T-095-16
Sentencia T-095/16
DERECHOS FUNDAMENTALES-Procedencia
de la acción de tutela para su protección
DERECHOS FUNDAMENTALES-Concepto
en la jurisprudencia constitucional
El fundamento de los derechos constitucionales se
desprende de su relación con la dignidad humana, por lo cual es necesario
evaluar la existencia de consensos ya sean dogmáticos, legislativos o de
derecho internacional para valorar qué es un derecho fundamental, quién es el
titular de los mismos y cuál es el contenido del mismo. En virtud de lo
anterior, para la procedencia de la acción de tutela, es relevante determinar
la existencia de un derecho constitucional fundamental cuya protección se pueda
solicitar por medio de dicho mecanismo.
DERECHOS FUNDAMENTALES-Titularidad
El ordenamiento jurídico ha reconocido la existencia de
intereses individuales y de carácter colectivo o difuso, en los primeros la
titularidad se predica del individuo afectado, mientras que la segunda es una
titularidad difusa; los dos tienen diferentes mecanismos para su protección, de
naturaleza constitucional. Entonces como el eje de amparo es la protección de
los derechos de la persona, fundamento y base del ordenamiento político; se
intenta superar las limitaciones de un modelo liberal clásico de individualidad
y con base en el principio de solidaridad, se diseñan una serie de garantías
para el resguardo de las colectividades. Así las cosas, de intereses difusos se
arroja la titularidad de derechos indivisibles o supraindividuales.
DERECHOS FUNDAMENTALES-Titularidad
no se predica de animales no humanos
LEGITIMACION POR ACTIVA EN
TUTELA-Es necesario que exista un sujeto determinado, titular de derechos
fundamentales
AGENCIA OFICIOSA EN TUTELA-Requisitos
ACCION DE TUTELA CONTRA
PARTICULARES-Requisitos de procedencia
CONSTITUCION ECOLOGICA Y MEDIO
AMBIENTE SANO-Protección constitucional
La
jurisprudencia constitucional ha establecido que, en el marco del derecho a la
vida –artículo 11 CP-, se infiere que el medio ambiente es un derecho
constitucional fundamental para el hombre, pues sin éste, la vida del ser
humano perdería vigencia. Sin embargo, la jurisprudencia ha matizado su
protección por vía de la acción de tutela a lo largo de los años, al existir,
como se mencionó anteriormente, mecanismos judiciales eficaces e idóneos para
su protección y dificultades en la determinación de un derecho subjetivo.
CONSTITUCION ECOLOGICA-Dimensiones
La Corte ha precisado que la Constitución ecológica tiene
una triple dimensión, por un lado, el deber de protección al medio ambiente es
un principio que irradia todo el orden jurídico, siendo obligación del Estado,
proteger las riquezas naturales de la Nación. De otro lado, existe un derecho
de todos los individuos a gozar de un medio ambiente sano, el cual es exigible
por medio de diferentes acciones judiciales –civiles, penales, populares-. A su
vez, existen un conjunto de obligaciones impuestas a autoridades y particulares
para el resguardo del medio ambiente, derivadas de disposiciones de la
constitución ecológica.
CONSTITUCION ECOLOGICA-Obligación
del Estado y de los seres humanos respetar la vida e integridad de los animales
DEBER DE PROTECCION ANIMAL-Obligación
para los seres humanos de, entre otros, evitar el maltrato, la tortura o los
actos de crueldad y velar por el cuidado de integridad y vida de animales
BIENESTAR ANIMAL-Concepto
Del concepto de medio ambiente, del deber de protección
de la diversidad de flora y fauna y su integridad, de la protección a los
recursos y del valor de la dignidad humana como el fundamento de las relaciones
entre los seres humanos y estos con la naturaleza y los seres sintientes; se
puede extraer un deber constitucional de protección del bienestar animal que
encuentra su fundamento igualmente del principio de la solidaridad.
DEBER DE PROTECCION ANIMAL-Normatividad
La protección del ambiente implica incluir a los
animales, desde la perspectiva de la fauna, amparada en virtud del
mantenimiento de la biodiversidad del equilibrio natural de las especies y, en
salvaguardarlos de sufrir padecimientos sin una justificación legítima. Lo
anterior revela “un contenido de moral política y conciencia de la
responsabilidad que deben tener los seres humanos respecto de los otros seres
vivos y sintientes”.
DEBER DE PROTECCION ANIMAL EN
LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL
La
Corte en su jurisprudencia ha abordado desde diferentes perspectivas la
aproximación de los seres humanos con los animales. Así, el estado actual del
deber de protección animal es (i) que se protegen los derechos fundamentales al
libre desarrollo de la personalidad y a la intimidad personal, cuando se impide
la tenencia de animales doméstico, empero estos derechos compartan una serie de
obligaciones de cuidado, respeto y salubridad, derivadas de normas del Estatuto
de Protección Animal, haciendo procedente la acción de tutela para resguardar
los derechos de rango fundamental y cuya titularidad está en cabeza del
individuo; (ii) la prohibición de tenencia y explotación de animales silvestres
y, (iii) la existencia de un deber constitucional de protección al bienestar
animal, que conlleva a obligaciones tanto para el Estado como para los
individuos, de proteger el medio ambiente y con ello, a los seres sintientes.
Sin embargo, de este mandato constitucional no se puede extraer la existencia
de un derecho al bienestar animal, ni la fundamentabilidad del mismo, ni mucho
menos la exigibilidad por medio de la acción de tutela. De este deber
constitucional sí surgen obligaciones de cuidado y prohibiciones de maltrato y
crueldad contra los animales, a menos que éste devenga de alguno de los límites
consagrados en la Carta Política.
DERECHO DE PETICION-Requisitos
de la respuesta
Al dar una respuesta, las entidades administrativas al
deben cumplir con los requisitos de: (i) oportunidad, (ii) resolución clara,
precisa y congruente con aquello que fue solicitado, iii) notificación al
interesado de la respuesta a su solicitud. Vencido el término sin
respuesta, se vulnera el derecho de petición o, cuando oportunamente
respondida, no se cumple con los requisitos antes enunciados –oportunidad, respuesta
clara y comunicación de la respuesta a la solicitud-.
DERECHO DE PETICION-No se
vulneró por cuanto se dio respuesta oportuna y de fondo a las solicitudes para
la protección de perros que fueron desalojados de humedal
ACCION DE TUTELA PARA LA
PROTECCION DE DERECHOS COLECTIVOS CUANDO EXISTE VULNERACION DE DERECHOS
FUNDAMENTALES-Requisitos de procedencia excepcional
Tratándose de un caso en el cual está en juego la
preservación del medio ambiente y la protección animal, según el artículo 88 de
la Constitución Política, existe el mecanismo judicial de la acción popular
para buscar el resguardo de los mismos. Sin embargo, la jurisprudencia
constitucional y del Consejo de Estado, han establecido excepciones de
procedibilidad cuando por ejemplo, de la vulneración de un derecho colectivo se
desprenda la amenaza o lesión de un derecho fundamental –teoría de la
conexidad- o, siguiendo lo consagrado en el artículo 86 CP., el mecanismo
judicial existente no sea idóneo o eficaz para la protección de los derechos
lesionados, en cuyo caso el amparo constitucional será transitorio.
ACCION DE TUTELA PARA LA
PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL-Improcedencia por cuanto no existe derecho
fundamental en cabeza de éstos y existen otros mecanismos como la acción
popular o la acción de cumplimiento
De la existencia de un
mandato constitucional de protección al bienestar animal, no se desencadena la
existencia de un derecho fundamental en cabeza de éstos, ni la exigibilidad por
medio de la acción de tutela al tratarse de un interés difuso, no
individualizable. De dicha noción si se extrae una serie de obligaciones para
los seres humanos de, entre otros, velar por la protección de los animales y
evitar el maltrato, la tortura o los actos de crueldad, además del cuidado de
su integridad y vida; los cuales pueden ser resguardados a través de diferentes
mecanismos judiciales entre ellos la acción popular para solicitar la
protección del medio ambiente; la acción de cumplimiento para exigir de la
administración el deber de protección al bienestar animal concretado en un acto
administrativo y ante actos reales y concretos de maltrato animal que no se
circunscriban a los límites legítimos al deber constitucional de protección
animal, existe sanciones penales y civiles contra los causantes de daño
ocasionado a los animales. Por lo tanto, la Sala considera que la acción de
tutela es improcedente para la protección del deber constitucional de
protección animal, como quiera que no se puede extraer la existencia de un
derecho, mucho menos su fundamentabilidad, ni la exigibilidad para ser
protegidos por medio de la acción de tutela.
Referencia: expediente
T- 5.193.939
Acción de tutela presentada por
Henry Acuña Cordero contra la Personería Local de Fontibón, la Alcaldía Local
de Fontibón, la Secretaría Distrital de Salud, el Centro de Zoonosis y la
Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá.
Magistrado Ponente:
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de febrero de dos mil
dieciséis (2016).
La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por la magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado y los magistrados
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y Alejandro Linares Cantillo, quien la preside,
en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la
siguiente:
SENTENCIA
En el trámite de revisión de los fallos proferidos en
segunda instancia por el Juzgado Veintisiete Civil del Circuito de Bogotá del
veintiséis (26) de agosto de 2015 que confirmó la providencia del Juzgado Once
Civil Municipal de Bogotá, del siete (7) de julio de 2015, dentro del proceso
de tutela iniciado por Henry Acuña Cordero contra la Personería Local de
Fontibón, la Alcaldía Local de Fontibón, la Secretaría Distrital de Salud, el
Centro de Zoonosis y la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá.
I.
ANTECEDENTES.
Demanda de tutela[1]
1. El señor Henry Acuña Cordero
interpuso acción de tutela contra la Personería Local de Fontibón, la Alcaldía
Local de Fontibón, la Secretaría Distrital de Salud, el Centro Zoonosis y la
Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá por considerar vulnerados sus
derechos fundamentales de petición y bienestar animal. Las conductas que causan
la vulneración son: (i) la decisión de las autoridades
accionadas de ordenar un operativo de recogida de 25 perros ubicados en el
Parque Ecológico Distrital del Humedal de Capellanía -localidad de Fontibón- y;
(ii) la omisión de la Personería de Bogotá y la Alcaldía
local de Fontibón de dar respuesta de fondo a la solicitud que busca
financiamiento para el refugio, alimentación y asistencia médica de los canes.
El ciudadano pretende que el juez de tutela ordene a las entidades accionadas que den respuesta de fondo al derecho de
petición elevado y suministren recursos tanto económicos como técnicos
para que se puedan salvar los animales, de manera que puedan ser reubicados y
mantenerlos a salvo, sin que el Centro de Zoonosis asuma su cuidado.
Hechos relevantes
2. Informó el accionante que hay 25 caninos viviendo en el Parque
Ecológico Distrital del humedal de Capellanía, localidad de Fontibón, los
cuales han sido alimentados y cuidados por un grupo de voluntarios del conjunto
residencial Paseo de San Diego. Manifestó que los perros viven en un “estado
semi salvaje”, lo que ha dificultado que los atrapen para poder cástralos o
realizarles algún tipo de tratamiento veterinario.
3. El 3 de marzo de 2015, el accionante solicitó a la
Personería de Bogotá, por medio de una petición, la colaboración inmediata para
reubicar o construir un refugio en San Roque de Subachoque para los 25 perros
que habitan en el humedal de Capellenía, pues éste sería cerrado[2].
4. El 26 de marzo de 2015, la Subdirectora de Determinantes
en Salud de la Alcaldía Mayor de Bogotá informó que el operativo de recogida
programada para el día siguiente no sería realizado porque requerían que
entidades como la Alcaldía Local de Fontibón y la Secretaría Distrital de
Ambiente, al ser  entidades encargadas de ese tipo de procedimientos,
estuvieran presentes[3].
5. Sostuvo el actor que en los operativos de recolección de
perros realizados por el Centro de Zoonosis, los canes se clasifican entre
enfermos y sanos; aquellos que estén enfermos serán sacrificados mientras que
los otros, después de cinco días, serán puestos en un proceso de adopción. Si
no lo hacen también serán sacrificados.
6. Afirmó que la señora Clara Inés Rodríguez es una líder
que ha estado al frente de todo el proceso de cuidado de los animales y ha
adelantado las gestiones necesarias ante la Alcaldía y la Personería para su
cuidado. Empero la respuesta de las mismas, siempre ha sido que no hay recursos
y que Zoonosis tampoco cuenta con medios técnicos para anestesiar, dormir o
transportar a los perros pues para esa gestión se requiere recursos técnicos de
los cuales carecen, tales como dardos.
7. Pretende el accionante que se ordene a las entidades
accionadas que den respuesta oportuna y de fondo a las peticiones realizadas, y
que se otorguen recursos tanto económicos como técnicos para que se puedan
salvar los animales, ser reubicados y mantenerlos a salvo, sin que Zoonosis
asuma su cuidado. Así, interpuso acción de tutela contra la Personería de Local
de Fontibón, Alcaldía Local de Fontibón, la Secretaría Distrital de Salud, el
Centro Zoonosis y la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá, por la
presunta vulneración de los derechos de petición y al bienestar animal, como
consecuencia de la decisión de las autoridades accionadas de ordenar un
operativo de recogida de 25 perros ubicados en el Parque Ecológico Distrital
del Humedal de Capellanía -localidad de Fontibón- y, por la omisión de las
mismas de suministrar una respuesta de fondo a la petición elevada el 3 de
marzo de 2015 con el propósito de buscar financiamiento para el refugio,
alimentación y asistencia médica de los canes.
Intervención de las partes demandadas
8. La Dirección de Salud Pública de la Secretaría de Salud
de Bogotá, manifestó que el humedal de Capellanía se encuentra en proceso de
recuperación por parte del Distrito, pero ha sido apropiado por caninos que están
al cuidado de los vecinos aledaños al sector, proveyendo cuidado veterinario,
alimentación, desparasitación y esterilización. Informó que el Centro de Zoonosis
ha actuado dentro de las competencias otorgadas en la Ley 9 de 1979, Decreto
2257 de 1986 y la Resolución 0240 de 2015.
Por otro lado, sostuvo que el Centro de Zoonosis ha
realizado cuatro actividades de recolección canina selectiva y humanitaria en
el humedal Capellanía, las cuales han sido obstaculizadas por la desinformación
de los vecinos del sector, quienes se interponen de manera abrupta para que no
se realicen las capturas.  Informó que se han realizado seis mesas de trabajo y
un operativo de recolección, el 27 de marzo de 2015, con la participación de la
Alcaldía Local, Secretaría de Ambiente, Hospital de Fontibón, Inspección de
Policía, Secretaría de Gobierno, Aguas de Bogotá y el Jardín Botánico; en el
que se logró la entrega voluntaria de un canino y los restantes huyeron del
sector. Asimismo, el 16 de junio se realizó una mesa de trabajo en la que se
acordó que el método de captura de los caninos sería menos invasivo y
traumático, por lo cual el Jardín Botánico, Aguas de Bogotá y la Secretaría de
Ambiente, se encuentran en la consecución de los elementos necesarios para la
elaboración de un corral-trampa que permita innovar el método de captura[4].
9. La Directora de la Secretaría Distrital de Ambiente de
Bogotá, señaló que la petición elevada por el accionante fue respondida de
manera oportuna e integral por parte de la Personería Delegada para la
protección de ambiente y, por tanto, no se ha vulnerado derecho fundamental
alguno. Sin embargo, informó que de acuerdo con la Resolución 240 del 17 de
enero de 2014, los operativos de recolección de caninos “pueden ser
acompañadas por los representantes de las organizaciones defensoras de
animales, Alcaldía Local, Policía Ecológica y Ambiental y la Secretaria
Distrital de Ambiente, estando asignada la Secretaria Distrital de Salud la
función de cuidado, sanidad y demás necesarias para el bienestar de los
caninos” y dicha función a la luz de la mencionada resolución, es
responsabilidad de la Secretaría de Salud[5].
10. La Personería de Bogotá indicó que dio respuesta a la
petición elevada por el accionante por medio de oficio del 13 de marzo de 2015[6]
a su vez que, a la petición radicada el 4 de abril, también se ofreció
respuesta telefónicamente.  Advirtió que la pretensión del accionante frente a
la Personería consiste en la intervención de ésta en los operativos de
recolección de animales, programado para capturar y presuntamente sacrificar 25
perros no domesticados que habitan en el humedal de Capellanía. Sin embargo,
informó que el Centro de Zoonosis es la autoridad competente para evaluar las
condiciones en las que se encuentran los animales y determinar el riesgo que
representan para la comunidad, pues se trata de un asunto de salubridad
pública, siendo ellos los llamados a establecer cuál procedimiento se debe
realizar frente a los caninos que invaden el humedal.
Advirtió que lo solicitado por el accionante no se encuentra
dentro del marco de competencias de la Personería pues sus potestades se
circunscriben a la defensa del interés público y colectivo de los bogotanos, en
la verificación constante de la ejecución de las leyes, acuerdos y órdenes de
las autoridades y en la función de control disciplinario. Concluyó que no ha
desplegado ninguna conducta que vulnere los derechos fundamentales del
accionante, porque ha adelantado las actuaciones necesarias en el marco de sus
competencias[7].
11. El Fondo de Desarrollo Local de Fontibón manifestó no
ser competente para decidir sobre la vida, sacrificio o destino de animales, ni
sobre su reubicación. Mencionó que a la luz del artículo 17 de la Ley 84 de 1989
no corresponde a las alcaldías locales realizar control sobre los
procedimientos que inicie el Centro de  Zoonosis. Sostuvo que el espacio que
está siendo ocupado por los caninos es considerado como público y es propiedad
del Distrito, siendo responsabilidad de las alcaldías locales velar por la
conservación y recuperación del espacio público.
