T-264-12
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-264/12
DERECHO A LA
VIVIENDA DIGNA-Procedencia de tutela como mecanismo de protección cuando
adquiere rango fundamental
DERECHO A LA
VIVIENDA DIGNA-Tesis de conexidad entre derecho prestacional y derecho
fundamental
De acuerdo
con esta teoría, la acción de tutela es procedente en aquellos casos en los que
al desconocerse la protección a la vivienda digna se vulneren o amenacen
directa o indirectamente otros derechos fundamentales per se, tales como la
vida, la dignidad, la integridad física, la igualdad, el debido proceso, entre
otros. Se debe recordar que esta hipótesis fue utilizada constantemente no solo
para la procedencia de la acción de tutela en materia de vivienda digna, sino
que además fue una de las maneras en que otros derechos de carácter
prestacional como el de la salud fueron objeto de protección.
DERECHO A LA
VIVIENDA DIGNA-Faceta prestacional podrá dar origen por vía de
transmutación a distintos derechos subjetivos
Esta
postura indica que “el derecho a la vivienda digna se convierte en fundamental
cuando es dotado de contenido mediante la implementación de medidas
legislativas y administrativas dirigidas a hacerlo efectivo”. Una situación de
esta índole se presenta por ejemplo en aquellos eventos en los cuales el Estado
desarrolla una política en materia de vivienda, y concreta derechos subjetivos
en cabeza de determinados beneficiarios que hacen que el derecho de acceso a la
misma transmute y sea susceptible de protección vía tutela.
DERECHO A LA
VIVIENDA DIGNA-Alcance y contenido/DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA-Seguridad
de la tenencia
DESALOJO FORZOSO-Procedimiento/DESALOJO
FORZOSO Y PROTECCION DEL ESPACIO PUBLICO-Reiteración de jurisprudencia
El procedimiento de desalojo
es una medida que busca recuperar la tenencia de un bien ocupado sin justo
título. Por tanto, comporta un procedimiento que permite recuperar
materialmente un bien que fue tomado de manera ilegítima, y evita que aquellos
que han procedido en contra de la Ley obtengan un provecho de su acción. Este
es un medio coercitivo que reconoce el ordenamiento jurídico para evitar que
por vías de hecho se consoliden situaciones de derecho que perjudiquen los
derechos legítimamente adquiridos. Por ello, si bien lo que se busca con los
procesos de desalojo es en cierta medida proteger el derecho a la propiedad
legítimamente adquirida, es esencial que dichos procedimientos se desarrollen
bajo un estricto “debido proceso” ya que en caso contrario los desahucios
realizados de forma violenta constituyen violaciones prima facie del derecho a
la vivienda que son incompatibles con los requisitos del PIDESC.
DESALOJO FORZOSO
DE POBLACION-Doctrina del Comité del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales/DESALOJO FORZOSO DE POBLACION-Directrices
DEBIDO PROCESO
EN MATERIA DE DESALOJO FORZOSO-En los trámites judiciales y en los trámites
administrativos
La acción de tutela es el mecanismo idóneo cuando para verificar si un proceso de
desalojo se efectuó en debida forma (es decir respetando el debido proceso),
ello por cuanto de esa forma se certifica si existió o no una violación
sistemática no solo posiblemente del derecho a una vivienda digna sino de los demás
derechos que de ello se derivan. Máxime en aquellos casos en los que se
encuentran inmiscuidos sujetos en especiales condiciones de vulnerabilidad como
desplazados, madres o padres cabeza de familia, niños o niñas, personas de la
tercera edad, personas con enfermedades terminales, personas en extrema pobreza
comprobada, etc. Cualquier autoridad en la que recaiga el deber de ejecutar un
desalojo forzosos, debe hacerlo con el respeto del debido proceso tanto en los
trámites judiciales como los administrativos
PRINCIPIO DE
CONFIANZA LEGITIMA-Ocupantes del espacio público de forma ilegal
La recuperación del espacio
público es una obligación del Estado en la medida en que éste debe permanecer a
disposición de la comunidad y no bajo la tenencia de particulares que
ilegalmente lo ocupan. La Corte, partiendo del principio de buena fe, ha
desarrollado el concepto de confianza legítima el cual se configura en aquellas
situaciones en las que la administración por medio de su conducta uniforme hace
entender al administrado que su actuación es tolerada. Por ello cuando la
conducta del Estado se limita a observar o apoya en cierta medida una ocupación
irregular, se lleva a pensar al administrado que la invasión al espacio público
se ajusta al ordenamiento jurídico. Esto resulta especialmente relevante en
aquellos eventos en los cuales la ocupación, así sea ilícita, permite que los
ciudadanos encuentren una solución a su problemática de vivienda, y les hace
creer que es un medio idóneo para satisfacer esa necesidad. Es por ello que
corresponde al Estado actuar diligentemente con el fin de que los ocupantes
entiendan que su conducta no es tolerada.
ESPACIO PUBLICO-Protección
constitucional
DESALOJO FORZOSO-Debe
adelantarse con el pleno respeto de los derechos fundamentales y debido proceso
de las personas desalojadas
Para que sea legítimo el
desahucio, debe adelantarse con pleno respeto de los derechos fundamentales de
las personas desalojadas. Es decir, si bien en este caso la medida en principio
es lícita, esta no puede llegar hasta el punto de atropellar y vulnerar los
derechos de las personas que ocuparon el bien. Siendo esto así, al realizar el
procedimiento de desalojo debe garantizarse que las personas que son objeto de
este procedimiento no vean vulnerados sus derechos fundamentales. El desalojo
que se apega al debido proceso es una medida legítima de protección de la
propiedad y del espacio público, pero por su naturaleza, la administración debe
ser especialmente cuidadosa en que no se convierta en un procedimiento que
atente contra los derechos de las personas invasoras.
DESALOJO
FORZOSO-No vulneración del debido proceso durante el desalojo de 25
personas como consecuencia de la invasión y tala indiscriminada dentro del área
de especial importancia ecológica
DERECHO A LA
VIVIENDA DIGNA-Orden a Alcaldía analizar condiciones socioeconómicas y
brinde información sobre requisitos para ser incluidos dentro de programas de
vivienda
DERECHO A LA
VIVIENDA DIGNA DE POBLACION DESPLAZADA-Orden a Alcaldía para brindar
albergue provisional para garantizar estadía digna en razón de su condición de
desplazada, madre cabeza de familia e indígena
Referencia:
expedientes Acumulados
T-3242627 (Luis Gonzaga Gañán
Gañán)
T-3242628 (Luz Stella Villa
Ordoñez)
T-3242633 (Doris Restrepo
Carvajal)
T-3242634 (Raúl Cardona)
T-3242639 (Johan Stiven García
Cuervo)
T-3245542 (Alexandra Guillén
Pérez)
T-3245543 (Maria Noralba Londoño
Cardona)
T-3245544 (Maria Lucélia Gañán
Gañán)
T-3245560 (Jaime Daniel Pérez
Sandoval)
T-3245561 (Dollis Andrea
Asprilla Moreno)
T-3246908 (Maria Doralba Bueno
Gutiérrez)
T-3246911 (María del Rosario
Pescador Pescador)
T-3246913 (Giraldo Henao
Cifuentes)
T-3246919 (Luz Marina Betancur
Melchor)
T-3246924 (Yasmin González Isaza)
T-3246925 (Lady Johanna Patiño)
T-3246927 (Vanessa Ortiz
Jaramillo)
T-3246928 (Hector Fabio Córdoba
Martínez)
T-3251630 (John William Herrera
Londoño)
T-3251631 (Jorge Eliécer Rios
Henao)
T-3251632 (Johnnatan Andrés
Valencia Rentería)
T-3251653 (Luz Aleida Vélez
Osorio)
T-3251654 (Margarita Rivera
Monsalve)
T-3251660 (Joel Gómez Mosquera)
T-3269169 (Stick Anderson
Giraldo Jaramillo)
Magistrado
Ponente:
JORGE IVÁN
PALACIO PALACIO
Bogotá,
D.C., veintinueve (29) de marzo de dos mil doce (2012).
La
Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
Magistrados Jorge Iván Palacio Palacio, quien la preside, Nilson Elías Pinilla
Pinilla y Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y
241, numeral 9º, de la Constitución Política, y en los artículos 33 y
concordantes del Decreto 2591 de 1991, profiere la siguiente:
SENTENCIA
Dentro del trámite de revisión de los fallos dictados en los asuntos de
tutela de la referencia, seleccionados para tal fin por la Sala
número 10 de 2011, mediante auto proferido por esta Corporación el 20 de
Octubre del mismo año.
I.
ANTECEDENTES
Los
diferentes actores (25 en total), interponen acción de tutela en contra del
municipio de Pereira y otros (que se especificarán en cada caso), para evitar
el desalojo de sus viviendas que se encuentran ubicadas dentro de un predio de propiedad
privada de la Sociedad de Mejoras de Pereira y que además fue declarado en 2006
como reserva natural y pulmón de la ciudad de Pereira, por la Corporación Autónoma
Regional de Risaralda, en adelante CARDER.
Sin embargo, como cada caso presenta sus propias
especificidades con relación a los actores, a pesar de la conexidad anotada, la
Corte reseña a continuación los supuestos fácticos, elementos probatorios
relevantes y decisiones de instancia de cada uno.
Número
Expediente
T- 3242627
Accionante
Luis Gonzaga Gañán Gañán cédula
de ciudadanía núm. 9.762.342
Accionado (s)
Municipio de Pereira.
Secretaría de Gobierno
Municipal.
Secretaría de Control Físico
Municipal.
Inspector de Policía Once de
Boston.
Sociedad de Mejoras de Pereira.
Situación Particular
Indica que interpone acción de
tutela al considerar que con el desalojo le están vulnerando su derecho
fundamental a una vivienda digna.
Aduce que ha ejercido la
posesión material del inmueble durante 19 meses ininterrumpidos.
Expresa que el desalojo
prescribe a los 30 días contados desde el primer acto de ocupación o desde el
día en que tuvo conocimiento del hecho el querellante según el caso, de
acuerdo con el artículo 15 del Decreto 992 de 1930.
Informa que no tiene
propiedades, es soltero, mensualmente devenga un aproximado de $ 250.000 y
nunca ha solicitado a la Alcaldía de Pereira ninguna ayuda por concepto de
vivienda.
Entidades Intervinientes
Sociedad de Mejoras de Pereira.
Alcaldía de Pereira.
Secretaría de Gobierno.
Inspección Once de Policía.
Pruebas
Copia de la Resolución 3029 del
22 de junio de 2011 proferida por la Alcaldía Municipal de Pereira ordenando
el desalojo del peticionario.[1]
Copia de la Resolución 0639 del
28 de febrero de 2011 proferida por la CARDER.[2]
Copia de la Inspección Judicial
practicada por el Juzgado Quinto Civil Municipal de la Ciudad de Pereira al
proceso policivo de lanzamiento por ocupación instaurado por la Sociedad de
Mejoras de Pereira.
Sentencia Objeto de revisión
El Juzgado Primero Civil
Municipal de Pereira, mediante providencia proferida el 14 de septiembre de
2011 niega por improcedente la acción argumentando que no se violó el debido
proceso del peticionario con la orden de desalojo.
De igual modo, no se agotaron
los medios de defensa frente a la diligencia de desalojo. (Recurso de
reposición ante el alcalde).
Pese a lo anterior, el Juzgado
exhorta al Municipio de Pereira para que analice las condiciones
socio-económicas del accionante, en procura de informarle sobre los
requisitos que debe cumplir para ser incluido dentro de los programas de
vivienda con que cuente el ente territorial.
Número
Expediente
T- 3242628
Accionante
Luz Stella Villa Ordóñez cédula
de ciudadanía núm. 42.098.498
Accionado (s)
Municipio de Pereira.
Inspector de Policía Once de
Boston.
Sociedad de Mejoras de Pereira.
Situación Particular
Indica que interpone acción de
tutela para evitar la orden de desalojo del día jueves 1° de septiembre de
2011.
Expresa que tiene a cargo a sus
dos padres y a su hijo de 13 años.
Indica que se desempeña como
empleada doméstica y que vive en su casa hecha de guadua desde hace un mes y
medio.
Solicita que se le asigne una
vivienda digna.
Entidades Intervinientes
Sociedad de Mejoras de Pereira.
Alcaldía de Pereira.
Secretaría de Gobierno.
Inspección Once de Policía.
Pruebas
Copia de la cédula de
ciudadanía de la petente y de la tarjeta de identidad del menor Juan Pablo
Villa Ordóñez.
Sentencia Objeto de revisión
El Juzgado Primero Civil
Municipal de Pereira, mediante providencia proferida el 14 de septiembre de
2011 niega por improcedente la acción argumentando:
Que no se violó el debido
proceso de la petente con la orden de desalojo.
Que no se agotaron los medios
de defensa frente a la diligencia de desalojo.
Pese a lo anterior, el Juzgado
exhorta al Municipio de Pereira para que analice las condiciones
socio-económicas de la accionante, en procura de informarle sobre los
requisitos que debe cumplir para ser incluida dentro de los programas de
vivienda con que cuente el ente territorial.
Número
Expediente
T 3242633
Accionante
Doris Restrepo Carvajal cédula
de ciudadanía núm. 42.005.331
Accionado (s)
Alcaldía de Pereira.
Secretaría de Control Físico
Municipal.
Situación Particular
Manifiesta que vive con 5 hijos
y un nieto en el parque el Vergel ubicado en el sector vereda Boston-Nogalia.
Expresa que de sus hijos, 2 son
mayores de edad entre esos la mamá de su nieto que es la única que trabaja en
una fábrica de calzado y sus otros hijos son menores de edad. Por tanto, es
ella la encargada de velar por sus hijos menores y su nieto que es muy
pequeño.
Aduce que interpone la acción
de amparo con el fin de evitar el desalojo iniciado por la Alcaldía de
Pereira.
Expresa que desde hace 12 meses
habita en dicho lugar.
Solicita que se le brinde una
solución de vivienda digna para ella y su familia.
Entidades Intervinientes
Alcaldía de Pereira.
Pruebas
Fotocopia de la cédula de
ciudadanía de la accionante.
Sentencia Objeto de revisión
El Juzgado Cuarto Civil
Municipal de Pereira, mediante providencia proferida el 19 de septiembre de
2011 niega la acción fundamentando su decisión en que no se violó el debido
proceso de la petente con la orden de desalojo y que no se agotaron los
medios de defensa frente a la diligencia de desalojo por parte de la
accionante, pese a que se tenía conocimiento sobre la actividad adelantada
por la autoridad competente.
Número
Expediente
T-3242634
Accionante
Raúl Cardona cédula de
ciudadanía núm. 16.234.202
Accionado (s)
Alcaldía de Pereira.
Secretaría de Control Físico
Municipal.
Situación Particular
Indica que vive en Santa Rosa
de Cabal con su esposa y su hijo pagando arriendo y tiene un ingreso mensual
de un salario mínimo.
Informa que cuando le
derrumbaron su vivienda estaba viviendo él solo en un cambuche de plástico
dentro del predio propiedad de la Sociedad de Mejoras de Pereira.
Aduce inicialmente que llevaba
habitando el lugar del que fue desalojado (lote propiedad de la Sociedad de
Mejoras de Pereira) desde hace 8 meses y sin embargo, en un interrogatorio
realizado con posterioridad por el juzgado, aduce que lleva viviendo 2 años y
medio en Santa Rosa de Cabal pero que está cansado de pagar arriendo.
Interpone acción de tutela con
el fin de que se le asigne una vivienda digna para él, su esposa y su hijo de
9 años.
Entidades Intervinientes
Alcaldía de Pereira.
Secretaría de Control Físico
Municipal.
Pruebas
Copia de la cédula de
ciudadanía del accionante.
Sentencia Objeto de revisión
El Juzgado Cuarto Civil
Municipal de Pereira, mediante providencia proferida el 19 de septiembre de
2011 niega la acción fundamentando su decisión en que no se le violó el
debido proceso del petente con la orden de desalojo y que en ningún momento
el peticionario agotó los medios de defensa previstos contra la diligencia de
desalojo pese a que tenía conocimiento sobre la actividad adelantada por la
autoridad competente.
Número
Expediente
T-3242639
Accionante
Johan Stiven García Cuervo
cédula de ciudadanía núm 1.004.717.065
Accionado (s)
Alcaldía de Pereira.
Situación Particular
El accionante relata que desde
hace 8 meses construyó su casa en madera y lona en el sector de El Vergel, en
donde vive con su esposa y su hija de 20 meses de edad.
Indica que se vio en la
obligación de construir su vivienda en dicha zona, debido a que no tiene
trabajo ni dinero para ofrecerle a su familia una vivienda en condiciones
dignas.
Manifiesta que interpone la
acción de amparo, con el fin de que se proteja su derecho fundamental a la
vivienda digna y se evite el desalojo ordenado por la Alcaldía de Pereira
mediante Resolución 3029 de 2011.
Solicita que se ordene a la
Alcaldía de Pereira realizar los trámites correspondientes para que se le
asigne una vivienda digna para él y su familia.
Entidades Intervinientes
Alcaldía de Pereira.
Pruebas
Copia de la cédula de
ciudadanía del señor Johan Stiven García Cuervo[3].
Copia de la Resolución núm.
3029 de 2001 proferida por la Alcaldía Municipal de Pereira “Por medio de
la cual se admite querella de lanzamiento por ocupación de hecho instaurada
por la sociedad de mejoras de Pereira.”
Sentencia Objeto de revisión
El Juzgado Tercero Penal
Municipal para adolescentes con funciones de Control de Garantías de Pereira
(Risaralda) mediante sentencia del 14 de septiembre de 2011, niega la
solicitud de amparo, fundamentando su decisión en la ausencia de vulneración
de los derechos fundamentales invocados por el accionante.
Lo anterior por cuanto se
encuentra probado que el petente realizó una invasión ilegal a un terreno
privado de relevancia ecológica y lo único que ha hecho la autoridad
municipal es actuar de acuerdo a su competencia.
Número
Expediente
T-3245542
Accionante
Alexandra Guillén Pérez cédula
de ciudadanía núm. 40.082.067
Accionado (s)
Alcaldía de Pereira.
Secretaría de Gobierno de
Pereira.
Control Físico de la Alcaldía
de Pereira.
Inspector Once de Policía de
Boston (Pereira).
Situación Particular
Indica que interpone acción de
tutela para evitar la orden de desalojo del día jueves 1° de septiembre de
2011 iniciada por la Alcaldía de Pereira.
Manifiesta que de manera
ininterrumpida ha ejercido la posesión del predio durante 13 meses.
Tiene 32 años.
Entidades Intervinientes
Alcaldía de Pereira.
Sociedad de Mejoras de Pereira.
Secretaría de Gobierno.
Inspección Once de Policía.
Pruebas
Copia de cédula de ciudadanía.
Copia inicio de proceso de
lanzamiento.
Copia de certificado de
tradición de los inmuebles objeto de litigio, propiedad de la Sociedad de
Mejoras de Pereira.
Copias de las resoluciones
mediante las cuales se elevan cargos e imponen sanciones a la Sociedad de
Mejoras de Pereira por permitir la tala indiscriminada de individuos forestales
de especies nativas y guadua en predios considerados como de especial
importancia ecológica. Dichas resoluciones fueron expedidas por la CARDER.
Sentencia Objeto de revisión
El Juzgado Tercero Penal
Municipal con Funciones de Conocimiento de Pereira Risaralda, mediante
providencia proferida el 15 de septiembre de 2011, niega la acción de amparo
invocada por la señora Alexandra Guillén Pérez, indicando que:
(i). Fue desalojada siguiéndose
el debido proceso.
(ii). Posiblemente se está
cometiendo el punible tipificado en el artículo 263 del código penal por
ocupación ilegal de un predio de propiedad privada y declarado como zona de
especial importancia ecológica.
(iii). Le asisten otros
mecanismos para solicitar la protección de sus derechos ya que no es la
acción de tutela la indicada en el presente caso.
Número
Expediente
T-3245543
Accionante
Maria Noralba Londoño Cardona
cédula de ciudadanía núm. 24.511.663
Accionado (s)
Alcaldía de Pereira.
Sociedad de Mejoras de Pereira.
Corporación Autónoma Regional
de Risaralda (CARDER).
Situación Particular
La
accionante manifiesta que el 1° de septiembre de 2011 fue notificada de una
orden de desalojo proferida por la Alcaldía de Pereira mediante resolución
núm. 3029 del 22 de junio de 2011.
Indica que
estuvo viviendo en el predio del cual fue expulsada desde hace 7 meses junto
con su esposo y dos hijos.
Aduce que
es una persona de escasos recursos, que trabaja como empleada doméstica.
Solicita
que se ordene a la Alcaldía de Pereira realizar los trámites correspondientes
para que se le asigne una vivienda digna para ella y su familia.
Entidades Intervinientes
Alcaldía de Pereira.
Sociedad de Mejoras de Pereira.
Corporación Autónoma Regional
de Risaralda (CARDER).
Pruebas
Copia del aviso de diligencia
de lanzamiento por ocupación de hecho de la Inspección Once de Policía de
Boston.
Copia de la Resolución núm.
3029 del 22 de junio de 2011 “Por medio de la cual se admite querella de
lanzamiento por ocupación de hecho instaurada por la Sociedad de Mejoras de Pereira.”
Sentencia Objeto de revisión
El Juzgado Tercero Penal
Municipal con Funciones de Conocimiento mediante providencia del 15 de
septiembre de 2011, niega la solicitud de amparo.
Argumenta que no existió una
vulneración de los derechos fundamentales invocados por la accionante, toda
vez que se encuentra probado que la petente realizó una invasión ilegal a un
terreno privado de relevancia ecológica, se ha respetado el debido proceso
durante el desalojo, la acción de tutela no es el medio idóneo para reclamar
la asignación de vivienda cuando no se ha realizado el correspondiente
procedimiento ante la Administración Municipal.
Número
Expediente
T-3245544
Accionante
María Lucelia Gañán Gañán
cédula de ciudadanía núm. 42.111.739
Accionado (s)
Alcaldía de Pereira.
Secretaría de Gobierno del
Municipio de Pereira.
Secretaría de Control Físico de
la Alcaldía de Pereira.
Inspección Once de Policía de
Pereira.
Sociedad de Mejoras de Pereira.
Situación Particular
La accionate interpone acción
de tutela a fin de evitar ser desalojada el día 1° de septiembre de 2011.
Indica que lleva ejerciendo la
posesión desde hace 6 meses.
Tiene 40 años de edad.
Entidades Intervinientes
Secretaría de Gobierno de la
Alcaldía de Pereira.
Alcaldía de Pereira.
Secretaría de Gobierno-
Inspección Once de Policía.
Sociedad de Mejoras de Pereira.
Pruebas
Copia de la cédula de
ciudadanía.
Copia del aviso de diligencia
de lanzamiento por ocupación de hecho de la Inspección Once de Policía de
Boston.
Copia de la Resolución núm.
3029 del 22 de junio de 2011 “Por medio de la cual se admite querella de
lanzamiento por ocupación de hecho instaurada por la Sociedad de Mejoras de
Pereira.”
Sentencia Objeto de revisión
El Juzgado Tercero Penal
Municipal con Funciones de Conocimiento de Pereira mediante providencia del
15 de septiembre de 2011, niega la acción de tutela al considerar que no se
le ha violado el debido proceso durante el desalojo y que no es la acción de
tutela el mecanismo idóneo.
Sin embargo insta a la
accionante para que acuda ante la Alcaldía Municipal de Pereira para poder
acceder a un programa de vivienda.
Número
Expediente
T-3245560
Accionante
Jaime Daniel Pérez Sandoval con
cédula de ciudadanía núm. 1.023.871.207
Accionado (s)
Alcaldía de Pereira.
Inspección Once de Policía.
Situación Particular
Interpone acción de tutela a
fin de evitar ser desalojado el día 1° de septiembre de 2011.
Indica que lleva ejerciendo la
posesión desde hace 10 meses.
Informa que tiene dos hijos que
no viven con él, que es soltero y se encuentra desempleado.
Dice que busca que la Alcaldía
de Pereira lo reubique o le dé un subsidio de vivienda.
Tiene 24 años de edad.
Entidades Intervinientes
Alcaldía de Pereira.
Inspección Once de Policía.
Pruebas
Copia de la cédula de ciudadanía
del accionante.
Copia de la Resolución 3029 del
22 de junio de 2011.
Sentencia Objeto de revisión
El Juzgado Segundo Penal Municipal
para Adolescentes con Funciones de Control de Garantías mediante sentencia
proferida el 16 de septiembre, niega la protección solicitada, argumentando
que no se le ha violado el debido proceso, que cuenta con otros mecanismos
para reclamar su derecho a la vivienda ya que ni siquiera ha realizado las
correspondientes gestiones ante la Administración Municipal de Pereira.
Número
Expediente
T-3245561 (aduce ser
desplazada)
Accionante
Dollis Andrea Asprilla Moreno
cédula de ciudadanía núm. 35.696.306
Accionado (s)
Alcaldía de Pereira.
Situación Particular
Indica que por problemas de
violencia se vio obligada a desplazarse desde el municipio de Itsmina Chocó
junto con su familia conformada por: su hijo de dos años, sus hermanos Sandra
Patricia (quien tienen una hija de 4 meses) y Manuel Augusto.
Aduce que tanto ella como su
hermana trabajan en casas de familia y su hermano en labores de construcción.
Expresan que por la inestabilidad de sus trabajos no cuentan con recursos
suficientes para procurar su manutención.
Aduce que por recomendación de
un señor fueron a habitar en dicho predio y llevan aproximadamente 8 meses
viviendo en una casa construida con guadua y plástico.
Interponen acción de tutela a
fin de evitar el desalojo el día 1° de septiembre de 2011.
Expresa que por ahora están
viviendo con una amiga que les dio posada.
Entidades Intervinientes
Alcaldía de Pereira.
Pruebas
Copia de cédula de ciudadanía
de Dollis Andrea Asprilla Moreno.
Copia de cédula de ciudadanía
de Sandra Patricia Amud Moreno.
Copia del carné del sisben
nivel 1 de Dollis Andrea Asprilla Moreno expedido por la Alcaldía de Pereira.
Sentencia Objeto de revisión
El Juzgado Segundo Penal
Municipal para adolescentes con funciones de Control de Garantías, mediante
providencia del 15 de septiembre de 2011, niega la solicitud de amparo
indicando que la Alcaldía de Pereira no ha vulnerado ningún derecho
fundamental, toda vez que respetó el debido proceso durante el desalojo de la
accionante.
Igualmente, aduce que no hay
prueba de que la peticionaria haya acudido a la administración municipal para
solicitar ser incluida en un programa de vivienda agotando todos los recursos
y procedimientos establecidos para ello.
Finalmente expresa que no es la
acción de tutela el mecanismo idóneo, puesto que existen otros medios de
acceso a vivienda, tales como la presentación a las correspondientes
convocatorias nacionales o la inscripción en programas de vivienda previstos
por las entidades territoriales y no mediante la invasión de predios ajenos
que además están catalogados como de especial importancia ecológica.
Número
Expediente
T-3246908
Accionante
María Doralba Bueno Gutiérrez con
cédula de ciudadanía núm. 42.027.815.
Accionado (s)
Municipio de Pereira.
Sociedad de Mejoras de Pereira.
Situación Particular
La señora
María Doralba Bueno manifiesta que el 1° de septiembre de 2011 fue notificada
de una orden de desalojo proferida por la Alcaldía de Pereira mediante la
resolución núm. 3029 del 22 de junio de 2011.
Indica que
estuvo viviendo en el predio del cual fue expulsada desde hace 5 meses junto
con su hija de 19 años y sus padres de 62 (madre[4]) y 69 (padre[5]) años.
Aduce que
es una persona de escasos recursos, que trabaja como empleada doméstica y es
la encargada del hogar.
Solicita
que se ordene a la Alcaldía de Pereira realizar los trámites correspondientes
para que se le asigne una vivienda digna para ella y su familia.
Entidades Intervinientes
Alcaldía de Pereira.
Sociedad de Mejoras de Pereira.
Pruebas
Copia de la cédula de
ciudadanía de la accionante y su núcleo familiar.[6]
Copia de historia del sisben en
el que aparece la petente y su grupo familiar. [7]
Folios de las matrículas
inmobiliarias de los bienes pertenecientes a la Sociedad de Mejoras de
Pereira, que son objeto de invasión[8].
Certificado de existencia y
representación de la Sociedad de Mejoras de Pereira. [9]
Resolución núm. 0639 del 28 de
febrero de 2011, proferida por la Corporación Autónoma Regional de Risaralda
(CARDER).
Sentencia Objeto de revisión
El Juzgado Primero Civil
Municipal de Pereira Risaralda mediante sentencia proferida el 16 de
septiembre de 2011, niega la solicitud de amparo argumentando que es lícita
la actuación del ente territorial, por cuanto el proceso de lanzamiento por
ocupación de hecho se encuentra amparado en el ordenamiento jurídico, con
todas las prerrogativas y fuerza vinculante que implican sus decisiones.
Es decir, no se trata de un
trámite irregular e ilegal, sino que se desprende de las facultades mismas
del poseedor de un inmueble para recuperar la tenencia que le ha sido
usurpada sin su consentimiento.
Expresa además que no se
vulneró el derecho fundamental al debido proceso de la señora María Doralba
Bueno Gutiérrez durante la diligencia de desalojo, toda vez que tal y como lo
afirmó ella misma en el interrogatorio que absolvió, dicha diligencia se
llevó a cabo de acuerdo a lo prescrito por el artículo 6° del Decreto 992 de
1930.
No obstante lo anterior, el
juez decide exhortar al municipio de Pereira para que analice las
condiciones socioeconómicas de la demandante y le indique sobre los
requisitos que debe cumplir para ser incluida dentro de los programas de
vivienda con que cuente la entidad territorial.
Número
Expediente
T- 3246911
Accionante
María del Rosario Pescador
Pescador con cédula de ciudadanía núm. 25.053.694
Accionado (s)
Alcaldía de Pereira
Sociedad de Mejoras de Pereira
Situación Particular
Indica que interpone la
presente acción de tutela con el fin de evitar el desalojo iniciado por la
Alcaldía de Pereira el día 1° de septiembre de 2011.
Informa que vive con tres
cuñadas, su hermana y dos niños en la invasión de la finca la Nogalia desde
hace 2 meses.
Expresa que es ama de casa, se
encuentra desempleada y no tiene recursos.
Solicita que la Alcaldía de
Pereira la reubique lo más pronto posible a ella y su familia.
Entidades Intervinientes
Alcaldía de Pereira.
Sociedad de Mejoras de Pereira.
Pruebas
Copia de la cédula de
ciudadanía de la accionante.
Sentencia Objeto de revisión
El Juzgado Octavo Civil
Municipal mediante sentencia del 13 de septiembre de 2011, niega la acción de
tutela aduciendo que no se ha violado ningún derecho fundamental a la
peticionaria toda vez que el derecho a la vivienda digna en el caso concreto
no es fundamental sino prestacional y corresponde a la accionante acudir ante
la Alcaldía de Pereira y solicitar la inclusión dentro de los programas de
vivienda.
Número
Expediente
T- 3246913
Accionante
Giraldo Henao Cifuentes cédula
de ciudadanía núm. 96.329.136
Accionado (s)
Alcaldía de Pereira.
Sociedad de Mejoras de Pereira.
Situación Particular
El señor Giraldo Henao
Cifuentes, indica que ha ejercido la posesión del lugar en el que se
encuentra su vivienda durante 24 meses, de manera ininterrumpida y sin
reconocer dominio alguno ni derecho diferente a otras personas.
Interpone acción de tutela
debido a que el 20 de mayo de 2011 le fue comunicada una orden de desalojo
emitida por la Alcaldía Municipal de Pereira.
Solicita que se le asigne una
vivienda en condiciones dignas.
Entidades Intervinientes
Alcaldía de Pereira.
Pruebas
Copia de la cédula de
ciudadanía.[10]
Copia de la Resolución núm.
3029 de 2001 proferida por la Alcaldía Municipal de Pereira “Por medio de
la cual se admite querella de lanzamiento por ocupación de hecho instaurada
por la sociedad de mejoras de Pereira”. [11]
Sentencia Objeto de revisión
El Juzgado Octavo Civil
Municipal de Pereira, mediante providencia del 13 de septiembre de 2011,
niega la acción de tutela argumentando que la Alcaldía Municipal de Pereira
en ningún momento ha vulnerado los derechos fundamentales del accionante, ya
que realizó el desalojo de los invasores del predio “el vergel” con
competencia para actuar y respetando el debido proceso.
Número
Expediente
T- 3246919 (desplazada e
indígena Embera-Chami) (aduce tener 5 hijos)
Accionante
Luz Marina Betancur Melchor
cédula de ciudadanía núm. 42.116.599
Accionado (s)
Alcaldía de Pereira.
Secretaría de Gobierno.
Secretaría de Gestión
inmobiliaria del Municipio de Pereira.
Sociedad de Mejoras.
Situación Particular
Interpone acción de tutela a
fin de evitar el desalojo y demolición de su casa, ubicada en un predio
privado propiedad de la Sociedad de Mejoras de Pereira.
Indica que desde hace 15 meses
habita en su vivienda construida en la invasión de la Laguna vía El Vergel.
