C-395-07
y en la ley orgánica del reglamento del Congreso
Sentencia C-395/07
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Configuración
Referencia: expediente D-6555
Demanda de inconstitucionalidad contra el
artículo 15 (parcial) de la Ley 91 de 1989, “Por
la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.”
Demandante: Óscar Fabián Salazar Álvarez.
Magistrado Ponente:
Dr. NILSON PINILLA PINILLA.
Bogotá, D. C., veintitrés (23) de mayo de
dos mil siete (2007).
La Sala Plena de la Corte Constitucional,
en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y
trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, profiere la siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES.
Haciendo uso de la acción pública
consagrada en los artículos 40-6 y 242-1 de la Carta Política, el ciudadano
Óscar Fabián Salazar Álvarez presentó demanda de inconstitucionalidad contra la
expresión “pensión ordinaria de jubilación”, contenida en el literal A,
numeral segundo, del artículo 15 de la Ley 91 de 1989.
Cumplidos los trámites constitucionales y
legales propios de los procesos de constitucionalidad y previo concepto del
Procurador General de la Nación,  la Corte entra a decidir acerca de la demanda
de la referencia.
II.  TEXTO DE LA NORMA DEMANDADA.
A continuación se transcribe el texto del
artículo 15 de la Ley 91 de 1989, conforme a su publicación en el Diario
Oficial N° 39.124 del 29 de diciembre de 1989, subrayando los apartes acusados:
“LEY 91 DE 1989
Por la cual se
crea el Fondo
Nacional de
Prestaciones Sociales el Magisterio
…   …   …
Artículo 15. A partir de la
vigencia de la presente ley el personal docente nacional y nacionalizado y el
que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990 será regido por las
siguientes disposiciones:
… … …
2. Pensiones
A. Los docentes vinculados
hasta el 31 de diciembre de 1980, que por mandato de las leyes 114 de 1913, 116
de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren desarrollado o modificado,
tuvieren o llegasen a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá
siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos.
Esta pensión seguirá reconociéndose por la
Caja Nacional de Previsión Social conforme al decreto 081 de 1976 y será
compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el
evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.
…   …   …”
III. LA DEMANDA.
Para el actor, el segmento normativo
acusado del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, es inconstitucional, pues al
consagrar la compatibilidad de la pensión ordinaria de jubilación con la de
gracia, cuya continuidad asegura ese precepto para determinados educadores,
discrimina a los docentes discapacitados, quienes estando en situación de
debilidad manifiesta se ven obligados a renunciar a la pensión de invalidez
para poder disfrutar de la gracia o deben renunciar a este beneficio para
recibir la de invalidez, situación que en su parecer resulta contraria a lo
dispuesto en el preámbulo y los artículos 1°, 2°, 4°, 13, 29, 46, 48 y 209 del
ordenamiento superior.
Sostiene que la medida en cuestión vulnera
el artículo 1° de la Carta, ya que en su criterio el Estado y sus entidades
deben propugnar porque todas las personas tengan una pensión justa, acorde con
el trabajo desempeñado, sin olvidar la solidaridad y la justicia social como
elementos intrínsecos en cada caso particular.
Considera que la pensión es una prestación
cuyo objeto es garantizar un nivel de vida digno, manteniendo el poder de
compra y supliendo las necesidades básicas de la persona que no puede seguir
trabajando, por su edad o por causa de alguna discapacidad.
Manifiesta al respecto que “no sería un
actuar legal ni constitucional del Estado negar la pensión de gracia, emitir
y/o  solicitar la revocatoria de la pensión gracia para que accedan a la
pensión de invalidez con el fin de reconocerles su legítimo derecho”.
Comenta que la pensión gracia es un
reconocimiento que el legislador otorgó con el fin de mejorar las condiciones
de los profesores que llegan a la etapa final de la vida llenos “de
sufrimientos y necesidades”, por lo que “desproteger al grupo de
inválidos y/o discapacitados es un acto desalmado que todo el conglomerado
social debe rechazar en cabeza del legítimo intérprete de la Constitución, como
lo es la Corte Constitucional”.
Por lo anterior, considera que no permitir
la compatibilidad de la pensión de invalidez con la pensión gracia, “viola
la dignidad de todo ese grupo de protección especial, quienes con mayor razón,
requieren de más ingresos para soportar su enfermedad o su limitante y suplir
así con los consecuentes gastos que ello implica, los cuales en muchos casos
deben ser cancelados por su familiares”.
