C-223-13
Sentencia C-223/13
Sentencia C-223/13
CONVENIO INTERAMERICANO SOBRE
PERMISO INTERNACIONAL DE RADIOAFICIONADO (IARP) Y SU PROTOCOLO DE
MODIFICACIONES-Finalidad
El Convenio Interamericano sobre Permiso
Internacional de Radioaficionado, es un acuerdo internacional dirigido a
fortalecer el proceso de integración de las naciones del continente americano,
acorde con los objetivos previstos en la Carta de la Organización de los
Estados Americanos (OEA), las disposiciones del Estatuto de la Comisión
Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) y las disposiciones del Reglamento
de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Su
finalidad primordial radica en estimular los objetivos del servicio de
radioaficionado en el ámbito de los Estados miembros de la CITEL, a través del
reconocimiento a los ciudadanos de un Estado miembro que tengan autorización
para ejercer el citado servicio en su país de la posibilidad de acceder
temporalmente al mismo en el territorio de otro Estado miembro, autorizando la
creación y expedición de un permiso o habilitación común denominado Permiso
Internacional de Radioaficionado (IARP).  El Protocolo de Modificaciones apunta
a un objetivo concreto y específico, referente a permitir que los titulares de
la licencia de radioaficionado de la Conferencia Europea de Administraciones de
Correos y Telecomunicaciones (CEPT), de cualquiera de sus países miembros que
haya aplicado la Recomendación T/R 61-01, así como los poseedores del IARP,
puedan acceder mutuamente a los mismos beneficios previstos en el Convenio
Interamericano y a aquellos que en términos de reciprocidad se reconozcan por la
CEPT. Tanto el Convenio como el Protocolo de Modificaciones se avienen a los
mandatos previstos en la Constitución.
LEY APROBATORIA DE TRATADO
INTERNACIONAL-Características del control constitucional
Conforme a la jurisprudencia reiterada de esta
Corporación, el examen de constitucionalidad de los tratados internacionales y
de sus leyes aprobatorias a cargo de esta Corte, se caracteriza por: (i) ser
previo al perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la aprobación de la
ley en el Congreso y a su sanción gubernamental; (ii) ser automático, ya que la
ley aprobatoria debe ser enviada directamente por el Presidente de la República
o por el funcionario que él designe dentro de los seis días siguientes al acto
de sanción; (iii) ser integral, en la medida en que este Tribunal debe examinar
tanto los aspectos formales como materiales de la ley y del tratado, por lo que
se exige su confrontación frente a la integridad del texto constitucional; (iv)
ser habilitante, en cuanto constituye un requisito sine qua non para que el
Estado colombiano se obligue internacionalmente frente al respectivo tratado; y
finalmente, (v) ser preventivo, pues su objetivo es detectar de forma
anticipada a la vigencia del tratado, los eventuales quebrantamientos que se
presenten frente a la preceptiva superior.
LEGISLADOR FRENTE A TRATADOS
INTERNACIONALES-Atribuciones restringidas/LEY APROBATORIA DE TRATADO
INTERNACIONAL-Legislador no puede formular enmiendas ni alterar el
contenido del tratado
En relación con las atribuciones del legislador en
tratándose de tratados internacionales, esta Corporación ha señalado que en
virtud de lo previsto en los artículos 150.16 de la Constitución Política y 217
de la Ley 5ª de 1992, el legislador no puede formular enmiendas frente al
contenido del tratado, pues su función consiste en aprobarlo o improbarlo sin
fraccionar su aceptación. Más allá de que, por regla general, en lo que
respecta a los tratados multilaterales, sea posible introducir reservas o
declaraciones interpretativas, que no afecten el objetivo y fin del tratado y
siempre que no se encuentren expresamente prohibidas.
ADHESION A CONVENIO Y TRATADO
INTERNACIONAL-Forma válida de manifestación de consentimiento de un estado
en obligarse
TRATADO INTERNACIONAL-Adhesión
La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia
ha señalado que en el examen de constitucionalidad de los tratados, es deber de
esta Corporación revisar la competencia del funcionario que participó en el
proceso de negociación y adopción del instrumento internacional sometido a
control, por lo que este Tribunal siempre verifica los plenos poderes de quien
suscribe uno de tales instrumentos en representación del Estado colombiano. Sin
embargo, cuando el compromiso internacional se contrae mediante la adhesión
posterior a un tratado y siempre que el Congreso lo haya aprobado a través de
una ley, la Corte ha entendido que no es posible examinar las facultades del
ejecutivo para suscribir dicho instrumento internacional, toda vez que la firma
o suscripción frente a su texto todavía no se ha producido al momento en que se
ejerce el control de constitucionalidad, y por tanto, por sustracción de
materia, no puede este Tribunal verificar la competencia de una autoridad, pues
la aquiescencia frente al tratado tan sólo se producirá una vez se confronte
que su contenido no viola la Constitución Política.
CONVENIO INTERAMERICANO SOBRE
PERMISO INTERNACIONAL DE RADIOAFICIONADO (IARP) Y SU PROTOCOLO DE
MODIFICACIONES-Adhesión
En el presente caso, ni el Convenio ni el Protocolo
de Modificaciones fueron suscritos ni adoptados por el Estado colombiano, por
lo que “sólo es posible adherir a los mismos, de conformidad con lo previsto en
los artículos 7 y IV” de los citados instrumentos internacionales,
advirtiéndose que “una vez se surta el trámite de aprobación interna de los
instrumentos internacionales en comento, se procederá a expedir los
instrumentos de adhesión para su correspondiente depósito en la Secretaría
General de la Organización de Estados Americanos (OEA)”, por lo que tan sólo
entrarán en vigor treinta (30) días después de efectuado el respectivo
depósito.
LEY APROBATORIA DE TRATADO
INTERNACIONAL-Trámite de ley ordinaria con inicio de  debates en el Senado
de la República
LEY APROBATORIA DEL CONVENIO INTERAMERICANO
SOBRE PERMISO INTERNACIONAL DE RADIOAFICIONADO (IARP) Y SU PROTOCOLO DE
MODIFICACIONES-Cumplimiento de requisitos de trámite previstos
En lo que se refiere a su trámite, la Ley 1570 de
2012 aprobatoria del Convenio Interamericano sobre Permiso Internacional de
Radioaficionado y su Protocolo de modificaciones, cumplió de manera
satisfactoria con la totalidad de los requisitos y exigencias previstas en la
Constitución y en el reglamento del Congreso para una iniciativa de esta
naturaleza, ya que: (i) comenzó su tránsito en el Senado de la República; (ii)
fue publicado previamente al inicio del proceso legislativo; (iii) las
ponencias –tanto en comisiones como en plenarias– fueron divulgadas antes de
dar curso a los respectivos debates; (iv) se verificó el cumplimiento del
requisito del anuncio previo, en los términos expuestos por la jurisprudencia
de esta Corporación; (v) fue aprobado tanto en primer como en segundo debate en
cada una de las cámaras que integran el órgano legislativo, con el quórum y las
mayorías exigidas; (vi) entre el primero y segundo debate realizado en cada
cámara, así como entre la aprobación del proyecto en la plenaria del Senado y
la iniciación del trámite en la Cámara de Representantes transcurrieron los
plazos mínimos previstos en la Constitución; (vii) su aprobación no superó el
término de dos legislaturas, tal y como se dispone en el artículo 162 del Texto
Superior; (viii) fue sancionado por el Presidente de la República una vez
concluido el trámite legislativo; y finalmente, (ix) fue enviado para su
revisión a esta Corporación dentro de los seis (6) días siguientes a su sanción.
SERVICIO DE RADIOAFICIONADO EN
COLOMBIA-Concepto e importancia
SERVICIO DE RADIOAFICIONADO EN
COLOMBIA-Regulación
TRATADO INTERNACIONAL-Exenciones
tributarias en condiciones de reciprocidad no contrarían la Constitución/CONVENIO
INTERAMERICANO SOBRE PERMISO INTERNACIONAL DE RADIOAFICIONADO (IARP)-Justificación
exención tributaria
Este Tribunal no encuentra reparo alguno en la
norma que aclara que este Convenio no “altera las reglamentaciones aduaneras
sobre transporte de equipos de radio a través de fronteras nacionales”, como
tampoco respecto de aquella que establece que el “único Estado parte que puede
imponer tasas o impuestos sobre los IARP es el Estado Parte que los emite”,
siendo del caso precisar que con esta última disposición –en la práctica– se estaría
excluyendo a algunos extranjeros del deber de cancelar la contribución
establecida en el artículo 42 del Decreto 963 de 2009, aplicable para quienes
obtienen la licencia para el desarrollo y ejercicio del servicio de
radioaficionado, toda vez que cuando en el ámbito de los tratados
internacionales se consagran exenciones tributarias en condiciones de
reciprocidad, no se desconoce el orden constitucional y la exención descrita se
encuentra justificada por el fin que se persigue alcanzar con la ejecución del
citado instrumento internacional, cual es el de facilitar temporalmente el
acceso al servicio de radioaficionado, como medio para asegurar la libertad de
expresión, el derecho a la recreación y el principio de igualdad de
oportunidades en el acceso al espectro electromagnético. Además, esta  exención
opera en términos de reciprocidad, esto es, bajo una mutua correspondencia y
sin imponer una condición desfavorable o inequitativa para ninguno de los
Estados Partes.
PERMISO INTERNACIONAL DE
RADIOAFICIONADO (IARP)-Vigencia temporal
Referencia: expediente LAT-390
Revisión constitucional de la
Ley 1570 de 2012, “Por medio de la cual se aprueba el ‘Convenio Interamericano
sobre Permiso Internacional de Radioaficionado’ adoptado el 8 de junio de 1995
en Montrouis, República de Haití, y el ‘Protocolo de Modificaciones al Convenio
Interamericano sobre el Permiso Internacional de Radioaficionado’, adoptado el
10 de junio de 2003 en Santiago, República de Chile”.
Magistrado Ponente:
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Bogotá DC, diecisiete (17) de abril de dos mil trece (2013)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en
cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámite
establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
La Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República,
atendiendo a lo previsto en el artículo 241, numeral 10, de la Constitución, envió
fotocopia auténtica de la Ley 1570 de agosto 2 de 2012, “Por medio de la
cual se aprueba el ‘Convenio Interamericano sobre Permiso Internacional de
Radioaficionado’ adoptado el 8 de junio de 1995 en Montrouis, República de Haití,
y el ‘Protocolo de Modificaciones al Convenio Interamericano sobre el Permiso
Internacional de Radioaficionado’, adoptado el 10 de junio de 2003 en Santiago,
República de Chile”.
En auto del 28 de agosto de 2012, el despacho del Magistrado
Sustanciador asumió el conocimiento del presente asunto. Adicionalmente, en
dicha providencia, también solicitó a las Secretarías Generales del Senado de la
República y de la Cámara de Representantes, la remisión de los antecedentes
legislativos de la ley en revisión y la certificación del quórum y del
desarrollo exacto y detallado de las votaciones. Con posterioridad, en auto del
29 de octubre de 2012, requirió al Ministerio de Relaciones Exteriores la
certificación de los plenos poderes de la persona que intervino en la
suscripción de los citados instrumentos internacionales.
Una vez allegados los mencionados documentos, se ordenó la
fijación en lista para efectos de permitir la intervención ciudadana y se
dispuso la comunicación de la presente demanda al Presidente del Congreso de la
República, al Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
al Ministro de Relaciones Exteriores, al Director de la Agencia Nacional del
Espectro, al Director de la Liga Colombiana de Radioaficionados, al Presidente
de la Federación de Clubes de Radioaficionados y a los Decanos de las
Facultades de Derecho de las Universidades Nacional, Javeriana, Rosario,
Externado y Nariño, para que, si lo consideraban conveniente, intervinieran en el
presente proceso con el propósito de impugnar o defender las disposiciones sometidas
a control. Por último, se dio traslado al señor Procurador General de la Nación
para que rindiera el concepto de su competencia, en los términos previstos en
el artículo 7° del Decreto 2067 de 1991.
Una vez cumplidos los trámites consagrados en el citado Decreto,
la Corte procede a decidir sobre la exequibilidad del Convenio Interamericano sobre
Permiso Internacional de Radioaficionado, de su Protocolo de Modificaciones
y de la ley que los aprueba.
II. TEXTO DE LA LEY APROBATORIA DEL CONVENIO Y DEL
PROTOCOLO OBJETO DE REVISIÓN
A continuación se trascribe el texto sometido a control
conforme a su publicación en el Diario Oficial No. 48.510 del 2 de agosto de 2012:
LEY 1570 DE 2012
(2 de agosto de 2012)
Por medio de la cual se aprueba el “Convenio
Interamericano sobre Permiso Internacional de Radioaficionado”, adoptado el
8 de junio de 1995 en Montrouis, República de Haití, y el “Protocolo de
Modificaciones al Convenio Interamericano sobre el Permiso Internacional de
Radioaficionado”, adoptado el 10 de junio de 2003 en Santiago, República de
Chile.
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Visto
el texto del “Convenio Interamericano sobre Permiso Internacional de
Radioaficionado”, adoptado el 8 de junio de 1995 en Montrouis, República de
Haití, y el “Protocolo de Modificaciones al Convenio Interamericano
sobre el Permiso Internacional de Radioaficionado”, adoptado el 10 de junio
de 2003 en Santiago, República de Chile.
(Para
ser trascrito: Se adjunta fotocopia fiel y completa del texto original del Convenio,
documento que reposa en los archivos del Área de Tratados de la Dirección de
Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores).
CONVENIO INTERAMERICANO SOBRE PERMISO INTERNACIONAL DE
RADIOAFICIONADO
Los
Estados miembros de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL),
Considerando
el espíritu de la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), las
disposiciones del Estatuto de la CITEL y las disposiciones del Reglamento de
Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones,
Convencidos
de los beneficios del Servicio de Radioaficionados y atendiendo al interés de
los Estados miembros de la CITEL en que a los ciudadanos de un Estado miembro
que tengan autorización para ejercer el Servicio de Aficionados en su país se
les permita el ejercicio temporal del Servicio de Aficionados en el territorio
de otro Estado Miembro de la CITEL,
Han
acordado suscribir el siguiente Convenio para el uso de un Permiso
Internacional de Radioaficionado (IARP):
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1°
1. Respetándose la soberanía nacional sobre la utilización
del espectro radioeléctrico comprendido dentro de su jurisdicción, cada Estado
Parte acuerda permitir operaciones temporales de estaciones de aficionados bajo
su autoridad, a personas licenciadas con un IARP por otro Estado Parte, sin un
examen adicional. Los Estados Partes podrán otorgar permisos para operar en
otros Estados Partes, solamente a sus ciudadanos.
2. Los Estados Partes reconocen el Permiso Internacional de
Radioaficionados (IARP según sus siglas en idioma inglés) que sea otorgado bajo
las condiciones especificadas en el presente Convenio.
3.   El único Estado Parte que puede imponer tasas o
impuestos sobre los IARP es el Estado Parte que los emite.
4. Este Convenio no altera las reglamentaciones aduaneras
sobre transporte de equipos de radio a través de fronteras nacionales.
DEFINICIONES
Artículo 2°
1.  Las expresiones y términos utilizados en este Convenio
seguirán las definiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT.
