T-658-02
República de Colombia
Sentencia T-658/02
ACCION DE TUTELA-Subsidiariedad
LEGITIMACION POR
ACTIVA EN TUTELA-Alcance
LEGITIMACION POR
ACTIVA EN TUTELA-No puede alegarse vulneración de los propios derechos con
base en los de otro
FALTA DE LEGITIMACION
POR ACTIVA EN TUTELA-Apoderado no puede invocar interés directo/PROCESO EJECUTIVO DE
COBRO COACTIVO-Vulneración o amenaza solo afecta al acusado y no al
apoderado
Teniendo
en cuenta que el actor aduce como causa de la violación de sus derechos a la
igualdad y al debido proceso, las presuntas irregularidades en que incurrió el
Seguro Social al tramitar el proceso ejecutivo que se sigue contra quien aquél
simplemente representa o apodera-, es claro que el actor de la presente tutela
carece de un interés legitimo para actuar pues, de existir alguna amenaza o
violación, ésta es predicable exclusivamente de los derechos de quien es parte
acusada en el proceso, es decir, de su mandante. Si la entidad que tiene a su
cargo el proceso ejecutivo de cobro coactivo por incumplimiento en el pago de
aportes al sistema de seguridad social ha incurrido en una vía de hecho, el que
puede resultar afectado con tal proceder no es el apoderado del ejecutado sino
este último directamente, de manera que es a él a quien corresponde promover la
acción de amparo constitucional.
ACCION DE TUTELA-Poder especial para actuar
ACCION DE TUTELA
INTERPUESTA POR ABOGADO-Necesidad
del poder/FALTA DE LEGITIMACION POR ACTIVA EN TUTELA-Abogado sin poder
para actuar/FALTA DE LEGITIMACION POR ACTIVA EN TUTELA-Poder otorgado al
abogado en otros asuntos no lo habilita para ejercer la tutela
La falta
de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado
judicial, aun cuando tenga poder específico o general en otros asuntos, no lo
habilita para ejercer la acción de amparo constitucional a nombre de su
mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada
improcedente ante la falta de legitimación por activa. La carencia de un
interés legítimo para reclamar la protección de los derechos fundamentales
invocados y la ausencia manifiesta de poder especial para solicitar tal
protección en beneficio de un tercero, hacen del todo improcedente el amparo
tutelar solicitado y le impiden al juez constitucional entrar a pronunciarse
sobre el fondo del asunto planteado. Igualmente, como en ninguna de las piezas probatorias
se expresa la intención de agenciar los derechos de otro, es inaplicable esta
modalidad de legitimación.
Referencia:
expediente T- 587.965
Accionante: William
Cohen Miranda.
Demandado: División
Jurídica de la Seccional Bolívar del Seguro Social.
Magistrado Ponente:
Dr. RODRIGO ESCOBAR
GIL
Bogotá,
D.C., quince (15) de agosto de dos mil dos (2002).
La Sala Quinta de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados Rodrigo Escobar Gil, Marco
Gerardo Monroy Cabra y Eduardo Montealegre Lynett, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
Dentro del proceso
de tutela identificado con el número de radicación T-587.965, instaurado por
William Cohen Miranda contra la División Jurídica de la Seccional Bolívar del
Seguro Social.
I. ANTECEDENTES
1.   La Solicitud
William
Cohen Miranda, actuando en causa propia, interpuso acción de tutela el día 31
de enero de 2002, por estimar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad
y al debido proceso, como consecuencia de la actuación
de la entidad demandada, quien al tramitar un proceso de cobro coactivo contra el señor Ramón Antonio García Ortega,
por falta de pago e incorrecta liquidación de aportes en seguridad social, desconoció - a juicio del accionante -
palmaria y abiertamente el ordenamiento jurídico.
2.
Hechos
relevantes.
2.1.  La División Jurídica del Seguro Social -
Seccional Bolívar -, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 53 de la Ley
100 de 1993, ordenó la fiscalización e investigación del establecimiento de
comercio denominado "Asadero Restaurante la Corraleja", con el
objeto de verificar el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad
social. El citado establecimiento, según certificación de la Cámara de Comercio
de Cartagena, es de propiedad del señor Ramón Antonio García Ortega.
