T-171-96
Sentencia No
Sentencia
No. T-171/96
TRATAMIENTO
DIFERENCIADO-Justificación
Una
cosa es la discriminación y otra muy distinta el trato diferente. Este último,
si se encuentra plenamente justificado, en forma objetiva y razonable, es
permitido, sin que pueda alegarse violación alguna del derecho a la igualdad.
Cuando las diferencias se presentan como consecuencia de factores objetivos o
subjetivos que hacen justo un mayor reconocimiento a quien más merece por su
producción o preparación, por su especialidad, por el tiempo que lleva
desarrollando una labor o por las claras circunstancias que sobrellevan la
relación de trabajo, no puede considerarse dicha actitud como discriminatoria
ni, por consiguiente, como violatoria del derecho a la igualdad.
DERECHO
A LA IGUALDAD-Incremento
salarial según nivel de productividad
La
empresa estableció una nueva política salarial, basada en el nivel de
productividad del empleado, de manera que su aumento en adelante, dependiera de
la evaluación de su capacidad de producción. Ciertamente dicho sistema trae
como consecuencia el que los trabajadores tengan fechas de aumento anuales
diferentes entre si, dependiendo de su fecha de ingreso a la empresa y de los
factores anotados. Ello quiere indicar, que dependiendo de su desempeño, su
salario podrá aumentar o disminuir, y que los aumentos no sean los mismos para
todos ni entrarán a regir en la mismas fechas.
DERECHO
A LA IGUALDAD-Incremento
salarial justificado/ACCION DE TUTELA-Incremento salarial a Sintravecol
Ocurren
situaciones en las cuales trabajadores sindicalizados devengan un menor salario
que otros que no pertenecen a la organización, pero esto puede encontrar
justificación en factores determinantes del salario reconocidos por la
Constitución y la ley como lo son entre otros, la antigüedad, capacidad
académica y técnica de los empleados y el horario de trabajo. Los aumentos
salariales hechos por la empresa a los trabajadores no sindicalizados y
sindicalizados, obedecen de manera estricta a las disposiciones establecidas
para cada uno, por convención colectiva, laudo arbitral o reglamentos para el
personal no sindicalizado, y no a una política empresarial tendiente a debilitar
el sindicato y discriminar a sus miembros.
Ref.:
Expediente T-87176
Peticionario:
Miguel Alfredo Silva
Procedencia.
Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca
Temas:
Derecho a la igualdad y a la libre asociación sindical.
Discriminación
y diferencia razonable.
Magistrado
Ponente:
Dr.
VLADIMIRO NARANJO MESA
Santafé
de Bogotá, D.C.  veintinueve (29) de abril de mil novecientos noventa y seis
(1996).
SENTENCIA
La Sala
Novena de Revisión de la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados
Vladimiro Naranjo Mesa -Presidente de la Sala-, Jorge Arango Mejía y Antonio
Barrera Carbonell, ha pronunciado la siguiente
en el
proceso de tutela radicado bajo el número T-87.176, adelantado por el Sindicato
de Trabajadores de la Empresa Colombiana de Productos Veterinarios
"Sintravecol" contra la Empresa Colombiana de Productos Veterinarios
"VECOL S.A."
I.
ANTECEDENTES
De
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y 33
del decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección correspondiente de la Corte
Constitucional escogió para efectos de su revisión, la acción de tutela de la
referencia.
De
conformidad con el artículo 34 del decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión
procede a dictar la sentencia correspondiente.
1.
Solicitud
El
sindicato de Trabajadores de la Empresa Colombiana de Productos  Veterinarios
"Sintravecol", actuando por intermedio de su representante legal,
interpuso ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca acción de tutela con
el propósito de obtener la protección de sus derechos fundamentales a la
igualdad, al trabajo y al libre ejercicio del derecho de asociación sindical y
negociación colectiva, apoyando su solicitud en los siguientes hechos.
2.
Hechos
1°
En primer lugar, relaciona el representante de “Sintravecol” el nombre
de los trabajadores que tienen contrato de trabajo vigente con la empresa
demandada, y que se encuentran afiliados al sindicato, así: Roger León M.;
Filemón González; Pedro J. Moreno; José A Uribe; Felio Calderón; Elibardo
Garzón B.; José E Cantor; Luis E. Paez; José D. Soriano; José D. Tenza; Luz M.
Herrera; Alvaro Artunduaga; Carlos A. Montoya; Jaime E. Adames; Primitivo Ortiz
S.; Tirso María Beltran; Antonio Durán; Heberto Chaguala; Pablo A. Vargas P.;
Miguel A. Abella E.; Alfonso Pacheco; Cesar Tulio Rojas; José S. Chavez M.;
Gualberto Vanegas; Jorge O. Bohorquez; Emiro Rodriguez; José N. Barreto; Blanca
De Nuñez; Luis E. Corredor;  Edgar O. Morales; Franciso J. Cuervo; Hugo H. Diaz
D.; Luis F. Garzón E.; Juan M. Pinzón; Hugo E. Rivera; Graciliano Torres; Luis
M. Arias; Otoniel Caicedo M.; José Ramiro Caleño Y Hernándo Cortez.
2°
Asegura seguidamente el peticionario, que el sindicato y la empresa firmaron
una convención colectiva cuya vigencia debe contarse desde el 1° de agosto de
1992 hasta el 31 de julio de 1994.
