T-840-06
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
T-840/06
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Procedencia
excepcional/ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Causales
genéricas de procedibilidad
PROCESO EJECUTIVO SINGULAR-Excepciones contra el mandamiento de pago
La actuación en que se originan los hechos por los que
se tutela, corresponde a un proceso ejecutivo singular, que como tal, se
encuentra reglado en el Título XXVII del ordenamiento Procesal Civil, normas
que enmarcan el proceso que ha de seguirse para este tipo de actuaciones, y que
incluye por supuesto, el cobro de sumas de dinero. En esa normatividad procesal
señala el trámite de las excepciones propuestas contra el mandamiento de pago.
En la actuación examinada se observa al respecto, que los demandados, aquí
accionantes, en forma separada formularon excepciones al mandamiento de pago,
discriminándolas igualmente frente a cada uno de los títulos ejecutivos a que
se referían, aunque algunas de ellas resultaran coincidentes.
DEBIDO PROCESO-Falta de pronunciamiento sobre la totalidad de las
excepciones propuestas/VIA DE HECHO POR DEFECTO PROCEDIMENTAL-El
Tribunal no se pronunció sobre la prescripción de la acción cambiaria y
reducción o perdida de intereses
Es claro y perceptible a simple vista que el Tribunal
omitió efectuar expreso pronunciamiento sobre la excepción de “Prescripción de
la acción cambiaria” y sobre la solicitud de “Reducción y pérdida de intereses”.
En efecto, al declarar infundadas excepciones respecto de dos de los cheques
objeto del proceso ejecutivo, era su deber pronunciarse sobre la totalidad de
las excepciones propuestas contra éstos títulos como así lo impone el trámite
procesal, a fin de garantizar el derecho de defensa del los ejecutados, se
configura una desatención a las formas propias del proceso de ejecución
singular, que vulnera el derecho fundamental de defensa y por ende el debido
proceso, pues se ha dispuesto seguir adelante con la ejecución respecto de dos
títulos valores sobre los cuales no existe pronunciamiento en segunda instancia
sobre todas las excepciones propuestas en su contra.
VIA DE HECHO POR DEFECTO FACTICO-Valoración diferente que se le dio al mismo
medio probatorio
A la confesión del ejecutante, el juzgado le dio una
valoración diferente respecto de cada cheque, pues en un caso encontró que
llenar espacios en blanco de forma unilateral constituía un abuso de la firma
en blanco, y respecto de los otros dos cheques sin más consideró que los
espacios en blanco pueden ser llenados por cualquier tenedor legítimo. Esta es
una incongruencia entre lo probado y lo resuelto, o cuando menos en la
valoración que de una misma prueba y una misma confesión se hizo con resultados
distinto para cada cheque. Es evidente entonces que la distinta valoración que
injustificadamente se hizo por la autoridad accionada del mismo medio
probatorio, determinó un cambio en el sentido del fallo respecto de los cheques
para los cuales no se dio prosperidad a la misma excepción; y ello, de
conformidad con la jurisprudencia que se ha expuesto en forma precedente, conlleva
una vía de hecho por defecto fáctico, bajo la hipótesis de que el funcionario
judicial, a pesar de que en el proceso existan elementos probatorios, omite
considerarlos, no los advierte o simplemente no los tiene en cuenta para
efectos de fundamentar la decisión respectiva, o decide separarse por completo
de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto jurídico
debatido.
VIA DE HECHO POR DEFECTO SUSTANTIVO-No se presentó en cuanto a la caducidad de
la acción cambiaria  de los cheques
Frente a la situación en estudio, ha de decirse que de
los planteamientos del actor en relación con la forma como se decidió el tema
de la caducidad de la acción cambiaria en este caso, no se observa la vía de
hecho aducida. Como se aprecia, es claro que en la decisión del Tribunal
accionado no se incurrió en vía de hecho que evidencie la vulneración de los
derechos fundamentales del demandante y que amerite la protección por vía de
tutela. Lo que plantea el actor es una discrepancia con respecto a la decisión
que adoptó dicho Tribunal en el punto relacionado con la caducidad.
Referencia: expediente T-1371831
Acción de tutela de Elías Aruachan Eljach y
Liliam Dahl de Aruachan, contra, la Sala Civil -Familia - Laboral del Tribunal
Superior de Distrito Judicial de Montería.
Magistrada Ponente:
Dra. CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Bogotá D. C., doce (12) de octubre de dos mil seis
(2006)
La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por los Magistrados Clara Inés Vargas Hernández, Jaime Araujo
Rentería y Nilson Pinilla Pinilla, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, profiere la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de los fallos emitidos en
primera y segunda instancia por las Salas de Casación Civil y Casación Laboral
de la Corte Suprema de Justicia, respectivamente, dentro de la acción de tutela
promovida por Elías Aruachan Eljach y Liliam Dahl de Aruachan en contra de la
Sala Civil -Familia - Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de
Montería.
I.-  ANTECEDENTES.
Los señores Elías Aruachan Eljach y Liliam Dahl de
Aruachan interponen acción de tutela en contra de la Sala Civil -Familia -
Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Montería, por considerar
que esta Corporación incurrió en una vía de hecho con la que se les vulneró el
derecho al debido proceso al revocar parcialmente la sentencia por medio de la
cuál se daba por terminado un proceso ejecutivo instaurado en su contra, por
cuanto no se pronunció sobre las restantes excepciones, inaplicó normas del
Código de Comercio y no tuvo en cuenta pruebas allegadas al proceso. Se exponen
como fundamentos de la acción incoada, los siguientes hechos.
1.- Hechos y Pretensiones:
Manifiestan los accionantes que el señor Roberto
Antonio Cabrales Rodríguez promovió en su contra un proceso ejecutivo singular
con base en los siguientes 3 cheques, todos presentados con fecha 4 de agosto
de 2003: a) uno de Bancafé  (# C-0625170), por la suma de $15.000.000, girado a
nombre de Liliam Dahl de Aruachan quien lo endosó al ejecutante entregándoselo
desde el año 1997 en que fue emitido; b) otro del mismo banco  (# C-0482516)
por la suma de $5.000.000 que había sido entregado al  señor Cabrales a su
nombre por un negocio anterior, y que correspondía a una chequera comprada en
el año 1996; y c) otro del Banco de Colombia (# 0895759) en que figura como
beneficiario el ejecutante, por la suma de $41.000.000, cheque que según
denuncia se le perdió en blanco al ejecutado. Todos los cheques eran de cuentas
del accionante y estaban firmados por él.
Dicen que el Juzgado de conocimiento, libró
mandamiento de pago en contra de los dos accionantes por la suma de $61.000.000
como capital, decisión que fue recurrida en reposición para que se precisara la
orden sobre la señora  de Aruachan ya que ella solo figuraba como endosataria
en uno de los títulos valores. En virtud de ello, el juzgado modificó el
mandamiento, librándolo en contra de Liliam de Aruachan por sólo $15.000.000, y
por $46.000.000 en contra del señor Aruachan, en ambos casos, más los intereses
de mora respectivos.
Comenta que en contra de esta actuación, se
presentaron  en forma separada por los ejecutados, las excepciones de mérito
consistentes en:
(1) A nombre de la señora de Aruachan, en relación con
el cheque de $15.000.000, con fundamento en el artículo 784 del Código de
Comercio, se excepciona: (i) Abuso de firma en blanco o integración abusiva
del título valor”, por cuanto el cheque había sido por ella endosado con la
fecha en blanco desde el año 1997 y el demandante en el ejecutivo la llenó como
“Agosto 4 de 2003”, dice que abusivamente, porque ni el girador (su
esposo) ni ella, le habían dado esa autorización en forma verbal o escrita, y
porque sobre ese monto ya le habían pagado intereses moratorios al 5% mensual,
que según la liquidación efectuada por el mismo ejecutante, se fueron
acumulando intereses sobre intereses hasta arrojar la suma de $41.000.000, que
es la misma suma por la que se llenó el cheque descrito antes en el literal c);
(ii) “Caducidad de la acción cambiaria y del título valor”, porque al
haber sido entregado al ejecutante el título con espacios en blanco en el año
de 1997,  éste no tenía sino 3 años a partir del momento de su emisión o
entrega al tenedor para llenarlos; (iii) “Prescripción de la acción
cambiaria”, porque como el título se entregó desde 1.997 con espacios en
blanco, el plazo máximo que tenía para presentarlo para su cobro, era en el año
1997, pero sólo lo hace seis años después de haber sido entregado para su
circulación, según la fecha que llenó para el efecto.
Se afirma que en memorial independiente, también se
presentó a nombre de esta demandada solicitud de “Reducción y pérdida de
intereses” por haberse cobrado una tasa superior al interés bancario
corriente, más 1.5 veces, según la liquidación efectuada por el mismo
ejecutante.
(2) A nombre
de José Elías Aruachan, se presentaron excepciones como girador de todos los
cheques. (i) Respecto del de $15.000.000, las mismas expuestas por su señora, y
adicionalmente, la de “Pago total de la obligación” de la que dice se
estructura en los mismos fundamentos del escrito de reducción de intereses que
también presenta, de los que concluye que se le pagaron al ejecutante los
$15.000.000 de capital más los intereses devengados, más un excedente de
$8.045.804 y pide que estos últimos le sean devueltos junto con los que por la
sanción del artículo 72 de la ley 45 de 1990, debe reintegrarle el acreedor,
con la siguiente tasación: $11.413.616 por intereses causados y pagados;
$26.366.384 por intereses pagados en exceso, para una suma total de
$64.146.384; (ii) Respecto de los otros cheques, expresa que esgrimió los
mismos fundamentos fácticos y jurídicos que la señora de Aruachan para las
excepciones contra la acción cambiaria de “Abuso de firma en blanco”, “Caducidad
de la acción cambiaria y de los títulos valores” y “Prescripción”; y
que adicionalmente formuló como excepciones personales las de: (iii) “Inexistencia
de las obligaciones que cobran incorporadas en los títulos valores”,
correspondientes a los cheques de $5.000.000 y $41.000.000, aduciendo que no
existe un negocio subyacente o causa eficiente para la creación de esos
títulos, porque el primero que pertenecía a un talonario de chequera del año 1996,
era por un negocio anterior a la expedición del cheque de los $15.000.000 y
cuyo valor quedó después incorporado en este último cheque, sin que el
ejecutante le devolviera el anterior; y que si no fuera así, no es posible que
el ejecutante lo haya mantenido sin cobrar desde esa época hasta el 4 de agosto
de 2003; y porque el del Banco de Colombia le fue hurtado y luego llenado
arbitrariamente por el ejecutante por la suma de $41.000.000, cifra que dice,
es la resultante del anatocismo que ejerció el demandante; y (iv)“Anatocismo
y Usura” para la que sostiene que esas figuras se evidencian en la
liquidación manual efectuada por ejecutante, donde se observa que el excedente
de los intereses liquidados al 5% que no quedara cubierto en el respectivo
abono, volvía a sumarse al capital y a ese total después volvía a liquidarle
intereses.
Comentan los accionantes que el Juez de Circuito
encontró probadas en contra de todos los títulos ejecutivos las excepciones de “abuso
de firma en blanco o integración abusiva del título valor” y la de “caducidad”,
para lo que tuvo en cuenta lo manifestado por el ejecutante en diligencia de
interrogatorio de parte, y las certificaciones de venta de las chequeras
respectivas, disponiendo como consecuencia, la terminación del proceso y el
levantamiento de las medidas previas solicitadas y decretadas, y que esta
decisión fue apelada por el demandante.
Manifiestan que el Tribunal accionado como juez de
segunda instancia, revocó parcialmente la anterior decisión, declarando probada
la excepción de “abuso de firma en blanco o integración abusiva del título
valor, pero sólo con respecto al cheque por valor de $41.000.000 y ordenó
seguir adelante la ejecución respecto de los otros dos cheques.
Alegan que
esta actuación del Tribunal es constitutiva de vía de hecho, por defectos
fáctico y sustantivo, porque en la decisión atacada se efectuó una indebida
aplicación del artículo 717 del Código de Comercio al considerar que los
cheques podían haber sido presentados en cualquier tiempo, y porque al
desconocer como prueba el interrogatorio de parte en que el ejecutante hacía
explicita confesión del tiempo transcurrido entre el momento en que le fueron
entregados los cheques y aquel en que les colocó el valor y fecha para su
cobro, se inaplicaron los artículos 729 y 730 ib., cambiando la juridicidad
colombiana sobre las obligaciones irredimibles.
