T-812-05
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
T-812/05
ACCION DE TUTELA TEMERARIA-Elementos
para su configuración/ACCION DE TUTELA TEMERARIA-Improcedencia de la acción respecto de una sola pretensión
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Clases de defectos
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia excepcional y subsidiaria
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia por no ejercicio
oportuno de mecanismo de defensa judicial
Referencia:
expediente T-1090409.
Accionante: Amparo
Salas Arcos.
Demandados: Sala Civil
Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto y Juzgado Primero
Civil del Circuito de Pasto.
Magistrado
Ponente:
Dr. RODRIGO
ESCOBAR GIL
Bogotá, D.C., cinco (5) de agosto de dos mil cinco (2005).
La Sala
Quinta de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por los Magistrados Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra y
Humberto Antonio Sierra Porto, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha pronunciado la siguiente:
SENTENCIA
En el proceso de revisión del fallo
proferido por la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de
Justicia, en primera instancia, dentro de la acción de tutela instaurada por
Amparo Salas Arcos contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pasto y el Juzgado
Primero Civil del Circuito de la misma ciudad.
I.
ANTECEDENTES
1.
Hechos relevantes
1.1. El
7 de octubre de 1992, la antes denominada Corporación Nacional de Ahorro y
Vivienda CONAVI, hoy CONAVI Banco Comercial y de Ahorros S.A., concedió a las
señoras Amparo Salas Arcos y Mercedes Salas Arcos un crédito para la ampliación
de vivienda, obligación contenida en el pagaré No. 670. El 20 de agosto de 1993,
la misma corporación les concedió un crédito de libre inversión cuya obligación
se encuentra contenida en el pagaré No. 1155. Los créditos fueron amparados con
la misma garantía hipotecaria, consistente en un inmueble ubicado en la Carrera
40 No. 16 B- 03 de la ciudad de Pasto.
1.2.
Debido a que las deudoras dejaron de cancelar las cuotas mensuales
correspondientes al pago de los dos créditos otorgados, el 16 de agosto de 1995
CONAVI presentó en su contra demanda ejecutiva con título hipotecario, proceso
que le correspondió adelantar al Juzgado Primero Civil del Circuito de Pasto.
1.3.
Mediante providencia del 28 de agosto de 1995 el juzgado de conocimiento libró
mandamiento de pago en contra de las demandadas, y decretó el embargo y
secuestro del inmueble sobre el cual recayó el gravamen hipotecario.
1.4. El
5 de junio de 1996 el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pasto dictó
sentencia, ordenando seguir adelante con la venta en pública subasta del
inmueble hipotecado.
1.5. El
30 de julio 1998 se llevó a cabo la primera diligencia de remate, la cual no se
pudo realizar en virtud de un escrito que presentó la ejecutante. Programada
nuevamente para el 15 de diciembre de 1998, se señaló como postura admisible la
que cubriera el 70% del avalúo previa consignación del 20%. Ante la ausencia de
postor se fijó la fecha del 1º de marzo de 1999 para continuar con la
diligencia de remate, siendo esta vez postura admisible la que cubriera el 50%
del valor del bien previa consignación del 20%. Sin embargo, nuevamente no se
presentaron postores.
1.6. El 23 de diciembre de 1999 fue expedida la Ley 546 de 1999 “por
la cual se dictan normas en materia de vivienda, se señalan los objetivos y
criterios generales a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para
regular un sistema especializado para su financiación, se crean instrumentos de
ahorro destinado a dicha financiación, se dictan medidas relacionadas con los
impuestos y otros costos vinculados a la construcción y negociación de vivienda
y se expiden otras disposiciones”. El parágrafo tercero del artículo 42 de
esta ley, determinó que los deudores cuyas obligaciones se encontraban vencidas
y sobre las cuales recaían procesos judiciales, tendrían derecho a solicitar la
suspensión de los procesos mientras los acreedores de las deudas efectuaban la
reliquidación de los créditos.
1.7.
Ordenada la suspensión del proceso por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Pasto, el 4 de octubre del 2000 la entidad financiera presentó al
proceso las reliquidaciones correspondientes, concediéndole un alivio por
$14.110.170.66 al crédito contenido en el pagaré no. 670 solamente. A pesar de
la aplicación del alivio, los saldos continuaron en mora.
1.8. No
habiendo sido objetadas las reliquidaciones presentadas, el 19 octubre de 2000
el juzgado aprobó la reliquidación de los créditos aportada por la entidad
financiera.
1.9.
Durante los siguientes tres años la accionante presentó recursos contra todas
las providencias que dictó el juzgado de la causa, solicitando en varias
ocasiones la terminación del proceso con fundamento en el parágrafo tercero del
artículo 42 de la Ley 546 de 1999 e invocando la nulidad constitucional del
proceso. Todas sus peticiones le fueron resueltas en sentido negativo, tanto
por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pasto como por la Sala Civil del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad.
1.10.
Solicitó el trámite de un procedimiento de vigilancia judicial administrativa,
que la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura culminó el 28
de agosto de 2003 declarando que no se verificó actuación u omisión alguna
contraria a la oportuna y eficaz administración de justicia imputable a la
Jueza Primera Civil del Circuito de Pasto.
1.11. El
5 de agosto de 2003 se celebró la tercera diligencia de remate, siendo postura
admisible la que cubriera el 40% del avalúo previa consignación del 20%. En
dicha oportunidad, el apoderado de la accionante reiteró su solicitud de
terminar y archivar el proceso, petición que le fue negada en la misma
diligencia. El bien se remató a favor de la señora Cecilia del Carmen Eraso
Marcillo.
1.12.
