T-960-03
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-960/03
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia
excepcional por vía de hecho Judicial
VIA DE HECHO-Arbitrariedad o error
manifiesto del Juez/VIA DE HECHO-Clases de defectos en la actuación
VIA DE HECHO-Defecto sustantivo
VIA DE HECHO-Defecto fáctico
VIA DE HECHO-Defecto orgánico
SEGURIDAD JURIDICA Y AUTONOMIA E INDEPENDENCIA JUDICIAL-Decisiones no pueden ser arbitrarias o caprichosas
La seguridad jurídica y la autonomía e independencia judiciales son
principios fundantes de los Estados democráticos, pero no pueden ser empleados
para blindar decisiones exclusivamente basadas en el capricho, en la saliente
negligencia o en la arbitrariedad de los jueces. En el Estado de Derecho, las
actuaciones de las autoridades públicas deben permanecer dentro de los rangos
de juridicidad establecidos por la Constitución y las leyes, de modo que la
seguridad jurídica y la autonomía e independencia judiciales deben servir de
refuerzo de la legalidad y no, como algunos lo pretenden, erigirse en hitos
para el desconocimiento de ésta.
RECURSO DE SUPLICA-Improcedencia por
cuestionarse la sentencia por la comisión de un error facti in judicando
En cuanto al recurso extraordinario de súplica, clara es para la
Sala su improcedencia en casos como el presente, en los cuales la sentencia es
cuestionada por la presunta comisión de un error facti in judicando.
RECURSO DE REVISION-No requiere para el
caso interponerse con antelación a la tutela/RECURSO DE REVISION-No es
eficaz en el proceso electoral
Claro es que
el demandante tampoco estaba obligado a interponer el recurso extraordinario de
revisión con antelación a la interposición de la presente acción de tutela.
Como lo ha establecido esta Corte, la tutela es procedente si se observa que el
mecanismo judicial alternativo no tiene la misma efectividad que la tutela en
punto a la protección de los derechos fundamentales. Y claro es que el recurso
de revisión no tiene igual eficacia que la acción de tutela cuando se trata de
evitar que en virtud de un nuevo escrutinio tome posesión o ejerza un nuevo
alcalde o gobernador distinto a quien le ha sido declarada nula su elección
dentro de un proceso electoral. Esta efectividad disminuida del recurso
extraordinario de revisión deriva, entre otras cosas, del hecho de que a través
de él no es posible obtener la suspensión del escrutinio ordenado por medio de
la sentencia cuya nulidad se persigue.
VIA DE HECHO-Clases de defectos fácticos
Los defectos fácticos pueden agruparse en dos clases. La primera, la
dimensión omisiva, comprende las omisiones en la valoración de pruebas
determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el
juez. La segunda, la dimensión positiva, abarca la valoración de pruebas
igualmente esenciales que el juzgador no puede apreciar, sin desconocer la
Constitución. Por eso, en lo que respecta a la dimensión omisiva, “no se adecua
a este desideratum, la negación o valoración arbitraria, irracional y
caprichosa de la prueba” que se presenta cuando el juez simplemente ignora la
prueba u omite su valoración, cuando sin razón valedera da por no probado el
hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente. En lo
relativo a la dimensión positiva, el defecto fáctico se presenta generalmente
cuando aprecia pruebas que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo,
fueron indebidamente recaudadas.
ERROR EN VALORACION DE PRUEBAS-Debe ser
ostensible, flagrante y manifiesto
VIA DE HECHO-No se configura defecto
fáctico para el caso
En el presente caso no se configura el presupuesto del defecto
fáctico, esto es, no "resulta incuestionable que el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta
la decisión"
INFORMES TECNICOS-No son medio de prueba
autónomo respecto de la prueba pericial
Para la
sección demandada los informes técnicos que fueron remitidos con destino al proceso
2487 no son informes técnicos en el sentido a que alude el artículo 243 C. P.
C. por no ser dictámenes periciales, es decir, por cuanto su redacción no exige
un especial conocimiento técnico o científico y porque su propósito simplemente
es el de registrar información depurada. La Sección Quinta entendió así que, en
un plano más general, la prueba de informes técnicos no existe como medio
autónomo de prueba, esto es, distinto al medio de prueba pericial. Como puede
observarse, la posición de la sección demandada –los informes técnicos no son
un medio de prueba autónomo respecto de la prueba pericial–, aunque discutible,
no es manifiestamente irrazonable. Así, que la sección demandada haya optado
por dicha tesis no agencia la configuración de una vía de hecho por defecto
fáctico, pues, una providencia judicial sólo resulta viciada por tal defecto si
resulta flagrantemente quebrantado el sistema normativo – procedimental
vigente.
INFORMES TECNICOS-Alcance doctrinario
Un sector de
la doctrina nacional sugiere que los informes técnicos no pueden ser
confundidos con las pruebas periciales, por cuanto el legislador los introdujo
como un nuevo medio de prueba. Otros autores, en cambio, insisten en que los
informes técnicos no son un medio autónomo de prueba y plantean que los mismos
serán prueba testimonial –v. g. si se trata solamente de relación de hechos– o
pericial según sea el caso. Los restantes autores, por su parte, señalan que la
discusión en torno a si los informes técnicos son un nuevo medio de prueba o la
especificación de otros ya existentes es artificiosa, puesto que en últimas han
sido aceptados como medios de prueba y, por lo mismo, se pueden emplear.
ALCALDE-Periodo individual/GOBERNADOR-Periodo
individual
ALCALDE-Periodo institucional estipulado
por el Acto Legislativo 02 de 2002/GOBERNADOR-Periodo institucional
estipulado por el Acto legislativo 02 de 2002/GOBERNADOR-Nuevo
escrutinio no equivale a nueva elección
ALCALDES Y GOBERNADORES-Acto legislativo
02 de 2002 convirtió los periodos individuales en institucionales
Después de la vigencia del Acto
Legislativo 02 del 2002 desaparecieron los períodos personales y todos los
períodos se convirtieron en institucionales, de modo que el reemplazo de un
gobernador por otro, cualquiera que sea la causa, es para completar el período
del anterior y no para iniciar un nuevo período.
Referencia: expedientes T-764286 y T-766614 acumulados.
Peticionarios: Ventura Díaz Mejía/Alejandro Char Chaljub.
Procedencia: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera
Temas:
-    Vía de hecho por defecto fáctico en proceso electoral.
-    Períodos de gobernadores: Son institucionales.
Magistrado Ponente:
Dr.
JAIME ARAÚJO RENTERÍA
Bogotá, D. C.,
veinte (20) de octubre de dos mil tres (2003).
La Sala Primera
de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados ALFREDO
BELTRÁN SIERRA, MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA y JAIME ARAÚJO RENTERÍA, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la
siguiente
SENTENCIA
en el proceso
de revisión de los fallos proferidos por la Sección Primera del Consejo de
Estado dentro del trámite de las acciones de tutela instauradas por Ventura
Emilio Díaz Mejía (Expediente T-764.286) y Alejandro Char Chaljub (Expediente
T-766.614), contra la Sección Quinta del Consejo de Estado.
I.
ANTECEDENTES
Expediente
T-764.286
Hechos y
fundamentos de la solicitud de tutela.
1. El señor Ventura Díaz Mejía, interpuso
acción de tutela a través de apoderado contra la Sección Quinta del Consejo de
Estado el 12 de febrero de 2003, por considerar que la misma está desconociendo
sus derechos al debido proceso y a participar en el ejercicio de cargos
públicos.
2. Aduce el actor que el 29 de octubre de
2000 se realizaron en el país elecciones para elegir, entre otros mandatarios,
a los gobernadores de departamento; elecciones en las cuales él se postuló para
la Gobernación del Atlántico, resultando elegido como Gobernador para el
período 2001-2003.
3. Explica que después de las elecciones los
ciudadanos Alma Pura Riquett Palacio y Federico Trujillo Burgos, plantearon la
nulidad del acuerdo 0014 del 22 de diciembre de 2000 mediante el cual se
declaró elegido al Gobernador del Departamento del Atlántico para el período
2001-2003. Alma Pura Riquett, perseguía la nulidad de las actas de escrutinio
de los jurados de votación (E-14) de las mesas donde obtenía mayoría de votos
Ventura Díaz Mejía (Radicación No. 2487), y Federico Trujillo Burgos la nulidad
de las actas de  escrutinio de los jurados de votación (E-14) de aquellas mesas
donde había obtenido mayoría Alejandro Char Chaljub (Radicación No. 2495).
4. Los citados procesos fueron acumulados y
el 27 de enero de 2003, dos años después de presentadas las demandas, la
Sección Quinta del Consejo de Estado profirió sentencia por medio de la cual
declaró la nulidad del precitado acuerdo y ordenó la realización de un nuevo
escrutinio para elegir al Gobernador del Atlántico del período 2001-2003.
5. El actor afirma que la Sección Quinta del
Consejo de Estado incurrió en una vía de hecho por defecto fáctico. Para
empezar, señala el demandante que ante la petición de pruebas en el proceso
electoral 2495 la sección demandada ordenó algunas y denegó otras que eran
decisivas para demostrar las irregularidades señaladas en la demanda; según la
sección no se habían señalado los casos irregulares, pero bien estaba claro,
afirma el demandante, que sí se habían indicado las cédulas que debían ser
objeto de examen previo informe técnico, como quiera que los nombres y
apellidos registrados por los jurados en la listas y registros de votantes
(E-11) no correspondían a los nombres de los titulares de las cédulas impresas
en esas listas y registros, como consecuencia de que varios sufragantes habían
sido suplantados o varios nombres y apellidos habían sido agregados. En verdad,
asegura el actor, la sección demandada denegó las pruebas porque consideró que
no se habían precisado las irregularidades para cuya comprobación hubiese sido
necesario un contraste con el Archivo Nacional de Identificación, razón por la
cual, afirma, la misma desconoció que la acción pública electoral puede ser
incoada por cualquier ciudadano.
Además,
prosigue, el magistrado ponente no se pronunció acerca de la petición de
pruebas de Hernán Burgos Álvarez, desconociendo en consecuencia que los
coadyuvantes pueden pedir pruebas adicionales, incluso diversas, a las pedidas
por el demandante.
Finalmente,
dice, en vista de que la sección demandada había denegado pruebas que el actor
del proceso 2495 y su coadyuvante consideraban vitales para la prosperidad de
su demanda, los mismos recurrieron en súplica. Mediante auto de 13 de
septiembre de 2001 la sección se pronunció sobre la petición de pruebas del
coadyuvante decretando unas y negando otras, en el entendido de que éstas
también le habían sido negadas al actor del proceso electoral.
6. Ahora bien, según el demandante la
sección cuestionada no insistió en el recaudo de documentos originales con
miras a comprobar las irregularidades demandadas. Advierte el actor que de
conformidad con las pruebas ordenadas en autos, el Consejo de Estado libró los
oficios numerados del 2001-836 al 867, al Registrador Nacional del Estado Civil,
a los Delegados de éste en el Departamento del Atlántico, a los Registradores
Especiales del Estado Civil en Barranquilla y a los Registradores Municipales
del Departamento del Atlántico a fin de que los mismos remitieran
“preferiblemente en originales” los documentos relacionados en los oficios, y
“rindieran informe técnico” sobre irregularidades detectadas durante la
revisión de los documentos electorales, tales como: (i) doble o múltiple
votación de un ciudadano en una mesa o varias; (ii) votos de ciudadanos
excluidos del censo electoral; (iii) suplantación de sufragantes; y (iv) exceso
de tarjetas electorales en relación con el número de sufragantes registrados
por los jurados.
Anota el actor
que las pruebas pedidas y decretadas en el proceso 2487 fueron arrimadas,
mientras que muchas de las pruebas pedidas y decretadas en el proceso 2495 no
corrieron con la misma suerte. No obstante ello, se decretó la acumulación de
ambos procesos, y casi inmediatamente se dio traslado para alegar de
conclusión. En vista de lo anterior, el actor del proceso electoral 2495,
Federico Trujillo Burgos, y su coadyuvante, Hernán Burgos Álvarez, pidieron que
se declarara la nulidad de lo actuado a partir del auto que decretaba el cierre
del debate probatorio y la acumulación. Actor y coadyuvante presentaron además
acción de tutela ante la Sección Primera del Consejo de Estado con el ánimo de
que se ordenara a la Registraduría y a las demás entidades que remitieran las
pruebas documentales y los informes técnicos con destino al proceso 2495
adelantado ante la Sección Quinta. La nulidad fue denegada y la acción de
tutela declarada improcedente por parte de la Sección Primera del Consejo de
Estado por “haberse informado que las pruebas pedidas en la demanda y
requeridas… se habían incorporado al expediente…”. Para el demandante, esta
decisión de la Sección Primera carece de fundamento, como quiera que las
entidades indicadas tan sólo remitieron informe técnico (Oficio No 1210 del 13
de agosto de 2002 de los Delegados Departamentales del Registro Nacional del
Estado Civil, y Oficio del 29 de agosto de 2002 de la Gerencia de Informática
de la Registraduría Nacional del Estado Civil), mas no los documentos
originales, reteniendo de esta manera la prueba documental pública que se encontraba
en su poder.
Muy grave
también resulta, según el demandante, que la Sección Quinta decidiera primero,
mediante auto para mejor proveer, que los prenotados informes técnicos eran
idóneos para demostrar el cargo de suplantación de votantes y, por lo mismo,
que debían ser sometidos a contradicción, para después atribuirle en la
sentencia del 27 de enero de 2003 un “valor probatorio precario”.
