C-259-14
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-259/14
ESTATUTO Y
REGLAMENTO GENERAL DE INTERPOL Y ACUERDO SOBRE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES PARA
REUNIONES ESTATUTARIAS ENTRE COLOMBIA Y SECRETARIA GENERAL DE INTERPOL-Se
ajusta a la constitución política
La Corte
encuentra que el trámite que precedió a la Ley aprobatoria de la referencia
cumplió con los requisitos constitucionales y orgánicos exigidos para la
aprobación de las leyes ordinarias. A su vez, el Estado fue adecuadamente
representado en la suscripción de los tres instrumentos internacionales objeto
de análisis. Los contenidos del Estatuto y el Reglamento de Interpol, así como
el Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades suscrito entre Colombia e Interpol
son compatibles con la Carta Política, particularmente con los principios de
las relaciones internacionales del Estado. Por ende, la Corte declarará la
exequibilidad de dichos instrumentos.
CONTROL
CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE TRATADOS Y LEYES APROBATORIAS DE TRATADOS-Competencia
de la Corte Constitucional
De
conformidad con lo previsto en el artículo 241-10 de la Carta Política, la
Corte Constitucional es competente para revisar este instrumento internacional
y su ley aprobatoria. El control de constitucionalidad que realiza esta
Corporación es previo a la ratificación del tratado y de carácter completo,
automático y versa tanto sobre el contenido material del Convenio y de su ley
aprobatoria, como sobre la concordancia entre su trámite legislativo y las
normas constitucionales aplicables.
TRATADOS
INTERNACIONALES Y LEYES APROBATORIAS DE TRATADOS-Control formal
En
relación con el aspecto formal corresponde a la Corte examinar la validez de la
representación del Estado colombiano durante el proceso de negociación,
celebración y suscripción del tratado, al igual que la observancia de las
reglas del trámite legislativo que precedieron a la aprobación de la ley sujeta
a análisis. De otro lado, también se ha considerado por la jurisprudencia
constitucional que el control de constitucionalidad de los tratados
internacionales incorpora, como requisito previo del procedimiento legislativo,
la acreditación acerca de la consulta previa a las comunidades indígenas y
afrodescendientes sobre el contenido material del instrumento internacional,
exclusivamente en los casos en que este regule asuntos propios de la identidad
de esas comunidades.  Esto en virtud de lo dispuesto en el artículo 330 C.P., al igual que los compromisos asumidos por el Estado colombiano al ratificar el Convenio 169
de la Organización Internacional del Trabajo.
LEY
APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Trámite de ley ordinaria
En cuanto
al análisis de trámite de las leyes aprobatorias de tratados, esta Corporación
advierte que la Constitución Política no dispone de un procedimiento
legislativo especial para el efecto, de tal manera que debe seguir, en términos
generales, el mismo trámite que una ley ordinaria. No obstante, esta previsión
opera salvo las obligaciones particulares de procedimiento que la Carta sí
prevé para este escenario, relacionados con (i) la iniciación del debate en el
Senado de la República, por tratarse de asuntos relativos a relaciones
internacionales (Art. 154 C.P.); y (ii) la remisión de la ley aprobada a la
Corte Constitucional, por parte del Gobierno, para efectos de su revisión
definitiva (Art. 241-10 C.P.). Desde esta perspectiva se requiere, en razón del
trámite ordinario; (i) la publicación oficial del proyecto de ley; (ii) el
inicio del procedimiento legislativo en la comisión constitucional
correspondiente del Senado de la República; (iii) la aprobación reglamentaria
en los debates de las comisiones y plenarias de cada una de las cámaras (Art. 157 C.P.), acreditándose en cada una de esta etapas la votación nominal y pública del proyecto de ley
(Art. 133 C.P.); (iv) que entre el primer y segundo debate medie un lapso no
inferior a ocho días y que entre la aprobación del proyecto en una de las
cámaras y la iniciación del debate en la otra, transcurran por lo menos quince
días (Art. 160 C.P.); (v) la comprobación del anuncio previo a la votación en
cada uno de los debates; y (vi) la sanción presidencial y la remisión del texto
a la Corte Constitucional dentro de los seis días siguientes, (Art.  241-10 C.P.).
TRATADOS INTERNACIONALES Y LEYES APROBATORIAS DE TRATADOS-Control
material
Frente al
aspecto material o de fondo, la labor de la Corte consiste en confrontar las
disposiciones del instrumento internacional sujeto a análisis y las de su ley
aprobatoria con la totalidad de los preceptos constitucionales, a fin de
determinar si son compatibles con la Carta Política.
ESTATUTO Y
REGLAMENTO GENERAL DE INTERPOL Y ACUERDO SOBRE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES PARA
REUNIONES ESTATUTARIAS ENTRE COLOMBIA Y SECRETARIA GENERAL DE INTERPOL-Revisión
formal
TRATADO
INTERNACIONAL-Representación del Estado colombiano en proceso de
negociación, celebración y suscripción
ESTATUTO Y
REGLAMENTO GENERAL DE INTERPOL Y ACUERDO SOBRE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES PARA
REUNIONES ESTATUTARIAS ENTRE COLOMBIA Y SECRETARIA GENERAL DE INTERPOL-Trámite
legislativo
VOTACION ORDINARIA EN TRAMITE LEGISLATIVO-Excepción a
la votación nominal y pública
COOPERACION
INTERNACIONAL EN MATERIA DE INVESTIGACION Y SANCION DE DELITOS Y COMPATIBILIDAD
GENERAL CON LA CONSTITUCION-Jurisprudencia constitucional
ESTATUTO Y
REGLAMENTO GENERAL DE INTERPOL-Contenido
ACUERDOS DE
PRIVILEGIOS E INMUNIDADES-Jurisprudencia constitucional
Referencia: expediente
LAT-424
Revisión de
constitucionalidad de la Ley 1670 del 16 de julio de 2013, “por medio de la
cual se aprueba el “Estatuto y Reglamento General de la Organización
Internacional de Policía Criminal (Interpol)”, adoptado por la Asamblea General
de la Organización en su vigésima quinta reunión, realizada en Viena, en 1956 y
el “Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades para las Reuniones Estatutarias
entre la República de Colombia y la Secretaría General de la Organización
Internacional de Policía Criminal (Interpol)”, suscrito en la ciudad de Lyon,
República Francesa, el 26 de septiembre de 2012 y en la ciudad de Bogotá, D.
C., el 13 de noviembre de 2012.”
Magistrado
Ponente:
LUIS ERNESTO
VARGAS SILVA
Bogotá,
D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil catorce (2014).
La Sala
Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales y legales, en especial las previstas en el artículo 241,
numeral 10 de la Constitución Política, y cumplidos todos los trámites y
requisitos contemplados en el Decreto Ley 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
Dentro del
proceso de revisión de constitucionalidad del “Estatuto y Reglamento General
de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), adoptado por la
Asamblea General de la Organización en su vigésima quinta reunión, realizada en
Viena, en 1956” y el “Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades para las
Reuniones Estatutarias entre la República de Colombia y la Secretaría General
de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol)”, suscrito en
la ciudad de Lyon, República Francesa, el 26 de septiembre de 2012 y en la
ciudad de Bogotá, D. C., el 13 de noviembre de 2012.”; así como de la Ley 1670 del 16 de julio de 2013,  mediante la cual fueron aprobados
dichos instrumentos internacionales.
I.  ANTECEDENTES
1.1. Con
base en lo dispuesto en el artículo 241-10 de la Carta Política, mediante
oficio fechado el 18 de julio de 2013 y radicado en la Secretaría General de
esta Corporación el 19 del mismo mes, la Secretaria Jurídica de la Presidencia
de la República remitió copia auténtica de la Ley 1670 de 2013, para efectos de
su revisión constitucional.
1.2. El
Magistrado Sustanciador, mediante auto del 2 de agosto de 2013, avocó el
conocimiento del proceso y dispuso la práctica de pruebas. Recibidas estas, a
través de providencia del 15 de octubre del mismo año, se ordenó continuar el
trámite del mismo y, en consecuencia, fijar en lista el proceso por el término
de 10 días con el fin de permitir la intervención ciudadana, así como dar
traslado al Procurador General de la Nación para el concepto correspondiente y
comunicar la iniciación del proceso al Presidente de la República, al
Presidente del Congreso de la República, así como a los Ministros de Interior,
de Justicia y del Derecho, de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional; al
igual que al Defensor del Pueblo y al Director General de la Policía Nacional.
De igual
modo, se invitó a participar en el proceso de constitucionalidad, a través de
concepto técnico sobre la exequibilidad del instrumento internacional y su ley
aprobatoria, a las Facultades de Derecho de las Universidades Nacional de
Colombia, de los Andes, Libre, Javeriana, de Antioquia, del Rosario, de Ibagué
y Externado de Colombia; al igual que al Centro de Estudios de Derecho,
Justicia y Sociedad – Dejusticia y a la Comisión Colombiana de Juristas.
1.3. De
manera que, luego de surtidos los trámites constitucionales y legales propios
de esta clase de procesos, la Corte se pronuncia respecto de la
constitucionalidad del instrumento internacional bajo examen y de su ley
aprobatoria.
II. TEXTO
DE LA NORMA.
El texto
de la ley objeto de análisis, cuya publicación se efectuó en el Diario Oficial
48.853 del 16 de julio de 2013, se adjunta como anexo a la presente sentencia,
en razón de su extensión.
III.
INTERVENCIONES
Intervenciones
gubernamentales
3.1.
Ministerio de Relaciones Exteriores
La Directora
de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores
presentó intervención en la que solicita a la Corte que declare la
exequibilidad de los tratados objeto de examen y de su ley aprobatoria.
En primer
término, el interviniente pone de presente que Colombia ha pertenecido a la
Organización Internacional de Policía Criminal – Interpol desde 1954, cuando se
instauró el Servicio de Inteligencia Colombiano, adscripción que ha sido continuamente
ratificada por diversos Decretos, que han asignado la función de participación
en dicho órgano a las distintas entidades que han tenido a cargo los asuntos
propios de seguridad.  En la actualidad y conforme con lo previsto en el
Decreto 216 de 2010, las funciones de representación del país ante Interpol,
así como la administración de la Oficina Central Nacional – Interpol, está a
cargo de la Policía Nacional.  Sobre el particular y habida consideración que
el Estatuto y el Reglamento General de Interpol no prevé disposición alguna en
materia de suscripción, ratificación o adhesión, el Ministerio explica cómo
Colombia es un Estado miembro de la Organización, en los términos del artículo
45 y del Anexo I del Estatuto.  Ello implica que “… la República de Colombia
es actualmente reconocida a nivel internacional como Estado miembro de la
INTERPOL a la luz del derecho internacional.  Por consiguiente, se precisó
surtir el trámite de aprobación interna de los tratados dispuesto en la
Constitución Política de 1991.  || Es capital diferenciar entre el
reconocimiento como Estado miembro de la INTERPOL, a la ausencia de
cumplimiento de requisitos internos.  Si bien Colombia no los ha cumplido, las
condiciones establecidas por el “Estatuto y Reglamento General de la
Organización Internacional de Policía Criminal – INTERPOL” de 1956 para devenir
como miembro, fueron observados.”
Agrega que los
instrumentos internacionales mencionados tienen como común denominador que
consultan el interés superior del país, así como cumplen los postulados de la
política exterior.  Esto debido a que constituyen un marco general de
cooperación internacional en el campo de la lucha contra el crimen organizado.
3.2. Ministerio del Interior
Mediante apoderado judicial, el
Ministerio del Interior interviene ante la Corte con el fin de defender la
exequibilidad de los instrumentos internacionales y su ley aprobatoria.  Señala
que la pertenencia a la Interpol irroga distintos beneficios al país, respecto
a la persecución del crimen organizado, particularmente en materia de acceso a
información, servicios de apoyo policial operativo y formación y
perfeccionamiento policial.  Indica del mismo modo que la Corte ha declarado la
exequibilidad de instrumentos internacionales y de normas de derecho interno
que guardan relación con los objetivos mencionados.
Expresa, de manera coincidente
con el Ministerio de Relaciones Exteriores, que la constitucionalidad de los
tratados objeto de examen se justifica en su compatibilidad con los principios
superiores que gobiernan las relaciones internacionales.  Además, no puede
perderse de vista que las herramientas contenidas en dichos instrumentos
redundan en la defensa de la seguridad ciudadana, el cual es un objetivo
estatal con soporte constitucional.
3.3. Ministerio de Defensa
Nacional
El Ministerio de Defensa Nacional
intervino a través de apoderada judicial, con el objeto de solicitar la
exequibilidad de los tratados objetos de examen, así como de su ley
aprobatoria. Para ello, luego de transcribir la exposición de motivos, el
interviniente pone de presente que Colombia se ha mantenido vinculada a
Interpol por varias décadas, lo cual ha permitido realizar múltiples
actividades en materia de cooperación internacional para la investigación y
sanción de diversos delitos, en especial los que atentan más gravemente los
bienes jurídicos.  A su vez, esa misma cooperación se ha visto reflejada en
disposiciones del derecho nacional y de varios tratados que remiten a dichas
formas de asistencia recíproca.
Resalta de ese documento que una
vez la Policía Nacional asumió las funciones de cooperación mencionada, las
actividades realizadas conjuntamente con Interpol han servido para cumplir
diversas funciones en la persecución del delito, como son (i) la publicación y
difusión de datos para los sistemas de información policial; (ii) la búsqueda
internacional de delincuentes, entre ellos jefes terroristas, de bandas
criminales, narcotráfico y de otras formas de delincuencia organizada; (iii) el
establecimiento de medidas para “cierre de fronteras” respectos de dichos
delincuentes. Así, el Ministerio resalta como “... Interpol ha significado
en el marco de la cooperación internacional, la posibilidad de diversificar las
relaciones con los demás países miembros, a partir del conjunto dinámico de las
herramientas y servicios que presta la Organización con una gestión
institucional efectiva de servicio para el mundo.”
En cuanto a la constitucionalidad
de los instrumentos objeto de examen, el interviniente expresa que su contenido
es compatible con las reglas fijadas por la jurisprudencia constitucional en
materia de validez de la cooperación e integración internacional. Luego,
explica varios datos sobre la labor de Interpol en Colombia, los cuales no
apuntan a justificar la exequibilidad de la norma analizada, sino a mostrar la
importancia, en términos de la actividad policial, de la mencionada cooperación
multilateral.  Así, para concluir el interviniente indica que la norma es
exequible en tanto la ley cumplió con los requisitos constitucionales y su
contenido material hace parte de la competencia del Presidente en materia de
dirección de las relaciones internacionales.
3.4. Defensoría del Pueblo
El Defensor Delegado (E) para
Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo, formuló escrito ante la
Corte en el cual presenta diversos argumentos sobre la constitucionalidad de
las normas objeto de análisis.
La intervención es especialmente
cuidadosa en identificar los diferentes contenidos normativos del Estatuto y el
Reglamento del Interpol, así como el Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades
(en adelante el Acuerdo).  De manera general se considera que estas normas
refieren a asuntos eminentemente institucionales sobre el funcionamiento de
Interpol y su representación en Colombia, por lo que no plantean mayores
inconvenientes sobre su constitucionalidad. No obstante esa compatibilidad,
expresa los argumentos siguientes que a juicio de la Corte ameritan tratamiento
separado:
3.4.1. En cuanto a la
representación del Estado, la Defensoría pone de presente que en el
procedimiento resulta atípico, en tanto Colombia había venido sostenido
relaciones de cooperación con Interpol desde hace varias décadas, a pesar que
no había suscrito ni el Estatuto ni el Reglamento. Con todo, estos compromisos
de derecho internacional son asumidos en este momento y la adhesión a los
instrumentos fue avalada por el Presidente de la República, lo que a la luz del
derecho internacional público subsana cualquier interrogante sobre la
mencionada representación.
3.4.2. La exequibilidad general
del Estatuto y el Reglamento se explican en que (i) son reflejo de la
cooperación como parte de las relaciones internacionales del Estado; y (ii) la
pertenencia a Interpol tiene por objeto cumplir con fines constitucionalmente
legítimos, en particular aquellos relativos a la sanción de los delitos más
graves, que logran incidencia transnacional, entre ellos el narcotráfico, el
tráfico de armas, la trata de personas y el lavado de activos. Así, los
instrumentos mencionados  prevén “… finalidades, mecanismos y propósitos
[que] son coherentes con los principios que en materia de seguridad pública
y de política criminal consagra la Constitución.”
3.4.3. El artículo 22 del
Estatuto enuncia las funciones del Comité Ejecutivo de Interpol. Entre ellas
está la de someter a la consideración de la Asamblea General “todo programa de
trabajo y todo proyecto que estime conveniente”.  La Defensoría considera que
ese precepto es problemático en términos de responsabilidad del Estado, puesto
que una facultad tan amplia podría incluir “… proyectos que impliquen
obligaciones en cuya definición y alcances no han intervenido los Delegados que
integran la Asamblea General.” De allí que requiere a la Corte para que
determine al Gobierno una declaración interpretativa sobre el particular, en la
que se establezca que “… ejercerá su potestad de decisión de manera
discrecional con relación a los proyectos elaborados por el Comité Ejecutivo
que no sean sometidos a discusión y aprobación de la Asamblea General.”
3.4.4. Los artículos 25 y 37 del
Estatuto otorgan facultades amplias a la Asamblea General para actuar en contra
como centro internacional de lucha contra la delincuencia, así como para decidir
la anulación del nombramiento de Asesores designados.  A pesar de dicha
amplitud, la Defensoría advierte que las mismas no comprometen el derecho
interno, en la medida en que serán fruto de la decisión colegiada de la
Asamblea y exclusivamente para las finalidades propias de Interpol.
3.4.5. El artículo 41 del
Estatuto versa sobre el establecimiento de relaciones entre la Interpol y otras
organizaciones internacionales. Al respecto, se indica la Organización podrá
asumir misiones encargados por otros organismos o instituciones
internacionales, sin precisar cuáles.  Sobre el particular, la Defensoría pone
de presente que esa indeterminación podría poner en riesgo derechos de
nacionales, en virtud de la circulación de datos, informes y otra información
en el marco de dichas relaciones entre organismos.  De allí que se sugiera que
se haga una “reserva” sobre ese particular.
3.4.6. El artículo 52 del
Reglamento prevé las consecuencias que pueden derivarse del incumplimiento por
parte de un Estado miembro de sus obligaciones financieras con Interpol.  La
consecuencia básica es que su derecho a voto quedará suspendido, sin que pueda
enviar representantes a reuniones y encuentros de la Organización.  La
Defensoría considera que lo allí regulado es problemático en términos del
derecho al debido proceso, puesto que no prevé una instancia para el ejercicio
del derecho de contradicción y defensa, en la medida que la impugnación que
puede llevarse a cabo ante el Comité Ejecutivo de Interpol solo opera después
de la imposición de la sanción por parte de la Secretaría General. A este respecto,
señala que “[s]i bien es atendible la aspiración de que dicho
procedimiento sancionador sea ágil y expedito, tal pretensión no debería llevar
al extremo de recortar garantías que tienen fundamento en el ordenamiento
jurídico internacional de los Derechos Humanos.”
En consecuencia, solicita que el
Gobierno realice una “reserva” en el sentido que no avalará sanciones que no
estén precedidas de la notificación o comunicación al Estado miembro
presuntamente incumplido y hasta el recibo de la respuesta y explicaciones
correspondientes que den cuenta de la actualización de sus obligaciones.  Solo
una vez sean recibidas y evaluadas las antedichas explicaciones, se podrá
continuar con el procedimiento sancionatorio, en caso que sea necesario.
3.4.7. El artículo 1° del Acuerdo
sobre Privilegios e Inmunidades prevé que la inmunidad de jurisdicción en
asuntos civiles, administrativos, penales y de ejecución.  La Defensoría pone
de presente que tal inmunidad debe necesariamente interpretarse en el sentido
que (i) no implica impunidad en la comisión de conductas, como lo ha explicado
la jurisprudencia constitucional a ese respecto; y (ii) debe estar limitada en
el tiempo a la duración de las reuniones esporádicas que la Interpol adelante en
el país, sin que puedan comprenderse de manera permanente.
3.4.8. El artículo 2° del Acuerdo
estipula la admisión al territorio de las personas relacionadas con las
actividades de la Organización.  La Defensoría considera que reconocerles fuero
diplomático se ajusta a la Constitución y las normas de derecho internacional,
salvo en lo que respecta a los familiares de  los intérpretes, redactores,
observadores y expertos, en donde no encuentra un nexo causal entre la
condición de esos familiares y las labores de la Interpol.   De allí que
solicite de nuevo una “reserva” que restrinja el fuero diplomático a estas
personas, en aras de garantizar la igualdad formal en su concesión.
3.4.9.  La Defensoría considera
que el reconocimiento de privilegios e inmunidades que hace el artículo 3° del
Acuerdo, el cual cobija nuevamente a intérpretes, redactores, observadores y expertos
resulta, nuevamente, demasiado amplio.  Ello debido a que se trata de personas
que no hacen parte oficial de la Interpol y que, por lo mismo, no son
necesarias para el cumplimiento del objeto al que se contrae la misión que
justifica la inmunidad, como es la realización de las reuniones estatutarias.  Por
ende, el interviniente reitera la inconveniencia de extender de forma amplia el
régimen de privilegios e inmunidades.
3.5. Policía Nacional
El Secretario General de la
Policía Nacional solicita mediante documento presentado ante la Corte, la
declaratoria de exequibilidad de los instrumentos internacionales y su ley
aprobatoria. Para ello, describe sucintamente el trámite legislativo de la
iniciativa, con el fin de concluir que se ajustó a la Constitución.