Informó que mediante sentencia del 26 de junio de 2014, el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en una acción popular, confirmó la
decisión de cerramiento definitivo del humedal Capellanía por parte de la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, para no permitir el ingreso de
personas o animales ajenos al ecosistema[8].
Concluyó que dicha entidad no ha vulnerado derecho fundamental alguno, puesto
que la decisión administrativa se encaminó a la recuperación del espacio
público, que es función de la alcaldía local, mientras que ésta no es
competente para reubicar los perros que se encuentran al interior del humedal.
Informó que el 27 de marzo de 2015, día en el cual se había planeado la captura
interinstitucional de los caninos, solo fue capturado uno, porque la comunidad
saboteo la jornada[9].
12. La Subsecretaría Distrital de Gobierno de la Alcaldía
Local de Fontibón solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela
pues no se cumple con el requisito de subsidiariedad, en la medida en que la
alcaldía ha realizado todas las actuaciones administrativas tendientes a la
protección de los derechos fundamentales, dando respuesta oportuna y de fondo a
la petición y adoptando las decisiones administrativas encaminadas a la recuperación
del espacio público del humedal de Capellanía.  Manifestó que la alcaldía tiene
el deber de velar por la conservación del espacio público, a la luz del
artículo 193 del Acuerdo Distrital 079 de 2003 y de los artículos 193 y 315 de
la Constitución, pues corresponde a los alcaldes como primera autoridad de
policía, velar por la recuperación y preservación del espacio público; mientras
que ninguna norma faculta u obliga a las alcaldías locales a reubicar animales,
ni proveer recursos económicos para ello.
Pruebas relevantes aportadas al proceso
- Respuesta a la petición elevada por el señor Henry Acuña
Cordero por parte de la Personería de Bogotá de fecha 13 de marzo de 2015
(Folio 1 del cuaderno No. 2).
- Copia de la petición elevada a la Personería de Bogotá el
3 de marzo de 2015 por parte del señor Henry Acuña (Folios 5 a 15 del cuaderno
No. 2).
- Copia de la petición elevada por Henry Acuña Cordero y
otros a Zoonosis, del 13 de marzo de 2015 (Folio 16 a 17 del cuaderno No. 2).
- Copia de las actas del Centro de Atención a la Ciudadanía
de la Personería de Bogotá con el requerimiento telefónico realizado por el
accionante, el 26 de febrero de 2015, manifestando preocupación por los 25
perros que se encuentran en el humedal Capellanía (Folio 87 del cuaderno No.
2).
- Copia del reporte de actuaciones del proceso del Centro de
Atención a la Ciudadanía de la Personería de Bogotá en el cual se le informa al
accionante que la personería no podrá intervenir, pues los perros no son
domesticados, no hay quien se haga cargo de ellos” por lo cual es necesario que
Zoonosis los recoja. Y aclaró que la Personería no tiene competencia frente a
las actuaciones de la Secretaría de Salud y Zoonosis. (Folios 90 a 91 del
cuaderno No. 2).
- Actas de reunión entre los vecinos del humedal Capellanía
y la Personería de Bogotá (Folios 92 a 136 del cuaderno No. 2).
- Copia del fallo del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en la acción popular iniciada contra la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá y otras, en la cual se decidió declarar vulnerados los
derechos colectivos al espacio público y la utilización y defensa de los bienes
de uso público, la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y
aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su
desarrollo sostenible. En el fallo se ordenó realizar un plan de educación
ambiental de las personas aledañas al humedal Capellanía para evitar que se
incurra en conductas que pongan en riesgo su conservación y, evaluar la
posibilidad del cerramiento definitivo del humedal para no permitir el ingreso
de personas o animales no autorizados y que sean ajenos al ecosistema, entre
otras órdenes. (Folios 151 a 172 del cuaderno No. 2).
- Informe de la Subdirección de Control Ambiental de la
estructura ecológica principal del humedal Capellanía. (Folios 175 a 179 del cuaderno
No. 2).
- Sistema de gestión documental de la Alcaldía Mayor de
Bogotá en el cual consta una queja ciudadana por la cantidad de perros que
deambulan y habitan en el humedal Capellanía. (Folio 180 del cuaderno No. 2).
Decisiones judiciales objeto de revisión
Primera instancia. Sentencia del Juzgado Once
Civil Municipal de Bogotá, del 7 de julio de 2015[10].
13. Negó el amparo al estimar que las peticiones elevadas
por el accionante fueron contestadas de manera oportuna y de fondo. Por otro
lado, estimó que la tutela está diseñada para proteger derechos fundamentales y
no de rango legal. Sostuvo que aunque el actor afirmó en el escrito de tutela
que presentó una nueva petición por vía telefónica, se omitió aportar la prueba
correspondiente. No obstante, se conoce que se trata de la misma petición
realizada el 3 de marzo de 2015 frente a la cual la Personería respondió en
varias ocasiones y remitió las diligencias adelantadas para los resolver los
hechos que reprocha el señor Henry Acuña sobre la situación de los perros que
viven en el humedal Capellanía. Por lo tanto, la pretensión del accionante
respecto de dar respuesta a los derechos de petición elevados fue satisfecha.
Por otro lado, advirtió que la situación de los canes que
habitan el humedal, es un problema ambiental que no puede ser debatido por vía
tutela por cuanto el accionante cuenta con los mecanismos judiciales y
ciudadanos para tener una participación activa en la solución de conflictos que
afectan su localidad, de manera personal o mediante representación -veedurías
ciudadanas-, razón por la cual la acción de tutela no es procedente porque no
existe conexidad entre la afectación del derecho al medio ambiente y el de
petición.
14. Concluyó que en expediente obran medios de prueba en los
que se infiere que la administración distrital está trabajando mancomunadamente
con la comunidad para recuperar el humedal Capellanía y dar una solución al
tema de los animales que allí habitan, “razón por lo cual este despacho no
puede acceder a las pretensiones de la acción constitucional,” por lo cual
decidió “negar la acción de tutela impetrada por Henry Acuña (…) conforme a
las razones anotadas en la parte motiva de esta providencia”[11].
Impugnación[12].
15. El accionante impugnó la decisión del a quo,
reiterando que la Personería no ha dado respuesta a la petición escrita
formulada el 3 de marzo de 2015, ni ha desplegado conductas tendientes a
proveer una protección del derecho a la vida de los animales, quienes no tienen
forma de ser representados.  Para ello, solicitó que los animales fueran
reubicados en un resguardo en el cual les provean todas las necesidades vitales
como vacunación, esterilización y alimentación.
Segunda instancia. Sentencia del Juzgado
Veintisiete Civil del Circuito de Bogotá, del 26 de agosto de 2015[13].
16. Decidió “confirmar el fallo de tutela proferido por
el Juzgado Once Civil Municipal”[14].
Sostuvo que la acción de tutela no es procedente para solicitar la garantía
de derechos de rango legal, ni para hacer cumplir leyes, decretos, normas o
actos administrativos. Por otra parte, consideró que el derecho de petición no
fue vulnerado, en la medida en que las entidades accionadas dieron respuesta
oportuna y de fondo a las solicitudes elevadas por el señor Acuña.
Actuaciones en sede de revisión
17. En el trámite de revisión, el magistrado ponente
consideró necesario disponer de mayores elementos de juicio que permitieran
aclarar la situación fáctica del caso de la referencia, así, por medio de auto
del 16 de diciembre de 2015, solicitó las siguientes pruebas:
-Al Centro de Zoonosis, a la Alcaldía Local de
Fontibón, la Personería Local de Fontibón y a la Secretaría Distrital de
Ambiente, para que informaran si el operativo de recolección de los caninos
ubicados en el Parque Ecológico Distrital del Humedal de Capellanía -localidad
de Fontibón-; (i) fue efectivamente realizado; de ser así, señalaran: (ii) a
qué lugar fueron enviados los perros; (iii) cuándo se realizó el desalojo y;
(iv) provean información respecto del estado actual de los canes (condiciones
médicas, físicas, etc.) que habitan el humedal.
-  A la
Secretaría Distrital de Ambiente para que informara (i) en qué consisten los
operativos de recolección de caninos o animales; (ii) cómo se realizan esta
clase de procedimientos; (iii) qué herramientas técnicas utilizan;  (iv) qué
finalidad tienen los operativos y; (v) cuál es la ubicación y el destino que se
le da a los perros, una vez son recogidos de espacios públicos.
- A la Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional de
Colombia y de La Salle, para que se pronunciaran sobre cuáles son las medidas
apropiadas que se debe seguir en un procedimiento de recolección de animales.
-Pruebas aportadas
18. Vencido el término otorgado para dar
contestación, la Secretaría Distrital de Ambiente mencionó que los operativos
de recolección de caninos y actividades afines, son responsabilidad de la
Secretaría Distrital de Salud de acuerdo al artículo 8 de la Resolución 240 de
2014 y al Acuerdo Distrital 546 de 2013, por lo cual, corresponde a esta última
entidad “responder a las preguntas de orden zootécnico, ya que nos
encontramos en un proceso de transición mientras entra en funcionamiento el
centro ecológico distrital de protección y bienestar animal “casa ecológica de
los animales” (artículo 15 del Decreto 85 de 2013)”[15].
19. La Secretaría de Gobierno de la Alcaldía
Local de Fontibón[16]
informó que la alcaldía local realizó en el año 2015 tres operativos para la
recolección de caninos en el humedal Capellanía: (i) el 27 de marzo, (ii) el 9
de septiembre y  (iii) el 6 de noviembre.  Operativos en los cuales se
recuperaron dos perros con el acompañamiento de varias entidades del Estado,
entre ellos Zoonosis, quien les dio tratamiento veterinario y los acogió para
un proceso de adopción.
20. La Personería Local de Fontibón reiteró la
información dada por la Alcaldía respecto a los tres operativos de recolección
de caninos y la recuperación de dos perros. De la misma manera, aportó las
actas de los operativos, en las cuales consta, entre otras, el método utilizado
para la captura de los animales y los obstáculos presentados en los operativos
por parte de la comunidad[17].
21. La Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia de la Universidad Nacional de Colombia[18] manifestó que los
operativos de recolección canina tienen la finalidad de disminuir la población
callejera y como medio de control sanitario, en conjunto con “acciones de
apoyo al programa de adopción y esterilización (….) y jornadas de vacunación
del Distrito”. Además reiteró que el propósito de recolección canina en los
humedales era mitigar el impacto negativo que tienen especies ajenas en áreas
protegidas.
A su vez informó que los operativos de
recolección son organizados por las oficinas de saneamientos de los hospitales
de primer nivel junto con Zoonosis. Mencionó que los operativos deben contar
con un equipo integrado por médico veterinario del Centro de Zoonosis, “técnicos
de saneamiento por parte del hospital y del Centro Zoonosis”
y la Policía Ambiental. Manifestó que de acuerdo a los lineamientos de la
Secretaría de Salud, se recogen un máximo de 20 animales por operativo y los
capturan por medio de mallas, tramojos o lazos, para garantizar el mínimo
trauma posible. Posteriormente, son trasladados en un camión al Centro de
Zoonosis, en donde son esterilizados y entran al programa de adopción, sino
tienen dueño. Concluyó señalando que después de los operativos se registra un
acta con la información del operativo.
22. La Secretaría Distrital de Salud[19] informó que en el 2015
se realizaron dos operativos en la localidad de Fontibón, en los cuales fue
intervenido el humedal Capellanía. En el primer operativo no fueron capturados
caninos, en el segundo, del 6 de noviembre, fueron capturados dos caninos
–macho y hembra-, que fueron trasladados al Centro de Zoonosis de Bogotá, en el
cual fueron atendidos por médicos veterinarios después de que se les realizara
un examen clínico, se les suministró el tratamiento veterinario necesario y están
en proceso de adopción.
Respecto de las condiciones médicas y físicas
de los demás caninos que habitan el humedal Capellanía señaló que no conocía
dicha información, pues es competencia de la Secretaría Distrital de Ambiente a
través de la Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad, la custodia de los
animales que allí habitan, por lo cual remitieron el oficio para que se
pronunciara al respecto.
Finalmente, señaló en qué consisten los
operativos de recolección de caninos, el procedimiento que se surte, las
entidades y profesionales que intervienen en los mismos, el destino de los
animales y la finalidad de los operativos[20].
23. La Facultad de medicina veterinaria de la
Universidad de La Salle[21]
advirtió que a la luz de la Ley 84 de 1989, los operativos de recolección de
animales deben garantizar que incluya el transporte –con jaulas individuales- y
no se den malos tratos. También deben contar con el personal idóneo y los
insumos necesarios para evitar accidentes, para lo cual se deben hacer
inspecciones oculares para determinar si se trata de animales sin dueño y
examinar el riesgo –enfermedades, parásitos- que representan para la comunidad.
Advierte que en los operativos se debe evitar la participación de personas
ajenas a las instituciones encargadas de realizarlos pues de lo contrario se
incrementan las posibilidades de un accidente.
Respecto a la forma de captura de los animales
señaló que debe realizarse de la manera más cuidadosa posible para evitar mayor
estrés, realizándolo a través de perchas[22]
o, tratándose de animales muy agresivos, por medio de sedación en bocados de
comida.
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
Competencia
24. Esta Corte es competente para conocer de
la revisión de los fallos de tutela, de conformidad con lo establecido en los
artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y en los artículos 31 a 36 del
Decreto 2591 de 1991 y demás disposiciones pertinentes. Además, la Sala de Selección de Tutelas Número Diez, por medio de auto del
28 de octubre de 2015, dispuso la revisión del expediente de la referencia y procedió a su reparto.
Presentación del caso, problema jurídico y
metodología de la decisión
25. El señor Henry Acuña
Cordero, interpuso acción de tutela contra la Personería Local de Fontibón, la
Alcaldía Local de Fontibón, la Secretaría Distrital de Salud, el Centro de Zoonosis
y la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá por considerar vulnerados su
derecho fundamental de petición y al bienestar animal. Afirmó que la omisión de la Personería de Bogotá y la Alcaldía local de
Fontibón de dar una respuesta de fondo a la solicitud que busca financiamiento
para el refugio, alimentación y asistencia médica de los canes, vulnera su
derecho de fundamental de petición. Y que la decisión de las autoridades
accionadas de ordenar un operativo de recolección de 25 perros ubicados en el
Parque Ecológico Distrital del Humedal de Capellanía -localidad de Fontibón-, que
presuntamente terminará en el sacrificio de los animales, lesiona el bienestar
animal.
En virtud de lo anterior, el accionante pretende que el juez de
tutela ordene a las entidades accionadas que den respuesta
de fondo al derecho de petición elevado el 3 de marzo de 2015 y provean
recursos tanto económicos como técnicos para que se puedan salvar los animales,
ser reubicados y mantenerlos a salvo, sin que el Centro de Zoonosis asuma el
cuidado de los perros.
Los jueces de instancia decidieron negar el
amparo del derecho de petición en la medida en que las solicitudes elevadas por
el accionante fueron respondidas por las autoridades accionadas de manera
oportuna, de fondo y congruentemente. Respecto del derecho al bienestar animal
consideraron que se trata de un problema de rango legal, al tratarse del derecho
colectivo a la protección del medio ambiente, razón por la cual no es amparable
por vía de tutela porque para ello existen mecanismos judiciales idóneos y
eficaces.
26. De conformidad con lo anterior, le corresponde a la Sala
resolver si ¿la Personería Local de Fontibón y la Alcaldía Local de Fontibón
vulneraron el derecho fundamental de petición del señor Henry Acuña, al no dar
respuesta de fondo a la solicitud elevada el 3 de marzo de 2015, por medio de
la cual solicitó colaboración inmediata para reubicar o construir un refugio en
San Roque de Subachoque para los 25 perros que habitan en el humedal de Capellanía,
pues éste sería cerrado?
Igualmente corresponde determinar si ¿del mandato
constitucional de protección al bienestar animal se desprende la titularidad de
un derecho exigible por cualquier persona con el fin de evitar el maltrato
animal del que presuntamente serán víctimas los perros que habitan el humedal
de Capellanía, al ser recolectados por la Secretaría Distrital de Salud con el
fin de resguardar el ecosistema del humedal y la garantizar la recuperación del
espacio público?
27. Con el
fin de resolver el problema jurídico planteado, la Sala (i) reiterará su
jurisprudencia sobre la procedencia de la acción de tutela, recordará (ii) la
existencia de un deber constitucional de protección animal derivado de la
Constitución ecológica y la garantía sobre el medio ambiente. Posteriormente,
(iii) se analizará el alcance del  derecho fundamental de petición y
finalmente, (iv) se resolverá el caso concreto.
Procedencia general de la acción de tutela. Reiteración
de jurisprudencia
28. El artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia prescribe:
“Toda persona
tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien
actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.
La protección
consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela,
actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento,
podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
Esta acción solo
procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
En ningún caso
podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su
resolución.
La ley
establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra
particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta
afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el
solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión”. (Negrillas
fuera del texto).
De
acuerdo con la anterior disposición, la Corte, en reiterada jurisprudencia, ha
indicado que la acción de tutela procede cuando (i) se invoca la protección de
un derecho constitucional fundamental, (ii) que ha sido amenazado o vulnerado,
(iii) cuya titularidad está en cabeza del sujeto afectado o, sea en virtud de
una representación legal, apoderamiento judicial o agencia oficiosa
(legitimidad por activa), (iii) por una autoridad pública o un particular –en
los casos previstos en el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991- (legitimidad
por pasiva), y, (iv) cuando no exista otro mecanismo de defensa judicial. A
continuación, la Sala abordará los anteriores puntos para determinar la
viabilidad jurídica del amparo constitucional en el caso concreto.
