T-423-17
Sentencia T-423/17
DERECHO FUNDAMENTAL A MORIR DIGNAMENTE-Caso en que
se solicita aplicar procedimiento de eutanasia a joven con enfermedad terminal
AGENCIA OFICIOSA EN TUTELA-Se pueden
agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones
de promover su propia defensa
AGENCIA OFICIOSA EN TUTELA-Requisitos
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO-Fenómeno que
puede presentarse a partir de dos eventos que a su vez sugieren consecuencias
distintas: hecho superado y daño consumado
Esta
Corporación ha conocido numerosos casos en los que durante el proceso de amparo
se presentan circunstancias que permiten inferir o acreditar que las
vulneraciones o amenazas invocadas cesaron porque: (i) se materializó el daño
alegado; (ii) se satisfizo el derecho fundamental afectado; o (iii) se presentó
la inocuidad de las pretensiones de la solicitud de amparo. La Corte ha
concluido que estas situaciones generan la extinción del objeto jurídico de la
tutela, por lo que cualquier orden de protección proferida por el juez caería
en el vacío, fenómeno que ha sido denominado como “carencia actual de objeto”,
el cual se presenta por la ocurrencia de hecho superado o de daño consumado.
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR
HECHO SUPERADO-Configuración
Se está ante un hecho superado
cuando durante el trámite de amparo las acciones
u omisiones que amenazan el derecho fundamental desaparecen por la satisfacción
de la pretensión que sustenta la acción de tutela, por lo que la orden a
impartir por parte del juez constitucional pierde su razón de ser, en tanto el
derecho ya no se encuentra en riesgo.
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO-No impide a
la Corte Constitucional pronunciamiento de fondo sobre la existencia de una
violación de derechos fundamentales y futuras violaciones
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR DAÑO CONSUMADO-Configuración
El daño consumado se presenta
cuando se ocasionó el daño que se
pretendía evitar con la orden de protección del juez de tutela, debido a que no
se reparó oportunamente la vulneración del derecho; en otras palabras, cuando la amenaza o la transgresión del derecho fundamental ya ha generado
el perjuicio que se pretendía evitar con el mecanismo preferente de la tutela.
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR
DAÑO CONSUMADO-No impide a la Corte Constitucional pronunciamiento de
fondo sobre la existencia de una violación de derechos fundamentales y futuras violaciones
DERECHO FUNDAMENTAL A MORIR
DIGNAMENTE-Evolución jurisprudencial
DERECHO A LA
SALUD-Doble connotación al ser un
derecho fundamental y al mismo tiempo un servicio público
PRINCIPIO DE
INTEGRALIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SALUD-La prestación del servicio de salud debe ser oportuna,
eficiente y de calidad
FUNDAMENTALIDAD
DEL DERECHO A LA SALUD-Principios
rectores como eficiencia, universalidad y solidaridad
DERECHO
FUNDAMENTAL A LA SALUD-Elementos
esenciales
(i)
Disponibilidad, en virtud del cual el Estado deberá garantizar la existencia de
servicios y tecnologías e instituciones de salud, así como de programas de
salud y personal médico y profesional competente; (ii) aceptabilidad, según el
cual los diferentes agentes del sistema deben ser respetuosos de la ética
médica así como de las diversas culturas de las personas; (iii) accesibilidad,
que indica que los servicios y tecnologías de salud deben ser accesibles a
todos, en condiciones de igualdad, dentro del respeto a las especificidades de
los diversos grupos vulnerables y al pluralismo cultural, y comprende la no
discriminación, la accesibilidad física, la asequibilidad económica y el acceso
a la información; y (iv) calidad e idoneidad profesional, que supone que los
establecimientos, servicios y tecnologías de salud deberán estar centrados en
el usuario, ser apropiados desde el punto de vista médico y técnico y responder
a estándares de calidad aceptados por las comunidades científicas.
DERECHO A LA SALUD Y PRINCIPIO
DE INTEGRALIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO
DERECHO A LA
SALUD Y A LA VIDA EN CONDICIONES DIGNAS-Vulneración al imponer barreras administrativas y
burocráticas
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR
DAÑO CONSUMADO-Barreras administrativas a las que fue sometida la agenciada para acceder
a procedimiento de eutanasia, la afectaron gravemente a ella y a su núcleo
familiar
DERECHO FUNDAMENTAL A MORIR DIGNAMENTE-Reiterar
exhorto al Congreso de la República para que proceda a regular el derecho
fundamental a morir dignamente
Referencia: Expediente T-6.061.533
Acción de tutela instaurada por Adriana como agente oficiosa
de su hija Sofía[1], contra la Unidad
Administrativa Especial de Salud de Arauca -UAESA-, la ESE Hospital San Vicente
de Arauca y la Nueva EPS.
Magistrado Ponente (e.)
IVÁN HUMBERTO ESCRUCERÍA MAYOLO
Bogotá D.C., cuatro (4) de julio de dos mil diecisiete (2017)
La Sala Sexta de Revisión de
tutelas de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Alberto Rojas
Ríos, Cristina Pardo Schlesinger e Iván Humberto Escrucería Mayolo (e.), quien
la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
profiere la siguiente:
SENTENCIA
Dentro
del proceso de revisión del fallo de tutela proferido por el Juzgado Segundo
Administrativo Oral del Circuito de Arauca, en la acción de tutela instaurada por Adriana como agente oficiosa de su hija Sofía,
contra la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca -UAESA-, la ESE
Hospital San Vicente de Arauca y la Nueva EPS.
I.    ANTECEDENTES
Con el fin de proteger el derecho
fundamental a la intimidad y a la confidencialidad de la agenciada y de su
familia, la Sala ha decidido reemplazar las referencias a su identificación en
el presente proceso[2]. En consecuencia, para todos los efectos
de la presente sentencia, el nombre de la accionante será reemplazado por el de
Adriana, el de la agenciada por el de Sofía, y el de su médico
tratante particular por el de Luis.
El 20 de octubre de 2016 la
señora Adriana, actuando por
intermedio de apoderado judicial y como agente oficiosa de su hija Sofía,
instaura acción de tutela contra la Unidad Administrativa Especial de Salud de
Arauca -UAESA-, la ESE Hospital San Vicente de Arauca y la Nueva EPS, al
considerar vulnerados los derechos fundamentales a la salud y a morir
dignamente de la agenciada. Para sustentar su demanda relató el siguiente
acontecer fáctico:
1.
Hechos
1.1.
Manifiesta que Sofía, de 24 años de edad, se encuentra
afiliada a la Nueva EPS del régimen contributivo en calidad de cotizante y que
su red de servicios médicos es la ESE Hospital San Vicente de Arauca.
1.2.
Indica que en el mes de febrero de 2016 los galenos de ese Hospital
le detectaron un “tumor neuroectodérmico primitivo”, por lo que fue
remitida al Hospital San Ignacio de Bogotá, donde fue diagnosticada con un
cáncer agresivo en etapa terminal.
1.3.
Sostiene que ante la gravedad de la enfermedad de su hija decidió
llevarla a Estados Unidos, donde no recibió ninguna esperanza de recuperación
y, por el contrario, se le informó que la probabilidad de vida de la joven era
de seis meses.
1.4.
Refiere que entre los meses de marzo y julio de 2016 le fueron
realizadas seis sesiones de quimioterapia en el Hospital San Ignacio de Bogotá
sin obtener resultados positivos. Incluso, agrega, desde el mismo momento del
diagnóstico la enfermedad ha sido agresiva y progresiva, ya que hizo metástasis
al punto de tener más de diez tumores en todo su cuerpo.
1.5.
Aduce que para el mes de agosto de 2016 su hija decidió no continuar
con el tratamiento, “puesto que no se veía recuperación y además le causaba
intensa astenia, adinamia, cefalea, náuseas y vómito”, efectos secundarios
que le impedían desarrollar sus actividades cotidianas sin ayuda de terceros.
Por lo anterior, fue llevada a su casa donde ha sido atendida por el Doctor Luis,
médico internista del Hospital San Vicente de Arauca.
1.6.
Agrega que en varias oportunidades Sofía ha sido remitida a tal
ESE para que le sea suministrada morfina debido a los fuertes dolores que se
tornan insoportables; asimismo, que ha bajado de peso considerablemente lo que
ha deteriorado su estado funcional y su calidad de vida.
1.7.
Señala que en varias oportunidades la joven le solicitó al médico
internista que le practicara la eutanasia, a lo cual el galeno le manifestó
verbalmente que no realizaría dicho procedimiento.
1.8.
Arguye que el 3 de octubre de 2016 Sofía y su madre presentaron
una solicitud por escrito al Gerente del Hospital San Vicente de Arauca para que
se autorizara el mencionado procedimiento, recibiendo como respuesta que de
conformidad con lo establecido en el artículo 5[3] de la Resolución 1216 de 2015[4] del Ministerio de
Salud y Protección Social la entidad no estaba en la obligación de llevarlo a
cabo, por cuanto no cuenta con un médico especialista en oncología que permita
conformar un Comité Científico Interdisciplinario.
1.9.
Comenta que para la fecha de la presentación de la tutela habían
transcurrido más de ocho días sin que el Hospital San Vicente de Arauca
informara de la situación a la Nueva EPS, y así esa entidad prestara el servicio
requerido.
1.10.
Con sustento en lo anterior, solicita que se conceda la protección
de los derechos fundamentales a la salud y a morir dignamente a favor de su
hija y que se ordene: (i) a la ESE Hospital San Vicente de Arauca, a la Nueva
EPS o a la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca practicar el
procedimiento de eutanasia; (ii) a la ESE Hospital San Vicente de Arauca y a la
Nueva EPS crear el Comité Científico Interdisciplinario en un término no
superior a un mes; y (iii) a la Unidad Administrativa Especial de Salud de
Arauca realizar el acompañamiento y seguimiento de la ejecución del procedimiento
solicitado, así mismo crear las guías y protocolos para que los hospitales del
Departamento de Arauca implementen los Comités Científicos Interdisciplinarios
y se evite a futuro la vulneración de los derechos fundamentales de los
pacientes con enfermedades crónicas en etapa terminal.
2.
Trámite procesal
2.1.
Auto admisorio de la demanda
Mediante Auto del 20 de octubre de 2016 el Juzgado Segundo
Administrativo Oral del Circuito de Arauca admitió la acción de tutela.
En ese proveído se vinculó al Ministerio de Salud y Protección
Social y se ordenó notificar al Ministerio Público, así como a las demás
entidades accionadas, para que se pronunciaran sobre lo expuesto en la demanda.
De igual forma, ordenó al Hospital San Vicente de Arauca, a la Nueva EPS y a la
Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca que allegaran la copia
íntegra de la historia clínica de Sofía. Por último,
citó al Doctor Luis, médico internista del Hospital San Vicente de
Arauca, para que rindiera una declaración sobre los hechos planteados en la
demanda, con el fin de constatar y tener claridad sobre el estado de salud
actual de la paciente.
2.2.
Declaración del médico internista Luis
En diligencia celebrada el 21 de octubre de 2016 el Juzgado Segundo
Administrativo Oral del Circuito de Arauca recibió la declaración del médico
internista Luis, quien manifestó lo siguiente:
De manera preliminar, refirió que trabaja en el Hospital San Vicente
de Arauca desde hace 13 años y que se encuentra a cargo del servicio de
medicina interna.
Sobre el caso objeto de estudio indicó, en primer lugar, que Sofía
es una paciente de 24 años de edad con un diagnóstico de cáncer maligno
ectodérmico metastásico, catalogado como una enfermedad de origen embrionario.
Sostuvo que conocía a la joven desde hacía dos meses, momento a
partir del cual le brindó el servicio médico a domicilio y de manera particular,
por lo que no tiene una constancia de la historia clínica. Explicó que la
paciente fue revisada por oncología y recibió manejo por quimioterapia y
radioterapia, pero hubo resistencia al tratamiento, razón por la cual en ese
momento estaba siendo tratada solamente con cuidados paliativos en la última
escala que corresponde al suministro de opioides para el manejo del dolor. Agregó
que ese soporte estaba dirigido a mejorar la calidad de vida de la paciente y
aclaró que no era un tratamiento curativo.
En cuanto al tipo de dolor generado por la enfermedad, el médico señaló
que este era de carácter abdominal y lumbar. Según mencionó, fue manejado
inicialmente con morfina, pero la paciente mostraba resistencia a ese
tratamiento, por lo que se cambió el medicamento a un opioide llamado “hidromorfona”.
Este último, a su juicio, le permite tener una calidad de vida llevadera.
Por otro lado, adujo que el pronóstico de vida de Sofía fue
inicialmente de un año, término que se cumplió en el mes de noviembre de 2016.
Aunque aclaró que era difícil predecir el momento del fallecimiento, este podría
darse aproximadamente en los dos o tres meses siguientes. De igual modo,
manifestó que el deceso de la joven era inminente, dado que el tumor que padece
es resistente a la quimioterapia y a la radioterapia. La única opción sería retirarlo
del cuerpo; sin embargo, explicó que en este caso era imposible extraerlo por
el lugar en el que se encontraba ubicado. Consideró que someterla a otro
tratamiento “sería martirizarla”.
Acto seguido, el médico refirió que era necesario hacer manejo del
estado depresivo de la paciente. Agregó que las capacidades mentales de la
paciente estaban intactas y que ella estaba alerta. En cuanto a las capacidades
físicas sostuvo que la joven camina, se sienta y va al baño, actividades que
realiza de manera limitada pero valiéndose de sí misma. De igual forma,
constató que es consciente de su pronóstico de vida, y que está enterada de su
enfermedad y de las consecuencias de la misma.
Relató que los familiares de Sofía le comentaron su intención
de realizarse el proceso de la eutanasia, a lo cual él les indicó que se había
encariñado con la joven, por lo que la acompañaría en el proceso pero no lo
realizaría. Refirió que inicialmente fue la tía de la joven quien le manifestó el
querer de la paciente, por lo que él le preguntó a ella directamente sobre el
particular, a lo cual Sofía le contestó que efectivamente era su deseo
practicarse el procedimiento de eutanasia.
Indicó que en Arauca no se ha hecho la primera eutanasia y que esta
clase de servicios médicos debían hacerse en una institución con la capacidad
para este tipo de pacientes. En este caso, afirmó, le correspondería a la Nueva
EPS buscar los medios para practicarlo pero, al parecer, el Hospital San
Vicente de Arauca no tiene la infraestructura para ello.
Finalmente, aseguró que a pesar de la difícil decisión que implicaba
realizar este tipo de tratamientos, era necesario mirar al paciente, su
sufrimiento y ponerse en su lugar y el de sus familiares. Sin embargo, indicó
que le había sorprendido la decisión de la paciente porque él creía que ya
estaba mejor. Según relató, no sabe si fue por un ataque de depresión o
ansiedad que Sofía volvió a pedir la práctica de la eutanasia, por lo
que se preguntó: “¿ella realmente quiere que le realicen ese procedimiento?”
Lo anterior, porque en algunas ocasiones manifestó que no quería
recibir los medicamentos que le estaban suministrando por miedo a los efectos
colaterales. Según el declarante, la paciente prefiere aguantarse el dolor
antes de que le coloquen dichas medicinas, entonces, “si tiene miedo a los
efectos colaterales quiere decir que no se quiere morir”. Por ello, sugirió
que la paciente fuera valorada por psicología, con el fin de aclarar esa
situación y que sea el profesional quien determine si de verdad quiere ser
sometida a ese procedimiento.
2.3.
Declaración de la accionante Adriana
A través de Auto del 21 de octubre de 2016 el juzgado de
conocimiento ordenó la comparecencia de la señora Adriana, madre de la
agenciada, con el fin de que rindiera su declaración sobre los hechos de la
tutela, diligencia que se llevó a cabo ese mismo día y en la cual la accionante
señaló lo siguiente:
En primer lugar, informó que su hija padece “cáncer etapa 4”,
por lo que cada cuatro horas se le aplican tres ampollas de hidromorfona, así
como otros medicamentos. Sin embargo, estos no le hacen efecto y no se le
pueden suministrar más dosis porque le podría dar un infarto.
Indicó que “de la mitad del cuerpo para arriba es esqueleto y del
cuerpo para abajo está hinchada”, al punto en que a “veces le da miedo
que se estalle”. Además, no camina sola, no come y no duerme. Según
manifestó, la calidad de vida de su hija no es justa para un ser humano. Sostuvo
que la joven le ha manifestado que “ya no sabe ni qué le duele”, porque tiene
masas en el hígado, en el páncreas y en el retroperitoneo.
Agregó que a pesar de la enfermedad es una persona consciente, ya
que cada vez que le hacen un procedimiento entra a su celular para verificar
qué le están haciendo, por qué y qué consecuencias trae. Al respecto, comentó
que se le colocó un catéter epidural que su cuerpo no resistió, por lo que buscó
en internet a qué se debía ello para así refutar al anestesiólogo lo que estaba
pasando con su organismo. Informó que investigaba y averiguaba constantemente
sobre su enfermedad.
Por otro lado, adujo que la patología fue diagnosticada el 9 de
febrero de 2016, por lo que se dirigieron al Hospital San Ignacio de la ciudad
de Bogotá donde le hicieron varios ciclos de quimioterapia, pero estos le
causaron afectaciones en el corazón; además, los médicos le informaron que se
hiciera a la idea que “no había vuelta atrás”, que la enfermedad era
demasiado grave y se encontraba en estado avanzado. En virtud de lo anterior,
indicó que llevó a su hija a Estados Unidos donde también les dijeron que “no
había nada que hacer”. Arguyó que, incluso, se fueron a Leticia para
recibir unos tratamientos con indígenas, pero que estos tampoco funcionaron.
Refirió que luego de ello la joven habló con los oncólogos quienes
le informaron que su tratamiento era paliativo, que no le iba a mejorar o
disminuir su estado, razón por la cual tomó la decisión de no hacer más
quimioterapias, ya que las seis sesiones que se había realizado la “destruyeron
totalmente, no podía caminar”.
Acto seguido, la señora Adriana mencionó que desde la tercera
o cuarta quimioterapia su hija le manifestó que su cuerpo no iba a aguantar el
tratamiento y le dijo que “le prometiera que cuando se quisiera ir la iba a
ayudar en el proceso, porque no quería sufrir más”. Según comentó, un día
estaba en el baño llorando y diciéndole “mire como estoy, ayúdeme a irme, no
sea egoísta conmigo”.
Señaló que la joven le mencionó a su tía, al esposo de esta, al
médico internista y a ella su intención de someterse al procedimiento de
eutanasia. También aclaró que ella manifestó su consentimiento directamente y por
cuenta propia, y que tenía pleno conocimiento de su enfermedad y de sus
consecuencias.
Por último, en cuanto al trámite realizado, sostuvo que cuando fueron
al Hospital San Vicente de Arauca le dijeron que la responsable de garantizar
el procedimiento era la Unidad Administrativa Especial
de Salud de Arauca -UAESA-. Luego le indicaron que el
Hospital no contaba con la unidad de oncología para realizar el procedimiento. Afirmó
que la Nueva EPS la estuvo llamando pero que “les ha colgado porque
la da rabia”, ya que esas entidades deben estar pendientes de los
pacientes cuando tienen ciertas enfermedades y no aparecer en último momento
cuando se presentan esa clase de solicitudes. Además, indicó que esa entidad le
informó que tenía que ir a Bucaramanga para el procedimiento, pero su hija no
está en las condiciones de subirse en un avión por su estado de salud.
3.
Contestación de las entidades accionadas
3.1.
Unidad Administrativa Especial de Salud
de Arauca -UAESA-
En escrito allegado el 24 de octubre de 2016 el Jefe de la Oficina
Asesora Jurídica de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca señaló
que la competencia para autorizar y garantizar la atención en salud corresponde
a la EPS donde el paciente se encuentre afiliado, en este caso, la Nueva EPS. Por
lo anterior, aseguró que esa entidad no era el sujeto pasivo llamado a cumplir
con lo solicitado en la acción de tutela.
3.2.
ESE Hospital San Vicente de Arauca
Mediante
respuesta del 26 de octubre de 2016 el Director Encargado del Hospital San
Vicente de Arauca indicó que de acuerdo a la historia clínica que reposa en esa
entidad no se verifica que haya sido aprobada la remisión a la ciudad de Bogotá,
como tampoco la aprobación para su ingreso al Hospital San Ignacio como se
asevera en la demanda. Resaltó que desconoce de manera formal el diagnóstico
realizado por ese hospital sobre la enfermedad de la agenciada.
Por otro lado,
aseguró que a la unidad de correspondencia del Hospital San Vicente de Arauca
llegó una petición suscrita por la accionante a través de la cual solicitaba la
práctica del proceso de eutanasia para su hija Sofía. Aclaró que desde
el mismo momento en que recibió la solicitud, esto es, el 3 de octubre de 2016,
mantuvo comunicación con la madre de la joven y que el 6 de octubre siguiente
le manifestó el impedimento técnico, asistencial y jurídico de la institución
para proceder de conformidad con la petición.
Acto seguido,
señaló que la accionante debió solicitar el procedimiento de eutanasia al médico
tratante. No obstante, sostuvo, producto de la gestión por ellos realizada, el
20 de octubre de 2016 la Nueva EPS le informó al Hospital que en la ciudad de
Bucaramanga se encontraban habilitados los servicios que permiten la aplicación
del protocolo, pero que no había sido posible comunicarse con la señora Adriana.
3.3.
Nueva EPS
A través de la
contestación allegada el 27 de octubre de 2016, la Gerente Zonal del Norte de
Santander de la Nueva EPS manifestó que en ningún momento se le ha negado la
prestación del servicio de salud a la paciente. Por otro lado, informó que esa
entidad no tiene la custodia de la historia clínica solicitada por el juzgado
de conocimiento, ya que esa información reposa únicamente en los archivos de la
IPS donde es atendida. Con sustento en lo anterior, solicitó que se declarara
improcedente el amparo invocado.
3.4.
Procuraduría 64 Judicial I para Asuntos
Administrativos de Arauca
En escrito radicado el 28 de octubre de 2016 el Procurador 64
Judicial I Administrativo de Arauca rindió su concepto sobre el asunto de la
referencia.
Estimó que en el proceso estaba debidamente acreditado que la Nueva
EPS es la entidad que cuenta con los recursos para prestar el servicio
solicitado. Aclaró que el juez constitucional no es el llamado a ordenar de
manera directa la práctica de un procedimiento médico cuando el mismo requiere
del concepto de un especialista.
Sobre este punto, señaló que “quien tiene bajo su cuidado a la
señorita [Sofía] es un médico internista particular, quien al declarar expone
sus dudas respecto a la decisión adoptada por su paciente, afirmación que no se
puede descartar de plano, más aún cuando el acompañamiento médico debe ser
imparcial y el doctor [Luis] manifestó de manera directa que le unía un vínculo
de afecto con su paciente”. Bajo ese entendido, indicó que era necesario
que la paciente fuera valorada por el especialista de la entidad, el cual debía
emitir un concepto imparcial.
Hizo énfasis en la importancia de que la Nueva EPS agilizara los
trámites para adoptar una decisión definitiva en este caso, por lo que
consideró pertinente exhortar a esa entidad para que le diera prioridad a la
solicitud y se brindara mayor colaboración a las peticionarias con el fin de
que recibieran la información adecuada.
Por último, indicó que era preciso excluir del trámite de la tutela
al Hospital de San Vicente de Arauca, dado que esa institución no cuenta con el
servicio de oncología. A su juicio, no es procedente obligar al hospital a
conformar un comité interinstitucional cuando su capacidad no se lo permite, o
al menos no para casos en lo que se requiera un manejo oncológico.
Con sustento en lo anterior, sugirió que en esta oportunidad no debían
ampararse los derechos invocados, al establecerse que la accionante puede
acceder libremente al servicio que le brinda la Nueva EPS.
4.
Sentencia de tutela objeto de revisión.
Mediante
providencia del 3 de noviembre de 2016, el Juzgado Segundo Administrativo Oral
del Circuito de Arauca concedió el amparo invocado.
De manera
preliminar, hizo referencia a los pronunciamientos jurisprudenciales sobre el
derecho a morir dignamente. Citó las sentencias C-239 de 1997 y T-970 de 2014
en las que la Corte fijó los parámetros que deben ser verificados en cada caso
concreto para determinar la viabilidad del procedimiento de eutanasia. Con
sustento en ello, determinó que en este asunto se acreditaron los requisitos
establecidos por este Tribunal para la realización de dicho procedimiento.
Por un lado,
encontró que se cumplió con el requisito de padecer una enfermedad terminal e
intensos dolores. Sobre el particular, mencionó que según la historia clínica
de la paciente esta padece de “tumor neuroectodermico primitivo metástasis
hepáticas importante compromiso mesentérico peritoneal y retroperitoneal
(cáncer)”. De igual forma, hizo referencia a la declaración del médico
internista Luis, en virtud de la cual la patología de la paciente se
encuentra en fase terminal y el único manejo médico que podía brindarse era el
de cuidados paliativos.
Por el otro,
advirtió que se acreditaba el requisito de haberse manifestado el
consentimiento libre, informado e inequívoco para la práctica de la eutanasia.
En primer lugar, porque de acuerdo a la declaración rendida por el Doctor Luis
este adujo que en una ocasión Sofía le solicitó que le realizara el
procedimiento. En segundo lugar, porque en el oficio remitido por el Hospital
San Vicente de Arauca a la Nueva EPS se hace referencia a la solicitud que Sofía
y su madre de aplicar la eutanasia por ser una paciente terminal de cáncer,
enfermedad que le causa un sufrimiento insoportable físico y sicológico.
De igual modo,
el fallador halló acreditado con las declaraciones del médico y de la madre de
la paciente que las funciones mentales de esta última están intactas, es decir,
que se encuentra lúcida y plenamente consciente de su enfermedad. En el mismo
sentido, determinó que el consentimiento fue libre, ya que fue solicitado directamente
por la paciente sustentada en su condición de vida y en los dolores que padece.
Además, consideró que el consentimiento fue informado e inequívoco, pues tiene
conocimiento pleno de su padecimiento, del inminente deceso y de que el único
tratamiento médico viable es el de cuidados paliativos.
En virtud de lo
expuesto, el juzgado concluyó que Sofía tenía derecho a que se le
garantizara el derecho a morir dignamente y, por lo tanto, a que se le
realizara el procedimiento de eutanasia. Al respecto, aclaró que no era posible
afirmar categóricamente que la Nueva EPS hubiera vulnerado el derecho a morir
dignamente de la agenciada; sin embargo, las gestiones que esa entidad había
realizado no resultaban eficaces teniendo en cuenta el estado de salud de la
paciente, en tanto no se acreditó que hubiera coordinado con el Hospital San
Vicente de Arauca la obtención de la historia clínica de la paciente y con ello
continuar el procedimiento.
Con sustento en
lo anterior, amparó el derecho fundamental invocado y ordenó a la Nueva EPS (i)
designar un centro hospitalario que cuente con los servicios indicados por el
artículo 5° de la Resolución 1216 de 2015 para realizar el procedimiento
solicitado; (ii) coordinar lo pertinente con el Dr. Luis, el Hospital
San Vicente de Arauca, el Hospital San Ignacio de Bogotá, Sofía y su
madre Adriana para obtener la historia clínica de la paciente y ponerla
a disposición del Comité Interdisciplinario de la IPS que se designe; (iii) convocado
el Comité, dar cumplimiento al procedimiento establecido en la Resolución 1216
de 2015 y a los presupuestos establecidos en la sentencia T-970 de 2014; (iv)
en caso de determinarse que a la paciente se le practicará la eutanasia, deberá
ser trasladada al centro hospitalario donde funciona el Comité para que le sea
aplicada, precisando que los gastos de desplazamiento correrán por cuenta de la
Nueva EPS; (v) en caso de que no sea aconsejable el desplazamiento de Sofía,
la EPS dispondrá lo necesario para que el médico que designe el Comité sea
trasladado a Arauca para realizar el procedimiento; (vi) garantizar el
acompañamiento de manera constante y durante todas las fases para la paciente y
su familia, en ayuda sicológica, médica y social; y (vii) la entidad no podrá
excederse de los términos fijados en la Resolución 1216 de 2015 para la
realización del procedimiento.
5.
