T-046-02
II
Sentencia T-046/02
NOTA DE RELATORIA: Esta sentencia fue
anulada mediante Auto 027 de abril 2/02
ESTADO SOCIAL DE
DERECHO-Arbitros no pueden
ser arbitrarios aun fallando en equidad
No es
admisible la tesis según la cual cuando se trata de una decisión en equidad los
árbitros pueden actuar arbitrariamente. La equidad no puede ser excusa que
justifique la violación de los derechos fundamentales. En un Estado Social de
Derecho los árbitros no pueden ser arbitrarios. En el ejercicio de sus
facultades no pueden vulnerar los derechos y principios constitucionales y los
procedimientos establecidos en la Constitución y la ley.
ACCION DE
TUTELA CONTRA LAUDO ARBITRAL-Procedencia
después de agotado el recurso de homologación
Por la
naturaleza especial del arbitramento en equidad, la acción de tutela sólo es
procedente contra un laudo arbitral en materia laboral en circunstancias realmente
excepcionales, es decir, cuando después de agotado el recurso de homologación,
sea evidente una violación de un derecho constitucional o una grave e inminente
amenaza a éste. La acción de tutela no es un mecanismo adicional, sustituto ni
complementario de los demás recursos constitucionales o legales, en especial
del recurso de homologación (arts. 141 a 143 Código Procesal del Trabajo –
CPT–). Quien no ha interpuesto el recurso de homologación contra el laudo
arbitral en el término legal establecido para ello, no puede luego, aduciendo
vulneración de los derechos fundamentales, interponer la acción de tutela, ya
que ésta no es un mecanismo para enmendar las omisiones o los errores que las
partes cometan en el trámite procesal de sus pretensiones o para desplazar o
reemplazar las acciones o los recursos que el ordenamiento jurídico ha previsto
para la defensa de los derechos e intereses de las personas. La interposición y
resolución del recurso de homologación es requisito de procedibilidad de la
acción de tutela contra el laudo arbitral.
RECURSO DE
HOMOLOGACION DE LAUDO ARBITRAL-Finalidad
RECURSO DE
HOMOLOGACION Y DE LA ACCION DE TUTELA-Ambitos de control y diferencia
Los ámbitos de control del recurso de
homologación y de la acción de tutela se diferencian en la medida que la
justicia laboral ejerce preponderantemente, sin que le este vedado o le sea
ajeno el análisis constitucional, un control de legalidad ampliado – que
incluye el examen de la posible inequidad manifiesta de la decisión arbitral en
equidad – mientras que los jueces de tutela controlan excepcionalmente el laudo
arbitral y la decisión judicial que lo homologa para establecer si se presenta
una flagrante vulneración de los derechos constitucionales fundamentales. Sin
duda, en ocasiones, ambos controles recaerán sobre la misma actuación de los
árbitros, más aún cuando el control de la regularidad del laudo se aprecia
también tomado como marco general la propia Constitución.
ARBITRAMENTO EN
DERECHO Y EN EQUIDAD-Alcance
Con respecto al
arbitramento la Constitución distingue entre el arbitramento en derecho y en
equidad. Así, le confiere un sólido fundamento constitucional al arbitraje de
intereses contrapuestos con base en criterios de equidad y no en mandatos
legales. Es de advertir que si bien en general los jueces han de tener en
cuenta, entre otros criterios, la equidad como criterio auxiliar de la
actividad judicial, y ello es predicable de la actividad de los árbitros cuando
deciden en derecho, tratándose del arbitramento en materia económica, la
equidad no es tan sólo un criterio auxiliar sino el criterio fundante de la
decisión de los árbitros. Por eso, es necesario detenerse en los rasgos básicos
de una decisión en equidad.
JUEZ-Fallos en equidad
EQUIDAD-Elementos característicos
Tres rasgos
característicos de la equidad. El primero es la importancia de las
particularidades fácticas del caso a resolver. La situación en la cual se
encuentran las partes – sobre todo los hechos que le dan al contexto empírico
una connotación especial – es de suma relevancia para determinar la solución
equitativa al conflicto. El segundo es el sentido del equilibrio en la
asignación de cargas y beneficios. La equidad no exige un equilibrio perfecto.
Lo que repugna a la equidad son las cargas excesivamente onerosas o el
desentendimiento respecto de una de las partes interesadas. El tercero es la
apreciación de los efectos de una decisión en las circunstancias de las partes
en el contexto del caso. La equidad es remedial porque busca evitar las
consecuencias injustas que se derivarían de determinada decisión dadas las
particularidades de una situación.
DEBIDO PROCESO
ARBITRAL-Límites
A los jueces se
les exige que sus providencias sean motivadas y que lo sean de una manera
ajustada a derecho. Sobre los árbitros que deciden en equidad no recae el mismo
deber. No obstante, el debido proceso arbitral en equidad comprende unos
límites sustanciales de orden constitucional. Un claro límite constitucional de
las decisiones de los árbitros en equidad consiste en que si bien éstas no
tienen que ser razonadas, de cualquier forma deben ser razonables. Una decisión
razonada, o sea, justificada de manera expresa con base en argumentos expuestos
en la parte motiva del laudo es, prima facie, una decisión que no carece de
razonabilidad, salvo que se demuestre lo contrario. Ahora bien, un laudo
arbitral al resolver un conflicto laboral de intereses económicos que en su
parte motiva no da razones no es por ese sólo hecho irrazonable. Es posible que
pese a la ausencia de sustento argumentativo expreso en el laudo, la
razonabilidad de la decisión, en atención a las circunstancias del caso, sea
apreciable o demostrable.
ARBITROS-Deben respetar unos mínimos de
razonabilidad en sus decisiones
EQUIDAD-Límites a la autoridad
La equidad
impone, a lo menos, dos límites a la autoridad que la invoca para justificar
sus decisiones. El primero toca con el proceso decisorio, el cual no puede ser
evidentemente irrazonable como se acaba de mostrar. El segundo toca con el contenido
de lo decidido y sus efectos. En materia arbitral laboral la Corte Suprema de
Justicia ha dicho, con razón, que las normas creadas por el laudo no pueden ser
manifiestamente inequitativas.
LAUDO ARBITRAL-Inequidad manifiesta
SENTENCIA DE
HOMOLOGACION DE LAUDO ARBITRAL-Inequidad manifiesta/JUEZ DE TUTELA-Control residual en casos
de inequidad manifiesta/DEBIDO PROCESO EN EQUIDAD-Control residual del
juez de tutela
Sería contraria a
la Constitución, en especial al concepto constitucional de equidad que ha de
orientar el criterio de los árbitros y al debido proceso a que tienen derecho
las partes que alegan la existencia de una inequidad manifiesta, una sentencia
de homologación de un laudo, cuando en ella, por ejemplo, a) se omite analizar
si existió, en todo el laudo o en una de sus partes, una inequidad manifiesta
pese a la petición expresa de una de las partes al respecto; o b) se presenta
una falta de congruencia protuberante entre la constatación que hace el juez de
la existencia de la inequidad y de su magnitud, por un lado, y la conclusión a
la que luego éste arriba, por el otro, como cuando sugiere que algo es
manifiestamente inequitativo pero termina por homologarlo, o viceversa. En
casos extremos, como éstos, la identificación de cualquiera de los elementos
mínimos mencionados constituye una vía de hecho que justifica el control por
parte del juez de tutela de la sentencia de homologación y por ende del laudo
arbitral, en virtud de su deber de garantizar la protección de los derechos
fundamentales (artículo 86 C.P.) en especial el derecho al debido proceso en
equidad. Dicho control tiene un carácter residual, ya que los tribunales
laborales y la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, son las
autoridades judiciales llamadas a realizar el control de legalidad del laudo
arbitral. No obstante, en caso de presentarse una inequidad manifiesta no
declarada, corresponde al juez de tutela subrayar su existencia y derivar las
consecuencias que impone la Constitución.
LAUDO ARBITRAL-Diferencias entre equidad manifiesta y
evidente irrazonabilidad
No debe haber confusión entre la
“inequidad manifiesta” y la “evidente irrazonabilidad” del laudo arbitral. Tres
aspectos impiden que estos conceptos jurídicos se confundan. Primero, la
inequidad manifiesta se predica de lo decidido (el qué), mientras que la
evidente irrazonabilidad se refiere al proceso de decisión (el cómo); segundo,
en la apreciación de si un laudo arbitral que pone fin a un conflicto laboral
colectivo es evidentemente irrazonable, no es necesario indagar sobre su
impacto, es decir, sobre los efectos de la decisión, por ejemplo, sobre la
viabilidad de la empresa, mientras que tratándose de la determinación de si el
laudo es manifiestamente inequitativo es indispensable analizar las
consecuencias de lo decido sobre las partes; tercero, el análisis de lo
manifiestamente inequitativo versa sobre una realidad económica resultante de
lo decidido y, por lo tanto, concomitante o posterior al laudo, mientras que el
análisis de lo evidentemente irrazonable recae sobre el proceso decisorio de
los árbitros, es decir, sobre el camino que los condujo a tomar una determinada
decisión y, por lo tanto, versa sobre un aspecto previo a ella.
VIA DE HECHO EN
LAUDOS ARBITRALES Y EN DECISIONES DE HOMOLOGACION-Clases de defectos en la actuación
VIA DE HECHO-Omisión de circunstancias fácticas que
rodeaban el conflicto laboral colectivo/FUNDACION SHAIO-Situación
económica y financiera
El tribunal de arbitramento omitió tener
en cuenta las circunstancias fácticas que rodeaban el conflicto laboral
colectivo sometido a su consideración y con ello incurrió en una vía de hecho.
Al no apreciar en sus deliberaciones las circunstancias fácticas del contexto
que eran directamente relevantes para adoptar la decisión en equidad, como son
los informes y estudios presentados por las partes y que se referían a la
situación económica de la empresa. Tal omisión no se compadece en absoluto con
su función de decidir en equidad el conflicto colectivo de trabajo, más aún
cuando la equidad misma exige atender a las particularidades del caso para
proferir un fallo equilibrado, respetuoso del contexto fáctico y de los efectos
que de la decisión se desprenden directamente para las partes.
LAUDO ARBITRAL-Evidente irrazonabilidad
El análisis
del laudo, de las actas del Tribunal de Arbitramento Obligatorio y de la
impugnación del fallo de tutela de primera instancia por parte de los árbitros,
confirma que dicho Tribunal al ignorar de manera absoluta las circunstancias
fácticas del caso sometido a su decisión, adoptó un laudo evidentemente
irrazonable. Varios factores conducen a dicha conclusión. Primero, se afirma en
el laudo que “los árbitros examinaron y estudiaron (...) la documentación
presentada al Tribunal en desarrollo del proceso arbitral, con sus anexos,
estados financieros, comunicados y circulares.”; no obstante, el laudo carece
totalmente de razones expresas relativas al contexto fáctico a tal punto que -
lo cual impide afirmar que fue “debidamente motivado” como lo sostienen los
árbitros en su impugnación - en el texto del laudo no se hace la más mínima
mención de las conclusiones de dicho estudio. Segundo, en las ocho (8) actas de
las deliberaciones llevadas acabo por los árbitros no se alude en absoluto a la
documentación que presumiblemente fuera objeto de estudio y tampoco se recoge
referencia alguna a las circunstancias fácticas de la empresa, pese a que las
partes pusieron en conocimiento del Tribunal sus respectivas versiones de los
hechos. No hubo entonces deliberación alguna sobre tal situación. Tercero, de
las citadas actas no surge que los árbitros hubieran consultado la opinión de
expertos ni apreciado informes o solicitado estudios que reflejaran la realidad
económica de la empresa y el impacto del reconocimiento de nuevas obligaciones.
Cuarto, el total desentendimiento del contexto fáctico al dictar el laudo
arbitral se refleja finalmente en la propia impugnación interpuesta por los
árbitros contra la sentencia de tutela en primera instancia.
LAUDO ARBITRAL-Carece de motivación
La Corte
advierte que consultar el contexto fáctico de un conflicto es diferente a
seguir “a cabalidad los trámites”. Decir en el laudo que “los árbitros
examinaron y estudiaron” las pruebas, es decir, aludir simplemente a que hubo
pruebas y afirmar que fueron estudiadas, es muy distinto a deliberar sobre
ellas y a vincular lo decidido a las particularidades del caso del cual surgen
las razones de equidad. Finalmente, de la simple lectura del laudo se ve que
éste carece de motivación puesto que el contenido de la parte motiva consiste
en la transcripción de lo luego incluido en la parte resolutiva. No está
“debidamente motivado” lo que carece de argumentos expresos.
DEBIDO PROCESO-Vulneración por irrazonabilidad del laudo arbitral/TRIBUNAL
DE ARBITRAMENTO-Desconocimiento de los límites constitucionales mínimos
Para la Corte resulta palmario que el
Tribunal de Arbitramento Obligatorio desconoció los límites constitucionales
mínimos compatible con el respeto al debido proceso, e incurrió con ello en una
vía de hecho. Lo anterior constituye un grave defecto por evidente
irrazonabilidad del laudo arbitral que la Corte Constitucional no puede pasar
por alto y así lo declarará en esta providencia.
LAUDO ARBITRAL-Incurrió en vía de hecho/SENTENCIA DE
HOMOLOGACION DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-No incurrió en vía de hecho
El laudo arbitral incurrió en una vía de
hecho violatoria del debido proceso pero la sentencia de homologación no, se
explica porque mientras el Tribunal de Arbitramento Obligatorio ignoró
completamente las circunstancias fácticas del conflicto a dirimir – al no
mencionar siquiera en ninguna de sus actas o en su escrito de impugnación la
situación económica de la Fundación Shaio – y con ello actuó de manera
evidentemente irrazonable, la Sala de Casación Laboral de la Corte
Constitucional sí tuvo en cuenta tales circunstancias fácticas, aun cuando
luego consideró que ellas no tenían la relevancia ni el peso suficientes para
concluir que las decisiones adoptadas en el laudo constituían una inequidad
manifiesta, por lo que homologó el laudo arbitral. Además, de ninguna manera
podría afirmarse entonces que la Sala de Casación Laboral también incurrió en
una vía de hecho al convalidar jurídicamente el laudo arbitral, ya que lo que
hizo fue ejercer el control de legalidad sobre el mismo. El vicio del laudo no
es de legalidad, sino de constitucionalidad, como ya se advirtió. Por eso, lo
que la Corte Suprema en ejercicio de sus competencias declaró ajustado a las
leyes ordinarias, esta Corte en ejercicio de las suyas lo encuentra contrario a
la Constitución por ser evidentemente irrazonable, lo cual viola el derecho al
debido proceso.
ACTO JURIDICO-Ajustado a la ley pero contrario a la
Constitución/PRINCIPIO DE LEGALIDAD-Alcance/PRINCIPIO DE
CONSTITUCIONALIDAD-Alcance
Es inusual, pero no jurídicamente
extraño ni imposible, que un acto jurídico sea ajustado a las leyes pero sea
contrario a la Constitución. Así ha sucedido en ámbitos diferentes al
arbitramento en equidad. Ello se explica por la diferencia que existe entre la
defensa del principio de legalidad y la garantía del principio de
constitucionalidad. La defensa del primero generalmente hace énfasis en la
conformidad del acto cuestionado con las leyes vigentes. De tal manera que se
mira si una sentencia respeta la ley – uno de los fines básicos de la casación
– o si un acto administrativo desarrolla la ley que le sirve de fundamento –
uno de los propósitos históricos de la jurisdicción contencioso administrativa.
En cambio, la garantía del principio de constitucionalidad privilegia el
análisis de la conformidad del acto directa e inmediatamente con la
Constitución. Por ello, varias sentencias legalmente expedidas que aplican
reglas legales han sido estimadas en algunos casos violatorias de un derecho
constitucional fundamental y numerosas decisiones de autoridades
administrativas que se amparan en las leyes son consideradas insuficientes por
el juez de tutela para justificar una violación de derechos constitucionales.
En esos casos, el juez de tutela aplica de manera directa e inmediata la
Constitución, como es su deber, con el resultado de que lo que no es ilegal sí
es contrario a la Carta.
FALLO DE
TUTELA-Efectos
El vicio
analizado en esta sentencia es de orden constitucional y los efectos del mismo
no tienen que ser necesariamente los propios de un proceso de homologación – ya
que el juez de tutela no es juez de homologación – ni de la declaración de una
nulidad – ya que la acción de tutela no es un recurso de nulidad sino de
protección de derechos constitucionales fundamentales. La invalidez de las
normas jurídicas contenidas en el laudo surge de la contradicción entre el
proceso decisorio seguido por el tribunal de arbitramento y las exigencias del
debido proceso constitucional. Dicha invalidez no es consecuencia de una
ilegalidad, ni de una extralimitación. Tampoco se deriva del contenido mismo
del laudo que no ha sido estimado como manifiestamente inequitativo. Cuando el
vicio reside en el proceso decisorio del tribunal, no en el contenido del
laudo, lo apropiado es impedir que éste siga surtiendo efectos hacia el futuro
para lo cual basta con dejar sin valor el laudo.
PRINCIPIO DE LA
CONFIANZA LEGITIMA-Se deriva
de la buena fe
PRINCIPIO DE LA
CONFIANZA LEGITIMA-Presupuestos
LAUDO ARBITRAL-No existe decisión arbitral
discriminatoria o violatoria de un derecho fundamental/FALLO
DE TUTELA-No tiene efectos
retroactivos para el caso
La Corte al
decidir cuáles han de ser los efectos de sus providencias debe observar que
ellos no menoscaben los derechos de los trabajadores cuando el contenido de
tales derechos es materialmente compatible con la Constitución, como sucede en
el presente caso, en el cual ninguno de los derechos conferidos por el laudo en
cuestión es, en sí mismo por su contenido y alcances, contrario a la Carta. No
se encuentra en el laudo ninguna decisión arbitral discriminatoria o de otro
modo, en razón a lo que ella dispone, violatoria de un derecho fundamental.
Dado que los derechos que nacieron del laudo no violan en sí mismos la
Constitución, la Corte no puede asignarle efectos retroactivos a su fallo en
desmedro de tales derechos.
LAUDO ARBITRAL
Y SENTENCIA DE HOMOLOGACION-No
vulneran o amenazan derechos fundamentales
La Corte
considera que ni el laudo arbitral ni la sentencia de homologación del mismo
violan o amenazan los mencionados derechos. Ello es así porque el laudo
arbitral cuestionado es el resultado del ejercicio legítimo del derecho de los
trabajadores sindicalizados a la negociación colectiva (artículo 55 C.P.),
mientras que la homologación del mismo es producto del ejercicio de una
facultad legal, sin que en uno u otro caso pueda afirmarse que el laudo o la sentencia
judicial en sí mismos violan el derecho a la vida, o a la salud de los
pacientes.
Referencia: expediente T-503413
Actor:
Fundación Abood Shaio y Otros
Temas:
Laudos arbitrales en
materia laboral -procedencia de la acción de tutela
Laudo arbitral
evidentemente irrazonable - vulneración del derecho al debido proceso
Equidad – criterio
constitucional de la razonabilidad de un laudo arbitral
Efectos del fallo -
no retroactividad y protección de los derechos de los trabajadores
Magistrado Ponente:
Dr. MANUEL JOSÉ
CEPEDA ESPINOSA
Bogotá, D.C.,
treinta (30) de enero de dos mil dos (2002).
La Sala Tercera de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados, Manuel José
Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo Escobar Gil, en ejercicio de
sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de
revisión del fallo de agosto 22 de 2001, proferido por el Consejo Superior de
la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, al resolver la impugnación
contra el fallo del 5 de junio de 2001, proferido por el Consejo Seccional de
la Judicatura de Cundinamarca, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, al resolver
la acción de tutela instaurada por la Fundación Shaio y Otros contra el
Tribunal de Arbitramento Obligatorio y la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia.
I.
ANTECEDENTES
1. Hechos
1.1 El 20 de Diciembre de 2000 se dicta el Laudo
Arbitral en cuestión proferido por un Tribunal de Arbitramento Obligatorio
integrado por los doctores TITO ADOLFO FERRONI GUZMÁN, LILLY YOLANDA VEGA
BLANCO y ARMANDO NOVOA GARCIA. Su vigencia terminó el 31 de Diciembre de 2001.
1.2 La convención colectiva, cuya vigencia
expiraba el 31 de Diciembre de 1999, fue denunciada en parte por la Asociación
Nacional de Trabajadores y Empleados de Hospitales, Clínicas, Consultorios y
Entidades Dedicadas a Procurar la Salud de la Comunidad – ANTHOC –. La Fundación
Shaio ya había denunciado la convención en dos oportunidades (el 29 de octubre
de 1999 y el 25 de noviembre de 1999). La etapa de arreglo directo fue breve –
del 10 al 29 de marzo de 1999 – y no fue prorrogada. El Ministerio de Trabajo,
a solicitud del sindicato, el 14 de junio de 2000, decidió convocar e integrar
un Tribunal de Arbitramento Obligatorio, según lo previsto en el Artículo 34
del Decreto 2351 de 1965.
1.3 El 7 de noviembre de 2000 se instaló el
Tribunal. Después de una prórroga de 30 días y de seguir los trámites que juzgó
necesarios, el Tribunal profirió el laudo. El empleador interpuso recurso de
homologación contra todo el laudo, por inequitativo, ante la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia, y, en su defecto, contra parte de él,
con argumentos específicos a cada cláusula.
1.4 El 20 de marzo de 2001, la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia resuelve el recurso. Decide
homologar el laudo tanto en su conjunto por no ser “manifiestamente
inequitativo” el aumento en salarios y auxilios ni “exorbitante” las primas de
cirugía, cuidados intensivos y cuidados coronarios. Sólo anuló el carácter
irredimible que el laudo le otorgaba a la base de días para el cálculo de la
prima de vacaciones.
1.5 El empleador ante los resultados
financieros de 1999 y la proyección al año 2000, resolvió pedir el 7 de abril
de 2000 autorización al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para despedir
222 trabajadores, petición no resuelta a la fecha del fallo de tutela de primera
instancia, y promover el 9 de abril de 2000 un acuerdo de reestructuración de
la empresa, en aplicación de la Ley 550 de 1999.
1.6 Durante la negociación del acuerdo de
reestructuración, los expertos que analizaron la viabilidad económica del
hospital concluyeron que ella sólo era posible si las acreencias se cancelaban
en un proceso de nueve años y “si los costos laborales se reducían en ocho
puntos porcentuales del total de las ventas totales”, lo cual fue informado al
Tribunal de Arbitramento.
1.7 El 30 de noviembre de 2000 se firma el
acuerdo de reestructuración. El laudo es proferido 20 días después de firmado
el acuerdo de reestructuración.