Igualmente consideran que también hay vía de hecho por
defecto fáctico, cuando el ente accionado al revocar la prosperidad de las
excepciones de “abuso de firma en blanco o integración abusiva del título
valor” y de “caducidad” respecto de 2 de los cheques, el mismo
material probatorio  que desestimó para ello, es admitido para reconocerla en
relación con el cheque de los $41.000.000. Dicen que el accionado desechó y fue
en contra del material probatorio obrante en el proceso, toda vez que para
revocar se desconoció que el demandante en el interrogatorio de parte aceptó
que también en forma unilateral había llenado los espacios en blanco de esos
cheques, pero que aquí extrañamente le aceptó como argumento de justificación
que estaba autorizado tácitamente para llenar los espacios. Estiman que con
esta afirmación, el Tribunal creó una nueva modalidad de autorización para
llenar los títulos en blanco, cual es la tácita, yendo en abierta contravía de
lo dispuesto por el artículo 622 del Código de Comercio.
Dicen los accionantes que además, al haberse declarado
no probadas las mencionadas excepciones para los cheques de $5.000.000 y
$15.000.000, de conformidad con el literal c) del artículo 510 del C.P.C. en
concordancia con el 306 del mismo estatuto, correspondía al Tribunal
pronunciarse sobre las restantes de: prescripción de la acción cambiaria, pago
total de la obligación, inexistencia de las obligaciones que se cobran e
incorporadas en los títulos valores, usura y anatocismo, que no fueron objeto
de pronunciamiento por el a-quo por la terminación del proceso, y que como no
lo hizo, debieron solicitarle un pronunciamiento adicional y aclaratorio para
el efecto.
Alegan que en la respuesta, el Tribunal en actitud que
califican de negligente y parcial para con el ejecutante, afirma que “En
esta oportunidad en el curso de la primera instancia los demandados propusieron
excepciones de prescripción, caducidad, pago total de la obligación, abuso de
firma en blanco, inexistencia de la obligación, usura y anatocismo.-  Sobre
estas tres últimas no se pronunció el juez a quo, ya que le dio prosperidad a
la de caducidad, prescripción y pago total de la obligación y al ser revocada
la sentencia acá en la segunda instancia de conformidad con el artículo 306 del
C.P.C. la Sala habrá de pronunciarse sobre las excepciones de inexistencia de
la obligación, usura y anatocismo”, lo que es incongruente con la realidad
procesal, toda vez que como se lee en el fallo respectivo, el juez de primera
instancia sólo declaró probadas las de “abuso de firma en blanco o
integración abusiva del título valor” y “caducidad en todos los títulos”,
pero jamás se refirió a las de “prescripción” y “pago total”; y
que como el Tribunal omitió pronunciarse sobre ellas, y sobre la solicitud de
regulación, pérdida y sanción de intereses que no había resuelto la primera
instancia, existe una violación ostensible del derecho fundamental al debido
proceso.
Por otra parte, sobre los fundamentos con que la
autoridad accionada en la adición de la sentencia no dio prosperidad a las
excepciones de “inexistencia de la obligación”, “usura y anatocismo”,
manifiestan los accionantes que pueden llegar a ser una presunta falsedad
ideológica, porque están montados sobre hechos inexistentes, si se tiene en
cuenta que: a) la excepción de inexistencia de la obligación nunca se formuló
en contra del cheque de $15.000.000, como tampoco se afirmó que éste y el
cheque por $5.000.000 hubieran sido hurtados; b) porque procesalmente las
respuestas dadas en un interrogatorio de parte no pueden ser tachadas a la luz
de los artículos 194 a 201 del C.P.C., como lo reclamó el Tribunal accionado,
habida cuenta que según ese ordenamiento, la tacha de falsedad opera es para
los documentos y la tacha simple para los testigos, pero nunca para las
partes; c) porque ignoró que en la liquidación efectuada por el demandante, se
cobraban intereses al 5% y los saldos de los mismos se volvían a integrar al
capital hasta llegar al monto de $41.500.000, con lo que se evidenciaba la
relación de causalidad para que ese cheque se llenara por $41.000.000 como saldo;
causalidad que no fue analizada por el Tribunal no obstante la confesión del
ejecutante de la tasa cobrada, en un interrogatorio que sí se aceptó para
demostrar la existencia de los préstamos en contra de los accionantes; y d) porque afirmar que la excepción de pago fue resuelta por el juez de
primera instancia, es totalmente contrario a la realidad procesal.
Con lo
anterior, los accionantes consideran que están ante un perjuicio irremediable a
su patrimonio y que al no existir contra la decisión atacada otro medio de
defensa judicial, oportuno, idóneo y eficaz, acuden a la tutela para solicitar:
1) Que se
tutele a su favor el derecho fundamental al debido proceso, vulnerado por la
accionada con la comentada sentencia y su adición, que consideran constitutivas
de vía de hecho por protuberantes y ostensibles defectos sustancial, fáctico y
procedimental.
2) Que como
consecuencia de lo anterior, se decrete la nulidad de esas decisiones
judiciales y se ordene a la Sala accionada que profiera nueva sentencia acorde
a derecho.
3) Que se
ordene a los magistrados involucrados de la Sala accionada, que de su peculio
personal paguen los perjuicios ocasionados por las decisiones acusadas, los que
se tasarán  previo peritazgo.
4) Como medida especial y cautelar mientras se
resuelve de fondo la tutela, para no hacer inanes los resultados eventuales de
la acción, solicitan “se suspenda inmediatamente la ejecución o cumplimiento
de la sentencia...objeto de esta tutela”
2.-
Actuación en la primera instancia de la tutela.
La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia al admitir la tutela instaurada, ordena notificarla a los magistrados
de la dependencia accionada y enterar sobre la misma tanto al Juez Cuarto Civil
del Circuito de Montería, como a quienes fueron parte en el proceso ejecutivo
en el que presuntamente se presenta la situación por la que se instaura esta
acción.
De estas personas, no se recibe ninguna respuesta a lo
demandado.
II.- DECISIONES QUE SE REVISAN.
1.- Primera instancia:
La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia, negó la tutela al considerar que por los términos en que ésta se
propone, lo que pretendía la parte accionante era  que en vía constitucional se
efectuara un nuevo examen a una cuestión de orden civil ya decidida en las
instancias; y que como la valoración probatoria realizada por la accionada no
ostentaba capricho ni arbitrariedad, debía ser respetada ya que no es cometido
de esta acción atender discrepancias sobre la misma.
1.1- Impugnación.-
Los accionantes no comparten la decisión del juez de
tutela e interponen recurso de apelación en contra de la misma criticando la
brevedad y sentido de las consideraciones en que ésta se basa, e insisten en la
presencia de las vías de hecho alegadas, resumiendo los mismos argumentos que
ampliamente fueron expuestos en la demanda de tutela.
2.- Segunda instancia.-
La Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, considera que no es posible
modificar en sede de tutela una decisión adoptada por el Tribunal accionado,
habida cuenta de los principios constitucionales de cosa juzgada, separación de
jurisdicciones y autonomía judicial, por lo que a su juicio, se ve en la
obligación de confirmar la decisión impugnada.
III.-
PRUEBAS.-
Al
expediente se allega en fotocopia del proceso ejecutivo donde se originan los
hechos denunciados, en 5 cuadernos[1]. De las actuaciones allí
contenidas, se relacionan como pruebas las siguientes por ser las mas
relevantes para este proceso, que a su vez fueron aportadas por el accionante
con la demanda de tutela:
1.- Sentencia de segunda instancia proferida por la
accionada en el ejecutivo singular de Roberto Cabrales Rodríguez contra los
aquí actores, revocando parcialmente la sentencia apelada y su notificación por
edicto.
2.- Solicitud de adición y aclaración de la sentencia
anterior, presentada por abogado de los ejecutados.
3.- Sentencia complementaria de adición y aclaración.
4.- Demanda ejecutiva.
5.- Mandamiento de pago librado en contra de los aquí
accionantes por el Juzgado 4º Civil del Circuito de Montería.
6.-Recurso de reposición contra el anterior
mandamiento, y excepción previa de incompetencia en razón de la cuantía
presentados en nombre de Liliam Dahl de Aruachan.
7.- Auto que modifica el mandamiento de pago e
inadmite la excepción previa.
8.- Solicitudes de regulación, reducción y pérdida de
intereses presentadas por Liliam Dahl de Aruachan y en documento aparte por
José Aruachan
9.- Escrito
de excepciones formuladas en nombre de la
ejecutada Liliam Dahl de Aruachan, referidas al cheque de $15.000.000,
consistentes en: 1) Abuso de firma en blanco o integración abusiva del título
valor; 2) Caducidad de la acción cambiaria y del título valor; 3) Prescripción
de la acción cambiaria.
10.- Escrito
de excepciones formuladas en nombre del
ejecutado José  de Aruachan Eljach, referidas tanto al cheque de $15.000.000
como a los de $5.000.000 y $41.000.000. A) En contra la acción cambiaria: 1)
Para el primero de los cheques, pago total de la obligación contenida en él,
además de las siguientes. Para todos los títulos ejecutivos base de cobro: 2)
Abuso de firma en blanco o integración abusiva del título valor; 3) Caducidad
de la acción cambiaria y de los títulos valores; 4) Prescripción de la acción
cambiaria. B) Como excepciones personales formula: 1) Para los cheques de
$5.000.000 y $41.000.000, Inexistencia de las obligaciones que se cobran e
incorporadas en ellos; 2) y para todos, Usura y anatocismo.
11.- Copia de denuncia por pérdida de documentos
presentada por José Elías de Aruachan Eljach el 6 de diciembre de 2001, dentro
de los cuales aparecen relacionados los cheques números 0895759 y 0895760 de la
cuenta corriente 014643-0 del Banco de Colombia, Oficina Principal.
12.- Diligencia de interrogatorio de parte al
ejecutante Roberto Cabrales Rodríguez.
13.- Certificación de Bancafé sobre las fechas de
venta de las chequeras que contenían los cheques de esa entidad presentados
para la ejecución.
14.- Sentencia de primera instancia emitida por el
Juzgado 4º Civil del Circuito de Montería el 14 de diciembre de 2004 en que se
declaran probadas las excepciones de mérito denominadas “abuso de firma en
blanco o integración abusiva del título valor en todos los títulos valores o
cheques presentados como título de recaudo ejecutivo” y “caducidad”.
Como consecuencia, se declara terminado ese proceso ejecutivo, se decreta el
levantamiento de medidas cautelares y se condena en costas al ejecutante.
15.- Apelación de la demandante a la anterior
sentencia.
IV.- CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS.-
1. Competencia.
Esta Sala es competente para conocer de los fallos
materia de revisión, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y
241-9 de la Constitución Política y en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591
de 1991.
2.
Problema Jurídico.
La Sala de
Revisión en esta oportunidad debe dilucidar, si la Sala Civil -Familia -
Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Montería, como le acusan
los accionantes, incurrió en vía de hecho al proferir la sentencia de segunda
instancia mediante la cual revocó parcialmente el fallo por el cuál el Juzgado
Cuarto Civil del Circuito de la misma ciudad que dio por terminando el proceso
ejecutivo instaurado en su contra, declaró probadas una excepciones respecto de
un cheque pero no en relación con los otros dos, por lo que dispuso seguir
adelante la ejecución.
Los
accionantes imputan tres acusaciones a la citada sentencia de segunda
instancia: (i) defecto procedimental, al no haberse pronunciado sobre todas las
excepciones y solicitudes oportunamente propuestas y que no fueron objeto de
pronunciamiento por el a-quo; (ii) defecto sustantivo, por efectuar una errónea
interpretación de las normas sobre el cheque posfechado al asimilarlas al
cheque con fecha en blanco, que le llevaron a desconocer la caducidad de la
acción cambiaria de los cheques frente a las exigencias legales existentes para
llenar los espacios en blanco en los títulos valores y, (iii) defecto fáctico,
porque el accionado realizó una defectuosa valoración probatoria, al desconocer
e ignorar medios probatorios obrantes en la actuación para tomar unas
decisiones negativas a sus intereses, cuando fueron pruebas que sí tuvo en
cuenta para adoptar una decisión afirmativa para un asunto de la misma
naturaleza.