Mediante providencia del 28 de mayo 2004, el juzgado accionado aprobó el remate
llevado a cabo el 5 de agosto de 2003, ordenó el desembargo del inmueble y la
cancelación de hipoteca.
1.13. El
1º de octubre de 2004 la parte ejecutada solicitó la suspensión del proceso por
prejudicialidad, hasta tanto no se falle el proceso de revisión de
reliquidación de las obligaciones contenidas en los pagarés Nos. 670 y 1155 que
se encuentra en trámite ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pasto.
Esta solicitud fue negada por el juzgado accionado el 19 de octubre de 2004,
fue apelada el 25 de octubre de 2004 y confirmada el 10 de mayo de 2005.
1.14. El
18 de febrero de 2005 el Juzgado Sexto Civil Municipal de Pasto inició la
diligencia de entrega del inmueble, la cual se suspende por voluntad de la
adjudicataria para permitir la desocupación del inmueble.
1.15.
Desde el 5 de abril de 2005 el inmueble se encuentra en posesión de la
adjudicataria.
2.
Fundamentos de la acción y pretensiones
La accionante solicita se protejan sus derechos fundamentales al
debido proceso, defensa, acceso a la administración de
justicia y al mínimo vital, los cuales considera fueron vulnerados por el
Juzgado Primero Civil del Circuito de Pasto, i) por abstenerse de declarar la
terminación del proceso ejecutivo hipotecario luego de que ello fuera ordenado
por el parágrafo tercero del artículo 42 de la Ley 546
de 1999, ii) porque se remató un bien de menor extensión a la real y iii)
porque se llevó a cabo el remate del inmueble con un avalúo desactualizado.
Señala que el inmueble hipotecado es el único bien que posee, y que
corresponde a una vivienda multifamiliar que le sirve
de residencia y de negocio, pues consta de varios apartaestudios que
arrienda.
En consecuencia, solicita al juez de tutela que ordene la suspensión
de la entrega del inmueble que para ese momento estaba
programada para el 21 de febrero de 2005, hasta tanto se termine el proceso
ordinario de revisión de las reliquidaciones crediticias.
3. Oposición a la demanda de tutela
3.1. Contestación del Juzgado
Primero Civil del Circuito de Pasto
El Juzgado
Primero Civil del Circuito de Pasto se opuso a las pretensiones de la acción de
tutela, resaltando que en el trámite del proceso ejecutivo hipotecario se han
observado todas las garantías de defensa de la parte demandante. Es más,
abusando de esta garantía la actora lo ha dilatado
innecesariamente hasta el punto que el proceso se ha tardado nueve años, debido
a los recursos presentados contra todas las decisiones tomadas por ese
despacho. Entre ellas fue apelada la providencia en la que se aprobó el remate, siendo confirmada por el Tribunal Superior de Pasto; también se
solicitó la nulidad del remate, pretensión que fue negada por ese despacho y
luego confirmada por el juez de segunda instancia; luego se apeló la decisión
de negar la solicitud de prejudicialidad civil con
fundamento en el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil por cuanto el
asunto controvertido en el proceso ordinario era motivo de excepción en el
proceso ejecutivo, providencia que también fue apelada y para ese entonces no
había sido resuelta por el Tribunal Superior de Pasto.
Advierte además que esta es la
tercera vez que la accionante acude a la acción de tutela, alegando los mismos
hechos y pretensiones, a pesar de que ya en dos ocasiones las solicitudes de
amparo han sido negadas. En efecto, mediante sentencia
del 9 de abril de 2003 la Sala Civil del Corte Suprema de Justicia denegó la
solicitud de amparo instaurada contra la Sala Civil–Familia del Tribunal
Superior de Pasto y el Juzgado Primero Civil del Circuito a través de la cual la señora Amparo Salas Arcos solicitó se revocaran los autos
mediante los cuales se confirmó y aprobó la liquidación del crédito, y que
peritos idóneos reliquidaran las obligaciones Nos. 670 y 1155. Posteriormente,
mediante sentencia del 5 de mayo de 2004, la Sala Civil
de la misma Corporación nuevamente denegó las pretensiones de declarar por
terminado el proceso y decretar la nulidad de la diligencia de remate del
inmueble solicitadas por la misma actora en el presente proceso de
tutela.
Sobre la acusación de no haber
cumplido con lo dispuesto por el legislador en la Ley 546 de 1999 señaló que le
dio aplicación sin que encontrara elementos para dar por terminado el proceso “(...) circunstancia ampliamente revisada y confirmada en segunda
instancia por nuestro Tribunal y a su vez por medio de los dos fallos
anteriores de tutela que fueran emitidos por su Honorable Corporación en los
cuales se vio avalada nuestra actuación.” Además, pone
de presente que en el asunto han intervenido la Superintendencia
Bancaria               -avalando la reliquidación efectuado por el Banco
CONAVI-, el Consejo Seccional de la Judicatura -al realizar una vigilancia
administrativa-, así como la Procuraduría y la Fiscalía
-al adelantar denuncias realizadas por la actora en contra de los magistrados
del Tribunal-.
3.2. Contestación de la Sala
Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto.
Luego de haber sido vinculados al
proceso de tutela por la Sala Civil de la Corte Suprema
de Justicia, los magistrados que conforman la Sala de Decisión Civil Familia
del Tribunal Superior de Pasto se opusieron a las pretensiones de la demanda,
remitiéndose a los argumentos jurídicos que sirvieron
de sustento a las providencias que emitió dicha Sala y que resolvieron los
problemas jurídicos que la accionante plantea nuevamente en la solicitud de
amparo.