Manifiesta el
demandante que producto de las presuntas irregularidades anteriormente
reseñadas fue la motivación de la sentencia del 27 de enero de 2003 conforme a
la cual no se pudo determinar si muchas de las inconsistencias señaladas por el
actor del proceso 2495 correspondían a errores aritméticos o a verdaderas
falsedades electorales y de acuerdo con la cual los cargos formulados por dicho
actor no estaban sustentados por pruebas.
7. Por otra parte, según indica el
demandante la sección demandada incurrió en vía de hecho por cuanto pasó por
alto las pruebas que servían de sustento a los cargos de nulidad planteados por
el actor del proceso 2495. En especial, la demandada apoyó su sentencia en los
informes técnicos incorporados al proceso 2487. Así, en la sentencia de 27 de
enero de 2003 la sección demandada sostuvo que fueron comprobados 1.819 casos
de irregularidad; por contraste, de las irregularidades alegadas en contra de
los intereses de Alejandro Char Chaljub, la Sección Quinta solamente encontró
demostrada la nulidad de 723 votos. Lo anterior, en criterio del demandante, es
falso, por cuanto los informes daban cuenta de 6.564 irregularidades o
inconsistencias que afectaban 534 mesas de votación favorables a Char Chaljub.
8. Además,
sugiere el demandante, la Sección Quinta tuvo como prueba para declarar la
nulidad del acto de elección demandado informes técnicos aportados dentro del
proceso 2487 que no sometió a la contradicción de que trata el inciso segundo
del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil. Así las cosas, insiste, en
el presente caso la Sección Quinta quebrantó el principio de legalidad de la
prueba porque las pruebas arrimadas al expediente 2487 no se pudieron
contradecir. Pero, además, dice el demandante, esa sección valoró erróneamente
los informes técnicos allegados al expediente 2495 que pudieron ser
controvertidos; cuando la Sección Quinta del Consejo de Estado profirió la
sentencia proferida el 27 de enero de 2003 con fundamento en que se habían
probado suplantaciones y agregaciones de votantes dentro del proceso 2487
incurrió en una verdadera vía de hecho, pues no sólo no expuso razonadamente el
mérito que le asignó a cada prueba en los procesos acumulados sino que, además,
no mostró por qué se debían excluir varios de los documentos allegados al
proceso 2495.
9.
Finalmente, expresa el actor que acude a la
tutela porque la acción de nulidad y restablecimiento del derecho no procede,
por ser relativa a la reclamación de prestaciones económicas, y porque el
recurso extraordinario de súplica, que sería procedente, no suspende los
efectos de la sentencia, es decir, es ineficaz para la protección de sus
derechos fundamentales lesionados por la Sección Quinta del Consejo de Estado
cuando incurrió en una vía de hecho por defecto fáctico.
Pretensiones.
10.El actor solicita que se amparen sus
derechos al debido proceso y a participar en el ejercicio de cargos públicos y
que, en consecuencia, se decrete la nulidad de la Sentencia de enero 27 de 2003
proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, y se le ordene a la
misma fallar nuevamente los procesos electorales acumulados 2487 y 2495.
Solicita, además, que se ordene restituir al cargo de Gobernador del
Departamento del Atlántico al ciudadano Ventura Díaz Mejía.
11.De manera subsidiaria, solicita que se
amparen transitoriamente sus derechos al debido proceso y a ejercer el cargo de
elección popular para el que fue elegido, dejando sin efecto la sentencia del
27 de enero de 2003 y ordenando la restitución de Ventura Díaz Mejía al cargo
de Gobernador del Departamento del Atlántico; la vigencia de la protección
constitucional sería hasta tanto se resuelva el recurso extraordinario de
súplica que procede contra la sentencia atacada.
Adición de la
demanda.
12.En memorial remitido a la Sección Primera
del Consejo de Estado, el demandante, por medio de apoderado, expuso lo que a
su juicio evidencia aún más que la cuestionada Sección Quinta ha incurrido en
una vía de hecho judicial. Señala para el efecto que la sección demandada
concluyó en la sentencia de aclaración que los informes técnicos remitidos a
los procesos electorales 2495 y 2487 constituían apenas una información
depurada para cuya preparación no se requerían conocimientos técnicos y, por lo
tanto, que los mismos no estaban sujetos al principio de contradicción de la
prueba al no estar regidos por las normas sobre dictamen pericial. Como la
falta de contradicción de estos informes los privaba de mérito probatorio, el
demandante sugiere que la sección demandada contravino entonces el artículo 29 de
la Constitución Política cuando le reconoció valor probatorio a los mismos
dentro del proceso electoral 2487.
13.Asegura también el demandante que la
Sección Quinta no satisfizo la exigencia de congruencia, por cuanto a través de
la sentencia de 27 enero de 2003 declaró la nulidad de varias actas pese a que
la actora del proceso 2487 no había señalado en el libelo la totalidad de las
actas que debían declararse nulas por el Consejo de Estado. El libelo de la
señora Riquett, señala, estaba constituido por enunciados generales, vagos e
imprecisos, pues en él no se señalaban las actas de escrutinio de los jurados
de votación (E-14) ni ninguna otra de las actas levantadas durante el
escrutinio. Como quiera que la Sección Quinta declaró la nulidad de varias
actas, la misma, al decir del demandante, ignoró que por el carácter de rogada
de la justicia contencioso administrativa no era procedente deducir del libelo
de la demanda pretensiones no enunciadas en ella.
14.Finalmente, a juicio del demandante la exclusión
de 240 mesas ordenada por la Sección Quinta en la sentencia del 27 de enero de
2003 obedece a un pronunciamiento ajeno al contencioso de nulidad electoral,
pues el objeto de éste se reduce a las nulidades de actos de elección y de
actas de escrutinio.
Contestación
de la demanda e intervenciones.
15.La acción de tutela fue admitida por la
Sección Primera del Consejo de Estado, la cual ordenó que se notificara a la
Sección Quinta del Consejo de Estado, al Presidente del Consejo Nacional
Electoral y a los señores Alma Pura Riquett y Federico Trujillo Burgos. El
señor Alejandro Char Chaljub manifestó, a través de apoderado, que había sido
notificado "vía FAX" a más de setenta días de haber sido admitida la
tutela y, por tal motivo, solicitó que se decretara la nulidad de todo lo
actuado hasta antes del 14 de abril de 2003, conforme lo dispuesto en el
artículo 140 del Código de Procedimiento Civil; no obstante, contestó la
demanda del señor Ventura Díaz Mejía y se opuso a las pretensiones de la misma.
16.La señora Alma Pura Riquett se opuso a la
solicitud de tutela. Para empezar asevera que en el contencioso electoral las
pesquisas fueron abundantes; tanto, que una vez expirada la etapa probatoria
(julio de 2001 a febrero de 2002), la sección demandada dictó dos autos para
mejor proveer, uno en febrero de 2002 ad portas de los alegatos para
conclusión y el otro en diciembre de ese mismo año.
Además, indica,
la petición de varias pruebas por parte de Federico Trujillo Burgos perseguía
la dilación del proceso. El señor Trujillo Burgos solicitó, entre otras cosas,
que se realizara un cotejo dactilar de las huellas plasmadas en los formularios
de inscripción de electores, aún cuando sabía que la impugnación de las
inscripciones debe ventilarse ante el Consejo Nacional Electoral en un momento
previo a las elecciones. También pidió que se confrontara un elevado número de
cédulas con el Archivo Nacional de Identificación, sin indicar siquiera los
nombres de los sufragantes. Adicionalmente, su coadyuvante no podía pedir
pruebas pero lo hizo.
Por otra parte,
agrega que, contrario a lo manifestado por el demandante, sí hubo un análisis
cuidadoso de los informes de la Registraduría. En ambos procesos la Sección
Quinta precisó los casos en los cuales había falsedad o un simple error de los
jurados al momento de diligenciar los formularios E-11.
En su sentir,
tiene razón la Sección Quinta cuando dice que el motivo para no correr traslado
para contradicción del Informe Técnico arrimado al proceso 2487 es que dicho informe
no es un dictamen pericial de los que trata el artículo 238 C. P. C.
"Además
de los (sic) anterior debe tenerse en cuenta que la oportunidad procesal
para pronunciarse sobre los elementos probatorios arrimados al proceso fue
cuando se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión; que lo
ocurrido con el informe técnico rendido en el proceso No. 2495 fue que éste
llegó al expediente cuando ya se había vencido el término para alegar de
conclusión, que ese informe produjo un auto para mejor proveer incorporándolo
al proceso como prueba y por obvias razones no podía incorporarse sin que las
partes tuvieran la oportunidad de conocerlo; ahí radica lo que el accionante
denomina como ERROR DE DERECHO".
Finalmente,
asegura que en el presente caso no se configuró una vía de hecho ni existe un
perjuicio irremediable, pues el actor tuvo a su disposición mecanismos de
defensa judicial y aún puede hacer uso de algunos mecanismos diferentes a la
tutela. Anota que mientras el señor Trujillo Burgos impetró “dos tutelas” en
relación con el aspecto probatorio y recurrió en súplica en vista de la
denegación de varias pruebas por la Sección Quinta, el señor Ventura Díaz Mejía
guardó total silencio en el trámite de los procesos 2495 y 2487 acumulados; y que
mientras el señor Trujillo Burgos solicitó la aclaración de la sentencia del 27
de enero de 2003 y después pidió la nulidad del proceso, el actor no ha hecho
uso de los mecanismos extraordinarios de súplica y revisión.
17.El señor Federico Trujillo Burgos se
adhirió plenamente a lo expuesto en la demanda de tutela. Cuenta que cuando
demandó el Acuerdo 0014 perseguía la nulidad de varios E-14 y “otras
declaraciones”. Aclara que en cualquier caso el titular de la acción electoral
es la sociedad y es esa la razón por la cual no se puede desistir, el Consejo
de Estado debe adelantar oficiosamente el proceso e incluso el coadyuvante
puede pedir pruebas adicionales.
Ahora bien,
anota el señor Trujillo Burgos que a través de los oficios 2001 -836 a 2001
-867 la Sección Quinta pidió que le fueran remitidos “preferiblemente en
originales” varios documentos, entre ellos formularios E-24 (Resultados del
escrutinio de los jurados), a fin de constatar mesa por mesa si hubo diferencia
entre el número de sufragantes registrados por los jurados y el número de
tarjetones, si los E-14 estaban firmados por menos de dos jurados o por
ninguno, y si los jurados dejaron constancia de los votos encontrados en las
urnas. La sección también pidió al Registrador Nacional del Estado Civil y a
sus los Delegados que certificaran con destino al proceso 2495 a) si hubo doble
o múltiple votación, b) si los sufragantes previamente excluidos efectivamente
votaron, c) si hubo múltiple inscripción, y d) si hubo suplantación de
votantes. La sección también ofició a fin de que le fuese certificado con
destino al proceso 2495, previo cotejo de los formularios E-11, E-14 y E-24, si
hubo exceso de tarjetas electorales en relación con el número de sufragantes, y
que le fuese indicado en cuáles actas de escrutinio se dejó constancia de la
incineración de los tarjetones si ese fue el caso. Igualmente pidió la sección
que se le señalaran los resultados de las investigaciones realizadas con
ocasión de las denuncias de Iván Romero Mendoza, así como también solicitó que
se le informara si los jurados de votación eran realmente los designados, si
los formularios E-11 fueron firmados por los jurados y, finalmente, si los
nombres impresos en los formularios E-11 corresponden a los de los titulares de
las cédulas.
Según el señor
Trujillo Burgos, mientras las pruebas pedidas y decretadas en el proceso 2487
fueron remitidas a tiempo por parte de la Registraduría, las pruebas pedidas y
decretadas en el proceso 2495 no fueron remitidas, pese a lo cual el debate probatorio
se cerró y la Sección Quinta corrió traslado para alegatos de conclusión. En
vista de ello, él y su coadyuvante pidieron la nulidad, petición que fue
denegada mediante auto de 29 de octubre por considerar la sección que no se
había configurado la causal contemplada en el numeral sexto del artículo 140 C.
P. C. En vista de lo anterior, solicitó que se emitiera un auto para mejor
proveer a fin de que no se configurara una vía de hecho por consecuencia y como
en últimas las pruebas no eran arrimadas al contencioso electoral presentó
demanda de tutela. Esta última fue declarada improcedente por la Sección
Primera del Consejo de Estado, ya que a la misma se le informó que todas las
pruebas decretadas habían sido allegadas al proceso 2495. Esa decisión no fue
impugnada, pero claro es, en su sentir, que la Registraduría sólo remitió el
Informe Técnico, reteniendo la prueba documental en su poder, y que la Sección
Quinta dijo en la sentencia del 27 de enero de 2003 que no existía prueba
documental de varios de los cargos formulados por el actor del proceso 2495.
Por otra parte,
manifiesta que con destino al proceso 2495 los Delegados del Registrador
Nacional del Estado Civil informaron de 1.814 votos irregulares (oficio de 13
de agosto de 2002) y que la Gerencia de Informática de la Registraduría
Nacional del Estado Civil dio cuenta de 4.750 votos viciados (oficio de 29 de
agosto de 2002). Por medio de auto para mejor proveer, continúa, la Sección
Quinta ordenó someter a contradicción los citados informes técnicos, lo cual
muestra en su sentir que los mismos fueron aceptados como pruebas, de manera
que, afirma, no se entiende como luego se les asignó un valor probatorio
precario.
