C-370-06
SENTENCIA No
Sentencia C-370/06
LEY DE
JUSTICIA Y PAZ- No exigencia de reserva de ley
estatutaria
COSA JUZGADA
CONSTITUCIONAL-Configuración
UNIDAD
NORMATIVA-Integración
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Cargos
deben ser claros, ciertos, específicos, pertinentes y suficientes
AMNISTIA E
INDULTO-Aprobación por mayoría calificada
AMNISTIA E
INDULTO-Distinción
LEY DE JUSTICIA Y PAZ-No concede
amnistía ni indulto/LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Trámite legislativo como ley
ordinaria
Se observa
por la Corte que en ella no se dispone la extinción de la acción penal en
relación con los delitos que puedan ser imputados a miembros de grupos armados
que decidan acogerse a aquella, razón por la cual resulta claro que el Estado
no decidió mediante esta ley olvidarse de las acciones delictuosas, por lo que
en rigor jurídico-constitucional la afirmación según la cual dicha ley concede
una amnistía, no es de recibo. Por lo que hace a la supuesta concesión de un
indulto, tampoco se encuentra que alguna de las normas contenidas en la ley
acusada disponga que la pena con la cual culmine un proceso iniciado contra los
miembros de grupos armados ilegales que decidan acogerse a esa ley una vez
impuesta por sentencia judicial, deje de ejecutarse. Si bien es verdad que se
le hace objeto de un tratamiento jurídico penal menos riguroso que el existente
en el Código Penal, lo cierto es que, aun así, no desaparece la pena. Esta se
impone, pero el procesado puede hacerse acreedor a un beneficio que podría
reducirle la privación de la libertad por un tiempo, sin que ésta desaparezca.
No se dan pues en el presente caso los presupuestos que definen  la amnistía ni
el indulto, y por tanto  mal  podía exigirse al Legislador que para la
expedición de la ley acusada diera un trámite reservado a ese tipo de figuras
jurídicas.
PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO-Trámite
debe continuar cuando no hay aprobación de una disposición/PROYECTO DE ACTO
LEGISLATIVO-Plenaria de la respectiva Cámara puede introducir nuevamente
asunto negado por la Comisión
DELITO DE SEDICION EN LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Inconstitucionalidad por vicios formales
LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Desconocimiento
del principio de consecutividad/TRAMITE LEGISLATIVO-Indebida tramitación
de apelación
Con el
trámite impartido a los artículos 70 y 71 de la Ley 975/05 se desconoció el principio
de consecutividad, ya que como resultado de la indebida tramitación de la
apelación presentada en el Senado ante la decisión de negarlos adoptada por las
Comisiones Primeras Constitucionales Permanentes, finalmente fueron remitidos a
Comisiones Constitucionales que no eran competentes; y una vez aprobados por
éstas últimas sin tener competencia para hacerlo, fueron introducidos de manera
irregular en el segundo debate ante la plenaria del Senado, como si hubiesen
sido aprobados por las Comisiones Constitucionales facultadas para ello.
LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Objeto
LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Ámbito de
aplicación
LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Derechos de las
víctimas
DERECHO A LA PAZ-Consagración en
instrumentos internacionales
DERECHO A LA PAZ-Naturaleza/DERECHO A
LA PAZ EN EL DERECHO INTERNACIONAL-Propósito fundamental/DERECHO A LA
PAZ-Derecho de tercera generación/DERECHO A LA PAZ-Derecho
subjetivo/DERECHO A LA PAZ-Deber jurídico
La Paz
constituye (i) uno de los propósitos fundamentales del Derecho Internacional;
(ii) un fin fundamental de Estado colombiano; (iii) un derecho colectivo en
cabeza de la Humanidad, dentro de la tercera generación de derechos; (iv) un
derecho subjetivo de cada uno de los seres humanos individualmente
considerados; y (v), un deber jurídico de cada uno de los ciudadanos
colombianos, a quienes les corresponde propender a su logro y mantenimiento.
JUSTICIA DE TRANSICION-Concepto
PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS-Obligación del Estado de investigar, juzgar y sancionar violaciones
de derechos humanos
CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS-Obligación del Estado de investigar, juzgar y sancionar violaciones
de derechos humanos
CONVENCION CONTRA TORTURA Y TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O
DEGRADANTES-Derechos de las víctimas
CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA
CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS-Obligaciones de los Estados
CONVENCION PARA LA PREVENCION Y LA SANCION DE GENOCIDIO
CORTE PENAL INTERNACIONAL-Competencia
complementaria a la jurisdicción del Estado parte
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Jurisprudencia
relativa al derecho a la justicia, investigación, conocimiento de la verdad,
reparación de las víctimas y no repetición
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Importancia como fuente de Derecho internacional
INTERPRETACION DE DERECHOS CON ARREGLO A TRATADOS INTERNACIONALES-Importancia de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos
VIOLACION DE
DERECHOS HUMANOS-Obligación de prevención
VIOLACION DE DERECHOS HUMANOS-Obligación
de investigación
VIOLACION DE DERECHOS HUMANOS-Obligación
de procesamiento y sanción judicial
VIOLACION DE DERECHOS HUMANOS-Obligación
de investigar, procesar y sancionar dentro de un “plazo razonable”
IMPUNIDAD-Obligación de prevenirla
VIOLACION DE DERECHOS HUMANOS-Obligación
estatal de iniciar ex officio investigaciones
REPARACION DE
LA VICTIMA-Alcance
DERECHO A LA
VERDAD-Alcance
CONJUNTO DE PRINCIPIOS PARA LA PROTECCION Y PROMOCION DE DERECHOS
HUMANOS MEDIANTE LA LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD-Derechos
de las víctimas en los procesos de transición hacia la paz
INFORME DE LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS SOBRE EL
PROCESO DE DESMOVILIZACION EN COLOMBIA-Conceptos de
verdad, justicia y reparación
DERECHOS DE LAS VICTIMAS A LA VERDAD
JUSTICIA Y REPARACION-Jurisprudencia constitucional
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA DE PAZ-Límites
METODO DE PONDERACION EN LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Necesidad de aplicarlo/PAZ-Valor no absoluto
El método de
ponderación es apropiado para la resolución de los problemas que plantea este
caso, por cuanto no es posible materializar plenamente, en forma simultánea,
los distintos derechos en juego, a saber, la justicia, la paz, y los derechos
de las víctimas. El logro de una paz estable y duradera que sustraiga al país
del conflicto por medio de la desmovilización de los grupos armados al margen
de la ley puede pasar por ciertas restricciones al valor objetivo de la
justicia y al derecho correlativo de las víctimas a la justicia, puesto que de
lo contrario, por la situación fáctica y jurídica de quienes han tomado parte
en el conflicto, la paz sería un ideal inalcanzable. Se trata de una
decisión política y práctica del Legislador, que se orienta hacia el logro de
un valor constitucional. En ese sentido, la Ley 975 de 2005 es un desarrollo de
la Constitución de 1991. Pero la paz no lo justifica todo. Al valor de la paz
no se le puede conferir un alcance absoluto, ya que también es necesario
garantizar la materialización del contenido esencial del valor de la justicia y
del derecho de las víctimas a la justicia, así como los demás derechos de las
víctimas, a pesar de las limitaciones legítimas que a ellos se impongan para
poner fin al conflicto armado.
CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD DE LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Ponderación
de la paz, la justicia y los derechos de las víctimas
ALTERNATIVIDAD
PENAL-Concepto
ALTERNATIVIDAD
PENAL-Características
PENA ALTERNATIVA EN LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Elementos esenciales
PENA ALTERNATIVA EN LEY DE JUSTICIA Y PAZ-No implica indulto
PENA ALTERNATIVA EN LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Pena privativa de la libertad de 5 a 8 años
PENA ALTERNATIVA EN LEY DE JUSTICIA Y PAZ-No  entraña una afectación desproporcionada del valor justicia/ALTERNATIVIDAD
PENAL EN LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Colaboración con la justicia debe
encaminarse al logro efectivo de los derechos de las víctimas
Esta configuración de la denominada pena alternativa, como medida
encaminada al logro de la paz resulta acorde con la Constitución en cuanto, tal
como se deriva de los artículos 3° y 24, no entraña una desproporcionada
afectación del valor justicia, el cual aparece preservado por la imposición de
una pena originaria (principal y accesoria), dentro de los límites establecidos
en  el Código Penal, proporcional al delito por el que se ha condenado, y que
debe ser cumplida si el desmovilizado sentenciado, incumple los compromisos
bajo los cuales se le otorgó el beneficio de la suspensión de la condena. Sin
embargo, considera la Corte que algunas expresiones de los artículos 3°, 20 y
29, merecen especial consideración en cuanto pueden contener medidas que, no
obstante estar orientadas al logro de la paz, podrían entrañar una
desproporcionada afectación del valor justicia y particularmente del derecho de
las víctimas. Así acontece con la expresión del artículo 3° que condiciona la
suspensión de la ejecución de la pena determinada en la respectiva sentencia, a
la “colaboración con la justicia”. Esta exigencia formulada en términos tan
genéricos, despojada de contenido específico, no satisface el derecho de las
víctimas al goce efectivo de sus derechos a la verdad, a la justicia, a la
reparación y a la no repetición. La alternatividad penal parecería una
afectación desproporcionada de los derechos de las víctimas si la “colaboración
con la justicia” no comprendiera la integralidad de los derechos de tales
víctimas, y si no exigiera de parte de quienes aspiran a acceder a tal beneficio
acciones concretas encaminadas a asegurar el goce efectivo de estos derechos.
En consecuencia la Corte declarará la constitucionalidad del artículo 3°, en el
entendido que la “colaboración con la justicia” debe estar encaminada al logro
efectivo de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la
reparación y la no repetición.
ACUMULACION DE PENAS EN LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Procedencia/ACUMULACION DE PENAS EN LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Inconstitucionalidad
expresión “pero en ningún caso la pena alternativa podrá ser superior a la
prevista en la presente ley”
No se produce una desproporcionada afectación del valor justicia en
razón a que la acumulación jurídica de penas, determinada conforme a las reglas
que para el efecto establece el código penal, opera en relación con las penas
principales imponibles o impuestas, respecto de los diferentes delitos
perpetrados durante y con ocasión de la pertenencia del sentenciado al
respectivo grupo, que son objeto de la acumulación. Lo anterior no significa que
en estos casos dejen de ser beneficiados por lo que la ley ha denominado
alternatividad penal. De tal forma que si el desmovilizado condenado con
anterioridad, por hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de su
pertenencia al grupo armado organizado al margen de la ley, se acoge a la Ley
975 de 2005, y cumple los requisitos correspondientes, dicha condena previa se
acumulará jurídicamente a la nueva condena que se llegare a imponer como
resultado de su versión libre y de las investigaciones adelantadas por la
Fiscalía. Después de efectuada dicha acumulación jurídica, el juez fijará la
condena ordinaria (pena principal y accesorias), cuya ejecución se suspenderá y
se concederá el beneficio de la pena alternativa de 5  a 8 años en relación con
la pena acumulada, si se cumplen los requisitos de la Ley 975 de 2005. Si
transcurrido el tiempo de la pena alternativa y el período de prueba, el
sentenciado ha cumplido  a cabalidad con las obligaciones establecidas en la
ley, la pena inicialmente determinada en la sentencia como resultado de la
acumulación jurídica se declarará extinguida. En caso contrario, se revocará y
el sentenciado deberá cumplir la pena acumulada, inicialmente determinada en la
sentencia (artículos 24 y 29). No ocurre lo mismo con la expresión “pero en
ningún caso la pena alternativa podrá ser superior a la prevista en la presente
ley” del  inciso 2° del artículo 20, la cual es inconstitucional. Este segmento
elimina completamente las condenas impuestas por hechos delictivos cometidos con
anterioridad a la desmovilización, puesto que condiciona la acumulación
jurídica de penas a partir de la cual ha de determinarse en la sentencia la
pena ordinaria cuya ejecución habrá de ser suspendida. Tal supresión total de
la condena previa equivale a una afectación manifiestamente desproporcionada
del derecho de las víctimas a la justicia y podría ser interpretado como un
indulto disfrazado.
LIBERTAD A PRUEBA EN LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Requisito de no reincidir en delito por el cual fue condenado es contrario
a la justicia y derecho de las víctimas a la no repetición
En cuanto al
artículo 29, observa la Corte que tal como está redactado el inciso 4º, el
compromiso que adquiere el beneficiario de la pena alternativa durante el
período de libertad a prueba consiste en “no reincidir en los delitos por los
cuales fue condenado en el marco de la presente ley”. Esta expresión comporta
una desproporcionada afectación del valor justicia y del derecho de las
víctimas a la no repetición, por cuanto permite la coexistencia del beneficio
de reducción de pena con fenómenos de reincidencia en relación con delitos
distintos a aquellos por los cuales fue condenado. Ningún aporte a la paz o a
la justicia puede hacer una medida permisiva de esta naturaleza. Los beneficios
otorgados deben estar vinculados al férreo compromiso del sentenciado de no
incurrir intencionalmente en conductas delictivas, cualquiera que sea su
naturaleza, y a la efectiva contribución del beneficiario a la consecución de
la paz. Los propósitos de resocialización y de reinserción  que animan estos
beneficios se tornan inocuos con una expresión como la que se cuestiona. La
comisión intencional de un nuevo delito durante el período de libertad a
prueba, cualquiera que sea su naturaleza, genera la revocatoria del beneficio.
DERECHO A LA VERDAD EN LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Desconocimiento en norma que no establece la pérdida de beneficios
por no confesión de todos los delitos
Las normas
demandadas establecen que las personas que han cometido delitos en su condición
de integrantes de grupos armados específicos tienen derecho a una disminución
sustantiva de la pena efectiva a cumplir. Para obtener este beneficio
parecería, según una interpretación, que no tienen  que confesar todos los
delitos en los cuales hubieren participado como miembros de un bloque o frente.
Podrían limitarse exclusivamente a reconocer los delitos cuya responsabilidad
les es adjudicada por el Estado sin aportar ninguna información adicional. Si
en el futuro el Estado encuentra que no confesaron todos los delitos, la
persona no pierde los beneficios que ya le han sido impuestos respecto de los
delitos cuya autoría aceptó. Adicionalmente, puede acceder a nuevos beneficios
respecto de los delitos no confesados, si el Estado no puede demostrarle que la
omisión fue intencional. La Corte estima que esta regulación desconoce el
derecho de las víctimas a la verdad, cuya dimensión constitucional e
internacional fue anteriormente reiterada.
DERECHO A LA VERDAD-Contenido mínimo
El contenido mínimo del derecho de las víctimas a la verdad protege,
en primer lugar, el derecho a que los delitos más graves sean investigados.
Esto implica que tales delitos deben ser investigados y que el Estado es
responsable por acción o por omisión si no hay una investigación seria acorde
con la normatividad nacional e internacional. Una de las formas de violación de
este derecho es la inexistencia de medidas que sancionen el fraude a la
justicia o sistemas de incentivos que no tomen seriamente en cuenta estos
factores ni promuevan seria y decididamente la consecución de la verdad.
DERECHO A LA VERDAD-Dimensión colectiva
En cuanto se refiere a la dimensión colectiva de la verdad, su
contenido mínimo incluye la posibilidad de las sociedades de conocer su propia
historia, de elaborar un relato colectivo relativamente fidedigno sobre los
hechos que la han definido y de tener memoria de tales hechos.  Para ello, es
necesario que se adelanten investigaciones judiciales imparciales, integrales y
sistemáticas, sobre los hechos criminales de los que se pretende dar cuenta
histórica. Un sistema que no beneficie la reconstrucción de la verdad histórica
o que establezca apenas débiles incentivos para ello, podría comprometer este
importante derecho.
VERSION LIBRE
Y CONFESION EN LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Debe ser
completa y veraz
ALTERNATIVIDAD PENAL-Revocatoria por
haber ocultado en versión libre participación en delito
Advierte la Corte que el inciso quinto del artículo 29, orientado a
regular los supuestos de revocatoria de la libertad a prueba y del beneficio de
alternatividad penal, emplea una expresión demasiado amplia, v.gr., “cumplidas
estas obligaciones”. Tales obligaciones pueden ser las del inciso inmediatamente
anterior, lo cual dejaría completamente desprotegido el derecho de las víctimas
a la verdad. En cambio, el inciso segundo de dicho artículo alude a “las
condiciones previstas en esta ley”, lo cual comprende múltiples requisitos, sin
especificar cuáles. Esto es especialmente importante en lo que respecta al
derecho a la verdad, que sería burlado si el condenado pudiera mantener el
beneficio de la pena alternativa a pesar de que se descubra, algún delito
cometido con ocasión de su pertenencia al grupo armado específico, imputable al
beneficiario y que éste hubiere ocultado en su versión libre. Según esta
interpretación, el beneficiario de la alternatividad continuaría gozando de la
pena alternativa a pesar de haber ocultado, no cualquier delito, sino uno en el
cual hubiere participado como miembro del bloque o frente al cual pertenecía.
Cuando dicho delito ocultado estuviere, además, relacionado directamente con su
pertenencia al grupo específico desmovilizado, o del cual individualmente
decidió separarse para desmovilizarse, admitir que el condenado conserve el
beneficio resulta manifiestamente desproporcionado. En efecto, esta
interpretación tornaría la alternatividad inoperante e ineficiente frente a los
fines de la justicia, y afectaría en exceso el derecho a la verdad. Por estas
razones la Corte declarará exequible el inciso 5º del artículo 29 en el
entendido de que también se revocará el beneficio de alternatividad cuando el
beneficiario haya ocultado en la versión libre su participación como miembro
del grupo en la comisión de un delito relacionado directamente con su
pertenencia al grupo.
BENEFICIOS PENALES EN LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Solo pueden conferirse a quienes han satisfecho de manera plena el
derecho de las víctimas a la verdad
OMISION LEGISLATIVA RELATIVA-Concepto
DERECHO A LA VERDAD EN DELITO DE DESAPARICION FORZADA-Implica el derecho a conocer el destino final de la persona
desaparecida
CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS-Hace parte del bloque de constitucionalidad
REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD PARA DESMOVILIZACION COLECTIVA Y DELITO
DE DESAPARICION FORZADA-Obligación de indicar
paradero de personas desaparecidas/OMISION LEGISLATIVA RELATIVA-Configuración
Resulta inconstitucional que el Estado colombiano otorgue beneficios
penales a personas que son responsables del delito de desaparición forzada, sin
que exija, como condición para el otorgamiento del beneficio, además de que
hayan decidido desmovilizarse en el marco de esta ley que los responsables del
delito hubieren indicado, desde el momento en el que se define su elegibilidad,
el paradero de las personas desaparecidas. En efecto, tal y como se señaló en
el caso anterior, el Estado no puede renunciar a utilizar todos los mecanismos
a su alcance para prevenir delitos de suma gravedad y, en el caso en el cual se
hubieren cometido, para interrumpir sus efectos sobre la víctima o sobre sus
familiares. En este sentido es importante reconocer que la obligación de
liberar a las personas secuestradas es de naturaleza similar a la obligación
constitucional de revelar el destino de las personas desaparecidas. Sin
embargo, no parece existir ninguna razón por la cual el legislador hubiere
omitido establecer como requisito de elegibilidad revelar el destino de las personas
desaparecidas mientras consagró como condición para acceder a los beneficios de
la ley liberar a las personas secuestradas, en el evento de la desmovilización
colectiva. Al no existir un principio de razón suficiente para esta distinción
y existir sin embargo la obligación irrenunciable del Estado de adoptar todas
las medidas para esclarecer este delito en el menor tiempo posible, e informar
sobre el paradero de los desaparecidos, no parece constitucionalmente adecuada
la exclusión de la que se da cuenta en la presente sentencia. En suma, por las
razones expresadas tanto en el presente como en el anterior aparte de esta
sentencia, la Corte considera que la omisión del legislador de la cual da
cuenta la demanda, es el resultado del incumplimiento de un deber
constitucional específico en cabeza del Estado. Este deber consiste en adoptar
todas las medidas a su alcance para establecer, en el menor tiempo posible, el
paradero de las personas desaparecidas. El silencio sobre este requisito a la
hora de solicitar la aplicación de la Ley demandada ante la decisión de
desmovilizarse colectivamente, equivale a una renuncia del Estado a cumplir
este deber, renuncia a la que el legislador no está autorizado.
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DOCUMENTOS PUBLICOS-Excepciones
RESERVA DE INFORMACION EN LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Procedencia para protección de intimidad, vida, integridad o
seguridad de víctimas y testigos
No escapa a
la Corte el hecho de que múltiples artículos de la ley demandada se le ordena a
las autoridades públicas la investigación exhaustiva de los hechos y su
difusión pública como condición para la satisfacción de los derechos de las
víctimas y para la adopción de medidas de no repetición. Para que esos
mecanismos – como las comisiones de la verdad - puedan operar plenamente, es
necesario que no exista reserva sobre información relevante, salvo que se
trate, como también lo establece la ley, de proteger la intimidad, la vida, la
integridad o la seguridad de víctimas y testigos. Finalmente, el artículo 58 se
titula Medidas para garantizar el acceso a los Archivos y se encuentra inserto
en el Capitulo X de la Ley, destinado integralmente a asegurar el deber de la
memoria y la reconstrucción de un relato histórico sobre los fenómenos a los
cuales se aplique la Ley. En esos términos, no puede entenderse que la norma
demandada permita, por vía de excepción, sacrificar los bienes, valores y
derechos que persigue todo el Capitulo X dentro del cual se encuentra inserta.
Al intérprete del derecho se le deben imponer los criterios de interpretación
sistemática y teleológica en virtud de los cuales debe entenderse que las
disposiciones demandadas se limitan exclusivamente a remitir a las normas
vigentes sobre reserva judicial para proteger la vida y la seguridad de los testigos.
VIOLACION DE DERECHOS HUMANOS-Obligación
estatal de investigar forma parte del derecho a la justicia
DERECHO A UN PLAZO RAZONABLE EN PROCESO PENAL-Consagración en Convención Americana de Derechos Humanos
PLAZO DE INVESTIGACION EN PROCESO PENAL-Criterios
para determinar razonabilidad
CONJUNTO DE PRINCIPIOS CONTRA LA IMPUNIDAD-Obligación estatal de investigar
VERSION LIBRE Y CONFESION DE DESMOVILIZADO EN LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Procedimiento
AUDIENCIA DE FORMULACION DE IMPUTACION EN LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Plazo para fijarla y realizarla
Observa la
Corte que la norma parcialmente impugnada establece, en términos generales,
unos criterios razonables que garanticen una investigación pronta, imparcial y
exhaustiva, de los hechos que el desmovilizado pone en conocimiento de la
fiscalía. Varios aspectos respaldan este punto de vista: a). En primer término
debe tenerse en cuenta que la labor de verificación del fiscal parte de la
existencia de una confesión que de hecho pone un marco a la investigación; b)
El segundo lugar resulta relevante para efectos de la investigación el hecho de
que la norma establezca que los órganos de investigación (fiscalía y policía
judicial)  deben elaborar y desarrollar el programa metodológico
trazado, el cual se encuentra regulado en el artículo 207 del Código de
Procedimiento Penal, para poner a disposición del juez de control de garantías
al desmovilizado confeso; c) y en tercer lugar, cabe destacar que el término de
36 horas que establece la norma, no puede interpretarse como el término de
investigación, como lo entienden los demandantes, sino como el plazo
establecido para que el magistrado de control de garantías  señale y realice la
audiencia de formulación de imputación, una vez que el fiscal que conozca del
caso lo ha solicitado. Lo anterior implica que esa puesta a disposición del
desmovilizado ante el juez de control de garantías está condicionada a la
elaboración y desarrollo del programa metodológico tal como se deriva del
inciso tercero de la norma parcialmente impugnada.
VERSION LIBRE Y CONFESION DE DESMOVILIZADO EN LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Inconstitucionalidad de la expresión “inmediatamente” referida  al
término en que debe ponerse al desmovilizado a disposición del magistrado de
control de garantías
La expresión
que sí parece fijarle un término al fiscal que reduce excesivamente la
posibilidad de construir un caso antes de la audiencia de formulación de
imputación es la que encabeza el inciso juzgado. En efecto, dice la norma que
“el desmovilizado se dejará inmediatamente a disposición del magistrado que
ejerza la función de control de garantías”. Este deber ha de cumplirse
“inmediatamente” después de un hecho que la norma no especifica, pero que se
deduce del objeto esencial de la misma, es decir, la recepción de la versión
libre. Por lo tanto, recibida la versión libre, el fiscal debe poner al
desmovilizado de manera inmediata a disposición del magistrado de control de
garantías, el cual contará con 36 horas para realizar audiencia de imputación.
A todas luces, ello hace imposible que se desarrolle a cabalidad el programa
metodológico de la investigación, lo cual afecta de manera manifiestamente
desproporcionada el derecho de las víctimas a la justicia y torna irrealizable
el deber del Estado de investigar. En consecuencia, la expresión
“inmediatamente” será declarada inexequible. Por supuesto, el desarrollo de
dicho programa metodológico de investigación debe hacerse dentro de un plazo
razonable, de conformidad con la jurisprudencia sobre la materia anteriormente
citada, habida cuenta de que ya se han confesado delitos y que a la luz de los
propósitos de la ley, es preciso definir oportunamente la situación de cada
desmovilizado.
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN FORMAS Y TERMINOS
PROCESALES-Límites
INVESTIGACION Y VERIFICACION DE HECHOS ADMITIDOS POR IMPUTADO  EN
LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Término
dentro del cual se surten no entraña afectación desproporcionada del derecho a
la justicia y búsqueda de la verdad
Respecto del
término de 60 días que establece el segmento acusado, encuentra la Corte que el
mismo se orienta a un cometido muy específico cual es el de la investigación y
verificación de los hechos confesados por el imputado y todos aquellos de los
cuales tenga conocimiento dentro del ámbito de su competencia. Encuentra así la
Sala que el término de 60 días establecido con miras a establecer las bases
para una formulación de cargos, constituye una medida legislativa que no
entraña una afectación desproporcionada al derecho a la justicia y a la búsqueda
de la verdad. Responde a un  propósito de investigación que se inserta en un
procedimiento que tiene sus propios objetivos y particularidades. Por ello no
cabe adoptar como parámetro de comparación los términos del procedimiento
ordinario.
DERECHOS DE LAS VICTIMAS EN LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Derecho a recibir información
DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Alcance
PARTE CIVIL EN PROCESO PENAL-Participación
para hacer efectivos los derechos a la verdad y a la justicia
DERECHOS DE LAS VICTIMAS EN LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Acceso al expediente desde su inicio
Teniendo en cuenta la ambigüedad e incertidumbre que la expresión
demandada introduce en la norma que se revisa, generando múltiples
interpretaciones en un aspecto de relevancia constitucional como es el derecho
de las víctimas a la verdad, en evidente conexidad con el derecho a la
justicia, procederá la Corte a condicionar el contenido de la disposición en el
sentido que la expresión “y en los términos establecidos en el Código de
Procedimiento Penal” del numeral 38.5 del artículo 37, alude al artículo 30 de
la Ley 600 de 2000 que regula “el acceso al expediente y el aporte de pruebas
por el perjudicado”, siempre y cuando se interprete de acuerdo con la
exequibilidad condicionada de esta norma declarada mediante sentencia C- 228 de
2002, en virtud de la cual, la víctima o los perjudicados pueden acceder
directamente al expediente desde su iniciación, para ejercer los derechos a la
verdad, justicia y reparación. En estos términos se declarará la
constitucionalidad condicionada del numeral 38.5 del artículo 37.
DERECHOS DE LAS VICTIMAS EN LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Participación en diligencias de versión libre, formulación de
imputación y aceptación de cargos
No es correcta la percepción de los demandantes en el sentido que
las disposiciones acusadas excluyan una participación de la víctima en las
diligencias que allí se regulan. Una visión sistemática de las normas relativas
a las facultades procesales de la víctima en el marco de los principios que la
animan y los desarrollos jurisprudenciales vigentes en la materia, permiten
concluir que, contrario a lo afirmado en la demanda, la ley garantiza la
participación de las víctimas en las diligencias de versión libre y confesión,
formulación de imputación y aceptación de cargos. Conclusión que resulta
reforzada por la clara opción de la ley por un sistema procedimental
marcadamente acusatorio que se desarrolla a través de audiencias a las que no
se puede obstruir el acceso de las víctimas.
DILIGENCIA DE ACEPTACION DE CARGOS DE DESMOVILIZADO EN LEY DE
JUSTICIA Y PAZ-Control de legalidad
RECURSO DE CASACION EN LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Supresión no es inconstitucional
La exclusión del recurso de casación como medio de impugnación de la
sentencia proferida en segunda instancia por la Corte Suprema de Justicia, Sala
Penal, no entraña la afectación de derechos y garantías procesales de los
intervinientes en el proceso, ni la imposibilidad de materializar el derecho
sustancial, como lo señalan los demandantes. Ciertamente no es el recurso de
casación el único idóneo para garantizar la efectividad de tales derechos. La
libertad de configuración de los procedimientos que se asigna al legislador,
comporta una exigencia de adecuación de los mismos a las especificidades de los
procesos, a su naturaleza y objetivos. Es evidente que la ley 975/05 regula un
procedimiento que posee sus propias particularidades, una de ellas, quizás la
más relevante es que se estructura a partir de la confesión plena y fidedigna
de procesado, lo cual genera también unas necesidades procesales específicas.
No resulta afortunado en consecuencia sostener la inconstitucionalidad de la
disposición que excluye la casación en este procedimiento, sobre la afirmación
de un supuesto trato discriminatorio para los intervinientes en el
procedimiento especial, tomando como parámetro de comparación el procedimiento
ordinario, que responde a naturaleza y finalidades diversas.
RECURSO DE REPOSICION EN LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Casos en que procede
RECURSO DE APELACION DE SENTENCIA EN LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Trámite
ACCION EXTRAORDINARIA DE REVISION EN LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Consagración
DEFENSORIA DEL PUEBLO Y LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Restricción en asistencia a víctimas
Las víctimas
integran, sin duda, uno de los sectores más vulnerables de la población frente
al cual la Defensoría del Pueblo, en el marco de sus competencias, puede
desarrollar toda una gama de posibilidades de asesoría, asistencia y
protección, en desarrollo de las facultades que le han sido atribuidas por las
leyes que se ocupan de esta importante institución. La expresión “presente” del
segmento normativo impugnado en efecto introduce una severa restricción a las
posibilidades de asistencia a las víctimas por parte de la Defensoría del
Pueblo, lo cual riñe con la concepción amplia de los derechos de las víctimas.
DERECHOS DE LAS VICTIMAS EN EL PROCESO PENAL-Posibilidad de intervenir en todas las fases de la actuación/DERECHOS
DE LAS VICTIMAS EN LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Representación judicial en juicio/DERECHOS
DE LAS VICTIMAS EN EL PROCESO PENAL-Superación de la concepción que
limitaba los derechos de las víctimas a una simple pretensión indemnizatoria
Es claro que actualmente se encuentra superada la concepción
reductora de los derechos de las víctimas a una simple pretensión
indemnizatoria. La adaptación de los derechos de las víctimas a los estándares
internacionales a través de la jurisprudencia, comporta el reconocimiento de
que los derechos universales a la verdad, la justicia y la reparación, llevan
implícita la potestad de intervenir en todas las fases de la actuación, en
desarrollo del derecho de acceder a la justicia en condiciones de igualdad.
Este acceso, en condiciones de igualdad, se deriva del carácter bilateral del derecho
a un  recurso judicial efectivo en virtud del cual los derechos de las víctimas
no pueden verse menguados en relación con los que asisten al procesado. La
consideración contemporánea de la víctima como protagonista activo del proceso,
conduce al goce de estándares de protección similares a los de otros
intervinientes en el proceso. En consecuencia, el hecho de que la norma
impugnada establezca explícitamente el derecho de las víctimas a tener
representación judicial durante el juicio, no puede interpretarse como
exclusión de ejercer el derecho de postulación en otras fases del proceso. Tal
reconocimiento explícito del derecho a constituir  representante letrado en el
juicio, debe entenderse sin perjuicio de que designen representante judicial en
otras fases del proceso.
ZONAS DE CONCENTRACION EN LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Inconstitucionalidad de abonar tiempo en zonas de concentración por
el mero hecho de ubicarse en ellas/EJECUCION DE LA PENA EN LEY DE JUSTICIA Y
PAZ-Inconstitucionalidad de abonar tiempo en zonas de concentración por el
mero hecho de ubicarse en ellas
Aún en el marco de un instrumento que invoca como propósito
fundamental la materialización de la paz en el país, la pena no puede ser
despojada de su atributo de reacción justa y adecuada a la criminalidad, ni
puede producirse al margen de las intervenciones estatales que el ejercicio del
ius puniendi reclama en el Estado constitucional de derecho. Lo primero
conduciría a fenómenos de impunidad indeseables, aún en el contexto de un
proceso de pacificación, y lo segundo a la pérdida de legitimidad de la
potestad sancionadora del Estado. El régimen punitivo que caiga en uno u otro
fenómeno resulta contrario a la Constitución. Bajo estos presupuestos observa
la Corte que el artículo 31 demandado asimila al cumplimiento de una pena, la
circunstancia de estar ubicado en una zona de concentración, a pesar de que no
haya habido ninguna medida del Estado que haya conducido a que las personas
deban estar en dicho lugar. En ese sentido, no constituye pena en cuanto no
comporta la imposición coercitiva de la restricción de derechos fundamentales.
Generalmente, la permanencia en una zona de concentración por parte de miembros
de los grupos armados organizados al margen de la ley, en proceso de
desmovilización, obedece a una decisión voluntaria de esas personas, lo que
concurre a excluir cualquier posibilidad de equiparar a cumplimiento de pena
una situación de tal naturaleza, que prescinde y desplaza las intervenciones
estatales que caracterizan el monopolio estatal de la potestad sancionadora.
ESTABLECIMIENTO DE RECLUSION EN LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Sujetos a control penitenciario
DERECHOS DE LAS VICTIMAS A LA REPARACION EN LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Miembros de grupo armado al margen de la ley responden con su propio
patrimonio
No parece existir una razón constitucional suficiente para que,
frente a procesos de violencia masiva, se deje de aplicar el principio general
según el cual quien causa el daño debe repararlo. Por el contrario, como ya lo
ha explicado la Corte, las normas, la doctrina y la jurisprudencia nacional e
internacional han considerado que la reparación económica a cargo del
patrimonio propio del perpetrador es una de las condiciones necesarias para
garantizar los derechos de las víctimas y promover la lucha contra la
impunidad. Sólo en el caso en el cual el Estado resulte responsable – por
acción o por omisión – o cuando los recursos propios de los responsables no son
suficientes para pagar el costo de reparaciones masivas, el Estado entra a
asumir la responsabilidad subsidiaria que esto implica. Y esta distribución de
responsabilidades no parece variar en procesos de justicia transicional hacia
la paz. Resulta acorde con la Constitución que los perpetradores de este tipo
de delitos respondan con su propio patrimonio por los perjuicios con ellos
causados, con observancia de las normas procesales ordinarias que trazan un
límite a la responsabilidad patrimonial en la preservación de la subsistencia
digna del sujeto a quien dicha responsabilidad se imputa, circunstancia que
habrá de determinarse en atención a las circunstancias particulares de cada
caso individual.
REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD PARA DESMOVILIZACION COLECTIVA E
INDIVIDUAL-Entrega de bienes ilícitos
Los
requisitos de elegibilidad de que tratan los artículos 10 y 11 parcialmente
demandados, son requisitos “para acceder a los beneficios que establece la
presente ley”, es decir, son condiciones de accesibilidad. En estas circunstancias
no parece necesario que en esta etapa la persona entregue parte de su
patrimonio lícito, pues al menos técnicamente, no existe aún un título para
dicho traslado. Ciertamente, los bienes de procedencia ilícita no le pertenecen
y, por lo tanto, la entrega no supone un traslado de propiedad sino una
devolución a su verdadero propietario – mediante la restitución del bien – o al
Estado. Sin embargo, su patrimonio lícito le pertenecerá hasta tanto no exista
una condena judicial que le ordene la entrega. En cambio, los bienes producto
de la actividad ilegal, todos ellos sin excepción, deben ser entregados como
condición previa para acceder a los beneficios que establece la Ley 975/05. El
legislador puede establecer ese requisito de elegibilidad, tanto para la
desmovilización colectiva como para la desmovilización individual. Por estas
razones la Corte no encuentra inexequibles las expresiones “producto de la
actividad ilegal” del numeral 10.2 del artículo 10 de la Ley y “producto de la
actividad ilegal” del numeral 11.5 del artículo 11 de la misma Ley. Así se
declarará en la parte resolutiva de esta providencia.
MEDIDAS CAUTELARES EN LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Procedencia sobre bienes lícitos
Constata la
Corte que si los beneficiarios de la ley deben responder con su propio
patrimonio por los daños producidos, lo cierto es que no existe ninguna razón
para impedir que las medidas cautelares puedan recaer sobre sus bienes lícitos.
En efecto, esta prohibición lo que hace es disminuir la efectividad de la
acción estatal encaminada al logro de la reparación integral de las víctimas.
VICTIMAS-Definición en ley de justicia y
paz
VICTIMAS DE DELITOS-Personas que se
tienen por tales
La Corte
Constitucional ha señalado que debe tenerse como víctima o perjudicado de un delito
penal a la persona ha sufrido un daño real, concreto y específico, cualquiera
sea la naturaleza de éste y el delito que lo ocasionó.
VIOLACION DE DERECHOS HUMANOS Y BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-Derechos de los familiares de la víctima
Según el derecho constitucional, interpretado a la luz del bloque de
constitucionalidad, los familiares  de las personas que han sufrido violaciones
directas a sus derechos humanos tienen derecho a presentarse ante las
autoridades para que, demostrado el daño real, concreto y específico sufrido
con ocasión de las actividades delictivas, se les permita solicitar la garantía
de los derechos que les han sido vulnerados. Esto no significa que el Estado
está obligado a presumir el daño frente a todos los familiares de la víctima
directa. Tampoco significa que todos los familiares tengan exactamente los
mismos derechos. Lo que sin embargo si se deriva de las normas y la
jurisprudencia citada, es que la ley no puede impedir el acceso de los
familiares de la víctima de violaciones de derechos humanos, a las autoridades
encargadas de investigar, juzgar, condenar al responsable y reparar la
violación.
VICTIMAS EN LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Exclusión
de familiares que no tienen primer grado de consanguinidad con la víctima
directa es inconstitucional/VICTIMAS EN LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Exclusión
de familiares de víctimas que no han muerto o desaparecido es inconstitucional
La Corte
considera que viola el derecho a la igualdad y los derechos de acceso a la
administración de justicia, al debido proceso y a un recurso judicial efectivo
las disposiciones de la Ley demandada que excluyen a los familiares que no
tienen primer grado de consanguinidad con la víctima directa, de la posibilidad
de que, a través de la demostración del daño real, concreto y específico
sufrido con ocasión de las actividades delictivas de que trata la ley
demandada, puedan ser reconocidos como víctimas para los efectos de la
mencionada Ley. También viola tales derechos excluir a los familiares de las víctimas
directas cuando éstas no hayan muerto o desaparecido. Tales exclusiones son
constitucionalmente inadmisibles, lo cual no dista para que el legislador
alivie la carga probatoria de ciertos familiares de víctimas directas
estableciendo presunciones como lo hizo en los incisos 2 y 5 del artículo 5 de
la ley acusada.
INDEMNIZACION JUDICIAL EN LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Sujeción a disponibilidad de recursos en el Presupuesto General de
la Nación es inconstitucional/DERECHOS DE LAS VICTIMAS A LA REPARACION EN
LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Afectación por norma que establece sujeción de
indemnización a  disponibilidad de recursos en el Presupuesto General de la
Nación
La Corte
considera necesario detenerse en el contenido preciso de la norma que se
estudia para dilucidar este cargo de inconstitucionalidad. En virtud de tal
disposición, la Red de Solidaridad, al momento de liquidar y pagar las
indemnizaciones que hayan sido decretadas por los jueces de conformidad con las
disposiciones establecidas en la misma Ley 975 de 2005, habrá de sujetarse a
los límites establecidos para ello en el Presupuesto Nacional. En criterio de
la Corte, esta limitación es desproporcionada, y constituye una afectación
excesiva del derecho de las víctimas a la reparación. Una vez que se ha ordenado,
como consecuencia de un proceso judicial adelantado con las formalidades de la
ley, que una persona que ha sido víctima de una violación de sus derechos
humanos tiene derecho a recibir una determinada suma de dinero en calidad de
indemnización, se consolida a su favor un derecho cierto que no puede estar
sujeto a posteriores  modificaciones, mucho menos cuando éstas se derivan de la
disponibilidad de recursos en el Presupuesto General de la Nación.
RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE HECHO PUNIBLE-Personas obligadas a responder
No es extraño
a la tradición jurídica colombiana la solidaridad en la responsabilidad civil
derivada del hecho punible, o su ampliación a personas distintas a los
penalmente responsables. Así conforme a esta tradición los daños causados con
la infracción deben ser reparados por los penalmente responsables, en forma
solidaria, y por los que conforme a la ley sustancial, están obligados a
responder. De acuerdo con esta concepción de la responsabilidad están obligados
a reparar los daños derivados de una conducta punible (i) los penalmente
responsables; (ii) los que de acuerdo con la ley sustancial deben responder por
los hechos cometidos por otros, es decir los conocidos como terceros civilmente
responsables, y (iii) los que se enriquecen ilícitamente con el delito.
RESPONSABILIDAD CIVIL SOLIDARIA DE GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA
LEY EN LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Procedencia/DERECHOS
DE LAS VICTIMAS A LA REPARACION EN LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Orden en que se
satisface por los obligados/DERECHOS DE LAS VICTIMAS A LA REPARACION EN LEY
DE JUSTICIA Y PAZ-Daños anónimos
Para la Corte
es claro que si los beneficios que establece la ley son para el grupo
específico, o para sus miembros en razón a la pertenencia al bloque o frente
correspondiente, éste debe tener correlativas responsabilidades de orden
patrimonial, incluso al margen de la determinación de responsabilidades de
índole penal, siempre y cuando se establezca el daño y la relación de
causalidad con la actividad del grupo específico y se haya definido
judicialmente la pertenencia del desmovilizado al frente o bloque
correspondiente. Los daños anónimos, es decir aquellos respecto de los  cuales
no ha sido posible individualizar al sujeto activo, no pueden quedar exentos de
reparación; comprobado el daño y el nexo causal con las actividades del bloque
o frente armado ilegal cuyos miembros judicialmente identificados sean
beneficiarios de las disposiciones de la ley, tales miembros deben responder a
través de los mecanismos fijados en la ley. La satisfacción del principio de
reparación exige la observancia de un orden en la afectación de los recursos
que integran el fondo. Así, los primeros obligados a reparar son los
perpetradores de los delitos,  en subsidio y en virtud del principio de solidaridad,
el grupo específico al que pertenezcan los perpetradores. Antes de acudir a
recursos del Estado para la reparación de las víctimas, debe exigirse a los
perpetradores de los delitos, o al bloque o frente al que pertenecieron, que
respondan con su propio patrimonio por los daños ocasionados a las víctimas de
los delitos. El Estado ingresa en esta secuencia sólo en un papel residual para
dar una cobertura a los derechos de las víctimas, en especial a aquellas que no
cuentan con una decisión judicial que fije el monto de la indemnización al que
tienen derecho (inciso segundo del artículo 42 de la Ley 975 de 2005) y ante la
eventualidad de que los recursos de los perpetradores sean insuficientes.
FONDO PARA LA REPARACION DE LAS VICTIMAS-Bienes que lo integran
INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR INEPTITUD SUSTANTIVA DE
DEMANDA-Incumplimiento de los requisitos de
certeza, especificidad y pertinencia
SENTENCIA DE CONSTITUCIONALIDAD-Efecto
general e inmediato
Referencia: expediente D-6032
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 2, 3, 5, 9, 10,
11.5, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 34, 37
numerales 5 y 7, 46, 47, 48, 54, 55, 58, 62, 69, 70 y 71 de la Ley 975 de 2005 “Por
la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos
armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a
la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos
humanitarios”, y contra la ley en su integridad.
Demandante: Gustavo Gallón Giraldo y otros
Magistrados Ponentes:
Dr. MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL
Dr. MARCO GERARDO MONROY CABRA
Dr. ALVARO TAFUR GALVIS
Dra. CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ.
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de mayo de de dos mil seis (2006).
CONTENIDO
I. ANTECEDENTES……………………………………………….2
II. NORMAS DEMANDADAS…………………………………….2
III. LA DEMANDA………………………………………………..20
IV. INTERVENCIONES………………………………………….80
V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL…………...153
VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE……………………182
VII. DECISION…………………………………………………..333
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus
atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámite establecidos por el
Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES.
El ciudadano Gustavo Gallón Giraldo y otros numerosos ciudadanos
presentaron acción pública de inconstitucionalidad contra la Ley 975 de 2005 “Por
la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos
armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a
la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos
humanitarios”, en su totalidad, o, en subsidio, la inconstitucionalidad de
los artículos 2 parcial, 5 parcial, 9 parcial, 10 parcial, 11.5 parcial, 13
parcial, 16 parcial, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31,
34, 37.5, 37.7, 46 parcial, 47, 48 parcial, 54 parcial, 55 parcial, 58, 62, 69,
70 y 71 de la misma Ley.
Cumplidos los
trámites constitucionales y legales propios de los procesos de
inconstitucionalidad, la Corte Constitucional procede a decidir acerca de la
demanda de la referencia.
II.  NORMAS DEMANDADAS.
A continuación
se transcribe el texto completo de la Ley tal como obra en el Diario Oficial No. 45.980 del 25 de julio de 2005, dado que
los demandantes acusaron en su integridad la Ley, y en particular algunas
disposiciones que se subrayan.
“LEY 975
25/07/2005
por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de
miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de
manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras
disposiciones para acuerdos humanitarios.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
CAPITULO I
Principios y definiciones
artículo 1°. Objeto de la presente ley. La
presente ley tiene por objeto facilitar los procesos de paz y la
reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos
armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la
verdad, la justicia y la reparación.
Se entiende por grupo armado organizado al
margen de la ley, el grupo de guerrilla o de autodefensas, o una parte
significativa e integral de los mismos como bloques, frentes u otras
modalidades de esas mismas organizaciones, de las que trate la Ley 782 de 2002.
Artículo 2°. Ambito de la ley, interpretación
y aplicación normativa. La presente ley regula lo concerniente a la
investigación, procesamiento, sanción y beneficios judiciales de las personas
vinculadas a grupos armados organizados al margen de la ley, como autores o
partícipes de hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la
pertenencia a esos grupos, que hubieren decidido desmovilizarse y contribuir
decisivamente a la reconciliación nacional.
La interpretación y aplicación de las
disposiciones previstas en esta ley deberán realizarse de conformidad con las
normas constitucionales y los tratados internacionales ratificados por
Colombia. La incorporación de algunas disposiciones internacionales en la
presente ley, no debe entenderse como la negación de otras normas internacionales
que regulan esta misma materia.
La reinserción a la vida civil de las personas
que puedan ser favorecidas con amnistía, indulto o cualquier otro beneficio
establecido en la Ley 782 de 2002, se regirá por lo dispuesto en dicha ley.
Artículo 3°. Alternatividad.
Alternatividad es un beneficio consistente en suspender la ejecución de la pena
determinada en la respectiva sentencia, reemplazándola por una pena alternativa
que se concede por la contribución del beneficiario a la consecución de la paz
nacional, la colaboración con la justicia, la reparación a las víctimas y su
adecuada resocialización. La concesión del beneficio se otorga según las
condiciones establecidas en la presente ley.
Artículo 4°. Derecho a la verdad, la justicia
y la reparación y debido proceso. El proceso de reconciliación nacional al
que dé lugar la presente ley, deberá promover, en todo caso, el derecho de las
víctimas a la verdad, la justicia y la reparación y respetar el derecho al
debido proceso y las garantías judiciales de los procesados.
Artículo 5°. Definición de víctima. Para
los efectos de la presente ley se entiende por víctima la persona que
individual o colectivamente haya sufrido daños directos tales como lesiones
transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física,
psíquica y/o sensorial (visual y/o auditiva), sufrimiento emocional, pérdida
financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales. Los daños deberán ser
consecuencia de acciones que hayan transgredido la legislación penal, realizadas
por grupos armados organizados al margen de la ley.
También se tendrá por víctima al cónyuge,
compañero o compañera permanente, y familiar en primer grado de
consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se
le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida.
La condición de víctima se adquiere con
independencia de que se identifique, aprehenda procese o condene al autor de la
conducta punible y sin consideración a la relación familiar existente entre el
autor y la víctima.
Igualmente se considerarán como víctimas a los
miembros de la Fuerza Pública que hayan sufrido lesiones transitorias o
permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad tísica, psíquica y/o
sensorial (visual o auditiva), o menoscabo de sus derechos fundamentales, como
consecuencia de las acciones de algún integrante o miembros de los grupos
armados organizados al margen de la ley.
Asimismo, se tendrán como víctimas al cónyuge,
compañero o compañera permanente y familiares en primer grado de
consanguinidad, de los miembros de la fuerza pública que hayan perdido
la vida en desarrollo de actos del servicio, en relación con el mismo, o fuera
de él, como consecuencia de los actos ejecutados por algún integrante o
miembros de los grupos organizados al margen de la ley.
Artículo 6°. Derecho a la justicia. De
acuerdo con las disposiciones legales vigentes, el Estado tiene el deber de
realizar una investigación efectiva que conduzca a la identificación, captura y
sanción de las personas responsables por delitos cometidos por los miembros de
grupos armados al margen de la ley; asegurar a las víctimas de esas conductas
el acceso a recursos eficaces que reparen el daño infligido, y tomar todas las
medidas destinadas a evitar la repetición de tales violaciones.
Las autoridades públicas que intervengan en los
procesos que se tramiten con fundamento en la presente ley deberán atender,
primordialmente, el deber de que trata este artículo.
Artículo 7°. Derecho a la verdad. La
sociedad, y en especial las víctimas, tienen el derecho inalienable, pleno y
efectivo de conocer la verdad sobre los delitos cometidos por grupos armados
organizados al margen de la ley, y sobre el paradero de las víctimas de
secuestro y desaparición forzada.
Las investigaciones y procesos judiciales a los
que se aplique la presente ley deben promover la investigación de lo sucedido a
las víctimas de esas conductas e informar a sus familiares lo pertinente.
Los procesos judiciales que se adelanten a
partir de la vigencia de la presente ley no impedirán que en el futuro puedan
aplicarse otros mecanismos no judiciales de reconstrucción de la verdad.
Artículo 8°. Derecho a la reparación. El
derecho de las víctimas a la reparación comprende las acciones que propendan
por la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción; y las
garantías de no repetición de las conductas.
Restitución es la realización de las acciones
que propendan por regresar a la víctima a la situación anterior a la comisión
del delito.
La indemnización consiste en compensar los
perjuicios causados por el delito.
La rehabilitación consiste en realizar las
acciones tendientes a la recuperación de las víctimas que sufren traumas
físicos y sicológicos como consecuencia del delito.
La satisfacción o compensación moral consiste en
realizar las acciones tendientes a restablecer la dignidad de la víctima y
difundir la verdad sobre lo sucedido.
Las garantías de no repetición comprenden, entre
otras, la desmovilización y el desmantelamiento de los grupos armados al margen
de la ley.
Se entiende por reparación simbólica toda
prestación realizada a favor de las víctimas o de la comunidad en general que
tienda a asegurar la preservación de la memoria histórica, la no repetición de
los hechos victimizantes, la aceptación pública de los hechos, el perdón
público y el restablecimiento de la dignidad de las víctimas.
La reparación colectiva debe orientarse a la
reconstrucción sico-social de las poblaciones afectadas por la violencia. Este
mecanismo se prevé de manera especial para las comunidades afectadas por la
ocurrencia de hechos de violencia sistemática.
Las autoridades judiciales competentes fijarán
las reparaciones individuales, colectivas o simbólicas que sean del caso, en
los términos de esta ley.
Artículo 9°. Desmovilización. Se entiende
por desmovilización el acto individual o colectivo de dejar las armas y
abandonar el grupo armado organizado al margen de la ley, realizado ante
autoridad competente.
La desmovilización del grupo armado organizado
al margen de la ley se realizará de acuerdo con lo establecido en la Ley 782 de
2002.
CAPITULO II
Aspectos preliminares
Artículo 10. Requisitos de elegibilidad para
la desmovilización colectiva. Podrán acceder a los beneficios que establece
la presente ley los miembros de un grupo armado organizado al margen de la ley
que hayan sido o puedan ser imputados, acusados o condenados como autores o
partícipes de hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la
pertenencia a esos grupos, cuando no puedan ser beneficiarios de algunos de los
mecanismos establecidos en la Ley 782 de 2002, siempre que se encuentren
en el listado que el Gobierno Nacional remita a la Fiscalía General de la
Nación y reúnan, además, las siguientes condiciones:
10.1 Que el grupo armado organizado de que se
trata se haya desmovilizado y desmantelado en cumplimiento de acuerdo con el
Gobierno Nacional.
10.2 Que se entreguen los bienes producto
de la actividad ilegal.
10.3 Que el grupo ponga a disposición del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar la totalidad de menores de edad
reclutados.
10.4 Que el grupo cese toda interferencia al
libre ejercicio de los derechos políticos y libertades públicas y cualquiera
otra actividad ilícita.
10.5 Que el grupo no se haya organizado para el
tráfico de estupefacientes o el enriquecimiento ilícito.
10.6 Que se liberen las personas
secuestradas, que se hallen en su poder.
Parágrafo. Los miembros del grupo armado
organizado al margen de la ley que se encuentren privados de la libertad,
podrán acceder a los beneficios contenidos en la presente ley y a los
establecidos en la Ley 782 de 2002, siempre que en las providencias
judiciales correspondientes se determine su pertenencia al respectivo grupo.
Artículo 11. Requisitos de elegibilidad para
desmovilización individual. Los miembros de los grupos armados organizados
al margen de la ley que se hayan desmovilizado individualmente y que
contribuyan a la consecución de la paz nacional, podrán acceder a los
beneficios que establece la presente ley, siempre que reúnan los siguientes
requisitos:
11.1 Que entregue información o colabore con el
desmantelamiento del grupo al que pertenecía.
11.2 Que haya suscrito un acta de compromiso con
el Gobierno Nacional.
11.3 Que se haya desmovilizado y dejado las
armas en los términos establecidos por el Gobierno Nacional para tal efecto.
11.4 Que cese toda actividad ilícita.
11.5 Que entregue los bienes producto de
la actividad ilegal, para que se repare a la víctima cuando se
disponga de ellos.
11.6 Que su actividad no haya tenido como
finalidad el tráfico de estupefacientes o el enriquecimiento ilícito.
Solamente podrán acceder a los beneficios previstos
en esta ley, las personas cuyos nombres e identidades presente el Gobierno
Nacional ante la Fiscalía General de la Nación.
CAPITULO III
Principios procesales
Artículo 12. Oralidad. La actuación
procesal será oral y en su realización se utilizarán los medios técnicos
idóneos que garanticen su reproducción fidedigna.
La conservación de los registros corresponderá
al Secretario de la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz
creada por la presente ley, y al de la Sala del Tribunal Superior de Distrito
judicial que conozca del juzgamiento, según corresponda.
Artículo 13. Celeridad. Los asuntos que
se debatan en audiencia serán resueltos dentro de la misma. Las decisiones se
entenderán notificadas en estrados.
Las audiencias preliminares se realizarán ante
el Magistrado de Control de Garantías que designe el Tribunal respectivo.
En audiencia preliminar se tramitarán los
siguientes asuntos:
1. La práctica de una prueba anticipada que por
motivos fundados y de extrema necesidad se requiera para evitar la pérdida o
alteración del medio probatorio.
2. La adopción de medidas para la protección de
víctimas y testigos.
3. La solicitud y la decisión de imponer medida
de aseguramiento.
4. La solicitud y la decisión de imponer medidas
cautelares sobre bienes de procedencia ilícita.
5. La formulación de la imputación.
6. La formulación de cargos.
7. Las que resuelvan asuntos similares a los
anteriores.
Las decisiones que resuelvan asuntos
sustanciales y las sentencias deberán fundamentarse fáctica, probatoria y
jurídicamente e indicar los motivos de estimación o de desestimación de las
pretensiones de las partes.
El reparto de los asuntos a que se refiere la
presente ley, deberá hacerse el mismo día en que se reciba la actuación en el
correspondiente despacho.
Artículo 14. Defensa. La defensa estará a
cargo del defensor de confianza que libremente designe el imputado o acusado o,
en su defecto, del asignado por el Sistema Nacional de Defensoría Pública.
Artículo 15. Esclarecimiento de la verdad.
Dentro del procedimiento que establece la presente ley los servidores públicos
dispondrán lo necesario para que se asegure el esclarecimiento de la verdad
sobre los hechos objeto de investigación y se garantice la defensa de los
procesados.
La Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia
y la Paz creada por esta ley, deberá investigar, por conducto del fiscal
delegado para el caso, con el apoyo del grupo especializado de policía
judicial, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizaron las
conductas punibles; las condiciones de vida, sociales, familiares e
individuales del imputado o acusado y su conducta anterior; los antecedentes
judiciales y de policía, y los daños que individual o colectivamente haya
causado de manera directa a las víctimas, tales como lesiones físicas o
sicológicas, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial
de derechos fundamentales.
Con la colaboración de los desmovilizados, la
policía judicial investigará el paradero de personas secuestradas o
desaparecidas, e informará oportunamente a los familiares sobre los resultados
obtenidos.
La Fiscalía General de la Nación velará por la
protección de las víctimas, los testigos y los peritos que pretenda presentar
en el juicio. La protección de los testigos y los peritos que pretenda
presentar la defensa estará a cargo de la Defensoría del Pueblo. La protección
de los magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial que deban
conocer del juzgamiento será responsabilidad del Consejo Superior de la
Judicatura.
CAPITULO IV
Investigación y juzgamiento
Artículo 16. Competencia. Recibido por la
Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz, el, o los nombres
de los miembros de grupos armados organizados al margen de la ley
dispuestos a contribuir de manera efectiva a la consecución de la paz nacional,
el fiscal delegado que corresponda, asumirá de manera inmediata la competencia
para:
16.1 Conocer de las investigaciones de los
hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia al grupo
armado organizado al margen de la ley.
16.2 Conocer de las investigaciones que cursen
en contra de sus miembros.
16.3 Conocer de las investigaciones que deban
iniciarse y de las que se tenga conocimiento en el momento o con posterioridad
a la desmovilización.
El Tribunal Superior de Distrito Judicial que
determine el CSJ, mediante acuerdo que expida antes de que se inicie cualquier
trámite, será competente para conocer del juzgamiento de las conductas punibles
a que se refiere la presente ley.
No podrá haber conflicto o colisión de
competencia entre los Tribunales Superiores de Distrito judicial que conozcan
de los casos a que se refiere la presente ley y cualquier otra autoridad
judicial.
Artículo 17. Versión libre y confesión.
Los miembros del grupo armado organizado al margen de la ley, cuyos nombres
someta el Gobierno Nacional a consideración de la Fiscalía General de la
Nación, que se acojan en forma expresa al procedimiento y beneficios de la
presente ley, rendirán versión libre ante el fiscal delegado asignado para el
proceso de desmovilización, quien los interrogará sobre todos los hechos de que
tenga conocimiento.
En presencia de su defensor, manifestarán las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que hayan participado en los hechos
delictivos cometidos con ocasión de su pertenencia a estos grupos, que sean
anteriores a su desmovilización y por los cuales se acogen a la presente ley.
En la misma diligencia indicarán los bienes que se entregan para la reparación
a las víctimas, si los tuvieren, y la fecha de su ingreso al grupo.
La versión rendida por el desmovilizado y las
demás actuaciones adelantadas en el proceso de desmovilización, se pondrán en
forma inmediata a disposición de la Unidad Nacional de Fiscalías de Justicia y
Paz con el fin de que el fiscal delegado y la Policía Judicial asignados al
caso elaboren y desarrollen el programa metodológico para iniciar la
investigación, comprobar la veracidad de la información suministrada y
esclarecer esos hechos y todos aquellos de los cuales tenga conocimiento dentro
del ámbito de su competencia.
El desmovilizado se dejará inmediatamente a
disposición del magistrado que ejerza la función de control de garantías, en
uno de los establecimientos de reclusión determinados por el Gobierno Nacional
de acuerdo con el artículo 31 de la presente ley, quien dentro de las treinta y
seis (36) horas siguientes señalará y realizará audiencia de formulación de
imputación, previa solicitud del fiscal que conozca del caso.
Artículo 18. Formulación de imputación.
Cuando de los elementos materiales probatorios, evidencia tísica (sic),
información legalmente obtenida, o de la versión libre pueda inferirse
razonablemente que el desmovilizado es autor o partícipe de uno o varios
delitos que se investigan, el fiscal delegado para el caso solicitará al
magistrado que ejerza la función de control de garantías la programación de una
audiencia preliminar para formulación de imputación.
En esta audiencia, el fiscal hará la imputación
fáctica de los cargos investigados y solicitará al magistrado disponer la
detención preventiva del imputado en el centro de reclusión que corresponda,
según lo dispuesto en la presente ley. Igualmente solicitará la adopción de las
medidas cautelares sobre los bienes de procedencia ilícita que hayan sido
entregados para efectos de la reparación a las víctimas.
A partir de esta audiencia y dentro de los
sesenta (60) días siguientes, la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y
la Paz, con el apoyo de su grupo de policía judicial, adelantará las labores de
investigación y verificación de los hechos admitidos por el imputado, y todos
aquellos de los cuales tenga conocimiento dentro del ámbito de su competencia.
Finalizado el término, o antes si fuere posible, el fiscal del caso solicitará
al magistrado que ejerza la función de control de garantías la programación de
una audiencia de formulación de cargos, dentro de los diez (10) días siguientes
a la solicitud, si a ello hubiere lugar.
Con la formulación de la imputación se
interrumpe la prescripción de la acción penal.
Artículo 19. Aceptación de cargos.
En la audiencia de formulación de cargos el imputado podrá aceptar los
presentados por la Fiscalía, como consecuencia de la versión libre o de las
investigaciones en curso al momento de la desmovilización.
Para su validez tendrá que hacerlo de manera
libre, voluntaria, espontánea y asistido por su defensor. En este evento el
Magistrado que ejerza la función de control de garantías enviará inmediatamente
lo actuado a la Secretaría de la Sala del Tribunal Superior de Distrito
judicial a la que corresponda su conocimiento.
Recibida la actuación, la Sala correspondiente
convocará a audiencia pública dentro de los diez (10) días siguientes para
examinar si la aceptación de cargos ha sido libre, voluntaria, espontánea y
asistida por su defensor. De hallarla conforme a derecho, dentro de los diez
(10) días siguientes citará a audiencia de sentencia e individualización de
pena.
Parágrafo 1°. Si en esta audiencia el imputado
no acepta los cargos, o se retracta de los admitidos en la versión libre, la
Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz remitirá la actuación al
funcionario competente conforme con la ley vigente al momento de la comisión de
las conductas investigadas.
Parágrafo 2°. Cuando exista solicitud de
reparación integral, previamente se dará cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 23 de la presente ley.
Artículo 20. Acumulación de procesos y
penas. Para los efectos procesales de la presente ley, se acumularán
los procesos que se hallen en curso por hechos delictivos cometidos durante y
con ocasión de la pertenencia del desmovilizado a un grupo armado organizado al
margen de la ley. En ningún caso procederá la acumulación por conductas
punibles cometidas con anterioridad a la pertenencia del desmovilizado al grupo
armado organizado al margen de la ley.
Cuando el desmovilizado haya sido previamente
condenado por hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de su pertenencia
a un grupo armado organizado al margen de la ley, se tendrá en cuenta lo
dispuesto en el Código Penal sobre acumulación jurídica de penas pero en ningún
caso, la pena alternativa podrá ser superior a la prevista en la presente ley.
Artículo 21. Ruptura de la unidad
procesal. Si el imputado o acusado acepta parcialmente los cargos se
romperá la unidad procesal respecto de los no admitidos. En este caso la
investigación y el juzgamiento de los cargos no aceptados se tramitarán por las
autoridades competentes y las ley es procedimentales vigentes al momento de su
comisión. Respecto de los cargos aceptados se otorgarán los beneficios de que
trata la presente ley.
Artículo 22. Investigaciones y
acusaciones anteriores a la desmovilización. Si para el momento en
que el desmovilizado se acoja a la presente ley, la Fiscalía adelanta
investigaciones o formuló acusación en su contra, el imputado, o acusado,
asistido por su defensor, podrá oralmente o por escrito aceptar los cargos
consignados en la resolución que le impuso medida de aseguramiento, o en la
formulación de imputación, o en la resolución o escrito de acusación, según el
caso. Dicha aceptación deberá hacerla ante el magistrado que cumpla la función
de control de garantías en las condiciones previstas en la presente ley.
Artículo 23. Incidente de reparación
integral. En la misma audiencia en la que la Sala del Tribunal
Superior de Distrito judicial correspondiente declare la legalidad de la
aceptación de cargos, previa, solicitud expresa de la víctima, o del fiscal del
caso, o del Ministerio Público a instancia de ella, el magistrado ponente
abrirá inmediatamente el incidente de reparación integral de los daños causados
con la conducta criminal y convocará a audiencia pública dentro de los cinco (5)
días siguientes.
Dicha audiencia se iniciará con la intervención
de la víctima o de su representante legal o abogado de oficio, para que exprese
de manera concreta la forma de reparación que pretende, e indique las pruebas
que hará valer para fundamentar sus pretensiones.
La Sala examinará la pretensión y la rechazará
si quien la promueve no es víctima o está acreditado el pago efectivo de los
perjuicios y este fuere la única pretensión formulada, decisión que podrá ser
objeto de impugnación en los términos de esta ley.
Admitida la pretensión, la Sala la pondrá en
conocimiento del imputado que ha aceptado los cargos y a continuación invitará
a los intervinientes a conciliar. Si hubiere acuerdo su contenido lo
incorporará a la decisión que falla el incidente; en caso contrario dispondrá
la práctica de la prueba ofrecida por las partes, oirá el fundamento de sus
respectivas pretensiones y en el mismo acto fallará el incidente. La decisión
en uno u otro sentido se incorporará a la sentencia condenatoria.
Parágrafo 1°. Exclusivamente para efectos de la
conciliación prevista en este artículo, la víctima, el imputado o su defensor,
el fiscal que haya conocido del caso o el ministerio público, podrán solicitar
la citación del Director de la Red de Solidaridad Social en su condición de
ordenador del gasto del Fondo para la Reparación de las Víctimas.
Parágrafo 2°. No podrá negarse la concesión de
la pena alternativa en el evento de que la víctima no ejerza su derecho en el
incidente de reparación integral.
Artículo 24. Contenido de la sentencia.
De acuerdo con los criterios establecidos en la ley, en la sentencia
condenatoria se fijarán la pena principal y las accesorias. Adicionalmente se
incluirán la pena alternativa prevista en la presente ley, los compromisos de
comportamiento por el término que disponga el Tribunal, las obligaciones de
reparación moral y económica a las víctimas y la extinción del dominio de los
bienes que se destinarán a la reparación.
La Sala correspondiente se ocupará de evaluar el
cumplimiento de los requisitos previstos en esta ley para acceder a la pena
alternativa.
Artículo 25. Hechos conocidos con
posterioridad a la sentencia o al indulto. Si a los miembros de
grupos armados al margen de la ley que recibieron los beneficios de la Ley 782
de 2002, o que se beneficiaron con la pena alternativa de conformidad con la
presente ley, con posterioridad se les llegare a imputar delitos cometidos
durante y con ocasión de la pertenencia a esos grupos y antes de su
desmovilización, estas conductas serán investigadas y juzgadas por las
autoridades competentes y las leyes vigentes al momento de la comisión de esas
conductas, sin perjuicio del otorgamiento de la pena alternativa, en el evento
que colabore eficazmente en el esclarecimiento o acepte, oralmente o por
escrito, de manera libre, voluntaria, expresa y espontánea, debidamente
informado por su defensor, haber participado en su realización y siempre que la
omisión no haya sido intencional. En este evento, el condenado podrá ser
beneficiario de la pena alternativa. Se procederá a la acumulación jurídica de
las penas alternativas sin exceder los máximos establecidos en la presente ley.
Teniendo en cuenta la gravedad de los nuevos
hechos juzgados, la autoridad judicial impondrá una ampliación del veinte por
ciento de la pena alternativa impuesta y una ampliación similar del tiempo de
libertad a prueba.
Artículo 26. Recursos. Salvo
la sentencia, la reposición procede para todas las decisiones y se sustenta y
resuelve de manera oral e inmediata en la respectiva audiencia.
La apelación procede contra los autos que
resuelvan asuntos de fondo, adoptados durante el desarrollo de las audiencias,
y contra las sentencias. Se interpone en la misma audiencia en que se profiera
la decisión, y se concede en el efecto suspensivo ante la Sala Penal de la
Corte Suprema de justicia.
El Magistrado ponente citará a las partes e
intervinientes a audiencia de argumentación oral que se celebrará dentro de los
diez (10) días siguientes al recibo de la actuación en la Secretaría de la Sala
de Casación Penal. Sustentado el recurso por el apelante y oídos las demás
partes e intervinientes, la Sala podrá decretar un receso hasta por dos (2)
horas para emitir la decisión que corresponda.
Si el recurrente no concurriere o no sustentare
el recurso, se declarará desierto.
Parágrafo 1°. El trámite de los recursos de
apelación de que trata la presente ley, tendrá prelación sobre los demás
asuntos de competencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de justicia,
excepto lo relacionado con acciones de tutela.
Parágrafo 2°. De la acción extraordinaria de
revisión conocerá la Sala Plena de la Corte Suprema de justicia, en los
términos previstos en el Código de Procedimiento Penal vigente.
Parágrafo 3°. Contra la decisión de segunda instancia
no procede recurso de casación.
Artículo 27. Archivo de las
diligencias. Si en relación con los hechos admitidos o no admitidos
por el desmovilizado en su versión libre o en posterior actuación, según el
caso, antes de la audiencia de imputación, el fiscal delegado llegare a
constatar que no existen motivos o circunstancias fácticas que permitan su
caracterización como delito o que indiquen la posible existencia, dispondrá de
inmediato el archivo de la actuación. Sin embargo, si surgieren nuevos elementos
probatorios se reanudará la averiguación conforme con el procedimiento
establecido en la presente ley, mientras no se haya extinguido la acción penal.
Artículo 28. Intervención del
Ministerio Público. En los términos del artículo 277 de la
Constitución Política, el Ministerio Público intervendrá cuando sea necesario,
en defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y
garantías fundamentales.
CAPITULO V
Pena alternativa
Artículo 29. Pena alternativa. La Sala
competente del Tribunal Superior de Distrito Judicial determinará la pena que
corresponda por los delitos cometidos, de acuerdo con las reglas del Código
Penal.
En caso que el condenado haya cumplido las
condiciones previstas en esta ley, la Sala le impondrá una pena alternativa que
consiste en privación de la libertad por un período mínimo de cinco (5) años y
no superior a ocho (8) años, tasada de acuerdo con la gravedad de los delitos y
su colaboración efectiva en el esclarecimiento de los mismos.
Para tener derecho a la pena alternativa se
requerirá que el beneficiario se comprometa a contribuir con su resocialización
a través del trabajo, estudio o enseñanza durante el tiempo que permanezca
privado de la libertad, y a promover actividades orientadas a la
desmovilización del grupo armado al margen de la ley al cual perteneció.
Cumplida la pena alternativa y las condiciones
impuestas en la sentencia se le concederá la libertad a prueba por un término
igual a la mitad de la pena alternativa impuesta, período durante el cual el
beneficiado se compromete a no reincidir en los delitos por los cuales fue
condenado en el marco de la presente ley, a presentarse periódicamente ante el
Tribunal Superior del Distrito Judicial que corresponda y a informar cualquier
cambio de residencia.
Cumplidas estas obligaciones y transcurrido el
periodo de prueba, se declarará extinguida la pena principal. En caso
contrario, se revocará la libertad a prueba y se deberá cumplir la pena
inicialmente determinada, sin perjuicio de los subrogados previstos en el
Código Penal que correspondan.
Parágrafo. En ningún caso se aplicarán
subrogados penales, beneficios adicionales o rebajas complementarias a la pena
alternativa.
CAPITULO VI
Régimen de la privación de la libertad
Artículo 30. Establecimiento de reclusión. El
Gobierno Nacional determinará el establecimiento de reclusión donde debe
cumplirse la pena efectiva.
Los establecimientos de reclusión deben reunir
condiciones de seguridad y austeridad propios de los establecimientos
administrados por el Inpec.
La pena podrá cumplirse en el exterior.
Artículo 31. Tiempo de permanencia en
las zonas de concentración. El tiempo que los miembros de grupos
armados al margen de la ley vinculados a procesos para la reincorporación
colectiva a la vida civil, hayan permanecido en una zona de concentración
decretada por el Gobierno Nacional, de conformidad con la Ley 782 de 2002, se
computará como tiempo de ejecución de la pena alternativa, sin que pueda
exceder de dieciocho (18) meses.
El funcionario que el Gobierno Nacional designe,
en colaboración con las autoridades locales cuando sea el caso, será el
responsable de certificar el tiempo que hayan permanecido en zona de
concentración los miembros de los grupos armados de que trata la presente ley.
CAPITULO VII
Instituciones para la ejecución de la presente
ley
Artículo 32. Competencias de los Tribunales
Superiores de Distrito Judicial en materia de justicia y paz. Además de las
competencias establecidas en otras leyes, los Tribunales Superiores de Distrito
Judicial designados por el Consejo Superior de la Judicatura serán competentes
para adelantar la etapa de juzgamiento de los procesos de los que trata la presente
ley, vigilar el cumplimiento de las penas y las obligaciones impuestas a los
condenados.
Corresponde a la Secretaria del respectivo
Tribunal organizar, sistematizar y conservar los archivos de los hechos y
circunstancias relacionados con las conductas de las personas objeto de
cualquiera de las medidas de que trata la presente ley, con el fin de
garantizar los derechos de las víctimas a la verdad y preservar del olvido la
memoria colectiva. También deberá garantizar el acceso público a los registros
de casos ejecutoriados, y contar con una Oficina de Comunicaciones para
divulgar la verdad de lo acontecido.
Artículo 33. Unidad Nacional de Fiscalía para
la Justicia y la Paz. Créase la Unidad Nacional de Fiscalía para la
Justicia y la Paz, delegada ante los Tribunales Superiores de Distrito
Judicial, con competencia nacional e integrada en la forma que se señala en la
presente ley.
Esta unidad será la responsable de adelantar las
diligencias que por razón de su competencia, le corresponden a la Fiscalía
General de la Nación, en los procedimientos establecidos en la presente ley.
La Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia
y la Paz tendrá el apoyo permanente de una unidad especial de policía judicial,
conformada por miembros de las autoridades que corresponda, con dedicación
exclusiva, permanente y con competencia en todo el territorio nacional.
Adicionar a la planta de cargos de la Fiscalía
General de la Nación, para el año 2005 establecida en el artículo transitorio
1° de la Ley 938 de 2004, los siguientes cargos:
150 Investigador Criminalístico VII
15 Secretario IV
15 Asistente Judicial IV
20 Conductor III
40 Escolta III
15 Asistente de Investigación Criminalística IV
20 Asistente de Fiscal II.
Parágrafo. La Fiscalía General de la Nación
destacará de su planta de personal, para conformar la Unidad Nacional de
Fiscalía para la Justicia y la Paz, los siguientes cargos: 20 Fiscal Delegado
ante Tribunal
Artículo 34. Defensoría pública. El
Estado garantizará a imputados, acusados y condenados el ejercicio del derecho
de defensa, mediante los mecanismos de la Defensoría Pública y en los términos
señalados en la ley.
La Defensoría del Pueblo asistirá a las víctimas
en el ejercicio de sus derechos y en el marco de la presente ley.
Artículo 35. Procuraduría Judicial para la
Justicia y la Paz. El Procurador General de la Nación creará, para los
efectos de la presente ley, una Procuraduría Judicial para la Justicia y la
Paz, con competencia nacional, para el cumplimiento de sus funciones
constitucionales y legales.
Artículo 36. Participación de las
organizaciones sociales de asistencia a las víctimas. Para el cumplimiento
de lo previsto en la presente ley, la Procuraduría General de la Nación,
impulsará mecanismos para la participación de las organizaciones sociales para
la asistencia a las víctimas.
CAPITULO VIII
Derechos de las víctimas frente a la
administración de justicia
Artículo 37. Derechos de las víctimas. El
Estado garantizará el acceso de las víctimas a la administración de justicia.
En desarrollo de lo anterior, las víctimas tendrán derecho:
38.1 Recibir todo el procedimiento un trato
humano digno.
38.2 A la protección de su intimidad y garantía
de su seguridad, la de sus familiares y testigos a favor, cuando quiera que
resulten amenazadas.
38.3 A una pronta e integral reparación de los
daños sufridos, a cargo del autor o partícipe del delito.
38.4 A ser oídas y que se les facilite el aporte
de pruebas.
38.5 A recibir desde el primer contacto con las
autoridades y en los términos establecidos en el Código de Procedimiento
Penal, información pertinente para la protección de sus intereses; y
conocer la verdad de los hechos que conforman las circunstancias del delito del
cual han sido víctimas.
38.6 A ser informadas sobre la decisión
definitiva relativa a la persecución penal y a interponer los recursos cuando
ello hubiere lugar.
38.7 A ser asistidas durante el juicio
por un abogado de confianza o por la Procuraduría Judicial de que trata la
presente ley.
38.8 A recibir asistencia integral para su
recuperación.
38.9 A ser asistidas gratuitamente por un
traductor o intérprete, en el evento de no conocer el idioma, o de no poder
percibir el lenguaje por los órganos de los sentidos.
Artículo 38. Protección a víctimas y
testigos. Los funcionarios a los que se refiere esta ley adoptarán las
medidas adecuadas y todas las acciones pertinentes para proteger la seguridad,
el bienestar físico y psicológico, la dignidad y la vida privada de las víctimas
y los testigos, así como, la de las demás partes del proceso.
Para ello se tendrán en cuenta todos los
factores pertinentes, incluidos la edad, el género y la salud, así como la
índole del delito, en particular cuando este entrañe violencia sexual,
irrespeto a la igualdad de género o violencia contra niños y niñas.
Se dará capacitación especial a los funcionarios
que trabajan con este tipo de víctimas.
Estas medidas no podrán redundar en perjuicio de
los derechos del acusado o de un juicio justo e imparcial, ni serán
incompatibles con estos.
Artículo 39. Excepción a la publicidad en el
juicio. Como excepción al principio del carácter público de las audiencias
de juzgamiento, el Tribunal Superior del Distrito judicial, a fin de proteger a
las víctimas, los testigos, o a un acusado, podrá ordenar que una parte del
juicio se celebre a puerta cerrada. Podrá ordenar la práctica de testimonio a
través del sistema de audiovideo para permitir su contradicción y confrontación
por las partes.
En particular, se aplicarán estas medidas
respecto de víctimas de agresión sexual o de niños, niñas y adolescentes que
sean víctimas o testigo.
Artículo 40. Otras medidas de protección
durante el proceso. Cuando la publicidad de elementos materiales
probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida entrañe peligro
grave para la seguridad de un testigo o de su familia, el Fiscal deberá
abstenerse de presentarlos en cualquier diligencia anterior al juicio. En su
reemplazo hará un resumen de dichos elementos de conocimiento. En ningún caso,
esas medidas podrán redundar en perjuicio de los derechos del acusado o de un
juicio justo e imparcial, ni serán incompatibles con estos.
Artículo 41. Atención a necesidades
especiales. Tanto los órganos judiciales como las entidades de apoyo
técnico y la Procuraduría Judicial para la Justicia y la Paz, tendrán en cuenta
las necesidades especiales de las mujeres, de las niñas, niños, personas
mayores de edad o con discapacidad que participen en el proceso.
CAPITULO IX
Derecho a la reparación de las víctimas
Artículo 42. Deber general de reparar.
Los miembros de los grupos armados que resulten beneficiados con las
disposiciones previstas en esta ley tienen el deber de reparar a las víctimas
de aquellas conductas punibles por las que fueren condenados mediante sentencia
judicial.
Igualmente, cuando no se haya logrado
individualizar al sujeto activo pero se compruebe el daño y el nexo causal con
las actividades del Grupo Armado Ilegal Beneficiario por las disposiciones de
la presente ley, el Tribunal directamente o por remisión de la Unidad de
Fiscalía, ordenará la reparación a cargo del Fondo de Reparación.
Artículo 43. Reparación. El Tribunal
Superior de Distrito Judicial al proferir sentencia, ordenará la reparación a
las víctimas y fijará las medidas pertinentes.
Artículo 44. Actos de reparación. La
reparación de las víctimas de la que trata la presente ley comporta los deberes
de restitución, indemnización, rehabilitación y satisfacción.
Para tener derecho a gozar del beneficio de la
libertad a prueba, el condenado deberá proveer al Fondo para la Reparación de
las Víctimas los bienes, si los tuviese, destinados para tal fin; realizar
satisfactoriamente los actos de reparación que se le hayan impuesto; colaborar
con el Comité Nacional de Reparación y Reconciliación o suscribir un acuerdo
con el Tribunal Superior de Distrito Judicial que asegure el cumplimiento de
sus obligaciones de reparación.
Son actos de reparación integral los siguientes:
45.1 La entrega al Estado de bienes obtenidos
ilícitamente para la reparación de las víctimas.
45.2 La declaración pública que restablezca la
dignidad de la víctima y de las personas más vinculadas con ella.
45.3 El reconocimiento público de haber causado
daños a las víctimas, la declaración pública de arrepentimiento, la solicitud
de perdón dirigida a las víctimas y la promesa de no repetir tales conductas
punibles.
45.4 La colaboración eficaz para la localización
de personas secuestradas o desaparecidas y la localización de los cadáveres de
las víctimas.
45.5 La búsqueda de los desaparecidos y de los
restos de personas muertas, y la ayuda para identificarlos y volverlos a
inhumar según las tradiciones familiares y comunitarias.
Artículo 45. Solicitud de reparación. Las
víctimas de los grupos armados al margen de la ley pueden obtener reparación
acudiendo al Tribunal Superior de Distrito judicial, en relación con los hechos
que sean de su conocimiento.
Nadie podrá recibir dos veces reparación por el
mismo concepto.
Artículo 46. Restitución. La restitución
implica la realización de los actos que propendan por la devolución a la
víctima a la situación anterior a la violación de sus derechos. Incluye el
restablecimiento de la libertad, el retorno a su lugar de residencia y la
devolución de sus propiedades, de ser posible.
Artículo 47. Rehabilitación. La
rehabilitación deberá incluir la atención médica y psicológica para las
víctimas o sus parientes en primer grado de consanguinidad de conformidad
con el Presupuesto del Fondo para la Reparación de las Víctimas.
Los servicios sociales brindados por el gobierno
a las víctimas, de conformidad con las normas y leyes vigentes, hacen parte de
la reparación y de la rehabilitación.
Artículo 48. Medidas de satisfacción y
garantías de no repetición. Las medidas de satisfacción y las garantías de
no repetición, adoptadas por las distintas autoridades directamente
comprometidas en el proceso de reconciliación nacional, deberán incluir:
49.1 La verificación de los hechos y la difusión
pública y completa de la verdad judicial, en la medida en que no provoque más
daños innecesarios a la víctima, los testigos u otras personas,
ni cree un peligro para su seguridad.
49.2 La búsqueda de los desaparecidos o de las
personas muertas y la ayuda para identificarlas y volverlas a inhumar según las
tradiciones familiares y comunitarias. Esta tarea se encuentra principalmente a
cargo de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz.
49.3 La decisión judicial que restablezca la
dignidad, reputación y derechos de la víctima y las de sus parientes en
primer grado de consanguinidad.
49.4 La disculpa, que incluya el reconocimiento
público de los hechos y la aceptación de responsabilidades.
49.5 La aplicación de sanciones a los
responsables de las violaciones, todo lo cual estará a cargo de los órganos
judiciales que intervengan en los procesos de que trata la presente ley.
49.6 La sala competente del Tribunal Superior de
Distrito judicial podrá ordenar conmemoraciones, homenajes y reconocimiento a
las víctimas de los grupos armados al margen de la ley. Adicionalmente, la
Comisión Nacional de Reconciliación y Reparaciones podrá recomendar a los
órganos políticos o de gobierno de los distintos niveles, la adopción de este
tipo de medidas.
49.7 La prevención de violaciones de derechos
humanos.
49.8 La asistencia a cursos de capacitación en
materia de derechos humanos a los responsables de las violaciones. Esta medida
podrá ser impuesta a los condenados por la sala competente Tribunal Superior de
Distrito Judicial.
Artículo 49. Programas de reparación
colectiva. El Gobierno, siguiendo las recomendaciones la Comisión Nacional
de Reconciliación y Reparaciones, deberá implementar un programa institucional
de reparación colectiva que comprenda acciones directamente orientadas a
recuperar la institucionalidad propia del Estado Social de Derecho
particularmente en las zonas más afectadas por la violencia; a recuperar y
promover los derechos de los ciudadanos afectados por hechos de violencia, y a
reconocer y dignificar a las víctimas de la violencia.
Artículo 50. Comisión Nacional de Reparación
y Reconciliación. Créase la Comisión Nacional de Reparación y
Reconciliación integrada por el Vicepresidente de la República o su delegado,
quien la presidirá; el Procurador General de la Nación o su delegado; el
Ministro del Interior y de justicia o su delegado; el Ministro de Hacienda y
Crédito Público o su delegado; Defensor del Pueblo, dos Representantes de
Organizaciones de Víctimas y el Director de la Red de Solidaridad Social, quien
desempeñará la Secretaría Técnica.
El Presidente de la República designará como
integrantes de esta Comisión a cinco personalidades, dos de las cuales, al
menos, deben ser mujeres.
Esta Comisión tendrá una vigencia de 8 años.
Artículo 51. Funciones de la comisión
nacional de reparación y reconciliación. La Comisión Nacional de Reparación
y Reconciliación cumplirá las siguientes funciones:
52.1 Garantizar a las víctimas su participación
en procesos de esclarecimiento judicial y la realización de sus derechos.
52.2 Presentar un informe público sobre las
razones para el surgimiento y evolución de los grupos armados ilegales.
52.3 Hacer seguimiento y verificación a los
procesos de reincorporación y a la labor de las autoridades locales a fin de
garantizar la desmovilización plena de los miembros de grupos armados
organizados al margen de la ley, y el cabal funcionamiento de las instituciones
en esos territorios. Para estos efectos la Comisión Nacional Reparación y
Reconciliación podrá invitar a participar a organismos o personalidades
extranjeras.
52.4 Hacer seguimiento y evaluación periódica de
la reparación de que trata la presente ley y señalar recomendaciones para su
adecuada ejecución.
52.5 Presentar, dentro del término de dos años,
contados a partir de la vigencia de la presente ley, ante el Gobierno Nacional
y las Comisiones de Paz de Senado y Cámara, de Representantes, un informe
acerca del proceso de reparación a las víctimas de los grupos armados al margen
de la ley.
52.6 Recomendar los criterios para las
reparaciones de que trata la presente ley, con cargo al Fondo de Reparación a
las Víctimas.
52.7 Coordinar la actividad de las Comisiones
Regionales para la Restitución de Bienes.
52.8 Adelantar acciones nacionales de
reconciliación que busquen impedir la reaparición de nuevos hechos de violencia
que perturben la paz nacional.
52.9 Darse su reglamento.
Artículo 52. Comisiones Regionales para la
Restitución de Bienes. Las comisiones regionales serán las responsables de
propiciar los trámites relacionados con las reclamaciones sobre propiedad y
tenencia de bienes en el marco del proceso establecido en la presente ley.
Artículo 53. Composición. Las Comisiones
Regionales estarán integradas por un (1) representante de la Comisión Nacional
de Reparación y Reconciliación, quien la presidirá; un delegado de la
Procuraduría para justicia y la paz; un (1) delegado de la Personería municipal
o Distrital; un (1) Delegado del Defensor del Pueblo; y un delegado del
Ministerio del Interior y de justicia.
El Gobierno Nacional tendrá la facultad de
designar un representante de las comunidades religiosas y determinará, de
acuerdo con las necesidades del proceso, el funcionamiento y distribución
territorial de las comisiones.
Artículo 54. Fondo para la Reparación de las
Víctimas. Créase el Fondo para la Reparación de las Víctimas, como una
cuenta especial sin personería jurídica, cuyo ordenador del gasto será el
Director de la Red de Solidaridad Social. Los recursos del Fondo se ejecutarán
conforme a las reglas del derecho privado.
El Fondo estará integrado por todos los
bienes o recursos que a cualquier título se entreguen por las personas o grupos
armados organizados ilegales a que se refiere la presente ley, por
recursos provenientes del presupuesto nacional y donaciones en dinero o en
especie, nacionales o extranjeras.
Los recursos administrados por este Fondo
estarán bajo la vigilancia de la Contraloría General de la República.
Parágrafo. Los bienes a que hacen referencia los
artículos 10 y 11, se entregarán directamente al Fondo para la Reparación de
las Víctimas creado por esta ley. Igual procedimiento se observará respecto de
los bienes vinculados a investigaciones penales y acciones de extinción del
derecho de dominio en curso al momento de la desmovilización, siempre que la
conducta se haya realizado con ocasión de su pertenencia al grupo organizado al
margen de la ley y con anterioridad a la vigencia de la presente ley.
El Gobierno reglamentará el funcionamiento de
este Fondo y, en particular, lo concerniente a la reclamación y entrega de
bienes respecto de terceros de buena fe.
Artículo 55. Funciones de la Red de
Solidaridad Social. La Red de Solidaridad Social, a través del Fondo de que
trata la presente ley, tendrá a su cargo, de acuerdo con el presupuesto
asignado para el Fondo, las siguientes funciones:
56.1 Liquidar y pagar las indemnizaciones
judiciales de que trata la presente ley dentro de los límites autorizados
en el presupuesto nacional.
56.2 Administrar el Fondo para la reparación de
víctimas.
56.3 Adelantar otras acciones de reparación
cuando a ello haya lugar.
56.4 Las demás que señale el reglamento.
CAPITULO X
Conservación de archivos
Artículo 56. Deber de memoria. El
conocimiento de la historia de las causas, desarrollos y consecuencias de la
acción de los grupos armados al margen de la ley deberá ser mantenido mediante
procedimientos adecuados, en cumplimiento del deber a la preservación de la
memoria histórica que corresponde al Estado.
Artículo 57. Medidas de preservación de los
archivos. El derecho a la verdad implica que sean preservados los archivos.
Para ello los órganos judiciales que los tengan a su cargo, así como la
Procuraduría General de la Nación, deberán adoptar las medidas para impedir la
sustracción, la destrucción o la falsificación de los archivos, que pretendan
imponer la impunidad. Lo anterior sin perjuicio de la aplicación de las normas
penales pertinentes.
Artículo 58. Medidas para facilitar el acceso
a los archivos. El acceso a los archivos debe ser facilitado en el interés
de las víctimas y de sus parientes para hacer valer sus derechos.
Cuando el acceso se solicite en interés de la
investigación histórica, las formalidades de autorización sólo tendrán la
finalidad del control de acceso, custodia y adecuado mantenimiento del
material, y no con fines de censura.
En todo caso se deberán adoptar las medidas
necesarias para resguardar el derecho a la intimidad de las víctimas de
violencia sexual y de las niñas, niños y adolescentes víctimas de los grupos
armados al margen de la ley, y para no provocar más daños innecesarios
a la víctima, los testigos u otras personas, ni crear un peligro
para su seguridad.
CAPITULO XI
Acuerdos Humanitarios
Artículo 59. Es obligación del Gobierno
garantizar el derecho a la paz conforme a los artículos 2°, 22, 93 y 189 de la
Constitución Política, habida consideración de la situación de orden público
que vive el país y la amenaza contra la población civil y las instituciones
legítimamente constituidas.
Artículo 60. Para el cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 60 de la presente ley, el Presidente de la República
podrá autorizar a sus representantes o voceros, para adelantar contactos que
permitan llegar a acuerdos humanitarios con los grupos armados organizados al
margen de la ley.
Artículo 61. El Presidente de la República
tendrá la facultad de solicitar a la autoridad competente, para los efectos y
en los términos de la presente ley, la suspensión condicional de la pena, y el
beneficio de la pena alternativa a favor de los miembros de los grupos armados
organizados al margen de la ley con los cuales se llegue a acuerdos
humanitarios.
El Gobierno Nacional podrá exigir las
condiciones que estime pertinentes para que estas decisiones contribuyan
efectivamente a la búsqueda y logro de la paz.
CAPITULO XII
Vigencia y disposiciones complementarias
Artículo 62. Complementariedad. Para todo
lo no dispuesto en la presente ley se aplicará la Ley 782 de 2002
y el Código de Procedimiento Penal.
Artículo 63. Ley futura más favorable. Si
con posterioridad a la promulgación de la presenta ley, se expiden leyes que
concedan a miembros de grupos armados al margen de la ley beneficios más
favorables que los establecidos en esta, las personas que hayan sido sujetos
del mecanismo alternativo, podrán acogerse a las condiciones que se establezcan
en esas leyes posteriores.
Artículo 64. Entrega de menores. La
entrega de menores por parte de miembros de Grupos armados al margen de la ley
no serán causal de la pérdida de los beneficios a que se refieren la presente
ley y la Ley 782 de 2002.
Artículo 65. El Gobierno Nacional, el Consejo
Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación apropiarán los
recursos suficientes indispensables para la debida y oportuna aplicación de la
ley de extinción de dominio.
Artículo 66. De acuerdo con el Programa de
Reincorporación a la vida civil el Gobierno Nacional procurará la vinculación
de los desmovilizados a proyectos productivos o a programas de capacitación o
educación que les facilite acceder a empleos productivos.
Simultáneamente y de acuerdo con el mismo
programa, procurará su apoyo para ingresar a programas de asistencia
psicológica adecuados que faciliten su reincisión social y adopción a la normal
vida cotidiana.
Artículo 67. Los Magistrados de los Tribunales
Superiores de Distrito judicial, que se creen en virtud de la presente ley,
serán elegidos por la Sala Plena de la Corte Suprema de justicia, de listas
enviadas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
Los requisitos exigidos para ser Magistrado de
estos Tribunales, serán los mismos exigidos para desempeñarse como Magistrado
de los actuales Tribunales Superiores de Distrito Judicial.
La Sala Administrativa del Consejo Superior de
la Judicatura, podrá conformar los grupos de apoyo administrativo y social para
estos Tribunales. La nominación de los empleados, estará a cargo de los
Magistrados de los Tribunales creados por la presente ley.
Artículo 68. Los recursos de que trata la
presente ley y cuyo trámite corresponde a la Corte Suprema de justicia, tendrán
prelación sobre los demás asuntos de competencia de la Corporación y deberán
ser resueltos dentro del término de treinta días.
Artículo 69. Las personas
que se hayan desmovilizado dentro del marco de la Ley 782 de 2002 y que hayan
sido certificadas por el Gobierno Nacional, podrán ser beneficiarias de
resolución inhibitoria, preclusión de la instrucción o cesación de
procedimiento, según el caso, por los delitos de concierto para delinquir en
los términos del inciso primero del artículo 340 del Código Penal; utilización
ilegal de uniformes e insignias; instigación a delinquir en los términos del
inciso primero del artículo 348 del Código Penal; fabricación, tráfico y porte
de armas y municiones.
Las personas condenadas por los mismos delitos y
que reúnan las condiciones establecidas en el presente artículo, también podrán
acceder a los beneficios jurídicos que para ellas consagra la Ley 782 de 2002.
Artículo 70. Rebaja de penas. Las
personas que al momento de entrar en vigencia la presente ley cumplan penas por
sentencia ejecutoriadas, tendrán derecho a que se les rebaje la pena impuesta
en una décima parte. Exceptúese los condenados por los delitos contra la
libertad, integridad y formación sexuales, lesa humanidad y narcotráfico.
Para la concesión y tasación del beneficio, el
juez de ejecución de penas y medidas de seguridad tendrá en cuenta el buen
comportamiento del condenado, su compromiso de no repetición de actos
delictivos, su cooperación con la justicia y sus acciones de reparación a las
víctimas.
Artículo 71. Sedición. Adiciónase
al artículo 468 del Código Penal un inciso del siguiente tenor: "También
incurrirá en el delito de sedición quienes conformen o hagan parte de grupos
guerrilleros o de autodefensa cuyo accionar interfiera con el normal
funcionamiento del orden constitucional y legal. En este caso, la pena será la
misma prevista para el delito de rebelión.
Mantendrá plena vigencia el numeral 10 del
artículo 3 de la Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de
Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, suscrito en Viena el 20 de
diciembre de 1988 e incorporado a la legislación nacional mediante Ley 67 de
1993".
Artículo 72. Vigencia y derogatorias. La
presente ley deroga todas las disposiciones que le resulten contrarias. Se
aplicará únicamente a hechos ocurridos con anterioridad a su vigencia y rige a
partir de la fecha de su promulgación”.
III. LA DEMANDA.
La demanda de inconstitucionalidad que dio inicio al presente
proceso fue interpuesta por un grupo de ciento cinco (105) ciudadanos
colombianos, obrando en nombre propio o en representación de diversas
organizaciones, en contra de la Ley 975 de 2005 en su totalidad, o en subsidio,
contra determinados apartes de los artículos 2, 5, 9, 10, 13, 11.5, 17, 18, 23,
26 par. 3, 29, 31, 34, 37.5, 37.7, 46, 47, 48, 54, 55, 58, 62, 69, 70 y 71.
Para efectos de precisión, en esta sección se reseñarán con todo
detalle los distintos cargos de inconstitucionalidad contenidos la demanda,
siguiendo la estructura de la misma. Dicha estructura consta de tres partes
principales: (1) un capítulo titulado “Síntesis” en el que se resumen los
cargos de forma y de fondo presentados contra la norma acusada, (2) un capítulo
en el que se exponen ciertas consideraciones previas sobre el ámbito de
aplicación de la ley demandada, y (3) un capítulo en el que se presentan los
diversos argumentos que configuran los cargos de inconstitucionalidad dirigidos
contra la disposición que se revisa.
1. Síntesis de los cargos de inconstitucionalidad a examinar.
1.1. Explican los demandantes que la Ley 975 de 2005 en su
totalidad, o en subsidio las normas demandadas, son inconstitucionales por
motivos de forma y de fondo.
1.2. En cuanto a los vicios de fondo, explican que éstos son
principalmente dos. Uno de ellos afecta varias disposiciones de la Ley 975 de
2005; el otro afecta el artículo 71 de la misma.
1.2.1. El primer vicio de fondo se deriva de los apartes acusados de
todos los artículos demandados, salvo el 71, que en criterio de los demandantes
constituyen un “sistema de impunidad”: “los apartes subrayados de los
artículos demandados (arts. 2, 5, 9, 10, 13, 11.5, 17, 18, 23, 26 par. 3, 29,
31, 34, 37.5, 37.7, 46, 47, 48, 54, 55, 58, 62 y 69) por vicios de fondo,
constituyen en su integridad un sistema de impunidad porque permiten la
concesión del beneficio de pena alternativa (art. 29), reducida esta por el
tiempo de permanencia en zonas de concentración (art. 31), sobre la base de un
procedimiento que no garantiza ni la verdad, ni la justicia, ni la reparación”.
Este cargo se sustenta en las razones adicionales que se resumen a
continuación.
1.2.1.1. “En primer lugar –se explica-, la ley 975 prevé
una investigación sumamente insuficiente de un porcentaje mínimo de los
desmovilizados (art. 2 parcial, 9 parcial, 10 parcial, 18 parcial, 62 parcial,
69). En efecto, solamente estarán sujetos a esta ley los combatientes que,
previamente a su desmovilización, hayan sido procesados o condenados por
delitos no amnistiables o indultables”. Se señala que quienes quedarían
amparados por dicha ley son una ínfima minoría que el Gobierno ha calculado en
300 a 400 individuos; y que “la mayor parte de los combatientes no tiene
procesos ni condenas en su contra, porque su identidad es desconocida y porque,
en todo caso, existe una gran impunidad en el país. Para el grueso de los
desmovilizados, el Gobierno dictó el decreto 128 de 2003, al amparo del cual deja
en libertad a quienes no tengan antecedentes judiciales, sin tomarse el trabajo
de iniciar siquiera un proceso por su evidente pertenencia a un grupo armado
ilegal, lo cual es inconstitucional y contrario también a la Ley 782 de 2002, o
ley de orden público, que el decreto 128 pretendió reglamentar”.
1.2.1.2. Por otra parte, en relación con ese reducido grupo de
hechos, se establecen en la ley acusada términos insuficientes para la
investigación, que imposibilitan la investigación adecuada de la magnitud de
los hechos “en cuanto a su gravedad, y a sus elementos de sistematicidad y
generalidad”.
1.2.1.3. Además, el procedimiento establecido “no prevé garantías
adecuadas para la participación y acceso a la justicia de las víctimas, pues no
les permite el acceso al expediente (art. 37.5 parcial), no prevé expresamente
su participación dentro de las diligencias del proceso (arts. 17, 18, 34 y 37.7
parcial) y omite el recurso de casación (art. 26 par. 3). En esas condiciones,
el procedimiento de la ley 975 no constituye un recurso efectivo”.
1.2.1.4. Adicionalmente, la ley permite que los desmovilizados
accedan a los beneficios en ella establecidos “sin que tengan que hacer una
confesión plena de los hechos (art. 17 parcial), sin que se les exija señalar
el paradero de personas desaparecidas al momento de la desmovilización (art.
10.6 parcial) y sin que pierdan tampoco los beneficios por el hecho de cometer
nuevos delitos (art. 29 parcial)”.
1.2.1.5. El procedimiento establecido en la ley acusada impide la
reparación adecuada de los perjuicios sufridos por las víctimas, “pues
excluye del derecho a la reparación a víctimas que, siéndolo, no son
reconocidas como tales (arts. 5 parcial, 47 parcial, y 48.3 parcial); señala
que sólo concurrirán a la reparación los bienes adquiridos ilícitamente u
otros, si el desmovilizado los tuviese (arts. 10.2 parcial, 11.5 parcial, 13.4
parcial, 17 inc. 2 parcial, 18 inc. 2 parcial y 46 parcial); no da garantías
adecuadas para la restitución de los bienes (art. 54 parcial); no señala la
tasación de perjuicios a favor de la víctima por el hecho de que esta no
promueva el incidente de reparación (art. 23); y hace depender el pago de las
reparaciones de las limitaciones presupuestales (art. 47 parcial, 55 parcial)”.
1.2.1.6. El referido procedimiento, además, establece “eximentes
al deber de hacer una difusión completa de la precaria verdad a la que se va a
llegar (arts. 48.1 y 58 parcial)”.
1.2.1.7. La ley desconoce la obligación del Estado de sancionar a
quienes sean responsables de graves violaciones a los derechos humanos e
infracciones del derecho internacional humanitario mediante penas privativas de
la libertad, “al establecer que pueden cumplir parte de la pena en zonas de
concentración, que han sido previstas para otras finalidades y que no son, de
ninguna manera, centros de privación de la libertad (art. 31)”.
1.2.1.8. Concluyen los demandantes: “A pesar de todas estas
falencias y de que, en conclusión, las víctimas no van a ser reconocidas en sus
derechos, la ley prevé un beneficio de pena alternativa que cierra el sistema
de impunidad, que implica que, a lo sumo, los combatientes demovilizados vayan
a cumplir entre tres años y medio y seis años y medio de eventual privación de
la libertad, a pesar de que el Código Penal colombiano y el Estatuto de Roma
que estableció la Corte Penal Internacional contempla penas significativamente
más amplias”.
1.2.1.9. En esa medida, se afirma que tal y como está previsto el
procedimiento que consta en las normas acusadas, el beneficio de pena
alternativa constituye en realidad un indulto velado, “pues permite la
exoneración de una parte muy importante de la pena sin que se den las
condiciones mínimas exigidas por la Constitución y los tratados y compromisos
internacionales en materia de derechos humanos y derecho internacional
humanitario, constituyéndose así en un beneficio desproporcionado a favor de
los perpetradores de los más aberrantes crímenes y en perjuicio de las
víctimas”. Se considera, adicionalmente, que este beneficio de pena
alternativa constituye un indulto velado “porque prevé una indebida
intervención gubernamental en su concesión, intervención propia de las medidas
de indulto y amnistía”.
1.2.1.10. Igualmente se considera que los artículos demandados
constituyen una amnistía, “pues permiten, como efecto directo de la
aplicación de las normas, que se borre la responsabilidad de los autores de
crímenes graves –violaciones a derechos humanos e infracciones al derecho
internacional humanitario- que al momento de su desmovilización no tengan
ningún proceso o condena judicial por ese tipo de delitos”.
1.2.1.11. Por último, se expresa que las normas acusadas no superan
un juicio estricto de proporcionalidad como el que se ha de aplicar en esta
oportunidad, puesto que “dan un trato desigual a las víctimas que sacrifica
valores y principios constitucionales que tienen mayor relevancia que los
alcanzados con la medida diferencial. De hecho, el beneficio de la pena
alternativa es desproporcionado, no sólo porque rebasa los mínimos jurídicos,
que prohíben las medidas conducentes a la impunidad, sino porque los beneficios
son concedidos sin que se exija una genuina contribución al esclarecimiento de
la verdad, a la justicia y a la reparación, ni tampoco a la no repetición de
las violaciones”.
1.2.2. El segundo vicio de fondo afecta el artículo 71 de la ley
acusada, que adicionó al tipo penal de sedición un parágrafo, según el cual la
pertenencia a, o conformación de, grupos paramilitares, constituye delito de
sedición: “La norma es contraria a la Constitución, que prevé un trato
excepcional al delito político, y desconoce el hecho de que en la legislación
colombana el paramilitarismo nunca ha sido considerado como delito de sedición.
La modificación introducida al tipo penal de sedición no corresponde al
concepto de delito político, que tiene como uno de los elementos fundamentales
la oposición al Estado”. En ese sentido, el artículo 71 de la Ley 975/05 “vulnera
el deber de garantía del Estado y la obligación de garantizar un recurso
efectivo, que incluye el acceso a la justicia y el deber del Estado de
investigar los delitos cometidos en su territorio”.
1.3. En cuanto a los vicios de forma, se señalan en la demanda tres
que, en criterio de los peticionarios, afectan la ley 975/02 en su totalidad.
1.3.1. Primero, la ley no se tramitó como estatutaria: “Las
Constitución exige que las leyes que regulen derechos fundamentales, como lo
son los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación, así como
procedimientos y recursos para su protección, sean leyes estatutarias (artículo
152 de la Constitución). De acuerdo con el artículo 153 de la Constitución,
este tipo de leyes deben ser aprobadas por mayoría absoluta de los miembros del
Congreso y ser revisadas previamente por la Corte Constitucional. La ley 975 de
2005, a pesar de que regula materias de ley estatutaria, fue tramitada y
aprobada como ley ordinaria”.
1.3.2. Segundo, la ley no se tramitó como una ley de indulto: “Teniendo
en cuenta que la ley 975 de 2005 concede indultos encubiertos, debió haber sido
tramitada a través del procedimiento especial previsto para estos casos:
votación secreta (artículo 131 de la ley 5ª de 1992) y mayorías calificadas
(artículos 150 de la Constitución y 120 de la Ley 5ª de 1992). Sin embargo, la
ley fue tramitada y aprobada como ley ordinaria”.
1.3.3. Tercero, durante el trámite de la ley se apelaron
indebidamente dos artículos que habían sido negados: “Los artículos 70 y 71
(‘rebaja de penas’ y ‘sedición’), tras ser negados en las sesiones conjuntas de
las Comisiones primeras de Senado y Cámara, fueron apelados, usando como
fundamento artículos de la ley 5ª de 1992 que no eran aplicables al caso.
Cuando uno o varios artículos de un proyecto de ley son negados, no hay ninguna
norma que permita su apelación. Sin embargo, el recurso fue usado y, como
resultado de la apelación, los artículos fueron aprobados, de forma irregular,
en la plenaria del Senado”.
2. Consideraciones previas del demandante sobre el ámbito de
aplicación de la Ley 975/05.
En este segundo capítulo de la demanda, se explica cuál es, en
criterio de los peticionarios, el ámbito de aplicación de la norma acusada:
“La ley 975 de 2005 regula lo concerniente a la concesión de
beneficios penales para delitos que consistan en graves violaciones a los
derechos humanos e infracciones al derecho humanitario, incluyendo crímenes de
guerra y crímenes de lesa humanidad.
Conforme lo establece su artículo 2º, la ley 975 de 2005 ‘regula lo
concerniente a la investigación, procesamiento, sanción y beneficios judiciales
de las personas vinculadas a grupos armados al margen de la ley, como autores o
partícipes de hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la
pertenencia a esos grupos, que hubieren decidido desmovilizarse y contribuir
decisivamente a la reconciliación nacional’. No obstante, la regulación de
beneficios penales por desmovilización que establece la ley no abarca todo tipo
de delitos, sino exclusivamente aquellos que no puedan ser objeto de amnistías
e indultos, es decir, delitos de especial gravedad como son los crímenes de
guerra y de lesa humanidad, y las graves violaciones a los derechos humanos.
Lo anterior, por cuanto la ley 975 de 2005 complementa, mas no reemplaza,
la normativa existente en materia de beneficios por reincorporación a la vida
civil. Así lo estipula el último inciso del artículo 2º de la ley, según el
cual ‘la reinserción a la vida civil de las personas que puedan ser favorecidas
con amnistía, indulto o cualquier otro beneficio establecido en la Ley 782 de
2002, se regirá por lo dispuesto en dicha ley’. De esta forma, con todo y la
expedición de la llamada ley de ‘justicia y paz’, lo dispuesto en la ley 782 de
2002[1]
y su decreto reglamentario 128 de 2003[2] mantiene
plena vigencia para regular la situación de los combatientes que al momento de
su desmovilización no tengan procesos penales ni condenas en su contra por
delitos no amnistiables ni indultables, como lo estipula expresamente el
artículo 21 de dicho decreto.
La entrada en vigencia de la ley 975 de 2005 amplía los escenarios
para la concesión de beneficios jurídicos por desmovilización, autorizando el
otorgamiento de los mismos a quienes estén siendo procesados o hayan sido
condenados por delitos de especial entidad.
La regulación jurídica es diferenciada según la situación jurídica
en la que se encuentren los combatientes al momento de su desmovilización. El
marco normativo prevé los siguientes tres eventos, asignándole a cada uno
distintas consecuencias jurídicas: i) cuando se trata de combatientes que al
momento de su desmovilización no tengan procesos penales en curso ni condenas
en su contra; ii) cuando se trata de combatientes que estén siendo procesados o
hayan sido condenados por los delitos de sedición, asonada y rebelión
(incluyendo los delitos conexos); y iii) cuando se trata de combatientes que
tengan procesos penales en curso o condenas en contra por delitos distintos a
los políticos y conexos. Sólo en este último evento iii) se aplicaría el
procedimiento para el otorgamiento de beneficios de que trata la ley 975 de
2005, sin perjuicio de que los combatientes desmovilizados que se encuentren en
los otros supuestos pidan acogerse a la ley.
En efecto, en el primero de los casos (i) se da aplicación a lo
dispuesto en el decreto 128 de 2003, en virtud del cual los combatientes
desmovilizados que no tengan procesos ni condenas no deben ser sometidos a
procesos investigativos[3]. En el
segundo evento (ii), los combatientes desmovilizados que tengan procesos por
delitos amnistiables e indultables pueden acceder a los beneficios contemplados
en la ley 782 de 2002, esto es, resolución inhibitoria, resolución de
preclusión, cesación de procedimiento, suspensión condicional de la ejecución
de la pena e indulto. En este segundo grupo se ubican los desmovilizados que
estén siendo investigados o hayan sido condenados por los delitos de rebelión,
sedición y asonada, y los delitos contemplados en el artículo 69 de la ley 975
de 2005[4]. No sobra
recordar que el artículo 71 de dicha ley modificó el tipo penal de sedición,
para incluir en éste la conformación o pertenencia a grupos paramilitares(…).
Al mantener la vigencia de los instrumentos legales y reglamentarios
existentes con anterioridad a su expedición, la ley 975 de 2005 establece un
conjunto de procedimientos y beneficios que sólo está llamado a aplicarse a los
miembros de grupos armados al margen de la ley que se encuentren en el tercer
evento (iii), esto es, a los combatientes contra los cuales exista un proceso
penal o una condena judicial en su contra por delitos respecto de los cuales
están proscritos la amnistía y el indulto.
Los combatientes de grupos armados al margen de la ley contra los
cuales exista proceso o condena judicial por crímenes de guerra, lesa
humanidad, graves violaciones de derechos humanos, infracciones al derecho
internacional humanitario y otros delitos de especial entidad, como el
narcotráfico y la extorsión, sólo podrán beneficiarse de lo dispuesto en la ley
975 de 2005.
Así pues, un combatiente de un grupo paramilitar o de guerrillas que
esté siendo investigado por su participación en el respectivo grupo armado, y
al que sólo se le imputen los delitos de conspiración para delinquir, porte
ilegal de armas y uso de uniformes privativos de las fuerzas militares, puede
recibir los beneficios que establece la Ley 782 de 2002 (resolución inhibitoria
y de preclusión, cesación de procedimiento, suspensión condicional de la
ejecución de la pena e indulto); mientras que aquél contra el cual exista
proceso o condena por delitos como la desaparición forzada, la tortura, el
secuestro, etc., deberá acudir a lo establecido en la ley 975 de 2005 para
recibir el beneficio de la pena alternativa”.
3. Sustentación de los cargos por vicios de fondo
3.1. Primer cargo por vicios de fondo: vicios que afectan el
procedimiento y la pena alternativa establecidos en los artículos 2, 5, 9, 10,
13, 11.5, 16, 17, 18, 23, 26 par. 3, 29, 31, 34, 37.5, 37.7, 46, 47, 48, 54, 55,
58, 62 y 69 de la Ley 975/05.
3.1.1. El juicio de proporcionalidad como marco para examinar la
constitucionalidad de las normas acusadas.
3.1.1.1. Se explica en primer lugar que existe una relación de complementariedad
entre los derechos a la justicia y a la paz. Si bien el interés en buscar
la paz y establecer mecanismos jurídicos para desarticular los grupos armados
combatientes está en aparente tensión con el interés de la justicia y de
proteger los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, se trata
de un dilema que no es insoluble.
Ambos intereses tienen un fundamento constitucional: fueron
consagrados en el preámbulo como aspiraciones del constituyente al adoptar la
Carta de 1991, son fines esenciales del Estado (art. 2, C.P.) y son derechos
fundamentales (arts. 22, 2, 5, 93 y 229, C.P.). Por otra parte, la
jurisprudencia constitucional “ha reconocido que la realización del derecho
a la justicia es un elemento muy importante para alcanzar la convivencia
pacífica, esto es, para ofrecer vías institucionales de resolución de
conflictos a través de las cuales se eviten respuestas violentas que no son
compatibles con la Constitución colombiana”. Se cita, a este respecto, la
sentencia C-228 de 2002. Se hace referencia, igualmente, al Conjunto de
principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos
humanos mediante la lucha contra la impunidad, adoptado en el seno de la
Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en los que se subrayó la
necesidad de basar la búsqueda de la reconciliación nacional en la satisfacción
de la justicia. Y con base en ello se concluye: “Por consiguiente, la
justicia y la paz no son derechos opuestos, intereses contradictorios o valores
excluyentes entre sí, a la luz de la Constitución. Al contrario, en el
ordenamiento constitucional la justicia en casos de violaciones a los derechos
humanos e infracciones al derecho humanitario es un camino que resulta
indispensable recorrer para llegar a la paz”.
3.1.1.2. Se indica, a continuación, que el método a aplicar para
determinar la constitucionalidad de las normas acusadas es el juicio de
proporcionalidad, puesto que “a pesar de que la justicia y la paz son
principios y derechos complementarios, en ocasiones resultan en aparente
tensión en contextos de transición a la democracia o de superación de
conflictos armados. En tales contextos, resulta necesario conceder beneficios penales
a quienes han cometido graves violaciones a los derechos humanos o infracciones
al derecho humanitario para superar el conflicto armado”.
La Ley 975/05 tiene por objetivo expreso el de facilitar el logro de
la paz y la reincorporación de los combatientes a la vida civil, así como
garantizar los derechos de las víctimas; es decir, buscar un equilibrio entre
la paz y la justicia, mediante el establecimiento de procedimientos y sanciones
penales especiales, es decir, una pena alternativa, a los que se habrán de
someter los combatientes desmovilizados que hubieren cometido delitos no
indultables o no amnistiables. “De conformidad con lo anterior –explican
los demandantes-, la Ley 975 de 2005 somete a las víctimas de violaciones a
los derechos humanos y de infracciones al derecho internacional humanitario a
un trato diferenciado, según el cual los responsables de los crímenes causados
a ellas no son sometidos a los procedimientos y sanciones penales previstos en
la legislación ordinaria, sino a unos procedimientos y penas especiales,
establecidos por la ley demandada”.
En ese sentido, consideran los demandantes que la constitucionalidad
de los procedimientos y sanciones penales establecidos en la Ley 975/05 debe
determinarse mediante la resolución de los siguientes interrogantes: “i. Si
la ley violenta el derecho a la justicia, en sus componentes de los derechos a
la verdad, la justicia y la reparación, y ii. En qué condiciones se pueden
conceder esos beneficios de reducción de penas para que no vulneren el derecho
a la justicia y sean verdaderamente un instrumento para alcanzar la paz”.
La respuesta a estos problemas exige, en criterio de los actores, aplicar un
juicio de proporcionalidad, “esto es, el método adoptado por la
jurisprudencia constitucional para examinar si medidas de restricción de
derechos resultan discriminatorias”. Se cita a este respecto la sentencia
C-093 de 2001 en cuanto a los elementos del juicio de proporcionalidad; y se
aclara que el juicio a aplicar debe ser estricto, no intermedio
ni débil, por cuanto según se explicó en la referida sentencia C-093/01, esa es
la figura a aplicar cuando se trata de leyes que limitan el goce de un derecho
constitucional a un determinado grupo de personas, o cuando afectan a
poblaciones que se encuentran en situaciones de debilidad manifiesta: “Como
se mencionó, la ley 975 de 2005 somete a un trato diferenciado los casos en que
se hayan cometido delitos de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones
al derecho internacional humanitario, estableciendo limitaciones al derecho a
la justicia, que es un derecho constitucional fundamental. Además, por esa
misma vía afecta a una población que se encuentra en debilidad manifiesta, cual
es la situación de las víctimas de los mencionados crímenes”.
3.1.1.3. A continuación, se enuncian las premisas de las cuales debe
partir el juicio de proporcionalidad a aplicar en este caso:
“1. Con la finalidad de superar conflictos armados, o por ‘motivos
de conveniencia pública’, la Constitución prevé la facultad estatal de conceder
indultos o amnistías (arts. 150.17 y 201 de la Constitución). Igualmente, el
derecho internacional humanitario, que es parte del bloque de
constitucionalidad de conformidad con los artículos 93 y 214 de la
Constitución, exhorta a los Estados a conceder amnistías a la finalización de
conflictos armados (artículo 6 del Protocolo II adicional a los Convenios de
Ginebra).
2. La facultad estatal de conceder amnistías e indultos se encuentra
limitada constitucionalmente por los siguientes motivos: i. Los indultos y
amnistías sólo se pueden conceder por delitos políticos (artículos 150.1 y 201
de la Constitución), y ii. Bajo ninguna circunstancia se puede entender que
actos atroces y de barbarie, entre los cuales se encuentran las graves
violaciones a los derechos humanos, las infracciones al derecho internacional
humanitario, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, tengan el
carácter de delitos políticos.
3. Como ya se advirtió, el Estado está en la obligación
irrenunciable de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los
derechos humanos, de conformidad con la Constitución, el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, la
Convención para la prevención y sanción del delito de genocidio, la Convención
contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y la
Convención Interamericana sobre Desaparción Forzada.”
Para los demandantes, la observancia de estas premisas garantiza el
respeto por el núcleo esencial del derecho a la justicia, así como el carácter
genuino de los procesos de paz: “Sólo en estas condiciones, paz y justicia
no son derechos contradictorios, sino interdependientes. De esta manera, la
justicia se constituye en una garantía de la paz y la convivencia pacífica”.
En los acápites siguientes de la demanda se desarrolla tanto el
contenido del derecho a la justicia, como los motivos por los cuales las normas
acusadas lo vulneran y no resisten la aplicación de un juicio de
proporcionalidad estricto.
3.1.2. Violación del derecho a la justicia
3.1.2.1. Precisiones generales sobre el contenido del derecho a la
justicia.
En primer lugar, se efectúan en la demanda algunas precisiones sobre
el contenido del derecho a la justicia en sentido genérico.
3.1.2.1.1. Su fundamento constitucional se encuentra en los
artículos 2, 5, 29 y 229 de la Carta Política: “El derecho a la justicia es
un pilar del Estado social de derecho. Es, a su vez, una forma de garantizar la
dignidad humana, los derechos y la convivencia pacífica. Por esa razón es un
derecho fundamental”. En este punto se cita la sentencia C-426 de 2002 como
sustento, así como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
(artículos 2.1., 2.3. y 14), la Convención Americana sobre Derechos Humanos
(artículos 2.2., 8 y 25), la Declaración Universal de Derechos Humanos
(artículos 8 y 10) y la Declaración Americana de los Derechos del Hombre
(artículo 18).
3.1.2.1.2. El incumplimiento del deber de investigar y sancionar los
delitos cometidos contra los derechos humanos propicia la repetición de su
violación, según lo ha reconocido la Corte Interamericana de Derechos Humanos
en el caso Bámaca Velásquez v. Guatemala (22 de febrero de 2002), y constituye
impunidad. A este respecto se citan los llamados “Principios de Joinet” de la
Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en los que se define la
impunidad “por la ausencia, de iure o de facto, de la imputación de la
responsabilidad penal de los autores de violaciones de los derechos humanos,
así como de su responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, de modo
que aquellos escapan a toda investigación tendente a permitir su imputación, su
arresto, su juzgamiento y, en caso de reconocerse su culpabilidad, a su condena
a penas apropiadas, y a reparar los perjuicios sufridos por sus víctimas”.
Se trata, además, de un deber derivado de un tratado internacional
válidamente ratificado por el Estado colombiano, que no puede ser incumplido
mediante la aprobación de una ley interna.
3.1.2.1.3. De la obligación de garantizar los derechos humanos y
proveer recursos judiciales efectivos, se deriva el derecho a la justicia en
sus diferentes elementos: los derechos a conocer la verdad judicial e
histórica, a que los responsables sean investigados, juzgados y sancionados con
penas proporcionadas, y a obtener una reparación integral. “Los derechos de
las víctimas a estos tres atributos de la justicia, como mínimos, mantienen
plena vigencia aun en etapas de transición o a la finalización de conflictos
armados. Se pueden conceder ciertos beneficios, especialmente en materia de
penas, siempre que se sigan respetando los mínimos (por ejemplo, la rebaja de
penas que no signifique un perdón total de la misma), y siempre que no se haga
con la intención de encubrir las atrocidades y la responsabilidad de sus
autores, sino como una búsqueda genuina de la paz en el marco de procesos
justos”.
3.1.2.1.4. Aunque el Protocolo II Adicional a los Convenios de
Ginebra establece en su artículo 6 que las autoridades tienen el deber de
procurar las amnistías “más amplias posibles”, tales medidas se deben
interpretar de conformidad con las obligaciones estatales en materia del derecho
a la justicia. Además, según ha expresado el Comité Internacional de la Cruz
Roja, tal norma “no pretende ser una amnistía para aquellos que han violado el
derecho humanitario internacional” (Carta del Comité Internacional de la Cruz
Roja al Fiscal del Tribunal Penal para la Antigua Yugoslavia, 1995).
3.1.2.1.5. La prohibición de cometer crímenes de guerra y de lesa
humanidad es una norma imperativa o de ius cogens. Para sustentar este
aserto se cita la decisión de la Cámara de los Lores británica sobre el caso
Pinochet –que se refirió al delito de tortura-, la decisión del Tribunal Penal
para la Ex Yugoslavia en el caso del Fiscal contra Kupreskic (enero 14 de 2000)
-en la que se calificó la mayoría de normas del DIH, en particular las que
prohiben los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio
como normas de ius cogens, de carácter imperativo e inderogable-, y la
decisión del mismo Tribunal en el caso del Fiscal contra Furundzija (diciembre
10 de 1998) –que se refirió al delito de tortura-. De allí que los Estados no
puedan tomar medidas para autorizar o perdonar la violación de estas normas,
por medio de leyes de amnistía, según se expresó en el caso Furundzija citado.
3.1.2.1.6. Los Estados tienen el deber de tomar las medidas necesarias
para que nadie sea sustraído de la protección judicial, según lo ha establecido
la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Barrios Altos, en cuya
sentencia se expresó, en términos del demandante, que “las leyes de
autoamnistía que contribuyan al ocultamiento de los responsables por
violaciones de derechos humanos y que obstaculicen la investigación y el
esclarecimiento de los hechos son incompatibles con la Convención Americana de
Derechos Humanos”.
3.1.2.1.7. En igual sentido, los Principios de Joinet citados
anteriormente señalan algunos límites que deben respetar las amnistías,
específicamente en el sentido de que (i) los autores de crímenes
internacionales graves no pueden beneficiarse de dichas medidas mientras el
Estado no haya cumplido sus obligaciones de investigación, detención y sanción,
y (ii) las amnistías no surten efectos sobre el derecho de las víctimas a la
reparación.
3.1.2.1.8. Con base en lo anterior se afirma que “el artículo 6º
del protocolo II no implica que las amnistías que se concedan luego de la
cesación del conflicto puedan cobijar crímenes de guerra y de lesa humanidad.
En efecto, el hecho de estar ante un conflicto armado no se constituye en una
razón suficiente para limitar las obligaciones estatales de investigar, juzgar
y sancionar a los responsables de delitos graves conforme al derecho
internacional. Los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 (…) y el Protocolo I
adicional a los Convenios de Ginebra (…) señalan expresamente la obligación de
los Estados de investigar y sancionar penalmente las infracciones al derecho
internacional humanitario”.
3.1.2.1.9. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al
referirse al proceso de desmovilización de grupos paramilitares en Colombia,
subrayó la necesidad de proteger los derechos de las víctimas, cumplir con la
obligación estatal de administrar justicia conforme al derecho internacional,
garantizar el debido proceso y la protección judicial aplicables en conflictos
armados, y cumplir su deber de juzgar y sancionar a quienes cometan u ordenen
la comisión de graves infracciones al derecho internacional humanitario.
3.1.2.1.10. La conclusión de los demandantes sobre el contenido
general del derecho a la justicia es la siguiente:
“En conclusión, el derecho a la justicia –compuesto a su vez por los
derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación- es un derecho
fundamental, especialmente en casos de violaciones a los derechos humanos y de
infracciones al derecho internacional humanitario. Tal carácter se corresponde
con la obligación internacional del Estado colombiano de garantizar los
derechos humanos e implica el deber del Estado colombiano, no sólo frente a los
otros Estados, sino especialmente frente a las personas, de investigar, juzgar
y sancionar a los responsables de tales hechos. Esta obligación se hace aún más
imperativa frente a casos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad,
en la medida en que la prohibición de estos hechos es norma de ius cogens y,
por consiguiente, dicha prohibición implica la correlativa obligación de los
Estados de no tomar ningún tipo de medida judicial o administrativa que
sustraiga a sus perpetradores de la acción de la justicia. Tal obligación no se
deroga por el hecho de estar a la finalización de un conflicto armado ni puede
desconocerse con el ánimo de superarlo”.
3.1.2.2. Desconocimiento del derecho a la verdad, como parte del
derecho a la justicia.
En este acápite se explica por qué algunas de las normas acusadas
violan el derecho a la verdad.
3.1.2.2.1. El derecho a la verdad se define como parte integrante
del derecho fundamental a la justicia, “y consiste en el derecho de las
víctimas y de la sociedad a conocer lo que ocurrió, las circunstancias de las
violaciones, los responsables, así como los motivos y las estructuras que
dieron lugar a las violaciones a los derechos humanos y a las infracciones al
derecho internacional humanitario. El derecho a la verdad se deriva del deber
de garantía a cargo de los Estados y del derecho de las personas a un recurso efectivo”.
Se cita en este punto el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos en el caso de Ignacio Ellacuría y otros v. El Salvador (22 de
diciembre de 1999), respecto de los deberes estatales frente al derecho a la
verdad.
3.1.2.2.2. También se explica que el derecho a la verdad es tanto
individual como colectivo: “el derecho a la verdad es individual porque es
una facultad en cabeza de las víctimas de las graves violaciones a los derechos
humanos o infracciones al derecho internacional humanitario y está subsumido en
el derecho a obtener el esclarecimiento de los hechos y el juzgamiento de los
responsables. Igualmente, es colectivo porque su realización es indispensable
para que los Estados adopten medidas para que los hechos no se repitan y para
prevenirlos en el futuro. Este derecho toma especial relevancia en casos como
el colombiano, en los que se han padecido masivas y sistemáticas violaciones a
los derechos humanos y al derecho internacional humanitario durante años”.
Se cita para sustentar este punto la sentencia T-249 de 2003 de la Corte
Constitucional, así como el contenido pertinente de los Principios de Joinet
anteriormente citados.
3.1.2.2.3. Igualmente señalan los demandantes que la satisfacción
del derecho a la verdad es, a la vez, una forma de reparación, ya que “constituye
un reconocimiento a la víctima de que su dolor ha sido consecuencia de un hecho
cierto y grave y aceptado como tal por las instituciones”. Además se trata
de un elemento indispensable para que el Estado pueda adoptar medidas de no
repetición. En este sentido, se citan los pronunciamientos de la Corte
Interamericana en los casos de Myrna Mack Chang v. Guatemala (noviembre 25 de
2003) y otros.
3.1.2.2.4. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también se
pronunció sobre la garantía del derecho a la verdad durante el proceso de
desmovilización de los grupos paramilitares en Colombia, señalando lo
siguiente:
“30. Ante esta realidad, el derecho a la verdad no debe ser coartado
a través de medidas legislativas o de otro carácter. La CIDH ha establecido que
la existencia de impedimentos fácticos o legales –tales como la expedición de
leys de amnistía- al acceso de información sobre los hechos y circunstancias
que rodearon la violación de un derecho fundamental, y que impidan poner en
marcha los recursos judiciales de la jurisdicción interna, resultan
incompatibles con el derecho a la protección judicial previsto en el artículo
25 de la Convención Americana.
31. La Corte Interamericana ha establecido en su jurisprudencia que
el derecho a la verdad se encuentra subsumido en el derecho de la víctima o sus
familiares a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento
de los hechos y el juzgamiento de los responsables conforme a los parámetros de
los artículos 8 y 25 de la Convención Americana.
32. En cualquier caso, el goce de este derecho a conocer la verdad
sobre la comisión de crímenes de derecho internacional no se limita a los
familiares de las víctimas. La Comisión y la Corte Interamericana han
manifestado que las sociedades afectadas por la violencia tienen, en su
conjunto, el irrenunciable derecho de conocer la verdad de lo ocurrido así como
las razones y circunstancias en las que delitos aberrantes llegaron a
cometerse, a fin de evitar que esos hechos vuelvan a ocurrir en el futuro. La
sociedad en su conjunto tiene derecho a conocer la conducta de quienes se hayan
involucrado en la comisión de violaciones graves a los derechos humanos o el
derecho internacional humanitario, especialmente en caso de pasividad o
sistematicidad; comprender los elementos de carácter objetivo y subjetivo que
contribuyeron a crear las condiciones y circunstancias dentro de las cuales
conductas atroces fueron perpetradas e identificar los factores de índole
normativa y fáctica que dieron lugar a la aparición y el mantenimiento de las
situaciones de impunidad; contar con elementos para establecer si los
mecanismos estatales sirvieron de marco a la consumación de conductas punibles;
identificar a las víctimas y sus grupos de pertenencia así como a quienes hayan
participado de actos de victimización; y comprender el impacto de la
impunidad”.
3.1.2.2.5. El Estado está obligado garantizar el derecho a la
verdad, incluso en casos de amnistías, ya que sobre él recae el “deber de la
memoria”; ello no implica que se justifique la concesión de amnistías para
delitos graves a cambio de respetar el derecho a la verdad: “Lo que se
quiere decir es que, aun en los casos en que, como en Chile después de la
dictadura, se conceden amnistías contrarias al derecho internacional, tales
amnistías no eximen al Estado de su obligación de garantizar la verdad”. Se
cita en este punto el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos sobre la Comisión de Verdad y Reconciliación chilena. Se afirma en la
demanda, igualmente, que “en casos individuales, la garantía del derecho a
la verdad se constituye en una forma de evitar tratos crueles, inhumanos o
degradantes como lo son los relacionados con la negación de la ocurrido”,
tal y como lo determinó el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en
el Caso Srpska (marzo 7 de 2003).
3.1.2.2.6. Se concluye de lo anterior que “el derecho a la verdad
es parte integral del derecho fundamental a la justicia y se deriva de su
reconocimiento nacional e internacional, así como del deber de garantía del
Estado. El derecho a la verdad debe garantizarse individual y colectivamente.
Su garantía es, a su vez, una forma de reparación, es obligatoria incluso en
contextos en que se hayan producido leyes de amnistía y es una forma de evitar
tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
3.1.2.2.7. Desconocimiento del derecho a la verdad por el
artículo 25 de la Ley 975, por “la ausencia de pérdida de beneficios por no
confesar todos los delitos cometidos”.
En este punto señalan los demandantes los motivos por los cuales se
desconoce el derecho a la verdad con lo dispuesto en el artículo 25, que
dispone:
Artículo 25. Hechos conocidos con posterioridad a la sentencia o al
indulto. Si a los miembros de grupos armados al margen de la ley que recibieron
los beneficios de la Ley 782 de 2002, o que se beneficiaron con la pena
alternativa de conformidad con la presente ley, con posterioridad se les
llegare a imputar delitos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a
esos grupos y antes de su desmovilización, estas conductas serán investigadas y
juzgadas por las autoridades competentes y las leyes vigentes al momento de la
comisión de esas conductas, sin perjuicio del otorgamiento de la pena
alternativa, en el evento que colabore eficazmente en el esclarecimiento o
acepte, oralmente o por escrito, de manera libre, voluntaria, expresa y
espontánea, debidamente informado por su defensor, haber participado en su
realización y siempre que la omisión no haya sido intencional. En este evento,
el condenado podrá ser beneficiario de la pena alternativa. Se procederá a la
acumulación jurídica de las penas alternativas sin exceder los máximos
establecidos en la presente ley.
Teniendo en cuenta la gravedad de los nuevos hechos juzgados, la
autoridad judicial impondrá una ampliación del veinte por ciento de la pena
alternativa impuesta y una ampliación similar del tiempo de libertad a prueba.
En criterio de los demandantes, el aparte subrayado permite a los
combatientes que se desmovilizan exonerarse de la obligación de contribuir a la
verdad para efectos de acceder a la pena alternativa: “Al contrario, el
desmovilizado nunca perderá los beneficios por el hecho de omitir otros delitos
graves que haya cometido. En el peor de los casos, si con posterioridad a la
sentencia (casos regulados por la ley 975) o al indulto (casos regulados por el
decreto 128 de 2003) se conocen hechos nuevos que haya omitido en la versión
libre, puede acceder de nuevo a la pena alternativa excepto si: i. No colabora
en el esclarecimiento o no acepta el nuevo delito que se le imputa, o ii. La
omisión fue intencional”. De tal manera, explican los peticionarios que los
desmovilizados no pierden en ningún caso el beneficio de la pena alternativa
sobre el delito que aceptan al momento de rendir versión libre por el hecho de
omitir información sobre otros delitos que hubiesen cometido: “El artículo
demandado se restringe a regular la situación sobre el acceso a los beneficios
por nuevos delitos que se le imputen y que no hubieren sido confesados con
anterioridad. La norma demandada permite incluso que si el nuevo delito
imputado no es confesado por el desmovilizado en el momento de la imputación
del mismo, pero después ‘colabora en su esclarecimiento’ y no se prueba que la
omisión inicial fue intencional, el desmovilizado podrá acceder de nuevo al
beneficio de la pena alternativa”.
También se explica que “si se prueba que la omisión fue
intencional pero el delito omitido es muy grave, no operará la pérdida de
beneficios tampoco, sino que se agravará la pena alternativa en un 20%. De
acuerdo a lo anterior, el funcionario judicial deberá clasificar delitos graves
–como son los que se procesarán por esta ley- en delitos mucho más graves que
otros. Esto es, si por ejemplo un desmovilizado que ha recibido el beneficio de
la pena alternativa es imputado con posterioridad por otro hecho, el
funcionario judicial podrá aumentar en un 20% la pena, si el delito fuere muy
grave, teniendo que clasificar delitos como la tortura, la desaparición
forzada, el secuestro, el acceso carnal violento, el reclutamiento forzado de
niños y niñas, entre otros, en escalas de gravedad, decidiendo por ejemplo que
el delito de tortura es más grave que el de acceso carnal violento o viceversa”.
Y se añade que “es posible que un combatiente desmovilizado no recuerde en
el momento de su versión libre algunos de los hechos de menor gravedad
cometidos en un largo período de permanencia en un grupo combatiente. Sin embargo,
no es admisible que no esté en el deber de confesar la plenitud de los hechos
graves para acceder a los beneficios”.
En tal medida, consideran los peticionarios que para acceder a los
beneficios que concede la ley demandada, los desmovilizados no están en el
deber de contribuir a la verdad, ni siquiera de confesar los delitos sobre los
que se aspira a un beneficio judicial; y que el beneficio que se obtuviere como
consecuencia de la primera versión libre nunca se perderá, ya que la ley no
prevé la figura de pérdida de beneficios.
En criterio de los demandantes esta norma “obstaculiza la
realización del derecho a la verdad de las víctimas de los hechos omitidos
porque, de esta manera, el combatiente que se desmoviliza no tiene realmente el
deber de contribuir a la verdad sobre los hechos que conoce y de los cuales fue
partícipe”. Por lo tanto, tal disposición vulnera la obligación del Estado
colombiano de adoptar medidas legislativas para realizar el derecho a la
verdad, “e incluso es contradictoria con principios y disposiciones
previstos en el mismo cuerpo de la ley 975 en los que se establece que el
objeto de la misma es facilitar los procesos de paz garantizando, entre otros,
el derecho a la verdad (arts. 1, 4, 7, 8, 15, 32, 37, 48.1 y 57)”.
Expresan que para impedir que la Ley 975/05 se convierta en un
mecanismo generador de impunidad, “es indispensable que para acceder a los
beneficios penales los desmovilizados deban contribuir a la verdad confesando
la totalidad de los delitos de graves violaciones a los derechos humanos y de
infracciones al derecho internacional humanitario que cometieron, y aportando
la información con la que cuenten sobre otros hechos de los que hayan tenido
conocimiento aunque no sean responsables penalmente de ellos. (…) Siendo la
verdad una condición indispensable para la realización de la justicia, debe ser
esta una contribución también indispensable de quienes quieren acceder a tan
generosos beneficios como los de la pena alternativa. La obligación del Estado
de expedir medidas normativas que faciliten la realización del derecho a la
verdad es especialmente imperiosa en momentos en que se pretende la superación
de períodos de graves violaciones a los derechos humanos y de un conflicto
armado a través de beneficios judiciales”.
Adicionalmente, señalan que en los casos de cabecillas, “en
principio, estos deberían tener conocimiento de los hechos cometidos por las
tropas bajo su responsabilidad. No se trata de una responsabilidad penal
objetiva, pero debe partirse del hecho de que un comandante en una estructura
militar es responsable, al menos militarmente, de los hechos de las fuerzas
bajo su mando; por consiguiente, un criterio para la determinación de la
responsabilidad es que, tratándose de cabecillas, debe, al menos, indagarse por
su responsabilidad sobre los actos cometidos por el grupo bajo su mando”.
Se cita en este sentido el artículo 28 del Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional.
También indican que la exigencia de confesión plena no es contraria
al derecho a no autoincriminarse que consagran la Constitución Política (art.
33), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14.f) y la
Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts. 8.2.g y 8.3), por cuanto la
autoincriminación puede efectuarse de manera válida siempre que sea libre, ya
que se trata de un derecho renunciable.
Se concluye en este punto que “si el desmovilizado no confiesa la
totalidad de los hechos y omite hechos de graves violaciones a los derechos
humanos o infracciones al derecho humanitario, y el Estado, a través de la ley
975 le ofrece el beneficio de la pena alternativa, debería asumir el riesgo y
la responsabilidad de perder tal beneficio si omite hechos graves o falta a la
verdad. Sin embargo, la ley 975 permite la omisión de la verdad e, incluso, la
mentira. // Con esa disposición, el derecho de las víctimas a acceder a la
verdad y la obligación del Estado de garantizarles justicia se ve obstaculizado
porque dependerá de la voluntad de los victimarios de contribuir a la
realización de la justicia”.
Se solicita, por lo tanto, que se declare inconstitucional el aparte
subrayado del artículo 25 de la Ley 975/05, y que se señale que “el
ocultamiento de la verdad tiene como consecuencia la pérdida del beneficio de
la pena alternativa para el delito confesado y la imposibilidad de acceder a
tal beneficio para el delito conocido posteriormente a la sentencia o el
indulto”.
3.1.2.2.8. Violación del derecho a la verdad por el artículo 10
de la Ley 975, por haberse omitido “estipular la obligación de los
desmovilizados de señalar el paradero de personas desaparecidas”.
Se demanda el artículo 10 de la Ley 975/05, que dispone:
“Artículo 10. Requisitos de elegibilidad para la desmovilización
colectiva. Podrán acceder a los beneficios que establece la presente ley los
miembros de un grupo armado organizado al margen de la ley que hayan sido o
puedan ser imputados, acusados o condenados como autores o partícipes de hechos
delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a esos grupos,
cuando no puedan ser beneficiarios de algunos de los mecanismos establecidos en
la Ley 782 de 2002, siempre que se encuentren en el listado que el Gobierno
Nacional remita a la Fiscalía General de la Nación y reúnan, además, las
siguientes condiciones:
10.1. Que el grupo armado organizado de que se trate se haya
desmovilizado y desmantelado en cumplimiento de acuerdo con el Gobierno
Nacional.
10.2. Que se entreguen los bienes producto de la actividad ilegal.
10.3. Que el grupo ponga a disposición del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar la totalidad de menores de edad reclutados.
10.4. Que el grupo cese toda interferencia al libre ejercicio de los
derechos políticos y libertades públicas y cualquiera otra actividad ilícita.
10.5. Que el grupo no se haya organizado para el tráfico de
estupefacientes o el enriquecimiento ilícito.
10.6. Que se liberen las personas secuestradas, que se hallen en su
poder.
Parágrafo. Los miembros del grupo armado organizado al margen de la
ley que se encuentren privados de la libertad, podrán acceder a los beneficios
contenidos en la presente ley y a los establecidos en la Ley 782 de 2002,
siempre que en las providencias judiciales correspondientes se determine su
pertenencia al respectivo grupo”.
Para los demandantes, al aprobar la norma acusada se incurrió en una
omisión legislativa relativa, consistente en que no se exige a los combatientes
desmovilizados que señalen, al momento de desmovilizarse, el paradero de las
personas desaparecidas. Proceden a explicar porqué en el presente caso están
dadas las cinco condiciones que ha señalado la jurisprudencia constitucional
(sentencia C-185 de 2002) para que se configure una omisión legislativa
relativa, a saber: (i) que exista una norma respecto de la cual se predique el
cargo, (ii) que dicha norma excluya de sus consecuencias jurídicas casos que,
por ser asimilables, deberían estar contenidas en su texto normativo, o que
omita incluir un ingrediente o condición que, en virtud de la Constitución, sea
esencial para armonizar el texto de la norma con los mandatos de la Carta
Política; (iii) que la exclusión de los casos o elementos en cuestión carezca
de un principio de razón suficiente; (iv) que en virtud de la falta de
justificación y objetividad aludidas, los casos excluidos de la regulación
legal queden en situación de desigualdad negativa frente a los que sí están
amparados por las consecuencias de la norma; y (v) que la omisión resulte del
incumplimiento de un deber específico impuesto al legislador por el
Constituyente.
En cuanto al elemento (i), señalan que existe una norma sobre la
cual se predica el cargo, a saber, el numeral 6 del artículo 10, demandado.
En cuanto al elemento (ii), explican que se está ante una norma que
excluye de sus consecuencias jurídicas casos que, por ser asimilables, deberían
estar incluidos en su alcance: “Es evidente la exclusión de iguales
consecuencias jurídicas en casos asimilables, pues el artículo 10 establece en
su numeral 6 la obligación de la persona desmovilizada de liberar, al momento
de su desmovilización, a las personas secuestradas; sin embargo, no hace
referencia a la obligación de informar, al momento de su desmovilización y como
una condición de elegibilidad, el paradero de personas desaparecidas. Las dos
situaciones son asimilables en la medida en que la intención de la norma es la
de garantizar que, en efecto, se suspenda la comisión de delitos que se
caracterizan por ser continuados, como lo es el secuestro y también la
desaparición forzada. // La desaparición forzada es un hecho delictivo
continuo, cuya comisión finaliza cuando aparecen la persona o sus restos”.
Se cita en este punto el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en el caso Blake.
En relación con el elemento (iii), afirman que efectivamente la
omisión señalada carece de un principio de razón suficiente: “No se conoce
ninguna razón para haber excluido tal requisito; por consiguiente, tampoco se
puede afirmar que la razón sea justificable a la luz del ordenamiento
constitucional”.
En cuanto al elemento (iv), se explica que efectivamente se genera
un desigualdad negativa para los casos excluidos de la regulación legal frente
a los que sí quedan amparados por la norma: “Los familiares de las personas
desaparecidas tienen derecho a que el Estado adopte todas las medidas para
esclarecer el paradero de las personas desaparecidas, información que, además,
hace que cese la comisión del delito continuado de desaparición forzada. Sin embargo,
se omite adoptar una medida que permita que el Estado cuente con elementos para
determinar el paradero de la persona desaparecida, mientras que dicha medida sí
se adopta para otros delitos, como el del secuestro”.
Finalmente, señalan que también está dado el elemento (v),
consistente en que la omisión sea resultado de un incumplimiento de un deber
constitucional específico en cabeza del legislador, puesto que se incumplió el
deber del Estado colombiano de adoptar medidas para establecer el paradero de
las personas desaparecidas: “La inclusión de tal requisito que se omitió –el
de dar información sobre el paradero de personas desaparecidas- resulta
indispensable para hacer efectivo el mandato constitucional expresado en el
artículo 12 de la Constitución, que prohíbe tajantemente la desaparición
forzada de personas en concordancia con la Convención Interamericana sobre
desaparición forzada de personas, que hace parte del bloque de
constitucionalidad. Igualmente, resulta armonioso con el artículo 4.2 de la
Declaración contra la desaparición forzada (…)”.
Adicionalmente afirman que en casos de desaparición forzada el
derecho a la verdad tiene una protección constitucional reforzada, dada la
formulación expresa y terminante de la prohibición consagrada en el artículo 12
Superior; y citan el caso Lucio Parada Cea y otros v. El Salvador de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (27 de enero de 1999), en el que se
afirmó que los familiares en estos casos tienen derecho a acceder y a recibir
información sobre el paradero de las personas desaparecidas, de forma armónica
con lo dispuesto en el artículo 32 del Protocolo I adicional a los Convenios de
Ginebra. Por otra parte, resaltan que la negación del derecho a la verdad en
casos de desapariciones forzadas constituye, además, un trato cruel prohibido
por el Derecho Internacional, según lo ha expresado el Comité de Derechos
Humanos en el caso de Mariya Staselovich v. Bielorrusia (2003).
En este mismo sentido, indican que de conformidad con los artículos
43, 44 y 45.5 de la misma Ley 975/05, al momento de dictar sentencia se puede
fijar, como una de las posibles ordenes de reparación, la de buscar las
personas desaparecidas o sus restos, lo cual materializa las obligaciones
constitucionales en este campo; “sin embargo, la obligación de señalar el
paradero de personas desaparecidas no es incluida en los requisitos de
elegibilidad de quienes se desmovilizan. Además, no es claro por qué el deber
de entregar información sobre el paradero de la víctima se deja para el momento
de la sentencia y no debe entregarse desde el momento mismo de la
desmovilización, máxime cuando es una forma de cumplir también el requisito
para elegibilidad en la desmovilización colectiva establecido en el artículo
10.4 de la propia ley (…)”. En tal orden de ideas, explican los demandantes
que la información sobre el paradero de los desaparecidos debe entregarse de
manera previa para efectos de acceder a los beneficios, sin dejarse para el
momento de la sentencia; e indican que el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas
sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias hizo una observación en este
preciso sentido al referirse al caso colombiano, y específicamente a la Ley
975/05[5]. Igualmente afirman que “el
hecho de que la contribución a la ubicación del paradero de personas
desaparecidas sea previa permitiría acceder a beneficios de rebajas de penas;
contrario sensu, otorgar generosos beneficios penales sin tal contribución es
desproporcionado”. Se cita en este punto el artículo 3 de la Convención
Interamericana sobre Desaparición Forzada.
En consecuencia, solicitan los demandantes a la Corte que declaren
inconstitucional el artículo 10 demandado por omisión legislativa, y que
declare que “se entienda que tal norma incluye también el deber del grupo de
aportar información que conduzca a la determinación del paradero de las
personas desaparecidas”.
3.1.2.2.9. Violación del derecho a la verdad por los artículos 48
y 58 de la Ley 975/05, por cuanto desconocen la obligación de realizar una
difusión completa de la verdad.
Se demandan en este punto los artículos 48 y 58 de la Ley 975/05,
que disponen:
“Artículo 48. Medidas de satisfacción y garantías de no repetición.
Las medidas de satisfacción y las garantías de no repetición, adoptadas por las
distintas autoridades directamente comprometidas en el proceso de
reconciliación nacional, deberán incluir:
49.1 (sic) La verificación de los hechos y la difusión pública y
completa de la verdad judicial, en la medida en que no provoque más daños
innecesarios a la víctima, los testigos u otras personas, ni cree un
peligro para su seguridad.
Artículo 58. Medidas para facilitar el acceso a los archivos. El
acceso a los archivos debe ser facilitado en el interés de las víctimas y de
sus parientes para hacer valer sus derechos.
Cuando el acceso se solicite en interés de la investigación
histórica, las formalidades de autorización sólo tendrán la finalidad del
control de acceso, custodia y adecuado mantenimiento del material, y no con
fines de censura.
En todo caso se deberán adoptar las medidas necesarias para
resguardar el derecho a la intimidad de las víctimas de violencia sexual y de
las niñas, niños y adolescentes víctimas de los grupos armados al margen de la
ley, y para no provocar más daños innecesarios a la víctima, los
testigos u otras personas, ni crear un peligro para su seguridad.
Explican los demandantes que, en principio, los artículos
transcritos consagran restricciones a la difusión de la verdad y el acceso a
los archivos que resultan legítimas y proporcionadas en tanto limitaciones del
derecho a la verdad, por cuanto su finalidad es la de no generar más perjuicios
para las víctimas y proteger la seguridad de los testigos que han contribuido
al esclarecimiento de la realidad. Sin embargo, consideran que los apartes
subrayados admiten dos interpretaciones, una de las cuales es inconstitucional.
En efecto, se afirma que “una interpretación inconstitucional de
esas normas permitiría que se limitara la difusión de la verdad o el acceso a
los archivos para evitar ocasionar cualquier tipo de daño a cualquier persona,
incluyendo, por ejemplo, a los combatientes desmovilizados o a las personas que
los han apoyado. Tal interpretación sería una negación del derecho a la verdad
de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y de infracciones al
derecho internacional humanitario, pues haría prevalecer nuevamente los
intereses de los perpetradores sobre los intereses de las víctimas y
reafirmaría las condiciones en las que han estado oprimidas. Ello sería
especialmente factible si se interpretase como daño, por ejemplo, la afectación
moral que padecerían los responsables de los crímenes por el hecho de que la
verdad de los hechos sea públicamente conocida, o la afectación moral de otra
índole que pudieran padecer personas que no hayan perpetrado directamente los
crímenes pero que hayan colaborado, financiado o respaldado la actividad de grupos
armados desde esferas públicas, políticas o económicas”.
Recuerdan los demandantes que las normas internacionales sobre el
derecho a la verdad sólo justifican la restricción en el acceso a la
información en interés de las víctimas y de la justicia; así sucede, por
ejemplo, con el artículo 68.5 del Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional. También se citan algunos pronunciamientos de la Comisión de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas en los cuales se ha explicado que
también se encuentra justificada la restricción del acceso a la verdad cuando
se trata de proteger a personas diferentes de las víctimas, siempre y cuando se
trate de salvaguardar su vida y seguridad: “todas las interpretaciones
dentro de los informes preparados por los expertos de Naciones Unidas y
aprobados por la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas sólo
encuentran limitaciones al conocimiento público de la verdad para salvaguardar
intereses de personas diferentes a las víctimas y los testigos cuando se
generen riesgos para su seguridad e integridad”.
Con base en lo anterior, solicitan los demandantes a la Corte que
declare la constitucionalidad condicionada de los apartes demandados, “bajo
el entendido de que sólo se entenderá como ‘daño innecesario’ a ‘otras personas’
aquél que pueda comportar un riesgo a la seguridad o integridad de personas que
hayan intervenido para ayudar a la víctima o impedir que se produzcan nuevas
violaciones”.
3.1.2.3. Violación del derecho a la justicia en sentido estricto
3.1.2.3.1. En este acápite exponen los demandantes las razones por
las que consideran que las normas acusadas, además de desconocer el derecho a
la verdad en tanto primer componente del derecho a la justicia en sentido
general, también desconocen la obligación estatal de satisfacer el derecho a la
justicia en sentido estricto, en tanto segundo componente del derecho a la
justicia en sentido general, relativo a “la declaración de responsabilidad
penal y la asignación de condigna sanción a los responsables de crímenes y, en
este caso, de graves violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho
humanitario”. Señalan, en relación con el contenido y fundamento del
derecho a la justicia en sentido estricto, que “el deber del Estado de
garantizar los derechos humanos implica el deber de investigar, someter a
juicio y sancionar adecuadamente a los responsables de violaciones a los
derechos humanos y al derecho internacional humanitario”.
3.1.2.3.2. Explican que mientras el artículo 2 de la Constitución
establece para las autoridades el deber de proteger a los ciudadanos en sus
derechos, el derecho internacional de los derechos humanos establece dos
grandes deberes para los Estados: un deber de abstención, “en virtud del
cual los Estados deben abstenerse de conculcar, por acción o por omisión, los
derechos humanos”, y un deber de garantía, “que se refiere a la
obligación del Estado de prevenir las violaciones, investigarlas, procesar y
sancionar a sus autores y reparar el daño causado”.
En concordancia con lo anterior, recuerdan que el Estado colombiano
está en la obligación internacional de investigar, juzgar y sancionar a los
responsables de delitos atroces, y de garantizar a las víctimas de tales
delitos un recurso adecuado. Citan en este sentido las disposiciones convencionales
que consagran el derecho a un recurso judicial efectivo y el derecho a las
garantías judiciales (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
arts. 2.1., 2.3. y 14; Convención Americana sobre Derechos Humanos, arts. 2, 8
y 25; Declaración Universal de Derechos Humanos, arts. 8 y 10; Convención
contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes,
arts. 1, 6 y 8; Convención Interamericana sobre desaparición forzada de
personas, arts. 1 y 3; Convención para la prevención y sanción del delito de
genocidio, arts. 1, 4, 5 y 6). También se citan algunos casos resueltos por
cortes internacionales en los que se ha resaltado este deber del Estado ante
casos de violaciones graves de los derechos humanos, entre ellos los casos Velásquez
Rodríguez y “19 comerciantes” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Para recapitular las obligaciones internacionales de Colombia en
materia del derecho a la justicia en sentido estricto, transcriben el Principio
19 del “Conjunto de Principios actualizado para la protección y la promoción de
los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad”, elaborado por una
experta de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, cuyo texto
es:
“Principio 19. Deberes de los Estados en materia de administración
de la justicia. Los Estados emprenderán
investigaciones rápidas, minuciosas, independientes e imparciales de las
violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario y
adoptarán las medidas apropiadas respecto de sus autores, especialmente en la
esfera de la justicia penal, para que sean procesados, juzgados y condenados
debidamente. Aunque la iniciativa del enjuiciamiento es en primer lugar una de
las misiones del Estado, deberán adoptarse normas procesales complementarias
para que las propias víctimas, sus familiares o herederos puedan tomar esa
iniciativa, individual o colectivamente, en particular como partes civiles o
como personas que inician un juicio en los Estados cuyo derecho procesal penal
contemple esos procedimientos. Los Estados deberán garantizar la amplia
participación jurídica en el proceso judicial a todas las partes perjudicadas y
a toda persona u organización no gubernamental que tenga un interés legítimo en
el proceso”.
3.1.2.3.3. Violación del derecho a la justicia por “la
investigación restringida de hechos por ser la ley 975 de 2005 residual al
decreto 128 de 2003”.
En este punto, controvierten los demandantes algunas disposiciones
de los artículos 2, 9, 10, 18, 62 y 69 de la Ley 975/05, a saber:
“Artículo 2º. Ambito de la ley, interpretación y aplicación
normativa. La presente ley regula lo concerniente a la investigación,
procesamiento, sanción y beneficios judiciales de las personas vinculadas a
grupos armados organizados al margen de la ley, como autores o partícipes de
hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a esos
grupos, que hubieren decidido desmovilizarse y contribuir decisivamente a la
reconciliación nacional.
La interpretación y aplicación de las disposiciones previstas en
esta ley deberán realizarse de conformidad con las normas constitucionales y
los tratados internacionales ratificados por Colombia. La incorporación de
algunas disposiciones internacionales en la presente ley, no debe entenderse como
la negación de otras normas internacionales que regulan esta misma materia.
La reinserción a la vida civil de las personas que puedan ser
favorecidas con amnistía, indulto o cualquier otro beneficio establecido en la
Ley 782 de 2002, se regirá por lo dispuesto en dicha ley.
Artículo 9º. Desmovilización. (…)
La desmovilización del grupo armado organizado al margen de la ley
se realizará de acuerdo con lo establecido en la Ley 782 de 2002.
Artículo 10. Requisitos de elegibilidad para la desmovilización
colectiva.
(…)
Parágrafo. Los miembros del grupo armado organizado al margen de la
ley que se encuentren privados de la libertad, podrán acceder a los beneficios
contenidos en la presente ley y a los establecidos en la Ley 782 de 2002,
siempre que en las providencias judiciales correspondientes se determine su
pertenencia al respectivo grupo.
Artículo 18. Formulación de imputación. Cuando de los elementos
materiales probatorios, evidencia tísica (sic), información legalmente
obtenida, o de la versión libre pueda inferirse. (sic) razonablemente
que el desmovilizado es autor o partícipe de uno o varios delitos que se
investigan, el fiscal delegado para el caso solicitará al magistrado que ejerza
la función de control de garantías la programación de una audiencia preliminar
para formulación de imputación.