II. DECISION JUDICIAL QUE SE
REVISA
1. Primera instancia
La Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia del 14 de marzo de 2005, denegó
el amparo solicitado.
En primer lugar señaló que, pese a
que en ocasiones anteriores esa misma Sala se pronunció sobre similares hechos
que soportan la presente acción de tutela, en las ocasiones anteriores la
demandante controvirtió el auto que aprobó el remate y el que rechazó de plano
su solicitud de “nulidad constitucional”, en esta ataca la providencia mediante
la cual el juzgado negó su solicitud de suspender el proceso por
prejudicialidad. Sin embargo el argumento central vuelve a ser la ocurrencia de
una vía de hecho por no decretar la terminación del proceso conforme lo
ordenaban la Ley de Vivienda y los fallos de la Corte Constitucional.
Por eso, advirtiendo a la
accionante sobre la posibilidad de ser sancionada por temeridad en el evento en
que abuse del mecanismo de amparo constitucional, reiteró lo señalado en el
fallo proferido el 5 de mayo de 2004 cuando señaló lo siguiente:
“(...) cuando no hay prueba suficiente que conduzca a concluir que
la obligación quedó al día, ni que las partes comprometidas hayan convenido la
refinanciación de la misma, no era dable desde el punto de vista legal, dar por
terminado de plano el proceso ejecutivo hipotecario con la sola presentación de
la reliquidación y sin ninguna clase de evaluación (...)”
Por otro lado, puso de presente que
se encuentra en curso ante el Tribunal Superior de Pasto un recurso de
apelación contra la providencia del 19 de octubre de 2004 que negó la solicitud
de suspensión por prejudicialidad. En esta medida, el juez constitucional no
tiene competencia para invadir la esfera de actuación del juez ordinario, así
tampoco para actuar como instancia paralela dado su carácter subsidiario y
residual.
En consecuencia, negó la acción de
tutela instaurada por la accionante contra la Sala Civil Familia del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Pasto y el Juzgado Primero Civil del Circuito
de esa misma ciudad.
2.  Impugnación
El  29 de
marzo de 2005, el apoderado de la parte accionante impugnó el fallo proferido
por la Sala de Casación Civil, alegando no haber sido notificado antes. El juez
de tutela de primera instancia no dio trámite a la impugnación argumentando que
es extemporánea y que precisamente ese mismo día el expediente había sido
remitido a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Por ello, a
través de un memorial fechado el 19 de abril de 2005, el apoderado de la
accionante solicitó a la Corte Constitucional que seleccionara el expediente
para que fuera revisado por esta Corporación.
III.
ACTUACIÓN PROCESAL
El 26 de
mayo de 2005 la actora allegó al expediente copia del trámite dado por parte
del Tribunal Superior de Pasto a la solicitud de suspensión por prejudicialidad
y que culminó el 10 de mayo del mismo año con la confirmación del auto
impugnado.
En dicha
providencia, la Sala Civil del Tribunal menciona, en primer lugar, que a través
de una solicitud de prejudicialidad la actora vuelve a plantear la misma
pretensión de terminación del proceso que solicitó a través de una solicitud de
“nulidad constitucional” y que le fue negada en su respectivo momento.
Señala
también que no es posible acceder a la solicitud de suspensión por
prejudicialidad, toda vez que ésta “ (...) sólo es posible pedirse y decretarse
antes de que se dicte la respectiva sentencia. Pues la razón de ser y la
naturaleza del fenómeno de la suspensión por prejudicialidad es absolutamente
clara y conocida la constituye el evitar que se dicte una sentencia faltando
definir aspectos que son necesariamente influyentes en la decisión a tomar y
con el fin de evitar que con posterioridad a la sentencia haya de procederse a
su reexamen bajo las nuevas bases surgidas del asunto y que pudieron resolverse
previamente.”
IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1.
Competencia.
Con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 86 y 241, numeral 9º de la Constitución
Política, en concordancia con los artículos 31 a 36 del
Decreto 2591 de 1991, la Corte Constitucional es competente para revisar la
sentencia proferida dentro del proceso de la referencia.
2. Problemas Jurídicos.
Conforme a
la situación fáctica planteada y a la decisión judicial de instancia, la
demandante solicita a la Corte que determine si la Sala Civil Familia del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto y el Juzgado Primero Civil del
Circuito de la misma ciudad incurrieron en las vías de hecho judiciales
alegadas.
Pero
previo al análisis de fondo, esta Sala debe resolver si la presente acción de
tutela tiene identidad de partes, hechos y pretensiones con otras acciones de
tutela que fueron presentadas previamente por la misma actora. De no ser así,
debe también determinar si la misma cumple los presupuestos básicos para la
procedencia de este amparo constitucional contra sentencias judiciales.
3. La existencia de otras acciones de tutela anteriores por los mismos
hechos.
3.1. Como se
señaló anteriormente, previo al análisis de fondo del presente caso, resulta
indispensable verificar si esta acción de tutela dirigida originalmente contra
el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pasto[1]
es improcedente por guardar identidad en los hechos, partes y pretensiones con
otras dos solicitudes de amparo que le han sido negadas a la accionante, o si
incorpora hechos o circunstancias nuevas que desvirtúen la existencia de una
cosa juzgada frente al asunto.
En desarrollo
del principio de buena fe (artículo 83 Superior) y de
los deberes y obligaciones de los ciudadanos (numerales 1º y 7º del artículo 95
Superior), el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 señala en su primer inciso
que “(...) cuando sin motivo expresamente justificado la misma acción de tutela
sea presentada por la misma persona o su representante
ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente
todas las solicitudes.” Según esta norma, la repetida interposición de acciones
de tutela por la misma razón, sin que exista una justa causa para someterla nuevamente al control de juez constitucional, provoca
la negación del amparo solicitado.
