SU488-20
Sentencia SU488/20
Referencia: expediente T-7.586.475
Acción de tutela interpuesta por Miguel Ángel Nule
Amín en contra de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Magistrado ponente (E):
RICHARD S. RAMÍREZ GRISALES
Bogotá, D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil
veinte (2020)
La Sala Plena de la Corte
Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, en
especial las previstas en el artículo 241.9 de
la Constitución Política, los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de
1991, y de conformidad con lo dispuesto en el auto del 12 de febrero de
2020[1],
en el que resolvió asumir el conocimiento del asunto sub examine,
profiere la siguiente
SENTENCIA
En
el trámite de revisión de la providencia del 31 de julio de 2019 de la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que confirmó la decisión del 7
de junio de 2019 de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, que
negó la acción de tutela promovida por Miguel Ángel Nule Amín en contra de la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
El
expediente de la referencia fue escogido para revisión mediante auto del 19 de
noviembre de 2019, de la Sala de Selección Número Once[2], con fundamento en el
criterio objetivo “desconocimiento de un precedente de esta Corporación” y
el criterio subjetivo “urgencia de proteger un derecho fundamental”.
I.
ANTECEDENTES
1.
Por intermedio de apoderado judicial, Miguel Ángel Nule Amín interpuso
acción de tutela en contra de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia para exigir la protección de sus derechos fundamentales al “DEBIDO
PROCESO/DOBLE CONFORMIDAD (artículos 29, 31 y 186) y a la IGUALDAD (artículo 13
ibídem)”[3].
Esta pretensión tuvo como causa las decisiones judiciales proferidas en el
proceso penal de que fue objeto, identificado con el radicado 13001-3107001-2013-00054-00, y en el que resultó
condenado, en calidad de determinador, por el delito de homicidio
agravado. Según se precisó en la
sentencia de segunda instancia en este proceso, proferida por la Sala
Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena –y, respecto de
la cual, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia decidió no
casar–, la condena se fundamentó en la siguiente tesis:
“En consecuencia, se tiene suficiente (sic)
acreditado que para la época de los hechos objeto de enjuiciamiento, las
Autodefensas Bloque Héroes de los Montes de María se encontraban acampando en
una finca en donde apastaba un ganado de propiedad de JOAQUÍN GARCÍA y MIGUEL
ÁNGEL NULE AMÍN, que dicho ganado fue hurtado por grupos de guerrilla, lo que
motivó a MIGUEL NULE y a JOAQUÍN GARCÍA a acudir al grupo de Autodefensas, a
través [sic] del ex senador ÁLVARO GARCÍA ROMERO, para solicitarle que
recuperara dicho ganado como fuera, siendo determinado su comandante RODRIGO
MERCADO PELUFO alias RODRIGO CADENA, quien conformó los grupos correspondientes
para tal operativo, entre los que se encontraba uno comandado por ÚBER BÁNQUEZ
alias JUANCHO DIQUE, en procura de lo cual, el 14 de octubre de 2000 procedió a
ejecutar la operación que terminó siendo conocida como la masacre de Macayepo,
en la cual se cometió el homicidio de varios de los habitantes de las veredas
de El Floral, Verrugitas, la Cañada, la Cañada de Limón y en especial a [sic]
los pobladores de Macayepo, para finalmente recuperar el ganado hurtado y ser
dejado en la misma finca donde acampaban inicialmente. || Es por todo lo
anterior, que la Sala encuentra que existe prueba suficiente sobre la
responsabilidad del procesado NULE AMÍN como determinador en la comisión del
homicidio de los señores […]” [4].
1.      Hechos probados
2.
Entre el 9 y el 15 de octubre del año 2000, miembros de las Autodefensas
Unidas de Colombia incursionaron violentamente en varios corregimientos del Carmen
de Bolívar, incluido el de Macayepo. Tras señalar a algunos campesinos como
colaboradores de la guerrilla, los asesinaron[5].
Además, cometieron hurtos, quemaron viviendas y ocasionaron el desplazamiento
de los sobrevivientes.
3.
En el marco del proceso penal que se adelantó por la denominada Masacre
de Macayepo, de que tratan los hechos referidos en el párrafo anterior, la
Fiscal 30 Especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario, en adelante UNDH-DIH, ordenó la captura de Miguel
Ángel Nule Amín[6],
lo vinculó mediante indagatoria[7],
le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento
carcelario[8]
y, finalmente, lo acusó como “presunto responsable en calidad de
determinador de los delitos de HOMICIDIO AGRAVADO numerales 6º, 7º, y 8º, en
concurso heterogéneo y sucesivo con los punibles [sic] de DESPLAZAMIENTO
FORZADO”[9].
4.
La sentencia de primera instancia en el proceso ordinario penal. La
etapa de juzgamiento se adelantó ante el Juzgado Único Penal del Circuito
Especializado de Cartagena[10].
En sentencia del 16 de octubre de 2014, absolvió a Miguel Ángel Nule Amín de ambos
cargos y dispuso su libertad inmediata[11].
En particular, a partir de la valoración que hizo de los siguientes medios
probatorios, consideró que no existía certeza acerca de su responsabilidad penal:
5.
(i) Por las siguientes razones, el testimonio de Úber Bánquez
Martínez, alias Juancho Dique, fue inconsistente:
“[…] presenta falta de constancia en los aspectos
esenciales que [sic] debido al rol y función que en el tiempo referido, ocupaba
al interior del multicitado grupo armado, debía estar en condiciones de conocer.
Es razonable pensar que no es admisible que una persona que dijo haber sido uno
de los que activamente intervinieron en la masacre de Macayepo, y que además no
era un simplemente [sic] combatiente de la organización, sino que tenía cierta
jerarquía, que por ende le permitía enterarse de primera mano de las decisiones
adoptadas por la cúpula de mando. Ha sido tan cambiante y vacilante en sus
manifestaciones que no es fácil escoger cuál de sus dichos corresponde a la
verdad”[12].
6.
(ii) Úber Bánquez Martínez, alias Juancho Dique, fue un
testigo de oídas, “ya que su conocimiento sobre la presunta determinación de
MIGUEL ÁNGEL NULE, en la masacre de Macayepo, en ningún momento ha provenido de
la percepción sensorial directa sobre tal situación, sino de lo que oyó decir a
otra persona, que es el señor alias CADENA”[13].
7.
(iii) El testimonio de Yairsiño Enrique Meza Mercado, alias El
Gato, fue contradictorio y también se trató de un testigo de oídas que, al
igual que Úber Bánquez, no estaba en “condiciones de asegurar si lo que le
oyeron decir a alias CADENA sobre MIGUEL NULE, efectivamente fue y ocurrió en
el plano material”[14].
8.
(iv) A partir de las declaraciones de varios testigos, incluidos miembros
de las autodefensas, era posible concluir que el móvil de la masacre no fue
recuperar ganado sino combatir a las guerrillas[15].
9.
(v) Los testigos de descargo indicaron que el señor Nule era una
“persona honorable [sic] que a pesar de haber sufrido en carne propia los
rigores de esa violencia e intimidación, no sucumbió, hasta el punto de que le
colocaron una bomba para doblegarlo, siendo de acuerdo con estas pruebas, más
probable que los autores hayan sido las autodefensas”[16].
10.
(vi) Incluso, de aceptarse que la finca conocida como “Casa
Fantasma” hubiere estado en control del procesado, “no puede
desconocerse que de acuerdo a las pruebas analizadas, [sic] natural
superioridad que los grupos al margen de la ley imponían con su comprobado
aparato militar, hace pensar en términos razonables, que para tales grupos, era
irrelevante que el dueño de un predio les diese permiso para acampar en ellos”[17].
11.
(vii) La grabación en la que se mencionó al procesado “no
resulta incriminatoria para el señor NULE AMÍN. Es más, el mismo testigo[[18]]
explicó en audiencia y entendió que las tropas se les llama a las fuerzas
legales y regulares del estado [sic], mas no a otros grupos que no representan
las Fuerzas Armadas legítimamente constituidas […]”[19].