Así pues, según
el señor Trujillo Burgos salvo los resultados de la investigación adelantada
con ocasión de la denuncia de Iván Romero Mendoza y la confrontación de los
formularios E-11 no se remitieron las pruebas con destino al proceso 2495. Así,
con base en los E-11 se pudo constatar que 40 mesas estaban afectadas, aún
cuando él hubiera preferido que la Sección Quinta hubiese acogido los informes
técnicos, ya que en ellos se dice que las mesas afectadas fueron 534.
Finalmente
plantea, como lo hace el actor, que los informes técnicos allegados al proceso
2487 no pudieron ser controvertidos.
18.El Consejero de Estado Álvaro González
Murcia se opuso a la solicitud de amparo. Para empezar, señala que el principio
de autonomía judicial no podría preservarse si las providencias de los jueces
pudiesen ser interferidas por otros jueces. En particular, el debido proceso
implica que las decisiones judiciales se controviertan a través de los recursos
y en los términos señalados por la ley, de manera que la acción de tutela no es
la vía adecuada en casos como el presente.
Además, indica,
el carácter público de la acción electoral no dispensa de la carga de la prueba
al actor y por ello la petición de pruebas por parte de Federico Trujillo
Burgos fue denegada, ya que carecía de concreción. En efecto, el señor Trujillo
Burgos dijo en su demanda que en varias mesas se había presentado suplantación
pero no indicó quien había suplantado a quien, cuando él tenía la carga de la
prueba. De todos modos, contra el auto procedía el recurso de súplica, el cual
fue interpuesto por el interesado y resuelto correctamente por la Sección
Quinta. Así las cosas, agotada esa etapa procesal no procede su cuestionamiento
a través del mecanismo de tutela.
Las
suplantaciones alegadas en uno y otro proceso electoral fueron tratadas en
idéntica forma, evaluando los casos señalados en las respectivas demandas.
Además, el señalamiento de los votantes suplantados en cada una de las demandas
fue distinto; así, el Consejo de Estado tuvo en cuenta que los informes
técnicos con destino al proceso 2495 señalaban varias inconsistencias, de modo
que resultaba necesario confrontarlos con el censo electoral a fin de verificar
si en verdad se trataba de suplantaciones, e incluso advirtió que si de los
informes técnicos se deducían muchas irregularidades no todas ellas podían ser
consideradas porque el juez de lo contencioso debe sujetarse a la demanda. En
relación con la demanda de la Señora Riquett la sección acusada desestimó
aquellos casos en los cuales se demostró, mediante censo, que se habían
cometido errores o inconsistencias que no constituían causal de nulidad; por
esto mismo, no existió incongruencia en la sentencia.
En su criterio,
el demandante olvida que la decisión de la demandada fue producto de un
ponderado razonamiento y de un adecuado examen de las pruebas. La Sección
Quinta tuvo en cuenta que el señor Trujillo Burgos señalaba como nulidades las
que en verdad no eran más que irregularidades. Así mismo, en cuanto al cargo de
que personas no autorizadas votaron efectivamente la sección consideró que no
había prueba de ello y que tal situación no es causal de nulidad en tratándose
de elecciones para gobernadores. Adicionalmente, la Sección Quinta entendió que
tanto el informe de los Delegados del Registrador Nacional del Estado Civil
como el informe de la Gerencia de Informática de la Registraduría Nacional del
Estado Civil remitidos al proceso 2495 iban más allá de la demanda, y por tal
motivo contrastó la demanda, los informes técnicos y el censo electoral que
pidió el 5 de diciembre de 2002.
Así, hace énfasis
en que lo que estaba bien indicado en uno y otro proceso electoral y tenía
respaldo probatorio fue valorado en idéntica forma. Sólo que en el proceso 2487
la proporción de las irregularidades señaladas, muchas veces  respaldadas en
formularios E-11 aportados por la actora, fue mucho mayor que en el proceso
2495.
Por otra parte,
respecto del cargo de no habérsele corrido traslado a las partes del informe de
la Registraduría dentro del proceso 2487 dijo que la acción de tutela no es la
vía adecuada para plantearlo, en especial, porque incluso si se admitiera que
ese informe debe ser tenido como peritaje, debe advertirse que se pudo pedir su
traslado dentro del respectivo proceso, antes de los alegatos para conclusión,
o incluso antes de que se profiriera el fallo, y el mismo no se solicitó. De
cualquier modo, asevera, el documento cuestionado no constituye prueba técnica,
ya que allí no se consigna concepto alguno sobre un asunto especializado, sino
que por medio de él se suministran y comparan datos.
Finalmente,
adujo que no podía culpabilizarse a la Sección Quinta por las omisiones de
otras entidades. Si éstas no remitieron la información o los documentos que la
Sección Quinta requería no era exigible de ésta que obviara su deber de fallar.
19.También se opuso a la solicitud de tutela
el señor Alejandro Char Chaljub. En primer lugar, sostuvo que el demandante
Ventura Díaz Mejía había hecho una "afirmación manipulada" cuando
señaló que la señora Alma Pura Riquett sólo persiguió la nulidad de las actas
de escrutinio de los jurados de votación (E-14), pues claro es que lo que la
actora del proceso electoral 2487 persiguió fue la declaratoria de la nulidad
del acto mediante la cual se declaró la elección de Ventura Díaz Mejía. Así las
cosas, yerra el actor cuando le endilga falta de congruencia a la sentencia
cuestionada en sede de tutela.
En segundo
término, cuestiona la afirmación del actor en el sentido de que la Sección
Quinta incurrió en una vía de hecho por defecto fáctico. Señala en este punto
que no puede olvidarse que la petición de pruebas por parte del actor del
proceso electoral 2495 y de su coadyuvante, fue imprecisa y confusa, y que el
único propósito de la misma fue dilatar el proceso. Además, resalta que aunque
el demandante de tutela afirma que las pruebas pedidas dentro del proceso 2495
no fueron decretadas, acto seguido manifiesta que sí lo fueron. Ello no sólo
evidencia contradicción del actor sino, también, que las pruebas decretadas
fueron las que se consideraron útiles y conducentes. Por otra parte, y en
relación con las pruebas decretadas y no allegadas a las que hace alusión el
demandante, subraya que el señor Federico Trujillo Burgos interpuso acción de
tutela; esta acción fue declarada improcedente por considerar la Sección Primera
que la totalidad de las pruebas documentales habían sido allegadas, de manera
que si esa decisión no fue impugnada cabe presumir que el señor Trujillo Burgos
quedó satisfecho, razón por la cual no puede acudirse ahora a la acción de
tutela para denunciar una supuesta retención de la prueba documental pública en
poder de la Registraduría. Así, lo que pretende el demandante es introducir
ahora un debate probatorio cuyo conocimiento está vedado al juez de tutela y a
la Corte Constitucional en el trámite de revisión.
En tercer
término, dice, no existe un perjuicio irremediable que tenga la virtualidad de
hacer procedente la acción de tutela. A este respecto señala que el perjuicio
irremediable alegado por Ventura Díaz Mejía ha dejado de existir, pues el 21 de
abril de 2003 se ejecutó la tan mentada sentencia del 27 de enero de 2003, ya
que se practicó el escrutinio ordenado por la Sección Quinta y se declaró
elegido a Alejandro Char Chaljub; luego, en su sentir debe declararse la
carencia actual de objeto. Por otra parte, indica que la tutela no debe
prosperar por cuanto el demandante y el señor Federico Trujillo Burgos contaron
con mecanismos de defensa judicial dentro del proceso electoral. Fueron tantos
estos medios que el actor "hizo uso de ellos con largueza y generosidad,
hasta el punto que la Sección Quinta en gesto inusual, dictó DOS AUTOS PARA
MEJOR PROVEER y en el primero de ellos (Septiembre de 2.002) la propia sala
ADMITE que la prueba que se controvierte después de rituado todo el proceso ES
EXTEMPORÁNEA, pero que con el ánimo sano de preservar el debido proceso, le
darán trámite". Además, pese a las oportunidades de intervención, anota,
el señor Ventura Díaz Mejía "guardó TOTAL SILENCIO en el trámite,
pareciendo que quisiera haberse RESERVADO para esta última etapa del proceso
acudiendo a mecanismos dilatorios temerarios y de mala fe". Pero en el
fondo, dice, Federico Trujillo Burgos no fue más que el "actor tras
bambalinas", pues su único propósito fue favorecer a Ventura Díaz Mejía.
Adicionalmente,
anota el señor Char Chaljub que el demandante pudo solicitar la aclaración de
la sentencia y proponer la nulidad de la misma. Como las pretensiones del actor
no fueron atendidas en forma positiva, el mismo interpuso directa o
indirectamente, es decir, a través de terceros, recursos de reposición y de
apelación, e incluso llegó a proponer tacha de falsedad, la cual fue rechazada
de plano por ser extemporánea. Todo ello demuestra en su criterio que en ningún
momento se le vulneró el derecho al debido proceso al señor Ventura Díaz Mejía.
20.Se manifestaron dentro del trámite de la
presente acción, los ciudadanos Dreynner Glynis Barraza Rosales y Jesús Manuel
López Celedón. La primera manifestó estar de acuerdo con el fallo objeto de
tutela y pidió en consecuencia que "asumamos entonces el costo de la
anulación de las mesas donde se detectaron irregularidades". El segundo,
por su parte, manifestó su temor por la forma como la Sección Primera del
Consejo de Estado efectuaba la sustanciación del fallo de instancia, ya que
desde que se admitió la tutela hasta su queja habían transcurrido cerca de
cuatro meses.
Coadyuvancia.
21.El señor Hernán Burgos Álvarez,
coadyuvante dentro del proceso electoral 2495, decidió coadyuvar también la
solicitud de tutela presentada por Ventura Díaz Mejía, e incluso solicitó
tutela para su derecho fundamental al debido proceso, invocando para ello su
doble calidad de ciudadano elector y de parte coadyuvante en el prenotado
proceso electoral. Su narración fue similar a la de Díaz Mejía y a la de
Trujillo Burgos en sede de tutela. Agregó empero que 103 mesas fueron anuladas
por presentarse suplantación de sólo un elector. Así, la comprobación de que
hubo divergencia entre el nombre y los apellidos de sólo un ciudadano, por una
parte, y el nombre y los apellidos del titular de la cédula de ciudadanía
impresa en la Lista y Registro de votantes (E-11), por la otra, no puede llevar
a la anulación de la mesa, pues ello contraría el principio de la eficacia del
voto. En su sentir, 103 votos supuestamente fraudulentos no pueden invalidar un
total de 18.581 votos y respalda su análisis en jurisprudencia del Consejo de
Estado, según la cual casos aislados y esporádicos de sustitución de nombres de
electores no pueden determinar por si solos la anulación de un registro
electoral, dada la necesidad de proteger los sufragios legítimamente emitidos.
La sección demandada contradijo entonces la jurisprudencia de la Sala Plena del
Consejo de Estado en esta materia y, por tanto, la sentencia del 27 de enero de
2003 presenta un vicio orgánico, por la sencilla razón de que la Sección Quinta
no es competente para cambiar la jurisprudencia de la Sala Plena, así como
también está afectada por un vicio de orden sustantivo, ya que desborda el
fundamento jurídico objetivo, esto es, el principio de eficacia del voto.
Pruebas
relevantes que obran en el expediente.
22.Obran en el expediente:
-
Copia de la sentencia dictada el 27 de enero de
2003 por la Sección Quinta del Consejo de Estado dentro de los procesos 2495 y
2487 (Folios 62 al 107 del cuaderno principal), del salvamento de voto a la
misma (634 al 657 del cuaderno principal) y de la sentencia de aclaración
preferida por aquella el 13 de febrero de 2003 (Folios 607 al 618del cuaderno
principal).
-
Copia de la sentencia dictada el 8 de noviembre
de 2002 por la Sección Primera del Consejo de Estado dentro de la acción de
tutela interpuesta por Federico Trujillo Burgos contra la Sección Quinta del
Consejo de Estado, el Registrador Nacional del Estado Civil, los Registradores
Especiales y los Delegados del Registro Nacional del Estado Civil en el
Departamento del Atlántico y los Registradores Municipales de varios municipios
del Departamento del Atlántico, por estimar que se le violaron los derechos de
igualdad y debido proceso al no cumplirse lo decretado por la Sección Quinta en
relación con la petición de pruebas dentro del proceso electoral 2495 (Folios
108 al 126 del cuaderno principal).
-
Copia de los informes técnicos rendidos por la
Registraduría Nacional del Estado Civil el 30 de agosto de 2002 (Folios 127 al
414 del cuaderno principal).
-
Copia de los expedientes acumulados 2487 y 2495,
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta
(Cuadernos 2 y 3).
Expediente
T-766.614
Hechos y
fundamentos de la solicitud de tutela.
9.
El señor Alejandro Char Chaljub interpuso a
través de apoderado acción de tutela contra la Sección Quinta del Consejo de
Estado el 29 de mayo de 2003, por considerar que están siendo vulnerando sus
derechos al debido proceso, a la igualdad, a la participación, y al control y
ejercicio del poder político.
10.Indica que el 29 de octubre de 2000 se
realizaron en el país elecciones para elegir, entre otros mandatarios, a los
gobernadores de departamento; elecciones en las cuales él se postuló para la
Gobernación del Atlántico. En particular, el Consejo Nacional Electoral declaró
elegido como Gobernador para el período 2001-2003 al  ciudadano Ventura Emilio
Díaz Mejía (Acuerdo No. 0014 del 22 de diciembre de 2000).