En su opinión, el segmento acusado también
desconoce el artículo 2° superior, pues “los derechos deben ser respetados, garantizados
y promovidos por todos los colombianos, sin que ello excluya la mayor
obligación y responsabilidad del Estado en ese propósito”.
El acápite demandado también contradice, en
su criterio, el artículo 4° de la Constitución, “al ignorar las vidas y los
derechos de las personas discapacitadas y/o inválidas; motivo por el cual
considero pertinente que la Corte Constitucional establezca los parámetros de
interpretación adecuados con la Constitución, las normas de nuestro
ordenamiento jurídico y la doctrina constitucional, para que permitan ser
aplicados de forma clara y armónica con las decisiones administrativas y
judiciales, entre ellas, la sentencias del Consejo de Estado, que en varias
oportunidades han señalado la compatibilidad de la pensión de invalidez y la
pensión gracia, por razones principalmente de tipo constitucional”.
Igualmente estima infringido el artículo 13
constitucional, que consagra el derecho de igualdad, puesto que lo impugnado
discrimina a los discapacitados y personas de la tercera edad, “quienes en
el desafortunado evento de sufrir una discapacidad, tienen que soportar
anticipadamente los siguientes eventos: primero el retiro del ejercicio docente
a través del otorgamiento de la pensión de invalidez, claro está, cumpliendo
con los requisitos de ley para ese reconocimiento, y segundo, soportar la
discriminación legal y administrativa, cuando las entidades de prestación
social competentes niegan el reconocimiento de la pensión gracia y pensión de
invalidez (dependiendo de cual de ellas fue reconocida primero en el tiempo),
por considerar que la pensión gracia es incompatible con la pensión de
invalidez”.
A su entender, raya con la lógica deducir
que si el actor no fuera inválido podría acceder a la pensión ordinaria y a la
pensión gracia, pero por serlo sólo puede otorgársele la pensión de invalidez,
aunque cumpla con los requisitos de la pensión gracia, y añade que
desafortunadamente entidades como Cajanal y el Fondo de Prestaciones Sociales
del Magisterio interpretan la norma demandada en forma literal, como si
consagrara una restricción o incompatibilidad para que las personas que
obtuvieron su pensión de invalidez no puedan gozar de la pensión gracia.
Expresa que lo acusado vulnera el artículo
29 superior que consagra el derecho al debido proceso, pues en su opinión “Colombia
como Estado de Derecho se caracteriza porque todas sus competencias son
regladas y ese artículo establece que el debido proceso se aplicará a toda
clase de actuaciones judiciales y administrativas, lo cual señala
implícitamente la interrelación del sistema de principios y reglas procesales”.
Cree así mismo quebrantados los artículos
46 y 48 de la Constitución, que consagran, en su orden, la protección estatal
especial para las personas de la tercera edad y el derecho a la seguridad
social integral, el cual en su parecer adquiere carácter fundamental, “para
aquellas personas con necesidades básicas insatisfechas y que se encuentran en
circunstancias de debilidad manifiesta por su condición económica, física o
mental (C.N. art. 13 inc. 3), tal y como podríamos considerar en el caso de los
discapacitados e inválidos, quienes a la luz de la norma se encuentran
contemplados dentro de los grupos de debilidad manifiesta, máxime si reúnen la
totalidad de requisitos para acceder al reconocimiento y pago de la pensión
gracia”.
Señala que también se viola el artículo 209
de la Carta, que consagra los principios de la función administrativa, porque
en su opinión “la pensión gracia es una prestación de carácter especial que
debe ser analizada en cada caso concreto por las entidades que tienen interés
en su reconocimiento y pago; en el presente caso Cajanal y el Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio son quienes deben observar los principios
esbozados de la función pública y colocar a su vez sus decisiones a favor del
interés general, el cual no es otro que beneficiar a las personas inválidas y/o
discapacitadas”.
IV. INTERVENCIONES.
1. Contraloría General de la República.
Néstor Iván Arias Afanador, en
representación de ese órgano de control, intervino en la presente actuación
para oponerse a los cargos de la demanda, manifestando que en relación con lo
acusado ha operado la cosa juzgada constitucional, como quiera que la Corte en sentencia
C-954 de 2000 se pronunció en su integridad sobre la exequibilidad del literal
A, numeral 2°, del artículo 15 de la Ley 91 de 1989.
