T-278-96
Sentencia T-278/96
Sentencia T-278/96
SERVICIO MILITAR-Exención por inhabilidad física
Está probado que
el joven sufre una lesión que le impide realizar actividades físicas
exageradas. El Distrito aplicó la inhabilidad que tenía derecho alegar el
interesado para proteger su salud e integridad física, y, en consecuencia, ser
eximido de la prestación del servicio militar.
Referencia:
Expediente T-89.969
Demandante: Gustavo
Jurado Henao, en representación de su hijo menor de edad.
Demandado: Distrito
Militar Nro. 10.
Procedencia: Juzgado
Décimo Civil del Circuito de Barranquilla.
Magistrado Ponente:
Dr. JORGE
ARANGO MEJÍA.
Sentencia aprobada en sesión de la Sala Primera
de Revisión, a los veinticuatro (24) días del mes de junio de mil novecientos
noventa y seis (1996).
La Sala Primera de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados Jorge Arango Mejía, Antonio
Barrera Carbonell y Eduardo Cifuentes Muñoz, decide sobre el fallo proferido
por el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Barranquilla, dentro del proceso de
tutela instaurado por el señor Gustavo Jurado Henao, en representación de su
hijo menor de edad, contra el Distrito Militar Nro. 10.
El expediente llegó a la Corte
Constitucional por remisión que hizo el Juzgado, en virtud de lo ordenado por
el artículo 31 del decreto 2591 de 1991.
La Sala de Selección de la Corte eligió,
para efectos de su revisión, el expediente de la referencia.
I.  ANTECEDENTES.
El padre del menor Pedro Pablo Durán, a
través apoderado, presentó ante el Juzgado Civil Municipal de Barranquilla,
reparto, acción de tutela contra el Distrito Militar Nro. 10, por los
siguientes motivos:
a) Hechos.
Dice el apoderado que el joven Pedro Pablo
Jurado Durán se presentó al primer examen médico para definir su situación
militar, habiendo sido excluído por tener problemas de salud, pues sufrió el
disparo de escopeta en una rodilla, cuatro años antes.
Entre paréntesis, cabe anotar que según los
documentos que obran en el expediente, no es exacta esta afirmación, pues en el
primer examen médico, sí resultó apto.
Continúa el apoderado señalando que cuando
fue citado para el segundo examen médico, no le fue pedida la historia clínica
y fue declarado apto. Observa el apoderado que no fue responsabilidad del joven
no haber aportado los documentos, pues no le fueron solicitados.
A pesar de la lesión, fue declarado remiso.
El demandante considera que esta situación
viola los derechos constitucionales del menor a la salud, a la educación y al
debido proceso.  Explica las violaciones así:
El derecho a la salud, pues si el joven es
obligado a prestar el servicio militar, los ejercicios físicos propios de éste
pondrían en peligro su integrida física y su salud.
El derecho a la educación también está
siendo vulnerado, pues el joven Jurado Durán adelanda estudios universitarios,
y por la negativa del Distrito Militar Nro. 10 de entregarle la libreta
correspondiente, se va a ver frustrado en su derecho a la educación, en razón
de que la universidad le ha dado un plazo para definir su situación militar.
En opinión del apoderado, también ha
existido violación del debido proceso establecido en el artículo 29 de la
Constitución, pues el menor,   sin haber tenido la oportunidad de defenderse y
de ser escuchado, fue  declarado remiso. De esta manera se viola también el
Código del Menor, artículo 164.
Por otra parte, el apoderado, en su
condición de tal, estima vulnerado su derecho de petición, artículo 23 de la
C.P., pues presentó, el 25 de julio de 1995, un memorial al Distrito Nro. 10 de
Barranquilla, solicitándole que dispusiera lo pertinente para la entrega de  la
libreta militar del joven Jurado Durán. Hasta el momento de presentar la tutela,
no había obtenido respuesta. En este memorial, el apoderado le informó al
Distrito que para el día del sorteo, 18 de julio de 1995, el joven no se
presentó por problemas de salud.
b) Pretensiones.