En segundo término, hace una
explicación sobre los objetivos de Interpol y la importancia de sus actividades
en términos de investigación y sanción del crimen organizado transnacional.
Esta exposición es idéntica a la planteada por otros intervinientes, de modo
que la Corte se abstiene de sintetizarla nuevamente.
Intervenciones académicas
3.6. Universidad de Ibagué
La señora Decana de la Facultad
de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Ibagué presenta
intervención preparada por el profesor Juan Manuel Rodríguez Acevedo, la cual
sustenta la exequibilidad de los tratados objeto de examen, así como de su ley
aprobatoria.
Para sustentar la exequibilidad,
señala que están acreditadas las condiciones tanto del derecho interno como de
derecho internacional que son exigibles para la asunción de compromisos por
parte del Estado colombiano.  De otro lado, las disposiciones del Estatuto y el
Reglamento son de carácter meramente institucional sobre el funcionamiento del
Interpol y las instancias que lo conforman, asuntos que en nada se oponen a la
Constitución, ni menos inciden en el derecho interno.  Finalmente, el Acuerdo
sobre Privilegios e Inmunidades confiere prerrogativas que son usualmente
adscritas a las misiones diplomáticas, por lo que quedan cobijados por el
principio de buena fe y pacta sunt servanda.  En consecuencia, las
normas objeto de examen son por entero compatibles con la Carta Política y
especialmente con los principios constitucionales que gobiernan las relaciones
internacionales.
IV. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA
NACIÓN.
La
Viceprocuradora General de Nación, encargada de las funciones del Procurador
General de la Nación, en ejercicio de las competencias previstas en los
artículos 242-2 y 278 de la Constitución Política, presentó concepto dentro del
trámite de la referencia, en el que solicitó a la Corte declarar exequible el “Estatuto
y Reglamento General de la Organización Internacional de Policía Criminal
(Interpol), adoptado por la Asamblea General de la Organización en su vigésima
quinta reunión, realizada en Viena, en 1956” y el “Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades para las Reuniones Estatutarias entre la República de
Colombia y la Secretaría General de la Organización Internacional de Policía
Criminal (Interpol)”, suscrito en la ciudad de Lyon, República Francesa, el 26
de septiembre de 2012 y en la ciudad de Bogotá, D. C., el 13 de noviembre de 2012.”; así como de la Ley 1670 del 16 de julio de 2013.  Para ello planteó los argumentos siguientes.
4.1. Luego
de hacer un análisis sobre el procedimiento legislativo surtido previo a la
aprobación de la citada ley, el Ministerio Público concluye que el mismo se
sujetó a las normas constitucionales aplicables.
4.2. En lo
que tiene que ver con el aspecto material, la Vista Fiscal hace un síntesis de
las normas objeto de examen, tanto las contenidas en el Estatuto como en el
Reglamento y en el Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades.  A partir de ello,
concluye que los objetivos de dichos instrumentos internacionales son
coherentes y armónicos con los fines del Estado Social y Democrático de
Derecho, así como con las normas constitucionales que regulan las relaciones
internacionales de Colombia.
La
Procuraduría General pone de presente cómo la exposición de motivos del
proyecto de ley explica que Interpol es la mayor organización policial
internacional del mundo y tiene como fines conseguir y desarrollar, respetando
el marco de las leyes de los diferentes países y la Declaración Universal de
Derechos Humanos, la más amplia asistencia recíproca de las autoridades de
policía criminal, así como establecer y desarrollar todas las instituciones que
puedan contribuir a la prevención y a la represión del crimen organizado.  De
esa manera, es claro que Interpol cuenta con una moderna infraestructura de
apoyo técnico y operativo, aportando una ventaja estratégica a las diferentes
entidades de administración de justicia y de policía en la acción multilateral
contra el crimen, permitiendo hacer frente a las crecientes dificultades que
comporta la lucha contra el mismo.
En tal
sentido, la pertenencia a Interpol permite que Colombia acceda a diversos
recursos que son vitales para la actividad policial y de persecución del crimen
organizado, entre los que se destacan el servicio mundial de comunicación
policial protegida, las bases de datos y servicios de información de carácter operativo
policial, el servicio de apoyo policial operativo y los programas de formación
y perfeccionamiento policial.
4.3. De
manera coincidente con otros intervinientes, el Ministerio Público explica que
desde 1954 Colombia fue reconocida como Estado miembro de la Comisión, hoy
Organización Internacional de Policía Criminal Interpol y como tal no solamente
ha participado en las Reuniones Estatutarias de la Organización a nivel global
y regional sino que se ha beneficiado del intercambio de información, logrando
la captura de miembros de reconocidas organizaciones criminales y aportando
información veraz y oportuna a jueces y fiscales dentro de las investigaciones
penales en la lucha contra la impunidad. Así mismo, ha pagado desde entonces la
cuota de membresía y ha cumplido con las obligaciones que para el país derivan
de los Estatutos de la Organización. A su vez, se han previsto regulaciones en
el derecho interno que han adscrito, en la actualidad a la Policía Nacional y
mediante el Decreto 216 de 2010, la labor de representación ante la Interpol
4.4. Frente
al Acuerdo de Privilegios e Inmunidades, el Ministerio Público sostiene que ese
instrumento consagra unas prácticas que hacen posible que tanto la Interpol
como las misiones de otros Países Miembros, puedan ejercer sus funciones de
manera eficaz e independiente. A su vez, trae a colación algunas
consideraciones de la jurisprudencia constitucional, con el fin de demostrar
que el principio de inmunidad tiene respaldo tanto en la costumbre como en el
derecho internacional público.  Sin embargo, con base en el mismo precedente,
también es claro que esa inmunidad carece de carácter absoluto, por lo que
opera exclusivamente en el ámbito de la independencia de los organismos
internacionales para cumplir con los objetivos que le son propios, sin que ello
desvirtúe o limite la competencia constitucional del Estado de garantizar los
derechos y deberes de los habitantes del territorio.
4.5. Así,
concluye la Procuraduría General que los instrumentos internacionales que se
examinan desarrollan las reglas establecidas en los artículos 9, 226 y 227 C.P., pues su objeto es la asistencia recíproca de las autoridades de policía criminal y las
instituciones que puedan contribuir a la prevención y a la represión de las
infracciones de derecho común. Esto impulsa y promueve canales de cooperación
que orientan las relaciones exteriores del Estado colombiano sobre la base del
respeto a la soberanía nacional y la autodeterminación de los pueblos, así como
la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y
ecológicas, teniendo como principio la equidad, reciprocidad y conveniencia
nacional.
V.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1.
Naturaleza del control de constitucionalidad de las leyes aprobatorias de
tratados
De
conformidad con lo previsto en el artículo 241-10 de la Carta Política, la
Corte Constitucional es competente para revisar este instrumento internacional
y su ley aprobatoria. El control de constitucionalidad que realiza esta
Corporación es previo a la ratificación del tratado y de carácter completo,
automático y versa tanto sobre el contenido material del Convenio y de su ley
aprobatoria, como sobre la concordancia entre su trámite legislativo y las
normas constitucionales aplicables.
En relación
con el aspecto formal corresponde a la Corte examinar la validez de la
representación del Estado colombiano durante el proceso de negociación,
celebración y suscripción del tratado, al igual que la observancia de las
reglas del trámite legislativo que precedieron a la aprobación de la ley sujeta
a análisis. De otro lado, también se ha considerado por la jurisprudencia
constitucional que el control de constitucionalidad de los tratados
internacionales incorpora, como requisito previo del procedimiento legislativo,
la acreditación acerca de la consulta previa a las comunidades indígenas y
afrodescendientes sobre el contenido material del instrumento internacional,
exclusivamente en los casos en que este regule asuntos propios de la identidad
de esas comunidades.  Esto en virtud de lo dispuesto en el artículo 330 C.P., al igual que los compromisos asumidos por el Estado colombiano al ratificar el Convenio 169
de la Organización Internacional del Trabajo.[1]
En cuanto al
análisis de trámite de las leyes aprobatorias de tratados, esta Corporación
advierte que la Constitución Política no dispone de un procedimiento
legislativo especial para el efecto, de tal manera que debe seguir, en términos
generales, el mismo trámite que una ley ordinaria. No obstante, esta previsión
opera salvo las obligaciones particulares de procedimiento que la Carta sí
prevé para este escenario, relacionados con (i) la iniciación del debate
en el Senado de la República, por tratarse de asuntos relativos a relaciones
internacionales (Art. 154 C.P.); y (ii) la remisión de la ley aprobada a
la Corte Constitucional, por parte del Gobierno, para efectos de su revisión
definitiva (Art. 241-10 C.P.).
Desde esta
perspectiva se requiere, en razón del trámite ordinario; (i) la publicación
oficial del proyecto de ley; (ii) el inicio del procedimiento
legislativo en la comisión constitucional correspondiente del Senado de la
República; (iii) la aprobación reglamentaria en los debates de las comisiones y
plenarias de cada una de las cámaras (Art. 157 C.P.), acreditándose en cada una de esta etapas la votación nominal y pública del proyecto de ley
(Art. 133 C.P.); (iv) que entre el primer y segundo debate medie un lapso no
inferior a ocho días y que entre la aprobación del proyecto en una de las
cámaras y la iniciación del debate en la otra, transcurran por lo menos quince
días (Art. 160 C.P.); (v) la comprobación del anuncio previo a la
votación en cada uno de los debates; y (vi) la sanción presidencial y la
remisión del texto a la Corte Constitucional dentro de los seis días
siguientes, (Art.  241-10 C.P.).
Por último,
frente al aspecto material o de fondo, la labor de la Corte consiste en
confrontar las disposiciones del instrumento internacional sujeto a análisis y
las de su ley aprobatoria con la totalidad de los preceptos constitucionales, a
fin de determinar si son compatibles con la Carta Política.
Con sujeción
a este marco de análisis, la Sala asume a continuación el estudio del tratado.
2. La
revisión por el aspecto formal
2.1.
Representación del Estado, suscripción del tratado y aprobación presidencial
El
Ministerio de Relaciones Exteriores informó[2]
a esta Corporación que el Estatuto y Reglamento General de la Organización
Internacional de Policía Criminal – Interpol fue adoptado por la Asamblea
General de la Organización en 1956, a partir de la en ese entonces Comisión
Internacional de Policía Criminal - CIPC, la cual había sido creada en 1926.  A
este respecto, la entonces denominada Jefatura del Servicio de Inteligencia
Colombiano de la Presidencia de la República, solicitó en 1954 a la CIPC que Colombia fuera admitida como miembro de la Organización, petición que fue
respondida favorablemente.
Esta
situación explica que el artículo 45 del Estatuto de Interpol prevea como
medida provisional que los Estados que eran miembros de la CIPC fueran también
considerados parte de Interpol, a menos que dentro de un plazo de seis meses a
contar desde la fecha de entrada en vigor del Estatuto, declarasen, por
conducto de la autoridad gubernamental competente, que no lo pueden aceptar.  A
su vez, el mismo artículo contiene un Anexo I de la lista de los países a los
cuales se les es aplicable el citado artículo 45, entre los cuales se encuentra
Colombia.
El
Ministerio expresa, del mismo modo, que el Estatuto y Reglamento General de
Interpol “… no contiene disposición alguna en materia de suscripción,
ratificación o adhesión a dicho instrumento internacional, por parte de los
Estados enlistados en el Anexo I. || Como corolario de lo expuesto, la
República de Colombia es actualmente reconocida a nivel internacional como
Estado miembro de la INTERPOL, a la luz del derecho internacional. Por
consiguiente, se precisa surtir el trámite de aprobación interna de los
tratados dispuesto en la Constitución Política de 1991, a saber, la aprobación por parte del Congreso de la República y el examen de exequibilidad que
adelanta la Corte Constitucional.”
De otro
lado, en lo que tiene que ver con el Acuerdo de Privilegios e Inmunidades, el
Ministerio indica que el mismo fue suscrito en nombre y representación de
Colombia, por parte del Ministro de Defensa Nacional y de acuerdo con los
plenos poderes conferidos por el Presidente de la República, a través de
documento del 8 de noviembre de 2012.[3]
Finalmente, el Ministerio expresa que tanto el Estatuto y Reglamento como el
Acuerdo mencionado fueron objeto de aprobación ejecutiva por parte del
Presidente, la cual consta en documento suscrito el 22 de noviembre de 2012 por
el Jefe de Estado y la Ministra de Relaciones Exteriores.[4]
En este
orden de ideas, la Sala encuentra que en el caso particular del Acuerdo sobre
Privilegios e Inmunidades, dicho tratado fue suscrito de conformidad con las
disposiciones constitucionales que regulan la celebración de acuerdos
internacionales por parte del Estado colombiano.  En el mismo sentido, fueron
cumplidas las previsiones contenidas en el artículo 7-2 c. de la Convención de
Viena sobre el Derecho de los Tratados, en el sentido que para la adopción y
autenticación de un tratado, al igual que para manifestar el consentimiento del
Estado en obligarse por un acuerdo internacional, se considera que una persona
representa a un Estado si se trata de un representante acreditado por los
Estados ante una conferencia internacional o ante una organización internacional
o uno de sus órganos, para la adopción del texto de un tratado en tal
conferencia, organización y órgano.
Ahora bien,
debe realizarse un análisis particular acerca de la suscripción del Estatuto y
Reglamento General de Interpol. La Corte evidencia una situación sui generis
sobre el particular, en tanto el Estado colombiano hace parte de Interpol
desde hace varias décadas, a través de la manifestación del consentimiento en
el ámbito del derecho internacional. Sobre el particular, no puede perderse de
vista que se trata de una actuación de derecho internacional público que se
surtió con anterioridad a la Constitución de 1991, de manera tal que no le
corresponde a la Corte pronunciarse sobre la exequibilidad del procedimiento
efectuado, so pena de aplicar retroactivamente las reglas superiores vigentes
en materia del procedimiento para la suscripción de tratados y, en general,
para el manejo de las relaciones internacionales del Estado.   Con todo, debe
también tenerse en cuenta que conforme el artículo 120-10 de la Constitución
derogada, los tratados debían someterse a la aprobación del Congreso.  Es claro
que en lo que respecta al Estatuto y Reglamento de Interpol, ese requisito fue
incumplido en su momento.
A pesar de
lo expuesto, debe también advertirse dos aspectos que permiten a la Corte
evidenciar la validez de asumir en esta oportunidad el control de
constitucionalidad de los instrumentos internacionales mencionados.  En primer
término, lo que se encuentra es que el Estado expresó su consentimiento de
hacer parte de en su momento la CIPC y luego de Interpol, sin que los tratados
mencionados previeran procedimientos de ratificación del Estatuto y el
Reglamento, más allá de dicha declaración de voluntad, válida en el ámbito de
estos instrumentos.  En ese orden de ideas, luego de entrar en vigencia la
actual Constitución y advertida la omisión en que se había incurrido respecto
de la aprobación del tratado, el Gobierno lo somete a consideración del
Congreso y al control jurisdiccional de esta Corte, en cumplimiento de las
normas constitucionales que prevén esos requisitos.  Por ende, si bien existió
manifestación del Estado en obligarse por el tratado, no se puede inferir la
existencia de un instrumento internacional perfeccionado, en lo que respecta al
derecho interno, puesto que no se han surtido los trámites de la Constitución
exige para ello.  De hecho, es a través del presente proceso de control
judicial que se demuestra la intención de subsanar la omisión en que en su
momento se incurrió, bajo la vigencia de la Constitución anterior.
En segundo
lugar, el tratado contentivo del Estatuto y el Reglamento fue objeto de
aprobación ejecutiva, lo que valida en cualquier circunstancia la aquiescencia
del Jefe de Estado en la suscripción del tratado.  Esta aprobación, además, se
complementa con el cumplimiento del requisito constitucional, por parte del
Presidente de la República, de ordenar la remisión del texto correspondiente al
Congreso, con el fin que fuera discutido y aprobado, satisfaciéndose con ello
lo previsto en los artículos 189-2 y 224 de la Constitución Política.
En
conclusión, la Corte encuentra cumplidos los requisitos para que, conforme lo
estipula el artículo 241-10 C.P., proceda el control de constitucionalidad de
los instrumentos internacionales antes mencionados. Esto debido a que bien a
través de la aprobación ejecutiva o bien mediante la concesión de plenos poderes,
el Estado ha expresado su voluntad de obligarse por tales instrumentos, de modo
que los ha sometido a la aprobación del Congreso y al análisis jurídico de esta
Corporación.
2.2. El
trámite legislativo del proyecto de ley
El
expediente legislativo enviado a la Corte por el Congreso de la República
demuestra que el proyecto de ley n.° 169/12 Senado, 309/12 Cámara, que finalizó
con la expedición de la Ley 1670 del 16 de julio de 2013 “por medio de la
cual se aprueba el “Estatuto y Reglamento General de la Organización
Internacional de Policía Criminal (Interpol), adoptado por la Asamblea General
de la Organización en su vigésima quinta reunión, realizada en Viena, en 1956” y el “Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades para las Reuniones Estatutarias entre la
República de Colombia y la Secretaría General de la Organización Internacional
de Policía Criminal (Interpol)”, suscrito en la ciudad de Lyon, República
Francesa, el 26 de septiembre de 2012 y en la ciudad de Bogotá, D. C., el 13 de
noviembre de 2012.”, surtió el siguiente trámite:
2.2.1.
Senado de la República
2.2.1.1. El
proyecto de ley correspondiente fue presentado al Congreso de la República por
los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional.
2.2.1.2. Su
texto fue publicado en la Gaceta del Congreso 847 del 26 de noviembre de 2012.[5]
2.2.1.3. La
ponencia favorable para primer debate en la Comisión Segunda del Senado de la
República fue presentada por la senadora Myriam Alicia Paredes Aguirre y fue
publicada en la Gaceta del Congreso 127 del 21 de marzo de 2013.[6]
2.2.1.4.
Según certificación suscrita por el Secretario General de la Comisión Segunda
del Senado de la República,[7]
el proyecto de ley fue anunciado para su discusión y aprobación en primer
debate en la sesión del 2 de abril de 2013, según consta en el Acta n.° 26 de
la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 456 del 27 de junio de 2013.
Sobre esta actuación, en el acta mencionada se advierte lo siguiente:
“Por
instrucciones de la señora Presidenta, me permito dar lectura y anunciar los
proyectos de ley para discutir y votar en la próxima sesión.
(…)
9. Proyecto
de ley número 169 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el “Estatuto
y Reglamento General de la Organización Internacional de Policía
Criminal (Interpol)”, adoptado por la Asamblea General de la
Organización, en su Vigésima Quinta Reunión realizada en Viena, el 1956 y
el “Acuerdo sobre privilegios e inmunidades para las reuniones estatutarias
entre la República de Colombia y la Secretaría
General de la Organización Internacional de la Policía
Criminal (Interpol)”, suscrito en la ciudad de Lyon, República Francesa,
el 26 de septiembre de 2012 y en la ciudad de Bogotá, D. C., el 13 de noviembre
de 2012.
Autores:
Ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional.
Ponente:
honorable Senadora Myriam Paredes Aguirre.
Publicaciones:
Texto del proyecto de ley: Gaceta del Congreso número 847 de
2012.
Ponencia
Primer Debate: Gaceta del Congreso número 127 de 2013.
Le informo
señora Presidenta, que han sido anunciados los proyectos de ley para la próxima
sesión.”[8]
De la misma
forma, al finalizar la sesión fue anunciada la siguiente, como consta en el
acta en comento:
“La
señora Presidenta Myriam Alicia Paredes Aguirre, informa:
Como se
ha terminado el Orden del Día, se levanta la sesión y se convoca para mañana a
partir de las 10:00 a. m., rogándoles el favor colegas que ojalá seamos
puntuales, para que podamos aprovechar un poco el tiempo, y salgamos adelante
en la discusión de algunos proyectos que no son tan trascendentales, con el
tema del Senador Guillermo García, la próxima semana se va a enviar mensaje de
urgencia para el tema Acuerdo Asia Pacífico, de tal manera que le rogamos a los
ponentes estar muy atentos en la discusión de este proyecto. Muchas gracias a
todos y se levanta la sesión.”[9]
Según lo
expuesto, se encuentra que el anuncio de votación del proyecto de ley se
realizó para el día 3 de abril de 2013, fecha en la que fue convocada la sesión
siguiente de la Comisión Segunda del Senado.
2.2.1.5.
Según la certificación suscrita por el Secretario de la Comisión Segunda del
Senado de la República, citada en el numeral anterior, el proyecto de ley fue
aprobado en primer debate el 3 de abril de 2013, sesión contenida en el Acta
n.° 27 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 456 del 27 de junio
de 2013.  El proyecto de ley fue aprobado por la Comisión mediante votación
ordinaria.  Además, de acuerdo con lo indicado en la mencionada certificación, “[l]a
proposición final, la omisión de la lectura del articulado, el articulado
propuesto, el título del proyecto y el querer que este tenga segundo debate y
se convierta en Ley de la República fueron aprobados conforme al artículo 129
del Reglamento del Congreso y/o artículo 1° de la Ley 1431 de 2011 || En
relación al quórum se informa que este quedó integrado por once (11) de los
trece (13) Senadores que conforman la Comisión Segunda del Senado, algunos de
los cuales contestaron a lista al iniciar la sesión y otros que se hicieron
presentes durante el transcurso de la misma”. En el acta correspondiente se
acredita dicha actuación del siguiente modo:
“Durante
el transcurso de la sesión se hacen presentes los honorables Senadores:
Carlos
Emiro Barriga Peñaranda
Carlos
Ramiro Chavarro Cuéllar
Édgar
Espíndola Niño
Juan
Francisco Lozano Ramírez
Alexandra
Moreno Piraquive
Carlos
Fernando Motoa Solarte y
Myriam
Alicia Paredes Aguirre.