Informa que tiene 5 hijos, es
una persona de escasos recursos y no tiene a donde ir.
Expresa que ha acudido ante la
Secretaría de Gestión Inmobiliaria del Municipio de Pereira para solicitar la
asignación de una vivienda digna y no le han contestado, pese a que existen
planes de vivienda para reubicar a personas de escasos recursos.
Indica ser desplazada y
pertenecer a la etnia Embera-Chami.
Entidades Intervinientes
Alcaldía de Pereira.
Sociedad de Mejoras de Pereira.
Secretaría de Gestión
Inmobiliaria del Municipio de Pereira (Indica que ya le dio contestación y
dice adjuntar dicha respuesta. Sin embargo una vez revisado el expediente no
se evidencia tal oficio).
Pruebas
Copia de Tarjeta de Identidad
núm. 96.031.615.680 del menor Umver Alberto Guapacha Betancur. Fecha de
nacimiento 16 de marzo de 1996 en Riosucio Caldas. En la actualidad cuenta
con 16 años de edad.[12]
Copia de Tarjeta de Identidad
núm. 97.060.811.206 del menor Jhonnatan Smid Guapacha Betancur. Fecha de
nacimiento 8 de junio de 1997 en Riosucio (Caldas). En la actualidad cuenta
con 14 años de edad.[13]
Copia de Tarjeta de Identidad
núm. 1.193.145.989 del menor Emanuel Guapacha Betancur. Fecha de nacimiento
29 de enero de 2001 en Risaralda (Pereira). En la actualidad cuenta con 11
años de edad.[14]
Copia de contraseña núm.
940214-29486 del joven Eduar Alexander Guapacha Betancur. Fecha de nacimiento
14 de febrero de 1994 en Riosucio (Caldas). En la actualidad cuenta con 18
años de edad.[15]
Copia de la cédula de
ciudadanía de la peticionaria.
Copia de Registro Civil de
nacimiento NUIP num.1088265596, de la menor Mayerli Guapacha Betancur; en el
que consta como fecha de nacimiento el día 20 de abril de 2006 y aparecen
como sus padres: Luz Marina Betancur Melchor y Egor Antonio Guapacha Morales.
Copia de certificación expedida
por el Gobernador Embera Chami del Resguardo de San Lorenzo, Abel David
Jaramillo Largo, en la que se aduce lo siguiente: “EL GOBERNADOR DEL
CABILDO INDÍGENA DE SAN LORENZO EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES LEGALES Y
CONSTITUCIONALES QUE LE CONFIERE LA LEY 89 DE 1890, LA CONSTITUCIÓN NACIONAL
Y DEMÁS NORMAS ESPECIALES. //CERTIFICA QUE:// Las señoras ALBA LUZ
BETANCUR MELCHOR identificada con cédula núm. 30412497 expedida en
Riosoucio Caldas y LUZ MARINA BETANCUR MELCHOR identificada con cédula
de ciudadanía núm 42116599, pertenecen al resguardo indígena de San Lorenzo.
//Las señoras antes mencionadas se encuentran desplazadas en la ciudad de
Pereira Risaralda, desde la toma guerrillera ocurrida en el año 2002, por
dicha situación fueron obligadas a salir del territorio. // El presente
certificado se expide en las oficinas del cabildo indígena de San Lorenzo a
los 23 días del mes de julio de 2011”
Copia de carnés del sisbén de
la accionante y los menores.
Sentencia Objeto de revisión
Primera Instancia: El
Juzgado Octavo Civil Municipal de Pereira niega la acción al considerar que
no existió ninguna vulneración de los derechos de la accionante y sus hijos.
Segunda Instancia: El
Juzgado Cuarto Civil del Circuito confirma la sentencia de primera instancia
negando la solicitud de amparo del derecho a una vivienda digna invocado por
la petente y su familia. Sin embargo, protege el derecho de petición y ordena
a la Secretaría de Gestión Inmobiliaria Municipal que en 5 días calendario de
contestación a la accionante quien en su momento solicitó la inclusión en los
planes de vivienda de la entidad territorial (Municipio de Pereira).
Número
Expediente
T- 3246924
Accionante
Yasmín González Isaza con
cédula de ciudadanía número 42.107.103
Accionado (s)
Alcaldía de Pereira.
Situación Particular
Indica que interpone acción de
tutela con el fin de evitar ser desalojada del predio de invasión en el cual
habita junto con sus dos hijos Daniela Navas (10 años) y Yorman Andrés Navas
(18 años).
Expresa que actualmente se
encuentra desempleada, carece de recursos económicos y no cuenta con ayuda de
ninguna índole.
No indica cuanto tiempo lleva
habitando en el predio invadido.
Entidades Intervinientes
Alcaldía de Pereira.
Pruebas
Copia de la cédula de
ciudadanía de la petente.
Sentencia Objeto de revisión
El Juzgado Penal Municipal para
adolescentes con función de control de garantías mediante providencia del 16
de septiembre de 2011, niega la solicitud de amparo bajo el argumento de que
la petente en ningún momento ha agotado el proceso administrativo ante la
Alcaldía de Pereira para solicitar el acceso a un subsidio de vivienda y en
esa medida no es de recibo pretender acceder mediante tutela.
Número
Expediente
T-3246925
Accionante
Lady Johanna Patiño con cédula
de ciudadanía núm. 42.163.920
Accionado (s)
Alcaldía de Pereira.
Sociedad de Mejoras de Pereira.
Situación Particular
Aduce que interpone acción de
tutela debido a que fue desalojada hace 3 meses del lote ubicado en el Vergel
en donde vivía desde hace 15 meses con su esposo y sus tres hijas.
Expresa que son personas de
escasos recursos y que su esposo tiene pocos ingresos.
Indica que en este momento está
viviendo en el segundo piso de una casa que es propiedad de su progenitora y
que su esposo es quien paga el arriendo mientras que su hermano se queda en
el lote ejerciendo la posesión.
Entidades Intervinientes
Alcaldía de Pereira.
Sociedad de Mejoras de Pereira
Pruebas
Copia de Registro Civil de
nacimiento NUIP núm. 1.088.274.292, de la menor Yenifer Posada Patiño; en el
que consta como fecha de nacimiento el día 28 de agosto de 2007 y aparecen
como sus padres: Carlos Alberto Posada Henao y Lady Johanna Patiño.
Copia de Tarjeta de Identidad
núm. 1.004.777.963 de la menor Margy Lorena Avendaño Patiño. Fecha de
nacimiento 5 de mayo de 2002 en Risaralda (Pereira). En la actualidad cuenta
con 9 años de edad.
Copia de Tarjeta de Identidad
núm. 1004776916 de la menor Luisa Fernanda Avendaño Patiño. Fecha de
nacimiento 7 de noviembre de 2000 en Risaralda (Pereira). En la actualidad
cuenta con 11 años de edad.
Copia de la cédula de
ciudadanía de la peticionaria.
Sentencia Objeto de revisión
El Juzgado Segundo Penal
Municipal de Adolescentes con Función de Control de Garantías de Pereira,
mediante providencia del 15 de septiembre de 2011, niega la solicitud de
amparo expresando que no existe vulneración alguna a los derechos invocados
por la accionante, toda vez que ya hace 3 meses vive junto con su familia
(esposo y sus tres hijas) en la casa de su progenitora en donde había vivido
durante toda su vida.
Adicionalmente, indica que la
petente en ningún momento ha surtido ante la Alcaldía de Pereira los
procedimientos indicados para acceder a los subsidios de vivienda.
Número
Expediente
T-3246927
Accionante
Vanessa Ortiz Jaramillo con
cédula de ciudadanía núm. 1.088.273.698
Accionado (s)
Alcaldía de Pereira.
Situación Particular
La petente pretende la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, y defensa que
considera le fueron vulnerados por el Municipio de Pereira debido a la orden
de desalojo llevada a cabo el 1° de septiembre de 2011.
Indica que ha ejercido la
posesión desde hace 21 meses y que es una persona de escasos recursos.
Entidades Intervinientes
Alcaldía de Pereira.
Pruebas
Copia de la cédula de
ciudadanía.
Sentencia Objeto de revisión
El Juzgado Tercero Penal
Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías mediante
providencia del 13 de septiembre de 2011, indica que en ningún momento se
vulneraron los derechos invocados por la accionante, que por el contrario lo
que se observa es una dilatación frente a la invasión de la petente en un
predio ajeno y de especial importancia ecológica.
Por consiguiente niega la acción
impetrada y argumenta que dado a que ya se efectuó el desalojo hay una
carencia actual de objeto.
Número
Expediente
T-3246928
Accionante
Héctor Fabio Córdoba Martínez
con cédula de ciudadanía núm. 1.004.777.606
Accionado (s)
Alcaldía de Pereira.
CARDER.
Sociedad de Mejoras de Pereira.
Inspección Once de Policía.
Situación Particular
El accionante manifiesta que
vive en la manzana A casa 14 del Barrio la Unidad en la ciudad de Pereira,
junto con su madre y su hermana (de 16 años), quienes dependen económicamente
de él.
Indica que la casa donde viven
es arrendada, que por el momento trabaja en construcción y los ingresos que
percibe son muy bajos; razón por la cual hace 3 meses consiguió un lote en el
Vergel en donde tenía sembradíos y quería construir su propia vivienda.
Solicita que se le asigne una
vivienda digna por su condición y bajos recursos.
Entidades Intervinientes
Alcaldía de Pereira.
CARDER.
Sociedad de Mejoras de Pereira.
Inspección Once de Policía.
Pruebas
Copia de la cédula de
ciudadanía del accionante.
Copia del carné del sisben en
el que se constata que el peticionario se encuentra en nivel 1.
Sentencia Objeto de revisión
El Juzgado Sexto Penal
Municipal con Funciones de Control de Garantías mediante providencia del 19
de septiembre de 2011 niega la solicitud de amparo.
Indica que el accionante no se
encuentra ni siquiera dentro de la lista de las personas que ocupan el
predio.
Aduce que la ocupación que se
lleva a cabo en los lotes propiedad de la Sociedad de mejoras es ilegítima.
Expresa que las autoridades
accionandas y la Sociedad de Mejoras de Pereira están actuando bajo el debido
proceso y de manera ajustada a derecho.
Finalmente precisa que
corresponde al accionante acudir ante la administración para solicitar su
inclusión en los programas de vivienda.
Número
Expediente
T- 3251630
Accionante
John William Herrera Londoño
con cédula de ciudadanía núm. 1.088.301.641
Accionado (s)
Alcaldía de Pereira
Situación Particular
El petente indica que desde
hace 5 meses habita el predio junto con su esposa Diana Marcela Chávez que
tiene 7 meses de embarazo.
Informa que se desempeña como
ayudante de panadería y por tanto, no tiene recursos para pagar arriendo.
Aduce que interpone acción de
tutela con el fin de no ser desalojado y para que se le asigne una vivienda
digna.
Expresa que en ningún momento
ha realizado los procesos correspondientes para acceder a un plan de vivienda
ante la administración municipal.
Entidades Intervinientes
Alcaldía de Pereira.
Pruebas
Copia de la cédula de
ciudadanía del petente.
Sentencia Objeto de revisión
El Juzgado Cuarto Civil
Municipal mediante providencia del 15 de septiembre de 2011, niega la
solicitud de amparo indicando que siempre se ha respetado el debido proceso del
accionante y que para que éste pueda acceder a una vivienda digna, es
necesario que agote los procedimientos pertinentes.
De igual manera se resalta la
existencia de otros recursos idóneos frente la diligencia de desalojo.
Número
Expediente
T-3251631
Accionante
Jorge Eliécer Rios Henao con
cédula de ciudadanía núm. 10.020.051
Accionado (s)
Alcaldía de Pereira.
Control Físico de la Alcaldía
de Pereira.
Inspector Once de Policía de
Boston.
Situación Particular
Indica que ha ejercido posesión
material sobre el inmueble en el que está su vivienda durante 24 meses de
manera ininterrumpida, sin reconocer dominio alguno ni derecho diferente a
otras personas.
Aduce que dicha posesión se vio
interrumpida por una orden de desalojo expedida por la alcaldía de acuerdo
con la resolución 3029 del 22 de junio de 2011.
Solicita la suspensión de la
diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho y ser reubicado.
Expresa que en ningún momento
ha solicitado a la administración municipal su inclusión para acceder a un
plan de vivienda.
Entidades Intervinientes
Alcaldía de Pereira.
Control Físico de la Alcaldía
de Pereira.
Inspector Once de Policía de
Boston.
Pruebas
Copia de la cédula de
ciudadanía del señor Jorge Eliécer Rios Henao.[16]
Copia del proceso de desalojo
llevado a cabo por la Alcaldía Municipal de Pereira.
Sentencia Objeto de revisión
El Juzgado Cuarto Municipal de
Pereira mediante providencia del 15 de septiembre de 2011, niega la
acción de tutela argumentando que tanto la Alcaldía Municipal de Pereira como
las demás autoridades que llevaron a cabo la diligencia de desalojo, no han
vulnerado los derechos fundamentales del accionante, toda vez que realizaron
dicho procedimiento con competencia para actuar y respetando el debido
proceso de los invasores.
Finaliza recordando que el área
objeto de conflicto está valorada y declarada por la CARDER como de especial
importancia ecológica.
Número
Expediente
T-3251632
Accionante
Johnnatan Andrés Valencia Rentería
con cédula de ciudadanía núm. 1.087.996.284
Accionado (s)
Alcaldía de Pereira.
Situación Particular
Indica que vive solo, que
construyó una casa en guadua y que no tiene recursos económicos ni empleo.
Aduce que desde hace 4 meses
vive en el predio y solicita la asignación de una vivienda en condiciones
dignas.
Comenta que con anterioridad
vivía con su mamá y debido a problemas con ella se fue a vivir solo.
Solicita la protección a su
derecho a la vivienda en condiciones dignas.
Entidades Intervinientes
Alcaldía de Pereira.
Pruebas
Copia de la cédula de
ciudadanía del petente.
Copia de Planilla de histórico
del sisben, en donde se constata que el accionante está en nivel 1.
Sentencia Objeto de revisión
El Juzgado Cuarto Municipal de
Pereira mediante sentencia proferida el 15 de septiembre de 2011,
niega la acción de tutela argumentando que tanto la Alcaldía Municipal de
Pereira como las demás autoridades que llevaron a cabo la diligencia de
desalojo, no han vulnerado los derechos fundamentales del accionante, toda
vez que realizaron dicho procedimiento con competencia para actuar y
respetando el debido proceso de los invasores.
Indica además que el área
invadida tiene especial importancia ecológica.
Número
Expediente
T-3251653 (desplazada)
Accionante
Luz Aleida Vélez Osorio
(desplazada) con cédula de ciudadanía núm. 24.856.885
Accionado (s)
Alcaldía de Pereira.
Control Físico de Pereira.
CARDER.
Sociedad de Mejoras de Pereira.
Situación Particular
La petente interpone acción de
tutela solicitando la protección de sus derechos fundamentales a una vivienda
y una vida digna.
Aduce ser madre cabeza de
familia de dos menores y ser desplazada.
Expresa que desde hace 7 meses
estaba habitando en ese lugar junto con sus hijos y que en su ausencia la
Alcaldía Municipal de Pereira y la Policía antimotines destruyeron su
vivienda y unos cultivos que tenían en el área.
Indica que a pesar de su
condición, no está recibiendo ninguna ayuda del gobierno y necesita urgente
que la Alcaldía le brinde una solución de vivienda.
Entidades Intervinientes
Alcaldía de Pereira.
Control Físico de Pereira.
CARDER.
Sociedad de Mejoras de Pereira.
Pruebas
Fotocopia de la cédula de
ciudadanía de la señora Luz Aleida Vélez Osorio.[17]
Copia del proceso de gestión
ambiental sectorial adelantado en contra de la Sociedad de Mejoras de Pereira.[18]
Sentencia Objeto de revisión
El Juzgado Sexto Penal
Municipal con funciones de Control de Garantías de Pereira (Risaralda)
mediante sentencia proferida el 20 de septiembre de 2011, niega la solicitud
de amparo argumentando que las autoridades tanto administrativas como
ambientales habían actuado de acuerdo a su competencia sin ocasionar
vulneración alguna a los derechos invocados por la accionante.
Indica que para que la
accionante pueda acceder a una vivienda mediante la administración municipal,
deberá hacer la solicitud y agotar los procedimientos correspondientes.
Número
Expediente
T-3251654
Accionante
Margarita Rivera Monsalve con
cédula de ciudadanía núm. 24.948.830
Accionado (s)
Municipio de Pereira.
CARDER.
Sociedad de Mejoras de Pereira.
Situación Particular
La accionante, indica que ha
ejercido la posesión del lugar en el que se encuentra su vivienda durante 6
meses, de manera ininterrumpida y sin reconocer dominio alguno ni derecho
diferente a otras personas.
Interpone acción de tutela
debido a que el 1° de septiembre de 2011 le fue comunicada una orden de
desalojo emitida por la Alcaldía Municipal de Pereira.
Solicita que se le asigne una
vivienda en condiciones dignas.
Entidades Intervinientes
Municipio de Pereira.
CARDER.
Sociedad de Mejoras de Pereira.
Pruebas
Fotocopia de la cédula de
ciudadanía de la peticionaria.[19]
Sentencia Objeto de revisión
El Juzgado Sexto Penal
Municipal con Funciones de Control de Garantías de Pereira (Risaralda),
mediante sentencia proferida el 19 de septiembre de 2011, niega la solicitud
de amparo argumentando que las demandadas actuaron en debida forma, de
acuerdo con su competencia y respetando el debido proceso.
Número
Expediente
T-3251660 (indígena y
desplazado)
Accionante
Joel Gómez Mosquera con cedula
de ciudadanía núm. 76.292.767
Accionado (s)
Alcaldía de Pereira
Situación Particular
El accionante indica que es una
persona de escasos recursos económicos, tiene 4 hijos y pertenece a la
comunidad indígena del resguardo de Honduras (Cauca).
Informa que desde hace 5 años
reside en Pereira y que debido a que no tenía donde vivir, desde hace 15
meses habita en la invasión de la laguna vía el Vergel.
Interpone la acción de tutela
con el fin de que la alcaldía le asigne una vivienda digna.
Manifiesta que ha acudido ante la
Alcaldía de Pereira para solicitar la asignación de una vivienda digna; sin
embargo nunca le dieron contestación.
Entidades Intervinientes
Alcaldía de Pereira.
Pruebas
Copia de cédula del petente.
Copia de certificado que
contiene lo siguiente: “MUNICIPIO DE MORALES CAUCA//EL SUSCRITO
GOBERNADOR DE LA AUTORIDAD TRADICIONAL DEL RESGUARDO INDÍGENA DE HONDURAS, EN
USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y CONSTITUCIONALES// CERTIFICA: // Que el
comunero JOEL GÓMEZ MOSQUERA, identificado con la CC. N° 76.292.767
expedida en Morales Cauca, asociado a la vereda San José, jurisdicción del
resguardo indígena de Honduras, es indígena que conserva su identidad
cultural social y económica y se encuentra inscrito en el censo de esta
parcialidad. // Por medio de la presente se Certifica que dicho comunero
salió de la vereda y resguardo y se trasladó hacia la ciudad de Pereira,
desde hace cuatro años por motivos de desplazamiento, por situaciones de presencia
y amenaza por parte de grupos al margen de la ley.// Para constancia se firma
en Morales Cauca as los quince (15) días del mes de Julio del año Dos Mil
once. ”[20]
Copia de Registro Civil de
nacimiento NUIP núm. (no registra), número de registro: 0000147305 del menor
Oscar Gómez Pillimue; en el que consta como fecha de nacimiento el día 31 de
agosto de 2001 y aparecen como sus padres: Joel Gómez Mosquera y Elvia
Pillimue Camayo.
Copia de Registro Civil de
nacimiento NUIP núm.1.059.594.951, de la menor Maria Alicia Gómez Pillimue;
en el que consta como fecha de nacimiento el día 15 de diciembre de 2004 y
aparecen como sus padres: Joel Gómez Mosquera y Elvia Pillimue Camayo.
Copia de Registro Civil de
nacimiento NUIP num.1059598156, del menor Javier Gómez Pillimue; en el que
consta como fecha de nacimiento el día 10 de octubre de 2007 y aparecen como
sus padres: Joel Gómez Mosquera y Elvia Pillimue Tamayo.
Copia de Registro Civil de
nacimiento NUIP núm.1.002.847.935, del menor Carlos Gómez Pillimue; en el que
consta como fecha de nacimiento el día 8 de enero de 2003 y aparecen como sus
padres: Joel Gómez Mosquera y Elvia Pillimue Tamayo.
Sentencia Objeto de revisión
Primera Instancia
El Juzgado Segundo Penal
Municipal con Funciones de Control de Garantías mediante sentencia proferida
el 1° de agosto de 2011 niega la solicitud de amparo y declara que no se le
han vulnerado los derechos fundamentales invocados por el accionante, toda
vez que la accionada actuó respetando el debido proceso.
Adicionalmente aduce que el
predio invadido es una reserva natural, declarada así por la CARDER mediante
acto administrativo del 28 de febrero de 2011 y por ello, debe ser protegida
por la Administración Municipal.
Finalmente, informa al
accionante que puede acudir ante la administración municipal para solicitar
su inclusión en programas de vivienda.
La decisión es impugnada por
el petente.
Segunda Instancia:
El Juzgado Segundo Penal del
Circuito de Conocimiento, mediante sentencia emitida el 8 de septiembre de
2011, confirma la sentencia de primera instancia y adiciona dos numerales a
la sentencia en los que se expresa: “SEGUNDO: ADICIONAR a la
sentencia de tutela de primera instancia en el sentido de REQUERIR a la
Alcaldía Municipal de Pereira para que a través de las Secretarías
correspondientes, oriente de manera personalizada, clara y comprensible al
señor Joel Gómez Mosquera, en los mecanismos dispuestos por la Administración
Municipal, el Gobierno Nacional y demás entidades públicas y privadas que
representan el Estado, para acceder oportunamente y de modo eficaz a los
subsidios familiares de vivienda de interés social, en especial con aquellos
con que cuenta el municipio. Orden que debe cumplir dentro del término de
cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir de la notificación de esta
providencia.// TERCERO: ADICIONAR: la sentencia de tutela ordenando a la
Alcaldía Municipal de Pereira, en caso de no haberse dado respuesta al
derecho de petición que presentó el señor JOEL GÓMEZ MOSQUERA ante su
Secretaría de Gestión Inmobiliaria, proceder en un término máximo de 48 horas
a contestarlo de fondo, en forma clara, precisa y por medio del acto idóneo.”[21]
Número
Expediente
T- 3269169
Accionante
Stick Anderson Giraldo
Jaramillo con cédula de ciudadanía número 9.860.817
Accionado (s)
Alcaldía de Pereira.
Sociedad de Mejoras de Pereira.
Situación Particular
Indica que interpone acción de
tutela con el fin de evitar ser desalojado del predio de invasión en el cual
habita desde hace 21 meses.
Expresa que actualmente se
encuentra desempleado, carece de recursos económicos y no cuenta con ayuda de
ninguna índole.
Entidades Intervinientes
Alcaldía de Pereira.
Sociedad de Mejoras de Pereira.
Pruebas
Copia de la cédula de
ciudadanía de la petente.
Sentencia Objeto de revisión
El Juzgado Primero Penal
Municipal para adolescentes con función de Control de Garantías mediante
providencia del 26 de septiembre de 2011, niega la solicitud bajo el
argumento de que el petente en ningún momento ha agotado el proceso
administrativo ante la Alcaldía de Pereira para solicitar el acceso a un
subsidio de vivienda. En esa medida no es de recibo el hecho de pretender
acceder mediante tutela.
2.
Intervenciones de las entidades demandadas.
2.1. Alcaldía Municipal de
Pereira
En los escritos allegados como
contestación a las diferentes acciones de tutela, la Alcaldía de Pereira
informó que el predio del cual fueron desalojados los peticionarios se encuentra
ubicado en el sector La Nogalia, de la vereda Boston propiedad de la Sociedad
de Mejoras de Pereira.
Expresa que simplemente actuó de
acuerdo con el artículo 15 de la Ley 57 de 1905[22], como autoridad
responsable de ordenar el desalojo de treinta personas a causa de una solicitud
de lanzamiento realizada por la Sociedad de Mejoras en calidad de dueño del
predio.
Aduce que la acción de tutela no
es el medio idóneo para solicitar en este caso la asignación de una vivienda,
ya que estas personas que ocupan el predio son invasores que están perturbando
el derecho de los propietarios y ocupando zonas de alto riesgo y sin el mínimo
de los requisitos urbanísticos.
Indica que las personas que
invaden zonas de alto riesgo y construyen sin el mínimo de los requisitos
legales lo hacen con el fin de obligar a la administración a que les otorgue
vivienda bajo la modalidad de reubicación.
Informa que el municipio de
Pereira en los últimos años ha realizado un gran esfuerzo para aportar y
gestionar recursos y subsidios de vivienda para cerca de 5000 familias y que tiene
un censo de 2500 familias más que perdieron su vivienda a causa de riesgos no
mitigables y están a espera de su reubicación.
Enuncia que si bien el Estado
tiene el deber de proteger la vida de sus ciudadanos cuando están en situación
de riesgo, al diseñar mecanismos para reubicar asentamientos humanos
localizados en zonas de alto riesgo para la salud y la integridad de sus
habitantes; esto no implica necesariamente la obligación para el Estado de
proporcionar vivienda a la totalidad de los habitantes del país que tengan
dicha necesidad.
Aduce que obligar al Municipio de
Pereira a reubicar a todas las familias que tutelen el derecho a la vivienda
digna es forzarlo a lo imposible ya que para ello habría que contar con
disponibilidad presupuestal no solo del municipio sino también de otras
entidades del orden departamental y nacional mediante procesos a mediano y
largo plazo luego de la correspondiente planeación.
De igual modo aclara que, si bien
bajo el proceso núm. 0102 de 2011, el alcalde profirió la Resolución 3029 de
2011 admitiendo la solicitud de lanzamiento por ocupación de hecho, a un grupo
de personas indeterminadas (aproximadamente 30), se indica que se siguió el
debido proceso y en esa medida se identificaron a las personas objeto de la
medida de desalojo, permitiéndoseles ejercer su derecho de defensa, rendir las
declaraciones y aportar las pruebas necesarias para acreditar su derecho como
propietario, tenedor o poseedor de buena fe. Sin embargo, se verificó que de
los distintos peticionarios, algunos ni siquiera aparecieron relacionados
dentro del listado de personas a quienes el despacho ordenó el desalojo ni en las
correspondientes diligencias; o si aparecían relacionados, no interpusieron
ningún recurso ni probaron sus afirmaciones.
Explica que en la actualidad no
hay programas de vivienda prioritarios y que dentro del marco normativo es
necesario atender a la población menos favorecida con el previo lleno de los
requisitos legales por parte de los aspirantes a cualquier subsidio nacional.
Por lo anterior, solicita que se
declare la improcedencia de las presentes acciones de tutela.
2.2.
Sociedad de Mejoras de Pereira
Indica que los predios que fueron
invadidos por más de 100 personas indeterminadas, son de su propiedad desde
1982 y dicha posesión fue interrumpida de manera violenta por varias personas
inescrupulosas que se querían apropiar del bien.
Aduce que por dicha situación, se
vio en la obligación de iniciar una querella de policía mediante la Alcaldía de
Pereira, fijándose como fecha del desalojo el día 22 de julio de 2011. Sin
embargo, aduce que no fue posible en ese momento el desalojo debido a las
distintas acciones de tutela interpuestas por los invasores para dilatar el
proceso.
Informa que se programaron en
distintas ocasiones los desalojos y sin embargo siempre se suspendían por
nuevas acciones de tutela.
Expresa que actualmente cursan en
contra de la Sociedad dos investigaciones por parte de la CARDER Corporación
Autónoma Regional de Risaralda, debido a que los invasores de la propiedad han
talado especies nativas y han ocasionado un grave e inminente perjuicio no solo
a la Sociedad como propietaria del bien, sino en general a toda la comunidad con
la afectación del ambiente. Tanto así, que dicha entidad (CARDER) les ha
requerido tomar medidas legales como el desalojo a fin de impedir que se siga
agravando la situación.
Manifiesta que no han vulnerado
ningún derecho fundamental a estos invasores, toda vez que simplemente han
actuado en derecho como propietarios del bien. Sin embargo pese a los
constantes desalojos y a las innumerables medidas tomadas, estas personas
nuevamente se apropian del bien y profieren amenazas a los funcionarios de la
Sociedad de Mejoras encargados de custodiarlos.
Comenta que ya ha tomado otras
medidas consistentes en elevar las correspondientes denuncias penales y ha
identificado a varios de los invasores y a sus representantes.
Igualmente resalta que el actuar
de los accionantes se encuentra tipificado como delito.
Finalmente solicita que se
desestimen las pretensiones de los accionantes, toda vez que no se les han
vulnerado sus derechos fundamentales, se les ha respetado el debido proceso y
se ha actuado siempre en derecho.
Da aviso sobre la interposición de
acciones de tutela por parte de muchas personas que ni siquiera están en el
predio.
2.3. Inspección de Policía
Once
Luego de realizar un recuento
sobre como se ejecutó la orden emitida por el Alcalde Municipal de lanzamiento
por ocupación, indicó que para tal efecto se respetó el debido proceso de los
invasores (30 aproximadamente).
Agregó que cuando se realizó la
diligencia de lanzamiento, ningún ocupante o invasor probó la posesión, o que
dicha propiedad fuera un bien baldío. Indicó que por el contrario, todos
reconocieron que era una propiedad ajena y por tanto solicitaron ser incluidos
en un plan de vivienda o reubicación.
Expresó que en este caso se está
utilizando la acción de tutela para dilatar el proceso de desalojo.
Advirtió sobre posibles ventas de
lotes por parte de algunos invasores.
2.4.
Corporación Autónoma Regional de Risaralda –CARDER-
Indica que en atención a las
denuncias recibidas en la Corporación sobre la erradicación de especies
forestales para la construcción de viviendas en el Parque Metropolitano el
Vergel,[23]
varios profesionales de la entidad adscritos a la Subdirección de Gestión Ambiental
Sectorial –SGAS, realizaron visitas técnicas al lugar, concluyendo que dicho
predio es propiedad de la Sociedad de Mejoras de Pereira.
En esa medida indica que la
Sociedad de Mejoras de Pereira y la Entidad Territorial, son responsables
ambientalmente de dicha situación, toda vez que, el Parque Metropolitano “El
Vergel” pertenece al Macroproyecto de Recuperación paisajística y ambiental
del tramo urbano del Rio Consota (Sub-tramo Uno: revisión 2006 del Municipio de
Pereira).
Expresa que durante varias
visitas realizadas al lugar por personal técnico durante el año 2011 se
evidenció:
-
Reiterativa intervención sobre el área forestal protectora debido a los
procesos de invasión que desarrollan personas ajenas al parque.
-
Adecuación de lotes para vivienda de invasión y cultivos agrícolas sin
los permisos o autorizaciones de carácter ambiental por parte de la CARDER.
En esa medida, mediante
resolución núm. 0639 del 28 de febrero del 2011, la CARDER impuso al Municipio
de Pereira y a la Sociedad de Mejoras de Pereira varias medidas preventivas
dentro de la cuales se resaltan:
1.     Amonestación
por escrito, por no haber tomado las medidas respectivas tendientes a evitar la
afectación al ambiente y los recursos naturales.
2.     Requerimiento
de adoptar medidas de policía para suspender de manera inmediata todo tipo de
intervención y aprovechamiento forestal en el Parque Metropolitano “El
Vergel”, toda vez que dicho inmueble es propiedad del Municipio de Pereira
y es administrado por la Sociedad de Mejoras de Pereira. Por tanto son los
directos responsables de garantizar que no se siga causando un detrimento de
tal magnitud.
3.     Orden
de adoptar medidas para que no se continúe interviniendo el área forestal del
Parque Metropolitano, debido a que dichos procesos de invasión son realizados
por personas ajenas al Parque.
4.     Orden
de suspender de manera inmediata todas las actividades de impacto por invasión
a la zona por cuanto los usos del suelo (viviendas de invasión y actividades agrícolas)
no son compatibles con el carácter de suelos de protección.
5.     Ordenes
indicando que dicha zona debe permanecer libre de las actividades agrícolas,
industriales y de vivienda ya que solo podrá ser objeto de revegetalización
natural y/o especies propias de la zona.
6.      Orden
de realizar actividades de cerramiento en las zonas demarcadas de acuerdo con
el POT del municipio, a fin de garantizar el aislamiento y el estricto control
y vigilancia sobre el sector, para evitar las intervenciones indebidas de las
Zonas Forestales Protectoras y de Riesgo.
Informa que mediante Auto núm.
0135 del 26 de abril de 2011, declaró legalmente abierta la investigación para
el esclarecimiento de los hechos en contra del Municipio de Pereira y la
Sociedad de Mejoras de Pereira, por las presuntas vulneraciones de las normas
de carácter ambiental, y que a la fecha, el Proceso Sancionatorio Ambiental, se
encuentra surtiendo la fase de formulación de cargos, para la posterior calificación
jurídica conforme a lo dispuesto por la Ley 1333 de 2009.