Por tanto, “no mal [sic] podría concluirse que esas tropas, las que se dice
en la grabación que ‘Nule quería meter’, sean otra clase distintas [sic] de las
fuerzas regulares del Estado, porque hacer esa reflexión, [sic] sería tanto
como entrar en un campo especulativo, que no puede admitirse ni mucho menos en
esta etapa procesal”[20].
12.
La apelación por parte de la Fiscalía de la sentencia de primera
instancia en el proceso ordinario penal. La Fiscal 30 Especializada de la
UNDH-DIH apeló la providencia[21].
Indicó que disentía de los argumentos mediante los cuales el juzgado absolvió a
Miguel Ángel Nule porque no era cierto que los testimonios de Úber Bánquez
Martínez y Yairsiño Enrique Meza Mercado hubiesen sido desvirtuados. Además, a
fin de demostrar por qué le asistía responsabilidad al procesado como
determinador de homicidio agravado y desplazamiento forzado, hizo un recuento
de las pruebas allegadas a la instrucción.
13.
La sentencia de segunda instancia en el proceso ordinario penal. El
6 de abril de 2016, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Cartagena revocó parcialmente la sentencia de primera instancia y condenó a
Miguel Ángel Nule Amín[22]
a la pena principal de 345 meses de prisión[23],
como determinador del homicidio agravado de 7 personas[24].
14.
En primer lugar, el ad quem decidió no declarar desierto el
recurso de apelación que interpuso la Fiscal 30 Especializada de la UNDH-DIH.
Concluyó que, a diferencia de lo que alegaron la defensa y el Ministerio
Público, el recurso de apelación sí se sustentó de forma adecuada frente al
delito de homicidio agravado. En todo caso, declaró desierto el recurso de
apelación en relación con el delito de desplazamiento forzado porque la fiscal
no brindó argumento alguno tendiente a demostrar su existencia.
15.
En segundo lugar, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cartagena fundamentó la responsabilidad penal del procesado en la
tesis descrita en el fundamento jurídico 1 supra[25].
16.
Para fundamentar la tesis de la condena, la Sala Penal del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cartagena tuvo en cuenta las siguientes
pruebas:
17.
(i) El testimonio de Úber Enrique Bánquez Martínez, alias Juancho
Dique. Señaló que fue testigo de oídas solo frente a algunos eventos[26],
pero percibió directamente hechos relevantes[27],
los cuales fueron corroborados por otros declarantes y el procesado, así: este
último admitió haber conocido a alias Cadena antes de que perteneciera a
las autodefensas[28]; Jairo Castillo Peralta señaló que el procesado
participó en reuniones con paramilitares y políticos de la región[29];
Edwar Cobos Téllez, alias Diego Vecino, indicó que, si bien, la masacre
no podía tener como objetivo principal recuperar ganado, reconoció que
efectivamente se recuperaron semovientes[30];
Yairsiño Meza, alias El Gato, corroboró que el motivo de la masacre había
sido “recuperar el ganado que fue hurtado de una finca de MIGUEL NULE”[31]
y alias Amaury declaró que había participado en la
recuperación de un ganado que estaba custodiado por la guerrilla[32].
18.
En relación con la credibilidad del testigo Úber Enrique Bánquez
Martínez, el Tribunal señaló que las inconsistencias en su declaración inicial
obedecieron al “marcado propósito de evitar comprometer al entonces
sindicado García Romero”[33],
pero “en su última versión ÚBER BÁNQUEZ manifestó que la recomposición de su
versión obedeció a la necesidad de construir una memoria histórica, conforme
con las exigencias de ley 975 de 2005, cercana a lo [sic] realmente aconteció,
y que en tal sentido se imponía contar las cosas tal como ocurrieron”[34].
19.
(ii) El testimonio de Yairsiño Mesa, alias El Gato. La
Sala concluyó que, aunque en otros escenarios procesales no había precisado el
móvil de la masacre, en sus últimas dos declaraciones, “ratificó que escuchó
del propio CADENA, que la idea de la incursión a MACAYEPO, era la de recuperar
un ganado que había hurtado la guerrilla a NULE y JOAQUÍN GARCÍA, de modo que
su ubicación como prueba de descargo no puede ser más desacertada. Por eso esta
versión califica de lejos como prueba de corroboración la de ÚBER BÁNQUEZ”[35]. Así las cosas, tras valorar las diferentes declaraciones de este
testigo, el Tribunal concluyó lo siguiente:
“Lo anterior pone de
presente que las omisiones iniciales no tienen la trascendencia que pretendió
derivar de ellas la defensa, por cuanto no se advierte que la información
sobreviniente obedezca a una suerte de complot del testigo con alias JUANCHO
DIQUE, en aras de perjudicar al procesado NULE AMÍN, en la medida en que como
ha quedado puesto de presente en las primigenias versiones, alias EL GATO
respondió sobre aspectos por los cuales fue requerido, entre los que nunca se
mencionó el móvil del hecho, solo cuando se le preguntó al respecto dio cuenta
de lo que sabía”[36].
20.
(iii) La interceptación telefónica. Para el ad quem,
“esta prueba posiciona en el pico más alto el relato de alias JUANCHO DIQUE, en
el sentido de que la orden de ejecutar la masacre proviene, entre otros de
MIGUEL ÁNGEL NULE AMÍN, ubicándolo así como determinador de ella”[37]. Al respecto, la Sala precisó:
“La asociación de esta
conversación con la MASACRE DE MACAYEPO no se encuentra en discusión, ya que
hay una sentencia ejecutoriada, emanada de las Cortes [sic] Suprema de
Justicia, que así lo determina, la cual en lo referente a el análisis, resulta
ser compartido por esta Sala, toda vez que en ella se habla de ‘meter la tropa’
por la parte de atrás, por los lados del Aguacate, precisamente el punto que
ÚBER BÁNQUEZ en sus declaraciones señaló como el lugar por donde pasaron el día
de la masacre. || Así mismo, no se duda en interpretar que al momento de hablar
de las tropas se hace referencia a los paramilitares, ya que más adelante en la
conversación, refiere que estos no pueden operar por la presencia de ‘esos
verdes’ y se habla de la posibilidad de hacer que se muevan a través [sic] de
un Coronel, para que ‘las tropas’ operen por dos días en Macayepo. || Lo
importante de la mencionada interceptación para este proceso, [sic] es que se
hace referencia a un señor ‘NULE’ que quiere ‘meter la tropa’ a la finca,
cuestión que al ponerla en relación con las declaraciones que obran en la
actuación, permite a la Sala determinar con claridad que a la persona a la que
hacen referencia los interlocutores en su plática es al señor MIGUEL ÁNGEL NULE
AMÍN, toda vez que además de estar demostrado [sic] su estrecha amistad con
ÁLVARO y JOAQUÍN GARCÍA, gestores de los grupos de las AUC, para esa época es
que precisamente se presenta el hurto de ganado que se encontraba en la finca
de NULE AMÍN, (aspectos frente a los cuales todos los testigos de cargo
concuerdan), tiene ocurrencia posterior la masacre de Macayepo y finalmente
producto de ella se recupera un ganado que es dejado en esa misma finca”[38].
21.
Finalmente, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cartagena señaló que, por una parte, el hecho de
que el procesado no se encontrara en el país para el momento en que se cometió
la masacre no desvirtuaba la posibilidad de que “haya acudido al grupo
armado ilegal de las autodefensas junto con JOAQUÍN GARCÍA para solicitar la
recuperación del ganado que le había sido hurtado por la guerrilla”[39]. De otra parte, que el
argumento relacionado con la venta de la finca en la que, según el relato de
Úber Bánquez, “se ubicaba el campamento de las Autodefensas”[40], no le restaba credibilidad al
testimonio de este, “dada [sic] que tal negociación no resulta extraña si se
tiene en cuenta la cercanía existente entre MIGUEL ÁNGEL NULE AMÍN y JOAQUÍN
GARCÍA, así mismo, la apreciación de alias JUANCHO DIQUE deriva de lo que
percibía directamente, esto es, de que veía que en la finca existía ganado de
propiedad del procesado, lo cual le permitía concebir que la finca seguía
siendo de su propiedad”[41].
