T-271-01
Sentencia T-271/01
Sentencia T-271/01
DERECHO A LA
SALUD-Alcance de la
protección
DERECHO A LA VIDA
DIGNA-Criterios de
protección para atención de salud
Siempre será
necesario que el juez de tutela al que se le solicita la protección del derecho
a la vida digna, como consecuencia de la garantía del derecho a la salud,
considere con rigor los hechos que estructuran el caso y tenga en cuenta todas
las variables en juego, procurando al menos: (a.) otorgar amparo prioritario a
grupos que por sus condiciones sociales o económicas no cuentan con recursos
para velar por sus propios intereses -v.gr. niños, personas de la tercera edad,
desvalidos, etc.-; y (b) aplicar criterios razonables y técnicos que propendan
por la rápida recuperación de la salud.
ACCION DE TUTELA-Carencia actual de objeto
NEGLIGENCIA
ADMINISTRATIVA-Omisión en
el suministro de medios de prueba
La Sala reprueba
la negligencia con la que la entidad demandada encaró su defensa en el presente
caso. Encuentra especialmente reprochable la demora en atender la solicitud
original de pruebas y el apremio posterior efectuado por Magistrado
sustanciador. No es posible que quien tiene el deber de suministrar un medio de
prueba de un hecho determinante para apreciar si hubo amenaza o violación de un
derecho fundamental entrabe el funcionamiento de la jurisdicción
constitucional, dejando de aportar la información requerida.
Referencia: expediente
T- 384957
Acción de tutela
instaurada por Ana Hermencia Solano Jiménez contra el Instituto de Seguros
Sociales, EPS - Seccional Boyacá -
Magistrado
Ponente:
Dr. MANUEL JOSÉ
CEPEDA ESPINOSA
Bogotá, D.C., nueve (9) de marzo de dos mil
uno (2001)
La Sala Tercera de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los magistrados, Manuel José Cepeda Espinosa,
Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo Escobar Gil, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
Ana Hermencia Solano Jiménez, obrando en
representación de su madre María Rosalba Jiménez de Solano, presentó acción de
tutela en contra del Instituto de Seguros Sociales, pues estima que la conducta
omisiva en la que ha incurrido el I.S.S., frente a la realización de la
operación de transplante total de cadera que fuera prescrita por un
médico afiliado a dicha entidad, configura una clara violación de los derechos
a la salud, a la vida, a la dignidad humana, a la seguridad social y a la
integridad física y moral, que en favor de todas la personas reconoce la
Constitución Política. Los hechos que sirven de fundamento del amparo
solicitado se pueden resumir en los siguientes términos:
1.1. María Rosalba
Jiménez de Solano es beneficiaria del Seguro Social  desde del mes de Febrero
de 1995 según consta en el registro de afiliación.
1.2.El padecimiento
de una dolencia crónica en la cadera derecha, ha obligado a la señora Jiménez
de Solano a acudir en repetidas ocasiones al Seguro Social. El 8 de Agosto de
2000, un médico afiliado a la entidad dictaminó la necesidad de realizar una
cirugía consistente en el transplante total de cadera, pues la paciente
sufre de un mal - luxación inveterada -. que si bien no reviste riesgo para su
vida (considerando el tiempo prolongado de evolución del mal), sí debe
atenderse de manera oportuna “con el fin de aliviarle los síntomas de dolor
y cogera”[1].
De esta manera se dispuso la realización de una serie de exámenes previos y se
solicitó la autorización para la práctica del mencionado procedimiento
quirúrgico.
1.3. La peticionaria
acudió al I.S.S. en compañía de su madre con el propósito de programar los
exámenes requeridos y fijar la fecha de la operación formulada.  La respuesta
del Instituto se limitó a señalar “que no tenía plata, que esa era una
cirugía que costaba mucho y que por lo tanto tendría que esperar de 20 días a
un mes para la autorización”[2].
1.4. La madre de la
actora se encuentra en una situación crítica, pues “no puede caminar, ni
valerse por sí sola” y, por otro lado, no cuenta con los recursos
económicos que le permitan costear la intervención que necesita, ni los
cuidados que su condición demanda.
2. Solicitud
Pretende la peticionaria que, como
consecuencia de la protección de los derechos constitucionales a la salud, la
vida digna y la seguridad social (entre otros), el juez de tutela ordene al
Instituto de Seguros Sociales expedir la autorización para la pronta
realización de la operación de transplante total de cadera derecha ordenada por
un médico especialista a la señora María Rosalba Jiménez de Solano.
3. Sentencia objeto de revisión
El juez Segundo Civil del Circuito de
Sogamoso, a quien correspondió conocer en primera instancia de la presente
acción de tutela, decidió negar el amparo invocado por la petente por
las razones que a continuación se resumen:
3.1.
