprudencial
sobre el tema, y ha determinado progresivamente los defectos que configuran una
vía de hecho. Por ejemplo, en la sentencia T-231 de 1994, la
Corte dijo: “Si este comportamiento - abultadamente deformado respecto del
postulado en la norma - se traduce en la utilización de un poder concedido al
juez por el ordenamiento para un fin no previsto en la disposición (defecto
sustantivo), o en el ejercicio de la atribución por un órgano que no es su
titular (defecto orgánico), o en la aplicación del derecho sin contar con el
apoyo de los hechos determinantes del supuesto legal (defecto fáctico), o en la
actuación por fuera del procedimiento establecido (defecto procedimental), esta
sustancial carencia de poder o de desviación del otorgado por la ley, como
reveladores de una manifiesta desconexión entre la voluntad del ordenamiento y
la del funcionario judicial, aparejará su descalificación como acto judicial”[11].
En casos posteriores, esta Corporación agregó otros tipos de defectos
constitutivos de vías de hecho.
Así, tras varios años, el concepto de vía de hecho
evolucionó hacia una noción más amplia denominada “causales genéricas de
procedibilidad de la acción”. Precisamente, en sentencia C-590 de 2005[12],
la Sala Plena de esta Corporación dejó en claro que la tutela procedería
contra providencias judiciales ejecutoriadas, siempre y cuando se cumpliese con
unas causales generales de procedencia y se comprobase de otra parte, la
configuración de alguna de las causales específicas de procedibilidad de esta
acción constitucional.
Con el fin de orientar a los jueces
constitucionales y determinar unos parámetros uniformes que permitieran
establecer en qué eventos es procedente la acción de tutela contra providencias
judiciales, la Sala Plena de la
Corte Constitucional, en la anotada sentencia C-590 de 2005[13],
así como en la sentencia SU-913 de 2009[14], sistematizó y
unificó los requisitos de procedencia y las razones o motivos de procedibilidad
de la tutela contra sentencia. Actualmente no “(…) sólo se trata de los
casos en que el juez impone, de manera grosera y burda su voluntad sobre el
ordenamiento, sino que incluye aquellos casos en los que se aparta de los
precedentes sin argumentar debidamente (capricho) y cuando su discrecionalidad
interpretativa se desborda en perjuicio de los derechos fundamentales de los
asociados (arbitrariedad)”[15].
De esta forma, la
Corte ha distinguido, en primer lugar, los requisitos de carácter
general[16]
orientados a asegurar el principio de subsidiariedad de la tutela -requisitos
de procedencia- y, en segundo lugar, los de carácter específico[17],
centrados en los defectos de las actuaciones judiciales en sí mismas
consideradas -requisitos de procedibilidad-.
4.
Requisitos
generales de procedencia y causales especiales de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales
La Corte
Constitucional en sentencia C-590 de 2005, hizo alusión a los
requisitos generales y especiales para la procedencia excepcional de la acción
de tutela contra providencias judiciales. Sobre los requisitos generales de
procedencia estableció:
“Los requisitos generales de procedencia de
la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte
de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones[18]. En consecuencia, el juez de tutela debe
indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a
resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta
los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios
-ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable[19]. De allí que sea un deber del actor
desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le
otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la
acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el
riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de
concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a
ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las
funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la
inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término
razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[20].  De lo contrario, esto es, de permitir
que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica
ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de
resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad
procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[21]. No obstante, de acuerdo con la doctrina
fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión
de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de
tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el
litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de
manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[22].  Esta exigencia es comprensible pues, sin
que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales
contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester
que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior
del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección
constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de
tutela[23].  Esto por cuanto los debates sobre la
protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera
indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un
riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual
las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.”[24]
De
igual forma, en la referida sentencia C-590 de 2005, se señalaron las causales
especiales de procedibilidad del amparo tutelar contra las sentencias
judiciales. Estas son:
“En este sentido, como lo ha señalado la
Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se
presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta
cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto,
que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento
establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando
el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo,
como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales[25] o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión.
e. Error inducido, que se presenta
cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese
engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
f. Decisión sin motivación, que
implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los
fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
g. Desconocimiento del precedente,
hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la
Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado[26].
h.  Violación directa de la
Constitución.
Estos eventos en que procede la acción de
tutela contra decisiones judiciales involucran la superación del concepto de
vía de hecho y la admisión de específicos supuestos de procedibilidad en
eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la
Carta, si se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.”[27]
De esta manera, se puede
afirmar que siempre que concurran los requisitos generales y, por lo menos, una
de las causales específicas de procedibilidad contra providencias judiciales,
es procedente ejercitar la acción de tutela como mecanismo excepcional por
vulneración del derecho fundamental al debido proceso.
5.
Configuración
del defecto material o sustantivo
La Corte Constitucional a través de múltiples
pronunciamientos ha venido precisando las diferentes circunstancias a partir de
las cuales se estructura el denominado defecto sustantivo, de tal manera que de
configurarse alguna de ellas la procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial será viable[28].
Así, las causales a partir de la cual se estructura el
defecto sustantivo o material se pueden sintetizar de la siguiente manera:
“(i) cuando la decisión judicial
tiene como fundamento una norma que no es aplicable, porque a) no es pertinente[29],
b) ha perdido su vigencia por haber sido derogada[30],
c) es inexistente[31],
d) ha sido declarada contraria a la Constitución[32],
e) a pesar de que la norma en cuestión está vigente y es constitucional, “no
se adecua a la situación fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma
aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente
señalados por el legislador”[33]
(ii) cuando pese a la autonomía judicial, la
interpretación o aplicación de la norma al caso concreto, no se encuentra, prima
facie, dentro del margen de interpretación razonable[34]
o ‘la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una
interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente
perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes’[35]
o cuando en una decisión judicial “se aplica una norma jurídica de manera
manifiestamente errada, sacando del marco de la juridicidad y de la
hermenéutica jurídica aceptable tal decisión judicial’.”[36]
(iii) cuando no toma en cuenta sentencias que han definido
su alcance con efectos erga omnes[37],
(iv) cuando la disposición aplicada se muestra,
injustificadamente regresiva[38]
o contraria a la Constitución[39].
(v) cuando un poder concedido al juez por el ordenamiento
se utiliza “para un fin no previsto en la disposición”[40]
(vi) cuando la decisión se funda en una interpretación no
sistemática de la norma, omitiendo el análisis de otras disposiciones
aplicables al caso[41]
(vii) cuando se desconoce la norma aplicable al caso concreto.[42]
Se considera también que existe un defecto sustantivo
en providencias judiciales en los siguientes supuestos:
(viii) “con una insuficiente sustentación o justificación
de la actuación[43]
que afecte derechos fundamentales”[44];
(ix) “cuando se desconoce el precedente judicial[45]
sin ofrecer un mínimo razonable de argumentación, que hubiese permitido una
decisión diferente si se hubiese acogido la jurisprudencia[46]”[47],
o
(x) “cuando el juez se abstiene de aplicar la
excepción de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la
Constitución siempre que se solicite su declaración por alguna de las partes
en el proceso[48]”[49].
Respecto del defecto sustantivo alegado a partir de
una errada interpretación normativa, la jurisprudencia constitucional ha sido
enfática en indicar que no cualquier interpretación tiene la virtualidad de
estructurar una vía de hecho, por lo que esta debe ser abiertamente arbitraria
y su error tan evidente, que la juridicidad del pronunciamiento que se
controvierte sea fácilmente desvirtuable. En consecuencia, ha dicho la
Corte que el juez de tutela, en principio, no está llamado a definir la forma
correcta de interpretación del derecho; sin embargo, en aquellos eventos en los
que la interpretación dada por el juez ordinario carezca de razonabilidad y se
cumplan los requisitos anteriormente mencionados, se hace procedente la
intervención del juez constitucional.[50]
6.
Configuración del
defecto fáctico
Ha sido consistente esta Corporación en
señalar que la interposición de una acción de tutela contra una providencia
judicial por haberse configurado un defecto fáctico,[51]
se limitará a verificar la manifiesta actuación arbitraria o abusiva del
funcionario judicial, pues no es aceptable que dicho análisis se extienda sobre
aquellos procesos interpretativos que se hubiesen dado al interior del debate
jurídico y probatorio, como tampoco alegar la configuración de una vía de hecho
por discrepancias de criterio jurídico o interpretativo de normas, pues ello
pondría en entredicho los principios constitucionales de autonomía e
independencia judicial, en especial cuando esta es función propia del juez en
la medida en que le corresponde fijar el alcance y sentido de la normas aplicables
a los casos puestos a su consideración.
Si bien el juez tiene autonomía e independencia para
analizar los hechos, valorar las pruebas allegadas al proceso según la sana
crítica y la lógica, y aplicar según su experiencia, las normas a cada caso,
esa potestad judicial no puede desbordarse al campo de la arbitrariedad tanto en
la interpretación tanto del derecho como en el análisis de los hechos, pues la
valoración probatoria que haga siempre estará sometida a la
Constitución y a la ley.
La doctrina constitucional sobre la procedibilidad de
la acción de tutela contra sentencias judiciales por haberse incurrido en un
defecto fáctico es sumamente clara, pues exige que “se hayan dejado de
valorar pruebas legalmente aducidas al proceso, o que en la valoración de las
pruebas legalmente practicadas se haya desconocido manifiestamente su sentido y
alcance y, en cualquiera de estos casos, que la prueba sobre la que se contrae
la vía de hecho tenga tal trascendencia que sea capaz de determinar el sentido
de un fallo. Sólo bajo esos supuestos es posible la tutela de los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, de
manera que cuando los mismos no satisfagan estas exigencias, no procede el
amparo constitucional pues se trata de situaciones que se sustraen al ámbito
funcional de esta jurisdicción”[52].