1.8 El Tribunal de Arbitramento estimó que
sólo era competente para conocer de lo planteado por el sindicato en el pliego
de peticiones. No aceptó conocer de la primera denuncia del empleador por haber
sido extemporánea dada su presentación prematura. No admitió conocer de la
segunda denuncia del empleador “por cuanto no se sustentaron en forma
fundamentada, ni se encontró en forma concreta y demostrada alteraciones
drásticas y notorias que amenacen en forma grave y evidente la vida de la
empresa”.
2. Solicitud
La Fundación y unos ciudadanos presentaron
el diecinueve (19) de junio de dos mil uno (2001) acción de tutela contra el
laudo y contra la sentencia de homologación de la Corte Suprema de Justicia –
Sala de Casación Laboral. Pretenden que el laudo sea declarado contrario a la
Constitución. En subsidio solicitan que se ordene atender prioritariamente los
gastos de funcionamiento de la entidad y, cubiertos aquellos, se proceda a la
cancelación  de los beneficios económicos extralegales generados por el laudo
arbitral. Fundan sus pretensiones tanto en la violación del debido proceso
porque el Tribunal no apreció las pruebas que muestran la crítica situación de
la Clínica y la necesidad de reducir la carga laboral (vía de hecho por defecto
fáctico) como en el desconocimiento de los derechos de los pacientes porque el
cierre de la entidad  afectaría su vida, su integridad física y su salud.
3. Fallo de tutela en primera instancia
La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca conoció en primera instancia
de la acción de tutela. Mediante sentencia del 5 de julio de 2001 resolvió
concederla ya que estimó que el Tribunal incurrió en una vía de hecho por
defecto fáctico, la cual vulnera el derecho al debido proceso. La tutela fue
concedida como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. El a
quo invalidó el laudo y la sentencia de homologación y ordenó que el
Ministerio de Trabajo convocara al mismo Tribunal de Arbitramento para que
procediera a dictar un nuevo laudo ponderando todas las pruebas de manera
detallada (folio 188).
4. Impugnaciones
4.1 Los magistrados de la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia impugnaron el fallo de tutela de
primera instancia. Sostienen que la acción de tutela no procede contra
sentencias judiciales, tal como lo decidió la Corte Constitucional en la sentencia
C-543 de 1992, y que el juez de tutela no puede invadir la órbita de
competencia del juez ordinario. Argumentan que los conflictos económicos entre
trabajadores y empleadores son resueltos en equidad, creando derecho
discrecionalmente y en un breve lapso, y por ello no se le puede exigir a los
árbitros que en estos eventos obren como jueces que deciden conflictos
jurídicos, máxime si no existe norma de rango legal que los obligue a sustentar
su decisión ni a valorar las pruebas como lo hacen los jueces en derecho. El
laudo “en cuanto a los aspectos económicos es una decisión en conciencia”
(folio 252). Resalta que las facultades de la Sala de Casación Laboral cuando
resuelve un recurso de homologación se limitan a un control de legalidad de la
“regularidad del laudo en tanto éste no haya extralimitado su objeto”, lo cual
no incluye revisar “si la sustentación del fallo arbitral fue adecuada o si
adolece en un defecto fáctico por falta de sustento probatorio” (folio 255).
4.2 También impugnaron el fallo de primera
instancia los integrantes del Tribunal de Arbitramento, la Central Unitaria de
Trabajadores CUT, la Asociación Nacional de Trabajadores y Empleados de
Hospitales, Clínicas, Consultorios y Entidades Dedicadas a Procurar la Salud de
la Comunidad – ANTHOC –, y COOPTRASHAIO. La Fundación respondió a los
argumentos de los impugnantes.
5. Fallo de tutela en segunda instancia
El Consejo Superior de la Judicatura, Sala
Jurisdiccional Disciplinaria, en sentencia de agosto 22 de 2001 revocó el fallo
del a quo. Consideró, entre otras, que no había violación al debido
proceso porque el Tribunal falló en equidad, por lo cual no tiene que fundar su
decisión en una valoración detallada de las pruebas, y porque la Corte Suprema
al decidir sobre el recurso de homologación no puede resolver el conflicto
económico sino efectuar un control de legalidad del laudo.
6. Medida
cautelar
El magistrado sustanciador, mediante
auto de diciembre 18 de 2001, con fundamento en las facultades legales que le
permiten tomar medidas cautelares para proteger los derechos fundamentales ante
amenazas inminentes (artículo 7 Decreto 2591 de 1991), y teniendo en cuenta que
– ante la ausencia de acuerdo entre las directivas de la Fundación y los
dirigentes sindicales – la determinación de cerrar la clínica e iniciar un
proceso encaminado a la liquidación de la persona jurídica era notoriamente
inminente, lo cual podría poner en riesgo los derechos de los pacientes
internos en la Clínica dadas las condiciones y la oportunidad del eventual
cierre, adoptó la medida cautelar consistente en la prolongación del término
establecido en el artículo 35 numeral 5 de la Ley 550 de 1999 para dar por
terminado de pleno derecho con los efectos jurídicos correspondientes el
acuerdo de reestructuración, esto es, hasta el viernes 25 de Enero de 2002,
prorrogable por decisión de las partes, previa consulta al promotor del acuerdo
de reestructuración, hasta el jueves 31 de Enero de 2002.
7. Diligencia de
inspección judicial al expediente arbitral
La Sala
Tercera de Revisión por auto de enero veinticinco (25) de dos mil dos (2002)
resolvió decretar la práctica de diligencia de inspección judicial al
expediente arbitral con el fin de analizar los elementos fundamentales de las
deliberaciones que condujeron a la decisión adoptada por el Tribunal de
Arbitramento Obligatorio en laudo arbitral del veinte (20) de diciembre de
2000; determinar si fueron considerados, y en qué forma, el proceso y el
acuerdo de reestructuración de deudas adelantado por la Fundación Shaio y sus
acreedores, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 550 de 1999; y copiar
actas e informes suficientes para evaluar si el mencionado Tribunal de
Arbitramento Obligatorio apreció la situación económica en que se encontraba la
Fundación Shaio, en especial los estudios de impacto de las decisiones del
Tribunal de Arbitramento Obligatorio sobre la viabilidad de la empresa.
Revisado el expediente arbitral No. 16359, que reposa en la oficina del Grupo
de Relaciones Individuales y Colectivas del Ministerio de Trabajo y Seguridad,
se constató la existencia de 9 actas de las reuniones del Tribunal de
Arbitramento Obligatorio, cuyo contenido se resume a continuación:
1.- Acta
Numero 1 del siete (7) de noviembre de 2000: se instala el tribunal de arbitramento
obligatorio, se inician sus deliberaciones, se designan presidente y secretaria
del tribunal, se solicita a las partes los antecedentes y toda la documentación
– puntos del pliego, etapas de negociación, situación financiera de la
fundación – y se cita a los representantes de las partes a efecto de escuchar
sus planteamientos.
2.- Acta Numero 2 del once (11) de
noviembre de 2000: se aprueba el acta numero 1, se dio lectura a la excusa
presentada por la organización sindical para comparecer y se le fijó como nueva
fecha para comparecer el día 21 de noviembre del mismo año. Comparecieron los
doctores LUZ MARIA OBANDO representante legal de la FUNDACIÓN SHAIO, el doctor
CARLOS JACOME ILLERA apoderado de la FUNDACIÓN SHAIO, el doctor LUIS FERNANDO RODRÍGUEZ
Director de Recursos Humanos y el doctor GUILLERMO ALVAREZ atendiendo la
citación del Tribunal. El doctor LUIS FERNANDO RODRÍGUEZ “hizo un análisis de
la situación financiera de la Fundación, señalando que es una entidad sin ánimo
de lucro, requiriendo en consecuencia excedentes para sobrevivir, y si no los
genera, no tiene recursos y tiende a desaparecer, por tanto manifiesta que no
es posible acceder a las pretensiones de la organización sindical. Continuó
manifestando que se hizo denuncia de la convención el día 29 de noviembre de
1999, que el pliego de peticiones se presentó el 7 de marzo de 2000, y la etapa
de arreglo directo empezó el 10 de marzo y terminó el 29 de marzo de 2000, sin
llegar a acuerdo alguno. También señalo que el 7 de abril se solicitó al
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el despido de 222 trabajadores a fin
de dar viabilidad a la institución. Informó igualmente que la Fundación se
acogió a la ley 550 de reestructuración, siendo admitida dicha solicitud el 14
de abril del presente año, estando a la fecha en la etapa de negociación del
acuerdo de pago y determinación de las acreencias. Se deja constancia que todo
lo expresado por el expositor se encuentra consignado en el informe escrito que
se allegó por parte de la fundación.”
La Fundación Shaio resume su posición ante
el tribunal en escrito fechado el diez (10) de noviembre de 2000, al cual
anexa:
- Balance General y Resultados a Diciembre
31 de 1999.
- Balance General y Resultados a Marzo 31
de 2000.
- Fotocopia de estudio y solicitud de
despido.
- Copia de estudio de viabilidad elaborado
por perito
- Resolución de aceptación de “ingreso a la
ley 550 de 1999”.
3.- Acta Numero 3 del veintiuno (21) de
noviembre de 2000: se aprueba el acta numero 2, se da lectura a las comunicaciones
de las partes en las que conceden al Tribunal de Arbitramento Obligatorio la
prórroga del término solicitada para decidir sobre el conflicto colectivo, se
da lectura a la comunicación enviada por la Fundación Shaio reportando el envío
del pacto colectivo. Comparecieron a la sede del Tribunal los señores YESID
HERNANDO CAMACHO, Presidente Nacional, WILLIAM ALIRIO VARGAS, Secretario
Seccional y el doctor ENRIQUE BORDA VILLEGAS asesor jurídico de la organización
sindical ANTHOC. El doctor Enrique Borda anotó que la denuncia parcial de la
convención la hizo el sindicato el día 30 de diciembre de 1999. La denuncia de
la convención por parte de la empresa se hizo en forma extemporánea por
anticipada, al ser presentada el 29 de octubre de 1999, por tanto solicitó no
considerar esa denuncia para efecto de fijar los límites de la equidad y
decisión. Luego tomó la palabra el señor WILLIAM VARGAS, quien sostuvo que todo
lo manifestado por él se encuentra consignado en el informe escrito que consta
de 20 folios y que se incorpora al expediente, lo cual es reiterado por el
señor YESID CAMACHO.
En el escrito de ANTHOC al Tribunal de
Arbitramento se describen las partes del conflicto, se afirma que su relación
ha estado enmarcada por un ambiente hostil, que en treinta años de existencia
se han suscrito 12 convenciones colectivas y se han proferido 4 laudos
arbitrales, que la Fundación ha tenido un ánimo persecutorio de la organización
sindical, utilizando el pacto colectivo como mecanismo para desincentivar la
afiliación de los trabajadores al sindicato mediante la creación de condiciones
desiguales de trabajo, lo cual llevaría al fallo favorable al sindicato
proferido por la Corte Constitucional (SU-169 de 1999). Consideran que “la
situación de iliquidez que ha venido aduciendo la Fundación se soluciona con la
reactivación de su capacidad productiva, la recuperación de la cartera y
soluciones que establece el proceso de reestructuración para el pago de las
deudas, no reduciendo los costos laborales, menos con el despido de 222
trabajadores, o congelando los ingresos de los trabajadores”. Apoyan su
concepto en datos tomados de los balances de la Fundación según los cuales de
1994 a 1998 la Fundación arrojó utilidades, que el incremento real de los
costos laborales para 1999 fue tan solo de 8.23% y que la actual situación se
debe realmente a la inversión en la clínica Shaio Caribe, para lo cual la
Fundación contrajo créditos sin tener en cuenta la capacidad de financiación
por cerca de 11 mil cuatrocientos noventa y dos millones de pesos, así como a
la negativa evolución de las cuentas por cobrar que pasaron de 90 días a más de
un año, por la situación del Instituto de Seguros Sociales y las EPSs, cuentas
que ascendían a 19 mil trescientos millones de pesos en marzo de 2000.
4.- Acta Numero 4 del veintisiete (27) de
noviembre de 2000: se aprueba el acta numero 3, se procede a examinar el
material enviado por las partes, notando la falta de algunos documentos, y en
consecuencia se dispone oficiar a las partes en conflicto y al Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social para solicitar el envío de los mismos. Luego se
hicieron algunas reflexiones respecto a la verificación de las fechas de las
denuncias para fijar la competencia, y si se cumplieron los requisitos de ley.
En cuanto a la denuncia de la convención se discutió si el término de los 60
días que señala la norma, es sobre días hábiles o calendario. Luego se inició
la lectura del pliego de peticiones, en particular de sus artículos 1, 2 y 3.
Seguidamente se leyeron los siguientes artículos hasta el 9, quedando pendiente
resolver sobre ellos, previa lectura del fallo de tutela, presumiblemente de la
SU-169 de 1999.
5.- Acta Numero 5 del cuatro (4) de
diciembre de 2000: se aprueba el acta numero 4, se verifican las fechas de
presentación de las denuncias por parte del sindicato y de la Fundación, así
como de presentación del pliego de peticiones. Con base en conceptos del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social contenidos a folios 69 y 72 se decide
por mayoría que los días para contabilizar el término de 60 días para la
presentación de la denuncia de la convención colectiva son de días calendario,
por lo que la denuncia presentada por la Fundación el 29 de octubre de 1999 fue
extemporánea por anticipada. Posteriormente se dio nuevamente lectura al pliego
de peticiones en sus artículos 1, 2, 3 y 4.
6.- Acta Numero 6 del seis (6) de diciembre
de 2000: se aprueba el acta numero 5, se recibe por parte de la Fundación Abood
Shaio copia de la convención colectiva firmada con la Asociación de
Trabajadores Amigos de la Fundación Abood Shaio – ATAS –, en 74 folios; se
continúa con el estudio de los artículos 5, 6, 7, 8 y 9 del pliego de
peticiones; finalmente se ordena oficiar a las Inspecciones 4ª y 10ª de
Trabajo  para que se sirvan remitir copia de las denuncias presentadas por la
Fundación contra la convención colectiva de trabajo.
7.- Acta Numero 7 del trece (13) de
diciembre de 2000: se aprueba el acta numero 6, se reciben y revisan los
expedientes de las denuncias presentadas por la Fundación el 29 de octubre y el
25 de noviembre de 1999 contra la convención colectiva de trabajo, procedentes
de las Inspecciones 4ª y 10ª de Trabajo. Después de discutir varios aspectos
jurisprudenciales sobre el tema se levantó la sesión.
8.-  Acta Numero 8 del dieciocho (18) de
diciembre de 2000: se aprueba el acta numero 7, se continúa con la discusión de
los artículos del pliego de peticiones 5, 7, 9 y 10. Se definió que otro
artículo del laudo será el siguiente: “A la cláusula 24 de la convención
colectiva vigente se le adiciona el siguiente: PARÁGRAFO.- La Fundación
facilitará sus instalaciones a los trabajadores que adelanten estudios
relacionados con la salud, para que estos adelanten las prácticas
correspondientes.
9.- Acta final del veinte (20) de diciembre
de 2000, en la que se informa que se ha adoptado por el tribunal de
arbitramento obligatorio el Laudo arbitral de igual fecha.
Al acta de la inspección judicial se
anexaron copias de las actas 1 a 8 de las deliberaciones del tribunal de
arbitramento.
8. Solicitud de audiencia pública
El presidente del
sindicato nacional de la salud ANTHOC, Yesid Camacho Jiménez, así como el
presidente encargado de la CUT, Miguel Antonio Caro, el presidente de la CGTD,
Julio Roberto Gómez y el presidente de la CTC, Apecides Alvis, solicitaron el
23 de enero de 2002 al magistrado sustanciador se sirviera ordenar la
realización de una audiencia pública “ante la magnitud del caso de la
referencia y las graves incidencias para el país en general”. Tal solicitud fue
reiterada por la Junta Directiva de Sintraseguridadsocial el día 28 de enero.
Estas solicitudes, aunque sin duda de gran interés, no pudieron ser acogidas
por carecer las Salas de Revisión de Tutela de competencia para realizar
audiencias públicas, estando reservada la realización de éstas a la Sala Plena
de la Corte Constitucional en procesos de constitucionalidad o en procesos de
tutela en los que se discute un cambio jurisprudencial.[1]
II. Consideraciones y Fundamentos
1. Competencia
Es competente esta
Sala de Revisión de la Corte Constitucional con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 86, inciso tercero y 241, numeral noveno de la Constitución
Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de
1991.
2. Problemas
jurídicos
La controversia
suscitada con la presentación de la acción de tutela en contra del laudo
arbitral y la sentencia de homologación plantea los siguientes problemas
jurídicos:
a. ¿Es procedente la
acción de tutela contra el laudo arbitral pese a la existencia del recurso de
homologación[2]
ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia?
b. ¿Existen límites
constitucionales que los árbitros – al fallar en equidad – y la justicia
laboral – al resolver el recurso de homologación – tienen el deber de respetar
y cuyo desconocimiento constituye una vía de hecho susceptible de ser
controlada por los jueces de tutela?
c. ¿Se vulnera el
derecho al debido proceso de los accionantes mediante el laudo arbitral y el
fallo de homologación objeto de la acción de tutela por no haber sido valoradas
las “pruebas” relativas a la situación crítica de la Fundación?
d. ¿Desconocen el laudo y la sentencia de homologación
el debido proceso, los derechos a la vida, la integridad física y la salud
porque los pacientes quedarían desprotegidos en caso de que se cerrara la
Clínica Shaio?
e. ¿Se vulneran los
derechos al trabajo y a la igualdad de los accionantes mediante el laudo
arbitral y el fallo de homologación objeto de la acción de tutela dado que de
cerrarse la clínica muchas personas se quedarían sin trabajo?
La Corte procederá a
responder estos problemas jurídicos en el orden en que han sido expuestos.
Ante todo la Corte
advierte que la presente decisión no tiene por objeto definir el significado y
los alcances del arbitramento para la resolución de conflictos colectivos
económicos. Basta a este respecto resaltar la importancia de los laudos
arbitrales como mecanismos de resolución pacífica de los conflictos laborales
colectivos. Para que estos puedan cumplir esta función, los laudos arbitrales
han de gozar de estabilidad y seguridad, lo cual exige que en principio las
decisiones de los árbitros sean definitorias del conflicto. En el presente caso
se trata de una hipótesis arbitral realmente extrema como se pasa a analizar.
3. La acción de tutela sí procede contra
un laudo arbitral después de que se ha resuelto el recurso de homologación y su
objeto puede comprender también la sentencia respectiva
3.1 Los
árbitros están sujetos a la Constitución y a la ley. Como particulares a
quienes les ha sido confiada transitoriamente – por ley o por acuerdo entre las
partes – la resolución de un conflicto jurídico o económico, ejercen una
función pública y, en tal sentido, están sujetos a la Constitución. La Corte ha
sostenido al respecto:
“El arbitramento
representa un mecanismo para impartir justicia, a través del cual igualmente se
hace efectiva la función pública del Estado en ese sentido, y claramente
consagrado por el ordenamiento jurídico.”[3]
La atribución
transitoria de funciones judiciales en cabeza de particulares no les otorga un
poder extra- o supraconstitucional, así sus decisiones se inspiren en la
equidad y persigan la resolución de conflictos económicos. Por eso, el Código
Sustantivo del Trabajo establece que los árbitros que decidan en equidad
también deben respetar la Constitución. Reza dicho artículo:
“ART. 458.- Compilado. D.
1818/98, art.187. Decisión. Los
árbitros deben decidir sobre los puntos respecto de los cuales no se haya
producido acuerdo entre las partes en las etapas de arreglo directo y de
conciliación y su fallo no puede afectar derechos o facultades de las partes
reconocidos por la Constitución Nacional, por las leyes o por las normas
convencionales vigentes.”
Por lo demás,
el Estado social de derecho (artículo 1 C.P.) representa una renuncia expresa y
un rechazo tajante a la arbitrariedad en el ejercicio de la autoridad. La
sujeción de la conducta de las autoridades públicas al Estado de derecho, lleva
implícito el respeto y sometimiento al debido proceso en todas sus actuaciones,
esto como garantía del ciudadano frente al poder. El desobedecimiento flagrante
del debido proceso constituye una vía de hecho frente a la cual la persona no
puede quedar inerme. Por ello, la importancia de que exista un procedimiento
constitucional para impedir la vulneración y solicitar la protección de los
derechos fundamentales.
No es, por lo
tanto, admisible la tesis según la cual cuando se trata de una decisión en
equidad los árbitros pueden actuar arbitrariamente. La equidad no puede ser
excusa que justifique la violación de los derechos fundamentales. En un Estado
Social de Derecho los árbitros no pueden ser arbitrarios. En el ejercicio de
sus facultades no pueden vulnerar los derechos y principios constitucionales y
los procedimientos establecidos en la Constitución y la ley. Lo anterior no
significa que los árbitros que deciden en equidad tengan la misma
responsabilidad que los jueces respecto de la práctica y valoración de pruebas,
asunto sobre el cual se elaborará posteriormente (ver apartado 6.2 de esta
sentencia).
3.2 Por la
naturaleza especial del arbitramento en equidad, la acción de tutela sólo es
procedente contra un laudo arbitral en materia laboral en circunstancias
realmente excepcionales, como las que se determinarán posteriormente (ver
apartado 4.4), es decir, cuando después de agotado el recurso de homologación,
sea evidente una violación de un derecho constitucional o una grave e inminente
amenaza a éste. La acción de tutela no es un mecanismo adicional, sustituto ni
complementario de los demás recursos constitucionales o legales, en especial
del recurso de homologación (arts. 141 a 143 Código Procesal del Trabajo –
CPT–). Quien no ha interpuesto el recurso de homologación contra el laudo
arbitral en el término legal establecido para ello, no puede luego, aduciendo
vulneración de los derechos fundamentales, interponer la acción de tutela, ya
que ésta no es un mecanismo para enmendar las omisiones o los errores que las
partes cometan en el trámite procesal de sus pretensiones o para desplazar o reemplazar
las acciones o los recursos que el ordenamiento jurídico ha previsto para la
defensa de los derechos e intereses de las personas.
La
interposición y resolución del recurso de homologación es requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra el laudo arbitral. Ello vale tanto
para el arbitramento voluntario – artículo 141 del Código Procesal del Trabajo
– como para el obligatorio – artículo 143 del Código Procesal del Trabajo.