3° El 1°
de agosto de 1994, la empresa determinó un aumento salarial del 20% para los
trabajadores no sindicalizados y para los que hubieren renunciado a los
beneficios de la convención colectiva. Posteriormente, la empresa incrementó de
nuevo los salarios a los mismos trabajadores en un 2.69%, como compensación al
incremento del índice de precios al consumidor que se presentó entre los meses
de agosto de 1993 y 1994. Sin embargo, como los trabajadores sindicalizados se
encontraban en trámite de negociaciones colectivas con la empresa, a ellos no
se les reconoció el precitado incremento.
4° El 5
de septiembre de 1994, el gerente de VECOL S.A. decidió decretar un aumento
adicional a los señalados anteriormente,  mediante resolución N° 026-94;
aumento del cual se excluyó expresamente a los trabajadores sindicalizados y a
los convencionados, porque el incremento que a ellos habría de corresponderle
sería determinado de acuerdo con los resultados que arrojara la negociación
colectiva en proceso.
5° El 30
de agosto de 1994, las negociaciones entre la empresa VECOL S.A. y Sintravecol
fracasaron en su etapa de arreglo directo, por lo que el sindicato solicitó  al
Ministerio del Trabajo y Seguridad Social el 9 de septiembre de 1994 , la
convocatoria de un tribunal de arbitramento, el cual profirió su respectivo
laudo arbitral el 30 de marzo de 1995, siendo homologado posteriormente por el
Tribunal  Superior de Distrito Judicial de Santafé de Bogotá -Sala Laboral-.
En lo pertinente, el laudo se refiere a los incrementos de la siguiente forma:
"
ARTÍCULO 16. SALARIOS
La
Empresa Colombiana de Productos Veterinarios S.A., VECOL S.A., aumentará el
salario ordinario de cada uno de sus trabajadores con contrato de trabajo
vigente a la firma del presente Laudo Arbitral y que en ésta misma fecha hayan
superado el período de prueba, en la siguiente forma:
a)
Primer año del laudo: A partir del 30 de marzo de 1995, un aumento del veinte
punto cinco por ciento (20.5 %), sobre el salario ordinario del trabajador,éste
incremento se efectuará sobre los salarios ordinarios existentes a 31 de
diciembre de 1994. El aumento en éste literal concedido será restrospectivo al
1° de enero de 1995.
b)
Segundo año del laudo: A partir del 30 de marzo de 1996, un aumento sobre el
salario ordinario del trabajador en el porcentaje que corresponda al índice de
incremento al precio del consumidor establecido por el DANE, a nivel Nacional
para el período del 30 de de (sic) marzo de 1995 al 29 de marzo de 1996. Este
aumento se efectuará sobre los salarios ordinarios existentes a 31 de diciembre
de 1995."
6° Con
respecto a la efectiva aplicación de las decisiones adoptadas en el laudo arbitral,
el peticionario manifiesta que la empresa demandada realizó el aumento
establecido solamente a partir del 18 de enero de 1995 "quedando
diecisiete (17) días sin la respectiva reliquidación".
7°
Adicionalmente, el peticionario consigna  como hechos que ejemplifican la
discriminación que viene cometiendo la empresa contra los trabajadores
sindicalizados, los siguientes:
a)
Siguen presentándose casos en los que, a pesar de realizar la misma actividad
en la empresa, algunos de los trabajadores reciben mayores salarios por razón
de su no vinculación a la organización sindical, independientemente de su nivel
de experiencia y de su capacitación.
b)
La empresa otorga créditos a sus trabajadores, teniendo en cuenta a la hora de
determinar su monto, la vinculación del empleado al sindicato.
c)
La promoción y capacitación de los trabajadores sólo se otorga a los no
sindicalizados. Prueba de lo anterior -afirma el solicitante- resulta ser el
hecho de que más de sesenta (60) trabajadores de la empresa, hayan obtenido
ascensos y ventajas salariales una vez se han desafiliado del sindicato.
12°
Finalmente, asegura el actor que el laudo arbitral, en cuanto estableció
aumentos salariales a partir del primero de enero de 1995, lesiona los interses
jurídicos del sindicato porque desconoce el período comprendido entre el 1° de
agosto de 1994 y el 31 de diciembre de 1994.
3.
Pretensiones
El
representante legal de “Sintravecol” solicita al juez de tutela se ordene
adoptar las siguientes medidas:
1° Se
ordene a VECOL S.A. la cesación de cualquier discriminación contra trabajador
alguno que se encuentre sindicalizado.
2° Se
ordene a la empresa demandada, hacer extensivos los aumentos salariales
concedidos a los trabajadores no sindicalizados y excluidos de la convención
colectiva, de acuerdo con el incremento ordenado por la resolución 026-94
emitida por la Gerencia de VECOL S.A.
3° Así
mismo, se ordene la nivelación salarial de los empleados que laboran en un
mismo cargo, de acuerdo con la intensidad horaria, la igualdad de funciones y
la eficiencia.
4° Se
ordene a la empresa de productos veterinarios, dar un tratamiento igualitario a
todos los trabajadores en lo atinente a la concesión de créditos para vivienda
y educación.
4.