2.  Los servicios de aficionados y de aficionados por
satélite son servicios de radiocomunicaciones según el Artículo 1 del
Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT, que se rigen por otras
disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones, así como por las
reglamentaciones nacionales de los Estados Partes.
3. El término “IARU” significará la Unión Internacional de
Radioaficionados.
DISPOSICIONES RELATIVAS AL PERMISO INTERNACIONAL DE
RADIOAFICIONADOS (IARP)
Artículo 3°
1.  El IARP será emitido por la Administración del país de su
poseedor o, en la medida que lo permitan las leyes internas del país que lo
emite, mediante autorización delegada, por la organización Miembro de la IARU
de dicho Estado Parte. El IARP deberá ajustarse al formato tipo para ese
permiso, contenido en el Anexo a este Convenio.
2.  El IARP será redactado en inglés, francés, portugués y
español y en el idioma oficial del Estado Parte que lo emite, si fuere
distinto.
3.  El IARP no será válido para operar en el territorio del
Estado Parte que lo emite, sino solamente en otros Estados Partes. Será válido
por un año en los Estados Partes visitados, pero en ningún caso su validez
excederá de la fecha de expiración de la licencia nacional de su poseedor.
4. Los radioaficionados que sean poseedores únicamente de una
autorización temporal de operación en un país extranjero, no serán
beneficiarios de las disposiciones de este Convenio.
5.  El IARP incluirá la información siguiente:
a) Una
declaración de que el documento es emitido de conformidad con este Convenio.
b) El
nombre y dirección postal del poseedor.
c) El
distintivo de llamada.
d) El
nombre y dirección de la autoridad emisora.
e) La
fecha de expiración del permiso.
f) El
país y fecha de emisión.
g) La
clase del operador poseedor del IARP.
h) Una
declaración de que la operación es permitida sólo en las bandas especificadas
por el Estado Parte visitado.
i) Una
declaración de que el poseedor del permiso debe obedecer las regulaciones del
Estado Parte visitado.
j)  La
necesidad de una notificación, de ser requerida por el Estado Parte visitado,
de la fecha, lugar y duración de la permanencia en ese Estado Parte.
6. El IARP será expedido de acuerdo con las siguientes clases
de autorización de operación:
Clase
1. Para uso de todas las bandas de
frecuencias atribuidas a los servicios de aficionados y de aficionados por
satélite y especificadas por el país donde la estación de aficionados ha de
operar. Estará permitida solamente para aquellos radioaficionados que hayan
comprobado ante su propia Administración el conocimiento del código Morse de
acuerdo con los requisitos establecidos en el Reglamento de Radiocomunicaciones
de la UIT.
Clase
2. Esta clase permite la utilización de
todas las bandas de frecuencia atribuidas a los servicios de aficionados y de
aficionados por satélite por encima de 30 MHz y especificadas por el país donde
la estación de aficionados ha de operar.
CONDICIONES DE USO
Artículo 4°
1. Un Estado Parte puede declinar, suspender o cancelar la
operación de un IARP, de acuerdo con el derecho vigente en dicho Estado.
2. Cuando el poseedor del IARP esté transmitiendo en el país
visitado deberá utilizar el prefijo del distintivo de llamada especificado por
el país visitado y el distintivo de llamada del país de su licencia, separado
por la palabra “stroke” o “/”.
3. El poseedor del IARP debe transmitir solamente en las
frecuencias autorizadas por el Estado Parte visitado y debe cumplir con las
regulaciones del Estado Parte visitado.
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 5°
Los
Estados Partes se reservan el derecho de concertar acuerdos complementarios
sobre procedimientos y modalidades de aplicación de este Convenio. Sin embargo,
tales acuerdos no podrán estar en contradicción con las disposiciones de este
Convenio. Los Estados Partes pondrán en conocimiento de la Secretaría General
de la Organización de los Estados Americanos los acuerdos complementarios que
celebren, y esta Secretaría enviará copia auténtica de su texto, para su
registro y publicación, a la Secretaría de las Naciones Unidas, de conformidad
con el artículo 102 de su Carta, y a la Secretaría General de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones.
Artículo 6°
El
presente Convenio estará abierto a la firma de los Estados miembros de la
CITEL.
Artículo 7°
Los
Estados miembros de la CITEL pueden llegar a ser Partes en el presente Convenio
mediante:
a) La
firma no sujeta a ratificación, aceptación, o aprobación;
b) La
firma sujeta a ratificación, aceptación o aprobación, seguida de ratificación,
aceptación o aprobación, o
c) La
adhesión.
La
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión se realizará mediante el
depósito del instrumento correspondiente en la Secretaría General de la
Organización de los Estados Americanos, en su carácter de Depositaria.
Artículo 8°
Cada
Estado Parte podrá formular reservas al presente Convenio al momento de la
firma o depósito de un instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o
adhesión, siempre que cada reserva verse sobre una o más disposiciones
específicas y no sea incompatible con los objetivos y propósitos de este
Convenio.
Artículo 9°
1. En el caso de aquellos Estados que sean Partes de este
Convenio y del Convenio Interamericano sobre el Servicio de Aficionados
(“Convenio de Lima”), este Convenio prevalece sobre la aplicación del “Convenio
de Lima”.
2. Con excepción de lo dispuesto en el numeral 1 de este
Artículo, el presente Convenio no alterará ni afectará ningún acuerdo
multilateral o bilateral vigente, referente a la operación temporal en el
Servicio de Aficionados en los Estados miembros de la CITEL.
Artículo 10
El
presente Convenio entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que
dos Estados hayan llegado a ser Partes en la misma. En cuanto a los Estados
restantes, entrará en vigor en el trigésimo día a partir de la fecha en que los
Estados hayan cumplido el procedimiento correspondiente previsto en el Artículo
7.
Artículo 11
El
presente Convenio regirá indefinidamente, pero puede ser terminado por
consentimiento de los Estados Partes. Cualquiera de los Estados Partes en este
Convenio podrá denunciarlo. El instrumento de denuncia será depositado en la
Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Transcurrido
un año contado a partir de la fecha de depósito del instrumento de denuncia, el
Convenio cesará en sus efectos para el Estado denunciante, quedando en vigor
para los demás Estados Partes.
Artículo 12
El
instrumento original del presente Convenio, cuyos textos en español, francés,
inglés y portugués son igualmente auténticos, será depositado en la Secretaría
General de la Organización de los Estados Americanos, la que enviará copia
auténtica de su texto para su registro y publicación a la Secretaría de las
Naciones Unidas, de conformidad con el artículo 102 de su Carta, y a la
Secretaría General de Unión Internacional de Telecomunicaciones.
La
Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos notificará a
los Estados Partes en este Convenio las firmas, los depósitos de instrumentos
de ratificación, aceptación, aprobación, adhesión y denuncia y las reservas que
se formularen.
CONVENIO INTERAMERICANO SOBRE PERMISO INTERNACIONAL DE
RADIOAFICIONADO
ANEXO
Este
permiso es válido en los territorios de todos los Estados Partes en el Convenio
Interamericano sobre Permiso Internacional de Radioaficionados (el Convenio)
con excepción del territorio del Estado Parte que lo emite, por un período de
un año de la fecha de emisión, o la fecha de expiración de la licencia
nacional, lo que ocurra primero, para la operación de estaciones de
radioaficionados de radioaficionados por satélite, de acuerdo a la clase
especificada en la última página de este permiso.
LISTA DE ESTADOS PARTES EN EL CONVENIO
(al: [día, mes, año])
Queda
entendido que este permiso no afecta de ninguna manera la obligación del
portador a observar estrictamente las leyes y regulaciones relativas a la
operación de estaciones de radioaficionados y radioaficionados por satélite en
el país en el cual la estación es operada.
Apellidos 1
Nombres 2
Distintivo de llamada 3
Lugar de nacimiento 4
Fecha de nacimiento 5
País de residencia permanente 6
Dirección 7
Ciudad, estado o provincia 8
Clases
de autorización de operación:
Clase
1. Para uso de todas las bandas de
frecuencia atribuidas a los servicios de aficionados y de aficionados por
satélite y especificadas por el país donde la estación de aficionados ha de
operar. Estará permitida solamente para aquellos radioaficionados que hayan
comprobado ante su propia Administración el conocimiento del código Morse de
acuerdo con los requisitos establecidos en el Reglamento de Radiocomunicaciones
de la UIT;
Clase
2. Esta clase permite la utilización de
todas las bandas de frecuencia atribuidas a los servicios de aficionados y
aficionados por satélite por encima de 30 MHz y especificadas por el país donde
la estación de aficionados ha de operar.
1.
_____________________________________________________________
2.
_____________________________________________________________
3.
_____________________________________________________________
4.
_____________________________________________________________
5.
_____________________________________________________________
6.
_____________________________________________________________
7.
_____________________________________________________________
8.
_____________________________________________________________
AVISO IMPORTANTE A LOS POSEEDORES
1) El
Permiso internacional de Radioaficionados (IARP) requiere su firma en la línea
que figura debajo de su fotografía.
2) Su
licencia válida de radioaficionado emitida por la administración de su país
debe acompañar al IARP en todo momento.
3) A
menos que los reglamentos del país visitado requieran lo contrario, la
identificación de la estación será (prefijo del país visitado o la región), la
palabra “barra” o “/” seguida del distintivo de llamada de la licencia que
acompaña al IARP.
4) El
IARP es válido por un año desde la fecha de emisión del presente permiso o el
vencimiento de la licencia nacional, lo que ocurra primero.
5) Un
país visitado puede declinar, suspender o cancelar la operación de un IARP.
6)
Algunos países pueden requerir que usted notifique por adelantado la fecha,
lugar y duración de su permanencia.
Organización
de los Estados Americanos
Washington,
D. C.
Secretaría
General
CERTIFICACIÓN
Luis
Toro Utillano, Oficial Jurídico Principal del Departamento de Derecho
Internacional de la Secretaría de Asuntos Jurídicos,
CERTIFICA QUE,
1. En
virtud del artículo 112.f de la Carta de la Organización de los Estados
Americanos, la Secretaría General de la Organización sirve de depositaria de
los tratados y acuerdos interamericanos, así como de los instrumentos de
ratificación de los mismos.
2. El
documento adjunto, que consta de veintidós páginas, es copia fiel y exacta de
los textos auténticos en español del “Convenio Interamericano sobre el Permiso
Internacional de Radioaficionado”, adoptado el 8 de junio de 1995 en Montrouis,
República de Haití. Los textos firmados de dichos originales se encuentran
depositados en la Secretaría General de la Organización de los Estados
Americanos.
Se
expide la presente certificación a solicitud de la Representación Permanente de
Colombia ante la Organización de los Estados Americanos.
Washington,
D. C., 17 de noviembre de 2009.
El
Oficial Jurídico Principal Encargado de Tratados, Departamento de Derecho
Internacional,
Luis
Toro Utillano.
PROTOCOLO DE MODIFICACIONES AL CONVENIO INTERAMERICANO
SOBRE EL PERMISO INTERNACIONAL DE RADIOAFICIONADO
LOS
ESTADOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS,
CONSIDERANDO
que la Conferencia Europea de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones
(“CEPT”) permite a los titulares de la licencia de radioaficionado CEPT de
cualquier Estado miembro de la CEPT que haya aplicado la Recomendación T/R
61-01 de la CEPT operar temporalmente en todos los otros Estados Miembros de la
CEPT que hayan aplicado dicha Recomendación, sin necesidad de obtener una
licencia de estos otros Estados;
TOMANDO
EN CUENTA que la licencia de radioaficionado CEPT es similar en su cobertura y
propósito al Permiso Internacional de Radioaficionado (“IARP”) que otorgan y
reconocen los Estados partes del Convenio Interamericano sobre el Permiso
Internacional de Radioaficionado (“Convenio sobre el IARP”);
TENIENDO
EN MENTE que pueden lograrse beneficios substanciales con la reducción de
costos logísticos y administrativos al permitir a los operadores
radioaficionados titulares ya sea de la licencia de radioaficionado CEPT o del
IARP operar temporalmente tanto en los Estados Miembros de la CEPT como en los
Estados partes del IARP sin necesidad de obtener permisos adicionales y sin
tener que pagar derechos, impuestos o tarifas complementarias;
CONSIDERANDO
que la CEPT está autorizada a obligar a sus Estados Miembros a ofrecer a
operadores de radioaficionado de Estados no miembros de la CEPT las mismas
exenciones de licencias y otros requisitos conexos que disfrutan los titulares
de la licencia de radioaficionados CEPT y que ha expresado su interés en
hacerlo en el caso de los titulares del IARP de los Estados partes del Convenio
sobre el IARP que firmen un acuerdo con la CEPT para ese fin;
HAN
ACORDADO LO SIGUIENTE:
ARTÍCULO I
Los
Artículos 5 a 12 del Convenio sobre el IARP se convertirán en los Artículos 6 a 13, respectivamente.
ARTÍCULO II
El
nuevo Artículo 5 del Convenio sobre el IARP estipulará lo siguiente:
Reciprocidad
con los Estados Miembros de la Conferencia Europea de Administraciones de
Correos y Telecomunicaciones
Artículo 5
Los
radioaficionados titulares de una licencia de radioaficionado de un Estado
miembro de la Conferencia Europea de Administraciones de Correos y
Telecomunicaciones (“licencia de radioaficionado CEPT”) que haya aplicado la
Recomendación T/R 61-01 de la Conferencia Europea de Administraciones de
Correos y Telecomunicaciones (“CEPT”) disfrutarán de los mismos derechos y
privilegios que se conceden a los titulares del IARP siempre que la CEPT
otorgue a todos los titulares del IARP los mismos derechos y privilegios de que
disfrutan los titulares de la licencia de radioaficionado CEPT en los Estados
Miembros de la CEPT que han aplicado la Recomendación T/R 61-01. Estos derechos
y privilegios que se conceden con base en el presente artículo se sujetarán a
las condiciones correspondientes establecidas en el Convenio sobre el IARP y en
la Recomendación T/R 61-01, respectivamente.
ARTÍCULO III
Para
propósitos de la aplicación del nuevo Artículo 5 del Convenio sobre el IARP que
se ha expuesto arriba en el Artículo II de este Protocolo, el término
“titulares del IARR” se refiere solamente a los titulares del IARP de los
Estados partes de este Protocolo.
ARTÍCULO IV
Los
Estados partes del Convenio sobre el IARP pueden pasar a ser Estados partes de
este Protocolo mediante:
a. Su
firma no sujeta a ratificación, aceptación o aprobación;
b. Su
firma sujeta a ratificación, aceptación o aprobación, seguida por su
ratificación, aceptación o aprobación;
c.
Adhesión.
La
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión se llevarán a cabo al depositar
el instrumento correspondiente en la Secretaría General de la Organización de
los Estados Americanos, en su calidad de depositaria.
ARTÍCULO V
Cada
Estado podrá establecer reservas respecto a este Protocolo en el momento de su
firma, ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, siempre que cada
reserva se refiera por lo menos a una disposición específica y no sea
incompatible con los objetivos y propósitos del Convenio.