“Teniendo en cuenta el
acervo probatorio existente… es claro que el procedimiento ordenado a María
Rosalba Jiménez no debe ser realizado en forma urgente ya que no significa
riesgo para la vida del paciente” y, en todo caso, “la orden impartida para la cirugía de la señora,
entró en la lista de espera para la respectiva autorización”[3].
3.2.
“[D]ebemos concluir que la acción
de tutela no está llamada a prosperar, porque a la madre de la peticionaria no
se le está violando ninguno de los derechos fundamentales que invoca, y le
corresponde a la actora estar pendiente que (sic) su orden continúe el
trámite respectivo dentro del Instituto de los Seguros Sociales”[4].
El fallo no fue recurrido y, en
consecuencia, el expediente se remitió a la Corte Constitucional para su
estudio y eventual revisión. La Sala de Selección número 11 de esta
Corporación, mediante auto de fecha diez (10) de noviembre de dos mil (2000),
resolvió escoger el caso para proferir una sentencia sobre la materia.
4. Pruebas decretadas por la Sala de
Revisión
Mediante auto de seis (6) de febrero de dos
mil (2000), el Magistrado Ponente resolvió solicitar al Gerente del Seguro
Social EPS -Seccional Boyacá-  que, en el término de tres (3) días corrientes
contados a partir de la fecha de comunicación del mismo, informara a la Sala de
Revisión si se había autorizado la cirugía de cadera prescrita a la señora
María Rosalba Jiménez de Solano.
Vencido el término probatorio sin obtener
respuesta alguna por parte del I.S.S., se decidió insistir en la petición de la
información aludida[5]
sin ningún éxito, pues la entidad accionada no dio razón de los datos
solicitados. Sin embargo, vencidos todos los términos procesales, la Secretaría
General de la Corporación informó del arribo de un oficio remitido por el
Director del Seguro Social -Seccional Boyacá- en el que se informa que desde el
20 de noviembre de 2000, dicha institución autorizó la realización de la
operación requerida por la señora Jiménez de Solano a cargo del departamento de
cirugía y ortopedia de la Clínica Palermo de la ciudad de Bogotá.
II  CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. Competencia
La Corte Constitucional es competente para
revisar el fallo de instancia proferido en el trámite de este proceso, en
virtud de lo dispuesto en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la Carta
Política, y 33 al 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Problema jurídico planteado
La acción de tutela presentada por la
peticionaria se dirige a lograr el amparo de los derechos a la salud, la vida
digna y la seguridad social de su señora madre, obteniendo la autorización, por
parte del Seguro Social, de la cirugía de transplante total de cadera que
resulta indispensable para aliviar los síntomas de dolor y cojera que la
aquejan. Ahora bien: durante el transcurso del proceso de revisión se pudo
comprobar que, aunque de manera retardada, la entidad demandada expidió la orden
solicitada por la actora, operándose el fenómeno de sustracción de materia
en los términos referidos por el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991.
Sin embargo, es necesario que la Sala haga
alusión, así sea breve, al fallo proferido por el Juez Segundo Civil del
Circuito de Sogamoso y luego formule algunas consideraciones, siguiendo la
jurisprudencia sentada sobre la materia, acerca de los efectos que se originan
en sede de tutela cuando, durante el trámite de la acción, cesa la vulneración
de los derechos fundamentales que alega el interesado.
3. Sobre el
alcance de la protección del derecho a la salud
La protección que, a través de la exigencia
y reconocimiento de la pronta prestación del servicio de salud,  otorga el juez
de tutela al derecho a la vida no depende únicamente, como lo propone el
fallador de instancia, de la urgencia manifiesta del procedimiento médico
demandado por el peticionario; la aplicación inmoderada de dicha regla, en
clara contravía de la jurisprudencia constitucional, restringiría el amparo
constitucional a quienes se encuentran en inminente peligro de muerte y
recortaría, de este modo, la posibilidad de gozar siempre de la integridad
física y psíquica a través de las que se concreta la posibilidad de una
existencia digna y plena en los términos alentados por los artículos 1 y 11 del
Ordenamiento Superior - entre otros -.
Siempre será necesario que el juez de
tutela al que se le solicita la protección del derecho a la vida digna, como
consecuencia de la garantía del derecho a la salud, considere con rigor los
hechos que estructuran el caso y tenga en cuenta todas las variables en juego,
procurando al menos: (a.) otorgar amparo prioritario a grupos que por
sus condiciones sociales o económicas no cuentan con recursos para velar por
sus propios intereses -v.gr. niños[6],
personas de la tercera edad[7],
desvalidos[8],
etc.-; y (b) aplicar criterios razonables y técnicos que propendan por
la rápida recuperación de la salud[9].