Vista la anterior consideración, es pertinente
recordar que la Corte Constitucional desde sus inicios consideró que una
decisión judicial puede estar viciada por un defecto fáctico cuando “el apoyo
probatorio en que se basó el juez para aplicar una determinada norma es
absolutamente inadecuado”.[53]
Esta afirmación, ratifica el hecho de que la valoración probatoria que un juez
haga al interior de cualquier proceso bajo su estudio, jamás podrá hacerse de
manera arbitraria.[54]
En consecuencia, el juez deberá realizar dicho proceso
de valoración probatoria a partir de criterios objetivos[55], no
simplemente supuestos por el juez; racionales[56], es
decir, que ponderen la magnitud y el impacto de cada una de las pruebas
allegadas; y rigurosos[57],
esto es, que materialicen la función de administración de justicia que se le
encomienda  sobre la base de pruebas debidamente recaudadas.[58]
De esta manera, y tal y como se enumeraran en un
acápite anterior, el defecto fáctico es una de las causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales. Al respecto ha dicho la
Corte:
"En otras palabras, se presenta
defecto fáctico por omisión cuando el juzgador se abstiene de decretar
pruebas. Lo anterior trae como consecuencia 'impedir la debida conducción al
proceso de ciertos hechos que resultan indispensables para la solución del
asunto jurídico debatido'. Existe defecto fáctico por no valoración del
acervo probatorio, cuando el juzgador omite considerar pruebas que obran en
el expediente bien sea porque 'no los advierte o simplemente no los tiene en
cuenta para efectos de fundamentar la decisión respectiva, y en el caso
concreto resulta evidente que de haberse realizado su análisis y valoración, la
solución del asunto jurídico debatido variaría sustancialmente.' Hay lugar al
defecto fáctico por valoración defectuosa del material probatorio cuando
o bien 'el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide
separarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su
arbitrio el asunto jurídico debatido; o cuando a pesar de existir pruebas
ilícitas no se abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión
respectiva' dando paso a un defecto fáctico por no excluir o valorar una prueba
obtenida de manera ilícita"[59].
Como se observa, la
Corte ha identificado dos dimensiones en las que se presentan los defectos
fácticos: i) Una dimensión negativa que ocurre cuando el juez niega o
valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa[60]
u omite su valoración,[61]
y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la
misma emerge clara y objetivamente.[62]
Esta dimensión comprende las omisiones en la valoración de pruebas
determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el
juez[63].
De otra parte, existe ii) la dimensión positiva, que se presenta cuando
el juez aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la
providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar porque, por
ejemplo, fueron indebidamente recaudadas (artículo 29
C.P.) y al hacerlo el juez desconoce la
Constitución.[64]
A efectos de explicar de mejor manera la diversidad de
formas en que se puede configurar el defecto fáctico, esta Sala explicará tan
solo aquella situación en la cual el juez ha dejado de valorar el acervo
probatorio, por ser esta la circunstancia particular que se advierte en el
presente caso.
Defecto fáctico por la no valoración del acervo probatorio.
La configuración del defecto fáctico por la no
valoración del acervo probatorio es una de las causales específicas de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. Esta
hipótesis se concreta en la conducta en que incurre el operador judicial
cuando, existiendo los elementos probatorios en el proceso, o habiendo
decretado la práctica de pruebas, omite el estudio de las mismas, no las
advierte o simplemente no las tiene en cuenta para efectos de fundamentar la
decisión respectiva. Pero el problema surge cuando se observa que de haberse
contemplado dichas pruebas y valorado en el proceso, la solución al problema
jurídico habría sido sustancialmente distinta a la que asumió el juez sin el
análisis de dicha carga probatoria[65].
Resulta importante reseñar entonces, que
esta Corporación en sentencia T-555 de 1999 aclaró que en aquellos casos en los
que al juez le sea solicitada la práctica de nuevas pruebas éste deberá
verificar que el recaudo de las mismas sea necesario para resolver el caso
puesto a su consideración. Así dijo la Corte:
“El juez tiene una oportunidad procesal
para definir si esas pruebas solicitadas son pertinentes, conducentes y
procedentes, y si en realidad, considerados, evaluados y ponderados los
elementos de juicio de los que dispone, ellos contribuyen al esclarecimiento de
los hechos y a la definición acerca de la responsabilidad penal del procesado.
Y, por supuesto, le es posible negar alguna o algunas de tales pruebas, si
estima fundadamente que los requisitos legales no se cumplen o que en el
proceso respectivo no tienen lugar.”
Puede inferirse entonces, que cuando el juez decreta
la práctica de nuevas pruebas, ello obedece a que no cuenta con los elementos
de juicio suficientes para tomar una decisión jurídicamente acertada. De esta
manera, cuando toma la decisión de practicar unas pruebas, el juez deberá tener
la claridad jurídica acerca de que dichas pruebas sean conducentes, pertinentes
y suficientes. Por ello, luego de que las pruebas ya han sido practicadas o
recaudadas, el juez no podrá obviar su análisis o desecharlas sin haber
valorado su contenido, pues ello supondría en primer lugar un desgaste del
aparato judicial, una forma inadecuada de dilatar injustificadamente el trámite
procesal del caso en concreto, y finalmente, ello podría comprometer la
efectiva protección de los derechos de las partes, además de poner en
entredicho la responsabilidad, seriedad y objetividad del funcionario judicial.
Ahora bien, en sentencia T-814 de 1999[66],
la Corte resolvió un caso en el cual los jueces de lo contencioso
administrativo no valoraron el material probatorio debidamente allegado al
proceso. Esta situación a juicio de la Corte, constituyó una vía de hecho por
defecto fáctico. Sobre el punto consideró la
Corte:
“Ni en el fallo del Tribunal ni en el fallo
del Consejo de Estado se hace una valoración de la prueba mencionada, que les
permitiera a estas Corporaciones deducir la obligación para el alcalde de dicha
ciudad de promover la consulta popular, previa a la realización del proyecto
del metro ligero de Cali, pues para ellas el aspecto probatorio en estos
procesos no es relevante. En efecto, el Tribunal dijo que las pruebas arrimadas
al proceso de la acción de cumplimiento “no tienen influencia alguna en esta
decisión” y el Consejo de Estado por su parte, si bien mencionó el aludido
testimonio en los antecedentes no hizo ninguna valoración del mismo.
La razón por la cual tanto el Tribunal como el Consejo ignoraron las
mencionadas pruebas indudablemente estriba en la interpretación que estas
Corporaciones tienen en cuanto a la procedencia de la acción de cumplimiento,
porque en diferentes apartes de sus sentencias se afirma rotundamente que el
deber incumplido debe emerger directamente de la norma. Es decir, que de ésta
debe desprenderse una especie de título ejecutivo, configurado por una
obligación clara, expresa y actualmente exigible, descartándose por
consiguiente toda posibilidad de interpretación sobre el incumplimiento de la
norma por la autoridad demandada, con arreglo a los métodos tradicionalmente
admitidos, y con sustento a las pruebas que oportuna y regularmente aporten las
partes o las que oficiosamente está en la obligación de decretar y practicar el
juez de conocimiento.
Considera la
Sala, en consecuencia, que se estructura la vía de hecho por defecto
fáctico, porque ni el Tribunal ni el Consejo al decidir sobre las pretensiones
de la acción de cumplimiento, valoraron la prueba antes referenciada, y
omitieron decretar y practicar las pruebas conducentes y tendientes a
establecer la existencia o no del incumplimiento de la autoridad demandada.”
(Negrillas de la
Sala)
Vistos los anteriores planteamientos, es claro
entonces, que la Corte ha sido coherente en señalar en sus decisiones que la
acción de tutela puede ser viable contra una decisión judicial cuando en ella
se ha estructurado una de las causales especiales de procedibilidad, como es el
defecto fáctico alegado en el caso objeto de revisión, más aún, cuando se
observa que la valoración probatoria hecha por el juez en la correspondiente
providencia es manifiestamente inexistente, frente a los argumentos propuestos
por la parte demandada, justificando su actuar en el estricto cumplimiento de
una norma procesal, desdeñando un derecho de carácter fundamental.
7.
Características
del contrato de leasing y la modalidad de leasing operativo
El sistema jurídico colombiano no cuenta con un marco
normativo completo y preciso, que defina de manera integral el contrato de
leasing y que contemple los elementos propios y  característicos que lo definan.
Algunos doctrinantes han señalado que el leasing es “un
contrato ‘nominado’, en el sentido de que varias normas legales se refieren a
él; pero no es un contrato ‘típico’, porque el legislador no ha determinado en
forma taxativa el conjunto de deberes y derechos que lo caracterizan.”[67]
Por su parte, la  Federación de Compañías de Leasing de Colombia –Fedeleasing-
señala que conceptualmente, en el país el leasing es un contrato financiero mediante el cual una parte
entrega a la otra un activo para su uso y goce, a cambio de un canon o pago periódico,
durante un plazo convenido, a cuyo vencimiento, el bien se restituye a su
propietario o se transfiere al usuario, si éste último decide ejercer una
opción de adquisición que, generalmente, se pacta a su favor. Aclara dicho agremiación,
que si bien la palabra “leasing” es un anglicismo que tiene su real origen en el
verbo “to lease” que significa “tomar o dar en arrendamiento”, esta
acepción “no recoge de manera suficiente la complejidad del contrato, que
es especial y diferente al simple arriendo; sin embargo, la
legislación y doctrina mundial, incluida Colombia, lo ha nominado ‘leasing’.”[68]
(Énfasis agregado).
Con
todo, el leasing en Colombia se define como un contrato financiero, que se distingue
por ser principal[69],
bilateral[70],
consensuado[71],
oneroso[72],
conmutativo[73],
de tracto sucesivo[74]
y de naturaleza mercantil[75],
por medio del  cual el propietario de un bien de capital cede su uso por un
determinado tiempo, a cambio de una renta periódica, pudiendo acordar
eventualmente con el usuario del bien, una opción de compra.[76]
Si
bien las anteriores son características generales que se puede encontrar en muchos
otros tipos de contratos, el leasing no puede ser confundido o asimilado a un negocio
jurídico de venta a plazos con reserva de dominio, ni a un contrato de crédito,
pues en el primer supuesto, la propiedad del bien se adquiere desde el pago de
la primera cuota, mientras que en el leasing ésta se adquiere al final del
contrato y solo cuando se pretenda ejercer la opción de compra; frente al
segundo supuesto, la diferencia radica en que el objeto de leasing es transferir
el uso de un bien de propiedad, mientras que en el crédito se entrega un bien
fungible como es el dinero debiéndose devolver una cantidad igual a la recibida
en el crédito, más los intereses pactados.
Ya
desde el punto de vista jurisprudencial, el contrato de leasing fue entendido
por la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 13 de diciembre de 2002[77]
de la siguiente manera:
“un negocio jurídico en virtud del cual,
una sociedad autorizada -por la ley- para celebrar ese tipo de operaciones,
primigeniamente le concede a otro la tenencia de un determinado bien corporal
-mueble o inmueble, no consumible, ni fungible, lato sensu, necesariamente
productivo-, por cuyo uso y disfrute la entidad contratante recibe un precio
pagadero por instalamentos, que sirve, además, al confesado propósito de
amortizar la inversión en su momento realizada por ella para la adquisición del
respectivo bien, con la particularidad de que al vencimiento del término de
duración del contrato, el tomador o usuario, en principio obligado a restituir
la cosa, podrá adquirir, in actus, la propiedad de la misma, previo desembolso
de una suma preestablecida de dinero, inferior -por supuesto- a su costo
comercial (valor residual), sin perjuicio de la posibilidad de renovar, in
futuro, el contrato pertinente, en caso de que así lo acuerden las partes.”