Para verificar
si efectivamente existe una conducta abusiva en el uso de este mecanismo
constitucional, la jurisprudencia de esta Corporación ha desarrollado los siguientes criterios a considerar[2]:
i)
Que las acciones de tutela se presenten en diferentes oportunidades, con base en los mismo hechos y reclamando
la protección de los mismos derechechos;
ii)
Que quien presenta la tutela sea la misma
persona o su representante;
iii)
Que no haya una expresa justificación que
respalde el trámite de la nueva acción de tutela.
Del juez
constitucional se exige un examen detallado de los procesos de tutela
adelantados, con el objeto de determinar la configuración de la identidad de
hechos, partes y pretensiones, y la declaración de su improcedencia o de su
rechazo en el evento de verificarse la existencia de esta “triple identidad”.
En cuanto al señalamiento de una actuación temeraria, la Corporación ha
estimado que ésta “(...) debe encontrarse plenamente acreditada y no puede ser
inferida de la simple improcedencia de la acción de tutela.”[3]
Por ello,
los efectos para el peticionario que ha presentado varias de estas acciones van
desde el rechazo o la decisión desfavorable por improcedencia de la solicitud
de amparo repetida, hasta la imposición de sanciones pecuniarias y penales
cuando se haya constatado la actuación temeraria. Pero se reitera, es posible
que “(...) se presenten eventos de improcedencia con ausencia de temeridad, ya
que puede ocurrir que se presenten varias tutelas bajo los mismos hechos y
derechos en ausencia de una actitud temeraria del demandante, configurándose
solamente la declaración de improcedencia.”[4]
No obstante lo
señalado, el juez constitucional también debe ser sensible a la interposición
de nuevas acciones de tutela que aparentemente son idénticas a otra u otras
peticiones formuladas anteriormente, pero que se sustentan en hechos que no
habían ocurrido para ese entonces, que no eran
conocidos por el actor en el momento de presentar la primera demanda, o que
sólo en la actualidad afectan gravemente sus condiciones mínimas de
subsistencia. En estos eventos, se ha declarado la ausencia
de temeridad y la procedencia de la segunda acción de tutela, como en efecto
ocurrió en el proceso de tutela que culminó con la sentencia T-707 de 2003,
pues el actor demostró lo siguiente:
“(1) que la posibilidad de llevar una vida en condiciones dignas
resulta imposible, en razón de la negativa del municipio accionando en cancelar
los dineros reclamados, y (2) además prueba, con los soportes respectivos, que
por el mismo motivo, le resulta improbable someterse a un tratamiento médico
que combata o mitigue la enfermedad que lo aqueja y que amenaza su salud en
conexidad con la vida. Por estas razones, concluye la Sala que no existe
temeridad alguna,[5]
pues se está ante una nueva tutela que efectivamente demanda la protección del
derecho fundamental a la vida no sólo como la existencia biológica sino
directamente relacionada con las condiciones mínimas de sobrevivencia que
permiten el logro de una vida digna.”
3.2. Ahora
bien, dado que la actora en el proceso que se revisa había presentado
anteriormente dos acciones de tutela contra las mismas autoridades judiciales y
también por la ocurrencia de presuntas vías de hecho dentro del mismo proceso
ejecutivo hipotecario, es necesario examinar el asunto con base en las pruebas
que obran en el expediente.
Bajo la
gravedad del juramento, en la demanda la accionante manifiesta que no había
instaurado otra tutela “(...) por los hechos específicos de esta Acción, en lo
referente a la modificación de la Sentencia y sus efectos, entrega del
inmueble, falta de reevalúo y diligencia de remate.”
La dirige
exclusivamente contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pasto, por haber
incurrido en varias vías de hecho derivadas de la no terminación del proceso
ejecutivo a pesar de lo ordenado por el parágrafo
tercero del artículo 42 de la Ley 546 de 1999. Luego de exponer las razones por
las cuales todas las actuaciones efectuadas después del 31 de diciembre de 1999
son nulas de pleno de derecho, la demandante señala que el juzgado accionado
también incurrió en otras irregularidades por que el inmueble rematado tenía
una extensión y un área menor a la real y porque el avalúo realizado en 1997 no
se actualizó antes de haberse efectuado el remate en el año 2003. Finalmente
solicita que se suspenda la diligencia de entrega del inmueble prevista para
llevarse a cabo el siguiente 21 de febrero de 2005, hasta que se dicte
sentencia en el proceso ordinario de revisión de las reliquidaciones
crediticias.[6]
Al responder
la acción de tutela interpuesta en su contra, el Juzgado Primero Civil del
Circuito de Pasto señaló que esta es la tercera vez que la misma accionante
solicita el amparo constitucional presuntamente vulnerado en el proceso
ejecutivo hipotecario que inició el Banco CONAVI y que conoce dicho despacho, y
allega al expediente una copia de los dos fallos de tutela mencionados.
