C-542-11
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-542/11
TRAMITE DEL RECURSO DE APELACION CONTRA AUTOS Y
SENTENCIAS EN MATERIA PENAL-Regulación
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Configuración/COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Alcance
RECURSO DE APELACION CONTRA AUTOS EN MATERIA PENAL-Cosa juzgada constitucional
PRINCIPIO DE LA IRRETROACTIVIDAD PENAL ADSCRITO AL
PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO-Aplicación
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos mínimos
PRINCIPIO PRO ACTIONE EN DEMANDA DE
INCONSTITUCIONALIDAD-Aplicación
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS PENALES QUE
ESTABLECEN REGLAS DE VIGENCIA-Jurisprudencia
constitucional
Referencia: expediente  D-8366
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos
90, 91, 98, 101 (parciales) y 122  de la Ley 1395 de 2010 “Por la cual se
adoptan medidas en materia de descongestión judicial”.
Actores: Mauricio Urdaneta Debb y Darío Antonio Tapia
Mejía.
Magistrado Ponente:
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Bogotá,
D.C.,  (6) julio de  dos mil once (2011).
La
Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales y legales, en especial las previstas en el artículo 241,
numeral 4, de la Constitución Política, y cumplidos todos los trámites y
requisitos contemplados en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES
En
ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la Constitución
Política, los ciudadanos Mauricio Urdaneta Deeb y Darío Antonio Tapia Mejía presentaron
demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 90, 91, 98, 101 (parciales)
y 122 de la Ley 1395 de 2010.
Mediante
providencia de trece (13) de diciembre de dos mil diez (2010), el Magistrado
Luis Ernesto Vargas Silva dispuso admitir la demanda, por considerar que reunía
los requisitos exigidos por el artículo 2° del Decreto 2067 de 1991. Invitó a
participar en el presente juicio a los Decanos de las Facultades de Derecho de
las Universidades Externado de Colombia, Javeriana, Nacional de Colombia, de
los Andes, Sergio Arboleda, Libre, Eafit de Medellín, de Antioquia, de Ibagué y
del Rosario, al igual que a la Academia Colombiana del Jurisprudencia, al
Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, DeJusticia, al Instituto
Colombiano de Derecho Procesal y a la Comisión Colombiana de Juristas, con el
objeto de que emitieran concepto técnico sobre la norma demandada, de
conformidad con lo previsto en el artículo 13 del Decreto 2067 de 1991.
Cumplidos
los trámites constitucionales y legales propios de esta clase de procesos,
entra la Corte a decidir sobre la demanda de la referencia.
II.
LAS NORMAS DEMANDADAS
A continuación se transcribe el
texto de la disposición demandada, de conformidad con su publicación en el
Diario oficial No. 41.214 del 8 de febrero de 1994, subrayando los apartes
demandados:
LEY 1395 DE 2010
(julio 12)
Diario Oficial No. 47.768 de 12 de julio de 2010
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Por la cual se adoptan medidas en materia de
descongestión judicial.
EL CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:
ARTÍCULO 90. El artículo 178 de la Ley 906 de 2004 quedará así:
Artículo
178. Trámite del recurso de
apelación contra autos. Se interpondrá, sustentará y correrá traslado a
los no impugnantes en la respectiva audiencia. Si el recurso fuere debidamente
sustentado se concederá de inmediato ante el superior en el efecto previsto en
el artículo anterior.
Recibida
la actuación objeto del recurso el juez lo resolverá en el término de cinco (5)
días y citará a las partes e intervinientes a audiencia de lectura de auto
dentro de los cinco (5) días siguientes.
Si
se trata de juez colegiado, el Magistrado ponente dispondrá de cinco (5) días
para presentar proyecto y de tres (3) días la Sala para su estudio y decisión.
La audiencia de lectura de providencia será realizada en 5 días.
ARTÍCULO 91. El
artículo 179 de la Ley 906 de 2004 quedará así:
Artículo
179. Trámite del recurso de
apelación contra sentencias. El recurso se interpondrá en la audiencia
de lectura de fallo, se sustentará oralmente y correrá traslado a los no
recurrentes dentro de la misma o por escrito en los cinco (5) días siguientes,
precluido este término se correrá traslado común a los no recurrentes por el
término de cinco (5) días.
Realizado
el reparto en segunda instancia, el juez resolverá la apelación en el término
de 15 días y citará a las partes e intervinientes para lectura de fallo dentro
de los diez días siguientes.
Si
la competencia fuera del Tribunal Superior, el magistrado ponente cuenta con
diez días para registrar proyecto y cinco la Sala para su estudio y decisión.
El fallo será leído en audiencia en el término de diez días.
(…)
ARTÍCULO 98. El artículo 183  de la Ley 906 de 2004 quedará así:
Artículo
183. Oportunidad. El
recurso se interpondrá ante el Tribunal dentro de los cinco (5) días siguientes
a la última notificación y en un término posterior común de treinta (30) días
se presentará la demanda que de manera precisa y concisa señale las causales
invocadas y sus fundamentos.
Si
no se presenta la demanda dentro del término señalado se declarará desierto el
recurso, mediante auto que admite el recurso de reposición.
ARTÍCULO 101. El artículo 210 de la 600 de 2000 quedará así:
Artículo
210. Oportunidad. El
recurso se interpondrá dentro de los quince (15) días siguientes a la última
notificación de la sentencia de segunda instancia y en un término posterior
común de treinta (30) días se presentará la demanda.
Si
la demanda se presenta extemporáneamente, el tribunal así lo declarará mediante
auto que admite el recurso de reposición.
(…)
ARTÍCULO 122. Esta ley rige a partir de su
promulgación”.
III.
LA DEMANDA
Sostienen los
demandantes que los preceptos acusados son contrarios al preámbulo y a los
artículos 2, 4, 6, 13, 29, 228, 229, 230 y 243 de la Constitución. Para
sustentar esta afirmación suministran los siguientes argumentos:
1. La nueva
redacción del artículo 178 de la ley 906 de 2004, modificado por el 90 de la
ley acusada, sería violatorio de los artículos 228 y 229 de la Constitución
toda vez que deja librado al criterio del juez que dictó la providencia
impugnada la valoración de la suficiencia de la sustentación para la concesión
de la impugnación, a diferencia de lo que ocurría con la anterior norma que
establecía su concesión inmediata, sin que el funcionario a quo tuviera
la facultad de  calificar los argumentos del  recurrente.
2. El
artículo 178 de la Ley 906/04, modificado por el art. 90 de la Ley 1395 es una
norma de contenido sustancial que fija los términos para el ejercicio de los
derechos fundamentales de contradicción y defensa que integran el debido
proceso, al darle efectos inmediatos (art. 122) se desconoce el principio de
favorabilidad.