Como se aprecia, la limitada mención normativa existente
solo permite establecer que el leasing es un contrato de carácter financiero, que
dada su complejidad jurídica se nutre de varias características o elementos
jurídicos propios de otros contratos calificados como típicos, y que en ocasiones
debe acudir a ciertas herramientas jurídicas de interpretación que permitan definir
las obligaciones y derechos que les corresponde asumir a las partes que
suscriben un contrato de estas características, así como para establecer sus
efectos jurídicos y la forma en que dicho tipo de contrato habrá de resolverse
ante un posible incumplimiento.
Es
así como al igual que los planteamientos que hace Fedeleasing respecto al orden
en que deben usarse las herramientas jurídicas para interpretar los contratos
atípicos como el leasing,[78]
la misma Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia en la citada sentencia del 13 de diciembre de 2002 dijo sobre el particular lo
siguiente:
“el contrato de leasing en Colombia no posee una
regulación legal propiamente dicha (suficiencia preceptiva), debe aceptarse,
por ende, que no puede ser gobernado exclusiva y delanteramente por las
reglas que le son propias a negocios típicos, por afines que éstos realmente
sean, entre ellos, por vía de ilustración, el arrendamiento; la
compraventa con pacto de reserva de dominio; el mutuo. No en vano, la
disciplina que corresponde a los negocios atípicos está dada, en primer
término, por "las cláusulas contractuales ajustadas por las partes
contratantes, siempre y cuando, claro está, ellas no sean contrarias a
disposiciones de orden público"; en segundo lugar, por "las
normas generales previstas en el ordenamiento como comunes a todas las obligaciones
y contratos, (así) como las originadas en los usos y prácticas sociales"
y, finalmente, ahí sí, "mediante un proceso de auto integración,
(por) las del contrato típico con el que guarde alguna semejanza
relevante" (cas. civ. de 22 de octubre de 2001; exp: 5817), lo que en
últimas exige acudir a la analogía, como prototípico mecanismo de expansión del
derecho positivo, todo ello, desde luego, sin perjuicio de la aplicación de los
principios generales, como informadores del sistema jurídico.”
Se establecen de esta manera las reglas y el orden que
las mismas han de aplicarse a éste tipo de contratos para su interpretación, particularmente,
cuando el mismo deba darse por terminado de manera anticipada ante el incumplimiento
de alguna de las partes contratantes de las obligaciones pactadas.
Conocido el contrato de leasing a partir de las
características propias de algún contrato típico, existen diversas modalidades
bajo las cuales este se puede celebrar, razón por la cual y para efectos del
presente caso, solo interesa explicar brevemente el llamado leasing operativo.
La Superintendencia Financiera, ha señalado que esta modalidad de leasing
corresponde a un contrato financiero por el cual “(…)  una persona natural o jurídica, denominada
arrendadora, concede a otra, denominada arrendataria, la tenencia de un bien
para su uso y goce a cambio de una contraprestación consistente en el pago o
renta de una suma de dinero periódica. Esta clase de leasing puede ser
realizado tanto por entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera como por no vigiladas Los elementos esenciales del leasing
operativo son: a) la entrega del bien y b) el pago de un canon de
arrendamiento.” [79]
De
esta manera, el llamado leasing operativo o true leasing, es un contrato
financiero en el  que las partes acuerdan que al final de la ejecución del
mismo o de la vida útil del bien objeto del contrato no se podrá ejercer opción
de compra alguna, por haberse excluido de manera expresa dicha posibilidad. Aun
bajo este supuesto, la complejidad jurídica que identifica el leasing no permite
que en el supuesto del leasing operativo pactado respecto de un inmueble, éste se
asimile en su integridad a un contrato de arrendamiento común y corriente, por
el simple hecho de que el pago periódico acordado se asemeje a un “canon de
arrendamiento”, pues para todos los efectos, las demás razones jurídicas que
motivan la suscripción del contrato de leasing, difieren de las que justifican
la firma de un  contrato de arrendamiento de inmueble. Conviene preguntar entonces,  por ser el tema
central de la tutela en estudio, ¿cuál es el mecanismo que debe utilizarse para
recuperar el bien objeto de dicho contrato -en éste caso un inmueble- cuando
quiera que hay un incumplimiento en el pago de los cánones adeudados por parte
del locatario?
En este supuesto, es preciso advertir que en el contrato
de leasing operativo, a pesar de no existir similitud de todos sus elementos a
un contrato  típico de arrendamiento inmobiliario, se ha entendido que la
reclamación judicial por incumplimiento contractual por parte del locatario se
someterá a lo reglado por el Código de Procedimiento Civil, en especial al
trámite del proceso abreviado de la restitución de inmueble arrendado contenido
en su artículo 424, que dispone lo siguiente:
ARTÍCULO 424. RESTITUCION DEL INMUEBLE
ARRENDADO.  Cuando se trate de demanda para que el arrendatario restituya
al arrendador el inmueble arrendado, se aplicarán las siguientes reglas:
PARÁGRAFO 1o. Demanda y traslado.
1. A la demanda deberá acompañarse prueba documental del
contrato de arrendamiento suscrito por el arrendatario, o la confesión de éste
prevista en el artículo 294,
o prueba testimonial siquiera sumaria.
2. En el caso del artículo 2035 del
Código Civil, la demanda deberá indicar los cánones adeudados y a ella se
acompañará la prueba siquiera sumaria de que se han hecho al arrendatario los
requerimientos privados o los judiciales previstos en la citada disposición, a
menos que aquél haya renunciado a ellos o que en la demanda se solicite
hacerlos.
3. En ejercicio del derecho consagrado en
el artículo 2000 del
Código Civil, el arrendador podrá pedir en la demanda o con posterioridad a
ella, el embargo y secuestro de los bienes. La medida se levantará si se
absuelve al demandado, o si el demandante no formula demanda ejecutiva en el
mismo expediente dentro de los diez días siguientes a la ejecutoria de la
sentencia, para obtener el pago de los cánones adeudados, las costas,
perjuicios o cualquier otra suma derivada del contrato o de la sentencia. Si en
ésta se condena en costas, el término se contará desde la ejecutoria del auto
que las apruebe; y si hubiere sido apelada, desde la notificación del auto que
ordene obedecer lo dispuesto por el superior.
PARÁGRAFO 2o. Contestación, derecho de
retención y consignación.
1. Si el demandado pretende derecho de
retención de la cosa arrendada, deberá alegarlo en la contestación de la
demanda y en tal caso el demandante podrá pedir pruebas relacionadas con ese
derecho, en el término señalado en el artículo 410.
2. Si la demanda se fundamenta en
falta de pago, el demandado no será oído en el proceso sino hasta tanto
demuestre que ha consignado a órdenes del juzgado el valor total que de acuerdo
con la prueba allegada con la demanda, tienen los cánones adeudados, o en
defecto de lo anterior, cuando presente los recibos de pago expedidos por el
arrendador correspondientes a los tres últimos períodos, o si fuere el caso los
correspondientes de las consignaciones efectuadas de acuerdo con la ley y por
los mismos períodos, en favor de aquel.(Énfasis agregado).
3. Cualquiera que fuere la causal invocada,
el demandado también deberá consignar oportunamente a órdenes del juzgado, en
la cuenta de depósitos judiciales, los cánones que se causen durante el proceso
en ambas instancias, y si no lo hiciere dejará de ser oído hasta cuando
presente el título de depósito respectivo, el recibo de pago hecho directamente
al arrendador, o el de la consignación efectuada en proceso ejecutivo.
4. Los cánones depositados para la
contestación de la demanda se retendrán hasta la terminación del proceso, si el
demandado alega no deberlos; en caso contrario se entregarán inmediatamente al
demandante. Si prospera la excepción de pago propuesta por el demandado, en la
sentencia se ordenará devolver a éste los cánones retenidos; si no prospera se
ordenará su entrega al demandante.
5. Los depósitos de cánones causados
durante el proceso se entregarán al demandante a medida que se presenten los
títulos, a menos que el demandado al contestar la demanda le haya desconocido
el carácter de arrendador, caso en el cual se retendrán hasta que en la
sentencia se disponga lo procedente.
6. Cuando no prospere la excepción de pago
o la del desconocimiento del carácter de arrendador, se condenará al demandado
a pagar al demandante una suma igual al treinta por ciento de la cantidad
depositada o debida.
PARÁGRAFO 3o. Oposición a la demanda y
excepciones.
1. Si el demandado no se opone en el
término del traslado de la demanda; el demandante presenta prueba del contrato
y el juez no decreta pruebas de oficio, se dictará sentencia de lanzamiento.
(…)
Como el proceso de restitución de inmueble arrendado puede
tener origen en varias causales de incumplimiento por parte del arrendatario,
en el caso de mora en el pago de los cánones de arrendamiento, surge la duda acerca
de si la citada  norma puede aplicarse de forma análoga y en toda su integridad
al suscriptor del contrato de leasing, con la consecuente limitación del
derecho de defensa impidiéndole ser oído en el trámite del mismo hasta tanto no
demuestre haber cumplido con alguna de las formas de pago de los cánones que se
reclaman como impagos.
8.
Constitucionalidad
de las cargas procesales que restringen el derecho de defensa de los
arrendatarios en procesos de restitución de inmueble arrendado y sus excepciones
La Corte
al revisar la constitucionalidad de numeral 2 del parágrafo 2 del artículo 424
del CPC[80],
por medio del cual se impone una carga procesal al demandado que consiste en
consignar el valor de los cánones adeudados, o presentar los recibos de pago
correspondientes o la consignación como condición para ser oídos dentro de un
proceso de restitución de bien inmueble arrendado, dijo[81]:
“La exigencia impuesta por el legislador al
arrendatario demandado responde a las reglas generales que regulan la
distribución de la carga de la prueba, se muestra razonable con respecto a los
fines buscados por el legislador y no es contraria a las garantías
judiciales del debido proceso consagradas en la
Constitución y los tratados internacionales que guían la interpretación de los
derechos fundamentales.
La causal de terminación del contrato de arrendamiento
por falta de pago de los cánones de arrendamiento, cuando ésta es invocada por
el demandante para exigir la restitución del inmueble, coloca al arrendador
ante la imposibilidad de demostrar un hecho indefinido: el no pago. No es
lógico aplicar a este evento el principio general del derecho probatorio según
el cual "incumbe al actor probar los hechos en los que basa su
pretensión". Si ello fuera así, el demandante se vería ante la necesidad
de probar que el arrendatario no le ha pagado en ningún momento, en ningún
lugar y bajo ninguna modalidad, lo cual resultaría imposible dada las infinitas
posibilidades en que pudo verificarse el pago. Precisamente por la calidad
indefinida de la negación -no pago-, es que se opera, por virtud de la ley, la
inversión de la carga de la prueba. Al arrendatario le corresponde entonces
desvirtuar la causal invocada por el demandante, ya que para ello le bastará
con la simple presentación de los recibos o consignaciones correspondientes
exigidas como requisito procesal para rendir sus descargos.