4. Sobre la sustracción de materia
La Sala no comparte la argumentación hecha
por el juez de instancia para denegar la tutela solicitada por la señora Ana
Hermencia Solano Jiménez, y procederá a revocar el fallo objeto de revisión. No
confirma el fallo porque la tutela ha debido ser concedida. No obstante, la
Corte no se pronuncia de fondo, pues en el presente caso hay carencia de objeto
por sustracción de materia, toda vez que el Instituto de Seguros Sociales ya
expidió la autorización para la práctica de la cirugía requerida por la madre
de la peticionaria[10].
No existe al momento en que se produce este fallo, razón alguna para impartir
una orden al ente accionado.
En estos casos, la técnica empleada es que
la decisión de instancia es confirmada, pero por las razones expuestas por la
Corte[11].
Pero confirmar un fallo contrario a la Carta no es lo procedente. Por eso, la
técnica que se empleará en la parte resolutiva será la de revocar y declarar la
carencia de objeto.
Sin embargo, la Sala reprueba la
negligencia con la que la entidad demandada encaró su defensa en el presente
caso.  Encuentra especialmente reprochable la demora en atender la solicitud
original de pruebas y el apremio posterior efectuado por Magistrado sustanciador.
No es posible que quien tiene el deber de suministrar un medio de prueba de un
hecho determinante para apreciar si hubo amenaza o violación de un derecho
fundamental entrabe el funcionamiento de la jurisdicción constitucional,
dejando de aportar la información requerida. Por esta razón, y en ejercicio de
las atribuciones conferidas al juez de tutela por el Decreto 2591 de 1991[12], en la parte
resolutiva de esta providencia se ordenará compulsar copias del presente fallo
a la Procuraduría Regional de Boyacá para que, amen de las responsabilidades
administrativas que se puedan derivar del caso, evalúe la conducta asumida por
el representante legal del Instituto de Seguros Sociales - Seccional Boyacá - y
establezca las sanciones disciplinarias a que haya lugar.
III DECISION
Corresponderá revocar la decisión proferida
el 30 de agosto de 2000 por el Juzgado 2 Civil del Circuito de Sogamoso por
sustracción de materia, con base en las razones aducidas en el presente fallo y
declarar la carencia de objeto.
En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera
de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución.
RESUELVE
Primero.- REVOCAR la decisión proferida el 30 de
agosto de 2000 por el Juzgado 2 Civil del Circuito de Sogamoso.
Segundo.- Declarar por las razones
aducidas la carencia de objeto, por sustracción de materia en el presente caso.
Tercero.- Ordenar que se envíe copia de esta providencia a la
Procuraduría Regional de Boyacá para que evalúe la conducta asumida por el
representante legal del Instituto de Seguros Sociales - Seccional Boyacá - y
establezca las sanciones disciplinarias a que haya lugar.
Cuarto.- Por Secretaría General, líbrese la comunicación
prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Cfr. Folio 42 del expediente.
[2] Cfr. folio 3 del expediente.
[3] Cfr. folio 64 del expediente.
[4] Cfr. folio 65 del expediente.
[5] Mediante auto del 19 de febrero de 2001, el Magistrado Ponente
reiteró la solicitud dirigida al Gerente del Seguro Social -Seccional Boyacá-,
con el propósito de conocer datos relevantes acerca del proceso que es objeto
de estudio por parte de la Corte Constitucional.  En esta oportunidad  el
funcionario público volvió a guardar silencio.
[6] Cfr., entre otros, artículos 44 y 50 de la Constitución Política.
[7] Cfr. artículo 46 dela Constitución Política.
[8] Cfr. artículo 48 de la Constitución Política.
[9] Sobre el particular pueden consultarse, entre muchas, las sentencias:
T-487 de 1992, T-499 de 1992, T-505 de 1992, T-111 de 1993, T-116 de 1993,
T-194 de 1993, T-196 de 1994, T-049 de 1995, T-158 de 1995, SU-111 de 1997,
SU-480 de 1997, T-304 de 1998, T-607 de 1998.
[10] Cfr. folios 89 y siguientes del expediente.
[11] En relación con la existencia de sustracción de materia en fallos
de tutela pueden consultarse las sentencias T-186 de 1995, M.P. Hernando
Herrera Vergara ,T-509 de 2000 M.P. Alvaro Tafur Galvis y T-957 de 2000. M.P.
Alfredo Beltrán Sierra.
[12] Dice el artículo 19 de la citada regulación. “Informes. El
juez podrá requerir informes al órgano o a la autoridad contra quien se hubiere
hecho la solicitud y pedir el expediente administrativo o la documentación
donde consten los antecedentes del asunto. La omisión injustificada de
enviar esas pruebas al juez acarreará responsabilidad. El plazo para
informar será de uno a tres días, y se fijará según sean la índole del asunto,
la distancia y la rapidez de los medios de comunicación. Los informes se
considerarán rendidos bajo juramento” Enfasis fuera del texto.