T-462-18
Sentencia T-462/18
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES EN PROCESO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR-Caso en el
que la accionante considera vulnerados sus derechos por falta de valoración
integral de las pruebas aportadas dentro de los procesos de reglamentación de
visitas y de medidas de protección
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad
CARACTERIZACION DEL
DEFECTO FACTICO COMO CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
El defecto
fáctico, como causal de procedencia de la acción tutela contra providencias
judiciales, se presenta cuando el juez no tiene el apoyo probatorio suficiente
para aplicar el supuesto legal en el que sustenta la decisión, porque dejó de
valorar una prueba o no la valora dentro de los cauces racionales, y/o denegó
la práctica de alguna sin justificación
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES EN PROCESO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR-Procedencia
Este
Tribunal ha concluido que la intervención del juez de tutela resulta necesaria
para proteger los derechos de la víctima de violencia, aun cuando esta cuente
con otras vías de defensa. En efecto, pese a que la Ley 294 de 1996
contempla un mecanismo judicial especial, expedito e idóneo para la protección
de las víctimas de la violencia, esta Corporación ha señalado que las
resoluciones y sentencias resultantes del proceso de medidas de protección
pueden ser objeto de acción de tutela, en caso de que se evidencie una
vulneración del derecho fundamental al debido proceso
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR-Procedimiento
adelantado por Comisarías de familia
En cuanto
al mecanismo disponible para que una víctima de daño físico, psíquico, o daño a
su integridad sexual, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de
agresión al interior de su contexto familiar acceda a medidas de
protección inmediatas que ponga fin a la violencia, maltrato o agresión o evite
que esta se realice cuando fuere inminente, se tiene que la Ley 294 de 1996,
radicó en las Comisarías de Familia, la competencia para conocer de la acción
de protección por violencia intrafamiliar
MEDIDAS DE PROTECCION POR VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR-Procedimiento
MEDIDAS DE PROTECCION POR VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR-Prerrogativas a la mujer víctima de violencia durante el
trámite del proceso
MEDIDAS DE PROTECCION POR VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR-Medidas que la ley prevé
INTERES SUPERIOR DEL MENOR Y
PROTECCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES-Reiteración de jurisprudencia
NIÑOS,
NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION CONSTITUCIONAL
La calidad
de sujetos de especial protección constitucional de los niños, niñas y
adolescentes tiene su fundamento en la situación de vulnerabilidad e
indefensión en la que se encuentran, pues su desarrollo físico, mental y
emocional está en proceso de alcanzar la madurez requerida para la toma de
decisiones y participación autónoma dentro de la sociedad. El grado de
vulnerabilidad e indefensión tiene diferentes niveles y se da a partir de todos
los procesos de interacción que los niños, niñas y adolescentes deben realizar
con su entorno físico y social para la evolución de su personalidad
VIOLENCIA DE GENERO-Concepto
VIOLENCIA DE GENERO-Relación con
la discriminación
VIOLENCIA PSICOLOGICA-Características
La violencia
psicológica se ocasiona con acciones u omisiones dirigidas intencionalmente a
producir en una persona sentimientos de desvalorización e inferioridad sobre sí
misma, que le generan baja autoestima. Esta tipología no ataca la integridad
física del individuo sino su integridad moral y psicológica, su autonomía y
desarrollo personal, y se materializa a partir de constantes y sistemáticas
conductas de intimidación, desprecio, chantaje, humillación, insultos y/o
amenazas de todo tipo
ERRADICACION DE TODA FORMA DE
VIOLENCIA Y DISCRIMINACION CONTRA LA MUJER-Compromiso nacional e
internacional
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER-Instrumentos
internacionales
CONVENCION PARA LA ELIMINACION DE
TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION CONTRA LA MUJER-Contenido y obligaciones
DECLARACION SOBRE ELIMINACION DE LA
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DE NACIONES UNIDAS-Establece derechos para la
erradicación de la violencia contra la mujer en todas sus formas
DECLARACION Y PLATAFORMA DE ACCION
BEIJING-Deber que tienen los Estados de adoptar
medidas tendientes a mitigar las
consecuencias generadas por la vulneración a derechos humanos y
libertades fundamentales
CONVENCION BELEM DO PARA-Obligaciones
para los Estados parte
COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS
HUMANOS-Sistematización de los estándares normativos sobre la violencia
contra la mujer
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER-Medidas
adoptadas por el Estado para prevenir y sancionar
ADMINISTRACION DE JUSTICIA CON
PERSPECTIVA DE GENERO-Discriminación de género en las decisiones judiciales
Es
importante resaltar que cuando las mujeres víctimas de violencia acuden a las
autoridades públicas para el amparo de sus derechos, en repetidas ocasiones se
produce una “revictimización” por parte de los operadores jurídicos, toda vez
que la respuesta que se espera de estas autoridades no es satisfactoria y,
además, con frecuencia, confirma patrones de desigualdad, discriminación y
violencia en contra de esta población
ADMINISTRACION DE JUSTICIA CON
PERSPECTIVA DE GENERO-Forma de combatir la violencia contra la mujer
ADMINISTRACION DE JUSTICIA CON
PERSPECTIVA DE GENERO-Reiteración de jurisprudencia
ENFOQUE DE GENERO-Importancia en
las decisiones judiciales sobre violencia contra la mujer
El Estado
ha adoptado una serie de medidas encaminadas a la protección de los derechos de
las mujeres, dirigidas a prevenir y erradicar toda clase violencia en contra de
esta población. Por esta razón, en los casos de violencia de género es deber de
los operadores jurídicos interpretar los hechos, pruebas y textos normativos
con enfoque diferencial de género
ADMINISTRACION DE JUSTICIA CON
PERSPECTIVA DE GENERO-Obligación de investigar, sancionar y reparar la
violencia estructural contra la mujer, a través de la Rama Judicial
Se ha
considerado que las fallas en la prevención, investigación, sanción y
reparación de la violencia en contra de la mujer pueden convertir al Estado en
responsable de la misma, en tanto la situación de impunidad promueve la
repetición de las agresiones
PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD EN CASOS
DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER-Alcance
La
imparcialidad en el conocimiento de casos de violencia contra la mujer
implica atender una perspectiva de género en el desarrollo del proceso y
en las decisiones, excluyendo la aplicación de estereotipos de género al
momento de analizar los comportamientos de las partes. Este Tribunal ha
sostenido que los estereotipos se refieren a imágenes sociales
generalizadas, preconceptos sobre características personales o roles que
cumplen o deben ser cumplidos por los miembros de un determinado grupo social
IMPARCIALIDAD SUBJETIVA E
IMPARCIALIDAD OBJETIVA-Naturaleza
PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD-Mecanismos
de impedimento y recusación
PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD EN CASOS
DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER-Ejemplificación de usos de estereotipos
MEDIDAS DE PROTECCION EN CASOS DE
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER-Idoneidad para eliminar la violencia o amenaza
denunciada
MEDIDAS DE PROTECCION EN CASOS DE
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER-Criterios de interpretación para la escogencia de
la medida idónea
La
escogencia de la medida debe obedecer a una interpretación de: i) el
daño o la amenaza que generan los actos de violencia denunciados, esto es,
psicológico, físico, sexual, patrimonial, ii) la gravedad y la
frecuencia de los actos de violencia, advirtiendo que estas no están limitadas
a la existencia de secuelas físicas o a un número determinado de días de
incapacidad formulado, iii) las obligaciones internacionales,
constitucionales y legales que tiene el Estado en materia de prevención,
investigación, sanción y reparación en relación con la violencia en contra de
la mujer y iv) el contexto social de violencia estructural
contra la mujer
REGIMENES DE VISITA Y DE CUSTODIA DE
LOS HIJOS MENORES DE EDAD-Debe establecerse a la luz de los derechos de los
niños y niñas y de la mujer víctima de violencia
Cuando las autoridades competentes adopten decisiones y medidas relacionadas
con el derecho a las visitas o custodia de los hijos e hijas, deberán: (i)
tener en consideración la existencia de un contexto de violencia intrafamiliar,
para que el ejercicio de esos derechos no ponga en peligro la seguridad y la
vida de las víctimas, lo cual significa realizar un estudio detallado de las
formas de la violencia, atender la voluntad del menor de edad involucrado e
implementar un régimen de visitas y/o custodia gradual y progresivo;
(ii) adoptar un enfoque de género y no “familista”, esto es, que la
decisión se funde en el interés superior del menor de edad y en los derechos
fundamentales de la mujer, sin presumir que la custodia compartida o que las
visitas son el único modo de asegurar el desarrollo de los niños y las niñas
FUNCION JURISDICCIONAL
DE LAS COMISARIAS DE FAMILIA-Decisiones con
perspectiva de género y atendiendo el contexto de violencia estructural contra
la mujer
Sus
decisiones deben atender i) la perspectiva de género y el contexto de
violencia estructural contra las mujeres, ii) las garantías señaladas
en la Ley 1257 de 2008 y en otras normas sobre violencia de
género, iii) los compromisos internacionales de protección reforzada
de la mujer víctima de agresiones mencionados en el acápite 8,
y iv) la jurisprudencia constitucional sobre las distintas formas que
puede adoptar la violencia y la necesidad de que las medidas la aborden de
forma idónea, el plazo de resolución del proceso, el acceso a la información, y
la imparcialidad y ausencia de estereotipos de género de los funcionarios
encargados de la atención, entre otros
VIOLENCIA INSTITUCIONAL CONTRA LA
MUJER-Autoridades desconocieron violencia psicológica contra la accionante,
quien solicitaba medidas definitivas de protección
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES EN PROCESO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR-Orden a la Comisaria de
Familia decidir sobre la necesidad de una medida de protección definitiva
Expediente
T-6.328.979
Acción
de tutela presentada por MLMV, en nombre propio y de su hijo BLM, contra los
Juzgados Once y Veintiséis de Familia de Bogotá, la Comisaría Segunda de
Familia de Chapinero, Secretaría Distrital de Integración Social y MLS
Magistrado
Ponente:
ANTONIO
JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Bogotá DC, tres (3)
de diciembre de dos mil dieciocho (2018)
La Sala Cuarta de
Revisión, integrada por la Magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado y por los Magistrados,
Antonio José Lizarazo Ocampo y Alejandro Linares Cantillo, quien la preside, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha pronunciado la
siguiente
SENTENCIA
En el proceso de
revisión del fallo de tutela proferido el 25 de julio de 2017 por la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, que confirmó el fallo del 11 de
mayo de la misma anualidad, dictado por la Sala de Familia del Tribunal
Superior de Bogotá.
I. ANTECEDENTES
1.
Aclaración previa
En el presente
asunto, como medida de protección a la intimidad del menor de edad involucrado,
se dispondrá la supresión de los datos que permitan su identificación. Se
precisa que en esta providencia se hará referencia al nombre actual del niño
mediante las siglas “BLM” y la de sus progenitores mediante las siglas “MLMV”
y “MLS”.
2.
Hechos y relato contenidos en el expediente[1]
a. La accionante, MLMV inició una relación sentimental MLS de la cual -el
3 de junio de 2015- nació el niño BLM. Afirmó la actora que desde antes del
nacimiento del niño, el señor MLS desplegó actos de violencia psicológica en su
contra, por ejemplo, amenazándola con quitarle la custodia de su hijo.
Luego del nacimiento
del niño y en razón de las discusiones que surgieron en torno a su custodia y
cuidado, los padres intentaron conciliar, sin embargo, no obtuvieron resultados
positivos.
b. En efecto, el 6 de octubre de 2015, el señor MLS inició un proceso de
reglamentación de visitas (Exp. 2015-01019), luego de subsanada, la demanda fue
admitida por el Juzgado Once de Familia de Bogotá, el 18 de noviembre de 2015.
Por su parte, la señora MLMV inició un proceso para obtener la fijación de la
cuota alimentaria, la custodia y cuidado de su hijo, así como la regulación de
visitas (Exp. 2015-01110), demanda admitida por el Juzgado Dieciséis de Familia
de Bogotá, el 9 de diciembre de 2015[2].
Concomitante con lo anterior, el 18 de diciembre de 2015, la señora MLMV solicitó
medidas de protección por violencia intrafamiliar ante la Comisaría Segunda de
Familia de Chapinero (Exp. 2015-297), debido a las amenazas y el hostigamiento
realizado en su contra por el señor MLS desde el nacimiento de su hijo. Posteriormente,
MLS inició un proceso de ofrecimiento de alimentos, demanda admitida el 19 de
mayo de 2016 por el Juzgado Tercero de Familia en Oralidad de Bogotá (Exp. 2015-00837).
La Sala
aclara que los hechos que motivaron la presentación de la acción de tutela tienen
relación con el proceso de reglamentación de visitas (Exp. 2015-01019) seguido
ante el Juzgado Once de Familia de Bogotá y con el proceso de medida de
protección (Exp. 2015-297) decidido en primera instancia por la Comisaría
Segunda de Familia de Chapinero y en segunda instancia por el Juzgado
Veintiséis de Familia de Bogotá; los cuales se explican, en síntesis, así:
2.1. Sobre el proceso 2015-01019 ante Juzgado Once de Familia de Bogotá, Proceso
de reglamentación de visitas
a. En diciembre de 2015, el Juzgado Once de Familia de Bogotá instauró un
régimen provisional de visitas, actuación a la cual presuntamente ella no fue
vinculada.
b. Una vez terminado el paro judicial, la actora se hizo parte del proceso
e interpuso recurso de reposición contra el régimen de visitas, el cual fue aceptado
por el juzgado accionado y, por lo tanto, estableció en visitas de 2 horas por
2 días a la semana, mediante auto del 26 de abril de 2016.
c. Alegó que el padre del niño no hizo presencia en ninguna de las
visitas programadas desde el 28 de abril hasta el 28 de julio de 2016.
d. En audiencia de conciliación adelantada el 1º de agosto de 2016,
las partes conciliaron unas visitas por el término de tres meses, por lo que el
estado judicial aprobó dicho acuerdo y decretó la suspensión del juicio por ese
lapso.
e. Mediante providencia del 6 de diciembre de 2016, el  Juzgado
Once de Familia de Bogotá accedió al pedido del señor MLS y amplió el régimen
de visitas a un lapso de nueve (9) horas por 2 días a la semana, sin el
acompañamiento de niñera. Contra esta decisión, la actora presentó recurso de
reposición, por considerar que el padre del menor había incumplido las visitas
prestablecidas en decisiones anteriores[3].
f. Sin embargo, el 22 de febrero de 2017, el aludido juzgado negó
el recurso bajo el argumento de que, tratándose de una fijación provisional de
las visitas, “no era necesario revisar todo el acervo probatorio, “por
cuanto esto procedía únicamente para la decisión final de fondo”.
g. El 28 de febrero de 2017, la apoderada de la señora MLMV presentó solicitud
de aclaración del citado auto por el cual resolvió mantener el régimen de
visitas decretado el 6 de diciembre de 2016, en el sentido de “indicar si se
analizó la falta de interés por parte del progenitor por mantener el vínculo
paterno filial y las constantes ausencias a las visitas programadas”.
h. Por consiguiente, el 3 de abril de 2017, el aludido juzgado
precisó que el Despacho “se ha pronunciado en múltiples ocasiones frente al
mismo tema” y que el régimen de visitas establecido el 6 de diciembre de
2016 tiene carácter provisional, “razón por la cual no es esta la
oportunidad procesal para entrar a analizar los múltiples dictámenes que al
proceso se han aportado, pues será al momento de proferir la decisión de fondo
que se entrará a analizar lo referente a la ‘forma’ en que se deben
desarrollar las visitas”.
2.2. Sobre el
proceso 2015-297, ante la Comisaría Segunda de Familia de Chapinero, Proceso de
medidas de protección
a. El 18 de diciembre de 2015, la señora MLMV solicitó medidas de
protección por violencia intrafamiliar ante la Comisaría Segunda de Familia de Chapinero,
debido a las amenazas y el hostigamiento realizado en su contra por el señor MLS
desde el nacimiento de su hijo, consistentes en: (i) amenazas sobre el inicio
de procesos penales y amedrentamientos a través de su posición de poder
económico y social; (ii) imputaciones deshonrosas en su círculo social; (iii)
amenazas de llevarse a su hijo; y (iv) violencia psicológica. La solicitud fue
admitida el mismo día, decretándose medidas provisionales de protección[4].
b. Luego de las respectivas audiencias de pruebas y de trámite[5], el 15 de febrero de
2017, la comisaría decidió abstenerse de imponer la medida de protección y
levantó la medida provisional existente, bajo los siguientes argumentos: (i)
los padres de BLM debían garantizar a su hijo el disfrute pleno de sus derechos
y (ii) que la situación planteada en el proceso no suponía un grave riesgo
contra la integridad emocional de la señora MLMV, ni contra ningún miembro de
la familia, dado que no se demostró  la ocurrencia de episodios o conductas
violentas por parte del demandado.
c. La actora impugnó esta decisión; sin embargo, el Juzgado Veintiséis de
Familia de Bogotá, mediante providencia del 6 de abril de 2017, confirmó
la actuación recurrida, decisión frente a la cual la parte actora solicitó
aclaración y/o complementación, siendo negada en proveído de 2 de mayo de
2017.
2.3.
Pretensiones
La accionante
expuso que el Juzgado Once de Familia de Bogotá tergiversó la información sobre
la comunicación y vínculo paterno, mostrándola como una persona que impedía el
contacto entre padre e hijo, lo que es opuesto a la realidad, pues afirmó que
es el señor MLS quien se ha negado a formar el vínculo paterno, e incluso en
los momentos en los que se ha acercado, aduce que ha realizado actos de
agresión poniendo en riesgo la integridad del niño, toda vez que “las pocas
veces que ha estado con su padre, el infante regresa afectado, agresivo y con
miedo”.
Agregó que el
Juzgado Veintiséis de Familia de Bogotá se abstuvo de imponer una medida de
protección en favor suyo y de su hijo, generando inseguridad ante el continuo maltrato
psicológico y violencia contra la mujer, y dejando a un lado la posibilidad de
adoptar medidas adecuadas y eficaces que permitan garantizar una vida libre de
maltrato, sin connotaciones en el ámbito social y familiar.
Por lo anterior, el
25 de abril de 2017, la señora MLMV presentó acción de tutela, en nombre propio
y en representación de su hijo, contra las autoridades judiciales precitadas,
por considerar que éstas vulneraron sus derechos al debido proceso, a la
defensa, al acceso a la administración de justicia, así como “los derechos
fundamentales del niño BLM”.
Como medida
provisional de amparo solicitó la suspensión de los efectos del auto de 6
de diciembre de 2016, proferido por el Juzgado Once de Familia de Bogotá en
el proceso de reglamentación de visitas, Exp. 2015-01019.
Consecuentemente,
como pretensiones de fondo solicitó que se ordene el amparo de sus
derechos fundamentales y:
·
En el proceso de reglamentación de visitas, Exp.
2015-01019: dejar sin efectos el auto de 6 de
diciembre de 2016, proferido por el Juzgado Once de Familia de Bogotá, esto es el
régimen provisional de visitas fijado hasta tanto se valoren todas las pruebas aportadas
al expediente 2015-01019, en consideración al proceso de medida de protección
por violencia intrafamiliar. Particularmente, pidió que en la decisión de fondo
del proceso, el juez de familia tenga en cuenta “las recomendaciones de la
profesional psicóloga infantil y los preceptos establecidos por la UNICEF,
estableciéndose un régimen paulatino de visitas donde al principio pueda estar
la madre cuidador primario al alcance de las necesidades de [su] hijo”,
es decir, que “las visitas se ordenen en el lugar de domicilio del
menor o en su defecto en algún lugar neutro, pasando a reemplazar la figura de
seguridad por la niñera de confianza (…) todo lo cual debe desarrollarse en un
lugar seguro y conocido por el niño”[6].
·
En el proceso de medida de protección por
violencia intrafamiliar, Exp. 2015-297: dejar sin
efectos la providencia del 6 de abril de 2017 del Juzgado Veintiséis de Familia
de Bogotá y, en consecuencia, se ordene proferir nuevo fallo acorde con las
pruebas que reposan en el proceso.
3. Documentos
relevantes cuyas copias obran en el expediente
Obran en el
cuaderno 1 del expediente los siguientes documentos, en copia simple:
●
Registro civil del menor BLM (folio 1).
●
Providencias proferidas por el Juzgado Once de
Familia de Bogotá sobre los distintos regímenes de visitas (folios 2 al 10, 49
al 50, 199 al 202).
●
Historia clínica del menor BLM (folio 11 al 34, 142
y 146).
●
Conceptos psicológicos de MLMV, basados en
consultas realizadas el 10 de diciembre de 2015, el 26 de octubre de 2016 y el
9 de febrero de 2017 (folios 35 al 48).
●
Recursos y memoriales presentados ante el Juzgado
Once de Familia de Bogotá en el proceso de reglamentación de visitas (folios 51
al 71).
●
Formato diligenciado FPJ-2 ÚNICO DE NOTICIA
CRIMINAL, por hechos cometidos el 14 de mayo de 2016, delitos contra la
vida y la integridad personal, en el que MLMV denuncia la tentativa de
secuestro del menor BLM (folios 72 al 76).
●
Resolución del 15 de febrero de 2017 proferida por
la Comisaría Segunda de Familia de Chapinero (folios 77 al 83).
●
Providencia del 6 de abril de 2017 proferida por el
Juzgado Veintiséis de Familia de Bogotá (folios 84 al 93).
●
Transcripción del audio grabado por la niñera del
menor BLM, en visitas del 17 y 18 de septiembre de 2016 (folios 94 al 116).
●
Escrito de tutela (folios 117 al 137).
●
Una (1) memoria USB, que contiene los audios y los
archivos digitales de la transcripción de los mismos, grabados en visitas del
17 y 18 de septiembre de 2016 (folio 138).
●
Audios de las audiencias ante el Juzgado Once de
Familia de Bogotá, en medio digital contenido en tres (3) CDs (folios 139 al
141).
●
Mensajes enviados vía correo electrónico a la
accionante y a su familia (folios 147 al 185).
●
Informes sobre el cumplimiento de visitas
realizadas durante el año 2017, presentado ante el Juzgado Once de Familia de
Bogotá (folios 186 al 193).
●
Declaraciones extraproceso de dos testigos de la
accionante, rendidas el 28 de mayo de 2016 y el 6 de octubre de 2016 (folios
194 al 198).
●
Dos (2) valoraciones psicológicas de MLMV (folios
206 y 207).
4.  Respuestas e
intervenciones en la acción de tutela
La Sala de Familia
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante auto del 27 de
abril de 2017, admitió la acción de tutela, vinculó a los intervinientes y
corrió traslado a las entidades demandadas y vinculadas, para que ejercieran su
derecho de defensa.
De otra parte, no
accedió a decretar la medida provisional de suspensión de visitas provisionales
reglamentadas, no obstante dispuso que “entretanto se decide la acción
constitucional (…) el desarrollo de las mismas se haga con el acompañamiento de
la niñera del menor”[7].
4.1. Secretaría
Distrital de Integración Social[8]
El 2 de mayo de
2017, el jefe de la oficina jurídica de la Secretaría Distrital de Integración
Social de la Alcaldía de Bogotá, indicó que no le constaban los hechos alegados
por cuanto las actuaciones que se surten en las Comisarías de Familia son
autónomas e independientes, por lo que remitió copia de la tutela a la
Comisaría Segunda de Familia de Chapinero.
4.2. Juzgado
Veintiséis de Familia de Bogotá[9]
El Juzgado
Veintiséis de Familia de Bogotá, señaló que en la providencia de 6 de abril de
2017 expuso los fundamentos fácticos y jurídicos por los que consideró que la
resolución administrativa criticada debía ser confirmada, ello conforme al “estudio
del contexto de las diferentes pruebas aducidas al expediente, sin que se
hubiese incurrido en una vía de hecho”, y que dio oportuna respuesta a la
solicitud de aclaración y complementación que elevó la peticionaria frente a la
aludida decisión.
4.3. Comisaría
Segunda de Familia de Chapinero[10]
La Comisaria
Segunda de Familia de Chapinero explicó que desde el 23 de febrero de 2017
remitió el expediente a los juzgados de familia con el fin de que se desatara
el recurso de apelación contra la Resolución del 15 de febrero de 2017,
mediante la cual la comisaría accionada decidió abstenerse de imponer la medida
de protección y levantó la medida provisional existente.
4.4. MLS
El 4 de mayo de
2017[11],
MLS intervino en la acción bajo estudio aduciendo que es un padre al que se le
ha coartado la posibilidad de ejercer su rol desde el nacimiento de su hijo,
pues la accionante “ha encaminado todos sus esfuerzos en impedir que nazca y
se fortalezca el vínculo paterno filial”, de la siguiente manera:
●
Haciendo uso temerario de distintas acciones y recursos
bajo el argumento de que su hijo padecía de una colitis (intolerancia a la
lactosa), por lo que no podía ser alejado de su cuidador primario;
●
Cuando fue decretado un régimen de visitas, la
gestora solicitó en la comisaría de familia una medida de protección, la cual
fue decidida el 15 de febrero de 2017, absteniéndose  de imponer medida de
protección definitiva, pues no se evidenció agresión alguna ni que representara
peligro para el menor;
●
Cuando el régimen de visitas fue modificado, su
hijo estuvo feliz; y pudo confirmar con un pediatra que el niño no sufría
enfermedad alguna que le impidiese compartir con él. Afirmó que cumplió con
dicho régimen que cumplió hasta que la peticionaria impidió su desarrollo
aduciendo que el niño estaba enfermo;
●
El nuevo régimen de visitas impuesto por el Juzgado
Once de Familia de Bogotá fue desconocido en su integridad por la madre de su
hijo, bajo el argumento que él es un padre ausente;
●
De acuerdo con lo anterior, añadió que no existe
prueba que acredite que no es un padre idóneo, por lo que no existe razón para
que se suspenda el régimen impuesto. Además, si se tiene en cuenta que tiene la
custodia de su otra hija desde los 18 meses de edad;
●
Ha cumplido con las obligaciones alimentarias,
afilió al sistema de salud a la accionante desde su embarazo, canceló los
gastos del parto, compró y adecuó el mobiliario para el niño;
●
No es viable acoger el concepto de la psicóloga
tratante de la peticionaria, pues constituye una opinión sesgada que parte de
apreciaciones alejadas a la realidad del niño y nunca estuvo presente en una
visita;
●
La niñera que designó la progenitora portaba una
grabadora oculta, lo cual es ilegal.
Estimó que es
triste que en los dos años de edad del bebé no lo haya podido ver un día
completo y, por lo expuesto, se opuso a las pretensiones de la presente acción
de tutela.
Adicionalmente, el
8 de mayo de 2017[12],
MLS solicitó que se le permitan las visitas con su hijo BLM “sin vigilancia”
y aportó una USB que contiene videos tomados al momento de la entrega y
devolución del niño y durante su visita del 6 y 7 de mayo de 2017.
4.5. MLMV
El 9 de mayo de
2017[13],
la accionante presentó escrito informando sobre el desarrollo de la última
visita del niño BLM con su padre, aportó mensajes recientes recibidos vía
correo electrónico y dos declaraciones testimoniales sobre los hechos acaecidos
el 6 y 7 de mayo de 2017.
5. Decisión
judicial que se revisa
5.1. Decisión de
primera instancia
5.1.1. El 11 de mayo de 2017, la Sala de Familia del Tribunal Superior de
Bogotá decidió así:
Respecto de la
vulneración al debido proceso en el proceso de reglamentación de visitas, Exp. 2015-01019:
a. Concedió parcialmente el amparo solicitado en relación con la
protección del derecho al debido proceso, por lo que dejó sin efectos las
decisiones del 22 de febrero y 3 de abril de 2017 proferidas por el Juzgado
Once de Familia de Bogotá, en las cuales el operador judicial resolvió los
recursos de reposición y aclaración, respectivamente, en contra de la fijación
provisional de visitas, al evidenciar la falta de valoración probatoria por
parte de la autoridad judicial. Al respecto, manifestó:
“(…)
es evidente que existe contradicción entre lo que dijo la Juez en la
providencia del 3 de abril de 2017 en relación con la valoración probatoria y
lo que señaló en el auto del 22 de febrero de 2017 mediante el cual resolvió el
recurso de reposición, pues mientras que en aquel (3 de abril de 2017) puso de
presente que los diversos dictámenes aportados y el presunto incumplimiento del
padre del menor al régimen de visitas, correspondía analizarlo en la sentencia,
en éste (22 de febrero de 2017), de manera enfática señaló que para establecer
el régimen de visitas tuvo en cuenta, además del informe de la visita
practicada por la trabajadora social, ‘los demás medios de prueba’ recaudados,
lo cual contribuye a corroborar que tales decisiones carecen de una debida
motivación y, por tanto, constituyen una vía de hecho, máxime cuando no es
claro a qué medios de prueba es a los que se hace referencia en la última
providencia mencionada, ni aparece muestra alguna de la labor desplegada por la
funcionaria en pos de valorarlos en la forma y términos que manda el artículo
176 del C.G. del P.
Empero, además, la funcionaria tampoco se pronunció en relación con la
complementación que de manera concomitante solicitó la demandada, respecto del
acompañamiento de la niñera, lo que robustece aún más la necesidad de acceder
al amparo deprecado, dada la omisión en que incurrió”[14].
En efecto, el a
quo concedió el amparo tras considerar que (i) la labor
argumentativa desplegada por el juzgado accionado al resolver la reposición
interpuesta contra el auto de 6 de diciembre de 2016, no respondía a las
razones e inquietudes que fueron planteadas por la recurrente para cuestionar
dicha determinación, entre ellas, que no era acorde con la edad, condiciones de
salud del menor de edad y que no incluía el acompañamiento de la niñera, pues
se limitó a señalar que no lo había hecho conforme al informe de visita de la
trabajadora social y los demás medios de prueba, (ii) que frente al tema
de visitas ya se habían realizado varios pronunciamientos y no advertía error
en las fechas concedidas al padre del niño porque pretendía que este tuviera la
posibilidad de que se estrecharan los lazos familiares.