3.3 El recurso
de homologación ante la H. Corte Suprema de Justicia tiene como finalidad
someter el laudo arbitral al control de su regularidad. El Código Procesal del
Trabajo establece sobre el particular:
“Artículo 143.- Compilado. D. 1818/98.
art. 195. Homologación de laudos de tribunales especiales. El laudo que
profiera un tribunal especial de arbitramento, cuando el arbitraje fuere de
carácter obligatorio, será remitido con todos sus antecedentes al Tribunal
Supremo del Trabajo (hoy Sala Laboral de la Corte Suprema), para su
homologación, a solicitud de una de las partes o de ambas, presentada dentro de
los tres días siguientes al de su notificación. El tribunal, dentro del término
de cinco días, verificará la regularidad del laudo y lo declarará
exequible, confiriéndole fuerza de sentencia, si el Tribunal de Arbitramento no
hubiere extralimitado el objeto para el cual se le convocó, o lo anulará en
caso contrario.
Si el tribunal hallare que no se
decidieron algunas de las cuestiones indicadas en el decreto de convocatoria,
devolverá el expediente a los árbitros, con el fin de que se pronuncien sobre
ellas, señalándoles plazo al efecto, sin perjuicio de que ordene, si lo estima
conveniente, la homologación de lo ya decidido.” (subrayado fuera del texto)
La H. Corte
Suprema de Justicia ha interpretado la norma transcrita en los siguientes
términos:
“Se tiene entonces
que de acuerdo con esta disposición, corresponde a esta Sala, al desatar el
recurso de homologación que se hubiera interpuesto contra el laudo proferido
por un tribunal de arbitramento obligatorio, verificar la regularidad del laudo
y conferirle fuerza de sentencia si lo encuentra ajustado a la Constitución
Política, la ley y los contratos pertinentes.
La regularidad, en
general, puede entenderse como el sometimiento a las reglas tanto sustanciales
como procesales, pero en sentido estricto, en lo que toca con el objeto de este
recurso extraordinario, se refiere al cumplimiento de lo que la misma ley ha
señalado como meta para el tribunal de arbitramento que debe resolver
conflictos de carácter económico.
Ese marco supone que
el tribunal debe ocuparse de la resolución de todos los puntos materia de la
negociación colectiva que no hayan sido objeto de acuerdo entre las partes
durante las etapas que la ley contempla para la búsqueda del mismo, particularmente
dentro de la etapa de arreglo directo y su prórroga, aunque es claro que esos
acuerdos pueden alcanzarse con posterioridad, en esos lapsos que median entre
la finalización de tal etapa y el momento en que se instala el tribunal.
Entonces, lo primero
de lo cual debe ocuparse esta Sala al momento de resolver el recurso de
homologación, es de verificar que los puntos resueltos por el tribunal
realmente correspondan a los que quedaron por fuera de los acuerdos logrados
entre las partes y cobijen la totalidad de ellos. Es entendido que si no hubo
ningún acuerdo, los árbitros pueden resolver sobre la globalidad de lo que
constituye la materia de la negociación colectiva y, así mismo, si el tribunal
no adoptó decisión en torno de todos los aspectos que configuran esa materia,
deben devolvérsele las diligencias correspondientes para que complete su
obligación de pronunciarse sobre todo cuanto forma parte del conflicto
colectivo.
Resuelto lo anterior, debe proceder
la Sala a verificar que los pronunciamientos del tribunal no vulneren
disposiciones constitucionales, ni legales, ni contractuales y es allí donde se
ubica claramente su función de verificar la regularidad  del laudo, es decir,
que cumple con ello en el momento en que constata que el laudo se ajusta a las
reglas que rigen las relaciones entre las partes del conflicto colectivo, que
naturalmente serán las propias de la Carta Política y de la regulación legal
correspondiente, además de las que se hayan establecido por la vía de la
contratación, particularmente por conducto de la convención o el pacto
colectivo.”[4]
3.4 Las
competencias de los jueces de homologación varían dependiendo de si el asunto
objeto de decisión arbitral es jurídico o económico, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 142 y 143 del Código Procesal del Trabajo. En este
sentido, ha sostenido la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de
Justicia lo siguiente:
“(N)uestro derecho
positivo acoge la tradicional división de los conflictos en jurídicos y
económicos. Fue así como en el año de 1948 al expedirse mediante el Decreto
Legislativo 2158 el Código Procesal de Trabajo, el cual quedó convertido en
legislación permanente por el Decreto-Ley 4133 de ese mismo año, se adoptó esta
clasificación propuesta por Henri Binet y que es la prohijada por la
Organización Internacional del Trabajo, disponiéndose por ello que los jueces
laborales únicamente conocieran de los conflictos de la primera clase (CPT,
art. 2° y 3°).
2. Por tal virtud,
si bien es cierto que en ambos tipos de conflicto se prevé la posibilidad de
que para su solución se profieran laudos arbitrales, y que trátese de uno
jurídico ora lo sea de índole económica está previsto el recurso de
homologación como mecanismo de control jurisdiccional a lo decidido por los
árbitros, nunca puede perderse de vista la diferente naturaleza y finalidad que
uno y otro persiguen.
En el conflicto
jurídico las partes si lo quieren derogan la jurisdicción ordinaria por
mutuo acuerdo, mediante el compromiso o la cláusula compromisoria, y someten su
diferendo a los árbitros para que ellos, al igual que lo haría el juez
ordinario a quien reemplazan en el cumplimiento de sus funciones, falle en
derecho con aplicación de una forma preexistente al litigio; mientras que en el
conflicto de intereses económicos - y el originado por la presentación
de un pliego de peticiones que puede desembocar en una convención colectiva de
trabajo o pacto colectivo (y en ciertos casos en un laudo arbitral) es el
conflicto económico por antonomasia – no se trata ya de aplicar normas
existentes sino de crearlas, de dar nacimiento a un nuevo derecho, siendo aquí
por ello la función de los árbitros – llamados por un sector de la doctrina
arbitradores para distinguirlos – la de solucionar hacia el futuro y por medio
de un fallo de índole constitutiva, y no meramente declarativa como lo es la
sentencia o laudo que termina un litigio de naturaleza jurídica, el conflicto
que enfrenta a las partes insatisfechas con la normatividad imperante y que
precisamente han promovido en procura de obtener una nueva que mejor convenga a
sus intereses.
(...)
Esta diferenciación
de los conflictos del trabajo permite asimismo entender la razón por la cual
los actuales Tribunales Superiores de Distrito Judicial (y anteriormente los
Tribunales Seccionales de Trabajo) sí deben, en los arbitrajes a que se refiere
el art. 142 del CPT, dictar la providencia de reemplazo cuando por virtud del
recurso de homologación anulen total o parcialmente el laudo; ya que en tales
casos los árbitros deben aplicar el derecho existente para lograr la solución
del conflicto jurídico cuya solución se les encomienda por virtud del
compromiso o la cláusula compromisoria, y si no lo hicieron es obvio que
violaron la ley, correspondiéndole por lo tanto al Tribunal como ad-quem
enmendar el agravio. Aquí el Tribunal revisor actúa como superior funcional de
los árbitros y simplemente declara el derecho conculcado al litigante por la
sentencia arbitral.
En cambio, cuando se trate no de un
conflicto jurídico sino de uno económico, pero que no se da en una actividad
catalogada de servicio público y que, sin embargo, está sometido a arbitraje
obligatorio (D.2351/65, arts. 31 y 34 ord. 1° literal b); D. 939/66 y Ley
48/68, art. 3°) o de un arbitramento voluntario originado en la presentación de
un pliego de peticiones (CST, art. 455 y D.2351/65, art. 34 ord. 2°), de todos
los cuales corresponde conocer a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial
por medio de su Sala Laboral (ley 16/69, art. 1° lit. c), tampoco se podrá en
tal caso pronunciar una providencia para reemplazar la parte del laudo
declarada inexequible, y la única decisión legalmente posible es la de anularlo
procediendo de manera análoga a como la Corte lo hace en los casos de los
tribunales especiales de arbitramento a que se refiere el art. 143 del CPT ”.[5]
En cuanto a
los alcances de la función de la homologación del laudo arbitral, según la
propia jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Laboral, ésta generalmente efectúa un examen de la regularidad del laudo[6] como control de la
legalidad del trámite procesal[7]
y del ejercicio de la competencia, puesto que el Tribunal de Arbitramento debe hacer
sido legal y oportunamente integrado, su decisión deber haber sido proferida
dentro del término respectivo y el objeto del mismo no puede exceder los temas
de la discordia. En ocasiones, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Laboral, ha extendido su control a un aspecto material para evaluar si lo
decidido en el laudo resulta en una inequidad manifiesta, concepto que incluye
no “menoscabar la viabilidad de la actividad empresarial”.[8] Es importante subrayar
que para la propia Corte Suprema de Justicia su determinación sólo puede ser la
de convalidar, anular o devolver, sin que ésta “esté facultada para tomar
decisiones que impliquen una solución del conflicto colectivo económico, que
forzosamente debe ser resuelto por las partes o por el tribunal de
arbitramento.”[9]
La
intervención de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en sede
de homologación, no ha tenido, según la jurisprudencia citada, como finalidad
principal el control de aspectos sustantivos atinentes a la conformidad del
laudo con la Constitución, cuestión que resulta esencial para la competencia de
los jueces constitucionales (arts. 86 y 241-9 de la Constitución). Ella revisa
la regularidad del laudo y decide si lo convalida jurídicamente o no, tal y
como lo reafirman los magistrados de la Sala de Casación Laboral en su escrito
de impugnación en el presente proceso cuando afirman:
“Resalta que las
facultades de la Sala Laboral cuando resuelve un recurso de homologación se
limitan a un control de legalidad de la “regularidad del laudo en tanto éste no
haya extralimitado su objeto”, lo cual no incluye revisar “si la sustentación
del fallo arbitral fue adecuada o si adolece en un defecto fáctico por falta de
sustento probatorio” (folio 255).”
Los jueces de
tutela, por el contrario, tienen como misión institucional velar por la
efectividad de los derechos fundamentales y se limitan a evaluar si los actos u
omisiones de quien ejerce autoridad dejan incólumes tales derechos.
3.5 Es de
anotar que los ámbitos de control del recurso de homologación y de la acción de
tutela se diferencian en la medida que la justicia laboral ejerce
preponderantemente, sin que le este vedado o le sea ajeno el análisis
constitucional, un control de legalidad ampliado – que incluye el examen de la
posible inequidad manifiesta de la decisión arbitral en equidad – mientras que
los jueces de tutela controlan excepcionalmente el laudo arbitral y la decisión
judicial que lo homologa para establecer si se presenta una flagrante
vulneración de los derechos constitucionales fundamentales. Sin duda, en
ocasiones, ambos controles recaerán sobre la misma actuación de los árbitros,
más aún cuando el control de la regularidad del laudo se aprecia también tomado
como marco general la propia Constitución.
No obstante,
los límites constitucionales específicos – que los árbitros están llamados a
respetar – se relacionan de manera directa e inescindible con derechos
fundamentales, y en ese sentido es posible distinguir y restringir el ámbito de
competencia de los jueces de tutela cuando se cuestiona un laudo arbitral en
equidad, como se analiza a continuación.
4. Existen límites constitucionales para
los árbitros en sus actuaciones o decisiones. Así sus determinaciones sean
adoptadas en equidad no pueden ser evidentemente irrazonables. Debido proceso arbitral
y constitucionalización expresa del concepto de equidad.
4.1 La equidad,
concepto indeterminado, ha sido constitucionalizada. Varias disposiciones de la
Carta Política se refieren expresamente a ella.[10] El artículo 20 inciso
2 C.P. garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad;
el artículo 95 inciso 2 numeral 9 C.P. eleva a deber de la persona y del
ciudadano el “contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del
Estado dentro de conceptos de justicia y equidad”; el artículo 150
numeral 16 C.P. establece que el Estado podrá, "sobre bases de equidad,
reciprocidad y conveniencia nacional, transferir parcialmente determinadas
atribuciones a organismos internacionales que tengan por objeto promover o
consolidar la integración económica con otros Estados”; el artículo 226 C.P.
ordena al Estado promover “la internacionalización de las relaciones políticas,
económicas, sociales y ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y
conveniencia nacional”; el artículo 227 C.P. ordena al Estado promover “la
integración económica, social y política con
las demás naciones y especialmente, con los países de América Latina y del
Caribe mediante la celebración de tratados que sobre bases de equidad,
igualdad y reciprocidad, creen organismos supranacionales (...)”; el artículo
267 inciso 3 C.P. establece que la “vigilancia de la gestión fiscal del Estado
incluye el ejercicio de un control financiero, de gestión y de resultados,
fundado en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los
costos ambientales”; y, finalmente, el artículo 363 C.P. determina que el
“sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y
progresividad”.
En materia de
administración de justicia, la equidad también ha quedado constitucionalizada
por voluntad del constituyente. El artículo 230 inciso 2 C.P. incluye a la equidad
como uno de los criterios auxiliares de la actividad judicial. Por su parte, el
artículo 247 C.P. dispone que “la ley podrá crear jueces de paz encargados de
resolver en equidad conflictos individuales y comunitarios”. Con
respecto al arbitramento – tema que ocupa a la Corte en el presente caso – la
Constitución distingue entre el arbitramento en derecho y en equidad
(artículo 116, inciso último). Así, le confiere un sólido fundamento
constitucional al arbitraje de intereses contrapuestos con base en criterios de
equidad y no en mandatos legales. Es de advertir que si bien en general los
jueces han de tener en cuenta, entre otros criterios, la equidad como criterio
auxiliar de la actividad judicial (artículo 230 inciso 2 C.P.), y ello es
predicable de la actividad de los árbitros cuando deciden en derecho, tratándose
del arbitramento en materia económica, la equidad no es tan sólo un criterio
auxiliar sino el criterio fundante de la decisión de los árbitros. Por eso, es
necesario detenerse en los rasgos básicos de una decisión en equidad.
4.2 Sobre el
sentido, contenido y alcance de la equidad en la administración de justicia la
Corte Constitucional se ha pronunciado en diversas oportunidades:
“(H)istóricamente,
la preocupación por integrar consideraciones de equidad al derecho ha sido
continua. En efecto, desde el derecho romano, mediante la labor de los
pretores, hasta nuestros días, legisladores y jueces se han preocupado
continuamente por adecuar la generalidad de las normas jurídicas a las
particularidades de la realidad, introduciendo en ellas matices y excepciones
para integrar ciertas consideraciones de equidad. De este modo han surgido
diversas instituciones jurídicas. A manera de ejemplo, se puede citar que
frente al principio de “pacta sunt servanda” surgió la cláusula “rebus
sic stantibus…”, que posteriormente fue adaptada nuevamente a comienzos de
siglo por la jurisprudencia administrativa francesa, mediante la decisión del
conocido Caso de la Compañía de Gas de Burdeos. Esta decisión dio origen a la
llamada “teoría de la imprevisión”.
(...)
En primer lugar, la
equidad le permite al operador jurídico evaluar la razonabilidad de las
categorías generales de hechos formuladas por el legislador, a partir de las
situaciones particulares y concretas de cada caso.  En este sentido, la equidad
se introduce como un elemento que hace posible cuestionar e ir más allá de la
igualdad de hecho que el legislador presupone. La equidad permite al operador
jurídico reconocer un conjunto más amplio de circunstancias en un caso
determinado. Dentro de dichas circunstancias, el operador escoge no sólo
aquellos hechos establecidos explícitamente en la ley como premisas, sino que,
además, puede incorporar algunos que, en ciertos casos “límites”, resulten
pertinentes y ponderables, y permitan racionalizar la igualdad que la ley presupone.
En segundo lugar, la
equidad actúa como un elemento de ponderación, que hace posible que el operador
jurídico atribuya y distribuya las cargas impuestas por la norma general,
proporcionalmente, de acuerdo con aquellos elementos relevantes, que la ley no
considera explícitamente. La consecuencia necesaria de que esta ley no
llegue a considerar la complejidad de la realidad social, es que tampoco puede
graduar conforme a ésta los efectos jurídicos que atribuye a quienes se
encuentren dentro de una determinada premisa fáctica contemplada por la ley.
Por ello, la equidad –al  hacer parte de ese momento de aplicación de la ley
al caso concreto- permite una graduación atemperada en la distribución de
cargas y beneficios a las partes.  En este sentido, el operador, al
decidir, tiene en cuenta no las prescripciones legales, sino los efectos
concretos de su decisión entre las partes.”[11] (Subrayas fuera de
texto)
4.3 Las anteriores consideraciones de la
Corte Constitucional abordan la cuestión del lugar y la función de la equidad
dentro del derecho. Se trata de un tópico para cuya resolución se acude
frecuentemente a Aristóteles, en especial a su Etica a Nicómaco donde el
filósofo analiza la relación entre equidad y justicia, por un lado, y entre
equidad y legalidad, por el otro. Básicamente, el lugar de la equidad en la perspectiva
aristotélica está en los espacios dejados por el legislador y su función es la
de evitar una injusticia como resultado de la aplicación de la ley a un caso
concreto. La injusticia puede surgir, primero, de la aplicación de la ley a un
caso cuyas particularidades fácticas no fueron previstas por el legislador,
dado que éste se funda para legislar en los casos usuales, no en los especiales
y excepcionales. La omisión legislativa consiste en no haber contemplado un
caso especial en el cual aplicar la regla general produce un efecto injusto.
Segundo, la injusticia puede surgir de la ausencia de un remedio legal, es
decir, ante la existencia de un vacío. En esta segunda hipótesis, la equidad
exige decidir como hubiera obrado el legislador. En la primera hipótesis la
equidad corrige la ley, en la segunda integra sus vacíos. Así entendida, como epikeia,
la equidad brinda justicia cuando de la aplicación de la ley resultaría una
injusticia.
Estos elementos generales bastan para
ilustrar la complejidad del tema. En las máximas latinas usualmente citadas
está presente esta idea de la función de la equidad. Por ejemplo, el proverbio
en el sentido de que el derecho aplicado al extremo puede conducir a una gran
injusticia (summum ius, summa iniuria) refleja la necesidad de mitigar
el rigor de la ley en ciertos casos, es decir, no guiarse estrictamente por el
criterio dura lex, sed lex. La máxima según la cual la equidad aconseja
cuando carezcamos de derecho (aequitas suggerit, ubi iure deficiamur)
indica la función integradora de la equidad. Sin embargo, la distancia entre el
derecho y la equidad no debería ser tan grande, al tenor de otra conocida
máxima: en derecho hay que buscar siempre la equidad, pues de otro modo no
sería derecho (ius semper quaerendum est eaquabile, neque enim aliter ius
esset).[12]
Las
consideraciones anteriores no apuntan a señalar hitos históricos en la evolución
del concepto, sino que son pertinentes en la medida en que indican tres rasgos
característicos de la equidad. El primero es la importancia de las
particularidades fácticas del caso a resolver. La situación en la cual se
encuentran las partes – sobre todo los hechos que le dan al contexto empírico
una connotación especial – es de suma relevancia para determinar la solución
equitativa al conflicto. El segundo es el sentido del equilibrio en la
asignación de cargas y beneficios. La equidad no exige un equilibrio perfecto.
Lo que repugna a la equidad son las cargas excesivamente onerosas o el
desentendimiento respecto de una de las partes interesadas. El tercero es la
apreciación de los efectos de una decisión en las circunstancias de las partes
en el contexto del caso. La equidad es remedial porque busca evitar las
consecuencias injustas que se derivarían de determinada decisión dadas las
particularidades de una situación.
Estos elementos de la equidad han inspirado
numerosas doctrinas jurídicas consideradas novedosas al momento de su
articulación pero que hoy parecen necesarias. La teoría de la imprevisión, la
teoría sobre el equilibrio económico de los contratos, la teoría del
enriquecimiento sin causa, son tan sólo algunos ejemplos.
Igualmente, del principio de equidad se han
derivado instituciones. En el derecho comparado, la más conocida, por supuesto,
es la jurisdicción de equidad que nació durante el medioevo en las cortes de
los cancilleres en Inglaterra en contraposición a la jurisdicción de derecho común
de los jueces, caracterizada por el rigorismo y el formalismo, así como por la
ausencia de remedios legales adecuados a algunos conflictos en el reino, lo
cual llevaba a las personas a pedirle al rey que en ejercicio de sus
prerrogativas y en virtud de su misericordia, solucionara en equidad el caso
por vía de sus cancilleres. Entre nosotros, el constituyente se preocupó
también por institucionalizar la equidad. Dentro de estas instituciones
sobresalen tres: los jueces de paz que deben decidir en equidad; el
arbitramento que puede ser en derecho o en equidad y, claro está, la acción de
tutela que busca ofrecer a las personas un remedio efectivo cuando la
jurisdicción ordinaria no se lo brinda y en la cual el juez debe ponderar, a
partir de los hechos del caso, no solo la decisión más razonable sino ante todo
la orden que tendrá el efecto práctico de garantizar el goce efectivo del
derecho constitucional fundamental amenazado o violado.
La tutela, es, en esencia, una
jurisdicción de equidad constitucional en defensa de la dignidad humana y de
los derechos fundamentales.
No resulta pertinente al caso detenerse en
estos aspectos históricos, doctrinarios e institucionales de la equidad. Basta
con subrayar que en todos ellos se puede apreciar que quien decide en equidad
dispone de una amplia discrecionalidad para resolver el conflicto sin que ello
signifique que la confianza que se le ha depositado le permita ser arbitrario,
ya que su función es, precisamente, la de brindar justicia, lo cual le impide
fundar sus dictámenes en su capricho, puesto que su misión es razonar en
equidad consultando el contexto fáctico del caso.
De tal manera, que
la equidad permite superar las limitaciones de la ley pero encuentra sus
límites en la justicia que la orienta. Estos límites varían según la
institución que administra equidad. En el caso del arbitramento en equidad son
los siguientes.
4.4 El artículo 458
del Código Sustantivo del Trabajo, anteriormente citado, enuncia de manera
general unos límites de orden constitucional, legal y convencional. Uno de
ellos es el de respetar los derechos constitucionales fundamentales de las
partes, dentro de los cuales se encuentra el derecho al debido proceso. Ello es
compatible con los mandatos derivados del principio de Estado Social de Derecho
relativos a cómo se han de tomar las decisiones. Es claro que no se pueden
adoptar de manera caprichosa ni arbitraria. Por eso a los jueces se les exige
que sus providencias sean motivadas y que lo sean de una manera ajustada a
derecho. Sobre los árbitros que deciden en equidad no recae el mismo deber. No
obstante, el debido proceso arbitral en equidad comprende unos límites
sustanciales de orden constitucional. Un claro límite constitucional de las
decisiones de los árbitros en equidad consiste en que si bien éstas no tienen
que ser razonadas, de cualquier forma deben ser razonables. Una decisión
razonada, o sea, justificada de manera expresa con base en argumentos expuestos
en la parte motiva del laudo es, prima facie, una decisión que no carece
de razonabilidad, salvo que se demuestre lo contrario. Ahora bien, un laudo
arbitral al resolver un conflicto laboral de intereses económicos que en su
parte motiva no da razones no es por ese sólo hecho irrazonable. Es posible que
pese a la ausencia de sustento argumentativo expreso en el laudo, la
razonabilidad de la decisión, en atención a las circunstancias del caso, sea
apreciable o demostrable.