En esta audiencia, el fiscal hará la imputación fáctica de los
cargos investigados y solicitará al magistrado disponer la detención preventiva
del imputado en el centro de reclusión que corresponda, según lo dispuesto en
la presente ley. Igualmente solicitará la adopción de las medidas cautelar es
(sic) sobre los bienes de procedencia ilícita que hayan sido entregados para
efectos de la reparación a las víctimas.
A partir de esta audiencia y dentro de los sesenta (60) días
siguientes, la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz, con el
apoyo de su grupo de policía judicial, adelantará las labores de investigación
y verificación de los hechos admitidos por el imputado, y todos aquellos de los
cuales tenga conocimiento dentro del ámbito de su competencia. Finalizado el
término o antes si fuere posible, el fiscal del caso solicitará al magistrado
que ejerza la función de control de garantías la programación de una audiencia
de formulación de cargos, dentro de los diez (10) días siguientes a la
solicitud, si a ello hubiere lugar.
Con la formulación de la imputación se interrumpe la prescripción de
la acción penal.
Artículo 62. Complementariedad. Para todo lo no dispuesto en la
presente ley se aplicará la Ley 782 de 2002 y el Código de Procedimiento
Penal.
Artículo 69. Las personas que se hayan desmovilizado dentro del
marco de la Ley 782 de 2002 y que hayan sido certificadas por el Gobierno
Nacional, podrán ser beneficiarias de resolución inhibitoria, preclusión de la
instrucción o cesación de procedimiento, según el caso, por los delitos de
concierto para delinquir en los términos del inciso primero del artículo 340
del Código Penal; utilización ilegal de uniformes e insignias; instigación a
delinquir en los términos del inciso primero del artículo 348 del Código Penal;
fabricación, tráfico y porte de armas y municiones.
Las personas condenadas por los mismos delitos y que reúnan las
condiciones establecidas en el presente artículo, también podrán acceder a los
beneficios jurídicos que para ellas consagra la Ley 782 de 2002.
En criterio de los demandantes, las normas demandadas violan la
Constitución “porque hacen que el procedimiento previsto en la ley 975 no
sea aplicable a todos los combatientes desmovilizados, sino únicamente a
aquellos que no puedan acceder a los beneficios establecidos en el decreto 128
de 2003 que reglamenta la ley 782 de 2002”. Explican que la Ley 975/05 es
de aplicación residual frente al decreto 128/03, reglamentario de la Ley
782/02, puesto que según los términos del artículo 10 de la misma Ley 975/05,
los combatientes podrán acceder a sus beneficios cuando no puedan beneficiarse
por alguno de los mecanismos establecidos en la Ley 782/02. Tal disposición
guarda concordancia con el artículo 21 del Decreto 128/03, en virtud del cual “No
gozarán de ninguno de los beneficios señalados quienes estén siendo procesados
o hayan sido condenados por delitos que de acuerdo con la Constitución
Política, a la ley o a los tratados internacionales suscritos y ratificados por
Colombia no puedan recibir esta clase de beneficios”. Para los demandantes,
esta norma es contraria a lo dispuesto en la ley 782/02, “que dispone que no
gozarán de los beneficios judiciales los desmovilizados que hayan cometido
delitos no indultables o amnistiables, independientemente de que hubieren sido
o no procesados por ello”. En cualquier caso, afirman los demandantes que
de conformidad con las normas vigentes, “sólo aquellos combatientes que al
momento de su desmovilización estén siendo procesados o hayan sido condenados
por delitos no indultables o no amnistiables serán beneficiarios de la ley”.
Para los demandantes, estas disposiciones hacen que “todos los
combatientes desmovilizados que no tengan al momento de la desmovilización
procesos o condenas judiciales en contra por delitos graves, no sean
investigados judicialmente, aunque en realidad hayan cometido delitos
constitutivos de violaciones a derechos humanos o infracciones al derecho
internacional humanitario. De conformidad con lo anterior, la ley no prevé un
recurso efectivo para las víctimas de tales hechos porque, a pesar de que los
combatientes se están desmovilizando, conforme a la ley 975 y el decreto 128 de
2003, no se investigan los hechos de autoría del grupo en desmovilización en
los que con seguridad hay responsabilidad de al menos una parte de los
combatientes”.
Para efectos de ilustrar el efecto de estas normas, se presentan los
siguientes datos sobre la desmovilización de los grupos paramilitares,
aclarando que la situación sería igualmente inconstitucional en relación con
los miembros de grupos guerrilleros que se pueden someter también a tales
normas:
“En lo que respecta a los grupos paramilitares, desde el inicio de
las negociaciones que se adelantan actualmente, se han desmovilizado individual
y colectivamente casi 11.400 paramilitares y se espera que en total se
desmovilicen aproximadamente 18.000. De los desmovilizados, se estima que sólo
300 o 400 serán procesados por la Ley 975 de 2005, esto es, el 2.2% de los
paramilitares que se desmovilizarán. Sólo ese 2.2% tienen procesos o condenas
judiciales en su contra por delitos graves no indultables o no amnistiables. Además,
ese 2.2% de paramilitares no serán procesados por todos los delitos graves que
hayan cometido, pues sólo lo serán por los delitos por los cuales estén
procesados. Peor todavía, de acuerdo a información oficial de la Fiscalía
General de la Nación, hasta agosto de 2005 se habían desmovilizado 11.414
paramilitares y 5.004 guerrilleros. De los paramilitares, 8.798 se habían
desmovilizado colectivamente y 2.616 individualmente. De los 11.414
paramilitares desmovilizados, 13 de ellos tenían un nivel de mando dentro de la
estructura paramilitar. Además, de los paramilitares desmovilizados sólo 55 de
ellos tenían investigaciones por delitos diferentes a concierto para delinquir
y rebelión; no necesariamente todos están investigados por delitos de derechos humanos
e infracciones al derecho humanitario. Así, suponiendo que los 55 estuvieran
investigados por delitos de derechos humanos e infracciones al derecho
internacional humanitario, esto querría decir que sólo el 0.48% de los
paramilitares desmovilizados hasta esa fecha serían procesados por la ley de
justicia y paz y el 99.52% ya están gozando de los beneficios de la ley 782.
Desde ningún punto de vista resulta creíble que solo el 0.48% de los
miembros de grupos paramilitares en desmovilización sea responsable de la
magnitud de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional
humanitario cuya autoría ha sido atribuida a tales grupos. (…). Esto se debe a
que la ley 975 de 2005 se aplicará en un contexto de altísima impunidad para
violaciones de derechos humanos y derecho internacional humanitario cometidas
por grupos paramilitares, agentes estatales y grupos guerrilleros. (…) La
mayoría de los actos cometidos por grupos paramilitares –e igual situación se
predica de los grupos guerrilleros- se encuentran en la impunidad. (…)”
También se explica, en igual sentido, que la Ley 975 “ha sido
concebida como un procedimiento, más que de investigación judicial, de
verificación de la versión que quieran rendir los desmovilizados sobre los
hechos por los cuales ya estén investigados o condenados, según los artículos
17 y 18. Esto, sumado a la ausencia de pérdida de beneficios por omitir delitos
graves (cargo ya estudiado), constituye un verdadero aval y reafirmación de la
impunidad reinante sobre violaciones de derechos humanos e infracciones al
derecho humanitario. Igual análisis se podría hacer respecto de los grupos
guerrilleros si estos decidieran acogerse a la ley 975”.
Indican los demandantes que en virtud del Decreto 128/03,
reglamentario de la Ley 782/02, “las personas que reciben los beneficios por
delitos indultables o amnistiables no deben ser sometidas a una indagación
sobre su presunta autoría o conocimiento de hechos constitutivos de delitos
graves” – señalan que en efecto, tal Decreto 128/03 no señala
procedimientos judiciales para acceder a los beneficios, sino que “a lo
sumo, establece la terminación de los procesos cuando estos ya están en curso”.
Resaltan, en relación con los anteriores elementos fácticos, que
éstos son relevantes para el juicio de constitucionalidad adelantado por la
Corte Constitucional, en la medida en que se derivan directamente de la norma
estudiada, y no de su indebida aplicación: “las situaciones de hecho y, en
concreto, la impunidad que se genera por la aplicación de los artículos
demandados de la ley 975 es relevante para el análisis de constitucionalidad en
la medida en que es un efecto directo e inconstitucional de los artículos
demandados en este acápite”.
En el criterio de los demandantes, para que la Ley 975/05 no se
convierta en un instrumento de impunidad es necesario que todos los
combatientes desmovilizados sean sometidos al procedimiento allí establecido: “Esto
es, todos los desmovilizados, sin perjuicio de que cuando corresponda reciban
los beneficios previstos en la ley 782 y aun en el decreto 128 de 2003
(indulto, suspensión condicional de la ejecución de la pena, cesación de
procedimiento, preclusión de la instrucción o resolución inhibitoria), deberían
ser sometidos a una mínima indagación judicial, esto es, a la versión libre y a
la audiencia de formulación de cargos (arts. 17, 18 y 19 de la ley), con
adecuados mecanismos de participación de las víctimas”. Igualmente,
consideran que la audiencia de formulación de cargos prevista en el artículo 18
de la ley “no debería ser una simple posibilidad sino que debe ser
obligatoria, esto es, el combatiente desmovilizado debe ser imputado, al menos
por los delitos correspondientes al hecho de ser paramilitar o guerrillero,
dependiendo del caso. Si resultara después de la investigación que no puede
imputarse responsabilidad al desmovilizado por delitos no indultables o no
amnistiables, podría acceder a los beneficios de la ley 782”. Solo así,
consideran que el Estado colombiano estaría cumpliendo con sus obligaciones
internacionales en el sentido de proveer recursos efectivos que permitan la
investigación de los hechos constitutivos de violaciones a los derechos
humanos. Se recuerda, en este sentido, que “dicho esclarecimiento es
necesario para garantizar, de una parte, que el Estado pueda tomar medidas de
prevención y, de otra, que las víctimas puedan ejercer su derecho a saber y la
sociedad también pueda ejercer su derecho colectivo a conocer la historia de
las violaciones. Además, el esclarecimiento de la verdad es un elemento
indispensable para la determinación de la responsabilidad penal y la
consiguiente imposición o no de sanción. // Sobre el particular se debe
recordar que la investigación de las violaciones a los derechos humanos es
parte integral del derecho a la justicia”.
Para finalizar su argumentación sobre este cargo, explican los
demandantes que los apartes acusados pueden ser interpretados en el sentido de
dar lugar a dos procedimientos diferenciados:
“1. El primero, que es el de los desmovilizados que no tienen
procesos penales o condenas por delitos no indultables o no amnistiables y que
se tramita a través de la concesión de los beneficios del decreto 128 sin
investigación o indagación judicial.
2. El segundo, esto es, el de los desmovilizados que ya están
investigados o condenados por delitos graves y que se deben someter a la
versión libre y, en general, al procedimiento de la ley 782”.
Para los actores, esta interpretación es inconstitucional, puesto
que “implicaría que los hechos no indultables o no amnistiables cometidos por
los desmovilizados del primer grupo no sean sometidos a ninguna investigación
judicial dejando sin recurso judicial efectivo a las víctimas de los delitos no
investigados o no juzgados hasta el momento de la desmovilización. De tal
manera, no sólo se establece un procedimiento destinado al fracaso (…) sino que
ni siquiera se someten esos hechos a investigación judicial”. Dicha
interpretación vulneraría los deberes estatales de garantizar los derechos
humanos, investigar los  hechos y esclarecerlos para materializar el derecho a
la justicia; y también contraría el sentido mismo de la Ley 975/05, “que señala
en sus artículos iniciales que los beneficios judiciales se concederán
garantizando el derecho de las víctimas a la verdad (arts. 1, 4, 7, 8, 15, 32,
37, 48.1 y 57)”.
En consecuencia, al considerar inconstitucional la referida
interpretación, solicitan a la Corte que declare la constitucionalidad
condicionada de las normas acusadas en este acápite, “en el sentido de que
todos los combatientes que se desmovilicen deberán ser sometidos a la
diligencia de versión libre, para que declaren si son o no responsables de
delitos graves de carácter no amnistiable o no indultable. De esa manera, los
desmovilizados pueden acceder a los beneficios de la ley 782 y del decreto 128
pero bajo el compromiso de estar contribuyendo a la verdad hasta el punto de
asumir la consecuencia de la pérdida de beneficios en los casos en que omitan
confesar delitos graves”. La petición formulada es la siguiente:
“Se solicita a la H. Corte Constitucional la constitucionalidad
condicionada de los apartes subrayados de los artículos 2, 9, 10, 62 y 69, en
el sentido que todas las personas que se desmovilicen deben ser sometidas a la
diligencia de versión libre y confesar los hechos de los que sean responsables,
so pena de perder los beneficios, por omisión o por deformación de la verdad.
Igualmente, se solicita que se declare la constitucionalidad
condicionada del aparte subrayado del artículo 18 de la ley, bajo el entendido
de que la imputación de cargos procederá en todos los casos, al menos por los
delitos que constituyen la pertenencia a grupos paramilitares o a grupos
guerrilleros, con posterioridad a lo cual, de ser procedente, se aplicarán los
beneficios de la ley 782 de 2002”.
3.1.2.3.4. Violación
del derecho a la justicia por los reducidos términos de investigación
consagrados en la ley 975/05.
Los demandantes
controvierten algunos apartes de los artículos 17 y 18 de la Ley 975/05, así:
“Artículo 17.
Versión libre y confesión. Los miembros del grupo armado organizado al margen
de la ley, cuyos nombres someta el Gobierno Nacional a consideración de la
Fiscalía General de la Nación, que se acojan en forma expresa al procedimiento
y beneficios de la presente ley, rendirán versión libre ante el fiscal delegado
asignado para el proceso de desmovilización, quien los interrogará sobre todos
los hechos de que tenga conocimiento.
En presencia
de su defensor, manifestarán las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que
hayan participado en los hechos delictivos cometidos con ocasión de su
pertenencia a estos grupos, que sean anteriores a su desmovilización y por los
cuales se acogen a la presente ley. En la misma diligencia indicarán los bienes
que se entregan para la reparación a las víctimas, si los tuvieren, y la fecha
de su ingreso al grupo.
La versión
rendida por el desmovilizado y las demás actuaciones adelantadas en el proceso
de desmovilización, se pondrán en forma inmediata a disposición de la Unidad
Nacional de Fiscalías de Justicia y Paz con el fin de que el fiscal delegado y
la Policía Judicial asignados al caso elaboren y desarrollen el programa
metodológico para iniciar la investigación, comprobar la veracidad de la
información suministrada y esclarecer esos hechos y todos aquellos de los
cuales tenga conocimiento dentro del ámbito de su competencia.
El
desmovilizado se dejará inmediatamente a disposición del magistrado que ejerza
la función de control de garantías, en uno de los establecimientos de reclusión
determinados por el Gobierno Nacional de acuerdo con el artículo 31 de la
presente ley, quien dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes
señalará y realizará audiencia de formulación de imputación, previa solicitud
del fiscal que conozca del caso.
Artículo 18.
Formulación de imputación. Cuando de los elementos materiales probatorios,
evidencia tísica (sic), información legalmente obtenida, o de la versión libre
pueda inferirse. (sic) razonablemente que el desmovilizado es autor o partícipe
de uno o varios delitos que se investigan, el fiscal delegado para el caso
solicitará al magistrado que ejerza la función de control de garantías la
programación de una audiencia preliminar para formulación de imputación. En
esta audiencia, el fiscal hará la imputación fáctica de los cargos investigados
y solicitará al magistrado disponer la detención preventiva del imputado en el
centro de reclusión que corresponda, según lo dispuesto en la presente ley.
Igualmente solicitará la adopción de las medidas cautelares sobre los bienes de
procedencia ilícita que hayan sido entregados para efectos de la reparación a
las víctimas.
A partir de
esta audiencia y dentro de los sesenta (60) días siguientes, la Unidad
Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz, con el apoyo de su grupo de
policía judicial, adelantará las labores de investigación y verificación de los
hechos admitidos por el imputado, y todos aquellos de los cuales tenga
conocimiento entro del ámbito de su competencia. Finalizado el término, o antes
si fuere posible, el fiscal del caso solicitará al magistrado que ejerza la
función de control de garantías la programación de una audiencia de formulación
de cargos, dentro de los diez (10) días siguientes a la solicitud, si a ello
hubiere lugar.
Con la
formulación de la imputación se interrumpe la prescripción de la acción penal.”
En criterio de
los demandantes, el procedimiento establecido en estas normas no constituye un
recurso efectivo, por estar fundamentado en términos de investigación
excesivamente cortos: “la ley 975 establece un término de 36 horas desde la
versión libre del imputado para que la Fiscalía formule la imputación de los
hechos (art. 17) y un término de 60 días para que se haga la audiencia de
formulación de cargos (art. 18). Tales términos son insuficientes para
garantizar una adecuada y completa investigación de los hechos. A lo sumo, ese
término puede constituirse en un mecanismo para verificar los hechos por los
que el combatiente desmovilizado ya estaba procesado o condenado y los que,
además, sean aceptados por este en la versión libre”.
Para ilustrar el
punto, los demandantes efectúan una comparación con los términos establecidos
en el procedimiento penal ordinario –no sin antes aclarar que el sistema
procesal penal consagrado en la Ley 975/05 no es claro, en la medida en que
remite simultáneamente al Código de Procedimiento Penal adoptado mediante la
ley 600 de 2000 y al procedimiento establecido en la Ley 782 de 2000-. Así,
explican que de conformidad con el Código de Procedimiento Penal ordinario, los
términos son considerablemente más amplios y apropiados para las actuaciones
que durante ellos se deben realizar; realizan a este respecto el siguiente
análisis, que se transcribe en su integridad por contener distintos elementos
de juicio que configuran el cargo a examinar:
“Asumiendo
que el Código aplicable es el del sistema acusatorio, los términos son considerablemente
reducidos. En primer lugar, el término para hacer la imputación, de 36 horas en
la norma demandada, es indefinido en el Código de Procedimiento Penal (arts.
286, 287, 288 y 289 de la ley 906 de 2004) Durante ese término indefinido, sin
que haya una persona imputada, la Fiscalía puede adelantar una investigación
para recaudar la evidencia que le permita llegar a un mínimo grado de certeza
sobre la existencia del delito y la responsabilidad de quien será imputado. Una
vez la Fiscalía llega a esa mínima certeza, formula la imputación, en la que se
le informa el cargo a la persona y esta adquiere la condición de imputado. A
partir de ese momento corren 30 días hasta la formulación de la acusación. //
Ese término de 30 días es un término previsto principalmente para que el
imputado prepare su defensa. (…) Aunque después de la imputación la Fiscalía
puede continuar la investigación, para ese momento tiene un amplio recaudo de
evidencia para respaldar la acusación ante el juez de conocimiento. Desde la formulación
de la imputación corren 30 días para que el imputado prepare la defensa y para
que la Fiscalía solicite la preclusión o formule la acusación. Si el fiscal de
conocimiento no lo hace dentro del término, pierde su competencia y su superior
designa un nuevo fiscal, quien tiene 30 días adicionales para tomar la decisión
‘desde el momento en que se le asigne el caso’. Vencidos esos términos, si el
imputado estuviere privado de la libertad, quedará en libertad inmediata y la
defensa o el Ministerio Público solicitarán la preclusión (arts. 175 y 294).
La Ley 975
establece un procedimiento diferente, en el que la Fiscalía tiene mucho menos
capacidad investigativa. Si bien el término que corre entre la imputación y la
formulación de cargos en la ley 975 es el doble del previsto en el Código
ordinario (60 días), es muy insuficiente porque dentro del proceso de la ley
975 no hay un término de investigación previo a la imputación. Esto es,
mientras que en el Código ordinario la imputación está prevista como culminación
de la investigación y como inicio del plazo para que el imputado prepare su
defensa, en la ley 975 la imputación se fundamenta exclusivamente en la versión
libre del imputado y en los datos que eventualmente tenga la Fiscalía, y, si
desea contar con más elementos para la diligencia de imputación, deberá
recaudarlos u organizarlos en 36 horas.
Posteriormente,
según el artículo 16 de la ley demandada, en los 60 días posteriores la
Fiscalía tiene competencia para: i. conocer de las investigaciones de los
hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de l apertenencia al grupo
armado organizado al margen de la ley; ii. Conocer de investigaciones que ya
cursen contra sus miembros; iii. Conocer de las investigaciones que deban
iniciarse y de las que tenga conocimiento en el momento o con posterioridad a
la desmovilización. La amplia competencia de la Fiscalía le permitiría hacer
una investigación adecuada que le posibilite contrastar el dicho del imputado
con otros elementos que tenga o que sean presentados dentro del proceso; sin
embargo, materialmente esto no es posible porque el término de 60 días resulta
decididamente insuficiente para documentar con seriedad las violaciones a los
derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario de
presunta autoría de los combatientes desmovilizados”.
En este sentido,
proceden los demandantes a efectuar una descripción detallada de las diferentes
actuaciones que la Fiscalía debería realizar durante ese término de sesenta
días, de conformidad con el artículo 16 de la Ley 975/05, otras normas
procesales penales y la Constitución Política:
“1.
Contrastar la versión libre con evidencia adicional a la versión libre. La
investigación se adelanta dentro de un procedimiento que está diseñado con el
objetivo de conceder el beneficio de la pena alternativa sin que para acceder
al beneficio el imputado tenga que colaborar eficazmente con la justicia.
Luego, la versión del imputado no puede ser la única o la principal fuente de
investigación, sino que debe ser sometida a un serio procedimiento de
contrastación y consecución de evidencia adicional para asegurarse de que no
haya habido omisiones o malformaciones de la verdad en la versión.
2. En caso de
que las víctimas puedan intervenir antes del incidente de reparación, la
Fiscalía debería tener en cuenta la versión de estas que, de acuerdo al
artículo 37.4 de la misma ley, deben tener posibilidades efectivas de
participación, aportando pruebas y que estas sean tenidas en cuenta dentro de
la investigación y sirvan para contrastar la versión del imputado con la
versión de las víctimas y las pruebas que ellas presenten [sin embargo, como se
verá en el acápite 1.2.4., la ley no permite que las víctimas tengan la
capacidad material de ejercer las facultades previstas en el artículo 37 de la
ley]”.
3. Investigar
los hechos en su complejidad determinando si se presentaron crímenes de guerra
y de lesa humanidad. Además de los hechos aislados –una tortura o una
desaparición forzada-, la Fiscalía debería investigar si se presentaron
elementos de pasividad y sistematicidad, esto es, determinar si se presentaron
crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, de acuerdo al Estatuto de Roma
de la Corte Penal Internacional. La obligación del Estado en estos casos no se cumple
limitándose a investigar eventualmene un hecho grave, pero aislado, sino que le
corresponde investigar la relación entre tales crímenes, en su complejidad,
para determinar las características de pasividad y sistematicidad que los
caracterizan. Así, además de contribuir a la realización de la justicia se
avanzaría también en que las víctimas y la sociedad puedan acceder a la verdad
integral de los hechos de violaciones de responsabilidad de grupos
paramilitares y guerrilleros. De igual manera, solo si los crímenes son
verdaderamente investigados en toda su magnitud, con la finalidad de
efectivamente comprobar o seriamente descartar la existencia de crímenes de
lesa humanidad y crímenes de guerra, la ley 975 se convertiría en un elemento
para garantizar justicia adecuada a las víctimas y no, al contrario, en un
elemento normativo que contribuya a que se reúnan las condiciones para que la
Corte Penal Internacional pueda actuar sobre el caso colombiano por la falta de
recursos efectivos de investigación en el derecho interno para investigar los
crímenes de su competencia. Investigar los crímenes en toda su magnitud implica
que los recursos judiciales previstos –y por consiguiente los términos
judiciales- permitan dilucidar si los delitos se han dado de manera sistemática
y generalizada, y quiénes son los responsables de ese conjunto de crímenes. Los
delitos cometidos con carácter ‘sistemático’ y ‘generalizado’ son diferentes a
los delitos cometidos aisladamente. (…) El principio de complementariedad de la
Corte Penal Internacional consiste en que la jurisdicción nacional prevalecerá
solo en aquellos casos en que esta otorgue recursos que posibiliten el
procesamiento de los responsables de los crímenes de su competencia (arts. 17 y
20 del Estatuto de Roma). (…) Teniendo en cuenta los retos que, de acuerdo a
las normas internacionales, tiene la Fiscalía en la investigación de los
combatientes desmovilizados, 60 días resultan manifiestamente insuficientes
para hacer una investigación adecuada de crímenes de lesa humanidad.
4. En esos 60
días también corresponde a la Fiscalía investigar los hechos de responsabilidad
de las estructuras militares que estuvieron bajo el mando militar de los
combatientes desmovilizados. La Fiscalía deberá procesar, entre otros, a jefes paramilitares
–y eventualmente guerrilleros- y cabecillas de un muy alto nivel que deberían
ser investigados por todos los crímenes imputables a sus tropas durante el
tiempo en que las comandaron, conforme a los criterios del artículo 28 del
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Con ese fin deberá también
definir a través de un proceso serio de investigación, entre otros aspectos, la
fecha de ingreso del combatiente al grupo armado, las tropas que tuvo a su
cargo, las zonas en las que operaron esas tropas, los crímenes de presunta
responsabilidad de esas tropas, que haya tenido efectivo mando sobre ellas y el
conocimiento que tuvo el jefe militar de esos hechos”.
Para los
demandantes, es imposible realizar una investigación que cumpla con esos elementos
en un término de 60 días. Recuerdan en este punto que la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, en el caso Velásquez Rodríguez, señaló que el deber de
investigación del Estado debe cumplirse buscando efectivamente la verdad,
emprendiendo la investigación con seriedad y no de manera simplemente formal o
de antemano condenada a ser infructuosa; y también precisó que para que los
recursos sean adecuados, su función dentro del sistema de derecho interno debe
ser idónea para proteger los derechos infringidos. Para los demandantes, “si
existen denuncias de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, el
recurso judicial debe ser efectivo, lo que significa que debe ser idóneo para
tramitar esas acusaciones. Si de antemano está llamado a fracasar se trata de
un recurso que no es efectivo. Por consiguiente, los términos señalados (36
horas y 60 días) son inconstitucionales, porque no son suficientes para
adelantar una investigación seria que sea un recurso efectivo que permita el
esclarecimiento adecuado de la verdad y la realización de la justicia”.
Por último,
señalan los demandantes que desde una perspectiva práctica el término de 60
días será mucho mas corto en realidad, dada la carga de trabajo que se asignará
a cada uno de los fiscales competentes: “además de que el término de 60 días
es en sí mismo insuficiente, en la práctica será mucho menor el plazo del que
disponga realmente cada fiscal entre la imputación provisional y la imputación
definitiva. En efecto, obsérvese que para los procesos regidos por la ley 975,
el artículo 34 autorizó en su parágrafo único la creación de 20 cargos de
fiscales. Suponiendo, como lo ha informado el Gobierno, que las personas
sometidas a la ley 975 sean 300 (aunque pueden ser más), a cada uno de los 20
fiscales le correspondería investigar a 15 desmovilizados. O sea que, en
promedio, cada fiscal tendría cuatro días para investigar a cada procesado,
asumiendo que trabaje también domingos y festivos. A todas luces, el procedimiento
establecido por la ley 975 de 2005 constituye una misión imposible”.
Por las
anteriores razones, solicitan a la Corte Constitucional que declare
inexequibles las expresiones acusadas de los artículos 17 y 18, “y que, por
consiguiente, se apliquen los términos procesales señalados en el Código de
Procedimiento Penal aplicable según la fecha y lugar de ocurrencia del hecho,
de acuerdo al sistema de entrada en vigencia gradual del acto legislativo 02 de
2003”.
3.1.2.3.5. Violación
del derecho a la justicia en virtud de la “inconstitucionalidad por aplicación
del procedimiento penal estatuido y desarrollado a partir del acto legislativo
02 de 2003”.
En este punto se
controvierte la constitucionalidad de los artículos 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27 y 28 de la Ley 975/05 en su integridad, tal y como fueron
transcritos en el capítulo II de la presente providencia, así como la expresión
“y el Código de Procedimiento Penal” del artículo 62 ibídem.
Para los
demandantes, la interpretación según la cual el Código de Procedimiento Penal
al que remite el artículo 62 de la Ley 975/05 es el que consta en la Ley 906 de
2004, “aunque es la única plausible de acuerdo a la ley 975, sería
inconstitucional”. Explican que esta es la única interpretación posible, puesto
que el Código de Procedimiento Penal consagrado en la Ley 600 de 2000 obedece a
un sistema diferente, de tendencia mixta acusatoria, mientras que el nuevo
sistema introducido por el Acto Legislativo 03 de 2002 es sustancialmente
diferente, según lo ha explicado la Corte Constitucional (sentencia C-873/03).
Señalan que la Ley 975/05 “hace referencia a diligencias y figuras que sólo
existen en el nuevo sistema y que son exclusivas del mismo (diligencia de
formulación de imputación, principio de oralidad, por ejemplo)”; y que al decir
de la propia Corte Constitucional, “no pueden aplicarse los dos sistemas
procesales en un mismo procedimiento: en unos aspectos el sistema de la
Constitución de 1991 y, en otros, el sistema del acto legislativo 03 de 2002. Aplicarlos
a la vez sería burlar el régimen de transición previsto en la propia reforma
constitucional haciendo un sistema contradictorio o sin armonía jurídica”.
En este orden de
ideas, explican que como la Ley 975/05 acude a figuras del sistema de procedimiento
penal instaurado en 2002, “se deduce que las normas constitucionales aplicables
a la ley son tales”. No obstante, en su criterio el sistema establecido en el
Acto Legislativo 03 de 2002 no puede ser aplicado a los hechos cometidos con
anterioridad a su expedición, “como lo son la mayoría de los hechos que se
procesarían por la Ley 975 de 2005”, según lo dispuso la misma reforma
constitucional al indicar la vigencia del nuevo sistema. Concluyen los
peticionarios:
“Así, solo
son posibles dos interpretaciones: de una parte, la que concluye que la ley 975
se remite al Código de Procedimiento Penal del régimen procesal penal señalado
de conformidad con las normas constitucionales vigentes antes del acto
legislativo 03 de 2002. Tal interpretación sería inconstitucional porque
implicaría aplicar en un mismo procedimiento –el de la ley 975- dos sistemas
fundados en normas constitucionales diferentes y en concepciones procesales
diferentes. La segunda interpretación consistiría en que el procedimiento aplicable
es el establecido por la Ley 906 de 2005 con fundamento en el acto legislativo
03 de 2002. Tal interpretación sólo sería constitucional en el evento en que
tal código se aplique a delitos cometidos con posterioridad al 1º de enero de
2005. Aunque la ley ha regulado que el nuevo sistema entró a regir únicamente
en Bogotá y el eje cafetero, sería factible la aplicación de la ley 975 de 2005
para delitos cometidos con posterioridad al 1º de enero de 2005 en todo el
país, pues el territorio de aplicación del nuevo sistema quedaría ampliado más
allá de Bogotá y el eje cafetero por la propia ley 975, de conformidad con el
acto legislativo 03 de 2002 que autorizaría a la ley para hacerlo. Para todos
los hechos ocurridos con anterioridad al 1º de enero de 2005 la aplicación de
la ley 906 de 2004 es inconstitucional porque contraría el artículo 5 del acto
legislativo 03 de 2002.
La
alternativa constitucional que tenía el órgano legislador era remitir al
procedimiento de la ley 600 de 2000 para los hechos ocurridos con anterioridad
al 1º de enero de 2005, sin que tuviera que aplicarse concurrentemente con
principios, figuras y procedimientos propios del nuevo Código de Procedimiento
Penal señalados, y remitir al procedimiento de la ley 906 de 2004 sólo para los
hechos ocurridos después del 1º de enero de 2005. Tal fórmula no fue
considerada en la ley 975 de 2005”.
En consecuencia,
se solicita a la Corte que declare la constitucionalidad condicionada de los
artículos acusados, “bajo la interpretación de que el procedimiento allí
previsto sólo es aplicable a delitos cometidos después del 1º de enero de 2005.
Para el resto de efectos, tales normas son inconstitucionales”. Así mismo,
se pide a la Corte que declare la constitucionalidad condicionada de la
expresión “y el código de procedimiento penal” del artículo 62, “bajo el
entendido de que el Código aplicable es la ley 600 de 2000 para todos los
delitos, excepto para aquellos cometidos desde el 1º de enero de 2005”.
3.1.2.3.6. Violación
del derecho de las víctimas a acceder a un recurso judicial efectivo por (a)
las limitaciones en el acceso al expediente, (b) la limitación de sus
facultades procesales y (c) la supresión del recurso de casación.
Recuerdan los
demandantes que el derecho a la justicia incluye el derecho de las víctimas a
acceder a un recurso judicial efectivo, que les permita participar en los
procesos en que se habrán de definir sus derechos; y que este derecho se
relaciona con la garantía de sus derechos a la honra y al buen nombre, que “también
adquieren relevancia en los abundantes casos que se presentan en Colombia en
los que los grupos armados cometen violaciones a los derechos humanos o
infracciones al derecho humanitario contra personas de la población civil,
acusándolas injustificadamente de pertenecer a un grupo armado, a pesar de no
ser cierto o, peor aún, por ser líderes sociales o realizar labores de defensa
de los derechos humanos”. Sin embargo, algunas de las normas de la Ley 975
“hacen inane la posibilidad real de participación de las víctimas en el
procedimiento”, según se explica a continuación.
(a) Limitaciones
en el acceso al expediente.
Acusan los demandantes el artículo 37, en el segmento que se
subraya:
“Artículo 37. Derechos de las víctimas. El Estado garantizará el
acceso de las víctimas a la administración de justicia. En desarrollo de lo
anterior, las víctimas tendrán derecho:
38.5 [sic] A recibir desde el primer contacto con las autoridades y
en los términos establecidos en el Código de Procedimiento Penal, información
pertinente para la protección de sus intereses; y conocer la verdad de los
hechos que conforman las circunstancias del delito del cual han sido víctimas”.
Para los actores existen dos posibilidades interpretativas a este
respecto: “la primera, que se esté remitiendo al Código de Procedimiento Penal
expedido por la Ley 906 de 2004; la segunda, que se esté haciendo referencia al
expedido por la ley 600 de 2000”.
La primera posibilidad implicaría aplicar el nuevo sistema procesal
penal establecido mediante el Acto Legislativo 03 de 2002, “lo cual, como se
vio, sería inconstitucional, al menos para los delitos cometidos con
anterioridad a su entrada en vigencia”. En caso de que la Corte considere
que esta inconstitucionalidad no se presenta, y que es posible acudir al
sistema de la Ley 906, habría de aplicarse el artículo 136 de la misma, que no
consagra el derecho de acceder al expediente, “lo cual resulta
inconstitucional por desconocer que el acceso al expediente es una facultad
indispensable para que las víctimas puedan participar efectivamente en el
debate procesal y en la construcción de la verdad. (…) Como lo señala la
jurisprudencia constitucional, la realización del derecho a la verdad y del
derecho a la justicia no es efectiva si la víctima no puede acceder al
expediente. Incluso, la facultad de aportar pruebas no se puede ejercer de
manera que en verdad permita contribuir a la construcción de la verdad procesal
si no se acompaña con el acceso al expediente. Esto es, si la víctima no accede
al expediente, no podrá presentar las pruebas dentro de una estrategia de
litigio y de la manera que considere más adecuada a la realización de sus
intereses y derechos constitucionales y para la realización de la justicia”.
Se cita en este punto la sentencia C-228 de 2002.
En consecuencia, solicitan que la Corte declare la
constitucionalidad condicionada del artículo 37.5, “en el entendido de que
la expresión ‘en los términos establecidos en el Código de Procedimiento Penal’
se interprete de conformidad con los criterios señalados en la sentencia C-228
de 2002, que hace imperativo el derecho de las víctimas a acceder al
expediente”.
(b) Limitaciones de las facultades procesales de las víctimas.
En este punto se acusan en su integridad los artículos 17, 18 y 19
de la Ley 975/05, según se transcribieron anteriormente, así como la expresión
“y en el marco de la presente ley” del artículo 34, y la expresión “durante el
juicio” del artículo 37.
Para los demandantes, el procedimiento que consagran las disposiciones
acusadas no permite a las víctimas la posibilidad real y efectiva de que sus
intereses se tengan en cuenta al momento de definir sus derechos. Explican que
el artículo 17 no prevé la participación de la víctima en la diligencia de
versión libre, por lo cual “no tiene la oportunidad de conocer la versión de
los hechos dada por el procesado”. El artículo 18 tampoco establece
expresamente la participación de la víctima en la formulación de la imputación;
y el artículo 19 omite prever expresamente su participación en la audiencia de
aceptación de cargos. “La primera diligencia en la que se hace mención
expresa de la participación de las víctimas en el proceso es en la audiencia
para verificar la voluntariedad de la aceptación de los cargos y se hace para
referirse a la iniciación del incidente de reparación que se da a solicitud de
estas (art. 23)”.
Afirman que la única interpretación constitucional de estas
disposiciones debe conferir a las víctimas el derecho a participar en todas las
etapas del proceso, lo cual sería consistente con lo dispuesto en el artículo
37 de la misma ley, en virtud del cual el procedimiento ha de garantizar el
derecho de las víctimas a acceder a la administración de justicia, que incluye
su derecho a ser oídas, “lo que implica que tengan la oportunidad de estar
presentes en las diligencias, asistidas por un abogado o abogada que les
proporcione una defensa técnica de sus intereses y que cuenten con todas las
facultades jurídicas que se requieran para participar efectivamente en la construcción
de la verdad procesal y el acceso a una reparación integral que sea determinada
conforme a los hechos y responsabilidades penales probados con su
participación”. En esa medida, solicitan a la Corte que declare la
constitucionalidad condicionada de los artículos 17, 18 y 19 acusados, en tal
entendimiento.
Igualmente expresan que las víctimas deben tener medios para
enterarse efectivamente de la apertura de los procedimientos, para ejercer su
derecho a la participación si así lo consideran apropiado; sólo así se cumple
la obligación internacional del Estado de proveer las condiciones que permitan
el ejercicio efectivo del derecho de las víctimas a participar en el proceso: “como
lo mencionó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Velásquez
Rodríguez, las obligaciones del Estado en materia de derecho a la justicia
deben emprenderse con seriedad y no deben estar destinadas al fracaso de
antemano. En el caso de las normas demandadas, lo anterior implica no sólo que
se deba permitir a las víctimas su participación en todo el procedimiento, sino
además que existan condiciones que les permitan ejercer efectivamente su
derecho a hacerlo. Por consiguiente, también se solicitará que se declare la
constitucionalidad condicionada de los artículos 17, 18 y 19, en el sentido de
que el Estado garantice mecanismos idóneos y efectivos para que las víctimas
estén en posibilidad de enterarse del inicio del procedimiento y tomar la
decisión de participar en el mismo”.
En cuanto al segmento acusado del artículo 34, de conformidad con la
cual la Defensoría del Pueblo habrá de asistir a las víctimas en el ejercicio
de sus derechos ‘en el marco de la presente ley’, afirman que “tal
expresión, para que sea constitucional, debe aplicarse también, no sólo al
ejercicio de sus derechos durante el incidente de reparación, sino durante todo
el procedimiento, en los términos demandados para la interpretación de los
artículos 17, 18 y 19”.
Finalmente, afirman que debe declararse la inconstitucionalidad de
la expresión acusada del artículo 38-7, ya que “limita el ejercicio de los
derechos de las víctimas a la etapa del juicio, excluyendo el resto del
procedimiento”.
Los peticionarios formulan su petición en este sentido así:
“Se solicita a la H. Corte que declare la constitucionalidad
condicionada de los artículos 17, 18 y 19, y de la expresión ‘en el marco de la
presente ley’ del artículo 34, bajo el entendido de que se deberán garantizar
mecanismos idóneos y efectivos para que las víctimas estén en posibilidad de
enterarse del inicio del procedimiento, puedan ejercer el derecho a ser oídas
permitiéndoles presenciar las diligencias, ser asistidas por un abogado o
abogada que les proporcione una defensa técnica de sus intereses y contar con
todas las facultades jurídicas que se requieran para participar efectivamente
en la construcción de la verdad procesal y el acceso a una reparación integral
que sea determinada conforme a los hechos y responsabilidades penales probados
con su plena participación. // También se solicita la inconstitucionalidad de
la expresión ‘durante el juicio’ del artículo 37.8 de la ley”.
(c) Supresión del recurso de casación
Controvierten los actores lo dispuesto en el parágrafo 3º del
artículo 26, en virtud del cual “Contra la decisión de segunda instancia no
procede recurso de casación”. Explican que el recurso de casación sí es
procedente dentro del procedimiento penal ordinario en relación con casos como
los que se habrán de someter a la Ley 975/05, según lo disponen los artículos 205
de la Ley 600/02 y 184 de la Ley 906/04. También señalan que el objeto del
recurso de casación no es simplemente formal, “sino que busca la realización
del derecho material y de las garantías constitucionales, tanto del procesado
como de la víctima” – y recuerdan a este respecto que tanto la Ley 906/04 como
la Ley 600/00 señalan que las finalidades de la casación son “la efectividad
del derecho material, el respeto de las garantías de los intervinientes, la
reparación de los agravios inferidos a estos y la unificación de la
jurisprudencia”, motivo por el cual la casación se relaciona directamente con
la realización de los derechos constitucionales al debido proceso y a la
justicia. Por otra parte, afirman que los fines de la casación, dada su
especificidad, no se pueden suplir por el recurso extraordinario de revisión.
Con base en lo anterior, afirman que si bien el Legislador tiene el
poder de regular el recurso de casación, no puede hacerlo para generar tratos
discriminatorios en casos de violaciones de los derechos humanos, “en relación
con las cuales las garantías procesales deben ser extremadas para garantizar
adecuadamente la realización de la justicia”.
A continuación explican que la supresión del recurso de casación en
este caso no supera un juicio de proporcionalidad estricto, ya que no es claro
cuál es el fin constitucional que pretende realizar, y “la medida resulta
desproporcionada por la relevancia de los valores y principios constitucionales
sacrificados, que son los que se pretende realizar con el recurso de casación,
a saber, la efectividad del derecho material, el respeto de las garantías de
los intervinientes y la reparación de los agravios inferidos a estos. Esto es,
la celeridad en la justicia no puede llevar a sacrificar la realización
material de la justicia. Además, la supresión del recurso de casación hace que
la protección del derecho a la justicia en casos de violaciones a los derechos
humanos, en vez de ser extrema, sea debilitada en perjuicio de los derechos de
las garantías judiciales de las víctimas y del procesado y, en consecuencia, de
la efectiva prevalencia de los derechos inalienables de la persona”.
En consecuencia solicitan que la disposición acusada sea declarada
inexequible.
3.1.2.3.7. Violación del derecho a la justicia por el
“desconocimiento de la obligación estatal de sancionar a los responsables de
graves violaciones a los derechos humanos a verdaderas penas privativas de la
libertad”.
Se acusa en este punto lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley
975/05, que establece:
“Artículo 31. Tiempo de permanencia en las zonas de concentración.
El tiempo que los miembros de grupos armados al margen de la ley vinculados a
procesos para la reincorporación colectiva a la vida civil, hayan permanecido
en una zona de concentración decretada por el Gobierno Nacional, de conformidad
con la Ley 782 de 2002, se computará como tiempo de ejecución de la pena
alternativa, sin que pueda exceder de dieciocho (18) meses.
El funcionario que el Gobierno Nacional designe, en colaboración con
las autoridades locales cuando sea el caso, será el responsable de certificar
el tiempo que hayan permanecido en zona de concentración los miembros de los
grupos armados de que trata la presente ley”.
En criterio de los demandantes, este artículo es inconstitucional
por disponer que parte de la pena puede ser cumplida en las “zonas de
ubicación”.
Explican que uno de los componentes del derecho a la justicia en
casos de delitos graves es su adecuada sanción. Citan a este respecto la
sentencia C-069 de 1994, en la cual la Corte Constitucional explicó que la
sanción de delitos graves es una forma de proteger la dignidad humana, así como
las sentencias C-565 de 1993 y C-228 de 2002. También aluden al artículo 4 de
la Convención contra la Tortura –que establece la obligación de penalizar la
tortura y sancionarla con penas apropiadas-, el artículo 3 de la Convención
Interamericana sobre desaparición forzada –que consagra la obligación de
tipificar la desaparición forzada como delito y establecer una pena adecuada-,
y el proyecto de Convención Internacional sobre Desaparición Forzada. Así
mismo, citan pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
sobre la sanción de los responsables de delitos graves como parte del derecho a
la justicia –caso Trujillo Oroza v. Bolivia, 27 de febrero de 2002, y caso
Myrna Mack Chang v. Guatemala, 25 de noviembre de 2003-, así como el
pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el
proceso de desmovilización de los paramilitares colombianos, en el cual se dijo
que las infracciones graves del derecho internacional humanitario deben ser
adecuadamente sancionadas por el Estado. También aluden a la creación de
tribunales penales internacionales, ad hoc o permanentes, como una
indicación del consenso internacional sobre la necesidad de sancionar
adecuadamente las violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos o
del derecho internacional humanitario. Con base en este marco normativo y
jurídico, afirman los demandantes que “es evidente que la obligación de
sancionar a los perpetradores de crímenes graves no puede reducirse a una mera
formalidad, sino que debe traducirse en el cumplimiento de una efectiva
sanción”.
En este sentido, afirman que la disposición demandada vulnera la
Constitución “porque permite que las personas condenadas a pena privativa de la
libertad evadan su cumplimiento a través del tiempo de estadía en las llamadas
‘zonas de ubicación’”, que son un mecanismo establecido en el parágrafo 2 del
artículo 8 de la Ley 418/97. El texto de este parágrafo es:
“(…) el Gobierno Nacional podrá acordar con los voceros o miembros
representantes de los grupos armados organizados al margen de la ley, con los
que se adelanten diálogos, negociaciones o acuerdos, su ubicación temporal o la
de sus miembros, en precisas y determinadas zonas del territorio nacional o
internacional, de considerarse conveniente. En las zonas aludidas quedará
suspendida la ejecución de las órdenes de captura contra ellos, hasta que el
Gobierno así lo determine, o declare que ha culminado el proceso. (…)”
Señalan los demandantes que la facultad del Presidente de la
República de establecer ‘zonas de ubicación’ o ‘zonas de distensión’, en tanto
instrumento para el logro de la paz, no fue creada como una modalidad de
privación de la libertad: “Al contrario, una de sus finalidades es
concentrar a los negociadores y voceros de los grupos armados con los que el
Gobierno está adelantando negociaciones, con la finalidad de suspender las
órdenes de captura. Esto es, antes que una forma de aplicar la ley penal y
someter a quienes han cometido delitos dentro de los grupos de negociación a
condiciones especiales de privación de la libertad, es una forma de suspender
el ejercicio de la acción de la justicia contra los mismos para poder
garantizar los procesos de negociación”. Además, afirman que ni en los
procesos con las guerrillas ni en el proceso con los paramilitares las zonas de
ubicación han sido concebidas ni han funcionado como lugares de privación de la
libertad.
Por lo tanto, “si la permanencia en las zonas de concentración no
es una privación de la libertad, computar el tiempo que pasen en ella las
personas desmovilizadas como tiempo de ejecución de la pena alternativa hasta
por 18 meses, como lo hace el artículo 31 de la ley 975 de 2005, constituye un
indulto encubierto, lo cual no es admisible para crímenes de guerra o de lesa
humanidad y graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho
humanitario, que son los delitos cuyo juzgamiento pretende regular la ley 975,
y viola flagrantemente los artículos 150.17 y 201.2 de la Constitución, que
sólo autorizan el otorgamiento de indultos para los delitos de carácter
político”.
En consecuencia, solicitan que la Corte declare inconstitucional el
artículo 31 acusado.
3.1.2.4. Violación del derecho a la reparación, como parte del
derecho genérico a la justicia.
3.1.2.4.1. Los demandantes afirman que, según se demostró
anteriormente, el proceso de desmovilización basado en la Ley 975/05 conducirá
a la impunidad, ya que la gran mayoría de los desmovilizados no serán
investigados ni juzgados por los delitos que han cometido. “En este
contexto, el derecho a la reparación se verá seriamente limitado, pues el
número de casos que quedarán en la impunidad será, desafortunadamente, muy
alto. En muy pocos casos se determinará la verdad acerca de lo sucedido, y sólo
en esos pocos casos las víctimas podrán acceder a una reparación, a su vez
limitada por las falencias de la ley 975 de 2005 en esta materia”.
3.1.2.4.2. Se recuerda que el derecho a la reparación está
directamente ligado a la obligación estatal de proveer recursos efectivos a las
víctimas de violaciones a los derechos humanos, según lo ha establecido el
Comité de Derechos Humanos de la ONU en su Comentario General al artículo 2 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. “El derecho a la
reparación –afirman- se desprende del principio general de derecho según el
cual quien causa un daño debe repararlo; la reparación comprende el deber de ofrecer
garantías de que no se repitan los hechos que causaron ese daño”. Así mismo,
citan lo dispuesto por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
en los “Principios y Directrices Básicos sobre el derecho de las víctimas de
violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho
humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”, en el sentido de
que el derecho a una reparación plena y efectiva comprende los elementos de “restitución,
indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición”.
También citan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Blake,
para afirmar que “la reparación consiste en adoptar las medidas que tienden
a hacer desaparecer los efectos de la violación cometida”.
Para los demandantes, la materialización de estos distintos
elementos de la reparación exige establecer instrumentos y medidas que provean
posibilidades reales y efectivas de reparar a las víctimas después de un
proceso judicial: “Establecer la verdad de lo ocurrido, garantizar un
efectivo acceso a la administración de justicia y una participación adecuada en
el proceso y adoptar todas las medidas necesarias para que no se repitan los
hechos de violencia son algunos requisitos indispensables para lograr una
adecuada reparación”. Además, un presupuesto indispensable para garantizar
la reparación es “la existencia de bienes que concurran a la reparación, y
por lo tanto, la obligación de quien ha violado un derecho de responder con su
patrimonio”.
En este sentido, afirman que aunque el artículo 8 de la ley acusada
enuncia los componentes del derecho a la reparación, no se establecen medidas
para materializar este derecho dentro de un proceso judicial, y se deja por lo
tanto sin efectos prácticos la reparación allí definida, por los motivos
señalados a continuación.
3.1.2.4.3. Violación del derecho a la reparación por las normas
en virtud de las cuales sólo concurren a la reparación los bienes adquiridos
ilícitamente, u otros, si el desmovilizado los tuviese.
Acusan en este punto los artículos 10.2, 11.5, 13.4, 17, 18 y 46, en
los siguientes apartes:
“Artículo 10. Requisitos de elegibilidad para la desmovilización
colectiva. (…) 10.2. Que se entreguen los bienes producto de la actividad
ilegal. (…)
Artículo 11. Requisitos de elegibilidad para desmovilización
individual. (…) 11.5. Que entregue los bienes producto de la actividad
ilegal, para que se repare a la víctima cuando se disponga de ellos.
(…)
Artículo 13. Celeridad. (…) En audiencia preliminar se tramitarán
los siguientes asuntos: (…) 4. La solicitud y la decisión de imponer medidas
cautelares sobre bienes de procedencia ilícita. (…)
Artículo 17. Versión libre y confesión. Los miembros del grupo
armado organizado al margen de la ley, cuyos nombres someta el Gobierno
Nacional a consideración de la Fiscalía General de la Nación, que se acojan en
forma expresa al procedimiento y beneficios de la presente ley, rendirán
versión libre ante el fiscal delegado asignado para el proceso de
desmovilización, quien los interrogará sobre todos los hechos de que tenga
conocimiento.
En presencia de su defensor, manifestarán las circunstancias de
tiempo, modo y lugar en que hayan participado en los hechos delictivos
cometidos con ocasión de su pertenencia a estos grupos, que sean anteriores a
su desmovilización y por los cuales se acogen a la presente ley. En la misma
diligencia indicarán los bienes que se entregan para la reparación a las
víctimas, si los tuvieren, y la fecha de su ingreso al grupo.  (…)
Artículo 18. Formulación de imputación. Cuando de los elementos
materiales probatorios, evidencia tísica (sic), información legalmente
obtenida, o de la versión libre pueda inferirse. Razonablemente (sic) que el
desmovilizado es autor o partícipe de uno o varios delitos que se investigan,
el fiscal delegado para el caso solicitará al magistrado que ejerza la función
de control de garantías la programación de una audiencia preliminar para
formulación de imputación.
En esta audiencia, el fiscal hará la imputación fáctica de los
cargos investigados y solicitará al magistrado disponer la detención preventiva
del imputado en el centro de reclusión que corresponda, según lo dispuesto en
la presente ley. Igualmente solicitará la adopción de las medidas cautelares
sobre los bienes de procedencia ilícita que hayan sido entregados para
efectos de la reparación a las víctimas. (…)
Artículo 46. Restitución. La restitución implica la realización de
los actos que propendan por la devolución a la víctima a la situación anterior
a la violación de sus derechos. Incluye el restablecimiento de la libertad, el
retorno a su lugar de residencia y la devolución de sus propiedades, de ser
posible”.
Para los demandantes, en virtud de los apartes acusados “los
victimarios no tendrán que garantizar la reparación con todos sus bienes, pues
las personas responsables de los crímenes y beneficiadas por el proyecto sólo
entregarán, si los tienen, los bienes de procedencia ilícita con miras a la
reparación”. Resaltan que el deber de los desmovilizados de reparar a sus
víctimas resulta significativamente limitado por los apartes demandados, que
son contrarios a las medidas apropiadas en materia de reparación: “por una
parte, se desconoce el principio general según el cual el deudor debe responder
a sus acreedores con al totalidad de su patrimonio; la ley se refiere
reiteradamente a la entrega de los bienes de procedencia ilícita, limitación
agravada por la dificultad para distinguir entre los bienes de origen ‘lícito’
y los de origen ilícito. Adicionalmente, la expresión ‘si los tuviese’ abre la
posibilidad para que el desmovilizado declare que no tiene ningún bien ilícito
para entregar, eventualidad ante la cual la ley no establece ninguna medida
para enfrentar la supuesta insolvencia de los criminales, cuando esta se ha
hecho en fraude de los derechos de las víctimas”.
Consideran los peticionarios que para garantizar la reparación de
las víctimas, se debería obligar a los desmovilizados a entregar todos sus
bienes, sean de procedencia lícita o ilícita. De otra parte, indican que las
disposiciones acusadas establecen que los desmovilizados han de entregar sus
bienes ‘si los tuvieren’, ‘cuando se disponga de ellos’, o ‘de ser posible’.
Explican que la ley “no indica a través de qué procedimiento ni en qué
términos el operador jurídico podrá investigar los casos en los cuales el
desmovilizado haga un fraude en perjuicio de las víctimas; y en el caso en que
la Fiscalía tuviera elementos para considerar que hay un posible fraude,
resultará en la práctica muy difícil que dentro de los 60 días previstos para
la investigación se adelanten también diligencias para verificar que el
desmovilizado no ha incurrido en fraude y lograr que los bienes sean entregados
para la reparación”.
Reiteran, en este punto, que es deber constitucional e internacional
del Estado garantizar la justa reparación de las víctimas como parte de la
obligación de proveer recursos efectivos, consagrada en el artículo 2 de la
Carta Política, el artículo 2.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, y los artículos 1 y 63 de la Convención Americana de Derechos
Humanos. También expresan que “la responsabilidad estatal en relación con el
deber de reparar a las víctimas de delitos es amplia: el Estado debe garantizar
que las normas que regulen la materia brinden a las víctimas el derecho a
reclamar la reparación (artículo 2); debe reparar en caso de que el daño
causado sea imputable al Estado por la actuación u omisión de sus autoridades
(artículo 90 de la Constitución); debe indemnizar a las víctimas de los
delincuentes políticos que sean amnistiados o indultados cuando estos sean
eximidos de la responsabilidad civil (artículo 150 numeral 17)”.
Como consecuencia de los anteriores motivos, solicitan que la Corte
declare inexequibles los apartes demandados.
3.1.2.4.4. Violación del derecho a la reparación por la ausencia
de garantías adecuadas para la restitución de los bienes.
Se demandan en este segmento los apartes subrayados del artículo 54:
“Artículo 54. Fondo para la reparación de las víctimas. Créase el
Fondo para la Reparación de las Víctimas, como una cuenta especial sin
personería jurídica, cuyo ordenador del gasto será el Director de la Red de
Solidaridad Social. Los recursos del Fondo se ejecutarán conforme a las reglas
del derecho privado.
El Fondo estará integrado por todos los bienes o recursos que a
cualquier título se entreguen por las personas o grupos armados organizados
ilegales a que se refiere la presente ley, por recursos provenientes del
presupuesto nacional y donaciones en dinero o en especie, nacionales o
extranjeras.
Los recursos administrados por este Fondo estarán bajo la vigilancia
de la Contraloría General de la República”.
Los demandantes recuerdan que uno de los componentes del derecho a
la reparación es el de la restitución, la cual ha sido definida por la Comisión
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en los “Principios y Directrices
sobre el derecho de las víctimas de violaciones de las normas internacionales
de derechos humanos y del derecho humanitario a interponer recursos y obtener
reparaciones”, como un acto que “ha de devolver a la víctima a la situación
anterior a la violación manifiesta de las normas internacionales de derechos
humanos o la violación grave del derecho internacional humanitario”, y que
comprende, entre otras, la devolución de los bienes de las víctimas. En esa
medida, afirman los demandantes que “los bienes usurpados violentamente a sus
propietarios, poseedores, ocupantes o tenedores por parte de las personas que
se desmovilicen en el marco de la ley 975 de 2005 deben ser regresados a
quienes tenían derechos sobre los mismos, en las condiciones en que los tenían,
pues de esta forma se da cumplimiento al deber de restitución”.
Sin embargo, explican que el inciso demandado puede ser interpretado
en forma contraria al deber de restitución, “pues la norma establece que los
bienes entregados por las personas desmovilizadas harán parte del Fondo para la
Reparación de las Víctimas, sin hacer explícito que cuando se trate de bienes
usurpados violentamente a quienes tenían algún derecho sobre ellos, deberán
serles devueltos. La norma debería exceptuar esos bienes del fondo común, para
respetar el derecho de las víctimas a la restitución. De otra forma, si todos
los bienes entregados por las personas desmovilizadas hicieran parte del fondo
común para reparaciones, las personas que ostentaban algún derecho frente a las
tierras entregadas perderían la posibilidad de recuperarlas”. Señalan que
los principales afectados por esta interpretación serían los desplazados por la
violencia, ya que “perderían definitivamente las tierras respecto de las cuales
tenían algún derecho”. En tal sentido, afirman que la norma acusada debe
interpretarse de conformidad con los Principios Rectores de los Desplazamientos
Internos, que obligan a las autoridades competentes a garantizar la
recuperación de las propiedades o posesiones abandonadas por los desplazados, o
de las que fueron desposeídos al momento de ser desplazados. También citan los “Principios
sobre la restitución de las viviendas y el patrimonio de los refugiados y las
personas desplazadas” adoptados por la Subcomisión de Promoción y Protección de
los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En consecuencia, solicitan a la Corte Constitucional que “condicione
la constitucionalidad del segundo inciso del artículo 54 a que, en cumplimiento
del deber de restitución como componente del derecho a la reparación, se
exceptúen de ‘los bienes o recursos que a cualquier título se entreguen’ aquellos
que hayan sido usurpados de forma violenta a sus dueños, poseedores, ocupantes
o tenedores, pues en ese caso deben ser restituidos y no deben formar parte de
un fondo común para reparaciones”.
3.1.2.4.5. Violación del derecho a la reparación por cuanto no
todas las víctimas podrán reclamar una reparación.
Se demandan los apartes subrayados de los artículos 5, 47 y 48 de la
Ley, así:
“Artículo 5º. Definición de víctima. Para los efectos de la presente
ley se entiende por víctima la persona que individual o colectivamente haya
sufrido daños directos tales como lesiones transitorias o permanentes que
ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual y/o
auditiva), sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo de sus
derechos fundamentales. Los daños deberán ser consecuencia de acciones que
hayan transgredido la legislación penal, realizados por grupos armados
organizados al margen de la ley.
También se tendrá por víctima al cónyuge, compañero o compañera
permanente, y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de
la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere
desaparecida.
La condición de víctima se adquiere con independencia de que se
identifique, aprehenda procese o condene al autor de la conducta punible y sin
consideración a la relación familiar existente entre el autor y la víctima.
Igualmente se considerarán como víctimas a los miembros de la Fuerza
Pública que hayan sufrido lesiones transitorias o permanentes que ocasionen
algún tipo de discapacidad tísica (sic), psíquica y/o sensorial (visual o
auditiva), o menoscabo de sus derechos fundamentales, como consecuencia de las
acciones de algún integrante o miembros de los grupos armados organizados al margen
de la ley.
Asimismo, se tendrán como víctimas al cónyuge, compañero o compañera
permanente y familiares en primer grado de consanguinidad, de los
miembros de la fuerza pública que hayan perdido la vida en desarrollo de actos
del servicio, en relación con el mismo, o fuera de él, como consecuencia de los
actos ejecutados por algún integrante o miembros de los grupos organizados al
margen de la ley.
(…) Artículo 47. Rehabilitación. La rehabilitación deberá incluir la
atención médica y psicológica para las víctimas o sus parientes en primer
grado de consanguinidad de conformidad con el Presupuesto del Fondo para la
Reparación de las Víctimas.
Los servicios sociales brindados por el gobierno a las víctimas, de
conformidad con las normas y leyes vigentes, hacen parte de la reparación y de
la rehabilitación.
Artículo 48. Medidas de satisfacción y garantías de no repetición.
Las medidas de satisfacción y las garantías de no repetición, adoptadas por las
distintas autoridades directamente comprometidas en el proceso de
reconciliación nacional, deberán incluir: (…)
49.3 (sic) La decisión judicial que restablezca la dignidad,
reputación y derechos de la víctima y las de sus parientes en primer grado
de consanguinidad”.
Para los actores, la definición del concepto de víctima consagrada
en estos artículos es restrictiva respecto de las personas a quienes abarca,
además de quienes hayan sufrido daños directos. De esta forma, “los hermanos de
una persona desaparecida forzadamente o asesinada, u otros familiares que no
estén en primer grado de consanguinidad, no tendrían derecho a reclamar una
reparación. Tratándose de un miembro de la fuerza pública que haya sido
asesinado en el marco del conflicto armado, sólo serán víctimas el ‘cónyuge,
compañero o compañera permanente y familiares en primer grado de
consanguinidad’. En cuanto a la rehabilitación, la ley prevé que únicamente la
víctima directa y los familiares en primer grado de consanguinidad recibirán
atención médica y psicológica”.
Indican que en contraste con estas disposiciones, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia del caso “19 comerciantes
vs. Colombia” del 5 de julio de 2004, así como en la sentencia del caso “Myrna
Mack Chang vs. Guatemala” del 25 de noviembre de 2003, consideró que los
hermanos de las víctimas directas también son víctimas y deben ser reparados;
lo que es más, en la primera de estas sentencias consideró a un primo de la
víctima como afectado y titular del derecho a la reparación.
Por lo tanto, afirman que la limitación del concepto de víctima, y
por ende de la obligación de reparación, es inconstitucional y contrario a la
regulación internacional de la materia: “Al restringir el concepto de víctimas
por debajo de los parámetros definidos por la normatividad y la jurisprudencia
nacional e internacional en la materia, la ley 975 contradice la Constitución
de manera múltiple, tanto en relación con el preámbulo, como con el artículo 2,
el 5, el 9, el 93 y el 213.2, entre otros”.
En consecuencia solicitan que la Corte declare la constitucionalidad
condicionada de los apartes demandados, en el siguiente sentido:
“- Para efectos de la definición de víctima establecida en el
artículo 50 de la Ley 975 de 2005, se tengan como víctimas al cónyuge,
compañero o compañera permanente, y familiar en primero y segundo grado de
consanguinidad y primero civil.
- La atención médica y psicológica de rehabilitación prevista en el
artículo 47 de la ley 975 de 2005 se extienda al cónyuge, compañero o compañera
permanente, y familiar en primero y segundo grado de consanguinidad y primero
civil.
- La decisión judicial a la cual se refiere el artículo 48 en su
numeral 48.3 (erróneamente indicado como 49.3 en el texto de la ley publicado
en el Diario Oficial) por medio de la cual se dé término al proceso penal de
acuerdo con lo establecido en la Ley 975 de 2005, debe restablecer los derechos
del cónyuge, compañero o compañera permanente, y familiar en primero y segundo
grado de consanguinidad y primero civil”.
3.1.2.4.6. Violación del derecho a la reparación si las víctimas
no promueven el incidente de reparación
Se ataca el artículo 23 de la Ley 975/05, cuyo texto es:
“Artículo 23. Incidente de reparación integral. En la misma
audiencia en la que la Sala del Tribunal Superior de Distrito Judicial
correspondiente declare la legalidad de la aceptación de cargos, previa,
solicitud expresa de la víctima, o del fiscal del caso, o del Ministerio
Público a instancia de ella, el magistrado ponente abrirá inmediatamente el
incidente de reparación integral de los daños causados con la conducta criminal
y convocará a audiencia pública dentro de los cinco (5) días siguientes.
Dicha audiencia se iniciará con la intervención de la víctima o de
su representante legal o abogado de oficio, para que exprese de manera concreta
la forma de reparación que pretende, e indique las pruebas que hará valer para
fundamentar sus pretensiones.
La Sala examinará la pretensión y la rechazará si quien la promueve
no es víctima o está acreditado el pago efectivo de los perjuicios y este fuere
la única pretensión formulada, decisión que podrá ser objeto de impugnación en
los términos de esta ley.
Admitida la pretensión, la Sala la pondrá en conocimiento del
imputado que ha aceptado los cargos y a continuación invitará a los
intervinientes a conciliar. Si hubiere acuerdo su contenido lo incorporará a la
decisión que falla el incidente; en caso contrario dispondrá la práctica de la
prueba ofrecida por las partes, oirá el fundamento de sus respectivas pretensiones
y en el mismo acto fallará el incidente. La decisión en uno u otro sentido se
incorporará a la sentencia condenatoria”.
Para los actores, la regulación que consta en el artículo acusado
sobre la forma en que ha de tramitarse el incidente de reparación no es la
única posibilidad con la que cuentan las víctimas para reclamar la reparación,
puesto que los artículos 42, 43 y 45 contienen otras disposiciones sobre la
materia; afirman que dicho artículo se debe armonizar con las otras normas
dentro de la misma Ley 975 que regulan el derecho a la reparación, “de
manera que si la víctima no solicita que se abra el incidente de reparación, no
pierda por ello el derecho a ser reparada”.
Explican que las víctimas pueden no estar en condiciones de actuar dentro
del incidente de reparación por distintos motivos: riesgos para su seguridad
que les impiden acudir al proceso, falta de información sobre el mismo, o falta
de recursos para actuar, entre otras. “En aras de garantizar los derechos de
las víctimas a obtener reparación, deben tomarse medidas en caso de que ellas
no soliciten que se abra el incidente previsto en el artículo 23 de la Ley 975
de 2005. (…) El derecho a la reparación debe garantizarse a las víctimas en
toda circunstancia, y no debe estar condicionado a que la víctima participe en
el proceso, teniendo en cuenta además que su participación puede estar limitada
por causas ajenas a su voluntad”.
Con base en lo anterior, formulan los demandantes la siguiente
petición:
“Se solicita a la H. Corte Constitucional que declare la
constitucionalidad del artículo 23 de la ley 975 de 2005, condicionada a que en
todos los casos en los cuales las víctimas no hayan estado en condiciones de
participar en los procesos y por lo tanto no hubieran solicitado que se abriera
el incidente de reparación:
- La sentencia tase los perjuicios y ordene las medidas pertinentes
de reparación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 8, 46, 47 y 48 de
la ley 975 de 2005, y
- Las víctimas puedan solicitar reparación, en los términos del
artículo 45 de la ley 975 de 2005, ante el Tribunal Superior del Distrito
Judicial”.
3.1.2.4.7. Violación del derecho a la reparación por cuanto “si
el desmovilizado oculta información sobre delitos cometidos no pierde el
beneficio de pena alternativa, ni para los delitos ya aceptados ni por los
nuevos que se conozcan”.
Se controvierte la constitucionalidad de los apartes subrayados del
artículo 25:
“Artículo 25. Hechos conocidos con posterioridad a la sentencia o al
indulto. Si a los miembros de grupos armados al margen de la ley que recibieron
los beneficios de la Ley 782 de 2002, o que se beneficiaron con la pena
alternativa de conformidad con la presente ley, con posterioridad se les
llegare a imputar delitos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a
esos grupos y antes de su desmovilización, estas conductas serán investigadas y
juzgadas por las autoridades competentes y las leyes vigentes al momento de la
comisión de esas conductas, sin perjuicio del otorgamiento de la pena
alternativa, en el evento que colabore eficazmente en el esclarecimiento o
acepte, oralmente o por escrito, de manera libre, voluntaria, expresa y
espontánea, debidamente informado por su defensor, haber participado en su
realización y siempre que la omisión no haya sido intencional. En este evento,
el condenado podrá ser beneficiario de la pena alternativa. Se procederá a la
acumulación jurídica de las penas alternativas sin exceder los máximos
establecidos en la presente ley.
Teniendo en cuenta la gravedad de los nuevos hechos juzgados, la
autoridad judicial impondrá una ampliación del veinte por ciento de la pena
alternativa impuesta y una ampliación similar del tiempo de libertad a prueba”.
Recuerdan los demandantes que contra el aparte acusado se formularon
detallados cargos por considerar que con él se viola el derecho a la verdad,
según se reseñó en el acápite 3.2.2.7. precedente. Adicionalmente, afirman que
esta norma tiene consecuencias violatorias del derecho a la reparación.
En efecto, explican que el derecho a la reparación se ve afectado
por el desconocimiento del derecho a la verdad, “pues no se establecerán los
responsables de los delitos, ni las circunstancias en que estos ocurrieron, por
lo cual las víctimas no tendrán a quién dirigirse para reclamar por los
derechos que les fueron vulnerados”. Precisan que la omisión de información
sobre los delitos viola el derecho de las víctimas a la reparación, y que tal
omisión es especialmente grave cuando los desmovilizados se benefician de
significativas rebajas en la pena, “a cambio de lo cual debería estar
obligado a decir la verdad y reparar a las víctimas. Si no cumple con esas
obligaciones, debería ser sancionado con la pérdida del beneficio de pena
alternativa por los delitos respecto de los cuales haya sido condenado, así
como con la imposibilidad de que se beneficie nuevamente de la pena alternativa
por el delito del cual se ha tenido conocimiento después de la primera condena.
Sin embargo, el artículo 25 establece lo contrario”.  Resumen sus argumentos
contra dicha norma afirmando que “premiar el ocultamiento de información con
la posibilidad de acceder a significativas rebajas y sin perder beneficios
anteriormente concedidos por la supuesta contribución al a paz resulta
contrario al deber del Estado de garantizar la efectividad de los derechos y de
proporcionar un recurso efectivo en caso de que hayan sido violados. El
artículo 25 de la Ley 975 de 2005, en la medida en que propicia el ocultamiento
de la verdad, desconoce las obligaciones que se han señalado en acápites
anteriores en materia de reparaciones: artículos 2, 17 y 90 de la Constitución,
artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y artículo
1º de la Convención Americana sobre Derechos  Humanos”.
En consecuencia, solicitan que la Corte declare inexequibles los
apartes subrayados, “y que, por el contrario, señale que el ocultamiento de
la verdad tiene como consecuencia la pérdida del beneficio de la pena
alternativa para el delito confesado y la imposibilidad de acceder a tal
beneficio para el delito conocido posteriormente a la sentencia o el indulto”.
3.1.2.4.8. Violación del derecho a la reparación por la
existencia de limitaciones presupuestales para el pago de las reparaciones.
Se demandan los apartes subrayados de los artículos 47 y 55 de la
Ley:
“Artículo 47. Rehabilitación. La rehabilitación deberá incluir la
atención médica y psicológica para las víctimas o sus parientes en primer grado
de consanguinidad de conformidad con el Presupuesto del Fondo para la
Reparación de las Víctimas.
Los servicios sociales brindados por el gobierno a las víctimas, de
conformidad con las normas y leyes vigentes, hacen parte de la reparación y de
la rehabilitación.
Artículo 55. Funciones de la Red de Solidaridad Social. La Red de
Solidaridad Social, a través del Fondo de que trata la presente ley, tendrá a
su cargo, de acuerdo con el presupuesto asignado para el Fondo, las
siguientes funciones:
56.1 (sic) Liquidar y pagar las indemnizaciones judiciales de que trata
la presente ley dentro de los límites autorizados en el presupuesto nacional”.
Consideran los actores que estos apartes violan la Carta por limitar
la responsabilidad estatal de reparar a las víctimas a la disponibilidad
presupuestal del Fondo para la Reparación de las Víctimas. Recuerdan que los
únicos recursos fijos del Fondo serán los del presupuesto nacional, puesto que
la entrega de los bienes de los desmovilizados se encuentra limitada por las
razones expuestas anteriormente, y las donaciones nacionales o internacionales
serán aleatorias; más aún, dicha norma “no establece qué monto se destinará del
presupuesto nacional para las reparaciones, pero en cambio sí las limita al
presupuesto del Fondo”. Indican que las reparaciones a las víctimas no deben
estar limitadas a la asignación presupuestal, por cuanto “si el Consejo de
Estado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana
de Derechos Humanos o el Comité del Pacto ordenan una reparación, el Gobierno
está obligado a incluir en el presupuesto los recursos para tal efecto”, según
dispone la Ley 288 de 1996, art. 1º. Los artículos acusados, que establecen un
tope para las reparaciones, contrarían las obligaciones del Estado en esta
materia.
Afirman que el Estado “no puede excusarse de pagar las
indemnizaciones con el argumento de que los recursos disponibles para el efecto
en el fondo respectivo son inferiores a los montos ordenados por cualquiera de
estos tribunales”; y citan lo que afirmó la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en la sentencia del caso Myrna Mack Chang v. Guatemala del 25 de
noviembre de 2003, en el sentido de que el Estado no puede invocar su derecho
interno para modificar o incumplir sus obligaciones internacionales de reparar,
las cuales están reguladas en su alcance, naturaleza, modalidades y
determinación de los beneficiarios por el derecho internacional. “A través
de estas normas –afirman-, la posibilidad de que las víctimas sean
reparadas se verá seriamente restringida, con lo cual se desconoce el deber del
Estado de garantizar la efectividad de los derechos y de proporcionar un
recurso efectivo en caso de que hayan sido violados”. Ello implica un
incumplimiento de los artículos 2, 17 y 90 de la Constitución, del artículo 2
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del artículo 1º de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos. En consecuencia, solicitan que la
Corte declare inexequibles las expresiones acusadas.
3.1.2.5. Violación del derecho a obtener garantías de no repetición
de las conductas lesivas de los derechos de las víctimas.
3.1.2.5.1. Se explica en la demanda que el derecho a la reparación
incluye la obligación estatal de adoptar medidas para garantizar que no se
repitan los hechos de violencia que perjudicaron a las víctimas. Citan a este
respecto el texto de los “Principios y Lineamientos básicos sobre el derecho de
las víctimas de violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y
del derecho humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones” de la
Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que enumeran las medidas
que deben ser adoptadas como garantías de no repetición[6].
También indican que las garantías de no repetición, en tanto componente del
derecho a la reparación, forman parte de la obligación estatal de proveer
recursos efectivos a las víctimas de derechos humanos, según lo ha explicado el
Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas; y citan el pronunciamiento de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la desmovilización de paramilitares
en Colombia, en el sentido de resaltar la obligación de adoptar medidas que
garanticen la no repetición, dentro del marco de la reparación a las víctimas.
3.1.2.5.2. A continuación explican que si bien el artículo 8 de la
Ley 975/05 establece las garantías de no repetición como parte del derecho a la
reparación, “en franca contradicción con el artículo 8º, otras disposiciones de
la ley resultan contrarias al deber del Estado de garantizar la no repetición:
no se pierden beneficios por reincidir en actividades delictivas, tampoco se
pierden beneficios si la persona desmovilizada no colabora en la
desmovilización del grupo armado, y no se toman medidas para evitar que quienes
acceden a los beneficios continúen delinquiendo”.
3.1.2.5.3. En este punto, se señalan como demandadas las siguientes
expresiones del artículo 29 de la Ley 975/05:
“Artículo 29. Pena alternativa. La Sala competente del Tribunal
Superior de Distrito Judicial determinará la pena que corresponda por los
delitos cometidos, de acuerdo con las reglas del Código Penal.
En caso que el condenado haya cumplido las condiciones previstas en
esta ley, la Sala le impondrá una pena alternativa que consiste en privación de
la libertad por un período mínimo de cinco (5) años y no superior a ocho (8)
años, tasada de acuerdo con la gravedad de los delitos y su colaboración
efectiva en el esclarecimiento de los mismos.
Para tener derecho a la pena alternativa se requerirá que el
beneficiario se comprometa a contribuir con su resocialización a través del
trabajo, estudio o enseñanza durante el tiempo que permanezca privado de la
libertad, y a promover actividades orientadas a la desmovilización del grupo
armado al margen de la ley al cual perteneció.
Cumplida la pena alternativa y las condiciones impuestas en la
sentencia se le concederá la libertad a prueba por un término igual a la mitad
de la pena alternativa impuesta, período durante el cual el beneficiado se
compromete a no reincidir en los delitos por los cuales fue condenado
en el marco de la presente ley, a presentarse periódicamente ante el
Tribunal Superior del Distrito Judicial que corresponda y a informar cualquier
cambio de residencia.
Cumplidas estas obligaciones y transcurrido el período de prueba, se
declarará extinguida la pena principal. En caso contrario, se revocará la
libertad a prueba y se deberá cumplir la pena inicialmente determinada, sin
perjuicio de los subrogados previstos en el Código Penal que correspondan.
Parágrafo. En ningún caso se aplicarán subrogados penales, beneficios
adicionales o rebajas complementarias a la pena alternativa”.
Según los demandantes, las expresiones acusadas implican que los
desmovilizados a quienes se apliquen las penas alternativas no están obligados
a cesar por completo sus actividades ilícitas para efectos de beneficiarse de
la reducción en la pena correspondiente.
Explican que “el inciso 4º demandado no pretende que la persona
desmovilizada cese su actividad delincuencial durante el período de libertad a
prueba, con lo cual desconoce la obligación de garantizar la no repetición de
los hechos de violencia en contra de las víctimas; el inciso 5º demandado no
establece condiciones para la pérdida de beneficios en cabeza del
desmovilizado, una vez concluido el término de libertad a prueba. // En
aplicación del inciso 4º, el desmovilizado adquiere el compromiso, durante el
período de libertad a prueba, de no ‘reincidir en los delitos por los cuales
fue condenado en el marco de la presente ley’. Esto quiere decir que si,
durante ese período, el desmovilizado comete cualquier otro delito distinto a
aquel por el cual fue condenado de acuerdo con el procedimiento establecido en
la ley 975 de 2005, no perderá el beneficio de la pena alternativa. Sólo se
revoca la libertad a prueba y se aplica la pena principal si vuelve a cometer,
durante el período de libertad a prueba, delitos ‘por los cuales fue
condenado’. El tiempo de libertad a prueba será de máximo cuatro años, pues es
el equivalente a la mitad de la pena alternativa, que no excederá de 8 años. //
Como consecuencia de la aplicación del inciso 5º del artículo 29 de la ley 975
de 2005, si después de cumplido el término de libertad a prueba el
desmovilizado vuelve a cometer delitos por los cuales fue condenado, o
cualquier otro delito que constituya una violación a los derechos humanos,
tampoco pierde el beneficio de la pena alternativa”. Para los actores,
ninguna de estas dos normas respeta el derecho de las víctimas a tener
garantías de no repetición; “al contrario, la ley habrá creado las
condiciones para que los hechos de violencia se repitan. En ninguno de los dos
casos, el desmovilizado habrá aportado a la construcción de la paz ni de la
reconciliación; sí se habrá beneficiado, sin embargo, de una amplísima rebaja
en la pena”.
Por las anteriores razones, expresan que el inciso 4º, para efectos
de respetar adecuadamente los derechos de las víctimas y lograr el objetivo de
paz que persigue, debe ser ajustado en forma tal que la comisión de cualquier
delito doloso durante el período de libertad a prueba conlleve la pérdida del
beneficio de la pena alternativa. Por su parte, consideran que el inciso 5º
contiene una omisión legislativa relativa, puesto que no establece las
condiciones a las que se debe someter el desmovilizado después de haber
cumplido el término de libertad a prueba: “Una vez cumplido el término de
libertad a prueba, las personas desmovilizadas deben adquirir compromisos que
respondan adecuadamente a la razón de ser de su desmovilización, es decir,
deben comportarse de manera que la rebaja de las penas de la cual se
beneficiaron tenga como contraprestación una efectiva contribución a la paz.
Por lo tanto, el compromiso de la persona desmovilizada debe ser el de no
cometer ningún delito doloso, por lo menos durante el tiempo de la pena
principal”.
En consecuencia, formulan los peticionarios la siguiente solicitud a
la Corte:
“- Declarar la inconstitucionalidad de las expresiones ‘los’ y ‘por
los cuales fue condenado en el marco de la presente ley’, subrayadas del inciso
4º del artículo 29 de la ley 975 de 2005.
- Declarar la omisión legislativa relativa del inciso 5º del
artículo 29, indicando que la persona desmovilizada se compromete a no cometer
ningún delito doloso durante el tiempo de la pena principal, pues de lo
contrario perderá el beneficio de la pena alternativa”.
3.1.3. Violación de la prohibición de conceder amnistías e indultos
por graves violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra y crímenes de
lesa humanidad.
3.1.3.1. Este cargo se formula de manera compleja, contra numerosas
disposiciones de la Ley 975/05.
En primer lugar, se retoman todos los apartes normativos demandados
con base en los cargos precedentes, a saber, las expresiones acusadas de los
artículos 2 –“por ser la ley 975 de 2005 residual al decreto 128 de
2003”-, 5 –“porque no todas las víctimas podrán reclamar
reparación”-, 9 –“por ser la ley 975 de 2005 residual al decreto
128 de 2003”-, 10.2 –“por señalar que sólo concurren a la
reparación los bienes adquiridos ilícitamente”-, 10.6 –“por
omitir estipular la obligación de los desmovilizados de señalar el paradero de
las personas desaparecidas”-, 10 parágrafo –“por ser la ley 975
de 2005 residual al decreto 128 de 2003”-, 11.5 –“por señalar que
solo concurren a la reparación los bienes adquiridos ilícitamente o cuando el
desmovilizado los tuviese”-, 13.4 –“por señalar que solo
concurren a la reparación los bienes adquiridos ilícitamente”-, 17 –“por
aplicar el procedimiento penal estatuido y desarrollado a partir del acto
legislativo 02 de 2003” y “por limitar las facultades de las víctimas en
los procesos judiciales”-, 17 inciso 2 –“por señalar que sólo
concurren a la reparación los bienes si el desmovilizado los tuviese”-, 17
inciso 4 –“por establecer unos reducidos términos de investigación”-,
18 –“por aplicar el procedimiento penal estatuido y desarrollado a
partir del acto legislativo 02 de 2003” y “por limitar las facultades de
las víctimas en los procesos judiciales”-, 18 inciso 1 –“por ser
la investigación de los hechos restringida, debido a que la ley 975 de 2005 es
residual al decreto 128 de 2003”-, 18 inciso 2 –“por señalar que
sólo concurren a la reparación los bienes adquiridos ilícitamente”-, 18
inciso 3 –“por establecer unos reducidos términos de investigación”-,
19 –“por aplicar el procedimiento penal estatuido y desarrollado a
partir del acto legislativo 02 de 2003” y “por limitar las facultades de
las víctimas los procesos judiciales”-, 20 –“por aplicar el
procedimiento penal estatuido y desarrollado a partir del acto legislativo 02
de 2003”-, 21 –“por aplicar el procedimiento penal estatuido y
desarrollado a partir del acto legislativo 02 de 2003”-, 22 –“por
aplicar el procedimiento penal estatuido y desarrollado a partir del acto
legislativo 02 de 2003”-, 23 –“por aplicar el procedimiento penal
estatuido y desarrollado a partir del acto legislativo 02 de 2003” y “por
no prever la tasación de perjuicios en los casos en que la víctima no promueva
el incidente de reparación”-, 24 –“por aplicar el procedimiento
penal estatuido y desarrollado a partir del acto legislativo 02 de 2003”-, 25
–“por aplicar el procedimiento penal estatuido y desarrollado a partir del
acto legislativo 02 de 2003”-, 25 incisos 1 y 2 –“por no prever
la pérdida de beneficio por no confesión de todos los delitos”-, 26
–“por aplicar el procedimiento penal estatuido y desarrollado a partir del
acto legislativo 02 de 2003”-, 26 parágrafo 3 –“por suprimir el
recurso de casación”-, 27 –“por aplicar el procedimiento penal
estatuido y desarrollado a partir del acto legislativo 02 de 2003”-, 28
–“por aplicar el procedimiento penal estatuido y desarrollado a partir del
acto legislativo 02 de 2003”-, 29 –“por no dar garantías de no
repetición”-, 31 –“por desconocer la obligación estatal de
sancionar a los responsables de delitos graves a verdaderas penas privativas de
la libertad”-, 34 –“por limitar las facultades de las víctimas en
los procesos judiciales”-, 37.5 –“por no permitir el acceso al
expediente”-, 35.7 –“por limitar las facultades de las víctimas
en los procesos judiciales”-, 46 –“porque no da garantías
adecuadas para la restitución de bienes”-, 47 inciso 1 –“porque
no todas las víctimas podrán reclamar reparación” y “por establecer
limitaciones presupuestales a la reparación”-, 48.1 –“por
desconocer la obligación de difusión completa de la verdad”-, 48.3 –“porque
no todas las víctimas podrán reclamar reparación”-, 54 inciso 2 –“por
no dar garantías adecuadas para la restitución de los bienes”-, 55
inciso 1º y numeral 1º -“por establecer limitaciones presupuestales para
el pago de las reparaciones”-, 58 inciso 2 –“por desconocer la
obligación de difusión completa de la verdad”-, 62 –“por ser la
ley 975 de 2005 residual al decreto 128 de 2003” y “por aplicar el
procedimiento penal estatuido y desarrollado a partir del acto legislativo 02
de 2003”-, y 69 –“por ser la ley 975 de 2005 residual al decreto
128 de 2003”-.
Además, controvierten los apartes subrayados de los artículos 3, 10,
16, 17 y 29, así:
“Artículo 3. Alternatividad. Alternatividad es un beneficio
consistente en suspender la ejecución de la pena determinada en la respectiva
sentencia, reemplazándola por una pena alternativa que se concede por la
contribución del beneficiario a la consecución de la paz nacional, la
colaboración con la justicia, la reparación a las víctimas y su adecuada
resocialización. La concesión del beneficio se otorga según las condiciones
establecidas en la presente ley.
Artículo 10. Requisitos de elegibilidad para la desmovilización
colectiva. Podrán acceder a los beneficios que establece la presente ley los
miembros de un grupo armado organizado al margen de la ley que hayan sido o
puedan ser imputados, acusados o condenados como autores o partícipes de hechos
delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a esos grupos,
cuando no puedan ser beneficiarios de algunos de los mecanismos establecidos en
la Ley 782 de 2002, siempre que se encuentren en el listado que el Gobierno
Nacional remita a la Fiscalía General de la Nación y reúnan, además, las
siguientes condiciones (…).
Artículo 16. Competencia. Recibido por la Unidad Nacional de
Fiscalía para la Justicia y la Paz, el, o los nombres de los miembros de
grupos armados organizados al margen de la ley dispuestos a contribuir de
manera efectiva a la construcción de la paz nacional, el fiscal delegado que
corresponda, asumirá de manera inmediata la competencia para: (…)
Artículo 17. Versión libre y confesión. Los miembros del grupo
armado organizado al margen de la ley, cuyos nombres someta el Gobierno
Nacional a consideración de la Fiscalía General de la Nación, que se acojan
en forma expresa al procedimiento y beneficios de la presente ley, rendirán
versión libre ante el fiscal delegado asignado para el proceso de
desmovilización, quien los interrogará sobre todos los hechos de que tenga
conocimiento. (…)
Artículo 29. Pena alternativa. La Sala competente del Tribunal
Superior de Distrito Judicial determinará la pena que corresponda por los
delitos cometidos, de acuerdo con las reglas del Código Penal.
En caso que el condenado haya cumplido las condiciones previstas en
esta ley, la Sala le impondrá una pena alternativa que consiste en privación de
la libertad por un período mínimo de cinco (5) años y no superior a ocho (8)
años, tasada de acuerdo con la gravedad de los delitos y su colaboración
efectiva en el esclarecimiento de los mismos.
Para tener derecho a la pena alternativa se requerirá que el
beneficiario se comprometa a contribuir con su resocialización a través del
trabajo, estudio o enseñanza durante el tiempo que permanezca privado de la
libertad, y a promover actividades orientadas a la desmovilización del grupo
armado al margen de la ley al cual perteneció.
Cumplida la pena alternativa y las condiciones impuestas en la
sentencia se le concederá la libertad a prueba por un término igual a la mitad
de la pena alternativa impuesta, período durante el cual el beneficiado se
compromete a no reincidir en los delitos por los cuales fue condenado en el
marco de la presente ley, a presentarse periódicamente ante el Tribunal
Superior del Distrito Judicial que corresponda y a informar cualquier cambio de
residencia.
Cumplidas estas obligaciones y transcurrido el período de prueba, se
declarará extinguida la pena principal. En caso contrario, se revocará la
libertad a prueba y se deberá cumplir la pena inicialmente determinada, sin
perjuicio de los subrogados previstos en el Código Penal que correspondan.
Parágrafo. En ningún caso se aplicarán subrogados penales,
beneficios adicionales o rebajas complementarias a la pena alternativa.”
3.1.3.2. Para fundamentar su cargo, recuerdan los demandantes que
tanto el orden constitucional colombiano como el derecho internacional permiten
la concesión de amnistías e indultos por delitos políticos, pero con respeto
por ciertos límites, “de manera que los responsables por delitos graves,
como las violaciones a los derechos humanos y las infracciones al derecho
internacional humanitario, no pueden, bajo ninguna circunstancia, ser
beneficiados por tales medidas de gracia”.
3.1.3.3. Luego de recordar las definiciones de amnistía e indulto,
afirman que en el ordenamiento jurídico colombiano estas figuras únicamente
operan frente a delitos políticos y sus delitos conexos; y que según la
legislación y la jurisprudencia constitucional, los delitos atroces no pueden
ser objeto de tales medidas. También señalan que la facultad de conceder
indultos corresponde al Gobierno, con arreglo a la ley – es decir, que se trata
de una facultad reglada, ya que “el gobierno solo puede ejercerla en
desarrollo de una ley de indulto que la autoriza y le impone ciertos límites
fácticos. Adicionalmente, una vez ejercida la facultad, el gobierno debe
informar al Congreso sobre su ejercicio. El gobierno no puede limitar la
responsabilidad que tengan los indultados en relación con los particulares, es
decir, que el indulto no genera extinción de la responsabilidad civil”.
3.1.3.4. A continuación, señalan ciertas características comunes a
las amnistías y los indultos, de conformidad con el artículo 150-17 de la
Carta: (i) sólo se pueden conceder con base en una ley del Congreso; (ii) el
indulto requiere, en virtud del artículo 201 de la Carta, la intervención del
Gobierno; (iii) se trata de una ley común que exige aprobación por mayoría
especial que “debe ser doblemente calificada: en primer lugar, se exigen las
dos terceras partes de los votos; y en segundo lugar, esas dos terceras partes
no se exigen solo de los presentes, sino de los miembros de una y otra Cámara”;
(iv) se conceden en situaciones de crisis: “se trata de una decisión de alta
política del Estado para superar una situación coyuntural que excede la
capacidad de solución a través de los mecanismos ordinarios establecidos por la
Constitución”; (v) la ley correspondiente debe ser general e impersonal, para
efectos de garantizar la igualdad; (vi) solamente procede frente a delitos
políticos y sus delitos conexos; y (vii) el voto de los congresistas es
secreto.
3.1.3.5. También resaltan que, como las amnistías y los indultos
únicamente proceden frente a los delitos políticos, no pueden cobijar actos de
ferocidad o de barbarie, que “en ningún caso pueden ser considerados como
delitos políticos, y como delitos comunes no pueden ser objeto de medidas de
amnistía o indulto”, como tampoco delitos de lesa humanidad como el secuestro,
según se expresó en la sentencia C-069 de 1994. De esta forma, consideran que
“la gravedad del delito es un criterio determinante para establecer si un
delito puede ser considerado como político. Así, la tortura, la desaparición
forzada, el homicidio fuera de combate, entre otros, son actos de tal gravedad
que, según la Corte Constitucional, no pueden ser objeto de beneficios como la
amnistía o el indulto”. Citan también las sentencias C-214/93 y C-415/93.
3.1.3.6. Resaltan que la Corte Constitucional, al examinar los
artículos 127 del Código Penal y 184 del Código Penal Militar, sintetizó su
jurisprudencia sobre los delitos políticos y las amnistías, pronunciándose en
forma clara “contra las amnistías amplias y generales, contra la impunidad como
factor alentador del rompimiento del orden justo, contra el delito –aunque sea
político- como opción legítima del ejercicio de la violencia y, en este
sentido, reconoce el deber de la Fiscalía de investigar todos los delitos y
perseguir a sus responsables. Además, la Corte ha considerado que una amnistía
amplia y general vulneraría el derecho de las víctimas de acceder a la
justicia, derecho este reconocido en el artículo 229 de nuestra Carta
Política”.
3.1.3.7. A continuación se efectúa una recapitulación de las
distintas normas internacionales que consagran límites a la posibilidad de
conceder amnistías o indultos, entre ellos el artículo 6 del Protocolo II
Adicional a los Convenios de Ginebra de 1949, en relación con el cual tanto el
Comité Internacional de la Cruz Roja como la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos han recalcado que no posibilita la concesión de amnistías
generales para quienes han violado el derecho internacional humanitario.
Explican que “la imposibilidad de conceder indultos y amnistías en casos de
graves violaciones de los derechos humanos se funda en el deber que tienen los Estados
de investigar, procesar y sancionar a los responsables de esos delitos, incluso
dentro del desarrollo de procesos de paz”. Citan a este respecto el artículo 25
de la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 2.3. del Pacto
Internacional de Derecho civiles y Políticos, el artículo 6 de la Convención
Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, y el artículo 18 de la
Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones
forzadas.
Igualmente, citan los pronunciamientos de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en los casos de Myrna Mack v. Guatemala –en la cual se
advirtió que “el Estado debe garantizar que el proceso interno tendiente a
investigar y sancionar a los responsables de los hechos de este caso surta sus
debidos efectos y, en particular, debe abstenerse de recurrir a figuras como la
amnistía, la prescripción y el establecimiento de excluyentes de
responsabilidad”- y de Barrios Altos –en el cual afirmó que “son inadmisibles
las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el
establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la
investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de
derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales
o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por
contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de
los Derechos Humanos”, y que “las leyes de autoamnistía conducen a la
indefensión de las víctimas y a la perpetuación de la impunidad, por lo que son
manifiestamente incompatibles con la letra y el espíritu de la Convención
Americana”-. Recuerdan que esta línea jurisprudencial ha sido reiterada por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al referirse al proceso de
negociación con los grupos paramilitares colombianos.
Concluyen, en este sentido, que “de acuerdo a la Constitución y a
los tratados internacionales de derechos humanos vigentes en Colombia, bajo
ninguna circunstancia se pueden otorgar amnistías o indultos a delitos graves,
incluyendo graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho
internacional humanitario”.
3.1.3.8. A continuación, se explica en detalle por qué las normas
demandadas en este acápite configuran un sistema de impunidad que “como
sistema es un indulto velado y una amnistía encubierta”. Las razones
concretas que sustentan esta afirmación se transcriben íntegramente en seguida,
por su importancia para la sustentación del cargo que se estudia:
“Las normas demandadas son un sistema de impunidad porque permiten
la concesión del beneficio de pena alternativa (arts. 3 y 29), reducida esta
por el tiempo de permanencia en zonas de concentración (art. 31), a través de
un procedimiento que no garantiza ni la verdad, ni la justicia, ni la
reparación.
En primer lugar, por ser en principio residual al decreto 128 de
2003, la ley prevé una investigación sumamente insuficiente de un porcentaje
mínimo de los desmovilizados (art. 2 parcial, 9 parcial, 10 parcial, 18
parcial, 62 parcial y 69). Además, sobre esos reducidos hechos, señala unos
términos manifiestamente insuficientes, que hacen imposible investigar
adecuadamente la magnitud de los hechos, teniendo en cuenta su gravedad, sus
elementos de sistematicidad y su pasividad o generalización. El procedimiento
además no prevé garantías adecuadas para la participación y acceso a la
justicia de las víctimas, pues no les permite el acceso al expediente (art.
37.5 parcial), ni prevé expresamente su participación dentro de las diligencias
del proceso (arts. 17, 18, 34 y 37.7 parcial) y omite el recurso de casación
(art. 26 par. 3). En esas condiciones, el procedimiento de la ley 975 no
constituye un recurso efectivo.
Como si fuera poco, la ley permite que los desmovilizados accedan a
los beneficios sin que tengan que hacer una confesión plena de los hechos (art.
17), sin que se les exija señalar el paradero de personas desaparecidas al
momento de la desmovilización (10.6 parcial), y sin que pierdan tampoco los
beneficios por el hecho de cometer nuevos delitos (art. 29 parcial).
El procedimiento previsto en la ley también impide la adecuada
reparación de las víctimas, pues excluye del derecho a la reparación a víctimas
que, siéndolo, no son reconocidas como tales (arts. 5 parcial, 47 parcial y
48.3 parcial); señala que sólo concurrirán a la reparación los bienes
adquiridos ilícitamente si el desmovilizado los tuviese (arts. 10.2 parcial,
11.5. parcial, 13.4 parcial, 17 inc. 2 parcial, 18 inc. 2 parcial y 46 parcial);
no da garantías adecuadas para la restitución de los bienes (art. 54 parcial);
no señala la tasación de perjuicios a favor de la víctima cuando esta no
promueva el incidente de reparación (art. 23); y hace depender el pago de las
reparaciones de las apropiaciones presupuestales, restringiendo así la
legislación existente en materia de reparaciones (arts. 47 parcial y 55
parcial). El procedimiento previsto en la ley señala además eximentes al deber
de hacer una difusión completa de la precaria verdad a la que se va a llegar
(arts. 48.1 y 58 parcial).
A través de la ley 975 se desconoce adicionalmente la obligación
estatal de sancionar a los responsables de graves violaciones a los derechos
humanos e infracciones al derecho internacional humanitario a verdaderas penas
privativas de la libertad, al establecer que pueden cumplir parte de la pena en
zonas de concentración, que han sido previstas para otras finalidades y que no
son, de ninguna manera, centros de privación de la libertad (art. 31).
A pesar de todas estas falencias y de que, en conclusión, las
víctimas no van a ser reconocidas en sus derechos, la ley prevé un beneficio de
pena alternativa que cierra el sistema de impunidad, que implica que, a lo
sumo, los combatientes desmovilizados vayan a cumplir eventualmente entre tres
años y medio y seis años y medio de privación de la libertad, a pesar de que el
Código Penal colombiano y el Estatuto de Roma que estableció la Corte Penal
Internacional contemplan penas significativamente más estrictas.
Así, tal como está previsto el procedimiento en las normas
demandadas de la ley 975 de 2005, el beneficio de la pena alternativa
constituye un indulto velado, pues permite la exoneración de una parte muy
importante de la pena sin que se den las condiciones mínimas exigidas por la
Constitución y los tratados y compromisos internacionales en materia de
derechos humanos y derecho internacional humanitario, constituyéndose así en un
beneficio desproporcionado a favor de los perpetradores de los más aberrantes crímenes
y en perjuicio de las víctimas.
El beneficio de la pena alternativa es también un indulto velado
porque prevé la intervención gubernamental. Como se ha visto, el indulto, de
acuerdo al artículo 201 de la Constitución, es un mecanismo en el que hay una
valoración especial del contexto, del orden público y de circunstancias de
conveniencia nacional que dan lugar a la intervención del Gobierno. En las
medidas de gracia (amnistías e indultos), el Gobierno interviene para
determinar a qué personas es necesario otorgar el perdón para garantizar la
convivencia pacífica. Tal intromisión sólo es admisible en esos casos porque de
lo contrario sería vulneratoria de la independencia judicial, que es una
galanía del debido proceso y del juicio justo (…) y de la separación de poderes
(…).
Por su parte, los sistemas de rebajas de penas son mecanismos
previstos de manera impersonal y abstracta por una ley de carácter general que
es aplicable a todas las personas que se encuentren en los supuestos previstos
en las condiciones que la ley señale para acceder a la rebaja. Sin embargo, la
ley 975, en su artículo 17, señala que se aplicará este procedimiento
únicamente a las personas ‘cuyos nombres someta el Gobierno Nacional a
consideración de la Fiscalía General de la Nación’, haciendo equivalente ese
procedimiento a una medida de gracia, como el indulto o la amnistía. El listado
del Gobierno también es mencionado en los artículos 10 y 17 de la ley
demandada.
La jurisprudencia constitucional rechaza las medidas de rebaja de
penas por colaboración con la justicia por tratarse de indultos o amnistías
veladas que contradirían la Constitución. Esta opinión ha sido plasmada en las
sentencias C-171 de 1993 y C-709 de 1996.
Las normas demandadas constituyen además una amnistía velada como
sistema que da lugar a la impunidad de delitos graves conforme al derecho
internacional. Se trata de una medida velada porque la ley 975 de 2005 no exime
de investigación y juzgamiento, de manera directa, a los responsables de graves
violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional
humanitario. Lo hace subrepticiamente.
En primer lugar, en lo referente a la amnistía, los artículos
demandados constituyen una amnistía pues permiten, como efecto directo de la
aplicación de las normas, que se borre la responsabilidad de los autores de
crímenes graves –violaciones a derechos humanos e infracciones al derecho
internacional humanitario-, poniendo fin a los procesos por iniciar,
extinguiendo la acción penal.
Como se ha mencionado en varias ocasiones, en la medida en que la
ley 975 no somete a ninguna investigación judicial a la mayoría de los
combatientes que se desmovilicen, permite que estos se reinserten a la vida
civil, quedando sin cuentas pendientes con la justicia, a pesar de poder ser
perpetradores de delitos no amnistiables e indultables. Si bien hipotéticamente
es posible que combatientes desmovilizados que hayan recibido los beneficios de
la ley 782 de 2002 y del decreto 128 de 2003 sean investigados posteriormente
si aparecieren motivos para hacerlo, en la práctica, y por aplicación directa
de la ley 975, se termina concediendo una inmunidad judicial. Hay previsiones u
omisiones normativas que obstaculizan de tal forma la posterior acción de la
justicia que terminan por hacerla imposible en relación con la inmensa mayoría
de los combatientes desmovilizados que hayan cometido crímenes sobre los cuales
no han sido judicializados, a saber:
1. La ley no prevé que todos los desmovilizados deban someterse a la
diligencia de versión libre, en la cual, para acceder a los beneficios, deban
confesar todos los hechos de los que son responsables.
2. Aunque fueran sometidos a la versión libre, la ley no prevé la
pérdida de beneficios por omitir delitos graves. De hecho, los beneficios
recibidos inicialmente se mantienen intactos. A lo sumo perderían el beneficio
de la pena alternativa en relación con hechos nuevos, y sólo si se comprobase
que la omisión de la información fue intencional.
3. La principal evidencia para la investigación es el dicho del
combatiente desmovilizado. El procedimiento no prevé que las víctimas puedan
verdaderamente participar en el debate probatorio y de la responsabilidad penal
y, aunque el artículo 16 de la ley prevé en teoría una amplia competencia investigativa
de la Fiscalía, los términos judiciales para recaudar evidencia sobre delitos
que hubieren cometido y que no hubieren sido confesados son insuficientes, y
permiten apenas verificar la versión del imputado.
En esas condiciones, la acción de la justicia está condenada al
fracaso. Así, aunque la ley no contenga una disposición que expresamente exima
de responsabilidad penal a los responsables de crímenes graves, el sistema allí
establecido, complementado con el decreto 128 de 2003, genera como efecto
directo la imposibilidad de la justicia en la generalidad de los casos.
Excepcionalmente puede ocurrir algún caso en que se logre obtener verdad,
justicia y reparación, pero el sistema en su conjunto no está organizado para
facilitar ese objetivo, sino para impedirlo.
La regulación prevista en la ley 975 de 2005 es así un mecanismo de
impunidad sumamente sofisticado, pues acudiendo a definiciones y enunciaciones
aparentemente muy generosas de derechos de las víctimas, diseña un sistema que
de manera encubierta posibilita la impunidad de numerosos y graves crímenes de
guerra y de lesa humanidad cometidos en Colombia, que constituyen serias
violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho humanitario.
La ley 975 prevé un mecanismo que imposibilita que el Estado cumpla
su obligación constitucional e internacional de garantizar los derechos humanos
a través de recursos efectivos que permitan la investigación, juzgamiento y
sanción de los hechos que constituyan agresiones a tales derechos. En esas
condiciones, los perpetradores de los crímenes se han beneficiado y se
beneficiarán de tal mecanismo para evadir la acción de la justicia. En términos
prácticos, en relación con los crímenes que dejan de investigarse como
consecuencia de la aplicación de la ley se genera un beneficio de amnistía a
los combatientes desmovilizados, así sean autores de crímenes no amnistiables.
Por otra parte, en relación con los crímenes por los cuales se
imponga pena alternativa, las normas demandadas de la ley 975 constituyen, como
sistema, un indulto velado. Ya se ha visto que el indulto es el acto por medio
del cual se concede el perdón de la pena establecida en una sentencia que ha
sido proferida como consecuencia de un proceso anterior. El beneficio de la
pena alternativa constituye un indulto velado porque permite que responsables
de delitos graves, como violaciones a los derechos humanos, infracciones al
derecho humanitario, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, evadan el
cumplimiento de la totalidad de la pena prevista en la legislación penal
colombiana y de conformidad con los estándares internacionales sobre la materia
sin que a cambio haya una verdadera contribución a la paz y a la realización de
la justicia. Además, el beneficio de la pena alternativa no es un sistema de
rebaja de penas, sino que es una medida de gracia en la que interviene el
Gobierno a través de una decisión discrecional.
En estas condiciones, los artículos demandados en este capítulo,
integrados al beneficio de la pena alternativa (art. 29) y a las normas que
prevén la intervención gubernamental a través del listado de beneficiarios a
los que deba aplicarse la ley 975 (arts. 10 parcial, 16 parcial y 17 parcial),
constituyen un sistema de impunidad (…)”.
Para los demandantes, dicho sistema de impunidad lesiona los
artículos 150-17, 201-2, 2, 4, 13, 22, 95, 229 y 250 de la Constitución
Política. Por lo tanto, solicitan que se declare la inexequibilidad de las
normas que lo integran.
3.1.4. Conclusión sobre el juicio de proporcionalidad.
Luego de exponer los cargos precedentes, concluyen los demandantes
que los beneficios que se conceden en la Ley 975/05 no superan el juicio
estricto de proporcionalidad, y exponen, elemento por elemento, las razones por
las que ello es así.
3.1.4.1. En primer lugar, consideran que la medida no es adecuada,
es decir, no constituye un medio idóneo para alcanzar un fin
constitucionalmente válido. El fin constitucional que se persigue es la paz,
que es un valor constitucional legítimo; pero el sistema de impunidad que
consagra la ley acusada no es un medio idóneo para su logro: como se vio en el
acápite sobre la complementariedad entre justicia y paz, al poner dichos
derechos y principios orientadores, como núcleos de la Constitución, el constituyente
plasmó su intención de que la paz no estuviera fundada en la negación de la
justicia, menos en casos de crímenes tan graves que constituyen ataques a la
dignidad humana a través de atroces vulneraciones a los derechos más
elementales de la persona humana”. Cita en este sentido la Carta de las
Naciones Unidas, que “basó la búsqueda de la paz y la preservación de la
convivencia pacífica en el respeto y la garantía de los derechos humanos” y
“encontró como presupuestos básicos e interdependientes la búsqueda de la
paz, el respeto de los derechos fundamentales y la justicia”. De tal
manera, afirman que “bajo ningún su puesto se puede decir que la impunidad
pueda ser, a la luz de la normativa nacional e internacional, el camino hacia
la paz”.
La impunidad tampoco es un medio idóneo para contribuir a la
democracia, puesto que va en contravía de la definición actual de este concepto
– resaltan que “uno de los elementos esenciales de la democracia, de acuerdo
a la Carta Democrática Interamericana, es el respeto a los derechos humanos”.
3.1.4.2. Una vez establecido que el sistema consagrado en las normas
demandadas no es un medio idóneo para el logro de esta finalidad, afirman que “no
es necesario entrar a analizar el segundo elemento del juicio de proporcionalidad,
esto es, si el trato diferente es o no ‘indispensable’. En la medida en que la
impunidad no es idónea para conseguir la paz, tampoco se puede decir que el
trato diferenciado sea ‘indispensable’ para conseguir la paz. Y, aunque fuera
indispensable hacerlo, y allí se conecta con el tercer elemento del juicio de
proporcionalidad, no sería posible desde una perspectiva jurídica porque
violentaría estándares mínimos de protección de derechos humanos que, incluso,
como se ha visto, son normas imperativas de ius cogens”.
3.1.4.3. También resaltan que el trato desigual “sacrifica
valores y principios constitucionales que tienen mayor relevancia que los
alcanzados con la medida diferencial. De hecho, el beneficio de la pena
alternativa es desproporcionado, no sólo porque rebasa los mínimos jurídicos
que prohíben las medidas conducentes a la impunidad, sino porque los beneficios
son concedidos sin que ni siquiera se exija la suspensión de las hostilidades”.
3.1.4.4. Concluyen que “la pena alternativa de entre 3 años y
medio y 6 años y medio (descontando el año y medio de estadía en la ‘zona de
ubicación’) es un beneficio desproporcionado, pues a cambio las normas
demandadas no exigen que se avance ni hacia la paz ni hacia la justicia. Los
combatientes desmovilizados pueden mantener su poder económico, no deben
devolver las tierras violentamente usurpadas, no deben contribuir a la verdad,
no tienen que comprometerse, ni siquiera, a no continuar en las hostilidades,
pues aun haciéndolo mantienen los beneficios”.
También consideran que la figura de la alternatividad penal viola el
derecho a la igualdad frente a otras personas que han cometido delitos menos
graves y deben purgar penas más altas, así como el principio de dignidad humana
y de prevalencia de los derechos fundamentales.
Resumen los demandantes así sus observaciones sobre el juicio
estricto de proporcionalidad: “las normas demandadas son inconstitucionales
porque, en primer lugar, pretenden buscar la paz a partir de la impunidad, a
pesar de que la impunidad no es un mecanismo idóneo para alcanzar la
convivencia pacífica. En segundo lugar, en esas condiciones, la impunidad no es
‘indispensable’ para conseguir la paz y, aunque lo fuera, en tercer lugar, no
sería admisible a la luz de la Constitución sacrificar la justicia porque se
violentarían estándares mínimos de derechos humanos e, incluso, normas
imperativas de ius cogens. Por último, tampoco supera el análisis de
proporcionalidad en estricto sentido, porque a través del beneficio de la pena
alternativa, sumado al procedimiento se dan beneficios excesivos sin que los
desmovilizados deban entregar sus bienes, sin que deban revelar toda la verdad
que conocen sobre delitos graves y sin que siquiera garanticen la no repetición
de sus violaciones. Por consiguiente, el procedimiento previsto en las normas
demandadas de la ley 975, sumado al beneficio de la pena alternativa, es
inconstitucional por ser desproporcionado”.
Resaltan que la Corte debe declarar la inconstitucionalidad de las
normas demandadas en este acápite en su integridad, analizándolas como un
sistema, y no aisladamente, tal y como se hizo en la sentencia C-251 de 2002 en
relación con la ley 684 de 2001 de seguridad nacional: “El beneficio de la
pena alternativa no es inconstitucional per se; su inconstitucionalidad resulta
del análisis sistemático del procedimiento y los mecanismos previstos por la
ley, por la desproporción entre el beneficio y los derechos de las víctimas,
por sobrepasarse normas mínimas del derecho a la justicia. Así, los artículos
estudiados a lo largo de este capítulo constituyen un entramado sistemático de
impunidad que genera la inconstitucionalidad total de todos ellos como sistema”.
3.1.4.5. Como consecuencia del juicio de proporcionalidad reseñado
en la demanda, formulan los demandantes las siguientes peticiones:
“Principal:
Que se declare la inconstitucionalidad de los apartes subrayados de
los artículos 2, 3, 5, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 37, 46, 47, 48, 54, 55, 58, 62 y 69 de la ley 975
de 2005.
Subsidiaria:
En caso de que la Corte no encuentre procedente la primera petición
principal, que se declare la inconstitucionalidad de todos los apartes
subrayados a lo largo de este capítulo (…), conforme a lo planteado en cada uno
de los puntos pertinentes, de los artículos 2, 5, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 37, 46, 47, 48, 54, 55,
58, 62 y 69. En caso de atender esta petición, se solicita respetuosamente a la
Corte que también de a estas normas el tratamiento de sistema, de tal manera
que la inconstitucionalidad o la constitucionalidad condicionada sea declarada
en relación con todas ellas, dada su interrelación, que hace que si algunas
quedan en pie se afecte negativamente la realización de los derechos a la
verdad, la justicia, la reparación y la paz”.
3.1.5. Nulidad absoluta de la norma y las situaciones jurídicas
derivadas de ella.
Para culminar la presentación del primer cargo por vicios de fondo
contra el sistema normativo consagrado en la Ley 975/05, afirman los
demandantes que se trata de disposiciones que violan normas imperativas de ius
cogens, concretamente la prohibición de crímenes de lesa humanidad y crímenes
de guerra y la prohibición de sustraer a sus responsables de la justicia,
motivo por el cual son absolutamente nulas. Citan a este respecto las
disposiciones de la Convención de Viena de 1969 sobre derecho de los tratados
en las que se define el concepto de normas de ius cogens, así como los
pronunciamientos del Tribunal Penal para la Antigua Yugoslavia, de la Corte
Internacional de Justicia y de la Corte Constitucional en que se definen tales
disposiciones como normas imperativas de derecho internacional.
En la medida en que se vulneran normas imperativas, no solamente
estas normas son absolutamente nulas, sino también toda sentencia penal
expedida con base en ellas: “no puede decirse que una sentencia expedida con
fundamento en normas violatorias de principios de ius cogens tenga alguna
validez, tanto en el orden nacional como en el orden internacional. Así, una
sentencia penal expedida con fundamento en normas violatorias de ius cogens y
expedida con la finalidad de sustraer a responsables de crímenes
internacionales a la acción de la justicia no es válida y no genera derechos a
favor de sus beneficiarios”. En la misma medida, explican que el principio
de non bis in idem no es aplicable frente a estos casos.
En consecuencia, “se solicitará a la Corte Constitucional que
declare que el fallo de constitucionalidad tendrá efectos desde el momento de
la expedición de la ley 975 de 2005, sin tener en cuenta las situaciones que la
ley haya tenido a favor de los responsables de graves violaciones a los derechos
humanos y al derecho internacional humanitario”. Formulan por lo tanto la
siguiente petición: “Que la inconstitucionalidad de los apartes subrayados a
lo largo de este capítulo (…), conforme a lo planteado en cada uno de los
puntos pertinentes, de los artículos 2, 5, 9. 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 37, 46, 47, 48, 54, 55, 58, 62
y 69, se declare desde la entrada en vigencia de la ley 975 de 2005 y que se
anulen todos los efectos que dichas normas hubieren producido”.
3.2. Segundo cargo por vicios de fondo: inconstitucionalidad de la
tipificación del paramilitarismo como sedición.
El segundo cargo de fondo se dirige contra los apartes subrayados
del artículo 71 de la Ley 975/05, cuyo texto es:
“Artículo 71. Sedición. Adiciónase al artículo 468 del Código
Penal un inciso del siguiente tenor: También incurrirá en el delito de sedición
quienes conformen o hagan parte de grupos guerrilleros o de autodefensa cuyo
accionar interfiera con el normal funcionamiento del orden constitucional y
legal. En este caso, la pena será la misma prevista para el delito de rebelión.
Mantendrá plena vigencia el numeral 10 del artículo 3 de la
Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes
y Sustancias Psicotrópicas, suscrito en Viena el 20 de diciembre de 1988 e
incorporado a la legislación nacional mediante Ley 67 de 1993”.
Los demandantes afirman que este artículo adolece de vicios de forma
y de fondo; en el presente acápite señalan la fundamentación de los cargos de
fondo, es decir, las razones por las que consideran que la tipificación de la
conformación y pertenencia a grupos paramilitares como sedición viola la Carta
Política.
3.2.1. En primer lugar, afirman que el ordenamiento jurídico
colombiano no ha considerado nunca a los grupos paramilitares como sediciosos,
ya que “su carácter, naturaleza y objetivos no corresponden a los elementos
del tipo penal de sedición, previsto para quienes se oponen al Estado, y no
para quienes, como los grupos paramilitares, actúan con su apoyo y en supuesta
defensa de las instituciones”.
3.2.2. Luego expresan que si bien no hay una definición del concepto
de delito político en el Código Penal, todos los delitos considerados como
políticos se agrupan en el título sobre los delitos contra el régimen
constitucional y legal, y tanto la doctrina como la jurisprudencia han
enumerado sus elementos constitutivos; citan a este respecto una definición
doctrinal que les caracteriza como aquellos que, mediante el uso de la
violencia, pretenden cambiar las instituciones políticas, constitucionales,
legales, económicas y sociales vigentes para sustituirlas por otras que se
consideran más justas. Igualmente citan una definición dada por la Corte
Suprema de Justicia en sentencia del 20 de agosto de 1996, en la cual se
precisó que los delitos políticos son: medios para buscar el interés común,
consistente en replantear las condiciones económicas, políticas y sociales de
una colectividad, que implican ataques a la organización política e
institucional del Estado, y se dirigen en tanto objetivo contra el Estado como
persona o institución política.
3.2.3. Sobre la base de la anterior definición, en virtud de la cual
uno de los componentes fundamentales del delito político es que se comete para
atacar al Estado, afirman los peticionarios que los grupos paramilitares, ahora
incluidos en la norma acusada como sediciosos, no tienen dicho objetivo. A este
respecto efectúan un recuento histórico sobre el origen y desarrollo del paramilitarismo
colombiano, así como una reseña de los pronunciamientos de distintos organismos
internacionales sobre los mismos, y concluyen que “la actividad de los
grupos paramilitares nunca ha tenido como objetivo oponerse al Estado; al
contrario, los grupos paramilitares surgieron con el apoyo del Estado, y
desarrollan sus actividades con su complicidad. Los grupos paramilitares no
pretenden cambiar las instituciones ni impedir su funcionamiento; en cambio, se
autoproclaman sus defensores, al tiempo que las autoridades reclaman su
presencia”.
3.2.4. A continuación explican los demandantes que en virtud de la
tipificación del paramilitarismo como sedición, los grupos paramilitares, sin
que su conducta encuadre dentro de los criterios legales aceptados para definir
un delito político, “podrían recibir un amplio listado de beneficios
contemplados en la Constitución y la ley para los autores de delitos
políticos”. Entre estos privilegios se encuentran los de recibir amnistías o
indultos, participar en política y en el ejercicio del poder público, y no ser
extraditados por los delitos que han cometido.
3.2.5. En igual sentido se afirma en la demanda que la tipificación
del paramilitarismo como sedición modificó de hecho la Constitución Política:
“Considerar como delincuente político a quien con el apoyo del Estado y en
supuesta defensa de las instituciones ‘interfiera con el normal funcionamiento
del orden constitucional y legal’, es contrario a la voluntad del
constituyente, que admitió de forma excepcional un tratamiento penal y político
distinto para quienes se oponen al Estado”. Recuerdan a este respecto que en la
sentencia C-456/97 se afirmó que el trato favorable para los delincuentes
políticos que consta en los artículos 35, 150-17, 179-1, 201-2, 232-3, 299,
transitorio 18 y transitorio 30 de la Constitución Política, es de carácter
excepcional y por lo tanto de interpretación restrictiva: “el legislador no
está facultado para desnaturalizar el contenido del tipo penal de sedición,
otorgándole el carácter de político a un delito que no tiene esas
características, pues con ello modifica el alcance de los artículos
constitucionales que, de forma restrictiva, dan un trato favorable al
delincuente político”.
3.2.6. Por las anteriores razones consideran que el aparte acusado
desconoce el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, que consagra el derecho a un recurso judicial efectivo para las
víctimas de violaciones de los derechos humanos, al igual que el artículo 1 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y los artículos 2, 22, 229 y
250 de la Constitución, “pues, a través de la denominación de delito político a
la conformación o pertenencia a grupos paramilitares, el Estado incumplirá con
su obligación de garantizar y respetar los derechos”. Solicitan, por ende, que
la Corte declare inconstitucional dicho aparte.
4. Sustentación de los cargos por vicios de forma
Afirman los demandantes que el debate de la Ley 975 presentó varios
vicios de forma, ya que se desconocieron las normas que rigen el trámite
legislativo, por lo que la Ley debe ser declarada inconstitucional. Los vicios
de forma se resumen así :
a. La Ley no se tramitó como estatutaria, no obstante que se trata
de una ley que regula derechos fundamentales, como lo son los derechos a la
paz, la verdad, la justicia y reparación, así como los procedimientos y
recursos para su protección, como lo exige el artículo 152 de la Carta. Además,
este tipo de leyes debe ser aprobado por mayoría absoluta: art. 153 de la misma
Constitución y ser objeto de revisión previa de la Corte Constitucional. Sin
embargo, la Ley se tramitó y aprobó como ley ordinaria.
b. La Ley no se tramitó como un indulto a pesar de que los concede
en forma encubierta. Por consiguiente, debió seguirse el procedimiento especial
previsto para estos casos: votación secreta (art. 130 de la Ley 5ª de 1992) y
mayorías calificadas (art. 150 de la Carta y 120 de la Ley 5ª de 1992). No
obstante, la La ley 975  se tramitó y aprobó como ley ordinaria.
c. Se tramitó una indebida apelación de artículos negados. Señalan
que los artículos 70 y 71, que establecen rebaja de penas y sedición, que
después de ser negados en las sesiones conjuntas de las Comisiones primeras de
Senado y Cámara fueron apeladas, usando como fundamento un artículo de la Ley
5ª de 1992 que no es aplicable al caso, pues, cuando uno o varios artículos de
un proyecto de ley son negados no hay ninguna norma que permita su apelación.
Sin embargo, el recurso fue usado y como resultado de la apelación, estas
disposiciones fueron aprobadas en forma irregular.
Explican este punto así: en las sesiones conjuntas de la Comisiones
primeras de Senado y Cámara (6, 11 y 12 de abril de 2005), los artículos 61 y 64
del proyecto de ley 293 de 2005 Cámara, 211 de 2005 Senado, fueron debatidos.
El artículo 61 del proyecto corresponde al artículo 70 de la Ley 975 y el 64,
al 71 de la misma.
El artículo 61 fue sometido a consideración de las Comisiones
primeras conjuntas de Senado y Cámara, y fue negado en ambas Comisiones: en la
del Senado 4 votos por el sí y 10 por el no. En la de la Cámara, 8 votos por el
sí y 11 por el no, según se consigna en el Acta no. 9, Gaceta no. 407, pág. 47.
En sesión conjunta de las Comisiones primera de Senado y Cámara, de
12 de abril de 2005, Acta no. 11, se votó la solicitud de reapertura del
artículo 61, que había sido negado en la sesión anterior. Después del debate
sobre la reapertura, se produjo la siguiente votación: negada por la Comisión
primera del Senado, por el sí 6 votos, y por el no, 10 votos. En Cámara, por el
sí, 12 votos, y por el no, 7. En consecuencia, fue negada la proposición de
reapertura, Acta 11, Gaceta no. 409, pág. 15.
En cuanto al artículo 64, se realizó durante las sesiones conjuntas
una votación nominal, que en el Senado obtuvo el siguiente resultado, según
Acta no. 10, del 11 de abril de 2005, Gaceta no. 408, págs. 26 y 27, así: por
el sí, 6, y por el no, 8. En la Cámara el resultado fue: por el sí, 13, y por
el no, 7. Es decir, el artículo fue negado en Senado y aprobado en Cámara. Se
solicitó reabrir el debate, pero la proposición de reapertura respecto del
artículo 64 que no había sido aprobado, fue negada por el Senado; por el sí, 5,
y por el no, 8 votos. En la Cámara también se solicitó la reapertura del
debate, pese a que la proposición obtuvo por el sí 15 votos y por el no, 1, la
Comisión de la Cámara no tenía quórum para decidir.
Transcriben los demandantes apartes de la Resolución 187 de la
Presidencia, que remite a la Comisión Segunda el informe aprobado por la
Plenaria del Senado para que se dé cumplimiento al artículo 166 del Reglamento
del Congreso. En desarrollo de esta Resolución se emitió la Resolución 0721 del
14 de mayo de 2005 de la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes “por la
cual se designa una Comisión Accidental”. El informe de la Subcomisión en
relación con el recurso de apelación de los artículos 61 y 64 señaló que debe
ser resuelto de acuerdo con el artículo 166.
Afirman que los artículos fueron aprobados como resultado del
trámite de apelación, en la Comisión segunda del Senado el 1º de junio de 2005
y en la Comisión tercera de la Cámara el 1º de junio de 2005.
Este trámite irregular de la apelación continuó en la sesión Plenaria
del Senado el 20 de junio de 2005, donde fueron aprobados los artículos 61 y 64
del proyecto, como se indica en la Gaceta 522 del 12 de agosto de 2005.
Explican, además, lo siguiente:
“Durante esa sesión, se aprobó la proposición con que terminaba el
informe de la Comisión Segunda, donde se aprobaron los artículos (varios
senadores dejaron constancia de su voto negativo); en segundo lugar, se debatió
la reincorporación de los artículos 61 y 64 del proyecto que fueron apelados,
para ser estudiados nuevamente. En este punto se hizo aún más evidente la
irregularidad de la apelación, pues los artículos 61y 64 apelados no formaban
parte del pliego de modificaciones, y en su lugar, con esa numeración, había
artículos distintos. Tras un intenso debate en el cual algunos senadores
reiteraron su desacuerdo con el recurso de apelación, la reincorporación fue
aprobada, con constancias de voto negativo de Jimmy Chamorro Cruz, Jorge
Enrique Robledo Castillo, Samuel Moreno Rojas, Héctor Helí Rojas Jiménez, Javier
Antonio Peñaloza Núñez, Francisco Rojas Birry, Carlos Roberto Ferro Solanilla,
Andrés Gonzáles Díaz y Mauricio Jaramillo Martínez.” (pág. 196)
Transcriben apartes del Acta de la sesión que aparece en la Gaceta
522 de 2005 que evidencian que algunos senadores se manifestaron acerca de la
irregularidad del procedimiento de la apelación, pues no la hay para artículos
sino para proyectos de ley. Sin embargo, los artículos fueron aprobados y el 22
de junio de 2005 se aprobó el proyecto de ley con el voto negativo de los
senadores Avellaneda, Chamorro, Wolf y Pardo.
Consideran que los resultados de estas votaciones indicaban
claramente que ninguno de estos 2 artículos podía continuar su trámite
legislativo, pues fueron negados en primer debate. No obstante quedaron estas
disposiciones aprobadas como resultado de un recurso de apelación, con
fundamento en normas de la Ley 5ª de 1992 que no eran aplicables al caso.
Explican que ante la no aprobación de los mencionados artículos, los
senadores Hernán Andrade Serrano y Carlos Moreno de Caro interpusieron un
recurso de apelación, que se tramitó a través de la Resolución 187 del 17 de
mayo de 2005, de la Presidencia del Senado, en la que se ordenó dar traslado a
la Comisión segunda del Senado, con fundamento de los artículos 166 y 180 de la
Ley 5ª de 1992,
Sin embargo, estos artículos no son aplicables, pues, el 166 no
prevé la apelación de uno o varios proyectos de ley, sino cuando se hubiere negado
el proyecto de ley en su totalidad o archivado definitivamente. La utilización
de este artículo es irregular y en tal sentido dejaron constancia varios
parlamentarios.
El artículo 180 tampoco era aplicable, pues lo que se buscaba con la
apelación era que fueran aprobados dos artículos que habían sido negados, y no,
como lo establece la norma, subsanar errores o incorrecciones técnicas,
terminológicas o gramaticales.
En seguida, los demandantes se detienen a exponer la importancia de
respetar el procedimiento durante el trámite legislativo.
Señalan que la Ley 975 de 2005 no debe entrar a regir hasta que se
haga el control constitucional.
Finalmente le piden a la Corte que solicite la Resolución 072 del 18
de mayo de 2005 de la Cámara de Representantes, el Acta de la sesión del 1º de
junio de 2005 de la Comisión segunda del Senado y la Gaceta del Congreso no.
221 del 29 de abril de 2005.
IV.
INTERVENCIONES
1.  INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO DEL
INTERIOR Y DE  JUSTICIA
El Señor Luis
Hernando Angarita Figueredo, en su calidad de Viceministro del Interior
encargado de las funciones del Despacho Ministerial, interviene para solicitar
la constitucionalidad de la norma demandada.
La intervención
se divide en dos partes: I. Defensa contra los vicios de fondo; II.
Defensa contra los vicios de forma. El procedimiento que sigue el interviniente
se concreta en el establecimiento de manera temática de la respuesta a los
cargos.
I.       Defensa de los cargos por vicios de fondo
Señala el
Ministerio interviniente que los cargos que afectan el procedimiento y la pena
alternativa previstos en la Ley 975 de 2005, son improcedentes. Expresa que en
tanto derechos fundamentales, el derecho a justicia y la paz, encuentran
desarrollo en la ley de justicia y paz, que bajo tal contexto consagra “regulaciones
que por diferenciales, no reflejan discriminación alguna”.
Expresa que se
trata de la adopción de una política criminal que se encuentra acorde con la
Constitución, y que posibilita la paz, la convivencia pacífica y   el
desarrollo de los valores, principios y derechos fundamentales. Arguye, con
sustento en la sentencia C-038 de 1995, que el legislador tiene potestad de
configuración legislativa amplia, para trazar las orientaciones de la política
criminal del Estado. Rescata un argumento que en la sentencia citada, se
expresó: siendo la Constitución un marco normativo amplio, ésta provee al
legislador de una relativa autonomía. Así, “las leyes no son siempre un
desarrollo de la Constitución sino que son, en muchas ocasiones, la concreción
de una opción política dentro de los marcos establecidos en la Carta”. Complementa
este argumento con apoyo en la Sentencia C-198 de 1997, en la que se mencionó
el alcance de la libertad de configuración legislativa respecto al
establecimiento de conductas penales. Sobre el objeto de la ley también
adiciona que “Precisamente para cumplir con las obligaciones contraídas de
investigar, juzgar y sancionar, el Estado colombiano expidió la ley de justicia
y paz que le entrega importantes herramientas de política criminal a las
autoridades para cumplir con la función punitiva, y con la aplicación de los
principios de oralidad, celeridad y esclarecimiento de la verdad y con garantía
de los derechos de las víctimas, sin descuidar a los procesados”.
Menciona
igualmente la Sentencia C-292 de 1997, en la que se expresó: que “la
política criminal del Estado puede variar en el sentido de disminuir las penas
o de suprimir delitos”, según las variaciones que se presenten en la
sociedad tanto en las conductas que ofenden, como en las magnitud del perjuicio
que causan, “no menos que en la evolución de los principios y valores
imperantes dentro del conglomerado”.
Sostiene que el
legislador en la Ley 975 de 2005, dentro de su libertad de configuración,
diseño y determinación de la política criminal, efectivizó valores y principios
constitucionales para lograr los objetivos establecidos en el artículo 2º de la
Constitución. Con el fin además, de materializar el respeto a la vida y a la
dignidad de las personas y el ejercicio real de los derechos fundamentales.
Señala que para tal fin la ley dispone medidas para una adecuada relación entre
justicia y paz, por lo cual se dispone una pena alternativa que deberá cumplir
quien se acoja a la ley y cumpla las condiciones establecidas en la misma entre
ellas, desmovilizarse, colaborar con la justicia, entregar los bienes
adquiridos ilícitamente y reparar a las víctimas.  Para apoyar los anteriores,
argumentos encuentra sustento en la referencia al trámite legislativo. Ponencia
para Primer Debate al Proyecto de Ley 211 de 2005 Senado, 293 de 2005 Cámara.
Publicado en la Gaceta del Congreso 74 del viernes 4 de marzo de 2005.
En cuanto a la
parte estrictamente procesal de la ley, menciona que ésta garantiza el derecho
a la justicia al establecer las autoridades, y el procedimiento, para
investigar y juzgar a quienes se sometan a ella. Expone que mediante la ley se
crea: 1. una unidad de la Defensoría Pública para proteger los derechos
de los procesados y velar por las garantías de las víctimas. 2. Se prevé
también la participación procesal de una Procuraduría Judicial para la justicia
y la Paz. 3. Se contempla igualmente la aplicación de una pena capital
de una pena alternativa y de unos compromisos y obligaciones de los condenados.
Explica que la
pena alternativa es un beneficio jurídico que se aplica una vez cumplidos los
requisitos establecidos en la ley. Para concluir que el Estado colombiano con
esta ley cumple a cabalidad con el deber adquirido en la Comunidad
internacional y los Tratados y Convenciones Internacionales. Expone que se
trata de garantizar los derechos humanos de las personas residentes en
Colombia, con el objetivo de lograr la desmantelación y desmovilización de los
grupos armados organizados al margen de la ley. La intervención se desarrolla
bajo temáticas que propone el interviniente así:
1.1. “Juicio
de Proporcionalidad como marco para examinar la Constitucionalidad de la Ley
975”.
Respecto a este
punto el interviniente señala que en la Ley de Justicia y Paz tiene aplicación
el principio de proporcionalidad, para lo cual explica: la Ley 975 de 2005, no
es una ley para tiempos de normalidad, se caracteriza por utilizar mecanismos
de justicia transicional con miras a la consecución de la paz. Señala como fin
de la ley demandada, así como de otras leyes similares, la búsqueda de
diferentes mecanismos tendientes a la solución del conflicto armado. Expresa en
tal sentido, que con la expedición de la Ley de Justicia se pretendió además,
complementar las disposiciones de la Ley 782 de 2002, “llenando un vacío
jurídico en relación a los miembros de grupos armados ilegales que, estando
comprometidos en delitos no indultables”. Por lo que concluye que el
objetivo de la ley “es facilitar los procesos de paz y reinserción a la vida
civil de los miembros de grupos armados al margen de la ley, y la superación de
los problemas de violencia”, objetivo que se encuentra establecido en el
artículo 1º de la misma.
Respecto al tema
de la impunidad, señala que “al no tratarse de una ley de perdón y olvido no
hay lugar a la impunidad”. En tal sentido precisa que, “todos los
delitos deben ser investigados y condenados, los delincuentes sancionados y las
víctimas reparadas”, tampoco hay prescripción por delitos no confesados.
Realiza una comparación con procesos de paz recientes en el mundo, y señala que
esta ley “incorpora los estándares internacionales más altos en el campo de
la justicia exigiéndose la versión tendiente a la confesión y un  tiempo mínimo
de pena privativa de la libertad como presupuesto para acceder a los beneficios
jurídicos, conservando en todo caso el Estado toda su capacidad de
investigación, juzgamiento y sanción”.
De manera más
específica, y en cuanto a los destinatarios de la ley expresa: “a esta ley
solo podrán acogerse quienes han demostrado su voluntad de paz y sólo respecto
de los hechos cometidos con ocasión de la pertenencia al grupo armado ilegal y
con anterioridad a la promulgación de la Ley 975 de 2005”. Seguido
sostiene: “A partir de esta fecha no pueden volver a delinquir, so pena de
quedar por fuera de los efectos de ésta; sin perjuicio de mantener abierta la
oportunidad de desmovilizarse tanto para los grupos de guerrillas como de auto
defensa a fin de que se acojan a un proceso de reconciliación nacional que
tanto desean los Colombianos”. En tal sentido, el proceso de la búsqueda de
la paz a través de la ley lo resumen así: cese de actividades y estructuras de
violencia, y reincorporación efectiva de los miembros de tales grupos a la vida
civil. Lo que significa para el interviniente,  que la Ley 975 de 2005, se
soporta en la justicia restaurativa en tanto se busca la convivencia pacífica y
la materialización de los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y
reparación.
De anterior,
deriva para el interviniente que la política criminal concebida en la Ley 975
refleja una ponderación adecuada entre la justicia y la paz, “de tal forma
que la justicia, sin dejar de serlo, cede su enfoque retributivo basado
primordialmente en el castigo por un enfoque restaurativo”, para el
cumplimiento de los objetivos de la ley. La justicia restaurativa se encuentra
apoyada en el Acto Legislativo No. 2 de 2003. Los anteriores argumentos
encuentran apoyo en la sentencia C-979 de 2005, de donde el interviniente
extracta el concepto de justicia retributiva.
De manera
detallada respecto a la pena alternativa menciona que la ley desarrolla un
procedimiento específico sobre la imposición de las penas principales y
accesorias y establece la autoridad competente para ello. Explica que el
Tribunal Superior de Distrito Judicial, debe decidir sobre el beneficio
jurídico de la pena alternativa, “el cual no anula, invalida o extingue la
pena principal inicialmente impuesta, la que sólo extingue cuando cumplida la
pena alternativa, el condenado demuestra el cumplimiento de las demás
condiciones en los términos fijados legalmente”. Precisa que la pena
alternativa es un beneficio jurídico que se concede de manera similar a los
subrogados penales en compensación a que el condenado ha cumplido las
exigencias legales, razón por la cual cuando se concede este beneficio, en el
evento de incumplimiento de las obligaciones o compromisos adquiridos la
persona purgará la pena inicialmente determinada.
Para concluir
respecto a este primer argumento señala: “el beneficio de la pena
alternativa, no modifica los linderos punitivos fijados en el estatuto de las
penas para los delitos que pueden adelantarse mediante la regulación prevista
en la Ley 975 de 2005 y por los que sean condenadas las personas a quienes esta
norma se dirige”. En detalle, y sobre el cuantum punitivo precisa: “el
quantum punitivo fijado permanece incólume, razón por la cual el fallador al
realizar la dosificación punitiva- individualización de la pena- lo hace acorde
con las penas imponibles consagradas en los tipos penales correspondientes del
Código Penal acogiendo las reglas allí previstas de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 29 de la ley de justicia y paz”.
Señala que no se
trata de privilegiar a los grupos armados organizados al margen de la ley, sino
de un medio para alcanzar un fin legítimo, consistente en evitarle a la
sociedad enormes sufrimientos “ocasionados por el accionar de estas
poderosas y sofisticadas organizaciones”. Señala entonces, que en tal
evento, la justicia transicional es necesaria para alcanzar la paz como
presupuesto indispensable para la consolidación del Estado Social de Derecho.
Insiste en que lejos de implicar impunidad, “la consagración del beneficio
de la pena alternativa aumenta la probabilidad de que los delitos más graves
cometidos por estos grupos no queden impunes y se le brinde adecuada protección
a la sociedad evitándole males mayores”.
Respecto a las
facultades del legislador, argumenta que “la dosimetría penal se encuentra
reservada al legislador y no al juez constitucional”.  Apoya su argumento
en la Sentencia C-591 de 1993, y concluye a partir del análisis de la sentencia
que “solamente en los casos de manifiesta e innegable desproporción o de
palmaria irrazonabilidad, correspondería al juez constitucional declarar
la inexequibilidad de las disposiciones normativas sometidas a su examen”.
Cierra la primera parte de su argumento con apoyo en la Sentencias C-070 de
1996, C-013 de 1997, y C-013 de 1997. Adiciona que “la competencia del
legislador se encuentra claramente establecida, y no corresponde al juez
constitucional establecer los delitos (art. 29 de la CP)”. Agrega entonces:
“En estos casos, la Corte ha de evitar, sumir la elaboración de la política
criminal, función que no le corresponde”, se apoya en la C-843 1999. El
argumento deriva en que el señalamiento de “una conducta como delito y
consecuente punición, es un asunto que compromete al interés general al propio
tiempo que limita los derechos de las personas y compromete especialmente la
libertad personal”. De los anteriores razonamientos extracta que “los
delitos y las penas deben ser definidos en un debate parlamentario amplio,
especialmente garantista del pluralismo y del principio de las mayorías (C-198
de 2002)”
Alude a las
discusiones en el trámite legislativo (Proyecto de Ley 211 de 2005), en las que
trató el tema de la dosimetría de la pena. Cuyo argumento principal se
sintetiza, en la existencia de penas razonables, con un mínimo efectivo de
pena, siempre que vayan acompañadas de arrepentimiento, de restauración, de
reparación de las víctimas, de decisión clara y precisa de llegar a un proceso
de paz. Sobre la facultad de establecer la dosimetría se remite a la Sentencia
C-0591 de 1993, en la que en términos generales se sostuvo que “la
dosimetría de las penas y sanciones es un asunto librado a la definición legal
y cuya relevancia constitucional es manifiesta únicamente cuando el legislador
incurre en un exceso punitivo del tipo proscrito en la Constitución”. Se
apoya en el debate parlamentario en las comisiones Primeras conjuntas al
Proyecto de Ley 211 de 2005, en las que se discutió y fijó el alcance del
concepto de “alternatividad penal”.
Vuelve al inicio
del argumento sobre la proporcionalidad y señala que con el establecimiento de
la pena alternativa, no se vulnera tal principio. Explica que “este
beneficio se justifica o legitima constitucionalmente para preservar el interés
general y alcanzar la paz y la justicia consagrados en el preámbulo de la
Constitución Política, bienes superiores entre los que se presenta una tensión
que el legislador modula a efectos de proteger a las personas residentes en
Colombia”. Sostiene además, que la pena alternativa es proporcional porque
resulta una medida necesaria, para lograr la paz y la reconciliación nacional y
además útil porque permite la desmovilización y sometimiento a la justicia de
los miembros de los grupos armados al margen de la ley. “Es efectiva y
permite realizar los deseos de paz – razonable – se orienta a un fin legítimo,
la paz”. Sobre estas medidas de excepción para el logro de la paz se
refiere de manera expresa a un concepto emitido por Fruhling, Michael (Alto
comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos). En el que se
precisan los fines de la justicia transicional y el procedimiento para el
juzgamiento de los delitos cometidos por grupos armados al margen de la ley.
Bajo el
presupuesto de satisfacción de condiciones de verdad, justicia y reparación,
bajo los postulados democráticos y acorde con la evaluación del contexto
histórico, social y económico, sostiene que “el legislador consideró
necesario ofrecer a las personas que demuestren propósito de enmienda y actitud
de rectificación y previo el cumplimiento de estrictos requisitos de
elegibilidad, contemplados en los artículos 10 y 11 de la ley, un camino para
su reincorporación a la sociedad, gozando de un beneficio jurídico compatible
con su colaboración para la recuperación institucional y la consolidación de la
paz”. Dicho beneficio consiste en la suspensión condicional de la pena una
vez purgado un periodo básico de privación efectiva de la libertad, y haber
cumplido los compromisos impuestos por los jueces en términos de reparación,
buen comportamiento y penas accesorias.
Explica el
alcance de la decisión judicial que impone la pena: “…la decisión judicial
entonces no recae sobre la sanción en cuanto tal, que se impuso, con la
plenitud de las garantías procesales, a un sujeto que infringió el ordenamiento
penal sino sobre la ejecución de la misma, y tiene, en ese ámbito, un carácter
provisional, mientras se mantenga en el juez la convicción según la cual el
condenado no solo ha contribuido a la consecución de la paz nacional, colaborando
con la justicia, y contribuido con la reparación a las víctimas sino que se
encuentra en proceso de una adecuada resocialización”.
Insiste en que
la negociación de paz establecida en la Ley 975 de 2005 no contempla la
concesión de amnistías e indultos ya que establece una pena efectiva para
quienes resulten condenados de entre cinco y ocho años de prisión. El
interviniente reconoce que este razonamiento se encuentra acorde con lo
previsto en normas internacionales y de conformidad con lo preceptuado por la
jurisprudencia nacional,  en concordancia igualmente con lo dispuesto en los
artículos: transitorio 30 de la Constitución, 50 de la Ley 418; artículo 11 de
la Ley 733 de 2002, que prohibe (amnistía e indulto) para implicados en delitos
como el secuestro, concierto para cometer delitos graves, extorsión,
terrorismo. Explica de manera más detallada que “solo se otorga amnistía o
indulto por delitos políticos, de conformidad con lo regulado, en la ley 782 de
2002”. Aún más, “En dicha ley el legislador expresamente establece la
condición de sediciosos a los integrantes de los grupos armados organizados al
margen de la ley, pero solamente por la pertenencia a dichos grupos, excluyendo
que se pueden considerar como conductas conexas a este delito otras actividades
delictivas, excepción hecha de las contempladas en el artículo 69 ibídem”.
Concluye que la Ley 975 de 2005, establece que no se otorgará amnistía ni
indulto (art. 2 y 10). Sobre el particular precisa, que de acuerdo con los
instrumentos internacionales y la jurisprudencia nacional e internacional, los
delitos más graves no son considerados delitos políticos ni conexos con estos.
1.2    . “No hay lugar al violación del derecho a
la justicia”.
Sobre este tema
señala, que el legislador consagró en el artículo 6º de la ley de justicia y
paz los lineamientos que deben seguir las autoridades para dar cumplimiento al
derecho a la justicia. Para lo cual “el Estado tiene el deber de llevar a
cabo una investigación efectiva para identificar, capturar y sancionar a los
responsables de los delitos más graves cometidos por integrantes de las
autodefensas o guerrilla y garantizar a las víctimas el acceso a recursos
eficaces para que sus intereses sean atendidos y además adoptar las medidas
enderezadas a evitar que las conductas violatorias de los derechos humanos se
vuelvan a repetir”.
Expresa
igualmente que la Ley 975 de 2005, se encuentra acorde con el Preámbulo de la
Constitución, y con los artículos 2, 5, 29 y 229 superiores, y con los
pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Precisa que “el
Estado en ejercicio del ius puniendi del que es titular, tiene el deber de
realizar una investigación efectiva cuyo objeto es la identificación,
investigación, juzgamiento y sanción de los responsables de los delitos más
graves cometidos por los grupos armados organizados al margen de la ley así
como garantizar a las víctimas el acceso a la administración de justicia, la
reparación de los daños ocasionados por el delito y adoptar las medidas
necesarias para evitar la repetición de tales obligaciones”. Señala que
estas medidas se encuentran diseminadas en todo el texto de la ley.
1.2.3. “Los
artículos acusados no desconocen el deber estatal de investigar, juzgar y
sancionar”.
Expresa que los
actores, formulan los cargos desde una posición subjetiva. Para lo cual precisa
que los artículos acusados no desconocen el deber estatal de investigar, juzgar
y sancionar. En el texto de la ley se prevén las disposiciones necesarias para
suministrar a las autoridades las herramientas para llevar a cabo la
investigación, juzgamiento y sanción de los implicados. Señala que el artículo
34 ordena al Procurador General crear una Procuraduría Judicial para la
Justicia y la Paz; por su parte, el artículo 35 ordena impulsar mecanismos para
la participación de las organizaciones sociales para la asistencia de las
víctimas. “El legislador atribuyó la competencia para el juzgamiento de
estos delitos a un juez colegiado cuyos integrantes por jerarquía están
revestidos, poseen mayor preparación y experiencia como administradores de
justicia. Esto también es predicable de los Fiscales delegados”.
Para el
inteviniente el establecimiento de la Unidad Nacional de Fiscalía para la
justicia y la paz, se encuentra conforme a lo dispuesto en el inciso primero
del artículo 250 superior y en el artículo 66 de la Ley 906 de 2005,
relacionado con la titularidad y obligatoriedad del ejercicio de la acción
penal. Señala igualmente que los preceptos impugnados guardan concordancia y
armonía con diversas normas de carácter internacional y con los artículos 228 y
229 de la Constitución Política. Se apoya para presentar el anterior argumento,
en las sentencias C-406 de 1992, y T-006 de 1992.
Destaca que
Colombia es uno de los países que poseen legislaciones más adelantadas en la
implantación de instrumentos de política criminal para prevenir, juzgar y
sancionar el delito de desaparición forzada, incluso va más allá de las
obligaciones internacionales, “prueba de lo cual es la ley 589 de 2000. (por
la cual se tipifica el genocidio, la desaparición forzada, el desplazamiento
forzado y la tortura)”.  Insiste en el objeto de la ley de justicia y paz,
en procedimiento para llevarla a cabo, y en los pronunciamientos que sobre el
tema han realizado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Convención
Interamericana, El Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Estatuto de Roma.
Concluye entonces que la Ley 975 de 2005, no desconoce el deber que tiene el
Estado de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de la comisión de
delitos graves, lo que se encuentra en concordancia con lo establecido en los
artículos 228 y 230 de la Constitución Política.
1.2.4. “Los
artículos que regulan el procedimiento establecido en la Ley 975 de 2005, se
ajustan a las disposiciones de la Convención Americana sobre derechos humanos y
al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.
Contra el
argumento, que en la ley se presenta un procedimiento restrictivo por fuera del
procedimiento ordinario, sostiene que no les asiste razón a los demandantes, en
tanto el legislador efectúo la diferenciación de acuerdo con “sus
competencias constitucionales y en el marco de las autorizaciones que al
respecto le entregó el constituyente de 1991”. El procedimiento establecido
en la ley, le brinda garantías efectivas y reales a las víctimas para que
puedan acceder a la administración de justicia. El trato diferencial, concluye
“encuentra sustento en una justificación objetiva y razonable cumple con el
principio de racionalidad, pues existe adecuación de la medida adoptada a los
fines perseguidos con ella- que no es otra que lograr la desmovilización de los
miembros de los grupos armados al margen de la ley”.  Existe una conexión
efectiva entre el tratamiento diferente dispuesto, y las circunstancias
específicas que lo motivaron y la finalidad buscada por el legislador.
Concreta su
argumento al señalar que “la medida adoptada es resultado de un análisis
previo entre los medios empleados y el fin de la medida tomada. En este caso
tiene fundamento en un supuesto de hecho real y concreto – existencia de grupos
armados organizados al margen de la ley- dirigido a obtener racionalmente una
finalidad – lograr la desmovilización de los miembros de grupos armados
organizados al margen de la ley y su reinserción social-  constitucionalmente
admisible con una consecuencia jurídica ajustada al principio de
proporcionalidad – protección del valor superior de la justicia, de los derechos
de las víctimas y aseguramiento de la convivencia pacífica y la vigencia de un
orden justo”. Reitera bajo este argumento la protección de las víctimas y
la garantía de los derechos para los procesados.
De manera mas
concreta sostiene respecto a los derechos de las víctimas, que la ley ha
previsto la intervención del Ministerio Público, en la defensa del orden
jurídico y de los derechos fundamentales. Hace referencia a los artículos de la
ley que contienen esta previsión. (34, 35, 36). Concluye que “el legislador
consagró todo un capítulo destinado a proteger los derechos de las víctimas”.
La definición de víctimas se encuentra acorde con los parámetros
internacionales sobre la materia previstos en los principios fundamentes de
justicia para las víctimas de delitos y del abuso del poder. (Resolución 40/34
del 29 de noviembre de 1985). Finalmente agrega que las normas acusadas no
transgreden los artículos 8 y 10 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos.
1.2.5. “No
hay lugar al desconocimiento de la obligación estatal de satisfacer el derecho
a la verdad”.
Sobre el derecho
a la verdad, el Ministerio del Interior y de Justicia precisa que en la ley se
consagraron disposiciones que protegen “la dignidad de las víctimas
otorgándoles para ello todas las facilidades para que pudieran intervenir
durante toda la actuación en defensa de sus derechos a la verdad, la justicia y
la reparación”. Señala que en el artículo 37 se expresan de manera
detallada los derechos de las víctimas. También en los artículos 38 a 41 se
consagran disposiciones que obligan a las autoridades competentes a tomar las
medidas adecuadas para proteger la dignidad de la víctimas.
Sustenta el
anterior argumento, en las disposiciones constitucionales (obligación de las
autoridades de proteger la honra, bienes y derechos de los residentes en
Colombia), y en el informe de Ponencia para segundo debate al Proyecto de Ley
211 de 2005 Senado., en donde se señaló que no basta con la sola represión del
delito sino que hace falta la consideración de la reparación a la víctima. Se
reconoció igualmente que “no solo el victimario necesita o esta urgido de la
socialización o resocialización sino que además las víctimas tienen que ser
protagonistas del drama penal. Que la víctima tenga garantía de sus derechos”.
Un argumento
adicional, sobre el derecho a la “verdad”, se sustenta para el interviniente,
en que “la ley responde a los estándares internacionales y a los mandatos
constitucionales, toda vez que adopta una serie de medidas para conocer la
verdad de lo acaecido, empezando por la diligencia de versión libre y confesión
en la cual en forma imperativa la norma dispone que los imputados manifestaran
las circunstancias de tiempo, modo y lugar en los cuales sucedieron los hechos
e indicaran los bienes obtenidos ilícitamente y que entregan para la reparación
de las víctimas (art. 17)”. Expresa que los artículos 4, 7 y 15 se ajustan
a los mandatos constitucionales y estándares internacionales sobre derechos de
las víctimas. “La colaboración con la justicia que se logrará a través de la
versión libre, que suministra importantes insumos a la Fiscalía para el
esclarecimiento de los hechos y el conocimiento de la verdad de lo acontecido,
permitiendo la celeridad del proceso”. Para establecer el concepto de
verdad recurre a la Ponencia para segundo debate al Proyecto de Ley 211 de 2005
Senado: “la verdad, que significa que se requiere no solo conocer la
realidad acerca de las conductas punibles que han vulnerado los bienes
jurídicos, sino cuando se exige la reconstrucción histórica de los hechos y el
aporte de información que indique el paradero de los familiares de tales
víctimas”.
Recurre, al
artículo 7º de la ley que “deja abierta la posibilidad de que se puedan
aplicar otros mecanismos no judiciales de reconstrucción de la verdad, tales
como las Comisiones de la Verdad, lo cual se ajusta a lo estipulado en los
principios generales 1 a 10.”  Adicionalmente describe que en el artículo
15 se establece en forma imperativa que los servidores públicos contemplados en
la ley dispondrán lo necesario para esclarecer la verdad de los hechos y
garantizar la defensa de los procesados, para lo cual se establece que la
Unidad Nacional de Fiscalía investigará con el apoyo de la Policía Judicial las
circunstancias de tiempo, modo y lugar, las condiciones del imputado o acusado,
sus antecedentes y los daños ocasionados. La disposición ordena a la Policía
Judicial con la colaboración de los desmovilizados investigar el paradero de
personas secuestradas y desaparecidas e informar los resultados a sus
familiares, lo que se ajusta a los mandatos constitucionales e instrumentos
internacionales.
Como sustento de
la finalidad de la norma expresa que el legislador tuvo en cuenta lo consagrado
en el artículo 33 de la Constitución Política. Señala que el procesado, como
contraprestación a los beneficios a él otorgados, debe contribuir a la
consecución de la paz y colaborar con el buen funcionamiento de la
administración de justicia, (artículo 95 numerales 1, 6 y 7 de la C.P.). La ley
contempla además consecuencias en los eventos en que omita informar la autoría
o participación en determinados hechos. Expresa que la ley hace la distinción
entre la intencionalidad o no de la conducta. Dispone la ley, que en el primer
caso pierde los beneficios y los casos nuevos conocidos son juzgados por los
funcionarios judiciales y leyes existentes al momento de la comisión del delito
y, en el segundo caso se incrementa la pena alternativa y el tiempo de libertad
a prueba en un veinte por ciento.
La anterior
explicación, conduce para el intervinente a precisar que en el artículo 24 se
establece para el juzgador la obligación de hacer una relación de
circunstancias para satisfacer el derecho a la verdad. En tal sentido, señala
las funciones del Juez:  hará la evaluación de los requisitos previstos en la
ley para acceder a los beneficios; la aceptación de cargos que se le formulen;
los actos de reparación establecidos en los artículos 44 y las medidas de
satisfacción y garantías de no repetición previstas en el 48.
Agrega que en la
ley se prevén otras disposiciones para garantizar el derecho a la verdad, como
la declaración pública restableciendo la dignidad de la víctima, reconocimiento
público del daño causado, colaboración para la localización de secuestrados y
desaparecidos, disculpa pública reconociendo los hechos y aceptando las
responsabilidades, verificación de los hechos y la difusión de la verdad,
teniendo cuidado de no causar más daños innecesarios.
1.2.5.1 “No
es cierto que la Ley de Justicia y Paz no apareje consecuencias  jurídicas por
la no confesión de todos los delitos cometidos”.
Sostiene que los
impugnantes, acudiendo a una aislada y equivocada interpretación del artículo
25 de la Ley 975, lo acusan parcialmente de disponer que el desmovilizado no
está obligado a contribuir a la verdad para acceder al beneficio de la pena
alternativa y que en ningún caso pierde el beneficio por omitir información.
Frente a este argumento sostiene que el artículo acusado debe ser interpretado
en forma sistemática con las demás disposiciones de la Ley 975 y atendiendo lo
establecido en los Acuerdos y Tratados Internacionales
Explica que “si
a los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley
beneficiados con pena alternativa, posterior a la sentencia se les llegare a
imputar delitos cometidos durante y con ocasión de su pertenencia a los mismos,
estas conductas serán investigadas y juzgadas por las autoridades competentes y
las leyes vigentes al momento en que se cometieron, es decir en estos eventos
se prohibe la concesión del beneficio, lo que conllevará a su pérdida, excepto
cuando la persona colabore eficazmente con la justicia y acepte su
participación en los hechos siempre y cuando la omisión no haya sido
intencional”. Cuestión que relaciona con lo establecido en el artículo 17,
que consagra la figura de la versión libre y la confesión. Toma como referencia
para el tema que trata, el primer debate de las Comisiones Primeras, en donde
se discutió el alcance de la figura jurídica de la versión libre y de la
confesión. De igual forma hace mención a la sentencia C-776 de 2001, en la que
se trató el derecho a la no autoincriminación.
Adiciona que los
verbos “manifestarán e indicarán”, en cuanto a la confesión, denotan
imperatividad que excluyen la discrecionalidad.
Explica que esta diligencia de versión libre se toma a manera de colaboración
con la justicia y voluntariamente el desmovilizado deberá manifestar las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que haya participado, atendiendo a lo
establecido en la norma.
Finalmente y
respecto al tema precisa: “si no hay colaboración con la justicia no procede
la aplicación de los beneficios establecidos en la ley, siendo pertinente en
todo caso recordar que lo mencionado se aplica sin perjuicio de la prohibición
constitucional de autoincriminación de conformidad con lo establecido en el
artículo 33 superior”. Al efecto se remite a la sentencia C- 621 de 1998 y
al Primer Debate al Proyecto de Ley 211 de 2005 en el cual intervino el señor
Ramiro Marín, Fiscal Delegado ante la Corte Suprema de Justicia.
1.2.5.2.
“Improcedencia el cargo sobre la omisión de estipular la obligación de los
desmovilizados de señalar el paradero de personas desaparecidas”.