Pruebas aportadas por el solicitante
Con la
presentación de la demanda, el representante del Sindicato de trabajadores de
la Empresa Colombiana de Productos Veterinarios S.A., adjuntó, entre otras, las
siguientes pruebas como material sustentatorio de sus afirmaciones:
a)
Versión original del laudo arbitral proferido por el respectivo tribunal
arbitral que decidió el conflicto surgido entre la Empresa Colombiana de
Productos Veterinarios "VECOL S.A." y el sindicato de sus
trabajadores: " Sintravecol".
b) Copia
de la resolución N° 026-94 por la cual el Gerente General de VECOL S.A. decide
establecer una nueva política de salarios y reglamentar la administración de
los beneficios extralegales otorgados a los trabajadores no convencionados de
la empresa.
c) Copia
de certificados de pago expedidos por la empresa demandada en los que se hace
constar que el salario recibido por trabajadores sindicalizados, es inferior al
salario recibido por trabajadores no sindicalizados, quienes tienen a su cargo
las mismas actividades que los primeros.
d)
Informe comparativo elaborado, al parecer por el solicitante, en el que se
contraponen, para evidenciar la discriminación, el tratamiento salarial
ofrecido a los  empleados sindicalizados y a los no sindicalizados.
e) Notas
donde constan los créditos otorgados por la empresa a José Edilberto Cantor,
-Sindicalizado- por un millón quinientos mil pesos ( $1`500.000); y a Gonzalo
Guasca Ríos -no sindicalizado-, por un millón setecientos ochenta y cuatro mil
pesos ($1`784.000).
II.
ACTUACION JUDICIAL
1.
Única instancia
Mediante
sentencia de noviembre 24 de 1995, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
-Sección segunda- decidió declarar improcedentes las pretensiones contenidas en
la demanda de tutela presentada por Miguel Alfredo Silva en representación de
“Sintravecol”, con fundamento en las siguientes consideraciones:
Estimó
el Tribunal que en el caso sometido a examen, la Empresa de Productos
Veterinarios VECOL S.A. no había violado los derechos fundamentales de los trabajadores
de Sintravecol, toda vez que la empresa jamás había impedido el normal
funcionamiento de la organización sindical. Asegura adicionalmente que si la
organización de trabajadores se siente vulnerada en sus derechos laborales,
debe recurrir a los medios de defensa judicial que le ofrece la legislación
laboral para tales fines.
2.
Intervención del apoderado judicial de VECOL S.A.
Una vez
seleccionado el presente proceso para su revisión por parte de la sala N° 1 de
selección, se presentaron a esta Corporación dos memoriales suscritos por el
apoderado de la parte demandada. De las  intervenciones pueden destacarse los
siguientes apartes:
Manifiesta
el representante judicial de la empresa VECOL S.A. que las afirmaciones
contenidas en la demanda presentada por  el representante de “Sintravecol” no
corresponden en la mayoría de los casos a la verdad de los hechos, y que por
eso es necesario hacer claridad acerca de los supuestos que deben tenerse en
cuenta a la hora de proferir el fallo de tutela que desate el conflicto. Para
tal efecto incluye prueba  documental de sus afirmaciones.
1° En
primer lugar, asegura el apoderado que no todos los trabajadores que la demanda
consignó como vinculados al sindicato son trabajadores de la empresa-. ( Los
señores José Domingo Soriano y Antonio Duran se retiraron por cumplir con su
tiempo de servicio en la empresa antes de que se interpusiera la demanda de
tutela. Los trabajadores Miguel Antonio Abella y Alfonso Pacheco lo hicieron,
por la misma razón, días después de interpuesta la demanda). Así mismo el
demandante no incluyó en su relación, trabajadores que se encontraban
vinculados al sindicato.
2°
Seguidamente manifiesta las razones que pretenden desvirtuar las acusaciones de
supuesta discriminación laboral que endilga el sindicato de trabajadores a la
empresa. Para tal efecto, adjunta la relación de las pruebas que sustentan el
hecho de que VECOL S.A. ha realizado los aumentos salariales de acuerdo con lo
establecido en las convenciones colectivas firmadas por ambas partes. Asegura
en consonancia, que los trabajadores sindicalizados no aceptaron la política
propuesta por la empresa para remunerar el trabajo de acuerdo con la
productividad del empleado, sino que se atuvieron al régimen de graduación
salarial que, antes de entrar a regir la nueva política empresarial, venía
funcionando para la totalidad  de los empleados de la empresa. Esto quiere
decir que los trabajadores sindicalizados no se acogieron al sistema de
graduación personal del salario, sino que decidieron permanecer cobijados por
el sistema que graduaba dicho factor salarial de manera genérica, sin
consideración al rendimiento de su trabajo.
3°
Aclara que dentro de la evaluación personal para determinar el incremento
salarial, se han presentado casos de personas no sindicalizadas que, debido a
su bajo rendimiento, no obtuvieron el correspondiente aumento. Casos también
los hay, de empleados sindicalizados que reciben mayor remuneración que los
compañeros no sindicalizados que realizan labores semejantes a las suyas. Más
adelante aclara que las diferencias salariales entre unos y otros trabajadores
se encuentran debidamente justificadas de acuerdo con su antiguedad, su
desempeño profesional, su régimen de cesantías, su capacitación y nivel
académico. (adjunta los casos que ejemplifican sus afirmaciones)
4° De
otro lado el abogado asegura que las deserciones y afiliaciones de personal con
respecto al sindicato, no están relacionadas con el manejo de la política
salarial que la empresa ha venido proponiendo. Adjunta para dichos efectos,
prueba de cinco trabajadores que, aun después de haberse instaurado la nueva
política de aumento salarial personalizado, decidieron vincularse a la
organización sindical; y prueba de que a pesar de la entrada en vigencia de dicha
política, no ha habido deserciones del sindicato desde agosto de 1994.