La Corte
Constitucional en reiterada jurisprudencia ha insistido una y otra vez en que
las decisiones de los jueces deben ser razonadas y razonables. Es así como la
Corte ha sostenido que
“... no es admisible
constitucionalmente una interpretación de un texto legal que sea
manifiestamente irrazonable, porque "las decisiones de los jueces deben
ser razonadas y razonables"4. Por ello esta Corporación ya había
señalado que "la autonomía que la Corte reconoce a la interpretación legal
o judicial tiene como límite la arbitrariedad y la irrazonabilidad de sus
respectivos resultados.[13]”
[14]
La exigencia de que
“las decisiones de los jueces deben ser razonadas y razonables” no es, sin
embargo, predicable en igual forma de los árbitros en equidad, precisamente
porque ellos no están obligados a fallar en derecho, lo que los exime de la
fundamentación rigurosa de su decisión. No obstante, lo decidido por ellos no
puede carecer de razonabilidad.
De los límites
constitucionales que enmarcan la actuación de los árbitros – en especial del
mandato de interdicción de la arbitrariedad que se deduce del principio de
Estado Social de Derecho, se manifiesta en las exigencias del debido proceso y
se refleja en la garantía de los principios, derechos y deberes consagrados en
la Constitución – se desprende el requisito de que sus decisiones no sean
evidentemente irrazonables. Si bien los árbitros gozan de un amplio margen para
decidir, más aún cuando los asuntos a resolver son de naturaleza económica, de
cualquier forma deben respetar unos mínimos de razonabilidad. Se resaltan, sin
ánimo taxativo, los mínimos de mayor trascendencia:
a) Los árbitros en
equidad no deben ignorar a una de las partes en contienda. Este no impide que
descarten las peticiones de una de ellas cuando existan razones que lo
justifiquen, como sucede cuando los árbitros estiman que el empleador no puede
con la denuncia de la convención suscitar el conflicto colectivo ni delimitar
el ámbito del mismo.
b) Los árbitros
deben tener en cuenta las circunstancias fácticas del caso, o sea que no pueden
pasar por alto la información empírica; esto es así, ya que una decisión en
equidad no puede prescindir del contexto ni desentenderse de los efectos que
puedan recaer sobre las partes como consecuencia de lo que los árbitros
determinen. Lo anterior no significa que deban decretar, practicar y valorar
pruebas puesto que no son jueces de derecho.
c) Los árbitros
deben abstenerse de decidir con base en prejuicios, como lo son las opiniones
racistas, sexistas o exclusivamente ideológicas. La razón de ello es obvia: los
árbitros deben respetar los derechos fundamentales de las partes, ya que ellos,
al administrar justicia, son autoridad y ejercen una función pública.
Es necesario
distinguir entre las decisiones “en derecho”, “en equidad”, “en conciencia” y
“verdad sabida y buena fe guardada”. La más exigente de ellas es la decisión en
derecho ya que supone el conocimiento, la interpretación y aplicación de normas
objetivas respetando criterios hermenéuticos. El fallo en equidad, aunque mucho
menos exigente que el fallo en derecho, como ya se ha sostenido anteriormente,
no puede desatender las particularidades concretas del caso, vgr. las
circunstancias fácticas del contexto en el que decide, ya que su sentido mismo
es buscar el equilibrio en la decisión evitando cargas y efectos excesivamente
gravosos para las partes y asignando beneficios a quien los necesita o merece.
Es por ello que las motivaciones del fallo en equidad resultan importantes en
la determinación de la razonabilidad de la decisión. Por el contrario, la
decisión en conciencia y la decisión verdad sabida y buena fe guardada remiten
a la esfera interna del fallador quien adopta una decisión cuya finalidad no es
necesariamente la justicia o la equidad. No es posible, por lo tanto, equiparar
ambas instituciones. Quien falla verdad sabida y buena fe guardada no tiene que
hacer explícitos los hechos en que se funda ni justificar con razones sus
conclusiones. En cambio quien decide en equidad debe considerar las
particularidades fácticas de la situación, apreciar su valor para que sus
conclusiones sean justificables, no a partir de su conciencia subjetiva, sino
del concepto indeterminado pero objetivo de equidad. La flexibilidad asociada a
la equidad, inclusive en la definición más restrictiva de la misma, estriba en
que es posible apartarse de una aplicación estricta de las reglas jurídicas
precisamente cuando los hechos especiales del caso - las particularidades del
mismo - así lo requieren para que la decisión sea justa. De tal manera que las
razones de equidad son las que parten de los hechos y justifican una decisión
que consulta las especificidades de un conflicto determinado, sin depender de
la aplicación estricta de cierta regla.[15]
La equidad impone, a lo menos, dos
límites a la autoridad que la invoca para justificar sus decisiones. El primero
toca con el proceso decisorio, el cual no puede ser evidentemente irrazonable
como se acaba de mostrar. El segundo toca con el contenido de lo decidido y sus
efectos. En materia arbitral laboral la Corte Suprema de Justicia ha dicho, con
razón, que las normas creadas por el laudo no pueden ser manifiestamente
inequitativas.
Pasa la Corte a referirse a la inequidad
manifiesta y al ámbito del control del juez de tutela respecto de ella, dado el
desarrollo jurisprudencial de este criterio por parte de la H. Corte Suprema de
Justicia.
5. La “inequidad manifiesta” de un laudo
arbitral está sujeta a un control limitado por parte del juez de tutela.
Competencia del juez de homologación al respecto.
Si bien definir
exactamente qué sea la equidad resulta difícil, como se anotó en el apartado
4.1, no lo es tanto identificar lo manifiestamente inequitativo. La célebre
máxima de Gustav Radbruch “la ley extremadamente injusta no es derecho”,
muestra que si bien en torno a lo que es justo puede no llegarse a acuerdos y
defenderse válidamente el relativismo valorativo, lo que es extremadamente
injusto es reconocible racionalmente. Lo mismo cabe predicar de la inequidad
manifiesta con respecto a las decisiones de los árbitros. Ella puede ser
percibida y su existencia detectada, en cuyo caso la decisión que la comporta
debe ser excluida del ordenamiento jurídico, en virtud de la
constitucionalización del concepto de equidad y de la sujeción de los árbitros
a la Constitución. La interpretación de la ley – artículos 458 CST y 143 CPT –
de conformidad con la Constitución permite determinar cuándo se configura una
inequidad manifiesta.
La Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Laboral, ha venido depurando una doctrina sobre lo
que constituye “inequidad manifiesta”.[16]
La Corte Constitucional es respetuosa de dicho desarrollo jurisprudencial
puesto que ha sido construido por el órgano constitucional competente para
controlar la equidad del contenido de los laudos arbitrales. De él se desprende
que para concluir sobre la inexequibilidad de un laudo arbitral el contenido de
la decisión ha de ser extremadamente perjudicial y desequilibrado. En otros
términos, no es menester verificar que el contenido del laudo sea equitativo,
puesto que ello invadiría la órbita de los árbitros, sustituiría su criterio
por el del juez y desconocería su amplia discrecionalidad. Para que un laudo
sea declarado inexequible por la Corte Suprema de Justicia no basta que sus
resultados, es decir, el impacto que pueda derivarse del cumplimiento del
laudo, no sean equitativos o que sean simplemente inequitativos. Deben serlo
“manifiestamente”, esto es, que la inequidad sea fácilmente perceptible por ser
protuberante. Si bien puede existir debate sobre lo que en concreto signifique
“manifiestamente inequitativo”,[17]
lo cierto es que ello es determinable, a partir de criterios objetivos.
Pero no le
corresponde a la Corte Constitucional determinar tales criterios ni aplicarlos
en cada caso concreto, sino velar porque el control efectuado por el juez de
homologación tenga la virtud de impedir que los laudos cuyo impacto pueda ser
manifiestamente inequitativo, porque por ejemplo imponen a una de las partes
una carga excesivamente onerosa dadas las circunstancias en que se encuentra,
reciban la fuerza jurídica de sentencia.
Sería contraria a la
Constitución, en especial al concepto constitucional de equidad que ha de
orientar el criterio de los árbitros y al debido proceso a que tienen derecho
las partes que alegan la existencia de una inequidad manifiesta, una sentencia
de homologación de un laudo, cuando en ella, por ejemplo,
a) se omite analizar
si existió, en todo el laudo o en una de sus partes, una inequidad manifiesta
pese a la petición expresa de una de las partes al respecto; o
b) se presenta una
falta de congruencia protuberante entre la constatación que hace el juez de la
existencia de la inequidad y de su magnitud, por un lado, y la conclusión a la
que luego éste arriba, por el otro, como cuando sugiere que algo es
manifiestamente inequitativo pero termina por homologarlo, o viceversa.
En casos
extremos, como éstos, la identificación de cualquiera de los elementos mínimos
mencionados constituye una vía de hecho que justifica el control por parte del
juez de tutela de la sentencia de homologación y por ende del laudo arbitral,
en virtud de su deber de garantizar la protección de los derechos fundamentales
(artículo 86 C.P.) en especial el derecho al debido proceso en equidad. Dicho
control tiene un carácter residual, ya que los tribunales laborales y la Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, son las autoridades judiciales
llamadas a realizar el control de legalidad del laudo arbitral. No obstante, en
caso de presentarse una inequidad manifiesta no declarada, corresponde al juez
de tutela subrayar su existencia y derivar las consecuencias que impone la
Constitución.
Finalmente,
cabe advertir que no debe haber confusión entre la “inequidad manifiesta” y la
“evidente irrazonabilidad” del laudo arbitral. Tres aspectos impiden que estos
conceptos jurídicos se confundan. Primero, la inequidad manifiesta se predica
de lo decidido (el qué), mientras que la evidente irrazonabilidad se refiere al
proceso de decisión (el cómo); segundo, en la apreciación de si un laudo
arbitral que pone fin a un conflicto laboral colectivo es evidentemente
irrazonable, no es necesario indagar sobre su impacto, es decir, sobre los
efectos de la decisión, por ejemplo, sobre la viabilidad de la empresa,
mientras que tratándose de la determinación de si el laudo es manifiestamente
inequitativo es indispensable analizar las consecuencias de lo decido sobre las
partes; tercero, el análisis de lo manifiestamente inequitativo versa sobre una
realidad económica resultante de lo decidido y, por lo tanto, concomitante o
posterior al laudo, mientras que el análisis de lo evidentemente irrazonable
recae sobre el proceso decisorio de los árbitros, es decir, sobre el camino que
los condujo a tomar una determinada decisión y, por lo tanto, versa sobre un
aspecto previo a ella. No corresponde, en consecuencia, a los jueces de tutela
mirar si el laudo creó en sí mismo una carga excesivamente onerosa asunto que
cae en la órbita del control de homologación.
6. Vía de hecho
en laudos arbitrales y en decisiones de homologación
6.1 Como se ha
afirmado anteriormente, la acción de tutela procede contra el laudo arbitral
previo el agotamiento del recurso de homologación. Contra el laudo arbitral
homologado procede la acción de tutela únicamente por vías de hecho, de
conformidad con la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional en
relación con la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales. Cabe
aquí recordar brevemente la doctrina constitucional al respecto:
"(L)a acción de
tutela (contra providencias judiciales por vías de hecho) sí es procedente
cuando se configuran claros presupuestos que evidencian la presencia de defectos
de orden sustantivo, fáctico, orgánico y procedimental, en alguna de estas
hipótesis: (1) presente un grave defecto sustantivo, es decir, cuando se
encuentre basada en una norma claramente inaplicable al caso concreto; (2)
presente un flagrante defecto fáctico, esto es, cuando resulta evidente que el
apoyo probatorio en que se basó el juez para aplicar una determinada norma es
absolutamente inadecuado; (3) presente un defecto orgánico protuberante, el
cual se produce cuando el fallador carece por completo de competencia para
resolver el asunto de que se trate; y, (4) presente un evidente defecto
procedimental, es decir, cuando el juez se desvía por completo del
procedimiento fijado por la ley para dar trámite a determinadas cuestiones.”[18]
No hay duda respecto
a la procedencia de la acción de tutela contra la providencia de homologación
por cualquiera de los cuatro defectos – sustantivo, fáctico, orgánico y
procedimental – señalados por la jurisprudencia constitucional para las
decisiones judiciales.
6.2 En cambio, los
defectos que se aprecian en relación con las decisiones judiciales no se
predican en su integridad ni en el mismo sentido de los laudos arbitrales en equidad,
dadas sus particularidades. Es así como las causales de vía de hecho se
restringen. Los defectos predicables del laudo arbitral en equidad no
involucran la equivocada aplicación de normas positivas ni la inobservancia de
las exigencias propias del decreto, práctica y apreciación de las pruebas, ya
que no se trata aquí de una decisión en derecho que deba cumplir estricta y
rigurosamente con normas jurídicas. No se puede calificar a un laudo de haber
incurrido en un defecto fáctico por falta de apreciación de las pruebas, ni de
ostentar un defecto sustantivo por no estar sustentado en normas legales. Contra
los laudos arbitrales decididos en equidad no procede, en consecuencia, la
acción de tutela por vías de hecho en razón de un defecto fáctico, el cual se
relaciona con la valoración probatoria. No estando sujetos los árbitros a las
normas jurídicas que regulan la materia probatoria, tampoco les es atribuible,
en sentido estricto, un defecto de esa índole. En efecto, si bien los árbitros
pueden solicitar que se les presente información valiosa para decidir (artículo
457 CST), estas no son pruebas en sentido estricto sino elementos de juicio
relativos a las características del contexto fáctico dentro del cual han de
fallar en equidad. Igualmente, aunque la equidad impone límites sustanciales a
lo que los árbitros pueden decidir y a cómo deben fallar, éstos son
completamente diferentes a los que se derivan de las reglas legales porque los
árbitros no están obligados a fallar aplicando tales reglas.
6.3 Respecto a la necesidad de
interponer la acción de tutela tanto contra el laudo arbitral como contra el
fallo de homologación, es preciso aclarar que esta exigencia se impone dada la
función del fallo de homologación: éste revisa la regularidad del laudo, pero
no puede llegar a reemplazarlo en su contenido ni puede corregir sus
determinaciones. La homologación es una decisión judicial limitada en sus
alcances, lo cual hace ineludible referirse necesariamente al contenido del
laudo arbitral que es homologado. Es por esto que no basta dirigir la acción de
tutela contra la sentencia de homologación, sino que es necesario también
encaminarla contra el laudo arbitral objeto de la decisión judicial, cuando
éste es controvertido.
6.4 Para determinar
la ocurrencia de vías de hecho en el laudo arbitral y en la sentencia de
homologación objeto del presente proceso de tutela es necesario examinar si se
configuran los defectos en que pueden incurrir cada una de estas decisiones, lo
que procede a realizar la Corte a continuación de cara a la situación planteada
por los accionantes.
7. El caso
concreto
Señalados los
límites constitucionales que los árbitros deben observar cuando deciden en
equidad un conflicto colectivo, resta a la Corte establecer si dichos límites
fueron observados en el presente caso y, si no es así, si la inobservancia de
los mismos implica la vulneración de los derechos fundamentales de los
accionantes. Con tal fin la Corte procede a analizar constitucionalmente el
laudo arbitral y la sentencia de homologación.
7.1 Límites referidos a la razonabilidad de
la decisión arbitral
En primer lugar, es necesario preguntarse
si el laudo arbitral proferido por el tribunal de arbitramiento obligatorio
convocado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social es evidentemente
irrazonable.
El laudo arbitral del veinte (20) de
diciembre de dos mil (2000), por el cual se puso término al conflicto colectivo
entre la Fundación Abbod Shaio – en adelante Fundación Shaio – y la Asociación
Nacional de Trabajadores y Empleados de Hospitales, Clínicas, Consultorios y
Entidades Dedicadas a Procurar la Salud de la Comunidad – en adelante ANTHOC –,
decidió reconocer diversas demandas contenidas en el pliego de peticiones
presentado por el sindicato, y negar otras, a la vez que rechazó conocer por
extemporánea la denuncia de la convención colectiva presentada por la Fundación
el 29 de octubre de 1999 y negar las aspiraciones consignadas por la misma en
denuncia presentada nuevamente el 25 de noviembre de 1999.
Los accionantes alegan que los árbitros no
tuvieron en cuenta la situación crítica de la Fundación y que las denuncias del
empleador no fueron valoradas. La Corte abordará el primero de estos cargos.
7.1.1 Esta Corte concluye que el tribunal
de arbitramento omitió tener en cuenta las circunstancias fácticas que rodeaban
el conflicto laboral colectivo sometido a su consideración y con ello incurrió
en una vía de hecho. Al no apreciar en sus deliberaciones las circunstancias
fácticas del contexto que eran directamente relevantes para adoptar la decisión
en equidad, como son los informes y estudios presentados por las partes y que
se referían a la situación económica de la empresa – informe escrito que se
allegó por parte de la Fundación al tribunal de arbitramento obligatorio el 10
de noviembre de 2000, (junto con los anexos consistentes en Balances General y
Resultados a Diciembre 31 de 1999 y a Marzo 31 de 2000, el estudio y solicitud
de despido presentados al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el estudio
de viabilidad elaborado por perito y la resolución de aceptación de ingreso al
proceso de reestructuración de deudas de que trata la Ley 550 de 1999), así
como el informe presentado por ANTHOC el 21 de noviembre de 2000 sobre la
situación de la empresa – su decisión fue adoptada en forma evidentemente
irrazonable. La carencia total de referencia a las circunstancias fácticas
relevantes en el contexto de la decisión impidió que las partes pudieran
comprender cómo se llegó a la adopción del laudo.
En efecto, el Tribunal de Arbitramento
Obligatorio conocía, antes de proferir el laudo arbitral, de la situación
económica y financiera de la Fundación Shaio, la cual entre, otras cosas, la
había llevado a iniciar un proceso conducente a un acuerdo de reestructuración
de las deudas según los parámetros de la Ley 550 de 1999. Ello se desprende
claramente del acta número 2 del once (11) de noviembre de 2000 en la que se
dejó consignada la posición de la Fundación, la cual anexó documentación
tendiente a demostrar la crisis que enfrentaba la entidad médica. Sin embargo,
en ninguna de las actas y deliberaciones el mencionado tribunal consideró
alguna de las circunstancias fácticas que rodeaban el conflicto colectivo
laboral. Tal omisión no se compadece en absoluto con su función de decidir en
equidad el conflicto colectivo de trabajo, más aún cuando la equidad misma
exige atender a las particularidades del caso para proferir un fallo
equilibrado, respetuoso del contexto fáctico y de los efectos que de la
decisión se desprenden directamente para las partes. Si bien podría afirmarse
que la documentación presentada por el sindicato tampoco fue examinada ni
valorada por el tribunal lo que llevaría a un silencio “equitativo” respecto de
los hechos aducidos por las partes, lo cierto es que tal silencio no exime sino
constituye igualmente una omisión inexcusable a la luz del debido proceso
constitucional.
La irrazonabilidad del laudo arbitral no
paró allí. También el tribunal procedió a aprobar o rechazar las cláusulas del
pliego de peticiones sin considerar las circunstancias fácticas del caso ni la
onerosidad de las cargas que se desprendían de la decisión de reconocer o
rechazar las peticiones de los trabajadores. Ejemplo de ello lo da el tribunal
cuando afirma: “Los puntos del pliego de peticiones no incluidos en la parte
motiva de este laudo, por razones de equidad se niegan y así se dispondrá”. De
esta forma, incluso la organización sindical tuvo que aceptar la negativa de
algunas de sus peticiones pese a no ofrecer el tribunal de arbitramento ningún
sustento fáctico de la supuesta inequidad que resultaría del reconocimiento de
las cláusulas del pliego rechazadas.
El análisis
del laudo, de las actas del Tribunal de Arbitramento Obligatorio y de la
impugnación del fallo de tutela de primera instancia por parte de los árbitros,
confirma que dicho Tribunal al ignorar de manera absoluta las circunstancias
fácticas del caso sometido a su decisión, adoptó un laudo evidentemente
irrazonable. Varios factores conducen a dicha conclusión. Primero, se afirma en
el laudo que “los árbitros examinaron y estudiaron (...) la documentación
presentada al Tribunal en desarrollo del proceso arbitral, con sus anexos,
estados financieros, comunicados y circulares.”; no obstante, el laudo carece totalmente
de razones expresas relativas al contexto fáctico a tal punto que - lo cual
impide afirmar que fue “debidamente motivado” como lo sostienen los árbitros en
su impugnación - en el texto del laudo no se hace la más mínima mención de las
conclusiones de dicho estudio. Segundo, en las ocho (8) actas de las
deliberaciones llevadas acabo por los árbitros no se alude en absoluto a la
documentación que presumiblemente fuera objeto de estudio y tampoco se recoge
referencia alguna a las circunstancias fácticas de la empresa, pese a que las
partes pusieron en conocimiento del Tribunal sus respectivas versiones de los
hechos. No hubo entonces deliberación alguna sobre tal situación. Tercero, de
las citadas actas no surge que los árbitros hubieran consultado la opinión de
expertos ni apreciado informes o solicitado estudios que reflejaran la realidad
económica de la empresa y el impacto del reconocimiento de nuevas obligaciones.
Cuarto, el total desentendimiento del contexto fáctico al dictar el laudo
arbitral se refleja finalmente en la propia impugnación interpuesta por los
árbitros contra la sentencia de tutela en primera instancia, cuyo texto en lo
relevante dice:
“No es cierto que el trámite arbitral haya sido
violatorio del debido proceso. Al contrario, allí se siguieron a cabalidad
los trámites contemplados en la Ley para proferir el laudo arbitral
resultante. Como argumento, el Juez de tutela consideró que dentro del trámite
arbitral se dejaron de observar la totalidad de las pruebas presentadas por la
entidad accionante en tutela. No obstante, tanto en el tramite arbitral como en
el laudo mismo se hizo expresa alusión a cada una de las pruebas, tal
como lo menciona la sentencia recurrida. Luego, no es de recibo admitir que ha
existido violación al debido proceso, pues el laudo mismo fue debidamente
motivado en cada una de las pruebas presentadas por las partes intervinientes.”
(subrayado fuera del texto).
La Corte
advierte que consultar el contexto fáctico de un conflicto es diferente a
seguir “a cabalidad los trámites”. Decir en el laudo que “los árbitros
examinaron y estudiaron” las pruebas, es decir, aludir simplemente a que hubo
pruebas y afirmar que fueron estudiadas, es muy distinto a deliberar sobre
ellas y a vincular lo decidido a las particularidades del caso del cual surgen
las razones de equidad. Finalmente, de la simple lectura del laudo se ve que
éste carece de motivación puesto que el contenido de la parte motiva consiste
en la transcripción de lo luego incluido en la parte resolutiva. No está “debidamente
motivado” lo que carece de argumentos expresos.