También (iii)
consideró que -para establecer el régimen de visitas, así sea provisional- el
juzgador debe analizar los elementos de juicio a su alcance que le permitirán
adoptar la determinación que le convenga al interés del niño.
b. La Sala de Revisión advierte que -en cumplimiento a la orden de tutela-,
mediante providencia de 9 de junio de 2017, el Juzgado Once accionado resolvió,
nuevamente, el recurso de reposición contra el auto del 6 de diciembre de 2016
en el que -realizando la valoración probatoria ordenada por el juez de tutela-mantuvo
la decisión, decidiendo no reponerlo por encontrarse ajustado a derecho, tras
considerar que no existe fundamento legal alguno que permita establecer que las
visitas fijadas provisionalmente vulneran los derechos fundamentales de BLM.
Posteriormente, a través de auto de 14 de septiembre de 2017, negó la
aclaración y adición del proveído de 9 de junio de 2017 tras considerar que no
se daban los presupuestos normativos para su procedencia.
Respecto de la
vulneración al debido proceso en el proceso de medida de protección por
violencia intrafamiliar, Exp. 2015-297:
a. Negó el amparo relacionado con el proceso de medida de protección ante
la Comisaría Segunda de Familia y el Juzgado Veintiséis de Familia de Bogotá, tras
considerar que las comunicaciones reiteradas entre el señor MLS y la accionante
sólo obedecían a su intención de ver al menor de edad y no se advirtió que las
accionadas hubiesen omitido la aplicación de los lineamientos plasmados en la
jurisprudencia constitucional sobre violencia de género, en los siguientes
términos:
“(…)
examinadas las razones en que se afianza la autoridad judicial para confirmar
la decisión adoptada por la Comisaria de Familia, no avizora la Sala en éstas
arbitrariedad o desafuero alguno que amerite acceder al medio tuitivo
solicitado y antes las mismas son el resultado (i) de la labor apreciativa a
los diferentes elementos de juicio oportunamente recaudados en la mencionada
actuación (documentales, correos electrónicos, testimoniales e interrogatorios
de parte), y (ii) de la interpretación y aplicación razonable de la
normatividad que rige la materia, que la llevaron a concluir, tal como lo
hiciera la Comisaria, que no existía mérito para imponer medida de protección
alguna, dada la ausencia de elementos de juicio idóneos que demostraran los
hechos de violencia endilgados por la señora MLMV al accionado MLS”[15].
El a quo
estimó que no se avizoraba arbitrariedad en las decisiones de no imponer medida
de protección alguna, pues fueron el resultado de la labor apreciativa de los
diferentes elementos de juicio recaudados y de una interpretación y aplicación
razonable de la normatividad.
b. Adicionalmente, no advirtió que los accionados hubiesen omitido la
aplicación de los lineamientos plasmados en las sentencias T-878 de 2014 y
T-241 de 2016 sobre violencia de género, dado que fue valorado el concepto de
la psicóloga quien concluyó que no se demostraba la comisión de actos de
violencia.
5.1.2. El 17 de mayo de 2017[16]
el vinculado, MLS, presentó solicitud de adición a la sentencia en el sentido
de que “como medida provisional mantenga el régimen de visitas con mi hijo
mientras se surte todo el trámite de posible impugnación de la acción y la Juez
Once de Familia cumple lo ordenado por su despacho”.
Mediante
providencia del 24 de mayo de 2017[17],
el a quo resolvió negar dicha petición tras considerar que en la
sentencia proferida no se dejó de solventar algún punto que ameriten acceder a
la adición solicitada.
5.2. Impugnación
El 19 de mayo de 2017[18],
la accionante impugnó parcialmente la referida decisión aduciendo que las
resoluciones emitidas en el trámite de medida de protección cuestionado y
desconocen los hechos de maltrato alegados, así como las pruebas aportadas. Añadió
que el a quo no reconoció la violencia de género y, al igual que la
comisaría y juzgados accionados, omitió identificar “la intención de MLS
de reclamar y hacer valer sus derechos legítimos como padre” como
una violencia psicológica en su contra, lo que se traduce en angustia,
desconfianza y prevención de ésta frente a aquel.
5.3. Decisión de
segunda instancia
El 25 de julio de
2017, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia confirmó el
fallo de primera instancia, por las mismas razones expuestas por el a quo,
en los siguientes términos:
Respecto de la
vulneración al debido proceso en el proceso de reglamentación de visitas, Exp. 2015-01019: advirtió que el a quo concedió el amparo con el fin de que el
juzgado accionado motivara la decisión que resolvía la reposición, “teniendo
en cuenta los aspectos enunciados en el fallo, efectuando una valoración
probatoria conforme al interés superior del menor”[19] y destacó que
la orden impartida no sugirió el sentido de la decisión.
Respecto de la
vulneración al debido proceso en el proceso de medida de protección por
violencia intrafamiliar, Exp. 2015-297: concluyó que “carece
de vocación de prosperidad, toda vez que no luce arbitraria la decisión
definitoria de la medida de protección cuestionada”[20] y “(…) que
la decisión criticada no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con
independencia de que se comparta o no, descartándose la presencia de una vía de
hecho, de manera que el reclamo de la peticionaria no encuentra recibo en esta
sede excepcional, ya que, en rigor, lo que se plantea es una diferencia de
criterio frente a la determinación que definió el asunto, concretamente,
respecto de la valoración probatoria (…)”[21].
II.  ACTUACIONES SURTIDAS EN SEDE DE
REVISIÓN
1. Auto de 1º de febrero de 2018
Mediante auto del
1º de febrero de 2018, el magistrado Linares Cantillo decretó la práctica de
pruebas[22],
pidiendo información relevante a algunas de las entidades accionadas y
vinculadas.
Según informe del
15 de febrero de 2018 de la Secretaría General de esta Corporación[23],
se recibieron las siguientes comunicaciones:
●
Oficio 0222 del 6 de febrero de 2018, firmado por
Alba Inés Ramírez, secretaria del Juzgado Once de Familia de Bogotá[24],
mediante el que remitió el proceso 2015-01019 sobre reglamentación de visitas
de MLS contra MLMV. Consta de ocho (8) cuadernos.
●
Oficio 0275 del 13 de febrero de 2018 suscrito por
Irma Zárate Varela, Juez Once de Familia de Bogotá[25], en el que
indicó que no es posible dar cumplimiento a la solicitud en razón de que el
proceso de reglamentación de visitas de MLS fue remitido a esta Corporación en
calidad de préstamo, desde el pasado 7 de febrero.
●
Oficio 0150 del 6 de febrero de 2018 firmado por
Mónica Sánchez Sánchez, Juez Veintiséis de Familia de Bogotá[26], en el que informó
que en ese Despacho cursó el proceso de medida de protección de MLMV contra MLS,
procedente de la Comisaría Segunda de Familia de Bogotá, con ocasión de la
impugnación interpuesta frente a la Resolución de 15 de febrero de 2017, que
fue resuelta mediante providencia de 6 de abril de 2017. Así mismo, indicó que,
habiendo agotado el trámite, el expediente fue devuelto el 14 de junio de 2017
a la Comisaría Segunda de Familia de Bogotá, por lo que el requerimiento fue
trasladado a dicha dependencia, conforme al mensaje de correo electrónico
adjunto[27].
●
Oficio 036 del 6 de febrero de 2018 firmado por
Blanca Iris Cataño Muñoz, Comisaria Segunda de Familia de Bogotá[28],
en el que manifestó que el 18 de diciembre de 2015, la señora MLMV solicitó
medida de protección por violencia intrafamiliar en contra de MLS, habida
cuenta de los presuntos hechos acaecidos el mismo día; avocó conocimiento
decretando medida de protección provisional en favor de la solicitante y de su
hijo. Señaló que la decisión definitiva se tomó el 15 de febrero de 2017,
absteniéndose de imponer medida de protección definitiva; decisión impugnada,
correspondiéndole la alzada al Juzgado Veintiséis de Familia de Bogotá que
confirmó la decisión.
Solicitó negar las
pretensiones de la accionante, dado que ese Despacho no ha vulnerado su derecho
al debido proceso ni ha desconocido precedente constitucional alguno, “pues
las pruebas arrimadas lo que demostraron es un grave problema de comunicación
entre ella y el padre de su hijo, este último que lo único que pretende es
poder disfrutar de la compañía de su hijo, en cumplimiento de la orden
impartida por el Juzgado 11 de Familia, Despacho que fijó visitas
provisionales, con las cuales la progenitora no está de acuerdo, pretendiendo
desconocer la prevalencia de los derechos de su hijo a compartir con su
progenitor”.
Adicionalmente,
anexó copia del expediente de la medida de Protección Nro. 297 de 2015[29].
2. Traslado a las partes de las pruebas
recaudadas
En el término de
traslado de las pruebas, se recibieron las siguientes comunicaciones:
●
Escrito del 14 de febrero de 2018 suscrito por la
accionante MLMV[30],
en el que explicó y actualizó los hechos objeto de la presente acción de
tutela, anexando diversos mensajes enviados por correo electrónico en el que MLS
anuncia que irá a buscar a su hijo, siendo el último del 18 de enero de 2018,
pero éste nunca llega a recogerlo.
Por tanto, concluyó que MLS (i) no tiene interés en crear un vínculo
afectivo con BLM, sino ganar una batalla judicial en su contra; (ii) se vale de
los mensajes de correo electrónico “para crear pruebas y situaciones
ficticias que además de generar temor y hostigamiento en mi vida, se vale de
los mismos para fundamentar su versión falaz en mi contra ante las autoridades”;
y (iii) “sigue vigilándome”. Por lo expuesto, solicitó (i) se suspendan
o se condicionen las visitas hasta tanto se resuelva de fondo; y (ii) se
decrete la práctica de pruebas[31].
●
Escrito del 14 de febrero de 2018 firmado por el
vinculado MLS[32],
en el que expuso -en detalle- los hechos que han rodeado la situación bajo
estudio. Principalmente, alegó que la accionante ha sido constante en impedir
la construcción de un vínculo paterno filial alejando al niño BLM de su padre a
través de acusaciones falsas “que aumentan en gravedad a medida que no
consigue que ninguna autoridad judicial se pliegue a sus caprichos y a sus
teorías falaces, o a sus caprichosas manifestaciones de voluntad, (…)” e
iniciando procesos en su contra por violencia intrafamiliar, acusándolo de la autoría
intelectual de una tentativa de secuestro de su propio hijo y, recientemente,
de haber cometido el delito de acceso carnal contra aquel.
Igualmente, explicó
el trámite y evolución del proceso de reglamentación de visitas en el año 2016,
así: manifestó su intención de cumplir el régimen, pero indicó que se abstuvo
ante la medida de protección decretada en diciembre de 2015.
Posteriormente, en
agosto de 2016 fue conciliado un régimen provisional de 3 meses, el cual se
cumplió hasta que la accionante decidió impedir su desarrollo alegando que BLM
se encontraba enfermo, que luego de las visitas quedaba intranquilo y que no le
proporcionaba los cuidados debidos, tales como, por ejemplo, brindarle bebidas o
comidas no permitidas de acuerdo con del régimen alimenticio autorizado por el
médico tratante. En noviembre de 2016, el Juzgado Once de Familia de Bogotá
fijó un nuevo régimen, ampliando las horas de visita, régimen que también fue
desconocido por la accionante, que mediante diversos recursos y memoriales,
afirmaba que esa decisión no se encontraba en firme.
En cuanto a la
evolución del proceso de reglamentación de visitas en 2017, indicó que su
cumplimiento fue afectado por el desarrollo del proceso de medida de
protección. Si bien en febrero de ese año, la Comisaria Segunda de Familia de
Chapinero se abstuvo de imponer medida de protección definitiva y levantó la
medida provisional -providencia que fue objeto de apelación y el Juzgado
Veintiséis de Familia de Bogotá confirmó la decisión-, la accionante sólo
permitió una (1) visita en el mes de octubre de 2017 y en compañía de su señor
padre (abuelo del menor BLM). Señaló que MLMV presentó la acción de tutela
objeto de revisión en el mes de abril de 2017 con el propósito de lograr la
suspensión del régimen de visitas ordenado por el Juzgado Once de Familia de
Bogotá.
Por último, indicó
que “el régimen provisional de visitas ha sido manejado al antojo de la
señora MLMV, desconociendo el derecho que tiene BLM a tener un padre, de
tener un espacio de visitas libre de maltrato, hostilidad y violación a mi
derecho a la intimidad y que BLM pueda disfrutar de su familia paterna y de su
hermana SLM”[33].
●
Escrito del 14 de febrero de 2018, firmado por la
accionante MLMV[34],
en el que afirmó (i) que el expediente del Juzgado Once de Familia de Bogotá se
encuentra incompleto, dado que no aparecen las últimas actuaciones radicadas
por su apoderada; (ii) que en lo afirmado por el señor MLS -en el escrito
presentado el 14 de febrero de 2018[35]-
se ha manipulado la información al editar, recortar y subrayar, sin advertir al
lector; y (iii) que en el expediente de la Comisaría Segunda de Familia de
Chapinero se encuentran confundidos en el relato de los hechos las fechas de
los pronunciamientos y los nombres de testimonios (escrito no especifica).
●
Escrito del 14 de febrero de 2018, firmado por el
vinculado MLS[36],
en el que manifestó que “la solicitud de insistencia presentada por el
magistrado ALBERTO ROJAS RÍOS parte de afirmaciones hechas con pleno
desconocimiento de causa y en contradicción del acervo probatorio revisado por
varias instancias judiciales. (…) el magistrado hace un sesgado análisis
probatorio, (…)” e indicó que “en este caso hay violencia intrafamiliar,
violación de derecho, violencia de género, pero han sido en mi contra,
valiéndose de todo tipo de ardides jurídicos, apoyados en amplísimos recursos
económicos, contactos en distintas instancias del país para intentar conseguir
sus objetivos que en nada contemplan al hijo en común. Acá el género maltratado
está representado en mí”.
●
Oficio 577 del 14 de febrero de 2018, con
referencia ENT-6997, firmado por Jennifer Bermúdez Dussán, Jefe de la Oficina
Jurídica de la Secretaría Distrital de Integración Social de la Alcaldía de
Bogotá[37],
quien precisó que no tiene injerencia en las decisiones y actuaciones de las
Comisarías de Familia, las cuales son autónomas e independientes, por lo que
solicitó tener en cuenta lo manifestado y los documentos remitidos por la
Comisaría Segunda de Familia de Chapinero.
3. Auto de 20 de febrero de 2018
Mediante auto de 20
de febrero de 2018[38],
dado que la Sala se encontraba valorando la documentación allegada, en virtud
de lo solicitado en el Auto de Pruebas del 1º de febrero de 2018, consideró
necesario ordenar la suspensión de los términos del presente asunto por un periodo
de tres (3) meses, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del
Acuerdo 02 de 2015.
4. Auto de 5 de abril de 2018
En comunicación del
7 de marzo de 2018, el Magistrado Linares Cantillo manifestó ante la Sala
Cuarta de Revisión impedimento para seguir conociendo del proceso de la
referencia[39],
tras considerar que se encontraba incurso en las causales establecidas en los
numerales 4º y 5º del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal.
A través de
providencia del 5 de abril de 2018[40],
la Sala Dual resolvió aceptar el impedimento manifestado por el Magistrado
Alejandro Linares Cantillo dentro del proceso de la referencia[41] y, en
consecuencia, separarlo de su conocimiento, quedando la ponencia en cabeza del
siguiente magistrado en orden alfabético, esto es, del Magistrado Antonio José
Lizarazo Ocampo.
5. Escritos allegados por las partes
5.1. MLMV
En diversos
escritos, la accionante ha realizado solicitudes y ha allegado documentos para
ser tenidos en cuenta, así:
5.1.1. Febrero
23 de 2018[42]. Informó que el 20 de febrero de 2018 acudió
a la Comisaría Permanente de Engativá para solicitar medida de protección para
su hijo BLM, por las razones expresadas anteriormente y ante la inminente
visita del fin de semana. Allegó lo siguiente:
●
copia de la medida de protección No.0275-18,
remitida a la Comisaría Segunda de Familia de Chapinero,
●
cadena de correos electrónicos enviados por MLS a
ella y su familia que, a su juicio, son relevantes para demostrar la
tergiversación de los hechos y la violencia psicológica por parte de MLS.
●
videos del menor BLM sobre hechos acaecidos el 8, 9
y 16 de octubre de 2017, en los que –en su opinión- se evidencia “el mal
estado en el que BLM llegó después de la visita”; y
●
videos de las cámaras de seguridad del edificio
localizado frente al lugar de su residencia, durante el periodo de 8:30am a
9:30am de los días 11 y 12 de febrero de 2018, en los que afirmó que se
evidencia “la ausencia física del señor MLS en contradicción con las
historias que crea por medio de correo electrónico”.
5.1.2. Febrero
28 de 2018[43]. Solicitó proteger la reserva procesal del
anexo probatorio radicado el 23 de febrero de 2018, pues es elemento material
probatorio dentro de la investigación penal con radicado No. 110016000050
201743096 y aclaró que “un posible indiciado puede llegar a ser el señor MLS,
padre de mi menor hijo”.
5.1.3. Abril 19
de 2018[44]. Escrito presentado por la apoderada de la
accionante en el que presentó elementos de análisis de fondo sobre la violencia
en contra de MLMV y su hijo BLM, los defectos de las decisiones judiciales y la
violencia institucional que -a su juicio- se ha configurado en asunto bajo
estudio; con la finalidad de que la Corte “no limite su análisis a las
decisiones judiciales, sino que tenga en cuenta la integralidad de la situación
de la accionante y su hijo, y proceda a resolver el caso con un enfoque de
género y se emitan las decisiones pertinentes para su protección efectiva”.
En consecuencia, solicitó que se:
“1.
Reconozca la violencia psicológica y patrimonial perpetrada en contra de la
señora MLMV y visibilice la instrumentalización del sistema judicial para la
continuación de las violencias.
2. Reconozca [la
violencia] psicológica y física perpetrada en contra de BLM.
3. Tomen las medidas necesarias para
frenar el ciclo de violencias en contra de MLMV y BLM, incluyendo la compulsa
de copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue los hechos de
violencia perpetrados por el señor MLS.
3. [sic]
Conceda el amparo de los derechos de la señora MLMV y su hijo BLM, y por lo
tanto, revoque las decisiones emitidas en primera y segunda instancia en el
proceso de la referencia, y en su lugar, declare probadas las vías de hecho en
las que incurrieron la Comisaría Segunda de Familia de Chapinero, el Juzgado
Veintiséis de Familia de Bogotá y el Juzgado Once de Familia de Bogotá.
4. Declare que ninguna de esas tres
autoridades brinda garantías para la protección de los derechos de la señora MLMV
y por lo tanto que remita las actuaciones a autoridades judiciales diferentes,
bajo la advertencia de no incurrir en nuevas vías de hecho.
5. Declare que la Comisaría Segunda de
Familia de Chapinero, el Juzgado Veintiséis de Familia de Bogotá y el Juzgado
Once de Familia de Bogotá ejercieron violencia institucional en contra de MLMV,
y por lo tanto compulse copias para el inicio de los procesos penales y/o
disciplinarios que correspondan.
6. Declare la vulnerabilidad en la que
se encuentran MLMV y BLM, y ordene las medidas necesarias para superar la falta
de protección Estatal.”
5.1.4. Junio 1º
de 2018[45]. A través de su apoderada, allegó copia de la
sentencia del 8 de marzo de 2018 proferida por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos del Caso VRP, VPC y otros Vs. Nicaragua, en la que el
Tribunal condenó al Estado nicaragüense por la violencia institucional de
género cometida por los funcionarios encargados de garantizar el acceso a la
justicia y a la reparación de la víctima del sumario.
5.1.5.
Junio 22 de 2018[46]. Aportó elementos probatorios que reposan en
los diversos procesos de familia en curso a saber: récord de visitas; videos de
las cámaras del edificio frente al lugar de residencia con grabaciones de las
fechas y horas en las que el señor MLS -presuntamente- espera para recoger al
niño BLM; impresión de correos electrónicos y comunicaciones varias a su juicio
relevantes para demostrar la tergiversación de los hechos, dado que MLS anuncia
su llegada, pero nunca se presenta; certificaciones bancarias de las
consignaciones realizadas por MLS a favor de MLMV y declaraciones juramentadas
de JCR y JJMM, amigo y padre de la accionante, respectivamente.
5.2. MLS
5.2.1. Mayo 16
de 2018[47]. Reiteró argumentos dentro del asunto bajo
estudio, como padre de BLM, precisando que la accionante “le ha privado de
todo contacto con él desde hace ocho meses, en desobedecimiento unilateral y
sin causa alguna a la decisión tomada por el Juzgado Once de Familia de esta
ciudad”. En consecuencia, solicitó que se “obligue a la señora MLMV
a cumplir con el régimen de visitas decretado, con el fin de que termine la
vulneración de nuestros derechos”.
5.2.2. Mayo 28
de 2018[48]. Allegó informe de visitas con su hijo BLM,
realizadas los días 26 y 27 de mayo de 2018 e informó que el mismo fue radicado
en el Juzgado Once de Familia de Bogotá. En cumplimiento de lo ordenado por el
referido despacho, adjuntó dos (2) exámenes periciales que señalan que tiene “una
personalidad amable, atenta, despierta, sin alteración mental alguna y menos
que pueda representar algún tipo de peligro”.
5.2.3. Junio 12
de 2018[49]. Allegó escrito sobre el régimen de visitas
con su hijo BLM, informando sobre la “recurrente privación de verlo”,
indicando que no pudo verlo “los días 10 y 11 de junio, en violación al
régimen de visitas”. Igualmente, señaló que el mismo fue radicado en el
Juzgado Once de Familia de Bogotá. Adicionalmente, manifestó que “la
fiscalía desestimó los falaces y repugnantes cargos hechos en mi contra por MLMV
en Noviembre de 2017, al no encontrar ningún indicio que soportara las audaces
y falsas afirmaciones de la denunciante, en consecuencia se abstuvo de iniciar
proceso en mi contra y de contera, remitió la denuncia a Fiscalía especializada
en violencia Intrafamiliar, (…)”.
5.2.3. Junio 26
de 2018[50]. Allegó copia del informe de visitas (23 y 24
de junio de 2018) con su hijo BLM, radicado en el Juzgado Once de Familia de
Bogotá.
6. Auto de 26 de junio de 2018
Una vez verificada
la documentación allegada, mediante auto del 26 de junio de 2018[51],
la Sala Cuarta Dual de Revisión constató que resultaba necesario:
(i)
Dar traslado de los diversos escritos
allegados, a las partes o terceros con interés para que se pronuncien sobre las
mismas.
(ii)
Extender la suspensión de los términos del presente asunto, hasta que
culmine la etapa probatoria y sea debidamente valorado el acervo probatorio
allegado y máximo por el término consagrado en la misma normativa.
7. Nuevo traslado a las partes de las
pruebas allegadas
En el término de
traslado de las pruebas, se recibieron las siguientes comunicaciones:
7.1. MLMV
7.1.1. Julio 5 de
2018[52]. A través de su apoderada, precisó lo
siguiente:
·
La Comisaría Segunda de Familia de Chapinero y la
Secretaría Distrital de Integración Social siguen sin responder por “el
retardo injustificado y la emisión de la decisión por una funcionaria impedida”.
Explicó que en la respuesta recibida el 14 de febrero de 2018, la Secretaría
Distrital de Integración Social omitió explicar el retraso de un año que ha
tenido el proceso de medidas de protección (Exp. 2015-297) en la Comisaría
Segunda de Familia de Chapinero.
·
Insistió que el señor MLS, “de forma
sistemática, anuncia su llegada a través de correos electrónicos, pero nunca se
presenta, y luego se comunica nuevamente para decir que es MLMV quien le impide
ver a su hijo”.
·
Luego de la visita del 7 y 8 de octubre de 2017, la
accionante acudió a la Fiscalía General de la Nación para denunciar violencia
intrafamiliar, entidad que trasladó el caso a la unidad de delitos sexuales,
luego, por insistencia de la señora MLMV, fue devuelto a la unidad de violencia
intrafamiliar.
·
En muchas de las conversaciones que presenta el
señor MLS omitió incluir varias respuestas de la señora MLMV.
·
Afirmó que los correos aportados por el señor MLS
confirman que “ha involucrado a la familia de MLMV a lo largo de estos años”.
·
El Juzgado Dieciséis de Familia de Bogotá ha tenido
que solicitarle en reiteradas ocasiones que pague cuotas alimentarias de forma
oportuna y correcta.
·
La creación del vínculo paterno filial debe hacerse
siguiendo las indicaciones del médico tratante de BLM.
·
Puso de presente las actuaciones de las autoridades
de familia como parte de las manifestaciones de violencia institucional, tales
como el haber desestimado su denuncia y negar la medida de protección
definitiva, bajo el argumento de que no existe prueba de la amenaza porque la
presunta llamada del 18 de diciembre de 2015 no aparece en el reporte o
registro del celular del denunciado, siendo que la denunciante había
manifestado que la agresión consistía en una conducta repetitiva a través de llamadas
(de números ocultos o diferentes del que es titular el denunciado) y correos
electrónicos[53].
·
Resaltó que la diversidad de procesos iniciados por
la accionante “se da precisamente por la falta de respuesta institucional para
garantizar sus derecho a la justifica, al reparación y la protección”.
7.1.2. Julio 17
de 2018[54]. La accionante presentó escrito en el que
señaló:
·
La Comisaría accionada sustentó la parte motiva de
su decisión en los descargos del señor MLS, desestimando las pruebas aportadas
como demandante. En efecto, la accionante explicó que jamás afirmó haber
recibido una llamada amenazante de MLS en fecha 18 ó 19 de diciembre de 2015 y
señaló: “No obstante la Comisaria motivó su decisión siguiendo un falso
debate propuesto por MLS sobre una afirmación que yo nunca hice y que
por lo mismo tampoco probé”.
·
Respecto de la medida de protección solicitada y
otorgada el 20 de febrero de 2018 por la Comisaría de Engativá, informó que fue
remitida por competencia a la Comisaría Segunda de Chapinero “hace más de 5
meses”. Sin embargo, a la fecha, “no ha ni siquiera avocado conocimiento
de la misma, desprotegiendo por segunda vez los derechos de BLM”.
·
Indicó que “Las constantes amenazas de denuncia
y de involucrarme en proceso judiciales penales en desmedro de mis derechos y
del bienestar de BLM, constituyen en sí mismo violencia de género y el hecho de
que no los haya iniciado no puede entenderse como un acto de generosidad de su
parte, al contrario, demuestra que se trata de un acto de intimidación ya que
no tiene sustento fáctico para llevarlas a cabo. Sin embargo, con esa
argumentación ha logrado atacar mi red de apoyo y asilarme”.
·
Ratificó la pretensión de amparo de los derechos
prevalentes de BLM y solicitó se ordene “examen psicológico por medicina legal
para determinar los hechos y el grado de afectación de BLM”.
·
Manifestó que las autoridades administrativas y
judiciales deben aplicar la perspectiva de género en el manejo de los procesos
iniciados por MLS, toda vez que él ha acudido a las instancias judiciales “bajo
el pretexto de los derechos que como padre tiene sobre BLM, para agredirme a
costa del bienestar mismo de nuestro hijo en común BLM”.
7.2. MLS
7.2.1. Julio 3
de 2018[55]. El vinculado presentó un escrito, en el que se
refirió a los siguientes temas:
·
Reiteró su derecho a tener visitas con su hijo
BLM: afirmó que la madre del niño no le ha permitido reunirse con él, por lo
que solicitó protección del derecho del menor BLM “a conocer a su padre”.
·
Sobre el maltrato del que habla MLMV, manifestó
que “jamás existió, existe o existirá dicho maltrato”, se trata de una “creación
procesal (…) que no ha encontrado asidero alguno en la realidad, porque no
existe” y explicó que, desde diciembre de 2015, MLMV ha utilizado el
argumento de un supuesto maltrato psicológico con el único fin de impedir el
desarrollo de las visitas, “sin evidencia alguna de ello”.
·
Respecto de la denuncia ante la Comisaría de
Familia de Engativá, expuso que la desconoce junto con la consecuente decisión
de suspensión del régimen de visitas, y que tuvo conocimiento sólo hasta ahora,
al revisar las pruebas aportadas; que -si bien la decisión debió ser remitida a
la Comisaria Segunda de Bogotá- al realizar la consulta ante la comisaría, no
existe tal remisión. También indicó que los jueces de tutela no le han dado la
razón a la accionante “en la argumentación referida al maltrato” por
cuanto no encontraron “prueba alguna en el expediente sobre el mismo”.
·
En cuanto a su conducta frente a MLMV, informó
que (i) ha venido cumpliendo a cabalidad con la cuota alimentaria, fijada en
$2’500.000 pesos mensuales; (ii) ha asistido cumplidamente en todas las fechas
a ver a su hijo, enviando correos electrónicos con anterioridad a la visita; y (iii)
se ha comunicado con su familia en busca de ayuda, especialmente con el padre
de la accionante (con quien afirma tener una buena relación), aunque le resulta
claro que “nada puede hacer frente a la decisión tomada por su hija, de
criar a su hijo sin el concurso emocional de su padre”.
7.2.2. Julio 5
de 2018[56]. El vinculado presentó un escrito en el que
complementó el anterior memorial en los siguientes términos:
·
Tachó de falsedad las afirmaciones según las cuales
los presuntos actos de violencia “han sido ignorados por las autoridades
judiciales”, afirmando que los hechos de los cuales se le acusa no existen
ni existieron y “corresponden a su estrategia sistemática de enlodar mi
nombre, basada en recurrente falsedades (…)”.