Pruebas
Entre las
pruebas aportadas en el trámite de la acción de tutela la Sala destaca las
siguientes:
-
Copia de la historia clínica de Sofía expedida por el Hospital
Universitario San Ignacio de Bogotá. (Cuaderno principal, folios 14 a 25).
-
Copia de la historia clínica de Sofía expedida por el Hospital
San Vicente de Arauca. (Cuaderno principal, folios 48 a 53).
-
Certificación expedida el 7 de octubre de 2016 por la Unidad
Administrativa Especial de Salud de Arauca, en la cual se constatan los
servicios habilitados en el Hospital San Vicente de Arauca, dentro de los que
no se encuentra la hospitalización por oncología de alta y mediana complejidad.
(Cuaderno principal, folios 54 a 59).
-
Comunicación mediante la cual el Hospital San Vicente de Arauca pone en
conocimiento de la Nueva EPS la solicitud de práctica del procedimiento de
eutanasia presentada por Sofía y Adriana. (Cuaderno principal,
folios 60 y 61).
-
Comunicación mediante la cual la Nueva EPS pone en conocimiento del
Hospital San Vicente de Arauca que cuenta con la red y los mecanismos para
realizar el procedimiento solicitado, pero que no ha sido posible comunicarse
con la señora Adriana para poner a su disposición los recursos
requeridos. (Cuaderno principal, folio 62).
-
Copia de la cédula de ciudadanía de Sofía. (Cuaderno principal,
folio 26).
6.  Trámite
en sede de revisión
El expediente de la referencia
fue seleccionado para su revisión por la Sala de Selección de Tutelas número
Tres mediante Auto del 30 de marzo de 2017, notificado el 18 de abril de 2017.
6.1.
Auto del 2 de junio de 2017
Mediante
Auto del 2 de junio de 2017 el magistrado sustanciador decretó algunas pruebas con
el fin de obtener mayor claridad y los elementos de juicio suficientes para
adoptar la decisión, y de esta manera lograr la efectiva protección de los
derechos fundamentales. Así, dispuso lo siguiente:
(i) A la Nueva
EPS que informara si ya fue realizado el procedimiento de eutanasia a Sofía; de ser así, cuál fue el trámite efectuado y los términos aplicados
para la realización del procedimiento según los parámetros  establecidos en las
sentencias C-239 de 1997 y T-970 de 2014, así como en la Resolución 1216 de
2015; y, en caso contrario, esto es, que aún no se hubiera realizado el
procedimiento, explicara las razones para ello.
(ii) A la señora Adriana que informara si ya fue realizado
el procedimiento de eutanasia a su hija Sofía; de ser
así, cuál fue el trámite efectuado y los términos aplicados para la realización
del procedimiento según los parámetros establecidos en las sentencias C-239 de
1997 y T-970 de 2014, así como en la Resolución 1216 de 2015; y si ella y su
hija habían recibido el acompañamiento por parte de la Nueva EPS y demás
entidades vinculadas en este asunto.
(iii) Al Ministerio de Salud y Protección Social,
a la Superintendencia Nacional de Salud, a la Procuraduría General de la Nación
y a la Defensoría del Pueblo que rindieran concepto sobre el asunto y,
específicamente, indicaran de conformidad con las funciones que les fueron
conferidas por la Constitución Política y la ley, y atendiendo los parámetros
establecidos en las sentencias C-239 de 1997 y T-970 de 2014, qué medios o
mecanismos tienen a su disposición para velar por el efectivo y estricto
cumplimiento de la Resolución 1216 de 2015; qué medidas se adoptan y cuál es el
procedimiento a seguir en los casos en que las IPS no cuentan con la
infraestructura para la realización del procedimiento de eutanasia, de tal
forma que se garantice el plazo establecido en la Resolución 1216 de 2015 para
su realización.
(iv) A la
Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral -ACEMI- que rindiera
concepto sobre el asunto y, específicamente, indicara qué papel desempeña
respecto del cumplimiento de la Resolución 1216 de 2015; cuáles son los
mecanismos para verificar el efectivo cumplimiento de la Resolución 1216 de
2015; qué directrices han sido dictadas a las entidades asociadas respecto del
cumplimiento de la Resolución 1216 de 2015; y qué medidas se adoptan y cuál es
el procedimiento a seguir en los casos en que las IPS no cuentan con la
infraestructura para la realización del procedimiento de eutanasia, de tal
forma que se garantice el plazo establecido en la Resolución 1216 de 2015 para
su realización.
(v) A la
organización Dejusticia y a la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente, que
rindieran concepto sobre el asunto de la referencia y, específicamente,
indicaran cuáles son los mecanismos de cumplimiento de la Resolución 1216 de
2015; y cuáles son los problemas evidenciados en la práctica sobre la
aplicación de la resolución y la garantía efectiva del derecho fundamental a
morir dignamente de las personas que se enfrentan a esa realidad en el país.
6.2.
Respuestas al Auto del 2 de junio de 2017
6.2.1.  Ministerio de Salud y Protección Social
6.2.1.1.
En documento allegado a esta Corporación el 12
de junio de 2017 el Director Jurídico del Ministerio de Salud y Protección
Social indicó que esa cartera se encuentra cumpliendo lo ordenado por la Corte
en la sentencia T-970 de 2014 a través de la Resolución 1216 de 2015, en la
cual se parafrasean las condiciones mínimas establecidas en esa decisión, y la
forma en que los prestadores de servicios de salud y las empresas aseguradoras
deben conformar los Comités.
Adujo que para la difusión de la Resolución se han desarrollado las
siguientes actividades: (i) acompañamiento por parte del Ministerio en
múltiples foros de discusión en universidades, clínicas y hospitales, así como
en debates públicos que abordan la materia; (ii) permanente respuesta y
asistencia técnica a múltiples solicitudes que llegan por correspondencia con
inquietudes sobre la materia; (iii) difusión a través de la página web del
contenido de la resolución y del Protocolo para la Aplicación del Procedimiento
de Eutanasia en Colombia; (iv) difusión de un ABC, así como de un video que
desarrolla y explica al público los contenidos y condiciones mínimas para el
cumplimiento de la resolución.
Así mismo, informó que se expidió la Resolución 4006 de 2016 por
medio de la cual se crea el Comité Interno del Ministerio de Salud y Protección
Social para controlar los procedimientos que hagan efectivo el derecho a morir
con dignidad.
6.2.1.2.
Acto seguido, refirió que en los casos en que
las IPS no cuenten con la infraestructura para la realización de la eutanasia,
la Resolución 1216 de 2015 establece el procedimiento a seguir, esto es, que la
IPS debe informar dicha situación de manera inmediata a la EPS a la cual esté
afiliado el paciente, con el fin de que esta coordine todo lo necesario en aras
de garantizar el derecho. Sin embargo, aclaró que según el numeral 4 del
artículo 12 de la resolución es responsabilidad de la IPS comunicarse
permanentemente con la EPS, lo que quiere decir que independientemente de que
aquella cuente con las condiciones propicias o no para la conformación del
Comité, se debe dar aviso a la EPS sobre la situación.
De igual modo, destacó que otra alternativa para garantizar el
derecho a morir dignamente es que la EPS ofrezca los servicios habilitados que
permitan la aplicación del protocolo, siempre y cuando el traslado del paciente
no implique una carga excesiva para este o sus familiares.
6.2.1.3.
Por otro lado, el Ministerio señaló que de
conformidad con el Protocolo para la Aplicación del procedimiento de Eutanasia
en Colombia para definir el pronóstico de vida el médico puede hacer una
predicción clínica mediante el uso de escalas, como el Índice de Pronóstico
Paliativo (PPI), la Escala Paliativa Funcional (PPS), la Escala de Eastern
Coorporative Oncology Group (ECOG) o la Escala Funcional de Karnofsky (KSP).
Teniendo en cuenta lo anterior, consideró que en tanto habían transcurrido más
de seis meses desde la interposición de la acción de tutela de la referencia,
resultaba imperativo contar con la valoración médica para que, de acuerdo con
las escalas de funcionalidad mencionadas, se determinara de manera objetiva la
condición de enferma terminal de la agenciada.
6.2.1.4.
Finalmente, puso de presente que no era claro si
la paciente había ingresado o no al Hospital San Ignacio de Bogotá por lo que
se requería la historia clínica que permitiera identificar la real condición de
la paciente, y las alternativas terapéuticas y de cuidados paliativos que se le
han brindado.
6.2.2.  Superintendencia Nacional de Salud
6.2.2.1.
En escrito allegado a la Corte el 9 de junio de
2017, la Superintendencia Nacional de Salud solicitó ser desvinculada de toda
responsabilidad dentro de la presente acción de tutela, dado que la vulneración
alegada no proviene de una acción u omisión atribuible a esa entidad.
Sostuvo que las
EPS, como aseguradoras en salud, son responsables de la calidad, oportunidad,
eficiencia y eficacia de la prestación del servicio, y están llamadas a
responder por toda falla, falta, lesión, enfermedad e incapacidad que se genere
con ocasión de la no prestación o la prestación indebida de los servicios de
salud. Aclaró igualmente que la Superintendencia Nacional de Salud es un
organismo de carácter técnico que como máximo órgano de inspección, vigilancia
y control del sistema de seguridad social en salud, debe propugnar porque los
agentes del mismo cumplan a cabalidad con las obligaciones y deberes asignados
en la ley.
No obstante,
hizo un pronunciamiento sobre el fondo del asunto y señaló que la
Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario y la Participación
Ciudadana, a través de la Dirección de Atención al Usuario, informó el trámite
dado a dos casos similares que se han presentado sobre trámites de eutanasia y
que tienen como base el incumplimiento de lo establecido en la Resolución 1216
de 2015, así: (i) requerimiento a la EPS Sura, a la IPS Sura Salud en Casa y al
Hospital General de Medellín, así como información al peticionario sobre las
gestiones realizadas; (ii) requerimiento a la EPS Famisanar[5].
Indicó que en esos casos, se advirtió a las EPS que el incumplimiento de las
órdenes impartidas por la Superintendencia daría lugar a las sanciones
previstas en el artículo 130, numerales 7 y 12 de la Ley 1438 de 2011.
6.2.2.2.
Señaló que la Superintendencia se encarga de
verificar el cumplimiento por parte de la EPS de lo reglamentado en la
Resolución 1216 de 2015, principalmente, que cuenten con la red de prestadores,
y que las IPS tengan habilitados los servicios y el personal idóneo según lo
reglamentado en esa resolución. Finalmente, resaltó que la entidad encargada de
formular las políticas en materia de salud y protección social en Colombia es
el Ministerio de Salud y Protección Social.
6.2.3.
Defensoría Delegada para Asuntos
Constitucionales y Legales
Mediante escrito allegado el 16 de junio de 2017, la Defensoría
Delegada para Asuntos Constitucionales y Legales hizo referencia, en primer
lugar, a los mecanismos con los que cuenta para el seguimiento al cumplimiento de
la Resolución 1216 de 2015. Al respecto, señaló que esa resolución no le otorga
ninguna competencia específica a esa entidad en el marco del procedimiento
diseñado para cumplir con la obligación de garantizar el derecho a morir
dignamente, por lo que el trámite para el acompañamiento y seguimiento de esos
casos se da en virtud de la obligación general de promoción y divulgación de
derechos humanos, asignada por la Constitución y la ley.
Bajo ese entendido, recordó que para la garantía y desarrollo del
derecho a la salud, la Defensoría cuenta con una Delegada para la Salud, la
Seguridad Social y la Discapacidad, que tiene a su cargo funciones como: (i)
adelantar investigaciones de campo; (ii) elaborar informes evaluativos; (iii)
proyectar resoluciones defensoriales; (iv) asesorar y capacitar a las
dependencias de la Defensoría que tengan a su cargo asuntos relacionados con la
salud y la seguridad social; y (v) diseñar y ejecutar proyectos de promoción y divulgación
sobre los derechos a la salud y la seguridad social. Sin embargo, aclaró que
las Defensorías Delegadas, por regla general, no cuentan con funcionarios en
los territorios, por lo cual no atienden público directamente y solo de forma
excepcional hacen acompañamiento a casos concretos.
Sostuvo que la entidad cuenta con la Dirección Nacional para la
Atención y Trámite de Quejas que se encarga de dirigir las acciones
relacionadas con el proceso de atención y trámite de peticiones. Explicó que en
el nivel regional de la Defensoría se desarrollan estas funciones bajo las
directrices establecidas por el nivel central. Por lo tanto, indicó, el
seguimiento de las acciones orientadas a la garantía del derecho a la muerte
digna, por regla general, se debe adelantar bajo las directrices impartidas por
la Defensoría Delegada para la Salud, la Seguridad Social y la Discapacidad y
la Dirección Nacional para la Atención y Trámite de Quejas, en coordinación con
las acciones puntuales de las Defensorías Regionales.
Por otro lado, informó que según lo señalado por la Dirección
Nacional para la Atención y Trámite de Quejas, no existen en el sistema de
información de la entidad criterios que permitan identificar los casos en los
que la asesoría, solicitud o queja se relacione con la garantía del derecho a
la muerte digna, y que los funcionarios no han recibido instrucciones sobre
cómo introducir esta información en el sistema. Sin embargo, adujo que se está
realizando una actualización de las herramientas para la inclusión de ese
derecho con el fin de poder hacer un seguimiento a ese tipo de casos.
Concluyó entonces que los mecanismos con los que cuenta la entidad
para el seguimiento de la Resolución 1216 de 2015 son: (i) los lineamientos
para el acompañamiento establecidos de forma articulada por la Dirección
Nacional para la Atención y Trámite de Quejas y la Defensoría Delegada para la
Salud, la Seguridad Social y la Discapacidad; (ii) el procedimiento de atención
y trámite vigente; (iii) la capacidad de las defensorías regionales para la
gestión de los casos; y (iv) el proceso de actualización del sistema de
información. Finalmente, indicó que en la actualidad no existe alguna medida
relacionada con el procedimiento en los casos en que las IPS no cuentan con la
infraestructura para la realización de la eutanasia.
6.2.4.  Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles y Laborales
6.2.4.1.
En respuesta allegada el 12 de junio de 2017 la
Procuradora Delegada para Asuntos Civiles y Laborales (e.) informó que mediante
Resolución 45 del 23 de febrero de 2017 se creó la Procuraduría Delegada para
la Salud, Protección Social y Trabajo Decente, que tiene como fin, entre otros,
garantizar la defensa y acceso del derecho fundamental a la salud.
Explicó que en ejercicio de la función de intervención esa Delegada
puede realizar, tanto a petición de parte como de oficio, un seguimiento a los
actores del sistema de salud, en este caso, a la Nueva EPS, para que informe
sobre el resultado del procedimiento de eutanasia solicitado.
6.2.4.2.
Mencionó que de conformidad con el artículo 5 de
la Resolución 1216 de 2015 cuando una IPS no cuente con la infraestructura para
crear los Comités Interdisciplinarios, deberá informar de manera inmediata a la
EPS paras que sea esta la que coordine lo necesario para la realización del
procedimiento solicitado. A su juicio, lo anterior exige una perfecta sintonía
entre la IPS, el solicitante y la EPS a fin de garantizar de manera efectiva el
derecho a morir dignamente.
6.2.5.  Fundación pro derecho a morir dignamente
6.2.5.1.
Mediante escrito allegado el 9 de junio de 2017,
la Directora Ejecutiva de la Fundación pro derecho a morir dignamente atendió
el requerimiento hecho por esta Corporación.
6.2.5.2.
Por un lado, manifestó que en este caso se
agotaron todas las posibilidades terapéuticas, ya que la paciente acudió a seis
sesiones de quimioterapia sin obtener resultados positivos. Indicó que Sofía decidió rechazar el tratamiento debido a la inexistencia de
posibilidades de recuperación y a los efectos secundarios que limitaban su
actividad diaria, decisión que se encuentra especialmente protegida por la
Resolución 1216 de 2015.
Mencionó que la
solicitud de realización del procedimiento de eutanasia fue presentada al
médico tratante Luis, quien señaló que no realizaría dicho
procedimiento. A juicio de la fundación, con esa conducta el profesional de la
salud omitió los mandatos de protección a la vida y a la muerte digna de una
persona, y “si bien no se puede exigir una conducta eutanásica a quien no
esté de acuerdo con ello en protección a su vez del derecho a la objeción de
conciencia, el deber del profesional debió ser la remisión de la solicitud a la
ESE Hospital San Vicente de Arauca, para la implementación del Comité
reglamentado a través de la Resolución 1216 de 2015”.
Refirió que la
solicitud también fue presentada ante el Hospital San Vicente de Arauca,
entidad que “acudiendo a una interpretación ausente del deber de protección
de los derechos del enfermo terminal, se niega aduciendo que la Resolución 1216
de 2015 negó la posibilidad de conformación del Comité para el derecho a morir
con dignidad”. Según la interviniente, la conformación del Comité exige la
designación de un médico de la especialidad de la patología, un abogado, y un
siquiatra o sicólogo, quienes no deben estar incluidos en la planta de personal
porque la norma no lo exige, razón por la cual pueden ser contratados para ese
fin.
En parecer de la
Fundación, con las conductas descritas “se ven vulnerados los derechos
fundamentales de la persona que padecía una enfermedad grave, agresiva y
progresiva, tales como: el derecho al acceso a los servicios de salud, a la
vida digna y a la muerte digna, se impusieron barreras de acceso claramente
prohibidas en el sistema de salud colombiano, el derecho a la igualdad, pues
los derechos independientemente de la ubicación geográfica tienen que ser
garantizados a todos los ciudadanos”.
6.2.5.3.
Por otro lado, en cuanto a los problemas
evidenciados en la práctica sobre la aplicación de la Resolución 1216 de 2015, la
Fundación expuso:
(i) El artículo 16 de la norma le exige al Comité Interdisciplinario
enviar al Ministerio de Salud y Protección Social el reporte de los hechos y
condiciones que rodearon el procedimiento para que esa entidad realice un
control exhaustivo del caso. Sin embargo, ese control se refiere a los casos
que alcanzan a llegar al Comité, pero en la práctica no existen mecanismos de
control previos a la conformación del mismo que es el punto en el cual se
presentan las mayores vulneraciones y obstáculos a los pacientes.
(ii) Aunque el derecho a la muerte digna está reglamentado en la
Resolución 1216 de 2015, la falta de regulación por parte del Congreso de la
República ha permitido que las entidades pretendan escudarse en esa situación
para impedir el acceso al servicio.
(iii) Los menores de edad, quienes pueden optar por la interrupción
del embarazo, participar en procesos judiciales como testigos, y a quienes les
ha sido reconocido el derecho al libre desarrollo de la personalidad en casos
de intersexualidad, no pueden participar en una decisión en torno a la
eutanasia. No obstante, son muchos los menores que se enfrentan a padecimientos
inhumanos y enfermedades terminales.
(iv) La
reglamentación de las voluntades anticipadas contenida en la Resolución 1051 de
2016 ha sido un grave obstáculo para la efectividad del derecho a la eutanasia.
En el caso de pacientes neurológicos que con anterioridad a la expedición de
esa normatividad expresaron su voluntad, se les están exigiendo los requisitos
en ella contenidos, cuando los pacientes ya no se encuentran en condiciones
neurológicas que les permitan la decisión autónoma ni la expresión de su
voluntad.
(iv) La
consideración del dolor se ha limitado al dolor físico, sin tener en cuenta el
dolor moral y sicológico que muchas enfermedades y circunstancias pueden llegar
a generar. Siendo así, la Resolución 1216 de 2015 desconoce la posibilidad de
sufrimiento de origen diferente al patológico.
(v) Se requiere
de un proceso de socialización de los derechos de los pacientes a la vida digna
que incluye su parte final, esto es, la muerte digna. Sobre la objeción de
conciencia, consideró que existen obstáculos como: a) la interferencia de las
creencias religiosas de los médicos que coartan la libertad del paciente, les
generan sentimientos de culpa y no respetan su voluntad libre, informada y autónoma;
b) el incumplimiento de los médicos del deber de informar los derechos al final
de la vida, incluida la posibilidad de acudir a cuidados paliativos y
ofrecerlos al paciente; c) se plantean supuestas objeciones de conciencia
institucional que no se sustentan en la objeción por parte del profesional de
la salud; d) dificultades para definir la terminalidad en enfermos neurológicos
y su capacidad para tomar decisiones; e) falta de acceso a cuidados paliativos
oportunos; y f) falta de reconocimiento del derecho a la autonomía de los
pacientes frente a la negativa de su familia.
6.2.6.
Asociación Colombiana de Empresas de
Medicina Integral -ACEMI-
6.2.6.1.
En documento allegado el 9 junio de 2017 el
Presidente Ejecutivo de ACEMI aclaró, de manera preliminar, que es una entidad
gremial sin ánimo de lucro que asocia a algunas EPS del régimen contributivo,
por lo que si bien representa los intereses gremiales, su gestión tiene unos
límites en respeto de la autonomía que tiene cada una de las entidades en
cuanto a sus asuntos internos, por lo que no imparte instrucciones o
direccionamientos a las agremiadas que constituyan acuerdos que restrinjan la
libre competencia.
6.2.6.2.
Bajo es entendido, explicó que ACEMI no tiene a
su cargo el cumplimiento de la Resolución 1216 de 2015, en tanto cada EPS de
acuerdo a su población, red de prestadores y distribución geográfica, es
autónoma e independiente en la organización, participación y funcionamiento de
los Comités a que hace referencia esa resolución. Sin embargo, indicó que dada
la importancia de un asunto como el de la eutanasia y previendo las vicisitudes
que se generan en la práctica, desde el gremio se ha difundido la norma entre
los afiliados y se están programando capacitaciones a las entidades, en aras de
suministrar herramientas e información académica que sean de utilidad.
6.2.6.3.
De igual forma, indicó que desde esa agremiación
no se han dictado directrices sobre el cumplimiento de la Resolución 1216 de
2015, dada la autonomía de las EPS y la competencia reguladora del Estado.
Refirió además que el comportamiento de las EPS no es uniforme y cada una ha
definido de manera independiente su modelo de atención y los procesos que deben
ser observados en cada caso.
6.2.6.4.
Por otro lado, puso de presente que la
implementación del procedimiento de eutanasia ha presentado muchas dudas y
dificultades por parte de los diferentes actores, ya que pese a los
pronunciamientos de la Corte la ausencia de una ley o norma superior que regule
al detalle los aspectos básicos de la eutanasia, sumado a las objeciones de
conciencia de algunos médicos e instituciones, hacen complejos trámites
puntuales frente a esa clase de solicitudes. Esto, continuó, sucede en mayor
medida en instituciones prestadoras que se encuentran en zonas geográficas
alejadas o con poca disponibilidad de ciertos especialistas. Al respecto,
estimó que la exigencia de un especialista que sea miembro del Comité para el
derecho a morir dignamente genera una barrera evidente.
Con sustento en lo anterior, consideró imperioso que la futura
normatividad sobre el asunto sea hecha a la medida de la realidad colombiana,
teniendo en cuenta la infraestructura y ubicación geográfica de los
prestadores, y entendiendo que el país tiene fuertes creencias individuales y
religiosas que pueden ser un obstáculo para la aplicación de la eutanasia.
6.2.7. Nueva
EPS
6.2.7.1. Mediante respuesta remitida a esta Corporación el 28 de
junio de 2017, la Nueva EPS informó que el 28 de diciembre de 2016 se realizó
una reunión en la que se estableció el cumplimiento total de los protocolos de
aplicación para la eutanasia, por lo que se procedió a iniciar el procedimiento
a Sofía “pero estando en la gestión falleció”.
6.2.7.2. La entidad explicó que en efecto la paciente y su familia
solicitaron la práctica de la eutanasia, por lo que procedió a indagar sobre el
asunto teniendo en cuenta que era el primer caso que se presentaba en los ocho
años que lleva funcionando como EPS. Luego de las respectivas averiguaciones,
continuó, envió una comunicación a las peticionarias en las que les informó que
el Departamento de Arauca no cuenta con la red de servicios habilitada para esa
atención, razón por la cual el servicio solicitado podría prestarse en la
ciudad de Bucaramanga.
6.2.7.3. Indicó que atendiendo la orden del fallo de tutela, el 23
de diciembre de 2016 procedió a remitir a la Gerencia Regional de la EPS en la
ciudad de Bucaramanga la historia clínica de Sofía. Así mismo, el 26 de diciembre de 2016 estableció comunicación con
el Director de la Clínica del Dolor y Cuidado Paliativo con el fin de
contextualizar el caso de la paciente, a quien se le informó el riesgo jurídico
en el que se encontraban y la imposibilidad de realizar el procedimiento en el
Hospital San Vicente de Arauca. Mencionó que en esa comunicación se le solicitó
al Director de la Clínica que explicara cómo era el proceso para la práctica de
la eutanasia.
Refirió que en respuesta a esa comunicación emitida el mismo 26 de
diciembre, el Director de la Clínica de Dolor y Cuidado Paliativo manifestó lo
siguiente: “dentro de los protocolos para la realización de la eutanasia el
médico tratante debe remitirlo al comité que se haya habilitado en la
institución. Entiendo que en el Hospital San Vicente de Arauca no existen
dichos protocolos ni el personal para su realización. Con el mayor de los
gustos atenderíamos a la paciente pero lo haríamos en nuestra institución,
donde contamos con los requerimientos básicos para la realización. Es de
difícil desplazamiento porque el personal está disponible en FOSCAL y en FOSCAL
INTERNACIONAL en sus actividades normales”.
6.2.7.4. Acto seguido, la Nueva EPS señaló que el 28 de diciembre de
2016 se realizó una reunión en la que se logró puntualizar el compromiso de las
partes intervinientes para garantizar el procedimiento requerido. Sobre el
particular, resalto que siempre estuvo presta a desplegar su actividad
administrativa y financiera para autorizar el servicio guardando el protocolo
establecido en la normatividad vigente.
Sostuvo que ese día se presentó “un suceso que apalancó la
ejecución del procedimiento” y es que en voces del médico tratante Dr. Luis
la eutanasia no podía garantizarse ante la duda ya que posiblemente la paciente
y sus familiares no estaban preparados. Indicó que, en todo caso y ante el
compromiso asumido en la reunión del 28 de diciembre, autorizó una nueva
valoración psicológica domiciliaria por un profesional de la IPS de Arauca,
pero el 2 de enero de 2017 la Gerencia General de la IPS MEDYTEC envió una
cotización de los valores de citas por psicología e hizo hincapié en que para
el área geográfica del Departamento de Arauca se presentaba una escasa oferta
de profesionales.
Mencionó que el 4 de enero de 2017 generó dos autorizaciones para la
prestación de los servicios de atención domiciliaria por sicología y medicina
general que serían finalmente prestados a través de la IPS MEDYTEC-Arauca.
Adicionó que ese mismo día se estableció comunicación con un familiar de la
agenciada, quien informó que el 28 de diciembre se había realizado una
valoración interdisciplinaria a la paciente y que estaba siendo atendida con
terapias psicológicas.
Posteriormente, manifestó que el 5 de enero de 2017 se logró
establecer la recepción de Sofía para la
práctica de la eutanasia en la Clínica FOSCAL y que el ingreso de la paciente
debía realizarse por urgencias de la IPS que debía notificar la hora estimada
de arribo con el fin de garantizar que el equipo de cuidados paliativos la
estuviera esperando a su llegada al servicio de urgencias.
Según sus bases de datos, la usuaria fue ingresada en la IPS FOSCAL
el 6 de enero de 2017 y la ubicación se realizó en zona VIP del área de
observación en cubículo independiente a la espera de la asignación de una
habitación individual, esto “en razón a la premura del viaje que se exigió
ya que la aceptación del mismo, de parte suya, se obtuvo el 4 de enero sobre el
medio día”. Resaltó que este procedimiento se logró en un término de menos de
48 horas dentro de las cuales se organizó y otorgó el traslado en avión
ambulancia.
Indicó que la paciente fue valorada por el anestesiólogo pero que
desafortunadamente el acompañante no llevaba consigo los documentos de historia
clínica, los cuales debía poseer según las indicaciones recibidas en la visita
de atención médica domiciliaria, lo que “generó la espera para su
consecución y valoración, toda vez que por tratarse de información técnica,
clínica, legal y privada, era fundamental para el proceso que se estaba
iniciando”.