Indica que el área invadida es
considerada como de especial protección y conservación ambiental y por tanto la
Administración Municipal de Pereira y la Sociedad de Mejoras están en la
obligación de ejercer las medidas concernientes a evitar que dicha zona sea destruida.
Ello por cuanto de acuerdo con la Ley 1333 de 2009, en materia ambiental se
considera infracción toda acción u omisión que constituya una violación
de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables (Decreto
ley 2811 de 1974), en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y las demás
disposiciones ambientales vigentes.
Aduce que no ha violado ningún
derecho fundamental, toda vez que ha ejercido sus funciones como máxima autoridad
ambiental de la jurisdicción y conforme a lo dispuesto en la Ley 99 de 1993,
con el fin de proteger y conservar los recursos naturales y el ambiente.
Hace énfasis en que el
lanzamiento de los invasores es una consecuencia lógica de la protección del
área de conservación ambiental y en esa medida, la actuación tanto de la
Alcaldía de Pereira como de la Sociedad de Mejoras es válida y acorde a derecho.
II.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS.
1.
Competencia.
Esta Corte es competente para conocer del fallo
materia de revisión, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y
241-9 de la Constitución Política y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Breve presentación del caso
En
el presente asunto 25 personas invocan la protección de su derecho fundamental
a una vivienda digna y requieren la suspensión de un desalojo efectuado por la
Alcaldía de Pereira a solicitud de la Sociedad de Mejoras de Pereira que es
propietaria del predio invadido.
Dichos
lotes además de ser propiedad privada fueron declarados como zona de especial
importancia ecológica y adicionalmente se encuentran catalogados como de
posible riesgo por encontrarse ubicados en una ladera del río Consota de jurisdicción del Municipio de Pereira.
Tanto
la Alcaldía como la Sociedad de Mejoras de Pereira informan sobre el proceso de
desalojo adelantado y allegan los soportes de notificaciones y diligencias. En
todas las acciones de tutela dan contestación oportuna y completa sobre la
situación y argumentan que iniciaron el proceso de desalojo con ocasión a la
orden emitida por la CARDER como consecuencia de la invasión y tala
indiscriminada dentro de un área catalogada de especial importancia ecológica.
Todos
los accionantes aducen ser personas de escasos recursos económicos y reclaman
ser reubicados e incluidos en planes de vivienda prioritarios. Pese a que algunos
peticionarios arguyen llevar 2 años, otros entre 2,3,6,7 y hasta 8 meses (aproximadamente)
habitando en dicho predio, no allegan pruebas al respecto en ninguno de los casos.
En
todas las peticiones de amparo a excepción de 2 casos (en los que hubo
apelación), solo se desarrolló una instancia y, en absolutamente todas se negaron
las acciones de tutela según los jueces, porque no se evidenció la vulneración
del debido proceso durante el desalojo de las familias.
Todos
los peticionarios coinciden en solicitar la reubicación e inclusión en planes
de vivienda de manera prioritaria.
3.
Planteamiento del problema
jurídico
De
acuerdo con la situación fáctica anotada, corresponde a esta Sala de Revisión
determinar si en el presente caso la Alcaldía de Pereira, la Sociedad de
Mejoras de Pereira, la CARDER y la Inspección Once de Policía vulneraron los
derechos fundamentales a una vivienda digna y al debido proceso de los 25 peticionarios
y sus familias.
Para
resolver el anterior problema jurídico la Sala abordará los siguientes asuntos:
(i) procedencia de la acción de tutela para reclamar el derecho a una vivienda
digna; (ii) contenido del derecho a la vivienda digna y la importancia del
componente del debido proceso en los desalojos forzosos; (iii) los desalojos
forzosos y la protección del espacio público; (iv) los elementos configurativos
de la confianza legítima y finalmente (v) se realizará el análisis de los casos
concretos.
4.  Procedencia
de la acción de tutela para reclamar el derecho a una vivienda digna y su
desarrollo en la jurisprudencia.[24]
4.1. De acuerdo con los
postulados del Estado Social de Derecho previstos en la Constitución de 1991,
se establece el deber del Estado de materializar la garantía de los derechos a
los ciudadanos, dentro de los cuales se encuentran los derechos económicos,
sociales y culturales, que al ser consagrados como de carácter principalmente
prestacional no podían en principio ser aplicados de manera directa, toda vez
que, según esta caracterización, debía dárseles un desarrollo progresivo.
Es por ello
que derechos como el de la vivienda digna[25]
al ser catalogados como derechos económicos, sociales y culturales, de segunda
generación o de carácter asistencial, no podían ser garantizados de manera
inmediata mediante acción de tutela, sino que por el contrario, exigía
previamente un desarrollo legal por parte de la administración o por las
entidades asociativas creadas para tal fin además de la aplicación de una carga
recíproca tanto para el Estado como para los asociados que pretendían
beneficiarse de los programas y subsidios[26].
Al respecto, la Corte mediante sentencia T-258 de 1997, para aquel entonces
indicó lo siguiente:
“La Constitución señaló el derecho que
tienen toda persona para acceder a la vivienda en condiciones dignas. Dicho
derecho, que se cataloga como de segunda generación y que se sitúa junto con
otros derechos de carácter económico, no tiene la protección inmediata que le
puede brindar la acción de tutela, pues en su condición de derecho asistencial,
le corresponde al Estado la obligación de desarrollar planes de vivienda, ya
sea directamente o por medio de contratos con particulares, todo de acuerdo con
la ley. Por tal motivo, las condiciones jurídicas, económicas y materiales son
las que determinarán la efectiva materialización de tal derecho”.
4.2. No
obstante lo anterior, con el paso del tiempo la competencia del juez
constitucional es reivindicada y se empieza a plantear importantes cambios en
la manera de interpretar la naturaleza jurídica del derecho a la vivienda digna,
esbozándose diferentes posiciones referentes a la procedencia de la acción de
tutela en los casos en los que se invoca la protección de este tipo de derechos[27]. Dichas teorías
son: (i) la de conexidad con un derecho fundamental, (ii) la de transmutación
hacia un derecho subjetivo, (iii) la de afectación al mínimo vital y (iv) la de
fundamentalidad del derecho de manera autónoma. A continuación se expondrán brevemente
algunos de los fundamentos de las mencionadas tesis[28]:
4.2.1. Tesis
de conexidad con un derecho fundamental: De acuerdo con esta teoría, la
acción de tutela es procedente en aquellos casos en los que al desconocerse la
protección a la vivienda digna se vulneren o amenacen directa o indirectamente
otros derechos fundamentales per se, tales como la vida, la dignidad, la
integridad física, la igualdad, el debido proceso, entre otros.[29] Se debe recordar que
esta hipótesis fue utilizada constantemente no solo para la procedencia de la
acción de tutela en materia de vivienda digna, sino que además fue una de las
maneras en que otros derechos de carácter prestacional como el de la salud
fueron objeto de protección. Así se sostuvo en sentencia T-203 de 1999, al
indicar:
“Ahora
bien, aunque se ha dicho que el derecho a la vivienda digna no es exigible
directamente por vía de tutela, lo cierto es que esta restricción desaparece
cuando su quebrantamiento vulnera o pone en peligro derechos fundamentales.
Ciertamente, la Corte Constitucional ha reconocido en prolija jurisprudencia
que, en virtud del factor de conexidad, los derechos de segunda generación
v.gr. los derechos a la salud, a la seguridad social o a la vivienda digna,
pueden ser protegidos de la misma forma que los derechos fundamentales.”
4.2.2. Tesis
de la transmutación hacia un derecho subjetivo: Esta postura indica que “el derecho
a la vivienda digna se convierte en fundamental cuando es dotado de contenido
mediante la implementación de medidas legislativas y administrativas dirigidas
a hacerlo efectivo”[30]. Una situación de esta índole se presenta por
ejemplo en aquellos eventos en los cuales el Estado desarrolla una política en
materia de vivienda, y concreta derechos subjetivos en cabeza de determinados
beneficiarios que hacen que el derecho de acceso a la misma transmute y sea
susceptible de protección vía tutela.[31]
4.2.3. Afectación al mínimo
vital: En tal sentido, esta corporación ha sostenido que es procedente la
acción de tutela para proteger el derecho a la vivienda digna cuando se
evidencia una afectación del mínimo vital tanto en la persona como en su
familia, especialmente para aquellos que se encuentran en una situación de
debilidad manifiesta en razón a sus condiciones físicas, mentales o económicas[32]. Ello por
cuanto, el derecho a la vivienda adquiere importancia en la realización de la
dignidad del ser humano y en esa medida requiere de especial protección por
parte del Estado.[33]
4.2.4. Fundamentalidad del
derecho a la vivienda digna en casos en los que se encuentran inmiscuidos
sujetos de especial protección constitucional: al respecto lo que se ha
establecido es que frente a determinados sujetos, pese al carácter prestacional
del derecho a la vivienda, su protección es inmediata por las particularidades
del caso en concreto. Un claro ejemplo de esta aplicación son aquellos eventos
en los cuales el sujeto que invoca su amparo ha sido víctima del desplazamiento
forzado. Al respecto en la Sentencia T-088 de 2011 se expresó:
“1.5 Por
último, la Corte ha reconocido que es procedente la acción de tutela para
proteger el derecho a la vivienda digna cuando quien invoca su protección ha
sido víctima del desplazamiento forzado. Las personas en situación de
desplazamiento han tenido que abandonar sus viviendas de manera forzada y
repentina. Una vez en el lugar de arribo, carecen de los recursos necesarios
para acceder de forma oportuna a viviendas temporales. Adicionalmente, se ven
enfrentados a múltiples obstáculos económicos y sociales para acceder a
soluciones habitacionales que contribuyan eficazmente a superar el
desplazamiento. En esa medida, la ausencia de vivienda representa para la
población desplazada una amenaza directa y grave contra su vida, y un factor
que acrecienta sus condiciones extremas de vulnerabilidad. Por ello, ha
merecido una especial protección por parte de la Corte que decididamente ha
establecido que el derecho a la vivienda digna es fundamental en el caso de la
población desplazada[34].”
4.3. Así las cosas, lo que se
puede concluir es que pese a que el derecho a la vivienda digna sea considerado
en principio como parte de los derechos económicos, sociales y culturales, ello
no obsta para que el juez de tutela niegue su procedencia, toda vez que, puede
ser objeto de protección por vía de tutela en aquellos eventos en los que por
las particularidades del caso, se cumpla con las circunstancias enmarcadas en
las categorías jurisprudenciales fijadas por la Corte Constitucional ya sea (i)
por conexidad[35],
(ii) transmutación[36],
(iii) vulneración al mínimo vital[37],
o (iv) fundamentalidad del derecho de manera autónoma respecto de determinados
sujetos y contenidos del derecho. [38]
5. Contenido
y alcance del derecho a la vivienda digna y la importancia del componente del
debido proceso en los desalojos forzosos.
5.1. En múltiples oportunidades esta corporación ha
precisado que el derecho a la vivienda digna no se agota con lo conceptuado en
el artículo 51 superior[39],
sino que se complementa con las obligaciones emanadas de los diferentes
tratados internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados por el
Estado colombiano sobre la materia, además de las interpretaciones que de éste
ha realizado el órgano autorizado que lo incorpora al ordenamiento jurídico
mediante el Bloque de Constitucionalidad.[40]
5.2. A partir del proferimiento de la sentencia C-936
de 2003, ésta corporación complementó la interpretación del artículo 51
superior con lo contenido en las Observaciones Generales núm. 4[41] y núm. 7[42] proferidas por el Comité
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas[43], a las
cuales se les atribuye un carácter vinculante y sirven como fundamentos para la
interpretación de la disposición constitucional del artículo 51, en la medida
en que recalcan las pautas que deben seguirse, con el fin de garantizar una
“vivienda adecuada”. Así las cosas, en términos del PIDESC[44] para que una vivienda
pueda considerarse como tal, es necesario:
“7.En opinión
del Comité, el derecho a la vivienda no se debe interpretar en un sentido
estricto o restrictivo que lo equipare, por ejemplo, con el cobijo que resulta
del mero hecho de tener un tejado por encima de la cabeza o lo considere
exclusivamente como una comodidad.  Debe considerarse más bien como el
derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte.  Y así debe
ser por lo menos por dos razones.  En primer lugar, el derecho a la
vivienda está vinculado por entero a otros derechos humanos y a los principios
fundamentales que sirven de premisas al Pacto.  Así pues, "la
dignidad inherente a la persona humana", de la que se dice que se derivan
los derechos del Pacto, exige que el término "vivienda" se interprete
en un sentido que tenga en cuenta otras diversas consideraciones, y
principalmente que el derecho a la vivienda se debe garantizar a todos, sean
cuales fueren sus ingresos o su acceso a recursos económicos.  En segundo
lugar, la referencia que figura en el párrafo 1 del artículo 11 no se
debe entender en sentido de vivienda a secas, sino de vivienda adecuada.
Como han reconocido la Comisión de Asentamientos Humanos y la Estrategia
Mundial de Vivienda hasta el Año 2000 en su párrafo 5:  "el
concepto de "vivienda adecuada"... significa disponer de un lugar
donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada,
iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada
y una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos,
todo ello a un costo razonable.”
Estas directrices, como se dijo, son de suma
importancia para la interpretación del artículo 51 de la constitución, pero
además, han sido ampliamente aplicadas por esta corporación, toda vez que han
servido como punto de partida para fijar los requisitos necesarios para
asegurar una vivienda en condiciones dignas.[45]
Al respecto, esta corporación mediante la Sentencia C-444 de 2009 indicó[46]:
“a) El
contenido del derecho a la vivienda digna abarca las condiciones de
habitabilidad de la vivienda, que consisten en que ella pueda ´ofrecer espacio
adecuado a sus ocupantes y de protegerlos del frío, la humedad, el calor, la
lluvia, el viento u otras amenazas para la salud, de riesgos
estructurales y de vectores de enfermedad.  Debe garantizar también
la seguridad física de los ocupantes´.[47]
b) En relación
con la habitabilidad de la vivienda digna, los Estados miembros del
PIDESC (Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales)
tienen la obligación de adoptar ´medidas apropiadas para asegurar la
efectividad de este derecho´, de conformidad con lo que al respecto indica el
artículo 11 de dicho Pacto.”
5.3. De acuerdo con lo anterior, el concepto de
vivienda adecuada, se encuentra condicionado por factores sociales, económicos,
culturales, climáticos o ecológicos, identificándose a juicio de la Corte siete
aspectos como componentes invariables del citado derecho:
(i)
Seguridad jurídica en la
tenencia
(ii)
Disponibilidad de servicios,
materiales, facilidades e infraestructuras
(iii)
Gastos soportables (accesibilidad
económica)
(iv)
Habitabilidad;
(v)
Asequibilidad (accesibilidad
física);
(vi)
Que sea un lugar adecuado; y
(vii)
Que exista una adecuación
cultural.
Estos elementos fueron acogidos y clasificados por la
sentencia C-936 de 2003[48]
en: (i) los relativos a las condiciones de la vivienda; y (ii) los referidos a
la seguridad del goce de la misma.
Sobre los relativos a las condiciones de la
vivienda la mencionada sentencia expresó lo siguiente:
“26.1 el primer elemento –condiciones de la vivienda-
se refiere a que la vivienda no puede, desde un punto de vista material,
equipararse a la existencia de un simple techo que impida la lluvia y el frío o
calor excesivos. La vivienda debe entenderse como un lugar que ofrezca
seguridad a la persona frente a las inclemencias ambientales y un punto a
partir del cual pueda proyectar su vida privada y en sociedad. Lo anterior
implica que la vivienda, para entenderse adecuada, debe reunir elementos que
aseguren su habitabilidad, es decir, que la vivienda cumpla con los requisitos
mínimos de higiene, calidad y espacio, requeridos para que una persona y su
familia puedan ocuparla sin peligro para su integridad física y su salud.
(…)
En directa relación con lo anterior, la vivienda debe
garantizar el acceso a una serie de bienes que aseguren su bienestar, como los
servicios públicos, su seguridad, como acceso a servicios de emergencia, y su
nutrición, lo que implica que los planes de vivienda correspondan a debidos
planes de desarrollo urbano. Tales planes de desarrollo deben asegurar que la
vivienda se encuentre en un lugar donde exista acceso a elementos centrales
para la vida digna de la persona y su vida en sociedad como acceso a trabajo,
salud, educación y un ambiente sano. Finalmente, deben tomarse en cuenta
factores culturales, de manera que la vivienda responda, sin sacrificar el
acceso a los servicios tecnológicos, a los patrones culturales de diseño,
construcción, etc., de viviendas.”
Ahora bien, en relación con aquéllos requisitos referidos
a la seguridad del goce de la vivienda, esta Corte sostuvo[49]:
“(… )Según se desprende de la observación general 4 en
comento, tres factores han de considerarse bajo el concepto de seguridad en el
goce de la vivienda: asequibilidad, seguridad jurídica de la tenencia y “gastos
soportables”.
La asequibilidad consiste en la existencia de una
oferta suficiente de vivienda, así como el acceso a los recursos requeridos
para satisfacer alguna modalidad de tenencia de la vivienda. Tal acceso
ha de tener en consideración especial a los grupos más desfavorecidos y
marginados de la sociedad, así como la especial protección obligatoria para las
personas desplazadas y víctimas de fenómenos naturales[50]. (Subrayado fuera del texto)
(…)
Lo anterior no resulta suficiente si el gasto asociado a la vivienda les impide el acceso
y permanencia en la vivienda o el cubrimiento de tales gastos implicara la
negación de otros bienes necesarios para una vida digna. En este orden de
ideas, se demanda de parte de los Estados políticas que aseguren sistemas
adecuados para costear la vivienda, tanto para financiar su adquisición como
para garantizar un crecimiento razonable y acorde con el nivel de ingresos, de
los alquileres, entre otras medidas.
(Subrayado fuera del texto)
(…)
Finalmente, la seguridad de la tenencia apunta a que
las distintas formas de tenencia de la vivienda –propiedad individual,
propiedad colectiva, arriendo, leasing, usufructo, etc.- estén protegidas
jurídicamente, principalmente contra desahucio, hostigamiento, etc. (…)”(Subrayado fuera del texto)
5.4. En consecuencia, para que una vivienda pueda
considerarse digna, debe reunir como mínimo los requisitos que a continuación
se exponen:
En primer lugar, debe presentar condiciones
adecuadas, las cuales dependen de la satisfacción de los siguientes
factores: (i) habitabilidad, es decir, que la vivienda
cumpla con los requisitos mínimos de higiene, calidad y espacio necesarios para
que una persona y su familia puedan ocuparla sin peligro para su integridad
física y su salud. (ii) facilidad de acceso a los servicios
indispensables para la salud, la seguridad, la comodidad y la nutrición
de sus ocupantes; (iii) ubicación que permita el fácil
acceso a opciones de empleo, centros de salud y educativos, y otros servicios
sociales en zonas que no pongan en riesgo la salud de los habitantes, y (iv)
adecuación cultural a sus habitantes.[51]
En segundo lugar, debe rodearse de garantías
de seguridad en la tenencia, condición que comprende, entre otros aspectos:
(i) asequibilidad, que consiste en la existencia de una oferta
suficiente de vivienda y de posibilidades de acceso a los recursos
requeridos para satisfacer alguna modalidad de tenencia, entre otros, (ii) prioridad
a los grupos desfavorecidos como las personas de la tercera edad, los
niños, los discapacitados, los enfermos terminales, los portadores de VIH, las
personas con problemas médicos persistentes, los enfermos mentales, las
víctimas de desastres naturales, las personas que viven en zonas de alto riesgo
y los desplazados por la violencia; (iii) gastos
soportables, que significa que los gastos de tenencia –en cualquier
modalidad- deben ser de un nivel tal que no comprometan la satisfacción de
otros bienes necesarios para la garantía de una vida digna de los habitantes de
la vivienda.
5.5. En consonancia con lo anterior, básicamente lo que
se ha precisado es que es deber del Estado (i) crear subsidios y
sistemas de financiación para quienes no puedan sufragar los costos que
conlleva la tenencia de un bien, de tal manera que permitan a las familias
acceder a la vivienda sin comprometer su vida en condiciones dignas, (ii)
proteger a los inquilinos contra aumentos desproporcionados en los cánones de
arrendamiento, (iii) facilitar el acceso a materiales de construcción, (iv)
garantizar la seguridad jurídica en la tenencia, lo cual implica que en
sus distintas formas éstas se protejan jurídicamente, principalmente contra el
desahucio, el hostigamiento, o cualquier forma de interferencia arbitraria e
ilegal que quebrante el debido proceso.
5.6. Ahora bien, sobre el asunto puntual de la garantía
de la seguridad jurídica en la tenencia, se encuentra una cuestión
muy importante relacionada con aquellas situaciones en las que las personas que
demandan la necesidad de una vivienda digna[52],
por razones coyunturales exógenas a su voluntad, se ven obligadas a invadir
espacios que mal o bien pueden ser propiedad privada o del Estado y en esa
medida se encuentran supeditados a los llamados desalojos forzosos.
Si bien en estos casos se advierte una clara tensión
entre (i) el derecho a la propiedad[53] que le asiste al
particular o al Estado según el caso y (ii) la necesidad de acceder a una
vivienda digna invocado por los invasores, es lógico que debe existir
una posición ponderada, en la cual se autorice la realización del desalojo
protegiendo concomitantemente de un lado el derecho a la propiedad y el espacio
público, y de otro los derechos humanos, el debido proceso y el acceso a
vivienda digna de acuerdo con lo preceptuado en la ya citada Observación
General núm. 7 proferida por el Comité DESC en 1997. Lo anterior por
cuanto es indispensable para la satisfacción del derecho a la vivienda
adecuada, garantizar por lo menos un proceso transparente e integral de
desalojo consecuente con la condición de cada caso en particular, tal y como se
analizará en el acápite subsiguiente
6. Los desalojos forzosos y la protección del espacio
público[54].
Reiteración de jurisprudencia.
6.1 El procedimiento de desalojo
es una medida que busca recuperar la tenencia de un bien ocupado sin justo
título. Por tanto, comporta un procedimiento que permite recuperar
materialmente un bien que fue tomado de manera ilegítima, y evita que aquellos
que han procedido en contra de la Ley obtengan un provecho de su acción. Este
es un medio coercitivo que reconoce el ordenamiento jurídico para evitar que
por vías de hecho se consoliden situaciones de derecho que perjudiquen los
derechos legítimamente adquiridos.
Por ello, si bien lo que se busca con los procesos de
desalojo es en cierta medida proteger el derecho a la propiedad legítimamente
adquirida, es esencial que dichos procedimientos se desarrollen bajo un
estricto “debido proceso” ya que en caso contrario los desahucios
realizados de forma violenta constituyen violaciones prima facie del
derecho a la vivienda que son incompatibles con los requisitos del PIDESC.[55] Al respecto
en la sentencia T-528 de 2011 esta corporación expresó:
“5.2 Por
otra parte, esta medida, para que sea legítima, debe hacerse con pleno respeto
de los derechos de las personas desalojadas. El desalojo que se apega al debido
proceso es una medida legítima de protección de la propiedad, pero por su
naturaleza coactiva, la administración debe ser especialmente cuidadosa en que
no se convierta en un procedimiento que atente contra los derechos de las
personas desalojadas. El desarrollo de los procedimientos
de desalojo entraña la responsabilidad estatal de buscar el menor daño posible
en la población desalojada, tal como se aprecia en la observación No 7º[56]
del comité de seguimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos
Sociales y Culturales (de ahora en adelante PIDECS), que en el parágrafo 13
dice: “Antes de que se lleve a cabo cualquier desalojo forzoso, en particular
los que afectan a grandes grupos de personas, los Estados Partes deberían velar
por que se estudien en consulta con los interesados todas las demás
posibilidades que permitan evitar o, cuando menos, minimizar la necesidad de
recurrir a la fuerza”[57].
// 5.3 Ahora, el numeral 14 de la observación No 7º del comité DECS señala que
cuando resulte necesario la medida de desalojo, este procedimiento debe
respetar todos los derechos humanos de los afectados. “Cuando se considere que
el desalojo está justificado, debería llevarse a cabo con estricto cumplimiento
de las disposiciones pertinentes de las normas internacionales de derechos
humanos y respetando los principios generales de la razón y la
proporcionalidad”. De manera específica, el documento señala en el
numeral 16 que las autoridades encargadas de realizar los procedimientos de
desalojo deben hacer todo lo posible para que ninguno de los afectados con la
medida queden sin vivienda.  Por tanto, para que la medida de desalojo forzoso
resulte legítima es imperioso que esta: (i) atienda principios
constitucionales, (ii) sea necesaria, pues no es posible lograr el mismo fin
por medios diferentes y (iii) debe utilizarse el mínimo de fuerza necesario con
el objetivo de evitar vulneración de los derechos de los desalojados.
6.2 Así las cosas, para que la
medida de desalojo sea legítima, debe hacerse con pleno respeto de los derechos
de las personas objeto de la misma. Ello por cuando solo es posible que sea
legítimo como medida de protección de la propiedad, siempre y cuando se cumplan
las directrices del debido proceso.
El Comité de
las Naciones Unidas de derechos Económicos, Sociales y Culturales[58] incluye “el
deber de proteger a las personas contra los desalojos forzosos” [59] y recomienda
un conjunto de garantías[60]
para tener en cuenta en aquellos eventos en que se realizan.[61]
Sobre el
asunto en comento, esta corporación en la Sentencia T-068 de 2010 reseñó las
reflexiones realizadas por el Comité de las Naciones Unidas de derechos
Económicos, Sociales y Culturales concluyendo lo siguiente[62]:
(i). Los desalojos
forzosos[63]
son en principio incompatibles con los requisitos del pacto, cuando se realizan
de manera injusta y ocasionado la vulneración grave de los derechos
humanos, toda vez que dicha situación conlleva a la violación sistemática de
otros derechos como la vida, la dignidad, entre otros.
(ii). Indica
que claramente el Comité de las Naciones Unidas de derechos Económicos,
Sociales y Culturales realiza una interpretación del concepto de desalojo
forzoso, estableciendo que debe llevarse a cabo respetando el siguiente
procedimiento: a) la consulta y los acuerdos con las personas objeto del
desplazamiento, b) que se analice el contexto económico social de la población
afectada de modo que se matice su impacto tomando las previsiones necesarias
que garanticen que no se interrumpe su derecho a una vivienda adecuada o digna,
como se dice entre nosotros, c) que la orden de ejecutarlos provenga siempre de
la autoridad competente y que su trámite se ajuste a una normatividad
previamente establecida y conocida por los desalojados.
6.3. De otro
lado, es importante recordar que al “debido proceso de desalojo”, también
se le debe aplicar lo contenido en el principio número 8 de PINHEIRO[64] en aquellos
eventos en los cuales dentro de los procesos de desalojo se encuentren
inmiscuidas personas víctimas del desplazamiento forzado interno. Ello por
cuanto dichos principios fueron incorporados a nuestra normatividad mediante el
bloque de constitucionalidad y plantean en su aplicación el derecho de la
población desplazada de acceder a una vivienda adecuada, y el deber del Estado
de adoptar medidas positivas para mejorar su situación.
6.4. Ahora bien, retomando (i) las directrices sentadas
por el Comité de las Naciones Unidas de
derechos Económicos, Sociales y Culturales, (ii) los principios de
PINHEIRO en lo referente a la población desplazada, y (iii) las reglas
jurisprudenciales trazadas por la Corte en materia de desalojo, se pueden
abstraer algunas pautas procesales a tener en cuenta en aquellos casos en los
que es inevitable llevar a cabo tal actividad. Dichos requisitos son los que se
consignan a continuación:
-
Derecho a ser oportunamente consultados.
-
Derecho a ser notificados e
informados con antelación suficiente a la fecha prevista para el desalojo;
-
Derecho a que durante el desalojo
estén presentes los funcionarios del gobierno o de sus representantes;
-
Derecho a la obtención de la identificación
exacta de todas las personas que efectúen el desahucio;
-
Derecho a que no se efectúen
desalojos cuando haga mal tiempo o de noche, salvo que las personas afectadas
den su consentimiento;
-
Derecho a que se disponga de recursos
jurídicos adecuados,
-
Derecho a la asistencia jurídica
que permita obtener, llegado el caso, reparación de los tribunales y
-
Derecho a que se garantice a las
personas en situación de vulnerabilidad, una opción de acceso a la vivienda
digna adecuada, de acuerdo con la particularidad de cada caso en concreto,
teniendo en cuenta el contexto que origina tal situación.
De otra parte, las mencionadas directrices además
establecieron que una vez realizados los desahucios, es deber del Estado evitar
“que haya personas que se queden sin vivienda o expuestas a otras
violaciones a derechos humanos” dependiendo claro está, de las
particularidades de cada caso en concreto.[65]
En tal sentido, cuando los afectados por el desahucio
no dispongan de recursos y se encuentre en situación de vulnerabilidad, tal y
como lo consagra la citada Observación[66],
el Estado deberá adoptar todas las disposiciones necesarias, en la mayor
medida que permitan sus recursos, para que se proporcione otra
vivienda, el reasentamiento o el acceso a subsidios o sistemas de financiación,
según el caso.
Finalmente, el referido organismo sostuvo que los
Estados deben prestar especial atención a los grupos en condiciones de
vulnerabilidad, por cuanto éstos se ven afectados de manera desproporcionada
por la práctica de los desalojos forzosos y pueden hacer perpetuar las
discriminaciones imperantes.[67]
6.5. Para dar una mayor ilustración sobre la aplicabilidad
de las directrices del debido proceso de desalojo precitadas, a continuación se
plasmaran algunas reseñas jurisprudenciales que sientan las reglas existentes al
respecto:
6.5.1. En la sentencia T-078
de 2004 la Corte revisó el caso de un grupo de familias desplazadas que se
instalaron en las márgenes de las quebradas “la sardina” y “la
perdiz” del municipio de Florencia, cuya área había sido
declarada por las autoridades competentes como zonas de riesgo al ser parte de
los márgenes de seguridad y protección del cauce de los rios y al constituirse como
zona inundable en las grandes avenidas. A partir de los hechos prescritos, la
Alcaldía municipal y la Cámara de Comercio de la ciudad iniciaron las
actuaciones tendientes al desalojo de los demandantes.
En aquella oportunidad la Corte
consideró que, dada la condición de sujetos de protección constitucional por
ser personas víctimas de desplazamiento forzado; era procedente la acción de
tutela para la protección de sus derechos.[68]
Dicha decisión fue tomada con fundamento en la comprobada negligencia de las
autoridades municipales en el cumplimiento de sus obligaciones de defensa,
respeto y garantía de los derechos de ese grupo poblacional y, particularmente,
de los peticionarios que en ese trámite se les debía otorgar el amparo a su
derecho fundamental a la vivienda digna.
Agregó que si bien la suspensión
del desalojo no resultaba procedente, en la medida en que mantener un
asentamiento en condiciones de riesgo para sus habitantes no sería
constitucionalmente legítimo, las autoridades vinculadas al trámite sí se
encontraban en la obligación de asegurar a los peticionarios un albergue
provisional en condiciones acordes con la dignidad humana, y de iniciar los
trámites para su incorporación en los programas de atención de población
desplazada.
Esta corporación además consideró
pertinente, emitir algunas órdenes de prevención a las autoridades locales
responsables de atender a la población vulnerable, con el fin de garantizar su
colaboración en el cumplimiento de las determinaciones del fallo.
6.5.2. También en la sentencia T-770
de 2004, este Tribunal Constitucional conoció un asunto en el que un grupo
de familias (aproximadamente 30), víctimas de desplazamiento forzado,
invadieron un lote de terreno en la vía paralela al río Medellín en el municipio
de Bello y construyeron en el lugar moradas precarias[69].
Una vez se verifica que el bien
ocupado tenía naturaleza fiscal, la Alcaldía de Bello ordenó su restitución y el
desalojo de los accionantes. Las autoridades vinculadas al trámite, trataron de
controvertir la condición de desplazamiento de los tutelantes, argumentando que
nunca aportaron un certificado de la Red de Solidaridad Social en ese sentido.
Sin embargo esta corporación consideró
que el asunto en conflicto en este caso no versaba sobre la invasión de un
predio público sino que fundamentalmente lo que querían lograr los
peticionarios era satisfacer la necesidad de alojamiento de las personas
desplazadas. En esa medida, se desprendía un complejo problema jurídico, ante
la necesidad de resolver un “claro conflicto entre la necesidad de proteger
un bien público, como una franja de terreno que hacía parte de un afluente
hídrico y que no era apta para asentamientos humanos, y la necesidad de
proteger los derechos fundamentales de varias familias que se atribuían la
calidad de víctimas de desplazamiento forzado y que se encontraban ocupando esa
franja de terreno”.
Se refirió entonces esta
Corporación al grave problema social y jurídico que representa el
desplazamiento forzado en Colombia, y a la consecuente afectación de otros
derechos constitucionales cuando éste tiene lugar. De igual modo, calificó como
lamentable la indiferencia demostrada por las autoridades estatales y otorgó el
amparo a los peticionarios, ordenando en primer lugar, la entrega de un
albergue provisional en condiciones acordes con la dignidad humana, y en
segundo, la inscripción en los programas adelantados por el gobierno a raíz
de la sentencia T-025 de 2004.