22.
El 16 de junio de 2016, la defensa de Miguel Ángel Nule Amín interpuso
el recurso extraordinario de casación[42],
el cual se sustentó el 21 de octubre del mismo año[43].
23.
El 17 de junio de 2016, “sin perjuicio de la casación oportunamente
interpuesta”[44],
la defensa de Miguel Ángel Nule Amín “puso de presente ante la Sala Penal
del Tribunal de Cartagena los planteamientos contemplados en la sentencia C-792
de 29 de octubre 2014 de la Corte Constitucional, relativo a la efectividad
material del derecho a la doble instancia [...] bajo la premisa de que la
casación no es una instancia como tal, señalando cómo mi prohijado estaría
quedando huérfano del derecho material a una revisión por un superior a título
de ‘segunda instancia’, esto es, se le estaría cercenando su garantía de la
DOBLE CONFORMIDAD por no estar en posibilidad de apelar su primera condena”[45].
24.
El 29 de junio de 2016, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cartagena se pronunció sobre un memorial de la defensa, en el que se
solicitó que no se ejecutara la orden de captura proferida en la sentencia
condenatoria[46].
La Sala indicó que dicha orden sí debía cumplirse[47].
25.
El 16 de agosto de 2016, la defensa de Miguel Ángel Nule Amín interpuso
el recurso de apelación “con el fin de precipitar un pronunciamiento de la
Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena en relación
con la garantía de poder apelar la primera sentencia condenatoria, de nuevo,
sin perjuicio de la casación ya incoada”[48].
Esto, en atención a que dicha autoridad judicial no se había pronunciado sobre
la garantía del procesado a la doble conformidad.
26.
El 25 de noviembre de 2016, la Sala Penal del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cartagena concedió el recurso extraordinario de casación y
negó el recurso de apelación[49]
“debido a que se agotó la segunda instancia y la sentencia C-792 de 2014 no
ha sido regulada legalmente”[50].
27.
Mediante providencia del 11 de octubre de 2018, la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia admitió el recurso extraordinario de casación[51]
y, el 6 de marzo de 2019, resolvió no casar la sentencia[52].
Dado que esta última decisión es la que se cuestiona en sede de tutela, a sus
fundamentos concretos se hace referencia en el título “II. Caso concreto”,
en particular, en el epígrafe 4.
2.
Pretensiones y fundamentos
de la acción de tutela
28.
El 12 de abril de 2019, el apoderado de Miguel Ángel Nule Amín interpuso
acción de tutela en contra de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia, a fin de que se protegieran sus derechos fundamentales al debido
proceso e igualdad[53].
Señaló que, tras proferirse la sentencia condenatoria, de manera oportuna se interpuso
y sustentó el recurso extraordinario de casación. Además, sin perjuicio de
dicho recurso extraordinario, mediante memorial del 17 de junio de 2016 le puso
de presente a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena
que el condenado tenía derecho a que se le garantizara la doble conformidad, de
conformidad con la sentencia C-792 de 2014. Ante el silencio de dicho tribunal,
mediante memorial del 16 de agosto de 2016, interpuso recurso de apelación en
contra de la sentencia condenatoria, el cual fue negado el 25 de noviembre de
2016 porque, según explicó el Tribunal, la sentencia C-792 de 2014 no había “sido
regulada legalmente”.
29.
El accionante agregó que el 18 de enero de 2018 se promulgó el Acto
Legislativo 01, mediante el cual se dispuso que la primera sentencia
condenatoria podía ser impugnada. Asimismo, el 14 de noviembre de 2018, al
interior del proceso identificado con el radicado No. 48.820, la Sala Penal de
la Corte Suprema de Justicia emitió una sentencia hito en materia de doble
conformidad en la que señaló que este derecho “es una garantía instituida a
favor de quien es declarado penalmente responsable, al margen de la instancia
en que es condenado; de esta manera, se pretende que la presunción de inocencia
que cobija a toda persona pase por un doble filtro –ordinario– de revisión,
antes de ser desvirtuada mediante declaratoria judicial”[54].
A pesar de esto, indicó el accionante que en la sentencia que se cuestiona en
sede de tutela, del 6 de marzo de 2019, la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia decidió no casar la sentencia del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cartagena, con lo cual “cercenó o desconoció el derecho
de poder apelar la primera condena, en la medida que no se pronunció al
respecto habiendo clara sentencia de precedente de la misma corporación y de la
misma Magistrada, y habiendo pretéritas solicitudes de la defensa del afectado
señor MIGUEL ÁNGEL NULE AMÍN”[55].
30.
En particular, el accionante señaló que al proferirse la sentencia de
casación se configuraron los siguientes defectos:
31.
(i) Un defecto procedimental absoluto porque esta providencia “tenía
que haber reconocido el derecho a la DOBLE CONFORMIDAD y haber señalado el
procedimiento para materializarlo, lo que no hizo, de manera que se aparta de
los cánones del Acto legislativo No. 01 de 2018”[56].
Al guardar silencio y limitarse a no casar la sentencia, la accionada vulneró
el derecho fundamental al debido proceso de Miguel Ángel Nule Amín.
32.
(ii) Un defecto material o sustantivo porque al no existir un
pronunciamiento sobre la garantía a la doble conformidad que “por su
trascendencia se vuelve de contenido sustancial”[57],
se negó la aplicación del principio pro homine.
33.
(iii) Una decisión sin motivación, ya que la sentencia nunca
mencionó por qué no aplicaba la garantía de la doble conformidad a favor del
procesado, a pesar de que existían solicitudes de la defensa en ese sentido,
una nueva redacción del artículo 186 constitucional, una sentencia relevante de
la Sala de Casación Penal que ordenaba la aplicación de dicha garantía y casos
similares en los que se habría otorgado.
34.
(iv) Un desconocimiento del precedente porque no tuvo en cuenta
la sentencia C-792 de 2014, ni el precedente de la Sala de Casación Penal del
14 de noviembre de 2018.
35.
(v) Por último, el desconocimiento del derecho a la igualdad
porque la garantía a la doble conformidad se les habría reconocido a otros ciudadanos,
pero no al señor Miguel Ángel Nule Amín.
36.
Con fundamento en lo anterior, solicitó “dejar sin efectos la
sentencia de casación del 6 de marzo de 2019”[58]
y que se dispusiera “un procedimiento o ‘mecanismo especial de impugnación’
que provea la posibilidad de APELAR la primera condena emitida en contra de [Miguel
Ángel Nule Amín], esto es, la sentencia de 6 abril de 2016 emitida por la Sala
Penal del Tribunal Superior de Cartagena, Bolívar”[59].
3.
Respuesta de la autoridad
judicial accionada
37.
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia señaló que “en
el caso juzgado [sic] la sentencia de segunda instancia fue emitida el 6 de
abril de 2016, es decir con anterioridad al 25 de abril de ese año, razón por
la cual debe concluirse que el asunto controvertido por el tutelante no se
encuentra gobernado por los efectos y alcances de la sentencia C-792 de 2014”[60].
Además, tal como lo precisó la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 del
28 de abril de 2016, los efectos de la sentencia C-792 de 2014 solo serían
predicables de providencias dictadas a partir del 25 de abril de 2016, o que
para entonces estuvieren en proceso de ejecutoria.
38.
Indicó que tras la expedición del Acto Legislativo 01 de 2018, la Sala
de Casación Penal estimó necesario activar un procedimiento para que pudieran
impugnarse las sentencias condenatorias dictadas por primera vez en sede de
casación, como ocurrió en el caso del proceso identificado con el radicado
48.820, al que se hizo referencia en la acción de tutela. Sin embargo, esta
situación “no se acompasa con la del accionante, quien fue condenado por
primera vez en segunda instancia y contra esa decisión tuvo a su alcance un
mecanismo de corroboración, esto es, el recurso extraordinario de casación, que
ejerció a través [sic] de abogado, lo que precisamente dio lugar al fallo aquí
cuestionado”[61].
39.