Explica que la mencionada disposición se
refiere únicamente a los docentes departamentales, regionales y municipales,
que quedaron comprendidos en el proceso de nacionalización de la educación
primaria y secundaria iniciado con la Ley 43 de 1975, a quienes por habérseles
sometido a un cambio repentino de régimen se les dio la oportunidad de la
pensión gracia, de conformidad con las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de
1933, siendo compatible solamente con la pensión ordinaria de jubilación.
En su parecer, no es viable que en las
condiciones anotadas pueda presentarse una discriminación injustificada contra
los educadores nacionales, toda vez que la pensión gracia se concedió como un
estímulo para los docentes por su tarea cumplida en el nivel regional o local,
razón por la cual solicita que en subsidio, se declare la exequibilidad de los
apartes demandados.
2. Ministerio de Educación Nacional.
Ellen Ramírez Uesseler, en representación
de esa dependencia presentó escrito de intervención, defendiendo la
constitucionalidad de la norma acusada, para lo cual parte de un análisis
sistémico de cómo ha sido la evolución histórica del régimen pensional de los
docentes que laboran en el sector estatal, haciendo hincapié en la pensión
gracia.
Luego de realizar ese recorrido, expresa
que en materia pensional los docentes se rigen por las misma normas que los
demás servidores públicos, por lo cual considera que no tienen un régimen
especial sino diferencial, que los habilita para devengar dos pensiones
diferentes una vez cumplidos los requisitos legales, pudiendo también disfrutar
de sueldo y pensión simultáneamente, tal como lo han avalado la ley y la
jurisprudencia del Consejo de Estado.
Por lo anterior, dice no compartir la
apreciación del demandante acerca del carácter especial del régimen pensional
de los maestros, pues en su parecer la jurisprudencia ha sido clara en manifestar
que se adquiere dicha connotación cuando se obtiene el derecho en condiciones
diferentes a la norma general, situación que no acontece con el personal
docente que labora en instituciones de educación oficial, aunque gocen de la
pensión gracia.
Alude a la aplicación del régimen pensional
de los servidores públicos al sector docente y precisa que culminado el proceso
de nacionalización, los educadores estatales adquirieron “el carácter de
empleados públicos del orden nacional (Sala de Consulta y Servicio Civil,
diciembre 18 de 1995)”, eliminándose la pensión gracia para los docentes
vinculados a partir del 1° de enero de 1981, de manera que en adelante los
educadores sólo pueden acceder a una sola pensión, como así mismo se deriva de
lo establecido por las Leyes 91 de 1989, por la cual se creó el Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio y 812 de 2003.
Manifiesta que al estar excluidos los
docentes de la aplicación de la Ley 100 de 1993, se rigen por las normas
previstas en la Ley 33 de 1985 y el Decreto 3135 de 1968, dependiendo de cada
caso, normas que consagran la pensión común, ordinaria o por derecho propio,
por lo cual en su criterio no es cierta la afirmación del demandante de que
sólo con la expedición de la Ley 91 de 1989 se le haya dado la denominación de “pensión
ordinaria de jubilación”, únicamente para el sector docente.
Frente a la alegada incompatibilidad de la
pensión de invalidez con la pensión gracia, sostiene que de acuerdo con las
normas que rigen la materia, la pensión de invalidez es incompatible con
cualquier clase de pensión o prestación que pueda recibir el trabajador, sea
del sector público o del privado, precisamente por ser acreedor al beneficio
prestacional por incapacidad o impedimento para trabajar, cuando ha sufrido pérdida
de la capacidad laboral certificada por autoridad competente.
Indica que el demandante no puede pretender
que por haber dado la ley a los docentes oficiales la condición de servidores
públicos de régimen especial, pueda ordenarse que tienen derecho a devengar
simultáneamente pensión de invalidez y la de gracia.
3. Ministerio de Hacienda y Crédito
Público.
Clara Janeth Silva Villamil, en
representación de ese Ministerio, respondió la demanda bajo estudio, oponiéndose
a la inconstitucionalidad solicitada, para lo cual hizo un esbozo sobre la
pensión de jubilación para docentes oficiales, indicando los orígenes,
finalidad y desarrollo legal de la pensión gracia.
Manifiesta que de acuerdo con el Decreto
1848 de 1969, se le otorgó al docente la posibilidad de escoger entre el
reconocimiento de la pensión de jubilación y la de invalidez, lo cual significa
que la administración no impone la pensión a su arbitrio sino que permite al
beneficiario optar por la pensión más favorable, siempre y cuando cumpla con
los requisitos legales.