En este caso entonces, se
concedió la protección invocada por los peticionarios en situación de
desplazamiento y se negó el amparo a otras personas que no se
encontraban en dicha situación (de desplazados). Al respecto, se reiteró que el
desplazamiento obedece y se prueba a partir de factores materiales o de hecho,
por lo que no es legítimo exigir la inscripción en un registro de víctimas de
esa grave violación a los derechos humanos (hoy en día RUPD) como único medio
para que una persona demuestre que ha sufrido un desplazamiento interno forzado.[70]
6.5.3. En otra oportunidad esta
corporación en la T-967 de 2009, se pronunció sobre el caso de
una mujer desplazada que, junto con su hija, ocupó a la fuerza un inmueble
abandonado en la ciudad de Fusagasuga. En aquella oportunidad, esta mujer al
ser notificada sobre el trámite de lanzamiento por ocupación de bien fiscal en
su contra, interpuso una acción de tutela solicitando la suspensión del proceso
policivo de desalojo ordenado por las autoridades de policía.
En esa ocasión, este Tribunal
Constitucional estimó que a pesar de las condiciones en que se encontraba la actora
y su hija, la ocupación de un bien fiscal carecía de sustento legal por lo que
no podría considerarse fuente de derechos subjetivos o de expectativas
legítimas, ni dar pie a la suspensión del desalojo, ya que ello implicaría la
legitimación de una actuación de hecho, en desmedro del principio de
legalidad.[71]
En consecuencia, denegó el amparo
al derecho fundamental al debido proceso y la suspensión de la diligencia de
desalojo y/o del proceso policivo. Sin embargo, concedió protección al derecho
fundamental a la vivienda digna, precisando que la primera conclusión no podía
interpretarse como una negación a la titularidad del derecho al acceso a la
vivienda por parte de la peticionaria y su hija, razón por la cual ordenó a las
autoridades vinculadas brindarles a la tutelante y su hija un albergue en
condiciones acordes con la dignidad humana, e incluirlas en los programas de
atención para la población desplazada desarrollados por Acción Social, teniéndose
en cuenta, aquellos iniciados a partir del auto 092 de 2008 (relativo a la
especial afectación de las mujeres víctimas de desplazamiento forzado).
6.5.4. En la Sentencia T-331 de 2011, la Sala
Sexta de revisión estudio un caso en el que una mujer madre cabeza de familia
quien había construido un año atrás su vivienda en una zona de “riesgo
probado de deslizamiento” sin licencia, interpuso una acción de tutela en
contra de la Alcaldía de Pereira y su Secretaría de Control físico al
considerar que le estaban vulnerando sus derechos fundamentales a la vida y a
una vivienda digna al haberla desalojado y al haberse dispuesto la demolición
de dicho inmueble.
Ante tales circunstancias una vez es analizado el caso
por esta corporación, se determina no solo que el área en la que se encontraba
la morada de la peticionaria estaba considerada como de alto riesgo, sino que
además estaba dispuesta en un sector considerado como de especial importancia
ecológica y espacio público y en esa medida la ocupación alegada no era
legítima. La citada sentencia en uno de sus fundamentos en aquella ocasión
precisó:
“En el evento de presentarse una ocupación irregular o
ilegal en bienes de uso público por parte de particulares, esto es, sin la
debida licencia o habilitación de la autoridad competente, el Estado cuenta con
los instrumentos necesarios para obtener la restitución de los mismos, a través
del poder de policía o de los demás mecanismos legales que consagra la ley.”
(…)
“Conforme a lo expuesto, es claro, que los bienes de
uso público son imprescriptibles, inalienables e inembargables, según expresa
disposición constitucional (art. 63 C.P.), y, en consecuencia, la ocupación
temporal del bien a título precario debe tener permiso de la autoridad
competente, ya sea en virtud de licencia o concesión, conforme a la ley. En ese
sentido, no se confiere en ningún caso derecho alguno sobre el suelo ocupado,
lo que significa que, con mayor razón no se adquiere ningún derecho sobre el
mismo en caso de detentación irregular de cualquier bien de uso público, por
parte de particulares. Y en el caso de ocupación ilegal, la administración
deberá, de conformidad con la ley, recuperar dicho título, a través de las
diferentes vías policivas y judiciales que ésta tenga.”
En consecuencia la Sala Sexta finalmente deja claro
que la actora era una ocupante ilegal de un bien de uso público y aunque era
deber de los accionados recuperar ese espacio, se omitió por parte de la
administración municipal haber incluido a la accionante dentro de los programas
de acceso a vivienda.
En esa medida
revoca las decisiones tomadas por los jueces de instancia que habían negado el
derecho a una vivienda digna y concede la protección ordenando a los
accionandos “que si aún no lo ha realizado, dentro del término de
cuarenta y ocho (48) horas contado a partir de la notificación de esta
providencia informen, acompañen e incluyan a Blanca Mora Monge y a sus hijos en
un programa de vivienda y de subsidios económicos, que la administración esté
realizando, teniendo en cuenta su condición social y económica, respetando el
orden de asignación.”[72]
6.5.5. La
Sala Segunda de revisión por su parte, en la Sentencia T-527 de 2011, analizó
un caso en el que varios accionantes, (un aproximado de 27), interpusieron una
acción de amparo en contra del Municipio de Villavicencio, al considerar que
dicha entidad les estaba vulnerando sus derechos fundamentales al debido
proceso, vida digna y mínimo vital, al haber ordenado su desalojo sin respetarles
el debido proceso.
Para proseguir
con el análisis del caso estudiado por la Sala Segunda en aquel entonces, es
necesario aclarar antes algunas especificidades del asunto que influyeron en la
decisión final.
En aquel
momento, las personas invocaron la protección de sus derechos fundamentales a
la vida digna, el mínimo vital y al debido proceso, en razón a que llevaban
habitando desde hacía 10 años el margen izquierdo del Dique Perimetral del rio
Guatiquia y el lado izquierdo de Puente Nuevo, vía Restrepo, del Municipio de
Villavicencio[73];
y dicho lugar era considerado un bien del espacio público.
Sin embargo,
durante todo este tiempo la administración consintió la construcción de las
viviendas que estaban hechas de ladrillo y material duradero; tanto así que
aquel lugar era considerado un barrio en el sector, contaba con una vía  de
acceso carreteable adecuada con maquinaria, y en las calles se había instalado
una red de postes con cableado eléctrico.
Dadas las
situaciones particulares del caso, la Corte luego de realizar un análisis sobre
el debido proceso en los desalojos en tensión con el derecho a la vivienda
digna y explicar los eventos en los que se configura la confianza legítima[74], finalmente:
(i). Determina
que la actuación de la administración originó la configuración de una confianza
legítima de los ocupantes en relación con la inactividad de la autoridad.
(ii). Indica
que debe armonizar la tensión existente entre el deber de las autoridades de restituir
el espacio público y las expectativas legítimas creadas a los peticionarios
quienes construyeron y mejoraron sus viviendas con el aval de la administración
durante más de 10 años. Por tanto, ordena “la suspensión de la medida de
desalojo hasta que no se verifique que la Alcaldía ha otorgado a todas las
familias que ocupan el predio soluciones alternativas a su problema de
vivienda. De esta manera, por un lado, se reconoce el derecho y deber del
Estado de restituir el espacio público y, por el otro, del derecho legitimo que
le surgió a los ciudadanos a partir de la expectativa que le generó la
administración con su conducta. Igualmente, esta orden resulta acorde con la
observación 7 del comité DECS que, como se explicó más arriba, indica que el
procedimiento de desalojo debe respetar en todo momento los derechos de los
afectados y evitar al máximo que como resultado de la ejecución de la medida
las personas afectadas se vean abocadas a quedarse sin vivienda.”
(iii). Expresa
que de ordenarse el desalojo en ese momento sin la adopción de medidas alternativas
para la reubicación definitiva de las personas que ocupan los inmuebles objeto
de disputa, implicaría la afectación directa de los derechos al mínimo vital y
la vida digna, en la medida en que las familias desalojadas verían una de sus
necesidades básicas insatisfechas. Así las cosas, dicha situación sería
especialmente lesiva toda vez que en el grupo de personas afectadas con el
procedimiento se encuentran niños y mayores adultos quienes son sujetos de
especial protección constitucional.
(iv). Aclara
que “esta sentencia no pretende avalar la ocupación ilegal del espacio
público, la cual no puede ser protegida por el derecho; lo que se salvaguarda
en este asunto concreto es la confianza legítima que surgió en los
administrados a raíz de la conducta prolongada de la administración.”
(v). Ordena a la
Alcaldía que a todas las familias afectadas (es decir, a aquellas que hacen
parte del barrio así no hayan hecho parte de la acción de tutela interpuesta),
se les suspenda el desalojo, se realice un censo de las personas, se incluyan a
estas familias dentro de los planes de reubicación de la entidad territorial y se
desarrolle todo el procedimiento con el acompañamiento del ministerio público y
bajo las reglas del debido proceso.
6.6. Luego de analizar la aplicación del debido
proceso en la jurisprudencia de la Corte, lo que se puede concluir entonces en
referencia con los procesos de desalojo forzoso es lo siguiente:
-
La acción de tutela es el
mecanismo idóneo cuando para verificar si
un proceso de desalojo se efectuó en debida forma (es decir respetando el
debido proceso), ello por cuanto de esa forma se certifica si existió o no una
violación sistemática no solo posiblemente del derecho a una vivienda digna
sino de los demás derechos que de ello se derivan. Máxime en aquellos casos en
los que se encuentran inmiscuidos sujetos en especiales condiciones de
vulnerabilidad como desplazados, madres o padres cabeza de familia, niños o
niñas, personas de la tercera edad, personas con enfermedades terminales,
personas en extrema pobreza comprobada, etc.
-
Cualquier autoridad en la que
recaiga el deber de ejecutar un desalojo forzosos, debe hacerlo con el respeto
del debido proceso tanto en los trámites judiciales como los administrativos,
verificando a su vez el cumplimiento de las siguientes garantías [75]:
a)
Una auténtica oportunidad de
consultar a las personas afectadas;
b)
Un plazo suficiente y
razonable de notificación a todas las personas afectadas con antelación a la
fecha prevista para el desalojo;
c)
Facilitar a todos los
interesados, en un plazo razonable, información relativa a los desalojos
previstos y, en su caso, a los fines a que se destinan las tierras o las
viviendas;
d)
La presencia de funcionarios
del gobierno o sus representantes en el desalojo, especialmente cuando éste
afecte a grupos de personas en especial situación de vulnerabilidad;
e)
Identificación exacta de todas
las personas que efectúen el desalojo;
f)
No efectuar desalojos cuando
haga muy mal tiempo o de noche, salvo que las personas afectadas den su
consentimiento;
g)
Ofrecer recursos jurídicos; y
h)
Ofrecer asistencia jurídica
siempre que sea posible a las personas que necesiten pedir reparación a los
tribunales.[76]
- Concatenado a lo anterior, se
debe recordar que el Estado con posterioridad a los desalojos forzosos, tiene
la obligación de garantizar opciones de acceso a la vivienda adecuada para los
desalojados[77],
teniendo en cuenta cada situación en particular.
6.7. Ahora bien, una vez agotado
lo concerniente al asunto puntual del proceso de desahucio, se debe aclarar que
adicional a las situaciones mencionadas, es necesario que el juez de tutela en
este tipo de situaciones, entre a verificar si en dichos procesos hay lugar a
la ocurrencia de situaciones excepcionales como lo es la configuración del
principio de confianza legítima. Por consiguiente a continuación se hará el
análisis pertinente.
7. Configuración de la
confianza legitima en la ocupación ilegal del espacio público. Reiteración de
jurisprudencia.
7.1. La recuperación del espacio
público es una obligación del Estado en la medida en que éste debe permanecer a
disposición de la comunidad y no bajo la tenencia de particulares que
ilegalmente lo ocupan.[78]
7.2. La Corte, partiendo del
principio de buena fe[79],
ha desarrollado el concepto de confianza legítima el cual se configura en aquellas
situaciones en las que la administración por medio de su conducta uniforme hace
entender al administrado que su actuación es tolerada. Por ello cuando la
conducta del Estado se limita a observar o apoya en cierta medida una ocupación
irregular, se lleva a pensar al administrado que la invasión al espacio público
se ajusta al ordenamiento jurídico.
7.3. Esto resulta especialmente
relevante en aquellos eventos en los cuales la ocupación, así sea ilícita, permite
que los ciudadanos encuentren una solución a su problemática de vivienda, y les
hace creer que es un medio idóneo para satisfacer esa necesidad. Es por ello
que corresponde al Estado actuar diligentemente con el fin de que los ocupantes
entiendan que su conducta no es tolerada.[80]
7.4. Este concepto ha sido
ampliamente reiterado por esta corporación en innumerables oportunidades[81], estableciendo
como elementos configurativos de la confianza legítima los siguientes: (i) la evidencia de la conducta uniforme de la
administración por un tiempo suficiente para que sea razonable pensar que en el
administrado ha nacido la idea de que su actuación se ajusta a derecho, (ii)
que exista un cambio cierto y evidente en la conducta de la administración que
defrauda la expectativa legítima del ciudadano, y (iii) que este cambio le
genere al administrado un perjuicio en sus derechos fundamentales[82].[83]
7.5. El objetivo fundamental del
reconocimiento de la configuración de la confianza legitima es el de proteger las
expectativas creadas en los ciudadanos como respuesta a la actuación permisiva
de la administración, sin que ello se interprete como un aval a la ocupación
ilegítima. Al respecto la Corte en la sentencia T-1049 de 2004 de manera
expresa señaló:
“El
principio de la confianza legítima es un corolario de aquel de la buena fe y
consiste en que el Estado no puede súbitamente alterar unas reglas de juego que
regulaban sus relaciones con los particulares, sin que se les otorgue a estos
últimos un período de transición para que ajusten su comportamiento a una nueva
situación jurídica. No se trata, por tanto, de lesionar o vulnerar derechos
legítimamente adquiridos, sino tan sólo de amparar unas expectativas válidas
que los particulares se habían hecho con base en acciones u omisiones estatales
prolongadas en el tiempo, bien que se trate de comportamientos activos o
pasivos de la administración pública, regulaciones legales o interpretaciones
de las normas jurídicas. De igual manera, como cualquier otro principio, la
confianza legítima debe ser ponderada, en el caso concreto, con los otros, en
especial, con la salvaguarda del interés general y el principio democrático”.
(Subrayado fuera del texto original)
7.6. Así las cosas, cuando el
juez constitucional observa que la conducta de la administración generó en el
ciudadano la confianza de que su actuación era legítima, debe tomar una
decisión ponderada de manera que verifique que el desalojo se realice bajo el
debido proceso, y a su vez se certifique a los afectados que con la medida de
desalojo se deben brindar garantías tales como:
(i) Contar con
un tiempo prudencial para poder adoptar soluciones que mitiguen el perjuicio
que les causa la medida y
(ii) El deber
del Estado de ofrecerles alternativas para buscar soluciones legítimas y
definitivas a sus expectativas[84].
En consecuencia, siempre que se
presente una situación en la que sea imposible evitar una medida de desalojo,
es dable al juez de tutela, en primer lugar, verificar si se llevó a cabo bajo
el respeto del debido proceso, y adicionalmente, observar si se configuran los
elementos originarios de la confianza legítima, con el objetivo de determinar
la obligación del Estado con posterioridad a los desalojos.
8. Análisis de los casos
concretos
8.1. En esta
ocasión corresponde a la Sala determinar si la Alcaldía de Pereira, la CARDER, la
Inspección Once de Policía, y la Sociedad de Mejoras de Pereira incurrieron en
la violación de los derechos fundamentales a la vivienda digna y al debido
proceso de 25 personas, al haber programado un desalojo masivo, en virtud de
las situaciones verificadas tales como la tala indiscriminada de bosque nativo
dentro de un área considerada como espacio público, de especial importancia
ecológica declarada por la CARDER y propiedad privada de la Sociedad de Mejoras
de Pereira.
Para
desarrollar el precitado interrogante, se procederá a analizar en primer lugar,
la naturaleza y características del predio invadido por los peticionarios; en
segundo se aplicará el test de verificación del debido proceso propuesto por el
Comité DESC y acogido en innumerables oportunidades por esta corporación en su
jurisprudencia; en tercer lugar se cotejará si se configura el principio de
confianza legítima, para finalmente indicar en cada caso las medidas a tomar de
acuerdo con las reglas jurisprudenciales previstas y los fundamentos de acuerdo
con la situación particular de cada caso.
8.2.
Naturaleza del área invadida.
De acuerdo
con la información aportada en los diferentes expedientes, se verifica que el
área en la que se encuentran ubicados los peticionarios hace parte del Corredor
ambiental Consota, está definido en el POT del Municipio de Pereira como un
elemento principal del nivel estructural del espacio público, y es
considerado pieza fundamental del Eje Panorámico Ambiental.
Se indica además,
que su recuperación y conservación es vital no solo por los complejos y
frágiles ecosistemas que posee, sino también por ser considerada el pulmón de
la ciudad, y zona (de posibles deslizamientos) aledaña a una de las fuentes
hídricas más importantes de Pereira “el río Consota”.
De manera
que, pese a que se encuentra registrado desde 1982 como propiedad privada de la
Sociedad de Mejoras de Pereira, al haber sido declarada por la CARDER como zona
de especial importancia ecológica por las características ya referidas; y al
haber sido ello dispuesto en el correspondiente POT municipal de Pereira, tiene
las especificaciones y limitaciones dispuestas del espacio público. [85]
En tal
sentido esta Sala considera que la actual invasión de los predios efectuada por
los peticionarios es considerada ilegal. Lo anterior, por cuanto tal y como se ha
señalado en varias oportunidades por esta corporación, el constituyente de 1991
consideró necesario, en plena concordancia con los principios que orientan el
Estado social de Derecho[86],
brindar al espacio público una protección expresa de rango constitucional.
Por tanto, se
puede establecer que varios de los artículos de la Carta Política aluden
específicamente a esta materia, no sólo para señalar que los bienes de uso
público son inalienables, imprescriptibles e inembargables[87], sino para especificar los
deberes de protección y conservación que se predican del Estado respecto del
espacio público.[88]
En relación
con estas  disposiciones, la Corte ha precisado que con ellas el Constituyente
amplió conceptualmente la idea de espacio público teniendo en cuenta que no se
limita a los bienes de uso público (calles, plazas, puentes, caminos, ríos y
lagos) sino que se extiende a todos aquellos bienes inmuebles públicos, y a
algunos elementos específicos de los inmuebles de propiedad de los particulares,
que al ser afectados al interés general en virtud de la Constitución o la ley,
o por sus características arquitectónicas o naturales[89],
están destinados a la utilización colectiva.[90]
Así, lo que caracteriza a los bienes que integran el espacio público es su
afectación al interés general y su destinación al uso por todos los miembros de
la comunidad (en este caso, como pulmón del municipio de Pereira y como zona de
conservación in situ de los ecosistemas frágiles que lo componen)[91].
En ese orden de ideas, se ha precisado igualmente que en virtud de que
los bienes de uso público son inalienables, imprescriptibles e inembargables
(artículo 63 de la C.P.), están fuera de todas las prerrogativas del derecho
privado que puedan vulnerar el fin para el cual han sido concebidos:
“ La inalienabilidad junto con la imprescriptibilidad, son medios
jurídicos a través de los cuales se tiende a hacer efectiva la protección de
los bienes de uso público, a efectos de que ellos cumplan el ‘fin’ que motiva
su afectación (Marienhoff). Por las razones anteriores, ningún particular
puede considerar que tiene derechos adquiridos sobre los bienes de uso público[92]
y  tampoco podría  alegar una posible prescripción adquisitiva de dominio sobre
ellos. En efecto, estos bienes están fuera de todas las prerrogativas del
derecho privado.[93]
En el mismo sentido, la entrega en arrendamiento a personas naturales o jurídicas
de carácter privado de instalaciones públicas, destinadas por ejemplo, a la recreación
o deporte, no sustrae tales bienes de  la calidad de ‘áreas de espacio público’[94],
ni de los límites que por ese motivo les atribuye la ley.  En consecuencia, y
tal como se ha dicho, ‘los derechos y los intereses privados, sea cual fuere su
origen (la ley, la concesión, el acto administrativo, etc.) si entran en
conflicto con el interés público, deben subordinarse a éste’”[95]
Así las cosas, la protección constitucional a que se ha hecho referencia,
al tiempo que impone al Estado el deber de velar  por la integridad del espacio
público, constituye una expresa limitación a la propiedad privada, así como a
la posibilidad de que se excluyan algunas personas del acceso al espacio
público o se establezcan privilegios en favor de determinados particulares en
desmedro del interés general.
Cabe precisar que dicha protección no impide que, en casos específicos,
el espacio público pueda ser objeto de alguna limitación transitoria y
razonable como resultado de disposiciones que reconocen a los particulares
ciertas garantías relacionadas con el derecho de propiedad, con la seguridad,
con la prestación de servicios a la comunidad o con el libre desarrollo de
actividades culturales o cívicas. Sin embargo, este no es el caso.
8.3.
Verificación del debido proceso en el desalojo de los peticionarios.
Como se ha mencionado a lo largo
de la presente providencia, el procedimiento de desalojo es una medida que
busca recuperar la tenencia de un bien ocupado sin justo título. En efecto, el
desalojo es un procedimiento que permite recuperar materialmente un bien que
fue tomado de manera ilegítima (tal y como sucedió en este caso), con el fin de
evitar que aquellos que han procedido en contra de la ley (invasores) obtengan
un provecho de su acción. Este es un medio coercitivo que reconoce el
ordenamiento jurídico para evitar que por vías de hecho se consoliden
situaciones de derecho que perjudiquen los derechos legítimamente adquiridos.
Adicionalmente, cuando el bien
que se ve afectado con la ocupación ilegítima hace parte del espacio público,
esta medida resulta especialmente relevante, tal como se deriva del artículo 82
superior.[96]
Lo anterior en razón a la protección del espacio público que como patrimonio de
la colectividad alcanza particular atención y protección en nuestro
ordenamiento jurídico.[97]
No obstante lo anterior, para que
sea legítimo el desahucio, debe adelantarse con pleno respeto de los derechos
fundamentales de las personas desalojadas. Es decir, si bien en este caso la
medida en principio es lícita, esta no puede llegar hasta el punto de
atropellar y vulnerar los derechos de las personas que ocuparon el bien. Siendo
esto así, al realizar el procedimiento de desalojo debe garantizarse que las
personas que son objeto de este procedimiento no vean vulnerados sus derechos
fundamentales.
El desalojo que se apega al
debido proceso es una medida legítima de protección de la propiedad y del
espacio público, pero por su naturaleza, la administración debe ser
especialmente cuidadosa en que no se convierta en un procedimiento que atente
contra los derechos de las personas invasoras. A continuación se confrontarán
las reglas establecidas por el Comité de seguimiento
del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales que han
sido avaladas por la jurisprudencia para determinar si en el presente proceso
de desalojo se vulneraron los derechos fundamentales de los peticionarios toda
vez que como ya se indicó, en estos casos sí es procedente esta actuación por
parte de las autoridades:
Verificación de la oportunidad de consulta a las
personas afectadas y plazo suficiente y razonable de notificación a todas las
personas afectadas:
Respecto a este requisito, se observa que, efectivamente
una vez se iniciaron las ocupaciones y la deforestación del predio invadido
ilegalmente por los peticionarios, la CARDER por denuncias de personas del
sector inicia las actuaciones tendientes a evitar dicha situación y entera de
este suceso tanto a la propietaria Sociedad de Mejoras de Pereira como a la
Entidad Territorial quien es la encargada de velar por la conservación de las
zonas de especial importancia ecológica en su jurisdicción.
La Sociedad de Mejoras de Pereira inicia la solicitud
de lanzamiento por ocupación de hecho ante la Alcaldía de Pereira quien
inmediatamente oficia a las partes, al defensor del pueblo, a la policía (con
ayuda del ESMAD), al personero municipal, a la CARDER, y a la Fiscalía por
cuanto evidenciaron un daño ecológico bastante importante (tala de guadua y
otras especies forestales nativas).
De acuerdo con testimonios de algunos de los
peticionarios y las pruebas de notificación (tales como avisos y notificaciones
personales) aportadas en algunos procesos por los accionantes y en otros por los
accionados, se verifica una debida notificación, toda vez que se informó con
bastante tiempo de antelación (aproximadamente 3 meses) sobre el procedimiento
de desalojo. Adicionalmente se notificó por aviso en cada vivienda encontrada,
se realizó un censo o lista de personas del lugar y finalmente se notificó a
personas indeterminadas.
Facilitar a todos los interesados, en un plazo
razonable, información relativa a los desalojos previstos y, si es el caso, a
los fines a que se destinan las tierras o las viviendas.
De acuerdo a las contestaciones dadas por los
accionados y las ampliaciones de los hechos rendidas por la mayoría de los
peticionarios surtidas en primera instancia, se constató que en los procesos de
notificación y diligencias de desalojo se les informó a los invasores sobre la
calidad y naturaleza de los predios ocupados ilegalmente de tal manera que en
todas las acciones de tutela los peticionarios reconocen que es una propiedad
privada y es zona de protección.
Sin embargo, pese a dicha información indican que lo
que buscan es básicamente que se les reubique y/o que se les incluya en un plan
de vivienda prioritario pese a que no agotaron la solicitud ante la Administración
Municipal. Al respecto se hace claridad sobre dos excepciones al agotamiento de
la solicitud en dos de los expedientes estudiados. No obstante, de ello se hará
mención más adelante.
Es de advertir que de acuerdo con lo dicho por los
mismos accionantes y lo corroborado en los distintos expedientes, no hay
pruebas que indiquen que los peticionarios llevasen allí más de un año
habitando y deforestando el lugar, razón por la cual no se configura en este
caso el principio de confianza legítima.
Garantizar la presencia de funcionarios del gobierno o
sus representantes en el desalojo, especialmente cuando éste afecte a grupos de
personas en especial situación de vulnerabilidad.
Al respecto, tal y como se mencionó en el cumplimiento
del primero de los requisitos, las diligencias de desalojo se efectuaron con la
citación y acompañamiento de los representantes de la Administración Municipal,
la policía (con acompañamiento del ESMAD), la Sociedad de Mejoras de Pereira y
el Ministerio Público.
Si bien en estos casos no se dieron los elementos
configurativos del principio de confianza legítima, en virtud de la inmediata
respuesta de la entidad territorial y de los propietarios ante la invasión del
inmueble, se debe resaltar que, se evidencia la existencia de personas en
especiales situaciones de vulnerabilidad a las cuales por sus particularidades,
se les debe dar un tratamiento especial, tal como se verificará en cada uno de
los casos.
Identificación exacta de todas las personas que
efectúen el desalojo.
Hubo una identificación plena de los funcionarios que
realizaron el desalojo de acuerdo con las pruebas aportadas en los expedientes
y a las declaraciones rendidas por los peticionarios.
No efectuar desalojos cuando haga muy mal tiempo o de
noche, salvo que las personas afectadas den su consentimiento.
De acuerdo con los oficios y pruebas obrantes en los
expedientes e incluso las correspondientes acciones de tutela, las diligencias
de desalojo fueron programadas en horas de la mañana, tanto así que muchos de
los peticionarios interpusieron ese mismo día las acciones de tutela con base
en la información suministrada por los mismos funcionarios quienes advirtieron
a los invasores que procederían a suspender las diligencias en aquellos eventos
en los que tuviesen alguna manera de demostrar la legitimidad de su ocupación o
manifestasen  que está en curso una acción de amparo.
Ofrecer asistencia jurídica siempre que sea posible a
las personas que necesiten pedir reparación a los tribunales.
Ante este
punto, y de cara a la naturaleza del bien invadido, tal y como ya se dijo, no
hay lugar a evitar el desalojo; sin embargo, se constata que los diferentes
funcionarios le informaron a los accionantes en las diferentes diligencias
sobre la manera en que podían actuar de considerar afectados sus derechos y los
recursos a que había lugar.
Sin embargo,
en ninguno de los casos, se verificó la interposición de ningún recurso.
Solamente se limitaron a interponer las acciones de tutela que ahora son objeto
de revisión para solicitar la suspensión de las órdenes de desalojo.
8.4. Así las cosas, encuentra la
Sala que las órdenes de desalojo de las viviendas ocupadas efectuadas por las
demandadas, se realizaron bajo el respeto del debido proceso. En términos
generales la Administración Municipal ha desarrollado distintos programas de
vivienda a los cuales se puede tener acceso cumpliendo con los trámites
administrativos diseñados para obtener la inclusión en los proyectos de interés
social y así recibir el respectivo subsidio. Sin embargo, no obra en el
plenario prueba alguna conforme a la cual se demuestre la gestión de los
accionantes ante el Municipio en aras de acceder a los beneficios de algún
programa de vivienda. (Con excepción de dos casos en particular, en los que
pese a que se elevó la solicitud, la Administración Municipal no dio respuesta).
En consecuencia, es necesario que
los peticionarios, utilizando los canales regulares, tramiten su inclusión en
los programas sociales que existan para acceder a ellos, en igualdad de
condiciones con otras personas que a su vez se encuentren en situación de
vulnerabilidad y en los términos previstos en los proyectos creados para dicha
finalidad.
8.5. Ahora bien, el hecho de que
el municipio demandado, en la actualidad, no cuente con disponibilidad para
ofrecer a los accionantes los beneficios de los programas destinados a otorgar
subsidios y ayudas complementarias para obtener vivienda de interés social no
significa que esté relevada de estudiar, de manera particular, la situación de cada
demandante y de instruirlos en torno a cómo acceder a dichos programas
informándoles con precisión los pasos a seguir, los requisitos que debe llenar
y los tiempos que demanda el trámite respectivo. Por ende se ordenará al ente
territorial demandado que no sólo atienda la anterior instrucción sino que,
además, brinde a aquellos accionantes que pertenezcan a grupos de especial
condición de vulnerabilidad que se especificarán en numerales posteriores, una ayuda
temporal, de ser necesario, en el evento de que no hayan podido superar su
situación de carencia absoluta de vivienda, luego de que se evalúe su condición
actual.
8.6. Decisiones a tomar en
cada caso.
8.6.1. T-3242627 (Luis
Gonzaga Gañán Gañán)
El
peticionario es una persona de 43 años, quien al parecer no logró demostrar su
situación de vulnerabilidad.
Pese a haber
argumentado que desde hace 19 meses está ejerciendo actos de posesión en el
predio invadido, tal como se expuso a lo largo de la presente providencia, solo
se tuvo conocimiento de la invasión del terreno a mediados del mes de mayo del
2011 cuando se evidenció una importante tala de especies nativas en la zona de
especial importancia ecológica catalogada como espacio público de la que fue
desalojado.
En el
expediente se constata que el desalojo se llevó a cabo con el respeto del
debido proceso y pese a habérsele informado sobre los recursos que procedían
contra la orden, en ningún momento los ejerció ni probó el tiempo que aduce
llevar en el predio.
A folio 157
de cuaderno de instancia en la audiencia pública de recepción de testimonio el
accionante indicó que no tiene ninguna propiedad a su nombre, que devenga un
promedio mensual de $ 250.000, que nunca ha solicitado a la Alcaldía de Pereira
su inclusión en los planes de vivienda y que efectivamente fue notificado sobre
la diligencia de desalojo.
El Juzgado
Primero Civil Municipal de Pereira, mediante providencia proferida el 14 de
septiembre de 2011 niega “por improcedente la presente acción de tutela
instaurada por el señor Luis Gonzaga Gañán Gañán en nombre
propio, frente al Municipio de Pereira, Secretaría de Gobierno Municipal,
Secretaría de Control Físico, señor Ernesto Castaño Isma, Inspector Once de
Policía Municipal de Boston, y la Sociedad de Mejoras de Pereira, esta última
vinculada de oficio, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
Segundo:
EXORTAR al Municipio de Pereira, para que analice las condiciones socio
económicas del demandante, en procura de informarle sobre los requisitos que
éste debe cumplir en procura de ser incluido dentro de los programas de
vivienda con que cuente el Ente Territorial. ”[98]
De acuerdo
con lo anterior, esta Sala procederá a confirmar la decisión de instancia. Sin
embargo, en razón a que el juez omitió la posibilidad de brindarle al
accionante información sobre la manera de acceder a los programas de vivienda,
y a que constantemente se incurre en este tipo de situaciones (invasión ilegal)
precisamente por el desconocimiento de las políticas que buscan suplir esas
necesidades; se procederá a adicionar la sentencia, ordenando a la Alcaldía
Municipal de Pereira, que analice las condiciones socio económicas del
demandante, y le brinde información sobre: (i) los requisitos que debe cumplir junto
con su familia, para ser incluido dentro de los programas de vivienda dispuestos
por la entidad territorial, el departamento, y/o la nación; (ii) los
requerimientos para acceder a créditos de vivienda de interés social y (iii) los
programas de generación de ingresos previstos en la entidad territorial, el
departamento y la nación.
8.6.2.
T-3242628 (Luz Stella Villa Ordóñez)
La señora
Luz Stella es una persona de 48 años que se encuentra clasificada en nivel 2
del sisben. Aduce ser madre cabeza de familia y tener un hijo de 13 años de
edad. Adicionalmente informa que esta a cargo de sus padres.
Sin embargo
en el plenario no allega prueba alguna que acredite dicha situación y demuestre
una condición precaria por parte de la peticionaria.