Del análisis
del expediente y del laudo arbitral es posible concluir que el Tribunal se
restringió a hacer consideraciones formales, sin entrar a consultar la
situación fáctica de la empresa ni las particularidades concretas del caso, lo
que no se compadece con la naturaleza y la función del arbitramento en equidad.
En consecuencia, para la Corte resulta
palmario que el Tribunal de Arbitramento Obligatorio desconoció los límites
constitucionales mínimos compatible con el respeto al debido proceso, e
incurrió con ello en una vía de hecho. Lo anterior constituye un grave defecto
por evidente irrazonabilidad del laudo arbitral que la Corte Constitucional no
puede pasar por alto y así lo declarará en esta providencia.
Como una de las causas que conducen a la
evidente irrazonabilidad del laudo se puede constatar fácilmente, no pasa la
Corte a analizar las otras dos mencionadas en el apartado 4.4. de esta
providencia.
7.2 Límites referidos a la inequidad
manifiesta del laudo arbitral controlada por la sentencia de homologación
A juicio de la Corte Constitucional la
sentencia de homologación de la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema
de Justicia no incurrió en una vía de hecho al decidir homologar el laudo
arbitral. Tratándose de la homologación de laudos arbitrales en materia
laboral, la competencia de la Corte Suprema de Justicia, para cuyo ejercicio
cuenta con cinco días (artículo 143 de CPT), se limita a examinar la
regularidad del laudo, la no extralimitación de las competencias de los
árbitros y la no inequidad manifiesta de la decisión adoptada por éstos, no a
analizar si el laudo arbitral es evidentemente irrazonable o constituye una vía
de hecho que vulnera derechos fundamentales. Las hipótesis mencionadas en que
cabría la posibilidad de que el propio órgano judicial encargado del control de
regularidad incurriera en una vía de hecho sería por no pronunciarse sobre la
petición expresa de analizar una inequidad manifiesta o por existir una clara
incongruencia entre el análisis relativo a la existencia de la inequidad
manifiesta y la conclusión a la que se arriba.
En el presente caso no se configura ninguna
de las hipótesis enunciadas. El fallo de homologación se pronunció de manera
expresa respecto de la presunta inequidad manifiesta del laudo. Analizó
cláusula por cláusula del laudo arbitral respecto de su posible inequidad,
llegando en forma congruente a la conclusión de que con la decisión arbitral no
se incurría en una inequidad manifiesta. No le es dable a la Corte
Constitucional, en sede de revisión, controvertir ni reemplazar la decisión de
la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia cuando ella ha
sido explícita y coherente en el ejercicio de sus competencias constitucionales
y legales.
Podría objetarse que en la sentencia de
homologación no se aprecia el impacto del laudo globalmente considerado. En
efecto, en la sentencia se analiza cada artículo del laudo por separado sin que
luego se pondere, en conjunto, su incidencia. No obstante, esta insuficiencia
no muestra incoherencia en el análisis y, por lo tanto, no constituye una vía
de hecho. Además, en la sentencia se registra la existencia y se valora el
proceso de reestructuración de la  Fundación Shaio, lo cual, indica que tuvo en
cuenta un elemento de juicio crucial, así no le haya conferido a éste, en
ejercicio de su libertad de apreciación amparada legal y constitucionalmente,
el efecto que deseaba la Fundación.
La conclusión a la que arriba la Corte
Constitucional en cuanto a que el laudo arbitral incurrió en una vía de hecho
violatoria del debido proceso pero la sentencia de homologación no, se explica
porque mientras el Tribunal de Arbitramento Obligatorio ignoró completamente
las circunstancias fácticas del conflicto a dirimir – al no mencionar siquiera
en ninguna de sus actas o en su escrito de impugnación la situación económica
de la Fundación Shaio – y con ello actuó de manera evidentemente irrazonable,
la Sala de Casación Laboral de la Corte Constitucional sí tuvo en cuenta tales
circunstancias fácticas, aun cuando luego consideró que ellas no tenían la
relevancia ni el peso suficientes para concluir que las decisiones adoptadas en
el laudo constituían una inequidad manifiesta, por lo que homologó el laudo
arbitral. Además, de ninguna manera podría afirmarse entonces que la Sala de
Casación Laboral también incurrió en una vía de hecho al convalidar
jurídicamente el laudo arbitral, ya que lo que hizo fue ejercer el control de
legalidad sobre el mismo. El vicio del laudo no es de legalidad, sino de
constitucionalidad, como ya se advirtió. Por eso, lo que la Corte Suprema en
ejercicio de sus competencias declaró ajustado a las leyes ordinarias, esta
Corte en ejercicio de las suyas lo encuentra contrario a la Constitución por
ser evidentemente irrazonable, lo cual viola el derecho al debido proceso.
Es inusual, pero no jurídicamente extraño
ni imposible, que un acto jurídico sea ajustado a las leyes pero sea contrario
a la Constitución. Así ha sucedido en ámbitos diferentes al arbitramento en
equidad. Ello se explica por la diferencia que existe entre la defensa del
principio de legalidad y la garantía del principio de constitucionalidad. La
defensa del primero generalmente hace énfasis en la conformidad del acto
cuestionado con las leyes vigentes. De tal manera que se mira si una sentencia
respeta la ley – uno de los fines básicos de la casación – o si un acto
administrativo desarrolla la ley que le sirve de fundamento – uno de los
propósitos históricos de la jurisdicción contencioso administrativa. En cambio,
la garantía del principio de constitucionalidad privilegia el análisis de la
conformidad del acto directa e inmediatamente con la Constitución. Por ello,
varias sentencias legalmente expedidas que aplican reglas legales han sido
estimadas en algunos casos violatorias de un derecho constitucional fundamental
y numerosas decisiones de autoridades administrativas que se amparan en las
leyes son consideradas insuficientes por el juez de tutela para justificar una
violación de derechos constitucionales. En esos casos, el juez de tutela aplica
de manera directa e inmediata la Constitución, como es su deber, con el
resultado de que lo que no es ilegal sí es contrario a la Carta.
8. Efectos del fallo de tutela adoptado
por la Corte Constitucional. Protección de los derechos de los trabajadores en
virtud de los principios de confianza legítima, buena fe, protección especial
del trabajo y de los derechos de los trabajadores. No retroactividad de la
presente sentencia de tutela.
Procede la
Corte a analizar los efectos de la carencia de validez constitucional del laudo
arbitral respecto de los derechos de los trabajadores.
8.1 La Corte
subraya que la causa de la invalidez constitucional del laudo no es el
contenido mismo de lo decidido por el tribunal de arbitramento puesto que el
laudo no se estima manifiestamente inequitativo. El vicio constitucional tiene que ver con un
aspecto del debido proceso, es decir, con la manera evidentemente irrazonable
como el tribunal tomó la decisión. Cabe preguntarse si los derechos que
nacieron de unas decisiones que en su contenido no han sido declaradas
manifiestamente inequitativas deben desaparecer en razón a que el tribunal
violó el debido proceso al no tener en cuenta ni apreciar hechos significativos
del contexto empírico a partir del cual debía derivar criterios de equidad. La
Corte considera que no, por las siguientes consideraciones.
8.2 En primer
lugar, el vicio analizado en esta sentencia es de orden constitucional y los
efectos del mismo no tienen que ser necesariamente los propios de un proceso de
homologación – ya que el juez de tutela no es juez de homologación – ni de la
declaración de una nulidad – ya que la acción de tutela no es un recurso de
nulidad sino de protección de derechos constitucionales fundamentales. La
invalidez de las normas jurídicas contenidas en el laudo surge de la
contradicción entre el proceso decisorio seguido por el tribunal de
arbitramento y las exigencias del debido proceso constitucional. Dicha
invalidez no es consecuencia de una ilegalidad, ni de una extralimitación.
Tampoco se deriva del contenido mismo del laudo que no ha sido estimado como
manifiestamente inequitativo.
Habida cuenta
de que esa es la naturaleza del vicio, corresponde al juez de tutela definir
cuál es la determinación apropiada para evitar la vulneración del debido
proceso, tal como lo dispone el Decreto 2591 en sus artículos 7 inciso 4º y 23.
Cuando el vicio reside en el proceso decisorio del tribunal, no en el contenido
del laudo, lo apropiado es impedir que éste siga surtiendo efectos hacia el
futuro para lo cual basta con dejar sin valor el laudo.
8.3 En cuanto
a los efectos que el laudo tuvo antes de que quede ejecutoriada la presente
providencia, la Corte considera que no sería compatible con la Constitución otorgarle
a su fallo efectos retroactivos en este caso. Diversas normas constitucionales
amparan los derechos que nacieron y se consolidaron en virtud del laudo.
8.3.1 Las
primeras son las que protegen la confianza legítima de los trabajadores en que
lo concedido a ellos por el laudo gozaba de protección jurídica. La Corte se ha
referido en varias oportunidades al principio constitucional de la confianza
legítima, el cual se deriva de la buena fe (artículo 83 CP). Ha sostenido
reiteradamente esta Corporación en decisiones previas:
“(La)
confianza legítima se fundamenta en los principios de la buena fe (artículo 83
C.P.), seguridad jurídica (arts. 1º y 4 de la C.P.), respeto al acto propio[19] y
adquiere una identidad propia en virtud de las especiales reglas que se imponen
en la relación entre administración y administrado. Es, según la jurisprudencia
de la Corte, éticamente deseable y jurídicamente exigible. Al respecto la Corte
ha dicho:
“Este principio, que
fue desarrollado por la jurisprudencia alemana, recogido por el Tribunal
Europeo de Justicia en la sentencia del 13 de julio de 1965, y aceptado por
doctrina jurídica muy autorizada, pretende proteger al administrado y al
ciudadano frente a cambios bruscos e intempestivos efectuados por las
autoridades. Se trata entonces de situaciones en las cuales el administrado no
tiene realmente un derecho adquirido, pues su posición jurídica es modificable
por las autoridades. Sin embargo, si la persona tiene razones objetivas para
confiar en la durabilidad de la regulación, y el cambio súbito de la misma
altera de manera sensible su situación, entonces el principio de la confianza
legítima la protege. En tales casos, en función de la buena fe (CP art. 83), el
Estado debe proporcionar al afectado tiempo y medios que le permitan adaptarse
a la nueva situación. Eso sucede, por ejemplo, cuando una autoridad decide
súbitamente prohibir una actividad que antes se encontraba permitida, por
cuanto en ese evento, es deber del Estado permitir que el afectado pueda
enfrentar ese cambio de política. “[20]
(...)
Según la
jurisprudencia, el principio de confianza legítima tiene tres presupuestos: la
necesidad de preservar de manera perentoria el interés público; una
desestabilización cierta, razonable y evidente en la relación entre la
administración y los administrados; y la necesidad de adoptar medidas por un
período transitorio que adecuen la actual situación a la nueva realidad.[21]
En este caso
concurren varios hechos especialmente relevantes y significativos que permiten
concluir que los trabajadores tenían una confianza legítima en que sus derechos
serían respetados.
Para comenzar,
el laudo fue homologado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia. Esto implica que recibió la fuerza jurídica de sentencia por haber
sido, según la ley, regularmente proferido por el Tribunal, sin extralimitación
de los árbitros y sin que se hubiera incurrido en una inequidad manifiesta. A
esto se suma el hecho bien conocido de que la jurisprudencia de la Sala de
Casación Laboral ha sostenido por décadas, como lo anotan los honorables
magistrados que intervinieron en el presente proceso en su memorial dirigido al
Consejo Superior de la Judicatura – Sala Disciplinaria –, que el cumplimiento
de los anteriores requisitos es suficiente para que el laudo surta la plenitud
de sus efectos. Es legítimo que los trabajadores confíen en que los derechos
así conferidos están jurídica y sólidamente amparados.
Además, la
Corte constata que el laudo estableció expresamente su vigencia. Dispuso que
ésta terminaría el 31 de Diciembre de 2001, según el artículo décimo quinto. De tal manera
que los derechos otorgados por el laudo no sólo nacieron bajo su vigencia sino
que se consolidaron integralmente bajo su imperio. Por lo tanto, contrariaría
la confianza legítima de los trabajadores el que la Corte Constitucional en
forma súbita y abrupta desconociera la situación jurídica en que éstos se
encontraban en virtud de dicho laudo.
Podría
aducirse que no pueden tener el carácter de derechos las situaciones que han
nacido de un laudo proferido con violación del debido proceso constitucional.
Sin embargo, en el derecho abundan los casos que ilustran en qué condiciones
una situación jurídica que se ha derivado de una fuente viciada permanece
inalterada. Este es el caso, por ejemplo, de la declaratoria de inexequibilidad
de una norma la cual no destruye los derechos que nacieron al amparo de ella,
de la máxima latina “error communis facit ius”[22] o de las decisiones de
tutela que han protegido los derechos de la persona afiliada erróneamente a una
Entidad Prestadora de Salud que en virtud de la buena fe y la confianza
legítima no puede ser víctima de una revocatoria unilateral del acto de
afiliación,[23]
o de vendedores
ambulantes protegidos en sus derechos pese a ocupar ilegalmente el espacio
público.[24]
8.3.2
Adicionalmente, es constitucionalmente relevante que el laudo en cuestión sea
laboral. La Constitución se ha ocupado de manera expresa del trabajo y de los
derechos de los trabajadores. Es así como el preámbulo de la Constitución
sienta como uno de sus fines el asegurar a los integrantes del pueblo
colombiano el trabajo; el trabajo es, además, uno de los fundamentos de la
república colombiana (artículo 1 C.P.), a la vez que un derecho y un deber
(artículo 25). Por su parte el artículo 53 de la Constitución establece
principios fundamentales mínimos tendientes a asegurar el pleno ejercicio de
los derechos de los trabajadores y de las garantías laborales.
La Corte no
puede ser indiferente ante estos mandatos constitucionales. Al decidir cuáles
han de ser los efectos de sus providencias debe observar que ellos no
menoscaben los derechos de los trabajadores cuando el contenido de tales
derechos es materialmente compatible con la Constitución, como sucede en el
presente caso, en el cual ninguno de los derechos conferidos por el laudo en
cuestión es, en sí mismo por su contenido y alcances, contrario a la Carta. No
se encuentra en el laudo ninguna decisión arbitral discriminatoria o de otro
modo, en razón a lo que ella dispone, violatoria de un derecho fundamental.
Dado que los derechos que nacieron del laudo no violan en sí mismos la
Constitución, la Corte no puede asignarle efectos retroactivos a su fallo en
desmedro de tales derechos, dentro de los cuales se destaca el derecho al
salario y al reajuste periódico del mismo protegido por la Carta y garantizado
en varias sentencias de esta Corte.[25]
8.3.3 No
escapa a la Corte que la invalidez del laudo arbitral reabre el conflicto
colectivo. Sin embargo, como los derechos de los trabajadores definidos en el
laudo se mantienen incólumes hasta tanto las partes de mutuo acuerdo no
resuelvan sus diferencias, carecería de sentido determinar que se reintegre el
tribunal de arbitramento para que se pronuncie de nuevo sobre tales derechos y
resuelva una etapa en la evolución del conflicto colectivo que ya concluyó. Las
partes después del 31 de Diciembre de 2001 y de la invalidez con efectos hacia
el futuro del laudo, se encuentran en una etapa sucesiva del conflicto
colectivo y pueden ejercer libremente sus derechos constitucionales, en
especial su derecho a la negociación colectiva. Por lo demás, la Corte
Constitucional no es un juez de homologación del laudo y, en consecuencia, no
le corresponde ejercer las atribuciones que están en cabeza de los tribunales
laborales (artículo 141 CPT) y de la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia (artículo 143 CPT).
Anota la Corte
que el hecho de que el presente fallo no tenga efectos retroactivos en ningún
caso impide que los trabajadores decidan libremente sobre los derechos
derivados del laudo y fijen su posición al respecto.
Es de
advertir, sin embargo, que respecto de los efectos de la decisión de la Corte
los aumentos del salario básico decretados en el laudo arbitral no pueden ser
desconocidos en una futura negociación colectiva, porque ellos están protegidos
en virtud del artículo 53 de la Constitución. Los derechos convencionales
creados con anterioridad al laudo cuya invalidez constitucional aquí se declara
constituyen conquistas legítimamente adquiridas por los trabajadores respecto
de las cuales sólo ellos pueden disponer en ejercicio de sus derechos
constitucionales y de los cuales éstos pueden constitucionalmente partir para
elaborar su pliego de peticiones, si lo estiman conveniente. Con la invalidez
constitucional del laudo arbitral la organización sindical pierde hacia el
futuro sólo las cláusulas del laudo arbitral proferido el 20 de diciembre de
1999, más no los derechos y las facultades convencionales consignados en las
convenciones colectivas vigentes hasta el 31 de diciembre de 1999.
Por último
resulta pertinente subrayar que el principio de la buena fe ha sido
expresamente consagrado por las normas laborales para que oriente las
relaciones entre empleador y trabajadores. Establece al respecto el Código
Sustantivo de Trabajo:
“Artículo 55.- Ejecución de buena fe. El contrato de
trabajo, como todos los contratos, debe ejecutarse de buena fe y, por
consiguiente, obliga no sólo a lo que en él se expresa sino a todas las cosas
que emanan precisamente de la naturaleza de la relación jurídica o que por la
ley pertenece a ella.”
9. No vulneración
de los derechos fundamentales a la vida, la salud y la integridad personal de
los tutelantes en calidad de pacientes de la Fundación Shaio. Imposibilidad de
vincular para ciertos efectos en sede de revisión al Estado como parte en un
proceso en el que no fue demandado. No vulneración del derecho a la igualdad y
al trabajo de los tutelantes en calidad de trabajadores de la Fundación
9.1 Los accionantes de tutela, entre quienes se
cuentan pacientes de la Clínica Shaio, acusaron también el laudo arbitral y la
sentencia de homologación de la Corte Suprema de Justicia por vulnerar los
derechos fundamentales a la vida, la salud y la integridad personal de las
personas que reciben tratamiento médico en la institución de salud que enfrenta
un presunto cierre inminente a consecuencia, sostienen los accionantes, de la
carga económica impuesta mediante la adopción del laudo y su posterior
convalidación jurídica.
La Corte considera que ni el laudo arbitral ni la
sentencia de homologación del mismo violan o amenazan los mencionados derechos.
Ello es así porque el laudo arbitral cuestionado es el resultado del ejercicio
legítimo del derecho de los trabajadores sindicalizados a la negociación
colectiva (artículo 55 C.P.), mientras que la homologación del mismo es
producto del ejercicio de una facultad legal, sin que en uno u otro caso pueda
afirmarse que el laudo o la sentencia judicial en sí mismos violan el derecho a
la vida, o a la salud de los pacientes. Se dirá que amenazan gravemente tales
derechos ante la inminencia del cierre de la Clínica Shaio. Sin embargo, para
llegar a esta conclusión habría que probar que la causa del cierre es única y
exclusivamente la carga laboral adicional creada por el laudo cuestionado. Esto
no fue demostrado por la Fundación. Aunque ésta sostuvo que la crisis de la
entidad era un hecho claro ante la admisión de la misma al proceso de
reestructuración de deudas de conformidad con la Ley 550 de 1999, obran en el
expediente elementos de juicio que indican que hay otras causas de la situación
crítica de la Fundación – como las deudas que el Instituto de Seguros Sociales
y otras EPSs no le han pagado, como las obligaciones de la Fundación derivadas
de las inversiones en Shaio Caribe, etc.
Ahora bien no puede la Corte Constitucional pasar por alto
el papel que le corresponde cumplir al propio Estado en la materia. La atención
de la salud es un servicio público a cargo de éste (artículo 49 C.P.). El
Estado está en la obligación de garantizar a todas las personas el acceso a los
servicios de salud (artículo 49 C.P.). Además, las entidades y autoridades
públicas tienen el deber de garantizar el goce efectivo de los derechos
(artículo 2 inc. 1º C.P.) así como el deber de asegurar el cumplimiento de los
deberes sociales no sólo de los particulares sino del Estado (artículo 2 inc.
2º C.P.). No se cumplen estos deberes cuando una entidad estatal se abstiene de
cancelar lo que adeuda a una clínica u hospital, a sabiendas de que ello puede
contribuir a amenazar la viabilidad de la empresa. No obstante lo anterior,
como la acción de tutela no fue interpuesta contra ninguna entidad de la rama
ejecutiva con el fin de evitar que la actitud omisiva en el cumplimiento de sus
deberes sociales y responsabilidades públicas ponga en peligro el servicio de
salud que el Estado debe asegurar y garantizar, la Corte no puede impartir
mediante el presente fallo ninguna orden en ese sentido a quien no fue parte en
la acción de tutela.
9.2 Lo dicho por la Corte en relación con
la no vulneración de los derechos a la vida, la salud y la integridad personal
igualmente es predicable mutatis mutandis de los derechos al trabajo y a
la igualdad de los tutelantes que laboran en la Fundación Shaio. No son el
laudo arbitral ni la sentencia de su homologación los actos que violan o
amenazan sus derechos fundamentales, porque no existe un derecho constitucional
fundamental a mantener el trabajo independientemente de las circunstancias
económicas que permiten la existencia de una empresa.
A la Corte no le es ajeno que la compleja
situación por la que atraviesa la Clínica Shaio pone en peligro la continuidad
del servicio de salud altamente especializado en el área de la cardiología y
que de la colaboración, sentido de la responsabilidad y mutua confianza de
todos los sectores interesados depende la posibilidad de conservar lo que se
puede llamar un “patrimonio científico de la sociedad colombiana.” Desde una
perspectiva constitucional, la negociación colectiva de un conflicto laboral en
materia económica debe tender, con la ayuda del Estado, a una solución pacífica
(artículo 55 inc. 2º C.P.), lo cual requiere que las partes en discordia dejen
atrás la historia de pugnacidad, desconfianza y recelo y en cambio asuman una
actitud cooperativa e imaginativa, con alta conciencia social, sentido de la
responsabilidad y pleno cumplimiento de sus deberes sociales, para llegar a un
acuerdo que contribuya al florecimiento de la vida por vía de la recuperación
de las fuentes de trabajo, en especial cuando ellas cumplen un servicio
público. Los informes presentados por las partes con posterioridad a la
adopción de la medida cautelar en el presente proceso de revisión muestran que
efectivamente tanto los trabajadores como la Fundación están en posibilidad de
avanzar a un acuerdo que beneficie a miles de personas entre pacientes, empleados,
directivos y trabajadores indirectos. Finalmente cabe recordar que la Corte
Constitucional se limita a resolver las cuestiones de orden jurídico
constitucional planteadas por los accionantes, y no decide sobre asuntos que no
fueron objeto del proceso, ya que carece de competencia para actuar como
mediador o árbitro en un conflicto de naturaleza económica.