Sostiene que del
numeral 4, del artículo 10 de la ley demandada, puede extraerse que es
obligación señalar al momento de la desmovilización el paradero de las personas
desaparecidas. Señala que la desaparición forzada es un delito de conducta
permanente cuya comisión cesa una vez se haya tenido conocimiento de la suerte
que corrió la persona o se haya encontrado el cadáver de la víctima de la
desaparición. Sustenta que este mismo artículo exige como uno de los requisitos
para la desmovilización colectiva que se encuentren incluidos en el listado que
el gobierno nacional remitirá a la Fiscalía General de la Nación.
Pregona por una
interpretación sistemática de los preceptos de la ley, en relación con el
artículo 15 que regula el principio procesal del esclarecimiento de la verdad.
En el artículo 44 se establece como actos de reparación la colaboración eficaz
para la localización de personas secuestradas o desaparecidas y la localización
de los cadáveres de las víctimas y la búsqueda de los desaparecidos y los
restos de las personas muertas y la ayuda para identificarlos. Deduce que dicho
artículo debe interpretarse en armonía con lo dispuesto en el artículo 42 que
prescribe el deber que tienen los integrantes de los grupos armados organizados
al margen de la ley de reparar a las víctimas.
Menciona varias
disposiciones que la ley demandada consagra en referencia al tema las conductas
que deben conducir a reparar a las víctimas (art. 7, y 48 numeral 2). Concluye
que aquí se demuestra la importancia que le da la Ley a la investigación de la
suerte que hayan podido correr las personas sometidas a desaparición forzada
para satisfacer el derecho a al verdad.
Comenta que el
legislador adoptó en la Ley de Justicia y Paz, medidas tendientes a determinar
el paradero de las personas desaparecidas, lo que se encuentra acorde con lo
dispuesto en los artículos 2º y 12 de la Constitución Política. Con lo cual,
sostiene que se desvirtúa la afirmación relacionada con que “el deber de
información se deja hasta el momento de la sentencia, porque dentro de las
obligaciones de la Fiscalía y de la Policía Judicial se encuentra desde el
inicio de la actuación el deber de realizar las investigaciones al respecto”.
Las autoridades cuentan con importantes fuentes para llevar a buen término sus
funciones de esclarecer la verdad: indagaciones, cruce de informaciones etc.
Así, las disposiciones de la ley de justicia y paz se ajustan los principios 25
y 34 de la Constitución Política.
1.2.5.3.
“Improcedencia de la imputación sobre el desconocimiento de la obligación de
realizar una difusión completa de la verdad”.
Aduce que las
expresiones “más daños innecesarios” y “u otras personas” contenidas en el ordinal
1 del artículo 48 y 58 de la Ley 975 de 2005, guardan armonía y concordancia
con los artículos 25 y 13 de la Constitución Política. Es obligación de las
autoridades de la República “proteger a todas las personas residentes en
Colombia…”. “obsérvese como la disposición en ningún caso establece que
dicha protección se deba prestar sólo a determinadas personas con exclusión de
otras”. Especifica que debe tenerse en cuenta que “lo general en este
caso es la difusión pública y completa de la verdad y lo excepcional es la
restricción de esta medida para que no provoque más daños innecesarios a la
víctima, los testigos y otras personas, ni cree una peligro para su seguridad
como lo establece el artículo 48-1”. Estas previsiones se ajustan a los
principios y postulados superiores (art. 15, 44 y 250). Las normas de la ley
disponen proteger los derechos a la intimidad de las víctimas de la violencia
sexual y de las niñas, niños y adolescentes víctimas de los grupos armados al
margen de la ley y regula las medidas para facilitar el acceso a los archivos.
Así, ve claro que la restricción dispuesta en los artículos 48 y 58 de la Ley
975 se encuentra dentro de las facultades constitucionales que el constituyente
entregó al legislador para modular los derechos fundamentales. Se apoya en la
sentencia C-475 de 1997, en la que se hace mención al alcance del concepto de
derecho fundamental.
1.2.6. “No es
cierto el cargo relacionado con el Desconocimiento de la obligación estatal de
satisfacer el derecho a la justicia en estricto sentido”.
Puntualiza que
lo establecido en los artículos 24 y 29 de la Ley se encuentra acorde con lo
establecido en el artículo 2º de la Constitución, porque “cumple el deber de
abstención de conculcar los derechos humanos y por el contrario los protege y
garantiza, por el otro el Estado cumple con su compromiso de prevenir las
violaciones de los derechos humanos, investiga, juzga y sanciona a los
responsables de estos graves delitos y adopta las medidas pertinentes para
satisfacer el derecho a la reparación que asiste a las víctimas”. Insiste
en que las disposiciones se encuentran conforme a los Tratados y Convenios
Internacionales.
Manifiesta que
en la Ley se establecen unas garantías judiciales mediante las cuales tanto las
víctimas como los procesados tienen derecho a ser oídos con las debidas
garantías y dentro de un plazo razonable. Señala que entre otras medidas la ley
cumple con la obligación de protección judicial de tal manera que toda persona
sometida a ella ya sea víctima o desmovilizado tiene derecho a un recurso
sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante las autoridades
judiciales que los amparan contra actos que violen sus derechos fundamentales.
Todo de conformidad con los Convenios y Tratados Internacionales.  Sobre la
materia hace referencia al informe “la cuestión de impunidad de los autores de
violaciones de los derechos humanos (civiles  y políticos)”, informe final
elaborado y revisado por M. Joinet en aplicación de la decisión 1996/119 de la
Subcomisión (E/CN. 4/Sub.2/1997/20/Rev. 1.2 octubre de 1997), en el que
manifiesta que en el marco del derecho a la justicia, el derecho a un recurso
justo y eficaz. Aclara que “...la condición de sedicioso se reconoce a
miembros de las autodefensas y guerrilla pero sólo respecto de la pertenencia a
estos grupos, sin que los delitos que hayan cometido durante su permanencia a
ellos puedan ser considerados conexos con el delito político..”
1.2.7.
“Ausencia de razón en relación con el cargo que supone la investigación restringida
de hechos por ser la Ley 975 de 2005 residual”.
Al respecto
sostiene la intervención del gobierno en cabeza del Ministerio del Interior y
de la Justicia, que los actores parten de una interpretación errónea del objeto
de la Ley de Justicia y Paz.  Precisa entonces, que el legislador fue claro al
estipular en el artículo 2º de la ley, que “la reinserción a la vida civil
de las personas que puedan ser favorecidas con amnistía, indulto o cualquier
otro beneficio establecido en la ley 782 de 2002, se regirá por lo dispuesto en
dicha ley”.
Refuerza su
argumento con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 10 en el que se
establecen unos requisitos para poder acceder a los beneficios establecidos en
la ley. A estos beneficios podrán acceder los miembros de un grupo armado
organizado al margen de la ley que hayan sido o puedan ser imputados, acusados
o condenados como autores o partícipes de hechos delictivos cometidos durante o
con ocasión de la pertenencia a esos grupos, cuando no puedan ser beneficiarios
de algunos de los mecanismos establecidos en la Ley 782 de 2002, siempre que se
encuentren en el listado que el Gobierno Nacional remita a la Fiscalía.
Precisa
entonces, que la ley demanda buscó complementar las disposiciones de la Ley 782
de 2002, que regula la concesión de beneficios jurídicos como el indulto, la
preclusión de la investigación, cesación de procedimiento y la resolución
inhibitoria para los integrantes de los grupos armados organizados al margen de
la ley. “Sin embargo se sabe que entre los grupos de guerrillas y
autodefensas existen integrantes que no pueden acceder a los señalados
beneficios. porque han cometido delitos graves según el derecho internacional
por expresa prohibición de normas de legislación interna y de los instrumentos
internacionales”. Comenta que desde el mismo debate de la Ley (Proyecto de
Ley 211 de 2005 Senado, 293 de 2005. Cámara), se mencionó que los destinatarios
de la ley serían los miembros de las organizaciones armadas al margen de la
ley, que hayan cometido delitos de lesa humanidad y no solamente a los miembros
de las autodefensas, sino que esta dirigido a todas las organizaciones armadas
al margen de la ley que quieran en el día de mañana intentar un proceso de paz.
La exigencia internacional vigente, no permite que concluyan procesos de paz,
con amnistías e indultos para personas que hayan incurrido en delitos de lesa
humanidad.
Señala que el
decreto 128 de 2003, desarrolla la Ley 782 de 2002 y “por tanto la ley 975
de 2005, no se aparta de su espíritu ni la contradice”. Por su parte, el
artículo 21 del decreto 128 de 2003, prohibe conceder beneficios a delitos que
no se les puede aplicar. “Esto es, quienes siendo procesados o hayan sido
condenados por delitos que de acuerdo con la Constitución Política, la ley o
los Tratados Internacionales suscritos y ratificados por Colombia no puedan
recibir esta clase de beneficios”.
Señala que los
impugnantes desconocen el decreto 1385 de 1994, que creó en el artículo 5º el
Comité Operativo para la dejación de las armas con la función de realizar la
evaluación del cumplimiento de los requisitos exigidos para acceder a los
beneficios de que trata la Ley 782 de 2002. Solamente pueden acceder a los
beneficios establecidos en la Ley 782 de 2002, los integrantes de grupos
armados organizados que cumplan los requisitos allí establecidos. Explica
entonces que en si una persona integrante de estos grupos intenta acogerse a
los beneficios estando incurso en delitos graves conforme al derecho
internacional, las autoridades rechazarán dicha solicitud y lo procesarán
conforme a las leyes nacionales y si se descubre que la persona accede
fraudulentamente a los beneficios, inmediatamente se tenga conocimiento de tal
hecho se revocarán los beneficios. Precisa que las personas que se someten a la
Ley 782 de 2002 y al decreto 128 de 2003, son objeto de investigación por parte
de la Fiscalía para efectos de definirle su situación jurídica. Para conceder
un indulto debe existir una condena ejecutoriada, razón por la cual debe hacerse
adelantado un proceso en el que se haya demostrado la comisión de delitos
políticos y de los delitos conexos con aquellos.
Sostiene que de
acogerse la petición de los demandantes, se desnaturalizarían las normas
demandadas. Adiciona que se estaría confundiendo el tratamiento que la misma
Carta establece para los delitos políticos con lo estipulado para los demás
delitos. Agrega que se estaría desatendiendo tiempo y recursos que se requieren
para investigar los delitos más graves y sancionar a los autores. Lo que
desconocería los derechos de las víctimas y la obligación del Estado de
investigar, juzgar y sancionar a los responsables de estas conductas punibles.
1.2.7.
“Improcedencia del cargo de inconstitucionalidad por el reducido término de
investigación”.
Sostiene que el
legislador tuvo en cuenta en la Ley 975 de 2005, dos principios procesales:
oralidad y celeridad, que también se encuentran recogidos en el nuevo Código de
Procedimiento Penal, que regula el nuevo sistema acusatorio, que busca agilizar
la respuesta condenatoria o absolutoria del Estado.
A diferencia de
la generalidad de las investigaciones: el Fiscal contará con la información que
le sea suministrada por los desmovilizados en la versión libre y confesión.
Esta actuación junto con las demás será enviada a la Unidad Nacional de
Fiscalía. Ésta y la Policía Judicial asignados elaborarán y desarrollarán el
programa metodológico para iniciar la investigación y realizar las
verificaciones correspondientes. Acoge la ponencia para segundo debate en la
Plenaria del Senado en la que se manifestaron como principios del sistema
acusatorio en Colombia:  la celeridad, la oralidad, el derecho a la defensa
material y técnica y, el esclarecimiento de la verdad. Este procedimiento se
llevará a cabo de conformidad con lo establecido también en los artículos 22 y
16 de la ley.
Respecto a la
brevedad del término para investigar, señala que la ley consagra un término de
60 días para investigar. Sostiene que la brevedad del término se debe a que el
Fiscal parte de una confesión e información previa. “Esos 60 días se
considera tiempo suficiente, porque el proceso se desarrolla dentro de las
normativas del Sistema Acusatorio”. Sostiene que las autoridades desde un
primer momento tienen información que será verificada y facilitará su labor de
investigación y juzgamiento y contarán con los mecanismos de política criminal
para agilizar la actuación, por lo cual no será necesario contar con los
términos establecidos en el procedimiento ordinario, lo cual justifica y hace
razonables y proporcionados los establecidos en la ley demandada.
Señala que por
las razones antes mencionadas, no habrá necesidad de acudir a la etapa del
término indefinido regulado en los artículos 286, 287, 288 y 289 de la Ley 989
de 2004. Además, como no todos los desmovilizados están incursos en delitos
graves a los que se les pueda aplicar la ley, los Fiscales y los Tribunales
podrán concentrar sus esfuerzos en la investigación de los responsables de
estos hechos.
1.2.8
“Improcedencia del cargo de inconstitucionalidad por aplicación del
procedimiento penal estatuido y desarrollado a partir del Acto Legislativo 03
de 2002”.
Los artículos
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 y la expresión “Código Penal”
del artículo 62 de la Ley 975 de 2005, no desconoce el artículo 5º del Acto
Legislativo 03 de 2002, “No hay razón para afirmar que figuras del proceso
penal instaurado por la reforma constitucional del 2002, solo pueden ser
aplicables a hechos cometidos con posterioridad a la expedición del Acto
Legislativo”. La citada reforma constitucional no limita su aplicación en
el tiempo, aunque es claro que el constituyente lo pudo haber consagrado así.
Adicionalmente menciona que “el artículo 5º del Acto Legislativo 03 de 2002,
deja a la ley la determinación de la gradualidad de la aplicación del nuevo
sistema y la determinación de la vigencia que define los delitos a los cuales
ha de aplicarse, dándole con ello al legislador un amplio margen de
configuración respecto a la posibilidad de aplicar la norma a delitos cometidos
antes de la expedición del acto legislativo antes citado”.
Respecto a la
posibilidad de aplicar el procedimiento establecido en la Ley 975 de 2005, a
conductas punibles anteriores al Acto Legislativo 03 de 2002, expresa que “no
existe una limitación expresa en el ordenamiento superior de sus preceptos a
delitos cometidos con anterioridad a su vigencia es un asunto de conveniencia
cuya valoración compete al Congreso y no a la Corte”.
Señala que no
debe confundirse el Nuevo Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), que
implantó el sistema acusatorio en desarrollo del Acto legislativo 03 de 2002,
con la Ley de Justicia y Paz, que se aplica a los imputados, acusados o
condenados por delitos no amnistiables ni indultables y que tiene corte
acusatorio. El procedimiento consagrado en la Ley 975 de 2005, es un
procedimiento especial de corte acusatorio diferente al establecido en las
Leyes 600 de 2000 y 906 de 2004. Expresa que la finalidad de la Ley  975 de
2005, tiene una aplicación restringida en razón del objeto, a diferencia de la
Ley 906 de 2005, debido a las particularidades que presentan sus destinatarios,
imputados por la comisión de delitos no amnistiables ni indultables y por la
pena alternativa allí prevista. Al efecto hace referencia a una intervención
del Señor Vicefiscal General de la Nación en el Primer Debate en Comisiones
Conjuntas al Proyecto de Ley 211 de 2005 Senado., del que extracta que “no
se trata de una mixtura de procedimientos, sino que se trata de un recorte de
términos previstos en la Ley 906”.
De otra parte,
expresa que la Ley 975 de 2005, no vulnera el artículo 5º del Acto Legislativo
03 de 2005, ni contraviene lo dispuesto en el artículo 533 de la Ley 906 de
2004. “Las instituciones y principios que se recogen del sistema acusatorio
son normas consagradas universalmente no solamente en los códigos de
procedimiento sino en los instrumentos internacionales de protección de
derechos humanos, están en concordancia con los estándares internacionales y
buscan hacer más eficiente y eficaz el procedimiento diferente allí
establecido, sin que ello afecte norma constitucional alguna”. De manera
adicional explica: “el legislador tuvo en cuenta los principios
constitucionales de proporcionalidad y razonabilidad así como los valores
superiores de la justicia y los fines esenciales del Estado para asegurar la
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo consagrados en el
preámbulo y en los artículos 2, 22 y 29 de la Constitución. El mandato del
artículo 5º del acto legislativo y del precepto que lo desarrolla de la ley 906
de 2004, hacen referencia en forma clara y expresa al nuevo código, es decir, a
la ley 906 de 2004 y no a otra norma”. En tal sentido, hace referencia al primer
debate en las comisiones conjuntas de Senado y Cámara.
1.2.9. “No es
cierto que se presente violación del derecho de las víctimas de graves
violaciones a los derechos humanos de acceder a un recurso judicial efectivo”.
Afirma que
contrario a lo expresado por los accionantes, la Ley de Justicia y Paz
garantiza el acceso a un recurso judicial efectivo. De conformidad con las
tendencias universales a las víctimas se les otorga gran importancia y sus
derechos ya no se limitan al sólo aspecto indemnizatorio sino que se les
reconoce los derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Se apoya en el
informe de ponencia para segundo debate en la plenaria del Senado, en el que se
debatió sobre los derechos de las víctimas frente a la administración de
justicia.
En cuanto a la
posibilidad el acceso al Expediente, el Ministerio del Interior y de Justicia
precisa que si bien, en el artículo 62 no se establece de manera expresa a cual
Código de procedimiento es el que remite la norma, debe tenerse en cuenta que
en el caso de las víctimas la Ley 906 de 2004, regula en forma más amplia y
favorable acorde con las normas internacionales y con la jurisprudencia
constitucional, los derechos a la verdad y la reparación. Señala que lo
anterior llevó a recoger varias figuras en la Ley de Justicia y Paz como el
incidente de reparación integral artículo 23 y los derechos de las víctimas
estipuladas en el artículo 37.
1.2.10.“Improcedencia
del cargo sobre normas que limitan las facultades de las víctimas en los
procesos”.
El señor
Viceministro del Interior y de Justicia expone que las normas demandadas no
limitan las facultades de las víctimas en los procesos: Comprueba que el inciso
segundo del artículo 2º de la Ley 975 de 2005, dispone que la interpretación y
aplicación de las disposiciones previstas en dicha ley deberán realizarse de
acuerdo con las normas superiores y los instrumentos internacionales. Menciona
que debe tenerse en cuenta el artículo 62 que hace remisión para lo no
dispuesto en la Ley de Justicia y Paz, a la ley 782 de 2002 y al Código de
Procedimiento Penal. Pregona por una interpretación sistemática de la norma, en
armonía con lo dispuesto en los artículos 2, 63 y 37 de la Ley 975 de 2005.
Complementa diciendo que el artículo 34 ordena la actuación de la defensoría
pública a favor de las víctimas no sólo en el incidente de reparación integral
sino durante todo el proceso, debiéndose tener en cuenta la intervención que en
el mismo sentido realice la Fiscalía General de la Nación, la Sala del Tribunal
Superior del Distrito Judicial y la Procuraduría Judicial para la Justicia y la
Paz.  Explica de otra parte, que la expresión “durante el juicio”
consignada en el numeral 7º del artículo 38, debe ser debe ser interpretada de
acuerdo con lo dispuesto en los numerales 3º y 5º del artículo 137 de la Ley
906 de 2004.
1.2.11.
“Improcedencia del cargo sobre la supresión del Recurso de casación”.
Sostiene que el
cargo carece de sustento, por cuanto la supresión del recurso de casación no es
una medida desproporcionada. La Corte Suprema de Justicia es el máximo Tribunal
de la Jurisdicción Ordinaria conforme lo establece el artículo 234 de la
Constitución. Se apoya en la sentencia C-037 de 1996. Sostiene que la
Constitución no definió ninguna jerarquización de Salas en la Corte Suprema.
Tampoco significa que la Sala Plena sea el superior jerárquico de alguna de
ellas. Señala que como garantía del proceso se encuentra el artículo 26 que
regula los recursos de reposición y apelación. Finaliza diciendo que “El
legislador no niega el acceso a las víctimas y procesados al máximo tribunal de
la jurisdicción ordinaria sino que esta regulando que la intervención de este
órgano no sea repetitivo ni conduzca a la dilación del proceso”.
1.2.13. “No
es cierto que se desconozca la obligación estatal de sancionar a los
responsables de graves violaciones a los derechos humanos a verdaderas penas
privativas de la libertad”.
Sostiene que la
Ley 975 de 2005, no desconoce la obligación del Estado de sancionar a los responsables
de graves violaciones a los derechos humanos. Explica que las zonas de
concentración se han creado por el Gobierno Nacional de conformidad con el
párrafo 2 del artículo 3º de la Ley 782 de 2002, como medida para adelantar las
conversaciones, realizar las desmovilizaciones y entrega de armas. Estas zonas
son controladas por la fuerza pública que establece medidas de seguridad para
proteger la integridad de los desmovilizados y en las cuales se vigila las
actividades que allí se realizan e igualmente se impide que sin la autorización
de las autoridades competentes los desmovilizados abandonen el área.
Afirma que el
tiempo que permanezca el desmovilizado en la zona de concentración (artículo
31), se computará como tiempo de ejecución de la pena alternativa, y no
constituye “un indulto encubierto”. Explica que “el control de la
zona de concentración se realiza por la fuerza pública y por tanto los
movimientos y actuaciones en dicha área se someten a la ley, hasta el punto que
los integrantes de grupos armados organizados al margen de la ley no pueden
abandonar dicha zona sin el correspondiente permiso del gobierno nacional”.
Además, asegura
que de conformidad con la Ley 782 de 2002, en dicha zona, hacen presencia
institucional los fiscales, los jueces, los organismos de policía judicial y
otras autoridades del Estado. Sostiene que en estas circunstancias “los
desmovilizados tienen su derecho de locomoción restringido y sus actuaciones
controladas, razones que justifican la decisión tomada por el legislador de
disponer que un tiempo que los miembros de los grupos armados organizados al
margen de la ley hayan permanecido en dichas zonas se computará como tiempo de
ejecución de la pena alternativa, limitando dicho lapso a 18 meses, además que
el desmovilizado deberá cumplir el resto de la pena alternativa privativa de la
libertad efectiva, que le sea impuesta”. Sostiene que esta disposición
tiene “justificación por la finalidad que se persigue que es la de facilitar
los procesos de paz y la reincorporación a la sociedad de los miembros de los
grupos armados organizados al margen de la ley, garantizando al tiempo los
derechos de las víctimas”.
Finalmente
agrega que la creación de estas zonas fue avalada por la Corte Constitucional
en la Sentencia C-048 de 2001, de la que extracta lo dicho por la Corte: “estas
zonas no pueden ser refugio de la delincuencia y su establecimiento es válido
como desarrollo de una política de solución negociada a la violencia interna,
en cuanto instrumentos de negociación para el logro de la paz. En estos lugares
deben preservarse los mandatos constitucionales y la autoridad institucional,
debiendo reinar en ellas el respeto por los derechos humanos”.
1.2.12.“No es
cierto el cargo según el cual hay desconocimiento de la obligación estatal de
satisfacer el derechos de reparación”.
Expresa que la
Ley 975 de 2005 se ajusta a la Constitución “puesto que la Constitución
desde su preámbulo consagra las bases de la responsabilidad derivada de la
conducta punible, al establecer entre los principios orientadores y fundadores
del Estado, el de asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia pacífica y
adicionalmente a las víctimas, la verdad, la justicia y la reparación, dentro
de un marco que garantice un orden económico, político y social justo”.
Agrega que estos principios son reiterados en el artículo 2º superior, y que la
Ley 975 consagra a lo largo de su texto varias disposiciones que regulan los
deberes de los integrantes de los grupos armados organizados al margen de la
ley. Se regula en forma amplia el derecho a la reparación. Artículos 1, 2, 4,
10, 11, 17, 24. 37, Capítulo IX.  42, 43. 45, y el artículo 49 dispone
programas de reparación colectiva que deberán ser implementadas mediante un
programa institucional de reparación colectiva.
Menciona que se
crea la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación que deberá hacer
seguimiento y evaluación periódica de la reparación, reconciliación, y
presentar dentro del término de dos años, un informe acerca del proceso de
reparación de las víctimas, al Gobierno Nacional y a las Comisiones de Paz de
Senado y Cámara. En el artículo 54 se crea el Fondo para la reparación de las
víctimas, encargado de administrar los recursos destinados a tal fin.
Sustenta además
su argumento en el primer debate en las Comisiones Primeras, Conjuntas de
Senado y  Cámara se dijo: que la restitución es la realización de las aciones
que propenden por regresar a la víctima a la situación anterior, a la comisión
del delito, la indemnización consiste en compensar los perjuicios causados por
el delito, la rehabilitación consiste en realizar las acciones tendientes a la
recuperación de las víctimas que sufren traumas físicos y psicológicos como
consecuencia del delito. Define los conceptos de satisfacción, las garantías de
no repetición, la desmovilización, el desmantelamiento de los grupos armados al
margen de la ley. Se apoya en la Sentencia C-228 de 2002.
Expresa que las
normas de la Ley guardan un orden coherente y armónico enderezado obtener los
fines pretendidos estableciendo en el proceso judicial la verdad de lo
acaecido, garantizando un efectivo acceso a la justicia y la participación
adecuada de las víctimas en la actuación, lo cual se ajuste a lo dispuesto en
el artículo 2º del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y
Políticos.
1.2.13.“Improcedencia
del cargo sobre normas que estipulan que sólo concurren a la reparación los
bienes adquiridos ilícitamente u otros, si los tuviese”.
Argumenta que
debe tenerse en cuenta que la Ley 975 de 2005, es una ley especial que se
aplica a quienes se sometan a ella y que además hace remisión para su
interpretación y aplicación a los Tratados Internacionales ratificados por
Colombia y en lo no dispuesto en ella, a la Ley 782 de 2002 y al Código de
Procedimiento Penal. Lo que implica que si la persona en forma intencional
oculta información sobre actividades ilícitas en las cuales participó y sobre
la procedencia de bienes productos de tales actividades, estas quedarán por
fuera de las disposiciones de la ley.
Adicionalmente
sostiene que los grupos armados organizados al margen de la ley a los cuales
está dirigida, “son organizaciones que cuentan con grandes recursos
económicos producto de sus actividades al margen de la ley y que poseen además
sofisticadas y complejas estructuras”. Sustenta que el legislador
consciente de esta situación, (necesidad de desarticulación de estos grupos, de
investigar, juzgar y sancionar a sus miembros así como de satisfacer los
derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación), consideró
oportuno adoptar medidas como las acusadas dirigidas a conseguir los fines
señalados y como consecuentemente conseguir la paz nacional.
Manifiesta que
el artículo 17 de la Ley 975, dispone que en la versión libre el desmovilizado
indicará, en forma imperativa, los bienes que entrega para la reparación de las
víctimas, sin que se diga que se trata de bienes adquiridos ilícitamente.
Explica que con la expresión “si los tuviere” se está previendo que sean otras
personas del grupo al cual pertenece, el que los tenga en su poder o a su
nombre. Este argumento es aplicable a la expresión “de ser posible”  contenida
en el artículo 46.
Observa que en
la Ley demanda, se prevé la aplicación de la acción de extinción de dominio
regulada en el la Ley 793 de 2002. La acción de extinción de dominio no se
aplicará sólo a los bienes que entreguen los desmovilizados, también procederá
en aquellos eventos en los cuales los desmovilizados omitan informar sobre
estos bienes en la diligencia de versión libre y confesión, siempre que se
tenga conocimiento de su existencia por otros medios. El parágrafo del artículo
54 dispone que también se entregarán al Fondo para la Reparación de las
Víctimas, además de los bienes a que se refieren los artículos 10 y 11 de la
ley, los bienes vinculados a investigaciones penales y acciones de extinción de
dominio en curso, al momento de la desmovilización, siempre y cuando la
conducta se haya realizado con ocasión de su pertenencia al grupo, dejando a
salvo lo relacionado con los terceros de buena fe.
Concluye que la
reparación de las víctimas está garantizada teniendo en cuenta que el Fondo
para la Reparación de las Víctimas, contará no sólo con los recursos
suministrados por los desmovilizados sino también con aquellos por los que
proceda la extinción del dominio, los recursos del presupuesto nacional y las
donaciones nacionales y extranjeras, lo cual se encuentra ajustado a lo
dispuesto en el artículo 2 superior y a los compromisos adquiridos por el
Estado Colombiano en los artículos 2.3 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, y a la Convención Americana sobre derechos humanos. El
Fondo de Reparación actuará de acuerdo con la orden que imparta el Tribunal
cuando no se logre individualizar el sujeto activo.
1.2.14.“Improcedencia
del cargo consistente en que no hay garantías adecuadas para la restitución de
los bienes”.
Expresa el
Ministerio del Interior y de Justicia que el aparte demandado del artículo 54
de la Ley 975 se encuentra acorde con las disposiciones constitucionales y con
las normas internacionales que regulan el derecho a la reparación de las
víctimas en especial en lo relacionado con el contenido de la restitución.
Sostiene que la norma demandada debe ser interpretada en forma sistemática, en
especial en armonía con los artículos 2º, 52, 54 y 62 de la ley demandada.
Menciona que en
un proceso especial, como el consagrado en la Ley 975 de 2005, “los derechos
de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación se encuentran
protegidas”, dada la intervención de distintas autoridades judiciales y
administrativas que hacen parte de la Comisión Nacional de Reconciliación y
Reparación y del Fondo para la Reparación de las Víctimas. Señala que estas
autoridades tienen funciones expresas para la protección de las víctimas.
1.2.15.“Improcedencia
del cargo en cuanto a que no todas las víctimas podrán reclamar una reparación”.
Expone que la
Ley 975 de 2005, recoge la definición de víctimas de los instrumentos
internacionales. Con apoyo en los artículos 35 del Código Civil, y 50, sostiene
que el legislador en ejercicio de la libertad de configuración consideró
apropiado extender la definición de víctima para efectos de la reparación en
los preceptos mencionados, lo cual hizo acorde con el derecho internacional
(entre ellos el Estatuto de Roma). Sobre este tema se apoya en el primer debate
en las Comisiones Primeras Conjuntas de Senado y Cámara al Proyecto de Ley 211
de 2005, en donde se debatió sobre el concepto de víctima
1.2.16. “No
es cierto que se vulnere el derecho a la reparación si la víctima no promueve
el incidente de reparación”.
El interviniente
expresa que el artículo 24 regula el contenido de la sentencia condenatoria,
por su parte los artículos 43 y 45 establecen que el Tribunal Superior de
Distrito Judicial al proferir la Sentencia, ordenará la reparación de las
víctimas y fijará las medidas pertinentes. Deduce que estas disposiciones se
relacionan directamente con los derechos de las víctimas dispuestos en el
artículo 37 de la Ley 975 de 2005. Por efecto de remisión del artículo 62, el
artículo 135 del C de P.P., establece que es deber de comunicar a las víctimas
los derechos reconocidos desde el momento mismo en que ésta intervenga, así
como de las facultades y derechos que puede ejercer y la posibilidad de
formular una pretensión indemnizatoria en el proceso a través del fiscal o
directamente en el incidente de reparación integral. Sostiene que “no se
vulnera entonces, el derecho de reparación si la víctima no promueve el
incidente de reparación porque la ley ordena al Tribunal que en la sentencia se
contemple la obligación de reparación económica y moralmente a las víctimas (24
y 43), salvo que en el evento en que se presente el caso previsto en el
artículo 106 del c de P.P., a cuyo tenor: “la solicitud para la reparación integral
por medio de este procedimiento especial caduca en treinta días después de
haberse anunciado el fallo de responsabilidad penal”, la víctima podrá acudir a
lo dispuesto en el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil”.
1.2.17. “No
hay lugar al cargo consistente en que si el desmovilizado oculta información
sobre delitos cometidos no pierde el beneficio de la pena alternativa, ni para
los delitos ya aceptados ni por los nuevos que se conozcan”.
Arguye que la
intención del artículo 25 de la Ley 975 de 2005 no es permitir que el
desmovilizado omita información sobre delitos graves. Argumenta que “las
disposiciones consagradas en el artículo 25 no están diseñadas para favorecer a
los presuntos delincuentes, ni tienen la intención de permitir la omisión de
información acerca de delitos graves, porque como claramente se establece, fue
voluntad del legislador derivar consecuencias de la omisión intencional del
desmovilizado, disponiendo que si posterior a la concesión del beneficio de la
pena alternativa se le llegare a imputar delitos cometidos durante y con
ocasión de la pertenencia a esos grupos y antes de la desmovilización, estas
conductas serán juzgadas de acuerdo con las leyes vigentes al momento de la
realización de los delitos”. Aduce además que si  la persona presta una
colaboración eficaz y acepta la participación en los hechos, podrá ser
beneficiario de la pena alternativa, siempre que la omisión no haya sido
intencional. Se procederá a aplicar la acumulación jurídica de penas, sin
exceder el máximo punitivo señalado en la ley, evento en el cual el juez
impondrá un veinte por ciento más de la pena alternativa impuesta y similar
incremento se tomará respecto del término de libertad a prueba.
Insiste en que
debe hacerse una interpretación sistemática de la ley. Debe tenerse en cuenta
lo dispuesto en el artículo 15 que ordena a la Fiscalía y la Policía Judicial
investigar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los
delitos, así como todo lo relacionado con el imputado, en armonía con lo
dispuesto en el 16. De manera más detallada señala: “El ente investigador
ayudado por la policía judicial realiza a partir de la versión libre y
confesión no sólo la verificación de lo manifestado por el desmovilizado
respecto de los delitos en los cuales tomó parte y entrega para la reparación,
sino que también investiga todo lo relacionado con  la persona que se acoge a
ley, a efectos de determinar si existen otras imputaciones, acusaciones o
condenas contra la persona”. Y describe cual es el procedimiento que para
el efecto se establece en la ley.
1.2.18. “No
hay lugar a vicio de inconstitucionalidad sustentado en las limitaciones
presupuestales para el pago de las reparaciones”.
Menciona que las
expresiones de los artículos 47 y 55 de la Ley de justicia y Paz acusadas por
los accionantes no vulneran los artículos 2, 17 y 90 de la Constitución, ni
tampoco los compromisos adquiridos por Colombia en los artículos 2 del Pacto
Internacional y 1º de la Convención Americana sobre derechos humanos, porque
dichos apartes deben ser interpretados de manera sistemática y de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 2º, 62, 42, 43 y 54 de la Ley 975 de 2005.
1.2.19. “No
hay lugar al desconocimiento de la obligación estatal de adoptar medidas que
garanticen la no repetición”.
Sustenta que el
Estado establece en la Ley de Justicia y Paz, medidas efectivas para garantizar
el derecho a la reparación, acorde con los compromisos adquiridos en el
artículo 2º del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. En tal
sentido, señala que es amplia y suficiente la regulación del derecho de
reparación, incluyendo el componente de no repetición de las conductas. Señala
que dentro de la garantía de no repetición se encuentran también los homenajes,
conmemoraciones y reconocimiento a las víctimas, verificación de los hechos y
la difusión de la verdad, y aplicación de sanciones penales a los responsables.
1.2.20. “No
es cierto que si la persona desmovilizada continúa delinquiendo no pierde el
beneficio de la pena alternativa”.
Pregona por una
interpretación sistemática, del artículo 29. En tal sentido señala que los
demandantes “no toman en cuenta que lo dispuesto en los incisos acusados
hace referencia a la situación en la cual el condenado, ya ha purgado la pena
alternativa y ha cumplido con las obligaciones y compromisos impuestos y
adquiridos inicialmente al ser condenados…”, y por tanto, se entra a
regular en tales disposiciones una nueva situación, que se trata de la libertad
de la prueba, “en la cual se le imponen unos compromisos nuevos, entre los
que se encuentra el compromiso de no reincidir en los delitos por los cuales
fue condenado en el marco de esa ley, es decir se mantiene la condición
prevista en los artículos 10-4 y 11-4 donde se comprometen a cesar toda
actividad ilícita”.
Respecto al
alcance de la ley, menciona que ésta sólo se aplicará para los delitos
cometidos con anterioridad a su vigencia de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 72. Por tanto, cualquier infracción penal que cometa posteriormente se
investigará y juzgará de acuerdo con el procedimiento ordinario y no mediante
el procedimiento especial. Los delitos que cometan dichas personas cumplidas
las obligaciones impuestas en el inciso cuarto y transcurrido el periodo de prueba
serán juzgados por el procedimiento ordinario y no dará lugar a la pérdida del
beneficio de la pena alternativa porque esta ya habrá prescrito. Si la persona
incumple las condiciones previstas en el inciso cuarto, se revocará la libertad
a prueba y deberá paga la pena inicialmente determinada y además la que se
imponga como nuevo delito.
1.2.21. “No
hay lugar al cargo referente a la violación de la prohibición de conceder
amnistías e indultos por graves violaciones de derechos humanos, crímenes de
guerra y crímenes de lesa humanidad”.
Constata el
interviniente que la Ley 975 de 2005 no viola la prohibición de conceder
amnistías e indultos por graves violaciones de derechos humanos, crímenes de
guerra y crímenes de lesa humanidad. Para sustentar su argumento se apoya en la
sentencia C-260 de 1993, en la que se estudió el delito del indulto. De lo
anterior, concluye que “la ley de justicia y paz, no se contempla en parte
alguna el indulto”. La ley 975 de 2005, en consonancia con los instrumentos
internacionales y los principios constitucionales, establece la no procedencia
del indulto y la amnistía para los delitos más graves de que trata la ley,
consagrando para estos, una pena alternativa privativa de la libertad.
Adiciona que
esta prohibición prevista en la Ley demandada, consagra que la reinserción a la
vida civil de las personas que puedan ser favorecidas con amnistía o indulto o
cualquier otro beneficio se regirá por lo dispuesto en la Ley 782 de 2002 (por
medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 de 1997, prorrogada y
modificada por la Ley 548 de 1999). Recuerda el mandato del artículo 29 ídem
dispone que las personas incursas en delitos no indultables ni amnistiables que
cumplan con los requisitos establecidos en la ley, purgarán una pena
alternativa privativa de la libertad entre cinco y ocho años, que será
determinada teniendo en cuenta la gravedad de los delitos y la colaboración
efectiva que presten los procesados en el esclarecimiento de los mismos.
Sostiene que en tal sentido, los actores confunden la institución del indulto
con el beneficio de la pena alternativa. Argumenta que se trata de dos figuras
jurídicas totalmente diferentes. El beneficio de la pena alternativa a que se
hace referencia en los artículos acusados en ningún momento constituye un
indulto, institución que consiste en el perdón total o parcial de la pena.
Situación que no se presenta en el caso que nos ocupa, donde se tiene que
cumplir una pena de privación de la libertad efectiva. El artículo debe ser interpretado
de conformidad con lo establecido en el artículo 3º y el 24 de la ley
demandada.
Precisa que la
pena se tasará teniendo en cuenta la gravedad de los delitos y la colaboración
efectiva prestada para el esclarecimiento de tales conductas punibles. Penas a
las cuales de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo, en ningún caso se
aplican los subrogados penales, beneficios adicionales o rebajas
complementarias, es decir que la privación de la libertad será efectiva por el
tiempo que determine el Tribunal. En el artículo 29 se estipula que cumplida la
pena alternativa y las obligaciones impuestas en la sentencia se le concederá
la libertad a prueba por tiempo igual a la mitad de la pena alternativa que le
fue impuesta. Situación que se realiza bajo unas determinadas condiciones.
Concluye que las exigentes condiciones de la ley para acceder al beneficio de
la pena alternativa dista mucho de ser un indulto. Razón por la cual bien hizo
el legislador en darle a la Ley 975 de 2005, el trámite de una ley ordinaria y
no de una ley de indulto.
Sostiene que
esta situación se debatió en las Comisiones primeras conjuntas de Senado y
Cámara. Concluye entonces, que la esencia de la Ley de Justicia y Paz es el
tratamiento penal a quienes siendo miembros de grupos armados no pueden ser
indultados y a quienes se otorga un tratamiento diferente por parte de la
sociedad y el Estado por el hecho de contribuir a la consecución de la paz.
Estos grupos no han sido vencidos y sus integrantes en forma voluntaria se han desmovilizado,
entregado y sometido a las autoridades. La Ley 975 de 2002, no consagra un
trato preferente sino un procedimiento diferente contenido en una ley especial.
La voluntad del legislador sobre el tema, se puede apreciar en lo manifestado
en el primer debate al Proyecto de Ley 211 de 2005. Senado, en el que se dice
que si bien, los delitos graves (sedición, asonada, concierto para delinquir,
cometidos por los grupos al margen de la ley), requieren una sanción penal,
éstos, en aras de la reconciliación nacional deben responder ante los jueces
pero con la posibilidad de unos beneficios a cambio de colaboración. Lo
anterior, acorde con las exigencias de los organismos internacionales.
Explica de
manera más detallada que “la condición de sediciosos que se otorgó a los
grupos de autodefensas y guerrilla en el artículo 71 de la ley, sólo es para la
pertenencia a dicho grupo, sin que los demás delitos que hayan cometido en
razón de su pertenencia a los mismos puedan considerarse de ninguna manera
conexos con la sedición, a excepción de los delitos previstos en el artículo 69
de la ley de justicia y paz”.
Respecto a la
intervención del Gobierno, señala que “no es cierto que la intervención del
Gobierno constituya una intervención en política en ejercicio del derecho de
gracia”. Esta intervención tiene fundamento en los artículos 113 y 189
numeral 4 de la Constitución Política. Los artículos 10 y 11 de la ley implican
la participación del Gobierno bien en la suscripción de un acuerdo para la
desmovilización y desmantelamiento del grupo, bien en la suscripción de un acta
de compromiso con el desmovilizado, “lo cual en ningún caso implica el
ejercicio del derecho de gracia”.
De manera más
enfática señala que “no es posible concebir un proceso como el de justicia y
paz sin la participación del gobierno nacional”, para lo cual se apoya en
la disposición del artículo 189 numeral 3 de la C.P., Recuerda que la fuerza
pública y los organismos de seguridad del Estado, que hacen parte del
ejecutivo, son los que poseen la información de inteligencia relacionada con
los integrantes de los grupos armados al margen de la ley. Información que se
requiere para elaborar las listas establecidas en el artículo 10 y la
referencia a la que alude el artículo 11. Información que se requiere
igualmente para evitar que a los beneficios accedan de manera indebida personas
diferentes a sus destinatarios (guerrilla y autodefensas).
1.2.22. “Las
normas demandadas no constituyen un sistema de impunidad que, como sistema es
un indulto velado y una amnistía encubierta”.
Sostiene que la
Ley de Justicia y Paz no consagra un sistema de “beneficios penales, toda
vez que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3º en consonancia con lo
preceptuado en el artículo 29 el beneficio penal que se establece para los
desmovilizados es el de pena alternativa”. Ahora bien, dice el Ministerio,
el hecho de que se compute el tiempo de permanencia en la zona de concentración
como tiempo de ejecución de la pena alternativa, no transgrede disposición
constitucional alguna. Si bien, los desmovilizados no se encuentran en
condiciones de austeridad existentes en una penitenciaría, algunos de sus
derechos se encuentran limitados y su presencia allí es señal de
desmovilización, entrega y sometimiento a las autoridades. Y además la
finalidad buscada hace que la medida se ajuste al principio de
proporcionalidad. Concluye que el legislador consideró que el tiempo que allí
permanezcan adelantando las conversaciones se computaría como tiempo de
ejecución de la pena alternativa, lo que se justifica por la finalidad que se
persigue que no es otra que facilitar los procesos de paz y la reincorporación
a la sociedad de los miembros de los grupos armados organizados al margen de la
ley, garantizando al tiempo los derechos de las víctimas. “Por tanto es
posible concluir que el beneficio de la pena alternativa es solo uno”.
Adicionalmente
menciona, debe tenerse en cuenta el seguimiento y acompañamiento que se
encuentran realizando en la zona de distensión los delegados de la OEA, lo que
otorga legitimidad a las conversaciones. Se igualmente a la ponencia para
primer debate en el Senado, en el que se debatió el fin del establecimiento de
las penas resocialización y como la retribución justa. Aclara que a la pena
alternativa prevista en la ley acusada en ningún caso se aplicarán subrogados
penales, beneficios o rebajas complementarias. Se trata entonces de una
privación efectiva de la libertad, y se atiene a lo afirmado en la sentencia
C-171 de 1993, sobre el indulto.
Afirma que “no
les asiste razón a los demandantes cuando manifiestan que la ampliación por
parte del legislador del delito de sedición, podría llevar a que éstos reciban
el indulto y otros beneficios establecidos en la Ley 782 de 2002, ya que esta
decisión no implica que se les vaya a aplicar a los destinatarios de la ley de
justicia y paz, tal institución ni tal norma”. Sobre el tema se apoya en la
Sentencia C-047 de 2001, relacionada con el amplio margen de configuración
legislativa en cuanto mecanismo tendiente a la solución del conflicto armado en
Colombia. Explica seguido, que el legislador tomó en consideración para  la
expedición de la Ley de Justicia y Paz, lo dispuesto en la ley 733 de 2002, y
en los artículos 30, 150 numeral 17 y 201 numeral 2, de la Constitución, normas
que establecen que estos beneficios se concederán sólo para los delitos
políticos, tuvo en cuenta también los pronunciamientos de la Corte
Constitucional.
Tampoco es
cierto que los preceptos acusados constituyan una amnistía velada como sistema
que da lugar a la impunidad de manera subrepticia, porque contrario a lo
expresado por los autores, no borran la responsabilidad de los autores de los
delitos mas graves poniendo fin a los procesos por iniciar, toda vez que la
Fiscalía ejerce la acción penal de la cual es titular investigando los delitos
y acusando a los responsables ante el Tribunal, contrario a las características
de la amnistía donde hay olvido del la actividad delictiva.
1.2.23.        “Conclusión del Juicio de Proporcionalidad”
Observa el
interviniente que no hay impunidad en la norma demandada, “toda vez que por
tratarse de una ley de perdón y olvido, todos los delitos deben ser
investigados y juzgados, los delincuentes sancionados y las víctimas separadas”.
Considera que no hay prescripción por delitos no confesados. Concluye que esta
“ley incorpora los estándares internacionales mas altos en el campo de la
justicia, exigiéndose entre otros la versión tendiente a la confesión y un
tiempo mínimo de pena privativa de la libertad como presupuesto para acceder a
los beneficios jurídicos, conservando en todo caso el Estado en toda su
capacidad de investigación, juzgamiento y sanción”.
En
correspondencia con lo anterior, señala que la norma por una parte, no se contempla
ni amnistía ni indulto, y por otro, la pena alternativa implica que tiene como
finalidad suspender la ejecución de la condena por un periodo de tiempo,
siempre que se reúnan los requisitos.  Explica que la decisión judicial no
recae sobre la sanción en cuanto, sino sobre la ejecución de la misma y tiene
en este ámbito un tratamiento provisional, mientras se mantenga en el juez la
convicción según la cual el condenado no sólo ha contribuido a la consecución
de la paz.
Explica que en
la pena alternativa en ningún caso se aplicarán subrogados penales, beneficios
o rebajas complementarias. El artículo 29 también consagra la figura de la
libertad a prueba por el termino igual a la mitad de la pena alternativa, que
se considera una vez se haya cumplido ésta y las condiciones impuestas en la
sentencia, y si cumple unas condiciones, se declarará extinguida la pena
principal y en caso de que no cumpla los compromisos adquiridos, la autoridad
judicial revocará la libertad a prueba y la persona – perderá los beneficios
que le habían sido otorgados – y deberá cumplir la pena inicialmente
determinada prevista en el Código Penal, evento en el cual podrá acceder a los
subrogados penales.
A lo anterior
agrega que la ley establece como requisito esencial para acceder a los
beneficios previstos en la ley, la reparación integral de las víctimas por
parte de los desmovilizados a través de medidas como la restitución, la
indemnización, rehabilitación y satisfacción (art. 43 y ss). Se disponen
también formas de reparación simbólica como la solicitud pública y expresa de
perdón a las víctimas y la adopción de medidas de no repetición.
Considera que la
norma demanda no vulnera el principio a la igualdad. Porque los beneficios
consagrados están sujetos a condiciones que se orientan al logro de la eficacia
de la administración de justicia, en tanto la colaboración que se demanda de
los beneficiarios busca de una parte someter a la ley y a las autoridades a
aquellos delincuentes que tienen una mayor capacidad para desestabilizar la
sociedad, y de otra preservar el derecho de las víctimas a la verdad, la
justicia y la reparación. De otra parte, señala que los beneficios previstos en
la norma requieren una colaboración efectiva de las autoridades, pues estas
deben aprehender a los jefes de las organizaciones criminales, el desarme
efectivo de éstas y la prevención de futuros actos delictivos. Por tanto
concluye que no puede afirmarse que tales beneficios se otorguen por el solo
hecho de haber incurrido en determinadas conductas punibles sino un medio que
el legislador consideró adecuado para alcanzar un fin legítimo, esto es, el
desmonte efectivo de las organizaciones armadas al margen de la ley.
1.2.24.
“Ausencia de razón en cuanto a las imputaciones sobre nulidad absoluta de la
norma y las situaciones jurídicas que de ella se deriven”.
Reitera que la
Ley 975 tiene como finalidad sustraer a los responsables de los delitos graves
de la acción de la justicia, lograr la desmovilización de los miembros armados
al margen de la ley, someterlos a las autoridades, imponerles una pena
alternativa por su contribución a la convivencia pacífica y reparación a las
víctimas, de lo que concluye que se pretende un equilibrio entre justicia y
paz. No produce un sistema de impunidad, y se garantiza la investigación,
juzgamiento y sanción de los responsables. De otro lado, no desconoce el ius
cogens porque no se esta consagrando ni amnistía ni indulto. En relación
con el tema, transcribe apartes de lo señalado en el primer debate de las
Comisiones conjuntas al Proyecto de ley 211 de 2005. Senado. Gaceta 200 de 13
de junio de 2005. A lo anterior adiciona e insiste en que el alcance del
concepto de alternatividad de la pena entre otros es establecer la justicia
aceptable tanto para la víctima como para los victimarios. Con el objeto de que
los delitos de lesa humanidad sean dignamente sancionados, reconocidos, se
deriven unas reparaciones, y que esto no sea un impedimento para lograr la paz.
1.2.25. “Improcedencia
del cargo de inconstitucionalidad relacionado en la tipificación del
parlamilitarismo como sedición”.
Constata que el
hecho de que no se haya calificado a los destinatarios de la ley como
sediciosos no significa que al hacerlo se vulnere norma constitucional alguna,
toda vez que el legislador en ejercicio de su libertad de configuración y
dentro de las competencias para diseñar la política criminal está facultado
para ello. Se apoya en las sentencias C- 695 de 2002, y en la C-529 de 1994, en
la que se trató el tema de la competencia del legislador y la dinámica de la
legislación.
Explica que la
adición que el legislador realiza al tipo penal del artículo 468 del Código
Penal, se enmarca dentro del ejercicio de libertad de configuración que le es
propia. En razón a la protección de los valores y fines constitucionales como
la justicia, la convivencia pacífica, la vigencia de un orden, así como las
situaciones sociales, económicas y políticas que se presentan en un momento
histórico determinado pueden seleccionar nuevos bienes jurídicos que ameritan
protección, aumentar, disminuir las penas y establecer procedimientos
diferentes, dentro del marco de una política criminal razonada y razonable.
1.2.26. “No
es cierto que la conducta prevista en el artículo 71 de la Ley 975 de 2005,
constituya un ataque al Estado. A diferencia de lo señalado por los
demandantes, las acciones de los grupos de autodefensa afectan el
funcionamiento del Estado pues interfieren en el normal funcionamiento del orden
constitucional y legal”.
Expresa que el
bien jurídico protegido por este tipo penal es el régimen constitucional y
legal. El delito de sedición es de aquellas conductas que pueden perfeccionarse
o modificarse mediante la concurrencia de la acción y la intención de varias
personas. Es de los denominados delitos de peligro. Aspecto fundamental de este
funcionamiento es el empleo de las armas y busca impedir transitoriamente el
libre funcionamiento del régimen constitucional y legal vigente.
La adición al tipo
penal no vulnera el principio de legalidad toda vez que el legislador, por una
parte tiene la competencia constitucional para describir nuevos delitos,
modificar los tipos existentes o excluirlos del Estatuto Penal de acuerdo con
las conveniencias sociales y con el objeto de obtener los fines
constitucionales del Estado. Señala que una característica de la Ley de
Justicia es la universalidad. Se remite al informe de ponencia para Segundo
Debate al Proyecto de Ley 211 de 2005, donde se indica que la ley va dirigida a
los grupos organizados al margen de la ley, entendiendo por tales a los grupos
de guerrilla o de autodefensa o a una parte significativa e integral de los
mismos, como bloques o frentes y otras modalidades de organización.
Sustenta que el
artículo 71 se ajusta al principio de legalidad y a lo estipulado en el
artículo 10 de la Ley 599 de 2000.  La disposición define de manera inequívoca
expresa y clara, las características básicas estructurales del tipo penal de
sedición. Con respecto al último inciso del artículo 71, que hace alusión a la
integración normativa, con el artículo 10 de la Convención de las Naciones
Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas,
aduce que fue el querer del legislador consagrar allí esta disposición para
cerrar las puertas a personas involucradas en el tráfico de narcóticos,
evitando que estas personas puedan acceder a este beneficio.
Se sujeta a lo
dicho en primer debate  de los artículos 61 y 64 del Proyecto de Ley 211 del
Senado, 293 Cámara:  la conformación o pertenencia a grupos de autodefensa o
guerrilla consiste en un concierto para delinquir, con el propósito de
interferir o suplantar transitoriamente el adecuado funcionamiento de las
instituciones del Estado.  De lo que deduce la posibilidad de que las
guerrillas incurran en este delito. Ahora bien, respecto a la posibilidad de
que el sujeto activo del mismo, sean las autodefensas, se remite a un Fallo de
la Corte Constitucional en el que se dijo que sólo el Estado puede administrar
justicia. “Carecen de legitimidad los denominados grupos de autodefensa
armada, por cuanto en realidad constituyen un paramilitarismo, incompatible con
la estructura del Estado de Derecho”. Se afirmó igualmente que existen
instrumentos idóneos en la Constitución y los expresa de manera detallada para
participar, por tanto no hay motivo razonable para señalar que es legítima la
confrontación armada y mucho menos actitudes violentas de resistencia a la
autoridad. “La aprobación del Congreso de la República de este artículo
aclara la naturaleza del accionar delictivo de los grupos armados al margen de
la ley y además da seguridad jurídica al proceso de desmovilización de los
miembros de los grupos armados ilegales”.
Señala de otra
parte que el artículo 64 se encuentra en concordancia con la Constitución
Política, y con las normas internacionales. Esta disposición se constituirá en
importante instrumento para al política de paz que adelanta el Estado
colombiano, en tanto que facilitará la desmovilización y la reinserción a la
sociedad de gran cantidad de integrantes de los grupos armados organizados al
margen de la ley que abandonen sus actividades como miembros de los mismos y
demuestren su voluntad de incorporarse a la vida civil.
1.2.27. “Carece
de sustento y veracidad el cargo sobre los grupos paramilitares en Colombia
aliados del Estado”.
En relación con
este tema sustenta que “el Estado Social de Derecho no tolera, ni apoya ni
tampoco es cómplice de las actividades delictivas cometidas por los grupos de
autodefensa y ejerce todo su poder de coerción y represión para desmantelar
estos grupos armados organizados al margen de la ley y someter a sus
integrantes al imperio de la ley”. Destaca que el Estado ha querido expedir
normas a través de las cuales se logre asegurar la convivencia pacífica y la
existencia de un orden justo. Se apoya en la Sentencia C-009 de 1995, en donde
se expresa que no puede legitimarse la fuerza contra el derecho.
1.2.28.
“Improcedencia de las imputaciones sobre consecuencias de la calificación del
paramilitarismo como delito político”.
El interviniente
hace referencia al artículo 17 de la norma demanda, que establece que los
miembros de los grupos organizados al margen de la ley cuyos nombres entregue
el gobierno nacional a consideración de la Fiscalía General de la Nación, que
se acojan al procedimiento y beneficios establecidos en ella, rendirán versión
libre ante el Fiscal Delegado y en presencia de su defensor manifestarán las
circunstancias de tiempo, modo y lugar de la comisión de los delitos. Asegura
que el párrafo del artículo 19 ídem, dispone que si en la audiencia de
conciliación de cargos el imputado no acepta los cargos o se trata de los
admitidos, en la versión libre, la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia
y la Paz, remitirá la actuación al funcionario competente, es decir pierde los
beneficios consagrados en la ley 782 de 2005, o la pena alternativa prevista en
la Ley 975 de 2005. Finalmente señala que no perderá los beneficios, como excepción
establecida en la norma, quien acepte haber participado en su realización
siempre y cuando la omisión no haya sido intencional.
Sostiene que el
Congreso descartó en forma categórica la conexidad de la sedición con los
delitos de lesa humanidad y demás delitos graves. Se apoya en la Sentencia
C-456 de 1997. Aclara que la norma dispone con carácter imperativo – no
discrecional- la obligación de los desmovilizados de manifestar en la
diligencia de versión libre, las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los
delitos en los que haya participado y de la misma forma deberán indicar los
bienes que entregan para la reparación de las víctimas. Comenta que éstos no
podrán participar en política. Afirma que para estas personas no procederá la
extradición, de conformidad con las normas nacionales e internacionales. Sin
embargo a quienes a pesar de ser posibles beneficiarios de la calificación del
delito político, pero que han incurrido en otros delitos por los cuales puedan
ser solicitados no podrán eludir la aplicación de la figura de la
extradición.
Precisa que no
es cierta la afirmación de los accionantes, puesto que el reconocimiento de una
condición política, no tiene nada que ver con los delitos graves que pueda
cometer durante y con ocasión de su pertenencia al grupo. Comenta que los
delitos de lesa humanidad no tienen conexidad con los delitos políticos, porque
si hubiese conexidad no se hubiese necesitado expedir la Ley de Justicia y Paz,
todo se habría podido encausar por la vía de conexidad al indulto o a la
amnistía. El legislador ha sido claro en señalar que no existe conexidad entre
el hecho de ser sedicioso y los delitos de genocidio, de lesa humanidad o de
narcotráfico.
Sostiene que las
personas que resulten condenadas no lo van a ser por sedición u otro delito
político sino por delitos de lesa humanidad y por lo tanto no podrán hacer
política ni acceder a cargos públicos, porque son delitos que no tienen
conexidad con la condición política. De acuerdo con lo expresado, la pena
principal inicialmente determinada deberá figurar junto a la pena alternativa
en el texto de la sentencia descartándose por tanto el tratamiento como
delincuente político y la concesión de beneficio alguno.
Hace referencia
al Segundo Debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes al proyecto de
ley citado: en donde se expresa el alcance de la ley, en cuanto a la
extradición y los delitos políticos, que para estos últimos no hay. La
intervención hace referencia a la sentencia C-456 de 1997, Sentencia que
excluyó la conexidad de los delitos políticos, eliminando la impunidad de los
delitos conexos al de rebelión y sedición. Ratificando la competencia del
legislador para determinar los delitos comunes cometidos en conexión con los
estrictamente políticos y cuales por su ferocidad, barbarie, por ser delitos de
lesa humanidad no pueden serlo.
Finalmente
comenta que el artículo 69 establece el beneficio de la resolución inhibitoria,
preclusión de la investigación o cesación de procedimiento, según el caso, para
los delitos de concierto para delinquir en los términos del inciso primero del
artículo 340 del Código Penal; utilización ilegal de uniformes e insignias;
instigación a delinquir en los términos del artículo 348 del CP; fabricación,
tráfico y porte de armas y municiones.
1.2.29. “El
artículo 71 de la Ley 975 no modificó la Constitución Política”.
Sustenta que la
modificación del artículo 468 del Código Penal, que tipifica el delito de
sedición la realizó el legislador de acuerdo con la autorización que le
concedió el Constituyente de 1991, para diseñar la política criminal del
Estado. La condición de sedicioso sólo se da para la pertenencia a los grupos
de guerrilla o autodefensa y por lo tanto, se descarta cualquier clase de
conexidad con los demás delitos, excepto los que la Ley 975 de 2005, consagra
en el artículo 69.
1.2.30.
“Imputaciones sin sustento en relación con normas internacionales violados a
partir del artículo 71 de la Ley 975 de 2005”.
Sostiene que el
artículo acusado no vulnera los artículos 2 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, y el artículo 1º de la Convención Americana sobre derechos
humanos. Contrario a lo afirmado por los demandantes, el Estado colombiano
adopta las medidas encaminadas a cumplir los compromisos y a garantizar a todas
las personas residentes en el País sus derechos fundamentales entre ellos, el
derecho a la igualdad. En la ley se encuentran disposiciones dirigidas a
proteger los derechos a la verdad, la justicia y la reparación (artículos: 1,
4, 6, 7, 8, 10, 11), el esclarecimiento de la verdad, consagrados en los
artículos 12,13,14,15; y el procedimiento para la investigación y juzgamiento
(Capítulo IV), se encuentra también la pena alternativa prevista en los
artículos 3 y 29. El régimen de privación de la libertad (artículos 30 y 31),
las instituciones para la ejecución de la ley (Capitulo VII), Capitulo VIII
derechos de las víctimas, contemplada en el Capítulo IX y la conservación de
archivos en el Capítulo (X).
II. Defensa a
los Cargos por Vicios de Forma.
Señala que
existe improcedencia de los cargos, por cuanto la Ley 975 de 2005, no afecta el
núcleo esencial de los derechos fundamentales de las víctimas o imputados,
acusados o condenados y por tanto no requería trámite de ley estatutaria.
Explica que la
voluntad del Constituyente de 1991, dispuso que las leyes estatutarias fueran
una excepción al sistema general que domina el proceso legislativo, razón por
la cual señaló que estas leyes deberán contar para su aprobación, modificación
o derogación con una mayoría cualificada. Este tipo de leyes regulan asuntos
esenciales para la sociedad, no obstante expresa que la Corte ha señalado que
no toda norma o tema relacionado con las materias estipuladas en el artículo
152 transcrito debe ser tramitado como ley estatutaria. Hace referencia a la
Sentencia C-247 de 1995, en donde se precisó el concepto de reserva de ley
estatutaria.
Argumenta que el
criterio para definir si se requiere una ley estatutaria para la expedición de
las normas que tocan con ellos (los derechos fundamentales), radica en la
verificación de si los preceptos correspondientes afectan el núcleo esencial de
aquellos, como cuando se consagran restricciones o limitaciones a su ejercicio,
lo que en verdad se traduce en su regulación, claramente aludida en el artículo
152  de la Constitución. Y señala el concepto de núcleo esencial de los
derechos tomado de la Sentencia C-033 de 1993. Se apoya en otras Sentencias
sobre el tema proferidas por la Corte Constitucional. (C-013 de 1993, C-311 y
C-425 de 1994, C-566 de 1993).
Observa que de
aceptarse la tesis planteada por los demandantes se llegaría al extremo de
configurar un ordenamiento jurídico integrado en su mayoría por leyes
estatutarias, lo que llevaría a la petrificación del ordenamiento jurídico
dificultando la adecuación de las normas, a los momentos históricos y a la
realidad social del país. Debiéndose realizar en relación con los derechos
fundamentales, una interpretación restrictiva de una reserva de ley estatutaria.
Se apoya en la Sentencia C-313 de 1994.
Precisa que los
artículos de la Ley 975 de 2005, no afectan el núcleo esencial de los derechos
allí consagrados, ni de los derechos de acceso a la justicia y a las garantías
judiciales. Especialmente por que no establecen límites, restricciones,
excepciones,  ni prohibiciones a su ejercicio que los hagan impracticables, ni
dificulten su ejercicio, ni los despojan de la necesaria protección, sino que
por el contrario, las disposiciones buscan garantizar el acceso de las víctimas
a la administración de justicia, asegurar sus derechos, y la reparación. De
manera correspondiente expresa que la ley contiene las necesarias previsiones
normativas para brindar a las personas que sean objeto de imputación, acusación
o condena por los delitos contemplados en la ley y se acojan a ella de acuerdo
con las previsiones allí establecidas, las garantías consagradas en la
Constitución. Argumenta que el trámite especial y excepcional de la ley
estatutaria para regular los derechos fundamentales sólo es necesario cuando el
legislador pretende la reglamentación integral y específica de ellos, evento
que no se presenta en los artículos demandados. No todo puede ser regulado por
ley estatutaria porque ello lleva a la petrificación de las normas procesales y
afecta la agilidad que requiere la administración de justicia. Recurre a la
Sentencia C-646 de 2001.
Señala que las
normas de la ley demandada son normas procesales mediante las que se prescriben
las reglas de procedimiento penal, que se evidencia en la creación de las Salas
de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, la asignación de
competencias dentro de una jurisdicción penal a Magistrados de control de
garantías y la creación de las Unidades de Fiscalía, lo cual no afecta el núcleo
esencial del derecho.  Explica que por contener la Ley de Justicia y Paz
disposiciones de diferente índole no es posible regular totalmente lo
relacionado con los derechos fundamentales allí previstos y los procedimientos
y recursos para su protección.
Sostiene que el
establecimiento de reglas de procedimiento y de competencia no son aspectos
comprendidos dentro del concepto de administración de justicia al que hace
alusión el artículo 152 constitucional. De ser ello así todos los trámites
deberían expedirse mediante un trámite riguroso y especialísimo de una ley
estatutaria y se haría nugatoria la facultad atribuida al Congreso de la
República. Además el estatuto procesal penal fue tramitado como ley ordinaria y
en él se hacen referencias a derechos de las víctimas y de las partes
intervinientes en el proceso sin que por ello haya sido necesario como ley
estatutaria. Se refiere a la Sentencia C-228 de 2002.
Los demandantes
parten de una premisa equivocada, que los lleva a afirmar que las leyes estatutarias
desarrollan de manera detallada y excluyente los temas que la constitución
reserva a esa clase de leyes, olvidando que la misma norma, autoriza al
legislador a expedir, por vía ordinaria, los diversos códigos.
2. “No es
cierto que la Ley 975 de 2005, deba entrar a regir hasta tanto no se haga el
control de constitucionalidad”.
Expresa que en
relación con la solicitud elevada por los actores relacionada con la vigencia
de la Ley de Justicia y Paz, debe tenerse en cuenta que en Auto del 8 de noviembre
de 2005, el Magistrado Ponente Alfredo Beltrán Sierra, consideró que no era
viable acceder a esta petición, “porque de una parte, la Constitución
Política no le otorga tal facultad a la Corte, a diferencia de lo que ocurre
con el Consejo de Estado, y de la otra es una decisión en este sentido es
competencia de la Sala Plena al momento de examinar uno de los cargos
expuestos, cuando decida si se debió tramitar como proyecto de ley estatutaria
y no como ley ordinaria, la Ley 975 de 2005, lo que es una resolución de fondo
con las consecuencias jurídicas que ello implica”.
Además, sostiene
el interviniente que todas las competencias se encuentran regladas y por tanto
los órganos del Estado solo pueden realizar funciones que les han sido
atribuidas por la Constitución y la ley. Además el artículo 238 precisa que la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, podrá suspender
provisionalmente, por los motivos y con los requisitos que establezca la ley.
Por su parte el artículo 241 confía a la Corte la guarda y al integridad de la
constitución y no le atribuye a esta esa función. Además los efectos de un
fallo se producen una vez terminado el proceso, es decir cuando se ha proferido
la correspondiente sentencia y esta se encuentre ejecutoriada.
2.1 “No es
cierto que por tratarse de una ley que concede indultos encubiertos, su
aprobación requeriría un procedimiento especial que no fue respetado en el
trámite dado al proceso”.
Señala que la
jurisprudencia constitucional ha considerado que el indulto es una decisión del
Estado en ejercicio de su poder soberano que perdona total o parcialmente la
pena impuesta mediante sentencia judicial a ciertas personas previo el
cumplimiento de unos requisitos de orden constitucional. Se refiere a un fallo
C-1404 de 2000 que trató el concepto del indulto.
Explica que en
el artículo 29 se consagran otros compromisos adicionales que deberá cumplir el
desmovilizado para tener derecho a la pena alternativa como el de contribuir
con su resocialización a través del trabajo, estudio o enseñanza, promover
actividades dirigidas a la desmovilización del grupo armado, entre otras. Las
exigentes condiciones establecidas en la ley de justicia y paz para acceder al
beneficio de la pena alternativa dista mucho de ser un indulto. Razón por la
cual bien hizo el legislador, en darle a la Ley 975 de 2005, el  trámite de una
ley ordinaria y no de una ley de indulto.
Hace referencia
a los debates de las Comisiones Primeras conjuntas de Senado y Cámara del
Proyecto de Ley de Justicia y Paz, en las que se expresó: “en la ley se
presenta el tratamiento penal a quienes siendo miembros de grupos armados no
pueden ser indultados y deben tener un tratamiento generoso por parte de la
sociedad y del Estado”.
Precisa que
contrario a lo manifestado por los accionantes el beneficio consagrado en la
Ley de Justicia y Paz, no implica la extinción de la pena, puesto que como lo
establecen los artículos 24 y 29 es inicialmente la principal y las accesorias
determinadas en la sentencia por la Sala del Tribunal Superior de Distrito
Judicial correspondiente a los delitos cometidos y calculada conforme a las
reglas del Código Penal, fallo en el cual se incluye la pena alternativa, los
compromisos adquiridos por el condenado, las obligaciones de reparación moral y
económica de las víctimas y la extinción de dominio de los bienes destinados a
la reparación.  De lo que concluye que la extinción de la pena principal se
declarará por la autoridad judicial una vez se cumpla en primer lugar la pena
alternativa, la que es de privación efectiva de la libertad sin rebaja de pena.
Cumplida ésta, en segundo lugar se le concede la libertad a prueba por término
igual a la mitad de la pena alternativa imponiendo exigentes compromisos, que
de no ser cumplidos darán lugar a la revocatoria de esta figura y a la
aplicación de la pena inicialmente determinada, es decir trae como consecuencia
la pérdida del beneficio, concluyéndose que no se trata de un derecho de gracia
que extinga la pena.
2.2.
“Improcedencia de los cargos relacionados con el trámite de la apelación de los
artículos 70 y 71 de la Ley 975 de 2005”.
Señala que la
disposición constitucional en ninguna parte de su texto establece que sólo
se puedan apelar proyectos de ley negados en su totalidad en la comisión y no
artículos individuales que fueran negados en la Comisión. Este mandato
constitucional tiene su desarrollo en el artículo 180 de la ley 5 de 1992. Es
claro que el reglamento del Congreso permite que las plenarias tanto del Senado
como de la Cámara considerar someter a nuevo estudio o examen las disposiciones
negadas por las comisiones, siempre y cuando haya existido apelación de la
medida y esta se haya tramitado a través del procedimiento establecido, como
efectivamente sucedió en el caso de los artículos 61 y 64 del proyecto de ley
211 de 2005.
La Ley 5 de
1992, desarrolla igualmente dicho mandato constitucional, estableciendo para
ello que cuando un proyecto de ley sea negado o archivado indefinidamente por
la Comisión, cualquier miembro de ella, el autor del mismo, el Gobierno o el
vocero de los proponentes en los casos de iniciativa popular, podrán apelar tal
decisión ante la plenaria de la Cámara respectiva. La plenaria previo informe
de una comisión accidental, decide si acoge o rechaza la apelación. Si acepta,
la presidencia debe remitir el proyecto a otra comisión constitucional para que
se surta el trámite del primer debate, y si la rechaza, procederá a ordenar el
archivo. Hace relación a la sentencia C-385 de 1997.
Sustenta que el
haber sometido a apelación los artículos 61 y 64 del Proyecto de ley ante la
Plenaria de la respectiva Cámara en el Proyecto de ley 211 de 2005 Senado,
constituye una medida ante todo democrática y participativa que guarda
consonancia con el Preámbulo y los artículos 1 y 2 constitucionales y con los
fines esenciales del Estado. Debe tenerse en cuenta que las plenarias se
encuentran conformadas por todos los integrantes de cada una de las Cámaras y
por tanto existe a su interior una mayor reflexión y participación de los temas
sometidos a su estudio que en las comisiones, lo que tiene como objetivo que la
decisión que se adopte sea la que mejor corresponda a los intereses generales,
guardando además consonancia con el inciso segundo de artículo 160
constitucional. Para la aprobación de los artículos se observaron a cabalidad
las exigencias formales de la Constitución y el reglamento del Congreso,
realizándose plenamente el principio democrático de la expresión y la expresión
de la voluntad soberana con las garantías necesarias que comprendieron.
Mencionando a la Corte Constitucional sustenta que ésta ha determinado que si
un vicio de procedimiento relativo al debate parlamentario genera la
inconstitucionalidad del proyecto de ley y/o acto legislativo o se trata de una
irregularidad irrelevante en la medida en que no vulnera ningún principio ni
valor constitucional, es preciso acudir al principio de instrumentalidad de las
formas. Se refiere a las Sentencias C-737 de 2001 y C-473 de 2004.
Argumenta que
considerando el contexto, no puede hablarse de la existencia de un vicio de
procedimiento, por cuanto los artículos 61 y 64 fueron aprobados por el
Congreso de la República con el cumplimiento de los requisitos constitucionales
y legales. Seguido relata el procedimiento para la aprobación de los artículos
en mención.
De acuerdo con
el Informe de la Subcomisión en relación con el recurso de apelación
interpuesto contra la negación de los artículos 61 y 64 del Proyecto de Ley de
Justicia y Paz. El artículo 61 fue negado tanto en la Comisión primera del
Senado como en la Primera de la Cámara. El día 12 de abril de 2005 se solicitó
la reapertura de la discusión de este artículo, la proposición fue negada en la
comisión Primera de Senado y aprobada en la Comisión Primera de la Cámara.
Negada la apertura, se apeló el artículo ante las Plenarias.
El artículo 64
del Proyecto señalado, fue negado en el Senado y aprobado en la Cámara, razón
por la cual se negó el artículo en las Comisiones Conjuntas, decisión que fue
apelada ante las Plenarias. Transcribe el informe de la Subcomisión en relación
con el recurso de apelación interpuesto contra la negación de los artículos 61
y 64, publicado en la Gaceta 300 de 2005.  Para dar trámite a la apelación
interpuesta contra la negación de los citados artículos, el Presidente del
Senado conformó una subcomisión con el fin de rendir informe sobre su
procedencia, la que consideró que debía aplicarse el artículo 166 de la Ley 5
de 1992, al asignar el estudio de dichos artículos a la Comisión Tercera de la
Cámara. (Gaceta del congreso No. 302 del 27 de mayo de 2005).
Posteriormente
las Mesas Directivas enviaron los artículos negados en las Comisiones
Constitucionales Primeras del Senado y Cámara, luego de ser aprobada la
apelación por las plenarias de la Corporación, a la Comisión Segunda del Senado
y Tercera de la Cámara de Representantes para que se surta el primer debate a
los artículos 61 y 64 del Proyecto de Ley de Justicia y Paz, de conformidad con
el artículo 166 de la Ley 5 de 1992, el cual en la parte pertinente consagra: “la
plenaria, previo informe de una comisión accidental, decidirá si acoge o
rechaza la apelación. En el primer evento la presidencia remitirá el proyecto a
otra comisión constitucional para que surta el trámite en el primer debate y en
el último se procederá a su archivo”.
En la Comisión
Segunda del Senado se designan como ponentes a los Senadores Francisco
Murgueitio Restrepo (Coordinador); Manuel Ramiro Velázquez Arroyave, Manuel Antonio
Díaz Jimeno, Jesús Angel Carrizosa Franco, Enrique Gómez Hurtado, Jairo
Clopatofsky Ghisays, Jimmy Chamorro Cruz; Luis Guillermo Vélez Trujillo, Habib
Merheg Marín y Ricarlo Varela Consuegra, quienes presentaron dos ponencias una
suscrita por el senador Jimmy Chamorro, en la cual solicita se archive el
artículo 61 y se apruebe el artículo 64 y otra suscrita por los demás ponentes
en donde se solicita aprobar con las modificaciones sugeridas, los artículos 61
y 64. Fue aprobada la ponencia mayoritaria por la Comisión Segunda, en la
sesión del día 1 de junio de 2005. (Gaceta 827 de 2005).
En la Comisión
Tercera de la Cámara de Representantes se designó como ponentes a los
Representantes: Zulema Jattin Corrales, Coordinadora u Oscar Darío Pérez, quienes
presentaron la ponencia positiva a la aprobación de los artículos 61 y 64. La
Ponencia fue aprobada el día 1 de junio de 2005 (Gaceta 318 de 2005). Concluye
el interviniente que el trámite observado por las plenarias al informe
elaborado por las Comisiones Accidentales para la apelación, es totalmente
diferente al surtido en las Comisiones Segunda de Senado y Tercera de Cámara,
en relación a la aprobación en primer debate de los artículos 61 y 64.
Posteriormente fueron incorporados al texto del Proyecto de ley 211 de 2005.
Señala entonces, que se observó el principio democrático con todas sus
garantías.
Sobre el
particular señala que además debe precisarse que los artículos 158, 160 y 161
superiores, permiten concluir que tanto las Comisiones y las plenarias pueden
introducir modificaciones a los Proyectos de le, siempre y cuando conserve
identidad el Proyecto. Además, expresa que el artículo 154 de la Constitución
Política, consagra que inclusive respecto de proyectos confiados a la
iniciativa exclusiva del Gobierno, las Cámara podrán introducir las
modificaciones que sean pertinentes. Sobre el tema se apoya en la Sentencia
C-807 de 2001.
2.
INTERVENCIÓN DEL CENTRO INTERNACIONAL POR LA JUSTICIA TRANSICIONAL “ICTJ”[7][1].
Los ciudadanos
Juan Méndez, Eduardo González, Leonardo G. FIlippini y  Catalina Díaz,
intervienen en el presente proceso de constitucionalidad con el objeto de
presentar las observaciones del Centro Internacional por la Justicia
Transicional, en su condición de amicus curiae. El escrito presentado se
divide en cinco apartes: en el primero, presentan un panorama de las
obligaciones de los Estados para la realización de la justicia en contextos de
transición política; en el segundo, se analiza el ejercicio de la jurisdicción
penal del Estado en contextos de transición; en el tercer aparte  exponen
algunas experiencias de investigación y determinación judicial de los hechos y
atribución de responsabilidad en contextos de transición política; en el cuarto
aparte se refieren a la incompatibilidad de varias normas de la ley acusada,
con los derechos de las víctimas y las obligaciones internacionales de los
Estados para garantizarlos; y, por último, en el quinto aparte hacen varias
peticiones a este Tribunal Constitucional.
En ese orden, se
resumirá la presente intervención:
1.  Respecto de
las obligaciones de los Estados en la realización de la justicia en contextos
de transición política, se señala por parte de la organización interviniente
que de conformidad con los actuales postulados del derecho internacional, a los
Estados se les imponen unas obligaciones para la realización de la justicia en
casos de crímenes internacionales. Siendo ello así, además de las obligaciones
convencionales que surgen de la suscripción de tratados internacionales, en la
comunidad internacional existe un creciente consenso en relación con las
obligaciones de los Estados de conformidad con el derecho internacional
consuetudinario, las cuales no cesan por el hecho de que un Estado se encuentre
atravesando una situación de transición política. Por el contrario, el consenso
de la comunidad internacional sobre los derechos de las víctimas de graves
violaciones al derecho internacional de los derechos humanos y al derecho
internacional humanitario y los deberes correlativos de los Estados fue
reafirmado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de noviembre de
2005. Allí se adoptaron por consenso y sin someter a votación los Principios
Básicos sobre el derecho a interponer recursos y a obtener reparaciones[8][2].
Con la adopción de esos Principios la Asamblea General de las Naciones Unidas
reafirmó la concepción de que los Estados tienen una serie de obligaciones de
garantía o deber de garantía para hacer efectivos los derechos humanos.
Luego de
referirse brevemente al contenido de algunos de los Principios referentes a las
obligaciones de los Estado, y al derecho de las víctimas, se precisa que las
obligaciones de los Estados no cesan por el hecho de que éstos se encuentran
atravesando situaciones de transición política; por el contrario, la comunidad
internacional ha desarrollado una serie de restricciones y obligaciones
positivas de los Estados precisamente con la finalidad de combatir la impunidad
en contextos de negociación de conflictos armados o de transiciones
democráticas, consenso que se ha venido haciendo explícito durante los últimos
quince años en la formulación de los “Principios para la protección y
promoción de los derechos humanos a través de acciones para combatir la
impunidad”, que recogen y detallan los derechos a la verdad (capítulo II),
a la justicia (capítulo III), y a la reparación y adopción de garantías de no
repetición (capítulo IV). Expresa la entidad interviniente que estos Principios
coinciden en gran medida con los Principios Básicos sobre el derecho a
interponer recursos ya obtener reparaciones, sin que con ellos se creen
nuevas obligaciones para los Estados, sino que recogen y organizan una serie de
derechos y obligaciones internacionales que tienen su fuente en tratados y en
la costumbre internacional y, ha sido reconocidos y especificados en la
jurisprudencia de Cortes Internacionales y de los órganos de vigilancia de la
aplicación de ciertos tratados como es el Comité de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas.
Una vez se hace
referencia a todo este conjunto de Principios, manifiesta la organización
interviniente que las sociedades que intentan superar un conflicto armado o un
proceso autoritario por la vía de la negociación, se encuentran enfrentadas al
dilema de demandas de justicia, por un lado, y, a la urgencia de alcanzar una
situación política estable, por el otro. Con todo, aduce que el éxito de una
transición política o de procesos de paz, parece depender de que las partes que
negocian se garanticen mutuamente que la nueva situación política no resultará
en venganza. No obstante, agrega la interviniente, en la práctica más que el
temor a las represalias de antiguos enemigos, lo que existe es una tendencia a
consolidar pactos que impidan la acción de la justicia, pues las partes de una
negociación que han cometido violaciones a los derechos humanos, buscan su
impunidad aun después de haber dejado el poder o depuesto las armas. Sin
embargo, añade, la estabilidad de una situación política obtenida con
fundamento en esa clase de pactos o convenios resulta mínima, y los procesos de
paz así logrados son apenas sostenibles, ello por cuanto quienes cometen esa
clase de abusos se sienten por encima de la ley y pueden persistir en prácticas
peligrosas para el Estado de Derecho. La decisión de mantener la impunidad
quienes han violado derechos a cambio de asegurar la estabilidad de la
transición, no sólo afecta la calidad de la democracia sino que no es sostenible
a largo plazo, incluso en las transiciones fundadas en pactos de olvido
se ha revisado el pasado en virtud de la persistencia de organizaciones de
víctimas que no aceptan la subordinación ante las prioridades de los operadores
políticos.
Siendo ello así,
las sociedades que procuran una transición que supere conflictos armados o
regímenes autoritarios y su legado de impunidad deben buscar la manera de
hacerlo sostenible, con fundamento en el respeto de los principios
fundamentales de derechos humanos, así como fortaleciendo el espacio de acción
política para prevenir el retorno de la violencia o el autoritarismo.
Precisamente, para explicar los problemas prácticos que se presentan en esas
sociedades e identificar ciertos principios que deben ser observados, ha
surgido la denominada justicia transicional, referente al desarrollo,
análisis y aplicación práctica de estrategias para confrontar el legado de
violaciones a los derechos humanos con el fin de contribuir a crear
condiciones para un futuro democrático, pacífico y más justo.
Se trata de una
justicia que en los últimos años ha ganado “[a]ceptación en escenarios
internacionales como disciplina y fuente para la formulación de políticas
públicas. En efecto, el Secretario General de las Naciones Unidas presentó en
agosto de 2004 ante el Consejo de Seguridad de la Organización el documento “El
Estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o
han sufrido conflictos”. Ese documento refleja, de cierta manera, el consenso
de la comunidad internacional sobre los deberes de los Estados en materia de
justicia en contextos transicionales. El Secretario General, en su informe,
expresamente dice que los tratados de paz aprobados por las Naciones Unidas no
pueden, en ningún caso, otorgar amnistías en casos de genocidio, crímenes de
guerra y crímenes de lesa humanidad, o en casos de graves violaciones a los
derechos humanos y que las amnistías concedidas con anterioridad no constituyen
un obstáculo para el enjuiciamiento ante cualquier tribunal creado o asistido
por las Naciones Unidas”.
2.  En relación
con el ejercicio de la jurisdicción penal del Estado en contextos de
transición, la organización interviniente expresa que la justicia transicional,
reconoce que la lucha contra la impunidad no depende de forma exclusiva de la
justicia penal, sino que debe estar articulada con elementos de rehabilitación,
reparación, reconocimiento de la víctima y su memoria, y reforma institucional.
Admite también que la aplicación de la justicia penal de cada Estado puede
diferir en la forma como se identifican y reconocen límites discrecionales,
mecanismos de colaboración eficaz, así como la disponibilidad de mecanismos
apropiados de carácter no judicial. También reconoce que en situaciones de
transición pueden existir limitaciones a la capacidad de los gobiernos para
adoptar ciertas medidas de justicia, las cuales incluyen la escasez de
recursos, indisposición del sistema de justicia, dificultad para obtener
prueba, la existencia de un gran número de victimarios y víctimas, entre otras
circunstancias. No obstante, añade, el marco analítico de la justicia
transicional no encuentra que esas limitaciones sirvan de excusa para la
inacción de los Estados. En la actualidad, aclara, existe una clara presunción contra
la impunidad, lo que conlleva a que el debate se centre en asuntos de
estrategia y de táctica más que en opciones simplistas que contrapongan
justicia y paz. Ello implica que resulte inaceptable el ofrecimiento de
impunidad absoluta a quienes perpetran crímenes internacionales a cambio de que
pongan fin a su participación en un conflicto.
En esos
contextos de transición el poder judicial adquiere un papel preponderante, pues
luego de un período de abusos el papel de los jueces y magistrados como contrapeso
democrático y como garantía de acceso a los derechos se constituye en un factor
esencial. La presencia del Estado a través de una de sus ramas del poder cuyo
principal objeto es el aseguramiento de los derechos de las víctimas como
garantía individual frente a los abusos, resulta fundamental en la
reconstrucción de la confianza en las instituciones.
La justicia en
general tiene un compromiso especial en los procesos de transición política.
Particularmente la actuación de la justicia penal es uno de los pilares más
importantes a las potestades del Estado. Su función arquetípica es la
administración y control de la violencia estatal, y resulta esencial para la
reconstrucción efectiva de la confianza en la existencia de límites al Estado y
de responsabilidad por la infracción de esos límites. Manifiesta la
interviniente, que en los supuestos de conflictos en los cuales los abusos han
sido perpetrados o consentidos por la autoridad estatal, existen expectativas
naturales dirigidas directamente a los actores de la justicia penal, pues de
ellos se espera el ejercicio racional de la violencia. Sin la existencia de una
jurisdicción penal no se podría hablar de la existencia de límites, y sin
jueces penales en particular no hay límites ciertos al obrar de las agencias
punitivas del Estado.
Pasa a referirse
a la importancia que  en los procesos de transición ha ido concentrando el
derecho internacional, para lo cual cita, entre otros, el documento que recoge
los criterios de la comunidad internacional elaborado por el Secretario General
de la ONU, presentado ante el Consejo de Seguridad en agosto de 2004 “El
Estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o
han sufrido conflictos”, informe según el cual la justicia, la paz y la
democracia no son objetivos excluyentes sino más bien imperativos que se
refuerzan uno al otro.
Sostiene la
organización que interviene en el presente proceso, que en el ámbito regional
interamericano, es conocida la fuerte posición de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, que de manera constante ha establecido que ninguna ley ni
disposición de derecho interno puede impedir a un Estado cumplir con la
obligación de investigar y sancionar a los responsables de violaciones de
derecho humanos. En ese sentido, añade, la Corte IDH ha señalado que son
inaceptables las disposiciones de amnistía, las reglas de prescripción y el
establecimiento de excluyentes de responsabilidad, que tengan por finalidad
impedir la investigación o sanción de los responsables de violaciones de
derechos humanos, como las ejecuciones o desapariciones. Ello por cuanto la
obligación de los Estados de investigar adecuadamente y sancionar a los
responsables, debe cumplirse diligentemente para evitar la impunidad, y la
repetición de esos hechos. Cita también el Tribunal Penal Internacional para la
Ex Yugoslavia[9][3],
la Corte Especial para Sierra Leona[10][4],
“y varias cortes nacionales en aflicción de los principios de derecho
internacional se han pronunciado en contra de las amnistías de ciertos
crímenes”.
Aduce que en el
campo internacional se remarca de manera decisiva la importancia de la efectiva
aplicación del derecho penal y la búsqueda de la verdad para la consolidación
de la democracia. Paralelamente, la realización de esos fines bajo la
jurisdicción nacional tiene un valor agregado, en tanto permite el
fortalecimiento de las capacidades locales y facilita la atención de las
particularidades de cada comunidad. Dichos principios también fueron recogidos
por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que dispone que la
competencia internacional es subsidiaria de las jurisdicciones nacionales. En
los términos de ese Estatuto, la Corte Penal internacional solamente
intervendrá ante la ausencia de justicia por parte de los tribunales
nacionales.
Los procesos de
negociación dirigida al cese de conflictos armados internos o la transición de
regímenes autoritarios a regímenes democráticos, permite justificar cierta
flexibilidad en las formas del ejercicio de la jurisdicción penal del Estado.
Tanto es así que el Estatuto de la Corte Penal Internacional utiliza la fórmula
“ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes
internacionales”, con todo, esa flexibilidad excluye las amnistías por
crímenes internacionales como el genocidio, crímenes de lesa humanidad y otras
graves violaciones del derecho internacional humanitario. La comunidad
internacional tampoco acepta la presencia de amnistías bajo fórmulas
sofisticadas en el marco de negociaciones complejas. De hecho, el Estatuto de
la Corte Penal Internacional y del Tribunal Penal para la Ex Yugoslavia “[e]xcluyen
del ámbito de protección de la garantía contra la persecución penal múltiple
los casos en los que el juicio antecedente no fue conducido de manera
independiente o imparcial, de acuerdo con normas del debido proceso, o de
manera inconsistente con la pretensión de llevar a la persona ante la
justicia”.
Por otra parte,
existe el derecho de las víctimas y de la sociedad a conocer la verdad de lo
que ocurrió. En ese contexto el margen de apreciación de los Estados para la
negociación del cese del conflicto interno, no puede tampoco desconocer los
derechos de las víctimas al esclarecimiento de los hechos, a la justicia y a la
reparación. El Estado se encuentra en la obligación de investigar las violaciones
ocurridas con independencia de su responsabilidad directa, obligación que se
encuentra estrechamente vinculada con el deber jurídico de sancionar a los
responsables y reparar a las víctimas. Sostiene la interviniente, que a pesar
de tener un fuerte vínculo con el deber de sancionar a los responsables, el
deber de investigar posee un contenido autónomo, incólume incluso ante la
existencia de obstáculos al castigo. Ello por cuanto la imposibilidad de
aplicar castigos a los responsables no enerva el deber de investigar las
violaciones a los derechos humanos. En ese sentido, la Corte Interamericana ha
establecido que el derecho a la verdad se encuentra subsumido en el derecho de
las víctimas o sus familiares a obtener del Estado el esclarecimiento de los hechos
y el juzgamiento de los responsables, de conformidad con los artículos 8 y 25
de la Convención Americana. Derecho que además impide que la obligación de
investigar pueda extinguirse en tanto dure la incertidumbre respecto de lo
ocurrido a las víctimas.
3.  Con
referencia a las experiencias de esclarecimiento, determinación judicial o
cuasi judicial de los hechos y atribución de responsabilidad en contextos de
transición política, aduce la organización que interviene, que la experiencia
internacional demuestra la viabilidad de negociar la terminación de regímenes
autoritarios o conflictos armados internos sin sacrificar el esclarecimiento de
los hechos de graves violaciones de derechos humanos y la atribución de
responsabilidad a los violadores. Para sustentar su afirmación, y teniendo en
cuenta el enfoque de justicia penal que se ha dado al asunto en Colombia, se
refiere a cinco experiencias en las cuales se establecieron los hechos y se
atribuyó responsabilidad penal a los perpetradores en escenarios judiciales o
cuasi judiciales. En efecto, cita y hace una reseña de experiencias como: el
programa de liberación anticipada de personas en Irlanda del Norte; el proceso
cuasi-judicial para la concesión de amnistía condicionada a la revelación total
y pública de los hechos en Sudáfrica; los “juicios de la verdad” de Argentina;
la complementariedad entre la corte mixta y la Comisión de la Verdad de Sierra
Leona; y la complementariedad de mecanismos de justicia penal y restaurativa en
Timor Oriental. Agrega que en los casos sudafricano y argentino, a pesar de la
amnistía concedida a los violadores de derechos humanos, se investigaron y
esclarecieron los hechos y se atribuyó responsabilidad a sus autores.
4.  Para la
organización interviniente existe incompatibilidad de varias normas de la Ley
975 de 2005, con normas internacionales sobre verdad, justicia y reparación. En
efecto, aduce que sin haber estudiado la totalidad de las normas cuya
constitucionalidad se debate en el presente proceso, pues su aproximación a las
normas de la ley acusada se ha realizado desde la perspectiva del derecho
internacional, encuentra que varias disposiciones de la misma comprometen
seriamente las obligaciones internacionales del Estado Colombiano, a saber:
a) El régimen de
acceso indefinido a los beneficios de la pena alternativa con incentivos
mínimos para el aporte de información consagrado en el artículo 25, viola el
derecho de las víctimas a conocer la verdad de lo sucedido, particularmente en
el segmento normativo que dispone “…sin perjuicio del otorgamiento de la
pena alternativa, en el evento que colabore eficazmente en el esclarecimiento o
acepte, oralmente o por escrito, de manera libre, voluntaria, expresa y
espontánea, debidamente informado por su defensor, haber participado en su
realización y siempre que la omisión no haya sido intencional. En este evento,
el condenado podrá ser beneficiario de la pena alternativa. Se procederá a la
acumulación jurídica de las penas alternativas sin exceder los máximos
establecidos en la presente ley.
Teniendo en
cuenta la gravedad de los nuevos hechos juzgados, la autoridad judicial
impondrá una ampliación del veinte por ciento de la pena alternativa impuesta y
una ampliación similar del tiempo de libertad a prueba”.
Ese aparte trascrito,
según la interviniente, no estimula el aporte de información por parte del
combatiente desmovilizado para el esclarecimiento de los hechos en que haya
participado. El acceso al régimen de rebaja de penas por segunda, tercera o
cuarta vez, se encuentra condicionado a que la omisión no haya sido intencional
y a que el desmovilizado colabore de manera eficaz en el esclarecimiento de los
hechos o acepte su participación en los mismos. La única consecuencia adicional
es un aumento del veinte por ciento de la pena alternativa impuesta a
discrecionalidad del juez en la valoración de la gravedad de los hechos nuevos
juzgados. En esos casos, añade, la ley en lugar de atribuirle al combatiente
que accede a los beneficios de pena alternativa (Ley 975/05), o de amnistía e
indulto (Ley 782/2002), la carga de confesar su participación en los hechos,
traslada al Estado la carga de la prueba sobre la no intencionalidad de la
omisión.
El contenido del
aparte normativo del artículo 25 de la ley cuestionada, establece un régimen de
incentivos mínimos para la contribución del desmovilizado al esclarecimiento de
los hechos, que viola el derecho de las víctimas a saber la verdad de lo
sucedido, así como el deber correlativo del Estado a adoptar medidas adecuadas
para garantizar ese derecho. En ese sentido, el Conjunto de Principios para
combatir la impunidad, dispone que el Estado debe tomar medidas apropiadas
para hacer efectivo el derecho a saber, incluidas las que sean necesarias para
asegurar la operación independiente y efectiva del aparato judicial.
Para fundamentar
su argumento, trae a colación la experiencia sudafricana en virtud de la cual
se demuestra “[c]omo el esclarecimiento de una buena cantidad de hechos
ocurridos durante el conflicto en ese país, se logró condicionando el
otorgamiento de amnistías a la revelación completa y pública de los hechos por
parte del perpetrador. Para asegurar la revelación de la verdad de lo sucedido
por parte de los perpetradores, la ley sudafricana estableció un límite de
tiempo dentro del cual quienes pretendieran beneficiarse con amnistías debían
solicitarlo por escrito y que quienes no lo hicieran oportunamente corrían el
riesgo de ser enjuiciados de acuerdo con las leyes y los procedimientos
ordinarios. Además, la Subcomisión de amnistía se reservaba el derecho de
calificar si la relación de los hechos ofrecida por el perpetrador había sido
completa, sino se había cumplido con dicho requisito la amnistía era rechazada.
El caso Sudafricano demuestra que la contribución de los perpetradores al
esclarecimiento de los hechos se consigue con una serie de incentivos asociados
con el riesgo serio del enjuiciamiento y el ejercicio pleno de la jurisdicción
por parte del Estado”.
b)  Los
reducidos términos para formular la imputación (36 horas) y adelantar la
investigación (60 días), previstos en los artículos 17 y 18 violan el derecho a
de las víctimas a saber lo que ocurrió. Se trata de plazos que resultan
insuficientes y comprometen de manera superlativa el derecho de las víctimas a conocer
la verdad de lo sucedido y el correlativo deber del Estado de adoptar las
medidas apropiadas para hacer efectivo el derecho a saber, incluidas las
necesarias para asegurar la operación efectiva del aparato judicial. Los plazos
contenidos en los artículos en cuestión, resulta extremadamente cortos, si se
tiene en cuenta además que la ley demandada establece incentivos mínimos para
quienes se acojan a la pena alternativa aporten información sobre los hechos en
los cuales participaron. Con esos términos el Estado restringe de forma
innecesaria las posibilidades de esclarecer la verdad.
Teniendo en
cuenta el régimen de acceso indefinido a los beneficios de la pena alternativa
a que se refiere el artículo 25 de la Ley 975, el número de combatientes desmovilizados,
el número de fiscales asignados a la nueva Unidad Nacional de Fiscalía para la
Justicia y Paz, las estimaciones sobre número de víctimas, y las estimaciones
sobre el número y la naturaleza de las violaciones cometidas en el contexto del
conflicto armado interno en Colombia, los términos para formular la imputación
y para adelantar la investigación no responden a la obligación internacional
del Estado de establecer un recurso efectivo y adelantar una investigación que
seria y genuinamente conduzca al esclarecimiento de la verdad.
c)  La Ley 975
no establece expresamente el derecho de las víctimas a acceder al expediente
desde el momento de su apertura. Con todo el numeral 5 del artículo 37 de la
ley mencionada dispone que las víctimas tendrán derecho a recibir información
para la protección de sus intereses, en los términos establecidos en el Código
de Procedimiento Penal. Del contenido normativo citado, se desprende una falta
de precisión sobre cuál de los dos Códigos de Procedimiento Penal vigentes en
Colombia ha de ser aplicado, si la Ley 600 de 2000 o la Ley 906 de 2004, pues
teniendo en cuenta el momento de ocurrencia de los hechos, el artículo 37 de la
Ley 975, se podría interpretar de conformidad con las normas de la Ley 906 de
2004, bajo cuyo régimen las víctimas no tienen derecho a acceder al expediente.
Negar a las
víctimas el acceso al expediente constituye una violación del derecho a la
justicia. De conformidad con lo dispuesto por el Principio 19 del  Conjunto
de Principios para combatir la Impunidad, los Estados deben garantizar una
legitimación y participación efectiva dentro del proceso judicial a todas las
personas a las que se le haya inflingido un daño, o incluso a terceros que
acrediten un interés legítimo. En virtud de ese Principio, las víctimas, sus
familiares y herederos deben estar legitimados para constituirse en parte civil
dentro del proceso, lo cual, por supuesto, un acceso completo y permanente al
expediente desde el mismo comienzo del proceso.
Siendo ello así,
con el objeto de proteger el derecho de las víctimas a la justicia, este
Tribunal Constitucional podría aplicar su jurisprudencia anterior, de
conformidad con la cual se le debe permitir a la víctima intervenir activamente
en el proceso, incluso desde la etapa de investigación preliminar. Así lo ha
sostenido esta Corte, al manifestar que la garantía efectiva de los derechos a
la verdad, al a justicia y a la reparación económica, depende de que se le
permita a la parte civil, desde le etapa de investigación preliminar, conocer y
controvertir las decisiones judiciales , aportar pruebas y cooperar con las
autoridades judiciales [C-228 de 2002]. En esa sentencia, añade la organización
interviniente, se precisó que se debe garantizar a las víctimas que se hubieran
constituido en parte civil el acceso al expediente, e incluso de aquellas que a
pesar de no haberlo hecho manifiesten su interés a través de derecho de
petición.
d)  El derecho a
la justicia, incluye el derecho de las víctimas a estar asistidas por un
abogado en todas las etapas del proceso penal, y no solamente en la etapa del
juicio, como pareciera desprenderse del artículo 37 de la ley acusada. Así las
cosas, la norma en cuestión parece excluir el derecho de las víctimas a ser
asistidas por un abogado durante la etapa de la investigación. Aduce que “[L]a
restricción del derecho de las víctimas a la asistencia letrada que trae la
norma y la correlativa obligación del Estado a proveer un abogado solamente
‘durante el juicio’, están en consonancia con lo previsto en los artículos 17,
18 y 19 sobre las diligencias de versión libre, sobre la formulación de
imputación y sobre la audiencia de formulación de cargos. En dichas normas no
se prevé en absoluto la participación de las víctimas en las diligencias que
regulan. De acuerdo con lo establecido en ellas, parecería que la intervención
de la víctima en el proceso se reduce a la etapa del juicio, y particularmente
a su intervención en la audiencia pública donde expresaría ‘de manera concreta
la forma de reparación que pretende’ e indicaría ‘las pruebas que hará valer
para fundamentar sus pretensiones’. Restringir el derecho de las víctimas a
participar en el proceso solamente a la etapa del juicio compromete seriamente
el derecho de las víctimas a acceder a la justicia”.
En el campo
internacional la Corte Inter-Americana de Derechos Humanos ha sido
particularmente enfática en reforzar el papel central que las víctimas deben
tener en la etapa de la investigación dentro del proceso penal. De conformidad
con su jurisprudencia, ciertas restricciones a la participación de las víctimas
constituyen una violación al deber del Estado de investigar, por configurar un
vicio en el modo de emprender ese deber.
e)  Sostiene la
organización que interviene, que la Ley 975 de 2005 exime al perpetrador
de la obligación de concurrir con su patrimonio a pagar la indemnización de los
daños que hubiere causado, con lo cual se vulnera el derecho de las víctimas a
obtener reparación. Ello se presenta por cuanto la ley acusada se encuentra
articulada en la idea de una compensación económica a las víctimas que
soliciten la reparación dentro del proceso penal especial establecido
por la ley, con los bienes que sean producto de la actividad ilegal o que sean
de procedencia ilícita, pero en ninguna parte se establece que la reparación
económica deba ser asumida por el perpetrador con todo su patrimonio
independientemente del origen del mismo (art. 24). Por el contrario, el
artículo 55 de la Ley 975 dispone que la Red de Solidaridad Social, a través
del Fondo de Reparación “[t]endrá a su cargo, de acuerdo con el presupuesto
asignado para el Fondo (…) liquidar y pagar las indemnizaciones judiciales de
que trata la presente ley dentro de los límites autorizados en el presupuesto
nacional”.
Manifiesta la
interviniente que de la interpretación armónica de las disposiciones de la ley
acusada en relación con las reparaciones, pareciera entenderse que su finalidad
es que todos los bienes que eventualmente sean entregados por los combatientes
desmovilizados, vayan al Fondo de Reparaciones y una vez allí, sean
distribuidos entre las víctimas que hayan obtenido decisiones de compensación
económica en los tribunales. Adicionalmente, con los recursos de dicho Fondo,
según dispone el artículo 42 de la ley demandada se debe cubrir la compensación
económica en aquellos casos en que no se haya individualizado al responsable
pero se logre demostrar el nexo de causalidad entre el daño y las actividades
del grupo armado ilegal que se beneficie con la Ley 975.
A su juicio,
resulta entonces que incluso teniendo una decisión del tribunal judicial que
ordene el pago de compensación económica, las víctimas no pueden tener certeza
de recibir lo que legalmente les corresponde, pues la ley deja la realización
del derecho a la compensación económica a la contingencia de las políticas del
Gobierno, en cuanto a indemnizaciones y al esfuerzo presupuestal que éste
decida hacer en relación con el Fondo de Reparaciones.
Los artículos
10, 11, 13 y 18, en tanto requieren del desmovilizado que se acoja a la ley
solamente la devolución de los bienes de procedencia ilícita y lo eximen de la
obligación de pagar la condena en perjuicios que imponga el tribunal, resultan
contrarias al derecho de las víctimas a obtener reparaciones y al deber
correlativo del Estado de reparar y de garantizar un recurso efectivo para que
la víctima se dirija contra el responsable de los daños.
El Principio 31
del Conjunto de Principios para la protección y promoción de los derechos
humanos mediante la lucha contra la impunidad, recoge el principio de
derecho internacional humanitario, según el cual toda violación de una norma
internacional, da derecho a las víctimas o a sus herederos a obtener su
reparación, a dirigirse contra el autor del daño, y el deber del Estado a
otorgar esa reparación. De la misma manera, el Principio 32 precisa que toda
víctima debe tener la posibilidad de ejercer un recurso accesible, rápido y
eficaz “tanto por la vía penal como por la civil, administrativa o
disciplinaria”.
El hecho de que
la Ley 975 de 2005 haya dispuesto el proceso penal especial como el
escenario propio para que las víctimas soliciten la reparación de los daños, ha
debido establecer la obligación del perpetrador de pagar con cargo a su
patrimonio las condenas en perjuicios que se dicte en su contra. Deferir dicha
obligación en un Fondo de Reparaciones sin la certeza para la víctima de que va
a obtener un pago es un engaño, pues ese esquema no garantiza en absoluto un
recurso accesible, rápido ni eficaz para obtener la reparación del daño que se
ha causado.
Por otra parte,
según la organización interviniente, la ley demandada confunde la restitución
de los bienes a que tienen derecho las víctimas a quienes se les hubiere
violado su derecho de propiedad, con la obligación de los victimarios
responsables de ocasionar el daño, de compensar económicamente los perjuicios
que se han causado. Los bienes obtenidos de manera ilícita deben ser
restituidos a sus legítimos propietarios, poseedores o tenedores, y el Estado
no puede pretender que con bienes violentamente expropiados se paguen las
condenas en perjuicios dictadas por los tribunales. Una cosa es la restitución
de bienes adquiridos de manera ilícita e ilegal, y otra muy distinta la
compensación económica a que tienen derecho las víctimas por los daños y
perjuicios ocasionados.
5. Con
fundamento en las consideraciones que expone, el Centro Internacional para la
Justicia Transicional, solicita la declaratoria de inconstitucionalidad de las
siguientes disposiciones de la Ley 975 de 2005:
-  El artículo
25 en el segmento normativo que dice: “(…) sin perjuicio del otorgamiento de
la pena alternativa, en el evento que colabore eficazmente en el
esclarecimiento o acepte, oralmente o por escrito, de manera libre, voluntaria
y espontánea, debidamente informado por su defensor, haber participado en su
realización y siempre que la omisión no haya sido intencional. En este evento,
el condenado podrá ser beneficiario de la pena alternativa. Se procederá a la
acumulación jurídica de las penas alternativas sin exceder los máximos
establecidos en la presente ley”.
- La expresión “dentro
de las treinta y seis (36) horas siguientes” contenida en el inciso final
del artículo 17;
- La expresión “y
dentro de los sesenta (60) días siguientes” contenida en el tercer incido
del artículo 1; la expresión “y en los términos establecidos en el Código de
Procedimiento Penal” contenida en el numeral “38.5” [sic] del
artículo 37, o en subsidio, solicitan a la Corte declarar que esa expresión
sólo se ajusta a la Constitución Política en el entendido que el procedimiento
penal a que se refiere incluye el derecho de la víctima a acceder al expediente
desde la etapa de investigación preliminar;
-  La expresión “durante
el juicio” contenida en el numeral “38.7” [sic] del artículo 37. En
subsidio, solicitan que se declare que esa expresión sólo se ajusta a la Carta
Política en la medida en que se entienda que incluye el derecho de la víctima a
ser asistida por un abogado desde la etapa de investigación preliminar;
-  La expresión “producto
de la actividad ilegal” contenida en el numeral 10.2 del artículo 10; las
expresiones “producto de la actividad ilegal” y “cuando se disponga
de ellos” contenidas en el numeral 11.5 del artículo 11; la expresión “de
procedencia ilícita” contenida en el punto “4” del artículo 13 y la
expresión “de procedencia ilícita” contenida en el inciso segundo del
artículo 18.
3.
INTERVENCIÓN DE AMICUS CURIAE, - COMISIÓN INTERNACIONAL DE JURISTAS.
Con la
presentación de un memorial, Amicus Curiae, la Comisión Internacional de
Juristas (CIJ) quiso someter a consideración de la Honorable Corte
Constitucional algunos argumentos relevantes de derecho internacional sobre la incompatibilidad
de la Ley de justicia y Paz con las obligaciones internacionales de derechos
humanos del Estado Colombiano. En particular, la CIJ quiso destacar la
incompatibilidad de varias disposiciones de esta ley con las obligaciones
internacionales de Colombia de investigar, enjuiciar y sancionar con penas
apropiadas a la gravedad de los delitos a los autores de graves violaciones a
los derechos humanos, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad; de
garantizar a las víctimas de estos crímenes y a su familiares los derechos a un
recurso efectivo, a la justicia, a la reparación y a la verdad; y de erradicar
la impunidad de estos graves ilícitos internacionales. Asimismo, en relación
con la modificación del tipo penal "sedición", la CIJ quiere destacar
la incompatibilidad de la Ley de Justicia y Paz con el principio de legalidad
de los delitos y las obligaciones de Colombia de erradicar la impunidad.
Dadas las
gravísimas repercusiones que tiene la Ley 975 de 25 de julio de 2005 respecto
de las obligaciones internacionales del Estado Colombiano, la Comisión
Internacional de Juristas (CIJ) solicitó a la Honorable Corte Constitucional
que, al analizar las disposiciones de la Ley de Justicia y Paz, tome en
consideración los argumentos y conclusiones del memorial en derecho “Amicus
Curiae” enviado.
Específicamente,
sobre la Ley de Justicia y Paz, señaló:
“La Ley N° 975, y muy particularmente sus artículos 3, 5, 18, 29, 31
y 71, abre una avenida para consagrar la impunidad de graves violaciones de
derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Con ello, el
Estado colombiano incumple sus obligaciones internacionales - tanto de fuente
convencional como consuetudinaria - de investigar, enjuiciar y sancionar con
penas apropiadas a la gravedad de los delitos los autores de graves violaciones
a los derechos humanos, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad; de
garantizar a las víctimas de estos crímenes y a su familiares los derechos a un
recurso efectivo, a la justicia, a la reparación y a la verdad; y de erradicar
la impunidad de estos graves ilícitos internacionales.
La Ley de Justicia y Paz sustituye la pena de prisión por el
beneficio de "alternatividad", consistente en la suspensión de la
ejecución de la sanción penal y remplazándola por una "pena
alternativa". La "pena alternativa", independientemente de la
naturaleza del delito, consiste en una pena de privación de libertad por un
periodo de cinco a ocho años. El tiempo durante el cual el condenado permaneció
en las zonas de concentración, durante el proceso de negociación y
desmovilización, se computa como tiempo de ejecución de la pena alternativa.
Esta figura de la "pena alternativa" no solamente contradice el
principio de la proporcionalidad de las penas sino que es contrario a la
obligación internacional del Estado de sancionar las graves violaciones de
derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y la
desaparición forzada, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra
con penas apropiadas a la gravedad de estos delitos. La imposición de sanciones
irrisorias, en desprecio del principio de proporcionalidad de las penas,
constituye una forma reconocida de impunidad bajo el Derecho Internacional.
La Ley de Justicia y Paz limita la definición de las víctimas y, por
ende también su derecho a la reparación, toda vez que la circunscribe a
aquellas que hayan sufrido "daños [...] [como consecuencia] consecuencia
de acciones que hayan transgredido la legislación penal, realizadas por grupos
armados organizados al margen de la ley." Esta definición establecida no
es conforme con la definición de víctima consagrada en el Derecho
Internacional, la cual incluye los daños originados en violaciones manifiestas
de las normas internacionales de derechos humanos o violaciones graves del
Derecho Internacional. Esta regulación de la Ley de Justicia y Paz, aunada al
hecho de que conductas ilícitas bajo el Derecho Internacional quedarían además
impunes por falta de legislación penal nacional, es contraria a la obligación
internacional del Estado de proveer reparación por tanto por los delitos
tipificados en la legislación nacional como por conductas constitutivas de
graves violaciones al Derecho Internacional.
La Ley de Justicia y Paz establece un procedimiento judicial
especial, con términos cortos para llevar a cabo las investigaciones. Es
difícil concebir, como lo ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, que en los plazos impartidos por la Ley de Justicia y Paz, las
autoridades competentes puedan realizar investigaciones efectivas enderezadas a
esclarecer judicialmente los miles casos de masacres, ejecuciones selectivas,
desapariciones forzadas, secuestros, torturas y graves daños a la integridad
personal, desplazamientos forzados y usurpación de tierras, entre otros graves
crímenes. Tal tipo de regulación implica una trasgresión de la obligación
internacional del Estado de conducir investigaciones efectivas de juzgar y
condenar a los autores de tales crímenes. Ello con mayor razón en los casos de
desapariciones forzadas, respecto de los cuales la obligación de investigar
persiste hasta tanto no se haya esclarecido con certeza la suerte y paradero
del desaparecido, en razón del carácter permanente o continuado de este crimen.
Asimismo, tal regulación constituye un obstáculo mayor para la realización del
derecho a la verdad y del derecho a la reparación de las víctimas y sus
familiares. El derecho a la verdad y a la reparación de las víctimas se ve
igualmente socavado por el sistema de "confesiones por goteo" o por
entregas establecido por la Ley de Justicia y Paz, la cual no requiere la
confesión plena y total de todos los crímenes cometidos como requisito
indispensable para beneficiarse de la "pena alternativa".
La Ley de Justicia y Paz modifica el delito de "sedición",
de tal suerte que tipifica como delito político la pertenencia o la
conformación de grupos de autodefensa. Esta disposición tiene serias
consecuencias. Por una parte, constituye una violación del principio de
legalidad de los delitos - nullum crimen sine lege. Asimismo, podría constituir
un obstáculo para la efectiva vigencia del principio de jurisdicción universal
y de la regla aut dedere aut judicare, toda vez que existe una regla universal
en materia de extradición según la cual no se procede a extraditar por delitos
políticos. Según el Derecho Internacional, las graves violaciones de derechos
humanos constitutivas de crímenes internacionales, los crímenes de lesa
humanidad y los crímenes de guerra no pueden calificarse de delitos políticos,
aún cuando sus autores hayan tenido motivaciones políticas o ideológicas para
cometerlos. Las consecuencias previstas por el Derecho Internacional para el
delito político no son aplicables a ese tipo de crímenes, especialmente en
materia de causales de no extradición y de asilo.
En suma, la Ley de Justicia y Paz permite consolidar la impunidad de
graves violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y
crímenes de guerra y vulnera el derecho a la verdad y a la reparación de las
víctimas de estos crímenes y de sus familiares.”
Posteriormente
en el memorial en derecho presentado ante la Corte, Amicus Curiae, abordó las
nociones de graves violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad
y crímenes de guerra (Punto III); el Deber de Garantía del Estado (Punto IV);
la obligación de garantizar un recurso efectivo, reparación y verdad (Punto V);
la obligación de investigar (Punto VI); la obligación de juzgar y castigar
(Punto VII); el delito político y las autodefensas (Punto VIII); y el principio
de Pacta sunt servanda (Punto IX). Sin embargo, pese a la importancia de estos
conceptos, se resumen de la siguiente manera:
III. De las
graves violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
El Derecho
Internacional considera que, entre otros actos, la tortura, las ejecuciones
sumarias, extra legales o arbitrarias y las desapariciones forzadas son graves
violaciones a los derechos humanos. La Asamblea General de las Naciones Unidas,
en reiteradas oportunidades, ha recordado que las ejecuciones extrajudiciales,
sumarias o arbitrarias y la tortura constituyen graves violaciones a los
derechos humanos. La Declaración sobre la protección de todas las personas
contra las desapariciones forzadas reitera que la desaparición forzada es una
violación grave a los derechos humanos. La jurisprudencia de los órganos
internacionales de protección de los derechos humanos es coincidente en esta
materia. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha reiteradamente
calificado, entre otros actos, la tortura, la ejecución extrajudicial y la
desaparición forzada como graves violaciones de los derechos humanos.
Con la creación
del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, se aportó la primera
definición del crimen de lesa humanidad - también llamados crímenes contra la
humanidad -. Francois de Menthon, Procurador General por Francia en el juicio
de Nuremberg, los definió como aquellos crímenes contra la condición humana,
como un crimen capital contra la conciencia que el ser humano tiene hoy día de
su propia condición.
La noción de
crimen contra la humanidad busca la preservación a través del derecho penal
internacional, de un núcleo de derechos fundamentales cuya salvaguarda
constituye una norma imperativa de Derecho Internacional, ya que como afirma la
Corte Internacional de Justicia en la sentencia Barcelona Traction dada la
importancia de los derechos que están en juego puede considerarse que los
Estados tienen un interés jurídico en que esos derechos sean protegidos; las
obligaciones de que se trata son obligaciones erga omnes. Esto significa, que
estas obligaciones son exigibles a todos los Estados y por todos los Estados.
En razón de la
naturaleza de estos crímenes, como ofensa a la dignidad inherente al ser
humano, los crímenes contra la humanidad tienen varias características
específicas. Son crímenes imprescriptibles. Son imputables al individuo que los
comete, sea o no órgano o agente del Estado. Conforme a los principios
reconocidos en el Estatuto del Tribunal de Nuremberg, toda persona que comete
un acto de esta naturaleza "es responsable internacional del mismo y está
sujeta a sanción". Igualmente, el hecho de que el individuo haya actuado
como jefe de Estado o como autoridad del Estado, no le exime de
responsabilidad. Tampoco, puede ser eximido de responsabilidad penal por el
hecho de haber actuado en cumplimiento de órdenes de un superior jerárquico:
esto significa, que no se puede invocar el principio de la obediencia debida
para eludir el castigo de estos crímenes. A las personas responsables ó
sospechosas de haber cometido un crimen contra la humanidad no se le puede
otorgar asilo territorial ni se les puede conceder refugio.
El concepto de
"infracciones graves" al Derecho Internacional Humanitario -
equivalente al de "crimen de guerra" - fue originalmente restringido
a los conflictos internacionales.
La noción de
grave infracción al Derecho Internacional Humanitario o crimen de guerra
implica un régimen jurídico especial bajo el Derecho Internacional, a saber
aplicación del principio de jurisdicción universal e imprescriptibilidad entre
otros. No obstante, ello no significa que las infracciones al Derecho Internacional
Humanitario y a "las leyes y costumbres de la guerra" cometidas en el
marco de un conflicto armado interno escapen a la represión judicial del
Estado.
Hoy día, de
acuerdo con el desarrollo actual del Derecho Internacional, las violaciones
graves al Derecho Internacional Humanitario y a "las leyes y costumbres de
la guerra" cometidas en el marco de un conflicto armado son consideradas
crímenes de guerra. La noción de crimen de guerra se aplica a las infracciones
graves cometidas durante los conflictos internos, a pesar de que, normalmente,
en el derecho convencional sólo son admitidas en el marco de conflictos armados
internacionales. O sea, las graves violaciones al Derecho Internacional
Humanitario cometidas en el marco de un conflicto armado interno constituyen un
crimen internacional - crimen de guerra - y como tal están sometidas al régimen
jurídico previsto por el Derecho Internacional, y en tanto que calificadas de
crimen de guerra están sujetas al principio de jurisdicción universal y son
imprescriptibles. El homicidio; las mutilaciones; la tortura; los tratos
crueles humillantes o degradantes; el reclutamiento de niños menores de 15 años
o su utilización activa en el conflicto; la toma de rehenes; la violación, la
esclavitud sexual y la prostitución forzada durante un conflicto armado o
instigadas por alguna de las partes en un conflicto; y los ataques contra la
población civil como tal son algunas de las violaciones graves al artículo 3
Común a los Convenios de Ginebra y a "las leyes y los usos" de la
guerra que constituyen crímenes de guerra bajo el Derecho Internacional, tanto
convencional como consuetudinario.
Bajo el Derecho
Internacional, tanto convencional como consuetudinario, las graves violaciones
de derechos humanos constitutivas de crímenes internacionales, los crímenes de
lesa humanidad y los crímenes de guerra no pueden calificarse de delitos
políticos, aún cuando sus autores hayan tenido motivaciones políticas o
ideológicas para cometerlos. Las consecuencias previstas por el Derecho
Internacional para el delito político no son aplicables a ese tipo de crímenes,
especialmente en materia de causales de no extradición y de asilo. Además del
Derecho Internacional Consuetudinario, varios instrumentos internacionales
expresamente prohíben, para efecto de la extradición, considerar como delito
político graves violaciones de derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad
y los crímenes de guerra. Asimismo, el Derecho Internacional prescribe que los
sospechosos u autores de tales crímenes no pueden beneficiarse de los
institutos del asilo y del refugio. Como lo ha precisado la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos: " Los Estados han aceptado, a través
de diversas fuentes del Derecho Internacional, que existen limitaciones al asilo,
conforme a las cuales dicha protección no puede ser concedida a personas
respecto de las cuales hayan serios indicios para considerar que han cometido
crímenes internacionales, tales como crímenes de lesa humanidad (concepto que
incluye la desaparición forzada de personas, torturas y ejecuciones sumarias),
crímenes de guerra y crímenes contra la paz." Esta regulación del Derecho
Internacional y la aplicación de los principios de jurisdicción universal y aut
dedere aut judicare para reprimir estos crímenes confirman la obligación del
Estado de no tratar como delitos políticos las graves violaciones de derechos
humanos, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra.
IV.- Del
Deber de garantía del Estado.
El Derecho
Internacional de Derechos Humanos impone dos grandes órdenes de obligaciones al
Estado: uno un deber de abstención de conculcar los derechos humanos y otro un
deber de garantía respecto de estos derechos. El primero está integrado por
aquel conjunto de obligaciones que tienen que ver directamente con el deber de
abstención del Estado de violar - por acción u por omisión - los derechos
humanos, que implica asimismo asegurar, mediante las medidas necesarias, el
goce y disfrute de estos derechos. El segundo, por su parte, se refiere a las
obligaciones del Estado de prevenir las violaciones, investigarlas, procesar y
sancionar a sus autores y reparar los daños causados. El Estado se coloca así
en una posición jurídica de garante de los derechos humanos, de la cual emergen
obligaciones esenciales para la protección y salvaguarda de estos. Es sobre
esta base, que la jurisprudencia y la doctrina han elaborado el concepto del
deber de garantía, como noción nuclear de la posición jurídica del Estado en
materia de derechos humanos. Este Deber de Respeto y de Garantía tiene su
asidero jurídico tanto en el Derecho Internacional Consuetudinario como en el
Derecho Internacional convencional, y constituye una obligación internacional.
Este deber jurídico está reafirmado por numerosos tratados e instrumentos internacionales.
El Deber de
garantía no se limita a los actos cometidos por agentes oficiales, o sea a
agentes de iure del Estado, sino que engloba también a los agentes de facto del
Estado, como pueden ser catalogados los grupos de autodefensa. En efecto, el
Derecho Internacional prevé expresamente esta responsabilidad estatal.
Igualmente, el deber de garantía se extiende respecto de actos de particulares
que vulneren el goce efectivo de los derechos humanos, aun cuando éstos no
actúen bajo la instigación, consentimiento o aquiescencia de funcionarios
públicos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de Derechos
Humanos han precisado al respecto que el Estado tiene la obligación jurídica de
garantizar y proteger el goce de los derechos humanos frente a actos lesivos de
particulares, lo que significa tomar todas las medidas necesarias y actuar con
la debida diligencia para investigar y sancionar las conductas de particulares
que atentan contra el goce efectivo de los derechos humanos.
La jurisprudencia
de tribunales internacionales de derechos humanos así como de órganos cuasi
jurisdiccionales de derechos humanos, como el Comité de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas y la Comisión y la Corte interamericanas de derechos humanos,
coinciden en que este deber de garantía está integrado por cinco obligaciones
esenciales que el Estado debe honrar: la obligación de investigar; la
obligación de llevar ante la justicia y sancionar a los responsables; la
obligación de brindar un recurso efectivo a las víctimas de violaciones de
derechos humanos; la obligación de brindar justa y adecuada reparación a las
víctimas y sus familiares; y la obligación de garantizar el derecho a la verdad
que tienen las víctimas y sus familiares. Las obligaciones que integran el
deber de garantía, son ciertamente interdependientes. Así, la obligación de
procesar y castigar a los responsables de violaciones de derechos humanos está
en estrecha relación con la de investigar los hechos.
La Corte
Interamericana de Derechos Humanos precisó que: "aún cuando el particular
damnificado perdone al autor de la violación de sus derechos, el Estado está
obligado a sancionarlo [...] La obligación del Estado de investigar los hechos
y sancionar a los culpables no tiende a borrar las consecuencias del acto
ilícito en la persona afectada, sino que persigue que cada Estado Parte asegure
en su orden jurídico los derechos y libertades consagrados en la
Convención." La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha
reiteradamente afirmado que las medidas de reparación a las víctimas y sus
familiares así como el establecimiento de "Comisiones de la Verdad",
no exonera en ningún caso al Estado de su obligación de llevar ante la justicia
a los responsables de las violaciones de los derechos humanos e imponerle
sanciones.
V.- De la
obligación de brindar un recurso efectivo, reparación y verdad.
Los derechos a
un recurso efectivo, a la reparación y a la verdad está consagrado en numerosos
tratados suscritos por Colombia. así como en otros instrumentos internacionales
de derechos humanos que atan a las autoridades colombianas. Toda violación a un
derecho humano genera al Estado la obligación de proveer y garantizar un
recurso efectivo así como de reparar el daño.
El derecho a la
reparación por violaciones a los derechos humanos está reafirmado en numerosos
instrumentos convencionales y declarativos. Igualmente ha sido reiterado por
las Cortes y órganos internacionales de derechos humanos. La Corte
Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado que la obligación de reparar
por parte del Estado, correlativa al derecho a la reparación que le asiste a
las víctimas de violaciones de derechos humanos, es "una norma
consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales del Derecho
Internacional contemporáneo sobre la responsabilidad de los Estados. De esta
manera, al producirse un hecho ilícito imputable a un Estado, surge de
inmediato la responsabilidad internacional de éste por la violación de una
norma internacional, con el consecuente deber de reparación y de hacer cesar
las consecuencias de la violación.", La obligación de reparar abarca tanto
las violaciones a los derechos humanos como las violaciones al Derecho
Internacional Humanitario.
Las modalidades
de reparación son diversas y abarcan: la restitución, la indemnización, la
rehabilitación, la satisfacción y las garantías de no repetición. La reparación
debe ser adecuada, justa y pronta y puede ser individual o colectiva, según la
naturaleza del derecho violado y el conjunto humano afectado. Por ejemplo, en
el caso de la desaparición forzada, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos ha considerado que el conocimiento de la verdad sobre la suerte y
destino de los desaparecidos, como modalidad de reparación bajo la forma de satisfacción,
es "un derecho que tiene la sociedad. "
Si un Estado no
garantiza efectivamente el derecho a la reparación, compromete su
responsabilidad bajo el Derecho Internacional. En ese sentido resulta relevante
destacar que el Conjunto de principios para la protección y la Promoción de
los Derechos Humanos mediante la lucha contra la impunidad, de las Naciones
Unidas, reafirma que la denegación del derecho a la reparación constituye una
forma de impunidad.
La
jurisprudencia de los órganos intergubernamentales de derechos humanos ha
concluido que el derecho a la verdad significa conocer la verdad integra,
completa y pública sobre los hechos ocurridos, sus circunstancias específicas y
quiénes participaron en ellos. Este alcance del derecho a la verdad ha sido
reiterado por instrumentos internacionales. Igualmente, el derecho a la verdad
ha sido caracterizado por la jurisprudencia y los instrumentos internacionales
como un derecho inalienable.
La denegación de
los derechos a un recurso efectivo, a la reparación y a la verdad constituye
una violación de las obligaciones del Estado y compromete su responsabilidad
bajo el Derecho Internacional. Es además como lo prescribe el Conjunto de
principios para la protección y la Promoción de los Derechos Humanos mediante
la lucha contra la impunidad, de las Naciones Unidas, una forma de impunidad.
VI.- De la
obligación de investigar.
La obligación de
investigar las graves violaciones a los derechos humanos es una obligación
internacional, tanto bajo tratados como bajo el Derecho Internacional
Consuetudinario, y es uno de los componentes del Deber de Garantía del Estado.
La Asamblea General y Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas han
recordado repetidamente que los Estados tienen obligación jurídica de realizar
investigaciones prontas, imparciales e independientes respecto de todo acto de
tortura, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, sumaria o arbitraria.
El Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, la Convención contra la Tortura y otros Tratos y Penas
Crueles Inhumanos y Degradantes, la Convención Interamericana para Prevenir y
Sancionar la Tortura y la Convención Interamericana sobre la Desaparición
Forzada de Personas establecen la obligación de investigar las violaciones a
los derechos humanos. Esta obligación ha sido reiterada por numerosos
instrumentos internacionales de derechos humanos. El Comité de Derechos Humanos
ha reiteradamente aseverado que "[E]1 Estado Parte [del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos] tiene el deber de investigar a fondo las
presuntas violaciones de derechos humanos, en particular las desapariciones
forzadas de personas y las violaciones del derecho a la vida, [...]". La
Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó que, bajo sus obligaciones
bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos, "El Estado está en el
deber jurídico [...] de investigar seriamente con los medios a su alcance las
violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de
identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de
asegurar a la víctima una adecuada reparación.
El deber de
investigación es una de aquellas obligaciones llamadas de medio. Las
autoridades deben investigar diligente y seriamente toda alegación de violación
de los derechos humanos ya que, como lo señaló la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, el Estado está en el deber jurídico de [,..] investigar
seriamente con los medios a su alcance. Ello significa que tal deber de
investigación se absuelve desplegando motu proprio las actividades necesarias
para esclarecer los hechos y las circunstancias que los rodearon e identificar
los autores. Se trata de una obligación jurídica y no de una mera gestión de
intereses particulares, como a bien tuvo señalarlo la Corte Interamericana de
Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de
Derechos Humanos ha señalado que: "La de investigar es, como la de
prevenir, una obligación de medio o comportamiento que no es incumplida por el
sólo hecho de que la investigación no produzca un resultado satisfactorio. Sin
embargo, debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad
condenada de antemano a ser infructuosa. Debe tener un sentido y ser asumida
por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de
intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o
de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la
autoridad pública busque efectivamente la verdad. Esta apreciación es válida
cualquiera sea el agente al cual pueda eventualmente atribuirse la violación,
aun los particulares, pues, si sus hechos no son investigados con seriedad,
resultarían, en cierto modo, auxiliados por-el poder público, lo que
comprometería la responsabilidad internacional del Estado." En los casos
de desapariciones forzadas la obligación de investigar persiste hasta tanto no
se haya esclarecido con certeza la suerte y paradero del desaparecido, en razón
del carácter permanente o continuado de este delito.
La obligación de
investigar las graves violaciones a los derechos humanos debe ser ejecutada de
buena fe y todo propósito de usar las investigaciones para garantizar la
impunidad debe ser excluido. Así, la Corte Interamericana de Derechos Humanos
ha considerado que "[L]a investigación de los hechos [...] es una
obligación que corresponde al Estado siempre que haya ocurrido una violación de
los derechos humanos y esa obligación debe ser cumplida seriamente y no como
una mera formalidad. Así, la Corte ha afirmado que "son inadmisibles las
disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el
establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación
[...] de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura,
las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones
forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables
reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Si el Estado no
adecua su legislación interna y su práctica en orden a asegurar tal obligación,
es decir, garantizar la realización efectiva de investigaciones prontas,
exhaustivas, independientes e imparciales, entonces compromete su
responsabilidad internacional.
VII- De la
obligación de juzgar y castigar.
La obligación de
juzgar y sancionar a los autores de graves violaciones a los derechos humanos,
como expresión del deber de garantía, tiene su asidero jurídico en tratados
internacionales 109 y otros instrumentos declarativos. El Comité de Derechos
Humanos ha recordado que: "[...] el Estado Parte [del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos] tiene el deber de investigar a fondo las
presuntas violaciones de derechos humanos, en particular las desapariciones
forzadas de personas y las violaciones del derecho a la vida, y de encausar
penalmente, juzgar y castigar a quienes sean considerados responsables de esas
violaciones. Este deber es aplicable a fortiori en los casos en que los autores
de esas violaciones han sido identificados.
Recordó lo
reiterado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al afirmar que los
Estados partes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos tienen la
obligación internacional de juzgar y sancionar a los responsables de graves
violaciones a los derechos humanos, como las desapariciones forzadas, las
ejecuciones extrajudiciales y la tortura, concluyendo que tratándose de graves
violaciones de derechos humanos - como la tortura, la desaparición forzada y la
ejecución extrajudicial - los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de
guerra, la obligación de procesar y sancionar a los autores de estos ilícitos
es absoluta.
Así la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos ha precisado que esta obligación es
indelegable e irrenunciable. Tratándose de crímenes de lesa humanidad y de
crímenes de guerra, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional,
suscrito por la República de Colombia, reitera el deber jurídico de "todo
Estado de ejercer sus jurisdicción penal contra los responsables de crímenes
internacionales". Los Principios de cooperación internacional en la
identificación, detención, extradición y castigo de los culpables de crímenes
de guerra, o de crímenes de lesa humanidad" prescriben que "Los
crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, dondequiera y cualquiera
que sea la fecha en que se hayan cometido, serán objeto de una investigación, y
las personas contra las que existen pruebas de culpabilidad en la comisión de
tales crímenes serán buscadas, detenidas, enjuiciadas y, en caso de ser
declaradas culpables, castigadas. La obligación internacional de un Estado de
juzgar y castigar a los responsables de crímenes contra la humanidad es una
norma imperativa del Derecho Internacional que pertenece al jus cogens. Los
responsables de crímenes de lesa humanidad no pueden invocar ninguna inmunidad
o privilegio especial para sustraerse a la acción de la justicia.
La obligación de
juzgar y castigar debe ser cumplida de acuerdo con las normas previstas para
ello por el Derecho Internacional, lo cual incluye un tribunal independiente e
imparcial, el respeto de las garantías judiciales propias del debido proceso y
la imposición de penas adecuadas a la gravedad de los crímenes.
El Derecho
Internacional impone la obligación de castigar con penas apropiadas a la
gravedad de los hechos a las personas declaradas culpables de graves
violaciones de derechos humanos y de crímenes bajo el Derecho Internacional.
Este principio esta refrendado en numerosos instrumentos internacionales de
derechos humanos.
El principio de
proporcionalidad de las penas, que exige que las sanciones previstas en las
normas y aplicadas por los tribunales no sean arbitrarias ni desproporcionadas
con la gravedad de los delitos que se sancionan. Ciertamente, el principio de
proporcionalidad debe evaluarse a la luz de la gravedad del delito así como de
las penalidades impuestas en la legislación para delitos de similar gravedad.
La imposición de
sanciones irrisorias, en desprecio del principio de proporcionalidad de las
penas, constituye una forma reconocida de impunidad de facto por el Derecho
Internacional. La Comisión de Derecho Internacional, en sus labores de
elaboración del Proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y la Seguridad,
señaló no puede reconocerse la validez del principio non bis idem cuando las
actuaciones judiciales tuvieron como propósito hacer un simulacro de juicio o
imponer penas no proporcionales en absoluto con la gravedad del crimen.
La Ley de
Justicia y Paz prevé penas alternativas - para graves delitos tales como
masacres, asesinatos, tortura, desapariciones forzadas, crímenes de lesa
humanidad y crímenes de guerra - de máximo ocho años de privación de libertad,
los cuales pueden ser reducidos a seis años y cuatro meses, toda vez que la
permanencia del beneficiado con la Ley en una zona de concentración puede
descontarse hasta por un tiempo de 18 meses. La pena alternativa prevista por
la Ley de Justicia y Paz contrasta con las penas privativas de libertad
previstas por la legislación penal colombiana: toma de rehenes, de 15 a 20
años; prostitución forzada o esclavitud sexual, de 10 a 18 años; desplazamiento
forzado de población civil, de 10 a 20 años'; desaparición forzada, de 20 a 30
años; secuestro, de 12 a 20 años; tortura, de 8 a 15 años; homicidio, de 13 a
25 años; y homicidio con fines terroristas, de 25 a 40 años. La Ley de Justicia
y Paz constituye una violación de la obligación del Estado colombiano de juzgar
y castigar con penas adecuadas a la gravedad de los delitos a los autores de
graves violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y crímenes
de guerra. La Ley de Justicia y Paz constituye una violación del deber jurídico
del Estado colombiano de erradicar la impunidad.
VIII. Del
delito político y las autodefensas.
El principio de
legalidad en materia de crímenes y de delitos - nullum crimen sine lege - es
universalmente reconocido por los tratados de derechos humanos. Es un principio
fundamental del derecho penal general y del derecho penal internacional así
como parte de los principios generales del derecho y una norma imperativa del
Derecho Internacional. Este principio significa que los actos calificados por
la ley como infracciones penales, deben ser definidos de una manera estricta y
sin equívocos ni ambigüedad. El principio significa, también, que la ley penal,
nacional o internacional, no puede ser aplicada retroactivamente. De igual
forma, el principio tiene como corolario, el principio de interpretación
restrictiva de la ley penal y el de la prohibición de la analogía. Así, las
definiciones legales vagas, "nebulosas", imprecisas o que permitan
criminalizar actos legítimos y/o lícitos en el sentido del Derecho
Internacional, son contrarios al Derecho Internacional de los Derechos Humanos
y a las "condiciones generales estipuladas por el Derecho Internacional
".
Como lo ha
destacado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el principio de
legalidad de los delitos se viola igualmente cuando se califica jurídicamente
un comportamiento criminal bajo un tipo penal distinto al que le corresponde
por los bienes jurídicos afectados, toda vez que se desnaturaliza el ilícito
penal y se crea confusión y ambigüedades en la distinción de las diferentes
conductas punibles.
Los tratados y
demás instrumentos internacionales no definen el delito político. No obstante
la jurisprudencia y doctrina internacional ha elaborado criterios para
dictaminar cuando se configura una infracción política, independientemente de
la denominación dada al ilícito en la legislación nacional, y que retoma lo
establecido por la doctrina penal. Pese a esa falta de definición del delito
político, éste es objeto de regulación por el Derecho Internacional en varios
campos. Así, el Derecho Internacional excluye los delitos políticos del ámbito
de la extradición. Asimismo, el Derecho Internacional prevé que ciertas
penalidades, como la pena de muerte y los trabajos forzados, no pueden
imponerse para delitos políticos. Igualmente, la figura del delito político
está íntimamente relacionada con los institutos del asilo y del refugio. En el
derecho americano, el asilo estaba previsto para delitos políticos.
El Derecho
Internacional asimismo deniega el carácter de infracción política, y a las
consecuencias jurídicas que se deriva de ello, a numerosos delitos que
pudiéndose haber cometido por razones políticas, dada su gravedad y naturaleza
contraria a los principios más elementales del Derecho Internacional, no pueden
ser considerados como delitos políticos para los efectos que le reconoce el
Derecho Internacional. Tal es el caso de los crímenes contra la humanidad, los
crímenes de guerra, las graves violaciones a los derechos humanos, el terrorismo
y el delito de "mercenariato".  La jurisprudencia de los órganos
internacionales es coherente en no reconocer el carácter de delito político a
las graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
Por tanto,
consideró de particular interés, los decretos sobre amnistía e indultos y el
delito de "reacción política" de 1954 promulgados bajo el régimen
militar del General Rojas Pinilla. Estos Decretos concedían amnistía e indultos
por delitos políticos, entendiendo por éstos no solamente las clásicas figuras
penales de la "sedición" y "rebelión" sino también a
"todos aquellos cometidos por colombianos [...] que puedan explicarse por
extralimitación en el apoyo o adhesión [al gobierno] o por aversión o sectarismo.
No obstante, la Corte Militar de Casación y Revisión descartó su aplicación
generalizada y consideró el "delito de reacción política" debía solo
limitarse a los actos ilícitos que particulares hubieran cometido en apoyo
directo y concreto a las tareas legales de la fuerza pública frente a grupos
insurrectos, y siempre que hubiera relación de causa y de inmediatez entre la
acción sediciosa y la reacción punible. Con lo cual las muertes fuera de
combate, los asesinatos de civiles, las torturas y las masacres quedaban fuera de
este nebuloso tipo penal, que al poco sería suprimido de la legislación
nacional.
La Ley de
Justicia y Paz al modificar el delito de "sedición", de tal suerte
que tipifica como delito político la pertenencia o la conformación de grupos de
autodefensa, viola el principio de legalidad de los delitos. Asimismo, la
modificación del delito "sedición" propuesta por la Ley de Justicia y
Paz, abre la puerta a la impunidad, toda vez que la Constitución Política de
Colombia faculta al Congreso y al Gobierno a otorgar amnistías e indultos por
delitos políticos. Igualmente podría constituir un obstáculo para iniciativas
de ejercicio de jurisdicción universal por tribunales extranjeros, toda vez que
existe una regla universal en materia de extradición según la cual no se
procede a extraditar por delitos políticos. Si bien esta disposición de la Ley
de Justicia y Paz sólo tipifica como delito político la conformación o
pertenencia a los grupos paramilitares, y no expresamente la comisión de graves
violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra y crímenes de lesa
humanidad, abre una inmensa puerta a la impunidad toda vez que la actividad
característica y la razón de ser de estos grupos ha sido la comisión de estos
crímenes.
IX.- Del
principio Pacta sunt Servanda.
Es un principio
general de Derecho Internacional y universalmente reconocido que los Estados
deben ejecutar de buena fe los tratados y las obligaciones internacionales que
dimanan de estos. El principio pacta sunt servanda se aplica igualmente a las
obligaciones que tiene el Estado en virtud del Derecho Internacional
Consuetudinario. Este principio general del Derecho Internacional tiene como
corolario que las autoridades de un país no pueden argumentar obstáculos de
derecho interno para sustraerse a sus compromisos internacionales. La
existencia de normas constitucionales, legislativas o reglamentarias o de
decisiones de tribunales nacionales no puede ser invocada para no ejecutar
obligaciones internacionales o para modificar su cumplimiento. Este es un principio
general del derecho de gentes reconocido por la jurisprudencia
internacional". El principio pacta sunt servanda y su corolario han sido
acrisolados en los artículos 26 y 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados, de la cual la República de Colombia es Estado parte.
Si una ley, un
decreto u otro acto jurídico de un país viola derechos protegidos por un
tratado internacional o por el Derecho Internacional Consuetudinario y/u
obligaciones que dimanan de estos, el Estado compromete su responsabilidad
internacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha precisado que:
"La promulgación de una ley manifiestamente contraria a las obligaciones
asumidas por un Estado al ratificar o adherir a la Convención constituye una
violación de ésta y[...], en el evento que esa violación afecte derechos y
libertades protegidos respecto de individuos determinados, genera
responsabilidad internacional para el Estado.
Tratándose de
medidas legales que permiten la impunidad y, por ende, incompatibles con
obligaciones internacionales de los Estados bajo la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha recordado que
una ley no puede servir de justificación para no cumplir el deber de investigar
y de juzgar y castigar a los autores de graves violaciones de derechos humanos
y crímenes bajo el Derecho Internacional, así como de garantizar los derechos
de las víctimas y sus familiares a un recurso efectivo, a la verdad y a la
reparación. El Comité de Derechos Humanos ha igualmente recordado que "la
legislación nacional no puede modificar las obligaciones internacionales
contraídas por un Estado Parte en virtud del Pacto.
Finalmente, concluye
su intervención señalando que:
- El Estado
colombiano tiene la obligación internacional de investigar, procesar y
sancionar con penas adecuadas a la gravedad de los delitos a los autores de
graves violaciones a los derechos humanos - como son la tortura, la
desaparición forzada y la ejecución extrajudicial - los crímenes de guerra y
los crímenes contra la humanidad. Esta obligación es una norma imperativa del
Derecho Internacional y el Estado colombiano no puede renunciar a ella.
- El Estado
colombiano tiene la obligación internacional de garantizar, en todo tiempo y
circunstancia, los derechos a un recurso efectivo, a la reparación y a la
verdad de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, los
crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad como de sus familiares.
- El Estado
colombiano tiene la obligación internacional de garantizar la plena vigencia
del principio de legalidad de los delitos.
Por tanto,
señala que: la Ley 975, y muy particularmente sus artículos 3, 5, 18, 29, 31 y
71, abre una avenida para consagrar la impunidad de graves violaciones de
derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Con ello, el
Estado colombiano incumple sus obligaciones internacionales - tanto de fuente
convencional como consuetudinaria - de investigar, enjuiciar y sancionar los
autores de graves violaciones a los derechos humanos, crímenes de guerra y
crímenes de lesa humanidad con penas apropiadas a la gravedad de estos delitos;
de garantizar a las víctimas de estos crímenes y a su familiares los derechos a
un recurso efectivo, a la justicia, a la reparación y a la verdad; y de
erradicar la impunidad de estos graves ilícitos internacionales.
4.  INTERVENCIÓN DEL COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE LA ASOCIACIÓN DE
JURISTAS. [BAR HUMAN RIGTHS COMMITTEE]
La señora Sarah
Lucy Cooper, en representación de Bar Human Rigths Committee (Comité de
Derechos Humanos de la Asociación de Juristas) y miembro de su Comité
Ejecutivo, apoya las peticiones de la Comisión Colombiana de Juristas y del
Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, en los cargos de la
demanda de inconstitucionalidad de la Ley 975 de 2005.
Con la previsión
necesaria sobre la aplicación de los pronunciamientos de la Corte Europea de
Derechos Humanos, la señora Cooper, describe diversos casos adelantados ante la
Corte Europea de Derechos Humanos. En el primero de ellos se relata el caso McCann
vs. Reino Unido., en este caso la Corte Europea de Derechos Humanos, derivó
el deber de investigar los asesinatos, de la combinación del deber general del
Estado de “asegurar” los derechos consagrados en la Convención Europea de
Derechos Humanos. En tal sentido, la intervención transcribe la decisión del
Alto Tribunal, que se concretó en mencionar la existencia de una obligación por
parte de los Estados de proteger la vida, (establecida en la Convención
Europea) “(…) leída en conjunción con el deber general del Estado..” (art. 1 de
la Convención), de asegurar en toda su jurisdicción los derechos y libertades.
En tal sentido, se señaló la necesidad de existencia de alguna forma de
investigación oficial efectiva, cuando estos derechos han sido vulnerados por
funcionarios del Estado.
Señala la
intervención, que el caso expuesto es similar a la estrategia seguida por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos. La Convención Americana de Derechos Humanos
tampoco obliga de manera “expresa” al Estado a investigar supuestos asesinatos
o actos de tortura. Destaca entonces, que el caso Velásquez-Rodriguez,
la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que la palabra
“asegurar” del artículo 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos,
incluye la obligación de investigar y castigar las violaciones de derechos
humanos.
Expresa que la
“investigación” de la que trata la Convención Europea de Derechos Humanos, no
se limita a la investigación de asesinatos por parte de funcionarios del
Estado. Los Estados entonces, deben investigar los asesinatos cometidos tanto
de funcionarios del Estado como por las personas particulares. Al efecto se
refiere al caso Ergi vr Turquía, en donde se razonó de la manera anotada
sobre el deber de investigar. Más aún, agrega como ilustración el caso de Chipre
Vr Turquía, en donde la Corte Europea, señaló el deber de llevar a cabo una
investigación efectiva, no obstante la duda respecto a la forma de los delitos.
La intervención
igualmente se hace referencia al deber de investigar los tratos inhumanos y
degradantes. Señala al efecto que la Corte Europea de Derechos Humanos, ha
reconocido el deber del Estado de investigar alegatos de malos tratos cometidos
por parte de funcionarios del Estado, para lo cual presenta como ejemplo lo
sucedido en el caso Assenor y otros vs Bulgaria en donde se mencionó el
deber del Estado de investigar de manera efectiva los tratos inhumanos, crueles
y degradantes, de conformidad con lo establecido en la Convención. De igual
forma, hace referencia al caso Aydin vs Turquía. En tal evento, la Corte
derivó del derecho establecido en el artículo 13 de la Convención, el deber que
tiene el Estado de investigar las denuncias de personas que hayan sido
torturadas por particulares, por lo menos de los actos de tortura que hayan
resultado de la falta por parte del Estado de protección a las personas de los
actos de las personas particulares.
Señala que en
todo caso debe llevarse una investigación de los delitos de manera “efectiva”,
presenta como ejemplo en tal sentido, el caso Kelly y otros vs El Reino
Unido. Sobre este tema la Corte Europea mencionó que por el término “investigación
efectiva”, debe entenderse que ésta sea capaz de conducir a una
determinación acerca de si la fuerza empleada fue o no justificada, y a la
identificación y castigo de los responsables y el aseguramiento de las pruebas
existentes.
Otro aspecto de
la investigación de los delitos es señalado por la interviniente al precisar,
que la investigación debe estar abierta al escrutinio público y al de los
familiares de las víctimas. Expone que en el caso Kelly la Corte Europea
de Derechos Humanos, abogó por el escrutinio público de la investigación o de
sus resultados para asegurar la responsabilidad de las mismas.
Con relación al
Derecho a la compensación, expresa que en el evento de establecerse una
violación del artículo 2 o 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos, y
con el fin de cumplir los requerimientos del artículo 13, pueden ser pagaderos
daños y perjuicios por concepto de pérdidas no pecuniarias. Al respecto expone
como ejemplo el caso Kaya vs Turquía.
Menciona que el
derecho que fue violado debe tener implicaciones sobre la naturaleza de las
reparaciones que deben ser garantizadas para el beneficio de los parientes más
próximos de la víctima. Sostiene que la Corte Europea de Derechos Humanos, ha
enfatizado sobre los requerimientos compensatorios del artículo 13, que son
permanentes y distintos de cualquiera otros derechos investigativos o de
procedimiento impuestos al Estado.
Ahora bien, al
referirse de manera específica a los plazos de investigación establecidos en la
Ley 975 de 2005, sostiene que bajo el artículo 17 de la citada ley, la Fiscalía
General de la Nación dispone de tan sólo 36 horas después de haber recibido una
“versión libre” de un paramilitar para acusarlo de cualquier delito, en los
cuales se puede razonablemente inferir, que haya participado. Explica entonces,
que si no se acusa en las 36 horas, el paramilitar podrá recibir un indulto
bajo la Ley 782. Expone entonces, que si es acusado bajo el artículo 18 de la
Ley 975 los fiscales deben finalizar sus investigaciones y llevarlo a juicio
dentro de los 60 días.
De la anterior
explicación deduce que estas disposiciones violarían el deber del Estado de
llevar a cabo una “investigación efectiva”, según lo reconoce la Corte Europea
de Derechos Humanos. Señala que si se atiende a estos plazos tan restringidos
no se podría llegar a la identificación y castigo de los responsables, ni al
aseguramiento probatorio. Concluye entonces, que “en el marco de
desmovilizaciones a gran escala en la que participan cientos de paramilitares
que dan “versiones libres” al mismo tiempo, es poco probable que las
investigaciones puedan tener avance significativo alguno, mucho menos
finalizarse”. Interpreta que si se aplican los artículos 17 y 18, los
paramilitares que han sido responsables de delitos, lo que incluye delitos
graves como asesinato y tortura, se darían dos posibilidades: o no serán
acusados o serán acusados pero los juicios terminarán en sentencias
absolutorias.
Adicionalmente
menciona que en la ley demandada no existe requerimiento de confesiones plenas,
juradas y verdaderas. Señala que el artículo 17 establece los requerimientos de
una versión libre por parte del paramilitar, sin embargo, más adelante precisa
la señora Cooper, que no existe un requerimiento para que el paramilitar haga
una confesión plena, jurada y verdadera. Deduce entonces, que “no existe
para los paramilitares una obligación de decir toda la verdad”, así como
tampoco existe incentivo para que se los motive a decir la verdad.
No obstante lo
anterior, sustenta que en la ley si existe “un incentivo para que los
paramilitares divulguen lo mínimo posible durante sus versiones libres”. En
tal evento, sostiene que la Fiscalía General de la Nación tendría información
insuficiente para acusarlos y permitiría que los paramilitares entren en el
marco de lo establecido en la Ley 782.
Sobre el tema de
la insuficiente participación y escrutinio por parte de los familiares de las
víctimas y del público en general, expone que el artículo 15 que obliga a
investigar el paradero de las personas secuestradas o desaparecidas, tiene dos
deficiencias: 1. No dispone en forma expresa que los familiares de las
víctimas inicien o participen en la investigación. Pero si dispone que las
investigaciones se realicen con la colaboración de las personas desmovilizadas.
Precisa al respecto que la Corte Europea de Derechos Humanos ha enfatizado en
que en todos los casos los parientes más próximos de las víctimas deben
participar en el procedimiento. 2. Explica que el artículo 15 únicamente
obliga a la policía judicial a informar “oportunamente a los familiares” y no
hace mención alguna al público en general. Concluye que este hecho ignora el
requerimiento de que la investigación debe ser abierta al escrutinio público,
tal como lo ha mencionado la Corte Europea de Derechos Humanos.
5.
INTERVENCIÓN DE LA CONFEDERACIÓN INTERNACIONAL DE ORGANIZACIONES SINDICALES
LIBRES. (CIOSL).
El señor Guy
Ryder, ciudadano británico con pasaporte No. 761036485, en su calidad de
Secretario General de la Confederación Internacional de Organizaciones
Sindicales Libres (CIOSL), intervine para respaldar los cargos presentados
contra la Ley 975 de 2005.
Sostiene que la
ley demandada permitirá “mantener la impunidad de crímenes de guerra y de
lesa humanidad, así como otras graves violaciones a los derechos humanos,
incluyendo actos graves de violencia antisindical”. Relata el interviniente
la historia de los últimos años relacionada con las violaciones a los derechos
de los sindicalistas en Colombia. Expone que “entre enero de 2000 y 20 de
noviembre de 2005, 753 sindicalistas han sido asesinados”.
Sostiene que el
Estado, a través de los grupos paramilitares es el responsable de la violencia
sindical en Colombia. Se basa en el informe de la Alta Comisionada de Naciones
Unidas sobre los derechos humanos en Colombia.
Señala que las
investigaciones en Colombia no conducen a identificar y sancionar a las
personas responsables de los delitos contra la libertad sindical. Apoya su
argumento en un informe sobre estadísticas de casos de violación a los derechos
sindicales, entregado por la Fiscalía General de la Nación en el año 2003,
presentado en el marco de la Comisión Interinstitucional de Derechos Humanos de
los trabajadores. Después de exponer algunas estadísticas sobre el avance en
las investigaciones relacionadas con la vulneración de los  derechos de los
trabajadores en Colombia, sostiene que la impunidad en los casos de violaciones
a los derechos de las y los sindicalistas es casi absoluta.
Con detalle y respecto
a la Ley 975 de 2005, precisa que “la impunidad es reforzada y, de ninguna
manera está enfrentada por la Ley 975 de 2005”, y explica que lo anterior
se debe a que “a esta ley en concordancia con el decreto 128 de 2003, solo
someterá al procedimiento previsto en ella a los desmovilizados que al momento
de su desmovilización tuvieran procesos o condenas judiciales por delitos no
amnistiables ni indultables en Colombia”.
Sustenta que en
el informe sobre Colombia presentado en el año 2005,  ante la Comisión de
Derechos Humanos de la Naciones Unidas, la Alta Comisionada formuló
recomendaciones al Gobierno, al Congreso y a los Organos Judiciales, con el fin
de que se promuevan normas y mecanismos adecuados para enfrentar la
problemática de la impunidad. En el informe también se solicita un impulso de
investigación de casos de violaciones de derechos humanos.
El interviniente
se apoya igualmente, en el Informe presentado por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, en el que se señaló que la impunidad en Colombia es
estructural y sistémica. Señala que en el mismo sentido se pronunció el Relator
de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, sobre la independencia de jueces
y abogados, en donde se expresó la preocupación por la falta de investigación y
juicios adecuados en el caso de la violación de los derechos humanos en
Colombia.
Realiza un
recuento de los diferentes pronunciamientos de los organismos internacionales,
como la OIT, en relación con la impunidad y falta de investigación en relación
con derechos humanos de los sindicalistas. Incluso hace referencia a una misión
tripartita de alto nivel de la OIT, que visitó Colombia con la finalidad de
recopilar información sobre las cuestiones del derecho sindical y las
relaciones de trabajo.
Señala que la
Ley 975 de 2005, al igual que el decreto 128 de 2003, fueron adoptados por el
Gobierno Nacional, sin tener en cuenta las observaciones presentadas por las
organizaciones sindicales, con respecto al fortalecimiento de la impunidad que
se generaría por la forma como se está llevando a cabo el proceso de
negociación con los grupos paramilitares.
Al respecto
menciona que la situación de impunidad se verá agravada por la expedición de la
Ley 975 de 2005, “afectando en forma dramática a las víctimas de la
violencia antisindical en Colombia”. Destaca que organismos internacionales
de protección de los derechos humanos han señalado las falencias de la ley
demandada por no garantizar la verdad, la justicia y la reparación. Se refiere
al informe de la Alta comisionada de las naciones unidas para los derechos
humanos en el que se dijo:  que la ley “no logra reunir los elementos
esenciales aconsejables para establecer una justicia transicional que, en aras
de ser un instrumento de paz sostenible, prevea incentivos y ofrezca beneficios
par que los grupos armados ilegales se desmovilicen y cesen sus hostilidades, a
la vez que garantice adecuadamente los derechos de las víctimas a la verdad, a
la justicia y a la reparación”. En uno de los apartes del concepto emitido
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (comunicado de prensa del 15
de julio de 2005) que se transcribe se señaló que entre los objetivos de la ley
“no se encuentra el establecimiento de la verdad histórica sobre lo sucedido
en las últimas décadas del conflicto, ni sobre el paramilitarismo y el grado de
involucramiento de los diversos actores en la comisión de crímenes contra la
población civil, ya sea por acción, omisión, colaboración o aquiescencia”.
Agrega el
comunicado que “(…) las disposiciones no establecen incentivos para que los
desmovilizados confiesen en forma exhaustiva la verdad sobre su
responsabilidad, a cambio de los importantes beneficios que recibirán”.
Sostiene igualmente que los mecanismos establecidos no permitirán esclarecer
los delitos. Observa de igual forma, que los mecanismos institucionales creados
por la norma no poseen “la fuerza necesaria para afrontar con perspectivas
realistas de efectividad la tarea de esclarecer judicialmente los miles de
masacres, ejecuciones selectivas, desapariciones forzadas, secuestros,
torturas…”. Le preocupa a la Organización Internacional los plazos cortos
en las etapas procesales previstas para la investigación y juzgamiento de los
desmovilizados.
La intervención
sostiene que la Ley 975 de 2005, se aplicará únicamente a las personas
desmovilizadas que hayan cometido delitos no indultables ni amnistiables y
estén siendo procesados o estén condenados por esos hechos. Así, concluye que
la Ley 975 solo se aplicará a los desmovilizados que ya tengan procesos o
condenas en contra. Por consiguiente, deduce que todos los delitos que no hayan
sido investigados penalmente, o que hayan sido investigados pero que no tengan
presunto autor individualizado, no serán procesados por la Ley 975 y tampoco
serán investigados de ninguna manera.  Expone que no se llegará a la verdad, la
justicia ni reparación, porque el esclarecimiento de los delitos dependerá de
la voluntad del desmovilizado y no de la actividad investigativa del Estado.