El desplazamiento de la carga probatoria hacia el
demandado cuando la causal es la falta de pago del canon de arrendamiento es
razonable atendida la finalidad buscada por el legislador. En efecto, la norma
acusada impone un requisito a una de las partes para darle celeridad y eficacia
al proceso, el cual es de fácil cumplimiento para el obligado de conformidad
con la costumbre y la razón práctica. Según la costumbre más extendida, el
arrendatario al realizar el pago del canon de arrendamiento exige del
arrendador el recibo correspondiente. Esto responde a la necesidad práctica de
contar con pruebas que le permitan demostrar en caso de duda o conflicto el
cumplimiento de sus obligaciones.
La decisión del legislador extraordinario de
condicionar el ejercicio de los derechos del demandado - ser oído en el
proceso, presentar y controvertir las pruebas que se alleguen en su contra - a
la presentación de documentos que certifiquen el pago, no es contraria al
contenido y alcance del derecho fundamental al debido proceso.”
Adicional a la anterior
sentencia, la Corte Constitucional se ha
pronunciado en otras oportunidades y de manera favorable, respecto de la
constitucionalidad de la norma procesal que dispone que en el trámite de un
proceso de restitución de un inmueble arrendado, la parte demandada solo será
oída en el proceso si demuestra haber consignado a favor del juzgado el valor
de los cánones adeudados, o aporta las consignaciones en las que conste que ya
se canceló a favor del demandante los montos reclamados.
En
sentencia C-056 de 1996[82],
atendiendo argumentos similares, esta Corporación consideró que el numeral 3° del
parágrafo 2° del artículo 424 del Código de Procedimiento Civil no era contrario a la
Constitución. Dicha norma señala que sin importar la causal invocada en el
proceso de restitución de inmueble arrendado, el deudor debía consignar a
órdenes del juzgado los cánones que se llegasen a causar durante el proceso so
pena de no ser oído.
Posteriormente,
en sentencia C-886
de 2004[83],
la Corte estudió la constitucionalidad del artículo 37 de la
Ley 820 de 2003[84];
norma según la cual, cualquiera que fuera la causal invocada en el proceso de
restitución de inmueble arrendado, el demandado, para ser oído, deberá
presentar “la prueba de que se encuentra al día en el pago de los servicios
cosas o usos conexos y adicionales, siempre que, en virtud del contrato haya
asumido la obligación de pagarlos”. En esta oportunidad, se declaró la
exequibilidad condicionada de la referida norma, en el entendido de que la
carga procesal sólo operaría si la causal invocada para la restitución del
inmueble era la establecida en el numeral 2° del artículo 22 de la misma ley,
es decir, la desconexión o pérdida del servicio por el no pago de los servicios
públicos.
A pesar de la reiterada posición jurisprudencial
asumida en las sentencias atrás citadas, esta Corporación ha introducido un
número amplio de excepciones a esa regla. En efecto, en una pluralidad de casos
de tutela, no se ha dado alcance a dicha norma procesal, en esencia por tenerse
serias dudas acerca de la existencia del contrato de arrendamiento
presuntamente incumplido, fundamento que tras ser alegado por las partes de
manera oportuna, o verificado por el juez,[85] impide que se
pueda aplicar una norma jurídica cuando no se cumplen los supuestos fácticos que
la soportan.[86] Para ahondar sobre el tema se explicará a
continuación la forma en que ha venido aplicándose la excepción a dicha carga
procesal.
9.
Excepción a la
carga procesal del demandado de consignar el valor de los cánones de
arrendamiento
En los casos de restitución de bien inmueble arrendado
la Corte[87]
ha dispuesto que cuando se inicie esta clase de proceso por la causal de mora
en el pago de cánones de arrendamiento, es dable exigir al demandado el pago de
los mismos, excepto cuando se tengan serias dudas sobre la existencia del
contrato de arrendamiento[88],
caso en el cual no debe exigirse al demandado el pago o la presentación de
la consignación de los cánones adeudados como condición para ser oído dentro
del proceso de restitución de bien inmueble arrendado. Y es que ante la
necesidad de probar una real vulneración de un derecho fundamental, una duda en
este sentido dejaría sin piso jurídico la prueba que sirvió de sustento fáctico
para que el juez decida de fondo sobre el asunto. Sobre el particular la
Corte ha dicho:
“ la razón que en este asunto impone
inaplicar la disposición, deriva en que el material probatorio obrante en el
proceso de tutela, arroja una duda respecto de la existencia real de un
contrato de arrendamiento entre el demandante y el demandado, es
decir, que está en entredicho la presencia del supuesto hecho que regula la
norma que se pretende aplicar.[89]
(Negrillas fuera de texto).
Es el propio legislador quien mediante una
disposición legal (numerales 2 y 3 del parágrafo 2 del artículo 424 del C.P.C.),[90]
le impone una carga procesal al demandado, condición que fue declarada constitucional
en sentencia C-056 de 1992, “por razones de justicia y equidad”[91].
10.
Análisis del
caso concreto
Vistas las anteriores consideraciones, la
Sala de Revisión verificará inicialmente, el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
luego de lo cual, si los mismos se encuentran cumplidos, analizará si las
causales específicas de procedibilidad por defecto sustantivo o material y por
defecto fáctico, se estructuraron en el presente caso.
7.1 Cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela
7.1.1 Asunto de relevancia constitucional
La Sala
de Revisión advierte que sin duda alguna se está ante un problema de relevancia
constitucional, por cuanto la decisión judicial proferida por el Juzgado
Treinta y Seis  Civil del Circuito de Bogotá, de no aceptar intervención alguna
de la sociedad Formaplac S.A. en el trámite del proceso de restitución de inmueble
arrendado, supone una clara violación de sus derechos fundamentales al debido
proceso, de defensa y al acceso a la administración de justicia. Explica que la
drástica restricción que impone la autoridad judicial al negar de plano
cualquier actuación de la entidad demandada en el proceso ordinario de
restitución, implica la absoluta imposibilidad de participar activamente dentro
del proceso, a menos que cumpla con la referida obligación de pagar los dineros
presuntamente adeudados, sin siquiera entrar de verificar a partir de la
posición de dicha parte demanda si en efecto el fundamento fáctico que soporta
dicha limitación normativa, es claro. De esta manera, y ante la ausencia de una
segunda instancia en dicho proceso, es que la acción de tutela, surge como la
vía apropiada para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
7.1.2    Agotamiento de todos los medios de defensa
judicial
En el presente caso, la sociedad Formaplac S.A.
manifiesta que como parte demandada dentro de un proceso de restitución de inmueble
arrendado, le fue aplicado el contenido normativo dispuesto en el numeral 2°
del parágrafo 2° del artículo 424 del C.P.C. que no le permite ser oída en el
trámite del proceso hasta tanto demuestre haber consignado a órdenes del
juzgado el valor total de los cánones que probatoriamente se demostraron adeudarse,
o que en defecto de dicho pago, presente los recibos de pago expedidos por el
acreedor correspondientes a los últimos tres periodos, o que aporte las
consignaciones efectuadas de acuerdo a la ley.
A pesar de que Formaplac S.A. había sido notificada por
la autoridad judicial cuestionada, que no iba a ser oída en dicho proceso
judicial, dicha empresa   adelantó de todos modos, un conjunto de actuaciones
procesales con el fin de poner de presente consideraciones jurídicas de fondo que
controvertían de manera sustancial la razón de ser de dicho proceso. Fue así
como la sociedad demandada tramitó las siguientes actuaciones judiciales:
-
El 29 de septiembre
de 2011 Formaplac S.A. contestó la demanda, y presentó excepciones de
fondo, que pretendieron demostrar que el negocio principal acordado entre esa
sociedad y Leasing Bancoldex S.A. fue un contrato de mutuo, frente al cual la
sociedad financiera  exigió la constitución de una garantía con la suscripción
de un contrato de leasing operativo. En dicha contestación de la demanda se alegó
también la posición dominante de la demandante y la inclusión por parte de ésta
de cláusulas abusivas. (f. 66-70).
-
En escrito del 2 de
noviembre de 2011, Formaplac S.A. interpuso los recursos de reposición y
apelación contra la providencia del 26 de octubre de 2011 dictada por el
Juzgado Treinta Seis Civil del Circuito de Bogotá, por la cual le negó la
posibilidad de ser oída en dicho proceso judicial, en virtud a lo dispuesto en
el numeral 2° del parágrafo segundo del artículo 424 del C.P.C. En su escrito,
la sociedad demandada señaló que esa decisión judicial violaba su derecho de
defensa, argumentando por demás la inaplicabilidad de las citadas normas
procesales a su caso. (f. 72-73)
-
El 28 de febrero de
2012 Formaplac S.A. presentó nuevos recursos de reposición y apelación, tras
advertir que el auto proferido el 22 de febrero de ese mismo año, que resolvió
no tener en cuenta la contestación de la demanda y las excepciones propuestas, aclaraba
que solo se haría una corrección mecanográfica al numeral primero del auto
dictado el 26 de octubre pasado. En esta oportunidad, la empresa demandada insistió
(i) en la violación de sus derechos al debido proceso y de defensa; (ii) y el
total desconocimiento de las excepciones de fondo que demuestran la existencia
de un negocio principal. Finalmente, (iii) reiteró que la demanda no discriminó
los cánones adeudados. (f. 78)
-
El 18 de abril de
2012 Formaplac S.A. presentó otro recurso de apelación, esta vez contra la
sentencia del 29 de marzo de ese año, que dio por terminado el contrato de
leasing y ordenó la restitución de inmueble arrendado, reiterando que sus
derechos constitucionales a la igualdad procesal, a la defensa y al acceso a la
justicia, fueron violados. Explicó además, que se desconoció el precedente
constitucional contenido en las sentencias T-067 de 2010 y C-798 de 2003 que
desarrollan la subregla según la cual no resulta aplicable el numeral 2° del
parágrafo 2° del artículo 424 del C.P.C. cuando existen serias dudas sobre la
existencia del contrato de arrendamiento. (f. 82- 83ª).