D E C I S I O N
En mérito de lo
expuesto, la Sala Tercera de Revisión,
R E S U E L V E
Primero.- Revocar
la sentencia de agosto 22
de 2001, proferida por el Consejo Superior de la Judicatura, Sala
Jurisdiccional Disciplinaria, al resolver la impugnación contra el fallo del 5
de junio de 2001, proferido por el Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, en el proceso de tutela
promovido por la Fundación Shaio y otros contra el Tribunal de Arbitramento
Obligatorio y la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
Segundo.- Conceder parcialmente la tutela presentada por la Fundación Abood Shaio y otros contra  el Tribunal de Arbitramento Obligatorio
convocado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social mediante resolución
001320 de junio 14 de 2000 y contra la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia y, por lo tanto, amparar
el derecho constitucional fundamental al debido proceso vulnerado por el laudo
arbitral proferido por el mencionado tribunal de arbitramento obligatorio.
Negar la tutela dirigida contra la sentencia de homologación proferida el
20 de marzo de 2001 por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia.
Tercero.- Declarar que el laudo arbitral
mencionado carece de validez constitucional a partir de la fecha en que quede
ejecutoriada la presente sentencia. En consecuencia, los derechos derivados de
dicho laudo permanecen inalterados en los términos de esta providencia, sin
perjuicio de lo que en el futuro libremente acuerden las partes en ejercicio de
sus derechos constitucionales, ni de los derechos convencionales consagrados en
las convenciones colectivas vigentes hasta el 31 de diciembre de 1999.
Cuarto. – Denegar la tutela en relación con
los derechos a la vida, a la salud, a la integridad física, al trabajo y a la
igualdad de los accionantes.
MANUEL JOSE CEPEDA  ESPINOSA
Magistrado
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MENDEZ
Secretaria General
Salvamento de voto a la Sentencia
T-046/02
LAUDO ARBITRAL-Improcedencia general de tutela sobre
controversia (Salvamento de voto)
ARBITRAMENTO-Naturaleza jurídica (Salvamento de voto)
Este tipo de
arbitramento se origina a partir de la existencia de un conflicto jurídico, es
decir, de aquél que se refiere a la aplicación e interpretación de una norma
jurídica preexistente, y que en principio, salvo la existencia de un compromiso
o cláusula compromisoria, debe ser resuelto por el juez, dentro de la
jurisdicción y competencia asignada por la Constitución y la ley. Esta clase de
arbitramento implica la derogación de la jurisdicción del Estado por parte de
los empleadores y trabajadores, para confiarle la solución de un conflicto
jurídico laboral a unos árbitros habilitados transitoriamente de la función de
administrar justicia.
VIA DE HECHO-Clases de defectos en la actuación
(Salvamento de voto)
ARBITRAMENTO
VOLUNTARIO-Alcance
(Salvamento de voto)
El arbitramento
es voluntario, cuando por compromiso o cláusula compromisoria el empleador y
los trabajadores han acordado que sus controversias sean dirimidas por árbitros
(artículo 455 del C.S.T).
ARBITRAMENTO
OBLIGATORIO-Alcance
(Salvamento de voto)
El arbitramento
es obligatorio, cuando no es necesario para que tenga lugar su convocatoria y
desarrollo de la existencia de un pacto compromisorio.
ARBITRAMENTO POR
DECISION DE AUTORIDAD ADMINISTRATIVA-Alcance (Salvamento de voto)
El arbitramento
por decisión de autoridad administrativa, en los casos previstos en la ley,
ocurre en dos situaciones: Por decisión del Ministerio de Trabajo: “cuando una
huelga se prolongue por más de sesenta (60) días calendario...el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social podrá ordenar que el diferendo se someta a la
decisión de un Tribunal de Arbitramento, en cuyo caso los trabajadores tendrán
la obligación de realizar el trabajo dentro de un término máximo de tres (3)
días hábiles”. Por decisión presidencial, cuando una huelga afecte gravemente
los intereses de la economía nacional considerada en su conjunto, previo
concepto favorable de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
LAUDO ARBITRAL-Connotación constitutiva y no meramente
declarativa (Salvamento de voto)
El laudo arbitral
que pone fin a un conflicto colectivo de naturaleza económica tiene una
connotación constitutiva y no meramente declarativa, como lo es el laudo que
pone fin a un litigio de naturaleza jurídica.  Dentro de este contexto, cuando
un fallo es en equidad y no en derecho, surgen varios elementos que el juez de
tutela debe conocer y valorar para determinar la procedencia de la acción de
tutela cuando se endilga la existencia de una vía de hecho.
LAUDO ARBITRAL EN
EQUIDAD-Límites de la
acción de tutela (Salvamento de voto)
LAUDO ARBITRAL-Fuente formal del derecho (Salvamento de
voto)
En estos casos,
cuando un fallo arbitral es en equidad, el laudo arbitral se asimila a las
estipulaciones propias de una convención colectiva de trabajo, y por lo tanto,
son actos reglas creados por órganos revestidos de una función pública
destinados a regular las relaciones sustantivas y colectivas del trabajo. De
este modo, el laudo se convierte en una fuente formal del derecho laboral.
CONVENCION
COLECTIVA DE TRABAJO-Fuente
formal del derecho (Salvamento de voto)
ARBITROS-Resuelven conflicto económico laboral/LAUDO
ARBITRAL-Razonabilidad (Salvamento de voto)
DECISION
IRRAZONABLE-Alcance
(Salvamento de voto)
Una decisión es
irrazonable, cuando la actuación de un órgano del poder público o de un
particular en ejercicio de funciones públicas no se ajusta a los fines de las
normas constitucionales que configuran las potestades de actuación o que sirven
de fundamento a las instituciones jurídicas, es decir, cuando se desconoce el
carácter vinculante de la Constitución, incurriendo el actor, en una vía de
hecho por defecto axiológico.
LAUDO ARBITRAL
QUE RESUELVE CONFLICTO ECONOMICO COLECTIVO-Razonabilidad (Salvamento de voto)
Un laudo que
resuelve un conflicto económico colectivo es razonado cuando se encuentra de
alguna manera justificado, y resulta razonable cuando la decisión se ajusta a
la finalidad que la Constitución le atribuye a la negociación colectiva. De lo
expuesto surge, que resultan irrazonables las medidas o decisiones de un laudo
que se separen abiertamente de la justicia y la equidad que debe estar presente
en las relaciones obrero-patronales, hasta el punto de vulnerar ostensiblemente
los derechos de las partes. De esta manera, cuando un laudo resuelve un
conflicto de naturaleza económica y se enmarca en los parámetros
constitucionales inherentes al Estado Social de Derecho (respeto de la
propiedad privada, libertad de empresa y reconocimiento de los derechos de los
trabajadores), el laudo es razonable, y en caso contrario, resultaría
irrazonable y arbitrario, y por lo tanto, susceptible de ser invalidado por el
juez constitucional.
LAUDO ARBITRAL-Presupuestos para considerarlo irrazonable
e incurso en vía de hecho judicial (Salvamento de voto)
Para poder
afirmar que un laudo es irrazonable, y en consecuencia que se encuentra incurso
en una vía de hecho judicial, resulta imperioso que el juez de tutela, mediante
pruebas técnicas o científicas debidamente practicadas y allegadas al
expediente, encuentre plenamente demostrada la ocurrencia de alguno de los
siguientes supuestos: I) que la decisión arbitral le haya impuesto al empleador
nuevas cargas laborales cuyo contenido económico sea de tal magnitud que de
mantenersen, conducirían en forma irremediable a la liquidación, deterioro o
improductividad de la empresa, o, II) que el carácter altamente oneroso de los
beneficios laborales otorgados impidan cumplir con el objeto social de la
empresa, menoscaben su desarrollo o desconozcan un justo margen de utilidad, en
todos los casos afectándose el núcleo esencial del derecho a la libertad de
empresa.
LAUDO ARBITRAL EN
EQUIDAD-Inexistencia de
vía hecho (Salvamento de voto)
Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda Espinosa.
Expediente T-503.413.
Actor: Fundación Abood Shaio y otros.
Con el
acostumbrado respeto, me aparto de la posición mayoritaria de la Sala Tercera
de Revisión, acogida en la presente sentencia. Manifiesto las razones por las
cuales salvo mi voto, de la siguiente manera:
1.     De la acción de tutela y el laudo arbitral.
La acción de tutela,
dada su naturaleza subsidiaria, procede cuando no existen otros medios de
defensa judicial (artículo 86 de la Constitución Política), razón por la cual,
en principio no está llamada a prosperar cuando a través de ella se pretenden
sustituir los medios ordinarios de defensa judicial.
De esta manera, la
acción de tutela tratándose de disputas en relación con la validez de un laudo
arbitral, requiere siempre el agotamiento previo del medio judicial destinado a
controvertir la regularidad del mismo, en este caso, el denominado recurso de
homologación.
Sin embargo,
independientemente del laudo que resuelve conflictos jurídicos, y tratándose de
aquellos que dan solución a un conflicto económico, sí aún después de agotado
el recurso de homologación, la decisión adoptada en el laudo resulta
irrazonable, y en consecuencia, no se ajusta a los fines constitucionales de la
negociación colectiva o de los medios de solución pacífica de los conflictos
colectivos del trabajo, es procedente acudir a la protección en tutela.
De suerte que la
tutela no es el mecanismo pertinente para lograr la declaratoria de “invalidez”
de un laudo arbitral que resuelve un conflicto económico, salvo cuando se trate
de una decisión irrazonable que vulnere el carácter vinculante de la
Constitución.
Al respecto, la
Corte ha sostenido que: “...las controversias surgidas a propósito de un
laudo arbitral, encuentran en principio solución ante los estrados judiciales
con base en acciones y procedimiento claramente definidos en la legislación y
son esos medios los que deben utilizarse para dilucidarlas, a menos que se
trate de situaciones extraordinarias que, por involucrar necesariamente
derechos fundamentales cuya urgente atención no admite espera, más allá de la
simple discusión sobre el alcance y contenido de las estipulaciones, quepa la
acción de tutela en ese específico campo...”[26].
2. Del laudo
arbitral.
El laudo arbitral
tiene su origen en la institución jurídica denominada “arbitramento”, definida
como: “ [el..] mecanismo por medio del cual las partes involucradas en un
conflicto de carácter transigible defieren su solución a un tribunal arbitral,
el cual queda transitoriamente investido de la facultad de administrar justicia,
profiriendo una decisión denominada laudo arbitral...”[27]. El arbitraje, en
asuntos laborales, reviste dos modalidades, según la naturaleza de los
conflictos sometidos a la decisión de los árbitros:
2.1. El arbitramento instituido para
dar solución a los conflictos obrero-patronales de naturaleza jurídica.
Este tipo de
arbitramento se origina a partir de la existencia de un conflicto jurídico, es
decir, de aquél que se refiere a la aplicación e interpretación de una norma
jurídica preexistente, y que en principio, salvo la existencia de un compromiso
o cláusula compromisoria[28],
debe ser resuelto por el juez, dentro de la jurisdicción y competencia asignada
por la Constitución y la ley.
Así, dispone el
artículo 130 del Código Procesal Laboral que: “ los patronos y los
trabajadores podrán estipular que las controversias que surjan entre ellos por
razón de sus relaciones de trabajo sean dirimidas por arbitradores”. Esta
potestad tiene su origen, en el artículo 116 de la Constitución Política, por
virtud del cual: “los particulares pueden ser investidos transitoriamente de
la función de administrar justicia en la condición de conciliadores o en la de
árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en
equidad, en los términos que determine la ley”.
Esta clase de
arbitramento implica la derogación de la jurisdicción del Estado por parte de
los empleadores y trabajadores, para confiarle la solución de un conflicto
jurídico laboral a unos árbitros habilitados transitoriamente de la función de
administrar justicia. Por lo tanto, ante la existencia de un pacto
compromisorio, surge una excepción previa que plantea la falta de competencia
de los justicia ordinaria para decidir un conflicto a favor de la justicia
arbitral (artículo 97 del C.P.C).
Este arbitramento es
propiamente un procedimiento, que se estructura con sujeción a los principios
que disciplinan el proceso judicial, y se integra por el conjunto de etapas y
fases inherentes al mismo, tales como, la designación de los árbitros, la
presentación y admisión de la demanda, el traslado de la misma, la contestación
y presentación de excepciones por parte del demandado, la celebración de
audiencias, el decreto y práctica de pruebas, la adopción de medidas
cautelares, las alegaciones de partes, y la adopción de una decisión mediante
un laudo arbitral que tiene la misma naturaleza de una sentencia, es decir,
adquiere el valor de cosa juzgada (artículo 140 del C.P.L).
En este caso, como
se trata de la resolución de un conflicto jurídico, los árbitros tienen los
mismos deberes de cualquier juez. Cabe destacar que el artículo 37 del C.P.C,
entre otros, determina que: “Son deberes del juez: 1.Dirigir
el proceso, velar por su rápida solución, adoptar las medidas conducentes para
impedir la paralización y procurar la mayor economía procesal, so pena de
incurrir en responsabilidad por las demoras que ocurra. 2. Hacer efectiva la
igualdad de las partes en el proceso, usando los poderes que este código le
otorga...6. Dictar las providencias dentro de los término legales; resolver los
procesos en el orden en que hayan ingresado a su despacho, salvo prelación
legal; fijar las audiencias y diligencias en la oportunidad legal, y asistir a
ellas....8. decidir aunque no haya ley exactamente aplicable al caso
controvertido, o aquélla sea oscura o incompleta, para lo cual aplicará las
leyes que regulen situaciones o materias semejantes, y en su defecto la
doctrina constitucional, la costumbre y las reglas general de derecho
sustantivo y procesal...”.
Ahora bien, como
previamente se señaló, este tipo de arbitramento para resolver controversias jurídicas
culmina con un laudo arbitral que tiene los mismos efectos de una sentencia
judicial. Por lo tanto, esta clase de laudos pueden ser objeto de acción de
tutela, cuando incurren en cualquiera de los defectos que se adecuan a una vía
de hecho.
Recuérdese que a
partir de la sentencia C-592 de 1993, esta Corporación tuvo la oportunidad de
precisar que toda actuación judicial o administrativa que entre en abierta
contradicción con normas Constitucionales o legales, y violen derechos
fundamentales, constituyen verdaderas actuaciones de hecho que pueden ser
invalidadas por el mecanismo judicial de la tutela.
Al respecto, ha
sostenido esta Corporación que:
"...A los
servidores públicos, en el ejercicio de sus funciones, les está vedado actuar
por fuera de las funciones atribuidas por la Constitución o la ley. El Estado
Social de Derecho (CP art. 1), los fines sociales del Estado (CP art. 2) y el
principio de igualdad ante la ley (CP. art. 13), constituyen el marco
constitucional de la doctrina de las vías de hecho, la cual tiene por objeto
proscribir las actuaciones arbitrarias de la autoridad que vulneran los
derechos fundamentales de las personas...[29]
Dentro de este
contexto, la jurisprudencia de la Corte ha reconocido cuatro modalidades de
vías de hecho, a saber:
“...cuando 1)
presente un grave defecto sustantivo, es decir, cuando..[una decisión]..
se encuentre basada en una norma claramente inaplicable al caso concreto; 2)
presente un flagrante defecto fáctico, esto es, cuando resulta evidente
que el apoyo probatorio en que se basó el juez para aplicar una determinante
norma es absolutamente inadecuado; 3) presente un defecto orgánico
protuberante, el cual se produce cuando el fallador carece por completo de
competencia para resolver el asunto de que se trate: y, 4)presente un evidente defecto
procedimental, es decir, cuando el juez se desvía por completo del
procedimiento fijado por la ley para dar trámite a determinadas cuestiones...”[30].
De acuerdo con lo
expuesto, esta clase de laudos pueden ser objeto de acción de tutela, por
incurrir en cualquiera de las citadas vías de hecho. Sin embargo, en materia
laboral, se reconoce otra modalidad de arbitramento que se aplica en el ámbito
de las negociaciones colectivas, y que difiere del arbitramento jurídico
previamente expuesto.
2.2. El
arbitramento instituido para dar solución a los conflictos colectivos
obrero-patronales de naturaleza económica.
2.2.1. Este tipo de arbitramento se origina a
partir de la existencia de un conflicto económico, es decir, de aquél que se
refiere a la creación de normas jurídicas destinadas a regular las relaciones
de trabajo, y que generalmente se adelanta por una organización sindical con la
finalidad de incrementar el mínimo de derechos y garantías reconocidos por la
Constitución y la ley.
Actualmente, es
necesario recordar que el artículo 3º del C.P.L excluye a los jueces laborales
del conocimiento de este tipo de conflictos. Al respecto la norma señala que: “la
tramitación de los conflictos económicos entre patronos y trabajadores se
continuará adelantando de acuerdo con las leyes especiales sobre la materia”.
El presente arbitramento tiene su origen
en el derecho de negociación colectiva plasmado en el artículo 55 de la Carta
Fundamental, por virtud del  cual, los trabajadores tienen derecho a presentar
pliegos de peticiones con el objeto de regular las relaciones laborales.
Precisamente, una vez agotada la denominada etapa de arreglo directo, y ante la
falta de acuerdo entre las partes en relación con cualquiera de los puntos de
controversia, es posible que el conflicto se solucione (independientemente de
la posibilidad de ejercer el derecho de huelga), con la convocatoria de un
Tribunal de Arbitramento, quien se encargará de definir la suerte del pliego
elevado por los trabajadores y las denuncias presentadas por el empleador.
La convocatoria de
este Tribunal de Arbitramento puede ocurrir de diversas formas, es decir, puede
ser voluntaria, obligatoria o por decisión de autoridad administrativa en los
casos previstos en la ley.
a. El arbitramento es voluntario, cuando por
compromiso o cláusula compromisoria el empleador y los trabajadores han
acordado que sus controversias sean dirimidas por árbitros (artículo 455 del
C.S.T).
b. El arbitramento es obligatorio, cuando no
es necesario para que tenga lugar su convocatoria y desarrollo de la existencia
de un pacto compromisorio, al respecto el artículo 452 del C.S.T determina los
casos en los cuales tiene ocurrencia[31].
c. El arbitramento por decisión de autoridad
administrativa, en los casos previstos en la ley, ocurre en dos situaciones:
-
Por decisión del
Ministerio de Trabajo: “cuando una huelga se prolongue por más de sesenta (60)
días calendario...el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social podrá ordenar que
el diferendo se someta a la decisión de un Tribunal de Arbitramento, en cuyo
caso los trabajadores tendrán la obligación de realizar el trabajo dentro de un
término máximo de tres (3) días hábiles” (C.S.T., Artículo 448 inciso 4º).
-
Por decisión
presidencial, cuando una huelga afecte gravemente los intereses de la economía
nacional considerada en su conjunto, previo concepto favorable de la Sala
Laboral de la Corte Suprema de Justicia (numeral 4º del artículo 3º de Ley 48
de 1968).
2.2.2. Ahora bien, independientemente de la forma
como se convoque este Tribunal, los árbitros al dirimir un conflicto de
naturaleza económica, no tienen el deber de fallar en derecho, ya que no existe
una norma jurídica preexistente que se pretenda aplicar, por el contrario, la
finalidad de este arbitraje es dar nacimiento a un nuevo Derecho, siendo
necesario recurrir a la equidad para adoptar una decisión.
De esta manera, el
laudo arbitral que pone fin a un conflicto colectivo de naturaleza económica
tiene una connotación constitutiva y no meramente declarativa, como lo es el
laudo que pone fin a un litigio de naturaleza jurídica.
Dentro de este
contexto, cuando un fallo es en equidad y no en derecho, surgen varios
elementos que el juez de tutela debe conocer y valorar para determinar la
procedencia de la acción de tutela cuando se endilga la existencia de una vía
de hecho. Al respecto, a titulo de ejemplo, se pueden citar las siguientes:
-
En el fallo en equidad
no se exige la aplicación de una norma jurídica preexistente.
-
Dicho arbitramento no
esta sometido a las fases y etapas propias de un proceso judicial, como sí lo
esta el arbitramento para dar solución a las controversias jurídicas.
-
Los árbitros no están
obligados a motivar jurídicamente sus decisiones, toda vez que la Constitución
y la ley, les ha atribuido la facultad de apreciar libremente los hechos y
circunstancias concurrentes, y adoptar las decisiones que consideren más
ajustadas al valor material de la justicia, conforme a sus convicciones y
creencias, postulados éticos y valorativos, sus experiencias de la vida, y en
fin, conforme a su recto criterio.
2.2.3. En este sentido, cuando un fallo arbitral
es en equidad, el espacio para el ejercicio del control constitucional de estas
decisiones por vía de tutela se limita ostensiblemente, y por lo tanto, no es
aplicable la teoría jurisprudencial de la vía de hecho, en sus modalidades de
defecto sustantivo, fáctico, orgánico y procedimental, por las siguientes
razones:
-
Si se tratase de un defecto
sustantivo, como éste presupone “una decisión basada en una norma
claramente inaplicable al caso concreto”[32],
no se podría extender a un laudo arbitral fallado en equidad, toda vez que
precisamente en esta decisión, no se pretende aplicar una norma jurídica
preexistente sino formular o crear una nueva.
-
Si se tratase de un defecto
fáctico, igualmente se requiere de una norma jurídica preexistente,
circunstancia ajena a este tipo de laudos, toda vez que éste defecto se
manifiesta en la infracción del régimen probatorio para verificar la existencia
de los supuestos de hecho consagrados abstractamente en las normas jurídicas
que sirven de fundamento a las decisiones judiciales.
-
Si se tratase de defecto
orgánico o procedimental, no resulta apropiada la acción de tutela, ya que
al requerirse como condición de procedencia el agotamiento del recurso de
homologación, siempre existirá una sentencia de la Sala Laboral de la Corte
Suprema de Justicia en la que se resuelve con valor de cosa juzgada si el
Tribunal de Arbitramento carecía de competencia para fallar o si él mismo se
desvió por completo del procedimiento fijado por la ley. De esta manera, el
examen judicial de regularidad del laudo arbitral es una materia atribuida a la
Corte Suprema de Justicia, que la Corte Constitucional no puede desconocer.
2.2.4. En estos casos, cuando un fallo arbitral es
en equidad, el laudo arbitral se asimila a las estipulaciones propias de una
convención colectiva de trabajo[33],
y por lo tanto, son actos reglas creados por órganos revestidos de una función
pública destinados a regular las relaciones sustantivas y colectivas del
trabajo. De este modo, el laudo se convierte en una fuente formal del derecho
laboral.