En su criterio la norma acusada no vulnera
el principio de igualdad al excluir a los docentes pensionados por invalidez de
la pensión gracia, pues como lo ha establecido la jurisprudencia solo es
posible hablar de trato discriminatorio cuando existe identidad en los
supuestos de hecho, respecto de los cuales se realiza la correspondiente
comparación.
Desde esa perspectiva la interviniente
considera que es posible sostener que bajo la vigencia de la Ley 91 de 1989
existió una justificación razonable para conceder la compatibilidad de la
pensión gracia con la pensión ordinaria de jubilación, dada la especial
situación en que se encuentran los docentes que a pesar de cumplir los
requisitos de la pensión gracia, la ordinaria de jubilación y de invalidez,
optan por esta última que en la mayoría de los casos es más favorable, pues
para liquidarla se toma por lo general el 100% del último salario.
Recuerda que la incompatibilidad entre la
pensión de invalidez y la de jubilación está consagrada en la Ley 64 de 1947 y
concluye que esta previsión es acorde al artículo 128 de la Constitución, que
prohíbe devengar más de una asignación proveniente del tesoro público.
4. Caja Nacional de Previsión Social -CAJANAL
EICE-.
Luz Helena Meneses Plaza, en su calidad de
Jefe de la Oficina Jurídica de esa entidad, intervino en la presente actuación
para defender la constitucionalidad de la norma acusada, indicando que de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley 114 de 1913, que creó
la pensión gracia para los docentes, el beneficiario debe acreditar que no se
encuentra disfrutando de otra pensión del orden nacional, mandato que armoniza
con lo dispuesto en el artículo 88 del Decreto 1848 de 1969, según el cual las
pensiones de invalidez, jubilación y retiro por vejez son incompatibles entre
sí, pudiendo el beneficiario optar por la más favorable en caso de concurrencia
ente ellas.
Manifiesta que el artículo 4° de la Ley 64
de 1947, consagró expresamente para los docentes la incompatibilidad entre la
pensión de invalidez y la ordinaria de jubilación y agrega que el artículo 15
de la Ley 91 de 1989 solamente permite la compatibilidad entre la pensión
gracia y la ordinaria de jubilación, norma que es lo suficientemente clara y,
por tanto, no requiere en su criterio de hermenéutica alguna que fije los
alcances no previstos en ella, máxime cuando cada pensión ampara riesgos
distintos en circunstancias diferentes y con cargo a recursos también diversos.
Para que no quede duda sobre la naturaleza
de la pensión gracia, afirma que el Consejo de Estado en decisiones recientes
se refiere a ella como pensión de jubilación, advirtiendo también que los
docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones del magisterio están
excluidos de la aplicación de la Ley 100 de 1993.
5. Defensoría del Pueblo.
Karin Irina Kuhfeldt Salazar, en su
condición de Defensora Delegada para Asuntos Constitucionales y Legales de esa
institución, intervino en el proceso de la referencia para solicitar la
inexequibilidad de los apartes demandados del artículo 15 de la Ley 91 de 1989.
Apoyada en la jurisprudencia, la
interviniente efectúa unas consideraciones en torno a la naturaleza jurídica y
antecedentes de la pensión gracia, señalando que el proceso de nacionalización
de la educación en Colombia a mediados de la década de los 70, dio lugar al
desmonte de esa pensión.
Manifiesta que en desarrollo de ese proceso
de nacionalización se expidió la Ley 91 de 1989, aboliéndose la pensión gracia
a partir del 1° de enero de 1981 y creándose a partir de entonces en favor de
los docentes una pensión ordinaria de jubilación, que es compatible con la
pensión gracia.
Indica que en relación con el problema
jurídico planteado en la demanda existe un pronunciamiento de la Corte
Constitucional, que al acoger la doctrina del Consejo de Estado sobre la
materia, consideró procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio
para amparar derechos fundamentales de un docente, a quien se le negó la pensión
de invalidez por estar disfrutando de la pensión gracia.
Expresa que aun cuando se ha entendido que
la concurrencia entre la pensión gracia y la ordinaria de jubilación constituye
una excepción a la prohibición constitucional de la doble asignación, conforme
con los principios y valores superiores tal compatibilidad debe extenderse a
los docentes que sean pensionados por invalidez, pues cada una de esas
pensiones tiene origen y causa diferente.