En consonancia con el derecho internacional[62],
precisó que lo importante en la labor de preservar el derecho a la doble
conformidad era que el recurso garantizara el examen integral de la decisión por
un superior, con independencia del nombre que se le asignara al medio judicial
–eo ipso, recurso extraordinario de casación–. Según precisó, en el caso
del tutelante, dicha finalidad fue lograda con la resolución del recurso de
casación previsto en la Ley 600 de 2000, ordenado como un medio de control
constitucional y legal de los fallos judiciales de segunda instancia. Lo
anterior, porque en este caso la Sala llevó a cabo,
“de manera rigurosa el
estudio de constitucionalidad y legalidad de la sentencia recurrida, ejercicio
en el cual se revisaron a fondo todas las pruebas incorporadas a la actuación,
según puede advertirse en el fallo anexo, decidiendo no casar. De esa manera,
resultó corroborada la condena (doble conformidad de la sentencia
condenatoria), satisfaciéndose el derecho de la impugnación al ser sometida a
revisión de aquella decisión judicial. || En ese orden de ideas, resultan
improcedentes las pretensiones de la demanda, en tanto no se desconoció el
derecho a impugnar la sentencia condenatoria”[63].
40.
Por último, advirtió que cuando se emitió la sentencia de casación,
estaba próxima a prescribir la acción penal[64].
4.
Sentencia de tutela de primera
instancia
41.
Mediante providencia del 7 de junio de 2019,
la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia “negó”[65] el amparo solicitado[66]. Consideró que la tutela debía
negarse porque no cumplía con los requisitos de inmediatez y subsidiariedad. En
relación con el primero, señaló:
“si el querellante pretendía la
concesión y agotamiento de la apelación incoada por él respecto del fallo de
segunda instancia, ha debido acudir a esta jurisdicción tan pronto como fue
emitido el proveído de 25 de noviembre de 2016, donde se le negó el anotado
remedio por el tribunal; no obstante, sólo interpuso esta acción hasta el 12 de
abril de 2019, esto es, luego de transcurrir más de dos (2) años y cuatro (4)
meses de acaecido el presunto hecho vulnerador”[67].
42.
Respecto del requisito de subsidiariedad,
indicó:
“el gestor no impetró, como
correspondía ‘la apelación’ aquí aducida, técnicamente conocida como ‘doble
conformidad’ o ‘doble verificación’, pues de seguirse lo reglado para ese
remedio, conforme a la Ley 600 de 2000, norma aplicable a su caso, estaba
compelido a incoarla dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación
(art. 187, ibídem); sin embargo, el anotado fallo, comunicado en junio de 2016
al petente [sic], según su propia manifestación dentro de la causa cuestionada
(fl. 151) lo atacó por la citada vía hasta el 16 de agosto siguiente (art. 156,
ibídem), desaprovechándose, en consecuencia [sic] la renombrada herramienta”[68].
43.
Igualmente, aclaró que el accionante tampoco interpuso
el citado recurso en término si, en gracia de discusión, se toma en cuenta el plazo
de 15 días que la Sala de Casación Penal fijó para la impugnación especial en
los casos que se tramitaron de conformidad con la Ley 600 de 2000[69].
44.
Además, destacó que el accionante no utilizó
el recurso de reposición en contra del auto del 25 de noviembre de 2016, ni el
recurso de queja, a fin de obtener un pronunciamiento en cuanto a la
procedencia de la apelación.
45.
Asimismo, resaltó que en otras providencias en
las que se evidenció un quebranto de la doble conformidad, los interesados
adelantaron en tiempo las actuaciones correspondientes pero que, en este caso,
el accionante,
“acudió a esta jurisdicción
pasados más de 2 años y 4 meses desde la negativa a la apelación –25 de
noviembre de 2016–, pese a contar, para esa data, con lo ya discurrido en la
jurisprudencia constitucional vigente –C-792 de 2014 y SU-215 de 2016– y, en
adición, soslayó todas las herramientas procesales a su alcance para conseguir,
en sede ordinaria, una decisión en cuanto a la temática aquí esbozada, se
revela, como antes se explicitó, la improcedencia del resguardo”[70].
46.
Finalmente, la Sala concluyó, dado que se
había negado el recurso de apelación, la competencia de la Sala Penal de la
Corte Suprema de Justicia se contraía a resolver el recurso de casación, el
cual, per se, “no permite predicar arbitrariedad”[71].
5.
Impugnación
47.
El 13 de junio de 2019, Miguel Ángel Nule Amín impugnó el fallo de
tutela de primera instancia. Señaló que la acción cumplía con el requisito de
inmediatez porque la violación de sus derechos fundamentales se materializó el
6 de marzo de 2019, con la emisión de la sentencia de casación “que hace
caso omiso a la discusión del problema jurídico de la doble conformidad como
derecho a poder apelar la primera condena”[72].
Además, incluso de aceptarse que la vulneración se produjo el 25 de noviembre
de 2016, la tutela sería procedente porque la vulneración de sus garantías es
ostensible y por la “permanencia en el tiempo de la vulneración de derechos
fundamentales”[73].
48.
A su juicio, también se cumplía con el requisito de subsidiariedad
porque, en la práctica, no existía una herramienta jurídica para impugnar la
sentencia condenatoria, ya que la Sala de Casación Penal había señalado que no
era posible dar aplicación práctica a la sentencia C-792 de 2014. En
consecuencia, según explicó, su defensa no intentó usar nuevamente herramientas
orientadas a lograr el reconocimiento de la doble conformidad ya que, a pesar
de las sentencias proferidas por la Corte Constitucional, e incluso tras la
expedición del Acto Legislativo 01 de 2018, aquellas estaban destinadas “a la
negativa inmediata, por las ampliamente conocidas decisiones de la Corte
Suprema de Justicia”[74].
Añadió que la garantía a la “doble conformidad, en ausencia de legislación, se
dio con la sentencia de 14 de noviembre de 2018 SP4883-2018 dentro del radicado
No. 48.820 de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia”[75],
de modo que no le era exigible que en el año 2016 usara herramientas creadas con
posterioridad. Asimismo, sostuvo:
“Es convicción del suscrito, con pleno respaldo legal, que la
Sala accionada tenía el deber de pronunciarse, bien en sede de casación, bien
por fuera del marco del citado recurso, de lo referente a la garantía de la
doble conformidad, puesto que mi defensa había planteado el problema jurídico
desde el ya mencionado memorial del 16 de agosto de 2016, solicitud negada por
el Tribunal de Cartagena, pero además por la emisión del Acto Legislativo No. 01
de 2018 y de la sentencia de 14 de noviembre de 2018 SP 4883-2018”[76].
49.
Por último, con fundamento en los razonamientos
presentados por el magistrado Ariel Salazar, en su salvamento de voto a la
decisión de primera instancia en sede de tutela, indicó que el Acto
Legislativo 01 de 2018 era de aplicación inmediata, por lo que también regulaba
la situación jurídica de quienes fueron condenados antes de su expedición, y
que un tratamiento diferente daría lugar a una “injusta diferenciación con
condenados después del Acto Legislativo No. 01 de 2018”[77].
6.
Sentencia de tutela de
segunda instancia
50.
Mediante providencia del 31 de julio de 2019,
la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia confirmó la
decisión de primera instancia[78].
Consideró que era improcedente, en atención a las mismas razones expuestas por
la Sala de Casación Civil. Adicionalmente, destacó que, al responder la acción
de tutela, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia indicó que había revisado
la constitucionalidad y legalidad de la providencia, al igual que había
valorado a fondo las pruebas, de modo que se garantizó el derecho a la doble
conformidad de forma material. En todo caso, concluyó: “Conforme a lo
explicado, se respaldará la desestimación de auxilio dada su improcedencia, por
haberse desatendido los requisitos de la inmediatez y la subsidiariedad”[79].
7.
Actuaciones en sede de revisión.
51.