Para el
efecto, la Sala reiterará los criterios fijados por esta Corporación para que
las decisiones judiciales excepcionalmente puedan ser atacadas por la vía de la
tutela, haciendo especial énfasis en las vías de hecho por defecto
procedimental, sustantivo y fáctico, con el fin de evaluar la situación en
estudio frente a los mismos y decidir lo pertinente.
3.- Procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia.
Conforme al mandato contenido en el artículo 86 de la
Constitución, la Corte Constitucional ha dispuesto una doctrina acerca de la
procedencia de la acción de tutela contra las providencias expedidas por las
autoridades judiciales.  En un comienzo, esta atribución tuvo fundamento en los
artículos 11 y 40 del Decreto 2591 de 1991. Sin embargo, dichas disposiciones
fueron declaradas inexequibles en la sentencia C-543 de 1992[2],
en la cual se consideró que valores como la seguridad jurídica y la cosa
juzgada son relevantes en nuestro sistema normativo y justifican la
intangibilidad de las decisiones judiciales. No obstante lo anterior, en esa
misma providencia se advirtió que ciertos actos no gozan de esas cualidades y
que, por tanto, frente a actuaciones de hecho la acción de tutela sí
procede para proteger los derechos fundamentales. La Corte afirmó en ese
entonces:
“Ahora bien, de conformidad con el concepto
constitucional de autoridades públicas, no cabe duda de que los jueces tienen
esa calidad en cuanto les corresponde la función  de administrar justicia y sus
resoluciones son obligatorias para los particulares y también para el Estado.
En esa condición no están excluidos de la acción de tutela respecto de actos u
omisiones que vulneren o amenacen derechos fundamentales, lo cual no significa
que proceda dicha acción contra sus providencias.  Así, por ejemplo, nada obsta
para que por la vía de la tutela se ordene al juez que ha incurrido en dilación
injustificada en la adopción de decisiones a su cargo que proceda a resolver o
que observe con diligencia los términos judiciales, ni riñe con los preceptos
constitucionales la utilización de esta figura ante actuaciones de hecho imputables
al funcionario por medio de las cuales se desconozcan o amenacen los derechos
fundamentales, ni tampoco cuando la decisión pueda causar un perjuicio
irremediable, (...). En
hipótesis como estas no puede hablarse de atentado alguno contra  la seguridad
jurídica de los asociados, sino que se trata de hacer realidad los fines que
persigue la justicia”.
Así las cosas, a partir de la sentencia T-079 de 1993[3],
con base en una decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia en donde
concedió una acción de tutela contra una sentencia judicial y respetando la ratio
decidendi de la sentencia C-543 de 1993, paulatinamente se fueron
definiendo el conjunto de defectos que tienen el poder de justificar la
procedencia del amparo para que se protejan los derechos fundamentales de
quienes acuden al Estado para que resuelva un conflicto a través de la
administración de justicia.
Posteriormente, la Corte agrupó el enunciado dogmático
“vía de hecho”, previsto en cada una de las sentencias en donde
se declaró que la tutela era procedente frente a una actuación judicial
anómala, e ideó los criterios de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales. Éstos constituyen pautas que soportan una
plataforma teórica general de la acción de tutela contra actuaciones
jurisdiccionales y, por tanto, constituyen el trasfondo de las causas que
pueden generar la violación de la Constitución, por la vulneración de los
derechos fundamentales en la cotidianidad de las prácticas judiciales.
La nueva enunciación de tal doctrina ha llevado, en
últimas, a redefinir el concepto de vía de hecho, declarado como el acto
absolutamente caprichoso y arbitrario[4], producto de la carencia
de una fundamentación legal y con la suficiente envergadura para concernir al
juez constitucional.  En su lugar, con la formulación de los criterios,
se han sistematizado y racionalizado las causales o defectos con base en un
mismo origen: la penetración de la Constitución y los derechos fundamentales en
la rutina judicial.  Al respecto, en la sentencia T-949 de 2003[5],
la Sala Séptima de Revisión explicó lo siguiente:
“Esta Corte en sentencias recientes ha
redefinido dogmáticamente el concepto de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales. Esta redefinición ha operado a partir del poder
de irradiación del principio de eficacia de los derechos fundamentales (art. 2
C.P.) y de una interpretación sistemática de diversas disposiciones de la
Constitución (arts. 1, 2, 13, 86, 228 y 230 C.P.).
“En esta tarea se ha reemplazado el uso
conceptual de la expresión “vía de hecho” por la de “causales genéricas de
procedibilidad”. Lo anterior ha sido inducido por la urgencia de una
comprensión diferente del procedimiento de tutela con tal de que permita
"armonizar la necesidad de proteger los intereses constitucionales que
involucran la autonomía de la actividad jurisdiccional y la seguridad jurídica,
sin que estos valores puedan desbordar su ámbito de irradiación y cerrar las
puertas a la necesidad de proteger los derechos fundamentales que pueden verse
afectados eventualmente con ocasión de la actividad jurisdiccional del Estado (Sentencia
T-462 de 2003)”.
Además, en la sentencia T-1285 de 2005[6],
esta Sala de Revisión expuso cada uno de los criterios de procedibilidad de
la siguiente manera:
“La sistematización de los criterios o
causales a partir de los cuales es posible justificar el advenimiento de una
tutela contra una decisión judicial, ha generado que la Corte advierta dentro
de ellos la obligación del operador de respetar los precedentes y de guardar
respeto y armonía entre su discrecionalidad interpretativa y los derechos
fundamentales previstos en la Constitución[7].  En este
punto es necesario prevenir que la Corporación ha definido e identificado
dentro del ejercicio jurisdiccional, la obligación de argumentar
suficientemente cada una de sus decisiones y también de ponderar con claridad
los derechos fundamentales que se encuentren en disputa.  El principio de
eficacia de los derechos fundamentales y el valor normativo de la Constitución
obligan al juez a acatar, emplear e interpretar explícitamente las normas
legales aplicables a un caso concreto, pero también a justificar y ponderar las
pugnas que se llegaren a presentar frente a la Carta Política[8]
y los derechos fundamentales”[9]..
“Pues bien, conforme a los anteriores
presupuestos y como recapitulación de las diferentes decisiones adoptadas, la
Corte ha identificado y congregado a los criterios en seis apartados que ha
definido de la siguiente manera[10]:
(i)
Defecto
sustantivo, orgánico o procedimental: La acción de tutela procede, cuando puede probarse
que una decisión judicial desconoce normas de rango legal, ya sea por
aplicación indebida, error grave en su interpretación, desconocimiento de
sentencias con efectos erga omnes, o cuando se actúa por fuera del
procedimiento establecido[11].
(ii)
Defecto
fáctico:  Cuando en
el curso de un proceso se omite la práctica o decreto de pruebas o estas no son
valoradas debidamente, con lo cual variaría drásticamente el sentido del fallo
proferido[12].
(iii)
Error
inducido o por consecuencia: En la cual, si bien el defecto no es atribuible al funcionario
judicial, este actuó equivocadamente como consecuencia de la actividad
inconstitucional de un órgano estatal generalmente vinculado a la estructura de
la administración de justicia[13].
(iv)
Decisión
sin motivación:
Cuando la autoridad judicial profiere su decisión sin sustento argumentativo o
los motivos para dictar la sentencia no son relevantes en el caso concreto, de
suerte que puede predicarse que la decisión no tiene fundamentos jurídicos o
fácticos[14].
(v)
Desconocimiento
del precedente:  En
aquellos casos en los cuales la autoridad judicial se aparta de los precedentes
jurisprudenciales, sin ofrecer un mínimo razonable de argumentación, de forma
tal que la decisión tomada variaría, si hubiera atendido a la jurisprudencia[15].
(vi)
Vulneración
directa de la Constitución:  Cuando una decisión judicial desconoce el contenido de los derechos
fundamentales de alguna de las partes, realiza interpretaciones
inconstitucionales o no utiliza la excepción de inconstitucionalidad ante
vulneraciones protuberantes de la Carta, siempre y cuando haya sido presentada
solicitud expresa al respecto[16]”.
De lo
anterior, ha concluido la Corte que la procedibilidad de la tutela en contra de
decisiones judiciales exige, de manera inexorable, que en la determinación
enjuiciada se revele ostensiblemente alguna de las circunstancias descritas y,
obviamente, que ella conlleve una consecuente vulneración de derechos
fundamentales de las personas a quienes afecta, pues no es cualquier
irregularidad la que constituye una vía de hecho judicial con la que se
infringe el ordenamiento en el ámbito constitucional sino que ésta, debe ser
determinante en la decisión, y que por tanto, serán aspectos que debe examinar
en detalle el juez de tutela. Al punto ha recordado la Corporación:
“[...]No  basta  con  aludir  a un derecho
fundamental -porque toda irregularidad, directa o indirectamente, afecta los
derechos fundamentales-, sino que la actitud ilícita del juez debe afectar el
derecho grave e inminentemente. Se entiende que la gravedad debe predicarse
tanto de la violación del orden legal, como del daño que le causa a la persona
afectada, lo cual justifica la acción inmediata por parte del Estado para que
no continúe o se produzca tal efecto ilícito. La inminencia ha de entenderse
como la evidente probabilidad de una consecuencia negativa e ilícita producida
por la actuación judicial”[17] .
“Cuando se trate de una irregularidad
procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora. Sólo las actuaciones judiciales que realmente
contengan una decisión arbitraria, con evidente, directa e importante
repercusión en el proceso, en perjuicio de los derechos fundamentales, pueden
ser susceptibles de ataque en sede constitucional.
[...]La vía de hecho -excepcional, como se
ha dicho- no puede configurarse sino a partir de una ruptura flagrante,
ostensible y grave de la normatividad constitucional o legal que rige en la
materia a la que se refiere el fallo” [18].
Dentro del anterior marco, atendiendo a la
naturaleza de las alegaciones específicas que se plantean en la demanda de
tutela, la Sala considera necesario ampliar de las figuras denominadas “vías
de hecho por defecto procedimental, sustantivo y fáctico”, algunos rasgos
característicos con los que la doctrina constitucional en forma reiterativa los
identifica, y que serán de gran utilidad al juez constitucional en la
evaluación que haga de la presencia de tales situaciones en el caso sometido a
su estudio.
3.1.- En cuanto al defecto procedimental, es imputable al fallador que
en forma injustificada: a) se
aparta o desvía del trámite procesal previamente estatuido por la ley para
iniciar y llevar hasta su culminación el asunto que se decide; b)
pretermite etapas propias del procedimiento, u omite la notificación de un acto
que la requiera o la realiza indebidamente[19]. Es indudable
que en estos comportamientos existe una evidente vulneración al derecho
fundamental del debido proceso, e inclusive, al de acceso a la administración
de justicia entre otras garantías superiores que pueden verse afectadas con
ellos; por esta razón,  la acción de tutela resulta un mecanismo subsidiario y
excepcional, bajo las condiciones indicadas, para contrarrestar tal situación.
Entre los múltiples pronunciamientos sobre
el tema, la Corte Constitucional ha manifestado:
“Cuando el juez se desvía por completo del
procedimiento fijado por la ley para dar trámite a determinadas cuestiones y
actúa de forma arbitraria y caprichosa, con fundamento en su sola voluntad, se
configura el defecto procedimental. El defecto procedimental se erige en una
violación al debido proceso cuando el juez da un cauce que no corresponde al
asunto sometido a su competencia, o cuando pretermite las etapas propias del juicio,
como por ejemplo, omite la notificación de un acto que requiera de esta
formalidad según la ley, o cuando pasa por alto realizar el debate probatorio,
natural a todo proceso, vulnerando el derecho de defensa y contradicción de los
sujetos procesales al no permitirles sustentar o comprobar los hechos de la
demanda o su contestación, con la consecuente negación de sus pretensiones en
la decisión de fondo y la violación a los derechos fundamentales.”[20].