11.Explica que después de las elecciones los
ciudadanos Alma Pura Riquett y otros, presentaron ante la Sección Quinta del
Consejo de Estado demanda de nulidad del Acuerdo 0014 del 22 de diciembre de
2000, alegando que se presentó falsedad en los registros de los jurados de
votación de numerosas mesas que se establecieron en el Departamento; por tal
motivo, el 27 de enero de 2003, dos años después de presentadas la demandas, la
sección demandada profirió sentencia por medio de la cual declaró la nulidad
del acuerdo mencionado y ordenó la realización de un nuevo escrutinio para
elegir al Gobernador del Atlántico para el período 2001-2003, "con
exclusión de las 240 mesas afectadas por los votos irregulares".
12.Anota que el 21 de abril de 2003 se
realizó la diligencia de escrutinio ordenada en la sentencia del 27 de enero de
2003. Conforme a ésta, no sólo el nuevo Gobernador del Departamento del
Atlántico era el señor Alejandro Char Chaljub, sino que, además, el mismo lo
sería hasta el 31 de diciembre de 2003.
13.Señala que le solicitó a la sección
demandada que, con fundamento en los artículos 13 y 40 de la Constitución
Política, reconociera que él, en tanto que nuevo Gobernador electo, debía
ejercer el cargo por un período de 3 años, aplicando el criterio conforme al
cual el período de los gobernadores es personal y no institucional; o, en
subsidio de lo anterior, que le diera aplicación al artículo transitorio del
Acto Legislativo 002 de 2002, según el cual “[t]odos los alcaldes y
gobernadores que inicien sus períodos entre la vigencia del presente Acto
Legislativo y el 31 de diciembre del año 2003, ejercerán sus funciones por un
período equivalente a la mitad del tiempo que haga falta para llegar al 31 de
diciembre del año 2007. Sus sucesores se elegirán para un período que terminará
el mismo 31 de diciembre del año 2007”.
Dicha solicitud
fue desestimada por la Sección Quinta del Consejo de Estado, la cual argumentó
que había sido elegido popularmente para el período a iniciarse el 1° de enero
de 2001 y que dicho período no podía ser modificado de ninguna manera por el
Consejo de Estado, pues a éste le está vedado alterar la voluntad popular
manifestada a través de elecciones. Así, la Sección Quinta entendió que el Acto
Legislativo 02 de 2002 no se aplica en el presente caso.
14.Manifiesta que formuló un recurso de
reposición que fue resuelto por la Sección Quinta en la misma audiencia
desestimando sus pretensiones. De acuerdo con esta sección debía existir tanto
una falta absoluta del cargo de gobernador que dejaba el cargo como una nueva
elección para que operara el supuesto argüido por el recurrente. El nuevo
escrutinio, en criterio de la demandada, no implica ni lo uno ni lo otro, por
cuanto sólo implica la nulidad del acto de elección del anterior gobernador.
15.Teniendo en cuenta lo anterior, el actor
afirma que la decisión de la Sección Quinta por medio de la cual se le negó el
reconocimiento del período personal de tres años, contemplado en el original
artículo 303 superior, o el equivalente a que se refiere el Acto Legislativo
002 de 2002, es constitutiva de una vía de hecho y, por lo mismo, vulnera sus
derechos fundamentales. En particular, afirma que la Sección Quinta lo
discriminó frente a los que resultaron elegidos por tres (3) años y ejercen su
cargo por ese lapso. Además, la sección demandada vulneró el derecho de los
ciudadanos a ver realizado el programa por el cual se vota, consagrado en el artículo
40 de la Carta Política.
16.Para dar sustento a su petición de
tutela, el actor invoca la jurisprudencia constitucional sobre los períodos de
alcaldes y gobernadores, señalando entre otras las sentencias SU-1720 de 2000,
SU-168 de 1999, SU-640 de 1998, C-447 de 1997, C-586 de 1995 y C-011 de 1994.
Afirma que la Corte Constitucional determinó que el período de los gobernadores
es de carácter personal y no institucional y que, por tanto, quien asume el
cargo como consecuencia de una nueva elección tiene derecho a que se le
reconozca su ejercicio por ese término. Para él, la ratio decidendi  de
las de las citadas sentencias, que son de obligatoria aplicación y observancia,
es que cuando se produce una nueva elección el nuevo alcalde o gobernador debe ejercer
el cargo por el período completo, el cual es considerado personal por esa vía.
Pues bien, su caso es gobernado por dicha ratio, ya que siempre que hay
un nuevo escrutinio se produce una nueva elección.
17.En cuanto a la negativa de la sección demandada
a dar aplicación a lo preceptuado en el Acto Legislativo 02 de 2002, aduce que
la decisión de la misma “además de constituir una evidente vía de hecho,
refleja una salida simplista y carente de motivación entendible”. Para este
efecto, se pregunta sobre el momento efectivo en el cual inicia su período,
respondiendo que si se admitiera que su período inició el 1° de enero de 2001
se desconocería la presunción de legalidad de los actos administrativos que
permitió al gobernador depuesto ejercer por más de dos años y, por ende, se
dispondría que los actos que éste produjo en ejercicio de su cargo son nulos,
ineficaces o inexistentes; e igualmente se asumiría que un período para el
ejercicio del cargo de gobernador puede contabilizarse aún antes de que exista
elección y juramento constitucional del designado para ocupar dicho cargo. En
su concepto, en el presente caso debe darse aplicación al citado acto
legislativo, como quiera que si se sigue la jurisprudencia de la Corte
Constitucional sobre el período de alcaldes y gobernadores el nuevo escrutinio
equivale a una nueva elección.
18.Valen para el demandante los argumentos
anteriormente expuestos para afirmar que su período comienza el 23 de abril de
2003 y no el 1° de enero de 2001, por lo que, contrario a lo expresado por la
Sección Quinta, su situación sí está regulada por el Artículo Transitorio del
Acto Legislativo 002 de 2002.
19.Finalmente, señala el actor que si se
admite que su período inició el 1º de enero de 2001, lo cual en su sentir es irrazonable,
su período es personal, pues estaba vigente la jurisprudencia constitucional ya
citada, y que si se admite que su período empezó durante la vigencia del Acto
Legislativo 002 de 2002, lo cual en su sentir es lo razonable y jurídico, debe
ejercer el cargo del gobernador por un período equivalente a la mitad del
tiempo que haga falta para llegar al 31 de diciembre de 2007.
20.El señor Char Chaljub dice acudir a la
acción de tutela porque la cuestionada decisión de la Sección Quinta no admite
ningún recurso que haga “impasible” la acción de tutela. En efecto, explica que
de conformidad con la sentencia de 30 de septiembre de 1999 proferida por el
Consejo de Estado dentro del proceso radicado bajo el número 2336, el acto a
continuación de la sentencia de nulidad es de ejecución, de manera que el auto
por medio del cual se declara la elección es un auto interlocutorio contra el
cual pueden ejercerse los recursos de reposición y apelación, según lo
dispuesto en los artículos 180 y 181 –3 C. C. A.; él ya interpuso verbalmente
el recurso de reposición en la misma audiencia de declaración de su elección y
la Sección Quinta ratificó la decisión ahora impugnada en sede de tutela, de
suerte que al no poder ejercerse el recurso de apelación, en vista de que la
Sección Quinta no tiene superior, el auto quedó ejecutoriado.
Pretensiones.
21.El actor solicita que se amparen sus
derechos a al debido proceso, a la igualdad, a la participación, al control y
al ejercicio del poder político y, por ende, que se ordene a la sección
demandada reconocerle, en tanto que Gobernador del Atlántico, el período
personal de tres años contemplado en el original artículo 303 de la
Constitución o, en su lugar, el período a que se refiere el Acto Legislativo 02
de 2002.
Prueba que
obra en el expediente.
22.En el expediente obra copia auténtica de
la diligencia de escrutinio practicada por la Sección Quinta del Consejo de
Estado el 21 de abril de 2003 (Folios 15 al 45).
Memorial
remitido por el demandante a la Corporación.
23.El actor, por intermedio de apoderado,
remitió a la Corporación un memorial que contenía argumentaciones adicionales,
especialmente tendientes a que en su caso se le de aplicación al artículo
transitorio del Acto Legislativo 02 de 2002.
II. DECISIONES
OBJETO DE REVISIÓN
Sentencia de instancia dentro del proceso T-764.286
1. La Sección Primera del Consejo de Estado
denegó la tutela pretendida por el señor Ventura Díaz Mejía, con fundamento en
las siguientes consideraciones:
El demandante
parece indicar que la vía de hecho en la que supone incurrió la Sección Quinta
del Consejo de Estado consistió en no decretar pruebas fundamentales para
demostrar los cargos formulados por el señor Federico Trujillo Burgos dentro
del proceso electoral 2495. No obstante, se observa que la Sección Quinta sí
decretó las pruebas útiles y conducentes. La demandada requirió a los Delegados
Departamentales y al Registrador Nacional del Estado Civil para que cotejaran
las listas de inscritos, las listas de sufragantes y los registros generales de
votantes de las mesas de votación, a fin de establecer los casos de doble o
múltiple votación de un mismo ciudadano en una misma mesa o en varias mesas y
los casos de ciudadanos que sufragaron a pesar de que su nombre y cédula
hubiese sido excluida del censo electoral. Ello explica el informe rendido por
la Gerencia de Informática de la Registraduría Nacional del Estado Civil, donde
se señalaban las inconsistencias encontradas después del cotejo entre los formularios
E-11 (Listas y Registro de Votantes) y el Archivo Nacional de Identificación.
Pues bien, el
citado informe, que es prueba idónea para demostrar las suplantaciones alegadas
en el curso de un proceso electoral, fue rigurosamente examinado. Del examen
del mismo concluyó la Sección Quinta que no todas de entre las 6.564
irregularidades allí señaladas, y que a su vez afectaban 534 mesas de votación,
podían ser consideradas motivo de nulidad. Aparte de ello la Sección Quinta
profirió su fallo en derecho porque además, como ella misma lo subrayó en la
sentencia de aclaración, "no podía extender oficiosamente los fundamentos
fácticos de la demanda para declarar probadas irregularidades que no fueron
abarcadas por ella".
La providencia
judicial cuestionada tuvo entonces sustento normativo, lo cual descarta la
configuración de una vía de hecho. En el caso sub examine no se advierte
la palmaria u ostensible transgresión de alguna de las normas que gobiernan, de
manera específica, la actuación judicial que sirvió de escenario al
pronunciamiento controvertido y que permita concluir que hubo de vía de hecho.
En lo tocante al presente caso, debe hacerse énfasis en que el juez de tutela
no puede injerirse en el ámbito de actuación del juez ordinario al punto de refutar
los criterios que razonadamente éste adopta para tomar su decisión.
La vía de hecho
tampoco se configuró por la falta de ejercicio de las facultades oficiosas para
recabar las pruebas pedidas por el señor Federico Trujillo Burgos y decretadas
por la Sección Quinta, ya que el ejercicio de esas facultades suponía la
"prolongada indefinición (sic) de la controversia". Es más, en
el presente caso la sola dilación del proceso tenía como implicación que el
demandante elegido gobernador “ganara el proceso”, pues alcanzaba a completar
su período. Así, desde el punto de vista de Ventura Díaz Mejía no importaba que
las pruebas solicitadas no hubieran sido allegadas al proceso, puesto que una
decisión extemporánea en nada afectaba su elección.
Por otra parte,
no resulta de recibo el argumento del actor según el cual se estructuró una vía
de hecho por la falta de traslado del informe técnico dentro del proceso 2487,
por cuanto el demandante tuvo oportunidad de conocer dichos informes antes de que
se profiriera sentencia. Además, se ajusta a derecho lo expuesto por la sección
demandada en sentencia complementaria de 13 de febrero de 2003, ya que, en
verdad, los informes técnicos allegados al proceso 2487 no son dictámenes
periciales.
Así mismo, la
interpretación del demandante de tutela no tiene fundamento en lo relativo a la
supuesta violación del principio de congruencia por no haber indicado la actora
del proceso 2487 las actas de escrutinio viciadas, pues la señora Alma Pura
Riquett, actora del proceso 2487, claramente solicitó que se declarara la
nulidad del Acuerdo 0014 de 22 de diciembre de 2000 y que como consecuencia de
tal declaración se ordenara la práctica de un nuevo escrutinio de las
votaciones para la elección 2001-2003. En este contexto, debe tenerse en cuenta
que el artículo 229 del Código Contencioso Administrativo establece que para
obtener la nulidad de una elección o de un registro electoral o de escrutinio,
deberá demandarse precisamente el acto por medio del cual se declara la elección,
de manera que la sentencia atacada recogió las pretensiones de la demanda y, en
este sentido, no es incongruente.
Por último, y a
diferencia de lo planteado por el coadyuvante de la acción instaurada por
Ventura Díaz Mejía, la Sección Quinta no incurrió en vía de hecho cuando se
apartó de la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de Estado sobre la
eficacia del voto, “pues, en principio, la jurisprudencia no obliga ya que los
jueces en sus decisiones solo están sometidos al cumplimiento de la ley”.
No obstante todo lo anterior, la Sección
Primera ordenó que por la Secretaría General se compulsaran copias del
expediente de tutela a la Procuraduría y a la Fiscalía generales de la Nación a
fin de que sean investigadas las posibles conductas irregulares por parte de
las autoridades a quienes se le solicitaron pruebas dentro de los procesos
electorales 2487 y 2495 acumulados.