Mediante auto del 11 de diciembre de 2019, el magistrado
sustanciador requirió al Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Sincelejo (Sucre) para que remitiera copia del expediente 13001-3107001-2013-00054-00. Además, resolvió
que, una vez se allegara la información, se diera “traslado de los
documentos que se llegaren a aportar, por un término de tres (3) días, para que
las partes y terceros con interés legítimo se pronuncien”[80].
52.
Mediante oficio de diciembre 19 de 2019, la autoridad requerida solicitó
la ampliación del término concedido para allegar la información solicitada,
dado que, “El proceso consta de más de 10.000 folios”[81].
Por medio del auto de enero 22 de 2020, el magistrado sustanciador amplió por
10 días hábiles el plazo para que se allegara la información requerida[82].
53.
Mediante oficio de enero 16 de 2020, recibido en la Secretaría de la
Corte Constitucional el día 27 de enero de 2020, la autoridad requerida remitió
6 cajas[83]
y 5 cuadernos, correspondientes al expediente solicitado[84].
Por medio de oficios secretariales de febrero 4 de 2020, la Secretaría General
de la Corte Constitucional puso a disposición del apoderado del tutelante, de
este último, de la autoridad judicial accionada, de las autoridades judiciales
que participaron en el proceso ordinario penal objeto de la acción de tutela,
así como de los terceros con interés, las pruebas allegadas[85].
Además, dispuso lo pertinente para fijar un aviso en la página Web de la Corte
Constitucional, mediante el cual se puso en conocimiento de las partes e
intervinientes de las pruebas allegadas[86].
54.
El 12 de febrero de 2020, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 61 del Reglamento Interno de la Corte Constitucional, la Sala Plena resolvió asumir el
conocimiento del asunto sub examine y suspender los términos procesales
a partir de esa fecha[87].
55.
Mediante los
acuerdos del año 2020 PCSJA20 11517 de marzo 15, 11518 y 11519 de marzo 16, 11521 de
marzo 19, 11526 de marzo 22, 11532 de abril 11, 11546 de abril 25, 11549 de mayo 7, 11556
de mayo 22, 11567 de junio 5 y 11581 de junio 27, el Consejo Superior de la
Judicatura suspendió los términos judiciales para decidir, entre otras, “las
demandas de inconstitucionalidad y la eventual revisión de acciones de tutela”
entre el 16 de marzo y el 30 de julio[88].
56.
El 26
de agosto de 2020, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 2º del artículo
64 del Acuerdo 2 de 2015 –Reglamento Interno de la Corte Constitucional–, mediante
el auto 308, la Sala Plena decidió suspender nuevamente
los términos en el presente asunto, por el término de tres (3) meses[89].
II.
CASO CONCRETO
57.  Cuando se cuestiona la constitucionalidad
de una providencia judicial, la decisión
de amparo está sujeta al cumplimiento de dos exigencias[90]: (i) que, en los términos del
artículo 86 de la Constitución, el Decreto 2591 de 1991 y el precedente
reiterado de la sentencia C-590 de 2005, se verifiquen ciertas cargas
argumentativas especiales en relación con la procedibilidad de la acción[91], y (ii) que se configure algún
específico defecto reconocido por la jurisprudencia constitucional[92]. Además, de cuestionarse una sentencia
proferida por una Alta Corte, en la valoración de estas exigencias se debe
acreditar que se trata de un caso “definitivamente incompatible con el
alcance y límite de los derechos fundamentales que han sido desarrollados por
la Corte Constitucional o cuando se genera una anomalía de tal entidad que es
necesaria la intervención del juez constitucional”[93].
58.  A partir de lo dicho, la Sala examinará si
la acción de tutela cumple con los requisitos genéricos de procedibilidad para
cuestionar una decisión proferida por una Alta Corte (epígrafe 1 infra).
De acreditarse, a partir de la delimitación del caso y la definición del
problema jurídico que supone (epígrafe 2 infra), se determinará si la
providencia judicial cuestionada incurre en alguno de los defectos alegados
(epígrafes 3 y 4 infra).
1.
Estudio de procedibilidad
de la acción de tutela
59.
Legitimación en la causa y tipo de decisión que se cuestiona. En el asunto sub examine se satisface el
requisito de legitimación en la causa por activa[94] y por pasiva[95]. En efecto, el accionante es el apoderado del
procesado, cuyo derecho a la doble instancia se alega como desconocido por
parte de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,
autoridad judicial que presuntamente habría omitido su garantía, en una
decisión que no corresponde a una providencia de tutela.
60.
Fundamentación: identificación
razonable de los hechos que generan la presunta vulneración y los derechos
posiblemente desconocidos o amenazados. Esta exigencia se
supera si se tiene en cuenta la descripción de que trata el epígrafe 2 “Pretensiones
y fundamentos de la acción de tutela” del acápite de “I. Antecedentes”.
En suma, señaló el accionante que la Corte Suprema de Justicia vulneró
su derecho a impugnar la primera sentencia condenatoria, proferida por la Sala
Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en tanto se
limitó a resolver el recurso de casación, sin pronunciarse sobre la garantía
del procesado a la doble conformidad, asunto que la defensa había propuesto.
61.
Subsidiariedad. En el presente asunto se satisface esta exigencia,
si se tiene en cuenta que el accionante cuestiona la omisión en que habría
incurrido la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia al proferir
la sentencia de casación, de haberse pronunciado sobre la garantía del
procesado a la doble conformidad. Además, esta decisión de la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia no es susceptible de recurso ulterior alguno[96].
62.
Contrario a este razonamiento, la primera y segunda instancia en sede de
tutela consideraron que el requisito de subsidiariedad no se cumplía. Argumentaron
que el accionante debió interponer la apelación, “técnicamente conocida como
‘doble conformidad’ o ‘doble verificación’”[97]
contra la sentencia condenatoria, dentro del término legal previsto[98]
o dentro del término excepcional habilitado por la Sala de Casación Penal mediante
el auto del 3 de abril de 2019[99].
Asimismo, consideraron que debió interponer el recurso de reposición en contra
del auto del 25 de noviembre de 2016, que negó el recurso de alzada interpuesto
de manera extemporánea e, incluso, que debió acudir al recurso de queja para
controvertir esta providencia[100].
63.
La Sala Plena se aparta de las anteriores consideraciones por las
siguientes razones: (i) la presente acción de tutela se dirige contra la
sentencia de casación, no contra el auto del 25 de noviembre de 2016, que negó
el recurso de apelación interpuesto; (ii) para el 6 de abril de 2016,
fecha en que se profirió la sentencia condenatoria en contra de Miguel Ángel
Nule Amín, y para el 25 de noviembre de 2016, fecha en que se negó el recurso
de apelación contra esa decisión, la Sala de Casación Penal, por varias razones[101],
sostenía que no procedía la impugnación contra la primera sentencia condenatoria
proferida en segunda instancia en casos adelantados bajo la Ley 600 de 2000; (ii)
el 28 de abril de 2016, unos días después de emitirse la sentencia
condenatoria contra el accionante, se profirió la sentencia SU-215 de 2016 en
la que se afirmó, entre otras cosas, que la sentencia C-792 de 2014 era
aplicable a procesos penales regulados por la Ley 906 de 2004[102]
y (iii) hasta el 3 de abril de 2019, la Sala de Casación Penal adoptó
medidas provisionales para garantizar el derecho a impugnar la primera
condena emitida en segunda instancia por los tribunales superiores, para lo
cual impartió varias directrices[103].
De esta manera, la Sala Plena considera que, dado el alcance y la comprensión
que había respecto a la garantía de la doble conformidad para la fecha en que se
profirió la sentencia en contra de Miguel Ángel Nule Amín y para el momento en
que se surtió su notificación, no es razonable exigirle al accionante que, para
ese entonces, hubiese interpuesto los recursos señalados por las instancias de
tutela[104].
64.
Sumado a lo anterior, los reparos expuestos por el accionante no se
enmarcan en ninguna de las causales de procedencia de la acción de revisión[105].
Por lo tanto, para efectos de verificar el requisito de subsidiariedad, en el
presente caso no es exigible que se haya agotado la precitada acción.
65.