6.2.7.5. Arguyó que pese a las gestiones adelantadas para garantizar
el cumplimiento del fallo, Sofía falleció el 8
de enero de 2017, consumándose así la pretensión amparada. Sobre el particular,
recalcó que la Nueva EPS siempre estuvo presta a adelantar los trámites
administrativos y financieros para garantizar el procedimiento solicitado que “equívocamente
pretendía la familia fuera realizado de forma domiciliaria desconociendo el
protocolo para la realización del mismo”.
6.2.7.  Accionante Adriana
6.2.7.1.
El 16 de junio de 2017, el apoderado judicial de
la accionante allegó su respuesta. Comenzó por señalar que luego de proferido
el fallo de única instancia la Nueva EPS se comunicó con la señora Adriana
en dos oportunidades “para informarle que en la ciudad de Arauca no le iban
a realizar el procedimiento denominado eutanasia, que un fallo de tutela no
podía obligarlos, que le ofrecían el servicio en la ciudad de Bogotá o en
Bucaramanga”. Explicó que su poderdante no aceptó esa solución dadas las
implicaciones que tenía trasladar a Sofía en su
estado terminal.
Expuso que el 19
de noviembre de 2016 el Dr. Luis, médico tratante, anotó en la historia
clínica lo siguiente: “(…) Se trata de paciente con pésima calidad de vida,
postrada en cama, poca interacción con el medio, limitada a su lecho, quien
tiene pendiente realización de eutanasia. Por condiciones generales, limitación
total y entorno familiar se recomienda realizar dicho procedimiento en la
ciudad de Arauca, ya que su condición actual limita viajar a otra ciudad, y más
tratándose de la eutanasia en que la paciente debe estar rodeada por su grupo
familiar y amigos antes de su deceso. Teniendo en cuenta el dolor, el
sufrimiento al que está expuesta no se recomienda más sufrimiento exponiendo a
un traslado innecesario a otra ciudad, lejos de los seres queridos y más
sabiendo que va a morir y es su deseo morir dignamente en su ciudad de
residencia y al lado de los suyos”.
6.2.7.2.
Comentó que durante los días siguientes la
señora Adriana se comunicó en reiteradas oportunidades con los
funcionarios de la Nueva EPS con el fin de persuadirlos para que se realizara
el procedimiento en Arauca e indicándoles que con el pasar de los días la vida
y la salud de su hija “se deterioraban, el dolor era incontrolable y la
deformación del cuerpo de la paciente era deprimente tanto para ella como para
su familia”. Pese a ello, la Nueva EPS no cambió su posición.
Informó que el
22 de noviembre de 2016 inició un incidente de desacato ante el Juzgado Segundo
Administrativo Oral del Circuito de Arauca. Para el mes de diciembre, los
funcionarios de la Nueva EPS se excusaron por la vacancia judicial y le
indicaron que ellos necesitaban que el juez les aclarara el fallo de tutela “porque
no iban a trasladar todo un equipo médico desde Bucaramanga o Bogotá solo para
estudiar y realizar la eutanasia, que era mucho desgaste administrativo y
financiero”.
Señaló que solo
hasta el 28 de diciembre de 2016 pudo sostener una reunión formal con los
funcionarios de la EPS, la cual se dio gracias a la intervención de la
Defensoría del Pueblo -Regional Arauca-, a la cual asistieron el Subdirector
Científico del Hospital San Vicente de Arauca, la Coordinadora CRUE Unidad
Administrativa Especial de Salud de Arauca, la Defensora del Pueblo Seccional
Arauca, el Gerente Regional de Salud Nororiente de la Nueva EPS, la señora Adriana
y él como apoderado. De esa reunión surgieron los siguientes compromisos:
(i) El Hospital
San Vicente de Arauca validaría con los anestesiólogos de la institución si
estaban en disposición de llevar a cabo parte del procedimiento a la paciente
con acompañamiento por telemedicina del Comité desde Bucaramanga.
(ii) La
Defensoría del Pueblo, en conjunto con el abogado de la familia, se reunirían
con la paciente para comentar lo expuesto en la reunión.
(iii) La Nueva
EPS adelantaría la gestión con el Ministerio de Salud y Protección Social,
poniendo en conocimiento el caso y solicitando orientación por la premura del
tiempo y la urgencia del caso.
(iv) La
Defensoría del Pueblo manifestó la necesidad del acompañamiento psicológico a
la paciente y su familia, obligación que fue contraída por la Nueva EPS.
El interviniente
manifestó que la Nueva EPS nunca dio cumplimiento al compromiso adquirido sobre
el acompañamiento sicológico.
6.2.7.3.
Por otro lado, sostuvo que después de muchos
días sin dormir por el fuerte dolor y de ver que su cuerpo se deformaba como
consecuencia de la inflamación de su estómago, Sofía y su familia debieron aceptar la imposición de la Nueva EPS, por lo
que el 4 de enero de 2017 se comunicaron con esa entidad para efectuar el
traslado a Bucaramanga. Relató que la señora Adriana le solicitó a la
Nueva EPS que le dieran un trato digno a su hija, que el procedimiento no fuera
demorado y que permitieran que ella y los tres hermanos de Sofía permanecieran a su lado en todo momento.
Refirió que solo
hasta el 6 de enero de 2017 la Nueva EPS envió un avión ambulancia, un médico y
un sicólogo, quienes hicieron presencia en su hogar para constatar el estado de
salud de la paciente “pero jamás para hacer un acompañamiento médico, mucho
menos sicológico”. Luego trasladaron a Sofía,
a su madre y a sus hermanos a la Clínica FOSCAL de Bucaramanga, situación que “fue
muy incómoda, dolorosa y traumática (…) sobra decir que se sintieron vulnerados
en todos sus derechos”.
Afirmó que a la
llegada a la clínica comenzaron los inconvenientes y trámites administrativos
que entorpecieron la realización de la eutanasia, ya que la Nueva EPS no
informó para qué procedimiento se había trasladado a la paciente y no solicitó
la historia clínica, motivo por el cual el equipo médico no podía estudiar el
caso. Al respecto, señaló: “lastimosamente sucedió todo lo que mi cliente y
paciente le temía, en su casa tenía las comodidades de un hogar digno,
acompañamiento médico y control del dolor, rodeada de su familia y con mucho
amor, pero en la clínica fue abandonada en el área de urgencia, en una camilla
donde solo podía estar su madre, sus hermanos en las afueras del centro
asistencial porque no los dejaban entrar. Un trato indignante para cualquier
ser humano en el estado tan vulnerable en que se encontraba”.
Adujo que luego
de unas horas les informaron que según lo aducido por la Nueva EPS la joven Sofía
había sido remitida para manejo del dolor y que no tenían
conocimiento alguno frente a la solicitud del procedimiento de eutanasia. Ante
esta situación, continuó, la señora Adriana solicitó que su hija fuera
atendida por un equipo médico de especialistas quienes al conocer el verdadero
estado de la joven ordenaron su hospitalización en una habitación.
Comentó que el 7
de enero de 2017 el director de la clínica FOSCAL debió apersonarse del caso,
por lo que a las 3:30 pm se inició el procedimiento de eutanasia, y el 8 de
enero de 2017 siendo aproximadamente las 4:30 am Sofía descansó en paz. El abogado mencionó que el cuerpo fue cremado en
Bucaramanga y llevadas sus cenizas a Arauca por los propios medios de la
familia, “porque desde el mismo momento en que fue dejada en la clínica
FOSCAL ningún funcionario de la Nueva EPS les brindó ayuda o siquiera los escuchó”.
Sobre este punto, resaltó que el procedimiento se llevó a cabo precisamente
como Sofía no lo quería, se materializó su
derecho muchos meses después de su solicitud, luego de todas las trabas impuestas
por parte la EPS, que impuso su posición dominante frente a los derechos
fundamentales de la paciente.
Reiteró que “ni
antes, ni durante, ni después de la eutanasia, la Nueva EPS dio acompañamiento
sicológico a la familia” y reflejo de ello son las secuelas que dejó esa
situación en algunos de ellos. Por ejemplo, su hermana de 16 años dejó de
estudiar el grado décimo de bachillerato en el segundo semestre de 2016, al no
soportar estar distante de su hermana mayor, y en la actualidad tiene problemas
de alcoholismo; su hermano de 28 años ha tenido pensamientos suicidas; y toda
la familia tiene secuelas de ansiedad y depresiones, así como evidencias
sicológicas marcadas por la pérdida de un ser querido.
6.2.7.4.
Para sustentar lo anterior, el apoderado allegó la
copia simple de los siguientes documentos: (i) historias clínicas de Sofía, del Hospital San Vicente de Arauca y de la Clínica FOSCAL de
Bucaramanga; (ii) acta de entrega de cenizas expedida por el Parque Memorial
Tierra Santa; (iii) certificado sicológico expedido por el área de Gestión de
Salud Pública - Programa de Salud Mental de la Unidad Administrativa Especial
de Salud de Arauca; (iv) Auto del 22 de noviembre de 2016 proferido por el
Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Arauca; (v) actas de la
reunión por el caso de Sofía; y (vi) certificado
de defunción antecedente para el registro civil de Sofía.
II.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1.       Competencia
Esta Sala es competente para analizar el fallo materia
de revisión, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de
la Constitución Política, y 31 a 36 del Decreto estatutario 2591 de 1991.
2.
Planteamiento del problema jurídico
En
esta ocasión la Corte estudia la acción de tutela instaurada por la señora Adriana, actuando como agente oficiosa de su hija Sofía, quien señaló que esta fue diagnosticada con un cáncer en
etapa terminal y, debido a que los diferentes tratamientos recibidos no fueron
efectivos para curar su enfermedad y al limitado pronóstico de vida, tomó la
decisión de someterse al procedimiento de eutanasia. Manifestó que el 3 de
octubre de 2016 presentaron una solicitud por escrito al Gerente del Hospital
San Vicente de Arauca para la realización de dicho procedimiento, recibiendo
como respuesta que la entidad no contaba con un médico especialista que
permitiera conformar un Comité Científico Interdisciplinario.
De
acuerdo a lo narrado en la acción de tutela, a lo señalado por las partes
intervinientes y a las pruebas recaudadas en el trámite de revisión, la Sala
encuentra que el análisis del asunto abarca no solo la pretensión sobre la
realización del procedimiento de eutanasia, sino otras circunstancias que
rodean el caso como la oportunidad en la que se desarrolló el mismo, la
adecuada prestación del servicio solicitado por Sofía y su familia, el
acompañamiento sicológico durante todo el proceso, entre otros aspectos.
2.2.
En vista de lo anterior, la Sala Sexta de
Revisión habrá de formular los siguientes interrogantes:
(i) ¿Vulneró la Nueva EPS los derechos fundamentales a
la salud y a morir dignamente de Sofía, primero, al no garantizar de manera oportuna la realización del
procedimiento de eutanasia debido a la falta de infraestructura del centro
médico en el cual recibía la atención en salud; segundo, por no brindar la
adecuada y oportuna ayuda psicológica a Sofía y su familia, durante y después de la práctica de
dicho procedimiento; y, tercero, ante la prolongación del sufrimiento físico y
sicológico debido a la imposición de trabas administrativas no atribuibles a los
usuarios del sistema de salud?
(ii) ¿Vulneraron las entidades estatales los derechos
fundamentales a la salud y a morir dignamente de Sofía, por no vigilar el adecuado cumplimiento de la
Resolución 1216 de 2015 y no implementar las medidas necesarias para garantizar
el acompañamiento y la prestación oportuna del procedimiento de eutanasia
solicitado?
Para
resolver el problema jurídico planteado la Corte analizará los siguientes
asuntos: (i) el hecho superado y el daño consumado; (ii) la evolución del derecho
fundamental a morir dignamente en Colombia; (iii) la imposición de barreras
administrativas y la vulneración de los derechos fundamentales a la salud y a
la vida en condiciones dignas. Con sustento en ello, (iv) resolverá el caso
concreto.
3.
Cuestión previa: la agencia oficiosa en materia de tutela.
Reiteración de jurisprudencia
3.1.
De conformidad con lo señalado en el artículo 86 de la Constitución, toda
persona puede acudir a la acción de tutela para reclamar ante los jueces, por
sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales. Esta disposición fue reglamentada por el
artículo 10 del Decreto estatutario 2591 de 1991, en virtud del cual ese
mecanismo constitucional puede ser ejercido por cualquier persona vulnerada o
amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a
través de representante. Esta norma establece además que se pueden agenciar
derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de
promover su propia defensa.
3.2.
Esta Corporación ha identificado que la acción de tutela se puede promover por
cuatro vías: (i) a través de la persona que considera amenazados o vulnerados
sus derechos fundamentales; (ii) mediante representante legal, cuando se trate
de niños niñas o adolescentes, incapaces absolutos, interdictos o personas
jurídicas; (iii) por intermedio de apoderado judicial, frente a lo cual la
representación se debe dar a través de un abogado o; (iv) mediante agente
oficioso, cuando una persona se arroga la protección de los intereses de otra
que se encuentra imposibilitada de hacerlo por sí misma[6].
Sobre
esta última, ha establecido algunos requisitos para verificar si un ciudadano
actúa en calidad de agente oficioso en aras de determinar si el titular de los
derechos fundamentales no está en condiciones de promover su propia defensa. Al
respecto, este Tribunal ha señalado que el agente debe manifestar que actúa en
esa calidad y, además, que se encuentre acreditado que el titular de los
derechos presuntamente conculcados no esté en condiciones físicas o mentales
para promover su propia defensa.
Dicha
manifestación, en todo caso, puede ser explícita o inferida de la demanda de
tutela, “lo que quiere decir que la exigencia se cumple bien sea porque el
agente afirme desempeñarse en cuanto tal o porque los hechos puestos de
presente o las pruebas revelen que es a través de ese mecanismo que se quiso
dirigir la acción”[7]. En cuanto a la imposibilidad del
titular de los derechos supuestamente lesionados la Corte ha sostenido que puede
ser físico, mental o derivado de circunstancias socioeconómicas, de tal manera
que al agenciado no le sea razonablemente posible reclamar la protección de sus
derechos. Sobre el particular, esta Corporación se ha referido en los
siguientes términos:
“Tales previsiones
tienen sentido por cuanto, de una parte, se trata de brindar efectiva
protección a los derechos fundamentales, lejos de los formalismos y las
exigencias de trámite, y puede darse el caso de alguien actualmente afectado o
amenazado que, por la situación en que se encuentra, no pueda acudir
directamente al juez, y por otro lado, el sistema jurídico no debe propiciar
que se tome o aproveche el nombre de otro, sin ninguna clase de advertencias, para
provocar decisiones judiciales con intereses reales distintos o contra la
voluntad del verdadero titular de los derechos que se invocan. Se concilian los
dos objetivos constitucionales mediante la posibilidad de la agencia oficiosa,
siempre que se advierta al juez de manera expresa acerca de las circunstancias
del caso”[8].
3.3.
Con todo, la agencia oficiosa es una herramienta jurídica otorgada en el
trámite de la acción de tutela que permite poner en funcionamiento el aparato
judicial sin necesidad de que la persona directamente afectada tenga que acudir
por sí misma, esto, en procura de los derechos fundamentales de la persona
agenciada más allá de los formalismos o exigencias de todo trámite judicial. No
obstante, en cada caso deberá evaluarse que se cumplan los requisitos que
avalen esa posibilidad, esto es, la manifestación de quien actúa en esa calidad
y la imposibilidad del titular de los derechos presuntamente conculcados para
promover su propia defensa.
4.
El hecho superado y el daño consumado[9]. Reiteración de
jurisprudencia
4.1.
De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución
Política, la acción de tutela está dirigida a que se garanticen de manera
inmediata los derechos fundamentales de quien invoca ese mecanismo constitucional,
cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción u omisión de
cualquier autoridad pública.
No
obstante lo anterior, esta Corporación ha conocido numerosos casos en los que durante
el proceso de amparo se presentan circunstancias que permiten inferir o
acreditar que las vulneraciones o amenazas invocadas cesaron porque: (i) se
materializó el daño alegado; (ii) se satisfizo el derecho fundamental afectado;
o (iii) se presentó la inocuidad de las pretensiones de la solicitud de amparo.
La
Corte ha concluido que estas situaciones generan la extinción del objeto
jurídico de la tutela, por lo que cualquier orden de protección proferida por
el juez caería en el vacío, fenómeno que ha sido denominado como “carencia
actual de objeto”, el cual se presenta por la ocurrencia de hecho superado
o de daño consumado[10].
4.2.
Se está ante un hecho superado cuando
durante el trámite de amparo las acciones u omisiones que amenazan el derecho
fundamental desaparecen por la satisfacción de la pretensión que
sustenta la acción de tutela, por lo que la orden a impartir por parte del juez
constitucional pierde su razón de ser, en tanto el derecho ya no se encuentra
en riesgo[11].
Cuando ello ocurre, la Corte ha determinado que se debe
adelantar el estudio del asunto con el fin de que en sede de revisión se
determine el alcance de los derechos fundamentales cuya protección se solicita
y se efectúe un pronunciamiento sobre la vulneración invocada conforme al
artículo 24 del Decreto 2591 de 1991[12]. Este análisis puede comprender: (i) observaciones
sobre los hechos del caso estudiado; (ii) llamados de atención sobre la
situación que originó la tutela; (iii) el reproche sobre su ocurrencia y la
advertencia sobre la garantía de no repetición[13]; y (iv) la
posibilidad de adoptar las medidas de protección objetiva[14].
Lo anterior
significa que en esta clase de supuestos se puede estimar conveniente
abordar en la decisión observaciones acerca de los hechos para llamar la
atención sobre los mismos o para advertir sobre la inconveniencia de su
repetición, siendo perentorio además que la providencia evidencie la
demostración de la reparación de derecho antes del momento del fallo, es decir,
que se demuestre el hecho superado[15].
En este orden de ideas, esta
Corporación ha señalado que cuando se presenta un hecho superado el juez de tutela
debe proferir un fallo de fondo, analizando si realmente existió una amenaza o
vulneración de los derechos fundamentales invocados y determinando el alcance
de los mismos. Sobre este particular, en la sentencia T-722 de 2003 precisó lo
siguiente:
“i.) Así,
pues, cuando el fundamento fáctico del amparo se supera antes de iniciado el
proceso ante los jueces de tutela de instancia o en el transcurso de este y
así lo declaran en las respectivas providencias, la Sala de Revisión no
puede exigir de ellos proceder distinto y, en consecuencia, habrá de confirmar
el fallo revisado quedando a salvo la posibilidad de que en ejercicio de su
competencia y con el propósito de cumplir con los fines primordiales de la
jurisprudencia de esta Corte, realice un examen y una declaración adicional
relacionada con la materia, tal como se hará en el caso sub-examine.
ii.) Por
su parte, cuando la sustracción de materia tiene lugar justo cuando la Sala de
Revisión se dispone a tomar una decisión; si se advirtiere que en el trámite
ante los jueces de instancia ha debido concederse el amparo de los derechos
fundamentales invocados y así no se hubiere dispuesto, la decisión
de la Sala respectiva de esta Corporación, de conformidad con la jurisprudencia
reciente, consistirá en revocar los fallos objeto de examen y conceder la
tutela, sin importar que no se proceda a impartir orden alguna”.
4.3. Por otro lado, el daño
consumado se presenta cuando se ocasionó
el daño que se pretendía evitar con la orden de protección del juez de tutela,
debido a que no se reparó oportunamente la vulneración del derecho[16];
en otras palabras, cuando la amenaza o la transgresión
del derecho fundamental ya ha generado el perjuicio que se pretendía evitar con
el mecanismo preferente de la tutela[17].
Teniendo en
cuenta que se trata de un supuesto en el que se afectan de manera definitiva
los derechos fundamentales antes de que el juez logre pronunciarse sobre los
mismos, la Corte ha establecido que en estos casos resulta imperioso efectuar
un pronunciamiento de fondo sobre el asunto, con el fin de establecer
correctivos y prever futuras violaciones[18]. Bajo ese
entendido, “el juez
constitucional no solo tiene la facultad sino el deber de pronunciarse de
fondo, y exponer las razones por las cuales se produjo un perjuicio en cabeza
del accionante, además de realizar las advertencias respectivas, para
efectivizar la garantía de no repetición”[19].
4.4.
De lo expuesto se infiere que, en principio, un proceso de tutela debe culminar
en la expedición de las órdenes que se consideren pertinentes para remediar la
acción u omisión de las autoridades públicas, siempre que se corrobore una
amenaza o afectación de un derecho fundamental.
Sin
embargo, tal proceder no resulta procedente en los casos en que durante el trámite de amparo las acciones u omisiones
desaparecen por la satisfacción de la pretensión que sustenta la acción de
tutela (hecho superado), o cuando se
ocasionó el daño que se pretendía evitar con la orden de protección del juez de
tutela, debido a que no se reparó oportunamente la vulneración del derecho
(daño consumado). En tales eventos es posible adelantar el estudio del asunto
con el fin de que en sede de revisión se determine el alcance de los derechos
fundamentales cuya protección se solicita y se efectúe un pronunciamiento sobre
el fondo del asunto; con el fin de establecer
correctivos y prever futuras violaciones.
En todo caso, el juez constitucional debe motivar y demostrar ambas
circunstancias a cabalidad, esto es, lo que autoriza a declarar la carencia
actual de objeto.
5.
Evolución del derecho fundamental a morir dignamente en Colombia
El
derecho a morir dignamente ha sido reconocido en nuestro país como un derecho
fundamental y autónomo. Este reconocimiento ha sido producto de diversas
discusiones jurisprudenciales; sin embargo, a pesar de ser catalogado como tal,
no ha tenido una regulación suficientemente concisa que permita determinar con claridad
todos los presupuestos bajo los cuales debe ser garantizado. A continuación, se
hará una explicación sobre la evolución jurisprudencial del derecho a morir
dignamente, así como una referencia a la reglamentación vigente sobre el asunto.
5.1.    Sentencia
T-493 de 1993
5.1.1. La
primera decisión de esta Corporación que puede considerarse como un antecedente
para posteriores pronunciamientos sobre asuntos como el que ahora conoce la
Sala se encuentra plasmado en la sentencia T-493 de 1993. Si bien en ese caso
la problemática no era sobre la aplicación de un procedimiento de eutanasia, sí
se convirtió en un referente respecto del derecho al libre desarrollo de la
personalidad de aquellas personas que deciden por su propia voluntad no recibir
un tratamiento médico.
En esa
oportunidad, la Corte estudió el caso de una persona que fue diagnosticada con
un tumor en uno de sus senos, quien en varias oportunidades les manifestó a sus
hermanos que no volvería al centro médico para recibir el tratamiento
necesario, decisión que, al parecer, fue tomada debido a la presión ejercida
por parte de su cónyuge. La tutela fue interpuesta por una Personería Municipal
en ejercicio de la agencia oficiosa y en ella se solicitaba que se le ordenara
a la agenciada realizar el tratamiento médico necesario para conservar su vida
la cual se encontraba en inminente peligro.
5.1.2. Esta Corporación explicó que el
derecho al libre desarrollo de la personalidad es “la libertad general, que
en aras de su plena realización humana, tiene toda persona para actuar o no
actuar según su arbitrio, es decir, para adoptar la forma y desarrollo de vida
que más se ajuste a sus ideas, sentimientos, tendencias y aspiraciones, sin más
restricciones que las que imponen los derechos ajenos y el ordenamiento
jurídico”.
Sustentada en
ello, la Corte determinó que la Personería y el juzgado que conoció el asunto
en única instancia y que le ordenó al esposo de la agenciada disponer lo
necesario para facilitar la conducción o traslado al hospital para que
completara el tratamiento para el cáncer, desconocieron el derecho al libre
desarrollo de la personalidad de la afectada. Lo anterior, por cuanto coartaron
su libertad de decidir si se sometía o no a un tratamiento médico, e
interfirieron indebidamente en la potestad de autodeterminarse, conforme a su
propio arbitrio, dentro de los límites permitidos, en lo que a su juicio era
más conveniente para preservar su salud y asegurar una especial calidad de
vida.
De acuerdo a
lo señalado por la Corte, la decisión de la paciente de no acudir a los
servicios médicos, entre otras razones, por lo costosos que ellos resultaban,
no querer dejar sola a su hija en la casa, su especial convicción de que
“Cristo la va a aliviar”, y de que se sentía bien de salud, no vulneró ni
amenazó los derechos de los demás y, por lo tanto, merecía ser respetada,
dentro del ámbito del reconocimiento de su derecho al libre desarrollo de la
personalidad.
5.1.3. Este
Tribunal concluyó que la tutela impetrada, en cuanto perseguía la imposición a
la agenciada de un determinado patrón de conducta respecto a la enfermedad que
padecía, menoscabó su potencialidad como persona, su capacidad de
autodeterminación y desconoció el derecho a la intimidad personal y familiar.
Con sustento en ello, revocó la decisión adoptada por el juez de instancia.
5.2.
Sentencia C-239 de 1997
5.2.1. En esa providencia, la Corte
estudió la demanda de inconstitucionalidad presentada por un ciudadano contra
el artículo 326 del Código Penal, cuyo tenor disponía lo siguiente: “Homicidio
por piedad. El que matare a otro por piedad, para poner fin a
intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave o
incurable, incurrirá en prisión de seis meses a tres años”.
El demandante
fundamentó su solicitud en que el rol principal de un Estado social y
democrático de derecho es garantizar la vida de las personas, protegiéndolas en
situaciones de peligro, previniendo atentados contra ellas y castigando a
quienes vulneren sus derechos, función que no se cumplía con la norma
demandada, en tanto dejaba al arbitrio del médico o del particular la decisión
de terminar con la vida de quienes se consideran un obstáculo, una molestia o
cuya salud represente un alto costo.
A juicio del
actor, la disposición acusada vulneraba el derecho a la igualdad, al establecer
una discriminación en contra de quien se encontraba gravemente enfermo o con
mucho dolor. De igual forma, consideró que la vida era tratada por el
legislador como un bien jurídico no amparable, como una cosa que en el momento
en que no presente ciertas cualidades o condiciones debe desaparecer. Para el
demandante, “el homicidio piadoso es un subterfugio traído de legislaciones
europeas en donde la ciencia, la técnica y la formación son disímiles al medio
colombiano, donde se deja morir a las personas a las puertas de los hospitales”;
además, estimó que la norma olvidaba que no toda persona que tenga deficiencias
en su salud tiene un deseo vehemente de acabar con su vida.
5.2.2. En
aquella oportunidad, la Corte explicó, en primer lugar, que el homicidio por
piedad es entendido como la acción de quien obra por la motivación específica
de poner fin a los intensos sufrimientos de otro, conocido también como el
homicidio eutanásico o pietístico.
Aclaró
que diferentes conductas podían adecuarse a ese tipo penal, ya que el
comportamiento no es el mismo cuando el sujeto pasivo no ha manifestado su
voluntad, o se opone a la materialización del hecho porque, a pesar de las
condiciones físicas en que se encuentra, desea seguir viviendo hasta el final;
al de aquel que realiza la conducta cuando la persona consiente el hecho y
solicita que le ayuden a morir.
Acto seguido,
esta Corporación recordó que el artículo 29 de la Constitución consagra el
principio de que no hay delito sin conducta, al establecer que “nadie podrá
ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa”,
por lo que se entiende que la Carta estableció un derecho penal del acto,
en oposición a un derecho penal del autor, es decir, que solo se
permite castigar al hombre por lo que hace, por su conducta social, y no por lo
que es, ni por lo que desea, piensa o siente. La Corte explicó además que el
derecho penal del acto supone la adopción del principio de culpabilidad, que se
fundamenta en la voluntad del individuo que controla y domina el comportamiento
externo que se le imputa, en virtud de lo cual solo puede llamarse acto
al hecho voluntario.
Bajo esa
línea, la Corte sostuvo que para el derecho penal del acto, uno de los
criterios básicos de imposición de la pena es el grado de culpabilidad, de
manera que a su autor se le impone una sanción, mayor o menor, atendiendo a la
entidad del juicio de exigibilidad, es decir, la pena debe ser proporcional al
grado de culpabilidad. Lo anterior significa que la ilicitud de muchos hechos
no depende únicamente de su materialización y realización consciente y
voluntaria, sino que debe tenerse en cuenta el sentido específico que a la
acción u omisión le imprime el fin perseguido por el sujeto (componente
subjetivo). En otras palabras, para graduar la culpabilidad deben tenerse en
cuenta los móviles de la conducta.