Señala que la pensión gracia es un
instrumento de compensación a la baja remuneración de la actividad docente en
nuestro país y un estímulo a quienes se dedican a la formación en los niveles
preescolar, básico y medio en el sector oficial; al paso que la pensión de jubilación
o vejez está dirigida a aliviar la carga económica de quienes por razón de la
edad deben retirarse del mercado laboral y, por su parte, la pensión de
invalidez atiende contingencias derivadas de una enfermedad común de origen
profesional.
Por lo anterior, considera que en aras de
la efectividad del derecho a la igualdad y con el fin de evitar una doble
discriminación de quienes se encuentran en las circunstancia no previstas en la
Ley 91 de 1989, la Corte debe ampliar los efectos de la compatibilidad
pensional a la pensión de invalidez y advierte que conforme a lo dispuesto en
el parágrafo transitorio 1° del Acto Legislativo 01 de 2005, que modificó el
artículo 48 de la Constitución, no existe duda alguna sobre la vigencia del
régimen especial de los docentes vinculados al servicio público educativo
oficial, de manera que sigue vigente la compatibilidad prevista en la
disposición demandada.
6. Fiduprevisora S.A.
Felipe González Páez, en su condición de
Presidente de esa entidad, encargada de administrar los recursos del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, intervino con el fin de
expresar su opinión acerca de la demanda analizada, manifestando que sobre el
asunto en cuestión el Consejo de Estado, en sentencia del 3 de mayo de 2001,
reconoció la compatibilidad entre la pensión gracia y la pensión de invalidez,
doctrina que fue acogida también en un pronunciamiento de la Corte
Constitucional que revisó la acción de tutela promovida por un docente
discapacitado al que se le negó la pensión gracia.
Manifiesta que para esa entidad no es
inconstitucional el aparte demandado, pues al tener origen diferente se
justifica establecer la compatibilidad entre la pensión gracia y la ordinaria
de jubilación y agrega que la redacción del aparte acusado se presta para
confusiones, por lo cual estima que en aquellos casos en los que un docente que
goza de la pensión de invalidez y aspira a la pensión gracia, debe entenderse
que esta última se convierte en su pensión ordinaria de jubilación.
En consecuencia, solicita que ante
situaciones de desigualdad se aclare el sentido de la expresión acusada, para
extender sus efectos a la compatibilidad de la pensión de invalidez y la
pensión gracia.
7. Leonardo Cardona Carmona.
Coadyuva este ciudadano la demanda de la
referencia, pues en su parecer lo acusado establece una manifiesta e
injustificada desigualdad respecto de los docentes que han sufrido pérdida de
la capacidad laboral y que, en razón de ella, han sido pensionados por
invalidez por parte del Estado.
Considera que, por su debilidad manifiesta,
esas personas merecen especial protección, que se puede lograr si en este
asunto la Corte declara la constitucionalidad condicionada de la expresión “pensión
ordinaria de jubilación”, bajo el entendido que la pensión gracia también
es compatible con la pensión de invalidez.
8. Federación Colombiana de Educadores
-FECODE-.
Witney Chávez Sánchez, actuando en
representación de esa organización, expone su criterio en torno a la
compatibilidad entre la pensión gracia y la de jubilación, estimando que debe
extenderse a la de invalidez, pues tienen la misma naturaleza jurídica, por el
carácter ordinario de ambas, dado que pueden ser reconocidas a cualquier
empleado público de la Nación.
Considera que en el asunto bajo revisión se
presenta una manifiesta desigualdad, pues a los docentes que han caído en
incapacidad laboral el Estado los declara inválidos y los retira del servicio
otorgándoles pensión de invalidez, por lo cual solicita se declare la exequibilidad
de la disposición impugnada, por la compatibilidad que allí también
existe.
V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA
NACIÓN.
En escrito del 15 de enero del año en
curso, el Procurador General de la Nación solicita a la Corte declarar
exequible la expresión acusada, “pensión ordinaria de jubilación” del
literal A, numeral 2°, del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, bajo el entendido
que la pensión gracia de los docentes también es compatible con la pensión de
invalidez.
Estima que la demanda es procedente, pues
el actor planteó correctamente su acusación contra el contenido normativo que
se desprende de la norma demandada, para lo cual se valió de la aplicación que
del mismo hacen los operadores jurídicos, quienes niegan la pensión gracia o la
de invalidez por supuesta incompatibilidad, tal como lo evidencian algunos
antecedentes jurisprudenciales.