Esta Sala
observa que en la primera acción constitucional, la demandante controvirtió la
providencia proferida el 18 de febrero de 2003 por la Sala Civil Familia del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, mediante la cual se confirmó
el auto aprobatorio del crédito emitido por el Juzgado Primero Civil del
Circuito de la misma ciudad. En su momento, la actora se quejó que la
reliquidación de su crédito fue realizada con fundamento en los parámetros
contenidos en las Circulares 07 y 85 de 2000 que fueron declaradas nulas por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, reliquidación que fue avalada por la
Superintendecia Bancaria sin tener competencia para ello. Mediante sentencia
del 9 de abril de 2003, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia, actuando como juez de tutela en primera instancia, denegó la
solicitud de amparo argumentando que la decisión judicial atacada se ajustaba
plenamente al ordenamiento jurídico; que el artículo 243 del Código de
Procedimiento Civil faculta al juez para solicitar informes técnicos a las
entidades oficiales como en este caso lo ejerció con la Superintendencia
Bancaria, y que las circulares que sirvieron de base a la reliquidación fueron
declaradas conforme a derecho, salvo algunas expresiones que en efecto fueron
declaradas nulas pero que no tuvieron incidencia alguna en la reliquidación de
su crédito.
En el
expediente también obra copia de otra sentencia de tutela proferida el 5 de
mayo de 2004 por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en
la que se niega la solicitud de amparo impetrada nuevamente por Amparo Salas
Arcos contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Pasto y el Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma ciudad. En dicha
ocasión, la actora solicitó la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad, al libre acceso a la administración de justicia
y a una vivienda digna presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales
demandadas, al abstenerse de terminar y archivar el proceso ejecutivo
hipotecario como lo señalan las directrices de la Corte Constitucional, entre
otras pretensiones que no vienen al caso. Para negar la acción de tutela el
juez de tutela argumentó que este mecanismo de amparo constitucional es
improcedente respecto del auto que negó la nulidad del remate, pues para ese
entonces se encontraba pendiente por resolver el recurso de apelación en contra
del auto que negó la nulidad. Así mismo, manifestó que no era viable terminar
el proceso porque la obligación siguió en mora, a pesar del alivio concedido.
Este fallo de tutela fue apelado por la demandante, confirmado por la Sala
Laboral de la Corte Suprema de Justicia mediante providencia del 23 de junio de
2004, pero no fue seleccionado para su revisión por la Corte Constitucional. [7]
De lo anterior
observa la Sala de Revisión que, si bien las actuaciones procesales demandadas
en la segunda tutela (auto que niega la solicitud de terminación del proceso) y
en la que es objeto de revisión (auto que niega la solicitud de suspensión por
prejudicialidad y que ordena continuar con la diligencia de entrega del
inmueble) son diferentes, ambas solicitudes están sustentadas en la misma
pretensión de declarar nulo todo lo actuado desde el momento en el que, a
juicio de la accionante, debió darse por terminado el proceso. Esta pretensión
de declarar la terminación del proceso ya había sido invocada por la demandante
en la segunda solicitud de amparo identificada anteriormente, la cual fue
negada por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, confirmada por la
Sala de Casación Laboral de la misma Corporación y no seleccionada para
revisión por parte de esta Corporación.[8]
En la primera
acción de tutela instaurada por la actora, en cambio, se controvirtió un asunto
diferente a aquellos planteados en el presente proceso: la reliquidación del
crédito.
Al prestar
juramento a través de la demanda, la actora da a entender que no ha interpuesto
otra acción de tutela por los mismos hechos planteados en la que ahora se
revisa, y en efecto, en el acápite de pretensiones no solicita expresamente la
terminación del proceso sino la suspensión de la diligencia de entrega mientras
se tramita el proceso ordinario de revisión de las reliquidaciones crediticias.
Sin embargo, lo cierto es que los fundamentos jurídicos de la demanda y la
principal controversia constitucional que plantea están encaminadas nuevamente
a demostrar que el proceso de tutela debió darse por terminado en virtud del
artículo 42 de la Ley 546 de 1999. Es decir que se solicita exactamente lo
mismo que fue resuelto en el proceso de tutela fallado negativamente por la
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el 5 de mayo de 2004.
Frente a
esta pretensión, entonces, esta Sala de Revisión considera que operó el
fenómeno de la cosa juzgada constitucional (inciso primero de artículo 243 de
la Constitución) por no haber sido revocado en segunda instancia, ni haber sido
seleccionado el expediente por esta Corporación durante el trámite de selección
que se surtió en su debido momento. Resulta contrario a la seguridad jurídica
reabrir el debate concluido, puesto que la jurisprudencia constitucional ha
sido clara en reiterar que “(...) en caso de que un
asunto no sea seleccionado, se surte el fenómeno de la cosa juzgada
constitucional -"inmutable y definitiva"- quedando ejecutoriada
formal y materialmente la sentencia. Frente a esta situación, en materia de
tutela, la Corte adquiere la naturaleza de "órgano de cierre".”[9]
Por lo
que, no existiendo nuevos hechos que justificaran la presentación de otra
acción de tutela con la misma pretensión implícita de dar por terminado el
proceso ejecutivo, se declarará la improcedencia de la acción de tutela
respecto de esta solicitud.
Ahora
bien, para la Sala no se encuentra claramente demostrada la existencia de mala
fe o dolo en la interposición de la solicitud de amparo que ahora se revisa,
pues la demandante actuó bajo el convencimiento que por tratarse de etapas procesales
diferentes, estaba facultada para presentar nuevamente sus argumentos ante la
jurisdicción constitucional. Por lo que se declarará improcedente con ausencia
de temeridad la presente acción de tutela en relación con la presunta vía de
hecho por no haber declarado la terminación y el archivo definitivo del proceso
ejecutivo.
No
existiendo cosa juzgada constitucional respecto de las demás pretensiones que
hacen referencia al remate del inmueble por una extensión menor a la real y por
la ausencia de una actualización del avalúo del bien, la Sala deberá continuar
su análisis de procedibilidad de la presente acción de tutela frente a estas
irregularidades.