Aducen los
actores que “Con esta reforma (…) se desmotiva al recurrente ya que las
causas de su impugnación van a ser valoradas por el juez de primera instancia
quien decide la concesión del recurso de apelación, pudiendo inicialmente
admitir el recurso y después, al estudiar los argumentos del recurrente,
desestimarlos, declararlo desierto y confirmar su decisión, contrariando los
principios de la contradicción y de la doble instancia”.
Agregan que “El
cambio de las reglas del juego, en tratándose de la forma como debe tramitarse
el recurso de apelación contra autos, va en detrimento del sujeto procesal
recurrente, pues, lo único que persigue es desmotivar cualquier acto
impugnatorio de las decisiones judiciales que en sentir del recurrente vayan
contra sus intereses porque basta recordar cómo desde las últimas legislaciones
procesales que han imperado en Colombia desde la época moderna se ha tenido que
la impugnación se sustenta en la segunda instancia (art. 535 y 536 del Decreto
050 de 1987), o lo referente a lo estatuido en el Decreto 2700 de 1991 que
contemplaba la posibilidad de sustentar de manera oral el recurso de apelación
ante el funcionario de segunda instancia (…) Con la implementación
constitucional del sistema penal acusatorio lo claro es que la impugnación no solo
se haga por esta vía, la oralidad, sino que se debe hacer ante el funcionario
que debe resolver sobre la materia; hacerlo en la forma prevista en la reforma
constituye no sólo una violación de a la Constitución Política en sus artículos
29, 216, 250, 251, sino que además es violatorio del artículo 93 de la misma
obra por contravenir a los tratados internacionales (…) entre otros, el Pacto
Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos con
lo que estamos frente a una desviación de poder”.
3. El
artículo 91, mediante el cual se modifica el 179 de la Ley 906 de 2004, “es
claramente violatoria de la Carta Política, porque al ser favorable la
redacción del artículo 179 (…) al
contemplar un término más amplio para que el apelante pudiera sustentar los
motivos de su inconformidad, eran mayores sus posibilidades de que el ataque
tuviese éxito, mientras que con la reforma introducida, se limita al apelante,
hasta el punto de hacer que prácticamente improvise en su argumentación
jurídica en obvio detrimento de los intereses de la defensa, de la doble instancia
y del acceso a al justicia”.
4. El
artículo 98 (inciso primero) de la Ley 1395, reformatorio del 183 de la Ley 906
vulnera los derechos de defensa y acceso a la justicia comoquiera que con la
reforma se reducen los términos para la interposición y sustentación del
recurso de casación.
Aducen los
actores que “una de las formas más utilizadas en los estados totalitarios
con el fin de ejercer la represión por parte del Estado y de desconocer los
derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos es modificando los
códigos procesales, imponiendo cargas excesivas a la defensa u obstaculizando
su ejercicio, limitándola, dificultando el derecho de probar y de ejercer la
contradicción, desconociendo el principio de presunción de inocencia o
disminuyendo los términos de tal manera que resulten burladas las posibilidades
defensivas”.
La norma
viola el derecho de defensa por cuanto recorta el tiempo para su ejercicio “de
una manera tan radical que prácticamente hace inviable su materialización”.
El recorte
del término y la determinación de que sea común para todos los sujetos
procesales hace prácticamente imposible la sustentación de la casación, por que
significa que todos los sujetos procesales deban estudiar el proceso en la
secretaría de los tribunales. Esto a su vez elevaría los costos profesionales,
por las dificultades que tendrían los apoderados para acceder al expediente, y
conduciría a la desaparición definitiva de la casación.
La realidad
descrita vulneraría el artículo 8° del PIDCP que contempla el derecho de todo
sindicado “a disponer del tiempo y de los medios adecuados para la
preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección”.
5. En cuanto
al artículo 101 (inciso primero) de la Ley 1395, modificatorio del art. 210 de la
Ley 600 de 2000, señala que este precepto fue declarado inexequible por
sentencia C-252 de 2001, por lo que revivieron los artículos 223 y 224 del
Decreto 2700 de 1993. Advierten los actores, que la reforma contempla una
notoria reducción de los términos procesales previstos en tales disposiciones
para interponer el recurso y para presentar la demanda, por lo que “es
patente la violación de la Carta Política en lo relacionado con el debido
proceso, derecho de defensa y acceso a la administración de justicia”.
6. Respecto
de artículo 122 de la Ley 1395 de 2010, que establece la vigencia de la ley a
partir de su promulgación, manifiestan los actores que vulnera el principio de
legalidad en su dimensión de favorabilidad, toda vez que “pretende de manera
errada determinar su aplicación a las casaciones que se interpongan a partir de
su vigencia, cuando sabemos que por la Ley 153 de 1887 y los tratados
internacionales sobre derechos humanos, la aplicación de la ley penal más
favorable debe determinarse es partir del momento en que el hecho delictivo
tuvo lugar”.
Sostiene que
de acuerdo con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, “la aplicación de la Ley penal
más favorable se determinará a partir del tiempo de la comisión del hecho
delictivo”.
IV.
INTERVENCIONES
1.
De entidades públicas
1.1.
Ministerio del Interior y de Justicia
Interviene
a través de apoderada para solicitar, en algunos casos la inhibición y en otros
la exequibilidad, de las disposiciones demandadas.
De
manera general señala que las normas demandadas no hacen más que desarrollar la
facultad constitucional que tiene el legislador para regular los procesos
judiciales, adoptando medidas que en este caso tiene como fin garantizar una
pronta justicia, sin desconocer los principios derechos y garantía superiores.
En
particular, sobre los preceptos demandados sostiene que la acusación contra el
artículo 90, presenta falta de pertinencia toda vez que los demandantes estructuran
la censura a partir de apreciaciones subjetivas sobre las condiciones de
aplicación del precepto, y “le trasladan a la norma un defecto de
situaciones aisladas de la práctica judicial, cuando como es sabido, las normas
legales regulan situaciones generales y abstractas, sin que por un caso
particular pierdan su poder regulatorio general para todos los casos en
abstracto”. Esto conduciría a la inhibición respecto de esta norma.
En
cuanto a la acusación contra el artículo 91, también la decisión debería ser
inhibitoria, toda vez que los demandantes se limitan a expresar de manera vaga
e indeterminada, el contenido que para ellos tiene el principio de legalidad y
de las formas propias de cada juicio, sin agregar elemento de juicio alguno que
permita realizar un análisis de constitucionalidad de la norma demandada en
este caso.
En
lo que concierne a los artículos 98 y 101, considera el ministerio que son
desarrollo legítimo de la potestad de configuración del legislador en materia
de procedimientos, y que no desconocen los principios de razonabilidad y
proporcionalidad en la adopción de unas medidas de descongestión. La
oportunidad más idónea para la interposición y sustanciación del recurso de
apelación contra autos y sentencias es la misma audiencia en la que se
concentran los elementos probatorios y jurídicos del proceso.