Explica que la pensión gracia para los
docentes es un derecho adquirido de carácter autónomo y de rango constitucional,
por lo cual no estima conforme con el ordenamiento superior una interpretación
legal que considere compatible esa pensión sólo con la ordinaria de jubilación,
mas no con la de invalidez.
No halla justificación para establecer un
trato diferente en relación con la pensión de invalidez, pues esta prestación
al igual que la pensión ordinaria de jubilación tiene carácter ordinario en
cuanto a la finalidad que las anima, que es resolver el problema de incapacidad
económica del docente a consecuencia de la pérdida de su capacidad laboral, por
lo cual “se trata de situaciones legales iguales desde el punto de vista
teleológico pensional”.
Finalmente afirma que no resulta razonable
aceptar la interpretación de incompatibilidad de la pensión de invalidez con la
pensión gracia, porque se desconoce un derecho adquirido de carácter autónomo,
propio de un régimen laboral especial, por lo cual solicita declarar la
exequibilidad condicionada del segmento normativo impugnado, con el alcance
señalado anteriormente.
VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL.
1. Competencia.
En virtud de lo dispuesto por el artículo 241-4 de la
Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer de la
acción en referencia, pues se trata de cargos contra disposiciones contenidas
en una ley.
2. Existencia de cosa juzgada
constitucional.
Antes de analizar de fondo la demanda de la
referencia, la Corte debe establecer si, como afirma quien interviene a nombre
de la Contraloría General de la República, sobre lo acusado recae cosa juzgada
constitucional, en virtud de lo decidido en sentencia C-954 de 2000, que declaró la  exequibilidad
del literal A del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, lo cual impediría un nuevo
pronunciamiento de esta corporación.
Con tal fin conviene recordar que en los términos del artículo 243 de la
Carta, las sentencias proferidas por la Corte, en desarrollo de las
atribuciones conferidas en el artículo 241 ibídem, hacen tránsito a cosa
juzgada constitucional de manera absoluta[1], salvo que en la respectiva providencia se
haya limitado el alcance del control abstracto realizado.
La citada norma superior prescribe perentoriamente que
en esa hipótesis la disposición materia de decisión no puede ser objeto de
nuevo pronunciamiento constitucional, porque al no restringirse el análisis de
la Corte en relación con la correspondiente sentencia[2], “la norma se
entiende exequible o inexequible en su totalidad y frente a todo el texto de la
Carta”. [3]
Es decir, que si la Corte Constitucional “no
determina que los efectos de una providencia son de cosa juzgada relativa, se
entenderá que las sentencias que profiera, hacen en general, tránsito a cosa
juzgada absoluta”. [4]
Además ha precisado la jurisprudencia que la cosa
juzgada absoluta puede ocurrir, “cuando una norma determinada vuelve a ser
demandada por los mismos cargos, o por controvertir los mismos artículos
constitucionales que ya fueron estudiados en una oportunidad anterior, lo que
impide claramente un nuevo pronunciamiento constitucional sobre la ya definido,
por haber operado frente a tales aspectos dicho fenómeno constitucional”.[5]
Volviendo al asunto bajo análisis, se observa que
efectivamente en sentencia C-954 de 2000 (julio 26), M. P. Vladimiro Naranjo
Mesa, la Corte declaró exequible el literal A, numeral 2°, del artículo 15 de
la Ley 91 de 1989, salvo la expresión “Los docentes vinculados hasta el 31
de diciembre de 1980” de la misma norma, respecto de la cual se dispuso
estar a lo resuelto en sentencia C-489 de 2000 (mayo 4), M. P. Carlos Gaviria
Díaz, que declaró la exequibilidad condicionada de ese aparte normativo.
En aquella
oportunidad el cargo consistió en que para el demandante el literal A, numeral
2°, del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, violaba el derecho a la igualdad,
pues en su parecer lo dispuesto en la norma acusada impedía a los docentes del
nivel nacional disfrutar de la pensión gracia, al remitir, para efectos de su
reconocimiento, a los requisitos fijados por el numeral 3° del artículo 4° de
la Ley 114 de 1913, particularmente a aquél que prohíbe disfrutar de esa
prestación cuando se percibe otro ingreso del carácter nacional.