ARTÍCULO VI
Este
Protocolo entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que dos
Estados hayan pasado a ser Partes del mismo. Para el caso de los Estados
restantes, entrará en vigor el trigésimo día a partir de su cumplimiento de las
gestiones descritas en el Artículo IV.
ARTÍCULO VII
El
presente Protocolo tendrá vigencia indefinida, pero se podrá dar por terminado
por acuerdo de los Estados partes. Cualquiera de los Estados partes de este
Protocolo podrá denunciarlo. El instrumento de denuncia se depositará en la
Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Transcurrido
un año contado a partir de la fecha de depósito del instrumento de denuncia, el
Protocolo cesará en sus efectos para el Estado denunciante, pero conservará su
vigencia para los demás Estados partes.
ARTÍCULO VIII
El
instrumento original del presente Protocolo, cuyos textos en español, francés,
inglés y portugués son igualmente auténticos, se depositará en la Secretaría
General de la Organización de los Estados Americanos, la que enviará copia
certificada de su texto para su registro y publicación a la Secretaría de las
Naciones Unidas, de conformidad con el Artículo 102 de su Carta, y a la
Secretaría General de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.
La
Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos notificará a
los Estados partes cuando reciba: las firmas, los depósitos de instrumentos de
ratificación, aceptación, aprobación, adhesión y denuncia y de las reservas que
se formularen.
HECHO
EN Santiago de Chile el día 10 de junio de dos mil tres.
Organización
de los Estados Americanos
Washington,
D. C.
Secretaría
General
CERTIFICACIÓN
Luis
Toro Utillano, Oficial Jurídico Principal del Departamento de Derecho
Internacional de la Secretaría de Asuntos Jurídicos,
CERTIFICA QUE:
1. En
virtud del artículo 112.f de la Carta de la Organización de los Estados
Americanos, la Secretaría General de la Organización sirve de depositaria de
los tratados y acuerdos interamericanos, así como de los instrumentos de
ratificación de los mismos.
2. El
documento adjunto, que consta de dieciséis páginas, es copia fiel y exacta de
los textos auténticos en español del “Protocolo de Modificaciones al Convenio
interamericano sobre el Permiso Internacional de Radioaficionado”, adoptado el
10 de junio 2003 en Santiago, República de Chile. Los textos firmados de dichos
originales se encuentran depositados en la Secretaría General de la
Organización de los Estados Americanos.
Se
expide la presente certificación a solicitud de la Representación Permanente de
Colombia ante la Organización de los Estados Americanos.
Washington,
D. C., 17 de noviembre de 2009.
El
Oficial Jurídico Principal Encargado de Tratados, Departamento de Derecho
Internacional,
Luis
Toro Utillano.
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., 22 de junio de 2010
Autorizado. Sométase a consideración del Honorable Congreso
de la República para los efectos constitucionales.
(Fdo.) ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro de Relaciones Exteriores,
(Fdo.) Jaime Bermúdez Merizalde.
DECRETA:
Artículo
1º. Apruébense el “Convenio Interamericano
sobre Permiso Internacional de Radioaficionado”, adoptado el 8 de junio de 1995
en Montrouis, República de Haití, y el “Protocolo de Modificaciones al Convenio
Interamericano sobre el Permiso Internacional de Radioaficionado”, adoptado el
10 de junio de 2003 en Santiago, República de Chile.
Artículo
2º. De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 1º de la Ley 7ª de 1944, el “Convenio Interamericano sobre Permiso
Internacional de Radioaficionado”, adoptado el 8 de junio de 1995 en Montrouis,
República de Haití, y el “Protocolo de Modificaciones al Convenio
Interamericano sobre el Permiso Internacional de Radioaficionado”, adoptado el
10 de junio de 2003 en Santiago, República de Chile, que por el artículo 1º de
esta Ley se aprueban, obligarán al país a partir de la fecha en que se
perfeccione el vínculo internacional respecto de los mismos.
Artículo
3º. La presente ley rige a partir de la
fecha de su publicación.
Dada
en Bogotá DC, a los 2 días del mes de agosto de 2012
Presentado
al Honorable Congreso de la República por la Ministra de Relaciones Exteriores
y el Ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
La
Ministra de Relaciones Exteriores,
María
Ángela Holguín Cuéllar.
El
Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
Diego
Molano Vega.
III. INTERVENCIONES
3.1. Intervención del Ministerio de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones
3.1.1. El apoderado del Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones solicita a la Corte declarar la exequibilidad
del Convenio y de la ley sometida a revisión. En primer lugar, el interviniente
se refiere a la finalidad de los citados instrumentos, la cual subyace en la
necesidad de facilitar la movilidad de los radioaficionados. Para tal efecto,
pone de presente que cuando un radioaficionado visita otros países y requiere
operar sus estaciones desde dichos lugares, existen tres tipos de
autorizaciones de operación:
“1. El Convenio Interamericano
para el Permiso Internacional de Radioaficio-nado (International Amateur Radio
Permit, IARP), de la Comisión Inter-americana de Telecomunicaciones, CITEL-OEA.
2. La Licencia de la Conferencia
Europea de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones (CEPT).
3. El Permiso recíproco de un país
que no participe en ninguno de estos acuerdos multilaterales. Para operar bajo la
CEPT o el IARP, el radioaficionado debe tener una licencia en uno de los países
considerados por los mismos”[1].
En desarrollo de lo anterior, el Convenio Interamericano
sobre Permiso Internacional de Radioaficionado, sometido a control de
constitucionalidad, surge como un mecanismo adicional que “permite operaciones
temporales de estaciones de aficionados en un Estado Miembro a personas con
licencias IARP por otro Estado Miembro, sin revisiones adicionales. Cualquier
Estado [Parte] puede otorgar permisos a sus ciudadanos para operar en otro
Estado de esta organización”.
En este orden de ideas, se les otorga a los radioaficionados
titulares de licencias CEPT o IARP, la posibilidad de operar temporalmente
tanto en los Estados miembros de la CEPT como en los Estados miembros del IARP,
“sin necesidad de obtener permisos adicionales y sin tener que pagar derechos,
impuestos o tarifas complementarias”. Desde este punto de vista, el apoderado
del Ministerio sostiene que las disposiciones del Convenio no contradicen los
mandatos constitucionales y que, por el contrario, constituyen un desarrollo de
los artículos 9 y 224 del Texto Superior, frente a lo cual destaca el papel que
cumplen los radioaficionados “como soporte a la atención y mitigación de
desastres naturales”.
3.1.2. En segundo término, en lo referente al trámite
legislativo, el interviniente considera que se cumplieron a cabalidad con todas
las exigencias previstas en la Constitución, por lo que tanto el Convenio como
la ley deben ser declarados exequibles.
3.2. Intervención del Senado de la República
3.2.1. La apoderada del Senado de la República
solicita a esta Corporación declarar la exequibilidad del Convenio y de la ley
sometida a revisión. En primer lugar, la interviniente señala que el servicio
de radioaficionado se encuentra regulado en el Decreto 963 de 2009, en el que
se define como “un servicio de radiocomunicación que tiene por objeto la
instrucción individual, la intercomunicación y los estudios técnicos efectuados
por aficionados debidamente autorizados que se interesan en la radio experimentación
con fines exclusivamente personales y sin ánimo de lucro.”
A continuación pone de presente que los artículos 7 y 27 del
mismo Decreto, señalan las condiciones bajo las cuales los radioaficionados
nacionales o extranjeros que tengan una licencia otorgada por un país distinto
de Colombia, y que se encuentran en tránsito, pueden operar el citado servicio.
Para ello, no sólo se exige la existencia de un convenio de reciprocidad, sino
también el registro previo de la licencia ante el Ministerio de Comunicaciones.
Bajo esta perspectiva, se reconoce que el Convenio sometido
a control busca la reducción de costos logísticos y administrativos, ya que
permite a los radioaficionados con licencias expedidas conforme a los citados
instrumentos internacionales, operar en otros Estados miembros de la CITEL y de
la CEPT sin pedir permisos adicionales y sin tener que asumir tarifas o
contribuciones complementarias.
Para la apoderada del Senado de la República, el Convenio
pretende incentivar a un gremio cuya actividad no lucrativa se concentra en
actividades de socialización y en su rol como soporte en la prevención de
desastres naturales. Por esta razón, no encuentra en su contenido ninguna
disposición que resulte contraria al orden constitucional.
3.2.2. En segundo término, en lo referente a los aspectos de
trámite, manifiesta que se cumplieron a cabalidad con los requisitos previstos
en el Texto Superior, en virtud de lo consagrado en el artículo 150, numeral
16, de la Constitución Política.
3.3. Intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores
3.3.1. El Director de Asuntos Jurídicos Internacionales del
Ministerio de Relaciones Exteriores solicita a la Corte declarar la
exequibilidad del Convenio y de la ley sometida a revisión. En lo referente al
contenido del citado instrumento internacional, se reitera que su finalidad es
la de “autorizar operaciones temporales de estaciones de radioaficionados a
personas licenciadas con Permiso Internacional de Radioaficionados “IARP”, en
uno de los Estados Partes, sin precisar exámenes o requisitos adicionales”.
Con este propósito, el Convenio determina (i) las
condiciones específicas para reconocer el IARP; (ii) establece las
restricciones para imponer tasas o impuestos; (iii) dispone la imposibilidad de
alterar las reglamentaciones aduaneras sobre transporte de equipos de radio;
(iv) fija una fecha precisa de expiración o de vigencia del permiso; y
finalmente, (v) señala los términos de declinación, suspensión o cancelación
del mismo.
Por lo demás, el Protocolo de Modificaciones pretende que
los radioaficionados titulares de una licencia de un Estado miembro de la
Conferencia Europea de Administraciones de Correo y Telecomunicaciones (CEPT),
que haya ejecutado o aplicado la Recomendación T/R 61-01 de la citada
Conferencia, “dispongan de los mismos derechos y privilegios que se conceden a
los titulares del Permiso Internacional de Radioaficionado IARP, siempre que la
Conferencia otorgue a todos los titulares de ese permiso los mismos derechos y
privilegios de que disponen los titulares de la licencia CEPT en los Estados
miembros que han aplicado la citada Recomendación T/R 61-01”.
De lo expuesto, el interviniente concluye que no existe en
el contenido del Convenio ningún aspecto que resulte contrario al orden
constitucional, por lo que solicita que se declare su exequibilidad.
3.3.2. En lo referente a los aspectos de forma, el
Ministerio señala que se cumplieron a cabalidad con las exigencias
procedimentales previstas en la Constitución y que, en virtud de lo señalado en
los artículos 15 y 16 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los
Tratados, no era necesaria la expedición de plenos poderes, pues el
consentimiento del Estado colombiano tan sólo se producirá a través de la figura
de la adhesión, con posterioridad al control de constitucionalidad que se
adelanta por parte de esta Corte.
3.4. Intervención de la Universidad de Nariño
3.4.1. El Director de Consultorios Jurídicos y Centro de
Conciliación de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad
de Nariño pidió a la Corte la declaratoria de exequibilidad de los instrumentos
sometidos a control. En primer término, se afirma que la Ley 1570 de 2012
constituye un desarrollo de la Ley 94 de 1993, a través de la cual se fomenta la ampliación de la radio experimentación y las
radiocomunicaciones en Colombia. De ahí que, en criterio del interviniente, se
trata de preceptos legales que contribuyen a la realización de la libertad de
expresión (CP art. 20), de la libertad de escoger profesión u oficio (CP art.
26) y del derecho a la recreación (CP. art. 52).
3.4.2. Para el interviniente, la Ley 1570 de 2012 desarrolla
el artículo 75 de la Constitución Política, en cuanto “garantiza el acceso al
uso de la franja del espacio alrededor de la tierra, a través de la cual se
desplazan las ondas radioeléctricas que portan mensajes sonoros o visuales, en
igualdad de condiciones para los asociados de la aprobación del Convenio Interamericano
sobre Permiso Internacional de Radioaficionados”. Por esta razón, sostiene que
tanto el Convenio, como su Protocolo de Modificaciones y la ley que los
aprueba, se ajustan en su totalidad al orden constitucional, en cuanto su
propósito es permitir el uso temporal del espectro electromagnético, con la
idea de facilitar la universalización de la recreación, la cultura y la
educación.
IV. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
4.1. El Procurador General de la Nación solicita a la Corte
declarar la exequibilidad del Convenio y de la ley sometida a control. Para
comenzar, la Vista Fiscal hace un recuento del procedimiento legislativo que se
surtió para la aprobación de la Ley 1570 de 2012, luego de lo cual concluye
que: “no advierte la existencia de vicio alguno”.
4.2. Con posterioridad, en lo referente al contenido del
Convenio y del Protocolo de Modificaciones, luego de referirse a su alcance en
los mismos términos previamente expuestos por los distintos intervinientes, el
Ministerio Público manifestó que estos instrumentos desarrollan las reglas establecidas
en los artículos 9, 224 y 226 de la Constitución, sobre internacionalización de
las relaciones del Estado colombiano. En su opinión, este tipo de medidas en el
sector de las telecomunicaciones son de gran utilidad, “pues comprenden a las
personas residentes en uno o más Estados Partes, y configura una manifestación
del principio de reciprocidad e igualdad”.
En conclusión, en criterio de la Vista Fiscal, los textos
sometidos a control se ajustan al ordenamiento superior y deben ser declarados
exequibles por esta Corporación, pues no presentan ningún tipo de vicio que los
invalide.
V. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
5.1. Competencia
Esta Corporación es competente para efectuar la revisión
constitucional del “Convenio Interamericano sobre Permiso Internacional de
Radioaficionado, adoptado el 8 de junio de 1995 en Montrouis, República de
Haití, y el Protocolo de Modificaciones al Convenio Interamericano sobre el
Permiso Internacional de Radioaficionado, adoptado el 10 de junio de
2003 en Santiago, República de Chile” y de la ley que los aprueba, de
conformidad con lo previsto en el artículo 241, numeral 10, de la Constitución
Política[2].
5.2. Generalidades sobre el control de
constitucionalidad de los tratados internacionales y de las leyes que los
aprueban
5.2.1. Como previamente se señaló, el numeral 10 del
artículo 241 del Texto Superior, le asigna a la Corte el examen de
constitucionalidad de los tratados internacionales y de sus leyes aprobatorias.
Conforme a la jurisprudencia reiterada de esta Corporación, este control se
caracteriza por: (i) ser previo al perfeccionamiento del tratado, pero
posterior a la aprobación de la ley en el Congreso y a su sanción
gubernamental; (ii) ser automático, ya que la ley aprobatoria debe ser enviada
directamente por el Presidente de la República o por el funcionario que él
designe dentro de los seis días siguientes al acto de sanción; (iii) ser
integral, en la medida en que este Tribunal debe examinar tanto los aspectos
formales como materiales de la ley y del tratado, por lo que se exige su
confrontación frente a la integridad del texto constitucional; (iv) ser
habilitante, en cuanto constituye un requisito sine qua non para que el
Estado colombiano se obligue internacionalmente frente al respectivo tratado; y
finalmente, (v) ser preventivo, pues su objetivo es detectar de forma
anticipada a la vigencia del tratado, los eventuales quebrantamientos que se
presenten frente a la preceptiva superior[3].