·
Es claro que el alegado maltrato ha sido objeto de
conocimiento, valoración y decisión de múltiples instancias y autoridades,
quienes “han concluido que no existe prueba”, exonerándolo de toda
responsabilidad.
·
Tachó de falsas las supuestas amenazas de “quitarle
el hijo y acciones de desprestigio frente a su familia”, manifestando que nunca
ha pretendido la custodia de BLM, “no porque no la merezca sino porque tengo
la capacidad de entender que le haría daño a mi propio hijo, quien se ha visto
envuelto en una circunstancia de negación de paternidad provocada por la
accionante. // Mi verdadero y real interés (…) ha sido el de ser un padre
presente en su vida, el tener contacto personal con él, crear un vínculo real,
sólido, tangible y trascendente (…)”.
·
Afirmó que la violencia de la que se le acusa,
corresponde a la conducta de MLMV de alejarlo de su hijo BLM.
·
Respecto del presunto abuso sexual a BLM reiteró
que la fiscalía desechó los cargos en su contra, por no encontrar evidencia
alguna de lo alegado, remitiendo el caso a la Unidad de Violencia Intrafamiliar.
·
En cuanto al concepto presentado por la accionante,
resaltó que allí se afirma que MLMV presenta un daño del 70% en su salud
psicofísica. Al respecto, planteó las inquietudes en relación con la capacidad
de criar y ejercer la custodia de un niño de alguien con el 30% de sus
facultades, por haber sido diagnosticada con un trastorno adaptativo,
agorafobia y depresión mayor.
·
Aportó copia simple de las consignaciones en
depósito judicial por valor de $2’500.000 pesos mensuales, por concepto de
alimentos de BLM.
7.2.3. Julio 10
de 2018[57], Agosto 9 de 2018[58], Agosto 21 de 2018[59], Octubre 10 de 2018[60] y Octubre 22 de 2018[61].
Escritos firmados por MLS, con los que allegó copia de los informes de
visitas remitidos al Juzgado Once de Familia de Bogotá.
7.3. Secretaría
Distrital de Integración Social -SDIS-
Mediante escrito
del 3 de julio de 2018[62],
la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Secretaría Distrital de
Integración Social de la Alcaldía Mayor de Bogotá solicitó tener en cuenta lo
que a bien manifieste la Comisaría Segunda de Familia de Chapinero, en virtud
de su competencia y atribuciones autónomas e independientes.
7.4. Comisaría
Segunda de Familia
Escrito del 3 de
julio de 2018[63]
firmado por la Comisaria Segunda de Familia, en el que nuevamente se opuso a
las pretensiones de la acción de tutela, reiterando que no ha vulnerado el
derecho al debido proceso de MLMV, como tampoco ha desconocido precedente
constitucional alguno, “pues las pruebas arrimadas lo que demostraron es un
grave problema de comunicación entre ella y el padre de su hijo, este último
que lo único que pretende es poder disfrutar de la compañía de su hijo, en
cumplimiento de la orden impartida por el Juzgado 11 de Familia, Despacho que
fijó visitas provisionales, con las cuales, se evidenció, que la progenitora no
está de acuerdo, pretendiendo desconocer la prevalencia de los derechos de su
hijo a compartir con su progenitor, en garantía del derecho fundamental que
éste tiene a tener una familia y a no ser separado de ella”.
7.5. Juzgado
Once de Familia de Bogotá
Mediante Oficio
1418 del 9 de agosto de 2018[64],
el Juzgado Once de Familia de Bogotá remitió un (1) cuaderno con 110 folios,
perteneciente al proceso de reglamentación de visitas No.201501019, toda vez
que se encuentra en esta Corporación en calidad de préstamo.
7.6. Intervención
de Temblores ONG
El 16 de agosto de
2018[65],
Alejandro Lanz Sánchez, en calidad de Director Ejecutivo de Temblores ONG,
presentó escrito de intervención manifestando la amplia experticia de la
organización en el abordaje de casos de violencia basadas en género, en el que
expuso:
·
“La Comisaria Segunda de Familia y el Juzgado
Veintiséis de Familia vulneraron el derecho de la accionante a tener una vida
libre de violencias y la protección prevalente de la integridad de los menores
de edad (…) Ello incurrió, además, en violencia institucional, ya que ambos
fallos son una prueba de haber seguido la línea argumentativa de estereotipos
propuesta por el presunto agresor MLS, en contravía de las pruebas y la
declaración de la accionante”.
·
“El Juzgado Once (11) de Familia del Circuito de
Bogotá tomó decisiones contrarias a derecho y que ponen en riesgo a la
accionante y su hijo menor (…) // no valoró a su vez que en casos de violencia
intrafamiliar suele ocurrir que los agresores usan la custodia y el régimen de
visitas como un mecanismo de manipulación y control sobre la víctima. Este
elemento debe ser tenido en cuenta, cuando de forma paralela se está
adelantando un proceso de violencia intrafamiliar en donde las mismas partes se
encuentran involucradas”.
III. FUNDAMENTOS
JURÍDICOS DE LA DECISIÓN
1. Competencia
A través de esta
Sala de Revisión, la Corte Constitucional es competente para revisar las
sentencias proferidas dentro de los procesos de la referencia, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución
Política, en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, y
en cumplimiento de lo ordenado por la Sala de Selección Número Diez mediante el
Auto del 27 de octubre de 2017, notificado el 7 de noviembre de la misma
anualidad.
2. Legitimación
2.1.
Legitimación en la causa por activa
De conformidad con
lo previsto en el artículo 86 de la Carta Política y el artículo 10 del Decreto
2591 de 1991[66],
cualquier persona es titular de este medio de defensa judicial constitucional
cuando sus derechos fundamentales resulten vulnerados o amenazados por acción u
omisión de una autoridad pública, o excepcionalmente, por un particular.
Respecto de lo
anterior, esta Corporación, mediante Sentencia SU-377 de 2014, se ocupó de
establecer algunas reglas en relación con la legitimación por activa, para lo
cual precisó, en términos generales, que (i) la tutela es un medio de
defensa de derechos fundamentales, que toda persona puede instaurar “por
sí misma o por quien actúe a su nombre”; (ii) no es necesario,
que el titular de los derechos interponga directamente el amparo, pues un
tercero puede hacerlo a su nombre, cuando se encuentra en imposibilidad de
formular el amparo; y (iii) ese tercero debe, sin embargo, tener una
de las siguientes calidades: a) ser el representante del titular de
los derechos, b) actuar como agente oficioso, o c) ser
Defensor del Pueblo o Personero Municipal[67].
En complemento de lo anterior, la Corte, en reiterada jurisprudencia, se ha
referido a las hipótesis bajo las cuales se puede instaurar la acción de
tutela, a saber:
“(a) ejercicio directo, cuando quien interpone la
acción de tutela es a quien se le está vulnerando el derecho
fundamental; (b) por medio de representantes legales, como en el
caso de los menores de edad, los incapaces absolutos, los interdictos y
las personas jurídicas; (c) por medio de apoderado judicial,
caso en el cual el apoderado debe ostentar la condición de abogado titulado y
al escrito de acción se debe anexar el poder especial para el caso o en su
defecto el poder general respectivo; y finalmente, (d) por medio
de agente oficioso[68]”.
Ahora
bien, cuando la acción de tutela se interpone en nombre de una niña, niño o
adolescente, la Corte Constitucional ha considerado que cualquier persona está
legitimada “para interponer acción de tutela en nombre de un menor [de
edad], siempre y cuando en el escrito o petición verbal conste la inminencia
de la violación a los derechos fundamentales del niño”[69].
En
consideración de lo anterior, la Sala encuentra que MLMV presentó la acción de
tutela de manera directa y en representación de su menor hijo BLM para la
defensa de sus derechos fundamentales, por tanto, está facultada para invocar
la protección de los mismos, ante la presunta vulneración en la que incurrieron
las entidades accionadas.
2.2.
Legitimación en la causa por pasiva
La Sala advierte
que (i) los Juzgados Once y Veintiséis de Familia de Bogotá son operadores
judiciales; (ii) la Comisaría Segunda de Familia de Chapinero, que actúa en
funciones jurisdiccionales, en el caso bajo estudio; (iii) la Secretaría
Distrital de Integración Social de la Alcaldía de Bogotá, entidad pública de
orden distrital; y (iii) MLS, persona natural y padre del niño representado,
los cuales presuntamente desconocen los derechos del accionante y, en
consecuencia, pueden ser demandadas a través de acción de tutela. Por ello, se
verifica el cumplimiento del requisito de legitimación en la causa por pasiva.
3. Planteamiento
del caso y problema jurídico
Por
considerar que se han vulnerado sus derechos al debido proceso, a la defensa,
al acceso a la administración de justicia y los derechos fundamentales del niño
BLM, la señora MLMV atacó, mediante acción de tutela, las decisiones judiciales
del proceso de reglamentación de visitas seguido ante el Juzgado Once de
Familia de Bogotá, y del proceso de medida de protección decidido -en primera
instancia- por la Comisaría Segunda de Familia de Chapinero y -en segunda
instancia- por el Juzgado Veintiséis de Familia de Bogotá.
Por un lado,
consideró que se debe suspender la medida provisional del proceso de reglamentación
de visitas -proferida por el Juzgado Once de Familia de Bogotá, el 6 de
diciembre de 2016- hasta tanto se valoren todas las pruebas aportadas al
expediente 2015-01019 y en cuanto al proceso de medida de protección por
violencia intrafamiliar, toda vez que el despacho accionado tergiversó la
información sobre la comunicación y vínculo paterno, mostrándola como una
persona que impedía el contacto entre padre e hijo.
Por el otro, cuando
la comisaría y juzgado accionados se abstuvieron de imponer una medida de
protección en su favor y de su hijo, desconocieron la línea jurisprudencial
constitucional y convencional respecto de la protección al maltrato psicológico
y violencia contra la mujer, dejando a un lado la posibilidad de adoptar
medidas adecuadas y eficaces que permitan garantizar una vida libre de
maltrato, sin connotaciones en el ámbito social y familiar.
La
primera instancia de tutela concedió parcialmente el amparo solicitado en
relación con la protección del derecho al debido proceso por parte del Juzgado
Once de Familia de Bogotá, por lo que dejó sin efectos las decisiones del 22 de
febrero y 3 de abril de 2017, en las cuales el juzgado había resuelto los
recursos de reposición y aclaración, respectivamente, en contra de la fijación
provisional de visitas, al evidenciar la falta de valoración probatoria por
parte de la autoridad judicial. No obstante, negó el amparo relacionado con el
proceso de medida de protección ante la Comisaría Segunda de Familia y el
Juzgado Veintiséis de Familia de Bogotá, por considerar que las comunicaciones
reiteradas entre el señor MLS y la accionante sólo obedecían a su intención de
ver al menor de edad, sin advertir que las accionadas hubiesen omitido la
aplicación de los lineamientos plasmados en la jurisprudencia constitucional
sobre violencia de género. La segunda instancia de tutela confirmó la decisión
del a quo.
Por la
situación fáctica reseñada y en consideración a las decisiones de los jueces de
instancia en tutela, corresponde a la Sala Cuarta de Revisión de la Corte
Constitucional resolver el siguiente problema jurídico:
¿Las decisiones de la Comisaría Segunda de Familia de Chapinero y del Juzgado
Veintiséis de Familia de Bogotá, en el proceso de medida de protección por
violencia intrafamiliar, Exp. 2015-297, y las decisiones del Juzgado Once
de Familia de Bogotá, en el proceso de reglamentación de visitas, Exp. 2015-01019,
adolecen de defectos que vulneran el derecho fundamental al debido proceso de
la señora MLMV y de su hijo BLM?
Para resolver el
problema jurídico planteado, esta Sala abordará los siguientes ejes temáticos: (i)
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y contra las decisiones adoptadas
dentro del proceso de medidas de protección en casos de violencia intrafamiliar;
(ii) la prevalencia del principio del interés superior de
los niños, niñas y adolescentes; (iii) la violencia de género y, en
especial, la violencia psicológica; (iv) el compromiso nacional e
internacional de erradicar toda forma de violencia y discriminación contra la
mujer; (v) el enfoque de género como obligación de la
administración de justicia; (vi) la violencia institucional que las autoridades
encargadas de la ruta de atención pueden cometer en contra de las denunciantes y,
por último, (vii) el caso concreto.
4.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Reiteración
jurisprudencial
4.1. Requisitos
generales
De conformidad con
el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo
de defensa judicial, preferente y sumario, al que puede acudir cualquier
persona cuando quiera que sus derechos fundamentales resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión en que incurra cualquier autoridad pública o
un particular, en los casos específicamente previstos por el Legislador, y no
exista otro mecanismo de defensa judicial que permita su protección efectiva.
Por regla general,
la tutela no procede contra providencias judiciales en virtud de los principios
de autonomía judicial y seguridad jurídica. Sin embargo, esta Corporación ha
identificado algunas causales en virtud de las cuales, excepcionalmente,
resulta procedente, y que fueron sistematizadas en la Sentencia C-590 de 2005.
En dicha providencia judicial se diferenció entre requisitos generales y
especiales, y se explicó que los primeros habilitan el estudio constitucional y
deben cumplirse en su totalidad, mientras los segundos implican la
procedibilidad del amparo y sólo se requiere la configuración de alguno de
ellos.
Los requisitos
generales son “a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; b. Que se hayan agotado todos los medios
-ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es
decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; d. Cuando se trate
de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto
decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; e. Que la parte actora identifique
de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible; f. Que no se trate de
sentencias de tutela”[70].
En síntesis:
●
Relevancia constitucional de la cuestión
estudiada: exige que el asunto bajo estudio involucre
garantías superiores y no sea de competencia exclusiva del juez ordinario. En
consecuencia, el juez constitucional debe justificar clara y expresamente el
fundamento por el cual el asunto objeto de examen es “una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes”.
●
Agotar todos los medios de defensa judicial
posibles: este presupuesto se relaciona con el
carácter subsidiario y excepcional de la acción de tutela, acorde con el cual,
la parte activa debe“desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios
que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos”.[71]
En todo caso, este criterio puede flexibilizarse ante la posible configuración
de un perjuicio irremediable[72].
●
Requisito de inmediatez: en virtud de este requisito la acción de amparo debe presentarse
en un término proporcional y razonable a partir del hecho que originó la
supuesta vulneración. Presupuesto exigido en procura del respeto de la
seguridad jurídica y la cosa juzgada pues, de lo contrario, las decisiones
judiciales estarían siempre pendientes de una eventual evaluación
constitucional.
●
Injerencia de la irregularidad procesal en la
providencia atacada: con fundamento en esta premisa,
se exige que únicamente las irregularidades violatorias de garantías
fundamentales tengan la entidad suficiente para ser alegadas por vía de tutela.
Aunado a ello, se excluyen las irregularidades no alegadas en el proceso o
subsanadas a pesar de que pudieron haberse alegado[73].
●
Identificación razonable de los hechos que
generan la vulneración de los derechos fundamentales: en
acatamiento de este requisito, en la acción de tutela se deben identificar
clara y razonablemente las actuaciones u omisiones que comportan la vulneración
alegada. Estos argumentos deben haberse planteado dentro del proceso judicial,
de haber sido posible[74].
●
Que no se trate de sentencias de tutela: mediante esta exigencia se busca evitar que los procesos judiciales
estén indefinidamente expuestos a un control posterior. Con mayor razón si se
tiene en cuenta que todas las sentencias de tutela son objeto de estudio para
su eventual selección y revisión en esta Corporación, trámite después del cual
se tornan definitivas[75].
Los requisitos
especiales de procedencia[76],
por su parte, son: (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto,
que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento
establecido o por exceso ritual manifiesto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto
material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii)
desconocimiento del precedente; y (viii) violación directa de la Constitución.
4.2.
Defecto fáctico como requisito especial de procedencia
El
defecto fáctico, como causal de procedencia de la acción tutela contra
providencias judiciales, se presenta cuando el juez no tiene el apoyo
probatorio suficiente para aplicar el supuesto legal en el que sustenta la
decisión[77],
porque dejó de valorar una prueba o no la valora dentro de los cauces
racionales, y/o denegó la práctica de alguna sin justificación[78].
Para
una mejor compresión, la jurisprudencia constitucional[79] ha señalado
que este defecto se produce cuando “un juez emite una sentencia (providencia
judicial) sin que se halle probado el supuesto de la norma, cuando quiera que
(i) se haya producido una omisión en el decreto o valoración de una prueba,
(ii) una apreciación irrazonable de las mismas, (iii) la suposición
de algún medio probatorio, (iv) o el otorgamiento a una prueba de un
alcance material y jurídico que no tiene”[80].
Bajo
estos parámetros, la Corte Constitucional, en Sentencia SU-448 de 2016, reiteró
que el defecto fáctico  “[s]e estructura, entonces, siempre que existan
fallas sustanciales en la decisión, que sean atribuibles a deficiencias
probatorias del proceso”, y que “el fundamento de la intervención del
juez de tutela por deficiencias probatorias en el proceso, radica en que, no
obstante las amplias facultades discrecionales con que cuenta el juez del
proceso para el análisis del material probatorio, éste debe actuar de acuerdo
con los principios de la sana crítica, es decir, con base en criterios
objetivos y racionales”[81].
Así mismo, indicó que:
“No obstante, el operador judicial ostente un amplio margen de
valoración probatoria sobre el cual fundamentará su decisión y formará
libremente su convencimiento[82], ‘inspirándose
en los principios científicos de la sana crítica (Arts. 187 CPC [hoy, artículo 176
CGP] y 61 CPL)’[83],
[empero] esta facultad nunca podrá ser ejercida de manera arbitraria, pues
dicha valoración lleva intrínseca ‘la adopción de criterios objetivos[84],
no simplemente supuestos por el juez, racionales[85], es decir,
que ponderen la magnitud y el impacto de cada una de las pruebas allegadas, y rigurosos[86],
esto es, que materialicen la función de administración de justicia que se les
encomienda a los funcionarios judiciales sobre la base de pruebas debidamente
recaudadas.’
(…) tal hipótesis se advierte cuando el funcionario judicial, ‘en
contra de la evidencia probatoria, decide separarse por completo de los hechos
debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto jurídico debatido; o
cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de excluirlas y con
base en ellas fundamenta la decisión respectiva. Ello se presenta en hipótesis
de incongruencia entre lo probado y lo resuelto’ (…)”.
En este
sentido, esta Corporación ha afirmado que atendiendo los principios de
autonomía judicial, juez natural e inmediación, la autoridad constitucional no
puede realizar un nuevo examen del material probatorio como si se tratara de
una instancia judicial adicional,[87]
dado que su función se ciñe a verificar que la solución de los procesos
judiciales sea coherente con la valoración ponderada de las pruebas recaudadas
por el juez y aportadas por los intervinientes.[88]
5.
Procedencia de la acción de tutela contra las decisiones adoptadas dentro
del proceso de medidas de protección en casos de violencia intrafamiliar. Reiteración
jurisprudencial[89]
5.1. Específicamente,
en cuanto al mecanismo disponible para que una víctima de daño físico,
psíquico, o daño a su integridad sexual, amenaza, agravio, ofensa o cualquier
otra forma de agresión al interior de su contexto familiar acceda a medidas de protección inmediatas que ponga fin a la violencia, maltrato
o agresión o evite que esta se realice cuando fuere inminente, se tiene que la Ley 294 de 1996[90], radicó
en las Comisarías de Familia[91],
la competencia para conocer de la acción de protección por violencia
intrafamiliar[92].
Para
ello, “las equiparó, en cuanto a esas funciones, a los jueces (Cfr.
artículos 11, 12 y 14), al punto de establecer que la apelación de sus
determinaciones las conocería el respectivo Juez de Familia o Promiscuo de
Familia (artículo 18)”[93].
Son, entonces, entidades distritales, municipales o intermunicipales de
carácter administrativo e interdisciplinario[94] que “también desempeñan funciones
judiciales, precisamente de aquellas que el ordenamiento jurídico le ha
asignado a la Jurisdicción Ordinaria”[95].
5.2. Se trata de un
trámite caracterizado por la celeridad e informalidad[96], el
cual inicia con la presentación de la solicitud de medidas de protección, de
forma escrita, oral o por cualquier otro medio idóneo, de parte de quien fue
agredido, por cualquier persona que actúe en su nombre, o por el defensor de
familia cuando se hallare en imposibilidad de hacerlo por sí misma, dentro de
los 30 días siguientes[97]
al hecho de violencia[98].
En este punto se destaca que la norma le impone a la comunidad y los vecinos
llevar a las autoridades competentes la información sobre hechos de violencia
intrafamiliar[99].
5.2.1. Además de los derechos establecidos en el artículo 11 de la Ley 906
de 2004[100]
y el artículo 15 de la Ley 360 de 1997[101],
la Ley 1257 de 2008 dispuso que la mujer víctima de violencia en el ámbito
público o privado, tiene derecho a las siguientes prerrogativas, las cuales
deben ser aseguradas a lo largo del trámite de medidas de protección y su
cumplimiento:
a)
Recibir atención
integral a través de servicios con cobertura suficiente, accesible y de la
calidad.
b)
Recibir orientación,
asesoramiento jurídico y asistencia técnica legal con carácter gratuito,
inmediato y especializado desde el momento en que el hecho constitutivo de
violencia se ponga en conocimiento de la autoridad. Se podrá ordenar que el
agresor asuma los costos de esta atención y asistencia. Corresponde al Estado
garantizar este derecho realizando las acciones correspondientes frente al
agresor y en todo caso garantizará la prestación de este servicio a través de
la defensoría pública;
c)
Recibir información
clara, completa, veraz y oportuna en relación con sus derechos y con los
mecanismos y procedimientos contemplados en la presente ley y demás normas
concordantes;
d)
Dar su consentimiento
informado para los exámenes médico-legales en los casos de violencia sexual y
escoger el sexo del facultativo para la práctica de los mismos dentro de las
posibilidades ofrecidas por el servicio. Las entidades promotoras y prestadoras
de servicios de salud promoverán la existencia de facultativos de ambos sexos
para la atención de víctimas de violencia;
e)
Recibir información
clara, completa, veraz y oportuna en relación con la salud sexual y
reproductiva;
f)
Ser tratada con
reserva de identidad al recibir la asistencia médica, legal, o asistencia
social respecto de sus datos personales, los de sus descendientes o los de
cualquiera otra persona que esté bajo su guarda o custodia;
g)
Recibir asistencia
médica, psicológica, psiquiátrica y forense especializada e integral en los
términos y condiciones establecidos en el ordenamiento jurídico para ellas y
sus hijos e hijas;
h)
Acceder a los
mecanismos de protección y atención para ellas, sus hijos e hijas;
i)
La verdad, la
justicia, la reparación y garantías de no repetición frente a los hechos
constitutivos de violencia;
j)
La estabilización de
su situación conforme a los términos previstos en esta ley.
k)
A decidir voluntariamente
si puede ser confrontada con el agresor en cualquiera de los espacios de
atención y en los procedimientos administrativos, judiciales o de otro tipo[102].
Ahora bien, una vez presentada la solicitud de medidas, el
funcionario la avocará inmediatamente y, de encontrar al menos indicios leves,
podrá dictar -dentro de las cuatro (4) horas hábiles siguientes-, medidas de
protección provisionales, decisión contra la cual no procederá recurso alguno.
Para el efecto, podrá pedir prueba pericial, técnica o científica, a
peritos oficiales[103]
y si la conducta denunciada constituyera delito o contravención, deberá remitir
las diligencias a la autoridad competente[104].
Posteriormente, deberá citar al acusado a una audiencia que tendrá lugar entre
los 5 y 10 días siguientes a la presentación de la petición, a la que deberá
concurrir la víctima[105].
Así mismo, la Ley 1257
de 2008 señaló que la mujer víctima de violencia tiene el derecho a no ser
confrontada con su agresor[106],
prerrogativa que debe ser tenida en cuenta en los procesos de medidas de
protección por violencia intrafamiliar, debido a que dicha norma tiene como
finalidad garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, tanto en el
ámbito público como en el privado. De forma que le corresponde a las autoridades
competentes informar a las mujeres de ese derecho y que el mismo se traduce en
el derecho a participar o no, en cualquier procedimiento o
diligencia administrativa, civil o penal, ante cualquiera de las autoridades
competentes, en las cuales esté presente el agresor, así como a manifestar ante
la Fiscalía General de la Nación o al funcionario a cargo del trámite de las
medidas de protección su intención de no conciliar, acto con el cual quedará
agotada la etapa de conciliación y se dará continuidad al proceso[107].
Durante
la audiencia, el agresor podrá presentar descargos y proponer fórmulas de
avenimiento con la víctima, e igualmente solicitar pruebas, que se practicarán
durante la audiencia[108]. Si no compareciere, se entenderá que acepta los cargos
formulados. En todo caso, las partes podrán excusarse de la inasistencia por
una sola vez antes de la audiencia o dentro de la misma, siempre que medie
justa causa, la cual será evaluada por el funcionario, quien fijará nueva fecha
para la diligencia dentro de los cinco (5) días siguientes[109].
5.2.2. Culminada la audiencia, se emitirá resolución o
sentencia motivada[110], la cual será notificada a las partes en estrados y, si alguna de las
partes estuviere ausente, se le comunicará la decisión mediante aviso,
telegrama o por cualquier otro medio idóneo. Por tratarse de un proceso en el
que prevalecen los derechos fundamentales de las víctimas[111], el
legislador consideró que el comisario o juez podía dictar cualquier medida que
considerara necesaria para prevenir y/o sancionar los actos de violencia o
discriminación, precisando que ella podría ser impuesta “a quienes cohabiten
o hayan cohabitado”[112]. Entre otras medidas de protección, la ley prevé que puede:
a)
Ordenar al agresor el
desalojo de la casa de habitación que comparte con la víctima, cuando su
presencia constituye una amenaza para la vida, la integridad física o la salud
de cualquiera de los miembros de la familia;
b)
Ordenar al agresor
abstenerse de penetrar en cualquier lugar donde se encuentre la víctima, cuando
a juicio del funcionario dicha limitación resulte necesaria para prevenir que
aquel perturbe, intimide, amenace o de cualquier otra forma interfiera con la
víctima o con los menores, cuya custodia provisional le haya sido adjudicada;
c)
Prohibir al agresor
esconder o trasladar de la residencia a los niños, niñas y personas
discapacitadas en situación de indefensión miembros del grupo familiar, sin
perjuicio de las acciones penales a que hubiere lugar;
d)
Obligación de acudir a
un tratamiento reeducativo y terapéutico en una institución pública o privada
que ofrezca tales servicios, a costa del agresor.
e)
Si fuere necesario, se
ordenará al agresor el pago de los gastos de orientación y asesoría jurídica,
médica, psicológica y psíquica que requiera la víctima;
f)
Cuando la violencia o
maltrato revista gravedad y se tema su repetición la autoridad competente
ordenará una protección temporal especial de la víctima por parte de las
autoridades de policía, tanto en su domicilio como en su lugar de trabajo si lo
tuviere;
g)
Ordenar a la autoridad
de policía, previa solicitud de la víctima el acompañamiento a esta para su
reingreso al lugar de domicilio cuando ella se haya visto en la obligación de
salir para proteger su seguridad;
h)
Decidir
provisionalmente el régimen de visitas, la guarda y custodia de los hijos e
hijas si los hubiere, sin perjuicio de la competencia en materia civil de otras
autoridades, quienes podrán ratificar esta medida o modificarla;
i)
Suspender al agresor
la tenencia, porte y uso de armas, en caso de que estas sean indispensables
para el ejercicio de su profesión u oficio, la suspensión deberá ser motivada;
j)
Decidir
provisionalmente quién tendrá a su cargo las pensiones alimentarias, sin
perjuicio de la competencia en materia civil de otras autoridades quienes
podrán ratificar esta medida o modificarla;
k)
Decidir
provisionalmente el uso y disfrute de la vivienda familiar, sin perjuicio de la
competencia en materia civil de otras autoridades quienes podrán ratificar esta
medida o modificarla;
l)
Prohibir, al agresor
la realización de cualquier acto de enajenación o gravamen de bienes de su
propiedad sujetos a registro, si tuviere sociedad conyugal o patrimonial
vigente. Para este efecto, oficiará a las autoridades competentes. Esta medida
será decretada por Autoridad Judicial;
m)
Ordenar al agresor la
devolución inmediata de los objetos de uso personal, documentos de identidad y
cualquier otro documento u objeto de propiedad o custodia de la víctima
n)
Cualquiera otra medida
necesaria para el cumplimiento de los objetivos de la presente ley[113].
Una
vez concedida la medida de protección[114], el funcionario que la expidió mantiene la competencia para su
ejecución y cumplimiento, así como para emitir una medida de protección
complementaria[115]. En relación con la vigencia de las medidas de protección
se tiene que ellas tendrán vigencia por el tiempo que se mantengan las
circunstancias que dieron lugar a estas y serán canceladas mediante incidente,
por el funcionario que las impuso, a solicitud de las partes, del Ministerio
Público o del Defensor de Familia, cuando se superen las razones que las
originaron, decisión susceptible de recurso de apelación[116].
5.3. Por ello, este
Tribunal ha concluido que la intervención del juez de tutela resulta necesaria
para proteger los derechos de la víctima de violencia, aun cuando esta cuente
con otras vías de defensa. En efecto, pese a que la Ley 294 de 1996 contempla un mecanismo judicial especial, expedito
e idóneo para la protección de las víctimas de la violencia, esta Corporación
ha señalado que las resoluciones y sentencias resultantes del proceso de
medidas de protección pueden ser objeto de acción de tutela, en caso de que se
evidencie una vulneración del derecho fundamental al debido proceso (Cfr. las Sentencias T-261 de 2013, T-473 de 2014, T-772 de 2015, T-241 de 2016, T-145 de
2017, T-184 de 2017, T-264 de 2017 y T-735 de 2017).