3.2.- En cuanto a la “vía de hecho por defecto sustantivo”
ha dicho la jurisprudencia constitucional que opera cuando la decisión que toma
el juez desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen
al operador judicial, al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al
caso concreto. Esto se presenta cuando: a) la decisión cuestionada se funda en
una norma que no se ajusta al caso o es claramente impertinente, o no se
encuentra vigente por haber sido derogada, o por haber sido declarada
inexequible; b) la interpretación o aplicación que se hace de la norma en el
caso concreto, desconoce sentencias con efectos erga omnes que han definido su
alcance; c) cuando la interpretación de la norma se hace sin tener en cuenta
otras disposiciones aplicables al caso y que son necesarias para efectuar una
interpretación sistemática; d) cuando la norma aplicable al caso concreto
es desatendida y por ende inaplicada; o, e) porque a pesar de que la norma en
cuestión está vigente y es constitucional, su aplicación al caso concreto
resulta inconstitucional, por desconocer otras normas constitucionales[21].
(Resalta la Sala). En otras palabras también lo ha dicho la Corte,
“[...]una providencia judicial adolece de
un defecto sustantivo (i) cuando la norma aplicable al caso es claramente
inadvertida o no tenida en cuenta por el fallador, (ii) cuando a pesar del
amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades
judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una
interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente
perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o
desproporcionada), y finalmente (iii) cuando el fallador desconoce las
sentencias con efectos erga omnes tanto de la jurisdicción constitucional como
de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyos precedentes se
ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada
respectiva[22]”.
3.3.-  Al referirse al denominado defecto fáctico, se indica por la
misa actividad interpretativa que éste se configura siempre que existan fallas
estructurales en la decisión judicial atribuibles a deficiencias probatorias
del proceso, con lo que “resulta incuestionable que el juez carece de apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta
la decisión”[23]. De
la misma manera se ha reconocido, que esta anomalía puede presentarse en
dimensión omisiva o positiva de la valoración de las pruebas que realice el
funcionario judicial, “La primera comprende las omisiones en la
valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados por el juez. La segunda, la dimensión positiva, abarca la valoración
de pruebas igualmente esenciales que el juzgador no puede apreciar, sin
desconocer la Constitución”[24].
Este defecto entonces, puede concretarse cuando: a)
hay falta de práctica y/o decreto de pruebas conducentes para el caso debatido,
valga decir, insuficiencia probatoria; b) la errada o defectuosa
interpretación de las pruebas allegadas al proceso o interpretación errónea;
c) la valoración de pruebas que son nulas de pleno derecho, o sea la ineptitud
e ilegalidad de la prueba. (Subraya la Sala).
No obstante, reitera esta Sala[25]
que no todo vicio en la valoración probatoria culmina en una vía de hecho y
así, que sólo es factible fundar la prosperidad de una acción de tutela cuando
se observa que la valoración probatoria hecha por el juez en la correspondiente
providencia, es manifiestamente arbitraria; que  el error en el juicio
valorativo de la prueba es de tal entidad, que es ostensible, flagrante y
manifiesto, y que además, tiene una incidencia directa en la decisión. Así
advierte la Corte, que el juez de tutela no puede convertirse en una instancia
revisora de la evaluación probatoria del juez de conocimiento, y sobre este
particular, se ha dicho concretamente que:
“Cabe recordar que en la valoración
probatoria efectuada por una autoridad judicial, prima la autonomía e
independencia del juez que la realiza. Lo que se rechaza de la misma es el
posible exceso en que se pueda llegar a incurrir, por un ejercicio arbitrario
de esa discrecionalidad. Esto es lógico, puesto que como director del proceso,
el juez de la causa es el que está llamado a determinar la utilidad,
pertinencia y procedencia del material probatorio, a través de criterios
objetivos y razonables, de manera que pueda formar su convencimiento y
sustentar la decisión final, utilizando las reglas de la sana crítica (C.P.C.,
art. 187 y C.P.L., art. 61). El ejercicio de ese poder discrecional sería
arbitrario si la valoración probatoria fuese resultado de un manifiesto juicio
irrazonable, determinante de la decisión final”[26].
Y posteriormente, con ponencia de la Magistrada Clara
Inés Vargas Hernández en la sentencia T- 336 de 2004 se precisó sobre el papel
que desempeña el juez constitucional frente al defecto fáctico, que:
“En lo que al defecto fáctico se refiere,
el rol del juez constitucional no consiste en suplantar al juzgador de
instancia en su tarea de valorar autónomamente los medios de prueba arrimados
en forma legal y oportuna al informativo, sino en determinar si al realizar tal
actividad incurrió en una ostensible y evidente irregularidad. Es decir, que
cuando los jueces o la Corte conocen de una acción de tutela por vía de hecho
deben verificar si al resolver el caso que es materia de análisis el juzgador
de instancia en forma abrupta e injustificada se abstuvo de arrimar al proceso
el material probatorio necesario para aplicar el supuesto normativo en el que
fundamenta su decisión ó, aunque teniéndolo, le restó valor o le dio un alcance
no previsto en la ley, sin que al ejercer esta función puedan entrar suplantar
al juzgador en su función de ponderar en forma autónoma los medios de prueba
conforme a las reglas de la sana crítica.”
En consecuencia, no
se configura el defecto fáctico si en la decisión acusada se
indica en forma expresa en qué elementos probatorios se funda la decisión y a
estos se les da el alcance previsto en la ley, caso en que no es permitido al
juez de tutela entrar a controvertir los juicios de valor que en torno a dichos
elementos hizo el juzgador, pues se trata de una función judicial que éste
realiza en forma autónoma e independiente[27]. Ha dicho la
Corte que los límites así establecidos, “permiten confirmar el respeto
debido tanto a la autonomía e independencia de los jueces para proferir sus
fallos, como a las distintas jurisdicciones, y a los procedimientos ordinarios
y especiales establecidos en el ordenamiento jurídico, al tiempo que
garantizan la plena vigencia de los derechos fundamentales  establecidos en el
ordenamiento constitucional”[28].
4.-  El  caso concreto.-
Los actores
alegan que en este caso hay vía de hecho en la sentencia del Tribunal accionado
que revocó la sentencia de primera instancia que les era favorable en el
proceso ejecutivo en su contra instaurado, por (i) defecto procedimental, al no
haberse pronunciado el Tribunal sobre todas las excepciones y solicitudes
oportunamente propuestas y que no fueron objeto de pronunciamiento por el
a-quo, lo que consideran era su deber, y no obstante habérsele formulado de
manera expresa tal solicitud en memorial en que pedían la adición y aclaración
de esa sentencia; (ii)  defecto sustantivo, al efectuar una errónea
interpretación de las normas sobre los cheques posfechados asimilándolos a los
cheques que se giraran con la fecha en blanco, lo que le llevaron inaplicar las
disposiciones que correspondían a la caducidad de la acción cambiaria; y (iii)
defecto fáctico, porque el Tribunal accionado realizó una valoración probatoria
defectuosa cuando al mismo medio probatorio, interrogatorio de parte, le dio
validez para dar prosperidad a la excepción del abuso de firma en blanco en uno
de los cheques, pero para los otros dos, no obstante la confesión del
ejecutante de haber llenado unilateralmente las fechas que estaban en blanco,
no tuvo en cuenta la misma como prueba, es decir, que la ignoró o desconoció.
Por
parte del Tribunal accionado, no se dio respuesta a las acusaciones. No
obstante, los jueces de tutela entendieron que en esta actuación los
accionantes trataban de revivir la litis y al no ser instancia para ello, no le
dieron prosperidad.
En
esta etapa de Revisión, sin que la Corte entre a definir el debate litigioso
porque evidentemente no puede ser objeto de decisión del juez de tutela, la
Sala debe examinar si la decisión acusada se profirió de manera arbitraria con
la que se vulneran derechos fundamentales de la parte demandada en el proceso
ejecutivo y que por tanto justifica la intervención excepcional del juez
constitucional.
Revisada
la actuación  en que se originan los hechos demandados en tutela, en lo que es
relevante para esta actuación se tiene que:
- A
través de apoderado judicial, Roberto Antonio Cabrales Rodríguez  el día 5 de
abril de 2003 presentó demanda ejecutiva singular en contra de los señores José
Aruachan Eljach y Lilian Dahl de Aruachan[29], aquí
accionantes, aportando como títulos base de ejecución 3 cheques, 2 a su nombre
y otro a él endosado, que registran como fecha: 4 de agosto de 2003, todos de
cuentas pertenecientes al ejecutado y con las siguientes características: a)
Cheque # C-0625170 de la cuenta corriente No. 285-04066-3 de Bancafé, Oficina
de Montería, por valor de $15.000.000, girado a nombre de Liliam Dahl de
Aruachan quien lo endosó al ejecutante;  b) Cheque # C-0482516 de la misma
cuenta, por la suma de $5.000.000 y c) Cheque # 0895759 de la cuenta corriente
No. 6762-014643-0 del Banco de Colombia, Sucursal Montería, por la suma de
$41.000.000.
- Por
reparto, la demanda le correspondió al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de
Montería, juzgado que el 12 de agosto de 2003, dictó mandamiento de pago de
acuerdo con las pretensiones y contra las personas indicadas en la demanda[30],
que posteriormente modificó, según solicitud de la ejecutada.
- El 22 de
enero de 2004, se presenta por el apoderado de la ejecutada “solicitud de
regulación, reducción y pérdida de intereses, alegando que hubo cobro
excesivo de los mismos por haber sido liquidados a la tasa del 5% durante los
años 1997 a 2002 inclusive, cuando no fueron previamente así pactados, y por lo
tanto, sobrepasan los fijados por la Superintendencia Bancaria para esos
periodos -los cuales discrimina-. En la misma fecha, se radican a su nombre
excepciones de mérito, todas referidas al cheque de $15.000.000 y consistentes
en: 1) “Abuso de firma en blanco o integración abusiva del título valor”;
2) “Caducidad de la acción cambiaria y del título valor”; 3) “Prescripción
de la acción cambiaria”; se solicitan pruebas, y se  aportan como tales, un
escrito persuasivo de cobro enviado por el abogado del ejecutante y 3 folios de
una liquidación manual de intereses, según ella, efectuada por el ejecutante
respecto de los intereses que, dice, le fueron pagados a él.
- El 26 de enero de 2004, se presentan en nombre del
ejecutado José Aruachan Eljach, excepciones de mérito referidas tanto al cheque
de $15.000.000 como a los de $5.000.000 y $41.000.000, que presenta así: A)
Contra la acción cambiaria de los títulos ejecutivos: 1) Para el primer cheque,
“Pago total de la obligación” contenida en él; 2) Para todos los títulos
ejecutivos base de cobro: “Abuso de firma en blanco o integración abusiva del
título valor”; 3) Igualmente para todos, “Caducidad de la acción
cambiaria y de los títulos valores”; 4) Para todos, “Prescripción de la
acción cambiaria”. B) Como excepciones personales, formula las siguientes:
1) Para los cheques de $5.000.000 y $41.000.000, “Inexistencia de las
obligaciones que se cobran e incorporadas en ellos”; 2) Para todos, “Usura
y anatocismo”; solicita pruebas y allega sendas fotocopias de
certificaciones de intereses de la Superbancaria, la misma liquidación manual
de intereses que había sido aportada por la otra ejecutada, la fotocopia de una
denuncia por pérdida de documentos presentada por José Elías de Aruachan Eljach
el 6 de diciembre de 2001 dentro de los cuales aparece relacionado el cheque
números 0895759 de la cuenta corriente 014643-0 del Banco de Colombia, Oficina
Principal, que es uno de los títulos base de la ejecución en comento y, la
certificación que ese banco, a instancias del ejecutado, extiende haciendo
constar que la chequera a la que pertenecía ese cheque le fue entregada  el 6
de noviembre de 1998. En la esa misma fecha se radica en escrito separado y
como girador del cheque de $ 15.000.000, “solicitud de regulación, reducción
y pérdida de intereses”, la cual es en idéntico sentido de la formulada a
nombre de la demandada y a la que ya se hizo referencia.
- Una vez la parte ejecutante en oportunidad procesal
presenta respuesta y contradicción a las anteriores excepciones, se abre el
juicio a pruebas, donde, entre otras, la recepción de interrogatorio de parte
al ejecutante, diligencia que se llevó a cabo el 30 de abril de 2004, con la
comparecencia de su apoderado y del apoderado de los demandados.