5.2.2. En cuanto al control de eventuales vicios de
procedimiento, la Corte debe examinar la validez de la representación del
Estado colombiano en el proceso de celebración, negociación y adopción del
tratado, así como el cumplimiento de las reglas relativas al trámite
legislativo durante el estudio y aprobación del correspondiente proyecto de ley
en el Congreso de la República.
En lo referente a las atribuciones de este último, esta
Corporación ha señalado que en virtud de lo previsto en los artículos 150.16 de
la Constitución Política y 217 de la Ley 5ª de 1992, el legislador no puede
formular enmiendas frente al contenido del tratado, pues su función consiste en
aprobarlo o improbarlo sin fraccionar su aceptación[4].
Más allá de que, por regla general, en lo que respecta a los tratados
multilaterales, sea posible introducir reservas o declaraciones
interpretativas, que no afecten el objetivo y fin del tratado y siempre que no
se encuentren expresamente prohibidas[5].
5.2.3. En lo que respecta al control de eventuales
vicios de fondo o de contenido material, la labor de la Corte consiste en
examinar las disposiciones del tratado y de su ley aprobatoria frente a la
totalidad de los preceptos consagrados en la Constitución, con el propósito de
garantizar la supremacía del texto fundamental, en los términos previstos en el
4° de la Carta Política.
5.2.4. De acuerdo con lo anterior, esta Corporación
procederá a la revisión formal y de fondo del Convenio Interamericano sobre
Permiso Internacional de Radioaficionado y su Protocolo de Modificaciones, así
como frente a la ley que los aprueba.
5.3. Revisión formal
5.3.1. Competencia del funcionario que suscribió el
Convenio y el Protocolo de Modificaciones
La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha
señalado que en el examen de constitucionalidad de los tratados, es deber de
esta Corporación revisar la competencia del funcionario que participó en el
proceso de negociación y adopción del instrumento internacional sometido a
control. Para tal efecto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 406 de
1997, aprobatoria de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados,
este Tribunal siempre verifica los plenos poderes de quien suscribe uno de tales
instrumentos en representación del Estado colombiano[6].
Sin embargo, cuando el compromiso internacional se
contrae mediante la adhesión posterior a un tratado y siempre que el Congreso
lo haya aprobado a través de una ley, como lo exigen los artículos 150.16 y 224
del Texto Superior, la Corte ha entendido que no es posible examinar las
facultades del ejecutivo para suscribir dicho instrumento internacional, toda
vez que la firma o suscripción frente a su texto todavía no se ha producido al
momento en que se ejerce el control de constitucionalidad[7].
Así las cosas, por sustracción de materia, no puede este Tribunal verificar la
competencia de una autoridad, pues la aquiescencia frente al tratado tan sólo
se producirá una vez se confronte que su contenido no viola la Constitución
Política.
La doctrina sobre la materia ha sido expuesta por la
Corte en los siguientes términos:
“[El] control de
constitucionalidad de los tratados incluye necesariamente la comprobación sobre
los poderes del firmante en cuanto se trate de convenios en cuya negociación y
firma hubiese participado Colombia, mas por sustracción de materia no puede
tener lugar en los casos en que, no habiendo tomado parte el Estado colombiano,
éste se dispone a manifestar su consentimiento ante el Derecho Internacional
mediante la adhesión posterior a un tratado multilateral.”[8]
En este mismo sentido, se ha dicho que:
“Con base en los documentos
allegados al expediente, se pudo determinar que el Presidente de la República,
Dr. Andrés Pastrana Arango, en su calidad de Jefe de Estado, dio la aprobación
ejecutiva al Convenio y al Protocolo de Enmienda objeto de estudio y ordenó
someterlos al respectivo trámite legislativo ante el Congreso de la República,
el 21 de julio del año 1999, con el fin de dar inicio al trámite de aprobación
interna para la adhesión a dichos instrumentos internacionales, toda vez que el
Estado colombiano no participó en la etapa de negociación de los mismos, ni en
su suscripción. Por esta razón, la Corte no procederá a realizar un
pronunciamiento sobre la representación del Estado colombiano en la negociación
y celebración del respectivo acuerdo, así como sobre la competencia de los
funcionarios que intervinieron.
Sin embargo, debe mencionarse que
en el Convenio Internacional que ocupa la atención de la Corte, en los
artículos 12 (nums. 2 y 3) y 13 (num.1) da cuenta de la posibilidad de que los
Estados puedan obligarse a través del mismo manifestando su consentimiento
mediante la respectiva adhesión, de conformidad con las normas y principios del
derecho internacional establecidas en la Convención de Viena de 1969 (arts. 11
y 15) sobre el Derecho de los Tratados entre Estados, lo que se encuentra
conforme con nuestra Carta Política (art. 9o.)”[9].
En el presente caso, como se observa a folios 245 a 248 del cuaderno principal, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que tanto el
Convenio como el Protocolo de Modificaciones no fueron suscritos ni adoptados
por el Estado colombiano, por lo que “sólo es posible adherir a los mismos, de
conformidad con lo previsto en los artículos 7 y IV” de los citados
instrumentos internacionales[10]. En desarrollo de lo
anterior, se expuso que no era necesaria la expedición de plenos poderes, pues
el trámite a realizar será el de la adhesión, una vez dichos instrumentos
internacionales superen el control de constitucionalidad, en concordancia con
lo dispuesto en los artículos 15 y 16 de la Convención de Viena sobre el
Derecho de los Tratados[11].
Por esta razón, se advierte que “una vez se surta el
trámite de aprobación interna de los instrumentos internacionales en comento,
se procederá a expedir los instrumentos de adhesión para su correspondiente
depósito en la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA)”,
por lo que tan sólo entrarán en vigor treinta (30) días después de efectuado el
respectivo depósito.
Con fundamento en lo expuesto, es claro que no puede la
Corte verificar la competencia del funcionario que intervino en el proceso de
negociación y adopción del Convenio y del Protocolo de Modificaciones sometidos
a control, debido a que el Estado colombiano no hizo parte de dichas etapas y su
aquiescencia frente a estos instrumento tan sólo se llevará a cabo una vez se
supere el examen de constitucionalidad que en esta providencia se adelanta, a
través de la figura de adhesión. Así las cosas, no se requiere del examen de
este requisitos por sustracción de materia, en los términos previstos por la
jurisprudencia reiterada de esta Corporación.
5.3.2. Aprobación presidencial
El 22 de junio de 2010, el Presidente de la República impartió
la respectiva aprobación ejecutiva tanto al Convenio como a su Protocolo
Modificatorio y, a su vez, ordenó someterlos al conocimiento y trámite del
Congreso de la República, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 189,
numeral 2°, de la Constitución Política[12]. Este decreto también fue
suscrito por el entonces Ministro de Relaciones Exteriores, Jaime Bermúdez
Merizalde[13].
5.3.3. Trámite del Proyecto de Ley No. 114 de 2011
Senado de la República, 172 de 2011 Cámara de Representantes
A continuación esta Corporación adelantará el juicio
de constitucionalidad del trámite de aprobación adelantado por parte del
Congreso de la República frente al “Convenio Interamericano sobre Permiso
Internacional de Radioaficionado, adoptado el 8 de junio de 1995 en Montrouis,
República de Haití, y el Protocolo de Modificaciones al Convenio Interamericano
sobre el Permiso Internacional de Radioaficionado, adoptado el 10 de
junio de 2003 en Santiago, República de Chile”.
Inicialmente, la Corte debe aclarar que, en el proceso
de formación de las leyes aprobatorias de tratados, salvo por la exigencia de
iniciar su trámite en el Senado de la República (CP art. 154), la Constitución
Política no establece un procedimiento especial distinto al de expedición de
las leyes ordinarias, regulado por los artículos 157 a 165 del Texto Superior. De igual manera, el reglamento interno del Congreso tampoco prevé
reglas especiales sobre la materia, salvo la contenida en el artículo 217 de la
Ley 5ª de 1992, previamente transcrita.
El trámite del mencionado proyecto fue el siguiente:
(i) El Proyecto de Ley No. 114 de 2011 fue
presentado al Senado de la República por el Gobierno Nacional, a través de la
Ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín Cuéllar y el Ministro de
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Diego Molano Vega, el
día 7 de septiembre de 2011[14].
El texto original y la respectiva exposición de motivos fueron publicados en la
Gaceta del Congreso No. 666 del 7 de septiembre de 2011 (páginas 12 a 19)[15].
Como consecuencia de las actuaciones descritas, encuentra
la Corte que se cumplieron con los requisitos de iniciación del trámite en el
Senado de la República (CP art. 154) y de publicación previa del proyecto antes
de darle curso en la comisión respectiva, en acatamiento de lo previsto en el
artículo 157 del Texto Superior, conforme al cual: “Ningún proyecto será ley
sin los requisitos siguientes: 1) Haber sido publicado oficialmente por el
Congreso, antes de darle curso en la comisión respectiva”.
(ii) En atención al contenido del articulado, la
iniciativa fue remitida a la Comisión Segunda Constitucional Permanente del
Senado de la República[16]. La ponencia para primer
debate fue presentada por el Congresista Guillermo García Realpe y publicada en
la Gaceta del Congreso No. 860 del 17 de noviembre de 2011[17]. En este orden de ideas, se dio
cumplimiento al artículo 156 de la Ley 5ª de 1992, en armonía con lo previsto
en los artículos 142 y 160 de la Constitución Política, los cuales exigen dar
primer debate a los proyectos de ley en comisiones y publicar el informe de
ponencia en la Gaceta del Congreso[18].
(iii) En lo que tiene que ver con el anuncio
previo del proyecto, éste se realizó en la sesión del 22 de noviembre de 2011,
según consta en el Acta No. 12 de esa fecha, la cual aparece publicada en la
Gaceta del Congreso No. 154 de abril 17 de 2012[19].
En relación con el contenido del anuncio, según se observa en la referida acta,
se utilizó la siguiente fórmula: “Por instrucciones de la Presidencia de la
Comisión Segunda del Senado de la República, anuncio de discusión y votación de
proyectos de ley para la próxima sesión (artículo 8º del Acto Legislativo
número 01 de 2003): (…) 7. Proyecto de Ley número 114 de 2011 Senado, por medio
de la cual se aprueba el ‘Convenio Interamericano sobre Permiso Internacional
de Radioaficionado’, aprobado el 8 de junio de 1995 en Montrouis, República de
Haití y el ‘Protocolo de Modificaciones al Convenio Interamericano sobre el
Permiso Internacional de Radioaficionado’, adoptado el 10 de junio de 2003, en
Santiago de Chile, República de Chile”.
No sobra recordar que de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 8° del Acto Legislativo No. 01 de 2003, “ningún proyecto de ley
será sometido a votación en sesión diferente a aquella que previamente se haya
anunciado. El aviso de que un proyecto será sometido a votación lo dará la
presidencia de cada Cámara o Comisión en sesión distinta a aquella en la cual
se realizará la votación”. Esto significa que, como reiteradamente lo ha
expuesto la Corte, (i) la votación de todo proyecto de ley debe ser anunciada;
(ii) dicho anuncio debe darlo la presidencia de cada Cámara o Comisión en una
sesión distinta y anterior a aquella en la cual se realizará la votación; (iii)
la fecha de esa sesión posterior para la votación ha de ser cierta, determinada
o, por lo menos, determinable[20];
y (iv) no puede votarse un proyecto de ley en una sesión diferente a la
anunciada previamente.
En este orden de ideas, este Tribunal ha señalado que
la finalidad del artículo 8° del Acto Legislativo No. 01 de 2003 es permitir a
los congresistas y a la comunidad en general saber con anterioridad cuáles
proyectos de ley serán sometidos a votación, suponiendo el conocimiento de los
mismos y evitando, por ende, que sean sorprendidos con votaciones intempestivas[21]. De manera
que si la votación tiene lugar en sesión distinta a aquella en la que se ha
anunciado, los congresistas resultarían sorprendidos con el sometimiento a
decisión de un proyecto para el cual no estaban en principio preparados.
Para lograr dicho objetivo, esta Corporación ha establecido
que se cumple con la citada exigencia constitucional, cuando en una sesión
inicial se ordena la lectura y se deja constancia de los proyectos que
serán discutidos y votados en una sesión diferente, siempre y
cuando se convoque para su aprobación en una fecha futura prefijada, la cual
resulte al menos determinable[22].
Al respecto, en Auto 089 de 2005, se expuso que:
“La Corte ha establecido que esta
disposición requiere para su cumplimiento que en una sesión anterior se
anuncien los proyectos que serán discutidos y votados en una sesión
posterior, siempre y cuando se convoque para su aprobación en una fecha
futura prefijada y determinada, o por lo menos, determinable. La
exigencia constitucional apunta al efectivo conocimiento previo de los
proyectos que serán objeto de decisión, por lo que, si por razones del
desarrollo del debate legislativo, la votación del proyecto no tiene lugar el
día inicialmente fijado, no se incurre inexorablemente en una vulneración
a la Carta Fundamental, si existen elementos que permitan prever con claridad
cuando se realizará la votación”[23].
En este sentido, en la Sentencia C-473 de 2005, se
acogió la posibilidad de utilizar como expresión para acreditar el cumplimiento
del requisito del anuncio previo, la frase: “en la próxima sesión”, pues
se trata de una fecha que resulta determinable teniendo en cuenta las
disposiciones del Reglamento del Congreso que expresamente determinan en qué
días se surte de ordinario la votación de proyectos de ley tanto en comisión
como en plenaria[24].
En dicha providencia, se manifestó que:
“En cuanto a los aspectos
específicos del contexto, resalta la Corte que en ninguna de las etapas de la
formación de este proyecto se interrumpió la secuencia de anuncios y
citaciones, cuando se postergó la consideración del proyecto. Siempre, al
terminarse la sesión en la cual se ha debido discutir y votar el proyecto sin
que se hubiere alcanzado a agotar el orden del día, el Presidente,
directamente, o el Secretario correspondiente, por autorización de éste, (i)
anunció que el proyecto de ley sería considerado en la próxima sesión,
(ii) especificó el número y el nombre del proyecto de ley correspondiente al
mecanismo de búsqueda urgente, y (iii) puntualizó que la consideración de
dicho proyecto se haría en la próxima sesión, no en una fecha
indeterminada e indeterminable. Por lo tanto, tanto para los congresistas de la
correspondiente célula legislativa, como para los ciudadanos que tenían interés
en influir en la formación de esta ley, la fecha en que se haría la votación
era claramente determinable y futura, lo cual asegura que los fines de este
requisito constitucional se cumplieron a cabalidad”[25]. (Subrayado por fuera
del texto original).
Para esta Corporación, en el asunto bajo examen, el
anuncio se hizo en términos claros y explícitos, a través del señalamiento de
una fecha que resulta cierta y determinable (la próxima sesión), como lo
ha admitido reiteradamente la jurisprudencia constitucional. Esto permitió que
sus destinatarios (los miembros de la Comisión Segunda del Senado de la
República) se enteraran de manera precisa sobre el objeto de tal anuncio, con
el propósito de evitar ser sorprendidos con votaciones intempestivas.