Aclarado lo
anterior, en la sentencia C-239 de 1997 este Tribunal se refirió a la piedad
como consideración subjetiva del acto contenido en la norma demandada. Al
respecto, explicó que la piedad “es un estado afectivo de conmoción y
alteración anímica profundas, [que] mueve a obrar en favor de otro y no en
consideración a sí mismo”. Según sostuvo, quien mata a otro por piedad, con
el propósito de ponerle fin a los intensos sufrimientos que padece, obra con un
claro sentido altruista, y es esa motivación la que ha llevado al legislador a
crear un tipo autónomo, al cual atribuye una pena considerablemente menor a la
prevista para el delito de homicidio simple o agravado.
A juicio de
la Corte, tal decisión no desconoce el derecho fundamental a la vida consagrado
en el artículo 11 de la Constitución, “pues la conducta, no obstante la
motivación, sigue siendo antijurídica, es decir, legalmente injusta; pero en
consideración al aspecto subjetivo la sanción es menor, lo que se traduce en
respeto por el principio de culpabilidad”.
Aunado a
ello, indicó que para que se configurara esta forma de homicidio atenuado no
bastaba el actuar conforme a un sentimiento de piedad, ya que era necesario que
se presentaran además los elementos objetivos exigidos por el tipo penal, esto
es, que el sujeto pasivo tenga intensos sufrimientos derivados de lesión
corporal o enfermedad grave o incurable. Sobre el particular, adujo:
“Por lo
tanto, desde esta perspectiva de análisis, la tacha de inconstitucionalidad que
propone el actor, en el sentido de considerar que el artículo 326 del Código
Penal desconoce el derecho a la vida de quien se encuentra en condiciones
precarias de salud, porque la levedad de la sanción constituye una autorización
para matar, comporta una actitud que reclama la aplicación de una pena en
virtud de la sola materialidad del comportamiento, sin consideración a los
aspectos subjetivos involucrados en el mismo, cuya relevancia guarda armonía
con los mandatos constitucionales. El actor olvida que en un Estado Social de
Derecho las penas tienen que guardar una razonable proporcionalidad con el
grado de culpabilidad del acto, y no sólo con la gravedad material y objetiva
de la lesión al bien jurídico”.
Ahora bien,
la Corte expuso, además, que el consentimiento del sujeto pasivo en algunos
casos es una circunstancia de atenuación punitiva. Sin embargo, en relación con
el homicidio por piedad, ninguna disposición penal hace alusión al
consentimiento del sujeto pasivo del hecho, por lo que se preguntó si esa
omisión significaba que dicho consentimiento no era relevante.
Para
responder ese interrogante, la Corte estudió el derecho a la vida y la
autonomía a la luz de la Constitución de 1991. Indicó que si bien existe
consenso en que la vida es el presupuesto necesario de los demás derechos, un
bien inalienable, sin el cual el ejercicio de los otros sería impensable, su
protección en el ámbito jurídico occidental, y la respuesta en torno al deber
de vivir cuando el individuo sufre una enfermedad incurable que le causa
intensos sufrimientos, es vista desde dos posiciones: (i) la que asume la vida
como algo sagrado, según la cual independientemente de las condiciones en que
se encuentra el individuo, la muerte debe llegar por medios naturales; y (ii)
aquella que estima que es un bien valioso pero no sagrado, que admite que el
individuo pueda decidir si continúa o no viviendo cuando las circunstancias que
rodean su vida no la hacen deseable ni digna de ser vivida.
En sentido de
esta Corporación, esta cuestión debía ser resuelta desde una perspectiva
secular y pluralista, con respeto de la autonomía moral del individuo y las
libertades y derechos que inspiran el ordenamiento superior. Teniendo en cuenta
lo anterior, manifestó que la Constitución se inspira en la consideración de la
persona como un sujeto moral, capaz de asumir en forma responsable y autónoma
las decisiones sobre los asuntos que a él incumben, “debiendo el Estado
limitarse a imponerle deberes, en principio, en función de los otros sujetos
morales con quienes está abocado a convivir, y por tanto, si la manera en que
los individuos ven la muerte refleja sus propias convicciones, ellos no pueden
ser forzados a continuar viviendo cuando, por las circunstancias extremas en
que se encuentran, no lo estiman deseable ni compatible con su propia dignidad,
con el argumento inadmisible de que una mayoría lo juzga un imperativo
religioso o moral”. Para este Tribunal, “nada tan cruel como obligar a
una persona a subsistir en medio de padecimientos oprobiosos, en nombre de
creencias ajenas, así una inmensa mayoría de la población las estime
intangibles”.
En esa
decisión, hizo referencia a la sentencia T-493 de 1993, como hito ineludible en
asuntos de esta naturaleza, en la cual se planteó que a la luz de la autonomía
de la persona (el libre desarrollo de su personalidad) y el derecho a elegir,
en caso de grave enfermedad, si se enfrenta la muerte o se prolonga la
existencia por medio de tratamiento médico, sólo el titular del derecho a la
vida puede decidir hasta cuándo es ella deseable y compatible con la dignidad
humana.
La Corte
explicó que la Constitución Política no es neutra frente al valor vida sino que
es un ordenamiento claramente en favor de él; sin embargo, recordó que el
Estado no puede pretender cumplir esa obligación desconociendo la autonomía y
la dignidad de las personas. Sobre este punto, consideró:
“El deber
del Estado de proteger la vida debe ser entonces compatible con el respeto a la
dignidad humana y al libre desarrollo de la personalidad. Por ello la Corte
considera que frente a los enfermos terminales que experimentan intensos
sufrimientos, este deber estatal cede frente al consentimiento informado del
paciente que desea morir en forma digna. En efecto, en este caso, el deber
estatal se debilita considerablemente por cuanto, en virtud de los informes
médicos, puede sostenerse que, más allá de toda duda razonable, la muerte es
inevitable en un tiempo relativamente corto. En cambio, la decisión de cómo
enfrentar la muerte adquiere una importancia decisiva para el enfermo terminal,
que sabe que no puede ser curado, y que por ende no está optando entre la
muerte y muchos años de vida plena, sino entre morir en condiciones que él
escoge, o morir poco tiempo después en circunstancias dolorosas y que juzga
indignas. El derecho fundamental a vivir en forma digna implica entonces el
derecho a morir dignamente, pues condenar a una persona a prolongar por un
tiempo escaso su existencia, cuando no lo desea y padece profundas aflicciones,
equivale no sólo a un trato cruel e inhumano, prohibido por la Carta (CP
art.12), sino a una anulación de su dignidad y de su autonomía como sujeto
moral. La persona quedaría reducida a un instrumento para la preservación de la
vida como valor abstracto”.
5.2.3.
De acuerdo con lo anterior, la Corte en la sentencia C-239 de 1997
determinó que en el caso del homicidio pietístico, la actuación del sujeto
activo carece de antijuridicidad, porque se trata de un acto solidario que no se
realiza por la decisión personal de suprimir una vida, sino por la solicitud de
aquél que por sus intensos sufrimientos, producto de una enfermedad terminal,
pide le ayuden a morir. Dicho consentimiento del sujeto pasivo debe ser libre,
manifestado inequívocamente por una persona con capacidad de comprender la
situación en que se encuentra, implica que la persona posee información seria y
fiable acerca de su enfermedad y de las opciones terapéuticas y su pronóstico,
y cuenta con la capacidad intelectual suficiente para tomar la decisión. Así
mismo, el sujeto activo debe ser un médico, por ser el único profesional capaz
de suministrar esa información al paciente y de brindarle las condiciones para
morir dignamente. En consecuencia, si los médicos ejecutan el hecho descrito en
la norma penal con el consentimiento del sujeto pasivo no pueden ser objeto de
sanción y, en consecuencia, los jueces deben exonerar de responsabilidad a
quienes así obren.
5.2.4.
Finalmente, esta Corporación hizo mención a la necesidad de que se
establecieran regulaciones legales estrictas sobre la manera cómo debía
prestarse el consentimiento y la ayuda a morir, para evitar que en nombre del
homicidio pietístico, se eliminara a personas que querían seguir viviendo, o
que no sufrían de intensos dolores producto de enfermedad terminal. Los puntos
que consideró como esenciales para esa regulación fueron los siguientes: (i)
verificación rigurosa, por personas competentes, de la situación real del
paciente, la enfermedad, la madurez de su juicio y de la voluntad inequívoca de
morir; (ii) indicación clara de las personas que deben intervenir en el
proceso; (iii) circunstancias bajo las cuales debe manifestar su consentimiento
la persona que consiente en su muerte; (iv) medidas que deben ser usadas por el
sujeto calificado para obtener el resultado filantrópico; y (v) incorporación
al proceso educativo de temas como el valor de la vida y su relación con la
responsabilidad social, la libertad y la autonomía de la persona.
Con
fundamento en lo expuesto, declaró exequible la disposición acusada con la
advertencia de que en el caso de los enfermos terminales en que concurra la
voluntad libre del sujeto pasivo del acto, no podrá derivarse responsabilidad
para el médico autor, porque la conducta está justificada. Así mismo, exhortó
al Congreso para que regulara el asunto de la muerte digna, no sin antes
aclarar que mientras se regulaba el tema, en principio, todo homicidio por
piedad de enfermos terminales debía dar lugar a la correspondiente
investigación penal, a fin de que en ella, los funcionarios judiciales, tomando
en consideración todos los aspectos relevantes para la determinación de la
autenticidad y fiabilidad del consentimiento, establecieran si la conducta del
médico había sido o no antijurídica, en los términos señalados en la sentencia.
5.2.5. Esta decisión de la Corte contiene
elementos esenciales a partir de los cuales deben ser considerados los casos de
práctica de eutanasia, como el que ahora estudia la Sala. De ellos se destaca
el reconocimiento de la persona como capaz de asumir en forma responsable y
autónoma las decisiones que le incumben, particularmente, cuando por las
circunstancias en que se encuentra decide no continuar viviendo, en tanto no lo
estima deseable ni compatible con su propia dignidad. Para esta Corporación,
constituye un trato cruel el obligar a un sujeto a subsistir en medio de
padecimientos que afectan su vida en condiciones dignas. Por eso, la decisión
de una persona de morir dignamente supone el deber del Estado de garantizar las
condiciones para que dicha decisión corresponda al querer del sujeto, sin
prolongar su existencia y aflicciones cuando no lo desea.
5.3.
Sentencia T-970 de 2014
5.3.1. En
esta ocasión, la Corte revisó el asunto de una ciudadana que padecía de cáncer
de colon con diagnóstico de metástasis y en etapa terminal. Esta persona fue
sometida a una intervención quirúrgica y a varias sesiones de quimioterapia sin
recibir los resultados esperados, razón por la cual manifestó su voluntad de no
recibir más tratamiento, dado que le causaba “intensa astenia, adinamia,
cefalea, náuseas y vómito”. Tiempo después, un médico oncólogo dejó
constancia de que el cáncer que padecía la accionante no solo se encontraba en “franca
progresión”, sino que además había deteriorado su estado funcional y
calidad de vida, por lo que ordenó suministrarle el “mejor cuidado de
soporte por cuidados paliativos”. En varias oportunidades, la paciente le
solicitó al médico especialista que le practicara el procedimiento de
eutanasia, quien verbalmente le expresó que dicho pedido era un homicidio que
no podía consentir.
El
juzgado que conoció el asunto en única instancia resolvió no tutelar los
derechos fundamentales invocados, dado que para la fecha no existía un marco
normativo que indicara a los profesionales de la salud cómo debían actuar en
estos casos. De igual forma, consideró que luego de decretadas algunas pruebas
para conocer con certeza el estado de salud de la paciente, las entidades
oficiadas no enviaron ningún informe, lo que impedía verificar los requisitos
que la Corte estableció para la práctica de la eutanasia en la sentencia C-239
de 1997.
5.3.2. De
manera preliminar, este Tribunal hizo una precisión terminológica sobre los
distintos procedimientos para garantizar el derecho a morir dignamente.
En
primer lugar, explicó el significado de la eutanasia y señaló que si
bien las definiciones eran múltiples y no se contaba con alguna totalmente
aceptada, es claro que en ese procedimiento deben concurrir los siguientes
elementos: (i) el sujeto pasivo que padece una enfermedad terminal; (ii) el
sujeto activo que realiza la acción u omisión tendiente a acabar con los
dolores del paciente que en todos los casos debe ser un médico; (iii) debe
producirse por petición expresa, reiterada e informada de los pacientes. Del
mismo modo, hizo referencia a una clasificación según la forma de realizarse
ese procedimiento, así:
(i)
Será activa o positiva (acción) cuando existe un despliegue médico para
producir la muerte de una persona como suministrar directamente algún tipo de
droga o realizando intervenciones en busca de causar la muerte. Es pasiva o
negativa (omisión) cuando quiera que, al contrario de la activa, la
muerte se produce por la omisión de tratamientos, medicamentos, terapias o
alimentos. En este tipo de eutanasia, la actuación del médico es negativa pues
su conducta es de “no hacer”. En otras palabras, se culmina todo
tipo de actividad terapéutica para prolongar la vida de una persona que se
encuentre en fase terminal[20].
(ii)
Es directa cuando existe una provocación intencional del médico que
busca la terminación de la vida del paciente[21]. Aunque la diferencia
parezca sutil con la eutanasia pasiva, la distinción está en la
intencionalidad, mientras que en la primera, por ejemplo, se desconectan los
aparatos médicos sin intención de causar la muerte, en la eutanasia directa el
móvil es evidente. Es indirecta cuando se origina sin la intención de
causar la muerte de la persona, según algunos autores, eso no es eutanasia pues
precisamente uno de los elementos de esta práctica es la provocación
intencional de la muerte. En todo caso, en esos eventos la muerte no es
pretendida sino que puede ser originada por efectos colaterales de tratamientos
médicos intensos.
(iii)
En la eutanasia voluntaria el paciente logra manifestar su voluntad,
mientras que la involuntaria, a pesar de poderla consentir, se realiza
el procedimiento sin obtenerla. En cambio, la eutanasia no voluntaria
sucede cuando no se puede averiguar la voluntad de quien muere, por la
imposibilidad de expresarla. Aunque sean similares las clasificaciones, directa
e indirecta se dan con ocasión de la voluntad del médico. Por el contrario,
la voluntaria, involuntaria y no voluntaria se dan con base en el
consentimiento del paciente.
En segundo lugar, hizo referencia al concepto de distanasia[22], entendida como una práctica que supone
la prolongación de la vida por cualquier medio, incluso, causando efectos perversos
en la salud, dignidad y vida del paciente, y que consiste en impedir
innecesariamente la muerte de la persona. En contraste, explicó el término de adistanasia
o antidistanasia, conocida como la omisión de medios extraordinarios o
desproporcionados que mantienen con vida al paciente. Adujo que en este evento
no existen terapias que ayuden al enfermo a prolongar su existencia, pero,
tampoco para aliviar su excesivo dolor y sufrimiento. Algunos asimilan este
concepto con el de eutanasia, pero se diferencian porque no existe una acción
positiva de causar la muerte de una persona, pese a ello, es muy similar a la
ya reseñada eutanasia pasiva.
Acto seguido, se refirió al concepto de suicidio asistido,
evento en el cual el sujeto activo y pasivo se confunde porque la intervención
del médico no es directa, ya que es el mismo enfermo quien provoca su muerte.
Ese es el caso en el que galeno proporciona todos los medios necesarios para
que el enfermo termine por sí mismo con su vida. A veces se tiende a asimilar
la eutanasia como el suicidio asistido, pero la diferencia radica en que en la
eutanasia el sujeto activo no se confunde con el pasivo y es el médico quien
realiza la conducta tendiente a causar la muerte.
Siguiendo esa línea, mencionó además el término de cuidados
paliativos y/o ortotanasia, reglamentados por el Congreso mediante la Ley
1733 de 2014 y entendido como el tratamiento médico que dignifica la vida de
quienes inevitablemente van a morir, pero que su voluntad no es otra a que
llegue la muerte de forma natural. Es el esfuerzo terapéutico para disminuir al
máximo el sufrimiento del paciente por los efectos colaterales de la enfermedad
terminal y es conocido como una alternativa intermedia a la eutanasia y
distanasia, porque no prolonga innecesariamente la vida, pero tampoco la
termina deliberadamente ya que el paciente no lo quiere así.
5.3.3.
Luego de esta precisión terminológica, la
sentencia T-970 de 2014 se pronunció sobre el alcance y contenido esencial del
derecho a morir dignamente. Para abordar este asunto recordó lo señalado en la
sentencia C-239 de 1997 y resaltó que a pesar de la importancia de lo decidido
en esa providencia, habían transcurrido más de diecisiete años sin que el
Legislador hubiera expedido una ley sobre el asunto. Partiendo de ello, destacó
la fundamentalidad del derecho a morir dignamente, por su relación directa con
el derecho a la dignidad humana y por su principal propósito que es permitir
que la vida no consista en la subsistencia vital de una persona sino que vaya mucho
más allá. Al respecto, adujo:
“Lejos de ser preguntas abiertas, los interrogantes planteados
muestran la estrecha relación que tiene el derecho a la muerte digna con la
dignidad humana. En criterio de esta Sala, morir dignamente involucra aspectos
que garantizan que luego de un ejercicio sensato e informado de toma de
decisiones, la persona pueda optar por dejar de vivir una vida con sufrimientos
y dolores intensos. Le permite alejarse de tratamientos tortuosos que en vez de
causar mejoras en su salud, lo único que hacen es atentar contra la dignidad de
los pacientes. Cada persona sabe qué es lo mejor para cada uno y el Estado no
debe adoptar posiciones paternalistas que interfieran desproporcionadamente en
lo que cada cual considera indigno. (…) Algunas enfermedades son devastadoras,
al punto de producir estados de indignidad que solo pueden ser sanadas con la
muerte. El fin del derecho a morir dignamente, entonces, es impedir que la
persona padezca una vida dolorosa, incompatible con su dignidad. Eso se da
cuando los tratamientos médicos realizados no funcionan o sencillamente cuando
el paciente, voluntariamente, decide no someterse más a esos procedimientos
pues considera, según su propia expectativa, que es indigno la manera como está
viviendo”.
En el mismo sentido, la Corte definió el derecho a morir dignamente
como un derecho autónomo, independiente pero relacionado con la vida y otros
derechos. En palabras de este Tribunal, se trata de un derecho fundamental
complejo que goza de todas las características y atributos de las demás
garantías constitucionales de esa categoría.
5.3.4. A pesar de este reconocimiento, la Corte llamó la atención ante la
falta de regulación sobre el asunto. Por ello, realizó un estudio de derecho
comparado como criterio de razonabilidad con el fin de obtener un panorama
sobre cómo se han comportado distintos ordenamientos jurídicos diferentes al
colombiano. Luego encontró que en algunos Estados la discusión fue
pública y se despenalizó la eutanasia a través de mecanismos de democracia
directa como referendos; en otros, se dio directamente a través de la vía
legislativa.
Sin
embargo, expuso que en la gran mayoría de casos la dimensión subjetiva del
derecho a morir dignamente se dio a través de decisiones judiciales, donde los
jueces optaron por dos vías: (i) aceptar que existe una correlación muy
estrecha entre el derecho a la vida, a la dignidad humana y a la autonomía
personal, siendo posible que una persona decidiera autónomamente, bajo ciertas
circunstancias, provocar su propia muerte; y (ii) despenalizar la eutanasia
como una manera de garantizar la vigencia de los derechos constitucionales;
despenalización que no fue absoluta, sino que se establecieron unas condiciones
sin las cuales provocar la muerte de una persona sería igualmente considerado
un delito.
La
Corte explicó que en la mayoría de los países, luego de este proceso de
judicialización, el legislador intervino con dos propósitos principales: dotar
de mayor seguridad jurídica y precisión técnica algunos conceptos y blindar
legislativamente la voluntad del paciente. Lo que se buscó fue que los médicos
supieran con certeza cuándo estaban cometiendo un delito, por lo que al
reglamentar el procedimiento de forma más clara y precisa, los galenos tendrían
la tranquilidad de no estar cometiendo una actividad ilícita y regulada.
Arguyó
que el papel que jugó la reglamentación de las prácticas eutanásicas fue muy
importante para garantizar la voluntad del paciente, por lo que resaltó la
relevancia de la existencia de una reglamentación, ya que sin normas claras y
procedimientos precisos, los médicos no sabían con exactitud cuándo están
cometiendo un delito y cuándo concurriendo a la satisfacción de un derecho
fundamental.
5.3.5.
Con sustento en lo anterior, la Corte analizó el caso concreto,
encontrando que si bien la peticionaria había fallecido en el
trámite de la acción de tutela, ese hecho no era suficiente para dejar de
pronunciarse sobre el fondo del asunto, especialmente porque debían fijarse
algunas reglas relativas al procedimiento de eutanasia como forma de garantizar
el derecho a morir dignamente y evitar que ante la ausencia de legislación
aplicable, se diluyeran las garantías fundamentales de las personas que adoptan
esa decisión.
Aclarado lo anterior, determinó que existió una violación a los
derechos fundamentales de la accionante por parte de la EPS, así como de los
médicos tratantes, que negaron la práctica de la eutanasia por dos razones
principales: (i) no existía una forma para verificar que sufría de un intenso
dolor y ante tal indeterminación difícilmente se sabía si la manifestación de
voluntad de la paciente había sido libre e informada; y (ii) el legislador no
había expedido una ley estatutaria que definiera ni los procedimientos ni los
criterios para realizar esta clase de eventos.
Para la Corte no existió justificación constitucionalmente válida a
la negativa de la EPS de practicar la eutanasia, en tanto del caso no solo se
desprendía que se cumplían todos los requisitos que eximen de responsabilidad
penal a quien provoque la muerte, sino también se estructuraban las causales
para que se estuviera en presencia de una obligación derivada del derecho
fundamental a morir dignamente. Según adujo esta Corporación la ausencia de
legislación no constituía una razón suficiente para negarse a garantizar los
derechos de la accionante, pues para la época de la negativa se encontraba
vigente el precedente de la Sentencia C-239 de 1997 que determinó las reglas
bajo las cuales se entendía que era posible realizar el procedimiento
solicitado, los cuales, en el asunto examinado, se encontraban acreditados.
A juicio de este Tribunal, la ausencia de una regulación del derecho
a morir dignamente se convertía en una barrera para su materialización, por lo
que fijó algunas pautas normativas para facilitar su ejercicio, sin perjuicio
de que el Congreso de la República, en desarrollo de la cláusula general de competencia
en materia legislativa y tomando en cuenta las directrices trazadas en esta
decisión, procediera a su regulación. Por un lado, estableció los requisitos
para la viabilidad del procedimiento de eutanasia, así:
(i)
Padecimiento de una enfermedad terminal que produzca intensos dolores. Este requisito debe verse desde dos puntos de vista: uno objetivo y
el otro subjetivo. El objetivo implica que la enfermedad debe estar calificada
por un especialista. No basta con que el sujeto pasivo indique, sin mediar
conocimiento técnico, que padece una enfermedad terminal. En relación con este
aspecto, la autonomía de la persona se restringe pues lo que se persigue es
delimitar la garantía constitucional e impedir usos indebidos de la misma. El
subjetivo, consiste en el dolor que cause sufrimiento intenso
al paciente. Aunque se pueda establecer médicamente que una enfermedad implica
mucho dolor (aspecto objetivo), limitar esa certeza a un concepto médico choca
con la idea misma de autonomía y libertad de las personas. Nadie más que el
propio paciente sabe que algo le causa un sufrimiento de tal gravedad que se
hace incompatible con su idea de dignidad. De esta manera, será la voluntad del
paciente la que determine qué tan indigno es el sufrimiento causado, aunado a
los exámenes médicos.
(ii)
Consentimiento libre, informado e inequívoco. El
consentimiento libre implica que no existan presiones de terceros sobre
su decisión. Lo determinante es que el móvil de la decisión sea la genuina
voluntad del paciente de poner fin al intenso dolor que padece. Debe ser informado,
motivo por el cual los especialistas deben brindar al paciente y a su familia
toda la información objetiva y necesaria, para que no se tomen decisiones
apresuradas, pues de lo que se trata es de disponer de la vida misma del ser
humano. Finalmente, el consentimiento tendrá que ser inequívoco, con el
fin de asegurar que la decisión del paciente de provocar su muerte sea consistente
y sostenida, es decir, que no sea el producto de episodios anímicos críticos o
depresivos.
La Corte estableció además que con el propósito de garantizar que el
consentimiento esté revestido de los anteriores atributos, era necesario
garantizar los siguientes dispositivos:
(i) La creación de un Comité Científico Interdisciplinario de
acompañamiento. Ordenó al Ministerio de Salud que
impartiera una directriz a todos los hospitales, clínicas, IPS, EPS, y en
general a los prestadores del servicio de salud, que conformaran un grupo de
expertos interdisciplinarios que brindaran un acompañamiento a la familia del
paciente y al paciente en ayuda sicológica, médica y social, para que la
decisión no genere efectos negativos en el núcleo familiar, ni en la situación
misma del paciente. Esa atención no puede ser formal ni esporádica sino que
tendrá que ser constante, durante las fases de decisión y ejecución del
procedimiento orientado a hacer efectivo el derecho. En caso de detectar alguna
irregularidad, deberá suspender el procedimiento y poner en conocimiento de las
autoridades competentes la posible comisión de una falta o de un delito, si a
ello hubiere lugar.
(ii) La creación de un procedimiento en el que se blindara la
decisión del enfermo. Cuando se constate que la
persona padece de una enfermedad terminal que le causa dolores intensos, la
persona tendrá derecho a manifestar su deseo de morir. Esa voluntad será
recibida por el médico quién convocará al comité científico interdisciplinario
para que comience su actividad. Una vez sea expresada la intención de morir,
garantizando lo inequívoco del consentimiento, el médico o el comité deberá en
un plazo razonable que no podrá ser superior a diez (10) días calendario,
preguntar al paciente si su intención continúa en pie. En caso de que así sea,
el procedimiento será programado en el menor tiempo posible, que no podrá ser
superior a lo que el paciente indique o máximo quince (15) días después de
reiterada su decisión. En cualquier momento el enfermo podrá desistir de su
decisión y con ello, activar otras prácticas médicas como los cuidados
paliativos.
El consentimiento puede ser previo, posterior, formal o informal.
Será previo cuando antes de sufrir el suceso patológico, formal o
informalmente, la persona manifiesta por cualquier medio su deseo de que le sea
aplicado algún procedimiento para garantizar su derecho a morir dignamente. Por
el contrario, será posterior cuando la voluntad se manifieste luego de ocurrido
el suceso patológico. En el mismo sentido, la voluntad podrá ser expresada
formal (por ejemplo por escrito), así como también informalmente (de manera
verbal). El consentimiento también puede ser sustituto, esto es, cuando la
persona que sufre de una enfermedad terminal, se encuentra en imposibilidad
fáctica para manifestar su consentimiento. En esos casos y en aras de no
prolongar su sufrimiento, la familia podrá sustituir su consentimiento y se
llevará a cabo el mismo procedimiento, pero el comité interdisciplinario deberá
ser más estricto en el cumplimiento de los requisitos.
La Corte dispuso además que el Comité debía enviar un documento al
Ministerio de Salud, en el cual reportara todos los hechos y condiciones que
rodearon el procedimiento a fin de que se realizara un control exhaustivo sobre
el asunto, y elaborar un protocolo médico consensuado con la academia médica,
psicológica, jurídica, y las organizaciones sociales, que sugiriera a los
médicos cuál es el procedimiento técnico a utilizar en estos casos.
Por otro lado, esta Corporación fijó los criterios que debían
tenerse en cuenta en la práctica de los procedimientos de eutanasia:
(i) Prevalencia de la autonomía del paciente. Los sujetos obligados deberán analizar los casos atendiendo siempre
a la voluntad del paciente. Solo bajo situaciones objetivas e imparciales, se
podrá controvertir esa manifestación de la voluntad.
(ii) Celeridad. El derecho a morir
dignamente no puede suspenderse en el tiempo, pues ello implicaría imponer una
carga excesiva al enfermo. Debe ser ágil, rápido y sin ritualismos excesivos
que alejen al paciente del goce efectivo del derecho.