Sentencia de instancia dentro del proceso T-766.614
2. La Sección Primera del Consejo de Estado
denegó la tutela pretendida por el señor Alejandro Char Chaljub, con fundamento
en las siguientes consideraciones:
La providencia
judicial cuestionada tuvo sustento normativo, lo cual descarta la configuración
de una vía de hecho por defecto sustantivo. Sobre este punto debe tenerse en
cuenta que el juez, al dictar sus providencias goza de autonomía para la
interpretación del alcance del derecho positivo que regula el punto en
discusión, siempre y cuando tal interpretación se ajuste a una de las
posibilidades contempladas por el legislador; así, el hecho de que el actor
considere que la demandada dio al artículo transitorio del Acto Legislativo 02
de 2002 un sentido diferente al que en su criterio debe tener, no implica que
la decisión impugnada constituya una vía de hecho. Más aún, la sección
demandada se ciñó al marco interpretativo vigente cuando concluyó que el
período para el cual son elegidos los Gobernadores tiene carácter institucional
y no personal.
Además, la
Sección Primera ya se pronunció sobre el Acto Legislativo 02 de 2002 dentro de
otro proceso de tutela, con ocasión de un asunto similar al examinado en la
providencia judicial ahora cuestionada, expresando en aquella oportunidad que
el título de elección es el sufragio y no el nuevo escrutinio o la sentencia
dictada en el contencioso electoral. Allí consideró que, como la elección tenía
por objeto un período determinado, los ciudadanos no podían perder el derecho
al voto que les asistía para el siguiente. En verdad, el artículo transitorio
del precitado acto legislativo sólo se aplica si hay nueva elección, tal y como
lo dijo en aquella oportunidad la sección.
III.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE
Competencia.
1. Es competente esta Sala de Revisión de la
Corte Constitucional con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 –3 y
241 –9 de la Constitución Política, y por los artículos 33 a 36 del Decreto
2591 de 1991.
2. En relación con la coadyuvancia de la
acción instaurada por el señor Ventura Díaz Mejía, realizada por el señor
Hernán Burgos Álvarez (Expediente T-764.286), quien además solicita la
protección constitucional de su derecho al debido proceso, la Corte recuerda
que su competencia únicamente se limita a considerar los hechos de la demanda
inicial. En consecuencia, los planteamientos adicionales del señor Burgos
Álvarez no serán objeto de estudio por parte de la Corte.
3. En relación con el memorial remitido a
esta Corporación por el apoderado del señor Alejandro Char Chaljub (Expediente
T-766.614), la Corte recuerda que de conformidad con lo dispuesto en el Art. 86
de la Constitución Política y el Art. 33 del Decreto 2591 de 1991, la Corte
Constitucional tiene únicamente la atribución de revisar las sentencias
proferidas en las dos instancias de los procesos de tutela, lo cual significa
que el trámite de revisión no constituye una tercera instancia en la que las
partes o los intervinientes puedan presentar alegaciones y aportar o solicitar
la práctica de pruebas.
Presentación
de los casos y planteamiento de los problemas jurídicos.
4. El 29 de octubre de 2000 se realizaron en
el país elecciones de gobernadores de departamento; elecciones en las cuales se
postularon, entre otros, Ventura Díaz Mejía y Alejandro Char Chaljub. El
Consejo Nacional Electoral declaró elegido como Gobernador del Atlántico para
el período 2001 -2003 a Ventura Díaz Mejía mediante el Acuerdo No. 0014 del 22
de diciembre de 2000. Este acuerdo fue objeto de dos demandas de nulidad, una
presentada por la señora Alma Pura Riquett (Radicación No. 2487) y la otra
presentada por el señor Federico Trujillo Burgos (Radicación No. 2495). En
ambas demandas alegaron en general los actores que se presentó falsedad en los
registros de los jurados de votación (Formularios E-14), y el 27 de enero de
2003, luego de que los procesos fueran acumulados, la Sección Quinta del
Consejo de Estado declaró la nulidad del prenotado acuerdo y ordenó en
consecuencia la realización de un nuevo escrutinio para elegir al Gobernador
del Atlántico para el período 2001 -2003 “con exclusión de las 240 mesas
afectadas por los votos irregulares”. Finalmente, el 21 de abril de 2003 se
realizó la diligencia de escrutinio, resultando electo como nuevo Gobernador
del Atlántico el señor Alejandro Char Chaljub.
5. El señor Ventura Díaz Mejía presentó
acción de tutela por considerar que la Sección Quinta incurrió en una vía de
hecho por defecto fáctico en la sentencia de 27 de enero de 2003, y por
considerar que las declaraciones efectuadas por la sección demandada en dicha
sentencia, ora son incongruentes con lo pedido por la actora del proceso 2487,
ya no se adecúan a la naturaleza del contencioso electoral. En relación con el
primer cargo, el actor sugiere que (i) la Sección Quinta no decretó pruebas que
resultaban vitales para la demostración de los cargos formulados por el señor
Federico Trujillo Burgos dentro del proceso electoral 2495, (ii) la Sección
Quinta procedió a fallar los procesos electorales acumulados pese a que las
pruebas documentales pedidas y efectivamente decretadas en el proceso 2495 no
fueron allegadas, (iii) la Sección Quinta incurrió en un manifiesto yerro en el
juicio valorativo de las pruebas pedidas, decretadas y efectivamente arrimadas
a los procesos electorales acumulados, al punto que en un primer momento les
asignó a las mismas pleno valor probatorio y luego les atribuyó un valor
probatorio precario, y (iv) la Sección Quinta no sólo valoró en distinta forma
los informes técnicos allegados según hubiesen sido pedidos por la actora del
proceso 2487 o por el actor del proceso 2495 sino que, además, no sometió a
contradicción los informes técnicos arrimados al proceso 2487, quebrantando así
el principio de legalidad de la prueba. Explica además que producto de las
irregularidades (i), (ii) y (iii) fueron las aseveraciones de la sección
demandada conforme a la cuales a) no se pudo confirmar si muchas de las
inconsistencias señaladas por el actor del proceso 2495 obedecían a simples
errores aritméticos o correspondían por el contrario a verdaderas falsedades
electorales y b) no fueron probadas muchas de entre las irregularidades
indicadas por el mencionado actor (Expediente T-764.286).
6. Por su parte, el señor Alejandro Char
Chaljub presentó acción de tutela por considerar que la Sección Quinta incurrió
en una vía de hecho por defecto sustantivo en la diligencia de escrutinio
ordenada en la sentencia del 27 de enero de 2003. Al respecto, indica que la
sección demandada, ora se apartó de reiterada jurisprudencia constitucional
conforme a la cual el período de alcaldes y gobernadores es personal y no
institucional, ya desatendió lo preceptuado en el artículo transitorio del Acto
Legislativo 02 de 2002, según el cual quienes inicien su período entre el
momento de entrada en vigencia de dicho acto y el 31 de diciembre de 2003 ejercerán
su cargo por la mitad del tiempo que haga falta para llegar al 31 de diciembre
de 2007 (Expediente T-766.614).
7. Teniendo en cuenta lo anterior,
corresponde en esta oportunidad a la Sala determinar (ii) si la Sección Quinta
del Consejo de Estado incurrió en una vía de hecho por defecto fáctico en la
sentencia proferida el 27 enero de 2003 dentro de los procesos electorales
acumulados 2487 y 2495, de un lado, y (iii) si la misma sección incurrió en una
vía de hecho por defecto sustantivo en la diligencia de escrutinio ordenada en
la mencionada sentencia y realizada el 21 de abril de 2003, por el otro.
En primer lugar,
sin embargo, esta Sala (i) reiterará la jurisprudencia constitucional sobre la
procedencia excepcional de la acción de tutela cuando con la misma se cuestiona
una providencia judicial viciada.
Providencias
judiciales constitutivas de vías de hecho y acción de tutela. Reiteración de
jurisprudencia.
8. Sobre la procedencia excepcional de la
acción de tutela cuando ésta se dirige contra una providencia judicial, esta
Sala se pronunció en la Sentencia T-359/03, que ahora reitera:
"[E]n
reiterada jurisprudencia esta Corte ha señalado que la acción de tutela resulta
procedente cuando las acciones u omisiones de los jueces constituyen vías de
hecho, esto es, actuaciones que contrarían el ordenamiento jurídico, que
suponen su radical negación. En atención a elementales principios de justicia,
la Corte ha sostenido que frente a tales situaciones corresponde a los jueces
de tutela proteger el derecho al debido proceso, el cual, también conforme a
unificada jurisprudencia, cabe predicar tanto de las personas naturales como de
las personas jurídicas.
[La
mencionada línea jurisprudencial es] el producto de la interpretación que de la
Constitución ha venido haciendo la Corte Constitucional en los términos del
artículo 241 de la Carta Política. De acuerdo con este último, al tribunal
constitucional “se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la
Constitución”. Como se ha expresado enfáticamente en numerosas ocasiones
tal atribución de responsabilidad y facultades hace que sea la Corte
Constitucional la encargada de interpretar con autoridad y definir cada uno de
los preceptos que integran el cuerpo normativo fundamental. […]
3.2.     Procedencia excepcional de la acción de tutela contra
acciones u omisiones judiciales constitutivas de vías de hecho.
Esta
Corte se ha visto en la necesidad de tener que precisar en numerosas ocasiones
los alcances de su doctrina constitucional sobre las circunstancias
excepcionales en las que procede la acción de tutela contra las acciones u
omisiones de las autoridades judiciales. Así, en múltiples fallos ha partido
del concepto de vía de hecho para analizar si […] las providencias de los
jueces se apartan del ordenamiento jurídico y lesionan derechos fundamentales.
Y el entramado de remisiones ha sido básicamente conceptual debido a la
variedad de procesos y a la amplia gama de vicisitudes que se presentan en el
curso de ellos. A continuación, por tanto, se recogen los elementos esenciales
de la doctrina.
3.2.1.  Como
ya se mencionó, en la sentencia C-543/92 la Corte se pronunció sobre la
constitucionalidad de los artículos 11 y 12 del decreto 2591 de 1991. En dicha
ocasión, la Corte estimó que tales normas, que regulaban la acción de tutela
contra providencias judiciales, no se ajustaban a la Carta, por considerar que
no seguían las pautas o reglas de competencia y lesionaban el principio de
seguridad jurídica, esencial para el adecuado funcionamiento de un Estado
democrático.
Con
todo, la Corte consideró de trascendental importancia aclarar los eventos en
los que, de forma excepcional, la acción de tutela es procedente, es decir,
aquellos en los que las providencias judiciales, pese a estar amparadas por la
presunción de validez, representan verdaderas actuaciones de hecho. La Corte se
expresó en el siguiente sentido:
Ahora bien, de conformidad con el concepto constitucional de
autoridades públicas, no cabe duda de que los jueces tienen esa calidad en cuanto
les corresponde la función de administrar justicia y sus resoluciones son
obligatorias para los particulares y también para el Estado.  En esa condición
no están excluidos de la acción de tutela respecto de actos u omisiones que
vulneren o amenacen derechos fundamentales, lo cual no significa que proceda
dicha acción contra sus providencias.  Así, por ejemplo, nada obsta para que
por la vía de la tutela se ordene al juez que ha incurrido en dilación
injustificada en la adopción de decisiones a su cargo que proceda a resolver o
que observe con diligencia los términos judiciales, ni riñe con los preceptos
constitucionales la utilización de esta figura ante actuaciones de hecho imputables
al funcionario por medio de las cuales se desconozcan o amenacen los derechos
fundamentales, ni tampoco cuando la decisión pueda causar un perjuicio
irremediable, para lo cual sí  está constitucionalmente autorizada la tutela
pero como mecanismo transitorio cuyo efecto, por expreso mandato de la Carta es
puramente temporal y queda supeditado a lo que se resuelva de fondo por el juez
ordinario competente (artículos 86 de la Constitución Política y 8º del Decreto
2591 de 1991).  En hipótesis como estas no puede hablarse de atentado alguno
contra  la seguridad jurídica de los asociados, sino que se trata de hacer
realidad los fines que persigue la justicia.
3.2.2.  La
precisión hecha por la Corte en la sentencia C-543/92 respecto de las
actuaciones de hecho de los jueces como actuaciones fuera del marco legal y,
por tanto, atacables mediante la acción de tutela, fue recogida pronto en la
sentencia T-079/93[1].
En esta sentencia, la Corte determinó que la acción de tutela procede cuando la
providencia judicial constituye la expresión del capricho del funcionario. En
ese sentido, se entiende que la providencia judicial deviene en vía de hecho
cuando los jueces aplican arbitrariamente las normas.
De
este modo, la Corte aceptó que la argumentación contenida en la sentencia
C-543/92 tiene fuerza de cosa juzgada implícita, tal y como lo ha señalado
enfáticamente en sus recientes fallos.