Los
términos y condiciones fijados por el legislador para interponer los recursos
tanto de apelación como de casación forman parte de la amplia autonomía que la
constitución reconoce al legislador, y en cuanto al último la jurisprudencia ha
reconocido que dado su carácter extraordinario se justifican ciertas
restricciones impuestas para su ejercicio.
2.
De Instituciones Educativas
2.1.
De la Universidad de Ibagué
Los
preceptos demandados son exequibles comoquiera que forman parte de una ley
inspirada en la adopción de medidas de descongestión judicial, proferidas por
el legislador en ejercicio legítimo de su potestad de configuración normativa,
sin que de otra parte se observe vulneración a principios o valores
constitucionales.
El
artículo 90 modificatorio del 178 del código de procedimiento penal no es
contrario a la Constitución, puesto que el simple hecho de contemplar la
sustentación del recurso ante el funcionario que profirió el auto pretende la
celeridad, eficacia y eficiencia de los procedimientos. La valoración o
calificación del mérito de los argumentos expuestos por el recurrente queda
reservada a la segunda instancia quien sobre esa base determinará si confirma,
modifica o revoca la decisión que fue objeto de apelación. El papel del juez
que profiere el auto se circunscribe a verificar si el recurso ha sido
debidamente sustentado para proceder a su concesión, lo que implica la
constatación de qué aspectos puntuales son objeto de impugnación y la
presentación de argumentos de hecho y de derecho frente a tales tópicos, en
tanto que la valoración del mérito de los argumentos es competencia exclusiva
del superior jerárquico.
El
artículo 91 acusado es igualmente exequible, comoquiera que no es admisible el
argumento según el cual por ser más corto el término que introduce la norma, se
desconocen postulados constitucionales, puesto que las posibilidades de éxito
en la interposición de un recurso no depende exclusivamente del término
previsto para su sustentación. Aunque los plazos previstos en la norma para la
interposición y sustentación de los recursos son más cortos, ello no conduce
necesariamente a la violación de la Constitución, planteamiento que desconoce
el principio de libertad de configuración normativa del legislador ordinario  y
los principios de celeridad, eficacia y eficiencia que se predican del sistema
penal acusatorio colombiano.
El
artículo 98 es también exequible toda vez que la reducción de los términos para
la interposición y sustentación del recurso de casación, está orientada a dotar
de mayor eficacia y agilidad tal institución, para así materializar el derecho
a un debido proceso sin dilaciones injustificadas. No puede considerarse que el
término de treinta días hábiles para la sustentación del recurso sea
irrazonable puesto que el propósito del legislador fue el de buscar mecanismos
que hicieran efectivos principios rectores como el de acceso a la justicia
pronta y la ausencia de dilaciones injustificadas.
El
artículo 101 sería también exequible por los mismos argumentos manifestados en
relación con el 98.
En
lo que concierne al artículo 122 luego de hacer una referencia a los principios
que rigen la aplicación de la ley en el tiempo, la favorabilidad, la
retroactividad y la ultaractividad, sostiene que la norma es exequible toda vez
que “la ley adjetiva es de orden público y su aplicación es de carácter
inmediato”.
La
norma demandada es de naturaleza adjetiva y no tiene efectos sustanciales que
repercuta en garantías o derechos fundamentales de los sujetos procesales, pues
no hubo una modificación sustancial de la institución de la casación en cuanto
a sus principios orientadores ni a sus requisitos de procedibilidad.
Aclara
que los términos que empezaron a correr y las diligencias o actuaciones ya
iniciadas en sede de casación, antes de la promulgación y por ende vigencia de la
Ley 1395 de 2010, se seguirán rigiendo bajo los mandatos de la Ley 600 de 2000
y 906 de 2004, pues de otra manera se vulnerarían garantías fundamentales de
los sujetos procesales.
2.2.
De la Universidad del Rosario
El
Director de la Especialización de Derecho Procesal de la Facultad de
Jurisprudencia de esta institución, solicita la inexequibilidad de los
artículos  90 y 91 de la Ley 1395 de 2010 y la exequibilidad de los artículos
98, 101 y 102 del mismo estatuto. A continuación se reseña una síntesis de su
intervención:
Reconoce
la importancia que reviste en el marco de un sistema acusatorio el
fortalecimiento de los espacios de intervención oral para la interposición y
sustentación de los recursos; no obstante sostiene que pese a lo plausible de
esta tendencia, los términos previstos en las normas acusadas violan la
Constitución, en particular el derecho de acceso a la justicia, toda vez que la
prerrogativa que se asigna al juez de primera instancia de valorar si la
impugnación fue debidamente sustentada crea incertidumbre en la posición del
recurrente al asignarle tal facultad a un funcionario que no es el llamado a
resolver la cuestión de fondo. Esta falencia no se subsana con el hecho de que
la negativa de conceder el recurso de apelación sea susceptible de reposición,
puesto que la aspiración del recurrente se dirige a que el asunto sea evaluado
por el superior funcional.
En
lo que concierne a los artículos 98, 101 y 122, las vicisitudes que puedan
generar a los impugnantes en casación el rediseño del trámite de este recurso y
la reducción de los términos asunto “de estirpe más bien logística”, no tienen
la virtualidad de oponerse a la libertad de configuración legislativa prevista
en el artículo 150 de la Carta.
3.
De organizaciones
gremiales, sociales y académicas
Del Instituto de Derecho
Procesal
Interviene
a través de uno de sus miembros para solicitar la inexequibilidad de los
artículos 90 y  91.
El
artículo 90 de la Ley 1395 de 2010 vulnera el principio de juicio público oral,
con inmediación de la prueba, contradictorio, concentrado y con todas las
garantías previsto en el artículo 250.4 de la Constitución, toda vez que el
hecho de que se asigne a un funcionario la tarea de recepcionar la sustentación
de la impugnación y a otro la de resolverla, rompe con el principio de
concentración que exige que las actuaciones se planteen, se perciban, se
controviertan y se decidan en un mismo escenario, en contraposición a lo que
sucede en un sistema escrito. Se priva al recurrente de la posibilidad de
sustentar el recurso ante el funcionario que lo debe desatar, y de otra parte,
las consideraciones de los no recurrentes no serán oídas por el funcionario que
decidirá el fondo del recurso, viéndose obligado a escuchar sus argumentos
mediante la vista o escucha de un CD.
El
artículo 91 sería así mismo inexequible, a juicio del interviniente, toda vez
que “la sustentación oral en primera instancia del recurso de apelación
implica una vulneración a los principios constitucionales de oralidad,
publicidad y concentración”. La única manera de preservar estos principios previstos
en el artículo 250.4 de la Constitución, sería la de restablecer la
sustentación oral ante el ad quem. La norma refleja un retroceso hacia el
antiguo sistema procesal penal así como la ausencia de cambio cultural al que
están llamados todos los intervinientes en el proceso penal.