Pese a
indicar que lleva habitando en el predio alrededor de un mes y medio, no
aparece dentro del censo realizado por la autoridad territorial.[99]
El Juzgado
Primero Civil Municipal de Pereira, mediante providencia proferida el 14 de
septiembre de 2011 niega “por improcedente la presente acción de tutela
instaurada por la señora Luz Stella Villa Ordoñez en nombre propio,
frente al Municipio de Pereira, Inspector Once de Policía Municipal de Boston,
y la Sociedad de Mejoras de Pereira, estos dos últimos vinculados de oficio,
conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo:
EXORTAR al Municipio de Pereira, para que analice las condiciones socio
económicas de la demandante, en procura de informarle sobre los requisitos que
ésta debe cumplir en procura de ser incluida dentro de los programas de
vivienda con que cuente el Ente Territorial. ”[100]
De acuerdo
con lo anterior, la Sala procederá a confirmar la decisión. No obstante, pese a
que la peticionaria no logra demostrar su situación de vulnerabilidad, salta a
la vista el problema social que se origina en el municipio de Pereira y que se
intensifica día a día, debido a la falta de información a los administrados
sobre la manera de acceder los proyectos de vivienda.
Por tanto, la
Sala procederá a adicionar la Sentencia, ordenando a la alcaldía municipal de
Pereira que analice las condiciones socioeconómicas de la demandante y le
brinde información sobre: (i) los requisitos que debe cumplir junto con su
familia, para ser incluido dentro de los programas de vivienda dispuestos por
la entidad territorial, el departamento, y/o la nación; (ii) los requerimientos
para acceder a créditos de vivienda de interés social y (iii) los programas de
generación de ingresos previstos en la entidad territorial, el departamento y
la nación.
8.6.3.
T-3242633 (Doris Restrepo Carvajal)
Indica que
habita en el predio desde hace 12 meses junto con sus 5 hijos y un nieto; sin
embargo, no allega ninguna prueba al respecto.
A lo largo
del proceso, solamente se limita a manifestar que es una persona de 49 años de
edad pero no logra comprobar que se encuentra en una situación de
vulnerabilidad.
A folio 13
se observa que está clasificada en sisbén nivel 2 y que fue encuestada el 29 de
enero del 2010 en el barrio la Unidad que está ubicado en la zona urbana del
municipio de Pereira. Por ello, dicha situación lleva inferir que al parecer la
peticionaria y su familia ya cuentan con una vivienda.
Indica que
no fue notificada sobre el desalojo. Pese a ello, a folio 16 y 17 del cuaderno
de instancia en “AUDIENCIA DE DECLARACIÓN EN ACCIÓN DE TUTELA” expresó
lo siguiente:
“PREGUNTANDO:
Informe al Juzgado si la Oficina de Control físico o cualquier otra entidad
le informó de la demolición que iba a llevarse a cabo en la invasión del
Vergel. CONTESTÓ: A mi no me informaron, se avisó para la parte de
arriba pero para la parte de debajo de donde yo vivo no nos informaron nada. PREGUNTANDO:
Informe al Juzgado de quien es el terreno donde usted tenía construida su
vivienda. CONTESTÓ: dicen que eso es del zoológico y que eso es un
sendero ecológico. PREGUNTANDO: Informe al Juzgado si usted ha asistido
a las dependencias de la Alcaldía Municipal a solicitar que se le incluya en
algún plan de vivienda. CONTESTÓ: no, yo no he ido, sinceramente yo no
he ido. PREGUNTANDO: Dentro del escrito de tutela que usted presentó
solicita que la Alcaldía de respuesta y le brinde una solución de vivienda,
para llevar una vida con su familia. A que clase de solicitud hace referencia. CONTESTÓ:
seguramente la solicitud la llevaron los otros compañeros, pero yo no he
hecho ningún tipo de solicitud, pero los que estamos ahí no hablamos por uno
sino por todos, por la necesidad de que tienen todos de la casa. PREGUNTANDO:
tiene algo más que agregar. CONTESTÓ: que el alcalde nos mande
ayudas como comidas cobijas, toldillos y medicina, porque hay niños enfermos y
que nos conteste si nos va dejar ahí o nos va a reubicar, pues eso antes era un
monte.”
Sin embargo,
tiene conocimiento sobre la naturaleza del bien objeto de invasión, acepta que
se dio notificación sobre la diligencia (aviso a personas indeterminadas) e
informa que no ha acudido ante la Alcaldía municipal para solicitar la
inclusión dentro de los programas de vivienda de interés social.
El Juzgado
Cuarto Civil Municipal de Pereira, mediante providencia proferida el 19 de
septiembre de 2011, falla “no tutelar a la señora DORIS RESTREPO CARVAJAL
los derechos constitucionales fundamentales, a la vivienda digna por las
razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia”
Ante la
situación prescrita, esta Sala procederá a confirmar la acción de tutela, bajo
el entendido de que en el presente caso no se configuró la vulneración de los
derechos fundamentales invocados por la accionante.
Sin embargo,
dado que en este caso el juez de instancia no consideró la posibilidad de
brindarle a la accionante información sobre la manera de acceder a los
programas de vivienda dispuestos por el ente territorial, el departamento y/o
la nación, se procederá a adicionar la sentencia ordenando a la Alcaldía Municipal
que analice las condiciones socio económicas de la demandante, y le brinde
información sobre: (i) los requisitos que debe cumplir junto con su familia,
para ser incluida dentro de los programas de vivienda dispuestos por la entidad
territorial, el departamento, y/o la nación; (ii) los requerimientos para
acceder a créditos de vivienda de interés social y (iii) los programas de
generación de ingresos previstos en la entidad territorial, el departamento y
la nación.
8.6.4. T-3242634 (Raúl
Cardona)
Aunque el señor Raúl Cardona
adujo inicialmente que llevaba habitando el lote propiedad de la Sociedad de
Mejoras de Pereira según él desde hace 8 meses, en un interrogatorio realizado
con posterioridad por el juzgado de instancia, el señor Cardona manifestó que
lleva viviendo 2 años y medio en Santa Rosa de Cabal porque su hijo estudia
allí.
A folio 13 se
puede corroborar también, que de acuerdo con lo que el mismo afirma, en ningún
momento ha solicitado ante la Alcaldía de Pereira ser incluido en alguno de los
planes de vivienda.
En
consecuencia, de las pruebas se concluye que el señor Cardona no es un sujeto
de especial protección constitucional, relata de manera contradictoria su
solicitud de protección y ni siquiera existe prueba de que en realidad
estuviese ocupando el predio.
De otro lado
es de aclarar que por la naturaleza del bien no hay lugar a reclamar derechos sobre
el predio de ninguna clase.
El Juzgado
Cuarto Civil Municipal de Pereira, mediante providencia proferida el 19 de
septiembre de 2011 decide “no tutelar al señor Raúl Cardona los derechos
constitucionales fundamentales, a la vivienda digna por las razones expuestas
en la parte considerativa de esta providencia”
En este caso
la Sala confirmará la decisión proferida por el a quo. Ahora bien, dado que el
juez de instancia no consideró la posibilidad de brindarle al accionante
información sobre la manera de acceder a los programas de vivienda dispuestos
por el ente territorial y a que es por el desconocimiento de este tipo de
políticas que la población incurre constantemente en situaciones de invasión
ilegal.
En
consecuencia, se procederá a adicionar la sentencia, ordenando a la Alcaldía Municipal
que analice las condiciones socio económicas del demandante, y le brinde
información sobre (i) los requisitos que debe cumplir junto con su familia,
para ser incluido dentro de los programas de vivienda dispuestos por la entidad
territorial, el departamento, y/o la nación; (ii) los requerimientos para
acceder a créditos de vivienda de interés social y (iii) los programas de
generación de ingresos previstos en la entidad territorial, el departamento y
la nación.
8.6.5.
T-3242639 (Johan Stiven García Cuervo)
El señor
Johan Stiven es una persona de 25 años que relata que desde hace 8 meses
construyó su casa en madera y lona en el sector de “El Vergel”, en donde
vive con su esposa y su hija de 20 meses de edad.
Pese a las
afirmaciones del peticionario no se evidencia en el plenario prueba que indique
la condición alegada.
Por el
contrario, se observa que fue notificado de los desalojos y se le siguió el
debido proceso. La única prueba que allega es su cédula de ciudadanía.
De igual
forma, se constata que ni ha agotado los recursos frente a la diligencia de
desalojo, ni ha solicitado ante la Administración Municipal su inclusión en los
planes de vivienda.
En cuanto al
tiempo que alega llevar en el lote declarado como de especial importancia
ecológica, no es relevante por cuanto en este caso no se configura la confianza
legítima y no es posible la declaratoria de derechos sobre el predio en razón a
su naturaleza.
El Juzgado
Tercero Penal Municipal para adolescentes con funciones de Control de Garantías
de Pereira (Risaralda) mediante sentencia del 14 de septiembre de 2011, “Declara
que el Alcalde Municipal de Pereira no ha incurrido en violación del derecho
fundamental a la vivienda digna del señor Johan Stiven García.”
Por lo
anterior la Sala confirma la decisión proferida por el a quo. Sin embargo, dado
que el juez de instancia omitió la posibilidad de brindarle al accionante
información sobre la manera de acceder a los programas de vivienda dispuestos
por el ente territorial, y a que constantemente se incurre en este tipo de
situaciones (invasión ilegal) precisamente por la omisión de la administración
de brindar orientación a los ciudadanos al respecto, se procederá a adicionar
la sentencia, ordenando a la Alcaldía Municipal que analice las condiciones
socio económicas del demandante, y le brinde información sobre (i) los requisitos
que debe cumplir junto con su familia, para ser incluido dentro de los
programas de vivienda dispuestos por la entidad territorial, el departamento,
y/o la nación; (ii) los requerimientos para acceder a créditos de vivienda de
interés social y (iii) los programas de generación de ingresos previstos en la
entidad territorial, el departamento y la nación.
8.6.6. T-3245542 (Alexandra
Guillén Pérez)
La peticionaria
es una persona de 32 años que alega la posesión del bien invadido.
No hace
mención sobre situaciones particulares de vulnerabilidad. Solamente indica su
necesidad de acceder a una vivienda.
El Juzgado
Tercero Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Pereira Risaralda,
mediante providencia proferida el 15 de septiembre de 2011, niega “la acción
de amparo invocada por la señora ALEXANDRA GUILLÉN PÉREZ, en contra de la
Alcaldía Municipal de Pereira, la Secretaría de Gobierno Municipal, la Oficina de
Control Físico de la Alcaldía del Municipio de Pereira, el Inspector Once de
Policía de Pereira y la Sociedad de Mejoras de Pereira, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.”[101]
Con base en lo
anteriormente descrito, y a que en el presente asunto no se configuró una
vulneración de los derechos fundamentales invocados por la accionante, esta
Sala procederá a confirmar la decisión tomada por el a quo.
No obstante,
en consideración a que es por la falta de información sobre los medios de
acceder a una vivienda digna que muchas de las personas de escasos recursos
acuden a vías de hecho para invadir de manera ilegal zonas como la que ahora es
objeto de conflicto, esta Sala procederá a adicionar la sentencia, ordenando a la
Alcaldía Municipal que analice las condiciones socio económicas de la
demandante, y le brinde información sobre (i) los requisitos que debe cumplir
junto con su familia, para ser incluido dentro de los programas de vivienda
dispuestos por la entidad territorial, el departamento, y/o la nación; (ii) los
requerimientos para acceder a créditos de vivienda de interés social y (iii)
los programas de generación de ingresos previstos en la entidad territorial, el
departamento y la nación.
8.6.7. T-3245543 (Maria
Noralba Londoño Cardona)
La
accionante es una persona de 45 años que indica ser de escasos recursos y que
habita en el predio junto con su esposo y dos hijos desde hace 7 meses.
Pese a su afirmación,
no se observan dentro del expediente pruebas que acrediten que la peticionaria y
los miembros de su núcleo familiar se encuentren en un estado vulnerabilidad
que amerite su inmediata protección.
Igualmente,
como reiteradamente se ha dicho, en este caso no procede la declaratoria de
derechos sobre el predio en razón a su naturaleza.
El Juzgado
Tercero Penal Municipal con Funciones de conocimiento mediante providencia del
15 de septiembre de 2011 decide “NEGAR la acción de amparo invocada
por la señora MARÍA NORALBA LONDOÑO CARDONA, en contra del Municipio de
Pereira, la Sociedad de Mejoras de Pereira y la CARDER, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO:
A la accionante le queda la vía de la jurisdicción Contenciosa
Administrativa y/o Civil para demandar a quien considere, le está violando los
derechos que invoca”
Dada la
situación anteriormente descrita, y a que en el presente asunto no se configuró
una vulneración de los derechos fundamentales invocados por la accionante, esta
Sala procederá a confirmar la decisión tomada por el a quo.
No obstante
lo anterior, en consideración a que es por la falta de información sobre los
medios de acceder a una vivienda digna que muchas de las personas de escasos
recursos acuden a vías de hecho para invadir de manera ilegal aquellas zonas
como la que ahora es objeto de conflicto (de especial importancia ecológica y
de riesgo potencial por ser aledañas a los cuerpos hídricos), esta Sala
procederá a adicionar la sentencia, ordenando a la Alcaldía Municipal que
analice las condiciones socio económicas de la demandante, y le brinde
información sobre (i) los requisitos que debe cumplir junto con su familia,
para ser incluido dentro de los programas de vivienda dispuestos por la entidad
territorial, el departamento, y/o la nación; (ii) los requerimientos para
acceder a créditos de vivienda de interés social y (iii) los programas de
generación de ingresos previstos en la entidad territorial, el departamento y
la nación.
8.6.8. T-3245544 (Maria
Lucélia Gañán Gañán)
La
peticionaria es una persona de 40 años que indica que lleva ejerciendo la
posesión del bien invadido desde hace 6 meses, lo cual como ya se dijo, no es
procedente frente a la naturaleza del inmueble.
Indica ser
de escasos recursos, sin embargo no logra demostrarlo a lo largo del proceso. De
acuerdo con el plenario se verifica que no tiene personas a cargo ni cumple con
los requisitos para considerar que se encuentra en estado de vulnerabilidad.
El Juzgado
Tercero Penal Municipal con funciones de Conocimiento de Pereira, mediante
sentencia proferida el 15 de septiembre de 2011, decide “NEGAR la
acción de amparo invocada por la señora MARÍA LUCELIA GAÑÁN GAÑÁN, en
contra de la Alcaldía Municipal de Pereira, la Secretaría de Gobierno
Municipal, la Oficina de Control Físico del Municipio de Pereira, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO:
A la accionante le queda la vía de la jurisdicción Contenciosa
Administrativa y/o Civil para demandar a quien considere, le está violando los
derechos que invoca”
Dada la
situación anteriormente descrita, y a que al parecer en el presente asunto no
se configuró una vulneración de los derechos fundamentales invocados por la
accionante, esta Sala procederá a confirmar la decisión tomada por el a quo.
No obstante
lo anterior, en consideración a que es por la falta de información sobre los
medios de acceder a una vivienda digna que muchas de las personas de escasos
recursos acuden por vías de hecho a suplir de manera ilegal sus necesidades de
vivienda, esta Sala procederá a adicionar la sentencia, ordenando a la Alcaldía
Municipal que analice las condiciones socio económicas de la demandante, y le
brinde información sobre (i) los requisitos que debe cumplir junto con su
familia, para ser incluida dentro de los programas de vivienda dispuestos por
la entidad territorial, el departamento, y/o la nación; (ii) los requerimientos
para acceder a créditos de vivienda de interés social y (iii) los programas de
generación de ingresos previstos en la entidad territorial, el departamento y
la nación.
8.6.9. T-3245560 (Jaime
Daniel Pérez Sandoval)
El peticionario es una persona de
24 años, que manifiesta llevar ejerciendo la posesión del bien desde hace 10
meses, sin embargo, tal y como se adujo en un principio no hay lugar a dicha afirmación
dadas las características del bien invadido.
Informa que tiene dos hijos que
no viven con él, que es soltero y se encuentra desempleado. A folio 24 del
cuaderno de instancia en la declaración rendida al juez de tutela indica que es
de la ciudad de Bogotá, que llegó a Pereira hace aproximadamente un año y que
desde hace 10 meses se fue a vivir al predio del que fue desalojado.
A lo largo del proceso no
acreditó una situación que conlleve a concluir que se le han conculcado los
derechos invocados.
Juzgado
Segundo Penal Municipal para Adolescentes con Funciones de Control de Garantías
mediante sentencia proferida el 16 de septiembre, falla “NO TUTELAR los
derechos fundamentales invocados por el señor JAIME DANIEL PÉREZ SANDOVAL, por
lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.”[102]
En razón a la
situación anteriormente descrita, y a que en el presente asunto no se configuró
una vulneración de los derechos fundamentales invocados por el accionante, esta
Sala procederá a confirmar la decisión tomada por el a quo.
No obstante
lo anterior, en consideración a que es por la falta de información sobre los
medios de acceder a una vivienda digna que muchas de las personas de escasos
recursos optan por las vías de hecho para suplir sus necesidades de vivienda,
esta Sala procederá a adicionar la sentencia, ordenando a la Alcaldía Municipal
que analice las condiciones socio económicas del demandante, y le brinde
información sobre (i) los requisitos que debe cumplir junto con su familia,
para ser incluido dentro de los programas de vivienda dispuestos por la entidad
territorial, el departamento, y/o la nación; (ii) los requerimientos para
acceder a créditos de vivienda de interés social y (iii) los programas de
generación de ingresos previstos en la entidad territorial, el departamento y
la nación.
8.6.10. T-3245561
(Dollis Andrea Asprilla Moreno)
Por problemas de violencia la
peticionaria se vio obligada a desplazarse desde el municipio de Itsmina Chocó
junto con su familia conformada por: su hijo de dos años, sus hermanos Sandra
patricia (quien tienen una hija de 4 meses) y Manuel Augusto.
Tanto ella como su hermana
trabajan en casas de familia y su hermano en labores de construcción. Por la
inestabilidad de sus trabajos no cuentan con recursos suficientes para procurar
su manutención.
Llevaban habitando en el predio
propiedad de la Sociedad de Mejoras de Pereira desde hacía 8 meses.
Sin embargo, pese a las
condiciones de la tutelante, en este caso, la Sala estima que no es posible
acceder a la solicitud de la actora de impedir el lanzamiento ordenado en el
proceso policivo en curso, de igual manera, tampoco es posible declarar derechos
sobre el predio invadido por las razones ya expuestas en acápites anteriores.
Efectivamente, considera la Corte
que si así procediera un juez de tutela en un caso similar, tendería un manto
de aparente legitimidad sobre una conducta ilegal. Conducta que no deja de ser
contraria a derecho, por más apremiantes que resulten circunstancias calamitosas
e inconstitucionales como la de ser víctima del delito de desplazamiento
forzado.
Reitera entonces la Corte, que la
condición de desplazada de la demandante no la autoriza per se para la
comisión de comportamientos contrarios al ordenamiento jurídico. Sin embargo,
ello no quiere decir que la tutelante y su núcleo familiar no tengan derecho a
que se les garanticen sus derechos a la vivienda digna, de una forma distinta a
como ella pretende.
La pregunta es, entonces, ¿cómo
sería posible que el juez de tutela garantice ese derecho invocado por la
peticionaria, si no es por la vía de impedir que se adelante el proceso
policivo de lanzamiento por ocupación de hecho?
Encuentra la Sala, que la tutelante
y su núcleo familiar tienen derecho a que en el evento en que no se encuentren
ya en un lugar apto para vivir, se les asegure un albergue provisional, para
garantizarles una estadía digna.
Tal necesidad se deduce, no del
hecho de poder ser desalojados, sino en razón a tener la condición de
desplazados. A este respecto conviene recordar la Sentencia T-078 de 2004,
citada en el fundamento 5 de la presente providencia, en el que la Corte ordenó
ofrecerle albergue temporal a unas familias de personas desplazadas por la
violencia, que habían sido lanzadas de un bien inmueble.
En ese sentido, la Corte
Constitucional procederá en primer lugar a confirmar parcialmente la sentencia
de instancia,[103]
(en lo concerniente a que no hay lugar a la protección por cuanto no existió
violación del debido proceso durante el desalojo), y en su lugar concederá el
amparo del derecho de acceso a opciones de vivienda digna por la especial
condición de desplazada que ostenta la señora Dollis Andrea Asprilla Moreno.
De igual manera, dada la
situación de urgencia de la accionante, esta Sala ordenará al Municipio de Pereira
que adelante las gestiones indispensables con las entidades que considere
necesario, para proveerles a la peticionaria y a su núcleo familiar, en el
término máximo de quince (15) días, un albergue temporal hasta tanto puedan
resultar las condiciones que hagan posible su traslado hacia otro lugar que
cuente, con los elementos indispensables de una vivienda en condiciones dignas.
De otra parte, la Sala aclara que
en razón a que la accionante y núcleo familiar tienen derecho a que se les
garantice la participación en los procesos de adjudicación de subsidios de
vivienda dispuestos para las personas en condición de desplazamiento, (claro
está, sin que eso implique desplazar a las personas que están en lista de
espera),[104]
será necesario ordenar al Municipio de Pereira, que en el término máximo de
quince (15) días, contados a partir de la comunicación de la presente
providencia, analice la situación particular de la peticionaria y su núcleo
familiar, y adelante las diligencias indispensables para garantizarle la participación
en dichos procesos.
8.6.11. T-3246908
(María Doralba Bueno Gutiérrez)
La señora
María Doralba en su escrito de tutela sostuvo que estuvo viviendo en el predio
del cual fue expulsada desde hace 5 meses junto con su hija de 19 años y sus
padres de 62 (madre[105])
y 69 (padre[106])
años.
Aduce que es
una persona de escasos recursos, que trabaja como empleada doméstica y es la
encargada del hogar.
Sin embargo,
a folio 7 del cuaderno de instancia se observa el listado del histórico del
Sisben en el que aparece censada recientemente junto con su familia en una
vivienda del barrio Serranía alto del Nudo del Municipio de Dos Quebradas
Risaralda.
No se
considera sujeto de especial protección constitucional, se le respetó el debido
proceso, nunca ha solicitado ante la Alcaldía de Pereira su inclusión en los
planes de vivienda de la entidad territorial y no interpuso ningún recurso ante
la diligencia de desalojo.
El Juzgado
Primero Civil Municipal de Pereira Risaralda mediante sentencia proferida el 16
de septiembre de 2011, falla “NEGAR por improcedente la presente
acción de tutela instaurada por la señora María Doralba Bueno Gutiérrez en
nombre propio, frente al Municipio de Pereira y la Sociedad de Mejoras de
Pereira, ésta última vinculada de oficio, conforme a la parte motiva de esta
providencia.
Segundo:
EXHORTAR al Municipio de Pereira, para que analice las condiciones socio
económicas de la demandante, en procura de informarle sobre los requisitos que
ésta debe cumplir en procura de ser incluida dentro de los programas de
vivienda con que cuente el Ente Territorial.”
En consecuencia,
esta Sala procederá a confirmar la decisión. No obstante lo anterior, en
consideración a que es por la falta de información sobre los medios de acceder
a una vivienda digna que muchas de las personas de escasos recursos optan por
las vías de hecho para suplir sus necesidades de vivienda, esta Sala procederá
a adicionar la sentencia, ordenando a la Alcaldía Municipal que analice las
condiciones socio económicas de la demandante, y le brinde información sobre (i)
los requisitos que debe cumplir junto con su familia, para ser incluida dentro
de los programas de vivienda dispuestos por la entidad territorial, el
departamento, y/o la nación; (ii) los requerimientos para acceder a créditos de
vivienda de interés social y (iii) los programas de generación de ingresos
previstos en la entidad territorial, el departamento y la nación.
8.6.12. T-3246911
(María del Rosario Pescador Pescador)
La
accionante es una persona de 69 años que indica ser desempleada y no tener
recursos. Pese a que aduce vivir con tres cuñadas, su hermana y dos niños, no
aporta ninguna prueba que demuestre tales afirmaciones.
Aduce llevar
dos meses en la invasión del predio, por tanto, no hay lugar a pensar que en su
caso se configura confianza legítima alguna, no aparece en el censo realizado
por la autoridad territorial, en ningún momento ha solicitado su inclusión
dentro de los planes de vivienda previstos por la Alcaldía de Pereira, y como
se dijo con anterioridad, durante el proceso de desalojo se le respetó el
debido proceso a todos los ocupantes irregulares.
El Juzgado
Octavo Civil Municipal de Pereira, mediante sentencia proferida el 13 de
septiembre de 2011, decide “NEGAR por improcedente la tutela solicitada por
la señora MARÍA DEL ROSARIO PESCADOR PESCADOR, por lo expuesto en la parte
motiva.”
Por lo
anterior, esta Sala procederá en primer lugar a confirmar la acción de tutela,
bajo el entendido de que en el presente caso no se configuró una vulneración de
los derechos fundamentales invocados por la accionante.
Sin embargo,
dado que en este asunto el juez de instancia no consideró la posibilidad de
brindarle a la accionante información sobre la manera de acceder a los
programas de vivienda dispuestos por el ente territorial y a que dicha omisión de
la administración es una de las causas más relevantes en el incremento de las
invasiones ilegales, esta Sala procederá a adicionar la sentencia, ordenando a la
Alcaldía Municipal que analice las condiciones socio económicas de la
demandante, y le brinde información sobre (i) los requisitos que debe cumplir
junto con su familia, para ser incluida dentro de los programas de vivienda
dispuestos por la entidad territorial, el departamento, y/o la nación; (ii) los
requerimientos para acceder a créditos de vivienda de interés social y (iii)
los programas de generación de ingresos previstos en la entidad territorial, el
departamento y la nación.
8.6.13. T-3246913
(Giraldo Henao Cifuentes)
El señor
Giraldo Henao Cifuentes, es una persona de 49 años de edad, no tiene personas a
cargo, e indica no tener recursos. Sin embargo a lo largo del proceso no logra
demostrar la existencia de una precaria situación económica.
Pese a haber
argumentado que desde hace 24 meses está ejerciendo actos de posesión en el
predio propiedad de la Sociedad de Mejoras de Pereira, tal como se dijo en el
desarrollo de la presente providencia, solo se tuvo conocimiento de la invasión
del terreno a mediados del mes de mayo del 2011 cuando se evidenció una
importante tala de especies nativas en esta zona de especial importancia
ecológica catalogada como espacio público.
Se constata
que se le respetó el debido proceso y pese a habérsele informado sobre los
recursos que procedían contra la orden de desalojo, en ningún momento los
ejerció ni probó el tiempo que aduce llevar en el predio. Adicionalmente, la
Sala aclara que en el presente asunto, no se acredita una situación de
vulnerabilidad.
El Juzgado
Octavo Civil Municipal de Pereira, mediante sentencia proferida el 13 de
septiembre de 2011, decide “NEGAR por improcedente la tutela solicitada por
el señor GIRALDO HENAO CIFUENTES, por lo expuesto en la parte motiva.”
En razón a
los hechos prescritos, esta Sala procederá en primer lugar a confirmar la
decisión del a quo. Sin embargo, se debe aclarar que, pese a que el accionante
no probó que es un sujeto de especial protección constitucional, e igualmente,
que no existió en este caso una violación de sus derechos fundamentales; ello
no es óbice para que la Alcaldía se abstenga de brindar información sobre el
acceso a la vivienda.
En esa
medida, esta corporación procederá a adicionar la sentencia, ordenando a la Alcaldía
Municipal que analice las condiciones socio económicas del accionante, y le
brinde información sobre (i) los requisitos que debe cumplir junto con su
familia, para ser incluido dentro de los programas de vivienda dispuestos por
la entidad territorial, el departamento, y/o la nación; (ii) los requerimientos
para acceder a créditos de vivienda de interés social y (iii) los programas de
generación de ingresos previstos en la entidad territorial, el departamento y
la nación.
8.6.14. T-3246919
(Luz Marina Betancur Melchor)
En el presente caso la
peticionaria además de ser desplazada por la violencia del municipio de
Riosucio (Cáldas) pertenece a la étnia Embera-Chami y es madre cabeza de
familia de 5 hijos de lo cual hay plena prueba en el expediente.
En esa medida, está más que
comprobada su situación de múltiple calidad de sujeto de especial protección.
Sin embargo, en este caso, la
Sala estima que no es posible acceder a la solicitud de la actora de impedir el
adelantamiento del lanzamiento en el proceso policivo en curso, ni tampoco procede
la declaratoria de derechos sobre el predio invadido por las razones ya
expuestas en acápites anteriores.
Efectivamente, considera la Corte
que si así procediera un juez de tutela en un caso similar, dicha actuación tendería
un manto de aparente legitimidad sobre una conducta ilegal de ocupación de un
predio privado que además es considerado como reserva ecológica.
En consecuencia, dicha conducta
no deja de ser contraria a derecho, por más apremiantes que resulten
circunstancias calamitosas e inconstitucionales como la de ser víctima del
delito de desplazamiento forzado, madre cabeza de familia e indígena.
Reitera entonces la Corte, que la
múltiple condición de vulnerabilidad de la demandante no la autoriza per se para
la comisión de comportamientos contrarios al ordenamiento jurídico. Sin
embargo, ello no quiere decir que la tutelante y su núcleo familiar no tengan
derecho a que se les garanticen sus derechos a la vivienda digna, de una forma
distinta a la solicitada en el escrito inicial de tutela.
En esa medida, encuentra la Sala,
que la tutelante y su núcleo familiar tienen derecho a que en el evento en que
no se encuentren ya en un lugar apto para vivir, se les asegure un albergue
provisional, para garantizarles una estadía digna.
Esta necesidad se deduce, no del
hecho de poder ser desalojadas como tal, sino en razón a como ya se dijo, del
estado de múltiple situación de vulnerabilidad.
En ese sentido, la Corte
Constitucional procederá en primer lugar a confirmar parcialmente la sentencia proferida
el 16 de septiembre de 2011 por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de
Pereira,[107]
que a su vez confirmó la emitida el 28 de julio de 2011 por el Juzgado Octavo
Civil Municipal de la misma ciudad,[108]
en lo referente a que:
(i) . No es procedente
en este caso la acción de tutela para detener el desalojo, por cuanto no existe
una vulneración al debido proceso de desahucio.
(ii)   . No es
procedente la ocupación del inmueble en razón a su naturaleza (propiedad
privada y en cuanto fue declarado un bien de uso público de especial importancia
ecológica).
(iii) . Y finalmente en
lo referente a la obligación que tiene la Secretaría de Gestión Inmobiliaria
Municipal, de dar contestación sobre la solicitud elevada por la peticionaria,
para poder acceder a un subsidio o plan de vivienda.
Sin embargo, de acuerdo con las
particularidades del presente asunto, esta Sala considera necesario adicionar a
dicha decisión algunas otras órdenes y conceder el amparo del derecho de acceso
a opciones de vivienda digna de la cual es merecedora la tutelante, en razón a
su especial condición de desplazada, madre cabeza de familia e indígena.
En consecuencia se ordenará al
Municipio de Pereira que adelante las gestiones indispensables con las entidades
que considere necesario, para proveerles a la peticionaria y a su núcleo
familiar, en el término máximo de quince (15) días, un albergue temporal
provisional hasta tanto puedan resultar las condiciones que hagan posible su
traslado hacia otro lugar en el que cuente con los elementos indispensables de
una vivienda en condiciones dignas.
De otra parte, la Sala aclara que
la accionante y su núcleo familiar tienen derecho a que se les garantice la
participación en los procesos de adjudicación de subsidios de vivienda
dispuestos para las personas en condición de desplazamiento y que además
pertenecen a una etnia indígena, claro está, sin que eso implique desplazar a
las personas que están en iguales condiciones en la lista de espera.
Adicionalmente, esta corporación
ordenará al Municipio de Pereira, que en el término máximo de quince (15) días,
contados a partir de la comunicación de la presente providencia, analice la
situación particular de la peticionaria y su núcleo familiar, y de igual modo
adelante las diligencias indispensables para garantizarle la participación en
dichos procesos con continuo acompañamiento.
8.6.15. T-3246924
(Yasmin González Isaza)
La
peticionaria es una persona de 36 años que aduce tener a su cargo una hija
menor de 10 años y un hijo mayor de edad. Sin embargo no logra convalidar dicha
afirmación.
No se
evidencia prueba alguna en el expediente con la que se acredite la condición
alegada, ni hace parte del censo realizado por la Alcaldía de Pereira.
En esa
medida, no logra demostrar su condición de vulnerabilidad, ni prueba que haya
estado dentro del predio.
El Juzgado
Segundo Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías
de Pereira, mediante providencia emitida el 16 de septiembre de 2011, decide “NO
TUTELAR el derecho a la vivienda digna invocado por la señora YASMIN GONZÁLEZ
ISAZA por lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia”
Con ocasión
a los hechos prescritos, esta Sala procederá en primer lugar a confirmar la
decisión del juez de instancia. Sin embargo, se debe aclarar que pese a que la
accionante no probó que es un sujeto de especial protección constitucional, e
igualmente, que no existió en este caso una violación de sus derechos
fundamentales; ello no es óbice para que la Alcaldía se abstenga de brindarle
información sobre el acceso a la vivienda.