(iii) Oportunidad. Se encuentra en conexión
con el anterior criterio e implica que la voluntad del sujeto pasivo sea
cumplida a tiempo, sin que se prolongue excesivamente su sufrimiento al punto
de causar su muerte en condiciones de dolor que, precisamente, quiso evitarse.
(iv) Imparcialidad. Los profesionales de
la salud deberán ser neutrales en la aplicación de los procedimientos
orientados a hacer efectivo el derecho a morir dignamente. No pueden sobreponer
sus posiciones personales sean ellas de contenido ético, moral o religioso que
conduzcan a negar el derecho. En caso que el médico alegue dichas convicciones,
no podrá ser obligado a realizar el procedimiento, pero tendrá que reasignarse
otro profesional.
Por último, exhortó al Congreso de la República para que procediera
a regular el derecho fundamental a morir dignamente, tomando en consideración
los presupuestos y criterios previamente establecidos.
5.3.6. De esta decisión es imperioso destacar ciertos aspectos que resultan
esenciales para asuntos como el que ahora conoce la Sala. En primer lugar, es
preciso resaltar la relación directa entre el derecho a morir dignamente con
los derechos a la salud y a la dignidad humana, pues implica la posibilidad de
la persona que atraviesa una enfermedad terminal de optar por dejar de vivir
una vida con intensos dolores y sufrimientos. Para garantizar la voluntad del
paciente y materializar el derecho a morir dignamente es necesario cumplir con
ciertos parámetros mínimos, como: (i) la posibilidad de la persona de
manifestar su deseo de morir; (ii) la conformación de un Comité para que en un
término razonable sea programada la realización del procedimiento; (iii) la
posibilidad del paciente de desistir de su decisión o activar otras prácticas
médicas para paliar su dolor; (iv) la celeridad en la práctica de la eutanasia,
de tal forma que se garantice la no prolongación del sufrimiento; (iv) el
respeto por la voluntad del paciente y las condiciones en las que este desea
finalizar su padecimiento (atención oportuna, acompañamiento médico y del
entorno familiar, entre otros).
5.4.
Resolución 1216 de 2015[23]
5.4.1. En
cumplimiento de lo ordenado en la sentencia T-970 de 2014 el Ministerio de
Salud y Protección Social expidió la Resolución 1216 de 2015, en la cual fijó
los parámetros generales para garantizar el derecho a morir dignamente, así como
la conformación y funciones de los Comités Científico-Interdisciplinarios,
entre otras disposiciones.
5.4.2. El
capítulo I de ese acto administrativo trae la definición de “enfermo en fase
terminal” contenida en el artículo 2º de la Ley 1733 de 2014[24], entendido como “todo
aquel que es portador de una enfermedad o condición patológica grave, que haya
sido diagnosticada en forma precisa por un médico experto, que demuestre un
carácter progresivo e irreversible, con pronóstico fatal próximo o en plazo
relativamente breve, que no sea susceptible de un tratamiento curativo y de
eficacia comprobada, que permita modificar el pronóstico de muerte próxima; o
cuando los recursos terapéuticos utilizados con fines curativos han dejado de
ser eficaces”.
Incluye, además, una disposición
referente al derecho a cuidados paliativos (art. 4), en virtud de la cual las
personas con enfermedades en fase terminal tienen derecho a los mismos para
mejorar la calidad de vida, tanto de los pacientes que afrontan estas
enfermedades, como de sus familias, mediante un tratamiento integral del dolor,
el alivio del sufrimiento y otros síntomas, teniendo en cuenta sus aspectos
psicopatológicos, físicos, emocionales, sociales y espirituales. Incluye el
derecho a desistir de manera voluntaria y anticipada de tratamientos médicos
innecesarios que no cumplan con los principios de proporcionalidad terapéutica
y no representen una vida digna para el paciente.
Así mismo, establece los
criterios para garantizar el derecho a morir dignamente, a saber: (i) la
autonomía del paciente; (ii) la celeridad; (iii) la oportunidad; y (iv) la
imparcialidad, en los términos definidos en la sentencia T-970 de 2014. (Art.
3).
5.4.3. El capítulo II de
la Resolución hace referencia a los Comités Científico-Interdisciplinarios para
el derecho a morir con dignidad, así:
a.
Organización: señala que las IPS que tengan habilitado el
servicio de hospitalización de mediana o alta complejidad para hospitalización
oncológica, o el servicio de atención domiciliaria para paciente crónico, que
cuenten con los respectivos protocolos de manejo para el cuidado paliativo,
conformarán al interior de cada entidad un Comité Cientifico Interdisciplinario.
Del mismo modo, aclara que la IPS que no tenga tales servicios deberá, de forma
inmediata, poner en conocimiento dicha situación a la EPS a la cual está
afiliada la persona que solicite el procedimiento para hacer efectivo el
derecho a morir con dignidad, con el propósito de que coordine todo lo
relacionado en aras de garantizar tal derecho (art. 5).
b.
Conformación: el Comité estará conformado por (i) un médico con
la especialidad de la patología que padece la persona, diferente al médico
tratante; (ii) un abogado; y (iii) un siquiatra o sicólogo clínico (art. 6). Estos
profesionales serán designados por la IPS y no podrán ser objetores de
conciencia del procedimiento que anticipa la muerte en un enfermo terminal,
condición que se declarará en el momento de la conformación del mismo. Así
mismo, deberán manifestar, en cada caso, los conflictos de intereses que puedan
afectar las decisiones que deban adoptar (art. 6, parágrafo).
c.
Funciones: las funciones del Comité, establecidas en el artículo
7º de la Resolución, se pueden sintetizar así:
(i) Revisar la determinación del
médico tratante en cuanto a la solicitud que formule el paciente y establecer
si le ofreció o está recibiendo cuidados paliativos.
(ii) Ordenar a la institución
responsable del paciente, la designación, en un término máximo de 24 horas,
de un médico no objetor cuando se presente objeción por parte del médico que
debe practicar el procedimiento que anticipa la muerte en forma digna en un
enfermo terminal.
(iii) Establecer, dentro de un
plazo no superior a diez (10) días calendario a partir de su solicitud, si
el paciente que solicita el procedimiento para morir con dignidad reitera su
decisión de que le sea practicado.
(iv) Vigilar que el procedimiento
se realice cuando la persona lo indique o, en su defecto, dentro de los
quince (15) días calendario siguientes al momento en que el paciente
reitere su decisión.
(v) Vigilar y ser garante de que
todo el procedimiento para morir con dignidad se desarrolle respetando los
términos de la sentencia T-970 de 2014 y que se garantice la imparcialidad de
quienes intervienen en el proceso.
(vi) Suspender el procedimiento
en caso de detectar alguna irregularidad y poner en conocimiento de las
autoridades competentes la posible comisión de una falta o de un delito, si a
ello hubiere lugar.
(vii) Acompañar, de manera
constante y durante las diferentes fases, al paciente y su familia en ayuda
sicológica, médica y social, para mitigar los eventuales efectos negativos.
(viii) Verificar, en el caso del
consentimiento sustituto, si existe alguna circunstancia que llegue a viciar la
validez y eficacia del mismo.
(ix) Remitir al Ministerio de
Salud y Protección Social un documento en el cual reporte todos los hechos y
condiciones que rodearon el procedimiento a fin de que el Ministerio realice un
control exhaustivo sobre el asunto.
(x) Velar por la reserva y
confidencialidad de la información, sin perjuicio de las excepciones legales.
(xi) Informar a la EPS a la cual
esté afiliado el paciente de las actuaciones que se adelanten dentro del
procedimiento para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad y mantenerse
en contacto permanente con la misma.
d.
Instalación y sesiones. Integrado el Comité este tendrá una
sesión de instalación en la cual adoptará el reglamento interno y designará un
secretario técnico (art. 8). Para sesionar y deliberar, el quorum deberá ser de
la totalidad de sus integrantes, y las decisiones serán adoptadas, de
preferencia, por consenso, pero en caso de no llegar a un acuerdo la decisión
se adoptará por mayoría. Llegado el caso de no ser posible sesionar con la
mayoría de los integrantes por fuerza mayor o caso fortuito, o por un conflicto
de intereses, la entidad deberá designar de manera inmediata al profesional que
lo reemplace (art. 10).
Adicionalmente,
el Capítulo II, artículo 12, establece como una de las funciones de las IPS la
de garantizar que existan médicos no objetores, de conformidad con la orden
dada por el Comité, o permitir el acceso a quienes no sean objetores para la
práctica del procedimiento.
5.4.4. Posteriormente,
el capítulo III regula lo concerniente al procedimiento para hacer efectivo el
derecho a morir con dignidad. En primer lugar, de conformidad con lo
establecido en el artículo 15 la persona mayor de edad que considere que se
encuentra en las condiciones previstas en la sentencia T-970 de 2014 podrá
solicitar la mencionada garantía ante su médico tratante, quien valorará la condición
de enfermedad terminal. Este consentimiento debe ser expresado de manera libre,
informada e inequívoca, y puede ser previo a la enfermedad terminal, cuando el
paciente haya manifestado, antes de la misma, su voluntad en tal sentido (art.
15).
En segundo lugar, establecida la
condición de enfermedad terminal y la capacidad del paciente, el médico
tratante, con la documentación respectiva, convocará de manera inmediata al
respectivo Comité, el cual dentro de los diez 10 días calendario siguientes a
la presentación de la solicitud, deberá verificar la existencia de los
presupuestos contenidos en la sentencia T-970 de 2014 para adelantar el
procedimiento y, si estos se cumplen, preguntará al paciente, si reitera su
decisión.
En el evento de que el paciente
reitere su decisión, el Comité autorizará el procedimiento y este será
programado en la fecha que el paciente indique o, en su defecto, en un máximo
de 15 días calendario después de reiterada su decisión. Así mismo, deberá enviar
un documento al Ministerio de Salud y Protección Social reportando todos los
hechos y condiciones que rodearon el procedimiento a fin de que el mismo
realice un control exhaustivo sobre el asunto (art. 16).
En cualquier momento del proceso
el paciente o, en caso de consentimiento sustituto, quienes estén legitimados
para tomar la decisión, podrán desistir de la misma y optar por otras
alternativas (art. 17).
Finalmente,
el artículo 18 de esa normatividad dispone que la objeción de conciencia solo
es predicable de los médicos encargados de intervenir en el procedimiento para
hacer efectivo el derecho a morir con dignidad y en el evento que el médico que
va a practicar el procedimiento formule tal objeción, por escrito y debidamente
motivada, el Comité ordenará a la IPS para que, dentro de las 24 horas
siguientes a que se presente de la objeción, reasigne a otro médico que lo
realice.
5.4.5. De
ese modo quedó regulado el procedimiento de eutanasia en el ordenamiento
jurídico. Además de la Resolución 1216 de 2015 el Ministerio de Salud y
Protección Social expidió la Resolución 4006 de 2016 por medio de la cual creó
un Comité Interno en esa entidad para controlar los procedimientos que hagan
efectivo el derecho a morir con dignidad, el cual tiene como objetivo realizar
un análisis y control exhaustivo sobre los reportes remitidos por los Comités
Científico Interdisciplinarios que hayan autorizado los procedimientos que
hagan efectivo el derecho a morir con dignidad.
5.4.6. Lo
regulado en la Resolución 1216 de 2015 adquiere especial relevancia para el
caso que ahora conoce la Sala, pues de su contenido se desprenderá el análisis
del asunto y la efectividad de su aplicación. Es por ello que resulta necesario
destacar ciertos aspectos de ese acto administrativo, en tanto tienen
injerencia directa en la tutela de la referencia.
Así,
según lo dispuesto en esa resolución, todo procedimiento de eutanasia debe
garantizar la autonomía del paciente, la celeridad y la oportunidad en su
realización, así como la imparcialidad de los profesionales de la salud que
intervienen en el mismo. Para cumplir con tales presupuestos se debe brindar el
tratamiento paliativo que amerite la enfermedad, así como contar con la
infraestructura adecuada que permita llevar a cabalidad el procedimiento. De
igual forma, se debe conformar un Comité que coordine todo lo necesario para
llevar a cabo el proceso, y que cuente con un abogado y con médicos
especialistas en la patología que padece el paciente, así como en siquiatría o
psicología. Dentro de las funciones de ese Comité se encuentra la de acompañar,
de manera constante y durante las diferentes fases, al paciente y su familia en
ayuda sicológica, médica y social, para mitigar los eventuales efectos
negativos.
6.
Imposición de barreras administrativas y vulneración de los
derechos a la salud y a la vida en condiciones dignas. Reiteración de
jurisprudencia
6.1.
El artículo 49 de la Constitución Política desarrolla el derecho a la
salud en los siguientes términos: “La
atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo
del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de
promoción, protección y recuperación de la salud. Corresponde al Estado
organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los
habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia,
universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la
prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su
vigilancia y control. Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las
entidades territoriales y los particulares y determinar los aportes a su cargo
en los términos y condiciones señalados en la ley (…)”.
La jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha pronunciado en
numerosas oportunidades sobre las dos facetas del derecho fundamental a la
salud: por un lado, su reconocimiento como derecho y, por el otro, su
carácter de servicio público[25]. Sobre la
primera faceta, ha sostenido que la salud debe ser prestada de manera oportuna[26],
eficiente y con calidad, de conformidad con los principios de continuidad,
integralidad[27] e igualdad[28];
mientras que, respecto de la segunda, ha dicho que la salud debe atender a los
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos
previstos en los artículos 48 y 49 de la Carta Superior[29].
Esta Corporación también ha sostenido que las condiciones en la
prestación del servicio de salud inician desde la promoción y la prevención,
pasando por el diagnóstico y el tratamiento, hasta la rehabilitación y la
paliación de la enfermedad, razón por la cual se entiende que “el acceso
integral a un régimen amplio de coberturas, es lo que finalmente permite que se
garantice a los individuos y las comunidades la mejor calidad de vida posible”[30].
Sobre el particular, es necesario traer a colación lo consagrado en
el artículo 6 de la Ley 1751 de 2015 Estatutaria de Salud. Esta disposición
establece que el derecho fundamental a la salud incluye los siguientes
elementos esenciales e interrelacionados: (i) disponibilidad, en virtud
del cual el Estado deberá garantizar la existencia de servicios y tecnologías e
instituciones de salud, así como de programas de salud y personal médico y
profesional competente; (ii) aceptabilidad, según el cual los diferentes
agentes del sistema deben ser respetuosos de la ética médica así como de las
diversas culturas de las personas; (iii) accesibilidad, que indica que los
servicios y tecnologías de salud deben ser accesibles a todos, en condiciones
de igualdad, dentro del respeto a las especificidades de los diversos grupos
vulnerables y al pluralismo cultural, y comprende la no discriminación, la
accesibilidad física, la asequibilidad económica y el acceso a la información;
y (iv) calidad e idoneidad profesional, que supone que los
establecimientos, servicios y tecnologías de salud deberán estar centrados en
el usuario, ser apropiados desde el punto de vista médico y técnico y responder
a estándares de calidad aceptados por las comunidades científicas.
El mencionado artículo 6 dispone además que el derecho fundamental a
la salud comporta, entre otros, los siguientes principios: (i) universalidad,
según el cual los residentes en el territorio colombiano gozarán efectivamente
del derecho fundamental a la salud en todas las etapas de la vida; (ii) continuidad
que indica que las personas tienen derecho a recibir los servicios de salud
de manera continua, esto es, que una vez la provisión de un servicio ha sido
iniciada, este no podrá ser interrumpido por razones administrativas o
económicas; (iii) oportunidad, que supone que la prestación de los
servicios y tecnologías de salud deben proveerse sin dilaciones; y (iv) solidaridad,
en virtud del cual el sistema está basado en el mutuo apoyo entre las personas,
generaciones, los sectores económicos, las regiones y las comunidades;
De igual forma, es preciso hacer mención al artículo 8 de la Ley
Estatutaria de Salud referente al principio de integralidad[31]. Este mandato implica que el sistema
debe brindar servicios de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento,
rehabilitación, paliación y todo aquello necesario para que el individuo goce
del nivel más alto de salud posible o al menos, padezca el menor sufrimiento
posible. En virtud de este principio, se entiende que toda persona tiene el
derecho a que se garantice su salud en todas sus facetas, esto es, antes,
durante y después de presentar la enfermedad o patología que lo afecta, de
manera integral y sin fragmentaciones[32].
6.2.
Uno de los principales inconvenientes evidenciados en la prestación del
servicio de salud a los que se enfrentan los usuarios del sistema son las
múltiples trabas administrativas y burocráticas. Estas barreras no solo atrasan
la prestación efectiva del servicio, sino que aumentan el sufrimiento de los
pacientes.
La
jurisprudencia constitucional ha identificado algunas de las graves
consecuencias que afectan a los usuarios por la imposición de las barreras
administrativas, a saber:
a)
Prolongación del sufrimiento, que consiste en la angustia emocional
que les produce a las personas tener que esperar demasiado tiempo para ser
atendidas y recibir tratamiento;
b) Complicaciones
médicas del estado de salud, esto se debe a que la persona ha tenido que
esperar mucho tiempo para recibir la atención efectiva, lo cual se refleja en
el estado de salud debido a que la condición médica empeora;
c)
Daño permanente, cuando ha pasado demasiado tiempo entre el momento en
que la persona acude al servicio de salud y hasta el momento en que recibe la
atención efectiva, empeorando el estado de salud y por lo tanto generándole una
consecuencia permanente o de largo plazo;
d)
Discapacidad permanente, se da cuando el tiempo transcurrido es tal
entre el momento que el paciente solicita la atención y hasta cuando la recibe,
que la persona se vuelve discapacitada;
e)
Muerte, esta es la peor de las consecuencias, y se puede dar cuando la
falta de atención pronta y efectiva se tarda tanto que reduce las posibilidades
de sobrevivir o cuando el paciente necesita de manera urgente ser atendido y
por alguna circunstancia el servicio es negado[33].
Sobre
la prolongación del sufrimiento ante la demora de una EPS en suministrar un
medicamento, o practicar un tratamiento o procedimiento, la Corte ha sostenido
que la extensión injustificada de una dolencia o una disfuncionalidad vulnera
los derechos fundamentales a la integridad personal y a la vida en condiciones
dignas, aun cuando no se esté ante la inminencia de muerte[34]. Desde sus primeros
pronunciamientos, este Tribunal ha hecho énfasis en que la negligencia de las
entidades encargadas de prestar un servicio de salud, por causa de trámites
administrativos o irregularidades internas, no puede ser trasladada a los
pacientes, en tanto una conducta de ese tipo genera una grave afectación de sus
derechos[35].
La
Corte ha dicho en reiteradas oportunidades que la protección constitucional del
derecho a la salud no solo está dirigida a resguardar el derecho a la vida como simple existencia biológica, sino que esta debe considerarse
dentro de una dimensión mucho más amplia, teniendo en cuenta los componentes de
calidad de vida y condiciones de subsistencia del individuo. Es por esa razón
que “la prolongación en el tiempo del dolor o permitir la intensificación
del mismo, equivale a someter a una persona a un trato inhumano, cruel y
degradante, contrariando de esta manera lo dispuesto en el artículo 12 de la
Carta Política”[36];
planteamiento que sin duda alguna es aplicable no solamente a los padecimientos
de dolores corporales, sino análogamente a todos aquellos eventos que en razón
de una enfermedad, se menoscaben la salud e integridad física o mental de la
persona.
6.3.
Con todo, debe decirse que el servicio de salud
debe prestarse de manera oportuna, eficiente y con calidad, de
conformidad con los principios de continuidad, integralidad e igualdad. La
prestación del servicio de salud en estos términos se ve limitada cuando se
imponen barreras o trabas administrativas por parte de la entidad prestadora de
salud, no imputables al paciente. Una de las consecuencias que ello genera es
la prolongación del sufrimiento que consiste en la angustia emocional que
les produce a las personas tener que esperar demasiado tiempo para ser
atendidas y recibir tratamiento. Esta clase de conductas generan una grave
afectación de los derechos fundamentales no solo a la salud, sino a la
integridad personal y a la vida en condiciones dignas.
Con los
elementos de juicio explicados en los capítulos precedentes, entrará la Sala de
Revisión a evaluar el caso concreto.
7.
Caso concreto.
7.1.
Presentación del asunto
7.1.1.  La
señora Adriana, actuando como
agente oficiosa de su hija, señaló que esta fue diagnosticada con un
cáncer en etapa terminal y, debido a que los diferentes tratamientos recibidos
no fueron efectivos para curar su enfermedad y al limitado pronóstico de vida, su
hija tomó la decisión de someterse al procedimiento de eutanasia. Manifestó que
presentaron una solicitud por escrito al Gerente del Hospital San Vicente de
Arauca para la realización de dicho procedimiento, recibiendo como respuesta
que la entidad no contaba con un médico especialista que permitiera conformar
un Comité Científico Interdisciplinario.
En
la diligencia de declaración celebrada el 21 de octubre de
2016 el médico internista Luis manifestó que el deceso Sofía
era inminente. Afirmó que en algunas ocasiones la paciente
manifestó que no quería recibir los medicamentos que le estaban suministrando
por miedo a los efectos colaterales, lo que le hacía preguntarse si ella de
verdad quería someterse a ese procedimiento; por ello, sugirió que fuera
valorada por sicología, con el fin de aclarar esa situación.
Ese
mismo día, el juzgado recibió la declaración de la accionante, quien aclaró que
su hija manifestó su consentimiento directamente y por cuenta
propia, y que tenía pleno conocimiento de su enfermedad y de sus consecuencias.
Sostuvo que cuando fueron al Hospital San Vicente de Arauca les dijeron que el
Hospital no contaba con la unidad de oncología para realizar el procedimiento,
y afirmó que su hija no estaba en las condiciones de subirse en un avión para
ir a Bucaramanga por su estado de salud.
La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca señaló que la
competencia para autorizar y garantizar la atención en salud corresponde a la
Nueva EPS.
El Hospital San Vicente de Arauca indicó que desde el mismo momento
en que recibió la solicitud de eutanasia mantuvo comunicación con la madre de
la joven y le manifestó el impedimento técnico, asistencial y jurídico de la
institución para proceder de conformidad con la petición. Adujo que en la
ciudad de Bucaramanga se encontraban habilitados los servicios que permitían la
aplicación del protocolo.
La Nueva EPS manifestó que en ningún momento se le había negado la
prestación del servicio de salud a la paciente e informó que esa entidad no
tenía la custodia de la historia clínica, ya que esa información reposaba
únicamente en los archivos de la IPS donde era atendida.
La Procuraduría 64 Judicial I Administrativa de Arauca señaló que
estaba debidamente acreditado que la Nueva EPS era la entidad que contaba con
los recursos para prestar el servicio solicitado. Hizo énfasis en la
importancia de que esa entidad agilizara los trámites para adoptar una decisión
definitiva en el caso.
7.1.2.
El Juzgado Segundo Administrativo Oral del
Circuito de Arauca concluyó que las gestiones que la Nueva EPS había realizado
no eran eficaces por lo que amparó el derecho fundamental invocado. Encontró
que se cumplió con el requisito de padecer una enfermedad terminal e intensos
dolores, ante el padecimiento de un tumor en fase terminal. Advirtió que se
acreditaba el requisito de haberse manifestado el consentimiento libre, informado
e inequívoco para la práctica del procedimiento de eutanasia y que las
funciones mentales de la paciente estaban intactas, es decir, que se encontraba
lúcida y plenamente consciente de su enfermedad.
7.1.3.
El asunto fue seleccionado para su revisión por
la Sala de Selección número Tres[37], mediante Auto del 30 de marzo de
2017 notificado el 18 de abril siguiente. Posteriormente, en Auto del 2
de junio de 2017 esta Corporación decretó algunas pruebas de las cuales se
obtuvieron las siguientes respuestas:
(i) El Ministerio de Salud y Protección Social indicó que en tanto
habían transcurrido más de seis meses desde la interposición de la acción de
tutela de la referencia, resultaba imperativo contar con la valoración médica
para que, de acuerdo con las escalas de funcionalidad, se pudiera determinar de
manera objetiva la condición de enfermo terminal de la agenciada.
(ii) La Superintendencia Nacional de Salud solicitó ser desvinculada
de toda responsabilidad, dado que la vulneración alegada no proviene de una
acción u omisión atribuible a esa entidad. Resaltó que la entidad encargada de
formular las políticas en materia de salud y protección social es el Ministerio
de Salud y Protección Social.
(iii) La Defensoría Delegada para Asuntos Constitucionales y Legales
señaló que esa resolución no le otorga ninguna competencia específica a esa
entidad en el marco del procedimiento diseñado para cumplir con la obligación
de garantizar el derecho a morir dignamente. Informó que no existen en el sistema
de información de la entidad criterios que permitan identificar los casos en
los que la asesoría, solicitud o queja se relacione con la garantía del derecho
a la muerte digna. Sin embargo, adujo que se está realizando una actualización
de las herramientas para la inclusión de ese derecho con el fin de poder hacer
un seguimiento a ese tipo de casos.
(iv) La Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles y Laborales
mencionó que de conformidad con el artículo 5 de la Resolución 1216 de 2015
cuando una IPS no cuente con la infraestructura para crear los Comités
Interdisciplinarios, deberá informar de manera inmediata a la EPS para que
coordine lo necesario para la realización del procedimiento solicitado. A su
juicio, lo anterior exige una perfecta sintonía entre la IPS, el solicitante y
la EPS a fin de garantizar de manera efectiva el derecho a morir dignamente.
(v) La Fundación pro derecho a morir dignamente manifestó que con
las conductas evidenciadas en el presente asunto se vieron vulnerados los
derechos fundamentales de una persona que padecía una enfermedad grave,
agresiva y progresiva, imponiéndose barreras de acceso claramente prohibidas en
el sistema de salud.
(vi) La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral
-ACEMI- aclaró que si bien representa los intereses gremiales de las EPS, su
gestión tiene unos límites en respeto de la autonomía que tiene cada una de las
entidades, por lo que no imparte instrucciones o direccionamientos a las agremiadas
que constituyan acuerdos que restrinjan la libre competencia. Sin embargo,
indicó que desde el gremio se ha difundido la norma entre los afiliados y se
están programando capacitaciones a las entidades, en aras de suministrar
herramientas e información académica que sean de utilidad.
(vii) La Nueva EPS explicó la gestión realizada por esa entidad para
garantizar la prestación del servicio solicitado, para lo cual hizo referencia
a las autorizaciones emitidas por medicina general, psicología, traslado a
Bucaramanga, entre otros. Sin embargo, aclaró que pese a las gestiones la
paciente falleció en el curso del proceso de eutanasia.
(viii) El apoderado judicial de la accionante señaló que a Sofía
le ofrecían el servicio en la ciudad de Bogotá o en Bucaramanga,
solución que inicialmente no fue aceptada, dadas las implicaciones que tenía su
traslado. Manifestó que posteriormente la paciente y su familia debieron
aceptar la imposición de la Nueva EPS, por lo que se comunicaron con esa
entidad para efectuar el traslado a la Clínica FOSCAL de Bucaramanga donde
comenzaron los inconvenientes y trámites administrativos que entorpecieron la
realización de la eutanasia. Sostuvo que solo hasta el 7 de enero de 2017 se
inició el procedimiento de eutanasia y el 8 de enero la paciente falleció. El
abogado mencionó que nunca recibieron la ayuda sicológica.
7.1.4. De conformidad con lo expuesto, el estudio de la Sala
Sexta de Revisión deberá centrarse en las conductas desplegadas por la Nueva
EPS que, al parecer, generaron la vulneración de los derechos fundamentales a
la salud, a la vida en condiciones dignas y a morir dignamente de Sofía, primero, al no garantizar de manera oportuna la
realización del procedimiento de eutanasia debido a la falta de infraestructura
del centro médico en el cual recibía la atención en salud; segundo, por no
brindar la adecuada y oportuna ayuda psicológica a Sofía y su familia, durante y después de la práctica de
dicho procedimiento; y, tercero, ante la prolongación del sufrimiento físico y
sicológico debido a la imposición de trabas administrativas no atribuibles a
los usuarios del sistema de salud.