-La
noción de derechos fundamentales
29.
En el Título II, Capítulo 1 de la Constitución Política consagran los derechos
fundamentales nominados y positivizados. Para la jurisprudencia constitucional
la noción de derechos fundamentales se ha consolidado, en primer lugar, a
partir de una construcción tradicional de los derechos que se deriva de los
principios de indivisibilidad, integralidad y universalidad, los cuales ordenan
la protección igualitaria de todos los derechos que sean necesarios para
preservar la dignidad humana. También, en segundo lugar, de la relación de la
dignidad humana como valor y como principio, lo que implica una relación con el
principio de igualdad, libertad y autonomía, los cuales tienen como propósito
velar por la eficacia de todos aquellos derechos constitucionales como
fundamentales[23].
En tercer lugar, desde una teoría positivista, por medio de la cual se entiende
como derecho fundamental, toda garantía prevista en el texto constitucional,
específicamente, en el Título II, Capítulo 1 de la Constitución Política. Y, en
cuarto lugar, a partir de la teoría de la conexidad, “según la cual se
permite el amparo de derechos no tutelables judicialmente, en principio,
siempre y cuando su protección se requiera para la reivindicación derecho con carácter indiscutiblemente fundamental”[24].
Sin
embargo, a partir de la sentencia T-227 de 2003[25],
la Corte ha establecido que el concepto de derechos fundamentales deviene de su
relación con la dignidad humana, para lo cual el juez constitucional debe
evaluar la existencia de un consenso –dogmático, legislativo, constitucional o
de derecho internacional de los derechos humanos- y valorarlo en concreto.
Empero, la “fundamentabilidad” de un derecho dependerá de la posibilidad
de “traducción en derechos subjetivos”, a partir de lo cual sería
posible determinar el titular (legitimación por activa), el destinatario de la
orden (legitimación por pasiva, o el obligado) y el contenido del derecho[26].
30.
De acuerdo con la eficacia de los derechos, es necesario como lo ha previsto
Luigi Ferrajoli, la separación entre los problemas de fundamentabilidad
y la justiciabilidad de los derechos[27].
Se
ha dicho respecto a la fundamentabiliad,  que si se parte de la noción
de dignidad humana para definir un derecho fundamental, sería a partir de
nociones éticas y morales que podría definirse la titularidad del derecho, que
en la jurisprudencia constitucional ha sido determinada en cabeza de los seres
humanos e indirectamente de las personas jurídicas[28],
titulares de ciertos derechos fundamentales. Por el contrario, si se extrae la
noción de los derechos fundamentales a partir de la existencia de consensos, ya
sea internacionales, legislativos o jurisprudenciales, sería  precisamente a
partir de lo que defina el consenso, qué es un derecho fundamental y quién es
el titular de los mismos[29].
No
obstante lo anterior, existen posiciones doctrinarias y jurisprudenciales que
explican la definición de los derechos fundamentales en su justiciabilidad,
es decir, la eficacia de los derechos fundamentales dependería del grado de
protección de los mismos, esto es, de la existencia de medios de protección de
derechos constitucionales para su defensa.
Postura
que ha criticado esta Corporación, al referirse que la fundamentabilidad
de los derechos no puede depender de cómo estos se hacen efectivos en la
práctica, pues los derechos fundamentales deben ser aquellos elevados
democráticamente al rango constitucional y que se profesen de aquellas personas
que están en condiciones debilidad manifiesta, sin perjuicio que la ausencia de
mecanismos judiciales efectivos para su protección sea la justificación de no
ser catalogados como fundamentales[30].
31.
Por su parte, según el doctrinante Luigi Ferrajoli, existen, al menos tres
formas de responder a la pregunta: ¿qué se entiende por el concepto de derechos
fundamentales? (i) Desde una perspectiva de la teoría del derecho; (ii) según
el derecho positivo y, finalmente; (iii) desde la filosofía política.
De
acuerdo con la primera concepción, los derechos fundamentales son aquellos “adscritos
universalmente a todos en cuanto personas, o en cuanto a ciudadanos o personas
con capacidad de obrar, y que son por tanto indisponibles e inalienables”[31].
Por su parte, según la teoría del positivismo, son fundamentales todos aquellos
que estén explícitamente consagrados en el ordenamiento jurídico constitucional
o internacional.
Por
último, de acuerdo a la teoría de la filosofía política, un derecho es
fundamental cuando se cumple con uno de tres criterios axiológicos que devienen
de la experiencia histórica del constitucionalismo internacional y estatal
tales como: (a) el nexo causal entre derechos humanos, paz y autodeterminación
de los pueblos, previstos en el Preámbulo de la Declaración Universal de 1948.
Es decir, todos los derechos que sean un presupuesto para un ordenamiento en
paz: la vida, la integridad, los derechos civiles y políticos y los derechos de
libertad; (b) los derechos de las minorías y con ello el nexo entre los derechos
y la igualdad, porque éste es el presupuesto de los derechos de libertad “que
garantizan el igual valor de todas las diferencias personales” y “requieren
de la igualdad en los derechos sociales”, para reducir las desigualdades
económicas y sociales. (c) El del rol de los derechos fundamentales como
leyes del más débil, en contraposición a los derechos de los más fuertes que
prevalecerían si aquellos no existiesen, como por ejemplo, los derechos a la
vida –contra la ley del más fuerte físicamente-, los de inmunidad y libertad
–contra la arbitrariedad del más fuerte políticamente y, los derechos sociales
–control a ley del más fuerte social y económicamente-[32].
En
síntesis, el fundamento de los derechos constitucionales se desprende de su
relación con la dignidad humana, por lo cual es necesario evaluar la existencia
de consensos ya sean dogmáticos, legislativos o de derecho internacional para
valorar qué es un derecho fundamental, quién es el titular de los mismos y cuál
es el contenido del mismo. En virtud de lo anterior, para la procedencia de la
acción de tutela, es relevante determinar la existencia de un derecho
constitucional fundamental cuya protección se pueda solicitar por medio de
dicho mecanismo.
-Titularidad
de los derechos fundamentales
32. Teniendo como fundamento de los
derechos fundamentales al principio de dignidad humana, cuya protección y
garantía constituye un eje axial del Estado y sobre la cual se ha edificado el
ordenamiento constitucional, el artículo 86 de la Constitución establece que toda
persona tendrá acción de tutela para solicitar ante los jueces la
protección inmediata de sus garantías constitucionales. Así mismo, el artículo
10º del Decreto 2591 de 1991 señala que este amparo podrá ejercerse por
cualquier persona. No obstante, el derecho colombiano diferencia dos tipos de
personas: las personas naturales y las personas jurídicas (artículo 73 del
Código Civil).
Por una parte, (a) las personas naturales son todos los seres
humanos sin distinguir su raza, sexo, religión, entre otras (artículo 74 del
Código Civil)[33].
Por otra, (b) la persona jurídica, definida en el artículo 633 del Código Civil
de la siguiente manera: “se llama persona jurídica, una persona ficticia,
capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser
representada judicial y extrajudicialmente. Las personas jurídicas son de dos
especies: corporaciones y fundaciones de beneficencia pública. Hay personas
jurídicas que participan de uno y otro carácter.”
Sobre las personas jurídicas ha precisado
la Corte que pueden ser titulares de derechos fundamentales por vía directa o
indirecta. Por vía directa “cuando las personas jurídicas son titulares de
derechos fundamentales no porque actúan en sustitución de sus miembros, sino
que lo son por sí mismas, siempre, claro está, que esos derechos por su
naturaleza sean ejercitables por ellas mismas”[34].
Y también indirectamente, “cuando la esencialidad de la protección gira
alrededor de la tutela de los derechos constitucionales fundamentales de las
personas naturales asociadas”. Por lo tanto, puede una persona jurídica
estar legitimada para actuar e interponer acción de tutela para el amparo de
los derechos fundamentales afectados, cuando quiera que, en primer lugar,
resulten vulnerados derechos predicables de dicha ficción jurídica o, en
segundo lugar, cuando se lesionen los derechos de las personas naturales
asociadas a ésta.
En este orden de ideas, las personas
jurídicas tienen legitimación para interponer acción de tutela, tal como se
desprende del contenido del artículo 86 de la Carta y de la jurisprudencia de
esta Corporación, siempre y cuando ésta se circunscriba a los derechos
fundamentales exigibles en virtud de su naturaleza jurídica o cuando actúe en
representación de sus asociados, es decir, actuando la persona natural a través
de un representante.[35]
c) Los pueblos indígenas: La
jurisprudencia constitucional ha señalado, desde la sentencia T-380 de 1993[36] el
reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, necesarios para
garantizar la “supervivencia de grupos humanos poseedores de una cultura
diferente a la mayoritaria y que se encuentran en situación de vulnerabilidad
desde el punto de vista constitucional, debido, entre otras razones, a (i) la
existencia de patrones históricos de discriminación que les impiden el pleno
ejercicio de sus derechos y su cultura; (ii) la presión ejercida sobre sus
territorios, su forma de ver el mundo, su organización social, sus modos de
producción y su concepción sobre el desarrollo, originada en la explotación de
los recursos naturales y la formulación de proyectos de desarrollo de diversa
naturaleza en sus territorios ancestrales; (iii) el grave impacto que el conflicto
armado ha generado en su modo de vida, reflejado en desplazamiento forzado y
afectaciones de especial gravedad a sus territorios ancestrales, usados como
corredores estratégicos o escenarios directos del conflicto; y (iv) la
marginación económica, política, geográfica y social que, por regla general,
enfrentan como grupos minoritarios”.
Uno de los derechos fundamentales de los
pueblos indígenas y tribales derivado de la participación democrática, es el
derecho a la consulta previa, regulado en los artículos 329 y 330 de la
Constitución, que disponen la participación de las comunidades para la
conformación de las entidades territoriales indígenas y para la explotación de
los recursos naturales en sus territorios, entre otros[37]. Además,
la titularidad colectiva de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas
se deriva del artículo 63 de la Constitución y en los artículos 13, 14,
15, 16, 17 18 y 19 del Convenio 169 de la OIT –parte del bloque de
constitucionalidad-, y el artículo 21 de la de la Convención Americana de
Derechos Humanos sobre el derecho a la propiedad privada.
d) Algunos magistrados proponen los derechos
de los animales no humanos: Actualmente un sector de la Corte Constitucional
propone el reconocimiento de los derechos fundamentales de los animales que,
entre otras cosas, otorgaría la legitimidad para acudir por vía de la acción de
tutela para el resguardo de cualquier ser humano. Mientras que otro sector se
opone a esa posibilidad por ausencia de fundamentos morales y jurídicos que
justifiquen la titularidad de derechos fundamentales de los animales, aun
cuando aceptan la existencia de un mandato constitucional de protección animal,
pero se privilegia la libertad configurativa del legislador para definir el
alcance de dicho deber[38].
33. Así las cosas, el ordenamiento
jurídico ha reconocido la existencia de intereses individuales y de carácter
colectivo o difuso, en los primeros la titularidad se predica del individuo
afectado, mientras que la segunda es una titularidad difusa; los dos tienen
diferentes mecanismos para su protección, de naturaleza constitucional.
Entonces como el eje de amparo es la protección de los derechos de la persona,
fundamento y base del ordenamiento político; se intenta superar las
limitaciones de un modelo liberal clásico de individualidad y con base en el
principio de solidaridad, se diseñan una serie de garantías para el resguardo
de las colectividades. Así las cosas, de intereses difusos se arroja la
titularidad de derechos indivisibles o supraindividuales, “que se proyectan
de manera unitaria a toda una colectividad, sin que una persona pueda ser
excluida de su goce por otras personas (…) Esto significa que el hecho de que
una persona goce del bien no impide que otros puedan gozar del mismo (ausencia
de rivalidad en el consumo), y por ende el goce de ese bien por otras personas
no disminuye su disponibilidad”[39].
Por ello, se ha dicho que la titularidad de derechos fundamentales son
predicables de una persona individualizable.
-Legitimación
en la causa
34. Constituye un requisito de
procedencia para invocar la acción de tutela, la legitimación en la causa, para
ello es necesario que exista identidad entre la persona a la cual la
Constitución y la ley faculta para invocar la acción (legitimación en la causa
por activa) e identidad frente a la persona respecto a la cual el derecho puede
ser reclamado (legitimación en la causa por pasiva).
Así las cosas, la Corte Constitucional se
ha referido a la legitimación en la causa como un requisito de procedibilidad
de la acción de tutela, en los siguientes términos:
“La legitimación en la
causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el
derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del
actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable
o desfavorable. Es una calidad subjetiva de las partes en relación con el
interés sustancial que se discute en el proceso. Por tanto, cuando una de las
partes carece de dicha calidad o atributo, no puede el juez adoptar una
decisión de mérito y debe entonces simplemente declararse inhibido para fallar
el caso de fondo.”[40]
Por esta razón, es necesario que exista un sujeto determinado,
titular de derechos fundamentales, para efectos de que la acción de tutela
proceda y el juez constitucional valore el caso concreto y llegue a una
solución encaminada a proteger o restaurar la amenaza o vulneración, así como
un sujeto –de naturaleza pública o privada- que vulnere o amenace un derecho
fundamental.
35. Del artículo 86 de la Carta se desprende que toda persona por
sí misma o por quien actúe en su nombre tendrá acción de tutela. Así las cosas,
la acción de tutela puede ser invocada directamente por el titular del derecho
fundamental, o a través de un representante, que de manera indirecta pretende
la protección de los derechos constitucionales de quien se encuentra limitado
para actuar por sí mismo.
Igualmente, el artículo 10 del Decreto
2591 de 1991 “(…) También se pueden agenciar derechos ajenos cuando
el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa.
Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.”
36. Por lo tanto, esta Corporación ha establecido que existen
varias posibilidades en las que se cumple con el requisito de legitimación para
ejercer la acción de tutela[41]:
(i) el ejercicio directo de la acción de tutela, (ii) el ejercicio a través de
representantes legales, como es el caso de menores de edad, incapaces
absolutos, los interdictos, las personas jurídicas y los pueblos indígenas;
(iii) el ejercicio por medio de apoderado judicial, en cuyo caso debe ostentar
la condición de abogado titulado y anexar un poder para ejercer la defensa del
caso; y (iv) el ejercicio por medio de agente oficioso.
Respecto a la agencia oficiosa ha
reconocido la jurisprudencia constitucional[42]
que se pueden agenciar derechos ajenos, siempre y cuando quien actúe en nombre
de otro: (i) exprese que está obrando en dicha calidad, (ii) demuestre que el
agenciado se encuentra en imposibilidad física o mental de ejercer su propia
defensa, condición que puede ser acreditada de manera tácita o expresa, y que,
(iii) se identifique “plenamente a la persona por quien se intercede (…),
como quiera que la primera persona llamada para propender por el amparo de los
derechos aparentemente vulnerados es el propio afectado, en ejercicio de su
derecho a la autonomía y en desarrollo de su dignidad”[43].
Lo anterior, por cuanto la agencia oficiosa tiene como límite la autonomía
de la voluntad del titular de los derechos fundamentales.
37. Por su parte, los artículos 13 y 42
del Decreto 2591 de 1991 consagran las personas contra las cuales se puede
dirigir la acción de tutela. Así, la acción se puede invocar contra una
autoridad pública o un particular, que haya vulnerado o amenazado algún derecho
de rango constitucional fundamental.
Respecto a la procedencia de la acción de tutela contra
particulares, se debe acreditar que contra quien se invoque la protección: (i)
esté encargado de la prestación de un servicio público, (ii) cuando el
peticionario se encuentre en una relación de subordinación contra quien se
interpone la acción de tutela, o de indefensión y (iii) cuando la conducta del
particular afecte grave y directamente un interés colectivo[44].
-Subsidiariedad
38. El artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, establece como
causal de improcedencia de la demanda de tutela, la existencia de otros
recursos o mecanismos judiciales para solicitar la protección de los derechos
constitucionales fundamentales.  En todo caso, ha consagrado la jurisprudencia
de esta Corporación que la procedencia debe ser analizada en cada caso
concreto, estudiando las circunstancias particulares del accionante. Así las
cosas, en la sentencia de unificación 355 de 2015, la Corte concluyó que del
requisito de subsidiariedad se extraen dos reglas de:
(i)   exclusión de la
procedencia: en los casos en que el ordenamiento prevé un medio judicial idóneo
y eficaz para proteger los intereses fundamentales, en cuyo caso se debe
declarar la improcedencia de la acción de tutela. Sin embargo, de comprobarse
que el mecanismo no resulta idóneo ni eficaz para la protección efectiva de los
derechos del actor, procederá el recurso de amparo y,
(ii) procedencia transitoria: cuando
existe un medio judicial pero se pretende evitar la configuración de un
perjuicio irremediable, que a la luz de la jurisprudencia debe entenderse como
aquel que cumple con las siguientes características: (a)
cierto e inminente[45];
(b) grave; y (c) de urgente atención[46].
Sin embargo, cuando se  alega la existencia de un perjuicio irremediable, no
basta realizar afirmaciones, sino debe ser probado por la parte que lo alega[47].
Igualmente, cuando el
ordenamiento no prevea un mecanismo judicial para la protección de los
intereses fundamentales, la acción de tutela será procedente como mecanismo
definitivo. En conclusión, la acción de tutela es procedente cuando (i) el
actor no cuenta con otros mecanismos de defensa judicial idóneos y eficaces
para resolver los problemas constitucionales, (ii) cuando existe un mecanismo
judicial pero éste no es idóneo o es ineficaz, en cuyo caso las órdenes del
juez de tutela son definitivas y, (iii) cuando el actor disponga de otros
medios de defensa judicial pero se pretenda evitar la configuración de un
perjuicio irremediable, en cuyo caso las órdenes del juez serán transitorias.