En esa
medida, esta corporación procederá a adicionar la sentencia, ordenando a la Alcaldía
Municipal que analice las condiciones socio económicas de la accionante, y le
brinde información sobre (i) los requisitos que debe cumplir junto con su
familia, para ser incluida dentro de los programas de vivienda dispuestos por
la entidad territorial, el departamento, y/o la nación; (ii) los requerimientos
para acceder a créditos de vivienda de interés social y (iii) los programas de
generación de ingresos previstos en la entidad territorial, el departamento y
la nación.
8.6.16. T-3246925
(Lady Johanna Patiño)
De acuerdo
con el acervo probatorio, se constata que esta peticionaria actualmente cuenta
con una vivienda en donde habita con su esposo y sus hijas. No se
acredita una especial condición de vulnerabilidad por cuanto según afirma la misma
peticionaria en su escrito de tutela, sobreviven con los ingresos de su esposo.
Explica que
mientras ella está en la casa de su progenitora en el barrio la Unidad de
Pereira (en donde pagan arriendo), su hermano ejerce actos de posesión en el
lote propiedad de la Sociedad de Mejoras de Pereira (lo cual no es posible por
la naturaleza del bien).
Así las
cosas, no se evidencia ninguna vulneración de los derechos de la accionante y
su familia, e igualmente se encuentra probado que en la actualidad la
peticionaria cuenta con una vivienda en condiciones dignas.
El Juzgado
Segundo Penal Municipal de Adolescentes con Función de Control de Garantías de
Pereira, mediante providencia del 15 de septiembre de 2011, decide “NO
TUTELAR el derecho a la vivienda digna invocado por la señora Lady
Johanna Patiño, por lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia.”
De acuerdo
con los hechos prescritos, esta Sala procederá en primer lugar a confirmar la
decisión del juez de instancia. Sin embargo, se debe aclarar que pese a que la
accionante no probó que es un sujeto de especial protección constitucional, e
igualmente, que no existió en este caso una violación de sus derechos
fundamentales; ello no es óbice para que la Alcaldía se abstenga de brindar
información a aquellas personas que quieran acceder a vivienda.
En esa
medida, esta corporación procederá a adicionar la sentencia de instancia,
ordenando a la Alcaldía Municipal que analice las condiciones socio económicas
de la accionante, y le brinde información sobre (i) los requisitos que debe
cumplir junto con su familia, para ser incluida dentro de los programas de
vivienda dispuestos por la entidad territorial, el departamento, y/o la nación;
(ii) los requerimientos para acceder a créditos de vivienda de interés social y
(iii) los programas de generación de ingresos previstos en la entidad
territorial, el departamento y la nación.
8.6.17. T-3246927
(Vanessa Ortiz Jaramillo)
Indica que
ha ejercido la posesión desde hace 21 meses y que es una persona de escasos
recursos, sin embargo, de acuerdo con la naturaleza del bien, su ocupación es
ilegal.
De acuerdo
con el plenario se evidencia que en todo momento se le respetó el debido
proceso de desalojo. En esa medida no se observa la vulneración de algún
derecho fundamental.
La petente
no logra demostrar su situación de vulnerabilidad.
El Juzgado
Tercero Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías
mediante providencia del 13 de septiembre de 2011, resuelve “DENEGAR por
carencia actual de objeto la tutela solicitada por la señora Vanessa Ortiz
Jaramillo”[109]
Con ocasión
a los hechos prescritos, esta Sala procederá en primer lugar a confirmar la
decisión del juez de instancia. Sin embargo, se debe aclarar que pese a que la
accionante no probó ser un sujeto de especial protección constitucional, ello
no obsta para que la Alcaldía se abstenga de brindar información a aquellas
personas que quieran acceder a una vivienda en condiciones dignas.
En esa
medida, esta corporación procederá a adicionar la sentencia de instancia,
ordenando a la Alcaldía Municipal que analice las condiciones socio económicas
de la accionante, y le brinde información sobre (i) los requisitos que debe
cumplir junto con su familia, para ser incluida dentro de los programas de
vivienda dispuestos por la entidad territorial, el departamento, y/o la nación;
(ii) los requerimientos para acceder a créditos de vivienda de interés social y
(iii) los programas de generación de ingresos previstos en la entidad
territorial, el departamento y la nación.
8.6.18. T-3246928
(Héctor Fabio Córdoba Martínez)
Este peticionario tal y como el
mismo lo aduce, ni siquiera vive en el predio sino que según él, desde hace 3
meses consiguió un lote en el predio propiedad de la Sociedad de Mejoras de
Pereira declarada como zona de especial importancia ecológica en donde tenía
sembradíos y quería construir su propia vivienda.
Al respecto,
la Sala verifica que esta persona si bien no tiene vivienda propia y es de
escasos recursos, tiene acceso a una vivienda en condiciones dignas que paga
con sus ingresos.
De acuerdo con
la naturaleza del bien que invadió, no hay lugar a la posesión. Como en
múltiples ocasiones se ha expuesto, la diligencia de desalojo se llevó a cabo
respetando el debido proceso. En esa medida en este caso no se observa ninguna
vulneración a los derechos fundamentales del tutelante.
El Juzgado
Sexto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías mediante
providencia del 19 de septiembre de 2011 niega la solicitud de amparo.[110]
Por tanto,
esta Sala procederá en primer lugar a confirmar la decisión del juez de
instancia. Sin embargo, se debe aclarar que pese a que el accionante no probó
que es un sujeto de especial protección constitucional, ello no obsta para que la
Alcaldía se abstenga de brindar información a aquellas personas que quieran
acceder a subsidios o programas de vivienda previstos por el ente territorial.
En esa
medida, esta corporación procederá a adicionar la sentencia de instancia,
ordenando a la Alcaldía Municipal que analice las condiciones socio económicas
del accionante, y le brinde información sobre (i) los requisitos que debe
cumplir junto con su familia, para ser incluido dentro de los programas de
vivienda dispuestos por la entidad territorial, el departamento, y/o la nación;
(ii) los requerimientos para acceder a créditos de vivienda de interés social y
(iii) los programas de generación de ingresos previstos en la entidad
territorial, el departamento y la nación.
8.6.19. T-3251630
(John William Herrera Londoño)
El
peticionario indica que desde hace 5 meses invadió el terreno propiedad de la
Sociedad de Mejoras de Pereira y que vive junto con su esposa que está
embarazada. Sin embargo, dichas afirmaciones no son probadas en el expediente.
En este
asunto no se evidencia vulneración alguna de los derechos fundamentales
invocados y no existe ningún elemento que lleve a pensar que se le están
vulnerando sus derechos.
Por el
contrario, a folio 3 del cuaderno de instancia en fotocopia de listado del
sisbén, aparece censado el 26 de enero de 2011 en una vivienda del barrio La
Unidad de Pereira.
A folio 15 del
expediente en Audiencia de declaración de la acción de tutela recepcionada por
el juez de instancia, se constata que el peticionario tiene conocimiento sobre
la naturaleza del bien y además sobre el hecho de la notificación del desalojo,
lo cual hace concluir que se le respetó el debido proceso. Además tiene
información sobre las repercusiones que tiene el hecho de afectar un área de
especial importancia ecológica.
El Juzgado
Cuarto Civil Municipal mediante providencia del 15 de septiembre de 2011 decide
“no tutelar al señor JOHN WILLIAM LONDOÑO los derechos constitucionales
fundamentales, a la vivienda digna, por las razones expuestas en la parte
considerativa de esta procidencia.”
Así las
cosas, dados los anteriores elementos de juicio, esta Sala procederá en primer
lugar a confirmar la decisión del juez de instancia. Sin embargo, se debe
aclarar que pese a que el accionante no probó que es un sujeto de especial protección
constitucional, e igualmente, que no existió en este caso una violación de sus
derechos fundamentales; ello no obsta para que la Alcaldía se abstenga de
brindar información a aquellas personas que requieran acceder a a vivienda.
En esa
medida, esta corporación procederá a adicionar la sentencia de instancia,
ordenando a la Alcaldía Municipal que analice las condiciones socio económicas
del accionante, y le brinde información sobre (i) los requisitos que debe
cumplir junto con su familia, para ser incluido dentro de los programas de
vivienda dispuestos por la entidad territorial, el departamento, y/o la nación;
(ii) los requerimientos para acceder a créditos de vivienda de interés social y
(iii) los programas de generación de ingresos previstos en la entidad
territorial, el departamento y la nación.
8.6.20. T-3251631
(Jorge Eliécer Rios Henao)
De acuerdo con
el expediente, la única reclamación realizada por el peticionario es la de
acceso a una vivienda. Sin embargo, no logra demostrar que se encuentra en
situaciones de vulnerabilidad, toda vez que no hace mención obligaciones con su
familia ni de índole financiero. Se limita a informar sobre la “posesión” del
inmueble invadido.
De acuerdo
con la Audiencia de Declaración en Acción de Tutela efectuada por el
juez de instancia obrante en los folios 15, 16 y 17 del cuaderno de instancia,
se verifica que el accionante fue debidamente notificado sobre la diligencia de
desalojo.
De igual
manera se constata que no existió vulneración al debido proceso y que el
peticionario tiene conciencia sobre la especial condición y características del
bien invadido ilegalmente.
El Juzgado
Cuarto Municipal de Pereira mediante providencia del 15 de septiembre de
2011, ordena “NO TUTELAR al señor JORGE ELIÉCER RIOS HENAO los derechos
constitucionales fundamentales, a la vivienda digna, por las razones expuestas
en la parte considerativa de esta providencia”[111]
Dados los
anteriores elementos de juicio, esta Sala procederá en primer lugar a confirmar
la decisión del juez de instancia. Sin embargo, se debe aclarar que pese a que
el accionante no probó que es un sujeto de especial protección constitucional,
e igualmente, que no existió en este caso una violación de sus derechos
fundamentales; ello no obsta para que la Alcaldía se abstenga de brindar
información sobre el acceso a vivienda.
En esa
medida, esta corporación procederá a adicionar la sentencia de instancia,
ordenando a la Alcaldía Municipal que analice las condiciones socio económicas
del accionante, y le brinde información sobre (i) los requisitos que debe
cumplir junto con su familia, para ser incluido dentro de los programas de
vivienda dispuestos por la entidad territorial, el departamento, y/o la nación;
(ii) los requerimientos para acceder a créditos de vivienda de interés social y
(iii) los programas de generación de ingresos previstos en la entidad
territorial, el departamento y la nación.
8.6.21. T-3251632
(Johnnatan Andrés Valencia Rentería)
Si bien el peticionario
el 1° de septiembre de 2011 en su escrito de tutela aduce llevar 4 meses
viviendo en lote propiedad de la Sociedad de Mejoras de Pereira, dicha
afirmación se desvirtúa por el solo hecho de que a folio 3 del cuaderno de
instancias se observa en el registro histórico del sisben que esta persona fue
censada el 8 de agosto del mismo año en una vivienda ubicada en el barrio Villa
Navarra.
De otro lado
no se observa en el expediente prueba alguna que lleve a determinar que el
tutelante se encuentra en especiales condiciones de vulnerabilidad.
El
demandante es una persona de 23 años, con plenas capacidades físicas y
mentales, que además vive solo.
El Juzgado
Cuarto Municipal de Pereira mediante providencia del 15 de septiembre de
2011, ordena “NO TUTELAR al señor Johnnatan Andres Valencia Rentería los
derechos constitucionales fundamentales, a la vivienda digna, por las razones
expuestas en la parte considerativa de esta providencia”[112]
Por lo
anterior, esta Sala procederá en primer lugar a confirmar la decisión del juez
de instancia. Sin embargo, se debe aclarar que pese a que el accionante no
probó que es un sujeto de especial protección constitucional, e igualmente, que
no existió en este caso una violación de sus derechos fundamentales; ello no
obsta para que la Alcaldía se abstenga de brindar información a aquellas
personas que quieran acceder a los subsidios de vivienda.
En esa
medida, esta corporación procederá a adicionar la sentencia de instancia,
ordenando a la Alcaldía Municipal que analice las condiciones socio económicas
del accionante, y le brinde información sobre (i) los requisitos que debe
cumplir junto con su familia, para ser incluido dentro de los programas de
vivienda dispuestos por la entidad territorial, el departamento, y/o la nación;
(ii) los requerimientos para acceder a créditos de vivienda de interés social y
(iii) los programas de generación de ingresos previstos en la entidad
territorial, el departamento y la nación.
8.6.22. T-3251653
(Luz Aleida Vélez Osorio)
En este caso
la peticionaria es considerada un sujeto de especial protección constitucional
en razón a su situación de madre cabeza de familia y desplazada.
Sin embargo, en este caso, la
Sala estima que no es posible acceder a la solicitud de la actora en cuanto a
que se impida el adelantamiento del lanzamiento en el proceso policivo en
curso, ni tampoco a declarar derechos sobre el predio invadido por las razones
ya expuestas en acápites anteriores.
Efectivamente, considera la Corte
que si así procediera un juez de tutela esto tendería un manto de aparente
legitimidad sobre una conducta ilegal de ocupación de un predio privado que
además es considerado como reserva ecológica.
En consecuencia, dicha conducta
no deja de ser contraria a derecho, por más apremiantes que resulten
circunstancias calamitosas e inconstitucionales como la de ser víctima del
delito de desplazamiento forzado y madre cabeza de familia.
Reitera entonces la Corte, que la
múltiple condición de vulnerabilidad de la demandante no la autoriza per se para
la comisión de comportamientos contrarios al ordenamiento jurídico. Sin
embargo, ello no quiere decir que la peticionario y su núcleo familiar no
tengan derecho a que se les garanticen sus derechos a la vivienda digna, de una
forma distinta a la pretendida.
En esa medida, encuentra la Sala,
que la accionante y su núcleo familiar tienen derecho a que en el evento en que
no se encuentren en este momento en un lugar apto para vivir, se les asegure un
albergue provisional, para garantizarles una estadía digna.
Esta necesidad se deduce, no del
hecho de poder ser desalojadas como tal, sino en razón a como ya se dijo el
estado de múltiple situación de vulnerabilidad.
En ese sentido, la Corte
Constitucional procederá en primer lugar a confirmar parcialmente la sentencia
proferida el 20 de septiembre de 2011 por el Juzgado Sexto Penal Municipal con funciones
de Control de Garantías de Pereira,[113]
en lo referente a que:
(i)
. No es procedente en este caso la acción de tutela para detener el
desalojo, por cuanto no existe una vulneración al debido proceso de desahucio.
(ii)   .
No es procedente la ocupación del inmueble en razón a su naturaleza (propiedad
privada y en cuanto fue declarado un bien de uso público de especial
importancia ecológica).
Sin embargo, de acuerdo con las
particularidades del presente asunto, esta Sala considera necesario adicionar a
dicha decisión algunas otras órdenes y conceder el amparo del derecho de acceso
a opciones de vivienda digna de la cual es merecedora la tutelante, en razón a
su especial condición de desplazada y madre cabeza de familia.
En consecuencia se ordenará al
Municipio de Pereira que adelante las gestiones indispensables con las
entidades que considere necesarias, para proveerles a la peticionaria y a su
núcleo familiar, en el término máximo de quince (15) días, un albergue temporal
hasta tanto puedan resultar las condiciones que hagan posible su traslado hacia
otro lugar en el que cuente con los elementos indispensables de una vivienda
digna.
De otra parte, la Sala aclara que
la accionante y su núcleo familiar tienen derecho a que se les garantice la
participación en los procesos de adjudicación de subsidios de vivienda
dispuestos para las personas en condición de desplazamiento, claro está, sin
que eso implique desplazar a las personas que están en iguales condiciones en
la lista de espera.
Adicionalmente, esta corporación
ordenará al Municipio de Pereira, que en el término máximo de quince (15) días,
contados a partir de la comunicación de la presente providencia, analice la
situación particular de la peticionaria y su núcleo familiar, y de igual modo
adelante las diligencias indispensables para garantizarle la participación en
dichos procesos con continuo acompañamiento.
8.6.23. T-3251654
(Margarita Rivera Monsalve)
La
peticionaria es una persona de 61 años que indica que lleva ejerciendo la
posesión del bien desde hace 6 meses, lo cual como ya se dijo, no es procedente
en relación con la naturaleza del inmueble.
Indica ser
de escasos recursos económicos. De acuerdo con el plenario se verifica que no
tiene personas a cargo ni comprueba encontrarse en un estado de vulnerabilidad
que conlleve a una protección inmediata.
El Juzgado Sexto Penal Municipal
con Funciones de Control de Garantías de Pereira (Risaralda), mediante
sentencia proferida el 19 de septiembre de 2011 decide negar la
solicitud de amparo argumentando que las demandadas actuaron en debida forma,
de acuerdo con su competencia y respetando el debido proceso no solo de la
petente sino de todos los invasores del predio.
En este
caso, la Sala procederá a confirmar la acción de tutela, bajo el entendido de
que no se configuró una vulneración de los derechos fundamentales invocados por
la accionante.
Sin embargo,
dado que en este asunto el juez de instancia no consideró la posibilidad de
brindarle a la accionante información sobre la manera de acceder a los
programas de vivienda, se procederá a adicionar la sentencia, ordenando a la Alcaldía
Municipal que analice las condiciones socio económicas de la demandante, y le
brinde información sobre (i) los requisitos que debe cumplir junto con su
familia, para ser incluida dentro de los programas de vivienda dispuestos por
la entidad territorial, el departamento, y/o la nación; (ii) los requerimientos
para acceder a créditos de vivienda de interés social y (iii) los programas de
generación de ingresos previstos en la entidad territorial, el departamento y
la nación.
8.6.24. T-3251660
(Joel Gómez Mosquera)
El accionante indica que es una
persona de escasos recursos económicos, tiene 4 hijos y pertenece a la
comunidad indígena del resguardo de Honduras (Cauca).
El accionante además de pertenecer
a una étnia del Resguardo de Honduras en Morales (Cauca) es desplazado por la
violencia y tiene a su cargo 4 hijos de lo cual hay plena prueba en el
expediente.
En esa medida, está más que
comprobada su situación de múltiple calidad de sujeto de especial protección.
Sin embargo, pese a la situación
del peticionario, la Sala estima que no es posible acceder a la solicitud del
actor en lo concerniente a impedir el adelantamiento del lanzamiento en el
proceso policivo en curso, ni tampoco el hecho de declarar derechos sobre el
predio invadido por las razones ya expuestas en acápites anteriores.
Efectivamente, considera la Corte
que si así procediera un juez de tutela en un evento similar, tendería un manto
de aparente legitimidad sobre una conducta ilegal de ocupación de un predio
privado que además es considerado como reserva ecológica.
En consecuencia, dicha conducta
no deja de ser contraria a derecho, por más apremiantes que resulten las circunstancias
calamitosas e inconstitucionales como la de ser víctima del delito de
desplazamiento forzado y pertenecer a una etnia indígena que está en el centro
del conflicto armado.
Reitera entonces la Corte, que la
múltiple condición de vulnerabilidad del tutelante no lo autoriza per se para
la comisión de comportamientos contrarios al ordenamiento jurídico. Sin
embargo, ello no quiere decir que tanto él como su núcleo familiar no tengan la
opción de que se les garantice su derecho a la vivienda digna, de una forma
distinta a como en principio lo pretende el actor.
En esa medida, encuentra la Sala,
que el accionante y su núcleo familiar tienen derecho a que en el evento en que
no se encuentren ya en un lugar apto para vivir, se les asegure un albergue
provisional, para garantizarles una estadía digna.
Esta necesidad se deduce, no del
hecho de poder ser desalojado como tal, sino en razón a como ya se dijo, del
estado de múltiple situación de vulnerabilidad.
En ese sentido, la Corte
Constitucional procederá en primer lugar a confirmar parcialmente la sentencia
proferida el 8 de septiembre de 2011 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito
de Conocimiento de Pereira,[114]
que a su vez confirmó la emitida el 1° de agosto de 2011 por el Juzgado Segundo
Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de esta ciudad,[115] en
lo referente a que:
(i)
No es procedente en este caso la acción de tutela para detener el
desalojo, por cuanto no existe una vulneración al debido proceso de desahucio.
(ii)
No es procedente la ocupación del inmueble en razón a su naturaleza
(propiedad privada y en cuanto fue declarado un bien de uso público de especial
importancia ecológica).
(iii)
Y finalmente sobre la obligación que tiene la Alcaldía Municipal de
Pereira, de dar contestación sobre la solicitud elevada por el peticionario,
para poder acceder a un subsidio o plan de vivienda.
Sin embargo, de acuerdo con las
particularidades del presente asunto, esta Sala considera necesario adicionar a
dicha decisión algunas otras órdenes y conceder el amparo del derecho de acceso
a opciones de vivienda digna de las cuales es merecedor el tutelante, en razón
a su especial condición de desplazado e indígena.
En consecuencia se ordenará al
Municipio de Pereira que adelante las gestiones indispensables con las
entidades que considere necesario, para proveerles al peticionario y a su
núcleo familiar, en el término máximo de quince (15) días, un albergue temporal
hasta tanto puedan resultar las condiciones que hagan posible su traslado hacia
otro lugar en el que cuente con los elementos indispensables de una vivienda en
condiciones dignas.
De otra parte, la Sala aclara que
el accionante y núcleo familiar tienen derecho a que se les garantice la
participación en los procesos de adjudicación de subsidios de vivienda
dispuestos para las personas en condición de desplazamiento y por pertenecer a
una étnia indígena, claro está, sin que ello implique desplazar a las personas
que están en iguales condiciones en la lista de espera.
Adicionalmente, esta corporación
ordenará al Municipio de Pereira, que en el término máximo de quince (15) días,
contados a partir de la comunicación de la presente providencia, analice la
situación particular del peticionario y su núcleo familiar, y de igual modo
adelante las diligencias indispensables para garantizarle la participación en
dichos procesos con continuo acompañamiento.
8.6.25.
T-3269169 (Stick Anderson Giraldo Jaramillo)
El
demandante es una persona con plenas capacidades físicas y mentales, que además
vive solo.
Básicamente
lo que reclama es que se le valide la posesión ejercida sobre el inmueble
durante 21 meses. Sin embargo, ello no es posible por la naturaleza del bien
invadido.
El Juzgado Primero
Penal Municipal de Pereira mediante providencia del 26 de septiembre de
2011, ordena “NEGAR el derecho a la vivienda digna, invocado por el señor
Stick Anderson Giraldo Jaramillo por lo expuesto en la parte considerativa de
esta sentencia”[116]
Por lo
anterior, esta Sala procederá en primer lugar a confirmar la decisión del juez
de instancia. Sin embargo, se debe aclarar que pese a que el accionante no
probó encontrarse en estado de vulnerabilidad, ello no obsta para que la
Alcaldía se abstenga de brindar información a aquellas personas que lo requieran
para acceder a una vivienda.
En esa
medida, esta corporación procederá a adicionar la sentencia de instancia,
ordenando a la Alcaldía Municipal que analice las condiciones socio económicas
del accionante, y le brinde información sobre (i) los requisitos que debe
cumplir junto con su familia, para ser incluido dentro de los programas de
vivienda dispuestos por la entidad territorial, el departamento, y/o la nación;
(ii) los requerimientos para acceder a créditos de vivienda de interés social y
(iii) los programas de generación de ingresos previstos en la entidad
territorial, el departamento y la nación.
8.7.
Ahora bien, la Sala observa que el origen de este conflicto social concerniente
a la invasión de predios declarados como de especial importancia ecológica, ha
sido una constante en el Municipio de Pereira y por ello se hace necesario la
existencia de un trabajo mancomunado entre la autoridad ambiental, la entidad
territorial y la sociedad civil, a fin de evitar no solamente los problemas
entre las personas y las autoridades sino además, poder proteger la vida e
integridad de los habitantes de la ciudad de Pereira, sobre todo de aquellas
personas con más escasos recursos económicos o que se han visto obligadas a
desplazarse como consecuencia del conflicto armado. Ello por cuanto además de
considerarse el área objeto de reproche una zona de especial importancia
ecológica, también significa un riesgo para quienes intenten habitar allí en
razón a que abarca la zona inundable de los cuerpos hídricos que la integran.
Por lo
anterior, esta Corporación ordenará tanto a la Alcaldía Municipal de Pereira, la
CARDER, la Sociedad de Mejoras de Pereira que con la participación de los
diferentes peticionarios, elaboren un plan de manejo y recuperación del área deforestada,
e implanten o elaboren planes de educación a la comunidad aledaña que generen
un alto impacto, con el fin de que no se vuelva a presentar una situación como
la debatida en el presente asunto.
III.
DECISIÓN
En mérito de
lo expuesto, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
Política.
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la
decisión proferida el 14 de septiembre de 2011 por el Juzgado Primero Civil
Municipal de Pereira, en el expediente T-3242627 dentro de la acción de tutela
interpuesta por Luis Gonzaga Gañán Gañán en contra del Municipio de Pereira,
Secretaría de Gobierno Municipal, Secretaría de Control Físico, señor Ernesto
Castaño Isma, Inspector Once de Policía Municipal de Boston, y la Sociedad de
Mejoras de Pereira.
SEGUNDO: ADICIONAR a la
sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil Municipal de Pereira, en el
expediente T-3242627 el siguiente numeral: ORDENAR a la Alcaldía de
Pereira, que en el término de las 48 horas contadas a partir de la notificación
de la presente providencia, analice las condiciones socio económicas del señor
Luis Gonzaga Gañán Gañán, y le brinde información sobre (i) los requisitos que
debe cumplir junto con su familia, para ser incluido dentro de los programas de
vivienda dispuestos por la entidad territorial, el departamento, y/o la nación;
(ii) los requerimientos para acceder a créditos de vivienda de interés social y
(iii) los programas de generación de ingresos previstos en la entidad
territorial, el departamento y la nación.
TERCERO: CONFIRMAR la
decisión proferida el 14 de septiembre de 2011 por el Juzgado Primero Civil
Municipal de Pereira, en el expediente T-3242628 dentro de la acción de tutela
interpuesta por Luz Stella Villa Ordóñez en contra del Municipio de Pereira,
Inspector Once de Policía Municipal de Boston, y la Sociedad de Mejoras de
Pereira.
CUARTO: ADICIONAR a la
sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil Municipal de Pereira, en el
expediente T-3242628 el siguiente numeral: ORDENAR a la Alcaldía de
Pereira, que en el término de las 48 horas contadas a partir de la notificación
de la presente providencia, analice las condiciones socio económicas de la
señora Luz Stella Villa Ordóñez, y le brinde información sobre (i) los
requisitos que debe cumplir junto con su familia, para ser incluida dentro de
los programas de vivienda dispuestos por la entidad territorial, el
departamento, y/o la nación; (ii) los requerimientos para acceder a créditos de
vivienda de interés social y (iii) los programas de generación de ingresos
previstos en la entidad territorial, el departamento y la nación.
QUINTO: CONFIRMAR la
decisión proferida el 19 de septiembre de 2011  por el Juzgado Cuarto Civil
Municipal de Pereira, en el expediente T-3242633 dentro de la acción de tutela
interpuesta por Doris Restrepo Carvajal en contra del Municipio de Pereira y la
Secretaría de Control Físico Municipal.
SEXTO:
ADICIONAR a la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Civil Municipal
de Pereira, en el expediente T-3242633 el siguiente numeral: ORDENAR a la
Alcaldía de Pereira, que en el término de las 48 horas contadas a partir de la
notificación de la presente providencia, analice las condiciones socio
económicas de la  señora Doris Restrepo Carvajal, y le brinde información sobre
(i) los requisitos que debe cumplir junto con su familia, para ser incluida
dentro de los programas de vivienda dispuestos por la entidad territorial, el
departamento, y/o la nación; (ii) los requerimientos para acceder a créditos de
vivienda de interés social y (iii) los programas de generación de ingresos
previstos en la entidad territorial, el departamento y la nación.
SÉPTIMO: CONFIRMAR la
decisión proferida el 19 de septiembre de 2011  por el Juzgado Cuarto Civil
Municipal de Pereira, en el expediente T-3242634 dentro de la acción de tutela
interpuesta por Raúl Cardona en contra del Municipio de Pereira y la Secretaría
de Control Físico Municipal.
OCTAVO:
ADICIONAR a la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Civil Municipal
de Pereira, en el expediente T-3242634 el siguiente numeral: ORDENAR a la
Alcaldía de Pereira, que en el término de las 48 horas contadas a partir de la
notificación de la presente providencia, analice las condiciones socio
económicas del señor Raúl Cardona, y le brinde información sobre (i) los
requisitos que debe cumplir junto con su familia, para ser incluido dentro de
los programas de vivienda dispuestos por la entidad territorial, el
departamento, y/o la nación; (ii) los requerimientos para acceder a créditos de
vivienda de interés social y (iii) los programas de generación de ingresos
previstos en la entidad territorial, el departamento y la nación.
NOVENO:
CONFIRMAR la decisión proferida el 14 de septiembre de 2011  por el Juzgado
Tercero Penal Municipal para Adolescentes con Funciones de Control de Garantías
de Pereira, en el expediente T-3242639 dentro de la acción de tutela
interpuesta por Johan Stiven García Cuervo en contra del Municipio de Pereira.
DÉCIMO:
ADICIONAR a la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Penal
Municipal para Adolescentes con Funciones de Control de Garantías de Pereira,
en el expediente T-3242639 el siguiente numeral: ORDENAR a la Alcaldía
de Pereira, que en el término de las 48 horas contadas a partir de la
notificación de la presente providencia, analice las condiciones socio
económicas del señor Johan Stiven García Cuervo, y le brinde información sobre (i)
los requisitos que debe cumplir junto con su familia, para ser incluida dentro
de los programas de vivienda dispuestos por la entidad territorial, el
departamento, y/o la nación; (ii) los requerimientos para acceder a créditos de
vivienda de interés social y (iii) los programas de generación de ingresos
previstos en la entidad territorial, el departamento y la nación.
DECIMOPRIMERO: CONFIRMAR
la decisión proferida el 15 de septiembre de 2011 por el Juzgado Tercero Penal
Municipal con Funciones de Conocimiento de Pereira, en el expediente T-3245542
dentro de la acción de tutela interpuesta por Alexandra Guillén Pérez en contra
la Alcaldía Municipal de Pereira, la Secretaría de Gobierno Municipal, la
Oficina de Control Físico de la Alcaldía del Municipio de Pereira, el Inspector
Once de Policía de Pereira y la Sociedad de Mejoras de Pereira.
DECIMOSEGUNDO:
ADICIONAR a la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Penal
Municipal con Funciones de Conocimiento de Pereira, en el expediente T-3245542 el
siguiente numeral: ORDENAR a la Alcaldía de Pereira, que en el término
de las 48 horas contadas a partir de la notificación de la presente
providencia, analice las condiciones socio económicas de la señora Alexandra
Guillén Pérez, y le brinde información sobre (i) los requisitos que debe
cumplir junto con su familia, para ser incluida dentro de los programas de
vivienda dispuestos por la entidad territorial, el departamento, y/o la nación;
(ii) los requerimientos para acceder a créditos de vivienda de interés social y
(iii) los programas de generación de ingresos previstos en la entidad
territorial, el departamento y la nación.
DECIMOTERCERO: CONFIRMAR
la decisión proferida el 15 de septiembre de 2011 por el Juzgado Tercero Penal
Municipal con Funciones de Conocimiento de Pereira, en el expediente T-3245543
dentro de la acción de tutela interpuesta por María Noralba Londoño Cardona en
contra del Municipio de Pereira, la Sociedad de Mejoras de Pereira y la CARDER.
DECIMOCUARTO: ADICIONAR
a la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Penal Municipal con
Funciones de Conocimiento de Pereira, en el expediente T-3245543 el siguiente
numeral: ORDENAR a la Alcaldía de Pereira, que en el término de las 48
horas contadas a partir de la notificación de la presente providencia, analice
las condiciones socio económicas de la señora María Noralba Londoño Cardona, y
le brinde información sobre (i) los requisitos que debe cumplir junto con su
familia, para ser incluida dentro de los programas de vivienda dispuestos por
la entidad territorial, el departamento, y/o la nación; (ii) los requerimientos
para acceder a créditos de vivienda de interés social y (iii) los programas de
generación de ingresos previstos en la entidad territorial, el departamento y
la nación.
DECIMOQUINTO: CONFIRMAR la
decisión proferida el 15 de septiembre de 2011 por el Juzgado Tercero Penal
Municipal con Funciones de Conocimiento de Pereira, en el expediente T-3245544
dentro de la acción de tutela interpuesta por María Lucelia Gañán Gañán en
contra de la Alcaldía Municipal de Pereira, la Secretaría de Gobierno Municipal
y la Oficina de Control Físico de del Municipio de Pereira.
DECIMOSEXTO: ADICIONAR a
la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones de
Conocimiento de Pereira, en el expediente T-3245544 el siguiente numeral: ORDENAR
a la Alcaldía de Pereira, que en el término de las 48 horas contadas a
partir de la notificación de la presente providencia, analice las condiciones
socio económicas de la señora María Lucelia Gañán Gañán, y le brinde
información sobre (i) los requisitos que debe cumplir junto con su familia,
para ser incluida dentro de los programas de vivienda dispuestos por la entidad
territorial, el departamento, y/o la nación; (ii) los requerimientos para
acceder a créditos de vivienda de interés social y (iii) los programas de
generación de ingresos previstos en la entidad territorial, el departamento y
la nación
DECIMOSÉPTIMO: CONFIRMAR
la decisión proferida el 16 de septiembre de 2011 por el Juzgado Segundo Penal
Municipal para Adolescentes con Funciones de Control de Garantías, en el
expediente T-3245560 dentro de la acción de tutela interpuesta por Jaime Daniel
Pérez Sandoval en contra de la Alcaldía Municipal de Pereira y la Inspección
Once de Policía de Pereira.