3.2.3.  ¿Significa
lo anterior que cualquier clase de acción u omisión de los jueces sea
impugnable en sede de tutela? Esta Sala considera que no, pues la Corte ha
señalado en diversas ocasiones que el error en el que incurre el juez ha de ser
manifiesto o que su actuación debe ser arbitraria para entender que en el caso
concreto se está ante una vía de hecho. Así, la Corporación ha venido trazando
las fronteras conceptuales de la vía de hecho cada vez con mayor nitidez. Por
una parte, la vía de hecho debe ser fácilmente identificable y, por la otra,
debe poder ser ubicada en un mapa en el que los cuatro puntos cardinales son denominados
defectos. Para expresarlo en otros términos, la providencia impugnada debe
quedar claramente enmarcada en el interior del perímetro conceptual y, por ello
mismo, absolutamente fuera del ordenamiento jurídico. En efecto, partiendo de
la T-231/94 y pasando por la T-008/98, hasta llegar a la reciente T-012/03, la
Corte ha sostenido que las providencias viciadas pueden adolecer de cuatro
defectos, sin que el orden de presentación indique que unos son más importantes
que otros: (i) defecto sustantivo, (ii) defecto fáctico, (iii)
defecto procedimental, y (iv) defecto orgánico.
Si
bien los jueces cuentan con márgenes interpretativos, pudiendo escoger entre
distintas opciones la que consideren más ajustada a derecho, los distintos
ordenamientos jurídicos establecen límites que no pueden traspasar so pena de
que sus actuaciones no sean tenidas como válidas. Por ello, puede afirmarse que
si por un lado la razonabilidad en la interpretación de cuerpos normativos está
ampliamente aceptada e incluso estimulada, por el otro, la arbitrariedad
judicial es rotundamente negada. Tanto es así que han sido diseñados mecanismos
de defensa a fin de corregir los yerros protuberantes y las actuaciones u
omisiones arbitrarias de los jueces al momento de interpretar las leyes. Pero
en ciertas ocasiones los mecanismos de defensa regulares pueden no ser eficaces
para terminar con la vulneración o conjurar la amenaza de los derechos
fundamentales en juego y, por ello, se han estimado pertinentes los recursos
judiciales especiales. Es en ese sentido en el que se ha pronunciado la Corte
Constitucional colombiana al establecer que la acción de amparo resulta
procedente cuando no exista otro medio judicial de defensa o cuando existiendo
éste, su eficacia sea realmente restringida en el caso concreto.
Ahora
bien, en el caso de la interpretación de textos legales pueden darse varias
hipótesis todas ellas ubicadas más allá de las fronteras del derecho. Si un
juez funda su decisión en una norma claramente inaplicable en el caso concreto,
o lo que es igual, si deja de aplicar la norma aplicable en el caso sujeto a
examen, aplicando la que es impertinente o si, finalmente, tergiversa el fin de
la legislación, la decisión carecerá de juridicidad, pues adolece de un defecto
de orden sustantivo.
Pero
la censura no cabe hacerla solamente respecto de las acciones u omisiones cuyo
horizonte es normativo. Como es sabido, los jueces deben analizar el material
probatorio para arribar a la decisión más ajustada a derecho dentro del marco o
contexto interpretativo concreto. Pero el análisis de las pruebas no puede
realizarse de cualquier manera y por tal motivo la legislación procesal regula
detenidamente la materia. Así, si un determinado juez indudablemente carece de
la base probatoria para aplicar una norma y no obstante la aplica, o si deja de
valorar las pruebas pese a la existencia de disposición legal específica que
determina su valoración, cabe aseverar que la decisión que suscribe no puede
ser calificada como jurídica, puesto que su sustento fáctico está viciado.
Tampoco
pertenece al mundo del derecho la decisión que toma un funcionario judicial
cuando carece absolutamente de competencia. De esta clase de actuaciones se
dice que está afectada por un defecto orgánico. Y, en todo caso, tampoco
pertenece al ámbito jurídico la decisión que es adoptada por un juez que
pretermitió las reglas procesales vigentes, que actuó en notoria disonancia con
el procedimiento establecido. […]
3.2.5. En síntesis, la seguridad jurídica y
la autonomía e independencia judiciales son principios fundantes de los Estados
democráticos, pero no pueden ser empleados para blindar decisiones
exclusivamente basadas en el capricho, en la saliente negligencia o en la
arbitrariedad de los jueces. En el Estado de Derecho, las actuaciones de las
autoridades públicas deben permanecer dentro de los rangos de juridicidad
establecidos por la Constitución y las leyes, de modo que la seguridad jurídica
y la autonomía e independencia judiciales deben servir de refuerzo de la
legalidad y no, como algunos lo pretenden, erigirse en hitos para el
desconocimiento de ésta.
Los
ordenamientos jurídicos contienen cláusulas con base en las cuales es posible
determinar lo jurídico y distinguirlo de lo antijurídico, y las más importantes
dentro de ellas son los valores y los principios constitucionales, por una
parte, y las normas de derechos fundamentales, por la otra. A efectos de
asegurar la vigencia de los derechos fundamentales (art. 2 C. P.), pero también
con el objeto de garantizar la seguridad jurídica y respetar la autonomía e
independencia judiciales (arts. 228 y 230 C. P.), esta Corte ha determinado que
la acción de tutela resulta excepcionalmente procedente cuando las acciones u
omisiones de los jueces constituyen vías de hecho y quien considera vulnerado o
amenazado sus derechos fundamentales no cuenta con un medio alternativo de
defensa judicial o, aún contando con él, éste se caracteriza por su ineficacia
para el caso concreto." (La cursiva es original).
Análisis del
caso de Ventura Díaz Mejía.
1. Como ya se indicó, son dos los cargos
formulados en sede de tutela por Ventura Díaz Mejía contra la sentencia del 27
de enero de 2003 que puso fin a los procesos electorales acumulados 2487 y
2495. El primero de ellos consiste en la atribución de un defecto fáctico a la
mencionada sentencia. El segundo, en cambio, ataca la parte resolutiva de la
sentencia, es decir, que la Sección Quinta del Consejo de Estado haya declarado
nulas varias actas de jurados de votación (Formularios E-14) sin que la actora
del proceso 2487 hubiere pedido expresamente su nulidad y que por medio de la
mencionada sentencia se haya ordenado realizar un nuevo escrutinio “con
exclusión de las 240 mesas afectadas por los votos irregulares”, por ser ésta,
en criterio del demandante, una declaración ajena al contencioso electoral.
En relación con
este último cargo, advierte la Corte que no tiene asidero la crítica del
demandante, como quiera que los actores de los procesos electorales acumulados,
siguiendo lo establecido en el artículo 229 del Código Contencioso
Administrativo[2],
claramente pidieron la nulidad del Acuerdo No. 0014 del Consejo Nacional
Electoral por medio del cual fue declarado electo Ventura Díaz Mejía como
Gobernador del Atlántico para el período 2001-2003, y la sección demandada, por
su parte, declaró la nulidad del prenotado acuerdo. Consecuencia lógica de que
se declarara la nulidad del acto de elección era que se ordenara la realización
de un nuevo escrutinio con exclusión de las mesas afectadas por
irregularidades. No encuentra entonces la Corte que la citada declaración de la
Sección Quinta adolezca de vicio alguno, más sí observa que el cargo del actor
se basa en una lectura descontextualizada de la parte resolutiva de la
sentencia ahora cuestionada en sede de tutela, la cual, según se observa, no es
incongruente.
2. En consecuencia, la Sala se ocupará de la
acusación dirigida por el actor a la sentencia del 27 de enero de 2003 conforme
a la cual ésta es una vía de hecho por adolecer de un defecto fáctico. Pero
antes de ello la Sala determinará si la presente acción es procedente o no, ya
que podría objetarse que la acción de tutela instaurada por Ventura Díaz Mejía
es improcedente, pues el actor no hizo o no ha hecho uso de los siguientes
recursos[3]:
a)
Recurso Extraordinario de Súplica, por violación
directa de la norma sustancial, de conformidad con lo previsto por el artículo
197 C. C. A., y
b)
Recurso Extraordinario de Revisión, conforme lo
establecido en el artículo 185 C. C. A.
En cuanto al
recurso extraordinario de súplica, clara es para la Sala su improcedencia en
casos como el presente, en los cuales la sentencia es cuestionada por la
presunta comisión de un error facti in judicando. En relación con este
punto, la Sala acoge lo sostenido por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado cuando afirmó:
"De
acuerdo con el artículo 194 del Código Contencioso Administrativo este recurso
procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por cualquiera de las
secciones o subsecciones del Consejo de Estado y es causal del recurso la
violación directa de normas sustanciales, que se desdobla en tres modalidades,
aplicación indebida, falta de aplicación e interpretación errónea. La
prosperidad de una de estas modalidades de la causal implica el éxito del
recurso.
De
lo anterior se sigue que en materia contencioso administrativa sólo cabe este
recurso a partir de los errores juris in judicando, esto es, aquellos
yerros de juicio que con vigor trascendente entrañan un quebrantamiento directo
de normas jurídicas sustanciales. Por ende, para la configuración del vicio de
juzgamiento la violación de la norma sustancial debe reflejarse en la parte
dispositiva o resolutiva del fallo, o, como dice la doctrina universal, debe
tratarse de una falencia con “eficacia causal”. Por lo mismo, por expreso
mandato del legislador, la súplica no procede por errores facti in judicando,
esto es, por violación indirecta de las normas sustantivas, tal como ocurriría
en el evento de que el juez llegara a vulnerar la norma sustancial como
consecuencia de una pretermisión o de una suposición de medios probatorios.
En
síntesis, la súplica, strictu sensu, excluye categóricamente el examen o
verificación de todo asunto de hecho; advirtiendo sí que, dados la naturaleza y
fines de este recurso, es la sentencia recurrida “la que constituye el hecho o
la materia sujetos al debate,…”.[4]
Lo cual marca una nítida diferencia con las instancias del juicio contencioso
administrativo, en las cuales el objeto de la litis está constituido por los
actos administrativos, los hechos, las omisiones, las operaciones
administrativas, los contratos estatales y ciertos contratos celebrados por las
empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios. De allí que, según lo
ha sostenido esta Sala, la infracción denunciada por el recurrente debe ser
inmediata y expresa, es decir, establecida mediante la confrontación objetiva
de la sentencia con el precepto de derecho. Se trata, entonces, de un verdadero
juicio a la sentencia ejecutoriada que permite definir, a instancia de parte,
su conformidad o disconformidad con el orden jurídico nacional vigente al momento
de su expedición, con el fin de reivindicar la prevalencia del derecho
objetivo, unificar la jurisprudencia nacional y proveer a la reparación de los
perjuicios sufridos por los administrados o por la Administración misma cuando
quiera que el fallador haya quebrantado directamente la norma sustancial.
"[5]
(La negrilla es original).
Por otra parte,
claro es que el demandante tampoco estaba obligado a interponer el recurso
extraordinario de revisión con antelación a la interposición de la presente
acción de tutela. Cierto es que de conformidad con el art. 185 del Código
Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de
1998, el recurso de revisión "procede contra las sentencias ejecutoriadas
dictadas por las Secciones y Subsecciones de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado y por los Tribunales
Administrativos". Igualmente cierto es que el término para la
interposición de dicho recurso es de dos (2) años contados a partir de la
ejecutoria de la respectiva sentencia (art. 187 C. C. A., modificado por el
artículo 31 de la Ley 446 de 1998), de suerte que el demandante aún puede
interponerlo invocando la sexta causal de revisión consagrada en el artículo
188 ejusdem, esto es, la causal de nulidad originada en la sentencia que
le puso fin al proceso y contra la que no procede el recurso de apelación. Con
todo, ello no implica que resultara necesario que el actor interpusiera primero
el recurso de revisión y luego la tutela, con lo cual la presente acción
devendría improcedente por haber sido instaurada sin que hubiese sido
interpuesto el citado recurso extraordinario, ya que, como lo ha establecido
esta Corte, la tutela es procedente si se observa que el mecanismo judicial
alternativo no tiene la misma efectividad que la tutela en punto a la
protección de los derechos fundamentales. Y claro es que el recurso de revisión
no tiene igual eficacia que la acción de tutela cuando se trata de evitar que
en virtud de un nuevo escrutinio tome posesión o ejerza un nuevo alcalde o
gobernador distinto a quien le ha sido declarada nula su elección dentro de un
proceso electoral. Esta efectividad disminuida del recurso extraordinario de
revisión deriva, entre otras cosas, del hecho de que a través de él no es
posible obtener la suspensión del escrutinio ordenado por medio de la sentencia
cuya nulidad se persigue.
1. Así las cosas, procede la Sala a estudiar
el caso suscitado por el cuestionamiento de Ventura Díaz Mejía a la sentencia
del 27 de enero de 2003 mediante la cual la Sección Quinta del Consejo de
Estado declaró nula su elección; cuestionamiento que en términos generales
consiste en la atribución a la sentencia de un defecto fáctico que, en concepto
del actor, torna en vía de hecho a la misma.
Observa la Sala
que no es la primera ocasión en la cual esta Corte se ocupa de la eventual
configuración de una vía de hecho por defecto fáctico en un proceso electoral.
En la Sentencia T-300 de 2003, por ejemplo, la Sala Cuarta de Revisión de
tutelas de esta Corporación concluyó que la decisión impugnada en sede de
tutela, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, no constituía
una vía de hecho porque el análisis probatorio que la precedió había sido suficiente
y ceñido a la legislación procesal vigente y a la Constitución. Para entrar a
la resolución del presente caso, relevante es entonces una breve aproximación a
la doctrina de las vías de hecho generadas por defecto fáctico que prolijamente
ha desarrollado esta Corporación. Ha dicho la Corte al respecto:
"6.1.