El
artículo 98 es exequible, comoquiera que el término establecido en la norma
para la sustentación de la demanda de casación es producto de la amplia
potestad de configuración que se confiere al legislado en materia de
procedimientos. Además este término rigió en vigencia de la Ley 600 de 2000 y
se mostró como suficiente para la sustentación. De otra parte, llama la
atención sobre el hecho de que de acuerdo con el procedimiento de la Ley 906/04
no existe expediente, por lo cual no se requiere su consulta en la secretaría
de los tribunales, sino que se llevarán los respectivos registros para su
consulta.
Aduce
finalmente, que siempre se cuenta con la posibilidad de acudir a la prórroga
prevista en el artículo 158 del estatuto procesal, en las situaciones
excepcionales en que el término no sea suficiente.
Sugiere
la exequibilidad del artículo 101 al considerar que el establecimientos de
términos hace parte del ejercicio de la discrecionalidad confiada al legislador
en esta materia, legitimada, en este caso, en la búsqueda de la descongestión
del sistema judicial.
El
artículo 122 sería así mismo exequible, comoquiera que no corresponde al
tribunal constitucional realizar un análisis sobre cuestiones relativas a la
aplicación práctica de las normas.
V.
CONCEPTO DEL PROCURADOR
GENERAL DE LA NACIÓN
Mediante concepto No. 5089 del dos
(2) de febrero de dos mil once (2011), el Procurador General de la Nación “solicita
a la Corte que declare estarse a lo resuelto en la sentencia en la cual se
decidan las demandas acumuladas, contenidas en los expedientes D-8301 y D-8322,
respecto de las cuales se solicitó que la Corte se inhibiera de pronunciarse de
fondo, por ineptitud sustancial de la demanda”.
Sostiene el Ministerio Público que
al igual que advirtió en los procesos D-8301 y 8322, la demanda no cumple con
los requisitos de claridad, certeza, especificidad, suficiencia y pertinencia,
toda vez que “se concentra en una serie de reproches dirigidos en contra de
proposiciones jurídicas deducidas a partir de su particular inteligencia de los
artículos de la ley, inteligencia que no corresponde con el contenido real y
existente de la misma. En lugar de plantear cargos constitucionales o siquiera
jurídicos, lo que en realidad formulan los actores es una serie de juicios de
conveniencia o inconveniencia de las normas demandadas, respecto de unos
intereses particulares”
Los argumentos de conveniencia no
son suficientes para un juicio de constitucionalidad, y además ni la
Constitución Política, ni los tratados internacionales fijan de manera estricta
y detallada los términos para los recursos establecidos en el proceso penal,
sino que dejan a la ley la regulación de esta materia. En virtud del principio
de libre configuración de la ley, el legislador es el responsable de establecer
los términos para los recursos en el proceso penal, pues a él le corresponde,
al tenor del artículo 150 superior, “interpretar y reformar las leyes” y
“expedir códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus
disposiciones”, facultad que no puede simplemente negarse con base en
argumentos subjetivos o caprichosos sobre el sentido teleológico o la
conveniencia de determinada disposición”.
VI. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
Competencia
de la Corte
1.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4o. de la
Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer y
decidir definitivamente sobre la demanda de inconstitucionalidad de la
referencia, pues la disposición acusada forma parte de una ley de la República,
en este caso, de la Ley  1395 de 2010.
Asunto
bajo revisión. Problemas jurídicos planteados.
2. La demanda se dirige contra el primer inciso de los
artículos 90 , 91, 98, 101  y 122 de la Ley 1395 de 2010, normas que
modificaron los artículos 178, 179 y 98 de la Ley 906 de 2004;  y 210 de la Ley
600 de 2000. Los preceptos acusados hacen referencia al trámite que se surte
para la interposición  y sustentación del recurso de apelación contra autos y
sentencias dentro del sistema penal acusatorio (90 y 91); a la fijación del término
común de 30 días para la sustentación del recurso de casación (98 y 101); y a
la cláusula de vigencia de la ley (122).
3. A fin de establecer el marco del pronunciamiento, es
necesario advertir previamente que si bien la demanda parece dirigirse contra
la totalidad de los artículos 91 y 98, comoquiera que se transcriben y subrayan
en su integridad,  la sustentación únicamente hace referencia a la materia
prevista en el inciso primero de cada una de esas disposiciones. En efecto, en
relación con el artículo 91 el disenso de los demandantes se focaliza en el
trámite del recurso ante el juez de  primera instancia, es decir en la fase de
interposición y sustentación de  la apelación ante el mismo funcionario que
profirió la providencia objeto de la alzada, aspecto regulado en el inciso
primero, sin que hagan referencia alguna al trámite que se surte en la segunda
instancia. Respecto del artículo 98 los actores cuestionan la brevedad (en su
opinión) del término para la interposición y sustentación del recurso de casación,
así como  el hecho de que este sea común para todos los recurrentes, materias
reguladas en el inciso primero de la norma, sin que efectúen análisis o
referencia alguna a la decisión de declarar desierto el recurso prevista en el
inciso segundo del artículo 98.
Por absoluta ausencia de razones de inconstitucionalidad en
relación con los incisos segundo y tercero del artículo 91, y respecto del
inciso segundo del artículo 98, la Corte se inhibirá de emitir un
pronunciamiento al respecto, toda vez de de conformidad con el artículo 2º del
Decreto 2067 de 1991, además del texto de la norma demandada y de las
disposiciones constitucionales violadas, el demandante debe suministrar las
razones por las cuales la norma acusada vulnera tales disposiciones, las cuales
además deben ser claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes[1].
La ausencia absoluta de razones en relación con los segmentos normativos
mencionados impide abordar un análisis de constitucionalidad, e incluso de
aptitud sustantiva de la demanda.
Hecha esta aclaración, entiende la Corte que la demanda
está dirigida contra el inciso primero del artículo 90, el inciso primero del
artículo 91, el inciso primero del artículo 98, el inciso primero del artículo
101 y el artículo 122 de la Ley 1395 de 2010.
4. Los cargos que los demandantes plantean en contra de
los mencionados preceptos se pueden organizar para su análisis de la siguiente
manera:
(i) Los artículos 90 (inciso primero)  y 91 (inciso
primero), modificatorios del procedimiento previsto en los artículos 178 y 179 del
C. de P.P., para la apelación de autos y sentencias, respectivamente, en el
marco del sistema penal acusatorio, son violatorios de los derechos de defensa
(29), doble instancia  y de acceso a la justicia (229), así como de los
artículos 250 y 251 que introducen en la Carta el sistema penal acusatorio,
toda vez que contemplan la sustentación del recurso ante el mismo juez que
profirió la providencia, y limitan los derechos del apelante, al punto que se
le obliga a improvisar en su argumentación.