4.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
4.1. De acuerdo con la hermenéutica constitucional, la acción de tutela
contra providencias judiciales tiene un alcance excepcional y restrictivo y,
por lo tanto, únicamente es procedente cuando éstas sean el resultado de una
actuación subjetiva, arbitraria y caprichosa del
juzgador, cuyos efectos han generado una violación grave e inminente de los
derechos fundamentales de la persona. Justamente por ser contrarias a derecho,
estas decisiones judiciales aparentemente revestidas de autoridad están realmente desprovistas de legitimidad y carecen de fuerza
vinculante, por lo que el juez constitucional adquiere la obligación de “(...)
restablecer la legalidad y corregir el yerro en que haya podido incurrir la
autoridad jurisdiccional al resolver sobre un caso en
concreto”[10], con el fin de salvaguardar los derecho fundamentales afectados.
La jurisprudencia constitucional ha venido identificando los
presupuestos fácticos frente a los cuales las
autoridades judiciales incurren en una vía de hecho judicial. La constatación
de un defecto orgánico, sustantivo, fáctico, procedimental o por consecuencia
en la actuación judicial le otorga competencia al juez constitucional para pronunciarse respecto de la providencia controvertida:
“(i) El defecto orgánico se presenta en los casos en que la decisión
cuestionada ha sido proferida por un operador jurídico que carecía de
competencia para ello, esto es, cuando el funcionario es incompetente para dictar la providencia.
(ii) El defecto sustantivo tiene lugar cuando la decisión judicial
se sustenta en una disposición claramente inaplicable al caso concreto, bien
porque se encuentra derogada, porque estando vigente su aplicación resulta inconstitucional frente al caso concreto, o porque estando
vigente y siendo constitucional, la misma es incompatible con la materia objeto
de definición judicial. Dentro del defecto sustantivo pueden enmarcarse también
aquellas providencias que desconocen el
precedente judicial, en especial el que es fijado por la Corte Constitucional
respecto de la materia debatida o con efectos erga omnes.
(iii) El defecto fáctico se configura siempre que existan fallas
estructurales en la decisión que sean atribuibles
a deficiencias probatorio del proceso, como puede ser la falta de práctica y
decreto de pruebas conducentes al caso debatido -insuficiencia probatoria-, la
errada interpretación de las pruebas allegadas al proceso -interpretación
errónea- o la valoración de pruebas que son
nulas de pleno derecho       -ineptitud e ilegalidad de la prueba-.
(iv) En lo que refiere a los defectos procedimentales, éstos son
imputables al fallador cuando se aparta o desvía del trámite procesal
previamente estatuido por la ley para iniciar y
llevar hasta su culminación el asunto que se decide.
(v) Finalmente, el defecto o vía de hecho por consecuencia se
estructura cuando la providencia judicial se soporta en hechos o situaciones
jurídicas adelantadas por autoridades distintas
a quien la profiere, y cuyo manejo irregular afecta de manera grave e injusta
derechos o garantías fundamentales. En estos casos, aun cuando la decisión se
haya adoptado con pleno acatamiento de la normatividad aplicable y dentro de una valoración juiciosa de las pruebas, la vía
de hecho se produce como consecuencia de la negligencia de otras instancias
públicas, que obligadas a colaborar con la administración de justicia, por
acción o por omisión no lo hacen en forma
diligente. Tal como lo señaló la Corte “si bien el criterio imperante frente a
la vía de hecho es el de que ésta se origina en una actuación judicial
arbitraria o manifiestamente contraria a derecho, puede ocurrir que tal defecto
no sea atribuible directamente al juez de la
causa, sino a la acción u omisión de otras autoridades publicas -en la mayoría
de los casos administrativas- que debiendo colaborar armónicamente en la
función de administrar justicia, con su conducta negligente inducen en error al
operador jurídico y permiten que a través de la
decisión se afecten en forma grave los derechos y garantías constitucionales de
quienes intervienen en la actuación judicial”[11].” (Sentencia T-068 de 2005)
La procedencia de este amparo se encuentra supeditada a que el
accionante haya acudido previamente a los mecanismos procesales previstos en el
ordenamiento jurídico para subsanar las irregularidades en las que pueda haber
incurrido el juez.[12] Como mecanismo residual y subsidiario, la acción de tutela no puede
remplazar las figuras procesales destinadas a obtener la
satisfacción de sus derechos, ni puede subsanar la incuria o negligencia de las
partes en hacer uso de ellas de la manera y dentro de los términos previstos
legalmente para ello. En efecto, al respecto esta Corporación ha dicho que:
“(...) si existiendo el medio
judicial, el interesado deja de acudir a él y, además, pudiendo evitarlo,
permite que su acción caduque, no podrá más tarde apelar a la acción de tutela
para exigir el reconocimiento o respeto de un derecho suyo. En este caso,
tampoco la acción de tutela podría hacerse valer
como mecanismo transitorio, pues esta modalidad procesal se subordina a un
medio judicial ordinario que sirva de cauce para resolver de manera definitiva
el agravio o lesión constitucional". (Sentencia
SU-111 de 1997).
La jurisprudencia de la Corte también ha
sido enfática en sostener que la controversia en sede de tutela de las
providencias judiciales no puede convertirse en un recurso o en una instancia
adicional.[13] El principio de autonomía judicial contenido en los artículos 228,
230 y 246 Superiores, impide que el juez constitucional adelante un control de
legalidad sobre el procedimiento judicial, por lo que su competencia se
encuentra limitada exclusivamente a los conflictos de
rango constitucional que surjan de la actividad judicial.