-
El 22 de mayo de
2012, Formaplac S.A. interpuso un nuevo recurso de apelación contra la
sentencia del 29 de marzo de 2012 y el auto del 17 de mayo que corrigió la
mencionada sentencia. No obstante, en pronunciamiento del 5 de junio el
juzgado de instancia negó dicho recurso por improcedente, pues ya se había
pronunciado sobre ese  recurso en auto del 23 de abril de 2012. (f. 86)
-
El 7 de junio de
2012 Formaplac S.A. interpuso recurso de reposición contra el auto del 5 de
junio que negó la apelación y solicitó en subsidio la compulsación de copias
para dar trámite al recurso de queja en caso de no concederse el anotado
recurso. En esta apelación se sostuvieron argumentos similares a los planteados
en anteriores oportunidades: (i) desconocimiento de precedente constitucional; (ii)
negación del recurso interpuesto contra el fallo del 29 de marzo de 2012 y el
auto del 17 de mayo de 2012 que complementaba la referida sentencia y; (iii) la
no especificación de los cánones adeudados, lo que daría lugar a una sentencia
inhibitoria. (f. 91-92)
Como se advierte, la sociedad accionante interpuso
todos los recursos que le fue posible tramitar, a pesar de que el juzgado de
primera instancia le había advertido desde el inicio del proceso, que no sería
oída en virtud a lo dispuesto en el numeral segundo del parágrafo segundo del
artículo 424 del C.P.C. Debe recordarse que el proceso judicial de restitución
de inmueble arrendado es de carácter abreviado y de única instancia.
Por las anteriores razones, se hace evidente que la
empresa accionante no contaba con ninguna alternativa judicial para ser oída,
por lo que carecía de  mecanismos judiciales ordinarios para ejercer su derecho
de defensa y alcanzar la garantía de un debido proceso. Por tal motivo es más
que entendible que el requisito de la subsidiariedad fue satisfecho.
7.1.3    Interposición de la tutela en un término
razonable: principio de inmediatez
Este requisito se encuentra cumplido igualmente. En
efecto, la tutela fue interpuesta el 19 de diciembre de 2012, es decir tres meses
después de que la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá negara el recurso
de queja que la accionante promoviera, decisión que fue dictada el 7 de
septiembre de ese mismo año. Esta Corporación entiende que el término
transcurrido entre la fecha en que se dictó la última decisión que ahora se
controvierte, y la fecha de interposición de esta tutela no desborda el
criterio de razonabilidad que  caracteriza la interposición de este mecanismo
excepcional de protección constitucional de los derechos fundamentales.
7.1.4    Identificación de los hechos que generaron
la vulneración y de los derechos conculcados
La empresa Formaplac S.A. expuso los elementos fácticos
y contractuales que no fueron tenidos en cuenta en el proceso ordinario
cuestionado como es haber estudiado cuando menos que no se trataba de un simple
contrato de arrendamiento de inmueble sino de un contrato financiero de leasing,
además de plantear las razones jurídicas para controvertir las actuaciones judiciales
del Juzgado Treinta y Seis Civil del Circuito de Bogotá, y de la
Sala Civil del Tribunal Superior de esta misma ciudad. Por esta razón, la
Sala de Revisión entiende cumplido este requisito.
7.1.5    No se controvierte una sentencia de tutela
Finalmente, es claro que la presente acción de tutela
se dirige contra las providencias dictadas por el Juzgado Treinta y Seis Civil
del Circuito de Bogotá y por la Sala Civil del Tribunal Superior de esa misma
ciudad, decisiones judiciales que fueron proferidas en el trámite de un proceso
de restitución de inmueble arrendado. Se descarta así que esta tutela se hubiese
promovido contra una sentencia de tutela previa.
7.2
Cumplimiento del
requisito especial de procedibilidad de la acción de tutela por configuración
de los defectos material o sustancial y fáctico
Jurisprudencialmente la
Corte Constitucional ha señalado que existen varias causales especiales por
las cuales procede la acción de tutela contra providencias judiciales. Así, en
el presente caso, se advierte que a falta de una causal específica se
configuraron dos defectos: (i) el sustancial o material, y (ii) el
fáctico.
7.2.1 Como se advirtió en consideraciones
previas, el trámite del proceso de restitución de inmueble arrendado iniciado
por la sociedad Leasing Bancoldex S.A. contra la empresa Formaplac S.A.
obedeció al presunto incumplimiento de esta última en los pagos periódicos
acordados contractualmente, razón por la cual el Juzgado Treinta y Seis Civil
del Circuito de Bogotá, le informó mediante auto del 26 de octubre de 2011, que
como ocurre en cualquier caso de restitución de un inmueble arrendado, no sería
oída en el trámite del mismo hasta tanto no consignase en una cuenta judicial
el valor de los cánones o pagos periódicos adeudados desde el 1° de abril de
2011, o hasta tanto aportase los recibos de consignación o de pago a nombre de
la anotada sociedad de leasing, todo ello en cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 424 del C.P.C.
7.2.2 Frente a esta situación, Formaplac
S.A. -accionante en esta tutela- consideró que tanto el anotado juzgado como la
Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá habían vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso, de defensa y acceso a la administración de
justicia, al haberle impedido ser oída en el proceso de restitución de inmueble
arrendado iniciado en su contra.  Explicó que a pesar de haber dado oportuna
contestación a la demanda ordinaria y de haber presentado igualmente objeciones
de fondo, el juzgado no atendió los fundamentos vertidos en su intervención, como
tampoco hizo el mínimo análisis de las excepciones de fondo en las cuales se explicaba
que dicha norma procesal no le era aplicable a su caso, por cuanto el contrato
de leasing operativo que motivó la iniciación del referido proceso, correspondía
a un contrato de garantía exigido en su momento por Leasing Bancoldex S.A., como
respaldo a un contrato de mutuo previamente suscrito entre las mismas partes y
que era el origen de su relación contractual.
7.2.3 Con dichas objeciones de fondo, Formaplac
S.A. planteó la real motivación que impulsó a la sociedad demandante -Leasing
Bancoldex S.A.- a iniciar el anotado proceso de restitución de inmueble
arrendado. En efecto, la sociedad demandada, sugirió que al no dar el juzgado ninguna
validez a las razones jurídicas planteadas por ella en sus objeciones, desconoció
la subregla jurisprudencial sentada por la
Corte Constitucional relativa a que ante serias dudas sobre la existencia del
contrato de “arrendamiento”, no podía imponerse la restricción procesal de no oír
a la parte demandada, por cuanto estaba en entredicho la presencia del supuesto
fáctico que regula la norma cuya aplicación se pretende.
7.2.4 Como se observa, la reclamación hecha
por la empresa accionante, supone una queja por la indebida aplicación del
artículo 424 del C.P.C. puntualmente en lo que respecta a la drástica
limitación de su derecho al debido proceso y de defensa, al negarle ser oída en
el trámite de dicha actuación judicial (núm. 2° del par. 2°).
7.2.5 Considera la
Corte, que la aplicación analógica del proceso de restitución de inmueble
arrendado contemplado en el artículo 424 del C.P.C., no plantea ninguna
discusión y por lo mismo resulta viable en tanto es la vía judicial que el
legislador ha diseñado para resolver este tipo de reclamaciones judiciales. Sin
embargo, lo que no resulta aceptable, es que por vía de este mecanismo de
integración normativa se restrinja de manera drástica el ejercicio del derecho
fundamental al debido proceso y de defensa, cuando quiera que dicha limitación
no fue establecida expresamente por el legislador para ser aplicada ante
presuntos incumplimientos de contratos financieros como el leasing. De
aceptarse dicha circunstancia, ello supondría el desconocimiento del principio pro
homine, el cual se pasará a explicar más adelante.
7.2.6 En relación con la aplicación de una norma y su
interpretación, debe recordarse, que de conformidad con el inciso 2 del artículo
230 de la Constitución, debe la Corte, en ausencia de ley positiva, integrar el
ordenamiento mediante la aplicación de la equidad, la jurisprudencia, los
principios generales del derecho y la doctrina. El principio de la analogía, o argumentum
a simili, consagrado en el artículo 8º de la
Ley 153 de 1887, supone unas condiciones ineludibles para su aplicación como
son las siguientes:
a)
que no haya ley exactamente
aplicable al caso controvertido;
b)
que la especie
legislada sea semejante a la especie carente de norma, y
c)
que exista la misma
razón para aplicar a la última el precepto estatuido respecto de la primera.[92]
7.2.7 De esta manera, en el proceso de
integración normativa, la analogía surge como un mecanismo de expansión del
derecho frente a aquellos casos en los que no existe regulación alguna. En
otras palabras, la analogía implica atribuir al caso no regulado legalmente,
las mismas consecuencias jurídicas del caso regulado similarmente. Sin embargo,
para que dicho razonamiento sea válido jurídicamente, se requiere que entre los
casos exista una semejanza relevante, que además de ser un elemento o factor
común a los dos supuestos,  corresponda a una razón suficiente para que al caso
regulado normativamente se le haya atribuido esa consecuencia específica y no
otra.
7.2.8 En el presente caso, el fundamento
jurídico que domina la actuación judicial controvertida corresponde al proceso
abreviado de restitución de inmueble arrendado, en tanto la actuación procesal
diseñada específicamente por el Legislador para resolver este tipo de
conflictos en única instancia. En esta medida, la aplicación analógica no
plantea mayor dificultad y surge de manera natural ante la ausencia de otro
mecanismo procesal expresamente diseñado para la restitución de algún bien (inmueble)
fruto de un contrato, así sea de carácter financiero como lo es el leasing. Sin
embargo, no resulta aceptable, que dicha aplicación analógica de la norma
procesal, se haga incluso respecto de aquél aparte normativo que restringe o
limita el ejercicio de los derechos de defensa y debido proceso, Tal y como
sucede en el caso que nos ocupa, en el que si bien el contrato de leasing
inmobiliario plantea algunas similitudes con el contrato de arrendamiento de
inmueble por nutrirse de algunas características de éste, ello no permite que pueda
asimilarse en su integridad a éste último pues contiene otras características
jurídicas muy distintas, propias de otros contratos típicos o propias a él.
7.2.9 Por esta razón, cuando en el trámite
del referido proceso de restitución de inmueble arrendado, el accionado Juzgado
Treinta y Seis Civil del Circuito de Bogotá, aplicó de manera analógica e
integral el contenido del artículo 424 del C.P.C. al suponer que la reclamación
del contrato de leasing incumplido era asimilable a un contrato de
arrendamiento común y corriente, incurrió en un causal de procedibilidad de la
acción de tutela por defecto sustantivo o material, justificado en una indebida
interpretación de la citada norma a consecuencia de una indebida aplicación
analógica del citado aparte normativo. En efecto, no podía la autoridad
judicial imponer a Formaplac S.A. la restricción al ejercicio del derecho al
debido proceso y de defensa contemplada en el numeral 2° del parágrafo 2° del
artículo 424 del C.P.C. por no estar contemplada de manera expresa por el mismo
Legislador para su aplicación a los contratos financieros como el leasing.