(ii) Los artículos 98 (inciso primero) y 101 (inciso primero), serían
violatorios del debido proceso, el derecho de defensa y de acceso a la
administración de justicia, comoquiera que contemplan una notoria reducción (a 30 días comunes) de los términos
procesales para interponer el recurso y para presentar la demanda de casación.
Con estas normas se vulnerarían así mismo el Pacto Internacional de Derecho
Civiles y Políticos (Art. 14) y la Convención Americana de Derechos Humanos
(Art. 8).
(iii) El artículo 122, en concordancia con las demás disposiciones
acusadas vulneraría el principio de
legalidad en su dimensión de favorabilidad, toda vez que al establecer la
vigencia general  de la ley “a partir de su promulgación”, eliminaría la
posibilidad de que, ante el tránsito normativo, se aplique la ley que resulte más
favorable desde el momento en que tuvo lugar el hecho delictuoso.
Cuestión previa. Existencia de cosa
juzgada constitucional
5. Observa la Corte que los mismos
preceptos que son objeto de la presente demanda de inconstitucionalidad fueron analizados
por esta Corporación en las sentencias C-250 de 2011 y C-371 de 2011.
Corresponde en consecuencia, examinar si se configura el fenómeno de la cosa
juzgada constitucional
6. Sobre el particular es preciso
recordar que de acuerdo a lo establecido en el artículo 243 de la Constitución
Política, los fallos que la Corte Constitucional dicta en ejercicio del control
jurisdiccional gozan de fuerza de cosa juzgada. Ello implica que las decisiones
judiciales tomadas por la Corporación en cumplimiento de su misión de
garantizar la integridad y la supremacía de la Constitución, adquieren valor
jurídico y fuerza vinculante.[2]
6.1 En ese sentido, la cosa juzgada
constitucional, además de proteger la supremacía normativa de la Carta, está
llamada a garantizar la efectiva aplicación de los principios de igualdad,
seguridad jurídica y confianza legítima de los administrados, ya que por medio
de esta figura se garantiza que el órgano encargado del control constitucional
sea consistente con las decisiones que ha adoptado previamente.
6.2 Como ha indicado la jurisprudencia
de esta Corte, la cosa juzgada constitucional “se predica tanto de los
fallos de inexequibilidad como de los de exequibilidad, vincula a todas las
autoridades -incluida la misma Corte Constitucional- y se extiende, por igual,
al continente de la norma como a su contenido material - precepto o proposición
jurídica en sí misma considerada”[3].
No obstante, es la misma Corte quien determina  los efectos de sus fallos[4], en razón a
su labor de intérprete directa y autorizada de la Carta.
6.3 El alcance de la cosa juzgada
constitucional ha sido desarrollado de manera amplía en la jurisprudencia, a
través de la definición de categorías independientes con diferencias claras. De
esta forma, se han establecido diferencias conceptuales y prácticas entre lo
que se entiende por cosa juzgada absoluta y por cosa juzgada relativa,
y entre cosa juzgada formal y cosa juzgada material.
Existe cosa juzgada absoluta “cuando
el pronunciamiento de constitucionalidad de una disposición, a través del
control abstracto, no se encuentra limitado por la propia sentencia, es decir,
se entiende que la norma es exequible o inexequible en su totalidad y frente a
todo el texto Constitucional.”[5]
Por otro lado, existe cosa juzgada relativa cuando el juez constitucional
limita en forma expresa los efectos de la decisión, dejando abierta la
posibilidad para que en un futuro “se formulen nuevos cargos de
inconstitucionalidad contra la norma que ha sido objeto de examen, distintos a
los que la Corte ya ha analizado.”[6]
En relación con esta última categoría, también se ha dicho que ésta puede
presentarse de manera explícita, en aquellos eventos en los cuales los
efectos de la decisión se limitan directamente en la parte resolutiva, e implícita
cuando tal hecho ocurre en forma clara e inequívoca en la parte motiva o
considerativa de la providencia, sin que se haga mención alguna en la parte
resolutiva.[7]
Por otro lado, la Corte ha establecido
que puede declararse la existencia de cosa juzgada formal, en aquellos casos
donde existe un pronunciamiento previo del juez constitucional en relación con
el precepto que es sometido a un nuevo y posterior escrutinio constitucional[8], en tanto que
se presenta el fenómeno de la cosa juzgada material cuando a pesar de haberse
atacado por medio de una demanda la constitucionalidad de una norma formalmente
distinta, su materia o contenido normativo[9]
resulta ser idéntico al de otra(s) disposición(es) que ya fue(ron) objeto del
análisis de constitucionalidad.[10]
En este contexto, ha dicho la doctrina constitucional que la cosa juzgada
material se predica de la similitud en los contenidos normativos de distintas
disposiciones jurídicas, aunque ello no significa que exista semejanza o
coincidencia entre el problema jurídico propuesto y el que fue objeto de
pronunciamiento en la decisión precedente[11].
7. En armonía con el anterior marco teórico, constata la
Corte que en la sentencia C- 250 de 2011 se declaró “EXEQUIBLE, en relación con los cargos estudiados, el
artículo 90 de la Ley 1395 de 2010”. Así
mismo, en la sentencia C- 371 de 2011, la Corte decidió: (i) Estarse a lo
resuelto en la sentencia C-250 de 2011, en relación con una demanda contra el
inciso primero del artículo 90 de la Ley 1395/10; (ii) declarar la
EXEQUIBILIDAD, por los cargos analizados, del inciso primero del artículo 91 y del
artículo 122 de la misma ley; e (iii) INHIBIRSE  para emitir pronunciamiento de
fondo en relación con la demanda dirigida en esa oportunidad contra los
artículos 98 (inciso primero) y 101 (inciso primero) de la misma ley.
8. Los cargos que en aquella oportunidad se dirigieron
contra los artículos 90 y 91 (parciales), fueron reseñados así en la sentencia
C-371 de 2011:
“Frente a los motivos de inconstitucionalidad en relación con los
artículos 90 y 91, los accionantes afirman  que se afecta el derecho de
defensa, debido a que las normas señaladas reducen el tiempo para sustentar el
recurso de apelación de autos y sentencias, los cuales, requieren reflexión
para estudiar el contenido de la providencia que afecta los intereses del
procesado. Así, el apelante deberá advertir si la providencia contiene errores
de interpretación y aplicación normativa, de apreciación probatoria o errores
en el devenir del proceso. Por lo tanto,  para los ciudadanos la labor de
atacar una decisión judicial requiere maduración y tiempo prudencial con el fin
de que cumpla con requisitos de seriedad, profundad y eficiencia que debe tener
un alegato que demuestre que un juez de la República ha incurrido en error.