2.2.  A partir de la citada inspección y luego
de agotar un trámite de cobro persuasivo, la División Jurídica del Seguro
Social - Seccional Bolívar -  inició un proceso ejecutivo de cobro coactivo en
contra del citado señor García Ortega, de conformidad con lo previsto en el
artículo 57 de la Ley 100 de 1993, a fin de obtener el pago de dos millones
quinientos sesenta y siete mil doscientos veintitrés pesos ($ 2.567.223.oo),
por concepto de retención de aportes, sumas indebidamente liquidadas y ausencia
de cotización a dicha entidad.
2.3. La citada actuación judicial fue
notificada al señor Ramón Antonio García Ortega, quien otorgó poder especial a
William Cohen Miranda, para asumir la defensa de sus interés dentro del
susodicho proceso. Al respecto, señala el citado poder que:
"Ramón
Antonio García Ortega, mayor y vecino de esta localidad identificado
como aparece al pie de mi firma, de usted de la manera más atenta me permito
manifestarle que mediante el presente escrito confiero poder especial amplio y
suficiente al doctor William Cohen Miranda, abogado titulado,
identificado como aparece al pie de su firma para que en mi nombre y
representación asuma la defensa de mis intereses dentro del proceso de la
referencia (proceso ejecutivo de Cobro Coactivo No. 150)".
2.4. El apoderado y actor en la presente
tutela, señor William Cohen Miranda, intervino en el proceso ejecutivo y presentó
la excepción de extinción parcial de la obligación con fundamento en la
institución jurídica de la compensación. Sin embargo, el Seguro Social no
accedió a dicha pretensión por estimar que: (i) No tiene la condición de
acreedor con respecto a los aportes en seguridad social, siendo su función
única y exclusivamente el recaudo de los mismos y; (ii) La excepción planteada
no se encuentra prevista dentro de las causales taxativas consagradas en el
artículo 831 del Estatuto Tributario, que se aplican a este tipo de
procedimientos por remisión normativa.
3.   Fundamento
de la acción.
3.1. según el demandante, dos irregularidades
derivadas del proceso ejecutivo de cobro coactivo motivaron la formulación de
la presente tutela: (i) que sea el propio Seguro Social quien funja como juez y
parte, y (ii) que dicha entidad haya delegado la dirección del proceso en
abogados externos.
3.2. En relación con lo primero, sostiene que,
si bien la jurisdicción coactiva es una herramienta de cobro instituida por la
ley, “para muchos esta se constituye en un mecanismo abusivo e inquisitivo por
parte del Estado, por cuanto coloca al deudor en una franca desigualdad
procesal frente a la entidad ejecutora”. En este sentido, aduce que, por su
intermedio, se reducen las garantías procesales de la persona contra quien se
dirige la ejecución, pues se rompe palmariamente el esquema de toda
controversia judicial, es decir, la disputa entre las partes dirimida por un
tercero neutral.
3.3. En cuanto a lo segundo, afirma que, por
ninguna parte el Estatuto Tributario le atribuye al funcionario público
ejecutor, en este caso al Seguro Social, la facultad para delegar la “función
jurisdiccional” en particulares. A su juicio, la función jurisdiccional es
indelegable, de manera que ningún juez o funcionario público podría contratar
abogados externos para que éstos pasen a resolver sus negocios. En el presente
caso -aduce el actor-, el Seguro Social contrató el tramite del proceso
ejecutivo de cobro coactivo en el que intervine como apoderado del señor García
ortega, a una firma de abogados que no le han permitido revisar el expediente y
conocer el estado actual del proceso.
4.    Pretensión
El
accionante pretende que por
intermedio de la acción de tutela, se proteja sus derechos fundamentales a la
igualdad y al debido proceso y, por tanto, se: 1º. Declar[e] la nulidad de
la actuación adelantada por estos abogados particulares en ejercicio de una
función jurisdiccional.[y se..] 2º. Conmin[e] al director de la División
Jurídica de la Seccional Bolívar del Instituto de Seguros Sociales o quien haga
sus veces al momento de la respectiva notificación a que adelante personalmente
dicha gestión de cobro ofreciend[o] para ello todas las prerrogativas posibles
para el transparente cumplimiento de [los...] derechos y garantías
procesales".
5. Oposición a la demanda de tutela.
En respuesta a la solicitud de las
autoridades judiciales, la División Jurídica del Seguro Social - Seccional
Bolívar - se opuso a las pretensiones de la demanda, en los siguientes
términos:
5.1. Afirma el accionado que no ha violado
ningún derecho fundamental, ya que su actuación se ha ajustado a las normas
legales y reglamentarias expedidas por el Gobierno Nacional sobre la materia,
las cuales son de orden público y, por ende, de estricto cumplimiento.
