T-921-09
Sentencia T-921/09
Sentencia T-921/09
ACCION DE TUTELA-Condiciones que se deben acreditar para el reconocimiento y pago de
pensiones
ACCION DE TUTELA-Improcedencia por cuanto el actor no acreditó las condiciones para que
proceda el reconocimiento y pago de su pensión de vejez ni agotó las vías
procesales administrativas
Referencia: expediente
T-2366048
Accionante: Osvaldo Castro Avila
Demandado: Instituto de Seguros Sociales
Magistrado Ponente:
Dr. GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Bogotá, D.C., siete (7) de  diciembre de dos mil nueve
(2009).
La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por los Magistrados Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Mauricio
González Cuervo y Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, en especial, las que le confiere el
Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente,
SENTENCIA
Dentro del proceso de tutela identificado
con el número de radicación T-2286645 instaurado por Osvaldo Castro Avila,
contra el Instituto de Seguros Sociales.
I.   ANTECEDENTES
1.      La solicitud
Osvaldo Castro Avila, presentó, en nombre propio, el 9
de junio de 2009, acción de tutela en contra del Instituto de Seguros Sociales,
para la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la vida,
a la dignidad humana, al trabajo, a la salud y a la seguridad social, que
considera vulnerados por la entidad accionada debido a que se negó a
reconocerle la pensión de vejez, con el argumento de que el empleador no había
realizado los correspondientes aportes.
2.      Información a los demandados y a terceros
eventualmente afectados
Mediante auto de 11 de junio de 2009, el Juzgado 48 Penal
del Circuito de Bogotá, decidió asumir el conocimiento de la acción de tutela
de la referencia y ponerla en conocimiento de la entidad accionada.
3.      Contestación a la demanda
No se registra en el expediente respuesta de la entidad
accionada.
4. Los hechos
4.1.   Según afirma el accionante, el ISS, mediante
Resolución 013819 de abril 4 de 2006, le negó el reconocimiento de su pensión
de vejez, con el argumento de que su empleador, la empresa del Estado “Hospital
Regional de la Candelaria”, de El Banco, Magdalena, no había realizado los
correspondientes aportes.
4.2.   Expresa el accionante que cuenta con 68 años de
edad, que tiene cónyuge y familia que depende de él, que se encuentra
desempleado y que carece de ingresos.
5.
Fundamento
de la acción
Para el accionante, la actuación del ISS es violatoria de
sus derechos fundamentales, por cuanto la entidad estatal está en la
posibilidad de cobrar a la empresa del Estado Hospital Regional de la
Candelaria los aportes no consignados, sin que la mora del empleador pueda
conducir a un detrimento de su condición de persona de la tercera edad con
derecho a pensión.
6.      Pretensión
Para la protección de los derechos fundamentales que
considera le han sido vulnerados, el accionante solicita que se ordene a la
accionada revocar o anular la resolución 031819 de 4 de abril de 2006.
II.      TRAMITE
PROCESAL
1.
Primera
instancia
Mediante Sentencia del 26 de junio de 2009, el Juzgado 48
Penal del Circuito de Bogotá decidió negar por improcedente la tutela
interpuesta por el señor Osvaldo Castro Ávila, con base en las siguientes
consideraciones:
1.1.   El accionante no respetó
el criterio de la inmediatez, como quiera que la acción de tutela sólo se
interpuso tres años después de la decisión que se cuestiona como violatoria de
los derechos fundamentales, sin que exista un motivo válido para su
inactividad.
1.2.   Según se desprende del
material probatorio allegado al expediente, el actor no ejerció oportunamente
los recursos que estaban a su alcance para controvertir la decisión del ISS, y
la tutela no está llamada a suplir las oportunidades procesales que la ley ha
previsto para el ejercicio del derecho de defensa.
1.3.
El actor no
aportó elementos probatorios que acrediten el perjuicio irremediable que se la
habría ocasionado con la decisión atacada.
2.
Impugnación
El anterior fallo no fue impugnado.
III.
CONSIDERACIONES
1.
Competencia
Es
competente esta Sala de la Corte Constitucional para revisar las decisiones
proferidas dentro de la acción de tutela de la referencia, de conformidad con
lo establecido en los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución
Política, en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2.      Improcedencia
de la acción de tutela en el caso concreto
2.1.   Como
se ha señalado, el accionante considera que se han vulnerado sus derechos
fundamentales debido a que se le negó el reconocimiento de la pensión a la que
cree tener derecho, con el argumento de que una empresa del Estado para la que
prestó sus servicios habría omitido su obligación de realizar los
correspondientes aportes al ISS.