Inmediatez. La
jurisprudencia constitucional ha reiterado que la exigencia de inmediatez es
más estricta cuando se interpone en contra de una sentencia proferida por una
Alta Corte, dado que en estos casos se encuentra involucrado el respeto a los
principios de seguridad jurídica y
cosa juzgada, así como la presunción de acierto de las decisiones de las
citadas autoridades judiciales. Por tal razón, ha señalado que la tutela debe presentarse en
un término oportuno, justo y razonable[106], de allí que el tutelante deba satisfacer una carga argumentativa que dé
cuenta de razones suficientes que justifiquen el término de presentación de la
acción[107]. En el presente asunto, la Sala constata que esta
exigencia se satisface porque entre
la presentación de la acción de tutela y la ejecutoria de la decisión que se
ataca no trascurrió un término superior a 6 meses, término que la
jurisprudencia constitucional ha considerado prima
facie razonable[108]. En efecto, la decisión
que se cuestiona fue proferida el 6 de marzo de 2019 y la acción de tutela se
interpuso el día 12 de abril del mismo año, esto es, tan solo un mes y pocos
días después de haberse dictado.
66.
Las instancias de tutela consideraron que este requisito no se cumplía
por cuanto, “si el accionante pretendía la concesión y agotamiento de
la apelación incoada por él respecto del fallo de segunda instancia”[109],
debió interponer la acción de tutela una vez proferido el auto del 25 de
noviembre de 2016, que rechazó el recurso de apelación interpuesto contra el
precitado fallo. En ese sentido, el que la acción constitucional se hubiese
presentado hasta el 12 de abril de 2019, en su criterio, superaba “holgadamente
el [término] de seis (6) meses apreciado por esta Corte como razonable para
presentar oportunamente este resguardo”[110].
67.
La Sala Plena disiente de estas consideraciones, toda vez que es claro
que la tutela se dirigió contra la sentencia de casación, y no contra la
decisión señalada por las instancias. El apoderado del accionante claramente
indicó que la acción la presentaba “contra la sentencia del 6 de marzo de
2019, proferida por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia”[111]
en la que “[n]o hubo pronunciamiento alguno sobre la garantía de la DOBLE
CONFORMIDAD”[112].
Por lo tanto, el requisito de inmediatez no debió corroborarse a partir de la
decisión del 25 de noviembre de 2016, sino a partir de la sentencia de
casación. Por lo tanto, la Sala considera que sí se satisface la exigencia de
inmediatez al no haber transcurrido ni siquiera dos meses desde que se profirió
la decisión cuestionada y el momento en que se interpuso la acción de tutela.
68.
Relevancia constitucional del caso y de la presunta irregularidad. Este requisito de elaboración jurisprudencial se desprende
normativamente de los artículos 5 del Decreto 2591 de 1991 y 86 de la
Constitución, en la medida en que tales disposiciones delimitan el objeto de la
acción: la protección de los derechos fundamentales. Esta exigencia, además, de
conformidad con la jurisprudencia constitucional, persigue por lo menos las
siguientes dos finalidades: (i) preservar la competencia y la
independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la
constitucional[113] y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad[114], y, (ii) impedir que esta se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces[115].
69.       Por tanto, solo la evidencia prima facie
de una afectación de derechos fundamentales permite superar el requisito de
relevancia constitucional de la tutela en contra de providencias
judiciales[116]. De allí que le corresponda al accionante
justificar razonablemente la existencia de una restricción prima facie a
un derecho de carácter fundamental. Esta exigencia resulta especialmente
relevante en los eventos en los que se censura una sentencia proferida por una
Alta Corte, pues en estos casos la competencia interpretativa de cierre resulta
sistémicamente más relevante y, por tanto, la evaluación debe ser más estricta
que la que pudiera hacerse en los demás eventos de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales.
70.
En el caso objeto de estudio, como puede corroborarse con los
antecedentes expuestos en el epígrafe 2, “Pretensiones y fundamentos de la
acción de tutela”, del acápite de “I. Antecedentes”, se acredita
esta exigencia jurisprudencial. El accionante logró caracterizar una plausible
afectación prima facie a la garantía de la “doble conformidad”[117],
cuya protección es de la mayor importancia, según lo ha reiterado esta Corte a
partir de la sentencia C-792 de 2014. En efecto, en este caso, en la acción se acreditó
que el señor Miguel Ángel Nule Amín (i) fue absuelto en primera
instancia; (ii) fue condenado en segunda instancia; (iii) interpuso un recurso de apelación ante
el Tribunal Superior de Cartagena contra la primera sentencia condenatoria
proferida por la segunda instancia[118], el cual le fue negado con el argumento de que ya había agotado la
segunda instancia, y que la sentencia C-792 de 2014 aún no había sido regulada
legalmente[119], y (iv) en la sentencia de
casación, en la que se decidió no casar la sentencia de segunda instancia, no
hubo mención expresa respecto de la garantía a la doble conformidad que, en
criterio del accionante, generó una vulneración de sus derechos fundamentales[120].
2.
Delimitación del caso y
problema jurídico
71.
Habiéndose constatado la procedibilidad de la acción de tutela –a
diferencia de la valoración que hicieron los jueces de tutela de instancia[121]–,
debe la Sala delimitar el caso y definir el problema jurídico que debe
resolver.
72.
Con base en el escrito de tutela, le corresponde a la Sala Plena
determinar si en la sentencia proferida el 16 de marzo de 2019 por la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en contra de Miguel Ángel Nule
Amín se configuraron los siguientes defectos: procedimental absoluto, material
o sustantivo, una decisión sin motivación y desconocimiento del precedente.
73.
Ahora bien, en la medida en que los argumentos que fundamentaron los
precitados reparos aludieron a la presunta vulneración del derecho de Miguel
Ángel Nule Amín a impugnar la primera sentencia condenatoria, proferida por la
Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, el 6 de
abril de 2016, para materializar su derecho a la doble conformidad, le
corresponde a la Sala, ante todo, determinar si la Corte Suprema de Justicia vulneró
el derecho a la doble conformidad del accionante, y, en consecuencia, se
configuraron los defectos de que da cuenta el párrafo anterior.
74.
Para tal efecto, de una parte, la Sala precisará si, como lo
alegó la autoridad judicial accionada, según la jurisprudencia constitucional,
es posible que el derecho a la doble conformidad se satisfaga prima facie mediante
la resolución del recurso extraordinario de casación (epígrafe 3 infra).
En caso de que lo sea, en segundo lugar, la Sala verificará si, en el caso
concreto, la resolución del citado recurso cumplió con un estándar material
análogo al de la impugnación de la primera sentencia condenatoria y, por tanto,
se garantizó el derecho a la doble conformidad del accionante.
3.
En la actualidad, la
sentencia de casación puede –según las circunstancias del caso– garantizar
el derecho a la doble conformidad
75.
Al haber constatado que varias disposiciones del Código
de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004) omitieron “la posibilidad de
impugnar todas las sentencias condenatorias”, en la sentencia C-792
de 2014, la Sala Plena declaró su inconstitucionalidad con
efectos diferidos. Para subsanar la omisión, exhortó al Congreso de la
República “para que, en el término de un año contado a partir de la
notificación por edicto de esta sentencia, regule integralmente el derecho a
impugnar todas las sentencias condenatorias. De no hacerlo, a partir del
vencimiento de este término, se entenderá que procede la impugnación de todas
las sentencias condenatorias ante el superior jerárquico o funcional de quien
impuso la condena”[122]. La Corte precisó que el ordenamiento jurídico debía regular
un medio judicial que garantizara el derecho a la doble conformidad, de tal
forma que permitiera: (i) atacar el fallo condenatorio, sin importar el
número de instancias que tuviera el proceso; (ii) cuestionar los
aspectos fácticos, probatorios y jurídicos de la sentencia, independientemente
de la denominación que se le diera, ya que lo importante era garantizar un
examen integral de la decisión recurrida y, finalmente, (iii) controvertir
la decisión ante una autoridad judicial distinta de la que impuso la condena.
76.
A partir de la doctrina constitucional contenida en esta sentencia, en
casos concretos, la jurisprudencia de unificación se ha ocupado, principalmente,
de resolver dos problemáticas:
77.