5.2. Asimismo, en relación con las funciones
ejercidas por los abogados externos, manifiesta que el Seguro Social "...dada
la alta cartera incobrable de sus acreencias, donde empleadores descontaban el
pago de los aportes y los retenían sin remitirlo al Sistema de Seguridad Social
Integral (...), se vio precisada a contratar en todo el país firmas
especializadas en recuperación de cartera, que se encargan de sustentar el
procedimiento, más sin embargo el funcionario ejecutor es el Director Jurídico
Seccional...".
5.3. Por último, sostiene que la acción
tutela no es la vía judicial idónea y apropiada para controvertir la legalidad
de la actuación surtida por la Dirección Jurídica, siendo entonces pertinente
acudir a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Además, estima que
el accionante tuvo a su disposición todos los mecanismos ordinarios de
protección propicios para alcanzar el logro de sus pretensiones. Por lo cual,
la acción de amparo constitucional no está llamada a prosperar, so pena de
desconocer su naturaleza subsidiaria.
II.      TRAMITE PROCESAL
1.
Primera Instancia
El Juzgado
Séptimo Penal Municipal de Cartagena, denegó la tutela por las siguientes
razones:
1.1. Inicialmente, sostiene que le asiste
razón a la entidad accionada para adelantar, tramitar y resolver la ejecución
coactiva pertinente "...pues se encuentra asistido por la ley para
ello, a pesar de las críticas que el accionante le formule al sistema coactivo,
pues, no es nuestra función legislar sino cumplir la ley (...), procurando
siempre observar todos los lineamientos que garanticen a los sujetos que
intervienen en determinada actuación que sus derechos se le observen a plenitud
y con trasparencia..."
1.2.  en
el mismo sentido, afirma que el proceso coactivo fue tramitado legalmente,
hasta el punto que el accionante propuso la excepción de compensación. De
manera que, no puede, en este caso, prosperar la acción de tutela, "...por
cuanto, por su conducto no podemos revivir un proceso que ha sido tramitado
conforme a los preceptos legales y en el que se suministraron todas las
garantías para ejercer los derechos de contradicción y de defensa que orientan
al debido proceso en nuestra legislación...".
1.3.  Finalmente,
sostiene que el señor William Cohen Miranda si tuvo acceso al proceso, sólo que
ante su descuido "...no resultó fácil comunicarse con él para enterarlo
de ciertos pasos procesales que se iban agotando...", específicamente,
por la falta de determinación de un lugar para recibir las notificaciones
personales, siendo entonces necesario acudir al sistema procesal de
comunicación por edicto.
2.
Impugnación
El accionante impugnó la decisión
proferida en primera instancia, por las siguientes razones:
·
Afirma que se encuentra en una situación de
notoria desigualdad e indefensión procesal, ya que: "...de la
multiplicidad de veces que h[a] ido a la sede de la oficina de la división
jurídica de la seccional Bolívar del instituto de seguros sociales jamás h[a]
encontrado dicho expediente y el hecho de haber propuesto dicha excepción de
extinción parcial de la obligación, obedeció sencillamente al hecho de tener
[el] cliente Ramón García Ortega en sus manos copia del correspondiente
mandamiento de pago producto de la legal notificación personal del
mismo...".
·
Por otra parte, sostiene que su poderdante,
señor Ramón Antonio García Ortega, " no tiene absolutamente ningún
reparo en pagar hasta el último centavo tanto del crédito (capital más
intereses) así como de las costas cuya erogación se encuentre demostrada
(gastos de embargos, etc.), pero lo que de ninguna manera puede compartir es
pagarle honorarios a unos abogados particulares quienes revistiéndose
ilegalmente de atribuciones jurisdiccionales pretenden hacerle efectiva (...)
la obligación fiscal que en ningún momento desconoce...".
3.    Segunda instancia
El Juzgado
Primero Penal del Circuito de Cartagena, mediante providencia proferida el ocho
(8) de abril de 2002, decidió confirmar la decisión proferida por el a quo,
con fundamento en las consideraciones que se resumen a continuación:
·
Inicialmente, estima que de acuerdo con el
material probatorio recaudado, el proceso promovido por el Seguro Social, fue
adelantado desde su inicio hasta su terminación por funcionarios de dicha
institución. De suerte que, "...el hecho de que aquel esté asesorado en
su labor por abogados externos contratados para tal fin por esa entidad, no
riñe con los dictados de la norma constitucional que consagra el derecho al
debido proceso...".