Esta Corporación se ha ocupado en diversas ocasiones de la vía de hecho
generada por la aplicación de una norma sin contar con el supuesto fáctico
indispensable para entender que el caso individual existe y, por lo mismo, que
el supuesto legal en el que se pretende fundar la decisión es el pertinente. En
una de tales oportunidades, la Corte señaló:
Si bien el juzgador goza de un amplio margen para valorar el material
probatorio en el cual ha de fundar su decisión y formar libremente su
convencimiento, “inspirándose en los principios
científicos de la sana crítica (arts. 187 C.P.C y 61 C.P.L)”[6],
dicho poder jamás puede ejercerse de manera arbitraria; su actividad evaluativa
probatoria implica, necesariamente, la adopción de criterios objetivos[7],
no simplemente supuestos por el juez, racionales[8],
es decir, que ponderen la magnitud y el impacto de cada una de las pruebas
allegadas, y rigurosos[9],
esto es, que materialicen la función de administración de justicia que se les
encomienda a los funcionarios judiciales sobre la base de pruebas debidamente
recaudadas.
Así, los defectos fácticos pueden agruparse en dos clases. La
primera, la dimensión omisiva, comprende las omisiones en la valoración de
pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados
por el juez[10].
La segunda, la dimensión positiva, abarca la valoración de pruebas igualmente
esenciales que el juzgador no puede apreciar, sin desconocer la Constitución[11].
Por eso, en lo que respecta a la dimensión omisiva, “no se adecua a este desideratum, la negación o valoración
arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba”[12]
que se presenta cuando el juez simplemente ignora la prueba u omite su
valoración[13],
cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de
la misma emerge clara y objetivamente[14].
En lo relativo a la dimensión positiva, el defecto fáctico se
presenta generalmente cuando aprecia pruebas que no ha debido admitir ni
valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas (artículo 29 C.
P.). […]
Finalmente, la Corte debe advertir, en concordancia con su propia
jurisprudencia, que sólo es factible fundar una acción de tutela cuando se
observa que de una manera manifiesta aparece arbitraria la valoración
probatoria hecha por el juez en la correspondiente providencia. El error en el
juicio valorativo de la prueba “debe ser de tal
entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una
incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse
en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que
ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia.”[15]."[16] (La cursiva es
original).
2. El primer motivo de la inconformidad de
Ventura Díaz Mejía es que la Sección Quinta no decretó varias de las pruebas
pedidas por el señor Federico Trujillo Burgos dentro del proceso electoral
2495. Al respecto, afirma que esas pruebas eran fundamentales para probar los
cargos de una demanda que iba dirigida contra los intereses del candidato
Alejandro Char Chaljub.
A juicio de la
Sala la inconformidad de Ventura Díaz Mejía es infundada. Baste indicar que el
señor Federico Trujillo Burgos y su coadyuvante, el señor Hernán Burgos
Álvarez, acudieron en súplica ante la negativa de la sección demandada a
decretar varias de las pruebas pedidas por ellos y, como el propio demandante
reconoce, la sección decretó las pruebas que consideró útiles y conducentes,
especialmente las relativas a la comprobación de suplantaciones de electores y
agregaciones de los mismos en los formularios E-11. De manera pues que la
acción de tutela no puede ser invocada ahora con el fin de retrotraer un
proceso electoral al momento en que los involucrados en él debieron haber
reclamado porque la sección demandada insistió en denegar la práctica de
pruebas que el actor y su coadyuvante estimaban conducentes. Así, el hecho de
que durante el contencioso electoral no se hubiera ventilado esta cuestión como
se hace ahora en sede de tutela genera una fuerte presunción en el sentido de
que los señores Federico Trujillo Burgos, Hernán Burgos Álvarez y Ventura Díaz
Mejía, por consecuencia, estuvieron de acuerdo en que las pruebas efectivamente
decretadas por la Sección Quinta fueron todas las pruebas que debieron haber
sido decretadas.
3. En segundo lugar, alega el demandante que
las pruebas documentales decretadas por la Sección Quinta no fueron allegadas
al proceso electoral 2495 por negligencia de la Registraduría Nacional del
Estado Civil. En su criterio, allí radica el origen de la configuración de una
vía de hecho por consecuencia, pues la sección demandada dictó su fallo pese a
que no contó con dicho material probatorio.
En relación con
este punto, observa la Sala que el señor Federico Trujillo Burgos interpuso
acción de tutela con el ánimo de que se ordenara a la Registraduría remitir las
pruebas documentales que se hallaban en su poder así como los informes técnicos
que se le habían requerido, y que dicha acción fue declarada improcedente
porque se le informó al juez colegiado de instancia –la Sección Primera del
Consejo de Estado– que las pruebas pedidas y decretadas se habían incorporado
finalmente al expediente. En vista de que el señor Trujillo Burgos no impugnó
la sentencia de la Sección Primera del Consejo de Estado por medio de la cual
se declaró improcedente la tutela instaurada por él, y en atención a que por lo
mismo cabe presumir que la pretensión del señor Trujillo Burgos en aquella
oportunidad fue satisfecha, la Sala no encuentra de recibo el aserto del
demandante según el cual se configuró una vía de hecho porque la Registraduría
se limitó a remitir los informes técnicos (Oficio No 1210 del 13 de agosto de
2002 de los Delegados Departamentales del Registro Nacional del Estado Civil, y
Oficio del 29 de agosto de 2002 de la Gerencia de Informática de la
Registraduría Nacional del Estado Civil).
Independientemente
de lo anterior, advierte además la Sala que conforme a reiterada jurisprudencia
de esta Corte "mientras el juez natural debe definir si existen suficientes
y fundadas pruebas para proferir la decisión, el juez de tutela debe, simplemente,
constatar que ésta se funda en algún elemento de juicio razonable, con
independencia de su suficiencia o de la corrección de la valoración judicial
del mismo", tal y como lo preciso esta Corporación en la Sentencia
T-008/98 (La negrilla es original). Vistas así las cosas, claro es que la
irregularidad consistente en que la sección demandada no hizo uso de las
facultades que le confiere el ordenamiento jurídico vigente para hacer allegar
las pruebas decretadas no tienen la virtualidad de impulsar a la Corte a
declarar que en el presente caso se configuró una vía de hecho por defecto
fáctico.
4. En tercer término, asevera el demandante
que la Sección Quinta incurrió en un error manifiesto en el juicio valorativo
de las pruebas efectivamente arrimadas al proceso electoral 2487. Así, aduce,
aunque inicialmente la sección demandada aceptó que los informes técnicos
allegados a dicho proceso eran idóneos para demostrar el cargo de suplantación
y agregación de votantes, al punto que fueron sometidos a contradicción, a los
mismos se les asignó posteriormente un “valor probatorio precario”. Este valor
probatorio disminuido se reflejó en que los informes señalaban 6.564
irregularidades o inconsistencias que afectaban 534 mesas de votación
favorables al candidato Alejandro Char Chaljub, pero la sección demandada sólo
encontró demostrada la nulidad de 723 votos.
La Sala no sólo
encuentra que lo anterior no entraña contradicción alguna, sino que, además,
observa que la Sección Quinta no incurrió en un error manifiesto en el juicio
valorativo de la prueba, como quiera que la misma contestó afirmativamente la
pregunta acerca de si estaban probados los hechos relevantes de los supuestos
legales que regulan el proceso electoral a partir de las pruebas allegadas al proceso,
y para ello se basó en un examen probatorio razonable. Veamos.
Encuentra la
Sala que tanto respecto de la demanda con la que se dio inició al proceso 2487,
como en relación con la demanda que dio origen al proceso 2495, la Sección
Quinta precisó los casos que correspondían a simples errores de los jurados al
momento de tramitar los formularios E-11 y los diferenció de los casos que
correspondían a verdaderas falsedades que, conforme a la legislación electoral
vigente, son causales de la nulidad del acto por medio del cual se declara la
elección. Para arribar a esas conclusiones la sección demandada confrontó la
demanda, los informes técnicos y el censo electoral, todo ello a fin de
determinar, primero, si las irregularidades señaladas por el actor del proceso
2495 derivaban ora de suplantaciones o agregaciones, ya de meros errores de los
jurados de votación; y segundo, si todas las irregularidades indicadas en los
informes técnicos habían sido señaladas por el demandante. Así, cuando comprobó
que muchas de las irregularidades eran señaladas por la Registraduría mas no
por el actor del proceso 2495 la Sección Quinta las desestimó, en atención a
que debía sujetarse a la demanda, por ser rogada la justicia contenciosa
administrativa. Por último, la sección demandada encontró que varias de las
supuestas irregularidades predicadas por el señor Federico Trujillo Burgos no
eran tales por cuanto, por ejemplo, el voto efectivo de personas no autorizadas
en ciertos puestos de votación, que es causal de nulidad en elecciones de
alcaldes a efectos de combatir la trashumancia, no es causal de nulidad en
tratándose de elecciones de gobernadores.
Claramente se ve
entonces que en el presente caso no se configura el presupuesto del defecto
fáctico, esto es, no "resulta incuestionable que el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta
la decisión", para expresarlo en los términos usados por esta Corte en la
Sentencia T-008/98, ya citada.
5. Finalmente, dice el actor que los
informes técnicos rendidos por la Registraduría dentro del proceso 2487 no
pudieron ser objeto de la contradicción de que trata el artículo 243 –2 del
Código de Procedimiento Civil, e indica que no es de recibo la afirmación de la
sección demandada según la cual no tenía que darse traslado a dichos informes
por ser apenas el producto de una depuración de información, es decir, por ser
documentos para cuya preparación no se requieren especiales conocimientos
técnicos o científicos.
Considera la
Sala que no asiste la razón al demandante en este punto. Al respecto, cabe
anotar que para la sección demandada los informes técnicos que fueron remitidos
con destino al proceso 2487 no son informes técnicos en el sentido a que alude
el artículo 243 C. P. C.[17],
por no ser dictámenes periciales, es decir, por cuanto su redacción no exige un
especial conocimiento técnico o científico y porque su propósito simplemente es
el de registrar información depurada. La Sección Quinta entendió así que, en un
plano más general, la prueba de informes técnicos no existe como medio autónomo
de prueba, esto es, distinto al medio de prueba pericial.
Un sector de la
doctrina nacional sugiere que los informes técnicos no pueden ser confundidos
con las pruebas periciales, por cuanto el legislador los introdujo como un
nuevo medio de prueba. Otros autores, en cambio, insisten en que los informes
técnicos no son un medio autónomo de prueba y plantean que los mismos serán
prueba testimonial –v. g. si se trata solamente de relación de hechos– o
pericial según sea el caso. Los restantes autores, por su parte, señalan que la
discusión en torno a si los informes técnicos son un nuevo medio de prueba o la
especificación de otros ya existentes es artificiosa, puesto que en últimas han
sido aceptados como medios de prueba y, por lo mismo, se pueden emplear.[18]
Como puede
observarse, la posición de la sección demandada –los informes técnicos no son
un medio de prueba autónomo respecto de la prueba pericial–, aunque discutible,
no es manifiestamente irrazonable. Así, que la sección demandada haya optado
por dicha tesis no agencia la configuración de una vía de hecho por defecto
fáctico, pues, una providencia judicial sólo resulta viciada por tal defecto si
resulta flagrantemente quebrantado el sistema normativo – procedimental
vigente.
6. Para la Sala, entonces, las pretensiones
del actor –que se declare que la Sección Quinta incurrió en una vía de hecho
por defecto fáctico, que se vuelva a fallar los procesos 2487 y 2495 acumulados
y que se le restituya en el cargo de Gobernador– no pueden prosperar. En
consecuencia, confirmará la sentencia proferida por la Sección Primera del
Consejo de Estado el 23 de mayo de 2003 mediante la cual denegó la tutela a Ventura
Díaz Mejía.
Análisis del
caso de Alejandro Char Chaljub.
7. Como ya se indicó, la inconformidad de
Alejandro Char Chaljub respecto de la decisión de la Sección Quinta del Consejo
de Estado de reconocerlo como Gobernador del Atlántico para el período
comprendido entre el año 2001 y el año 2003 radica en que la misma no siguió la
jurisprudencia de la Corte Constitucional conforme a la cual el período de
alcaldes y gobernadores es personal y no institucional, así como también dejó
de aplicar lo preceptuado en el artículo transitorio del Acto Legislativo 02 de
2002, esto es, que quienes inicien su período entre el momento de entrada en
vigencia de dicho acto y el 31 de diciembre de 2003 ejercerán su cargo por la
mitad del tiempo que haga falta para llegar al 31 de diciembre de 2007. En
síntesis, el actor se muestra inconforme con una decisión que a su juicio
adolece de un defecto sustantivo.
8. En relación con el primer punto, cierto
es que mediante la Sentencia SU-1720 de 2000 la Corte señaló que quien resulta
electo como alcalde, como consecuencia de la declaratoria de nulidad de la
elección y de un nuevo escrutinio debe desempeñar el cargo por un período de
tres (3) años contados a partir de la fecha de su posesión. Y también es cierto
que la situación de alcaldes y gobernadores es equiparable.
Considera empero
esta Sala que ya no tiene asidero la tesis según la cual "[s]ería
antidemocrático que después del nuevo escrutinio (ordenado por sentencia) se
afectara el término de elección de alcalde, ya que… se llegaría a una situación
antirrepublicana: que en uno o en varios municipios hubiere elección para menos
de tres años"[19].
Al respecto, constata la Corte que el Acto Legislativo 02 de agosto 6 de 2002
ha estipulado expresamente que los períodos de alcaldes y gobernadores son
institucionales y no personales[20].