(iv) A continuación, en cumplimiento de lo
anunciado, se produjo el debate y la aprobación de este proyecto en la
siguiente sesión, esto es, el 29 de noviembre de 2011, con la participación y
voto favorable de 11 de los 13 parlamentarios que integran la Comisión Segunda Constitucional
Permanente del Senado de la República, tal y como consta en el Acta No. 13
de la misma fecha de sesión, correspondiente a la Gaceta del Congreso No. 156
del 17 de abril de 2012[26].
Este mismo resultado fue certificado por el Secretario de la citada Comisión,
en oficio remitido a esta Corporación el 7 de septiembre de 2012[27].
En virtud de lo previsto en el artículo 133 de la
Constitución Política, se acogió el sistema de votación ordinaria como
excepción prevista por el legislador a la votación pública y nominal, según lo
dispuesto en el numeral 16 del artículo 1° de la Ley 1431 de 2011[28],
el cual señala que: “Votación Ordinaria. Se utilizará para los casos
señalados en este artículo y se efectúa dando los Congresistas, con la mano, un
golpe sobre el pupitre. El Secretario informará sobre el resultado de la
votación, y si no se pidiere en el acto la verificación, se tendrá por exacto
el informe. (…) Teniendo en cuenta el principio de celeridad de los
procedimientos, de que trata el artículo 3o de este reglamento, se establecen las
siguientes excepciones al voto nominal y público de los congresistas, según
facultad otorgada en el artículo 133 de la Constitución Política, tal como
fue modificado por el artículo 5o del Acto Legislativo 1 de 2009 y cuyas
decisiones se podrán adoptar por el modo de votación ordinaria antes descrito:
(…) 16. Tampoco se requerirá votación nominal y pública cuando en el trámite de
un proyecto de ley exista unanimidad por parte de la respectiva comisión o
plenaria para aprobar o negar todo o parte del articulado de un proyecto, a
menos que esa forma de votación sea solicitada por alguno de sus miembros. Si
la unanimidad no abarca la totalidad del articulado se someterán a votación
nominal y pública las diferentes proposiciones sobre los artículos respecto de
los cuales existan discrepancias.”
Como se observa en la Gaceta del Congreso No. 156 de
2012 y se certificó por el Secretario de la Comisión Segunda del Senado de la
República, el Proyecto de Ley No. 114 de 2011 fue aprobado por unanimidad de
los asistentes (11 de 13), sin discrepancias y sin que se haya solicitado por
algún congresista la votación pública y nominal. En este sentido, la Corte
encuentra que se cumplieron a cabalidad con los requisitos referentes al
anuncio previo (CP art. 160), al quórum (CP arts. 145 y 146) y a las
modalidades de votación permitidas por el Texto Superior (CP art. 133).
(v) Posteriormente, el trámite adelantado en la
Plenaria del Senado de la República fue el siguiente:
(vi) La ponencia para
segundo debate en el Senado de la República fue presentada por el Senador
Guillermo García Realpe y publicada en la
Gaceta del Congreso No. 948 del 7 de diciembre de 2011[29]. El anuncio previo del proyecto tuvo lugar durante la
sesión de diciembre 12 de 2011, según consta en el Acta No. 27 de esa misma
fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 39 de febrero 16 de 2012[30].
En esta última acta también
se observa que este anuncio se hizo en términos claros y explícitos, a través del señalamiento de una fecha que
resulta cierta y determinable. Expresamente se señaló que: “Por
instrucciones de la Presidencia y de conformidad con el Acto Legislativo 01 de
2003, por Secretaría se anuncian los proyectos que se discutirán y aprobarán en
la próxima sesión. // Sí señor Presidente, proyectos para discutir y votar en
la próxima sesión plenaria del Senado de la República (…) Proyectos con
ponencia para segundo debate: (…) Proyecto de Ley número 114 de 2011 Senado,
por medio de la cual se aprueba el ‘Convenio Interamericano sobre Permiso
Internacional de Radioaficionado’, adoptado el 8 de junio de 1995 en Montrouis,
República de Haití, y el ‘Protocolo de Modificaciones al Convenio
Interamericano sobre el Permiso Internacional de Radioaficionado’, adoptado el
10 de junio de 2003 en Santiago de Chile, República de Chile”.
Según lo certificó el
Secretario General del Senado, este proyecto fue discutido y aprobado en segundo
debate en la sesión plenaria realizada el 13 de diciembre de 2011, mediante
votación ordinaria (unánime y sin discrepancias) de 97 de los 100 senadores que
actualmente conforman esa cámara legislativa[31]. Esta información también puede corroborarse en el Acta No. 28
de la misma fecha de sesión, visible en la Gaceta del Congreso No. 45 del 2 de
marzo de 2012[32].
En consecuencia, como se infiere de lo expuesto, no
sólo se cumplieron con los requisitos de anuncio previo (CP art. 160), quórum
(CP arts. 145 y 146) y modalidades de votación permitidas por el Texto Superior
(CP art. 133), sino también con el término de ocho (8) días que debe mediar
entre la aprobación de un proyecto de ley en la comisión constitucional
respectiva y en la plenaria correspondiente (CP art. 160). En efecto, en el
presente caso, la votación en primer debate tuvo lugar el día 29 de noviembre de
2011, mientras que en segundo debate se llevó a cabo el 13 de diciembre del
mismo año. Finalmente, el texto definitivo aprobado por la plenaria del Senado de
la República fue publicado en la Gaceta del Congreso No. 987 del 21 de
diciembre de 2011[33].
(vii) A continuación, se surtió el siguiente
trámite en la Cámara de Representantes:
(viii) El proyecto se identificó con el número
172 de 2011 y se asignó su conocimiento a la Comisión Segunda Constitucional
Permanente de la citada cámara legislativa[34].
En seguida, se presentó la ponencia para primer debate por parte del
Representante José Ignacio Mesa Betancur, siendo publicada en la Gaceta del
Congreso No. 131 de marzo 30 de 2012[35]. De acuerdo con lo
expuesto, se da cumplimiento al artículo 156 de la Ley 5ª de 1992, en armonía
con lo previsto en los artículos 142 y 160 de la Constitución Política, los
cuales exigen dar primer debate a los proyectos de ley en Comisiones y publicar
el informe de ponencia en la Gaceta del Congreso[36].
En lo que se refiere al anuncio previo, el mismo tuvo
lugar el día 18 de abril de 2012, según consta en el Acta No. 19, la cual fue
publicada en la Gaceta del Congreso No. 275 de mayo 25 de 2012[37].
En cuanto a su contenido, se utilizó la siguiente fórmula: “Sí señor
Presidente, con mucho gusto. Anuncio de Proyectos de ley para discusión y
aprobación en Primer Debate, artículo 8º del Acto Legislativo número 01 de
2003, para aprobación la próxima sesión de Comisión, donde se discutan y
aprueben proyectos de ley: (…) Proyecto de Ley 172 de 2011 Cámara, 114 de 2011
Senado, por medio de la cual se aprueba el Convenio Interamericano sobre
Permiso Internacional de Radioaficionado, adoptado el 8 de junio de 1995 en
Montrouis, República de Haití y el Protocolo de Modificaciones al Convenio
Interamericano sobre el Permiso Internacional de Radioaficionado, adoptado el
10 de junio de 2003, en Santiago de Chile, República de Chile”.
Se trata de un anuncio que satisface las exigencias
previstas en el artículo 8 del Acto Legislativo No. 01 de 2003, previamente
señaladas, pues se fija una fecha que resulta cierta y determinable para llevar
a cabo el acto de votación.
(ix) Con ocasión del anuncio, se produjo el
debate y la aprobación de este proyecto en la siguiente sesión, esto es, el 24
de abril de 2012, con la participación y voto favorable de 17 de los 18
parlamentarios que integran la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes,
tal y como consta en el Acta No. 20 de la misma fecha de sesión,
correspondiente a la Gaceta del Congreso No. 275 del 25 de mayo de 2012[38]. Este mismo
resultado fue certificado por el Secretario de la citada Comisión, en oficio
remitido a esta Corporación el 13 de septiembre de 2012[39].
En virtud de lo previsto en el artículo 133 de la
Constitución Política, se acogió el sistema de votación ordinaria como
excepción prevista por el legislador a la votación pública y nominal, según lo
dispuesto en el numeral 16 del artículo 1° de la Ley 1431 de 2011[40], previamente
citado. En dicha disposición se permite excepcionalmente la votación ordinaria
frente a iniciativas legislativas, cuando existe unanimidad de sus miembros en
relación con el articulado propuesto, no se presentan discrepancias y no se
hace uso del derecho de solicitar votación pública y nominal por parte de algún
congresista.
Como se observa en la Gaceta del Congreso No. 275 de
2012 y se certificó por el Secretario de la Comisión Segunda de la Cámara de
Representantes, el Proyecto de Ley No. 172 de 2011 fue aprobado por unanimidad
de los asistentes (17 de 18), sin oposición en su contenido y sin que se haya
solicitado votación pública y nominal. En este sentido, la Corte encuentra que
se cumplieron a cabalidad con los requisitos referentes al anuncio previo (CP
art. 160), al quórum (CP arts. 145 y 146) y a las modalidades de votación
permitidas por el Texto Superior (CP art. 133).
(x) Del recuento del trámite surtido en la
Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes,
también se infiere el cumplimiento del requisito previsto en el inciso 1° del
artículo 160 del Texto Superior, conforme al cual: “entre la aprobación del
proyecto en una de las cámaras y la iniciación del debate en la otra, deberá
transcurrir por lo menos quince días”. En el presente caso, se observa que
la aprobación en la plenaria del Senado de la República se llevó a cabo el 13
de diciembre de 2011, mientras que la discusión y aprobación de esta iniciativa
en la citada Comisión Segunda de la Cámara tuvo lugar hasta el 24 de abril
2012.
(xi) A su turno, en la Plenaria de la Cámara de
Representantes se surtió el siguiente trámite:
(xii) La ponencia para segundo debate en la
citada célula legislativa fue presentada por el mismo Representante José
Ignacio Mesa Betancur y fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 330 de junio
8 de 2012[41].
En relación con el anuncio previo, éste se produjo en la sesión del 12 de junio
de 2012, conforme consta en el Acta No. 130 de esa misma fecha de sesión, la
cual fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 541 de agosto 23 de 2012[42].
En cuanto a su contenido, se acogió la siguiente fórmula: “Señor Presidente,
se anuncian los siguientes proyectos para la sesión plenaria del día de mañana,
junio 13 del 2012 o para la siguiente sesión plenaria en la cual se debatan
proyectos de ley o actos legislativos, de acuerdo al Acto Legislativo 01 de
julio 3 del 2003, en su artículo 8: (…) Proyecto de ley número 172 de 2011
Cámara, 114 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el ‘Convenio
Interamericano sobre Permiso Internacional de Radioaficionado’, adoptado el 8 de
junio de 1995 en Montrouis, República de Haití, y el ‘Protocolo de
Modificaciones al Convenio Interamericano sobre el Permiso Internacional de
Radioaficionado’, adoptado el 10 de junio de 2003 en Santiago de chile,
República de Chile”
Como ya se ha dicho, y lo ha reconocido de forma
reiterada esta Corporación, el uso de la expresión: “la siguiente sesión
plenaria”, satisface los requisitos de claridad, certeza y determinación
que se establecen en el artículo 8 del Acto Legislativo No. 01 de 2003.
De conformidad con la certificación expedida el 11 de
septiembre de 2012 por la Secretaria General (E) de la Cámara de
Representantes, el proyecto de ley fue considerado y aprobado en plenaria con
una votación unánime de 158 votos a favor el día 13 de junio de 2012[43]. Lo anterior,
según consta en el Acta de Plenaria No. 131 de la misma fecha de sesión, la
cual se encuentra publicada en la Gaceta del Congreso No. 678 del 9 de octubre
de 2012[44].
Como se deriva de la citada Gaceta y de la
certificación previamente señalada, el Proyecto de Ley No. 172 de 2011 fue
aprobado por unanimidad de los asistentes (158 parlamentarios), a través del
sistema de votación ordinaria en virtud de lo previsto en el numeral 16 del
artículo 1° de la Ley 1431 de 2011, sin oposición en su contenido y sin que se
haya solicitado votación pública y nominal. En este sentido, como se infiere de
lo expuesto, la Corte encuentra que se cumplieron a cabalidad con los
requisitos referentes al anuncio previo (CP art. 160), al quórum (CP arts. 145
y 146) y a las modalidades de votación permitidas por el Texto Superior (CP
art. 133).
(xiii) De igual manera, también se encuentra
acreditado el requisito referente al término de ocho (8) días que debe mediar
entre la aprobación de un proyecto de ley en la comisión constitucional
respectiva y en la plenaria correspondiente (CP art. 160). En efecto, en el
asunto bajo examen, la votación en primer debate tuvo lugar el día 24 de abril
de 2012, mientras que en segundo debate se llevó a cabo el 13 de junio del
mismo año. Finalmente, el texto definitivo aprobado por la plenaria de la
Cámara de Representantes fue publicado en la Gaceta del Congreso No. 422 del 16
de julio de 2012[45].
5.3.4. Sanción Presidencial
Enviado al Presidente de la República el Proyecto de
Ley No. 114 de 2011 Senado, 172 de 2011 Cámara de Representantes, éste lo
sancionó el día 2 de agosto de 2012, como la Ley 1570 de dicho año[46].
5.3.5. Remisión a la Corte Constitucional
La Presidencia de esta Corporación
recibió el texto de la Ley 1570 de 2012 junto con el Convenio y el Protocolo de
Modificaciones que ella aprueba, el tres de agosto de 2012[47], es decir, en el término de los seis días
que prevé el numeral 10° del artículo 241 de la Constitución Política
5.3.6. Conclusión
Del recuento realizado por la Corte, se concluye que
el Proyecto de Ley No. 114 de 2011 Senado, 172 de 2011 Cámara de Representantes
cumplió de manera satisfactoria con la totalidad de los requisitos y exigencias
previstas en la Constitución y en el reglamento del Congreso para una
iniciativa de esta naturaleza, pues, como ya se dijo: (i) comenzó su tránsito
en el Senado de la República (CP art. 154); (ii) fue publicado previamente al
inicio del proceso legislativo (CP art. 157.1); (iii) las ponencias –tanto en
comisiones como en plenarias– fueron divulgadas antes de dar curso a los
respectivos debates (CP art. 160.4); (iv) se verificó el cumplimiento del
requisito del anuncio previo, en los términos expuestos por la jurisprudencia
de esta Corporación (CP art. 160.5); (v) fue aprobado tanto en primer como en
segundo debate en cada una de las cámaras que integran el órgano legislativo,
con el quórum y las mayorías exigidas (CP arts. 145 y 146); (iv) entre el
primero y segundo debate realizado en cada cámara, así como entre la aprobación
del proyecto en la plenaria del Senado y la iniciación del trámite en la Cámara
de Representantes transcurrieron los plazos mínimos previstos en la
Constitución (CP art. 160.1); (v) su aprobación no superó el término de dos
legislaturas, tal y como se dispone en el artículo 162 del Texto Superior; (vi)
fue sancionado por el Presidente de la República una vez concluido el trámite
legislativo; y finalmente, (vii) fue enviado para su revisión a esta
Corporación dentro de los seis (6) días siguientes a su sanción.