De igual forma, la Sala deberá evaluar si el
Ministerio de Salud y Protección Social y la Superintendencia Nacional de
Salud, vulneraron esos derechos fundamentales por no vigilar el adecuado
cumplimiento de la Resolución 1216 de 2015 y no implementar las medidas
necesarias para garantizar el acompañamiento y la prestación oportuna del
procedimiento de eutanasia solicitado.
A continuación, esta Corporación expondrá su análisis
sobre los diferentes aspectos que se vieron involucrados en este asunto,
alegados por la parte accionante, y evidenciados luego de la revisión del
material probatorio allegado al expediente. En primer lugar, hará referencia a la
agencia oficiosa y a la carencia actual de objeto por daño consumado como
cuestiones previas, para luego concluir con el estudio de las circunstancias
que rodearon el caso.
7.2.
Sobre la agencia oficiosa en el caso
concreto
De conformidad con lo reseñado en esta providencia, la
agencia oficiosa es una herramienta jurídica otorgada en el trámite de la
acción de tutela que permite poner en funcionamiento el aparato judicial sin
necesidad de que la persona directamente afectada tenga que acudir por sí
misma. Esto, en procura de los derechos fundamentales de la persona agenciada
más allá de los formalismos o exigencias de todo trámite judicial. No obstante,
en cada caso deberá evaluarse que se cumplan los requisitos que avalen esa
posibilidad, esto es, la manifestación de quien actúa en esa calidad y la
imposibilidad del titular de los derechos presuntamente conculcados para
promover su propia defensa.
En
esta oportunidad, la señora Adriana afirma en el escrito de tutela que
actúa como agente oficiosa de su hija Sofía, con lo cual se acredita el
primero de los requisitos mencionados. En cuanto a la imposibilidad de la
agenciada de promover su propia defensa, encuentra la Sala que si bien la
accionante no expone las razones de manera explícita, las circunstancias
narradas en el escrito de tutela permiten inferir que la joven no se encuentra
en la posibilidad de acudir de manera directa ante el juez constitucional,
debido a la grave enfermedad que padece y que la pone en una situación de
indefensión y debilidad manifiesta.
Ahora
bien, es preciso señalar que en este caso la accionante actúa como agente
oficiosa, pero a través de apoderado judicial. Lo anterior no afecta la
legitimación en este asunto, pues aunque en principio podría inferirse que el
poder puede ser otorgado directamente por Sofía sin necesidad de que
actúe por medio de agente oficioso, ello no es posible dadas las especiales
circunstancias que han sido narradas, pues precisamente, es el grave estado de
salud de la agenciada que le impide realizar dicho trámite notarial.
Siendo
así, encuentra la Sala que en este asunto se acreditó el cumplimiento de los
requisitos para actuar como agente oficioso en sede de tutela.
7.3.
Sobre el daño consumado en el presente
asunto
Según
se expuso en acápites precedentes, durante el proceso de amparo se pueden
presentar circunstancias que permiten inferir o acreditar que las vulneraciones
o amenazas invocadas cesaron.
Estas
situaciones generan la extinción del objeto jurídico de la tutela, por lo que
cualquier orden de protección proferida por el juez caería en el vacío,
fenómeno que ha sido denominado como “carencia actual de objeto”, ya sea
por hecho superado o por daño consumado.
El daño consumado se presenta
cuando se ocasionó el daño que se pretendía
evitar con la orden de protección del juez de tutela, debido a que no se
reparó oportunamente la vulneración del derecho; en otras palabras, cuando la amenaza o la transgresión del derecho fundamental ya ha generado
el perjuicio que se pretendía evitar con el mecanismo preferente de la tutela.
Teniendo en
cuenta que se trata de un supuesto en el que se afectan de manera definitiva
los derechos fundamentales, la Corte ha establecido que en estos casos resulta
imperioso efectuar un pronunciamiento de fondo sobre el asunto, con
el fin de establecer correctivos y prever futuras violaciones[38].
Bajo ese entendido, “el juez
constitucional no solo tiene la facultad sino el deber de pronunciarse de
fondo, y exponer las razones por las cuales se produjo un perjuicio en cabeza
del accionante, además de realizar las advertencias respectivas, para
efectivizar la garantía de no repetición”[39].
6.2.2. De acuerdo a lo informado por el apoderado de la
accionante, a Sofía le fue realizado el procedimiento de eutanasia el
día 7 de enero de 2017 en la Clínica FOSCAL de Bucaramanga, el cual culminó al
día siguiente con el fallecimiento de la joven. Esta circunstancia se corrobora
con los siguientes documentos: (i) la historia clínica de Sofía allegada
por el abogado en la cual se registra “paciente que fallece en horas de la
madrugada (4:30) acompañada de su familia”[40]; y (ii) con el certificado de
defunción antecedente para el registro civil que constata como fecha del deceso
el 8 de enero de 2017, expedida por la médica de turno[41].
Ahora bien, aunque es posible
evidenciar que se llevó a cabo el procedimiento de eutanasia solicitado por la
paciente, existieron diferentes circunstancias que rodearon el asunto y que le
permiten concluir a la Corte que a pesar de la realización del mismo se generó
el daño que pretendía evitarse con la acción de tutela.
Según se explicará más adelante, Sofía
y su familia vieron prolongado su sufrimiento ante la imposición de diferentes
trabas administrativas que al final se convirtieron en todo lo que ellos buscaron
evitar al acudir al juez constitucional, esto es, la demora en la realización
del procedimiento, la falta de ayuda psicológica antes y después de la práctica
de la eutanasia, el abandono de su EPS y de las autoridades estatales, entre
otras.
Visto esto, para la Sala es claro
que en esta oportunidad se presenta una carencia actual de objeto por daño
consumado, lo que hace imperioso el estudio de fondo del asunto y el
pronunciamiento sobre la transgresión de los derechos fundamentales de la
agenciada.
7.4.
Sobre la vulneración de los derechos a la
salud y a morir dignamente
La
Sala Sexta de Revisión considera que en esta oportunidad la Nueva EPS y las
entidades estatales encargadas de la verificación y vigilancia del adecuado
cumplimiento de la Resolución 1216 de 2015 incurrieron en una grave vulneración
de los derechos fundamentales a la salud y a morir dignamente de Sofía.
A continuación, se expondrá el análisis del material probatorio contenido en el
expediente que le permite a la Corte llegar a esa conclusión.
a.
Análisis de las pruebas que obran en el expediente
De
la prestación del servicio en el Hospital San Vicente de Arauca
De
conformidad con lo consignado en la historia clínica expedida por la ESE
Hospital San Vicente de Arauca, Sofía sufría de “cáncer metastásico
con dolor abdominal lumbar en malas condiciones generales”, con pronóstico
terminal y en manejo paliativo[42].
Según
lo señalado por ese Hospital, el 3 de octubre de 2016 la accionante y su hija pidieron
la realización del procedimiento de eutanasia. Una vez tuvo conocimiento de la
solicitud, procedió a verificar si contaba con el servicio de hospitalización
oncológica o de atención para paciente crónico. Realizado el trámite
correspondiente, la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca certificó
que el Hospital no contaba con los servicios mencionados[43].
Por
lo anterior, mediante comunicación del 7 de octubre de 2016 el Hospital puso en
conocimiento de esa situación a la Nueva EPS por ser la entidad a la que se
encontraba afiliada la paciente, con el fin de que coordinara lo necesario para
garantizar el derecho a morir dignamente de Sofía [44].
En
respuesta del 20 de octubre de 2016, la Nueva EPS informó que efectivamente esa
entidad contaba con la red y los mecanismos requeridos para garantizar el
protocolo establecido para la realización de la eutanasia. En ese documento
indicó, además, que no había sido posible establecer una comunicación con la
señora Adriana para poner a su disposición los recursos requeridos,
razón por la cual solicitó al Hospital San Vicente de Arauca informarle a la
afiliada que podía acercarse a las oficinas de la entidad para iniciar el
respectivo trámite[45].
Ese
mismo día, esto es, el 20 de octubre de 2016, la señora Adriana instauró
acción de tutela con el fin de que le fuera garantizado a su hija el derecho a
morir dignamente[46]. Culminado el trámite
correspondiente, el juzgado que conoció en asunto concedió el amparo invocado
luego de encontrar acreditados los requisitos de la Resolución 1216 de 2015
para proceder a realizar el procedimiento de eutanasia. El fallador, en
providencia del 3 de noviembre de 2016, le ordenó a la Nueva EPS[47]:
-
Designar un centro hospitalario que contara con los
servicios indicados por el artículo 5° de la Resolución 1216 de 2015 para
realizar el procedimiento solicitado.
-
Coordinar lo pertinente con el Dr. Luis, el
Hospital San Vicente de Arauca, el Hospital San Ignacio de Bogotá, Sofía
y su madre Adriana para obtener la historia clínica de
la paciente y ponerla a disposición del Comité Interdisciplinario de la IPS que
fuera designada.
-
Convocado el Comité, dar cumplimiento al procedimiento
establecido en la Resolución 1216 de 2015 y a los presupuestos establecidos en la
sentencia T-970 de 2014.
-
En caso de determinarse que a la paciente se le
practicaría la eutanasia, trasladarla al centro hospitalario donde funciona el
Comité para que le fuera aplicada, precisando que los gastos de desplazamiento
correrían por cuenta de la Nueva EPS.
-
En caso de que no fuera aconsejable el desplazamiento
de Sofía, la EPS dispondría lo necesario para
que el médico que designe el Comité sea trasladado a Arauca para realizar el
procedimiento.
-
Garantizar el acompañamiento de manera constante y
durante todas las fases para la paciente y su familia, en ayuda sicológica,
médica y social.
-
No exceder los términos fijados en la Resolución 1216
de 2015 para la realización del procedimiento.
Ante
el incumplimiento de lo ordenado por el juez de instancia, el 22 de noviembre
de 2016 el apoderado de la accionante inició un incidente de desacato y mediante
proveído de esa misma fecha el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito
de Arauca dispuso poner en conocimiento de la Gerente Zonal Nororiente de la
Nueva EPS dicho incidente para que informara sobre las razones del
incumplimiento del fallo de tutela[48]. Consultado el proceso en la página
de la rama judicial, se constató que mediante Auto del 16 de diciembre de 2016
el juzgado ordenó sancionar a la Gerente Zonal Nororiente de la Nueva EPS por
el incumplimiento al fallo proferido el 3 de noviembre de 2016[49].
Debido
al persistente incumplimiento por parte de la Nueva EPS se convocó una reunión
con la intervención de la Defensoría del Pueblo, Seccional Arauca, que se
celebró el 28 de diciembre de 2016 según consta en el Acta de esa misma fecha.
De dicha reunión se destaca lo siguiente[50]:
-
El Gerente Regional de Salud de la Nueva EPS manifestó que “siempre
ha mantenido su voluntad para honrar la solicitud de la Sra. [Sofía] pero el
hecho de que el Hospital San Vicente haya manifestado su limitación técnica, de
infraestructura y de recurso humano, y el hecho de que en Arauca no exista
ninguna otra IPS que supla los mismos, determina un imposible jurídico para
atender la solicitud. Por esa razón, dispuso de toda la infraestructura y
recurso humano en la ciudad de Bucaramanga donde se puede realizar el
procedimiento conforme lo dispuesto en el Protocolo”. Acto seguido, indicó “no
se puede obligar a los especialistas a desplazarse a la ciudad de Arauca, el
Hospital no se encuentra habilitado para ese procedimiento y esto determinaría
la diferencia entre la eutanasia y un homicidio”.
-
Los intervinientes llegaron a los siguientes compromisos: a) el Hospital
San Vicente de Arauca validaría con los anestesiólogos si era posible llevar a
cabo parte del procedimiento con acompañamiento por telemedicina desde
Bucaramanga; b) la Defensoría y el abogado de la familia se reunirían con esta
para comentar lo expuesto en la reunión; c) la Nueva EPS adelantaría la gestión
con el Ministerio de Salud y Protección Social poniendo en conocimiento el caso
y solicitando orientación por la premura del tiempo.
-
La reunión continuó en horas de la tarde de ese mismo día, momento en el
cual la Nueva EPS informó que el único caso conocido se llevó a cabo en
Manizales en donde se contaba con la red para prestar el servicio, por lo que
se cumplió a cabalidad el Protocolo.
-
La Defensora del Pueblo, Regional Arauca, manifestó que no había una
preparación sicológica de la paciente ni de su familia, lo que evidenciaba la
falta de convencimiento pleno sobre la realización de la eutanasia. Ante lo
anterior, el abogado de la accionante expuso que “la solicitud de la
paciente siempre ha sido expresa desde el inicio” y aclaró que “la
paciente no dijo que NO quería realizarse el procedimiento, solo que se observa
es que la misma y su familia no tienen claridad sobre las etapas a seguir”.
-
Ante la duda sobre la voluntad de la realización del procedimiento la
Nueva EPS se comprometió a garantizar la evaluación sicológica, para lo cual se
ubicarían los profesionales que cumplieran el perfil para dicha evaluación,
esto, en la ciudad de Arauca.
-
Finalmente, el Hospital San Vicente de Arauca informó que de los cuatro
anestesiólogos con lo que cuenta la institución, tres de ellos manifestaron su
objeción de conciencia para realizar la eutanasia y uno no estaba en la ciudad,
por lo que no se pudo conocer su posición sobre el particular.
Por
otro lado, de acuerdo a lo informado por la Nueva EPS[51] la
paciente y su familia solicitaron la práctica de la eutanasia, por lo que
procedió a indagar sobre el asunto teniendo en cuenta que era el primer caso
que se presentaba en los ocho años que lleva funcionando como EPS. Luego de las
respectivas averiguaciones envió una comunicación a las peticionarias en las
que les informó que el Departamento de Arauca no contaba con la red de
servicios habilitada para esa atención, razón por la cual el servicio
solicitado podría prestarse en la ciudad de Bucaramanga.
Señaló que el 28 de diciembre de 2016 cuando se realizó la reunión
previamente mencionada se presentó “un suceso que apalancó la ejecución del
procedimiento” y es que en voces del médico tratante Dr. Luis la
eutanasia no podía garantizarse ante la duda, ya que posiblemente la paciente y
sus familiares no estaban preparados. Indicó que, en todo caso y ante el
compromiso asumido en esa reunión, autorizó una nueva valoración psicológica
domiciliaria por un profesional de la IPS de Arauca, pero el 2 de enero de 2017
la Gerencia General de la IPS MEDYTEC envió una cotización de los valores de
citas por psicología e hizo hincapié en que para el área geográfica del
Departamento de Arauca se presentaba una escasa oferta de profesionales.
Mencionó que el 4 de enero de 2017 generó dos autorizaciones para la
prestación de los servicios de atención domiciliaria por sicología y medicina
general que serían finalmente prestados a través de la IPS MEDYTEC-Arauca.
Adicionó que ese mismo día se estableció comunicación con un familiar de la
agenciada, quien informó que el 28 de diciembre se había realizado una
valoración interdisciplinaria a la paciente y que estaba siendo atendida con
terapias psicológicas.
De
la prestación del servicio en la Clínica FOSCAL de Bucaramanga
Según
lo manifestó el apoderado de la accionante, por el fuerte dolor que padecía y
al ver cómo su cuerpo se deformaba por la inflamación que le causaba la
enfermedad, Sofía y su familia decidieron aceptar el traslado a la
ciudad de Bucaramanga. El 6 de enero de 2017, la Nueva EPS envió un avión
ambulancia, un médico y un sicólogo, y Sofía, su madre y sus hermanos
fueron trasladados a la Clínica FOSCAL de Bucaramanga.
Afirmó que a la
llegada a la clínica comenzaron los inconvenientes y trámites administrativos
que entorpecieron la realización de la eutanasia, ya que la Nueva EPS no
informó para qué procedimiento se había trasladado a la paciente y no solicitó
la historia clínica. Al respecto, señaló lo siguiente: “lastimosamente
sucedió todo lo que mi cliente y paciente le temía, en su casa tenía las
comodidades de un hogar digno, acompañamiento médico y control del dolor,
rodeada de su familia y con mucho amor, pero en la clínica fue abandonada en el
área de urgencia, en una camilla donde solo podía estar su madre, sus hermanos
en las afueras del centro asistencial porque no los dejaban entrar. Un trato
indignante para cualquier ser humano en el estado tan vulnerable en que se
encontraba”.
Comentó que
luego de unas horas les informaron que según lo aducido por la Nueva EPS la
joven Sofía había sido remitida para manejo del
dolor y que no tenían conocimiento alguno frente a la solicitud del
procedimiento de eutanasia. Comentó que el 7 de enero de 2017 el director de la
clínica FOSCAL debió apersonarse del caso, por lo que a las 3:30 pm se inició
el procedimiento de eutanasia, el cual culminó el 8 de enero de 2017. El
abogado mencionó que “desde el mismo momento en que fue dejada en la clínica
FOSCAL ningún funcionario de la Nueva EPS les brindó ayuda o siquiera los
escuchó”.
Lo anterior se
puede constatar con lo consignado en la Historia Clínica de Enfermería de la
Clínica FOSCAL de Bucaramanga, de la cual se extrae que Sofía ingresó a la clínica a la 1:00 pm del 6 de enero de 2017, por la
unidad de urgencias, remitida para valoración y manejo de dolor, y solo hasta
las 6:00 pm fue trasladada al área de hospitalización[52]:
-
6 de enero de 2017 - 12:51. Paciente de 24 años
de edad con diagnóstico de tumor metastásico en etapa terminal con dolor de
difícil manejo. Paciente quien viene remitida para valoración y manejo por
clínica del dolor, es entregada a observación.
-
6 de enero de 2017 - 13:16. Paciente quien
manifiesta que ella no acepta que la ubiquen en una camilla de urgencias, que a
ella le manifestaron que llegaba a la clínica y de una vez pasaba a ser
hospitalizada en habitación.
-
6 de enero de 2017 - 13:20. Ingresa usuaria al
servicio de observación de urgencias área nueva cubículo 29, en regular estado
general.
-
6 de enero de 2017 - 18:00. Ingresa usuaria a
servicio de hospitalización proveniente de urgencias en camilla.
Ahora bien, según expuso la Nueva EPS[53] el
23 de diciembre de 2016 procedió a remitir a la Gerencia Regional de la EPS en
la ciudad de Bucaramanga la historia clínica de Sofía. Así mismo, el 26
de diciembre de 2016 estableció comunicación con el Director de la Clínica del
Dolor y Cuidado Paliativo con el fin de contextualizar el caso de la paciente,
a quien se le informó el riesgo jurídico en el que se encontraban y la
imposibilidad de realizar el procedimiento en el Hospital San Vicente de
Arauca. Mencionó que en esa comunicación se le solicitó al Director de la
Clínica que explicara cómo era el proceso para la práctica de la eutanasia.
En respuesta a esa comunicación emitida el mismo 26 de diciembre, el
Director de la Clínica de Dolor y Cuidado Paliativo manifestó lo siguiente: “dentro
de los protocolos para la realización de la eutanasia el médico tratante debe
remitirlo al comité que se haya habilitado en la institución. Entiendo que en
el Hospital San Vicente de Arauca no existen dichos protocolos ni el personal
para su realización. Con el mayor de los gustos atenderíamos a la paciente pero
lo haríamos en nuestra institución, donde contamos con los requerimientos
básicos para la realización. Es de difícil desplazamiento porque el personal
está disponible en FOSCAL y en FOSCAL INTERNACIONAL en sus actividades
normales”.
La Nueva EPS mencionó que el 5 de enero de 2017 se logró establecer
la recepción de Sofía para la práctica de la eutanasia en la Clínica
FOSCAL y que el ingreso de la paciente debía realizarse por urgencias de la IPS
que debía notificar la hora estimada de arribo con el fin de garantizar que el
equipo de cuidados paliativos la estuviera esperando a su llegada al servicio
de urgencias. Según sus bases de datos, la usuaria fue ingresada en la IPS
FOSCAL el 6 de enero de 2017 y la ubicación se realizó en zona VIP del área de
observación en cubículo independiente a la espera de la asignación de una
habitación individual, esto “en razón a la premura del viaje que se exigió
ya que la aceptación del mismo, de parte suya, se obtuvo el 4 de enero sobre el
medio día”. Resaltó que este procedimiento se logró en un término de menos
de 48 horas dentro de las cuales se organizó y otorgó el traslado en avión
ambulancia.
Indicó que la paciente fue valorada por el anestesiólogo pero que
desafortunadamente el acompañante no llevaba consigo los documentos de historia
clínica, los cuales debía poseer según las indicaciones recibidas en la visita
de atención médica domiciliaria, lo que “generó la espera para su
consecución y valoración, toda vez que por tratarse de información técnica,
clínica, legal y privada, era fundamental para el proceso que se estaba
iniciando”.
La entidad aclaró que pese a las gestiones adelantadas para
garantizar el cumplimiento del fallo, Sofía falleció el 8 de enero de
2017, consumándose así la pretensión amparada. Sobre el particular, recalcó que
siempre estuvo presta a adelantar los trámites administrativos y financieros
para garantizar el procedimiento solicitado que “equívocamente pretendía la
familia fuera realizado de forma domiciliaria desconociendo el protocolo para
la realización del mismo”.
b.
Conclusiones sobre el análisis probatorio reseñado
Según lo
ha señalado por esta Corporación, el deber del Estado de proteger la vida debe
ser compatible con el respeto a la dignidad humana y al libre desarrollo de la
personalidad, razón por la cual frente a los enfermos terminales que
experimentan intensos sufrimientos, este deber estatal cede respecto del
consentimiento informado del paciente que desea morir en forma digna. La
decisión de cómo enfrentar la muerte adquiere una importancia decisiva para el
enfermo terminal, que sabe que no puede ser curado y que no está optando entre
la muerte y muchos años de vida plena, sino entre morir en las condiciones que
él escoge, o morir poco tiempo después en circunstancias dolorosas e indignas.
Así, “el derecho fundamental a vivir en forma digna implica entonces el
derecho a morir dignamente, pues condenar a una persona a prolongar por un
tiempo escaso su existencia, cuando no lo desea y padece profundas aflicciones,
equivale no sólo a un trato cruel e inhumano, prohibido por la Carta (CP
art.12), sino a una anulación de su dignidad y de su autonomía como sujeto
moral”[54].
Bajo ese entendido, la relación directa entre el derecho a morir dignamente con los
derechos a la salud y a la dignidad humana, implica la posibilidad de la
persona que atraviesa una enfermedad terminal de optar por dejar de vivir una
vida con intensos dolores y sufrimientos. Entonces, para garantizar la voluntad
del paciente y materializar el derecho a morir dignamente es necesario cumplir
con ciertos parámetros mínimos, como: (i) la posibilidad de la persona de
manifestar su deseo de morir; (ii) la conformación de un Comité para que en un
término razonable sea programada la realización del procedimiento; (iii) la
posibilidad del paciente de desistir de su decisión o activar otras prácticas
médicas para paliar su dolor; (iv) la celeridad en la práctica de la eutanasia,
de tal forma que se garantice la no prolongación del sufrimiento; (iv) el
respeto por la voluntad del paciente y las condiciones en las que este desea
finalizar su padecimiento (atención oportuna, acompañamiento médico y del
entorno familiar, entre otros).
La
Resolución 1216 de 2015 establece que todo procedimiento de eutanasia debe
garantizar la autonomía del paciente, la celeridad y la oportunidad en su
realización, así como la imparcialidad de los profesionales de la salud que
intervienen en el mismo. Para cumplir con tales presupuestos se debe brindar el
tratamiento paliativo que amerite la enfermedad, así como contar con la
infraestructura adecuada que permita llevar a cabalidad el procedimiento. De
igual forma, se debe conformar un Comité que coordine todo lo necesario para
llevar a cabo el proceso, y que cuente con un abogado y con médicos
especialistas en la patología que padece el paciente, así como en siquiatría o
psicología. Dentro de las funciones de ese Comité se encuentra la de acompañar,
de manera constante y durante las diferentes fases, al paciente y su familia en
ayuda sicológica, médica y social, para mitigar los eventuales efectos
negativos.
A
continuación, la Sala presenta las fallas en las que incurrió la Nueva EPS en
la prestación del servicio solicitado, tanto en la ciudad de Arauca como en
Bucaramanga, así como las fallas en las que incurrieron las entidades estatales
encargadas de la vigilancia y la verificación del adecuado cumplimiento de la
Resolución 1216 de 2015.
De las
fallas evidenciadas en la prestación del servicio en la ciudad de Arauca
Desde
el 3 de octubre de 2016 Sofía y
su madre hicieron la correspondiente solicitud de práctica de la eutanasia ante
el Hospital San Vicente de Arauca, IPS que luego de constatar que no contaba
con la infraestructura adecuada para realizar el procedimiento le informó sobre
la solicitud a la Nueva EPS, entidad que tuvo conocimiento de la situación
desde el 7 de octubre de 2016.
Un
mes después, esto es, el 3 de noviembre de 2016 el juez que conoció la acción
de tutela en única instancia emitió diferentes órdenes para que la Nueva EPS
llevara a cabo el procedimiento. La decisión de ese fallador era lo
suficientemente clara y en ella se especificó que “en caso de que no fuera aconsejable el desplazamiento de [Sofía], la
EPS dispondría lo necesario para que el médico que designe el Comité sea
trasladado a Arauca para realizar el procedimiento”. A pesar de esa
orden, de las pruebas que obran en el expediente y de lo informado por la misma
entidad, durante ese tiempo no existió ninguna gestión por parte de la EPS para
dar cumplimiento a lo ordenado y verificar con los galenos correspondientes si
era posible o no trasladar a Sofía.
Solo
hasta el 28 de diciembre de 2016, luego de la sanción por desacato emitida por
el juez de instancia, fue que se realizó una reunión para llegar a una solución
para el caso, esto por la intervención que hiciera la Defensoría Regional. La
actitud de la Nueva EPS ese día fue señalar que “no se puede obligar a los
especialistas a desplazarse a la ciudad de Arauca, el Hospital no se encuentra
habilitado para ese procedimiento y esto determinaría la diferencia entre la
eutanasia y un homicidio”. Pero en ningún momento mostró voluntad para ir
conformando el Comité Interdisciplinario así fuera en la ciudad de Bucaramanga,
para luego ver si por telemedicina se podría avanzar, por lo menos, en una
parte del procedimiento. Por el contrario, su respuesta siempre fue enfática y
sesgada en señalar que no era posible acceder a la solicitud, sin analizar u
optar por otras posibilidades que ayudaran a la paciente.
La
EPS manifestó además que este era el primer caso que se presentaba en los ocho
años que lleva funcionado como entidad promotora de salud, como si la novedad
del asunto le impidiera gestionar la solicitud de la peticionaria. Por ejemplo,
pudo adelantar la gestión con el Ministerio de Salud y Protección Social
poniendo en conocimiento el caso y solicitando orientación por la premura del
tiempo, compromiso que asumió en la reunión del 28 de diciembre de 2016 y que
no acreditó haber cumplido.
Por
otro lado, la Nueva EPS señaló que el 28 de diciembre de 2016
se presentó “un suceso que apalancó la ejecución del procedimiento” y es
que en voces del médico tratante Dr. Luis la eutanasia no podía
garantizarse ante la duda, ya que posiblemente la paciente y sus familiares no
estaban preparados. Esto olvidando lo señalado por el apoderado de la familia,
quien aclaró que “la paciente no dijo que NO quería realizarse el
procedimiento, solo que se observa es que la misma y su familia no tienen
claridad sobre las etapas a seguir”.
Ahora bien, la entidad mencionó que el 4 de enero de 2017 generó dos
autorizaciones para la prestación de los servicios de atención domiciliaria por
sicología y medicina general y que ese mismo día se estableció comunicación con
un familiar de la agenciada, quien informó que el 28 de diciembre se había
realizado una valoración interdisciplinaria a la paciente y que estaba siendo
atendida con terapias psicológicas. Pero para la Corte no es claro qué
resultados se obtuvieron con dichas valoraciones, si estas le sirvieron a la
entidad para aclarar el suceso que “apalancó” la ejecución del
procedimiento y si fueron suficientes para dar lugar a la conformación del
Comité.