Tal acusación fue desechada por la Corte, al encontrar
que el problema jurídico planteado fue resuelto en sentencia C-479 de 1998
(septiembre 9), M. P. Carlos Gaviria Díaz, que declaró exequible el citado
numeral 3°. Así se pronunció la Corte en la mencionada sentencia C-954 de
2000:
“…es evidente que la presunta desigualdad
material que se le imputa a la norma acusada, fundada en la circunstancia de
condicionar el reconocimiento de la pensión gracia al cumplimiento de los
requisitos consagrados en la Ley 114 de 1913 -en particular al descrito en el
numeral 3° de su artículo 4°-, no está llamada a prosperar pues, como ya lo
explicó la Corte, la aplicación de esta normatividad a los docentes oficiales
vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, encuentra plena justificación en
las causas que motivaron su expedición (C.P art. 13), en el principio de libre
configuración legislativa (C.P. art. 150) y, además, en el objetivo Superior (sic) de darle un uso racional,
proporcional y adecuado a los recursos públicos (C.P. art. 128).
Así las cosas, teniendo en cuenta que el
literal A del numeral 2° del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 se limita a
garantizar y reconocer el derecho a la pensión gracia de ‘Los docentes
vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980’, en los términos en que la
prestación fue concebida por las disposiciones legales que la consagran,
desarrollan y modifican -Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933-, la Corte
procederá a declarar su exequibilidad pues no observa que, por tal motivo, la
preceptiva amenace o vulnere el derecho a la igualdad ni ninguna otra
disposición constitucional que le sea aplicable.
Cabe precisar, sin embargo, que la decisión
adoptada en la presente causa, fundada en el respeto por el precedente, no
cobija la expresión ‘Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980’,
pues, a pesar de que ésta también hace parte integral de la norma acusada
-estableciendo un límite temporal al reconocimiento del derecho a la pensión
gracia-, la misma ya había sido declarada exequible por la Corte en la
Sentencia C-489 de 2000 (M.P. Carlos Gaviria Díaz), por lo cual ha de
entenderse que respecto de tal expresión ha operado el fenómeno de la cosa
juzgada constitucional, en los términos prescritos por el artículo 243 del
Estatuto Superior.”
Como puede apreciarse, con base en estas
consideraciones se declaró ajustado a la Carta, en su integridad, el
literal A,  numeral 2°, del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, por no encontrar
que la preceptiva acusada amenazara o vulnerara el derecho a la
igualdad, “ni ninguna otra disposición constitucional que le sea aplicable”,
quedando así establecido que en relación con esa disposición el citado
pronunciamiento hizo tránsito a cosa juzgada absoluta, incluyendo
también la expresión “pensión ordinaria de jubilación”, ahora impugnada,
pues como se ha visto los razonamientos efectuados por la Corte no sólo se
orientaron a desvirtuar el único cargo de la demanda atinente a la supuesta
infracción del artículo 13 de la Constitución, respecto de los docentes del
orden nacional, a quienes no se les reconoce la pensión gracia, sino que además
cobijaron el segmento ahora censurado.
Por lo anterior, al configurarse en el
asunto en referencia la cosa juzgada constitucional, la Corte estará a lo
resuelto en la sentencia C-954 de 2000 (julio 26), M. P. Vladimiro Naranjo
Mesa, que declaró exequible el literal A, numeral 2°, del artículo 15 de la Ley
91 de 1989.
VII. DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de
la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE
ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-954 de 2000 (julio 26),
M. P. Vladimiro Naranjo Mesa, que declaró exequible el literal A, numeral 2°,
del artículo 15 de la Ley 91 de 1989.
Notifíquese, comuníquese, insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente. Cúmplase.
RODRIGO ESCOBAR GIL
Presidente
JAIME ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CORDOBA TRIVIÑO
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
ÁLVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Sobre cosa juzgada absoluta pueden consultarse, ente otras, las
sentencias C-004, C-170 y C-569 de 1993; C-548 de 1994; A-013 de 1995; C-456 y
C-522 de 1998; C-700/99.
[2] C-045 de 2002 (enero 30 ), M. P. Rodrigo
Escobar Gil.
[3] C- 774 de 2001 (julio 25), M. P. Rodrigo Escobar Gil.
[4] C- 774 de 2001. Sobre este particular
también puede consultarse el artículo 46 de la Ley 270 de 1996 y la sentencia
C-037 de 1996 (febrero 5), M. P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[5] C-337 de 2007 (mayo 9), M. P. Manuel
José Cepeda Espinosa.