En consecuencia, como se deriva de lo expuesto, la Ley
1570 de 2012 debe ser declarada exequible, en lo que se refiere a su examen de
forma.
5.4. Revisión material
5.4.1. Contenido del Convenio
Interamericano sobre Permiso Interna-cional de Radioaficionado
El Convenio Interamericano sobre
Permiso Internacional de Radioaficionado, analizado en esta ocasión, es un
acuerdo internacional de doce artículos y un anexo, dirigido a fortalecer el
proceso de integración de las naciones del continente americano, acorde con los
objetivos previstos en la Carta de la Organización de los Estados Americanos
(OEA), las disposiciones del Estatuto de la Comisión Interamericana de
Telecomunicaciones (CITEL) y las disposiciones del Reglamento de
Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.
La finalidad primordial del Convenio,
en desarrollo de lo expuesto, radica en estimular los objetivos del servicio de
radioaficionado en el ámbito de los Estados miembros de la CITEL, a través del
reconocimiento a los ciudadanos de un Estado miembro que tengan autorización
para ejercer el citado servicio en su país de la posibilidad de acceder
temporalmente al mismo en el territorio de otro Estado miembro. Para tal
efecto, se autoriza la creación y expedición de un permiso o habilitación común
denominado Permiso Internacional de Radioaficionado (IARP).
A continuación se realizará la
explicación de las disposiciones que integran el citado Convenio:
- En el artículo 1° se reconoce el
principio de soberanía nacional en el manejo del espectro radioeléctrico
comprendido dentro de la jurisdicción de cada uno de los Estados Partes. En
seguida, se acuerda permitir operaciones temporales de estaciones de
radioaficionados a personas licenciadas con un IARP por otro Estado miembro,
sin un examen adicional y bajo la autoridad y control de las autoridades de
cada país. Este beneficio se otorgará de manera exclusiva a los ciudadanos de
los Estados miembros de la CITEL. En desarrollo de lo expuesto, se aclara que
el único Estado que puede imponer tasas o impuestos es el que emite el IARP y
que el Convenio no “altera las reglamentaciones aduaneras sobre transporte de
equipos de radio a través de fronteras nacionales”.
- En el artículo 2° se consagran
varias definiciones sobre expresiones y términos utilizados en el Convenio,
mientras que en el artículo 3° se describen las características que identifican
el IARP. Para tal efecto, se señala que este permiso será emitido por las
autoridades competentes de cada país, ya sea  directamente o a través de una
organización miembro de la Unión Internacional de Radioaficionados (IARU),
previa autorización otorgada por la ley.
El IARP deberá ajustarse al
formato previsto en el anexo del Convenio y tendrá una fecha de expiración que
no podrá ser superior a un año en los Estados Partes visitados o a la fecha de
duración de la licencia nacional otorgada a su poseedor, esto es, el
radioaficionado.
Este permiso no será válido “para
operar en el territorio del Estado Parte que los emite, sino solamente en otros
Estados Partes” y su expedición podrá otorgar dos clases de autorización de
operación: “Clase 1. Para uso de todas las bandas de frecuencias
atribuidas a los servicios de aficionados y de aficionados por satélite y
especificadas por el país donde la estación de aficionados ha de operar. Estará
permitida solamente para aquellos radioaficionados que hayan comprobado ante su
propia Administración el conocimiento del código Morse de acuerdo con los
requisitos establecidos en el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT”, y,
“Clase 2. Esta clase permite la utilización de todas las bandas de
frecuencia atribuidas a los servicios de aficionados y de aficionados por
satélite por encima de 30 MHz y especificadas por el país donde la estación de
aficionados ha de operar”.
- El artículo 4° ratifica la
potestad de cada Estado Parte de declinar, suspender o cancelar la operación de
un IARP, de acuerdo con el derecho vigente de cada país. De igual manera, le
exige utilizar los distintivos de identificación tanto del permiso como de la
persona, al tiempo que somete las posibilidades de transmisión a las
frecuencias autorizadas por el Estado Parte y a las regulaciones del país
visitado.
- El artículo 5° faculta la
posibilidad de que los Estados Partes realicen acuerdos complementarios en el
ámbito de las disposiciones del Convenio, mientras los artículos restantes (6 a 12) prevén la manera de formalizar el consentimiento del Estado (firma, aceptación, aprobación,
ratificación o adhesión), la posibilidad de formular reservas, el momento de
entrada en vigor y las circunstancias que conducen a darlo por terminado,
incluyendo el procedimiento de denuncia.
- Finalmente, se acompaña un anexo con el formato que
regirá al IARP, en el que expresamente se señala que el permiso “no afecta de
ninguna manera la obligación del portador de observar estrictamente las leyes y
regulaciones relativas a la operación de estaciones de radioaficionados y
radioaficionados por satélite en el país en el cual la estación es operada”.
5.4.2. Contenido del Protocolo de Modificaciones al
Convenio Inter-americano sobre el Permiso Internacional de Radioaficionado
El Protocolo de Modificaciones apunta a un objetivo
concreto y específico, referente a permitir que los titulares de la licencia de
radioaficionado de la Conferencia Europea de Administraciones de Correos y
Telecomunicaciones (CEPT), de cualquiera de sus países miembros que haya
aplicado la Recomendación T/R 61-01, así como los poseedores del IARP, puedan
acceder mutuamente a los mismos beneficios previstos en el Convenio
Interamericano y a aquellos que en términos de reciprocidad se reconozcan por la
CEPT.
Para estos efectos, el artículo I del Protocolo
convierte a los artículos 5 a 12 del citado Convenio en los artículos 6 a 13, respectivamente. Con posterioridad, en el artículo II, se adiciona un nuevo artículo al
Convenio Interamericano (artículo 5°), cuyo contenido concuerda con la
descripción previamente realizada[48]. Por último, los artículos
III a VIII reiteran –para efectos del Protocolo de Modificaciones– las mismas
reglas sobre formalización del consentimiento del Estado (firma, aceptación,
aprobación, ratificación o adhesión), la posibilidad de formular reservas, el
momento de entrada en vigor y las circunstancias que conducen a darlo por
terminado, incluyendo el procedimiento de denuncia.
5.4.3. De la exequibilidad
material de las estipulaciones del Convenio, de su Protocolo de Modificaciones
y de la ley que los aprueba
5.4.3.1. En el actual panorama de
globalización de la organización mundial, es común la celebración de acuerdos que
tienen como propósito incentivar procesos de integración en materias
relacionadas con aspectos de transcendencia social y económica, como ocurre con
el servicio de radioaficionado.
La radioafición se encuentra
estrechamente vinculada con el desarrollo del proceso de comunicación
instantánea e inalámbrica a grandes distancias mediante la transmisión y
recepción de las ondas electromagnéticas. Sus orígenes se remontan al
descubrimiento de Guglielmo Marconi quien logró la primera comunicación
transatlántica el 12 de diciembre de 1901[49]. Para el 3 de noviembre
de 1906, con la asistencia de 29 naciones, se celebró la primera Conferencia
Radiotelegráfica Internacional en la ciudad de Berlín, con el objeto de
organizar las radiocomunicaciones a nivel mundial. En aquella época, los
radioaficionados utilizaban para sus transmisiones ondas largas mediante el uso
del código Morse. Sin embargo, fue hasta el año de 1912 cuando se promulgó la
primera regulación sobre la materia, a través de la Ley Taft en los Estados
Unidos de América, según la cual los radioaficionados de ese país debían
obtener una licencia otorgada por el gobierno federal, al mismo tiempo que se
les limitó “la potencia de transmisión a un máximo de mil vatios y se les
conminó a abandonar las ondas largas asignándoseles una longitud de onda de
sólo doscientos metros”[50].
En el año de 1913 nació la primera
asociación de radioaficionados: la Radio Society of Great Britain (RSGB), la
cual se fundó en Londres, Inglaterra[51]. Luego de la primera
guerra mundial, se produjo una congestión del espacio radioeléctrico,
especialmente por el auge de las emisoras comerciales, lo que obligó a los
distintos países a imponer segmentos específicos del espacio radioeléctrico o
bandas de frecuencia para ser usadas por los distintos servicios de
radiocomunicación, entre estos los de radioaficionados[52].
Para el año de 1925 las distintas asociaciones de radioaficionados existentes
en el mundo crearon la Unión Internacional de Radioaficionados, también
conocida como IARU. Este proceso de crecimiento se fortaleció con la fundación
en diciembre de 1932 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).
En Colombia, en el mes de agosto
del año de 1933, con ocasión del auge de este servicio en el mundo, se
instituyó la Liga Colombiana de Radio-aficionados, cuyo reconocimiento jurídico
se aplazó, por distintas razones, hasta el Gobierno de Alberto Lleras Camargo
con la expedición del Decreto 2552 de 1958[53].
Los años venideros reflejaron un
uso progresivo del servicio de radio-aficionado, no sólo por los constantes
adelantos de la ciencia, sino además porque una vez finalizada la segunda
guerra mundial, se popularizó el uso transmisores, receptores, accesorios y
diferentes aparatos sobrantes de dicho conflicto internacional[54].
A partir de los años 70’ se considera que el mundo del radioaficionado se
encuentra en la era digital, en los que el uso de la Internet y de los novedosos
elementos informáticos han permitido propagar este servicio de manera masiva.
5.4.3.2. En Colombia el servicio
de radioaficionado se encuentra regulado, entre otras, en la Ley 94 de 1993[55]
y en el Decreto 963 de 2009[56].
El primero define al radioaficionado, como la “persona natural ejecutora del
servicio de radioaficionado o radioaficionado por satélite, quien lo realizará
previa autorización expresa, a través de estaciones de radioaficionados
establecidas de acuerdo con las normas de la presente ley, su reglamento y los
reglamentos de la radio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)”[57].
Por su parte, el servicio de
radioaficionado se describe como “el servicio de radiocomunicación que tiene
por objeto la instrucción individual, la intercomunicación y los estudios
técnicos efectuados por aficionados debidamente autorizados que se interesan en
la radioexperimentación con fines exclusivamente personales y sin ánimo de
lucro”[58].
Para acceder a este servicio, la
normatividad citada dispone la exigencia de obtener una licencia o permiso,
según distintas categorías (segunda o de novicio, primera o de experto, y de
avanzada)[59], con un término de
duración que no podrá exceder de diez (10) años[60].
De igual manera se consagran causales de terminación de la licencia[61];
se prevé un amplió catálogo de obligaciones para los radioaficionados (entre
ellas, identificarse con su distintivo, proporcionar ayuda en caso de
emergencia o desastre, y operar únicamente en las frecuencias permitidas)[62];
se designan las bandas licenciadas para la operación del servicio de
radioaficionado; se precisa el régimen sancionatorio[63] y se establece el deber
de pagar una contraprestación anual por la licencia otorgada, cuyo valor
asciende a un salario mínimo legal diario vigente, a favor del Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones[64].
5.4.3.3. Dentro del contexto
previamente descrito, se presenta a consideración de esta Corporación el
Convenio Interamericano sobre Permiso Internacional de Radioaficionado y su
Protocolo de Modificaciones, conforme al contenido normativo previamente
descrito[65]. Como quedó dicho, el
propósito principal de estos instrumentos internacionales es, por una parte, el
de permitir que los ciudadanos de un Estado miembro de la CITEL, puedan obtener
un permiso temporal para ejercer el servicio de radioaficionado en el
territorio de los otros Estados Partes, denominado Permiso Internacional de
Radioaficionado (IARP), sin que tengan que realizar exámenes adicionales o
pagar tasas o impuestos distintos a los del país que emite dicha habilitación.
Así las cosas, se establece en el anexo un formato único de permiso, al tiempo
que en el artículo 3 se aclara que el IARP no será válido para operar en el
territorio del Estado Parte que lo emite, sino solamente en los otros Estados
Partes.
El objetivo central de este
Convenio se ajusta sin dificultad al texto constitucional, pues constituye un
desarrollo del preámbulo y de los artículos 9°, 226 y 227 de la Constitución
Política, en los que se reconoce la posibilidad del Estado colombiano de
participar en procesos de integración económica y social, especialmente con
Países de América Latina y del Caribe.
Como se puso de presente, tanto en
la exposición de motivos de esta iniciativa como en los distintos informes de
ponencia, los países miembros de la CITEL para octubre de 2011 –que harían
parte del acuerdo– son: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados,
Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador,
Estados Unidos de América, Grenada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras,
Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Saint
Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Suriname, Trinidad y
Tobago, Uruguay y Venezuela[66]. Incluso, algunos de los
citados países, ya han concluido con el proceso de expedición del
consentimiento internacional, como ocurre con: Argentina, Brasil, Canadá, El
Salvador, Estados Unidos de América, Panamá, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago,
Uruguay y Venezuela[67].
Con fundamento en lo anterior, es
claro que el propósito y los preceptos enunciados del Convenio Interamericano
sobre Permiso Internacional de Radioaficionado se avienen a la Carta
Fundamental, ya que buscan fortalecer y profundizar el proceso de integración Latinoamericana
y del Caribe, bajo la lógica de facilitar la prestación del servicio de radioaficionado,
con unas reglas uniformes para todos miembros de la CITEL. Este Convenio permitirá
que sus ciudadanos puedan acceder temporalmente a dicho servicio en el
territorio de otro Estado Parte distinto de aquél que emite el IARP.
Hoy en día, como lo ponen de
presente las distintas intervenciones y el concepto de la Vista Fiscal, un
extranjero que quiera acceder al servicio de radioaficionado en un país
distinto al de su origen, tan sólo cuenta con dos alternativas posibles: o
existe un tratado o convenio internacional que permite la expedición de un permiso
temporal para operar sus estaciones cuando visita otro territorio, u obtiene
una habilitación conforme a las reglas dispuestas en el país de destino. En el
caso de Colombia, esta hipótesis aparece consagrada en el artículo 7.5 del
Decreto 963 de 2009[68].
Desde esta perspectiva, como se
afirma por los intervinientes, el Procurador y se puso de presente en el
proceso de aprobación legislativa de este instrumento internacional, el
Convenio sometido a control se convierte en un instrumento de reducción de
costos logísticos y administrativos[69], a través del cual se
permite –bajo la lógica del principio de reciprocidad– que se expida un permiso
internacional común a los Estados miembros de la CITEL (esto es, el denominado
IARP), por medio del cual se admite el uso temporal de sus propias estaciones
de radioaficionado, cuando se visita el territorio de otro Estado Parte de
dicha organización.
Expresamente el Convenio somete a
la soberanía de cada Estado y, por ende, excluye del ámbito de regulación de este
instrumento internacional: las reglas sobre el uso del espectro radioeléctrico
(artículo 1.1); las disposiciones aduaneras sobre transporte de equipos de
radio a través de fronteras nacionales (artículo 1.4) y la autonomía para
declinar, suspender o cancelar la operación de un IARP, de acuerdo con la
normatividad vigente de cada Estado (artículo 4.1).
Al mismo tiempo se insiste en que
el citado permiso “no afecta de ninguna manera la obligación del portador de
observar estrictamente las leyes y regulaciones relativas a la operación de
estaciones de radioaficionados y radioaficionados por satélite en el país en el
cual la estación es operada”; se dispone la obligación de “transmitir solamente
en las frecuencias autorizadas por el Estado Parte visitado”[70]
y se excluye de su ámbito de aplicación a “los radioaficionados que sean
poseedores únicamente de una autorización temporal de operación en un país
extranjero”[71].