El señor
Secretario Diego Alejandro González González, le informa al señor Presidente,
que se registra quórum para decidir.
El
Presidente, Senador Marco Aníbal Avirama, informa:
Antes de
leer la ponencia con que termina el informe, sometemos a consideración el Orden
del Día. ¿Lo aprueba la Comisión?
El señor
Secretario Diego Alejandro González González, le informa al Presidente que los
Senadores de la Comisión sí aprueban el Orden del Día.
El
Presidente, Senador Marco Aníbal Avirama, solicita al señor Secretario se sirva
leer el informe con el cual termina la ponencia.
El señor
Secretario Diego Alejandro González González, procede con la lectura de la
proposición final. Por las anteriores consideraciones de conveniencia y de
conformidad, propongo darle primer debate ante la honorable Comisión Segunda
Constitucional del Senado de la República, al Proyecto de ley número 169
de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el “Estatuto y Reglamento
General de la Organización Internacional de Policía Criminal
(Interpol)”, adoptado por la Asamblea General de la
Organización en su Vigésima Quinta Reunión, realizada en Viena en 1956y el
“Acuerdo sobre privilegios e inmunidades para las reuniones estatutarias
entre la República de Colombia y la Secretaría
General de la Organización Internacional de la Policía
Criminal (Interpol)”, suscrito en la ciudad de Lyon, República Francesa,
el 26 de septiembre de 2012 y en la ciudad de Bogotá, D. C., el 13 de noviembre
de 2012.
Cordialmente,
Myriam
Paredes Aguirre,
Senadora
de la República.
Le
informo señor Presidente que está leída la proposición final con que termina el
informe de ponencia.
El señor
Presidente, Senador Marco Aníbal Avirama, informa a los Senadores de la
Comisión que está a consideración el informe con el cual termina la
ponencia. ¿Aprueba la Comisión el informe leído?
El señor
Secretario Diego Alejandro González González, le informa al Presidente, que ha
sido aprobado por los Senadores de la Comisión el informe de ponencia
del Proyecto de ley número 169 de 2012 Senado.
El señor
Presidente, Senador Marco Aníbal Avirama, solicita al Secretario se sirva dar
lectura del articulado del proyecto.
El señor
Secretario Diego Alejandro González González, le informa al señor Presidente
que la honorable Senadora Myriam Alicia Paredes, ha solicitado la omisión de
lectura del articulado del proyecto.
El señor
Presidente, Senador Marco Aníbal Avirama, le informa a la
Comisión que está a consideración la omisión de la lectura del articulado
y el articulado del Proyecto de ley número 169. ¿Lo aprueba la Comisión?
El señor
Secretario Diego Alejandro González González, ha sido aprobada la omisión de la
lectura del articulado y el articulado del Proyecto de ley número 169 de 2012
Senado.
El señor
Presidente, Senador Marco Aníbal Avirama, solicitó al señor Secretario se sirva
dar lectura al título del Proyecto de ley número 169 de 2012 Senado.
El señor
Secretario Diego Alejandro González González, sí señor Presidente, me permito
leer el título del proyecto: Por medio de la cual se aprueba el “Estatuto
y Reglamento General de la Organización Internacional de Policía
Criminal (Interpol)”, adoptado por la Asamblea General de la
Organización en su Vigésima Quinta Reunión, realizada en Viena en 1956 y
el “Acuerdo sobre privilegios e inmunidades para las reuniones
estatutarias entre la República de Colombia y la Secretaría
General de la Organización Internacional de la Policía
Criminal (Interpol)”, suscrito en la ciudad de Lyon, República Francesa,
el 26 de septiembre de 2012, y en la ciudad de Bogotá, D. C., el 13 de
noviembre de 2012.
Esta
leído el título del proyecto señor Presidente.
El
Presidente, Senador Marco Aníbal Avirama, pregunta a los Senadores de la
Comisión: ¿aprueba la Comisión el título del Proyecto de ley número
169 de 2012 leído?
El señor
Secretario Diego Alejandro González González, le informo al señor Presidente
que ha sido aprobado el título del Proyecto de ley número 160 de 2012.
El
Presidente, Senador Marco Aníbal Avirama, pregunta a los Senadores de la
Comisión: ¿quiere la Comisión que este proyecto de ley tenga segundo
debate?
El señor
Secretario Diego Alejandro González González, le informa al Presidente que los
Senadores de la Comisión sí quieren que este proyecto de ley tenga su
segundo debate en la Plenaria del Senado.
El
Presidente, Senador Marco Aníbal Avirama, nombra como ponente para el segundo
debate a la Senadora Myriam Paredes. Señor Secretario continúe con el
siguiente punto del Orden del Día.”[10]
2.2.1.6. La
ponencia para segundo debate fue presentada por la senadora Myriam Alicia
Paredes Aguirre y fue publicada en la Gaceta del Congreso 186 del 5 de abril de
2013.[11]
2.2.1.7
Según certificación suscrita por el Secretario General del Senado de la
República,[12]
el proyecto de ley fue anunciado para su discusión y aprobación en segundo
debate en la sesión del 7 de mayo de 2013, según consta en el Acta n.° 58 de la
misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 472 del 8 de julio de 2013.
Estudiado el texto de la referida acta, se encuentra sobre esta actuación lo
siguiente:
“Por
instrucciones de la Presidencia y, de conformidad con el Acto
Legislativo 01 de 2003, por Secretaría se anuncian los proyectos que se
discutirán y aprobarán en la próxima sesión.
Sí señor
Presidente. Proyectos para discutir y votar en la próxima sesión plenaria del
Senado de la República.
(…)
“Proyecto
de ley número 169 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el
Estatuto y Reglamento General de la Organización Internacional de
Policía Criminal (Interpol), adoptado por la Asamblea General dela Organización en
su vigésima quinta reunión realizada en Viena, en 1956 y el “Acuerdo sobre
privilegios e inmunidades para las Reuniones Estatutarias entre la
República de Colombia y la Secretaría General de la
Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), suscrito en la
ciudad de Lyon, República Francesa, el 26 de septiembre de 2012 y en la ciudad
de Bogotá, D. C., el 13 de noviembre de 2012.”
(…)
Están
leídos y anunciados, señor Presidente los proyectos, para la próxima sesión
plenaria del Senado dela República.”[13]
En cuanto a
la convocatoria para la siguiente sesión de la plenaria del Senado, al
finalizar la reunión en comento la mesa directiva indicó que “[s]iendo
las 11:45 p.m., la Presidencia levanta la sesión y convoca para el
día miércoles 8 de mayo de 2013, a las 3:00 p.m.”[14]
2.2.1.8.
Igualmente, la certificación citada hace constar que el proyecto de ley fue
considerado en segundo debate el 8 de mayo de 2013, sesión documentada en el
Acta n° 59 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 507 del 22 de
julio de 2013.  El Secretario General del Senado hace constar que “[e]l
mencionado proyecto de ley fue aprobado en segundo debate con el lleno de los
requisitos constitucionales, legales y reglamentarios, mediante votación
ordinaria, conforme al artículo 129 de la Ley 5 de 1992, y un quórum de 92 de
98 senadores, según el llamado a lista de la sesión plenaria”.[15]  Sobre el
particular, en el acta mencionada se encuentra lo siguiente:
“La
Presidencia indica a la Secretaría continuar con el siguiente
punto del Orden del día.
V
Lectura
de ponencias y consideración de Proyectos en Segundo Debate
Proyecto
de ley número 169 de 2012 Senado, por medio de la cual se
aprueba el Estatuto y Reglamento General de la Organización
Internacional de Policía Criminal -  Interpol, adoptado por la asamblea
general de la organización en su vigésima quinta reunión realizada en Viena, en
1956 y el “Acuerdo sobre privilegios e inmunidades para las
reuniones estatutarias entre la República de Colombia y la
Secretaría General de la Organización Internacional de Policía
Criminal – Interpol”, suscrito en la ciudad de Lyon, República
Francesa, el 26 de septiembre de 2012 y en la ciudad de Bogotá, D. C., el 13 de
noviembre de 2012.
La
Presidencia concede el uso de la palabra a la honorable Senadora ponente,
Myriam Alicia Paredes Aguirre.
Palabras
de la honorable Senadora Myriam Alicia Paredes Aguirre.
(…)
La Presidencia indica
a la Secretaría dar lectura a la proposición con que termina la
ponencia.
Por
Secretaría se da lectura a la proposición positiva con que termina el Informe
de ponencia.
La Presidencia somete
a consideración de la plenaria la proposición leída y, cerrada su discusión,
esta le imparte su aprobación.
SE
ABRE SEGUNDO DEBATE
Por
solicitud de la honorable Senadora Myriam Alicia Paredes Aguirre, la Presidencia somete
a consideración de la plenaria la omisión de la lectura del articulado del
proyecto y, cerrada su discusión, esta le imparte su aprobación.
La
Presidencia somete a consideración de la plenaria el articulado del
proyecto, y cerrada su discusión pregunta: ¿Adopta la plenaria el articulado
propuesto? Y esta responde afirmativamente.
La
Presidencia indica a la Secretaría dar lectura al título del proyecto.
Por
Secretaría se da lectura al título del Proyecto de ley número 169 de
2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el Estatuto y Reglamento
General de la Organización Internacional de Policía Criminal -
Interpol, adoptado por la Asamblea General de la
Organización en su Vigésima Quinta Reunión realizada en Viena, en 1956 y
el “acuerdo sobre privilegios e inmunidades para las reuniones estatutarias
entre la República de Colombia y la Secretaría
General de la Organización Internacional de Policía Criminal –
Interpol”, suscrito en la ciudad de Lyon, República Francesa, el 26 de
septiembre de 2012 y en la ciudad de Bogotá, D. C., el 13 de noviembre de 2012.
Leído
este, la Presidencia lo somete a consideración de la plenaria, y
cerrada su discusión pregunta: ¿Aprueban los miembros de la
Corporación el título leído? Y estos responden afirmativamente.
Cumplidos
los trámites constitucionales, legales y reglamentarios, la Presidencia pregunta:
¿Quieren los Senadores presentes que el proyecto de ley aprobado sea Ley
de la República? Y estos le imparten su aprobación.
La
Presidencia indica a la Secretaría continuar con el siguiente
proyecto.”[16]
2.2.2
Cámara de Representantes
2.2.2.1.
Para primer debate rindió ponencia el representante Oscar de Jesús Marín, cuya
publicación se llevó a cabo en la Gaceta del Congreso 347 del 30 de mayo de
2013.[17]
2.2.2.2.
Según certificación expedida por la Secretaria de la Comisión Segunda de la
Cámara de Representantes,[18]
en sesión del 4 de junio de 2013 se anunció la discusión y aprobación del
proyecto de ley. Ello de acuerdo con lo contenido en el Acta n.° 32 de esa
fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 627 del 6 de febrero de 2013. Acerca
de este procedimiento, en el acta mencionada se lee:
“Hace
uso de la palabra la Secretaria General de la Comisión Segunda,
doctora Pilar Rodríguez Arias:
Anuncio
de proyectos de ley para discusión y aprobación en primer debate, para dar
cumplimiento al artículo 8º del Acto Legislativo número 01 de 2003.
Proyecto
de ley número 309 de 2013 Cámara, 169 de 2012 Senado, “por
medio de la cual se aprueba el Estatuto y Reglamento General de la
Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol, adoptado
por la Asamblea General de la Organización en su Vigésima
Quinta Reunión realizada en Viena en 1956 y el Acuerdo sobre Privilegios e
Inmunidades para las Reuniones Estatutarias entre la República de
Colombia y la Secretaría General de la Organización
Internacional de Policía Criminal Interpol” suscrito en las ciudades de Lion
(sic), República Francesa el 26 de septiembre de 2012 y en la ciudad de
Bogotá, D. C., el 13 de noviembre de 2012.
Publicaciones:
Ponencia primer debate en Cámara: Gaceta del Congreso número
347 de 2013 señor Presidente, este proyecto será discutido y votado en la
próxima sesión de Comisión donde se discutan y aprueben proyectos de ley en
Comisión.”[19]
2.2.2.3.
Como consta en la certificación citada en el numeral anterior, el proyecto de
ley fue considerado y aprobado por la Comisión Segunda de la Cámara de
Representantes el 6 de junio de 2013,  en sesión contenida en el Acta de
Comisión No. 33, publicada en la Gaceta del Congreso 627 del 16 de agosto de
2013.  Expresa la certificación que la votación se hizo de manera nominal y
pública, por solicitud del representante Iván Cepeda.  Así, tanto la
proposición con la que termina el informe de ponencia, como el articulado y el
título del proyecto, fueron aprobados con 9 votos por el sí y uno por el no.
Acerca de la
aprobación de la iniciativa, en el acta mencionada se verifica lo siguiente:
“Hace
uso de la palabra la Secretaria General de la Comisión Segunda,
doctora Pilar Rodríguez Arias:
Con gusto
señor Presidente. Tercero. Discusión y aprobación de proyectos de ley en primer
debate. Este proyecto señor Presidente, fue anunciado en sesión de Comisión el
día 4 de junio de 2013.
Proyecto
de ley número 309 de 2013 Cámara, 169 de 2012 Senado, por medio
de la cual se aprueba el Estatuto y Reglamento General de la Organización
Internacional de Policía Criminal (Interpol), adoptado por la
Asamblea General dela Organización en su Vigésima Quinta Reunión
realizada en Viena en 1956 y el “Acuerdo sobre privilegios e inmunidades para
las reuniones estatutarias entre la República de Colombia y la
Secretaría General de la Organización Internacional de Policía
Criminal (Interpol)”, suscrito en la ciudad de Lyon, República Francesa el 26
de septiembre de 2012 y en la ciudad de Bogotá, D. C., el 13 de noviembre de
2012.
Autores:
señora Ministra de Relaciones Exteriores doctora María Ángela Holguín
Cuéllar y el señor Ministro de Defensa Nacional, doctor Juan Carlos
Pinzón Bueno.
Ponente:
honorable Representante Oscar de Jesús Marín.
Publicaciones
reglamentarias:
Texto
proyecto de ley: Gaceta del Congreso número 847 de 2012
Ponencia
primer debate Senado: Gaceta del Congreso número 127 de 2013
Ponencia
segundo debate Senado: Gaceta del Congreso número 186 de 2013
Ponencia
primer debate Cámara: Gaceta del Congreso número 347/132
Ese es el
proyecto de ley señor Presidente.
Han sido
citados para información como lo ha ordenado el pleno de esta célula la señora
Ministra de Relaciones Exteriores quien ha delegado a otro funcionario y el
señor Ministro de Defensa Nacional doctor Juan Carlos Pinzón Bueno. En
representación del Ministerio de Defensa Nacional, estarán presentes la doctora
Diana Quintero Cuello, señora Viceministra para la Estrategia y
Planeación y el señor Brigadier General Jorge Hernando Nieto Rojas, Director de
Investigación Criminal Interpol de la Policía Nacional de Colombia,
quien me informan se encuentran en camino. Ese es el proyecto de ley señor
Presidente.
Hace
uso de la palabra el señor Presidente (E) honorable Representante Eduardo José
Castañeda Murillo:
Señora
Secretaria, sírvase dar lectura a la proposición con que termina el informe de
ponencia para primer debate.
Hace
uso de la palabra la Secretaria General de la Comisión Segunda,
doctora Pilar Rodríguez Arias:
Con mucho
gusto señor Presidente. Si me lo permite señor Presidente, me permito registrar
la presencia del doctor Albeiro Vanegas Osorio, para un quórum de once (11)
honorables Representantes inscritos. Proposición con que termina el informe de
ponencia, por lo anterior me permito presentar ponencia positiva y solicito muy
respetuosamente a los integrantes de la Comisión
Segunda Constitucional de la honorable Cámara de Representantes, se ponga
a consideración y se apruebe en primer debate el Proyecto de ley número 309
de 2013 Cámara, 169 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el
Estatuto y Reglamento General de la Organización Internacional de
Policía Criminal (Interpol), adoptado por la Asamblea General de la
Organización en su Vigésima Quinta Reunión realizada en Viena en 1956 y el
“Acuerdo sobre privilegios e inmunidades para las reuniones estatutarias
entre la República de Colombia y la Secretaría
General de la Organización Internacional de Policía Criminal
(Interpol)”, suscrito en la ciudad de Lyon, República Francesa el 26 de
septiembre de 2012 y en la ciudad de Bogotá, D. C., el 13 de noviembre de 2012.
Honorable
Representante Oscar de Jesús Marín, Representante a la Cámara por
Antioquia. Leída la proposición final señor Presidente.
Hace
uso de la palabra el señor Presidente (E) honorable Representante Eduardo José
Castañeda Murillo:
En
consideración la proposición leída, se abre su discusión, anuncio que va a
cerrarse. Tiene la palabra el doctor Iván Cepeda.
Hace
uso de la palabra el honorable Representante Iván Cepeda Castro:
Buenos
días Presidente y a todos los colegas, las personas que están presentes en el
día de hoy, creo que la lucha trasnacional contra el crimen organizado y contra
múltiples formas de actividad criminal, no puede ser desconocida ni rechazada y
ese no es el sentido de lo que pensamos desde el Polo Democrático, sin embargo
son conocidas múltiples críticas a la manera en cómo actúa Interpol
internacionalmente, situaciones en las cuales el respeto a los derechos
humanos, situaciones en las cuales el atenerse a la legalidad internacional
brilla por su ausencia; así que desde esa perspectiva para mí es difícil votar
afirmativamente este proyecto y voy a hacerlo de manera negativa, así que
Presidente pido votación nominal con relación a esta iniciativa.
Hace
uso de la palabra el señor Presidente (E) honorable Representante Eduardo José
Castañeda Murillo:
Así se
hará doctor Cepeda. Señora Secretaria ponga en consideración la proposición.
Hace
uso de la palabra la Secretaria General de la Comisión Segunda,
doctora Pilar Rodríguez Arias:
Si señor
Presidente. Por el Sí se aprueba la proposición final por el No se niega.
[Aquí el
registro de la votación nominal]
Le
informo señor Presidente que nueve (9) honorables Representantes han votado por
el Sí uno (1) No, en consecuencia se ha aprobado Presidente la proposición
final.
Hace
uso de la palabra el señor Presidente (E) honorable Representante Eduardo José
Castañeda Murillo:
Tiene la
palabra el doctor Oscar de Jesús Marín ponente de este proyecto.
(…)
Hace
uso de la palabra el Presidente de la Comisión (e) doctor Eduardo
José Castañeda:
Señora
Secretaria, sírvase dar lectura al articulado de este importante proyecto.
Hace
uso de la palabra la Secretaria General, doctora Pilar Rodríguez Arias:
Me
permito informarle que son 3 artículos debidamente publicados en la Gaceta del
Congreso número 347 de 2013 señor Presidente.
Hace
uso de la palabra el Presidente de la Comisión (e) doctor Eduardo
José Castañeda:
En
consideración el articulado leído, continúa la discusión. Doctor Albeiro
Vanegas por favor no se retire que estamos en votación. Señora Secretaria
llamar a lista para votación nominal.
Hace
uso de la palabra la Secretaria General, doctora Pilar Rodríguez Arias:
Sí señor
Presidente vamos a realizar votación nominal, propuesta por el honorable Iván
Cepeda Castro. Por el Sí se aprueba el articulado del proyecto, por el No se
niega. Se les ruega a los honorables Representantes, no ausentarse del salón de
sesiones porque nos encontramos en votación.
[Aquí la
votación nominal]
Nueve
honorables Representantes han respondido Sí, un voto negativo, en consecuencia
se ha aprobado el articulado leído señor Presidente.
Hace
uso de la palabra el Presidente de la Comisión (e) doctor Eduardo
José Castañeda:
Señora
Secretaria, sírvase dar lectura al título del proyecto.
Hace
uso de la palabra la Secretaria General, doctora Pilar Rodríguez Arias:
Con mucho
gusto señor Presidente, por medio de la cual se aprueba el Estatuto y
Reglamento General de la Organización Internacional de Policía
Criminal (Interpol), adoptado por la Asamblea General de la
Organización en su Vigésima Quinta Reunión realizada en Viena en 1956 y el
“Acuerdo sobre privilegios e inmunidades para las reuniones estatutarias
entre la República de Colombia y la Secretaría
General de la Organización Internacional de Policía Criminal
(Interpol)”, suscrito en la ciudad de Lyon, República Francesa el 26 de
septiembre de 2012 y en la ciudad de Bogotá, D. C., el 13 de noviembre de
2012. Ese es el título señor Presidente para poner en consideración.
Hace
uso de la palabra el Presidente de la Comisión (e) doctor Eduardo
José Castañeda:
En
consideración el título leído y la pregunta si quieren que sea ley de la
República.
Hace
uso de la palabra la Secretaria General, doctora Pilar Rodríguez Arias:
Por el
Sí, se aprueba el título leído, por el No se niega y los honorables
Representantes también contestan si quieren que sea ley dela República y
pase al siguiente debate.
Hace
uso de la palabra el Presidente de la Comisión (e) doctor Eduardo
José Castañeda:
Llamar a
lista.
Hace
uso de la palabra la Secretaria General, doctora Pilar Rodríguez Arias:
Con gusto
Presidente.
[Aquí el
registro de la votación nominal]
Han
contestado a lista nueve (9) honorables Representantes por el Sí, señor
Presidente, un voto por el No, en consecuencia se ha aprobado el título del
proyecto y los honorables Representantes quieren que este proyecto pase al
siguiente debate y se convierta en ley de la República.
Hace
uso de la palabra el Presidente de la Comisión (e) doctor Eduardo
José Castañeda:
Se
designa como ponente para segundo debate en plenaria de Cámara, al doctor Oscar
de Jesús Marín, Representante por Antioquia del Partido Liberal. Contamos con
la presencia de la señora Viceministra de la Defensa, ella quiere
intervenir. Tiene la palabra doctora con todo gusto.”[20]
2.2.2.4.