7.2.10 Así, a pesar de que el juez es autónomo
e independiente en el ejercicio de su función jurisdiccional, siempre se
encontrará sometido al imperio de la
Constitución y de las leyes, sin que por ello, en la interpretación de estas,
deje de lado el criterio hermenéutico que plantea el principio pro homine.
Ciertamente, tal y como lo han dispuesto los tratados sobre Derechos Humanos,
la restricción al ejercicio de un derecho, deberá estar expresa y taxativamente
contemplada en la ley, y en caso de existir una interpretación dudosa de la
norma siempre se deberá optar por aquella que sea más garantista y que proteja
de mejor manera el ejercicio del derecho fundamental.. Sobre el particular vale
la pena señalar lo siguiente:
El principio de interpretación pro homine,
impone aquella interpretación de las normas jurídicas que sea más favorable al
hombre y sus derechos, esto es, la prevalencia de aquella interpretación que
propenda por el respeto de la dignidad humana y consecuentemente por la
protección, garantía y promoción de los derechos humanos y de los derechos
fundamentales consagrados a nivel constitucional. Este principio se deriva de
los artículos 1º y 2º Superiores, en cuanto en ellos se consagra el respeto por
la dignidad humana como fundamento del Estado social de Derecho, y como fin
esencial del Estado la garantía de los principios, derechos y deberes
consagrados en la
Constitución, así como la finalidad de las autoridades de la
República en la protección de todas las personas en su vida, honra, bienes y
demás derechos y libertades.”[93]
De esta manera, el principio pro homine
como criterio de interpretación que se fundamenta en las obligaciones
contenidas en los artículos 1° y 2º de la
Constitución antes citados y en el artículo 93, refiere a que los derechos y
deberes contenidos en la
Constitución se deben interpretar de conformidad con los tratados sobre
derechos humanos ratificados por Colombia, entre los que se encuentra el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 5°[94]
y la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 29. [95]
En consecuencia, este criterio
interpretativo impone que “sin
excepción, entre dos o más posibles análisis de una situación, se prefiera [aquella] que resulte más garantista o
que permita la aplicación de forma más amplia del derecho fundamental”[96].
7.2.11
Vista la anterior consideración, es evidente, que si bien el Juzgado Treinta y
Seis Civil del Circuito de Bogotá aplicó adecuadamente el trámite del proceso
de restitución de inmueble arrendado a la reclamación judicial que promovió
Leasing Bancoldex S.A. contra Formaplac S.A., no podía por vía de la aplicación
analógica hacer extensiva la restricción que contempla el referido numeral 2°
del parágrafo 2° del artículo 424 del C.P.C., por ser contraria al principio pro
homine. No resulta aceptable en estos términos,  restringir el ejercicio
del derecho de defensa de la sociedad Formaplac S.A., e impedirle ser oída en
el trámite del mencionado proceso de restitución, más aún cuando ello conllevó
igualmente la configuración de un defecto fáctico, como se verá.
En
conclusión, la aplicación normativa hecha por la autoridad judicial aquí accionada,
llevó a estructurar la causal específica de procedencia de la acción de tutela
por la configuración del defecto sustancial en razón a una indebida
interpretación del citado aparte del artículo 424
C.P.C.
7.3
Ahora bien, el anotado defecto material o sustancial atrás explicado, dio
origen igualmente un defecto fáctico, pues el juez al aplicar de manera estricta
el artículo 424 de C.P.C. ignoró por completo el material probatorio que la
sociedad tutelante había expuesto en su contestación de la demanda y en sus
objeciones de fondo, documentos en los que ponía en entredicho el referido
contrato de leasing o arrendamiento financiero.
7.3.1
En el presente caso, la sociedad Formaplac S.A., planteó varios argumentos en los
que además de aclarar la naturaleza jurídica del contrato de leasing, también manifestaba
su inconformidad a que este contrato se asimilase a un arrendamiento de un
inmueble. En efecto, la sociedad demanda al responder la demanda y plantear
objeciones de fondo (i) confirmó que había suscrito un contrato
financiero de leasing operativo con Leasing Bancoldex S.A., pero se opuso a que
a dicho contrato le fuese aplicada en su integridad y por vía de analogía la
norma procesal correspondiente al proceso de restitución de inmueble arrendado,
en particular al negársele ser oído en el trámite del mismo como ya se anotó;
además, (ii) afirmó que dicho contrato de leasing se había constituido como
garantía de un contrato principal de mutuo suscrito entre las mismas partes.
A
pesar de que estos argumentos fueron oportunamente presentados por la sociedad
demandada como excepciones de fondo, no fueron objeto de análisis alguno por
parte del Juzgado Treinta y Seis Civil del Circuito de Bogotá. En efecto esta
instancia judicial atendiendo lo dispuesto en el numeral 2° del parágrafo 2°
del artículo 424 C.P.C., decidió no estudiar los argumentos jurídicos
planteados en las objeciones de fondo, razón por la cual, le fue imposible
advertir las diferencias jurídicas entre el contrato financiero de leasing y el
simple arrendamiento inmobiliario,  y tampoco pudo analizar los argumentos jurídicos
que ponían en entredicho el real incumplimiento contractual alegado por Leasing
Bancoldex S.A.
Por
lo anterior, de haberse analizado de manera oportuna e integral las pruebas o
fundamentos propuestos por la parte demandada, el juzgado accionado habría
tenido otro panorama jurídico sobre el pleito puesto a su consideración, al
punto que de haberlos valorado y apreciado ello habría podido incidir en la
toma de una decisión judicial distinta.
De
esta manera, se configuró el defecto fáctico, por la no valoración de las
pruebas aportadas al proceso, razón suficiente para que la presente acción de
tutela proceda como mecanismo excepcional de protección de los derechos
fundamentales alegados por la accionante como vulnerados en el trámite de dicho
proceso de restitución de inmueble arrendado.
Conclusión
Vistas
las anteriores consideraciones, la Corte revocará
el fallo proferido por la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, el 20 de febrero de 2012, que confirmó la sentencia
dictada por la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia, el 23 de enero del 2013, que negó la acción de
tutela instaurada por la Sociedad Formaplac S.A., contra el Juzgado Treinta y
Seis Civil del Circuito de Bogotá y la
Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad. En su
lugar, se tutelarán los derechos fundamentales al debido proceso y de defensa
de la sociedad Formaplac S.A.
Igualmente, se dejará sin efecto, todo lo actuado a partir del auto proferido el veintiséis (26) de
octubre de dos mil once (2011), por el Juzgado Treinta y Seis Civil del
Circuito de Bogotá dentro del proceso de restitución de inmueble arrendado
promovido por Leasing Bancoldex S.A. contra Formaplac S.A., por el cual
resolvió no oír a la parte accionada en cumplimiento a lo dispuesto en los numerales
2° y 3° del artículo 424 del C.P.C.
Finalmente,
ordenará al Juzgado
Treinta y Seis Civil del Circuito de Bogotá, que al rehacer el trámite del
proceso, deberá oír a la sociedad demandada Formaplac S.A. a efectos de
garantizarle, en los términos de esta providencia, el pleno ejercicio de sus
derechos fundamentales.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la
Sala Octava de Revisión de la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero. REVOCAR el fallo proferido por la
Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, el 20 de febrero de 2012, que confirmó la sentencia
dictada por la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia, el 23 de enero del 2013, que negó la acción de
tutela instaurada por la Sociedad Formaplac S.A, contra el Juzgado Treinta y
Seis Civil del Circuito de Bogotá y la
Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad. En
su lugar, TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso y de
defensa de la sociedad Formaplac S.A.
Segundo. Igualmente, DEJAR SIN EFECTO, todo lo actuado a partir del auto proferido el veintiséis (26) de octubre
de dos mil once (2011), por el Juzgado Treinta y Seis Civil del Circuito de
Bogotá dentro del proceso de restitución de inmueble arrendado promovido por Leasing
Bancoldex S.A. contra Formaplac S.A., por el cual resolvió no oír a la parte
accionada en cumplimiento a lo dispuesto en los numerales 2° y 3° del artículo
424 del C.P.C.
Tercero. ORDENAR  al Juzgado Treinta y Seis Civil del Circuito de
Bogotá, que al rehacer el trámite del proceso, deberá oír a la sociedad
demandada Formaplac S.A. a efecto de garantizarle, en los términos de esta
providencia, sus derechos fundamentales.
Cuarto. Por Secretaría General líbrese la comunicación de que trata el Artículo
36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase e insertese en la
Gaceta de la Corte Constitucional.
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Según Fedeleasing, el lease-back es
una variable del contrato de leasing también conocido como Retroleasing
o Sale and Lease Back, en el que el proveedor y el locatario son la
misma persona. Esta figura es usada por personas naturales o jurídicas que
desean liberar recursos para capital de trabajo, vendiendo a las entidades
autorizadas sus activos fijos para tomarlos en leasing.
[2] En el manuscrito presentado por la sociedad demandada, obra un
sello con fecha 28 de febrero de 2012.
[3] ART. 39 Ley 820 de 2003. Trámite preferente y única instancia.
“(…) Cuando la causal de restitución sea exclusivamente mora en el pago del
canon de arrendamiento, el proceso se tramitará en única instancia.”
[4] Ver folio 106 del cuaderno principal del expediente de tutela.
[5] Ver entre otras las sentencias T-827 de
2003, T-648, T-691, T-1089 de 2005, T-015 de 2006 y SU-913 de 2009.
[6] Sobre la procedencia de la acción de
tutela como mecanismo transitorio, para evitar un perjuicio irremediable, resultan
relevantes las sentencias T–225 de 1993, T–1670 de 2000, SU–544 de 2001,
SU-1070 de 2003, y C-1225 de 2004 en las cuales se sentaron las primeras
directrices sobre la materia, las que han sido desarrolladas por la
jurisprudencia posterior. También puede consultarse la sentencia T-698 de 2004.
y la sentencia T-827 de 2003.
[7] Sentencia C-543 de 1992.
[8] Sentencias T-567 de 1998, T-511 y SU-622
de 2001 y T-108 de 2003 entre otras.
[9] Magistrado Ponente Eduardo Cifuentes Muñoz.
[10] Magistrado Ponente Vladimiro Naranjo Mesa.
[11] Sentencia T-231 de 1994 M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[12] Magistrado Ponente Vladimiro Naranjo Mesa. En esta sentencia la
Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de la expresión “ni acción”,
que hacía parte del artículo 185 de la Ley 906 de 2004. Esta decisión se asumió
bajo el criterio de que dicha expresión restringía el ejercicio de la acción de
tutela contra sentencias de la Corte Suprema de Justicia en ejercicio del recurso
extraordinario de casación en materia penal.
