T-654-99
Sentencia T-654/99
Sentencia
T-654/99
DERECHO A LA VIDA
DIGNA-Alcance
La Corte
Constitucional, en reiterada jurisprudencia, ha considerado que el derecho
constitucional fundamental a la vida no significa, en manera alguna, la
posibilidad de existir de cualquier manera, sino la posibilidad de tener una
existencia digna. Así, no solamente el que la persona sea puesta al borde de la
muerte amenaza su derecho a la vida, sino que, aunque tal circunstancia sea
lejana, también lo amenaza el hecho de que su titular sea sometido a una
existencia indigna, indeseable y además dolorosa; es por ello, que  el derecho
a la vida debe entenderse a la luz del artículo 1° de la Constitución Política,
que funda esta República unitaria en "el respeto de la dignidad
humana", aunque su padecimiento no ponga a quien lo sufre al filo de la
muerte, hay violación de dicha garantía fundamental cuando nada se hace para
superarlo, siendo ello posible.
DERECHO A LA
SALUD-Fundamental por
conexidad/DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL-Fundamental por conexidad
Si bien es cierto los derechos a la
salud y a la seguridad social son derechos que han sido reconocidos por la
doctrina como derechos de la segunda generación, que se caracterizan por
carecer de una eficacia directa, en tanto su cumplimiento no depende solamente
de su consagración en el texto constitucional, sino también de una decisión
política condensada en su desarrollo legislativo, que depende, a su vez, de que
existan recursos económicos y técnicos que permitan hacer realidad los
servicios prestacionales que lo componen, razón por la cual se ha dicho que el
derecho a la salud es de eminente contenido programático. Es claro que el
contenido de los derechos a la salud  y a la seguridad social corresponden a
todos aquellos servicios que el Estado debe brindar a los asociados, por lo que
es de su esencia que contengan un carácter prestacional. Se ha establecido que
en principio, la acción de tutela no procede para amparar este tipo de
derechos, cuya eficacia, depende de circunstancias ajenas a su núcleo esencial,
pero esta regla tiene excepciones, y es por cuanto, según el criterio de la
conexidad, que permite amparar derechos no tutelables judicialmente, en
principio, se ha dicho que cuando para la protección de estos derechos se
requiera la protección de uno fundamental, estos adquieren, inmediatamente esta
connotación.
DERECHO A LA
SALUD-Fundamental por
conexidad con la vida
DERECHO A LA
SALUD-Práctica de cirugía
de naturaleza electiva
Referencia: Expedientes T- 216.078
y 215.232
Demandantes: Ricardo
Elvecio Urrea Acosta.
Astrid Yolanda
Villegas De Henao.
Demandado: Instituto
de los Seguros Sociales, Seccionales Bogotá y Medellín.
Magistrado Ponente:
Dr. FABIO MORÓN DÍAZ
Sentencia aprobada en Santafé de Bogotá,
D.C., a los dos (2) días del mes de septiembre  de mil novecientos noventa y
nueve (1999)
La Sala Octava Revisión de Tutelas de la
Corte Constitucional, integrada por los H. Magistrados  FABIO MORÓN DÍAZ,
VLADIMIRO NARANJO MESA y ANTONIO BARRERA CARBONELL, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, previo estudio del Magistrado Ponente,
resuelve sobre los procesos de tutela instaurados por los señores RICARDO
ELVECIO URREA ACOSTA Y ASTRID YOLANDA VILLEGAS DE HENAO, contra EL
SEGURO SOCIAL, SECCIONALES BOGOTÁ Y MEDELLÍN.
Los expedientes llegaron a la Corte
Constitucional por remisión que hicieran las secretarías del Juzgado Décimo
(10) Laboral del Circuito y de la Sala Laboral del Tribunal Superior de
Medellín, y fueron acumulados por la Sala de Selección de Tutelas número Cinco,
en auto de fecha 20 de mayo de 1999, para ser decididos en una sola sentencia,
si a sí lo consideraba pertinente la Sala de Revisión.