Así pues, ahora no cabe duda de que, por no haber nueva elección con ocasión de
la realización de un nuevo escrutinio, al no implicar éste una nueva votación
y, por tanto, una nueva participación de los electores, el período de los
gobernadores es institucional. Criterio éste que, valga resaltarlo, fue
reiterado por el constituyente derivado a través de la expedición del Acto
Legislativo 01 de julio 3 de 2003, en cuya virtud se ha agregado un parágrafo
al artículo 125 superior, conforme al cual "[l]os períodos establecidos en
la Constitución Política o en la ley para cargos de elección tienen el carácter
de institucionales. Quienes sean designados o elegidos para ocupar tales
cargos, en reemplazo por falta absoluta de su titular, lo harán por el resto
del período para el cual este fue elegido".
La inaplicación
de la tesis en cuestión, se subraya, obedece a la necesidad de proteger el
derecho a la participación, del cual el derecho a elegir es una especificación,
y a que dicha tesis actualmente no halla anclaje de ningún tipo en la
Constitución[21].
Dice en efecto el artículo 303 de la Carta Política, modificado por el artículo
1º del Acto Legislativo 02 de 2002:
"En
cada uno de los departamentos habrá un Gobernador que será jefe de la
administración seccional y representante legal del departamento; el gobernador
será agente del Presidente de la República para el mantenimiento del orden
público y para la ejecución de la política económica general, así como para
aquellos asuntos que mediante convenios la Nación acuerde con el departamento. Los
gobernadores serán elegidos popularmente para períodos institucionales de
cuatro (4) años y no podrán ser reelegidos para el período siguiente. […]
Siempre
que se presente falta absoluta a más de dieciocho (18) meses de la terminación
del período, se elegirá gobernador para el tiempo que reste. En caso de que
faltare menos de dieciocho meses, el Presidente de la República designará un
Gobernador para lo que  reste del período, respetando el partido, grupo
político o coalición por el cual fue inscrito el gobernador elegido".
(Subraya la Sala).
9. Por otra parte, esta Sala no encuentra de
recibo la petición del actor de que se de aplicación al artículo transitorio
del Acto Legislativo 02 de 2002, pues, como ya se explicó, el nuevo escrutinio
no equivale a una nueva elección y ésta, sin lugar a dudas, es presupuesto
indispensable de la aplicación del mencionado artículo.
20. Además, después de la vigencia del
Acto Legislativo 02 del 2002 desaparecieron los períodos personales y todos los
períodos se convirtieron en institucionales, de modo que el reemplazo de un
gobernador por otro, cualquiera que sea la causa, es para completar el período
del anterior y no para iniciar un nuevo período.
Debe tenerse en cuenta que el período del
Gobernador del Atlántico venía ajustado al calendario electoral e
institucionalizado y que el artículo 7 del Acto Legislativo 02 del 2002 regula
la situación de quienes ya venían por fuera del calendario electoral ordinario,
es decir, sólo se aplica a las gobernaciones o alcaldías cuyo período se había
desfasado del calendario electoral, pero no a los que venían ajustados a él
como es el caso de la gobernación del Atlántico. Respecto de los períodos que
venían institucionalizados es claro que siguen institucionalizados y cualquier
reemplazo de su titular es para completar su período.
21. Por todo
ello, concluye la Sala que la Sección Quinta del Consejo de Estado no incurrió
en una vía de hecho cuando precisó que la organización electoral debía
reconocer como Gobernador del Atlántico a Alejandro Char Chaljub por el período
2001 -2003. En esta misma línea de reflexión, anota la Sala que las elecciones
programadas para el 26 de octubre de 2003 en el Departamento del Atlántico
gozan de presunción de legalidad. En consecuencia, confirmará la sentencia
proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado el 13 de junio de 2003,
mediante la cual se denegó el amparo al señor Alejandro Char Chaljub.
IV. DECISIÓN.
En mérito de lo
expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.-
CONFIRMAR la sentencia proferida el veintitrés (23)
de mayo de dos mil tres (2003) por la Sección Primera del Consejo de Estado,
mediante la cual se denegó la tutela a Ventura Díaz Mejía.
Segundo.-
CONFIRMAR la sentencia proferida el trece (13) de
junio de dos mil tres (2003) por la Sección Primera del Consejo de Estado,
mediante la cual se denegó la tutela a Alejandro Char Chaljub.
Tercero.- Por Secretaría, líbrese la comunicación prevista en el artículo 36
del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en
la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
JAIME
ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
Ponente
ALFREDO
BELTRÁN SIERRA
Magistrado
MANUEL
JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
IVÁN
HUMBERTO ESCRUCERÍA MAYOLO
Secretario
General (e)
[1]
La Sala de Tercera de Revisión encontró que ciertas pruebas habían sido
obtenidas con desconocimiento de las pautas establecidas en el código de
Procedimiento Civil y el Código del Menor y, en consecuencia, confirmó los
fallos de instancia mediante los cuales se le concedía a la peticionaria la
tutela del derecho al debido proceso.
[2]
De conformidad con el artículo 229 C. C. A. “[p]ara obtener la nulidad de una
elección o de un registro electoral o acta de escrutinio deberá demandarse
precisamente el acto por medio del cual la elección se declara, y no los
cómputos o escrutinios intermedios, aunque el vicio de nulidad afecte a éstos.”
[3]
En el expediente T-764.286 consta certificación del Secretario de la Sección
Quinta del Consejo de Estado, por medio de la cual se da fe de que dentro de
los procesos 2495 y 2487, acumulados, no se interpusieron los recursos
extraordinarios de revisión o de súplica contra la Sentencia de enero 27 de
2003 (Folio 758).
[4] G. J., t. L, p. 341;  citada por Humberto Murcia Ballén: Recurso de
Casación Civil, 4ª edición, 1996, Edit. Gustavo Ibáñez, Santa Fe de Bogotá, p.
271.
[5] Sentencia del 11 de diciembre de 2001. Radicación No. S-028.
[6]
Cfr. sentencia T-442 de 1994 M. P. Antonio Barrera Carbonell.
[7] Cfr. sentencia SU-1300 de 2001 M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra. La
Corte encontró perfectamente razonable la valoración de las pruebas que hizo el
Juez Regional en la sentencia anticipada. El Juez no omitió ni ignoró prueba
alguna, ni dio por probado un hecho sin fundamento objetivo. “El hecho
de que el incremento patrimonial no justificado del procesado, se derivó de
actividades delictivas se probó a través de la confesión de {varios testigos},
y de un conjunto concurrente de indicios, entre los cuales sobresale el hecho
de que las cuentas en las cuales se consignaron la mayoría de los 23 cheques
recibidos por el peticionario, fueron abiertas por él usando información falsa
y las fotocopias de las cédulas de sus empleados que aparecían en los archivos
de las empresas constructoras de la familia”.
[8]
Cfr. sentencia T-442 de 1994 M. P. Antonio Barrera Carbonell.
[9]
Cfr. sentencia T-538 de 1994 M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz. En esa oportunidad
se le concedió la tutela al peticionario por la indebida apreciación que hace
el juez de la conducta asumida por una de las partes, que se atuvo a la
interpretación que de unos términos hizo el secretario del juzgado, que le
lleva a negarle la interposición de un recurso del que depende la suerte del
proceso penal.
[10] Cfr., por ejemplo, la ya citada sentencia T-442 de 1994.
[11] Cfr. la ya citada sentencia T-538 de 1994.
[12] Ibíd. sentencia T-442 de 1994 M. P. Antonio Barrera Carbonell. Se
dijo en esa oportunidad: “Se aprecia más la arbitrariedad judicial en el juicio
de evaluación de la prueba, cuando precisamente ignora la presencia de una
situación de hecho que permite la actuación y la efectividad de los preceptos
constitucionales consagratorios de derechos fundamentales, porque de esta
manera se atenta contra la justicia que materialmente debe realizar y
efectivizar la sentencia, mediante la aplicación de los principios, derechos y
valores constitucionales”.
[13] Cfr. sentencia T-576 de 1993 M. P. Jorge Arango Mejía. En aquella
oportunidad se concedió la tutela, pues todos estos antecedentes,  y, en
especial, el hecho de que el Inspector tomó la decisión en contra de la parte
lanzada sin sustento probatorio, conducirán a la Sala a la conclusión de ver
aquí una vía de hecho, y a la decisión de tutelar el derecho al debido proceso
de Norma Sánchez, aclarando que si bien, en principio, la Corte no puede
sustituir al funcionario de policía en la apreciación de las pruebas, cuando hay
una transgresión ostensible y grave de los más elementales principios jurídicos
probatorios, la Corporación no puede permanecer impasible frente a la violación
del derecho al debido proceso, derecho constitucional fundamental según el
artículo 29 de la Carta.
[14] Cfr. sentencia T-239 de 1996 M. P. José Gregorio Hernández Galindo.
Para la Corte es claro que, “cuando un juez omite apreciar y evaluar pruebas
que inciden de manera determinante en su decisión y profiere resolución
judicial sin tenerlas en cuenta, incurre en vía de hecho y, por tanto, contra
la providencia dictada procede la acción de tutela.  La vía de hecho consiste
en ese caso en la ruptura deliberada del equilibrio procesal, haciendo que,
contra lo dispuesto en la Constitución y en los pertinentes ordenamientos
legales, una de las partes quede en absoluta indefensión frente a las
determinaciones que haya de adoptar el juez, en cuanto, aun existiendo pruebas
a su favor que bien podrían resultar esenciales para su causa, son excluidas de
antemano y la decisión judicial las ignora, fortaleciendo injustificadamente la
posición contraria”.
[15] Cfr. sentencia T-442 de 1994 M. P. Antonio Barrera Carbonell.
[16] Sentencia SU-159/02 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, S. V. Jaime
Araújo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra y Rodrigo Escobar Gil. Véase,
igualmente, la reciente T-054/03.
[17] Dice en lo pertinente el artículo 243 C. P. C.:
“Art.
243.- Modificado. D. E. 2282/89, art. 1º, num. 113. Informes
Técnicos y peritaciones de entidades y dependencias oficiales. Los
jueces podrán solicitar, de oficio o a petición de parte, informes técnicos o
científicos sobre avalúos y otros hechos de interés para el proceso […]
Tales
informes deberán ser motivados y rendirse bajo juramento, que se entenderá
prestado por el solo hecho de la firma, y se pondrán en conocimiento de las
partes por el término de tres días para que puedan pedir que se complementen o
aclaren”.
[18] Este debate es registrado en Hernán Fabio López Blanco, Procedimiento
Civil. Pruebas. Bogotá: Dupré Editores, 2001, pp. 243-248.
[19] Sentencia SU-1720/00 M. P. Alejandro Martínez Caballero.
[20] En el "Informe de ponencia para primer debate en Cámara
Segunda Vuelta al Proyecto de Acto Legislativo Número 091 de 2001 Cámara, 009
de 2001 Senado", recogido en la Gaceta del Congreso No. 126 del 22
de abril de 2002, se precisó la esencia de la reforma constitucional en estos
términos:
"Institucionalizar
los períodos de Alcaldes y Gobernadores. En materia de Gobernación no ha sido
protuberante el caos en asuntos electorales, quizás por el reducido número de
entes territoriales, pero para prevenirlo es mejor anticiparse a los hechos,
razón por la cual es conveniente despersonalizar los períodos para los cuales
hoy popularmente se elige a dichos Servidores Públicos. || Por el contrario, en
materia municipal, desde los últimos años y hasta la fecha, hemos venido
presenciando un caos en relación con los calendarios electorales que cobijan la
elección popular de los Alcaldes. Es un imperativo, por vía constitucional,
institucionalizar el período de elección de esta categoría de Servidores
Públicos. La intención no es la de hacerles sesgos a las Sentencias que sobre
la materia han emanado de la honorable Corte Constitucional, que en su papel de
intérprete de la Constitución, ha sostenido que el período para el cual se
elige hoy a un Alcalde, es personal y no institucional. Así las cosas,
las Faltas Absolutas de tales mandatarios locales terminan supliéndose con la
convocatoria a nuevas elecciones, no para el resto del período del antecesor,
sino para uno nuevo de tres (3) años. Tales pronunciamientos de la Corte
Constitucional los encontramos en las jurisprudencias siguientes: C-11/94,
C-107/95, C-194/95, C-586/95, C-010/97, C-475/98, SU-168/99, A-007/99,
SU-172/00 (sic), C-844/00 y T-441/01. || Como consecuencia jurídica de
las citadas sentencias de constitucionalidad, a guisa de ejemplo señalamos el
comportamiento electoral de los últimos tres años, en elecciones municipales
que no concuerdan con la fecha única nacional de convocatoria para el mismo
efecto. || Año 2000: Nulidad (3), vencimiento de período (5), muerte (2),
renuncia (4) y por municipio nuevo (3). Total: 17 elecciones realizadas. || Año
2001: Nulidad (4), vencimiento de período (51), muerte (5), renuncia (1),
destitución (1), municipio nuevo (5), aplazamiento elecciones de octubre 29 de
2000 (5). Total: 72 elecciones realizadas. || Año 2002: Nulidad (12),
vencimiento de período (67), muerte (4), retiro forzoso (1) y renuncia (1). Total:
85 elecciones realizadas."
[21] Cabe resaltar que ya en la Sentencia
SU-995/95 esta Corte sostuvo que en materia de tesis jurisprudenciales “las eventuales equivocaciones del pasado no tienen por qué ser la
justificación de inaceptables equivocaciones en el presente y en el futuro”.