Así mismo, se agrega que las normas acusadas
desconocen los principios de inmediación y concentración establecidos en el
artículo 250 de la Carta Política, porque se obliga al recurrente a que realice
la sustentación ante el funcionario que profirió la decisión, y no ante el juez
que habrá de resolver el recurso. Este último, solo podrá acceder a la
sustentación del recurso de apelación a través de grabaciones de audio o video,
con lo cual se vulneran los principios señalados, comoquiera que estos exigen
que las actuaciones y audiencias del sistema acusatorio se realicen
presencialmente.
En esta lógica, se plantea en la demanda que con las
modificaciones contenidas en la ley 1395 de 2010, se configura un derecho de
defensa y de doble instancia de carácter formal, puesto que en la realidad el
corto tiempo para la sustentación de los recursos implica una anulación de
dichas garantías constitucionales. En ese estado de cosas, aseveran los
accionantes que  el legislador olvida  que para el ejercicio eficiente e idóneo
de estos derechos se necesita un adecuado desarrollo de los mismos”.
Como se puede advertir, las censuras que dieron origen a
la sentencia C-371 de 2011, coinciden en lo fundamental con las que se formulan
en esta oportunidad. En efecto, como se reseñó en aparte anterior de esta
sentencia, los cargos comunes que se dirigen contra los artículos 90 y 91
(incisos primeros), tienen un alcance similar en la medida que se fundamentan
en que dichos preceptos serían violatorios de los derechos de defensa (29),
doble instancia  y de acceso a la justicia (229), así como de los artículos 250
y 251 que establecen el sistema penal acusatorio, toda vez que contemplan la
sustentación del recurso ante el mismo juez que profirió la providencia, y
limitan los derechos del apelante, al punto que se le obliga a improvisar en su
argumentación”.
En esencia las dos demandas  estiman que el trámite que  la
Ley 1395 de 2010, estableció para el recurso de apelación de autos y sentencias,
conlleva un menoscabo a los derechos de defensa y de acceso a la justicia del
impugnante, a la vez que desconoce los principios vinculados al sistema penal
acusatorio como los de contradicción e inmediación, toda vez que obliga al
impugnante a sustentar el recurso en el acto de audiencia en la que se dictó la
providencia correspondiente, y ante el mismo juez que la produjo. Al
pronunciarse sobre estos cargos la sentencia C-371 de 2011, determinó:
“Por las
razones expuestas, la Corte, reiterará su jurisprudencia y declarará la
exequibilidad, por los cargos analizados, del inciso 1º del artículo 91,
comoquiera que contiene una regulación que garantiza el cumplimiento de los
fines de la apelación, a la vez que armoniza los principios de celeridad y el derecho
a un debido proceso público, sin dilaciones injustificadas, con la garantía del
derecho de defensa y acceso real, no formal, a una segunda instancia”.
9. Ante la constatación de la identidad en los cargos que
dieron lugar a la sentencia C-371 de 2011, y los que se formulan en la presente
oportunidad en contra de los incisos primeros de los artículos 90 y 91 de la
Ley 1395 de 2010, la Corte decidirá: (i) Estarse a lo resuelto en la sentencia
C-250 de 2011, que declaró la exequibilidad, por los cargos analizados, del inciso
primero del artículo 90 de la Ley 1395 de 2010, tal como lo determinó en la
sentencia C-371 de 2010: y (ii) Estarse a lo resuelto en la sentencia C- 371 de
2011, que declaró la exequibilidad, por los cargos analizados, del inciso
primero del artículo 91 de la misma ley.
10. Si bien en la demanda que se examina en esta
oportunidad, los actores mencionan otros preceptos superiores como vulnerados,
no suministran ninguna razón orientada a demostrarlo. En este sentido, en el
catálogo de normas violadas relacionan los artículos 2º, 4º, 6º, 13, 230 y 243
de la Constitución, sin que aporten las razones por las cuales consideran  que
se produce el aducido quebrantamiento. Esta circunstancia inhibe a la Corte
para pronunciarse en relación con estas manifestaciones, comoquiera que no
estructuran verdaderos cargos de inconstitucionalidad. En efecto, no concurre
uno de los requisitos que, conforme al artículo 2º del Decreto 2067 de 1991,
deben satisfacerse para que una demanda provoque un pronunciamiento de mérito:
la exposición de las razones de la inconstitucionalidad.
11. En lo que concierne a la demanda contra el artículo 122 de la Ley
1395 de 2010, observa la Corte que los cargos que se formulan en esta oportunidad
ya fueron resueltos por la Corte en la sentencia C-371 de 2011, en la que se
declaró la exequibilidad, por los cargos analizados, del artículo 122 de la
aludida normatividad. Efectivamente, en la mencionada providencia la Corte
enfrentó el siguiente problema jurídico: ¿Vulnera
el artículo 122 de la  Ley 1395 de 2010 el derecho al debido proceso, en
particular los principios de legalidad y favorabilidad, referidos  a los
términos y condiciones para el ejercicio de los medios de impugnación en el
proceso penal, al establecer la vigencia general de la ley a partir de su
promulgación?. Esta cuestión coincide con la que plantean ahora los demandantes,
en relación con el mismo precepto. Estiman que al establecer la vigencia
general  de la ley “a partir de su promulgación”, el legislador eliminó
toda posibilidad de que, ante el tránsito normativo, se aplique la ley que
resulte más favorable desde el momento en que tuvo lugar el hecho delictuoso,
en lo que atañe al trámite de los medios de impugnación. Al pronunciarse sobre
estos cargos la sentencia C-371 de 2011, indicó:
“42. Comoquiera que no cabe duda en el sentido que la
determinación en abstracto de una cláusula de vigencia, desde su promulgación,
de una normatividad que incorpora aspectos de contenido penal, no anula la
posibilidad de invocar el principio de favorabilidad ante el juez de
conocimiento cuando a ello hubiere lugar, la Corte, reiterando su
jurisprudencia sobre la materia, declarará la exequibilidad del artículo 122 de
la Ley 1395 de 2010. Se trata de una disposición que desarrolla el principio de
irretroactividad de la ley penal, como expresión del de legalidad, y que debe
ser armonizado en su aplicación con la garantía de favorabilidad adscrita al
mismo precepto constitucional (Art. 29), cuando concurran los presupuestos
normativos, lógicos y sistemáticos para su reconocimiento. Esta valoración
corresponde al ámbito del funcionario judicial en el que reposa la competencia
para decidir sobre el asunto en concreto”.
En consecuencia, por tratarse de un cargo que ya fue
resuelto por la Corte mediante sentencia que hizo tránsito a cosa juzgada, la
Corte decidirá estarse a lo resuelto en la sentencia C-371 de 2011, en lo
concerniente a la demanda contra el artículo 122 de la Ley 1395 de 2010.