Cuando se trata de la vulneración de un derecho colectivo,
esta Corporación ha validado que la acción de tutela es procedente de manera
excepcional cuando la conducta que amenaza o vulnera el interés colectivo
también afecta un derecho fundamental.
El medio ambiente y la Constitución
-La Constitución Ecológica
39. De diversas disposiciones
constitucionales se extrae que la Constitución puede dividirse en cuatro tipos:
(i) la económica –propiedad, trabajo, empresa, (ii) la social –DESC-, (iii) la
ecológica –protección de reservas naturales y al medio ambiente-[48] y, (iv) la
Constitución cultural[49].
Lo anterior implica que la Constitución
de 1991 impone un deber a las autoridades estatales de garantizar un orden
político, económico y social justo (Preámbulo, artículo 2 CP). Igualmente, de
una interpretación sistemática y finalista de la Constitución, basado en 34
disposiciones normativas[50],
se puede extraer el deber de velar por un orden ecológico y proteger
integralmente el medio ambiente. Específicamente del artículo 79 CP, se señala
que el Estado tiene el deber de “proteger la diversidad e integridad del
ambiente”, el artículo 8 CP consagra el deber de protección de las riquezas
naturales de la Nación y, el artículo 95 numeral 8, consagra la obligación de
velar por los recursos culturales y naturales del país y garantizar un medio
ambiente sano.
40. Varios instrumentos internacionales
ratificados por Colombia tienen el propósito de conservar el medio ambiente, desde
la Declaración de Estocolmo de 1972, la Declaración de Río de 1982[51]
y la Resolución 45 de 1994 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que
tratan sobre la necesidad de asegurar un medio ambiente sano para el bienestar
de las personas; se consagró la existencia de un vínculo inescindible entre la
realización mundial de la dignidad humana y un medio ambiente de calidad.
Por ejemplo, en la Resolución 45
de 1994 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se consignó la siguiente
declaración: “los hombres y las mujeres tienen derecho fundamental a la
libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un
medio ambiente de calidad tal que les permita llevar una vida digna y gozar de
bienestar, y tienen la solemne obligación de proteger y mejorar el medio
ambiente para las generaciones presentes y futuras”; asimismo enseguida se
afirmó: “la creciente degradación del medio ambiente podría poner en peligro
la propia base de la vida”; y finalmente, a partir de éstas, la Asamblea
reconoció que “toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente
adecuado para su salud y su bienestar”.
La Declaración de Estocolmo
sobre el Medio Ambiente Humano[52]
mencionó que el medio ambiente humano, el natural y el artificial son
esenciales para el bienestar y goce de los derechos humanos fundamentales de
los seres humanos, incluyendo dentro del objeto de protección a la fauna, de la
siguiente manera:
“Principio 2. Los recursos
naturales de la Tierra, incluidos el aire, el agua, la tierra, la flora y la
fauna y especialmente muestras representativas de los ecosistemas naturales,
deben preservarse en beneficio de las generaciones presentes y futuras mediante
una cuidadosa planificación y ordenación, según convenga”.
En el mismo sentido, el Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales[53],
establece en el artículo 12, lo siguiente:
“1. Los Estados Partes en el
presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto
nivel posible de salud física y mental. 2. Entre las medidas que deberán
adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad
de este derecho, figurarán las necesarias para: a) La reducción de la
mortalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños; b)
El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del
medio ambiente; c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades
epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole y la lucha contra ellas;
d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y
servicios médicos en caso de enfermedad”.
Por su parte, la Observación General No. 14 del Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoció que el medio ambiente
constituye una forma de realización necesaria de la vida del hombre en el
planeta.  Así,
“(...) la
referencia que en el párrafo 1 del artículo 12 del Pacto se hace al "más
alto nivel posible de salud física y mental" no se limita al derecho a la
atención de la salud. Por el contrario, el historial de la elaboración y la
redacción expresa del párrafo 2 del artículo 12 reconoce que el derecho a la
salud abarca una amplia gama de factores socioeconómicos que promueven las
condiciones merced a las cuales las personas pueden llevar una vida sana, y
hace ese derecho extensivo a los factores determinantes básicos de la salud,
como la alimentación y la nutrición, la vivienda, el acceso a agua limpia
potable y a condiciones sanitarias adecuadas, condiciones de trabajo seguras y
sanas y un medio ambiente sano.”
También el Convenio de Ramsar[54] pretende
el resguardo de los humedales como ecosistemas productivos y diversos que
proporcionan entre otros, agua potable, en virtud de este Convenio los Estados
partes se comprometen a:
trabajar en pro del uso racional de todos
los humedales de su territorio;
designar humedales idóneos para la lista de
Humedales de Importancia Internacional (la "Lista de Ramsar") y
garantizar su manejo eficaz;
cooperar en el plano internacional en
materia de humedales transfronterizos, sistemas de humedales compartidos y
especies compartidas[55].
41. De
conformidad con las normas precedentes, la jurisprudencia constitucional ha
establecido que, en el marco del derecho a la vida –artículo 11 CP-, se infiere
que el medio ambiente es un derecho constitucional fundamental para el hombre,
pues sin éste, la vida del ser humano perdería vigencia[56]. Sin
embargo, la jurisprudencia ha matizado su protección por vía de la acción de
tutela a lo largo de los años, al existir, como se mencionó anteriormente,
mecanismos judiciales eficaces e idóneos para su protección y dificultades en
la determinación de un derecho subjetivo.
En síntesis, la
Corte ha precisado que la Constitución ecológica tiene una triple dimensión,
por un lado, el deber de protección al medio ambiente es un principio que
irradia todo el orden jurídico, siendo obligación del Estado, proteger las
riquezas naturales de la Nación. De otro lado, existe un derecho de todos los
individuos a gozar de un medio ambiente sano, el cual es exigible por medio de
diferentes acciones judiciales –civiles, penales, populares-. A su vez, existen
un conjunto de obligaciones impuestas a autoridades y particulares para el
resguardo del medio ambiente, derivadas de disposiciones de la constitución
ecológica[57].
Para el caso en concreto, es
necesario igualmente comprobar la existencia de un mandato constitucional de
protección animal que se deriva de la Constitución Ecológica, que imponen en
cabeza del Estado y de los seres humanos, obligaciones comportamentales para
respetar la vida e integridad de los animales.
-El bienestar animal
42. Del concepto de medio
ambiente, del deber de protección de la diversidad de flora y fauna y su
integridad, de la protección a los recursos y del valor de la dignidad humana
como el fundamento de las relaciones entre los seres humanos y estos con la
naturaleza y los seres sintientes; se puede extraer un deber constitucional de
protección del bienestar animal que encuentra su fundamento igualmente del
principio de la solidaridad, “[l]a naturaleza social del
Estado de derecho hunde sus raíces en el principio de solidaridad social (CP
art. 1). De este principio se desprenden la obligación social del trabajo (CP
art. 25), las obligaciones derivadas de la función social de la propiedad (CP
art. 58) y de la empresa (CP art. 333), las obligaciones tributarias (CP art.
95-9),el deber de procurar la salud individual y comunitaria (CP art. 49), los
deberes de respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios y de
obrar conforme al principio de solidaridad social (CP art. 95- 1, - 2), proteger
las riquezas culturales y naturales de la Nación (CP arts. 8) y
velar por el medio ambiente sano (CP arts. 80 y 95-8)”[58] –subrayado fuera
del texto original-[59].
Por lo tanto, existe un deber constitucional previsto la denominada
Constitución ecológica de garantizar la integralidad de los animales como seres
sintientes, ahora bien, dicho deber no es absoluto y admite excepciones.
43. Instrumentos internacionales, no vinculantes, como la
Declaración Universal de los Derechos de los Animales[60],
se consagra el derecho a la existencia de los animales, al respeto, a la
prohibición de exterminio, explotación o crueldad y a la obligación de cuidado
y protección por parte de los hombres (arts. 1 a 3). También con el Convenio
sobre la Diversidad Biológica[61],
se persigue la adopción de estrategias y políticas para la conservación y
aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, la utilización sostenible de
ésta requiere tenerse en cuenta en la toma de decisiones de los proceso
nacionales se obliga a los Estados Partes a reconstruir las especies amenazadas
y proteger las que están en vía de extinción (arts. 6 a 10). Por lo tanto, en
virtud de estos instrumentos se han creado dos reglas: (i) sobre el estado de
conservación, de acuerdo al cual se debe garantizar el mantenimiento y
conservación de la biodiversidad y (ii) el control de procesos potencialmente
peligrosos y adversos para el medio ambiente.
44. Con el fin de proteger a los animales, el legislador
expidió la Ley 84 de 1989, denominado el Estatuto Nacional de Protección Animal
cuyo propósito es impedir el maltrato animal e impedir que puedan verse
afectados por actividades humanas. En virtud de lo cual el primer capítulo
traza las finalidades de la regulación que tienen el propósito de velar por el
bienestar animal. En el segundo capítulo se consagran los deberes para con los
animales, entre los cuales se destaca garantizar la integralidad de los
animales, en el tercer capítulo se fijan las actividades prohibidas por ser
crueles con los animales; el cuarto instituye las sanciones pecuniarias y de
restricción de la libertad cuando se incurra en las prohibiciones contenidas en
esta ley; el quinto prevé las condiciones en las cuales los animales deben ser
sacrificados para evitar sufrimientos innecesarios; el sexto trata sobre la
experimentación con seres vivos; el séptimo detalla las condiciones en que
deben ser transportados los animales cuando se requiera su movilización; el
octavo prohíbe la caza y la pesca, con algunas excepciones y por último, se regulan
disposiciones generales.
Recientemente se expidió la Ley 1774 de 2016 “por medio
de la cual se modifican el Código Civil, la Ley 84 de 1989, el Código Penal, el
Código de Procedimiento Penal y se dictan otras disposiciones”. El objeto
de la ley es establecer una “especial protección contra el sufrimiento y el
dolor, en especial, el causado directa o indirectamente por los humanos, por lo
cual en la presente ley se tipifican como punibles algunas conductas relacionadas
con el maltrato a los animales, y se establece un procedimiento sancionatorio
de carácter policivo y judicial”, de los animales al tratarse de
seres sintientes y no cosas (art. 1°). Además, dispone los principios por los
cuales se regirá la ley como son: (a) la protección animal, (b) el bienestar
animal y (c) solidaridad social, por lo cual otorga la responsabilidad del
Estado y la sociedad de velar en la prevención y eliminación del maltrato y
crueldad animal, debiéndose denunciar a los infractores (arts. 2 y 3). También
se consagran una serie de delitos contra los animales, estableciendo las penas,
multas y agravaciones de responsabilidad (arts. 5 a 12).
En ese orden de ideas, la protección del ambiente implica
incluir a los animales, desde la perspectiva de la fauna, amparada en virtud
del mantenimiento de la biodiversidad del equilibrio natural de las especies y,
en salvaguardarlos de sufrir padecimientos sin una justificación legítima. Lo
anterior revela “un contenido de moral política y conciencia de la
responsabilidad que deben tener los seres humanos respecto de los otros seres
vivos y sintientes”.[62]
45. En el derecho comparado se puede evidenciar diferentes
formas de protección del bienestar animal. Tal es el caso, de países como
Alemania[63]
y Suiza[64]
prevén dentro de sus cláusulas constitucionales derechos de los animales, preservando
los fundamentos naturales de la vida y de los animales y otorgando la responsabilidad
de su resguardo al Estado a través de las diferentes ramas públicas. En la
Constitución de Ecuador se protege la naturaleza integralmente, debiendo
respetar sus ciclos vitales de existencia, mantenimiento, estructura y
regeneración; dándole la facultad a cualquier persona o comunidad de exigir el
cumplimiento de los derechos de la naturaleza[65].
En el mismo sentido la Constitución de Bolivia permite que a título individual
o en representación de una colectividad se puedan ejercer acciones legales para
la defensa del derecho al medio ambiente,[66]
sin perjuicio de la obligación de las instituciones públicas de actuar de
oficio frente a los atentados contra el medio ambiente.
46. Por su parte, la jurisprudencia constitucional desde sus
inicios ha consagrado la importancia de la protección al medio ambiente y con
ello al bienestar animal, en el ordenamiento constitucional desde sus inicios.
En la sentencia T-411 de 1992 se estudió una acción de
tutela interpuesta por un hombre en nombre propio y  como representante legal
de una fábrica de maíz al estimar vulnerado su derecho al debido proceso,
trabajo y mínimo vital, como consecuencia de la decisión de la Alcaldía de
Granada de ordenar el sellamiento de su fábrica por atentar contra la salud y
el medio ambiente de la comunidad y no tener licencia de funcionamiento. En
este caso se decidió confirmar la decisión de instancia de negar el amparo de
los derechos invocados, al resolver la tensión existente entre la propiedad, el
trabajo, la libertad de empresa y el derecho a un medio ambiente sano; se deriva
de los primeros, límites a su ejercicio en virtud de la función social y
ecológica de la propiedad, que además todo derecho conlleva a un deber, razón
por la cual las entidades municipales tenían la obligación de preservar el
medio ambiente y la salud de la comunidad.
Concluyó en
aquella oportunidad la Corte que:
“la protección al ambiente no es un "amor platónico hacia la
madre naturaleza", sino la respuesta a un problema que de seguirse
agravando al ritmo presente, acabaría planteando una auténtica cuestión de vida
o muerte: la contaminación de los ríos y mares, la progresiva desaparición de
la fauna y la flora, la conversión en irrespirable de la atmósfera de muchas
grandes ciudades por la polución, la desaparición de la capa de ozono, el
efecto invernadero, el ruido, la deforestación, el aumento de la erosión, el
uso de productos químicos, los desechos industriales, la lluvia ácida, los
melones nucleares, el empobrecimiento de los bancos genéticos del planeta,
etc., son cuestiones tan vitales que merecen una decisión firme y unánime de la
población mundial. Al fin y al cabo el patrimonio natural de un país, al igual
que ocurre con el histórico - artístico, pertenece a las personas que en él
viven, pero también a las generaciones venideras, puesto que estamos en la
obligación y el desafío de entregar el legado que hemos recibido en condiciones
óptimas a nuestros descendientes”.
Por su parte, en la sentencia T-622 de
1995[67],
la Corte analizó la tutela interpuesta por dos vecinos de una señora que tenía
un criadero de cerdos en el Barrio Laureano Gómez de Cali, lo cual
presuntamente afectaba los derechos a la intimidad, a la tranquilidad y medio
ambiente sano. En primer lugar, la Sala estudió la subsidiariedad de la acción
de tutela, concluyendo que ésta procede para la protección de derechos
colectivos como el medio ambiente y la salubridad, excepcionalmente, cuando se
demuestre la individualización de los daños que causa la acción u omisión
frente a determinados derechos fundamentales. En segundo lugar, estableció que
las autoridades públicas en virtud de competencias dadas como policía sanitaria
y de intervención en la economía, tiene la obligación de controlar la
explotación de recursos naturales para que no cause efectos nocivos sobre los
derechos de los terceros, debiendo preservar la vida de la comunidad y el medio
ambiente. En tercer lugar, determinó que se vulnera el derecho a la intimidad
personal cuando las autoridades municipales omiten dar cumplimiento a normas
sanitarias que prohíben el funcionamiento de porquerizas dentro del perímetro
urbano, al poner en riesgo bienes constitucionalmente protegidos como el medio
ambiente, la salud y la intimidad.
En la sentencia T-035 de 1997[68]
se estudiaron dos casos acumulados de ciudadanos que pretendían el amparo de
sus derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la intimidad personal y
familiar, a la protección integral a la familia y al debido proceso porque (a)
la inspección de Policía de Usaquén, en el curso de una querella por
perturbación a la posesión ordenó el retiro de los perros del lugar de
residencia, (b) se impusieron multas extraordinarias a la cuota de
administración de una propiedad horizontal por la tenencia de un perro en la
residencia del actor. En esta oportunidad se decidió negar el amparo del
derecho fundamental al debido proceso en el primer caso, al determinarse que se
cumplieron con las normas sustanciales y procesales en el proceso de
perturbación a la propiedad. Mientras que en el segundo caso decidió amparar
los derechos al libre desarrollo de la personalidad y la intimidad personal del
accionante.
Determinó la Sala en aquella oportunidad que la tenencia de
animales domésticos[69]
supone el ejercicio de derechos fundamentales, protegibles a través de la
acción de tutela. Frente a la procedencia de la tutela, determinó que ésta
procede cuando existe un hecho cierto, indiscutible y probado de violación de
un derecho fundamental cuya amenaza o vulneración también debe acreditarse. También
analizó que el presupuesto de todo derecho fundamental es la dignidad humana,
inherente al ser humano, por lo cual la tenencia de un animal doméstico es
parte del ejercicio de los derechos fundamentales al libre desarrollo de la
personalidad y a la intimidad, que  a su vez se encuentran limitados por derechos
de los demás y el orden jurídico. Empero el ejercicio de esos derechos conlleva
a unas condiciones de protección a los animales, por lo cual el propietario
debe garantizar la vida, la salud y el bienestar de los mismos, teniendo un compromiso
de cuidado sobre las necesidades de alimentación, aseo, movilidad y
tratamientos médicos que requiera un animal para resguardar su integridad
física y poder estar en condiciones apropiadas para la convivencia,
especialmente, en una copropiedad.
En la sentencia T-863 A de 1999, se analizó la acción de
tutela interpuesta por un señor contra su vecino que tenía un lugar de compra y
venta de caballos, por lo cual había olores nauseabundos y ruidos que
perturbaban su tranquilidad y afectaban su derecho a un medio ambiente sano. En
esta ocasión, la Corte negó el amparo de los derechos a la vida y salud del
actor, en la medida en que no se demostró una relación causal entre los malos
olores y el daño a su salud o vida personal. Sin embargo, la Sala recordó que
es amparable el medio ambiente cuando la afectación de éste conlleve a la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales como la salud, la vida y la
intimidad.