La primera, relativa a la cobertura temporal de la garantía a la
doble conformidad, tanto (i) respecto
de condenas impuestas antes de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01
de 2018 (sentencias SU-215 de 2016[123],
SU-217 de 2019[124]
y SU-146 de 2020[125]),
como (ii) respecto de sentencias condenatorias impuestas con
posterioridad a la entrada en vigencia del citado acto legislativo (sentencias
SU-218 de 2019[126]
y SU-373 de 2019[127])–.
La segunda, al medio procesal idóneo para su protección (sentencias
SU-397 de 2019 y SU-454 de 2019[128]).
78.
Respecto de la cobertura temporal de la garantía a la doble conformidad
en el presente caso, por una parte, en la sentencia SU-217 de 2019 la Corte
consideró que esta era exigible respecto de las sentencias condenatorias
proferidas bajo cualquier régimen procesal, y no exclusivamente en procesos
regidos por la Ley 906 de 2004[129].
Por lo tanto, es una garantía exigible en el presente asunto, que tiene como
causa un proceso penal que se adelantó de conformidad con la Ley 600 de 2000.
79.
Por otra parte, en la sentencia SU-215 de 2016 se consideró que la
impugnación de las sentencias condenatorias proferidas por primera vez en
segunda instancia procedía, “por ministerio de la Constitución y sin necesidad
de ley”[130],
una vez venciera el plazo del exhorto efectuado por la sentencia C-792 de 2014
al Congreso de la República para que regulara la materia. En dicha sentencia también
se indicó que la parte resolutiva de la sentencia C-792 de 2014 comprendía
únicamente las sentencias “que para entonces aún estuvieran en el término de
ejecutoria, o [que se expidieran] después de esa fecha”[131].
En el presente caso, la sentencia que por primera vez condenó a Miguel Ángel
Nule Amín en segunda instancia se encontraba surtiendo su ejecutoria[132]
para el momento en que la sentencia C-792 de 2014 empezó a tener efectos (25 de
abril de 2016[133])
y, como tal, le era exigible la garantía a la doble conformidad.
80.
En relación con la segunda línea jurisprudencial, a la que se adscribe la
resolución del problema jurídico del presente asunto, de manera abstracta, en
la sentencia C-792 de 2014, la Corte advirtió que prima facie el recurso
extraordinario de casación no era un mecanismo idóneo para satisfacer las exigencias
materiales de la garantía a la doble conformidad porque eran inherentes a este
recurso “algunas barreras de acceso”. De una parte, resaltó que,
aunque en la Ley 906 de 2004 el recurso de casación era más amplio, en la Ley
600 de 2000 “el objeto del recurso eran únicamente las sentencias proferidas
en segunda instancia por los Tribunales Superiores del Distrito Judicial y el
Tribunal Penal Militar, por delitos con pena privativa de la libertad cuyo
máximo excediese los ocho años, y sólo de manera excepcional sobre otras
sentencias penales cuando se considerara necesario para el desarrollo de la
jurisprudencia o la garantía de los derechos fundamentales”. De otra parte,
indicó:
“(i) [N]o todas las sentencias condenatorias que se dictan
por primera vez en la segunda instancia son susceptibles de ser impugnadas,
porque el recurso no procede contra los fallos que juzgan contravenciones,
porque el recurso puede ser inadmitido a discreción cuando se considere que la
revisión judicial no es necesaria para los fines de la casación, y porque
cuando los cuestionamientos del recurrente versan sobre la orden de reparación
integral, son aplicables todas los condicionamientos de la legislación común;
(ii) el tipo de examen que efectúa el juez de casación es distinto del que se
efectúa en el marco del derecho a la impugnación, porque no recae sobre la
controversia que da lugar al proceso judicial sino sobre la providencia
recurrida, y porque el juez no tiene plenas potestades para efectuar revisar [sic]
integralmente el fallo sino sólo a partir de las causales establecidas de
manera taxativa en el derecho positivo; (iii) por regla general, en sede de
casación no existe una revisión oficiosa del fallo recurrido, porque la
valoración de la sentencia se debe circunscribir a los cargos planteados por el
casacionista”.
81.
Con posterioridad, sin embargo, en casos concretos, la Sala Plena unificó
su jurisprudencia en el sentido de que, según las circunstancias, es posible
que la sentencia de casación satisfaga materialmente las exigencias
derivadas del derecho a la doble conformidad, de que trata el primer párrafo de
este epígrafe 3. Por tanto, en tales circunstancias, a pesar de que no se
hubiese garantizado una etapa procesal autónoma, no se habría vulnerado el derecho.
En este sentido, en la sentencia SU-397 de 2019 se precisó:
“Si bien,
en principio, y de acuerdo con la normativa que lo regula, el recurso
extraordinario de casación no cumple estas características [la providencia hace
referencia a las siguientes: “garantizar que la autoridad competente para
resolver el recurso pueda realizar una revisión completa del fallo, que abarque
no solo la sentencia recurrida, sino principalmente el problema jurídico
central del caso, y que no esté sujeta a causales que impidan el examen abierto
de la misma”], corresponde al juez de tutela determinar si en el caso concreto
el pronunciamiento de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en sede de
casación cumple materialmente los requerimientos básicos establecidos por la
Corte Constitucional en la Sentencia C-792 de 2014. Esto significa que el juez
constitucional deberá examinar, esencialmente, si (i) más allá del examen de la
sentencia impugnada y del estudio de las causales de casación alegadas, la Sala
de Casación Penal analizó la controversia jurídica que subyace al fallo
cuestionado, y (ii) si la revisión del fallo la adelantó una autoridad judicial
distinta de la que impuso la condena”.
82.
En esta sentencia, además, la Corte indicó que la garantía a la doble
conformidad también procedía frente a casos regidos por el procedimiento penal
previsto en la Ley 600 de 2000, tal como lo había indicado la Sala Plena en la
sentencia SU-217 de 2019:
“Visto lo anterior, la Sala observa que la
jurisprudencia constitucional más reciente reconoce que los artículos 29
superior, 8.2.h de la CADH y 14.5 del PIDCP prevén la existencia del derecho a
impugnar la primera sentencia condenatoria que se dicte en el marco de un
proceso penal, mediante el cuestionamiento de todos los aspectos fácticos,
probatorios y jurídicos de la sentencia, ante un juez diferente del que impuso
la condena, al margen de si se trata de un proceso adelantado bajo la Ley 600
de 2000 o la Ley 906 de 2004”.
83.
Este precedente se reiteró en la sentencia SU-454 de 2019. En esta
ocasión, tras reiterar las consideraciones de la sentencia SU-397 de 2019, la
Corte resolvió negar el amparo porque concluyó que, en los casos objeto de
análisis, el derecho a la doble conformidad se había garantizado,
materialmente, con la sentencia de casación. Concluyó la Sala Plena que la
Corte Suprema de Justicia había efectuado un estudio completo y suficiente de los
reproches que se formularon en esa oportunidad, ningún argumento quedó sin
resolver, los fallos de los tribunales superiores fueron revisados por una autoridad judicial distinta a la que impuso la
primera condena y, finalmente, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia examinó la controversia que subyacía al fallo cuestionado.
84.
Este alcance material que la jurisprudencia constitucional le ha
reconocido al derecho a la doble conformidad es consecuente con el estándar
internacional, en particular, con la interpretación de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos en los casos Herrera Ulloa vs. Costa Rica, Norín
Catrimán y otros vs. Chile, Zegarra Marín vs. Perú y Amrhein y
otros vs. Costa Rica. En el primero, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos señaló:
“161. De acuerdo al objeto y fin de la Convención
Americana, cual es la eficaz protección de los derechos humanos, se debe
entender que el recurso que contempla el artículo 8.2.h. de dicho tratado debe
ser un recurso ordinario eficaz mediante el cual un juez o tribunal superior
procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias al derecho. Si
bien los Estados tienen un margen de apreciación para regular el ejercicio de
ese recurso, no pueden establecer restricciones o requisitos que infrinjan la
esencia misma del derecho de recurrir del fallo.  Al respecto, la Corte ha
establecido que ‘no basta con la existencia formal de los recursos sino que
éstos [sic] deben ser eficaces’,  es  decir,  deben  dar resultados o
respuestas al fin para el cual fueron concebidos. […] || 165. Independientemente
de la denominación que se le dé al recurso existente para recurrir un fallo, lo
importante es que dicho recurso garantice un examen integral de la decisión
recurrida”[134].