I. ANTECEDENTES
Los actores, Señores RICARDO ELVECIO
URREA ACOSTA Y ASTRID YOLANDA VILLEGAS DE HENAO , instauraron acción de
tutela contra el Seguro Social. Seccionales Bogotá y Medellín, entidad a quien
acusan de violar sus derechos a la salud, a la integridad personal y a la
seguridad social, derechos que, señalan, deben ser protegidos conforme lo
ordena la Constitución Política; por lo cual solicitan, que mediante una orden
judicial dirigida al ente demandado se le conmine a practicar las
intervenciones quirúrgicas demandadas, así como el tratamiento médico y
farmacéutico derivado de las mismas.
Los demandantes sustentaron su solicitud de
protección para los derechos fundamentales arriba descritos, en los siguientes
hechos:
Expediente T-216078:
El demandante sustenta su solicitud en el
hecho de que padeciendo una lesión en su tabique, la que únicamente puede ser
tratada y erradicada mediante una intervención quirúrgica, su médico tratante
le ordenó, hace dos (2) años, la práctica de la cirugía denominada
"Septoplastia Secundaria Bilateral", la que a la fecha no le ha sido
realizada por cuanto la entidad aduce falta de planillas o de contratos. El
actor dice que además de lo anterior, la entidad no le ha autorizado tampoco la
obtención de un "interno costal asmológico" implante necesario para
la cirugía pretendida. Su solicitud tiende a lograr la práctica de la cirugía y
la colocación del injerto por parte e la demandada, así como el tratamiento
médico y farmacéutico posterior.
Expediente T-215232:
La demandante establece que sufre de
cálculos renales y que para erradicarlos requiere de la práctica de la cirugía
denominada "Litrotripsia Extracorpórea u Endoscópica"; que dicha
cirugía le fue negada por la institución demandada por cuanto aparentemente
ella no figuraba como afiliada al sistema de seguridad social. Por lo anterior,
solicita se le ordene a la entidad revisar los datos que se tiene de ella como
cotizante para luego practicarle la cirugía requerida.
II. LOS FALLOS QUE SE REVISAN
Expediente T-216078:
El JUZGADO DECIMO (10) LABORAL DEL
CIRCUITO DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ en sentencia de fecha 25 de marzo de 1999,
decidió denegar la tutela instaurada por el  actor RICARDO ELVECIO URREA
ACOSTA, sustentando su decisión, en el hecho de que no aparece prueba en el
expediente que indique que el actor haya reclamado de la entidad su actitud
omisiva, en cuanto se refiere a la dilación injustificada de la práctica de la
cirugía mencionada y por considerar, además que en el caso examinado los
derechos a la salud y a la seguridad social no están directamente relacionados
con el derecho a la vida y por ende no pueden ser considerados como
fundamentales. Para el a-quo, es claro, que la sola manifestación del actor en
cuanto a la urgencia de su tratamiento no es motivo suficiente para estimar que
el daño derivado de la negligencia y omisión de la entidad pueda recaer sobre
el derecho a la vida.
Expediente T-215232:
La SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
MEDELLÍN, en sentencia de fecha 26 de marzo de 1999, confirma la sentencia
de primera instancia la cual decidió denegar las pretensiones de la actora,
considerando que en el caso examinado los derechos a la salud y a la seguridad
social no tienen el carácter de fundamentales, pues no aparece probado en el
expediente que esté peligrando la vida o integridad de la demandante.
III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
Primera.- La competencia.
Con fundamento en lo dispuesto en los
artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política, en armonía con los artículos
31, 33, 34 y 35 del Decreto-Ley 2591 de 1991, la Sala es competente para
revisar las sentencias de la referencia. Su examen se hace en virtud de la
selección, y acumulación, que de las mismas practicó la Sala de Selección de
Tutelas Número Cinco, mediante auto de fecha 20 de mayo de  1999, y del reparto
que se efectúo de conformidad con el reglamento de esta Corporación.