·
Posteriormente, afirma que en relación con la
controversia en torno a la excepción de compensación propuesta, el accionante
contaba con otro medio de defensa judicial idóneo, específicamente, podía
acudir a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, para controvertir la
legalidad de la decisión adoptada por el Seguro Social.
III. FUNDAMENTOS JURIDICOS
1.
Competencia
La Corte Constitucional es competente, a
través de esta Sala de Revisión, para revisar la sentencia proferida dentro del
proceso de la referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y
241, numeral 9º, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos
31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2.
Derechos constitucionales violados o amenazados.
El  peticionario
solicita la protección de los derechos fundamentales a la igualdad y al debido
proceso.
3.    Problemas
jurídicos.
De conformidad con
lo expuesto en el acápite de antecedentes, en esta oportunidad le corresponde a
la Sala establecer si la Dirección Jurídica del Seguro Social -Seccional
Bolívar- vulneró los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso
del actor, William Cohen Miranda, como consecuencia de las irregularidades
cometidas dentro del proceso ejecutivo de cobro coactivo por aportes al sistema
de seguridad social, adelantado en contra del señor Ramón Antonio García
Ortega.
El actor, quien
intervino en el mencionado proceso ejecutivo en calidad de apoderado del señor
García Ortega, considera que el Seguro Social desconoció abierta y
flagrantemente el ordenamiento jurídico, al actuar en el proceso como juez y
parte, delegar la función jurisdiccional en abogados externos particulares, e
impedir el acceso al expediente para su revisión y conocimiento.
Ahora bien, como
quiera que el demandante no tiene la calidad de sujeto procesal dentro del
trámite ejecutivo que se impugna, ni tampoco acredita representar en sede de
tutela al titular de los derechos presuntamente afectados, antes de entrar
sobre el asunto de fondo, debe la Sala determinar lo siguiente:
·     Si quien actúa como apoderado judicial en
una causa ordinaria puede alegar un interés directo para incoar en su propio
nombre la acción de tutela, cuando la presunta violación de los derechos
fundamentales proviene de irregularidades cometidas en dicho proceso y las
mismas perjudican es a su poderdante.
·     Si el aludido apoderado está legitimado
por activa para promover acción de tutela en defensa de los derechos
fundamentales de su representado, sin que éste le haya otorgado poder especial
para tales efectos.
4.  Improcedencia
de la presente acción de tutela. Falta de legitimación por activa.
Conforme lo ha establecido de manera
reiterada esta Corporación, la acción de tutela ha sido consagrada como un
mecanismo subsidiario de defensa judicial, a través del cual se pretende
reclamar ante los jueces, en forma preferente, sumaria e informal, la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular en los casos definidos por la ley, y
siempre que no existan en el ordenamiento jurídico otros instrumentos
procesales para acceder a su protección, o cuando existiendo éstos se promueva
como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable.
Atendiendo a su propia naturaleza
jurídica, y sin desconocer el carácter informal que la identifica, también la
Corte ha precisado que el ejercicio de la acción de tutela está sometido al
cumplimiento de unos requisitos mínimos de procedibilidad, entre los que se
destaca el relacionado con la legitimación por activa o titularidad para
promoverla. En este sentido, interpretando el alcance de los artículos 86 de la
constitución Política y 10° del Decreto 2591 de 1991, la jurisprudencia ha
sostenido que son titulares de la acción las personas cuyos derechos
fundamentales han sido vulnerados o amenazados, por lo que son éstas quienes se
encuentran habilitadas para solicitar el amparo constitucional en forma directa
o por intermedio de su representante o apoderado. También, en el caso de que
los titulares de los derechos violados no estén en condiciones de promover su
propia defensa, la ley autoriza la agencia oficiosa de derechos ajenos,
debiendo el agente manifestar dicha circunstancia ante la autoridad judicial
que tiene a su cargo el conocimiento de la acción.
En relación con esto último, el artículo
10° del Decreto 2591 de 1991 respalda el criterio de interpretación de la Corte
al disponer:
“Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser
ejercida, en todo momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada
en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por si misma o a través de
representante. Los poderes se presumirán auténticos. También se pueden agenciar
derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de
promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá
manifestarse en la solicitud.
También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los
personeros municipales”.