[13] Magistrado Ponente Jaime Córdoba Triviño.
[14] Magistrado Ponente Juan Carlos Henao Pérez.
[15] Sentencia T-774 de 2004.
[16] Sentencia SU-813 de 2007: Los criterios generales de
procedibilidad son requisitos de carácter procedimental encaminados a
garantizar que no exista abuso en el ejercicio de la acción de tutela dentro de
un proceso judicial donde existían mecanismos aptos y suficientes para hacer
valer el derecho al debido proceso. A juicio de esta Corporación, la razón
detrás de estos criterios estriba en que “en estos casos la acción se
interpone contra una decisión judicial que es fruto de un debate procesal y que
en principio, por su naturaleza y origen, debe entenderse ajustada a la Constitución.”
[17] Sentencia T-1240 de 2008: los criterios específicos o
defectos aluden a los errores o yerros que contiene la decisión judicial
cuestionada, los cuales son de la entidad suficiente para irrespetar los
derechos fundamentales del reclamante.
[18] Sentencia T-173 de 1993
[19] Sentencia T-504 de 2000.
[20] Sentencia T-315 de 2005
[21] Sentencias T-008 de 1998 y SU-159 de 2000
[22] Sentencia T-658 de 1998
[23] Sentencias T-088 de 1999 y SU-1219 de 2001.
[24] Sentencia C-590 de 2005 M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[25] Sentencia T-522 de 2001 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[26] Cfr. Sentencias T-1625 de 2000, T-1031 y SU-1184 ambas de 2001, y
T- 462 de 2003.
[27] Sentencia C-590 de 2005.
[28] Ver entre otras las siguientes sentencias
T-079 de 1993, T-231 de 1994, T-573 de 1997, T-567 de 1998,    T-001 y T-814 de
1999, T-377 y T-1009 de 2000, T-522 y T-842 de 2001, SU-159 y T-852 de 2002,
T-462 de 2003, T-205, T-701, T-807 y T-1244 de 2004, T-056, T-189 y T-453 de
2005, T-800 de 2006, T-061 de 2007, T-018 de 2008, T-051, T-060 y T-066 de
2009.
[29] Sentencia T-189 de 2005 en esta
oportunidad concluyó la Corte que “En efecto, en su fallo el Tribunal omitió
aplicar la norma que se ajustaba al caso y, en su lugar, empleó otra que no era
pertinente.”
[30] Ver sentencia T-205 de 2004. Aquí la
Corte concluyó la existencia de un defecto sustantivo “por cuanto el juez
se basó en una norma legal que había perdido su vigencia”.
[31] Sentencia T-800 de 2006. En es a
oportunidad dijo la Corte “Todo lo anterior lleva a concluir a la
Corte Constitucional que la
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura, en su sentencia del 18 de noviembre de 2004, confirmada en el auto
por medio del cual resolvió el recurso del reposición el 11 de mayo de 2005,
aplicó, en la sanción que impuso a los demandantes, una norma que no existía,
consistente en un impedimento por haber cumplido con el deber propio de los
jueces. Es decir, que verdaderamente crearon una norma, pues dictar providencia
dentro de un proceso no puede constituir, como se vio, causal de pre
juzgamiento. Por ello incurrieron en un defecto sustantivo constitutivo de vía
de hecho, violatoria del derecho fundamental al debido proceso de los actores”.
[32] Al respecto, consultar sentencia T-522 de
2001. En esta providencia se dijo que “incurre en una vía de hecho por razones sustanciales
el funcionario judicial que tome una decisión con base en una disposición: (1)
cuyo contenido normativo es evidentemente contra­rio a la
Consti­tu­ción, porque la
Corte Constitucional previamente así lo declaró con efectos erga omnes, (2)
cuyo sentido y aplicación claramente compromete derechos fundamentales, y (3)
cuya incompatibilidad ha sido alegada por el interesado, invocando el respeto a
una sentencia de constitucionalidad de la
Corte Consti­tucional que excluyó del ordenamiento jurídico el sentido
normativo único e insito en la norma legal aplicada en el curso del proceso y
de la cual depende la decisión”.
[33] Sentencia SU-159 de 2002,
M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[34] Sentencia T-051 de 2009. En sentencias
T-1101 de 2005 dijo la Corte: “Sobre el tema relacionado con las vías de
hecho ocasionadas por interpretaciones judiciales contrarias a la
Constitución y la procedencia de la tutela para conjurarlas, la
Corte tuvo oportunidad de precisar que debe aparecer probado que la aplicación
de la norma se hizo (i) contraviniendo o haciendo caso omiso de los
postulados, principios y valores constitucionales, (ii) imponiendo
criterios irracionales o desproporcionados, (iii) sin respetar el
principio de igualdad, y (iv) en desmedro de los derechos sustantivos en
litigio” y T-1222 de 2005 M. P. Jaime Córdoba Triviño. Dijo la
Corte en esta ocasión: “para que una interpretación judicial se considere
constitutiva de vía de hecho, es indispensable que la misma defienda una
lectura de las normas realmente contraria a su sentido lógico, manifiestamente
opuesta a los principios de derecho y salida del cauce de la juridicidad”
[35] Sentencia T-001 de 1999 y T-462 de 2003,
entre otras.
[36] Sentencia T-066 de 2009
M. P. Jaime Araújo Rentería. Sobre el particular, ver igualmente la sentencia
T-079 de 1993, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[37] Ver sentencia T-814 de 1999, MP: Antonio
Barrera Carbonell. T-842 de 2001 M. P. Álvaro Tafur Galvis,  T-462 de 2003,
M. P: Eduardo Montealegre Lynett, y T-1244 de 2004
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. En la sentencia SU-120 de 2003, la
Corte Constitucional sostuvo que, “en principio, la primera mesada
pensional debe ser indexada”. Esta posición ha sido reafirmada a través de
las sentencias T-663 de 2003, T-1169 de 2003, y T-805 y T-815 de 2004. Esta
misma tesis se defendió en la sentencia C-601 de 2000.
Ver también, sentencias T-462 de 2003 y T-1060 de
2009.
[38] Sentencia T-018 de 2008
M. P. Jaime Córdoba Triviño.
[39] Sentencia T-086 de 2007
M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[40] Sentencia T-231 de 1994. Dijo la
Corte: “La vía de hecho predicable de una determinada acción u omisión de
un juez, no obstante poder ser impugnada como nulidad absoluta, es una suerte
de vicio más radical aún en cuanto que el titular del órgano se desliga por
entero del imperio de la ley. Si la jurisdicción y la consiguiente
atribución de poder a los diferentes jueces, se hace con miras a la aplicación
del derecho a las situaciones concretas y a través de los cauces que la ley
determina, una modalidad de ejercicio de esta potestad que discurra
ostensiblemente al margen de la ley, de los hechos que resulten probados o con
abierta preterición de los trámites y procedimientos establecidos, no podrá
imputarse al órgano ni sus resultados tomarse como vinculantes, habida cuenta
de la "malversación" de la competencia y de la manifiesta actuación ultra
o extra vires de su titular. // Si este comportamiento - abultadamente
deformado respecto del postulado en la norma - se traduce en la utilización de
un poder concedido al juez por el ordenamiento para un fin no previsto en
la disposición (defecto sustantivo)…”
[41] Consultar sentencia T-807 de 2004
M. P. Clara Inés Vargas Hernández.
[42] Sentencia T-056 de 2005. Aquí la
Corte encontró que “el mismo despacho judicial provocó un defecto
sustantivo en el mismo auto al desconocer abiertamente el artículo 319 del
Código de Procedimiento Civil”. Ver además T-066 de 2009.
[43] Sentencias T-114 de 2002, y T-1285 de
2005.
[44] Sentencia T-086 de 2007.
[45] Ver la sentencias T-292 de 2006, SU-640 de
1998 y  T-462 de 2003.
[46] Ver  Sentencia T-1285 de 2005. Además, en
la sentencia T-193 de 1995, esta Corporación señaló: "Es razonable
exigir, en aras del principio de igualdad en la aplicación de la ley, que los
jueces y funcionarios que consideren autónomamente que deben apartarse de la
línea jurisprudencial trazada por las altas cortes, que lo hagan, pero siempre
que justifiquen de manera suficiente y adecuada su decisión, pues, de
lo contrario, estarían infringiendo el principio de igualdad (CP art.13). A
través de los recursos que se contemplan en cada jurisdicción, normalmente
puede ventilarse este evento de infracción a la
Constitución”. (Negrilla y subraya fuera del texto original) Sobre este
tema, también puede consultarse la sentencia T-949 de 2003.
[47] Sentencia T-086 de 2007.
[48] Sobre el tema pueden consultarse además,
las sentencias SU-1184 de 2001; T-1625 de 2000; T-522 de 2001;  T-047 de 2005.
En la sentencia T-522 de 2001, la Corte señaló que: “es evidente que se
desconocería y contraven­dría abiertamente la
Carta Política si se aplica una disposición cuyo contenido normativo es
precisamente, y solamente, impedir que se otorguen medi­das de aseguramiento a
los sindicados porque los procesos se adelantan ante jueces especializados”,
razón por la cual el juez, al constatar su existencia, tendría que haber
aplicado la excepción de inconstitucionalidad.”
[49] Sentencia T-086 de 2007. En sentencia
T-808 de 2007 se señaló que “… en cualquiera de estos casos debe
estarse frente a un desconocimiento claro y ostensible de la normatividad
aplicable al caso concreto, de manera que la desconexión entre la voluntad del
ordenamiento y la del funcionario judicial sea notoria y no tenga respaldo en
el margen de autonomía e independencia que la
Constitución le reconoce a los jueces (Art. 230
C.P.). Debe recordarse además, que el amparo constitucional en estos casos no
puede tener por objeto lograr interpretaciones más favorables para quien
tutela, sino exclusivamente, proteger los derechos fundamentales de quien queda
sujeto a una providencia que se ha apartado de lo dispuesto por el ordenamiento
jurídico”.
[50] Sentencia T-1222 de 2005
[51] Ver entre otras la sentencia T-1068 de 2006 y Sentencia T-266 del 3
de abril de 2009, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[52] Sentencia T-266 del 3 de abril de 2009
M. P. Humberto Antonio Sierra Porto
[53] Sobre la descripción genérica del defecto fáctico como vicio de una
sentencia judicial que la convierte en una vía de hecho, pueden consultarse, entre
otras, las sentencias T-231 del 13 de mayo de 1994
M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz y T-567 del 7 de octubre de 1998
M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[54]  Sentencia T-329 de 1996, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[55] Cfr. sentencia SU-1300 del 6 de diciembre
de 2001 M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra. La
Corte encontró perfectamente razonable la valoración de las pruebas que hizo
el Juez Regional en la sentencia anticipada. El Juez no omitió ni ignoró prueba
alguna, ni dio por probado un hecho sin fundamento objetivo. “El hecho de que
el incremento patrimonial no justificado del procesado, se derivó de
actividades delictivas se probó a través de la confesión de {varios testigos},
y de un conjunto concurrente de indicios, entre los cuales sobresale el hecho
de que las cuentas en las cuales se consignaron la mayoría de los 23 cheques
recibidos por el peticionario, fueron abiertas por él usando información falsa
y las fotocopias de las cédulas de sus empleados que aparecían en los archivos
de las empresas constructoras de la familia”.