En la
sentencia C-1192 de 2005[70]
se analizó la constitucionalidad de los artículos 1º, 2º, 22 y 80
parciales de la Ley 916 de 2004 “Por la cual se establece el
Reglamento Nacional Taurino”, entre otras cuestiones, la Corte estudió los
siguientes problemas jurídicos: (a) si se desconocía el principio de dignidad
humana con el artículo 1º de la Ley 916 de 2004, que otorga a los espectáculos
categoría de expresión artística del ser humano y, (b) si se vulnera el deber
del Estado de reconocer y proteger la diversidad étnica y cultural de la
Nación, la libertad religiosa y de profesión, como quiera que el artículo 2º de
la ley acusada, consagra que el Reglamento Nacional Taurino será aplicado en
todo el territorio nacional. Para el demandante la actividad taurina implica el
maltrato a los animales por lo cual el Estado no podía reconocer a esa práctica
como una expresión artística del ser humano, pues eso contraviene el principio
de dignidad humana.
En esta ocasión la Sala Plena
decidió declarar la exequibilidad de las disposiciones comentadas. Lo anterior,
en la medida en que el legislador tiene la competencia de reconocer las
tradiciones artísticas y culturales existentes en el país, de acuerdo con los
artículo 70 y 71 CP, para garantizar la promoción por parte del Estado, sin que
fueran oponibles restricciones derivadas del maltrato animal, en la medida en
que la cláusula constitucional de prohibición de torturas y penas crueles,
inhumanas o degradantes, está solo dispuesta para los seres humanos
–perspectiva antropocéntrica-, porque los animales no poseen el atributo de la
dignidad.  Respecto al cargo de aplicación nacional de la norma, determinó la
Sala que no existe vulneración de norma constitucional alguna, en vista de la comprobación
fáctica que las corridas de toros son una práctica extendida a lo largo del
territorio nacional.
En el salvamento de voto del magistrado
Jaime Araujo Rentería se hizo mención a que existían serias razones para
justificar una vulneración de preceptos constitucionales –arts. 1º, 12 y 22 CP.- frente
a la práctica de la actividad taurina, pues se hiere y mata, “sin justificación, sin
necesidad y de manera intencional”, que no debe tener a su juicio, “explicación o fundamento racional y ético alguno,
desde un punto de vista estrictamente objetivo, aunque otra cosa sea lo que se
trate de argumentar a partir de razones basadas en preferencias subjetivas”.  Igualmente reprocho la
tradición del espectáculo taurino pues ha sido “heredada y aceptada
acríticamente”.
Por su parte, en la sentencia T-760 de 2007[71]
se estudió una acción de tutela interpuesta por el esposo de una señora que
tenía hacía cinco años una lora que fue decomisada por la Policía al tratarse
de una especie protegida, posteriormente el ave fue remitida a la Corporación Autónoma
de Caldas y la esposa del accionante presentó episodios de depresión desde su
decomiso. En esta ocasión la Sala de Revisión decidió negar el amparo de los
derechos fundamentales del accionante, pues a la luz de los deberes constitucionales
que devienen de la Constitución Ecológica, existen obligaciones de protección a
las especies silvestres y ésta se configura en una potestad del Estado para
resguardar el medio ambiente. Determinó que la protección al ambiente se
encuentra consagrado como un deber constitucional, así:
“[d]e entrada, la Constitución
dispone como uno de sus principios fundamentales la obligación Estatal e
individual de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación (art.
8°). Adicionalmente, en desarrollo de tal valor, nuestra Constitución recoge en
la forma de derechos colectivos (arts. 79 y 80 C.P.) y obligaciones específicas
(art. 95-8 C.P.) las pautas generales que rigen la relación entre el ser humano
y el ecosistema.  Con claridad, en dichas disposiciones se consigna una
atribución en cabeza de cada persona para gozar de un medio ambiente sano, una
obligación Estatal y de todos los colombianos de proteger la diversidad e
integridad del ambiente y una facultad en cabeza del Estado tendiente a prevenir
y controlar los factores de deterioro y garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación, restauración y sustitución”.
Mencionó la sentencia que ese deber no solo implica la
protección del recurso faunístico de animales silvestres, sino que en virtud
del contenido de dignidad humana y en aplicación del Estatuto Nacional de
Protección de los Animales, se imponen pautas de conducta para las personas que
deben ajustarse al buen trato de todos los animales. Señaló que la Constitución
dispone una táctica relacional entre los seres humanos y su entorno natural, que
permite el aprovechamiento de los recursos naturales pero hay conciencia del
impacto que tienen en la salubridad individual y social, por lo cual debe
existir una armonía entre el desarrollo económico y la protección del medio
ambiente.
Tiempo después, en la sentencia
C-666 de 2010[72],
la Sala Plena estudió la constitucionalidad del artículo 7º de la Ley 84 de
1989 –Estatuto de Protección Animal-, que permite la realización de corridas de
toros, actos de rejoneo, corralejas, becerradas, novilladas, tientas y riñas de
caño, por considerar que éste se encontraba en contravía con el principio de
diversidad étnica y cultural (art. 7 CP), la función ecológica de la propiedad
(art. 58 CP), la distribución de competencias previstas en el artículo 313 CP,
la prohibición de torturas y penas crueles e inhumanas (art. 12 CP) y el deber
de protección a los recursos naturales y diversidad  (arts. 8, 95-8 y 79 CP). En
esta ocasión, la Corte decidió declarar la exequibilidad de la norma acusada,
condicionado a:
“1) Que la excepción allí planteada permite, hasta determinación
legislativa en contrario, si ello llegare a ocurrir, la práctica de las
actividades de entretenimiento y de expresión cultural con animales allí
contenidas, siempre y cuando se entienda que estos deben, en todo caso, recibir
protección especial contra el sufrimiento y el dolor durante el transcurso de
esas actividades. En particular, la excepción del artículo 7 de la ley 84 de
1989 permite la continuación de expresiones humanas culturales y de
entretenimiento con animales, siempre y cuando se eliminen o morigeren en el
futuro las conductas especialmente crueles contra ellos en un proceso de
adecuación entre expresiones culturales y deberes de protección a la fauna. 2)
Que únicamente podrán desarrollarse en aquellos municipios o distritos en los
que las mismas sean manifestación de una tradición regular, periódica e
ininterrumpida y que por tanto su realización responda a cierta periodicidad;
3)  que sólo podrán desarrollarse en aquellas ocasiones en las que
usualmente se han realizado en los respectivos municipios o distritos en que
estén autorizadas; 4)  que sean estas las únicas actividades que pueden
ser excepcionadas del cumplimiento del deber constitucional de protección a los
animales; y 5)  que las autoridades municipales en ningún caso podrán
destinar dinero público a la construcción de instalaciones para la realización
exclusiva de estas actividades”.
Como fundamento jurídico de esta decisión, la Sala Plena
empezó por definir la noción y alcance de los deberes constitucionales. Así, explicó que los deberes, entendidos desde una situación
jurídica, implican la imposición de cargas a los individuos que supone restricciones
a la libertad y autonomía y, desde la perspectiva del Estado, son obligaciones
reforzadas que se encuentran en la Carta y “cuya realización aproxima el
cumplimiento de los objetivos esenciales del Estado social”. En este
sentido, del principio de solidaridad se extrae la necesidad de que los seres
humanos protejan el ambiente que los rodea, porque visto desde una perspectiva
esencial de la vida humana, el resguardo a la naturaleza “debe responder a
un código moral, que no implica nada distinto a un actuar acorde con su
condición de seres dignos”, noción que implica el abandono de una visión
antropocéntrica que impone en los individuos restricciones, frente a otros
integrantes de su entorno vital.
Ahora bien, del principio de dignidad
humana, extrajo la Sala Plena, que las personas tienen una relación directa y
principal con el medio ambiente en que se desarrolla su existencia, y de éste
hacen parte los animales, de manera tal que el deber de protección debe ser concretado
en el desarrollo de un concepto fundacional del ordenamiento constitucional que
contemple a la dignidad humana como fundamento de las relaciones con los seres
humanos con los animales, así, el “vínculo en la relación entre dignidad y
protección a los animales (es) el hecho de que sean seres sintientes que pueden
ser afectados por los actos de las personas”. Lo anterior, porque los animales
no son solo un elemento de explotación por parte de los humanos, sino parte de
la fauna. En otras palabras, del principio de dignidad se extrae la obligación
de actuar de acuerdo con el reconocimiento moral de que existen seres
inferiores protegidos por el ordenamiento constitucional que merecen un trato
digno que comporte limites a los actos de sufrimiento, maltrato y dolor de los
animales.
Así las cosas, la Corte extrae la noción
del bienestar animal que comporta un límite y una obligación de los seres
humanos de actuar con respeto a los animales por tratarse de seres sintientes
que forman parte del contexto en que se desarrolla la vida de los seres
humanos. Ahora bien, consideró la Sala Plena que la protección a los animales
se concreta a partir de dos perspectivas:
“(…) la
de fauna protegida en virtud del mantenimiento de la biodiversidad y el
equilibrio natural de las especies; y la de fauna a la cual se debe proteger
del padecimiento, maltrato y crueldad sin justificación legítima, protección
esta última que refleja un contenido de moral política y conciencia de la
responsabilidad que deben tener los seres humanos respecto de los otros
seres sintientes”.
Sin embargo, la concreción de los deberes
es competencia del legislador, sin perjuicio de que las decisiones políticas
requieren ajustarse al sistema de fuentes constitucionales, por lo cual es
necesario tomar como parámetro los valores y deberes constitucionales,
entendidos como el objetivo o fin propuesto que representa e inspira la
Constitución.
Por tanto, un deber de rango constitucional para el Estado,
comporta obligaciones concretas de las diferentes ramas públicas de restringir
el apoyo, el patrocinio o participación positiva en actos que impliquen el
maltrato animal, tampoco podrá asumir un papel neutro en el desarrollo de la
protección que corresponde otorgarse a los animales. Asimismo, teniendo como
fundamento a la dignidad humana, la protección animal impone cargas de respeto
de los seres humanos con los seres sintientes. A pesar de la existencia del
deber de protección al bienestar animal, la Corte avaló unos límites legítimos,
entre los cuales se encuentran: (i) la libertad religiosa, (ii) los hábitos
alimenticios de los seres humanos, (iii) la investigación y experimentación
médica y, (iv) la cultura. En cuyo caso, el operador jurídico deberá armonizar
en concreto, cuando haya tensión entre el bienestar animal y los límites al
deber de protección.
47. En síntesis, la Sala Plena extrajo de los varios
preceptos constitucionales de protección al medio ambiente, del principio de
dignidad y de solidaridad, la noción del bienestar animal. Con ello se extrae
un deber del Estado y todas las ramas del poder público, de respeto y cuidado
del medio ambiente, por lo cual no puede apoyar, patrocinar, ni participar en
acciones que conlleven al maltrato animal y, por el contrario, debe brindar
protección a los animales. Por otro lado, de ese deber, se extraen obligaciones
derivadas de la dignidad humana, “la cual impide que dicha protección se
desarrolle ignorando las cargas que, en cuanto seres superiores, surgen
respecto de las especies inferiores, las cuales constituyen, sin duda, una
obligación moral (…)”.
En el mismo sentido, la sentencia C-439 de 2011 que estudió
la constitucionalidad del artículo 87 de la Ley 769 de 2002, que fijaba una
prohibición de llevar animales en el trasporte público de pasajeros porque  implicaba
una vulneración de los derechos a la igualdad, la intimidad personal y
familiar, el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de locomoción y a
la propiedad privada, en atención a la finalidad perseguida por el servicio
público de transporte de pasajeros, que no es otra que asegurar condiciones de
seguridad, salubridad y comodidad de los usuarios. La Sala Plena decidió
declarar exequible la norma acusada, bajo el entendido que
se exceptúan de dicha prohibición los animales domésticos siempre y cuando sean
tenidos y  transportados en condiciones de salubridad, seguridad,
comodidad y tranquilidad según las reglas aplicables.
Lo que resulta relevante para el caso
concreto de esta providencia, es que la Corte reiteró su línea jurisprudencial
que consagra que la tenencia de animales domésticos, supone el ejercicio de
derechos fundamentales, entre ellos, al libre desarrollo de la personalidad, a
la intimidad, de los cuales también se extraen deberes de cuidado, conservación
y respeto a los animales, que difiere de la concepción civilista de entender a
los animales como cosas (art. 687 CC). Todo lo cual comporta una obligación del
tenedor de mascotas de ajustarse a las reglas de tenencia, seguridad y salubridad
señaladas en la Ley 84 de 1989 y sus normas conexas o concordantes.
Por último, en la sentencia C-283 de 2014[73]
la Sala estudió la exequibilidad de la prohibición contemplada en el artículo
1º de la Ley 1638 de 2013, del uso de animales silvestres, nativos o exóticos,
en los espectáculos de circos fijos e itinerantes, por haber excedido el
legislador el margen de configuración normativa, vulnerando las expresiones
culturales y artísticas, la libertad de empresa, de escoger profesión u oficio,
el libre desarrollo de la personalidad, el acceso a la cultura y recreación. La
Corte decidió que la norma acusada responde a un fin constitucionalmente
válido, que es propender por la protección de los animales silvestres y la
preservación del medio ambiente –como deberes constitucionales-. De la misma
manera, los medios utilizados por la norma son adecuados para la protección
reforzada a los animales, como integrantes de la fauna y, son necesarios para
garantizar la realización de la amparo contra todo acto de maltrato a los
animales silvestres. Reiteró que será exigible de los seres humanos actuar de
conformidad con parámetros impuestos por la dignidad y, con ello, ser coherente
con su condición de ser moral, por lo cual la medida legislativa adoptada en la
norma acusada resulta ser proporcional en la consecución de los objetivos
constitucionales que se derivan, entre otras cosas, de las cláusulas de
dignidad, solidaridad y el deber de protección del medio ambiente.
En
este sentido, la sentencia explica que la libertad de decisión en el trato que
ofrecen las personas a los animales que se encuentre limitada por el concepto
de bienestar animal[74],
el cual tiene fundamento en un concepto amplio e integral del medio ambiente y
supone la superación de la visión antropocéntrica y utilitarista de explotación
animal para centrarse en una que “comprenda al ser humano como parte de un
todo que tiene un sentido propio[75]
-disposiciones constitucionales que conforman la llamada Constitución
ecológica-[76];
el deber de protección de los recursos naturales –artículos 8º y 95.8 de la
Constitución-; el deber de comportamiento digno de los seres humanos para con
otras especies –que surge de una interpretación sistemática de los artículos
1º, 2º, 8º y 94 de la Constitución-[77]
y la función ecológica de la propiedad –artículo 58 de la Constitución-[78]“.
Por
lo tanto, del interés superior de protección del medio ambiente y a la fauna,
surge un deber de resguardo de los animales contra el padecimiento, el maltrato
y la crueldad.  De la relación entre la naturaleza y los seres humanos se puede
inferir el estatus moral de la vida animal y dotar de la capacidad de
sufrimientos a los mismos, por ello se entiende que son seres sintientes que
conllevan a una serie de obligaciones para los seres humanos, de cuidado y
protección.
48. En
suma, la Corte en su jurisprudencia ha abordado desde diferentes perspectivas
la aproximación de los seres humanos con los animales. Así, el estado actual
del deber de protección animal es (i) que se protegen los derechos fundamentales
al libre desarrollo de la personalidad y a la intimidad personal, cuando se
impide la tenencia de animales doméstico, empero estos derechos compartan una
serie de obligaciones de cuidado, respeto y salubridad, derivadas de normas del
Estatuto de Protección Animal, haciendo procedente la acción de tutela para
resguardar los derechos de rango fundamental y cuya titularidad está en cabeza
del individuo; (ii) la prohibición de tenencia y explotación de animales
silvestres y, (iii) la existencia de un deber constitucional de protección al
bienestar animal, que conlleva a obligaciones tanto para el Estado como para
los individuos, de proteger el medio ambiente y con ello, a los seres
sintientes. Sin embargo, de este mandato constitucional no se puede extraer la
existencia de un derecho al bienestar animal, ni la fundamentabilidad del
mismo, ni mucho menos la exigibilidad por medio de la acción de tutela. De este
deber constitucional sí surgen obligaciones de cuidado y prohibiciones de
maltrato y crueldad contra los animales, a menos que éste devenga de alguno de
los límites consagrados en la Carta Política.
El derecho de
petición. Reiteración jurisprudencial.
49. El artículo 23 de la
Constitución consagra el derecho que tienen todos los ciudadanos de elevar
peticiones a las autoridades por motivos de interés particular o general. Esta
Corporación ha reconocido que el núcleo esencial del derecho de petición se
encuentra resguardado una vez se suministre una respuesta oportuna y de fondo a
la solicitud elevada[79].
En este sentido, debe entenderse que la
obligación de dar una respuesta,  no supone el compromiso de resolver en un
determinado sentido la petición, es decir, a favor o en contra de la solicitud
del peticionario, sino tan solo la exigencia de contestar la solicitud
presentada por el ciudadano de manera completa y oportuna.
50. Por su
parte, la Ley 1755 de 2015, “por
medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un
título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo”, determina que toda actuación iniciada
por cualquier persona ante las autoridades supone el ejercicio del derecho de
petición, sin que sea necesario invocarlo, por medio de éste se podrá solicitar
el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad, la definición
de una situación jurídica y el requerimiento de información, entre otras (art.
13).