El apoderado solicita que se protejan los
derechos fundamentales del joven Jurado Durán y que se ordene contestar la
petición elevada por el propio abogado el 25 de julio de 1995.
c) Pruebas.
El apoderado presentó copia del diploma de
bachiller y certificado médico sobre la lesión de la rodilla. Más adelante
adjuntó certificado de la Universidad Externado de Colombia, de fecha 22 de
agosto de 1995, en el que se señala que el joven Jurado Durán se encuentra
cursando primer año de derecho, en el período comprendido entre julio de 1995 y
junio de 1996.
d) Actuación procesal.
El Juzgado Diez y ocho Civil Municipal de
Barranquilla admitió la demanda, la notificó al Distrito Militar Nro. 10 y
ordenó practicar las siguientes pruebas: inspección judicial en el Distrito
Militar; examen físico al menor en el Instituto de Medicina Legal; información
a la clínica General del Norte sobre la historia clínica del joven Jurado; y,
declaración del médico que expidió el certificado mencionado.
Los documentos que obran en el expediente
son:
1- Comunicación del Comandante del Distrito
Militar Nro. 10, de fecha 27 de septiembre de 1995, sobre los hechos que
antecedieron a la declaración de remiso del joven Jurado. Dijo el Comandante:
“El joven PEDRO
PABLO JURADO DURAN le fue practicado su primer examen médico en el colegio
Karls Parrish el 22 de noviembre del año próximo pasado [1994], y quedó apto
para prestación al servicio militar. El día 3 de mayo de los corrientes se le
practicó el segundo examen médico de conformidad con lo dispuesto en la ley
48/93 en esta ocasión nuevamente se confirmó su aptitud física para el servicio
militar, siendo convocado para el 18 de julio, en las instalaciones del
Batallón de Policía Militar Nro. 2 para su incorporación como bachiller del cuarto
contingente de 1995. En ese día precisamente Señora Juez presentó un mamotreto
explicando su enfermedad que según él mismo lo manifestó le impedía prestar el
servicio militar. Ante esta situación los galenos adscritos a la Dirección de
Reclutamiento, analizaron minuciosamente el historial clínico concluyendo “su
aptitud física lo acredita como apto para la prestación del servicio militar”.
Habida cuenta del gran número de bachilleres a incorporar y de la delicada
situación de este examen se citó para el 19 del mismo mes y año a las
instalaciones del teatro ABC con el fin de aclarar una vez por todas su
situación. El día señalado el joven PEDRO PABLO JURADO hizo la presentación a
la hora indicada quedando seleccionado para integrar el cuarto contingente de
mil novecientos noventa y cinco adscrito precisamente al Comando de la Segunda
Zona de Reclutamiento en labores administrativas; al momento de conducirlo al
batallón al mando del Sargento ROMERO, este joven se sustrajo de su obligación
y no se volvió a saber absolutamente nada de su paradero. . . .”
2- Diligencia de inspección judicial en las
instalaciones del Distrito Militar Nro. 10, de fecha 29 de septiembre de 1995.
Consta en los documentos correspondientes al joven Jurado, que en el primer
examen médico, de 22 de noviembre de 1994, resultó apto. Lo mismo ocurrió en el
del 3 de mayo de 1995. La juez observó que en estos segundos exámenes, algunos
bachilleres fueron declarados inhábiles. Solicitó explicación al respecto;
quien atendió la diligencia del juzgado, le puso de presente el listado vigente
de las inhabilidades y las exenciones para prestar el servicio militar. Consta,
también, el acta de concentración de bachilleres, de fecha 18 de julio de 1995,
en donde se señala que el joven Jurado Durán no se presentó y por tal razón se
fue calificado remiso.