Sobre la pena alternativa
precisa que resulta leve si se tiene en cuenta “la gravedad de los crímenes,
la gravedad que tiene para la vigencia de la democracia la violencia
antisindical, y la precaria realización de los derechos a la verdad, la
justicia y la reparación”. Por los anteriores argumentos la Confederación
Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), solicita se declare
la inconstitucionalidad de la norma.
6.
INTERVENCIÓN DEL CIUDADANO GUILLERMO OTÁLORA LOZANO
El señor
Guillermo Otálora Lozano, intervino en este proceso para pronunciarse sobre
algunos de los cargos expuestos por los demandantes y otros aspectos de la ley
demandada así:
1. Sobre el
artículo 10 de la ley 975 de 2005, consideró que contrario a lo afirmado por
los demandantes no existe vicio de forma, sino un vicio material, puesto que en
el artículo mencionado el Congreso de la República delega la facultad
excepcional del indulto general al Presidente de la República, quien, por
decreto, puede decidir a quiénes indulta y a quiénes no, siendo esta facultad
como lo ha dicho la Corte Constitucional, indelegable al ser el Congreso de la
República el depositario de la voluntad popular.
Explicó que se
yerra al afirmar que la ley 975 es un indulto, pues considera que es un régimen
procedimental aplicable a ciertos indultados. Por ende, la ley demandada no
requirió la votación secreta ni las mayorías cualificadas, ya que estos
requisitos están dirigidos a leyes con un contenido general y concreto, que
hace referencia a una colectividad cuyos integrantes recibirán  ciertos
beneficios. Adicionalmente, hay dos requisitos materiales: que el indulto se
conceda por delitos políticos, y que se conceda en razón a graves motivos de
conveniencia nacional.
La
inconstitucionalidad entonces no está en el trámite de la ley 975 de 2005, sino
en la delegación de facultades indelegables mediante el artículo 10, donde
autoriza al Gobierno Nacional a conceder indultos generales.
En consecuencia,
solicitó la exequibilidad condicionada en el entendido que el grupo que se
desmoviliza haya sido previamente indultado por el Congreso de la República
mediante una ley ordinaria que cumpla con los requisitos señalados en el
artículo 150, numeral 7 de la Constitución Política y la ley 5 de 1992.
Adicionalmente,
solicitó se condicione la aplicación del artículo 11 directamente al 201.2 de
la Carta. Es decir se vincule al desmovilizado al procedimiento previsto en la
ley 975 mientras este solamente proceda por delitos políticos y se informe
periódicamente al Congreso sobre el ejercicio del artículo 11.
2. Sobre los
artículos 48 y 58 (sección 1.2.1.3 de la demanda) se opuso a la petición
condicionada de los demandantes sobre las expresiones “daños innecesarios”
y  “otras personas” y solicita la exequibilidad de las mismas, al
considerar que los demandantes fundamentan este cargo en una suposición falaz
de que algunos derechos son mas fundamentales que otros.
3. En cuanto a
la aplicación del sistema penal de tendencia acusatoria (sección 1.2.2.3 de la
demanda). En su concepto, los demandantes confunden la limitación de
aplicación temporal del nuevo Código de Procedimiento Penal, que prohibía
aplicarlo antes del 1 de enero de 2005, con una inexistente limitación de
vigencia temporal. La vigencia temporal del nuevo Código de Procedimiento Penal
es fijada libremente por la ley, y en la ley 975 de 2005 se ha decidido que a
los desmovilizados se les aplique el nuevo sistema acusatorio con una vigencia
temporal absoluta, lo que implica que serán investigados y juzgados de acuerdo
con las normas establecidas en la Ley 975 de 2005, Acto legislativo 03 de 2002
y ley 906 de 2004, por todos los delitos que haya lugar a juzgar,
independientemente del momento en que estos hayan sido cometidos.
Adicionalmente,
consideró que la propuesta de exequibilidad condicionada formulada por los
demandantes es manifiestamente inconstitucional por violar el artículo 13, al
establecer una desigualdad injustificada entre unos y otros desmovilizados,
basada únicamente en el momento de la comisión de  los delitos, de forma
tal que  los desmovilizados más nuevos son juzgados bajo el nuevo sistema
y los mas antiguos bajo un sistema obsoleto en detrimento de sus derechos
fundamentales.
4. Sobre el
artículo 31 (sección 1.2.2.5 de la demanda) solicitó condicionar la
interpretación del mismo por tanto que se declare la exequibilidad  en el
entendiendo que el desmovilizado no haya delinquido durante su tiempo de
permanencia en la zona de ubicación, ni la haya abandonado.
5. En relación
al cargo sobre la entrega de bienes (sección 1.2. 3.1 de la demanda) señaló que
las expresiones demandadas son exenciones de responsabilidad civil hacia las
víctimas, pues los desmovilizados no deben responder con la totalidad de su
patrimonio por los daños ocasionados. Por tanto, solicitó a la Corte
Constitucional que condicione la interpretación de las expresiones demandadas,
para que se entienda que cuando los bienes entregados no sean suficientes para
reparar integralmente a las víctimas, el Estado se hará responsable de cumplir
con el resto de la reparación.
6. Sobre el
sistema normativo por conceder indultos a autores de delitos no susceptibles de
indulto (sección 1.2.5 de la demanda), señaló que los demandantes buscan que se
anule el régimen procedimental en su totalidad, porque en ciertos casos podrían
darse consecuencias inconstitucionales.
Por lo anterior,
lo procedente no es una declaratoria de inexequibilidad, sino de
constitucionalidad condicionada, que declare que la Ley 975 de 2005 no podrá
ser aplicada a autores de delitos de lesa humanidad, operando ésta con arreglo
a los tratados internacionales sobre derechos humanos suscritos por Colombia,
que prevalecen en el orden interno.
7. Señaló que en
caso de que no prospere el vicio de forma propuesto por los demandantes sobre
el artículo 70, formula un vicio material por unidad de materia, e indulto
inconstitucional.
En primer lugar,
viola el artículo 158 de la Carta que ordena que toda ley se refiera a un solo
tema, y debe ser tachada como inconstitucional toda disposición que se refiera
a un tema distinto, puesto que en el trámite ha debido ser rechazada por el
presidente de la respectiva comisión.
En ese sentido,
la Corte Constitucional también ha usado un criterio restrictivo, ya que no
hacerlo anularía el principio democrático. Sólo aquellas disposiciones que no
guarden una conexión sustantiva, y no meramente nominal, deben ser retiradas
del ordenamiento jurídico.
La expulsión del
ordenamiento jurídico de una de tales disposiciones legales, sin tener en
cuenta el criterio restrictivo, sería contraria al artículo 3 de la
Constitución.
Para demostrar
la falta de unidad de materia, se debe precisar el eje temático de toda la Ley,
estableciendo sus propósitos iniciales, su objeto, y el tema alrededor del cual
giran las diversas disposiciones que esta contiene. Posteriormente, se examina
el propósito, el objetivo, el tema y la finalidad de la disposición que se
ataca; confrontando estos atributos entre sí.
En consecuencia,
hace un resumen de lo que en su concepto regula el objetivo principal de la ley
de justicia y paz y de cada capítulo, para concluir que hay dos
interpretaciones posibles que se le pueden dar al artículo 70. La primera es
que, como la Ley a la que pertenece trata sobre grupos armados que se
desmovilizan, la rebaja se limita a los miembros de estos que hayan sido
capturados con anterioridad a la desmovilización colectiva de sus respectivas
grupos, sean autodefensas o guerrillas.
Sin embargo,
otros pretenden dar una aplicación extensiva, haciendo una interpretación
exegética y aislada al artículo 70, donde se concede la mencionada rebaja a
todo delincuente. Tal es la interpretación que en primer lugar aplicó la Sala
Penal de la Corte Suprema de Justicia. El artículo 70 luego fue inaplicado por
la misma corporación, que juzgó que este era inconstitucional.
La primera
interpretación es la que viola el principio de unidad de materia. Si la Ley 975
de 2005 es sobre los procesos penales referentes a los desmovilizados de grupos
armados al margen de la ley, no habría lugar a una regulación general de todos
los delincuentes por parte del legislador, puesto que los delincuentes nada
tienen que ver con el objeto de la Ley de Justicia y Paz, y en ese momento es
que se vulnera el principio de unidad de materia.
Sin embargo,
independientemente de lo anterior, el artículo 70 es inconstitucional por
constituirse en un indulto general sin los requisitos constitucionales que esta
medida exige. Disposiciones de este tipo, que implican una medida de gracia
automática para aquellos condenados que se encuentran en dada circunstancia
temporal, son inconstitucionales. Recordó la sentencia de la Corte
Constitucional sobre la llamada “ley de jubileo” y solicitó que se declare
inexequible el artículo 70 por los cargos formulados.
8. Sobre el
cargo consiste en confrontar el artículo 71 con un concepto de delito político
extraído de la doctrina y la jurisprudencia ordinaria. Explicó que estas son
normas impertinentes, que nada tienen que ver con un juicio de
constitucionalidad. Es falaz afirmar que el artículo 71 es inconstitucional por
contrariar unas características señaladas por la Corte Suprema de Justicia,
pues la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia hace tales señalamientos con
base en el ordenamiento jurídico vigente, y los elementos de los tipos penales
vigentes de rebelión, asonada y sedición hasta ahora vigentes.
Los demandantes
no demuestran que la Constitución o el bloque de constitucionalidad restrinjan
la potestad configurativa del legislador en este ámbito de suerte tal que le
impida prescindir de un elemento tradicional del delito político. Es obvio que
esta nueva tipificación contraría el ordenamiento jurídico vigente, y la
jurisprudencia vigente, pues precisamente esa es la finalidad de legislar:
cambiar el ordenamiento jurídico. No es de recibo, en un juicio constitucional,
un argumento sobre la "tradición jurídica", aduciendo que en Colombia
el paramilitarismo nunca se haya reconocido como delito político. Si la
Constitución no lo impide, el Congreso bien puede comenzar a hacer ese
reconocimiento. Es deber de los demandantes demostrar el conflicto entre la
norma legal y la Constitución o los tratados internacionales, y no entre la
norma legal y la tradición, la norma legal y la jurisprudencia ordinaria, o la
norma legal y la ideología de las ONG.
Los demandantes
argumentan que el delito político se fundamenta en el preámbulo de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos. Consideran que esto eximiría al
paramilitarismo, pues los paramilitares nacieron al amparo del Estado, fueron
conformados por entidades del Estado, y no atacan al Estado.
Esto no implica
que defiendan al Estado, sino que lo suplantan e interfieren con el Estado
Social de Derecho, al implantar formas de gobierno ilegítimas e
inconstitucionales en distintas regiones del país. El paramilitarismo se
origina porque en Colombia no ha habido régimen de Derecho que proteja los
derechos humanos, lo que ha causado la formación de los grupos paramilitares.
Por lo anterior,
solicitó a la Corte Constitucional que declare inexequible el artículo 71 por
el cargo material señalado por los demandantes, sin perjuicio de una
declaratoria de inexequibilidad por el vicio de forma.
9. Sintetizó sus
peticiones así:
“1. Que el artículo 10 de la Ley 975 de 2005 sea declarado EXEQUIBLE
entendiendo que es aplicable a grupos que hayan sido indultados por el Congreso
de la República. En subsidio, que sea declarado INEXEQUIBLE
2. Que el artículo 11 de la Ley 975 de 2005 sea declarado EXEQUIBLE
entendiendo que es aplicable siempre que los beneficios se concedan únicamente
por delitos políticos, y el Presidente rinda informes al Congreso sobre su
aplicación. En subsidio, que sea declarado INEXEQUIBLE.
3. Que las expresiones "daños innecesarios" y "otras
personas" de los artículos 48.1 y 58 de la Ley 975 de 2005 sean declaradas
EXEQUIBLES. Que los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28 y 62 de la Ley 975 de 2005 sean declarados EXEQUIBLES, en cuanto al cargo
por presunta violación del Acto Legislativo 03 de 2002.
4. Que el artículo 31 de la Ley 975 de 2005 sea declarado EXEQUIBLE
entendiendo que el desmovilizado no puede haber abandonado la zona de ubicación,
ni delinquido dentro de ella. En subsidio, que sea declarado INEXEQUIBLE.
5. Que los artículos 2, 3, 5, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 37, 46, 47, 48, 54, 55, 58, 62 y 69
sean declarados EXEQUIBLES entendiendo que los beneficios contemplados no
pueden ser concedidos a autores de delitos de lesa humanidad. En subsidio, que
simplemente sean declarados EXEQUIBLES.
6. Que el artículo 70 de la Ley 975 de 2005 sea declarado
INEXEQUIBLE.
7. Que el artículo 71 de la Ley 975 de 2005 sea declarado EXEQUIBLE
por el cargo material analizado; sin perjuicio de una declaratoria de
inexequibilidad por vicios de forma.”
10.
Consideración adicional sobre el indulto.
Sostuvo que para
algunos demandantes, la ley 975 de 2005 concede un indulto, cuyos
requisitos fueron aclarados por la Corte constitucional en sentencia C-1404 de
2000.
Afirmar que la
Corte es incompetente para conocer de las razones que motivan el indulto es
equivalente a afirmar que es incompetente para conocer de las razones que
motivan la declaratoria de estado de excepción. En esencia, se trata de la
misma institución, pues la declaratoria de estado de excepción es una respuesta
de derecho a situaciones que no pueden ser conjuradas mediante los medios
institucionales ordinarios. El indulto general, una excepción que bajo nuestra
actual Constitución no ha sido aun practicada exitosamente, se trata de una
renuncia al poder punitivo del Estado -sea total o parcial- para conjurar una
situación mediante medios diversos a la acción penal.
Dicho
claramente, la propia función de la Corte es la de socavar la voluntad popular cuando
esta resulta contraria a la Constitución, que está ahí para garantizar los
derechos y libertades de todas las personas, independientemente de la voluntad
general.
Según el texto
literal del artículo 150-17, hay requisitos materiales señalados expresamente
que deben ser cumplidos a cabalidad, pues de otra manera el indulto es
inválido, y si el indulto es inválido, corresponde a la Corte expulsarlo del
ordenamiento jurídico.
La Corte debe
entonces adoptar un criterio similar al de los estados de excepción. Según este
criterio, debe verificar: (i) la existencia general de los presupuestos
fácticos invocados por el Congreso, (ii) la necesidad de utilizar el indulto
para conjurar la crisis, prescindiendo del poder punitivo del Estado. Es decir,
se utilizaría un test estricto de proporcionalidad, donde el indulto tuviese
que ser necesario, y todas las opciones diversas al indulto fuesen inútiles
para aliviar la acción armada en contra del Estado o de las personas que este
busca proteger en su vida, honra y bienes. Se afirma lo anterior pues el
indulto es una excepción al artículo 13 de la Constitución, y cuando se hacen
excepciones de ese calibre, estas deben ser idóneas y necesarias, pues de otra
manera se estaría actuando arbitrariamente.
En conclusión,
consideró que si la Corte fuera a examinar la Ley 975 como si se tratara de un
indulto general y directo, aunque en el acápite 1 se intentó demostrar lo
contrario, esta sería inconstitucional por incumplimiento de todos los
requisitos, tanto de forma, como los dos requisitos materiales, pues no se
demuestran los graves motivos de conveniencia pública con el fin de que la
Corte ejerza el control integral que le corresponde, ni se determinan los
delitos políticos por los cuales el indulto parcial sería concedido.
11. Por último,
sobre las peticiones de condicionamientos, el demandante señaló que la Corte
Constitucional en su último pronunciamiento al inhibirse para pronunciarse de
fondo sobre el aborto, negó el acceso a la administración de justicia, por tal
razón, con preocupación afirma que la demandan objeto de análisis podría ser objeto
de un injusto fallo inhibitorio, razón por la que solicita una decisión de constitucionalidad
o inconstitucionalidad de las disposiciones que la ley demandada contiene.
V.  CONCEPTO
DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION.
El Procurador
General de la Nación mediante concepto No. 4030 de febrero 15 de 2005, presentó
su intervención ante esta Corporación en relación con la demanda instaurada por
el ciudadano Gustavo Gallón Giraldo y otros, contra los artículos 2, 3, 5, 9,
10, 11, 15, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 34,
37 numerales 5 y 7, 46, 47, 48, 54, 55, 58, 62, 69, 70 y 71 de la Ley 975 de
2005, y contra la misma en su integridad.
En su concepto
el Ministerio Público solicita lo siguiente:
“INHIBIRSE
de emitir un pronunciamiento sobre los artículos 2, 9, 10, 18, 23, 34, 62 y 69
de la Ley, respecto de los cargos indicados en el numeral 9 de este concepto.
Declarar EXEQUIBLE
la Ley 975 de 2005, frente a los cargos que por vicios de forma fueron
presentados en esta oportunidad.
Declarar EXEQUIBLES
los artículos 3, 5, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 25, 26 parágrafo 3°, 31, 37
numerales 38.5 y 38.7, 46, 54, 55, 70 y 71 de la Ley 975 de 2005, en lo acusado
y salvo las expresiones que se estiman inexequibles y enunciadas en el numeral
10.7.
Declarar la CONSTITUCIONALIDAD
CONDICIONADA del artículo 29 de la Ley 975 de 2005, a que se entienda que:
Uno de los
requisitos para mantener el beneficio de la pena alternativa es que el
desmovilizado no vuelva a incurrir en los delitos que fueron objetos de la pena
alternativa.
La extinción de
la pena principal sólo se dará cuando se cumpla el término de prescripción de
la pena principal.
La concesión de
pena alternativa no extingue la obligación en cabeza del Estado de investigar y
sancionar todos los delitos que lleguen a su conocimiento y que se imputen a un
desmovilizado cuando éste hacía parte del grupo al margen de la ley.
Obligación que sólo prescribirá en los términos de prescripción de la acción
penal, según el delito.
Declarar la CONSTITUCIONALIDAD
CONDICIONADA del artículo 47 de la Ley 975 de 2005, a que se entienda que
los gastos que demande la rehabilitación de las víctimas deben ser cubiertos
por el condenado, dentro de su deber de reparar integralmente a la víctima y
cuando éste no pueda, por el Estado, a través del Fondo, sin que la carencia de
presupuesto justifique el incumplimiento de tal deber.
Declarar INEXEQUIBLES
La palabra
“directos” del inciso 1°, y los incisos 2 del artículo 5 ídem, la expresión “o
sus parientes en primer grado de consanguinidad” del artículo 47 y la expresión
“y la de sus parientes en primer grado de consanguinidad”.
Los incisos 3 y
4 del artículo 5 de la Ley 975.
Las expresiones
“cuando se disponga de ellos” del artículo 11 numeral 11.5, “si los tuvieren”
del artículo 17, y “si los tuviese” del artículo 44 de la Ley 975 de 2005.
La expresión “y
dentro de los sesenta (60) días siguientes” del artículo 18 de la Ley 975
de 2005, de tal manera que las investigaciones por los delitos cometidos se
rijan por los términos señalados en la Ley 600 de 2000.
Las expresiones
“de procedencia ilícita” del artículo 13 numeral 4 y “de procedencia ilícita
que hayan sido entregados” del artículo 18 ejusdem, con el fin de garantizar el
derecho a la reparación de las víctimas permitiéndoles denunciar y solicitar
medidas cautelares sobre todos los bienes del desmovilizado.
El texto del
artículo 25 de la Ley 975 de 2005, según el cual “sin perjuicio del
otorgamiento de la pena alternativa, en el evento que colabore eficazmente en
el esclarecimiento o acepte, oralmente o por escrito, de manera libre,
voluntaria, expresa y espontánea, debidamente informado por su defensor, haber
participado en su realización y siempre que la omisión no haya sido
intencional. En éste evento, el condenado podrá ser beneficiario de la pena
alternativa. Se procederá a la acumulación jurídica de las penas alternativas
sin exceder los máximos establecidos en la presente ley.
Teniendo en
cuenta la gravedad de los hechos nuevos juzgados, la autoridad judicial
impondrá una ampliación del veinte por ciento de la pena alternativa impuesta y
una ampliación similar del tiempo de libertad a prueba”.
Los argumentos
expuestos por el Procurador General de  como soporte de su decisión, se resumen
a continuación:
1.  En
relación con la aptitud o ineptitud sustancial de la demanda.
Expresa el
Ministerio Público que la demanda plantea varias solicitudes de exequibilidad
condicionada de algunas de las disposiciones de la Ley 975 de 2005, solicitud
que de conformidad con reciente jurisprudencia de esta Corte (C-1299 de 2005),
no es compatible con la acción pública de inconstitucionalidad, toda vez que no
se trata de una acción de interpretación, criterio que en varias
oportunidades ha llevado a este Tribunal Constitucional a solicitar al
demandante la corrección de la demanda so pena de ser rechazada o a una
eventual inhibición al momento del fallo de fondo.
Con todo, la
Vista Fiscal solicita a esta Corporación revisar tal criterio y adelantar el
examen de fondo de las normas demandadas en el presente proceso, como quiera
que se trata de una acción pública que permite el ejercicio de un derecho
constitucional de carácter político y, por cuanto, de la argumentación de los
cargos se deriva un reproche de inconstitucionalidad de los demandantes que
debe ser resuelto por la Corte Constitucional. Adicionalmente, dada la
trascendencia de las disposiciones que se acusan, en atención al interés se
solicita no inhibirse para resolver de fondo sobre la presente demanda.
3.  La
Constitución Política en aras de la consecución del derecho a la paz y a la
reconciliación, permite que se recurra a diversos instrumentos y mecanismos
dentro del ordenamiento constitucional vigente.
La Constitución
Política de 1991, fruto de un consenso de varias corrientes de pensamiento,
surge como un instrumento de reconciliación que tiene como fin fundamental la
convivencia pacífica a través de la creación de diferentes instrumentos que
faciliten la terminación de los factores de violencia generalizada en el país,
dentro de un marco de respeto por los valores y principios en que se funda la
Carta Política, entre los cuales se encuentran la dignidad humana y el respeto
por los derechos fundamentales.
Precisamente
entre los derechos de las personas, la Constitución define en el artículo 22 la
paz como un derecho fundamental de naturaleza colectiva, y como un deber de
obligatorio cumplimiento, el cual de conformidad con los artículos 2 y 189
superiores vinculan al Estado y particularmente al Gobierno Nacional, en la
adopción de políticas públicas encaminadas a la preservación del orden público
y el mantenimiento de la convivencia pacífica. Los particulares también en
virtud de lo dispuesto por el artículo 95, numeral 6, ídem, tienen el deber de
propender por el logro y mantenimiento de la paz.
Uno de los
instrumentos con los que cuenta el Estado para el logro de las finalidades
aludidas, es el diseño de una política criminal que en el marco del respeto y
garantía de los principios, valores y derechos que consagra la Constitución
formule un conjunto de estrategias jurídicas o de otra índole, que permitan
enfrentar los fenómenos causantes del perjuicio social. En ese orden de ideas,
a partir de la constitucionalización de algunas garantías procesales contenidas
en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención
Americana de Derechos Humanos, y con fundamento en el reconocimiento de la
dignidad humana como pilar de la estructura y funcionamiento del Estado, en el
ámbito penal se ha replanteado en el ámbito penal, tanto el régimen de penas
como las reglas y principios rectores del procedimiento. En ese sentido, se ha
abandonado la tradicional vinculación de la víctima del delito al interés
exclusivamente indemnizatorio, patrimonial o económico, para situarlas en el
reconocimiento de los derechos no sólo en el campo de la reparación, sino en el
derecho que tienen a conocer la verdad y a obtener la sanción de los
responsables, todo lo cual impone al Estado una ardua labor tanto en el proceso
investigativo como en el juzgamiento de los delitos, mucho más cuando se trata
de conductas violatorios de los derechos humanos, así como de infracciones al
derecho internacional humanitario.
Esa obligación
del Estado contenida en la Constitución de 1991, se encuentra además consagrada
en distintos instrumentos internacionales que en materia de derechos humanos
integran el bloque de constitucionalidad (CP. art. 93), de ahí que cuando el
legislador materializa cualquier política pública encaminada a la solución del
conflicto armado interno, tiene la obligación de respetar los postulados
constitucionales y los convenios y tratados internacionales ratificados por
Colombia que reconocen derechos humanos y que hacen parte del Derecho
Internacional Humanitario o del Derecho Internacional Penal.
Los funcionarios
judiciales a su vez, deben tener como criterio interpretativo relevante, la
doctrina elaborada por los organismos internacionales de control de los
tratados, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se trata de una
visión integral de los derechos humanos que permitirá cumplir con los
estándares internacionales en materia de derechos humanos, derecho
internacional humanitario y derecho penal internacional, de los cuales también
hacen parte los principios generales del derecho internacional y la costumbre
internacional. El reto entonces, tanto para el legislador como para los jueces,
es establecer los primeros,  y aplicar los segundos, mecanismos jurídicos que
permitan la consecución de una paz real y duradera, sin desconocer los
postulados constitucionales edificados en el respeto por la dignidad humana y
en las obligaciones internacionales de Colombia en materia de derecho humanos y
de derecho internacional humanitario.
Así las cosas,
considera el Procurador General, que este Tribunal Constitucional al ejercer el
control sobre una normatividad encaminada a la solución del conflicto armado
interno, debe examinar “[l]la Ley 975 de 2005 teniendo en cuenta, además,
que se trata de un ordenamiento de aplicación restringida, encaminado a superar
una situación socio-política de conflicto para la consecución de la paz real,
en donde hay mínimos que no pueden ser desconocidos”. Siendo ello así,
resulta necesario entender que en aras de obtener esa reconciliación, toda la
comunidad debe estar dispuesta a hacer ciertas concesiones, sin llevar al
extremo que una parte someta a la otra. En el contexto de la Ley 975 de 2005,
se reconocen derechos a las víctimas, a la sociedad en su conjunto, y a quienes
se desmovilizan, quienes entran a engrosar lo que el Derecho Internacional
Humanitario denomina como excombatientes, con unos derechos, pero
también con obligaciones que tienen que cumplir que justifiquen y hagan
razonables los beneficios que se reconocen con el objeto de alcanzar la paz.
4.  Los
derechos de las víctimas.
Entre los derechos
que se reconocen a las víctimas de un conflicto armado, el Ministerio Público
se refiere al derecho a la verdad, a la justicia y la reparación.
El primero de
ellos se encuentra correlativamente relacionado con la obligación que tienen
los Estados de proveer los mecanismos jurídicos adecuados para obtener y dar a
conocer la verdad sobre lo sucedido. En ese contexto, esclarecer los
responsables, las circunstancias, los móviles  y el destino de las víctimas
directas.
El derecho a la
verdad, expresa la Vista Fiscal, tiene tres dimensiones, a saber: una
individual, el derecho a saber; otra colectiva, el derecho inalienable a la
verdad; y otra estatal, el deber de recordar. Adicionalmente, se trata de un
derecho que comporta el derecho a la no repetición de las conductas y el
derecho a la reparación. De otra parte, agrega, que “[e]l incumplimiento del
deber estatal de establecer mecanismos efectivos que permitan su protección,
hace al Estado responsable internacional, particularmente frente a violaciones
graves a los derechos humanos, dado que ‘a fin de lograr verdaderamente la
vigencia de un orden justo (CP. Preámbulo y art. 2°), los deberes del Estado de
investigar y sancionar las violaciones de derechos humanos y las infracciones
graves al derecho internacional humanitario son mucho más intensos que sus
obligaciones de investigar y sancionar los delitos en general, sin que ello
signifique que estas últimas obligaciones san de poca entidad’ (sentencia C-004
de 2003”.
Respecto del
derecho de las víctimas a la justicia, se aduce por el Ministerio Público que
éste tiene fundamento constitucional en los artículo 2, 29 y 229 de la
Constitución Política, y también hace parte de las garantías consagradas en los
artículos 4 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos y los artículo
14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
En desarrollo
del derecho a la justicia, al Estado se le impone la obligación de investigar
los delitos, juzgar los responsables,  hallarlos culpables e imponerles las
penas adecuadas y proporcionadas.
Luego de citar a
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia dictada en el Caso
Velásquez Rodríguez, manifiesta el Procurador que para hacer efectivo el
derecho a la justicia se requiere no sólo adelantar una investigación seria,
exhaustiva y rápida de los hechos, encaminada a evitar la impunidad, sino
también revisar toda la actuación penal en relación con las garantías que
integran el debido proceso, con abierta participación de las víctimas. Es precisamente
con la finalidad de garantizar el derecho a la justicia, que el ordenamiento
internacional ha previsto la aplicación de la jurisdicción universal y de la
justicia penal internacional Corte Penal Internacional, cuando los
instrumentos judiciales internos no son suficientes para impartir justicia
frente a graves violaciones de los derechos humanos y conductas atroces que
violan flagrantemente el derecho internacional humanitario, como el genocidio,
la tortura, la desaparición forzada, entre otras. Para garantizar este derecho,
el Estado está en la obligación de establecer un recurso judicial eficaz,
acorde con los instrumentos internacionales que regulan la materia.
En lo que se
refiere al derecho a la reparación, señala el Procurador General que tradicionalmente
se ha resarcido a la víctima por el daño causado con el delito, mediante una
reparación económica. No obstante, ese no es el único componente del derecho a
la reparación. En efecto, en la dimensión individual ese derecho comprende la
restitución, la indemnización y la rehabilitación; y en la dimensión colectiva
comprende una serie de medidas de satisfacción encaminadas a reparar el daño
moral causado por la comisión de la infracción a los derechos humanos y las
garantías de no repetición.
Añade que según
los “Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de
Violaciones de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y del Derecho
Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones”, al
Estado le corresponde responder no sólo cuando es directa o indirectamente
responsable de los hechos, bien sea por acción u omisión, sino también cuando
los responsables no cumplen con su obligación de reparar o no cuentan con los
recursos suficientes para hacerlo.
5. Contenido
y alcance de la Ley 975 de 2005.
En este
segmento, el Procurador General se refiere el contexto normativo en el que se
encuentra la ley acusada. Para ello se refiere a las leyes que la han precedido
esto es, la Ley 418 de 1997 y la Ley 782 de 2002 que dispuso la prórroga de la
418 y modificó en algunos aspectos. Particularmente, la Ley 418 consagró
algunos beneficios jurídicos a favor de los integrantes de grupos armados al
margen de la ley que adelanten procesos de paz y hayan demostrado su voluntad
política de reincorporarse a la vida civil y sean investigados por delitos
políticos y conexos  a éstos, entre los cuales están: la resolución
inhibitoria, resolución de preclusión de la investigación o el cese del
procedimiento dentro de las acciones judiciales que se encuentren en curso, o
el indulto para los nacionales condenados por esa clase de delitos.
Resalta la Vista
Fiscal que las medidas y los beneficios jurídicos adoptados por la ley, tienen
como destinatarios exclusivos a los integrantes de los grupos armados al margen
de la ley, imputados, acusados o condenados por delitos políticos o conexos.
Delimitando aún más el campo de aplicación y ajustándolo al ordenamiento
internacional, la Ley 782 de 2002 precisa en el artículo 19 que los beneficios
enunciados en el párrafo precedente, no se aplicarán a “[q]uienes realicen
conductas constitutivas de actos atroces de ferocidad o barbarie, terrorismo,
secuestro, genocidio, homicidio cometido fuera de combate colocando a la
víctima en estado de indefensión” y el artículo 21, inciso 2° del Decreto
128 de 2003, reglamentario de la citada ley, dispone que “[N]o gozarán de
ninguno de los beneficios señalados, quienes estén siendo procesados o hayan
sido condenados por delitos que de acuerdo con la Constitución Política, a la
ley o a los tratados internacionales suscritos y ratificados por Colombia, no
pueden recibir esta clase de beneficios”.
Aduce el
Ministerio Público que la identificación de los destinatarios de la Ley 418 de
1997 y de la Ley 782 de 2002, resulta de suma importancia por cuanto el
artículo 2, inciso 3° de la ley demandada en este proceso, consagra que ella se
aplica a las personas delitos y eventos en los cuales sea improcedente acudir a
los instrumentos y beneficios jurídicos de la Ley 782. Así las cosas, teniendo
en cuenta que el ordenamiento preexistente no contempla normas especiales para
la investigación, juzgamiento y sanción de delitos distintos a los políticos o
sus conexos, cometidos por grupos ilegales durante o con ocasión de su
pertenencia a los mismos, el legislador expidió la Ley 975 de 2005, a fin de
complementar las medidas adoptadas en la normatividad preexistente. Siendo ello
así, se dispuso en el artículo 1, inciso 2° del Decreto 4760 de 2005,
reglamentario de la Ley 975, que “[e]l otorgamiento de los beneficios
jurídicos contemplados por la Ley 782 de 2002 para los delitos políticos y
conexos, no excluye la responsabilidad penal por las demás conductas punibles,
la cual podrá hacerse efectiva mediante el procedimiento previsto en la Ley 975
de 2005 o por el previsto en las leyes vigentes al momento de su comisión
cuando aquel no sea procedente de conformidad con los requisitos legales”.
Considera
entonces la Vista Fiscal, que se trata de un sistema progresivo de normas diseñado
por el legislador en desarrollo de la política de paz trazada por el Gobierno
Nacional, que busca dotar a los distintos poderes del Estado de las
herramientas jurídicas necesarias para adelantar con posibilidades de éxito,
diálogos, negociaciones o acuerdos con los grupos destinatarios de esa
normatividad, con la clara finalidad de dar cumplimiento al mandato
constitucional contenido en el artículo 22 de la Carta Política
Campo de
aplicación de la Ley 975 de 2005
En relación con
este aspecto, el Ministerio Público cita los artículos 1, 2 y 10 de la Ley 975
de 2005, para referirse a las personas que pueden acogerse a las reglas de
investigación, juzgamiento y sanción y a los beneficios jurídicos allí
contenidos, siempre y cuando concurran las condiciones establecidas en la ley
para el efecto. Luego de referirse a cada una de esas condiciones, señala que
verificado el cumplimiento de los requisitos legales, el Gobierno Nacional
elaborará una lista que entregará a la Fiscalía General de la Nación con los
nombres e identificación de las personas que se acojan al procedimiento
especial contemplado en la ley cuestionada y que les permite acceder a los
beneficios jurídicos que ella contempla. La elaboración de ese listado no
obedece a un proceso de escogencia previa por parte del Gobierno Nacional, sino
que se trata de la identificación de las personas que se han desmovilizado ya
sea individual o colectivamente, y han manifestado expresamente su voluntad de
acogerse al procedimiento y beneficios que consagra la Ley 975 “[p]ostulación
que resulta imprescindible para darle aplicación a ese ordenamiento”.
Según el
Procurador existen dos aspectos adicionales contenidos en el Decreto 4760 de
2005, en lo referente al campo de aplicación de la ley acusada que no pueden
ser pasados por alto. El primero es la precisión que ahí se hace en relación
con la aplicación temporal de la ley, en el sentido que los desmovilizados
pueden acogerse a ella por conductas delictivas realizadas antes del 25 de
julio de 2005, no cobijadas por los beneficios de la Ley 782 de 2002 “[p]ues
los beneficios otorgados por delitos políticos y conexos no excluyen la
responsabilidad penal por las demás conductas punibles, que puede hacerse
efectiva por el procedimiento fijado en la ley demandada o la ley vigente al
momento de su comisión”. El segundo aspecto se refiere a que la elaboración
de las listas en cuestión “[n]o implica la concesión automática de los
beneficios previstos en la Ley, ni el aval sobre el cumplimiento de los
requisitos contemplados”. Ello significa que se podrán presentar eventos en
que personas incluidas en los listados no obtendrán los beneficios consagrados
en la Ley 975, porque no cumplen las condiciones establecidas para el efecto,
aspecto que determinará el funcionario judicial.
Después de
señalar el campo de aplicación de la Ley 975 de 2005, el Procurador General se
refiere a los aspectos procesales y punitivos de la misma, así como a los
beneficios judiciales en ella contenidos, para lo cual se sujeta a las
disposiciones que sobre esos asuntos regula la ley acusada, para luego
pronunciarse sobre las normas procesales contenidas en el decreto que
reglamenta la ley demandada (Decreto 4760 de 2005), aclarando eso sí que el
panorama jurídico procesal a que se hace referencia, en modo alguno comprende
un juicio sobre la constitucionalidad del esquema procesal y del sistema
general de beneficios allí consagrado.
Una vez el
Ministerio Público determina el marco dogmático e interpretativo de la ley
cuestionada, entra al análisis de los cargos de la demanda, partiendo del
examen de los vicios de forma, para posteriormente abordar el cuestionamiento
sobre el contenido normativo de los artículos demandados de la Ley 975 de 2005.
6.  Vicios de
forma
6.1.  Considera
que la regulación de procedimientos judiciales no es una materia que deba
expedirse a través del trámite legislativo de las leyes estatutarias, aunque se
involucre en ellos la afectación de derechos fundamentales. En efecto,
considera el Procurador que si bien es cierto las normas demandadas tienen
indiscutible relación con derechos fundamentales de las víctimas a la verdad, a
la justicia y a la reparación integral, al derecho de acceso a la
administración de justicia y el derecho a la paz, en tanto fijan mecanismos
tendientes a garantizarlos, las normas relativas al procedimiento judicial,
beneficios jurídicos y rebaja de penas consagrados en la ley acusada, no
requieren ser expedidos mediante una ley estatutaria, por cuanto cuando el
artículo 152 de la Constitución, determina que la regulación de los derechos
fundamentales es materia de ley estatutaria, se refiere a la regulación que
incida en el núcleo esencial, en el ejercicio y desarrollo de los derechos que
tienen entidad, pero no a cualquier norma que se relacione con los mismos, ni a
toda regulación que se refiera a derechos que si bien tienen origen
constitucional, no son fundamentales.
Añade que la
jurisprudencia constitucional ha decantado suficientemente el tema que propone
la demanda, y ha sostenido que no todo asunto que se refiera o tenga conexidad
con las materias señaladas en el artículo 152 superior debe ser regulada
mediante ley estatutaria, pues la reserva de esa clase de leyes es restrictiva
en atención al carácter excepcional y especialísimo de ese trámite legislativo,
con el que se busca dotar de mayor estabilidad las disposiciones legales que
desarrollen temas respecto de los cuales es preciso brindar mayor seguridad
jurídica, como los derechos fundamentales y la organización y estructura de la
administración de justicia. Particularmente con este último aspecto, es decir
con el derecho fundamental a la administración de justicia, aduce que desde el
examen de la ley estatutaria de la administración de justicia, se sostuvo por
la Corte (C-036 de 1996), que esa clase de leyes solamente deben ocuparse de la
estructura general de la administración de justicia y de los principios
sustanciales y procesales que guían a los jueces en la solución de los
conflictos sometidos a su conocimiento, sin que sea dable por esa vía regular
aspectos atinentes a los códigos de procedimiento pues ello debe sujetarse al
trámite propio de las leyes ordinarias, doctrina esta que ha sido reiterada en
varias oportunidades.
En ese orden de
ideas, para el Ministerio Público la materia que regula la Ley 975 de 2005 no
se encuentra sometida a reserva de ley estatutaria, por tratarse de normas que
si bien tienen relación con los derechos fundamentales de las víctimas y del
procesado, son normas mediante las cuales se fijan las reglas de procedimiento
penal a las cuales se someten las actuaciones judiciales adelantadas contra los
miembros de grupos armados organizados al margen de la ley que individual o
colectivamente se desmovilicen y soliciten la aplicación de las normas que allí
se establecen. Adicionalmente, las disposiciones que no tocan aspecto de la
administración de justicia hacen parte de la política estatal encaminada a la
solución pacífica del conflicto armado interno, y mediante ellas se crean
organismos y comisiones de seguimiento de esas políticas, y se fijan mecanismos
para la reincorporación a la vida civil de los integrantes de esos grupos
ilegales destinatarios específicos del ordenamiento jurídico que se examina.
La Ley 975 de
2005 no pretende una regulación integral de los derechos fundamentales de las
víctimas, ni desarrollar o complementar el contenido, límites y alcance de los
derechos fundamentales a la verdad, la justicia y la reparación, sino que en
relación con esos derechos se ocupa de fijar parámetros de intervención de las
víctimas dentro de los procesos penales que se adelanten contra los miembros de
grupos armados al margen de la ley que decidan desmovilizarse y someterse a las
reglas especiales de competencia y procedimiento señaladas en ese ordenamiento.
La ley en cuestión tampoco contiene disposiciones que modifiquen en lo esencial
y básico la estructura general de la administración de justicia ni la
organización de la rama judicial del poder público, tampoco fija principios o
parámetros generales de actuación de los jueces, aspectos que sí requerirían
ser regulados por una ley estatutaria. Ahora, el hecho de que la ley acusada
tenga por finalidad establecer mecanismos que permitan la desmovilización y
sometimiento a la justicia de los integrantes de grupos ilegales como mecanismo
para la consecución de la paz, tampoco obligaba a seguir el trámite de una ley
estatutaria, como quiera que la Ley 975 no se encarga de desarrollar en forma
integral el derecho a la paz ni altera su núcleo esencial.
6.2.  Respecto
del procedimiento a seguir en el evento de discrepancias entre Comisiones y
Plenarias, expone el Ministerio Público que aunque la Constitución Política no
establece el procedimiento a seguir cuando surjan diferencias entre las
comisiones constitucionales y la plenaria, en relación con un asunto negado o
aprobado por la comisión constitucional, el artículo 177 de la Ley 5 de 1992,
prevé que ante la negativa de ésta última de convertir en ley un determinado
inciso, artículo o artículos, la plenaria puede resolver que esa normativa
vuelva a la comisión para que reconsidere su procedencia o reitere su
inconveniencia. En ese orden de ideas, los artículos 70 y 71 del proyecto de
ley que terminó con la expedición de la ley que se examina, que fueron negados
por las comisiones constitucionales, debieron someterse al trámite dispuesto
por el artículo 177 del Reglamento del Congreso. No obstante, el trámite que se
surtió para revivir esos artículos fue el consagrado por el artículo 159 de la
Carta Política y desarrollado por el artículo 166 del Reglamento del Congreso.
Según el
artículo 159 de la Constitución “El proyecto de ley que hubiere sido negado
en primer debate podrá ser considerado por la respectiva Cámara a solicitud de
su autor, de un miembro de ella, del Gobierno o del vocero de los proponentes
en los casos de iniciativa popular”, en desarrollo de esa disposición el
artículo 166 de la Ley 5 de 1992 estableció el mecanismo de la apelación, el
cual implica el análisis por parte de las Plenarias de las Cámaras Legislativas
de la negativa de la Comisión de dar curso a un proyecto de ley o de su
decisión de archivarlo definitivamente. Advierte la Vista Fiscal, que según se
señaló en la sentencia C-385 de 1997, ese instrumento tienen dos finalidades: i)
permite que el mayor número de miembros de cada célula legislativa manifieste
su voluntad de convertir en ley un proyecto, o su negativa a darle trámite; y,
ii) garantiza al autor de la iniciativa el derecho de acudir a otra instancia
superior para exponer las razones por las cuales no comparte la decisión
adoptada en la Comisión, y de esa forma asegurar que su proyecto no sea
desestimado con argumentos que pretendan desconocer su real importancia,
necesidad o conveniencia.
En el asunto sub
examine a raíz del cargo planteado en la demanda, surge el interrogante
sobre la procedencia de la apelación, teniendo en cuenta que en estricto
sentido debió haber sido aplicado lo dispuesto por el artículo 177 de la Ley 5
de 1992. Al respecto, sostiene el Procurador General que como lo ha manifestado
esta Corporación, “el alcance del control constitucional se circunscribe a
que se hayan cumplido las etapas que permiten debatir en las comisiones y en
las plenarias un proyecto de ley y a que se reúnan los requisitos que propenden
por asegurar un espacio de deliberación democrática”. Siendo ello así, no
cualquier falla procedimental constituye un vicio de inconstitucionalidad, en
ese orden de ideas, y, de conformidad con el principio de instrumentalidad de
las formas, para el Ministerio Público el defecto que se demanda en relación
con la formación de los artículos 70 y 71 no afectan su validez, pues según el
mencionado principio “las formas procesales no tienen un valor en sí mismo y
deben interpretarse teleológicamente al servicio de un fin sustantivo”
8C-737 de 2001).
Considera el
Ministerio Público que el procedimiento de apelación contenido en el artículo
166 de la Ley 5 de 1002, y que fue el que se surtió en relación con los
artículos acusados, es mucho más garantista que el previsto en el artículo 177
ídem y en el fondo tiene los mismos efectos: revivir un artículo negado por las
comisiones cuando quiera que la Plenaria insiste en que debe dársele trámite al
mismo. La diferencia radica en que en el caso de la apelación el artículo 166
se refiere a proyectos de ley, en tanto que el artículo 177 sí hace
referencia expresa a los asuntos.
Con todo,
resalta la Vista Fiscal que el concepto de proyecto de ley envuelve el
contenido del mismo, ello significa cada uno de los temas y asuntos contenidos
en él. Resulta claro entonces, que cuando la Constitución y/o el Reglamento del
Congreso se refieren a proyectos de ley es para diferenciar esa
categoría normativa de otras como por ejemplo proyectos de acto legislativo,
pero no para distinguir entre los proyectos de ley propiamente dichos y
las normas que los componen o integran, como lo han interpretado los
demandantes en la presente demanda. Así las cosas, no afecta ningún valor
sustantivo que los artículo 70 y 71 acusados hubieran sido revividos mediante
la apelación del artículo 166 de la Ley 5 de 1992. Por el contrario, el
principio de consecutividad se materializó en la medida en que dichas normas
fueron debatidas conforme lo establecen las normas superiores; el principio democrático
no fue afectado porque la apelación que se surtió respecto de los artículos
cuestionados no influyó en la formación de la voluntad legislativa en las
Cámaras. Adicionalmente, es claro que de todos modos la intención del
Constituyente era que la decisión de la Comisión de rechazar proyectos o
asuntos en trámite, pudiera ser examinada por las Plenarias del Senado y de
la Cámara de Representantes, según el caso, en el entendido que las mayorías de
las Plenarias pueden sopesar de forma más justa y equitativa si confirman o
revocan lo dispuesto por la Comisión.
En consecuencia,
expresa el Procurador que se puede afirmar que “[s]i bien los artículos
acusados fueron ‘revividos’ mediante un trámite que no es el que indica el
Reglamento del Congreso para ser aplicado en ese evento, con el mecanismo
utilizado, la apelación, indiscutiblemente se garantizó el carácter democrático
del procedimiento porque se respetó el proceso de formación de la voluntad
democrática en las cámaras; no se vulneró ningún valor constitucional; ni se
desconocieron las competencias legislativas ordenadas por la Constitución”.
6.3.  Para el
Ministerio Público, la Ley 975 de 2005 no debió ser tramitada cumpliendo la
ritualidad específica que consagra la Constitución Política para las leyes de
indultos, porque ese no es el fin ni los efectos de la ley en cuestión.
Señala la
Procuraduría que no se examinará si se surtió o no el trámite establecido por
los artículo 150, numeral 17 y 201, numeral 2 de la Constitución Política, por
dos razones: en primer lugar, porque no es la materia de la ley, ni el objetivo
de la misma conceder indulto a los miembros de los grupos armados al margen de
la ley, por ninguna clase de delitos, pues precisamente como lo expresa su
título, a través de ella “se dictan disposiciones para la reincorporación de
miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de
manera efectiva a la consecución de la paz y se dictan otras disposiciones para
acuerdos humanitarios”; en segundo lugar, por cuanto mediante el indulto se
desarrolla el derecho de gracia sobre una determinada persona, mediante el
perdón total o parcial de la pena que le haya sido judicialmente impuesta. Así,
la normativa acusada no tiene aplicabilidad sobre delitos políticos, ni tiene
el efecto práctico de perdonar, exonerar o eximir del cumplimiento de las penas
a los autores de delitos que se sometan a las reglas procesales allí previstas,
es decir, a los integrantes de grupos ilegales que decidan desmovilizarse y
resolver su situación jurídica por delitos distintos de los políticos y
conexos. Las condiciones para acceder a tales beneficios fueron consagradas en
la Ley 782 de 2002, que justamente viene a complementar la Ley 975 de 2005 y no
a desarrollarla.
7.  Vicios de
fondo
7.1.  La
remisión que en los artículos 37, numeral 38.5 y 62 de la Ley 975 de 2005 se
hace al Código de Procedimiento Penal, no contraría el artículo 5 transitorio
del Acto Legislativo 03 de 2002, como lo sostienen los demandantes al afirmar
que esas remisiones autorizan la aplicación de disposiciones del esquema
acusatorio allí implantado a conductas delictivas cometidas antes de la
vigencia de la Ley 906 de 2004, así como reglas de procedimiento incompatibles
con la estructura procesal de la Ley 975, cimentada igualmente en el esquema
diseñado en la citada reforma constitucional. A juicio de los actores, las
disposiciones de la Ley 975 sólo pueden ser aplicadas para comportamientos
posteriores al 1 de enero de 2005, cuando entró a operar el nuevo sistema procesal
penal.
Para responder
este cargo, el Procurador aclara que la ley cuestionad no fue expedida con el
fin de establecer reglas de procedimiento penal que desarrollen el Acto
Legislativo 03 de 2002, pues de eso se ocupa la Ley 906 de 2004. El fundamento
y objetivo de la ley 975 es otro. En efecto, se trata de un procedimiento
especial, diseñado para facilitar el proceso de desmovilización,
reincorporación y reconciliación nacional, en desarrollo del deber estatal de
promover la obtención y el mantenimiento de la paz real y duradera, a fin de
dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 22 de la Constitución.
No se puede
decir que la ley demandada en cuanto establece figuras similares a las
establecidas en el acto legislativo mencionado en el párrafo precedente, tales
como el magistrado de garantías, hace parte de ese nuevo sistema procesal
penal, de suerte que como lo indica el artículo 5 transitorio sólo puede
aplicarse a los delitos cometidos con posterioridad a la vigencia de la ley que
la establezca, en ese caso, la Ley 906 de 2004, es decir, los cometidos a
partir del 1 de enero de 2005.
No contraría
tampoco el ordenamiento constitucional, que una ley que determine reglas
especiales para adelantar procesos penales contra miembros de grupos armados al
margen de la ley que individual o colectivamente se desmovilicen, precise que
sus vacíos serán suplidos por el Código de Procedimiento Penal, sin concretar a
cual de los vigentes se hace referencia, por dos razones: primero porque en la
actualidad existen dos códigos penales vigentes aplicables en lugares y para
delitos distintos. En este caso, corresponderá al juez en cada caso, determinar
cuál es la ley aplicable, esto es, si la Ley 600 de 2000 considerando que la
conducta se realizó antes del 1 de enero de 2005; o la Ley 906 de 2004 porque
los hechos sucedieron con posterioridad a esa fecha. Segundo, por cuanto es
competencia del funcionario judicial en el caso particular y concreto, y no de
la ley en términos generales, determinar cuáles de las normas de la Ley 600 de
2000 son compatibles con el esquema fijado por la ley acusada, y pueden ser
aplicables, y en qué eventos de la Ley 906 de 2004, resulta aplicable a hechos
anteriores, en virtud del principio de favorabilidad.
A las anteriores
razones que según la Vista Fiscal descartan la posible violación del artículo 5
del Acto Legislativo 03 de 2002, añade otra de carácter práctico, cual es que
no es recomendable referirse a una ley en particular, aunque sólo existiera uno
código de procedimiento penal, porque éste puede ser modificado o derogado.
Así las cosas,
las remisiones que hacen los artículos 37, numeral 38.7 y 62 de la ley acusada,
al Código de Procedimiento Penal, no resultan contrarias a la Constitución
Política.
7.2. Otro de los
cargos presentados en la demanda se refiere a la definición de víctima
contenida en el artículo 5 de la Ley 975 de 2005, pues a su juicio resulta
restrictiva frente al reconocimiento internacional a parientes hasta el segundo
grado de consanguinidad como víctimas de las violaciones de los derechos
humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, lo que impide a
esos familiares acudir en procura de la reparación de los daños ocasionados con
la conducta.
Expresa el
Procurador que uno de los aspectos que conviene destacar en primer lugar, es
que la Constitución Política si bien se refiere a la víctima como destinataria
de medidas especiales de protección y titular del derecho a la reparación
integral, no define expresamente quien es víctima, ni hace una distinción
frente a los perjudicados, circunstancia que de entrada podría avalar la
constitucionalidad de la norma acusada. Sin embargo, encuentra que le asiste
razón a los accionantes por cuanto la definición de víctima contenida en el
artículo 5 acusado no se ajusta a los estándares internacionales, de
conformidad con los cuales los derechos a la verdad, la justicia y la
reparación deben reconocerse a toda persona que haya padecido un daño derivado
de una conducta delictiva, ello cobija tanto a la víctima directa como a los
perjudicados que pueden ser varios.
Después de citar
los Principios 8 y 9 de los Principios y Directrices Básicos sobre el
Derecho de las Víctimas de Violaciones de las Normas Internacionales de
Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos
y Obtener Reparaciones, sobre lo que se entiende por víctima[11][5],
y de referirse tanto a la Comisión como a la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, que han precisado que no sólo los individuos pueden ser considerados
como víctimas, sino que en ciertos casos las mismas comunidades, pueblos
indígenas, grupos políticos, entre otros, pueden ser considerados víctimas de
un conflicto, hace relación al ámbito nacional, en el cual esta Corporación en la
misma sentencia de constitucionalidad que consolidó el reconocimiento de los
derechos a la verdad, la justicia y la reparación, vinculó el concepto de
víctima o perjudicado a la existencia de un daño real, concreto y específico,
no necesariamente económico, derivado de la infracción penal, excediendo la
referencia exclusiva a la relación de parentesco con la víctima directa como
causal que justifica su intervención dentro de la actuación penal[12][6].
En ese contexto
considera el Ministerio Público que el legislador debe garantizar la
intervención en la actuación penal, tanto de las víctimas directas y sus
sucesores, como de los perjudicados con las infracciones al derecho penal y con
mayor rigor a los de violaciones a los derechos humanos y graves infracciones
al derecho internacional humanitario. En ese orden de ideas, la ley cuestionada
al incorporar en el concepto de víctima a las víctimas directas y los parientes
más cercanos, a quienes se les reconoce y garantiza los derechos a la verdad,
justicia y reparación, mediante los mecanismos jurídicos que allí se consagran,
desconoce el derecho internacional humanitario y la jurisprudencia
constitucional, en cuya virtud la condición de titular de los derechos
mencionados surge del daño causado y no de la mera relación de parentesco. A
pesar de que la definición contenida en la norma acusada pretendía incorporar a
quienes según la sentencia C-228 de 2002 define como víctimas y perjudicados a
fin de brindar a todos los que puedan resultar afectados con la conducta,
mecanismos de satisfacción de los derechos antes aludidos, dicha definición no
supera el examen de constitucionalidad, por cuanto excluye categorías de
parentesco en virtud de las cuales también puede causarse daño como
consecuencia del delito, como puede suceder con los hermanos del desaparecido,
cuando éste carece de ascendientes, descendientes, cónyuge o compañero (a)
permanente.
Para el
Procurador sea cual fuere la finalidad de la norma, lo cierto es que no
involucra a todas las personas que pueden sufrir un daño real y concreto a
consecuencia de la conducta punible, desconociendo con ello no sólo
disposiciones internacionales sino el derecho a la igualdad, pues aunque la
infracción genera daños a varias personas con distinta relación de parentesco,
sólo algunas de ellas, concretamente los parientes precisados en el artículo 5
de la Ley 975, podrán acudir al proceso en procura de la defensa y satisfacción
de sus derechos como víctimas.
La inexequibilidad
de la norma también se pone de manifiesto, en relación con los hijos y padres
adoptivos de personas secuestradas, quienes al tenor de la norma cuestionada no
son víctimas directas, tampoco pueden acudir al proceso por el delito no es
homicidio ni desaparición, y tampoco les reconoce los derechos a la
rehabilitación y a  ser destinatarios de medidas de satisfacción y garantías de
no repetición como el restablecimiento de la dignidad, reputación y de sus
derechos. Ello se deriva de la lectura de los artículos 47 y 48 de la Ley 975.
Ahora, aduce el
Procurador que atendiendo el principio de conservación del la norma y la
importancia de determinar para efectos de la ley acusada quiénes son
considerados víctimas, solicitará a esta Corte declarar la inexequibilidad de
la palabra “directos” del inciso 1 y 2 del artículo 5 de la Ley 975; la
expresión “o sus parientes en primer grado de consanguinidad” del
artículo 47; y, la expresión “y la de sus parientes en primer grado de
consanguinidad”, con el objeto de que el concepto de víctima no quede
restringido y se compagine con la definición que ha avanzado la jurisprudencia
constitucional e internacional, que para estos efectos tiene carácter
vinculante para el juez constitucional.
Como última
consideración sobre la norma cuestionada, manifiesta la Vista Fiscal que no se
desconoce que la definición de víctima traída de la jurisprudencia
constitucional nacional y del derecho internacional, puede ampliar el número de
destinatarios de los derechos reconocidos en la ley a las víctimas, con los
consecuentes problemas que se puedan generar para la satisfacción de los
derechos que comprometen recursos económicos. No obstante, la solución de
problemas presupuestales no puede ser tenido como un argumento válido que haga
razonable y justificable la negación de los derechos fundamentales de las
víctimas, los cuales no pueden quedar al vaivén de la disponibilidad
presupuestal ni de los victimarios del Estado, a quien corresponde asumir la
obligación de agotar todos los mecanismos para lograr un resarcimiento real de
las víctimas “[d]ado que en él recae la neutralización y eliminación del
conflicto armado interno y de sus efectos directos y colaterales”.
Por otra parte,
en la definición de víctima que se analiza se incluyó a los miembros de las
fuerzas armadas que hayan sufrido lesiones o menoscabo de sus derechos como
consecuencia de la acción de los grupos armados al margen de la ley. Para el
Procurador esa incorporación es contraria a las normas del Derecho Internacional
Humanitario, en la medida en que éste les reconoce a los miembros de las
fuerzas armadas el status de combatientes, y los excluye del ámbito de
aplicación del Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra, relativo a la
protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter
internacional. Siendo ello así, la inclusión de dichos miembros en el contexto
de la ley 975 como víctimas del conflicto, resulta contraria a los estándares
internacionales, razón por la cual solicita la declaratoria de su
inexequibilidad, sin que con ello se afecten los derechos de los miembros de la
Fuerza Pública, pues por su especial función se encuentran protegidos por el
Estado a través de otras normas.
Finalmente,
considera inaceptable que los miembros de la Fuerza Pública o sus familiares
deban recurrir al Fondo de Reparación de que trata la ley acusada, para obtener
las indemnizaciones a que haya lugar por su participación y daños sufridos en
combate o con ocasión del mismo, cuando el Estado tiene consagrado para ellos
instituciones y mecanismos especiales e idóneos para ese fin.
Solicita
entonces declarar la inexequibilidad de los inciso 3 y 4 del artículo 5 de la
Ley 975 de 2005.
7.3.  Respecto
de los mecanismos de participación de la víctima dentro del proceso penal
adelantado de conformidad con las reglas establecidas en la Ley 975, son varios
los cargos que se plantean por los demandantes, pues en su concepto la ley no
establece mecanismos que garanticen la participación activa de la víctima en el
desarrollo del proceso penal, lo cual va en detrimento de los derechos a la
verdad, la justicia y la reparación.
7.3.1.  Uno de
ellos es el acceso al expediente. Según el cargo planteado, el artículo 37,
numeral 38.5, según el cual las víctimas tienen derecho “A recibir desde el
primer contacto con las autoridades y en los términos establecidos en el Código
de Procedimiento Penal, información pertinente para la protección de sus
intereses”, es inconstitucional porque el artículo 136 de la Ley 906 de
2004, no consagra dentro del derecho del desarrollo a la información, el
derecho de la víctima de acceder al expediente, lo que impide que el proceso
reglado por la Ley 975 pueda ser considerado como un mecanismo efectivo de
tutela judicial.
Si bien para el
Procurador los demandantes en este cargo promueven en realidad el examen de una
disposición distinta que en principio daría lugar a un pronunciamiento
inhibitorio, considera que dada la trascendencia del asunto que se examina, es
indispensable precisar el alcance de los derechos de las víctimas y, por lo
tanto, el cargo debe ser objeto de examen.
Así las cosas,
señala la Vista Fiscal que teniendo en cuenta que la disposición acusada remite
de manera expresa al desarrollo del derecho a la información en los términos
establecidos en el Código de Procedimiento Penal, las normas contenidas en
dicho ordenamiento, ya sea la Ley 600 de 2000 o la 906 de 2004, deben ser
interpretadas y aplicadas por los operadores jurídicos con observancia de las
precisiones que al respecto han sido efectuadas por este Tribunal
Constitucional.
En ese sentido,
advierte que ninguno de los dos ordenamientos aludidos niega a las víctimas el
derecho de acceder al expediente. Por el contrario, si el procedimiento que se
va a aplicar es el dispuesto por la Ley 600, existe un expediente al cual puede
acceder la víctima, de conformidad con lo establecido por el artículo 30 de esa
normatividad, sin necesidad de constituirse en parte civil, ante la
desaparición de esa figura y el establecimiento del incidente de reparación
integral. Como fundamento de su argumento cita apartes de la sentencia C-228 de
2002. Y en el evento en que el código procesal aplicable sea la Ley 906, el
funcionario judicial debe igualmente darle alcance a la sentencia citada, como
quiera que esa ley no se refiere a este aspecto en particular, porque parte del
presupuesto que el procedimiento se rige por el principio de oralidad.
Añade, que en
todo caso, el derecho de acceso al expediente es distinto y no puede entenderse
satisfecho con el derecho a obtener información mediante derechos de petición,
pues como lo ha sostenido esta Corte “[n]o es suficiente la mera información
o referencia que sobre el contenido del expediente pueda hacer el ente
acusador, quien difícilmente podrá ilustrar al investigado de todos y cada uno
de los elementos claves del proceso, pues siempre quedará latente el riesgo de
omitir algunas cuestiones relevantes” (T-1126 de 2003).
Por otra parte,
agrega, no resulta cierto la afirmación de que la participación de la víctima
se concrete a la audiencia de aceptación de cargos, pues como lo refiere la
misma demanda, el artículo 37 reconoce a las víctimas el derecho a ser oídas y
aportar elementos probatorios en el curso de la actuación, no solamente en la
audiencia ante el Tribunal de Justicia y Paz o en el incidente de reparación
integral.
7.3.2.  Otro de
los mecanismos de participación de la víctima dentro del proceso cuestionado
por los demandantes, es el derecho de postulación durante el juicio. La Ley 975
de 2005, reconoce a las víctimas el derecho a ser asistidas por un abogado o
por la Procuraduría Judicial durante el juicio, sin que ello signifique
que se les restringe el derecho a intervenir en todo el proceso de forma
directa, desde el mismo momento de su iniciación.
La finalidad de
la norma es precisar que durante esa etapa es cuando la víctima puede
intervenir a través de su apoderado judicial o solicitar la asistencia de la
Procuraduría Judicial para la justicia y paz, más no que antes no pueda
participar, como equivocadamente lo deducen los demandante. Es esa la razón por
la cual el Decreto 4760 de 2005, en el artículo 11, numeral 5, dispone que: “Con
ocasión de su participación en el proceso, las víctimas tendrán derecho a ser
asistidas por un abogado de confianza, o en su defecto, por el Ministerio
Público; sin perjuicio de que puedan intervenir directamente durante todo el
proceso”.
En consecuencia,
el Procurador solicita la declaratoria de exequibilidad del artículo 37 numeral
38.7 de la ley acusada.
8.  Contra el
cargo de inexequibilidad del artículo 10, numeral 10.6 que impone como
condición de elegibilidad para acceder a los beneficios de la ley cuestionada,
que sean liberados los secuestrados que estén en su poder, por omisión
legislativa relativa, en tanto no se exige a los miembros de grupos ilegales
informar sobre el paradero de los desaparecidos o de su cadáver en el evento en
que se les hubiere causado la muerte, aduce el Procurador que aunque los
actores dirigen su acusación de manera exclusiva contra el numeral en cuestión,
de la argumentación expuesta se puede concluir que la omisión legislativa
relativa cobija todo el artículo, y en su concepto, incluso se podría afectar
el artículo 11 de la Ley 975, por cuanto en ese caso también es exigible al
miembro del grupo entregar toda la información que permite establecer el
paradero de las personas desaparecidas por la organización armada ilegal que
desea desvincularse.
Para el
Ministerio Público el deber de informar sobre la ubicación de las personas
desaparecidas cuando el desmovilizado admita haber participado en dichas
conductas, es una condición que se debe cumplir desde el momento en que se
rinde versión libre si desea obtener los beneficios de la ley acusada, de conformidad
con los artículo 7, 15 inciso 3, 29, 43 y 44, pues en caso contrario resulta “absurdo,
por no decir imposible que el desmovilizado sea condenado conforme al trámite
previsto en esta ley, por el delito de desaparición forzada y se le obligue en
la sentencia a prestar su colaboración para el hallazgo de la víctima, si no
aceptó haber cometido esta conducta desde la diligencia de versión libre que
dio inicio a la actuación penal, y sin haber expresado allí cual fue el destino
de la persona desaparecida”.
Quiere decir
ello, aduce el Procurador, que aunque los artículo 10 y 11 de la Ley 975 no lo
señalen explícitamente, el desmovilizado que desee acogerse a los beneficios de
la misma y obtener una pena alternativa por el delito de desaparición, se
encuentra obligado a brindar en la diligencia de versión libre, que constituye
uno de los parámetros de la formulación de la imputación y de los cargos, toda
la información relacionada con esa conducta, las condiciones de tiempo, modo y
lugar en que tuvo lugar, los lugares a donde fue llevada la persona
desaparecida, o señalar en lugar donde se encuentra su cadáver. Si ese no es el
entendimiento del artículo cuestionado, el Estado Colombiano estaría
incumpliendo sus obligaciones en lo que hace el juzgamiento y sanción del
delito de desaparecimiento, con la consecuente posibilidad de una intervención
de instancias internacionales de justicia como la Corte Penal Internacional.
Siendo ello así,
se solicita a esta Corte que previa integración de la unidad normativa, declare
exequibles los artículos 10 y 11 de la Ley 975 de 2005, bajo el entendido que
es un requisito de elegibilidad el otorgar toda la información sobre la
ubicación de las personas desaparecidas o sus cadáveres.
9.  En cuanto a
la acusación contra los artículos 48 y 58 por desconocer el derecho a la
verdad, en tanto permiten restringir la publicidad de las decisiones judiciales
y los archivos, con la finalidad de evitar daños innecesarios a personas
indeterminadas, aduce el Ministerio Público que la publicidad de ciertas
actuaciones judiciales puede ser restringida excepcionalmente en los términos
que señale la ley, según lo dispone el artículo 228 de la Carta[13][7].
En ese orden de ideas, puede el legislador establecer excepciones al principio
de publicidad en materia penal. No obstante, los artículos acusados consagran
restricciones a la publicidad no del proceso, del juicio o de la actuación en
curso, sino a la verdad judicial, es decir, a la declarada en la sentencia y a
los archivos que deben conservarse precisamente para garantizar el derecho a la
verdad en su dimensión colectiva, es decir, el derecho a la memoria.
Teniendo en
cuenta que se trata de una restricción al derecho a la verdad en sus
dimensiones, con repercusión directa en el derecho de las víctimas a obtener
una reparación, la consagración con apego al principio de legalidad es más
exigente, a fin de garantizar que la excepción no se convierta en regla
general, haciendo inocuo el contenido esencial del derecho a la verdad. Por
ello, la redacción de las disposiciones demandadas desconoce el principio de
legalidad en forma manifiesta, porque incorpora conceptos indeterminados como “perjuicios
innecesarios” y “otras personas”, de suerte que el funcionario
judicial puede dar a la excepción el alcance que quiera, pues puede aplicarlo
para proteger a cualquier persona, incluso el victimario, y quedará librado a
su calificación la calidad del daño, si es necesario o no.
Resulta
entonces, absolutamente indispensable señalar que los conceptos aludidos sean
interpretados por el funcionario judicial o el custodio de los archivos en
forma restrictiva, como corresponde cuando se está frente a medidas que limitan
el ejercicio o disfrute de derechos constitucionales, conforme a la doctrina y
jurisprudencia internacional, es decir, bajo el entendido que la restricción al
conocimiento de la verdad judicial y el acceso a los archivos, sólo tiene lugar
para proteger a la víctima, los testigos y aquellas personas distintas del
enjuiciado, que colaboraron en el descubrimiento de esa verdad y exclusivamente
para proteger la integridad y la seguridad de estas personas, razones que
deberán ser puestas de manifiesto al impedir la publicidad del fallo o el
acceso a los archivos.
10.  El artículo
25 de la Ley 975 de 2005, en tanto consagra una segunda oportunidad para
obtener los beneficios de la ley siempre que la omisión no haya sido
intencional, es inconstitucional. Es claro que el Estado debe buscar mecanismos
tendientes al logro de la paz y de la reconciliación, pero ellos no pueden ser
objeto de burla. Si el Estado ha diseñado instrumentos mediante los cuales se
establezcan ciertas concesiones en aras de obtener la paz, el mismo no puede
ser burlado a la espera de que en próximas oportunidades se hagan extensivos
determinados beneficios. En ese sentido, no entiende el Ministerio Público,
como el legislador admite en la segunda parte del artículo cuestionado, que
personas que ya han sido beneficiarias de distintos mecanismos creados por  la
ley (Ley 782 de 2002), puedan nuevamente ser beneficiados por otra ley.
Al respecto, el
Procurador razona expresando que “[E]l diseño y puesta en marcha de
mecanismos o instrumentos para la solución pacífica del conflicto que vive el
Estado colombiano, requiere de la buena fe de todos los actores, en
consecuencia, es inadmisible que el Estado renuncie a su obligación de castigar
en debida forma a quienes en un momento tuvieron la oportunidad de contribuir
con los fines estatales y no lo hicieron. En consecuencia, un proceso de paz y
reconciliación exige a todos los actores expresar la verdad real, razón por la
que no se pueden permitir concesiones como las que consagra el artículo 25”.
Mantener el
contenido del artículo 25, es incitar a los integrantes de grupos armados al
margen de la ley que pretendan acogerse a los beneficios de la ley, a ocultar
hechos relevantes en detrimento del derecho de las víctimas en su sentido
amplio a conocer la verdad. Esa norma en lo que hace a la posibilidad de
acogerse nuevamente al beneficio de la pena alternativa debe ser declarado
inexequible, pues así se logra cierto equilibrio entre los derechos de las
víctimas que han cedido en su derecho a que se sancione drásticamente al
victimario y las obligaciones a él impuestas.
11.  Respecto de
la pérdida del beneficio de la pena alternativa a que se refiere la Ley 975 de
2005, por entrega parcial de los bienes de procedencia ilícita, el Procurador
conceptúa lo siguiente: “[e]s claro que el incumplimiento de cualquiera de las
condiciones fijada en la ley para acceder a los beneficios, como para disfrutar
de ellos, una vez otorgados, conlleva a la pérdida del beneficio jurídico
contemplado en la ley y procede la ejecución de la pena principal fijada en la
sentencia con fundamento en los quantum punitivos señalados para los delitos
que sean imputados, tal como lo dispone el 29, incisos 2 y 5 ídem.
Además, en
particular sobre la entrega de bienes, el artículo 44, numeral 45.1, indica que
la entrega al Estado de bienes obtenidos ilícitamente para la reparación de las
víctimas es un acto de reparación integral cuyo cumplimiento es condición para
acceder a los beneficios de la Ley 975 de 2005, hasta el punto que el
sentenciado no podrá gozar de la libertad a prueba sino ha efectuado es
entrega. De acuerdo con lo expuesto, el desmovilizado perderá los beneficios
jurídicos si posteriormente se demuestra que no hizo entrega integral de los
bienes obtenidos ilícitamente.
Ahora bien,
parte del cuestionamiento también se estructura en que los artículos relativos
a la desmovilización individual precisan que el integrante del grupo armado
deberá entregar los bienes adquiridos en forma ilícita si los tuviere, y de
igual forma está contemplado en el artículo 44 inciso 2° de la ley en comento.
Al respecto es
preciso señalar que la expresión acusada parte del supuesto que las posibilidades
de hacer esa entrega para el integrante del grupo armado que individualmente se
presenta ante una autoridad para desmovilizarse son muy inferiores a las de
aquel que junto al grupo o facción ilegal al que pertenece decide
desmovilizarse. Sin embargo, para el Ministerio Público también es claro que
los inconvenientes prácticos no justifican la consagración de una norma que
habilita a los procesados para defraudar los intereses de la ley y el derecho
de las víctimas a obtener la reparación acudiendo a maniobras como entregar los
bienes a terceros, y en cuanto a que no se hayan en su poder, se exime de la
obligación de entregarlos para la reparación de las víctimas. Máxime cuando es
claro que la pérdida de los beneficios se presenta al incumplimiento injustificado
de las obligaciones impuestas, pues es evidente que ante circunstancias de
fuerza mayor no es dable al Estado requerir su cumplimiento, pues nadie está
obligado a lo imposible.
Por lo anterior,
se solicitará a la Corte Constitucional declarar la inconstitucionalidad de las
expresiones: “cuando se disponga de ellos” del artículo 11 numeral 11.5, “si
los tuvieren” del artículo 17, y “si los tuviese” del artículo 44 de la Ley 975
de 2005”.
12.  Para el
Procurador el término de 36 horas para formular imputación después de la
diligencia de versión libre, no ofrece ningún reparo por cuanto se trata de un
término que atiende la necesidad de garantizar el derecho a la libertad
personal en los términos del artículo 28 inciso 2° de la Constitución, según el
cual es preciso resolver sobre la situación jurídica de la persona privada de
la libertad dentro de las 36 horas siguientes.
Por el
contrario, frente al plazo de 60 días establecido en el inciso 3° del artículo
18 de la ley cuestionada para que le Unidad Nacional de Fiscalías de Justicia y
Paz adelante al investigación y verificación de los hechos, el Ministerio
Público encuentra que se trata de un término que no es razonable, dada la
incuestionable gravedad de los delitos a los cuales se aplicará la ley en
cuestión, la complejidad que reviste su investigación en razón del escenario en
que fueron cometidos, el número de infracciones que pueden ser imputadas a cada
desmovilizado, el tiempo de permanencia y la cantidad de acciones violentas del
grupo armado al margen de la ley, todo lo cual hace que se presenten serias
dificultades probatorias que no pueden ser superadas en el término de 60 días
fijado por la ley, que en consecuencia resulta irrazonable.
Dicho término no
garantiza tampoco el derecho a la justicia frente a conductas de tanta
relevancia como son los actos de genocidio, masacres, desapariciones,
secuestros, por citar algunos, cuya investigación reviste una enorme
complejidad, razón por la cual se requiere de un término muy superior al
previsto en la ley para adelantar la investigación, máxime cuando de algunos de
ellos el ente investigados puede llegar a tener conocimiento hasta el momento
en que se reciba la versión libre.
Ello significa
que si los términos procesales establecidos por el legislador no resultan
razonables, tampoco constituyen un recurso judicial eficaz para que las
víctimas puedan reclamar sus derechos frente a las violaciones de los mismos,
por medio de un mecanismo que ofrezca garantías de eficacia e idoneidad para
esas reclamaciones.
Después de citar
a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Procurador solicita a esta
Corte declarar la exequibilidad del inciso final del artículo 17 y la
inconstitucionalidad de la expresión “y dentro de los sesenta (60) días
siguientes” del artículo 18 de la Ley acusada, de suerte que las
investigaciones por los delitos cometidos por quienes se acojan al proceso de
desmovilización se rijan por los términos señalados en la Ley 600 de 2000, por
cuanto frente a las etapas procesales previstas en la Ley 975 de 2005, el
término de 30 días fijado en la Ley 906 de 2004, también resulta irrazonable
para los fines propuestos, mucho más si se tiene en cuenta que el ordenamiento
bajo examen no prevé una etapa de investigación preliminar que permita recaudar
elementos materiales probatorios, ni podría ser así, pues no se puede perder de
vista que los hechos informados por el desmovilizado en la versión libre,
constituyen el eje sobre el cual se estructura el proceso consagrado en la ley
que se examina, y cualquier investigación penal de la conducta general del
desmovilizado que se adelante sin que previamente se tenga conocimiento de la
posible infracción de un delito carecería de fundamento, por cuanto sólo es
posible ejercer la acción penal, como lo determina el artículo 250 de la Carta
Política, cuando se tiene conocimiento de hechos que puedan constituir un
delito, más no cuando se sospecha que una determinada persona, aun cuando
pertenezca a un grupo armado ilegal, ha incurrido en otras conductas punibles
con ocasión de su pertenencia al mismo.
13.  En cuanto a
la acusación contra el parágrafo 3° del artículo 26 de la ley demandada, por
excluir el recurso de casación de las decisiones de segunda instancia,
sacrificando con ello la realización del derecho material y la garantía de los
derechos constitucionales, a juicio del Procurador no viola la Constitución,
pues se trata de una exclusión admisible porque la Carta no impone la
obligación de ese recurso en todos los eventos, como sí sucede con el recurso
de apelación en el artículo 31, recurso éste que si fue consagrado en el
artículo 26 cuya competencia corresponde a la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia. Ello significa que si bien el proceso penal no llega
al conocimiento del máximo tribunal de la justicia penal en virtud del recurso
extraordinario de casación, si lo hace a través del de apelación de las
decisiones que se adopten en aplicación de la ley acusada.
14.  La
alternatividad es un beneficio jurídico que permite la suspensión condicional
de la pena para cumplir la pena alternativa, pero de manera alguna puede ser
considerada un indulto, pues ella no significa perdón total o parcial de la
pena. En efecto, la pena principal tasada por el funcionario judicial encargado
de la aplicación de la Ley 975, no es la misma pena alternativa, como
equivocadamente lo interpretan los actores. De conformidad con el proceso penal
adelantado según las reglas establecidas en la ley acusada, el Tribunal debe
imponer en la sentencia condenatoria las penas principales y accesorias que
correspondan de acuerdo con el Código Penal, es decir, las establecidas de
manera particular para los delitos imputados y dentro de los límites punitivos
establecidos. Así, una vez impuesta la pena, el Tribunal resuelve sobre el
beneficio jurídico de la pena alternativa y su reconocimiento, el cual, no
anula, invalida o extingue la pena principal impuesta, porque ella sólo se
extingue cuando cumplida la pena alternativa que ha impuesto el tribunal, el
beneficiario con la misma demuestra el cumplimiento de todos los demás
requisitos en los plazos fijados por el legislador.
Según la Vista
Fiscal, la pena alternativa tampoco comporta la modificación de los linderos
punitivos señalados en el Código Penal para conductas delictivas, como el
secuestro, la desaparición forzada, el desplazamiento, el homicidio, las
lesiones, el hurto, o cualquiera de los delitos que pueden adelantarse por el
procedimiento de la Ley 975. Las sanciones fijadas por el legislador para esas
conductas, permanecen intactas y, por ello, cuando el juzgador realiza el
procedimiento de dosificación punitiva o individualización de la pena
aplicable, debe hacerlo con sujeción a las penas imponibles a los tipos penales
respectivos en el Código Penal y siguiendo las reglas allí señaladas, tal como
lo dispone el artículo 29 demandado.
Del contenido
del artículo 29 no se deriva que la pena principal imponible en todos los casos
será de 5 a 8 años. Los artículos 3, 29 y 61 de 2005 no se refieren a la pena
alternativa como un tipo especial de pena principal, sino a un beneficio
jurídico que opera de manera similar a los subrogados penales, en compensación
por el comportamiento del sentenciado, atendiendo las circunstancias del delito
y del procesado, en cuya virtud, si el beneficiado cumple con todas las
obligaciones legal y judicialmente impuestas y supera el período de prueba,
será redimido del cumplimiento integral de la pena principal de prisión fijada
por el Tribunal en la sentencia. En caso contrario, si no cumple totalmente con
los compromisos asumidos quedará obligado a purgar el tiempo en prisión fijado
como pena principal en la sentencia, salvo el reconocimiento excepcional de
algún subrogado penal de los establecidos en la Ley 599 de 2000 modificada por
la Ley 890 de 2003, si ha ello hay lugar. De otro lado, una vez transcurrido el
período fijado como pena alternativa, tampoco se entiende cumplida la pena, ni
el condenado obtiene la libertad personal incondicional, sino hasta haber
superado el período de prueba.
Aduce el
Procurador que precisada la naturaleza del beneficio de pena alternativa se
evidencia que la censura realizada por los demandantes es el resultado de una
interpretación errónea sobre el contenido de las normas acusada. No es
procedente por tanto hablar de que la ley concede un indulto a los miembros de
grupos ilegales, pues a quienes sean sentenciados y condenados conforme a lo
dispuesto por la ley acusada, se les imponen las penas principales y accesorias
que resulten aplicables de conformidad con las reglas y quantun fijados en el
Código Penal para cualquier persona que incurra en los mismos tipos penales,
sin perjuicio del otorgamiento del beneficio de la pena alternativa, la cual de
ninguna manera sustituye, extingue o reemplaza a la pena principal impuesta.
Además, precisa
que el beneficio que se cuestiona, como lo establece el artículo 29 de la Ley
975, no es compatible con el otorgamiento de subrogados penales o de rebajas de
pena, de suerte que no se puede afirmar que la ley otorga más y mejores
beneficios a los que a ella se acojan, simplemente se consagra uno distinto
como es la alternatividad, como resultado de una colaboración eficaz con
la administración de justicia, el resarcimiento de los perjuicios a las
víctimas, la efectiva desmovilización y cese de actividades delictivas, y la
contribución con la desmovilizacion del grupo armado al margen de la ley al
cual pertenece. De manera que no se trata del otorgamiento gratuito de un beneficio
a quienes han incurrido en la clase de conductas que se cuestionan en la ley
acusada.
Es por esa razón
que el Ministerio Público considera que el legislador omitió señalar que el
sometimiento a la Ley 975 de 2005 de los grupos ilegales o de los integrantes
de los mismos en forma individual, no exime al Estado de la obligación de
seguir investigando. Por lo tanto, de comprobarse la existencia de delitos que
no fueron confesados u objeto de investigación en el curso del proceso de
desmovilización, no sólo se pierde el derecho al beneficio sino que se debe
aplicar la pena principal. Agrega el Procurador, que ese deber de investigar
del Estado, sólo tiene el límite de la prescripción de la acción penal.
Es esta otra razón que justifica la declaración de inconstitucionalidad de un
aparte del artículo 25 de la Ley 975, y que exige condicionar la exequibilidad
del artículo 29, a que se entienda que para ser beneficiario de la pena
alternativa, el desmovilizado tendrá que haber confesado todos los hechos en
que participó so pena de perder dicho beneficio. De esa manera se compensa el
hecho de que la pena alternativa no resulte proporcional a la gravedad de las
conductas que fueron objeto del beneficio. De no condicionarse así los
artículos mencionados, el derecho de las víctimas a la justicia, se vería
burlado.
15.  En relación
con la censura que plantean los demandantes contra la norma que permite tener
como pena cumplida  el período de permanencia del desmovilizado en las zonas de
concentración, por considerar que con ello se vulnera el derecho a la justicia
por tratarse en realidad de un indulto encubierto, el Procurador después de
referirse a la naturaleza jurídica de esas zonas, para lo cual cita el artículo
9, parágrafo 2, inciso 6, de la Ley 782 de 2002, que las define, así como
jurisprudencia de esta Corporación en la que se ha examinado el asunto en
cuestión, expresa que esas zonas han sido creadas y establecida con la
finalidad  de facilitar los diálogos, los procesos de negociación o las
gestiones tendientes a celebrar acuerdos con los grupos armados organizados al
margen de la ley, mediante los cuales se llegue a la solución pacífica del
conflicto armado.
Aunque las zonas
de concentración no son desde el punto de vista físico lugares de reclusión en
estricto sentido, en el marco de un proceso de negociación constituye una
medida restrictiva de la libertad que puede válidamente ser considerada como
parte de la ejecución de la pena de prisión imponible a los destinatarios de la
Ley 975 de 2005, sin desconocer el derecho de las victimas a que los
responsables de los delitos sena sancionados y cumplan una pena acorde con la
grave infracción cometida.
Ello es así, por
cuanto las medidas consagradas en la ley están encaminadas a la consecución de
la paz, es decir, no se trata de la imposición y ejecución de una pena
privadita de la libertad en condiciones de normalidad y a un delincuente común,
sino de una forma particular de cumplimiento de la sanción, coherente con el
proceso de desmovilización encaminado a dar una salida pacífica al conflicto
armado. Adicionalmente, ante la particular situación en la cual el
desmovilizado decide entregarse a las autoridades de manera voluntaria,
renunciar a su libertad, entregar las armas, confesar sus delitos, asumir el
compromiso de entregar los bienes adquiridos de manera ilícita y reparar a las
víctimas, no resulta abiertamente desproporcionado ni un desconocimiento del
derecho a la justicia, que parte del tiempo que permanezca efectivamente
recluido en la zona de concentración [hasta 18 meses], sea computado como
tiempo de ejecución de la pena alternativa, pues sin duda comporta una
restricción de su derecho de locomoción y del ejercicio de las demás
libertades, como quiera que en esos espacios el control y la seguridad está a
cargo de las autoridades correspondientes.
16.  Para el
Procurador General los artículos 13 numeral 4 y 18 inciso 2 de la Ley 975 de
2005, violan el derecho constitucional a la igualdad y a la reparación de las
víctimas, en tanto sólo permiten afectar con medidas cautelares aquellos bienes
producto de la actividad ilícita, cuando en un proceso penal común el condenado
debe responder con todo su patrimonio si hay lugar a ello.
Frente a los
derechos de mayor gravedad se maximiza el deber del Estado frente al derecho de
las víctimas a obtener una reparación integral, que es directamente
proporcional al daño sufrido con la conducta delictiva. Así, resulta
inadmisible que las normas demandadas excluyan la posibilidad de solicitar y
obtener la afectación de todos los bienes del procesado con el fin de obtener
la reparación integral del daño ocasionado, facultad que las Leyes 600 de 2000
y 906 de 2004 sí reconocen a los afectados con la conducta punible.
El trato
diferencial entre las víctimas de los procesos sometidos a los dos
procedimientos [el ordinario y el especial de la Ley 975 de 2005], es
absolutamente injustificado, porque no se vislumbra una razón objetiva que lo
permita, lo cual por lo demás desconoce el derecho de las víctimas y como tal
es un trato privilegiado para sus victimarios.
17.  Frente a la
demanda de inexequibilidad de los artículos 47 y 55 de la Ley 975 de 2005,
mediante los cuales se crea el Fondo para la reparación de las víctimas y se
dispone que los bienes entregados harán parte del mismo, el Ministerio Público
luego de referirse a la finalidad del mismo de conformidad con lo establecido
en el artículo 54 ídem y del artículo 15 del Decreto 4760 de 2005, aduce que de
conformidad con esas disposiciones y el contenido integral de la ley, es claro
que los actos de disposición que realice el Fondo sobre los bienes entregados,
deben estar precedidos de una decisión judicial que declare la extinción de la
acción o de un pronunciamiento en la sentencia respecto de su situación, por
cuanto mientras ello no suceda, cumplirá las funciones de un secuestre, los
administrará y como lo señala el artículo 15 aludido, podrá entregarlos a las
víctimas en forma provisional hasta que se resuelva sobre ellos en la
sentencia. Siendo ello así, carece de fundamento el cargo relativo a la pérdida
de los derechos de las víctimas sobre los bienes entregados, pues quien has
sido desposeído de ellos podrá solicitar la Fondo su entrega provisional y
luego demostrar su titularidad.
En cuanto al
cuestionamiento planteado por los actores, en el sentido de que la reparación
quede sujeta a la disponibilidad presupuestal del Fondo, porque impide la
efectividad de ese derecho, la Vista Fiscal solicita inhibición para
pronunciarse de fondo, para lo cual aduce que el texto de las disposiciones
acusadas no permite inferir que la responsabilidad del condenado y del Estado
en la reparación de las víctimas se limite a los recursos del Fondo para la
reparación de las víctimas, pues la función de ese organismo es la de
servir de canalizador de los recursos destinados a la satisfacción de ese
derecho, no que se el obligado a reparar a las víctimas. Añade que el
planteamiento también se fundamenta en un supuesto fáctico incierto, como es
que los recursos del presupuesto nacional asignados para el Fondo serán
insuficientes para atender los gastos que demande el cumplimiento de las
sentencias proferidas en virtud de la aplicación de la Ley 975 de 2005.
Distinta es la
posición frente al artículo 47 de la ley demandada, pues en ese caso la norma
atribuye ese acto de reparación [la atención médica y psicológica], al Fondo y
lo limita a su presupuesto, de suerte que la eventual carencia de recursos
puede afectar la efectividad del derecho a la reparación de las víctimas, razón
por la cual es necesario un pronunciamiento de este Tribunal Constitucional,
que condiciones la exequibilidad de  dicha norma a que se entienda que los
gastos que demande la rehabilitación de las víctimas deben ser cubiertos por el
condenado, dentro de su deber de reparar integralmente a la víctima o por el
Estado a través del Fondo, sin que la carencia de recursos justifique el
incumplimiento de ese deber.
18.  En cuanto a
la acusación planteada contra el artículo 29 de la Ley 975 de 2004, manifiesta
el Procurado que se ignora por los demandante que en virtud de los artículos 10
y 11 de la ley, los desmovilizados que deciden acogerse a los beneficios
jurídicos allí contemplados y más aún cuando le han sido otorgados, asumen el
compromiso de cesar toda actividad ilícita cualquiera que sea, y el
incumplimiento de esa obligación da lugar a la pérdida del beneficio concedido
y a la ejecución integral de la pena principal impuesta.
No obstante, expresa
que se solicitará a la Corte la declaratoria de exequibilidad por los cargos
analizados, pero bajo el entendido que la pena principal sólo se extinguirá
cuando se cumpla el término de su  prescripción, es decir, que el beneficio que
concede la ley es de la suspensión de su aplicación, condicionada a que el
desmovilizado no vuelva a incurrir en los delitos por los cuales le fue
otorgada la pena alternativa y a que el Estado no le demuestre que oculto
hechos delictivos en los que incurrió cuando pertenecía al grupo al margen de
la ley.
19.  Para el
Procurador la descripción típica del delito de sedición que consagra el
artículo 71 de la ley acusada, no modifica en lo sustancial la consagrada en el
artículo 468 de la Ley 599 de 2000.
Antes de iniciar
el examen de la disposición acusada, aclara que la concepción de ese Despacho
sobre el delito político ya fue expresada con ocasión de la demanda presentada
contra el artículo 50 de la Ley 782 de 2002, que modificó el artículo 19 de la
Ley 418 de 1997, y a ella se refiere nuevamente como parámetro para resolver el
problema jurídico que se plantea en el asunto sub iudice.
Al respecto
aduce en primer lugar, que la Constitución Política no define el delito
político, concediéndole al legislador un amplio margen de configuración
normativa sobre ese asunto. A pesar de que en el contexto internacional no ha
sido fácil concebir una definición del delito político que abarque
completamente el contenido del mismo, históricamente se ha manifestado que se
trata de un desconocimiento de la ley penal por acción u omisión, cometido por
móviles políticos, sociales o de interés colectivo, encaminados a la conquista
y detentación del poder, mediante el cambio del orden constitucional
establecido.
Después de citar
al profesor Jiménez de Asúa, hace relación a la doctrina del delito político en
el contexto internacional, para indicar que ha sido dividido en: i) delito
político relativo, integrado por el delito complejo, que lesiona el orden
político y el derecho común; y, ii) el delito político conexo, que lesiona el
derecho común pero se produce vinculado a una acción política. También se habla
en el ámbito internacional  de delitos políticos directos e indirectos. Los
primeros agrupan las acciones que atacan frontalmente al organismo estatal, los
segundos causan daño en alguna de las instituciones periféricas del Estado.
Luego de
referirse brevemente a las causas, así como a las diferencias con el delito
común y las finalidades en ambos casos, expresa que los Estados Constitucionales
de Derecho en razón de su naturaleza, otorgan al delito político un tratamiento
especial, con el objeto de persuadir a quienes insisten en desarrollar
actividades al margen de la ley, mediante la consagración de figuras jurídicas
como el indulto y la amnistía, entendido el primero como el perdón total o
parcial de las penas judicialmente impuestas por decisión de uno de los poderes
estatales y la segunda como la extinción de la acción penal, es decir, la
renuncia del Estado a investigar y sancionar.
En Colombia el
delito político tiene su manifestación, entre otros,  en las dos figuras
aludidas, y en la inexistencia de inhabilidades para el acceso a los cargos
públicos en los casos de condenas por esa clase de delitos. La Carta Política
en su artículo 150 establece el procedimiento especial al que debe sujetarse el
Congreso de la República para conceder indultos o amnistías. El artículo 201,
numeral 2 ídem, establece entre las funciones del Gobierno en relación con la
rama judicial “conceder indultos por delitos políticos, con arreglo a la
ley, e informar al Congreso sobre el ejercicio de esa facultad. En ningún caso
estos indultos podrán comprender la responsabilidad que tengan los favorecidos
respecto de los particulares”.
Así las cosas,
para el Ministerio Público resulta claro que el beneficio del indulto, sólo es
predicable en relación con la comisión de delitos políticos, aspecto este que
fue reiterado ampliamente por esta Corporación al sostener que la Constitución
distingue los delitos políticos de los comunes para efectos de imponer a los
primeros un tratamiento más benévolo con lo cual mantiene una tradición
democrática de estirpe humanitaria [C-171 de 1993]. Se trata de una
apreciación, añade, válida completamente para el delito político puro y
simple, eso es. “[a]quellas manifestaciones que si bien no están
justificadas en el ordenamiento penal, no utilizan medios que configuren
delitos atroces, como el terrorismo, el genocidio, el secuestro, la tortura,
las desapariciones y entre otros catalogados como hechos atroces y de lesa
humanidad, que no se compaginan con el fin buscado por el delito político, Sin
embargo, la concepción de delito político no se queda en la abstracción de su
contenido, es decir, que en muchos eventos hay una conexidad inescindible con
delitos comunes que pueden ser objeto de indulto y no se podría apreciar el
ilícito político sin que se subsuman conductas también punibles que en
principio no son de la esencia del mismo, pero que a la postre contribuyen al
fin perseguido. Realidad jurídica que el mismo Constituyente de 1991 abordó,
cuando en el artículo 30 transitorio dispuso que autorizaba al Gobierno
Nacional para conceder indultos o amnistías por delitos políticos y conexos
a miembros de grupos guerrilleros que se incorporan a la vida civil.
“Por tanto, en
el tema del delito político ya no es predicable ni aplicable la teoría purista
del mismo, no obstante, tampoco es admisible afirmar que todos los delitos
comunes que se cometan para realizar el primero son conexos, hacer esta
afirmación es desconocer valores supremos constitucionales, como la dignidad
humana, la justicia y otros preceptos constitucionales, como la dignidad
humana, la justicia y otros preceptos que a lo largo de la Constitución
Política reivindican al ser humano como eje alrededor del cual gira la
actividad estatal. Por lo que, dentro de una concepción de Estado como la que
nos rige, jamás se debe admitir que los denominados delitos atroces pueden
ser considerados delitos políticos ni mucho menos que se subsuman en
éstos”.
Expresa el
Procurador que en el derecho internacional se ha insistido después de los
grandes atentados sufridos por la humanidad, en la necesidad no sólo de
proscribir conductas que atenten contra la integridad y dignidad del ser
humano, sino de advertir que constituyen crímenes contra la humanidad que no
pueden ser objeto de amnistías e indultos, con la esperanza de que nunca se
repitan leyes como las de punto final y obediencia debida expedidas en
Argentina y Chile, cuyo objetivo no era otro que dejar en la impunidad las
innumerables violaciones de los derechos humanos.
Entrando al
análisis del artículo 71 de la Ley 975 de 2005, expresa el Procurador que el
delito de sedición consagrado en el artículo 468 del Código Penal, tanto el
tipo como el sujeto activo son indeterminados, esto es, cometido por cualquier
persona “[p]ues ni la Constitución ni la ley, consagran características
especiales que identifiquen a las personas o grupos que puedan cometer ese
delito y por ende cobijados con los privilegios del delito político, es decir,
que cualquier individuo si al momento de delinquir se encuentra dentro de las
circunstancias del tipo, y su finalidad es subvertir el orden constitucional y
legal, se le debe juzgar por sedición”.
Ahora bien,
aclara el Ministerio Público que si bien la rebelión y la sedición son
tipificados por la ley penal como delitos políticos, los dos tienen
características especiales que los diferencian y, por lo tanto, el alcance de
las conductas en ambos casos deben tener un tratamiento distinto. En ese
sentido, añade, que esta Corte ha señalado refiriéndose a la sedición, que
mediante ese delito se impide que los poderes públicos cumplan su función
constitucional, bien sea de una ley, sentencia, decreto o cualquier otra medida
obligatoria, impidiendo el funcionamiento del orden jurídico mediante coacción
armada. En la rebelión busca la sustitución de la clase dirigente total o
parcialmente, mientras la sedición ataca la operatividad de los poderes
públicos, impidiendo su desarrollo constitucional o legal [C-099 de 1995].
Teniendo en
cuenta lo anterior, no puede confundirse la sedición con la rebelión “[p]ues no
es argumento, que como los grupos ilegales de autodefensas son ‘aliados del
Estado’  o no combaten al mismo, no pueden ser sujetos de sedición, en
virtud de que, precisamente la naturaleza de dicha conducta objeto de reproche
penal no persigue ni el cambio de sistema ni el derrocamiento del gobierno”.
Ello significa
que, cuando el artículo 71 acusado define la conducta punible, no está
refiriéndose a otra cosa que indicar que quienes conforman los grupos de
autodefensa también son sujetos del delito de sedición, sin que ello signifique
que los miembros de esas organizaciones se convierten por mandato de la ley en
delincuentes políticos. La norma acusada no desfigura la concepción del delito
político, pues mantiene los elementos esenciales en el evento concreto del
delito de sedición, cuales son atentar contra el orden constitucional y legal,
situación que puede ser cometida por cualquier persona, entre ellos los grupos
de autodefensa, correspondiendo a la administración de justicia determinar si
la conducta cometida por esos grupos se ajusta al tipo penal de sedición, el
cual en todo caso no es conexo con delitos de lesa humanidad o narcotráfico; o,
por el contrario, se trata de delitos comunes que deben ser juzgados conforme
lo dispone la ley penal.
Bajo ninguna
circunstancia deben existir amnistías o indultos en los que se predique la
conexidad de delitos políticos con delitos comunes que constituyan violaciones
de lesa humanidad, como el genocidio, el secuestro, la desaparición forzada, la
tortura o el desplazamiento, entre otros. Igualmente, las amnistías e indultos
disfrazados mediante leyes en las que si bien en estricto sentido no tienen la
naturaleza de la institución en mención, sí imponen penas irrisorias en
relación con la comisión de delitos como los de lesa humanidad. De esa manera
no sólo se desconocería el contexto del delito político consagrado en la Carta,
sino los preceptos y principios aceptados por la comunidad internacional,
mediante el desarrollo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el
Derecho Internacional Humanitario, contenidos en los tratados internacionales
de Derechos Humanos que por fuerza del bloque de constitucionalidad son
obligatorios para el Estado Colombiano.
Así las cosas,
el Procurador solicita a este Tribunal Constitucional el condicionamiento de la
disposición acusada, en el sentido que la declaratoria del delito de sedición
de los grupos al margen de la ley allí señalados, no implica el reconocimiento
de la conexidad de delitos comunes que constituyan delitos de lesa humanidad,
tales como el genocidio, el secuestro, la desaparición forzada, la tortura, el
desplazamiento.
20. Finalmente,
el Procurador General de la Nación solicita la inhibición para pronunciarse
sobre los siguientes artículos: i) de los artículos 2, 9, 10, 18, 62 y 69
acusados, por considerar que deja impunes algunas conductas cometidas por
quienes se acojan a la Ley 782 de 2002, pues el cuestionamiento se refiere al
campo de esa ley, más no al contenido normativo de los preceptos acusados; ii)
del artículo 34 de la Ley 975, porque en criterio de los actores no se permite
la intervención de la Defensoría del Pueblo durante el curso de todo el
proceso, sino solamente durante el proceso de reparación integral, pues la
norma no concreta en ningún momento la intervención de esa entidad en una etapa
procesal en particular. Se trata de una interpretación de la norma que es por
completo ajena a su contenido; y, iii) del artículo 23, porque los demandantes
no plantean un problema de constitucionalidad, no formulan un cargo que ponga
en duda la exequibilidad de la norma acusada, ya que la pretensión es que la
Corte imponga determinada aplicación de la disposición.
VI.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1.
COMPETENCIA
En virtud de lo
dispuesto por el artículo 241, numeral 4, de la Constitución Política, la Corte
Constitucional es competente para conocer de las acciones de
inconstitucionalidad contra normas de rango legal, como la que se estudia en la
presente demanda.
2.
ESTRUCTURA DE LA PRESENTE SENTENCIA
Por la diversidad
y complejidad de los cargos que debe resolver la Corte en esta oportunidad, la
presente sentencia seguirá la siguiente estructura:
2.1. En primer
lugar, se estudiarán los cargos por vicios en el procedimiento de formación de
la Ley 975 de 2005.
2.2. A
continuación, para analizar los cargos por vicios de fondo, se efectuará un
breve recuento de (a) el contenido de los derechos a la paz, la justicia, la
verdad, la reparación y la no repetición en el derecho internacional de los
derechos humanos y el derecho constitucional colombiano, así como (b) las
pautas que ha de seguir el juez constitucional cuando se trata de ponderar la
relación entre la paz, la justicia y los demás derechos de las víctimas de
violaciones de los derechos humanos constitutivas de delito.
2.3.
Posteriormente, se juzgará cada una de las normas acusadas, a la luz de los
cargos formulados en la demanda.
3. EXAMEN DE
LOS CARGOS POR VICIOS EN EL PROCEDIMIENTO DE FORMACIÓN DE LA LEY 975 DE 2005.
3.1.
Problemas jurídico-constitucionales objeto de esta sentencia
Conforme se
deduce de la demanda que dio origen a este proceso, así como de las distintas
intervenciones y del concepto rendido por el Procurador General de la Nación, la
Corte habrá de analizar si la Ley 975 de 2005, por su contenido, ha debido
expedirse de conformidad con el trámite establecido en la Constitución para las
leyes estatutarias; si en realidad se trata de una ley mediante la cual el
Congreso de la República decretó sin decirlo un indulto o una amnistía y, si en
consecuencia, esa ley debía haber sido expedida con sujeción a las formalidades
propias de las leyes de esta especie; y si los artículos 70 y 71 de la ley en
cuestión cumplieron o no con las formalidades exigidas en la Constitución para
hacer parte de una ley de la República.
Sentado lo
anterior, se procederá por la Corte al examen de los cargos por vicios de
procedimiento planteados por los demandantes, a partir de aquellos que de
prosperar afectarían la exequibilidad de la ley en su integridad, para
proseguir luego, si ellos no prosperan, con el análisis de las acusaciones
propuestas contra algunos artículos de la Ley 975 de 2005.
3.2.  Cosa
juzgada en relación con el cargo formulado por no haber sido tramitada  la Ley
975 de 2005 mediante el  trámite propio de las leyes estatutarias.
3.2.1.  Plantean
los ciudadanos demandantes la inconstitucionalidad de la Ley 975 de 2005, por
violación de la reserva de ley estatutaria. Afirman que se trata de una ley que
pretende regular y fijar mecanismos de protección de los derechos fundamentales
a la verdad, la justicia y la reparación, los cuales hacen parte del derecho de
todas las personas de acceder a la administración de justicia (C.P. 228 y 229),
y de las garantías procesales establecidas en el artículo 29 de la Carta
Política, así como de las garantías consagradas en los artículos 2 del Pacto
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y 125 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos. Siendo ello así, afirman que la ley en
cuestión debió ser sometida al trámite constitucional establecido en los
artículos 152 y 153 de la Constitución, lo que no se hizo por el Congreso que
la tramitó y expidió como ley ordinaria.
3.2.2. Al
respecto la Corte  señala   que   en relación con este aspecto de la acusación
formulada en la demanda, la Corte ya se pronunció en la Sentencia C-319 de 2006[14],
que declaró exequible la Ley 975 de 2005, en relación con el  mismo
cargo que ahora se plantea, a saber,  la violación de los artículos 152 y 153
superiores por no haberse dado trámite de Ley estatutaria al proyecto
respectivo.
Cabe
recordar que en dicha sentencia C-319 de 2006 la Corte reiteró los criterios
jurisprudenciales para determinar cuándo una ley que se refiere a derechos
fundamentales o a aspectos que tocan con la administración de justicia,  debe
surtir el trámite establecido en el artículo 153 de la Constitución para las
leyes estatutarias.  En el referido fallo se puso de presente  que no toda
regulación legal de los derechos fundamentales tiene  naturaleza de ley
estatutaria, sino sólo aquella que de alguna manera toca su núcleo esencial,
esto es, el conjunto de atribuciones y potestades sin las cuales el derecho no
sería reconocido, o mediante la cual se regula en forma “íntegra, estructural o
completa” el derecho correspondiente. Explicó que dado que ninguno de los dos
supuestos tiene lugar en relación con la ley acusada, el trámite que debía
surtirse no era el de una ley estatutaria. En la misma sentencia la Corporación
reafirmó que la regulación del procedimiento penal no tiene reserva de ley
estatutaria, como tampoco la tipificación de los delitos ni el establecimiento
de sanciones. De otra parte, observó que la Ley 975 de 2005 no crea una
jurisdicción especial, sino que simplemente atribuye a la jurisdicción
ordinaria un procedimiento especial que debe surtirse ante la Fiscalía General
y los tribunales superiores, de manera que no se afecta la estructura general
de la administración de justicia, ni se tocan principios generales o aspectos
sustanciales de la Rama Judicial del poder público, razón por la cual tampoco
por este aspecto debía ser objeto de una ley estatutaria.
Así
las cosas dado que en relación con el cargo ahora formulado se ha configurado
el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, lo que corresponde es estarse a
lo resuelto en la referida sentencia C-319 de 2006 y así se señalará en la
parte resolutiva de esta sentencia.
3.3.  La Ley
975 de 2005 no concede indulto encubierto, ni tampoco una amnistía.
3.3.1.  Afirman
los demandantes que la Ley 975 de 2005 es inconstitucional por cuanto no se
cumplieron los requisitos establecidos en la Carta Política  para conceder
indultos y amnistías, a saber, votación secreta y mayoría calificada,
requisitos que no se cumplieron porque la ley fue tramitada y expedida como una
ley ordinaria.
3.3.2.  Como se
sabe,  el artículo 150, numeral 17 de la Constitución[15]
establece, en beneficio de la paz,  la posibilidad de conceder mediante ley
amnistías o indultos generales por delitos políticos.
Tanto la
amnistía como el indulto se conceden por el Congreso de la República como
representante del pueblo, por altos motivos de conveniencia pública, con el
propósito de lograr la convivencia pacífica que se encuentra perturbada por quienes
optaron en un momento determinado por subvertir el orden
jurídico-constitucional. Al respecto se han calificado como delitos políticos
la rebelión, la sedición y la asonada.
De acuerdo con
su finalidad, la concesión de amnistías o indultos generales es excepcional.
Dada la trascendencia  de tales decisiones  para la sociedad, la Constitución
ha establecido que la ley correspondiente debe ser aprobada por una mayoría
calificada constituida por los dos tercios de los votos de los miembros de una
y otra Cámara, requisito este que conforme al reglamento del Congreso se
cumplirá por votación secreta (CP. art. 150-17 y Ley 5 de 1992, art. 131,
literal c).
La amnistía
extingue la acción penal, mientras que el indulto es una institución que redime
la pena correspondiente al delito. Mediante aquella el Estado olvida el delito;
cuando concede el indulto no lo ignora, sino que exime de la pena que es su
consecuencia jurídica. Como la amnistía se refiere al ejercicio mismo de la
acción penal su aplicación corresponde a los jueces. Al ejecutivo le
corresponde  conceder el indulto, pues si ya se ha dictado sentencia e impuesto
la condena respectiva, la Rama Judicial ya ha agotado su competencia funcional,
y agotada la jurisdicción es al ejecutivo a quien le compete hacer efectivas
las sentencias condenatorias. Por ello, el artículo 201 de la Constitución le
confiere al Gobierno, en relación con la Rama Judicial, la facultad de conceder
indultos por delitos políticos con arreglo a la ley, y con el deber de informar
al Congreso sobre el ejercicio de esa facultad.
La amnistía por
su propia naturaleza impide proseguir el proceso que ya hubiere sido iniciado y
que no hubiere culminado con sentencia. El indulto no exime del proceso penal,
y en caso de existir sentencia condenatoria ésta no podrá ejecutarse. Con todo,
si al momento de concederse la ley de amnistía ésta resulta aplicable a
personas contra quienes ya hubiere sentencia condenatoria, se excepciona la
cosa juzgada y desde entonces cesa la ejecución de la pena para lo cual habrá
de comunicarse al juez que dictó la sentencia en primera instancia, institución
que la doctrina conoce como amnistía impropia.
3.3.3.
Aplicadas las nociones precedentes al análisis de la Ley 975 de 2005, se
observa por la Corte que en ella no se dispone la extinción de la acción penal
en relación con los delitos que puedan ser imputados a miembros de grupos
armados que decidan acogerse a aquella, razón por la cual resulta claro que el
Estado no decidió mediante esta ley olvidarse de las acciones delictuosas, por
lo que en rigor jurídico-constitucional la afirmación según la cual dicha ley
concede una amnistía, no es de recibo.
Por lo que hace
a la supuesta concesión de un indulto, tampoco se encuentra que alguna de las
normas contenidas en la ley acusada disponga que la pena con la cual culmine un
proceso iniciado contra los miembros de grupos armados ilegales que decidan
acogerse a esa ley una vez impuesta por sentencia judicial, deje de ejecutarse.
Es decir, no contiene la Ley 975 de 2005 una disposición que exonere al
delincuente del cumplimiento de la sanción penal. Si bien es verdad que se le
hace objeto de un tratamiento jurídico penal menos riguroso que el existente en
el Código Penal -si se cumplen por el infractor unos requisitos determinados en
relación con las víctimas y por la colaboración con la administración de
justicia-, lo cierto es que, aun así, no desaparece la pena. Esta se impone,
pero el procesado puede -con estricta sujeción a los requisitos y condiciones
que el legislador señaló- hacerse acreedor a un beneficio que podría reducirle
la privación de la libertad por un tiempo, sin que ésta desaparezca, beneficio
que será objeto de análisis detenido posteriormente en esta misma providencia.
No se dan pues
en el presente caso los presupuestos que definen  la amnistía ni el indulto, y
por tanto  mal  podía exigirse al Legislador que para la expedición de la ley
acusada diera un trámite reservado a ese tipo de figuras jurídicas.
Tampoco
establece la ley acusada una amnistía o indulto velado, habida cuenta de que el
concepto de alternatividad penal (art. 3), así como las características de este
instituto, parten de la base de que el juez impondrá, en la sentencia, la
condena ordinaria que correspondería a los delitos demostrados. Este punto es
analizado en detalle en el apartado 6.2.1.
3.3.4.  Así las
cosas, el cargo propuesto por haber sido tramitada la Ley 975 de 2005 como
ordinaria, pese a que debería haberlo sido mediante el procedimiento especial
previsto para las leyes que conceden amnistías o indultos generales, no está
llamado a prosperar y así se señalará en la parte resolutiva de esta sentencia.
3.4.  Los
artículos 70 y 71 de la Ley 975 de 2005, son inconstitucionales por vicios de
procedimiento en su formación.
3.4.1.  Los
demandantes acusan los artículos 70 y 71 de la Ley 975 de 2005 de
inconstitucionalidad por vicios de procedimiento en su formación, así como por
vicios de fondo. En relación con el primer aspecto, expresan los demandantes
que las referidas normas corresponden a los artículos 61 y 64 del Proyecto de
Ley 293 de 2005 Cámara y 211 de 2005 Senado, que no fueron aprobados en la
sesión conjunta de las comisiones primeras del Senado y la Cámara de
Representantes. Añaden que esos artículos fueron objeto de un recurso de
apelación ante la Plenaria del Senado de la República, que  lo concedió y
ordenó su traslado a la Comisión Segunda del Senado de la República, que
finalmente los aprobó. A juicio de los actores este trámite violó el artículo
180 de la Ley 5 de 1992 y, en consecuencia, también se desconoció el trámite
previsto en la Constitución para los proyectos de ley.
3.4.2. Al
respecto, la Corte recuerda que en el Estado de Derecho todos los habitantes
del territorio nacional se encuentran sometidos al imperio de la Constitución y
de la ley, y se les exige el acatamiento estricto a las normas de derecho
positivo para asegurar de esa manera la convivencia pacífica.
Precisamente, es
esa y no otra la razón por la cual el ejercicio de la potestad legislativa del
Estado se atribuye en las democracias a un órgano colegiado de representación
popular previsto en la Constitución, como igualmente en ella se establecen las
reglas a las que debe sujetarse para el ejercicio de esa función. Es decir, en
las democracias resulta importante no sólo establecer quién hace la ley,
sino también cómo la hace.
Es por la razón
antes indicada que el título VI de la Constitución Política señala normas sobre
el procedimiento legislativo, y que el control constitucional de la leyes pueda
realizarse por la Corte Constitucional no sólo por su contenido material, sino,
también, por vicios de procedimiento en su formación (CP. art. 241-4).
Por ministerio
de la Carta Política, el Congreso de la República además en el trámite de las
leyes debe estricto acatamiento a su reglamento, el que es expedido mediante
una ley orgánica a la que se somete el ejercicio de la actividad legislativa,
por mandato del artículo 151 de la Constitución.
3.4.3.
Examinado por la Corte el trámite que se le imprimió por el Congreso a los
artículos 70 y 71 de la Ley 975 de 2005, y la acusación contra ellos planteada
por vicios de procedimiento en su formación, se encuentra que asiste razón a
los demandantes para que se declare su inexequibilidad. A tal conclusión llega
la Corte por las siguientes razones:
3.4.3.1.  Los
artículos 70 y 71 de la Ley 975 de 2005 corresponden en su orden a los
artículos 61 y 64 del Proyecto de Ley 293 de 2005 Cámara y 211 de 2005 Senado.
3.4.3.2.  El
Proyecto de Ley aludido fue estudiado en primer debate en sesión conjunta de
las Comisiones Primeras Permanentes del Senado y la Cámara de Representantes.
3.4.3.3.  El
artículo 61 de ese proyecto, sometido a votación fue negado tanto  por la
Comisión Primera del Senado como por la Comisión Primera de la Cámara de
Representantes. Así aparece en el Acta No. 9 de 6 de abril de 2005, página 47,
columna segunda, Gaceta del Congreso No. 407 de 27 de junio de 2005. Por lo que
hace a la Comisión Primera del Senado, fueron emitidos catorce (14) votos,
cuatro (4) de ellos afirmativos y diez (10) negativos; y el resultado de la
votación en la Comisión Primera de la Cámara, sobre un total de diecinueve (19)
votos emitidos, fue el de ocho (8) afirmativos y once (11) negativos.
3.4.3.4.  En la
misma sesión fue apelada la decisión anteriormente mencionada por el Senador
Carlos Moreno de Caro y el Representante a la Cámara José Luis Arcila.
3.4.3.5.  El
artículo 64 del proyecto aludido, fue negado tanto por la Comisión Primera
Permanente del Senado como por la Comisión Primera Permanente de la Cámara de
Representantes. Así aparece en el Acta No. 10 de la sesión de 11 de abril de
2005, Gaceta del Congreso No. 408 de 27 de junio de 2005, páginas 26 y 27. En
una primera votación, en la cual se decidía sobre una proposición sustitutiva
del texto original, en cuanto hace a la Comisión  Primera del Senado se
emitieron catorce (14) votos en total, distribuidos así: tres (3) afirmativos y
once (11) negativos; en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes se
emitieron veinte (20) votos, tres (3) afirmativos y diecisiete (17) negativos.
A continuación
se votó entonces sobre el texto propuesto en la ponencia, con el siguiente
resultado: en la Comisión Primera del Senado de la República sobre un total de
catorce (14) votos emitidos, seis fueron afirmativos y ocho (8) negativos; en
la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, sobre un total de veinte
(20) votos emitidos, trece (13) fueron afirmativos y siete (7) negativos.
3.4.3.6.  Negado
el artículo 64 del Proyecto por la Comisión Primera del Senado de la República,
el Senador Hernán Andrade Serrano apeló la decisión.
3.4.3.7.  En la
sesión conjunta de las Comisiones Primeras del Senado de la República y la
Cámara de Representantes, celebrada el 12 de abril de 2005, se votó una
proposición de reapertura de la discusión sobre el artículo 61 del proyecto
(Gaceta del Congreso No. 409 de junio 17 de 2005). En la Comisión Primera del
Senado, fueron emitidos dieciséis (16) votos de los cuales seis (6) fueron
afirmativos y diez (10) negativos. En la Comisión Primera de la Cámara de
Representantes del total de veintidós (22) votos, doce (12) fueron afirmativos,
siete (7) negativos, y tres (3) Representantes no votaron por encontrarse
impedidos.
3.4.3.8.  Negada
entonces la solicitud de reapertura de la discusión del artículo 61 del
proyecto, el Senador Moreno de Caro apeló la decisión.
3.4.3.9.  Por
proposición del Representante Reginaldo Montes y del Senador Ciro Ramírez se
solicitó la reapertura de la discusión del artículo 64 original de la ponencia.
Sometida a votación, la Comisión Primera del Senado emitió trece (13) votos, de
los cuales cinco (5) fueron afirmativos y ocho (8) negativos; la Comisión
Primera de la Cámara emitió dieciséis (16) votos en total, quince (15) de los
cuales fueron afirmativos y uno (1) negativo. En ese momento la Secretaría
informó que no hubo “quórum decisorio en esa célula legislativa” (Acta No. 10
de 11 de abril de 2005, Gaceta del Congreso 408 de 27 de junio de 2005, página
30).
3.4.3.10.
Previo informe de Subcomisiones nombradas para el efecto, las Mesas Directivas
del Senado de la República y la Cámara de Representantes, remitieron los
artículos 61 y 64 del proyecto de ley en su orden, a la Comisión Segunda del
Senado y a la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, para que
decidieran sobre las apelaciones interpuestas contra la decisión de negarlos
por parte de las Comisiones Primeras Constitucionales Permanentes.
3.4.3.11.  En la
Comisión Segunda del Senado, se impartió aprobación a los artículos 61 y 64 del
proyecto de ley, el 1 de junio de 2005 y, en la misma fecha, se hizo lo propio
por la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes (Gaceta del Congreso 318
de 3 de junio de 2005).
3.4.3.12.  Los
artículos 61 y 64 del proyecto se aprobaron en la sesión Plenaria del Senado de
20 de junio de 2005, conforme aparece en el Acta No. 54, publicada en la Gaceta
del Congreso 522 de 12 de agosto de 2005. Además, se decidió la reincorporación
al proyecto de ley de esos artículos, los cuales no formaban parte del texto
aprobado por las Comisiones Primeras Constitucionales Permanentes.
3.4.3.13.  Para
culminar el trámite de este proyecto de ley se convocó por el Presidente de la
República al Congreso a sesiones extraordinarias mediante Decreto 2050 de 20 de
junio de 2005, las que debían celebrarse durante los días 21, 22 y 23 de junio
de ese año.
3.4.3.14.
Concluida la tramitación del proyecto de ley en las sesiones extraordinarias,
fue finalmente sancionado por el Presidente de la República como Ley 975 de 25
de julio de 2005.
3.4.3.15.  La
apelación de la decisión de las Comisiones Constitucionales Permanentes del
Senado y de la Cámara de Representantes, se tramitó invocando para el efecto
los artículos 166 y 180 de la Ley 5 de 1992.
Sintetizado como
quedó el trámite que se le dio a esas apelaciones, ha de establecerse por la
Corte si se incurrió en vicios de procedimiento, o si por el contrario su
tramitación se ajusta a la Constitución Política y al Reglamento del Congreso.
3.4.3.16.
Conforme a lo dispuesto por el artículo 157 de la Carta todo proyecto para
convertirse en ley requiere, entre otros requisitos “Haber sido aprobado en
primer debate en la correspondiente comisión permanente de cada Cámara”, y
luego, “Haber sido aprobado en cada cámara en segundo debate”.
A segundo debate
no llega el proyecto si fue negado en primer debate por la comisión respectiva,
como es apenas lógico. Sin embargo, el propio Constituyente estableció la
posibilidad de apelar esa decisión de la comisión ante la plenaria de la cámara
respectiva, para lo cual legitimó a su autor, a un miembro de ella, al gobierno
o al vocero de los proponentes en los casos de proyectos presentados por
iniciativa popular (CP. art. 159).
En armonía con la
norma constitucional acabada de mencionar, la Ley 5 de 1992 establece que
“Negado un proyecto en su totalidad o archivado indefinidamente”
(negrilla fuera de texto), puede ser objeto de apelación ante la plenaria de la
cámara respectiva, la cual previo informe de una comisión accidental decidirá
si se acoge o se rechaza la apelación de tal manera que si ocurre lo primero,
“la presidencia remitirá el proyecto a otra comisión constitucional para que
surta el trámite en primer debate” y, si ocurre lo segundo, se archiva el
proyecto.
Ahora bien,  la
Constitución Política, en varias de sus disposiciones asume que un proyecto de
ley se refiere a una materia determinada cuya regulación se propone en varios
artículos que conforman una unidad jurídica. Así aparece que el artículo 155 de
la Constitución al regular la iniciativa popular, se refiere a quiénes están
legitimados para “presentar proyectos de ley”; el artículo 156 señala que
tendrán iniciativa legislativa especial para “presentar proyectos de ley en materias
relacionadas con sus funciones” algunos organismos del Estado; el artículo 157
fija los requisitos para que un “proyecto” se convierta en ley; el artículo 158
ordena que “todo proyecto de ley debe referirse a una misma materia”; el
artículo 160 señala un lapso que debe mediar entre el primero y el segundo
debate y entre “la aprobación de proyecto en una de las cámaras y la iniciación
del debate en la otra”; el artículo 161 establece que las comisiones
accidentales que allí se autorizan deben ser nombradas “cuando surgieren
discrepancias en las cámaras respecto de un proyecto”; el artículo 162 dispone
que “ningún proyecto podrá ser considerado en más de dos legislaturas”; el
artículo 163 autoriza al Presidente de la República para solicitar trámite de urgencia
para cualquier proyecto de ley; ese mismo artículo ordena la deliberación
conjunta de las comisiones permanentes de una y otra cámara cuando se envíe
mensaje de urgencia si el proyecto de ley se encuentra al estudio de una
comisión; el artículo 164 ordena tramitar con prioridad los proyectos de ley
aprobatorios de tratados sobre derechos humanos; el artículo 165 dispone que
aprobado un proyecto de ley por las dos cámaras pasa al gobierno para su
sanción; el artículo 166 fija el término durante el cual el gobierno puede
devolver con objeciones un proyecto de ley al Congreso, según el número de
artículos que lo conforman; el artículo 167 se refiere a la objeción total o
parcial del proyecto de ley.
En ese contexto
constitucional, resulta claro que el artículo 159 de la Carta contempla la
posibilidad de interponer apelación ante las plenarias de las cámaras
respectivas cuando un proyecto de ley no sea aprobado en el primer
debate por la comisión correspondiente. Tal hipótesis es distinta de la simple
negación de uno de los artículos que conforman el proyecto. Es evidente que en
el procedimiento previsto en la Constitución para la formación de la ley ello
puede suceder, sin que necesariamente fracase el trámite del proyecto en sí
mismo, pues bien puede ocurrir que el Congreso apruebe el proyecto sin uno de
los artículos inicialmente propuestos.
Con todo, la
propia Constitución establece que en el informe a la cámara plena para segundo
debate es deber del ponente consignar la totalidad de las propuestas que fueron
consideradas por la comisión  y las razones que determinaron el rechazo de
algunas y, de manera expresa señala que en el segundo debate se le pueden
introducir al proyecto modificaciones, adiciones y supresiones que se juzguen
necesarias (CP. art. 160). Ello significa, como es fácil advertirlo, que lo que
fue inicialmente rechazado podría ser presentado como adición en el segundo
debate. Es ese el sentido democrático de la formación de la ley mediante la
deliberación sucesiva de las comisiones y de las plenarias de cada una de las
cámaras, lo que excluye la identidad absoluta y autoriza en cambio la identidad
flexible del proyecto.
Sobre este particular se dijo por la Corte a propósito del trámite
de un proyecto de acto legislativo, que al punto resulta aplicable, que: “La
cuestión que se plantea es, entonces, ésta: ¿La improbación, en un debate
cualquiera de una disposición incluída en el proyecto de Acto Legislativo,
implica la parálisis del trámite de él, en su totalidad? Para la Corte es claro
que el proyecto debe continuar su trámite y aún más, el precepto no aprobado en
primer debate puede incluirse posteriormente por la plenaria de la Cámara
correspondiente, pues así lo autoriza el artículo 160 de la Constitución, al
señalar que "durante el segundo debate cada Cámara podrá introducir al
proyecto las modificaciones, adiciones y supresiones que juzgue
necesarias". Y, lógicamente, no podría ser de otro modo. Puesto que si la
mayoría de la plenaria introduce una modificación al texto aprobado en la
Comisión y en ésta el cambio no cuenta con la mayoría de votos necesaria,
habría que concluir que la voluntad de un grupo minoritario de congresistas,
tendría prevalencia sobre la voluntad mayoritaria de la respectiva corporación”[16][13].
3.4.3.17.  Visto
el trámite que se dio por el Congreso a los artículos 61 y 64 del proyecto de
ley en cuestión, que se convirtieron en los artículos 70 y 71 de la Ley 975 de
2005, resulta evidente que a ellos se aplicaron, sin que fuera procedente, los
artículos 159 de la Constitución Política, 166 y 180 de la Ley 5 de 1992,
circunstancia esta que deviene en la inconstitucionalidad de las normas
acusadas.
En efecto, como
ya se encuentra demostrado el proyecto de ley del cual formaban parte los
artículos 61 y 64 que aparecen bajo los números 70 y 71 de la Ley 975 de 2005,
nunca fue negado por las Comisiones Primeras Constitucionales Permanentes del
Senado de la República y de la Cámara de Representantes en su totalidad. Ello
significa entonces, de manera palmaria que jamás se configuró la hipótesis
fáctica prevista en el artículo 159 de la Constitución para apelarlo, como
quiera que esta norma de la Carta autoriza la apelación cuando el proyecto
hubiere sido negado en primer debate, lo que no sucedió. Eso se pone de
presente, de manera evidente, si se observa que se rindió ponencia para segundo
debate a la Plenaria del Senado sin incluir los artículos del proyecto que
habían sido negados en la Comisión Primera, y se refuerza, aún más con el
informe de la Comisión Segunda sobre la aprobación por ella de esos dos
artículos y la decisión de la plenaria de incorporarlos al proyecto de ley que
entonces se tramitaba.
Como resulta
igualmente claro la equivocación que llevó a infringir de manera ostensible y
grave el artículo 159 de la Carta, de suyo implicó también el quebranto del
artículo 166 de la Ley 5 de 1992, que -para desarrollar aquel- preceptúa que se
puede apelar de la decisión de una comisión ante la plenaria de la respectiva
cámara cuando hubiere sido negado un proyecto en su totalidad o archivado
indefinidamente. También significa que se violó además el artículo 151 de la
Carta que ordena al Congreso sujetarse en el ejercicio de la actividad legislativa
a la ley orgánica mediante la cual se expide su reglamento.
De la misma
forma, resulta fuera de toda discusión que en manera alguna podría darse
aplicación en este caso al artículo 180 de la Ley 5 de 1992, norma que
prescribe la admisión a trámite en las plenarias de enmiendas al proyecto de
ley que sin haber sido tramitadas en primer debate tengan por finalidad
subsanar errores o incorrecciones técnicas, terminológicas y gramaticales, y
agrega que, no se consideraran las enmiendas negadas en primer debate, salvo
que se surtan mediante el procedimiento de la apelación.
Mucho menos,
podría pensarse para sacar avante la constitucionalidad de los artículos 70 y
71 de la Ley 975 de 2005 que ahora se examinan, que lo que se hizo por el
Congreso de la República para aprobarlos, fue resolver una discrepancia que
habría surgido entre las plenarias de las cámaras y las comisiones
constitucionales permanentes en torno al proyecto de ley. La discrepancia surge
cuando una y otra tengan puntos de divergencia. Pero esta no tiene existencia
si la plenaria no ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre la materia.
Aquí, es absolutamente claro que sobre el proyecto se pronunciaron las
comisiones primeras y que así se rindió ponencia ante la plenaria respectiva.
Ello significa que a las plenarias no llegaron los artículos no aprobados, sino
el informe de su rechazo. Si esto es así, jamás hubo pronunciamiento de estas
últimas sobre el artículo rechazado en aquellas. Dicho de otra manera, no
existió discrepancia alguna sobre el particular. Es más, lo que el artículo 177
de la Ley 5 de 1992 regula es una hipótesis totalmente diferente, como quiera
que preceptúa que las discrepancias entre las plenarias y las comisiones acerca
de un proyecto de ley, “no deberán corresponder a asuntos nuevos, o no
aprobados, o negados en la comisión permanente respectiva. Si así fuere, las
mismas comisiones reconsiderarán la novedad y decidirán sobre ella,  previa
remisión del proyecto dispuesta por la Corporación”. Lo aquí sucedido es de meridiana
claridad: no existió discrepancia por las razones ya dichas, y si hubiere
existido sobre asuntos nuevos, o no aprobados, o negados en las comisiones, lo
procedente era la remisión del proyecto a las mismas comisiones para su
reconsideración, lo que no sucedió no sólo porque no hubo discrepancia, sino
además, porque si la hubiere habido, la remisión del proyecto debería haberse
ordenado a la respectiva comisión y en caso que se examina se envió a
comisiones diferentes. Esa circunstancia lleva necesariamente a afirmar que,
tampoco el artículo 177 de la Ley 5 de 1992 puede invocarse en este caso para
sustentar la constitucionalidad de  los artículos 70 y 71 de la Ley 975 de
2005, pues la norma a que se ha hecho alusión resulta notoriamente impertinente
para ese propósito.
En suma, con el
trámite impartido a los artículos 70 y 71 de la Ley 975/05 se desconoció el
principio de consecutividad, ya que como resultado de la indebida tramitación
de la apelación presentada en el Senado ante la decisión de negarlos adoptada
por las Comisiones Primeras Constitucionales Permanentes, finalmente fueron
remitidos a Comisiones Constitucionales que no eran competentes; y una vez
aprobados por éstas últimas sin tener competencia para hacerlo, fueron
introducidos de manera irregular en el segundo debate ante la plenaria del
Senado, como si hubiesen sido aprobados por las Comisiones Constitucionales
facultadas para ello.
3.4.4.  Así las
cosas,  ha de concluirse que los artículos 70 y 71 acusados son inexequibles
por vicios  de procedimiento en su formación y así se señalará en la parte
resolutiva de esta sentencia.
Dado que los
referidos artículos resultan inexequibles por las  razones anotadas no se  hace
necesario que la Corte examine los demás cargos formulados en la demanda
contra  tales artículos[17].
4. LOS
DERECHOS A LA PAZ, LA VERDAD, LA JUSTICIA Y LA REPARACIÓN EN EL DERECHO
INTERNACIONAL Y EN LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL E INTERAMERICANA.
4.1. El
derecho a la Paz.
4.1.1. La Paz
puede ser considerada como uno de los propósitos fundamentales del Derecho
Internacional. Así se evidencia en el Preámbulo de la Carta de las Naciones
Unidas[18], en varias de las
disposiciones de la misma Carta[19], en el preámbulo de la
Declaración Universal de Derechos Humanos[20], así como en
el Preámbulo y en la Carta constitutiva de la Organización de Estados
Americanos[21]. También en el contexto
americano, tanto en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, como en el Pacto
de Derechos Económicos Sociales y Culturales, firmados en 1966, la Paz aparece
como el fin al que se orienta el reconocimiento de los derechos allí
mencionados.[22]
4.1.2. Por su
parte, la Constitución Política en su Preámbulo enuncia también que el pueblo
de Colombia “en ejercicio de su poder soberano, representado por sus
delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de
Dios, y con el fin de fortalecer...la paz...” decreta sanciona y
promulga la Constitución. De esta manera, la Paz en el orden interno
constitucional ocupa también la posición de valor fundamental, como bien lo ha
resaltado la Corte Constitucional de esta manera:
“En primer lugar, la Corte constata que la paz ocupa un lugar
principalísimo en el orden de valores protegidos por la Constitución.
Dentro del espíritu de que la Carta Política tuviera la vocación de ser un
tratado de paz, la Asamblea Constituyente protegió el valor de la paz de
diferentes maneras en varias disposiciones. Por ejemplo, en el Preámbulo la paz
figura como un fin que orientó al constituyente en la elaboración de toda la
Constitución. En el artículo 2 dicho propósito nacional cardinal se concreta en
un fin esencial del Estado consistente en “asegurar la convivencia pacífica y
la vigencia de un orden justo”. Además, el artículo 22 va más lejos al
establecer que “la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”.
Dentro de los múltiples instrumentos para facilitar el logro de la paz, la
Constitución reguló procedimientos de resolución institucional de los
conflictos y de protección efectiva de los derechos fundamentales, como la
acción de tutela (artículo 86 CP.). Además, sin circunscribirse a un proceso de
paz, la Constitución permite que “por graves motivos de conveniencia pública”
se concedan amnistías o indultos por delitos políticos y estableció requisitos
claros para que ello se ajuste a la Carta...”[23]
4.1.3. Ahora
bien, la Paz aceptada como propósito colectivo nacional e internacional puede
considerarse como ausencia de conflictos o enfrentamientos violentos (núcleo
mínimo), como efectiva armonía social proveniente del pleno cumplimiento de los
mandatos de optimización contenidos en las normas de Derechos Humanos
(desarrollo máximo) o como la atenuación de los rigores de la guerra y la
“humanización” de las situaciones de conflicto (Derecho Internacional
Humanitario como manifestación del derecho a la Paz en tiempos de guerra)[24].
Estas diversas maneras de comprender la Paz han derivado en distintos análisis
jurídicos en torno del concepto, tanto en el Derecho Internacional como en el
Constitucional.
4.1.4. En efecto, desde un primer punto de vista la Paz en el
Derecho Internacional ha sido entendida como un derecho colectivo en
cabeza de la Humanidad, dentro de la tercera generación de derechos; en este
sentido es importante señalar la relevancia  doctrinal del anteproyecto del
Pacto Internacional que consagra los Derechos Humanos de Tercera Generación,
elaborado por la Fundación Internacional de los Derechos Humanos, que reconoce
a todos los seres humanos tomados colectivamente el derecho a la paz, tanto en
el plano nacional como internacional.[25] En este mismo sentido,
también la Constitución Política en su artículo 22 confiere a la Paz este mismo
carácter, al decir que es “un derecho y un deber de obligatorio
cumplimiento.” Ciertamente, esta Corporación, explicando este alcance de la
Paz como derecho colectivo, que emana de esta disposición superior, ha vertido
las siguientes consideraciones:
“El artículo 22 de la C.N., contiene el derecho a la paz y el deber
de su obligatorio cumplimiento, derecho éste que por su propia naturaleza
pertenece a los derechos de la tercera generación, y requiere el
concurso para su logro de los más variados factores sociales, políticos,
económicos e ideológicos que, recíprocamente se le pueden exigir sin que se
haga realidad por su naturaleza concursal o solidaria.  Esta interpretación
encuentra fundamento adicional en lo preceptuado en el Art. 88 de la C.N. que
consagra las Acciones Populares como mecanismo especializado para la protección
de los derechos e intereses colectivos relacionados con el patrimonio, el
espacio, la seguridad y la salubridad pública..." y otros de similar
naturaleza que definen en ella".  Así lo entendió el legislador al expedir
el Decreto 2591 cuando señaló la improcedencia de la Acción de Tutela para
proteger derechos colectivos como la paz y los demás contemplados en el artículo
88 de la Constitución Política.”[26] (Negrillas y subrayas
fuera del original)
4.1.5. No
obstante lo anterior, la Paz también se perfila cada vez más, tanto en el
Derecho Internacional como en la jurisprudencia constitucional, como un derecho
subjetivo fundamental de cada uno de los seres humanos individualmente
considerados, a los cuales a su vez les corresponde el correlativo deber
jurídico de buscar la paz social. En efecto, en lo que tiene que ver con el
Derecho Internacional, aunque en la Carta de las Naciones Unidas la paz todavía
no está consagrada explícitamente como derecho o deber subjetivo, la UNESCO en
noviembre de 1997 aprobó el siguiente articulado:
“Artículo 1: La Paz como derecho humano.
“Todo ser humano tiene derecho a la paz que
es inherente a su dignidad como persona humana.
“La guerra y todo conflicto armado, la
violencia en todas sus formas, sea cual sea su origen, así como la
inseguridad de las personas, son intrínsicamente incompatibles con el derecho
humano a la paz
“El derecho humano a la paz debe ser
garantizado, respetado y puesto en práctica sin ninguna discriminación, tanto
en el ámbito interno como internacional por todos los estados y todos los
miembros de la comunidad internacional.
“Artículo 2: La Paz como un deber
“Todos los seres humanos, todos los estados
y los otros miembros de la comunidad internacional y todos los pueblos,
tienen el deber de contribuir al mantenimiento y a la construcción de la
paz, así como a la prevención de los conflictos armados y de violencia bajo
todas sus formas. Es de su incumbencia favorecer el desarme y oponerse por
todos los medios legítimos a los actos de agresión y a las violaciones
sistemáticas, masivas y flagrantes de los derechos humanos que constituyen una
amenaza para la paz.
Las desigualdades, la exclusión y la
pobreza son susceptibles de comportar la violación de la paz internacional y de
la paz interna, y es deber de los estados promover y estimular la justicia
social, tanto en su territorio como en el ámbito internacional, particularmente
por una política adecuada al desarrollo humano sostenible.”[27]
En el mismo
sentido, resulta interesante doctrinalmente el antes mencionado anteproyecto de
Pacto Internacional que consagra los Derechos Humanos de Tercera Generación,
elaborado por la Fundación Internacional de los Derechos Humanos, que reconoce
así mismo a todos los seres humanos como individuos, el derecho a la paz.[28]
4.1.6. De igual
manera, la Corte se ha referido a este aspecto subjetivo de la paz, señalando
que “(e)l mínimo a la paz constituye así un derecho fundamental ya
que de su garantía depende la efectividad de los demás derechos civiles y
políticos de la persona”.[29] Y como deber jurídico de
cada ciudadano, debe recordarse que el artículo 95 superior, al enumerar los
deberes de la persona y del ciudadano, incluye en su numeral sexto el de “Propender
al logro y mantenimiento de la paz”. Sobre esta norma la Corte ha indicado
que la paz no es algo que concierna privativamente a los organismos y
funcionarios del Estado, sino que atañe a todos los colombianos, como lo
declara el artículo 22 de la Constitución, a cuyo tenor es un derecho de todos
y un deber de obligatorio cumplimiento.[30]
4.1.7. De esta
manera, tanto en el Derecho Internacional como en la Constitución Política, la
Paz tiene un carácter multifacético, pues es a la vez un fin que persiguen
tanto la comunidad internacional como la nacional, un derecho colectivo dentro
de la tercera generación de derechos, y bajo ciertos aspectos un derecho
subjetivo fundamental al que corresponde un deber personal. A esta realidad se
ha referido esta Corporación de la siguiente manera:
“Una característica peculiar del derecho a la paz es el de la
multiplicidad que asume su forma de ejercicio. Es
un derecho de autonomía en cuanto está vedado a la injerencia del poder público
y de los particulares, que reclama a su vez un deber jurídico correlativo de
abstención; un derecho de participación, en el sentido de que está facultado su
titular para intervenir en los asuntos públicos como miembro activo de la
comunidad política; un poder de exigencia frente al Estado y los particulares
para reclamar el cumplimiento de obligaciones de hacer. Como derecho que
pertenece a toda persona, implica para cada miembro de la comunidad, entre
otros derechos, el de vivir en una sociedad que excluya la violencia como medio
de solución de conflictos, el de impedir o denunciar la ejecución de hechos
violatorios de los derechos humanos y el de estar protegido contra todo acto de
arbitrariedad, violencia o terrorismo. La convivencia pacífica es un fin básico
del Estado y ha de ser el móvil último de las fuerzas del orden constitucional.
La paz es, además, presupuesto del proceso democrático, libre y abierto, y
condición necesaria para el goce efectivo de los derechos fundamentales.”[31]
(Negrillas fuera del original)
4.1.8. En
conclusión de todo lo anterior, cabe afirmar que la Paz constituye (i) uno de
los propósitos fundamentales del Derecho Internacional; (ii) un fin fundamental
de Estado colombiano; (iii) un derecho colectivo en cabeza de la Humanidad, dentro
de la tercera generación de derechos; (iv) un derecho subjetivo de cada uno de
los seres humanos individualmente considerados; y (v), un deber jurídico de
cada uno de los ciudadanos colombianos, a quienes les corresponde propender a
su logro y mantenimiento.
4.2. La Justicia de transición
hacia la paz en una democracia con instituciones judiciales estables y sólidas.
4.2.1. A partir de la segunda mitad del siglo XX, el
Derecho Internacional ha evolucionado hacia un aumento considerable de los
compromisos de los Estados en el respecto y promoción de los derechos humanos,
como garantía de la Paz. Numerosos pactos y convenios internacionales de
carácter universal o regional vinculan desde entonces a las naciones en este
compromiso común. Además, se han fortalecido los mecanismos judiciales para
hacer efectivas las obligaciones internacionales de los Estados en esta materia,
se ha evolucionado hacia el reconocimiento y especial protección de la dignidad
y los derechos humanos aun en tiempos de guerra mediante la consolidación del
Derecho Internacional Humanitario, y se ha aceptado universalmente la
responsabilidad penal individual de los autores de graves violaciones a los
derechos humanos y la obligación de sancionarla.
4.2.2. Dentro de
este panorama de evolución hacia la protección internacional de los derechos
humanos, la comunidad de las naciones ha puesto su atención sobre aquellos
Estados en que se adelantan procesos de transición hacia la democracia  o de
restablecimiento de la paz interna y consolidación de los principios del Estado
de Derecho. La comunidad internacional ha admitido la importancia de alcanzar
estos objetivos sociales de Paz, pero ha hecho énfasis en que estas
circunstancias de transición no pueden conducir a un relajamiento de las
obligaciones internacionales de los Estados en el compromiso universal de
respeto a la dignidad y a los derechos humanos. En este contexto, se ha
entendido que la necesidad de celebrar acuerdos políticos de reconciliación con
amplios grupos sociales exige cierta flexibilidad a la hora de aplicar los
principios que dominan el ejercicio de la función judicial. Se aceptan con ciertas
restricciones amnistías, indultos, rebajas de penas o mecanismos de
administración judicial más rápidos que los ordinarios, que propicien el pronto
abandono de las armas o de los atropellos, como mecanismos que facilitan la
recuperación de la armonía social. La comunidad internacional ha reconocido
esta realidad, admitiendo una forma especial de administración de justicia para
estas situaciones de tránsito a la paz, a la que ha llamado “justicia
transicional” o “justicia de transición”, pero  no ha cedido en su exigencia de
que las violaciones a los derechos fundamentales sean investigadas, enjuiciadas
y reparadas, y los autores de las mismas contribuyan a identificar la verdad de
los delitos cometidos y reciban algún tipo de sanción.
4.2.3. En su informe
anual correspondiente al año 2004, el Secretario General de las Naciones Unidas
refiriéndose a la noción de “justicia de transición” sostuvo que “abarca
toda la variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una
sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran
escala, a fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la
justicia y lograr la reconciliación.” Tales mecanismos, agregó, “pueden
ser judiciales o extrajudiciales, y tener distintos niveles de participación
internacional (o carecer por completo de ella) así como abarcar el
enjuiciamiento de personas, el resarcimiento, la búsqueda de la verdad, la
reforma institucional, la investigación de antecedentes, la remoción del cargo
o combinaciones de todos ellos.” [32]
4.2.4. La
anterior declaración pone de manifiesto la admisión de una nueva noción de
Justicia en el contexto de la comunidad internacional, que atiende a la
necesidad de alcanzar la efectividad del derecho a la paz en aquellas
sociedades en situación de conflicto, pero que a la vez pretende responder, aun
en estas circunstancias, al imperativo de enjuiciar y reparar las graves
violaciones a los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario y
lograr el esclarecimiento de la verdad al respecto, nueva noción de Justicia
que opera dentro del tránsito de un período de violencia  a otro de
consolidación de la paz y de vigencia del Estado de Derecho, o de autoritarismo
a otro de respeto al pluralismo democrático.
4.2.5. Así pues,
la justicia transicional admite la existencia de una  tensión entre el objetivo
social de lograr un tránsito efectivo hacia la paz o la democracia, y los
derechos de las víctimas a que las violaciones de derechos sean investigadas,
enjuiciadas y castigadas por el Estado, y a que se logre una efectiva
reparación. Para la resolución de esta tensión, el Derecho Internacional,
partiendo de la base de que los compromisos de los Estados en el respeto de los
Derechos Humanos no se suspenden ni interrumpen por las circunstancias de
transición,  formula ciertos lineamientos a fin de asegurar estándares mínimos
en materia de justicia, verdad y reparación. A continuación la Corte (i) hará
un breve repaso de los compromisos del Estado contenidos en pactos o convenios
sobre Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario relativos a su
obligación de investigar, enjuiciar y sancionar los atentados contra los
Derechos Humanos, (ii) analizará los  pronunciamiento de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos que contienen la interpretación autorizada
de las obligaciones internacionales del Estado en materia de verdad, justicia y
reparación por tal categoría de atropellos, y (iii) estudiará los lineamientos
sentados por otros organismos internacionales en la misma materia.
4.3. Tratados
vinculantes para Colombia.
4.3.1. Los tratados sobre Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario no reconocen específicamente los derechos a la paz,
la verdad, la justicia y la reparación, pero sí hacen relación (i) a que debe
existir un recurso efectivo; (ii) al deber de los Estados de garantizar el
acceso a la justicia; (iii) al deber de investigar las violaciones a los
Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario; y (iv) a la obligación
de los Estados de cooperar para la prevención y sanción de los delitos
internacionales y las graves violaciones de Derecho Humanos, según pasa a
verse:
4.3.2.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.[33] Las obligaciones del Estado relativas a la investigación,
juzgamiento y sanción de las violaciones de Derechos Humanos encuentran un
primer fundamento normativo explícito en el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos. En efecto, el literal a) del numeral 3º del artículo 2º de
dicho Pacto, al respecto señala literalmente que “toda persona cuyos
derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados
podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido
cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales”.
Respecto de esta
obligación jurídica general, el Comité de Derechos Humanos, en la Observación
General N° 31 de mayo 26 de 2004, señaló lo siguiente:
“15. En el párrafo 3 del artículo 2 se dispone que, además de
proteger eficazmente los derechos reconocidos en el Pacto, los Estados parte
deberán garantizar que todas las personas dispongan de recursos accesibles y
efectivos para reivindicar esos derechos. Esos recursos se deben adaptar
adecuadamente para tener en cuenta la vulnerabilidad especial de ciertas clases
de personas, en particular los niños. El Comité atribuye importancia a
que los Estado parte establezcan en el derecho interno mecanismos judiciales y
administrativos adecuados para conocer las quejas sobre violaciones de
derechos. El Comité toma nota de que el poder judicial puede garantizar el
disfrute de los derechos reconocidos en el Pacto de distintas maneras, en
especial mediante la aplicación directa del Pacto, la aplicación de
disposiciones constitucionales u otras disposiciones legislativas similares o
el efecto de la interpretación de Pacto en la aplicación de la legislación
nacional. Se requieren en especial mecanismos administrativos que den
cumplimiento a la obligación general de investigar las denuncias de violaciones
de modo rápido, detallado y efectivo por organismos independiente e
imparciales. Las instituciones nacionales de derechos humanos que cuenten con
las facultades pertinentes pueden coadyuvar a tal fin. El hecho de que un
Estado Parte no investigue las denuncias de violación puede ser de por sí una
vulneración del Pacto. La cesación de la violación constituye un elemento
indispensable del derecho a obtener un recurso efectivo.
“16. En el párrafo 3 del artículo 2 se dispone que los Estados Parte
han de dar reparación a las personas cuyos derechos reconocidos en el pacto
hayan sido infringidos. Si no se da reparación a las personas cuyos derechos
reconocidos en el pacto hayan sido infringidos, queda sin cumplir la obligación
de facilitar recursos efectivos, que es el elemento central para cumplir las
disposiciones del párrafo 3 del artículo 2. Además de las reparaciones
explícitas indicadas en el párrafo 5 del artículo 9[34]
y el párrafo 6 del artículo 14[35], el Comité considera que
en el pacto se dispone por lo general la concesión de una indemnización
apropiada. El Comité toma nota de que, en los casos en que proceda, la
reparación puede consistir en al restitución, la rehabilitación y la adopción
de medidas tendientes a dar una satisfacción, entre ellas la presentación de
disculpas públicas y testimonios oficiales, el ofrecimiento de garantías de
evitar la reincidencia y la reforma de las leyes y prácticas aplicables, y el
enjuiciamiento de los autores de violaciones de derechos humanos.
17. En general, los objetivos del Pacto se echarían por tierra sin
la obligación, básica según el artículo 2, de que se adopten  medidas que
impidan la repetición de una violación del Pacto...”. (Negrillas fuera del
original)
Como puede apreciarse, la anterior interpretación de la obligación
estatal asumida en el literal a) del numeral 3º del artículo 2º del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos implica que los recursos a que se
refiere esta norma (i) estén a disposición de toda persona, y sean adecuados
para que aun los sujetos especialmente vulnerables puedan acceder a ellos; (ii)
sean efectivos para reivindicar los derechos fundamentales amparados por el
Pacto, y (iii) garanticen que las denuncias por violaciones de derechos sean
investigadas de un modo rápido, detallado y efectivo por órganos independientes
e imparciales. Adicionalmente, la interpretación de la norma exige que haya una
reparación para las personas cuyos derechos amparados por el Pacto hayan sido
violados, reparación que implica “por lo general” la concesión de una
indemnización apropiada.
Finalmente, es de anotar que la Comisión considera que se incumplen
sustancialmente las obligaciones internacionales asumidas en el Pacto, cuando el
Estado Parte no investiga las denuncias de violación de derechos amparados, o
cuando no se da reparación a las personas cuyos derechos hayan sido
infringidos.
4.3.3.
Convención Americana de Derechos Humanos[36].  Por su parte, los artículos 1º, 2º, 8 y 25 de la Convención
Americana de Derechos Humanos  prescriben respecto de las obligaciones
estatales en materia de investigación y juzgamiento de atentados contra los
Derechos Humanos, que los Estados Partes se comprometen a respetar los derechos
y libertades reconocidos en esa Convención y “a garantizar su libre y
pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción”, sin
discriminación alguna (Artículo 1º-1º); así mismo a adoptar, “las medidas
legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos
tales derechos y libertades”(Artículo 2º). Adicionalmente, la Convención
señala que  “toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas
garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente,
independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley”,
entre otras cosas para “la determinación de sus derechos y obligaciones
de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter” (Artículo
8º), y añade que “toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y
rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos …”.
Este plexo normativo, como se ve, pretende imponer a
los Estados signatarios la obligación de investigar y juzgar a quienes
desconozcan los derechos reconocidos en la mencionada Convención, y a dotar a
las víctimas de tales atropellos de recursos judiciales para exigir tal
investigación y juzgamiento. Analizando el alcance de las citadas normas de la
Convención Americana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho
lo siguiente:
“Conforme a estas normas y su interpretación autorizada, los Estados
miembros de la OEA tienen el deber de organizar el aparato gubernamental y
todas las estructuras a través de las cuales se ejerce el poder público de
manera que sean capaces de garantizar jurídicamente el libre y pleno ejercicio
de los derechos humanos y de prevenir, investigar, juzgar y sancionar su
vulneración. Esta obligación es independiente de que los autores de los
crímenes sean agentes del poder público o particulares Toda vez que se trate de
delitos de acción pública o perseguibles de oficio, el Estado es el titular de
la acción punitiva y es responsable de promover e impulsar las distintas etapas
procesales, en cumplimiento de su obligación de garantizar el derecho a la
justicia de las víctimas y sus familiares, con seriedad y no como una simple
formalidad condenada de antemano a ser infructuosa”[37]
De la anterior interpretación emerge que es una obligación estatal,
que compromete a todos los órganos del poder público, establecer los mecanismos
que permitan prevenir, investigar, juzgar y sancionar la vulneración de los
derechos humanos amparados por la Convención Americana. Además, en lo que
concierne al proceso judicial de investigación, juzgamiento y sanción de dichos
atropellos, la Comisión Interamericana entiende que el Estado está obligado a
impulsar de oficio las etapas procesales correspondientes, de manera que el
derecho a la justicia de las víctimas y sus familiares no resulte ser solamente
formal, sino que alcance una realización efectiva.
4.3.4. “Convención
contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”[38],
y la “Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura”[39].
Estas dos convenciones reafirman que todo acto de tortura o tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes constituyen una ofensa a la dignidad humana y
son violatorios de los derechos humanos, por lo cual es compromiso de los
Estados signatarios adoptar medidas para prevenir y sancionarlos. Dentro de las
obligaciones concretas que asumen los Estados para estos propósitos, están la
de garantizar a toda persona que denuncie haber sido sometida a tortura, el
derecho a que su caso sea examinado imparcialmente. Así mismo, se comprometen a
investigar de oficio los casos de tortura de que tengan denuncia o razón
fundada para estimar que se han cometido, abriendo el respetivo proceso penal,
y a incorporar en las legislaciones nacionales normas que garanticen la
compensación adecuada para las víctimas del delito de tortura.[40]
4.3.5.“Convención
Interamericana sobre desaparición forzada de personas.”[41]
En esta Convención, los Estados americanos signatarios parten de la base de que
la desaparición forzada de personas viola múltiples derechos esenciales de la
persona humana, por lo cual se comprometen a no practicarla ni permitir que se
practique, y a sancionar a los autores de este delito, sus cómplices y
encubridores. Así mismo a tomar medidas legislativas para tipificar el delito,
cuya acción penal no estará sujeta a prescripción.
4.3.6. Disposiciones pertinentes del Derecho Internacional
Humanitario. Interpretando las obligaciones estatales en materia de justicia en el caso
de infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario, y sin perjuicio de
lo que ya ha dicho esta Corte Constitucional respecto de las amnistías al
concluir las hostilidades[42], la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos ha señalado lo siguiente:
“Las protecciones derivadas del derecho al debido proceso y la
protección judicial aplicables en los conflictos armados internacionales y no
internacionales, previstos en los Convenios de Ginebra, se corresponden en
forma sustancial con las protecciones del derecho internacional de los derechos
humanos y exigen a los Estados el juzgamiento y sanción de personas que cometan
u ordenen la comisión de infracciones graves al derecho internacional
humanitario. Estas obligaciones no admiten
derogación por causa de la vigencia del conflicto. En los casos en que,
por ejemplo, el derecho internacional humanitario prescribe estándares mínimos
del debido proceso, los Estados no pueden recurrir a derogaciones permisibles
bajo el derecho internacional de los derechos humanos. Este criterio encuentra
respaldo en los artículos 27 y 29 de la Convención Americana que prohíben
derogaciones incongruentes con las demás obligaciones del Estado en virtud del
derecho internacional y que prohíbe toda interpretación de la Convención que
restrinja el goce del ejercicio de un derecho o libertad reconocida en virtud
de otra convención de la cual el Estado sea parte".[43]
( Negrillas y subrayas fuera del original)
Nótese como la Comisión pone de manifiesto que el Derecho
Internacional Humanitario consagra protecciones
derivadas del derecho al debido proceso y a la protección judicial aplicables
dentro de conflictos no internacionales, y que se trata de garantías que no
admiten derogación por causa de la vigencia del conflicto. Es decir, las
obligaciones de investigación y juzgamiento son
inexcusables por causa del conflicto. Lo anterior no impide que bajo ciertas
estrictas condiciones, el Congreso adopte leyes de amnistía e indulto, pero sin
desconocer los parámetros fijados en la Constitución y el derecho internacional
pertinente.
4.3.7. Convención para la prevención y la
sanción del delito de genocidio[44].
Esta Convención parte del supuesto según el cual
el genocidio es un delito de derecho internacional, por lo cual las partes
contratantes se obligan a prevenirlo y sancionarlo penalmente. La Convención
define lo que ha de entenderse por genocidio[45],
señalado que en ningún caso este delito puede ser considerado como de carácter
político. Aclara que las personas acusadas de genocidio serán juzgadas por un
tribunal competente del Estado en el cual el delito fue cometido, o ante la
Corte Penal Internacional que sea competente respecto a aquellas de las Partes
contratantes que hayan reconocido su jurisdicción.
4.3.8. El Estatuto de la Corte Penal
Internacional[46].
El Estatuto de Roma, mediante el cual se crea la
Corte Penal Internacional, constituye probablemente el mayor instrumento
internacional de protección a los derechos humanos y al Derecho Internacional
Humanitario. Según lo define el Preámbulo del mismo Estatuto, el ánimo que
impulsó a la creación de esta Corte fue el reconocimiento de que “los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad
internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo y que, a tal fin, hay
que adoptar medidas en el plano nacional e intensificar la cooperación
internacional para asegurar que sean efectivamente sometidos a la acción de la
justicia”. Ahora bien, la competencia de la Corte
Penal Internacional está establecida para el juzgamiento de los más graves
atentados contra los derechos fundamentales y el Derecho Internacional Humanitario,
y es de naturaleza complementaria a la de la jurisdicción del Estado parte.
Esto significa que la competencia de la Corte Penal Internacional no puede ser
ejercida sino cuando uno de lo Estados signatarios no tiene capacidad o
disposición de administrar justicia respecto de aquellos casos para los cuales
fue establecido el referido Tribunal.[47]
4.4. Jurisprudencia Interamericana relativa al Derecho a la
Justicia, a la investigación y conocimiento de la verdad, a la reparación de
las víctimas y a la no repetición.
4.4.1. Por su relevancia como fuente de Derecho Internacional
vinculante para Colombia, por tratarse de decisiones que expresan la
interpretación auténtica de los derechos protegidos por la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, la Corte transcribirá algunos de los apartes más relevantes
de algunas de las Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
relativas a estándares sobre justicia, no repetición, verdad y reparación de
las víctimas de los graves atentados contra el Derecho Internacional de los
Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Entre los asuntos que
han sido precisados través de estas decisiones, sin perjuicio de las decisiones
que sean adoptadas por un Estado para alcanzar la paz dentro del respeto a los
parámetros constitucionales e internacionales, se encuentran (i) el de la
obligación estatal de prevenir los graves atentados contra los derechos
humanos, de investigarlos cuando ocurran, procesar y sancionar a los
responsables, y lograr la reparación de las víctimas; (ii) el de la incompatibilidad
de las leyes de amnistía, de las disposiciones de prescripción y del
establecimiento de excluyentes de responsabilidad, respecto de graves atentados
contra los derechos fundamentales reconocidos en la Convención Americana de
Derechos Humanos; (iii) el del derecho de acceso a la justicia de las víctimas
de las graves violaciones de derechos humanos y la relación de este derecho con
la razonabilidad de los plazos dentro de los cuales deben adoptarse las
decisiones judiciales; (iv) el de la no suspensión de las obligaciones de los
Estados partes de la Convención Americana en materia de investigación,
juzgamiento y sanción de los atentados contra los derechos humanos, mientras se
adelantan procesos de paz; (v) el de los aspectos comprendidos en el deber de
reparación de los graves atentados contra los derechos humanos; (vi) el de los
aspectos involucrados en el derechos de los familiares y de la sociedad en
general a conocer la verdad, etc.