En este contexto, encuentra la
Corte que además de constituir un desarrollo del preámbulo y de los artículos
9°, 226 y 227 de la Constitución Política, el Convenio deja a salvo las atribuciones
del Estado en lo referente a la disponibilidad del espectro, al régimen
aduanero y a las atribuciones de inspección, vigilancia y control en el acceso
al servicio de radioaficionado. Por otra parte, se mantiene intacto el
principio de responsabilidad jurídica de los particulares consagrado en el
artículo 6° del Texto Superior, cuando se obliga al poseedor del permiso IARP a
cumplir con el marco normativo vigente en Colombia y a ajustar su transmisión a
las bandas de frecuencia que se asignen para dicho servicio.
Por lo demás, el Convenio también
se ajusta a lo dispuesto en el artículo 75 del Texto Superior, por cuanto
permite hacer efectivo el principio de igualdad de oportunidades en el acceso
al uso del espectro electromagnético. En efecto, como ya se dijo, el servicio
de radioaficionado supone acceder a las bandas de frecuencia habilitadas por el
Estado (Decreto 963 de 2009, arts. 29 y ss.). De ahí que, la posibilidad de contar
con una licencia o permiso, como lo es el IARP, le daría al citado servicio un
efecto general, universal y expansivo, en la medida en que toda persona podría llegar
a utilizar este medio para comunicarse con fines de esparcimiento, distracción
o cultura y sin ánimo de lucro.
En este sentido se pronunció esta Corporación en la Sentencia C-382 de 1996,
cuando adelantó el examen de constitucionalidad de la Ley 252 de 1995, por
medio de la cual se aprobó la constitución de la UIT. En aquel entonces, al
sustentar la exequibilidad de dicho tratado, la Corte expuso que:
"Al contraer este compromiso
de Derecho Internacional, Colombia no infringe disposición alguna de la Carta
y, por el contrario, desarrolla sus mandatos.
En efecto, según el artículo 226
de la Constitución, el Estado promoverá la internacionalización de las
relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas, sobre bases de equidad,
reciprocidad y conveniencia nacional.
A nadie escapa que, en el mundo
contemporáneo y merced al extraordinario avance tecnológico y científico, el
campo de las telecomunicaciones, en razón de su vertiginoso desarrollo y de su
incidencia cada vez mayor en la vida de los pueblos, no puede estar excluido de
los necesarios acuerdos entre los Estados para garantizar el óptimo
aprovechamiento de las extraordinarias posibilidades de las que ese sector
dispone, así como para establecer las reglas de convivencia internacional que
faciliten el acceso y uso razonable de las mismas, con arreglo a Derecho y en
condiciones de igualdad y equidad, factores todos estos que han conducido a la
constitución de la UIT y al establecimiento de las convenciones que la rigen.
No puede olvidarse que el tema es
hoy elemento de primer orden en cualquier proceso de integración o de relación
entre Estados y que la creación de organismos supranacionales que lo regulen se
hace indispensable.
La participación de Colombia en
ellos está plenamente autorizada por los artículos 150, numeral 16, y 227 de la
Carta Política. El primero señala con claridad que el Gobierno tiene facultades
inclusive para transferir parcialmente, por medio de Tratados, determinadas
atribuciones propias del Derecho Interno a organismos internacionales, siempre
que tengan por objeto promover o consolidar la integración económica con otros Estados"[72].
Por último, es preciso mencionar
que el servicio de radioaficionado, como se infiere de la evolución histórica
descrita en esta providencia, siempre ha transitado bajo la ruta de la
universalización, por lo que este Convenio se enmarca en ese preciso objetivo,
el cual, según se vio, se aviene plenamente a los mandatos previstos en la
Constitución.
5.4.3.4. En cuanto al Protocolo de
Modificaciones al Convenio Inter-americano sobre el Permiso Internacional de
Radioaficionado, su objetivo también se ajusta –en los mismos previamente
expuestos– al Texto Superior. Como se explicó con anterioridad, su finalidad es
la de permitir que los titulares de la licencia de radioaficionado de la
Conferencia Europea de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones (CEPT),
de cualquiera de sus países miembros que haya aplicado la Recomendación T/R
61-01, así como los poseedores del IARP, puedan acceder mutuamente a los mismos
beneficios previstos en el Convenio Interamericano y a aquellos que en términos
de reciprocidad se reconozcan por la CEPT.
Bajo este contexto, el Protocolo
de Modificaciones profundiza el proceso de integración descrito en el Convenio
Interamericano, pues extiende los beneficios y prerrogativas del IARP a los
Estados miembros de la CEPT y viceversa. En este orden de ideas, el citado
instrumento internacional alude expresamente al principio de reciprocidad
consagrado en los artículos 226 y 227 de la Carta Fundamental, a través del
desarrollo de un marco de derechos y obligaciones que guardan una mutua
correspondencia y que no traen consigo una condición desfavorable o
inequitativa para ninguno de los Estados Partes, como lo ha exigido la jurisprudencia
de esta Corporación[73].
Como se puso de presente en los
antecedentes legislativos, la cobertura de los beneficios descritos en el
Convenio –por virtud del Protocolo– se extendería a: Albania, Alemania,
Andorra, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina,
Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, El Vaticano, Eslovaquia, Eslovenia,
España, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Holanda, Hungría,
Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo,
Macedonia, Malta, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Noruega, Polonia, Portugal,
Reino Unido, República Checa, Rumania, Rusia, San marino, Serbia, Suecia,
Suiza, Turquía y Ucrania[74].
Por las razones expuestas, en
criterio de esta Corporación, es claro que la finalidad de este instrumento
internacional tampoco resulta contraria a ninguno de los preceptos previstos en
la Constitución.
5.4.3.5. En lo que corresponde al
articulado concreto tanto del Convenio como del Protocolo de Modificaciones,
encuentra igualmente la Corte que los mismos se ajustan sin dificultad al texto
constitucional. En primer lugar, frente al Convenio, entiende este Tribunal que
los artículos 1°, 2°, 3° y 4° constituyen un conjunto de normas que desarrollan
los mandatos de integración previstos en el preámbulo y en los artículos 9°,
226 y 227 de la Constitución, al tiempo que contribuyen a la realización del
principio de acceso en igualdad de oportunidades al espectro electromagnético
(CP art. 75), tal y como se explicó con anterioridad en esta providencia. En
efecto, como se infiere de su contenido normativo, los citados preceptos se
limitan a desarrollar el objetivo y las reglas de expedición y operación del
IARP, con respeto a la autonomía de los Estados Partes frente a la utilización
del espectro (art. 1.1) y a la posibilidad que tienen de declinar, suspender o
cancelar dicho permiso (art. 4.1), más allá de insistir en el sometimiento de
su poseedor a la regulación del Estado visitado y a la obligación de usar las
frecuencias autorizadas (art. 4.3), como se infiere del principio de
responsabilidad jurídica previsto en el artículo 6 del Texto Superior.
Para la Corte, como lo afirman
algunos intervinientes, estas disposiciones también contribuyen a la
realización de los derechos a la libertad de expresión (CP art. 20) y de
recreación (CP art. 52). En cuanto al primero, porque el servicio de
radioaficionado históricamente ha sido reconocido como un medio que facilita el
proceso de comunicación instantánea e inalámbrica entre las personas, a través
de la búsqueda de objetivos personales y sin ánimo de lucro, lo que cabría
dentro de uno de los rasgos distintivos de la libertad de expresión, en el que
también se busca amparar todo tipo de expresiones que se exterioricen mediante
lenguaje no convencional, incluido el tecnológico, como se expuso en la
Sentencia C-442 de 2011. En cuanto al segundo, esto es el derecho a la
recreación, porque tradicionalmente la actividad de los radioaficionados ha
sido identificada como una manera de aprovechamiento del tiempo libre, más allá
de su importancia en la emisión de comunicaciones de ayuda o auxilio en casos
de emergencia o desastre.
No encuentra este Tribunal reparo
alguno en la norma que aclara que este Convenio no “altera las reglamentaciones
aduaneras sobre transporte de equipos de radio a través de fronteras
nacionales” (art. 1.4), así como frente a aquella que establece que el “único
Estado parte que puede imponer tasas o impuestos sobre los IARP es el Estado
Parte que los emite” (art. 1.3). No obstante, vale la pena precisar que en
relación con esta última disposición –en la práctica– se estaría excluyendo a algunos
extranjeros del deber de cancelar la contribución establecida en el artículo 42
del Decreto 963 de 2009, aplicable para quienes obtienen la licencia para el
desarrollo y ejercicio del servicio de radioaficionado[75].
Para este Tribunal, como se ha expuesto en precedentes que resultan aplicables[76],
cuando en el ámbito de los tratados internacionales se consagran exenciones
tributarias en condiciones de reciprocidad, no se desconoce el orden
constitucional. Así, por ejemplo, en la Sentencia C-255 de 2003 se expuso que:
“En sentencia C-137 del 9 de abril
de 1996 esta Corporación consideró que, en términos generales, la concesión
mediante un tratado internacional, de exenciones tributarias a un Estado
extranjero o a un organismo internacional eran conformes con la Carta Política
y encontraban plena justificación en el ámbito de aplicación del derecho
internacional público, en los siguientes términos: “Las exenciones
tributarias, tienen pleno sentido en el contexto del derecho internacional
público. Se trata de conceder, en condiciones de reciprocidad, ciertos
privilegios fiscales y aduaneros, que se justifican plenamente tanto por la
naturaleza de los organismos beneficiados como del interés público que reviste
la función a ellos confiada por el conjunto de Estados que los crean.”[77]
En el asunto bajo examen, la
exención descrita se encuentra justificada por el fin que se persigue alcanzar
con la ejecución del citado instrumento internacional, cual es el de facilitar
temporalmente el acceso al servicio de radioaficionado, como medio para
asegurar la libertad de expresión, el derecho a la recreación y el principio de
igualdad de oportunidades en el acceso al espectro electromagnético. Por lo
demás, la exención opera en términos de reciprocidad, esto es, bajo una mutua
correspondencia y sin imponer una condición desfavorable o inequitativa para
ninguno de los Estados Partes.
Por otra parte, la Corte destaca
lo dispuesto en los artículos 3.1 y 3.3 del Convenio Interamericano sometido a
control. En cuanto al primero, porque permite –según las leyes internas– que el
IARP sea emitido por una organización miembro de la IARU del Estado Parte. En
criterio de este Tribunal, el precepto descrito corresponde a una técnica de
descentralización por colaboración admitida por el artículo 210 de la
Constitución.
Frente al segundo de los citados
preceptos, porque consagra una vigencia temporal del IARP, el cual será valido
por un año o por la fecha de expiración de la licencia nacional de su poseedor.
Para la Corte, esta disposición garantiza una vigilancia permanente en quienes
acceden al uso del espectro electromagnético por parte del Estado, con el
propósito de asegurar su finalidad de gestión y control, en los términos
previstos en el artículo 75 Superior.
5.4.3.6. Finalmente, en relación
con los artículos 5° a 12 del Convenio y III a VIII del Protocolo de
Modificaciones, basta con señalar que se trata de un conjunto de disposiciones
que desarrollan, entre otras, la forma de ratificación, adhesión, denuncia e
hipótesis de terminación del Convenio y el Protocolo, el momento en que entran
en vigor y la posibilidad de extender compromisos complementarios entre los
Estados Partes. Se trata de disposiciones que no suscitan ningún interrogante
constitucional, ya que corresponden a reglas y principios del derecho
internacional de los tratados, que han sido tradicionalmente aceptados por
Colombia (CP art. 9°), y cuya finalidad, en sí misma considerada, es velar por
la obligatoriedad y fuerza jurídica de los mandatos normativos previstos en
dichos instrumentos.
5.5. Síntesis
Una vez agotado el examen de los instrumentos
aprobados mediante la Ley 1570 de 2012, tanto en su aspecto formal como
material, la Corte concluye que los mismos se ajustan integralmente a los
preceptos constitucionales. Por una parte, porque se cumplieron a cabalidad con
los requisitos de procedimiento exigidos por la Constitución y el reglamento
del Congreso; y por la otra, porque los fines y propósitos, así como el
contenido del Convenio sobre el Permiso Internacional de Radioaficionado y su
Protocolo de Modificaciones, apuntan al logro de objetivos compatibles con el
Texto Superior, como lo son fortalecer y profundizar el proceso de integración
Latinoamericana y del Caribe, realizar el principio de igualdad de
oportunidades en el acceso al espectromagnético, asegurar la vigencia del
principio de responsabilidad jurídica de los particulares y promover a la
realización de los derechos a la libertad de expresión y de recreación, todo lo
cual contribuye al efectivo cumplimiento de los mandatos contenidos en el
preámbulo y en los artículos 6, 9, 20, 52, 75, 226 y 227 de la Constitución
Política.
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte
Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre
del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- Declarar EXEQUIBLE el “Convenio
Interamericano sobre Permiso Internacional de Radioaficionado”, adoptado el
8 de junio de 1995 en Montrouis, República de Haití, y el “Protocolo
de Modificaciones al Convenio Interamericano sobre el Permiso Internacional de
Radio-aficionado”, adoptado el 10 de junio de 2003 en Santiago, República
de Chile.
Segundo.- Declarar EXEQUIBLE la Ley 1570
de 2012, “Por medio de la cual se aprueba el ‘Convenio Interamericano sobre
Permiso Internacional de Radioaficionado’ adoptado el 8 de junio de 1995 en
Montrouis, República de Haití, y el ‘Protocolo de Modificaciones al Convenio
Interamericano sobre el Permiso Internacional de Radioaficionado’, adoptado el
10 de junio de 2003 en Santiago, República de Chile”.
Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.
JORGE
IVAN PALACIO PALACIO
Presidente
JORGE
IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
MAURICIO
GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
Ausente
con excusa médica
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
NILSON
PINILLA PINILLA
Magistrado
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
MARIA
VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
ALEXEI
EGOR JULIO ESTRADA
Magistrado
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
[1] Gaceta del Congreso No.
666 de 2011.
[2] Dispone la norma en cita:
“A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía
de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con
tal fin, cumplirá las siguientes funciones: (...) 10. Decidir
definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y de las
leyes que los aprueben. Con tal fin, el Gobierno los remitirá a la Corte, dentro de los seis días siguientes a la sanción de la ley. Cualquier ciudadano podrá
intervenir para defender o impugnar su constitucionalidad. Si la Corte los declara constitucionales, el Gobierno podrá efectuar el canje de notas; en caso
contrario no serán ratificados. Cuando una o varias normas de un tratado
multilateral sean declaradas inexequibles por la Corte Constitucional, el Presidente de la República sólo podrá manifestar el consentimiento
formulando la correspondiente reserva”.
[3] Sobre la materia se
pueden consultar las Sentencias C-682 de 1996, C-468 de 1997, C-924 de 2000,
C-293 de 2010 y C-714 de 2012.