Si
tal fuese el caso, el accionante podría obtener el amparo constitucional, a la
luz de reiterada jurisprudencia conforme a la cual el trabajador no puede ser
afectado por las omisiones del empleador y por la falta de diligencia de las
entidades de seguridad social en realizar los correspondientes recaudos.[1]
Sin
embargo, de la lectura de la Resolución 13819 de abril 4 de 2006 mediante la
cual el Instituto de Seguros Sociales negó la pensión de vejez y jubilación al
señor Osvaldo Castro Avila, se desprende que el supuesto fáctico a partir del
cual se ha presentado la presente solicitud de amparo constitucional es
equivocado, por cuanto el ISS no desconoce el tiempo que el accionante laboró
en el Hospital La Candelaria de El Banco, Magdalena, y la negativa a reconocer
la pensión obedece a que, de acuerdo con la historia laboral que reposa en los
archivos de la entidad, el accionante no cumple con el número de semanas
cotizadas que, de acuerdo con la ley, le darían derecho a la pensión.
En
efecto, consta en la citada resolución que, para establecer el número de
semanas cotizadas, el ISS tuvo en cuenta la certificación conforme a la cual el
accionante contaba con un tiempo de servicios al Hospital La Candelaria de El
Banco Magdalena de 3.504 días, los cuales sumados a los 2.525 días que de
acuerdo con los registros del ISS aparecen como cotizados válidamente a esa
entidad arrojan un resultado de 16 años, 08 meses y 29 días, lo que equivale a
861 semanas.
Como
quiera que, de acuerdo con el régimen legal aplicable al accionante, para
acceder a la pensión, necesita acreditar 20 años de servicios, para el momento
en el que presentó su solicitud al ISS no habría consolidado el derecho.
2.2.   De acuerdo con la jurisprudencia
constitucional, dado el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela,
la misma no es el mecanismo idóneo para resolver las controversias relativas al
reconocimiento o reliquidación de prestaciones sociales, eventos frente a los
cuales  sólo se admite su procedencia cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, o cuando existiendo éste, se promueva como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable.[2]
De este modo, la Corte ha señalado que
para que proceda la garantía del reconocimiento a la pensión de jubilación o
vejez por tutela, es preciso acreditar las siguientes condiciones: (i) inexistencia
de mecanismos de defensa judicial o  falta de idoneidad y eficacia de los
mismos; (ii) que se  está ante sujetos de especial protección constitucional
como las personas de la tercera edad o en circunstancias de debilidad
manifiesta o en  condiciones de  vulnerabilidad; (iii) que se afectan derechos
fundamentales, en particular el mínimo vital, (iv) que se hubiere desplegado
cierta actividad administrativa o judicial o resultare imposible hacerlo por
motivos ajenos al peticionario,  (v) que el no reconocimiento se motive en una
actuación claramente ilegal o inconstitucional o que desvirtúe en principio la
presunción de legalidad y, (vi) acreditar los presupuestos del perjuicio
irremediable como son la inminencia, la gravedad, la urgencia e impostergabilidad
de la acción.[3]
2.3.   En
el presente caso, como se ha visto, el accionante parte de un presupuesto
fáctico equivocado y no ha agotado las vías procesales de carácter
administrativo que tiene a su alcance para establecer a ciencia cierta cual es
su actual situación pensional, razón por la cual no están cumplidas las condiciones
que darían lugar a la procedencia del amparo solicitado.
IV. DECISIÓN
Con fundamento en lo expuesto, la Sala Cuarta
de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero:    CONFIRMAR
la sentencia proferida el 26 de junio de 2009, por el Juzgado 48 Penal del
Circuito de Bogotá, mediante la cual decidió negar por improcedente la tutela
interpuesta por el señor Osvaldo Castro Ávila contra el Instituto de Seguros
Sociales, por las consideraciones expuestas en la parte motiva del presente
fallo.
Segundo:   Por Secretaría
líbrese la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
Magistrado
Ponente
MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
Ausente con permiso.
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
(T-921 de 2009)
[1]    Ver, por ejemplo, la Sentencia T-1203 de 2008
[2]    Ver Sentencia T-055 de 2006
[3] Ver, entre otras, las sentencias T-284 de 2007,
T-184 de 2007, T-149 de 2007, T-229 de 2006, T-203 de 2006, T-008 de 2006,
T-1160 de 2005, T-1309 de 2005, T-606 de 2005 y T-159 de 2005.