-Vencida la etapa probatoria, el Juzgado de
conocimiento profiere pronunciamiento de fondo donde previa la relación de los
antecedentes fácticos y de la actuación procesal surtida, aborda el estudio
resolviendo afirmativamente y respecto de todos los cheques las excepciones de:
1)“ Abuso de firma en blanco o integración abusiva del título valor en todos
los títulos valores o cheques presentados como título de recaudo ejecutivo”,
que declara próspera, con base en la valoración probatoria que efectúa al
interrogatorio de parte absuelto por el ejecutante, de donde concluyó que por
éste no se cumplieron las condiciones determinadas por el artículo 622 del
C.Co. para llenar los espacios en blanco de los cheques, afectando con ello su
eficacia; y 2) “Caducidad y Prescripción de la acción cambiaria”,
manifestando que de conformidad con el artículo 729 del C.Co. y de acuerdo con
lo manifestado por el ejecutante y la certificación de la época de la venta de
las chequeras correspondientes, en el caso, operó tanto la caducidad del cheque
como de la acción cambiaria por no haberse presentado en tiempo los títulos
para su pago, pues constaba que esto se hizo después de 7 años. Ante esta
determinación, invoca el inciso 2º artículo 306 del Código de Procedimiento Civil,
para manifestar que se abstendrá del estudio y pronunciamiento sobre las demás
excepciones propuestas por el mandatario de los demandados, denegará las
pretensiones de la demanda por cuanto las obligaciones contenidas en esos
títulos ejecutivos no son exigibles en los términos del mandamiento de pago y
ordena la terminación del proceso y el levantamiento de las medidas cautelares
en él dictadas.
- La anterior decisión es apelada por la parte
ejecutante y surtido el trámite procesal de la segunda instancia, el recurso es
desatado favorablemente para quien lo intenta, en fallo que por solicitud de
los demandados después es adicionado y aclarado. En el recurso el Tribunal dice
pronunciarse sobre las excepciones de “Caducidad de la acción cambiaria”,“Abuso
de firma en blanco o integración abusiva del título valor”, “Pago total
de la obligación”, “Inexistencia  de la obligación” y“Usura y
anatocismo”, siendo su decisión la de revocar la prosperidad de las
excepciones de “Caducidad de la acción cambiaria” respecto de los 3
cheques, y de la “Abuso de firma en blanco o integración abusiva del título
valor” para los cheques de $5.000.000 y $15.000.000, pero declarándola
próspera para el cheque de $41.000.000. Las demás excepciones tampoco las
encontró probadas y por ello, ordena seguir adelante con la ejecución. Estas
son las decisiones demandadas en la presente tutela.
Frente a la
anterior relación de los antecedentes de ese proceso, en primer término se
evidencia por la Sala de Revisión que por parte de los accionantes se agotaron,
sin éxito, los medios de defensa ordinarios para proteger sus derechos
fundamentales, habilitándose entonces a la tutela como mecanismo subsidiario
para decidir sobre su protección, conforme a las exigencias constitucionales de
procedencia de la acción.
En
efecto, procede la presente tutela y consecuencia se procederá a continuación a
examinar la providencia acusada para determinar sin con ella se vulnera el
debido proceso de los tutelantes.
1.
El defecto procedimental acusado:
La actuación
en que se originan los hechos por los que se tutela, corresponde a un proceso
ejecutivo singular, que como tal, se encuentra reglado en el Título XXVII del
ordenamiento Procesal Civil, normas que enmarcan el proceso que ha de seguirse
para este tipo de actuaciones, y que incluye por supuesto, el cobro de sumas de
dinero.
En esa normatividad procesal, el artículo 510[31]
señala el trámite de las excepciones propuestas contra el mandamiento de pago,
y finalmente dispone que “el juez dictará sentencia, y si prospera alguna
excepción contra la totalidad del mandamiento ejecutivo, se abstendrá de fallar
sobre las demás, pero en este caso el superior deberá cumplir lo dispuesto en
el inciso segundo del artículo 306”, precepto que a su vez dispone:
“ART. 306.—Resolución sobre excepciones.
Cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepción, deberá
reconocerla oficiosamente, en la sentencia, salvo las de prescripción,
compensación y nulidad relativa, que deberán alegarse en la contestación de la
demanda.
Si el juez encuentra probada una excepción
que conduzca a rechazar todas las pretensiones de la demanda, podrá abstenerse
de examinar las restantes. En este caso, si el superior considera infundada aquella
excepción resolverá sobre las otras, aunque quien la alegó no haya
apelado de la sentencia.
Cuando se proponga la excepción de nulidad
o la de simulación del acto o contrato del cual se pretende derivar la relación
debatida en el proceso, el juez se pronunciará expresamente en la sentencia
sobre tales figuras, siempre que en el proceso sean parte quienes lo fueron en
dicho acto o contrato; en caso contrario, se limitará a declarar si es o no
fundada la excepción.”
(Resalta la Sala).
En la actuación examinada se observa al
respecto, que los demandados, aquí accionantes, en forma separada formularon
excepciones al mandamiento de pago, discriminándolas igualmente frente a cada
uno de los títulos ejecutivos a que se referían, aunque algunas de ellas
resultaran coincidentes.
En contra del cheque de $15.000.000, ambos
excepcionaron “Abuso de firma en blanco o integración abusiva del título
valor”; “Caducidad de la acción cambiaria y del título valor”; “Prescripción
de la acción cambiaria” y en escrito separado, formularon solicitud de “Reducción
y pérdida de intereses”. Adicionalmente, José Elías Aruachan Eljach
impetró:“Pago total de la obligación”, “Anatocismo”  y “
Usura”. Este ejecutado en contra de los cheques de $5.000.000 y
$41.000.000, además de las inicialmente mencionadas, presenta las excepciones
de “ Inexistencia de las obligaciones que se cobran e incorporadas..”en
esos títulos, “Usura” y “Anatocismo”.
Como ya se indicó, el juez de primera instancia
encontró probadas las excepciones de “Abuso de firma en blanco o integración
abusiva del título valor” y “Caducidad de la acción cambiaria y de los
títulos valores” respecto de todos los títulos ejecutivos, y en
consecuencia dispuso terminar el proceso.
El Tribunal Superior, al resolver sobre la apelación
interpuesta, y una vez reconvenido para que adicionara y aclarara su
pronunciamiento, finalmente declaró probadas las excepciones de “abuso de firma
en blanco o integración abusiva del título valor, pero sólo con respecto al
cheque de $41.000.000; y, dispuso seguir adelante la ejecución con relación a
los otros dos cheques.
En esa decisión, el superior sólo se pronuncia sobre
las excepciones de: 1)“Caducidad de la acción cambiaria” aludiendo
expresamente a todos los títulos ejecutivos, la cuál no encontró probada 2) “Pago
total de la obligación” refiriéndola en forma genérica para el total de la
obligación, que tampoco encontró acreditada; 3) “Abuso de firma en blanco o
integración abusiva del título valor”, aludiendo expresamente a los
3 cheques, admitiéndola solamente contra uno de ellos; 4) “Inexistencia de
la obligación” que abordó únicamente frente al hecho de la pérdida del
cheque denunciada, generalizando y haciendo extensiva tal situación a los
títulos valores en contra de los que no se formuló esta excepción, desestimando
su presencia y, 5) “Usura y Anatocismo” la cual fue desatada bajo una
misma argumentación como una sola figura e  indiscriminadamente para todos los
títulos, cuya existencia tampoco reconoció.
Frente a lo anterior, es claro y perceptible
a simple vista que el Tribunal omitió efectuar expreso pronunciamiento sobre la
excepción de “Prescripción de la acción cambiaria” y sobre la solicitud
de “Reducción y pérdida de intereses”,
En efecto, al declarar infundadas
excepciones respecto de dos de los cheques objeto del proceso ejecutivo, era su
deber pronunciarse sobre la totalidad de las excepciones propuestas contra
éstos títulos como así lo impone el trámite procesal, a fin de garantizar el
derecho de defensa del los ejecutados, se configura una desatención a las
formas propias del proceso de ejecución singular, que vulnera el derecho
fundamental de defensa y por ende el debido proceso, pues se ha dispuesto
seguir adelante con la ejecución respecto de dos títulos valores sobre los cuales
no existe pronunciamiento en segunda instancia sobre todas las excepciones
propuestas en su contra.
Es evidente que el escrito de excepciones
constituye, por la estructura del proceso ejecutivo singular, el medio idóneo
para que la parte demandada pueda defender sus derechos y sus intereses[32]
y así, independientemente de la pertinencia o no de su contenido, el no
efectuar su completo estudio y emitir un pronunciamiento al respecto , debiendo
hacerse, vulnera el derecho de defensa de los ejecutados al truncar
injustamente la posibilidad de obtener un pronunciamiento a favor, o cuando
menos, de conocer los motivos de la prosperidad de su defensa, siendo éste un
elemento definitorio del debido proceso.
Al punto ha de señalarse que de manera concordante
también la doctrina  constitucional ha señalado que son derechos que integran
el debido proceso, el derecho a la defensa judicial y el derecho a la
imparcialidad del juez, que se afectan con comportamientos judiciales que tan
solo  aparentemente resultan ajustados a derecho; y ello lo ha descrito en los
siguientes términos:
“c) El derecho a la defensa judicial,
entendida como el empleo de todos los medios legítimos y adecuados para hacer
oír y obtener una decisión favorable. De este derecho hacen parte, el derecho
al tiempo y a los medios adecuados para la preparación de la defensa; los
derechos a la asistencia de un abogado, a la igualdad ante la ley procesal, el
derecho a la buena fe y a la lealtad de todas las demás personas que
intervienen en el proceso
f) El derecho a la imparcialidad del juez,
funcionario que siempre deberá decidir con fundamento en los hechos de acuerdo
con los imperativos del orden jurídico sin designios anticipados ni
prevenciones, presiones o influencias ilícitas”[33].
Estos derechos no son otra cosa, que el derecho
elemental a que se le permita al demandado defenderse en el proceso y se le dé
la oportunidad de conocer las razones por las cuales no prospera su defensa; y
ello se garantiza por parte de los jueces, emitiendo providencias ajustadas a
la ley y debidamente razonadas, que cubran de manera íntegra el debate puesto a
su decisión, amén de que cumpla con las formas propias establecidas para cada
juicio, porque éstas son las que representan la garantía previa de las partes,
sobre lo que pueden y deben esperar de esos procesos.
En este caso, de acuerdo con lo señalado, en el
proceder del Tribunal accionado no se ajustó a la exigencia legal de haberse
pronunciado sobre todas las peticiones de la parte demandada, pues justamente
el a-quo dejo de pronunciarse sobre las excepciones de prescripción de la
acción cambiaria y reducción o pérdida de intereses, propuestas contra los dos
cheques sobre los que se ordenó seguir adelante la ejecución, que por ser perentorias
inciden necesariamente sobre la decisión final. Actuación del juez de segunda
instancia que por apartarse sin razón alguna de los previsto en la ley se
constituye en una actuación arbitraria y violatoria del debido proceso de los
ejecutados.
2.
El defecto fáctico acusado.
Al
respecto, la acusación se centra en que el ente accionado al efectuar la
valoración de los medios de prueba allegados al proceso, acogió de forma
sesgada las manifestaciones efectuadas por el ejecutante para establecer unas
situaciones que le favorecían a éste, mientras que para demostrar otras de la
misma naturaleza alegadas por los ejecutados, la misma prueba fue desconocida o
desestimada y no se le dio el alcance debido.
La Sala sobre esta situación en primer lugar advierte,
que el acervo probatorio en el proceso examinado se redujo básicamente a los
títulos valores presentados como base de ejecución, que fueron controvertidos
en su forma y contenido con hechos exceptivos cuya demostración pretendió hacerse
por la parte demandada a través de un interrogatorio de parte como medio de
prueba tendiente a dilucidar los aspectos pertinentes de la génesis del negocio
jurídico del que aparentemente los mismos se derivaban, acompañado ello de
varias piezas documentales, el cual fue recepcionado en el curso del proceso y
absuelto por el ejecutante.