Segunda.- La Materia.
En esta oportunidad le corresponde a la
Sala revisar los fallos de única y segunda instancias producidos en los
procesos de la referencia, las cuales denegaron la acción de tutela incoada por
los señores RICARDO ELVECIO URREA ACOSTA Y ASTRID YOLANDA VILLEGAS DE HENAO,
Tercera. Vulneración de los derechos a la
salud y  a la seguridad social y el caso concreto.
En el caso sub examine observa la
Sala, que lo que pretenden los actores es lograr que mediante la autorización
de las cirugía que requieren se restablezca su integridad física y personal,
así como también su salud.
La Corte
Constitucional, en reiterada jurisprudencia, ha considerado que el derecho
constitucional fundamental a la vida no significa, en manera alguna, la
posibilidad de existir de cualquier manera, sino la posibilidad de tener una
existencia digna. Así, no solamente el que la persona sea puesta al borde de la
muerte amenaza su derecho a la vida, sino que, aunque tal circunstancia sea
lejana, también lo amenaza el hecho de que su titular sea sometido a una
existencia indigna, indeseable y además dolorosa; es por ello, que  el derecho
a la vida debe entenderse a la luz del artículo 1° de la Constitución Política,
que funda esta República unitaria en "el respeto de la dignidad
humana", aunque su padecimiento no ponga a quien lo sufre al filo
de la muerte, hay violación de dicha garantía fundamental cuando nada se hace
para superarlo, siendo ello posible.
Por esta razón, se
trata, en estos dos casos concretos, de reiterar la amplia jurisprudencia
sentada por esta Corporación frente a la protección del derecho a la salud,
cuando su vulneración se traduce en violación o amenaza de una garantía
constitucional con carácter fundamental.
Si bien es cierto
los derechos a la salud y a la seguridad social son derechos que han sido
reconocidos por la doctrina como derechos de la segunda generación[1], que se caracterizan
por carecer de una eficacia directa, en tanto su cumplimiento no depende
solamente de su consagración en el texto constitucional, sino también de una
decisión política condensada en su desarrollo legislativo, que depende, a su
vez, de que existan recursos económicos y técnicos que permitan hacer realidad
los servicios prestacionales que lo componen, razón por la cual se ha dicho que
el derecho a la salud es de eminente contenido programático[2].
En este orden de
ideas, es claro que el contenido de los derechos a la salud  y a la seguridad
social corresponden a todos aquellos servicios que el Estado debe brindar a los
asociados, por lo que es de su esencia que contengan un carácter prestacional,
Se ha establecido
que en principio, la acción de tutela no procede para amparar este tipo de
derechos, cuya eficacia, depende de circunstancias ajenas a su núcleo esencial,
pero esta regla tiene excepciones, y es por cuanto, según el criterio de la
conexidad, que permite amparar derechos no tutelables judicialmente, en
principio, se ha dicho que cuando para la protección de estos derechos se
requiera la protección de uno fundamental, estos adquieren, inmediatamente esta
connotación.
En los casos
examinados se negó la tutela de los derechos a la salud y a la seguridad
social, bajo el argumento de que no existía la mencionada vinculación estrecha
entre aquellos y el derecho constitucional fundamental a la vida, y
adicionalmente, como argumentos de la demandada, se estimó que las cirugías no
podían serles practicadas a los demandantes, por cuanto entre los argumentos
presentados por la entidad, estas intervenciones quirúrgicas no eran urgentes y
por ende no afectaban la vida de los demandantes y  que problemas ajenos a la
entidad, tales como la falta de planillas y de presupuesto, eran razones
suficientes para justificar su incumplimiento y su omisión
Esta Corporación, en
numerosas sentencias, ha reiterado los siguientes criterios generales sobre la
procedencia de la tutela en estos casos:
(...) "El
derecho a la seguridad social y a la salud pueden ser fundamentales por
conexidad, según el caso concreto. Además, constituyen un elemento
indispensable para tener una vida en condiciones dignas.  Sentencia T-042 de
1996.