4.4.2.  Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del
20 de enero de 1989[48]
Este fallo reviste importancia en materia de la obligación de los
estados de prevenir, investigar, procesar y sancionar los atentados contra los
derechos humanos reconocidos por la Convención Americana de Derechos Humanos,
así como de reparar a las víctimas de tales atrocidades. En cuanto a la obligación
de prevención de dichos atentados, el fallo señala que ella, a pesar de ser
de medio y no de resultado, involucra la positiva adopción de medidas
jurídicas, políticas, administrativas y aun culturales, que aunque pueden ser
de variada naturaleza, deben dirigirse a impedir que tales hechos sucedan
aunque “no se demuestra su incumplimiento por el mero hecho de que un derecho
haya sido violado”. En cuanto a la obligación de investigación, el fallo
en cita recuerda que toda situación en la que se hayan violado los derechos
humanos protegidos por la Convención debe ser objeto de indagación, y que
cuando se tolere que los particulares o grupos de ellos actúen libre o
impunemente en menoscabo de tales derechos humanos, dicha obligación queda
sustancialmente incumplida. El fallo agrega que la obligación de investigar es
también una obligación de medio que no es incumplida por el solo hecho de que
la investigación no produzca un resultado satisfactorio. Finalmente, la Corte
advierte que la responsabilidad estatal por la prevención, investigación y
enjuiciamiento de los atentados contra derechos humanos reconocidos por la
convención americana  subsiste con independencia de los cambios de gobierno en
el transcurso del tiempo. En efecto, sobre todos estos asuntos se
transcriben in extenso a continuación las consideraciones de la Corte
Interamericana de Derechos humanos vertidas en aquella oportunidad:
“184.   El Estado está en el deber jurídico de prevenir,
razonablemente, las violaciones de los derechos humanos, de investigar
seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido
dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables,
de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada
reparación.
El deber de prevención abarca todas aquellas medidas de carácter
jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de
los derechos humanos y que aseguren que las eventuales violaciones a los mismos
sean efectivamente consideradas y tratadas como un hecho ilícito que, como tal,
es susceptible de acarrear sanciones para quien las cometa, así como la
obligación de indemnizar a las víctimas por sus consecuencias perjudiciales.
No es posible hacer una enumeración detallada de esas medidas, que varían según
el derecho de que se trate y según las condiciones propias de cada Estado
Parte, aunque es claro que la obligación de prevenir es de medio o
comportamiento y no se demuestra su incumplimiento por el mero hecho de que un
derecho haya sido violado.
…
187.     El Estado está, por otra parte, obligado a investigar toda
situación en la que se hayan violado los derechos humanos protegidos por la
Convención.  Si el aparato del Estado actúa de modo que tal violación quede
impune y no se restablezca, en cuanto sea posible, a la víctima en la plenitud
de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar su
libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción.  Lo mismo es
válido cuando se tolere que los particulares o grupos de ellos actúen libre o
impunemente en menoscabo de los derechos humanos reconocidos en la Convención.
En ciertas circunstancias puede resultar difícil la investigación de
hechos que atenten contra derechos de la persona.  La de investigar es, como la
de prevenir, una obligación de medio o comportamiento que no es incumplida por
el solo hecho de que la investigación no produzca un resultado satisfactorio.
Sin embargo, debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad
condenada de antemano a ser infructuosa.  Debe tener un sentido y ser asumida
por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de
intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o
de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que
la autoridad pública busque efectivamente la verdad.  Esta apreciación es
válida cualquiera sea el agente al cual pueda eventualmente atribuirse la
violación, aun los particulares, pues, si sus hechos no son investigados con
seriedad, resultarían, en cierto modo, auxiliados por el poder público, lo que
comprometería la responsabilidad internacional del Estado.
…
191.     El deber de investigar hechos de este género subsiste
mientras se mantenga la incertidumbre sobre la suerte final de la persona
desaparecida.  Incluso si en el supuesto de que circunstancias legítimas del
orden jurídico interno no permitieran aplicar las sanciones correspondientes a
los individualmente responsables de delitos de esta naturaleza, el derecho de
los familiares de la víctima de conocer cuál fue el destino de ésta y, en su
caso, dónde se encuentran sus restos, representa una justa expectativa que el
Estado debe satisfacer con los medios a su alcance.
194.  Según el
principio de Derecho Internacional de la identidad o continuidad del Estado, la
responsabilidad subsiste con independencia de los cambios de gobierno en el
transcurso del tiempo y, concretamente, entre el momento en que se comete el
hecho ilícito que genera la responsabilidad y aquél en que ella es declarada.
Lo anterior es válido también en el campo de los derechos humanos aunque, desde
un punto de vista ético o político, la actitud del nuevo gobierno sea mucho más
respetuosa de esos derechos que la que tenía el gobierno en la época en la que
las violaciones se produjeron.”
4.4.3. Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
del 14 de marzo de 2001[49].
En esta
Sentencia la Corte Interamericana se refirió a la inadmisibilidad de las leyes
de amnistía, de las disposiciones de prescripción y del establecimiento de
excluyentes de responsabilidad, respecto de graves atentados contra los
derechos fundamentales reconocidos en la Convención Americana de Derechos
Humanos. Así mismo, sostuvo el derecho de los familiares al conocimiento de la
verdad respecto de las violaciones de derechos humanos y el derecho a la
reparación por los mismos atropellos quedaban en entredicho con tal categoría
de leyes y disposiciones.  Dentro de las consideraciones que fueron expuestas
al respecto, se encuentran las siguientes:
“Incompatibilidad de Leyes de Amnistía con la Convención
41.       Esta Corte considera que son inadmisibles las
disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el
establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la
investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los
derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales
o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por
contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de
los Derechos Humanos.
42.       La Corte, conforme a lo alegado por la Comisión y no
controvertido por el Estado, considera que las leyes de amnistía adoptadas por
el Perú impidieron que los familiares de las víctimas y las víctimas
sobrevivientes en el presente caso fueran oídas por un juez, conforme a lo
señalado en el artículo 8.1 de la Convención; violaron el derecho a la
protección judicial consagrado en el artículo 25 de la Convención; impidieron
la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y sanción de los
responsables de los hechos ocurridos en Barrios Altos, incumpliendo el artículo
1.1 de la Convención, y obstruyeron el esclarecimiento de los hechos del caso.
Finalmente, la adopción de las leyes de autoamnistía incompatibles con la
Convención incumplió la obligación de adecuar el derecho interno consagrada en
el artículo 2 de la misma.
43.       La Corte estima necesario enfatizar que, a la luz de las
obligaciones generales consagradas en los artículos 1.1 y 2 de la Convención
Americana, los Estados Partes tienen el deber de tomar las providencias de
toda índole para que nadie sea sustraído de la protección judicial y del
ejercicio del derecho a un recurso sencillo y eficaz, en los términos de los
artículos 8 y 25 de la Convención.  Es por ello que los Estados Partes en la
Convención que adopten leyes que tengan este efecto, como lo son las leyes de
autoamnistía, incurren en una violación de los artículos 8 y 25 en concordancia
con los artículos 1.1 y 2 de la Convención.  Las leyes de autoamnistía conducen
a la indefensión de las víctimas y a la perpetuación de la impunidad, por lo
que son manifiestamente incompatibles con la letra y el espíritu de la
Convención Americana.  Este tipo de leyes impide la identificación de los
individuos responsables de violaciones a derechos humanos, ya que se
obstaculiza la investigación y el acceso a la justicia e impide a las víctimas
y a sus familiares conocer la verdad y recibir la reparación correspondiente.
44.       Como consecuencia de la manifiesta incompatibilidad entre
las leyes de autoamnistía y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las
mencionadas leyes carecen de efectos jurídicos y no pueden seguir
representando un obstáculo para la investigación de los hechos que constituyen
este caso ni para la identificación y el castigo de los responsables, ni puedan
tener igual o similar impacto respecto de otros casos de violación de los
derechos consagrados en la Convención Americana acontecidos en el Perú.”
(Negrillas fuera del original)
4.4.4. Sentencia
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 25 de noviembre de
2003[50].
En este
pronunciamiento, la Corte Interamericana se refirió de manera especial al
derecho de las víctimas de violaciones de los derechos humanos a un recurso
judicial efectivo.  A este propósito recordó que con anterioridad esa
Corporación judicial había establecido que “(e)l
esclarecimiento de si el Estado ha violado o no sus obligaciones
internacionales por virtud de las actuaciones de sus órganos judiciales, puede
conducir a que el Tribunal deba ocuparse de examinar los respectivos procesos
internos”[51].
Recordado lo anterior, la Corte
Interamericana procedió al examen de las actuaciones judiciales internas
adelantadas por los órganos judiciales guatemaltecos, para establecer si las
mismas respondían a estándares aceptables sobre garantías y protección
judiciales frente a violaciones de derechos humanos amparados por la Convención
Americana. Se refirió en particular al concepto de “plazo razonable”, para
adoptar una decisión judicial.  Entre las consideraciones que fueron expuestas
por el referido Tribunal en aquella ocasión, cabe citar las siguientes.
“…
la Corte observa que desde el 9 de febrero de 1994, fecha en la que la Corte
Suprema de Justicia de Guatemala dejó abierto el proceso contra los presuntos
autores intelectuales de la ejecución extrajudicial de Myrna Mack Chang, la
defensa promovió una extensa serie de articulaciones y recursos (pedidos de
amparo, inconstitucionalidad, recusaciones, incidentes, incompetencias,
nulidades, pedidos de acogerse a la Ley de Reconciliación Nacional, entre
otros), que han impedido que el proceso pudiera avanzar hasta su culminación
natural.
209.     Esta
manera de ejercer los medios que la ley pone al servicio de la defensa ha sido
tolerada y permitida por los órganos judiciales intervinientes, con olvido de
que su función no se agota en posibilitar un debido proceso que garantice la
defensa en juicio, sino que debe además asegurar en un tiempo razonable[52]
el derecho de la víctima o sus familiares a saber la verdad de lo sucedido y a
que se sancione a los eventuales responsables[53].
210.     El
derecho a la tutela judicial efectiva exige entonces a los jueces que dirijan
el proceso de modo a evitar que dilaciones y entorpecimientos indebidos,
conduzcan a la impunidad, frustrando así la debida protección judicial de los
derechos humanos[54].
211.     A
la luz de lo anteriormente dicho, la Corte considera que los jueces como
rectores del proceso tienen el deber de dirigir y encausar el procedimiento
judicial con el fin de no sacrificar la justicia y el debido proceso legal en
pro del formalismo y la impunidad.  De este modo, si las autoridades permiten y
toleran el uso de esta manera de los recursos judiciales, los transforman en un
medio para que los que cometen un ilícito penal dilaten y entorpezcan el
proceso judicial. Esto conduce a la violación de la obligación internacional
del Estado de prevenir y proteger los derechos humanos y menoscaba el derecho
de la víctima y de sus familiares a saber la verdad de lo sucedido, a que se
identifique y se sancione a todos los responsables y a obtener las consecuentes
reparaciones.
f)         Plazo
razonable
212.     La Corte ha dado por probado que en el
presente caso se han rebasado los límites del plazo razonable y el Estado así
lo ha aceptado expresamente desde el reconocimiento de la responsabilidad
internacional ante la Comisión Interamericana el 3 de marzo de 2000.
213.     Además, este Tribunal observa que cada
uno de los puntos analizados anteriormente han contribuido a que no se haya
dictado una sentencia definitiva que esclarezca todos los hechos relacionados
con la ejecución extrajudicial de Myrna Mack Chang y que sancione a todos los
autores materiales, intelectuales, partícipes y encubridores responsables de
los hechos, a pesar de que han transcurrido más de trece años del homicidio.”
4.4.5. Sentencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos del 8 de julio de
2004[55].
En este
pronunciamiento, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se refirió
nuevamente la inadmisibilidad de las disposiciones de derecho interno
referentes a prescripción o cualquier otra circunstancia conducente a impedir
la investigación y sanción de los responsables de la violación de derechos
humanos, al deber del Estado de investigar oficiosamente los actos de tortura y
a impedir la repetición de las violaciones de esta clase de derechos mediante
la adopción de medidas para garantizar la investigación y sanción efectiva.
Además, definió la noción de impunidad. Al respecto, dicho Tribunal en
esta ocasión indicó:
“146.   La Corte observa que, en el presente caso, el Estado ha
debido realizar, a partir de la denuncia entablada por los familiares
inmediatos de las presuntas víctimas, una investigación seria, imparcial y
efectiva, sujeta a los requerimientos del debido proceso, para esclarecer los
hechos relativos a la detención, torturas y ejecución extrajudicial de Rafael
Samuel y Emilio Moisés Gómez Paquiyauri y, en particular, para identificar y
sancionar a los responsables, en especial al o a los autores intelectuales de
los hechos, en cumplimiento de su obligación establecida en el artículo 1.1 de
la Convención, de garantizar los derechos a la vida y a la integridad personal.
“147.   A pesar de haberse llevado a cabo un proceso judicial a
nivel interno, en el cual se identificó a un presunto autor intelectual de los
hechos, hasta la fecha de emisión de la presente Sentencia, más de trece años
después de ocurridos éstos, el mismo no ha sido sancionado como responsable,
a pesar de que continúa presentando escritos a través de su apoderado en la
causa que se encuentra abierta al respecto, ni se ha investigado la posible
existencia de más autores o responsables.
148. Lo anterior ha configurado una situación de grave impunidad. Al
respecto, la Corte entiende como impunidad
“la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura,
enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derecho
protegidos por la Convención Americana, toda vez que el Estado tiene la
obligación de combatir tal situación por todos los medios legales disponibles
ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de
derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares[56].”
…
150.     En cuanto a la posible prescripción en la causa pendiente a
nivel de derecho interno, la Corte recuerda lo que señaló en el caso Bulacio vs.
Argentina, en el sentido de que son inadmisibles las disposiciones de
prescripción o cualquier obstáculo de derecho interno mediante el cual se
pretenda impedir la investigación y sanción de los responsables de las
violaciones de derechos humanos[57]. La Corte considera que
las obligaciones generales consagradas en los artículos 1.1 y 2 de la Convención
Americana requieren de los Estados Partes la pronta adopción de providencias de
toda índole para que nadie sea sustraído del derecho a la protección judicial[58],
consagrado en el artículo 25 de la Convención Americana.
…
152.     De conformidad con los principios generales del derecho
internacional y tal como se desprende del artículo 27 de la Convención de Viena
sobre el Derecho de los Tratados de 1969, las decisiones de los órganos de
protección internacional de derechos humanos no pueden encontrar obstáculo
alguno para su plena aplicación en las reglas o institutos de derecho interno[59].
…
154.     El artículo 8 de la Convención Interamericana contra la
Tortura establece en forma expresa la obligación del Estado de proceder de
oficio y en forma inmediata en casos como el presente, independientemente de la
inactividad de la víctima.  En este sentido, la Corte ha sostenido que “en los
procesos sobre violaciones de los derechos humanos, la defensa del Estado no
puede descansar sobre la imposibilidad del demandante de allegar pruebas que,
en muchos casos, no pueden obtenerse sin la cooperación del Estado”[60].
En el presente caso, el Estado no actuó con arreglo a esas previsiones.
155.     El hecho de no investigar efectivamente los actos de
tortura y dejarlos impunes, significa que el Estado omitió tomar las
medidas efectivas para evitar que actos de esa naturaleza vuelvan a ocurrir en
su jurisdicción, desconociendo lo previsto en el artículo 6 de la
Convención Interamericana contra la Tortura.”
4.4.6.
Sentencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos de 15 de septiembre de 2005[61].
En este
pronunciamiento la Corte Interamericana nuevamente precisó el alcance del
derecho de las víctimas de violaciones de derechos humanos y de sus familiares
a un recurso judicial efectivo, y el deber del Estado de investigar y sancionar
las graves violaciones de derechos humanos. De manera especial señaló que los
procesos de paz, como el que atraviesa Colombia, no liberan a un Estado Parte
en la Convención Americana de sus obligaciones establecidas en ella en materia
de Derechos humanos.
Entre otras
consideraciones, al respecto se explicó lo siguiente:
216.     Este Tribunal ha señalado que el derecho de acceso a la
justicia no se agota con el trámite de procesos internos, sino éste debe además
asegurar, en tiempo razonable, el derecho de las presuntas víctimas o sus
familiares a que se haga todo lo necesario para conocer la verdad de lo
sucedido y para que se sancione a los eventuales responsables[62].
217.     Ciertamente la Corte ha establecido, respecto al principio
del plazo razonable contemplado en el artículo 8.1 de la Convención Americana,
que es preciso tomar en cuenta tres elementos para determinar la razonabilidad
del plazo en el que se desarrolla un proceso: a) complejidad del asunto, b)
actividad procesal del interesado y c) conducta de las autoridades judiciales[63].
218.     No obstante, la Corte considera que la pertinencia de
aplicar esos tres criterios para determinar la razonabilidad del plazo de un
proceso depende de las circunstancias de cada caso.
219.     En efecto, es necesario recordar que el presente es un caso
de ejecuciones extrajudiciales y en este tipo de casos el Estado tiene el deber
de iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial
y efectiva[64].
Durante el proceso de investigación y el trámite judicial, las víctimas de
violaciones de derechos humanos, o sus familiares, deben tener amplias
oportunidades para participar y ser escuchados, tanto en el esclarecimiento de
los hechos y la sanción de los responsables, como en la búsqueda de una justa
compensación[65].
Sin embargo, la búsqueda efectiva de la verdad corresponde al Estado, y no
depende de la iniciativa procesal de la víctima, o de sus familiares o de su
aportación de elementos probatorios[66].
En este caso, algunos de los imputados han sido juzgados y condenados en
ausencia. Además, la reducida participación de los familiares en los procesos
penales, ya sea como parte civil o como testigos, es consecuencia de las
amenazas sufridas durante y después de la masacre, la situación de
desplazamiento que enfrentaron y el temor a participar en dichos procesos. Por
tanto, mal podría sostenerse que en un caso como el presente deba considerarse
la actividad procesal del interesado como un criterio determinante para definir
la razonabilidad del plazo.
220.     En relación con la complejidad del caso, la Corte reconoce
que el asunto que se investiga por los órganos judiciales internos es complejo.
A pesar de ello, a la fecha hay resultados concretos en las investigaciones y
el proceso penal que, si bien son insuficientes, han derivado en la
condenatoria de varios miembros del Ejército, así como de varios miembros de
grupos paramilitares, por su participación en los hechos (supra párr.
96.126 e infra párr. 230).
221.     Ciertamente la masacre fue perpetrada en el contexto del
conflicto armado que vive internamente Colombia; comprendió un gran número de
víctimas – que fueron ejecutados o fueron desplazadas – y tuvo lugar en una
región remota y de difícil acceso del país, entre otros factores. Sin embargo,
en este caso la complejidad del asunto también está ligada a las dificultades
provocadas en la investigación, que tuvieron su origen en las propias conductas
activas y omisivas de autoridades administrativas y judiciales del Estado,
según se analiza en el próximo apartado. No es sostenible, entonces, tal como
pretende el Estado, justificar el plazo transcurrido en las investigaciones en
“vicisitudes y limitaciones en recursos financieros y técnicos, […] así como la
crítica situación de orden público reinante en las zonas donde deben realizarse
las investigaciones y las pruebas”.
222.     Si bien han transcurrido más de ocho años desde que
sucedieron los hechos, el proceso penal permanece abierto y, a pesar de las
dilaciones señaladas, ha producido ciertos resultados que deben ser tomados en
cuenta. En razón de ello, la Corte estima que, más que con base en un análisis
acerca de la razonabilidad del plazo transcurrido en las investigaciones, la
responsabilidad del Estado a la luz de los artículos 8.1 y 25 de la Convención
debe ser establecida mediante una evaluación del desarrollo y los resultados
del proceso penal, es decir, de la efectividad del deber de investigar los
hechos para la determinación de la verdad de lo sucedido, la sanción de los
responsables y la reparación de las violaciones cometidas en perjuicio de las
víctimas.
223.     Tal como fue señalado, en casos de ejecuciones
extrajudiciales, la jurisprudencia de este Tribunal es inequívoca: el Estado
tiene el deber de iniciar ex officio, sin dilación, una investigación
seria, imparcial y efectiva (supra párr. 219), que no se emprenda como
una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa[67].
224.     En este sentido, basado en el Manual sobre la Prevención e
Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias
de Naciones Unidas, este Tribunal ha especificado los principios rectores que
es preciso observar cuando se considera que una muerte pudo deberse a una
ejecución extrajudicial. Las autoridades estatales que conducen una
investigación deben intentar como mínimo, inter alia: a) identificar a
la víctima; b) recuperar y preservar el material probatorio relacionado con la
muerte, con el fin de ayudar en cualquier potencial investigación penal de los
responsables; c) identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones en
relación con la muerte que se investiga; d) determinar la causa, forma, lugar y
momento de la muerte, así como cualquier patrón o práctica que pueda haber
causado la muerte; y e) distinguir entre muerte natural, muerte accidental,
suicidio y homicidio.  Además, es necesario investigar exhaustivamente la
escena del crimen, se deben realizar autopsias y análisis de restos humanos, en
forma rigurosa, por profesionales competentes y empleando los procedimientos
más apropiados[68].
…
232.     Una de las condiciones que el Estado debe crear para
garantizar efectivamente el pleno goce y ejercicio del derecho a la vida[69],
así como otros derechos, se refleja necesariamente en el deber de investigar
las afectaciones a ese derecho. Al respecto, la Corte ha desarrollado en su
jurisprudencia la obligación positiva que tienen los Estados en este sentido:
[e]l cumplimiento del artículo 4 de la Convención Americana,
relacionado con el artículo 1.1 de la misma, no sólo presupone que ninguna
persona sea privada de su vida arbitrariamente (obligación negativa), sino que
además requiere que los Estados tomen todas las medidas apropiadas para
proteger y preservar el derecho a la vida (obligación positiva), bajo su deber
de garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos de todas las personas
bajo su jurisdicción.  Esta protección activa del derecho a la vida por parte
del Estado no sólo involucra a sus legisladores, sino a toda institución
estatal, y a quienes deben resguardar la seguridad, sean éstas sus fuerzas de
policía o sus fuerzas armadas.  En razón de lo anterior, los Estados deben
tomar todas las medidas necesarias, no sólo para prevenir, juzgar y castigar la
privación de la vida como consecuencia de actos criminales, en general, sino
también para prevenir las ejecuciones arbitrarias por parte de sus propios
agentes de seguridad[70].
233.     Este deber de investigar deriva de la obligación general
que tienen los Estados partes en la Convención de respetar y garantizar los
derechos humanos consagrados en ella, es decir, de la obligación establecida en
el artículo 1.1 de dicho tratado en conjunto con el derecho sustantivo que
debió ser amparado, protegido o garantizado. De tal manera, en casos de
violaciones al derecho a la vida, el cumplimiento de la obligación de
investigar constituye un elemento central al momento de determinar la
responsabilidad estatal por la inobservancia de las debidas garantías
judiciales y protección judiciales.
234.     En este sentido, en el
caso Ergi vs. Turquía la Corte Europea de Derechos Humanos declaró que
el Estado había incurrido en violación del artículo 2 de la Convención Europea
por considerar que, aunque no existían pruebas fehacientes de que las fuerzas
de seguridad habían causado la muerte de la víctima, el Estado faltó a su deber
de protección del derecho a la vida de la víctima, tomando en cuenta la
conducta de las fuerzas de seguridad y la falta de una investigación adecuada y
efectiva[71].
235.     En el presente caso, el conjunto de las faltas a los
deberes de protección y de investigación ya establecidas han coadyuvado a la
impunidad de la mayoría de los responsables de las violaciones cometidas.
Dichas faltas evidencian una forma de continuidad del mismo modus operandi
de los paramilitares de encubrimiento de los hechos[72]
y han desembocado en la posterior falta de efectividad del proceso penal en
curso por los hechos de la masacre, en la que participaron directamente al
menos 100 paramilitares con colaboración, aquiescencia y tolerancia de miembros
de las Fuerzas Armadas colombianas.
236.     La Corte observa que una operación de semejantes
proporciones no pudo pasar desapercibida por los altos mandos militares de las
zonas de donde salieron y por donde transitaron los paramilitares. Algunos de los
hechos sobre la planeación y ejecución de la masacre están contenidos en el
reconocimiento estatal de responsabilidad, y si bien han sido condenados
algunos de los responsables de la masacre, subsiste una impunidad generalizada
en el presente caso, en la medida en que no ha sido determinada toda la verdad
de los hechos ni la totalidad de las responsabilidades intelectuales y
materiales por los mismos. Además, es un hecho relevante que algunos de los
paramilitares condenados no se encuentren cumpliendo la condena impuesta por no
haberse hecho efectivas las órdenes de captura libradas en su contra.
237.     En reiteradas oportunidades el Tribunal ha señalado que el
Estado tiene el deber de evitar y combatir la impunidad, que la Corte ha
definido como “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura,
enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos
protegidos por la Convención Americana”[73]. Al respecto,
la Corte ha advertido que
[...] el Estado tiene la obligación de combatir tal situación por
todos los medios legales disponibles ya que la impunidad propicia la repetición
crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las
víctimas y de sus familiares[74].
238.     En este sentido, la Corte reconoce las difíciles
circunstancias por las que atraviesa Colombia en las que su población y sus
instituciones hacen esfuerzos por alcanzar la paz.  Sin embargo, las
condiciones del país, sin importar qué tan difíciles sean, no liberan a un
Estado Parte en la Convención Americana de sus obligaciones establecidas en ese
tratado, que subsisten particularmente en casos como el presente[75].
El Tribunal ha sostenido que al llevar a cabo o tolerar acciones dirigidas a realizar
ejecuciones extrajudiciales, no investigarlas de manera adecuada y no
sancionar, en su caso, a los responsables, el Estado viola el deber de respetar
los derechos reconocidos por la Convención y garantizar su libre y pleno
ejercicio, tanto de la presunta víctima como de sus familiares, impide que la
sociedad conozca lo ocurrido[76]
y reproduce las condiciones de impunidad para que este tipo de hechos vuelvan a
repetirse[77].
4.4.7.
Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos del 15 de junio de 2005[78]
Entre los varios asuntos que fueron extensamente
tratados en este pronunciamiento, resaltan los relativos al deber de reparación
que generan las graves violaciones de los derechos humanos. Respecto de la
responsabilidad estatal de reparar, se afirmó en esta ocasión que al
producirse un hecho ilícito imputable a un Estado, surge de inmediato la
responsabilidad internacional de éste por la violación de la norma
internacional de que se trata, con el consecuente deber de reparar y hacer
cesar las consecuencias de la violación. En cuanto a las condiciones de la
reparación, señaló que en la medida de lo posible debía ser plena, es decir
debía consistir en el restablecimiento de la situación anterior a la violación;
si esto no fuera posible, se indicó que deben adoptarse otras medidas de
reparación, entre ellas el pago de una indemnización compensatoria; además,
señaló que la reparación implica el otorgamiento de garantías de no repetición.
Véase:
“Obligación de reparar
“168.   De acuerdo con las consideraciones sobre el fondo expuestas
en los capítulos anteriores, la Corte declaró, con base en los hechos del caso,
la violación de los artículos 5, 22, 21, 8 y 25 de la Convención Americana,
todos en relación con el artículo 1.1 de dicho tratado.  La Corte ha
establecido, en varias ocasiones, que toda violación de una obligación internacional
que haya producido daño comporta el deber de repararlo adecuadamente[79].
A tales efectos, el artículo 63.1 de la Convención Americana establece que:
[c]uando decida que hubo violación de un derecho o
libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al
lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados.  Dispondrá asimismo,
si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o
situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa
indemnización a la parte lesionada. (El subrayado no es del original.)
“169.     Dicho artículo refleja una norma
consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales del Derecho
Internacional contemporáneo sobre la responsabilidad de los Estados. De esta
manera, al producirse un hecho ilícito imputable a un Estado, surge de
inmediato la responsabilidad internacional de éste por la violación de la norma
internacional de que se trata, con el consecuente deber de reparar y hacer
cesar las consecuencias de la violación[80].
“170.     La reparación del daño ocasionado por la
infracción de una obligación internacional requiere, siempre que sea posible,
la plena restitución (restitutio in integrum), la cual consiste en el
restablecimiento de la situación anterior a la violación.  De no ser esto
posible, como en el presente caso, cabe al tribunal internacional determinar
una serie de medidas para que, además de garantizar el respeto de los derechos
conculcados, se reparen las consecuencias producidas por las infracciones y se
establezca, inter alia, el pago de una indemnización como compensación
por los daños ocasionados[81].
La obligación de reparar, que se regula en todos los aspectos (alcance,
naturaleza, modalidades y determinación de los beneficiarios) por el Derecho
Internacional, no puede ser modificada o incumplida por el Estado obligado
invocando disposiciones de su derecho interno[82].
“171.     Las reparaciones consisten en las medidas
que tienden a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas.  Su
naturaleza y su monto dependen del daño ocasionado en los planos material e
inmaterial.  Las reparaciones no pueden implicar ni enriquecimiento ni
empobrecimiento para la víctima o sus sucesores[83].”
4.4.8. Sentencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos 22 de noviembre de 2000[84].
(Reparaciones)
En este pronunciamiento la Corte Interamericana se refirió de manera
particular al derecho a la verdad, señalando que implica que las víctimas
conozcan lo que sucedió y quiénes fueron los responsables de los hechos.
Consideró que el conocimiento de la verdad forma parte del derecho a la
reparación. En caso de homicidio, la posibilidad de los familiares de la
víctima de conocer dónde se encuentran sus restos[85],
constituye un medio de reparación y, por tanto, una expectativa que el Estado
debe satisfacer a los familiares de la víctima y a la sociedad como un todo. El
derecho a la verdad, además, fue entendido como un derecho e la sociedad y no
solo de las víctimas:
“73.     De conformidad con el punto resolutivo octavo de la
sentencia sobre el fondo dictada el 25 de noviembre de 2000, Guatemala debe
realizar “una investigación para determinar las personas responsables de las
violaciones de los derechos humanos a que se ha hecho referencia en [esa]
Sentencia, así como divulgar públicamente los resultados de dicha investigación
y sancionar a los responsables”[86]. De esta manera, dentro
de las reparaciones que debe efectuar el Estado se encuentra necesariamente la
de investigar efectivamente los hechos, sancionar a todos los responsables y
divulgar la resultados de la investigación.
“74.    Este Tribunal se ha referido en reiteradas ocasiones al
derecho que asiste a los familiares de las víctimas de conocer lo que sucedió[87]
y saber quiénes fueron los agentes del Estado responsables de los respectivos
hechos[88].  “[L]a
investigación de los hechos y la sanción de las personas responsables, [...] es
una obligación que corresponde al Estado siempre que haya ocurrido una
violación de los derechos humanos y esa obligación debe ser cumplida seriamente
y no como una mera formalidad”[89].  Además,
este Tribunal ha indicado que el Estado “tiene la obligación de combatir [la
impunidad] por todos los medios legales disponibles ya que [ésta] propicia la
repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total
indefensión de las víctimas y de sus familiares”[90].
El Estado que dejara impune las violaciones de derechos humanos estaría
incumpliendo, adicionalmente, su deber general de garantizar el libre y pleno
ejercicio de los derechos de las personas sujetas a su jurisdicción[91].
“75.     Asimismo, este Tribunal estableció, en su sentencia de
fondo, que por las características del caso en estudio,  el derecho a la verdad
se encontraba “subsumido en el derecho de la víctima o sus familiares a obtener
de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos
violatorios y las responsabilidades correspondientes, a través de la
investigación y el juzgamiento que previenen los artículos 8 y 25 de la
Convención”[92]. Como lo ha señalado
este Tribunal, sólo si se esclarecen todas las circunstancias de las
violaciones de que se trata se podrá considerar que el Estado ha  proporcionado
a la víctima y a sus familiares un recurso efectivo y ha cumplido con su
obligación general de investigar[93].
“76.     El derecho que toda persona tiene a la verdad, ha sido
desarrollado por el derecho internacional de los derechos humanos[94],
y, como sostuvo esta Corte en anteriores oportunidades, la posibilidad de los
familiares de la víctima de conocer lo sucedido a ésta[95],
y, en su caso, dónde se encuentran sus restos[96], constituye
un medio de reparación y, por tanto, una expectativa que el Estado debe
satisfacer a los familiares de la víctima y a la sociedad como un todo[97].
“77.     Finalmente, es obligación del Estado, según el deber
general establecido en el artículo 1.1 de la Convención, asegurar que estas
graves violaciones no se vuelvan a repetir.  En consecuencia, debe hacer todas
las gestiones necesarias para lograr este fin. Las medidas preventivas y de no
repetición empiezan con la revelación y reconocimiento de las atrocidades del
pasado, como lo ordenara esta Corte en la sentencia de fondo.  La
sociedad tiene el derecho a conocer la verdad en cuanto a tales crímenes con el
propósito de que tenga la capacidad de prevenirlos en el futuro.
“78.     Por consiguiente, la Corte reitera que el Estado tiene la
obligación de investigar los hechos que generaron las violaciones de la
Convención Americana en el presente caso, así como de divulgar públicamente los
resultados de dicha investigación y sancionar a los responsables.” (Negrillas
fuera del original)
4.5. Como conclusiones relevantes para el estudio de
constitucionalidad que adelanta ahora la Corporación, extraídas de las
Sentencias que se acaban de citar, la Corte señala las siguientes:
4.5.1. Sobre los
Estados pesa una obligación de medio de prevenir los atentados contra
los derechos humanos internacionalmente protegidos, que implica la adopción de
medidas concretas dirigidas a impedir que esos atropellos sucedan. Esta
obligación puede ser llamada obligación de prevención.
4.5.2. Además,
el Estado tiene un deber de indagación respecto de tales violaciones; ésta es
también una obligación de medio y no de resultado; no obstante, si se incumple
se origina una situación de tolerancia a la impunidad, que significa el
incumplimiento de las obligaciones internaciones del Estado en materia de
justicia, y su subsiguiente responsabilidad internacional. Esta segunda
obligación puede ser llamada obligación de investigación.
4.5.3. Al
derecho de las víctimas a la protección judicial de los derechos humanos,
mediante el ejercicio de un “recurso sencillo y eficaz”, en los términos
de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos,
corresponde el correlativo deber estatal de juzgar y sancionar las violaciones
de tales derechos. Este deber puede ser llamado obligación de procesamiento
y sanción judicial de los responsables de atentados en contra de los
derechos humanos internacionalmente protegidos.
4.5.4. Las
obligaciones de investigar, procesar y sancionar judicialmente los graves
atentados en contra de los derechos humanos internacionalmente protegidos,
tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y
las desapariciones forzadas, son incompatibles con leyes o disposiciones de
cualquier índole que dispongan respecto de estos delitos amnistías,
prescripciones o causales excluyentes de responsabilidad. Este tipo de leyes o
disposiciones, por conducir a  la indefensión de las víctimas y a la
perpetuación de la impunidad, conllevan una violación de los artículos 8 y 25
en concordancia con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana de
Derechos Humanos, y generan la responsabilidad internacional del Estado.
Además, por esas mismas razones, tal tipo de leyes  “carecen
de efectos jurídicos”[98].
4.5.5. El deber
estatal de investigar, procesar y sancionar judicialmente a los autores de
graves atropellos contra el Derecho Internacional de los Derechos Humanos no
queda cumplido por el sólo hecho de adelantar el proceso respectivo, sino que
exige que este se surta en un “plazo razonable”. De otra manera  no se
satisface el derecho de la víctima o sus familiares a
saber la verdad de lo sucedido y a que se sancione a los eventuales responsables.
4.5.6. La impunidad ha sido definida por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos como “la falta en
su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de
los responsables de las violaciones de los derecho protegidos por la Convención
Americana”. Los estados están en la obligación de
prevenir la impunidad,  toda vez que propicia la repetición crónica de las
violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus
familiares. En tal virtud están obligados a investigar de oficio los graves
atropellos en contra de los derechos humanos, sin dilación y en forma seria,
imparcial y efectiva.
4.5.7. La
obligación estatal de iniciar ex officio las investigaciones en caso de graves
atropellos en contra de los derechos humanos indica que la búsqueda efectiva de
la verdad corresponde al Estado, y no depende de la iniciativa procesal de la
víctima o de sus familiares, o de su aportación de elementos probatorios.
4.5.8. El hecho
de que un Estado atraviese por difíciles circunstancias que dificulten la
consecución de la paz, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos
reconoce que es el caso de Colombia, no lo liberan de sus obligaciones en
materia de justicia, verdad, reparación y no repetición, que emanan de la
Convención Americana de Derechos Humanos.
4.5.9. Las
obligaciones de reparación conllevan: (i) en primer lugar, si ello es posible,
la plena restitución (restitutio in integrum), “la cual consiste en
el restablecimiento de la situación anterior a la violación”[99];
(ii) de no ser posible lo anterior, pueden implicar otra serie de medidas que
además de garantizar el respecto a los derechos conculcados, tomadas en conjunto
reparen la consecuencias de la infracción; entre ellas cabe la indemnización
compensatoria.
4.5.10. El
derecho a la verdad implica que en cabeza de las víctimas existe un derecho a
conocer lo sucedido, a saber quiénes fueron los agentes del daño, a que los
hechos se investiguen seriamente y se sancionen por el Estado, y a que se
prevenga la impunidad.
4.5.11. El
derecho a la verdad implica para los familiares de la víctima la posibilidad de
conocer lo sucedido a ésta, y, en caso de atentados contra el derecho a la
vida, en derecho a saber dónde se encuentran sus restos; en estos supuestos,
este conocimiento constituye un medio de reparación y, por tanto, una
expectativa que el Estado debe satisfacer a los familiares de la víctima y a la
sociedad como un todo.
4.5.12. La
sociedad también tiene un derecho a conocer la verdad, que implica la
divulgación pública de los resultados de las investigaciones sobre graves
violaciones de derechos humanos.
4.6. La Corte
destaca con particular  énfasis, que las anteriores conclusiones provienen de
Sentencias de un Tribunal  internacional cuya competencia  ha sido aceptada por
Colombia. El artículo 93 superior prescribe que los derechos y deberes
consagrados en esta Carta se interpretarán de conformidad con los tratados
internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. Ahora bien, si
un tratado internacional obligatorio para Colombia y referente a derechos y
deberes consagrados en la Constitución prevé la existencia de un órgano
autorizado para interpretarlo, como sucede por ejemplo con la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, creada por la Convención Interamericana de
Derechos Humanos, su jurisprudencia resulta relevante para la interpretación
que de tales derechos y deberes se haga en el orden interno. Por ello, esta
Corporación ha reconocido relevancia jurídica a la jurisprudencia de los
órganos judiciales creados mediante convenios sobre derechos humanos
ratificados por Colombia. Así, por ejemplo, respecto de la jurisprudencia
sentada por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, en la Sentencia C-010 de 2000[100],
se vertieron al respecto los siguientes conceptos:
“Directamente ligado a lo anterior, la Corte
coincide con el interviniente en que en esta materia es particularmente
relevante la doctrina elaborada por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, que es el órgano judicial autorizado para interpretar autorizadamente
la Convención Interamericana. En efecto, como lo ha señalado en varias oportunidades
esta Corte Constitucional, en la medida en que la Carta señala en el artículo
93 que los derechos y deberes constitucionales deben interpretarse “de
conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados
por Colombia”, es indudable  que la jurisprudencia de las instancias
internacionales, encargadas de interpretar esos tratados, constituye un
criterio hermenéutico relevante para establecer el sentido de las normas
constitucionales sobre derechos fundamentales[101].”
4.7. El “Conjunto de
Principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante
la lucha contra la impunidad”, proclamados por la ONU en 1998.
4.7.1. El “Conjunto de
Principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante
la lucha contra la impunidad”, proclamados por la Comisión de Derechos Humanos
ONU en 1998, encuentra su principal antecedente histórico en el “Informe
Final del Relator Especial sobre la impunidad y conjunto de principios para la
protección de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad”.
Este último documento, que data de 1992, fue la respuesta al encargo hecho a
Louis Joinet en 1991 por la Subcomisión de prevención de discriminaciones y protección
de las minorías de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas (hoy en
día Subcomisión para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos), de
sistematizar los principios básicos del Derecho Internacional en materia de
derechos de las víctimas consideradas como sujetos de derecho.  Conforme a
dicho Informe, en adelante llamado “Informe Joinet”, a las víctimas les asisten
los siguientes derechos:
a) El derecho a saber de la víctima;
b) El derecho de la víctima a la justicia, y
c) El derecho a la reparación de la víctima.
4.7.2. El
Informe Joinet recoge cuarenta y dos principios extraídos del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos, del Derecho Internacional Humanitario,
de la jurisprudencia de los tribunales internacionales, de la costumbre
internacional, de las experiencias vividas en distintas sociedades y de los
principios de derecho referentes a la obligación de los Estados de administrar
justicia conforme al Derecho Internacional,  con base en los cuales
posteriormente la Comisión de derechos humanos de la ONU proclamó en 1998 el
referido “Conjunto de Principios para la protección y la promoción de los
derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad”, documento que ha
sido objeto de actualizaciones posteriores.[102]  Así pues,
el mencionado Conjunto de comprende los lineamientos formulados por las
Naciones Unidas que contienen pautas normativas y jurisprudenciales de Derecho
Internacional, así como la experiencia histórica proveniente de procesos de
tránsito a la democracia o de consolidación del Estado de Derecho en distintas
naciones,  y que conforman un marco conceptual de gran valor como fuente de
Derecho Internacional.
4.7.3. Dentro de los lineamientos, definiciones y recomendaciones
recogidos en el “Conjunto de Principios”, pueden reseñarse de manera muy breve
los siguientes, que la Corte considera especialmente relevantes para el estudio
de constitucionalidad que adelanta:
4.7.3.1.
Procesos en vistas al restablecimiento de la democracia y/o de la paz o de la
transición hacia ellas.
Conforme a los
Principios, la expresión “procesos en vistas al restablecimiento de la
democracia y/o de la paz o de la transición hacia ellas” alude a “las
situaciones al término de las cuales, en el marco de un proceso que da lugar a
un diálogo nacional en favor de la democracia o a negociaciones de paz para
poner fin a un conflicto armado, se llega a un acuerdo, sea cual fuere su
forma, en virtud del cual los protagonistas o las partes interesadas convienen
en tomar medidas contra la impunidad y la repetición de las violaciones de los
derechos humanos.”
4.7.3.2.  El derecho a saber.
En cuanto al derecho a la verdad ejercido dentro de los procesos
para el restablecimiento o la transición hacia la democracia y/ la paz, el
Conjunto de Principios de que se viene hablando precisa que no se trata
solamente del derecho individual que toda víctima o sus parientes a saber qué
pasó, sino que también se trata de un derecho colectivo que tiene su razón de
ser en la necesidad de prevenir que las violaciones se reproduzcan. En tal
virtud se tiene, a cargo del Estado, el "deber de la memoria"
a fin de prevenir las deformaciones de la historia. [103]
En cuanto a las
víctimas y sus familias, los Principios definen que ellas tienen “el derecho
imprescriptible a conocer la verdad acerca de las circunstancias en que se
cometieron las violaciones y, en caso de fallecimiento o desaparición, acerca
de la suerte que corrió la víctima.” [104]
A fin de lograr los anteriores objetivos, los Principios contienen
dos categorías de propuestas: una se refiere a la conveniencia de que los
Estados en proceso de consolidación de la democracia o de adelantamiento de
procesos de paz y vuelta al Estado de Derecho pongan en marcha en el corto
plazo comisiones no judiciales de investigación[105].
La segunda serie de medidas tiende a preservar los archivos que tengan relación
con las violaciones de derechos humanos.[106]
4.7.3.3. El derecho a la
justicia.
a. El
derecho a un recurso justo y eficaz.
Este derecho
implica que toda víctima tenga la posibilidad de hacer valer sus derechos
beneficiándose de un recurso justo y eficaz, principalmente para conseguir que
su agresor sea juzgado, obteniendo su reparación. Lo anterior, dicen los
Principios, por cuanto “no existe reconciliación justa y durable sin que sea
aportada una respuesta efectiva a los deseos de justicia”. Ahora bien,
también se establece en los Principios que “(e)l derecho a la justicia
confiere al Estado una serie de obligaciones: la de investigar las violaciones,
perseguir a sus autores y, si su culpabilidad es establecida, de asegurar su
sanción. Si la iniciativa de investigar corresponde en primer lugar al Estado,
las reglas complementarias de procedimiento deben prever que todas las víctimas
puedan ser parte civil y, en caso de carencia de poderes públicos, tomar ella
misma la iniciativa.”
Prima facie, la competencia de los
tribunales nacionales debe ser la norma, pero cuando dichos tribunales no estén
en condiciones de hacer justicia imparcial o se encuentren en la imposibilidad
material de funcionar, debe estudiarse la competencia de un tribunal
internacional  ad hoc[107],  o bien de un tribunal
internacional permanente, como la Corte Penal Internacional. En todo caso, las
reglas de procedimiento deben responder a criterios de debido proceso.[108]
En cuanto a la figura jurídica de la prescripción de la acción penal
o de las penas, los Principios afirman que ella no puede ser opuesta a los
crímenes graves que según el derecho internacional sean considerados crímenes
contra la humanidad. La prescripción tampoco puede correr durante el período
donde no existe un recurso eficaz. Asimismo, no se puede oponer a las acciones
civiles, administrativas o disciplinarias ejercidas por las víctimas. Respecto
de la amnistía, se indica que no puede ser otorgada a los autores de violaciones,
en tanto las víctimas no hayan obtenido justicia por la vía de un recurso
eficaz. Debe carecer, además, de efecto jurídico alguno sobre las acciones de
las víctimas relacionadas con el derecho a reparación.[109]
En cuanto a la disminución de las penas, se indica que “en
el marco de un proceso de restablecimiento de la democracia o de transición
hacia ella, se suelen adoptar leyes sobre los arrepentidos; éstas pueden ser
causa de disminución de la pena, pero no deben exonerar totalmente a los
autores; se debe hacer una distinción, en razón de los riesgos tomados por su
autor, según éste haya hecho sus revelaciones durante el período en el que se
cometían las violaciones graves o después de este período.”
b. El derecho a reparación.
Este derecho, dicen los Principios, implica tanto medidas
individuales como medidas generales y colectivas. Véase:
“En el plano individual, las víctimas, ya sean víctimas directas,
parientes o personas a cargo, deben beneficiarse de un recurso eficaz. (…) Este derecho comprende los tres tipos de medidas siguientes:
a) Medidas de restitución (tendentes a que la
víctima pueda volver a la situación anterior a la violación);
b) Medidas de indemnización (perjuicio síquico y
moral, así como pérdida de una oportunidad, daños materiales, atentados a la
reputación y gastos de asistencia jurídica); y
c) Medidas de readaptación (atención médica que
comprenda la atención psicológica y psiquiátrica).”
En el plano
colectivo, los lineamientos del “Conjunto de Principios” mencionan que  “las
medidas de sentido carácter simbólico, a título de reparación moral, tales como
el reconocimiento público y solemne por parte del Estado de su responsabilidad,
las declaraciones oficiales restableciendo a las víctimas su dignidad, las
ceremonias conmemorativas, las denominaciones de vías públicas, los monumentos,
permiten asumir mejor el deber de la memoria.”
4.7.3.4.
Garantía de no repetición de las violaciones.
Conforme a los Principios provenientes del Informe Joinet,
las mismas causas producen los mismos efectos, por lo cual “tres medidas se
imponen para evitar que las víctimas no sean de nuevo confrontadas a
violaciones que puedan atentar contra su dignidad:
“a) Disolución de los grupos armados
paramilitares: se trata de una de las medidas más difíciles de aplicar porque,
si no va acompañada de medidas de reinserción, el remedio puede ser peor que la
enfermedad;
“b) Derogación de todas las leyes y
jurisdicciones de excepción y reconocimiento del carácter intangible y no derogable
del recurso de habeas corpus; y
“c) Destitución de los altos funcionarios
implicados en las violaciones graves que han sido cometidas. Se debe tratar de
medidas administrativas y no represivas con carácter preventivo y los
funcionarios pueden beneficiarse de garantías.”
Finalmente, los Principios contienen previsiones
tendientes garantizar el retorno de la sociedad a la paz, dentro de los cuales
se destaca el siguiente:
“PRINCIPIO 37. DESMANTELAMIENTO DE LAS FUERZAS ARMADAS
PARAESTATALES/DESMOVILIZACIÓN Y REINTEGRACIÓN SOCIAL DE LOS NIÑOS
Los grupos armados paraestatales o no oficiales serán desmovilizados
y desmantelados. Su posición en las instituciones del Estado o sus vínculos con
ellas, incluidas en particular las fuerzas armadas, la policía, las fuerzas de
inteligencia y de seguridad, debe investigarse a fondo y publicarse la
información así adquirida. Los Estados deben establecer un plan de reconversión
para garantizar la reintegración social de todos los miembros de tales
grupos...”
En resumen, la
Corte aprecia que, dentro de las principales conclusiones que se extraen del “Conjunto
de Principios para la protección y la promoción de los derechos humanos
mediante la lucha contra la impunidad” en su última actualización, cabe
mencionar las siguientes, de especial relevancia para el estudio de
constitucionalidad que adelanta: (i) durante los procesos de transición hacia
la paz, como el que adelanta Colombia, a las víctimas les asisten tres
categorías de derechos: a) el derecho a saber, b) el derecho a la justicia y c)
el derecho a la reparación; (ii) el derecho a saber es imprescriptible e
implica la posibilidad de conocer la verdad acerca de las circunstancias
en que se cometieron las violaciones y, en caso de fallecimiento o desaparición,
acerca de la suerte que corrió la víctima; (iii) el derecho a saber también
hace referencia al derecho colectivo a conocer qué pasó, derecho que tiene su
razón de ser en la necesidad de prevenir que las violaciones se reproduzcan y
que implica la obligación de “memoria” pública sobre los resultados de
las investigaciones;  (iv) el derecho a la justicia implica que toda víctima
tenga la posibilidad de hacer valer sus derechos beneficiándose de un recurso
justo y eficaz, principalmente para conseguir que su agresor sea juzgado,
obteniendo su reparación; (v) al derecho a la justicia corresponde el deber
estatal de investigar las violaciones, perseguir a sus autores y, si su
culpabilidad es establecida, de asegurar su sanción; (vi) dentro del proceso
penal  las víctimas tiene el derecho de hacerse parte para reclamar su derecho
a la reparación. (vii) En todo caso, las reglas de procedimiento deben
responder a criterios de debido proceso; (viii) la prescripción de la acción
penal o de las penas no puede ser opuesta a los crímenes graves que según el
derecho internacional sean considerados crímenes contra la humanidad ni correr
durante el período donde no existió un recurso eficaz; (ix) En cuanto a la
disminución de las penas, las “leyes de arrepentidos” son admisibles
dentro de procesos de transición a la paz, se  “pero no deben exonerar
totalmente a los autores”; (x) la reparación tiene una dimensión doble
(individual y colectiva) y en el plano individual abarca medidas de
restitución, indemnización y readaptación; (xi) en el plano colectivo, la
reparación se logra a través de medidas de carácter simbólico o de otro tipo
que se proyectan a la comunidad; (xii) dentro de las garantías de no
repetición, se incluye la disolución de los grupos
armados acompañada de medidas de reinserción.
4.8. Los informes de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha producido
informes precisando los conceptos de justicia, verdad y reparación dentro de
procesos de tránsito o restablecimiento de la paz y/o la democracia. Dentro  de
ellos se destaca, por su particular relevancia para la presente causa, el “Informe
sobre el proceso de desmovilización en Colombia”,  proferido el 13 de
diciembre de 2004.
Dentro de este Informe, la Comisión vertió entre otros los
siguientes conceptos en torno de los conceptos de verdad, justicia y reparación
dentro de procesos de transición hacia la paz, que constituyen, como podrá
apreciarse, un resumen de todos los parámetros internacionales anteriormente
comentados, procedentes de las diversas fuentes del Derecho Intencional:
a. Sobre el derecho a la verdad, la Comisión reiteró que el derecho
a la verdad no debe ser coartado a través de medidas legislativas o de otro
carácter.[110] Agregó que este derecho
implica que el diseño del proceso destinado a establecer la verdad prevea el
libre ejercicio del derecho a buscar y recibir información, y a su vez
habilite  al poder judicial a emprender y completar las investigaciones
correspondientes.[111] Recordó también la Comisión,
que conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, el derecho a la
verdad se encuentra subsumido en el derecho de la víctima o sus familiares a
obtener del Estado el esclarecimiento de los hechos y el juzgamiento de los
responsables, conforme a los parámetros de los artículos 8 y 25 de la
Convención Americana.
Ahora bien, en cualquier caso, la Comisión recordó que el Derecho a
la verdad no se limita a los familiares de las víctimas, sino que, la sociedad
en su conjunto tiene derecho a conocer la conducta de quienes se hayan
involucrado en la comisión de violaciones graves a los derechos humanos o el
derecho internacional humanitario, especialmente en caso de masividad o
sistematicidad.[112]
b. Sobre el derecho a la Justicia, el informe de la Comisión sostuvo
con particular énfasis que cada vez se produjeran crímenes de lesa humanidad,
crímenes de guerra y/o violaciones a los derechos humanos a través de la
comisión, entre otros, de asesinatos, desapariciones forzadas, violaciones
sexuales, traslados o desplazamientos forzosos, torturas, actos inhumanos
destinados a causar intencionalmente la muerte o graves daños a la integridad
física y mental de las personas, ataques contra la población civil o sus bienes
o reclutamiento de niños y niñas menores de 15 años de edad, los Estados tenían
–conforme al derecho internacional consuetudinario y los tratados—la obligación
perentoria de investigar los hechos y juzgar y sancionar a los responsables.
Agregó que conforme al Derecho internacional, esta clase de crímenes tenían un
carácter imprescriptible, no eran susceptibles de amnistía, y si no eran
esclarecidos por el Estado podía generar la responsabilidad internacional del
Estado y “habilitar la jurisdicción universal a fin de establecer la
responsabilidad penal individual de los implicados”.
También sobre el
derecho a la justicia, la Comisión hizo hincapié en que los Estados tenían la
obligación de combatir la impunidad por todos los medios legales disponibles,
ya que ésta propicia la repetición crónica de las violaciones de los derechos
humanos y la total indefensión de las víctimas y sus familiares.[113]
Sobre este mismo
derecho recordó así mismo que las garantías derivadas del derecho al debido
proceso y la protección judicial aplicables en los conflictos armados
internacionales y no internacionales, previstos en los Convenios de Ginebra,
guardaban una correspondencia con las garantías del derecho internacional de
los derechos humanos y exigían a los Estados el juzgamiento y sanción de
personas que cometieran u ordenaran cometer infracciones graves al derecho
internacional humanitario. Confirmó también que estas obligaciones no admitían
derogación por causa de la vigencia del conflicto.
Para la Comisión, del Derechos Internacional se desprende que de
manera concreta, el derecho a la justicia debe implicar que los Estados
adopten “las medidas necesarias para facilitar el acceso de las víctimas a
recursos adecuados y efectivos tanto para denunciar la comisión de estos crímenes
como para lograr la reparación del daño sufrido y de esa forma contribuir a
prevenir su repetición. Los “Principios y directrices básicos sobre el derecho
de las víctimas de violaciones a las normas internacionales de derechos humanos
y del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener
reparaciones” establecen que los Estados deben: (a) dar a conocer, por medio de
mecanismos oficiales y privados, todos los recursos disponibles contra las
violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho
internacional humanitario; (b) adoptar, durante los procedimientos judiciales,
administrativos o de otra índole que afecten a los intereses de las víctimas,
medidas proteger su intimidad, según proceda, y garantizar su seguridad, así
como la de sus familiares y la de los testigos, contra todo acto de
intimidación o represalia; y (c) utilizar todos los medios diplomáticos y
jurídicos apropiados para que las víctimas puedan ejercer su derecho a
interponer recursos y obtener reparación por las violaciones de las normas
internacionales de derechos humanos o del derecho internacional humanitario.”
c. Sobre el derecho a la reparación, la Comisión reiteró que las
víctimas de los crímenes cometidos durante el conflicto armado tienen derecho a
la reparación adecuada del daño sufrido, que debe materializarse a través de
medidas individuales de restitución, indemnización y rehabilitación, medidas de
satisfacción de alcance colectivo y garantías de no repetición, todas en
conjunto destinadas a restablecer su situación, sin discriminación.[114]
Finalmente, la Comisión incluyó dentro de los aspectos concernientes
al derecho a la reparación la necesidad de que existan  garantías de no
repetición, las cuales requieren la adopción de medidas tendientes a prevenir
nuevas violaciones a los derechos humanos. Al respecto sostuvo que estas
garantías de no repetición “exigen la disolución de grupos armados
paraestatales; la derogación de normas que favorecen la comisión de violaciones
a los derechos humanos o el derecho internacional humanitario; el control
efectivo de las Fuerzas Armadas y de seguridad por la autoridad civil; el
empleo de tribunales militares exclusivamente para delitos de función; el
fortalecimiento de la independencia del poder judicial; la protección de la
labor desarrollada por operadores de justicia, defensores de derechos humanos y
periodistas; la capacitación ciudadana y de agentes del Estado e materia de
derechos humanos y del cumplimiento de los códigos de conducta y las normas
éticas; y la creación y perfeccionamiento de mecanismos de intervención
preventiva y resolución de conflictos.”
4.9. La justicia y los
derechos de las víctimas en la jurisprudencia constitucional colombiana.
4.9.1. Refiriéndose a los principios que deben
gobernar el ejercicio de la función judicial, especialmente en materia penal, y
al derecho subjetivo de acceso a la Justicia, la Corte en sede de control de
constitucionalidad ha sentado una jurisprudencia que precisa ciertos parámetros
constitucionales, los cuales, aunque no se refieren específicamente a
estándares aplicables dentro de procesos de consolidación de la paz y de
tránsito a la plena vigencia del Estado de Derecho, resultan ineludibles para
el legislador en todo tiempo, por encontrar un fundamento permanente en las
normas superiores que no se suspenden durante tales procesos de transición.
Tales parámetros tienen que ver con asuntos como los derechos de las víctimas a
la justicia, la verdad, la reparación y la no repetición, la razonabilidad de
los términos judiciales, las condiciones en que pueden ser concedidas amnistías
o indultos, la imprescriptibilidad de la acción penal respecto de ciertos
delitos, y la necesidad de que ciertos recursos judiciales reconocidos dentro
del proceso penal se establezcan no sólo a favor del procesado sino también de
las víctimas, cuando el delito constituye un grave atentado en contra de los
derechos humanos o del derecho internacional humanitario.
4.9.2. Concretamente sobre los derechos de las
víctimas de violaciones de derechos fundamentales a conocer la verdad, a
acceder a la justicia y a obtener una reparación, en la Sentencia C-228 de 2002[115]
la Corte reconoció que existe una tendencia mundial,
también recogida por la Constitución, según la cual la víctima o perjudicado
por un delito no sólo tiene derecho a la reparación económica de los perjuicios
que se le hayan causado,  sino que además tiene derecho a que a través del
proceso penal se establezca la verdad sobre lo acaecido y se haga justicia. Por
lo que se refiere a la Constitución, dicho fallo recordó que el numeral 4 del
artículo 250 Superior señala que el Fiscal General de la Nación debe “velar
por la protección de las víctimas”. Además, recalcó que derecho de las
víctimas a participar en el proceso penal se encuentra ligado al respeto de la
dignidad humana y agregó que “se vulneraría gravemente la dignidad de
víctimas y perjudicados por hechos punibles, si la única protección que se les
brinda es la posibilidad de obtener una reparación de tipo económico.” Tras
un repaso de las normas constitucionales que determinan otro tipo de derechos e
intereses de las víctimas, protegibles a través del proceso penal, el fallo en
cita concluyó que la concepción constitucional de los derechos fundamentales de
las personas afectadas por un delito no está circunscrita únicamente a la
reparación material.
4.9.3. En este mismo pronunciamiento, con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 93 constitucional, conforme al cual “los derechos y deberes
consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados
internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia”, la Corte
aceptó que múltiples instrumentos internacionales consagran el derecho de toda
persona a un recurso judicial efectivo, y que la comunidad internacional
rechaza los mecanismos internos que conduzcan a la impunidad y al ocultamiento
de la verdad de lo ocurrido. Finalmente, y tras un estudio de derecho comparado
sobre los derechos de las víctimas según el modelo de proceso penal establecido
en distintos ordenamientos, la Corte concluyó lo siguiente:
“De lo anterior surge que tanto en el derecho internacional, como en
el derecho comparado y en nuestro ordenamiento constitucional, los derechos de
las víctimas y perjudicados por un hecho punible gozan de una concepción
amplia–no restringida exclusivamente a una reparación económica– fundada en los
derechos que ellas tienen a ser tratadas con dignidad, a participar en las
decisiones que las afecten y a obtener la tutela judicial efectiva del goce
real de sus derechos, entre otros, y que exige a las autoridades que orienten
sus acciones hacia el restablecimiento integral de sus derechos cuando han sido
vulnerados por un hecho punible. Ello sólo es posible si a las victimas y
perjudicados por un delito se les garantizan, a lo menos, sus derechos a la
verdad, a la justicia y a la reparación económica de los daños sufridos.
“De tal manera que la víctima y los perjudicados por un delito
tienen intereses adicionales a la mera reparación pecuniaria. Algunos de sus intereses
han sido protegidos por la Constitución de 1991 y se traducen en tres derechos
relevantes para analizar la norma demandada en el presente proceso:
“1. El derecho a la verdad, esto es, la posibilidad de conocer lo
que sucedió y en buscar una coincidencia entre la verdad procesal y la verdad
real. Este derecho resulta particularmente importante frente a graves
violaciones de los derechos humanos.[116]
“2. El derecho a que se haga justicia en el caso concreto, es decir,
el derecho a que no haya impunidad.
“3. El derecho a la reparación del daño que se le ha causado a
través de una compensación económica, que es la forma tradicional como se ha
resarcido a la víctima de un delito. [117]
“Aun cuando tradicionalmente la garantía de estos tres derechos le
interesan a la parte civil, es posible que en ciertos casos, ésta sólo esté
interesada en el establecimiento de la verdad o el logro de la justicia, y deje
de lado la obtención de una indemnización. Ello puede ocurrir, por citar tan
sólo un ejemplo, cuando se trata de delitos que atentan contra la moralidad
pública, el patrimonio público, o los derechos colectivos o donde el daño
material causado sea ínfimo –porque, por ejemplo, el daño es difuso o ya se ha
restituido el patrimonio público– pero no se ha establecido la verdad de los
hechos ni se ha determinado quién es responsable, caso en el cual las víctimas
tienen un interés real, concreto y directo en que se garanticen sus derechos a
la verdad y a la justicia a través del proceso penal.
“No obstante, ello no significa que cualquier persona que alegue que
tiene un interés en que se establezca la verdad y se haga justicia pueda
constituirse en parte civil –aduciendo que el delito afecta a todos los
miembros de la sociedad– ni que la ampliación de las posibilidades de
participación a actores civiles interesados sólo en la verdad o la justicia
pueda llegar a transformar el proceso penal en un instrumento de retaliación
contra el procesado. Se requiere que haya un daño real, no necesariamente de
contenido patrimonial, concreto y específico, que legitime la participación
de la víctima o de los perjudicados en el proceso penal para buscar la verdad y
la justicia, el cual ha de ser apreciado por las autoridades judiciales en cada
caso.[118] Demostrada la calidad
de víctima, o en general que la persona ha sufrido un daño real, concreto y
específico, cualquiera sea la naturaleza de éste, está legitimado para
constituirse en parte civil, y puede orientar su pretensión a obtener
exclusivamente la realización de la justicia, y la búsqueda de la verdad,
dejando de lado cualquier objetivo patrimonial. Es más: aun cuando esté
indemnizado el daño patrimonial, cuando este existe, si tiene interés en la
verdad y la justicia, puede continuar dentro de la actuación en calidad de
parte. Lo anterior significa que el único presupuesto procesal indispensable
para intervenir en el proceso, es acreditar el daño concreto, sin que se le
pueda exigir una demanda tendiente a obtener la reparación patrimonial.
“La determinación en cada caso de quien tiene el interés legítimo
para intervenir en el proceso penal, también depende, entre otros criterios,
del bien jurídico protegido por la norma que tipificó la conducta, de su lesión
por el hecho punible y del daño sufrido por la persona o personas afectadas por
la conducta prohibida, y no solamente de la existencia de un perjuicio
patrimonial cuantificable.” (Negrilla fuera del original)
Con fundamento
en las anteriores consideraciones la Corte no sólo condicionó la
constitucionalidad de varios artículos del Código de Procedimiento Penal
(precisando que la parte civil no sólo tiene derecho al resarcimiento sino
también derecho a la verdad y a la justicia), sino que además declaró
inexequible el aparte del artículo 47 de ese estatuto procesal que limitaba el
acceso de la parte civil a la investigación previa.
4.9.4. En reiterada jurisprudencia la Corte Constitucional ha
señalado que el derecho de las víctimas de delitos a conocer la verdad de lo
ocurrido y el derecho de la sociedad a esclarecer procesos de macrocriminalidad
que afectan de manera masiva y sistemática los derechos humanos de la
población, son derechos constitucionales (en particular, ver la sentencia C-228
de 2002). Como se mencionó en un aparte anterior de esta providencia, tales
derechos se desprenden del derecho de acceso a la administración de justicia (art.
29 y 229 C.N.), del derecho a no ser objeto de tratos crueles inhumanos o
degradantes (art. 12), así como de la obligación estatal de respeto y garantía
plena de los derechos, el debido proceso y el derecho a un recurso judicial
efectivo, consagrados en los artículos 1, 8 y 25 de la Convención
Interamericana sobre Derechos Humanos[119]. Como bien
se sabe, estos derechos no pueden ser suspendidos en estados de excepción y, en
consecuencia, integran el bloque de constitucionalidad en sentido estricto. A
este respecto, no sobra recordar que la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, intérprete autorizada de las disposiciones citadas, ha señalado
reiteradamente el alcance del derecho a la verdad. Así, por ejemplo, en la
Sentencia del 22 de noviembre de 2000 (Reparaciones), dijo esa Corporación:
“Este Tribunal
se ha referido en reiteradas ocasiones al derecho que asiste a los familiares
de las víctimas de conocer lo que sucedió[120] y saber
quiénes fueron los agentes del Estado responsables de los respectivos hechos[121].
“[L]a investigación de los hechos y la sanción de las personas responsables,
[...] es una obligación que corresponde al Estado siempre que haya ocurrido una
violación de los derechos humanos y esa obligación debe ser cumplida seriamente
y no como una mera formalidad”[122]. Y mas adelante señaló:
“El derecho que toda persona tiene a la verdad, ha sido desarrollado por el
derecho internacional de los derechos humanos[123],
y, como sostuvo esta Corte en anteriores oportunidades, la posibilidad de los
familiares de la víctima de conocer lo sucedido a ésta[124],
y, en su caso, dónde se encuentran sus restos[125],
constituye un medio de reparación y, por tanto, una expectativa que el Estado
debe satisfacer a los familiares de la víctima y a la sociedad como un todo[126].”[127]
4.9.5. En otra
oportunidad, refiriéndose a la razonabilidad de los términos judiciales, al
examinar la constitucionalidad del artículo 579 de la Ley 522 de 1999 (Código
Penal Militar), en la Sentencia C-178 de 2002[128]
la Corte consideró que la brevedad de los términos previstos en esa disposición
para adelantar la investigación de ciertos delitos de competencia de la
Jurisdicción Penal Militar configuraba una violación a las normas superiores
relativas al derecho al debido proceso, especialmente el derecho de defensa del
sindicado, el derecho a la justicia de las víctimas,  así como la imposibilidad
de esclarecer la verdad:
“Así, la primera pregunta a resolver es la siguiente: ¿los términos
establecidos en las disposiciones demandadas afectan la estructura del proceso
penal militar y las garantías referidas en el artículo 29 de la Constitución?
“En materia penal militar la determinación de la responsabilidad en
la comisión de un hecho punible es una de las finalidades de la administración
de justicia que si bien debe cumplirse evitando dilaciones injustificadas, no
se alcanza cuando se establecen términos procesales que recortan el ejercicio
del derecho de defensa del sindicado denegando la justicia que el procesado y
las víctimas del delito demandan; que impiden establecer con claridad la verdad
de los hechos que se estudian en la etapa de instrucción o en el juicio,
circunstancia que incluso puede aumentar los niveles de impunidad en materia
delictiva; o que niegan el derecho a obtener una reparación por parte de las
víctimas[129].
“Tales violaciones al debido proceso se configuran cuando la
brevedad de los términos afecta, por ejemplo, las funciones básicas del proceso
penal confundiendo en una misma etapa la instrucción y el juicio criminales o
cuando pretermite la posibilidad de ejercer el derecho de defensa obviando
momentos procesales en los que el sindicado o el imputado deben contar con la
posibilidad de conocer las actuaciones de las autoridades competentes e
impugnarlas en los términos señalados por la ley.  Así, la celeridad en la
administración de justicia  y la posibilidad de definir prontamente la
situación de miembros de instituciones consagradas al servicio y protección de
la comunidad son finalidades legítimas a las que un proceso abreviado
contribuye, pero tal regulación se torna irrazonable cuando en el diseño del
proceso se desconoce el derecho al debido proceso, bien porque se desnaturaliza
la estructura del proceso penal o porque se estructura un procedimiento que no
considera la complejidad de los hechos punibles a los que se aplica impidiendo,
formal y materialmente, poder establecer la verdad de las actos que se
investigan en el breve lapso que otorga para la instrucción y el juicio, y
obstaculizando el ejercicio efectivo del derecho de defensa.”
4.9.6. Más adelante, en la Sentencia C-578 de 2002[130],
al estudiar la constitucionalidad de la Ley 742 de 2002 por medio de la cual se
aprobó el estatuto de la Corte Penal Internacional, explicando la importancia
de dicha Corte esta Corporación  se refirió a varios asuntos que tienen
relevancia a la hora del diseño legal de mecanismos de justicia de transición.
En ese sentido, en primer lugar destacó la importancia del reconocimiento de la
responsabilidad penal individual internacional por las graves violaciones de
derechos humanos, al señalar que la creación de dicha Corte “marca un hito
en la construcción de instituciones internacionales para proteger de manera
efectiva el núcleo de derechos mínimos, mediante juicios de responsabilidad
penal individual”. Explicó también la importancia ética de hacer efectiva
esa responsabilidad penal individual por graves atentados en contra de los
derechos humanos, al resaltar que las conductas punibles de competencia de la
Corte Penal Internacional “comprenden las violaciones a los parámetros
fundamentales de respeto por el ser humano que no pueden ser desconocidos, ni
aun en situaciones de conflicto armado internacional o interno, los cuales han
sido gradualmente identificados y definidos por la comunidad internacional a lo
largo de varios siglos con el fin de superar la barbarie.”
De otro lado, en este mismo pronunciamiento la Corporación se
refirió nuevamente a la importancia medular de la lucha contra la impunidad, y
a los derechos a la verdad, la justicia y la reparación en relación con los
graves atropellos a los derechos humanos, al reconocer que estos eran los
objetivos centrales de la creación de la Corte Penal Internacional. En este
sentido dijo la Sentencia en cita:
“La Corte Penal Internacional ha sido creada por un estatuto que
cuenta dentro de sus propósitos medulares evitar la impunidad de los
detentadores transitorios de poder o de los protegidos por ellos, hasta la más
alta jerarquía, y garantizar la efectividad de los derechos de las víctimas y
perjudicados a conocer la verdad, a obtener justicia y a recibir una reparación
justa por los daños que dichas conductas les han ocasionado, a fin de que
dichas conductas no se repitan en el futuro.”
De notoria importancia como antecedente jurisprudencial son también
las consideraciones vertidas en este fallo relativas a la importancia de la paz
como valor constitucional, a las instituciones jurídicas de la amnistía y el
indulto como mecanismos para consolidarla, así como a las circunstancias y a
los delitos respecto de los cuales estas figuras jurídicas no son aceptables
por implicar la impunidad y el desconocimiento de los derechos a la verdad, la
justicia y la reparación. Dentro de estas consideraciones se destacan aquellas
referentes a que las amnistías dictadas con el fin de consolidar la paz han
sido consideradas como instrumentos compatibles con el respeto al derecho
internacional humanitario, siempre y cuando no signifiquen un obstáculo para el
acceso efectivo a la justicia.
“En primer lugar, la Corte constata que la paz ocupa un lugar
principalísimo en el orden de valores protegidos por la Constitución. Dentro
del espíritu de que la Carta Política tuviera la vocación de ser un tratado de
paz, la Asamblea Constituyente protegió el valor de la paz de diferentes
maneras en varias disposiciones. Por ejemplo, en el Preámbulo la paz figura
como un fin que orientó al constituyente en la elaboración de toda la
Constitución. En el artículo 2 dicho propósito nacional cardinal se concreta en
un fin esencial del Estado consistente en “asegurar la convivencia pacífica y
la vigencia de un orden justo”. Además, el artículo 22 va más lejos al
establecer que “la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”.
Dentro de los múltiples instrumentos para facilitar el logro de la paz, la
Constitución reguló procedimientos de resolución institucional de los
conflictos y de protección efectiva de los derechos fundamentales, como la
acción de tutela (artículo 86 CP.). Además, sin circunscribirse a un proceso de
paz, la Constitución permite que “por graves motivos de conveniencia pública”
se concedan amnistías o indultos por delitos políticos y estableció requisitos
claros para que ello se ajuste a la Carta, dentro de los cuales se destacan que
(i) el órgano que los concede sea el Congreso de la República donde concurren
las diversas fuerzas políticas que representan a la Nación, (ii) que la
decisión correspondiente sea adoptada por una mayoría calificada de los dos
tercios de los votos de los miembros de una y otra cámara, (iii) que los
delitos objeto de estos beneficios pertenezcan a la categoría de “delitos
políticos” y (iv) que en caso de que los favorecidos fueren eximidos de la
responsabilidad civil respecto de particulares, “el Estado quedará obligado a
las indemnizaciones a que hubiere lugar” (artículo 150, numeral 17, CP).
además, corresponde al gobierno en relación con la rama judicial conceder los
indultos por delitos políticos, con arreglo a la ley e informar al Congreso
sobre el ejercicio de esta facultad (artículo 201, numeral 2, CP)
“La Corte encuentra que el Estatuto no pretende restringir las
potestades de los Estados ejercidas con el propósito de alcanzar los fines del
Estatuto, en especial, impedir que continúen las violaciones al derecho
internacional humanitario. De ahí que el artículo 10 del Estatuto advierta que
“nada de lo dispuesto en la presente parte se interpretará en el sentido de que
limite o menoscabe de alguna manera las normas existentes o en desarrollo de
derecho internacional para fines distintos del presente Estatuto”.[131]
“En segundo lugar, la Corte destaca que las amnistías dictadas con
el fin de consolidar la paz han sido consideradas como instrumentos compatibles
con el respeto al derecho internacional humanitario. Así lo señala, por
ejemplo, el artículo 6.5 del Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra
de 1949:
“Artículo 6. Diligencias Penales. (...)
“5. A la cesación de hostilidades, las autoridades en el poder
procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan
tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de la
libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto
armado”
“No obstante lo anterior, y con el fin de hacer compatible la paz
con la efectividad de los derechos humanos y el respeto al derecho
internacional humanitario, el derecho internacional ha considerado que los
instrumentos internos que utilicen los Estados para lograr la reconciliación
deben garantizar a las víctimas y perjudicados de una conducta criminal, la
posibilidad de acceder a la justicia para conocer la verdad sobre lo ocurrido y
obtener una protección judicial efectiva.[132] Por ello, el
Estatuto de Roma, al recoger el consenso internacional en la materia, no impide
conceder amnistías que cumplan con estos requisitos mínimos, pero sí las que
son producto de decisiones que no ofrezcan acceso efectivo a la justicia.
“Figuras como las leyes de punto final que impiden el acceso a la
justicia, las amnistías en blanco para cualquier delito, las auto amnistías (es
decir, los beneficios penales que los detentadores legítimos o ilegítimos del
poder se conceden a sí mismos y a quienes fueron cómplices de los delitos cometidos),
o cualquiera otra modalidad que tenga como propósito impedir a las víctimas un
recurso judicial efectivo para hacer valer sus derechos, se han considerado
violatorias del deber internacional de los Estados de proveer recursos
judiciales para la protección de los derechos humanos,[133]
consagrados en instrumentos como, por ejemplo, la Declaración Americana de
Derechos del Hombre,[134] la Declaración
Universal de Derechos Humanos,[135] la Convención Americana
de Derechos Humanos[136] y la “Declaración sobre
los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del
abuso de poder.”[137]
“Adicionalmente, el derecho internacional ha reconocido la
inderogabilidad de normas de ius cogens[138],lo
cual resulta sin duda relevante en el análisis de esta cuestión.[139]
En este sentido, el derecho internacional ha penalizado los crímenes más graves
de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto.[140]
Sin desconocer el derecho internacional, Colombia ha concedido amnistías e
indultos específicamente por delitos políticos.[141]
“Entonces, los principios y normas de derecho internacional
aceptados por Colombia (artículo 9 CP.), el Estatuto de Roma, y nuestro
ordenamiento constitucional, que sólo permite la amnistía o el indulto para
delitos políticos y con el pago de las indemnizaciones a que hubiere lugar
(artículo 150. numeral 17 de la CP.), no admiten el otorgamiento de auto
amnistías, amnistías en blanco, leyes de punto final o cualquiera otra
modalidad que impida a las víctimas el ejercicio de un recurso judicial
efectivo como lo ha subrayado la Corte Interamericana de Derechos Humanos”
4.9.7. Por su parte, en la Sentencia C-580 de 2002[142],
la Corte se refirió a la imprescriptibilidad de la acción penal frente a las
graves violaciones de derechos humanos.  En esa oportunidad, al revisar la
constitucionalidad de la Ley 707 de 2001, por medio de la cual se aprobó la
Convención interamericana sobre desaparición forzada de personas, la
Corporación hizo ver cómo la imprescriptibilidad de la acción penal respecto de
este delito constituía una garantía frente a la impunidad; dijo entonces la Corte:
“... ampliar la prohibición de imprescriptibilidad de las penas a
las acciones penales es una garantía del debido proceso frente a la posibilidad
de que el Estado ejerza de forma intemporal el ius puniendi.  Sin
embargo, esta garantía no puede ser absoluta.  Su alcance depende del valor
constitucional de los intereses protegidos mediante la acción penal específica
frente a la cual se pretenda oponer.
Dependiendo del delito que pretenda juzgar, al iniciar una acción
penal el Estado busca proteger intereses de diverso valor constitucional.  Por
esta razón, resulta razonable que el legislador le de un trato diferenciado al
término de prescripción de la acción penal dependiendo del delito.  En efecto,
esto es posible entre otras razones debido al diferente valor constitucional de
los intereses o bienes jurídicos protegidos.
“Por supuesto, ello no significa que el único criterio razonable
para fijar el término de prescripción de la acción penal sea la gravedad de la
conducta, pues dentro del diseño de la política criminal del Estado el
legislador puede determinar el término de prescripción a partir de otros
criterios valorativos que desde una perspectiva constitucional sean igualmente
válidos a las consideraciones de tipo dogmático o axiológico.  Entre ellos,
pueden considerarse la necesidad de erradicar la impunidad frente a delitos en
los cuales resulta especialmente difícil recopilar pruebas o juzgar
efectivamente a los responsables.[143]
“En el caso de la desaparición forzada, la prohibición consagrada en
el artículo 12 impone al Estado un deber especial de protección.  Este deber
implica, a su vez, una ampliación del conjunto de facultades de que dispone el
legislador para satisfacer el interés en erradicar la impunidad.  Esta
ampliación de la potestad configurativa del legislador se traduce
específicamente en la facultad para extender el término de prescripción.  En
primer lugar, por el interés en erradicar la impunidad, para lo cual es
necesario que la sociedad y los afectados conozcan la verdad, que se atribuyan
las responsabilidades individuales e institucionales correspondientes, y en
general que se garantice el derecho de las víctimas a la justicia.  En segundo
lugar, por el derecho de las víctimas a recibir una reparación por los daños.
En tercer lugar, debido a la dificultad que suponen la recopilación de las
pruebas necesarias y el juzgamiento efectivo de quienes habitualmente incurren
en tales conductas.”
4.9.8. En la Sentencia C-004 de 2003[144],
la Corte consideró que una norma que en desarrollo del principio non bis in
idem establecía la acción de revisión solamente a favor del procesado
impedía a las víctimas del hecho punible ejercerla, impidiendo así la
reparación integral de los daños irrogados, por lo cual era inconstitucional
cuando el delito configuraba un grave atentado contra los derechos humanos.
Para llegar a esta conclusión, consideró necesario establecer una diferencia
entre los hechos punibles en general y los graves atentados al derecho
internacional humanitario. Dijo en aquella oportunidad esta Corporación:
“11- Precisado así el sentido general de la causal de revisión, la
restricción atacada por el demandante señala que ésta sólo opera en beneficio
del procesado, pues sólo se aplica en caso de sentencias condenatorias, y
únicamente para establecer la inimputabilidad o inocencia del condenado.
...
“El anterior examen parece implicar que el aparte acusado es un
desarrollo legislativo posible, que encuentra sustento en el principio del non
bis in ídem. Y esa conclusión sería irrefutable si el mandato según el cual
ninguna persona puede ser juzgada dos veces por el mismo hecho (CP art. 29),
representara un derecho absoluto, que no pudiera ser objeto de ninguna
ponderación frente a ningún otro derecho o principio constitucional. En efecto,
si tal fuera el sentido de esa garantía constitucional, es evidente que la
acción de revisión por pruebas o hechos nuevos no podría proceder nunca contra
el propio procesado. Sin embargo, lo cierto es que el principio de non bis
in ídem no es absoluto...
“... la fuerza normativa del non bis in ídem indica que la
persona absuelta no debería volver a ser juzgada, a pesar de esas pruebas y
hechos nuevos; sin embargo, el deber del Estado de investigar los delitos y
amparar los derechos de las víctimas a fin de lograr un orden justo parece
implicar que la persona debe ser enjuiciada nuevamente, sobre todo si se trata
de delitos que configuren violaciones a los derechos humanos. La pregunta
que surge entonces es si los derechos de las víctimas de los hechos punibles
son de tal envergadura que no sólo autorizan sino que incluso exigen una
limitación del non bis in ídem en la regulación de la acción de
revisión. Para responder a ese interrogante, la Corte recordará brevemente su
doctrina sobre los derechos de las víctimas y los deberes del Estado en esta
materia, para luego analizar su relación con el non bis in ídem y con la
acción de revisión. Este análisis permitirá determinar si la restricción a la acción
de revisión impuesta por la disposición acusada es o no proporcionada frente a
los derechos de las víctimas.
“...
“La Corte Constitucional ha entonces concluido que la Carta de 1991
reconoce a las víctimas y perjudicados por un hecho punible unos derechos que
desbordan el campo de la reparación económica, pues  incluyen también el
derecho  a la verdad y a que se haga justicia[145].
Esta Corporación ha señalado que las “víctimas de los delitos tienen un
derecho a la verdad y a la justicia, que desborda el campo de la simple
reparación, tal y como lo ha señalado con claridad la doctrina internacional en
materia de derechos humanos, que es relevante para interpretar el alcance de
los derechos constitucionales (CP art. 93)”[146].
“...
“Como es obvio, a esos derechos de las víctimas corresponden ciertas
obligaciones del Estado, pues si las víctimas tienen derecho no sólo a ser
reparadas sino además a saber qué ocurrió y a que se haga justicia, entonces el
Estado tiene el deber correlativo de investigar seriamente los hechos punibles.
Esta obligación estatal es tanto más intensa cuanto más daño social haya
ocasionado el hecho punible. Y por ello ese deber estatal adquiere particular
fuerza en los casos de violaciones de derechos humanos.
“...
“.. la Corte considera que es necesario distinguir entre, de un
lado, los hechos punibles en general y, de otro lado, las violaciones a los
derechos humanos y las infracciones graves al derecho internacional
humanitario....
“... las violaciones de los derechos humanos y las infracciones
graves al derecho internacional humanitario configuran aquellos comportamientos
que más intensamente desconocen la dignidad de las personas y más dolor
provocan a las víctimas y a los perjudicados. Por ello, los derechos de las
víctimas y perjudicados por esos abusos ameritan la más intensa protección, y
el deber del Estado de investigar y sancionar estos comportamientos adquiere
mayor entidad.
Además, en este mismo pronunciamiento la Corte hizo ver que la ley
no podía tolerar la impunidad, la cual era aún más grave si, frente al Derecho
Internacional, ella podía se atribuida al hecho de que el Estado colombiano
incumpliera con su deber de investigar. Lo anterior tendiendo en cuenta que los
derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación eran
internacionalmente reconocidos. Por todo lo anterior, en esta oportunidad la
Corte en la parte resolutiva de la Sentencia en cita declaró exequible el
numeral 3º del artículo 220 de la Ley 600 de 2000 o Código de Procedimiento
Penal, en el entendido de que, la acción de revisión por esta causal también
procede en los casos de preclusión de la investigación, cesación de
procedimiento y sentencia absolutoria, siempre y cuando se trate de violaciones
de derechos humanos o infracciones graves al derecho internacional humanitario,
y un pronunciamiento judicial interno, o una decisión de una instancia
internacional de supervisión y control de derechos humanos, aceptada
formalmente por nuestro país, haya constatado la existencia del hecho nuevo o
de la prueba no conocida al tiempo de los debates. Igualmente, procede la
acción de revisión contra la preclusión de la investigación, la cesación de
procedimiento y la sentencia absolutoria, en procesos por violaciones de
derechos humanos o infracciones graves al derecho internacional humanitario,
incluso si no existe un hecho nuevo o una prueba no conocida al tiempo de los
debates, siempre y cuando una decisión judicial interna o una decisión de una
instancia internacional de supervisión y control de derechos humanos, aceptada
formalmente por nuestro país, constaten un incumplimiento protuberante de las
obligaciones del Estado colombiano de investigar en forma seria e imparcial las
mencionadas violaciones.
4.9.9. En sede de tutela la Corte también se ha referido a los
derechos constitucionales de las víctimas dentro del proceso penal, especialmente
cuando actúan como parte civil. Así, por ejemplo, en la Sentencia T- 1267 de
2001[147], la Corte explicó que
una condena penal impuesta podía verse agravada en segunda instancia, como
consecuencia del recurso de apelación interpuesto por la parte civil, por
cuanto a la víctima del delito era titular del derecho fundamental de acceso a
la administración de justicia, con miras a satisfacer sus derechos subjetivos a
la verdad, la justicia y la reparación. Se vertieron entonces estas
consideraciones:
“Es cierto que la regulación legal confiere a la parte civil una
pretensión esencialmente indemnizatoria, pero ello no excluye que ésta pueda
apelar una sentencia absolutoria, por las siguientes dos razones:
“De un lado, las víctimas de los delitos tienen un derecho a la
verdad y a la justicia, que desborda el campo de la simple reparación, tal y
como lo ha señalado con claridad la doctrina internacional en materia de
derechos humanos, que es relevante para interpretar el alcance de los derechos
constitucionales (CP art. 93). Por ello, los derechos de las víctimas
trascienden el campo puramente patrimonial.
De otro lado, incluso si se considera que la parte civil tiene una
vocación puramente indemnizatoria, es obvio que ella puede apelar una
providencia absolutoria, ya que sólo logrará su pretensión mediante una
sentencia condenatoria.
...
Quien representa a la parte civil en el proceso penal también es
titular del derecho fundamental a acceder a la administración de justicia y,
por tanto, las autoridades judiciales tienen el deber de atender sus peticiones
y resolverlas en los términos previstos por la ley. Siendo considerado un
sujeto procesal y estando legitimado para interponer recursos, el apoderado de
la parte civil será tratado en pie de igualdad, dentro de las condiciones
señaladas por el legislador. En tales condiciones, bien podía el representante
de la parte civil apelar la sentencia absolutoria de primera instancia.”
4.9.10. Finalmente, también en sede de tutela, en la Sentencia T-249
de 2003[148], la Corte abordó el
tema del derecho colectivo a la verdad, y la posibilidad de satisfacerlo a
través del actor popular dentro del proceso penal. Dentro de las consideraciones
vertidas sobre el derecho colectivo a la verdad, respecto de graves violaciones
de derechos humanos, cabe resaltar las siguientes:
“En relación directa con este punto, la Corte ha
señalado que existen hechos punibles respecto de los cuales “el interés de las
víctimas y de los perjudicados en conocer la verdad de los hechos y en
establecer responsabilidades individuales, se proyecta a la sociedad en su
conjunto”[149].
“De acuerdo con lo anterior, podría plantearse que
existen circunstancias en las cuales la comisión de un delito activa un interés
de la sociedad en su conjunto, por establecer la verdad y lograr que se haga
justicia, para lo cual estaría habilitado un actor popular como parte civil.
“...
“16.2 El artículo 45 de la Ley 600 de 2000 autoriza la
constitución de la parte civil como actor popular “cuando se trate de lesión
directa a bienes jurídicos colectivos”. De acuerdo con ello, existe una
restricción a la legitimación en la causa para convertirse en actor popular en
el proceso penal, consistente en que se esté lesionando un “bien jurídico
colectivo”. Una pregunta es obligada: ¿la comisión de delitos de lesa humanidad
–asunto que es relevante en este caso- implica la afectación de bienes
jurídicos colectivos?
“...
“La Corte ha señalado, según se vio, que existe un
interés en cabeza de la sociedad –verdad y justicia -, respecto de la
desaparición forzada, que es un delito de lesa humanidad. De acuerdo con lo
expuesto, es razonable asumir que existe una relación entre la gravedad del
hecho punible y la existencia de un interés de la sociedad en conocer la verdad
y hacer justicia. Los hechos punibles que revisten dicha gravedad, serán
aquellos que impliquen graves atentados contra los derechos humanos y el derecho
internacional humanitario y una severa puesta en peligro de la paz colectiva.
“...
“La paz –art. 22 de  la C.P.- es un bien colectivo al
cual tienen derechos los ciudadanos, su respeto es un deber por parte de éstos
y de las autoridades públicas, quienes tienen, además, la obligación de
procurar su preservación[150]. En sentencia T-008 de
1992, la Corte Constitucional, señaló que la paz es un derecho de naturaleza
colectiva, lo cual sólo puede entenderse por comprender bienes jurídicos
colectivos.
“En este orden de ideas, debe admitirse que en
presencia de hechos punibles que impliquen graves atentados contra los derechos
humanos y el derecho internacional humanitario y una grave puesta en peligro de
la paz colectiva, valorados por el respectivo juez o fiscal, debe admitirse la
participación de la sociedad –a través de un actor popular -, como parte civil
en el proceso penal.
“La Corte Constitucional no duda en incluir dentro de
tales graves conductas la comisión de delitos de lesa humanidad, pues la
comisión de uno de tales delitos altera de manera significativa el orden mínimo
de civilidad e implica el desconocimiento de principios fundantes del orden
social imperante.”
4.9.11.
De la jurisprudencia de la Corte que acaba de exponerse pueden extraerse
válidamente las siguientes conclusiones importantes para el examen de
constitucionalidad que ocupa ahora su atención:
4.9.11.1. Del
artículo 250 Superior  que señala que el Fiscal General de la Nación debe “velar
por la protección de las víctimas se desprende que la víctima o perjudicado
por un delito goza de una protección constitucional. Esta protección, en una
interpretación sistemática de la Constitución, en especial del derecho a
acceder a la justicia y del bloque de constitucionalidad, comprende, entre
otros, los derechos a la verdad, la justicia y la reparación.
4.9.11.2. Los
derechos de las víctimas de graves abusos en contra de sus derechos humanos
están estrechamente vinculados con el principio de dignidad humana.[151]
4.9.11.3. La
Corte ha aceptado que múltiples instrumentos internacionales consagran el
derecho de toda persona a un recurso judicial efectivo y que, en caso de graves
atentados en contra de los derechos humanos, la comunidad internacional rechaza
los mecanismos internos que conduzcan a la impunidad y al ocultamiento de la
verdad de lo ocurrido. Así mismo ha aceptado el derecho a la reparación en
cabeza de las víctimas.
4.9.11.4. La
Corte ha entendido el derecho a la verdad como la posibilidad de conocer lo que
sucedió y de buscar una coincidencia entre la verdad procesal y la verdad real.
El derecho a la justicia como aquel que en cada caso concreto proscribe la
impunidad. Y el derecho a la reparación, como aquel que comprende obtener una
compensación económica, pero que no se limita a ello sino que abarca medidas
individuales y colectivas tendientes, en su conjunto, a restablecer la
situación de las víctimas.
4.9.11.5. Para
la Corte, los términos procesales desproporcionadamente reducidos conllevan el
recorte del derecho de defensa del sindicado y la denegación del derecho a la
justicia de las víctimas, pues impiden establecer con claridad la verdad de los
hechos y obtener una justa reparación.
4.9.11.6.
También desconocen los derechos de las víctimas las reglas procesales que
reducen su interés a obtener una indemnización de perjuicios en la etapa final
del proceso penal.
4.9.11.7. Las
amnistías dictadas con el fin de consolidar la paz han sido consideradas como
instrumentos compatibles, en ciertas condiciones como la cesación de
hostilidades, con el respeto al Derecho Internacional Humanitario, siempre y
cuando no signifiquen un obstáculo para el acceso efectivo a la justicia.[152]
4.9.11.8. La
acción penal es imprescriptible respecto de delitos como el de desaparición
forzada de personas. Lo anterior por varias razones: el interés en erradicar la
impunidad, la necesidad de que la sociedad y los afectados conozcan la verdad y
se atribuyan las responsabilidades individuales e institucionales
correspondientes, y en general que se garantice el derecho de las víctimas a la
justicia y a la reparación por los daños.
4.9.11.9. Los
hechos punibles que impliquen graves atentados contra los derechos humanos y el
Derecho Internacional Humanitario y una severa puesta en peligro de la paz
colectiva permiten la participación de la sociedad –a través de un actor
popular -, como parte civil en el proceso penal, a fin de satisfacer el derecho
colectivo a conocer la verdad.
5. LA
NECESIDAD DE APLICAR EL MÉTODO DE PONDERACIÓN PARA RESOLVER LOS CARGOS
FORMULADOS EN LA DEMANDA. TÉRMINOS EN LOS QUE SE HABRÁ DE REALIZAR SU
APLICACIÓN Y EL RESPETO AL MARGEN DE CONFIGURACIÓN DEL LEGISLADOR.
5.1. En el
anterior capítulo de la sentencia se ha recordado la importancia constitucional
e internacional de la paz, la justicia y los derechos de las víctimas. Y se ha
resaltado que la tensión entre estos derechos se manifiesta de manera distinta
dependiendo de diversos factores, dentro de los cuales se destaca, para este
caso, la adopción de instrumentos legislativos y judiciales para promover la
transición hacia la paz en un contexto democrático. A partir de tales
consideraciones generales sobre los elementos que se encuentran en tensión al
juzgar una ley que propende por alcanzar la paz, la Corte pasa a señalar la
manera como ha de resolverse esta tensión.
5.2. Ante todo,
cabe señalar que compete al legislador identificar las dimensiones en que se
expresa dicha tensión y definir las fórmulas para superarla, en ejercicio de
las atribuciones que claramente le ha confiado el Constituyente. Así, el
legislador puede diseñar los mecanismos que estime conducentes a lograr la paz,
valorando las circunstancias específicas de cada contexto. Lo anterior no
significa que esta amplia competencia del legislador carezca de límites
constitucionales. Compete al juez constitucional identificar tales límites y
hacerlos respetar, sin sacrificar ninguno de los elementos constitucionales en
tensión y sin sustituir al legislador en el ejercicio de las competencias que
le son propias.
5.3. El
Legislador aprobó la Ley 975/05 en tanto instrumento para materializar la paz
en el país; esto es, como un medio para superar el conflicto armado interno que
afecta a Colombia hace varias décadas. Así se deduce no solo del título de la
ley -“Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de
miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de
manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras
disposiciones para acuerdos humanitarios”-, sino de su artículo 1º, en el
cual se dice que “[l]a presente ley tiene por
objeto facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o
colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley,
garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la
reparación”. El valor de la paz tiene distintas
manifestaciones en la Constitución de 1991, como se anotó anteriormente. Entre
ellas, cabe destacar que la paz es un derecho, a la vez que un deber (artículo
22, C.P.). Para lograr realizar el valor constitucional de la paz, el Congreso
plasmó en la Ley diversas fórmulas que, en términos generales, implican una reforma
al procedimiento penal con incidencias en el ámbito de la justicia –entendida
como valor objetivo y también como uno de los derechos de las víctimas de
violaciones de derechos humanos-. Así, se establecen ciertos beneficios de tipo
penal y un procedimiento especial ante ciertas autoridades específicas para
quienes opten, individual o colectivamente, por desmovilizarse de los grupos
armados al margen de la ley y reingresar a la vida civil. Ello refleja una
decisión de carácter político adoptada por el Legislador y plasmada en la Ley
que se examina: en aras de lograr la paz se estableció un régimen específico y
distinto de procedimiento penal, como forma de materializar la justicia. Y es
precisamente por la existencia de este conflicto entre valores constitucionalmente
protegidos –la paz y la justicia- que se ha promovido la demanda de la
referencia. Además, los peticionarios argumentan que las fórmulas diseñadas por
el Legislador son lesivas de los demás derechos de las víctimas, a saber, los
derechos a la verdad, la reparación y la no repetición de las conductas
violatorias de los derechos humanos constitutivas de delito.
5.4. De esta
manera, en el presente caso se presenta una colisión entre diferentes derechos
constitucionales, y es con base en ese conflicto que se formulan los diversos
cargos de la demanda. Cuando se presenta este tipo de conflicto, el juez
constitucional está llamado a aplicar el método de la ponderación, es
decir, a sopesar los derechos constitucionales que se encuentran en colisión,
en aras de alcanzar una armonización entre ellos, de ser posible, o de definir
cuál ha de prevalecer.
5.5. El método
de ponderación es apropiado para la resolución de los problemas que plantea
este caso, por cuanto no es posible materializar plenamente, en forma
simultánea, los distintos derechos en juego, a saber, la justicia, la paz, y
los derechos de las víctimas. El logro de una paz estable y duradera que
sustraiga al país del conflicto por medio de la desmovilización de los grupos
armados al margen de la ley puede pasar por ciertas restricciones al valor
objetivo de la justicia y al derecho correlativo de las víctimas a la justicia,
puesto que de lo contrario, por la situación fáctica y jurídica de quienes han
tomado parte en el conflicto, la paz sería un ideal inalcanzable; así lo
ha demostrado la experiencia histórica de distintos países que han superado
conflictos armados internos. Se trata de una decisión política y práctica del
Legislador, que se orienta hacia el logro de un valor constitucional. En ese
sentido, la Ley 975 de 2005 es un desarrollo de la Constitución de 1991. Pero
la paz no lo justifica todo. Al valor de la paz no se le puede conferir un
alcance absoluto, ya que también es necesario garantizar la materialización del
contenido esencial del valor de la justicia y del derecho de las víctimas a la
justicia, así como los demás derechos de las víctimas, a pesar de las
limitaciones legítimas que a ellos se impongan para poner fin al conflicto
armado. El Legislador ya optó por fórmulas concretas de armonización entre
tales valores y derechos, que como se dijo, restringen el ámbito de efectividad
del valor y el derecho a la justicia en aras de lograr la paz, por medio de la
concesión de beneficios penales y procedimentales a los desmovilizados.
Compete, pues, a la Corte determinar, a través del método de ponderación entre
tales valores y derechos, si la armonización diseñada por el Congreso y
plasmada en las normas acusadas respeta los contenidos mínimos protegidos por
la Constitución.
5.6. Una vez
establecido que la ponderación es el método apropiado a aplicar en este caso,
es necesario definir cuáles son los términos en los que se habrá de realizar
tal ponderación; es decir, cuáles son los valores o derechos constitucionales
que se habrán de ubicar a uno y otro lado de los extremos de la colisión
anteriormente descrita, para efectos de evaluar su peso comparativo al juzgar
cada una de las normas acusadas. En este sentido, observa la Corte que están
abiertas tres opciones diferentes, que abarcan el conflicto constitucional
desde distintos niveles:
5.6.1. Una
primera opción, la más restringida, exigiría que la Corte limite su análisis a
los mecanismos estrictamente procedimentales y punitivos consagrados en la Ley
demandada, y contraste su diseño y aplicación con los que forman parte del
sistema penal y procesal penal ordinario, aplicable a los demás ciudadanos.
Esta opción, sin embargo, implica excluir del análisis importantes elementos,
como lo son el valor mismo de la paz o de la justicia, así como los derechos de
las víctimas. De tal forma, el juicio de constitucionalidad que la Corte está
llamada a hacer debe reconocer, como primera medida, la complejidad de la
colisión entre valores y derechos constitucionales generada por la Ley acusada,
y no restringir su alcance a las facetas meramente punitivas y procedimentales
de la misma. Esta opción, pues, será descartada.
5.6.2. Una
segunda opción implica efectuar una ponderación entre valores constitucionales,
que en este caso serían los de la paz y la justicia en su dimensión objetiva.
No obstante, al igual que la anterior posibilidad, esta formulación del
conflicto a resolver excluye del análisis los derechos de las víctimas de
violaciones a los derechos humanos constitutivas de delito, desconociendo por
ende que las fórmulas adoptadas por el Legislador tienen el potencial de
incidir en forma significativa sobre los referidos derechos, bien para
promoverlos o para limitarlos.
5.6.3. La
tercera alternativa es la de ponderar la paz, la justicia en tanto valor
objetivo, la justicia en tanto derecho de las víctimas y los demás derechos de
éstas – v.gr. los derechos a la verdad, la reparación y la no repetición.  Esta
es la opción que mejor respeta la complejidad de los problemas jurídicos a
resolver porque no excluye del análisis constitucional ninguno de los valores y
derechos constitucionalmente relevantes.
5.7. En este
orden de ideas, observa la Corte que fue el mismo Legislador quien, al optar
por fórmulas limitativas del valor y el derecho a la justicia para lograr la
paz, estableció los términos esenciales a partir de los cuales se ha de
realizar el juicio de ponderación. En efecto, como se señaló anteriormente, en
la ley demandada se establecen diferentes mecanismos –como la alternatividad
penal y reglas procesales específicas- que implican, de entrada, una afectación
del valor objetivo de la justicia y del derecho correlativo de las víctimas a
la justicia. Por lo tanto, al juzgar los beneficios penales, uno de los
extremos de la ponderación ha de ser el de la justicia, como valor y como
derecho de las víctimas. La ponderación se ha de llevar a cabo, en
consecuencia, entre las diferentes maneras en que las normas demandadas afectan
la justicia, y los demás valores y derechos constitucionales a proteger, a
saber: la paz, el derecho a la verdad, el derecho a la reparación y el derecho
a la no repetición de las conductas violatorias de derechos humanos. Cabe
advertir que el problema novedoso que plantea la Ley 975 de 2005 es el de cómo
ponderar la paz. La cuestión es compleja no solo por su novedad sino por la
enorme trascendencia que la Constitución de 1991 le asignó a la paz.
5.8. Es
pertinente reiterar en este punto la importancia constitucional de la paz –aunque
en la sección 4.1. precedente se exploraron en detalle los elementos
constitutivos la paz en tanto valor y en tanto derecho, a nivel internacional y
constitucional-. Fue tal la trascendencia que le otorgó el Constituyente de
1991 a la paz, que ésta quedó consagrada en el Preámbulo de la Carta como uno
de los fines para los cuales se promulgó el texto fundamental, en el artículo
2º como uno de los fines esenciales del Estado, en el artículo 22 como un
derecho fundamental de toda persona y al mismo tiempo como un deber de
obligatorio cumplimiento, en el artículo 95 como uno de los deberes que
incumben a toda persona y ciudadano, y en los artículos transitorios como una
de las finalidades inmediatas hacia las cuales habría de propender el Estado
como un todo. En últimas, la propia Constitución de 1991 fue concebida por sus
gestores como un tratado de paz. En consecuencia, resulta evidente que la paz
es un valor de gran peso constitucional, y este peso ha de reconocerse al
momento de efectuar el juicio de ponderación procedente en este caso.
5.9. Sin
embargo, ha de subrayarse que a pesar de su importancia dentro del orden
constitucional, la paz no puede transformarse en una especie de razón de Estado
que prevalezca automáticamente, y en el grado que sea necesario, frente a
cualquier otro valor  o derecho constitucional. En tal hipótesis, la paz –que
no deja de ser un concepto de alta indeterminación- podría invocarse para
justificar cualquier tipo de medida, inclusive algunas nugatorias de los
derechos constitucionales, lo cual no es admisible a la luz del bloque de
constitucionalidad.
5.10. Es
pertinente subrayar que la justicia también tiene una gran importancia
constitucional, y cuenta con diversas proyecciones a lo largo de la Carta
Política. Primero, la justicia es el fundamento de una de las ramas del poder
público –la Administración de Justicia-, así como de varias disposiciones
constitucionales que buscan materializar la justicia en cada caso concreto y
evitar que haya impunidad. Segundo, es uno de los valores fundantes del orden
constitucional, para cuya materialización se promulgó la Constitución –según se
desprende del Preámbulo de la Carta-. Tercero, constituye uno de los fines
esenciales del Estado –ya que el artículo 2 Superior consagra entre tales fines
el de asegurar “la vigencia de un orden justo”-; por lo tanto, la justicia en
tanto fundamento de un orden justo ha de tenerse como uno de los principios
fundamentales del sistema constitucional colombiano. Cuarto, la justicia es un
derecho de toda persona –que se manifiesta, entre otras, en las normas propias
del debido proceso, en el derecho de acceso a la administración de justicia y
en el derecho de las víctimas de hechos delictivos a la justicia-.
Adicionalmente,
cabe destacar que la justicia no se opone necesariamente a la paz. La
administración de justicia contribuye a la paz al resolver por las vías
institucionales controversias y conflictos. En ese sentido, la justicia es
presupuesto permanente de la paz.
5.11. Lo
anterior no implica que la justicia pueda, a su turno, ser elevada a la
categoría de un derecho absoluto, a tal punto que la paz sea sacrificada o su
realización impedida. La justicia puede ser objeto de diferentes tipos de
materialización, para lo cual el Legislador cuenta no solo con un amplio margen
de configuración sino con autorizaciones constitucionales expresas. Por
ejemplo, la propia Carta Política consagra la posibilidad de adoptar, mediante
leyes, amnistías o indultos, siempre y cuando se respeten ciertas condiciones,
requisitos y límites constitucionales.
5.12. Ahora
bien, no son las amnistías o indultos las únicas formas en que el Estado puede
limitar la justicia en aras de lograr la paz. Puede, en efecto, el Congreso
diseñar distintas alternativas en tanto instrumentos para poner fin al
conflicto armado, pero en esas hipótesis es necesario que no se desconozca la
justicia, ni se vulneren los derechos de las víctimas. Es decir, el Legislador
puede reducir el alcance del derecho a la justicia en aras de promover otros derechos
constitucionales. Por ejemplo, en estas hipótesis la reducción en el alcance
del valor y el derecho a la justicia, al configurarse como instrumento para la
materialización de la paz, puede a su vez constituir un medio para realizar los
derechos de las víctimas a la no repetición -en la medida en que cesa el
conflicto armado-, a la verdad -si quienes se desmovilizan revelan las
conductas delictivas cometidas-, a la reparación -si en el proceso de
desmovilización se consagran reglas que llevan a los desmovilizados a
satisfacer ese derecho de las víctimas-. Es al Legislador a quien compete
definir tales instrumentos, atendiendo a las características del contexto
dentro del cual expida la correspondiente ley.
5.13. La
competencia del Legislador para diseñar los instrumentos de orden penal
encaminados a lograr la paz es amplia, pero no ilimitada. Su amplitud reside en
que en materia penal existen múltiples alternativas de regulación compatibles
con la Constitución, y el Legislador puede adoptar el diseño normativo que
mejor se adecue a los fines que pretende alcanzar en cada contexto. Cuando la
regulación penal está dirigida a alcanzar la paz, la amplitud del margen de
configuración del Legislador es aun mayor.
5.14. Por esta
razón, la Corte Constitucional al aplicar el juicio de ponderación debe ser
respetuosa de este amplio margen de configuración que la Carta le ha atribuido
al Legislador en estas materias. Esto significa, como lo ha reiterado en su
jurisprudencia, que al juzgar los medios diseñados por el Legislador para
alcanzar los fines legítimos que pretende alcanzar, la Corte analizará si estos
son adecuados para alcanzarlos y si tales medios no implican una afectación
manifiestamente desproporcionada de otros derechos constitucionales.
5.15. No
obstante, al juzgar disposiciones de una ley que –como la Ley 975 de 2005- ha
sido concebida como un conjunto integral y específico de normas encaminadas a
lograr la paz en un contexto determinado, el juicio de ponderación no puede
dejar de valorar que una medida determinada está concatenada con otra, plasmada
en una norma diferente. De tal manera que, por ejemplo, un instrumento que
limita el alcance del derecho a la justicia, puede a su turno promover el
derecho a la verdad. Esta visión integral es esencial al efectuar el juicio de
ponderación en este caso, sin que ello signifique que la Corte deba juzgar de
manera simultánea toda la ley.
5.16. Desde esta
óptica procederá la Corte a examinar, mediante el método de ponderación, las
diferentes normas acusadas.
6. EXAMEN DE
LOS CARGOS DE CONSTITUCIONALIDAD FORMULADOS CONTRA LAS NORMAS DEMANDADAS.
6.1.
CONSIDERACIONES PRELIMINARES.
6.1.1.
Inhibición respecto de algunos de los cargos planteados
La Corte
advierte que algunas de las censuras propuestas en la demanda no cumplen con
los requisitos establecidos por la jurisprudencia de esta Corporación para la
construcción de cargos de inconstitucionalidad, por lo que deberá inhibirse de
realizar un pronunciamiento de fondo sobre estas materias.  Para resolver esta
controversia la Corte adoptará la siguiente metodología.  En primer lugar,
sintetizará los aspectos centrales de la doctrina sobre las condiciones
exigibles a los cargos de inconstitucionalidad.  Luego, identificará los cargos
que incumplen con los mencionados requisitos y los agrupará a partir de sus
aspectos temáticos comunes.  Finalmente, establecerá los argumentos que llevan
a concluir la ineptitud de la demanda respecto de estas censuras.
6.1.1.1.
Requisitos de los argumentos que sustentan los cargos de inconstitucionalidad
La
jurisprudencia constitucional[153] ha establecido, de
forma reiterada y uniforme, que las razones que sustentan los cargos de
inconstitucionalidad deben cumplir con determinados requisitos, que permitan el
cumplimiento de las finalidades de la acción pública en tanto ejercicio
democrático a través del cual los ciudadanos concurren ante al Tribunal
Constitucional en defensa de las disposiciones de la Carta Política.  Si se
entiende a la acción de inconstitucionalidad como una instancia de diálogo
entre la ciudadanía y la instancia judicial encargada de la conservación de la
supremacía de la Constitución, es evidente que los motivos expuestos en la
demanda, que constituyen el concepto de la violación,[154]
deban acreditar unos mínimos argumentativos que permitan a la Corte adelantar
adecuadamente el juicio de inconstitucionalidad.  Desde esta perspectiva, este
Tribunal ha considerado que la construcción de un cargo de inconstitucionalidad
debe cumplir con las condiciones de claridad, certeza, especificidad,
pertinencia y suficiencia.
La claridad de
un cargo se predica cuando la demanda contiene una coherencia argumentativa tal
que permite a la Corte identificar con nitidez el contenido de la censura y su
justificación.  Aunque merced el carácter público de la acción de
inconstitucionalidad no resulta exigible la adopción de una técnica específica,
como sí sucede en otros procedimientos judiciales, no por ello el demandante se
encuentra relevado de presentar las razones que sustentan los cargos propuestos
de modo tal que sean plenamente comprensibles.
La certeza de
los argumentos de inconstitucionalidad hace referencia a que los cargos se
dirijan contra una proposición normativa efectivamente contenida en la
disposición acusada y no sobre una distinta, inferida por el demandante,
implícita o que hace parte de normas que no fueron objeto de demanda. Lo que
exige este requisito, entonces, es que el cargo de inconstitucionalidad
cuestione un contenido legal verificable a partir de la interpretación del
texto acusado.
El requisito de especificidad resulta acreditado cuando la demanda
contiene al menos un cargo concreto, de naturaleza constitucional, en contra de
las normas que se advierten contrarias a la Carta Política.  Este requisito
refiere, en estas condiciones, a que los argumentos expuestos por del
demandante sean precisos, ello en el entendido que “el juicio de
constitucionalidad se fundamenta en la necesidad de establecer si realmente existe
una oposición objetiva y verificable entre el contenido de la ley y el texto de
la Constitución Política, resultando inadmisible que se deba resolver sobre su
inexequibilidad a partir de argumentos “vagos, indeterminados,
indirectos, abstractos y globales”[155] que no
se relacionan concreta y directamente con las disposiciones que se acusan.  Sin
duda, esta omisión de concretar la acusación impide que se desarrolle la
discusión propia del juicio de constitucionalidad[156].”[157]
Las razones que
sustentan el concepto de la violación son pertinentes en tanto estén construidas
con base en argumentos de índole constitucional, esto es,  fundados “en la
apreciación del contenido de una norma Superior que se expone y se enfrenta al
precepto demandado.”[158].  En
ese sentido, cargos que se sustenten en (i) simples consideraciones
legales o doctrinarias; (ii) la interpretación subjetiva de las normas
acusadas por parte del demandante y a partir de su aplicación en un problema
particular y concreto; o (iii) el análisis sobre la conveniencia de las
disposiciones consideradas inconstitucionales, entre otras censuras, incumplen
con el requisito de pertinencia del cargo de inconstitucionalidad.
Por último, la condición de suficiencia ha sido definida por la
jurisprudencia  como la necesidad que las razones de inconstitucionalidad
guarden relación “en primer lugar, con la exposición de todos los elementos
de juicio (argumentativos y probatorios) necesarios para iniciar el estudio de
constitucionalidad respecto del precepto objeto de reproche; (…) Por
otra parte, la suficiencia del razonamiento apela directamente al alcance
persuasivo de la demanda, esto es, a la presentación de argumentos que, aunque
no logren prime facie convencer al magistrado de que la norma es contraria a la
Constitución, si despiertan una duda mínima sobre la constitucionalidad de la
norma impugnada, de tal manera que inicia realmente un proceso dirigido a
desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara a toda norma legal y
hace necesario un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional.” [159]
Determinados los
componentes esenciales de la doctrina sobre los requisitos predicables de las
razones que sustentan un cargo de inconstitucionalidad, pasa la Corte a tratar
separadamente cada uno de los cargos en los que declarará decisión inhibitoria.
6.1.1.2.
Inhibición respecto del cargo por violación del derecho a la justicia por “la
investigación restringida de hechos por ser la ley 975 de 2005 residual al
decreto 128 de 2003”
Los demandantes
consideran que algunas disposiciones de los artículos 2, 9, 10, 18, 62 y 69 de
la Ley 975/05 resultan contrarios a la Constitución, pues presuponen que la
aplicación del procedimiento previsto en esta norma sólo sería aplicable a
aquellos combatientes desmovilizados que no puedan acceder a los beneficios
contenidos en el Decreto 128/03, reglamentario de la Ley 782/02, circunstancia
que ocasionaría, en últimas, que todos los combatientes desmovilizados que no
tengan al momento de la desmovilización procesos o condenas judiciales en contra
por delitos graves, no sean sujetos de investigación judicial, a pesar que
hayan cometido esta clase de conductas.  Por lo tanto, los actores estiman que
en aras de que las normas acusadas no sirvan de sustento para un “instrumento
de impunidad”, resulta imprescindible que tanto uno como otro grupo de
combatientes desmovilizados sean sometidos al procedimiento fijado por la Ley
975/05.
La Corte
advierte que el cargo propuesto incumple con los requisitos de certeza y
pertinencia antes analizados.  En relación con el primer aspecto, es claro que
la censura expuesta se dirige no sólo en contra de los artículos acusados, sino
también respecto de la aplicación de otras disposiciones, contenidas en la Ley
782/02 y su Decreto reglamentario 128/03, normas que no fueron objeto de
demanda en esta oportunidad.  Por ende, no es posible que la Corte se pronuncie
de fondo sobre el cargo en mención, habida cuenta que los actores no
establecieron la proposición jurídica completa[160]
necesaria para pronunciarse de fondo sobre la materia.
Además, también
debe resaltarse el hecho que de la interpretación del contenido normativo de
los artículos acusados no sea posible inferir las consecuencias jurídicas
descritas por los demandantes, sino únicamente con el concurso de lo regulado
por la Ley 782/02 y el Decreto 128/03. Este argumento refuerza la conclusión de
la Corte, relativa al incumplimiento del requisito de certeza del cargo de
inconstitucionalidad
La falencia
reseñada explica, adicionalmente, la falta de pertinencia de las razones que
sustentan la censura sujeta a examen.  En efecto, la argumentación planteada
por los actores en este apartado versa sobre las consecuencias prácticas, en el
ámbito personal de un grupo de combatientes desmovilizados, de la aplicación de
los artículos acusados, al igual que de otras disposiciones que no fueron
objeto de la demanda.  Por ende, para el presente caso no se está ante la
oposición entre los artículos acusados y las normas constitucionales que se
estiman violadas, sino ante la presunta contradicción entre las disposiciones
de la Carta y las consecuencias de índole práctico y particular que los actores
infieren de la aplicación de las disposiciones demandas y de otras que, se
insiste, no fueron objeto de la acción pública
Conforme a lo
anterior, ante la ausencia de los requisitos a los que se ha hecho referencia,
la Corte adoptará fallo inhibitorio en relación con los siguientes apartados de
la Ley 975/05: El inciso final del artículo 2; el inciso segundo del artículo
9º; la expresión “y a los establecidos en la Ley 782 de 2002” contenida
en el parágrafo del artículo 10; el artículo 62 y el artículo 69.  Debe
aclararse que el apartado demandado del artículo 18 se excluye de la
declaratoria de inhibición, pues esta disposición será objeto de
pronunciamiento de fondo en apartado posterior de esta sentencia y por un cargo
distinto al estudiado en esta oportunidad
6.1.1.3.
Inhibición respecto de algunas expresiones de los artículos 10 y 16 de la Ley
975/05
La demanda
presenta un cargo complejo en contra de varias disposiciones de la Ley 975/05,
entre ellas las expresiones “siempre que se encuentren en el listado que el
Gobierno Nacional remita a la Fiscalía General de la Nación” contenida en
el inciso primero del artículo 10 de la Ley 975/06 y "el, o los nombres
de” prevista en el inciso primero del artículo 16 de la misma norma.  Para
los actores, el grupo de disposiciones acusadas hacen parte de un complejo
jurídico que “como sistema es un indulto velado y una amnistía encubierta.”
Con el fin de
apoyar la anterior conclusión, los demandantes realizan una exposición general
sobre el contenido, alcance, condiciones y limitaciones de las leyes que
consagran amnistías e indultos.  Igualmente, manifiestan las razones jurídicas
que, a su juicio, determinan la incompatibilidad de la aplicación de estas
figuras para el caso de delitos que constituyan graves infracciones a los
derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Para el caso
específico de los apartados normativos mencionados, la demanda advierte la
condición de “indulto velado” que posee el mecanismo de pena alternativa
prevista en la Ley 975/05; aserto que encuentra sustento, entre otros aspectos,
en el hecho que los sistemas de rebajas de penas previstas en esta norma no son
aplicados de manera impersonal y abstracta, sino que se dirigen únicamente
hacia un grupo de personas en particular.
Respecto del
cargo de inconstitucionalidad propuesto, la Corte encuentra que impide un
pronunciamiento de fondo, puesto que incumple con los requisitos de certeza y
especificidad.  El primero, en tanto la censura propuesta no expone argumento
alguno dirigido a sostener que a partir de la interpretación de las expresiones
acusadas, en sí mismas consideradas, puedan inferirse las consecuencias
jurídicas que los actores predican de ellas.  El segundo, habida cuenta que las
razones que pretenden adscribir implicaciones contrarias a la Constitución a
los apartados demandados son de naturaleza eminentemente global, sin que sea
posible determinar un cargo particular y concreto dirigido a demostrar la
incompatibilidad entre los preceptos demandados y las disposiciones de la Carta
Política.  Sobre este preciso particular debe reiterarse que el control de
constitucionalidad está supeditado al planteamiento claro y específico de una
potencial contradicción entre las normas censuradas y el Estatuto Superior.  En
ese sentido, una censura de carácter global, que no establezca una comparación
en los términos expuestos, deviene en una decisión inhibitoria ante la
inexistencia de los presupuestos mínimos para la construcción de las razones
que apoyan el concepto de la violación.
6.1.1.4.
Inhibición respecto del cargo en contra de los artículos 21, 22, 23, 26, 27, 28
y 62 (parcial) de la Ley 975/05, fundado en la violación del derecho a la
justicia por aplicación de lo dispuesto en el Acto Legislativo 03 de 2002
La demanda
considera que los artículos 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 y 28 de la
Ley 975/05, en su integridad, así como el apartado “y el Código de
Procedimiento Penal” contenido en el artículo 62 ejusdem, violan el
derecho constitucional a la justicia.  Ello en la medida que tales normas
incorporan institutos jurídicos del sistema de enjuiciamiento penal previsto en
el Acto Legislativo 03 de 2002 y que, en ese sentido, necesariamente remiten al
Código de Procedimiento Penal adoptado por la Ley 906 de 2004.  Por ende, las
normas acusadas violan la Carta Política, pues vendrían a ser aplicadas
respecto de conductas anteriores a la vigencia del Acto Legislativo
mencionado.  Desde esta perspectiva, los actores solicitan a esta Corporación
que declare la constitucionalidad condicionada de los artículos demandados, “bajo
la interpretación de que el procedimiento allí previsto sólo es aplicable a
delitos cometidos después del 1º de enero de 2005.  Para el resto de efectos,
tales normas son inconstitucionales.”
La censura
propuesta en los mencionados términos, a juicio de la Corte, no constituye un
verdadero cargo de inconstitucionalidad, puesto que incumple con los requisitos
de certeza y pertinencia que la jurisprudencia constitucional prevé para las
razones que conforman el concepto de la violación.  En lo referente a la
primera condición, el cargo expuesto, de la misma forma como se señaló en
apartado anterior, se funda en la contradicción entre la interpretación
subjetiva que demandantes hacen de los preceptos acusados y las normas
constitucionales que consideran violadas por las normas atacadas.  En efecto,
el particular entendimiento que los actores acogen de las normas acusadas les
lleva a adscribirlas a la modalidad de proceso penal prevista en la
Constitución luego de la promulgación del Acto Legislativo 03 de 2002.  Por lo
tanto, el cargo de inconstitucionalidad no va dirigido en contra del contenido
concreto de las normas acusadas, sino frente a las consecuencias que los
demandantes les confieren a partir de su propia comprensión. Una censura de
estas características, que toma por objeto del control de constitucionalidad no
al contenido normativo acusado sino a una interpretación particular del mismo,
impide que la Corte emita un pronunciamiento de fondo y, por ende, deba
inhibirse.
De la misma
forma, el cargo estudiado incumple el requisito de pertinencia.  Ello debido a
que pretende edificar la contradicción de las normas acusadas con la Carta
Política a partir de, como se indicó, las consecuencias jurídicas particulares
y concretas que se derivan de la interpretación que hacen los actores de tales
preceptos.  Una comparación de esta clase, que se sustenta no en el contenido
de las normas demandadas, sino en las posibles implicaciones de su utilización
particular, no es apta para promover un juicio de inconstitucionalidad
Con base en lo
anterior, la Corte se inhibirá respecto de los artículos 21, 22, 23, 26 (con
excepción de su parágrafo 3º), 27 y 28 de la Ley 975/05.  Los demás artículos
acusados por el presente cargo se excluyen de la declaratoria de inhibición, en
razón a que serán objeto de estudio de fondo por parte de la Corte respecto de
otras censuras, como se expondrá en apartado ulterior.
6.1.1.5.
Inhibición respecto del cargo en contra del artículo 23 de la Ley 975/05,
relativo a la violación del derecho a la reparación de las víctimas
Los demandantes
consideran que el artículo 23 de la Ley 975/05, que establece el procedimiento
aplicable al incidente de reparación integral afecta el derecho  constitucional
de reparación de las víctimas.  Con este fin, los actores advierten que ese
trámite no es la única vía judicial para que las víctimas obtengan tal
reparación, sino que a partir de lo consagrado en los artículos 42, 43 y 45 de
la misma Ley, existen otros instrumentos para ese fin.  De esta manera, la
demanda sostiene que “si la víctima no solicita que se abra el incidente de
reparación no pierda por ello el derecho a ser reparada”.
De conformidad
con esta argumentación, los actores concluyen la necesidad que la Corte, a fin
de garantizar esa reparación, declare la exequibilidad del artículo 23,
condicionada a que en los casos que las víctimas no concurran al incidente de
reparación, la sentencia del Tribunal tase los perjuicios y ordene las medidas
pertinentes de reparación o que, en cualquier caso, las víctimas puedan
solicitar la reparación ante el Tribunal, en los términos del artículo 45.
A juicio de la
Corte, las razones expuestas no son aptas para configurar un cargo de
inconstitucionalidad, amén del desconocimiento del requisito de especificidad.
Nótese que los argumentos expresados por los demandantes están dirigidos a
solicitar que la Corte establezca pautas interpretativas frente a algunos
artículos de la Ley demandada, pero no dan cuenta de una oposición objetiva y
verificable entre el artículo 23 y los preceptos constitucionales.  En últimas,
se está ante la ausencia de una acusación concreta frente al artículo
demandado, motivo por el cual no es posible adelantar un juicio de
constitucionalidad sobre el mismo.
6.2.
CONSIDERACIONES SOBRE LOS CARGOS DE FONDO PROPUESTOS
Pasa la Corte a
juzgar las normas acusadas a partir de las consideraciones generales expuestas
anteriormente -sobre la paz, la justicia, los derechos de las víctimas
(apartado 4) y el método de ponderación (apartado 5)-, advirtiendo que el
juicio partirá de una interpretación de los cargos de la demanda, agrupándolos
temáticamente en la medida de lo posible.
6.2.1. El concepto de alternatividad penal adoptado por la Ley 975
de 2005. Estudio conjunto de los artículos 3°, 19 (parcial), 20, 24,  y 29
(parcial).
6.2.1.1. El cargo básico dirigido en la demanda contra la Ley 975 de
2005 consiste en que ésta constituye un sistema de impunidad, cuyo eje central
es la concesión de un beneficio de alternatividad penal en virtud del cual
quienes han cometido delitos de suma gravedad, en el marco del conflicto armado
interno, se pueden exonerar de una parte significativa de la pena que les
correspondería ordinariamente cumplir por la comisión de tales delitos, sin que
se cumplan las condiciones establecidas en el Derecho Internacional Humanitario
y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos para la validez de tales
medidas. Afirman los demandantes, de manera reiterada a lo largo de la demanda,
que la concesión de este beneficio, aunada a ciertos aspectos específicos de la
Ley 975/05, no supera un juicio estricto de proporcionalidad, por constituir
una afectación excesiva de los derechos de las víctimas a la verdad, la
justicia, la reparación y la no repetición, así como otros valores, principios
y derechos constitucionales.
6.2.1.2. Para emitir un pronunciamiento de fondo sobre este cargo,
es preciso hacer referencia al instituto denominado en la ley,
“alternatividad”. Para el efecto, se hace necesario abordar un estudio conjunto
de los artículos 3° referido a la “alternatividad”, 19 relativo a la aceptación
de cargos;  20 relativo a la acumulación de procesos y penas;  24 que regula el
contenido de la sentencia; y 29 específicamente denominado “pena alternativa”,
sin perjuicio de que respecto de este último artículo se haga énfasis en el
cargo específico de violación del derecho de las víctimas a la reparación.
6.2.1.3. Alcance  de  las disposiciones bajo estudio. Para abordar el estudio sistemático de la denominada alternatividad
es útil transcribir el contenido de las normas:
“ARTÍCULO 3o. ALTERNATIVIDAD.  Alternatividad es un beneficio consistente en suspender
la ejecución de la pena determinada en la respectiva sentencia, reemplazándola
por una pena alternativa que se concede por la contribución del beneficiario a
la consecución de la paz nacional, la colaboración con la justicia, la
reparación a las víctimas y su adecuada resocialización. La concesión del
beneficio se otorga según las condiciones establecidas en la presente ley”.
ARTÍCULO 19. ACEPTACIÓN DE CARGOS. En la audiencia de formulación de cargos el imputado podrá
aceptar los presentados por la Fiscalía, como consecuencia de la versión libre
o de las investigaciones en curso al momento de la desmovilización.
Para su validez tendrá que hacerlo de manera libre,
voluntaria, espontánea y asistido por su defensor. En este evento el Magistrado
que ejerza la función de control de garantías enviará inmediatamente lo actuado
a la Secretaría de la Sala del Tribunal Superior de Distrito judicial a la que
corresponda su conocimiento.
Recibida la actuación, la Sala correspondiente convocará a
audiencia pública dentro de los diez (10) días siguientes para examinar si la
aceptación de cargos ha sido libre, voluntaria, espontánea y asistida por su
defensor. De hallarla conforme a derecho, dentro de los diez (10) días
siguientes citará a audiencia de sentencia e individualización de pena.
PARÁGRAFO 1o. Si en esta audiencia el imputado no acepta los cargos, o se
retracta de los admitidos en la versión libre, la Unidad Nacional de Fiscalía
para la Justicia y la Paz remitirá la actuación al funcionario competente
conforme con la ley vigente al momento de la comisión de las conductas
investigadas.
PARÁGRAFO 2o. Cuando exista solicitud de reparación integral, previamente
se dará cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 23 de la presente ley”.
“ARTÍCULO 20. ACUMULACIÓN DE PROCESOS Y PENAS. Para los efectos procesales de la presente ley,
se acumularán los procesos que se hallen en curso por hechos delictivos
cometidos durante y con ocasión de la pertenencia del desmovilizado a un grupo
armado organizado al margen de la ley. En ningún caso procederá la acumulación
por conductas punibles cometidas con anterioridad a la pertenencia del
desmovilizado al grupo armado organizado al margen de la ley”.
“ARTÍCULO 24. CONTENIDO DE LA SENTENCIA. De acuerdo con los criterios establecidos en la ley, en la
sentencia condenatoria se fijarán la pena principal y las accesorias.
Adicionalmente se incluirán la pena alternativa prevista en la presente ley,
los compromisos de comportamiento por el término que disponga el Tribunal, las
obligaciones de reparación moral y económica a las víctimas y la extinción del
dominio de los bienes que se destinarán a la reparación.
La Sala correspondiente se ocupará de evaluar el
cumplimiento de los requisitos previstos en esta ley para acceder a la pena
alternativa”.
ARTÍCULO 29. PENA ALTERNATIVA. La Sala competente del Tribunal Superior de Distrito
Judicial determinará la pena que corresponda por los delitos cometidos, de
acuerdo con las reglas del Código Penal.
En caso que el condenado haya cumplido las condiciones
previstas en esta ley, la Sala le impondrá una pena alternativa que consiste en
privación de la libertad por un período mínimo de cinco (5) años y no superior
a ocho (8) años, tasada de acuerdo con la gravedad de los delitos y su
colaboración efectiva en el esclarecimiento de los mismos.
Para tener derecho a la pena alternativa se requerirá que
el beneficiario se comprometa a contribuir con su resocialización a través del
trabajo, estudio o enseñanza durante el tiempo que permanezca privado de la
libertad, y a promover actividades orientadas a la desmovilización del grupo
armado al margen de la ley al cual perteneció.
Cumplida la pena alternativa y las condiciones impuestas en
la sentencia se le concederá la libertad a prueba por un término igual a la
mitad de la pena alternativa impuesta, período durante el cual el beneficiado
se compromete a no reincidir en los delitos por los cuales fue
condenado en el marco de la presente ley, a presentarse periódicamente ante
el Tribunal Superior del Distrito Judicial que corresponda y a informar
cualquier cambio de residencia.
Cumplidas estas obligaciones y transcurrido el
periodo de prueba, se declarará extinguida la pena principal. En caso
contrario, se revocará la libertad a prueba y se deberá cumplir la pena
inicialmente determinada, sin perjuicio de los subrogados previstos en el
Código Penal que correspondan.
Parágrafo. En ningún caso se aplicarán
subrogados penales, beneficios adicionales o rebajas complementarias a la pena
alternativa.
6.2.1.4. La alternatividad en la ley 975/05 obedece a un concepto
específico definido por el Congreso de la República. Su naturaleza y características
conforme a la ley.
6.2.1.4.1. En esencia, la alternatividad penal es un beneficio
consistente en suspender la ejecución de la pena ordinaria aplicable en virtud
de las reglas generales del Código Penal, para que en lugar de cumplir esta
pena ordinaria, el condenado cumpla una pena alternativa menor, de un mínimo de
5 años y de un máximo de 8 años. En la sentencia condenatoria, primero, se fija
la pena ordinaria (la principal y las accesorias), y, segundo, se reemplaza
dicha pena, cuya ejecución es suspendida por ministerio de la ley, por la pena
alternativa de 5 a 8 años, entre otras determinaciones que han de tomarse en la
sentencia. En el concepto de alternatividad penal adoptado en la ley 975 de
2005 la pena ordinaria no desaparece, sino que es fijada en la sentencia. Lo
que sucede es que el condenado que reúna los requisitos establecidos en dicha
ley se beneficia con una pena alternativa inferior que también ha de ser fijada
en la sentencia. Es esta pena alternativa la que efectivamente debe cumplir el
condenado.
6.2.1.4.2. De acuerdo con las disposiciones transcritas el instituto
de la alternatividad es concebido por el legislador como un beneficio jurídico
en el que concurren los siguientes elementos :
a.  El beneficio comporta la suspensión de la pena
determinada en la respectiva sentencia. Esta pena es la que correspondería de
conformidad con las reglas generales del Código Penal, es decir, la pena
ordinaria (la principal y las accesorias) (Art.3°).
b.  Su reemplazo por una pena alternativa que se
concede por la contribución del beneficiario a la consecución de la paz
nacional, la colaboración con la justicia, la reparación a la víctimas , y su
adecuada resocialización. (Art. 3°).
c.  La concesión del beneficio se otorga según las
condiciones establecidas en la propia ley. (Art.3°). Compete a la Sala del
Tribunal correspondiente evaluar el cumplimiento de los requisitos previstos en
la ley para acceder a la pena alternativa. (Art. 24)
d.  En la sentencia condenatoria se fijará la pena
principal y las accesorias, de acuerdo con los criterios establecidos en la ley
penal (Código Penal). (Art. 24).
e.  Adicionalmente, en caso de que el condenado
cumpla con las condiciones previstas en la ley, se incluirá la pena alternativa
prevista en la misma, consistente en privación de la libertad por un período
mínimo  de cinco (5) años, y no superior a ocho (8) años. (Art. 29).
f.   En la misma sentencia se impondrán los
compromisos de comportamiento por el término que disponga el tribunal, las
obligaciones de reparación moral y económica a las víctima y la extinción del
dominio de los bienes que se destinarán a la reparación. (Art.24).
g.  Cumplida la pena alternativa y las condiciones
impuestas en la sentencia se le concederá la libertad a prueba por un término
igual a la mitad de la pena alternativa impuesta, período durante el cual el
beneficiario se compromete a no reincidir en los delitos por los cuales fue
condenado en el  marco de la presente ley, a presentarse periódicamente ante el
respectivo tribunal y a informar cualquier cambio de residencia.(Art.29).
h.  Cumplidas estas obligaciones y transcurrido el
período de prueba se declarará extinguida la pena principal. En caso contrario
se revocará la libertad a prueba y se deberá cumplir la pena inicialmente
determinada, sin perjuicio de los subrogados previstos en el Código Penal.
(Art. 29).
i.   En ningún caso se aplicarán subrogados penales,
beneficios adicionales o rebajas complementarias a la pena
alternativa.(Art.29).
j.   Para efectos procesales, es factible  la acumulación
de procesos que se hallen en curso por hechos delictivos cometidos durante y
con ocasión de la pertenencia del desmovilizado a un grupo armado al margen de
la ley (Art. 20).
k.  En ningún caso procederá la acumulación por
conductas punibles cometidas con anterioridad a la pertenencia del
desmovilizado al grupo armado al margen de la ley (Art. 20).
l.   Procede la acumulación jurídica de penas[161]
cuando el desmovilizado haya sido previamente condenado por hechos delictivos
cometidos durante y con ocasión de su pertenencia a un grupo armado organizado
al margen de la ley. Sin embargo establece la ley que “en ningún caso la pena
alternativa podrá ser superior a la prevista en la presente ley”. (art.20)
6.2.1.4.3. Advierte la Corte, a  partir de la caracterización del
instituto que la ley  denomina alternatividad, que se trata en realidad
de un beneficio que incorpora una rebaja punitiva significativa, al cual
pueden acceder los miembros de un grupo armado organizado al margen de la ley
que se sometan a un proceso de reincorporación a la vida civil, y que hayan sido
autores o partícipes de hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la
pertenencia a esos grupos. La concesión del beneficio está condicionada al
cumplimiento de unos requisitos establecidos en la ley, orientados a satisfacer
a cabalidad los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la
reparación y la no repetición.
6.2.1.4.4. Ese beneficio que involucra una significativa reducción
de pena para los destinatarios de la ley, se ampara en un propósito de
pacificación nacional, interés que está revestido de una indudable relevancia
constitucional; sin embargo, simultáneamente, en la configuración de los
mecanismos orientados al logro de ese propósito constitucional, se afectan
otros valores y derechos, como el valor justicia y los derechos de las víctimas
a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Si bien el
legislador goza de un amplio margen de configuración para el diseño de los
instrumentos encaminados a alcanzar los fines propuestos, en particular la paz,
esa potestad no es ilimitada. Corresponde, como se dijo anteriormente, a la
Corte analizar si los medios diseñados por el legislador en las normas bajo
examen resultan adecuados para alcanzar el fin propuesto, y si tales medios no
implican una afectación manifiestamente desproporcionada  de otros derechos
constitucionales, en particular los derechos de las víctimas.
6.2.1.4.5. Observa la Corte que en principio un beneficio que
involucra una rebaja punitiva, constituye una de las múltiples alternativas a
las que puede acudir el legislador para alcanzar el bien constitucional de la
paz. Sin embargo es preciso establecer si en su diseño se producen afectaciones
desproporcionadas a otros derechos constitucionales, que resulten intolerables
frente al orden constitucional. Aparentemente, una pena que oscile entre cinco
y ocho años de prisión, podría resultar desproporcionadamente baja cuando se
trata de grave criminalidad. Entonces es preciso determinar cual es el sentido
y  el alcance de la ley en materia de imposición punitiva para desentrañar la
naturaleza de esa pena y  si la misma vulnera el valor justicia o los derechos
de las víctimas.
6.2.1.4.6. Al respecto subraya la Corte algunos apartes de la ley
que concurren a caracterizar la figura denominada alternatividad:
a.      El artículo 3°, concibe el beneficio de
descuento punitivo como una “suspensión de la ejecución de la pena
determinada en la respectiva sentencia”.
b.       Por su parte, el artículo 24 establece que “de acuerdo
con los criterios establecidos en la ley, en la sentencia condenatoria se
fijará la pena principal y las accesorias” y “adicionalmente se incluirá
la pena alternativa prevista en la presente ley”.
c.       El artículo 29 establece que “cumplidas estas
obligaciones y transcurrido el período de prueba se declarará extinguida la
pena principal. En caso contrario se revocará la libertad a prueba y se deberá
cumplir la pena inicialmente determinada”.
6.2.1.4.7. De las anteriores disposiciones se derivan los elementos
esenciales de la denominada pena alternativa, tal como la contempla la ley, que
por su importancia conviene sistematizar, a partir de lo dicho en el apartado
6.2.1.4.2., así:
(i) Es un beneficio punitivo que conlleva suspensión condicional de
la ejecución de la pena determinada en la respectiva sentencia, el cual
responde a características y propósitos específicos.
(ii) Es judicial y sustitutiva de la pena ordinaria: la autoridad
judicial competente impondrá en la sentencia la pena principal y las
accesorias  que correspondan de ordinario al delito conforme a los criterios
establecidos en la ley penal. Esta comprensión se deriva explícita y
sistemáticamente de los artículos 3º, 19, 20, 24 y 29.
(iii) Es alternativa: la pena que de ordinario le correspondería
cumplir al condenado es reemplazada por una pena inferior de tal forma que el
condenado debe pagar la pena alternativa, no la pena ordinaria inicialmente
impuesta.
(iv) Es condicionada: su imposición está condicionada a que
concurran los presupuestos específicos previstos en la presente ley. Verificado
su cumplimiento, el Tribunal impondrá lo que la ley denomina pena alternativa.
(v) Constituye pena privativa de la libertad de 5 a 8 años, que
deberá cumplirse efectivamente sin que pueda ser afectada por otros subrogados
penales, beneficios adicionales o rebajas complementarias, adicionales a la
pena alternativa misma.(Par. Art. 29).
(vi) Su mantenimiento depende de la libertad a prueba: una vez
cumplida efectivamente la pena alternativa, así como las condiciones impuestas
en la sentencia según la ley (artículo 24), se concederá la libertad a prueba
por un término igual a la mitad de la pena alternativa impuesta, período en el
cual el sentenciado debe cumplir determinados compromisos: no reincidir en
ciertas actividades delictivas, presentaciones periódicas e información de
cambio de residencia (artículo 29).
(vii) Extinción de la pena ordinaria inicialmente determinada:
Cumplidas las obligaciones impuestas en la sentencia o establecidas en la ley,
y transcurrido el período de prueba, se declarará extinguida la pena ordinaria
inicialmente determinada.
(viii) Revocatoria de la pena alternativa y ejecución de la pena
inicialmente determinada: si durante la ejecución de la pena alternativa o del
período de libertad a prueba, se establece que el beneficiario ha incumplido
alguna de las obligaciones impuestas en la sentencia o previstas en la ley,
para el goce del beneficio, se revocará la pena alternativa y se harán
efectivas las penas principales y accesorias inicialmente impuestas en la
sentencia.
6.2.1.4.8. Tal beneficio jurídico, así concebido, no encubre un
indulto, como erróneamente lo entienden los demandantes, pues no significa
perdón de la pena. Como se ha indicado, de conformidad con las reglas
establecidas en la ley acusada, el Tribunal debe imponer en la sentencia
condenatoria las penas principales y accesorias que el Código Penal establece
para los correspondientes delitos, dentro de los limites punitivos establecidos
en el mismo. Además de imponer la pena correspondiente al delito o delitos de
que se trate, el Tribunal resolverá sobre el reconocimiento del beneficio
jurídico de la pena alternativa, siempre que el beneficiario cumpla con todos
los requisitos establecidos para su otorgamiento. La imposición de un pena
alternativa no anula, invalida o extingue la pena originaria. La extinción sólo
se produce una vez cumplida, en su totalidad, la pena alternativa impuesta, el
período de prueba y cumplidas las obligaciones derivadas de todos los
requisitos impuestos para el otorgamiento del beneficio.
6.2.1.4.9. Esta configuración de la denominada pena alternativa,
como medida encaminada al logro de la paz resulta acorde con la Constitución en
cuanto, tal como se deriva de los artículos 3° y 24, no entraña una
desproporcionada afectación del valor justicia, el cual aparece preservado por
la imposición de una pena originaria (principal y accesoria), dentro de los
límites establecidos en  el Código Penal, proporcional al delito por el que se
ha condenado, y que debe ser cumplida si el desmovilizado sentenciado, incumple
los compromisos bajo los cuales se le otorgó el beneficio de la suspensión de
la condena. Estos aspectos de la ponderación han sido analizados en los
apartados 5, 6.2.1.7. y  6.2.2. de la presente providencia.
6.2.1.4.10. Sin embargo, considera la Corte que algunas expresiones
de los artículos 3°, 20 y 29, merecen especial consideración en cuanto pueden
contener medidas que, no obstante estar orientadas al logro de la paz, podrían
entrañar una desproporcionada afectación del valor justicia y particularmente
del derecho de las víctimas.
6.2.1.5. La colaboración con la justicia y el goce efectivo de los
derechos de las víctimas
6.2.1.5.1. Así acontece con la expresión del artículo 3° que
condiciona la suspensión de la ejecución de la pena determinada en la
respectiva sentencia, a la “colaboración con la justicia”. Esta exigencia
formulada en términos tan genéricos, despojada de contenido específico, no
satisface el derecho de las víctimas al goce efectivo de sus derechos a la
verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición. Esta colaboración
podría limitarse a suministrar alguna información sobre las conductas de otros
miembros de un grupo armado ilegal, en lugar de consistir en revelar de manera
plena y fidedigna los hechos dentro de los cuales fueron cometidos los delitos
por los cuales se aspira a recibir el beneficio de la alternatividad. Así
entendida, la colaboración no respetaría el derecho de las víctimas a la
verdad. Lo mismo podría decirse del derecho a la reparación. La colaboración
con la justicia podría consistir en entregar los bienes ilícitos producto de la
actividad delictiva, lo cual sería manifiestamente insuficiente para asegurar
el goce efectivo del derecho de las víctimas a la reparación. La alternatividad
penal parecería una afectación desproporcionada de los derechos de las víctimas
si la “colaboración con la justicia” no comprendiera la integralidad de los
derechos de tales víctimas, y si no exigiera de parte de quienes aspiran a
acceder a tal beneficio acciones concretas encaminadas a asegurar el goce
efectivo de estos derechos, que parecen enunciados en la propia Ley 973 de
2005.
6.2.1.5.2. En consecuencia la Corte declarará la constitucionalidad
del artículo 3°, en el entendido que la “colaboración con la justicia” debe
estar encaminada al logro efectivo de los derechos de las víctimas a la verdad,
la justicia, la reparación y la no repetición.
6.2.1.5.3. Especial consideración merece también el  artículo 20 de
la ley 975 de 2005, que contempla la acumulación de procesos y penas, el cual
se analizará en el siguiente aparte.
6.2.1.6. La acumulación de procesos y penas, como parte de la alternatividad.
6.2.1.6.1. Sin entrar a juzgar de manera puntual los diferentes
apartes específicos del artículo 20, acusado de manera general por ser parte
del sistema de alternatividad y conceden a juicio de los demandantes un indulto
disfrazado, cabe resaltar que el artículo 20 establece varias hipótesis.
6.2.1.6.2. En cuanto a la acumulación jurídica de procesos :
a. En primer término, la posibilidad de acumulación de los procesos
que se hallen en curso por hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de
la pertenencia del desmovilizado a un grupo armado al margen de la ley.
b. En segundo término, establece que en ningún caso procederá la
acumulación por conductas punibles cometidas  con anterioridad a la pertenencia
del desmovilizado al grupo armado organizado al margen de la ley.
c. En tercer lugar, el artículo 20 contempla la acumulación jurídica
de penas, conforme al código penal, para el evento en que el desmovilizado haya
sido previamente condenado por hechos delictivos cometidos durante y con
ocasión de su pertenencia a un grupo armado, pero vincula esta hipótesis a una
condición.
d. Por último establece la siguiente condición: “en ningún caso, la
pena alternativa podrá ser superior a la prevista en la presente ley”.
6.2.1.6.3. Observa la Corte que en cuanto a la tres primeras
hipótesis, éstas concilian los propósitos de pacificación de la ley con las
exigencias de justicia, en cuanto se orientan a establecer instrumentos
procesales, como la acumulación de procesos y la acumulación jurídica de
penas,  que promueven la desmovilización de personas que hubiesen incurrido en
delitos durante y con ocasión de su pertenencia al grupo armado al margen de la
ley. Pero paralelamente exige que los procesos susceptibles de acumulación se
refieran a conductas respecto de las cuales pueda operar la ley en cuanto  se
hubiese incurrido en ellas durante y con ocasión de la pertenencia al grupo
armado en trance de desmovilización.  Adicionalmente la acumulación jurídica de
penas demanda una determinación e imposición de la pena originaria acorde con
la naturaleza y gravedad del hecho. La concurrencia de estas últimas exigencias
permite una ponderación entre el interés de la paz que alienta la ley, y sus
pretensiones de justicia.
6.2.1.6.4. No se produce una desproporcionada afectación del valor
justicia en razón a que la acumulación jurídica de penas, determinada conforme
a las reglas que para el efecto establece el código penal, opera en relación
con las penas principales imponibles o impuestas, respecto de los diferentes
delitos perpetrados durante y con ocasión de la pertenencia del sentenciado al
respectivo grupo, que son objeto de la acumulación. Lo anterior no significa
que en estos casos dejen de ser beneficiados por lo que la ley ha denominado
alternatividad penal. De tal forma que si el desmovilizado condenado con
anterioridad, por hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de su
pertenencia al grupo armado organizado al margen de la ley, se acoge a la Ley
975 de 2005, y cumple los requisitos correspondientes, dicha condena previa se
acumulará jurídicamente a la nueva condena que se llegare a imponer como
resultado de su versión libre y de las investigaciones adelantadas por la
Fiscalía. Después de efectuada dicha acumulación jurídica, el juez fijará la
condena ordinaria (pena principal y accesorias), cuya ejecución se suspenderá y
se concederá el beneficio de la pena alternativa de 5  a 8 años en relación con
la pena acumulada, si se cumplen los requisitos de la Ley 975 de 2005. Si
transcurrido el tiempo de la pena alternativa y el período de prueba, el
sentenciado ha cumplido  a cabalidad con las obligaciones establecidas en la
ley, la pena inicialmente determinada en la sentencia como resultado de la
acumulación jurídica se declarará extinguida. En caso contrario, se revocará y
el sentenciado deberá cumplir la pena acumulada, inicialmente determinada en la
sentencia (artículos 24 y 29).
6.2.1.6.5. No ocurre lo mismo con la expresión “pero en ningún
caso la pena alternativa podrá ser superior a la prevista en la presente ley” del
inciso 2° del artículo 20, la cual es inconstitucional. Este segmento elimina
completamente las condenas impuestas por hechos delictivos cometidos con
anterioridad a la desmovilización, puesto que condiciona la acumulación
jurídica de penas a partir de la cual ha de determinarse en la sentencia la
pena ordinaria cuya ejecución habrá de ser suspendida. Tal supresión total de
la condena previa equivale a una afectación manifiestamente desproporcionada
del derecho de las víctimas a la justicia y podría ser interpretado como un
indulto disfrazado.
6.2.1.6.6. En consecuencia la Corte declarará, por los cargos
examinados, la exequibilidad del artículo 20, con excepción de la expresión “pero
en ningún caso la pena alternativa podrá ser superior a la pena prevista en la
presente ley”, que se declara inexequible.
6.2.1.7. Análisis del cargo por violación del derecho a obtener
garantías de no repetición de las conductas lesivas de los derechos de las víctimas.
Artículo 29 (parcial).
6.2.1.7.1. En este punto, se señalan como demandadas las siguientes
expresiones del artículo 29 de la Ley 975/05:
“Artículo 29. Pena alternativa. La Sala competente del Tribunal
Superior de Distrito Judicial determinará la pena que corresponda por los
delitos cometidos, de acuerdo con las reglas del Código Penal.
En caso que el condenado haya cumplido las condiciones previstas en
esta ley, la Sala le impondrá una pena alternativa que consiste en privación de
la libertad por un período mínimo de cinco (5) años y no superior a ocho (8)
años, tasada de acuerdo con la gravedad de los delitos y su colaboración
efectiva en el esclarecimiento de los mismos.
Para tener derecho a la pena alternativa se requerirá que el
beneficiario se comprometa a contribuir con su resocialización a través del
trabajo, estudio o enseñanza durante el tiempo que permanezca privado de la
libertad, y a promover actividades orientadas a la desmovilización del grupo
armado al margen de la ley al cual perteneció.
Cumplida la pena alternativa y las condiciones impuestas en la
sentencia se le concederá la libertad a prueba por un término igual a la mitad
de la pena alternativa impuesta, período durante el cual el beneficiado se
compromete a no reincidir en los delitos por los cuales fue condenado
en el marco de la presente ley, a presentarse periódicamente ante el
Tribunal Superior del Distrito Judicial que corresponda y a informar cualquier
cambio de residencia.
Cumplidas estas obligaciones y transcurrido el período de prueba, se
declarará extinguida la pena principal. En caso contrario, se revocará la
libertad a prueba y se deberá cumplir la pena inicialmente determinada, sin
perjuicio de los subrogados previstos en el Código Penal que correspondan.
Parágrafo. En ningún caso se aplicarán subrogados penales,
beneficios adicionales o rebajas complementarias a la pena alternativa”.
6.2.1.7.2. Señala la demanda que el derecho a la reparación incluye
la obligación estatal de adoptar medidas para garantizar que no se repitan los
hechos de violencia que perjudicaron a las víctimas.
A continuación explican que si bien el artículo 8 de la Ley 975/05
establece las garantías de no repetición como parte del derecho a la
reparación, “en franca contradicción con el artículo 8º, otras disposiciones de
la ley resultan contrarias al deber del Estado de garantizar la no repetición:
no se pierden beneficios por reincidir en actividades delictivas, tampoco se
pierden beneficios si la persona desmovilizada no colabora en la desmovilización
del grupo armado, y no se toman medidas para evitar que quienes acceden a los
beneficios continúen delinquiendo”.
Según los demandantes, las expresiones acusadas implican que los
desmovilizados a quienes se apliquen las penas alternativas no están obligados
a cesar por completo sus actividades ilícitas para efectos de beneficiarse de
la reducción en la pena correspondiente.
Expresan que el inciso 4º, para efectos de respetar adecuadamente
los derechos de las víctimas y lograr el objetivo de paz que persigue, debe ser
ajustado en forma tal que la comisión de cualquier delito doloso durante el
período de libertad a prueba conlleve la pérdida del beneficio de la pena
alternativa. Por su parte, consideran que el inciso 5º contiene una omisión legislativa
relativa, puesto que no establece las condiciones a las que se debe someter el
desmovilizado después de haber cumplido el término de libertad a prueba: “Una
vez cumplido el término de libertad a prueba, las personas desmovilizadas deben
adquirir compromisos que respondan adecuadamente a la razón de ser de su
desmovilización, es decir, deben comportarse de manera que la rebaja de las
penas de la cual se beneficiaron tenga como contraprestación una efectiva
contribución a la paz. Por lo tanto, el compromiso de la persona desmovilizada
debe ser el de no cometer ningún delito doloso, por lo menos durante el tiempo
de la pena principal”.
En consecuencia, formulan los peticionarios la siguiente solicitud a
la Corte:
“- Declarar la inconstitucionalidad de las expresiones ‘los’ y ‘por
los cuales fue condenado en el marco de la presente ley’, subrayadas del inciso
4º del artículo 29 de la ley 975 de 2005.
- Declarar la omisión legislativa relativa del inciso 5º del artículo
29, indicando que la persona desmovilizada se compromete a no cometer ningún
delito doloso durante el tiempo de la pena principal, pues de lo contrario
perderá el beneficio de la pena alternativa”.
6.2.1.7.3. En cuanto al artículo 29, observa la Corte que tal como
está redactado el inciso 4º, el compromiso que adquiere el beneficiario de la
pena alternativa durante el período de libertad a prueba consiste en “no
reincidir en los delitos por los cuales fue condenado en el marco de
la presente ley”. Esta expresión comporta una desproporcionada
afectación del valor justicia y del derecho de las víctimas a la no repetición,
por cuanto permite la coexistencia del beneficio de reducción de pena con
fenómenos de reincidencia en relación con delitos distintos a aquellos por los
cuales fue condenado. Ningún aporte a la paz o a la justicia puede hacer una
medida permisiva de esta naturaleza. Los beneficios otorgados deben estar
vinculados al férreo compromiso del sentenciado de no incurrir intencionalmente
en conductas delictivas, cualquiera que sea su naturaleza, y a la efectiva
contribución del beneficiario a la consecución de la paz. Los propósitos de
resocialización y de reinserción  que animan estos beneficios se tornan inocuos
con una expresión como la que se cuestiona. La comisión intencional de un nuevo
delito durante el período de libertad a prueba, cualquiera que sea su
naturaleza, genera la revocatoria del beneficio. Por ser violatorias del valor
justicia y de los derechos de las víctimas a la no repetición, sin que
correlativamente implique promoción de la paz, la Corte declarará la
inexequibilidad de las expresiones “los”  y “por los cuales fue
condenado en el marco de la presente ley” del inciso 4º del artículo 29.
6.2.1.7.4. En cuanto al inciso 5º del artículo 29, los demandantes
acusan una omisión del legislador que consideran inconstitucional, consistente
en que la norma no incluye el compromiso de la persona desmovilizada de no
incurrir en ningún delito doloso durante el tiempo de la pena principal.
6.2.1.7.5. Tal
como lo ha señalado la jurisprudencia en materia de omisiones del legislador,
la Corte sólo tiene competencia para pronunciarse respecto de aquellos cargos
que se basan omisión relativa.[162] Una omisión es
relativa, ha dicho la Corte, “cuando se vincula con un aspecto puntual
dentro de una normatividad específica; pero aquella se vuelve
constitucionalmente reprochable si se predica de un elemento que, por razones
lógicas o jurídicas –específicamente por razones constitucionales-, debería
estar incluido en el sistema normativo de que se trata, de modo que su ausencia
constituye una imperfección del régimen que lo hace inequitativo, inoperante o
ineficiente”[163]. Estas
omisiones frecuentemente conducen a violaciones del derecho a la igualdad[164]
o el derecho al debido proceso.[165]
6.2.1.7.6. Encuentra la Corte que la omisión que acusan los
demandantes no se refiere a una materia que pueda ser vinculada normativamente
con la disposición acusada. En efecto los demandantes consideran que el
legislador debió incluir en un segmento normativo que regula la extinción de la
pena principal o la revocatoria de la libertad a prueba, un presupuesto para la
revocatoria del beneficio. De manera que el contenido normativo que los
demandantes echan de menos no guarda una relación directa y específica con el
segmento demandado, presupuesto elemental para que prospere un cargo por
omisión legislativa.
Si bien no procede declarar que hubo una omisión legislativa
relativa, la Corte estima pertinente subrayar que, en lo que respecta al
condicionamiento solicitado por los demandantes, este resulta innecesario
habida cuenta de que la Corte declaró inconstitucional las expresiones del
inciso cuarto recién indicadas. Dicha inconstitucionalidad obedece a la
necesidad de asegurar que quienes se han beneficiado de la alternatividad penal
no incurran en conductas delictivas intencionales con posterioridad a la
concesión del beneficio. Obviamente, la revocación del beneficio y la pérdida
de la libertad a prueba no operan de manera automática. Corresponde al juez
competente analizar en cada caso la trascendencia del delito cometido y las
circunstancias del mismo, a la luz de los propósitos de la Ley 975/05, con el
fin de determinar si se ha violado el derecho de las víctimas a la no
repetición.