Además, señala la
norma que el término para resolver las diferentes modalidades de petición es de
15 días siguientes a su recepción, a menos que se trate de una solicitud de
documentos e información –término de 10 días siguientes a la recepción- o de
consulta a autoridades sobre materias a su cargo -30 días-. De no ser posible
la respuesta en los términos fijados, la autoridad deberá informar al
interesado antes del vencimiento del término, señalar los motivos de demora,
dando un plazo razonable para su respuesta (art. 14). También fija un deber
especial de los personeros
distritales y municipales y de los servidores de la Procuraduría y la
Defensoría del Pueblo, de prestar de manera eficaz e inmediata, según sus ámbitos
de competencia de garantía del derecho de petición, así fuese necesario su intervención
ante otras autoridades competentes para exigir el cumplimiento de un deber
legal (art. 23).
51. Así, la jurisprudencia constitucional
ha entendido de manera general, que es un derecho que involucra dos momentos
diferentes:
"el de la
recepción y trámite de la solicitud, el cual implica el debido acceso de la
persona a la administración para que ésta considere el asunto que se le plantea,
y el de la respuesta, cuyo sentido trasciende el campo de la simple adopción de
decisiones y se proyecta a la necesidad de llevarlas al conocimiento del
solicitante.”[80]
Por lo tanto, al dar una
respuesta, las entidades administrativas deben cumplir con los requisitos de:
(i) oportunidad, (ii) resolución clara, precisa y congruente con aquello que
fue solicitado, iii) notificación al interesado de la respuesta a su solicitud.
Vencido el término sin respuesta, se vulnera el derecho de petición o, cuando
oportunamente respondida, no se cumple con los requisitos antes enunciados
–oportunidad, respuesta clara y comunicación de la respuesta a la solicitud-.
Caso concreto
-Presentación del caso
52. El señor Henry Acuña
Cordero, interpuso acción de tutela contra la Personería Local de Fontibón, la
Alcaldía Local de Fontibón, la Secretaría Distrital de Salud, el Centro de
Zoonosis y la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá por considerar
vulnerados su derecho fundamental de petición y al bienestar animal. Afirmó que
la decisión de las autoridades accionadas de ordenar un operativo de
recolección de 25 perros ubicados en el Parque Ecológico Distrital del Humedal
de Capellanía -localidad de Fontibón-, que presuntamente terminará en el
sacrificio de los animales, lesiona el bienestar animal. Al tiempo que la omisión de la Personería de Bogotá y la Alcaldía local de
Fontibón de dar una respuesta de fondo a la solicitud que busca financiamiento
para el refugio, alimentación y asistencia médica de los canes, vulnera su
derecho  de fundamental de petición.
En virtud de lo anterior, el accionante pretende que el juez de
tutela ordene a las entidades accionadas que den respuesta
de fondo al derecho de petición elevado el 3 de marzo de 2015 y provean
recursos tanto económicos como técnicos para que se puedan salvar los animales,
ser reubicados y mantenerlos a salvo, sin que el Centro de Zoonosis asuma el
cuidado de los perros.
Los jueces de instancia decidieron negar el
amparo del derecho de petición en la medida en que las solicitudes elevadas por
el accionante fueron respondidas por las autoridades accionadas de manera
oportuna, de fondo y congruentemente. Respecto del derecho al bienestar animal
consideraron que se trata de un problema de rango legal, al tratarse del
derecho colectivo a la protección del medio ambiente, razón por la cual no es
amparable por vía de tutela porque para ello existen mecanismos judiciales
idóneos y eficaces.
En respuesta a la acción de tutela, la
Personería de Bogotá indicó que respondió la petición elevada por el señor
Acuña, el 13 de marzo de 2015[81].
Señaló que lo solicitado por el accionante no se encuentra dentro del marco de
competencias de la Personería pues sus potestades se circunscriben a la defensa
del interés público y colectivo de los bogotanos. Por su parte, autoridades
como la Secretaría Distrital de Salud y la Alcaldía Local de Fontibón
manifestaron que el humedal de Capellanía está en un proceso de recuperación en
virtud de una acción popular que ordenó el cerramiento del mismo, para impedir
la invasión de personas y animales ajenos al ecosistema.   En virtud de lo
anterior, solicitaron que se niegue el amparo de los derechos fundamentales
invocados.
-Procedibilidad
53. Teniendo
en cuenta que en el caso concreto, la conducta que se reprocha supone el
desconocimiento de un derecho de carácter colectivo, como es el medio ambiente,
cuyo amparo puede ejercerse a través de la acción popular, de conformidad con
el artículo 88 CP, desarrollado en la Ley 472 de 1998. Sin embargo, en
los términos de la sentencia C-189 de 2006[82]
es necesario concluir que “hoy en día, el ambiente sano no sólo es
considerado como un asunto de interés general, sino primordialmente como un
derecho de rango constitucional del que son titulares todas las personas en
cuanto representan una colectividad”.  El problema que persiste en la
fundamentabilidad del derecho al medio ambiente es que se trata de un interés
difuso que dificulta su exigibilidad.
54. La Asamblea Nacional Constituyente previó que en los
derechos colectivos “[e]l titular de derecho
colectivo es la persona jurídica o natural, pero este derecho se ejerce de manera
idéntica y uniforme con muchos otros individuos que pertenecen
a un determinado grupo social o humano”.
Así mismo,
al
momento de otorgar un significado a
los derechos colectivos se dijo:
“[e]l concepto de derecho colectivo se ve más claro desde el punto de vista negativo. Cuando el derecho se desconoce o se afecta. Cuando se deja de responder a las necesidades comunes del grupo, produciéndose
el
perjuicio colectivo, que afecta a amplios
grupos de la población.”[83]
55. Según la jurisprudencia del Consejo de Estado, un
derecho colectivo es aquel que está en cabeza de una comunidad entera, que se
diferencia de un derecho individual cuya titularidad recae en una persona
determinada. En ese orden de ideas, la prosperidad de las pretensiones en la
acción popular está establecida en la acción y omisión de autoridades públicas
o particulares que amenacen o violen un derecho colectivo.  Así, con el
ejercicio de una acción popular no se pretende la protección de un derecho
individual reclamado por varias personas, ni la acumulación de pretensiones[84].
El alcance de la acción
popular y los derechos colectivos, ha sido definido por el Consejo de Estado[85] de la siguiente manera:
“Los colectivos son intereses de
representación difusa, en la medida en que suponen la reivindicación de
derechos cuyo titular es un grupo indeterminado o indeterminable de personas
que, en potencia, pueden ser, incluso, todos los que integran una comunidad.
Por eso ha dicho la Corte
Constitucional que, es imposible enmarcar el interés colectivo en un ámbito
meramente subjetivo o particular, pero que cualquier persona perteneciente a un grupo o una comunidad puede acudir
ante los jueces  para  exigir  la  defensa  de  tal  colectividad, con  lo
cual  logra simultáneamente proteger su propio interés.
Por otra parte, si bien la
Constitución, en el artículo 88, menciona algunos intereses colectivos, tal
enumeración no es taxativa, pues, la ley o los tratados internacionales pueden
calificar como tales otros intereses similares a los contenidos en el artículo
88 de la Carta.
Dicho planteamiento se tiene por
fundamento lo dispuesto en inciso final del artículo 4 de la Ley 472 de 1998,
que prevé:
Igualmente son derechos e
intereses colectivos los definidos como tales en la Constitución, las leyes
ordinarias y los tratados de derecho internacional celebrados por Colombia.”
Lo anterior supone, que si bien
no se trata de una enumeración taxativa, sólo pueden considerarse como
intereses o derechos colectivos aquellos reconocidos como tales por cualquiera
de las normas aludidas y sólo a partir de su reconocimiento son susceptibles de
protegerse por medio de la acción popular, de  toda  acción  u  omisión de
las  autoridades públicas y  los particulares que, los amenace o vulnere. Es
decir, que la calidad de derecho colectivo no la ostentan per se, no surge de
su propia naturaleza, sino que es necesario que el ordenamiento jurídico los
reconozca como tales.
De modo que, si bien la Sala ha
reiterado ciertas características inherentes a los derechos e intereses
colectivos, entre ellas, es menester mencionar el reconocimiento –como tales-
hecho por la Constitución Política, la ley, o los tratados internacionales que
hayan seguido los trámites de recepción por el ordenamiento interno colombiano.
Lo anterior es evidente y, lo ha
puesto de presente la Sala, al establecer que si bien un derecho colectivo
compromete el interés general, no todo lo que suponga este  último  configura
por  esa  sola  característica, un  derecho colectivo, así mismo, el sólo hecho
de que una determinada situación, afecte a un número plural de personas, no
supone, necesariamente la violación de derechos o intereses colectivos…”.
56. Por esta razón, la  jurisprudencia
de la Corte Constitucional ha establecido que la acción de tutela es
excepcionalmente procedente para la protección de intereses colectivos cuando
se busca el resguardo, a su vez, de un derecho fundamental[86].
Así, debe evaluar el juez de tutela en el caso concreto que:
(i)
la acción
popular no sea idónea para amparar el derecho fundamental afectado, porque
pueda ser eficaz para la protección de derecho colectivo pero no para el
resguardo de uno de rango fundamental;
(ii)
exista una
conexidad entre la vulneración de un derecho colectivo y la violación o amenaza
de un derecho fundamental, de manera tal que el daño al derecho fundamental
tenga una consecuencia directa e  inmediata;
(iii)
el
peticionario debe ser el titular del derecho fundamental que se encuentra
afectado;
(iv)
la amenaza
o vulneración tiene que ser real, no puede ser hipotética y debe estar
demostrada;
(v)
la orden
que dé el juez de tutela debe estar encaminada a buscar el restablecimiento del
derecho fundamental afectado y no del derecho colectivo que lo acompaña[87].
Específicamente
tratándose del derecho de los animales, el órgano de cierre de la jurisdicción
contenciosa ha señalado que las acciones populares son el medio adecuado para
la protección de los mismos.
Por lo tanto, la Sala debe determinar si ¿del
mandato constitucional de protección al bienestar animal se desprende la
titularidad de un derecho exigible por cualquier persona con el fin de evitar
un presunto maltrato animal del que serán víctimas los perros que habitan el
humedal de Capellanía, al ser recolectados por la Secretaría Distrital de Salud
con el fin de resguardar el ecosistema del cual son ajenos y la garantizar la
recuperación del espacio público?
Así las cosas, de varios de los
requisitos establecidos en el artículo 86 CP y en el Decreto 2591 de 1991, como
la jurisprudencia han señalado para la procedencia de la acción de tutela, se
estudiará el caso concreto.
57. Tratándose de un caso en el cual está
en juego la preservación del medio ambiente y la protección animal, según el
artículo 88 de la Constitución Política, existe el mecanismo judicial de la
acción popular para buscar el resguardo de los mismos. Sin embargo, la jurisprudencia
constitucional y del Consejo de Estado, han establecido excepciones de
procedibilidad cuando por ejemplo, de la vulneración de un derecho colectivo se
desprenda la amenaza o lesión de un derecho fundamental –teoría de la
conexidad- o, siguiendo lo consagrado en el artículo 86 CP., el mecanismo
judicial existente no sea idóneo o eficaz para la protección de los derechos
lesionados, en cuyo caso el amparo constitucional será transitorio.
En aras de discusión, la jurisprudencia
ha consagrado que se configura una vulneración a los derechos fundamentales a
la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad, cuando se imponen restricciones
arbitrarias a la tenencia de un animal doméstico. Con ello, se han amparado
derechos de rango constitucional predicables de las personas, pero no de los
animales.
58. En este orden de ideas, las
actuaciones adelantadas por la administración local y las demás entidades
encargadas de la preservación del medio ambiente y del espacio público en el
caso concreto, tienen el propósito de (i) preservar el ecosistema del humedal,
(ii) garantizar la integridad de los animales ajenos al ecosistema que en él se
alojan, (iii) garantizar, armónicamente, a través de procedimientos previstos
para ello[88],
el mando constitucional de protección al medio ambiente y la fauna que lo
compone y, (iv) realizar las medidas preventivas sanitarias para la recolección
de animales que puedan representar un riesgo para los seres humanos, con el fin
de someter los animales a observación en lugares adecuados, para su
eliminación sanitaria o para su tratamiento.
Así, se pudo comprobar que la
Secretaría Distrital de Salud realizó dos operativos de recolección de caninos
en la localidad de Fontibón, en los cuales fue intervenido el Humedal Capellanía.
En el primer operativo no fueron capturados caninos, en el segundo, del 6 de
noviembre, fueron capturados dos caninos –macho y hembra-, que fueron
trasladados al Centro de Zoonosis de Bogotá. Señaló que los perros fueron
atendidos por médicos veterinarios, “quienes realizan un examen clínico y se
determinó que el canino macho presentaba una dermatitis generalizada que
requería tratamiento dermatológico, actualmente este canino (…) se encuentra en
la zona 2 del Centro recibiendo tratamiento y la hembra fue entregada a la
señora Clara Inés Rodríguez, representante de la comunidad de
Capellanía-Fontibón, a través de acta de salida de animales especiales, quien
se comprometió a cuidarla en la guardería Wonderdogs ubicada en el municipio de
Chía hasta ser entregada en adopción, proceso que se ha venido siendo
verificado por el veterinario de Zoonosis”[89].
En el mismo sentido, el Centro de Zoonosis de la Secretaría
Distrital de Salud manifestó que los operativos de recolección canina, tienen el
propósito de capturar animales en condición de abandono y que se encuentran en
condiciones inadecuadas higiénicas sanitarias, que podría representar un riesgo
para la salud pública y para la salud de los animales. Informó que los operativos
se realizan dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto Nacional 2257 de
1986, artículo 49, Resolución 0240 de 2014 de la Secretaría Distrital de Salud.
Igualmente, manifestó que el operativo cuenta con varios profesionales idóneos
para tratar a los animales –veterinarios, auxiliares de veterinaria, técnicos
de saneamiento ambiental,- quienes atienden los animales y garantiza la
atención médica y recuperación a fin de proporcionar bienestar animal y calidad
en los procesos de atención que incluyen cirugía de esterilización,
desparasitación cíclica, esquema de vacunación de acuerdo a su edad e
identificación a través de microchip, al finalizar este proceso los animales
son entregados en adopción mediante acta a personas que demuestren buenas
condiciones para el cuidado de los animales y se responsabilicen de darles un
buen trato y hogar[90].
De acuerdo con la jurisprudencia
constitucional, del principio de dignidad humana, de la solidaridad y de la
denominada constitución ecológica, se extrae un mandato constitucional de
protección al medio ambiente y específicamente, de protección del bienestar
animal, con ello se restringe todo tipo de actuaciones que supongan maltrato
animal. Sin embargo, su ejercicio supone el ejercicio de restricciones a la
libertad de los individuos e impone deberes tanto a los ciudadanos como al
Estado, que implican en su mínima expresión, la protección a la vida e
integridad de los animales.
59. Sin embargo, de la existencia
de un mandato constitucional de protección al bienestar animal, no se desencadena
la existencia de un derecho fundamental en cabeza de éstos, ni la exigibilidad
por medio de la acción de tutela al tratarse de un interés difuso, no
individualizable. De dicha noción si se extrae una serie de obligaciones para
los seres humanos de, entre otros, velar por la protección de los animales y
evitar el maltrato, la tortura o los actos de crueldad, además del cuidado de
su integridad y vida; los cuales pueden ser resguardados a través de diferentes
mecanismos judiciales entre ellos la acción popular para solicitar la
protección del medio ambiente; la acción de cumplimiento para exigir de la
administración el deber de protección al bienestar animal concretado en un acto
administrativo y ante actos reales y concretos de maltrato animal que no se
circunscriban a los límites legítimos al deber constitucional de protección
animal, existe sanciones penales y civiles contra los causantes de daño
ocasionado a los animales.
60. Por lo tanto, la Sala considera que la acción de tutela
es improcedente para la protección del deber constitucional de protección
animal, como quiera que no se puede extraer la existencia de un derecho, mucho
menos su fundamentabilidad, ni la exigibilidad para ser protegidos por medio de
la acción de tutela. En virtud de lo anterior, la Sala confirmará las
decisiones de instancia que decidieron, respecto a este tema, declarar la
improcedencia de la acción de tutela interpuesta por el señor Henry Acuña.
-Las
autoridades accionadas no vulneraron el derecho fundamental de petición del
accionante.
31. En virtud
del artículo 86 CP y el 10 del Decreto 2591 de 1991 procede la acción de tutela
para la protección de un derecho de rango fundamental, tal como es el derecho
de petición, consagrado en el artículo 23 CP. La jurisprudencia constitucional
ha establecido que el núcleo esencial del derecho de petición consiste en que
se dé respuesta oportuna, de manera clara, precisa y congruente con lo
solicitado y se notifique al interesado de la respuesta a su solicitud.
De conformidad con las pruebas que obran en el expediente,
se tiene que el señor Henry Acuña solicito a la Personería de Bogotá por medio
de una petición del 3 de marzo de 2015[91],
en la cual solicitó (i) intervención de la entidad en los operativos de
recolección de caninos que se llevarían a cabo en el humedal de Capellanía,
(ii) que se intercediera para la cancelación de los operativos previstos para
los próximos días, (iii) la consecución de recursos económicos y técnicos para
crear un refugio para los perros que serían desalojados del humedal.
A su vez, consta la respuesta al derecho de petición realizada
por la Personería de Bogotá, el 13 de marzo de 2015[92]
en la que se informa que la Personería “ha venido realizando un seguimiento
a la mesa de trabajo del Humedal Capellanía, organizada por esa comunidad en el
sector, a fin de verificar el accionar de cada una de las entidades que hacen
parte de la misma”, por lo cual la entidad continuaría realizando un
seguimiento a la mesa de trabajo para dar solución a la presencia de los
animales en el humedal.