De otra parte, los
derechos a la salud y a la integridad física pueden resultar fundamentales
cuando su amenaza o vulneración representan peligro o daño al derecho
fundamental a la vida. ( Ver entre otras las sentencias T- 140, T- 192, T-531
de 1994)
Por ello, es preciso
establecer que no se debe esperar a que el interesado esté al borde de la
muerte, o en una situación que implique una amenaza directa  de su integridad
física para obtener la protección a través de la acción de tutela, basta
considerar que si el defecto en la salud del interesado afectado no se corrige
a tiempo, puede desencadenarse un peligro inminente para su vida o la
integridad física o psicológica de la persona. Sobre este asunto esta
Corporación en su reiterada doctrina ha señalado lo siguiente:
(...)
"Tal
consideración, aplicada al presente caso, informa sobre la necesidad de tutelar
el derecho a la salud, cuando haya certeza sobre la vulneración o amenaza de
derechos constitucionales con carácter fundamental en cualquier grado y no
solamente cuando la vulneración o amenaza de tales derechos sea muy grave; es
decir, no debe esperarse, se repite, a estar al borde de una negación
completa de los derechos vinculados con el derecho a la salud, para que su
tutela proceda. Es equivocado, entonces, el planteamiento del juez de
primera instancia según el cual, como la visión del demandante no está en
peligro de perderse, debe denegarse el amparo constitucional solicitado. Sería
tanto como esperar a que un enfermo demuestre que está al borde de la muerte
para que el juez de tutela tome cartas en el asunto, cuando lo natural y obvio
dentro del campo de la medicina es evitar llegar a tan terrible estado."
(sentencia T-260 de 1998, M.P., doctor Fabio Morón Díaz.
En los dos casos
estudiados por esta Sala, se concluye que las dos enfermedades requieren de un
procedimiento quirúrgico, ya que no existen medios diferentes para lograr su
cura, y que la entidad programó las cirugías con suficiente antelación, hecho
que indica que ha podido prever soluciones alternas que evitaran la omisión en
que incurrió.; es precisamente en estos puntos en donde radica la vulneración
de los derechos fundamentales de los demandantes.
En efecto, la
entidad se ampara, para no fijar e informar sobre una fecha exacta para
realizar la operación requerida, en la circunstancia de que como se trata de un
procedimiento electivo, es decir, que no es urgente, no tiene la obligación de
comunicar información alguna a su afiliada sobre cuándo se llevará este
hecho. Le basta sólo con decirle que "espere a que hayan planillas o
presupuesto".
La decisión que se
adoptará en esta sentencia, no desconoce la circunstancia de que la operación
que precisan los afiliados es de naturaleza electiva, en contraposición de las
inaplazables, ni que tratándose de  cirugías de esta clase, deben someterse a
una programación de turnos. Sin embargo, el punto a analizar se encuentra en
que si esta única situación justifica la demora que se ha presentado en el caso
bajo estudio.
Sobre la limitación
de recursos en las entidades prestadoras del servicio público de salud,
concretamente con el mismo Seguro Social, es pertinente recordar que esta
Corporación ha manifestado que la demora en la realización de cirugías
requeridas, tiene que obedecer a criterios justificados, y que no basta con
señalar la falta de presupuesto para omitir o retardar el servicio.
La Corte
Constitucional sobre este punto señaló:
(...)
"Según lo
expresó el Coordinador de Ortopedia en el oficio de septiembre 11 de 1995,
relacionado en las pruebas, las razones para no haberle practicado a la
paciente la cirugía son: "La Escasez de turnos quirúrgicos" y
"La falta de camas hospitalarias. El Instituto pretende entonces salvar su
responsabilidad, con el argumento de una falta de capacidad para prestar
adecuadamente el servicio, lo que genera una contradicción entre las
necesidades de la beneficiaria y los recursos de la entidad.