Para segundo debate la ponencia fue presentada por el representante Óscar de
Jesús Marín, publicándose en la Gaceta del Congreso 398 del 11 de junio de 2013.[21]
2.2.5. De
acuerdo con lo certificado por el Secretario General de la Cámara de
Representantes,[22]
en sesión plenaria del 18 de junio de 2013 se anunció la discusión y aprobación
del proyecto de ley.  Esta actuación está contenida en el Acta n.° 215 de la
misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 751 de 2013.
Sobre el
particular se advierte en el mencionado documento lo siguiente:
“Dirección
de la Presidencia, doctor Carlos Andrés Amaya Rodríguez:
Gracias
señor Secretario. Anuncio la conformación de la Comisión Accidental para
estudiar las 150 proposiciones que han sido presentadas, el doctor Puentes, la
doctora Franco, el doctor Roosvelt, el doctor Dídier y el doctor Alfredo
Deluque.
Estaremos
citando para el día 19 de junio, mañana a las 8 de la mañana. Doctora Alba Luz,
se levanta la sesión.
Disculpe
señora Secretaria, anuncie los proyectos antes de levantar la sesión.
Subsecretaria
General, doctora Flor Marina Daza Ramírez:
Señor
Presidente, se anuncian los siguientes proyectos para la sesión del día de
mañana 19 de junio del 2013.
(…)
Proyecto
de ley número 309 de 2013 Cámara, 169 de 2012 Senado, por medio
de la cual se aprueba el “Estatuto y Reglamento General de la Organización
Internacional de Policía Criminal (Interpol)”, adoptado por la
Asamblea General de la Organización en su vigésima quinta
reunión, realizada en Viena, en 1956 y el “Acuerdo sobre Privilegios e
Inmunidades para las Reuniones Estatutarias entre la República de
Colombia y la Secretaría General de la Organización
Internacional de Policía Criminal (Interpol)”, suscrito en la ciudad de
Lyon, República Francesa, el 26 de septiembre de 2012 y en la ciudad de Bogotá,
D. C., el 13 de noviembre de 2012.
(…)
Señor
Presidente, han sido anunciados los proyectos de ley para el día de mañana 19
de junio del 2013, de acuerdo al Acto Legislativo número 1 de julio 3 del 2003
en su artículo 8º.
Dirección
de la Presidencia, doctor Carlos Andrés Amaya Rodríguez:
Gracias
señora Secretaria, simplemente para reconfirmar el anuncio de todos los
proyectos. Se cita entonces para el día de mañana 19 de junio a las 8 de la
mañana.
Se
levanta la sesión siendo las 9:42 p. m. Muchas gracias.
2.2.2.6.
Según la certificación antes citada, en sesión plenaria del 19 de junio de 2013, a la cual se hicieron presentes 159 Representantes, se consideró y aprobó por unanimidad y en
votación ordinaria, el informe de ponencia para segundo debate, como el título
y articulado del proyecto de ley, decisión consignada en el Acta n.° 216 de la
misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 757 del 23 de septiembre.  En
el acta correspondiente se comprueba dicha aprobación del siguiente modo:
“Dirección
de la Presidencia, doctor Carlos Andrés Amaya Rodríguez:
Proyecto
de ley que está en el lugar número 21, señor Secretario lo votamos y seguimos
con traslados.
Secretario,
doctor Jorge Humberto Mantilla Serrano, informa:
Por medio
de la cual se aprueba el “Estatuto y Reglamento General de la
Organización internacional de Policía Criminal (Interpol)”, adoptado
por la Asamblea General de la Organización en su vigésima
quinta reunión, realizada en Viena, en 1956 y el Acuerdo sobre privilegios e
inmunidades para las reuniones estatutarias entre la República de
Colombia y la Secretaría General dela Organización
Internacional de Policía Criminal (Interpol)¿, suscrito en la ciudad de
Lyon, República Francesa, el 26 de septiembre de 2012 y en la ciudad de Bogotá,
D. C., el 13 de noviembre de 2012¿.
Autores:
Ministra de Relaciones Exteriores doctora María Ángela Holguín Cuéllar y
el Ministro de Defensa doctor Juan Carlos Pinzón Bueno.
Ponente: Óscar
de Jesús Marín.
Informe
con que termina la ponencia dice así;
Proposición:
Por lo
anterior me permito presentar ponencia positiva y solicito muy respetuosamente
a los integrantes de la Plenaria de la honorable Cámara de
Representantes se ponga a consideración y se apruebe en segundo debate el Proyecto
de ley números 309 de 2013 Cámara y 169 del 2012 Senado, por medio de
la cual se aprueba el Estatuto y Reglamento General de la Organiza
Internacional de Policía Criminal (Interpol), adoptado por la
Asamblea General de la Organización en su vigésima quinta
reunión, realizada en Viena 1956 y el acuerdo sobre privilegios e inmunidades
para las reuniones estatutarias ante la República de Colombia y la
Secretaría General de la Organización Internacional de Policía
Criminal Interpol, suscrito en la ciudad de Lyon República Francesa el 26 de
Septiembre del 2012 y en la ciudad de Bogotá D.C el 13 de noviembre del 2012.
Firma Óscar
de Jesús Marín.
Ha sido
leída la proposición con que termina la ponencia.
Dirección
de la Presidencia, doctor Carlos Andrés Amaya Rodríguez:
Gracias
señor Secretario, en consideración la proposición con que termina el informe de
ponencia, anuncio que va a cerrarse la discusión, queda cerrada, aprueba la
Cámara de Representantes.
Secretario,
doctor Jorge Humberto Mantilla Serrano, informa:
Ha sido
aprobada señor Presidente.
Dirección
de la Presidencia, doctor Carlos Andrés Amaya Rodríguez:
Articulado
señor Secretario.
Secretario,
doctor Jorge Humberto Mantilla Serrano, informa:
Consta de
tres artículos sin ninguna proposición.
Dirección
de la Presidencia, doctor Carlos Andrés Amaya Rodríguez:
En
consideración el articulado señor Secretario anuncio que va a cerrarse la
discusión, queda cerrada, aprueba la Cámara de Representantes.
Secretario,
doctor Jorge Humberto Mantilla Serrano, informa:
Ha sido
aprobada señor Presidente.
Dirección
de la Presidencia, doctor Carlos Andrés Amaya Rodríguez:
Título
del proyecto señor Secretario.
Secretario,
doctor Jorge Humberto Mantilla Serrano, informa:
Por medio
de la cual se aprueba el “Estatuto y Reglamento General de la
Organización internacional de Policía Criminal (Interpol)”, adoptado
por la Asamblea General de la Organización en su vigésima
quinta reunión, realizada en Viena, en 1956 y el “Acuerdo sobre privilegios e
inmunidades para las reuniones estatutarias entre la República de
Colombia y la Secretaría General dela Organización
Internacional de Policía Criminal (Interpol)”, suscrito en la ciudad de
Lyon, República Francesa, el 26 de septiembre de 2012 y en la ciudad de Bogotá,
D. C., el 13 de noviembre de 2012”.
Ha sido
leído señor Presidente el título de este proyecto.
Dirección
de la Presidencia, doctor Carlos Andrés Amaya Rodríguez:
En
consideración el título y la pregunta si quiere la Cámara que sea ley
de la República, anuncio que va a cerrarse la discusión, queda cerrada,
aprueba la Cámara.
Secretario,
doctor Jorge Humberto Mantilla Serrano, informa:
Ha sido
aprobado señor Presidente.
Dirección
de la Presidencia, doctor Carlos Andrés Amaya Rodríguez:
Honorable
Plenaria, el doctor Carlos León Celis me solicita y le quiero consultar a la
Plenaria si es posible que votemos el Proyecto número 16 en el Orden del
Día, que es una enmienda que no tiene ninguna proposición, si está de
acuerdo la Plenaria y señor Secretario proyectos número 16 en el
Orden del Día.
Secretario,
doctor Jorge Humberto Mantilla Serrano, informa:
Se deja
constancia en el anterior proyecto que la última votación registrada de
honorables Representantes fue de 96 Congresistas.”[23]
Por último,
debe aclararse que en tanto los textos aprobados por las plenarias del Senado y
de la Cámara de Representantes no presentaron discrepancias, no hubo lugar al
trámite de conciliación.
Constitucionalidad
del trámite legislativo
2.3. La
descripción del procedimiento surtido por el proyecto de ley permite a la Corte
concluir que la norma de la referencia es exequible desde su aspecto formal,
como se explica a continuación.
2.3.1. En
efecto, el proyecto de ley inició su trámite en el Senado de la República,
cumpliéndose con ello lo previsto en el artículo 154 C.P., así como el artículo 143 del Reglamento del Congreso (R.C.).
2.3.2. El
proyecto de ley fue objeto de las publicaciones de que trata el artículo 157-2 C.P., tanto en lo que respecta a la iniciativa originalmente presentada, así como los informes de
ponencia formulados ante comisiones y plenarias.  Del mismo modo, las
publicaciones se hicieron de manera previa a cada uno de los debates
correspondientes, como se explica en el cuadro siguiente:
Documento
Publicación
Fecha
del debate y votación
Proyecto
de ley
Gaceta 847
del 26 de noviembre de 2012
Ponencia
para primer debate ante la Comisión Segunda del Senado
Gaceta 127
del 21 de marzo de 2013
3 de abril
de 2013
Ponencia
para segundo debate ante la plenaria del Senado
Gaceta 186
del 5 de abril de 2013
8 de mayo
de 2013
Ponencia
para primer debate ante la Comisión Segunda de la Cámara
Gaceta 347
del 30 de mayo de 2013
6 de junio
de 2013
Ponencia
para segundo debate ante la plenaria de la Cámara
Gaceta 398
del 11 de junio de 2013
19 de
junio de 2013
2.3.3. La
iniciativa fue aprobada en cada uno los debates, tanto en comisiones como en
plenarias.  Sobre el particular debe tenerse en cuenta que en cada una de las
etapas del trámite legislativo, salvo en lo que respecta a la Comisión Segunda
de la Cámara de Representantes, el proyecto fue aprobado por unanimidad y a
través de votación ordinaria.  Así, aunque el artículo 133 C.P. prescribe que las votaciones de las corporaciones públicas serán nominales y públicas,
difirió las excepciones a la Ley.  En tal sentido, el artículo 129 R.C.,
modificado por el artículo 1° de la Ley 1431 de 2011 estipula en su numeral 16
que no se requerirá votación nominal y pública “cuando en el trámite del
proyecto de ley exista unanimidad por parte de la respectiva comisión o
plenaria para aprobar o negar todo o parte del articulado de un proyecto, a
menos que esa forma de votación sea solicitada por alguno de sus miembros.”
Para el caso
analizado, se observa que dicha unanimidad es comprobable en las instancias que
se hizo uso de la votación ordinaria, pues en cada una de las etapas del
trámite no se mostró ninguna proposición frente al articulado e, incluso, en
varias de esas instancias se adelantaron acciones que unívocamente mostraban el
común acuerdo de comisiones y plenarias respecto a la aprobación del proyecto
de ley.  Así, para el caso de la aprobación en primer,  debate y segundo
debate, fue aprobada la omisión de lectura del articulado.  En el tercer
debate, surtido ante la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes se hizo
expresa mención por la Secretaria General que el articulado no tenía
proposiciones modificatorias.  Igualmente, en el cuarto debate se hizo expresa
mención por la Secretaría General que el articulado no tenía proposiciones
modificatorias, luego de lo cual la plenaria de la Cámara asintió en la
aprobación del proyecto.
Estas
circunstancias, sumadas al hecho que al tratarse de un proyecto de ley
ordinaria no hay lugar a la exigencia de mayoría cualificada, llevan a la Corte
a concluir la validez de la excepción a la votación nominal prevista en el
artículo 129-16 R.C., utilizada por el Senado y la Plenaria de la Cámara. A
este respecto, debe indicarse que la jurisprudencia constitucional ha
considerado que las circunstancias planteadas son indicativas de la existencia
de unanimidad en la aprobación.  Así, en la reciente sentencia C-360/13 se expresó
lo siguiente:
“Comoquiera
que el articulado del proyecto fue aprobado en cada una de las sesiones tanto
de las comisiones como de las plenarias por unanimidad su votación queda
comprendida en la excepción prevista en el numeral 16 del artículo 129 del
Reglamento del Congreso. Lo anterior significa que es posible avalar la
votación ordinaria llevada a cabo en el presente trámite legislativo, como una
excepción a la votación nominal y pública, teniendo en cuenta que en la
verificación de la aprobación del proyecto de ley permite constatar que fue
realizada por unanimidad.
Ahora
bien, debe resaltarse que en el caso analizado existen suficientes pruebas
dentro del trámite acerca de la unanimidad en la votación.  Nótese que en
varias de las etapas del trámite se prescindió de la lectura del articulado y
que, además, no existió ninguna oposición a la manera cómo se aprobaba la
iniciativa.
De otro
lado, es importante aclarar que las leyes aprobatorias de tratados, como lo ha
señalado la jurisprudencia, están sometidas a los requisitos propios de las
leyes ordinarias, por lo que pueden ser aprobadas con mayoría simple.  Esta
comprobación es importante, pues basta que se compruebe que el proyecto de ley
cuenta con el apoyo unánime de la célula legislativa correspondiente, para que
se evidencie su aprobación.  Este escenario difiere de aquellos proyectos de
ley o acto legislativo en que, por mandato constitucional, se exige una mayoría
calificada, caso en el cual debe existir evidencia acerca del número de votos
requeridos.  En esos eventos, las cámaras están en la obligación de adoptar la
regla de votación nominal o pública y, en el evento que consideren que al
existir unanimidad hay lugar a aplicar la excepción antes explicada, esto no
exime de la necesidad de contar con contar con evidencia acerca que la
iniciativa contó con las mayorías cualificadas exigidas por la Constitución.
Lo
anterior no quiere decir, en modo alguno, que el requisito constitucional de
votación nominal y pública solo sea exigible en aquellos casos en que concurre
el requisito de mayoría calificada.  En contrario, esa modalidad de votación es
la regla general para la aprobación de los proyectos de ley y acto legislativo,
solo que opera coetáneamente con el mayor grado de escrutinio que se impone
para el control judicial del procedimiento legislativo cuando la Carta Política
exige mayoría calificada.  En ese último evento, es claro que la validez de la
excepción derivada de la votación unánime dependerá de la posibilidad de
comprobar que se contó con las mayorías requeridas.”
Como se
observa, estas condiciones son igualmente predicables del caso analizado,
comprobándose con ello la existencia de unanimidad y, con ello, la procedencia
del mecanismo exceptivo de la votación ordinaria.
2.3.3. En el
trámite fueron cumplidos los plazos de que trata el artículo 160 C.P., relativos a que entre el primer y segundo debate deberá mediar un lapso no inferior a ocho
días, y entre la aprobación del proyecto en cada una de las cámaras y la
iniciación del debate en la otra, deberán transcurrir por lo menos quince días.
En efecto,
para el caso del Senado, el primer debate se llevó a cabo el 3 de abril de 2013
y el segundo debate el 8 de mayo del mismo año.  En el caso de la Cámara, el
primer debate se celebró el 6 de junio de 2013 y el segundo debate el 19 del
mismo mes.
2.3.4. De
igual forma, el requisito de anuncio previo a la votación de que trata el
artículo 160 C.P. se cumplió a cabalidad.  De acuerdo con lo expuesto
anteriormente, tanto en la Comisión Segunda del Senado como en plenarias la
discusión y aprobación del proyecto de ley fueron anunciadas para una fecha
determinada, en la que efectivamente se llevó a cabo tal procedimiento.  Por
ende, no se mostró ni ruptura en la cadena de anuncios, ni menos la falta de
certeza sobre la sesión en que sería llevada a cabo la votación respectiva,
acreditándose con ello la exigencia constitucional.
Ahora bien,
en el caso de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, el anuncio se
hizo para una fecha determinable.  En efecto,  la mesa directiva utilizó la
expresión “próxima sesión” en la cual se discutieran y aprobaran
proyectos de ley.  Efectivamente, en la sesión siguiente de la Comisión se
aprobó el proyecto de ley en esa instancia del trámite legislativo, como se
demuestra del consecutivo de actas correspondiente.  De allí que se encuentre
cumplido con el requisito de anuncio previo en dicho procedimiento.
2.4.
Impertinencia de la consulta previa en el caso concreto
Aunque en
apartado posterior se hará una explicación más extensa acerca del contenido
material del Estatuto y el Reglamento de Interpol, así como del Acuerdo sobre
Privilegios e Inmunidades suscrito por Colombia, la Corte advierte
preliminarmente que se trata de instrumentos internacionales destinados a fijar
aspectos institucionales y administrativos de Interpol, así como determinar las
prerrogativas diplomáticas de sus funcionarios cuando ingresen al territorio
nacional y con el ánimo de efectuar actividades propias de esa organización.
Estas materias no afectan a las comunidades étnicas, en tanto no están
vinculadas con asuntos propios de la definición de su identidad. De allí que el
requisito de consulta previa de medidas legislativas de que trata el artículo
6° del Convenio 169 de la OIT, no resulta predicable en el asunto de la
referencia.
2.5.
Sanción presidencial y remisión a la Corte Constitucional
La Ley 1670
fue sancionada por el Presidente de la República el 16 de julio de 2013,
remitiéndose para su estudio a la Corte el 19 del mismo mes, a través de oficio
radicado en esa fecha por la Secretaria Jurídica de la Presidencia,[24] cumpliéndose
con ello el término de seis días al que refiere el artículo 241-10 de la
Constitución.
En
consecuencia, la Corte concluye que para el asunto bajo examen  Así, superada
esta primera etapa del estudio de constitucionalidad, la Corte procederá a
realizar el análisis sobre la materia del instrumento internacional.
3.
Aspectos de fondo
En razón de
la distribución temática de los tratados internacionales aprobados por el
Congreso en la Ley 1670/13, la Corte asumirá su estudio de la siguiente manera.
En primer lugar, hará una revisión de la jurisprudencia constitucional en
materia de la exequibilidad general de aquellos instrumentos dirigidos a la
cooperación internacional en materia de investigación y sanción de delitos, en
tanto este precedente fija las reglas para decidir acerca de la
constitucionalidad de las disposiciones del Estatuto y el Reglamento de
Interpol. En segundo término, la Sala hará una explicación de los ejes
temáticos de dicha regulación internacional, con el fin de verificar su
compatibilidad con la Constitución.
En lo que
respecta al Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades, la Corte adelantará un
análisis similar, en el cual identificará los estándares fijados tanto por la
jurisprudencia constitucional como por el derecho internacional sobre esa
materia y, a partir de las reglas que de allí se deriven, decidirá acerca de la
exequibilidad del tratado, previa explicación sobre sus contenidos.
3.1. La
cooperación internacional en materia de investigación y sanción de los delitos
y su compatibilidad general con la Constitución
Como se
expresa en la exposición de motivos y en los diferentes informes de ponencia
del proyecto de ley que dio lugar a la norma objeto de análisis, la pertenencia
de Colombia a la Organización Internacional de Policía Criminal – Interpol, se
justicia en la necesidad de hacer parte de un ente internacional que está
enfocado en prestar asistencia a los Estados miembros en materia de previsión y
represión del delito, tanto en su faceta nacional como transnacional.
Este objetivo
se logra a través de varias estrategias, entre las que se destaca el
intercambio de información que hace parte del servicio mundial de
comunicación policial protegida y las bases de datos y servicios de
carácter operativo policial. Estas fuentes de información permiten a los Estados
miembros acceder a datos sobre criminalidad global, así como compartir entre
ellos solicitudes de captura, notificaciones de personas desaparecidas,
información sobre testigos y víctimas, identificación de objetos y cadáveres,
notificación de bienes hurtados, personas con antecedentes criminales, sujetos
vinculados con el abuso sexual de niños y niñas, huellas dactilares y perfiles
genéticos, entre otros.
A su vez,
Interpol presta servicios de asistencia a los Estados miembros, en el ámbito
del mejoramiento de la actividad policial, a través de instrumentos de apoyo
como asesoría general, equipos de personal especializado para la atención de
casos como catástrofes, eventos deportivos internacionales y peritajes técnicos
en materia de investigación criminal.  A estas actividades se suman programas
de capacitación para funcionarios policiales en temas como terrorismo, delitos
informáticos, trata de personas, narcotráfico, medio ambiente, rastreo de armas
y falsificación de moneda, entre otros.
Para el
análisis de las disposiciones del Estatuto y Reglamento, la Corte considera
pertinente partir de señalar que la jurisprudencia constitucional ha declarado
la exequibilidad general de aquellos tratados internacionales que tienen por
objeto la asistencia y cooperación destinada a la investigación y sanción de
delitos, particularmente aquellos que tienen carácter transnacional o que afectan
bienes jurídicos reconocidos de forma global, particularmente al estar
vinculados con la defensa de derechos y garantías que hacen parte del derecho
internacional de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario.
La idea
central que fundamenta esa compatibilidad general consiste en advertir que, de
conformidad con el artículo 226 C.P., una de las bases en que se fundamentan
las relaciones internacionales de Colombia es la conveniencia nacional, que
para el caso analizado se traduce en el cumplimiento de los fines esenciales
del Estado, entre ellos el aseguramiento de la convivencia pacífica y el orden
justo.  Así, en la medida en que estos tratados están dirigidos a otorgar
herramientas que faciliten la investigación y sanciones de delitos, entonces
resultan exequibles en tanto satisfacen bienes jurídicos que interesan a la
Constitución.