5°
Además, relaciona el representante de VECOL S.A. la serie de beneficios
extracontractuales que la empresa ofrece a la totalidad de sus empleados, como
son bonificaciones esporádicas, dotación de vestidos para las secretarias
(sindicalizadas y no sindicalizadas), cubrimiento de pólizas de hospitalización
y cirugía, celebraciones por motivos especiales, regalos de navidad, etc.
6° Alega
el aludido que el incremento adicional ordenado por la resolución 026-94 no es
tal, pues corresponde, como lo aclara la misma, al que debería beneficiar de
todas maneras a los trabajadores según  la decisión de la Convención Colectiva,
laudo arbitral o disposición legal; y que se determinó de aquella forma con el
objetivo de implantar el nuevo sistema de política salarial. Estos no
constituyen, se reitera, aumentos adicionales, sino ajustes de cada empleado a
la  nueva política de aumento de salarios.
7° En
cuanto a la entrada en vigencia del laudo arbitral, manifiesta el interviniente
que ésta se determinó a partir del 1° de enero de 1995, y no desde el 1° de
agosto de 1994, según la decisión unánime de los árbitros que conformaron el
tribunal, decisión que se entiende aceptada por los empleados sindicalizados
una vez sometieron la solución del conflicto ante el Tribunal de Arbitramento.
8° En lo
referente a los préstamos y a la supuesta discriminación a que son sometidos en
su otorgamiento los empleados del sindicato, el representante de VECOL S.A.
asegura que las diferencias entre las sumas se deben al cálculo que se utiliza
para determinarlas, cálculo que debe tener en cuenta el salario de los
empleados y su real capacidad de pago, así como, para los casos de préstamos
estudiantiles, la configuración familiar del solicitante.
9°
Presenta también las pruebas que confutan la afirmación según la cual, las
promociones de trabajadores se hacen teniendo en cuenta la vinculación o no del
empleado al sindicato de la empresa-. Con tal propósito, adjunta documentos en
los que se demuestra que los nombres de trabajadores sindicalizados aparecen en
las actividades de promoción y capacitación presentadas por la empresa-.
10°
Rechaza finalmente que VECOL S.A. haya promovido ascensos a los trabajadores
que decidan deponer de su vinculación al sindicato, y que, bajo las mismas
condiciones, haya otorgado aumentos salariales.
11° En
escrito posterior, el aludido abogado puntualiza "... Véase cómo, al no
haber ejercido la acción el demandante como mecanismo transitorio y al
pretender por vía de tutela precaver la vulneración de derechos fundamentales
constitucionales existiendo el procedimiento laboral ordinario como medio de
defensa que debe utilizarse de preferencia, la acción de tutela instaurada, es
improcedente"
3.
Intervención del representante legal de “Sintravecol”
En igual
oportunidad procesal intervino el representante legal de  “Sintravecol”
mediante la presentación de algunos escritos que pretenden desvirtuar las
afirmaciones hechas por el apoderado de VECOL S.A., en los siguientes términos:
1°
Presenta el demandante un total de cinco (5) folios con cuadros comparativos y
estadísticos en los que se pretende mostrar las diferencias salariales existentes
entre los trabajadores sindicalizados y los no sindicalizados y las diferencias
en el tratamiento a los créditos educativos para unos y otros. Adicionalmente
presenta una tabla en la que se relacionan los salarios de los diferentes
grupos de trabajadores. En ese orden de ideas, asegura que los aumentos
recibidos por los trabajadores sindicalizados están destinados a cubrir la
pérdida de poder adquisitivo de la moneda, y no constituyen verdaderos
incrementos salariales, como es el caso de los demás trabajadores.
2° Acusa
a la empresa de permitir que se sigan presentando casos en los que a pesar de
la igualdad de las labores desarrolladas por los trabajos, la remuneración es
diferente de acuerdo con la afiliación o no del empleado al sindicato. Aduce también
que la negociación colectiva a que se sometieron, vulneró sus derechos porque
desconoció el aumento de cinco meses que sí se le reconoció a los demás
trabajadores; además de que la empresa no reconoció el incremento sino 18 días
después de lo ordenado.
3°
Aclara que la política de regulación de salarios según la productividad del
trabajador, reservada solamente para los trabajadores no sindicalizados, forma
parte de los instrumentos empresariales generadores de desigualdad.
4° El
demandante agrega copia de una denuncia pública hecha contra VECOL S.A.,
relativa a las discriminaciones anteriormente aludidas.
III.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1.
Competencia
De
conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241, numeral 9o. de la
Constitución Política y 31 a 36 del decreto 2591 de 1991, la Sala Novena de
Revisión de la Corte Constitucional, es competente para revisar el fallo de
tutela de la referencia.
2.
Unificación de jurisprudencia de la Corte Constitucional, en relación con los
conflictos laborales derivados del contrato de trabajo.