Por otra parte, el inciso quinto que se acusa plantea problemas
jurídicos diferentes, atinentes a la garantía del derecho a la verdad, asunto
que la Corte abordará en el acápite de esta providencia sobre dicho derecho.
6.2.1.8. Conclusión respecto de los artículos 3, 20, 24 y 29
(parcial)
En lo que hace a este cargo la Corte declarará la  exequibilidad el
artículo 3°, por los cargos examinados, en el entendido que la colaboración con
la justicia debe estar encaminada a lograr el goce efectivo de los derechos de
las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación, y la no repetición.
Así mismo declarará
exequible el artículo 20, por los cargos examinados, salvo la expresión “pero
en ningún caso la pena alternativa podrá ser superior a la prevista en la
presente ley”, que se declara inexequible.
Declarará exequible
el artículo 24, por los cargos analizados.
En tanto que
declarará  inexequibles las siguientes expresiones del inciso cuarto del
artículo 29: “los” y “por los cuales fue condenado en el marco de la
presente ley”.
6.2.2. Cargos por presunto desconocimiento del derecho a la verdad,
como parte del derecho a la justicia.
En tres cargos separados, los demandantes indican que la Ley 975 de
2005, vulnera el derecho a la verdad del cual son titulares las víctimas de los
delitos cometidos por los beneficiarios de dicha ley, así como el derecho a la
memoria de la sociedad colombiana en su conjunto. La Corte pasará a estudiar,
uno por uno, los cargos formulados, en el orden en el cual fueron presentados
en la demanda.
6.2.2.1. Presunto desconocimiento del derecho a la verdad por el
artículo 25 de la Ley 975, por “la ausencia de pérdida de beneficios por no
confesar todos los delitos cometidos”.
El artículo 25 de la Ley demandada establece lo siguiente:
Artículo 25. Hechos conocidos con posterioridad a la sentencia o al
indulto. Si a los miembros de grupos armados al margen de la ley que recibieron
los beneficios de la Ley 782 de 2002, o que se beneficiaron con la pena
alternativa de conformidad con la presente ley, con posterioridad se les
llegare a imputar delitos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a
esos grupos y antes de su desmovilización, estas conductas serán investigadas y
juzgadas por las autoridades competentes y las leyes vigentes al momento de la
comisión de esas conductas, sin perjuicio del otorgamiento de la pena
alternativa, en el evento que colabore eficazmente en el esclarecimiento o
acepte, oralmente o por escrito, de manera libre, voluntaria, expresa y
espontánea, debidamente informado por su defensor, haber participado en su
realización y siempre que la omisión no haya sido intencional. En este evento,
el condenado podrá ser beneficiario de la pena alternativa. Se procederá a la
acumulación jurídica de las penas alternativas sin exceder los máximos
establecidos en la presente ley.
Teniendo en cuenta la gravedad de los nuevos hechos juzgados, la autoridad
judicial impondrá una ampliación del veinte por ciento de la pena alternativa
impuesta y una ampliación similar del tiempo de libertad a prueba.
6.2.2.1.1. En criterio de los demandantes, el aparte subrayado
permite a los combatientes que se benefician con la Ley, exonerarse del deber
de contribuir a la verdad. Consideran los peticionarios que, en virtud de la
norma demandada, para acceder a los beneficios que concede la ley los
desmovilizados no están en el deber de contribuir a la verdad, ni siquiera de
confesar los delitos sobre los que se aspira a un beneficio judicial; y que el
beneficio que se obtuviere como consecuencia de la primera versión libre nunca
se perderá, ya que la ley no prevé la figura de pérdida de beneficios. A juicio
de los demandantes esta norma “obstaculiza la realización del derecho a la
verdad de las víctimas de los hechos omitidos porque, de esta manera, el
combatiente que se desmoviliza no tiene realmente el deber de contribuir a la
verdad sobre los hechos que conoce y de los cuales fue partícipe”. Por lo
tanto, tal disposición vulnera la obligación del Estado colombiano de adoptar
medidas legislativas para realizar el derecho a la verdad, “e incluso es
contradictoria con principios y disposiciones previstos en el mismo cuerpo de
la ley 975 en los que se establece que el objeto de la misma es facilitar los
procesos de paz garantizando, entre otros, el derecho a la verdad (arts. 1, 4,
7, 8, 15, 32, 37, 48.1 y 57)”.
Adicionalmente, en un cargo posterior referido al derecho a la
reparación, los demandantes sostienen que la vulneración del derecho a la
verdad compromete, a su turno, el derecho a la reparación de las víctimas, en
la medida en que, respecto de los delitos no confesados, “no se establecerán
los responsables de los delitos, ni las circunstancias en que estos ocurrieron,
por lo cual las víctimas no tendrán a quién dirigirse para reclamar por los
derechos que les fueron vulnerados”. Precisan que la omisión de información
sobre los delitos viola el derecho de las víctimas a la reparación, y que tal
omisión es especialmente grave cuando los desmovilizados se benefician de
significativas rebajas en la pena, “a cambio de lo cual debería estar
obligado a decir la verdad y reparar a las víctimas”
En consecuencia, solicitan que la Corte declare inexequibles los
apartes subrayados, “y que, por el contrario, señale que el ocultamiento de
la verdad tiene como consecuencia la pérdida del beneficio de la pena
alternativa para el delito confesado y la imposibilidad de acceder a tal
beneficio para el delito conocido posteriormente a la sentencia o el indulto”.
6.2.2.1.2. El Ministerio del Interior y de la Justicia considera que
la norma demandada es exequible pues, en su criterio, la omisión intencional
del desmovilizado le genera consecuencias penales que se convierten en
incentivos para que las personas confiesen todos sus delitos. A este respecto
señala que la norma parcialmente demandada debe interpretarse sistemáticamente
con los artículos 15 y 16 de la Ley que ordenan a la Fiscalía investigar los
delitos cometidos por quienes se acojan a la Ley.
6.2.2.1.3. No obstante, algunos intervinientes, como el Centro
Internacional para la Justicia Transicional, señalan que la disposición acusada
vulnera los derechos de las víctimas de violaciones de derechos humanos y las
obligaciones del Estado en esta materia. Al respecto, luego de referirse a la
protección del derecho a la verdad en los tratados internacionales ratificados
por Colombia, trae a colación la experiencia sudafricana en la cual, a cambio
de la amnistía o el indulto por los delitos cometidos, se exigía a los
perpetradores que revelaran pública e integralmente los hechos criminales en
los cuales habían estado involucrados. Quienes no se acogían a las leyes de
amnistía en el término definido por estas o quienes no revelaban integral y
públicamente la verdad de lo sucedido, perdían los beneficios y eran
enjuiciados conforme a la legislación criminal ordinaria. Estas revelaciones
permitieron a la sociedad sudafricana reconocer toda la dimensión de los
delitos cometidos, ayudaron decisivamente a la reparación a las víctimas y
permitieron al Estado adoptar medidas serias y sostenibles de no repetición de
los hechos.  Al respecto, terminan su intervención señalando que “el caso Sudafricano
demuestra que la contribución de los perpetradores al esclarecimiento de los
hechos se consigue con una serie de incentivos asociados con el riesgo serio
del enjuiciamiento y el ejercicio pleno de la jurisdicción por parte del
Estado”.
6.2.2.1.4. Por su parte, el Procurador General de la Nación
encuentra que la parte demandada del artículo 25 de la Ley 975 de 2005 debe ser
declarada inexequible. A su juicio, el Estado tiene la obligación
constitucional irrenunciable de promover el derecho a la verdad de la sociedad
y de las víctimas. Considera que la disposición demandada viola tal obligación
en la medida en que, por su conducto, el Estado renuncia a castigar en debida
forma a quienes “en un momento tuvieron la oportunidad de contribuir con los fines
estatales y no lo hicieron”. En su criterio, la declaratoria de inexequibilidad
del aparte demandado logra una ponderación constitucional más adecuada entre el
derecho de la sociedad a la paz y el derecho de las víctimas y de la propia
sociedad a conocer la verdad de lo ocurrido.
6.2.2.1.5. Análisis conjunto de los artículos 17 parcial, 25 parcial
y 29 parcial de la Ley 975 de 2005
En los términos que han sido descritos y especialmente a partir de
la lectura integral de la Ley, tal y como lo solicita el Ministerio del
Interior y de la Justicia, la Corte encuentra que para poder realizar el
análisis constitucional de la disposición parcialmente demandada es necesario,
estudiarlos en conjunto. En efecto, el artículo 25 de la Ley demandada consagra
la consecuencia de incumplir uno de los requisitos procesales necesarios para
acceder al beneficio de que trata la Ley 975 de 2005. Tal requisito se encuentra
consagrado en el artículo 17 de la citada Ley[166]
- artículo que también ha sido objeto de cuestionamiento en la presente demanda
-, según el cual, para obtener los beneficios penales por los delitos
cometidos, las personas elegibles que quieran someterse a la ley deberán rendir
versión libre sobre los hechos de los cuales la Fiscalía tenga conocimiento y
los otros “por los cuales se acojan a la presente Ley”.
Ahora bien, si al rendir la “versión libre” de que trata el artículo
17, las personas no confiesan todos los hechos delictivos en los cuales
estuvieren comprometidas, “cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a
esos grupos y antes de su desmovilización”, es decir, en su condición de
integrantes de un grupo armado específico al margen de la ley, en un lugar
determinado del territorio nacional, se aplican entonces las disposiciones
demandadas del artículo 25.
Como quedo visto, los demandantes, algunos de los intervinientes y
el Procurador General de la Nación consideran que conferir beneficios penales
sustantivos a quienes han cometido delitos que por su gravedad no son
amnistiables ni indultables, sin pedirles a cambio que le entreguen al Estado y
a las víctimas toda la información sobre los delitos perpetrados, viola el
derecho a la verdad de los afectados y el derecho a la memoria de la sociedad.
El cargo, como puede fácilmente advertirse, persigue que la Corte declare
inconstitucional la concesión de beneficios penales sustantivos a cambio de la
confesión parcial de los hechos. De lo anterior resulta claro que la regla que
se impugna se encuentra contenida tanto en el artículo 17 – cuestionado en
otros capítulos de la demanda - como en el aparte demandado del artículo 25. En
efecto, de prosperar los cargos de la demanda, ninguna coherencia tendría
impedir que se concedieran beneficios a quienes no han realizado una confesión
completa pero no exigirle a quienes persiguen la aplicación de la Ley que
confiesen integralmente los hechos criminales en los que incurrieron.
El análisis anterior sobre la garantía del derecho a la verdad de
las víctimas, plantea una cuestión adicional que puede ser sintetizada de la siguiente
manera: ¿la persona que ha sido beneficiaria de la alternatividad penal, a la
cual se le compruebe que ha ocultado un delito significativo a la luz de los
propósitos de la Ley 975/05, puede en todo caso conservar el beneficio que le
fue concedido? El artículo 29, en su inciso quinto, señala las condiciones en
las cuales, durante el periodo de libertad a prueba, se habrá de revocar el
beneficio de alternatividad concedido. No obstante, dicha norma no hace
explícito el requisito consistente en que se haya revelado de manera plena y
fidedigna, al rendir la versión libre, la comisión de todos los delitos con
ocasión de la pertenencia de la persona al bloque o frente específico al cual
perteneció.
En efecto, según el artículo 29, al comprobarse que se incumplieron
los requisitos procesales para acceder al beneficio de la alternatividad, el
procesado queda obligado a cumplir la pena ordinaria que debió haber sido
impuesta en la sentencia en virtud de la definición de “alternatividad penal”
(artículos 3, 24 y 29). Si, como lo indican los demandantes, uno de los
requisitos es la confesión plena de los delitos cometidos, la consecuencia de
su incumplimiento demostrada durante el periodo de libertad a prueba sería la
pérdida del beneficio concedido. Por tales razones, la Corte se pronunciará en
el presente apartado sobre tres artículos demandados de manera separada: el
artículo 17 parcial, el articulo 25 parcial y el artículo 29 parcial, en cuanto
respecta a los requisitos para gozar del beneficio de la libertad a prueba.
6.2.2.1.6. Problema jurídico
Se pregunta la
Corte si es constitucional la norma que, a cambio de una reducción sustantiva
de la pena efectiva a cumplir (alternatividad penal) exige, para el
otorgamiento del beneficio, el reconocimiento de los delitos que le son
imputados por el Estado o aquellos que el implicado voluntariamente quiere
confesar, pero no ordena la confesión integral de todos los hechos criminales
en los cuales la persona hubiere participado en su condición de integrante de un
grupo armado específico y confiere beneficios penales adicionales respecto de
estos delitos no confesados cuando el Estado no pueda demostrar que la omisión
fue intencional.
En otras
palabras, se pregunta la Corte si viola los derechos de las víctimas la norma
que, con la finalidad de alcanzar la paz, otorga beneficios penales sustantivos
mediante un esquema de alternatividad penal, sin exigir que la persona
beneficiada confiese la totalidad de los delitos cometidos, y confiere
beneficios penales adicionales respecto de los delitos que originalmente no
fueron confesados, siempre que el Estado no pueda demostrar que la omisión fue
intencional.
6.2.2.1.7.
Estudio del problema jurídico planteado
6.2.2.1.7.1.
Como ya se mencionó, la Ley 975 de 2005 constituye una de las piezas más
importantes del marco jurídico de los procesos de paz en Colombia. Para
incentivar estos procesos, la ley establece una reducción sustantiva de las
penas de cárcel para quienes han cometido delitos  de suma gravedad. En efecto,
las personas responsables de tales delitos en el derecho nacional podrían
llegar a ser acreedoras  a una pena hasta de 60 años de cárcel y en el derecho
penal internacional podrían tener, incluso, cadena perpetua. Sin embargo, la
ley colombiana les otorga el beneficio de una pena efectiva que va entre 5 y 8
años, lo cual, sin duda, afecta derechos y principios constitucionales como el
derecho a la justicia de las víctimas y de la sociedad y el principio de
igualdad.
6.2.2.1.7.2. No
obstante, como lo ha señalado la Corte, con esta sustantiva reducción de las
penas se persigue una finalidad constitucionalmente imperativa que no es otra
que la búsqueda de la paz.  En este sentido no sobra recordar que la búsqueda
de este objetivo, mediante el otorgamiento de beneficios penales, puede
justificar limitaciones importantes a los derechos, principios y valores del
Estado constitucional, en particular, al derecho a la justicia. En efecto, como
ya se mencionó, en la ponderación de bienes constitucionales el derecho a la
justicia puede ser objeto de diferentes tipos de materialización, para lo cual
el Legislador cuenta no solo con un amplio margen de configuración sino con
autorizaciones constitucionales expresas, siempre y cuando se respeten ciertas
condiciones, requisitos y límites constitucionales.
6.2.2.1.7.3.
Respecto a este último asunto, la Corte ya ha indicado que los procesos de
negociación con grupos irregulares deben respetar unas normas mínimas, cuyo
núcleo esencial, por mandato de la propia Constitución, aparece como el límite
constitucional inquebrantable del ejercicio del poder de negociación del Estado
(arts. 5, 93, 94, 150-17, 201-2 y 214 de la Carta). Estas normas mínimas,
reconocidas adicionalmente en disposiciones internacionales que han sido libre
y soberanamente incorporadas al derecho interno, vinculan al Estado al
cumplimiento de una serie de obligaciones irrenunciables relacionadas con la
satisfacción de los derechos de las víctimas de violaciones a los derechos
humanos o de infracciones al Derecho Internacional Humanitario y a la
prevención de los delitos cometidos, es decir, a la real consolidación de la
importante finalidad buscada por este tipo de leyes.
6.2.2.1.7.4. En
los términos establecidos en la primera parte de esta providencia, la tarea que
la Corte debe adelantar es la de identificar si la limitación que las normas
demandadas producen sobre el derecho a la justicia – en particular sobre el
componente de verdad individual y colectiva que incorpora este derecho – es
proporcionada. Este juicio, como se indicó, resulta de identificar si  los
medios diseñados por el Legislador para alcanzar los fines legítimos que
pretende alcanzar, son adecuados para alcanzarlos y si tales medios no implican
una afectación manifiestamente desproporcionada de otros derechos
constitucionales. Al respecto resta señalar que, según la doctrina
constitucional, es manifiestamente desproporcionada toda norma que traspase los
límites mínimos o no negociables, que la Carta impone a la facultad de
configuración legislativa del Congreso en cualquier tiempo.
6.2.2.1.7.5. Las
normas demandadas establecen que las personas que han cometido delitos en su
condición de integrantes de grupos armados específicos tienen derecho a una
disminución sustantiva de la pena efectiva a cumplir. Para obtener este
beneficio parecería, según una interpretación, que no tienen  que confesar
todos los delitos en los cuales hubieren participado como miembros de un bloque
o frente. Podrían limitarse exclusivamente a reconocer los delitos cuya
responsabilidad les es adjudicada por el Estado sin aportar ninguna información
adicional. Si en el futuro el Estado encuentra que no confesaron todos los
delitos, la persona no pierde los beneficios que ya le han sido impuestos
respecto de los delitos cuya autoría aceptó. Adicionalmente, puede acceder a
nuevos beneficios respecto de los delitos no confesados, si el Estado no puede
demostrarle que la omisión fue intencional. La Corte estima que esta regulación
desconoce el derecho de las víctimas a la verdad, cuya dimensión constitucional
e internacional fue anteriormente reiterada (apartado 4).
6.2.2.1.7.6. El contenido mínimo del derecho de las víctimas a la
verdad protege, en primer lugar, el derecho a que los delitos más graves sean
investigados. Esto implica que tales delitos deben ser investigados y que el
Estado es responsable por acción o por omisión si no hay una investigación
seria acorde con la normatividad nacional e internacional. Una de las formas de
violación de este derecho es la inexistencia de medidas que sancionen el fraude
a la justicia o sistemas de incentivos que no tomen seriamente en cuenta estos
factores ni promuevan seria y decididamente la consecución de la verdad.
6.2.2.1.7.7. Adicionalmente, el derecho a la verdad incorpora el
derecho a conocer las causas y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en
las que los delitos fueron cometidos. Todo esto conduce a que la víctima vea
públicamente reconocido su dolor y su plena ciudadanía en términos de su
reconocimiento como sujeto de derechos. Así mismo, conduce a que las personas
afectadas puedan saber, si así lo desean, las razones y condiciones en las
cuales se cometió el delito.
6.2.2.1.7.8. De otra parte, cuando se trata del delito de
desaparición forzada de personas, el derecho a la verdad apareja el derecho a
conocer el destino final de la persona desaparecida. Según lo ha establecido la
jurisprudencia internacional, mantener a los familiares de una víctima de desaparición
forzada en la incertidumbre sobre el destino de su ser querido, vulnera el
derecho a no ser sometido a tratos crueles inhumanos o degradantes.
6.2.2.1.7.9. Naturalmente todos estos derechos comportan el deber
irrenunciable del Estado de investigar de manera seria y exhaustiva los delitos
cometidos y de informar sobre el resultado de sus investigaciones.
6.2.2.1.7.10. En cuanto se refiere a la dimensión colectiva de la
verdad, su contenido mínimo incluye la posibilidad de las sociedades de conocer
su propia historia, de elaborar un relato colectivo relativamente fidedigno
sobre los hechos que la han definido y de tener memoria de tales hechos.  Para
ello, es necesario que se adelanten investigaciones judiciales imparciales,
integrales y sistemáticas, sobre los hechos criminales de los que se pretende
dar cuenta histórica. Un sistema que no beneficie la reconstrucción de la
verdad histórica o que establezca apenas débiles incentivos para ello, podría
comprometer este importante derecho.
6.2.2.1.7.11. Como lo ha señalado la Corte, en un Estado
constitucional de derecho como el colombiano, la protección mínima de este
plexo de derechos no puede ser desconocida en ninguna circunstancia. En otras
palabras, los poderes públicos no están autorizados para desconocer estos
derechos en nombre de otro bien o valor constitucional, pues los mismos
constituyen el límite al poder de configuración del congreso, de gestión del
gobierno y de interpretación judicial. Se trata, como se señaló en la parte
anterior de esta decisión, de normas constitucionalmente vinculantes para todos
los poderes públicos, cuya eficacia no se reduce ni suspende por encontrarse el
Estado en tiempos de excepción o en procesos de paz. En efecto, según las
disposiciones del bloque de constitucionalidad, el ocultamiento, el silencio o
la mentira sobre los delitos cometidos, no pueden ser las bases de un proceso
de negociación que se ajuste a la Constitución. Sin embargo, el relato genuino
y fidedigno de los hechos, acompañado de investigaciones serias y exhaustivas y
del reconocimiento de la dignidad de las víctimas, pueden ser las bases de un
proceso de negociación en el cual, incluso, se admita constitucionalmente la
renuncia a la imposición o aplicación plena de las penas que el derecho penal
ordinario ha establecido, inclusive para los delitos que la humanidad entera ha
considerado de la mayor gravedad.
6.2.2.1.7.12. Se pregunta la Corte si las normas demandadas
destinadas a permitir la reincorporación a la vida civil de personas que han
cometido graves delitos, constituyen mecanismos procesales adecuados para
satisfacer el derecho de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, -
a quienes se impone una limitación de su derecho a la justicia -, a que (1) el
delito cometido contra ellas sea reconocido por el Estado e investigado en un
tiempo razonable; (2) se conozca a los responsables del mismo; y (3) se
establezcan las causas y las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las
cuales se cometió. Adicionalmente, se pregunta la Corporación si dichos
mecanismos legales servirán adecuadamente a la reconstrucción del fenómeno
macrocriminal y a la investigación de los delitos, incluidos los que la
humanidad entera ha considerado de la mayor gravedad.
6.2.2.1.7.13. Como ya ha sido señalado, el Estado está obligado a
adoptar todos los mecanismos jurídicos a su alcance para satisfacer plenamente
los derechos que han sido mencionados. La cuestión reside entonces en definir
si en el presente caso el Estado está honrando tales obligaciones o si, por el
contrario, está renunciando al deber de adoptar todas las medidas a su alcance
para que los procesos judiciales puedan satisfacer el derecho a la verdad.
6.2.2.1.7.14. Para la Corte, la ley demandada no establece
claramente los mecanismos judiciales necesarios y suficientes para que se pueda
esclarecerse el fenómeno macrocriminal que se afronta. Tampoco establece
mecanismos judiciales que aseguren la revelación de la verdad sobre los delitos
concretos cometidos por los integrantes de los grupos específicos que se
desmovilicen. En efecto, las personas que se acogerán a los beneficios de la
ley, tienen la única obligación de aceptar los delitos que el Estado esté en
capacidad de imputarles. Esto es importante para satisfacer los derechos afectados
y reconstruir la historia de lo sucedido, pero es completamente insuficiente
para garantizar el contenido constitucional mínimo del derecho a la verdad.
6.2.2.1.7.15. En primer lugar, los mecanismos diseñados por la Ley
no promueven efectivamente la revelación plena de la verdad. Estos mecanismos
no le asignan una consecuencia a la mentira o al ocultamiento de hechos graves
que el Estado no ha podido dilucidar, ni incentivan la revelación completa y
fidedigna de la verdad sobre los delitos cometidos como integrantes de tales
grupos específicos. Dos son las razones que soportan esta afirmación. En primer
lugar, el sistema diseñado por la Ley no establece como consecuencia de
versiones falsas o incompletas, la pérdida de beneficios penales conferidos
durante el periodo de libertad a prueba, lo cual conduce a que la reducción de
la pena efectiva a cumplir se mantenga a pesar de no haberse revelado toda la
verdad. En segundo término, la carga para quien ha mentido o dejado de aportar
datos importantes para desmantelar el grupo específico al que pertenecieron, y
esclarecer los hechos, incluso, puede ser inexistente y en el peor de los casos
para dicha persona no superará los 4 años y 6 meses de privación efectiva de la
libertad. Entra la Corte a explicar estas cuestiones.
6.2.2.1.7.16. Conforme a la ley acusada, la falta de una confesión
fidedigna o completa no tiene ningún efecto sobre los beneficios ya concedidos.
Si la persona aceptó la comisión de una serie de delitos pero omitió relatar
los hechos sobre otros delitos cometidos en su condición de integrante del
grupo armado específico o incluso mintió al respecto, en nada afectará este
comportamiento los beneficios conferidos sobre los delitos que la persona
aceptó. En efecto, los beneficios respecto de cada delito no dependen de que la
confesión sea completa o fidedigna. Solo dependen, según la ley acusada, de que
se acepten todos los cargos que el Estado está en capacidad de imputar.
Lo que puede ocurrir, según la Ley, es que la persona que no confesó
un delito sea nuevamente juzgada, pero exclusivamente por los nuevos delitos
que se le imputan. Este nuevo proceso no afectará para nada el beneficio ya
otorgado respecto de los delitos cuya responsabilidad la persona aceptó y por
los cuales fue previamente condenado al pago efectivo de la pena alternativa.
6.2.2.1.7.17. Ahora bien, respecto de los nuevos delitos que
hubieren sido revelados por las investigaciones del Estado y no por la
colaboración de sus autores, se aplicará el derecho penal ordinario siempre que
se demuestre que la omisión en la confesión no fue intencional, conforme a la
ley acusada. Como la prueba sobre este hecho no puede radicar en quien dejó de
confesar tales delitos, dado que de ninguna manera el derecho admite la
obligación de probar negaciones indefinidas, corresponderá entonces al Estado
aportar las pruebas que demuestren, de manera fidedigna, que la omisión fue
intencional. Si no es posible aportar esta prueba y la persona se acoge a los
nuevos cargos, tendrá derecho a que, nuevamente, se le apliquen los beneficios
consagrados en la Ley 975 de 2005. Así las cosas, la persona responsable de
delitos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a esos grupos antes
de su desmovilización que en su momento no confesó, será probablemente
beneficiada nuevamente con la pena alternativa, según la ley acusada.
6.2.2.1.7.18. Dado el fenómeno de acumulación de penas alternativas
que la ley establece, la nueva condena – por delitos que podrían consistir en masacres,
desplazamiento forzado o secuestros masivos - podría no aparejar una pena
efectiva de prisión. En efecto, dado que la ley establece que la nueva pena
alternativa no solo se acumula jurídicamente a la primera pena alternativa
impuesta sino que en ningún caso esta acumulación puede exceder el máximo de 8
años de que trata la ley, lo cierto es que puede perfectamente ocurrir que la
persona ya hubiere pagado la pena máxima de 8 años. Por lo tanto, pese a ser
objeto de una nueva pena alternativa, no estaría obligada a pagar un sólo día
de prisión dado que la pena efectiva no puede superar los 8 años.
6.2.2.1.7.19. Esta descripción muestra claramente que la Ley no
diseña un sistema de incentivos efectivos que promueva la revelación plena y
fidedigna de la verdad. En efecto, la persona que miente o que omite esclarecer
los hechos criminales en los cuales ha estado comprometida con ocasión de su
pertenencia al bloque o frente sabe que en un nuevo proceso puede ser objeto de
generosos beneficios hasta el punto de que quede completamente relevada de
pagar un solo día de cárcel. Sin embargo, por las razones que la Corte entra a
explicar, la colaboración plena y fidedigna de los perpetradores es una medida
indispensable para satisfacer el derecho de las víctimas a la verdad y el
interés de la sociedad en la construcción de memoria histórica.
6.2.2.1.7.20. No puede perderse de vista que esta Ley está diseñada
para ser aplicada a personas que han cometido múltiples y graves delitos. Por
las dificultades que implican estas investigaciones, en muchos casos la
actuación estatal no basta para que estos delitos sean totalmente esclarecidos
o su autor identificado. La manipulación de las pruebas, el amedrentamiento y
asesinato de testigos, investigadores y jueces, el terror sobre la población,
son medidas que los grupos armados ilegales, con capacidad de cometer estos
delitos, han adoptado para esconder la dimensión y las pruebas de los mismos.
En este sentido no parece irrelevante recordar que en múltiples casos la comisión
de graves delitos ha quedado impune. Por esta razón no es posible afirmar,
categóricamente, que el Estado, años después de los delitos cometidos,
revelará, gracias exclusivamente a sus propias investigaciones, la verdad sobre
los mismos. Fosas comunes en lugares inhóspitos, desplazamiento de poblaciones
que se han dispersado por todo el territorio nacional, en fin, múltiples
delitos podrán quedar en el silencio y el olvido si sus propios perpetradores,
aquellos que han decidido acogerse a un proceso de paz y que tienen la
intención de vivir al amparo y con las garantías y ventajas del Estado de
derecho, no los confiesan plenamente.
6.2.2.1.7.21. Por las razones que han sido expresadas, en casos como
estos, además de confiar en la voluntad de buena fe de quienes deciden entrar a
la legalidad, el Estado debe adoptar mecanismos procesales idóneos para
asegurarse que las personas a quienes se beneficia a través de la imposición de
penas alternativas reducidas respecto de los delitos cometidos,  colaboren eficazmente
en la satisfacción de los derechos a la verdad de sus propias víctimas. De esta
manera, las personas que tendrán los beneficios que supone vivir en un Estado
de derecho, tendrán también las cargas proporcionales que el derecho les
impone. Así se logra ponderar el derecho a la paz y los derechos de las
víctimas, en especial el derecho a la verdad. De otra forma el Estado estaría
renunciando a su deber de adelantar investigaciones serias y exhaustivas sobre
los hechos dentro de un plazo razonable, y estaría sacrificando
desproporcionadamente el derecho de las víctimas a conocer la verdad integral y
fidedigna de lo ocurrido.
6.2.2.1.7.22. En este sentido no sobra enfatizar que frente al tipo
de delitos a que se refiere la ley demandada, sólo la identificación completa
de la cadena de delitos cometidos por cada uno de estos grupos armados
específicos permite conocer la real dimensión de lo sucedido, identificar a las
víctimas, repararlas, y adoptar medidas serias y sostenibles de no repetición.
El secreto sobre lo ocurrido, la manipulación de la verdad y la negación de
graves delitos cometidos por tales grupos no sólo compromete los derechos de
cada una de las personas que ha tenido que sufrir el dolor de la violación de
sus derechos sino el interés de la sociedad entera en conocer lo ocurrido en
toda su magnitud y a adoptar medidas para que nunca más esos delitos vuelvan a
ocurrir.
6.2.2.1.7.23. En resumen, la ley demandada en los artículos
analizados no incorpora mecanismos idóneos para que efectiva y realmente pueda
satisfacerse el derecho a la verdad. De una parte las personas que se limiten a
reconocer los delitos que el Estado les impute como integrantes de tales grupos
pero que no confiesen delitos adicionales anteriores a la desmovilización del
grupo específico al cual pertenecían y cometidos con ocasión de la acción del
respectivo bloque o frente no pierden los beneficios que la ley les confiere
sobre los delitos reconocidos.  Pese al silencio y el ocultamiento, si el
Estado no llega a identificarlos como autores de otros delitos, ellos seguirán
gozando de los beneficios que la ley les otorga, a pesar de que se encontrará
gravemente afectado el derecho a la verdad de las víctimas de tales delitos.
Pero si el Estado llegare a demostrar la vinculación de estas personas con
otros delitos con ocasión de su pertenencia al grupo armado específico antes de
la desmovilización, tiene, adicionalmente, que probar que la omisión en la
confesión fue intencional. De otra manera, se le aplicarán al perpetrador
nuevamente los beneficios que la ley contempla. En esos términos, la persona
sería condenada a pagar una “pena alternativa” que puede, incluso, suponer la
libertad inmediata.
6.2.2.1.7.24. Cuando se trata del ocultamiento de delitos, inclusive
tan graves como masacres, secuestros masivos, asesinatos y desapariciones,
bombardeo de pueblos o de lugares de culto, reclutamiento masivo de menores,
entre otros, el tránsito de sus autores a la vida civil estimulado por el
beneficio de la reducción de la pena efectiva a cumplir supone, cuando menos,
que estos satisfagan de manera completa y fidedigna el derecho de las víctimas
a la verdad.
6.2.2.1.7.25. En
consecuencia, la Corte declarará inexequible el inciso segundo y el siguiente
apartado del inciso primero del artículo 25 de la ley demandada: “sin
perjuicio del otorgamiento de la pena alternativa, en el evento que colabore
eficazmente en el esclarecimiento o acepte, oralmente o por escrito, de manera
libre, voluntaria, expresa y espontánea, debidamente informado por su defensor,
haber participado en su realización y siempre que la omisión no haya sido
intencional. En este evento, el condenado podrá ser beneficiario de la pena
alternativa. Se procederá a la acumulación jurídica de las penas alternativas sin
exceder los máximos establecidos en la presente ley.”
6.2.2.1.7.26.
Adicionalmente, y bajo estos mismos supuestos, en la parte resolutiva de esta
providencia, se declarará exequible, por los cargos analizados, el artículo 17,
en el entendido de que la versión libre debe ser completa y veraz.
6.2.2.1.7.27. Advierte la Corte que el inciso quinto del artículo
29, orientado a regular los supuestos de revocatoria de la libertad a prueba y
del beneficio de alternatividad penal, emplea una expresión demasiado amplia,
v.gr., “cumplidas estas obligaciones”. Tales obligaciones pueden ser las del
inciso inmediatamente anterior, lo cual dejaría completamente desprotegido el
derecho de las víctimas a la verdad. En cambio, el inciso segundo de dicho
artículo alude a “las condiciones previstas en esta ley”, lo cual comprende
múltiples requisitos, sin especificar cuáles. Esto es especialmente importante
en lo que respecta al derecho a la verdad, que sería burlado si el condenado
pudiera mantener el beneficio de la pena alternativa a pesar de que se
descubra, algún delito cometido con ocasión de su pertenencia al grupo armado
específico, imputable al beneficiario y que éste hubiere ocultado en su versión
libre. Según esta interpretación, el beneficiario de la alternatividad
continuaría gozando de la pena alternativa a pesar de haber ocultado, no
cualquier delito, sino uno en el cual hubiere participado como miembro del
bloque o frente al cual pertenecía. Cuando dicho delito ocultado estuviere,
además, relacionado directamente con su pertenencia al grupo específico
desmovilizado, o del cual individualmente decidió separarse para
desmovilizarse, admitir que el condenado conserve el beneficio resulta
manifiestamente desproporcionado. En efecto, esta interpretación tornaría la
alternatividad inoperante e ineficiente frente a los fines de la justicia, y
afectaría en exceso el derecho a la verdad. Por estas razones la Corte
declarará exequible el inciso 5º del artículo 29 en el entendido de que también
se revocará el beneficio de alternatividad cuando el beneficiario haya ocultado
en la versión libre su participación como miembro del grupo en la comisión de
un delito relacionado directamente con su pertenencia al grupo.
Ahora bien, como
el propósito de la ley es promover la paz y proteger, en este aspecto, el
derecho de las víctimas a la verdad esencialmente, no basta para que se revoque
el beneficio concedido que, durante el periodo de libertad a prueba,  alguien
alegue que se ocultó la verdad en la versión libre o que denuncie al
beneficiario por la comisión de un delito cualquiera no mencionado en dicha
versión libre. El delito ocultado debe ser real, no fruto de la imaginación o
la sospecha, lo cual exige que exista una sentencia judicial que otorgue
certeza durante el periodo de libertad a prueba sobre la comisión del delito
ocultado. La existencia de una sentencia judicial es importante, porque
implicará para el condenado cumplir una pena ordinaria de larga duración, dada
la magnitud de los delitos cometidos, lo cual presupone que exista certeza
sobre su participación en tales delitos. Además, el delito ocultado sobre el
accionar del bloque o frente debe tener relevancia dentro del proceso de paz
por su entidad y trascendencia para el esclarecimiento de la verdad, como pilar
de la reconciliación, aspecto que debe ser valorado por el juez de tal forma
que la revocación del beneficio, posible durante el periodo de libertad a
prueba, sea necesaria a la luz de los propósitos que justifican la Ley 975/05.
6.2.2.1.7.28.
Así, la Corte habrá de declarar exequible el inciso quinto del artículo 29, en
el entendido de que también se revocará el beneficio cuando se haya ocultado en
la versión libre la participación del individuo desmovilizado como miembro del
grupo en la comisión de un delito relacionado directamente con su pertenencia
al grupo. En la medida en que el beneficio de la alternatividad penal estimule
la revelación de la verdad de los delitos cometidos por la persona en su
condición de integrante de un grupo armado al margen de la ley específico, la
limitación del derecho a la justicia resultante de la reducción de la pena
efectiva a cumplir, en las condiciones mencionadas, es un medio idóneo para
promover el derecho a la verdad. Por el contrario, si el beneficio penal es
irrevocable, aun en las circunstancias en que el miembro de un bloque o frente
oculte su participación en la comisión, no de un delito cualquiera, sino
precisamente de uno que guarda relación directa con su pertenencia a dicho
grupo específico y cometido con ocasión de su vinculación al mismo, la
afectación del derecho a la verdad de las víctimas sería manifiestamente
desproporcionada. De ahí la necesidad del condicionamiento enunciado, el cual
será plasmado en la parte resolutiva de esta sentencia.
6.2.2.1.7.29. En
suma, en virtud de las decisiones adoptadas y en aplicación estricta de la
Constitución, los beneficios penales que la Ley demandada permite que se
conceda a quienes han cometido delitos de suma gravedad, sólo pueden conferirse
a quienes han satisfecho de manera plena el derecho de las víctimas a la
verdad, de lo cual depende, también, la satisfacción del interés de la sociedad
en construir memoria colectiva sobre lo acontecido durante el conflicto armado.
Para eso deben haber confesado, de manera completa y veraz, todos los hechos
criminales en los cuales han participado como integrantes de tales grupos. A
este respecto, sin embargo, es necesario recordar que, según la jurisprudencia
de la Corte, el Estado debe garantizar que la confesión sea plenamente
conciente, libre y voluntaria. De otra forma se estaría vulnerando el derecho a
la no autoincriminación[167].
6.2.2.1.7.30. De
esta manera, respecto de estos artículos la Corte considera protegidos
armónicamente tanto el derecho a la verdad de las víctimas como el derecho a la
paz. Finalmente, no sobra recordar que, en todo caso, tanto en los procesos de
diseño de normas legislativas como en las actuaciones políticas o
administrativas y en la adopción de decisiones judiciales, los servidores
públicos deben buscar la satisfacción integral del derecho a la verdad en los
términos que ha sido establecido por esta Corporación.
6.2.2.2. Violación del derecho a la verdad por el artículo 10 de la
Ley 975, por haberse omitido “estipular la obligación de los desmovilizados de
señalar el paradero de personas desaparecidas”.
6.2.2.2.1. La demanda cuestiona el numeral 6 del artículo 10 de la
Ley 975/05, que dispone:
“Artículo 10. Requisitos de elegibilidad para la desmovilización
colectiva. Podrán acceder a los beneficios que establece la presente ley los
miembros de un grupo armado organizado al margen de la ley que hayan sido o
puedan ser imputados, acusados o condenados como autores o partícipes de hechos
delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a esos grupos,
cuando no puedan ser beneficiarios de algunos de los mecanismos establecidos en
la Ley 782 de 2002, siempre que se encuentren en el listado que el Gobierno
Nacional remita a la Fiscalía General de la Nación y reúnan, además, las
siguientes condiciones:
10.1. Que el grupo armado organizado de que se trate se haya
desmovilizado y desmantelado en cumplimiento de acuerdo con el Gobierno
Nacional.
10.2. Que se entreguen los bienes producto de la actividad ilegal.
10.3. Que el grupo ponga a disposición del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar la totalidad de menores de edad reclutados.
10.4. Que el grupo cese toda interferencia al libre ejercicio de los
derechos políticos y libertades públicas y cualquiera otra actividad ilícita.
10.5. Que el grupo no se haya organizado para el tráfico de
estupefacientes o el enriquecimiento ilícito.
10.6. Que se liberen las personas secuestradas, que se hallen en su
poder.
Parágrafo. Los miembros del grupo armado organizado al margen de la
ley que se encuentren privados de la libertad, podrán acceder a los beneficios
contenidos en la presente ley y a los establecidos en la Ley 782 de 2002,
siempre que en las providencias judiciales correspondientes se determine su
pertenencia al respectivo grupo”.
Esta norma define los requisitos de elegibilidad para el evento de
las desmovilizaciones colectivas, es decir, cuando un grupo armado específico
decide iniciar su proceso de reincorporación a la vida civil. El requisito de
elegibilidad consiste en liberar a los secuestrados que se hallen en poder del
grupo específico que se desmoviliza y de sus integrantes.
6.2.2.2.2. Para los demandantes, al aprobar la norma acusada se incurrió
en una omisión legislativa relativa, consistente en que no se exige a los
combatientes desmovilizados que señalen, al momento de desmovilizarse, el
paradero de las personas desaparecidas. Proceden a explicar por qué en el
presente caso están dadas las cinco condiciones que ha señalado la
jurisprudencia constitucional (sentencia C-185 de 2002) para que se configure
una omisión legislativa relativa, a saber: (i) que exista una norma respecto de
la cual se predique el cargo, (ii) que dicha norma excluya de sus consecuencias
jurídicas casos que, por ser asimilables, deberían estar contenidas en su texto
normativo, o que omita incluir un ingrediente o condición que, en virtud de la
Constitución, sea esencial para armonizar el texto de la norma con los mandatos
de la Carta Política; (iii) que la exclusión de los casos o elementos en
cuestión carezca de un principio de razón suficiente; (iv) que en virtud de la
falta de justificación y objetividad aludidas, los casos excluidos de la
regulación legal queden en situación de desigualdad negativa frente a los que
sí están amparados por las consecuencias de la norma; y (v) que la omisión
resulte del incumplimiento de un deber específico impuesto al legislador por el
Constituyente.
6.2.2.2.3. Se pregunta la Corte si, a la luz de las normas
constitucionales, el legislador está autorizado para conferir amplios
beneficios penales a autores del delito de desaparición forzada, sin exigirles
como requisito previo para la obtención de tales beneficios, no solo haber decidido
desmovilizarse colectivamente sino que señalen el paradero de las personas de
cuya desaparición son responsables.
6.2.2.2.4. Como
ya fue explicado en un aparte anterior de esta decisión, el artículo 12 de la
Constitución, que prohíbe la desaparición forzada de personas y la Convención
Interamericana sobre desaparición forzada de personas[168],
que hace parte del bloque de constitucionalidad, aparejan, entre otras, la
obligación del Estado de investigar seriamente el delito de desaparición
forzada de personas e informar a las víctimas y sus familiares sobre el
resultado de las investigaciones y el destino de las personas desaparecidas.
Este deber es de cumplimiento inmediato y oficioso y no exige que las víctimas
impulsen o promuevan las investigaciones[169].
Adicionalmente, el cumplimiento satisfactorio de este deber exige que el Estado
adopte las medidas que sean necesarias para dar con el paradero de las personas
desaparecidas en el menor tiempo posible, pues la dilación de la investigación
o de la entrega de información a las personas interesadas apareja, a su turno,
una violación del derecho a no ser objeto de tratos crueles en cabeza de los
familiares de la persona desaparecida, como lo reiteró la Corte al revisar el
proyecto de ley estatutaria sobre el mecanismo de búsqueda urgente de personas
desaparecidas[170].
6.2.2.2.5. En esa medida resulta inconstitucional que el Estado
colombiano otorgue beneficios penales a personas que son responsables del
delito de desaparición forzada, sin que exija, como condición para el
otorgamiento del beneficio, además de que hayan decidido desmovilizarse en el
marco de esta ley que los responsables del delito hubieren indicado, desde el
momento en el que se define su elegibilidad, el paradero de las personas
desaparecidas. En efecto, tal y como se señaló en el caso anterior, el Estado
no puede renunciar a utilizar todos los mecanismos a su alcance para prevenir
delitos de suma gravedad y, en el  caso en el cual se hubieren cometido, para
interrumpir sus efectos sobre la víctima o sobre sus familiares.
6.2.2.2.6. En este sentido es importante reconocer que la obligación
de liberar a las personas secuestradas es de naturaleza similar a la obligación
constitucional de revelar el destino de las personas desaparecidas. En efecto,
en los dos casos se trata de frenar la violación continua de los derechos
fundamentales a la vida, a la integridad y a la libertad, de las víctimas y a
la integridad de sus seres queridos.  Sin embargo, no parece existir ninguna
razón por la cual el legislador hubiere omitido establecer como requisito de
elegibilidad revelar el destino de las personas desaparecidas mientras consagró
como condición para acceder a los beneficios de la ley liberar a las personas
secuestradas, en el evento de la desmovilización colectiva. Al no existir un
principio de razón suficiente para esta distinción y existir sin embargo la
obligación irrenunciable del Estado de adoptar todas las medidas para
esclarecer este delito en el menor tiempo posible, e informar sobre el paradero
de los desaparecidos, no parece constitucionalmente adecuada la exclusión de la
que se da cuenta en la presente sentencia.
6.2.2.2.7. En suma, por las razones expresadas tanto en el presente
como en el anterior aparte de esta sentencia, la Corte considera que la omisión
del legislador de la cual da cuenta la demanda, es el resultado del
incumplimiento de un deber constitucional específico en cabeza del Estado. Este
deber consiste en adoptar todas las medidas a su alcance para establecer, en el
menor tiempo posible, el paradero de las personas desaparecidas. El silencio
sobre este requisito a la hora de solicitar la aplicación de la Ley demandada
ante la decisión de desmovilizarse colectivamente, equivale a una renuncia del
Estado a cumplir este deber, renuncia a la que el legislador no está
autorizado.
6.2.2.2.8. En este sentido, es importante advertir que el deber de
dar cuenta sobre las personas desaparecidas o secuestradas y su destino, es
condición indispensable para la eficacia de los derechos a la verdad y a la
justicia de las víctimas y, por lo tanto, debe ser requisito de elegibilidad
cuando todo el grupo armado específico decide desmovilizarse colectivamente
para acceder a los beneficios penales. De esta forma el Estado satisface su
obligación de adoptar todas las medidas adecuadas para satisfacer los derechos
de las víctimas. Adicionalmente, no sobra advertir que esta información debe
ser integralmente aportada luego por los integrantes del grupo armado
específico durante la llamada “versión libre” y, en todo caso, el responsable
de estos delitos cuando no conozca el paradero exacto de la persona a quien
secuestró o desapareció, está obligado a colaborar eficazmente con la justicia
para dar con su paradero. Estas  obligaciones, no pueden ser voluntariamente
postergadas por el Estado hasta el momento de la sentencia final del juicio
criminal. Por el contrario, por la importancia de los bienes jurídicos que
protegen y por la especificidad de las normas jurídicas que establecen los
deberes del Estado al respecto, deben ser cumplidas desde el momento mismo en
el cual comienza, con la decisión de cada bloque o frente, el proceso de
desmovilización colectiva y su cumplimiento satisfactorio debe poder ser
evaluado durante el proceso.
6.2.2.2.9. A este respecto es pertinente indicar que si la
información sobre el paradero de las personas desaparecidas o secuestradas se
aporta al comienzo del proceso, los familiares de la víctima tienen distintas
oportunidades procesales para verificar su veracidad y promover que la misma
sea completa y fidedigna. Desde este punto de vista, exigir que la revelación
sobre el destino de los secuestrados y desaparecidos aparezca como condición de
elegibilidad para la desmovilización colectiva garantiza el derecho a un
recurso efectivo en cabeza de las víctimas, derecho que, como ya se mencionó,
hace parte del bloque de constitucionalidad, lo cual crea las condiciones para
que el Estado inicie rápidamente la investigación de los responsables del
delito de desaparición forzada[171].
6.2.2.2.10. Por las razones mencionadas la Corte no puede encontrar
ajustado a la Constitución la decisión de aplazar, hasta el momento de la
ejecución de la sentencia judicial, la entrega al Estado y a las víctimas y sus
familiares de la información sobre el destino de los desaparecidos, como no lo
seria la de aplazar la información sobre el paradero de las personas
secuestradas. Según las normas constitucionales e internacionales que han sido
citadas, esta información es de tal importancia que debe ser considerada como
requisito inicial, a aplicar desde el momento de la decisión de desmovilización
adoptada por cada bloque o frente, para acceder a la concesión de los
beneficios para la desmovilización colectiva de cada grupo armado específico y
su fiabilidad debe poder ser demostrada durante el respectivo proceso penal en
cada caso respecto del correspondiente frente o bloque.
6.2.2.2.11. En consecuencia, en defensa de los derechos a la verdad,
a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal y a un recurso
judicial efectivo, la Corte considera que la omisión del legislador resulta
inconstitucional. En consideración a los anteriores argumentos, la Corte
declarará exequible el numeral 10.6. del artículo 10 de la Ley demandada, en el
entendido que también deben informar en cada caso sobre la suerte de las
personas desaparecidas.
6.2.2.3. Violación del derecho a la verdad por los artículos 48
(parcial) y 58 (parcial) de la Ley 975/05, por cuanto desconocen la obligación
de realizar una difusión completa de la verdad.
6.2.2.3.1. Los actores demandan algunos apartes de los artículos 48
y 58 de la Ley 975/05, que disponen:
“Artículo 48. Medidas de satisfacción y garantías de no repetición.
Las medidas de satisfacción y las garantías de no repetición, adoptadas por las
distintas autoridades directamente comprometidas en el proceso de
reconciliación nacional, deberán incluir:
49.1 (sic) La verificación de los hechos y la difusión pública y
completa de la verdad judicial, en la medida en que no provoque más daños
innecesarios a la víctima, los testigos u otras personas, ni cree un
peligro para su seguridad.
Artículo 58. Medidas para facilitar el acceso a los archivos. El
acceso a los archivos debe ser facilitado en el interés de las víctimas y de
sus parientes para hacer valer sus derechos.
Cuando el acceso se solicite en interés de la investigación
histórica, las formalidades de autorización sólo tendrán la finalidad del
control de acceso, custodia y adecuado mantenimiento del material, y no con
fines de censura.
En todo caso se deberán adoptar las medidas necesarias para
resguardar el derecho a la intimidad de las víctimas de violencia sexual y de
las niñas, niños y adolescentes víctimas de los grupos armados al margen de la
ley, y para no provocar más daños innecesarios a la víctima, los
testigos u otras personas, ni crear un peligro para su seguridad.
6.2.2.3.2. Explican los demandantes que, en principio, los artículos
transcritos consagran restricciones a la difusión de la verdad y el acceso a
los archivos que resultan legítimas y proporcionadas en tanto limitaciones del
derecho a la verdad, por cuanto su finalidad es la de no generar más perjuicios
para las víctimas y proteger la seguridad de los testigos que han contribuido
al esclarecimiento de la realidad. Sin embargo, consideran que los apartes
subrayados admiten dos interpretaciones, una de las cuales es inconstitucional.
6.2.2.3.3. En efecto, se afirma que “una interpretación
inconstitucional de esas normas permitiría que se limitara la difusión de la
verdad o el acceso a los archivos para evitar ocasionar cualquier tipo de daño
a cualquier persona, incluyendo, por ejemplo, a los combatientes desmovilizados
o a las personas que los han apoyado. Tal interpretación sería una negación del
derecho a la verdad de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y de
infracciones al derecho internacional humanitario, pues haría prevalecer
nuevamente los intereses de los perpetradores sobre los intereses de las
víctimas y reafirmaría las condiciones en las que han estado oprimidas. Ello
sería especialmente factible si se interpretase como daño, por ejemplo, la
afectación moral que padecerían los responsables de los crímenes por el hecho
de que la verdad de los hechos sea públicamente conocida, o la afectación moral
de otra índole que pudieran padecer personas que no hayan perpetrado
directamente los crímenes pero que hayan colaborado, financiado o respaldado la
actividad de grupos armados desde esferas públicas, políticas o económicas”.
6.2.2.3.4. Las disposiciones parcialmente demandadas reiteran el
derecho constitucional de acceso a la información pública, y proyectan este
derecho como una herramienta para satisfacer el interés en la verdad colectiva
del cual es titular la sociedad colombiana. En este sentido, las normas se
ajustan a lo dispuesto en la Constitución y al derecho a la verdad que tantas
veces se ha mencionado en esta decisión. Sin embargo, las expresiones
demandadas parecen establecer una reserva a la publicidad de dicha información.
6.2.2.3.5. En efecto, el numeral 49.1 (sic) del artículo 48
establece que las autoridades directamente comprometidas en el proceso de
reconciliación nacional deberán incluir dentro del catálogo de medidas de
satisfacción y no repetición de los hechos delictivos “La verificación de los
hechos y la difusión pública y completa de la verdad judicial, en la medida en
que no provoque más daños innecesarios a la víctima, los testigos u
otras personas, ni cree un peligro para su seguridad.”.
6.2.2.3.6. De otra parte, el artículo 58 señala que las autoridades
deben adoptar las medidas necesarias para resguardar el derecho a la intimidad
de las víctimas de violencia sexual y de las niñas, niños y adolescentes
víctimas de los grupos armados al margen de la ley, y para no provocar más
daños innecesarios a la víctima, los testigos u otras personas, ni
crear un peligro para su seguridad.
6.2.2.3.7. A juicio de la Corte las expresiones demandas deben ser
interpretadas de conformidad con las normas constitucionales en materia de
publicidad y reserva de la información pública y en el contexto de la propia
Ley demandada. En este sentido, estas disposiciones no pueden entenderse como
una cláusula general que autorice a los funcionarios públicos a establecer la
reserva de documentos que, en su criterio personal, “generan daños
innecesarios” a “otras personas”, pues una autorización de esta naturaleza
resultaría inconstitucional. En este sentido, una lectura sistemática de las
disposiciones parcialmente demandadas permiten comprender que lo que tales
disposiciones hacen es remitir a la aplicación de las normas vigentes que
establecen con claridad y precisión el tipo de información que puede ser objeto
de reserva en las condiciones que establece la norma.
6.2.2.3.8. Al respecto la Corte Constitucional ya ha señalado que en
principio la Constitución ordena la publicidad y transparencia de todos los
documentos y actuaciones públicas. Al respecto, el artículo 74 C.P. establece: “Todas
las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos
que establezca la ley.”
6.2.2.3.9. En
los términos de la Constitución, la regla general de la publicidad sólo puede
tener excepciones en virtud de leyes que, de manera específica, establezcan los
casos concretos en los cuales ciertas autoridades claramente definidas pueden
establecer que determinada información es reservada. Adicionalmente, la reserva
sólo resulta procedente si el legislador aporta razones suficientes para
justificarla. En este sentido la Corte ha señalado estrictas condiciones para
que el legislador pueda establecer excepciones a la regla general prevista en
el artículo 74 Superior.  Al respecto, la jurisprudencia constitucional prevé
que tales limitaciones serán admisibles cuando se compruebe: (i) la existencia
de reserva legal en relación con la limitación del derecho,  (ii) la necesidad
que tales restricciones se sujeten a los principios de razonabilidad y
proporcionalidad y estén relacionados con la protección de derechos
fundamentales o de valores constitucionalmente protegidos, como sucede con la
seguridad y la defensa nacional; y (iii) el carácter temporal de la
restricción, en la medida en que la ley debe fijar un plazo después del cual
los documentos pasan al dominio público.[172]
6.2.2.3.10. Desde esta perspectiva, la norma demandada sólo puede
interpretarse en el sentido de entender que se trata de una norma que remite a
las disposiciones legales que, en cumplimiento de los requisitos mencionados,
consagran la posibilidad de la reserva, pues la Constitución no admite la
existencia de cláusulas abiertas que establezcan restricciones genéricas o
indeterminadas del derecho de acceso a los documentos y la información pública.
En efecto, la Carta sólo autoriza restricciones taxativas, plenamente
justificadas y cuya aplicación no lesione el contenido esencial de otros
derechos constitucionales, en especial el derecho que tienen las víctimas y la
sociedad a conocer la verdad.
6.2.2.3.11. En consecuencia, a la luz de la Constitución y en
aplicación del principio democrático y específicamente del principio de
conservación del derecho, debe sostenerse que las disposiciones demandadas no
están estableciendo una cláusula general de reserva sino remitiendo a las otras
normas legales vigentes que permiten la reserva de ciertas actuaciones, por
ejemplo, para proteger la vida, la integridad y la seguridad de los testigos en
casos criminales o garantizar el derecho a la intimidad de los menores o de las
víctimas de delitos sexuales. Además, las normas acusadas aportan criterios
normativos para su aplicación.
6.2.2.3.12. De otra parte, la Corte encuentra que esta interpretación
de las expresiones demandadas es de todo coherente con los principios que
orientan la Ley general de la cual hacen parte y, especialmente, con el
contenido y la finalidad de las normas específicas que integran.
6.2.2.3.13. En efecto, la Ley que se estudia, de conformidad con la
Constitución y las normas internacionales que vinculan al Estado Colombiano,
tiene como propósito promover la reconciliación nacional sobre la base de la
reducción de la pena efectiva a cumplir, pero con la condición de que se garanticen
los derechos mínimos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.
En esta medida, el legislador entendió que una de las medidas más importantes
para satisfacer los derechos a la verdad y a la reparación, para promover el
deber de la memoria colectiva y para asegurar la adopción de medidas adecuadas
de no repetición, era la reconstrucción de un relato histórico que pueda
nutrirse con las actuaciones que tengan lugar al amparo de la Ley. Por eso
dedicó varios artículos a la protección de este derecho y un título completo a
la garantía de la memoria.
6.2.2.3.14. Esta decisión legislativa se adecua al marco general
establecido por las normas que integran el bloque de constitucionalidad. Al
respecto resulta relevante recordar nuevamente la jurisprudencia del interprete
autorizado de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos que, en
materia de publicidad de la información señaló:
“77.     Finalmente, es obligación del Estado, según el deber
general establecido en el artículo 1.1 de la Convención, asegurar que estas
graves violaciones no se vuelvan a repetir.  En consecuencia, debe hacer todas
las gestiones necesarias para lograr este fin. Las medidas preventivas y de no
repetición empiezan con la revelación y reconocimiento de las atrocidades del
pasado, como lo ordenara esta Corte en la sentencia de fondo.  La sociedad
tiene el derecho a conocer la verdad en cuanto a tales crímenes con el
propósito de que tenga la capacidad de prevenirlos en el futuro.
“78.     Por consiguiente, la Corte reitera que el Estado tiene la
obligación de investigar los hechos que generaron las violaciones de la
Convención Americana en el presente caso, así como de divulgar públicamente los
resultados de dicha investigación y sancionar a los responsables.” [173]
6.2.2.3.15. En este sentido, no escapa a la Corte el hecho de que
múltiples artículos de la ley demandada se le ordena a las autoridades públicas
la investigación exhaustiva de los hechos y su difusión pública como condición
para la satisfacción de los derechos de las víctimas y para la adopción de
medidas de no repetición. En efecto, por solo mencionar algunos ejemplos, el
artículo 7 de la Ley consagra expresamente el derecho de la sociedad y de las
víctimas a conocer toda la información sobre los hechos que se investiguen. En
este mismo sentido señala que los procesos judiciales no impedirán que en el
futuro se implementen otros mecanismos no judiciales de reconstrucción de la
verdad. Para que esos mecanismos – como las comisiones de la verdad - puedan
operar plenamente, es necesario que no exista reserva sobre información
relevante, salvo que se trate, como también lo establece la ley, de proteger la
intimidad, la vida, la integridad o la seguridad de víctimas y testigos. Este
mismo artículo séptimo establece que las víctimas tienen derecho a la
satisfacción o compensación moral por el daño producido y que dicha
compensación apareja, entre otras cosas, la obligación de “difundir la verdad
sobre lo sucedido.”. A su turno, el artículo 49, del cual hace parte una de las
disposiciones demandadas, se refiere a las medidas de satisfacción y garantías
de no repetición a las cuales se obliga el Estado colombiano. Mal podría
entonces interpretarse la disposición demandada en contravía con la finalidad y
objetivos del artículo al cual pertenece. Finalmente, el artículo 58 se titula Medidas
para garantizar el acceso a los Archivos y se encuentra inserto en el
Capitulo X de la Ley, destinado integralmente a asegurar el deber de la memoria
y la reconstrucción de un relato histórico sobre los fenómenos a los cuales se
aplique la Ley. En esos términos, no puede entenderse que la norma demandada
permita, por vía de excepción, sacrificar los bienes, valores y derechos que
persigue todo el Capitulo X dentro del cual se encuentra inserta. Al intérprete
del derecho se le deben imponer los criterios de interpretación sistemática y
teleológica en virtud de los cuales debe entenderse que las disposiciones
demandadas se limitan exclusivamente a remitir a las normas vigentes sobre
reserva judicial para proteger la vida y la seguridad de los testigos. Esta
interpretación, como ya se mencionó, satisface el principio de conservación del
derecho, pues permite que la disposición permanezca en el ordenamiento
jurídico.
6.2.2.3.16. En suma, en criterio de la Corte, no es posible
entender, como al parecer lo hacen los demandantes, que las normas demandadas
están estableciendo una cláusula general de reserva de la información cuando
quiera que así lo consideren los funcionarios públicos concernidos. Tampoco
consagra la reserva de información a favor de las personas responsables de los
delitos que se investiguen o sobre hechos relevantes para el esclarecimiento histórico
del fenómeno o para la reparación de las víctimas. En este sentido la única
interpretación adecuada de estas disposiciones es aquella según la cual se
admite la reserva de cierta información, pero en los términos en los cuales las
leyes específicas sobre el tema lo establecen, de forma tal que se garanticen
los derechos de las víctimas y los derechos a la vida, la integridad o la
seguridad de personas que han colaborado con la justicia en términos de la
legislación ordinaria vigente sobre protección de víctimas y testigos.
6.2.2.3.17. Al amparo de las consideraciones realizadas, la Corte
procederá a declarar exequibles, por los cargos examinados,  la
expresión “otras personas” y “más daños innecesarios” del
numeral 49.1. del artículo 48, y a declarar exequibles, por los cargos
examinados, las expresiones “más daños innecesarios” y “otras
personas” del inciso tercero del artículo 58.
6.2.3. Cargos por violación del derecho a la justicia en sentido
estricto
6.2.3.1.
Análisis del cargo fundado en la violación del derecho a la justicia por los
reducidos términos de investigación consagrados en la ley 975/05. Artículos 17
y 18.
6.2.3.1.1. El cargo se formula contra los
apartes demandados de los artículos 17 y 18 de la ley 975 de 2005:
“Artículo 17. Versión libre y confesión. Los miembros del grupo
armado organizado al margen de la ley, cuyos nombres someta el Gobierno
Nacional a consideración de la Fiscalía General de la Nación, que se acojan en
forma expresa al procedimiento y beneficios de la presente ley, rendirán
versión libre ante el fiscal delegado asignado para el proceso de
desmovilización, quien los interrogará sobre todos los hechos de que tenga
conocimiento.
En presencia de su defensor, manifestarán las circunstancias de
tiempo, modo y lugar en que hayan participado en los hechos delictivos
cometidos con ocasión de su pertenencia a estos grupos, que sean anteriores a
su desmovilización y por los cuales se acogen a la presente ley. En la misma
diligencia indicarán los bienes que se entregan para la reparación a las
víctimas, si los tuvieren, y la fecha de su ingreso al grupo.
La versión rendida por el desmovilizado y las demás actuaciones
adelantadas en el proceso de desmovilización, se pondrán en forma inmediata a
disposición de la Unidad Nacional de Fiscalías de Justicia y Paz con el fin de
que el fiscal delegado y la Policía Judicial asignados al caso elaboren y
desarrollen el programa metodológico para iniciar la investigación, comprobar
la veracidad de la información suministrada y esclarecer esos hechos y todos
aquellos de los cuales tenga conocimiento dentro del ámbito de su competencia.
El desmovilizado se dejará inmediatamente a disposición del
magistrado que ejerza la función de control de garantías, en uno de los
establecimientos de reclusión determinados por el Gobierno Nacional de acuerdo
con el artículo 31 de la presente ley, quien dentro de las treinta y seis
(36) horas siguientes señalará y realizará audiencia de formulación de
imputación, previa solicitud del fiscal que conozca del caso.
Artículo 18. Formulación de imputación. Cuando de los elementos
materiales probatorios, evidencia tísica (sic), información legalmente
obtenida, o de la versión libre pueda inferirse. (sic) razonablemente que el
desmovilizado es autor o partícipe de uno o varios delitos que se investigan,
el fiscal delegado para el caso solicitará al magistrado que ejerza la función
de control de garantías la programación de una audiencia preliminar para
formulación de imputación. En esta audiencia, el fiscal hará la imputación
fáctica de los cargos investigados y solicitará al magistrado disponer la
detención preventiva del imputado en el centro de reclusión que corresponda,
según lo dispuesto en la presente ley. Igualmente solicitará la adopción de las
medidas cautelares sobre los bienes de procedencia ilícita que hayan sido
entregados para efectos de la reparación a las víctimas.
A partir de esta audiencia y dentro de los sesenta (60) días
siguientes, la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz, con
el apoyo de su grupo de policía judicial, adelantará las labores de
investigación y verificación de los hechos admitidos por el imputado, y todos
aquellos de los cuales tenga conocimiento entro del ámbito de su competencia.
Finalizado el término, o antes si fuere posible, el fiscal del caso solicitará
al magistrado que ejerza la función de control de garantías la programación de
una audiencia de formulación de cargos, dentro de los diez (10) días siguientes
a la solicitud, si a ello hubiere lugar.
Con la formulación de la imputación se interrumpe la prescripción de
la acción penal.”
6.2.3.1.2. Consideran los demandantes que el procedimiento
establecido en estas normas no constituye un recurso efectivo, por contemplar
términos de investigación excesivamente cortos: “la ley 975 establece un
término de 36 horas desde la versión libre del imputado para que la Fiscalía
formule la imputación de los hechos (art.17) y un término de 60 días para que
se haga la audiencia de formulación de cargos (art.18). Tales términos son
insuficientes para garantizar una adecuada y completa investigación de los
hechos. A lo sumo ese término puede constituirse en el mecanismo para verificar
los hechos por los que el combatiente desmovilizado ya estaba procesado o condenado
y los que, además, sean aceptados por éste en la nueva versión libre”.
Hacen un cotejo
los demandantes entre las normas pertinentes de la Ley 906 de 2004, que
contemplan los términos de investigación, y las normas de la ley demandada para
señalar que ésta última contempla unos términos sustancialmente cortos que
obstruyen el ejercicio adecuado de del deber de investigación que compete al
Estado. Destacan la complejidad de los delitos que debe investigar la justicia
en el marco de la ley demandada para reforzar su planteamiento sobre la
insuficiencia de los términos previstos en los apartes demandados.
6.2.3.1.3.
Unidad normativa. En aplicación de las reglas
establecidas por la jurisprudencia[174], la Sala procederá a efectuar la integración
de la unidad normativa de la expresión acusada “dentro de las treinta y seis
(36) horas siguientes”, con todo el último inciso de la norma, a fin de
dotar de sentido el segmento normativo demandado, lo cual resulta
imprescindible para emitir un pronunciamiento de fondo.
6.2.3.1.4. Para
determinar si,  como lo afirma la demanda,  los términos procesales
establecidos en los segmentos resaltados constituyen restricciones al ejercicio
de un adecuado deber de investigar por parte del Estado, que vulneran
correlativamente el derecho a la justicia, habrá la Corte de efectuar (i)
una breve referencia al contenido del deber  de investigación del Estado como
correlato del derecho de las víctima a la justicia; y  (ii) a establecer
el alcance de cada una de las disposiciones demandadas, a efecto de determinar
si cumplen con estándares mínimos que permitan una investigación seria,
exhaustiva, diligente y eficaz.
6.2.3.1.5. El
deber de investigar como parte del derecho a la justicia:
6.2.3.1.5.1. La
obligación estatal de investigar las violaciones de los derechos humanos forma
parte del derecho a la justicia y se encuentra firmemente establecida en el
derecho internacional. Se trata de un deber que no obstante presentar un fuerte
nexo con la obligación de sancionar a los responsables posee un contenido
autónomo. En este sentido la jurisprudencia internacional ha destacado, con
fundamento en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, que los Estados tienen el deber de investigar de manera exhaustiva,
seria y diligente las conductas que violen los derechos humanos. Ha indicado
así mismo que la investigación que los Estados deben emprender tiene que
desarrollarse con la debida diligencia para asegurar su efectividad. Esta
exigencia se ha vinculado con dos requerimiento adicionales como son el plazo
razonable y la necesidad de las diligencias orientadas a obtener un
resultado satisfactorio[175].
6.2.3.1.5.2.
Sobre el concepto de plazo razonable la jurisprudencia de esta Corte ha
señalado: “La Convención Americana de Derechos Humanos, dispone en su
artículo 8.1, entre otras cosas, que toda persona tiene derecho a ser oída, con
las debidas garantías, dentro de un plazo razonable por un Tribunal o Juez
imparcial, competente e independiente. El desarrollo jurisprudencial que de
esta prescripción normativa han realizado los órganos interamericanos de
protección –Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos- acoge los
parámetros fijados por la Corte Europea de Derechos Humanos, en punto del
derecho de los sujetos a que los Estados tramiten sin dilaciones injustificadas
los procesos que están bajo su jurisdicción.
Los parámetros señalados por estos entes, definen la
razonabilidad del plazo según (i) la complejidad del asunto, (ii) la actividad
procesal del interesado y (iii) la conducta de las autoridades judiciales y
(iv) el análisis global de procedimiento”[176].
6.2.3.1.5.3. En
cuanto a la necesidad de las diligencias, se trata de una verificación
que atiende la complejidad del asunto  y el análisis global del procedimiento.
Cabe destacar
que como lo han señalado algunos de los intervinientes en este proceso, el
“Conjunto de Principios contra la Impunidad”, también reconoce la obligación de
los estados de emprender investigaciones efectivas para el esclarecimiento de
las violaciones de los derechos humanos. Así, el principio 19 establece que “Los
Estados emprenderán investigaciones, rápidas, minuciosas independientes e
imparciales de las violaciones de los derechos humanos y el derecho
internacional humanitario”.
Desde este punto
de vista, la jurisprudencia internacional ha sido también muy crítica respecto
de las demoras en las investigaciones, destacando que la determinación de un “plazo
razonable” debe tomar en consideración la complejidad de los hechos, la
cual determina la complejidad de las investigaciones[177],
así como el punto de partida de la investigación.
6.2.3.1.5.4. Así
mismo, el deber de investigación del Estado respecto de los delitos de suma
gravedad ha de cumplirse en términos respetuosos de sus obligaciones en virtud
del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Internacional de los
Derechos Humanos; a este respecto cobra especial relevancia lo dispuesto en el
estatuto de la Corte Penal Internacional, debidamente suscrito y ratificado por
Colombia, en relación con el cual afirmó esta Corporación en la sentencia C-578
de 2002: “el ejercicio de las competencias soberanas de los Estados para
definir las sanciones y procedimientos penales de graves violaciones a los
derechos humanos tales como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad o los
crímenes de guerra, deberá hacerse de tal forma que resulte compatible con el
derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional
humanitario y con los fines de lucha contra la impunidad que resalta el Estatuto
de Roma”.
Sobre este breve
marco, procede la Corte a establecer si los términos de investigación
establecidos en la Ley 975/905 respetan los estándares establecidos para
garantizar una investigación seria, exhaustiva, diligente y eficaz.
6.2.3.1.6. El
cargo contra el artículo 17
6.2.3.1.6.1. El
artículo 17 regula el procedimiento para la versión libre y la confesión de los
desmovilizados, que se surte ante el fiscal delegado asignado para el proceso
de desmovilización. El objetivo de la diligencia consiste en:
a.  Recibir la versión del desmovilizado sobre las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en participaron en los hechos delictivos
cometidos con ocasión de su pertenencia la grupo armado, que fueren anteriores
a su desmovilización y por los cuales se acoge a la ley.
b.  En la misma diligencia el desmovilizado indicará
los bienes que entrega para la reparación de las víctimas y la fecha de su
ingreso al grupo.
c.  Cumplida la diligencia, la actuación se pondrá de
inmediato a disposición de la Unidad Nacional de Fiscalías de Justicia y Paz,
para que  el fiscal respectivo y la policía judicial elaboren y desarrollen el
programa metodológico[178] para  iniciar la
investigación, comprobar la veracidad de la información suministrada, y
esclarecer los hechos confesados y todos aquellos de los cuales tenga
conocimiento en el marco de su competencia.
d.  El desmovilizado se dejará inmediatamente a
disposición del magistrado que ejerza la función de control de garantías, quien
dentro de las 36 horas siguientes señalará y realizará la audiencia de
formulación de imputación, previa solicitud del fiscal que conozca del caso.
6.2.3.1.6.2.
Observa la Corte que la norma parcialmente impugnada establece, en términos
generales, unos criterios razonables que garanticen una investigación pronta,
imparcial y exhaustiva, de los hechos que el desmovilizado pone en conocimiento
de la fiscalía. Varios aspectos respaldan este punto de vista: a). En primer
término debe tenerse en cuenta que la labor de verificación del fiscal parte de
la existencia de una confesión que de hecho pone un marco a la investigación;
b) El segundo lugar resulta relevante para efectos de la investigación el hecho
de que la norma establezca que los órganos de investigación (fiscalía y policía
judicial)  deben elaborar y desarrollar el programa metodológico
trazado, el cual se encuentra regulado en el artículo 207 del Código de
Procedimiento Penal, para poner a disposición del juez de control de garantías
al desmovilizado confeso; c) y en tercer lugar, cabe destacar que el término de
36 horas que establece la norma, no puede interpretarse como el término de
investigación, como lo entienden los demandantes, sino como el plazo
establecido para que el magistrado de control de garantías  señale y realice la
audiencia de formulación de imputación, una vez que el fiscal que conozca del
caso lo ha solicitado. Lo anterior implica que esa puesta a disposición del
desmovilizado ante el juez de control de garantías está condicionada a la
elaboración y desarrollo del programa metodológico tal como se deriva del
inciso tercero de la norma parcialmente impugnada.
6.2.3.1.6.3.
Esta constituye la única interpretación que resulta acorde con el deber del
Estado de investigar seriamente los hechos llevados a su conocimiento por los
desmovilizados que se acojan a la ley; el propósito del término, según se
deriva de un adecuado entendimiento de la norma, no es el de restringir los
espacios de investigación, sino el de garantizar la celeridad con que el juez
de control de garantías debe tramitar la audiencia de imputación después de la
solicitud del fiscal que conozca del caso. Esta interpretación permite la
coexistencia de los propósitos de búsqueda de la paz que animan la ley, con los
imperativos de justicia, en particular con su dimensión relativa al deber de
investigación con miras a garantizar el derecho a la verdad de las víctimas. Es
la que se deriva, además, del texto de la norma que vincula el término de 36
horas a las actuaciones del magistrado, no del fiscal. El fiscal es quien solicita
al magistrado que realice la audiencia de formulación de la imputación. Dicha
solicitud ha de hacerse cuando el fiscal considere que ha desarrollado a
cabalidad el programa metodológico de la investigación porque solo entonces el
Estado habrá construido el caso para sustentar las imputaciones que le
formulará a quien rindió versión libre.
6.2.3.1.6.4. En
virtud de estas consideraciones la Corte declarará exequible, por los cargos
examinados, la expresión “dentro de las treinta y seis horas siguientes señalará
y realizará audiencia de formulación de imputación” contenida en el  artículo
17,  en el entendido que la puesta a disposición de la persona a órdenes del
magistrado que ejerza la función de control de garantías y la solicitud de
audiencia de imputación de cargos, se presentará cuando se haya desarrollado a
cabalidad el programa metodológico dispuesto en el inciso tercero del mismo
artículo, y de conformidad con lo previsto en el artículo 207 del Código de
Procedimiento Penal.
6.2.3.1.6.5. No
obstante, advierte la Corte que la expresión que sí parece fijarle un término
al fiscal que reduce excesivamente la posibilidad de construir un caso antes de
la audiencia de formulación de imputación es la que encabeza el inciso juzgado.
En efecto, dice la norma que “el desmovilizado se dejará inmediatamente a
disposición del magistrado que ejerza la función de control de garantías”. Este
deber ha de cumplirse “inmediatamente” después de un hecho que la norma no
especifica, pero que se deduce del objeto esencial de la misma, es decir, la
recepción de la versión libre. Por lo tanto, recibida la versión libre, el
fiscal debe poner al desmovilizado de manera inmediata a disposición del
magistrado de control de garantías, el cual contará con 36 horas para realizar
audiencia de imputación. A todas luces, ello hace imposible que se desarrolle a
cabalidad el programa metodológico de la investigación, lo cual afecta de
manera manifiestamente desproporcionada el derecho de las víctimas a la
justicia y torna irrealizable el deber del Estado de investigar. En
consecuencia, la expresión “inmediatamente” será declarada inexequible. Por
supuesto, el desarrollo de dicho programa metodológico de investigación debe
hacerse dentro de un plazo razonable, de conformidad con la jurisprudencia
sobre la materia anteriormente citada, habida cuenta de que ya se han confesado
delitos y que a la luz de los propósitos de la ley, es preciso definir
oportunamente la situación de cada desmovilizado.
6.2.3.1.7. El
cargo contra el artículo 18
6.2.3.1.7.1.
Manifiestan los demandantes que el término de 60 días previsto en el
artículo 18 demandado es inconstitucional, porque resulta insuficiente para
adelantar una investigación seria, que sea a su vez, un recurso efectivo que
permita el esclarecimiento adecuado de la verdad y la realización de la
justicia.
6.2.3.1.7.2.
El alcance de la norma. El artículo 18 de la ley
impugnada configura la audiencia de formulación de imputación, con base en las
siguientes reglas:
a.  El fiscal solicitará al magistrado que cumpla
funciones de control de garantías la programación de una audiencia para
formulación de imputación.
b.  Esta solicitud debe estar basada en un soporte
probatorio legalmente obtenido  del que se pueda inferir razonablemente que el
desmovilizado es autor o partícipe de uno o varios de los delitos que se
investigan.
c.  En la audiencia el fiscal realizará la imputación
fáctica de los cargos investigados y solicitará al magistrado disponer la
detención preventiva del imputado en el centro de reclusión correspondiente.
d.  En la misma audiencia solicitará la adopción de
medidas cautelares sobre los bienes que hayan sido entregados para efectos de
reparación a las víctimas.
e.  La fiscalía cuenta con un término de sesenta (60)
días, a partir de la audiencia de formulación de imputación para adelantar las
labores de investigación y verificación de los hechos confesados por el
imputado, y de todos aquellos de los cuales tenga conocimiento dentro del
ámbito de su competencia.
f.   Finalizado el término anterior, o antes si es
posible, si encuentra mérito, el fiscal solicitará al magistrado la
programación de una audiencia de formulación de cargos, para dentro de los diez
(10) días siguientes a la solicitud.
g.  La formulación de imputación interrumpe la
prescripción de la acción penal.
6.2.3.1.7.3.
Conforme a esta configuración debe analizar la Corte si el término de 60 días
establecido por el legislador para adelantar la investigación que determine si
hay lugar a la formulación de cargos, resulta adecuado para alcanzar los fines
constitucionales que se encuentran en juego : la búsqueda de la paz, y el logro
de la justicia, o si por el contrario entraña una desproporcionada afectación
del deber de investigación como componente del derecho a la justicia de las
víctimas.
6.2.3.1.7.4. Tal
como lo ha establecido la jurisprudencia de esta Corte de manera reiterada, la
regulación de los procedimientos forma parte de la potestad de configuración de
que goza el legislador. Sin embargo, también ha señalado que tal potestad no es
ilimitada, en tanto encuentra su límite en el respeto por los derechos
fundamentales y los principios y valores constitucionales.
6.2.3.1.7.5.
Respecto del término de 60 días que establece el segmento acusado, encuentra la
Corte que el mismo se orienta a un cometido muy específico cual es el de la
investigación y verificación de los hechos confesados por el imputado y todos
aquellos de los cuales tenga conocimiento dentro del ámbito de su competencia.
Para la Corte, como ya lo ha establecido en anteriores oportunidades,  no
resulta contrario a la Constitución el establecimiento de unos términos
procesales acordes con la naturaleza y objetivos específicos del procedimiento
de que se trate, con el fin de fijar con claridad las reglas y ritmos del
proceso penal, lo cual es importante tanto para las víctimas como para los
investigados. Lo que debe analizarse constitucionalmente es si el término de 60
días representa una afectación manifiestamente desproporcionada del derecho de
las víctimas a la justicia y a la búsqueda de la verdad, en la medida en que,
se alega, impide al fiscal construir adecuadamente un caso.
6.2.3.1.7.6.
Resalta la Corte que el término de 60 días empieza a correr “a partir” de la
audiencia de formulación de imputación, no desde el momento en que se recibió
la versión libre. A su turno, la audiencia de formulación de imputación solo se
ha de realizar cuando el fiscal lo solicite al magistrado de control de
garantías, dado que ya se ha desarrollado cabalmente el programa metodológico
de investigación. O sea que el fiscal ha contado previamente con la posibilidad
de construir adecuadamente un caso, máxime si la expresión “inmediatamente” del
último inciso del artículo 17 es declarada inexequible. El plazo de 60 días es
el término máximo, después de surtidas las etapas antes mencionadas, para que
el fiscal solicite “la programación de una audiencia de formulación de cargos”.
6.2.3.1.7.7.
Encuentra así la Sala que el término de 60 días establecido con miras a
establecer las bases para una formulación de cargos, constituye una medida
legislativa que no entraña una afectación desproporcionada al derecho a la
justicia y a la búsqueda de la verdad. Responde a un  propósito de
investigación que se inserta en un procedimiento que tiene sus propios
objetivos y particularidades. Por ello no cabe adoptar como parámetro de
comparación los términos del procedimiento ordinario.
6.2.3.1.7.8.
Para la Corte la medida legislativa cuestionada es constitucional, en cuanto se
inserta en un propósito de búsqueda de la paz, y no comporta una afectación
desproporcionada del derecho a la justicia que subyace en el deber de
investigación seria y exhaustiva por parte de las autoridades. El
procedimiento, insiste la Corte, parte de un hecho que imprime dinámicas
propias de investigación, como es la confesión del imputado.
En consecuencia
la Corte declarará la exequibilidad del artículo 18, en lo relacionado con los
cargos analizados en este aparte.
6.2.3.2.
Análisis del cargo fundado en violación del derecho de las víctimas a acceder a
un recurso judicial efectivo por (i) las limitaciones en el acceso al
expediente, (ii) la limitación de sus facultades procesales y (iii)
la supresión del recurso de casación.
Recuerdan los
demandantes que el derecho a la justicia incluye el derecho de las víctimas a
acceder a un recurso judicial efectivo, que les permita participar en los
procesos en que se habrán de definir sus derechos; y que este derecho se
relaciona con la garantía de sus derechos a la honra y al buen nombre, entre
otros.
Sin embargo,
algunas de las normas de la Ley 975 “hacen inane la posibilidad real de
participación de las víctimas en el procedimiento”, según se explica a
continuación.
6.2.3.2.1.
Limitaciones en el acceso al expediente
6.2.3.2.1.1. Acusan los demandantes el artículo 37, en el segmento
que se subraya:
“Artículo 37. Derechos de las víctimas. El Estado garantizará el
acceso de las víctimas a la administración de justicia. En desarrollo de lo
anterior, las víctimas tendrán derecho:
38.5 [sic] A recibir desde el primer contacto con las autoridades y
en los términos establecidos en el Código de Procedimiento Penal,
información pertinente para la protección de sus intereses; y conocer la verdad
de los hechos que conforman las circunstancias del delito del cual han sido
víctimas”.
Consideran los demandantes que la referencia al código de
procedimiento penal, debe ser entendida como remisión a la ley 600 de 2000, y
conforme al alcance que la sentencia C- 228 de 20002 de la Corte le dio al
derecho de acceso a la justicia por parte de las víctimas.
6.2.3.2.1.2. El segmento normativo acusado se inserta en la norma
que regula los derechos de las víctimas en el proceso que configura la ley
975/05, en particular el derecho a recibir información pertinente para la
protección de sus intereses, desde el primer contacto con las autoridades.
Remite al respecto al Código de Procedimiento Penal para efectos de establecer
los términos en que se garantizará ese derecho.
Para abordar el estudio del cargo conviene hacer una breve
referencia a la jurisprudencia internacional y nacional acerca del derecho de
las víctimas de acceder al proceso penal, concretando en este punto específico
lo que ya se dijo en general sobre los derechos de las víctimas en el apartado
4.
6.2.3.2.1.3. El acceso de la víctima al proceso penal. Uno de los aportes más relevantes que ha hecho la jurisprudencia
internacional en materia de derechos de la víctimas, es la consolidación de su
derecho a gozar de las más amplias oportunidades de participar en los procesos
penales por los delitos que se perpetraron en su contra, lo cual incluye el
pleno acceso y capacidad de actuar en todas las etapas e instancias de la
investigación y el juicio correspondiente.[179] Resalta la
Corte que estos derechos de las víctimas gozan, hoy en día, de reconocimiento
prácticamente universal, y que éstos han de garantizarse dentro del
ordenamiento constitucional y legal colombiano, independientemente del status
específico que tengan dichas víctimas dentro del sistema de procedimiento penal
consagrado en los códigos nacionales.
6.2.3.2.1.4. Tal
como lo ha señalado esta  Corte en anteriores oportunidades[180],
con apoyo en el conjunto de  principios para la protección y la promoción de
los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad[181]
(principios 1° a 4), el derecho a la verdad y el derecho a saber, forman parte
esencial del complejo de derechos de las víctimas de los delitos.
6.2.3.2.1.5. El
derecho a la verdad, como lo ha reiterado también, presenta  además de su
dimensión colectiva cuyo fin es “preservar del olvido a la memoria colectiva”[182],
una dimensión individual cuya efectividad se realiza fundamentalmente en el
ámbito judicial, a través del derecho de las víctimas a un recurso judicial
efectivo, tal como lo ha reconocido la jurisprudencia de esta Corte.[183]
6.2.3.2.1.6. La
jurisprudencia constitucional ha determinado que  el  derecho  de acceder a
la verdad, implica que las personas tienen derecho a conocer qué fue lo que
realmente sucedió en su caso. La dignidad humana de una persona se ve afectada
si se le priva de información que es vital para ella. El acceso a la verdad
aparece así íntimamente ligado al respeto de la dignidad humana, a la memoria y
a la imagen de la víctima[184].
6.2.3.2.1.7. Ha
señalado también que el derecho de acceso a la justicia, tiene como uno de sus
componentes naturales el derecho a que se haga justicia. Este derecho involucra
un verdadero derecho constitucional al proceso penal[185]
, y el derecho a participar en el proceso penal[186],
por cuanto el derecho al proceso en el Estado democrático debe ser
eminentemente participativo. Esta participación se expresa, por ejemplo, en
" que los familiares de la persona fallecida y sus representantes
legales serán informados de las audiencias que se celebren, a las que tendrán
acceso, así como a toda información pertinente a la investigación y tendrán
derecho a presentar otras pruebas"[187]
6.2.3.2.1.8. En la sentencia C-228 de 2002, en la cual la Corte
consolidó un replanteamiento de los derechos de las víctimas que ya se venía
gestando en la jurisprudencia,  señaló que la visión de la parte civil sólo
interesada en la reparación económica, debe ser abandonada. La víctima de un
delito o los perjudicados por éste tienen derecho a participar en el proceso
penal no sólo para obtener el resarcimiento pecuniario, sino también para hacer
efectivos sus derechos a la verdad y a la justicia. Incluso, puede intervenir
con la única finalidad de buscar la verdad y la justicia, sin que se le pueda
exigir demostrar un daño patrimonial o una pretensión de esta naturaleza,
superando así una concepción precaria de los derechos de las víctimas limitada
sólo a la reparación económica.
6.2.3.2.1.9. Teniendo en cuenta la ambigüedad e incertidumbre que la
expresión demandada introduce en la norma que se revisa, generando múltiples
interpretaciones en un aspecto de relevancia constitucional como es el derecho
de las víctimas a la verdad, en evidente conexidad con el derecho a la
justicia, procederá la Corte a condicionar el contenido de la disposición en el
sentido que la expresión “y en los términos establecidos en el Código de
Procedimiento Penal” del numeral 38.5 del artículo 37, alude al artículo 30
de la Ley 600 de 2000 que regula “el acceso al expediente y el aporte de
pruebas por el perjudicado”, siempre y cuando se interprete de acuerdo con la
exequibilidad condicionada de esta norma declarada mediante sentencia C- 228 de
2002, en virtud de la cual, la víctima o los perjudicados pueden acceder
directamente al expediente desde su iniciación, para ejercer los derechos a la
verdad, justicia y reparación. En estos términos se declarará la
constitucionalidad condicionada del numeral 38.5 del artículo 37.
6.2.3.2.1.10. Resalta la Corte que el acceso al expediente de manera
oportuna permite a las víctimas y a sus familiares identificar vacíos en la
información con que cuenta el fiscal y aportar por las vías institucionales
elementos fácticos desde antes de que se reciba la versión libre o en una etapa
posterior, todo con miras a colaborar con la fiscalía en el cumplimiento de su
deber de investigación exhaustiva.
6.2.3.2.2. Limitaciones de las facultades procesales de las víctimas.
6.2.3.2.2.1. En este punto se acusan en su integridad los artículos
17, 18 y 19 de la Ley 975/05, según se transcribieron anteriormente, así como
la expresión “y en el marco de la presente ley” del artículo 34, y la expresión
“durante el juicio” del artículo 37, numeral 38.7 (sic).
6.2.3.2.2.2. Afirma la demanda que la única interpretación
constitucional de estas disposiciones debe conferir a las víctimas el derecho a
participar en todas las etapas del proceso, lo cual sería consistente con lo
dispuesto en el artículo 37 de la misma ley, en virtud del cual el procedimiento
ha de garantizar el derecho de las víctimas a acceder a la administración de
justicia, que incluye su derecho a ser oídas, “lo que implica que tengan la
oportunidad de estar presentes en las diligencias, asistidas por un abogado o
abogada que les proporcione una defensa técnica de sus intereses y que cuenten
con todas las facultades jurídicas que se requieran para participar
efectivamente en la construcción de la verdad procesal y el acceso a una
reparación integral que sea determinada conforme a los hechos y
responsabilidades penales probados con su participación”. En esa medida,
solicitan a la Corte que declare la constitucionalidad condicionada de los
artículos 17, 18 y 19 acusados, en tal entendimiento.
Finalmente, afirman que debe declararse la inconstitucionalidad de
la expresión acusada del artículo 38-7, ya que “limita el ejercicio de los
derechos de las víctimas a la etapa del juicio, excluyendo el resto del
procedimiento”.
Los peticionarios formulan su petición en este sentido así:
“Se solicita a la H. Corte que declare la constitucionalidad
condicionada de los artículos 17, 18 y 19, y de la expresión ‘en el marco de la
presente ley’ del artículo 34, bajo el entendido de que se deberán garantizar
mecanismos idóneos y efectivos para que las víctimas estén en posibilidad de
enterarse del inicio del procedimiento, puedan ejercer el derecho a ser oídas
permitiéndoles presenciar las diligencias, ser asistidas por un abogado o
abogada que les proporcione una defensa técnica de sus intereses y contar con
todas las facultades jurídicas que se requieran para participar efectivamente
en la construcción de la verdad procesal y el acceso a una reparación integral
que sea determinada conforme a los hechos y responsabilidades penales probados
con su plena participación. // También se solicita la inconstitucionalidad de
la expresión ‘durante el juicio’ del artículo 37.8 de la ley”.
6.2.3.2.2.3. Examen de los artículos 17, 18 y 19. Para los demandantes, el procedimiento que consagran las
disposiciones acusadas no permite a las víctimas la posibilidad real y efectiva
de que sus intereses se tengan en cuenta al momento de definir sus derechos.
Explican que el artículo 17 no prevé la participación de la víctima en la
diligencia de versión libre, por lo cual “no tiene la oportunidad de conocer
la versión de los hechos dada por el procesado”. El artículo 18 tampoco
establece expresamente la participación de la víctima en la formulación de la
imputación; y el artículo 19 omite prever expresamente su participación en la
audiencia de aceptación de cargos. “La primera diligencia en la que se hace
mención expresa de la participación de las víctimas en el proceso es en la
audiencia para verificar la voluntariedad de la aceptación de los cargos y se
hace para referirse a la iniciación del incidente de reparación que se da a
solicitud de estas (art. 23)”.
6.2.3.2.2.4. La censura de los demandantes en contra de estas normas
se enmarca dentro de un cuestionamiento global a lo que consideran una
precaria  e incompleta garantía de acceso de las víctimas al proceso. En esa
dirección entienden que el hecho de que las normas impugnadas no mencionen de
manera explícita a la víctima como partícipe de las diligencia de versión libre
y confesión (art.17); formulación de imputación (art.18) y aceptación de cargos
(art.19), comporta su exclusión.
6.2.3.2.2.5. Esas restricciones que los demandantes acusan respecto
de los derechos de las víctimas de acceder al proceso en las etapas señaladas,
resultan meramente aparentes. El contenido de tales disposiciones en lo que
tiene que ver con las facultades procesales  de las víctimas exige una lectura
concordada con otras disposiciones de la ley que regulan esta específica
materia. En particular con las que se aglutinan bajo el capítulo VIII que
regula los “Derechos de las víctimas frente a la administración de justicia” en
el que se consagra sus derechos a “ser oídas y a que se les facilite el aporte
de pruebas” (38.4); a recibir desde el primer contacto con las autoridades y en
los términos establecidos en el Código de Procedimiento Penal, información
pertinente para la protección de sus intereses, y conocer la verdad de los
hechos que conforman las circunstancias del delito del cual han sido víctimas
(38.5) norma que deberá ser interpretada en el sentido establecido por la Corte
en esta misma decisión; a ser informada sobre la decisión definitiva relativa a
la persecución penal y a interponer los recursos cuando a ello hubiere lugar.
6.2.3.2.2.6. Adicionalmente el sistema de garantías procesales que
la ley establece debe apoyarse en los principios que rigen la ley (art.1º)
conforme a los cuales uno de sus objetivos es garantizar los derechos de las
víctimas a la verdad, a la justicia a la reparación,  el cual se concreta en el
enunciado del artículo 37 que establece que el estado “garantizará el acceso de
las víctimas a la administración de justicia.
6.2.3.2.2.7. De otra parte, la aplicación de la ley debe realizarse
con sujeción a los desarrollos que la jurisprudencia constitucional, con base
en el derecho internacional ha efectuado respecto del alcance de los derechos procesales
de las víctimas; conforme a ellos, como ya se señaló en otro aparte de esta
decisión y se reitera aquí, el derecho a la justicia comporta un auténtico
derecho constitucional al proceso penal[188] , y el
derecho a participar en el proceso penal[189],
por cuanto el derecho al proceso en el estado democrático debe ser
eminentemente participativo. Esta participación se expresa, por ejemplo, en
" que los familiares de la persona fallecida y sus representantes
legales serán informados de las audiencias que se celebren, a las que tendrán
acceso, así como a toda información pertinente a la investigación y tendrán
derecho a presentar otras pruebas"[190]
6.2.3.2.2.8. Así las cosas, encuentra la Corte que no es correcta la
percepción de los demandantes en el sentido que las disposiciones acusadas
excluyan una participación de la víctima en las diligencias que allí se
regulan. Una visión sistemática de las normas relativas a las facultades
procesales de la víctima en el marco de los principios que la animan y los
desarrollos jurisprudenciales vigentes en la materia, permiten concluir que,
contrario a lo afirmado en la demanda, la ley garantiza la participación de las
víctimas en las diligencias de versión libre y confesión, formulación de
imputación y aceptación de cargos. Conclusión que resulta reforzada por la
clara opción de la ley por un sistema procedimental marcadamente acusatorio que
se desarrolla a través de audiencias a las que no se puede obstruir el acceso
de las víctimas.
6.2.3.2.2.9. Respecto del artículo 19, inciso tercero, es preciso
destacar que consagra una especie de control de legalidad sobre la diligencia
de aceptación de cargos del desmovilizado que la ley  radica en el juez de
conocimiento, que para el efecto es la sala correspondiente del Tribunal
Superior de Distrito Judicial. Establece la norma bajo examen que “de hallarse
conforme a derecho”, la aceptación de cargos, procederá esta autoridad judicial
a citar a audiencia para sentencia e individualización de pena. Para la Corte
reviste particular importancia este control que se asigna al juez de
conocimiento, el cual debe entenderse como control material de legalidad de la imputación
penal que surge a partir de la aceptación de los cargos. Lo anterior implica
que el juez de conocimiento debe controlar la legalidad de la aceptación de
cargos en lo relativo a la calificación jurídica de los hechos, en el sentido
que aquella debe efectivamente corresponder a los hechos que obran en el
expediente. Esta interpretación es la única que se ajusta a la garantía de
efectividad de los derechos de las víctimas a la justicia y a la verdad. No
podría argumentarse que el objetivo de ese control es la verificación del
cumplimiento de las garantías de libertad, espontaneidad, voluntariedad y
defensa que indiscutiblemente debe rodear el acto de aceptación de cargos por
parte del procesado. No es así por cuanto para ese específico objetivo el mismo
juez de conocimiento ya ha efectuado una audiencia previa, tal como lo señala
la propia disposición (Inciso 3º art.19). Adicionalmente este es un aspecto que
se encuentra rodeado de las debidas garantías en cuanto la audiencia de
aceptación de cargos se surte ante un juez de control de garantías. De manera
que el único contenido posible atribuible a la expresión “de hallarse conforme
a derecho” es  el control material sobre la calificación jurídica de los
hechos, y así lo declarará la Corte en un condicionamiento que a la expresión
analizada. Es que el correcto nomen juris de los hechos constitutivos de
infracción penal, se integra a los derechos a la verdad y justicia de las
víctimas.
6.2.3.2.2.10. En consecuencia la Corte declarará exequible la expresión
“de hallarse conforme a derecho” del inciso tercero del artículo 19, en
el entendido que el magistrado controlará que la calificación jurídica
corresponda a los hechos que obran en el expediente.
La Corte declarará la exequibilidad de los artículos 17 y 18, en lo
concerniente a los cargos aquí analizados, vale decir el derecho de acceso de
las víctimas a las diligencias allí previstas.
6.2.3.2.3. Análisis del artículo 26, parágrafo 3º. Supresión del
recurso de casación
6.2.3.2.3.1. Controvierten los actores lo dispuesto en el parágrafo
3º del artículo 26, en virtud del cual “Contra la decisión de segunda
instancia no procede recurso de casación”.
Afirman que si bien el Legislador tiene el poder de regular el
recurso de casación, no puede hacerlo para generar tratos discriminatorios en
casos de violaciones de los derechos humanos, “en relación con las cuales las
garantías procesales deben ser extremadas para garantizar adecuadamente la
realización de la justicia”. Este aspecto de la ley, en criterio de los
demandantes involucra un sacrificio del derecho material y debilita los
derechos y garantías procesales de la víctima y del procesado. Destacan que la
ley procesal ordinaria prevé este recurso para casos similares a los que se
someten al procedimiento de la Ley 975/05.
6.2.3.2.3.2. El segmento normativo impugnado forma parte del
artículo 26 de la ley 975/05, cuyo propósito es el de regular los recursos que
la ley contempla. Tal norma establece la reposición como medio de impugnación
de todas las decisiones, excepto la sentencia, respecto de la cual se prevé la
apelación. Éste recurso procede además contra todos los autos que resuelvan
asuntos de fondo, adoptados durante las audiencias.
6.2.3.2.3.3. El recurso de apelación se surte ante la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, estableciéndose para su trámite
una prelación sobre los demás asuntos de competencia de esta sala, exceptuando
lo relacionado con las acciones de tutela. Se contempla la procedencia de la
acción extraordinaria de revisión ante la Sala Plena de esa Corporación y se
excluye la casación respecto de la decisión de segunda instancia, aspecto éste
contra el cual se dirige el cargo bajo examen.
6.2.3.2.3.4. Observa la Corte que la ley establece un cuidadoso y
permanente sistema de control sobre las decisiones que se profieran en el curso
del proceso, a través de los medios de impugnación ordinarios, y de la acción
extraordinaria de revisión. En desarrollo de su libertad de configuración de
los procedimientos el legislador previó un régimen de impugnación que ampara
todas las decisiones.
6.2.3.2.3.5. La exclusión del recurso de casación como medio de
impugnación de la sentencia proferida en segunda instancia por la Corte Suprema
de Justicia, Sala Penal, no entraña la afectación de derechos y garantías
procesales de los intervinientes en el proceso, ni la imposibilidad de
materializar el derecho sustancial, como lo señalan los demandantes.
Ciertamente no es el recurso de casación el único idóneo para garantizar la
efectividad de tales derechos. La libertad de configuración de los
procedimientos que se asigna al legislador, comporta una exigencia de
adecuación de los mismos a las especificidades de los procesos, a su naturaleza
y objetivos. Es evidente que la ley 975/05 regula un procedimiento que posee
sus propias particularidades, una de ellas, quizás la más relevante es que se
estructura a partir de la confesión plena y fidedigna de procesado, lo cual
genera también unas necesidades procesales específicas. No resulta afortunado
en consecuencia sostener la inconstitucionalidad de la disposición que excluye
la casación en este procedimiento, sobre la afirmación de un supuesto trato
discriminatorio para los intervinientes en el procedimiento especial, tomando
como parámetro de comparación el procedimiento ordinario, que responde a
naturaleza y finalidades diversas.
6.2.3.2.3.6. No advierte la Corte que el legislador en ejercicio de
su potestad de configuración de los procedimientos hubiese sobrepasado los
límites que le señala la Constitución en cuanto al respeto de los derechos
fundamentales, y particularmente del debido proceso, en el diseño de los medios
de impugnación. Al contrario observa una preocupación por amparar todas las
decisiones que se profieran en el curso del proceso con algún mecanismo de
control.
6.2.3.2.3.7. Por las anteriores razones el cargo no prospera, se
declarará en consecuencia la exequibilidad del parágrafo 3º del artículo 26 de
la ley 975 de 2005.
6.2.3.2.4. Análisis del artículo 34.
6.2.3.2.4.1. Se acusa parcialmente el inciso 2° del artículo 34
relativo a la “Defensoría Pública”, de conformidad con el cual la defensoría
del pueblo habrá de asistir a las víctimas en el ejercicio de sus derechos “en
el marco de la presente ley”.
6.2.3.2.4.2. Para los demandantes la expresión acusada comporta una
restricción de los derechos de las víctimas a ser asistidas en el proceso
penal.
6.2.3.2.4.3. Advierte la Corte que en efecto limitar las
posibilidades de asistencia que las víctimas puedan obtener de la Defensoría de
Pueblo al marco de la “presente” ley introduce una desproporcionada limitación
al ejercicio de sus derechos. Se observa que la norma parcialmente impugnada
forma parte del capítulo VII relativo a  las “Instituciones para la ejecución
de la presente ley”, de donde se deduce que no se puede restringir las
posibilidades de asistencia defensorial a las meramente procesales, como
tampoco a las que se deriven de la presente Ley. El propósito del capítulo es
el de establecer toda una estructura de apoyo para la ejecución de la Ley, y la
promoción y defensa de los derechos de las víctimas. Las víctimas integran, sin
duda,  uno de los sectores más vulnerables de la población frente al cual la
Defensoría del Pueblo, en el marco de sus competencias, puede desarrollar toda
una gama de posibilidades de asesoría, asistencia y protección, en desarrollo
de las facultades que le han sido atribuidas por las leyes que se ocupan de
esta importante institución. La expresión “presente” del segmento normativo
impugnado en efecto introduce una severa restricción a las posibilidades de
asistencia a las víctimas por parte de la Defensoría del Pueblo, lo cual riñe
con la concepción amplia de los derechos de las víctimas a la cual se ha hecho
referencia de manera reiterada en esta sentencia.
6.2.3.2.4.4. En consecuencia, la Corte declarará la inexequibilidad
de la expresión “presente” del inciso 2° del artículo 34 a efecto de ampliar
las posibilidades de asistencia defensorial a aquellas que se deriven de ley,
en sentido genérico.
6.2.3.2.5. Análisis del artículo 37, numeral 38.7 (parcial).
6.2.3.2.5.1. Para los demandantes la expresión “durante el
juicio” que forma parte del artículo 37, numeral 38.7 (sic) debe ser
declarada inconstitucional en cuanto limita el ejercicio del derecho de defensa
de las víctimas  a la etapa del juicio, excluyendo las demás etapas del
proceso.
6.2.3.2.5.2. El numeral 38.7 (sic) del artículo 37 pertenece al
capítulo que regula los derechos de las víctimas frente a la administración de
justicia, en particular el derecho a ser asistidas “durante el juicio”  por un
abogado de confianza o por la procuraduría judicial de que trata la presente
ley.
6.2.3.2.5.3. Esta norma como todas las que regulan los derechos de
las víctimas en el proceso penal debe ser interpretada conforme al estado
actual de desarrollo que a partir de la jurisprudencia constitucional se ha
producido en torno a esta materia. Desde esta perspectiva es claro que
actualmente se encuentra superada la concepción reductora de los derechos de las
víctimas a una simple pretensión indemnizatoria. La adaptación de los derechos
de las víctimas a los estándares internacionales a través de la jurisprudencia[191],
comporta el reconocimiento de que los derechos universales a la verdad, la
justicia y la reparación, llevan implícita la potestad de intervenir en todas
las fases de la actuación, en desarrollo del derecho de acceder a la justicia
en condiciones de igualdad. Este acceso, en condiciones de igualdad, se deriva
del carácter bilateral del derecho a un  recurso judicial efectivo en virtud
del cual los derechos de las víctimas no pueden verse menguados en relación con
los que asisten al procesado. La consideración contemporánea de la víctima como
protagonista activo del proceso, conduce al goce de estándares de protección
similares a los de otros intervinientes en el proceso.
6.2.3.2.5.4. En consecuencia, el hecho de que la norma impugnada
establezca explícitamente el derecho de las victimas a tener representación
judicial durante el juicio, no puede interpretarse como exclusión de ejercer el
derecho de postulación en otras fases del proceso. Tal reconocimiento explícito
del derecho a constituir  representante letrado en el juicio, debe entenderse
sin perjuicio de que designen representante judicial en otras fases del
proceso.[192]
6.2.3.2.5.5. Bajo ese entendimiento la Corte  declará la
exequibilidad de la expresión “durante el juicio” del numeral 38.7 del artículo
37 de la ley 975/05.
6.2.3.3. Cargo fundado en violación del derecho a la justicia por el
“desconocimiento de la obligación estatal de sancionar a los responsables de
graves violaciones a los derechos humanos a verdaderas penas privativas de la
libertad”.
6.2.3.3.1. Se acusa en este punto lo dispuesto en el artículo 31 de
la Ley 975/05, que establece:
“Artículo 31. Tiempo de permanencia en las zonas de concentración.
El tiempo que los miembros de grupos armados al margen de la ley vinculados a
procesos para la reincorporación colectiva a la vida civil, hayan permanecido
en una zona de concentración decretada por el Gobierno Nacional, de conformidad
con la Ley 782 de 2002, se computará como tiempo de ejecución de la pena
alternativa, sin que pueda exceder de dieciocho (18) meses.
El funcionario que el Gobierno Nacional designe, en colaboración con
las autoridades locales cuando sea el caso, será el responsable de certificar
el tiempo que hayan permanecido en zona de concentración los miembros de los
grupos armados de que trata la presente ley”.
6.2.3.3.2. En criterio de los demandantes, este artículo es
inconstitucional por disponer que parte de la pena pueda ser cumplida en las
“zonas de ubicación”.
Afirman que uno de los componentes del derecho a la justicia en
casos de delitos graves es su adecuada sanción, y sostiene que “es evidente
que la obligación de sancionar a los perpetradores de crímenes graves no puede
reducirse a una mera formalidad, sino que debe traducirse en el cumplimiento de
una efectiva sanción”.
En consecuencia, solicitan que la Corte declare inconstitucional el
artículo 31 acusado.
6.2.3.3.3. Integración normativa.
Advierte la Corte que el artículo 31 demandado forma parte del capítulo VI de
la ley 975/05, relativo al régimen de la privación de la libertad. El capítulo
está integrado por dos disposiciones: el 30 y el 31, el primero regula el
“establecimiento de reclusión”  y el segundo “el tiempo de permanencia en las
zonas de concentración”. Observa así mismo que la norma demandada (Art. 31) se encuentra
intrínsecamente relacionada, por su conexidad temática directa, con el artículo
30,  ya que ambas, al regular algunos aspectos atinentes al lugar de ejecución
de la pena, permiten que esta se cumpla en establecimientos que no están
sujetos a las normas jurídicas sobre control penitenciario, y en consecuencia
la Corte debe pronunciarse sobre las dos para evitar un fallo inocuo. Además,
desde el punto de vista del derecho a la justicia, existe una conexidad directa
entre las dos disposiciones, por cuanto la imposición de una pena reducida en
aplicación del beneficio de alternatividad penal exige que dicha pena sea
cumplida efectivamente en lugares que tengan las características propias de los
establecimientos de reclusión. Además, como fueron demandadas las distintas
disposiciones que consagran el beneficio de la alternatividad penal, es
necesario que la Corte examine las condiciones bajo las cuales las penas
alternativas concedidas se habrán de ejecutar efectivamente. Esta  situación
permite la aplicación de las reglas de procedencia de la integración de la
unidad normativa conforme a la jurisprudencia de la Corte[193]. Procede en consecuencia la Corte a extender el estudio de
constitucionalidad, que este cargo plantea, al artículo 30 de la Ley 975/05 que
establece:
“Artículo 30. Establecimientos de reclusión. El Gobierno
Nacional determinará el establecimiento de reclusión donde debe cumplirse la
pena efectiva.
Los establecimientos de reclusión deben reunir condiciones
de seguridad y austeridad propios de los establecimientos administrados por el
Inpec.
La pena podrá cumplirse en el exterior”.
6.2.3.3.4. Inconstitucionalidad de abonar el tiempo de
permanencia en las zonas de concentración por el mero hecho voluntario de
ubicarse en ellas sin que exista un acto previo restrictivo de la libertad.
6.2.3.3.4.1. Procede la Corte a examinar si la manera como
fue configurada por el legislador el sistema de ejecución de la privación de la
libertad en la ley 975/05 (art. 30), y la posibilidad de abonar como parte de
la pena impuesta el tiempo de permanencia del sentenciado en la denominada zona
de concentración, vulneran la Constitución en cuanto permiten que los
condenados con fundamento en esta ley, evadan la pena privativa de la libertad
impuesta.
6.2.3.3.4.2. Conviene recordar que con el propósito de
facilitar los diálogos, negociaciones y acuerdos en el marco de los procesos de
desmovilización de grupos armados organizados al margen de la ley, el Gobierno
Nacional ha creado, previo acuerdo con los voceros de estos grupos, las
denominadas zonas de ubicación temporal o de concentración[194],
en determinados espacios del territorio nacional. Cabe destacar que el ingreso
a estas zonas constituye un acto voluntario de los miembros de los grupos
armados ilegales. En algunos casos esta concentración tiene una utilidad inmediata
consistente en la suspensión de la ejecución de las órdenes de captura que
pesan contra los miembros representantes de esos grupos, para favorecer las
negociaciones.
6.2.3.3.4.3. Paralelamente, es preciso señalar que en
efecto, como lo afirma la demanda, en el Estado reposa el deber de imponer y
ejecutar sanciones efectivas a quienes incurran en violación de la ley penal,
imperativo que adquiere mayor relevancia cuando se trata de grave criminalidad.
Las sanciones efectivas son aquellas que no encubren fenómenos de impunidad, en
tanto constituyen reacciones estatales justas y adecuadas a los delitos
perpetrados, tomando en consideración los específicos objetivos de política
criminal que la ley entraña.
6.2.3.3.4.4. Adicionalmente, es preciso recordar que la
fase de ejecución de la pena corresponde a una de las más trascendentales
expresiones del ejercicio del ius puniendi estatal. En el estado
constitucional de derecho el ejercicio de ius puniendi reclama la
intervención de todos los poderes públicos: el legislador en su fase de
configuración; los jueces en su fase de imposición, y  las autoridades
penitenciarias en su fase de ejecución.
6.2.3.3.4.5. Aún en el marco de un instrumento que invoca
como propósito fundamental la materialización de la paz en el país, la pena no
puede ser despojada de su atributo de reacción justa y adecuada a la
criminalidad, ni puede producirse al margen de las intervenciones estatales que
el ejercicio del ius puniendi reclama en el Estado constitucional de
derecho. Lo primero conduciría a fenómenos de impunidad indeseables, aún en el
contexto de un proceso de pacificación, y lo segundo a la pérdida de
legitimidad de la potestad sancionadora del Estado. El régimen punitivo que
caiga en uno u otro fenómeno resulta contrario a la Constitución.
6.2.3.3.4.6. Bajo estos presupuestos observa la Corte que
el artículo 31 demandado asimila al cumplimiento de una pena, la
circunstancia de estar ubicado en una zona de concentración, a pesar de que no
haya habido ninguna medida del Estado que haya conducido a que las personas
deban estar en dicho lugar. En ese sentido, no constituye pena en cuanto no
comporta la imposición coercitiva de la restricción de derechos fundamentales.
Generalmente, la permanencia en una zona de concentración por parte de miembros
de los grupos armados organizados al margen de la ley, en proceso de
desmovilización, obedece a una decisión voluntaria de esas personas, lo que
concurre a excluir cualquier posibilidad de equiparar a cumplimiento de pena
una situación de tal naturaleza, que prescinde y desplaza las intervenciones
estatales que caracterizan el monopolio estatal de la potestad sancionadora.
Por consiguiente, se declarará inexequible el artículo 31.
6.2.3.3.4.7. Constitucionalidad condicionada del artículo
30, inciso 2. Similar situación
se advierte en el inciso 2º del artículo 30 que señala “que los
establecimientos de reclusión deben reunir condiciones de seguridad y
austeridad propios de los establecimientos administrados por el INPEC”.
Esta norma encubre una evidente sustracción del control de las autoridades
penitenciarias de los sitios de reclusión en que habrán de purgar las penas
quienes se sometan a la ley 975/05, los cuales operarían al margen de las
políticas penitenciarias que el estado debe desarrollar a través de sus órganos
especializados, las cuales han sido plasmadas en las normas jurídicas sobre
control penitenciario.
6.2.3.3.4.8. Ahora bien, desde el punto de vista de los
derechos de las víctimas a que se haga justicia, con fundamento en el principio
de dignidad resulta manifiestamente desproporcionado someterlas a lo que podría
ser considerado, desde su aflicción, como impunidad. La dimensión colectiva del
derecho a que se haga justicia podría verse también afectado por la percepción
de impunidad que se deriva de adicionar a las significativos beneficios que en
materia punitiva consagra la ley, otros beneficios en la ejecución de la pena
que la desvirtúan por completo.
6.2.3.3.4.9. Por las anteriores consideraciones
la Corte declarará  exequible, por los cargos
examinados, el inciso 2° artículo 30 en el entendido que dichos
establecimientos quedan sujetos integralmente a las normas jurídicas sobre
control penitenciario, e  inexequible el artículo 31 de la ley 975/05.
6.2.3.3.4.10.
Como resultado de la declaratoria de inexequibilidad del artículo 31, también
se habrá de declarar la inconstitucionalidad por consecuencia de la expresión “en
uno de los establecimientos de reclusión determinados por el Gobierno Nacional
de acuerdo con el artículo 31 de la presente ley”, contenida en el artículo
17 de la Ley 975/05.
6.2.4. Presunta violación del derecho a la reparación
Luego de hacer una referencia al contenido y alcance del derecho a
la reparación de las víctimas de violaciones de derechos humanos, los
demandantes señalan que la Ley demandada, así como el marco legal dentro del
cual se están produciendo las desmovilizaciones de los integrantes de grupos al
margen de la ley, violan los contenidos mínimos de dicho derecho. En los
apartes que siguen de esta providencia la Corte estudiará los cargos concretos
formulados contra disposiciones específicas de la Ley 975 de 2005 por presunta
violación del derecho a la reparación.
6.2.4.1. Violación del derecho a la reparación por las normas en
virtud de las cuales sólo concurren a la reparación los bienes adquiridos
ilícitamente, u otros, si el desmovilizado los tuviese.
6.2.4.1.1. Los demandantes consideran que los apartes subrayados de
los artículos 10.2, 11.5, 13.4, 17, 18 y 46, vulneran el derecho a la
reparación de las víctimas por cuanto dichas normas establecen que solo  los
bienes obtenidos ilícitamente concurren al pago de las indemnizaciones. Los
apartes demandados son los siguientes:
“Artículo 10. Requisitos de elegibilidad para la desmovilización
colectiva. (…) 10.2. Que se entreguen los bienes producto de la actividad
ilegal. (…)
Artículo 11. Requisitos de elegibilidad para desmovilización
individual. (…) 11.5. Que entregue los bienes producto de la actividad
ilegal, para que se repare a la víctima cuando se disponga de ellos.
(…)
Artículo 13. Celeridad. (…) En audiencia preliminar se tramitarán
los siguientes asuntos: (…) 4. La solicitud y la decisión de imponer medidas
cautelares sobre bienes de procedencia ilícita. (…)
Artículo 17. Versión libre y confesión. Los miembros del grupo
armado organizado al margen de la ley, cuyos nombres someta el Gobierno
Nacional a consideración de la Fiscalía General de la Nación, que se acojan en
forma expresa al procedimiento y beneficios de la presente ley, rendirán
versión libre ante el fiscal delegado asignado para el proceso de
desmovilización, quien los interrogará sobre todos los hechos de que tenga
conocimiento.
En presencia de su defensor, manifestarán las circunstancias de
tiempo, modo y lugar en que hayan participado en los hechos delictivos
cometidos con ocasión de su pertenencia a estos grupos, que sean anteriores a
su desmovilización y por los cuales se acogen a la presente ley. En la misma
diligencia indicarán los bienes que se entregan para la reparación a las
víctimas, si los tuvieren, y la fecha de su ingreso al grupo.  (…)
Artículo 18. Formulación de imputación. Cuando de los elementos
materiales probatorios, evidencia tísica (sic), información legalmente
obtenida, o de la versión libre pueda inferirse. Razonablemente (sic) que el
desmovilizado es autor o partícipe de uno o varios delitos que se investigan,
el fiscal delegado para el caso solicitará al magistrado que ejerza la función
de control de garantías la programación de una audiencia preliminar para
formulación de imputación.
En esta audiencia, el fiscal hará la imputación fáctica de los
cargos investigados y solicitará al magistrado disponer la detención preventiva
del imputado en el centro de reclusión que corresponda, según lo dispuesto en
la presente ley. Igualmente solicitará la adopción de las medidas cautelares
sobre los bienes de procedencia ilícita que hayan sido entregados para
efectos de la reparación a las víctimas. (…)
Artículo 46. Restitución. La restitución implica la realización de
los actos que propendan por la devolución a la víctima a la situación anterior
a la violación de sus derechos. Incluye el restablecimiento de la libertad, el
retorno a su lugar de residencia y la devolución de sus propiedades, de ser
posible”.
6.2.4.1.2. Los demandantes señalan que es deber constitucional e
internacional del Estado garantizar la justa reparación de las víctimas
(artículo 2 de la C.N., artículo 2.3 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, y los artículos 1 y 63 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos). Sin embargo consideran que las disposiciones demandadas
vulneran este deber al no establecer la obligación de responder con bienes
lícitos o propios por el daño producido. Al respecto señalan que “la ley se
refiere reiteradamente a la entrega de los bienes de procedencia ilícita,
limitación agravada por la dificultad para distinguir entre los bienes de
origen ‘lícito’ y los de origen ilícito.” De otra parte, indican que las
disposiciones acusadas establecen que los desmovilizados han de entregar sus
bienes ‘si los tuvieren’, ‘cuando se disponga de ellos’, o ‘de ser posible’,
todo lo cual facilita el fraude a la ley dado que los desmovilizados podrán
eximirse de su obligación de reparar al señalar que no tienen bienes o que no
pueden disponer de los bienes que fueran de su propiedad. Explican que la ley “no
indica a través de qué procedimiento ni en qué términos el operador jurídico
podrá investigar los casos en los cuales el desmovilizado haga un fraude en
perjuicio de las víctimas; y en el caso en que la Fiscalía tuviera elementos
para considerar que hay un posible fraude, resultará en la práctica muy difícil
que dentro de los 60 días previstos para la investigación se adelanten también
diligencias para verificar que el desmovilizado no ha incurrido en fraude y
lograr que los bienes sean entregados para la reparación”.
Como consecuencia de los anteriores argumentos, solicitan que la
Corte declare inexequibles los apartes demandados.
6.2.4.1.3. A su turno, el Ministerio del Interior y de Justicia
considera que la ley demandada satisface de manera adecuada el derecho a la
reparación de las víctimas. Luego de mencionar todos los artículos de la ley en
los cuales se reconocen algunos principios generales en la materia, el
Ministerio señala, en primer término, que las personas que dejen de informar
sobre actividades ilícitas o de denunciar bienes de procedencia ilícita se someterán
en esos aspectos a las leyes ordinarias que, para el efecto de los bienes, son
las leyes de extinción de dominio.  Sobre la demanda parcial del artículo 17
indica que la persona debe señalar todos los bienes que entregará para la
reparación sin que se limite exclusivamente a bienes ilícitos. Adicionalmente,
señala que las expresiones “si los tuviere” del artículo 17 o “de ser posible”
del artículo 46, se refieren a hipótesis en las cuales los bienes pueden estar
en manos de  otras personas del grupo al cual pertenece el beneficiario de la
ley. Concluye señalando que en cualquier caso la reparación de las víctimas
esta plenamente garantizada, en la medida en que los recursos para estos
efectos saldrán del Fondo para la Reparación de las Víctimas financiado,
adicionalmente, con recursos del presupuesto y donaciones.
6.2.4.1.4. Sobre este tema, el Centro Internacional para la Justicia
Transicional señala que las normas demandadas y, en general la Ley 975 de 2005,
eximen al responsable de la obligación de concurrir con su patrimonio a la
indemnización de los daños que hubiere causado. Consideran que esto vulnera el
derecho de las víctimas a un recurso efectivo y a obtener reparación. A su
juicio, la Ley parece ordenar que la reparación a las víctimas se pague con
bienes de procedencia ilícita, bienes que serán entregados al Fondo de
Reparaciones por los responsables de los delitos investigados. Con ello, sin
embargo, se priva a la víctima del derecho a recibir, directamente del
responsable del daño causado, la indemnización o compensación económica por los
perjuicios sufridos. Señala al respecto que las normas internacionales que
vinculan al Estado colombiano reconocen el derecho de las víctimas o de sus
herederos a un recurso efectivo para dirigirse contra el autor del daño con el
propósito de obtener, cuando menos, la restitución de los bienes de que han
sido despojadas y la compensación económica por el daño causado.
6.2.4.1.5. En su intervención, el Procurador General de la Nación
solicita a la Corte declarar inexequibles las expresiones demandadas de los
artículos 11.5, 13.4, 17, 18 y 46. En su criterio, estas normas vulneran el
derecho a la reparación integral de las víctimas de violaciones de derechos
humanos, pues no garantizan la entrega de bienes lícitos ni permiten afectar
con medidas cautelares aquellos bienes producto de la actividad lícita de los
responsables del daño causado. Indica que estas disposiciones adicionalmente
vulneran el derecho a la igualdad dado que en un proceso penal común el
condenado debe responder con su patrimonio si hay lugar a ello.
6.2.4.1.6. Del estudio de las normas demandadas surgen dos tipos de
problemas jurídicos. Un primer problema general cuya respuesta incide en las
restantes decisiones y una serie de problemas jurídicos específicos
relacionados con las diferentes medidas que las normas parcialmente demandadas
establecen.
6.2.4.1.7. En primer lugar es necesario definir si, en procesos de
justicia transicional como el que la ley demandada regula, es constitucionalmente
exigible que los responsables de delitos concurran con su patrimonio al pago de
las indemnizaciones a que haya lugar y adopten todas las medidas que estén a su
alcance para restituir los bienes que por motivo de sus delitos fueron objeto
de despojo.
6.2.4.1.8. Si la respuesta a la pregunta anterior fuera negativa las
normas parcialmente demandadas serian exequibles. Sin embargo, si la respuesta
fuere positiva, la Corte tendría que establecer (1) si es constitucionalmente
obligatorio que las personas que aspiran a ser beneficiarias de la Ley deban
entregar, como requisito de elegibilidad, bienes lícitos destinados a la
reparación de las víctimas; (2) si el derecho fundamental a la reparación
comporta la facultad de solicitar medidas cautelares sobre el patrimonio lícito
de quien está siendo juzgado; (3) si vulnera el derecho de las víctimas a la
reparación integral las disposiciones que establecen que la obligación del
responsable del delito de entregar bienes sólo se hace efectiva “si los tuviere”
o que condicionan el derecho a la restitución del bien objeto de despojo con la
expresión: “de ser posible”.  Procede la Corte a dar respuesta a las cuestiones
planteadas.
6.2.4.1.9. Se pregunta la Corte si el derecho a la reparación
integral garantiza que, incluso en procesos de justicia transicional, los
responsables de delitos respondan con su propio patrimonio por los daños que su
actividad criminal ha producido.
6.2.4.1.10. En principio podría sostenerse que si bien en la
justicia ordinaria se aplica el  principio general de derecho según el cual
quien causa un daño debe repararlo, en procesos de justicia transicional a
través de los cuales se enfrentan violaciones masivas y sistemáticas de derechos
humanos y ante un universo enorme de victimas directas e indirectas, quien debe
responder es el Estado y no  los perpetradores. Incluso podría sostenerse que
puede ser una condición de quienes deciden someterse a un proceso de paz tras
un legado de violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos, que el
componente patrimonial de las reparaciones sea asumido por el Estado y no por
los responsables del daño, quienes no estarían dispuestos a arriesgar su
patrimonio personal que se vería completamente menguado si con él tuviera que
sufragarse los cuantiosos daños producidos. Finalmente podría sostenerse que
esta forma de reparación – a través de recursos públicos y no del patrimonio
personal de los responsables – no supone una violación del derecho de las
víctimas pues finalmente estas recibirán algún tipo de reparación, sin importar
la fuente a través de la cual se financian.
6.2.4.1.11. Este argumento sin embargo tiene una serie de
debilidades constitucionales que la Corte no puede dejar de advertir. En primer
lugar, como entra a explicarse, no parece existir una razón constitucional que
permita excepcionar el principio general según el cual todo aquel que cause un
daño antijurídico esta obligado a repararlo y trasladar el costo total de la
reparación a los ciudadanos y ciudadanas. En segundo término, incluso si se
aceptara que el Estado puede efectuar este traslado de responsabilidad, lo
cierto es que no esta autorizado para perdonar – ni penal ni civilmente – a
quien ha cometido delitos atroces o al responsable de actos de violencia masiva
o sistemática. Eximir completamente de responsabilidad civil al causante del
daño equivale a una amnistía integral de la responsabilidad debida. Finalmente,
parece constitucionalmente desproporcionado renunciar a perseguir el patrimonio
de los responsables del daño, al menos, en aquellos casos en los cuales pueda
comprobarse que las personas responsables tienen inmensas fortunas mientras que
quienes han sufrido dicho daño, por efecto de este, se encuentran en dolorosas
condiciones de pobreza y desarraigo. Entra la Corte a explicar cada una de
estas cuestiones.
6.2.4.1.12. En primer lugar, al menos en principio, no parece
existir una razón constitucional suficiente para que, frente a procesos de
violencia masiva, se deje de aplicar el principio general según el cual quien
causa el daño debe repararlo. Por el contrario, como ya lo ha explicado la
Corte, las normas, la doctrina y la jurisprudencia nacional e internacional han
considerado que la reparación económica a cargo del patrimonio propio del
perpetrador es una de las condiciones necesarias para garantizar los derechos
de las víctimas y promover la lucha contra la impunidad. Sólo en el caso en el
cual el Estado resulte responsable – por acción o por omisión – o cuando los
recursos propios de los responsables no son suficientes para pagar el costo de
reparaciones masivas, el Estado entra a asumir la responsabilidad subsidiaria
que esto implica. Y esta distribución de responsabilidades no parece variar en
procesos de justicia transicional hacia la paz.
6.2.4.1.13. En efecto, en contextos de transición a la paz, podría
parecer proporcionado que el responsable de delitos que ha decidido vincularse
a un proceso de negociación, conserve una parte de su patrimonio de forma tal
que pueda vivir dignamente e insertarse plenamente en la sociedad democrática y
en el Estado de derecho. Lo que sin embargo parece no tener asidero
constitucional alguno es que el Estado exima completamente de responsabilidad
civil a quienes han producido los daños que es necesario reparar y traslade la
totalidad de los costos de la reparación al presupuesto. En este caso se
estaría produciendo una especie de amnistía de la responsabilidad civil,
responsabilidad que estarían asumiendo, a través de los impuestos, los
ciudadanos y ciudadanas de bien que no han causado daño alguno y que, por el
contrario, han sido víctimas del proceso macrocriminal que se afronta. La Corte
no desconoce que frente al tipo de delitos de que trata la ley demandada parece
necesario que los recursos públicos concurran a la reparación, pero esto solo
de forma subsidiaria. Esto no obsta, como ya se mencionó, para que el
legislador pueda modular, de manera razonable y proporcionada a las
circunstancias de cada caso, esta responsabilidad. Lo que no puede hacer es
relevar completamente a los perpetradores de delitos atroces o de violencia
masiva, de la responsabilidad que les corresponde por tales delitos. De esta
manera, resulta acorde con la Constitución que los perpetradores de este tipo
de delitos respondan con su propio patrimonio por los perjuicios con ellos
causados, con observancia de las normas procesales ordinarias que trazan un
límite a la responsabilidad patrimonial en la preservación de la subsistencia
digna del sujeto a quien dicha responsabilidad se imputa, circunstancia que
habrá de determinarse en atención a las circunstancias particulares de cada
caso individual.
6.2.4.1.14. Como lo señala el Ministerio del Interior y de la
Justicia, los grupos armados al margen de la ley y sus cabecillas han acumulado
inmensas fortunas o “grandes recursos económicos”. Adicionalmente, como
también lo señala el Ministerio, hacen partes de complejas estructuras y
organizaciones. En estos casos, como bien lo señalan algunos de los
intervinientes, resulta verdaderamente difícil distinguir todos los bienes que
han sido fruto de la actividad legal de aquellos fruto de la actividad ilegal.
Usualmente los bienes obtenidos ilícitamente han sido escondidos o trasladados
a testaferros o incluso a terceros de buena fe a través de los cuales “lavan”
los correspondientes activos. Sin embargo, las víctimas de los grupos armados
suelen ser personas humildes que, además de haber sido vulneradas en su
dignidad y derechos, han sido despojadas de sus propiedades, desarraigadas de
su tierra, privadas de las personas que aportaban el sustento familiar, en fin,
completamente desposeídas. Al respecto la Corte ya ha tenido oportunidad de
constatar la existencia de cientos de miles de personas en situación de
desplazamiento forzado, y condenadas a la miseria a causa de la acción de los
grupos armados ilegales para quienes ha sido diseñada la Ley que se estudia.
Dado que la ley ha sido creada específicamente para permitir el tránsito a la
legalidad de estos grupos y de sus cabecillas, resulta indispensable
incorporar, al juicio de proporcionalidad, estos elementos del contexto en el
cual habrá de ser aplicada. Por las razones mencionadas, la aplicación de la
ley, al menos en los casos que han sido anotados, implica una afectación
manifiestamente desproporcionada de otros derechos constitucionales, como los
derechos de las víctimas a la reparación integral.
6.2.4.1.15. Finalmente, no sobra señalar que, en todo caso, la
reparación no puede quedar absolutamente sometida a la voluntad política de
quienes definen las normas de presupuesto, pues es un derecho de las víctimas
que debe ser satisfecho, especialmente, en procesos que persigan la paz y la
reconciliación. Por ello,  resulta razonable que la reducción de las penas que
la norma establece se encuentre acompañada de la adopción de otras medidas que,
como el pago de los daños y la restitución de los bienes, puedan constituir un
marco justo y adecuado para alcanzar de forma sostenible la finalidad buscada.
6.2.4.1.16. Por las razones expuestas, debe sostenerse que según la
Constitución, los miembros del grupo armado organizado al margen de la ley a
quienes se aplique la Ley 975 de 2005, responden con su propio patrimonio para
indemnizar a las víctimas de los actos violatorios de la ley penal por los que
fueren condenados.
6.2.4.1.17. Ahora bien, se pregunta la Corte si existiendo el deber
personal del responsable de reparar a la víctima con su propio patrimonio,
resulta necesario que se establezca como condición de elegibilidad para poder
acceder a los procesos judiciales que pueden culminar con los beneficios de que
trata la Ley demandada, que las personas entreguen los bienes lícitos que
integran su patrimonio.
6.2.4.1.18. Los
requisitos de elegibilidad de que tratan los artículos 10 y 11 parcialmente
demandados, son requisitos “para acceder a los beneficios que establece la
presente ley”, es decir, son condiciones de accesibilidad. En estas
circunstancias no parece necesario que en esta etapa la persona entregue parte
de su patrimonio lícito, pues al menos técnicamente, no existe aún un título
para dicho traslado. Ciertamente, los bienes de procedencia ilícita no le
pertenecen y, por lo tanto, la entrega no supone un traslado de propiedad sino
una devolución a su verdadero propietario – mediante la restitución del bien –
o al Estado. Sin embargo, su patrimonio lícito le pertenecerá hasta tanto no
exista una condena judicial que le ordene la entrega. En cambio, los bienes
producto de la actividad ilegal, todos ellos sin excepción, deben ser
entregados como condición previa para acceder a los beneficios que establece la
Ley 975/05. El legislador puede establecer ese requisito de elegibilidad, tanto
para la desmovilización colectiva como para la desmovilización individual. Por
estas razones la Corte no encuentra inexequibles las expresiones “producto de
la actividad ilegal” del numeral 10.2 del artículo 10 de la Ley y “producto de
la actividad ilegal” del numeral 11.5 del artículo 11 de la misma Ley. Así se
declarará en la parte resolutiva de esta providencia.
6.2.4.1.19. En
segundo lugar, como fue mencionado, corresponde a la Corte establecer si
resultan inconstitucionales las expresiones demandadas de los artículos 13.4 y
18 que restringen la posibilidad de solicitar medidas cautelares a los bienes
ilícitos de quienes se acogieren a la Ley 975 de 2005.
6.2.4.1.20.
Ahora bien, constata la Corte que si los beneficiarios de la ley deben
responder con su propio patrimonio por los daños producidos, lo cierto es que
no existe ninguna razón para impedir que las medidas cautelares puedan recaer
sobre sus bienes lícitos. En efecto, esta prohibición lo que hace es disminuir
la efectividad de la acción estatal encaminada al logro de la reparación
integral de las víctimas. Por estas razones, la Corte procederá a declarar
inexequibles las expresiones “de procedencia ilícita” del numeral 4 del
artículo 13 y “de procedencia ilícita que hayan sido entregados” del inciso
segundo del artículo 18 de la Ley demandada.
La parte
restante del citado artículo 18 será declarada exequible, por las diversas
razones expuestas en los apartes 6.2.3.1.7. y  6.2.3.2.2. de la presente
providencia.
6.2.4.1.21.
Finalmente, debe la Corte definir si, como lo señalan los demandantes, algunos
intervinientes y el Procurador General,  las disposiciones que establecen que
los desmovilizados han de entregar sus bienes ‘si los tuvieren’, ‘cuando se
disponga de ellos’, o ‘de ser posible’, facilita el fraude a la ley dado que
los desmovilizados podrán eximirse de su obligación de reparar al señalar que
no tienen bienes o que no pueden disponer de los bienes que fueran de su
propiedad, en desmedro de los derechos de las víctimas a la reparación.
6.2.4.1.22. Como
ya ha sido mencionado, las personas beneficiarias de la ley estudiada tienen la
obligación de reparar con su propio patrimonio y de adelantar la totalidad de
los actos destinados a la reparación de los derechos de las víctimas. En ese
sentido, tal y como se exige a las víctimas y a la sociedad que acepten el
tránsito a la legalidad de quienes han cometido delitos de extrema gravedad y
crueldad, también cabe esperar que los beneficiarios de la ley actúen de buena
fe para restituir la propiedad a quienes fueron despojados de ella y compensar
económicamente los daños causados por su actuación ilegal.  Así, la persona que
busca el beneficio de la ley, debe declarar la totalidad de los bienes que
puede aportar para reparar a quienes han sufrido por su causa. Frente a este
deber, la ley no puede avalar con expresiones ambiguas que se oculten bienes
con el fin de evadir el deber de reparar a las víctimas.
6.2.4.1.23. Será
entonces el juez quien defina la suerte de tales bienes e incluso de aquellos
otros que no fueron indicados al Estado en su debido momento pero que hacen
parte del patrimonio del procesado o que son bienes de procedencia ilícita que
este no denunció. Al respecto no sobra recordar que el derecho, en un Estado
democrático, tiene ya incorporados mecanismos que sirven simultáneamente para
evitar el fraude a la ley de quienes oculten sus bienes sin exigir lo
imposible. Son reglas básicas que guían la actividad del juez pero cuya ambigua
consagración en la ley bajo estudio genera importantes dudas de
constitucionalidad. Ciertamente, tal y como lo señalan los demandantes, algunos
intervinientes y el Procurador, las cláusulas parcialmente demandadas pueden
ser interpretadas de forma tal que al desmovilizado no se le exige esfuerzo
alguno para  deshacer los negocios que le han permitido ocultar su patrimonio o
para encontrar bienes de procedencia ilícita que tiene claramente identificados
pero que no se encuentran en su poder. Este comportamiento no honra en absoluto
la obligación de reparar que la Constitución, las normas civiles y los tratados
internacionales exigen. Por esta razón, la Corte declarará inexequibles las
expresiones “cuando se disponga de ellos” del numeral 11.5 del artículo 11, “si
los tuvieren” del inciso segundo del artículo 17, y “de ser posible” contenida
en el artículo 46.
6.2.4.1.24.
Finalmente, la Corte procederá a integrar la unidad normativa con la expresión
“si los tuviese”  contenida en el inciso segundo del artículo 44, pues esta
expresión tiene el mismo contenido normativo que las expresiones que la Corte
considera inconstitucionales y, en consecuencia, se configura una de las tres
causales excepcionales de integración. En efecto, como lo ha señalado la
Corporación, la unidad normativa tiene lugar cuando ello sea necesario para
evitar que el fallo sea inocuo o cuando resulta indispensable para pronunciarse
de fondo sobre un asunto. Estas hipótesis se configuran en uno de los
siguientes tres casos: en primer lugar, cuando es preciso integrar la
proposición jurídica para que la norma demandada tenga un significado jurídico
concreto. En segundo término, cuando resulte imprescindible integrar la unidad
normativa de manera tal que el fallo no sea inocuo. Y, en tercer término,
cuando la disposición impugnada se encuentre íntima e inescindiblemente
relacionada con otra norma que parece inconstitucional[195].
En el presente caso, la unidad normativa resulta imprescindible para evitar que
el fallo de constitucionalidad resulte parcialmente inocuo pues mientras se
excluye del ordenamiento jurídico la cláusula contenida en los artículos 11.5 y
17, se mantendría aquella contenida en el artículo 44, produciendo con ello los
efectos jurídicos inconstitucionales que la Corte esta llamada a evitar. En
consecuencia, se procederá a la declaratoria de inexequibilidad de la expresión
“si los tuviese”  contenida en el inciso segundo del artículo 44 de la Ley
demandada.
6.2.4.2. Presunta violación del derecho a la reparación por cuanto
no todas las víctimas podrán reclamar una reparación.
6.2.4.2.1. Se demandan los apartes subrayados de los artículos 5, 47
y 48 de la Ley, así:
“Artículo 5º. Definición de víctima. Para los efectos de la presente
ley se entiende por víctima la persona que individual o colectivamente haya
sufrido daños directos tales como lesiones transitorias o permanentes que
ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual y/o
auditiva), sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo de sus
derechos fundamentales. Los daños deberán ser consecuencia de acciones que
hayan transgredido la legislación penal, realizados por grupos armados
organizados al margen de la ley.
También se tendrá por víctima al cónyuge, compañero o compañera
permanente, y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de
la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere
desaparecida.
La condición de víctima se adquiere con independencia de que se
identifique, aprehenda procese o condene al autor de la conducta punible y sin
consideración a la relación familiar existente entre el autor y la víctima.
Igualmente se considerarán como víctimas a los miembros de la Fuerza
Pública que hayan sufrido lesiones transitorias o permanentes que ocasionen
algún tipo de discapacidad tísica (sic), psíquica y/o sensorial (visual o
auditiva), o menoscabo de sus derechos fundamentales, como consecuencia de las
acciones de algún integrante o miembros de los grupos armados organizados al
margen de la ley.
Asimismo, se tendrán como víctimas al cónyuge, compañero o compañera
permanente y familiares en primer grado de consanguinidad, de los
miembros de la fuerza pública que hayan perdido la vida en desarrollo de actos
del servicio, en relación con el mismo, o fuera de él, como consecuencia de los
actos ejecutados por algún integrante o miembros de los grupos organizados al
margen de la ley.
(…) Artículo 47. Rehabilitación. La rehabilitación deberá incluir la
atención médica y psicológica para las víctimas o sus parientes en primer
grado de consanguinidad de conformidad con el Presupuesto del Fondo para la
Reparación de las Víctimas.
Los servicios sociales brindados por el gobierno a las víctimas, de
conformidad con las normas y leyes vigentes, hacen parte de la reparación y de
la rehabilitación.
Artículo 48. Medidas de satisfacción y garantías de no repetición.
Las medidas de satisfacción y las garantías de no repetición, adoptadas por las
distintas autoridades directamente comprometidas en el proceso de
reconciliación nacional, deberán incluir: (…)
49.3 (sic) La decisión judicial que restablezca la dignidad,
reputación y derechos de la víctima y las de sus parientes en primer grado
de consanguinidad”.
6.2.4.2.2. Para los actores, la definición del concepto de víctima
consagrada en estos artículos es restrictiva pues excluye a personas que han
sufrido daños y que tienen derecho a un recurso judicial para reclamar ante las
autoridades la satisfacción de sus derechos. Al respecto señalan que “los
hermanos de una persona desaparecida forzadamente o asesinada, u otros
familiares que no estén en primer grado de consanguinidad, no tendrían derecho
a reclamar una reparación. Tratándose de un miembro de la fuerza pública que
haya sido asesinado en el marco del conflicto armado, sólo serán víctimas el
‘cónyuge, compañero o compañera permanente y familiares en primer grado de
consanguinidad’. En cuanto a la rehabilitación, la ley prevé que únicamente la
víctima directa y los familiares en primer grado de consanguinidad recibirán
atención médica y psicológica”.
6.2.4.2.3. Indican que en contraste con estas disposiciones, la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia del caso “19
comerciantes vs. Colombia” del 5 de julio de 2004, así como en la sentencia del
caso “Myrna Mack Chang vs. Guatemala” del 25 de noviembre de 2003, consideró
que los hermanos de las víctimas directas también son víctimas y deben ser
reparados; lo que es más, en la primera de estas sentencias consideró a un
primo de la víctima como afectado y titular del derecho a la reparación.
6.2.4.2.4. Por lo tanto, afirman que la limitación del concepto de
víctima, y por ende de la obligación de reparación, es inconstitucional y
contrario a la regulación internacional de la materia: “Al restringir el
concepto de víctimas por debajo de los parámetros definidos por la normatividad
y la jurisprudencia nacional e internacional en la materia, la ley 975
contradice la Constitución de manera múltiple, tanto en relación con el
preámbulo, como con el artículo 2, el 5, el 9, el 93 y el 213.2, entre otros”.
En consecuencia solicitan que la Corte declare la constitucionalidad
condicionada de los apartes demandados, en el siguiente sentido:
“- Para efectos de la definición de víctima establecida en el
artículo 50 de la Ley 975 de 2005, se tengan como víctimas al cónyuge,
compañero o compañera permanente, y familiar en primero y segundo grado de
consanguinidad y primero civil.
- La atención médica y psicológica de rehabilitación prevista en el
artículo 47 de la ley 975 de 2005 se extienda al cónyuge, compañero o compañera
permanente, y familiar en primero y segundo grado de consanguinidad y primero
civil.
- La decisión judicial a la cual se refiere el artículo 48 en su
numeral 48.3 (erróneamente indicado como 49.3 en el texto de la ley publicado
en el Diario Oficial) por medio de la cual se dé término al proceso penal de
acuerdo con lo establecido en la Ley 975 de 2005, debe restablecer los derechos
del cónyuge, compañero o compañera permanente, y familiar en primero y segundo
grado de consanguinidad y primero civil”.
6.2.4.2.5. Para analizar este cargo específico no es posible juzgar
aisladamente las expresiones acusadas. En efecto, estas se inscriben en incisos
en los cuales se enuncian elementos atinentes a la definición de víctima,
elementos que rebasan el del parentesco. El cabal entendimiento de lo acusado
exige hacer una integración normativa con todo el inciso correspondiente, es
decir, los incisos 2 y 5 del artículo 5.
6.2.4.2.6. Los
demandantes consideran que las disposiciones demandadas establecen una
restricción al limitar a los parientes en primer grado de consanguinidad el
derecho a ser reconocidos como víctimas para los efectos de la Ley que se
estudia. Al estudiar las expresiones demandadas partiendo de todo el inciso en
el cual se inscriben, la Corte encuentra que las mismas establecen una
presunción a favor de los parientes en primer grado de consanguinidad y primero
civil de la víctima directa. En efecto, tales incisos empiezan diciendo que
“también se tendrá por víctima” o “asimismo”. La cuestión entonces reside en
determinar si tales disposiciones pueden dar lugar a la exclusión del
reconocimiento de la calidad de víctimas de otros familiares (como los
hermanos, abuelos o nietos) que hubieren sufrido un daño como consecuencia de
cualquier conducta violatoria de la ley penal cometida por miembros de grupos
armados ilegales que decidan someterse a la Ley estudiada.
6.2.4.2.7. Como
ya se mencionó en un aparte anterior de esta providencia, todas las personas
que hubieren sido víctimas o perjudicadas por un delito, tienen derecho a un
recurso efectivo para solicitarle al Estado la satisfacción de sus derechos a
la verdad, la justicia y la reparación[196]. La
limitación arbitraria del universo de personas con capacidad de acudir a las
autoridades judiciales para la satisfacción de sus derechos, da lugar a la
violación del derecho de acceso a la administración de justicia, al debido
proceso y a un recurso judicial efectivo, consagrados en los artículos 1, 2, 29
y 229 de la Constitución y 8 y 25 de la Convención Interamericana sobre
Derechos Humanos.
6.2.4.2.8. Ahora
bien, el derecho internacional de los derechos humanos reconoce que los
familiares de las personas víctimas de violaciones a los derechos humanos como
por ejemplo, del delito de desaparición forzada, tienen derecho a ser
consideradas víctimas para todos los efectos legales, constitucionales y
convencionales. Adicionalmente, el Protocolo I reconoce el "derecho que
asiste a las familias de conocer la suerte de sus miembros"[197],
lo cual no está referido únicamente a la posibilidad de obtener una
indemnización económica[198].
Así mismo, el artículo 79 del Estatuto de la Corte Penal Internacional
establece: “Por decisión de la Asamblea de los Estados Partes se establecerá un
fondo fiduciario en beneficio de las víctimas de delitos de la competencia de
la Corte y de sus familias”.
6.2.4.2.9. La
Corte Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han
entendido que son víctimas o perjudicados, entre otros, las víctimas directas y
sus familiares, sin distinguir, al menos para reconocer su condición de
víctimas del delito, el grado de relación o parentesco. En este sentido la
Corte Interamericana ya ha señalado lo siguiente:
“216.     Este Tribunal ha señalado que el derecho de acceso a la
justicia no se agota con el trámite de procesos internos, sino éste debe además
asegurar, en tiempo razonable, el derecho de las presuntas víctimas o sus
familiares a que se haga todo lo necesario para conocer la verdad de lo
sucedido y para que se sancione a los eventuales responsables[199].”[200]
6.2.4.2.10. En
el mismo sentido, por sólo citar algunos casos adicionales, en la Sentencia de
14 de marzo de 2001[201],
la Corte reconoció el derecho de los familiares – sin distinción por grado de
parentesco - al conocimiento de la verdad respecto de las violaciones de
derechos humanos y su derecho a la reparación por los mismos atropellos. Al
respecto, entre otras consideraciones, la Corte señaló: “Este tipo de leyes (se
refiere a las leyes de autoamnistia) impide la identificación de los individuos
responsables de violaciones a derechos humanos, ya que se obstaculiza la
investigación y el acceso a la justicia e impide a las víctimas y a sus
familiares conocer la verdad y recibir la reparación correspondiente.”. En el
mimo sentido en la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de
25 de noviembre de 2003[202],
señaló: “su función (se refiere a la función de los órganos judiciales) no se
agota en posibilitar un debido proceso que garantice la defensa en juicio, sino
que debe además asegurar en un tiempo razonable[203] el derecho
de la víctima o sus familiares a saber la verdad de lo sucedido y a que se
sancione a los eventuales responsables[204].
Finalmente, en la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de
15 de septiembre de 2005[205],
se señaló: “219. En efecto, es necesario recordar que el presente es un caso de
ejecuciones extrajudiciales y en este tipo de casos el Estado tiene el deber de
iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y
efectiva[206].
Durante el proceso de investigación y el trámite judicial, las víctimas de
violaciones de derechos humanos, o sus familiares, deben tener amplias
oportunidades para participar y ser escuchados, tanto en el esclarecimiento de
los hechos y la sanción de los responsables, como en la búsqueda de una justa
compensación[207].”:
En suma, el intérprete autorizado de la Convención Interamericana de Derechos
Humanos, cuyo artículos 8 y 25 hacen parte del bloque de constitucionalidad, ha
señalado que los parientes, sin distinción, que puedan demostrar el daño,
tienen derecho a un recurso efectivo para exigir la satisfacción de sus derechos
a la verdad, a la justicia y a la reparación.
6.2.4.2.11. Por
su parte, la Corte Constitucional ha señalado que debe tenerse como víctima o
perjudicado de un delito penal a la persona ha sufrido un daño real, concreto y
específico, cualquiera sea la naturaleza de éste y el delito que lo ocasionó.
Subraya la Corte que en las presunciones establecidas en los incisos 2 y 5 del
artículo 5 se incluyen elementos definitorios referentes a la configuración de
ciertos tipos penales. Así, en el inciso 2 se señala que la condición de
familiar víctima se concreta cuando a la “víctima directa” “se le hubiere dado
muerte o estuviere desaparecida”. Es decir, que los familiares en el grado allí
señalado se tendrán como víctimas solo en tales supuestos. Esto podría ser interpretado
en el sentido de que los familiares, aun en el primer grado establecido en la
norma, no se consideran víctima si un familiar no fue muerto o desaparecido.
Esta interpretación sería inconstitucional por limitar de manera excesiva el
concepto de víctima a tal punto que excluiría de esa condición y, por lo tanto,
del goce de los derechos constitucionales propios de las víctimas, a los
familiares de los secuestrados, de los que sufrieron graves lesiones, de los
torturados, de los desplazados forzosamente, en fin, a muchos familiares de
víctimas directas de otros delitos distintos a los que para su configuración
exigen demostración de la muerte o desaparición. Esta exclusión se revela
especialmente gravosa en casos donde tal delito recae sobre familias enteras,
como sucede con el desplazamiento forzado, o donde la víctima directa estando
viva o presente ha sufrido un daño psicológico tal que se rehúsa a hacer valer
para sí misma sus derechos, como podría ocurrir en un caso como la tortura. Las
víctimas que demuestren haber sufrido un daño real, concreto y específico, así
como sus familiares que cumplan los requisitos probatorios correspondientes,
pueden hacer valer sus derechos.
6.2.4.2.12. En
este sentido, afectaría el derecho a la igualdad y los derechos al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, que el legislador tuviera
como perjudicado del delito sólo a un grupo de familiares y sólo por ciertos
delitos, sin atender a que en muchos casos el grado de consanguinidad deja de
ser el factor más importante para definir la magnitud del daño causado y la
muerte o la desaparición no son los únicos aspectos relevantes para identificar
a las víctimas de grupos armados ilegales. Al respecto la sentencia citada
señaló:
Se requiere que haya un daño real, no necesariamente de contenido
patrimonial, concreto y específico, que legitime la participación de la víctima
o de los perjudicados en el proceso penal para buscar la verdad y la justicia,
el cual ha de ser apreciado por las autoridades judiciales en cada caso.
Demostrada la calidad de víctima, o en general que la persona ha sufrido un
daño real, concreto y específico, cualquiera sea la naturaleza de éste, está
legitimado para constituirse en parte civil, y puede orientar su pretensión a
obtener exclusivamente la realización de la justicia, y la búsqueda de la
verdad, dejando de lado cualquier objetivo patrimonial. Es más: aun cuando esté
indemnizado el daño patrimonial, cuando este existe, si tiene interés en la
verdad y la justicia, puede continuar dentro de la actuación en calidad de
parte. Lo anterior significa que el único presupuesto procesal indispensable
para intervenir en el proceso, es acreditar el daño concreto, sin que se le
pueda exigir una demanda tendiente a obtener la reparación patrimonial. La
determinación en cada caso de quien tiene el interés legítimo para intervenir
en el proceso penal, también depende, entre otros criterios, del bien jurídico
protegido por la norma que tipificó la conducta, de su lesión por el hecho
punible y del daño sufrido por la persona o personas afectadas por la conducta
prohibida, y no solamente de la existencia de un perjuicio patrimonial
cuantificable.
6.2.4.2.13. Más
adelante, en la Sentencia C-578 de 2002[208],
al estudiar la constitucionalidad de la Ley 742 de 2002 por medio de la cual se
aprobó el estatuto de la Corte Penal Internacional, al referirse a los
criterios de ponderación de los valores de justicia y paz, dijo la Corte:
“No obstante lo anterior, y con el fin de hacer compatible la paz
con la efectividad de los derechos humanos y el respeto al derecho
internacional humanitario, el derecho internacional ha considerado que los
instrumentos internos que utilicen los Estados para lograr la reconciliación
deben garantizar a las víctimas y perjudicados de una conducta criminal, la
posibilidad de acceder a la justicia para conocer la verdad sobre lo ocurrido y
obtener una protección judicial efectiva.[209] Por ello, el
Estatuto de Roma, al recoger el consenso internacional en la materia, no impide
conceder amnistías que cumplan con estos requisitos mínimos, pero sí las que
son producto de decisiones que no ofrezcan acceso efectivo a la justicia.”
6.2.4.2.14. En suma, según el derecho constitucional, interpretado a
la luz del bloque de constitucionalidad, los familiares  de las personas que
han sufrido violaciones directas a sus derechos humanos tienen derecho a
presentarse ante las autoridades para que, demostrado el daño real, concreto y
específico sufrido con ocasión de las actividades delictivas, se les permita
solicitar la garantía de los derechos que les han sido vulnerados. Esto no
significa que el Estado está obligado a presumir el daño frente a todos los
familiares de la víctima directa. Tampoco significa que todos los familiares
tengan exactamente los mismos derechos. Lo que sin embargo si se deriva de las
normas y la jurisprudencia citada, es que la ley no puede impedir el acceso de
los familiares de la víctima de violaciones de derechos humanos, a las
autoridades encargadas de investigar, juzgar, condenar al responsable y reparar
la violación.
6.2.4.2.15. Por
las razones expuestas, la Corte considera que viola el derecho a la igualdad y
los derechos de acceso a la administración de justicia, al debido proceso y a
un recurso judicial efectivo las disposiciones de la Ley demandada que excluyen
a los familiares que no tienen primer grado de consanguinidad con la víctima
directa, de la posibilidad de que, a través de la demostración del daño real,
concreto y específico sufrido con ocasión de las actividades delictivas de que
trata la ley demandada, puedan ser reconocidos como víctimas para los efectos
de la mencionada Ley. También viola tales derechos excluir a los familiares de
las víctimas directas cuando éstas no hayan muerto o desaparecido. Tales
exclusiones son constitucionalmente inadmisibles, lo cual no dista para que el
legislador alivie la carga probatoria de ciertos familiares de víctimas
directas estableciendo presunciones como lo hizo en los incisos 2 y 5 del
artículo 5 de la ley acusada.
6.2.4.2.16. En
consecuencia, la Corte procederá a declarar exequibles, por los cargos
examinados,  los incisos  segundo y quinto del artículo 5º,  en el entendido
que la presunción allí establecida no excluye como víctima a otros familiares
que hubieren sufrido un daño como consecuencia de cualquier otra conducta violatoria
de la ley penal cometida por miembros de grupos armados al margen de la ley.
Adicionalmente, procederá a declarar exequible la expresión “en primer grado de
consaguinidad de conformidad con el Presupuesto del Fondo para la reparación de
las víctimas”, contenida en el artículo 47, sin perjuicio de analizar otro
cargo sobre este mismo artículo con posterioridad (aparte 6.2.4.3.3.), en el
entendido que no excluye como víctima a otros familiares que hubieren sufrido
un daño como consecuencia de cualquier otra conducta violatoria de la ley penal
cometida por miembros de grupos armados al margen de la ley. Finalmente,
declarará la exequibilidad de la expresión “en primer grado de consaguinidad”
del numeral 49.3,  en el entendido que no excluye como víctima a otros
familiares que hubieren sufrido un daño como consecuencia de cualquier otra
conducta violatoria de la ley penal cometido por miembros de grupos armados al
margen de la ley.
6.2.4.3.
Cargos relativos a las limitaciones presupuestales aplicables al Fondo para la
Reparación de las Víctimas.
Los demandantes
han formulado cargos contra distintos apartes de los artículos 47, 54 y 55 de
la Ley 975 de 2005, por considerar que en ellos se establecen limitaciones de
índole presupuestal para la reparación de los daños sufridos por las víctimas
de violaciones de derechos humanos cometidas por los desmovilizados que se
acojan a los beneficios penales y procedimentales que se estudian; por su
conexidad temática, estos cargos serán resueltos en el presente capítulo.
6.2.4.3.1. Inconstitucionalidad
de la sujeción de las indemnizaciones decretadas judicialmente a la
disponibilidad de recursos en el Presupuesto General de la Nación.
6.2.4.3.1.1. La
Corte se pronunciará en primer lugar sobre el cargo formulado contra el numeral
56.1 del artículo 55 de la Ley 975/05. Según este artículo, corresponde a la
Red de Solidaridad Social la función de “liquidar y pagar las
indemnizaciones judiciales de que trata la presente ley dentro de los límites
autorizados en el presupuesto nacional”. Los actores consideran que la
limitación de la liquidación y pago de las referidas indemnizaciones judiciales
a la disponibilidad presupuestal establecida en el Presupuesto General de la
Nación constituye una violación del derecho de las víctimas a la reparación,
puesto que equivale a sujetar la obligación estatal de garantizar dicha
reparación a la existencia de suficientes recursos para ello. Explican que, por
el contrario, en caso de que se decrete judicialmente una determinada indemnización
para las víctimas, el Gobierno Nacional está obligado a apropiar los recursos
presupuestales necesarios para pagarla; y afirman que el Estado colombiano “no
puede excusarse de pagar las indemnizaciones con el argumento de que los
recursos disponibles para el efecto en el fondo respectivo son inferiores a los
montos ordenados por cualquiera de estos tribunales”.