6. La prevalencia del principio del interés superior de las niñas,
niños y adolescentes (NNA). Reiteración jurisprudencial
Respecto a la calidad de sujetos de especial protección
constitucional reconocida a los niños, las niñas y los adolescentes, esta tiene
su sustento en los postulados de la Constitución y también en instrumentos
internacionales de derechos humanos que reconocen el principio
del interés superior del menor (de dieciocho años) y que integran
el denominado bloque de constitucionalidad.
En efecto, la calidad de sujetos de especial
protección constitucional de los niños, las niñas y adolescentes[117],
deviene del:
(i)
Artículo 44 Superior el cual establece
-entre otros aspectos- que la familia, la sociedad y el Estado tienen la
obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo
armónico e integral, así como la plena materialización de sus derechos
fundamentales (la vida, la integridad física, la salud la seguridad social y la
educación, entre muchos otros);
(ii)
Marco internacional[118], en virtud
del cual los menores de dieciocho años merecen un mayor amparo por parte del
Estado, al ser considerados sujetos de especial protección constitucional;
(iii)
Código de la Infancia y la Adolescencia -
el principio del interés superior del menor de dieciocho años se encuentra
establecido expresamente en su artículo 8°, así “(…) Se entiende por interés
superior del niño, niña y adolescente, el imperativo que obliga a todas las
personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus
Derechos Humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes”. Por
otra parte, el artículo 25 del citado Código, siguiendo el precepto
superior de la prevalencia de los derechos de los menores de dieciocho años
sobre los demás, estableció que “(…) [E]n todo acto, decisión o medida
administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en
relación con los niños, las niñas y los adolescentes, prevalecerán los derechos
de estos, en especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con
los de cualquier otra persona (…)”.
Ahora
bien, la calidad de sujetos de especial protección constitucional de los
niños, niñas y adolescentes tiene su fundamento en la situación de
vulnerabilidad e indefensión en la que se encuentran, pues su desarrollo
físico, mental y emocional está en proceso de alcanzar la madurez requerida
para la toma de decisiones y participación autónoma dentro de la sociedad. El
grado de vulnerabilidad e indefensión tiene diferentes niveles y se da a partir
de todos los procesos de interacción que los niños, niñas y adolescentes deben
realizar con su entorno físico y social para la evolución de su personalidad.
Por lo anterior, el Estado, la sociedad y la familia deben
brindar una protección especial en todos los ámbitos de la vida de los niños,
niñas y adolescentes, en aras de garantizar su desarrollo armónico e integral.
7. La violencia de género y, en especial, la violencia
psicológica
7.1. ¿Qué es
violencia de género?
El 9 de junio de
1994[119]
se aprobó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia Contra la Mujer o Convención de Belém do Pará, que define la
violencia de género como “cualquier acción o conducta, basada en su género,
que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer,
tanto en el ámbito público como en el privado”. Este instrumento concibe la
eliminación de la violencia contra la mujer como una condición indispensable
para su desarrollo individual y social y su plena e igualitaria participación
en todas las esferas de la vida; para lo cual consagró el derecho de todas las
mujeres a vivir una vida libre de violencia, lo que incluye, entre otros
aspectos, los derechos a ser libre de toda forma de discriminación y a ser
valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y
prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o
subordinación.
La Declaración
y Plataforma de Acción de Beijing en la Cuarta Conferencia Mundial Sobre la
Mujer dispuso que “la violencia contra la mujer es una manifestación de
las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, que
han conducido a la dominación de la mujer por el hombre, a la discriminación
contra la mujer y a la interposición de obstáculos contra su pleno desarrollo”[120].
En la sentencia
T-878 de 2014, esta Corte precisó que “[l]a violencia de género es aquella
violencia que hunde sus raíces en las relaciones de género dominantes de una
sociedad, como resultado de un notorio e histórico desequilibrio de poder[121].
En nuestra sociedad el dominio es masculino por lo que los actos se dirigen en
contra de las mujeres o personas con una identidad de género diversa
(lesbianas, gay, bisexuales, transgeneristas e intersexuales) con el fin de
perpetuar la subordinación.// Centrándose en lo concerniente a la violencia
contra las mujeres, las agresiones van más allá de las lesiones físicas y
psicológicas, denominadas violencia visible. La invisible se refiere a la
violencia estructural que implica inequidad en el ámbito de lo político, lo
social y lo económico y a la violencia cultural constituida por los discursos
que justifican el trato desigual[122].
Estos tres componentes de la violencia se retroalimentan entre ellos,
perpetuando la discriminación, la desigualdad y la violencia. Por tanto, con
cada golpe a una mujer se da prevalencia a un patrón social de exclusión y este
se reproduce a futuro”.
Precisamente,
este Tribunal ha señalado que la discriminación y la violencia en contra de las
mujeres están íntimamente ligadas, debido a que “la primera tiene un
componente afectivo muy fuerte que genera sentimientos agresivos, por lo cual
la discriminación causa violencia y la violencia a su vez es una forma de
discriminación, generando actos que vulneran los derechos humanos y la dignidad
humana de muchos grupos de la sociedad”[123].
Ambas manifestaciones se fundamentan en estereotipos de género que han motivado
la idea de la dominación, la rudeza, la intelectualidad y la autoridad de los
hombres, y de la emotividad, compasión y sumisión de la mujer[124].
En esa
línea, los hombres recurren a la violencia física en contra de las mujeres para
reafirmar su poder patriarcal o para lograr que aquellas se comporten según los
roles femeninos acostumbrados, infundiendo miedo y terror para eliminar futuras
amenazas a su autoridad. Por consiguiente, resulta necesario entender que la
violencia de género es estructural, ya que surge para preservar una escala de valores
y darle un carácter de normalidad a un orden social establecido históricamente.
Según esta perspectiva es necesario analizar las agresiones como sucesos que
contribuyen a conservar la desigualdad y no como hechos domésticos aislados, lo
que a su vez exige cuestionar la sociedad en la que se desarrollan los actos
violentos[125].
Ahora bien, esta Sala considera necesario ahondar en el concepto violencia
psicológica por ser relevante para la resolución del caso concreto.
7.2.
¿Qué es violencia psicológica?[126]
La
violencia psicológica se ocasiona con acciones u omisiones dirigidas
intencionalmente a producir en una persona sentimientos de desvalorización e
inferioridad sobre sí misma, que le generan baja autoestima. Esta tipología no
ataca la integridad física del individuo sino su integridad moral y
psicológica, su autonomía y desarrollo personal, y se materializa a partir de
constantes y sistemáticas conductas de intimidación, desprecio, chantaje,
humillación, insultos y/o amenazas de todo tipo[127].
Al
estudiar este tema, la Organización Mundial de la Salud presentó el Informe
titulado “Estudio multipaís de la OMS sobre salud de la mujer y la violencia
doméstica contra la mujer (2005)”[128].
De los resultados de las investigaciones se destacan las conclusiones referentes
al maltrato psíquico infligido por la pareja a la mujer, pues se
establece que el mismo es sistemático y en la mayoría de los casos es más
devastador que la propia violencia física.
Allí se
identificaron los actos específicos, que para la OMS son constitutivos de dicho
maltrato psicológico[129],
así:
·
Cuando la mujer es insultada o se la hace sentir
mal con ella misma;
·
cuando es humillada delante de los demás;
·
cuando es intimidada o asustada a propósito
(por ejemplo, por una pareja que grita y tira cosas);
·
cuando es amenazada con daños físicos (de
forma directa o indirecta, mediante la amenaza de herir a alguien importante
para ella).
Así
mismo, ese informe definió que cuando la pareja propicia maltrato psíquico
sobre la mujer, se registra un porcentaje más elevado de comportamiento
dominante sobre la misma, a partir del cual también se ejercen actos de
intimidación como[130]:
·
impedirle ver a sus amig[a/o]s;
·
limitar el contacto con su familia carnal;
·
insistir en saber dónde está en todo momento;
·
ignorarla o tratarla con indiferencia;
·
enojarse con ella si habla con otros hombres;
·
acusarla constantemente de serle infiel;
·
controlar su acceso a la atención en salud.
Como se
evidencia, de las conductas descritas como constitutivas de violencia
psicológica por la OMS, se pueden sintetizar las siguientes conclusiones sobre
la violencia psicológica:
·
Se trata de una realidad mucho más extensa y
silenciosa, incluso, que la violencia física, y puede considerarse como un
antecedente de ésta.
·
Se ejerce a partir de pautas sistemáticas, sutiles
y, en algunas ocasiones, imperceptibles para terceros, que amenazan la madurez
psicológica de una persona y su capacidad de autogestión y desarrollo personal.
·
Los patrones culturales e históricos que promueven
una idea de superioridad del hombre (machismo – cultura patriarcal),
hacen que la violencia psicológica sea invisibilizada y aceptada por las
mujeres como algo “normal”.
·
Los indicadores de presencia de violencia
psicológica en una víctima son: humillación, culpa, ira, ansiedad, depresión,
aislamiento familiar y social, baja autoestima, pérdida de la concentración,
alteraciones en el sueño, disfunción sexual, limitación para la toma de decisiones,
entre otros.
·
La violencia psicológica a menudo se produce en el
hogar o en espacios íntimos, por lo cual, en la mayoría de los casos no existen
más pruebas que la declaración de la propia víctima.
De esta
manera queda claro que la violencia psicológica contra la mujer, como una de
las formas de violencia más sutil e invisibilizada, tiene fuertes implicaciones
individuales y sociales que contribuyen a perpetuar la discriminación histórica
contra las mujeres. Por tanto, es necesario darle mayor visibilidad a este
fenómeno para que desde lo social, lo económico, lo jurídico y lo político,
entre otros escenarios, se incentiven y promuevan nuevas formas de relación
entre hombres y mujeres, respetuosas por igual, de la dignidad de todos los
seres humanos en su diferencia y diversidad.
8.
Compromiso nacional e internacional de erradicar toda forma de violencia y
discriminación contra la mujer
8.1. Tanto en el plano nacional como internacional, los ordenamientos
jurídicos han dispuesto normas tendientes a la protección de los derechos de la
mujer en el ámbito público y privado. Los instrumentos internacionales, en
buena medida, han sido acogidos por la legislación interna y, en algunos casos,
se han adoptado medidas legales que, por una parte, fijan obligaciones
concretas tanto a privados como a agentes estatales al tiempo que, por otra, desarrollan
las normas no estatales.
En ese orden,
internacionalmente, los Estados y organizaciones internacionales han adoptado,
entre otros, los siguientes instrumentos: la Declaración sobre la Eliminación
de la Discriminación contra la Mujer (1967); la Convención sobre la Eliminación
de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, en adelante CEDAW (1981)[131];
la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer
(1993) y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995). Todos
estos son instrumentos emanados de diversas agencias de la Organización de
Naciones Unidas (ONU).
En el marco del
Sistema Interamericano, la Organización de Estados Americanos (OEA), en las
Convenciones Americana sobre Derechos Humanos[132] e Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, “Convención
de Belém do Pará” (1995)[133],
también ha adoptado este tipo de medidas que buscan la protección integral de
los derechos de la mujer y la eliminación de todo tipo de discriminación.
Algunas de estas normas han sido incorporadas al bloque de constitucionalidad[134].
La Convención
sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW), ratificada por el Estado colombiano a través de la ley 51 de 1981, es
uno de los instrumentos internacionales más importantes en esta materia, pues
es una norma que recoge las principales obligaciones que los Estados miembros
de la ONU deben cumplir, evitando la reproducción de distintos tipos de
discriminación en contra de la mujer.
Es a partir de ahí
que organizaciones y tribunales internacionales han establecido estándares de
protección de las mujeres en el ámbito público y privado, en procura de
garantizar la igualdad del hombre y la mujer, y su necesidad de ser asegurado
por los medios que garanticen su efectiva materialización.
Lo anterior con el
fin de “reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la
dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de
hombres y mujeres”[135],
de acuerdo con lo cual, en su artículo 1º, se define la discriminación en
contra de la mujer como “toda distinción, exclusión o restricción basada en
el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el
reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado
civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos
humanos y las libertades fundamentales en las esferas políticas, económicas,
social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”. Este instrumento exige
a los Estados parte, garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de
todos los derechos, así como implementar políticas para eliminar la
discriminación en contra de las mujeres. Entre esas obligaciones se pueden
destacar las siguientes: (i) consagrar la igualdad entre el hombre y la mujer;
(ii) adoptar sanciones que prohíban toda discriminación contra la mujer; (iii)
establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer; (iv) abstenerse
de incurrir en cualquier acto de discriminación; (v) eliminar la discriminación
de la mujer en la sociedad y; (vi) derogar las disposiciones normativas que
impliquen una discriminación contra la mujer[136].
A su
vez, la Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer
-aprobada por las Naciones Unidas el 20 de diciembre de 1993-  reconoció que la
violencia contra la mujer es una manifestación de la desigualdad entre hombres
y mujeres, que se decanta en la dominación, subordinación,  discriminación, y
en la imposibilidad de que estas puedan desarrollarse plenamente. Es por ello
que encontró necesario establecer los derechos para la erradicación de la
violencia contra la mujer en todas sus formas. Al respecto, el artículo 4º de
la Declaración dispuso lo siguiente:
“Los Estados deben condenar la violencia contra la mujer y no
invocar ninguna costumbre, tradición o consideración religiosa para eludir su
obligación de procurar eliminarla. Los Estados deben aplicar por todos los
medios apropiados y sin demora una política encaminada a eliminar la violencia
contra la mujer”.
En el mismo
sentido, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing dispuso
que “la expresión ‛violencia contra la mujer’ se
refiere a todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado
posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la
coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida
pública o en la privada”, lo cual impide lograr objetivos de igualdad,
desarrollo y paz. Agregó que este tipo de violencia impide el goce de los
derechos humanos y libertades fundamentales, motivo por el cual, en procura de
las protección de estos, los Estados tienen el deber de adoptar medidas
tendientes a la mitigación de las consecuencias generadas por estas vulneraciones.
La Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la
Mujer, también conocida como la “Convención de Belém do Pará”,
ratificada por Colombia mediante la Ley 248 de 1995, en su artículo 7
indicó como obligaciones de los Estados partes, las siguientes:
“Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la
mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones,
políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en
llevar a cabo lo siguiente:
a. abstenerse de cualquier acción o
práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus
funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad
con esta obligación;
b. actuar con la debida diligencia para
prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer;
c. incluir en su legislación interna
normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que
sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la
mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso;
d. adoptar medidas jurídicas para
conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o
poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su
integridad o perjudique su propiedad;
e. tomar todas las medidas apropiadas,
incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y
reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias
que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer;
f. establecer procedimientos legales
justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que
incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso
efectivo a tales procedimientos;
g. establecer los mecanismos judiciales
y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia
tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de
compensación justos y eficaces, y
h. Adoptar las disposiciones
legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esta
Convención.”
Posteriormente, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación ante el
hecho de que la mayoría de los actos de violencia contra las mujeres quedan en
la impunidad, perpetuando la aceptación social de este fenómeno. Por tanto,
sistematizó los estándares normativos referidos en el párrafo anterior, según
los cuales, pueden resumirse de la siguiente manera:
(i)
El vínculo estrecho entre los problemas de
la discriminación y la violencia contra las mujeres;
(ii)
La obligación inmediata de los Estados de
actuar con la debida diligencia requerida para prevenir, investigar, y
sancionar con celeridad y sin dilación todos los actos de violencia contra las
mujeres, cometidos tanto por actores estatales como no estatales;
(iii)
La obligación de garantizar la
disponibilidad de mecanismos judiciales efectivos, adecuados, e imparciales
para víctimas de violencia contra las mujeres;
(iv)
La calificación jurídica de la violencia
sexual como tortura cuando es cometida por agentes estatales;
(v)
La obligación de los Estados de implementar
acciones para erradicar la discriminación contra las mujeres y los patrones
estereotipados de comportamiento que promueven su tratamiento inferior en sus
sociedades;
(vi)
La consideración de la violencia sexual
como tortura cuando es perpetrada por funcionarios estatales;
(vii)
El deber de los órganos legislativos,
ejecutivos y judiciales de analizar, mediante un escrutinio estricto, todas las
leyes, normas, prácticas y políticas públicas que establecen diferencias de
trato basadas en el sexo, o que puedan tener un impacto discriminatorio en las
mujeres en su aplicación;
(viii)
El deber de los Estados de considerar en
sus políticas adoptadas para avanzar la igualdad de género el particular riesgo
a violaciones de derechos humanos que pueden enfrentar las mujeres por factores
combinados con su sexo, como su edad, raza, etnia y posición económica, entre
otros.
De lo
expuesto se concluye que la comunidad internacional ha unido esfuerzos para
eliminar la violencia y la discriminación contra la mujer, a través de
instrumentos jurídicos que imponen obligaciones de prevención y sanción a los
Estados y a la sociedad en general. De acuerdo con lo expuesto, las normas
internacionales mencionadas constituyen fuentes obligatorias para el Estado y
son normas aplicables a casos concretos, por cuanto su contenido fue ratificado
voluntariamente por el Estado colombiano y se surtió el trámite interno para
ingresar al derecho interno.
8.2. La Corte Constitucional ha afirmado que las normas constitucionales
que integran el núcleo fundamental de la política de prevención y protección de
las víctimas de violencia intrafamiliar se encuentran en los artículos 1º, 2º,
11, 12, 13, 42, 43 y 53 Superiores. Así mismo, y en virtud de los diferentes
instrumentos de derecho internacional, el Estado colombiano ha adoptado medidas
encaminadas a la prevención y sanción de la violencia contra la mujer, tales como:
(i)
Una de las primeras iniciativas en materia
legislativa es la Ley 294 del 16 de julio de 1996, que desarrolló el artículo
42 de Carta Política y por medio del cual se dictaron normas para prevenir,
remediar y sancionar la violencia intrafamiliar. Esta Ley fue reformada
parcialmente por la Ley 575 de 2000.
(ii)
La Ley 1142 de 2007 reformó parcialmente
las Leyes 906 de 2004, 599 de 2000 y 600 de 2000, y adoptó medidas para la
prevención y represión de la actividad delictiva de especial impacto para la
convivencia y seguridad ciudadana. Entre ellas dispuso que no procederá la
sustitución de la detención preventiva en establecimiento carcelario por
detención domiciliaria, cuando la imputación se refiera al delito de violencia
intrafamiliar contemplado en el artículo 229 del Código Penal.
(iii)     La Ley 1257 de 2008 cuyos objetivos pretenden garantizar a las mujeres
una vida libre de violencia, el poder ejercer sus derechos en el ordenamiento
jurídico interno e internacional, acceder a los procedimientos administrativos
y judiciales para su protección, y la adopción de políticas públicas necesarias
para su realización. Se trata de una regulación integral que interviene no
solamente en asuntos de la esfera privada de los individuos, sino que también
impone al Estado una serie de obligaciones que debe cumplir.
(iv)
En cuanto a las autoridades encargadas de
investigar los delitos de violencia contra la mujer, la Ley 1542 de 2012 agregó
un parágrafo al artículo 74 de la Ley 906 de 2004, en el cual se garantiza la
diligencia y protección por parte de estas autoridades, puesto que les impone
el deber de investigar de oficio, en cumplimiento de la obligación de actuar
con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia
contra las mujeres consagrada en el artículo 7° literal b) de la Convención de
Belém do Pará, ratificada por el Estado colombiano mediante la Ley 248 de 1995.
Además, añadió que se elimina el carácter de querellables y desistibles de los
delitos de violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria.
(v)
El Decreto 2734 de 2012 reglamentó el
artículo 19 de la Ley 1258 de 2008 y estableció las medidas de atención a las
mujeres víctimas de la violencia.
(vi)
La Resolución 163 de 2013, del Ministerio
de Justicia, definió los lineamientos técnicos en materia de competencias,
procedimientos y acciones relacionadas con las funciones de atención a la
violencia basada en género por parte de las Comisarías de Familia y otras
autoridades administrativas que ejerzan funciones jurisdiccionales.
(vii)    Por último, siguiendo la evolución normativa en relación con la
violencia de género, la Ley 1719 de 2014 adoptó medidas tendentes a garantizar
el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, atendiendo
prioritariamente a las mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Así mismo,
la jurisprudencia de esta Corporación, en distintas ocasiones, ha señalado que
el Estado y la sociedad tienen el deber de propender la erradicación de la
violencia contra la mujer[137].
Un claro ejemplo de ello, es la Sentencia T-878 de 2014 en la que se indicó:
“La violencia contra las mujeres constituye un problema social que
exige profundos cambios en los ámbitos educativo, social, jurídico, policial y
laboral, a través de los cuales se introduzcan nuevas escalas de valores que se
construyan sobre el respeto de los derechos fundamentales de las mujeres. Ya se
ha demostrado que las leyes resultan insuficientes, puesto que tienen que
formar parte de un esfuerzo más general. Se debe repensar la relación entre
hombres y mujeres, porque una sociedad que tolera la agresión en contra de
ellas es una sociedad que discrimina. Y dejar de vivir en una sociedad que
discrimina es responsabilidad de todos”.
En
suma,  para el Estado colombiano la erradicación de toda forma de violencia y
discriminación contra la mujer se ha convertido en uno de sus propósitos
indispensables. Para ello se ha obligado a reprochar “todas las formas de
violencia contra la mujer” y a “adoptar, por todos los
medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar
y erradicar dicha violencia”[138].
En la
misma línea, debe advertirse que la violencia de género constituye una
afectación grave de los derechos humanos que no puede esconderse bajo el manto
de los estereotipos o costumbres sociales, porque dichas visiones responden a
una larga tradición de discriminación por el sólo hecho de ser mujer, lo que
termina perpetuándola e impidiendo que las mujeres ejerzan libremente sus
derechos.
Teniendo
en cuenta que la Carta Política prescribe un trato preferencial a las mujeres
por las desventajas que han vivido históricamente, el Estado y la sociedad
deben identificar y abordar las causas de la discriminación, así como sus
vínculos con otras formas de opresión sociales, culturales, económicas y
políticas, con el fin de prevenir los hechos violentos y garantizar la atención
integral de la mujer que los ha sufrido.
9. Enfoque de
género como obligación de la administración de justicia. Reiteración
jurisprudencial
9.1.
Ante la evidente necesidad de amparar los derechos de
las mujeres, y honrando las disposiciones de los  diferentes instrumentos internacionales
que el Estado colombiano ha ratificado de manera voluntaria, y en especial, de
las Convenciones sobre protección a la mujer,  para esta Corte es claro que al
Estado se le imponen obligaciones ineludibles en torno a la eliminación de
cualquier tipo de discriminación o violencia ejercida contra una persona por
razón de su sexo, por lo que ha incorporado al ordenamiento jurídico textos
normativos tendientes a la protección de los derechos de las mujeres, tanto en
el ámbito público como en el privado.
Así,
por ejemplo, se tiene que el Estado debe a) garantizar una vida libre de
violencia y discriminación por razón del sexo; b) prevenir y proteger a
las mujeres y las niñas de cualquier tipo de discriminación o violencia
ejercida en su contra;  e c) investigar, sancionar y reparar la
violencia estructural contra la mujer. Esta última obligación, en esencia,
dentro de nuestro ordenamiento, está en cabeza de la Rama Judicial del Poder
Público, por lo que son los operadores judiciales quienes deben velar por su goce
efectivo[139].
9.2.
La Corte Constitucional, en cumplimiento de los
mandatos constitucionales y legales[140],
ha reconocido que las mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar o sexual
son sujetos de especial protección. “En este sentido, y en el marco de un
ámbito investigativo y de juzgamiento de la violencia de género, la Corte ha
amparado los derechos fundamentales de este grupo poblacional cuando se ha
demostrado que las autoridades de conocimiento han vulnerado el derecho al
debido proceso al momento de evaluar la necesidad de brindar medidas de
protección por violencia intrafamiliar”[141].
De esta
manera, es importante resaltar que cuando las mujeres víctimas de violencia acuden
a las autoridades públicas para el amparo de sus derechos, en repetidas
ocasiones se produce una “revictimización” por parte de los operadores
jurídicos, toda vez que la respuesta que se espera de estas autoridades no es
satisfactoria y, además, con frecuencia, confirma patrones de desigualdad,
discriminación y violencia en contra de esta población. “Tales
circunstancias se presentan, al menos, de dos formas. La primera por la ‛naturalización’ de
la violencia contra la mujer, obviando la aplicación de enfoques de género en
la lectura y solución de los casos y, la segunda, por la reproducción de
estereotipos”[142].
Por ello, esta Corporación ha desarrollado diferentes medidas basadas en el
respeto y la diferencia de la mujer, y ha implementado parámetros de análisis
en favor de las mujeres como una clara afirmación del derecho a la igualdad, a
través de acciones afirmativas y medidas de protección especiales[143].
Se debe
aclarar que los enfoques de género dentro de los distintos procesos por
violencia intrafamiliar o sexual, permiten que se corrijan aquellas consecuencias
jurídicas que implican un detrimento de los derechos de las mujeres. “De ahí
que, entonces, se convierta en un ‘deber constitucional’ no dejar sin
contenido el artículo 13 Superior y, en consecuencia, interpretar los hechos,
pruebas y normas jurídicas con base en enfoques diferenciales de género”[144].
La
Corte Interamericana de Derechos Humanos dispuso que la investigación, en los
casos de violencia contra la mujer, debe “emprenderse con seriedad y no
como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Debe tener
un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como
una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa
procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de
elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la
verdad”[145]. En
términos generales, debe desarrollarse de manera:
A.
Oportuna, para evitar que el tiempo atente
contra la averiguación de la verdad y para adoptar medidas de protección
eficaces;
B.
Exhaustiva, practicando las pruebas
necesarias y valorándolas integralmente[146] y analizando el contexto de los hechos para determinar si se
trata de un patrón generalizado de conducta[147];
C.
Imparcial, para lo cual fiscales y jueces
deben actuar objetivamente, es decir, libres de prejuicios o tendencias[148] y evitando razonamientos teñidos de estereotipos;
D.
Respetando en forma adecuada los derechos de
las afectadas, para prevenir una revictimización.[149]
De
igual manera, esta Corte, en Sentencia T-012 de 2016[150], señaló que
hay un deber por parte de los operadores judiciales de erradicar cualquier tipo
de discriminación en contra de la mujer. Por lo tanto, dispuso que los jueces,
cuando se encuentren frente a un caso de violencia intrafamiliar o sexual,
obligatoriamente deben “incorporar criterios de género al solucionar sus
casos”[151].
Es
importante resaltar que en distintas ocasiones esta Corporación -al estudiar
las tutelas contra providencias judiciales- ha amparado el derecho a la
administración de justicia, cuando evidencia que los jueces omitieron
valorar pruebas obrantes en el expediente que demostraban la existencia de
violencia intrafamiliar y, como consecuencia, no analizaron el caso a la luz
del enfoque de género[152].
Así mismo, ha indicado que se configura un defecto fáctico cuando el
juez no tiene el apoyo probatorio suficiente para aplicar el supuesto legal en
el que sustenta la decisión[153],
ya sea porque dejó de valorar una prueba o no la valora dentro de los cauces
racionales y/o denegó la práctica de alguna sin justificación[154].
De lo
anterior, se concluye que el Estado ha adoptado una serie de medidas
encaminadas a la protección de los derechos de las mujeres, dirigidas a
prevenir y erradicar toda clase de violencia en contra de esta población. Por
esta razón, en los casos de violencia de género, es deber de los operadores
jurídicos interpretar los hechos, pruebas y textos normativos con enfoque
diferencial de género.
9.3. Así las cosas la Sala encuentra que en el sistema interamericano se ha
entendido que la ineficacia judicial en casos de violencia contra las mujeres “propicia
un ambiente de impunidad que facilita y promueve la repetición de los hechos de
violencia en general y envía un mensaje según el cual la violencia contra las
mujeres puede ser tolerada y aceptada como parte del diario vivir”[155]. Para la Comisión la
tolerancia estatal es una pauta sistemática en relación con la violencia contra
las mujeres, que “perpetua las raíces y factores psicológicos, sociales e
históricos que mantienen y alimentan la violencia contra la mujer”[156].
Además, se ha considerado que las fallas en la prevención,
investigación, sanción y reparación de la violencia en contra de la mujer
pueden convertir al Estado en responsable de la misma, en tanto la situación de
impunidad promueve la repetición de las agresiones. Esa responsabilidad puede
estar dada por el desconocimiento de su obligación de no discriminación, que se
da cuando las autoridades consideran que la violencia no es un “problema de
magnitud importante para el cual se requ[ieren] acciones inmediatas y
contundentes”, razón por la cual se niegan a investigarla[157]. Para la Corte, la
indiferencia de las autoridades en la investigación conduce a la impunidad, lo que
a su vez reproduce la violencia que se pretende atacar, sin perjuicio de que
constituye en sí misma una discriminación en el acceso a la justicia.
10. Las
autoridades administrativas y judiciales encargadas de la ruta de atención de
las mujeres víctimas de violencia serán responsables de actos de violencia
institucional cuando sus acciones u omisiones causen daño a la denunciante[158]
10.1. Además de los estándares enunciados,
este Tribunal ha subrayado que la violencia contra la mujer tiene un vínculo directo
con el contexto histórico de discriminación que han sufrido las mujeres, debido
a que se trata de un medio para perpetuar su subordinación al hombre en el
ámbito familiar[159].
Por esa razón, no se trata de un fenómeno doméstico que deba ser abordado en la
privacidad del hogar, sino que exige compromisos de parte del Estado y de la
sociedad en su conjunto para eliminar sus causas estructurales, de forma que se
permita la materialización del derecho fundamental de las mujeres a vivir
libres de violencia y de discriminación[160].
Al respecto, ha considerado que esa violencia hace parte de un contexto
estructural de violencia que ha permeado los ámbitos políticos, social y
económico, por las agresiones físicas, psicológicas y económicas de las que son
víctimas “se tolera[n] sin que haya una reacción social o estatal
eficaz”[161].