En la misma inspección, la juez solicitó
información sobre la petición del apoderado, de fecha 25 de julio, entregada al
teniente del Distrito. Este  manifestó que la había suministrado verbalmente,
en el sentido de que el joven debía definir su situación militar para la
próxima incorporación, el 5 de diciembre de 1995. El apoderado, presente en la
diligencia, manifestó que aproximadamente ocho días después de entregada su
petición, se encontró con el teniente y éste, simplemente, le manifestó que no
tenía nada que contestarle, pero que el médico del Ejército, que estaba cerca,
le dijo que le explicaría lo que sucedió con el joven.
Obran en el expediente los documentos
exhibidos en la diligencia.
3- El concepto de los médicos legistas, de
fecha 2 de octubre de 1995. En él se dice: “Se observa edema leve en rodilla
izquierda, hay limitación leve para flexión rodilla izquierda.” Los legistas
consideraron que para una completa valoración del joven, debía remitírsele al
médico ortopedista del hospital Universitario de Barranquilla. El hospital
señaló: “Con base en la historia clínica existente podemos hacer una impresión
clínica de una SINOVITIS POSTRAUMÁTICA que le impide toda actividad que demande
esfuerzo físico exagerado.”
4- La declaración del doctor Orlando Claret
Ardila de León, médico que trató al joven cuando tuvo el accidente, que
confirma el diagnóstico de los legistas y, además, consideró que “probablemente
no pueda realizar actividades deportivas, o correr”
5- La clínica General del Norte de
Barranquilla remitió fotocopia del registro de cirugía del joven Durán, de
1991.
e) Sentencia de primera instancia.
En sentencia de 11 de octubre de 1995, el
Juzgado Dieciocho Civil Municipal de Barranquilla, concedió la tutela
solicitada y ordenó que el Ejercito Nacional, a través del Distrito Militar
Nro. 10, declare la inhabilidad de “lesión de rodilla”, codificada en el
listado de inhabilidades y exenciones bajo el número 7.600. En consecuencia,
ordenó que se entregue la libreta militar en la forma establecida en la ley y
el reglamento. Tuteló también el derecho de petición del apoderado.
Para su decisión, la juez consideró que por
un lado existe la limitación  que sufre el joven Jurado Durán, la cual se
encuentra dentro del listado de inhabilidades y exenciones, inhabilidad que no
fue advertida por los médicos del Distrito Militar que le practicaron los
exámenes físicos, y, por el contrario, conceptuaron que el joven era apto. Y,
por el otro, el concepto de los médicos legistas del Hospital Universitario y
del médico tratante, quienes consideraron que la lesión en la rodilla impide
todo esfuerzo físico exagerado.
Frente a las opiniones diferentes, la juez
estimó que por el conocimiento que sobre el tema tienen los médicos legistas,
era pertinente acoger este último concepto. Además, la afirmación del
Comandante del Distrito sobre la aptitud del joven, sólo es una simple
afirmación sin respaldo probatorio.
f) Impugnación.
El Distrito Militar informó al juzgado
sobre el cumplimiento de la sentencia, dentro del plazo establecido. Y, en
escrito separado, presentó la impugnación a la sentencia. Los argumentos
principales pueden resumirse así:
- La ley 48 de 1993 señala el procedimiento
que deben llevar a cabo quienes estén obligados a definir su situación militar.
- El joven Jurado Durán presentó los dos
primeros exámenes médicos y en ambos resultó apto. Dichos exámenes fueron
practicados en debida forma por los médicos del servicio de reclutamiento.
A los jóvenes, al iniciar el proceso de
reclutamiento, se les informa sobre el procedimiento a seguir. Si después de
haber resultado aptos en el primer examen consideran que tienen alguna dolencia
o limitación, pueden pedir un segundo examen médico, siendo necesario que para
el día en que éste se practique acompañen los documentos pertinentes.
En el caso particular del joven Jurado,
éste fue atendido para el segundo examen, con otros 26 bachilleres del mismo
colegio, el 3 de mayo de 1995. Allí fueron declarados inhábiles 6 de sus
compañeros, que en el primer examen habían sido considerados aptos. Sin
embargo, el joven Jurado no adjuntó documentos probatorios sobre su presunta
inhabilidad y fue nuevamente declarado apto.