Para el efecto, se destacan los siguientes apartes de
la diligencia de interrogatorio absuelto por el demandante en la ejecución, en
los aspectos que interesan a este proceso de Revisión: (i) A la primera
pregunta, relativa a las circunstancias de tiempo modo y lugar en que hizo el
negocio con los accionantes, en que se le pidió precisar el capital, la tasa de
interés pactado, el plazo, intereses dentro del plazo, la fecha y el respaldo
de dicho negocio, contesto: “Yo hice un negocio con el señor JOSÉ ARUACHAN
ELJACH, hace aproximadamente unos 7 años, para esa época le presté
$15.000.000, oo los cuales fueron  respaldados  por un cheque del Banco
Cafetero por ese valor, dicho cheque fue girado [...] y ella me lo endosó a mí
para respaldar esa letra, posteriormente le presté $5.000.000.oo que me
respaldó con otro cheque del Banco Cafetero girado a mi persona por esa
cantidad, en esos dos cheques la fecha quedó en blanco por cuanto el periodo
del préstamo fue abierto, no tuvo limitación en el tiempo, por tanto yo
necesitaba un documento sin fecha que me respaldara la deuda para que me
respondiera por esa deuda. Posteriormente le presté otra plata por valor de
$25.000.000.oo, para ello me entregó un cheque del Banco de Colombia el cual
fue firmado por él y dejado en blanco para poder respaldar el valor de ese
dinero más algunos intereses que estaban pendientes. [...] Inicialmente ese
negocio se pudo  al interés del 4% y hace poco tiempo acordamos subirle al 5%
lo cierto de eso es que realmente ni pagó el 4% ni mucho menos el 5%, por lo
que me acojo a lo que el señor juez designe con los intereses por cuanto mi
interés único es que recupere el capital que yo le presté”; (ii) cuando le
preguntan si reconoce como suya la grafía y guarismos, distintos a la firma del
girador, que hay en los títulos valores base de ejecución y si las fechas y
cifras corresponden exactamente a las pactadas  en el negocio en discusión,
contestó: “ Los cheques del banco cafetero o sea los dos cheques que
fueron girados por el señor Aruachan  el uno por quince millones de pesos y el
otro por cinco millones de pesos corresponden a la letra del señor José
Aruachan a excepción de la fecha de presentación. Igualmente los cheques
del banco de colombia fue girado por el señor Aruachan y su contenido llenado
por mí para respaldar el valor de veinticinco millones de capital mas el
interés causado o (sic) pagado por un valor aproximado de dieciséis millones de
pesos eso se hizo así por cuanto fue acordado previamente además, los títulos
en blanco que se entregan para ese tipo de negocio son válidos ante las
instancias superiores para poder yo garantizar que mi dinero no lo fuera a
cancelar como esta tratando de hacer en este proceso dilatando y pidiendo
pruebas que solamente alargan el proceso y que no aclaran en nada dicha
situación. Ese lapso de tiempo en mas o menos 7 años, los dieciséis millones
son las sumas que dejo de pagar mas los intereses que ha dejado de pagar en ese
lapso de tiempo.- Eso coincide porque en el momento de ir al banco con mi
abogado que me acompañó a hacer esta diligencia para la protesta del cheque se
le opuso esa fecha”; (iii) sobre el contenido de los cheques, al
preguntársele si los llenó de acuerdo con las instrucciones verbales o escritas
de los demandados o de manera unilateral, concretamente dice: a) respecto del
0895759, de $41.000.000; “Cuando yo llene ese cheque lo llené de
forma unilateral para proteger los veinticinco millones de capital que me
debía mas algunos intereses que no me había pagado”; b) respecto de los
cheques  por $5.000.000 y $15.000.000 se le hace la misma pregunta en relación
con la fecha y responde que “Igualmente a esos dos cheques las fechas se
las puse yo en forma unilateral por cuanto el señor Aruachan al dejarme
los cheques y las fechas tácitamente me estaba autorizando como habíamos
acordado a que yo hiciera efectivo ese documento o documentos en el momento en
que él  no cumpliera  con los abonos e intereses a capital por lo tanto ese fue
mi procedimiento”; y (vi) al solicitársele que concrete las fechas exactas
en que el ejecutado le firmó o entregó los cheques, responde: “El primer
cheque que me entregó fue el de quince millones de pesos que con ello
iniciamos el negocio de eso hacen 7 años, posteriormente yo le presté
cinco millones más mas o menos tres años después aproximadamente y el
cheque de banco de colombia era para respaldar el valor de veinticinco
millones de pesos de capital que le entregué a unos dos años y el resto
era para cubrir los intereses que había dejado de cancelar puesto que los
intereses que me canceló el debe tener los documentos que yo le firmaba para
ello”(Subraya la Sala).
Se observa
en la redacción de la decisión atacada,  que al resolver la excepción de “Abuso
de firma en blanco o integración abusiva del título valor”, el Tribunal frente
al mismo argumento de la aceptación del demandante de haber llenado los
espacios en blanco de todos los cheques en forma unilateral, sin explicaciones
alguna hace una valoración probatoria de esa confesión diferente para cada uno
de los cheques, pues aceptó el abuso de firma en blanco o integración abusiva
del titulo valor respecto del cheque de $41.000.000, pero en relación con los
otros dos cheques consideró que “si en el título se dejan espacios en blanco
cualquier tenedor legítimo podrá llenarlos..”.
Efectivamente, dijo el accionado en su providencia: “Esta
excepción está fundada en el numeral 4º del artículo 784 del C.Co. Al respecto la
Sala manifiesta que se declarará próspera solo en relación con el cheque por
valor de $41.000.000.oo, que fue el título valor llenado por el demandante
en forma unilateral en lo que tiene que ver con el valor y fecha, así lo dijo
en su interrogatorio de parte visible a folio 77 del cuaderno principal:”[transcribe
apartes pertinentes]”; y a párrafo seguido sin más argumentos
dice: “En lo que respecta a los demás cheques por  valor de $5.000.000.oo y
$15.000.000.oo, no se le reconoce prosperidad al medio exceptivo propuesto,
puesto que estos títulos valores fueron llenados por los demandados y el
demandante solo colocó la fecha en el mismo para ser presentados, situación
que es posible dado que estos cheques estaban respaldando una obligación”.
Esta situación demuestra que a la confesión del
ejecutante, el juzgado le dio una valoración diferente respecto de cada cheque,
pues en un caso encontró que llenar espacios en blanco de forma unilateral
constituía un abuso de la firma en blanco, y respecto de los otros dos cheques
sin más consideró que los espacios en blanco pueden ser llenados por cualquier
tenedor legítimo. Esta es una incongruencia entre lo probado y lo resuelto, o
cuando menos en la valoración que de una misma prueba y una misma confesión se
hizo con resultados distinto para cada cheque.
En efecto, en oportunidades anteriores la Corte ha
reconocido la vulneración al debido proceso por valoración irrazonable del
material probatorio en cuanto se va en contravía de la evidencia probatoria y
se resuelve sin un apoyo fáctico claro[34]; todo, ante
la eventualidad de que de haberse realizado el análisis y valoración omitidos,
la solución del asunto jurídico debatido podría variar sustancialmente.
Para la Corte,
en todo tipo de proceso son las pruebas en consonancia con la normatividad
aplicable al caso concreto, lo que lleva a que el juez pueda tomar una decisión
en derecho, ajustada a la realidad del caso[35]. En
consecuencia, el trabajo decisivo de los jueces debe soportarse en una juiciosa
valoración probatoria del caso. Al respecto ha dicho esta corporación:
“si bien es cierto que el juez tiene
libertad para valorar las pruebas que obren en el proceso dentro de los
parámetros de la sana crítica, dicha interpretación debe ajustarse a los
supuestos fácticos y a la realidad misma de ellos, de manera tal que no se
desconozca la realización del derecho material y, por ende, el principio de
acceso a la administración de justicia.
Una de las formas a través de las cuales el
juez cumple con la función que le impone el Estado, se realiza a través de la
sentencia, por medio de la cual, el fallador debe resolver sobre las
pretensiones de la demanda y las excepciones de mérito del demandado.
Pero las sentencias deben ser debidamente
motivadas, cumpliendo las formalidades exigidas por el artículo 304 del Código
de Procedimiento Civil, que reza : “...La motivación deberá limitarse al examen
crítico de las pruebas y a los razonamientos legales de equidad y doctrinarios
estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con
brevedad y precisión, y citando los textos legales que se apliquen...”.”[36]
Es evidente entonces que la distinta valoración que
injustificadamente se hizo por la autoridad accionada del mismo medio
probatorio, determinó un cambio en el sentido del fallo respecto de los cheques
para los cuales no se dio prosperidad a la misma excepción; y ello, de
conformidad con la jurisprudencia que se ha expuesto en forma precedente,
conlleva una vía de hecho por defecto fáctico, bajo la hipótesis de que el
funcionario judicial, a pesar de que en el proceso existan elementos
probatorios, omite considerarlos, no los advierte o simplemente no los tiene en
cuenta para efectos de fundamentar la decisión respectiva, o decide separarse
por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el
asunto jurídico debatido.
Por todo lo anterior,
esta Sala de Revisión en contraria apreciación a la de los jueces de instancia
en la tutela, tras efectuar a la actuación procesal  bajo examen la evaluación
enunciada, advierte que ciertamente en los pronunciamientos acusados, incluida
la adición, son objetivamente comprobables las irregularidades descritas, que
son imputables al actuar judicial del accionado, con las que seriamente se
compromete la observancia del debido proceso en detrimento de los accionantes,
siendo anomalías que incidieron en el sentido de la decisión adoptada. Por este
motivo, de acuerdo con la reiterada jurisprudencia, resulta procedente la
tutela en este caso para dejar sin efectos la decisión judicial demandada, a
fin de que se restablezca el debido proceso que se encuentra vulnerado.
3.  El defecto sustantivo acusado.
Los actores también alegan vulneración a su derecho al
debido proceso por los fundamentos con que el Tribunal accionado resolvió la
excepción de caducidad de la acción cambiaria, pues según los actores, en segunda
instancia se efectuó una errónea interpretación de las normas sobre el cheque
posfechado al asimilarlas al cheque con fecha en blanco, motivo que llevo a
desconocer la caducidad de la acción cambiaria de los cheques frente a las
exigencias legales existentes para llenar los espacios en blanco en los títulos
valores.
En la decisión que se examina, se observa que  el
Tribunal para resolver sobre la negativa a la excepción de caducidad de la
acción cambiaria de los cheques, adujo, en suma, que se trataba de cheques
posfechados dados en garantía, por lo que tácitamente se autorizaba al tenedor
para llenarles la fecha de presentación y que en virtud de lo dispuesto por el
artículo 717 del Código de Comercio, el cheque es pagadero a su presentación, y
para el efecto como fueron presentados el 4 de agosto de 2003 en la misma fecha
que registraban, tal presentación no era tardía si se tiene en cuenta que en
esos casos lo que opera es la literalidad del título ejecutivo que señala el
artículo 619 del mismo estatuto, sobre cualquier otra consideración.
Frente a la situación en estudio, ha de decirse que de
los planteamientos del actor en relación con la forma como se decidió el tema
de la caducidad de la acción cambiaria en este caso, así como de la lectura de
la providencia en este punto, no se observa la vía de hecho aducida.
Como se aprecia, es claro que en la decisión del Tribunal accionado
no se incurrió en vía de hecho que evidencie la vulneración de los derechos
fundamentales del demandante y que amerite la protección por vía de tutela. Lo
que plantea el actor es una discrepancia con respecto a la decisión que adoptó
dicho Tribunal en el punto relacionado con la caducidad.
Si bien, todos
los organismos del Estado y los particulares, así como también las autoridades
judiciales se encuentra sometida a la Constitución Política, y por tanto sus
actos u omisiones podrían vulnerar o amenazar de vulneración derechos
constitucionales fundamentales que deben ser protegidos por el Estado, es
también cierto que tratándose de decisiones judiciales los jueces están
facultado, en virtud de la autonomía funcional, para interpretar las leyes a
fin de aplicarlas a los casos concretos sometidos a su consideración. Por
tanto, en esta labor interpretativa de la normatividad jurídica que rige la
materia, deben actuar de manera razonable y razonada, dentro del marco de la
Carta Política, por lo que, siempre que actúen de conformidad, no puede atribuírseles
una vulneración de los derechos fundamentales de las partes.
En efecto, en este punto no se aprecia una vulneración
del debido proceso, tal como lo sostienen los accionantes.