La Sala
Plena de la Corte Constitucional al resolver por sentencia de unificación No.
342 de 1995, un caso en que se discutía el establecimiento, a través de un
pacto colectivo, de condiciones de trabajo diferentes a las previstas para
trabajadores sindicalizados, estableció, frente a la existencia de otros medios
de defensa judicial,  una doctrina según la cual, la solución de los conflictos
laborales que se originan del contrato de trabajo -diferencias entre patronos y
trabajadores-, y que amenacen o vulneren derechos fundamentales, corresponde al
juez de tutela; por el contrario, cuando el conflicto conlleve el
desconocimiento de derechos de rango legal, corresponde dirimirlos al juez
laboral.
La
sentencia citada se refirió al tema, en los siguientes términos:
"Los
juzgadores de instancia negaron la tutela impetrada por considerar que las
pretensiones de los actores no se podían actuar a través de la acción de
tutela, sino acudiendo a los trámites propios de un proceso ante la justicia
ordinaria laboral.
No
comparte la Corte dicha apreciación por las siguientes razones:
Los
derechos laborales deben ser considerados y analizados dentro del campo del derecho
individual o del derecho colectivo del trabajo.
El
contrato de trabajo que rige una relación de trabajo de carácter particular
constituye la fuente principal de la cual se derivan una serie de deberes,
obligaciones y derechos tanto para el patrono como para el trabajador.
Los
conflictos que se originan con motivo del contrato de trabajo, entre los
patronos y los trabajadores, pueden implicar la violación de derechos
fundamentales de éstos, o el desconocimiento de derechos fundados o que tienen
origen en normas de rango legal. Cuando el conflicto atañe a la violación o
amenaza de violación de un derecho constitucional fundamental su solución
corresponde al juez de tutela, en cambio cuando la controversia se origina
directa o indirectamente del contrato de trabajo y naturalmente versa sobre la
violación de derechos de rango legal, consagrados en la legislación laboral, su
solución corresponde al juez laboral (art. 2 C.P.)”. (Magistrado Ponente,
doctor Antonio Barrera Carbonell)
De
acuerdo con lo anterior y siguiendo los criterios adoptados por la Corte
Constitucional, la protección de los derechos constitucionales fundamentales
que puedan resultar afectados en los conflictos laborales, se garantizan a
través de la acción de tutela, la cual ofrece la eficacia e idoneidad de que
carecen las vías ordinarias que, como se dijo, están dirigidas preferentemente
a la protección de derechos que no ostentan la categoría de fundamentales.
3.1
Igualdad y derecho de asociación sindical
La
jurisprudencia reiterada de esta Corporación ha sostenido, en relación con el
derecho a la igualdad y sus claras y específicas implicaciones, que éste no se
traduce en una igualdad mecánica y matemática, sino en el otorgamiento de un
trato igual compatible con las diversas condiciones del sujeto, lo cual trae
como consecuencia que la aplicación efectiva de la igualdad frente a una
determinada circunstancia, no puede ignorar las exigencias propias de la
diversidad de condiciones que afectan o caracterizan a cada uno de los sujetos.
Sobre el
particular, ha señalado la Corte:
“La
igualdad designa un concepto relacional y no una cualidad. Es una relación que
se da al menos entre dos personas, objetos o situaciones. Es siempre resultado
de un juicio que recae sobre una pluralidad de elementos, los "términos de
comparación". Cuáles sean éstos o las características que los distinguen,
no es cosa dada por la realidad empírica sino determinada por el sujeto, según
el punto de vista desde el cual lleva a cabo el juicio de igualdad. La determinación
del punto de referencia, comúnmente llamado tertium comparationis, para
establecer cuando una diferencia es relevante, es una determinación
libre más no arbitraria, y sólo a partir de ella tiene sentido cualquier juicio
de igualdad.” (Sentencia No. T-422 de 1992, Magistrado Ponente, doctor Eduardo
Cifuentes Muñoz)
Así
entonces, el principio de igualdad descrito en los artículos 5o. Y 13 de la
Constitución Política, pregona un mismo trato, sin discriminación, para todas
las personas que se encuentran frente a una misma situación jurídica. Pero una
cosa es la discriminación y otra muy distinta el trato diferente. Este último,
si se encuentra plenamente justificado, en forma objetiva y razonable, es
permitido, sin que pueda alegarse violación alguna del derecho a la igualdad.
En el
caso de la remuneración laboral, la propia Constitución Política al señalar en
su artículo 53 que la remuneración de un trabajador “es proporcional a la
cantidad y calidad del trabajo”, da vía libre a la posibilidad de otorgar una
mayor retribución a quien produce más y mejor. Así, cuando las diferencias se
presentan como consecuencia de factores objetivos o subjetivos que hacen justo
un mayor reconocimiento a quien más merece por su producción o preparación, por
su especialidad, por el tiempo que lleva desarrollando una labor o por las
claras circunstancias que sobrellevan la relación de trabajo, no puede
considerarse dicha actitud como discriminatoria ni, por consiguiente, como violatoria
del derecho a la igualdad.