Debido a este carácter subsidiario y residual, al juez de tutela no
puede imponérsele la carga de revisar de oficio todo el proceso para determinar
las razones por las cuales las actuaciones judiciales
demandadas deben dar lugar al amparo constitucional. La valoración de las
circunstancias no procede en abstracto, y por eso se ha insistido en que sólo
son admisibles las solicitudes de protección en las que el interesado precise de qué manera la irregularidad incide en la providencia cuestionada,
transformándola en una vía de hecho judicial que traspasa la simple
controversia legal para convertirse en una discusión de dimensión
constitucional. En relación con esta limitación a la órbita
de competencia del juez de tutela con el fin de no invadir las órbitas de los
jueces ordinarios y de respetar el carácter breve y sumario que identifica a
este mecanismo, esta Corporación ha dicho:
“Ahora
bien, no escapa a la Corte que el procedimiento de la acción de tutela es breve y sumario
y que todos los jueces y magistrados, sin importar su especialidad, son
competentes para garantizar la protección efectiva de los derechos
fundamentales cuando esta se solicita a través de la tutela. En estas condiciones, sería una carga
desproporcionada exigir al juez constitucional que estudiara en detalle el
proceso judicial para verificar si a causa de alguna falla en la defensa del
procesado se produjeron los dos efectos que han sido anotados. En consecuencia, como ya lo ha manifestado esta
Corporación, corresponde al actor indicar con precisión en qué consiste la
violación de su derecho a la defensa y de qué manera ésta se refleja en la
sentencia impugnada originando uno de los defectos antes mencionados, así como la vulneración ulterior de
sus derechos fundamentales.” (Sentencia T-654 de 1998).
Por
todo lo anterior, y frente a cada caso en concreto, resulta indispensable
analizar si el peticionario ejerció en debida forma los medios procesales
establecidos en el ordenamiento jurídico para la defensa de los derechos
fundamentales cuyo amparo solicita a través de la acción de tutela,
restringiendo el análisis a los defectos de rango constitucional que hayan sido
efectivamente señalados por el accionante.
4.2. Además de
la presunta vía de hecho por no haber terminado el proceso ejecutivo en los
términos del parágrafo tercero del artículo 42 de la Ley 546 de 1999,
pretensión sobre la cual operó el fenómeno de la cosa juzgada constitucional
como se señaló en el acápite 3.2. de esta providencia, la actora manifestó que
el juzgado accionado también incurrió en las siguientes irregularidades:
i)
El inmueble rematado tenía una extensión y un
área menor a la real: respecto de esta irregularidad la demandante solamente
manifestó que:
“(...) el inmueble rematado corresponde a 161 metros cuadrados, y
así se hizo constar en el aviso de remate fijado el día 22 de julio de 2003,
especificando el metraje de cada lindero; sin embargo el inmueble hipotecado es
de mayor extensión, 185.50 metros cuadrados y área construida 628.25 metros
cuadrados. En realidad se remató un inmueble de menor extensión y área, lo cual
se comprueba con los linderos específicos del cartel de remate, cuya copia se
anexa. En consecuencia, el Juzgado no debió aprobar el remate, pero como lo
hizo incurrió en vía de hecho al acoger el dictamen sin tener en cuenta las
objeciones, y en el remate al indicar que el inmueble tiene 23 metros en los
linderos de fondo ocasionando perjuicio a terceros y el perjuicio irremediable
a la accionante por ordenar la entrega de la totalidad del inmueble, hecho que
permite un enriquecimiento sin causa.”
ii)
El avalúo realizado en 1997 no se actualizó al
año 2003 cuando se llevó a cabo el remate: al respecto, la actora únicamente
expuso lo siguiente:
“Además, tampoco se actualizó el avalúo, pese a que databa del 4 de
agosto de 1997 (por $345.345.000.oo) y la compra venta se efectuó el 5 de
agosto de 2003; es decir, transcurrieron 6 años, sin tener en cuenta la
valorización del bien inmueble, siendo además el único patrimonio que la
demandada posee y que se encuentra destinado a su vivienda y a su sustento con
los arrendamientos que este inmueble generaba (hasta antes de ser embargado)
por estar integrado por apartaestudios, un apartamento y 10 habiataciones (sic)
todas con baño privado; que de conformidad con el aváuo (sic) presentado, éste
supera en más del 350% del valor de la acreencia, materia de este asunto; lo
cual también ocasionó perjuicios a las deudoras mutuarias, cuyo valor asciende
a $ 651.812.000; o propiamente lo que se conoce como lesión enorme, existe
propiedad horizontal protocolizada en escritura pública, la que CONAVI se negó
aprobarla. Era deber del Juzgado actualizar el avalúo, incluso de oficio, por
el tiempo transcurrido. La consecuencia obvia es que el remate no alcanzó a
cubrir la obligación en los términos en que liquida el banco, quedando por el
contrario saldo a cargo de las demandadas a pesar del valor real del
edificio.”
Revisadas las
copias del proceso ejecutivo hipotecario que obran en el expediente, esta Sala
observa que ninguna de las dos irregularidades fue puesta en conocimiento del
juzgado demandado en su debido momento durante el trámite del proceso
ejecutivo. Si bien es cierto que luego de la diligencia de remate la accionante
solicitó la nulidad de dicha actuación y que luego interpuso los recursos de
reposición y en subsidio de apelación contra el auto que aprobó la diligencia
de remate, en ninguna de estas oportunidades alegó las circunstancias que ahora
por vía de tutela pretende hacer valer.