Para
la Sala, en este caso estaba demostrado que en la ciudad de Arauca no existía
el soporte técnico para realizar el procedimiento solicitado por Sofía; sin embargo, ello no justifica que la entidad,
teniendo conocimiento desde mucho antes de esa situación y desde el mismo
momento del fallo de tutela, no hubiera iniciado las gestiones pertinentes para
avanzar en el procedimiento así fuera parcialmente. Simplemente se basó en la
imposibilidad técnica y jurídica de dar cumplimiento al fallo. Así, no es claro
bajo qué parámetros se verificó el consentimiento de Sofía,
cómo se conformó el Comité Interdisciplinario, quiénes hicieron parte del
mismo, cuál fue el acompañamiento médico y sicológico, y si el procedimiento de
eutanasia se realizó en acatamiento a los parámetros fijados por esta
Corporación y regulados en la Resolución 1216 de 2015.
Ahora
bien, por otro lado, en la reunión del 28 de diciembre de 2016, el Hospital San
Vicente de Arauca informó que de los cuatro anestesiólogos con lo que cuenta la
institución, tres de ellos manifestaron su objeción de conciencia para realizar
la eutanasia y uno no estaba en la ciudad, por lo que no se pudo conocer su
posición sobre el particular.
Como
se reseñó previamente, una de las funciones del Comité, según lo dispuesto en
el artículo 7 de la Resolución 1216 de 2015, es ordenar a la institución responsable
del paciente la designación, en un término máximo de 24 horas, de un médico no
objetor cuando se presente objeción por parte del médico que debe practicar el
procedimiento que anticipa la muerte en forma digna en un enfermo terminal. Así
mismo, el artículo 12 establece como una de las funciones de las IPS la de
garantizar que existan médicos no objetores, de conformidad con la orden dada
por el Comité, o permitir el acceso a quienes no sean objetores para la
práctica del procedimiento. De igual forma, el artículo 18 de esa normatividad
dispone que la objeción de conciencia solo es predicable de los médicos
encargados de intervenir en el procedimiento para hacer efectivo el derecho a
morir con dignidad y en el evento que el médico que va a practicar el
procedimiento formule tal objeción, por escrito y debidamente motivada, el
Comité ordenará a la IPS para que, dentro de las 24 horas siguientes a que se
presente de la objeción, reasigne a otro médico que lo realice.
De
acuerdo a lo señalado por la IPS en la reunión del 28 de diciembre, tres
anestesiólogos fueron objetores, pero en ningún momento se acreditó la
verificación de que dicha manifestación hubiera sido por escrito y debidamente
motivada y que, luego de constar lo anterior, se designara en el término de 24
horas a otro galeno que cumpliera con el protocolo y procediera a la
realización del procedimiento solicitado por la paciente. Esta es una traba más
que debió padecer la paciente y que contrarió los parámetros establecidos en la
Resolución 1216 de 2015.
De
las fallas evidenciadas en la prestación del servicio en la ciudad de
Bucaramanga
Por el fuerte dolor que padecía y al ver cómo su cuerpo se
deformaba por la inflamación que le causaba la enfermedad, Sofía y su familia decidieron aceptar el traslado a la ciudad de
Bucaramanga. A la llegada a la Clínica FOSCAL el 6 de enero de 2017, Sofía tuvo que esperar cerca de
cinco horas para ser trasladada de la camilla de urgencias al área de
hospitalización.
Según
comentó el apoderado de la familia, en la Clínica les informaron que Sofía había sido remitida para manejo
del dolor y que no tenían conocimiento alguno frente a la solicitud del
procedimiento de eutanasia. Esto se corrobora con la historia clínica de esa
IPS, en la que desde el momento del ingreso de la paciente se registró: “Paciente
quien viene remitida para valoración y manejo por clínica del dolor, es
entregada a observación”.
De acuerdo a lo señalado por la Nueva EPS la paciente fue valorada
por el anestesiólogo pero que desafortunadamente el acompañante no llevaba
consigo los documentos de historia clínica, los cuales debía poseer según las
indicaciones recibidas en la visita de atención médica domiciliaria, lo que “generó
la espera para su consecución y valoración, toda vez que por tratarse de
información técnica, clínica, legal y privada, era fundamental para el proceso
que se estaba iniciando”. No obstante, si la EPS autoriza un traslado, un
tratamiento o un procedimiento, lo mínimo es que sea esa entidad la que remita
la información a la institución en la que lo autoriza, informando qué servicio
se autorizó y por qué razón, sin que dicha carga deba ser trasladada al usuario.
De
igual forma, según la EPS pese a las gestiones adelantadas
para garantizar el cumplimiento del fallo, Sofía falleció el 8 de enero
de 2017. Esto contradice lo consignado en la historia clínica de la Clínica
FOSCAL, en la que se registró que el 7 de enero de 2017 a las 3:30 pm se inició
el procedimiento de eutanasia, el cual culminó el 8 de enero de 2017. Tal es el
punto de desconocimiento de la Nueva EPS sobre el procedimiento realizado a la
paciente, que no tiene certeza de la realización del mismo, sino que afirma que
la paciente murió en medio de las gestiones adelantadas por esa entidad.
Ahora bien, de las pruebas recaudadas no es posible constatar que
durante y después de la práctica de la eutanasia, Sofía y su familia
hayan recibido la ayuda sicológica adecuada. La Resolución 1216 de 2015,
establece en el artículo 7 las funciones del Comité, entre ellas, el
acompañamiento sicológico, médico y social, de manera constante y durante las
diferentes fases, para el paciente y su familia. En este caso, se incumplió
dicha obligación como quiera que en la historia clínica no obra anotación
alguna sobre la prestación de ese servicio.
Para
la Sala, esto significa una grave transgresión de los derechos fundamentales de
la familia de Sofía. Tan solo es leer la
historia clínica de la paciente, ver la declaración de la madre ante el juzgado
de instancia para llegar a esa conclusión, y revisar el certificado sicológico
expedido el 22 de mayo de 2017 por la Unidad Administrativa Especial de Salud
de Arauca en el que consta que la señora Adriana y la hermana menor de Sofía se encuentran “afectadas
a nivel emocional, presentando sintomatología ansiosa y depresiva, se evidencia
secuelas sicológicas marcadas debido a pérdida de ser querido”[55].
De
lo expuesto anteriormente, la Sala constata que las actuaciones de la Nueva EPS
desde el momento de la remisión a la ciudad de Bucaramanga, fueron producto de
improvisación, y con ellas no solo se incumplió lo ordenado por el juez de
única instancia, sino que se prolongó el sufrimiento físico y sicológico de Sofía y su familia. De acuerdo a lo acreditado en el
expediente, la entidad no solo incumplió los términos establecidos en la
Resolución 1216 de 2015 para llevar a cabo el procedimiento, sino que omitió
prestar de manera adecuada el servicio solicitado por la paciente. Esta
deficiente prestación del servicio se dio principalmente por la omisión de la
valoración sicológica por parte de profesionales idóneos que brindaran un
acompañamiento adecuado en todo el proceso.
Para
la Corte resulta inaceptable el actuar de la Nueva EPS, en tanto si bien
autorizó y ejecutó el traslado a la ciudad de Bucaramanga, no se constata que
haya solicitado la historia clínica como se comprometió a hacerlo en la reunión
del 28 de diciembre de 2016; tampoco brindó el acompañamiento adecuado; y
producto de la falta de información a la Clínica FOSCAL, la paciente fue
sometida a una estancia de 5 horas en una camilla de la sala de urgencias y a
dos días adicionales de cuidados paliativos hasta que finalmente se realizó el
procedimiento de eutanasia. Debió esperar más de dos meses desde el fallo de
instancia para recibir el tratamiento y en ese interregno debió soportar
numerosas trabas administrativas.
La
situación de Sofía era
apremiante por el grave estado de su enfermedad, las condiciones en las que
vivía y el dolor que padecía. El trámite al que fue sometida prolongó su
sufrimiento, contrarió su voluntad de morir dignamente y en las condiciones en
que ella lo deseaba, acompañada de su familia y en su hogar, vulnerando de ese
modo su derecho fundamental a la salud, a una vida en condiciones dignas y a
morir dignamente.
La Corte Constitucional ha definido el concepto de familia como “aquella
comunidad de personas emparentadas entre sí por vínculos naturales o jurídicos,
que funda su existencia en el amor, el respeto y la solidaridad, y que se
caracteriza por la unidad de vida o de destino que liga íntimamente a sus
miembros o integrantes más próximos”[56]. En momentos como
los que atravesaron Sofía y su familia es cuando más se necesita apoyo
del Estado para cumplir con la finalidad de una institución de esa naturaleza.
Lastimosamente,
como lo indicó el apoderado de la accionante, en este caso sucedió todo lo que
la familia buscó evitar con el traslado a Bucaramanga. En su
casa tenía las comodidades de un hogar digno, acompañamiento médico y control
del dolor, rodeada de su familia y con mucho amor, pero en la clínica fue
abandonada en el área de urgencia, en una camilla donde solo podía estar su
madre, ya que sus hermanos estuvieron en las afueras del centro asistencial
porque no los dejaban entrar. El respecto de la unidad familiar en
circunstancias como las que vivió la agenciada era de vital importancia, pues
se trataba de los últimos momentos de vida de alguien que atravesó una difícil
y dolorosa enfermedad, y que lo único que pedía era estar acompañada por su
núcleo familiar, rodeada del apoyo y el amor necesarios en circunstancias tan
apremiantes, y en un entorno que facilitara en algo esa difícil situación, que
para ella era su hogar y no una sala de urgencias en una ciudad que no era su
lugar de residencia.
Finalmente, para la Sala no es entendible que la capital del
Departamento de Arauca no cuente con una institución dotada de la
infraestructura adecuada y de los profesionales en oncología y sicología
idóneos para garantizar de manera adecuada las solicitudes muerte digna. Por
ello, adoptará órdenes para que los habitantes de ese lugar afiliados a esa
entidad no se vean sometidos a una situación similar como la que vivieron Sofía
y su familia.
De
las fallas en las que incurrieron las entidades estatales encargadas de la
vigilancia y verificación del cumplimiento de la Resolución 1216 de 2015
(i)
Ministerio de Salud y Protección Social
El
Ministerio de Salud y Protección Social como rector de la política pública del
sector tiene la obligación de garantizar no solo la regulación de dicha
política, sino su adecuada implementación y aplicación. Es decir, que su labor
no se limita a la expedición de normas sino además a la verificación de su
efectivo acatamiento.
En
cumplimiento a lo ordenado por la Corte en la sentencia T-970 de 2014, el
Ministerio expidió la Resolución 1216 de 2015 que reguló el derecho a morir
dignamente y en ella consignó el procedimiento a seguir para llevar a cabo la
práctica de la eutanasia. Así mismo, expidió la Resolución 4006 de 2016, en la
que creó el Comité Interno del Ministerio de Salud y
Protección Social para controlar los procedimientos que hagan efectivo el
derecho a morir con dignidad.
De acuerdo a lo informado por el Ministerio de Salud y Protección
Social en respuesta al requerimiento de esta Corporación, se dio cumplimiento a
lo ordenado en la sentencia T-970 de 2014 ante la expedición de las mencionadas
resoluciones y adujo que para la difusión de la primera
de ellas se han desarrollado las siguientes actividades: (i) acompañamiento por
parte del Ministerio en múltiples foros de discusión en universidades, clínicas
y hospitales, así como en debates públicos que abordan la materia; (ii)
permanente respuesta y asistencia técnica a múltiples solicitudes que llegan
por correspondencia con inquietudes sobre la materia; (iii) difusión a través
de la página web del contenido de la resolución y del Protocolo para la
Aplicación del Procedimiento de Eutanasia en Colombia; (iv) difusión de un ABC,
así como de un video que desarrolla y explica al público los contenidos y
condiciones mínimas para el cumplimiento de la resolución.
El artículo 16 de la Resolución le exige al Comité
Interdisciplinario enviar al Ministerio de Salud y Protección Social el reporte
de los hechos y condiciones que rodearon el procedimiento para que esa entidad
realice un control exhaustivo del caso. Sin embargo, ese control se refiere a
los casos que alcanzan a llegar al Comité y en la práctica no existen
mecanismos de control previo a la conformación del mismo, que es el punto en el
cual se presentan las mayores vulneraciones y obstáculos a los pacientes. Eso
fue precisamente lo que sucedió en esta ocasión, pues no es claro bajo qué
parámetros y cómo se conformó el Comité que acompañó el proceso de eutanasia de
Sofía.
Así mismo, no existe claridad en la regulación sobre el
procedimiento a seguir cuando una IPS además de no contar con la
infraestructura para garantizar el procedimiento, se encuentra ubicada en zonas
geográficas apartadas o con poca disponibilidad de médicos especialistas. Si
bien la Resolución 1216 de 2015 establece como solución dar información
inmediata a la EPS para que coordine lo necesario para la realización del
procedimiento, ello en la práctica no da solución a la problemática, en tanto
como sucedió en este caso, aunque la IPS dio aviso oportuno a la entidad, las
trabas administrativas y logísticas impidieron la garantía efectiva del
servicio solicitado.
Siendo así, el control por parte del Ministerio debe iniciar desde
el mismo momento de la solicitud que el paciente hace a su médico tratante,
porque de lo contrario ese ente regulador jamás tendrá conocimiento de las
trabas administrativas impuestas a los usuarios, sino hasta un momento en ya se
ha generado un daño por la deficiente prestación del servicio, como en efecto
sucedió en el caso que ahora se estudia.
Ahora, si bien la expedición de la Resolución 1216 de 2015 significó
un valioso avance para la regulación del derecho fundamental a morir dignamente
en el ordenamiento jurídico colombiano, existen falencias que deben ser
subsanadas por el ente rector de la política pública en materia de salud, con
el fin de evitar que las normas queden en simplemente escritas.
(ii) Superintendencia Nacional de Salud
En
respuesta al requerimiento hecho por esta Corporación la Superintendencia
Nacional de Salud solicitó ser desvinculada de toda
responsabilidad dentro de la presente acción de tutela, dado que la vulneración
alegada no proviene de una acción u omisión atribuible a esa entidad, en tanto
son las EPS, como aseguradoras en salud, las responsables de la calidad,
oportunidad, eficiencia y eficacia de la prestación del servicio, y las que
están llamadas a responder por toda falla, falta, lesión, enfermedad e
incapacidad que se genere con ocasión de la no prestación o la prestación
indebida de los servicios de salud.
No obstante, acto seguido aseguró que como órgano de inspección,
vigilancia y control del sistema de seguridad social en salud, debe propugnar
porque los agentes del mismo cumplan a cabalidad con las obligaciones y deberes
asignados en la ley. En cumplimiento de esa función, señaló que se encarga de
verificar el cumplimiento por parte de las EPS de lo reglamentado en la
Resolución 1216 de 2015, principalmente, que cuenten con la red de prestadores,
y que las IPS tengan habilitados los servicios y el personal idóneo según lo
dispuesto en esa resolución.
A pesar de lo afirmado por esa entidad, no es claro cómo esa labor
ha sido efectiva para garantizar el derecho a morir dignamente. En este caso,
la inspección, vigilancia y control de la Superintendencia ha sido
completamente nula, pues a pesar de su propia afirmación según la cual debe
verificar que las EPS cuenten con la red de prestadores, y que las IPS tengan
habilitados los servicios y el personal idóneo según lo reglamentado en esa
resolución, no informó de qué manera su labor estuvo dirigida a garantizar
tales necesidades en el caso de Sofía.
Como se expuso previamente, uno de los principios a través de los
cuales se garantiza de manera efectiva el derecho fundamental a la salud es el
de la universalidad. La eficacia del derecho a morir dignamente debe atender
ese principio, por lo que las entidades estatales encargadas de su cumplimiento
deben velar porque en todo el territorio nacional se garanticen las condiciones
para la prestación del servicio, lo que incluye verificar que las instituciones
prestadoras de salud cuenten con la infraestructura y el personal idóneo para
la práctica de la eutanasia.
Es obligación de este órgano de inspección, vigilancia y control,
constatar que el personal que presta ese servicio sea idóneo no solo en la
especialidad de la patología que padece el paciente, sino en el acompañamiento
sicológico para aquel y su familia, durante y después de la realización del
procedimiento, dadas sus implicaciones. Sobre el particular, es preciso señalar
que la consideración del dolor se ha limitado al dolor físico, sin tener
en cuenta el moral y sicológico. De ahí la importancia de que la labor de las
entidades estatales encargadas de la verificación del cumplimiento de la
Resolución 1216 de 2015 no se limite al tratamiento de la enfermedad, sino a
las secuelas psicológicas que esta puede acarrear.
c.
Órdenes a impartir
Con
sustento en lo expuesto previamente y luego de evidenciadas las fallas en las
que incurrieron el Ministerio de Salud y Protección Social como ente rector de
la política pública en salud, la Superintendencia Nacional de salud como órgano
encargado de la inspección, vigilancia y control del sistema de seguridad
social en salud y, particularmente, de la Nueva EPS en el caso concreto, la
Sala procederá a emitir las siguientes órdenes:
(i)
Confirmará la decisión del Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de
Arauca y concederá la protección invocada por la accionante a pesar de que se
hubiere configurado una carencia actual de objeto por daño consumado, luego de
constatar que efectivamente existió una vulneración de los derechos
fundamentales a la salud y a morir dignamente, dadas las trabas administrativas
a las que fue sometida Sofía, que la afectaron
gravemente a ella y a su núcleo familiar, de conformidad con lo establecido en
esta providencia.
(ii)
Ordenará a la Nueva EPS:
-
Que en futuras ocasiones se abstenga de incurrir en conductas que
supongan la imposición de barreras administrativas sobre los pacientes y que
prolonguen su sufrimiento.
-
Que realice un acto público de desagravio en el que ofrezca disculpas a
la familia de Sofía por
las trabas impuestas en la práctica del procedimiento de eutanasia que significaron
la prolongación del sufrimiento físico y psicológico de esta y de su familia,
acto al cual deberá asistir además las directivas de la ESE Hospital San
Vicente de Arauca y el Ministerio de Salud y Protección Social.
-
Dotar a la red de prestadores de esa entidad en el Departamento de
Arauca de la infraestructura que permita garantizar el cumplimiento de la
Resolución 1216 de 2015. De igual forma, para futuros casos y luego de
verificar la idoneidad y el cumplimiento de los requisitos para realizar el
procedimiento, gestionar lo necesario para trasladar a los especialistas al
municipio de Arauca con el fin de garantizar la efectividad del derecho a morir
dignamente cuando así sea solicitado.
-
Disponer la asistencia médica psicológica para la familia de Sofía con el fin de dar tratamiento a las secuelas
sufridas por la pérdida de su familiar.
(iii) Ordenará a la ESE Hospital
San Vicente de Arauca que dote sus instalaciones de la infraestructura y los
médicos idóneos que permitan garantizar de manera efectiva las solicitudes de
muerte digna, de tal manera que el cumplimiento de ese derecho fundamental
atienda el principio de universalidad. En los casos en los que el médico
encargado de realizar el procedimiento de eutanasia objete conciencia, la ESE
Hospital San Vicente de Arauca deberá asignar de manera inmediata un galeno que
continúe con el procedimiento de conformidad con lo establecido en la
Resolución 1216 de 2015.
(iv) Ordenará al Ministerio de
Salud y Protección Social:
-
Que adopte las medidas necesarias para garantizar el efectivo
cumplimiento y la correcta implementación de la Resolución 1216 de 2015, iniciando
por la creación de un mecanismo mediante el cual tenga conocimiento de todos
los casos de muerte digna desde el mismo momento en que el paciente lo solicite,
y las demás medidas que estime pertinentes.
-
Gestionar lo necesario para que todas las EPS e IPS del país emitan una
carta de derechos para los pacientes en las que se ponga en conocimiento de los
usuarios del sistema de salud sus derechos y deberes en lo concerniente al
derecho fundamental a morir dignamente.
(v)
Ordenará a la Superintendencia Nacional de Salud que en cumplimiento de sus
funciones de inspección, vigilancia y control, adopte las medidas necesarias
para verificar la correcta implementación de la regulación sobre el derecho
fundamental a morir dignamente, de tal forma que verifique que las EPS e IPS
del país cuenten con la infraestructura y el personal idóneo para garantizar de
manera efectiva la práctica del procedimiento de eutanasia. Esa entidad deberá
además iniciar la ejecución de dichas medidas.
(vi)
Compulsará copias del expediente de la referencia a la Superintendencia
Nacional de Salud, a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía
General de la Nación para que en ejercicio de sus funciones constitucionales y
legales inicien las actuaciones correspondientes en relación con las presuntas
fallas administrativas, disciplinarias y penales, ante la imposición de trabas
administrativas no atribuibles a Sofía y su
familia en la práctica del procedimiento de eutanasia.
(vii)
Ordenará a la Defensoría del Pueblo que brinde el acompañamiento necesario a la
familia de Sofía en aras de verificar que
reciban la ayuda pertinente de conformidad con lo ordenado a las diferentes
entidades en esta providencia.
(viii)
Reiterará el exhorto al Congreso de la República dispuesto en la sentencia
T-970 de 2014, para que en un término perentorio proceda a regular el derecho
fundamental a morir dignamente, esta vez, tomando en consideración los
inconvenientes que impiden una correcta aplicación en la práctica de lo
regulado en la Resolución 1216 de 2015.
Finalmente,
esta Corporación aclara que contra la Unidad Administrativa Especial de Salud
de Arauca no se emitirá ninguna orden en tanto no se constató que esta entidad
incurriera en alguna acción u omisión que conllevara la vulneración de los
derechos fundamentales a la salud y a morir dignamente de Sofía. Lo
anterior, por cuanto no tiene dentro de sus competencias la de garantizar la
prestación del servicio de salud en el régimen contributivo al cual se
encuentra afiliada la paciente.
En mérito de
lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
Política,
RESUELVE
PRIMERO:
DECLARAR la carencia actual de objeto por daño consumado en la acción de
tutela interpuesta por Adriana como agente oficiosa de su hija
Sofía contra contra la Unidad Administrativa Especial de Salud
de Arauca -UAESA, la ESE Hospital San Vicente de Arauca y la Nueva EPS.
SEGUNDO:
CONFIRMAR la decisión proferida el 6 de noviembre de 2016 en sentencia de
única instancia por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de
Arauca, que CONCEDIÓ la protección de los derechos fundamentales a la
salud y a morir dignamente invocada por la accionante, a pesar de haberse
configurado la carencia actual de objeto por daño consumado, dadas las trabas
administrativas a las que fue sometida Sofía,
que la afectaron gravemente a ella y a su núcleo familiar, de conformidad con
lo establecido en esta providencia.
TERCERO:
ORDENAR a la Nueva EPS que en futuras ocasiones se abstenga de incurrir en
conductas que supongan la imposición de barreras administrativas sobre los
pacientes y que prolonguen su sufrimiento.
CUARTO:
ORDENAR a la Nueva EPS que, en el término de veinte (20) días contados a
partir de la notificación de esta providencia ejecute las siguientes medidas de
reparación simbólica: (i) realice un acto público de desagravio en el que
ofrezca disculpas a la familia de Sofía por las trabas impuestas en la práctica del procedimiento de
eutanasia que significaron la prolongación del sufrimiento físico y psicológico
de esta y de su familia, acto al cual deberán asistir, además, las directivas
de la ESE Hospital San Vicente de Arauca y el Ministerio de Salud y Protección
Social; y (ii) dote a la red de prestadores de esa entidad en el Departamento
de Arauca de la infraestructura que permita garantizar el cumplimiento de la
Resolución 1216 de 2015. De igual forma, para futuros casos y luego de verificar
la idoneidad y el cumplimiento de los requisitos para realizar el
procedimiento, gestione lo necesario para trasladar a los especialistas al
municipio de Arauca con el fin de garantizar la efectividad del derecho a morir
dignamente cuando así sea solicitado.
QUINTO:
ORDENAR a la Nueva EPS que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas
contadas a partir de la notificación de esta providencia, inicie las gestiones
necesarias para brindar la asistencia médica psicológica para la familia de Sofía con el fin de dar
tratamiento a las secuelas sufridas por la pérdida de su familiar.
SEXTO:
ORDENAR a la ESE Hospital San Vicente de Arauca que dote sus instalaciones
de la infraestructura y los médicos idóneos que permitan garantizar de manera
efectiva las solicitudes de muerte digna, de tal manera que el cumplimiento de
ese derecho fundamental atienda el principio de universalidad. En los casos en
los que el médico encargado de realizar el procedimiento de eutanasia objete
conciencia, la ESE Hospital San Vicente de Arauca deberá asignar de manera
inmediata un galeno que continúe con el procedimiento de conformidad con lo
establecido en la Resolución 1216 de 2015.
SÉPTIMO:
ORDENAR al Ministerio de Salud y Protección Social que, en el término de
treinta (30) días contados a partir de la notificación de esta sentencia,
inicie las gestiones pertinentes para: (i) adoptar las medidas necesarias para
garantizar el efectivo cumplimiento y la correcta implementación de la
Resolución 1216 de 2015, iniciando por la creación de un mecanismo eficaz mediante
el cual tenga conocimiento de todos los casos de muerte digna desde el mismo
momento en que el paciente lo solicite, y las demás medidas que estime
pertinentes; y (ii) gestionar lo necesario para que todas las EPS e IPS del
país emitan una carta de derechos para los pacientes en las que se ponga en
conocimiento público de los usuarios del sistema de salud sus derechos y
deberes en lo concerniente al derecho fundamental a morir dignamente.
OCTAVO:
ORDENAR a la Superintendencia Nacional de Salud que, en el término de
cuatro (4) meses contados a partir de la notificación de esta sentencia, y en
cumplimiento de sus funciones de inspección, vigilancia y control, adopte las
medidas necesarias para verificar la correcta implementación de la regulación
sobre el derecho fundamental a morir dignamente, de tal forma que verifique que
las EPS e IPS del país cuenten con la infraestructura y el personal idóneo para
garantizar de manera efectiva la práctica del procedimiento de eutanasia. En el
mismo término, la Superintendencia Nacional de salud deberá iniciar la
ejecución de dichas medidas.
NOVENO:
COMPULSAR COPIA del expediente de la referencia a la Superintendencia
Nacional de Salud, a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía
General de la Nación para que en ejercicio de sus funciones constitucionales y
legales inicien de manera inmediata las actuaciones correspondientes en
relación con las presuntas fallas administrativas, disciplinarias y penales,
ante la imposición de trabas administrativas no atribuibles a Sofía y su
familia en la práctica del procedimiento de eutanasia.
DÉCIMO:
REMITIR el presente asunto a la Defensoría del Pueblo para que brinde el
acompañamiento necesario a la familia de Sofía
en aras de verificar que reciban la ayuda pertinente de conformidad con lo
ordenado a las diferentes entidades en esta providencia.
DÉCIMO
PRIMERO: REITERAR el exhorto al Congreso de la República dispuesto en la
sentencia T-970 de 2014, para que en un término de dos (2) años contados a
partir de la notificación de esta providencia, proceda a regular el derecho
fundamental a morir dignamente, esta vez, tomando en consideración los
inconvenientes que impiden una correcta aplicación en la práctica de lo
regulado en la Resolución 1216 de 2015, de conformidad con lo dispuesto en esta
decisión.
DÉCIMO
SEGUNDO: LÍBRENSE por Secretaría General las comunicaciones previstas en el
artículo 36 del Decreto estatutario 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte
Constitucional y cúmplase.
IVÁN HUMBERTO ESCRUCERÍA MAYOLO
Magistrado (e.)
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
Con salvamento parcial de voto
Con aclaración de voto
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
ROCÍO LOAIZA MILIAN
Secretaria General (e.)
ACLARACIÓN Y
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO
DE LA MAGISTRADA
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
A LA SENTENCIA
T-423/17
Referencia:
Expediente T-6.061.533.
Magistrado
Ponente (e):
Iván Humberto
Escrucería Mayólo
La suscrita magistrada acompañó la
decisión mayoritaria de la Sala Sexta de Revisión en el sentido de declarar la
carencia actual de objeto por daño consumado y confirmar la decisión de
instancia que concedió la protección de los derechos fundamentales a la salud y
a morir dignamente invocada por Sofía, en razón a las
trabas administrativas a las que fue sometida al solicitar el procedimiento de
la eutanasia, teniendo en cuenta la existencia de un precedente jurisprudencial
obligatorio, cual es la sentencia de constitucionalidad C-239 de 1997.[57] Acatando la
obligatoriedad de dicho precedente, acompañé la decisión contenida en los
numerales primero y segundo de la parte resolutiva de la sentencia. Sin
embargo, enseguida presento una aclaración sobre las consideraciones que
sustentaron estos puntos resolutivos. Posteriormente, expondré las razones por
las cuales me aparto de los demás numerales de la decisión.