Agrega el impugnante:
“Habiendo sido
declarado APTO en segundo examen médico el joven contaba con una tercera
instancia, la práctica de una Junta Médica,  instancia a la cual no recurrió,
presentándose el día de la concentración, 18 de julio, etapa en la cual ya se
estaba seleccionando el personal que debía ingresar a filas, con los documentos
probatorios de su presunta inhabilidad, es decir extemporáneamente.”
Sin embargo, no se
le definió su situación en ese momento y se le citó para el día siguiente en el
teatro ABC de Barranquilla. Allí fue seleccionado para incorporarse como
soldado en la Zona Segunda de Reclutamiento, en actividades administrativas,
de oficina. “El joven sin embargo, se sustrajo de su obligación retirándose del
lugar de concentración por lo que en cumplimiento de la ley fue declarado
infractor, es decir, REMISO.”
g) Sentencia de segunda instancia.
El Juzgado Décimo Civil del Circuito de
Barranquilla, en sentencia de 27 de noviembre de 1995, revocó la decisión del a
quo, en cuanto a la orden de que se declare la inhabilidad y se proceda a
expedir la libreta militar del joven Jurado. Confirmó el amparo concedido sobre
el derecho de petición del apoderado. Para su decisión, el juez hizo las
siguientes consideraciones:
En primer lugar, no existió violación al
debido proceso, pues de conformidad con las oportunidades que establece la ley
48 de 1993, especialmente en el artículo 19, inciso final, el joven Jurado no
hizo uso del recurso allí previsto para lograr su exención. El artículo 19
señala un plazo de 15 días antes de la incorporación, para elevar el reclamo.
El joven pretendió hacerlo el mismo día.
Tampoco se presentó vulneración al derecho
a la educación,  pues ella es resultado del hecho de haber sido declarado
remiso. Además, los establecimientos de educación superior están obligados a
exigir la presentación de la libreta militar al matricular por primera vez a un
estudiante. Esta obligación está prevista en la misma ley 48. De conformidad
con la certificación expedida por la universidad, en el sentido de que el joven
Jurado está matriculado allí, lo que deja ver es que la universidad puede estar
infringiendo normas legales.
Sobre el derecho a la salud, no obra en el
expediente la prueba de que, por la normal prestación del servicio militar y
por la posibilidad de que se vea sometido a los ejercicios físicos habituales,
exista un peligro cierto y concreto que amenace la vida del interesado.
El juzgado consideró que no era pertinente
que el a quo entrara a valorar la situación médica del joven para llegar
a la conclusión de que el diagnóstico médico del distrito se encontraba errado,
y, en consecuencia, procediera a ordenar la definición de la situación militar
y la expedición de la libreta militar.
Por tales razones, el juez dispuso que el
Distrito cancelara o deshiciera todos los actos efectuados en cumplimiento de
la orden revocada.
Sobre el derecho de petición invocado por
el abogado, el juez estimó que efectivamente sí fue vulnerado, pues, de
conformidad con lo dispuesto en el C.C.A., si la petición se hizo en forma
escrita, de igual manera la entidad ha debido contestar.
h) Solicitud de adición de la sentencia.
Con posterioridad a la notificación de la
sentencia del ad quem, el apoderado solicitó que el fallo fuera
adicionado, pues, en su concepto, el juez no valoró las pruebas en forma
correcta. Y como consecuencia de tal errada valoración, el apoderado le
manifestó al juez que si el joven “presta [el servicio militar] de acuerdo a la
desición (sic) de su Juzgado, lo hago responsables (sic) de lo que le pueda
pasar.”
El juez, en providencia del 11 de diciembre
de 1995, negó la solicitud de adicionar la providencia, pues, según él, no se
presentó la omisión; sin embargo, ordenó remitir copias de los documentos a la
Sala Disciplinaria del Consejo Seccional, con el fin de que se investigue la
conducta del abogado, en relación con la expresión utilizada por el apoderado
(“lo hago responsables (sic) de lo que le pueda pasar”), ya que consideró que
puede tomarse como una forma indebida del abogado para ejercer presión sobre
las decisiones judiciales.
i) Pruebas solicitadas por la Corte
Constitucional.