En ese orden
de ideas, la Corte ha señalado que “…que la mutua colaboración y asistencia
en  materia legal y judicial, el intercambio de información y pruebas, la
notificación de actos procesales, la localización e identificación de personas,
el traslado de testigos y peritos, la ejecución, en los territorios de los
Estados partes, de órdenes judiciales relativas a inmovilización y decomiso de
bienes, productos e instrumentos con los que se hayan cometido los delitos,
siempre dentro del marco de las limitaciones y condiciones que imponga el
ordenamiento jurídico interno de los países signatarios, no sólo constituyen
acciones eficaces en un mundo en el que el delito, paralelamente con la
economía y el avance tecnológico, presenta una clara y acelerada tendencia a la
globalización y a la internacionalización, sino que contribuyen a la
realización de los mandatos constitucionales consagrados en los artículos 9,
150-16, 226 y 227 de la C.P.”[25]
Este mismo
precedente ha puesto de presente que los mencionados mecanismos de cooperación
y asistencia, a pesar de su constitucionalidad general, deben cumplir
requisitos concretos para su exequibilidad, referidos al respecto de la
cláusula general de debido proceso. Sobre este particular, la Corte ha
considerado que es constitucional que los tratados de asistencia y cooperación
judicial penal prevean instrumentos para que los Estados miembros hagan
diversas solicitudes entre sí, la mayoría de las veces referidas al envío de
información constitutiva de prueba judicial y la remisión de personas para su
asistencia en diligencias, entre otras modalidades de colaboración
internacional. Sin embargo, la jurisprudencia ha resaltado que dicha
exequibilidad está supeditada a que en el marco del ejercicio de dichas
modalidades de cooperación se dé estricto cumplimiento a las diferentes
garantías que integran el derecho al debido proceso, comprendido en su carácter
sustantivo.  A este respecto, en la sentencia C-939/08, al declarar la
exequibilidad del Protocolo Adicional al Acuerdo de Cooperación Judicial Penal
con el Reino de España, se determinó por la Corte que diferentes modalidades de
asistencia judicial recíproca eran “…connaturales con la finalidad
del Convenio en estudio, en la medida en que concretan la cooperación judicial
internacional en materia penal, para lo cual las actuaciones y gestiones
resumidas con anterioridad encuentran su sustento en la soberanía de los dos
Estados, en la reciprocidad en los pactos que debe orientar la política
exterior colombiana, la realización de la función pública de administrar justicia
y la prevalencia de la autonomía de la voluntad de las personas requeridas para
que comparezcan. No obstante esa relación soberana entre los Estados
contratantes para definir tales cláusulas, no puede perderse de vista que las
autoridades colombianas encargadas de ejecutar las formas de asistencia
relatadas, deben actuar en total concordancia con los principios del debido
proceso que consagra la Constitución y la legislación interna, como aquellos
que garantizan la protección de los derechos fundamentales y las libertades
públicas de las personas que se vean involucradas, en vigencia de la
superioridad de la Constitución Política en el ordenamiento jurídico como
"norma de normas.”
En suma, la
jurisprudencia constitucional ha sido uniforme en considerar que los tratados
internacionales dirigidos a la cooperación y asistencia judicial penal y, de
una manera más amplia, a la investigación y sanción de delitos, son compatibles
con la Carta en tanto confieren instrumentos valiosos para el logro de la
convivencia pacífica.  Sin embargo, esa compatibilidad general no obsta para
que los mecanismos específicos de cooperación y asistencia deban mostrarse compatibles
con el debido proceso y en general, con la vigencia de los derechos
fundamentales de las personas involucradas en la ejecución de tales modalidades
de colaboración entre Estados.
3.2. La
exequibilidad del Estatuto de Interpol
De manera
preliminar, la Corte advierte que la regulación contenida en el Estatuto de la
Organización Internacional de Policía Criminal OIPC – Interpol refiere, en su
integridad, a asuntos institucionales y administrativos de ese ente.  Normas de
esta naturaleza prima facie no generan debate alguno en cuanto a su
compatibilidad con la Constitución. Ello debido a que se trata de regulaciones
usuales en la conformación de organismos naturales y que en su gran medida no
versan sobre asuntos sustantivos sino enteramente procedimentales y dentro del
ejercicio de las funciones de asistencia y cooperación judicial, cuya
exequibilidad general ha sido explicada en el fundamento jurídico anterior.
En ese orden
de ideas, la Corte asumirá los ejes temáticos del Estatuto de la Interpol,
concentrándose en el análisis de aquellos aspectos que ofrezcan algún grado de
debate desde la perspectiva constitucional. Para ello, se utilizará la
estructura que ofrece el mismo tratado internacional
Disposiciones
generales
El Estatuto
cuenta con cincuenta artículos y un anexo.  El primer apartado refiere a las
disposiciones generales sobre la denominación de la Organización (Art. 1°), las
finalidades de Interpol, que consisten en (i) conseguir y desarrollar, dentro
del marco de las leyes de los diferentes países y del respeto a la Declaración
Universal de Derechos Humanos, la más amplia asistencia recíproca de las
autoridades de policía criminal; y (ii) establecer y desarrollar todas las
instituciones que puedan contribuir a la prevención y a la represión de las
infracciones de derecho común. (Art. 3°); la prohibición que Interpol de
ejercicio de cualquier actividad o intervención en asuntos de carácter
político, militar, religioso o racial y;  la facultad de cada país de designar
como miembro de Interpol a cualquier organismo oficial de policía cuyas
funciones estén comprendidas en el marco de actividades de la Organización
(Art. 4°)
Estos
preceptos son compatibles con la Constitución.  Así, en lo que respecta a las
finalidades de Interpol, reiteran los objetivos que la Corte ha declarado
exequibles en las sentencias que se han ocupado del análisis de acuerdos de
cooperación y asistencia judicial penal, según se explicó en precedencia. A su
vez, la prohibición contenida en el artículo 3° es desarrollo del principio de
autodeterminación de los Estados, el cual es pilar del derecho internacional
público y está expresamente consagrado en el artículo 9° C.P. como uno de los
fundamentos de la relaciones exteriores del Estado colombiano.
Finalmente,
la norma que prevé la posibilidad que los Estados designen qué autoridad de
policía ejercerá como miembro de Interpol, tiene un carácter enteramente operativo,
pues facilita el ejercicio de las actividades de asistencia entre Colombia y
dicha Organización.  A este respecto debe tenerse en cuenta que la
jurisprudencia constitucional ha determinado que preceptos de esta naturaleza
se insertan exclusivamente en el marco del cumplimiento de los fines del ente
internacional, sin en que en modo alguno puedan comprenderse como la asignación
de las funciones constitucionales de representación del Estado colombiano, las
cuales son privativas del Presidente de la República.  Sobre este tópico, al
analizar una norma similar la Corte señaló que “[l]as facultades
definidas en este Acuerdo a favor de la Fiscalía y del Ministerio de Justicia
en modo alguno pretenden sustituir el ámbito político del Presidente en su
calidad de jefe de Estado, ni la específica competencia constitucional que se
le atribuye al Primer Mandatario con respecto a la “dirección” de las
relaciones internacionales. En efecto, las funciones instituidas en el tratado
objeto de estudio, definen atribuciones a la Fiscalía y al Ministerio en
aspectos meramente técnicos e instrumentales, muy diferentes a los
explícitamente políticos del Presidente, como puede verse de la naturaleza de
las funciones asignadas a tales organismos. ||“A juicio de la Corte, en
consecuencia, no atenta contra la Carta el reconocimiento por parte de este acuerdo
de competencias técnicas e instrumentales a la Fiscalía y al Ministerio de
Justicia, relacionadas con el cumplimiento de las disposiciones pertinentes en
materia de cooperación en el ámbito penal, pues se trata de una competencia que
se relaciona directamente con las funciones que éstas entidades asumen en el
régimen interno y que no comprometen ninguna disposición constitucional, al
ajustarse a la legislación nacional.”[26]
Estructura
y funcionamiento
El artículo
5° del Estatuto identifica como órganos que conforman a Interpol a la Asamblea
General, el Comité Ejecutivo, la Secretaría General, las Oficinas Centrales
Nacionales, los Asesores y la Comisión de Control de Ficheros.
Los
artículos 6° a 14 del Estatuto regulan los aspectos relativos a la Asamblea
General.  La Asamblea es el órgano supremo de la Organización y está compuesta
por los Delegados delos Estados Miembros (Art. 6°). Cada Estado miembro podrá
estar representado por uno o varios Delegados, con un solo jefe de la misión.
Debe procurarse que estas delegaciones estén conformadas por altos funcionarios
que ejerzan tareas de policía, así como autoridades y especialistas vinculados
a la materia policial (Art. 7°).
Conforme al
artículo 8°, la Asamblea General tiene como funciones (i) asumir las
responsabilidades establecidas en el Estatuto; (ii)  establecer los principios
y decidir las medidas generales conducentes al logro de los objetivos de la
Organización, tal como se enuncian en el artículo 2; (iii) examinar y aprobar
el programa de trabajo presentado por el Secretario General para el año
siguiente; (iv) fijar las disposiciones de cuantos reglamentos se estimen
necesarios; (v)  elegir las personalidades que hayan de asumir las funciones
previstas en el Estatuto; (vi) aprobar resoluciones y dirigir recomendaciones a
los Miembros sobre las cuestiones que sean de la competencia de la
Organización; (vii) determinar la política financiera de la Organización; y
(viii) examinar y aprobar los acuerdos concertados con otras organizaciones.  A
su vez, el artículo 9° contempla la cláusula según la cual los Miembros de
Interpol deberán hacer cuanto sea compatible con sus propias necesidades por
cumplir las decisiones de la Asamblea General.
La Asamblea
General sesionará una vez al año, con la posibilidad de convocar reuniones
extraordinarias solicitadas por la mayoría de sus miembros (Art. 10).  En
dichas reuniones podrán conformarse comisiones especializadas para el estudio
de determinadas cuestiones, así como podrá decidirse la convocatoria de
conferencias regionales (Art. 11). Así mismo, el Estatuto determina las reglas
para la definición del lugar de la reunión siguiente (Art. 12) y aclara que  en
la Asamblea General solo tendrá derecho de voto un Delegado de cada país y las
decisiones serán tomadas por mayoría simple, salvo en aquellos casos que el
Estatuto requiera expresamente la mayoría de dos tercios (Arts. 13 y 14).
La Corte
advierte que estas normas, en cuanto refieren a asuntos propios del
funcionamiento de la Asamblea General, no ofrecen reproche alguno sobre su
constitucionalidad.  Frente a su contenido merece la pena destacar la cláusula contenida
en el artículo 9°, pues la misma incorpora la eficacia del principio de
soberanía y la imposibilidad que la aplicación del tratado implique el
desconocimiento de las necesidades del Estado, entre las que se destaca el
cumplimiento del orden constitucional interno.  Así mismo, las reglas sobre
votaciones, mayorías y representación de los Estados miembros de la Asamblea
General, reflejan aspectos básicos de proporcionalidad y equidad de los
mecanismos democrático representativos, lo cual justifica su
constitucionalidad.
Los
artículos 15 a 24 prevén las reglas de funcionamiento del Comité Ejecutivo de
Interpol.  Este Comité está integrado por el Presidente de la Organización,
tres vicepresidentes y nueve vocales.  Los mencionados trece integrantes deberán
ser nacionales de países diferentes, a partir de un criterio de distribución
geográfica equitativa (Art. 15).  El Presidente del Comité y los tres
vicepresidentes son elegidos por la Asamblea General por mayoría cualificada y
garantizándose que estos dignatarios procedan de continentes distintos (Art.
16).  El periodo del Presidente es de cuatro años y el de los vicepresidentes
de tres, sin posibilidad de relección dentro del Comité Ejecutivo. Así mismo,
el Estatuto prevé la posibilidad de elegir un cuarto vicepresidente, de manera
temporal y con el fin exclusivo de garantizar la equidad en la distribución
geográfica (Art. 17).  A su vez, los nueve vocales serán elegidos por la
Asamblea General por un periodo de tres años, sin posibilidad de relección
inmediata en el mismo cargo (Art. 19). Los periodos de los miembros del Comité
se extienden hasta la clausura de la reunión de la Asamblea General que se
celebre en el año en que expire su mandato respectivo (Art. 24).  Por último,
el Estatuto prevé disposiciones para la suplencia ante las faltas absolutas de
los miembros del Comité Ejecutivo (Art. 23).
El
Presidente de Interpol tiene como funciones (i) presidir las reuniones de la
Asamblea General y del Comité Ejecutivo, y dirigir sus debates; (ii) velar
porque las actividades de la Organización sean conformes a las decisiones de la
Asamblea General y del Comité Ejecutivo; y (iii) mantener en todo lo posible un
contacto directo y constante con el Secretario General de la Organización (Art.
18).   Del mismo modo, el Estatuto estipula que las reuniones del Comité se
realizarán al menos cada año, por convocatoria del Presidente de Interpol (Art.
21).
Sobre las
actividades del Comité, el Estatuto contempla que sus miembros actuarán como integrantes
de la Organización y no en representación de sus países respectivos (Art. 21).
Igualmente, las funciones del Comité Ejecutivo consisten en (i) velar por la
ejecución de las decisiones de la Asamblea General; (ii) preparar el orden del
día de las reuniones de la Asamblea General; (iii) someter a la Asamblea
General todo programa de trabajo y todo proyecto que estime conveniente; (iv)
vigilar la gestión del Secretario General; y (v) ejercer todos los poderes que
le delegue la Asamblea.
La Sala
considera que las normas analizadas fijan asuntos institucionales de la
Asamblea General y del Comité Ejecutivo, los cuales no se oponen a ningún canon
constitucional.  Ahora bien, en relación con el cuestionamiento expresado por
la intervención de la Defensoría del Pueblo frente al artículo 22, literal c., la
Corte advierte innecesario condicionar su exequibilidad.  Ello debido a que si
bien la norma confiere al Comité competencia para someter a la Asamblea General
todo programa de trabajo y todo proyecto que estime conveniente, una lectura
sistemática de este precepto obliga a concluir que dichos proyectos y programas
deben hacer parte de las finalidades de Interpol, descritas en el artículo 2°
del Estatuto.  A su vez, el Comité carece de competencia para aprobar estos
documentos, sino solo tiene la potestad de ponerlos a consideración de la
Asamblea General, de la cual el Estado colombiano hace parte.  Por lo tanto, no
concurre el riesgo de exceso que explica la intervención y, antes bien, la
norma es en todo compatible con la Carta Política.
Los artículos
25 a 30 del Estatuto estipulan las reglas sobre el funcionamiento de la
Secretaría General de Interpol.  Esta Secretaría conforma los servicios
permanentes de la Organización (Art. 25) y está conformada por el Secretario
Genera y el personal técnico y administrativo encargado de efectuar los
trabajos de la Organización (Art. 27). Tiene como funciones, conforme al artículo
26, (i) aplicar las decisiones de la Asamblea General y del Comité Ejecutivo;
(ii) actuar como centro internacional de la lucha contra la delincuencia de
derecho común; (iii) actuar como centro técnico y de información; (iv) tener a
su cargo la administración general de la Organización; (v) mantener el enlace
con las autoridades nacionales e internacionales, tramitando las cuestiones de
investigaciones criminales por conducto de las Oficinas Centrales Nacionales;
(vi) preparar y editar cuantas publicaciones se consideren útiles; (vii)
organizar y ejecutar los trabajos de secretaría en las reuniones de la Asamblea
General, del Comité Ejecutivo, y, cuando las haya, de todos los demás órganos
de la Organización; (viii) preparar un plan de trabajo para el año siguiente,
que presentará al examen y aprobación del Comité Ejecutivo y de la Asamblea
General; y (ix) mantener en todo lo posible un contacto directo y constante con
el Presidente de la Organización.
El
Secretario General, quien es elegido por la Asamblea General de Interpol, tiene
un periodo de cinco años, con posibilidad de relección y edad de retiro forzoso
de 65 años.  El Secretario deberá tener competencia destacada en cuestiones de
policía y podrá ser excepcionalmente removido por la Asamblea, ante solicitud
del Comité Ejecutivo (Art. 28).  El Secretario ejerce la dirección de los
asuntos de personal, administrativo y presupuestal de Interpol, conforme a las
instrucciones de la Asamblea y el Comité Ejecutivo, entes ante quienes es
responsable. (Art. 29). Por último, el artículo 30 del Estatuto dispone que el
Secretario General y el personal bajo sus órdenes tengan prohibido recibir o
aceptar instrucciones de cualquier Gobierno u otra autoridad ajena a la
Interpol. Esta prohibición conlleva la obligación correlativa de los miembros
de la Organización de respetar el carácter institucional y la independencia de la
Secretaría, así como brindarle la asistencia necesaria para el ejercicio de sus
funciones.
Las normas
antes expuestas refieren exclusivamente a asuntos propios de la actividad
institucional de la Secretaría General, particularmente las funciones de ese
ente, las cuales se encuentran estrechamente vinculadas a las finalidades de
Interpol.  Es por esta razón que tales disposiciones son compatibles con la Constitución.
Se ha señalado en varios apartes de esta sentencia que los mecanismos de
cooperación y asistencia para la investigación y sanción de delitos son
compatibles con la Carta Política, en tanto operan como herramientas para el
cumplimiento de fines esenciales del Estado.  Por ende, en a la medida en que
las normas analizadas actúan de consuno en el perfeccionamiento de los
mecanismos citados, son exequibles.
El artículo
31 del Estatuto señala que con el fin de alcanzar sus objetivos, Interpol requiere
de la cooperación permanente y activa de los Estados miembros, los cuales deberán
hacer todos los esfuerzos compatibles con sus propias legislaciones para
participar con diligencia en las actividades de la Organización. Estos
esfuerzos se logran a partir de la designación en cada Estado miembro de una
Oficina Central Nacional, encargada de mantener el enlace con los diversos
servicios del país, así como con los organismos de otros países que actúen como
Oficinas Centrales Nacionales y con la Secretaría General de Interpol (Art.
32). El Estatuto también prevé la competencia de la Secretaría General para
garantizar la cooperación centralizada y eficaz en aquellos casos en que no sea
aplicable o procedente la conformación de Oficinas Centrales (Art. 33).
Para el
estudio de cuestiones científicas, la Organización podrá recurrir a Asesores,
quienes tienen una función exclusivamente consultiva (Art. 34).  Dichos
asesores, quienes deben ser peritos expertos en los temas propios de la
Organización, son nombrados por el Comité Ejecutivo por un plazo de tres años,
nombramiento que está sometido a la confirmación de la Asamblea General,
instancia que también está investida de la facultad para decidir la anulación
de dicho nombramiento (Art. 35).
Finalmente,
en lo que respecta a la estructura de Interpol, el artículo 36 estipula a la
Comisión de Control de Ficheros como un órgano independiente que garantizará
que el tratamiento por parte de Interpol de información de carácter personal
cumple con las normas estipuladas por la propia Organización en esta materia.  La
Comisión en comento (i) asesorará a la Interpol en todos los proyectos, operaciones,
cuestiones de reglamentación o cualesquiera otros asuntos que comporten el
tratamiento de información de carácter personal; y (ii) tratará las solicitudes
relacionadas con la información contenida en los ficheros de la Organización.
En ese mismo sentido, el Estatuto 37 contempla que los miembros de la Comisión
deberán tener los conocimientos necesarios para que esta desempeñe sus
funciones, las cuales serán adelantadas de acuerdo con las normas específicas que
establezca la Asamblea General.
Las
disposiciones del Estatuto que regulan las Oficinas Centrales Nacionales, los
Asesores y la Comisión de Control de Ficheros, en criterio de la Corte, no se
oponen a la Constitución, puesto que se concentran en asuntos institucionales y
operativos, estrechamente vinculados con el cumplimiento de los fines de
Interpol.  Sobre las normas citadas es importante resaltar el compromiso del
Estatuto en fijar, a través de la Comisión mencionada, instancias para la
protección de los derechos concernidos con el tratamiento de datos personales.
Ello debido a que previsiones de esta naturaleza protegen el derecho
fundamental al habeas data, el cual comprende, en los términos del artículo 15 C.P., tanto la vigencia de la cláusula general de libertad en los procesos de acopio,
procesamiento y transmisión de datos personales, como la garantía de las
facultades del sujeto concernido de conocer, actualizar y rectificar su
información personal incorporada en bases de datos.[27]
Presupuestos
económicos
El artículo
38 del Estatuto dispone que los recursos económicos de la Organización
provendrán de las contribuciones financieras de los Estados miembros y de las
donaciones, legados, subvenciones y otras fuentes de ingresos, previa
aceptación del Comité Ejecutivo. La participación financiera de los Miembros
será definida por la Asamblea General, así como la cifra máxima de los gastos
de acuerdo con los cálculos presupuestarios presentados por el Secretario
General (Art. 39).  El Secretario también presentará el proyecto de
presupuesto, el cual es aprobado por el Comité Ejecutivo y entra en vigor luego
de su aceptación por la Asamblea General. Igualmente se prevé por el Estatuto
que en caso que la Asamblea General no hubiere podido aprobar el presupuesto,
el Comité Ejecutivo tomará todas las disposiciones necesarias, siguiendo las
líneas generales del presupuesto precedente (Art. 40).
Estas
previsiones no ofrecen reparo alguno en cuanto a su constitucionalidad, en tanto
son aspectos técnicos de la financiación de la Interpol.  A su vez, debe
resaltarse que las decisiones presupuestarias tienen como instancia última de
decisión a la Asamblea General, en donde el Estado colombiano tiene
representación, lo que asegura la satisfacción de los principios que gobiernan
las relaciones internacionales del país.