6.2.4.3.1.2. La
Corte considera necesario detenerse en el contenido preciso de la norma que se
estudia para dilucidar este cargo de inconstitucionalidad. En virtud de tal
disposición, la Red de Solidaridad, al momento de liquidar y pagar
las indemnizaciones que hayan sido decretadas por los jueces de conformidad con
las disposiciones establecidas en la misma Ley 975 de 2005, habrá de sujetarse
a los límites establecidos para ello en el Presupuesto Nacional. Ello implica
que, en virtud de esta norma, pueden presentarse situaciones en las cuales una
indemnización que ha sido reconocida y ordenada por un juez, creando así un
derecho cierto y concreto en cabeza de una o más víctimas, puede ser limitada
al momento de su liquidación y pago por parte de la Red de Solidaridad Social,
en caso de que no exista suficiente disponibilidad de recursos en el
Presupuesto Nacional para ello. En otras palabras, la norma que se estudia
permite que la materialización de un derecho cierto y reconocido judicialmente
–v.g. el derecho a recibir una indemnización decretada judicialmente en tanto
elemento de la reparación por los daños sufridos en virtud de violaciones de los
derechos humanos- quede sujeta a una contingencia posterior, consistente en que
existan suficientes recursos dentro del Presupuesto Nacional para pagarla.
6.2.4.3.1.3. En
criterio de la Corte, esta limitación es desproporcionada, y constituye una
afectación excesiva del derecho de las víctimas a la reparación. Una vez que se
ha ordenado, como consecuencia de un proceso judicial adelantado con las
formalidades de la ley, que una persona que ha sido víctima de una violación de
sus derechos humanos tiene derecho a recibir una determinada suma de dinero en
calidad de indemnización, se consolida a su favor un derecho cierto que no
puede estar sujeto a posteriores  modificaciones, mucho menos cuando éstas se
derivan de la disponibilidad de recursos en el Presupuesto General de la
Nación. Una vez se haya llegado a una decisión judicial sobre el monto de la
indemnización a decretar para reparar los daños sufridos por las víctimas, ésta
genera un derecho cierto que no puede ser modificado posteriormente por la Red
de Solidaridad Social, en su función de liquidador y pagador de dichas
indemnizaciones.
6.2.4.3.1.4.
Adicionalmente, el deber de reparar recae sobre el responsable del delito que
causó el daño, de tal forma que el presupuesto general de la nación no es la
única fuente de recursos para financiar el pago de las indemnizaciones
judicialmente decretadas. La norma juzgada parecería eximir al condenado de su
deber de reparar en cuanto al elemento de la indemnización.
6.2.4.3.1.5. Lo
anterior no significa que la disponibilidad de recursos públicos sea
irrelevante o que la Comisión Nacional de Reparación y Rehabilitación pierda su
facultad de fijar criterios para distribuir los recursos destinados a la
reparación (artículo 52.6). Lo que sucede es que el derecho cierto no se puede
desconocer en virtud de los recursos disponibles en una determinada vigencia
fiscal. Las limitaciones presupuestales justifican medidas de distribución
equitativas y temporales de los recursos escasos, pero no el desconocimiento
del derecho judicialmente reconocido, situación diferente a aquella en la cual
se puede encontrar quien no cuenta a su favor con una providencia judicial
específica que ya haya definido el monto de la indemnización a que tiene
derecho.
6.2.4.3.1.6. Por
las anteriores razones, al constituir una afectación desproporcionada del
derecho de las víctimas a la reparación que violenta las obligaciones
constitucionales e internacionales del Estado colombiano en la materia, la expresión
“dentro de los límites autorizados en el Presupuesto Nacional” del
numeral 56.1 del artículo 55 será declarada inexequible.
6.2.4.3.2. Inhibición
respecto de la expresión acusada del primer inciso del artículo 55.
6.2.4.3.2.1. Por
las mismas razones, se controvierte en la demanda lo dispuesto en el primer
inciso del artículo 55 de la Ley 975/05, que atribuye ciertas funciones a la
Red de Solidaridad Social en relación con el Fondo para la Reparación de las
Víctimas, y sujeta su cumplimiento al presupuesto asignado a dicho Fondo. Para
los actores, condicionar el derecho de las víctimas a la reparación a la
existencia de suficientes recursos en el presupuesto del Fondo de Reparación
constituye un desconocimiento de las obligaciones constitucionales e
internacionales de Colombia.
6.2.4.3.2.2. Sin
embargo, para la Corte el cargo que se formula contra el primer inciso del
artículo 55 no guarda una debida correspondencia con el contenido de esta
norma. En efecto, el inciso en comento contiene una enunciación de tipo
general, que no se refiere concretamente a la reparación debida a las víctimas
de violaciones de derechos humanos, sino que establece en términos genéricos
que la Red de Solidaridad Social, cuyo Director es el ordenador del gasto del
Fondo para la Reparación de las Víctimas, tendrá ciertas atribuciones
concretas, que habrá de ejercer de conformidad con el presupuesto con el que
cuente dicho fondo. En este inciso no se determina cuál habrá de ser la
composición de dicho presupuesto, ni cómo se habrá de destinar al pago de
reparaciones en casos concretos, ni cuáles habrán de ser los criterios o
límites a respetar cuando se destinen sus recursos a satisfacer el derecho a la
reparación.
6.2.4.3.2.3. En
consecuencia, dado que la norma que se ha acusado no se refiere al derecho de
las víctimas a la reparación, y que su posible incidencia sobre casos concretos
habrá de determinarse en cada circunstancia particular sin que de su texto se
derive una afectación expresa del derecho de las víctimas a obtener reparación
por los daños sufridos, concluye la Corte que el cargo que contra ella se
formula no guarda correspondencia con su tenor literal. No compete a esta
Corporación efectuar interpretaciones de este inciso que trasciendan lo que
expresamente se dispone en él, que se repite, constituye un enunciado general
sobre el funcionamiento del Fondo, y no una disposición que explícitamente
afecte el derecho de las víctimas a la reparación. Por lo tanto, en relación
con esta disposición la Corte se declarará inhibida para resolver.
6.2.4.3.3. Constitucionalidad
del primer inciso del artículo 47.
6.2.4.3.3.1.
Controvierten los demandantes el primer inciso del artículo 47 de la Ley
975/05, en virtud del cual la rehabilitación –que se define en el artículo 44 ibídem
como uno de los posibles elementos de la reparación, junto con la restitución,
la indemnización y la satisfacción- “deberá incluir la atención médica y
psicológica para las víctimas o sus parientes en primer grado de consanguinidad
de conformidad con el Presupuesto del Fondo para la Reparación de las Víctimas”.
En su criterio, la expresión “de conformidad con el Presupuesto del Fondo
para la Reparación de las Víctimas” constituye una afectación del derecho a
la reparación, por cuanto sujeta la efectividad de ésta a que existan recursos
suficientes en dicho presupuesto.
6.2.4.3.3.2. Ya
se ha pronunciado la Corte en apartes anteriores de esta misma sentencia sobre
el hecho de que esta norma contiene una presunción sobre quiénes se han de
considerar como víctimas, esto es, cuáles parientes de los directamente
afectados por hechos de violencia se deben considerar incluidos dentro de la
respectiva presunción, para efectos de acceder al derecho a la rehabilitación
que allí se consagra –presunción que, como ya se explicó, no se puede
interpretar en el sentido de excluir a otras personas que pueden haber sido
afectadas por tales hechos delictivos-. Dentro de este mismo entendimiento,
considera la Corte que la expresión “de conformidad con el Presupuesto del
Fondo para la Reparación de las Víctimas” ha de leerse no como una
limitación presupuestal -en el sentido de que únicamente se puede otorgar el
beneficio de la rehabilitación cuando exista disponibilidad de recursos para
ello-, sino como una disposición técnica-presupuestal destinada a financiar la
referida presunción sobre quiénes tienen la condición de víctima. En otras
palabras, la Corte discrepa de la lectura que hacen los demandantes de la
expresión acusada, puesto que ésta no constituye una limitación del alcance de
la rehabilitación en casos concretos, sino una disposición de tipo general
destinada a armonizar la noción de víctima consagrada en el artículo 47 con el
alcance del presupuesto del Fondo para la Reparación de las Víctimas; de tal
manera, al momento de establecer el referido presupuesto, las autoridades
competentes han de tener en cuenta necesariamente el alcance de la presunción
plasmada en el artículo 47 de la Ley 975/05 sobre quiénes tienen la condición
de víctima y, por ende, prima facie pueden acceder al derecho a
la rehabilitación.
6.2.4.3.3.3. Lo
anterior no excluye que otras víctimas de grupos armados al margen de la ley,
como pueden ser en algunos eventos los desplazados de ciertas zonas del país,
puedan invocar y demostrar su condición de tales para efectos de exigir
rehabilitación, de ser ella pertinente en el caso concreto.
6.2.4.3.3.4. En
estos términos, considerando que la expresión “de conformidad con el
Presupuesto del Fondo para la Reparación de las Víctimas” no es una expresión
que limite el alcance de la rehabilitación en casos concretos sino que, por el
contrario, busca armonizar el presupuesto del Fondo para la Reparación con el
alcance de la noción de “víctima” consagrada en este artículo, dicha norma se
habrá de declarar exequible, en los términos establecidos en los apartes
anteriores de esta sentencia – es decir, entendiendo que la referida definición
de víctima no excluye de tal categoría a otros familiares que hubieren sufrido
un daño como consecuencia de las conductas delictivas cometidas por miembros de
grupos armados al margen de la ley.
6.2.4.3.4.
Exequibilidad del artículo 54, inciso segundo, únicamente por los cargos
examinados. La necesidad de un condicionamiento sobre el deber de reparación de
quienes pertenecieron a un grupo armado específico por los delitos cometidos
por dicho grupo.
6.2.4.3.4.1. Por
último, controvierten los demandantes lo dispuesto en el inciso segundo del
artículo 54 de la Ley 975/05, en virtud del cual el Fondo para la Reparación de
las Víctimas estará integrado “por todos los bienes o recursos que a
cualquier título se entreguen por las personas o grupos armados organizados
ilegales a que se refiere la presente ley” –expresión que se acusa-, así
como por recursos del presupuesto nacional y donaciones nacionales o
extranjeras. En otros apartes de esta providencia, la Corte se pronuncia sobre
la responsabilidad que asiste a los desmovilizados de grupos armados ilegales,
en el sentido de que su propio patrimonio debe quedar afecto al pago de las
indemnizaciones a las que haya lugar por los delitos cometidos con ocasión de
su pertenencia a un grupo armado ilegal específico, tanto en forma individual
como solidaria. Ahora debe la Corte estudiar el cargo según el cual esta
disposición es violatoria del derecho a la restitución en tanto
componente del derecho a la reparación, por cuanto no se establece
explícitamente en la norma que los bienes que hayan sido usurpados
violentamente a personas concretas que tenían derecho sobre ellos –como
propietarios, poseedores, ocupantes o tenedores- deben ser restituidos a tales
personas en las mismas condiciones en que los tenían antes del despojo, en vez
de ingresar a la masa general de bienes que integran el Fondo para la
Reparación de las Víctimas.
6.2.4.3.4.2. En
relación con este cargo específico, sin embargo, considera la Corte que no
están dados los presupuestos para adoptar un pronunciamiento, por cuanto no se
ha demandado en el presente proceso la norma de la Ley 975/05 sobre el alcance
de la restitución en tanto elemento de la reparación, y no están dadas las
condiciones para acudir a la integración normativa en este punto específico. En
efecto, los demandantes controvierten una norma general sobre los bienes que
han de integrar el Fondo para la Reparación de las Víctimas y solicitan a la
Corte que interprete tal afirmación general a la luz de ciertas normas
nacionales e internacionales sobre el deber de restitución; sin embargo, la
norma de la misma ley que establece el alcance del deber de restitución no ha
sido demandada para integrar debidamente el cargo. Ello no implica que en una
oportunidad futura, en la cual se demande efectivamente la norma legal que
regula el alcance de la restitución en casos concretos, la Corte no pueda
pronunciarse sobre el asunto y resolver así los cargos contenidos en la
demanda. De esta forma, el efecto de cosa juzgada que tendrá la decisión
adoptada en la presente sentencia sobre el artículo 54 se limitará únicamente a
los cargos atinentes a la responsabilidad patrimonial que asiste a los miembros
de grupos armados ilegales específicos desmovilizados en relación con el
derecho de sus víctimas a la reparación.
6.2.4.4. La responsabilidad civil solidaria  de los grupos armados
al margen de la ley
6.2.4.4.1. Se demandan en este segmento los apartes subrayados del
artículo 54:
“Artículo 54. Fondo para la reparación de las víctimas. Créase el
Fondo para la Reparación de las Víctimas, como una cuenta especial sin
personería jurídica, cuyo ordenador del gasto será el Director de la Red de
Solidaridad Social. Los recursos del Fondo se ejecutarán conforme a las reglas
del derecho privado.
El Fondo estará integrado por todos los bienes o recursos que a
cualquier título se entreguen por las personas o grupos armados organizados
ilegales a que se refiere la presente ley, por recursos provenientes del
presupuesto nacional y donaciones en dinero o en especie, nacionales o
extranjeras.
Los recursos administrados por este Fondo estarán bajo la vigilancia
de la Contraloría General de la República”.
6.2.4.4.2.
Advierte la Corte que la satisfacción integral del derecho a la reparación de
las víctimas exige una referencia a la responsabilidad de los grupos armados
organizados al margen de la ley que incurren en conductas delictivas.
6.2.4.4.3.
Conforme se establece de los antecedentes de la ley 975 de 2005 y de su propia
denominación “por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de
miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de
manera efectiva a la consecución de la paz nacional (…)”, los destinatarios
de la ley son los miembros de los grupos armados organizados al margen de la
ley, en razón a su pertenencia a un  grupo específico como tal.
6.2.4.4.4. El
objeto de la ley es facilitar de los procesos de paz y la reincorporación a la
vida civil, de los miembros de los grupos armados organizados al margen
de la ley . Tales grupos pueden consistir en bloques o frentes, es decir, en
grupos armados específicos que realizaron sus actividades delictivas en una
zona determinada del territorio nacional (art. 1º).
6.2.4.4.5. El
ámbito de aplicación de la ley es lo concerniente a la investigación,
procesamiento, sanción y beneficios judiciales de las personas vinculadas a grupos
armados organizados al margen de la ley, como autores o partícipes de
hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a los
grupos específicos que hubieren decidido desmovilizarse y contribuir
decididamente a la reconciliación nacional (Art. 2º).
6.2.4.4.6. El
acceso a los beneficios penales que contempla la ley está explícitamente
condicionado, desde el punto de vista del sujeto, a la pertenencia a un grupo
armado específico y a la desmovilización colectiva de dicho grupo o individual
de algunos de sus integrantes, y, desde el punto de vista causal, a los hechos
delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a un grupo armado
específico (Arts. 10 y 20).
6.2.4.4.7. Lo
anterior conduce a señalar que para la ley bajo examen resulta particularmente
relevante la causalidad existente entre los hechos punibles judicializados y la
actividad de los grupos armados específicos que después de haberse organizado
para cometer delitos decidan desmovilizarse. Esta relación entre la actividad
de los individuos que se desmovilizan y su pertenencia al grupo específico
dentro del cual delinquieron, genera un nexo de  causalidad entre la actividad
del grupo específico y los daños ocasionados individual o colectivamente por
ese grupo específico dentro del cual realizaron las actividades delictivas. Si
bien la responsabilidad penal continúa siendo individual[210],
la responsabilidad civil derivada del hecho punible admite el elemento de la
solidaridad, no solamente entre los penalmente responsables sino respecto de
quienes por decisión judicial hayan sido calificados como miembros del grupo
armado específico, entendido como el frente o bloque al que se impute
causalmente el hecho constitutivo del daño, en virtud de la relación de
causalidad que se estructura entre las conductas delictivas que generan el daño
y la actividad en concreto de ese grupo específico que actúa al margen de la
ley al cual pertenecieron los desmovilizados. Todos los hechos punibles
sometidos al ámbito de la Ley 975/05 exigen que su perpetración se produzca
durante y con ocasión de la pertenencia de los individuos desmovilizados a los
grupos armados, lo que fundamenta la responsabilidad civil del grupo específico
al amparo del cual se cometieron los delitos juzgados por parte de miembros de
un grupo armado determinado, calificados como tales judicialmente.
6.2.4.4.8.
Aunque estas precisiones sobre el ámbito de la responsabilidad civil se
efectúan específicamente respecto de los hechos que caen bajo el ámbito de la
Ley 975/05, y en  atención a sus especificidades y particularidades, no es
extraño a la tradición jurídica colombiana la solidaridad en la responsabilidad
civil derivada del hecho punible, o su ampliación a personas distintas a los
penalmente responsables. Así conforme a esta tradición los daños causados con
la infracción deben ser reparados por los penalmente responsables, en forma
solidaria, y por los que conforme a la ley sustancial, están obligados a
responder[211]. De acuerdo con esta
concepción de la responsabilidad están obligados a reparar los daños derivados
de una conducta punible (i) los penalmente responsables; (ii) los que de
acuerdo con la ley sustancial deben responder por los hechos cometidos por
otros, es decir los conocidos como terceros civilmente responsables, y (iii)
los que se enriquecen ilícitamente con el delito.
6.2.4.4.9. Ahora
bien, la figura de la responsabilidad patrimonial solidaria por perjuicios
producidos a terceros tiene clara aplicación en otros ámbitos del ordenamiento
colombiano. Así, por ejemplo, en el campo del derecho comercial el propio
Legislador ha establecido el principio de responsabilidad solidaria cuando, de
hecho, varias personas se asocian para realizar ciertas actividades, así estas
no sean necesariamente delictivas: el artículo 501 del Código de Comercio, al
regular la responsabilidad de los integrantes de las sociedades de hecho,
dispone que en este tipo de agrupaciones “todos y cada uno de los asociados
responderán solidaria e ilimitadamente por las operaciones celebradas”, y que
“los terceros podrán hacer valer sus derechos y cumplir sus obligaciones a
cargo o a favor de todos los asociados de hecho o de cualquiera de ellos”. En
el caso de la Ley 975/05 se trata de conductas delictivas y de grupos ilegales
armados, lo cual explica que la propia ley haya establecido mecanismos de
responsabilidad colectiva para efectos de la reparación (artículo 42 de la Ley
975 de 2005).
6.2.4.4.10. Para
la Corte es claro que si los beneficios que establece la ley son para el grupo
específico, o para sus miembros en razón a la pertenencia al bloque o frente
correspondiente, éste debe tener correlativas responsabilidades de orden
patrimonial, incluso al margen de la determinación de responsabilidades de
índole penal, siempre y cuando se establezca el daño y la relación de
causalidad con la actividad del grupo específico y se haya definido
judicialmente la pertenencia del desmovilizado al frente o bloque
correspondiente. Los daños anónimos, es decir aquellos respecto de los  cuales
no ha sido posible individualizar al sujeto activo, no pueden quedar exentos de
reparación; comprobado el daño y el nexo causal con las actividades del bloque
o frente armado ilegal cuyos miembros judicialmente identificados sean
beneficiarios de las disposiciones de la ley, tales miembros deben responder a
través de los mecanismos fijados en la ley.
6.2.4.4.11. El
artículo 54, bajo examen establece que el fondo para la reparación de las
víctimas estará integrado por todos los bienes o recursos que a cualquier
título se entreguen por las personas o grupos armados organizados ilegales a
que se refiere la ley, por recursos provenientes del presupuesto nacional y por
donaciones en dinero o especie, nacionales o extranjeras. La satisfacción del
principio de reparación exige la observancia de un orden en la afectación de
los recursos que integran el fondo. Así, los primeros obligados a reparar son
los perpetradores de los delitos,  en subsidio y en virtud del principio de
solidaridad, el grupo específico al que pertenezcan los perpetradores. Antes de
acudir a recursos del Estado para la reparación de las víctimas, debe exigirse
a los perpetradores de los delitos, o al bloque o frente al que pertenecieron,
que respondan con su propio patrimonio por los daños ocasionados a las víctimas
de los delitos. El Estado ingresa en esta secuencia sólo en un papel residual
para dar una cobertura a los derechos de las víctimas, en especial a aquellas
que no cuentan con una decisión judicial que fije el monto de la indemnización
al que tienen derecho (inciso segundo del artículo 42 de la Ley 975 de 2005) y
ante la eventualidad de que los recursos de los perpetradores sean
insuficientes.
6.2.4.4.11. No
obstante, si bien el artículo 54, inciso segundo, señala que el Fondo para la
Reparación se nutre de “los bienes o recursos que a cualquier título se
entreguen por las personas o grupos armados organizados ilegales a que se
refiere la presente ley”, no señala a qué título responden los miembros del
grupo específico, es decir, del bloque o frente dentro del cual realizaron
actividades delictivas. Tampoco indica en qué situación se encuentran las
víctimas de cada frente o bloque en punto a la indemnización de los perjuicios
que tales grupos específicos le ocasionaron. De tal manera que dicho artículo
establece un mecanismo de reparación colectiva, sin indicar aspectos esenciales
de la responsabilidad en que dicha reparación colectiva encuentra fundamento.
Esto crea una ambigüedad sobre las bases y los alcances de dicha
responsabilidad, a tal punto que se podría concluir que las víctimas solo
tienen derecho a la reparación en la medida en que el perpetrador específico
del delito que les ocasionó el daño cuente con recursos suficientes para pagar
la correspondiente indemnización, lo cual sería una afectación desproporcionada
de dicho derecho que quedaría librado a la disponibilidad de recursos de cada
individuo perpetrador del delito. Esa interpretación es manifiestamente
inconstitucional en el contexto de la desmovilización de grupos armados al
margen de la ley estimulada por beneficios penales. Por eso, es necesario
condicionar la exequibilidad de la norma, sin impedir que el Fondo de
Reparación sea alimentado por recursos del presupuesto nacional y por
donaciones, habida cuenta del goce efectivo del derecho a la reparación de las
víctimas que podría verse seriamente disminuido si el Fondo de Reparación fuera
integrado exclusivamente con bienes o recursos de los integrantes de cada
frente o bloque armado ilegal.
6.2.4.4.12. Los
argumentos relativos a la necesidad de proteger los derechos de las víctimas a
la reparación se atienden con el condicionamiento que la Corte introducirá a la
norma, en el sentido que quienes judicialmente hayan sido calificados como
integrantes del grupo armado específico responden civilmente, de manera
solidaria, con su patrimonio, por los daños ocasionados a las víctimas por
otros miembros del bloque o frente al cual pertenecieron, no solo por los
perjuicios derivados de los delitos por los cuales fueren individualmente
condenados.
6.2.4.4.13. En
consecuencia la Corte declarará exequible, por los cargos examinados, el inciso
2° del artículo 54, en el entendido que todos y cada uno de los miembros del
grupo armado organizado al margen de la ley, responden con su propio patrimonio
para indemnizar a cada una de las víctima de los actos violatorios de la ley
penal por los que fueren condenados; y también responderán solidariamente por
los daños ocasionados a las victimas por otros miembros del grupo armado
específico al cual pertenecieron.
6.3.
Efecto general inmediato de la presente sentencia
Finalmente, la
Corte no concederá efectos retroactivos a estas decisiones, como lo solicitaron
los demandantes, según lo resumido en el apartado 3.1.5. de los Antecedentes de
esta sentencia. Por lo tanto, se aplican las reglas generales sobre efecto
inmediato de las decisiones de la Corte Constitucional, de conformidad con su
jurisprudencia.
VII. DECISION
En mérito de lo expuesto, la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE
Primero.-
ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-319 de
2006, que declaró EXEQUIBLE la Ley 975 de 2005, en relación con el cargo
formulado por no haberse tramitado como ley estatutaria.
Segundo.- Declarar EXEQUIBLE la Ley 975 de 2005, en cuanto hace
referencia a los cargos formulados según los cuales debería haber sido expedida
con sujeción a los trámites propios de una ley de concesión de amnistía o
indulto general.
Tercero.- Declararse INHIBIDA respecto del inciso final del artículo 2º
de la Ley 975 de 2005.
Cuarto.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 3º de la Ley 975 de 2005, por
los cargos examinados, en el entendido de que la colaboración con la justicia
debe estar encaminada a lograr el goce efectivo de los derechos de las víctimas
a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.
Quinto.- Declarar EXEQUIBLES, por los cargos examinados, los incisos
segundo y quinto del artículo 5º de la Ley 975 de 2005, en el entendido que la
presunción allí establecida no excluye como víctima a otros familiares que
hubieren sufrido un daño como consecuencia de cualquier otra conducta
violatoria de la ley penal cometida por miembros de grupos armados al margen de
la ley.
Sexto.- Declararse INHIBIDA respecto del inciso segundo del artículo
9º de la Ley 975 de 2005.
Séptimo.- Declararse INHIBIDA respecto de la expresión “siempre que
se encuentren en el listado que el Gobierno Nacional remita a la Fiscalía
General de la Nación” del inciso primero del artículo 10 de la Ley 975 de
2005, y de la expresión “y a los establecidos en la Ley 782 de 2002” del
parágrafo del mismo artículo.
Octavo.- Declarar EXEQUIBLE, por los cargos analizados, la expresión “producto
de la actividad ilegal” del numeral 10.2 del artículo 10 de la Ley 975 de
2005, y exequible el numeral 10.6 del mismo artículo en el entendido de que
también deben informar en cada caso sobre la suerte de las personas
desaparecidas.
Noveno.- Declarar INEXEQUIBLE la expresión “cuando se disponga de
ellos” del numeral 11.5 del artículo 11 de la Ley 975 de 2005, y EXEQUIBLE
la expresión “producto de la actividad ilegal” del mismo numeral.
Décimo.- Declarar INEXEQUIBLE la expresión “de procedencia ilícita”
del numeral 4º del artículo 13 de la Ley 975 de 2005.
Décimo
primero.- Declararse INHIBIDA respecto de
las expresiones “el o los nombres de” del inciso primero del artículo 16 de la
Ley 975 de 2005.
Décimo
segundo.- Declarar EXEQUIBLE, por los cargos
analizados, el artículo 17 de la Ley 975 de 2005, en el entendido de que la
versión libre debe ser completa y veraz, e INEXEQUIBLE la expresión “si
los tuvieren” del inciso segundo. Además, declarar INEXEQUIBLES las
expresiones “inmediatamente” y la expresión “en uno de los
establecimientos de reclusión determinados por el Gobierno Nacional de acuerdo
con el artículo 31 de la presente ley” del inciso cuarto.
Décimo
tercero.- Declarar EXEQUIBLE, por los cargos
examinados, la expresión “dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes
señalará y realizará audiencia de formulación de imputación” del inciso
cuarto del artículo 17 de la Ley 975 de 2005, en el entendido que la puesta a
disposición de la persona a órdenes del magistrado que ejerza la función de
control de garantías y la solicitud de audiencia de imputación de cargos, se
presentará cuando se haya desarrollado a cabalidad el programa metodológico
dispuesto en el inciso tercero del mismo artículo, y de conformidad con lo
previsto en el artículo 207 del Código de Procedimiento Penal.
Décimo
cuarto.- Declarar EXEQUIBLE, por los cargos
analizados, el artículo 18 de la Ley 975 de 2005, salvo la expresión “de
procedencia ilícita que hayan sido entregados” del inciso segundo, que se
declara INEXEQUIBLE.
Décimo
quinto.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 19
de la Ley 975 de 2005, por los cargos examinados, y la expresión “de
hallarse conforme a derecho” del inciso tercero, en el entendido que el
magistrado controlará que la calificación jurídica corresponda a los hechos que
obran en el expediente.
Décimo
sexto.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 20 de
la Ley 975 de 2005, por los cargos examinados, salvo la expresión “pero en
ningún caso la pena alternativa podrá ser superior a la prevista en la presente
ley”, que se declara INEXEQUIBLE.
Décimo
séptimo.- Declararse INHIBIDA respecto de
los artículos 21, 22 y 23 de la Ley 975 de 2005.
Décimo
octavo.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 24
de la Ley 975 de 2005, por los cargos analizados.
Décimo
noveno.- Declarar EXEQUIBLE, por los cargos
examinados, el artículo 25 de la Ley 975 de 2005, salvo el inciso segundo y el
siguiente apartado del inciso primero: “sin perjuicio del otorgamiento de la
pena alternativa, en el evento que colabore eficazmente en el esclarecimiento o
acepte, oralmente o por escrito, de manera libre, voluntaria, expresa y
espontánea, debidamente informado por su defensor, haber participado en su
realización y siempre que la omisión no haya sido intencional. En este evento,
el condenado podrá ser beneficiario de la pena alternativa. Se procederá a la
acumulación jurídica de las penas alternativas sin exceder los máximos
establecidos en la presente ley”, que se declaran INEXEQUIBLES.
Vigésimo.- Declarar EXEQUIBLE, por los cargos examinados, el parágrafo
3º del artículo 26 de la Ley 975 de 2005, y declararse INHIBIDA respecto
del resto de la disposición.
Vigésimo
primero.- Declararse INHIBIDA respecto de
los artículos 27 y 28 de la Ley 975 de 2005.
Vigésimo
segundo.- Declarar INEXEQUIBLES las
siguientes expresiones del inciso cuarto del artículo 29 de la Ley 975 de 2005:
“los” y “por los cuales fue condenado en el marco de la presente ley”,
y EXEQUIBLE el inciso quinto, en el entendido de que también se revocará
el beneficio cuando haya ocultado en la versión libre su participación como
miembro del grupo en la comisión de un delito relacionado directamente con su
pertenencia al grupo.
Vigésimo
tercero.- Declarar EXEQUIBLE, por los cargos
examinados, el inciso segundo del artículo 30 de la Ley 975 de 2005, en el
entendido de que dichos establecimientos quedan sujetos integralmente a las
normas jurídicas sobre control penitenciario.
Vigésimo cuarto.-
Declarar INEXEQUIBLE el artículo 31 de la
Ley 975 de 2005.
Vigésimo
quinto.- Declarar EXEQUIBLE la expresión “y
en el marco de la ley” del inciso segundo del artículo 34 de la Ley 975 de
2005, e INEXEQUIBLE la expresión “presente”  de la misma
disposición.
Vigésimo
sexto.- Declarar EXEQUIBLES las expresiones
“y en los términos establecidos en el Código de Procedimiento Penal” del
numeral 38.5 del artículo 37 de la Ley 975 de 2005, en el entendido que
conforme al artículo 30 de la Ley 600 de 2000, y de acuerdo con la
exequibilidad condicionada de esa norma declarada mediante la sentencia C-228
de 2002, la víctima o los perjudicados pueden acceder directamente al
expediente desde su iniciación, para ejercer los derechos a la verdad, justicia
y reparación, y EXEQUIBLE la expresión “durante el juicio” del
numeral 38.7 del artículo 37 de la Ley 975 de 2005.
Vigésimo
séptimo.- Declarar INEXEQUIBLE la expresión “si
los tuviese” contenida en el inciso segundo del artículo 44 de la Ley 975 de
2005.
Vigésimo
octavo.- Declarar INEXEQUIBLE la expresión “de
ser posible” contenida en el artículo 46 de la Ley 975 de 2005.
Vigésimo
noveno.- Declarar EXEQUIBLE la expresión “en
primer grado de consanguinidad de conformidad con el Presupuesto del Fondo para
la reparación de las víctimas”, contenida en el artículo 47 de la Ley 975
de 2005, en el entendido que no excluye como víctima a otros familiares que
hubieren sufrido un daño como consecuencia de cualquier otra conducta
violatoria de la ley penal cometida por miembros de grupos armados al margen de
la ley.
Trigésimo.- Declarar EXEQUIBLES, por los cargos examinados, las
expresiones “otras personas” y “más daños innecesarios” del
numeral 49.1 del artículo 48 de la Ley 975 de 2005 y “en primer grado de
consanguinidad” del numeral 49.3 del artículo 48 de la Ley 975 de 2005, en
el entendido que no excluye como víctima a otros familiares que hubieren
sufrido un daño como consecuencia de cualquier otra conducta violatoria de la
ley penal cometida por miembros de grupos armados al margen de la ley.
Trigésimo
primero.- Declarar EXEQUIBLE, por los cargos
examinados, el inciso segundo del artículo 54 de la Ley 975 de 2005, en el
entendido que todos y cada uno de los miembros del grupo armado organizado al
margen de la ley, responden con su propio patrimonio para indemnizar a cada una
de las víctimas de los actos violatorios de la ley penal por los que fueren
condenados; y también responderán solidariamente por los daños ocasionados a
las víctimas por otros miembros del grupo armado al cual pertenecieron.
Trigésimo
segundo.- Declararse INHIBIDA respecto de la
expresión “de acuerdo con el presupuesto asignado para el Fondo” del
inciso primero del artículo 55 de la Ley 975 de 2005, y declarar INEXEQUIBLE
la expresión “dentro de los límites autorizados en el Presupuesto
Nacional” del numeral 56.1 del mismo artículo.
Trigésimo
tercero.- Declarar EXEQUIBLES, por los
cargos examinados, las expresiones “más daños innecesarios” y “otras
personas” del inciso tercero del artículo 58 de la Ley 975 de 2005.
Trigésimo
cuarto.- Declararse INHIBIDA respecto del
artículo 62 de la Ley 975 de 2005.
Trigésimo
quinto.- Declararse INHIBIDA respecto del
artículo 69 de la Ley 975 de 2005.
Trigésimo
sexto.- Declarar INEXEQUIBLE el artículo 70
de la Ley 975 de 2005, por vicios de procedimiento en su formación.
Trigésimo
séptimo.- Declarar INEXEQUIBLE el artículo
71 de la Ley 975 de 2005, por vicios de procedimiento en su formación.
Notifíquese, comuníquese, publíquese,
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente
JAIME
CÓRDOBA TRIVIÑO
Presidente
JAIME
ARAUJO RENTERÍA
Magistrado
CON
SALVAMENTO Y ACLARACION ESPECIAL DE VOTO
ALFREDO
BELTRÁN SIERRA
Magistrado
CON SALVAMENTO DE VOTO
MANUEL
JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
RODRIGO
ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO
GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
HUMBERTO
SIERRA PORTO
Magistrado
CON SALVAMENTO DE VOTO
ALVARO
TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA
INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTHA
VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria
General
SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO JAIME ARAUJO RENTERIA A LA
SENTENCIA C- 370 DE 2006
LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Vulneración de
reserva de ley estatutaria (Salvamento de voto)
La Ley definía el núcleo esencial de los derechos
fundamentales de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación, lo
que le daba la naturaleza, además, de ley estatutaria.  Por no haberse
tramitado de conformidad con el artículo 152 superior, toda la ley era contraria
a la Constitución Política.  La Jurisprudencia de la Corte Constitucional,
señala que cuando una materia es de ley estatutaria, obliga a que toda su
regulación se tramite por ese procedimiento, aun cuando algunas de sus normas
sean ordinarias.
TRAMITE LEGISLATIVO DE LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Indebida tramitación de apelación acarrea la inconstitucionalidad de
toda la ley (Salvamento de voto)
En el primer debate la Ley 975 de 2006 en su
integridad se tramitó de manera irregular, ya que no se respetó el artículo 159
de la Constitución Política, pues no se apeló todo el proyecto de ley.  Por
este motivo se declararon inconstitucionales los artículos 70 y 71 de la Ley.
La razón por la cual se caen esos dos artículos, es la misma para que se
hubiese caído toda la ley, pues toda la ley tenía que tener el mismo
procedimiento; y si se acepta que una parte tuvo un procedimiento irregular, es
tanto como afirmar que el resto, o la otra parte de la ley, también lo tuvo.
TRAMITE LEGISLATIVO DE LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Exigencia de mayoría especial (Salvamento de voto)
DERECHOS DE LAS VICTIMAS DE DELITOS-Comprende
el derecho a la verdad, la justicia y a la reparación (Salvamento de voto)
PROYECTO DE SENTENCIA DE CONSTITUCIONALIDAD-Debate y decisión (Salvamento de voto)
ACUMULACION DE PENAS-No extinción de
pena anterior (Salvamento de voto)
Acumular las penas o los procesos no es subsumir o
comprimir sanciones hasta el límite de leyes nuevas como la 975 de 2005, pues
ese no es el alcance de lo dispuesto por el Código Penal como norma genérica a
que se hace constante referencia.  Tampoco implica que las penas anteriores se
extingan y se contraigan a las nuevas sanciones, pues los jueces de la
República que han dictado esas providencias anteriores merecen que se respeten;
lo mismo que las consecuencias del delito que pueden ser campo de debate en
torno de la posible indemnización.
REF.: EXPEDIENTE: D - 6032
Magistrados Ponentes:
MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA
JAIME CORDOBA TRIVIÑO
RODRIGO ESCOBAR GIL
MARCO GERARDO MONROY CABRA
ALVARO TAFUR GALVIS
CLARA INES VARGAS HERNANDEZ
Con
el respeto acostumbrado por las decisiones de la mayoría, pero con la claridad
de siempre; me permito manifestar que no comparto la decisión adoptada por la
Sala Plena en el asunto de la referencia porque considero que la Ley 975 de
2006, es inconstitucional en su totalidad, por tres razones procesales y una
sustancial:
1)
Porque como lo afirmé en una votación anterior, en el proyecto del Doctor
Humberto Sierra, la Ley definía el núcleo esencial de los derechos
fundamentales de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación, lo
que le daba la naturaleza, además, de ley estatutaria.  Por no haberse
tramitado de conformidad con el artículo 152 superior, toda la ley era
contraria a la Constitución Política.  La Jurisprudencia de la Corte
Constitucional, señala que cuando una materia es de ley estatutaria, obliga a
que toda su regulación se tramite por ese procedimiento, aun cuando algunas de
sus normas sean ordinarias.
2)
En el primer debate la Ley 975 de 2006 en su integridad se tramitó de manera
irregular, ya que no se respetó el artículo 159 de la Constitución Política,
pues no se apeló todo el proyecto de ley.  Por este motivo se declararon
inconstitucionales los artículos 70 y 71 de la Ley.  La razón por la cual se
caen esos dos artículos, es la misma para que se hubiese caído toda la ley,
pues toda la ley tenía que tener el mismo procedimiento; y si se acepta que una
parte tuvo un procedimiento irregular, es tanto como afirmar que el resto, o la
otra parte de la ley, también lo tuvo.
3)
De conformidad con el artículo 150, numeral 17 de la Constitución Política, es
posible conceder amnistías o indultos por delitos políticos, no por delitos
comunes.  La Leyes sobre delitos políticos permiten rebajas de penas, pero
deben ser tramitadas con unas mayorías especiales, 2/3 de los votos de una u
otra cámara, lo que no sucedió en este caso y eso hace toda la ley
inconstitucional.
4) La posición
del suscrito sobre los derechos de las victimas quedo claramente reflejada
desde su ingreso como magistrado de esta corporación en la sentencia C-1149
de 2001 M.P.  JAIME ARAUJO RENTERIA que fue la primera sentencia de la nueva
Corte que se pronuncio sobre el tema
“ 7. De los
Derechos que genera la comisión de un delito: 1) Derecho a la verdad; 2)
Derecho a la justicia y; 3) Derecho a obtener reparación.
El
derecho de las víctimas o perjudicados con el ilícito penal a acudir al proceso
penal, comprende tres (3) derechos importantes y que deben ser garantizados por
igual dentro del respectivo proceso, a saber: a) Derecho a saber la verdad de
los hechos; b) Derecho a la justicia y; c) Derecho a la reparación del daño.
Como quedó
claramente establecido, dentro del proceso penal militar se garantiza única y
exclusivamente el derecho a la verdad conocido también como derecho a saber,
excluyendo los derechos a la justicia y a la reparación del daño, sin razón
legal ni constitucionalmente atendible.
Cada vez que se
comete un delito la víctima o perjudicado con el ilícito tienen derecho a
conocer la verdad, a la justicia y a la reparación, como se ha dejado
claramente establecido por la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y
Protección de las Minorías de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas en Informe Final sobre la impunidad de los autores de violaciones de los
derechos humanos (derechos civiles y políticos) de conformidad con la
resolución 1996/119 de la Subcomisión y titulado: “La administración de
justicia y los derechos humanos de los detenidos”.
Se señala en
dicho documento que la estructura general del conjunto de principios y sus
fundamentos en relación con los derechos de las víctimas consideradas como
sujetos de derechos, se concretan en:
a) El derecho de las víctimas a saber;
b) El derecho de las víctimas a la
justicia; y
c) El derecho a obtener reparación.”
5)
Las víctimas tienen derecho a la verdad, a la reparación y a la justicia como
un haz inescindible.  La paz, que es un valor importante, no es absoluto ni
único.  No hay paz sin justicia.  La paz no se puede lograr al precio de una
injusticia extrema.  La injusticia extrema no es derecho, como dijera el ius
filósofo Gustav Radbruch. La ley que consagra una injusticia extrema no es
derecho y por no ser derecho, la ley nunca surge a la vida jurídica.  Esta
tesis ha sido avalada, en el caso de los Centinelas del muro de Berlín, por el
Tribunal Constitucional Federal Alemán y el Tribunal Europeo de los Derechos
Humanos.  En idéntico sentido se ha pronunciado la Corte de Justicia de la
Nación Argentina, en los casos de la última dictadura militar.
Igual resolución
ha adoptado la Corte interamericana de derechos humanos en el caso Barrios Altos (Chumbipuma Aguirre y otros vs.
Perú) Sentencia
de 14 de Marzo de 2001, donde se pronuncio sobre leyes de autoamnistias
explicitas, aplicable con mayor razon a las implicitas
En la ratio decidendi dijo:  “ 44.      Como
consecuencia de la manifiesta incompatibilidad entre las leyes de auto amnistía
y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las mencionadas
leyes carecen de efectos jurídicos y no pueden seguir representando
un obstáculo para la investigación de los hechos que constituyen este caso ni
para la identificación y el castigo de los responsables, ni puedan tener igual
o similar impacto respecto de otros casos de violación de los derechos
consagrados en la Convención Americana acontecidos en el Perú.”
En
la parte decisoria adoptada por unanimidad dijo: “4.Declarar que las leyes de amnistía Nº 26479
y Nº 26492 son incompatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos
y, en consecuencia, carecen de efectos jurídicos.  (Subraya, cursiva y negrilla
nuestra)
6)
Como con posterioridad a la decisión sobre el tema de la acumulación de penas
se han dado por el Presidente de la Corte distintas versiones, debo dejar mi
versión de cómo percibí el asunto.
La
manera como yo percibí el debate y decisión:
a) No se decidió
en la sala el denominado efecto general inmediato de la presente sentencia que
aparece en la parte motiva, antes de la resolutiva.
b) Respecto de
condenas anteriores, estas seguían vivas y ese fue el motivo para declarar
inconstitucional el último aparte del inciso 2° del artículo 20 de la Ley 975
de 2006 que decía: “Cuando el desmovilizado haya sido
previamente condenado por hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de
su pertenencia a un grupo armado organizado al margen de la ley, se tendrá en
cuenta lo dispuesto en el Código Penal sobre acumulación jurídica de penas pero en ningún caso, la
pena alternativa podrá ser superior a la prevista en la presente ley”.. Este articulo es el
que prevé el tema de que pasa que las personas que ya tenían condenas
(acumulación de penas). Al ser declarado inconstitucional, la parte final “pero en ningún caso, la
pena alternativa podrá ser superior a la prevista en la presente ley”, se obligaba a pagar la pena anterior ya
impuesta y también pagar la nueva pena (de 5 a 8 años).
Mediante un razonamiento o argumento a contrario sensu, la pena
alternativa podía ser, ahora; superior a los ocho (8) años, que era la máxima
prevista en la presente ley.
Este
entendimiento, que yo tuve en la Sala Plena, emanó objetivamente, de los
ejemplos que planteó en la Sala el Presidente de la Corte Constitucional
(cuarenta (40) años de una pena anterior, más cinco (5) años de los nuevos
delitos, en el caso de aplicar el mínimo de la nueva ley; para un total por
ejemplo, de cuarenta y cinco (45) años).  Este mismo entendimiento fue el
señalado por el Presidente de la Corte, el mismo día de la decisión en la rueda
de prensa que dio el día jueves 18 de mayo de 2006; y cuya rueda de prensa
solicito se tenga como prueba en su integridad.  Idéntico entendimiento sobre
el tema fue el que expresó el Presidente en la mañana del día viernes 19 de
mayo, cuando explicó por “La W radio” la sentencia, a las 6:03 de la mañana,
intervención que anexo a esta constancia con el fin de que forme parte de este
salvamento de voto.
La nueva
posición de la corte crea una absoluta confusión, pues altera la sentencia
anterior y la cosa juzgada lo que conlleva a un absoluto desconocimiento de los
presupuestos para la acumulación de penas, que en modo alguno hace relación a
alteraciones de la cosa juzgada, sobre todo si se consideran los requisitos
establecidos genéricos establecidos en el artículo 31 del Código Penal que es
la norma a la cual remiten. No se entiende lo referente a la acumulación
respetuosa de las reglas y los efectos del Código Penal, si se ha sostenido en
la providencia que por razón de dicha aplicación se tenga que recurrir a sólo
los efectos benéficos de la ley 975 de 2005.
Esto por cuanto
se refiere la sentencia a un respeto por presupuestos legales establecidos como
norma general, pero contrario sensu advierte una especie de perdón y olvido que
no está contemplado en el sentido de la norma a la que se acude, ni mucho menos
se puede desprender de los efectos de la acumulación jurídica de penas, que en
sano rigor se refieren a un ajuste formal para efectos de impedir la
consagración de violaciones al tope máximo fijado por la ley (esto es, sesenta
años), y por el otro impedir que las penas sean sumadas de manera meramente
matemática.
La nueva
interpretación que no consulta los efectos de la mencionada acumulación de
penas que resulten del proceso de desmovilización, con las penas ya impuestas
en precedencia que hicieron tránsito a cosa juzgada, todo porque del resultado
de la ejecución de la ley 975 de 2005, no puede devenir una excepcional pérdida
de la ejecución de la pena a la que no se refiere el nuevo estatuto para los
desmovilizados.
Consultada
la referida norma a que se hace tanta alusión, por ninguna parte se está
sosteniendo que la acumulación devenga en una ausencia de relación de los
delitos ya sancionados o de las penas ya impuestas, en la sentencia en la que
se hace la acumulación, y tampoco se dispuso un olvido de conductas ya
juzgadas, todo porque la sentencia es fuente de obligaciones que no han sido
eliminadas o condonadas, y que hacen del cumplimiento de los objetivos de la
ley 975 de 2005 una realidad, como se evidencia cuando se advierte la necesidad
de verdad, justicia y reparación.
Los
hechos, son presupuestos ineludibles de la sentencia que haga la acumulación
jurídica, y debe obviamente hacer referencia concreta a las penas y los delitos
por los que estas procedieron en sentencias ejecutoriadas que hicieron tránsito
a cosa juzgada.  La institución de la acumulación, que no estamos inventando
por primera vez en Colombia, ni en el derecho penal, cualquiera que sean los
delitos que se acumulan de ninguna manera manda que no se haga mención ni
referencia a los delitos ya sancionados. Esta fuera de toda discusión en el
ámbito procesal penal, y por el contrario es requisito sine quanon,  que deben
en cualquier acumulación de penas, señalarse y especificarse las penas, la
sentencia que se dictó y tiene alcances de cosa juzgada material y formal, para
que haya lugar a la acumulación jurídica.
El
juez que aplicará la ley 975 de 2005, no puede de ninguna manera proceder a
acumular, sin determinar el objeto acumulado, y este no es otro que las penas y
las sentencias que se tienen que traer a colación para finiquitar la evaluación
de la punibilidad por acumulación.
Dicho
Instituto, entre otras cosas, no implica una mera referencia, sino una relación
sucinta que respalde y deje incólumes los aspectos indemnizatorios que
provienen del hecho punible, en razón de que la acumulación no es una medida
eliminadora de sanciones.  Acumular las penas o los procesos no es subsumir o
comprimir sanciones hasta el límite de leyes nuevas como la 975 de 2005, pues
ese no es el alcance de lo dispuesto por el Código Penal como norma genérica a
que se hace constante referencia.  Tampoco implica que las penas anteriores se
extingan y se contraigan a las nuevas sanciones, pues los jueces de la
República que han dictado esas providencias anteriores merecen que se respeten;
lo mismo que las consecuencias del delito que pueden ser campo de debate en
torno de la posible indemnización.
Suponer
que el último apartado que se declaró inconstitucional, permitía borrar la
pena, no es más que una burla, o un recurso retórico para justificar a
posteriori el cambio de posición de la Corte, entre el primero y segundo
comunicado.
En
primer lugar, el juez debe tomar las penas y hacer referencia de ellas en modo
concreto, adicionando de modo obligatorio las sentencias en las que se
impusieron y que son tránsito a cosa juzgada, lo que conlleva a referir los
hechos que condujeron a la providencia finiquitada y ejecutoriada.
Posteriormente procede a acumular jurídicamente las penas que se impusieron y
por supuesto reseñaron y las que provienen de la aplicación de la ley 975 de
2005.   por otra parte, se ha hecho énfasis en que la acumulación implica
partir de la pena más grave y a ella acumular las restantes, por extensión de
las normas del concurso, pero sin llegar al extremo de sostener que la
acumulación viene contrariando esa regla: Partir de la menor, acumular la
anterior y dictar la sentencia con base en la ley 975 de 2005; esto sería un
grave atentado contra la seguridad jurídica y una contradicción de la H.
Constitucional al haber sostenido que no era viable la alternatividad del inciso
segundo del Art. 20.  En mi criterio, las penas se acumulan de la forma
tradicional, sin que se desconozcan las reglas generales del Código Penal, pues
así quedo al declararse inconstitucional el ultimo aparte del inciso 2. No se
puede proceder a la extinción velada de sanciones que tienen como sujetos de
indemnización, reparación y justicia a terceras personas que de alguna manera
vieron realizadas sus aspiraciones de justicia, las cuales se verían seriamente
afectadas por una especie de perdón y olvido que trae la interpretación de una
acumulación extintiva de las penas.
El
juez debe proceder a regular cada delito con su respectiva pena, el delito
concreto, las posibles omisiones en que se haya incurrido, la tasación de cada
pena fijada por la sentencia, para que las víctimas tengan la oportunidad de
acudir a una reparación por perjuicios y se respete el marco legal fijado para
cada delito.  Debe hacerse una relación sucinta de los hechos presupuestos de
las penas, no dejando márgenes para la acumulación abstracta, sino concreta,
individualizando cada hecho punible, describiéndolo (así como citando el
juzgado concreto que dictó la sentencia a la que se acumula la proveniente de
la aplicación de la ley 975 de 2005), pues la sentencia no se escapa de los
requisitos normales de las providencias judiciales, la dosificación debe hacer
mención para que se cumpla el ideal de una sentencia fundada en la verdad.  La
acumulación no es una mera referencia a penas anteriores, deben sostener en la
parte motiva los hechos acumulados, todos, íntegros, por ser este un fundamento
de la decisión a tomar en la dosificación punitiva, pues lo contrario es
cercenar las providencias para acumular y no citar concretamente lo que resulta
de dicha valoración jurídica.
7)
El suscrito no será responsable de condenas contra Colombia proferidas por los
tribunales internacionales en defensa de los derechos humanos de las victimas.
Fecha ut  supra,
JAIME ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
ADICIÓN AL SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO JAIME ARAUJO RENTERIA A
LA SENTENCIA C- 370 DE 2006
PRINCIPIO DE COHERENCIA DEL ORDEN JURIDICO-Finalidad (Adición al Salvamento de voto)
PRINCIPIO DE COHERENCIA DEL ORDEN JURIDICO-Aplicación en sentencias (Adición al Salvamento de voto)
SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Elementos
para resolver contradicción entre parte motiva y resolutiva (Adición al
Salvamento de voto)
Referencia: expediente D-6032
Magistrados Ponentes:
Dr. MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA
Dr. JAIME CORDOBA TRIVIÑO
Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL
Dr. MARCO GERARDO MONROY CABRA
Dr. ALVARO TAFUR GALVIS
Dra. CLARA INES VARGAS HERNANDEZ
Estando dentro
del término legal para consignar mi salvamento de voto y en relación con la
contradicción creada por la mayoría de la Sala Plena, al declarar
inconstitucional el último aparte del artículo 20 de la Ley 975 de 2006.
Uno de los
principios fundamentales sobre cualquier orden jurídico, es de la coherencia
del orden jurídico (además de la unidad y la plenitud del orden jurídico); con
este principio se busca que el orden jurídico no sea contradictorio,
antinómico.
Este postulado
de la coherencia es igualmente válido para las sentencias de los jueces que no
pueden ser contradictorias.  La contradicción mayor en una sentencia se
presenta cuando la parte resolutiva dice una cosa y la motiva dice lo
contrario.
Esto es, cuando
en la parte resolutiva se declara la inexequibilidad y en la parte motiva se
afirma lo contrario de aquello que se deduce lógica y jurídicamente de la
inexequibilidad.
Es importante
recordar las normas que rigen esta hipótesis:
El artículo 48
de la Ley 270 de 1996, Estatuto de la Administración de Justicia dice: “Alcance
de las sentencias en el ejercicio del control constitucional.  Las
sentencias proferidas en cumplimiento del control constitucional tiene el
siguiente efecto:  1. Las de la Corte Constitucional dictadas como resultado
del examen de las normas legales, ya sea por vía de acción, de revisión previa
o con motivo del ejercicio del control automático de constitucionalidad, serán
de obligatorio cumplimiento y con efecto erga omnes en su parte
resolutiva.  La parte motiva constituirá criterio auxiliar para la actividad
judicial y para la aplicación de las normas de derecho en general.  La
interpretación que por vía de autoridad hace tiene carácter obligatorio
genera…”
El artículo 14
del Decreto 2067 de 1991 dice: “…En todo caso de contradicción entre la
parte resolutiva y la parte motiva de un fallo, se aplicará lo dispuesto en la
parte resolutiva…”.
Estos son los
elementos para resolver la contradicción que creó la mayoría de la Corte
Constitucional.
Fecha ut
supra,
JAIME
ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
SALVAMENTO
DE VOTO DEL MAGISTRADO ALFREDO BELTRAN SIERRA A LA SENTENCIA C-370 DE 18 DE
MAYO DE 2006. (Expediente D-6032)
DELITO POLITICO Y DELITO COMUN-Distinción
(Salvamento de voto)
DELITOS DE LESA HUMANIDAD-No pueden ser
considerados como delitos políticos (Salvamento de voto)
DELITO DE SEDICION EN LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Inconstitucionalidad por incluir delitos comunes (Salvamento de
voto)
Surge como
conclusión ineludible por su evidencia la inconstitucionalidad del artículo 71
de la Ley 975 de 2005, pues al disponer que el delito de sedición también
incluye a “quienes conformen grupos guerrilleros o de autodefensa cuyo accionar
interfiera con el normal funcionamiento constitucional y legal”, no excluye de
la ampliación del tipo penal contemplado en el artículo 468 del Código Penal,
ninguna conducta delictiva que constituya delito común, pues lo cierto es que
siempre todo delito interfiere con el normal funcionamiento del orden jurídico
y precisamente por eso respecto de ella se ejerce por el Estado el ius puniendi.
Es decir, que por esa vía y con la redacción que se le da al inciso que ahora
se agrega al citado artículo 468 del Código Penal no quedaría ningún hecho
delictuoso fuera del delito de sedición, lo que contraria abiertamente la
Constitución, las tratados internacionales y la jurisprudencia constitucional,
por las razones ya expuestas.
DERECHOS DE LAS VICTIMAS A LA VERDAD
JUSTICIA Y REPARACION-Alcance (Salvamento de voto)
PENA ALTERNATIVA EN LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Desconoce el derecho a la igualdad ante la ley, principio de
legalidad y especificidad de la pena (Salvamento de voto)
Resulta
evidente que la regla contenida en el artículo 29 de la Ley acusada conforme a
la cual al condenado que haya cumplido con las condiciones previstas en ella se
impondrá una pena alternativa que consiste en privación de la libertad por un
período no menor de cinco años ni mayor de ocho según la gravedad de los
delitos y la colaboración prestada para el esclarecimiento de los mismos,
establece una excepción de carácter subjetivo y personal que riñe abiertamente
con el derecho a la igualdad ante la Ley. Se quebranta además en virtud de esa
circunstancia personal y subjetiva de pertenecer a un grupo armado irregular
para beneficiarse con una pena menor, el principio de la predeterminación y
legalidad de la pena, como quiera que en el sistema del código penal vigente
cuando se cometieron los hechos gravemente lesivos de derechos humanos y del
derecho internacional humanitario, a cada una de esas conductas ilícitas correspondía
según la Ley una pena determinada conforme a la gravedad de los delitos. Por
las mismas razones anteriores, se rompe así el principio de la especificidad
según la gravedad de los hechos delictivos y la modalidad en que ellos se
sucedieron
ZONAS DE CONCENTRACION EN LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Desconoce la igualdad de tratamiento de personas a quienes se
aplica el Código Penal ordinario (Salvamento de voto)
En el
artículo 31 de la Ley acusada se establece que el tiempo de permanencia de los
desmovilizados en las zonas de concentración decretadas por el Gobierno para
los efectos de esa Ley y de conformidad con la Ley 782 de 2002, se computará
como tiempo de ejecución de la pena alternativa, sin que pueda exceder de 18
meses. De la simple lectura de esta disposición, aparece con claridad absoluta
que aún cuando respecto de tales desmovilizados no ha sido dictado ni siquiera
un auto de detención preventiva, se asume que se encuentran privados de
libertad por decisión del Estado y que, en consecuencia, ese tiempo de
permanencia en las zonas de concentración mencionadas, deberá ser descontado de
la pena alternativa impuesta, lo que significa que la pena efectiva que se
imponga en la sentencia se reducirá en año y medio (dieciocho meses), o sea que
la mínima desciende de cinco años a tres años y medio y la máxima se rebaja de
ocho años a seis años y medio. Es esta una norma que rompe la igualdad de
tratamiento con el resto de las personas a quienes llegare a aplicarse por
alguna razón el Código Penal ordinario y, como salta a la vista, es
evidentemente una nueva desproporción que se agrega a la que ya contiene la
pena alternativa, lo que significa que el citado artículo 31 de la Ley es
inconstitucional.
ACUMULACION DE PENAS-No extinción de
pena anterior (Salvamento de voto)
Si se
considera que conforme a las reglas del Derecho Penal, cuando se produce la
acumulación de penas, la menor se acumula a la mayor, asunto sobre el cual
jamás ha existido discusión alguna en el Derecho Colombiano; además, lo que eso
significa es que no desaparece la pena anterior que ya se encuentre
ejecutoriada, sino que aplicadas las normas propias de la acumulación jurídica
de penas, habrá de imponerse al sindicado la que resulte de esa operación,
desde luego antes de aplicar cualquier subrogado penal o cualquier beneficio
porque de lo contrario este se aplicaría a un delito anterior, ya juzgado, y
respecto del cual ya existía una condena. Ahora, la novedosa tesis de la Corte
lleva a que se aplique la denominada pena alternativa al primer delito, de tal
manera que la condena anterior, así fuera por ejemplo de 40 años de prisión,
queda bajo el manto de la impunidad al reducirla a la pena alternativa de 5 a 8
años.
Con el respeto debido por las
decisiones de la Corte Constitucional, salvo el voto en relación con lo
resuelto en la sentencia C-370 de 18 de mayo de 2006, por las razones que a
continuación se expresan:
Como ponente inicial que fui del
proceso radicado bajo el número D-6032, presenté proyecto de sentencia en el
cual se adoptaban algunas de las decisiones que finalmente fueron aprobadas por
la Sala Plena, en lo que hace relación a los derechos de las víctimas y de la
sociedad, a la verdad, a la justicia y a la reparación. Tales derechos forman
una unidad inescindible, no pueden separarse a voluntad del intérprete, como
quiera que se encuentran íntimamente relacionados. Forman ellos un solo haz. De
manera tal que si uno se afecta, se rompe la unidad; si uno se sacrifica, a
todos se extiende el sacrificio; si uno de ellos no tiene operancia, se la
efectividad de todos la que resulta afectada.
Precisamente, por esa concepción
unitaria, de manera simultánea fueron tratados en el proyecto sin perder la
perspectiva de la unidad jurídica, para guardar la debida correspondencia y
armonía. Sin embargo, la decisión de la Corte Constitucional contenida en la
sentencia C-370 de 18 de mayo de 2006, de manera, a mi juicio equivocada, optó
por otro camino. Aceptó declarar la inconstitucionalidad de algunas normas de
la Ley 975 de 2005 que afectan el derecho a la verdad, y algunas de las que
vulneran el derecho a la reparación. Pero, cuando se analizó lo referente a la
justicia de la cual no puede separarse la pena en el Derecho Penal, que
precisamente a ello debe su denominación, la Corte se detuvo y le dio vía libre
a la institución denominada por la ley “pena alternativa”, a la cual aluden
numerosas disposiciones de la misma, es decir, se incurrió por la Corte en el
rompimiento de la unidad jurídica de los derechos a la verdad, a la justicia y
a la reparación, para dejar de lado todo lo atinente a la proporcionalidad
mínima de las penas a imponer a quienes forman parte de grupos armados al
margen de la ley, y en ejercicio de esa actividad han cometido numerosos
delitos atroces, que son delitos comunes y no delitos políticos, razón esta
última que también me llevó a proponer a la Sala Plena que se declarara la
inexequibilidad del artículo 71 de la ley mencionada, no solo por los vicios de
trámite en su formación, sino también por razones de fondo.
En tales condiciones, el proyecto
presentado a consideración de la Sala Plena por el suscrito Magistrado, sería
improbado en sus aspectos medulares, y además, la decisión que finalmente se
adoptó resulta incoherente y falta de unidad en una concepción
filosófica-jurídica integral de los derechos de las víctimas y de la sociedad a
la verdad, a la justicia y a la reparación, razón esta por la cual hube
entonces de salvar el voto. Para facilitar la comprensión de esa posición, las
razones del salvamento de voto son las mismas aducidas en el proyecto que no se
convirtió en sentencia.
1.  La justicia y la paz en la
Constitución Colombiana.
1.1.  El Derecho
como delicado instrumento creado por la civilización al servicio de la
humanidad, necesariamente tiene que entenderse en función de asegurar a los
asociados la libertad y la justicia en todos los aspectos para que sea posible
la convivencia pacífica. No se trata entonces de imponer la paz por el simple
acatamiento a la autoridad del Estado, sino del establecimiento de reglas
jurídicas para que éste pueda garantizar a todos la esfera jurídica de la
libertad individual de tal manera que cada uno de los asociados tenga la
garantía del respeto a sus propios derechos, de lo cual surja  necesariamente
la armonía social, la que resultaría imposible si al propio tiempo ella no se
edifica sobre los postulados de la justicia.
En la medida en
que progresa el concepto de la universalización del Derecho, la justicia y la
paz no se consideran ya asuntos de interés particular de cada Estado, sino que
trascienden los límites territoriales de éste para adquirir dimensión
ecuménica. Por ello, desde la extinguida Liga de las Naciones hasta la
Organización de las Naciones Unidas ha sido preocupación constante la
protección de los derechos humanos, incluidos los de orden cultural, económico
y social, la garantía efectiva de la libertad, la persecución de los delitos de
lesa humanidad y los crímenes de guerra mediante la celebración de tratados
que  vinculen a los distintos Estados, el establecimiento de tribunales y
organismos internacionales, para alcanzar el fin supremo de la paz sin
sacrificio de la justicia material.
Es esa una vieja
aspiración de la humanidad a la cual han prestado su concurso desde siempre los
más ilustres pensadores desde distintas vertientes de orden filosófico, como
puede apreciarse al repasar someramente la evolución histórica de las ideas
políticas y de la teoría del Estado. No es esta sentencia la que pueda ocuparse
a profundidad sobre ese análisis, dado lo prolijo que ello resultaría en una
providencia judicial, pero lo que si ha de resaltarse es que se encuentra
superado por la historia el concepto de la paz como producto de la victoria y
de la imposición de un Estado sobre otro para sojuzgar a los vencidos, como
algunos quisieron imponerlo bajo la concepción de la pax romana, ni
tampoco resulta aceptable la paz que surge del silencio de los cementerios, ni
la que se edifica sobre la injusticia social. La paz, para que tenga vocación
de permanencia, como lo propuso Immanuel Kant[212],
tiene que tener como soporte necesario el respeto a la dignidad de la persona
humana, la garantía de la libertad y la realización de la justicia en las
relaciones sociales por medio del Derecho.
1.2.  En la
evolución jurídico-política de la República, ha sido preocupación constante del
Constituyente que las instituciones de Colombia tengan como valores supremos el
reconocimiento de la dignidad de la persona humana, la justicia, la libertad y
la paz. Ello explica que tanto en el preámbulo de la Constitución derogada como
en la que nos rige, se invoquen de manera expresa como valores que inspiran el
ordenamiento jurídico y que, en consecuencia, se impongan al intérprete de la
Constitución y la ley. Respecto de la fuerza vinculante del Preámbulo se dijo
por la Corte en sentencia de 6 de agosto de 1992, que: “da sentido a los
preceptos constitucionales y señala al Estado las metas hacía las cuales debe
orientar su acción; el rumbo de las instituciones jurídicas.  Lejos de ser
ajeno a la Constitución, el preámbulo hace parte integrante de ella. Las normas
pertenecientes a las demás jerarquías del sistema jurídica están sujetas a toda
la Constitución y, si no pueden contravenir los mandatos contenidos en su
articulado, menos aún les está permitida la transgresión de la bases sobre las
cuales se soportan y a cuyas finalidades apuntan”[213].
La Constitución
Colombiana por lo que hace a la paz, no se limita a aludir a ella en el
preámbulo como valor fundante del Estado, sino que de manera específica se
ocupa de la misma en varias de sus disposiciones. Así, en el artículo 2 señala
como uno de los fines esenciales del Estado asegurar la convivencia pacífica,
para hacer efectivos los principios, deberes y derechos consagrados en la
Carta; en el artículo 22 la consagra como un derecho y un deber de obligatorio
cumplimiento; en el artículo 95-4 establece como uno de los deberes de la
persona y del ciudadano, la defensa y difusión de los derechos humanos como
fundamento de la convivencia pacífica, y en el numeral 6 del mismo artículo,
incluye el deber de propender por el logro y mantenimiento de la paz.
Dada la unidad
jurídico-política de la Constitución, para el logro de los propósitos ya
enunciados, se dispuso por el Constituyente que las tres ramas del poder
público dentro de la órbita propia de sus funciones contribuyan a la
realización de la paz como fin constitucional.  Por ello, al Congreso de la
República le corresponde dictar normas legales en todos los ramos de la
legislación, lo cual incluye la expedición de los distintos códigos tanto
sustantivos como de procedimiento (CP. art. 150-2), en tanto que a los jueces
se les asigna la función de administrar justicia conforme a la ley (CP. arts.
29, 113 y 228), y al Ejecutivo se le impone como un deber, el de prestar a los
funcionarios judiciales la colaboración necesaria para hacer efectivas sus
providencias (C.P. art. 201-1). Es obvio que en circunstancias de normalidad
así se logra el imperio del ordenamiento jurídico para la garantía efectiva de
los derechos de las personas, con lo cual se obtiene la pacífica convivencia de
los asociados.
La Constitución
Política en la misma dirección, le asigna al Presidente de la República de
manera permanente la función de conservar el orden público en todo el
territorio nacional y restablecerlo donde fuere turbado (CP. art. 189-4), así
como lo faculta para decretar el estado de conmoción interior en caso de grave
perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la
estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana
cuando no pueda ser conjurada la perturbación mediante el uso de las
atribuciones ordinarias de las autoridades de policía (CP. art. 213).
Del mismo modo,
aun cuando la Constitución toma partido por la paz en las relaciones internacionales,
también previó que muy excepcionalmente puede presentarse un casus belli
y, por ello establece como función del Senado de la República autorizar al
Gobierno para declarar la guerra a otra Nación (CP. art. 173-5), autorización
que corresponderá ejercer al Presidente de la República (CP. art. 189-6), quien
además se encuentra facultado para ponerle fin al estado de guerra exterior
mediante la celebración de tratados de paz como Jefe del Estado, sujetos desde
luego, como todo tratado, a la aprobación del Congreso (CP. arts. 224 y
150-16), y al control de exequibilidad por la Corte Constitucional (CP. art.
241-10).
La Constitución
va más allá. Prevé de manera específica que en circunstancias excepcionales
pueda el Congreso de la República conceder amnistías e indultos generales por
delitos políticos, mediante leyes que para su expedición exigen mayoría de los
dos tercios de los miembros de una y otra Cámara, cuando existan para el efecto
graves motivos de conveniencia pública (CP. art. 150-17); al Presidente de la
República le asigna por mandato constitucional la función de aplicar en
concreto a una persona determinada la ley de concesión del indulto (CP. art.
201-2), en tanto que la amnistía concedida de manera general por el Congreso
mediante ley, se individualiza por los jueces según las reglas del Código de
Procedimiento Penal.
La Carta
Política vigente, acoge el ordenamiento universal de protección de los derechos
humanos, y por ello lo hace suyo mediante una disposición específica de
carácter integrador a través del artículo 93 de la Constitución, según el cual “Los
tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen
los derechos humanos y prohiben su limitación en los estados de excepción,
prevalecen en el orden interno”, a lo cual agrega luego que los derechos y
deberes consagrados en la Carta deben ser siempre interpretados de conformidad
con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por
Colombia.
Es claro
entonces que conforme a la Constitución Colombiana, tanto en la parte dogmática
como en la orgánica el Constituyente se ocupó expresamente de la paz y la
justicia como valores y como principios que inspiran la Carta, al igual que
como derechos y deberes a los cuales las distintas autoridades deben orientar
su actividad en el ejercicio específico de sus funciones. No puede reducirse ni
restringirse en manera alguna el contenido axiológico y jurídico de la paz y la
justicia en el Estado y en la sociedad colombiana. No se trata, ni puede tratarse,
de conceptos o valores excluyentes, sino complementarios. Es decir, la
interpretación constitucional ha de ser cuidadosa en extremo en este punto para
que no se sacrifique ninguna de las dos, teniendo siempre claro que el Derecho
se encuentra al servicio del hombre y es un instrumento para la realización y
garantía de la libertad y de la dignidad humana.
1.3.  Sentado lo
anterior, se procederá por la Corte al examen de los cargos planteados por los
demandantes, a partir de aquellos que de prosperar afectarían la exequibilidad
de la ley en su integridad, para proseguir luego, si ellos no prosperan, con el
análisis de las acusaciones propuestas contra algunos artículos de la Ley 975
de 2005.
2. Los
artículos 70 y 71 de la Ley 975 de 2005, son inconstitucionales  razones de
fondo.
2.1.  En cuanto
a los vicios materiales, respecto de los artículos 70 y 71 de la Ley 975 de
2005, expresan los demandantes que el primero de ellos introdujo una norma que
no guarda ninguna relación con el resto del articulado ni con los propósitos de
la ley, razón por la cual estiman que se infringió el artículo 158 de la
Constitución Política. En lo que toca con el segundo de los artículos
demandados, afirman los actores que la modificación introducida al artículo 468
del Código Penal para adicionar la tipificación del delito de sedición rompe la
Constitución en la medida en que a conductas que son configuradas por el
legislador como delitos comunes, se les transforma ahora en el delito político
de sedición pese a que no se reúnen los requisitos esenciales para el efecto.
2.2.  En el
Estado de Derecho todos los habitantes del territorio nacional se encuentran
sometidos al imperio de la Constitución y de la ley. Se les exige el
acatamiento estricto a las normas de derecho positivo para asegurar de esa
manera la convivencia pacífica. Si los ciudadanos acatan la ley, lo hacen bajo
el supuesto previo de su legitimidad, la cual se deriva de que su expedición
provenga del órgano competente para ello, con estricta sujeción a los procedimientos
previamente establecidos para legislar.
Precisamente, es
esa y no otra la razón por la cual el ejercicio de la potestad legislativa del
Estado se atribuye en las democracias a un órgano colegiado de representación
popular previsto en la Constitución como igualmente en ella se establecen las
reglas a las cuales debe sujetarse para el ejercicio de esa función. Es decir,
en las democracias resulta igualmente importante establecer quién hace
la ley y cómo la hace.
De tal
trascendencia para la legitimidad de la ley surge que en el título VI de la
Constitución Política se adopten normas sobre el procedimiento legislativo y
que el control constitucional de la leyes pueda realizarse por la Corte
Constitucional no sólo por su contenido material, sino, también, por vicios de
procedimiento en su formación (CP. art. 241-4).
Por ministerio
de la Carta Política, el Congreso de la República además en la expedición de
las leyes debe estricto acatamiento a su reglamento, el que es expedido
mediante una ley orgánica a la cual se somete el ejercicio de la función
legislativa, por mandato del artículo 151 de la Constitución.
2.3.  Para el
examen de la constitucionalidad del artículo 71 de la Ley 975 de 2005 por la
acusación que le fue formulada, ha de referirse la Corte Constitucional
inicialmente a la distinción entre delito político y delito común, así como a
la libertad de configuración del legislador al respecto, para descender luego a
examinar si éste puede válidamente conforme a la Carta Política ampliar la
conducta tipificada en el Código Penal como delito político, para que en ella
queden comprendidos actos ilícitos constitutivos de delitos comunes conforme a
la legislación anterior.
2.4. Estado uno
de cuyos fines es garantizar la convivencia pacífica de los asociados, se ve
compelido a describir algunas conductas como ilícitos que por constituir en sí
mismos una ofensa a toda la sociedad son hechos merecedores de reproche por el
ordenamiento jurídico y en tal virtud, sancionables mediante una pena no sólo
para restablecer la juridicidad sino para que adicionalmente se procure la
rehabilitación del infractor. Es decir, el Estado en virtud de su soberanía
ejerce el ius puniendi, pero siempre bajo el principio de la necesidad
de sancionar una conducta ilícita cuando con ella se atacan valores o bienes
merecedores de tutela estatal y de tal manera que además se observe el
principio de proporcionalidad y de utilidad de la pena teniendo en cuenta para
el efecto no sólo la naturaleza y gravedad de la infracción sino también los
fines sociales que ésta ha de cumplir.
De las varias
clasificaciones que de los delitos existen desde antiguo, se ha distinguido
entre los delitos comunes y los delitos políticos. Nuestra Constitución no ha
definido el delito político, ni tampoco el delito común sino que ha dejado el
asunto al legislador. Ello explica que la tipificación de las conductas que
configuran uno u otro se realice en el Código Penal o en leyes especiales. Sin
embargo, la Constitución le da un tratamiento privilegiado a los delitos
políticos teniendo en cuenta su propia naturaleza, los fines altruistas que con
ellos se persiguen, las circunstancias en que se realizan y los móviles que
determinan a sus actores a promoverlos o a participar en ellos. Es claro que
con el delito político se ataca el régimen constitucional y legal en cuanto la
organización política de la sociedad y sus formas de gobierno o para derrocar a
las autoridades que detentan el poder cuya legitimidad se desconoce o cuyos
abusos se pretende terminar, y todo el actuar se justifica entonces por el
beneficio superior de la sociedad. En el delito común, en cambio los móviles
carecen de nobleza, su comisión ataca bienes jurídicos que toda la sociedad
necesita proteger en defensa de la vida, de los bienes y de la convivencia
pacífica. Por eso, se tiene por establecido que el delito político es de menor
gravedad que el común, ya que los bienes jurídicos que mediante él se atacan no
son de aquellos que el grupo social tiene instituidos como indispensables para
la vida diaria. De ahí que la legislación atendido lo expuesto le dé a los
delitos políticos un tratamiento más benigno que a los delitos comunes y que,
atendidas circunstancias concretas y específicas el legislador, por motivos de
conveniencia pública le dé prevalencia a la paz como valor constitucional y
autorice extender la amnistía o el indulto a delitos conexos con los delitos
políticos.
Nuestra
Constitución si bien no define el delito político, como ya se dijo, si le
otorga un tratamiento especial que se refleja en varias de sus disposiciones.
Así por ejemplo, el artículo 35 prohíbe la extradición por delitos políticos,
el 150 numeral 17 atribuye al Congreso entre sus funciones la de otorgar
mediante ley amnistías e indultos para los delitos políticos, norma que guarda
íntima relación con el artículo 201, numeral 2, en cuanto a la concesión de
indultos por el Ejecutivo en casos concretos y con la obligación de dar cuenta
al Congreso por el ejercicio de esa facultad; el artículo 179, numeral 1,
prohíbe a quienes hayan sido condenados en cualquier época a pena privativa de
la libertad, ser miembros del Congreso salvo que la condena hubiere sido por
delitos políticos o comunes culposos, prohibición que se extiende por
disposición del artículo 299 de la Carta a quienes aspiren a ser elegidos
diputados a las asambleas departamentales; y, de igual forma constituye
inhabilidad para ser magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema
de Justicia y del Consejo de Estado, haber sido condenado a pena privativa de
la libertad excepto por delitos políticos o culposos.
De acuerdo con
lo expuesto, le está vedado al legislador transformar los delitos comunes en
delitos políticos, pues ello significa que con la alteración de su naturaleza
se abre la puerta para el quebranto de las normas constitucionales que no le
extienden a los delitos comunes el tratamiento privilegiado y especial que se
le da a los delitos políticos. Así, si conforme al artículo 35 de la Carta se
prohíbe la extradición por delitos políticos, cambiarle la naturaleza a un
delito común para considerarlo delito político, significaría legitimar el
quebranto de esa prohibición; de igual modo, si la condena por un delito común
no culposo constituye inhabilidad para ser miembro del Congreso o Magistrado de
las Corporaciones Judiciales de orden nacional, las normas constitucionales que
así lo establecen (CP. arts. 179, 232-3), podrían ser convertidas en rey de
burlas si el Congreso, pretextando la potestad de libre configuración legislativa
despojara del reproche como delitos comunes a conductas que sí lo son de esa
especie, para transformarlas en delitos políticos. De manera pues que, lo que
surge de este análisis es una limitación al legislador por el Constituyente
para que se respete el marco jurídico propio de los delitos políticos sin que a
él puedan tener acceso conductas que conforme al derecho vigente son
tipificadas como delitos comunes. Cosa distinta es que en determinadas
circunstancias y por muy elevados motivos de conveniencia pública y atendiendo
a los valores superiores de la paz, pueda el legislador amparar bajo el manto
de la amnistía o el indulto delitos conexos con los delitos políticos, pero
ello no podrá ocurrir jamás por una ley ordinaria como la que ahora se examina,
sino cuando el Congreso ejerza en nombre del pueblo la muy delicada función de
conceder amnistías o indultos, mediante ley que requiere una mayoría de dos
tercios de los votos de los integrantes de una y otra Cámara  y mediante
votación secreta para buscar el mayor consenso democrático posible.
Precisamente,
este Tribunal Constitucional en sentencia C-171 de 1993, Magistrado Ponente,
Vladimiro Naranjo Mesa, sostuvo que:
“Constituye flagrante quebrantamiento de la justicia, y de la propia
Constitución, el dar al delincuente común el tratamiento de delincuente
político.  La Constitución distingue los delitos políticos de los delitos
comunes para efectos de acordar a los primeros un tratamiento más benévolo con
lo cual mantiene una tradición democrática de estirpe humanitaria, pero en
ningún caso autoriza al legislador, ya sea ordinario o de emergencia para
establecer por vía general un tratamiento más benigno para cierto tipo de
delitos comunes, con exclusión de otros.  El Estado no puede caer en el funesto
error de confundir la delincuencia común con la política. El fin que persigue
la delincuencia común organizada, particularmente a través de la violencia
narcoterrorista, es el de colocar en situación de indefensión a la sociedad
civil, bajo la amenaza de padecer males irreparables, si se opone a sus
proditorios designios.  La acción delictiva de la criminalidad común no se
dirige contra el Estado como tal,  ni contra el sistema político vigente,
buscando sustituirlo por otro distinto, ni persigue finalidades altruistas,
sino que se dirige contra los asociados, que se constituyen así en víctimas
indiscriminadas de esa delincuencia.  Los hechos atroces en que incurre el
narcoterrorismo, como son la colocación de carrobombas en centros urbanos, las
masacres, los secuestros, el sistemático asesinato de agentes del orden, de
jueces, de profesionales, de funcionarios gubernamentales, de ciudadanos
corrientes y hasta de niños indefensos, constituyen delito de lesa humanidad,
que jamás podrán encubrirse con el ropaje de delitos políticos.
Admitir tamaño exabrupto es ir contra toda realidad y contra toda
justicia.  La Constitución es clara en distinguir el delito político del delito
común.  Por ello prescribe para el primero un tratamiento diferente, y lo hace
objeto de beneficios como la amnistía o el indulto, los cuales sólo pueden ser
concedidos, por votación calificada por el Congreso Nacional, y por graves
motivos de conveniencia pública (art. 50, num. 17), o por el Gobierno, por
autorización del Congreso (art. 201, num. 2o.).  Los delitos comunes en cambio,
en ningún caso pueden ser objeto de amnistía o de indulto.  El perdón de la
pena, así sea parcial, por parte de autoridades distintas al Congreso o al
Gobierno, -autorizado por la ley, implica un indulto disfrazado.
Como si el anterior razonamiento no fuera suficiente, el artículo
transitorio 30 de la Constitución, que autoriza el Gobierno para conceder
indultos o amnistías por delitos políticos o conexos, cometidos con
anterioridad a la promulgación de la Constitución de 1991, a miembros de grupos
guerrilleros que se incorporen a la vida civil en los términos de la política
de reconciliación, excluye expresamente de tal beneficio a quienes hayan
incurrido en delitos atroces:
"Artículo transitorio 30.  Autorízase al Gobierno Nacional para
conceder  indultos o amnistías por delitos políticos y conexos, cometidos con
anterioridad a la promulgación del presente Acto Constituyente, a miembros de
grupos guerrilleros que se incorporen a la vida civil en los términos de la
política de reconciliación.  Para tal efecto el Gobierno Nacional  expedirá las
reglamentaciones correspondientes.  Este beneficio no podrá extenderse a
delitos atroces ni a homicidios cometidos fuera de combate o aprovechándose del
estado de indefensión  de la víctima".
De la misma
manera, no pueden tampoco incluirse como delitos políticos conductas que por su
barbarie y atrocidad son constitutivas de graves atentados contra la humanidad,
pues con éstas no sólo se causa daño a una persona determinada sino que la
acción resulta lesiva de la dignidad y condición humana en general. Es esa la
razón por la cual a tales hechos delictuosos se les reprocha por las normas
consuetudinarias del derecho aceptado por las distintas naciones del orbe,
normas que se entienden incorporadas al ordenamiento jurídico universal que son
de obligatorio cumplimiento y que ningún Estado puede desconocer en ninguna
circunstancia. Conforman lo que se ha denominado el jus cogens, es decir
el conjunto de reglas del Derecho Internacional Humanitario. Estas, en tal
virtud se integran al ordenamiento constitucional colombiano por expreso
mandato del artículo 93 de la Constitución en el que se ordena que los tratados
y convenios internacionales sobre derechos humanos que hubieren sido ratificados
por el Congreso prevalecen en el orden interno y no pueden limitarse ni
siquiera durante los estados de excepción.
Precisamente a este respecto la Corte Constitucional en sentencia
C-127 de 1993, Magistrado Ponente Alejandro Martínez Caballero, expresó que:
“La Corte Constitucional en  sentencia sobre la exequibilidad del
Protocolo I adicional de los Convenios de Ginebra relativo a la protección de
las víctimas de los conflictos armados internacionales9 ,
estableció que los Protocolos hacen parte del Ius Cogens y que en ellos están
consagradas las garantías fundamentales  para la protección de las víctimas de
los conflictos armados no internacionales. Estas garantías  se encuentran
definidas en el artículo 4º del Protocolo II , así:
Artículo 4 (Garantías fundamentales)
1. Todos aquellos que no tomen parte directa o que hayan dejado de
tomar parte en las hostilidades, tanto si su libertad ha sido restringida como
si no, tienen derecho al respeto a su persona, su honor, sus convicciones y sus
prácticas religiosas. En todas circunstancias recibirán un trato humano, sin
ninguna distinción que les perjudique...
2. Sin perjuicio para las líneas generales de lo que antecede,
quedan prohibidos en el presente y en el futuro, en todo lugar y ocasión, los
siguientes actos contra aquellos a quienes se refiere el párrafo 1:
a) La violencia contra la vida, la salud y en bienestar físico o
mental de las personas, especialmente el asesinato, así como los tratos
crueles, como las torturas, mutilaciones o cualesquiera formas de castigo
corporal;
...
d) Los actos de terrorismo.
...
h) Las amenazas de llevar a cabo cualquiera de los actos anteriores.
El ius cogens está recogido y positivizado en el inciso 1º del
artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que
establece:
1. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de
cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco
se pondrá pena más grave 9que la aplicable en el momento de la comisión del
delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la
imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello
(negrillas no originales).
Con fundamento en el artículo citado anteriormente y que aparece de
igual forma en el artículo 9º de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, "Pacto de San José de Costa Rica", el concepto del principio
de legalidad de la acción y de la pena se refiere no sólo a la tipicidad
nacional sino también a la internacional.  Es ésta una norma  que debe ser
observada por los ordenamientos internos de cada uno de los estados Partes.
Y el  inciso 2º del citado artículo 15, consagra:
2. Nada de lo dispuesto en este artículo se opondrá al juicio y a la
condena de una persona por actos u omisiones que, en el momento de cometerse,
fueren delictivos según los principios generales  del derecho
reconocidos por la comunidad internacional.
De conformidad con este inciso, además de establecer tipos cerrados,
se permite la consagración de tipos abiertos, según se desprende de la
expresión "principios generales".
En respuesta, la comunidad internacional reconoció que determinadas
conductas  merecen un tratamiento especial por atentar contra la dignidad
inherente a la persona, pues todos los derechos se derivan de su respeto, como
se desprende del segundo considerando del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos”.
En esa misma
dirección la Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados, de
manera expresa e inequívoca prescribe que el jus cogens como norma
imperativa de Derecho Internacional, esto es, como norma que rige para todos
los Estados no admite acuerdo en contrario y sólo puede ser modificada por una
norma ulterior de Derecho Internacional General que tenga el mismo carácter
(art. 53). A este respecto en sentencia C-574 de 1992, Magistrado Ponente Ciro
Angarita Barón, sostuvo que:
“En síntesis
los principios de derecho internacional humanitario plasmados en los convenios
de Ginebra y en sus dos protocolos, por el hecho de constituir un catálogo
ético mínimo aplicable a situaciones de conflicto nacional o internacional,
ampliamente aceptado por la comunidad internacional, hacen parte del ius cogens
o derechos consuetudinario de los pueblos. En consecuencia, su fuerza
vinculante proviene de la universal aceptación y reconocimiento que la
comunidad internacional de los Estados en su conjunto le ha dado al adherir a
esa axiología y al considerar que no admite norma o práctica en contrario.
(…)
Todo lo
anterior permite entonces concluir que la obligatoriedad del derecho
internacional humanitario se impone a todas las partes que participen en un
conflicto armado, y no sólo a las Fuerzas Armadas de aquellos Estados que hayan
ratificado los respectivos tratados. No es pues legítimo que un actor armado
irregular, o una fuerza armada estatal, consideren que no tienen que respetar
en un conflicto armado las normas mínimas de humanidad, por no haber suscrito
estos actores los convenios internacionales respectivos, puesto que, - se
repite- la fuerza normativa del derecho internacional humanitario deriva de la
universal aceptación de sus contenidos normativos por los pueblos civilizados y
de la evidencia de los valores de humanidad que estos instrumentos
internacionales recogen. Todos los actores armados estatales o no estatales,
están entonces obligados a respetar estas normas que consagran aquellos
principios mínimos de humanidad que no pueden ser derogados ni siquiera en las
peores situaciones de conflicto armado”.
Así las cosas,
los delitos que constituyan graves violaciones a los derechos humanos no pueden
ser objeto del tratamiento benigno que por razones superiores se les da a los
delitos políticos sino que, por el contrario, sus autores se encuentran sujetos
a las reglas del derecho común. En esa dirección la Corte Constitucional en
sentencia C-578 de 2002, Magistrado Ponente, Manuel José Cepeda Espinosa, al
examinar la Ley 742 de 2002 aprobatoria del Estatuto de Roma que creó la Corte
Penal Internacional, expresó que:
“(…) Figuras
como la ley de punto fina que impiden el acceso a la justicia, las amnistías en
blanco para cualquier delito, las autoamnistías (es decir, los beneficios
penales que los detentadores legítimos o ilegítimos del poder se conceden a sí
mismos y a quienes fueron cómplices de los delitos cometidos), o cualquiera
otra modalidad que tenga como propósito impedir a las víctimas un recurso
judicial efectivo para hacer valer sus derechos, se han considerado violatorias
del deber internacional de los Estados de proveer recursos judiciales para la
protección de los derechos humanos, consagrados en instrumentos como, por
ejemplo, la declaración americana de los derechos del hombre, la declaración
universal de derechos humanos, la convención americana de derechos humanos y la
declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de
delitos y del abuso del poder…”.
En armonía con
la jurisprudencia vigente de la Corte Constitucional, surge entonces como
conclusión obligada que los hechos delictuosos que constituyen grave violación
del derecho internacional humanitario, es decir, atentados de lesa humanidad
repudiados en el mundo civilizado, como los homicidios fuera de combate y a
personas civiles, la violación sexual intimidatoria y humillante, actos de
crueldad y barbarie para producir pánico en la población civil, como las
masacres, las torturas, secuestros, los desplazamientos forzados, los ataques
armados indiscriminados a poblaciones, la coacción violenta que impide el
ejercicio de los derechos fundamentales, así como el prohijamiento, la
financiación, el planeamiento y la dirección de tales conductas, y en fin, toda
forma de participación en ellas, no pueden ser considerados como delitos
políticos.
De lo
anteriormente expuesto y como corolario obligado, surge como conclusión
ineludible por su evidencia la inconstitucionalidad del artículo 71 de la Ley
975 de 2005, pues al disponer que el delito de sedición también incluye a
“quienes conformen grupos guerrilleros o de autodefensa cuyo accionar
interfiera con el normal funcionamiento constitucional y legal”, no excluye de
la ampliación del tipo penal contemplado en el artículo 468 del Código Penal,
ninguna conducta delictiva que constituya delito común, pues lo cierto es que
siempre todo delito interfiere con el normal funcionamiento del orden jurídico
y precisamente por eso respecto de ella se ejerce por el Estado el ius
puniendi. Es decir, que por esa vía y con la redacción que se le da al
inciso que ahora se agrega al citado artículo 468 del Código Penal no quedaría
ningún hecho delictuoso fuera del delito de sedición, lo que contraria
abiertamente la Constitución, las tratados internacionales y la jurisprudencia
constitucional, por las razones ya expuestas. Es más, el propio legislador así
lo entendió y por ello le hizo una salvedad en el segundo inciso del artículo
71 cuestionado, a la amplísima regla que abrió de par en par las puertas de la
impunidad para los delitos comunes cometidos por miembros de grupos irregulares
armados, y es esa la razón para que se declare en ese inciso que “Mantendrá
plena vigencia el numeral 10 del artículo 3 de la Convención de las Naciones
Unidas Contra el Tráfico ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas,
suscrito en Viena el 20 de diciembre de 1988 e incorporado a la legislación
nacional mediante ley 67 de 1993”. Ello es así, pues la vigencia de esa
Convención no depende de que así se diga en la Ley 975 de 2005, y si hubo de
acudirse a hacer tal manifestación, la única explicación lógica es que caben en
el delito de sedición con la adición que a él se le introdujo en la ley en
cuestión, todos los delitos comunes, por lo que se hizo indispensable la
excepción
aludida.
3.  El
derecho de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación. Deber del
Estado de garantizarlos en forma efectiva.
Del deber
jurídico que corresponde al Estado de garantizar y proteger los derechos
humanos para asegurar la convivencia pacífica de los asociados surge, como ya
se dijo, el derecho de acceso a la administración de justicia para obtener una
tutela judicial efectiva. De aquí se desprende que no sólo las víctimas, sino
también la sociedad, tienen el derecho a que se establezca la verdad y a
conocerla, a que se administre justicia conforme a ella, y a la reparación de
los daños causados en todas sus modalidades.
Por lo que hace
al derecho a la verdad quienes hubieren sido víctimas de graves infracciones
por violación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario,
tienen el derecho a conocer todo lo realmente ocurrido no sólo en relación con
el hecho ilícito en sí mismo, sino sobre las circunstancias de tiempo, de modo
y de lugar en que los hechos se sucedieron, así como quienes fueron sus
autores, sus determinadores y copartícipes y en general quienes estuvieron
vinculados a la comisión de las conductas ilícitas. Del mismo modo, ese derecho
al conocimiento de la verdad le asiste a la sociedad entera, como víctima que
también lo fue del accionar de grupos irregulares armados por la comisión de
delitos de lesa humanidad, pues tales conductas afectan, en forma grave, la
propia condición humana.
Del derecho a la
verdad, surge para el Estado el deber de garantizarlo de manera concreta y
efectiva. Por ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el
particular expresó que:
“223. Las
interpretaciones de la Corte Interamericana en el caso Castillo Paéz y en otros
relacionados con las obligaciones genéricas del artículo 1 de la Convención
Americana, permiten concluir que el “derecho a la verdad” surge como una
consecuencia básica e indispensable para todo Estado Parte en dicho
instrumento, puesto que el desconocimiento de hechos relacionados con
violaciones de los derechos humanos significa, en la práctica, que no se cuenta
con un sistema de protección capaz de garantizar la identificación y eventual
sanción de los responsables”[214].
Adicionalmente,
la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sostuvo lo siguiente:
“221. El
derecho a conocer la verdad con respecto a los hechos que dieron lugar a las
graves violaciones de los derechos humanos que ocurrieron en El Salvador, así
como el derecho a conocer la identidad de quienes participaron en ellos,
constituye una obligación que el Estado debe satisfacer respecto a los
familiares de las victimas y la sociedad en general. Tales obligaciones surgen
fundamentalmente de lo dispuesto en los artículos 1(1), 8 (1), 25 y 13 de la
Convención Americana”[215].
Cumple
adicionalmente una función social, jurídica e histórica, el derecho a la verdad
y el deber de establecerla. Sólo de esa manera será posible a la sociedad la
fijación en la memoria común de hechos repudiables en tal grado que la
comunidad donde ellos acaecieron no puedan repetirse jamás. La recordación
futura de los mismos y de los horrores de los padecimientos con ellos
infringidos, servirán en el futuro como muro de contención para que no puedan
repetirse, es decir que la memoria colectiva al recordarlos y repudiarlos de
manera permanente tendrá un efecto disuasorio para que la perversidad no vuelva
a ensañarse ni con los individuos en particular ni con la humanidad en general.
Con respecto a
la garantía del derecho a la obtención de la verdad tanto individual como
colectivamente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el “Informe
sobre el Proceso de Desmovilización en Colombia”, señaló lo que a continuación
se transcribe:
“30. Ante
esta realidad, el derecho a la verdad no debe ser coactado a través de medidas
legislativas o de otro carácter. La CIDH ha establecido que la existencia de
impedimentos fácticos o legales –tales como la expedición de leyes de amnistía-
al acceso de información sobre los hechos y circunstancias que rodearon la
violación de un derecho fundamental, y que impidan poner en marcha los recursos
judiciales de la jurisdicción interna, resultan incompatibles con el derecho a
la protección judicial previsto en el artículo 25 de la Convención Americana.
31.  La Corte
Interamericana ha establecido en su jurisprudencia que el derecho a la verdad
se encuentra subsumido en el derecho de la víctima o sus familiares a obtener
de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos y el
juzgamiento de los responsables conforme a los parámetros de los artículo 8 y
25 de la Convención Americana.
32.  En
cualquier caso, el goce de este derecho a conocer la verdad sobre la comisión
de crímenes de derecho internacional no se limita a los familiares de las
víctimas. La Comisión y la Corte Interamericana han manifestado que las
sociedades afectadas por la violencia tienen, en su conjunto, el irrenunciable
derecho de conocer la verdad de lo ocurrido así como las razones y
circunstancias en las que delitos aberrantes llegaron a cometerse, a fin de que
esos hechos no vuelvan a ocurrir en el futuro. La sociedad en su conjunto tiene
derecho a conocer la conducta de quienes se hayan involucrado en la comisión de
violaciones graves a los derechos humanos o el derecho internacional
humanitario, especialmente en caso de pasividad o sistematicidad; comprender
los elementos de carácter objetivo y subjetivo que contribuyeron a crear las
condiciones y circunstancias dentro de las cuales conductas atroces fueron
perpetuadas e identificar los factores de índole normativa y fáctica que dieron
lugar a la aparición y el mantenimiento de las situaciones de impunidad; contar
con elementos para establecer si los mecanismos estatales sirvieron de marco a
la consumación de conductas punibles; identificar a las víctimas y sus grupos
de pertenencia así como a quienes hayan participado de actos de victimización;
y comprender el impacto de la impunidad”[216].
La realización
concreta del derecho de acceso a la administración de justicia implica que el
Estado asuma a plenitud el deber de investigar los hechos constitutivos de
violaciones graves a los derechos humanos o al derecho internacional
humanitario, y que, como consecuencia de tales investigaciones se someta a
juzgamiento a los presuntos responsables para imponer, si es del caso las
sanciones correspondientes conforme a la ley.
Parte esencial
del derecho a la justicia necesariamente ha de ser la garantía a las víctimas
para acceder desde su inicio al expediente respectivo, con la posibilidad de
formular peticiones, interponer recursos, solicitar pruebas, y en general
realizar todos los actos procesales indispensables para que la verdad real se
refleje en el proceso, de tal manera que éste último corresponda a la realidad
de los hechos y las circunstancias de tiempo, de modo y de lugar en que se
sucedieron.
La justicia como
supremo fin del Derecho exige que el Estado encamine como tal toda su actividad
en el propósito de obtenerla especialmente cuando se trate de violación de los
derechos humanos y del derecho internacional humanitario máxime si se tiene en
cuenta que la legitimación del Estado se hace ostensible y clara por su grado
de compromiso con la defensa de los valores superiores de la humanidad. En esa
dirección, la impunidad resulta como la negación de la justicia y siendo ello
así la sociedad y la comunidad internacional podrían reprochar a cualquier
Estado la omisión de actividad de sus agentes que conduzca a la negación del
derecho a la justicia, que no es sólo individual sino colectivo como ya se
dijo.
De igual manera,
si el juez en ejercicio de la soberanía del Estado cumple la función de
administrar justicia, no puede dictar las sentencias respectivas a su prudente
arbitrio o conforme a su concepto personal de la justicia, porque ello
conduciría a la arbitrariedad y a la anarquía. De ahí que, resulta aplicable en
el Estado de Derecho el antiguo aforismo romano conforme al cual judex
judica, pero judica secundum jus. Significa lo anterior que si el
juez se encuentra sometido en su labor judicial al imperio de la ley, es de
inmensa trascendencia el contenido mismo de la ley, cuyos límites se trazan por
la Constitución.
Acorde con lo
dicho, ha de darse por sentado que ontológicamente es una sola la jurisdicción
del Estado, aunque desde el punto de vista órganico-funcional para la mejor
prestación de esa función pública la Constitución establezca varias especies de
ella, lo cual pone de manifiesto la existencia de unidad en la diversidad. Así,
no es extraño entonces, que para la defensa del orden jurídico y de los
derechos fundamentales aparezca el Derecho Penal como la última ratio
a la que se acude por el Estado como manifestación concreta del ius
puniendi. El Derecho Penal en las situaciones ordinarias de normalidad ha
de ajustarse, como es obvio, a la Constitución; y, con mucha mayor razón cuando
se dictan por el Estado normas jurídico-penales tanto sustantivas como
procesales para superar especiales situaciones de degradación en el respeto a
la vida, a la integridad y a la dignidad de la persona humana causadas por
actos ilícitos de carácter violento, normas que se expiden con el propósito de
llegar a la paz pero sin el sacrificio de la justicia.
Precisamente, en
virtud del principio cardinal de la justicia de obligatoria observancia por
todos los Estados, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que
parte del derecho a la justicia impone el deber de prevenir la comisión de
hechos ilícitos que lesionen los derechos humanos y el derecho internacional
humanitario. A este respecto, expresó que:
“El deber de prevención
abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y
cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren
que las eventuales violaciones a los mismos sean efectivamente consideradas y
tratadas como un hecho ilícito que, como tal, es susceptible de acarrear
sanciones para quien las cometa, así como la obligación de indemnizar a las
víctimas por sus consecuencias perjudiciales”[217]. (Negrilla fuera de texto).
No obstante,
como quiera que pese a la prevención a que se ha hecho referencia los hechos
ilícitos violentos atentatorios de los derechos humanos pueden ocurrir, en tal
evento al Estado corresponde el deber jurídico ineludible de avocar la
investigación respectiva de manera oportuna, seria e integral, asunto este
sobre el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el mismo caso ya
mencionado, señaló lo siguiente:
“El Estado
está obligado a investigar toda situación en la que se hayan violado los
derechos humanos protegidos por la Convención. Si el aparato del Estado actúa
de modo que tal violación quede impune y no se restablezca, en cuanto sea
posible a la víctima en la plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha
incumplido el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas
sujetas a su jurisdicción. Lo mismo es válido cuando se tolere que los
particulares o grupos de ellos actúen libre o impunemente en menoscabo de los
derechos humanos reconocidos en la Convención”[218] (Negrilla fuera de texto).
Los deberes
jurídicos de prevención e investigación, aunque forman parte del derecho a la
justicia no lo agotan. A la investigación que permita la fijación de los hechos
con las más amplias garantías para que las víctimas participen en el proceso
desde su iniciación hasta su culminación con términos suficientes y
oportunidades probatorias que no resulten simplemente ilusorias, sigue como
consecuencia el deber de juzgar a los presuntos responsables y, si la situación
procesal así lo indica, imponerles las sanciones correspondientes. Por ello, el
Comité de Derechos Humanos en el caso de la investigación por la desaparición
forzada, las torturas, violación y muerte de Nidia Erika Bautista, expresó que:
“El Estado
Parte tiene el deber de investigar a fondo las presuntas violaciones de los
derechos humanos, en particular las desapariciones forzadas de personas y las
violaciones del derecho a la vida, y de encauzar penalmente, juzgar y castigar
a quienes sean considerados responsables de esas violaciones. Este deber es
aplicable a fortiori en los casos en que los autores de esas violaciones han
sido identificados”[219].
Corolario de lo
anteriormente dicho, surge como conclusión que el derecho a la justicia no sólo
es individual, sino colectivo; que él comienza por el deber de prevención
respecto de las conductas ilícitas que quebranten o amenacen quebrantar los
derechos humanos o el derecho internacional humanitario; que si no obstante
llegan a perpetrarse hechos constitutivos de tales conductas al Estado se le
impone el deber de investigarlas con el mayor rigor posible para identificar a
sus autores, copartícipes y auxiliadores, así como las circunstancias
temporales, de modo y de lugar en que los hechos se sucedieron. Esto resulta
imposible si no se garantiza el derecho de las víctimas a intervenir en el
proceso desde su inicio, a pedir pruebas, a controvertir las que obren en el
proceso, a presentar alegaciones, a interponer recursos, es decir, a hacer
efectivo su derecho a participar en el mismo en forma activa para lograr que se
dicte por el Estado una sentencia
justa.
La jurisdicción
del Estado no se agota con la decisión de condena cuando ella sea del caso por
las conductas violatorias de los derechos humanos o del derecho internacional
humanitario, pues en estos delitos, como en todos los demás, existe
adicionalmente la obligación de reparación por el daño infringido a las
víctimas. Es esa la razón jurídica que en la Constitución Política llevó al
Constituyente a preceptuar que aun en los casos en que se conceda por graves
motivos de convivencia pública amnistía o indulto general por delitos políticos
si a los favorecidos con ellos se les exime de la responsabilidad civil
respecto de los particulares, esa obligación se asume directamente por el
Estado (CP. art. 150-17).
Conforme a una
concepción meramente patrimonial, la reparación fue entendida simplemente como
un derecho de carácter indemnizatorio y por ello, sólo al aspecto económico se
circunscribía la pretensión de la parte civil en los procesos penales. Sin
embargo, hoy ese criterio se encuentra superado por la doctrina y la
jurisprudencia, asunto este sobre el cual la Corte Constitucional en sentencia
C-228 de 2002[220], se pronunció in
extenso y, al respecto expresó que:
“La visión
tradicional de los derechos de la víctima de un delito, restringida al resarcimiento
económico se ha ido transformando en el derecho internacional, en particular en
relación con las violaciones a los derechos humanos desde mediados del siglo
XX, dentro de una tendencia hacía una concepción amplia del derecho a una
tutela judicial idónea y efectiva, a través de la cual las víctimas obtengan
tanto la reparación por el daño causado, como la claridad sobre la verdad de lo
ocurrido, y que se haga justicia en el caso concreto. La Constitución de 1991
recogió esta tendencia que cobró fuerza a finales de los años sesenta y se
desarrolló en la década de los ochenta.
En el derecho internacional se ha considerado como
insuficiente para la protección efectiva de los derechos humanos, que se
otorgue a las víctimas y perjudicados únicamente la indemnización de los
perjuicios, como quiera que la verdad y la justicia son necesarios para que en
una sociedad no se repitan las situaciones que generaron violaciones graves a
los derechos humanos y, además, porque el reconocimiento de la dignidad intrínseca
y de los derechos iguales e inalienables de todos los seres humanos, exige que
los recursos judiciales diseñados por los Estados estén orientados hacia una
reparación integral a las víctimas y perjudicados, que comprenda una
indemnización económica y, el acceso a la justicia para conocer la verdad sobre
lo ocurrido y para buscar, por vías institucionales, la sanción justa de los
responsables.[221]
En 1948, tanto
la Declaración Americana de Derechos del Hombre[222]
como la Declaración Universal de Derechos Humanos[223],
marcan el inicio de una tendencia en el derecho internacional por desarrollar
instrumentos que garanticen el derecho de todas las personas a una tutela
judicial efectiva de sus derechos, a través de la cual no sólo obtengan
reparación por el daño sufrido, sino también se garanticen sus derechos a la
verdad y a la justicia”.
En esa misma
sentencia, se agregó por la Corte lo siguiente:
Las
principales objeciones a una concepción amplia de los derechos de la parte
civil no restringida exclusivamente a la reparación material, provienen del
argumento según el cual en un Estado de tradición liberal, el lugar de las
víctimas y los perjudicados por un delito es accesorio, pasivo y reducido a un
interés económico puesto que es el Estado el único legitimado para perseguir el
delito dentro del marco de limitaciones y salvaguardas establecidas por la
Constitución y la ley. Por eso resulta relevante que en esta subsección se
examine brevemente la forma como se ha regulado en algunos sistemas jurídicos
liberales el papel que puede asumir la parte civil dentro del proceso penal y
los derechos asociados a esas posibilidades de intervención, así como las
tendencias al respecto.
Tanto
en los sistemas romanos germánicos, como en los de tradición anglosajona, los
derechos de las víctimas, los perjudicados y la parte civil han sido
considerados como relevantes. Sin embargo, los derechos que se le han
reconocido, así como los espacios en que se ha permitido su intervención, han tenido
una evolución distinta en uno y otro sistema. Cinco son las cuestiones que
interesan en este caso: i) la posibilidad de intervención de las víctimas y los
perjudicados dentro del proceso penal; ii) la posibilidad de que la víctima o
los perjudicados impulsen el proceso penal ante una omisión del Estado; iii) la
finalidad de la intervención de la víctima y de los perjudicados dentro del
proceso penal; iv) el ámbito de protección de los derechos de la víctima dentro
del proceso penal; y v) los mecanismos a través de los cuales se puede
garantizar una reparación integral a la víctima.
En
cuanto a la posibilidad de intervención de las víctimas y los perjudicados en
el proceso penal se identifican dos grandes tendencias. En los sistemas romano
germánicos generalmente se ha admitido la intervención de las víctimas dentro
del proceso penal a través de su constitución en parte civil. En los sistemas
de tradición anglosajona, aun cuando tradicionalmente la víctima y los
perjudicados no tienen el carácter de parte dentro del proceso penal y su
intervención es la de un simple testigo, esta posición ha ido variando, hasta
otorgarles incluso el derecho a impulsar la investigación criminal y el proceso
penal.[224]
En
cuanto al momento en el que las víctimas o perjudicados pueden intervenir en el
proceso penal, la mayor parte de los países que permiten su intervención la
prevén tanto para la etapa de instrucción como durante la etapa de juzgamiento.[225]
Sin embargo, en los sistemas donde aún prevalece un sistema inquisitivo de
investigación penal, las víctimas o perjudicados no tienen la posibilidad de
intervenir durante la etapa de investigación. Esa es la situación de Bélgica,
donde la parte civil no puede intervenir durante la etapa de instrucción, pues
es una etapa vedada a todas las partes del proceso, no sólo a la parte civil.
Sin embargo, desde 1989 esta característica ha sido considerada como contraria
a la Convención Europea de Derechos del Hombre.[226]
En
relación con la posibilidad de que las víctimas puedan impulsar el proceso
penal ante la omisión del Estado, se han adoptado distintos esquemas de
solución en consideración a los principios de oportunidad y de legalidad. En
los sistemas orientados por el principio de legalidad la ocurrencia de un hecho
punible obliga al Estado a iniciar la acción penal en todos los casos.[227]
En los sistemas que reconocen el principio de oportunidad, el ente acusador
goza de mayor discrecionalidad para decidir cuándo no iniciar una acción penal.
En esos casos, aun cuando en principio el Estado es quien tiene el monopolio de
la acción penal, se permite el ejercicio de acciones privadas y se han
desarrollado mecanismos para que las víctimas o perjudicados puedan oponerse a
la decisión estatal de no ejercer la acción penal en un determinado caso.[228]
En los
sistemas con énfasis en el principio de oportunidad, donde el Ministerio
Público tiene mayor discrecionalidad para decidir si inicia o no la acción
penal[229], las
víctimas y los perjudicados pueden actuar directamente ante el ente acusador en
el impulso de la acción penal, en los casos expresamente señalados por la ley.
En principio dentro de las razones para no iniciar la acción penal se
encuentra, la ausencia de víctimas o perjudicados, la extrema juventud o vejez
del delincuente, la poca importancia de la infracción, la falta de interés
público, la existencia de un acuerdo previo de reparación entre la víctima y el
delincuente, o la aceptación del delincuente de un tratamiento previo, como
ocurre en los Estados Unidos.[230] Por
ejemplo, en el caso inglés, la víctima puede impulsar mediante una especie de
acción privada el proceso penal en los casos de los delitos cuya investigación
corresponda a la Policía. En otros sistemas, como el belga,[231]
son los jueces quienes, a solicitud de la víctima o el perjudicado, ejercen un
control de legalidad sobre la decisión del Ministerio Público de no iniciar la
acción penal.
En los
sistemas con énfasis en el principio de legalidad, el Ministerio Público está
obligado a iniciar la acción penal en todos los casos. Ese es el caso de
Alemania, España e Italia. En principio, la única razón por la cual no se
inicia la acción penal es porque no existen elementos de prueba suficientes
para determinar la ocurrencia del hecho punible o la posible responsabilidad de
los implicados.[232] No
obstante, con el fin de hacer menos rígido este sistema se han consagrado
varias excepciones. Por ejemplo, en Alemania, la víctima o los perjudicados
pueden impulsar la investigación y el proceso penal en el caso de delitos
querellables, de delitos que afecten la intimidad de las personas y de ciertos
delitos de gravedad menor.[233] Cuando
se trata de delitos más graves, la víctima o los perjudicados pueden apelar la
decisión de no iniciar la acción penal ante el Procurador General y si este se
niega a iniciarla, pueden acudir incluso hasta la Corte de Apelaciones para
obligar al Ministerio Público a ejercer la acción penal.
En
cuanto a la finalidad de la intervención de las víctimas y perjudicados dentro
del proceso penal, en un principio esa intervención sólo estaba orientada a la
reparación de perjuicios materiales. No obstante, esa posibilidad ha
evolucionado hacia una protección más integral de los derechos de la víctima y
hoy se reconoce que también tienen un interés en la verdad y la justicia. Así
ha sucedido en el sistema francés, donde se permite que quien ha sufrido un daño
personal y directo, se constituya en parte civil, aun cuando tal intervención
no está subordinada a la presentación de una demanda de daños. El ejercicio de
la acción civil ante la jurisdicción penal en Francia tiene un doble propósito:
1) obtener un juicio sobre la responsabilidad de la persona y 2) obtener la
reparación del perjuicio sufrido. Estos derechos de la víctima han ido
ampliándose desde 1906[234], cuando
la Corte de Casación admitió que la victima de un delito pudiera acudir
directamente ante el juez de instrucción para iniciar el proceso penal ante la
inacción del Ministerio Público. Esa jurisprudencia fue recogida luego por el
Código de Procedimiento Penal y ha evolucionado hasta reconocer que el proceso
penal debe garantizar a las víctimas el derecho a la verdad, [235]
tal como ocurrió recientemente, cuando el Fiscal decidió continuar con una
investigación criminal para el establecimiento de la verdad de los hechos a
favor de las víctimas, en un caso en que el asesino se había suicidado después
de disparar y matar a varios miembros de un consejo regional. La búsqueda de la
verdad fue la razón que permitió impulsar el proceso penal, a pesar de que el
responsable directo había muerto.[236]
El ámbito de
protección de los derechos de las víctimas dentro del proceso también se ha ido
ampliando. En un principio se entendió que tal protección se refería
exclusivamente a la garantía de su integridad física y en consecuencia se
adoptaron mecanismos para proteger su identidad y seguridad personal y
familiar; posteriormente, esa protección se ha extendido para asegurar el
restablecimiento integral de sus derechos y, por ello, se le han reconocido
ciertos derechos dentro del proceso penal: el derecho a ser notificadas de las
decisiones que puedan afectar sus derechos, a estar presente en determinadas
actuaciones y a controvertir decisiones que resulten contrarias a sus intereses
en la verdad, la justicia o la indemnización económica.[237]
La mayor parte de sistemas reconocen a la parte civil el derecho a aportar
pruebas dentro del proceso, el derecho a ser oída dentro del juicio y a ser
notificada de actuaciones que puedan afectarla, el derecho a que se adopte una
resolución final dentro de un término prudencial, el derecho a que se proteja
su seguridad, el derecho a una indemnización material, pero también a conocer
la verdad de lo sucedido.[238]
En los
Estados Unidos, desde 1982, varias constituciones estatales han reconocido a
las víctimas cuatro derechos básicos: i) el derecho a ser tratadas con
justicia, dignidad y respeto; ii) el derecho a que se las mantenga informadas
del avance de la investigación y del proceso permanentemente; iii) el derecho a
ser informadas cuándo se llevarán a cabo las distintas audiencias del proceso;
y iv) el derecho a escuchar ciertos asuntos dentro del proceso que sean relevantes
para el testimonio que van a presentar.[239] Esta
tendencia llevó a que en 1996, finalmente, se presentara una enmienda a la
Constitución de los Estados Unidos dirigida a proteger los derechos de la
victima.[240] Los
derechos específicos de esta enmienda, aún no aprobada, y de las constituciones
estatales, no se limitan a proteger el interés en la reparación del daño, sino
que comprenden actuaciones relativas al interés en el esclarecimiento de los
hechos en aras de la verdad, como al interés en el derecho a que la víctima sea
escuchada cuando se negocie la condena o se delibere sobre una medida de
libertad condicional.
En
cuanto a los mecanismos diseñados para garantizar una reparación a la víctima y
perjudicados, aún en materia de indemnización económica la tendencia ha sido
hacia una reparación integral. Muchos sistemas jurídicos han creado fondos
especiales para indemnizar a las víctimas y perjudicados tanto por el daño
emergente como por el lucro cesante causados por el hecho punible, en aquellos
eventos en los que el condenado no tiene medios económicos suficientes para
pagar a la víctima.[241]
De lo
anterior surge que en los distintos sistemas jurídicos de tradición liberal se
reconoce que las víctimas y perjudicados tienen un interés para intervenir en
el proceso penal, el cual no se reduce a la búsqueda de una reparación
material. Igualmente, se observa que, la participación de la víctima y de los
perjudicados en el proceso penal, no lo ha transformado en un mecanismo de
retaliación contra el procesado, ni ha colocado en el mismo plano el interés
económico de quien resulte perjudicado y la libertad de quien está siendo
procesado, pues ante la ocurrencia de un hecho punible son también ponderados
todos los derechos que han sido vulnerados con la conducta punible lesiva de
los bienes jurídicos por ella tutelados.
Además,
la participación de la parte civil dentro del proceso penal no ha implicado,
como se podría temer dentro de la tradición liberal, una privatización de la
acción penal. Como en las democracias no existe una confianza absoluta en el
poder sancionador del Estado, en el derecho penal también se han desarrollado
mecanismos para corregir la inacción o la arbitrariedad en el ejercicio del ius
punendi y, en determinados casos, se ha permitido que la víctima y los
perjudicados impulsen el proceso penal, como se anotó anteriormente”.
Significa lo
anterior, que el derecho a la reparación del daño causado a la víctima en caso
de graves violaciones a los derechos humanos o al derecho internacional
humanitario, empieza por el establecimiento de la verdad en toda su extensión,
pues incluye el derecho a saber lo realmente ocurrido, así como a la fijación
de los hechos en la memoria colectiva para precaver su repetición en el futuro,
pues si alguna lección ha de deducirse por las generaciones futuras es que
tales hechos lesivos de la dignidad de la humanidad no puedan sucederse jamás.
Es cierto que la indemnización civil puede revestir alguna importancia, pero en
casos como estos no es lo fundamental para satisfacer el derecho de las
víctimas a obtener la plena reparación del daño sufrido. La dignidad de la
persona humana que fue objeto de graves lesiones ha de ser reparada, y, de allí
surge para el Estado el deber jurídico de establecer distintos mecanismos para
el efecto, los cuales no quedan satisfechos simplemente con una obligación
dineraria, pues la ofensa social es en estos casos de tal magnitud que desborda
el campo puramente patrimonial.
Viene entonces
de lo dicho, que ontológicamente la noción de justicia que se impone en el
derecho moderno trasciende su noción formal y que resulta omnicomprensiva para
incluir en ella, desde el punto de vista material como supuesto previo el deber
jurídico de establecer la verdad, con una legislación que impida la impunidad y
permita la sanción de los responsables de las conductas ilícitas, de tal suerte
que los jueces se encuentren dotados de los instrumentos necesarios para que
sus sentencias tengan legitimidad ante la sociedad en la medida en que así
interpreten y hagan efectivos los principios y valores que sobre la dignidad de
la persona humana consagra la Constitución y los tratados sobre derechos
humanos.
4.
Alternatividad y Pena Alternativa. Análisis de los artículos que las contemplan
en la Ley 975 de 2005
4.1.  Acusan los
demandantes por este aspecto los Artículos 3 y 29  de la Ley 975 de 2005 de
inconstitucionalidad por cuanto, a su juicio, la pena alternativa consistente
en privación de la libertad por un período de 5 años y no superior a 8 años que
podrá ser impuesta a los miembros de grupos armados irregulares que decidan
acogerse a la Ley mencionada, establece un beneficio para éstos que es
contrario a los principios de proporcionalidad, igualdad y legalidad de la
pena, pues autorizan que a delitos de lesa humanidad y a graves violaciones de
los derechos humanos y del derecho internacional humanitario se les sancione
con una pena irrisoria que implica burla al derecho de las víctimas y de la
sociedad a la justicia, la verdad y la reparación.
4.2. Como
es suficientemente conocido, con anterioridad a la revolución francesa las
penas impuestas por la comisión de delitos fueron configuradas como aflicciones
que debería soportar el autor de tales conductas ilícitas, de tal manera que
existiera una correspondencia lo más cercana posible entre la calidad del
delito y la calidad de la pena.
Con el
advenimiento de una nueva concepción filosófica del Estado se proclamó la
igualdad de los ciudadanos ante la Ley y, como consecuencia de ello se abrió
paso el principio según el cual  la tipificación y formalización de las penas
no debe obedecer para su configuración a imponer al reo el sufrimiento de
aflicciones, sino que las penas deben consistir en privaciones de derechos. A
este respecto, Luigi Ferrajoli tras citar a Filangieri y Pagano, expresa que
tales privaciones se refieren a los “tres específicos derechos para cuya
tutela, como escribió Locke, se constituye y se justifica el Estado moderno: la
vida, la libertad y la propiedad. Los tres tipos de penas consistentes en la
privación de estos tres tipos de bienes o derechos – la pena de muerte
que priva de la vida, las penas privativas de libertad que privan de la
libertad personal y las penas patrimoniales que privan de bienes o
potestades económicas – son todas configurables, en efecto, como formalmente iguales,
golpeando en igual medida y con el mismo tipo de sufrimiento, al margen de
las condiciones personales del reo y sobre la base solamente del tipo de
delito. Desde este punto de vista, son un fruto de la revolución política
burguesa, que marca el nacimiento de la figura del “ciudadano” y del
correspondiente principio de abstracta igualdad ante la Ley”[242].
De manera pues
que, conforme a lo antes dicho, superada la Edad Media y como una consecuencia
necesaria de la revolución francesa si el ciudadano es igual ante la Ley, las
penas deben ser abstractas e iguales con respecto al delito de que se trate,
sin que importe para nada la condición personal o social del autor del hecho
ilícito. Es decir, la pena, en consecuencia debe ser predeterminada por la Ley,
conmensurable y cuantificable, de manera general e impersonal por el
legislador, para que luego el juez la determine de manera individual en el caso
particular y concreto. Se cumple así con el principio básico del Estado de
Derecho conforme al cual la Ley debe ser impersonal, abstracta y objetiva, en
acatamiento al principio de igualdad para que de allí se descienda a su
aplicación individual y concreta.
4.3. Precisamente
atendiendo a este nuevo criterio, la pena que priva del derecho a la libertad
personal como sanción abstracta e igual prevista por el legislador, exige que
se establezca una cuantificación del tiempo de libertad de que puede privarse
al autor del delito, el cual se determina de un mínimo a un máximo, que fija el
quantum de la pena. Esa generalidad de la Ley al señalar la pena
privativa de la libertad de manera abstracta e igual permite que para su
aplicación deba realizarse por el juzgador en el caso específico un cálculo de
la pena para determinarla de manera concreta no sólo teniendo en cuenta el
mínimo y el máximo que señaló el legislador, sino además otros criterios
también predeterminados por éste que permiten aumentarla o disminuirla por las
circunstancias agravantes del hecho delictivo o por las circunstancias
atenuantes de éste, u otros criterios señalados previamente por el legislador.
De tal suerte que de aquí surge necesariamente que la pena en el derecho
moderno debe ser, además, proporcional. Ese principio de la
proporcionalidad significa que las penas deben graduarse según la gravedad
de los delitos sobre la base de la mayor o menor jerarquía de los bienes
jurídicos objeto de la tutela penal por el Estado, y atendidas las modalidades
del hecho delictivo. Significa, además, este principio que los hechos
delictivos según su naturaleza deben sancionarse con penas diferentes y a cada
delito se debe aplicar, según la gravedad del hecho la pena correspondiente en
mayor o menor cantidad, es decir, que la proporcionalidad ha de ser tanto
cualitativa como cuantitativa.
El principio de
proporcionalidad a que se ha hecho alusión ha sido preocupación filosófico
jurídica desde antiguo, como puede apreciarse supone, adicionalmente que el
Estado sólo se encuentra legitimado para imponer las penas que resulten
necesarias, esto es que deben ser las mínimas posibles para obtener el fin de
la prevención de comisión de nuevos delitos. A este respecto así se expresaron
para consagrarlo como garantía las primeras cartas constitucionales como freno
a penas excesivas. En efecto, el Artículo 8 de la Declaración de los Derechos
del Hombre y del Ciudadano de 1.789, expresó que “La Ley no debe establecer más
que penas estricta y evidentemente necesarias”, principio que repitieron las
constitución francesa de 1.793 en su artículo 16 y el artículo 12 de la
constitución de ese país expedida en 1.795. Significa ello que la pena tiene
entonces un límite en el respeto a la dignidad de la persona humana. El hecho
de que no exista una coincidencia absoluta entre el delito y la pena no excluye
que esta última deba ser adecuada al primero en alguna medida. Por ello, la
doctrina moderna ha señalado que “el principio de proporcionalidad expresado en
la antigua máxima poena debet commensurari delicto es en suma un
corolario de los principios de legalidad y de retributividad, que tiene en
éstos su fundamento lógico y axiológico”, conforme anota Luigi Ferrajoli[243],
autor éste que recuerda que ese principio ya había sido proclamado por Platón
en “Las leyes” y por la Carta Magna de 1.215 en sus apartados 20 y 21 en los
que se habló de “proporción” entre la transgresión y la pena[244].
En idéntico
sentido, por su parte, también se pronunciaron Montesquieu[245],  Becaría[246]
y Carrara[247],
como es ampliamente conocido.
En la misma
dirección Eugenio Raúl Zaffaroni, Alejandro Alagia Alejandro Slokar, expresan
que:
“La
criminalización alcanza un límite de irracionalidad intolerable cuando el
conflicto sobre cuya base opera es de ínfima lesividad o cuando, no siéndolo,
la afectación de derechos que importa es groseramente desproporcionada con la
magnitud de la lesividad del conflicto. Puesto que es imposible demostrar la
racionalidad de la pena, las agencias jurídicas deben constatar, al menos, que
el costo de derechos de la suspensión guarde un mínimo de proporcionalidad con
el grado de la lesión que haya provocado. A este requisito se le llama
principio de proporcionalidad mínima de la pena con la magnitud de la lesión
(…) Esto obliga a jerarquizar las lesiones y a establecer un grado de mínima
coherencia entre las magnitudes de penas asociadas a cada conflicto
criminalizado, no pudiendo tolerar, por ejemplo, que las lesiones a la
propiedad tengan mayor pena que las lesiones a la vida, como sucedía en el caso
del derogado art. 38 del decreto-ley 6582/58, razón por la que había sido
declarado inconstitucional por la CS, criterio que luego fue alterado con
fundamentos que importan ignorar la función hermenéutica de la Constitución
tanto como hacer renuncia expresa a la función controladora”[248]
4.4. Uno
de los problemas modernos que plantea el derecho penal en función del respeto a
la dignidad de la persona humana es superar la crisis que afecta la existencia
de las penas privativas de la libertad. A este efecto, se trataría de sustituir
con unas nuevas y diferentes sanciones a las privativas de la libertad, así como
éstas sustituyeron en su momento a las penas corporales y aflictivas. A ese
propósito, no es lo mismo una nueva pena distinta a la que implique privación
total o parcial de la libertad que una medida alternativa al internamiento
continuo y temporal del condenado en un establecimiento carcelario. Dentro de
las denominadas “medidas alternativas”, se incluyen algunas modalidades
como el arresto domiciliario, la concesión de libertad vigilada durante cierto
tiempo, la reclusión solo por el fin de semana, la reclusión sólo nocturna o
semilibertad. Pero es evidente que estas medidas, todas, implican restricción a
la libertad, es decir son una modalidad de la privación de ese derecho.
Si las que hoy
serían simplemente “medidas alternativas” frente a la privación de la
libertad de manera temporal y continua en establecimientos oficiales
carcelarios se adoptaran por el legislador en reemplazo de la pena de prisión
temporal y permanente y como formas autónomas de punir, pasarían a ser penas
principales y no modalidades de aquella. Dicho de otra manera, la pena
alternativa supone el desaparecimiento de una pena anterior que tenía el
carácter de principal, para que su lugar sea ocupado por otra pena distinta que
la sustituye por completo  y la convierte, en principal.  No es posible
confundir, conforme a ello la disminución de la duración de la pena privativa
de la libertad con la eliminación de esta pena principal, pues lo que ocurre en
este caso es tan sólo, una reducción temporal, que de ninguna manera la
reemplaza por otra diferente.
4.5. El
código penal vigente en cuanto hace referencia a la fijación de las penas
cumple los principios conforme a los cuales éstas deben ser abstractas,
predeterminadas, ajustarse a la igualdad, la proporcionalidad, contener reglas
para su cuantificación y calculabilidad en el caso específico. Esos
principios,  aparecen brusca e injustificadamente vulnerados por la Ley 975 de
2005, afirmación esta para cuya fácil comprensión se inserta a continuación un
cuadro comparativo de las penas que el código penal establece para los
distintos delitos y las que corresponderían si a éstos se aplicara el artículo
29 de la Ley acusada y las normas de la misma Ley concordantes con éste.
TIPOS PENALES
PENA
CONTEMPLADA
EN
EL CÓDIGO PENAL
(LEY
599-2000 y
LEY
890- 2004)
PENA
CONTEMPLADA EN LA LEY DE JUSTICIA Y PAZ (LEY 975 2005)
Delitos
Contra la Vida y la Integridad Personal
Genocidio
480 a 600 meses
60 a 96 meses
Genocidio por conductas diversas al
homicidio
160 a 450 meses
60 a 96 meses
Apología al genocidio
96 a 180 meses
60 a 96 meses
Homicidio
208 a 450 meses
60 a 96 meses
Homicidio agravado
400 a 600 meses
60 a 96 meses
Homicidio preterintencional
104 a 150 meses
60 a 96 meses
Muerte de hijo fruto de acceso carnal
violento, abusivo, o de inseminación artificial o transferencia de óvulo
fecundado no consentidas.
64 a 108 meses
60 a 96 meses
Homicidio culposo
32 a 108 meses
60 a 96 meses
Homicidio culposo agravado
37 a 162 meses
60 a 96 meses
Lesiones personales
·   Deformidad
física transitoria
16 a 108  meses
60 a 96 meses
·   Deformidad
física permanente
32 a 126 meses
60 a 96 meses
·   Deformidad
en el rostro transitoria
21.3 a 144 meses
60 a 96 meses
·   Deformidad
en el rostro permanente
42 a 168 meses
60 a 96 meses
·   Perturbación
funcional transitoria de un órgano o miembro
32 a 126 meses
60 a 96 meses
·   Perturbación
funcional permanente de un órgano o miembro
48 a 144 meses
60 a 96 meses
·   Perturbación
síquica transitoria
32 a 126 meses
60 a 96 meses
·   Perturbación
síquica permanente
48 a 162 meses
60 a 96 meses
·   Pérdida
anatómica de un órgano o miembro
96 a 240 meses
60 a 96 meses
Parto o Aborto preterintencional
·   Incapacidad
mayor de 90 días
42 a 135 meses
60 a 96 meses
·   Deformidad
física transitoria
21.3 a 162 meses
60 a 96 meses
·   Deformidad
física permanente
42 a 189 meses
60 a 96 meses
·   Deformidad
en el rostro transitoria
28.4 a 216 meses
60 a 96 meses
·   Deformidad
en el rostro permanente
56 a 252 meses
60 a 96 meses
·   Perturbación
funcional transitoria de un órgano o miembro
42 a 189 meses
60 a 96 meses
·   Perturbación
funcional permanente de un órgano o miembro
64 a 216 meses
60 a 96 meses
·   Perturbación
síquica transitoria
42 a 189 meses
60 a 96 meses
·   Perturbación
síquica permanente
64 a 243 meses
60 a 96 meses
·   Pérdida
funcional de un órgano o miembro
128 a 270 meses
60 a 96 meses
·   Pérdida
anatómica de un órgano o miembro
128 a 360 meses
60 a 96 meses
Lesiones personales agravadas
·   Incapacidad
mayor de 90 días
42 a 135 meses
60 a 96 meses
·   Deformidad
física transitoria
21.3 a 162 meses
60 a 96 meses
·   Deformidad
física permanente
42 a 189 meses
60 a 96 meses
·   Deformidad
en el rostro transitoria
28.4 a 216 meses
60 a 96 meses
·   Deformidad
en el rostro permanente
56 a 252 meses
60 a 96 meses
·   Perturbación
funcional transitoria de un órgano o miembro
42 a 189 meses
60 a 96 meses
·   Perturbación
funcional permanente de un órgano o miembro
64 a 216 meses
60 a 96 meses
·   Perturbación
síquica transitoria
42 a 189 meses
60 a 96 meses
·   Perturbación
síquica permanente
64 a 243 meses
60 a 96 meses
·   Pérdida
funcional de un órgano o miembro
128 a 270 meses
60 a 96 meses
·   Pérdida
anatómica de un órgano o miembro
128 a 360 meses
60 a 96 meses
Lesiones personales culposas agravadas
·   Incapacidad
mayor de 90 días
37.3 a 135 meses
60 a 96 meses
·   Deformidad
física transitoria
18.6 a  162 meses
60 a 96 meses
·   Deformidad
física permanente
37.3 a  189 meses
60 a 96 meses
·   Deformidad
en el rostro transitoria
24.85 a  216 meses
60 a 96 meses
·   Deformidad
en el rostro permanente
49 a 253 meses
60 a 96 meses
·   Perturbación
funcional transitoria de un órgano o miembro
37.3 a  189 meses
60 a 96 meses
·   Perturbación
funcional permanente de un órgano o miembro
56 a 216 meses
60 a 96 meses
·   Perturbación
síquica transitoria
37.3 a  189 meses
60 a 96 meses
·   Perturbación
síquica permanente
56 a  243 meses
60 a 96 meses
·   Pérdida
funcional de un órgano o miembro
112 a 270 meses
60 a 96 meses
·   Pérdida
anatómica de un órgano o miembro
112 a 360 meses
60 a 96 meses
Aborto sin consentimiento
64 a 180 meses
60 a 96 meses
Abandono
32 a 108 meses
60 a 96 meses
Abandono en lugar despoblado o solitario
42.6 a 144 meses
60 a 96 meses
Repetibilidad de ser humano
32 a 108 meses
60 a 96 meses
Delitos
Contra Personas y Bienes Protegidos por el Derecho Internacional Humanitario
Homicidio en
persona protegida por el DIH
480 a 600
meses
60 a 96 meses
Lesiones
personales en persona protegida por el DIH
·   Incapacidad mayor de 90 días
42.6 a 120
meses
60 a 96 meses
·   Deformidad física transitoria
21.3 a 144
meses
60 a 96 meses
·   Deformidad física permanente
42.6 a
168meses
60 a 96 meses
·   Deformidad en el rostro transitoria
28.4 a
192meses
60 a 96 meses
·   Deformidad en el rostro permanente
56 a 224 meses
60 a 96 meses
·   Perturbación funcional transitoria de un órgano o miembro
42.6 a  168
meses
60 a 96 meses
·   Perturbación funcional permanente de un órgano o miembro
64 a 192 meses
60 a 96 meses
·   Perturbación síquica transitoria
42.6 a  168
meses
60 a 96 meses
·   Perturbación síquica permanente
64 a 216 meses
60 a 96 meses
·   Pérdida funcional de un órgano o miembro
128 a 240
meses
60 a 96 meses
·   Pérdida anatómica de un órgano o miembro
128 a 320
meses
60 a 96 meses
Tortura en
persona protegida por el DIH
160 a 360
meses
60 a 96 meses
Acceso carnal
violento en persona protegida por el DIH
160 a 324
meses
60 a 96 meses
Actos sexuales violentos en persona
protegida por el DIH
64 a 162 meses
60 a 96 meses
Acceso carnal
violento en persona protegida por el DIH agravado
213.3 a
336meses
60 a 96 meses
Actos sexuales violentos en persona
protegida por el DIH agravado
85.3 a 243
meses
60 a 96 meses
Prostitución forzada y esclavitud sexual
de persona protegida por el DIH agravado
160 a 324
meses
60 a 96 meses
Utilización de medios y métodos de guerra
ilícitos
96 a 180 meses
60 a 96 meses
Perfidia
48 a 144 meses
60 a 96 meses
Actos de
terrorismo
240 a 450
meses
60 a 96 meses
Actos de
barbarie
160 a 270
meses
60 a 96 meses
Tratos inhumanos
y degradantes y experimentos biológicas en persona protegida
80 a 180 meses
60 a 96 meses
Actos de
discriminación racial
80 a 180 meses
60 a 96 meses
Toma de
rehenes
320 a 540
meses
60 a 96 meses
Detención ilegal
y privación del debido proceso
160 a 270
meses
60 a 96 meses
Constreñimiento
a apoyo bélico
48 a 108 meses
60 a 96 meses
Despojo en el
campo de batalla
48 a 180 meses
60 a 96 meses
Obstaculización
de tareas sanitaria y humanitarias
48 a 108 meses
60 a 96 meses
Obstaculización
de tareas sanitaria y humanitarias
72 a 162 meses
60 a 96 meses
Destrucción y apropiación de bienes
protegidos
80 a 180 meses
60 a 96 meses
Destrucción de
bienes e instalaciones de carácter sanitario
80 a 180 meses
60 a 96 meses
Destrucción o
utilización ilícita de bienes culturales y de lugares de culto
48 a 180 meses
60 a 96 meses
Ataque contra
obras e instalaciones que contienen fuerzas peligrosas
160 a 270
meses
60 a 96 meses
Ataque contra
obras e instalaciones que contienen fuerzas peligrosas
240 a 360
meses
60 a 96 meses
Deportación,
expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil
160 a 360
meses
60 a 96 meses
Atentados a la
subsistencia y devastación
80 a 180 meses
60 a 96 meses
Omisión de
medidas de protección a la población civil
64 a 144 meses
60 a 96 meses
Reclutamiento
ilícito
96 a 180 meses
60 a 96 meses
Exacción o
contribuciones arbitrarias
96 a 270 meses
60 a 96 meses
Destrucción del
medio ambiente
160 a 270
meses
60 a 96 meses
Delitos
Contra Libertad Individual y Otras Garantías
Desaparición
Forzada
320 a 540
meses
60 a 96 meses
Desaparición
forzada agravada
480 a 600
meses
60 a 96 meses
Secuestro simple
192 a 360
meses
60 a 96 meses
Secuestro simple
atenuado
96 a 180 meses
60 a 96 meses
Secuestro
extorsivo
320 a 504
meses
60 a 96 meses
Secuestro
extorsivo agravado
448 a 600
meses
60 a 96 meses
Secuestro
extorsivo atenuado
224 a 300
meses
60 a 96 meses
Apoderamiento de aeronaves, naves o
medios de transporte colectivo
160 a 270
meses
60 a 96 meses
Apoderamiento de aeronaves, naves o
medios de transporte colectivo agravado
240 a 472.5
meses
60 a 96 meses
Tortura
128 a 270
meses
60 a 96 meses
Tortura agravada
170.6  a 360
meses
60 a 96 meses
Desplazamiento forzado
96 a 216 meses
60 a 96 meses
Desplazamiento forzado agravado
128 a 288
meses
60 a 96 meses
Inseminación artificial transferencia de
óvulo fecundado no consentidas.
32 a 108 meses
60 a 96 meses
Inseminación artificial transferencia de
óvulo fecundado no consentidas en menor de 14 años
48 a 162 meses
60 a 96 meses
Trafico de migrantes
96 a 144 meses
60 a 96 meses
Trafico de
migrantes agravado
128 a 216
meses
60 a 96 meses
Trata de personas
156 a 276
meses
60 a 96 meses
Trata de personas agravada
208 a 414
meses
60 a 96 meses
Violación
ilícita de comunicaciones o correspondencia de carácter oficial
48 a 108 meses
60 a 96 meses
Violación ilícita de comunicaciones o
correspondencia de carácter oficial agravado
64 a 144 meses
60 a 96 meses
Sabotaje
16 a 108 meses
60 a 96 meses
Sabotaje agravado
21.3 a 144
meses
60 a 96 meses
Violación a libertad religiosa
16 a 36 meses
60 a 96 meses
Delitos
Contra la Libertad, Integridad y Formación Sexuales
Acceso carnal
violento
128 a 270
meses
60 a 96 meses
Acto sexual violento
48 a 108 meses
60 a 96 meses
Acceso carnal en persona puesta en
incapacidad de resistir
128 a 270
meses
60 a 96 meses
Acto sexual en persona puesta en
incapacidad de resistir
48 a 108 meses
60 a 96 meses
Acceso carnal
abusivo con menor de 14 años
64 a 144 meses
60 a 96 meses
Acceso carnal con incapaz de resistir
64 a 144 meses
60 a 96 meses
Acceso carnal violento agravado
170.6 a 405
meses
60 a 96 meses
Acto sexual violento agravado
64 a 162 meses
60 a 96 meses
Acceso carnal en
persona puesta en incapacidad de resistir agravado
170.6 a 405
meses
60 a 96 meses
Acto sexual en persona puesta en
incapacidad de resistir agravado
64 a 162 meses
60 a 96 meses
Acceso carnal abusivo con menor de 14
años agravado
85.3 a 216
meses
60 a 96 meses
Acto sexuales con menor de 14 años
agravado
64 a 135 meses
60 a 96 meses
Acceso carnal con incapaz de resistir
agravado
85.3 a 216
meses
60 a 96 meses
Acto carnal
abusivo con incapacidad de resistir agravado
64 a 135 meses
60 a 96 meses
Constreñimiento a la prostitución
80 a 162 meses
60 a 96 meses
Inducción a la prostitución agravado
42.6 a 108
meses
60 a 96 meses
Constreñimiento a la prostitución
agravado
106.6 a 243
meses
60 a 96 meses
Estímulo a la prostitución de menores
96 a 144 meses
60 a 96 meses
Estímulo a la
prostitución de menores agravado
128 a 216
meses
60 a 96 meses
Pornografía de menores
96 a 144 meses
60 a 96 meses
Pornografía de menores agravada
106.6 a 243
meses
60 a 96 meses
Utilización o facilitación de medios de
comunicación para ofrecer servicios sexuales de menores
80 a 180 meses
60 a 96 meses
Utilización o
facilitación de medios de comunicación para ofrecer servicios sexuales de
menores de 12 años
120 a 270
meses
60 a 96 meses
Delitos
Contra La Integridad Moral
Calumnia agravada
18.6 a  108
meses
60 a 96 meses
Delitos
Contra la Familia
Adopción irregular agravada
24 a 157.5
meses
60 a 96 meses
Delitos
Contra el Patrimonio Económico
Hurto
32 a 108 meses
60 a 96 meses
Hurto calificado
48 a 144 meses
60 a 96 meses
Hurto agravado
37.3 a  162
meses
60 a 96 meses
Extorsión
192 a 288
meses
60 a 96 meses
Extorsión agravada
256 a 384
meses
60 a 96 meses
Estafa
32 a 144 meses
60 a 96 meses
Estafa agravada
64 a 144 meses
60 a 96 meses
Abuso de confianza calificado
48 a 108 meses
60 a 96 meses
Acceso ilegal o prestación ilegal de los
servicios de telecomunicaciones
64 a 180
meses
60 a 96 meses
Gestión indebida de recursos sociales
48 a 108 meses
60 a 96 meses
Daño en bien ajeno agravado
21.3 a 120
meses
60 a 96 meses
Delitos
Contra la Fe Pública
Falsificación de
moneda nacional o extranjera
96 a 180 meses
60 a 96 meses
Tráfico de moneda falsificada
48 a 144 meses
60 a 96 meses
Tráfico, elaboración y tenencia de
elementos destinados a la falsificación de moneda
48 a 108 meses
60 a 96 meses
Emisiones ilegales
48 a 180 meses
60 a 96 meses
Falsificación de efecto oficial timbrado
16 a 108 meses
60 a 96 meses
Falsedad marcaria agravada
64 a 144 meses
60 a 96 meses
Falsedad ideológica en documento público
64 a 144 meses
60 a 96 meses
Falsedad material en documento público
48 a 108 meses
60 a 96 meses
Falsedad material en documento público
agravada
64 a 144 meses
60 a 96 meses
Obtención de documento público falso
48 a 108 meses
60 a 96 meses
Falsedad en documento privado
16 a 108 meses
60 a 96 meses
Uso de documento falso
32 a 144 meses
60 a 96 meses
Destrucción,
supresión u ocultamiento de documento público
32 a 144 meses
60 a 96 meses
Destrucción, supresión y ocultamiento de
documento privado
16 a 108 meses
60 a 96 meses
Delitos
contra el Orden Económico y Social
Acaparamiento
48 a 108 meses
60 a 96 meses
Especulación
48 a 108 meses
60 a 96 meses
Agiotaje
32 a 144 meses
60 a 96 meses
Agiotaje agravado
48 a 216 meses
60 a 96 meses
Pánico económico
32 a 144 meses
60 a 96 meses
Pánico económico agravado
48 a 216 meses
60 a 96 meses
Daño en materia prima, producto
agropecuario e industrial
32 a 144 meses
60 a 96 meses
Violación de reserva industrial o
comercial agravada
48 a 126 meses
60 a 96 meses
Exportación o importación ficticia
32 a 144 meses
60 a 96 meses
Ejercicio ilícito de actividad
monopolística de arbitrio rentístico agravado
64 a 120 meses
60 a 96 meses
Evasión fiscal
32 a 108 meses
60 a 96 meses
Utilización indebida de fondos captados
del públicos
32 a 108 meses
60 a 96 meses
Operaciones no autorizadas con
accionistas o asociados
32 a 108 meses
60 a 96 meses
Captación masiva y habitual de dineros
32 a 108 meses
60 a 96 meses
Manipulación fraudulenta de especies
inscritas en el registro nacional de valores e intermediarios
32 a 108 meses
60 a 96 meses
Manipulación fraudulenta de especies
inscritas en el registro nacional de valores e intermediarios agravada
48 a 162 meses
60 a 96 meses
Urbanización
ilegal
48 a 126 meses
60 a 96 meses
Urbanización ilegal agravado
72 a 189 meses
60 a 96 meses
Favorecimiento contrabando de
hidrocarburos y sus derivados
48 a 108 meses
60 a 96 meses
Defraudación a las rentas de aduana
80 a 144 meses
60 a 96 meses
Lavado de
activos
96 a 270 meses
60 a 96 meses
Lavado de activos agravado
128 a 405
meses
60 a 96 meses
Omisión de control
32 a 108 meses
60 a 96 meses
Testaferrato
96 a 270 meses
60 a 96 meses
Enriquecimiento ilícito de particulares
96 a 180 meses
60 a 96 meses
Delitos
Contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente
Violación de fronteras para la
explotación de recursos naturales
64 a 144 meses
60 a 96 meses
Manejo ilícito de microorganismos nocivos
32 a 108 meses
60 a 96 meses
Daños en los recursos naturales
32 a 108 meses
60 a 96 meses
Contaminación ambiental
48 a 108 meses
60 a 96 meses
Contaminación ambiental con fines
terroristas
56 a 162 meses
60 a 96 meses
Experimentación
ilegal en especies animales o vegetales
32 a 108 meses
60 a 96 meses
Invasión de áreas de especial importancia
ecológica
32 a 144 meses
60 a 96 meses
Invasión de áreas de especial importancia
ecológica agravada
48 a 180 meses
60 a 96 meses
Explotación ilícita de yacimiento minero
y otros materiales
32 a 144 meses
60 a 96 meses
Delitos
Contra la Seguridad Pública
Concierto para
delinquir
48 a 108 meses
60 a 96 meses
Entrenamiento para actividades ilícitas
240 a 360
meses
60 a 96 meses
Concierto para delinquir agravado
56  a 162
meses
60 a 96 meses
Entrenamiento
para actividades ilícitas agravado
320 a 540
meses
60 a 96 meses
Terrorismo
160 a 270
meses
60 a 96 meses
Terrorismo agravado
192 a 360
meses
60 a 96 meses
Administración de recursos relacionados
con actividades terroristas
96 a 216 meses
60 a 96 meses
Utilización ilegal de uniformes e
insignias
48 a 108 meses
60 a 96 meses
Instigación a delinquir
80 a 180 meses
60 a 96 meses
Incendio
16 a 144 meses
60 a 96 meses
Daño en obras de utilidad social
32 a 180 meses
60 a 96 meses
Provocación de inundación o derrumbe
16 a 180 meses
60 a 96 meses
Siniestro o daño de nave
16 a 126 meses
60 a 96 meses
Tenencia, fabricación y trafico
desustancias u objetos peligrosos
48 a 144 meses
60 a 96 meses
Tenencia,
fabricación y trafico de sustancias u objetos peligrosos agravado
72 a 216 meses
60 a 96 meses
Empleo o lanzamiento de sustancias u
objetos peligrosos con fines terroristas
80 a 180 meses
60 a 96 meses
Introducción de residuos nucleares y de
desechos tóxicos
48 a 180 meses
60 a 96 meses
Perturbación de instalación nuclear o
radiactiva
48 a 144 meses
60 a 96 meses
Trafico,
transporte y posesión de materiales radiactivos o sustancias nucleares
32 a 108 meses
60 a 96 meses
Trafico, transporte y posesión de
materiales radiactivos o sustancias nucleares agravado
48 a 144 meses
60 a 96 meses
Fabricación, trafico y porte de armas de
fuego y municiones agravada
32 a 144 meses
60 a 96 meses
Fabricación, trafico y porte de armas de
fuego y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas
48 a 180 meses
60 a 96 meses
Fabricación,
trafico y porte de armas o y municiones de uso privativo de las fuerzas
armadas agravado
96 a 360 meses
60 a 96 meses
Fabricación, importación, trafico
posesión y uso de armas químicas, biológicas y nucleares
96 a 180 meses
60 a 96 meses
Fabricación,
importación, trafico  posesión y uso de armas químicas, biológicas y
nucleares agravado
144 a  270
meses
60 a 96 meses
Empleo,
producción, comercialización y almacenamiento de minas antipersona
160 a 270
meses
60 a 96 meses
Ayuda e inducción al empleo producción y
transferencia de mina antipersona
96 a 180 meses
60 a 96 meses
Delitos
Contra la Salud Pública
Propagación del
virus de inmunodeficiencia humana o de la hepatitis B
48 a 144 meses
60 a 96 meses
Contaminación de aguas con fines
terroristas
21.3 a 135
meses
60 a 96 meses
Corrupción de alimentos productos médicos
o material profiláctico
32 a 144 meses
60 a 96 meses
Corrupción de alimentos productos médicos
o material profiláctico agravado
48 a 216 meses
60 a 96 meses
Corrupción de alimentos productos médicos
o material profiláctico con fines terroristas
80 a 180 meses
60 a 96 meses
Imitación o
simulación de alimentos, productos o sustancias
32 a 108 meses
60 a 96 meses
Fabricación y comercialización de
sustancias nocivas para la salud
32 a 108 meses
60 a 96 meses
Conservación o financiación de
plantaciones
96 a 216 meses
60 a 96 meses
Conservación o financiación de
plantaciones atenuada
20 a 108 meses
60 a 96 meses
Trafico, fabricación o porte de
estupefacientes
128 a 360
meses
60 a 96 meses
Trafico,
fabricación o porte de estupefacientes atenuada
64 a 108 meses
60 a 96 meses
Destinación ilícita de muebles e
inmuebles
96 a 216 meses
60 a 96 meses
Estimulo al uso ilícito
48 a 144 meses
60 a 96 meses
Suministro o formulación ilegal
48 a 144 meses
60 a 96 meses
Suministro a menor
96 a 216 meses
60 a 96 meses
Trafico de sustancias para procesamiento
de narcóticos
96 a 180 meses
60 a 96 meses
Trafico de sustancias para procesamiento
de narcóticos atenuado
64 a 108 meses
60 a 96 meses
Existencia,
construcción y utilización ilegal de pistas de aterrizaje
64 a 180 meses
60 a 96 meses
Delitos
Contra Mecanismos de Participación Democrática
Perturbación de
certamen democrático
32 a 108 meses
60 a 96 meses
Perturbación de certamen democrático por
medio de violencia
64 a 144 meses
60 a 96 meses
Perturbación de certamen democrático por
un servidor público
42.6 a 162
meses
60 a 96 meses
Constreñimiento al sufragante
48 a 108 meses
60 a 96 meses
Constreñimiento al sufragante por un
servidor público
64 a 162 meses
60 a 96 meses
Fraude en inscripción de cédulas
48 a 108 meses
60 a 96 meses
Fraude en inscripción de cédulas por un
servidor público
64 a 162 meses
60 a 96 meses
Corrupción de sufragante por un servidor
público
62 a 135 meses
60 a 96 meses
Alteración de resultados electorales por
servidor público
42.6 a 135
meses
60 a 96 meses
Ocultamiento, retención y posesión
ilícita
16 a 54 meses
60 a 96 meses
Denegación de inscripción
16 a 54 meses
60 a 96 meses
Delitos
Contra la Administración Pública
Peculado por
apropiación
96 a 270 meses
60 a 96 meses
Peculado por apropiación agravado
144 a  405
meses
60 a 96 meses
Omisión del
agente recaudador o retenedor
48 a 108 meses
60 a 96 meses
Concusión
96 a 180 meses
60 a 96 meses
Cohecho propio
80 a 144 meses
60 a 96 meses
Cohecho impropio
64 a 126 meses
60 a 96 meses
Cohecho por dar u ofrecer
48 a 108 meses
60 a 96 meses
Violación del régimen legal o
constitucional de inhabilidades en incompatibilidades
64 a 216 meses
60 a 96 meses
Interés indebido
en la celebración de contratos
64 a 216 meses
60 a 96 meses
Contrato sin cumplimiento de requisitos
legales
64 a 216 meses
60 a 96 meses
Tráfico de influencias de servidor
público
64 a 144 meses
60 a 96 meses
Enriquecimiento ilícito
96 a 180 meses
60 a 96 meses
Prevaricato por acción
48 a 144 meses
60 a 96 meses
Prevaricato por acción agravado
64 a 120 meses
60 a 96 meses
Prevaricato por
omisión agravado
42.6  a 120
meses
60 a 96 meses
Soborno trasnacional
96 a 180 meses
60 a 96 meses
Delitos
Contra la Eficaz y Recta Impartición de Justicia
Falsa denuncia contra persona determinada
64 a 144 meses
60 a 96 meses
Falsa denuncia contra persona determinada
agravado
85.3 a  192 meses
60 a 96 meses
Falso testimonio
72 a 144 meses
60 a 96 meses
Favorecimiento agravado
64 a 216 meses
60 a 96 meses
Receptación
32 a 144 meses
60 a 96 meses
Receptación agravado
64 a 144 meses
60 a 96 meses
Fuga de presos
48 a 108 meses
60 a 96 meses
Favorecimiento de la fuga
80 a 144 meses
60 a 96 meses
Favorecimiento de la fuga agravado
106.6 a 192 meses
60 a 96 meses
Fraude procesal
72 a 144 meses
60 a 96 meses
Amenazas a testigos agravado
60 a 144 meses
60 a 96 meses
Ocultamiento, alteración o destrucción de
elemento material probatorio
48 a 144 meses
60 a 96 meses
Delitos
contra la Existencia y Seguridad del Estado
Menoscabo de la integridad nacional
320 a 540 meses
60 a 96 meses
Hostilidad militar
160 a 360 meses
60 a 96 meses
Traición diplomática
80 a 270 meses
60 a 96 meses
Traición diplomática agravada
106.6 a 360 meses
60 a 96 meses
Instigación a la guerra
160 a 360 meses
60 a 96 meses
Instigación a la guerra agravada
213.3 a  480 meses
60 a 96 meses
Atentados contra hitos fronterizos
64 a 144 meses
60 a 96 meses
Actos contrarios a la defensa de la
nación
80 a 270 meses
60 a 96 meses
Espionaje
64 a 216 meses
60 a 96 meses
Delitos
Contra el Régimen Constitucional y Legal
Rebelión
96 a 162 meses
60 a 96 meses
Sedición
32 a 144 meses
60 a 96 meses
Rebelión agravada
144 a 243 meses
60 a 96 meses
Sedición agravada
48 a 216 meses
60 a 96 meses
4.6. Resulta
evidente que la regla contenida en el artículo 29 de la Ley acusada conforme a
la cual al condenado que haya cumplido con las condiciones previstas en ella se
impondrá una pena alternativa que consiste en privación de la libertad por un
período no menor de cinco años ni mayor de ocho según la gravedad de los
delitos y la colaboración prestada para el esclarecimiento de los mismos,
establece una excepción de carácter subjetivo y personal que riñe abiertamente
con el derecho a la igualdad ante la Ley que preside el ordenamiento jurídico
colombiano (Artículo 13 Constitución Política).
La denominada
pena alternativa a que se ha hecho referencia solamente se aplica a los
miembros de grupos armados al margen de la Ley que decidan incorporarse individual
o colectivamente a la vida civil y por hechos acaecidos con anterioridad a la
vigencia de la Ley, según los Artículos 1, 2 y 72 de la misma. Ello significa
que por un hecho cometido antes de la vigencia de la Ley por quien no era
miembro de uno de esos grupos armados, como por ejemplo un homicidio, un delito
contra la propiedad, o el constreñimiento ilegal a una autoridad pública para
que realice o se abstenga de realizar acto propio de sus funciones, se le
aplica una pena diferente y mayor a la que habría de aplicarse a un miembro de
un grupo armado irregular que cometió un hecho idéntico y, también, antes de la
vigencia de la Ley. Es decir, la pertenencia del segundo a un grupo armado
irregular le autoriza beneficiarse de un trato diferente en virtud de esa
disposición legal, lo que significa un privilegio carente de justificación, una
discriminación para otorgarle favorabilidad por haberse armado, delinquir y
formar parte de un grupo irregular. Pero además si ese hecho se comete por
quien no forma parte de uno de esos grupos después de la vigencia de la Ley,
también se le aplica la pena señalada en el código penal, lo que demuestra de
manera fehaciente el abruto rompimiento del principio de la igualdad.
4.7.  Se
quebranta además en virtud de esa circunstancia personal y subjetiva de
pertenecer a un grupo armado irregular para beneficiarse con una pena menor, el
principio de la predeterminación y legalidad de la pena, como quiera que en el
sistema del código penal vigente cuando se cometieron los hechos gravemente
lesivos de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, a cada una
de esas conductas ilícitas correspondía según la Ley una pena determinada
conforme a la gravedad de los delitos, como sucedía por ejemplo con respecto a
los homicidios a personas civiles fuera de combate, las masacres, los
genocidios, las violaciones humillantes, el desplazamiento de personas, a la
apropiación de sus tierras y otros bienes, el secuestro, la desaparición de
personas, su enterramiento en fosas comunes sin indicar a sus familiares ni
siquiera el lugar de la sepultura, y ahora, luego de expedida la Ley que se
acusa, en lugar de la pena individualizada para cada uno de esos hechos
ilícitos horrendos, se establece una pena genérica que a todos los iguala desde
el punto de vista cuantitativo y cualitativo, y a todos les reduce la pena
inicial.
4.8. Por
las mismas razones anteriores, se rompe así el principio de la especificidad
según la gravedad de los hechos delictivos y la modalidad en que ellos se sucedieron,
pues no es lo mismo la comisión de un hecho delictual antecedido de su
preparación ponderada, su ejecución con crueldad y sufrimiento prolongado de la
víctima, la sevicia del victimario, la indefensión de la víctima y el terror
generalizado en la población, que un hecho ilícito cometido sin que existan
estas circunstancias. La pena no puede ser la misma en los dos casos, porque se
produce una transgresión al principio de proporcionalidad de las penas, que el
ordenamiento jurídico rechaza.
4.9. Con la
reducción de las penas establecidas en el Código Penal para que solo pueda
imponerse una pena de cinco a ocho años de manera general para todos los
delitos que se imputen a los miembros de grupos irregulares armados  cometidos
antes de la vigencia de la Ley que se acusa, nada significa tampoco que un
mismo delito se hubiere cometido varias veces y en distintas víctimas, sin
importar su gravedad, pues de todas maneras la pena no podría exceder de ocho
años, como sucedería por ejemplo si el miembro armado de un grupo irregular
hubiere dado muerte a una, a dos o a veinte o a cuarenta personas, si hubiere
participado en una o en varias masacres, si fuere autor del desaparecimiento de
una o de varias personas, si hubiere despojado de sus bienes a una o a varias
de sus víctimas, lo que demuestra una vez más que la norma contenida en el
Artículo 29 de la Ley que ahora se analiza por la Corte no se ajusta ni al
principio de la igualdad, ni al de la proporcionalidad, ni al de la
cuantificabilidad y predeterminación de la pena para cada delito.