De lo anterior se desprende que, además
de haber dado respuesta oportuna y comunicado al accionante, la petición
suministrada por la Personería también cumple con los requisitos de ser clara y
congruente y si bien no se resolvió a favor del peticionario, ésta si informó
de manera detallada, dentro del marco de las competencias de la entidad, las
labores que realizó para velar por la protección del humedal y los perros que
allí se encuentran, a la vez que indicó su futura participación en el
seguimiento de las mesas de trabajo que se surtan en aras de garantizar la
participación efectiva de la comunidad en la toma de decisiones que los
afecten. Además, informó que junto con la administración, están realizando un esfuerzo
para preservar el ecosistema del humedal de Capellanía.
Por esta razón, la Sala considera que las
entidades accionadas no vulneraron el derecho de petición del señor Henry
Acuña, pues dieron respuesta a su petición de manera oportuna, clara, precisa y
congruente, razón por la cual se confirmará los fallos de instancia que negaron
el amparo del derecho fundamental de petición.
62. Empero, no puede olvidarse que las
autoridades municipales, por diversos mandatos constitucionales, están en la
obligación de preservar y recuperar el medio ambiente, a su vez, deben cumplir
las órdenes judiciales, además de tener la obligación de protección del
bienestar animal, sujetándose a las garantías consagradas en el Estatuto de
Protección Animal. Se desprende de las pruebas que obran en el expediente que
las autoridades municipales están realizando esfuerzos significativos para
preservar el ecosistema del humedal Capellanía al tiempo que ha encaminado sus
esfuerzos a la recolección de los perros que allí viven, para proveerles
tratamiento veterinario, alimentación y ponerlos en un proceso de adopción. Así
las cosas, especialmente el Centro de Zoonosis y la Secretaría Distrital de
Salud, tienen el deber de respeto y cuidado a los perros que se encuentran en
el humedal Capellanía, preservando la vida animal y evitando todo tipo de
maltrato y crueldad frente a los perros, actuaciones que según consta en el
expediente, han sido realizadas con éxito por estas entidades.
63. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala
exhortará al Centro de Zoonosis y la Secretaría Distrital de Salud, que en el
marco de sus competencias y especialmente, las señaladas en la Resolución 0240
de 2014, en la realización de los operativos de recolección animal observe el deber
constitucional de protección animal y las garantías establecidas en el Estatuto
de Bienestar Animal y la Ley 1774 de 2016, teniendo la responsabilidad
de evitar y sancionar el maltrato de los perros, sacrificarlos innecesariamente
y garantizando el bienestar animal.
II.
CONCLUSIÓN.
1. Síntesis
del caso. El señor Henry Acuña Cordero,
interpuso acción de tutela contra la Personería Local de Fontibón, la Alcaldía
Local de Fontibón, la Secretaría Distrital de Salud, el Centro Zoonosis y la
Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá por considerar vulnerados su derecho
fundamental de petición y al bienestar animal. Afirmó que la decisión de las
autoridades accionadas de ordenar un operativo de recolección de 25 perros
ubicados en el Parque Ecológico Distrital del Humedal de Capellanía -localidad
de Fontibón-, termine en el sacrificio de los animales que estén enfermos y
poner en proceso de adopción los demás, que de no ser adoptados también serían
sacrificados. Asimismo, sostuvo que la omisión de la Personería
de Bogotá y la Alcaldía local de Fontibón de suministrar una respuesta de fondo
a la solicitud que busca financiamiento para el refugio, alimentación y
asistencia médica de los canes, es lesiva de sus derechos fundamentales. En virtud de lo anterior, el accionante pretende que el juez de
tutela ordene a las entidades accionadas que den respuesta
de fondo al derecho de petición elevado y otorguen recursos tanto
económicos como técnicos, para que se puedan salvar los animales, ser
reubicados y mantenerlos a salvo, sin que Zoonosis asuma el cuidado de los
perros.
La
Sala concluye que las actuaciones de las entidades accionadas se encuentran
conformes al deber constitucional de protección animal y del derecho de
petición, por lo cual se confirmarán las decisiones de instancia de negar el
amparo del derecho de petición y declarar la improcedencia de la acción de
tutela para proteger el bienestar animal.
2. Decisión. La
Corte confirmará las
decisiones de instancia que negaron el amparo del derecho de petición y
declarar la improcedencia de la acción de tutela para proteger el bienestar
animal.
Empero, se exhortará al Centro de
Zoonosis y la Secretaría Distrital de Salud, que en el marco de sus
competencias y especialmente las señaladas en la Resolución 0240 de 2014, en la
realización de los operativos de recolección animal, observe el deber
constitucional de protección animal y las garantías establecidas en el Estatuto
de Bienestar Animal y la Ley 1774 de 2016, teniendo la responsabilidad
de evitar y sancionar el maltrato de los perros.
3.
Razón de la decisión. No se vulnera el derecho de petición cuando se
suministra una respuesta oportuna y de fondo a las solicitudes elevadas ante la
administración. Por otra parte, es improcedente la acción de tutela para la
protección de bienestar animal, porque aunque exista un deber constitucional de
protección de éste, no se extrae la existencia de un derecho fundamental en
cabeza de los animales, ni su exigibilidad por medio de la acción de tutela, al
tratarse de un interés difuso, no individualizable. Sin embargo, del deber de
protección animal desencadenan una serie de obligaciones para los seres humanos
de, entre otros, evitar el maltrato, la tortura o los actos de crueldad y velar
por el cuidado de su integridad y vida con las excepciones previstas en la ley
y en la jurisprudencia constitucional.
III.
DECISIÓN
La Corte
Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre
del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia del Juzgado
Veintisiete Civil del Circuito de Bogotá, del 26 de agosto de 2015 que confirmó
la providencia del Juzgado Once Civil Municipal de Bogotá, del 7 de julio de
2015, que negó el amparo del derecho de petición y declaró improcedente la
acción de tutela para la protección del derecho al bienestar animal, de
conformidad con lo expuesto en esta providencia, en la acción de tutela
interpuesta por el señor Henry Acuña Cordero contra la Personería Local de
Fontibón, Alcaldía Local de Fontibón, la Secretaría Distrital de Salud, el
Centro Zoonosis y la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá.
SEGUNDO.- EXHORTAR al Centro de Zoonosis y la Secretaría Distrital de Salud o a
quien haga sus veces, que en el marco de sus competencias y especialmente las
señaladas en la Resolución 0240 de 2014, en la realización de los operativos de
recolección animal, observe el mandato constitucional de protección animal y
las garantías establecidas en el Estatuto de Bienestar Animal y la Ley 1774
de 2016, teniendo la responsabilidad de evitar y sancionar el maltrato de los
perros, en los términos allí previstos.
TERCERO.- Por
Secretaría, líbrese la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591
de 1991.
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
Con aclaración de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
ACLARACIÓN DE VOTO DE LA
MAGISTRADA
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
A LA SENTENCIA T-095/16
DIFERENCIA ENTRE CONCEPTO DE BIENESTAR ANIMAL Y
DERECHOS DE LOS ANIMALES (Aclaración de voto)
El debate de la protección de los
derechos de los animales, como lo explica Cass Sunstein, se puede resumir en
dos posiciones: (i) quienes defienden el concepto de bienestar animal; y (ii)
aquellos que consideran que existe una justiciabilidad de los derechos de los
animales. El primero, se limita a impulsar reformas legales que proscriban los
tratos crueles contra los animales mientras que el segundo se opone a cualquier
uso de los animales, entendido claro como una acción abusiva, injustificada y
desproporcionada contra los mismos. Esta última idea se fundamenta en la formulación
del imperativo categórico kantiano, aquella premisa que sostiene que los seres
humanos deben ser tratados como un fin en si mismo y no como un medio. Así,
dentro de la estructura de la exigibilidad de estos derechos entonces, se
entiende que dicho imperativo se debe extender a todos los seres sintientes, o
por lo menos a algunos de ellos.
ACCION DE TUTELA PARA LA PROTECCION Y BIENESTAR
ANIMAL-Declarar improcedencia excluye la posibilidad que se protejan
los derechos de seres sintientes reconocidos en la Constitución (Aclaración de
voto)
Referencia: T-5.193.939
Acción de tutela presentada por Henry Acuña Cordero contra la
Personería Local de Fontibón, la Alcaldía Local de Fontibón, la Secretaría
Distrital de Salud, el Centro Distrital de Zoonosis y la Secretaría Distrital
de Ambiente de Bogotá.
Magistrado Ponente:
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Con el respeto acostumbrado por las decisiones de la Sala de
Revisión, me permito presentar la siguiente aclaración de voto a la sentencia
T-095 de 2016. En dicha providencia, la Sala conoció de una tutela interpuesta
por un habitante del sector aledaño al Humedal Capellanía en Bogotá D.C., lugar
donde habitan 25 perros que de tiempo atrás son alimentados y protegidos por un
grupo de voluntarios. El peticionario señaló que los animales vivían en un “estadio
semi-salvaje” lo que dificultaba su captura para realizarles procedimientos
de control animal, como la castración o algún tipo de tratamiento veterinario.
Por lo anterior, presentó una solicitud en ejercicio de su derecho de petición
a la Personería de Bogotá con el fin de solicitarle a la entidad colaboración
inmediata para reubicar a los animales o, en su defecto, construir un refugio
para los mismos. Ante el requerimiento, la Subdirección de Determinantes en
Salud de la Alcaldía Mayor de Bogotá informó que no iba a realizar un
procedimiento de recolección programado con anterioridad debido a que la
Alcaldía Local de Fontibón y la Secretaría Distrital de Ambiente, entidades
responsables de participar en este tipo de actividades, no iban a estar
presentes.
En su tutela, el actor manifestó que esta inacción por parte de
las entidades distritales ponía en grave riesgo a los animales. Lo anterior,
debido a que en los operativos ordinarios de recolección de animales el Centro
de Zoonosis los clasifica como enfermos y sanos, siendo los primeros
sacrificados mientras que los otros son puestos en adopción por un tiempo
determinado, después del cual también son sometidos a la eutanasia. Debido a
esto, en su amparo constitucional solicitó una respuesta de fondo a su petición
en el sentido de que se asignen recursos económicos y técnicos suficientes para
que los perros puedan ser reubicados de una manera segura y sin el riesgo de
que se proceda con su sacrificio. A su vez, los jueces de instancia negaron la
tutela ya que consideraron que la solicitud elevada por el actor fue resuelta
de fondo y de manera oportuna. Por lo demás, los jueces consideraron que se
aportaron pruebas que demostraron que la administración distrital estaba
trabajando de forma mancomunada con la comunidad para recuperar el humedal y
solucionar los problemas de salubridad que la presencia de los perros genera.
En su decisión la Sala Tercera de Revisión confirmó las decisiones
de instancia pero, después de realizar algunas consideraciones con respecto al
alcance del concepto de Constitución Ecológica en nuestro diseño
constitucional, exhortó al Centro de Zoonosis a que en el marco de sus
competencias en el futuro procure que en los operativos de recolección de
animales en la ciudad se observe el mandato constitucional de protección sobre
los mismos y las garantías establecidos en el Estatuto de Bienestar Animal como
medida preventiva para evitar cualquier forma de maltrato.
Considero que el fallo es razonable en la medida en que: (i)
existió una respuesta de fondo a la solicitud elevada por el actor; (ii) de las
diferentes pruebas decretadas por la Sala es claro que las entidades accionadas
aplicaron de manera adecuada los protocolos de recolección y de recuperación
del espacio público; y (iii) se dispuso de espacios de concertación con la
comunidad. Sin embargo, discrepo de manera profunda con un argumento esgrimido
por la Sala para defender la improcedencia de la tutela según el cual no existen
argumentos morales, filosóficos o judiciales para defender la titularidad de
derechos fundamentales en cabeza de los animales por lo que para su protección
existen otros medios constitucionales idóneos.
En mi opinión, esta es una posición que desconoce los debates de
teoría y filosofía constitucional que en los últimos años han defendido un
reconocimiento expreso de ciertos derechos en cabeza de todos los seres
sintientes y la posibilidad de protegerlos a través de acciones judiciales
concretas. Así, una verdadera interpretación
finalista y sistemática del principio de Constitución Ecológica debe
incluir el reconocimiento pleno e irresoluto del bienestar animal, en razón a
que el Derecho Constitucional es un límite claro y sustancial de todo trato
cruel y denigrante contra los animales.
El debate de la protección de los derechos de los animales, como
lo explica Cass Sunstein[93], se puede
resumir en dos posiciones: (i) quienes defienden el concepto de bienestar
animal; y (ii) aquellos que consideran que existe una justiciabilidad de
los derechos de los animales. El primero, se limita a impulsar reformas
legales que proscriban los tratos crueles contra los animales mientras que el
segundo se opone a cualquier uso de los animales, entendido claro como una
acción abusiva, injustificada y desproporcionada contra los mismos. Esta última
idea se fundamenta en la formulación del imperativo categórico kantiano[94], aquella premisa que sostiene que los seres humanos deben ser
tratados como un fin en si mismo y no como un medio. Así, dentro de la
estructura de la exigibilidad de estos derechos entonces, se entiende que dicho
imperativo se debe extender a todos los seres sintientes, o por lo menos a
algunos de ellos.
En ese sentido una adecuada hermenéutica de la Constitución Ecológica
debe admitir visiones que van más allá del utilitarismo que defiende el
concepto de bienestar animal como una mera conducta de cuidado por parte de los
humanos. Así, por ejemplo, los jueces constitucionales deben defender una
aproximación que reconozca las capacidades de todos los seres para sentir como
medida para determinar la titularidad de derechos. En términos sencillos, no es
aceptable desde la ética pública la crueldad contra los animales pues su
capacidad natural de sentir dolor impone una obligación de compasión y humildad
hacia ellos.
Los humanos compartimos un mundo de recursos finitos con una gran
variedad de seres sintientes que merecen una vida digna. Es cierto que pueden
existir muchas interpretaciones alrededor de lo que puede significar ese
concepto pero, sin embargo, considero, al igual que Martha Nussbaum[95], que la protección que merecen los animales contra el maltrato es
un asunto elemental de justicia por los que el discurso de derechos, y su
titularidad, debe ser extendido a todas las especies.
Por estas razones, la afirmación que realiza la mayoría de la
Sala, y de la cual me separo totalmente es imprecisa por dos razones: (i)
desconoce los amplios debates que la Filosofía del Derecho ha promovido
alrededor de la protección animal; y (ii) carece de la empatía del buen juez
constitucional al omitir reconocer que el concepto de dignidad va más allá de
la especie humana. Esto es problemático, en particular para lo que atañe el
ordenamiento jurídico en Colombia, pues la premisa defendida en la providencia
excluye la posibilidad de que a través de la acción de tutela se protejan los
derechos de seres sintientes reconocidos en la Constitución. Una afirmación de
este tipo debe ser reprochada, pues excluye de tajo la posibilidad de que la
justicia constitucional, quien por definición es la que determina el alcance y
contenido de los derechos, pueda a través de la acción de tutela imponer zonas
vedadas a la crueldad e injusticia contra los animales.
En otras palabras, la desafortunada afirmación de mis compañeros
de Sala, reniega sin ahondar en alguna razón sustancial en un principio clásico
del utilitarismo legal que fundamenta el principio de dignidad e igualdad en el
discurso constitucional liberal: todos valen por uno y nadie vale más que el
otro[96]. Puesto de otra manera, todas las acciones deben ser medidas a
partir de los intereses de los seres que se ven afectados por las mismas. La
anterior premisa es la piedra angular de la filosofía moral contemporánea y le
da contenido a principios tan importantes para nuestro discurso constitucional
como lo son el de la igualdad y la dignidad. Por eso, afirmaciones descuidadas
como la que no comparto en esta oportunidad, denotan un juicio de valor
limitado y peligroso. Si el mismo logra cimentarse en la jurisprudencia
constitucional de este Tribunal no solo actuaríamos en contra de nuestra
función de guardianes de la Constitución sino que, peor aún, avalaríamos como jueces
una actuación abiertamente injusta y despreciable como lo es el maltrato a los
animales. Desconocer, como lo hace la mayoría de la Sala, que la tutela puede
ser un medio idóneo para proteger los derechos de los animales desconoce los
mandatos que la Constitución Ecológica le impone a los jueces
constitucionales va en contra de su obligación principal: ser representantes
del interés general que incluye, por supuesto, el trato digno, compasivo y
respetuoso de los animales.
Como jueza, considero que esto es inaceptable y contradice de
manera intolerable el modelo de virtudes judiciales que defiendo. La dignidad
no debe conocer de ninguna barrera, y menos cuando ya existe un hondo asidero
en la Teoría del Derecho Constitucional que sustenta mi posición, cosa que no
ocurre con la afirmación que denuncio.
En los anteriores términos, dejo resumidos los argumentos que
sustentan la razón de mi aclaración voto en los aspectos relacionados.
Fecha ut supra.
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
[1]
Acción de tutela presentada el veinticinco (25) de junio de 2015
(Folios 1 a 49 del c. 2).
[2]
Folios 5 a 15 del cuaderno No. 2. Esta petición fue igualmente dirigida a
Zoonosis, el 13 de marzo de 2015 (Folios 16 a 17 del c. 2).
[3]
Folio 18 del c. 2.
[4]
Folio 71 del c. 2.
[5]
Folios 73 a 77 del c. 2.
[6]
A folio 88 consta respuesta de la Personería de Bogotá al derecho de petición
elevado por el señor Henry Acuña.
[7]
Folios 83 a 140 del c. 2.