Bajo este
entendido, se tiene que, tanto el ordenamiento jurídico como la jurisprudencia
constitucional, coinciden en señalar que el titular de la acción de tutela es
la persona cuyos derechos han sido vulnerados o amenazados por la acción u
omisión de una autoridad pública o de un particular en los casos definidos por
la ley, pudiendo promover el amparo de sus derechos (i) en forma directa, (ii)
por medio de representante legal (caso de los menores de edad, los incapaces
absolutos, los interdictos y las personas jurídicas), (iii) a través de
apoderado judicial o (iv) por intermedio de agente oficioso[1].
4.1.1. Siguiendo lo expuesto, podemos responder al
primer interrogante, es decir: ¿Si el apoderado judicial de una causa ordinaria
puede alegar un interés directo para incoar en su propio nombre la acción de
tutela, cuando los derechos fundamentales supuestamente vulnerados corresponden
al titular de la causa ordinaria que representa judicialmente?
Para dar
respuesta a este cuestionamiento, es preciso tener en cuenta que la Corte en
Sentencia T-674 de 1997, expresamente determinó que: “...no puede alegarse
vulneración de los propios derechos con base en los de otro...”, y en Sentencia
T-575 de 1997, igualmente, sostuvo que: “...la calidad de apoderado no genera ipso
facto la suplantación del titular del derecho...”.
A juicio de la
Corporación, esto ocurre básicamente por dos razones: (i) El interés en la
defensa de los derechos fundamentales, como se dijo, radica en su titular y no
en terceros y, por otra parte, (ii) la relación de vulneración o amenaza de los
derechos fundamentales debe ser directa y no transitiva ni por consecuencia.
Así lo manifestó la Corte en la citada Sentencia T-674 de 1997 (M.P. José
Gregorio Hernández Galindo), al sostener que “...no es válido alegar, como
motivo de la solicitud de protección judicial, la causa de la causa, o el
encadenamiento infinito entre causas y consecuencias, ya que, de aceptarse
ello, se desquiciaría la acción de tutela y desbordaría sus linderos normativos.
[Por lo tanto...] La violación de los derechos [fundamentales] de otro no vale
como motivo para solicitar la propia tutela...”.
De esta manera,
teniendo en cuenta que William Cohen Miranda aduce como causa de la violación
de sus derechos a la igualdad y al debido proceso, las presuntas
irregularidades en que incurrió el Seguro Social al tramitar el proceso
ejecutivo que se sigue contra el señor Ramón Antonio García Ortega -a quien
aquél simplemente representa o apodera-, es claro que el actor de la presente
tutela carece de un interés legitimo para actuar pues, de existir alguna
amenaza o violación, ésta es predicable exclusivamente de los derechos de quien
es parte acusada en el mencionado proceso, es decir, de su mandante el señor
García ortega.
Ciertamente, si la
entidad que tiene a su cargo el proceso ejecutivo de cobro coactivo por
incumplimiento en el pago de aportes al sistema de seguridad social ha
incurrido en una vía de hecho, el que puede resultar afectado con tal proceder
no es el apoderado del ejecutado sino este último directamente, de manera que
es a él a quien corresponde promover la acción de amparo constitucional en los
términos de lo previsto en el artículo 10° del Decreto 2591 de 1991. Por este
aspecto, la presente tutela no está llamada a prosperar ya que no son los
derechos fundamentales del accionante los que se encuentran presuntamente
amenazados por la actuación procesal del Seguro Social -Seccional Bolivar-.
4.1.2. Ahora bien, teniendo en cuenta lo dicho,
también es preciso establecer ¿Si el apoderado judicial de una causa ordinaria
debe acreditar poder especial para adelantar en nombre de su representado la
acción de amparo constitucional?
En relación con este
tema, la Corte ha estimado - de manera reiterada - que la legitimación de los
abogados para instaurar la acción de tutela aduciendo representación judicial o
contractual, exige de la presencia de un poder especial para el efecto. Al
respecto señaló en la Sentencia T-001 de 1997 (M.P. José Gregorio Hernández
Galindo) que por las características de la acción “todo poder en materia de
tutela es especial, vale decir, se otorga una sola vez para el fin
específico y determinado de representar los intereses del accionante en punto
de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en
relación con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensión”[2].