Dentro de ese contexto, se incluyen también las actuaciones de
distintos operadores judiciales, quienes toman decisiones con fundamento en
actitudes sociales discriminatorias que perpetúan la impunidad para los actos
de violencia contra la mujer[162].
Justamente, esta Corporación ha señalado que “una de las mayores
limitaciones que las mujeres encuentran para denunciar la violencia, en
especial la doméstica y la psicológica, es la tolerancia social a estos
fenómenos, que implica a su vez la ineficacia de estos procesos y las
dificultades probatorias a las que se enfrenta la administración de justicia
frente a estos casos”[163].
Consciente del rol esencial que desempeñan los funcionarios en la
erradicación de la violencia contra la mujer y en la subsistencia de patrones
discriminatorios y estereotipos de género en el desarrollo de los procesos
judiciales[164],
este Tribunal ha enunciado un mínimo de condiciones para asegurar el acceso a
una justicia con perspectiva de género, a saber:
i)
desplegar toda actividad investigativa en aras
de garantizar los derechos en disputa y la dignidad de las mujeres;
ii)
analizar los hechos, las pruebas y las normas
con base en interpretaciones sistemáticas de la realidad, de manera que en ese
ejercicio hermenéutico se reconozca que las mujeres han sido un grupo
tradicionalmente discriminado y como tal, se justifica un trato diferencial;
iii)
no tomar decisiones con base en estereotipos de
género;
iv)
evitar la revictimización de la mujer a la hora
de cumplir con sus funciones; reconocer las diferencias entre hombres y
mujeres;
v)
flexibilizar la carga probatoria en casos de
violencia o discriminación, privilegiando los indicios sobre las pruebas
directas, cuando estas últimas resulten insuficientes;
vi)
considerar el rol transformador o perpetuador
de las decisiones judiciales;
vii)
efectuar un análisis rígido sobre las
actuaciones de quien presuntamente comete la violencia;
viii)
evaluar las posibilidades y recursos reales de
acceso a trámites judiciales;
ix)
analizar las relaciones de poder que afectan la
dignidad y autonomía de las mujeres.
Ahora bien, las
faltas a los anteriores deberes por parte de quienes ejercen funciones
judiciales no solo desconocen las obligaciones de disponer de un recurso judicial
efectivo y de actuar con la debida diligencia, sino que pueden convertirse en
un nuevo acto de violencia en contra de la mujer denunciante[165], cuando la acción u
omisión estatal “cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual,
psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las
amenazas de tales actos”, a la luz de la citada Ley 1257 de 2008[166]. Ello obedece al
compromiso del Estado en la superación del contexto de violencia mencionado y
su obligación de protección reforzada. Al respecto, se precisa que esa norma
contempla que la violencia puede darse en el ámbito público o privado[167] y que la Declaración
sobre la eliminación de la violencia contra la mujer y la Convención Belém
Do Pará establecen que también se entiende como violencia contra la mujer
la perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes[168]
Al igual que sucede
con la violencia en el ámbito familiar, la generada por las instituciones es el
resultado de la asimilación de estereotipos de género y de prácticas sociales
que llevan inmersa una subordinación de las mujeres, por lo que se origina en
un acto de discriminación[169].
10.2. Para evitar que el Estado se convierta
en un segundo agresor de las mujeres que han sido víctimas de violencia y que
acuden a sus instituciones para lograr su protección y la restitución de los
derechos fundamentales que les han sido vulnerados, resulta necesario que sus
funcionarios -que conozcan de esos casos- tengan en cuenta, entre otras[170], las siguientes pautas
aplicables al caso bajo estudio:
10.2.1.
Los funcionarios administrativos y judiciales que conozcan asuntos de violencia
contra la mujer deberán ser imparciales, asegurando que sus decisiones no se
fundamenten en nociones preconcebidas o estereotipos de género. El derecho a un juzgador imparcial hace parte de la
garantía fundamental al debido proceso consagrada en el artículo 29 Superior.
Se trata del “principio más depurado de la independencia y la autonomía
judiciales o de quien, conforme la Constitución y la ley, le ha sido reconocido
un poder de juzgar a otros individuos, pues no sólo lo hace
independiente frente a los poderes públicos, sino también, frente a sí mismo”[171].
Esto es, se busca evitar que el juzgador sea “juez y parte”
y/o “juez de la propia causa”[172], dotando de credibilidad social y legitimidad democrática las
decisiones que adopte[173].
Desde
una perspectiva subjetiva, la imparcialidad se refiere a que los jueces no
permitan que “su fallo este influenciado por sesgos o
prejuicios personales, ni tener ideas preconcebidas en cuanto al asunto
sometido a su estudio, ni actuar de manera que indebidamente promueva los
intereses de una de las partes en detrimento de los de la otra”[174]. La objetiva se refiere a que el
funcionario “no haya tenido un contacto previo con el tema a decidir y que
por lo tanto se acerque al objeto del mismo sin prevenciones de ánimo”[175].
Para garantizar la imparcialidad al interior de
los juicios, el legislador estableció los mecanismos de impedimento y
recusación. El primero se da cuando la autoridad, de oficio, abandona la
dirección del proceso y la segunda se da a petición de uno de los sujetos del
proceso, cuando el funcionario se niega a sustraerse del conocimiento del
asunto[176]. Ahora bien, este
Tribunal ha considerado que se trata de instituciones de carácter excepcional y
restrictivo, que se originan en causales taxativas, para evitar limitaciones
excesivas al acceso a la administración de justicia[177].
Para
esta Sala de Revisión, la imparcialidad en el conocimiento de casos de
violencia contra la mujer implica atender una
perspectiva de género en el desarrollo del proceso y en las decisiones,
excluyendo la aplicación de estereotipos de género al momento de analizar los
comportamientos de las partes. Este Tribunal ha sostenido que los estereotipos
se refieren a imágenes sociales generalizadas, preconceptos
sobre características personales o roles que cumplen o deben ser cumplidos por
los miembros de un determinado grupo social[178]. En el ejercicio de la función judicial,
el uso de estereotipos se da cuando se reprochan los actos de la persona “por
desviación del comportamiento esperado”, lo cual puede suceder, por
ejemplo, cuando:
i)
Se desestima la violencia intrafamiliar por
considerar que se dieron agresiones mutuas, sin examinar si ellas respondían a
una defensa[179].
ii)
Se exige que la víctima del delito de
acceso carnal violento demuestre que resistió significativamente el acto para
que pueda ser considerado como tal[180].
iii)
Se desconoce la violencia psicológica
denunciada, al estimar que los testigos de los actos no eran presenciales o que
el vínculo matrimonial debe prevalecer para mantener la unidad familiar[181].
iv)
Se entiende que la violencia
intrafamiliar es un asunto doméstico que está exento de la intervención del
Estado[182].
v)
Se le da prevalencia a la relación familiar,
ordenando el mantenimiento de las visitas del padre a sus hijos, sin importar
que este cometió actos violentos en contra de la madre[183].
vi)
Se descalifica la
credibilidad de la víctima por su forma de vestir, su ocupación laboral, su
conducta sexual o su relación con el agresor[184].
vii)
No se tiene en cuenta
el dictamen forense sobre el nivel de riesgo de violencia, al considerar que
este se fundamenta en la versión de la denunciante y que no fue contrastado con
un dictamen realizado al agresor[185].
viii)
No se tiene en cuenta
la condena penal por violencia intrafamiliar a efectos de decidir sobre la
condena en alimentos a cargo del cónyuge culpable, porque se estima que la
defensa de las agresiones configura una concurrencia de culpas[186].
ix)
Se analiza la versión
de la mujer bajo el prejuicio de que la denuncia tiene como objetivo resultar
vencedoras en el juicio de divorcio u obtener venganza, o que ha deformado los
hechos, exagerando su magnitud[187].
x)
Se desestima la
gravedad de la violencia por inexistencia de secuelas significativas físicas o
psicológicas, o porque la mujer no asume la actitud de inseguridad, angustia o
depresión que se cree debe demostrar[188].
En esa
línea, los operadores judiciales, en tanto garantes de la investigación,
sanción y reparación de la violencia en contra de la mujer deben ser
especialmente sensibles a la realidad y a la protección reforzada que las
víctimas requieren. Esto para garantizar, a nivel individual, el acceso a la
justicia y, a nivel social, que se reconozca que la violencia no es una
práctica permitida por el Estado, de forma que otras mujeres denuncien y se den
pasos hacia el objetivo de lograr una igualdad real. Así mismo, deberá
prevalecer el principio de imparcialidad en sus
actuaciones, lo que exige -en los casos de violencia contra las mujeres- que el
operador sea sensible a un enfoque de género, de forma que no se naturalicen ni
perpetúen estereotipos que impiden a la mujer acceder en igualdad de condiciones
a los procesos administrativos y judiciales para su protección.
10.2.2. Las medidas de protección deben ser idóneas para eliminar la
violencia o la amenaza denunciada, atendiendo la modalidad del daño y
recurriendo a medidas diferentes a aquellas establecidas en la ley cuando la
situación lo requiera. Como se explicó
en el acápite 5.2.2., el funcionario que conoce de la solicitud de
medidas de protección puede adoptar la orden que considere adecuada para
conjurar la situación de violencia o su riesgo que enfrenta la mujer de manera
efectiva. Para ello, resulta necesario que examine la modalidad que adoptan los
actos, de forma que la orden sea idónea para combatirlos, sin que le sea dable,
por ejemplo, indicar que la remisión de información a la Policía Nacional es
eficaz para evitar nuevas agresiones en todos los casos, que la medida pedida
por la víctima no existe en la norma, que esta no solicitó la imposición de una
medida para conjurar el daño específico o que las agresiones realizadas a través
de redes sociales pueden ser conjuradas por la misma mujer al evitar el
contacto con el agresor.
La escogencia de la medida debe obedecer a una
interpretación de: i) el daño o la amenaza que generan los actos de
violencia denunciados, esto es, psicológico, físico, sexual, patrimonial[189], ii) la gravedad y la frecuencia de los actos de
violencia, advirtiendo que estas no están limitadas a la existencia de secuelas
físicas o a un número determinado de días de incapacidad formulado, iii) las obligaciones internacionales, constitucionales y
legales que tiene el Estado en materia de prevención, investigación, sanción y
reparación en relación con la violencia en contra de la mujer[190] y iv)
el contexto social de violencia estructural contra la mujer[191].
Como ya
se explicó previamente en el acápite 7.2., en relación con la violencia
psicológica, esta Corporación ha indicado que “se ocasiona con acciones u
omisiones dirigidas intencionalmente a producir en una persona sentimientos de
desvalorización e inferioridad sobre sí misma, que le generan baja de
autoestima. Esta tipología no ataca la integridad física del individuo sino su
integridad moral y psicológica, su autonomía y desarrollo personal y se
materializa a partir de constantes y sistemáticas conductas de intimidación,
desprecio, chantaje, humillación, insultos y/o amenazas de todo tipo”[192]. Esta se da cuando: i) la mujer es insultada o
se la hace sentir mal con ella misma; ii) es humillada delante de los
demás; iii) es intimidada o asustada a propósito (por ejemplo, por una
pareja que grita y tira cosas); o iv) cuando es amenazada con daños
físicos (de forma directa o indirecta, mediante la amenaza de herir a alguien
importante para ella)[193]. Se
trata de agresiones silenciosas y sutiles que no afectan la
integridad física y que suponen una mayor dificultad probatoria, por lo que
exigen del operador judicial un rol más activo en la consecución de la igualdad
procesal entre las partes[194].
De
ahí que las medidas de protección dictadas para abordarlas deben atender al
carácter invisible y grave de la violencia, por ser precursora de otros tipos
de violencia y por el impacto a nivel emocional que pueden generar,
diferenciando las órdenes para combatirlas de aquellas que buscan proteger de
manera exclusiva la seguridad física de la mujer. Al mismo tiempo, el operador
debe prestar especial atención a la forma mediante la cual se dan los actos,
esto es, si se da a través de redes sociales, de correo electrónico, de
llamadas o mensajes de texto, para que la determinación logre que los
comportamientos cesen efectivamente. Al respecto, se resalta que el uso
indebido de las tecnologías de la información y las comunicaciones,
específicamente de las redes sociales, puede dar lugar a la trasgresión de los
derechos fundamentales a la intimidad, a la imagen, al honor y a la honra[195]. Así
mismo, el nivel de difusión que caracteriza a tales medios de comunicación
genera un especial riesgo en el entorno personal, familiar y social de quien es
objeto de esas conductas[196].
Por
tanto, el encargado de adoptar las medidas debe valorar las características
particulares de la violencia denunciada para que sus decisiones tengan la
potencialidad de finalizar la agresión o su amenaza, así como que una vez
incumplidas, las autoridades encargadas de hacerlas cumplir cuenten con las
herramientas para lograrlo.
10.2.3. La
definición de los regímenes de visita y de custodia de los hijos menores de
edad debe establecerse a la luz de los derechos de los niños y niñas y de la
mujer víctima de violencia. En este punto se debe
destacar que la violencia contra las mujeres también puede ocurrir posterior a
la separación de su pareja, la cual es menos visible para el operador jurídico,
dificultando su sanción[197].
Ella puede consistir en manipulaciones judiciales para extenuar psicológica y
financieramente a la mujer, como la formulación de falsas denuncias o la
dilatación de los juicios de divorcio y alimento, o reclamar la tenencia de sus
hijos, aunque no esté interesado en cuidarles[198]. En esos escenarios, la
violencia que se daba en el hogar se traslada a los escenarios judiciales o
administrativos en donde se plantean los conflictos.
Al respecto de las
solicitudes de custodia o de visitas, la Organización de Naciones Unidas ha
indicado que se trata de una forma de continuar el abuso o de tener acceso a
las sobrevivientes[199].
Por ello, recomendó incluir en las legislaciones nacionales: “i) la
presunción en contra de la concesión de la custodia al autor de los actos
violentos; ii) la presunción en contra de visita por el autor de los actos
violentos si no es supervisada; iii) la exigencia de que antes de la concesión
de la visita supervisada hayan pasado tres meses desde el acto de violencia y
que el autor de los actos violentos ha cesado de utilizar cualquier forma de
violencia y está participando en un programa de tratamiento para ese tipo de
delincuentes; y iv) La no concesión de derechos de visita en contra de la
voluntad del menor”[200].
Justamente, en la Recomendación General núm. 35 proferida por el
Comité de la CEDAW, indicó que las medidas de protección deben evitar una
excesiva carga financiera, burocrática o personal sobre las mujeres y que:
“Los
derechos o reclamaciones de los autores o presuntos autores durante y después
de los procedimientos judiciales, en particular en lo que respecta a la
propiedad, la privacidad, la custodia de los hijos, el acceso, los contactos y
las visitas, deberían determinarse a la luz de los derechos humanos de las
mujeres y los niños a la vida y la integridad física, sexual y psicológica y regirse
por el principio del interés superior del niño”[201].
Sobre la necesidad
de tener en cuenta los derechos de la mujer agredida al momento de decidir
sobre los derechos de custodia y visita, se deben destacar las siguientes
decisiones adoptadas por el comité mencionado:
Caso Ángela González Carreño c. España (2014)[202]: Ángela huyó de la casa familiar con su hija Andrea de 3 años para
escapar del maltrato que de su compañero. Una jueza dictó resolución
provisional de separación y restringió las visitas del agresor, a pesar de lo
cual continuaron las amenazas de muerte, el acoso, las persecuciones hasta
sacarlas de la carretera y las agresiones, incluso frente a miembros de la
policía. El agresor manifestaba constantemente que Ángela manipulaba a la niña
e instigaba su rechazo, además que iba a secuestrar a la niña. Luego de
numerosos procesos civiles y penales, el compañero solo fue multado y un juez
revocó la orden de suspensión de visitas, al considerar que esta entorpecía la
relación padre-hija. A pesar de que la menor de edad manifestó que no le
gustaba estar con su padre porque la trataba mal, se estableció un régimen de
visitas. La trabajadora social encargada de su vigilancia pidió que los
encuentros se dieran fuera de la Oficina de Servicios Sociales para que se
dieran con mayor naturalidad, aunque reconoció que el agresor enviaba mensajes
a Ángela a través de la niña.
Frente
al desacuerdo de la eliminación de vigilancia de las visitas, se ordenaron
dictámenes psicológicos que proponían la normalización paulatina de las
visitas. El juzgado encargado ordenó las visitas no vigiladas, pese a que
durante el año y medio de visitas supervisadas protagonizó varios incidentes
violentos, bajo el argumento de que la trabajadora social no estableció
expresamente la necesidad de observación. Durante los meses de las visitas no
vigiladas, fueron presentados varios informes en los que se indicaba que el
padre hacía preguntas inadecuadas a la niña sobre la pareja actual de su
progenitora y profería insultos contra ella. En una de esas reuniones, el
agresor asesinó a la menor de edad y se suicidó. La peticionaria inició un
proceso de responsabilidad patrimonial en contra del Estado por la negligencia
en protegerlas, sin obtener resultados. También presentó amparo ante el
Tribunal Constitucional, el cual fue rechazado por falta de relevancia
constitucional.
El
Comité encontró que las actuaciones de los organismos judiciales y
administrativos estatales que permitieron la visita de la niña obedecían a una
concepción estereotipada del derecho de visita de los niños en el contexto de
la violencia doméstica, según el cual existía una igualdad formal entre la
progenitora y el padre agresor. Así mismo, a la persistencia de perjuicios que
se materializaron en la indebida valoración de la gravedad de la situación. Tal
actuación resultaba discriminatoria y aumentaba la situación de vulnerabilidad
de madre e hija, ya que daba por sentado el derecho del padre a las visitas,
sin tener en cuenta los derechos de la menor de edad e “independiente de sus
acciones en el contexto familiar”. Por ende, ordenó la reparación de la
víctima y una investigación exhaustiva de los hechos ocurridos. Además, ordenó
adoptar las medidas para que los antecedentes de violencia doméstica sean
tenidos en cuenta en los casos de custodia. Así mismo recomendó la formación
obligatoria de jueces y personal administrativo “acerca de la definición de
la violencia doméstica y sobre los estereotipos de género”.
Caso MW c. Dinamarca (2016)[203]:
MW, mujer danesa y S, hombre austriaco, hicieron vida de pareja en Austria y
procrearon un hijo, OW. Tras separarse de su marido, MW fue objeto de violencia
física y verbal, acoso y hostigamiento por parte de él. Además, S secuestró al
niño, pese a que a ella le había sido reconocida la custodia. En ese momento,
ambos progenitores recurrieron ante los tribunales de sus respectivos países
para obtener la custodia exclusiva de su hijo, habiéndose dictado sentencias
contradictorias: los tribunales austriacos se pronunciaron en favor de MW y los
daneses en favor de S. En septiembre de 2010, MW fue detenida en Dinamarca por
haber sacado ilegalmente a OW de Austria. En consecuencia, se le retiró la
custodia del niño y se la otorgó a S.
La
CEDAW consideró que los hechos analizados ponían de manifiesto que la
peticionaria no gozó de igualdad de trato por parte de las autoridades danesas
en los asuntos relacionados con su hijo y consideró que “(…) el Estado parte
no actuó con diligencia debida para prevenir, investigar y castigar los actos
de violencia y proteger a la peticionaria y a OW antes y después del secuestro.
El Comité recuerda que los Estados partes están obligados a no discriminar a la
mujer por acción u omisión y a reaccionar activamente ante la discriminación
contra la mujer, independientemente de que esas acciones u omisiones sean
cometidas por el Estado o por actores privados. Los Estados partes también
tienen la obligación de garantizar que las mujeres estén protegidas contra la
discriminación cometida por el poder judicial y las autoridades públicas”.
Así
mismo, el Comité manifestó que los Estados partes tienen la obligación de
modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con
miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas que estén
basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos
o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres, en virtud de su obligación
a adoptar todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la
mujer en todos los asuntos relacionados con las relaciones familiares, y “a
asegurarse de que hombres y mujeres tengan los mismos derechos y
responsabilidades como progenitores en materias relacionadas con sus hijos,
teniendo en cuenta que, en todos los casos, los intereses de los hijos serán la
consideración primordial”. Además, el comité precisó que el Estado debe
tener en cuenta el interés superior del niño como consideración fundamental en
todas las acciones o decisiones que le afecten, “tanto en la esfera pública
como en la esfera privada […] y que se aplique a todos los procedimientos
administrativos y judiciales, ya estén integrados por jueces profesionales o
personas que no lo sean o funcionarios de otro tipo, en todas las actuaciones
relacionadas con niños, incluidos los procesos de conciliación, mediación y
arbitraje”.
Como se mencionó,
le corresponde al Estado, a la sociedad y a la familia velar por el desarrollo
armónico e integral de los menores de edad. No obstante, cuando se decidan
asuntos relacionados con su custodia o visitas, en el marco de denuncias de
violencia intrafamiliar, ese desarrollo debe ser analizado de manera aún más
cuidadosa, con estricto seguimiento y supervisión de las autoridades
competentes, y deberá tratarse de un acercamiento progresivo.
Precisamente,
autores han encontrado que crecer en un ambiente de violencia puede generar los
mismos daños psicológicos que aquellos que se generan por el maltrato directo y
que existe una relación entre la violencia en contra de la pareja y el abuso hacia
los menores de edad por el mismo agresor[204].
En esos casos resulta necesario que las medidas de protección -provisionales
y/o definitivas- se extiendan a los hijos e hijas involucrados, lo que obedece
a la necesidad de proteger a los menores de edad de contextos de violencia, para
que quienes estén a su cuidado aseguren su desarrollo. A su vez, una decisión
en ese sentido protege a la mujer, quien puede ser objeto de nuevos hechos de
violencia por el contacto con su agresor.
Al
respecto, la Sala destaca que las autoridades e instituciones deben evitar las
nociones estereotipadas y discriminatorias -usualmente, en contra de la mujer-[205] que conducen a dar prevalencia a la protección de la
unidad familiar o de los derechos del progenitor, sin tener en cuenta la
realidad familiar. En efecto, se advierte que cuando existen antecedentes de
conductas agresivas o abusivas y las instituciones las desestiman en un intento
de normalizar las relaciones filiales, se vulneran los derechos fundamentales
de la víctima, dado que se minimizan las consecuencias de la violencia sufrida.
En
consecuencia, se tiene que cuando las autoridades competentes adopten
decisiones y medidas relacionadas con el derecho a las visitas o custodia de
los hijos e hijas, deberán:
(i)
tener en consideración la
existencia de un contexto de violencia intrafamiliar, para que el ejercicio de
esos derechos no ponga en peligro la seguridad y la vida de las víctimas, lo
cual significa realizar un estudio detallado de las formas de la violencia,
atender la voluntad del menor de edad involucrado e implementar un régimen de
visitas y/o custodia gradual y progresivo;
(ii)
adoptar un enfoque de género y no “familista”[206], esto es, que la
decisión se funde en el interés superior del menor de edad y en los derechos fundamentales
de la mujer, sin presumir que la custodia compartida o que las visitas son el
único modo de asegurar el desarrollo de los niños y las niñas.
11.
Configuración de los requisitos generales para la procedencia de la acción de
tutela, en el caso concreto, por violación del debido proceso en el proceso de
reglamentación de visitas y en el proceso de medida de protección
11.1.
Atendiendo la situación fáctica expuesta y en virtud de
que hay legitimidad en la causa por activa y por pasiva, la Sala Cuarta de
Revisión de la Corte Constitucional procederá a verificar el cumplimiento de
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencia judicial y, de ser superado el mismo, continuará con el estudio de
fondo de la demanda.
11.1.1.
Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Esta Corporación ha señalado que se entiende satisfecho este
requisito, pues el asunto objeto de estudio recae sobre la protección de una
mujer que alega ser víctima de violencia, en el escenario de los procesos de reglamentación
de visitas y en el de medida de protección, frente a quien el Estado
tiene la obligación de garantizar la erradicación de todo tipo de
discriminación y maltrato en sus diferentes dependencias, incluida la Rama
Judicial del Poder Público y las autoridades administrativas que ejerzan
funciones jurisdiccionales, pues debe propugnar que las actuaciones de todas
sus entidades se realicen con perspectiva de género, de conformidad con las
obligaciones adquiridas a nivel internacional y nacional.
11.1.2.
Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. Como ya se explicó, la acción de tutela fue presentada contra las
decisiones tomadas en dos trámites judiciales:
·
En el proceso de reglamentación de visitas,
interpuso recurso de reposición contra la decisión del 6 de diciembre  de 2016.
·
En el proceso de medida de protección:
interpuso recurso de apelación contra la decisión del 15 de febrero de 2017.
·
En ambos procesos ha solicitado aclaración y/o
complementación de las decisiones.
Al
respecto, encuentra esta Corporación que el hecho de que la actora haya
interpuesto los recursos procedentes -en ambos procesos- demuestra su esfuerzo
por hacer uso de los medios ordinarios de defensa.
Adicionalmente,
el caso bajo estudio contiene un elemento de posible violencia
contra la mujer, por lo que la intervención
del juez de tutela resulta necesaria, aun cuando se cuente con otras vías de
defensa, como ya se explicó en el acápite 5 de
consideraciones. Por ello, en el presente caso se satisface el requisito
de subsidiariedad.
11.1.3.
Que se cumpla el requisito de la inmediatez. Se
advierte que las decisiones judiciales presuntamente vulneradoras de los
derechos fundamentales de la accionante y de su hijo fueron proferidas el 22 de
febrero de 2017, por el Juzgado Once de Familia de Bogotá (en el Exp. 2015-01019,
proceso de reglamentación de visitas) el 22 de febrero de 2017, por el
Juzgado Once de Familia de Bogotá (en el Exp. 2015-01019, proceso de
reglamentación de visitas) y el 6 de abril de 2017, por el Juzgado
Veintiséis de Familia de Bogotá (en el Exp. 2015-297, proceso de medida de
protección), mientras que la tutela fue presentada el 25 de abril de 2017,
plazo más que razonable para presentar la acción.
Adicionalmente, en
el caso objeto de estudio, esta Sala evidencia que las decisiones atacadas aun
surten efectos negativos sobre los derechos fundamentales de la accionante y de
su hijo, razón por la cual se encuentra superado este requisito.
11.1.4.
Si la solicitud de amparo se fundamenta en una irregularidad procesal, se debe
demostrar que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia
que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de parte la accionante. Este requisito no es aplicable al asunto bajo estudio, ya que las
irregularidades que se alegan son de carácter fáctico.
11.1.5.
Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible. La Sala encuentra que la accionante cumplió este requisito de
procedibilidad, en la medida en que identificó, con claridad, los hechos y los
derechos fundamentales que, a su juicio, hacen viable la presente acción de
tutela. De esta manera, los hechos propuestos como vulneradores del  derecho
fundamental al debido proceso consisten:
En
el proceso de medida de protección: la no valoración
integral de las pruebas aportadas que, a juicio de la accionante, permiten
demostrar la violencia intrafamiliar.
En
el proceso de reglamentación de visitas: la no
valoración integral de las pruebas aportadas dentro del proceso. Puntualmente,
la actora fundamenta su solicitud de amparo en que el Juzgado Once accionado tuvo
conocimiento del proceso de medida de protección por violencia intrafamiliar iniciado
en contra del señor MLS, en el que se habían ordenado ciertas medidas provisionales
de protección y, aun así, amplió el régimen de visitas.
11.1.6.
Que no se trate de sentencias de tutela. En el caso
bajo examen no se controvierte un fallo de tutela.
Satisfechos
los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial, la Sala descenderá a los criterios especiales
relacionados con el defecto fáctico alegado por la accionante.
11.2.
Pretensiones del caso concreto
Las
pretensiones de la acción de tutela presentada por MLMV, en nombre propio y de
su hijo BLM, contra los Juzgados Once y Veintiséis de Familia de Bogotá, la
Comisaría Segunda de Familia de Chapinero, Secretaría Distrital de Integración
Social y MLS (vinculado) se sintetizan, así:
·
En cuanto al proceso de medida de protección por
violencia intrafamiliar, Exp. 2015-297: dejar sin
efectos la providencia del 6 de abril de 2017 del Juzgado Veintiséis de Familia
de Bogotá, para que se le ordene proferir nuevo fallo acorde con la valoración
probatoria dentro del proceso de medida de protección.
·
En cuanto al proceso de reglamentación de
visitas, Exp. 2015-01019: solicitó la suspensión de
los efectos del auto proferido el 6 de diciembre de 2016 por el Juzgado Once de
Familia de Bogotá, y la anulación de la medida provisional del proceso de
reglamentación de visitas hasta tanto se valoren todas las pruebas aportadas al
expediente y en consideración al proceso de medida de protección por violencia
intrafamiliar, de manera tal que se establezca un régimen paulatino de visitas,
que las visitas se ordenen en el lugar de domicilio del menor o, en su defecto,
en algún lugar neutro, seguro y conocido por el niño.
En
consecuencia, a continuación pasa la Sala a revisar el cumplimiento del defecto
fáctico en las decisiones atacadas.
12.
Configuración del defecto fáctico en las decisiones atacadas en el proceso 2015-297,
medida de protección por violencia intrafamiliar
Inicialmente, se advierte que el fallo de tutela
proferido el 25 de julio de 2017 por la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia confirmó la decisión del 11 de mayo de la misma anualidad
dictada por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá que negó el
amparo, tras considerar que las comunicaciones reiteradas entre el señor MLS y
la accionante sólo obedecían a su intención de ver al menor BLM, sin advertir
que la Comisaría Segunda de Familia de Chapinero o el Juzgado Veintiséis de
Familia de Bogotá hubiesen omitido la aplicación de los lineamientos plasmados
en la jurisprudencia constitucional sobre violencia de género.