[8]
El señor Héctor Luis Cristancho Ávila interpuso una demanda en ejercicio de una
acción popular contra la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y
otras, en la cual se decidió declarar vulnerados los derechos colectivos al
espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, la
existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de
los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible. En el fallo se
ordenó realizar un plan de educación ambiental de las personas aledañas al
humedal Capellanía para evitar que se incurra en conductas que pongan en riesgo
su conservación y, evaluar la posibilidad del cerramiento definitivo del
humedal para no permitir el ingreso de personas o animales no autorizados y que
sean ajenos al ecosistema, entre otras órdenes. (Folios 151 a 172 del c. 2).
[9]
Folio 148 a 180 del c. 2.
[10]
Folios 192 a 194 del c. 2.
[11]
Folio 194 del c. 2.
[12]
Folios 207 a 218 del c. 2.
[13]
Folios 3 a 6 del c. 3.
[14]
Folio 6 del c. 3.
[15]
Folios 26 del c. principal.
[16]
La respuesta al auto de pruebas consta en los folios 27 a 60 del c. principal.
[17]
Folios 63 a 95 del c. principal.
[18]
Folios 96 a 97 del c. principal.
[19]
Folios 97 a 99 del c. principal.
[20]
Por ser relevante para la resolución del caso concreto, la información sobre
los operativos caninos suministrada por la Secretaría Distrital de Salud, será
ampliada a lo largo de la sentencia.
[21]
Folios 124 a 126 del c. principal.
[22]
La facultad informa que las “perchas son un tubo con lazo en su
extremo que permiten evitar un contacto riesgoso con el animal y ejercen
presión para evitar el escape, sin que implique un riesgo de asfixia”.
[23]
Sentencia T-881 de 2002. M.P. Eduardo
Montealegre Lynett.
[24]
Sentencia T-010 de 1999. M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[25]
M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[26]
Sentencia T-235 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[27]
Así lo trató la Sentencia T-016 de 2007. M.P. Humberto Sierra
Porto.
[28]
Sentencia T-770 de 2011. M.P. Mauricio González Cuervo.
[29]
Ver salvamento de voto de la Magistrada María Victoria Calle a las sentencia
C-483 de 2014.
[30]
Sentencia T-016 de 2007. M.P. Humberto Sierra Porto.
[31]
Ferrajoli, Luigi. Sobre los derechos fundamentales. Teoría del
neoconstitucionalismo. Editorial Trotta, Instituto de Investigaciones
Jurídicas- UNAM. Madrid, 2007. Pg. 73.
[32]
Ibídem. Pg. 71 a 79.
[33]
Algunos derechos ya no son exclusivos de los individuos aisladamente considerados,
sino también en cuanto se encuentran insertos en grupos y organizaciones, cuya
finalidad sea específicamente la de defender determinados ámbitos de libertad o
realizar los intereses comunes.
[34]
Sentencia T-411 de 1992. M.P.
[35]
Sentencia T-770 de 2011. M.P. Mauricio González Cuervo.
[36]
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[37]
Sentencia C-371 de 2014. M.P. Jorge Ignacio Pretelt.
[38]
Sentencias C-666 de 2010, C-234 de 2014. Ver salvamentos de voto.
[39]
Sentencia C-569 de 2004. M.P. Rodrigo Uprimny.
[40]
Sentencia T-416 de 1997, reiterada por la sentencia T-1191
de 2004 y T-799 de 2009.
[41]
Entre otras, sentencias: T-504 de 1996, T-315 de 2000, T-531
de 2002 y T-1025 de 2005.
[42]
Entre otras, sentencias: T-625 de 2009, T-197 de 2009, T-411
de 2006, T-630 de 2005, T-843 de 2005 y T-1007 de 2001.
[43]
Sentencia T-947 de 2006.
[44]
Artículo 86 Constitución Política.
[45]
Que su existencia sea actual o potencial, es decir que se pueda inferir razonablemente
de los hechos reales y no de conjeturas. (Sentencia T- de 456 de 2004).
[46]
Se requiera la adopción de medidas impostergables que pretendan evitar la
realización del daño (Sentencia T-211 de 2009).
[47] Ver sentencias T-494 de 2006SU-544 de 2001, T-142 de 1998 y T-225 de
1993.
[48]
Sentencia T-411 de 1992. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[49]
Sentencia T-02 de 1992. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[50] De conformidad con la sentencia T-411 de 1992, las
disposiciones constitucionales que conforman la llamada Constitución ecológica
son: “Preámbulo (vida), 2o (fines esenciales del
Estado: proteger la vida), 8o (obligación de proteger las riquezas
culturales y naturales de la Nación), 11 (inviolabilidad del derecho a
la vida), 44 (derechos fundamentales de los niños), 49 (atención
de la salud y del saneamiento ambiental), 58 (función ecológica de la
propiedad), 66 (créditos agropecuarios por calamidad ambiental), 67 (la
educación para la protección del ambiente), 78 (regulación de la
producción y comercialización de bienes y servicios), 79 (derecho a un
ambiente sano y participación en las decisiones ambientales), 80 (planificación
del manejo y aprovechamiento de los recursos naturales), 81 (prohibición
de armas químicas, biológicas y nucleares), 82 (deber de proteger los
recursos culturales y naturales del país), 215 (emergencia por
perturbación o amenaza del orden ecológico), 226 (internacionalización
de las relaciones ecológicas, 268-7 (fiscalización de los recursos
naturales y del ambiente), 277-4 (defensa del ambiente como función del
Procurador), 282-5 (el Defensor del Pueblo y las acciones populares como
mecanismo de protección del ambiente), 289 (programas de cooperación e
integración en zonas fronterizas para la preservación del ambiente), 300-2 (Asambleas
Departamentales y medio ambiente), 301 (gestión administrativa y fiscal
de los departamentos atendiendo a recursos naturales y a circunstancias
ecológicas), 310 (control de densidad en San Andrés y Providencia con el
fin de preservar el ambiente y los recursos naturales), 313-9 (Concejos
Municipales y patrimonio ecológico), 317 y 294 (contribución de
valorización para conservación del ambiente y los recursos naturales), 330-5
(Concejos de los territorios indígenas y preservación de los recursos
naturales), 331 (Corporación del Río Grande de la Magdalena y
preservación del ambiente), 332 (dominio del Estado sobre el subsuelo y
los recursos naturales no renovables), 333 (limitaciones a la libertad
económica por razones del medio ambiente), 334 (intervención estatal
para la preservación de los recursos naturales y de un ambiente sano), 339 (política
ambiental en el plan nacional de desarrollo), 340 (representación de los
sectores ecológicos en el Consejo Nacional de Planeación), 366 (solución
de necesidades del saneamiento ambiental y de agua potable como finalidad del
Estado).”
[51]
De conformidad con la sentencia C-528 de 1994 M.P. Fabio Morón Díaz, “Se
observa que esta modalidad no es nueva dentro de los Estados de Derecho, y que
desde los albores de la revolución liberal se acude a la incorporación de los
principios contenidos en declaraciones universales de derechos y de valores,
como la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, sin
que por su incorporación por vía de principio de interpretación de la ley o de
pautas de conductas legalmente reconocidas dentro de las estructuras de los
ordenamientos jurídicos, o de referencias de carácter normativo y de vigor
jurídico, se les esté incorporando como si fuesen tratados internacionales o
convenciones o cualquiera otro instrumento de dicha índole.
En este caso se encuentra que la declaración a la que
se hace referencia no es un instrumento internacional, ni es un documento que
está abierto a la adhesión de los Estados o de los organismos internacionales o
supranacionales, con el carácter de un instrumento internacional con fuerza
vinculante; es una declaración producida por la Conferencia de las Naciones
Unidas  sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, reunida en Río de Janeiro
del 3 al 14 de junio de 1992, en la que se proclaman los mencionados
principios”.
[52]
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, 16 de junio
de 1972.
[53]
Aprobado mediante la Ley 74 de 1968.
[54]
Aprobado por la Ley 357 del 21 de 1997.
[55]
http://www.ramsar.org/es/acerca-de/la-convenci%C3%B3n-de-ramsar-y-su-misi%C3%B3n
[56]
Sentencia T-411 de 1992. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[57]
Sentencia T-760 de 2007. M.P. Clara Inés Vargas.
[58]Sentencia T-125 de 1994. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[59]
Sentencia C-666 de 2010. M.P. Humberto Sierra Porto.
[60]
Londres, 23 de septiembre de 1977. Adoptada por la Liga Internacional de los
Derechos del Animal y las Ligas Nacionales afiliadas en la Tercera reunión
sobre los derechos del animal, celebrada en Londres del 21 al 23 de septiembre
de 1977. Proclamada el 15 de octubre de 1978 por la Liga Internacional, las
Ligas Nacionales y las personas físicas que se asocian a ellas.
[61]
Aprobado mediante la Ley 165 de 1994.
[62]
De entrada la Ley 84 de 1989 objeta la relación abusiva o cruel del hombre con
la naturaleza y llama la atención de todos a partir del siguiente epígrafe: “los
animales tendrán en todo el territorio nacional especial protección contra el
sufrimiento y el dolor, causados directa o indirectamente por el hombre”
(art. 1º); enseguida, dentro de sus objetivos, la misma insiste en rechazar el dolor
y sufrimiento animal, plantea la promoción de su salud, bienestar, respeto
y cuidado, y propone desarrollar medidas efectivas para la preservación de
la fauna silvestre.  Como tal, la ley impone un conjunto de obligaciones
específicas para lograr su cometido, todas ellas enmarcadas en el compromiso de
evitar causar daño o lesión a cualquier especie (art. 4º), y enlista el
conjunto de actos que considera perjudiciales y crueles aplicables, en su gran
mayoría, a las maniobras de cacería reguladas por el CRNR y su decreto
reglamentario. Sentencia T-760 de 2007.
[63]
El artículo 20ª de la Ley Fundamental Alemana prevé: “[Protección de los
fundamentos naturales de la vida y de los animales] El Estado protegerá,
teniendo en cuenta también su responsabilidad con las generaciones futuras,
dentro del marco del orden constitucional, los fundamentos naturales de la vida
y los animales a través de la legislación y, de acuerdo con la ley y el
Derecho, por medio de los poderes ejecutivo y judicial.”
[64]
El artículo 80 de la Constitución Suiza establece “Protección de los animales 1
La legislación sobre la protección de los animales es competencia de la
Confederación. 2 En particular, la legislación federal regulará: a. la custodia
de los animales y los cuidados que deban dárseles; b. la experimentación con
animales y los atentados a la integridad de animales vivos; c. la utilización
de animales; d. la importación de animales y de los productos de origen animal;
e. el comercio y transporte de animales; f. la matanza de animales. 3 La
ejecución de las prescripciones federales incumbe a los cantones, salvo que la
ley reserve expresamente la competencia de la Confederación.”
[65]
El artículo 71 de la Constitución de Ecuador de 2008, consagra: “La naturaleza
o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se
respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus
ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona,
comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el
cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos
derechos se observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo
que proceda. El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a
los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos
los elementos que forman un ecosistema”.
[66]
Los artículos 33 y 34 de la Constitución de Bolivia de 2009 prevén: “Artículo
33. Las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y
equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos y
colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres
vivos, desarrollarse de manera normal y permanente. Artículo 34. Cualquier
persona, a título individual o en representación de una colectividad, está
facultada para ejercitar las acciones legales en defensa del derecho al medio
ambiente, sin perjuicio de la obligación de las instituciones públicas de
actuar de oficio frente a los atentados contra el medio ambiente.”
[67]
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[68]
M.P. Hernando Herrera Vergara.
[69]
En aquella oportunidad se precisó el concepto de animales domésticos  “comprende a aquellos que pertenecen a especies que viven
ordinariamente bajo la dependencia del hombre, como perros, gatos, etc.; por lo
tanto, de la misma se excluyen los animales domesticados, salvajes o bravíos y
silvestres, en los términos que establece el artículo 687 del Código Civil
Colombiano y el 29 de la Ley 84 de 1989 o "Estatuto Nacional de Protección
de los Animales".
[70]
M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[71]
M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[72]
M.P. Humberto Sierra Porto.
[73]
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[74] Un Estado social debe buscar, entre otros, el bienestar
animal, por ser éste un elemento connatural al desarrollo del principio de
solidaridad.
[75]
Y que no es relevante simplemente en cuanto está a su servicio, sino que tiene
importancia per se como contexto en el cual uno de sus integrantes es la
comunidad humana.
[76] Conformada por las siguientes 34 disposiciones: Preámbulo
(vida), 2º (fines esenciales del Estado: proteger la vida), 8º (obligación
de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación), 11
(inviolabilidad del derecho a la vida), 44 (derechos fundamentales de los
niños), 49 (atención de la salud y del saneamiento ambiental), 58 (función
ecológica de la propiedad), 66 (créditos agropecuarios por calamidad
ambiental), 67 (la educación para la protección del ambiente), 78 (regulación
de la producción y comercialización de bienes y servicios), 79 (derecho a un
ambiente sano y participación en las decisiones ambientales), 80 (planificación
del manejo y aprovechamiento de los recursos naturales), 81 (prohibición de
armas químicas, biológicas y nucleares), 82 (deber de proteger los recursos
culturales y naturales del país), 215 (emergencia por perturbación o amenaza
del orden ecológico), 226 (internacionalización de las relaciones ecológicas, 268-7
(fiscalización de los recursos naturales y del ambiente), 277-4 (defensa del
ambiente como función del Procurador), 282-5 (el Defensor del Pueblo y las
acciones populares como mecanismo de protección del ambiente), 289 (programas
de cooperación e integración en zonas fronterizas para la preservación del
ambiente), 300-2 (Asambleas Departamentales y medio ambiente), 301 (gestión
administrativa y fiscal de los departamentos atendiendo a recursos naturales y
a circunstancias ecológicas), 310 (control de densidad en San Andrés y
Providencia con el fin de preservar el ambiente y los recursos naturales), 313-9
(Concejos Municipales y patrimonio ecológico), 317 y 294 (contribución de
valorización para conservación del ambiente y los recursos naturales), 330-5
(Concejos de los territorios indígenas y preservación de los recursos
naturales), 331 (Corporación del Río Grande de la Magdalena y preservación del
ambiente), 332 (dominio del Estado sobre el subsuelo y los recursos naturales
no renovables), 333 (limitaciones a la libertad económica por razones del medio
ambiente), 334 (intervención estatal para la preservación de los recursos
naturales y de un ambiente sano), 339 (política ambiental en el plan nacional
de desarrollo), 340 (representación de los sectores ecológicos en el Consejo
Nacional de Planeación), 366 (solución de necesidades del saneamiento ambiental
y de agua potable como finalidad del Estado).
[77] La dignidad no se otorga, sino que se reconoce, de
manera que siempre podrá exigirse de los seres humanos un actuar conforme a
parámetros dignos y, en este sentido, coherente con su condición de ser moral
que merece el reconocimiento de dichas garantías y que, llegado el caso, podría
exigirlas por la posición [también] moral que tiene dentro de la
comunidad.
[78] Las excepciones que existan en el ordenamiento
jurídico respecto de la protección prevista para los animales, no pueden ser
fruto del capricho o discrecionalidad de los poderes constituidos –vinculados
en este tema por un deber constitucional-, sino que tendrán que estar
sustentadas en criterios de razonabilidad o proporcionalidad acordes con los
valores y principios que prevé el ordenamiento constitucional.
[79] Sentencias T-334 de 1995, T-377 de 1995, T-1105 de 2002, T-1128 de
2008, entre otras.
[80]
Sentencia T-372 de 1995. M.P. Alejandro Martínez
Caballero. Reiterada en la sentencia C-951 de 2014.
M.P. Martha
Victoria Sáchica Méndez que estudió la constitucionalidad de
la Ley Estatutaria 1755 de 2015.
[81]
A folio 88 consta respuesta de la Personería de Bogotá al derecho de petición
elevado por el señor Henry Acuña.
[82]
M.P. Rodrigo Escobar Gil.  Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo
13 (parcial) de la Ley 2ª de 1959. “Sobre economía forestal de la Nación y
conservación de recursos naturales renovables”, que prohibía la venta de
tierras del sistema de parques nacionales naturales.  Esta norma, vale la pena
destacar, fue declarada exequible por el pleno de la Corte.
[83]
Proyecto de Acto Reformatorio de la Constitución Política de Colombia No. 62.
[84]
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. C.P:
Gustavo Gómez Aranguren. Bogotá, D.C., dos (2) de octubre de dos mil catorce
(2014). Radicación número: 11001-33-31-019-2007-00735-01.
[85]
Sección Primera, 2010-00680-0, 15 de agosto de 2013, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno.
[86]
Sentencia T-192 de 2014. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[87]
Sentencia T-661 de 2012,
T-1451 de 2000, sentencia T-107 de 2015.
[88]
En la Resolución No. 0240 de 2014, “por medio de la cual se establecen
directrices en materia de prevención, vigilancia y control de Zoonosis en el
Distrito Capital”.
[89]
Folios 97 a 98 del c. principal.
[90]
Folios 40 a 61 del c. principal.
[91]
Folios 5 a 15 del c. 2.
[92]
Folio 1 del c. 2.
[93]
SUNSTEIN, Cass. Standing for Animals (with Notes on Animal Rights). En:
UCLA Law Review. Volúmes 47 /1999-2000), pp. 1361 a 1366.
[94]
KANT, Immanuel. Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres. Alianza
Editorial. Madrid (2005). Capítulo 3.
[95]
NUSSBAUM, Martha. Beyond Compassion and Humanity: Justice for Nonhuman
Animals. En: SUNSTEIN, Cass & NUSSBAUM, Martha. Animal rights:
Current Debates and New Directions. Oxford Universtiy Press. Oxfrod (2005).
[96]
BENTHAM, Jeremy. An Introductionn to the Principles of Morals and
Legislation”. Dover Publications. Nwe York (2007).