DECIMOCTAVO: ADICIONAR a
la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Penal Municipal para Adolescentes
con Funciones de Control de Garantías, en el expediente T-3245560 el siguiente
numeral: ORDENAR a la Alcaldía de Pereira, que en el término de las 48
horas contadas a partir de la notificación de la presente providencia, analice las
condiciones socio económicas del señor Jaime Daniel Pérez Sandoval, y le brinde
información sobre (i) los requisitos que debe cumplir junto con su familia,
para ser incluido dentro de los programas de vivienda dispuestos por la entidad
territorial, el departamento, y/o la nación; (ii) los requerimientos para
acceder a créditos de vivienda de interés social y (iii) los programas de
generación de ingresos previstos en la entidad territorial, el departamento y
la nación.
DECIMONOVENO: CONFIRMAR
PARCIALMENTE la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Penal Municipal
para Adolescentes con Función de Control de Garantías proferida el 15 de
Septiembre de 2011, en el expediente T-3245561, dentro de la acción de tutela
impetrada por la señora Dollis Andrea Asprilla Moreno en contra del Municipio
de Pereira, en lo concerniente al hecho de no existir derecho a permanecer en
el predio propiedad de la Sociedad de Mejoras de Pereira, y a que se le respetó
el debido proceso de desalojo a la tutelante y su núcleo familiar.
VIGÉSIMO: CONCEDER la
protección del derecho de acceso a opciones de vivienda digna por la especial
condición de desplazada de la señora Dollis Andrea Asprilla Moreno y su núcleo
familiar. En consecuencia, ORDENAR a la Alcaldía de Pereira, que
adelante las gestiones indispensables con las entidades que considere
necesario, para proveerles a la peticionaria y a su núcleo familiar, en el
término máximo de quince (15) días, un albergue temporal provisional hasta
tanto puedan resultar las condiciones que hagan posible su traslado hacia otro
lugar que cuente también con los elementos indispensables de una vivienda en
condiciones dignas. De igual modo, ORDENAR a la Alcaldía de Pereira, que
en el término máximo de quince (15) días, contados a partir de la comunicación
de la presente providencia, analice la situación particular de la peticionaria
y su núcleo familiar, y adelante las diligencias indispensables para
garantizarle la participación en los procesos de adjudicación de subsidios de
vivienda dispuestos para las personas en condición de desplazamiento, claro
está, sin que eso implique desplazar a las personas que están en lista de
espera.
Este procedimiento será
adelantado con el acompañamiento de la Personería Municipal y la Defensoría del
Pueblo.
VIGÉSIMO PRIMERO: CONFIRMAR
la decisión proferida el 16 de septiembre de 2011 por el Juzgado Primero Civil
Municipal de Pereira, en el expediente T-3246908 dentro de la acción de tutela
interpuesta por María Doralba Bueno Gutiérrez en contra del Municipio de
Pereira y la Sociedad de Mejoras de Pereira.
VIGÉSIMO SEGUNDO: ADICIONAR
a la sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil Municipal de Pereira,
en el expediente T-3246908 el siguiente numeral: ORDENAR a la Alcaldía
de Pereira, que en el término de las 48 horas contadas a partir de la
notificación de la presente providencia, analice las condiciones socio
económicas de la señora María Doralba Bueno Gutiérrez, y le brinde información sobre
(i) los requisitos que debe cumplir junto con su familia, para ser incluida
dentro de los programas de vivienda dispuestos por la entidad territorial, el
departamento, y/o la nación; (ii) los requerimientos para acceder a créditos de
vivienda de interés social y (iii) los programas de generación de ingresos
previstos en la entidad territorial, el departamento y la nación.
VIGÉSIMO TERCERO: CONFIRMAR
la decisión proferida el 13 de septiembre de 2011 por el Juzgado Octavo Civil
Municipal de Pereira, en el expediente T-3246911 dentro de la acción de tutela
interpuesta por María del Rosario Pescador Pescador en contra de la Alcaldía
Municipal de Pereira y la Sociedad de Mejoras de Pereira.
VIGÉSIMO CUARTO: ADICIONAR
a la sentencia proferida por el Juzgado Octavo Civil Municipal de Pereira,
en el expediente T-3246911 el siguiente numeral: ORDENAR a la Alcaldía
de Pereira, que en el término de las 48 horas contadas a partir de la
notificación de la presente providencia, analice las condiciones socio
económicas de la  señora María del Rosario Pescador Pescador, y le brinde
información sobre (i) los requisitos que debe cumplir junto con su familia,
para ser incluida dentro de los programas de vivienda dispuestos por la entidad
territorial, el departamento, y/o la nación; (ii) los requerimientos para
acceder a créditos de vivienda de interés social y (iii) los programas de
generación de ingresos previstos en la entidad territorial, el departamento y
la nación.
VIGÉSIMO QUINTO: CONFIRMAR
la decisión proferida el 13 de septiembre de 2011 por el Juzgado Octavo Civil
Municipal de Pereira, en el expediente T-3246913 dentro de la acción de tutela
interpuesta por Giraldo Henao Cifuentes en contra de la Alcaldía Municipal de
Pereira y la Sociedad de Mejoras de Pereira.
VIGÉSIMO SEXTO: ADICIONAR
a la sentencia proferida por el Juzgado Octavo Civil Municipal de Pereira,
en el expediente T-3246913 el siguiente numeral: ORDENAR a la Alcaldía
de Pereira, que en el término de las 48 horas contadas a partir de la
notificación de la presente providencia, analice las condiciones socio
económicas del señor Giraldo Henao Cifuentes, y le brinde información sobre (i)
los requisitos que debe cumplir junto con su familia, para ser incluido dentro
de los programas de vivienda dispuestos por la entidad territorial, el
departamento, y/o la nación; (ii) los requerimientos para acceder a créditos de
vivienda de interés social y (iii) los programas de generación de ingresos
previstos en la entidad territorial, el departamento y la nación.
VIGÉSIMO SÉPTIMO: CONFIRMAR
PARCIALMENTE la sentencia proferida el 16 de septiembre de 2011 por el
Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira,[117] que a su vez confirmó
la emitida el 28 de julio de 2011 por el Juzgado Octavo Civil Municipal de la
misma ciudad,[118]
en el expediente T-3246919, dentro de la acción de tutela impetrada por la
señora Luz Marina Betancur Melchor en contra  de la Alcaldía de Pereira,
Sociedad de Mejoras de Pereira y la Secretaría de Gestión Inmobiliaria del
Municipio de Pereira, en lo concerniente al hecho de no existir derecho a
permanecer en el predio propiedad de la Sociedad de Mejoras de Pereira, a que
se le respetó el debido proceso de desalojo a la tutelante y su núcleo familiar
y al deber que le asiste a la Secretaría de Gestión Inmobiliaria del Municipio
de Pereira de contestar a la peticionaria.
VIGÉSIMO OCTAVO: CONCEDER la
protección del derecho de acceso a opciones de vivienda digna por la especial
condición de desplazada, madre cabeza de familia e indígena de la señora Luz
Marina Betancur Melchor y su núcleo familiar. En consecuencia, ORDENAR a
la Alcaldía de Pereira, que adelante las gestiones indispensables con las
entidades que considere necesario, para proveerles a la peticionaria y a su
núcleo familiar, en el término máximo de quince (15) días, un albergue temporal
provisional hasta tanto puedan resultar las condiciones que hagan posible su
traslado hacia otro lugar que cuente también con los elementos indispensables
de una vivienda en condiciones dignas. De igual modo, ORDENAR a la
Alcaldía de Pereira, que en el término máximo de quince (15) días, contados a
partir de la comunicación de la presente providencia, analice la situación
particular de la peticionaria y su núcleo familiar, y adelante las diligencias
indispensables para garantizarle la participación en los procesos de
adjudicación de subsidios de vivienda dispuestos para las personas
pertenecientes a una étnia indígena y en condición de desplazamiento, claro
está, sin que eso implique desplazar a las personas que están en iguales
condiciones en la lista de espera.
Este procedimiento será
adelantado con el acompañamiento de la Personería Municipal y la Defensoría del
Pueblo.
VIGÉSIMO NOVENO: CONFIRMAR
la decisión proferida el 16 de septiembre de 2011 por el Juzgado Segundo Penal
Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Pereira, en
el expediente T-3246924 dentro de la acción de tutela interpuesta por Yasmin
González Isaza en contra de la Alcaldía Municipal de Pereira.
TRIGÉSIMO: ADICIONAR a
la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Penal Municipal para Adolescentes
con Función de Control de Garantías de Pereira, en el expediente T-3246924 el
siguiente numeral: ORDENAR a la Alcaldía de Pereira, que en el término
de las 48 horas contadas a partir de la notificación de la presente providencia,
analice las condiciones socio económicas de la señora Yasmin González Isaza, y
le brinde información sobre (i) los requisitos que debe cumplir junto con su
familia, para ser incluida dentro de los programas de vivienda dispuestos por
la entidad territorial, el departamento, y/o la nación; (ii) los requerimientos
para acceder a créditos de vivienda de interés social y (iii) los programas de
generación de ingresos previstos en la entidad territorial, el departamento y
la nación.
TRIGÉSIMO PRIMERO: CONFIRMAR
la decisión proferida el 15 de septiembre de 2011 por el Juzgado Segundo Penal
Municipal de Adolescentes con Función de Control de Garantías de Pereira, en el
expediente T-3246925 dentro de la acción de tutela interpuesta por Lady Johanna
Patiño en contra de la Alcaldía Municipal de Pereira y la Sociedad de Mejoras
de Pereira.
TRIGÉSIMO SEGUNDO: ADICIONAR
a la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Penal Municipal de
Adolescentes con Función de Control de Garantías de Pereira, en el expediente
T-3246925 el siguiente numeral: ORDENAR a la Alcaldía de Pereira, que en
el término de las 48 horas contadas a partir de la notificación de la presente
providencia, analice las condiciones socio económicas de la señora Lady Johanna
Patiño, y le brinde información sobre (i) los requisitos que debe cumplir junto
con su familia, para ser incluida dentro de los programas de vivienda dispuestos
por la entidad territorial, el departamento, y/o la nación; (ii) los
requerimientos para acceder a créditos de vivienda de interés social y (iii)
los programas de generación de ingresos previstos en la entidad territorial, el
departamento y la nación.
TRIGÉSIMO TERCERO: CONFIRMAR
la decisión proferida el 13 de septiembre de 2011 por el Juzgado Tercero Penal
Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Pereira, en
el expediente T-3246927 dentro de la acción de tutela interpuesta por Vanessa
Ortiz Jaramillo en contra de la Alcaldía Municipal de Pereira.
TRIGÉSIMO CUARTO: ADICIONAR
a la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Penal Municipal para
Adolescentes con Función de Control de Garantías de Pereira, en el expediente
T-3246927 el siguiente numeral: ORDENAR a la Alcaldía de Pereira, que en
el término de las 48 horas contadas a partir de la notificación de la presente
providencia, analice las condiciones socio económicas de la señora Vanessa
Ortiz Jaramillo, y le brinde información sobre (i) los requisitos que debe
cumplir junto con su familia, para ser incluida dentro de los programas de
vivienda dispuestos por la entidad territorial, el departamento, y/o la nación;
(ii) los requerimientos para acceder a créditos de vivienda de interés social y
(iii) los programas de generación de ingresos previstos en la entidad
territorial, el departamento y la nación.
TRIGÉSIMO QUINTO: CONFIRMAR
la decisión proferida el 19 de septiembre de 2011 por el Juzgado Sexto Penal
Municipal con Funciones de Control de Garantías de Pereira, en el expediente
T-3246928 dentro de la acción de tutela interpuesta por Héctor Fabio Córdoba
Martínez en contra de la Alcaldía Municipal de Pereira, la CARDER, la Sociedad
de Mejoras de Pereira y la Inspección Once de Policía de Pereira.
TRIGÉSIMO SEXTO: ADICIONAR
a la sentencia proferida por el Juzgado Sexto Penal Municipal con Funciones
de Control de Garantías de Pereira, en el expediente T-3246928 el siguiente
numeral: ORDENAR a la Alcaldía de Pereira, que en el término de las 48
horas contadas a partir de la notificación de la presente providencia, analice
las condiciones socio económicas del señor Héctor Fabio Córdoba Martínez, y le
brinde información sobre (i) los requisitos que debe cumplir junto con su
familia, para ser incluido dentro de los programas de vivienda dispuestos por
la entidad territorial, el departamento, y/o la nación; (ii) los requerimientos
para acceder a créditos de vivienda de interés social y (iii) los programas de
generación de ingresos previstos en la entidad territorial, el departamento y
la nación.
TRIGÉSIMO SÉPTIMO: CONFIRMAR
la decisión proferida el 15 de septiembre de 2011 por el Juzgado Cuarto Civil
Municipal, en el expediente T-3251630 dentro de la acción de tutela interpuesta
por John William Herrera Londoño en contra de la Alcaldía Municipal de Pereira.
TRIGÉSIMO OCTAVO: ADICIONAR
a la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Civil Municipal, en el
expediente T-3251630 el siguiente numeral: ORDENAR a la Alcaldía de
Pereira, que en el término de las 48 horas contadas a partir de la notificación
de la presente providencia, analice las condiciones socio económicas del señor
John William Herrera Londoño, y le brinde información sobre (i) los requisitos
que debe cumplir junto con su familia, para ser incluido dentro de los
programas de vivienda dispuestos por la entidad territorial, el departamento,
y/o la nación; (ii) los requerimientos para acceder a créditos de vivienda de
interés social y (iii) los programas de generación de ingresos previstos en la
entidad territorial, el departamento y la nación.
TRIGÉSIMO NOVENO: CONFIRMAR
la decisión proferida el 15 de septiembre de 2011 por el Juzgado Cuarto Civil
Municipal de Pereira, en el expediente T-3251631 dentro de la acción de tutela
interpuesta por Jorge Eliécer Rios Henao en contra de la Alcaldía Municipal de
Pereira, la Secretaría de Gobierno, la Jefe de Control Interno Físico de la
Alcaldía de Pereira y el Inspector Once de Policía de la misma ciudad.
CUADRAGÉSIMO: ADICIONAR
a la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Pereira,
en el expediente T-3251631 el siguiente numeral: ORDENAR a la Alcaldía
de Pereira, que en el término de las 48 horas contadas a partir de la
notificación de la presente providencia, analice las condiciones socio
económicas del señor Jorge Eliécer Rios Henao, y le brinde información sobre (i)
los requisitos que debe cumplir junto con su familia, para ser incluido dentro
de los programas de vivienda dispuestos por la entidad territorial, el
departamento, y/o la nación; (ii) los requerimientos para acceder a créditos de
vivienda de interés social y (iii) los programas de generación de ingresos
previstos en la entidad territorial, el departamento y la nación.
CUADRAGÉSIMO PRIMERO:
CONFIRMAR la decisión proferida el 15 de septiembre de 2011 por el Juzgado
Cuarto Civil Municipal de Pereira, en el expediente T-3251632 dentro de la
acción de tutela interpuesta por Johnnatan Andrés Valencia Rentería en contra
de la Alcaldía Municipal de Pereira.
CUADRAGÉSIMO SEGUNDO: ADICIONAR
a la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Pereira,
en el expediente T-3251632 el siguiente numeral: ORDENAR a la Alcaldía
de Pereira, que en el término de las 48 horas contadas a partir de la
notificación de la presente providencia, analice las condiciones socio
económicas del señor Johnnatan Andrés Valencia Rentería, y le brinde
información sobre (i) los requisitos que debe cumplir junto con su familia,
para ser incluido dentro de los programas de vivienda dispuestos por la entidad
territorial, el departamento, y/o la nación; (ii) los requerimientos para
acceder a créditos de vivienda de interés social y (iii) los programas de
generación de ingresos previstos en la entidad territorial, el departamento y
la nación.
CUADRAGÉSIMO TERCERO:
CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia proferida el 20 de septiembre de 2011
por el Juzgado Sexto Penal Municipal con funciones de Control de Garantías de
Pereira, en el expediente T-3251653, dentro de la acción de tutela impetrada por
la señora Luz Aleida Vélez Osorio en contra de la Alcaldía de Pereira,
Secretaría de Control Físico de Pereira, la CARDER, y la Sociedad de Mejoras de
Pereira, en lo concerniente al hecho de no existir derecho a permanecer en el
predio propiedad de la Sociedad de Mejoras de Pereira y a que se le respetó el
debido proceso de desalojo a la tutelante y su núcleo familiar.
CUADRAGÉSIMO CUARTO: CONCEDER la
protección del derecho de acceso a opciones de vivienda digna por la especial
condición de desplazada y madre cabeza de familia de la señora Luz Aleida Vélez
Osorio y su núcleo familiar. En consecuencia, ORDENAR a la Alcaldía de
Pereira, que adelante las gestiones indispensables con las entidades que
considere necesario, para proveerles a la peticionaria y a su núcleo familiar,
en el término máximo de quince (15) días, un albergue provisional hasta tanto
puedan resultar las condiciones que hagan posible su traslado hacia otro lugar
que cuente también con los elementos indefectibles de una vivienda en
condiciones dignas. De igual modo, ORDENAR a la Alcaldía de Pereira, que
en el término máximo de quince (15) días, contados a partir de la comunicación
de la presente providencia, analice la situación particular de la peticionaria
y su núcleo familiar, y adelante las diligencias indispensables para garantizarle
la participación en los procesos de adjudicación de subsidios de vivienda
dispuestos para las personas en condición de desplazamiento, claro está, sin
que eso implique desplazar a aquellos que estén en iguales condiciones en la
lista de espera.
Este procedimiento será
adelantado con el acompañamiento de la Personería Municipal y la Defensoría del
Pueblo.
CUADRAGÉSIMO QUINTO: CONFIRMAR
la decisión proferida el 19 de septiembre de 2011 por el Juzgado Sexto Penal
Municipal con Funciones de Control de Garantías de Pereira, en el expediente
T-3251654 dentro de la acción de tutela interpuesta por la señora Margarita
Rivera Monsalve en contra de la Alcaldía Municipal de Pereira, la CARDER y la
Sociedad de Mejoras de Pereira.
CUADRAGÉSIMO SEXTO: ADICIONAR
a la sentencia proferida por el Juzgado Sexto Penal Municipal con Funciones
de Control de Garantías de Pereira, en el expediente T-3251654 el siguiente
numeral: ORDENAR a la Alcaldía de Pereira, que en el término de las 48
horas contadas a partir de la notificación de la presente providencia, analice
las condiciones socio económicas de la señora Margarita Rivera Monsalve, y le
brinde información sobre (i) los requisitos que debe cumplir junto con su
familia, para ser incluida dentro de los programas de vivienda dispuestos por
la entidad territorial, el departamento, y/o la nación; (ii) los requerimientos
para acceder a créditos de vivienda de interés social y (iii) los programas de
generación de ingresos previstos en la entidad territorial, el departamento y
la nación.
CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO:
CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia proferida el 8 de septiembre de 2011
por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Conocimiento de Pereira,[119] que
a su vez confirmó la emitida el 1° de agosto de 2011 por el Juzgado Segundo
Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de esta ciudad,[120] en
el expediente T-3251660, dentro de la acción de tutela impetrada por el señor
Joel Gómez Mosquera en contra de la Alcaldía de Pereira, en lo
concerniente al hecho de no existir derecho a permanecer en el predio propiedad
de la Sociedad de Mejoras de Pereira, a que se le respetó el debido proceso de
desalojo al tutelante y su núcleo familiar y finalmente en cuanto a la
obligación que tiene la Alcaldía de Pereira de dar contestación de fondo a la
petición elevada por el señor Joel Gómez Mosquera.
CUADRAGÉSIMO OCTAVO: CONCEDER la
protección del derecho de acceso a opciones de vivienda digna por la especial
condición de desplazado e indígena, del señor Joel Gómez Mosquera y su núcleo
familiar. En consecuencia, ORDENAR a la Alcaldía de Pereira, que
adelante las gestiones indispensables con las entidades que considere
necesario, para proveerles al peticionario y a su núcleo familiar, en el
término máximo de quince (15) días, un albergue provisional hasta tanto puedan
resultar las condiciones que hagan posible su traslado hacia otro lugar que
cuente también con los elementos indispensables de una vivienda en condiciones
dignas. De igual modo, ORDENAR a la Alcaldía de Pereira, que en el término
máximo de quince (15) días, contados a partir de la comunicación de la presente
providencia, analice la situación particular del peticionario y su núcleo
familiar, y adelante las diligencias indispensables para garantizarle la
participación en los procesos de adjudicación de subsidios de vivienda
dispuestos para las personas pertenecientes a una étnia indígena y en condición
de desplazamiento, claro está, sin que eso implique desplazar a las personas
que están en iguales condiciones en la lista de espera.
Este procedimiento será
adelantado con el acompañamiento de la Personería Municipal y la Defensoría del
Pueblo.
CUADRAGÉSIMO NOVENO: CONFIRMAR
la decisión proferida el 26 de septiembre de 2011 por el Juzgado Primero Penal
Municipal para adolescentes con función de Control de Garantías de Pereira, en
el expediente T-3269169 dentro de la acción de tutela interpuesta por el señor
Stick Anderson Giraldo Jaramillo en contra de la Alcaldía Municipal de Pereira y
la Sociedad de Mejoras de Pereira.
QUINCUAGÉSIMO: ADICIONAR
a la sentencia proferida por el Juzgado Primero Penal Municipal para
adolescentes con función de Control de Garantías de Pereira, en el expediente
T-3269169 el siguiente numeral: ORDENAR a la Alcaldía de Pereira, que en
el término de las 48 horas contadas a partir de la notificación de la presente
providencia, analice las condiciones socio económicas del señor Stick Anderson
Giraldo Jaramillo, y le brinde información sobre (i) los requisitos que debe
cumplir junto con su familia, para ser incluido dentro de los programas de
vivienda dispuestos por la entidad territorial, el departamento, y/o la nación;
(ii) los requerimientos para acceder a créditos de vivienda de interés social y
(iii) los programas de generación de ingresos previstos en la entidad
territorial, el departamento y la nación.
QUINCUAGÉSIMO
PRIMERO: ORDENAR a la Alcaldía Municipal de Pereira, la CARDER, la Sociedad
de Mejoras de Pereira, que junto con los diferentes peticionarios, en un
periodo de tiempo que no supere los tres (3) meses a partir de la notificación
de la presente providencia, elaboren y ejecuten un plan de manejo y
recuperación del área afectada con la deforestación e igualmente incrementen la
concertación con a la comunidad aledaña de manera que generen un alto impacto referente
al cuidado del ambiente, con el fin de que no se vuelva a presentar una
situación como la debatida en el presente asunto.
LÍBRESE
la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MENDEZ
Secretaria
General
[1]
Folios 3 a 7 del cuaderno de instancia.
[2]
Folios 34 a 38 del cuaderno de instancia.
[3]
Folio 4 del cuaderno de instancia.
[4]
Mariela Gutiérrez de Bueno (folio 3).
[5]
Bueno Gañán José Bartolomé (folio 6).
[6]
Folios 3 a 6 del cuaderno de instancia.
[7]
Folio 7 del cuaderno de instancia.
[8]
Folios 41 a 46 del cuaderno de instancia.
[9]
Folio 47 del cuaderno de instancia.
[10]
Folio 3 del cuaderno de instancia.
[11]
Folios del 4 al 8 del cuaderno de instancia.
[12]
Ver folio 75 del cuaderno de primera instancia.
[13]
Ver folio 76 del cuaderno de primera instancia.
[14]
Ver folio 77 del cuaderno de primera instancia.
[15]
Ver folio 78 del cuaderno de primera instancia.
[16]
Folio 12 del cuaderno de instancia.
[17]
Folio 12 del cuaderno de instancia.
[18]
Folios 79 a 90 del cuaderno de instancia.
[19]
Ver folio 3 del cuaderno de instancia.
[20]
Ver folio 16 del cuaderno de instancia.
[21]
Ver folio 79 del cuaderno de instancias.
[22] El citado artículo 15 de
la Ley 57 de 1905 establece: “Cuando alguna finca ha sido ocupada de hecho
sin que medie contrato de arrendamiento ni consentimiento del arrendador, el
jefe de policía ante quien se presente la queja se trasladará al lugar en que
esté situada la finca dentro de las cuarenta y ocho horas después de la
presentación del escrito de queja; y si los ocupantes no exhiben el contrato de
arrendamiento, ó lo ocultan, procederá a verificar el lanzamiento sin dar lugar
a recurso alguno ni a diligencia que pueda demorar la desocupación de la finca”
[23] Que se encuentra ubicado
sobre la margen derecha, zona de ladera del río Consota, en su tramo urbano
entre los Barrios Providencia y Barrio Rocio Bajo, jurisdicción del municipio
de Pereira.
[24] Sobre el desarrollo
jurisprudencia del derecho a una vivienda digna se pueden consultar las
sentencia: T-467 de 2011, T-865 de 2011, T-919 de 2011, T-075 de 2012 y T-245
de 2012.
[25] Artículo 51 de la Constitución: “Todos los colombianos tienen derecho
a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer
efectivo este derecho y promoverá
planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a
largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda.” (Negrillas fuera de texto).
[26] Corte
Constitucional, Sentencia T-919 de 2011: “De conformidad con el Estado Social de Derecho como
modelo adoptado por la Constitución de 1991, su parte dogmática establece una
carta de derechos que el Estado debe garantizar. Entre ellos se encuentran los
derechos económicos, sociales y culturales, los cuales abarcan prerrogativas
que progresivamente deben tener la oportunidad de gozar y ejercer todos los
ciudadanos colombianos. En efecto, la garantía de estos derechos está en cabeza
del Estado, pero dado su carácter principalmente prestacional, en principio no
pueden ser garantizados de forma inmediata, sino que requieren de un desarrollo
progresivo.//Por estas razones, el derecho a una vivienda digna consagrado en
el artículo 51 de la Constitución no fue inicialmente tratado por la
jurisprudencia como un derecho fundamental que pudiera ser exigido a través de
la acción de tutela, por encontrarse dentro de los denominados derechos de
segunda generación –económicos, sociales y culturales- que se caracterizan
principalmente por su contenido prestacional. Además, se señalaba que dicho
derecho requiere de un desarrollo legal previo que garantice su eficacia.”.
[27] Se debe aclarar que no
existe como tal un tesis unívoca de procedencia sino que se adoptan diferentes
posiciones en las distintas Salas.
[28] Al
respecto se pueden consultar las Sentencias: T-865 de 2011, T-919 de 2011,
T-075 de 2012 y T-245 de 2012.
[29] Corte
Constitucional, Sentencias T-617 de 1995, T-190 de 1999, T-626 de 2000, T-626
de 2000, T-626 de 2000, T-1073 de 2001, T-756 de 2003, T-363 de 2004, T-791 de
2004, T-894 de 2005 y T-895 de 2008, entre otras.
[30] Corte
Constitucional, Sentencia T-075 de 2012.
[31] Un caso
emblemático al respecto es el relacionado con la concesión y desembolso de
subsidios de vivienda cuando los adquirentes de vivienda han cumplido con todos
los requisitos establecidos por la ley para el efecto.
[32] Corte Constitucional, Sentencia T-079 de 2008, T-1075 de 2007, T-
363 de 2004 y T-756 de 2003, entre otras.
[33] Corte Constitucional, Sentencias C-575 de 1992, T-021 de 1995, T-617
de 1995, T-011 de 1998, T-666 de 1998, C-328 de 1999, T-1165 de 2001, C-560 de
2002 y T-959 de 2004.
[34] Ver, entre otras, las
sentencias SU-1150 de 2000, T-1346 de 2001, T-602 de 2003,
T-025 de 2004, T-585 de 2006, T-064 de 2009, T-569 de 2009, T-569 de 2009, T-569 de 2009, T-514 de 2010, T-497 de 2010, T-472 de 2010, T-436 de 2010, T-177 de 2010 y T-151 de 2010.
[35] Corte Constitucional,
Sentencia T-075 de 2012 “Respecto de la exigibilidad de esta clase
de derechos prestacionales a través del criterio de conexidad, ésta Corporación
ha indicado en el caso del derecho a la vivienda digna que ´en abstracto no haría parte de los
derechos fundamentales, pero en algunas circunstancias lo sería si está en
conexidad con otros derechos fundamentales. La efectividad de la tutela
respecto a la petición de una persona para que su vivienda sea digna dependerá
de las condiciones jurídico-materiales del caso concreto.´”
[36] Corte Constitucional,
Sentencia T-075 de 2012: “según esta tesis, el derecho a la vivienda
digna se convierte en fundamental cuando es dotado de contenido mediante la
implementación de medidas legislativas y administrativas dirigidas a hacerlo
efectivo.”
[37] Corte Constitucional,
Sentencia T-075 de 2012: “En cuanto a la protección fundada en la
hipótesis de la vulneración del mínimo vital del accionante, ésta va dirigida a
que el juez de tutela
pueda proteger el derecho a la vivienda digna, “cuando dadas las circunstancias
particulares de debilidad manifiesta en que se encuentra quien la posee, es o
puede ser injustamente despojado de ella y con ello se afecta su mínimo vital o
el de su familia, o cuando adquiere el rango de fundamental por el factor de
conexidad con otro derecho fundamental.”.
[38]
Al respecto, en la Sentencia T-865 de 2011 se expresó: “En este
orden de ideas, no puede asumirse que por el hecho de estar frente a la
exigencia de un derecho económico, social o cultural, la tutela no sea
procedente. Para estos casos es necesario establecer si las circunstancias
particulares del asunto se enmarcan dentro de  alguna de las categorías fijadas
por la Corte (transmutación, conexidad o mínimo vital).// Entonces,
el derecho a la vivienda digna está, en principio, enmarcado dentro de los
derechos económicos, sociales y culturales; sin embargo, la evolución
jurisprudencial ha dejado en evidencia la necesidad de su protección cuando se
encuentre en conexidad con un derecho fundamental, como por ejemplo el derecho
a la vida. Igualmente, la jurisprudencia no solo ha entendido que el factor de
conexidad es el único criterio válido para que se pueda proteger el derecho a
la vivienda digna por medio de la acción de tutela, la Corte también lo ha garantizado cuando se observa una vulneración al mínimo vital respecto de
una persona puesta en situación de debilidad manifiesta[38],
en tanto la vivienda es un requisito para garantizar unas condiciones dignas de
vida. Por lo tanto, la prosperidad de la acción de tutela para la protección de
este derecho, dependerá básicamente de las condiciones jurídico-materiales que
rodeen el caso, con base en las cuales el juez determinará si la necesidad de
la vivienda conlleva elementos que se relacionan con la dignidad o la vida del
accionante y hagan procedente el amparo.”.
[39] “Todos los colombianos tienen derecho a vivienda
digna.//El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este
derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de
financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas
de vivienda.”
[40] Corte
Constitucional, Sentencias C-936 de 2003, T-1318 de 2005, y T-403 de
2006, entre otras.
[41] Proferida en el sexto
periodo de sesiones.
[42] Proferida en el
decimosexto periodo de sesiones.
[43]Órgano al que le ha sido
confiada la salvaguardia del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales.
[44]
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
[45] Al respecto la sentencia
T585 de 2006 expresó: “En primer
lugar, debe presentar condiciones adecuadas, las cuales dependen de la
satisfacción de los siguientes factores, entre otros: (i) Habitabilidad,
es decir, que la vivienda cumpla con los requisitos mínimos de higiene, calidad
y espacio necesarios para que una persona y su familia puedan ocuparla sin
peligro para su integridad física y su salud. (ii) Facilidad de acceso
a los servicios indispensables para la salud, la seguridad, la comodidad y la
nutrición de sus ocupantes. (iii) Ubicación que permita el fácil acceso a
opciones de empleo, centros de salud y educativos, y otros servicios sociales,
y en zonas que no pongan en riesgo la salud de los habitantes.
(iv) Adecuación cultural a sus habitantes. En segundo lugar, debe rodearse de
garantías de seguridad en la tenencia, condición que comprende, entre otros
aspectos: (i) Asequibilidad, que consiste en la existencia de una oferta
suficiente de vivienda y de posibilidades de acceso a los recursos requeridos
para satisfacer alguna modalidad de tenencia, entre otros. (…). (ii) Gastos
soportables, que significa que los gastos de tenencia –en cualquier modalidad-
deben ser de un nivel tal que no comprometan la satisfacción de otros bienes
necesarios para la garantía de una vida digna de los habitantes de la vivienda.
Para satisfacer este componente, el Estado debe, por ejemplo, crear subsidios
para quienes no puedan sufragar el costo de la tenencia y sistemas de
financiación que permitan a las familias acceder a la vivienda sin comprometer
su vida en condiciones dignas, proteger a los inquilinos contra aumentos
desproporcionados en los cánones de arrendamiento y facilitar el acceso a
materiales de construcción. (iii) Seguridad jurídica en la tenencia, que implica
que las distintas formas de tenencia estén protegidas jurídicamente,
principalmente contra el desahucio, el hostigamiento, o cualquier forma de
interferencia arbitraria e ilegal”.