4.10. Para
soslayar las conclusiones precedentemente expuestas, podría aducirse que en el
mismo artículo 29 de la Ley cuya atención ocupa ahora a la Corte señala en su
inciso primero que la Sala competente del respectivo Tribunal Superior
determinará la pena que corresponda por los delitos cometidos de acuerdo con
las reglas del Código Penal, y luego impondrá la pena alternativa de privación
de la libertad de cinco a ocho años, a la cual sigue un período de libertad a
prueba por un término igual a la mitad de la pena alternativa impuesta; y se
agregaría para sacar avante la constitucionalidad de esta norma que si
transcurre el período de prueba si se cumplen por el condenado las obligaciones
de compromiso a no reincidir en los delitos que originaron la condena, se
extingue la pena principal o, en caso contrario, se le revoca esa libertad a
prueba “y se deberá cumplir la pena inicialmente determinada, sin perjuicio
de los subrogados previstos en el código penal que correspondan.”
Tal
argumentación carece de fuerza convictiva. En efecto no se trata de una pena
principal y una pena alternativa, como se afirma. A la pena privativa de la
libertad prevista en el código penal para los hechos ilícitos graves mediante
los cuales se violan los derechos humanos y el derecho internacional
humanitario, no se le sustituye o reemplaza por una pena diferente en su
naturaleza, sino que simplemente se reduce el quantum de privación de la
libertad al victimario. La pena que se impone no es la determinada en el Código
Penal, sino la pena alternativa. Esta no es entonces un subrogado penal que
aplace la ejecución de la condena, sino una rebaja de la misma, lo que se pone
mayormente de relieve si se revocara la libertad a prueba pues habría que descontar
la parte de la pena ya cumplida por el infractor. De nuevo salta a la vista que
haberse armado y cometer delitos en serie formando parte de un grupo irregular
en vez del reproche de la sociedad convierte al agresor de las víctimas y de la
misma sociedad en un privilegiado para la aplicación benigna del derecho
punitivo, tratamiento que sólo se explica por la fuerza de las armas y la
actitud violenta de quienes ostentan con ellas poder intimidatorio.
4.11.  Por las
mismas razones anteriores, lo que se predica del artículo 29 se extiende
igualmente al artículo 3 de la Ley 975 de 2005, que tan sólo define lo que allí
se denomina alternatividad, para desarrollarlo luego en la primera de las
normas citadas que le da concreción a esa definición previa.
4.12. El
artículo 24 de la Ley 975 de 2005 en el que se establece cuál ha de ser el
contenido de la sentencia condenatoria para señalar allí que en ella se fijarán
la pena principal y las penas accesorias, así como la pena alternativa que ya
se analizó, en realidad forma una unidad jurídica con los artículos 3 y 29 que
fueron objeto de análisis anteriormente, y que por lo mismo si aquellos no
subsisten también debe desaparecer del ordenamiento jurídico.
4.13. En el
propio texto de la Ley 975 de 2005 que constituye una unidad jurídica, se hace
alusión en otros de sus artículos a la pena alternativa. En consecuencia, en
virtud de esa unidad normativa, son también inconstitucionales.
4.14. Así
aparece en el artículo 20, en el cual se regula lo atinente a la acumulación de
procesos y de penas y a este efecto se establece que si el desmovilizado ha
sido condenado con anterioridad por hechos delictivos cometidos durante o con
ocasión de su pertenencia al grupo armado del que formaba parte, será
procedente la acumulación jurídica de penas “pero en ningún caso, la pena
alternativa podrá ser superior a la prevista en la presente Ley”. Como
puede observarse, lo que ahora se dispone es un límite a esa acumulación jurídica
de penas, que no podrá exceder en ningún caso de 8 años de privación de la
libertad, sin importar ni la clase de delitos cometidos, ni el número de éstos,
ni las modalidades de su ejecución, lo que constituye una modalidad de
impunidad que, además, restringe de manera desproporcionada la pena que
correspondería si se aplicara la legislación ordinaria sobre el particular y
constituye, entonces, un privilegio con relación a personas que también
hubieren delinquido por comisión de delitos similares, pero que por no
pertenecer a un grupo armado irregular tendrían penas mayores.
4.15. Por
la misma causa, si en el artículo 25 de la Ley acusada se señala que cuando la
omisión no haya sido intencional respecto de algunos hechos delictivos
confesados por el miembro de un grupo armado al margen de la Ley al rendir
versión libre por primera vez, se le permite con posterioridad y en una segunda
oportunidad aceptar su participación en su realización, y a continuación se
dispone  que “en este evento el condenado podrá ser beneficiario de la pena
alternativa. Se procederá a la acumulación jurídica de las penas alternativas
sin exceder los máximos establecidos en la presente Ley”, el texto acabado
de transcribir resulta inexequible por las mismas razones que ya se expresaron
con respecto a la falta de proporcionalidad y violación del derecho a la
igualdad con la limitación de ocho años impuesta para la acumulación de penas
por el artículo 20 de la Ley, según ya se dijo.
4.16. Por
otra parte, en el artículo 31 de la Ley acusada se establece que el tiempo de
permanencia de los desmovilizados en las zonas de concentración decretadas por
el Gobierno para los efectos de esa Ley y de conformidad con la Ley 782 de
2002, se computará como tiempo de ejecución de la pena alternativa, sin que
pueda exceder de 18 meses. De la simple lectura de esta disposición, aparece
con claridad absoluta que aún cuando respecto de tales desmovilizados no ha
sido dictado ni siquiera un auto de detención preventiva, se asume que se
encuentran privados de libertad por decisión del Estado y que, en consecuencia,
ese tiempo de permanencia en las zonas de concentración mencionadas, deberá ser
descontado de la pena alternativa impuesta, lo que significa que la pena
efectiva que se imponga en la sentencia se reducirá en año y medio (dieciocho
meses), o sea que la mínima desciende de cinco años a tres años y medio y la
máxima se rebaja de ocho años a seis años y medio. Es esta una norma que rompe
la igualdad de tratamiento con el resto de las personas a quienes llegare a
aplicarse por alguna razón el Código Penal ordinario y, como salta a la vista,
es evidentemente una nueva desproporción que se agrega a la que ya contiene la
pena alternativa, lo que significa que el citado artículo 31 de la Ley es
inconstitucional.
4.17. De lo
precedentemente expuesto queda claro que se viola además la garantía del debido
proceso, la tutela efectiva de los derechos humanos, el derecho a la
administración de justicia, garantizados por los artículos 1, 2, 13, 29, 228 y
93 de la Constitución Política, así como los artículos 4 y 25 de la Convención
Interamericana de Derechos Humanos y los artículos 14 y 26    del Pacto
Internacional sobre Derechos Civiles, Sociales, Políticos y Culturales aprobado
en Colombia por la Ley 74 de 1968, normas estas últimas que forman parte del
bloque de constitucionalidad.
Conforme al
Derecho Internacional el restablecimiento de la paz cuando ella ha sido
perturbada no puede obtenerse a cualquier precio. Precisamente por ello la
exoneración de las penas o su reducción a niveles ínfimos generadores de
impunidad resultan violatorios de los principios de Derecho Internacional. Así
ocurrió en efecto en relación con el juzgamiento de violaciones graves de los
derechos humanos en la antigua Yugoslavia, razón por la cual el Tribunal
Internacional que se creó para ese juzgamiento no dio aceptación a la
aplicación de leyes que concedieron amnistías a grupos armados de oposición por
la práctica de torturas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tampoco
consideró legítimas las amnistías concedidas a miembros del Ejército Farabundo
Marti para la Liberación Nacional por crímenes comunes en donde el número de
personas involucradas fuera inferior a veinte, pues se entendió entonces que el
Estado se encuentra en ese caso incurso en la violación del deber de investigar
y penalizar las violaciones de Derechos Humanos y el Derecho Internacional
Humanitario. Del mismo modo las Naciones Unidas expresaron su reserva a la
inclusión de las violaciones del Derecho Internacional Humanitario por los
actos delictuales en Sierra Leona. Por ello, no ha de extrañarse tampoco que
entre otras sentencias la Corte Interamericana haya condenado recientemente al
Estado Colombiano el 5 de junio de 2004, en septiembre de 2005 y en febrero de
2006 por faltar a su deber de investigar, juzgar y sancionar oportunamente a
quienes participaron en la perpetración de masacres de las que fueron víctimas
en su orden 19 comerciantes en Santander, más de 40 campesinos en Mapiripán  y
43 campesinos en Puerto Bello, zona de Urabá.
En tales
circunstancias, tampoco podría sorprenderse el Estado Colombiano si como
consecuencia de la aplicación de la Ley 975 de 2005, aun luego de proferida
esta sentencia llegare a apreciarse en casos concretos de perpetración de
masacres y delitos de lesa humanidad que las sanciones que llegaren a imponerse
establezcan en realidad una impunidad que haga indispensable la aprehensión del
conocimiento de tales conductas ilícitas por la Corte Penal Internacional,
sobre lo cual, en todo caso, pese a haberlo advertido en las deliberaciones de
la Sala, no queda al suscrito camino distinto al de expresar tal preocupación
en este voto disidente.
5.
Adicionalmente a lo ya expresado, al momento de suscribir esta sentencia surgen
al suscrito Magistrado dos reflexiones adicionales:
5.1.  En la
consideración que aparece bajo el número 6.2.1.6., titulada “La acumulación
de procesos y penas, como parte de la alternatividad”, se afirma que “si el
desmovilizado condenado con anterioridad, por hechos delictivos cometidos
durante y con ocasión de su pertenencia al grupo armado organizado al margen de
la ley, se acoge a la Ley 975 de 2005, y cumple los requisitos
correspondientes, dicha condena previa se acumulará jurídicamente a la nueva condena
que se llegare a imponer como resultado de su versión libre y de las
investigaciones adelantadas por la Fiscalía. Después de efectuada dicha
acumulación jurídica, el juez fijará la condena ordinaria (pena principal y
accesorias), cuya ejecución se suspenderá y se concederá el beneficio de la
pena alternativa de 5 a 8 años en relación con la pena acumulada si se cumplen
los requisitos de la Ley 975 de 2005”.
Lo que acaba de
ser transcrito, significa ni más ni menos, que hacer nugatoria la declaración de
inexequibilidad de la expresión “pero en ningún caso la pena alternativa podrá
ser superior a la prevista en la presente ley”, decisión esta que se adoptó, en
este caso por unanimidad en las sesiones de la Sala Plena, puesto que en ello
coinciden los magistrados de la mayoría con los de la minoría en cuanto estos
votaron por la inexequibilidad total de la ley.
La aseveración
precedente, queda demostrada si se considera que conforme a las reglas del
Derecho Penal, cuando se produce la acumulación de penas, la menor se acumula a
la mayor, asunto sobre el cual jamás ha existido discusión alguna en el Derecho
Colombiano; además, lo que eso significa es que no desaparece la pena anterior
que ya se encuentre ejecutoriada, sino que aplicadas las normas propias de la
acumulación jurídica de penas, habrá de imponerse al sindicado la que resulte
de esa operación, desde luego antes de aplicar cualquier subrogado penal o
cualquier beneficio porque de lo contrario este se aplicaría a un delito
anterior, ya juzgado, y respecto del cual ya existía una condena. Ahora, la
novedosa tesis de la Corte lleva a que se aplique la denominada pena
alternativa al primer delito, de tal manera que la condena anterior, así fuera
por ejemplo de 40 años de prisión, queda bajo el manto de la impunidad al
reducirla a la pena alternativa de 5 a 8 años. Dicho de otra manera ello
equivale a desaparecer del panorama jurídico como si jamás hubiera existido la
primera condena para subsumirla en la pena alternativa, en caso de haberse
cometido por el mismo delincuente dos conductas punibles distintas, una de las
cuales habría sido juzgada e impuesta la condena respectiva sin que se hubiera
acogido a la Ley 975 de 2005, lo que resulta abiertamente contrario no solo al
texto mismo de esta, sino a las más elementales nociones del Estado de Derecho
y de la justicia punitiva.
No obstante, ese
efecto perverso de la sentencia constituye apenas un obiter dicta que no
afecta la decisión.
5.2.  Por otra
parte, sin que ello hubiere sido objeto de reflexión expresa de la Corte por
cuanto no se hizo necesario, se advierte en el fallo en el numeral 6.3. que la
sentencia tendrá “Efecto general inmediato”, como si se tratara de una
novedad, cuando precisamente es eso lo que ocurre con todas las sentencias de
constitucionalidad, a menos que la Corte opte por darle efectos retroactivos o
decida diferirlos, como en ocasiones lo ha hecho con algunos salvamentos de
voto.
Sobre el
particular, y para evitar equívocos que impidan darle correcta aplicación a la
Ley 975 de 2005, ha de observarse que conforme al artículo 17 de la misma, los
miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, cuyos nombres se
sometan por el Gobierno Nacional a consideración de la Fiscalía General de la
Nación, sólo se acogen a la ley cuando manifiesten que lo hacen “en forma
expresa”, tanto “al procedimiento” como a los “beneficios” instituidos por
ella.
De manera pues
que, salvo fraude a la ley, no podría predicarse que el 18 de mayo de 2006  ya
se hubiere iniciado la aplicación de la Ley 975 de 2005, pues para entonces no
había iniciado el funcionamiento de las Salas Especiales creadas en los dos
tribunales en que así se decidió hacerlo (Bogotá y Barranquilla), ni mucho
menos se había rendido versión libre por alguno de los miembros de grupos
armados a los cuales podría aplicarse esa ley sólo si expresamente a ella se
hubieren acogido, lo que no podrían hacer con anterioridad a la práctica de esa
diligencia.
En los
anteriores términos salvo el voto.
Fecha ut
supra
ALFREDO
BELTRÁN SIERRA
Magistrado
SALVAMENTO
DE VOTO DEL MAGISTRADO HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO A LA SENTENCIA C-370 DE
2006.
DERECHOS DE LAS VICTIMAS-Carácter
fundamental (Salvamento de voto)
LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Vulneración de
reserva de ley estatutaria/LEY ESTATUTARIA-Finalidad de la exigencia de
trámite especial y agravado para su expedición (Salvamento de voto)
La reserva de
ley estatutaria, que se materializa en un procedimiento agravado para su
expedición, tiene claras finalidades constitucionales tales como asegurar
consensos democráticos para temas esenciales para la vida social, garantizar la
supremacía constitucional y la seguridad jurídica. En esa medida, la
inexequibilidad de la Ley 975 de 2005 no deviene del contenido de sus
disposiciones, sino de no haber sido surtido su trámite de conformidad con el
procedimiento agravado previsto por la Carta. Esta exigencia se deriva de la
importancia del tema por ella regulado, a saber, los derechos de las víctimas
del conflicto armado colombiano, materia de gran sensibilidad en la vida
nacional y sobre la cual, sin duda, han de existir amplios consensos
democráticos. Cabe anotar adicionalmente que en la sentencia de la cual me
aparto se hace una extenso recuento de los derechos de las víctimas a la luz de
los tratados internacionales de derechos humanos que integran el bloque de
constitucionalidad, e incluso adicionalmente se afirma que la ley guarda
relación con otros derechos fundamentales tales como el derecho a la paz, el
cual es definido como “un derecho subjetivo de carácter fundamental”, de lo
cual se deduce aún con más fuerza el carácter iusfundamental de las materias
reguladas por la Ley 975 de 2005.
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE LEY ESTATUTARIA-Ventajas de que sea previo (Salvamento de voto)
El control
previo de una ley que regule temas de esta trascendencia evita que sus posibles
destinatarios puedan controvertir el momento exacto de entrada en vigencia de
sus mandatos. De esta manera todas las discusiones sobre la supuesta
aplicabilidad de aquellas disposiciones finalmente declaradas inexequibles, a
las personas que presuntamente se desmovilizaron antes que la ley fuera
sometida a control, en virtud del principio de favorabilidad, quedarían sin
piso porque de acogerse la tesis que se trataba de una ley de carácter
estatutario sus preceptos sólo entrarían en vigor una vez surtida la revisión
del proyecto por parte de la Corte Constitucional.
ACUMULACION DE PENAS EN LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Inconstitucionalidad expresión “pero en ningún caso la pena
alternativa podrá ser superior a la prevista en la presente ley” (Salvamento de
voto)
La
declaratoria de inexequibilidad de la expresión “pero en ningún caso la pena
alternativa podrá ser superior a la prevista en la presente ley” , contenida en
el  inciso 2° del artículo 20, enunciado que regula la acumulación de la pena
alternativa con las condenas previas de los desmovilizados, se torna inocua, de
conformidad con las razones expuestas en la sentencia, pues no tiene efecto
alguno sobre el monto de la pena alternativa.
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Inconvenientes de no aplicar reserva de ley estatutaria (Salvamento
de voto)
Referencia: expediente D-6032
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 2, 3, 5, 9, 10,
11.5, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 34, 37
numerales 5 y 7, 46, 47, 48, 54, 55, 58, 62, 69, 70 y 71 de la Ley 975 de 2005 “por
la cual  se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de los
grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera
efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones
para acuerdos humanitarios”.
Demandante: Gustavo Gallón Giraldo y otros.
Magistrados Ponentes:
Dr. MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL
Dr. MARCO GERARDO MONROY CABRA
Dr. ÁLVARO TAFUR GALVIS
Dra. CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Con el
acostumbrado respeto, el suscrito Magistrado disiente de la decisión adoptada
en el proceso de la referencia.
La mayoría
estimó que la Ley 975 de 2005 no debió ser tramitada como una ley estatutaria,
razón por la cual me veo obligado a reiterar los argumentos planteados en el
salvamento de voto a la sentencia C-319 de este año, los cuales consignó a
continuación.
La Ley 975 de
2005 es un estatuto legal con dos contenidos principales, por un lado regula lo
concerniente a la investigación, procesamiento, sanción y beneficios judiciales
de las personas vinculadas a grupos armados organizados al margen de la ley,
como autores o partícipes de hechos delictivos cometidos durante y con ocasión
de la pertenencia a esos grupos, que hubieren decidido desmovilizarse y
contribuir decisivamente a la reconciliación nacional. Pero adicionalmente
define el alcance del concepto de víctimas para efectos de la aplicación de sus
preceptos normativos, y fija el alcance de sus derechos a la verdad a la
justicia y a la reparación.
En su reciente
jurisprudencia esta Corporación se ha pronunciado profusamente sobre los
derechos de las víctimas  de los hechos punibles. Una de las primeras decisión
en abordar sistemáticamente la cuestión fue la sentencia C-228 de 2002. En esta
oportunidad al examinar algunas disposiciones de la Ley 600 de 2000 la Corte
Constitucional se pronunció sobre el concepto de víctima, el alcance y la
naturaleza de sus derechos. Respecto de este último tópico sostuvo esta
Corporación:
En un Estado social de derecho y en una democracia participativa
(artículo 1, CP), los derechos de las víctimas de un delito resultan
constitucionalmente relevantes. Por ello, el constituyente elevó a rango
constitucional el concepto de víctima. Así, el numeral 4 del artículo 250
Superior, señala que el Fiscal General de la Nación debe “velar por la
protección de las víctimas”(…)
El derecho de las víctimas a participar en el proceso penal, se
encuentra ligado al respeto de la dignidad humana. Al tenor de lo dispuesto en
el artículo primero de la Constitución, que dice que “Colombia es un Estado
social de derecho fundado en el respeto de la dignidad humana”, las víctimas y
los perjudicados por un hecho punible pueden exigir de los demás un trato
acorde con su condición humana. Se vulneraría gravemente la dignidad de
víctimas y perjudicados por hechos punibles, si la única protección que se les
brinda es la posibilidad de obtener una reparación de tipo económico. El
principio de dignidad impide que el ser humano, y los derechos y bienes
jurídicos protegidos por el derecho penal para promover la convivencia pacífica
de personas igualmente libres y responsables, sean reducidos a una tasación
económica de su valor (…)
En consonancia con lo anterior, el artículo 229 de la Carta
garantiza “el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia”.
Ese derecho comprende, tal como lo ha reconocido esta Corte, contar, entre
otras cosas, con procedimientos idóneos y efectivos para la determinación legal
de derechos y obligaciones, la
resolución de las controversias planteadas ante los jueces dentro de un término
prudencial y sin dilaciones injustificadas, la adopción de decisiones con el
pleno respeto del debido proceso, la existencia de un conjunto amplio y
suficiente de mecanismos para el arreglo de controversias, que se prevean
mecanismos para facilitar el acceso a la justicia a los pobres y que la oferta
de justicia permita el acceso a ella en todo el territorio nacional. Y, aun
cuando en relación con este tema el legislador tiene un amplio margen para
regular los medios y procedimientos que garanticen dicho acceso, ese margen no
comprende el poder para restringir los fines del acceso a la justicia que
orientan a las partes hacia una protección judicial integral y plena de los
derechos, para circunscribir dicho acceso, en el caso de las víctimas y
perjudicados de un delito, a la obtención de una indemnización económica. Por
lo cual, el derecho a acceder a la administración de justicia, puede comprender
diversos remedios judiciales diseñados por el legislador, que resulten
adecuados para obtener la verdad sobre lo ocurrido, la sanción de los
responsables y la reparación material de los daños sufridos.
El derecho de las víctimas a participar dentro del proceso penal
para lograr el restablecimiento de sus derechos, tienen también como fundamento
constitucional el principio participación (artículo 2, CP), según el cual las
personas pueden intervenir en las decisiones que los afectan. No obstante, esa
participación deberá hacerse de conformidad con las reglas de participación de
la parte civil y sin que la víctima o el perjudicado puedan desplazar a la
Fiscalía o al Juez en el cumplimiento de sus funciones constitucionales, y sin
que su participación transforme el proceso penal en un instrumento de
retaliación o venganza contra el procesado.
Finalmente, los derechos a la verdad, a la justicia y a la
reparación económica reconocidos a las víctimas o perjudicados por un hecho
punible, pueden tener como fundamento constitucional otros derechos, en
especial el derecho al buen nombre y a la honra de las personas (arts 1º, 15 y
21, CP), puesto que el proceso penal puede ser la única ocasión para que las
víctimas y los perjudicados puedan controvertir versiones sobre los hechos que
pueden ser manifiestamente lesivas de estos derechos constitucionales, como
cuando durante el proceso penal se hacen afirmaciones que puedan afectar la
honra o el buen nombre de la víctimas o perjudicados.
La anterior
exposición fue sistematizada en la sentencia C-873 de 2002 en el sentido que
los derechos de las víctimas están fundamentados en valores, como son la
justicia, el acceso al conocimiento, y el carácter participativo del Estado, y
su estrecha relación con derechos fundamentales.
Posteriormente
en la sentencia C-004 de 2003 la Corte Constitucional reiteró la jurisprudencia
anterior en relación con los derechos de las víctimas y profundizó en torno a
una distinción que ya había enunciado en decisiones anteriores respecto de los
derechos de las víctimas en general y los derechos de las víctimas y los
perjudicados por violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional
humanitario[249] y sostuvo:
Los derechos de las víctimas adquieren una importancia directamente
proporcional a la gravedad del hecho punible. Entre más daño social ocasione un
delito, mayor consideración merecen los derechos de quienes fueron víctimas o
perjudicados por ese comportamiento. Igualmente, la obligación estatal de
investigar los hechos punibles es también directamente proporcional a la manera
como el hecho punible pudo afectar bienes jurídicos fundamentales. Entre más
grave sea un hecho punible, mayor debe ser el compromiso del Estado por
investigarlo y sancionar a los responsables, a fin de lograr la vigencia de un
orden justo.
La anterior distinción
condujo en ese caso concreto a una sentencia de exequibilidad condicionada de
los preceptos demandados por establecer una restricción desproporcionada de los
derechos de las víctimas de esta última modalidad de conductas punibles, es
decir, las víctimas de violaciones de derechos humanos y del derecho
internacional humanitario[250].
La
jurisprudencia constitucional también ha encontrado que los derechos de las
víctima son se reducen al ámbito del derecho penal sino que se extienden al
derecho disciplinario, y encontró que también podía predicarse la condición de
víctima de las faltas disciplinarias constitutivas de una violación del derecho
internacional de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario.
Las víctimas e faltas disciplinarias de esta naturaleza “… están legitimadas
para intervenir en el proceso disciplinario para que en éste se esclarezca la
verdad de lo ocurrido, es decir, para que se reconstruya con fidelidad la
secuencia fáctica acaecida, y para que en ese específico ámbito de control esas
faltas no queden en la impunidad. Es decir, tales víctimas o perjudicados
tienen derecho a exigir del Estado una intensa actividad investigativa para
determinar las circunstancias en que se cometió la infracción al deber
funcional que, de manera inescindible, condujo al menoscabo de sus derechos y a
que, una vez esclarecidas esas circunstancias, se haga justicia disciplinaria”[251].
La extensión de
los derechos de las víctimas a este ámbito del derecho sancionatorio estatal se
justificaba, entre otras razones, porque “(…) las democracias
constitucionales se fundan en el respeto de la dignidad del ser humano y que
este fundamento produce efectos en todos los ámbitos de ejercicio del poder
público y respecto de todas las personas que en él se encuentran involucradas,
se comprendió que los derechos de las víctimas de una conducta punible no se
agotaban en la reparación del daño patrimonial causado con el delito, pues un
Estado constitucional de derecho es prioritariamente un Estado de justicia y la
justicia, en el caso del delito, no se agota simplemente en esa reparación
patrimonial.  Por lo tanto, se debían generar espacios para el reconocimiento a
las víctimas de otros derechos, pues éstos resultaban ineludibles, al menos si
de lo que se trataba era de hacer efectiva su dignidad y de realizar múltiples
fines estatales que tocan con ella”[252].
En fecha más
reciente sostuvo esta Corporación sobre el fundamento constitucional de los
derechos de las víctimas de hechos punibles:
Tal como lo ha reconocido esta Corporación, en un Estado Social de
Derecho y en una democracia participativa (artículo 1, CP), los derechos de las
víctimas de un delito resultan constitucionalmente relevantes y, por ello, el
Constituyente elevó a rango constitucional el concepto de víctima. Al respecto
cabe recordar que el numeral 4 del artículo 250 Superior antes de su reforma
por el Acto Legislativo 03 de 2002, señalaba  que el Fiscal General de la
Nación debía “velar por la protección de las víctimas.” Además, el numeral 1
del mismo artículo decía  que deberá “tomar las  medidas necesarias para hacer
efectivos el restablecimiento del derecho y la indemnización de los perjuicios
ocasionados por el delito”. Actualmente en dicho artículo 250 se señala que en
ejercicio de sus funciones la Fiscalía General de la Nación, deberá:
“1.Solicitar al juez que ejerza las funciones de control de garantías las
medidas necesarias que aseguren la comparecencia de los imputados al proceso
penal, la conservación de la prueba y la protección de la comunidad, en
especial, de las víctimas.” Así mismo  según el numeral seis deberá
“Solicitar ante el juez de conocimiento las medidas judiciales necesarias para
la asistencia a las víctimas, lo mismo que disponer el restablecimiento del
derecho y la reparación integral a los afectados con el delito. El mismo
artículo señala  en el numeral 7 que  deberá : Velar por la protección de
las víctimas, los jurados, los testigos y demás intervinientes en el
proceso penal” al tiempo que señala que “la ley fijará los términos en que
podrán intervenir las víctimas en el proceso penal y los mecanismos de justicia
restaurativa” Es decir que con dicho Acto Legislativo el énfasis dado a
los derechos de las víctimas resulta evidente. (resalta la Corporación).
Ello coincide con el planteamiento hecho por la Corte en el sentido
de  que en un Estado Social de Derecho, que consagra como principios medulares
la búsqueda de la justicia (CP preámbulo y art. 2) y el acceso a la justicia (CP
art. 229), “el derecho procesal penal no sólo debe regular y controlar el poder
sancionador del Estado en beneficio del acusado -esto es en función de quien
padece el proceso- sino que debe también hacer efectivos los derechos de la
víctima -esto es de quien ha padecido el delito-, puesto que ‘la víctima es
verdaderamente la encarnación viviente del bien jurídico que busca ser
protegido por la política criminal’ ”[253].
Con
posterioridad al fallo antes citado la Corte Constitucional declaró la
inexequibilidad de la expresión absolutorio contenida en el numeral 4
del artículo 193 de la Ley 906 de 2004, por infringir precisamente los derechos
de las víctimas[254] e igualmente condicionó
la exequibilidad del inciso segundo del artículo 69 del mismo estatuto para que
su interpretación se ajustara a los derechos de las víctimas[255].
Por otra parte,
en numerosas decisiones de tutela la Corte Constitucional ha otorgado el amparo
constitucional solicitado en aquellos eventos en los cuales las autoridades
judiciales desconocen la finalidad del proceso penal de proteger los derechos
de las víctimas y adoptan decisiones que contribuyen a la impunidad. Así por
ejemplo, en la sentencia T-694 de 2000, la Corte encontró que se habían
desconocido los derechos de la víctima, al precluir la investigación penal sin
haber respondido a la solicitud de pruebas de la parte civil, y sin que durante
el tiempo en que el caso estuvo bajo conocimiento de las autoridades, éstas
hubieran asumido con seriedad y rigor la defensa de los derechos de las partes
procesales dentro de la investigación penal.[256] En la
sentencia T-556 de 2002, la Corte encontró que el fiscal había incurrido en una
vía de hecho por defecto sustantivo al precluir la investigación y el proceso
penal acudiendo a criterios puramente formales, desconociendo los hechos y las
pruebas que obraban en el proceso.[257] Por su parte, en la
sentencia T-249 de 2003, la Corte encontró que se desconocían los derechos de
las víctimas al negarse a constituir en parte civil a un actor popular en un
proceso penal por delitos de lesa humanidad, desconociendo la jurisprudencia
constitucional sobre los derechos de las víctimas de delitos.[258]
Finalmente, en la sentencia T-114 de 2004, la Corte consideró que se había
incurrido en una vía de hecho por defecto sustantivo al aplicar una norma de
derecho sin que se reunieran los hechos determinantes del supuesto legal y,
como consecuencia de ello, se archivó arbitrariamente el proceso penal y se
impidió el acceso a la administración de justicia de la parte civil con miras
al reconocimiento de sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación.[259]
En el mismo sentido en la sentencia T-453 de 2005 hizo una detallada exposición
de los derechos de las víctimas de delitos sexuales, y sobre su conexidad con
los derechos fundamentales a la vida íntima y al debido proceso, y finalmente
concluyó que la práctica de pruebas relacionadas la vida íntima de la víctima
con anterioridad o posterioridad a los hechos era irrazonable, desproporcionada
y violaba los derechos de la víctima[260]. Igualmente,
en la sentencia T-589 de 2005 consideró que la negativa de los fiscales a
reconocer que la acción civil en el proceso penal lejos de tener como única
finalidad la obtención de una reparación económica, también puede promoverse,
como se hizo en este caso, para lograr el esclarecimiento de la verdad y la
aplicación efectiva de la justicia, constituía una vía de hecho por defecto
sustantivo[261].
Por otra parte
la jurisprudencia constitucional[262] ha encontrado
fundamento de los derechos de las víctimas en el bloque de constitucionalidad y
en el artículo 93 de la Constitución. Así, se ha afirmado que estos derechos
hacen parte del bloque de constitucionalidad por haber sido recogidos y
desarrollados en múltiples instrumentos internacionales de derechos humanos y
derecho internacional humanitario que hacen parte del bloque de
constitucionalidad tales como la Convención Americana de Derechos Humanos, en
la cual se consagra el derecho de toda persona a un recurso judicial efectivo[263],
el cual ha sido interpretado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
no sólo como el derecho a una reparación económica, sino además como el derecho
a que la verdad sobre los hechos sea efectivamente conocida y se sancione
justamente a los responsables[264]. Igualmente, el Pacto
de Derechos Civiles y Políticos consagra el deber de los Estados partes de
proveer recursos judiciales eficaces para la protección de los derechos
humanos.[265]
Del mismo modo
han sido recogidos en el Derecho Internacional Humanitario, pues el Protocolo I
adicional a los Convenios de Ginebra reconoce el "derecho que asiste a las
familias de conocer la suerte de sus miembros"[266],
lo cual no está referido únicamente a la posibilidad de obtener una
indemnización económica[267], y en el Estatuto de la
Corte Penal Internacional se consagran expresamente los derechos de las
víctimas a presentar observaciones sobre la competencia de la Corte o la
admisibilidad de la causa, a que se haga una presentación completa de los
hechos de la causa en interés de la justicia, a ser tratadas con dignidad, a
que se proteja su seguridad e intimidad, a que se tengan en cuenta sus
opiniones y observaciones, a ser reparadas materialmente y apelar ciertas
decisiones que afecten sus intereses.[268]
Del anterior
recuento jurisprudencial se desprende que esta Corporación ha reconocido a los
derechos de las víctimas el carácter de derechos constitucionales y ha
encontrado su fundamento en principios, valores y derechos fundamentales tales
como el Estado social de derecho, la dignidad humana, la participación, la
justicia, el derecho de acceso a la administración de justicia, el derecho al
buen nombre, el derecho a la honra, el derecho a la intimidad y el derecho al
debido proceso. Así mismo, ha reconocido que se trata de derechos reconocidos
en instrumentos internacionales de derechos humanos que hacen parte del bloque
de constitucionalidad e igualmente ha otorgado el amparo constitucional, por
medio de la acción de tutela en casos en los cuales han sido infringidos por
parte de las autoridades judiciales.
Se tiene
entonces que si bien no se ha declarado expresamente su carácter de derechos
fundamentales, por múltiples vías interpretativas se puede llegar a la
conclusión que revisten esta naturaleza.
En primer lugar,
si se acude a criterios materiales a los cuales ha acudido desde tiempo atrás
la jurisprudencia de esta Corporación para determinar la fundamentalidad de un
derecho[269]. En efecto los derechos
de las víctimas guardan estrecha relación con principios y valores constitucionales
a los cuales ya se ha hecho alusión, específicamente con el principio de
dignidad humana el cual según la jurisprudencia constitucional ha sido definido
como el valor central de nuestro ordenamiento jurídico y principio de
principios[270]. Ha sostenido esta
Corporación de manera reiterada que el derecho de las víctimas a participar en
el proceso penal, se encuentra ligado al respeto de la dignidad humana, pues las
víctimas y los perjudicados por un hecho punible pueden exigir de los demás un
trato acorde con su condición humana[271]. Igualmente
ha reconocido que son una manifestación del principio de participación pues
permite que los afectados por un hecho punible puedan intervenir en las
decisiones que los afectan por medio de los cauces procesales establecidos para
tal efecto[272].
En el mismo
sentido los derechos de las víctimas son manifestaciones concretas del derecho
de acceso a la administración de justicia, del derecho al debido proceso o del
derecho a la intimidad en ciertos casos y por lo tanto constituirían lo que la
doctrina denomina normas adscritas de derechos fundamentales[273],
cuya violación en eventos concretos supone la violación de tales derechos
fundamentales y en tal medida es tutelable[274]. Finalmente
hacen parte del bloque de constitucionalidad al haber sido reconocidos por
tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia y al
haber sido recogidos por el derecho internacional humanitario.
Una vez
establecido el carácter fundamental de los derechos de las víctimas se puede
concluir sin lugar a dudas que la Ley 975 de 2005 vulnera la reserva de ley
estatutaria establecida en el literal a del artículo 152 constitucional al
tratarse de una ley ordinaria que regula derechos de carácter fundamental.
En efecto,
resulta manifiesto que la Ley 975 de 2005 actualiza, configura y define los
derechos de las víctimas de hechos punibles y en esa medida vulnera la reserva
de ley estatutaria establecida por el literal a) del artículo 152
constitucional. Este cuerpo normativo tiene como finalidad la actualización de
los derechos de las víctimas para adaptarlos a los recientes desarrollos que se
han producido en el derecho internacional de los derechos humanos y en el
derecho internacional humanitario en la materia[275].
Adicionalmente configura tales derechos, es decir, fija sus alcances o ámbito
de aplicación, pues define el derecho a la verdad, a la justicia y a la
reparación y enlista el ámbito de conductas protegidas por tales derechos, de
manera análoga, por ejemplo, a la forma como la Ley Estatutaria del derecho a
la Libertad Religiosa y de Cultos, desarrolla los distintos contenidos de dicha
libertad.
Se podría
argumentar que se trata de una actualización, configuración y delimitación
parciales que sólo tiene lugar dentro de procedimientos judiciales que se
adelanten en virtud de la Ley 975 de 2005. Sin embargo, la Corte Constitucional
en otras oportunidades ha declarado inexequibles disposiciones que regulan de
manera parcial derechos fundamentales, es decir, en un ámbito específico del
tráfico jurídico, por violación del principio de reserva de ley estatutaria,
como ha ocurrido por ejemplo en materia del derecho a la autodeterminación
informativa.
Por otra parte,
cabe señalar que las víctimas a las que hace referencia esta ley y cuyos
derechos actualiza, configura y define son precisamente las víctimas de
violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, pues
se trata de las víctimas del conflicto armado, tal como se desprende de la
definición del artículo sexto del mismo cuerpo normativo. Se trata entonces de
víctimas cuyos derechos tienen una connotación especial, como ha reconocido la
jurisprudencia constitucional antes citada, y frente a las cuales la reserva de
ley estatutaria ha de aplicarse aun de manera más estricta[276].
En definitiva,
la Ley 975 de 2005 actualiza, configura y define los derechos de las víctimas
de los delitos cometidos por las personas vinculadas a grupos armados
organizados al margen de la ley, durante con ocasión a la pertenencia a estos
grupos, y en esta medida vulnera la reserva de ley estatutaria establecida por
el literal a) del artículo 152 constitucional.
Se podría
argumentar que la manera como aparecen actualizados, definidos y configurados
los derechos de las víctimas en el cuerpo normativo objeto de examen
corresponde a los desarrollos jurisprudenciales y doctrinales de la materia y
que en esa medida la regulación contenida en la Ley 975 de 2005 no es
inconstitucional porque –como sostiene uno de los intervinientes- “las
disposiciones contenidas en el texto acusado buscan garantizar el acceso de las
víctimas a la administración de justicia, asegurar la efectividad de sus
derechos y facilitar y agilizar su actuación dentro del proceso”[277],
sin embargo, cabe recordar que la previsión de un tipo legislativo especial por
parte del Constituyente para regular ciertas materias no obedece exclusivamente
a un mero propósito formal sino que responde a la importancia de las materias
contempladas en el artículo 152 constitucional, cuya regulación exige amplios
consensos democráticos. Así, en la sentencia C-162 de 2003 se afirmó:
“En razón de la importancia de esas materias y de las implicaciones
que su desarrollo tiene en el plexo normativo, el constituyente estableció el
procedimiento legislativo especial inherente a las leyes estatuarias.  A través
de él se busca que la regulación de esos temas sea fruto de un amplio debate
democrático en el que se garantice y fomente la participación de todos los
grupos asentados en las Cámaras Legislativas.  En el mismo sentido, a través de
ese procedimiento cualificado se promueve la vigencia de textos normativos cuya
compatibilidad con la Carta Política se halle garantizada con mucha más fuerza
que la presunción de constitucionalidad que ampara a todas las leyes y de allí
por qué tales textos se sometan al control previo del Tribunal Constitucional.
Finalmente, las mayorías calificadas exigidas para la promulgación de la norma
permiten también que ésta tenga vocación de permanencia y generen seguridad
pues esas mismas mayorías se exigen también para su modificación o derogatoria.”
En esa medida
las distintas etapas del trámite especial y agravado previsto para la
expedición de las leyes estatutarias responden a ese claro propósito
constitucional pues como ha sostenido esta Corporación “(…) el
establecimiento de un procedimiento especial y cualificado para la expedición
de las leyes estatutarias, asegura que temas esenciales para la vida social,
surtan un amplio debate en las cámaras legislativas, con un control previo
sobre la exequibilidad del proyecto como parte inherente al régimen de este
tipo de leyes, a fin de evitar que entren en vigencia sin la plena garantía de
sujeción a la Constitución, dada la importancia que para la comunidad
representan los temas que regula”[278] (negrillas
fuera del texto).
Entonces, el
control previo constitucional resulta también una parte esencial del
procedimiento de elaboración de estas leyes. Sobre este extremo resulta
ilustradora la sentencia C-523 de 2004:
Por lo tanto, consideró el constituyente de 1991, que no era
suficiente para las leyes estatutarias su entrada en vigencia con la sola
presunción de constitucionalidad que ampara a todas las leyes, sino que,
respecto de aquellas era necesario garantizar con mucha más fuerza su sujeción
a la Carta Política, promoviendo que al entrar en vigencia, sus textos
normativos ya estuvieran sujetos al principio de supremacía constitucional y
por supuesto al de seguridad jurídica.
Cabe recordar, que la supremacía constitucional consiste en un
conjunto normativo que no se deriva de otro, y a su vez, constituye la fuente
primigenia de todo el ordenamiento jurídico. Y, el establecimiento de
Tribunales Constitucionales, siguiendo el modelo kelseniano, precisamente tuvo
como uno de sus fundamentos asegurar la vigencia de este cardinal principio. En
cuanto a la preservación de la seguridad jurídica, principios fundante también
del Estado Social de Derecho, implica la certeza que tiene la comunidad acerca
de que determinadas situaciones jurídicas no serán modificadas o alteradas sino
por los medios preestablecidos en el derecho vigente, lo cual confiere
tranquilidad a las personas destinatarias de las normas y coadyuva al
mantenimiento de la paz social.
En conclusión la
reserva de ley estatutaria, que se materializa en un procedimiento agravado
para su expedición, tiene claras finalidades constitucionales tales como
asegurar consensos democráticos para temas esenciales para la vida social,
garantizar la supremacía constitucional y la seguridad jurídica. En esa medida,
la inexequibilidad de la Ley 975 de 2005 no deviene del contenido de sus
disposiciones, sino de no haber sido surtido su trámite de conformidad con el
procedimiento agravado previsto por la Carta. Esta exigencia se deriva de la
importancia del tema por ella regulado, a saber, los derechos de las víctimas
del conflicto armado colombiano, materia de gran sensibilidad en la vida
nacional y sobre la cual, sin duda, han de existir amplios consensos democráticos.
Cabe anotar
adicionalmente que en la sentencia de la cual me aparto se hace una extenso
recuento de los derechos de las víctimas a la luz de los tratados
internacionales de derechos humanos que integran el bloque de
constitucionalidad, e incluso adicionalmente se afirma que la ley guarda
relación con otros derechos fundamentales tales como el derecho a la paz, el
cual es definido como “un derecho subjetivo de carácter fundamental”, de
lo cual se deduce aún con más fuerza el carácter iusfundamental de las materias
reguladas por la Ley 975 de 2005.
Adicionalmente,
el control previo de una ley que regule temas de esta trascendencia evita que
sus posibles destinatarios puedan controvertir el momento exacto de entrada en
vigencia de sus mandatos. De esta manera todas las discusiones sobre la
supuesta aplicabilidad de aquellas disposiciones finalmente declaradas
inexequibles, a las personas que presuntamente se desmovilizaron antes que la
ley fuera sometida a control, en virtud del principio de favorabilidad, quedarían
sin piso porque de acogerse la tesis que se trataba de una ley de carácter
estatutario sus preceptos sólo entrarían en vigor una vez surtida la revisión
del proyecto por parte de la Corte Constitucional.
Desconocer el
carácter estatutario de la Ley 975 de 2005 no sólo ha originado problemas de
carácter práctico, sino también ha obligado a un control parcial, casuístico,
inconexo y descontextualizado de la ley, cuyos resultados distan mucho de
convencer y que ha generado innecesarias controversias. En efecto, en la
sentencia de la cual me aparto son declarados inexequibles expresiones
contenidas en distintos artículos de la Ley sin que los argumentos expuestos
para apoyar tal declaratoria de inexequibilidad logren dar razones convincentes
para tal declaratoria, pues se emplean argumentos de conveniencia que distan de
tener carácter constitucional, y en otras oportunidades las declaratorias de
inexequibilidad se tornan inocuas por los argumentos expuestos en la propia
sentencia.
Así, por
ejemplo, la declaratoria de inexequibilidad de la expresión “pero en ningún
caso la pena alternativa podrá ser superior a la prevista en la presente ley” ,
contenida en el  inciso 2° del artículo 20, enunciado que regula la acumulación
de la pena alternativa con las condenas previas de los desmovilizados, se torna
inocua, de conformidad con las razones expuestas en la sentencia, pues no tiene
efecto alguno sobre el monto de la pena alternativa.
En definitiva,
las desafortunadas controversias a las que dio lugar la decisión de la cual me
aparto hubieran podido ser evitadas de haberse acogido la tesis que se trataba
de una ley estatutaria, objeto de un control previo, carácter que a mi juicio
tiene de manera indiscutible la Ley 975 de 2005 por la índole de las materias
que trata.
Fecha ut supra.
HUMBERTO
ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
[1]  “Ley 782 del 23 de diciembre de 2002, ‘Por
medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 de 1997, prorrogada y
modificada por la Ley 548 de 1999 y se modifican algunas de sus disposiciones’.”
[2]  “Decreto 128 del 22 de enero de 2003, ‘Por
el cual se reglamenta la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley
548 de 1999 y la Ley 782 en materia de reincorporación a la sociedad civil’.”
[3]  “A través del decreto 128 de 2003 (y
específicamente mediante sus artículos 2, 13 y 21) el Gobierno deja en libertad
a todos los paramilitares desmovilizados que, aun habiendo cometido delitos
atroces, no tengan abierta una investigación penal en su contra antes de la
desmovilización. El mecanismo de desmovilización y reinserción diseñado al
amparo de esa reglamentación consiste, básicamente, en una verificación de los
antecedentes judiciales de los combatientes por parte de la Fiscalía. Conforme
a tal información, y sin que se rinda confesión ni indagatoria, todos los
combatientes desmovilizados que no hayan sido procesados ni condenados por
delitos no indultables ni amnistiables están siendo reintegrados a la vida
civil exonerados de cualquier deuda judicial. La Fiscalía conserva en teoría su
obligación de investigarlos, pero es improbable que después de la
desmovilización logre vincularlos a nuevos procesos o capturarlos. Además, se
corre el riesgo de que los desmovilizados aleguen que la certificación expedida
en virtud del decreto 128 los exonera de futuras investigaciones”.
[4]  “El artículo 69 de la llamada ley de
‘justicia y paz’ extiende algunos de los beneficios procesales contemplados en
la ley 782 de 2002 a los desmovilizados que estén siendo procesados por delitos
que están íntimamente ligados con el accionar del grupo armado al margen de la
ley del que eran parte. (…)”
[5]  El texto del
comunicado de prensa de dicho Grupo de Trabajo se cita así en la demanda: “No
obstante las respuestas obtenidas de los funcionarios públicos, el Grupo de
Trabajo todavía se encuentra sumamente preocupado porque dicha ley podría
llevar, en lo jurídico y en lo práctico, a la concesión de importantes
beneficios atenuantes de responsabilidad penal a personas que hubieren cometido
la gravísima conducta de la desaparición forzada de personas, sin que se
asegure su contribución, previa a la obtención de dicho beneficio, para el
esclarecimiento del caso correspondiente, tal y como lo exige explícitamente la
Declaración sobre la Protección de todas las personas contra las desapariciones
forzadas” [Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o involuntarias,
comunicado de prensa, Misión a Colombia, Bogotá, 12 de julio de 2005,
www.hchr.org.co].
[6]  El texto del párrafo 23 de estos
principios, citado en la demanda, es el siguiente: “Las garantías de no repetición
han de incluir, según proceda, la totalidad o parte de las medidas siguientes,
que también contribuirán a la prevención:
a) El
ejercicio de un control efectivo de las autoridades civiles sobre las fuerzas
armadas y de seguridad;
b) La
garantía de que todos los procedimientos civiles y militares se ajustan a las
normas internacionales relativas a las garantías procesales, la equidad y la
imparcialidad;
c) El
fortalecimiento de la independencia del poder judicial;
d) La
protección de los profesionales del derecho, la salud y la asistencia
sanitaria, la información y otros sectores conexos, así como de los defensores
de los derechos humanos;
e) La
educación, de modo prioritario y permanente, de todos los sectores de la
sociedad respecto de los derechos humanos y del derecho internacional
humanitario y la capacitación en esta materia de los funcionarios encargados de
hacer cumplir la ley, así como las fuerzas armadas y de seguridad;
f) La
promoción de la observancia de los códigos de conducta y de las normas éticas,
en particular las normas internacionales, por los funcionarios públicos,
inclusive el personal de las fuerzas de seguridad, los establecimientos
penitenciarios, los medios de información, la salud, la psicología, los
servicios sociales y las fuerzas armadas, además del personal de empresas
comerciales;
g) La
promoción de mecanismos destinados a prevenir y vigilar los conflictos
sociales;
h) La
revisión y reforma de las leyes que contribuyan a las violaciones manifiestas
de las normas internacionales de derechos humanos y a las violaciones graves
del derecho humanitario o las permitan”.
[7][1] Por sus iniciales en inglés.
[8][2] “La Comisión de Derechos Humanos y el
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas adoptaron dichos Principios
Básicos sobre el derecho a interponer recursos y a obtener reparaciones el
19 de abril de 2005, a través de la resolución 35 de 2005, y le recomendaron a
la Asamblea General que a su vez los adoptara”.
[9][3] Caso Furundzija, ICTY Trial
Chamber, 10 de diciembre de 1998, para. 155.
[10][4] Special Court For Sierra Leone Decision on
Challenge to Jurisdiction: Lomé Accord Amnesty, 13 de marzo de 2004
[11][5] “Se considerará ‘víctima’ a la persona que, individual o colectivamente,
como resultado de actos u omisiones que violan las normas internacionales de
derechos humanos o el derecho internacional humanitario, haya sufrido daños,
inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida
financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales. Se podrá
considerar también ‘víctimas’ a los miembros de la familia directa o personas a
cargo de la víctima directa, así como a las personas que, al intervenir para
asistir a la víctima o impedir que se produzcan otras violaciones, hayan
sufrido daños físicos, mentales o económicos.
La condición de una persona como ‘víctima’ no debería
depender de que se haya identificado, capturado, enjuiciado o condenado al
autor de la violación, y debería ser independiente de toda relación que pueda
existir o haber existido entre la víctima y ese autor”.
[12][6] Sentencias C-228 de 2002, C-239 de 2003 y T-114 de 2004.
[13][7] El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 14
numeral 1, permite restricciones excepcionales a la publicidad del juicio, en
casos determinados atendiendo el interés de la justicia. Así mismo, la
Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 8 numeral 5 establece
que el proceso penal deber ser público “salvo en lo que sea necesario para
preservar los intereses de la justicia”.
[14] M.P. Álvaro Tafur Galvis S.V. Jaime
Araujo Rentaría,  Humberto Antonio Sierra Porto.
[15] “ARTÍCULO 150.— Corresponde al Congreso hacer
las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: (…)
17.
Conceder, por mayoría de los dos tercios de los votos de los miembros de una y
otra Cámara y por graves motivos de conveniencia pública, amnistías o indultos
generales por delitos políticos. En caso de que los favorecidos fueren eximidos
de la responsabilidad civil respecto de particulares, el Estado quedará
obligado a las indemnizaciones a que hubiere lugar.”
No
sobra recordar que dicha posibilidad igualmente se establecía en el artículo  76, numeral 19 de la Constitución  derogada.
[16][13] Sent. C-543 de 1998 M.P. Carlos Gaviria
Díaz
[17] Cabe
recordar en efecto que  respecto de los artículos 70 y 71 de la Ley 975 de
2005, expresan los demandantes que el primero de ellos introdujo una norma que
no guarda ninguna relación con el resto del articulado ni con los propósitos de
la ley, razón por la cual estiman que se infringió el artículo 158 de la
Constitución Política. En lo que toca con el segundo de los artículos
demandados, afirman los actores que la modificación introducida al artículo 468
del Código Penal para adicionar la tipificación del delito de sedición vulnera
la Constitución en la medida en que a conductas que son configuradas por el
legislador como delitos comunes, se les transforma ahora en el delito político
de sedición pese a que no se reúnen los requisitos esenciales para el efecto.
[18] En dicho Preámbulo pueden leerse las
siguientes expresiones del anhelo mundial por la Paz:
“Nosotros
los pueblos de las Naciones Unidas resueltos
“a preservar a las generaciones venideras del
flagelo de la guerra que dos veces durante nuestra vida ha infligido a la
Humanidad sufrimientos indecibles,
“a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del
hombre, en 1a dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de
derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas,
“a crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse
la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras
fuentes del derecho internacional,
“a promover el progreso social y a elevar el nivel de
vida dentro de un concepto más amplio de la libertad,
“y
con tales finalidades
“a practicar la tolerancia y a convivir en paz como buenos vecinos, a unir nuestras fuerzas para
el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, a asegurar,
mediante la aceptación de principios y la adopción de métodos, que no se
usará la fuerza armada sino en servicio del interés común, y a emplear un
mecanismo internacional para promover el progreso económico y social de todas
los pueblos, hemos decidido aunar nuestros esfuerzos para realizar estos
designios… (Negrillas fuera del original)
Y
más adelante, la misma Carta  Constitutiva en su Preámbulo establece que el
principal fin del Órgano Internacional recién estatuido es el de: “Mantener
la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar
medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y
para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz; y
lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los principios de la
justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o
situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de
la paz.” (Negrillas fuera del original)
[19] Por ejemplo el artículo 26 señala que el Consejo de Seguridad
tendrá a su cargo, “a fin de promover el establecimiento y mantenimiento de
la paz y la seguridad internacionales con la menor desviación posible de los
recursos humanos y económicos del mundo hacia los armamentos”, diseñar un
“sistema de regulación de armamentos” que se someterá a consideración de
los miembros de las Naciones Unidas.
[20] “PREÁMBULO: “Considerando que la libertad, la justicia
y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad
intríseca  y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la
familia humana…..”
[21] Dice la Carta en su Preámbulo, entre otras cosas, que
los Estados signatarios:
“Convencidos de que la misión histórica de América es
ofrecer al hombre una tierra de libertad y un ámbito favorable para el
desarrollo de su personalidad y la realización de sus justas aspiraciones;
” Conscientes de que esa misión ha inspirado ya numerosos convenios y
acuerdos cuya virtud esencial radica en el anhelo de convivir en paz y
de propiciar, mediante su mutua comprensión y su respeto por la soberanía de
cada uno, el mejoramiento de todos en la independencia, en la igualdad y en el
derecho;
…
“ Ciertos de que la democracia representativa es
condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región;
”Convencidos de que la organización jurídica es una condición necesaria para
la seguridad y la paz, fundadas en el orden moral y en la justicia, y
“De acuerdo con la Resolución IX de la Conferencia
sobre Problemas de la Guerra y de la Paz, reunida en la Ciudad de México,
"Han convenido en suscribir la siguiente CARTA DE LA ORGANIZACION DE
LOS ESTADOS AMERICANOS”
[22] “Considerando que, conforme a los
principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la
justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad
inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e
inalienables.” Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
[23] Sentencia C-578 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
[24] Ciertamente,
la humanización de la guerra, fin último de esta rama del derecho, constituye
una proyección del derecho a la paz como bien  lo ha señalado la Corte
Constitucional: “El derecho humanitario en manera alguna legitima la guerra. Lo
que busca es garantizar que las partes en contienda adopten las medidas para
proteger a la persona humana. Las normas humanitarias, lejos de legitimar la
guerra, aparecen como una proyección de la búsqueda de la paz, que es en el
constitucionalismo colombiano un derecho y un deber de obligatorio
cumplimiento, lo cual confiere nuevas bases constitucionales al Protocolo
II.”(sentencia C-225 de 1995, M.P. Alejandro Martínez Caballero)
[25] En dicho anteproyecto se lee:
“Artículo 3º: Todo hombre tiene derecho a la paz civil,
que incluye el derecho a la seguridad y el derecho a ser protegido contra todo
acto de violencia o terrorismo.
“Artículo 4º: Todo hombre, y todos los hombres
tomados colectivamente, tienen derecho a oponerse a las violaciones
sistemáticas, masivas y flagrantes de los Derechos del Hombre, que constituyen
amenazas contra la paz, en el sentido que contempla la Carta de Naciones
Unidas.
“Artículo 5º: Todo hombre, y todos los hombres
tomados colectivamente, tienen derecho al desarme, a la prohibición de las
armas de destrucción masiva e indiscriminada, y a tomar medidas efectivas
tendientes al control y la reducción de armamentos  y, en definitiva, al
desarme general y completo bajo control internacional eficaz.
“Artículo
6º: Todo hombre y todos los hombres tomados colectivamente , tienen
derecho a que reine sobre el plano nacional y sobre el plano internacional , un
orden tal que los derechos y libertades enunciados en la Carta Internacional de
los Derechos del Hombre encuentren pleno efecto; todo hombre y todos los
hombres, tomados colectivamente, tienen derecho a la seguridad y, por
consecuencia a que el Estado de donde ellos sean súbditos, se comprometa en un
sistema de seguridad colectiva conforme a la Carta de Naciones Unidas y a
beneficiarse de una protección internacional en caso de agresión.” Cfr: URIBE VARGAS, Diego. El derecho a la
paz, en BARDONNET, Daniel y CANCADO TRINIDADE, Antonio Augusto. Derecho
internacional y derechos humanos: libro conmemorativo de la XXIV sesión del
Programa Exterior de la Academia de Derecho Internacional de la Haya. San
José de Costa Rica/La Haya 1996
[26] Sentencia T-008 de 1992, M.P Fabio Morón
Díaz.
[27] Declaración de Oslo sobre el Derecho
Humano a la Paz, aprobada por la Conferencia General de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura, en 29ª Celebrada en
París del 21 de octubre al 12 de noviembre de 1997.
[28] Ver supra, nota de pie de página
número 7.
[29] Sentencia T-439 de 2002, M.P Eduardo
Cifuentes Muñoz. Esta concepción de la paz como derecho fundamental no
constituye una postura jurisprudencial invariable de la Corte. Solo una
tendencia en tal sentido. En efecto, en algunas sentencias, como en la T-008 de
1992, arriba citada, o en la C-055 de 1995, la Corte estimó que la paz no era
un derecho fundamental. En esta última, por tal razón, sostuvo que su
regulación no tenía reserva de ley estatutaria. En la Sentencia T- 226 de 1995
se trató de conciliar estas posiciones, explicando que jurídicamente es
diferente el derecho constitucional a la paz, que es un derecho social, al
derecho a la tranquilidad de una persona que es una prerrogativa subjetiva.
[30] Ver Sentencia C-283 de 1995, M.P. José
Gregorio Hernández Galindo.
[31] Sentencia T-102 de 1993, M.P Carlos
Gaviria Díaz.
[32] “el Estado de Derecho y la Justicia de
transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos” Informe del
Secretario General de las Naciones Unidas de Agosto 3 de 2004.
[33] Adoptado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en 1966. Aprobado mediante la Ley 74 de 1968.
[34] 5. Toda persona que haya sido ilegalmente
detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a obtener reparación.
[35] 6. Cuando una sentencia condenatoria
firme haya sido ulteriormente revocada, o el condenado haya sido indultado por
haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión
de un error judicial, la persona que haya sufrido una pena como resultado de
tal sentencia deberá ser indemnizada, conforme a la ley, a menos que se
demuestre que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado
oportunamente el hecho desconocido
[36] Suscrita en San José de costa Rica en noviembre de
1969. Aprobada mediante la Ley 16 de 1972.
[37] Informe de la Comisión Interamericana de
Derechos humanos sobre el proceso de desmovilización en Colombia. Diciembre 13
de 2004.
[38] Adoptada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en 1984, aprobada mediante la Ley 70 de 1986.
[39] Adoptada por la Asamblea General de la OEA en
Cartagena de Indias en 1985, aprobada mediante la Ley 406 de 1997, declarada
exequible mediante la Sentencia C-351 de 1998, M.P Fabio Morón Díaz.
[40] Al respecto ver los artículos 8 y 9 de la Convención
Interamericana para prevenir y sancionar la tortura y los artículos 4. 5 y 6 de
la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes.
[41] Adoptada por la Asamblea General de la
OEA en Belém do Pará. Brasil, en 1994. Aprobada mediante la Ley 707 de 2001,
revisada mediante la Sentencia C-580 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[42]  Ver la sentencia C-578 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa.
[43] Informe de la –comisión Interamericana de
Derechos humanos sobre el proceso de desmovilización en Colombia. Diciembre 13
de 2004.
[44] Adoptada por la Asamblea General de las
Naciones unidas en diciembre de 1948, aprobada por Colombia mediante la Ley 28
de 1959.
[45] En la presente Convención, se entiende por genocidio
“cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpretados con la
intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico,
racial o religioso, como tal:
a)
Matanza de miembros del grupo;
b)
Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo;
c)
Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de
acarrear su destrucción física, total o parcial; d) Medidas destinadas a
impedir los nacimientos en el seno del grupo;
e)
Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo.”
[46] Adoptado por la Conferencia Diplomática
de plenipotenciarios de las Naciones Unidas el 17 de junio de 1998, aprobado
mediante la Ley 742 de 2002,  revisada mediante la Sentencia C-578 de 2002, M.P
Manuel José Cepeda Espinosa.
[47] La Corte Penal Internacional, respecto de Colombia,
sólo pude conocer delitos ocurridos con posterioridad a la entrada en vigencia
del Estatuto de Roma en el país, acaecida el 1º de noviembre de 2002.  Además,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 124, y en la correspondiente
declaración del Estado colombiano, no tendrá competencia para conocer crímenes
de guerra cometidos en Colombia durante los siete años siguientes a dicha
entrada en vigor.
[48] Caso Godínez Cruz vs. Honduras. En ese
caso el señor Godínez Cruz, dirigente sindical, fue secuestrado y
posteriormente desaparecido. La pruebas obrantes dentro del proceso permitieron
establecer que el hecho fue ejecutado por las autoridades hondureñas, dentro de
una práctica generalizada de desaparecer a personas consideradas peligrosas. La
Corte consideró que Honduras había violado, en perjuicio del señor Godínez
Cruz, los deberes de respeto y garantía de los derechos a la vida, la
integridad y la libertad personales consagrados en la Convención Americana
sobre Derechos Humanos.
[49] Caso Barrios Altos vs. Perú. En este caso
los hechos acaecidos consistieron en el asalto por parte de seis miembros del
ejército peruano a un inmueble ubicado en el vecindario conocido como “Barrios
Altos” de la ciudad de Lima, donde dispararon indiscriminadamente contra los
ocupantes de la vivienda, matando a quince de ellos e hiriendo gravemente a
otros cuatro.
[50] Caso Myrna Mack Chang vs Guatemala. Los
hechos que motivaron este proceso consistieron en el ataque a Myrna Mack Chang,
antropóloga, por parte de dos personas que le propinaron 27 heridas de arma
blanca, causándole la muerte. Las investigaciones llevaron a concluir que el
homicidio fue perpetrado por agentes de seguridad del Estado guatemalteco, en
represalia al trabajo que ella adelantaba para establecer las causas y
consecuencias del fenómeno del desplazamiento forzado de comunidades indígenas
en Guatemala.
[51]             Cfr. Caso Juan Humberto Sánchez, supra nota
9, párr. 120; Caso Bámaca Velásquez, supra nota 250, párr. 188; y Caso
de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros), supra nota
8, párr. 222.
[52]             Cfr. Caso Bulacio, supra nota 9,
párr. 114; Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros, supra nota 260,
párr. 142 a 144; y Caso Suárez Rosero.  Sentencia de 12 de noviembre de
1997.  Serie C No. 35, párr. 71 y 72.
[53]             Cfr.
Caso Bulacio, supra nota 9, párr. 114.
[54]             Cfr.
Caso Bulacio, supra nota 9, párr. 115.
[55] Caso Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú. En esta
oportunidad, los hechos que dieron lugar al proceso consietieron en la captura,
tortura y ejecución de los hermanos Emilio y Rafael Gómez Paquyauri de 14 y 17
años respectivamente, por agentes de la Policía Peruana. El tribunal del Callao
dictó sentencia condenatoria contra los autores materiales del delito, dos años
después de los hechos. Sin embargo, transcurridos más de trece años a partir
del delito, los autores intelectuales permanecían sin ser juzgados ni
sancionados.
[56]             Caso de la
“Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros), supra nota 99, párr. 173; cfr.
Caso Maritza Urrutia, supra nota 5, párr. 126; Caso Myrna Mack Chang,
supra nota 5, párrs. 156 y 210; Caso Bulacio, supra nota 6,
párr. 120; Caso Juan Humberto Sánchez, supra nota 15, párrs. 143 y 185; Caso
Las Palmeras. Reparaciones, supra nota 17, párr. 53.a); Caso del
Caracazo. Reparaciones, supra nota 17, párrs. 116 y 117; Caso
Trujillo Oroza. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana
sobre Derechos Humanos). Sentencia de 27 de febrero de 2002. Serie C No. 92,
párr. 101; Caso Bámaca Velásquez. Reparaciones (art. 63.1
Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 22 de febrero de
2002. Serie C No. 91, párr. 64; Caso Las Palmeras. Sentencia de 6 de
diciembre de 2001. Serie C No. 90, párr. 56; Caso Cantoral Benavides.
Reparaciones, supra nota 108, párr. 69; Caso Cesti Hurtado. Reparaciones
(art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 31 de
mayo de 2001. Serie C No. 78, párr. 63; Caso de los “Niños de la Calle”
(Villagrán Morales y otros). Reparaciones (art. 63.1 Convención
Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 26 de mayo de 2001. Serie C No.
77, párr. 100; Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros). Reparaciones
(art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 25 de
mayo de 2001. Serie C No. 76, párr. 201;  Caso Ivcher Bronstein, supra nota
19, párr. 186; Caso del Tribunal Constitucional, supra nota 68, párr.
123; Caso Bámaca Velásquez, supra nota 68, párr. 211; Caso Blake.
Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos).
Sentencia de 22 de enero de 1999. Serie C No. 48, párr. 64; Caso Castillo
Páez. Reparaciones, supra nota 101, párr. 107; y Caso Loayza Tamayo.
Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos).
Sentencia de 27 de noviembre de 1998. Serie C No. 42, párr. 170.
[57]             Cfr. Caso
Bulacio, supra nota 6, párr. 116; Caso Trujillo Oroza.
Reparaciones, supra nota 116, párr. 106; Caso Barrios Altos. Sentencia
de 14 de marzo de 2001. Serie C No. 75, párr. 41; Caso Barrios Altos.
Interpretación de la Sentencia de Fondo (art. 67 Convención Americana sobre
Derechos Humanos). Sentencia de 3 de septiembre de 2001. Serie C No. 83, párr.
15; y Caballero Delgado y Santana. Resolución de Cumplimiento de
Sentencia de 27 de noviembre de 2003, considerando 9.
[58]             Cfr. Caso
Bulacio, supra nota 6, párr. 116; y Caso Barrios Altos, supra nota
117, párr. 43.
[59]             Cfr. Caso
Bulacio, supra nota 6, párr. 118.
[60]             Cfr. Caso Maritza Urrutia, supra nota 5, párr.
128; Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros), supra
nota 68, párr. 251; Caso Gangaram Panday. Sentencia de 21 de
noviembre de 1994. Serie C No. 16, párr. 49; y Caso Godínez Cruz.
Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C No. 5, párr. 141.
[61] Caso Masacre de Mapiripán vs. Colombia. Los hechos que
suscitaron el caso consistieron la llegada al aeropuerto de San José de
Guaviare de aproximadamente un centenar de miembros de la autodefensas Unidas
de Colombia (AUC), procedentes del Urabá antioqueño. A su llegada fueron
recogidos por miembros del Ejército Nacional, y transportados hasta el
municipio de Mapiripán, en camiones de esa Institución. Durante su permanencia
en Mapiripán, los paramilitares secuestraron, torturaron, asesinaron y descuartizaron
a 49 personas, a las que acusaban de auxiliar a la guerrilla. La Fiscalía
concluyó que la masacre se había perpetrado con el apoyo y aquiescencia de la
Fuerza Pública. Pese a ser informados, los comandantes del ejército se
mantuvieron en completa inactividad. Transcurridos más de ocho años, la
justicia penal no había logrado identificar a las víctimas, y solo había
juzgado y sancionado a unas pocas personas comprometidas en la masacre.
[62]             Cfr. Caso de las Hermanas Serrano Cruz, supra nota 11, párr. 66; Caso 19 Comerciantes, supra nota 190,
párr. 188, y Caso Myrna Mack Chang, supra nota 5, párr.
209.
[63]             Cfr. Caso de la Comunidad Moiwana, supra nota 4, párr. 160; Caso Hermanas Serrano Cruz, supra nota
5, párr. 67, y Caso Tibi, supra nota 16, párr. 175. En igual
sentido cfr. European Court of Human Rights.  Wimmer v.
Germany, no. 60534/00, § 23, 24 May 2005; Panchenko v. Russia, no.
45100/98, § 129, 8 February 2005, y Todorov v. Bulgaria, no. 39832/98, §
45, 18 January 2005.
[64]             Cfr. Caso de la Comunidad Moiwana, supra nota 4, párr. 145; Caso de los Hermanos Gómez
Paquiyauri, supra nota 185, párr. 131, y Caso Myrna Mack Chang,
supra nota 5, párr. 157.
[65]             Cfr. Caso de la Comunidad Moiwana, supra nota 4, párr. 147; Caso Hermanas Serrano Cruz.
Sentencia de 1 de marzo de 2005. Serie C No. 120, párr. 63, y Caso 19
Comerciantes supra nota 193, párr. 186.
[66]             Cfr. Caso de la Comunidad Moiwana, supra nota 4, párr. 146; Caso Hermanas Serrano Cruz. supra
nota , párr. 61, y Caso 19 Comerciantes,
supra nota 193, párr. 112.
[67]             Cfr. Caso de la Comunidad Moiwana, supra nota 4, párr. 146; Caso Hermanas Serrano Cruz, supra
nota, párr. 61, y Caso Bulacio, supra
nota 196, párr. 112.
[68]             Cfr. Caso de la Comunidad Moiwana, supra nota 4, párr. 149, y Caso Juan Humberto Sánchez,
supra nota 187, párr. 127 y 132. En igual sentido, Manual Sobre la
Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias
y Sumarias de las Naciones Unidas, Doc. E/ST/CSDHA/.12 (1991).
[69]             Cfr. Caso
“Instituto de Reeducación del Menor”, supra nota 4, párr. 156.
[70]             Cfr. Caso Huilce
Tecse. Sentencia de 3 de marzo de 2005. Serie C No. 121, párr. 66; Caso
“Instituto de Reeducación del Menor”, supra nota 4, párr. 158; Caso de
los Hermanos Gómez Paquiyauri, supra nota 185, párr. 129; Caso 19 Comerciantes, supra
nota 193, párr. 153.
[71]             Cfr.
European Court of Human Rights, Ergi v. Turkey [GC], judgment of 28 July
1998, Reports of Judgments and Decisions 1998-IV, § 85-56.
[72]             Cfr. Informe de
la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la
situación de los derechos humanos en Colombia en el año 1997, E/CN.4/1998, 9 de
marzo de 1998:
117. Tanto las autoridades colombianas como las
organizaciones no gubernamentales están de acuerdo en aceptar que la falta de
investigación y juzgamiento de los delitos constitutivos de violaciones de los
derechos humanos y de crímenes de guerra es uno de los factores que más ha
contribuido a sostener la abundancia y reiteración de conductas con las cuales
se afectan los derechos protegidos por los instrumentos internacionales. El
Defensor del Pueblo afirmó que el difícil panorama de los derechos humanos en
su país "tiene como uno de sus ingredientes básicos la impunidad, que es
un poderoso elemento de retroalimentación de la violencia y lleva a algunos a
tomar justicia por propia mano, con lo que se configura un círculo vicioso casi
irrompible".
[73]             Cfr. Caso de la Comunidad Moiwana, supra nota 4, párr. 203. Asimismo, Caso de las Hermanas
Serrano Cruz, supra nota 11, párr. 170, y Caso de los Hermanos
Gómez Paquiyauri, supra nota 185, párr. 148.
[74]             Cfr. Caso Maritza Urrutia.
Sentencia de 27 de noviembre de 2003. Serie C No. 103, párr. 126. Asimismo, Caso de la Comunidad Moiwana, supra nota 4, párr. 203; Caso de las Hermanas Serrano Cruz,
supra nota 11, párr. 170, y Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri,
supra nota 185, párr. 148.
[75]             Cfr. Caso de la Comunidad Moiwana, supra nota 4, párr. 153; Caso de las Hermanas Serrano
Cruz. Excepciones Preliminares, supra nota , párr. 118, y Caso
Bámaca Velásquez, supra nota 201, párr. 207.
[76]             Cfr. Caso de la Comunidad Moiwana, supra nota 4, párr. 153; Caso Juan Humberto Sánchez,
supra nota 78, párr. 134, y Caso Trujillo Oroza. Reparaciones. Sentencia
de 27 de febrero de 2002. Serie C No. 92, párrs. 99 a 101 y 109.
[77]             Cfr. Caso de los
Hermanos Gómez Paquiyauri, supra nota 185, párr. 130, y Caso
Myrna Mack Chang, supra nota 5, párr. 156.
[78] Caso comunidad Moiwana vs. Suriname. Los hechos que
dieron lugar al proceso consistieron en que las fuerzas armadas de Suriname
aracaron la comunidad N’djuka Maroon de Moiwana.  Los soldados masacraron a más
de 40 hombres, mujeres y niños, y arrasaron la comunidad.  Los que lograron
escapar huyeron a los bosques circundantes, y después fueron exiliados o
internamente desplazados.  A la fecha de la presentación de la demanda no había
habido una investigación adecuada de la masacre, nadie habría sido juzgado ni
sancionado, y los sobrevivientes permanecerían desplazados de sus tierras.
[79]             Cfr. Caso  de las Hermanas
Serrano Cruz, supra nota 9, párr. 133; Caso Lori Berenson Mejía,
supra nota 10, párr. 230; y Caso Carpio Nicolle y otros, supra
nota 82, párr. 85.
[80]             Cfr. Caso  de las Hermanas
Serrano Cruz, supra nota 9, párr. 134; Caso Carpio Nicolle y
otros, supra nota 82, párr. 86; y Caso Masacre Plan de Sánchez.
Reparaciones, supra nota 82, párr. 52.
[81]             Cfr. Caso  de las Hermanas Serrano Cruz,
supra nota 9, párr. 135; Caso Carpio Nicolle y otros, supra
nota 82, párr. 87; y Caso Masacre Plan de Sánchez. Reparaciones, supra
nota 82, párr. 53.
[82]             Cfr. Caso  de las Hermanas Serrano Cruz,
supra nota 9, párr. 135; Caso Lori Berenson Mejía, supra
nota 10, párr. 231; y Caso Carpio Nicolle y otros, supra nota 82,
párr. 87.
[83]             Cfr. Caso  de las Hermanas
Serrano Cruz, supra nota 9, párr. 136; Caso Carpio Nicolle y
otros, supra nota 82, párr. 89; y Caso Tibi. Sentencia de 7
de septiembre de 2004. Serie C No. 114, párr. 225.
[84] Caso Bámaca Velásquez vs Guatemala. Los hechos que
dieron lugar a este proceso consistieron en el apresamiento del líder
guerrillero Efraín Bámaca pr el ejército guatemalteco. Estando detenido fue
torturado a fin de que revelara información. Y luego fue desaparecido, sin que
hasta el momento de la serencia se tuviera información sobre su paradero.
[85]             Cfr. Caso Castillo Páez, Sentencia de 3
de noviembre de 1997. Serie C No. 34, párr. 90; Caso Caballero Delgado y
Santana. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos
Humanos). Sentencia de 29 de enero de 1997. Serie C No. 31, párr. 58; y Caso
Neira Alegría y Otros, Reparaciones, supra nota 38, párr. 69.
[86]             Caso Bámaca Velásquez, supra nota
6, resolutivo octavo.
[87]             Cfr. Caso Villagrán Morales y otros,
Reparaciones, supra nota 5, párr. 100; Caso Paniagua Morales y
otros, Reparaciones, supra nota 5, párr. 200; y Caso
Aloeboetoe y Otros, Reparaciones, supra nota 40, párr. 109.
[88]             Cfr. Caso Cantoral Benavides,
Reparaciones, supra nota
5, párr. 69; y Caso Paniagua Morales y otros, supra nota 5, parr. 200.
[89]             Cfr. Caso Cantoral Benavides, Reparaciones,
supra nota 5, párr. 69; Caso Cesti Hurtado, Reparaciones, supra
nota 5, párr. 62; Caso Villagrán Morales y otros, Reparaciones,
supra nota 5, párr. 100; y Caso Paniagua Morales y otros, Reparaciones,
supra nota 5, párr. 200.
[90]             Cfr. Caso Cantoral Benavides,
Reparaciones, supra nota
5, párr. 69; Caso Cesti Hurtado, Reparaciones, supra nota
5, párr. 63; Caso Villagrán Morales y otros, Reparaciones, supra
nota 5, párr. 100; y Caso Paniagua Morales y otros, Reparaciones,
supra nota 5, párr. 201.
[91]             Cfr. Caso Cantoral Benavides,
Reparaciones, supra nota 5, párr. 69; Caso Villagrán Morales y otros,
Reparaciones, supra nota 5, párr. 99; Caso Paniagua Morales y
otros, Reparaciones, supra nota 5, párr. 199; y Caso
Bámaca Velásquez, supra nota 6, párr. 129.
[92]             Caso Bámaca Velásquez, supra nota
6, párr. 201.
[93]             Cfr. Caso Caballero Delgado y Santana.
Sentencia de 8 de diciembre de 1995. Serie C No. 22, parr. 58.
[94]             Véase, por ejemplo, United Nations
Human Rights Committee, Quinteros v. Uruguay, Communication No.
107/1981, decision of 21 July 1983; Naciones Unidas, Comisión
de Derechos Humanos, Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección
a las Minorías, 49º período de sesiones, Informe final revisado acerca de la
cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos
(derechos civiles y políticos) preparado por  L. Joinet, UN General
Assembly Doc. E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1; Naciones Unidas, Comisión de Derechos
Humanos, Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las
Minorías, 45º período de sesiones, Estudio relativo al derecho de
restitución, indemnización y rehabilitación a las víctimas de violaciones
flagrantes de los derechos humanos y las libertades fundamentales, Informe
definitivo presentado por Theo van Boven, Relator especial, E/CN.4/Sub
.2/1993/8.
[95]             Cfr. Caso Cantoral Benavides,
Reparaciones, supra nota 5, párr. 69; Caso Villagrán Morales y otros,
Reparaciones, supra nota 5, párr. 100; y Caso Paniagua Morales y
otros, Reparaciones, supra nota 5, párr. 200.
[96]             Cfr. Caso Castillo Páez, Sentencia de 3
de noviembre de 1997. Serie C No. 34, párr. 90; Caso Caballero Delgado y
Santana. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos
Humanos). Sentencia de 29 de enero de 1997. Serie C No. 31, párr. 58; y Caso
Neira Alegría y Otros, Reparaciones, supra nota 38, párr. 69.
[97]             Cfr. Caso Castillo Páez, supra nota
6, párr. 90.  En igual sentido cfr. Naciones Unidas, Comisión de
Derechos Humanos, Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a
las Minorías, 49º período de sesiones, Informe final revisado acerca de la
cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos
(derechos civiles y políticos) preparado por L. Joinet, UN General Assembly
Doc. E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1; y Naciones Unidas, Comisión de Derechos
Humanos, Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las
Minorías, 45º período de sesiones, Estudio relativo al derecho de
restitución, indemnización y rehabilitación a las víctimas de violaciones
flagrantes de los derechos humanos y las libertades fundamentales, Informe
definitivo presentado por Theo van Boven, Relator especial, E/CN.4/Sub
.2/1993/8.
[98] Sentencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos del 14 de marzo de 2001.
[99] Sentencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos del 15 de junio de 2005
[100] M.P. Alejandro Martínez Caballero
[101] Ver, entre otras, la sentencia C-406 de 1996.
[102] La última de estas actualizaciones fue presentada el 8
de febrero de 2005 por la profesora Diane Orentlicher, experta independiente de
la Comisión de Derechos Humanos encargada de llevar a cabo tal actualización.
[103] Sobre este derecho colectivo, se lee lo
siguiente en los Principios:
“PRINCIPIO
2. EL DERECHO INALIENABLE A LA VERDAD
Cada
pueblo tiene el derecho inalienable a conocer la verdad acerca de los
acontecimientos sucedidos en el pasado en relación con la perpetración de
crímenes aberrantes y de las circunstancias y los motivos que llevaron,
mediante violaciones masivas o sistemáticas, a la perpetración de esos
crímenes. El ejercicio pleno y efectivo del derecho a la verdad proporciona una
salvaguardia fundamental contra la repetición de tales violaciones.
PRINCIPIO
3. EL DEBER DE RECORDAR
El
conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión forma parte de su
patrimonio y, por ello, se debe conservar adoptando medidas adecuadas en aras
del deber de recordar que incumbe al Estado para preservar los archivos y otras
pruebas relativas a violaciones de los derechos humanos y el derecho
humanitario y para facilitar el conocimiento de tales violaciones. Esas medidas
deben estar encaminadas a preservar del olvido la memoria colectiva y, en
particular, evitar que surjan tesis revisionistas y negacionistas.”
[104] PRINCIPIO 4. EL DERECHO DE LAS VÍCTIMAS A SABER
Independientemente
de las acciones que puedan entablar ante la justicia, las víctimas y sus
familias tienen el derecho imprescriptible a conocer la verdad acerca de las
circunstancias en que se cometieron las violaciones y, en caso de fallecimiento
o desaparición, acerca de la suerte que corrió la víctima.
[105] A los efectos de estos principios, la frase
"comisiones de la verdad" se refiere a “órganos oficiales, temporales
y de constatación de hechos que no tienen carácter judicial y se ocupan de
investigar abusos de los derechos humanos o el derecho humanitario que se hayan
cometido a lo largo de varios años.”
[106] En el sentido de los Principios, la palabra
"archivos" se refiere a “colecciones de documentos relativos a
violaciones de los derechos humanos y el derecho humanitario de fuentes que
incluyen: a) organismos gubernamentales nacionales, en particular los que hayan
desempeñado una función importante en relación con las violaciones de los
derechos humanos; b) organismos locales, tales como comisarías de policía, que
hayan participado en violaciones de los derechos humanos; c) organismos
estatales, incluida la oficina del fiscal y el poder judicial, que participan
en la protección de los derechos humanos; y d) materiales reunidos por las
comisiones de la verdad y otros órganos de investigación.” Los principios
también indican que “se deberán adoptar medidas técnicas y sanciones penales
para impedir la sustracción, la destrucción, la disimulación o la falsificación
de los archivos, entre otras cosas con el fin de que queden impunes los autores
de violaciones de derechos humanos y/o del derecho humanitario.”
[107] Del tipo de los que fueron creados para
la violaciones cometidas en la ex-Yugoeslavia o en Ruanda.
[108] Sobre la competencia complementaria de
los tribunales internacionales, en los Principios se llee lo siguiente:
“PRINCIPIO
20. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES PENALES INTERNACIONALES E INTERNACIONALIZADOS
La
competencia territorial de los tribunales nacionales en principio sigue siendo
la norma en lo tocante a los delitos graves con arreglo al derecho
internacional. De conformidad con las disposiciones de sus estatutos, podrá
admitirse la competencia concurrente de un tribunal penal internacional o de un
tribunal penal internacionalizado cuando los tribunales nacionales no ofrezcan
garantías satisfactorias de independencia e imparcialidad o cuando les resulte
materialmente imposible desempeñar debidamente sus investigaciones o su
seguimiento de una causa criminal o no estén dispuestos a ello.”
[109] Los Principios literalmente dicen respecto
de la prescripción y la amnistía lo siguiente:
“PRINCIPIO
23. RESTRICCIONES A LA PRESCRIPCIÓN
La
prescripción de una infracción penal, tanto en lo que respecta a las
diligencias como a las penas, no podrá correr durante el período en que no
existan recursos eficaces contra esa infracción. La prescripción no se aplicará
a los delitos graves conforme el derecho internacional que sean por naturaleza
imprescriptibles. Cuando se aplica, la prescripción no podrá invocarse en las
acciones civiles o administrativas entabladas por las víctimas para obtener
reparación.”
“PRINCIPIO
24. RESTRICCIONES Y OTRAS MEDIDAS RELATIVAS A LA AMNISTÍA
Incluso
cuando tenga por finalidad crear condiciones propicias para alcanzar un acuerdo
de paz o favorecer la reconciliación nacional, la amnistía y demás medidas de
clemencia se aplicarán dentro de los siguientes límites:
a)
Los autores de delitos graves conforme al derecho internacional no podrán
beneficiarse de esas medidas mientras el Estado no cumpla las obligaciones enumeradas
en el principio 19 o los autores hayan sido sometidos a juicio ante un tribunal
competente, sea internacional o internacionalizado o nacional, fuera del Estado
de que se trata.
b)
La amnistía y otras medidas de clemencia no afectan al derecho de las víctimas
a reparación previsto en los principios 31 a 34, y no menoscabarán en el
derecho a saber.
c)
Como la amnistía puede interpretarse como un reconocimiento de culpa, no podrá
imponerse a las personas enjuiciadas o condenadas por hechos acaecidos durante
el ejercicio pacífico del derecho a la libertad de opinión y de expresión.
Cuando esas personas no hayan hecho más que ejercer ese derecho legítimo,
garantizado por los artículos 18 a 20 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos, y 18, 19, 21 y 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, una ley deberá considerar nula y sin valor respecto de ellas toda
decisión judicial o de otro tipo que les concierna; se pondrá fin a su
reclusión sin condiciones ni plazos.
d) Toda
persona condenada por infracciones que no sean las previstas en el apartado c)
del presente principio y que entren en el ámbito de aplicación de la amnistía
podrá rechazar la amnistía y solicitar que se revise su proceso si no ha tenido
un juicio imparcial y con las debidas garantías, previstas en los artículos 10
y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los artículos 9, 14 y
15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, o si ha sido
condenada sobre la base de una declaración que, según se haya establecido, ha
sido hecha como resultado de interrogatorios inhumanos o degradantes,
especialmente bajo la tortura.”
1. La
comisión recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha rechazado
todas aquellos obstáculos que
impidan poner en marcha los recursos judiciales de la jurisdicción interna, y
estimó que resultan incompatibles con el derecho a la protección judicial
previsto en el artículo 25 de la Convención Americana.
[111] En este sentido la Comisión afirma:
“Ante esta realidad, el derecho a la verdad no debe ser
coartado a través de medidas legislativas o de otro carácter. La CIDH ha
establecido que la existencia de impedimentos fácticos o legales –tales como la
expedición de leyes de amnistía— al acceso de información sobre los hechos y
circunstancias que rodearon la violación de un derecho fundamental, y que
impidan poner en marcha los recursos judiciales de la jurisdicción interna,
resultan incompatibles con el derecho a la protección judicial previsto en el
artículo 25 de la Convención Americana. El proceso destinado a establecer la
verdad requiere del libre ejercicio del derecho a buscar y recibir información,
así como de la formación de comisiones investigadorasy la adopción de las
medidas necesarias para habilitar al poder judicial a emprender y completar las
investigaciones correspondientes
[112] En este sentido se lee en el Informe lo
siguiente:
“32. En cualquier caso, el goce de este derecho a
conocer la verdad sobre la comisión de crímenes de derecho internacional no se
limita a los familiares de las víctimas. La Comisión y la Corte Interamericana
han manifestado que las sociedades afectadas por la violencia tienen, en su
conjunto, el irrenunciable derecho de conocer la verdad de lo ocurrido así como
las razones y circunstancias en las que delitos aberrantes llegaron a
cometerse, a fin de evitar que esos hechos vuelvan a ocurrir en el futuro. La
sociedad en su conjunto tiene derecho a conocer la conducta de quienes se hayan
involucrado en la comisión de violaciones graves a los derechos humanos o el
derecho internacional humanitario, especialmente en caso de masividad o
sistematicidad; comprender los elementos de carácter objetivo y subjetivo que
contribuyeron a crear las condiciones y circunstancias dentro de las cuales
conductas atroces fueron perpetradas e identificar los factores de índole
normativa y fáctica que dieron lugar a la aparición y el mantenimiento de las
situaciones de impunidad; contar con elementos para establecer si los
mecanismos estatales sirvieron de marco a la consumación de conductas punibles;
identificar a las víctimas y sus grupos de pertenencia así como a quienes hayan
participado de actos de victimización; y comprender el impacto de la impunidad.
[113] Sobre el particular explicó que “(e)n el
sistema interamericano, esta obligación de los Estados se encuentra reflejada
en los artículos XVIII y XXIV de la Declaración Americanay en los artículos
1(1), 2, 8 y 25 de la Convención Americana. Conforme a estas normas y su interpretación
autorizada, los Estados miembros de la OEA tienen el deber de organizar el
aparato gubernamental y todas las estructuras a través de las cuales se ejerce
el poder público de manera que sean capaces de garantizar jurídicamente el
libre y pleno ejercicio de los derechos humanos y de prevenir, investigar,
juzgar y sancionar su vulneración. Esta obligación es independiente de que los
autores de los crímenes sean agentes del poder público o particulares. Toda vez
que se trate de delitos de acción pública o perseguibles de oficio, el Estado
es el titular de la acción punitiva y es responsable de promover e impulsar las
distintas etapas procesales, en cumplimiento de su obligación de garantizar el
derecho a la justicia de las víctimas y sus familiares, con seriedad y no como
una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa.”
[114] Sobre estándares aceptables en materia de
reparación la Comisión afirmó:
“Los estándares aplicables establecen que las medidas de alcance
individual deben ser suficientes, efectivas, rápidas y proporcionales a la
gravedad del crimen y a la entidad del daño sufrido y estar destinadas a
restablecer la situación en que se encontraba la víctima antes de verse
afectada. Estas medidas pueden consistir en el restablecimiento de derechos
tales como el de la libertad personal, en el caso de los detenidos o
secuestrados; y el retorno al lugar de residencia, en el caso de los
desplazados. Asimismo, las víctimas que han sido despojadas de sus tierras o
propiedades por medio de la violencia ejercida por los actores del conflicto
armado tienen derecho a medidas de restitución.
“45.
En el caso de crímenes que, por sus características, no admiten la restitutio
in integrum los responsables deben compensar a la víctima o sus familiares por
los perjuicios resultantes del crimen. El Estado deberá esforzarse por resarcir
a la víctima cuando el responsable de la conducta ilícita no haya podido o no
haya querido cumplir sus obligaciones. Asimismo, la situación de la víctima
puede requerir de la adopción de medidas de rehabilitación tales como atención
médica y psicológica, servicios jurídicos y sociales de apoyo.
“46. Las garantías generales de satisfacción requieren
de medidas tendientes a remediar el agravio padecido por víctima, incluyendo la
cesación de violaciones continuadas; la verificación de los hechos
constitutivos de crímenes internacionales; la difusión pública y completa de
los resultados de las investigaciones destinadas a establecer la verdad de lo
sucedido, sin generar riesgos innecesarios para la seguridad de víctimas y
testigos; la búsqueda de los restos de los muertos o desaparecidos; la emisión
de declaraciones oficiales o de decisiones judiciales para restablecer la
dignidad, la reputación y los derechos de las víctimas y de las personas a
ellas vinculadas; el reconocimiento público de los sucesos y de las
responsabilidades; la recuperación de la memoria de las víctimas; y la
enseñanza de la verdad histórica.”
[115] MM.PP. Manuel José Cepeda Espinosa y
Eduardo Montealegre Lynett
[116] Ver, entre otros, los casos Velásquez
Rodríguez (fundamento 166), Sentencia del 29 de julio de 1988 y Barrios Altos
(fundamento 43), Sentencia de 14 de Marzo de 2001 de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, donde la Corte resalta como contrarios a la Convención
Americana aquellos instrumentos legales desarrollados por los Estados partes
que le nieguen a las víctimas su derecho a la verdad y a la justicia.
[117] Casi todos los sistemas jurídicos reconocen
el derecho de las víctimas de un delito a algún tipo de reparación económica,
en particular cuando se trata de delitos violentos. Esa reparación puede ser
solicitada bien dentro del mismo proceso penal (principalmente en los sistemas
romano germánicos) o bien a través de la jurisdicción civil (generalmente en
los sistemas del common law). Ver Pradel, Jean. Droit Pénal Comparé. Editorial Dalloz, 1995, páginas 532 y ss.
[118] Esta posibilidad no resulta del todo extraña en
nuestro sistema penal, como quiera que el legislador penal previó, por ejemplo,
para los eventos de lesiones a bienes jurídicos colectivos la constitución de
un actor civil popular. La acción civil popular dentro del proceso penal está
prevista en el artículo 45 de la Ley 600 de 2000, que dice: Artículo
45.-Titulares. “La acción civil individual o popular para el resarcimiento
de los daños y perjuicios individuales y colectivos causados por la
conducta punible, podrá ejercerse ante la jurisdicción civil o dentro del
proceso penal, a elección de las personas naturales o jurídicas perjudicadas,
por los herederos o sucesores de aquéllas, por el Ministerio Público o por
el actor popular cuando se trate de una lesión directa a bienes jurídicos
colectivos. En este último evento, sólo podrá actuar un ciudadano y será
reconocido quien primero se constituya. El actor popular gozará del beneficio
del amparo de pobreza de que trata el Código de Procedimiento Civil. Si el
titular de la acción indemnizatoria no tuviere la libre administración de sus
bienes y optare por ejercerla en el proceso penal, se constituirá en parte
civil mediante demanda presentada por su representante legal.” (subrayado fuera
de texto). Esta acción ha sido empleada por ONGs en casos de lucha contra la
corrupción. Ver, Estudios Ocasionales CIJUS, “Acceso a la justicia y defensa
del interés ciudadano en relación con el patrimonio público y la moral
administrativa”, Ediciones Uniandes, Bogotá, Marzo, 2001.
[119] En múltiples decisiones la Corte
Interamericana se ha referido al alcance del derecho a la verdad en la
Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. La jurisprudencia relevante
puede ser consultada en el aparte anterior de esta decisión. Así por ejemplo,
la Corte Interamericana en la Sentencia de 15 de septiembre de 2005 Señaló,
sobre el derecho de acceso a la justicia, el deber de investigar y el derecho a
la verdad, lo siguiente: “Este Tribunal ha señalado que el derecho de acceso a
la justicia no se agota con el trámite de procesos internos, sino éste debe
además asegurar, en tiempo razonable, el derecho de las presuntas víctimas o
sus familiares a que se haga todo lo necesario para conocer la verdad de lo
sucedido y para que se sancione a los eventuales responsables.
[120]            Cfr. Caso Villagrán Morales
y otros, Reparaciones, supra nota 5, párr. 100; Caso
Paniagua Morales y otros, Reparaciones, supra nota 5, párr.
200; y Caso Aloeboetoe y Otros, Reparaciones, supra nota 40,
párr. 109.
[121]            Cfr. Caso Cantoral Benavides,
Reparaciones, supra nota
5, párr. 69; y Caso Paniagua Morales y otros, supra nota 5, parr. 200.
[122]            Cfr. Caso Cantoral
Benavides, Reparaciones, supra nota 5, párr. 69; Caso Cesti Hurtado,
Reparaciones, supra nota 5, párr. 62; Caso Villagrán Morales y
otros, Reparaciones, supra nota 5, párr. 100; y Caso
Paniagua Morales y otros, Reparaciones, supra nota 5, párr.
200.
[123]            Véase, por ejemplo, United
Nations Human Rights Committee, Quinteros v. Uruguay, Communication No.
107/1981, decision of 21 July 1983; Naciones Unidas, Comisión
de Derechos Humanos, Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección
a las Minorías, 49º período de sesiones, Informe final revisado acerca de la
cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos
(derechos civiles y políticos) preparado por  L. Joinet, UN General
Assembly Doc. E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1; Naciones Unidas, Comisión de Derechos
Humanos, Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las
Minorías, 45º período de sesiones, Estudio relativo al derecho de
restitución, indemnización y rehabilitación a las víctimas de violaciones
flagrantes de los derechos humanos y las libertades fundamentales, Informe
definitivo presentado por Theo van Boven, Relator especial, E/CN.4/Sub
.2/1993/8.
[124]            Cfr. Caso Cantoral
Benavides, Reparaciones, supra nota 5, párr. 69; Caso Villagrán Morales
y otros, Reparaciones, supra nota 5, párr. 100; y Caso Paniagua
Morales y otros, Reparaciones, supra nota 5, párr. 200.
[125]            Cfr. Caso Castillo Páez, Sentencia de 3
de noviembre de 1997. Serie C No. 34, párr. 90; Caso Caballero Delgado y
Santana. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos
Humanos). Sentencia de 29 de enero de 1997. Serie C No. 31, párr. 58; y Caso
Neira Alegría y Otros, Reparaciones, supra nota 38, párr. 69.
[126]            Cfr. Caso Castillo Páez,
supra nota 6, párr. 90.  En igual sentido cfr. Naciones
Unidas, Comisión de Derechos Humanos, Subcomisión de Prevención de
Discriminaciones y Protección a las Minorías, 49º período de sesiones, Informe
final revisado acerca de la cuestión de la impunidad de los autores de
violaciones de los derechos humanos (derechos civiles y políticos) preparado
por L. Joinet, UN General Assembly Doc. E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1; y Naciones
Unidas, Comisión de Derechos Humanos, Subcomisión de Prevención de
Discriminaciones y Protección a las Minorías, 45º período de sesiones, Estudio
relativo al derecho de restitución, indemnización y rehabilitación a las
víctimas de violaciones flagrantes de los derechos humanos y las libertades
fundamentales, Informe definitivo presentado por Theo van Boven, Relator
especial, E/CN.4/Sub .2/1993/8.
[127] Caso comunidad Moiwana vs. Suriname. Los
hechos que dieron lugar al proceso consistieron en que las fuerzas armadas de
Suriname atacaron la comunidad N’djuka Maroon de Moiwana.  Los soldados
masacraron a más de 40 hombres, mujeres y niños, y arrasaron la comunidad.  Los
que lograron escapar huyeron a los bosques circundantes, y después fueron
exiliados o internamente desplazados.  A la fecha de la presentación de la
demanda no había habido una investigación adecuada de la masacre, nadie habría
sido juzgado ni sancionado, y los sobrevivientes permanecerían desplazados de
sus tierras.
[128] M.P Manuel José Cepeda Espinosa.
[129] Cfr. sentencia C-1149 de 2001 M.P. Jaime
Araujo Rentería.  Se declaró en esa oportunidad la exequibilidad de los
artículos 107, 108 inciso 3º  y 305 parcial de la ley 522 de 1999.  Se hace
allí referencia a los derechos de las víctimas (y también de los procesados)
por los que vela el proceso penal: derecho a la justicia; derecho a la verdad;
y derecho a obtener una reparación.
[130] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
[131] Este principio general se concreta
respecto de las penas en el artículo 80 del Estatuto que dice:
Artículo 80. El Estatuto, la aplicación de
penas por los países y la legislación nacional. Nada de lo dispuesto en la
presente parte se entenderá en perjuicio de la aplicación por los Estados de
las penas prescritas por su legislación nacional ni de la legislación de los
Estados en que no existan las penas prescritas en la presente parte.
[132] Ver Organización de Naciones Unidas.
Subcomisión para la Prevención de la Discriminación y la Protección de las
Minorías. Sobre la Impunidad de Perpetradores de Violaciones a los Derechos
Humanos. Relator Especial Louis Joinet, UN Doc. E/CP.4/Sub.2/1993/6, 19 de
julio de 1993, revisado por E/CP.4/Sub.2/1994/11 y E/CP.4/Sub.2/1996/18
(Informe Final). Ver también,
Stephens, Beth. Conceptualizing Violence: Present and Future developments in
International Law: Panel 1: Human Rights and Civil Wrongs at Home and Abroad:
Old Problems and New Paradigms: Do Tort Remedies Fit the Crime?. En 60 Albany Law Review 579, 1997.
[133] Así lo ha señalado la Corte
Interamericana de Derechos Humanos al afirmar que “(...) la inexistencia de un
recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la
Convención constituye una trasgresión de la misma por el Estado Parte en el
cual semejante situación tenga lugar. En ese sentido debe subrayarse que, para
que tal recurso exista, no basta con que esté previsto por la Constitución o la
ley o con que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea
realmente idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a los
derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla.” (subrayado agregado al texto). Corte
Interamericana de Derechos Humanos, Garantías Judiciales en Estados de Emergencia
(Arts. 27.2, 25 y 8, Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión
Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987, Serie A No. 9, párrafo. 24.
[134] Declaración Americana de los Derechos
y Deberes del Hombre, OAS Res. XXX, aprobada en la Novena Conferencia
Internacional Americana (1948), reimprimido en Documentos Básicos Concernientes
a los Derechos Humanos en el Sistema Interamericano, OEA/Ser.L.V/IL82 doc.6
rev.1 p. 17 (1992). Artículo XVIII. Derecho de justicia. Toda persona puede
ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo debe disponer
de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra
actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos
fundamentales consagrados constitucionalmente.
[135] Declaración Universal de Derechos
Humanos, A.G. res. 217 A (III), ONU Doc. A/810 p. 71 (1948). Artículo 8.
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales
nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos
fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.
[136] Convención Americana de Derechos
Humanos, Serie sobre Tratados, OEA, No. 36, 1144, Serie sobre Tratados de
la ONU, 123 entrada en vigor 18 de julio de 1978, reimprimido en Documentos
Básicos Concernientes a los Derechos Humanos en el Sistema Interamericano,
OEA/Ser.L.V/II.82 doc.6.rev.1 p. 25 (1992). Artículo 25. Protección Judicial.
1.Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro
recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra
actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la
ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por
personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados
partes se comprometen:  a) A garantizar que la autoridad competente prevista
por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que
interponga tal recurso; b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial,
y c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda
decisión en que  se haya estimado procedente el recurso.”
[137] Declaración sobre los principios
fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder,
Adoptada por la Asamblea General en su resolución 40/34, de 29 de noviembre de
1985. Acceso a la justicia y trato justo. “4. Las víctimas serán tratadas con
compasión y respeto por su dignidad. Tendrán derecho al acceso a los mecanismos
de la justicia y a una pronta reparación del daño que hayan sufrido, según lo
dispuesto en la legislación nacional. 5. Se establecerá y reforzarán, cuando
sea necesario, mecanismos judiciales y administrativos que permitan a las
víctimas obtener reparación mediante procedimientos oficiales u oficiosos que
sean expeditos, justos, poco costosos y accesibles. Se informará a las víctimas
de sus derechos para obtener reparación mediante esos mecanismos. 6. Se
facilitará la adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a
las necesidades de las víctimas: a) Informando a las víctimas de su papel y del
alcance, el desarrollo cronológico y la marcha de las actuaciones, así como de
la decisión de sus causas, especialmente cuando se trate de delitos graves y
cuando hayan solicitado esa información; b) Permitiendo que las opiniones y
preocupaciones de las víctimas sean presentadas y examinadas en etapas
apropiadas de las actuaciones siempre que estén en juego sus intereses, sin
perjuicio del acusado y de acuerdo con el sistema nacional de justicia penal
correspondiente; c) Prestando asistencia apropiada a las víctimas durante todo
el proceso judicial; d) Adoptando medidas para minimizar las molestias causadas
a las víctimas, proteger su intimidad, en caso necesario, y garantizar su
seguridad, así como la de sus familiares y la de los testigos en su favor,
contra todo acto de intimidación y represalia; e) Evitando demoras innecesarias
en la resolución de las causas y en la ejecución de los mandamientos o decretos
que concedan indemnizaciones a las víctimas. 7. Se utilizarán, cuando proceda,
mecanismos oficiosos para la solución de controversias, incluidos la mediación,
el arbitraje y las prácticas de justicia consuetudinaria o autóctonas, a fin de
facilitar la conciliación y la   reparación en favor de las víctimas.”
[138] Sobre reconocimiento de la prohibición de
genocidio como norma de ius cogens ver: Corte Internacional de Justicia,
Opinión consultiva del 28 de mayo de 1951. Asunto de las reservas a la
Convención sobre la Prevención y el Castigo del Crimen de Genocidio; Corte
Internacional de Justicia Sentencia del 11 de julio de 1996 Asunto de la
aplicación de la Convención para la Prevención y el Castigo del Crimen de
Genocidio (Bosnia-Herzegovina c/ Yugoslavia).
[139] Henrard, Kristin.  The Viability of National Amnesties in
View of The Increasing Recognition of Individual Criminal Responsibility at
International Law. En 8 Michigan State University-DCL Journal of International
Law, páginas 595 y ss. Robertson,
Geoffrey. Crimes Against Humanity. The Struggle for Global Justice. The New
Press, New York, 1999. Ratner, Steven R. y Abrams, Jason S.. Accountability for
Human Rights Atrocities in International Law. Beyond the Nuremberg Legacy.
Clarendon Press, Oxford, 1997. Special Rapporteur
Louis Joinet, Preliminary Report: Study on Amnesty Laws and their Role in the
Safeguard and Promotion of Human Rights, UN Commission on Human Rights, UN Doc.
E/CP.4/Sub.2/1985/16 (1985). Naomi Roht- Arriaza, Special Problems of a Duty to
Prosecute: Derogation, Amnesties, Statutes of Limitation and Superior Orders,
in Impunity and Human Rights in International Law and Practice 57, 63-64 (Naomi
Roht-Arriaza ed., 1995). Sieder, Rachel, Ed. Impunity in Latin America. Institute of Latin American Studies, 1995
[140] Lo anterior inspiró el articulo 5 del
Estatuto de Roma.
[141] Ver por ejemplo, las siguientes
disposiciones: Ley 35 de 1982, reguló la amnistía y otras disposiciones para
restablecer la paz; Ley 49 de 1985, que otorgó facultades especiales al
Presidente para conceder indultos., la Ley 77 de 1989 que reguló el
procedimiento para dar Indulto, los Decretos 206 de 1990 y 213 de 1991,
mediante los cuales se adoptaron medidas para el restablecimiento del orden
público, incluida la regulación de la figura de extinción de la acción penal
para facilitar la reincorporación de Miembros del EPL, el PRT y el Quintín
Lame; el Decreto 1943 de 1991, a través del cual se
adoptaron medidas sobre Indulto y Amnistía; el Decreto 1059 del 26 de
1994, con el cual se dictaron normas encaminadas a facilitar la incorporación
de milicias populares con carácter político; el Decreto 1387 de 1994, dirigido
a facilitar la reincorporación de los miembros del Frente Francisco Garnica
vinculados al proceso de paz; la Ley 104 de 1993, cuyos artículos 48 a 60
regulan la posibilidad de otorgar beneficios judiciales para facilitar la
reinserción. En la Constitución Política, el artículo
transitorio 30 autorizó al gobierno a conceder indultos o amnistías por delitos
políticos y conexos, cometidos con anterioridad a la promulgación de la
Constitución de 1991.
[142] M.P Rodrigo Escobar Gil.
[143] En tal sentido, la Corte ha dicho: “Como
ha quedado expuesto anteriormente, la diferencia de trato entre empleados
oficiales y particulares, en materia de prescripción de la acción penal, se
justifica por la existencia de la potestad estatal para fijar la política
criminal frente a determinados delitos, según su gravedad, complejidad,
consecuencias y dificultades probatorias, sin que sea posible afirmar la
vulneración del derecho a la igualdad.” Sentencia C-345/95 (M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz).
[144] M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[145] Ver sentencias C-740 de 2001, C-1149 de
2001,  SU-1184 de 2001, T-1267 de 2001 y C-282 de 2002.
[146] Sentencia T-1267 de 2001. MP Rodrigo
Uprimny Yepes, Fundamento 16.
[147] M.P MP Rodrigo Uprimny Yepes
[148] M.P. Eduardo Montealegre Lynett
[149] Sentencia C-875 de 2002.
[150] Sentencia C-225 de 1995, entre otras.
[151] SetenciaC-228
de 2002
[152] C-178 de 2002
[153] La síntesis comprehensiva de este
precedente se encuentra en la sentencia C-1052/01, M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa.
[154] Al respecto, el artículo 2-3 del Decreto
2067 de 1991 consagra como requisito de las demandas en las acciones públicas
de inconstitucionalidad el establecimiento de las razones por las cuales las
normas constitucionales correspondiente se estiman infringidas.  Estos
argumentos son los que la doctrina judicial tradicional ha identificado como el
concepto de la violación.
[155] Estos son los defectos a los cuales se ha
referido la jurisprudencia de la Corte cuando ha señalado la ineptitud de una
demanda de inconstitucionalidad, por inadecuada presentación del concepto de la
violación. Cfr. los autos 097 de 2001 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra) y 244
de 2001 (M.P. Jaime Córdoba Triviño) y las sentencias C-281 de 1994 (M.P. José
Gregorio Hernández Galindo), C-519 de 1998 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), C-013
de 2000 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), C-380 de 2000 (M.P. Vladimiro Naranjo
Mesa), C-177 de 2001 (M.P. Fabio Morón Díaz), entre varios pronunciamientos.
[156] Cfr. Corte Constitucional Sentencia C-447
de 1997 M.P. Alejandro Martínez Caballero. La Corte se declara inhibida para
pronunciarse de fondo sobre la constitucionalidad del inciso primero del
artículo 11 del Decreto Ley 1228 de 1995, por demanda materialmente inepta,
debido a la ausencia de cargo.
[157] Cfr. Corte Constitucional,
sentencia C-1052/01.  Fundamento jurídico 3.4.2.
[158] Ibídem.
[159] Ibídem.
[160] Acerca de la conformación de la proposición
jurídica como parte del requisito de certeza propio de los cargos de
inconstitucionalidad, Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-710/96,
M.P. Jorge Arango Mejía.
[161] El sistema de acumulación jurídica de penas, está previsto en el
artículo 31 del código penal, conforme al cual  cuando existe concurso de
conductas punibles el autor “quedará sometido a la (disposición) que
establezca la pena más grave según su naturaleza, aumentada hasta en otro
tanto, sin que fuere superior a la suma aritmética de las que correspondan a las
respectivas conductas punibles debidamente dosificadas cada una de ellas”.
[162] En la sentencia C- 543 de 1996, la Corte estableció las clases de
omisiones en que puede incurrir el legislador – absoluta y relativa - , y
señaló la imposibilidad de ejercer control de constitucionalidad sobre las
denominadas omisiones absolutas, admitiendo este mecanismo de control
únicamente respecto de las omisiones legislativas de naturaleza relativa. En
posteriores pronunciamientos (C-427 de 2000, C-1549 de 2000; C- 041 de 2002,
C-185 de 2002, C- 871 de 2002) se ha reiterado esta regla jurisprudencial.
[163] Cfr. Sentencia C- 041 de 2001, MP Marco Gerardo Monroy Cabra,
criterio reiterado en la sentencia C-528 de 2003 del mismo Despacho.
[164] Sentencias C- 185 de 2001; C-420 de 2000.
[165] Sentencias C- 540 de 1997;  C-041 de 2002.
[166] ARTÍCULO 17. VERSIÓN LIBRE Y
CONFESIÓN. Los miembros del grupo armado organizado al margen de la ley, cuyos
nombres someta el Gobierno Nacional a consideración de la Fiscalía General de la
Nación, que se acojan en forma expresa al procedimiento y beneficios de la
presente ley, rendirán versión libre ante el fiscal delegado asignado para el
proceso de desmovilización, quien los interrogará sobre todos los hechos de que
tenga conocimiento. En presencia de su defensor, manifestarán las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que hayan participado en los hechos
delictivos cometidos con ocasión de su pertenencia a estos grupos, que sean
anteriores a su desmovilización y por los cuales se acogen a la presente ley.
En la misma diligencia indicarán los bienes que se entregan para la reparación
a las víctimas, silos tuvieren, y la fecha de su ingreso al grupo. La versión
rendida por el desmovilizado y las demás actuaciones adelantadas en el proceso
de desmovilización, se pondrán en forma inmediata a disposición de la Unidad
Nacional de Fiscalías de Justicia y Paz con el fin de que el fiscal delegado y
la Policía Judicial asignados al caso elaboren y desarrollen el programa
metodológico para iniciar la investigación, comprobar la veracidad de la
información suministrada y esclarecer esos hechos y todos aquellos de los
cuales tenga conocimiento dentro del ámbito de su competencia.
[167] Confrontar al respecto las sentencias
C-411 de 1993, C-425 de 1996, C-227 de 1998.
[168] Adoptada por la Asamblea General de la
OEA en Belém do Pará. Brasil, en 1994. Aprobada mediante la Ley 707 de 2001,
revisada mediante la Sentencia C-580 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[169] Ver al respecto las normas y la
jurisprudencia coitada en el aparte anterior de esta providencia. En particular
se pueden consultar, entre otras, la sentencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en el Caso Godínez Cruz vs. Honduras o en el caso Al respecto
dice la citada decisión: “El Estado está, por otra parte, obligado a investigar
toda situación en la que se hayan violado los derechos humanos protegidos por
la Convención.  Si el aparato del Estado actúa de modo que tal violación quede
impune y no se restablezca, en cuanto sea posible, a la víctima en la plenitud
de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar su
libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción.” Y mas
adelante continúa: “En ciertas circunstancias puede resultar difícil la
investigación de hechos que atenten contra derechos de la persona.  La de
investigar es, como la de prevenir, una obligación de medio o comportamiento
que no es incumplida por el solo hecho de que la investigación no produzca un
resultado satisfactorio.  Sin embargo, debe emprenderse con seriedad y no como
una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa.  Debe tener un
sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una
simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal
de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos
probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad.  Esta
apreciación es válida cualquiera sea el agente al cual pueda eventualmente
atribuirse la violación, aun los particulares, pues, si sus hechos no son
investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo, auxiliados por el poder
público, lo que comprometería la responsabilidad internacional del Estado. Y finalmente
señala: “El deber de investigar hechos de este género subsiste mientras se
mantenga la incertidumbre sobre la suerte final de la persona desaparecida.
Incluso si en el supuesto de que circunstancias legítimas del orden jurídico
interno no permitieran aplicar las sanciones correspondientes a los
individualmente responsables de delitos de esta naturaleza, el derecho de los
familiares de la víctima de conocer cuál fue el destino de ésta y, en su caso,
dónde se encuentran sus restos, representa una justa expectativa que el Estado
debe satisfacer con los medios a su alcance.”
[170]  Ver la sentencia C-473 de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
(salvamento de voto de los Magistrados Alfredo Beltrán Sierra y Jaime Araújo Rentería).
[171]  Ver la sentencia C-317 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas
Hernández.
[172] Cfr. Corte Constitucional,
sentencia C-527/05, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[173] Caso comunidad Moiwana vs. Suriname. Los
hechos que dieron lugar al proceso consistieron en que las fuerzas armadas de
Suriname aracaron la comunidad N’djuka Maroon de Moiwana.  Los soldados
masacraron a más de 40 hombres, mujeres y niños, y arrasaron la comunidad.  Los
que lograron escapar huyeron a los bosques circundantes, y después fueron
exiliados o internamente desplazados.  A la fecha de la presentación de la
demanda no había habido una investigación adecuada de la masacre, nadie habría
sido juzgado ni sancionado, y los sobrevivientes permanecerían desplazados de
sus tierras.
[174] Sobre las reglas para efectuar integración de la
unidad normativa ver entre otras las sentencias C-185 de 2002, C-871 de 2002,
C-041 de 2002, C-427 de 2000, C-1549 de 2000, C-543 de 1996, C-925 de 2005 de
la Corte Constitucional.
[175] En el caso de las hermanas Serrano Cruz la Corte Interamericana
señaló respecto de la obligación de investigar: “La investigación que deben
emprender los Estados debe ser realizada con la debida diligencia, puesto que
debe ser efectiva. Esto implica que el órgano que investiga debe llevar a cabo,
dentro de un plazo razonable todas aquellas diligencias que sean necesarias con
el fin de obtener un resultado”. (Corte Interamericana de Derechos Humanos,
Caso de las Hermanas Serrano Cruz, sentencia del 1° de marzo de 2005, Serie C
No.120. párr. 65.
[176] Cfr. Sentencia T- 1249 de 2004. La Corte Interamericana en la
Opinión Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987 interpretó el término
“garantías” a que hace referencia el artículo 27.1 en el sentido de que “...sirven
para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un
derecho. Como los Estados Partes tienen la obligación de reconocer y respetar
los derechos y libertades de la persona, también tienen la de proteger y
asegurar su ejercicio a través de las respectivas garantías (Art. 1.1), vale
decir, medios idóneos para que los derechos y libertades sean efectivos en toda
circunstancia. (Párr.25)...”. Ver, entre otros, Eur. Court H.R., Motta
judgment of 19 February 1991, Series A no. 195-A, párr. 30; Eur. Court H.R.,
Ruiz Mateos v. Spain judgment of 23 June 1993, Series A no. 262, párrafo 30, Motta,
supra 77, párr. 24; Eur. Court H.R., Vernillo
judgment of 20 February 1991, Series A no. 198 y Eur. Court
H.R., Unión Alimentaria Sanders S.A. judgment of 7 July 1989, Series A,
no. 157. En igual  sentido sentencia T- 297 de
2006.
[177] Ver. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Suárez
Rosero, Sentencia del 12 de noviembre de 1997, Serie C No. 35, párr.72.
[178] El programa metodológico, conforme al
artículo 207 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), es una
herramienta de investigación diseñada por el fiscal asignado para la
investigación con el apoyo los integrantes de la policía judicial que conforman
el equipo investigativo. Su objetivos son: (i) determinar los objetivos de
investigación conforme a la hipótesis delictiva; (ii) establecer los criterios
para evaluar la información; (iii) delimitar funcionalmente las tareas que se
deban adelantar en procura de los objetivos trazados; (iv) establecer los
procedimientos de control que se deben adoptar en el desarrollo de las labores;
(v)  identificar los recursos de mejoramiento de los resultados obtenidos.
[179] Véase Corte I.D.H., caso Huilca Tecse,
sentencia del 3 de marzo del 2005, serie C- No. 121, pár. 107.
[180] Cfr. Sentencias C- 293 de 1995; C- 228 de
2002; C-1149 de 2001, entre otras.
[181] Esta sistematización se apoya en el “Conjunto
de Principios para la protección y promoción de los derechos humanos mediante
la lucha contra la impunidad”.Anexo del Informe final del Relator Especial
acerca de la cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los
derechos humanos. E/CN.4/Sub2/1997/20/Rev.1. Presentado a la Comisión de
Derechos Humanos en 1998. Estos principios fueron actualizados por la experta
independiente Diane Orentlicher, de acuerdo con informe E/CN. 4/2005/102,
presentado a la Comisión de Derechos Humanos.
[182] Principio 2 del Conjunto de Principios
para la protección y promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra
la impunidad.
[183] Cfr. Entre otras las sentencias C- 293 de
1995 y C- 228 de 20002.
[184] Cfr. Sentencias T- 443 de 1994, MP. Eduardo Cifuentes Muñoz ;  C- 293 de
1995, MP, Carlos Gaviria Díaz.
[185] Cfr. Sentencia C- 412 de 1993, MP.
Eduardo Cifuentes Muñoz.
[186] Cfr., Sentencia C- 275 de 1994, MP,
Alejandro Martínez Caballero.
[187] Cfr. Principios relativos a una eficaz
prevención e investigación de las ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o
sumarias, aprobado por el Consejo Económico y social de las Naciones Unidas,
mediante resolución 1989/65 del 29 de mayo de 1989, y ratificado por la
Asamblea General. mediante resolución 44/162 del 15 de diciembre de 1989.
Citados en la sentencia C-293 de 1995.
[188] Cfr. Sentencia C- 412 de 1993, MP.
Eduardo Cifuentes Muñoz.
[189] Cfr., Sentencia C- 275 de 1994, MP,
Alejandro Martínez Caballero.
[190] Cfr. Principios relativos a una eficaz
prevención e investigación de las ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o
sumarias, aprobado por el Consejo Económico y social de las Naciones Unidas,
mediante resolución 1989/65 del 29 de mayo de 1989, y ratificado por la
Asamblea General. mediante resolución 44/162 del 15 de diciembre de 1989.
Citados en la sentencia C-293 de 1995.
[191] Cfr. Sentencia C- 228 de 2002, entre
otras.
[192] En similares términos se pronunció la
Corte en la sentencia C-799 de 2005 en la que examinó la constitucionalidad del
artículo 8° de la Ley 906/04 que  establece el ejercicio de los atributos
propios del derecho de defensa “una vez adquirida la condición de imputado”,
declarando que tal expresión es válida sin perjuicio de que en fase anteriores
se ejerza esa garantía.
[193] Ver entre otras las sentencias C-185 de 2002,
C-871de 2002, C-041 de 2002, C-427 de 2000, C-1549 de 2000, C-543 de 1996,
C-925 de 2005 de la Corte Constitucional.
[194] Ley 418 de 1997, ley 782 de 2002.
[195] En la Sentencia C-539/99,  se enunciaron, como
siguen, las hipótesis que permiten la integración de la unidad normativa:
"Excepcionalmente, la Corte puede conocer sobre la constitucionalidad de
leyes ordinarias que no son objeto de control previo u oficioso, pese a que
contra las mismas no se hubiere dirigido demanda alguna. Se trata de aquellos
eventos en los cuales procede la integración de la unidad normativa. Sin
embargo, para que, so pretexto de la figura enunciada, la Corte no termine
siendo juez oficioso de todo el ordenamiento jurídico, la jurisprudencia ha
señalado que la formación de la unidad normativa es procedente, exclusivamente,
en uno de los siguientes tres eventos. En primer lugar, procede la integración
de la unidad normativa cuando  un ciudadano demanda una disposición que,
individualmente, no tiene un contenido deóntico claro o unívoco, de
manera que, para entenderla y aplicarla, resulta absolutamente imprescindible
integrar su  contenido normativo con el de otra disposición que no fue
acusada.  En estos casos es necesario completar la proposición jurídica
demandada para evitar proferir un fallo inhibitorio. En segundo término, se
justifica la configuración de la unidad normativa en aquellos casos en los
cuales la disposición cuestionada se encuentra reproducida en otras normas del
ordenamiento que nofueron demandadas. Esta hipótesis pretende evitar que un
fallo de inexequibilidad resulte inocuo. Por último, la integración
normativa procede cuando pese a no verificarse ninguna de las hipótesis
anteriores, la norma demandada se encuentra intrínsecamente relacionada con
otra disposición que, a primera vista, presenta serias dudas de
constitucionalidad". Sobre integración de la proposición jurídica pueden
consultarse las Sentencias C-320/97;  C-560/97, C-565/98 y C-1647/00;
C-064/05. Sobre integración de unidad normativa respecto de normas que resultan
prima facie inconstitucionales, Cfr. Sentencia C-320/97; C-871 de 2003.
[196] Sobre los derechos de acceso a la administración de
justicia y a un recurso efectivo ha dicho la Corte Constitucional: En consonancia con lo anterior, el artículo
229 de la Carta garantiza “el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia”. Ese derecho comprende, tal como lo ha reconocido
esta Corte, contar, entre otras cosas, con procedimientos idóneos y efectivos
para la determinación legal de derechos y obligaciones,[196] la resolución de las
controversias planteadas ante los jueces dentro de un término prudencial y sin
dilaciones injustificadas[196],
la adopción de decisiones con el pleno respeto del debido proceso, la
existencia de un conjunto amplio y suficiente de mecanismos para el arreglo de
controversias, que se prevean mecanismos para facilitar el acceso a la justicia
a los pobres y que la oferta de justicia permita el acceso a ella en todo el
territorio nacional. Y, aun cuando en relación con este tema el legislador
tiene un amplio margen para regular los medios y procedimientos que garanticen
dicho acceso, ese margen no comprende el poder para restringir los fines del
acceso a la justicia que orientan a las partes hacia una protección judicial
integral y plena de los derechos, para circunscribir dicho acceso, en el caso
de las víctimas y perjudicados de un delito, a la obtención de una
indemnización económica. Por lo cual, el derecho a acceder a la administración
de justicia, puede comprender diversos remedios judiciales diseñados por el
legislador, que resulten adecuados para obtener la verdad sobre lo ocurrido, la
sanción de los responsables y la reparación material de los daños sufridos.
C-228 de 2002
[197] Ver el artículo 32 del Protocolo
Adicional I de 1977 a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949.
[198] El derecho a saber la verdad en el caso
de personas desaparecidas o fallecidas durante el conflicto en la Antigua
República de Yugoslavia fue recogido en el Tratado de Paz entre Croacia y
Bosnia y Herzegovina, concluido el 21 de noviembre de 1995 en Dayton (Estados
Unidos) y firmado en Paris el 14 de diciembre de 1995, en los siguientes
términos (traducción no oficial): “2. Los Estados Parte se comprometen a
permitir el registro de tumbas y la exhumación de cadáveres de fosas
individuales o colectivas que se encuentren en su territorio, así como el
acceso de personal autorizado dentro de un período de tiempo definido para la
recuperación y evacuación de los cadáveres de militares o civiles muertos con
ocasión del conflicto armado y de los prisioneros de guerra fallecidos.”
[199]            Cfr. Caso de las Hermanas Serrano Cruz, supra nota 11, párr. 66; Caso 19 Comerciantes, supra nota 190,
párr. 188, y Caso Myrna Mack Chang, supra nota 5, párr.
209.
[200] Caso Masacre de Mapiripán vs. Colombia.
Los hechos que suscitaron el caso consistieron la llegada al aeropuerto de San
José de Guaviare de aproximadamente un centenar de miembros de la autodefensas
Unidas de Colombia (AUC), procedentes del Urabá antioqueño. A su llegada fueron
recogidos por miembros del Ejército Nacional, y transportados hasta el
municipio de Mapiripán, en camiones de esa Institución. Durante su permanencia
en Mapiripán, los paramilitares secuestraron, torturaron, asesinaron y descuartizaron
a 49 personas, a las que acusaban de auxiliar a la guerrilla. La Fiscalía
concluyó que la masacre se había perpetrado con el apoyo y aquiescencia de la
Fuerza Pública. Pese a ser informados, los comandantes del ejército se
mantuvieron en completa inactividad. Transcurridos más de ocho años, la
justicia penal no había logrado identificar a las víctimas, y solo había
juzgado y sancionado a unas pocas personas comprometidas en la masacre.
[201] Caso Barrios Altos vs. Perú. En este caso
los hechos acaecidos consistieron en el asalto por parte de seis miembros del
ejército peruano a un inmueble ubicado en el vecindario conocido como “Barrios
Altos” de la ciudad de Lima, donde dispararon indiscriminadamente contra los
ocupantes de la vivienda, matando a quince de ellos e hiriendo gravemente a
otros cuatro.
[202] Caso Myrna Mack Chang vs Guatemala. Los
hechos que motivaron este proceso consistieron en el ataque a Myrna Mack Chang,
antropóloga, por parte de dos personas que le propinaron 27 heridas de arma
blanca, causándole la muerte. Las investigaciones llevaron a concluir que el
homicidio fue perpetrado por agentes de seguridad del Estado guatemalteco, en
represalia al trabajo que ella adelantaba para establecer las causas y
consecuencias del fenómeno del desplazamiento forzado de comunidades indígenas
en Guatemala.
[203]            Cfr. Caso Bulacio, supra nota
9, párr. 114; Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros, supra nota
260, párr. 142 a 144; y Caso Suárez Rosero.  Sentencia de 12 de
noviembre de 1997.  Serie C No. 35, párr. 71 y 72.
[204]            Cfr.
Caso Bulacio, supra nota 9, párr. 114.
[205] Caso Masacre de Mapiripán vs. Colombia.
Los hechos que suscitaron el caso consistieron la llegada al aeropuerto de San
José de Guaviare de aproximadamente un centenar de miembros de la autodefensas
Unidas de Colombia (AUC), procedentes del Urabá antioqueño. A su llegada fueron
recogidos por miembros del Ejército Nacional, y transportados hasta el
municipio de Mapiripán, en camiones de esa Institución. Durante su permanencia
en Mapiripán, los paramilitares secuestraron, torturaron, asesinaron y
descuartizaron a 49 personas, a las que acusaban de auxiliar a la guerrilla. La
Fiscalía concluyó que la masacre se había perpetrado con el apoyo y
aquiescencia de la Fuerza Pública. Pese a ser informados, los comandantes del
ejército se mantuvieron en completa inactividad. Transcurridos más de ocho
años, la justicia penal no había logrado identificar a las víctimas, y solo
había juzgado y sancionado a unas pocas personas comprometidas en la masacre.
[206]            Cfr. Caso de la Comunidad Moiwana, supra nota 4, párr. 145; Caso de los Hermanos Gómez
Paquiyauri, supra nota 185, párr. 131, y Caso Myrna Mack Chang,
supra nota 5, párr. 157.
[207]            Cfr. Caso de la Comunidad Moiwana, supra nota 4, párr. 147; Caso Hermanas Serrano Cruz.
Sentencia de 1 de marzo de 2005. Serie C No. 120, párr. 63, y Caso 19
Comerciantes supra nota 193, párr. 186.
[208] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
[209] Ver Organización de Naciones Unidas.
Subcomisión para la Prevención de la Discriminación y la Protección de las
Minorías. Sobre la Impunidad de Perpetradores de Violaciones a los Derechos
Humanos. Relator Especial Louis Joinet, UN Doc. E/CP.4/Sub.2/1993/6, 19 de
julio de 1993, revisado por E/CP.4/Sub.2/1994/11 y E/CP.4/Sub.2/1996/18
(Informe Final). Ver también,
Stephens, Beth. Conceptualizing Violence: Present and Future developments in
International Law: Panel 1: Human Rights and Civil Wrongs at Home and Abroad:
Old Problems and New Paradigms: Do Tort Remedies Fit the Crime?. En 60 Albany Law Review 579, 1997.
[210] Aún bajo los nuevos paradigmas de
responsabilidad penal acogidos por la ley penal  colombiana. En este sentido,
establece el artículo 23 del código penal  que:“también es autor quien actúa
como miembro u órgano de representación autorizado o de hecho de una persona
jurídica, de un ente colectivo sin tal atributo, o de una persona natural cuya
representación voluntaria se detente (…)”.
[211] Art. 96 de la ley 599 de 2000 (Código
Penal): “Obligados a indemnizar. Los daños causados con la infracción deben ser
reparados por los penalmente responsables, en forma solidaria, y por los que,
conforme a la ley sustancial, están obligados a responder”.
[212]
Cfr. Immanuel Kant  “La Paz Perpetua”, Editorial Tecnos, Madrid, 2003.
[213]
Sent. C-479 de 1992. M.P. José Gregorio Hernández Galindo y Alejandro Martínez
Caballero
9Ponente Cir Sentencia C-574
de la Sala Plena de la Corte Constitucional de 28 de octubre de 1.992.
Magistrado P o Angarita Barón.
[214] Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, caso 10.488 Ignacio Ellacuría y otros v. El Salvador, informe 136/99
22 de diciembre de 1999.
[215] Ibidem
[216] Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, Informe sobre el Proceso de Desmovilización en Colombia, Doc.
OEA/Ser.L/V/ii.120, Doc 60, 13 de diciembre de 2004.
[217] Corte Interamericana de Derechos Humanos,
Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988.
[218] Ibídem
[219] Comité de Derechos Humanos, Naciones
Unidas, Decisión en el caso de Nidya Erika Bautista, Comunicación 563 de 1993
(Colombia) 13 de noviembre de 1995.
[220] Magistrados Ponentes: Manuel José Cepeda
Espinosa y Eduardo Montealegre Lynett
[221] Ver Organización de Naciones Unidas. Subcomisión para la
Prevención de la Discriminación y la Protección de las Minorías. Sobre la
Impunidad de Perpetradores de Violaciones a los Derechos Humanos. Relator
Especial Louis Joinet, UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1993/6, 19 de
julio de 1993, revisado por E/CN.4/Sub.2/1994/11 y E/CN.4/Sub.2/1996/18
(Informe Final). Ver también, Stephens, Beth.
Conceptualizing Violence: Present and Future developments in International Law:
Panel 1: Human Rights and Civil Wrongs at Home and Abroad: Old Problems and New
Paradigms: Do Tort Remedies Fit the Crime?. En 60 Albany Law Review 579,
1997.
[222] Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre,
OAS Res. XXX, aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana (1948),
reimprimido en Documentos Básicos Concernientes a los Derechos Humanos en el
Sistema Interamericano, OEA/Ser.L.V/IL82 doc.6 rev.1 p. 17 (1992). Artículo
XVIII. Derecho de justicia. Toda persona puede ocurrir a los tribunales para
hacer valer sus derechos. Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y
breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que
violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados
constitucionalmente.
[223] Declaración
Universal de Derechos Humanos, A.G. res. 217 A (III), ONU Doc. A/810 p. 71
(1948). Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los
tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus
derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.
[224] Pradel, Jean. Droit Pénal Comparé. Editorial
Dalloz, 1995, páginas 532 a 535.
[225] Ver Delmas-Marty, M. Op. Cit. páginas
77-78, 86-87, 97, 133, 144, 149, 161, 181, 231, 235, 237, 243, 246, 251, 294.
[226] Asunto Lamy vs Bélgica, Corte Europea de Derechos Humanos,
Sentencia del 30 de marzo de 1989, donde la Corte Europea de Derechos del
Hombre, señaló que impedir al procesado, o a su abogado al expediente para
controvertir las pruebas que servían de base para la detención, eran contrarias
a la Convención Europea de Derechos del Hombre, en particular de su derecho a
la defensa.  En Berger, Vincent. Jurisprudence de la Cour
Européene des droits de l’homme. Tercera Edición.
Editorial Sirey, 1991, páginas 77 –79.
[227] Ver Pradel. Op. Cit. página 488.
[228] En Inglaterra, por ejemplo, cuando se trata de delitos cuya
investigación corresponde a la Policía, son los particulares quienes impulsan y
llevan a cabo la labor de acusación del procesado. Ver. Delmas-Marty, Mireille. Procédures pénales d’Europe. Presses
Universitaires de Frances, 1995, páginas 161 y ss.
[229] Este sistema existe en Países Bajos, en Francia, en Bélgica, en
Luxemburgo, en Inglaterra y Escocia, en Dinamarca, en Noruega, en gran parte de
los países africanos, en Estados Unidos y en Canadá. Ver Pradel, Jean. Droit
Pénal Comparé.Editorial Dalloz, 1995, página 485, en donde cita los artículos
40 del Código de Procedimiento Penal de 1959 y el artículo 167 del Código de
Procedimiento Penal de Países Bajos, como ejemplos de países donde se ha
consagrado expresamente el principio de oportunidad.
[230] Ver Pradel, J. Op. Cit. 485, 486 y 491.
[231] En Bélgica para impedir que la inacción
del Ministerio Público conduzca a la impunidad, se permite que toda persona que
se considere lesionada por un delito presente una demanda para constituirse en
parte civil ante el juez de instrucción, y este es quien decide si se inicia o
no la acción penal. Ver Pradel, Jean. Op Cit, páginas
532 a 535 y Delmas-Marty, Mireille. Op. Cit., página
181.
[232] Ver Pradel, J. Op. Cit. páginas 49.
[233] William T. Pizzi, Crime Victims in German Courtrooms: A Comparative
Perspective on American Problems, 32 Stanford Journal of International Law, 37,
Winter, 1996. Ver también, Ver Delmas-Marty, Mireille,
Op. Cit., páginas 76-77 y 89.
[234] Caso Laurent-Atthalin, 8 de diciembre de 1906, citado por Pradel,
J. Op. Cit. página 533.
[235] Ver Richard S. Frase, Comparative Criminal Justice as a Guide to
American Law Reform: How Do the French Do It, How Can We Find Out, and Why Should
We Care?, 78 Cal. L. Rev. 542, 669 (1990). Delmas-Marty,
Mireille. Op. Cit., páginas 243, 246 y 251.
[236] Ver Le Monde, Abril 9 de 2002 (El proceso contra Richard Durn, el
llamado “asesino de Nanterre”).
[237] Ver Delmas-Marty, Mireille. Op. Cit.
[238] En
Latinoamérica, esta tendencia también ha sido recogida. La mayor parte de los
estados han reconocido tradicionalmente el derecho de la víctima a constituirse
en parte civil dentro del proceso penal y evoluciones recientes en el derecho
procesal penal de la región, muestran una tendencia hacia una conceptualización
amplia de los derechos de la víctima y a reconocer la búsqueda de la verdad
como una finalidad primordial del proceso penal. Así por ejemplo, en el nuevo
Código Orgánico Procesal Penal de Venezuela de 2001, las víctimas de un delito obtuvieron no sólo el reconocimiento y la legitimación
procesal para actuar como partes en el proceso penal, sino que además se les
garantizó el derecho a ser informadas de los resultados del proceso, aun cuando
no hubieren intervenido en él, a formular una acusación propia contra el
imputado y a ser oidas por el tribunal antes de la decisión de sobreseimiento (Código Orgánico Procesal Penal, en su Artículo 117,
reconoce los siguientes derechos a las víctimas: “Artículo 117. Derechos de la
víctima). En México, la Constitución consagra
expresamente los derechos de la víctima de un delito a acceder a la justicia,
por lo cual se reconoce sus derechos a recibir asesoría jurídica, a ser
informada de sus derechos, a participar junto con el Ministerio Público en la
investigación y en el juicio penal mediante la solicitud y aporte de pruebas, a
ser informada del desarrollo del proceso y a que se le repare el daño causado
con la conducta (Constitución Política de los Estados Mexicanos, Artículo 20). En Argentina (artículos 79 y 80, Código de Procedimiento
Penal) y en Chile (artículo 109 del Códigode Procedimiento Penal) desarrollan
el derecho de acceso a la justicia a favor de la víctima de un hecho punible,
garantizándole su derecho a participar en el proceso penal, a ser informada del
desarrollo del proceso, a solicitar protección para su vida y asesoría legal y
sicológica, a presentar pruebas y controvertir decisiones sobre sobreseimiento
temporal o definitivo del proceso penal.
[239] El primer estado en adoptar una reforma
constitucional para reconocer ciertos derechos a las víctimas fue California,
en 1982, Aun cuando tenía un alcance limitado al derecho a una restitución
económica del condenado. Hoy más de 21 estados han enmendado sus constituciones
a fin de proteger los derechos de las victimas. Ver Chief Justice Richard Barajas and Scott Alexander Nelson,
The Proposed Crime Victims' Federal Constitutional Amendment: Working Toward a
Proper Balance, 49 Baylor Law Review, Winter, 1, 1997.
[240] El texto de la enmienda constitucional presentada en 1996
reconocía, entre otros, los siguientes derechos a las víctimas de delitos: a
ser tratada con justicia, respeto y dignidad; a ser informada oportunamente y a
estar en las diligencias donde el acusado tenga el derecho a estar presente; a
ser escuchada en toda diligencia relativa a la detención y liberación del
acusado, a la negociación de la condena, a la sentencia y libertad condicional;
a que se adopten medidas razonables de protección a favor de la víctima durante
el juicio y posteriormente, cuando la liberación o fuga del condenado pueda
poner en peligro su seguridad; a un juicio rápido y una resolución definitiva
del caso sin dilaciones indebidas; a recibir una pronta e integral reparación
del condenado; a que no se difunda información confidencial.
[241] Esto ha ocurrido en los Estados Unidos, en Inglaterra y en
Canadá. Ver. Pradel, Jean. Op. Cit. páginas 532 y ss.
[242] Ferrajoli, Luigi. Derecho y Razón, Teoría del garantismo penal.
Editorial Trotta, segunda edición 1997, pág. 390.
[243] Ferrajoli, Luigi. Derecho y Razón, Teoría del garantismo penal.
Editorial Trotta, segunda edición 1997, pág. 398.
[244] Ídem. Pág. 451.
[245] Montesquieu, Carlos de Secondat Baron de. El espíritu de las
leyes, Libro VI, Capítulo. XVI “De la justa proporción entre las penas y los
delitos”  Traducción Tecnos, Sarpe 1984 Tomo I Pág. 113 - 114
[246] Becaría, Cesare. De los delitos y las penas, Capítulo XXIII,
“Proporción entre los delitos y las penas”. Ediciones Orbis S.A. 1984 Pág. 86-87
[247] Carrara, Francesco. Programa de derecho criminal. Bogotá,
Editorial Temis, 1964, 602 – 649.
[248] Zaffaroni, Eugenio Raúl, Alejandro
Alejandro Alagia Alejandro Slokar, Derecho Penal Parte General, Ediar, Buenos
Aires, 2000. “Principio de proporcionalidad mínima”, páginas 123-124.
[249] En efecto en la sentencia C-228 de 2004 ya se había planteado esa
distinción en el siguiente sentido:
“Si
bien los cambios en la concepción de los derechos de las víctimas y los perjudicados
se refieren a graves violaciones a los derechos humanos, la tendencia en las
legislaciones internas no se limita a dicha protección mínima sino que
comprende también delitos de menor gravedad. Igualmente, el legislador
colombiano dispone de un margen de apreciación para modular el alcance de los
derechos de la parte civil según diferentes criterios –dentro de los cuales se
destacan, de un lado, la gravedad del delito y, del otro,  la situación del
procesado que puede llegar a ser de una significativa vulnerabilidad– siempre
que no reduzca tales derechos a la mera reparación pecuniaria.”
[250] Se examinaba la exequibilidad del numeral tercero del artículo
220 de la Ley 600 de 2000, enunciado que limitaba la procedencia de la acción
de revisión contra las sentencias condenatorias en materia penal a la aparición
de hechos nuevos que establecieran la inocencia del imputado o su
inimputabilidad. A juicio del demandante esta limitación, que impedía
cuestionar por medio de esta vía procesal las sentencias absolutorias era
inexequible. La Corte estimo que respecto a los delitos en general esta
restricción resultaba proporcionada, en atención a los principios de non bis in
idem y de seguridad jurídica, no obstante  afirmó que “La restricción
impuesta por las expresiones acusadas es desproporcionada frente a los derechos
de las víctimas, cuando se trata de la impunidad de violaciones a los derechos
humanos e infracciones graves al derecho internacional humanitario. En esos
eventos, los derechos de las víctimas no sólo autorizan sino que exigen una
limitación al non bis in ídem, a fin de permitir la reapertura de esas
investigaciones, si surge un hecho o prueba nueva no conocida al tiempo de los
debates procesales”.
[251] Sentencia C-014 de 2004. La Corte Constitucional declaró la
exequebilidad de los artículos 122, 123 y 124 de la Ley 734 de 2002
condicionando su interpretación a que cuando se trata de faltas disciplinarias
constitutivas de violaciones al derecho internacional de los derechos humanos y
al derecho internacional humanitario, también procede la revocatoria del fallo
absolutorio y del archivo de la actuación.
[252] Ibidem.
[253] Sentencia C-823 de 2005.
[254] La disposición demandada establecía que la acción de
revisión procedía contra las sentencias ejecutoriadas cuando después del fallo absolutorio
en procesos por violaciones de derechos humanos o infracciones graves al
derecho internacional humanitario, se estableciera mediante decisión de una
instancia internacional de supervisión y control de derechos humanos, respecto
de la cual el Estado colombiano aceptara formalmente la competencia, un
incumplimiento protuberante de las obligaciones del Estado de investigar seria
e imparcialmente tales violaciones. A juicio de la Corte restringir la
procedencia de la acción de revisión a los fallos absolutorios podía suponer
una restricción injustificada de los derechos de las víctimas de violaciones de
derechos humanos o del derecho internacional humanitario en ciertos casos.
[255] El enunciado normativo demandado consignaba
textualmente: “En todo caso se inadmitirán las denuncias sin fundamento, sobre
su exequiblidad sostuvo esta Corporación: “A juicio de la Corte, la decisión
acerca de la denuncia reviste particular relevancia para la efectividad de los
derechos de las víctimas y perjudicados con los delitos, por lo que no puede
quedar exenta de controles externos. En consecuencia condicionará la
exequibilidad de la expresión acusada “en todo caso se inadmitirán las
denuncias sin fundamento” a que tal decisión emitida por el fiscal sea
notificada al denunciante y al Ministerio Público. Ello a efecto de investir
tal decisión de la publicidad necesaria para que el denunciante, de ser
posible, ajuste su declaración de conocimiento a los requerimientos de
fundamentación que conforme a la interpretación aquí plasmada le señale el
fiscal, o para que el Ministerio Público, de ser necesario, despliegue las
facultades que el artículo 277 numeral 7° de la Constitución le señala para la
defensa de los derechos y garantías fundamentales” (Sentencia C-1177 de 2005).
[256] A juicio de la Sala de
Revisión el Fiscal 142 había incurrido en una vía de hecho al
resolver la situación jurídica del procesado y a precluir la investigación
penal por la presunta comisión del delito de estafa, sin que previamente
hubiera resuelto las reiteradas solicitudes de la parte civil, destinadas a
aportar elementos de juicio pertinentes para la correspondiente investigación.
[257] En este caso, la
víctima había sufrido lesiones personales culposas en un accidente de tránsito.
El fiscal, dictó el auto de apertura de la investigación, por medio de un
formato preelaborado, en el que se llenaban los espacios correspondientes a la fecha y al nombre del procesado, dejando en blanco los espacios
inherentes a la audiencia de conciliación, a la fecha y hora de la indagatoria
y al perito designado para los estudios técnicos sobre el estado de los
vehículos. En ese pronunciamiento se anunció que se ampliaría la denuncia, que
se recibirían declaraciones, que se enviaría al ofendido ante los médicos
legistas cuantas veces fuera necesario, que se haría entrega de los vehículos,
que se consultarían los antecedentes del inculpado y que se enviarían todas las
comunicaciones del caso. Sin embargo, ninguna de las diligencias
anunciadas se realizó. Finalmente el fiscal precluyó la investigación al darle
total credibilidad a un desistimiento por indemnización integral firmado por la
víctima y que presentó el abogado del procesado, sin reparar en claras
inconsistencias del documento que indicaban la necesidad de continuar con la
investigación. La Sala concluyó que el exceso de formalismo había negado
cualquier posibilidad de administrar justicia penal y de garantizar los
derechos de la víctima.
[258] La Sala de Revisión
estimó que la interpretación hecha por el Fiscal General de la Nación de la
normatividad procesal penal y de la jurisprudencia constitucional, de
conformidad con la cual el demandante no podía convertirse en actor popular en
el proceso penal que se seguía contra un general del ejército por crímenes de
lesa humanidad, no era aceptable a partir de una interpretación razonable de la
sentencia C-228 de 2002 y de la jurisprudencia posterior de esta Corporación y
en esa medida infringía los derechos de las víctimas.
[259] En este caso, la Sala
de Revisión consideró que se había incurrido en una vía de hecho sustantiva en
un proceso penal por el delito de usura, debido a la forma
como el fiscal calculó el término de caducidad de la acción penal ‑a
partir de la creación y entrega de 36 letras de cambio, por concepto de capital
e intereses ‑, sin tener en cuenta los fundamentos legales del instituto
procesal de la caducidad e interpretando que la acción penal por el delito de
usura había caducado dos años antes de que venciera el plazo para la
exigibilidad y pago de la última letra de cambio, en la que se reconocían tanto
capital como intereses usurarios.
[260] La Sala de Revisión estimó que el Juez
Séptimo Penal del Circuito de Bucaramanga vulneró los derechos a la intimidad y
al debido proceso de una víctima de un delito sexual, al admitir, practicar y
dejar de excluir pruebas que estaban orientadas a indagar sobre el
comportamiento sexual de la víctima con anterioridad a los hechos objeto de
investigación, sin que la limitación de su derecho a la intimidad fuera
razonable y proporcionada. Lo que provocó que el proceso penal se apartara de
sus finalidades primigenias—la realización de la justicia y la aclaración de la
verdad— y se transformara en un mecanismo de reproducción de prejuicios
sociales adversos a las mujeres víctimas de conductas que podrían configurar
delitos en contextos sexuales.
[261] En esta ocasión la Fiscalía habían rechazado de plano la demanda
de constitución de parte civil presentada por la Asociación para la Promoción
Social Alternativa Minga, en calidad de actor civil popular, invocando como
causal la falta de identificación del domicilio de los perjudicados. A juicio
de la Sala de Revisión estas actuaciones estaban incursas en una manifiesta vía
de hecho por defecto sustantivo, pues era “ (…) evidente que las citadas
decisiones judiciales fueron dictadas con fundamento en una norma claramente
inaplicable al caso concreto, cuyo contenido no guardaba ningún tipo de
conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se aplicó”.
[262] En las sentencias C-228 de 2002, C-979 de 2005 y T-453 de 2005 se
hace una extensa exposición de la regulación de los derechos de las víctimas en
los instrumentos internaciones de protección de los derechos humanos.
[263] Convención Americana de Derechos Humanos, Serie sobre
Tratados, OEA, No. 36, 1144, Serie sobre Tratados de la ONU, 123 entrada en
vigor 18 de julio de 1978, reimprimido en Documentos Básicos Concernientes a
los Derechos Humanos en el Sistema Interamericano, OEA/Ser.L.V/II.82
doc.6.rev.1 p. 25 (1992). Artículo 25. Protección Judicial. 1.Toda persona
tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso
efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos
que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o
la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que
actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados partes se
comprometen: a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el
sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que
interponga tal recurso; b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial,
y c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda
decisión en que  se haya estimado procedente el recurso.”
[264] Ver entre otros, Caso Barrios Altos de la Corte Interamericana,
Sentencia de 14 de Marzo de 2001; Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia del 29 de
julio de 1988, Caso Suárez Rosero, Sentencia del 12 de noviembre de 1997; Caso
19 comerciantes vs. Colombia, sentencia de 19 de julio de 2004, Caso de la
Masacre de Mapiripán vs. Colombia, sentencia de 15 de septiembre de 2005.
[265] Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, AG.
res. 2200A (XXI), 21 UN. GAOR Supp. (No. 16) p. 52, ONU Doc. A/6316 (1966), 999
UNTS. 171, entrada en vigor 23 de marzo de 1976. Artículo 2.  1. “Cada
uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a
garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén
sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de
otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o
cualquier otra condición social.  2. Cada Estado Parte se compromete a adoptar,
con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones del
presente Pacto, las medidas oportunas para dictar las disposiciones
legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los
derechos reconocidos en el presente Pacto y que no estuviesen ya garantizados
por disposiciones legislativas o de otro carácter. 3. Cada uno de los Estados
Partes en el presente Pacto se compromete a garantizar que: a) Toda persona
cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido
violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera
sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones
oficiales;   b) La autoridad competente, judicial, administrativa o
legislativa, o cualquiera otra autoridad competente prevista por el sistema
legal del Estado, decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga
tal recurso, y desarrollará las posibilidades de recurso judicial;   c) Las
autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya estimado
procedente el recurso.”
[266] Ver el
artículo 32 del Protocolo Adicional I de 1977 a los Convenios de Ginebra del 12
de agosto de 1949.
[267] El derecho a saber la verdad en el caso de personas desaparecidas
o fallecidas durante el conflicto en la Antigua República de Yugoslavia fue
recogido en el Tratado de Paz entre Croacia y Bosnia y Herzegovina, concluido
el 21 de noviembre de 1995 en Dayton (Estados Unidos) y firmado en Paris el 14
de diciembre de 1995, en los siguientes términos (traducción no oficial): “2.
Los Estados Parte se comprometen a permitir el registro de tumbas y la exhumación de cadáveres
de fosas individuales o colectivas que se encuentren en su territorio, así como
el acceso de personal autorizado dentro de un período de tiempo definido para
la recuperación y evacuación de los cadáveres de militares o civiles muertos
con ocasión del conflicto armado y de los prisioneros de guerra fallecidos.”
[268]
Artículos 19.3, 65.4, 68, 75 y 82.4, Estatuto de
Roma de la Corte Penal Internacional, aprobado el 17 de julio de 1998 por la
Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el
establecimiento de una corte penal internacional. A/CONF.183/9, 17 de julio de
1998.
[269] Desde su temprana jurisprudencia la Corte
Constitucional ha defendido los criterios materiales para establecer el
carácter fundamental de un derecho. Así en la sentencia T-002 de 1992 sostuvo:
“Los criterios principales para determinar los derechos constitucionales
fundamentales son dos: la persona humana y el reconocimiento expreso. El
primero contiene una base material y el segundo una formal (…) El primer y más
importante criterio para determinar los derechos constitucionales fundamentales
por parte del Juez de Tutela consiste en establecer si se trata, o no, de un
derecho esencial de la persona humana. El sujeto, razón y fin de la
Constitución de 1991 es la persona humana. No es pues el individuo en
abstracto, aisladamente considerado, sino precisamente el ser humano en su
dimensión social, visto en la tensión individuo-comunidad, la razón última de
la nueva Carta Política. Los derechos constitucionales fundamentales no deben
ser analizados aisladamente, sino a través de todo el sistema de derechos que
tiene como sujeto a la persona.
Es
a partir del ser humano, su dignidad, su personalidad jurídica y su desarrollo
(artículos 14 y 16 de la Constitución), que adquieren sentido los derechos,
garantías y los deberes, la organización y funcionamiento de las ramas y
poderes públicos.
Los
valores y principios materiales de la dignidad, la personalidad jurídica y su
libre desarrollo, así como los criterios de la esencialidad, la inherencia y la
inalienabilidad, son atributos propios de la persona, reconocidos en la
Constitución (…) El Preámbulo de la Carta contiene los valores de la vida, la
convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad
y la paz; y en el cuerpo de la Constitución figuran además la moral social, la
riqueza natural y el pluralismo expresado en la diversidad política, étnica y
cultural.
Posteriormente,
en sentencia T-418 de 1992 señaló que “los derechos obtienen el calificativo de
fundamentales en razón de su naturaleza, esto es, por su inherencia con
respecto al núcleo jurídico, político, social, económico y cultural del hombre.
Un derecho es fundamental por reunir estas características y no por aparecer
reconocido en la Constitución Nacional como tal. Estos derechos fundamentales
constituyen las garantías ciudadanas básicas sin las cuales la supervivencia
del ser humano no sería posible”.
Por
su parte, en sentencia T-419 de 1992 señaló que “los derechos fundamentales son
los que corresponden al ser humano en cuanto tal, es decir, como poseedor de
una identidad inimitable caracterizada por su racionalidad que le permite
ejercer sus deseos y apetencias libremente. De ahí que se le reconozca una
dignidad -la dignidad humana- que lo colocan en situación de superior en el
universo social en que se desenvuelve, y por ello, es acreedor de derechos que
le permiten desarrollar su personalidad humana y sin los cuales ésta se vería
discriminada, enervada y aún suprimida. Son los derechos fundamentales que le
protegen la vida, proscriben la tortura, aseguran su igualdad frente a sus
congéneres, amparan su derecho a la intimidad, garantizan su libertad de
conciencia, de cultos, de expresión y pensamiento; salvaguardan su honra, le
permiten circular libremente, le preservan el derecho al trabajo, a la
educación y la libertad de escogencia de una profesión u oficio, las libertades
de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra; su juzgamiento debe
respetar el debido proceso, se le garantiza el derecho a la libre
asociación y a formar sindicatos, etc.”
En
el mismo año 1992, en sentencia T-420 esta Corporación indicó que los derechos
fundamentales se caracterizan “porque pertenecen al ser humano en atención a su
calidad intrínseca de tal, por ser él criatura única pensante dotada de
razonamiento; lo que le permite manifestar  su voluntad y apetencias libremente
y poseer por ello ese don exclusivo e inimitable en el universo social que se
denomina dignidad humana”[269].
Junto
a la idea de que existen elementos materiales, propios o derivados del mismo
derecho, que definen el carácter fundamental de un derecho constitucional, la
Corte ha señalado que también deben considerarse las circunstancias materiales
y reales del caso concreto, así como el referente en el derecho positivo. En
sentencia T-240 de 1993, la Corte señaló que
“8. La Constitución como norma básica de la
convivencia social y de estructura abierta y dinámica tiene en la comunidad su
correlato necesario. Los bienes que la Carta protege y valores que prohíja
tienen igualmente relevancia social y su existencia o defecto no son ajenos a
su realidad fenomenológica. Sin embargo, el concepto de derecho fundamental,
pese a inspirarse en la realidad y buscar en cierto modo moldearla, es fruto de
la consagración o del reconocimiento del derecho positivo, de suerte que se
impone encontrarse en un supuesto comprendido dentro de su ámbito material
delimitado o supuesto por el Constituyente para poder gozar de él.”
Por otra parte, el artículo 94 de la Constitución
indica que no todos los derechos tienen consagración positiva, pues no pueden
negarse como derechos aquellos que “siendo inherentes a la persona humana”, no
estén enunciados.
[270] En la sentencia T-227 de 2003, luego de hacer un recuento
detallado de los criterios empleados por la jurisprudencia constitucional para
definir el concepto de derechos fundamentales se afirma: “La Corte
Constitucional no ha dado una respuesta inequívoca sobre el concepto de
derechos fundamentales. Su postura ha oscilado entre la idea de que se trata de
derechos subjetivos de aplicación inmediata y la esencialidad e
inalienalibilidad del derecho para la persona. Entre estos dos extremos se han
presentado varias posturas teóricas. De la línea dogmática de la Corte
Constitucional no es posible establecer un concepto claro y preciso de derecho
fundamental. Ello no quiere decir que esta línea deba ser abandonada, sino que
exige su sistematización, pues la Constitución no define qué se entiende como
derechos fundamentales y, por otro lado, autoriza reconocer como tales,
derechos no positivizados. A partir de dicho análisis es posible recoger la
jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el concepto de derechos
fundamentales, teniendo como eje central la dignidad humana, en tanto que valor
central del sistema y principio de principios. Será fundamental todo derecho
constitucional que funcionalmente esté dirigido a lograr la dignidad humana y
sea traducible en un derecho subjetivo” (negrillas fuera del texto).
[271] Sentencia C-228 de 2002.
[272] Ibidem.
[273] El concepto de norma adscrita de derecho fundamental es propuesto
por Rober Alexy en su obra Teoría
de los derechos fundamentales, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales,
1994, p.
[274] Ver las sentencias T-694 de 2000, T-556 de 2002, T-249 de 2003,
T-114 de 2004, T-453 de 2005 antes citadas.
[275] Son notables las coincidencias entre las definiciones y la
configuración de los derechos de las víctimas contenidas en la Ley 975 de 2005
y distintos documentos internacionales sobre la materia tales como la
Declaración de principios fundamentales de justicia  para las víctimas de
delitos  y del abuso de poder adoptada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en la resolución 40/34, de 29 de noviembre de 1985, el Informe
Definitivo del relator especial Theo Van Boven  “Estudio relativo al derecho de
restitución,  indemnización y rehabilitación de las víctimas de violaciones
flagrantes de los derechos humanos y las libertades fundamentales” de 2 de julio
de 1993, el Informe Final elaborado por M. Joinet sobre “ La cuestión de la
impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos (civiles y
políticos)” en aplicación de la decisión 1996/119 de la Subcomisión de
prevención de las discriminaciones y protección de las minorías de la Comisión
de derechos humanos de la ONU, entre otros.
[276] En efecto la sentencia C-004 de 2003 sostuvo: “Los
derechos de las víctimas adquieren una importancia directamente proporcional a
la gravedad del hecho punible. Entre más daño social ocasione un delito, mayor
consideración merecen los derechos de quienes fueron víctimas o perjudicados
por ese comportamiento. Igualmente, la obligación estatal de investigar los
hechos punibles es también directamente proporcional a la manera como el hecho
punible pudo afectar bienes jurídicos fundamentales. Entre más grave sea un
hecho punible, mayor debe ser el compromiso del Estado por investigarlo y
sancionar a los responsables, a fin de lograr la vigencia de un orden justo”.
[277] Intervención del representante del Ministerio del Interior y de
Justicia (Fl. 15 Cuaderno 1).
[278] Sentencia C-523 de 2005.