12. La demanda se dirige
igualmente contra los artículos 98 (inciso primero) y 101 (inciso primero) de la
Ley 1395 de 2010, normas que modificaron los artículos 183 de la Ley 906/04  y
210 de la Ley 600/00, en lo concerniente a la oportunidad para interponer y
sustentar el recurso extraordinario de casación. Aunque los dos preceptos
contemplan un término distinto para la interposición del recurso - 5 días en el
caso de asuntos tramitados bajo la Ley 906, y 15 días  para los que se rigen
por la Ley 600 -, este aspecto no es controvertido por los demandantes. Su censura
se dirige contra el término previsto en ambas disposiciones para la
sustentación del recurso, fijado en  30 días comunes para todos los recurrentes.
13. A juicio de los demandantes, el
recorte del término para la sustentación del recurso[12], y
el hecho de que sea común para todos los impugnantes vulnera los derechos de defensa y de acceso a la
justicia, al punto que “prácticamente hace inviable su materialización”.
Para
sustentar esta afirmación suministra los siguientes argumentos:
(i) Que “una
de las formas más utilizadas en los estados totalitarios con el fin de ejercer
la represión por parte del Estado y de desconocer los derechos y garantías
constitucionales de los ciudadanos es modificando los códigos procesales,
imponiendo cargas excesivas a la defensa u obstaculizando su ejercicio,
limitándola, dificultando el derecho de probar y de ejercer la contradicción,
desconociendo el principio de presunción de inocencia o disminuyendo los términos
de tal manera que resulten burladas las posibilidades defensivas”.
(ii) Que el
recorte del término y la determinación de que sea común para todos los sujetos
procesales hace prácticamente imposible la sustentación de la casación, por que
significa que todos los sujetos procesales deban estudiar el proceso en la
secretaría de los tribunales.
(iii) Que tal
determinación elevaría los costos profesionales, por las dificultades que
tendrían los apoderados para acceder al expediente, y conduciría a la desaparición
definitiva de la casación.
De estas
razones derivan la conclusión de que “es patente la violación de la Carta
Política en lo relacionado con el debido proceso, derecho de defensa y acceso a
la administración de justicia”.
14. Las razones que exponen los demandantes para
fundamentar la vulneración de los artículos 29 y 229 de la Constitución, no
cumplen con los presupuestos mínimos para provocar un pronunciamiento de
mérito. Advierte la Corte que este aparte de la demanda reproduce parcialmente,
y en forma menos desarrollada, los argumentos expuestos en los procesos D-8301
y D-8322 para sustentar un cargo similar en contra de los mismos preceptos, los
cuales fueron hallados carentes de pertinencia por esta corporación en
sentencia C-371 de 2011. Comoquiera que no se presentan argumentos adicionales
a los esbozados en aquella oportunidad, no queda alternativa distinta a adoptar
una decisión de ineptitud sustantiva sobre esta parte de la demanda.
15. Para el efecto conviene recordar que en reiterada jurisprudencia de esta Corporación, al
interpretar el artículo 2º del Decreto 2067 de 1992, se ha precisado[13] que no
obstante el principio pro actione que guía el ejercicio de la acción
pública de inexequibilidad, a fin de que la Corte pueda pronunciarse de fondo
sobre los cargos contenidos en una demanda, esta debe contener: (i) el
texto de la norma demandada, (ii) las disposiciones constitucionales
violadas, y (iii) las razones por las cuales la norma acusada vulnera
tales disposiciones. Dichas razones deben cumplir con unos presupuestos mínimos
de comunicación y argumentación. Tales razones deben ser  claras[14],
ciertas[15],
específicas[16],
pertinentes[17]
y  suficientes[18]
para que se configure un cargo apto.
Sobre el requisito de pertinencia ha subrayado la jurisprudencia
de esta corporación, “que este exige que el reproche formulado por el
peticionario deba ser de naturaleza constitucional, es decir, fundado en la
apreciación del contenido de una norma Superior que se expone y se enfrenta al
precepto demandado. En este orden de ideas, son inaceptables los argumentos que
se formulan a partir de consideraciones puramente legales y doctrinarias, o
aquellos otros que se limitan a expresar puntos de vista subjetivos en los que
el demandante en realidad no está acusando el contenido de la norma sino que
utiliza la acción pública para resolver un problema particular, como podría ser
la indebida aplicación de la disposición en un caso específico; tampoco
prosperarán las acusaciones que fundan el reparo contra la norma demandada en
un análisis de conveniencia, calificándola de inocua, innecesaria, o
reiterativa,  a partir de una valoración parcial de sus efectos”.
De otra parte, para cumplir con el requisito de especificidad las
razones deben estar orientadas a demostrar que realmente existe una oposición
objetiva y verificable entre el contenido de la ley demandada y el texto de la
Constitución Política, resultando inadmisible que se deba resolver sobre
la inexequibilidad de una norma a partir de argumentos vagos,
indeterminados, indirectos, abstractos y globales, que no se relacionan
concreta y directamente con las disposiciones que se acusan. Esta concreción de
la acusación es indispensable para que se desarrolle la discusión propia del
juicio de constitucionalidad.
16.
Las razones que suministran los demandantes para sustentar la vulneración de
los artículos 29 y 229 de la Constitución no cumplen con el presupuesto de pertinencia,
toda vez que sus motivos están relacionados, en primer lugar, con una postura
ideológica sobre los fines no declarados que cumplirían las reformas al
procedimiento penal, en determinados sistemas. Esta opinión por respetable que
sea desde el punto de vista de la libre expresión de las ideas, no tiene la
idoneidad para poner de manifiesto la contradicción objetiva de los preceptos
acusados con el contenido de las normas superiores que se invocan. Los demás
argumentos esbozados, relacionados con los mecanismos para la operatividad de
la norma, y con   aspectos logísticos (consulta del expediente en la secretaría),
o con sus consecuencias (encarecimiento de los servicios jurídicos), carecen
igualmente de la pertinencia requerida para fundamentar un cargo de
inconstitucionalidad, comoquiera que no parten de una confrontación racional y
objetiva entre el contenido y alcance de una norma superior  y los preceptos
acusados; responden más bien a un análisis personal de los actores sobre los
posibles efectos que una norma de esta naturaleza podría acarrear, los cuales,
a su juicio, revertirían de manera indirecta en las posibilidades de
acceso al recurso por parte de los sentenciados.
Esta
manera de fundamentar el cargo pone de presente así mismo la falta de especificidad
de las razones, toda vez que no acusan una oposición directa, objetiva y
verificable entre las normas superiores y los preceptos acusados, sino que se
orientan a hacer un cuestionamiento indirecto de las normas, a partir de sus
efectos, reparos que se ubica en el ámbito de la inconveniencia y no de la inconstitucionalidad.
Las
anteriores consideraciones conducen a un pronunciamiento inhibitorio en
relación con los cargos formulados contra los artículos  98 (inciso primero) y
101 (inciso primero) de la Ley 1395 de 2010, normas que modificaron el 183 de la
Ley 906 de 2004, y el 210 de la Ley 600 de 2000.
VII. DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto la Corte Constitucional de la República de Colombia,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.