En
consecuencia, como respecto de la sentencia atacada, se apreciaron al menos dos
motivos de vulneración del debido proceso, deberán ser revocadas las decisiones
de instancia en la tutela, para en su lugar prodigar el amparo impetrado,
dejando a la vez sin efectos la decisión atacada para que en su lugar, se
vuelva a proferirse por la autoridad judicial accionada la providencia que
desate el recurso de apelación respectivo, pero en esta oportunidad, teniendo
en cuenta lo aquí previsto.
V.- DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, La Sala Novena de
Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en el nombre del
Pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO:  REVOCAR los fallos emitidos en primera y segunda
instancia por las Salas de Casación Civil y Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia el 24 de abril de 2006  y 5 de junio de 2006,
respectivamente, que negaron la tutela promovida por Elías Aruachan Eljach y
Liliam Dahl de Aruachan en contra de la Sala Civil -Familia - Laboral del
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Montería. En su lugar, se dispone CONCEDER
a los accionantes el amparo a los derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia, por las razones expuestas en las
motivaciones.
SEGUNDO:  En consecuencia, y para restablecer el derecho fundamental vulnerado,
DEJAR SIN EFECTO la sentencia de segunda instancia y su adición,
proferidas por la Sala Civil -Familia - Laboral del Tribunal Superior de
Distrito Judicial de Montería los días 28 de septiembre de 2005 y 28 de febrero
de 2006, para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante en contra del fallo de primera instancia dictado en el proceso
ejecutivo singular de Roberto Antonio Cabrales Rodríguez contra Elías Aruachan
Eljach y Liliam Dahl de Aruachan, por las razones expuestas en las
consideraciones de esta sentencia.
TERCERO:
ORDENAR a la Sala Civil-Familia-Laboral del
Tribunal Superior de Montería que dentro de los diez (10) días siguientes a la
notificación de la presente providencia, profiera la sentencia que desate el
recurso de apelación en el proceso mencionado, pero en esta oportunidad,
teniendo en cuanta las previsiones que originaron la tutela que ahora se
profiere.
CUARTO:  Por Secretaría, líbrense las comunicaciones previstas en el artículo 36
del decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada Ponente
JAIME ARAUJO RENTERÍA
Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
CON SALVAMENTO DE VOTO
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
NILSON PINILLA PINILLA A LA SENTENCIA T-840
DE 2006
Referencia: Expediente T- 1.371.831
Acción de tutela instaurada por Elías
Aruachán Eljach y Liliam Dahl de Aruachán contra la Sala Civil – Familia –
Laboral del Tribunal Superior de Montería.
Magistrada Ponente:
Dra. Clara Inés Vargas Hernández
Respetuosamente, me aparto del fallo
proferido por la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional que integro
con los Magistrados CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ y JAIME ARAÚJO RENTERÍA.
Como lo explico brevemente a continuación,
la razón fundamental de mi disentimiento es que no considero que la actuación
del Tribunal Superior de Montería en este caso, pudiera ser catalogada como
constitutiva de vía de hecho, situación que como es determinado, era
presupuesto indispensable para la procedencia de la tutela.
En relación con este tema, este documento
plantea, de manera breve, dos distintos tipos de reflexiones: En primer término
se efectúan algunos comentarios de carácter conceptual sobre el alcance de la
figura de las vías de hecho, y en directa y cercana relación, de los
llamados criterios de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, esto a propósito del recuento jurisprudencial
contenido en la sentencia de la cual me aparto y de la postura que a este
respecto ella adopta. Concluido lo anterior, y a partir de ello, se incluyen
algunas otras consideraciones en relación con cada una de las situaciones que,
según lo afirmado por los accionantes, y aceptado por la mayoría de los
integrantes de la Sala Novena de Revisión, configuraron supuesta vía de hecho
en la actuación del Tribunal Superior de Montería, dentro del proceso ejecutivo
civil en el que los aquí accionantes eran parte demandada, y cuyo trámite dio
lugar a la interposición de la acción de tutela.
En relación con la vía de hecho y los criterios
de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales:
Como es bien sabido, mediante la sentencia
C-543 del 1° de octubre de 1992 (M. P. José Gregorio Hernández Galindo) esta
Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de los artículos 11, 12 y 40
del Decreto 2591 de 1991, normas que contemplaban la posibilidad de interponer
acción de tutela contra decisiones judiciales y establecían las reglas
relacionadas con el trámite de tales acciones. De esta decisión se desprende
claramente que, por regla general no procede tutela contra decisiones
judiciales.
Sin embargo, y a partir de algunas
advertencias que la misma Corte hizo en dicha decisión, entre ellas la
consideración de que sin duda los jueces de la República tienen el carácter de
autoridades públicas, las Salas de Revisión dieron posteriormente origen a la
doctrina de las vías de hecho, a partir de lo cual, y de manera muy
excepcional, se permite el uso de la acción de tutela para cuestionar aquellas
“decisiones” que por contrariar de manera evidentemente grave y
ostensible el ordenamiento constitucional, no puedan en realidad reputarse como
verdaderas actuaciones judiciales. Sobre este tema dijo la Corte en la
sentencia T-173 de 4 de mayo de 1993 (M. P. José Gregorio Hernández Galindo),
una de las primeras sentencias de revisión en las que se planteó esta doctrina:
“Las actuaciones judiciales cuya ostensible
desviación del ordenamiento jurídico las convierte -pese a su forma- en
verdaderas vías de hecho, no merecen la denominación ni tienen el
carácter de providencias para los efectos de establecer la procedencia
de la acción de tutela. No es el ropaje o la apariencia de una decisión sino su
contenido lo que amerita la intangibilidad constitucionalmente conferida a la
autonomía funcional del juez. La doctrina de la Corte ha efectuado un análisis material
y ha establecido una diáfana distinción entre las providencias judiciales
-que son invulnerables a la acción de tutela en cuanto corresponden al
ejercicio autónomo de la función judicial y respecto de las cuales existen,
dentro del respectivo proceso, los medios judiciales de defensa establecidos
por el ordenamiento jurídico- y las vías de hecho por cuyo medio, bajo
la forma de una providencia judicial, quien debería administrar justicia
quebranta en realidad los principios que la inspiran y abusa de la autonomía
que la Carta Política reconoce a su función, para vulnerar en cambio los
derechos básicos de las personas.” (Sí está en negrillas, pero no está subrayado en el
texto original).
Esta radical diferencia que marca el
lindero de la procedencia o no de la acción de tutela contra las providencias
judiciales, fue reiterada por la Corte en varias importantes sentencias
posteriores a la antes referida, destacándose entre ellas la T-231 de 1994 (M.
P. Eduardo Cifuentes Muñoz). En directa consonancia con lo anterior, en esta
última sentencia advirtió de manera clara que:
"Para que la tutela contra una
actuación judicial reputada como vía de hecho pueda discernirse no es
suficiente endilgarle a la actuación judicial demandada errores y deficiencias
en la apreciación de los hechos o en la aplicación del derecho, pues aún
existiendo no por ello la providencia se constituye en vía de hecho. Se
requiere, como se ha expuesto, que la providencia adolezca de un defecto
absoluto -estimado, claro está, no de manera formal sino material- de
sustentación fáctica o jurídica que repercuta en la violación de un derecho
fundamental, amén de que se reúnan las condiciones señaladas para su
procedibilidad." (Sí
está en negrillas en el texto original).
Este principio ha sido también reiterado
por la Corte Constitucional en sentencias como T-368 de 1993 (M. P. Vladimiro
Naranjo Mesa), T-008 de 1998 (M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz), T-526 de 2000 (M.
P. Fabio Morón Díaz), destacándose de otra parte el salvamento de voto
formulado por el Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz frente a lo decidido en la
sentencia SU-047 del 29 de enero de 1999.
Ahora bien, no obstante la claridad y
evidencia de este planteamiento, y so pretexto de proteger los derechos
fundamentales que podrían resultar vulnerados por las decisiones de los jueces
ordinarios, desde ese entonces y hasta la fecha presente, la misma Corte
Constitucional ha ido amplificando de manera progresiva el alcance de este
concepto, permitiendo y propiciando así la procedencia generalizada de la
acción de tutela, en muchos casos contra legítimas decisiones judiciales. En
los años más recientes, algunos de los integrantes de esta corporación han
incluso considerado como superado el concepto de vía de hecho,
sustituyéndolo entonces por el de criterios de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales. Este proceso de evolución
jurisprudencial es el que se presenta en el punto 3 de la sentencia T-840 de
2006, particularmente en sus folios 9 a 13, con comentarios y citas que no
comparto y que motivan el presente salvamento de voto.
A este respecto, y por más repetitivo que
resulte, es necesario anotar que cada vez que las Salas de Revisión prohíjan a
discreción la tesis de los que han llamado criterios de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales, se apartan de un
pronunciamiento de esta misma Corte en control de constitucionalidad que tiene
efectos de cosa juzgada, quebrantándose reiteradamente lo estatuido en el
artículo 243 de la Constitución Política. Me refiero puntualmente a los efectos
de la ya citada sentencia C-543 de octubre 1° de 1992 (M. P. José Gregorio
Hernández Galindo), mediante la cual la corporación declaró inexequibles los
artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, por cuanto es evidente que la
ulterior extensión citada resulta clara y frontalmente incompatible con la
decisión adoptada por la Corte en dicha sentencia C-543 de 1992.
En este sentido, y contrario a lo que se
desprende de la sentencia T-840 de 2006 de la cual me aparto, es del caso
resaltar que no todo error judicial desvirtúa el carácter de verdadera
actuación judicial de las decisiones emitidas por un juez, haciendo posible el
uso de la acción de tutela contra tales pronunciamientos. El error judicial es,
sin lugar a dudas, indeseable, y debe ser evitado. Pero una cosa es la
posibilidad de error, propia de la falibilidad humana que todos los jueces
comparten, y otra bien distinta es la violación de derechos fundamentales para
cuya evitación y control se instituyó por el constituyente la acción de tutela.
Ello por cuanto, sin ir más allá de las más simples y evidentes
consideraciones, es claro que el otorgamiento de la protección tutelar supone
para el accionado (en estos casos un juez de la República, unipersonal o colegiado)
la grave censura de haber infringido los derechos fundamentales del accionante,
acusación que no necesariamente resulta razonable ni proporcionada en toda
posible situación de error judicial.
De otra parte, y como lo he expresado con
mayor amplitud en otras ocasiones[37], además de la gravedad
que tiene el hecho mismo de proceder a contrapelo de la cosa juzgada claramente
existente en relación con el tema, este proceder conduce a otros importantes
inconvenientes como son, para no citar ahora sino dos, la frecuente intromisión
del juez constitucional en la órbita de autonomía que es propia de los jueces
ordinarios, y el innecesario desgaste que sufre un instrumento de protección
tan importante y tan cercano al ciudadano como es la acción de tutela, al ser
usada en forma desmedida, incorrecta, y en todo caso, distinta a la
originalmente querida por el constituyente.
Por lo brevemente expuesto, y no obstante
la sana intención protectora que pudiere acompañar la cada vez más invasiva
expansión de esta doctrina, debo reiterar que no la comparto, por lo que
considero errado que la Corte Constitucional otorgue la protección solicitada
en casos como el presente.
En relación con los supuestos defectos
fáctico y procedimental en que habría incurrido el Tribunal Superior de
Montería:
A partir de las consideraciones precedentes
debo reiterar que no participo de la apreciación mayoritaria de la Sala Novena
de Revisión en el sentido de que el tribunal accionado incurrió, en sus
providencias de fecha 28 de septiembre de 2005 y 28 de febrero de 2006, en
defectos que justificaban la procedencia de la acción de tutela, y
consecuentemente el privar de efectos tales decisiones judiciales.
En primer término, la sentencia de la cual
me aparto concluyó que en los indicados pronunciamientos el Tribunal Superior
de Montería incurrió en defecto procedimental al haber revocado la
excepción de fondo a que el a quo le había concedido prosperidad, y paralelamente
haberse abstenido de examinar algunas de las otras excepciones planteadas por
la parte ejecutada, como hubiera sido del caso hacerlo en aplicación de lo
previsto en los artículos 510 y 306 del Código de Procedimiento Civil.