12.1. Decisiones atacadas
En
primera medida, el caso objeto de estudio hace referencia al presunto defecto
fáctico en que incurrieron la Comisaría Segunda de Familia de Chapinero y el
Juzgado Veintiséis de Familia de Bogotá, en sus decisiones del 15 de febrero y
6 de abril de 2017, respectivamente[207],
a saber:
12.1.1.
La Comisaría Segunda de Familia de Chapinero se
abstuvo de imponer la medida de protección solicitada tras considerar que la
situación planteada no representaba un grave riesgo contra la integridad
emocional de la accionante, ni contra ningún miembro de la familia, dado que “no
han sido expuestos a situaciones de violencia por parte de MLS”, por lo que
resultaba forzoso concluir que era innecesario “imponer medida de protección
definitiva, pues no se demostró que el señor MLS haya realizado hechos
que desenlacen en episodios violentos al interior de la familia de la que hace
parte su menor hijo”[208].
12.1.2.
El Juzgado Veintiséis de Familia de Bogotá,
luego de analizar el acervo probatorio recaudado, confirmó la anterior
decisión, indicando que no se podía deducir que los correos enviados por MLS a MLMV
hubieran sido enviados con el ánimo de causar daño físico o psíquico, amenaza o
agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión que habilitara la imposición
de medidas de protección. En cuanto a la prueba testimonial de CLC señaló que “tampoco
se asoman los supuestos actos de agresión, pues la referida testigo no ha
presenciado de manera directa ningún hecho que constituya un agravio hacia la
accionante”[209]
y frente al concepto psicológico realizado a la denunciante indicó que “tal
pieza tampoco denota la comisión y supuesta intensidad de los actos de
violencia denunciados por la solicitante”[210].
12.2.
Configuración del defecto fáctico
De
conformidad con lo expuesto en estas consideraciones y en el recuento de lo
probado en el expediente, la Sala evidencia que la comisaría y el juzgado accionados
incurrieron en un defecto fáctico, no obstante las amplias facultades
discrecionales con que cuentan para el análisis del material probatorio, pues omitieron
actuar con base en criterios objetivos y racionales, y cumplir con su deber
convencional y constitucional de administrar justicia con perspectiva de
género, por las siguientes razones:
12.2.1. La Comisaría
Segunda de Familia de Chapinero fundamentó su decisión en que no se
demostró la ocurrencia de “episodios violentos” por parte de MLS en
contra de MLMV. Sin embargo, ese argumento no resulta concluyente para abstenerse
de proferir medida de protección, habida cuenta de que existía material
probatorio suficiente que permitía determinar que se trataba de un caso de violencia
psicológica, que exigía garantizar el derecho fundamental de la mujer a
tener una vida libre de violencia.
En efecto, la Sala advierte que en el proceso de
medida de protección por violencia intrafamiliar (Exp. 2015-297) se destaca lo
siguiente:
a.
Declaración del 18 de diciembre de 2015,
rendida por MLMV, para iniciar el proceso de medida de protección:
“Nunca he convivido con MLS, fuimos novios durante un año y apenas
quedé embarazada me terminó, aparecía y desaparecía, me proponía matrimonio y a
los dos días me echaba, se desaparecía un mes, dos meses, (…) mi embarazo no
fue tranquilo por él. Cuando nació BLM me sorprendió porque trajo a un Notario
a la clínica y me hizo firmar, luego se desapareció y le comenzó a decir a mi
familia que yo no le dejaba ver a mi bebé. Siempre le insistí que viniera
cuando quisiera e incluso yo quería que se quedara con nosotros en la clínica
pero se negó y dijo que esas eran las consecuencias de no sé qué, porque no sé
qué le he hecho. Recién nacido mi hijo cortó todos los medios de comunicación
conmigo y me dijo que nada de lo que dijera yo le interesaba, que solo le iba a
interesar a un juez y comenzó a amenazar con que me lo iba a quitar. Ahí me
dijo por escrito que me declaraba su contraparte, teniendo yo 20 días de haber
tenido mi hijo. Se hizo muy amigo de mi familia y ahora los tengo en contra.
(…) dijo que no conciliaba, que se iba a imponer a través de un juez, logré que
la suspendieran y que lo citaran en un tiempo, pero no fue a la conciliación,
pero siguió con amenazas y acusaciones que no son ciertas. Me ha dicho que soy
demente, inestable emocionalmente, que no lo dejo ver a BLM, que yo maltrato a
mi[s] hijo[s]
(…) lo último que pasó fue una llamada hace como 20 días y ahí me dijo
que me iba a quitar a BLM, que me preparara, que yo era una bruta y que su peor
desgracia era haber tenido un hijo conmigo.
(…) esta mañana recibí un mensaje escrito de mi hermana [M] diciendo que MLS le había dicho que yo no le contesté el correo
y que iba a tener que llevarse a BLM con la policía y Bienestar Familiar hoy
mismo, eso me hizo salir corriendo a buscar una medida de protección porque ya
no aguanto más el susto, temo que se lo lleve, él tiene mucho poder real y ya
son suficientes amenazas que no me dejan vivir en paz. Temo porque es muy
manipulador y una persona con poder, no duermo, no como bien, lloro mucho,
duermo poco, vivo día y noche muy angustiada (…)”[211].
Adjuntó a esa declaración copia de un correo electrónico del denunciado
en el que le dice que se va a llevar al niño sin su supervisión y otros mensajes
en los que la denunciante le insiste en que lleguen a un acuerdo sobre los
derechos y responsabilidades con BLM[212].
b.
Transcripción de textos de chat (WhatsApp)
del 18 de diciembre de 2015, entre MLMV y su hermana M:
“MLMV, MLS me acaba de llamar a preguntarme si sigues en la
misma casa xq [sic] las notificaciones que te han mandado no las recibió
la persona de tu apartamento que porque tú ya no vives ahí.
Y luego me dijo que no le contestaste a los correos para ver a BLM, que
le va a tocar con bienestar familiar y la policía, me dijo que lo sentía mucho”.[213]
c.
Acta de identificación del riesgo del 18 de
diciembre de 2015 diligenciada por la funcionaria que recepcionó la denuncia:
“Por la descripción realizada por la señora MLMV se le observa un temor
muy alto hacia el señor MLS, por las amenazas que refiere de querer
quitarle el hijo, situación que le está afectando su vida cotidiana. (…) Hay
una posible violencia psicológica severa del señor MLS hacia la señora MLMV”[214].
d.
Concepto psicológico emitido el 10 de
diciembre de 2015 del que se puede extraer:
“MLMV refiere gran preocupación y temor ante las pretensiones del
padre de su hijo BLM, las cuales están dirigidas a pasar horas con el bebé
fuera de la casa. De igual manera ella refiere condición médica de su hijo a
partir de la cual ha tenido que consultar con gastroenterólogo pediatra, quien
recomienda lactancia a demanda como principal conducta de manejo a dicha
condición médica [colitis alérgica[215]].
(…) las pretensiones de tiempos solicitados por el padre de BLM deben
ajustarse a las necesidades básicas del menor de manera prioritaria. (…) deben
realizarse aproximaciones constantes con el fin de que BLM empiece a reconocer
a su padre como figura familiar, fuente de amor y ante todo ‘tranquilidad y seguridad’ para el bebé”[216].
e.
Correo electrónico del 18 de diciembre de
2015 dirigido a MLMV, en el que MLS manifestó:
“(…) Mas allá, MLMV, ante tu negativa de ser notificada por un juez
de las acciones que debí tomar para que estos derechos no dependan de tu
capricho, quiero contarte que un juez de familia decidió sobre este tema y ya
no es facultativo de tu parte permitirme verlo y recogerlo, salvo que quieras
entrar en un escenario de desacato a una orden judicial.
(…) No dejaste ninguna otra puerta abierta así que en adelante y salvo
que logremos conversar con la amabilidad que he propuesto desde el primer día,
las cosas las resolverá un juez y tenderemos que acatar los dos lo que ordenen
(…)”[217].
f.
Correo electrónico del 19 de diciembre de
2015 dirigido a MLMV, en el que MLS manifestó:
“Lo que le dije a M es que si continuabas en tu posición de negarle
a BLM ver a su padre, imponiendo tu voluntad, desconociendo una orden judicial,
tendría que acudir a una acción policial, todo dentro del marco de la ley. De ser
necesario así lo haré pero confío nos ahorrarás a todos una situación tan
bochornosa como esa.
(…)
Entonces, si puedes sustentar tus acusaciones hazlo y pruébalo pero si
continúas en ellas, sin base real, sin sustento, sin pruebas, sin otro fin que
hacer daño a mi buen nombre, a mi credibilidad, a mi familia y en general a
todo lo que me rodea y por lo que he estudiado y trabajado con tenacidad,
perseverancia y entrega toda mi vida, acudiré a la legislación penal que me
permite protegerlas y para que tengas claro que no estoy jugando, ni amenazo,
pues con la honra y el buen nombre de las personas no se juega, copio este
mensaje al Dr. Abelardo De la Espriella, a quien he pedido acompañarme a este
asunto, si debemos hacerlo trascender al ámbito penal. Esta es mi única y
última advertencia frente a tus injurias sostenidas, no dejaré pasar una más.
(…)
Copio a toda tu familia pues sé que tu comportamiento desborda sus
lineamientos, a mis abogados, para que tomen nota y confío que entiendas de una
buena vez que tú y yo tenemos igualdad de derechos y obligaciones frente a BLM
y que tu capricho no puede imponerse a la buena crianza de un niño. (…)”[218].
g.
Según acta de diligencia de pruebas,
realizada el 19 de enero de 2016, MLMV se ratificó en lo denunciado y amplió:
“Los cargos respecto a MLS son maltrato psicológico (…) el wattsApp [sic]
de mi hermana M decía que como MLS decía que yo no lo he había contestado el
mail [respecto de recoger a BLM], él tenía que ir con la Policía a
llevarse a BLM. En ese momento y teniendo en cuenta las amenazas que MLS me
había hecho durante todo el embarazo y desde que mi hijo nació, me dio mucho
miedo; las amenazas consisten en decirme que él se va a llevar a BLM a la
fuerza, que yo estoy loca, que me lo va a quitar a BLM, que se lo va a llevar
lejos de mí.
(…) Adicionalmente, el 19 de diciembre recibí un e-mail de MLS diciendo
que supuestamente había dos procesos en mi contra, que yo no me había dejado
notificar y que eso obra en el expediente, que él ya tenía una orden del Juez
en firme para llevarse a BLM con o sin mi consentimiento y que lo haría
acompañado de la policía si era necesario y como los juzgados cerraron el día
anterior no pude verificar esa información. Ese día yo tuve que quedarme
encerrada en mi casa con mi hijo todo el tiempo pendiente que no fuera a
aparecer la Policía a llevarse a BLM. Le respondí que con mucho gusto lo
esperaba en mi casa pero que no intentara llevarse a BLM a la fuerza que tenía
una medida de protección; a eso me contestó con un e-mail agresivo diciendo que
si eso era así él le copiaba el e-mail a Abelardo De la Espriella, quien era su
apoderado, se lo copia a su otro apoderado amenazándome con llevarme a juicio
penal, a un escenario penal y de nuevo calumniándome ante mi familia. Delante de
todo el mundo, mi familia, las personas en general se muestra muy decente y
conmigo es un agresor pasivo, no sé si pasivo sea el término, cuando estamos
solos.
(…) mi hermana M [al verse con MLS en
su casa, en una reunión parar pedirle que fuera su testigo] me dice que MLS
me tiene vigilada, que sabe cuando entro y salgo de mi casa cada día (…) y la
intenta de nuevo persuadir para que ella sea testigo de él (…) y le dijo que si
mi hermana venía y lo ayudaba en esta audiencia, él prescindiría de De la Espriella
y de sus amenazas”.[219]
h.
Concepto psicológico de MLMV, practicado el
08 de agosto de 2016, ordenada por la Comisaria de Familia:
“(…) en las entrevistas adelantadas con la señora MLMV ésta ha
referido diversos hechos que suponen una fuerte tensión emocional al interior
del sistema de relación que conforma con el padre de su hijo BLM (…)”.[220]
i.
Acta de diligencia de pruebas, realizada el
16 de enero de 2017, en la declaración presentada por JSMV, hermana de la
accionante:
“(…) El 18 de diciembre de 2015 mi hermana MLMV me mostró unos
correos en los cuales MLS amenaza con ir a quitarle el niño con la policía y
Bienestar Familiar. Mi hermana entró en pánico ya que venía angustiada por ese
tipo de amenazas y decidió que lo mejor era venir a pedir una medida de
protección. (…) Las amenazas consisten en decir constantemente, MLS, en decir
constantemente que le va a quitar el niño, me refiero a mi sobrino BLM (…)
(…) he sido testigo que mi hermana MLMV ha estado esperando la llegada
del señor MLS, los días asignados para las visitas y, en muchas ocasiones, él
no ha asistido, no ha dado previo aviso y, por el contrario, ha enviado correos
en los cuales dice que es culpa de MLMV que no le ha dejado ver el niño.
(…) vivo en la puerta contigua de mi hermana MLMV y mis sobrinos, puedo
afirmar que estos hechos pusieron a MLMV en un estado de angustia y pánico que
desestabilizó todos nuestros hogares (…) observé una desestabilización en el
ejercicio normal de la maternidad, el cuidado, a causa de la angustia de sentir
que alguien quiere quitarle al niño, eso repercutió en generar un estado de
pánico a mi hermana (…) [a partir de julio-agosto de
2015 hasta la época de los hechos, MLS] empieza a comunicarse
internamente con mis hermanos mayores y mi padre, envía mensajes hablando mal
de MLMV, pretendiendo hacerlos creer que MLMV no le permite ver a su hijo y que
está desequilibrada mentalmente [testigo explicó que usó el término “desequilibrada
mentalmente” como adjetivo para concluir diferentes formas de expresar ese
estado] (…)”.[221]
j.
Según acta de diligencia de pruebas,
realizada el 16 de enero de 2017, en la declaración presentada por CLC, vecina
de la accionante:
“(…) he estado en una conversación en donde la hermana de MLMV, MM
llamó a MLMV a decirle que el Sr. MLS le estaba pidiendo que atestiguara para
él, que si lo hacia él le pararía el proceso que tenía preparado contra MLMV,
no me sé exactamente la fecha, era en diciembre de 2015. Y otro día, unos días
antes de eso, una semana, también estaba yo con MLMV que estaba esperando una
visita para que MLS visitara a BLM y me acuerdo que MLS nunca llegó; llamó al
final de las horas acordadas, le habló mal a MLMV, yo oí, yo oía gritos (…) no
escuché lo que le decía (...) hablando duro, escuché como que la acusaba (…)
como de amenazas, luego colgó el teléfono y al poco tiempo, a la media hora MLS
mandó un e-mail comunal (…) a tres hermanos y al papá [de MLMV] diciendo
que una vez más MLMV no le había permitido ir a visitar a BLM. Dentro de esas
amenazas MLMV me contó que MLS le había dicho que iba ir a quitarle a BLM
forzosamente. (…) no conozco exactamente los procesos, pero sé que las amenazas
eran de quitarle a BLM con el pretexto que ella no le dejaba ver a BLM, lo cual
me consta que no es cierto.
[Comisaria le pregunta: Después de esa llamada en diciembre de 2015,
¿Cuál era el estado de MLVH?] MLMV muy angustiada, llorando, en pánico,
asustada (…)
(…) M dijo que MLS le había dicho que ella atestiguara a su favor y que
si lo hacía MLS iba a detener los procesos que tenía preparados contra MLMV.
(…)MLMV le pidió a M una vez más que no se dejara involucrar una vez más en eso
y que terminara su comunicación con MLS (…)”[222].
k.
Obran en el expediente, múltiples cadenas
de correos electrónicos en los que MLS ha copiado a la familia extensa de MLMV,
en los que alega que es ella quien no le deja ver al niño BLM[223].
12.2.2. Adicionalmente, la Comisaría
Segunda de Familia de Chapinero consideró que no había pruebas de la “amenaza”,
porque esta presuntamente fue realizada el 18 o 19 de diciembre de 2015, a
través de una llamada, la cual no aparecía registrada en el reporte de llamadas
aportado.
Por su parte, el Juzgado Veintiséis de Familia de Bogotá, al
confirmar la Resolución proferida por la Comisaría Segunda de Familia de
Chapinero, sostuvo que:
“(…) del acopio probatorio no se desprende de manera clara e
inequívoca la supuesta existencia de hechos constitutivos de violencia
intrafamiliar, especialmente, maltrato verbal o psicológico como pretende hacer
ver la accionante (…)
(…) no advierte este despacho que con las manifestaciones del accionado
vía correo electrónico esté incurriendo en agravio alguno frente a la
denunciante, pues aunque MLMV en el curso de las actuaciones fue enfática en
señalar que ha sido amenazada por MLS (las amenazas
consisten en decirme que él se va a llevar a BLM a la fuerza), lo cierto es
que aparte de su dicho, no existe prueba en el plenario que así lo corrobore,
pues en los correos electrónicos aportados por las partes, más allá de
evidenciarse extensas conversaciones entre MLMV y MLS, respecto a los tiempos a
compartir entre padre e hijo, no se asoman elementos que permitan inferir actos
de violencia”.[224]
Empero, al contrastar esto con la declaración de la denunciante y con
los testimonios aportados, anteriormente reseñados en el acápite 12.2.1.,
la Sala logra evidenciar que aquella afirmó haber recibido diversas llamadas de
números ocultos, correos y conductas presenciales que la atemorizaron y la
llevaron a solicitar las medidas de protección para ella y para su hijo.
En efecto, en la declaración del 18 de diciembre de 2015, la señora MLMV
expresó “lo último que me pasó fue una llamada que me hizo hace como 20 días
y ahí me dijo que me iba a quitar a BLM, que me preparara, que yo era una bruta
y que su peor desgracia era haber tenido un hijo conmigo”[225] y en la declaración
rendida en audiencia celebrada el 19 de enero de 2016 -en cuanto al origen de
la agresión- afirmó: “Lo último ocurrió el 17 y 18 de diciembre, las
amenazas que se iba a llevar a BLM” [226].
Adicionalmente, las amenazas se ocultan a través de los mensajes de
texto o correos en los que el denunciado acusa a la denunciante de no dejarle
ver al niño, en los que copia a su familia y abogados, de manera tal que se puede
demostrar que MLS realizó conductas agresivas y abuso psicológico en contra de
la accionante.
12.3. Sobre los actos de violencia institucional
por parte de la Comisaría Segunda de Familia de Chapinero y el Juzgado
Veintiséis de Familia de Bogotá durante el proceso de medida de protección (Exp.
2015-297)
12.3.1. Las diversas
razones que evidencian el defecto fáctico configurado en las decisiones
proferidas por la Comisaría Segunda de Familia de Chapinero y el Juzgado
Veintiséis de Familia de Bogotá, sumadas a las afirmaciones realizadas al
momento de decidir la medida de protección, permiten establecer que ambos cometieron
actos de violencia institucional en contra de la accionante. Esto, por cuanto
sus distintas actuaciones le causaron daño emocional, reflejado por la ausencia
de una respuesta eficiente de parte de las entidades encargadas de su defensa y
en la imposibilidad de participar en el proceso en igualdad de condiciones que
el denunciado, impidiendo el acceso a la justicia y a la sanción por el daño
causado, debido a prejuicios personales que permearon todo el proceso de
protección.
Para la Corte, resulta claro que las decisiones
adoptadas se fundaron en estereotipos sobre (i) la forma hostil en que
debían comportarse las partes, como formas naturales de relacionamiento entre padres
separados al tratar de fijar el régimen de visitas, omitiendo el aspecto de la
madre como mujer víctima de agresiones psicológicas, (ii) la motivación
de las denuncias de violencia, que a su juicio tenían origen en no haber
superado la finalización de la relación sentimental y que no existía razón de
inferioridad y (iii) enfoque “familista” al justificar los
acercamientos bajo el propósito de mantener la relación con su hijo y que no
había riesgo de desenlace violento. Así mismo, (iv) al indicar que sólo
los padres y familiares (hermanas) de la accionante son personas adultas,
profesionales y capaces de resolver los conflictos mediante el dialogo y (v)
que la denunciante no reporta enfermedad alguna que le genere incapacidad y, no
obstante, su sanidad mental es cuestionada, dando por hecho que carece de
capacidad para resolver conflictos interpersonales por sí sola.
12.3.2.
Lo anterior, se evidencia en los argumentos esgrimidos
por las autoridades demandadas en las decisiones atacadas, tales como:
·
Afirmaciones de la comisaria de familia accionada:
“(…) De los e-mail aportados por la señora MLMV se deduce que el
único interés del señor MLS es poder disfrutar de la compañía de su menor hijo
(…) Entonces de las pruebas arrimadas se deduce que el padre quiere tener la
libertad de compartir con su pequeño hijo, igual propósito que tiene la madre,
pero anteponen sus intereses personales, sus diferencias, sus problemas no
resueltos, sobre el bienestar de su hijo, encontrándose en la actualidad
totalmente inexistente la comunicación entre ellos, razón por la cual tiene el
accionado que recurrir a la familia extensa materna para lograr su cometido, lo
que indudablemente no es de recibo, porque ellos, los padres, son personas
adultas, profesionales y capaces de dilucidar sus inconvenientes a través del
dialogo”.[227].
//
“(…) tanto la señora MLMV como el Sr. MLS son profesionales, han
dicho ser abogados; y la accionante no ha reportado padecer de alguna
enfermedad que le impida ejercer su profesión o que la ponga en situación de
inferioridad frente al accionado; tampoco se evidenció que el accionado haya
realizado conductas que constituyan actos de discriminación contra ella (…)”.[228]
//
“(…) es preciso en el asunto que nos ocupa dejar en claro que lo que
se observa es el interés de los dos padres en buscar el bienestar de su hijo, más
no han podido superar sus diferencias personales y al parecer los dos no han
elaborado de la misma manera el duelo por el rompimiento de la separación (…)”.[229]
Así mismo, estimó
que existían “diferencias en los criterios de cada uno de los padres” y
“que no había acuerdo sobre la forma en que se llevarían a cabo las visitas”
y por lo tanto concluyó:
“(…) la conducta que se le endilga al padre de haber amenazado a la
señora MLMV de que se iba a llevar no se pudo probar en razón a que pese a que
es cierto que el accionado aceptó haber enviado el correo en tal sentido, no lo
es menos que se denota en él un interés legítimo de buscar el bienestar de su
hijo, de querer estar con él, más la posición de cada padre es diametralmente
opuesta y ni por asomo se vislumbra un punto medio de acercamiento. (…)”.[230]
//
“Como la situación planteada no representa un grave riesgo contra la
integridad emocional de la señora MLMV, ni contra ningún miembro de la familia,
quienes no han sido expuestos a situaciones de violencia por parte de MLS,
situación que nos lleva a concluir que en el presente caso no se hace necesario
imponer medida de protección definitiva, pues no se demostró que el señor MLS
haya realizado hechos que desenlacen en episodios violentos al interior de la
familia de la que hace parte su menor hijo”[231].
·
Afirmaciones del juzgado de familia accionado:
“En
rigor, advierte este despacho una relación conflictiva en el subsistema
parental, siendo así la oportunidad para instar a las partes para que, como
padres de un menor de edad, procuren una relación cordial, todo en beneficio
del desarrollo y crecimiento del niño, dada la prevalencia de su interés
superior (…)”[232].
//
“(…) careciendo de elementos demostrativos que lleven a este Juzgado
a la certeza de los hechos alegados como fundamentos de la denuncia, mal haría
esta servidora judicial en tener por cierto que MLMV fue agredida por MLS solamente
con lo expresado por ella, máxime que el accionado negó los hechos de los que
se le acusan sin que al respecto exista, se insiste, elementos demostrativos de
la supuesta culpabilidad; razón por la que este despacho judicial confirmará la
decisión adoptada por el a quo”.[233]
12.3.3. En efecto, la Sala considera que las autoridades accionadas, al evaluar
y valorar los testimonios y las cadenas de correos electrónicos aportados
dentro del proceso sin enfoque de género, conllevaron a la revictimización de MLMV,
pues confirmaron patrones de desigualdad, discriminación y violencia contra la
mujer, despreciando las pruebas de la agotadora violencia psicológica a la que
estaba sometida y privilegiando el dicho del señor MLS.
El sesgo personal de parte de las autoridades accionadas es
constitucionalmente inadmisible, debido a que “es discriminatorio y
desconoce la obligación reforzada de proteger a la mujer que ha sido víctima de
violencia, al trasferir la responsabilidad de la conducta a la mujer
denunciante”[234].
De igual manera, contribuye al contexto de violencia estructural contra la
mujer al propiciar un ambiente de impunidad y de tolerancia estatal de las
agresiones, privándola de recursos judiciales efectivos para contrarrestar la
agresión denunciada, aumentando “el sentimiento y la sensación de
inseguridad de las mujeres, así como una persistente desconfianza de éstas en
el sistema de administración de justicia”[235].
12.3.4. Para la Sala, “esas
actuaciones refuerzan el ambiente de indiferencia que deben enfrentar las
mujeres denunciantes de hechos de violencia cuando acuden a la
institucionalidad dispuesta para su protección y que se refleja en respuestas
ineficientes ante sus reclamos”[236].
No se trata de casos aislados de maltrato, sino de
prácticas institucionales de conformidad con las cuales se invisibilizan
violencias que no son físicas, se omite la obligación de informar a la mujer
sobre las rutas de atención, se adopta un enfoque “familista” y no de
género en detrimento de los derechos de las mujeres, no se adoptan medidas de
protección idóneas y oportunas, no asisten los funcionarios del Ministerio
Público a las audiencias y no se hace seguimiento de las decisiones adoptadas
por las comisarías[237].
12.4. Conclusiones y decisión
12.4.1. Por lo expuesto, para esta Sala
resulta evidente que las entidades accionadas no valoraron con perspectiva de
género aquellas pruebas fehacientes que indicaban las agresiones psicológicas
por parte de MLS en contra de MLMV, toda vez que, se reitera, si las pruebas aportadas
y practicadas dentro del proceso de medida de protección 297 de 2015 (expuestas
en el acápite 12.2.1.) se hubiesen valorado e interpretado con
perspectiva de género, la decisión podría haber sido diferente.
Frente a lo anterior resulta de importancia agregar que, en atención a
las normas internacionales y nacionales, los administradores de justicia se
encuentran compelidos a resolver los casos en los que se investiguen hechos de
violencia contra la mujer con base en criterios diferenciadores de género, con
el propósito de prevenir y erradicar toda forma de violencia en su contra. Un
claro ejemplo de ello es lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, donde se estableció el deber de los jueces de investigar de manera “Exhaustiva,
practicando las pruebas necesarias y valorándolas integralmente[238] y
analizando el contexto de los hechos para determinar si se trata de un patrón
generalizado de conducta”[239].
Dado
este contexto, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional concluye que
la Resolución del 15 de febrero de 2017 proferida por la Comisaría Segunda de
Familia de Chapinero, y el fallo del 6 de abril de 2017 pronunciado por el
Juzgado Veintiséis de Familia de Bogotá, presentan un defecto fáctico,
toda vez que el material probatorio aportado y decretado en el proceso de
medida de protección por violencia intrafamiliar (Exp. 2015-297), encaminado a
demostrar que MLMV era víctima de violencia intrafamiliar por parte de MLS no
fue valorado integralmente, lo que -probablemente- hubiese determinado una
decisión diferente, incumpliendo así las autoridades accionadas con su deber convencional
y constitucional de administrar justicia con perspectiva de género.
Vistas
así las cosas, la Sala amparará los derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia y a una vida libre de
violencia de MLMV y del niño BLM, por lo que se dejarán sin efectos la
Resolución del 15 de febrero de 2017 proferida por la Comisaría Segunda de
Familia de Chapinero y el fallo del 6 de abril de 2017 proferido por el Juzgado
Veintiséis de Familia de Bogotá. En consecuencia, se ordenará a la Comisaría
Segunda de Familia de Chapinero de Bogotá que profiera nueva decisión en el
proceso de medida de protección por violencia intrafamiliar (Exp. 2015-297).
12.4.2.
En este punto, la Sala destaca que si bien en el
ejercicio de la función jurisdiccional las comisarías de familia cuentan con la
autonomía y la independencia para interpretar y aplicar la ley, lo cierto es
que dichas prerrogativas no pueden conducir al “desconocimiento de los
derechos fundamentales de las personas, ni un incumplimiento del deber de
proteger especialmente a aquellas que se encuentren en situaciones de debilidad
manifiesta, reduciendo el ámbito de aplicación y por ende la eficacia de los
mecanismos legales que desarrollen el objetivo constitucional de la igualdad”[240].
Por
ende, sus decisiones deben atender i) la perspectiva de género y el
contexto de violencia estructural contra las mujeres, ii) las garantías
señaladas en la Ley 1257 de 2008 y en otras normas sobre violencia de género, iii)
los compromisos internacionales de protección reforzada de la mujer víctima de
agresiones mencionados en el acápite 8, y iv) la jurisprudencia
constitucional sobre las distintas formas que puede adoptar la violencia y la
necesidad de que las medidas la aborden de forma idónea, el plazo de resolución
del proceso, el acceso a la información, y la imparcialidad y ausencia de
estereotipos de género de los funcionarios encargados de la atención, entre
otros.
Ahora
bien, atendiendo estas circunstancias y para evitar que persistan los hechos de
violencia denunciados, la Sala ordenará a la comisaria segunda accionada:
·
Adelantar una
investigación seria, oportuna, completa, imparcial y libre de estereotipos de
la violencia denunciada, específicamente, aquellos relacionados con la formación
profesional de la actora[241];
·
Garantizar los derechos
consagrados en el artículo 8 de la Ley 1257 de 2008, especialmente el derecho a
no ser confrontada con su agresor[242];
·
Valorar los actos de violencia,
para lo cual deberá tener en cuenta la naturaleza de las agresiones denunciadas
y los medios a través de los cuales se dieron las mismas[243].
·
Tener como guía de
interpretación y aplicación de las normas, los compromisos estatales de
erradicación de la violencia contra la mujer contenidos en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belem do
Pará), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y
la Convención Americana sobre Derechos Humanos[244].
·
De considerar que son necesarias medidas de
protección adicionales para contrarrestar la violencia denunciada, estas
deberán ser idóneas, atendiendo la modalidad del daño y recurriendo a medidas
diferentes a aquellas establecidas en la ley de requerirse[245].
12.5.
Medida de protección transitoria
12.5.1.
Ahora bien, la Sala resalta que en el material
probatorio aportado en sede de revisión de tutela, obra peritaje psicológico
forense realizado en febrero 19 de 2018 a MLMV
[246],
en el que se concluyó:
1.
Se encuentran secuelas con efecto
físico: (Alteraciones del sueño, trastornos psicosomáticos), Secuelas
Emocionales (Agorafobia, Trastorno adaptativo, Depresión) y Secuelas Sociales
(Problemas en las relaciones interpersonales familiares y de autoestima),
cuadro reactivo ante violencia intrafamiliar y acoso psicológico.
2.
Dicha violencia se sostiene en la
ausencia de redes de apoyo e imposibilidad de realizarse como madre derivado de
las circunstancias judiciales y familiares en las cuales la involucra al
parecer su ex compañero.
3.
No se encuentra evidencia para
determinar disonancia familiar promovida por la evaluada. Los síntomas son
posteriores a la relación con el padre de su niño.
4.
Dicha situación ha generado daño en la
evaluada compatible con “MALTRATO PSICOLÓGICO EN EL ADULTO”, derivado de una
aparente instrumentalización del niño menor y su figura de madre.
5.
El daño percibido afecta cerca del [70%] de su esfera de la salud psico-física (GAF-DSM).
6.
Dichos síntomas no afectan su capacidad
para la guarda y custodia.
7.
De cesar dicha estrategia sistemática
victimizante, los síntomas podrán remitir con adecuada respuesta del sistema de
justicia y el acompañamiento terapéutico sostenido.[247]
Adicionalmente, obra
lo siguiente:
·
Copia de la medida de protección No. 0275-18,
proferida el 20 de febrero de 2018 por la Comisaria Permanente de Engativá a
favor del niño BLM[248],
la cual fue remitida a la Comisaría Segunda de Familia de Chapinero para los
fines pertinentes.
·
Original de declaración juramentada No. 533 del 12
de junio de 2018, rendida por el padre de la accionante MLMV (abuelo de BLM),
en la que manifestó:
“(…) durante los últimos tres años he recibido de MLS numerosos
correos vía internet, relacionados con el conflicto que mantiene con mi hija,
(…) con copia a mi cónyuge, hermanos de mi hija (…) // varios de los correos de
MLS (…) contienen inculpaciones y afirmaciones sobre mi hija que, además de no corresponden
a verdades objetivas, son injuriosas, han generado una presión emocional
indebida sobre mi hija y han afectado la armonía de mi familia, con
consecuencias emocionales negativas adicionales para ella. // En sus correos,
acusa a MLMV de mentirosa y manipuladora, de burlarse de la justicia (…) // anuncia
su visita al domicilio de MLMV para ver o recoger a su hijo y posteriormente
informa que su propósito se frustró porque mi hija no estuvo presente o no le
entregó a BLM. Pero se trató de información que no correspondía con la realidad
puesto que MLS, en la práctica, no se había presentado para ver o recoger a su
hijo, a pesar de la espera y buena disposición de MLMV y de los preparativos y
esfuerzos de ella buscando el buen éxito del encuentro de BLM con su papá. No
obstante, esta información remitida por MLS, dirigida a miembros de la familia
de MLMV que no todos mantienen contacto directo [con] ella, tiende a
reforzar la imagen de que él tiene toda la voluntad de construir una relación
básica con su hijo y que si esto no se logra es por las actitudes insensatas y
perversas de MLMV. Por lo demás, es posible que este tipo de documentos también
tenga el propósito de reforzar sus pruebas y defensas en litigio con mi hija”.[249]
12.5.2. Las circunstancias fácticas evidenciadas hacen necesaria una medida de
protección transitoria a favor de MLMV y de su hijo BLM, hasta cuando sea
proferida la nueva decisión por parte de la Comisaría Segunda de Familia de
Chapinero, ordenada en esta providencia.
En consecuencia,
como medida de protección transitoria, se ordenará a MLS que de manera
inmediata se abstenga de generar cualquier tipo de conducta que comporte
violencia física, verbal, psicológica o amenaza en contra de MLMV y su hijo
BLM, en cualquier lugar donde se encuentren y por cualquier medio tecnológico.
Particularmente, se ordenará que MLS cese cualquier tipo de comunicación
directa con MLMV, a través de redes sociales, de
correo electrónico, de llamadas o mensajes de texto, así como, a través de su
familia, mientras se decide sobre las visitas en los términos que a
continuación se expondrán.
13. Configuración del defecto fáctico en la
decisión atacada en el proceso 2015-01019, Reglamentación de visitas
13.1. Se confirma la decisión de amparo constitucional
13.3.1. Inicialmente se advierte que el fallo
de tutela proferido, el 25 de julio de 2017, por la Sala de Casación Civil de
la Corte Suprema de Justicia confirmó el fallo del 11 de mayo de la misma
anualidad dictado por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá, el
cual concedió parcialmente el amparo solicitado, por lo que dejó sin efecto las
decisiones de 22 de febrero y 3 de abril de 2017, en las cuales el Juzgado Once
de Familia de Bogotá había resuelto los recursos de reposición y aclaración,
respectivamente, en contra de la fijación provisional de visitas, al evidenciar
lo siguiente:
a)
En audiencia de conciliación celebrada el 1º de
agosto de 2016 los padres del niño BLM acordaron un régimen provisional de
visitas, según el cual el padre compartirá un espacio de tres horas, con
acompañamiento de niñera.
b)
Dicho régimen provisional fue modificado
mediante auto del 6 de diciembre de 2016, bajo el argumento principal de que “la
reglamentación y regulación de visitas es un sistema por medio del cual se
trata de mantener un equilibrio entre los padres separados para ejercer sobre
sus hijos los derechos derivados de la patria potestad y de la autoridad
paterna (…)”[250].
c)
Contra esa decisión, la apoderada de la
accionante MLMV presentó recurso de reposición y solicitud de aclaración,
exponiendo que el régimen de visitas debe ser acorde a las necesidades del niño
como por ejemplo el acompañamiento de la niñera y por pocas horas, dadas las
circunstancias del infante al momento de los hechos.
d)
En la decisión del 22 de febrero  de 2017[251], el juzgado resolvió mantener la decisión indicando que (i)
está permitido el derecho de visita por parte del padre que no tiene al hijo
bajo su cuidado directo y personal, (ii) que es el medio más eficaz de
seguir cultivando el afecto paterno-filial, y (iii) que se debe mantener
la unidad familiar.
e)
En la decisión 3 de abril de 2017[252], el juzgado resolvió la solicitud de aclaración recordando que el
régimen de visitas establecido tiene el carácter de provisional, “razón por
la cual no es esta la oportunidad procesal para entrar a analizar los múltiples
dictámenes que al proceso se han aportado, pues será al momento de proferir la
decisión de fondo que se entrará a analizar lo referente a la ‘forma’ en
que se deben desarrollar las visitas”.
En consecuencia, el a quo consideró que la labor argumentativa
desplegada por la juez accionada al resolver el recurso de reposición contra el
auto del 6 de diciembre de 2016 -que modificó el régimen provisional de
visitas- “no responde a las varias razones e inquietudes que fueron
planteadas por la recurrente para cuestionar tal determinación (…)” y
ordenó resolver nuevamente el recurso de reposición interpuesto en contra del
auto del 6 de diciembre de 2016, con el propósito de volver a resolver teniendo
en cuenta el interés superior del menor y “sin perjuicio de que pueda
arribar a la misma conclusión”.
13.3.2. Vistas así las cosas, una vez revisado
el material probatorio, la Sala Cuarta de revisión coincide con lo decidido y,
por lo tanto, con el amparo constitucional otorgado, por las siguientes
razones:
a)
En el proveído del 22 de febrero de 2017, la
juez no realizó una valoración probatoria integral, tal como lo estimó el a
quo, toda vez que las providencias atacadas no respondían a las inquietudes
planteadas por la recurrente, entre ellas, “que el aludido régimen no es el
más acorde a la edad, ni a las condiciones de salud del menor BLM y que el
anterior incluía el acompañamiento de la niñera”[253],
aspectos que no habían sido abordados por el operador judicial accionado.
b)
En el proveído del 3 de abril de 2017, la
funcionaria se limitó a reiterar, como lo hiciera al resolver el recurso de
reposición, que ese Despacho ya se había pronunciado sobre el mismo tema. Al
respecto, la Sala considera que esa respuesta no se compadece con el deber
legal y constitucional de motivar las decisiones judiciales, como una de las
materializaciones del derecho fundamental al debido proceso.
c)
Al establecer el régimen de visitas
provisional, desconoció el deber de analizar los elementos de juicio a su alcance,
teniendo en consideración las particularidades de cada caso.
d)
En ambas providencias, prevaleció el enfoque
familista y no de género, toda vez que fundamentó su decisión en aplicación del
principio del interés superior del niño (derecho a tener una familia, a ver a
su padre), pero a la luz del derecho a visita del padre y del derecho a
establecer una relación filial entre padre e hijo, omitiendo la garantía al
derecho de BLM a una vida libre de violencia, al pronunciar afirmaciones tales
como que se debe mantener la unidad familiar “en circunstancias de deterioro
de las relaciones de los progenitores, situación que obviamente se acomoda a la
que es materia de esta actuación, habida cuenta que de lo que ahora se avizora,
la pareja tiene serios problemas para propiciar un acercamiento y promover
conjuntamente el desarrollo integral del pequeño BLM”.
En consecuencia, la Sala confirmará el amparo constitucional al derecho
al debido proceso de la accionante y los derechos fundamentales de su hijo
frente a las actuaciones del Juzgado Once de Familia de Bogotá[254].
13.2. Providencia de reemplazo
Ahora bien, la Sala advierte que, dando cumplimiento a esa orden
constitucional, el Juzgado Once de Familia de Bogotá resolvió nuevamente el
recurso de reposición contra el auto del 6 de diciembre de 2016, mediante
providencia del 9 de junio de 2017[255],
decidiendo no reponerlo por encontrarse ajustado a derecho, tras realizar una
valoración probatoria integral consideró que no existía fundamento legal alguno
que permitiera establecer que las visitas, en la forma señalada en la
providencia recurrida, vulneraban los derechos fundamentales de BLM “que en
últimas es por quien se debe velar, y no por los intereses personales de sus
progenitores”[256].
De lo que la Sala Cuarta de Revisión puede colegir que, si bien el
juzgado accionado dio cumplimiento a lo ordenado por el a quo
constitucional, continua la vulneración iusfudamental al debido proceso
y la autoridad judicial incurrió en violencia institucional, incumpliendo
así las autoridades accionadas con su deber convencional y constitucional de
administrar justicia con perspectiva de género, por lo siguiente:
i)
Pese a que el operador judicial accionado
efectuó una valoración probatoria integral “de todos y cada uno de los
medios de prueba recogidos en el proceso para obtener certeza sobre la
idoneidad y términos en que se debe conceder las visitas”[257], aquella no fue realizada conforme al principio del interés superior
del niño y de su derecho a una vida libre de violencia;
ii)
En la decisión de reemplazo continuó
prevaleciendo el enfoque familista y no de género, confirmando patrones de
desigualdad, discriminación y violencia contra la mujer, privilegiando el
derecho de visita del señor MLS;
iii)
Se configura una de las prácticas
institucionales, según la cual se invisibilizan violencias que no son físicas.
En efecto, la Sala resalta los siguientes fundamentos de la parte
motiva de la providencia del 9 de junio de 2017:
“(…) ha de precisarse que en el proceso que acá nos ocupa se han
reglamentado en cuatro oportunidades las visitas provisionales, tratando de
tener en cuenta las condiciones del menor de edad, su estado de salud y las
condiciones de sus progenitores, sin embargo, se reitera no ha sido posible que
las visitas se lleven a cabo, ya sea por las inconformidades de una u otra
parte, situación que no puede seguir prevaleciendo en forma indefinida dado que
lo que le corresponde a este despacho es que los derechos del menor
prevalezcan, incluso sobre los derechos de los mismos progenitores.
(…) la relación nociva entre los padres habrá de corregirse en favor
de la unidad familiar, del bienestar psico-emocional de su menor hijo,
advirtiendo que esto no será razón suficiente para que no pueda obtenerse la
regulación de visitas deprecada, toda vez que en la etapa de desarrollo en que
se encuentra, requiere para el desarrollo y formación de su personalidad, así
como la configuración de las figuras primarias, como lo son, la materna y
paterna, por lo que hay que propender por el nacimiento de los lazos con su
figura paterna.
A más de no encontrarse indicio alguno que permita inferir hechos o
situaciones que pongan en tela de juicio el beneficio que le significa al menor
compartir con su padre (…) vale recalcar que compete a ambos padres buscar alternativas
que les permitan manejar la relación como padres de [BLM],
en aras de no seguirle vulnerando sus derechos”. (Negrillas fuera de texto
original)[258]
Vistas así las cosas, procede el amparo excepcional de protección a los
derechos fundamentales y en cumplimiento de la medida de protección transitoria
ordenada en esta providencia, la Sala dejará sin efectos el auto del 9 de junio
de 2017, que resolvía el recurso de reposición presentado contra el auto del 6
de diciembre de 2016 que fijó el referido régimen de visitas provisional de BLM[259], dando aplicación al principio del interés superior del niño, a la luz
de su derecho a una vida libre de violencia, de acuerdo con la parte motiva de
esta providencia.
13.3. Advertencia al operador judicial
La Sala Cuarta de Revisión precisa que no se pronunciará sobre lo que
atañe a la inconformidad frente al fondo de la decisión provisional de
reglamentar el régimen de visitas, pues es de la competencia del Juzgado Once
accionado para proferir en la decisión definitiva.
No obstante, el Juzgado Once accionado deberá tener en consideración
que si bien el padre del niño tiene derecho a formar un vínculo afectivo con su
hijo, deberá prevalecer el principio del interés superior del niño BLM y su
derecho a una vida libre de violencia[260],
así como tener en cuenta el mismo derecho de la accionante, para lo cual podrá
tomar medidas previas a la fijación definitiva del régimen de visitas. A
manera de ejemplo se precisan las siguientes:
·
Someter a los progenitores a un nuevo dictamen o
concepto psicológico.
·
Condicionar las visitas bajo la supervisión de un
representante del ICBF o de un profesional idóneo o de familiar cercano, o de
quien la autoridad judicial considere pertinente, dadas las circunstancias del
caso.
En todo caso, se advertirá al operador judicial que al momento de
proferir la decisión definitiva en el proceso de reglamentación de visitas,
Exp. 2015-01019 deberá administrar justicia con perspectiva de género, a la luz
de las consideraciones de esta sentencia. Particularmente, deberá tener en
consideración la medida de protección provisional ordenada en esta oportunidad
y las decisiones definitivas al interior del proceso 2015-297 de medida de
protección por violencia intrafamiliar, toda vez que deberá evitarse que la
eventual y posible conducta y actos violentos de MLS contra MLMV, repercuta en
agresiones hacia el niño BLM, para lo cual deberá tomar medidas al momento de
la fijación definitiva del régimen de visitas, sin ser excluyentes ni
limitantes, se precisan las siguientes, a manera de ejemplo se precisan:
·
tener en consideración la
existencia de un contexto de violencia intrafamiliar, para que el ejercicio de
esos derechos no ponga en peligro la seguridad y la vida de las víctimas, lo
cual significa realizar un estudio detallado de las formas de la violencia,
atender la voluntad del menor de edad involucrado e implementar un régimen de
visitas y/o custodia gradual y progresivo; y
·
adoptar un enfoque de género y no familista,
esto es, que la decisión se funde en el interés superior del menor de edad y en
los derechos fundamentales de la mujer, sin presumir que la custodia compartida
o que las visitas son el único modo de asegurar el desarrollo de los niños y
las niñas.
Al respecto, la Sala reitera que la protección de los derechos del niño
no puede pasar por encima del derecho de la mujer a vivir sin violencia. Las
autoridades competentes siempre deberán realizar una cuidadosa ponderación en
la que se analice si una persona que ejerce actos de violencia en contra de su
ex pareja puede ser una buena figura paterna para los menores de edad en
desarrollo, toda vez que el derecho de custodia y visitas se debe analizar a la
luz de los derechos de la mujer y niños[261].
14. Síntesis
de la decisión y órdenes del caso
14.1.
Por lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión confirmará
parcialmente el fallo de tutela proferido el 25 de julio de 2017 por la
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia que confirmó el fallo
del 11 de mayo de la misma anualidad dictado por la Sala de Familia del
Tribunal Superior de Bogotá, en el sentido de tutelar los derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia
y a una vida libre de violencia de MLMV y del niño BLM, dentro del proceso de
medidas de protección por violencia intrafamiliar (Exp. 2015-297) y en el
proceso de reglamentación de visitas (Exp. 2015-01019).
14.2.
En el proceso de medida de protección por violencia
intrafamiliar (Exp. 2015-297): Se dejará sin efectos la Resolución del 15
de febrero de 2017 proferida por la Comisaría Segunda de Familia de Chapinero y
el fallo del 6 de abril de 2017 proferido por el Juzgado Veintiséis de Familia
de Bogotá, y ordenará a la Comisaría Segunda de Familia de Chapinero de Bogotá emitir
una nueva decisión sobre la necesidad de otorgar una medida de protección
definitiva, atendiendo los deberes expuestos en el acápite 12.4.2. y las
demás consideraciones de la presente providencia.
Como medida de
protección transitoria, se ordenará a MLS que de manera inmediata se
abstenga de generar cualquier tipo de conducta que comporte violencia física,
verbal, psicológica o amenaza en contra de MLMV y su hijo BLM, en cualquier
lugar donde se encuentren y por cualquier medio tecnológico. Particularmente,
se ordenará que MLS cese cualquier tipo de comunicación directa con MLMV, a través de redes sociales, de correo electrónico, de
llamadas o mensajes de texto, así como, a través de su familia.
Se precisa que esta
medida de protección transitoria estará vigente hasta cuando sea proferida la
nueva decisión por parte de la Comisaría Segunda de Familia de Chapinero de
Bogotá, ordenada en esta sentencia. Con el fin de impedir los actos que atentan
contra su integridad, las autoridades de policía brindarán su protección
temporal y especial.
14.3. En el proceso de reglamentación de
visitas (Exp. 2015-01019): en cumplimiento de la medida de protección
transitoria ordenada en esta providencia, se dejará sin efectos el auto del 9
de junio de 2017, que fija el referido régimen de visitas provisional de BLM, y
se advertirá al Juzgado Once de Familia de Bogotá que, al momento de proferir
la decisión definitiva deberá administrar justicia con perspectiva de género,
teniendo en cuenta el principio del interés superior del niño BLM y su derecho
a una vida libre de violencia, a la luz de las consideraciones de esta
sentencia. Particularmente, deberá tener en consideración la medida de
protección provisional ordenada en esta oportunidad y las decisiones
definitivas al interior del proceso 2015-297 de medida de protección por
violencia intrafamiliar.
14.4.
Se ordenará a la Secretaría General de esta
Corporación, a los jueces de instancia y a las demás autoridades que conocieron
de esta providencia que tomen las medidas adecuadas, con el fin de que guarden
estricta reserva y confidencialidad en relación con el mismo y en especial con
la identidad e intimidad del niño BLM.
14.5.
Por último, se ordenará devolver el original
del expediente contentivo del proceso de reglamentación de visitas, Exp. 2015-01019,
remitido en calidad de préstamo por el Juzgado Once de Familia de Bogotá.
IV.    DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO.- LEVANTAR la suspensión de términos decretada
en el presente asunto.
SEGUNDO.- CONFIRMAR PARCIALMENTE el fallo de tutela proferido
el 25 de julio de 2017 por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia, que confirmó el fallo del 11 de mayo de la misma anualidad dictado
por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá, en el sentido de TUTELAR los
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia y a una vida libre de violencia de MLMV y del niño BLM.
TERCERO.- DEJAR SIN EFECTO la Resolución del 15 de febrero de 2017
proferida por la Comisaría Segunda de Familia de Chapinero y el fallo proferido
por el Juzgado Veintiséis de Familia de Bogotá, el 6 de abril de 2017, dentro
del proceso de medida de protección por violencia intrafamiliar (Exp. 2015-297)
promovido por la accionante en contra de MLS.
CUARTO.- ORDENAR a la Comisaría Segunda de Familia de
Chapinero, en Bogotá, que dentro de los diez (10) días siguientes a la
notificación de esta decisión, decida sobre la necesidad de otorgar una medida
de protección definitiva, atendiendo los deberes expuestos en el acápite 12.4.2.
y demás consideraciones de la presente providencia.
QUINTO.-
Como medida de protección transitoria, ORDENAR a
MLS que de manera inmediata se abstenga de generar cualquier tipo de conducta
que comporte violencia física, verbal, psicológica o amenaza en contra de MLMV y
de su hijo BLM, en cualquier lugar donde se encuentre y por cualquier medio
tecnológico. Particularmente, ORDENAR que MLS cese cualquier tipo de
comunicación directa con MLMV, a través de redes
sociales, de correo electrónico, de llamadas o mensajes de texto, así como, a
través de su familia.
Parágrafo.- Esta medida de protección transitoria estará vigente hasta cuando sea
proferida la nueva decisión por parte de la Comisaría Segunda de Familia de
Chapinero de Bogotá, ordenada en el numeral anterior. Las autoridades de
policía brindarán su protección temporal y especial, con el fin de impedir los
actos que atenten contra su integridad.
SEXTO.-
DEJAR SIN EFECTO el auto del 9 de junio de 2017, que
fija el referido régimen de visitas provisional de BLM, dentro del proceso de
reglamentación de visitas Exp. 2015-01019, en cumplimiento de la medida de protección
transitoria ordenada en esta providencia.
SÉPTIMO.-
ADVERTIR al Juzgado Once de Familia de Bogotá que, al
momento de proferir la decisión definitiva en el proceso de reglamentación de
visitas (Exp. 2015-01019), deberá administrar justicia con perspectiva de
género, teniendo en cuenta el principio del interés superior del niño BLM y su
derecho a una vida libre de violencia, a la luz de las consideraciones de esta
sentencia.
OCTAVO.-
ORDENAR a la Secretaría General de esta Corporación, a
los jueces de instancia y a las demás autoridades que conocieron de esta
providencia que tomen las medidas adecuadas, con el fin de guardar estricta
reserva y confidencialidad en relación con el mismo y en especial con la
identidad e intimidad del niño BLM.
NOVENO.-
DEVOLVER, por intermedio de la Secretaría
General, al Juzgado Once de Familia de Bogotá el original del expediente
contentivo del proceso de reglamentación de visitas Exp. 2015-01019,
remitido en calidad de préstamo.
DÉCIMO.-
LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo
36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Notifíquese,
comuníquese y cúmplase.
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Magistrado
Impedimento aceptado
ANTONIO
JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1] El presente
capítulo resume la narración hecha por las partes, así como otros elementos
fácticos y jurídicos obrantes en el expediente, los cuales se consideran
relevantes para comprender el caso.
[2] Expediente 2015-01110 ante el Juzgado
Dieciséis de Familia de Bogotá. Copias aportadas al proceso de regulación de
visitas 2015-01019 ante el Juzgado Once de Familia de Oralidad de Bogotá,
corresponde al Cuaderno #4 del expediente en préstamo.
[3] Obra a folios 1035 a 1038 del cuaderno 1, tomo
III, del expediente 201501019 en préstamo.
[4] Ver folio 15 del Cuaderno de Pruebas #1.
“SEGUNDO: Decretar a favor de la señora MLMV
y su hijo BLM, las siguientes medidas de protección provisionales. En tanto se
dilucida la situación:
a. ORDENAR al señor MLS que de manera inmediata se abstenga de generar
cualquier tipo de conducta que comporte violencia física, verbal, psicológica o
amenaza, en contra de la señora MLMV y su hijo BLM, en cualquier lugar
donde se encuentre.
b. ORDENAR su protección temporal y especial,
por parte de las autoridades de policía en cualquier lugar donde se encontrare,
con el fin de impedir los actos atentatorios de su integridad por parte del
señor MLS”.
[5] Realizadas el 19 de enero de 2016, el 27 de
diciembre de 2016, 16 de enero de 2017
[6] Ver folio 134, cuaderno 1.
[7] Ver folio 211 (reverso) del cuaderno 1.
[8] Obra a folios 228, 229 y 236 del cuaderno 1.
[9] Obra a folios 232 y 233 del cuaderno 1.
[10] Obra a folios 234 y 235 del cuaderno 1.
[11] Obra a folios 266 al 273 y 289 a 294 del
cuaderno 1 (original y copia).
[12] Obra a folios 297 al 302 del cuaderno 1.
[13] Obra a folios 304 al 331 del cuaderno 1.
[14] Ver folios 344 del cuaderno 1.
[15] Ver folio 349 del cuaderno 1.
[16] Obra a folios 370 y 371 del cuaderno 1.
[17] Obra a folios 388 al 390 del cuaderno 1.
[18] Obra a folio 386 del cuaderno 1.
[19] Ver folio 77 del cuaderno 2.
[20] Ver folio 73 del cuaderno 2.
[21] Ver folio 76 (reverso) del cuaderno 2.
[22] Folios 25 y 26 del cuaderno principal. En el
auto de pruebas se ordenó lo siguiente:
PRIMERO.-
Por Secretaría General de esta Corte, OFÍCIESE al Juzgado Once de
Familia de Bogotá D.C., para que dentro del término de las cuarenta y ocho (48)
horas siguientes al recibo de la notificación de esta providencia, remita copia
del expediente relativo al proceso de reglamentación de visitas, promovido por
el señor MLS contra la señora MLMV, radicado 2015-01019. Así mismo, se sirva
informar y certificar en qué estado se encuentra dicho proceso.
SEGUNDO.-
Por Secretaría General de esta Corte, OFÍCIESE al Juzgado Veintiséis de
Familia de Bogotá D.C., para que dentro del término de las cuarenta y ocho (48)
horas siguientes al recibo de la notificación de esta providencia, remita copia
del expediente relativo a la medida de protección solicitada por la señora
MLMV, contra el señor MLS, radicado No.2016-00160. Así mismo, se sirva informar
y certificar en qué estado se encuentra dicho proceso.
TERCERO.- Por Secretaría General de esta Corte, OFÍCIESE a la Comisaría
Segunda de Familia de Chapinero, Bogotá D.C., para que dentro del término de
las cuarenta y ocho (48) horas siguientes al recibo de la notificación de esta
providencia, remita copia del expediente relativo a la medida de protección
solicitada por la señora MLMV, contra el señor MLS, radicado No.2016-00160. Así
mismo, se sirva informar y certificar en qué estado se encuentra dicho proceso.
[23] Obra a folio 27 del cuaderno principal.
[24] Obra a folio 31 del cuaderno principal.
[25] Obra a folio 32 del cuaderno principal.
[26] Obra a folio 33 del cuaderno principal.
[27] Obra a folio 34 del cuaderno principal.
[28] Obra a folios 35 y 36 del cuaderno principal.
[29] Copias del expediente 2015-297, con 251
folios, obra en cuaderno de pruebas aparte #1.
[30] Obra a folios 56 al 95 del cuaderno principal.
[31] Se sirva citar a la psicóloga infantil y al
pediatra de BLM y se reciba el testimonio de varias personas para que
ratifiquen sus declaraciones extrajudiciales aportadas al proceso.
[32] Obra a folios 97 al 107 del cuaderno
principal.
[33] Ver folio 107 del cuaderno principal.
[34] Obra a folio 96 del cuaderno principal.
[35] Obra a folios 97 al 107 del cuaderno
principal.
[36] Obra a folios 108 al 112 del cuaderno
principal.
[37] Obra a folios 80 al 95 del cuaderno principal.
[38] Obra a folio 117 del cuaderno principal.
[39] Mediante auto del 27 de octubre de 2017, la
Sala de Selección de Tutelas Número Diez dispuso seleccionar -para revisión- la
acción de tutela de la referencia, y resolvió repartir el expediente referido
al Magistrado Alejandro Linares Cantillo, quien preside la Sala Cuarta de
Revisión.
[40] Obra a folio 170 del cuaderno principal.
[41] La Sala Dual consideró que el impedimento debe
ser aceptado, toda vez que las causales alegadas por el magistrado Linares
Cantillo le son aplicables al trámite de la acción de tutela, por remisión
expresa del artículo 39 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el
artículo 99 del Acuerdo 02 de 2015 -Reglamento de la Corte Constitucional-.
[42] Obra a folios 120 al 143 del cuaderno
principal.
[43] Obra a folio 146 del cuaderno principal.
[44] Informe de secretaria general obra a folio 206
del cuaderno principal. Escrito recibido con 224 folios, obra en cuaderno de
pruebas aparte #2.
[45] Obra a folios 244 al 306 del cuaderno
principal.
[46] Informe de secretaria general obra a folio 317
del cuaderno principal. Escrito recibido con 105 folios, obra en cuaderno de
pruebas aparte #3.
[47] Obra a folios 194 al 203 del cuaderno
principal.
[48] Obra a folios 211 al 232 del cuaderno
principal.
[49] Obra a folios 308 al 316 del cuaderno
principal.
[50] Obra a folios 349 al 353 del cuaderno
principal.
[51] Obra a folios 319 y 320 del cuaderno
principal.
[52] Enviado en original y por correo electrónico,
obran a folios 355-361 y 385-389 del cuaderno principal, respectivamente.