De este modo,
cuando la acción de tutela se ejerce a título de otro, es necesario contar con
poder especial para legitimar su interposición. La carencia de la citada
personería para iniciar la acción de amparo constitucional, no se suple con la
presentación del apoderamiento otorgado para un asunto diferente. Precisamente,
la doctrina expuesta por esta Corporación ha determinado que:
“2.4. Aunque podría pensarse que su calidad de representante de la
parte civil en el proceso penal lo habilitaba para dicho menester [es decir,
para ejercitar la acción de tutela], debe desecharse esta idea, en atención a
que en el proceso penal el sujeto procesal es la parte civil y no su apoderado;
es cierto que éste la representa conforme al poder específico que se la ha
conferido; pero éste aun cuando suficiente para la actuación en el proceso
penal no lo habilita para ejercer la acción de tutela...
...Dicho de otra forma, la personería adjetiva de que
goza para representar a la parte civil en el proceso penal, en manera alguna lo
habilita para la actuación que ha dado lugar a este proceso...”[3].
Por lo cual, en
los términos de la jurisprudencia constitucional,[4] la falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por
parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder específico o general en
otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acción de amparo constitucional a
nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser
declarada improcedente ante la falta de legitimación por activa.
En relación con
la acción de tutela de la referencia, el abogado William Cohen Miranda no
acreditó su condición de apoderado especial del señor Ramón Antonio García
Ortega, pues no anexó al expediente el respectivo poder de representación ni
hizo manifiesta su intención de agenciar derechos ajenos o de terceros. El sólo
hecho de que García Ortega le haya otorgado a Cohen Miranda poder especial para
promover la defensa de sus derechos e intereses dentro del proceso ejecutivo de
cobro coactivo seguido por el Seguro Social[5],  como ya se explicó, no lo releva del deber de acreditar su
condición de apoderado especial en sede de tutela, máxime si su intención era
obtener del juez constitucional la declaratoria de nulidad del precitado
proceso ejecutivo, en el que actuó como parte acusada García Ortega y éste
fungió como su apoderado judicial.
Así las cosas,
la carencia de un interés legítimo para reclamar la protección de los derechos
fundamentales invocados y la ausencia manifiesta de poder especial para
solicitar tal protección en beneficio de un tercero, hacen del todo
improcedente el amparo tutelar solicitado y le impiden al juez constitucional
entrar a pronunciarse sobre el fondo del asunto planteado. Igualmente, como en
ninguna de las piezas probatorias se expresa la intención de agenciar los
derechos de otro, es inaplicable esta modalidad de legitimación.
De conformidad con
lo expuesto, esta Sala Quinta de Revisión procederá a revocar los fallos
dictados en primera y segunda instancia que, si bien negaron la protección
constitucional solicitada, lo hicieron por razones de fondo sin detenerse a
examinar previamente si el demandante estaba o no legitimado por activa para
promover la respectiva acción de tutela.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución
RESUELVE:
Primero. REVOCAR las Sentencias de
tutela proferidas en Primera y Segunda instancia por el Juzgado Séptimo Penal
Municipal de Cartagena de Indias el día 18 de febrero de 2002, y por el Juzgado
Primero Penal del Circuito de la misma ciudad el día 8 de abril de 2002,
respectivamente. En su lugar, declárese IMPROCEDENTE la acción de tutela
promovida por William Cohen Miranda contra la División Jurídica del Seguro
Social             -Seccional Bolivar-, por las razones expuestas en esta
providencia.
Segundo. LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Cópiese,
notifíquese, insértese en la gaceta de la Corte Constitucional y Cúmplase.
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado Ponente
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
[1]              Cfr,  Sentencia T-531 de 2002 (M.P. Eduardo
Montealegre Lynett).
[2]              Subrayado por fuera del texto original.
[3]              Sentencia T-530 de 1998. M.P. Antonio Barrera
Carbonell. (Subrayado por fuera del texto original).
[4]             Además de las sentencias previamente citadas, pueden
consultarse las providencias: T-207 de 1997, T-693 de 1998, T-526 de 1998,
T-695 de 1998 y T-088 de 1999.
[5]             Al respecto, señala el citado poder que: "Ramón
Antonio García Ortega, mayor y vecino de esta localidad identificado
como aparece al pie de mi firma, de usted de la manera más atenta me permito
manifestarle que mediante el presente escrito confiero poder especial amplio y
suficiente al doctor William Cohen Miranda, abogado titulado,
identificado como aparece al pie de su firma para que en mi nombre y
representación asuma la defensa de mis intereses dentro del proceso de la
referencia (proceso ejecutivo de Cobro Coactivo No. 150)".