Frente a este hecho, no desconozco que en
realidad el ad quem pudo haber pecado por omisión al no abordar el
estudio de dos de las restantes excepciones propuestas por el ejecutado. Sin
embargo, el punto que explica mi discrepancia con la sentencia T-840 de 2006 es
el hecho de que esta situación se califique como defecto procedimental,
ya que de acuerdo con lo explicado en la parte primera del presente salvamento
de voto, pese a ser incorrecta y no deseable, esta situación no tendría la
trascendencia suficiente recibir dicho calificativo. Deducir defecto
procedimental en un caso como este, como frecuentemente ocurre en algunas Salas
de Revisión, transforma en vía de hecho, con la consiguiente pública
censura que este calificativo trae consigo, un considerable número de actuaciones
judiciales legítimas, que al ser libremente cuestionadas y descalificadas de
este modo por el juez constitucional, ponen en entredicho la autonomía del
operador judicial y el valor de la seguridad jurídica, creando con ello una
situación socialmente inconveniente, que sin duda, no fue querida ni imaginada
por el Constituyente al instituir la acción de tutela. Así se pervierten la
esencia y el propósito de la acción de amparo, que tan importante lugar ocupa
entre los avances recientes del constitucionalismo colombiano y tan cara y
cercana ha resultado al sentimiento de la ciudadanía.
En segundo lugar, y en lo que atañe con el
alegado defecto fáctico, relacionado con la que en concepto del juez
constitucional sería la manera correcta de evaluar el acervo probatorio
arrimado al proceso judicial ordinario frente al cual se plantea la acción de
tutela, mi desacuerdo es aun más profundo, por cuanto considero que esta
aproximación es la que más gravemente invade la autonomía y la órbita de
competencia exclusiva del operador judicial.
Y es que, en efecto, no hay nada tan serio
en materia de intromisión de un agente externo frente a la actuación desplegada
por un juez, como discutir y descalificar el modo en que éste, con su
conocimiento técnico especializado y con su propio criterio jurídico, ha
apreciado las pruebas que las partes han traído a su conocimiento para hacer
posible la resolución del caso concreto puesto a su consideración. Ello es
evidente cuando, además, no obstante las claras atribuciones que la
Constitución y la ley le asignan al juez constitucional, él como ser humano que
es tiene sin duda el mismo grado de eventual falibilidad que el juez ordinario.
Así pues, si tanto puede el uno como el otro equivocarse, no es razonable
concluir, a modo de presunción, que mientras el juez ordinario puede haberse
equivocado, al juez constitucional no le afecta ese mismo peligro.
Pero más allá de esta elemental
apreciación, y aún si en gracia de discusión se aceptara que el juez
constitucional tiene esta facultad, debo advertir que no comparto tampoco la
conclusión a que la mayoría de integrantes de la Sala Novena de Decisión arribó
en este caso, en torno a la forma como el tribunal accionado evaluó el acervo
probatorio a partir del cual se definía la prosperidad o no de las excepciones
de fondo propuestas por los ejecutados.
A efectos de sustentar mi desacuerdo en
relación con este punto, y sin entrar de lleno a evaluar de fondo el material
probatorio existente (ya que como he dicho, el juez constitucional no debe
hacerlo), téngase en cuenta la siguiente reflexión: La mayoría de la Sala
Novena de Revisión censura el hecho de que (folio 24) “… a la confesión del
ejecutante, el juzgado le dio una valoración diferente respecto de cada cheque,
pues en un caso encontró que llenar espacios en blanco de forma unilateral
constituía un abuso de la firma en blanco, y respecto de los otros dos cheques
sin más consideró que los espacios en blanco pueden ser llenados por cualquier
tenedor legítimo”. De acuerdo con la sentencia, de allí se desprende una
injustificada distinta valoración de las mismas pruebas, la que configura el
defecto fáctico alegado.
No comparto esta apreciación por cuanto,
tal como consta en el mismo fragmento de las decisiones atacadas que la Sala de
Revisión reprodujo en su sentencia, en un caso se trataba de cheques cuyo
beneficiario y cantidad fueron llenados por el girador del cheque y entregados
en garantía, por lo cual es razonable la explicación de que el beneficiario y
tenedor se encontraba facultado para llenar la fecha; en cambio, el tercer
cheque, cuya tenencia legítima en manos del ejecutante fue incluso discutida
por los aquí accionantes dentro del proceso ejecutivo que cursó ante el Juzgado
Cuarto Civil del Circuito de Montería, fue íntegramente llenado por el
ejecutante (“…su contenido fue llenado por mí…”) con la sola excepción
de la firma, como medida que éste unilateralmente tomó (“…para respaldar el
valor de veinticinco millones de capital más el interés causado o (sic)
pagado…”), explicación que resultó insuficiente para el tribunal y que
justificó la prosperidad de la excepción planteada frente a este cheque y la
consiguiente terminación del proceso ejecutivo a este respecto. Así pues, hubo
razones válidas para definir en forma diferente sobre la prosperidad de la
excepción de abuso de firma en blanco, sin que quede espacio para discernir la
existencia del defecto fáctico alegado, que sin embargo fue reconocido por la
Sala Novena de Revisión.
Además de las razones conceptuales
expresadas párrafos atrás, esta breve reflexión explica por qué no comparto el
que hubiera habido en este caso el defecto fáctico a que se refirió la
sentencia T-840 de 2006.
Finalmente debo resaltar la inconsecuencia
que se advierte cuando, como ocurre en esta sentencia, se realza la excepcionalidad
con que debe admitirse la ocurrencia de defectos como los aquí discutidos, y se
insiste en que la tutela no procede frente a su sola ocurrencia sino únicamente
frente a los casos de mayor gravedad, pero finalmente se acepta la ocurrencia
de los defectos alegados, aun cuando la evidencia de su configuración fuera en
realidad bastante discutible.
Así las cosas, en los anteriores términos
dejo planteadas las razones de mi respetuoso disentimiento con la apreciación
mayoritaria de la Sala en torno a la configuración de los defectos
procedimental y fáctico que se endilgaron a los pronunciamientos que en este
caso emitió el Tribunal Superior de Montería, y con ello, la explicación de mi
voto negativo.
Fecha ut supra
NILSON PINILLA PINILLA
[1] De primera y segunda instancia, dos marcados como de “medidas
previas” y uno con copia de la demanda de la presente acción de tutela
[2]  M.P.: José Gregorio Hernández Galindo.
[3]  M.P.: Eduardo Cifuentes Muñoz.
[4]  Vid. Corte Constitucional, sentencia T-008 de 1998.
[5]  M.P., Eduardo Montealegre Lynett
[6]  M.P., Clara Inés Vargas Hernández.
[7]  Sentencia T-1031 de 2001, argumento jurídico número 6 (cita
original de la jurisprudencia trascrita).
[8]  Al respecto, en la sentencia T-461 de 2003, M.P.: Eduardo
Montealegre Lynett, Sala Séptima de Revisión, en un caso en el que se estudió
la tutela contra la pérdida de investidura del señor José Jattin Safar, la
Corte estimó los siguiente: “(...) resulta claro que la tutela contra
providencias judiciales no procede por incurrir el funcionario en vía de hecho
(en el sentido administrativo del concepto), sino por violación de la
Constitución. En sentencia T-441 de 2003 la Corte recogió y sistematizó estos
argumentos fijando parámetros para la procedencia de la tutela contra providencias
judiciales, que respondieran a claros criterios constitucionales. Así, se
indicó que la tutela procede contra decisiones judiciales cuando se presenta
violación directa o indirecta de la Constitución. Es decir, frente a
providencias judiciales inconstitucionales.(...)”. (cita original de la
jurisprudencia trascrita).
[9]  Sobre el papel actual que juega el juez en un Estado Social de
Derecho véanse las sentencias C-037 de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa;
C-366 de 2000 y SU-846 de 2000 M.P. Alfredo Beltrán Sierra (cita original de la
jurisprudencia trascrita).
[10]  Véanse entre otras, sentencias T-441 de 2003, M.P.: Eduardo
Montealegre Lynett; T-200 y T-684 de 2004 y T-658 y T-939 de 2005 M.P.: Clara
Inés Vargas Hernández (cita original de la jurisprudencia trascrita)..
[11] Sobre defecto sustantivo pueden consultarse las sentencias
T-260/99, T-814/99, T-784/00, T-1334/01, SU.159/02, T-405/02, T-408/02,
T-546/02, T-868/02, T-901/02, entre otras (cita original de la jurisprudencia
trascrita).
[12]  Sobre defecto fáctico, pueden consultarse las siguientes
sentencias: T-260/99, T-488/99, T-814/99, T-408/02, T-550/02, T-054/03 (cita
original de la jurisprudencia trascrita).
[13]  Al respecto, las sentencias SU-014/01, T-407/01, T-759/01,
T-1180/01, T-349/02, T-852/02,  T-705/02 (cita original de la jurisprudencia
trascrita).
[14]  Sobre defecto sustantivo, pueden consultarse las sentencias:
T-260/99, T-814/99, T-784/00, T-1334/01, SU.159/02, T-405/02, T-408/02,
T-546/02, T-868/02, T-901/02 (cita original de la jurisprudencia trascrita).
[15]  En la sentencia T – 123 de 1995, esta Corporación señaló:  "Es
razonable exigir, en aras del principio de igualdad en la aplicación de la ley,
que los jueces y funcionarios que consideren autónomamente que deben apartarse
de la línea jurisprudencial trazada por las altas cortes, que lo hagan, pero
siempre que justifiquen de manera suficiente y adecuada su decisión, pues, de
lo contrario, estarían infringiendo el principio de igualdad (CP art.13). A
través de los recursos que se contemplan en cada jurisdicción, normalmente
puede ventilarse este evento de infracción a la Constitución”. Sobre este
tema, también la sentencia T – 949 de 2003 (cita original de la jurisprudencia
trascrita).
[16]  Sentencias T – 522 de 2001 y T – 462 de 2003 (cita original de la
jurisprudencia trascrita).
[17] Sentencia T-327 de 1994  M.P., Vladimiro Naranjo
Mesa.
[18] Cfr.  Sentencias T-008 de 1998 y SU-159 de 2000.
[19] En la Sentencia C-590 de 2005, al igual que en las
T-1276,  T-994, T- 958 , T- 920 todas de 2005, la Corte ratificó la necesidad
de que para acusar una  decisión judicial por vía de hecho procedimental, éste
debe tener la condición de “Defecto procedimental absoluto”, es decir, que el
juez haya actuado completamente al margen del procedimiento legalmente
establecido.
[20] Sentencias T- 993 de 2003 y 225 de 2005, M.P. Clara Inés Vargas
Hernández
[21] Cfr. sentencias ya citadas para el tema en especial  la SU-159 de
2002, T- 741 de 2005
[22] Sentencia T-462 de 2003 M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[23] Sentencia T-008 de 1998 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
[24] Sentencia SU-159 de 2002 M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa.
[25] Como se ha sostenido en las  Sentencias T-442 de 1994,
M.P. Antonio Barrera Carbonell; SU-159 de 2002 M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa, entre otras.
[26] Sentencia SU-132-02, M.P Álvaro Tafur Galvis
[27]  En este sentido se expuso conclusión al respecto en la sentencia
T- 336 de 2004 M.P., Clara Inés Vargas Hernández.
[28] Sentencia SU-132/02 M.P. Álvaro Tafur Galvis
[29] Folio 32 Cdno. de primera instancia de tutela. Equivale al folio 1
Cdno. 3  del expediente anexo.
[30] Folio 35ib.- Folio 4 Cdno 3 exp. Juzgado.
[31] Literal c), artículo 510 C.P.C., modificado. D.E. 2282/89, art. 1º,
núm. 270, modificado. L. 794/2003, artículo 51.
[32] Sentencia. T-778 de 2003, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes.
[33] Sentencia  T-001 de 1993. M.P. Jaime Sanín Greiffenstein, reiterada en
sentencia T-225 de 2006, M.P.
Clara Inés Vargas Hernández.
[34] Cfr. entre otras,  sentencias T- 302 de 1993, T-814 de 1999, T-450 de
2001, y T-550 de 2002.
[35] Cfr. SU- 1122 de 2001 M.P. Alfredo Beltrán sierra.
[36] Ver sentencia T-970 de 1999, M.P. Alfredo Beltrán Sierra
[37]  Ver especialmente los salvamentos de voto formulados frente a los
autos A-222 y A-256 y frente a las sentencias T-590, T-591 y T-643, unos y
otras de 2006.