En auto de fecha 23 de mayo de 1995, la
Sala solicitó información al Distrito Militar sobre si la sinovitis
postraumática constituye una causal de inhabilidad; de qué clase; si tal lesión
se le tuvo en cuenta para declarar la aptitud en los exámenes médicos; por qué
razón fue seleccionado para actividades administrativas, y si el joven fue
informado de ello, y cuál es la situación militar actual del joven.
Mediante oficio 310, de 29 de mayo de 1996,
el Comandante del Distrito Nro. 10 informó lo siguiente:
“. . . al joven Pedro Pablo Jurado Durán,
le fue definida su situación militar por inhabilidad, en armonía con lo
dispuesto a la ley 48/93, y como consecuencia de la Acción interpuesta.” Agregó
que está en proceso de ser entregada la libreta respectiva.
II.  CONSIDERACIONES DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL.
Primera.- Competencia.
La Corte es competente, de conformidad con
los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución y el decreto 2591 de
1991.
Segunda.- Lo que se debate.
El joven Jurado Durán presentó tres
exámenes ante los médicos de reclutamiento del Distrito Nro. 10, y, en las tres
oportunidades, fue declarado apto, a pesar de que cuatro años antes, a raíz de
un accidente con una escopeta, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de la
rodilla izquierda, para extraerle un perdigón, asunto que, de conformidad con
los dictámenes de medicina legal, practicados con ocasión de esta tutela, y del
médico tratante, le generó una “sinovitis postraumática”.
El apoderado del interesado argumentó que
la decisión del Distrito vulnera los derechos a la salud, estudio y debido
proceso del joven.
No obstante haber cesado los efectos que
motivaron esta acción, al tener el joven Jurado Durán ya resuelta su situación
militar, y en proceso la entrega de la libreta correspondiente, es pertinente
hacer referencia al concepto de violación expuesto por el apoderado en relación
con los derechos invocados.
a) Sobre el derecho a la salud, hay que
observar lo siguiente.
No obstante la actitud negligente del
interesado de aportar los documentos que probaban su inhabilidad, los cuales
presentó sólo en el momento en que fue convocado por el Distrito Militar para
la incorporación, y no en las dos oportunidades anteriores, cuando fue citado
para los exámenes médicos, está probado en el expediente que el joven sufre
sinovitis postraumática, es decir, una lesión en la rodilla izquierda, que le
impide realizar actividades físicas exageradas.
Al preguntar esta Corte al Distrito Militar
Nro. 10, si esta clase de lesiones constituye una causal de inhabilidad
permanente o temporal, el Distrito se limitó a contestar que al joven se le
definió su situación militar por inhabilidad “en armonía con lo dispuesto a la
ley 48/93, y como consecuencia de la Acción interpuesta.” Y que su tarjeta está
próxima a ser entregada. Pero, no contestó  los interrogantes que sobre esta
situación había hecho esta Corporación.
Por consiguiente, teniendo en cuenta que
para definirle la situación militar al joven, el Distrito no podía considerar
que lo hacía en cumplimiento de la acción de tutela, pues el ad quem
había revocado, en este aspecto, la tutela concedida por el Juez Diez y ocho
Civil Municipal de Barranquilla, y precisó que se deshicieran todos los actos
que con ocasión de dicha orden había podido adelantar el Distrito Militar, es
necesario concluír que el mencionado Distrito aplicó la inhabilidad que tenía
derecho alegar el interesado, contenida en la ley 48 de 1993, para proteger su
salud e integridad física, y, en consecuencia, ser eximido de la prestación del
servicio militar.