Relaciones
con otras Organizaciones
Conforme lo
regula el artículo 41 del Estatuto, Interpol podrá, advirtiendo los fines y
objetivos de la Organización, establecer relaciones con otras organizaciones
internacionales, intergubernamentales o no gubernamentales, y colaborará con
ellas.  Cuando se trate de textos que prevean relaciones permanentes, se
requerirá de la aprobación de la Asamblea General. Ello sin perjuicio que el
Comité Ejecutivo o en casos de urgencia la Secretaría General, puedan aceptar
misiones o funciones que correspondan a la esfera de sus actividades y de su
competencia, y que les sean confiadas, ya sea por otros organismos o
instituciones internacionales, o en virtud de convenciones internacionales. La
misma disposición determina que Interpol podrá solicitar el asesoramiento de
todo tipo de organizaciones, respecto de cuestiones de su competencia.
La norma en
comento es constitucional, puesto que instaura procedimientos amplios de
cooperación internacional, comúnmente aceptados y que no contradicen los
principios superiores sobre las relaciones internacionales del Estado.  Ahora
bien, en lo que respecta a la inquietud planteada por la Defensoría del Pueblo,
la Corte advierte que si bien la cooperación entre la Interpol y otras
organizaciones nacionales e internacionales, oficiales y no oficiales es
amplia, no por ello se ven afectados los derechos relacionados con el
tratamiento de datos personales.  Esto debido a, al menos, dos tipos de
razones.  En primer lugar, como se expresó anteriormente, el Estatuto dispone la
Comisión de Control de Ficheros como autoridad independiente y que tiene
precisamente por objeto verificar que en los procesos de circulación de datos
que se realicen en el marco de la Organización se garanticen los mencionados
derechos.  Es claro que la actividad de la Comisión se extiende a los convenios
de cooperación de que trata el artículo 41 del Estatuto.  En segundo lugar, se
evidencia que esa fórmula amplia de cooperación en nada disminuye el deber
estatal de garantizar la protección de los derechos a la intimidad y al habeas
data. Por ende, no es necesario una regulación expresa en el tratado para que
las garantías que hacen parte de esos derechos sean exigibles del Estado
colombiano y en referencia concreta con aquellos procesos de transmisión de
datos que se realicen entre Colombia e Interpol o entre nuestro país y otros
Estados signatarios de los convenios objeto de análisis en esta sentencia.
Aplicación,
Modificación e Interpretación
En este
capítulo del Estatuto (Arts. 42 a 44), se prevén reglas sobre modificación de
ese tratado, textos auténticos del mismo y la potestad para que la Asamblea
General adopte el Reglamento de Interpol.  Estas previsiones son usuales en el
derecho internacional público y no presentan ningún debate en lo que respecta a
su constitucionalidad.
Disposiciones
transitorias
Como se
explicó a propósito del análisis sobre la constitucionalidad de la
representación del Estado para la suscripción de los tratados, el artículo 45
del Estatuto prevé que los Estamos mencionados en el Anexo I serán considerados
como Miembros a menos que, dentro de un plazo de seis meses a contar desde la
fecha de entrada en vigor del presente Estatuto, declaren, por conducto de la
autoridad gubernamental competente, que no lo pueden aceptar.  Esta previsión
es compatible con la Constitución, puesto que anteriormente se ha explicado
cómo el Jefe de Estado prestó su consentimiento para que Colombia hiciese parte
de la Interpol y con sujeción a los requisitos previstos en la Carta.
El artículo
46 del Estatuto prevé las reglas para la elección del primer Comité Ejecutivo
de Interpol. Del mismo modo, el artículo 47 determina la competencia de la
Asamblea General para conferir a las personalidades que hayan prestado
servicios eminentes y prolongados en la CIPC títulos honoríficos de la
Organización, de rango y calidad correspondientes a los servicios prestados en
aquella.  El artículo 48 determina que todos los bienes de la CIPC quedan
transferidos a Interpol.  A juicio de la Corte, estas disposiciones no ofrecen
reparo en cuanto a su constitucionalidad, en razón que se concentran en fijar
normas de transición entre la antigua CIPC e Interpol, objetivos que en nada
afectan los presupuestos superiores de las relaciones internacionales.
Por último,
el artículo 49 ofrece un glosario sobre los conceptos del Estatuto y el
artículo 50 determina el 13 de junio de 1956 como fecha de entrada en vigor.
Disposiciones de esta naturaleza son comúnmente admitidas en el derecho
internacional público y, por esa misma razón, son por entero compatibles con la
Constitución.
3.3. La
constitucionalidad del Reglamento de Interpol
El artículo
44 del Estatuto confiere a la Asamblea General la competencia para adoptar un
Reglamento General para la Interpol, sometido a la aprobación por mayoría de
dos tercios.  En ese sentido, fue proferido el texto que se analiza a continuación,
en cuanto se trata de uno de los instrumentos a los que adhirió Colombia en
virtud de la suscripción del Estatuto.
De manera
preliminar y en consonancia con el estudio que la Corte adelantó respecto del
Estatuto, se advierte que las normas del Reglamento son apenas desarrollos
procedimentales del funcionamiento de las diferentes instancias institucionales
de Interpol.  En la medida que estos asuntos no ofrecen mayor debate desde su
constitucionalidad y, además, las instituciones a las que refieren fueron
anteriormente encontradas compatibles con la Carta, entonces la Sala hará una
revisión temática de las previsiones del Reglamento, concentrándose únicamente
en aquellos tópicos que requieran una análisis específico, en razón de ofrecer
cuestiones de interés para el control de constitucionalidad.
Procedimiento
de la Asamblea General
El artículo
1° prevé la regla de preferencia del Estatuto sobre el Reglamento, en caso de
divergencia. Los artículos 2° a 8° determinan las reglas sobre convocatoria de la
Asamblea General; definición de la sede de las reuniones de la misma, según las
invitaciones que efectúen los Estados miembros para que se desarrolle en su
territorio; el procedimiento para el envío de la convocatoria; así como la
definición de quiénes, además de los miembros de Interpol, podrán ser invitados
a las reuniones de la Asamblea a título de Observadores.
Los
artículos 9° a 13 del Reglamento regulan el desarrollo del orden del día para
las reuniones de la Asamblea General.  Este orden del día será preparado por el
Comité Ejecutivo al menos 90 días antes de la reunión y comprenderá los asuntos
contenidos en el artículo 10, a los cuales se suma lo que los Miembros
inscriban como cuestión suplementaria 30 días antes de la apertura de la
reunión. El orden de los asuntos será definido por el Comité Ejecutivo en razón
de la urgencia y la prioridad de las cuestiones. Finalmente, se prevé que los
Miembros deban recibir, treinta días antes de la apertura de la reunión, la
documentación necesaria para el estudio de los asuntos incluidos en el orden
del día.
Los
artículos 14 y 15 del Reglamento refieren a las reglas para convocar reuniones
extraordinarias de Interpol.  Del mismo modo, los artículos 16 a 25 determinan las prescripciones sobre las delegaciones y sus votaciones al interior de la
Asamblea General.  De estas disposiciones se resalta que (i) la Asamblea
adoptará sus decisiones mediante resoluciones; (ii) cada país representado
tendrá un voto, emitido por el jefe de la delegación correspondiente; (iii) las
decisiones serán adoptadas por mayoría, salvo las excepciones que prevea el
Estatuto. Asimismo, se aclara que la mayoría es simple, salvo cuando el
Estatuto exija “la mayoría de los Miembros”, caso en el cual el cálculo de la
mayoría deberá hacerse a base del número total de los Miembros de la
Organización, estén o no representados en la reunión de la Asamblea; (iv) se
prevé la votación ordinaria, nominal y secreta.  La nominal opera ante la
solicitud de algún delegado y la secreta para la elección de los miembros del
Comité Ejecutivo.  Igualmente, se admite que a solicitud de un delegado, las
votaciones se hagan párrafo a párrafo y, a su vez, se prohíbe la aprobación
simultánea de varias resoluciones.  Por último, se prevé el procedimiento para
la presentación y votación de enmiendas.
Los artículos
26 a 32 del Reglamento fijan el procedimiento para los debates de la Asamblea
General.  En dichas disposiciones se determina, entre otros asuntos, (i) que
las sesiones de la Asamblea y sus comisiones no son públicas, a menos que la
misma decida lo contrario; (ii) la Asamblea podrá limitar el tiempo y tramitar
mociones de orden y de cierre del debate que formulen los delegados, fijándose
el procedimiento para ello; (iii) la obligación que previo a la aprobación de
un proyecto de resolución este haya sido distribuido por escrito en todas las
lenguas de trabajo; (iv) la obligación que todo proyecto con repercusión
financiera deba contar con dictamen del Comité Ejecutivo; y (v) la competencia
del Secretario General o su representante para intervenir en cualquier momento
de los debates.
Las
funciones de secretaría de la Asamblea General serán realizadas por el
Secretario General, quien levantará las actas correspondientes, pudiendo
contratar y dirigir al personal necesario para el ejercicio de dicha función
(Arts. 33 y 34). De igual modo, los artículo 35 a 38 del Reglamento determinan el funcionamiento de las comisiones que pueden integrarse al
interior de la Asamblea General.
La Sala
considera que las normas analizadas son compatibles con la Constitución.  Ello
debido a que el funcionamiento de la Asamblea General de Interpol se basa en
los principios propios de las corporaciones públicas, entre los cuales se
destaca el principio de mayoría, la debida conformación de la voluntad
democrática al interior de la Asamblea General a través del debate de los
diferentes proyectos de resolución, al igual que las enmiendas que se formulen,
así como el principio de publicidad de los proyectos y debates.  Estas
condiciones concuerdan con los valores y principios que informan las
instituciones democrático representativas que regula la Constitución. Por lo
tanto, no existe reproche alguno sobre su exequibilidad.
Comité
Ejecutivo, Secretaría General y Asesores
Los
artículos 39 a 41 del Reglamento determinan la postulación de candidaturas, el
procedimiento para la elección de los miembros del Comité Ejecutivo y el
régimen para las suplencias del Presidente del Comité, ante su ausencia en las
reuniones de la Asamblea o en el intervalo entre las reuniones.
El artículo
42 del Reglamento determina que la Asamblea General elegirá por votación
secreta al Secretario General, por un periodo de cinco años.  La proposición de
las candidaturas corresponde al Comité Ejecutivo. El Secretario General debe
haber ejercido funciones en la Policía y preferentemente nacional del país en
que se halla la sede de la Interpol (Art. 43). El mandato del Secretario
General empezará al final de la reunión en que sea elegido y terminará al final
de la reunión que se celebre el año en que expire su mandato.  Podrá ser
relegido (Art. 44).  A su vez, en que caso que el Secretario se encuentre
imposibilitado de ejercer sus funciones, estas serán desempeñadas interinamente
por el más alto funcionario de la Secretaría, a reserva de cualquier decisión
que pueda adoptar el Comité Ejecutivo.
El artículo
46 del Reglamento estipula que tanto la Asamblea General como el Comité
Ejecutivo, el Presidente y el Secretario General podrán tomar la iniciativa de
consultar a los Asesores, individual o colectivamente. Por su parte, los
Asesores podrán formular sugerencias de carácter científico al Secretario
General o al Comité Ejecutivo.  Para ello, los Asesores podrán presentar informes
o comunicaciones científicas a la Asamblea, previa invitación de ella misma,
del Comité, el Presidente o el Secretario General (Art. 47). Los Asesores
podrán asistir como observadores a la Asamblea General e intervenir en los
debates (Art. 48).  No existirá impedimento para que varios Asesores de la
misma nacionalidad y estos podrán reunirse mediante convocatoria del Presidente
de Interpol (Arts. 49 y 50).
Las normas
analizadas determinan aspectos enteramente procedimentales sobre la elección de
los órganos que conforman Interpol, así como de su funcionamiento y el modo en
que interactúan entre sí.  Disposiciones de esta naturaleza son comunes al
funcionamiento de toda organización multilateral, se ajustan a las reglas del
derecho internacional público y no ofrecen ningún contenido que se muestre
problemático desde la perspectiva constitucional.
Presupuesto,
finanzas y personal
Conforme lo
estipula el artículo 51 del Reglamento, deberá contarse con un reglamento
financiero que especifique las modalidades de (i) determinación y pago de las
contribuciones estatutarias; (ii) establecimiento, aprobación, ejecución y
fiscalización del presupuesto; (iii) organización de la contabilidad, de la
teneduría, de la fiscalización y aprobación de las cuentas; (iv) contratación
de obras, suministros y servicios, así como de su fiscalización y comprenderá,
en general, toda disposición referente a la gestión financiera de la
Organización.
El artículo
52 señala las consecuencias que se derivan del incumplimiento de las
obligaciones financieras de un Miembro con Interpol, correspondientes al año
financiero en curso y al anterior.  Así, (i) su derecho de voto en las
reuniones de la Asamblea General y en las demás reuniones de la Organización
quedará suspendido, pero las restricciones al derecho de voto no se aplicarán
cuando se trate de votar para enmendar el Estatuto de la Organización; (ii) no
tendrá derecho a enviar representantes a las reuniones y demás encuentros
organizados por Interpol, cualesquiera que fueren, salvo en el caso de la
Asamblea General y de las otras reuniones estatutarias; (iii) no tendrá derecho
a ser anfitrión de las reuniones o encuentros de la Organización; (iv) no podrá
proponer candidatos para ocupar un puesto de funcionario destinado o puesto a
disposición en la Secretaría General; y (v) todo beneficio o servicio que
facilite la Secretaría General, excepto los previstos en el Estatuto, quedará
suspendido.
Además de
las consecuencias indicadas, frente al Miembro moroso el Secretario General (i)
comprobará que se hallan reunidas las condiciones requeridas para la aplicación
de las sanciones y lo notificará al país interesado; y (ii) tomará las medidas
adecuadas para la aplicación de las sanciones anteriormente descritas, a menos
que el Comité Ejecutivo decida que el hecho de retirar uno o más de los
beneficios o servicios facilitados por la Secretaría General no resulta
beneficioso para la Organización; y (iii) informará de ello al Comité
Ejecutivo.
El Estado
Miembro puede apelar la imposición de medidas ante el Comité Ejecutivo, para lo
cual contará con un término de 30 días previos al comienzo de su próxima
reunión. Si el Comité Ejecutivo decide mantener las medidas impuestas, la
apelación se transmitirá a la Asamblea General, que la debatirá y tomará una
decisión al respecto al comienzo de su reunión. Un país miembro no podrá apelar
de nuevo contra una decisión de la Asamblea General, a no ser que el Comité
Ejecutivo le autorice a ello por considerar que se ha producido un nuevo hecho
determinante. Las apelaciones no suspenderán la aplicación de las medidas
aplicadas por el Secretario General; dichas medidas permanecerán en vigor hasta
que el Comité Ejecutivo o la Asamblea General las revoquen.
En cuanto a
las obligaciones financieras incumplidas, correspondientes a ejercicios
financieros anteriores a aquel en cuyo transcurso se celebre una elección para
el Comité Ejecutivo, los Delegados del Estado miembro incumplido no serán elegibles
para las funciones de Presidente, Vicepresidente o Vocal del Comité Ejecutivo.
Dicho Miembro tampoco podrá proponer candidatos para desempeñar un cargo
elegible o una función representativa que tenga relación con la Organización.
El monitoreo de estas sanciones, como en el caso anterior, corresponde al
Secretario General.
Por último,
el artículo en comento define el concepto “obligaciones financieras” como
aquellas contribuciones estatutarias de los Miembros y cualquier otra
obligación que pudieran tener para con la Organización derivada de un contrato
o convenio. De igual manera, exclusivamente para efecto de la aplicación de la
norma analizada, no se tendrán en cuenta las diferencias de abonos relativos a
las obligaciones financieras correspondientes al ejercicio presupuestario
anterior cuando no superen el cinco por ciento (5%) de dichas obligaciones
financieras.
El artículo
53 del Estatuto prevé que un Estatuto del Personal definirá a qué personal de la
Organización se aplica y enunciará las normas y procedimientos que regulan su
administración. Dispondrá asimismo las condiciones fundamentales de empleo y
los deberes y derechos esenciales de los miembros del personal.
Para
analizar las normas antes explicadas, la Corte parte de advertir que la
adscripción constitucional al Jefe de Estado de la competencia para dirigir las
relaciones internacionales, incorpora la facultad de obligar al Estado
colombiano al cumplimiento de diversas obligaciones frente a organizaciones
multilaterales, entre ellas aquellas que involucren contribuciones económicas.
En el caso analizado, se ha demostrado que las finalidades de Interpol operan
como instrumentos para el logro de fines constitucionales de primer orden, por
lo que es apenas razonable que si Colombia adquiere determinados servicios de
cooperación y asesoría técnica en materia policial, deba concurrir con los
gastos de Interpol, de consuno con los demás Estados miembros.
Del mismo
modo, no se opone con la Constitución que ante el incumplimiento en el pago de
las obligaciones financieras, se impongan sanciones y limitaciones, a condición
que estas se circunscriban al marco de las actividades propias de Interpol.
Ello es precisamente lo que opera en las normas analizadas, puesto que cada una
de las restricciones que se imponen al Estado que incurre en mora están
relacionadas con limitaciones a los beneficios que le otorga Interpol, así como
en su facultad para tener parte activa en sus diferentes organismos.  Sanciones
de esta naturaleza no interfieren en la soberanía del Estado, por lo que son
compatibles con la Carta.
Ahora bien,
en relación con el interrogante planteado por la Defensoría del Pueblo, la Sala
considera que la norma analizada es compatible con el derecho al debido
proceso.  Nótese que si bien la imposición de sanciones se deriva de forma
inmediata de la mora en el pago de las obligaciones financieras, también es
cierto que el Reglamento ofrece una instancia de apelación de dichas sanciones,
del cual conoce el Comité Ejecutivo y la misma Asamblea General.  En esta
instancia podrían plantearse todos aquellos argumentos que se consideren
pertinentes para la suspensión de las sanciones, entre ellas el cumplimiento de
la obligación en mora o la inexistencia de dicha deuda.  De allí que se está
ante una instancia reglada de contradicción respecto de la imposiciones de
dichas sanciones, lo que hace innecesario que la Corte ordene al Gobierno
adoptar una declaración interpretativa en ese sentido.
Finalmente,
el artículo 53 determina una regla institucional, necesaria para la gestión del
personal adscrito la Interpol, la cual no ofrece ninguna tensión con las
disposiciones superiores.
Idiomas y
modificación del Reglamento
El artículo
54 del Reglamento determina los idiomas de trabajo de Interpol, así como las
reglas de admisibilidad para el uso excepcional de otros idiomas.  A su vez, los
artículos 55 y 56 disponen el procedimiento para la reforma del Reglamento,
asunto respecto del cual tiene competencia la Asamblea General, a instancias
del Secretario General, quien recibirá las propuestas que en ese sentido
formulen los Estados miembros. Igualmente, se prescribe que la decisión de la
Asamblea estará precedida del dictamen de un comité ad hoc, compuesto de
tres Delegados elegidos por la Asamblea y de dos personalidades designadas por
el Comité Ejecutivo.
Reglas de
este carácter no son solo comunes sino necesarias para la debida aplicación del
tratado internacional objeto de examen.  A su vez, como suponen el
consentimiento del Estado para las reformas mencionadas, son por entero
compatibles con los principios constitucionales que gobiernan las relaciones
internacionales del país.
3.3. La
jurisprudencia constitucional sobre los acuerdos de privilegios e inmunidades
La Corte, de
manera constante, ha declarado compatibles con la Constitución los Acuerdos
adoptados por Colombia con organismos multilaterales, tendientes a conferir
privilegios e inmunidades a los miembros de las delegaciones de esos órganos,
con el fin que puedan ejercer las funciones que tienen a su cargo de manera
autónoma y sin barreras que impidan el cumplimiento de sus objetivos, previstos
en los tratados correspondientes.  La Corte ha considerado que estos
instrumentos no involucran una afectación desproporcionada del principio de
soberanía nacional, puesto que se muestran necesarios para el adecuado
cumplimiento de los fines de la organización internacional correspondiente.
Sobre este
particular, la sentencia C-578/02, que realizó el control de constitucionalidad
del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, determinó que a la luz del
fenómeno de la globalización jurídica, se está ante una reconceptualización de
la soberanía, escenario en que se reconoce que los Estados, en ejercicio de su
voluntad en el ámbito internacional, pueden suscribir acuerdos que impliquen
limitaciones o excepciones al ejercicio de sus competencias, a condición que
las mismas no involucren la cesión total de las facultades nacionales. Así, se
expresó que “[c]omo resultado de la creciente interacción e
interdependencia entre Estados y de la constatación de desafíos globales que
interesan a toda la humanidad, surgieron límites a la concepción absoluta de
soberanía, justificados por la necesidad de preservar la coexistencia pacífica
entre sujetos iguales de derecho internacional, así como el reconocimiento de
otros límites adicionales a la soberanía, fundados en la necesidad de respetar
valores protegidos por el derecho internacional y asociados a la dignidad del
ser humano, a la paz mundial, a la democracia y a la conservación de la especie
humana. || A pesar de esa evolución, se mantienen constantes tres elementos de
la soberanía: (i) el entendimiento de la soberanía como independencia,[28]
en especial frente a Estados con pretensiones hegemónicas; (ii) la aceptación
de que adquirir obligaciones internacionales no compromete la soberanía,[29]
así como el reconocimiento de que no se puede invocar la soberanía para
retractarse de obligaciones válidamente adquiridas;[30] y (iii)
la reafirmación del principio de inmediación según el cual el ejercicio de la
soberanía del Estado está sometido, sin intermediación del poder de otro
Estado, al derecho internacional.[31]
|| Así entendida, la soberanía en sentido jurídico confiere derechos y
obligaciones a los Estados, quienes gozan de autonomía e independencia para la
regulación de sus asuntos internos,[32]
y pueden aceptar libremente, sin imposiciones foráneas, en su condición de
sujetos iguales de la comunidad internacional, obligaciones orientadas a la
convivencia pacífica y al fortalecimiento de relaciones de cooperación y ayuda
mutua.[33]
En ocasiones ello puede requerir la aceptación de la competencia de organismos
internacionales sobre algunos asuntos de competencia nacional, o la cesión de
algunas competencias nacionales a instancias supranacionales. De conformidad
con la jurisprudencia de esta Corte, tal posibilidad es compatible con nuestro
ordenamiento constitucional,[34]
siempre que tal limitación a la soberanía no suponga una cesión total de las
competencias nacionales.”