Obviamente,
las razones esgrimidas para establecer diferencias salariales cuando se trata
de trabajadores que se encuentran en igualdad de condiciones, como ya se dijo,
deben ser en todos los casos razonables y justificadas, de manera que no puedan
corresponder al simple capricho del patrono, ni implicar una retaliación para
todos aquellos trabajadores que ejercen derechos reconocidos por la
Constitución y la ley, o simplemente se trate de prerrogativas que estimulen su
no ejercicio.
De
acuerdo con lo afirmado, no es admisible la discriminación proveniente del
hecho de estar o no afiliado a un sindicato. Es decir, el favorecer a los no
sindicalizados en perjuicio de los sindicalizados, vulnera no sólo el derecho a
la igualdad, sino también el derecho de libre asociación sindical consagrado en
el artículo 39 de la Constitución Política.
En este
orden de ideas, frente al caso concreto, la Sala debe determinar si las
afirmaciones hechas por el demandante y generadoras de la supuesta
discriminación, suceden realmente sin explicación razonable u objetiva y,
además, si son atribuibles al patrono.
3.
El caso concreto
En
primer lugar debe aclararse que el demandante, actuando como representante
legal del sindicato de trabajadores de la Empresa Colombiana de Productos
Veterinarios “Sintravecol”, lo hace a nombre de todos y cada uno de sus
integrantes. Para acreditar la mencionada representación, el actor anexó a la
demanda de tutela copia auténtica de la resolución No. 146 de mayo 15 de 1995,
mediante la cual se ordena la Inscripción de la nueva junta directiva de la
organización sindical “Sintravecol” (a folio 146).
De las
pruebas aportadas al expediente puede colegirse, que la última convención
colectiva suscrita entre el patrono y la organización sindical, tuvo vigencia
de dos años contados a partir del primero de agosto de 1992 y hasta el 31 de
julio de 1994, y que hasta antes del mes de agosto de 1994, se realizaban
aumentos salariales anuales para todos los trabajadores -sindicalizados o no- y
se aplicaban porcentajes similares, tomando en consideración la inflación para
el período contemplado.
Sin
embargo, en razón de que “Sintravecol” para agosto de 1994 agrupaba menos de la
tercera parte de los empleados de la empresa, ésta estableció una nueva
política salarial, basada en el nivel de productividad del empleado, de manera
que su aumento en adelante, dependiera de la evaluación de su capacidad de
producción -Resolución de Gerencia No. 026-94 de septiembre de 1994-. La nueva
política conocida a través de la resolución mencionada, no fue considerada por
el sindicato de manera específica en el proceso de negociación colectiva que se
desarrollaba para esa época.
Explica
el apoderado del demandante que “para el ajuste salarial de cada trabajador, se
parte de una evaluación de productividad que determina el porcentaje de ajuste
para cada caso específico. Así, a cada empleado se le evalúa su desempeño
anualmente coincidiendo con el mes de ingreso a la empresa. Dependiendo de sus resultados,
el evaluado se hace acreedor al incremento anual de salario, aplicable a partir
del primer día del mes siguiente a su aniversario en la empresa, por tiempo de
servicio.”
Los
factores a tener en cuenta para incrementar el salario según la propia resolución,
son: Resultados de la evaluación, el régimen de cesantías que tenga el
empleado, situación salarial del trabajador en relación al mercado y a cargos
similares dentro de la empresa y el índice de precios al consumidor para el año
inmediatamente anterior a la fecha de aplicación del aumento. Ciertamente dicho
sistema trae como consecuencia el que los trabajadores tengan fechas de aumento
anuales diferentes entre si, dependiendo de su fecha de ingreso a la empresa y
de los factores anotados. Ello quiere indicar, que dependiendo de su desempeño,
su salario podrá aumentar o disminuir, y que los aumentos no sean los mismos
para todos ni entrarán a regir en la mismas fechas.
Ahora
bien, frente a ésta nueva política salarial existe en el expediente prueba  de
trabajadores que por su bajo desempeño no han obtenido aumento, existiendo por
tanto una diferencia a favor de quienes están sindicalizados o de quienes se
han visto favorecidos por la evaluación, producto de su rendimiento laboral. En
el libro de anexos punto No. 1 a 4, aparece el caso particular de la empleada
Sandra Peñaloza quien no siendo parte de la organización sindical y de
conformidad con la nueva política  de la empresa debía obtener su aumento el
día 1o. de septiembre de 1995, dado su bajo rendimiento no ha obtenido aumento
alguno (copia de su contrato de trabajo aparece en anexo 4k).
Pero la
diferencia salarial existente entre trabajadores que desempeñan el mismo oficio
no se desprende del nuevo sistema de evaluación de trabajadores no sindicalizados
ni de los alegados aumentos. Las pruebas aportadas al proceso, como es el
boletín de clasificación por niveles jerárquicos actualizado, a octubre 18 de
1995 demuestran, que trabajadores sindicalizados que desarrollan la misma labor
de algunos trabajadores no sindicalizados, devengan un mayor salario. Este es
el caso de Edgar Morales, quien a pesar de ser sindicalizado a octubre 18 de
1995, tiene un salario promedio de $220.102, mientras José Ricardo Colorado, no
sindicalizado, recibe a la misma fecha un salario promedio de $185.490.
Incluso, existe diferencia salarial entre trabajadores sindicalizados que
desarrollan el mismo oficio, como es el caso de Pedro Julio Moreno Páez y Juan
María Pinzón Cáceres, donde el primero devenga un salario promedio a 18 de
septiembre de 1995, de $256.289, en tanto que el último a la misma fecha tiene
un salario promedio de $226.664.