Por esta razón, era procedente que, a
través de la tutela, se hubiera dado cumplimiento a la ley, asunto que en este
caso particular, repercutió en la protección del derecho constitucional
invocado. Aunque, se repite, esta situación ya se encuentra superada.
b) Sobre la posible vulneración del derecho
a la educación, cabe señalar que no es posible argumentar tal vulneración, pues
el hecho de ser llamado a prestar el servicio militar, implica separarse del
estudio durante un tiempo limitado. Pero, transcurrido ese período, el joven
puede continuar con sus estudios. Tampoco se puede sostener que al exigirse la
prueba de que se tiene la situación militar resuelta, y no presentarse por que
realmente no se la tiene, exista vulneración del derecho. Así lo ha entendido
la Corte, y, especialmente, en sentencia SU 277 de 1993, dijo:
“El hecho de que el
hijo de la petente haya  logrado su selección para iniciar estudios superiores
en la Universidad Nacional, no crea a su favor derecho o excepción que lo
libere del deber de prestar el servicio militar que le impone la Carta
Política, puesto que esta circunstancia no ha sido establecida como causa de
dispensa legal de dicho deber constitucional.
“El derecho a la
educación del hijo de la solicitante, que constituye el meollo del
cuestionamiento formulado, no  se desconoce aunque se suspenda transitoriamente
en el tiempo, si  se admite el hecho de que el conscripto pueda iniciar sus
estudios una vez cumpla con la obligación militar. No se puede olvidar que el
servicio militar, por razón de sus objetivos y los intereses particularmente
importantes que defiende, constituye un deber legítimo de arraigo constitucional
que, si bien limita los derechos del adolescente,  no los desconoce.” (M.P.,
doctor Antonio Barrera Carbonell)
En conclusión, no procedía proteger el
derecho a la educación en este caso.
c) Sobre la posible vulneración al derecho
al debido proceso, tampoco se violó en este caso, pues el haber sido declarado
remiso por haberse sustraído el joven a la prestación del servicio militar, es
simplemente consecuencia de la actitud omisiva de presentar la historia clínica
en que consta la lesión que sufrió. Por consiguiente, no se vulneró este
derecho.
d) Sobre la violación del derecho de
petición que invoca el apoderado, al recibir respuesta verbal a una petición
escrita, se considera que sí se presentó la vulneración señalada. Y, aunque
parece que al apoderado se le suministró información verbal a su petición,
según se desprende de la diligencia de inpección judicial, el Código
Contencioso Administrativo, artículo 6, inciso segundo, es claro al respecto:
“Cuando la petición haya sido verbal, la decisión podrá tomarse y comunicarse
en la misma forma al interesado. En los demás casos será escrita.”
Por lo anterior, se confirmará parcialmente
la decisión del Juzgado décimo Civil del Circuito de Barranquilla, en el
sentido de que el Distrito Militar Nro. 10 no vulneró los derechos a la
educación y al debido proceso del menor, y, para haberse concedido la tutela
por vulneración del derecho de petición del apoderado del padre del menor. Sin
embargo, en relación con el derecho a la salud del menor, se concederá la
tutela, por las consideraciones expresadas en el literal a) de esta
providencia.
III. DECISIÓN.
Por lo anterior, la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato
de la Constitución,
RESUELVE:
Primero: Confirmar parcialmente la sentencia del
Juzgado Décimo Civil del Circuito de Barranquilla, de fecha 27 de noviembre de
1995, por las razones expuestas en la presente providencia. En consecuencia, se
tutelan el derecho a la salud del joven Pedro Pablo Jurado Durán y el de
petición del abogado Roberto Orozco Caballero. No se tutelan los derechos a la
educación ni la debido proceso.
Segundo: Por encontrarse superada la situación que
dio lugar a esta sentencia, sólo se prevendrá al Distrito Militar Nro. 10, en
los términos del artículo 24 del decreto 2591 de 1991.
Tercero: Comuníquese esta decisión al Juzgado Diez y
ocho Civil Municipal de Barranquilla, para que sean notificadas las partes, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 del decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, cúmplase, publíquese e insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional.
JORGE ARANGO
MEJÍA
Magistrado
ANTONIO
BARRERA CARBONELL
Magistrado
EDUARDO
CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General