[46]
Confróntese con la Sentencia T- 865 de 2011.
[47] Observación General N°
4. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas.
[48]En esta sentencia la Corte estudió una demanda de inconstitucionalidad promovida contra el artículo 1° de la Ley 796 de 2003, que autorizaba a los establecimientos bancarios  a realizar operaciones de
leasing habitacional. El actor alegaba (i) que el legislador debía fijar los
parámetros de la reglamentación de dicha operación, mediante una ley marco –lo
cual no había hecho-, y (ii) que al introducir esta figura, vulneraba el
derecho a una vivienda digna de los colombianos, ya que este negocio implica
intereses exorbitantes, de manera que no promueve la adquisición de vivienda. La Corporación consideró que el funcionamiento del leasing operacional no debía regularse
mediante ley marco, sino que bastaba su autorización legal, y que si bien esta
modalidad de financiación de la adquisición de vivienda per se no era
inconstitucional, la constitucionalidad de la norma debía condicionarse
a que el Decreto Reglamentario que expidiera el ejecutivo al respecto, se
ajustara a las exigencias constitucionales en materia de vivienda y velara por
que los ciudadanos no fueran forzados por las entidades financieras a optar por
el sistema de financiación más oneroso.
[49] Corte Constitucional, Sentencia C-936 de 2003.
[50] Sobre este punto, ver
Sentencia T-958 de 2001.
[51]
Corte Constitucional, Sentencia T-585 de 2006.
[52] Más específicamente, “grupos
en situación de vulnerabilidad”.
[53]Ya sea privada (invasión
de un predio que es propiedad privada) o del Estado (por ejemplo bienes de uso
público).
[54]
Confróntese este acápite con el fundamento 5 de la sentencia
T-528 de 2011 proferida por esta corporación.
[55]Al
respecto pueden consultarse entre muchas otras las siguientes Sentencias: T-575
de 2011, T-530 de 2011.
[56] Esta observación se
produjo como comentario al artículo 11 del pacto “El derecho a una alimentación
adecuada, también conocido como el derecho a la alimentación, se interpreta
como que requiere "la disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad
suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de los individuos, sin
sustancias nocivas, y aceptables para una cultura determinada. Esto debe ser
accesible a todos, lo que implica una obligación de proporcionar programas
especiales para los grupos vulnerables. El derecho a una alimentación adecuada
implica también un derecho al agua. El derecho a una vivienda adecuada, también
conocido como el derecho a la vivienda, es "el derecho a vivir en algún
lugar de la seguridad, la paz y la dignidad."[46] Se requiere una
"adecuada privacidad, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y
ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una adecuada
ubicación en relación con el trabajo y los servicios básicos - todo ello a un
coste razonable." Las Partes deben garantizar la seguridad de la tenencia
y que el acceso es libre de discriminación, y para eliminar progresivamente el
trabajo de hogar. Los desalojos forzosos, que se define como "la
retirada permanente o temporal en contra de su voluntad de individuos, familias
y / o comunidades de los hogares y / o las tierras que ocupan, sin la disposición
de, y acceso a formas adecuadas de protección jurídica o de otra índole" ,
son, prima facie, una violación del Pacto”.  (Subrayado fuera de
texto)
[57]
La aplicación de esta observación funciona como
criterio auxiliar de interpretación.
[58] Responsable de verificar
el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales “PIDESC”.
[59]  OBSERVACIÓN GENERAL 7
(1997). El derecho a una vivienda adecuada: los desalojos forzosos (Artículo 11
[1] del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales).
[60] Dentro de las que se
encuentran por ejemplo: las notificaciones oportunas, consulta e información a
los afectados y, la concesión de plazos razonables, entre otras
[61] Confróntese
con la Sentencia T-068 de 2010.
[62] Corte Constitucional Sentencia T- 068 de 2010: “4.1.1.1
Ante todo concluye que “los desalojos forzosos son prima facie incompatibles
con los requisitos del Pacto”.// Considera el Comité que la cuestión de los
desalojos forzosos es grave porque cuando el desalojo es injusto”…constituye
una violación grave de los derechos humanos”. Y debe procurarse que cuando se
realice “se adopten medidas de reubicación”. Según el mismo el desalojo forzoso
viene asociada la violación de otros derechos humanos consagrados en el Pacto
como el derecho a la vida, a la seguridad personal, a la no injerencia en la
intimidad familiar, entre otros. Esta recomendación conlleva también que cuando
se desaloja o lanza a una familia, no se la puede literalmente dejar en la
calle, al arbitrio de las circunstancias, sino que se debe tener disponible un
lugar adecuado donde ubicarla.// Profundiza esta entidad de las Naciones Unidas
en el concepto mismo de “retiro forzoso”:// 1. Plantea en primer término que se
trata de un concepto problemático, porque entraña y quiere trasmitir el sentido
de arbitrariedad.//2. Señala que no se lo puede asimilar al concepto de
desalojo injusto que resulta demasiado subjetivo.//3. Precisa que algunos
desalojos, que entonces ya no serían forzosos en sentido estricto, son legales
y hasta justificables por ejemplo cuando se realizan ante la necesidad de
implementar proyectos de desarrollo donde se necesitan los espacios ocupados
por ellos para la construcción de vías, presas estadio y otras de esta especie.
Pueden justificarse en los eventos de no pago del alquiler o de las cuotas de
adquisición. En todo caso nunca se justificarán los atropellos a los
derechos humanos.//4. Para que puedan efectuarse de acuerdo con los
postulados de este Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales deben
cumplirse ciertos requisitos como: a) la consulta y los acuerdos con las
personas objeto del desplazamiento, b) que se analice el contexto económico
social de la población afectada de modo que se matice su impacto tomando las
previsiones necesarias que garanticen que no se interrumpe su derecho a una
vivienda adecuada o digna, como se dice entre nosotros, c) que la orden de
ejecutarlos provenga siempre de la autoridad competente y que su trámite se
ajuste a una normatividad previamente establecida y conocida por los
desalojados.”
[63] De acuerdo con la
sentencia T-068 de 2010 citada, “en Colombia el desalojo forzoso esta
representado en el lanzamiento por ocupación de hecho y constituye, en sí, un
recurso legal ejecutado a través de un proceso policivo para recuperar inmuebles
ocupados por vías extralegales (de hecho), a favor de quien acredite un mejor
derecho sobre el bien ocupado.”.
[64] Principios
sobre la restitución de la vivienda y el patrimonio de los refugiados y
personas desplazadas de la ONU, Consejo Económico y Social,
E/CN.4/Sub.2/,28-06-2005.
[65]Esta posición que fue
acogida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando ordenó medidas
cautelares a favor de 63 niños y niñas y mas de 50 adultos en el municipio de
Bello, Antioquia con el objetivo que se les garantizara albergue adecuado y las
condiciones necesarias para la subsistencia de las personas que habían sido
desalojadas por la fuerza por el gobierno en condiciones que amenazaban su
salud e integridad personal.
[66] Comité
de Derechos Económicos, Sociales y  Culturales, Observación General núm. 7.
[67] Sobre la aplicación de las reglas del debido proceso
de desalojo, a manera de ilustración podemos observar en el derecho comparado,
por ejemplo el caso Olga Tellis vs Bombay Municipal Corporation en el
que la Corte Suprema de Justicia de la India analizó una acción de tutela
interpuesta por varios grupos de personas con el fin de evitar unos desalojos
masivos y unas reubicaciones forzosas de bastantes familias efectuadas por la Corporación Municipal de Bombay con ayuda de la policía, debido a que los peticionarios
tenían invadidos varios sectores del espacio público y zonas adyacentes a las
calles .
En aquella ocasión se determinó que más de la mitad de
la población se encontraba en la situación de los peticionarios, es decir,
habitaban en viviendas precarias dispuestas en el espacio público. Los
accionantes eran personas que habían tenido que emigrar desde las zonas rurales
a la ciudad en busca de trabajo y recursos mínimos de subsistencia y ya
llevaban alrededor de 20 años en esa situación. Debido a que la ocupación del
espacio público era considerada un problema para la Corporación Municipal de Bombay, ésta decidió informar a toda la población mediante una
circular transcrita en los periódicos, que procedería a efectuar los desalojos
y a deportar a cada persona a su lugar de origen.
Bajo tales circunstancias, los demandantes requirieron
al tribunal que frenara los desalojos hasta que se llevara a cabo su
reubicación pero bajo los parámetros del debido proceso fijados por la Ley. Adicionalmente, solicitaron un alojamiento transitorio mientras les daban su vivienda
definitiva. De igual modo pedían que se impidiera la demolición de sus
viviendas y en aquellos casos en que la demolición ya se había llevado a cabo,
requerían la restitución del valor de las mismas.
Los peticionarios invocaron entonces la protección del
derecho a la vida en razón a que la Constitución de la India no protegía expresamente el derecho a la vivienda. De igual manera enfocaron su defensa aduciendo que
con los desalojos se les afectaba su derecho a vivir por cuanto, al no contar
con un medio de subsistencia en el sector rural y la periferia, tuvieron que
emigrar a la ciudad y fabricar sus moradas cerca de las opciones de trabajo
para poder llevar una vida digna.
Indicaban que no era posible el derecho a la vida si
no tenían un medio de sustento, y al ser privados de su vivienda se verían
forzados a regresarse al sector rural y allí no contaban con ningún recurso.
En aquel momento, la Corte Suprema de la India determinó que no podía ser restringido el derecho a la vida sino por los procedimientos
establecidos por la ley, los cuales debían ser: adecuados, razonables y no
arbitrarios; ya que cuando se priva a una persona de sus medios esenciales
de subsistencia se afecta gravemente este derecho.
Sin embargo, pese a que la Corte afirma que el derecho a la vida implica el derecho a no ser privado de los medios
esenciales de subsistencia, también acepta y deja claro que ello no quiere
decir que corresponda al Estado la obligación de proveer en su totalidad
esos medios de subsistencia a quien lo requiera dado que es imposible.
Adicionalmente, indica que la diligencia de desalojo
efectuada por la Corporación Municipal y la policía no cumplió con el debido proceso en la medida en que: (i) se realizaron desalojos masivos sin
notificación fehaciente, (ii) no se les dio a los moradores o peticionarios de
dichas viviendas la oportunidad a ser debidamente oídos en defensa de sus
derechos, (iii) se resalta que es un problema social bastante complejo que
necesita una solución estructural.
Auxiliarmente, la Corte señala que si bien de una parte a los peticionarios no les asiste el derecho a ocupar el espacio público y
de otra, corresponde a la autoridad llevar a cabo los desalojos como su deber
constitucional, ello no es óbice para que dicho desahucio se desarrolle
teniendo en cuenta la situación especial de cada grupo de moradores dependiendo
de las circunstancias concretas en cada caso.
Así las cosas, el Tribunal Constitucional de la India ante la complejidad de la situación y el contexto social, fija un plazo de un mes luego
de finalizada la temporada de los monzones (para así garantizar que se lleve a
cabo la diligencia sin afectar otros derechos) y elabora unas estrategias o
subreglas a tener en cuenta para llevar a cabo el correspondiente desalojo. A
continuación se realiza una breve descripción de las mismas:
-Se ordenó al Estado que a aquel grupo de
peticionarios que había sido censado por el gobierno, se le suministraran unos
lugares de residencia alternativos, cercanos a sus lugares de trabajo, aunque
no como una obligación a cumplir previamente a su desalojo.
-   Igualmente
se decidió respecto de un grupo de personas que tenían construidas sus
viviendas desde hace más de 20 años, que no podían ser demolidas, salvo que el
gobierno demostrase que dichos hogares se encontraban en terrenos en los que
existía un interés público y en ese caso, (es decir de existir dicho interés
público) era necesario indemnizar y relocalizar al morador y su familia de
acuerdo con un procedimiento especial que se describe en la sentencia.
[68] “27. Todo este conjunto de disposiciones
constitucionales y legales, establecen en cabeza de las instituciones
comprometidas en esas normas, una posición de garante frente a la población
desplazada. Cuando en una de estas entidades recae el deber de atención, por
estar dentro de su ámbito de competencia material, funcional y territorial,
tiene la obligación irrenunciable de garantizar, proteger y socorrer a aquella
población vulnerable que ha sido movilizada, contra su voluntad, de su lugar
original de vida.” Y dijo que la acción de tutela es el mecanismo principal
para la protección de sus derechos.”  (Sentencia citada).
[69] Principalmente
construidas con madera, cartón y plástico.
[70] Al respecto, afirmó la Sala Cuarta: “La Corte no ignora
que pueden existir razones distintas al desplazamiento interno, más o menos
fundadas, que llevaron a algunas familias a asentarse en tal predio.  No
obstante, respecto de ellas no se cumple el hecho planteado como presupuesto
para la viabilidad del amparo de los derechos fundamentales invocados y por
ello no hay lugar a su protección”.
[71] “5.2. En este punto, en cambio, la Sala estima que no es posible acceder a la solicitud de la actora de que se impida el
adelantamiento del lanzamiento en el proceso policivo en curso, al momento de
interponer la tutela. Efectivamente, considera la Corte que si así procediera un juez de tutela en un caso similar, tendería un manto de
aparente legitimidad sobre una conducta ilegal. Conducta que no deja de ser
contraria a derecho, por más apremiantes que resulten circunstancias
calamitosas e inconstitucionales como la de ser víctima del delito de
desplazamiento forzado. La actuación de la señora Manrique Gutiérrez no puede
generar, entonces, derechos, ni expectativas legítimas. Entenderlo de ese modo
sería contrario al principio de legalidad que estructura el estado de derecho”.
[72] “5.5.
Empero, es importante resaltar que la vivienda es un derecho de rango
fundamental, entonces, se entiende
que su protección por vía de tutela, solo se limita a la revisión de los
requisitos generales de procedibilidad de este mecanismo constitucional. Así,
del estudio del acervo probatorio, se
observa que esta acción cumple con todo los requisitos de procedencia, dado que
la actora es madre cabeza de familia de tres hijos, dos de ellos menores de
edad, y que se encuentran en una situación económica precaria, considerándolos
sujetos de especial protección, debido a la situación en la que se encuentran. //
Por dicha razón, la Sala estima que la administración actúo de manera ágil y
rápida para restituir dicho bien al Estado, por considerarse bien de uso
público, no obstante, ésta no se preocupo por el futuro de las 22 personas que
desalojó, dentro de las cuales se encontraba la accionante y su núcleo,
omitiéndole informarle sobre los programas de vivienda y los respectivos
subsidios, que llegaren a tener las entidades demandadas, realizándoles un
debido acompañamiento, para incluirla en la lista de algunos de dichos
programas, teniendo en cuenta su condición social y económica, pero respetando
los turnos de las personas que se encuentra en espera que adquirir una
vivienda.//5.3. En consecuencia, se revocará el fallo dictado en noviembre 3 de
2010 por  el Juzgado 5° Civil del Circuito de Pereira, mediante el
cual confirmó la denegación de la tutela proferida por
el Juzgado 5° Civil Municipal de la misma ciudad en septiembre 23 de ese
año.//En su lugar, la Corte tutelará el derecho a la vivienda digna de la
accionante y de su núcleo familiar, ordenado a las entidades demandadas o a
quien corresponda, por intermedio de sus representantes legales o quien haga
sus veces, que si aún no lo ha realizado, dentro del término de cuarenta y ocho
(48) horas contado a partir de la notificación de esta providencia informen,
acompañen e incluyan a la señora Blanca Mora Monge y a sus hijos en un programa
de vivienda y de subsidios económicos, que la administración esté realizando,
teniendo en cuenta su condición social y económica, respetando el orden de
asignación.”.
[73] Dicha situación fue
probada en el expediente, en consecuencia se tenía certeza sobre el tiempo de
ocupación, debido a la construcción de las viviendas y a que la situación de
estas familias era de amplio conocimiento.
[74] De acuerdo con esta
sentencia la confianza legítima en el espacio público se configura cuando
existe una inactividad de la administración que crea expectativas en los
administrados.
[75] Entre las que se
cuentan, por lo menos, la observación de las formas propias de cada juicio, y
la garantía a los derechos de defensa y contradicción.
[76] Cfr. OG 7; párrafo 15.
[77] Entendiéndose
este como: Incluir a estas personas en programas de vivienda nacionales,
regionales o locales, brindar información sobre créditos de vivienda, incluir a
grupos los poblacionales de acuerdo a sus características en los programas
especiales previstos por el gobierno, etc.
[78] Al respecto se pueden
consultar entre muchos otras sentencias: T-438 de 1996,
T-550 de 1998, T-726 de 2003, T-053 de 2008, T-1098 de 2008.
[79] Constitución Política.
Artículo 83. “Las actuaciones de los particulares y de las
autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual
se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas”. Al
respecto se pueden consultar entre otras las siguientes sentencias C-131 de 2004,
T-340 de 2005, T-576 2008.
[80] Al respecto se pueden
consultar entre muchas otras sentencias SU 360 de 1999, T-364 de 1999, SU-601A
de 1999, T-706 de 1999, T-754 de 1999, T-900 de 1999, T-940 de 1999, T-372 de
2000, T-791 de 2000, T-983 de 2000, T-660 de 2002, T-291 de 2003, T-487 de 2003,
C-131 de 2004, T-146 de 2004, T-642 de 2004, T-708 de 2004, T-977 de 2004,
C-1049 de 2004, T-1179 de 2008, T-881 de 2009.
[81] Al respecto se pueden
consultar entre muchas otras las siguientes sentencias: C-108 de
2004, T-773 de 2007, T-053 de 2008.
[82] Al respecto se pueden
consultar entre muchos otras las sentencias: T-160 de 1996, T-046 de 2002, T-660 de 2002, T-807 de 2003, T-729 de 2006, T-892A de 2006 y T-021 de 2008.
[83] Corte
Constitucional, Sentencia T-527 de 2011.
[84] Corte
Constitucional, Sentencia T-729 de 2006, posición
reiterada entre otras en las sentencias T-773 de 2007,
T-053 de 2000.
[85] En relación con este
punto es necesario aclarar que si bien esta área fue declarada como de especial
importancia ecológica y es valorada como parte del espacio público siendo
propiedad privada es un asunto cuya discusión no incumbe en este caso a esta
Corporación, sin embargo, a los argumentos presentados en el acervo probatorio
se le da el tratamiento a dicha área como espacio público.
[86]
Al respecto  se recuerda lo dispuesto por  la Corte  en la Sentencia C-265 de 2002 : “Sin duda, una de las manifestaciones del principio constitucional que
identifica a Colombia como un Estado Social de Derecho guarda relación con la
garantía de una serie de derechos sociales y colectivos como la recreación
(artículo 52 C.P.), el aprovechamiento del tiempo libre (Ibíd.), y el goce de
un medio ambiente sano (artículo 79 C.P.) que dependen de la existencia de un
espacio físico a disposición de todos los habitantes.
De otra parte, la calidad de vida de las personas que
habitan un determinado lugar está íntimamente ligada a la  posibilidad de
contar con espacios de encuentro y circulación que hagan posible la
construcción de un tejido social en el que cada individuo se reconoce como
miembro de una comunidad y se relaciona con otros para la satisfacción de sus
intereses y necesidades.  De esta manera,  la defensa del espacio público
contribuye a garantizar la existencia de un escenario de convivencia libre que
acerca a todos los habitantes de una ciudad en condiciones de igualdad.
En tercer lugar, algunas de las formas en las que se
materializa la democracia participativa que sustenta la estructura del Estado
colombiano van de la mano de la existencia de espacios abiertos de discusión en
los que las personas puedan reunirse y expresarse libremente.  El espacio
público es, entonces, el ágora más accesible en la que se encuentran  y
manifiestan los ciudadanos.
Todos estos elementos que identifican la naturaleza y
función del espacio público dentro de una comunidad democrática fueron
expresamente reconocidos por el constituyente al justificar la inclusión en la
nueva Carta Política de una disposición, inexistente en la Constitución de 1886, que reconociera el sentido y alcance de un escenario a disposición de
todos y comprometiera tanto a las autoridades como a los mismos particulares en
el propósito común de preservarlo y mejorarlo.  Así, en la ponencia presentada
para primer debate ante la plenaria de la Asamblea Nacional Constituyente los miembros de la Comisión encargada de estudiar el tema señalaron:
´La Comisión acogió la propuesta de algunos de los
proyectos presentados a consideración de la Asamblea Nacional Constituyente, a fin de mantener la integridad y calidad del espacio
público, de elevar a canon constitucional el principio de su prevalencia sobre
el interés particular y el deber del Estado, las personas y la colectividad de
enriquecerlo, mantenerlo, de impedir su deterioro y reparar su integridad y
calidad, cuando se daña.
El concepto de espacio público... hace relación no sólo
a los bienes de uso público, sino a aquellos bienes de propiedad privada que
trascienden lo individual y son necesarios para la vida urbana.  Los
antejardines, las zonas de protección ambiental, los escenarios privados a los
cuales accede el público (como los teatros), caen bajo ese concepto que permite
un manejo urbano en el que el elemento público y colectivo prevalece sobre el
particular.
“Dada
su enorme importancia para la calidad de vida, en especial en los centros
urbanos, se ha considerado elevarlo a rango constitucional.  (Gaceta Constitucional
N°58 pag. 7) ´. Sentencia C-265 de 2002.”
[87] Situación que se ve claramente en los invasores.
[88] Al
respecto, cabe recordar entre otras, las siguientes reglas superiores:
"Artículo 82. Es deber del
Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su
destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular.
"Artículo 63. Los bienes de
uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos,
las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e
inembargables.”
"Artículo
102. El territorio, con los bienes públicos que de él forman parte,
pertenecen a la Nación.”
[89] Al respecto
para ampliar este concepto se puede consultar el fundamento 4 de la Sentencia C-491 de 2002.
[90] Artículo
5º de la Ley 9ª de 1989: Componen el espacio público los siguientes
elementos:
a)    Las áreas requeridas para la circulación tanto
peatonal como vehicular (vías públicas), - como por ejemplo las calles, plaza,
puentes y caminos -.
b)     Las áreas para la recreación pública, activa o
pasiva, -entiéndase estadios, parques y zonas verdes, por ejemplo-.
c)      Las franjas de retiro de las edificaciones sobre las
vías, - es decir andenes o demás espacios peatonales-.
d)     Las fuentes de agua, y las vías fluviales que no son
objeto de dominio privado. (Corte Constitucional. Sentencia T-508 de 1992).
e)     Las áreas necesarias para la instalación y
mantenimiento de los servicios públicos básicos o para la instalación y uso de
los elementos constitutivos del amoblamiento urbano en todas sus expresiones.
f)      Las áreas para la preservación de las obras de interés
público y de los elementos históricos, culturales, religiosos, recreativos y
artísticos, para la conservación y preservación del paisaje.
g)     Los elementos naturales del entorno de la ciudad.
h)     Lo necesarios para la preservación y conservación de
las playas marinas y fluviales, los terrenos de bajamar, así como la de sus
elementos vegetativos, arenas y corales.
[91] Ver las
sentencias  SU-360 de 1999,  SU-601A de 1999 y  C-265 de 2002  entre muchas
otras.
[92] Corte
Constitucional, Sentencia T-551 de 1992.
[93] Marienhoff,
Garrido Falla, Sayagués Lazo y García de Enterría. “Sobre la
imprescriptibilidad del dominio público.” En Revista de la Administración Pública núm. 13. Tomado de Gustavo Penagos, Derecho Administrativo. Parte Especial. Librería del Profesional. 1995.
[94] Corte
Constitucional, Sentencia. T- 288 de 1995.
[95] Corte
Constitucional, Sentencia  SU 360 de 1999.
[96] Constitución Política de
Colombia “ARTICULO 82. Es deber del Estado velar por la protección de
la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual
prevalece sobre el interés particular.”
[97] Así lo ha resaltado la
jurisprudencia de esta corporación. Al respecto se pueden consultar entre
muchas otras las siguientes sentencias: SU.360 de 1999, T-364 de 1999, T-499de
1999, SU.601A de 1999, T-706 de 1999, T-754 de 1999, C-265 de 2002, C-568 de
2003.
[98]
Ver folio 180 del cuaderno de instancia del Expediente T-3242627.
[99]
Ver folio 1, 91 y 92 del cuaderno de instancia.
[100]
Ver folio 105 del cuaderno de instancia del Expediente T-3242628.
[101]
Ver folio 35 del cuaderno de instancia del expediente T-3245542.
[102]
Ver folio 75 del cuaderno de instancia del expediente T- 3245560.
[103] “PRIMERO: NO
TUTELAR el derecho a la vivienda digna invocado por la señora DOLLIS
ANDREA ASPRILLA MORENO, por lo expuesto en la parte considerativa de esta
sentencia”
[104] El principio Pinheiro núm.
8 señala: “Derecho a una vivienda adecuada. 8.1. Toda persona tiene
derecho a una vivienda adecuada. Los Estados deben adoptar medidas positivas
para mejorar la situación de los refugiados y desplazados que no tienen
viviendas adecuadas.” Por su parte, el principio núm. 18 sostiene: [E]l
derecho de los desplazados a un nivel adecuado de vida, y (2) especifica que como
mínimo, independientemente de las circunstancias y sin discriminación, las
autoridades competentes deben proveer a las personas desplazadas, así como
asegurar el acceso seguro de las mismas, a (a) alimentos esenciales y agua
potable, (b) acomodación, refugio y vivienda básicos, (c)
vestidos apropiados, y (d) servicios médicos y sanitarios esenciales. También
(3) se dispone que las autoridades deberán realizar esfuerzos especiales para
garantizar la participación plena de las mujeres en condición de desplazamiento
en la planeación y la distribución de estas prestaciones básicas.” El
principio núm. 4 hace referencia a la prohibición de discriminación y garantía
de protección y asistencia especiales para ciertas categorías de desplazados
internos como las mujeres cabeza de familia. Finalmente, el principio N° 11
protege los derechos de los desplazados a la dignidad y a la integridad física,
psicológica y moral (Tomado del anexo núm. 3 de la sentencia T-025 de 2004).
[105] Mariela Gutiérrez de
Bueno. (folio 3)
[106] Bueno Gañán José
Bartolomé. (folio 6)
[107] “PRIMERO: CONFIRMA
en todos sus apartes la sentencia proferida el 28 de julio de 2011, por el
Juez Octavo Civil Municipal.
SEGUNDO: ADICIONA, para
amparar el derecho fundamental de petición de la accionante, ejercido frente a la Secretaría de Gestión Inmobiliaria Municipal, tal y como surge del documento visible a folios
dos y tres del expediente, por cuanto no existe en la actuación prueba alguna
que demuestre a esta Célula Judicial, se le haya dado respuesta a tal solicitud
y se le hubiere enterado oportunamente de la misma.
TERCERO: a
la accionada, Secretaría de Gestión Inmobiliaria Municipal , representada por
su Secretaría o la persona que haga sus veces, se le concede un plazo de 5 días
calendario, para contestarle a la accionante su derecho de petición, recibido
en dicha dependencia el día 20 de junio pasado, radicación ´16552´  ”
[108] “PRIMERO: Negar
por improcedente la tutela solicitada por la señora LUZ MARINA BETANCUR
MELCHOR por lo expuesto en la parte motiva”
[109] El Juzgado Tercero Penal Municipal para Adolescentes
con Función de Control de Garantías mediante providencia del 13 de septiembre
de 2011, indica que en ningún momento se vulneraron los derechos invocados por
la accionante, que por el contrario lo que se observa es una dilatación en
relación con la invasión de la petente en un predio ajeno.  Por consiguiente
niega la acción impetrada y argumenta que dado a que ya se efectuó el desalojo
hay una carencia actual de objeto.
[110] El Juzgado Sexto Penal Municipal con Funciones de
Control de Garantías indica que el accionante no se encuentra ni siquiera
dentro de la lista de las personas que ocupan el predio. Aduce que la ocupación
que se lleva a cabo en los lotes propiedad de la Sociedad de mejoras es ilegítima. Expresa que las autoridades accionandas y la Sociedad de Mejoras de Pereira están actuando bajo el debido proceso y de manera ajustada a
derecho.
[111] Niega la acción de tutela argumentando que tanto la Alcaldía Municipal de Pereira como las demás autoridades que llevaron a cabo la diligencia de
desalojo, no han vulnerado los derechos fundamentales del accionante, toda vez
que realizaron dicho procedimiento con competencia para actuar y respetando el
debido proceso de los invasores.
Finaliza
recordando que el área objeto de conflicto está valorada y declarada por la CARDER como de especial importancia ecológica.
[112]El Juzgado Cuarto Municipal de Pereira niega la
acción de tutela argumentando que tanto la Alcaldía Municipal de Pereira como las demás autoridades que llevaron a cabo la diligencia de
desalojo, no han vulnerado los derechos fundamentales del accionante, toda vez
que realizaron dicho procedimiento con competencia para actuar y respetando el
debido proceso de los invasores. Indica además que el área invadida tiene
especial importancia ecológica.
[113] El Juzgado Sexto Penal Municipal con funciones de
Control de Garantías de Pereira (Risaralda) mediante sentencia proferida el 20
de septiembre de 2011, niega la solicitud de amparo argumentando que las
autoridades tanto administrativas como ambientales habían actuado de acuerdo a
su competencia sin ocasionar vulneración alguna a los derechos invocados por la
accionante.
Indica
que para que la accionante pueda acceder a una vivienda mediante la
administración municipal deberá hacer la solicitud y agotar los procedimientos
correspondientes.
[114] “PRIMERO: CONFIRMAR
la sentencia de tutela proferida por el Juzgado Segundo Penal Municipal con
Funciones de Control de Garantías de esta ciudad el 1 de agosto de 2011, por
medio de la cual se negó la acción de tutela propuesta por el señor JOEL GÓMEZ
MOSQUERA en contra de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE PEREIRA, aclarando que la acción de tutela es improcedente en este caso para amparar el derecho a la vivienda
digna por no existir conexidad con derechos fundamentales, no porque se hayan
desconocido en la construcción de la vivienda las normas de urbanismo y
tratarse de una reserva natural ambiental.
SEGUNDO: ADICIONAR, la
sentencia de tutela ordenando a la Alcaldía Municipal de Pereira, en caso de no haberse dado respuesta al derecho de petición
que presentó el señor JOEL GÓMEZ MOSQUERA ante su Secretaría de Gestión
Inmobiliaria, proceder en un término máximo de 48 horas a contestarlo de fondo,
en forma clara precisa y por medio del acto idóneo.”
[115] “DECLARAR: Que
la Alcaldía Municipal de Pereira no ha vulnerado derecho fundamental alguno al
señor JOEL GÓMEZ MOSQUERA. En virtud de lo analizado en el cuerpo de este
fallo.”
[116]El Juzgado Primero Penal Municipal para adolescentes
con función de Control de Garantías mediante providencia del 26 de septiembre
de 2011, niega la solicitud bajo el argumento de que el petente en ningún
momento ha agotado el proceso administrativo ante la Alcaldía de Pereira para solicitar el acceso a un subsidio de vivienda. En esa medida no es
de recibo el hecho de pretender acceder mediante tutela.
[117] “PRIMERO:
CONFIRMA en todos sus apartes la sentencia proferida el 28 de julio de
2011, por el Juez Octavo Civil Municipal.
SEGUNDO: ADICIONA, para
amparar el derecho fundamental de petición de la accionante, ejercido frente a la Secretaría de Gestión Inmobiliaria Municipal, tal y como surge del documento visible a folios
dos y tres del expediente, por cuanto no existe en la actuación prueba alguna
que demuestre a esta Célula Judicial, se le haya dado respuesta a tal solicitud
y se le hubiere enterado oportunamente de la misma.
TERCERO: a
la accionada, Secretaría de Gestión Inmobiliaria Municipal , representada por
su Secretaría o la persona que haga sus veces, se le concede un plazo de 5 días
calendario, para contestarle a la accioante su derecho de petición, recibido en
dicha dependencia el día 20 de junio pasado, radicación ´16552´ ”.
[118] “PRIMERO: Negar
por improcedente la tutela solicitada por la señora LUZ MARINA BETANCUR
MELCHOR por lo expuesto en la parte motiva.”.
[119] “PRIMERO:
CONFIRMAR la sentencia de tutela proferida por el Juzgado Segundo Penal
Municipal con Funciones de Control de Garantías de esta ciudad el 1 de agosto
de 2011, por medio de la cual se negó la acción de tutela propuesta por el
señor JOEL GÓMEZ MOSQUERA en contra de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE PEREIRA, aclarando que la acción de tutela es improcedente en este caso
para amparar el derecho a la vivienda digna por no existir conexidad con
derechos fundamentales, no porque se hayan desconocido en la construcción de la
vivienda las normas de urbanismo y tratarse de una reserva natural ambiental.”.
SEGUNDO: ADICIONAR, la
sentencia de tutela ordenando a la Alcaldía Municipal de Pereira, en caso de no haberse dado respuesta al derecho de petición
que presentó el señor JOEL GÓMEZ MOSQUERA ante su Secretaría de Gestión
Inmobiliaria, proceder en un término máximo de 48 horas a contestarlo de fondo,
en forma clara precisa y por medio del acto idóneo.”
[120] “DECLARAR: Que
la Alcaldía Municipal de Pereira no ha vulnerado derecho fundamental alguno al
señor JOEL GÓMEZ MOSQUERA. En virtud de lo analizado en el cuerpo de este
fallo.”