Declarar ESTARSE A LO RESUELTO
en la sentencia C-250 de 2011 que declaró exequible, por los mismos cargos aquí
formulados, el artículo 90 de la Ley 1395 de 2010.
Segundo.
Declarar ESTARSE A LO RESUELTO
en la sentencia C-371 de 2011 que declaró exequibles, por los mismos cargos
aquí formulados, el inciso primero del artículo 91 y  el artículo122 de la Ley
1395 de 2010.
Tercero.
Declararse INHIBIDA para
pronunciarse respecto de los cargos formulados contra el inciso primero del  artículo
98 y el inciso primero del artículo 101, ambos de la Ley 1395 de 2010.
Notifíquese,
comuníquese, cúmplase, e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, y
archívese el expediente.
JUAN CARLOS HENAO PÉREZ
Presidente
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria
General
[1]
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-1052 de 2001.
[2]
Cfr., entre otras, las siguientes providencias: Corte Constitucional,
sentencias C-310 de 2001, C-397 de 1995,  C-774 de 2000, y SU-047 de 1999; los
Autos A-174 y A-289A de 2001.
[3]
Corte Constitucional, sentencia C-301 de 1993.
[4]
En la Sentencia C-113 de 1993 la Corte Constitucional precisó que: “sólo la Corte Constitucional, de conformidad con la Constitución, puede, en la propia sentencia, señalar los efectos de ésta. Este
principio, válido en general, es rigurosamente exacto en tratándose de las
sentencias dictadas en asuntos de constitucionalidad”.
[5]
Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-310 de 2002. Para consultar los
alcances y diferencias entre cosa juzgada relativa y cosa juzgada absoluta se
pueden consultar los siguientes fallos: C-366 de 2006, C-850 de 2005, C-710 de
2005, A-163 de 2005, C-914 de 2004, C-1004 de 2003, C-567 de 2003, C-063 de
2003, C-415 de 2002, C-045 de 2002, entre otras.
[6]
Cfr. Corte Constitucional, Auto de Sala Plena, A-174 de 2001.
[7]
Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-478 de 1998.
[8]
Cfr, Al respecto, Corte Constitucional, sentencias C-457 de 2004, C-394
de 2004, C-1148 de 2003, C-627 de 2003, C-210 de 2003, C-030 de 2003, C-1038 de
2002 , C-1216 de 2001, C-1046 de 2001, C-774 de 2001, C-489 de 2000 y C-427 de
1996.
[9] Tal como lo establece la sentencia
C-1046 de 2001, “es posible distinguir entre, los enunciados normativos o
las disposiciones, esto es, los textos legales y, de otra parte, los contenidos
normativos, o proposiciones jurídicas o reglas de derecho que se desprenden,
por la vía de la interpretación, de esos textos. Mientras que el enunciado o el
texto o la disposición es el objeto sobre el que recae la actividad
interpretativa, las normas, los contenidos materiales o las proposiciones
normativas son el resultado de la misma. El primero hace referencia a un
precepto específico, consagrado en una disposición determinada. El segundo, por
su parte, refiere al contenido normativo y a las consecuencias jurídicas que se
derivan de una norma, pero no se reduce a un precepto específico.”
[10]
Cfr, entre otras, Corte Constitucional,  sentencias C-427 de 1996, C-447 de
1997, C-774 de 2001 y C-1064 de 2001.
[11]
En este sentido, Corte Constitucional, sentencias C-427 de 1996 y C-1064 de
2001.
[12] El artículo 183 de la Ley 906 de 2004, establecía que el recurso se interpondría y sustentaría dentro de los 60
días siguientes a la última notificación de la sentencia. En tanto que la norma
aplicable a los procesos seguidos bajo la Ley 600 de 2000 (Arts. 223 y 224 del Decreto 2700/93, que revivieron por la declaratoria de inexequibilidad del
artículo 210 de la Ley 600/00), preveía que el recurso se interpondría dentro
de los 15 días siguientes a la última notificación de la sentencia de segunda
instancia y para la sustentación se correría traslado por 30 días a cada uno de
los recurrentes.
[13] Desde la sentencia
C-1052 de 2001, la Corte ha establecido unos presupuestos mínimos de
comunicación y argumentación que deben reunir los cargos de una demanda de
inconstitucionalidad para que pueda provocar un pronunciamiento de fondo. Estos
presupuestos han sido aplicados de manera sostenida por la Corte, por ejemplo, en las sentencias C-371de 2011; C-059 de 2010; C-1064 de 2008; C-1062 de
2008; C-673 de 2008; C-623 de 2008; C-888 de 2007; C-777 de 2006; C-528 de
2006; C-1300 de 2005; C-422 de 2005; C-421 de 2005.
[14] La
claridad está determinada por el deber de seguir un hilo conductor en la
argumentación que permita al lector comprender el contenido de su demanda y las
justificaciones en las que se basa.
[15] La certeza, significa
que la demanda debe recaer sobre una proposición jurídica real y existente y no
simplemente sobre una deducida por el actor, o implícita e incluso sobre otras
normas vigentes que, en todo caso, no son el objeto concreto de la demanda. El ejercicio
de la acción pública de inconstitucionalidad supone la confrontación del texto
constitucional con una norma legal que tiene un contenido verificable a partir
de la interpretación de su propio texto;
[16] Las razones son
específicas si definen con claridad la manera como la disposición acusada
desconoce o vulnera la Carta Política a través “de la formulación de por lo
menos un cargo constitucional concreto contra la norma demandada. El juicio de
constitucionalidad se fundamenta en la necesidad de establecer si realmente
existe una oposición objetiva y verificable entre el contenido de la ley y el
texto de la Constitución Política, resultando inadmisible que se deba resolver sobre su inexequibilidad a partir de argumentos “vagos,
indeterminados, indirectos, abstractos y globales” que no se relacionan
concreta y directamente con las disposiciones que se acusan. Sin duda, esta
omisión de concretar la acusación impide que se desarrolle la discusión propia
del juicio de constitucionalidad.
[17] En virtud de la pertinencia
el reproche formulado por el peticionario debe ser de naturaleza
constitucional, es decir, fundado en la apreciación del contenido de una norma
Superior que se expone y se enfrenta al precepto demandado.
[18] La suficiencia que se predica
de las razones de la demanda de inconstitucionalidad guarda relación,  con la
exposición de todos los elementos de juicio (argumentativos y probatorios)
necesarios para iniciar el estudio de constitucionalidad respecto del precepto
objeto de reproche, así como con el alcance persuasivo de la demanda, esto es,
a la presentación de argumentos que, aunque no logren prime facie convencer
al magistrado de que la norma es contraria a la Constitución, si despiertan una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma
impugnada, de tal manera que inicia realmente un proceso dirigido a desvirtuar
la presunción de constitucionalidad que ampara a toda norma legal y hace
necesario un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional.