T-609-14
Sentencia T-506/12
Sentencia T-609/14
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Evolución
jurisprudencial
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Requisitos
generales y especiales de procedibilidad
DEFECTO FACTICO EN LA JURISPRUDENCIA
CONSTITUCIONAL-Reiteración
de jurisprudencia
Específicamente sobre el defecto fáctico esta corporación ha
señalado que se presenta cuando resulta evidente que el apoyo probatorio en que
se fundamentó el juez para resolver un caso es absolutamente inadecuado o
insuficiente. En esa medida, el error valorativo del juez debe ser ostensible,
flagrante, manifiesto y tener una incidencia directa en la decisión.
FUENTE DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE ACTIVIDADES PELIGROSAS-Desarrollo jurisprudencial de la Corte
Suprema de Justicia
CONDUCCION DE VEHICULOS AUTOMOTORES-Actividad peligrosa
La actividad de conducir vehículos automotores, ha sido
considerada por la jurisprudencia constitucional como por la especializada en
la materia, una actividad peligrosa “que coloca per se a la
comunidad ante inminente peligro de recibir lesión”. Cuando con este tipo de actividades
se causa un daño es posible reclamar la indemnización o reparación del mismo a
través del proceso ordinario de responsabilidad civil extracontractual.
DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE
JUSTICIA-Obtención de
decisiones de fondo
Esta no implica solamente la posibilidad de acudir ante
el juez para demandar que deduzca de la normatividad vigente aquello que haga
justicia en un evento determinado, sino que se concreta en la real y oportuna
decisión judicial y, claro está, en la debida ejecución de ella.
PROVIDENCIA INHIBITORIA-Carácter excepcional/PROVIDENCIA
INHIBITORIA-Naturaleza
Las decisiones judiciales inhibitorias atentan contra el
derecho al acceso a la administración de justicia y, por lo mismo, solamente
resultan admisibles en situaciones excepcionales. No todas las sentencias
inhibitorias atentan contra los derechos al acceso a la administración de
justicia y al debido proceso, por cuanto existen circunstancias excepcionales
que impiden al juez fallar el asunto de fondo. Solo en casos excepcionales
resultan válidas esta clase de providencias cuando, luego de realizar varias
interpretaciones posibles, el juez considera que la más adecuada conduce a una
sentencia inhibitoria.
DEFECTO FACTICO POR INDEBIDA VALORACION
PROBATORIA-Si para el
Tribunal generaba duda lo contenido en el informe de la policía, debió decretar
las pruebas que considerara necesarias para aclarar la veracidad de los hechos
y dilucidar la causa determinante del daño
DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA
ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Orden
a Tribunal determinar si el demandado es responsable de los hechos, si se
encuentra acreditada una causal eximente de responsabilidad o si resulta
necesario graduar la responsabilidad de ambas partes por tratarse de una actividad
peligrosa concurrente
Referencia:
expediente T-4281422.
Acción
de tutela interpuesta por el señor Carlos Mosquera Murillo y otros en contra
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibdó.
Magistrado Ponente:
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Bogotá D.C., veinticinco
(25) de agosto de dos mil catorce (2014)
La Sala Quinta
de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, integrada por la
Magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado y los Magistrados Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub y Jorge Iván Palacio Palacio, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, profiere la siguiente:
SENTENCIA
Dentro del
proceso de revisión del fallo de tutela emitido por la Sala de Casación Laboral
de la Corte Suprema de Justicia, que confirmó el proferido por la Sala de
Casación Civil de la misma corporación, en la acción de tutela instaurada por Carlos Mosquera Murillo y otros.
I.
ANTECEDENTES
Carlos Mosquera Murillo, Gloria María Murillo Rivas -en
calidad de madre de la víctima- y actuando en nombre y representación de su
hija menor Gloria Marcela Mosquera Murillo, y Yesenia Mosquera Murillo interpusieron la presente acción de tutela con el fin de solicitar
que se deje sin efectos la sentencia proferida por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Quibdó, mediante la cual
se revocó la emitida por el Juzgado Civil del Circuito de la misma ciudad y se
negaron las súplicas de la demanda ordinaria de responsabilidad civil
extracontractual por ellos instaurada en contra de Flota Occidental S.A. y
Julio César López Ossa. Para fundamentar la
demanda relataron el siguiente acontecer fáctico:
1.
Hechos que dieron lugar a la acción de tutela:
1.1.    El
22 de octubre de 2009 el señor Carlos Mosquera Murillo -como afectado directo-, la señora
Gloria María Murillo Rivas -en calidad de madre de la víctima- y actuando en
nombre y representación de su hija menor Gloria Marcela Mosquera Murillo y la
señora Yesenia Mosquera Murillo -en su condición de hermana de la víctima-, a
través de apoderado judicial presentaron demanda ordinaria de responsabilidad
civil extracontractual en contra de la empresa FLOTA OCCIDENTAL S.A. y del
señor Julio César López Ossa.
1.2.    Según lo relatado en el escrito de la
demanda, el 3 de septiembre de 2008 a las 2:00 de la tarde, el señor Carlos
Mosquera Murillo fue atropellado por un vehículo de servicio público conducido
por el señor Julio César López Ossa en calidad de propietario y en operaciones
al servicio de la empresa Flota Occidental S.A.
1.3.    El accidente, a juicio de los
demandantes, se presentó por la acción imprudente del conductor del microbús al
realizar una maniobra de adelantamiento en curva, generando graves lesiones al
señor Mosquera Murillo quien sufrió una “amputación supracondilia (sic) del
pie izquierdo (arriba de la rodilla)”[1].
1.4.    Los demandantes narraron que las
lesiones sufridas con ocasión del accidente de tránsito generaron serios
perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales. Esto en la medida que el señor
Carlos Mosquera Murillo no pudo volver a ejercer la actividad de mecánico
automotriz y porque sus familiares han tenido que asumir los gastos, no solo
del accidente y de los tratamientos médicos, sino también de aquellos derivados
de la imposibilidad del afectado de continuar laborando normalmente.
1.5.    En primera instancia
conoció el Juzgado Civil del Circuito de Quibdó, que mediante fallo proferido
el 13 de diciembre de 2012 declaró civil y solidariamente responsables a la
empresa Flota Occidental S.A. y al señor Julio César López Ossa. Como
consecuencia de ello, los condenó a pagar diferentes sumas de dinero por
conceptos de lucro cesante, daño emergente, daño a la vida en relación y
perjuicios morales. Los argumentos del fallador fueron los siguientes:
1.5.1.
De manera
preliminar sostuvo que:
“Adentrándonos
sobre la responsabilidad civil extracontractual, de una persona natural o
jurídica se requiere que haya cometido una culpa y que de éstas sobrevengan
prejuicios al reclamante. O sea, la concurrencia de los tres elementos que la
doctrina predominante ha sistematizado bajo los rubros de culpa, daño y
relación de causalidad entre aquella y éste.
(…)
En
el caso materia de este fallo, en lo que concierne a la responsabilidad civil
extracontractual, está demostrado el daño, el cual se integra con los
siguientes elementos: uno de hecho: el perjuicio, y otro jurídico: el atentado
o lesión de un derecho; que conforme a la demanda no es otro que las lesiones
ocasionadas al señor CARLOS MOSQUERA MURILLO, el día 3 de septiembre de 2008,
cuando se movilizaba en la motocicleta (…) y sufrió una colisión con el
vehículo automotor (…) conducido por el señor JULIO LOPEZ OSSA y el cual se
encontraba al servicio de la empresa Flota Occidental, lesión que fue probada
mediante Informe Técnico Médico Legal rendido por el Instituto de Medicina
Legal y Ciencias Forenses (…) y dictamen emitido por la Junta Regional de
Calificación de Invalidez de Antioquia (…) [que dictaminó] 35.36% de pérdida de
capacidad laboral”[2].
1.5.2.   Más adelante hizo referencia al
dictamen pericial rendido en el juicio y al informe de la policía de tránsito y
transporte municipal, donde reposa el croquis de la escena del sitio donde
ocurrió el accidente, para concluir que:
“La
peritación indica que la buseta queda en la posición final que aparece en el
croquis, después de haber hecho una maniobra de cabrillazo, con la cual buscaba
regresar a su carril, después de haber hecho una maniobra de adelantamiento, y
como fue aseverado por testigo Jhon Samir Mena, dentro del proceso, se trataba
de una curva.
(…)
Aunado
a todo lo anterior revisando detenidamente el croquis del accidente en cita (…)
se evidencia con vector 1 y 2 los carriles en los que se movilizaban la
motocicleta y la buseta respectivamente; lo que indica que la motocicleta era
conducida en el carril que le correspondía; sin embargo nótese que los
vehículos colisionaron y fue el vehículo automotor tipo buseta quien refleja un
desplazamiento anormal, dado su posición final en la que se encuentra que ha
sido desviada al andén por fuera de la calle, indicando con ello la maniobra de
adelantamiento realizada y la invasión al carril de la motocicleta. Tal como es
aseverado en precedencia por testigos y por el dictamen pericial rendido en el
juicio”[3].
1.5.3.   En cuanto a los testimonios rendidos
por los señores Jhon Samir Mena Palomeque y Jackson Antonio González Mosquera,
solicitados por la parte demandante, señaló: “Los citados testigos son
claros y consistentes en el hecho que fue el vehículo de Flota Occidental quien
ocasionó la colisión, debido a una maniobra de adelantamiento en curva (…)”[4].
1.5.4.   Finalmente, hizo referencia a las
excepciones de culpa exclusiva de la víctima y cobro de lo no debido propuestas
por la parte demandada. Al respecto señaló:
“No
obra prueba en el proceso, con la que se logre determinar la culpa en la que
incurrió la víctima del citado accidente y sobre el cobro de lo no debido es
claro para el despacho que solo se le otorgará a los actores por concepto de
indemnización de perjuicios lo que se encuentre probado en el proceso”[5].
1.6.    Esta decisión fue revocada en
segunda instancia por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Quibdó, mediante sentencia del 1 de agosto de 2013, donde indicó de manera
preliminar: “Clarificado lo anterior, está claro que cuando de concurrencia
de actividades peligrosas se trata y ésta lo es, dado que se suscitó por la
colisión de dos vehículos automotores en movimiento, para imputar o atribuir
responsabilidad no se acude a la teoría de la culpa, sino de la causalidad,
siendo ineludible que se acredite debidamente la causa determinante del daño”[6].
1.6.1.   Al referirse sobre el croquis del
accidente y el dictamen pericial señaló lo siguiente:
“El
croquis del accidente no revela el sitio de la colisión de los dos vehículos
involucrados en el accidente. Por la posición en que quedó la buseta, sobre el
andén de su carril, es evidente que el conductor hizo una maniobra con la
cabrilla que lo condujo a esa posición.
Sin
embargo, ello por sí solo no prueba que la colisión se halla (sic) suscitado
por la invasión del carril, o maniobra de adelantamiento por parte de la buseta
y el dictamen pericial rendido tampoco aporta elementos de juicio para
dilucidar este aspecto, en aras de establecer cual fue la causa determinante
del daño (…)
En
el caso en examen el auxiliar de la justicia en la adición del informe (…)
indica que hubo una maniobra de adelantamiento, lo que carece de respaldo
probatorio, toda vez que no hay prueba alguna que indique la existencia del
obstáculo en el sitio de los hechos que condujera a dicha maniobra, no se
consignó en el croquis, ni hay constancia en el mismo de la existencia de
huella de arrastre, ni de frenada. Tampoco lo dice el demandante en su
declaración (…)
A
más de lo anterior, tal informe es hipotético en las conclusiones consignadas,
pues indica una posibilidad y no brinda certeza, la que de obrar, debía estar
fundamentada, por tratarse de una prueba técnica”[7].
1.6.2. En cuanto a lo relatado por el señor
Jhon Samir Mena Palomeque, testigo de la parte demandante, quien aseguró que el
accidente se ocasionó por la maniobra de adelantamiento realizada por el
conductor del microbús, el Tribunal aseveró:
“Esta
versión, en lo que concierne a demostrar la maniobra de adelantamiento por
parte de la buseta, no tiene soporte alguno, ya que su afirmación de que el bus
se adelantó porque había un carro estacionado, carece de prueba, no hay
anotación alguna en el croquis, el demandante nada dijo al respecto en el
interrogatorio de parte (…) por lo tanto su dicho no fue corroborado, de allí
que no resulte admisible para tener por probada la invasión de carril por parte
de la buseta”[8].
1.6.3. Sobre el testimonio de la parte
demandada rendido por el señor Yerling José Quejada Mosquera, quien señaló que
el accidente se ocasionó por la invasión del carril de la motocicleta conducida
por el señor Mosquera Murillo, el ad quem resaltó:
“Al
respecto, advierte la Sala que esta afirmación del testigo también carece de
respaldo probatorio, ya que no obra ningún otro medio de prueba que lo
corrobore y a más de ello, el croquis y el informe pericial nada arrojan al
respecto, conforme a lo plasmado en el párrafo precedente en el que se hizo un
análisis de estas probanzas, siendo así, no resulta de recibo la propuesta del
recurrente de admitir esta como la tesis admisible de la ocurrencia del
accidente de tránsito”[9].
1.6.4. Con base en el anterior análisis
probatorio, el Tribunal accionado determinó que no había prueba de la invasión
del carril por parte del motociclista, lo que impidió tener por probada la
excepción de culpa exclusiva de la víctima. De igual forma, señaló que tampoco
había prueba de la invasión del carril por parte de la buseta. Con fundamento
en esas consideraciones, revocó la sentencia de primera instancia, negó las
súplicas de la demanda y adicionó la providencia para declarar no probada la
excepción de culpa exclusiva de la víctima alegada por el recurrente[10].
1.7.    Los accionantes interpusieron el
recurso extraordinario de casación en contra de la sentencia proferida por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibdó, el cual fue negado por esa
misma corporación al no superar la cuantía establecida en el Código de
Procedimiento Civil para su procedencia.
2.  Solicitud de la acción de tutela:
2.1.    Con fundamento en el recuento fáctico
reseñado, Carlos Mosquera Murillo, Gloria María Murillo Rivas -en
calidad de madre de la víctima- y actuando en nombre y representación de su
hija menor Gloria Marcela Mosquera Murillo, y Yesenia Mosquera Murillo instauraron
acción de tutela el 30 de octubre de 2013.
2.2.    A juicio de los accionantes el
Tribunal accionado incurrió en un defecto fáctico al concluir que no
existía ninguna prueba relacionada con la maniobra de invasión del carril del
bus ni de la existencia de un segundo vehículo que hubiera provocado la
maniobra. Sin embargo, en su parecer, el testimonio del señor Jhon Samir Mena
Palomeque y el interrogatorio de parte del señor Carlos Mosquera Murillo
demuestran lo contrario. Además, sustentan la tutela en que el fallador desconoció
que los demandados y el auxiliar de policía alteraron la escena del accidente.
De manera concreta, esbozaron los siguientes argumentos:
“El
Tribunal, atendiendo lo expresado y motivado en los hechos arriba enunciados,
incurrió de manera grave en los siguientes defectos:
a)
Expresó que
no existía ninguna prueba relacionada con la maniobra de invasión de carril del
bus, respecto de la víctima directa, que no existía constancia de la existencia
de un segundo vehículo que hubiera provocado la maniobra; cuando a folios 2 y
3, cuaderno de prueba y folios 26 y 27 o 28 y 29, cuaderno de pruebas de la
parte demandada se demuestra lo contrario.
b)
Dijo que el
demandante en su testimonio o interrogatorio nada había dicho en relación con
la maniobra del conductor y la presencia del vehículo que trató de invadir el
bus, cuando los testimonios como el interrogatorio sí dieron constancia de la
maniobra invasiva del bus, a partir, de un segundo vehículo y esta prueba se
encontraba a folios 26 y 27 o 28 y 29, cuaderno de pruebas de la parte
demandada interrogatorio de CARLOS MOSQUERA MURILLO.
c)
Dijo que el
testimonio de JHON SAMIR MENA PALOMEQUE, en relación con la maniobra invasiva
del conductor del bus y el vehículo al que trató de adelantar el bus, no tenía
ningún respaldo, cuando a folios 26 y 27 o 28 y 29, cuaderno de pruebas de la
parte demandada se encontraba el respaldo a dicho testimonio
d)
Desconoció
que los demandados, conductor y el auxiliar habían alterado la escena del
accidente tal como se evidencia en la prueba y folios citados en los hechos,
razón esta, por la que el croquis no refleja la existencia de otros vehículos”[11].
2.3.    Como consecuencia de lo anterior,
solicitaron dejar sin efectos jurídicos la sentencia proferida por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Quibdó que revocó la del Juzgado Civil del Circuito de la misma ciudad. En su lugar, se
ordene al Tribunal accionado proferir sentencia de segunda instancia
considerando las pruebas obrantes en el expediente y valorándolas en su
conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica.
3.  Contestación de las entidades accionadas.
Los demandados
guardaron silencio.
4.  Decisiones
objeto de revisión constitucional.
4.1.    Primera instancia.
La Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia del quince
(15) de noviembre de dos mil trece (2013), negó el amparo solicitado al
considerar que independientemente de que se comparta o no la hermenéutica de
los funcionarios accionados, ello no descalifica su decisión ni la convierte en
caprichosa o arbitraria. Esbozó que la sentencia atacada contiene un criterio
interpretativo coherente de los hechos y de las pruebas el cual debe ser
respetado.
4.2.    Impugnación.
Los
accionantes, a través de escrito radicado el 29 de noviembre de 2013, impugnaron
el fallo de primera instancia al considerar que solo se realizó una
transcripción formal de los antecedentes de la sentencia de segunda instancia
proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibdó.
Manifestaron
que la inconformidad no se deriva de la valoración probatoria, “sino en el
hecho que el Tribunal de Quibdó se haya inventado dichos y situaciones
inexistentes y haya planteado situaciones contrarias a las reflejadas en el
proceso”. Adicionalmente, aclararon que su pretensión no era la realización
de un nuevo juicio interpretativo o valorativo en sede de tutela, sino que los
jueces ordinarios “digan lo que verdaderamente se evidencia en los folios y
que ello sea el fundamento valorativo de la decisión del Tribunal de Quibdó,
así sea negativa o adversa a [sus] intereses”.
4.3.    Segunda Instancia.
La Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia del
veintidós (22) de enero de 2014, confirmó la providencia impugnada. Afirmó que la
Constitución Política reviste de autonomía al juzgador en la apreciación de los
medios de convicción, por lo que no es procedente la acción de tutela para
controvertir la valoración probatoria en que se fundamenta su decisión de la
cual puede discrepar el accionante. Agregó que el Tribunal accionado argumentó
suficientemente su providencia de conformidad con el ordenamiento jurídico, la
jurisprudencia y los medios de prueba allegados al expediente.
5.    Pruebas.
Entre las
pruebas aportadas en el trámite de la acción de tutela la Sala destaca las
siguientes:
5.1.    Croquis del accidente realizado por la
policía de tránsito el día 3 de septiembre de 2008. (Cuaderno 1, folios 49 a 54).
5.2.    Dictamen pericial rendido por el
ingeniero civil Francisco Edgar Realpe Lozano el 17 de abril de 2012, ampliado
y aclarado el 4 de julio de la misma anualidad. (Cuaderno 1, folios 59 a 69).
5.3.    Acta de audiencia de interrogatorio de
los testigos solicitados por la parte demandante. (Cuaderno 1, folios 70 a 73).
5.4.    Acta de audiencia de interrogatorio de
los testigos solicitados por la parte demandada. (Cuaderno 1, folios 74 a 77).
5.5.    Acta de audiencia de interrogatorio de
parte rendido por el señor Carlos Mosquera Murillo. (Cuaderno 1, folios 78 y
79).
5.6.    Sentencia de primera instancia
proferida el 13 de diciembre de 2012 por el Juzgado
Civil del Circuito de Quibdó, dentro del proceso ordinario de responsabilidad
civil extracontractual instaurado por Carlos Mosquera Murillo, Gloria María Murillo Rivas -en
calidad de madre de la víctima- actuando en nombre y representación de su hija
menor Gloria Marcela Mosquera Murillo y Yesenia Mosquera Murillo contra de Flota Occidental S.A. y Julio César López Ossa. (Cuaderno 1, folios 12 a 27).
5.7.    Sentencia de segunda instancia
proferida el 1 de agosto de 2013 por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Quibdó, dentro del proceso ordinario de
responsabilidad civil extracontractual instaurado por Carlos Mosquera Murillo, Gloria María Murillo Rivas -en
calidad de madre de la víctima- actuando en nombre y representación de su hija
menor Gloria Marcela Mosquera Murillo y Yesenia Mosquera Murillo contra de Flota Occidental S.A. y Julio César López Ossa. (Cuaderno 1, folios 29 a 47).
5.8.    Auto proferido el 23 de agosto de 2013
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Quibdó mediante el cual niega el recurso extraordinario de casación interpuesto
por el apoderado de la parte demandante. (Cuaderno 1, folios 175 a 178).
II.
CONSIDERACIONES
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.
1.
Competencia.
Esta Sala es
competente para analizar el fallo materia de revisión, de conformidad con lo
establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y 31 a 36
del Decreto 2591 de 1991.
2.
Planteamiento
del problema jurídico.
De acuerdo con
los presupuestos fácticos anteriormente reseñados, corresponde a la Sala de
Revisión:
2.1.
Determinar si se superan los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales.
2.2.
Establecer si el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Quibdó incurrió en un defecto fáctico por no
valorar debidamente el acervo probatorio en su conjunto dentro del proceso
ordinario de responsabilidad civil extracontractual.
2.3.
Examinar si el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Quibdó vulneró los derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia de los peticionarios
al no acceder a las pretensiones de la demanda ordinaria de responsabilidad
civil extracontractual y, a su vez, declarar no probada la excepción de culpa
exclusiva de la víctima propuesta por los demandados.
Para resolver los problemas
jurídicos planteados la Corte analizará los siguientes tópicos: (i) procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales; (ii) responsabilidad civil extracontractual en actividades
peligrosas; y (iii) el derecho fundamental al acceso a la administración de
justicia y a obtener una decisión judicial de fondo. Con base en ello, (iv)
se resolverá el caso concreto.
3.  Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Reiteración de jurisprudencia[12].
3.1.    En numerosas ocasiones la Corte Constitucional se ha pronunciado
sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por
lo que ahora la Sala recordará la jurisprudencia sobre la materia.
El artículo 86
de la Carta Política establece que a través de ese mecanismo constitucional
puede reclamarse la protección de los derechos fundamentales “cuando
resulten amenazados o vulnerados por cualquier autoridad pública”. De la
lectura de esta disposición se desprende que el Constituyente no realizó
distinción alguna respecto de los ámbitos de la función pública en los cuales
tales derechos podrían resultar vulnerados. Por eso, la acción de tutela procede
contra los actos o las decisiones proferidas en ejercicio de la función
jurisdiccional[13].
Ha señalado la
Corte que esa regla se deriva del texto de la Constitución en concordancia con
la Convención Americana sobre Derechos Humanos[14] aprobada mediante la
Ley 16 de 1972 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[15] aprobado mediante la Ley 74 de 1968,
que reconocen que toda persona podrá hacer uso de mecanismos judiciales
ágiles y efectivos que los amparen contra la violación de sus derechos, aún si
esta se causa por quienes actúan “en ejercicio de sus funciones
oficiales”.
3.2.    Ante el uso indiscriminado de la acción de tutela contra esta clase
de decisiones, la jurisprudencia se vio en la necesidad de imponer unos límites
a su ejercicio. Es así como en la sentencia C-543 de 1992 la Corte declaró
inexequibles los artículos 11 y 40 del Decreto 2591 de 1990, que permitían la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales como regla
general.
Determinó que si
bien los funcionarios judiciales son autoridades públicas, ante la importancia
de principios como la seguridad jurídica, la cosa juzgada y la autonomía e
independencia judicial, tal procedencia debía ostentar un carácter excepcional
frente a las “actuaciones de hecho” que impliquen una grave vulneración
a los derechos fundamentales. Por eso, en los primeros pronunciamientos de esta
corporación se sostuvo que tal procedencia era permitida únicamente en los
casos en los que en las decisiones judiciales se incurriera en una “vía de
hecho”, esto es, cuando la actuación fuera “arbitraria y caprichosa y
por lo tanto abiertamente violatoria del texto superior”[16].
Más adelante la
Corte amplió el espectro de afectación de los derechos fundamentales y
manifestó que “va más allá de la burda transgresión de la Constitución”[17], incluyendo entonces los casos
en los que, por ejemplo, el juez se aparta de los precedentes sin la debida
justificación o cuando “la interpretación que desarrolla se desborda en
perjuicio de los derechos fundamentales de los asociados”[18].
3.3.    Posteriormente, en la sentencia C-590 de 2005 se declaró inexequible
la expresión “ni acción”, contenida en el artículo 185 de la Ley 906 de
2004, que impedía interponer la acción de tutela contra decisiones de casación
en materia penal. En dicha providencia, partiendo de la idea de la
excepcionalidad de este mecanismo contra providencias judiciales, acompasado
con el propósito de asegurar el equilibro entre los principios de seguridad
jurídica, la cosa juzgada y autonomía e independencia judicial, se sistematizaron
diferentes requisitos también denominados“criterios de procedibilidad de la acción de tutela contra
decisiones judiciales”[19],
dentro de los cuales se distinguen unos de carácter general y otros de carácter
específico.
Los primeros han
sido fijados como restricciones de carácter procedimental o presupuestos
indispensables para que el juez de tutela aborde el análisis de fondo, es
decir, aquellos que habilitan la interposición de la acción, los cuales fueron
definidos por la Corte como “requisitos generales de procedencia de tutela
contra providencias judiciales”. A continuación se reseña la clasificación
realizada en la mencionada sentencia:
“24.  Los requisitos generales de procedencia de
la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar
cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena
de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[20].
En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se
hayan agotado todos los medios  -ordinarios y extraordinarios-  de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de
evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[21].
De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos.  De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un
mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las
competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la
jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de
propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta
última.
c. Que se
cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que
originó la vulneración[22].  De lo contrario, esto es, de
permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida
la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad
jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de
resolución de conflictos.
d. Cuando
se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora[23].  No
obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como
crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay
lugar a la anulación del juicio.
e. Que la
parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron
la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[24].
Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas
por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al
fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que
la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que
no se trate de sentencias de tutela[25].  Esto por
cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden
prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas
son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso
en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión
de la sala respectiva, se tornan definitivas”. (Resaltado fuera de texto).
En cuanto a los requisitos específicos,
la citada providencia mencionó que una vez acreditados los requisitos
generales, el juez debía entrar a determinar si la decisión judicial cuestionada
por vía de tutela configura un yerro de tal entidad que resulta imperiosa su
intervención. Así, mediante las denominadas “causales especiales de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales”, la Corte determinó
cuáles serían tales vicios, de la siguiente manera:
“25.
Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una
acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la
existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben
quedar plenamente demostradas. (…)
a. Defecto
orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto
procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al
margen del procedimiento establecido.
c.  Defecto
fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita
la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto
material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas
inexistentes o inconstitucionales[26] o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
f. Error
inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño
por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que
afecta derechos fundamentales.
g.
Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional.
h.
Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando
la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el
juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado[27].
i.
Violación directa de la Constitución”. (Resaltado fuera de texto).
3.4.    Específicamente sobre el defecto fáctico esta corporación ha
señalado que se presenta cuando resulta evidente que el apoyo probatorio en que
se fundamentó el juez para resolver un caso es absolutamente inadecuado o
insuficiente[28]. En esa medida, el error valorativo del
juez debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y tener una incidencia directa
en la decisión. Con ello, la Corte ha identificado las distintas
manifestaciones del defecto fáctico[29]:
“1. Defecto
fáctico por la omisión en el decreto y la práctica de pruebas. Esta
hipótesis se presenta cuando el funcionario judicial omite el decreto y la
práctica de pruebas, lo cual tiene como consecuencia impedir la debida
conducción al proceso de ciertos hechos que resultan indispensables para la
solución del asunto jurídico debatido[30].
2.  Defecto
fáctico por la ausencia de valoración del acervo probatorio. Se
presenta cuando el funcionario judicial, a pesar de que en el proceso existan
elementos probatorios, omite considerarlos, no los advierte o simplemente no
los tiene en cuenta para efectos de fundamentar la decisión respectiva, y en el
caso concreto resulta evidente que de haberse realizado su análisis y
valoración, la solución del asunto jurídico debatido variaría sustancialmente[31].
3.  Defecto
fáctico por valoración defectuosa del material probatorio. Tal
situación se advierte cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia
probatoria, decide separarse por completo de los hechos debidamente probados y
resolver a su arbitrio el asunto jurídico debatido; o cuando a pesar de existir
pruebas ilícitas no se abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la
decisión respectiva[32]”.(Resaltado fuera de texto).
3.5.    Con base en lo anterior, para el análisis de la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales es necesario tener en cuenta,
en primer lugar, que se trata de una posibilidad de carácter excepcional,
sujeta al cumplimiento de los parámetros formales y materiales fijados por esta
corporación. Además, deben encontrarse acreditados cada uno de los requisitos
generales expuestos, que le permitan al juez de tutela realizar un examen
constitucional de las decisiones judiciales puestas a su conocimiento.
Asimismo, habrá de demostrarse la existencia de, por lo menos, una de las
causales específicas o defectos enunciados.
4.
Responsabilidad civil extracontractual en actividades
peligrosas.
4.1.    Responsabilidad
civil extracontractual.
El Título XXXIV del Libro Cuarto
del Código Civil “sobre las obligaciones en general y de los contratos”
regula, entre otros asuntos, lo concerniente a la responsabilidad común por los
delitos y las culpas. Específicamente, sobre la responsabilidad extracontractual,
el artículo 2341 dispone que “el que ha cometido un delito o culpa, que ha
inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena
principal que la ley imponga por la culpa o el delito cometido”.
En la sentencia C-1008 de 2010 la
Corte Constitucional sintetizó la teoría en materia de responsabilidad civil,
haciendo la distinción entre aquella de naturaleza contractual y la de carácter
extracontractual. Al respecto sostuvo:
“La
responsabilidad civil contractual[33] ha sido definida por la doctrina
especializada como aquella que resulta de la inejecución o ejecución imperfecta
o tardía de una obligación estipulada en un contrato válido[34]. De este modo, el concepto de responsabilidad civil contractual se
ubica en el contexto de un derecho de crédito de orden privado, que solo obra
en un campo exclusivo y limitado, vale decir, entre las partes del contrato y
únicamente respecto de los perjuicios nacidos de ese negocio jurídico.[35] En tanto que la responsabilidad
civil extracontractual, también denominada delictual o aquiliana, es aquella
que no tiene origen en un incumplimiento obligacional, sino en un ‘hecho
jurídico’, ya se trate de un delito o de un ilícito de carácter civil”. (Resaltado fuera de texto).
En aquella oportunidad, esta
corporación explicó que la citada clasificación se sustenta en una tesis
dualista[36] de la responsabilidad civil, que ha
sido desarrollada por la Corte Suprema de Justicia bajo la consideración de que
si bien existe la tendencia de unificar ambos tipos de responsabilidad,
descarta tal posibilidad en tanto fue el mismo legislador quien previo su
regulación autónoma. Sobre este tema señaló que mientras la responsabilidad
contractual “juega de ordinario entre personas que se han ligado
voluntariamente y que por lo mismo han procurado especificar el contenido de
los compromisos emergentes del negocio por ellas celebrado”, la
responsabilidad extracontractual “opera entre quienes ha vinculado
únicamente el azar”.
Particularmente, en cuanto a la
responsabilidad civil extracontractual, esta corporación ha citado como
referente la definición dada por la Corte Suprema de Justicia:
“como desde
antaño lo viene predicando la Corporación con apoyo en el  tenor del artículo
2341 del Código Civil, para que resulte comprometida la responsabilidad de una
persona natural o jurídica, a título extracontractual, se precisa de la
concurrencia de tres elementos que la doctrina más tradicional identifica como
‘culpa, daño y relación de causalidad entre aquélla y este’. Condiciones estas
que además de considerar el cuadro axiológico de la pretensión en comentario,
definen el esquema de la carga probatoria del demandante, pues es a este a
quien le corresponde demostrar el menoscabo patrimonial o moral (daño) y que
este se originó  en la conducta culpable de quien demanda, porque al fin y al
cabo la responsabilidad se engasta en una relación jurídica entre dos sujetos:
el autor del daño y quien lo padeció”[37].
De igual forma, ha indicado que
la teoría general de la responsabilidad civil en el ordenamiento jurídico
colombiano, tanto de la contractual como de la extracontractual, es de
tradición culpabilista[38], la cual se encuentra fundamentada,
para el caso de la responsabilidad extracontractual, en los artículos  2341[39] y
2356[40] del Código Civil, otorgándole al
elemento subjetivo “notable relevancia al momento de valorar el cumplimiento
o incumplimiento de las obligaciones, y el alcance de la indemnización”.
4.2.    La
responsabilidad civil extracontractual en actividades peligrosas concurrentes.
La actividad de conducir
vehículos automotores, a la cual se hace específica referencia por tratarse de aquella
que dio lugar a los hechos que ahora estudia la Sala, ha sido considerada por
la jurisprudencia constitucional como por la especializada en la materia, una
actividad peligrosa “que coloca per se a la comunidad ante inminente peligro
de recibir lesión”[41]. Sobre este punto, la Corte Suprema
de Justicia ha mencionado en su jurisprudencia:
“[…] la
conducción de automotores ha sido calificada por la jurisprudencia inalterada
de esta Corte como actividad peligrosa, o sea, ‘aquélla que ‘…aunque lícita, es
de las que implican riesgos de tal naturaleza que hacen inminente la ocurrencia
de daños,…’ (G.J. CXLII, pág. 173, reiterada en la CCXVI, pág. 504),
considerada su ‘aptitud de provocar un desequilibrio o alteración en las
fuerzas que –de ordinario- despliega una persona respecto de otra’ (sentencia
de octubre 23 de 2001, Exp. 6315), su ‘apreciable, intrínseca y objetiva
posibilidad de causar un daño’ (cas. civ. 22 de febrero de 1995, exp. 4345), o
la que ‘… debido a la manipulación de ciertas cosas o al ejercicio de una
conducta específica que lleva ínsito el riesgo de producir una lesión o menoscabo,
tiene la aptitud de provocar un desequilibrio o alteración en las fuerzas que
–de ordinario- despliega una persona respecto de otra’, como recientemente lo
registró esta Corporación en sentencia de octubre 23 de 2001, expediente 6315’”
(cas. civ. sentencia de 16 de junio de 2008 [SC-052-2008], exp.
47001-3103-003-2005-00611-01”[42].
Cuando con este tipo de
actividades se causa un daño es posible reclamar la indemnización o reparación
del mismo a través del proceso ordinario de responsabilidad civil
extracontractual.
La Corte Suprema de Justicia ha
precisado que a la víctima de una lesión causada con ocasión de la conducción
de vehículos, le basta con acreditar el ejercicio de dicha actividad peligrosa,
el daño y la relación de causalidad entre aquella y este. En contraste, el
presunto responsable no puede exonerarse probando la diligencia o cuidado, o la
ausencia de culpa, y salvo que exista una norma que indique lo contrario, solo
podrá hacerlo demostrando plenamente que el daño no se produjo dentro del
ejercicio de la actividad, sino que obedeció a un elemento extraño exclusivo,
esto es, la fuerza mayor, el caso fortuito, la intervención de la víctima o de
un tercero, que excluyó la autoría por romper el nexo causal[43].
Dentro del examen de este tipo de
responsabilidad puede darse otro supuesto para su determinación. Lo anterior
corresponde al evento regulado en el artículo 2357 del ordenamiento civil,
según el cual “la apreciación del daño está sujeta a reducción, si el que lo
ha sufrido se expuso a él imprudentemente”. Esta premisa es la que ha sido
aplicada por la jurisprudencia en los casos denominados como “responsabilidad
civil extracontractual en actividades peligrosas concurrentes”.
Al respecto, la Corte Suprema de
Justicia ha expresado que ante una eventual concurrencia de culpas en el ejercicio
de actividades peligrosas, el juez debe examinar las circunstancias de tiempo,
modo y lugar en que se produce el daño, con el fin de evaluar la equivalencia o
asimetría de las actividades peligrosas concurrentes y su incidencia en la
cadena de causas generadoras del daño y, así, establecer el grado de
responsabilidad que corresponda a cada uno de los actores, de conformidad con
lo establecido en el artículo 2357 del Código Civil. Sobre el particular
expresó:
“[L]o
anterior no comporta ninguna novedad en la línea jurisprudencial de esta Corte
ni tampoco implica la aceptación de un enfoque de responsabilidad objetiva,
pues como ya lo había precisado esta Sala en consolidada doctrina, ‘[l]a
reducción del daño se conoce en el derecho moderno como el fenómeno constituido
por la compensación de culpas, lo cual quiere decir que cuando el coautor del
daño comete una culpa evidente que concurre con la conducta igualmente culpable
de la víctima, el juez debe graduar cuantitativamente la relación de causalidad
entre las culpas cometidas de manera concurrente, y la cuantía del daño, a fin
de reducir la indemnización mediante el juego de una proporción que al fin y al
cabo se expresa de manera matemática y cuantitativa’. (Sent. de 29 de abril
de 1987). (Resaltado fuera de texto).
No existe
ninguna duda de que para efectos de establecer la graduación de la
responsabilidad de cada una de las actividades concurrentes en la producción
del daño, resulta necesario verificar “de modo objetivo” la incidencia de esas
acciones en el flujo causal desencadenante del perjuicio; mas ello no es
suficiente porque para llegar a esa solución es preciso indagar como paso
antelado, en cada caso concreto, quién es el responsable de la actividad
peligrosa, y ello solo es posible en el terreno de la culpabilidad”[44]. (Resaltado original).
Bajo ese hilo argumentativo es
preciso señalar además que la Corte Suprema de Justicia ha puesto de presente
la dificultad en el proceso de verificación del nexo causal y, con ello,
resalta que el problema de la causalidad adquiere mayor relevancia cuando el
hecho lesivo es la consecuencia de la pluralidad de circunstancias que no
siempre son identificables en su totalidad, lo que ha denominado “concausas”
o “causas adicionales”[45].
Entre ellas, identifica los
eventos en los cuales “si el hecho lesivo es generado por la acción
independiente de varias personas, sin que exista convenio previo ni cooperación
entre sí, ‘pero de tal suerte que aún de haber actuado aisladamente, el
resultado se habría producido lo mismo’, entonces surge la hipótesis de la causalidad
acumulativa o concurrente, una de cuyas variables es la contemplada en el
artículo 2537 del ordenamiento civil, que prevé la reducción de la apreciación
del daño cuando la víctima interviene en su producción por haberse expuesto a
él imprudentemente”.
Por eso, aclara que para
establecer el nexo de causalidad: (i) es preciso acudir a las reglas de la
experiencia, a los juicios de probabilidad y al sentido de razonabilidad; (ii)
su caracterización supone además “la interrupción de una cadena de
circunstancias cuando en ella intervienen elementos extraños tales como los
casos fortuitos o los actos de terceros que tienen la virtualidad suficiente
para erigirse en el hecho generador del daño y, por tanto, excluyente de todos
los demás”; y (iii) también se rompe cuando el daño es imputable a la
víctima, porque en muchas circunstancias es ella quien da origen a la
consecuencia lesiva, voluntaria o involuntariamente[46].
4.3.    Se concluye de
todo lo anterior que la responsabilidad civil extracontractual supone resarcir
un daño generado con ocasión de un hecho que no tiene origen en un
incumplimiento obligacional sino que opera entre quienes ha vinculado
únicamente el azar. En particular, la responsabilidad civil
extracontractual en actividades peligrosas, como sucede con la conducción de
vehículos automotores, supone: (i) que la víctima demuestre el ejercicio de la
actividad peligrosa, el daño y la relación de causalidad entre ambos; (ii) que
el presunto responsable solo podrá exonerarse, salvo norma en contrario,
demostrando la existencia de alguna causal eximente de responsabilidad que
rompa el nexo causal; y (iii) que en los casos de actividades peligrosas
concurrentes el juez deba examinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar
en que se produce el daño para establecer el grado de responsabilidad que
corresponde a cada actor.
4.4.    De otra parte,
encuentra necesario la Sala hacer una breve referencia a la jurisprudencia de
este Tribunal sobre las sentencias inhibitorias.
5.
Derecho fundamental al acceso a la
administración de justicia y a obtener una decisión judicial de fondo.
Decisiones inhibitorias manifiestas e implícitas. Reiteración de jurisprudencia[47].
5.1.
De acuerdo a lo consagrado en el artículo 229 de
la Constitución se debe garantizar el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. Esta corporación ha señalado que se trata de un
derecho fundamental estrechamente relacionado con la vigencia y efectividad de
otros bienes
constitucionales básicos dentro del Estado Social y Democrático de Derecho, en
especial la conservación de la convivencia pacífica y de un orden justo[48].
Lo anterior se sustenta además en el artículo 228 de la Carta en
virtud del cual la administración de justicia es función pública y se concreta
en la independencia de sus decisiones, en la prevalencia del derecho sustancial
y en su funcionamiento desconcentrado y autónomo. Según ha sido sostenido por
la Corte, dichas características “impiden que la
garantía de su acceso se vea limitada a una perspectiva formal y, en contrario,
obligan a que las controversias sometidas al estudio de la jurisdicción
obtengan una decisión de fondo que otorgue certidumbre sobre la titularidad y
el ejercicio de los derechos objeto de litigio”[49].
5.2.
Es por esa razón que las decisiones
judiciales inhibitorias atentan contra el derecho al acceso a la administración
de justicia y, por lo mismo, solamente resultan admisibles en situaciones
excepcionales. En la sentencia C-666 de 1996 el pleno de esta corporación
explicó en qué consisten las decisiones de esa naturaleza:
“En lo relativo a providencias judiciales, se
denominan inhibitorias aquellas en cuya virtud, por diversas causas, el
juez pone fin a una etapa del proceso, pero en realidad se abstiene de penetrar
en la materia del asunto que se le plantea, dejando de adoptar resolución de
mérito, esto es, ‘resolviendo’ apenas formalmente, de lo cual resulta que el
problema que ante él ha sido llevado queda en el mismo estado inicial. La
indefinición subsiste.
Para la
Corte Constitucional es claro que, estando la función judicial ordenada, por su
misma esencia, a la solución de los conflictos que surgen en el seno de la
sociedad, el fallo inhibitorio es, en principio, su antítesis.
En efecto,
al consagrar el acceso a la administración de justicia como derecho fundamental
en cabeza de toda persona, y al establecer, como uno de los postulados que
orientan la actividad judicial, la prevalencia del Derecho sustancial
(artículos 228 y 229 C.P.), la Constitución Política impuso a los jueces la
obligación primordial de adoptar, en principio, decisiones de fondo en los
asuntos materia de proceso”. (Resaltado original).
Esa misma providencia sintetizó lo relativo al acceso a la
administración de justicia y el debido proceso como derechos cuya efectividad
se ve involucrada cuando los jueces emiten sentencias inhibitorias. Sobre el
acceso a la administración de justicia reiteró que “esta no implica
solamente la posibilidad de acudir ante el juez para demandar que
deduzca de la normatividad vigente aquello que haga justicia en un evento
determinado, sino que se concreta en la real y oportuna decisión judicial y,
claro está, en la debida ejecución de ella”[50].
Continuó
señalando que el alcance de ese derecho fundamental “no puede concebirse
dentro de los estrechos moldes de una posibilidad formal de llegar ante los
jueces, o en la simple existencia de una estructura judicial lista a atender
las demandas de los asociados”, sino que “su núcleo esencial reside en
la certidumbre de que, ante los estrados judiciales, serán surtidos los
procesos a la luz del orden jurídico aplicable, con la objetividad y la
suficiencia probatoria que aseguren un real y ponderado conocimiento del
fallador acerca de los hechos materia de su decisión”[51].
En cuanto al derecho al debido proceso señaló que este “se
funda, entre otros aspectos, en la garantía de que, sometido un asunto al
examen de los jueces, se obtendrá una definición
acerca de él”, y resaltó el papel del juez en la búsqueda de los valores
del Derecho como la justicia, la seguridad jurídica y la equidad, y su
obligación atender lo dispuesto en el Preámbulo de la Constitución, así como los
fines esenciales del Estado. Al respecto sostuvo:
“De la
Constitución surge el papel activo del juez en la búsqueda de la genuina
realización de los valores del Derecho -en especial la justicia, la seguridad
jurídica y la equidad-, luego de sus atribuciones y de su compromiso
institucional emana la obligación de adoptar, en los términos de la ley que
rige su actividad, las medidas necesarias para poder fallar con suficiente
conocimiento de causa y con un material probatorio completo. De allí resulta
que, bajo la perspectiva de su función, comprometida ante todo con la búsqueda
de la verdad para adoptar decisiones justas, no pueda limitarse a los elementos
que le son suministrados por las partes y deba hallarse en permanente
disposición de decretar y practicar pruebas de oficio, de evaluar y someter a
crítica las allegadas al proceso y de evitar, con los mecanismos a su alcance,
las hipótesis procesales que dificulten o hagan imposible el fallo.
Así, pues, si
se atiende al Preámbulo de la Constitución, que señala a sus preceptos como
objetivo prioritario la realización de la justicia y la garantía de un orden
justo; si se quiere alcanzar los fines esenciales del Estado, uno de los
cuales consiste en asegurar la efectividad de los principios, derechos y
deberes consagrados en la Carta (artículo 2 C.P.); si se da verdadero sentido a
la norma fundamental en cuya virtud las autoridades de la República están instituidas
para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra,
bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares (artículo
2 C.P.); si se acatan los postulados del debido proceso, que en últimas
consagran el derecho de toda persona a que, dentro de las formas propias de
cada juicio, se defina el Derecho en su caso (artículo 29 C.P.); si se hace
efectivo el acceso de todos a la administración de justicia (artículo 229 C.P.)
y si se reconoce en ella la prevalencia del Derecho sustancial (artículo 128
C.P.), las inhibiciones judiciales deben ser rechazadas como formas habituales
y generalizadas de dar término a los procesos judiciales o a las etapas de los
mismos”. (Resaltado fuera de texto).
En la sentencia T-134 de 2004, la Corte explicó que tales
consideraciones se han extendido a aquellos casos en los que la sentencia, a
pesar de no ser inhibitoria formalmente, “no resuelve de fondo el problema
jurídico planteado y deja en suspenso la titularidad de derechos o el ejercicio
de los mismos”. Sostuvo que con este evento se evidencia de igual forma la
vulneración del derecho al acceso a la administración de justicia, por cuanto
no existe un fallo de fondo que defina la controversia sometida al conocimiento
del juez.
Con base en esa premisa, distinguió dos formas de sentencia
inhibitoria injustificada: (i) el fallo inhibitorio manifiesto, “en que el
juez expresamente decide no resolver de fondo lo pedido sin haber agotado todas
las posibilidades conferidas por el ordenamiento jurídico aplicable”; y
(ii) el fallo inhibitorio implícito,
“caso en el cual el juez profiere una decisión que en apariencia es de
fondo, pero que realmente no soluciona el conflicto jurídico planteado y deja
en suspenso la titularidad, el ejercicio o la efectividad de los derechos y
prerrogativas que fundaban las pretensiones elevadas ante la jurisdicción”[52].
En la referida providencia esta corporación sostuvo que teniendo
en cuenta que ambas formas de sentencia inhibitoria injustificada vulneran el
derecho fundamental al acceso a la administración de justicia, la acción de
tutela se convierte en un mecanismo procedente para controvertirlas, en
ausencia de otro mecanismo idóneo de protección judicial. Sobre este punto
señaló:
“En efecto,
cuando el juez injustificadamente deja de resolver materialmente la
controversia que se ha presentado a su estudio, interpreta las normas de rango
legal en contravía con los mandatos superiores y, por lo tanto, viola de forma
directa la Constitución e impide el ejercicio efectivo de los derechos
fundamentales de las partes en el proceso (…)”.
Sin embargo,
también es cierto que no todas las sentencias inhibitorias atentan contra los
derechos al acceso a la administración de justicia y al debido proceso, por
cuanto existen circunstancias excepcionales que impiden al juez fallar el
asunto de fondo.
Sobre el particular, en la sentencia T-1017 de 1999[53] esta
corporación consideró que puede ser
que el juez, a pesar de conocer la existencia de múltiples interpretaciones
posibles para determinada disposición, considere que una de ellas es la más
adecuada a pesar de que la misma conduzca a una sentencia inhibitoria. En esos
casos se manifiesta la facultad del juez de adoptar, de manera autónoma e independiente,
la interpretación que consideró más adecuada, siempre sujeto al deber de
aplicar otros principios y garantías constitucionales, como el derecho de
acceso a la administración de justicia y el debido proceso, como límites al
principio de la autonomía funcional. Al respecto estimó:
“Si bien el principio de
autonomía funcional representa una garantía para la verdadera imparcialidad de
la justicia, la propia Constitución establece la primacía de los derechos
fundamentales - dentro de los cuales se encuentra el derecho de acceso a la
administración de justicia -, así como la obligación del Estado – y, en
consecuencia, del juez -, de someterse a las reglas del derecho y de garantizar
la verdadera eficacia de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución. En particular, la Carta asigna a los jueces de la República la
función principalísima de resolver las disputas relevantes para el derecho. En
consecuencia, el juez que ha dejado de resolver un conflicto sometido a su
conocimiento, sin una razón objetiva, absolutamente imperiosa e indiscutible,
ha vulnerado el derecho de acceso a la administración de justicia de las
partes. En este caso, no puede alegar en su defensa la aplicación del principio
de autonomía funcional, pues ello equivaldría a invertir las prelaciones
establecidas por la propia Carta”.
5.3.    En definitiva, por regla
general las decisiones inhibitorias vulneran los derechos al acceso a la
administración de justicia y al debido proceso en la medida que impiden obtener
una decisión de fondo y mantienen la incertidumbre sobre la titularidad y el
ejercicio de los derechos objeto del litigio. Solo en casos excepcionales
resultan válidas esta clase de providencias cuando, luego de realizar varias
interpretaciones posibles, el juez considera que la más adecuada conduce a una
sentencia inhibitoria.
6.
Caso concreto.
6.1.    Breve
presentación del caso.
El señor Carlos
Mosquera Murillo y las
señoras Gloria María Murillo Rivas -en calidad de madre de la víctima- actuando
en nombre y representación de su hija menor Gloria Marcela Mosquera Murillo y
Yesenia Mosquera Murillo interpusieron acción de
tutela en contra del Tribunal Superior de Distrito Judicial de
Quibdó, por considerar que con su decisión vulneró sus derechos fundamentales
al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
Lo anterior, porque revocó la
sentencia emitida por el Juzgado Civil del Circuito de Quibdó y negó las súplicas
de la demanda ordinaria de responsabilidad civil extracontractual por ellos
instaurada en contra de la empresa Flota Occidental S.A. y el señor Julio César
López Ossa, sin valorar debidamente varias pruebas que obraban en el expediente.
La Sala Civil de
la Corte Suprema de Justicia negó el amparo al
considerar que independientemente de que se comparta
o no la hermenéutica de los funcionarios accionados, ello no descalifica su
decisión ni la convierte en caprichosa o arbitraria. En
segunda instancia la Sala de Casación Laboral de misma corporación confirmó la
providencia impugnada argumentando que el Tribunal
accionado argumentó suficientemente su providencia de conformidad con el
ordenamiento jurídico, la jurisprudencia y los medios de prueba allegados al
expediente.
6.2.    Cumplimiento
de los requisitos generales de procedibilidad.
Previo a abordar las censuras
presentadas por los accionantes, la Sala definirá si el caso cumple con los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales.
De conformidad con la
jurisprudencia expuesta en la parte considerativa de esta sentencia, la acción
de tutela, por regla general, no procede contra decisiones de autoridades
judiciales, salvo cuando sean acreditadas las causales generales que le
permiten al juez constitucional asumir su conocimiento. En el caso que ahora se
estudia, la Sala encuentra que la tutela interpuesta por Carlos
Mosquera Murillo, Gloria Marcela Mosquera Murillo, Gloria María Murillo Rivas y
Yesenia Mosquera Murillo cumple con esos requisitos de procedibilidad,
como se pasa a exponer:
6.2.1. Relevancia constitucional del
asunto. El presente caso cumple con este requisito, en primer lugar, porque
la discusión se circunscribe a la posible vulneración de los derechos fundamentales
al debido proceso (artículo 29 C.P) y al acceso a la administración de justicia
(artículo 229 C.P), con ocasión de la decisión proferida en segunda instancia dentro
del proceso ordinario de responsabilidad civil extracontractual
promovido por los accionantes en contra de la empresa Flota Occidental
S.A. y el señor Julio César López Ossa.
En esa medida,
del estudio de fondo del asunto que ahora conoce la Sala podría depender la
garantía y eficacia de los derechos fundamentales mencionados[54] y,
al mismo tiempo, pone sobre
el escenario la relación entre estos principios y el papel del juez en el
Estado Social de Derecho[55].
Lo anterior, en tanto: (i) respecto de la providencia atacada los
accionantes alegan un defecto fáctico por la valoración defectuosa que
desarrolló el Tribunal sobre determinadas pruebas; y (ii) porque, al parecer, el
accionado no definió de fondo el asunto, en tanto concluyó que no se encontraba
acreditada, por ninguna de las partes involucradas, la causa determinante del
daño sufrido por el demandante.
Por último, es preciso destacar
que la Sala en otras oportunidades ha estudiado asuntos concernientes a la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales sobre
responsabilidad civil extracontractual, en los cuales ha destacado la
importancia y relevancia constitucional que revisten este tipo de casos en la
medida que tocan directamente con la garantía de derechos fundamentales como el
debido proceso y el acceso a la administración de justicia[56].
6.2.2. Agotamiento de los recursos
judiciales. El accionante agotó todos los mecanismos judiciales que se
encontraban a su alcance para obtener la indemnización por el daño causado en
el accidente de tránsito acaecido el 3 de septiembre de 2008. En efecto, acudió
a los jueces ordinarios dentro del proceso de responsabilidad civil
extracontractual y presentó el recurso extraordinario de casación, el cual fue
negado por el Tribunal accionado por no superar la cuantía exigida en el Código
de Procedimiento Civil para su procedencia.
6.2.3. Principio de inmediatez. Sobre
este requisito ha mencionado la Corte que si bien el Decreto 2591 de 1991
señala que la acción de tutela puede ser interpuesta en cualquier tiempo,
teniendo en cuenta que la misma pretende dar protección inmediata ante la
vulneración o amenaza de los derechos, debe ser interpuesta en un tiempo
razonable, contado desde que acaecieron los hechos causantes de la trasgresión
o desde que la persona sienta amenazados sus derechos. La razonabilidad del
plazo está determinada por la finalidad de la tutela, que debe ser ponderada en
cada caso concreto[57].
En el presente caso, los
accionantes cumplieron con este requisito, en tanto: (i) las decisiones de
instancia dentro del proceso ordinario laboral fueron proferidas el 13 de diciembre
de 2012 y el 1 de agosto de 2013; (ii) el recurso de casación fue negado
mediante Auto del 23 de agosto de 2013; y (iii) los accionantes, Carlos Mosquera Murillo, Gloria Marcela Mosquera Murillo, Gloria
María Murillo Rivas y Yesenia Mosquera Murillo interpusieron la acción
de tutela el día 30 de octubre de 2013. Lo anterior supone, conforme lo
señalado por esta corporación, que el amparo fue instaurado en un término
prudencial contado desde el mismo momento en que vieron afectados sus derechos
fundamentales.
6.2.4. En caso de tratarse de una
irregularidad procesal, que esta tenga incidencia directa en la decisión que
resulta vulneratoria de los derechos fundamentales. Este requisito no es
aplicable al asunto bajo estudio ya que las anomalías que se alegan son de
carácter fáctico.
6.2.5. Identificación de los hechos
que generan la violación y que ellos hayan sido alegados en el proceso
judicial, en caso de haber sido posible. La afectación de los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia que
ahora se exponen no fueron alegados por los accionantes dentro del proceso
ordinario de responsabilidad civil extracontractual.
Sin embargo, ello no era posible
en la medida que la sentencia de primera instancia fue favorable a sus
intereses y solo hasta la decisión de segunda instancia es que los accionantes
evidencian la vulneración de sus derechos. Adicionalmente, en el trámite del
recurso de casación no fue posible analizar lo concerniente a las garantías
cuya afectación ahora se alega, por cuanto el Tribunal se circunscribió al
estudio de los requisitos de procedencia del recurso extraordinario.
6.2.6. El fallo controvertido no es
una sentencia de tutela. Como se ha indicado, las providencias que se
censuran hicieron parte de un proceso de responsabilidad civil extracontractual.
6.3.    Acaecimiento
de los requisitos específicos de procedibilidad.
Una vez definidos los puntos que
hacen procedente la acción de tutela, entra la Sala al análisis de los
requisitos especiales de procedibilidad contra providencias judiciales,
específicamente el defecto fáctico, como causal alegada por los accionantes.
6.3.1. La sentencia atacada incurre en un defecto fáctico y es contraria a
la Constitución, en la medida en que el análisis probatorio fue insuficiente e
inadecuado para resolver de fondo el asunto puesto en conocimiento de los
jueces ordinarios.
6.3.1.1. De acuerdo
a lo reseñado en la parte considerativa de esta providencia, cuando se está
ante el evento de la responsabilidad civil extracontractual en actividades
peligrosas, la víctima de la lesión causada debe acreditar el ejercicio
de dicha actividad peligrosa, el daño y la relación de causalidad entre aquella
y este. Por su parte, el demandado solo podrá exonerarse demostrando plenamente
que el daño no se produjo dentro del ejercicio de la actividad peligrosa porque
obedeció a un elemento extraño exclusivo, esto es, la fuerza mayor, el caso
fortuito, la intervención de la víctima o de un tercero, que excluyen la
autoría por romper el nexo causal.
Específicamente, en los casos de
responsabilidad civil extracontractual en actividades peligrosas concurrentes,
el juez debe examinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se
produce el daño, con el fin de evaluar la equivalencia o asimetría de las actividades
peligrosas concurrentes y su incidencia en la cadena de causas generadoras del
daño y, así, establecer el grado de responsabilidad que corresponda a cada uno
de los actores, de conformidad con lo establecido en el artículo 2357 del
Código Civil. Para ello deberá acudir a las reglas de la experiencia, a los
juicios de probabilidad y al sentido de razonabilidad.
6.3.1.2. Las
consideraciones del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibdó en la
sentencia cuestionada.
El Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Quibdó revocó la decisión Juzgado Civil del
Circuito de Quibdó, que declaró civil y solidariamente responsables a la
empresa Flota Occidental S.A. y al señor Julio César López Ossa, bajo los
siguientes argumentos:
(i)
Consideró que el croquis del accidente no
revelaba el sitio de la colisión. Señaló que por la posición del bus, que quedó
sobre el andén de su carril, era evidente la maniobra del conductor con la
cabrilla, pero que ello, por sí solo, no demostraba que el accidente hubiera
ocurrido por la invasión de carril o la maniobra de adelantamiento. De igual
forma, señaló que si bien el croquis muestra una curva, en ningún momento se
acreditó que esta hubiera tenido influencia en la colisión.
(ii)
En cuanto al dictamen pericial señaló que
tampoco aportaba elementos de juicio para dilucidar cuál fue la causa del daño,
por cuanto el auxiliar de la justicia formuló una hipótesis al indicar que “se
puede concluir que el vehículo tipo buseta, al quedar sobre el andén, pudo
haber efectuado una maniobra de cabrillazo, la cual buscaba regresar a su
carril, después de haber hecho maniobra de adelantamiento”. Consderó que el
informe es hipotético en las conclusiones consignadas, en tanto indica una
posibilidad y no brinda certeza, la que de obrar, debía estar fundamentada por
tratarse de una prueba técnica.
(iii)
Además consideró sobre ese dictamen, que no hay
prueba de la existencia del obstáculo en el sitio que condujera a dicha
maniobra, no se consignó en el croquis, no hay constancia de la huella de
arrastre ni de frenada, no lo dice el demandante en su declaración y un testigo
afirmó que no habían vehículos estacionados en el carril del bus.
(iv)
En cuanto las pruebas testimoniales,
señaló que la sentencia del juez de primera instancia, en cumplimiento del
deber de valorar las pruebas en su conjunto, hizo el análisis de la testimonial
con énfasis, en mayor medida, en la versión de Jhon Samir Mena, quien según se
dice, era la persona que iba detrás de la moto del actor y tuvo conocimiento
directo de la forma como ocurrió el accidente, no así, en la de Jackson Antonio
González, quien llegó al sitio de los hechos cuando la policía de tránsito
estaba levantando el croquis, circunstancia válida para restarle credibilidad.
Así, consideró acertado el análisis del a quo en ese aspecto.
(v)
Desestimó la afirmación del testigo de la parte
demandante Jhon Samir Mena, según la cual el bus adelantó porque había un carro
estacionado, por cuanto no había anotación de ello en el croquis y el
demandante nada había dicho al respecto en el interrogatorio de parte.
(vi)
Asimismo, desestimó la afirmación del testigo de
la parte demandada Yerling José Quejada, según la cual el accidente se ocasionó
por la invasión del carril de la motocicleta, por cuanto no hay ningún otro
medio probatorio que lo corrobore y el croquis y el informe pericial nada dicen
al respecto.
(vii)   Sustentado en el anterior análisis, el Tribunal concluyó:
“Consecuente
con lo anterior, avizora la Colegiatura que no hay prueba de la invasión del
carril por parte del motociclista hoy demandante, lo que impide tener por
probada la excepción de culpa exclusiva de la víctima alegada por el apelante
y así se declarará en esta instancia
También
hay orfandad probatoria en cuanto a la invasión del carril proveniente de la
buseta afiliada a la flota occidental, que haya generado la colisión acaecida la noche
del 3 de septiembre de 2008, habida cuenta que no existe indicio alguno de la
presencia de un vehículo estacionado en su carril que lo hubiere obligado a
realizar la maniobra de adelantamiento.
De
cara a lo anterior, frente a la falencia probatoria denotada, fácil es
colegir que no se estableció la causa determinante del daño inferido al demandante,
presupuesto que, ante la ocurrencia de actividades peligrosas, debía estar
plenamente acreditado; consecuentemente, no estando probada la
relación de causalidad entre la conducta desplegada y el daño causado, no están
cumplidos los presupuestos para atribuir responsabilidad a la parte demandada
por el suceso acaecido el 3 de septiembre de 2008”[58]. (Resaltado fuera de texto).
6.3.1.3. En
sentir de los accionantes, el Tribunal accionado incurrió en los siguientes
defectos:
a)
Expresar que no existía ninguna prueba
relacionada con la maniobra de invasión de carril del bus y que no había
constancia de la existencia de un segundo vehículo que hubiera provocado la
maniobra; cuando a folios 2 y 3, cuaderno de prueba y folios 26 y 27 o 28 y 29,
cuaderno de pruebas de la parte demandada se demuestra lo contrario.
b)
Decir que el demandante en su interrogatorio
nada había dicho en relación con la maniobra del conductor y la presencia del
vehículo que trató de invadir el bus, cuando los testimonios como el
interrogatorio sí dieron constancia de la maniobra invasiva del bus.
c)
Aducir que el testimonio de Jhon Samir Mena, en
relación con la maniobra invasiva del conductor del bus y el vehículo al que
trató de adelantar, no tenía ningún respaldo, cuando a folios 26 y 27 o 28 y
29, cuaderno de pruebas de la parte demandada se encontraba el respaldo a dicho
testimonio.
d)
Desconocer que los demandados, el conductor y el
auxiliar de la policía habían alterado la escena del accidente tal como se
evidencia en la prueba y folios citados en los hechos, razón por la cual el
croquis no refleja la existencia de otros vehículos.
6.3.1.4. Examen
de la Corte Constitucional.
Para
definir el asunto de fondo y determinar el grado de responsabilidad por los
daños ocasionados en el accidente, los jueces de instancia podían llegar a
cualquiera de las siguientes conclusiones: (i) establecer si fue la parte demandada
la que ocasionó el daño por su actuar imprudente o negligente; (ii) si fue la
víctima que voluntaria o involuntariamente ocasionó el accidente y por lo
tanto, rompió el nexo de causalidad; (iii) si existió algún otro eximente de
responsabilidad, como caso fortuito, fuerza mayor o un hecho de un tercero; o
(iv) si hubo concurrencia de culpas y en esa medida, la gradualidad de la
responsabilidad según la participación de las partes involucradas.
Teniendo en
cuenta lo anterior, sobre la interpretación efectuada por el Tribunal la Sala
considera:
a.   Respecto del croquis del accidente y del dictamen pericial determinó
que no existía en ellos manifestación alguna que acreditara la invasión de
carril o la maniobra de adelantamiento; y específicamente sobre el dictamen
pericial concluyó que el mismo se basó en hipótesis que no brindaban certeza
sobre las circunstancias en las que se ocasionó el accidente, las cuales debían
contener los correspondientes soportes por tratarse de una prueba técnica.
Ello, a juicio
de la Corte, supone una justificación insuficiente para desestimar el análisis
efectuado por el juez de primera instancia, quien realizó un estudio específico
sobre dichas pruebas.
En efecto, el a
quo sostuvo: “obra en el expediente a folio número 13 informe de Policía
de Tránsito y Transporte Municipal (…) en el que reposa el croquis de la escena
del sitio donde ocurrió el accidente (…) y revisado minuciosamente se puede
evidenciar que existió una maniobra intempestiva por parte del conductor del
vehículo tipo buseta, dado que su ubicación final reflejada en el esquema a una
distancia señalada con el vector B, la cual indica la distancia de 5.01, en una
vía que según el vector H es de 7.55. Lo anterior demuestra ser un hecho
indicador de una maniobra sorpresiva de desplazamiento y recuperación del
carril que le correspondía originalmente a la buseta, situación que indica que
el vehículo que invade el carril de la motocicleta es el vehículo automotor de
la empresa en cita. Aún más, refleja el croquis que la motocicleta en su
ubicación final sigue encontrándose en su carril, sin que se demuestre que sea
esta, que allá (sic) realizado invasión del carril o adelantamiento (…) La
anterior situación se corrobora con el dictamen pericial no objetado y arrimado
adecuadamente al proceso”.
De lo anterior
se deduce que el juez de primera instancia analizó de manera específica y
concreta el croquis y lo que allí fue consignado por el auxiliar de la policía.
Por el contrario, el Tribunal desestimó el análisis del a quo solo bajo
la consideración de que en dichas pruebas no existía una afirmación puntual
sobre la maniobra de adelantamiento y de invasión de carril, sin analizar lo
contenido en ese medio probatorio, es decir, sin explicar a fondo las razones
por las cuales le restó credibilidad.
En esa medida, encuentra
la Sala que si para el Tribunal generaba duda lo contenido en el informe de la
policía, debió decretar las pruebas que considerara necesarias para aclarar la
veracidad de los hechos y dilucidar la causa determinante del daño. Sobre el
particular la Corte abordará el estudio más adelante.
b.  En segundo lugar, advierte la Sala que lo mismo sucedió con la
valoración efectuada por el Tribunal respecto de las pruebas testimoniales, donde
se limitó a hacer un análisis comparativo entre lo referido en dicho medio
probatorio con lo consignado en el interrogatorio de parte, en el croquis y en
el dictamen pericial.
En efecto, al
analizar lo dicho por el testigo Jhon Samir Mena, quien aseguró que el
accidente ocurrió cuando el bus trató de adelantar otro carro allí parqueado
invadiendo de esa forma el carril contrario, aseguró que tal afirmación carecía
de prueba porque no había anotación en el croquis y el demandante nada dijo
al respecto en el interrogatorio. Más adelante, al analizar el testimonio
de Yerling José Quejada, quien manifestó que el demandante fue quien invadió el
carril del bus, simplemente aseveró que no había prueba de la invasión de
carril por parte del motociclista.
Con base en tal
comparación, concluyó que no existía prueba que acreditara lo manifestado por
los testigos, sin dar mayor explicación sobre las razones por las cuales no dio
credibilidad a lo declarado por ellos, lo que, en el sentir de esta
corporación, no desestima el análisis efectuado en la decisión de primera
instancia.
Sobre el
particular sostuvo el a quo: “Los citados testigos [Jhon Samir Mena y
Jackson Antonio González] son claros y consistentes en el hecho que fue el
vehículo de Flota Occidental quien ocasionó la colisión, debido a una maniobra
de adelantamiento en curva (…) Cómo puede afirmar el señor Yerling Quejada, que
la colisión de la moto los envió hacia el andén, guardadas las proporciones de
ambos vehículos no es creíble que dicho impacto haya alejado tanto al vehículo
tipo buseta respecto de la motocicleta, (…) no hay lógica destina a pensar que
el vehículo al servicio de la empresa fue maniobrado para finalmente conseguir
la ubicación en la que se encontraba al levantar el croquis. Igualmente, este
testigo asevera ser pasajero del vehículo accidentado y trabajar al servicio de
la empresa Flota Occidental, sin embargo cómo darle credibilidad a un pasajero
que va dentro de la buseta cuando la panorámica de la visión no será nunca
igual al testigo que observa el siniestro desde afuera del automotor”.
De lo anterior,
se deduce que el juez de primera instancia analizó de manera específica y
concreta lo manifestado por cada uno de los testigos y sustentó debidamente las
razones que lo llevaron a concluir que efectivamente existió una maniobra
irregular de adelantamiento por parte de la buseta.
Por el
contrario, las únicas pruebas tenidas en cuenta por el Tribunal fueron el
croquis y el dictamen pericial, en tanto de ellos dependió o se supeditó el
resultado del análisis de las pruebas testimoniales. Bajo ese entendido,
encuentra la Sala además que si lo que el Tribunal pretendía era restar
credibilidad a cada uno de los testimonios, mal podía hacerlo basándose en otra
prueba a la que igualmente restó credibilidad (croquis y dictamen pericial), en
lugar  de analizar todo el acervo probatorio en su conjunto y así determinar
con cuál prueba podía definir de fondo el asunto, tal y como lo realizó el juez
de primera instancia.
En esa medida,
encuentra la Sala que si para el Tribunal generaba duda lo manifestado por los
testigos de ambas partes, debió decretar las pruebas que considerara necesarias
para aclarar la veracidad de los hechos y determinar así la causa determinante
del daño. Sobre el particular la Corte abordará el estudio más adelante.
c. En tercer
lugar, evidencia la Sala que, contrario a lo señalado por el ad quem, en
el interrogatorio de parte rendido por el señor Carlos Mosquera Murillo el 16
de enero de 2012 donde el juez de primera instancia le pide hacer un recuento
de lo acontecido el día del accidente, este manifiesta: “Yo recuerdo que iba
a las 8:30 de la noche, iba rumbo para cabi, yo voy por mi derecha normal, como
a unos 40 kilómetros por hora, exactamente en el barrio San Francisco de
Medrano, más abajito de la curva, delante del señor de flota occidental hay
un carro parqueado, entonces en el momento en que voy yo llevo las luces
prendidas, en el momento en el que voy a pasar, el señor del occidental me
invade el carril, y no puedo ni esquivar el carro, no me dio tiempo,
entonces en el momento del impacto yo caigo por aya (sic) y el señor no se baja
ni a ver que me pasó, ni a recogerme, entonces ubicó el carro, lo estacionó a
la derecha de él y ahí me recogió un amigo en un taxi (…)”.
De la simple
lectura de la declaración salta a la vista, es clara y notoria la manifestación
del señor Mosquera Murillo sobre: (i) la existencia de un carro estacionado;
(ii) la maniobra de adelantamiento; y (iii) la invasión de carril por parte del
bus. En esa medida, no puede el Tribunal ignorar lo que a todas luces se
encuentra consignado en el interrogatorio de parte, ni mucho menos asegurar que
el demandante nada dijo sobre la maniobra de adelantamiento y la invasión del
carril, cuando de la lectura de la prueba se deduce lo contrario.
d. Por otro lado, como se expuso,
el Tribunal al no encontrar prueba fehaciente sobre la maniobra de
adelantamiento del bus, revocó la sentencia de primera instancia y en su
lugar negó las súplicas de la demanda. De igual forma, al
no contar con una prueba sobre la invasión de carril por parte del demandante, adicionó
la sentencia de primera instancia y declaró no probada la excepción de culpa
exclusiva de la víctima. Y finaliza señalando que como consecuencia de lo
anterior, al no estar probada la relación de causalidad entre
la conducta desplegada y el daño causado, no se cumplían  los
presupuestos para atribuir responsabilidad a la parte demandada”
Lo anterior, a
juicio de la Sala, se aleja de toda interpretación razonable en la medida que,
además de determinar la ausencia de responsabilidad de las dos únicas partes
involucradas en el accidente, debió al menos examinar la posible existencia de
otra causal eximente de responsabilidad.
Además, si el
fallador no encuentra demostrada por ninguna de las partes la causa del daño,
mal podría por ello favorecer a una de ellas, declarando su ausencia de
responsabilidad. Para la Sala, tener como no probada la responsabilidad de
ambas partes y, a pesar de ello, favorecer a una de ellas a su arbitrio y sin
ninguna razón jurídica valedera, es una decisión que además de contradictoria,
escapa de toda razón lógica y hermenéutica jurídica razonable.
e. Finalmente,
es preciso resaltar que todo el análisis probatorio defectuoso llevado a cabo
por el Tribunal, conllevó a la vez que este profiriera una sentencia
inhibitoria implícita, en la medida que con su decisión subsistió la
indefinición sobre la responsabilidad por los daños causados al accionante y
aunque aparentemente decidió de fondo el caso puesto en conocimiento, no
solucionó el problema jurídico planteado y dejó en suspenso la titularidad,
ejercicio y la efectividad del derecho reclamado.
Si para el
Tribunal el acervo probatorio era insuficiente, debió cuando menos decretar las
pruebas de oficio que considerara necesarias para llegar a la verdad de los
hechos.
El Código
General del Proceso contiene diferentes disposiciones que permiten a los jueces
de instancia decretar las pruebas de oficio que permitan definir el asunto. En
efecto, el artículo 167 señala: “Incumbe a las partes probar el supuesto de
hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. No
obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a
petición de parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su
práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo
probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más
favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos.
(…)”. El artículo 169 dispone: “Las pruebas pueden ser decretadas a
petición de parte o de oficio cuando sean útiles para la verificación de los
hechos relacionados con las alegaciones de las partes”. Y el artículo 170
del mismo ordenamiento consagra: “El juez deberá decretar pruebas de oficio,
en las oportunidades probatorias del proceso y de los incidentes y antes de
fallar, cuando sean necesarias para esclarecer los hechos objeto de la
controversia”.
Específicamente,
sobre los procesos declarativos, como el de responsabilidad civil
extracontractual, dispone el inciso 10° del artículo 372 del Código General del
Proceso lo siguiente: “10. Decreto de pruebas. El juez decretará las pruebas
solicitadas por las partes y las que considere necesarias para el
esclarecimiento de los hechos, con sujeción estricta a las limitaciones
previstas en el artículo 168. (…)”.
La Corte no ha
sido ajena a esta obligación de los jueces y por ello, ha resaltado la
importancia de las pruebas de oficio en el proceso civil colombiano. Sobre este
punto ha sostenido que para determinar el papel de las pruebas de oficio
en el proceso civil, es preciso señalar que en Colombia se presenta un sistema
de carácter mixto, esto es, en parte dispositivo y en parte inquisitivo. Entonces,
por un lado, “el derecho de acción, es decir, la iniciativa de acudir a la
jurisdicción, recae en las partes, quienes, además, tienen la obligación de ser
diligentes en el cuidado de sus asuntos y de brindar al juez todos los
elementos que consideren necesarios para la prosperidad de sus  pretensiones (o
de sus excepciones)”. No obstante, “el juez no es un simple espectador
del proceso como sucede en sistemas puramente dispositivos, pues la ley le
asigna, entre otras, las funciones de dirigir el proceso, de adoptar todas las
medidas que considere necesarias para lograr el esclarecimiento de los hechos,
de eliminar los obstáculos que le impiden llegar a decisiones de fondo, y de
decretar las pruebas de oficio que considere necesarias, tanto en primera como
en segunda instancia (artículos 37.1, 37.4, 179 y 180 del C.P.C.)”[59].
En ese sentido,
ha resaltado que el principio de necesidad de la prueba se encuentra
íntimamente ligado al derecho fundamental al debido proceso, “pues se dirige
a evitar cualquier tipo de decisión arbitraria por parte de las autoridades
(núcleo esencial de la garantía constitucional citada); y, además, porque la
valoración dada a las pruebas, o el juicio sobre los hechos, debe
materializarse en la sentencia para que su motivación sea adecuada”[60]. En síntesis, ha
sostenido:
“[E]l
decreto oficioso de pruebas, en materia civil, no es una atribución o facultad
postestativa del Juez: es un verdadero deber legal. En efecto, el funcionario
deberá decretar pruebas oficiosamente siempre que, a partir de los hechos
narrados por las partes y de los medios de prueba que estas pretendan hacer
valer, surja en el funcionario la necesidad de esclarecer espacios oscuros de
la controversia; cuando la ley le marque un claro derrotero a seguir; o cuando
existan fundadas razones para considerar que su inactividad puede apartar su
decisión del sendero de la justicia material”.
Teniendo de
presente lo dicho, encuentra la Sala que el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Quibdó, a pesar de afirmar que no se encontraba acreditada la causa
del daño ocasionado al demandante, en lugar de adoptar las medidas necesarias
para suplir esa ausencia probatoria, decidió revocar la sentencia del juez de
primera instancia y, con ello, cerrar toda posibilidad a los accionantes de
acceder efectivamente a la administración de justicia y a obtener una decisión
de fondo. Su actuar debió estar direccionado a decretar las pruebas de oficio
que permitieran adoptar un fallo ajustado a la realidad.
f. Todo lo
anterior, permite inferir que el Tribunal contaba con elementos probatorios para
definir de fondo el asunto, tal y como lo hizo el juez de primera instancia, ya
sea para hallar responsable al demandado, para encontrar probada la excepción
de culpa exclusiva de la víctima u otro eximente de responsabilidad, o para
graduar la responsabilidad de ambas partes por tratarse de una actividad
peligrosa concurrente. O incluso, si en su parecer tales elementos probatorios
no ofrecían la certeza necesaria para resolver el caso, podía decretar las
pruebas de oficio que considerara necesarias y le permitieran aclarar las dudas
sobre la causa del daño ocasionado al demandante.
Por el
contrario, su análisis apenas comparativo de las pruebas, lo llevó a tomar una
determinación completamente contraria a los postulados constitucionales y
suprimió de toda posibilidad al demandante de obtener una resolución de fondo sobre
la responsabilidad por las lesiones que le fueron causadas con ocasión del
accidente de tránsito.
Por lo anterior,
aunque los accionantes hacen referencia a la omisión en la valoración del
material probatorio, encuentra la Sala que en realidad se trata de una indebida
valoración de las pruebas que constituye, en voces de la Corte Constitucional,
un defecto fáctico.
6.4.    Con base en las razones previamente expuestas, la Corte revocará los
fallos de instancia y, en consecuencia, tutelará la protección de los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia del
señor Carlos Mosquera Murillo y las señoras Gloria María Murillo Rivas -en
calidad de madre de la víctima- actuando en nombre y representación de su hija
menor Gloria Marcela Mosquera Murillo y Yesenia Mosquera Murillo. De igual forma, dejará sin efectos la sentencia de segunda
instancia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibdó
dentro del proceso de responsabilidad civil extracontractual.
En su lugar,
ordenará a esta autoridad que, dentro de los 30 días hábiles siguientes a la
notificación de esta decisión, profiera una nueva sentencia en la cual
determine de manera específica si el demandado es responsable por los hechos
acaecidos el 3 de septiembre de 2008, si se encuentra acreditada la culpa
exclusiva de la víctima u otra causal eximente de responsabilidad o si resulta
necesario graduar la responsabilidad de ambas partes por tratarse de una
actividad peligrosa concurrente. Esto, acudiendo al análisis específico y
concreto sobre cada una de las pruebas que obran en el expediente, tal y como
lo hizo el juez de primera instancia o, de considerar que el material
probatorio no es suficiente, decretando de oficio las pruebas que considere
necesarias para llegar a la verdad de los hechos y emitir una decisión de
fondo.
Adicionalmente, teniendo
en cuenta que esta orden involucra directamente a todas las partes dentro del
proceso ordinario, se ordenará al Tribunal que dicha providencia sea debidamente
notificada a la empresa Flota Occidental S.A., al señor Julio César López y a Equidad
Seguros Generales, vinculado al proceso por llamamiento en garantía.
III. DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la Sala
Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre
del pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE:
Primero.- REVOCAR la sentencia proferida
el 22 de enero de 2014 por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, que a su vez confirmó la sentencia proferida el 15 de noviembre de
2013 por la Sala de Casación Civil de la misma corporación. En su lugar, CONCEDER
la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia del señor CARLOS MOSQUERA MURILLO y las señoras GLORIA MARCELA MOSQUERA MURILLO -en
calidad de madre de la víctima- actuando en nombre y representación de su hija
menor GLORIA MARCELA MOSQUERA MURILLO y YESENIA MOSQUERA MURILLO, en los términos expuestos en esta providencia.
Segundo.- DEJAR SIN EFECTOS la sentencia
proferida el 1 de agosto de 2013 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Quibdó, que revocó la emitida por el Juzgado Civil del Circuito de Quibdó el
13 de diciembre de 2012, mediante la cual declaró civil y solidariamente
responsables a la empresa FLOTA OCCIDENTAL S.A. y al señor JULIO CÉSAR LÓPEZ
OSSA por las lesiones ocasionadas al señor CARLOS MOSQUERA MURILLO en el
accidente de tránsito ocurrido del 3 de septiembre de 2008.
Tercero.- ORDENAR al Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Quibdó que, dentro de los
treinta (30) días hábiles siguientes a la notificación de esta decisión,
profiera una nueva sentencia en la que decida de fondo el asunto y determine de
manera específica si el demandado es responsable por los hechos acaecidos el 3
de septiembre de 2008, si se encuentra acreditada la culpa exclusiva de la
víctima u otra causal eximente de responsabilidad o si resulta necesario
graduar la responsabilidad de ambas partes por tratarse de una actividad
peligrosa concurrente. Esto, acudiendo al análisis específico y concreto sobre
cada una de las pruebas que obran en el expediente, tal y como lo hizo el juez
de primera instancia o, de considerar que el material probatorio no es
suficiente, decretando de oficio las pruebas que considere necesarias para
llegar a la verdad de los hechos y emitir una decisión de fondo.
Cuarto.- Por Secretaría General de la
Corte Constitucional INFORMAR de esta providencia a las demás
partes involucradas dentro del proceso ordinario de responsabilidad civil
extracontractual, esto es, la empresa FLOTA OCCIDENTAL S.A. y al señor JULIO
CÉSAR LÓPEZ OSSA, como parte demandada, y a EQUIDAD SEGUROS GENERALES, como
vinculado al proceso por llamamiento en garantía.
Quinto.- LÍBRESE por Secretaría General la comunicación
prevista en el artículo 36 del Decreto ley 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese,
publíquese en la gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
SONIA MIREYA VIVAS PINEDA
Secretaria General (e)
[1] Hecho tercero del
escrito de la demanda ordinaria de responsabilidad civil extracontractual. Ver
folio 89 del cuaderno principal.
[2] Sentencia de primera
instancia dentro del proceso de responsabilidad civil extracontractual. Folio
20 del cuaderno principal.
[3] Op Cit. Folio 21 del
cuaderno principal.
[4] Op Cit. Folio 22 del
cuaderno principal.
[5] Idídem.
[6] Op Cit. Folio 38 del cuaderno
principal.
[7] Op Cit. Folio 43 del cuaderno
principal.
[8] Op Cit. Folio 45 del cuaderno
principal.
[9] Op Cit. Folio 46 del cuaderno
principal.
[10] Ibídem.
[11] Escrito de la tutela, folios 7 a 9
del cuaderno principal.
[12] La
base argumentativa y jurisprudencial expuesta en este capítulo hace parte de las sentencias SU-917 de 2010; SU-195 de 2012 y SU-515 de 2013, y
mantiene la postura reciente y uniforme de esta corporación en la materia.
[13] Cfr. Sentencia T-949 de 2003.
[14] “Artículo
25. Protección Judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso
sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o
tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos
fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente
Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que
actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados Partes se
comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el
sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que
interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial,
y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda
decisión en que se haya estimado procedente el recurso”. (Subrayado fuera
de texto).
[15] Artículo 2. (…)
3. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a
garantizar que: a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos
en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso
efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas
que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales; b) La autoridad
competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera otra autoridad
competente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá sobre los
derechos de toda persona que interponga tal recurso, y desarrollará las
posibilidades de recurso judicial; c) Las autoridades competentes cumplirán
toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso”.(Subrayado
fuera de texto).
[16] Cfr. Sentencia T-401 de 2006.
[17] Ibídem.
[18] Cfr. Sentencia T-1031 de 2011.
[19] Cfr. Sentencia T-949 de 2003
donde la Corte señaló lo siguiente: “Esta Corte en sentencias recientes ha
redefinido dogmáticamente el concepto de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales. Esta redefinición ha operado a partir del poder
de irradiación del principio de eficacia de los derechos fundamentales (art. 2
C.P.) y de una interpretación sistemática de diversas disposiciones de la
Constitución (arts. 1, 2, 13, 86, 228 y 230
C.P.). En esta tarea se ha reemplazado el uso conceptual de la expresión “vía
de hecho” por la de “causales genéricas de procedibilidad”. Lo anterior ha sido
inducido por la urgencia de una comprensión diferente del procedimiento de
tutela con tal de que permita "armonizar la necesidad de proteger los
intereses constitucionales que involucran la autonomía de la actividad
jurisdiccional y la seguridad jurídica, sin que estos valores puedan desbordar
su ámbito de irradiación y cerrar las puertas a la necesidad de proteger los
derechos fundamentales que pueden verse afectados eventualmente con ocasión de
la actividad jurisdiccional del Estado”.
[20] Sentencia T-173 de 1993.
[21] Sentencia T-504 de 2000.
[22] Ver entre otras la Sentencia T-315 de
2005.
[23] Sentencias T-008 de 1998 y
SU-159 de 2000.
[24] Sentencia T-658 de 1998.
[25] Sentencias T-088 de 1999 y
SU-1219 de 2001.
[26] Sentencia T-522 de 2001.
[27] Cfr. Sentencias T-462 de 2003,
SU-1184 de 2001, T-1625 de 2000 y  T-1031 de 2001.
[28] Sentencia
T-444 de 2013. Cfr. Sentencias T-143 de 2011 y T-567 de
1998.
[29] Sentencia T-138 de 2011.
[30] Cfr. Sentencia T-902 de 2005.
[31] Ibídem.
[32] Ibídem.
[33] Valencia
Zea considera impropia la nominación “responsabilidad contractual”, señalando
que “se le debería llamar responsabilidad por violación de los derechos de
crédito, por cuanto pueden violarse no sólo las obligaciones nacidas de
contrato, sino también las nacidas de cualquier otra fuente. (Derecho civil
tomo III, de las obligaciones, Ed. Temis 1998, pág. 325.
[34] Jean-Luc
Aubert, Introducción al derecho, Paris, Presses Universidad de Francia; 1979;
pp. 117.
[35] Ibìdem.
[36] “Existen
corrientes doctrinarias que claman por la unificación (tesis de la unidad) de
una teoría de la responsabilidad civil, al considerar que se trata de una
dicotomía inaceptable comoquiera que las dos responsabilidades comparten
función y características básicas, y se orientan a un mismo objeto consistente
en la reparación del dalo causado, sin importar mucho que este resulte o no de
la inejecución de una obligación contractual. En Colombia Guillermo Ospina
Fernández defiende un régimen unificado de la responsabilidad civil. (Régimen
General de la Obligaciones, 6ª ed., Temis, Bogotá, 1998, pp. 85 y ss. En esta
tendencia se advierte la propensión a asignar los efectos de la responsabilidad
aquiliana al incumplimiento contractual”.
[37] Corte
Suprema de Justicia, Sala Civil. Exp. 5012, sentencia de octubre 25 de 1999.
Cfr. Sentencia C-1008 de 2010.
[38] Sin embargo,
también destacó que tratándose de la responsabilidad civil extracontractual
derivada de actividades peligrosas, existe una discusión en la jurisprudencia
de la Corte Suprema de Justicia respecto de si es preciso introducir criterios
objetivos como el daño y la creación del riesgo, en la valoración de la
responsabilidad derivada de  este tipo de actividades, o si debe seguir operando
la presunción de culpabilidad establecida para estos eventos en el artículo
2356 del Código Civil. La tesis mayoritaria, de orientación subjetivista,
sostiene que “No es el mero daño que se produce ni el riesgo que se origina
por el despliegue de una conducta calificada como actividad peligrosa la que es
fuente de la responsabilidad civil extracontractual de indemnizar a quien
resulta perjudicado, sino que es la presunción rotunda de haber obrado, en el
ejercicio de un comportamiento de dichas características con malicia,
negligencia, desatención incuria, esto es, con la imprevisión que comporta de
por sí la culpa”. (Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil.
Expediente No. 470013103. Sentencia de casación de Agosto 26 de 2010. Otro
sector de esa Corporación propugna por el reconocimiento de otros criterios de
imputación que prescinden del elemento subjetivo, apoyado para el efecto en “el
análisis económico del derecho para obtener la racionalización eficiente del
riesgo”. Al respecto señalan que: (…) dado la
complejidad de la sociedad actual es incontestable y evidente la inadecuación
del criterio de la culpa para todas las hipótesis de responsabilidad civil, de
igual manera es palpable la injusticia a que conduciría su aplicación rígida en
numerosos casos de responsabilidad, como manifestación del espíritu de
solidaridad humana y social, así como en el quebranto de los derechos de las
víctmimas. Por lo tanto con base en la jurisprudencia de la
Corte Suprema de Justicia se evidencia que dentro de la responsabilidad civil
coexiste una pluralidad de criterios de imputación objetivos y subjetivos. Tal
es el caso de la responsabilidad por actividades peligrosas, que  “es una
responsabilidad objetiva en la que no opera presunción alguna de
responsabilidad, de culpa, de peligrosidad, ni se basa en la culpabilidad, sino
en el riesgo o grave peligro que el ejercicio de estas actividades comporta
para los demás”. (Corte  Suprema De Justicia,  Sala de
Casación Civil, Sentencia del veinticuatro (24) de agosto de dos mil nueve
(2009);. Exp. 11001-3103-038-2001-01054-01. pp.: 71).
[39] Art.
2341. “El que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es
obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la ley
imponga por el delito o la culpa cometido”.
[40] Art.2356.
“Por regla general todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de
otra persona puede ser reparado por ésta”.
[41] Corte Suprema de Justicia, Sala Civil,
sentencia del 25 de octubre de 1999. M.P. José Fernando Ramírez Gómez. Cfr.
Sentencia C-1090 de 2003 en la que la Corte Constitucional acudió a la
teoría que ha sido sintetizada por la Corte Suprema de Justicia sobre la
evolución de las actividades peligrosas como forma de incurrir en
responsabilidad civil, en los siguientes términos: “Ahora bien,
concretamente en el tema de la conducción de vehículos automotores terrestres,
la Corte suprema de Justicia tiene un criterio muy decantado en cuanto al
riesgo que tal actividad produce. Ver, entre otras, la sentencia del 5 de
octubre de 1997, M.P. Nicolás Bechara Simanca y sentencia del 13 de diciembre
de 2000, del mismo Magistrado. De igual manera, el Consejo de Estado, Sección
Tercera, en  sentencia del 8 de junio de 1999, con ponencia del Consejero
Daniel Suárez Hernández, estimó lo siguiente: La Sala desea precisar que, en la
actividad que tiene por objeto la construcción, remodelación, mantenimiento y
mejora de las vías públicas es una de las denominadas riesgosas o peligrosas en
el entendimiento de que tal calificación supone una potencialidad de daño para
las personas o para las cosas, a lo que se suma que, el uso de una vía pública
a más de configurar a cargo de las autoridades un típico servicio de naturaleza
pública, también comporta una buena dosis de peligrosidad o riesgo, pues la
conducción de vehículos automotores es una actividad de suyo peligrosa. “A
nadie escapa la alta dosis de peligro o riesgo, que se suma al connatural del
ejercicio de la actividad peligrosa de la conducción de automotores, de
verse expuesto a una colisión o a cualquier otra vicisitud por el uso
indiscriminado que de la vía se hacía, en ambos sentidos, uso éste provocado y
permitido a ciencia y paciencia de las autoridades públicas demandadas, tal y
como quedó acreditado con la prueba testimonial de los agentes de tránsito”.
(subrayados fuera de texto)”.
[42] Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Civil. Referencia: 73449-3103-001-2000-00001-01.
Sentencia del 3 de noviembre de 2011.
[43] Ibídem.
[44] Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Civil. Referencia: 76001-31-03-009-2006-00094-01.
Sentencia del 18 de diciembre de 2012.
[45] Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Civil. Referencia: 11001-31-03-028-2002-00188-01.
Sentencia del 14 de diciembre de 2012.
[46] Ibídem.
[47] La base
argumentativa y jurisprudencial expuesta en este capítulo hace parte de las sentencias C-666 de 1996, T-134 de 2004 y T-794 de 2011.
[48] Sentencia T-134 de
2011.
[49] Ibídem.
[50] Cfr. Sentencia T-329 de 1994.
[51] Cfr. Sentencia T-004 de 1995.
[52] Sentencia
T-134 de 2004. Al respecto, la Corte en la sentencia C-666 de 1996 señaló que: “El derecho constitucional fundamental al debido proceso
se funda, entre otros aspectos, en la garantía de que, sometido un asunto al
examen de los jueces, se obtendrá una definición acerca de él, de donde se desprende
que normalmente la sentencia tiene que plasmar la sustancia de la resolución
judicial.  Hacerla aparente o formal implica, por tanto, la innegable
violación de aquél, ya que deja al interesado a la expectativa, contrariando la
razón misma del proceso”. (Resaltado original).
[53] Reiterada en la
sentencia T-134 de 2004.
[54] Sentencia T-589 de
2010. En aquella oportunidad, la Corte tuteló la protección del derecho
fundamental al debido proceso de una persona que solicitó que se dejara sin
efecto la providencia del juez de primera instancia, dentro del proceso de
responsabilidad civil extracontractual iniciado por ella, por cuanto: (i) el
fallo cuestionado descartó sin argumentos una de las tesis
vertebrales de la pretensión de condena por responsabilidad civil, a saber: que
la actividad desarrollada en el taller automotor del demandado fuera peligrosa;
y (ii) porque la sentencia criticada desestimó la eficacia de los distintos
medios de prueba, sin especificar por qué carecían de la suficiente fuerza para
imponerse en el debate.
[55] Sentencia T-264 de
2009. En esa ocasión, esta corporación tuteló los derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia de una persona que
solicitó que se dejara sin efectos la sentencia de segunda instancia que revocó
la decisión de primera instancia dentro del proceso de responsabilidad civil
extracontractual mediante la cual el a quo accedió a las pretensiones de
la demanda. La Corte consideró que la justificación del Tribunal en segunda
instancia, sobre la ausencia de legitimación de las partes, no se fundamentó en
el problema material de la falta de legitimación de la demandante, sino en un
problema probatorio que pudo corregirse en el trámite de las instancias. A
juicio de la Corte, “la autoridad accionada no adelantó ningún tipo de
evaluación como la descrita, a pesar de que existían en el expediente serios
elementos de juicio para generar en el juzgador la necesidad de esclarecer
algunos aspectos de la controversia y para concluir que, de no ejercer
actividades inquisitivas en búsqueda de la verdad, la sentencia definitiva
podía traducirse en una vulneración a los derechos constitucionales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia de la peticionaria, y en un
desconocimiento de la obligación de dar prevalencia al derecho sustancial y
evitar fallos inicuos, en tanto desinteresados por la búsqueda de la verdad”.
[56] Sentencias T-264 de
2009 y T-589 de 2010 previamente citadas.
[57] Cfr. Sentencias SU-961 de 1999 y SU-339 de 2011.
[58] Ibídem.
[59] Sentencia T-264 de
2009.
[60] Ibídem.