[56] Cfr. sentencia T-442 del 11 de octubre de 1994
M. P. Antonio Barrera Carbonell.
[57] Cfr. sentencia T-538 del 29 de noviembre 1994
M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz. En esa oportunidad se le concedió la tutela al
peticionario por la indebida apreciación que hace el juez de la conducta
asumida por una de las partes, que se atuvo a la interpretación que de unos
términos hizo el secretario del juzgado, que le lleva a negarle la
interposición de un recurso del que depende la suerte del proceso penal.
[58] Sentencia SU-159 del 5 de marzo de 2002,
M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[59] Sentencia T- 1065 del 7 de diciembre de 2006
M. P. Humberto Sierra Porto
[60] Ibíd. sentencia T-442 del 11 de octubre de  1994
M. P. Antonio Barrera Carbonell. Se dijo en esa oportunidad: “Se aprecia más
la arbitrariedad judicial en el juicio de evaluación de la prueba, cuando
precisamente ignora la presencia de una situación de hecho que permite la
actuación y la efectividad de los preceptos constitucionales consagratorios de
derechos fundamentales, porque de esta manera se atenta contra la justicia que
materialmente debe realizar y efectivizar la sentencia, mediante la aplicación
de los principios, derechos y valores constitucionales”.
[61] Cfr. sentencia T-239 del 30 de mayo de 1996
M. P. José Gregorio Hernández Galindo. Para la
Corte es claro que, “cuando un juez omite apreciar y evaluar pruebas que
inciden de manera determinante en su decisión y profiere resolución judicial
sin tenerlas en cuenta, incurre en vía de hecho y, por tanto, contra la
providencia dictada procede la acción de tutela.  La vía de hecho consiste en
ese caso en la ruptura deliberada del equilibrio procesal, haciendo que, contra
lo dispuesto en la Constitución y en los pertinentes ordenamientos legales, una
de las partes quede en absoluta indefensión frente a las determinaciones que
haya de adoptar el juez, en cuanto, aun existiendo pruebas a su favor que bien
podrían resultar esenciales para su causa, son excluidas de antemano y la
decisión judicial las ignora, fortaleciendo injustificadamente la posición
contraria”.
[62] Cfr. sentencia T-576 del 10 de diciembre de 1993
M. P. Jorge Arango Mejía.
[63] Cfr., por ejemplo, la ya citada sentencia T-442 de 1994.
[64] Cfr. la ya citada sentencia T-538 de 1994.
[65] Cfr. Sentencia T-902 del 1 de septiembre de  2005
M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra
[66] M. P. Antonio Barrera Carbonell.
[67] Palacios Mejía, Hugo. El Leasing Internacional en el Derecho
Administrativo Colombiano., En Revista de derecho Económico, Año VIII, No. 15.
1992, Ed. Librería Del Profesional. Bogotá D.C.
[68] Concepto consultado en http://www.fedeleasing.org.co,
el día 10 de octubre de 2013 a las 14.42 pm.
[69] Según Fedeleasing, subsiste por si solo sin tener que depender de
otro contrato.
[70] Según Fedeleasing genera obligaciones reciprocas para las partes
contratantes.
[71] Según Fedeleasing, para su
perfeccionamiento basta la voluntad de las  partes y no requiere  solemnidad
alguna. No obstante, para fines probatorios la mayoría  de los contratos se
hacen constar por escrito. Sin embargo, el artículo 4 del Decreto 1787 del 3 de
junio de 2004, señala que los  contratos de leasing habitacional destinado a
vivienda familiar deben celebrarse por escrito.
[72] Según Fedeleasing, ambos contratantes
persiguen con su celebración un beneficio económico, gravándose cada uno en
beneficio del otro.
[73] Según Fedeleasing, es existe un equilibrio
entre las prestaciones de las partes. Las ventajas que esperan derivar las
partes del contrato pueden ser determinadas desde el mismo momento de
celebración del contrato.
[74] Según Fedeleasing, porque las obligaciones
de las partes se van cumpliendo periódicamente durante la vigencia del contrato
a cada instante, periódica y continuamente.
[75] Según Fedeleasing, además de estar
regulado por la ley mercantil se celebra con una entidad financiera. Si el
locatario es una persona natural no comerciante, la entidad autorizada como
arrendadora siempre es una sociedad comercial, lo que hace incuestionable el
que el contrato se rija por las disposiciones de la ley mercantil.
[76] Palacios Mejía, Hugo. El Leasing Internacional en el Derecho
Administrativo Colombiano., En Revista de derecho Económico, Año VIII, No. 15.
1992, Ed. Librería Del Profesional. Bogotá D.C.
[77] Magistrado Ponente: Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo.
[78] En el manual que Fedeleasing publica en su
página electrónica www.fedeleasing.org.co,
señala que  solamente se podrá acudir analógicamente a la normativa aplicable a
otras figuras contractuales cuando una situación no se encuentre regulada por
la ley ni por el contrato de leasing o no exista costumbre mercantil sobre el
particular. Es decir, para el leasing se deben aplicar en su orden: 1. Las
normas imperativas relacionadas con el leasing. 2. Las cláusulas contractuales
acordadas por las partes, siempre y cuando no sean contrarias a disposiciones
de orden público; 3. La costumbre mercantil. 4. Normas generales supletivas de
la ley mercantil. 5. En ausencia de las anteriores, aplicación analógica de
otras figuras contractuales que guarden alguna semejanza relevante.
[79] Concepto de la Superintendencia Financiera. Nro. 2010027830-002 del 1 de junio de 2010.
[80] Con la expedición de la Ley 1564 de 2012 que corresponde al Código
General del Proceso, la citada norma del Código de Procedimiento Civil se
encuentra contenida en el artículo 384.
[81] Sentencia C-070 de 1993.
[82] M.P Jorge Arango Mejía.
[83] M.P Manuel José Cepeda Espinosa. Salvamento parcial de voto de
Humberto Sierra Porto.
[84] Por la cual se expide el Régimen de Arrendamientos de Vivienda”
[85] Sentencia T-808 de 2009 M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[86] Sentencia T- 613
de 2006, M.P. Nilson Pinilla Pinilla. En esta oportunidad se falló una tutela
en la que la accionante argumentaba que fue demandada en proceso abreviado de
restitución a pesar de no ser arrendataria del  inmueble objeto de
controversia, en la medida que ella y su hija habitaban el bien en su calidad
de compañera permanente del propietario. En esa oportunidad la
Corte decidió conceder la tutela debido a las serias dudas que había respecto
de la existencia del contrato de arrendamiento, toda vez que las pruebas
permitían concluir que la demanda de restitución se debía a conflictos
existentes entre demandante y demandado.
[87] En la sentencia: T-1082 de 2007
M. P. Humberto Sierra Porto, se hizo un recuento de varios pronunciamientos en
los que ante la duda probatoria respecto de la existencia del fundamento fáctico
que soporta la aplicación de la norma procesal, se procedió a su inaplicación.
Así, los casos referidos fueron los siguientes: sentencias T-838 de 2004,
M. P. Alvaro Tafur Galvis; T-162 de 2005,
M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T- 494 de 2005
M. P. Rodrigo Escobar Gil; T- 035 de 2006,
M. P: Marco Gerardo Monroy Cabra; T-326 de 2006,
M. P: Alfredo Beltrán Sierra: y, T-601 de 2006.
[88]  Ibídem.
[89] Sentencia T- 613 de 2006,
M.P. Nilson Pinilla Pinilla y T-067 de 2010
M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[90] Artículo 424.
Restitución del inmueble arrendado. Cuando se trate de demanda para que el
arrendatario restituya al arrendador el inmueble arrendado, se aplicarán las
siguientes reglas:
PARÁGRAFO 2o. Contestación, derecho de
retención y consignación (…).
2. Si la demanda se fundamenta en falta de
pago, el demandado no será oído en el proceso sino hasta tanto demuestre que ha
consignado a órdenes del juzgado el valor total que de acuerdo con la prueba
allegada con la demanda, tienen los cánones adeudados, o en defecto de lo
anterior, cuando presente los recibos de pago expedidos por el arrendador
correspondientes a los tres últimos períodos, o si fuere el caso los
correspondientes de las consignaciones efectuadas de acuerdo con la ley y por
los mismos períodos, en favor de aquel.
3. Cualquiera que fuere la causal invocada,
el demandado también deberá consignar oportunamente a órdenes del juzgado, en
la cuenta de depósitos judiciales, los cánones que se causen durante el proceso
en ambas instancias, y si no lo hiciere dejará de ser oído hasta cuando
presente el título de depósito respectivo, el recibo de pago hecho directamente
al arrendador, o el de la consignación efectuada en proceso ejecutivo.
[91]  Ver sentencias T-838 de 2004
M. P. Álvaro Tafur Galvis y T-067 de 2010
M. P. Jorge Pretelt Chaljub.
[92] Corte Suprema de Justicia, sentencia del 30 de enero de 1962.
[93] Sentencia T-191 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva. Este
concepto fue igualmente citado en la sentencia C-376 de 2010,
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[94] Artículo 5: 1. Ninguna disposición del presente Pacto podrá ser
interpretada en el sentido de conceder derecho alguno a un Estado, grupo o
individuo para emprender actividades o realizar actos encaminados a la
destrucción de cualquiera de los derechos y libertades reconocidos en el Pacto
o a su limitación en mayor medida que la prevista en él. // 2. No podrá
admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos
fundamentales reconocidos o vigentes en un Estado Parte en virtud de leyes,
convenciones, reglamentos o costumbres, so pretexto de que el presente Pacto no
los reconoce o los reconoce en menor grado.
[95] Artículo 29.  Normas de Interpretación:  Ninguna disposición de la
presente Convención puede ser interpretada en el sentido de:  a) permitir a
alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de
los derechos y libertades reconocidos en la
Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella; //  b)
limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar
reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de
acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados;  c) excluir
otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de
la forma democrática representativa de gobierno, y //  d) excluir o limitar el
efecto que puedan producir la
Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos
internacionales de la misma naturaleza.
[96] Sentencia T-085 de 2012.