Al respecto, la
Corte ha sostenido, en relación con la convención colectiva igualmente
aplicable al laudo arbitral, que: “...por tener la convención colectiva [o
el laudo arbitral...] un claro contenido regulador y constituir sus cláusulas
derecho objetivo, la misma adquiere el carácter de fuente formal del
derecho...”. De suerte que: “...Al tratarse de una norma jurídica, la
convención [o el laudo arbitral...] se convierte en... precepto regulador de
las relaciones laborales...”[34].
3. De la
razonabilidad del laudo.
3.1.
Generalidades.
No obstante, las
anteriores consideraciones, es importante precisar que los árbitros se
encuentran revestidos de una función pública que los habilita para
resolver un conflicto económico laboral. El origen de la habilitación de
poderes se encuentra en el artículo 55 de la Constitución Política, por virtud
del cual, es deber del Estado promover la solución pacífica de los conflictos
colectivos económicos de trabajo, con el objetivo de lograr el mejoramiento del
mínimo de derechos de los trabajadores reconocidos por la Constitución y la ley
(artículo 53 C.P). Así las cosas, mediante el laudo arbitral es posible
realizar los fines del Estado, consistentes en servir a la comunidad, promover
la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios y derechos
consagrados en la Carta.
En este contexto, al
ser el laudo arbitral el resultado del ejercicio de una función pública, es
necesario que sea razonable, es decir, ajena a la arbitrariedad que esta
proscrita en el Estado de Derecho (artículo 1º C.P.).
De acuerdo con lo
expuesto, no es necesario que los árbitros motiven jurídicamente las
determinaciones que adoptan, precisamente por tratarse de un conflicto
económico que se resuelve en equidad, y no de un conflicto jurídico. No
obstante, sí resulta obligatorio que la decisión adoptada se justifique
constitucionalmente. De tal manera, que en la decisión de un conflicto
económico se admite un cierto de grado de discrecionalidad, pero jamás la
actuación de los árbitros puede ir en contra de lo razonable, ya que una
decisión contraria a este límite, convierte el fallo en arbitrario. Por tal
motivo, es necesario que los Tribunales evalúen el pliego de peticiones y las
denuncias patronales dentro de los postulados básico del Estado Social de
derecho.
Ahora bien, ¿cuándo
un laudo resulta irrazonable?.
Para dar respuesta a
este interrogante, es necesario recordar que, en el Estado Social de Derecho,
el ejercicio de cualquier función pública o la aplicación de cualquier
institución jurídica debe estar orientada a la realización de los fines
constitucionalmente previstos, y que sirvieron de fundamento al legislador ya
sea para atribuir esas funciones o para regular el instituto jurídico. Así, en
principio, tratándose de actos de la Administración, el fin de éstos debe ser
propender por la realización del interés público; en las actuaciones
judiciales, el objetivo es el logro de la  justicia y la equidad; y en las
actuaciones legislativas, la consecución de un orden social justo.
De esta manera, una
decisión es irrazonable, cuando la actuación de un órgano del poder público o
de un particular en ejercicio de funciones públicas no se ajusta a los fines de
las normas constitucionales que configuran las potestades de actuación o que
sirven de fundamento a las instituciones jurídicas, es decir, cuando se
desconoce el carácter vinculante de la Constitución, incurriendo el actor, en
una vía de hecho por defecto axiológico.
Así, en torno a la
razonabilidad, la Corte ha sostenido que: “...Las decisiones de los jueces deben
ser razonadas y razonables. [Por lo tanto..] El intérprete tiene entonces que
buscar el sentido razonable de la disposición dentro del contexto global del ordenamiento
jurídico-constitucional conforme a una interpretación sistemática-finalística....”[35].
Por lo tanto, una
decisión acorde con los fines constitucionales exige una interpretación
sistemática de las distintos principios, valores y derechos consagrados en
la Constitución, de tal manera que aquélla garantice y haga efectivo los
mandatos constitucionales dentro de un marco de respeto a la dignidad humana,
al trabajo, a la solidaridad y a la prosperidad general.
Así, por ejemplo,
tratándose del derecho a la educación, la Corte sostuvo que su finalidad
consiste en: “...lograr o promover el libre, pleno y armónico desarrollo de
la personalidad del educando...”[36].
Y en relación con el
derecho a la vida, ha sostenido que su fin no es sólo  la protección del
derecho a la vida, circunscrito a aquellos casos en que el demandante se
encuentre ante un inminente peligro de muerte. “...Por el contrario, el
contenido del derecho es más amplio, en razón de su carácter esencial para
preservar la dignidad humana consubstancial a la vida misma.  Esta
cualificación permite que la protección se encamine a dotar a todos los
individuos de las condiciones mediante las cuales puedan alcanzar una vida
digna...”[37]
Del mismo modo, esta
Corte ha sostenido en relación con la libertad personal y la presunción de
inocencia, que tratándose de la institución jurídica de la detención
preventiva: “...se puede concluir que la procedencia constitucional de
[ésta..] se encuentra reglada en Carta Fundamental y reconocida por las normas
rectoras del nuevo Código de Procedimiento Penal, según las cuales, los
criterios legales de procedencia de la detención preventiva deben concurrir
con los mandatos constitucionales, de tal manera que si la detención se ordena
sin considerar los principios y valores que inspiran la Constitución, y en
particular, las finalidades constitucionalmente admisibles para la misma...”[38], se incurría en una
vulneración de los derechos fundamentales a la libertad personal, a la
presunción de inocencia y al debido proceso.
De tal manera que,
cuando se desconocen los fines constitucionales, por parte de las autoridades
públicas o de un particular en ejercicio de funciones públicas, se incurre por
el actor en un actuación arbitraria, es decir, en una clara desviación de
poder.
Al respecto, la Corte ha sostenido de
manera reiterada que el debido proceso implica la sujeción de las distintas
autoridades y aún de los particulares, a las reglas definidas en el
ordenamiento jurídico. Por lo cual, todo acto arbitrario, es decir, aquellos
que se apartan de las normas jurídicas aplicables o de los fines
constitucionales que emanan de la Carta fundamental, implican la violación del
derecho al debido proceso.
3.2.
Razonabilidad de un laudo que resuelve un conflicto económico colectivo.
Siguiendo lo
expuesto, un laudo que resuelve un conflicto económico colectivo es razonado
cuando se encuentra de alguna manera justificado, y resulta razonable cuando la
decisión se ajusta a la finalidad que la Constitución le atribuye a la
negociación colectiva, reconocida en el artículo 55 de la Carta Fundamental.
Para la Corte, la
negociación colectiva: “..está considerada como el mecanismo idóneo para
fijar las condiciones de empleo de quienes están ligados por contrato de
trabajo....”, cuyo fin es: “...lograr un orden económico y social más
justo, en el que exista un equilibrio entre el Estado y sus trabajadores en el
logro de la justicia y equidad....De ahí que las pretensiones laborales no
puedan ser a tal punto ilimitadas, que conlleven al aniquilamiento de la
empresa, a su quiebra, deterioro o improductividad, y que tampoco los entes
estatales puedan constitucionalmente conceder salarios, prestaciones o
prebendas irrisorias, al margen de la realidad social...”[39].
De lo expuesto
surge, que resultan irrazonables las medidas o decisiones de un laudo que se
separen abiertamente de la justicia y la equidad que debe estar presente en las
relaciones obrero-patronales, hasta el punto de vulnerar ostensiblemente los
derechos de las partes:
- En el caso de los
trabajadores, al desconocer los derechos y beneficios mínimos reconocidos a
éstos en la Carta Fundamental (artículos 1º, 2º, 53 y 55), como lo son, la
igualdad de oportunidades, la remuneración mínima vital y móvil, la garantía de
la seguridad social, el pago oportuno del salario, la vigencia permanente de
los derechos ciertos e indiscutible y el derecho al mejoramiento de las
condiciones de trabajo.
- En el caso de los
empleadores, al vulnerar las libertades y derechos consagrados en la
Constitución (artículos 58 y 333), como lo son, la libertad económica[40], la libertad de
empresa[41],
la libre iniciativa privada y el reconocimiento del derecho a la retribución
del empresario.
Ahora bien, como las citadas libertades
se encuentran enmarcadas dentro del marco de una función social, deben estar
dispuestas hacía la realización de la justicia y la igualdad. Sin embargo,
cualquier intervención estatal que recaiga sobre éstas, no puede llegar al
absurdo de hacerlas nugatorias, es decir, que conlleven al aniquilamiento de la
empresa.
Así, las
limitaciones que guarden o materialicen la justicia social y se ajusten a los
cánones previamente expuestos, no incurren en defecto axiológico, toda vez que
se orientan a la realización de un orden social justo, promoviendo el
desarrollo empresarial y utilizando a la empresa como una unidad productiva
dispuesta a mejorar las condiciones generales de vida.
Precisamente, la
Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia sostuvo que: “...el artículo
mencionado faculta a los árbitros para decidir el conflicto de intereses o
económico en cuanto no puede ser resuelto total o parcialmente por las partes
en las etapas de arreglo directo y de conciliación, y regula esa competencia al
señalar que el fallo que se dicte no puede afectar derechos o facultades de las
partes reconocidos por la Constitución Nacional, por las leyes o por las normas
convencionales vigentes. Esta limitación para decidir los conflictos
colectivos de carácter económico debe armonizarse con los fines que éstos
persiguen, o sea el mejoramiento de las condiciones de trabajo y de modo
particular de las prestaciones salariales. Los derechos y facultades que no
pueden afectar los árbitros con sus fallos son en primer término los
reconocidos en la Constitución Nacional tales como el de propiedad y demás
derechos adquiridos, el de asociación, reunión, huelga y todos aquellos que
establecen directa o indirectamente un régimen de protección al trabajo y
garantizan al empresario el ejercicio de su actividad...”[42].
De esta manera,
cuando un laudo resuelve un conflicto de naturaleza económica y se enmarca en
los parámetros constitucionales inherentes al Estado Social de Derecho (respeto
de la propiedad privada, libertad de empresa y reconocimiento de los derechos
de los trabajadores), el laudo es razonable, y en caso contrario, resultaría
irrazonable y arbitrario, y por lo tanto, susceptible de ser invalidado por el
juez constitucional.
4. Defectos de la
sentencia.
4.1. En la sentencia
se afirma que el laudo es evidentemente irrazonable por no haber consultado las
circunstancias fácticas del conflicto laboral a resolver, y en consecuencia,
por haber ignorado la situación económica de la empresa. Como resultado de
ello, la posición mayoritaria de la Sala consideró que el Tribunal de
Arbitramento había incurrido en una vía de hecho por defecto fáctico. A este
respecto, se afirmó en la citada providencia que:
“...el tribunal
de arbitramento omitió tener en cuenta las circunstancias fácticas que rodeaban
el conflicto laboral colectivo sometido a su consideración y con ello incurrió
en una vía de hecho (...) la irrazonabilidad del laudo no paró allí.
También el tribunal procedió a aprobar o rechazar las cláusulas del pliego de
peticiones sin considerar las circunstancias fácticas del caso ni la onerosidad
de las cargas que se desprendían de la decisión de reconocer o rechazar las
peticiones de los trabajadores...”.
“...el Tribunal
de Arbitramento Obligatorio ignoró completamente las circunstancias fácticas
del conflicto a dirimir – al no mencionar siquiera en ninguna de sus actas o en
su escrito de impugnación la situación económica de la Fundación Shaio – y con
ello actúo de manera evidentemente irrazonable...”
“...Decir en el
laudo que “los árbitros examinaron y estudiaron” las pruebas, es decir, aludir
simplemente a que hubo pruebas y afirmar que fueron estudiadas, es muy distinto
a deliberar sobre ellas y a vincular lo decidido a las particularidades del
caso del cual surgen las razones de equidad...”.
Estimó que no era procedente la
invalidez de la decisión arbitral por este hecho, ya que, conforme lo expuse
anteriormente, la declaratoria de ilegitimidad del laudo en equidad solamente es
posible cuando el mismo se encuentra afectado por un vicio axiológico, es
decir, cuando no se ajusta a los fines constitucionales que deben orientar el
proceso de negociación colectiva y la solución pacífica de los conflictos
colectivos del trabajo.
Por lo tanto, para
poder afirmar que un laudo es irrazonable, y en consecuencia que se encuentra
incurso en una vía de hecho judicial, resulta imperioso que el juez de tutela,
mediante pruebas técnicas o científicas debidamente practicadas y allegadas al
expediente, encuentre plenamente demostrada la ocurrencia de alguno de los
siguientes supuestos: I) que la decisión arbitral le haya impuesto al empleador
nuevas cargas laborales cuyo contenido económico sea de tal magnitud que de
mantenersen, conducirían en forma irremediable a la liquidación, deterioro o
improductividad de la empresa, o, II) que el carácter altamente oneroso de los
beneficios laborales otorgados impidan cumplir con el objeto social de la
empresa, menoscaben su desarrollo o desconozcan un justo margen de utilidad, en
todos los casos afectándose el núcleo esencial del derecho a la libertad de
empresa.
Como lo manifesté en
los debates previos a la decisión adoptada, al proceso de tutela no fueron
incorporadas las pruebas necesarias que permitieran al juez constitucional
evaluar debidamente la legalidad o legitimidad del citado laudo, concretamente,
a partir de la afirmación según la cual éste no había tenido en cuenta la
situación fáctica del conflicto. Por tal motivo, no era admisible concluir, como
equivocadamente lo hizo la sentencia de la cual me aparto, que las cargas
impuestas al empleador -Fundación Abood Shaio- tales como, el incentivo de
racionalización de vacaciones, la prima especial de cirugía y los aumentos de
salarios y de los auxilios existentes, eran tan excesivas y onerosas que
afectaban indefectiblemente la viabilidad financiera de la empresa.
Así, ante la
imposibilidad de demostrar tal hecho, es decir, la incidencia de los
reconocimientos laborales en la difícil situación económica por la que
atraviesa la empresa, la obligación de la Corte era la de proceder a recaudar
el material probatorio idóneo o, en su defecto, la de abstenerse de decretar la
existencia de la vía de hecho por no encontrarse plenamente demostrada la
ilegalidad del laudo. En mayor medida, si sobre las cargas laborales impuestas
en el laudo lo que pesaba era una presunción de razonabilidad y
proporcionalidad, debidamente sustentada en el instituto jurídico de la
negociación colectiva cuya finalidad es, precisamente, mejorar el mínimo de
condiciones del trabajador y garantizar el ejercicio legítimo de sus derechos
constitucionales y legales; criterio este que sirvió de fundamento a la
Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, para abstenerse de
homologar la decisión arbitral y considerar que la misma no entrañaba una
inequidad manifiesta[43].
Ahora bien, en
cuanto el Tribunal de Arbitramento que puso fin al conflicto colectivo de
naturaleza económica entre la Fundación Shaio y el sindicato de trabajadores
fue convocado para fallar en equidad y no en derecho, no era posible concluir
que su decisión estaba incursa en una vía de hecho por defecto fáctico, es
decir, derivada de la inadecuada apreciación de las pruebas frente a la ley y
de la falta de motivación de la providencia cuestionada. Ratificando lo ya
expuesto, si los fallos en equidad no se encuentran sometidos al tramite propio
de un proceso judicial, ni exigen de los árbitros la aplicación de normas
jurídicas preexistentes y la fundamentación jurídica de sus determinaciones, no
es posible, en ningún caso, predicar de ellos vicios procesales que son
connaturales a las decisiones en derecho y que, sólo por esa vía, son
susceptibles de control tutelar.
En relación con
esto último, advierte el suscrito una evidente contradicción en la providencia
de la cual me aparto ya que, si bien declara la existencia de una vía de hecho
por defecto fáctico, en algunos de los apartes del fallo coincide con la
apreciación del criterio disidente al sostener, por una parte, que los defectos
predicables del laudo arbitral en equidad no incluyen la errónea aplicación de
normas jurídicas y el desconocimiento del régimen probatorio, y por la otra,
que sobre los árbitros que deciden en equidad no recae el deber de motivar de
sus providencia. Expresamente se manifestó en la sentencia lo siguiente:
“...los
defectos predicables del laudo arbitral en equidad no involucran la equivocada
aplicación de normas positivas ni la inobservancia de las exigencias propias
del decreto, práctica y apreciación de las pruebas, ya que no se trata aquí de
una decisión en derecho que deba cumplir estricta y rigurosamente con normas
jurídicas. No se puede calificar a un laudo de haber incurrido en un
defecto fáctico por falta de apreciación de las pruebas, ni de ostentar un
defecto sustantivo por no estar sustentado en normas legales. Contra los laudos
arbitrales decididos en equidad no procede, en consecuencia, la acción de
tutela por vías de hecho en razón de un defecto fáctico, el cual se relaciona
con la valoración probatoria...”.
“...El artículo
458 del Código sustantivo del Trabajo, anteriormente citado, enuncia de manera
general unos límites de orden constitucional, legal y convencional. Uno de
ellos es el de respetar los derechos constitucionales fundamentales de las
partes, dentro de los cuales se encuentra el derecho al debido proceso. Ello es
compatible con los mandatos derivados del principio de Estado Social de Derecho
relativos a cómo se han de tomar las decisiones. Es claro que no pueden adoptar
de manera caprichosa ni arbitraria. Por eso a los jueces se les exige que sus
providencias sean motivas y que lo sean de manera ajustada a derecho. Sobre
los árbitros que deciden en equidad no recae el mismo deber...”[44].
Si existe coincidencia en que no resulta
procedente la vía de hecho por defecto fáctico cuando se trata de decisiones
adoptadas en equidad, ¿cuál fue entonces el fundamento válido para declarar su
existencia respecto del laudo arbitrar objeto de Revisión?
Fecha ut supra,
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
Auto 027/02
Referencia: expediente T-503413
Actor: Fundación
Abood Shaio Y Otros
Solicitud de nulidad
de la sentencia T-046 de 2002, proferida por la Sala Tercera de Revisión.
Magistrado Ponente:
Dr. MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Bogotá, D.C., dos (2) de abril de dos mil dos (2002)
La Sala Plena de la
Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Marco Gerardo Monroy Cabra,
quien la preside, Jaime Araujo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra, Manuel José
Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Luis Eduardo
Montealegre Lynett, Álvaro Tafur Galvis, y Clara Inés Vargas Hernández, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido el
siguiente
AUTO
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
Los hechos que
dieran lugar a la interposición de la acción de tutela y al ulterior fallo de
revisión cuya nulidad se solicita son los siguientes:
a. La convención colectiva entre las
partes, cuya vigencia expiraba el 31 de Diciembre de 1999, fue denunciada por
la Fundación Shaio y por la Asociación Nacional de Trabajadores y Empleados de
Hospitales, Clínicas, Consultorios y Entidades Dedicadas a Procurar la Salud de
la Comunidad – ANTHOC –.
b. El 20 de Diciembre de 2000 se dictó el
Laudo Arbitral en cuestión proferido por un Tribunal de Arbitramento
Obligatorio convocado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social al
término de la etapa de arreglo directo que concluyó sin acuerdo entre las
partes. El laudo arbitral, proferido en equidad, acogió parcialmente las
peticiones de los trabajadores y decidió no pronunciarse sobre la denuncia del
empleador. El laudo arbitral dispuso que su vigencia duraría hasta el 31 de
Diciembre de 2001.
c. La Fundación Shaio se había acogido en
abril 9 de 2000, con autorización de la Superintendencia de Salud, a un acuerdo
de reestructuración de los pasivos de la entidad de conformidad con la Ley 550
de 1999. El 30 de noviembre de 2000 se firmó el acuerdo de reestructuración. El
laudo arbitral fue proferido 20 días después de firmado el acuerdo de
reestructuración.
d. El empleador interpuso recurso de
homologación contra el laudo arbitral ante la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia. Acusó a todo el laudo por ser manifiestamente
inequitativo y, en subsidio, expuso argumentos específicos contra cada
cláusula.
e. El 20 de marzo de 2001, la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia decidió homologar el laudo por
haber sido proferido siguiendo el procedimiento legalmente establecido y por no
ser “manifiestamente inequitativo”, con excepción de la cláusula referente al
carácter irredimible otorgado a la base de días para el cálculo de la prima de
vacaciones, la cual fue declarada nula.
f. La Fundación y unos ciudadanos
presentaron acción de tutela contra el laudo arbitral y contra la sentencia de
homologación de la Corte Suprema de Justicia por vulneración, entre otros, de
sus derechos al debido proceso, a la vida y a la integridad personal con
fundamento en que el Tribunal no apreció las pruebas que mostraban la crítica
situación de la Clínica (vía de hecho por defecto fáctico) y en que el cierre
de la Clínica amenazaría la salud de los pacientes bajo su cuidado.
g. Por sentencia del 5 de julio de
2001 la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura de Cundinamarca concedió la tutela solicitada, invalidó el laudo y
la sentencia de homologación y ordenó al Ministerio de Trabajo convocar al
mismo Tribunal de Arbitramento para que procediera a dictar un nuevo laudo
ponderando todas las pruebas de manera detallada. El aquo consideró que
el Tribunal de Arbitramento había incurrido en una vía de hecho por defecto
fáctico.
h. Impugnada la sentencia de tutela por los
magistrados de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, los
integrantes del Tribunal de Arbitramento y la Asociación Nacional de
Trabajadores y Empleados de Hospitales, Clínicas, Consultorios y Entidades
Dedicadas a Procurar la Salud de la Comunidad – ANTHOC –, ésta fue revocada y
la tutela rechazada en segunda instancia por el Consejo Superior de la
Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, mediante sentencia de agosto 22
de 2001. El ad quem estimó que a los árbitros en equidad no se les podía
extender la doctrina sobre vías de hecho aplicable a las providencias
judiciales.
i. En sede de revisión, luego de ordenar
una medida cautelar y de practicar una  diligencia de inspección judicial al
expediente del proceso arbitral, la Sala Tercera de Revisión decidió revocar la
sentencia de tutela objeto de revisión y conceder parcialmente la tutela
solicitada, con salvamento de voto del magistrado Rodrigo Escobar Gil. La
sentencia de revisión estima que si bien los árbitros disponían de un muy
amplio margen de discrecionalidad y que a ellos no puede exigírseles la misma
carga en materia argumentativa y probatoria que a los jueces, sus decisiones no
pueden ser arbitrarias como no pueden serlo las de ninguna autoridad, o
particular investido transitoriamente del ejercicio de una función pública, en
un Estado Social de Derecho. La Corte encontró que el laudo era evidentemente
irrazonable porque al adoptar su decisión los árbitros no tuvieron en cuenta
las especificidades del contexto empírico, lo cual es contrario a una de las
exigencias derivadas del concepto de equidad. Por eso, resolvió que el laudo
carecía de validez constitucional. Sin embargo, determinó que su fallo sólo
tendría efectos pro futuro y ordenó que se respetaran los derechos de los
trabajadores, aún los nacidos del laudo y consolidados durante la vigencia del
mismo. El magistrado Rodrigo Escobar Gil salvó el voto por considerar que en el
presente caso no se reunían los elementos para conceder el amparo
constitucional, aún cuando reconoce la procedencia de la tutela cuando el
tribunal de arbitramento profiere un laudo que sea irrazonable por no consultar
la situación económica crítica del empleador.
j. La sentencia de revisión fue proferida
el treinta (30) de enero de 2002 y fué notificada el trece (13) de febrero de
2002. La petición de nulidad fue presentada el dos (2) de febrero de 2002, es
decir, incluso antes del inicio del término de ejecutoria.