Esa medida
racional no se cumplió en el caso de la señora María Graciela Sossa, pues, más
de veintisiete (27) meses de espera, para que se le practique una cirugía
necesaria -para aliviar sus dolores e impedir un gradual deterioro de su
salud-, es un lapso que supera cualquier criterio razonable, y hace patente,
además, una deficiente administración de los recursos con que cuenta el Instituto.
En síntesis, las
razones invocadas por el Instituto de Seguros Sociales para no haber practicado
la intervención quirúrgica que la demandante requiere, son inaceptables.
Sentencia T-042 de 1996, M.P., doctor Carlos Gaviria Díaz.
Igualmente, se reitera
en la Sentencia T-347 de 1996, M.P., doctor Julio César Ortíz.
(...)
"Pero
además, resulta inaudito y abusivo que la entidad estatal encargada de recaudar
la mayor cantidad de aportes patronales y personales, que conforma el mayor
fondo financiero y de recursos del país, se excuse de atender a una persona
débil y enferma, alegando falta de médicos especialistas en el área, y fije una
cita para médico especialista después de cuatro meses  de solicitada, en una
ciudad como Cali, en la que es notoria la presencia abundante y calificada de
estos profesionales de la salud.
"Sin duda es
una práctica viciada y dañina la de alegar falta de médicos al servicio de la
entidad que desde hace muchos años ha recaudado los aportes de los patronos y
de los trabajadores constituyendo semejante fondo fiscal y al mismo tiempo
hacer inútil la solicitud del servicio; para precaver este vicio de
ineficiencia y de mala administración, el artículo 13 de la Carta contempla
sancionar los abusos y maltratos que se cometan contra las personas en
condiciones de debilidad física o mental manifiesta como en este tipo de
casos."
En conclusión: a los
demandantes se les protegerán sus derechos a la vida en condiciones dignas, a
la seguridad social y a la salud, y en consecuencia, por el carácter de "electivas"
que revisten las cirugías requeridas, no se ordenará su práctica inmediata,
sino que, y en el caso de no haberse llevado a cabo, se ordenará la realización
de las mismas en un término de quince (15) días hábiles contados a partir de la
notificación del presente fallo.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto la Sala Octava de revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
Primero.
REVOCAR las sentencias proferidas el 25 de marzo de 1999 por el Juzgado
Décimo Laboral del Circuito de Santafé de Bogotá, D.C, y el 26 de marzo de
1999, por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín, y en su lugar
conceder la tutela de los derechos constitucionales fundamentales de los
Señores RICARDO ELVECIO URREA ACOSTA Y ASTRID YOLANDA VILLEGAS DE HENAO,
a la vida digna, a la salud y a la seguridad social vulnerados por el Seguro
Social, Seccionales Bogotá y Medellín.
Segundo: ORDENAR
al Seguro Social, Seccionales Bogotá y Medellín, que dentro de las cuarenta y
ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, adopte las
medidas correspondientes para lograr que los procedimientos quirúrgicos
requeridos por los demandantes les sean autorizados. Esta orden se deberá
cumplir dentro de un término de quince (15) días calendario siguientes a la
notificación de esta providencia. Lo anterior, debe tener el
consentimiento informado de la demandante.
Tercero.
ORDENARLES al Juez Décimo Laboral del Circuito de Santafé de Bogotá, D.C.,
y  a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín velar por el estricto
cumplimiento de lo ordenado en esta sentencia.
Cuarto LÍBRENSE
por Secretaría, las comunicaciones de que trata el artículo 36 del decreto 2591
de 1991.
Notifíquese,
cópiese, publíquese, comuníquese e insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional y cúmplase
FABIO MORÓN DÍAZ
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Excepción hecha de los niños, para quienes el
Constituyente erigió expresamente el derecho a la salud como fundamental
(artículo 44 de la Constitución Política).
[2] Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-043 de
1995, M.P. Fabio Morón Díaz, reiterada en la sentencia SU-111 de 1997, Sala
Plena, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.