1. Considero necesario aclarar el voto
respecto de mi posición frente a la línea jurisprudencial instaurada en la
sentencia C-239 de 1997, en la que se considera que la sanción penal del
homicidio por piedad desborda la racionalidad en ciertos casos en los que el
agente actúa atendiendo al consentimiento prestado por un paciente terminal. En
estos casos, la Sala Plena ha estimado que se debe reconocer la autonomía de la
persona para terminar su vida, pues las condiciones en que ella se da resultan
"indignas". La sentencia establece, así mismo, una correlación entre
la autonomía del paciente, un cierto estándar de calidad de vida, y la dignidad
humana. Esta relación fue posteriormente recogida en reiterada jurisprudencia
que, en general, ha llegado a entender que, tanto las condiciones de vida como
la autonomía, así como la intangibilidad de ciertos bienes no patrimoniales,
constituyen los tres objetos en los que se concreta el principio de dignidad
humana (T-881 de 2002).
La sentencia fundadora de la línea que
hoy se recoge parece partir de la base de que existen condiciones en las que la
vida deja de ser digna. Esta afirmación resulta incompatible con el modelo de
Estado Social de Derecho, si se entiende como significativa de que la vida, en
sí misma considerada, ha dejado de ser digna. En efecto, la vida no es una
simple operación entre muchas, sino que consiste en el ser mismo del viviente. Perder
la vida, para un viviente es perder su propio ser. En consecuencia, de la
afirmación de que exista una vida indigna se sigue necesariamente la afirmación
de que la persona que padece ciertas condiciones es indigna. Ello no deja de
ser relevante, toda vez que, como lo ha expresado esta misma Corte en varias
ocasiones, la dignidad, más que un derecho en particular, es fundamento
universal de todos los derechos e instituciones jurídicas, o, en otras
palabras, la condición fundante de derecho. Dignidad en sentido primario y
primigenio significa eminencia, excelencia, una condición especial que no tiene
parangón en el mundo de las simples cosas. Toda norma o derecho en particular
es subsiguiente a esta realidad fundamental. Por todo lo anterior, la idea de que
la vida puede ser "indigna" en un sentido propio y no metafórico,
está inevitablemente ligada a la idea de la inferioridad de la subjetividad
jurídica de los miembros más vulnerables de la sociedad, tesis que,
evidentemente, contraría todo el espíritu de la Constitución.
Sostener que la vida del enfermo terminal
es renunciable, en tanto que "indigna", contiene germinalmente la
idea de que se trata de una vida de menor rango. Un mero proceso biológico,
cuyas dimensiones de exigencia son, en el mejor de los casos,
"diferentes". Bajo el atractivo manto de la humanización del derecho
y de la compasión se introduce una peligrosa acepción de personas. Hay vidas,
en efecto, cuya protección se exige, a toda costa, y frente a las cuales la
acción occisiva es siempre inaceptable, pero en otros casos la exigencia de
respeto se morigera. Al enfermo terminal se le "autoriza" a morir, no
porque se respete su autonomía (como algunas veces se intenta presentar) sino
porque de alguna manera, su vida se considera "menos" por el
ordenamiento. Tanto es así que el mismo magistrado ponente en la sentencia
fundadora de esta línea jurisprudencial, manifestó en aclaración de voto a la
sentencia mayoritariamente aceptada, que el condicionamiento de la autorización
de eutanasia a la verificación de una enfermedad terminal no era necesario y
que, por el contrario, la autonomía exigía una posibilidad irrestricta de
acceso al suicidio asistido. En otras palabras, ni siquiera los más acérrimos
defensores del derecho a la eutanasia consentida entendieron la distinción
entre las vidas que eran "aptas" para el procedimiento y las que
debían ser conservadas a pesar de la voluntad expresa del paciente. Tenían
razón, toda vez que la diversa valoración entre vidas, no es más que distinción
pura y dura entre subjetividades jurídicas y dignidades.
Hecha la anterior aclaración es menester
analizar el argumento de que la dignidad, si bien nunca se pierde, exige
"eximir" al enfermo del "deber" de soportar dolores
extremos. Ciertamente, la dignidad conlleva una exigencia de optimización de
las condiciones vitales, así como el derecho efectivo a reestablecer la salud,
mitigar el dolor e incluso la renuncia al procedimiento médico. En este
sentido, se ha de aceptar la existencia de un derecho a no soportar dolores
extremos, cuando sea jurídica y fácticamente posible evitarlos, que se
manifiesta, por una parte, en el derecho al tratamiento curativo y paliativo y,
por otra, en el derecho a no ser sometido a tratamientos no consentidos. Tal
derecho no puede entenderse extensivo, sin embargo, al acto de eutanasia, cuyo
objeto inmediato es la terminación de la vida, así sea para evitar el dolor.
La razón por la que no es posible
entender que la acción eutanásica sea lícita por el hecho de estar mediatamente
dirigida al fin de la mitigación del sufrimiento consiste fundamentalmente en
que tal acción está naturalmente dirigida a la terminación de la vida.
Contrariamente, a acciones como sedar o anestesiar, cuyo primer y más directo
efecto es la alteración de la sensación, o el cambio en el funcionamiento de un
órgano, las acciones eutanásicas se distinguen por estar directamente dirigidas
a suprimir la vida, tal como queda patente si se considera que, el suero letal
que se usa en algunos casos de suicidio asistido "falla" si después
de su administración el paciente conserva la vida. La orientación de la acción,
o si se quiere, su naturaleza, no es indiferente. La orientación directa a
acabar la vida no es distinguible de la orientación a eliminar a la persona que
vive. Ahora bien, toda vez que la persona y la dignidad son inescindibles, toda
acción que elimina al sujeto de derecho es una acción que intenta suprimir a un
sujeto digno, es decir, un atentado a la dignidad. Y es que, inevitablemente,
atentar contra un ser digno es atentar contra la dignidad.
Además, en cierto modo el reconocimiento
simultáneo del derecho a la vida y el derecho a ejecutar o autorizar acciones
directamente contrarias a la vida parece lógicamente imposible, o por lo menos
no parece congruente con la exigencia de tomarse los derechos en serio.
Reconocer simultáneamente el derecho a la vida y la legitimidad de acciones
directamente occisivas es tan absurdo como reconocer el derecho a la propiedad
y al hurto, o el derecho al buen nombre y a la injuria.
Por otra parte,
el reconocimiento de una total disponibilidad sobre la vida no parece una
interpretación consistente del principio de autonomía y parece desconocer uno
de los enunciados fundantes de la tradición liberal de los derechos del hombre,
esto es, la existencia de derechos inalienables, irrenunciables e
imprescriptibles. La tradición liberal, en efecto, ha sostenido siempre la
existencia de una diferencia fundamental entre quien es sujeto de derecho y los
objetos de derecho. Estos últimos forman la órbita de los bienes y sobre ellos
se ejercen los actos de disposición y comercio. En cambio, el sujeto de derecho
no puede disponer de su propia subjetividad sin cosificarse. Por ello mismo,
todos los autores representativos de la tradición liberal que dio lugar al
moderno Estado de derecho negaron la posibilidad de los negocios jurídicos cuyo
objeto es la cesión de la propia subjetividad jurídica, como lo sería, la venta
del propio ser para ser esclavo. Esta premisa sigue siendo incontestable en el
ordenamiento. Nadie duda de la ilegitimidad actual del pacto de esclavitud. Ni
siquiera se permite la plena disponibilidad respecto de derechos laborales.
Tampoco se aceptaría la legitimidad de un documento que aceptara la tortura en
un interrogatorio judicial. Pero cuando se trata de la vida del sujeto en
condiciones terminales extrañamente se acepta un acto mucho más extremo en
todos los aspectos.
Por otra parte, es necesario destacar que
la aceptación de la eutanasia, en las circunstancias en las que la ha
autorizado la Corte, no es del todo consistente con la defensa de la autonomía.
Aun aceptando que el derecho a la autonomía fuese extensible a la disposición
sobre la propia vida, es evidente que la validez del acto de renuncia a la vida
depende de la perfección del consentimiento. Esto es tan claro que en la misma
sentencia mayoritaria se incluyen previsiones directamente encaminadas a
salvaguardar este consentimiento. Resulta, sin embargo, que el consentimiento
al acto eutanásico se suele dar en circunstancias que, por definición,
dificultan la libertad del consentimiento. No se debe olvidar que en muchos de
estos casos la decisión se toma en condiciones de alteración psíquica, en medio
de estados depresivos concomitantes a la enfermedad, de sentimientos de
inutilidad o autopercepción ser carga, así como de dolor físico, turbación
familiar y, en algunos casos, preocupación económica. Si prácticamente todo
consentimiento eutanásico se produce en especiales circunstancias de motivación
y estas reducen la libertad del acto, se concluye que paradójicamente, basta un
consentimiento débil y cuestionables para la más extrema e irreversible de las
decisiones posibles. Circunstancias que en otros contextos bastarían para
invalidar un testamento, un contrato o un matrimonio, resultan
inexplicablemente irrelevantes para decidir sobre la propia muerte.
Especial consideración se exige respecto
de la interferencia del ánimo depresivo en la petición del suicidio asistido.
En efecto, es de común conocimiento que ciertas enfermedades desencadenan
procesos depresivos y que quienes padecen estos últimos trastornos presentan
dentro de su cuadro clínico inclinaciones y deseos suicidas. Precisamente por
ello, el "consentimiento" asociado a uno de estos cuadros debe reputarse,
por definición, espurio. Una interpretación diferente supondría una
discriminación clara contra quienes padecen de trastornos depresivos o cuadros
similares, sujetos a quienes, por lo demás, el ordenamiento constitucional
reconoce especial protección.
Con fundamento en las anteriores
consideraciones aclaro mi voto en cuanto a las decisiones adoptadas en los
numerales primero y segundo de la sentencia.
2. Ahora bien, me encuentro en total
desacuerdo y salvo mi voto respecto de las órdenes emitidas en los siguientes
numerales de la parte resolutiva de la sentencia, pues atienden a un precedente
(sentencia T-970 de 2014), que contrarió manifiestamente lo establecido en la
Sala Plena en el año 1997. Sobre este punto, presento los siguientes
cuestionamientos:
Según la providencia de la que me aparto,
la jurisprudencia aplicable al caso se enmarca en las sentencias T-493 de 1993,
C-239 de 1997 y T-970 de 2014. No estoy de acuerdo con la fuerza vinculante que
se le otorga concretamente a la última sentencia citada, pues se trata de una
providencia emitida por una sala de revisión compuesta por tres magistrados,
cuyas decisiones no pueden asimilarse a las emitidas por la Sala Plena de la
Corte Constitucional en sede del control abstracto de constitucionalidad, o en
ejercicio de su potestad de unificación de jurisprudencia.
Como bien lo ha señalado la
jurisprudencia de esta Corporación, las sentencias emitidas por la Sala Plena
de la Corte (en su función de unificación o en control abstracto de constitucionalidad)
constituyen verdaderos precedentes vinculantes para las autoridades
administrativas respectivas y para los jueces constitucionales.[58] En este orden de
ideas, una vez se ha establecido un precedente emitido por la Sala Plena de la
Corte, no le es posible a una sala de revisión cambiar la posición
jurisprudencial. Ciertamente, una de las causales de nulidad de las sentencias
de la Corte por desconocimiento del derecho al debido proceso se configura
cuando una sala de revisión se aparta de la jurisprudencia sentada por la Sala
Plena de la Corte.[59]
La Sentencia
T-970 de 2014, desde mi razonamiento, modificó la jurisprudencia establecida en
la C-239 de 1997, concretamente en los aspectos que paso a explicar. En primer
lugar, la sentencia de la Sala Plena fijó con claridad que el homicidio por
piedad era exequible "con la advertencia de que en el caso de los
enfermos terminales en que concurra la voluntad libre del sujeto pasivo del
acto, no podrá derivarse responsabilidad para el médico autor, pues la conducta
está justificada"'. Con base en esto exhortó al Congreso para
legislar sobre el asunto teniéndose en cuenta los siguientes criterios:
"(...)
puntos esenciales de esa regulación serán sin duda: //1. Verificación rigurosa,
por
personas competentes, de la situación real del paciente, de la enfermedad
que padece, de la madurez de su juicio y de la voluntad inequívoca de morir. //
2. Indicación clara de las personas (sujetos calificados) que deben intervenir
en el proceso. // 3. Circunstancias bajo las cuales debe manifestar su
consentimiento la persona que consiente en su muerte o solicita que se ponga
término a su sufrimiento: forma como debe expresarlo, sujetos ante quienes debe
expresarlo, verificación de su sano juicio por un profesional competente, etc.
// 4. Medidas que deben ser usadas por el sujeto calificado para obtener el
resultado filantrópico. // 5. Incorporación al proceso educativo de temas como
el valor de la vida y su relación con la responsabilidad social, la libertad y
la autonomía de la persona, de tal manera que la regulación penal aparezca como
la última instancia en un proceso que puede converger en otras soluciones. //
Como estas regulaciones sólo pueden ser establecidas por el legislador, la
Corte considera que mientras se regula el tema, en principio, todo homicidio
por piedad de enfermos terminales debe dar lugar a la correspondiente
investigación penal, a fin de que en ella, los funcionarios judiciales, tomando
en consideración todos los aspectos relevantes para la determinación de la
autenticidad y fiabilidad del consentimiento, establezcan si la conducta del
médico ha sido o no antijurídica, en los términos señalados en esta
sentencia."
La sentencia de tutela, en contraste,
ordenó al Ministerio de Salud regular "el derecho fundamental a morir
dignamente". Entre las medidas adoptadas ordenó regular la
conformación de comités interdisciplinarios en todas las instituciones
prestadoras de salud y la creación de protocolos médicos para realizar el
procedimiento de la eutanasia. De forma paralela, la sentencia reiteró el
exhorto al Congreso, pero fijó una serie de parámetros para la regulación de la
eutanasia, que a mi modo de ver interfieren la libertad legislativa e
irrespetan el principio de separación de poderes.
Adicionalmente, estimo que la función de
revisión de tutelas difícilmente puede incluir la competencia de dar órdenes
relativas al de ejercicio de potestad reglamentaria en materias como la
regulación de derechos fundamentales, sin que medie una ley estatutaria a reglamentar.
En la Sentencia T-970 de 2014, la Corte no era competente para emitir una orden
de reglamentación al Gobierno nacional sobre un tema como el derecho a la vida
humana, que debe ser considerado por el legislador y ser regulado por una ley
estatutaria. Debe tenerse en cuenta que estas órdenes se emiten sin
consideración a las competencias constitucionales de las demás ramas del poder
público, sin la suficiente legitimidad democrática y en total irrespeto al
principio de separación de poderes.
En segundo lugar, la sentencia de
constitucionalidad fue clara en afirmar que el procedimiento de eutanasia podía
aplicarse con el consentimiento libre, previo e informado del paciente y
titular del derecho a la vida, quien "puede decidir hasta cuándo es ella
deseable”[60] En esta
providencia se establece la posibilidad de aplicar este procedimiento solo con
el consentimiento del paciente y no se contempla la posibilidad de hacerlo
extensivo a los familiares. Por su parte, la Sentencia T-970 de 2014, por fuera
de su competencia, modifica lo señalado por la Sala Plena y permite la
aplicación del procedimiento eutanásico con el consentimiento sustituto de los
familiares del paciente, cuando este se encuentra en imposibilidad fáctica para
manifestar su consentimiento.
En tercer lugar, la Sentencia T-970 de
2014 convirtió la eutanasia en una obligación absoluta para todas las entidades
prestadoras de salud. Esto último generó que el Ministerio de Salud, a través
de la Resolución 1216 de 2015, impusiera a todas las IPS la obligación de tener
personal médico no objetor, sin considerar la situación de las instituciones
que prestan el servicio a la salud a la luz de un ideario ético religioso, las
cuales se encuentran amparadas por el literal a) del artículo 14 de la Ley 133
de 1994, legislación de carácter estatutario por desarrollar el artículo 19 de
la Constitución Política. Considero que no era jurídicamente necesario imponer esta
restricción al derecho de fundar instituciones prestadoras del servicio de
salud orientadas por ideales ético religiosos. La Resolución que fue expedida
en cumplimiento de las órdenes emitidas en la sentencia de tutela no contempla
la posibilidad de objetar la realización de la eutanasia, que deben tener las
IPS que presentan un servicio de salud en desarrollo de una misión y un objeto
ético religioso.
Así, estimo que la Sentencia T-970 de
2014, sobre la que se fundamentan las decisiones adoptadas en la Sentencia
T-423 de 2017 de las que me aparto, además de no constituir un precedente
vinculante, realizó consideraciones modificatorias de la posición
jurisprudencial establecida por la Sala Plena de la Corte y motivó la emisión
de un acto administrativo (Resolución 1216 de 2015) que contempla regulaciones
que deben ser objeto de debate en el Congreso de la República, como máximo
órgano de representación del pueblo. El derecho a la vida como condición previa
y esencial de los demás derechos no puede ser restringido por medios de
naturaleza simplemente reglamentaria en el marco de un Estado democrático y
pluralista.
Finalmente, no
estoy de acuerdo con la conclusión de la Sentencia T-423 de 2017 sobre la
presunta responsabilidad del Ministerio de Salud y de la Superintendencia de
Salud en el caso de Sofía. No hay claridad de un nexo causal entre
las obligaciones legales de estas autoridades y la omisión en la que
supuestamente incurrieron en el caso concreto. De una lectura de los hechos del
caso, se encuentra que no hay evidencia suficiente para establecer que el
Ministerio incurrió en una omisión específica frente a la situación concreta de
Sofía.
Por
su parte, tampoco hay claridad sobre la responsabilidad de la Superintendencia,
toda vez que en las instancias ordinarias de la acción constitucional, ésta
entidad no fue siquiera vinculada y en sede de revisión contestó a los
requerimientos del magistrado ponente, advirtiendo que no había tenido
conocimiento del asunto. El análisis de la presunta responsabilidad de estas
entidades que se hace en la sentencia es general y abstracto, y no relacionado
con los hechos del caso de Sofía, y no toma en consideración las verdaderas
competencias legales y reglamentarias de las entidades administrativas
mencionadas.
En los anteriores
términos aclaro y salvo parcialmente mi voto.
Fecha ut supra,
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
[1] Nombres ficticios asignados para proteger la
identidad de la agenciada y su familia.
[2] En casos anteriores,
la Corte protegió el
derecho a la intimidad de los respectivos accionantes por petición expresa de
ellos, o porque advirtió la necesidad de resguardar su derecho cuando se
trataba, por ejemplo, de temas relacionados con hermafroditismo, señalamientos
públicos de conducta, enfermos de VIH/SIDA, orientación sexual, menores de
edad, etc. Para tal efecto, la Corporación consideró oportuno proteger el
derecho limitando la publicación de todo tipo de información que fuera del
dominio público y que pudiera identificarlos. Al respecto pueden consultarse
las sentencias T-513 de 2015, T-868 de 2012, T-323 de 2011, T-868 de 2009,
T-295 de 2008, T-628 de 2007, T-349 de 2006, T-143 de 2005, T-220 de 2004,
T-810 de 2004, T-618 de 2000, SU-337 de 1999, SU-480 de 1997, SU-256 de 1996,
entre otras.
[3] “Organización de los comités
científico-interdisciplinarios para el derecho a morir con dignidad. Las
Instituciones Prestadoras de Salud, (IPS) que tengan habilitado el servicio de
hospitalización de mediana o alta complejidad para hospitalización oncológica o
el servicio de atención institucional de paciente crónico o el servicio de
atención domiciliaria para paciente crónico, que cuenten con los respectivos
protocolos de manejo para el cuidado paliativo, conformarán al interior de cada
entidad un Comité Científico-Interdisciplinario para el Derecho a Morir con
Dignidad, en adelante el Comité, en los términos previstos en la presente
resolución. PARÁGRAFO. La IPS que no tenga tales servicios deberá, de forma
inmediata, poner en conocimiento dicha situación a la Entidad Promotora de
Salud, (EPS) a la cual está afiliada la persona que solicite el procedimiento
para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad, con el propósito de que
coordine todo lo relacionado en aras de garantizar tal derecho”.
[4] “Por medio de la cual se da cumplimiento a la
orden cuarta de la Sentencia T- 970 de 2014 de la honorable Corte
Constitucional en relación con las directrices para la organización y
funcionamiento de los Comités para hacer efectivo el derecho a morir con
dignidad”.
[5] La Superintendencia no especifica cuál fue el tipo y
el origen de los requerimientos.
[6] Sentencia T-120 de 2017.
[7] Ibídem.
[8] Sentencia T-244 de 2015.
[9] Sobre
este asunto se pueden consultar las sentencias T-1027 de 2010, T-171 de 2011,
T-856 de 2012, T-867 de 2013, T-970 de 2014, T-769 de 2015, T-736 de 2016,
T-030 de 2017, T-075 de 2017, T-100 de 2017, T-101 de 2017, T-118 de 2017,
entre otras.
[10] Sentencia T-030 de 2017.
[11] Sentencia T-311 de 2012. Reiterada en la
sentencia T-030 de 2017.
[12] “PREVENCIÓN A LA AUTORIDAD. Si al concederse la tutela hubieren cesado
los efectos del acto impugnado (…) en el fallo se prevendrá a la autoridad
pública para que en ningún caso vuelva a incurrir en las acciones u omisiones
que dieron mérito para conceder la tutela, y que, si procediere de modo
contrario, será sancionada de acuerdo con lo establecido en el artículo
correspondiente de este Decreto, todo son perjuicio de las responsabilidades en
que ya hubiere incurrido. El juez también prevendrá a la autoridad en los demás
casos en que lo considere adecuado para evitar la repetición de la misma acción
u omisión.”
[13] Sentencia
SU-225 de 2013.
[14] Sentencia
T-576 de 2008.
[15] Sentencia T-685 de 2010. Reiterada en la sentencia
T-021 de 2017.
[16] Sentencia T-030 de 2017.
[17] Sentencia T-021 de 2017.
[18] Sentencia T-030 de 2017.
[19] Ibídem.
[20] Explicó
que uno de los primeros casos
de eutanasia pasiva fue con ocasión de la paciente Karen Ann Quinlan en los
Estados Unidos. Su caso provocó tantas discusiones “que fue el primero que
marcó una nueva época en la medicina”. Cfr. Núñez Paz, Miguel Ángel.
Homicidio consentido, eutanasia y derecho a morir con dignidad. España.
Editorial Tecnos, 1999 Pág. 33
[21] Un ejemplo de este evento sucedió con el
caso de Terri Schiavo a quién se le suspendió la alimentación e
hidratación con el claro propósito de terminar intencionalmente con su vida.
[22] Amorín Ch, Paes M, Dall L. Distanasia,
eutanasia y ortotanasia: percepciones de los enfermos de unidades de terapia
intensiva e implicaciones en la asistencia. Ribeirao Preto. Rev.
Latinoamericana. En-fermagem. 2009.
[23] “Por medio de la cual se da cumplimiento a la
orden cuarta de la sentencia T-970 de 2014 en relación con las directrices para
la organización y funcionamiento de los Comités para hacer efectivo el derecho
a morir con dignidad”.
[24] “Ley Consuelo Devis Saavedra, mediante la cual se
regulan los servicios de cuidados paliativos para el manejo integral de
pacientes con enfermedades terminales, crónicas, degenerativas e irreversibles
en cualquier fase de la enfermedad de alto impacto en la calidad de vida”.
[25] Sentencias T-134 de 2002 y T-544 de 2002.
[26] Sentencia T-460 de 2012.
[27] Sentencias T-760 de 2008 y T-460 de 2012.
[28] Sentencia C-313 de 2014.
[29] Cfr. Sentencia T-121 de 2015.
[30] Sentencia T-121 de 2015.
[31] El artículo 8 de la Ley 1751 de 2015 establece que: “La integralidad. Los servicios y tecnologías de salud deberán ser
suministrados de manera completa para prevenir, paliar o curar la enfermedad,
con independencia del origen de la enfermedad o condición de salud, del sistema
de provisión, cubrimiento o financiación definido por el legislador. No podrá
fragmentarse la responsabilidad en la prestación de un servicio de salud
específico en desmedro de la salud del usuario. // En
los casos en los que exista duda sobre el alcance de un servicio o tecnología
de salud cubierto por el Estado, se entenderá que este comprende todos los
elementos esenciales para lograr su objetivo médico respecto de la necesidad específica de salud diagnosticada”.
[32] Sentencia
T-718 de 2016.
[33] Sentencia T-188 de 2013.
[34] Sentencia T-306 de 2016.
[35] Sentencia T-705 de 1999.
[36] Ibídem.
[37] Conformada
por los magistrados (e.) Iván Humberto Escrucería Mayolo y Aquiles Ignacio
Arrieta Gómez.
[38] Sentencia T-030 de 2017.
[39] Ibídem.
[40] Cuaderno
2, folio 60 reverso.
[41] Cuaderno
2, folio 68 reverso.
[42] Cuaderno
principal, folio 49.
[43] Cuaderno
principal, folio 54.
[44] Cuaderno
principal, folios 60 y 61.
[45] Cuaderno
principal, folio 62.
[46] Cuaderno
principal, folios 2 a 13.
[47] Cuaderno
principal, folios 90 a 101.
[48] Cuaderno
2, folio 70.
[49] Cuaderno
2, folio 130.
[50] Cuaderno
2, folios 71 a 74.
[51] Cuaderno
2, folios 133 a 138.
[52] Cuaderno
2, folios 60 a 68.
[53] Cuaderno 2, folios 133 a 138.
[54] Sentencia
C-239 de 1997
[55] Cuaderno
2, folio 69 reverso.
[56] Sentencia
C-569 de 2016.
[57] Corte
Constitucional, sentencia C-239 de 1997 (MP Carlos Gaviria Díaz; SV José
Gregorio Hernández; SV Vladimiro Naranjo Mesa; SV Hernando Herrera Vergara; AV
Eduardo Cifuentes Muñoz, Jorge Arango Mejía y Carlos Gaviria Díaz). En esta
providencia la Corte declaró la exequibilidad condicionada del artículo 326 del
Código Penal sobre el homicidio por piedad y exhortó al Congreso de la
República para que regulara "el asunto de la muerte digna".
[58] Corte
Constitucional, sentencia SU-230 de 2015 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; SV
Luis Ernesto Vargas Silva; SV María Victoria Calle Correa; SV Jorge Iván
Palacio Palacio; AV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo): "En este punto es
importante aclarar que en el caso de las sentencias de unificación de tutela
(SU) y de control abstracto de constitucionalidad proferidas por la Corte
Constitucional, basta una sentencia para que exista un precedente, debido a que
las primeras unifican el alcance e interpretación de un derecho fundamental
para casos que tengan un marco fáctico similar y compartan problemas jurídicos,
y las segundas, determinan la coherencia de una norma con la Constitución
Política".
[59] Corte
Constitucional, sentencia SU-230 de 2015.
[60] "El consentimiento
del sujeto pasivo debe ser libre, manifestado inequívocamente por una persona
con capacidad de comprender la situación en que se encuentra. Es decir, el
consentimiento implica que la persona posee información seria y fiable acerca
de su enfermedad y de las opciones terapéuticas y su pronóstico, y cuenta con
la capacidad intelectual suficiente para tomar la decisión. Por ello la Corte
concluye que el sujeto activo debe de ser un médico, puesto que es el único
profesional capaz no sólo de suministrar esa información al paciente sino
además de brindarle las condiciones para morir dignamente. Por ende, en los
casos de enfermos terminales, los médicos que ejecuten el hecho descrito en la
norma penal con el consentimiento del sujeto pasivo no pueden ser, entonces,
objeto de sanción y, en consecuencia, los jueces deben exonerar de
responsabilidad a quienes así obren." Corte Constitucional, sentencia
T-970 de 2014 (MP Jorge Iván Palacio Palacio; SPV Mauricio González Cuervo