II. Petición de nulidad
1. El abogado
OSWALDO DUQUE LUQUE actuando en representación de la Asociación Nacional de
Trabajadores y Empleados de Hospitales, Clínicas, Consultorios y Entidades
Dedicadas a Procurar la Salud de la Comunidad – ANTHOC –, presentó solicitud de
nulidad de la sentencia T-046 de 2002 proferida por la Sala Tercera de Revisión
en el proceso de la referencia.
2. Los dos cargos
específicos en los que el apoderado de ANTHOC basa su solicitud de declaratoria
de nulidad de la sentencia T-046 de 2002 son los siguientes:
“I. Falta de
competencia de la Corte Constitucional para privar de validez el laudo arbitral
proferido por un tribunal de arbitramento convocado en legal forma para
proferir un fallo en equidad, y poner fin a un conflicto, económico, colectivo
de trabajo entre la Fundación Abood Shaio y el sindicato de sus trabajadores.”
“II. Violación del
debido proceso.- La Sala Tercera de revisión creó reglas posteriores a la
expedición del laudo arbitral y de la sentencia que lo homologa,
acerca de la irrazonabilidad en la producción del fallo arbitral en detrimento
de la garantía Constitucional al debido proceso consagrada en el artículo 29 de
la Constitución Política...”.
Además de estos cargos específicos, se
elevan otros de diversa índole, dentro de los cuales se encuentra el de que el
fallo de tutela incurrió en una contradicción al haber invalidado el laudo sin
anular la sentencia de la Corte Suprema de Justicia- Sala de Casación Laboral-
que declaró la exequibilidad del mismo.
III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
Constata la Corte que en el acápite sobre
falta de competencia, el petente invoca varios argumentos no propiamente
relacionados con ese asunto. La Corte pasa directamente a analizar uno de
ellos, en el cual se plantea el cargo relativo a la existencia de una
contradicción en la sentencia consistente en que el laudo arbitral es declarado
inválido pero la sentencia que lo homologó es estimada compatible con la
Constitución.
Considera el petente que se presenta una
antinomia cuando la Corte “priva de validez y de eficacia el laudo arbitral a
partir de la ejecutoria de su fallo de tutela y al mismo tiempo deja incólume
la Sentencia de Homologación de la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación
Laboral”. La Corte encuentra que en este punto radica la fuente de la nulidad
de la sentencia T-046 de 2002.
En la sentencia se explica esta diferencia
por tres razones. La primera reside en que el criterio para determinar si se
configura una vía de hecho no es el mismo para los laudos que para las
sentencias. Como la sentencia de homologación y el laudo arbitral fueron
analizados separadamente, y los parámetros del juicio constitucional fueron
distintos, entonces la suerte de la primera fue diferente a la del segundo. A
esta razón se suma otra fundada en la interpretación del ámbito de competencia
del juez de homologación del laudo. Como se aceptó en la sentencia de tutela
que dicho control era principalmente de legalidad, entonces se concluyó que si
bien el laudo había podido ser proferido de acuerdo con la ley y, por lo tanto,
homologado por la Sala de Casación Laboral, éste era contrario a la Carta y,
por lo tanto, inválido desde el punto de vista constitucional sin que ello
tuviera que provocar, también, la invalidez de la sentencia que lo homologó a
la luz del principio de legalidad según el alcance que a éste principio le ha
dado la propia Sala de Casación Laboral. Finalmente, la sentencia de tutela
interpretó de manera restrictiva, siguiendo también la jurisprudencia laboral,
el control de la regularidad del laudo ejercido por el juez de homologación. De
ahí que estimara que ese control de regularidad no comprendía el proceso
decisorio mediante el cual los árbitros llegaron a concluir lo que plasmaron en
el laudo y que este aspecto específico del debido proceso fuera de competencia
del juez de tutela. Desde esta perspectiva, el juez de homologación no incurrió
en una vía de hecho al haber omitido controlar lo que el juez de tutela revisó
y encontró, a juicio de la Sala Tercera de  Revisión, evidentemente deficiente
en el laudo.
Sin embargo, estas razones son
insuficientes para justificar que el laudo arbitral y la sentencia de
homologación corran diferente suerte, cualquiera que ésta sea. El laudo
arbitral y la sentencia que lo homologa forman una sola unidad inescindible
habida cuenta de que la exequibilidad del primero depende de lo resuelto en la
sentencia de homologación, al mismo tiempo que no es concebible que haya
sentencia de homologación sin laudo arbitral a homologar. No podía entonces la
T-046 de 2002 concluir que el laudo era inválido pero la sentencia de
homologación no lo era. No caben sino dos alternativas: o la sentencia de
homologación no violó la Constitución y por lo tanto el laudo por ella
homologado sigue siendo válido y exequible, o el laudo fue arbitrariamente
proferido y, por consecuencia, la sentencia que no controló esa arbitrariedad
también es constitucionalmente inválida. Esto lo habrá de decidir la Sala Plena
de la Corte Constitucional cuando estudie los aspectos de fondo de este caso, los
cuales son ajenos al ámbito de un auto relativo a una solicitud de nulidad.
Dicho estudio se hará a partir de una nueva ponencia en la cual se analicen ex
novo los problemas jurídicos que plantea el caso para que la Sala Plena
adopte la decisión que estime adecuada a la luz de la Constitución.
Por esta razón, la sentencia T-046 de 2002
será anulada. Por lo tanto, no entra la Corte a estudiar los otros cargos.
Como consecuencia de esta nulidad, el laudo
arbitral en su integridad, recobra plena validez. Igualmente, se mantiene en
firme, mientras la Sala Plena se pronuncia de fondo, la sentencia de segunda
instancia en el proceso de tutela proferida por la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura que negó la tutela. Además,
los derechos de los trabajadores consagrados en el laudo arbitral y en las
convenciones anteriores continúan incólumes.
Por lo tanto, la
Sala Plena de la Corte Constitucional,
RESUELVE:
ANULAR la sentencia T-046 de 2002, proferida por la Sala
Tercera de Revisión de Tutela. Como consecuencia de esta nulidad, el laudo
arbitral en su integridad, recobra plena validez. Igualmente, se mantiene en
firme, mientras la Sala Plena se pronuncia de fondo, la sentencia de segunda
instancia en el proceso de tutela proferida por la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura que negó la tutela. Además,
los derechos de los trabajadores consagrados en el laudo arbitral y en las convenciones
anteriores continúan incólumes.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Presidente
JAIME ARAUJO RENTERIA
Magistrado
ALFREDO BELTRAN SIERRA
Magistrado
MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CORDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INES VARGAS HERNANDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE
MONCALEANO
Secretaria General*
[1]
El artículo 53, inciso 3º, del reglamento interno de la Corporación (acuerdo 05
de 1992), establece lo siguiente: “A solicitud de cualquier Magistrado, para
los efectos de cambio de jurisprudencia, la Sala Plena podrá decretar la
celebración de una audiencia pública, con participación de personas y entidades
nacionales y extranjeras convocadas para tal fin. Mientras la Sala Plena adopta
la decisión sobre cambio de jurisprudencia, se suspenderán los términos de los
respectivos procesos (acuerdo 04 de 1992).”
[2]
La Corte Constitucional no entra a establecer si le denominación de “recurso”
dada jurisprudencial y doctrinariamente a la homologación que se lleva a cabo
de los laudos arbitrales por parte de la Sala de Casación Laboral de la H.
Corte Suprema de Justicia es la más precisa, en atención a que la ley misma no
habla del “recurso de homologación” sino simplemente de “homologación” (artículo
143 del Código Procesal del Trabajo y artículo 18 numeral 3º del Decreto Ley
528 de 1964). La Corte Constitucional opta en este punto por usar el término
“recurso homologación” tal y como lo hace la propia Sala de Casación Laboral de
la Corte Suprema de Justicia (ver por ejemplo sentencias de homologación de
febrero 20 de 1970, julio 19 de 1982, mayo 14 de 1985 y junio 30 de 1999, entre
otros).
[3]
Corte Constitucional, Sentencia C-242 de 1997, M.P. Hernando Herrera Vergara.
(En esta sentencia la Corte declaró inexequible el numeral 19.14 del artículo
19 de la Ley 142 de 1994 “por la cual se establece el régimen de los servicios
públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”, porque ordenaba a las
empresas de servicios públicos domiciliarios acudir siempre al arbitramento
para dirimir los conflictos que pudieran presentarse con lo que se desconoció
el carácter facultativo y transitorio del arbitramento en el caso de servicios
públicos no esenciales).
[4]
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sección Segunda, Sentencia
de homologación de junio 30 de 1999, M.P. Germán G. Valdés Sánchez.
[5]
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sección Segunda, Sentencia
de homologación de mayo 18 de 1988.
[6]
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia de homologación
de mayo 20 de 1996: “El recurso de homologación que se otorga contra los laudos
que dirimen conflictos colectivos de trabajo se dirige a procurar el examen de
la regularidad de éstos, teniendo en cuenta las condiciones mínimas de trabajo
que consagra la ley y las estipuladas en normas convencionales vigentes, y el
ámbito que al poder decisorio de los árbitros señala la denuncia de la
convención”.
[7]
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia de homologación
de noviembre 20 de 1970. Sobre la función de la Corte, en el recurso de
homologación dicha Corporación sostuvo que ella: “Examina la regularidad del
laudo, y al proceder en esta forma, no puede eludir, porque va implícito en
ello, el estudio de la naturaleza del conflicto, si se han cumplido las etapas
de arreglo directo o de conciliación, si el tribunal ha sido integrado conforme
a la ley, si ha funcionado tal como ésta lo ordena y si ha proferido sentencia
dentro del término respectivo y sobre la materia debatida.”
[8]
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia de homologación
de junio 30 de 1999, M.P. Germán G. Valdés Sánchez: “Ha
aceptado esta Sala un criterio adicional, claramente asociado con la
regularidad dada la naturaleza económica del conflicto, cual es el del
equilibrio que debe existir en las decisiones, dentro de la idea de buscar
mejorar las condiciones de los trabajadores sin menoscabar la viabilidad de la
actividad empresarial del empleador. Por ello ha aceptado la anulación de
disposiciones del laudo cuando observa una manifiesta inequidad en las mismas.”
[9]
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sección Segunda, sentencia
de homologación, mayo 14 de 1985.
[10]
Incluso en materia de expropiación, la Constitución de 1991, recogiendo la
reforma introducida en 1936 al régimen de la propiedad, contemplaba la
hipótesis de que aquella procediera por razones de equidad en los casos
determinados por el legislador mediante el voto favorable de la mayoría
absoluta de los miembros de una y otra Cámara, sin que tales razones fueran
controvertibles judicialmente (artículo 58 de la Constitución de 1991).
Mediante Acto Legislativo 01 de 1999 fue suprimida esta causal de expropiación,
basada en la equidad y cuyas razones no podían ser judicialmente controladas.
[11]
Corte Constitucional, Sentencia C –1547 de 2000, M.P. (e): Cristina Pardo
Schlesinger, Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 38 numeral 1
del Código de Procedimiento Civil.
[12]
Jaime M. Mans Pigarnan. Los principios generales del derecho. Busch, Barcelona,
1947 (Equidad).
4
Corte Constitucional. Sentencia C-011/94 del 21 de enero de 1994. M.P Alejandro
Martínez Caballero.
[13]Corte
Constitucional. Sentencia C-301/93 del 2 de agosto de 1993. MP. Eduardo
Cifuentes Muñoz.
[14]
Corte Constitucional. Sentencia C-496 de 1994, M.P Alejandro Martínez
Caballero.
[15] Por eso, se ha debatido si los laudos, además de ser equitativos,
deben ser expresamente motivados. Las razones que justifican el laudo ofrecen
un criterio valioso para que en los conflictos colectivos venideros las partes
orienten la negociación puesto que se han hecho explícitos criterios de equidad
relevantes en el contexto dentro del cual se sitúa el conflicto.
Consideraciones semejantes llevaron a que en las conclusiones del seminario
sobre Conciliación y Arbitramento en Disputas Industriales llevado a cabo por
la Organización Internacional del Trabajo, en Kampala en 1969, se estimara que
era aconsejable que los árbitros dieran razones para justificar sus decisiones.
Ver International Enciclopedia of Comparative Law,
Labour Law, Vol. XV, Chapter 14: Prevention and Settlement of Labour Disputes,
Other than Conflicts of Rights, by Jean Givry, Tübingen et al, 1984, p. 54.
[16]
La Sala de Casación Laboral –Sección Primera– de la Corte Suprema de Justicia
se ha referido a la inequidad manifiesta en los siguientes términos: “De otro lado, como en el cargo se afirma la
manifiesta inequidad del laudo, en el artículo a que el mismo se refiere, debe
repetirse lo que al respecto tiene dicho con profusión esta misma Sección de la
Sala de Casación Laboral de la Corte: "En forma reiterada ha sostenido la
jurispru­dencia que cuando los arbitradores van a decidir conflictos
económicos, el ámbito dentro del cual van a actuar es muy amplio y su decisión
sólo debe consultar la equidad y la justicia, caso en el cual no se pueden
revisar en sede de homologación los aspectos económicos del laudo, y solamente
sería viable en el evento de que el fallo desconociera de manera protuberante
la realidad económica de la empresa o entidad patronal o desatienda las
peticiones de los trabajadores".  Y en desarrollo de este criterio ha
sentado así mismo la jurisprudencia que "para dar por establecido que las
conclusiones a que llegaron los árbitros son equivocadas desde el punto de
vista económico y financiero, y que por lo tanto las decisiones son contrarias
a la equidad, sería necesario realizar un estudio de carácter técnico que no
cabe dentro del recurso de homologación, pues su finalidad es la de confrontar
el laudo con la constitución, las leyes o las convenciones colectivas"
(confrontar fallo de homologación del 21 de febrero de 1991, ya citado).” (Se
refiere la cita a la sentencia de homologación del 21 de febrero de 1991, Rad.
No. 4330, Sociedad de Cirugía de Bogotá, Hospital de San José y ANTHOC Y SINTRAHOSCLISAS,
p. 28).
[17]
La discusión sobre el punto no es pacífica en el seno de la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia como lo evidencia la aclaración de voto
del magistrado Dr. Rafael Méndez Arango a la sentencia de homologación de 28 de julio de 1999 (Rad. 12773) cuando
sostiene: “Vuelvo y repito que
en el pasado he suscrito providencias en las que se hace alusión a la facultad
de anular un laudo por haberse proferido con "manifiesta inequidad",
aunque siempre he manifestado en las discusiones que han precedido a los
correspondientes fallos que no encuentro que tal competencia tenga fundamento
en la ley, por no considerar razonable que habiéndose excluido legalmente de
manera expresa los conflictos económicos del conocimiento de los jueces del
trabajo, sea correcta la interpretación de las normas que permite conocer la
cuestión de fondo de dichos conflictos dentro del trámite de la homologación de
los laudos proferidos por tribunales de arbitramento especiales. Como es apenas
obvio, esta limitación para conocer de los conflictos económicos la tienen
igualmente los Tribunales Superiores de Distrito Judicial cuando revisan laudos
originados en pliegos de peticiones, pues, al igual que sucede con la Corte,
únicamente pueden determinar si el tribunal de arbitramento extralimitó o no el
objeto para el cual se le convocó.  Cosa diferente ocurre si se trata de
tribunales de arbitramento voluntarios constituidos para solucionar conflictos
jurídicos excluyéndolos de la competencia de sus jueces naturales mediante el
compromiso o la cláusula compromisoria. Sin embargo, debo manifestar que como
hasta el momento no se ha anulado en realidad un laudo por considerar que el
tribunal al proferirlo decidió con "manifiesta inequidad", las referencias
que hasta ahora se han hecho al tema no han tenido una manifestación que incida
en la decisión adoptada, tal como ocurrió en este caso, en el cual únicamente
se dice en la sentencia que no resulta "notoriamente inequitativo" el
incremento salarial tomando en cuenta como referencia el índice de precios al
consumidor, o que "el fallo no se presenta inequitativo" al
incrementar el auxilio al sindicato, o que "no agrede a la legalidad, ni a
la equidad" que en una empresa subsistan pactos colectivos simultáneamente
con las convenciones colectivas de trabajo y los laudos, y por ello se homologó
el laudo excepto en lo referente a los puntos que se concluyó escapaban a la
competencia del tribunal de arbitramento; inexequibilidad que se declaró por
considerarse ilegal lo resuelto por el tribunal de arbitramento mas no por
tenerse como inequitativo el fallo arbitral.”
[18]
Corte Constitucional, Sentencia T-555 de 2000, M.P. Fabio
Morón Díaz.
[19] Ver sentencia T-295/99, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[20] Sentencia C-478 de 1998 M.P. Alejandro Martínez Caballero. Sobre
este tema también pueden consultarse las sentencias T-398 de 1997, T-576 de
1998 y SU-260 de 1998.
[21]
Corte Constitucional, Sentencia T-961 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[22]
Ver Corte Constitucional, Sentencia T-059 de 1997, M.P. Alejandro Martínez
Caballero.
[23]
Corte Constitucional, Sentencia T-328 de 1997, M.P. Hernando Herrera Vergara.
[24]
Corte Constitucional, Sentencia T-983 de 2000, M.P. José Gregorio Hernández.
[25] Artículo 53 C.P. Algunas sentencias de la Corte que se han referido
al derecho fundamental al reajuste periódico del salario son: C-004 de
1992, C-479 de 1992, T-483 de 1993, T 276 de 1997, SU-519 de 1997, C-481 de
1999, C-815 de 1999, SU-1052 de 2000 y C-1064 de 2001.
[26]
Sentencia T-061 de 1999. M .P. Alfredo Beltrán Sierra.
[27]
Artículo 1° del Decreto 2279 de 1989. Modificado por el artículo 111 de la Ley
446 de 1998.
[28]
Se entiende por cláusula compromisoria, “...el pacto contenido en un contrato o
en documento anexo a él, en virtud del cual los contratantes acuerdan someter
las eventuales diferencias que puedan surgir con ocasión del mismo a la
decisión de un tribunal arbitral...”(artículo 116 de la Ley 446 de 1998), y por
compromiso, “...[el..] negocio jurídico, por medio del cual las partes
involucradas en un conflicto presente y determinado, convienen resolverlo a
través de un tribunal arbitral...”(artículo 117 de la Ley 446 de 1998). En
materia laboral, el artículo 131 del C.P.L, señala que: “La cláusula
compromisoria deberá hacerse constar siempre por escrito, bien en el contrato
individual, en el contrato sindical, en la convención colectiva, o en cualquier
otro documento otorgado posteriormente”.
[29]
Sentencia. T-576 de 1993. M.P. Jorge Arango Mejía.
[30]
Sentencia T-567 de 1998. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[31]
Señala la citada norma: 1. Serán sometidos a arbitramento obligatorio: a) Los
conflictos colectivos de trabajo que se presenten en los servicios públicos
esenciales y que no hubieren podido resolverse mediante arreglo directo; b) Los
conflictos colectivos de trabajo en que los trabajadores optaren por el
arbitramento, conforme a lo establecido en el artículo 44 de este código; c)
Los conflictos colectivos del trabajo de sindicatos minoritarios, siempre y
cuando la mayoría absoluta de los trabajadores de la empresa no hayan optado
por la huelga cuando esta sea procedente.
[32]
Sentencia T-567 de 1998. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz-
[33]
Señala el artículo 461 del C.S.T: “ El fallo arbitral pone fin al conflicto y
tiene el carácter de convención colectiva en cuanto a las condiciones de
trabajo...”
[34]
Sentencia SU-1185 de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[35]
Sentencia C-011 de 1994. M.P. Alejandro Martínez Caballero. Subrayado por fuera
del texto original.
[36]
Sentencia T-337 de 1995. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[37]
Sentencia T-728 de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[38]
Sentencia C-774 de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil. Subrayado por fuera del
texto original.
[39]
Sentencia C-112 de 1993. M.P. Hernando Herrera Vergara.
[40]
Entiéndase por libertad económica: “...la facultad que tiene toda persona de
realizar actividades de carácter económico, según sus preferencias y
habilidades, con miras a crear, mantener o incrementar su patrimonio..”.
(Sentencia T-425 de 1992).
[41]
La libertad de empresa consiste en: “...la libertad que se reconoce a los
ciudadanos para afectar o destinar bienes de cualquier tipo (principalmente de
capital) para la realización de actividades económicas para la producción e
intercambio de bienes y servicios conforme a las pautas o modelos de
organización típicas del mundo económico contemporáneo con vistas a la
obtención de un beneficio o ganancia...”. (Sentencia C-524 de 1995).
[42]Corte
Suprema de Justicia. Sentencia de homologación. Julio 23 de 1976. Subrayado por
fuera del texto original.
[43]
De este modo, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia estimo que:
“...En realidad los puntos del pliego de peticiones que concedió el tribunal,
con incidencia económica, son básicamente el ateniente al “incentivo de
racionalización de vacaciones”- que se analizará n forma separada por la Corte
-, la prima especial de cirugía, UCI y UCC, y los aumentos de los salarios y de
los auxilios preexistentes...Estas decisiones fueron adoptadas por el tribunal
en equidad, en desarrollo de sus atribuciones legales...Respecto de la prima
establecida para el personal de cirugía, cuidados intensivos o de cuidado
coronario, en cuantía de $ 15.605.oo mensuales, evidentemente no resulta
exorbitante...En igual forma, el aumento salarial y de los auxilios, en cifras
cercanas al incremento en el costo de vida, impiden calificar esa decisión de
“manifiestamente inequitativa”, condición que a la luz de la jurisprudencia de la
Corte sería la única que ameritaría la anulación, si por otra parte se han
cumplido los requisitos de regularidad del Laudo...Como el tribunal no se
extralimitó en sus atribuciones y decidió los puntos sobre primas, salarios y
auxilios en equidad, debe la Corte, en sede de homologación, declarar exequible
tal determinación...”.
[44]
Subrayado por fuera del texto original.