[4] El artículo 150, numeral
16, de la Constitución Política, establece que: “Corresponde al Congreso hacer
las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: (…) 16. Aprobar
o improbar los tratados que el Gobierno celebre con otros Estados o con
entidades de derecho internacional. Por medio de dichos tratados podrá el
Estado, sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional,
transferir parcialmente determinadas atribuciones a organismos internacionales,
que tengan por objeto promover o consolidar la integración económica con otros
Estados”.
[5] El artículo 217 de la Ley 5ª de 1992 señala que: “Podrán presentarse propuestas de no aprobación, de aplazamiento o
de reserva respecto de Tratados y Convenios Internacionales. // El texto de los
Tratados no puede ser objeto de enmienda. // Las propuestas de reserva sólo
podrán ser formuladas a los Tratados y Convenios que prevean esta posibilidad o
cuyo contenido así lo admita. Dichas propuestas, así como las de aplazamiento,
seguirán el régimen establecido para las enmiendas en el proceso legislativo
ordinario. (…).” Sobre la materia se pueden consultar las Sentencias C-227 de
1993, C-176 de 1994 y C-863 de 2004.
[6] Sobre la
materia, el artículo 7° de la Ley 406 de 1997, dispone que: “Plenos poderes. 1. Para la adopción o la autenticación del
texto de un tratado o para manifestar el consentimiento del Estado en obligarse
por un tratado, se considerará que una persona representa a un Estado: a) Si
presenta los adecuados plenos poderes, o b) Si se deduce de la práctica o de
otras circunstancias que la intención de los Estados y de las organizaciones
internacionales de que se trate ha sido considerar a esa persona representante
del Estado para esos efectos sin la presentación de plenos poderes. 2. En
virtud de sus funciones, y sin tener que presentar plenos poderes, se
considerará que representan a su Estado: a) Los jefes de Estado, jefes de
gobierno y ministros de relaciones exteriores, para la ejecución de todos los
actos relativos a la celebración de un tratado entre uno o varios Estados y una
o varias organizaciones internacionales; b) Los representantes acreditados por los Estados en una conferencia
internacional, para la adopción del texto de un tratado entre Estados y
organizaciones internacionales; c) Los representantes acreditados por los
Estados ante una organización internacional o uno de sus órganos, para la
adopción del texto de un tratado en tal organización u órgano; d) Los jefes de
misiones permanentes ante una organización internacional, para la adopción del
texto de un tratado entre los Estados acreditantes y esa organización. 3. Para
la adopción o la autenticación del texto de un tratado o para manifestar el
consentimiento de una organización en obligarse por un tratado, se considerará
que una persona representa a esa organización internacional: a) Si presenta los
adecuados plenos poderes; o b) Si se deduce de las circunstancias que la
intención de los Estados y de las organizaciones internacionales de que se
trate ha sido considerar a esa persona representante de la organización para
esos efectos, de conformidad con las reglas de la organización y sin la
presentación de plenos poderes.”
[7] Sentencias C-002 de 1996,
C-1145 de 2001 y C-276 de 2006. En el mismo sentido se puede consultar el Auto
053 de 2007.
[8] Sentencia C-002 de 1996.
[9] Sentencia C-1145 de 2001.
[10] El artículo 7° del El
Convenio Interamericano sobre Permiso Internacional de Radioaficionado
establece que: “Los Estados miembros de la CITEL pueden llegar a ser Partes en el presente Convenio mediante: a) La firma no sujeta a ratificación,
aceptación o aprobación; b) la firma sujeta a ratificación, aceptación o
aprobación, seguida de ratificación, aceptación o aprobación, o; c) La
adhesión. // la ratificación, aceptación, aprobación o adhesión se
realizará mediante el depósito del instrumento correspondiente en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, en su carácter de
depositaria”. Por su parte, el Protocolo de Modificaciones al Convenio
Interamericano sobre Permiso Internacional de Radioaficionado, en el artículo
IV, señala: “Los Estados partes del Convenio sobre el IARP pueden pasar a ser Estados
Partes de este Protocolo mediante: a) La firma no sujeta a ratificación,
aceptación o aprobación; b) la firma sujeta a ratificación, aceptación o
aprobación, seguida de ratificación, aceptación o aprobación, o; c) La
adhesión. // la ratificación, aceptación, aprobación o adhesión se llevarán
a cabo al depositar el instrumento correspondiente en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, en su calidad de
depositaria”. (Subrayado y negrilla por fuera del texto original).
[11] Las normas en cita
disponen que: “Artículo 15. Consentimiento en obligarse por un tratado
manifestado mediante la adhesión. El consentimiento de un Estado o de una
organización internacional en obligarse por un tratado se manifestará mediante
la adhesión: a) cuando el tratado disponga que ese Estado o esa organización
puede manifestar tal consentimiento mediante la adhesión; b) cuando conste de
otro modo que los Estados negociadores y las organizaciones negociadoras o,
según el caso, las organizaciones negociadoras han convenido en que ese Estado o
esa organización puede manifestar tal consentimiento mediante la adhesión; o c)
cuando todas las partes hayan convenido ulteriormente en que ese Estado o esa
organización puede manifestar tal consentimiento mediante la adhesión.” “Artículo
16. Canje o depósito de los instrumentos de ratificación, confirmación formal, aceptación,
aprobación o adhesión. 1. Salvo que el tratado disponga otra cosa, los
instrumentos de ratificación, los instrumentos relativos a un acto de
confirmación formal, o los instrumentos de aceptación, aprobación o adhesión
harán constar el consentimiento de un Estado o de una organización
internacional en obligarse por un tratado entre uno o varios Estados y una o
varias organizaciones internacionales al efectuarse: a) su canje entre los
Estados contratantes y las organizaciones contratantes; b) su depósito en poder del depositario; o c) su
notificación a los Estados contratantes y a las organizaciones contratantes o
al depositario, si así se ha convenido. 2. Salvo que el tratado disponga otra
cosa, los instrumentos relativos a un acto de confirmación formal, o los
instrumentos de aceptación, aprobación o adhesión harán constar el
consentimiento de una organización internacional en obligarse por un tratado
entre organizaciones internacionales al efectuarse: a) su canje entre las
organizaciones contratantes; b) su depósito en poder del depositario; o c) su
notificación a las organizaciones contratantes o al depositario, si así se ha
convenido.”
[12] Dispone la citada norma:
“Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa: (...) 2. Dirigir las relaciones
internacionales. Nombrar a los agentes diplomáticos y consulares, recibir a los
agentes respectivos y celebrar con otros Estados y entidades de derecho
internacional tratados o convenios que se someterán a la aprobación del
Congreso”.
[13]
Folio 18 del cuaderno principal.
[14]
Folio 18 del cuaderno principal.
[15] Folios 41 a 48 del cuaderno principal.
[16] Ley 3ª de 1992, art. 2.
[17]
Folios 130 a 132 del cuaderno No. 4.
[18] Disponen las normas en
cita: “Artículo 142. Cada cámara elegirá, para el respectivo período
constitucional, comisiones permanentes que tramitarán en primer debate los
proyectos de acto legislativo o de ley (…)”. “Artículo 160. (…) Todo proyecto
de ley o de acto legislativo deberá tener informe de ponencia en la respectiva
comisión encargada de tramitarlo, y deberá dársele el curso correspondiente”.
“Artículo 156. Presentación y publicación de la ponencia. El informe será
presentado por escrito, en original y dos copias, al secretario de la Comisión Permanente. Su publicación se hará en la Gaceta del Congreso dentro de
los tres (3) días siguientes. // Sin embargo, y para agilizar el trámite del
proyecto, el Presidente podrá autorizar la reproducción del documento por
cualquier medio mecánico, para distribuirlo entre los miembros de la Comisión; ello sin perjuicio de su posterior y oportuna reproducción en la Gaceta del Congreso”.
[19] Folios 73 a 77 del cuaderno No. 4.
[20]
Sentencia C-644 de 2004.
[21]
Sobre la materia se pueden consultar: Auto 038 de 2004, Sentencia C-533 de 2004
y Sentencia C-644 de 2004.
[22] Sentencia C-644 de 2004.
[23] Subrayado por fuera del
texto original.
[24] Sobre la materia se
puede consultar el artículo 83, inciso 2°, de la Ley 5ª de 1992.
[25] En idéntico sentido se
puede examinar la Sentencia C-780 de 2004.
[26] Folios 12 del cuaderno
No. 4.
[27] Folio 2 del cuaderno No.
4.
[28] “Por la cual se
establecen las excepciones a que se refiere el artículo 133 de la Constitución Política”.
[29]
Folios 50 y subsiguientes del cuaderno principal.
[30] Folios 55 y 56 del
cuaderno principal.
[31] Folio 39 del cuaderno
principal.
[32]
Folios 58 a 61 del cuaderno principal.
[33] Folios 64 y
subsiguientes del cuaderno principal.
[34] Ley 3ª de 1992, art. 2.
[35] Folios 71 y
subsiguientes del cuaderno No. 3.
[36] Sobre la importancia de la Gaceta del Congreso en términos de publicidad, el artículo 2° de la Ley 1431 de 2011 señala que: “(…) Las actas de las sesiones plenarias, comisiones, los
proyectos de acto legislativo, los proyectos de ley, las ponencias y demás
información que tenga que ver con el trámite legislativo deberán ser publicados
en la Gaceta del Congreso, órgano de publicación de
la rama legislativa, la cual se publicarán en la página web de cada cámara; con
esta publicación se dará por cumplido el requisito de publicidad. (…)”.
[37] Folios 58 y 59 del
cuaderno No. 3.
[38] Folios 65 y 66 del
cuaderno No. 3.
[39] Folio 2 del cuaderno No.
3.
[40] “Por la cual se
establecen las excepciones a que se refiere el artículo 133 de la Constitución Política”.
[41]
Folios 17 y subsiguientes del cuaderno No. 3.
[42] Folios 231 y
subsiguientes del cuaderno principal.
[43]
Folio 68 del cuaderno principal.
[44]
Folio 11 del cuaderno No. 2.
[45] Folios 116 y
subsiguientes del cuaderno principal.
[46]
Folio 21 del cuaderno principal.
[47]
Folio 1 del cuaderno principal.
[48] Textualmente dispone
que: “Los radioaficionados titulares de una licencia de radioaficionado de un
Estado miembro de la Conferencia Europea de Administraciones de Correos y
Telecomunicaciones (“licencia de radioaficionado CEPT”) que haya aplicado la Recomendación T/R 61-01 de la Conferencia Europea de Administraciones de Correos y
Telecomunicaciones (“CEPT”) disfrutarán de los mismos derechos y privilegios
que se conceden a los titulares del IARP siempre que la CEPT otorgue a todos los titulares del IARP los mismos derechos y privilegios de que
disfrutan los titulares de la licencia de radioaficionado CEPT en los Estados
Miembros de la CEPT que han aplicado la Recomendación T/R 61-01. Estos derechos y privilegios que se conceden con base en el presente
Artículo se sujetarán a las condiciones correspondientes establecidas en el
Convenio sobre el IARP y en la Recomendación T/R 61-01, respectivamente.”
[49] Ministerio de Gobierno y
Justicia, Dirección Nacional de Medios de Comunicación Social, República de
Panamá, Manual del radioaficionado, 2008.
[50] Ibíd.
[51] Ibíd.
[52] Ibíd.
[53] http://www.lcra.org.co/historia/
[54] Ministerio de Gobierno y
Justicia, op.cit., Manual del radioaficionado, 2008.
[55] “Por la cual se
fomenta el desarrollo de la radio experimentación a nivel aficionado y la Nación se asocia al sexagésimo aniversario de la fundación de la Liga Colombiana de Radioaficionados”.
[56] “Por el cual se
reglamenta el servicio de radioaficionado”.
[57] Artículo 7.
[58] Ley 94 de 1993, art. 4 y
Decreto 963 de 2009, art. 1.
[59] El artículo 5 del
Decreto 963 de 2009 dispone que: “El servicio de radioaficionado será prestado
y ejercido mediante licencia otorgada por el Ministerio de Comunicaciones,
previa solicitud elevada ante el Ministerio de Comunicaciones de conformidad
con los requisitos, procedimientos, términos y demás disposiciones previstas en
el presente Decreto. // La licencia de radioaficionado autoriza a su titular
para acceder al servicio, al espectro y para operar la estación de
radioaficionado. // La licencia de radioaficionado se otorgará y acreditará
mediante Carné personal e intransferible y será válido en todo el territorio
nacional.”
[60] Decreto 963 de 2009,
art. 8.
[61] Decreto 963 de 2009,
art. 9.
[62] Decreto 963 de 2009,
art. 27.
[63] Decreto 963 de 2009,
arts. 48 y ss.
[64] Decreto 963 de 2009,
art. 42.
[65] Véanse acápites 5.4.1 y
5.4.2 de esta providencia.
[66] Gaceta del Congreso No.
860 de 2011, p. 2.
[67] Gaceta del Congreso No.
666 de 2011, p. 18.
[68] La norma en cita dispone
que: “7.5. Requisitos para quienes posean licencia otorgada en un país
extranjero. Los radioaficionados nacionales o extranjeros que posean
licencia otorgada en un país extranjero con el que Colombia tenga convenio de
reciprocidad, que se encuentren de tránsito por el país, podrán operar el
servicio de radioaficionado, previo registro de su licencia en el Ministerio de
Comunicaciones, con el cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Presentar
los documentos relacionados en los puntos 1 y 2 de los requisitos generales,
del presente artículo; 2. Copia de la licencia de radioaficionado otorgada en
el exterior, la cual deberá presentarse traducida al español, si está otorgada
en idioma diferente y legalizado el documento y su traducción, en la forma
prevista en las normas vigentes sobre la materia; 3. Comprobante de
consignación a favor del Fondo de Comunicaciones, por el valor del registro,
equivalente a un salario mínimo legal diario vigente (1,0 SMLDV)”
[69] Gaceta del Congreso No.
666 de 2011, p. 18.
[70] Artículo 4.1.
[71] Artículo 3.4.
[72] En idéntico sentido se
pronunció la Corte en la Sentencia C-287 de 2000.
[73] Sobre la materia se
puede consultar la Sentencia C-492 de 1998.
[74] Gaceta del Congreso No.
666 de 2011, p. 18.
[75] Dispone la norma en
cita: “La licencia para el desarrollo y ejercicio del servicio de
radioaficionado, en cualquiera de las categorías, dará lugar, por parte del
titular, al pago de una contraprestación anual equivalente a un salario mínimo
legal diario vigente (1,0 SMLDV). //Este mismo valor anual deberá ser cancelado
por el titular por concepto de la prórroga o renovación de la licencia.”
[76] Sentencias C-137 de
1996, C-255 de 2003 y C-315 de 2004.
[77] No sobra aclarar que
esta regla aplica en lo referente a tributos del orden nacional. En efecto, en
el caso de tributos del orden territorial, la Corte ha considerado que las exenciones se ajustan al orden constitucional, bajo la condición de que: “la Nación debe compensar a las entidades territoriales las pérdidas de sus ingresos que puedan
derivar de dichas exenciones. En efecto, de esa manera se aseguran los ingresos
de las entidades territoriales sin afectar indebidamente la promoción de las
relaciones internacionales, con lo cual se logra una armonización de los
artículos 226 y 294 de la Constitución.” Sentencia C-315 de 2004.