Evidentemente,
ocurren situaciones como las planteadas por el demandante en las cuales
trabajadores sindicalizados devengan un menor salario que otros que no
pertenecen a la organización, pero esto puede encontrar justificación en
factores determinantes del salario reconocidos por la Constitución y la ley
como lo son entre otros, la antigüedad, capacidad académica y técnica de los empleados
y el horario de trabajo.
Existen
pues diferencias salariales entre trabajadores que desarrollan el mismo oficio.
Pero la misma no se presenta en forma exclusiva, como lo afirma el demandante,
entre trabajadores sindicalizados y no sindicalizados, pues como quedó
demostrado, los factores de diferenciación se aplican sin prevención alguna a
trabajadores sindicalizados o no sindicalizados, o entre los mismos grupos, de
manera que mal haría esta Sala de Revisión en considerar únicamente las
diferencias contempladas entre trabajadores sindicalizados y no sindicalizados.
Cabría entonces en forma individual, la acción ordinaria ante el Juez laboral,
si un trabajador encuentra una diferencia salarial no justificada, en relación
con otro que desarrolla el mismo oficio en iguales condiciones (art. 143 del
C.S. T.).
Ahora
bien, en relación con la resolución de gerencia No.026-94, la cual para el
actor establece un aumento adicional a favor de los trabajadores no
convencionados, debe decirse que no le asiste razón al demandante, por cuanto
la misma se refiere a las nuevas directrices que van a regir  las políticas
salariales de la empresa y de ninguna manera busca favorecer a quienes se les
aplica, aumentándoles el salario o estableciendo beneficios especiales que no
favorecen a los trabajadores convencionados. Para demostrar lo anotado, basta
comparar la mencionada resolución con la convención colectiva de trabajo, y
encontrar que los beneficios consignados en la resolución son coincidentes y en
nada desbordan los derechos señalados en la convención. Asimismo, la
clasificación por niveles jerárquicos anexada al expediente demuestra
claramente, como ya se anoto, que las diferencias no son únicamente entre
trabajadores sindicalizados y no sindicalizados.
Alega el
demandante que los aumentos obtenidos por los trabajadores en el año de 1994,
son mayores a los concedidos en la convención. Sobre el particular debe
afirmarse que, de conformidad con la nueva política salarial de la empresa,
ésta se vio en la necesidad de desarrollar un programa de transición durante un
año contado a partir del 1o. de agosto de 1994, aumentando el salario de
aquellos que no habían tenido aumento desde agosto de 1993, de conformidad con
el índice de precios al consumidor certificado por el DANE, y que simplemente
buscaba recuperar el valor adquisitivo de los salarios de cada trabajador,
teniendo en cuenta que su aumento depende de las fechas de ingreso.
Lo
anterior trae como consecuencia, que los trabajadores no sindicalizados tengan
fechas de aumento anuales, diferentes entre si, dependiendo de la fecha de
ingreso a la empresa y del ajuste salarial, producto de la aplicación de los
diferentes factores salariales. Se desprende de ello que los aumentos salariales
hechos por la empresa a los trabajadores no sindicalizados y sindicalizados,
obedecen de manera estricta a las disposiciones establecidas para cada uno, por
convención colectiva, laudo arbitral o reglamentos para el personal no
sindicalizado, y no a una política empresarial tendiente a debilitar el
sindicato y discriminar a sus miembros.
Sobre el
particular no sobra recordar que durante los últimos años algunos miembros de
la organización sindical han optado por retirarse de la misma, motivados no por
políticas de la empresa tendientes a debilitar la organización sindical, sino
por diferencias con las propias directivas del sindicato relacionadas con el
manejo que éstas le dan a la organización, o por simple renuncia, o por cumplir
su tiempo de trabajo caso en el cual pasan a disfrutar de la respectiva pensión
de jubilación. Veamos algunos casos:
Los
señores José Domingo Soriano y Antonio Durán, trabajadores sindicalizados, se
retiraron de la empresa los días 2 de abril y 5 de junio de 1995, respectivamente,
el primero por renuncia voluntaria y el segundo por cumplir su tiempo de
trabajo. Copias autenticadas de las respectivas liquidaciones hacen parte del
expediente, cuaderno de anexos puntos No. 1 al 4.
Por otra
parte, la señora Mercedes Herrera y los señores Alfredo Rodríguez, Hernando
Avendaño y Arnulfo Gómez, en los años comprendidos entre 1989 y 1992,
presentaron renuncia a la organización sindical “Sintravecol”, por no compartir
la política equívoca adelantada por las directivas del sindicato. Prueba de
ello, aparece en el cuaderno de anexos punto 1 a 4, anexo 4ñ.
Asimismo,
después de entrar en vigencia la nueva política salarial de la empresa y el
laudo arbitral que rige los destinos de los trabajadores sindicalizados, han
ingresado en septiembre de 1995 a la organización sindical, 5 trabajadores más
(prueba de ello aparece en el anexo punto No. 1 al 4, 4ñ), y no se encuentra
retiro alguno después de agosto de 1994. Ello indica, que no sólo no existen
mejores beneficios para los trabajadores no sindicalizados, sino además, que
los beneficios otorgados a los miembros del sindicato, son iguales o similares
a los que tienen los trabajadores no convencionados.