Para el caso
de los acuerdos de privilegios e inmunidades, la jurisprudencia ha insistido en
que una de las condiciones para que sean compatibles con la Constitución radica
en que los beneficios o exclusiones de jurisdicción concedidas por el Estado
estén unívocamente dirigidas a permitir la normal ejecución de las actividades
de la organización correspondiente, sin que puedan fijarse o interpretarse como
cláusulas abiertas que excedan ese marco.  En términos de la Corte “[l]as
inmunidades y privilegios conferidos a miembros de organismos internacionales
se ajustan a la Carta Política siempre y cuando estén encaminadas a la “defensa,
igualdad y soberanía del organismo de derecho internacional de que se trate y
de los Estados que acuerdan conceder dichas prerrogativas[35].” La
Corte agregó que de no hacerse tal salvedad, “[b]ajo el manto de buenas
intenciones patrocinadas por el Convenio, que la Corte respeta y alienta, (...)
cláusulas como la analizada pueden constituirse en el germen de tratamientos
diferenciales y privilegiados que den cabida a injusticias y desequilibrios.”[36]
De allí que
la jurisprudencia de la Corte haya previsto que los acuerdos mencionados deban
comprenderse como modalidades de inmunidad restringida, lo que supone
(i) que las exclusiones de jurisdicción solo se predican en el marco del
ejercicio de las actividades propias de la organización internacional
correspondiente; (ii) que dichos tratamientos diferenciados no configuran
inmunidad absoluta y por ende no pueden ser comprendidos como cláusulas
abiertas, que faculten a sus beneficiarios para desconocer las normas del
ordenamiento jurídico colombiano, ni menos para que se prevea la impunidad
respecto de delitos y demás comportamientos antijurídicos en que incurran
dichos beneficiarios; y (iii) que, en cualquier caso, ante la exclusión de la
jurisdicción el Estado está llamado a reparar patrimonialmente el daño causado
a terceros, en los términos del artículo 90 C.P., cuando estos, en virtud de la inmunidad, no estén en capacidad de reclamar judicialmente el perjuicio causado
al beneficiario responsable.
En lo que
tiene que ver con el primer y segundo aspecto, la Corte ha señalado que la
jurisprudencia ha claramente abandonado “… la teoría de la inmunidad
absoluta por la figura de la inmunidad restringida con el objeto de
salvaguardar esencialmente el principio de soberanía nacional. Desde la
sentencia C-137 de 1996[37],
la Corte ha sostenido[38]:
“Sin embargo las prerrogativas e inmunidades otorgadas no son, ni pueden
ser, totales o absolutas. Ningún Estado constitucional estaría en capacidad
jurídica de otorgar plena inmunidad a todo agente de un gobierno extranjero o
representante de un organismo de derecho internacional, respecto de cualquier
actividad que cumpla en su territorio, pues ello implicaría sacrificar las
atribuciones que le competen como estado libre y soberano para asegurar la
defensa de los derechos de las personas sometidas a su jurisdicción. De la
misma manera, a la luz del artículo 13 de la Carta, tampoco sería posible
afirmar que toda prerrogativa es legítima”. Y, en la sentencia C-863 de 2004[39],
indicó que tales privilegios “no implican la impunidad frente a posibles
delitos cometidos por este personal durante su paso por territorio colombiano.
Según las normas penales aplicables, incluso de conformidad con las normas
internacionales,[40]
los privilegios e inmunidades no tienen como consecuencia la impunidad por los
delitos cometidos por agentes amparados por ellas”. ||Luego, dichos privilegios
e inmunidades no se confieren en beneficio personal, sino que atiende al sujeto
internacional del cual emana, por lo que se encuentran limitados a los actos
que realicen en el ejercicio de las funciones y cumplimiento de sus fines[41].”[42]
(Subrayas originales).
Sobre ese
mismo particular y en lo referido a la precisa delimitación del régimen de
privilegios e inmunidades al ejercicio de las funciones propias de la
organización internacional, la Corte ha también expresado que dichos
tratamientos diferenciados “… se circunscriben esencialmente a los que resulten
necesarios para el cumplimiento de sus objetivos. Beneficios de los cuales
habrán de gozar mientras desempeñen sus funciones y después de la cesación en
relación con el ejercicio de dichas atribuciones. No se otorgan en beneficio
personal sino para defender el ejercicio autónomo e independiente de sus
funciones, y están en la obligación de renunciar a ellos cuando constituyan un
obstáculo a la justicia. Adicionalmente, quienes gocen de dichas concesiones
estarán obligados a respetar la legislación del Estado Parte y a no inmiscuirse
en los asuntos internos de éste.”[43]
De manera
coincidente, se ha considerado que si bien las cláusulas de inmunidad de
ejecución son compatibles con la Constitución, las mismas se insertan en las
limitaciones propias del principio de inmunidad restringida, lo que implica la
imposibilidad que, por esta vía, un Estado u organización internacional se
sustraiga por completo de las obligaciones jurídicas contenidas en el ordenamiento
nacional, a través de la imposibilidad plena e ilimitada de ser llamado a
asumir sus responsabilidades ante los jueces. Esta limitación ha sido planteada
por la jurisprudencia constitucional en sede de tutela, la cual ha admitido
que, por ejemplo, la inmunidad de jurisdicción no cobija el cumplimiento de las
obligaciones laborales en las que el Estado u organización internacional es
responsable.  Sobre este particular se ha planteado por la Corte, a manera de
reglas derivadas de ese precedente, que “(1) De manera progresiva, el
derecho internacional ha reconocido que los Estados y los organismos
internacionales tienen inmunidad restringida en materia laboral, es decir, ha
aceptado que las misiones diplomáticas y los organismos supranacionales pueden
ser llamados a juicio por tribunales locales “cuando se encuentran
comprometidos derechos laborales y prestacionales de connacionales y residentes
permanentes del territorio nacional (…).” || (2) Cuando un Estado extranjero celebra
un contrato laboral con un nacional colombiano, debe someterse irrestrictamente
a las normas laborales internas, razón por la que “un Estado acreditante no
puede alegar inmunidad por reclamos derivados del contrato de trabajo o de la
ejecución de relaciones laborales.” || (3) La celebración de contratos de
trabajo con nacionales colombianos obliga a las misiones diplomáticas y a los
organismos supranacionales a asumir el riesgo de vejez[44],
“mediante la afiliación del trabajador al Instituto de Seguros Sociales o
incluso a otras entidades de previsión social que cubrieran tal riesgo.”[45]
Finalmente,
respecto de la obligación de asumir el daño antijurídico derivado de la
exclusión de jurisdicción, la sentencia C-1158/06 sintetizó el precedente de la
Corte sobre el particular, del modo siguiente:
“No
obstante, debe indicarse que frente al eventual desconocimiento del derecho de
acceso a la administración de justicia de los nacionales (art. 229 superior),
por las prerrogativas otorgadas a la Corte Penal Internacional y al personal,
podrá obtenerse la reparación del Estado colombiano al haber sido víctima la
persona de un daño antijurídico (art. 90 de la Constitución)[46]. Así lo
manifestó la Corte en la sentencia C-315 de 2004[47]:“(L)a
Corte concluye que las inmunidades e inviolabilidades previstas por el tratado
bajo revisión armonizan con la Carta. Con todo, podría argumentarse que la
inmunidad de jurisdicción podría afectar gravemente en determinados casos el
derecho de acceso a la justicia, pues impediría a los nacionales demandar a los
miembros de las misiones diplomáticas que les hubieren podido ocasionar un
daño. Sin embargo, la Corte considera que ese reparo no se encuentra
justificado, no sólo porque esa inmunidad es un elemento esencial del derecho
diplomático sino además por cuanto, en esos eventos, la persona puede obtener
una reparación del Estado colombiano, ya que habría sido víctima de un daño
antijurídico (CP art. 90).(…)
Y, lo
había manifestado en la sentencia C-254 de 2003, al indicar que i) la
antijuridicidad del perjuicio no depende de la licitud o ilicitud de la
conducta sino de la no soportabilidad del daño, ii) si el daño sufrido por el
particular es de aquellos que no está obligado a soportar, debe el Estado
indemnizar los perjuicios generados por el sujeto de derecho internacional, y
iii) para que Colombia asuma la responsabilidad patrimonial en los daños
causados por quienes se encuentren amparados por la inmunidad es menester que
obedezca a las actividades realizadas en cumplimiento de sus obligaciones.(…)
Así pues, tanto la jurisprudencia de la Corte Constitucional como la especializada
del Consejo de Estado han dedicado sus reflexiones a delimitar el alcance del
artículo 90 de la Carta, al punto que podría decirse, a propósito del artículo
10 de la Convención sub examine, que si del texto de la Convención surge un
título jurídico constitucional del cual pudiera derivarse que el Estado asume
cierta responsabilidad por los perjuicios ocasionados durante la asistencia,
independientemente de que los mismos hayan sido causados por agentes
internacionales, el daño antijurídico debería ser indemnizado por el Estado
colombiano.”
Como se
observa, la jurisprudencia constitucional ha previsto reglas definidas en lo
que respecta a la justificación y límites de la facultad del Estado de
suscribir acuerdos de privilegios e inmunidades con organismos multilaterales.
Por ende, a partir de estas reglas se analizará la constitucionalidad del
Acuerdo objeto de examen.
3.4. La
exequibilidad del Acuerdo sobre privilegios e inmunidades para las reuniones
estatutarias entre Colombia y la Secretaría General de Interpol
El artículo
1° del Acuerdo determina que con ocasión a las reuniones estatutarias de
Interpol que tengan como sede Colombia, referidas al Comité Ejecutivo, la
Asamblea General o en caso de Conferencia Regional, nuestro país extenderá a
Interpol los siguientes privilegios e inmunidades: (i) la Organización gozará
de inmunidad de jurisdicción en caso de acción civil, administrativa, penal y
de ejecución, a excepción de los casos en que renuncie expresamente a esa
inmunidad; (ii) todos los documentos que pertenezcan a la Organización o que
esta tenga bajo la forma que sea, especialmente sus archivos y cuentas, serán
inviolables independientemente del lugar en que se encuentren; (iii) se
garantizará la inviolabilidad de la correspondencia oficial de la Organización.
Sus comunicaciones oficiales, que podrán ser cifradas, no serán objeto de
censura; (iv) sin verse afectadas por ordenanzas fiscales, reglamentos o
moratorias de naturaleza alguna, la Organización podrá recibir y guardar fondos
y divisas de todo tipo y tener cuentas en cualquier moneda en el territorio
colombiano y transferir libremente sus fondos y sus divisas tanto dentro del
territorio colombiano como entre su Sede o sus Oficinas Subregionales y
Colombia; (v) estarán exentos de derechos de aduana y tasas de importación el
material administrativo, técnico y científico suministrado por la Organización
para la celebración de las reuniones Estatutarias, las publicaciones, los demás
documentos oficiales de la Organización destinados a sus trabajos y los regalos
habituales ofrecidos o recibidos por el Secretario General y los funcionarios
de la Organización durante las reuniones Estatutarias. La Organización se
compromete a rexportar todo el material, publicaciones o regalos que al término
de las reuniones no hayan sido utilizados o distribuidos.
Las
disposiciones explicadas se ajustan a la Carta Política, de acuerdo con el
marco general explicado en precedencia.  Así, en cuanto a la inmunidad de
jurisdicción, la jurisprudencia de la Corte ha explicado que esa una limitación
aceptada por el derecho internacional y que se inscribe en el concepto de
inmunidad restringida antes mencionado.  Sobre el particular, se ha establecido
que “[e]n lo concerniente al principio de inmunidad de jurisdicción,
se reconoce principalmente a los representantes de los Estados como a los
agentes diplomáticos y los funcionarios consulares, así mismo, a los jefes de
Estado y objetos como los buques y aeronaves del Estado. Pero, también se
extiende a otros sujetos de derecho internacional como son las organizaciones y
las instituciones internacionales, cobijando a quienes las integran y
participan del ejercicio de sus funciones[48].
|| Para la doctrina extranjera, la inmunidad o exención de jurisdicción alude
en términos generales al status que revisten determinadas personas por las
tareas oficiales que cumplen y que deben ser excepcionadas de la jurisdicción
para que puedan ejercer sin interferencias las tareas que les han sido
asignadas[49].
|| La Corte ha señalado que las prerrogativas e inmunidades que se conceden en
tratados internacionales no resultan en principio contrarias a la Constitución,
toda vez que responden a la necesidad de dotar a los sujetos de derecho
internacional de las garantías indispensables para ejercer las funciones que
les corresponden con la mayor independencia y neutralidad.”[50]
Debe
resaltarse, del mismo modo, que la inmunidad de jurisdicción prevista en el
Acuerdo es limitada únicamente frente a las actividades de la Organización que
se realicen en Colombia y en el periodo en que se ejecuten las reuniones de
Interpol.  De allí que se reafirme su carácter limitado y la facultad
correlativa del Estado de ejercer su jurisdicción en los demás ámbitos, según
lo explicado en apartado precedente.
De otro
lado, los demás privilegios se ajustan a la Constitución, pues se centran en
facilitar las actividades llevadas a cabo por los funcionarios de Interpol.
Así, para el caso de la inviolabilidad de la correspondencia, no opera nada
distinto que la extensión a dichos funcionarios de la garantía de que trata el
artículo 15 C.P. Ahora bien, en lo que respecta a las normas cambiarias y
aduaneras, los privilegios se aplican exclusivamente para las actividades de
Interpol y en modo alguno involucran afectaciones a la economía nacional.
Nótese cómo la transferencia de divisas se aplica a dineros de la Organización
y, a su vez, el ingreso libre de bienes al país refiere a aquellos elementos
destinados al uso en las reuniones, obligándose Interpol a rexportar todo el
material que no fuese utilizado o distribuido.  De allí que la aplicación del
privilegio no implica el ingreso permanente de bienes al país que luego puedan
ser comercializados, lo que confirma su falta de incidencia en el mercado
colombiano y, en consecuencia, la ausencia de afectación al fisco nacional.
En virtud
del artículo 2° del Acuerdo, Colombia se compromete a permitir la entrada y
salida de su territorio, de las siguientes personas durante el tiempo que duren
las reuniones estatutarias: (i) miembros del Comité Ejecutivo de la
OIPC-Interpol; (ii) representantes de los países miembros que figuran en la
lista de participantes del respectivo evento, una copia de la cual se entregará
a las autoridades de Colombia, al menos siete días antes del inicio de la
reunión; (iii) miembros del personal de la Secretaría General designados para
prestar asistencia al Comité Ejecutivo y a la Asamblea General; (iv) miembros
de la Comisión de Control de los ficheros de Interpol y las personas que
desempeñen funciones oficiales en su nombre; (v) intérpretes y redactores de
actas contratados por la Secretaría General; (vi) asesores de la Organización;
(vii) observadores y expertos invitados a asistir a las reuniones; y (viii)
familiares y personal que acompañen a los anteriores.
De igual
manera, el artículo en comento estipula que los visados o las autorizaciones de
entrada y salida que pudieran precisar las personas que participen en las
reuniones se extenderán sin gastos ni demora.
La Corte
advierte que las disposiciones señaladas no se contraponen a la Constitución,
en tanto es evidente que el ingreso al país de los funcionarios de Interpol así
como las delegaciones correspondientes, es un presupuesto necesario para el
normal desarrollo de las sesiones de la Organización que se lleven a cabo en el
país.  Por ende, la norma encuadra dentro de aquellas previsiones propias del
adecuado ejercicio de las funciones del ente internacional, premisa que es el
presupuesto señalado por la jurisprudencia constitucional para medidas de ese
carácter.
Además, no
puede perderse de vista que la norma solo determina la obligación del país de
permitir el ingreso de los funcionarios mencionados, para lo cual el Estado se
obliga a tramitar sin gastos y de forma expedita las visas y autorizaciones de
entrada.  Esta disposición implica que, en cualquier caso, para el ingreso al
país deberán cumplirse los controles migratorios aplicables y que sean
compatibles con la naturaleza diplomática de quienes ingresan. En ese orden de
ideas, las normas del Acuerdo en modo alguno suponen la modificación de las
previsiones del derecho nacional sobre asuntos migratorios. Antes bien, los
preceptos analizados suponen la existencia y cumplimiento de dichas reglas,
solo que se establecen mecanismos que hacen expedito el tránsito de las
personas vinculadas con las actividades de Interpol, en los términos fijados
por el instrumento internacional.
De otro
lado, en lo que respecta al cuestionamiento planteado por la Defensoría del
Pueblo, relacionado con la excesiva amplitud de la cláusula analizada, al punto
que incluye a los familiares y personal que acompañen a los funcionarios de
Interpol, la Corte señala que este asunto es propio de la negociación del
Acuerdo por parte de Colombia e Interpol, sin que corresponda a este Tribunal
disponer su limitación o renegociación.  Esto a menos que se acredite que la
cláusula es contraria con la Constitución, lo que no sucede en el caso
analizado.  Así, para el caso de la autorización de ingreso a los familiares de
los funcionarios, se está ante una disposición estrechamente ligada con la
vigencia del derecho a la unidad familiar, previsto en el artículo 42 C.P., plenamente exigible por los extranjeros en virtud de la cláusula contenida en el artículo 100 C.P.
Ahora bien,
en lo que respecta a la admisión al país al personal que acompañe a los
funcionarios de Interpol, así como los intérpretes y redactores de actas
contratados por la Secretaría General, la Corte entiende que se trata de
aquellas personas que prestarán asistencia a los miembros de la Organización
para el adecuado desarrollo de las reuniones estatutarias.  En ese orden de
ideas, se cumple con el requerimiento constitucional del vínculo entre el
privilegio concedido, en este caso el acceso al territorio nacional, y el
cumplimiento de las finalidades propias del organismo multilateral.
Conforme al
artículo 3° del Acuerdo, durante las reuniones estatutarias, así como durante
el viaje Colombia extenderá los privilegios e inmunidades establecidos en el
artículo IV de la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones
Unidas, a los miembros del Comité Ejecutivo; representantes de los países
miembros; miembros del personal de la Secretaría General designados para
prestar asistencia durante las reuniones; intérpretes y redactores de actas
contratados por la Secretaría General; asesores de la Organización;
observadores, expertos invitados a asistir a las reuniones, con excepción del
personal local . Así mismo, se dispone que al Secretario General y a los miembros
de Comité Ejecutivo, también se les extiendan los privilegios y las inmunidades
previstos en los artículos V y VI de la Convención sobre Privilegios e
Inmunidades de las Naciones Unidas.[51]
La Corte
advierte, en primer término, que Colombia está obligada internacionalmente a
cumplir con la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones
Unidas, incorporada al ordenamiento interno mediante la Ley 62 de 1973. A su vez, estas prerrogativas son comúnmente aceptadas en el derecho internacional público como
el régimen aplicable en materia de privilegios e inmunidades que conceden al
personal diplomático.  Igualmente, la jurisprudencia constitucional ha previsto
que sus disposiciones son compatibles con la Constitución, en tanto no contraen
una afectación al principio de soberanía nacional.
Sobre el
particular, en la sentencia C-137/96, que realizó el control de
constitucionalidad del Estatuto del Centro Internacional de Ingeniería Genética
y Biotecnología, la Corte sostuvo que las inmunidades conferidas a los miembros
de un organismo internacional son concesiones ofrecidas con fundamento en
disposiciones de derecho internacional que no quebrantan por sí mismas el
concepto de soberanía nacional[52].
Para ilustrar el punto, la Corte trajo a consideración las normas que integran la
Convención sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas",  aprobada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de febrero de 1946, así
como y la "Convención sobre los privilegios e inmunidades de los
organismos especializados" –aprobada por la misma asamblea el 21 de
noviembre de 1947- y concluyó con que “… el otorgamiento de los privilegios
anotados tiene asidero en el imperativo constitucional en virtud del cual las
relaciones internacionales del Estado colombiano deben fundarse en el respeto
de ‘los principios de derecho internacional aceptados por Colombia’ (C.P.
artículo 9).”.  A su vez, la sentencia C-254/03, que declaró exequible la
Convención sobre asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia
radiológica, reiteró la regla antes expuesta, para llegar a la conclusión que
tales tratamientos diferenciados no se oponen al texto constitucional.
A partir de
estas consideraciones, la Corte concluye que las previsiones del artículo 3°
del Acuerdo son por entero compatibles con la Carta Política.
El artículo
4° determina las reglas sobre el uso adecuado de los privilegios y de las
inmunidades.  Al respecto, se estipula que dichos tratamientos diferenciados se
concederán a sus beneficiarios no para su provecho personal sino para el buen
funcionamiento de los órganos de la Organización. A su vez, también se
establece que las autoridades competentes de los países miembros de la Organización,
en este caso las autoridades colombianas, tendrán el derecho y el deber de
levantar la inmunidad de los beneficiarios cuando esta suponga un obstáculo
para la acción de la justicia, siempre que el hecho de levantarla no afecte a
los intereses de la Organización. Del mismo modo, se dispone que Interpol tendrá
el derecho y el deber de levantar la inmunidad de los beneficiarios cuando esta
suponga un obstáculo para la acción de justicia, siempre que el hecho de levantarla
no afecte los intereses de la Organización.