Es más, la
irregularidad relacionada con el área del bien rematado, sólo fue puesta en
conocimiento del juzgado comisionado para adelantar la entrega del inmueble el
18 de febrero de 2005, a manera de solicitud de aclaración. Copia de esta
solicitud fue enviada al Juzgado Primero Civil del Circuito de Pasto quien
remitió copia de la escritura pública no. 4.448 del 12 de agosto de 1991 de la
Notaría Segunda de Pasto en la cual “(...) se constata que el bien rematado es
el mismo que fue objeto de hipoteca a CONAVI.” Por ello considera que, a pesar
de las diferencias en las áreas puestas de presente por la demandante, el bien
rematado esta debidamente identificado y corresponde al inmueble hipotecado.
Aparece claro,
mas bien, que a través de este mecanismo de amparo la actora está alegando
cuestiones que pudieron haber sido invocadas dentro del trámite del proceso
ejecutivo, pero que sólo fueron puestas en conocimiento del juez en la
continuación de la diligencia de entrega del inmueble con posterioridad a la
presentación de la acción de tutela. Las presentó, además, en una etapa
procesal en la cual no se le dan trámite a las oposiciones, según el numeral 4º
del parágrafo primero del artículo 338 del Código de Procedimiento Civil tal y
como lo señaló el juzgado comisionado para la entrega al resolver las
objeciones extemporáneas presentadas por la actora.[14]
Por lo
demás, observa la Sala que la demandante identificó unas actuaciones procesales
que considera fueron adelantadas irregularmente, pero no explicó por qué razón
las mismas son arbitrarias o contrarias a la ley, ni de qué manera éstas
afectaron los derechos fundamentales invocados. Además de que la acción de
tutela no es un recurso adicional del proceso ordinario, no puede someterse a
consideración del juez constitucional un asunto en abstracto para que éste
intuya la presunta vía de hecho que se demanda.
Igualmente,
la falta de precisión respecto de la controversia constitucional que se planteó
le impidió a las demás partes en el proceso ejercer su defensa y desvirtuar los
argumentos de la demandante. En efecto, debido a que en la presente demanda la
actora no identificó claramente las irregularidades constitutivas de las vías
de hecho, las partes demandadas se pronunciaron sobre varias actuaciones
judiciales que realmente no fueron demandadas, y no se manifestaron sobre otras
que sí fueron controvertidas.
Por
todo lo anterior, se revocará la sentencia proferida en primera instancia por
la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, que negó el amparo
constitucional solicitado al encontrar que las decisiones judiciales
controvertidas se ajustaban a derecho. En la medida en que la demanda
presentada es improcedente por las razones expuestas en la presente
providencia, la sentencia de tutela proferida en primera instancia debe ser
revocada y la protección negada por esta razón.
V. DECISIÓN
En mérito
de lo expuesto, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- REVOCAR la decisión proferida
por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en primera
instancia, dentro del proceso de tutela promovido por Amparo Salas Arcos contra
la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pasto y contra el
Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma ciudad.
SEGUNDO.- NEGAR POR IMPROCEDENTE la solicitud de protección a los derechos fundamentales invocados, por las razones expuestas en
esta providencia.
TERCERO.- DÉSE cumplimiento a lo previsto por el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
RODRIGO ESCOBAR GIL
Presidente de la Sala
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] La Sala Civil
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto fue vinculada al proceso
por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, aduciendo su interés en la
decisión que se profiera en el proceso de tutela.
[2] Sentencias
T-443 de 1995 (M.P. Alejandro Martínez Caballero); T-082 de 1997 (M.P. Hernando
Herrera Vergara); T-080 de 1998 (M.P. Hernando Herrera Vergara); SU-253 de 1998
(M.P. José Gregorio Hernández Galindo); T-303 de 1998 (M.P. José Gregorio
Hernández Galindo); T-593 de 2002 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa); T-263 de
2003 (M.P. Jaime Córdoba Triviño) y T-707 de 2003 (M.P. Alvaro Tafur Galvis).
[3] Sentencia T-655
de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[4]Sentencia
T-919 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[5] Ver sentencias
T-1095 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero, T-635 de 2001 y T-203 de
2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[6] En dos escritos
radicados el 26 de mayo y el 21 de julio de 2005 en la Corte Constitucional, la
accionante reitera el principal argumento de su acción de tutela consistente en
que todas las actuaciones judiciales posteriores a la expedición de la Ley 546
de 1999 son nulas y modifica su pretensión solicitando se declare la
terminación del proceso ejecutivo hipotecario adelantado en su contra.
[7] Durante su
trámite ante la Corte Constitucional a este proceso le correspondió el número
de radicación T-947.801.
[8] El expediente de tutela T-947.801 no fue seleccionado
para revisión mediante auto del 10 de agosto de 2004, no fue insistida por
ningún magistrado de esta Corporación ni por la Defensoría del Pueblo, por lo
cual fue devuelto al juzgado de origen el 8 de septiembre de 2004.
[9] Sentencia
T-1164 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[10] Sentencia
T-1001 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[11] Sentencia T-852
de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[12] Sentencias T-469 de 2000 (M.P. Alvaro Tafur Galvis); SU-061 de 2001 (M.P. Alfredo Beltrán
Sierra) y T-108 de 2003 (M.P.
Alvaro Tafur Galvis).
[13] Sentencia
SU-429 de 1998 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa).
[14] Código de
Procedimiento Civil, artículo 338. “Oposición a la entrega. Las oposiciones se
tramitarán así:
PARÁGRAFO 1º Quienes pueden oponerse. Pruebas y
recursos: 4. Cuando la diligencia se efectúe en varios días, sólo se atenderán
las oposiciones que se formulen el día en que el juez identifique el sector del
inmueble o los bienes muebles a que se refieran las oposiciones. Al mismo
tiempo se hará la identificación de las personas que ocupen el inmueble o el
correspondiente sector, si fuere el caso.”