En
relación con los beneficios adicionales, no está plenamente demostrado que a
través de ellos se busque favorecer de manera exclusiva a los trabajadores que
no pertenecen al sindicato. En el cuaderno de anexos 1 a 4, aparecen copias de
recibos y resoluciones de gerencia que consignan ganancias ocasionales
concedidas en los años de 1989, 1990 y 1996 a todos los trabajadores
sindicalizados y no sindicalizados. Igual situación se presenta con los
préstamos para vivienda que tienen una reglamentación y presupuesto diferente
para trabajadores sindicalizados y no sindicalizados -resoluciones de gerencia
No. 008-95, 009-95 y 001-96-, cuyo otorgamiento y cuantía dependen de factores
tales como destino del préstamo, salario del trabajador y capacidad de pago.
Del mismo, han resultado beneficiados tanto trabajadores sindicalizados como no
sindicalizados (cuaderno de anexos 6 a 28, anexo 28a., 28b.). Respecto de los
préstamos educativos, éstos dependen del número de solicitudes, número de
hijos, nivel educativo y del dinero destinado para dichos rublos, por lo que
mal podrían establecerse comparaciones entre trabajadores que lo han solicitado
sin tener en cuenta estos aspectos.
Respecto
del laudo arbitral adoptado por unanimidad y homologado por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, cabe afirmar que las
condiciones en él contenidas no son atribuibles al patrono, de manera que si
éste reconoció un aumento salarial, en gracia de discusión, diferente en
relación con los trabajadores no sindicalizados, no puede alegarse
discriminación laboral de la empresa, pues para que ella exista, debe ser
producto de una actuación del patrono (SU 342 de 1995). En este caso, nada tuvo
que ver la empresa VECOL S.A. con la decisión adoptada por el tribunal de
Arbitramento, producto del ejercicio de la función de administrar justicia,
reglamentada en la Constitución Política y la ley.
La labor
de la empresa se limita entonces, a dar estricto cumplimiento a una sentencia
ejecutoriada que homologa el laudo arbitral. Sentencia, que no ha sido objeto
de controversia en la presente acción de tutela y que por tanto no puede ser
desconocida por el Juez constitucional.
En
relación con el tema, la jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido:
“No
obstante, la protección excepcional no cabe de ninguna manera contra la
empresa, cuando ésta se limita a ejecutar lo dispuesto en una sentencia
judicial ejecutoriada o en un laudo arbitral, que al fin y al cabo corresponde
al ejercicio de la función de administrar justicia por particulares, según lo
autoriza el artículo 116 de la Constitución Política. Allí, mientras el patrono
acate de manera íntegra lo dispuesto por los jueces, actúa en desarrollo de una
conducta legítima contra la cual no procede la tutela, según el diáfano texto
del artículo 45 del Decreto 2591 de 1991.”
“
(...) los trabajadores que intentaron la acción la dirigieron contra FEBOR y no
atacaron ni el laudo pronunciado por el Tribunal de Arbitramento Obligatorio
constituido en 1993 por orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para
dirimir el conflicto colectivo planteado entre la Empresa y el Sindicato, ni
tampoco la Sentencia mediante la cual el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Santa Fe de Bogotá -Sala Laboral- resolvió acerca del recurso de
homologación intentado contra la decisión arbitral.”
“En
el asunto objeto de controversia en este proceso -el relativo al monto de los
aumentos salariales y las fechas de su aplicación-, resulta claro que FEBOR se
limitó a cumplir el Laudo Arbitral en los términos en que lo dispuso la
correspondiente sentencia de homologación, no habiendo lugar entonces a reclamo
alguno contra su conducta, cuando menos en la materia considerada.” (Sentencia
No. T-136 de 1995, Magistrado Ponente, doctor José Gregorio Hernández Galindo)
Finalmente,
el desacuerdo originado por la aplicación o no del artículo 192 del C.S.T.,
referente a la forma como deben liquidarse las vacaciones, constituye una
discusión sobre derechos de orden legal cuya compentencia, de conformidad con
la jurisprudencia de esta Corporación -SU-342 de 1995-, radica en cabeza del
juez laboral.
De lo
expuesto surge con claridad que  la empresa VECOL S.A., no ha realizado ninguna
actividad tendiente a desconocer los derechos a la igualdad, trabajo y
asociación sindical de los miembros de “Sintravecol”, y que su política
salarial no está dirigida a desmejorar los salarios de los miembros de la
organización sindical “Sintravecol”, razón por la cual la Sala procederá a
confirmar el fallo proferido por el tribunal Administrativo de Cundinamarca,
pero por las razones consignadas en esta providencia.
DECISION
En
mérito de lo expuesto, la Sala Novena de Revisión  de la Corte Constitucional,
en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
R E S U E L V E :
Primero:
CONFIRMAR la
providencia del veinticuatro (24) de noviembre de 1995, proferida por el
Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas
en esta providencia.
Segundo:
ORDENAR que
por la Secretaría General de esta Corporación, se comunique esta providencia al
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la forma y para los efectos
previstos en el artículo 36 del decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado Ponente
JORGE ARANGO MEJIA
Magistrado
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE
MONCALEANO
Secretaria General