Como se
observa de la literalidad de las normas analizadas, las mismas no hacen
distinto que inscribir al Acuerdo en el concepto de inmunidad restringida de
que trata la jurisprudencia constitucional, al punto que permite la suspensión
de los tratamientos favorables para los funcionarios de Interpol, cuando las
mismas impidan el ejercicio de la actividad jurisdiccional del Estado
colombiano.  Por lo tanto, el precepto no muestra reproche frente a su
constitucionalidad.
Finalmente,
los artículos 5° y 6° del Acuerdo regulan lo referente a la resolución de
litigios en lo referente a la interpretación o la aplicación del instrumento
internacional, al igual que la fórmula para la entrada en vigor del mismo.
Disposiciones de esta naturaleza son propias de los tratados y comúnmente
reconocidas como cláusulas genéricas en el derecho internacional público.  En
razón a ello, no ofrecen mayores debates sobre su exequibilidad.
Conclusión
A partir del
análisis expuesto, la Corte encuentra que el trámite que precedió a la Ley
aprobatoria de la referencia cumplió con los requisitos constitucionales y
orgánicos exigidos para la aprobación de las leyes ordinarias.  A su vez, el
Estado fue adecuadamente representado en la suscripción de los tres
instrumentos internacionales objeto de análisis.
Los
contenidos del Estatuto y el Reglamento de Interpol, así como el Acuerdo sobre Privilegios
e Inmunidades suscrito entre Colombia e Interpol son compatibles con la Carta
Política, particularmente con los principios de las relaciones internacionales
del Estado. Por ende, la Corte declarará la exequibilidad de dichos
instrumentos.
VI.
DECISIÓN
Con
fundamento en las precedentes motivaciones, la Sala Plena de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE:
Primero.-
Declarar EXEQUIBLES el Estatuto y Reglamento General de la
Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), adoptado por la
Asamblea General de la Organización en su vigésima quinta reunión, realizada en
Viena, en 1956 y el Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades para las Reuniones
Estatutarias entre la República de Colombia y la Secretaría General de la
Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), suscrito en la
ciudad de Lyon, República Francesa, el 26 de septiembre de 2012 y en la ciudad
de Bogotá, D. C., el 13 de noviembre de 2012.
Segundo.-
Declarar EXEQUIBLE la Ley 1670 del 16 de julio de 2013,  mediante la
cual fueron aprobados los instrumentos internacionales descritos en el numeral
anterior.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase
y archívese el expediente.
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Presidente
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1]
Sobre la aplicación de la regla de consulta previa a comunidades tradicionales
en el control de constitucionalidad de tratados internacionales, Vid. Corte
Constitucional, sentencias C-615/09 y C-941/10, inter alia.
[2]
Comunicación del 22 de agosto de 2013, suscrita por la Coordinadora del Grupo Interno de Tratados de la Dirección de Asuntos Jurídicos
Internacionales.  Folios 197 a 198 del cuaderno principal (CPpal).
[3]
Folio 199 CPPal.
[4]
Folio 200 CPPal
[5]
Folios 144-157 CPpal.
[6]
Folios 134-137 CPpal.
[7] Folios 98-99
CPpal...
[8] Folios
100 (reverso) – 101 CPpal.
[9]
Folio 104 (reverso) CPpal.
[10] Folio
106 (reverso) CPpal.
[11]
Folios 127 (reverso) – 130 (reverso) CPpal.
[12]
Folios 1-4 Cuaderno de pruebas 1 (CP1)
[13] Folio
401 CP1.
[14] Folio
467 (reverso) CP1.
[15]
Folio 2 CP1.
[16] Folio
347 CP1.
[17]
Folios 11 (reverso) a 14 (reverso) Cuaderno de pruebas 2 (CP2).
[18]
Folios 1 a 2 CP2.
[19] Folios
219 (reverso) a 220 CPpal.
[20]
Folios 222 (reverso) a 224 CPpal.
[21]
Folios 172 (reverso) a 175 (reverso) CPpal.
[22]
Folio 160 CPpal.
[23] Folio
192 CP3.
[24]  Folio 90 CPpal.
[25] Corte
Constitucional, sentencia C-1259/00.  En esta decisión la Corte declaró la exequibilidad del Acuerdo de cooperación y asistencia judicial penal
suscrito entre Colombia y Venezuela.
[26] Corte
Constitucional, sentencia C-404/99. En esta decisión la Corte declaró la exequibilidad del Acuerdo de Cooperación Judicial en Materia Penal,
celebrado entre Colombia y Paraguay.
[27] Para
una exposición general acerca del contenido y alcance del derecho al habeas
data, pueden consultarse las sentencia C-1011/08 y C-748/11.
[28]
Corte Permanente de Arbitraje, Caso de la Isla Palmas, 1928, Estados Unidos y Países Bajos, publicado en Reports of International
Arbitral Awards, Vol. 2, p. 829. En este caso se dijo que la soberanía en las
relaciones internacionales debía entenderse como independencia para ejercer
sobre un determinado territorio y habitantes las funciones de un Estado.
[29]
Corte Permanente Internacional de Justicia, 1923, Caso Wimbledon, World Court
Reports, Serie A, No. I.
[30]
Sentencia Arbitral, Cámara de Comercio Internacional, 30 de abril de 1982, Caso
Framatome contra Atomic Energy Organisation, J.D.I., 1984, p. 58 y ss.
[31]
Ver entre otros Nguyen Quoc Dinh, Droit International Public, Librairie
Générale de Droit et de Jurisprudence, París 1994, p.410. Brownlie, Ian. Principles of Public International Law. Fourth
Edition. Clarendon Press. 1990, p. 107 y ss. Verdross,
Alfred. Derecho Internacional Público. Biblioteca Jurídica Aguilar. 1982, p. 174 y ss.  Henkin, Louis. International Law. Cases and
Materials. Third Edition. West Publishing Co. St. Paul, Minneapolis, 1993, p.
13 y ss.
[32]
Reportes de la Corte Internacional de Justicia, 1986, Caso relativo a las
actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua, Nicaragua vs
Estados Unidos de América, Fallo del 27 de junio de 1986, párrafos 202 a 209. La Corte definió como asuntos internos aquellos frente a los cuales el Estado goza de
autonomía para decidir sin injerencia externa, tales como su organización política,
económica, social, cultural y jurídica, así como la definición de su política
internacional.
[33]
Reportes de la Corte Internacional de Justicia, 1.949. Caso Estrecho de
Corfú, Reino Unido vs. Albania
[34] Ver, por ejemplo, las sentencias: C-088/93, MP: Ciro
Angarita Barón, que declaró la constitucionalidad de la Ley 11 de 1992, mediante la cual se incorporó al ordenamiento interno el Protocolos I
Adicional a los Convenios de Ginebra de 1949; C-225/95, MP: Alejandro Martínez
Caballero, que declaró ajustada a nuestra Carta el Protocolo II Adicional a los
Convenios de Ginebra de 1949, incorporada a nuestro ordenamiento mediante la Ley 171 de 1994; C-331/96, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz, que declaró la constitucionalidad de la Ley 216 de 1995, mediante la cual se aprobaba el Convenio Constitutivo de la Asociación de Estados del Caribe; C-231/97, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz, que declaró la
constitucionalidad de la Ley 323 de 1996 “Por medio de la cual se aprueba el
‘Protocolo modificatorio del Acuerdo de Integración Subregional Andino (Acuerdo
de Cartagena), suscrito en Trujillo, Perú, el 10 de marzo de 1996";
C-137/95, MP: Jorge Arango Mejía, que declaró la constitucionalidad de la Ley 170 de diciembre 15 de 1994, " Por medio de la cual se aprueba el acuerdo por el
cual se establece la Organización Mundial de Comercio (OMC), suscrito en
Marraketch (Marruecos) el 15 de abril de 1994, sus acuerdos multilaterales
anexos y el Acuerdo Plurilateral anexo sobre la carne de Bovino."
[35] Sobre el particular se puede consultar la reiterada
jurisprudencia de la Corte; en particular, las sentencias C-203 de 1995 y C-
442 de 1996.
[36] Corte Constitucional, sentencias C-200/99 y C-254/03
[37] Revisó la Ley 208 de 1995, por medio de la cual se
aprueba el Estatuto del Centro Internacional de Ingeniería Genética y
Biotecnología.
[38] Cft. sentencias C-859 de 2007, C-863 de 2004, C-820
de 2004, C-315 de 2004, C-254 de 2003, C-1333 de 2000, C-200 de 1999, C-442 de
1996 y C-137 de 1996.
[39] Revisó la Ley 877 de 2004, por medio de la cual se
aprueba la Convención sobre la Seguridad Personal de las Naciones Unidas y el personal asociado.
[40] Por ejemplo, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, si bien establece en su artículo 31.1 que “el agente diplomático gozará de
inmunidad de la jurisdicción penal del Estado receptor,” señala en el numeral 4
del mismo artículo que “la inmunidad de jurisdicción de un agente diplomático
en el Estado receptor no le exime de la jurisdicción del Estado acreditante.”
Igualmente,  la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963 (Ley 17
de 1971), establece en su artículo 41, para. 1 que: “Los funcionarios
consulares no podrán ser detenidos o puestos en prisión preventiva sino cuando
se trate de un delito grave y por decisión de la autoridad judicial
competente.” Igualmente, el Artículo 43 de la Convención que regula la Inmunidad de jurisdicción, señala que “1. Los funcionarios
consulares y los empleados consulares no estarán sometidos a la jurisdicción de
las autoridades judiciales y administrativas del Estado receptor por los actos
ejecutados en el ejercicio de las funciones consulares.” Ver. Sen B., “A Diplomat’s Handbook of
International Law and Practice, 3ª Edición, páginas 95-202 y 285 a 309
[41] Sentencias C-254 de 2003, C-534 de 2002, C-442 de
1996 y C-137 de 1996.
[42] Corte
Constitucional, sentencia C-1156/08.   Esta sentencia declaró la
constitucionalidad del Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional.
[43] Ibídem.
[44]
De forma similar, en la sentencia T-628 de 2010, la Corte Constitucional afirmó que frente a los casos en que la vinculación de los nacionales se
realice mediante la suscripción de un contrato de prestación de servicios, el
organismo internacional contratante tiene el deber jurídico de verificar la
afiliación al sistema de seguridad social en salud del contratista, para pagar
los honorarios propios de la ejecución del contrato.
[45] Corte Constitucional, sentencia T-814/11.
[46] Artículo 90 de la Constitución. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean
imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.
En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de
tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente
culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste.
[47] Revisó la Ley 824 de 2003, por medio de la cual se
aprueba la Convención sobre las misiones especiales.
Cft.
sentencias C-859 de 2007 y C-254 de 2003.
[48] Ximena Fuentes, en su artículo “Las inmunidades de
jurisdicción y el Estatuto de la Corte Penal Internacional”, Ius et praxis
, año/vol.6, número 002, Universidad de Talca, Chile, págs. 419 a 425, año 2000, nos recuerda: “En derecho internacional existe un principio según el cual un
Estado debe abstenerse de juzgar los actos de otro Estado. Este principio da
lugar al mecanismo de la inmunidad de jurisdicción, según el cual los
tribunales internos de los Estados deben privarse de ejercer su jurisdicción
sobre los actos de un Estado extranjero. La justificación de este principio se
encuentra en otros principios, como el principio de no intervención, en el
principio de igualdad jurídica entre los Estados y en el principio de respeto a
la honra y dignidad de los Estados extranjeros”.
[49] Cft. Estudios de derecho penal internacional. Kai
Ambos. Catedrático y director del departamento de derecho penal extranjero e
internacional de la Universidad de Georg August de Cóttingen, Alemania.
Capítulo VII. Inmunidades en derecho penal nacional e internacional. Editorial
Leyer. 2005. Página 165.
Además,
en la sentencia T-883 de 2005, la Corte señaló: “La inmunidad de
jurisdicción constituye un principio de derecho internacional que ha sido
definido por la doctrina, como la exclusión de la posibilidad de que un sujeto
específico pueda quedar sometido a la jurisdicción interna de determinado
Estado, siempre que se configuren ciertas condiciones (GONZÁLEZ CAMPOS,
Julio D., SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Luis I. y SAENZ DE SANTA MARIA, Paz Andrés. “Curso
de Derecho Internacional Público”, Editorial Civitas S.A. Sexta Edición,
Madrid, España. 1998). Se trata de un principio de carácter procesal que opera
como excepción, y que reviste dos manifestaciones fundamentales; (i) la
inmunidad de jurisdicción como tal, que se refiere a la incompetencia de los
jueces nacionales para juzgar a determinados sujetos de derecho internacional,
que pueden ser otros Estados u organizaciones internacionales; y (ii) la
inmunidad de ejecución, la cual impide que se haga efectiva determinada
decisión judicial, en caso de que el procedimiento contra el sujeto de derecho
internacional se hubiere llevado a cabo”.
[50]
Corte Constitucional, sentencia C-1156/08.
[51]
Las normas a las que  alude la disposición son las siguientes:
ARTICULO IV.
REPRESENTANTES DE LOS MIEMBROS.
SECCION 11.
Se acordará a los representantes de los Miembros en los órganos principales y
subsidiarios, y a los representantes a las conferencias convocadas por las
Naciones Unidas, mientras éstos se encuentren desempeñando sus funciones o se
hallen en tránsito al lugar de reunión y a su regreso, las siguientes
prerrogativas e inmunidades:
(a) inmunidad
contra detención o arresto personal y embargo de su equipaje personal, y
respecto a todos sus actos y expresiones ya sean orales o escritas en tanto se
encuentren desempeñando sus funciones en dicha capacidad, e inmunidad contra
todo procedimiento judicial;
(b)inviolabilidad
de todo papel o documento;
(c) el
derecho de usar claves y recibir documentos y correspondencia por estafeta y
valija sellada;
(d) exención
con respecto a los representantes y sus esposas de toda restricción de
inmigración y registro de extranjeros, y de todo servicio de carácter nacional
en el país que visiten o por el cual pasen en el desempeño de sus funciones;
(e) las
mismas franquicias acordadas a los representantes de Gobiernos extranjeros en
misión oficial temporal, por lo que respecta a las restricciones sobre divisas
extranjeras;
(f) las
mismas inmunidades y franquicias respecto a sus equipajes personales acordadas
a los enviados diplomáticos, y también:
(g) aquellos
otros privilegios, inmunidades y facilidades compatibles con lo antedicho, de
los cuales gozan los enviados diplomáticos, con la excepción de que no podrán
reclamar excepción de derechos aduaneros sobre mercaderías importadas (que no
sean parte de su equipaje personal) o de impuestos de venta y derechos de
consumo.
SECCION 12. A fin de garantizar a los Representantes de los Miembros en los organismos principales y
subsidiarios de las Naciones Unidas, y en las conferencias convocadas por la Organización, la libertad de palabra y la completa independencia en el desempeño de sus
funciones, la inmunidad de procedimiento judicial, respecto a expresiones ya
sean orales o escritas y todos los actos ejecutados en el desempeño de sus
funciones seguirá siendo acordada a pesar de que las personas afectadas ya no sean
representantes de los Miembros.
SECCION 13.
Cuando la aplicación de cualquier forma de impuesto depende de la residencia,
los períodos en que los representantes de miembros de los organismos
principales y subsidiarios de las Naciones Unidas, y de conferencias convocadas
por las Naciones Unidas, permanezcan en un país desempeñando sus funciones no
se estimarán para éstos efectos como períodos de residencia.
SECCION 14.
Se concederán privilegios e inmunidades a los representantes de Miembros no en
provecho propio sino para salvaguardar su independencia en el ejercicio de sus
funciones en relación con las Naciones Unidas. Por consiguiente, un Miembro no
solo tiene el derecho sino la obligación de renunciar a la inmunidad de su
representante en cualquier caso en que según su propio criterio la inmunidad
entorpecería el curso de la justicia, y cuando puede ser renunciada sin
perjudicar los fines para los cuales la inmunidad fue otorgada.
SECCION 15.
Las disposiciones de las secciones 11, 12 y 13, no son aplicables con respecto
a los representantes y las autoridades del país de que es ciudadano o del cual
es o ha sido representante.
SECCION 16.
La expresión "representante" empleada en el presente artículo
comprende a todos los delegados así como a los delegados suplentes, asesores,
peritos técnicos y secretarios.
ARTICULO V.
FUNCIONARIOS.
SECCION 17.
El Secretario General determinará las categorías de los funcionarios a quienes
se aplican las disposiciones de este artículo y las del artículo VII. Someterá
la lista de estas categorías a la Asamblea General y después las categorías serán comunicadas a los Gobiernos de todos los Miembros. Los nombres de los
funcionarios incluidos en estas categorías serán comunicados periódicamente a
los Gobiernos de los Miembros.
SECCION 18.
Los funcionarios de la Organización;
(a) estarán
inmunes contra todo proceso judicial respecto a palabras escritas o habladas y
a todos los actos ejecutados en su carácter oficial;
(b) estarán
exentos de impuestos sobre los sueldos y emolumentos pagados por la Organización;
(c) estarán
inmunes contra todo servicio de carácter nacional;
(d) estarán
inmunes, tanto ellos como sus esposas e hijos menores de edad, de toda
restricción de inmigración y de registros de extranjeros;
(e) se les
acordará, por lo que respecta al movimiento internacional de fondos,
franquicias iguales a las que disfrutan funcionarios de categoría equivalente
pertenecientes a las misiones diplomáticas acreditadas ante el Gobierno en
cuestión;
(f) se les
dará a ellos, y a sus esposas e hijos menores de edad, las mismas facilidades
de repatriación en época de crisis internacional, de que gozan los agentes
diplomáticos;
(g) tendrán
derecho a importar, libres de derechos, sus muebles y efectos en el momento en
el que ocupen su cargo en el país en cuestión.
SECCION 19.
Además de las inmunidades y prerrogativas especificadas en la sección 18, se
acordarán al Secretario General y a todos los Subsecretarios Generales y a sus
esposas e hijos menores de edad las prerrogativas e inmunidades, exenciones y
facilidades que se otorgan a los enviados diplomáticos de acuerdo con el
derecho internacional.
SECCION 20.
Las prerrogativas e inmunidades se otorgan a los funcionarios en interés de las
Naciones Unidas y no en provecho de los propios individuos. El Secretario
General tendrá el derecho y el deber de renunciar a la inmunidad de cualquier
funcionario, en cualquier caso en que según su propio criterio, la inmunidad
impida el curso de la justicia y pueda ser renunciada sin que se perjudiquen
los intereses de las Naciones Unidas. En el caso del Secretario General, el
Consejo de Seguridad tendrá el derecho de renunciar a la inmunidad.
SECCION 21.
Las Naciones Unidas cooperarán siempre con las autoridades competentes de los
Miembros para facilitar la administración adecuada de justicia, velar por el
cumplimiento de las ordenanzas de Policía y evitar que ocurran abusos en
relación con las prerrogativas, inmunidades y facilidades mencionadas en este
artículo.
ARTICULO VI.
PERITOS QUE FORMEN PARTE DE LAS MISIONES DE LAS NACIONES UNIDAS.
SECCION 22. A los peritos (aparte de los funcionarios comprendidos en el artículo 5) en el desempeño de
misiones de las Naciones Unidas, se les otorgarán las prerrogativas e
inmunidades que sean necesarias para el ejercicio independiente de sus
funciones, durante el período de sus misiones inclusive el tiempo necesario
para realizar los viajes relacionados con las mismas. En especial, gozará de:
(a) inmunidad
contra arresto y detención contra el embargo de su equipaje personal;
(b) inmunidad
contra toda acción judicial respecto a palabras habladas o escritas y a sus
actos en el cumplimiento de su misión. Esta inmunidad contra toda acción
judicial continuará aunque las personas interesadas hayan cesado ya de trabajar
en misiones para las Naciones Unidas;
(c)
inviolabilidad de todo papel y documento;
(d) para los
fines de comunicarse con las Naciones Unidas, el derecho a usar claves y de
recibir papeles o correspondencia por estafeta o en valijas selladas;
(e) en lo que
respecta a moneda o regulaciones de cambio, las mismas facilidades que se
dispensan a los representantes de Gobiernos extranjeros en misiones oficiales
temporales;
(f) las
mismas inmunidades y facilidades con respecto a su equipaje personal que las
que se dispensan a los enviados diplomáticos.
SECCION 23.
Las prerrogativas e inmunidades se conceden a los peritos en beneficio de las Naciones
Unidas y no en provecho de los propios individuos. El Secretario General tendrá
el derecho y el deber de renunciar a la inmunidad de cualquier perito, en
cualquier caso en que a su juicio la inmunidad impida el curso de la justicia y
pueda renunciarse a ella sin que se perjudiquen los intereses de las Naciones
Unidas.
[52]
"Por otra parte, las disposiciones que consagran privilegios e inmunidades
a favor del Organismo creado y de sus directivos y dignatarios se enmarcan
dentro de los principios del Derecho Internacional, reconocidos por Colombia
según el artículo 9 de la Constitución Política. (...) No puede decirse que la consagración de estos privilegios e inmunidades vulneren el derecho a la
igualdad (Artículo 13 C.P.), respecto de personas colombianas, ya que, como la Corte lo ha señalado reiteradamente, la igualdad se predica de situaciones iguales, de tal
modo que las diferencias de trato pueden admitirse cuando se encuentran
justificadas. En el caso de los funcionarios y representantes de organismos
internacionales, las normas especiales acordadas entre los estados miembros y
la protección que se les brinda tienen su razón de ser en la función que
cumplen, como integrantes de delegaciones diplomáticas" (Sentencia C-203 de 1995)