[53] Ver folios 358 y 359 del cuaderno principal.
[54] Obra a folios 429 al 435 del cuaderno
principal.
[55] Obra a folios 362 al 374 del cuaderno
principal.
[56] Obra a folios 390 al 421 del cuaderno
principal.
[57] Obra a folios 423 al 427 del cuaderno
principal.
[58] Obra a folios 446 al 458 del cuaderno principal.
[59] Obra a folios 474 al 478 del cuaderno
principal.
[60] Obra a folios 480 al 482 del cuaderno
principal.
[61] Obra a folio 487 del cuaderno principal (sin
anexo).
[62] Enviado en original y por correo electrónico,
obran a folios 375-377 y 378-381 del cuaderno principal, respectivamente.
[63] Obra a folios 382-383 del cuaderno principal.
[64] Oficio remisorio obra a folio 444 del cuaderno
principal.
[65] Obra a folios 460 al 472 del cuaderno
principal.
[66]Artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 “la
acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquier
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien
actuará por sí misma o a través de representante (…)
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no
esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia
ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.” (Negrilla fuera del
texto original).
[67] Corte Constitucional, Sentencias T-557 de
2016, T-083 de 2016, T-291 de 2016.
[68] Ver sentencias T-308
de 2011, T- 482 de 2013, T-841 de 2011.
[69] Sentencias T-408 de 1995, T-482 de 2003, T-312
de 2009, T -020 de 2016, entre otras.
[70] Cfr. Sentencia T-429 de 2011 y SU-654 de 2017.
La Corte ha realizado un recuento jurisprudencial en el que recogió la evolución
del concepto de vía de hecho hasta convertirse en la serie de requisitos y
criterios que están vigentes hoy en día para determinar la procedibilidad de
una acción de tutela contra una providencia judicial.
[71] C-590 de 2005.
[72] T-924 de 2014.
[73] C-590 de 2005, ver también T-926 de 2014.
[74] C-590 de 2005, ver también T-926 de 2014.
[75] C-590 de 2005, ver también T-926 de 2014.
[76] Sentencia C-590 de 2005, recopilada en la
SU-636 de 2015.
[77] Sentencia SU-448 de 2016.
[78] Sentencia T-454 de 2015.
[79] Sentencia T-781 de 2011, T-267 de 2013, SU-172
de 2015,  T-605 de 2015, T-463 de 2016 y T-643 de 2016 entre otras.
[80] Sentencia T-012 de 2016.
[81] Sentencia T-419 de 2011.
[82] Sentencia T-902 del 2005.
[83] Sentencia T-442 de 1994.
[84] Sentencia SU-1300 de 2001.
[85] Sentencia T-442 de 1994.
[86] Sentencia T-538 de 1994.
[87] Sentencia T-625 de 2016.
[88] Sentencia T-454 de 2015.
[89] Sentencia T-735 de 2017.
[90] Modificada por las leyes 575 de 2000 y 1257 de
2008.
[91] O en su defecto
a los jueces civiles municipales o promiscuos municipales.
[92] Ley 294 de 1996, artículo 4.
[93] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Civil. Sentencias de 5 de julio de 2013 (Rad. 2012-02433)
y de 14 de febrero de 2017 (Rad. 2016-03348).
[94] Ley 1098 de 2006, artículo 83.
[95] Op. Cit. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Civil.
[96] Ley 294 de 1996, artículo 3, literal h.
[97] En la sentencia C-059 de 2005, la Corte indicó
que el término mencionado “debe empezar a contarse a partir del último día de
su ocurrencia, sin perjuicio de que tratándose de agresiones permanentes o que
se prolongan en el tiempo la víctima pueda acudir a la protección especial
ofrecida por la ley sin necesidad de esperar a que finalice la conducta”.
[98] Ley 294 de 1996, artículo 9.
[99] Ibídem.
[100] El artículo 11 de la Ley 906 de 2004 (Código de
Procedimiento Penal) señala, en relación con los derechos de las víctimas,
que “El Estado garantizará el acceso de las víctimas a la administración de
justicia, en los términos establecidos en este código. || En desarrollo de lo
anterior, las víctimas tendrán derecho: a) A recibir, durante todo el
procedimiento, un trato humano y digno; b) A la protección de su intimidad, a
la garantía de su seguridad, y a la de sus familiares y testigos a favor; c) A
una pronta e integral reparación de los daños sufridos, a cargo del autor o
partícipe del injusto o de los terceros llamados a responder en los términos de
este código; d) A ser oídas y a que se les facilite el aporte de
pruebas; e) A recibir desde el primer contacto con las autoridades y en
los términos establecidos en este código, información pertinente para la
protección de sus intereses y a conocer la verdad de los hechos que conforman
las circunstancias del injusto del cual han sido víctimas; f) A que se
consideren sus intereses al adoptar una decisión discrecional sobre el
ejercicio de la persecución del injusto; g) A ser informadas sobre la decisión
definitiva relativa a la persecución penal; a acudir, en lo pertinente, ante el
juez de control de garantías, y a interponer los recursos ante el juez de
conocimiento, cuando a ello hubiere lugar; h) A ser asistidas durante el juicio
y el incidente de reparación integral, por un abogado que podrá ser designado
de oficio; i) A recibir asistencia integral para su recuperación en los
términos que señale la ley; j) A ser asistidas gratuitamente por un traductor o
intérprete en el evento de no conocer el idioma oficial, o de no poder percibir
el lenguaje por los órganos de los sentidos.”
[101] El artículo 15 de la Ley 360 de 1997, por
medio de la cual se modifican algunas normas del título XI del Libro II del
Decreto ley 100 de 1980 (Código Penal), relativo a los delitos contra la
libertad y pudor sexuales, y se adiciona el artículo 417 del Decreto 2700 de
1991 (Código Procedimiento Penal) y se dictan otras disposiciones, señala los
derechos que tienen todas las víctimas de los delitos contra la libertad sexual
y la dignidad humana tienen derecho a: “Ser tratada con dignidad, privacidad y
respeto durante cualquier entrevista o actuación con fines médicos, legales o
de asistencia social. || Ser informada acerca de los procedimientos legales que
se derivan del hecho punible. || Ser informada de los servicios disponibles
para atender las necesidades que le haya generado el delito. || Tener acceso a
un servicio de orientación y consejería gratuito para ella y su familia
atendido por personal calificado. Tener acceso gratuito a los siguientes
servicios: 1. Examen y tratamiento para la prevención de enfermedades venéreas
incluido el VIH/SIDA. 2. Examen y tratamiento para trauma físico y emocional.
3. Recopilación de evidencia médica legal. 4. Ser informada sobre la
posibilidad de acceder a la indemnización de los perjuicios ocasionados con el
delito.”. La Sala de Revisión precisa que este listado de derechos fue
complementado por el artículo 13 de la Ley 1719 de 2014, por la cual se
modifican algunos artículos de las Leyes 599 de 2000, 906 de 2004 y se adoptan
medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia
sexual, en especial la violencia sexual con ocasión del conflicto armado, y se
dictan otras disposiciones.
[102] Ley 1257 de 2008, artículo 8.
[103] Ley 294 de 1996, artículo 11.
[104] Ibídem, artículo 5, parágrafo 3 y artículo 6.
[105] Ibídem, artículo 12.
[106] Ley 1257 de 2008, artículo 8, literal k.
[107] Decreto 4799 de 2011, artículo 4, compilado en
el Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del
Derecho, artículo 2.2.3.8.2.6..
[108] Ley 294 de 1996, artículo 13.
[109] Ibídem, artículo 15.
[110] Decreto 652 de 2001, artículo 1.
[111] Ley 294 de 1996, artículo 3, literal a.
[112] Ley 1257 de 2008, artículo 34.
[113] Ley 294 de 1996, artículo 5.
[114] Contra la decisión definitiva sobre una medida de
protección que tomen los Comisarios de Familia o los Jueces Civiles Municipales
o Promiscuos Municipales, procederá en el efecto devolutivo, el Recurso de
Apelación ante el Juez de Familia o Promiscuo de Familia (Ley 291 de 1996,
artículo 18).
[115] Decreto 4799 de 2011, artículo 3, parágrafo 1.
La víctima o su representante puede solicitar la modificación de la medida de
protección provisional o definitiva o la imposición de una medida de protección
complementaria, en cualquier momento en que las circunstancias lo demanden.
[116] Ley 294 de 1996, artículo 18 y Decreto 4799 de
2011, artículo 3, parágrafo 2.
[117] PREVALENCIA DE LOS DERECHOS DEL NIÑO – Sobre
el desarrollo del principio del interés superior del menor ver las sentencias,
entre otras, C-997 de 2004, C-738 de 2008, T-293 de 2009, C-145 de 2010, T-557 de 2011, C-239 de 2014, C-071 de 2015, T-270 de 2016; C-069 y C-569 de 2016.
[118] El carácter fundamental que revisten los
mencionados derechos, se deriva, además, del mandato expreso de la Carta, de
los distintos instrumentos de derecho internacional reconocidos por Colombia y
ratificados por el Congreso de la República: La Declaración Universal de los
Derechos del Niño (1959), principio II, señala que el niño gozará de
una protección especial y que a través de las leyes y otros medios se
dispondrá lo necesario para que pueda desarrollarse física, mental, moral,
espiritual y socialmente, así como en condiciones de libertad y dignidad; y
también contempla que al promulgar leyes con este fin, la consideración
fundamental a la que se atenderá será el interés superior del niño. Además
de este instrumento, existen otros tratados y convenios internacionales que
consagran el principio del interés superior de los menores de dieciocho años,
entre los que se encuentran: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
de 1966 (artículo 24), la Convención Americana sobre los Derechos Humanos de
1969 (artículo 19) y la Convención sobre los derechos del niño de 1989.
[119] Ratificado por Colombia mediante la Ley 248 de
1995.
[120] Consultada en http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2015/9853.pdf.
[121] “PAULUZZI, Liliana. Violencias Visibles e
Invisibilizadas. En: Derechos Humanos, Género y Violencias, Universidad
Nacional de Córdoba, 2009”.
[122] “Este triángulo de la violencia fue planteado
por Johan Galtung y ha sido adaptado a por algunas corrientes feministas. Op.
Cit. PAULUZZI”.
[123] “WORCHEL, S.: Psicología. Prentice Hall,
Madrid, 2001, 661; HOGG, M. / GRAHAM M. / VAUGHAN M.: Psicología social,
Editorial Médica Panamericana, Madrid, 2010, 351 [Citado en la sentencia C-335
de 2013]”.
[124] Extracto de la sentencia C-335 de 2013.
[125] Extracto de la sentencia T-878 de 2014.
[126] Según consideraciones de la Sentencia T-967 de
2014.
[127] Según el artículo 3° de la Ley 2157 de 2008,
el daño psicológico es el “proveniente de la acción u omisión destinada a
degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de
otras personas, por medio de intimidación, manipulación, amenaza, directa o
indirecta, humillación, aislamiento o cualquier otra conducta que implique un
perjuicio en la salud psicológica, la autodeterminación o el desarrollo
personal.”
[128] Dentro del cual se incluyen varias
investigaciones realizadas en algunos países seleccionados como Brasil, Perú,
Montenegro, República Unida de Tanzania y Japón, entre otros.
Fuente:
http://www.who.int/gender/violence/who_multicountry_study/summary_report/chapter1/es/
[129] Según el informe: “En todos los países
objeto del Estudio, entre el 20% y el 75% de las mujeres había experimentado,
como mínimo, uno de estos actos, en su mayoría en los últimos 12 meses previos
a la entrevista. Los que más se mencionaron fueron los insultos, la
humillación y la intimidación. Las amenazas con daños físicos fueron menos
frecuentes, aunque casi una de cada cuatro mujeres en los entornos provinciales
de Brasil y Perú declaró que había sido amenazada. Entre las mujeres que
informaron haber sido objeto de este tipo de violencia, al menos dos tercios
había sufrido la experiencia en más de una ocasión.” Pág. 10.
[130] OMS, Informe Estudio multipaís de la OMS sobre
salud de la mujer y violencia doméstica contra la mujer, 2005. Pág. 22 y 23.
[131] Ratificada por Colombia mediante la Ley 51 de
1981.
[132] Ratificada por Colombia mediante la Ley 16 de
1972.
[133] Ratificada por Colombia mediante la Ley 248 de
1995.
[134] Esta Corporación ha reconocido tal valor en
las sentencias C-355 y C-667 de 2006 y sentencia T-878 de 2014.
[135] Introducción Convención sobre la eliminación
de todas las formas de discriminación contra la mujer.
[136] Artículo 2.
[137] Sentencias C-776 de 2010, C-335 de 2013, T-652
de 2016, entre otras.
[138] Artículo 7 de la Convención de Belém do
Pará.
[139] En efecto, la administración de justicia no es
ajena a estos fenómenos. Los jueces, además de reconocer derechos, también
pueden confirmar patrones de desigualdad y discriminación. Para evitarlo la
doctrina internacional y constitucional ha desarrollado una serie de criterios
y medidas basadas en el respeto y la diferencia de la mujer. Esta Corte, por
ejemplo, en materia penal (Ver sentencias T-554 de 2003, T-453 de 2005 y T-458
de 2007, entre otras), se ha pronunciado sobre los límites de la recolección de
pruebas cuando se trate de mujeres que hayan sido víctimas de delitos sexuales.
En igual sentido, recientemente, esta Corporación se pronunció sobre el efecto
de los celos como causal de divorcio, concluyendo que dichos eventos
constituyen violencia física y/o psicológica contra la mujer (Sentencia T-967
de 2014). En materia laboral, este Tribunal Constitucional también ha exigido a
los jueces la incorporación de criterios de género para la solución de casos.
Particularmente, protegió los derechos de una trabajadora que fue despedida con
base en estereotipos, y que a la postre había sido víctima de violencia física
por su entonces pareja, alumno de la institución (Sentencia T-878 de 2014). En
decisiones sobre desplazamiento, también se han incluido estos criterios de
género (Ver, entre otras, las sentencias C-438 de 2013; C-781 de 2012; T-973 de
2011; T-677 de 2011; T-1015 de 2010).
[140] Artículos 13 y 43 de la Constitución Política
de 1991.
[141] Sentencia T-027 de 2017.
[142] Sentencia T-012 de 2016.
[143] Sentencia T-590 de 2017.
[144] Sentencia T-012 de 2016.
[145] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso
Velásquez Rodríguez vs. Honduras.
[146] Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Casos Bueno Alves vs. Argentina, Ríos y otros vs. Venezuela, Juan Humberto
Sánchez vs. Honduras, Perozo y otros vs. Venezuela.
[147] Relatora especial de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos sobre los derechos de la mujer.
Informe “acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia en
las américas”.
[148] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Palamara Iribarne vs. Chile.
[149] Sentencia T-878 de 2014.
[150] Dichos criterios fueron reiterados en las
sentencias T-027 de 2017, T-145 de 2017, T-184 de 2017 y T-590 de 2017, entre
otras.
[151] Sentencia T-012 de 2016.
[152] Sentencias T-473 de 2014, T-967 de 2014, T-241
de 2016 y T -145 de 2017.
[153] Sentencia SU-448 de 2016.
[154] Sentencia T-454 de 2015.
[155] Corte
Interamericana de Derechos Humanos, Caso Campo Algodonero c. México.
[156] Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
caso de Maria Da Penha c. Brasil.
[157] Corte
Interamericana de Derechos Humanos, Caso Campo Algodonero c. México.
[158] Reiteración de las consideraciones de la
Sentencia T-735 de 2017.
[159] Sentencias T-878 de 2014 y T-718 de 2017. Esta
postura, a su vez, se relaciona con la reconocimiento de que “la violencia contra la mujer constituye una manifestación
de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer,
que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su
contra por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de la mujer, y que la
violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales por
los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto del
hombre”, establecido en la Declaración sobre la eliminación de la
violencia contra la mujer.
[160] Sentencia T-878 de 2014.
[161] Sentencia T-027 de 2017.
[162] Al respecto, ver las sentencias T-878 y T-967
de 2014, y T-012 de 2016.
[163] Sentencia T-967 de 2014.
[164] Sentencia T-145 de 2017.
[165] En la sentencia T-016 de 2016 se concluyó que
las agresiones y la discriminación contra una mujer provenían no solo de su ex
pareja, sino de la administración de justicia cuando desconoció la gravedad de
violencia que sufrió.
[166] Ley 1257 de 2008, artículo 2.
[167] Ibídem.
[168] Declaración sobre la eliminación de la
violencia contra la mujer, artículo 2 y Convención Belém Do Pará, artículo 2.
[169] Sisma Mujer, en su intervención en el proceso T-6.026.773
(Sentencia T-735 de 2017), sostuvo
que la parte visible de esa violencia consistía en la tolerancia e ineficacia
institucional que impedía a las mujeres acceder a la justicia, y la parte
invisible se refería a los actos y omisiones de los funcionarios que ocasionan
daño. Se trata de una violencia que puede resultar aún más perjudicial que la
perpetrada por un particular, en tanto estos actúan con la legitimidad y
legalidad que emana de la investidura como autoridad pública y que refuerza el
discurso del agresor. Adicionalmente, por tratarse de prácticas invisibles y
que han sido interiorizadas por los operadores y las mujeres que son víctimas
de ellas, no son denunciadas. Específicamente, la organización citada sostuvo
que la violencia institucional por parte de las Comisarías de Familia es usual
y se da por la ineficiencia en la protección efectiva de las mujeres víctimas
de violencia. Lo anterior, en tanto no acatan la definición de violencia
establecida en la Ley 1257 de 2008 que incluye la psicológica, la sexual y la
económica, circunstancia que a su vez impide que se profieran medidas urgentes
e integrales para lograr el restablecimiento de sus derechos, según la
modalidad de los actos de agresión denunciados. Usualmente, se limitan a emitir
un aviso a la Estación de Policía para la defensa de su seguridad personal,
invisibilizando la violencia que no es física y enviando un mensaje a las
víctimas, a sus familias y a la sociedad sobre la tolerancia de esas formas de
agresión, ya sea porque no son graves o porque se trata de formas naturales de
relacionamiento entre hombres y mujeres. A ello se suma la falta de
intervención del Ministerio Público para asegurar los derechos de los
intervinientes dentro del proceso de medidas de protección y la ausencia de
mecanismos de seguimiento efectivo a la labor de las comisarías, por parte de
las entidades encargadas de ejercer el poder disciplinario.
[170] Cfr. Sentencia T-735 de 2017.
[171] Sentencia C-762
de 2009.
[172] Ibídem.
[173] Sentencia C-095
de 2003.
[174] Comité de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas. Observación General No. 32. 23 de agosto de 2007.
CCPR/C/GC/32.
[175] Sentencia T-1034
de 2006.
[176] Sentencia C-365
de 2000.
[177] Sentencia C-881
de 2011.
[178] Sentencia T-878 de 2014.
[179] Sentencia T-027 de 2017.
[180] Sentencia T-634 de 2013.
[181] Sentencia T-967 de 2014.
[182] Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
caso de Maria Da Penha c. Brasil.
[183] Comité CEDAW, caso Ángela González Carreño c.
España.
[184] Corte
Interamericana de Derechos Humanos, Caso Campo Algodonero c. México.
[185] Sentencia T-027 de 2017.
[186] Sentencia T-012 de 2016.
[187] Sentencia T-878 de 2014
[188] Ibídem.
[189] La Ley 1257 de 2008 establece que la
interpretación de esa ley debe atender a los distintos tipos de daño que puede
sufrir la mujer como consecuencia de la violencia en distintos ámbitos (Ley
1257 de 2008, artículo 3).
[190] Al respecto ver el acápite 8 de
Consideraciones.
[191] Sentencia T-027 de 2017.
[192] Sentencia T-967 de 2014.
[193] Ibídem.
[194] Ibídem.
[195] Sentencia T-145 de 2016.
[196] Ibídem.
[197] Claudia
Hasanbegovic. Violencia basada en el género y
el rol del Poder Judicial. Rev. Fac. Der.[online]. 2016,
n.40, pp.119-158. Recuperado de: http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2301-06652016000100006&lng=es&nrm
= iso
[198] Ibídem.
[199] Organización de Naciones Unidas, División para
el Adelanto de la Mujer del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales.
Manual de legislación sobre la violencia contra la mujer. 2010. Recuperado de: http://www.un.org/womenwatch/daw
/vaw/handbook/Handbook-for-legislation-on-VAW-(Spanish).pdf
[200] Ibídem.
[201] Yildirim c. Austria, Goekce c. Austria,
González Carreño c. España, M. W. c. Dinamarca y Jallow c. Bulgaria.
[202] Fundamentado en el resumen del caso contenido
en la sentencia T-878 de 2014.
[203] Recuperado de: https://jurisprudencia.mpd.gov.ar/Jurisprudencia/Forms/DispForm.aspx?ID=1208&source=/Jurisprudenc
ia/forms/fallos.aspx.
[204] Claudia
Hasanbegovic. Violencia basada en el género y
el rol del Poder Judicial. Rev. Fac. Der.[online]. 2016,
n.40, pp.119-158. Recuperado de:
<http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2301-06652016000100006&lng=es&nr
m=iso
[205] Comité CEDAW, caso Ángela González Carreño c.
España. Ver y confrontar con la Recomendación General #35 del Comité CEDAW, que
actualizó la Recomendación #19 sobre la violencia por razón de género contra la
mujer, en la medida en que hace hincapié en que
la violencia afecta a las mujeres en todo el ciclo de su vida y que se produce
en todas las esferas, tanto en la pública como en la privada, incluido en
Internet y en el ciberespacio. La violencia de género puede surgir en nuevos
contextos como la globalización, la militarización, el extremismo violento y el
terrorismo, fenómenos cada vez más crecientes.
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2017/11405.pdf
[206] ENFOQUES LEGALES QUE IMPACTAN EN LAS POLÍTICAS
PÚBLICAS
ENFOQUE FAMILISTA
ENFOQUE IGUALDAD DE GÉNERO y
DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES
Familia como sujeto
Objetivo = Unidad de la familia
♀ n ♂ = personas complementarias
Mujer a partir de rol reproductivo (cuidado de hijos e hijas
Visión acrítica de roles de género
Derechos Reproductivos > Sexuales
Ocultamiento de violencia sexual
Justicia = Conciliación + “reeducación” de agresores (impunidad)
Mujer como sujeto
Objetivo = Ejercicio de derechos
♀, ♂ = personas completas
Mujer y hombre compartiendo roles (productivos y reproductivos)
Cuestionamiento roles de género
Derechos Sexuales y Reproductivos
Visibilización de violencia sexual
Justicia = Investigación denuncias + Reparación a víctimas + sanción a
agresores
FUENTE: Oficina Regional ONU Mujeres para las Américas y el Caribe Abril
2016, en “Evaluación Regional de Acceso a Justicia como mecanismo de prevención
para acabar con las violencias contra las mujeres 2011-2015”.
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=panama-workshop-violence-again
st-women-girls-8949&alias=37333-evaluacion-regional-acceso-a-justicia-como-mecanismo-prevencion-acabar-con-violencias-contra-mujeres-2011-2015-333&Itemid=270&lang=es
[207] Es importante resaltar que, debido al carácter
restringido y excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, no es competencia del juez constitucional entrar a debatir los
elementos materiales probatorios que obran en el expediente, pues su función se
restringe a establecer los errores en que se incurrió en la decisión y, si con
ocasión de estos, se vulneraron derechos fundamentales.
[208] Ver folio 203 del cuaderno de Pruebas #1.
[209] Ver folio 231 del cuaderno de Pruebas #1.
[210] Ver folio 232 del cuaderno de Pruebas #1.
[211] Ver, entre otros, folios 9, 33, 39 del
Cuaderno de Pruebas #1.
[212] Ver folio 11 del Cuaderno de Pruebas #1.
[213] Ver folio 13 (reverso) del Cuaderno de Pruebas
#1.
[214] Ver folios 169-170 del Cuaderno de Pruebas #1.
[215] Ver certificación médica del diagnóstico de
BLM, obra a folio 100 del Cuaderno de Pruebas #1
[216] Ver folio 22 del Cuaderno de Pruebas #1.
[217] Ver folios 90 y 91 del Cuaderno de Pruebas #1.
[218] Ver folio 69 y reverso del Cuaderno de Pruebas
#1.
[219] Ver folio 101 y 102 del Cuaderno de Pruebas
#1.
[220] Ver folio 161 y 162 del Cuaderno de Pruebas
#1.
[221] Ver folios 163 y 164 del Cuaderno de Pruebas
#1.
[222] Ver folios 165 y 166 del Cuaderno de Pruebas
#1.
[223] Ver, entre otros, folios 28, 30 y 84-85 del
Cuaderno de Pruebas #1.
[224] Ver folios 229 y 230 del Cuaderno de Pruebas
#1.
[225] Ver folio 11 del Cuaderno de Pruebas #1.
[226] Ver folio 101 (reverso) del Cuaderno de
Pruebas #1.
[227] Ver folio 202 del Cuaderno de Pruebas #1.
[228] Ver folio 202 (reverso) del Cuaderno de
Pruebas #1.
[229] Ver folio 202 (reverso) del Cuaderno de
Pruebas #1.
[230] Ver folio 201 (reverso) del Cuaderno de
Pruebas #1.
[231] Ver folio 203 del Cuaderno de Pruebas #1.
[232] Ver folio 231 del Cuaderno de Pruebas #1.
[233] Ver folios 232 y 233 del Cuaderno de Pruebas
#1.
[234] Sentencia T-364 de 2013.
[235] Corte
Interamericana de Derechos Humanos, Caso Campo Algodonero c. México y Comisión
Interamericana de Derechos Humanos estudió el caso de Maria Da Penha c. Brasil.
[236] Cfr. Sentencia T-735 de 2017.
[237] En este caso, no se hizo el respectivo
seguimiento, según respuesta de la Secretaría de Integración Social. Obra a
folios 228, 229 y 236 del cuaderno 1 y a folios 375-377 y 378-381 del cuaderno
principal.
[238] Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Jurisprudencia CIDH reiterada en Caso Bueno Alves vs. Argentina; Caso
Ríos y otros vs. Venezuela, Caso Juan Humberto Sánchez vs. Honduras,
Caso Perozo y otros vs. Venezuela.
[239] Comisión Interamericana de Derechos Humanos
sobre los derechos de la mujer. Informe “acceso a la justicia para mujeres
víctimas de violencia en las américas”. https://www.cidh.oas.org/women/Acceso07/indiceacceso.htm
[240] Sentencia T-1072
de 2000, reiterada en la Sentencia T-735 de 2017.
[241] Al respecto ver el acápite de Consideraciones,
numeral 10.1.
[242] Cfr. Sentencia T-735 de 2017. El derecho a la no confrontación con su agresor, que consiste en la
decisión libre de la mujer de no ser enfrentada a este en cualquiera de los
espacios de atención y en los procedimientos administrativos, judiciales o de
otro tipo. Este amparo obedece a la necesidad de brindar a la mujer
escenarios libres de miedo e intimidación, que les permitan denunciar las
conductas de agresión, sin temor a posibles represalias. (..) Para la Corte,
los operadores judiciales, en tanto directores del proceso, deben flexibilizar
las normas procesales con el fin de evitar la confrontación entre la víctima y
el agresor, so pena de incurrir en un defecto procedimental absoluto por exceso
ritual manifiesto. Esto, por la necesidad de dar prevalencia a la protección
especial a la mujer denunciante y los compromisos internacionales de
prevención, investigación, sanción y reparación de los actos de violencia.
[243] Al respecto ver el acápite de Consideraciones,
numeral 7.2. y 10.2.2.
[244] Al respecto ver el acápite de Consideraciones,
numeral 10.1.
[245] Al respecto ver el acápite de Consideraciones,
numeral 10.2.2.
[246] Ver folios 66 al 103 del Cuaderno de Pruebas
#2.
[247] Ver folio 101 del Cuaderno de Pruebas #2.
[248] Obra a folios 123 al 127 del cuaderno
principal.
[249] Ver folio 104 del cuaderno de Pruebas #3.
[250] Ver folios 614 y 615 del cuaderno 1 del
expediente 2015-01019 de Reglamentación de visitas, en préstamo.
[251] Ver folios 1086-1088 del cuaderno 1 del
expediente 2015-01019 de Reglamentación de visitas, en préstamo.
[252] Ver folios 1265-1266 del cuaderno 1 del
expediente 2015-01019 de Reglamentación de visitas, en préstamo.
[253] Ver folios 342 y 343 del cuaderno 1.
[254] Decreto 2591 de 1991. Artículo 35. Decisiones de revisión. Las decisiones de revisión que
revoquen o modifiquen el fallo, unifiquen la jurisprudencia constitucional o
aclaren el alcance general de las normas constitucionales deberán ser
motivadas. Las demás podrán ser brevemente justificadas. (…)
[255] Obra a folios 170 al 178 del cuaderno 2 del
expediente 2015-01019/Reglamentación de visitas, remitido en calidad de
préstamo a esta Corporación.
[256] Ver folio 177 del cuaderno 2 del expediente
2015-01019 de Reglamentación de visitas, en préstamo.
[257] Ver folio 173 del cuaderno 2 del expediente
2015-01019 de Reglamentación de visitas, en préstamo.
[258] Ver folio 177 del cuaderno 3 del expediente
2015-01019 de Reglamentación de visitas, en préstamo.
[259] Al respecto ver el acápite de Consideraciones,
numeral 10.2.3
[260]  Código de la Infancia y la Adolescencia. ARTÍCULO 20. DERECHOS DE PROTECCIÓN. Los niños, las niñas y
los adolescentes serán protegidos contra:
(…)
19. Cualquier otro acto que amenace o vulnere
sus derechos.
[261] Al respecto ver el acápite de Consideraciones,
numeral 10.2.3. y confrontar con la Recomendación General #35 del Comité CEDAW,
sobre la violencia por razón de género contra la mujer. https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/B
DL/2017/11405.pdf