85.
En el caso Norín Catrimán y otros vs. Chile, la Corte Interamericana
precisó que “las causales de procedencia del recurso asegurado por el
artículo 8.2.h) de la Convención deben posibilitar que se impugnen cuestiones
con incidencia en el aspecto fáctico del fallo condenatorio ya que el recurso
debe permitir un control amplio de los aspectos impugnados, lo que requiere que
se pueda analizar cuestiones fácticas, probatorias y jurídicas en las que está
fundada la sentencia condenatoria”[135].
86.
Posteriormente, en el caso Zegarra Marín vs. Perú, la Corte Interamericana
retomó aquellos 2 precedentes[136] y, finalmente, en el caso Amrhein y otros vs. Costa
Rica, reconoció que el derecho a la doble conformidad podía garantizarse por
medio de los recursos extraordinarios de casación o revisión, y reiteró las
consideraciones de todos los casos previamente citados, así:
“257. Además, el Tribunal ha sostenido que el artículo
8.2.h de la Convención se refiere a un recurso ordinario, accesible y eficaz,
es decir que no debe requerir mayores complejidades que tornen ilusorio este
derecho. En ese sentido, las formalidades requeridas para que el recurso sea admitido
deben ser mínimas y no deben constituir un obstáculo para que el recurso cumpla
con su fin de examinar y resolver los agravios sustentados por el recurrente, es
decir que debe procurar resultados o respuestas al fin para el cual fue concebido.
Debe entenderse que, independientemente del régimen o sistema recursivo que
adopten los Estados Partes y de la denominación que den al medio de impugnación
de la sentencia condenatoria, para que éste sea eficaz debe constituir un medio
adecuado para procurar la corrección de una condena errónea. Ello requiere que
pueda analizar las cuestiones fácticas, probatorias y jurídicas en que se basa
la sentencia impugnada, puesto que en la actividad jurisdiccional existe una
interdependencia entre las determinaciones fácticas y la aplicación del derecho,
de forma tal que una errónea determinación de los hechos implica una errada o
indebida aplicación del derecho. Consecuentemente, las causales de procedencia
del recurso deben posibilitar un control amplio de los aspectos impugnados de
la sentencia condenatoria”[137].
87.
Es importante destacar que, en este último caso, la Corte Interamericana
de Derechos Humanos consideró que las reformas que había introducido Costa Rica
a su legislación nacional, con posterioridad a la decisión del caso Herrera Ulloa,
habían subsanado las deficiencias que existían para garantizar el derecho a
impugnar la sentencia condenatoria. Algunas de estas reformas permitían,
precisamente, garantizar la doble conformidad mediante el recurso
extraordinario de casación[138].
88.
En suma, de conformidad con el entendimiento actual de la jurisprudencia
constitucional, el derecho a la doble conformidad exige que la primera
sentencia condenatoria pueda ser revisada por una autoridad distinta a la que
profirió la condena y mediante un recurso que garantice un examen integral, que
permita cuestionar aspectos fácticos, probatorios y jurídicos, con
independencia de la nominación del medio judicial, recurso o procedimiento que
se utilice. Por tanto, a pesar de las limitaciones del diseño legal del recurso
extraordinario de casación[139],
en caso de que la sentencia que lo resuelva satisfaga estas condiciones materiales,
no se desconocería el derecho a la doble conformidad. Esta valoración, se
reitera, es material y no formal; por tanto, pudo haber tenido como causa una
revisión oficiosa por parte de la Corte Suprema de Justicia, o, a pesar de
tratarse de un recurso extraordinario sometido a causales, el recurrente pudo haber
encausado sus discrepancias por medio de los cargos formulados, y estos pudieron
haber sido efectivamente valorados por la Sala de Casación Penal.
4.
La sentencia que resolvió
la demanda de casación interpuesta por el apoderado del señor Miguel Ángel Nule Amín garantizó
el derecho a la doble conformidad del accionante
89.
Para la Sala, en el presente asunto, no existió una vulneración del
derecho a la doble conformidad de Miguel Ángel Nule Amín. Este derecho,
como se precisa a continuación, se garantizó materialmente en la resolución del
recurso extraordinario de casación por parte de la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia.
90.
En primer lugar, el recurso extraordinario que interpuso el accionante para
cuestionar la sentencia condenatoria no estuvo limitado por las características
propias del diseño legal de la casación. Esto es así, porque (i) la
sentencia recurrida fue proferida por un tribunal superior de distrito judicial,
de modo que se cumplió la exigencia prevista en el artículo 205 de la Ley 600
de 2000; (ii) la condena penal se atribuyó por la comisión de un delito
y no de una contravención; (iii) el recurso de casación fue admitido; (iv)
ninguno de los cuestionamientos del recurrente fue relativo a la orden de
reparación integral, por lo cual no le era exigible atender las causales y la cuantía
mínima establecidas para la casación civil[140];
(v) como se precisa seguidamente, la Sala de Casación Penal se ocupó de
la controversia que dio origen al proceso penal; (vi) aunque en este
caso no existió una revisión oficiosa, los cargos formulados por el recurrente,
con fundamento en las causales legalmente establecidas para el recurso de
casación[141],
permitieron que la Corte Suprema se ocupara de analizar la problemática que
subyacía al fallo cuestionado.
91.
En segundo lugar, la sentencia condenatoria fue confirmada por una
autoridad distinta a la que profirió la condena inicial. En efecto, la
sentencia condenatoria fue dictada por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cartagena y confirmada por la Corte Suprema de Justicia al resolver
el recurso extraordinario de casación.
92.
En tercer lugar, como se precisa en los fundamentos jurídicos siguientes,
el recurso extraordinario de casación cumplió con un estándar material análogo
al de la impugnación de la primera sentencia condenatoria y, por tanto,
garantizó el derecho a la doble conformidad del accionante por cuanto: (i)
a pesar de tratarse de un recurso extraordinario sometido a causales, estas no
constituyeron un obstáculo para que la defensa de Miguel Ángel Nule Amín controvirtiera
a profundidad el fallo condenatorio –epígrafe 4.1 infra: “Cargos de
la demanda de casación”– y (ii) la Corte Suprema de Justicia valoró de
forma integral y detallada la controversia que planteaba el caso –epígrafe 4.2 infra:
“Sentencia de casación”–.
4.1.
Cargos de la demanda de
casación[142]
93.
A continuación, se presenta una síntesis de los cargos propuestos por el
casacionista, lo cual permite evidenciar que, a pesar de que este recurso
extraordinario está sujeto a causales, el recurrente formuló doce cargos en
contra de la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Cartagena, mediante los cuales pudo atacar las consideraciones que
fundamentaron la condena, analizar de forma amplia el acervo probatorio, exponer
las razones por las que se acreditaba la inocencia del señor Nule Amín, e,
incluso, solicitar la nulidad del procedimiento al no haberse declarado
desierto el recurso de apelación.
4.1.1. Cargos principales
94.
Primero. Nulidad[143]:
argumentó el casacionista que el Tribunal debió declarar desierto el recurso de
apelación interpuesto por la Fiscalía contra la sentencia de primera instancia porque
no lo sustentó de manera adecuada, ya que “resultó ser un ejercicio de
‘copiar y pegar’ casi al 100% de su Resolución de acusación, esto es, nunca
tuvo en cuenta lo acaecido en etapa de juzgamiento ni tuvo en cuenta los
fundamentos de la sentencia que decía impugnar”[144].
Para el casacionista, este yerro debió corregirse mediante la nulidad de lo
actuado, a partir del auto que ordenó dar trámite al recurso, proferido el 19
de diciembre de 2014. De no enmendarse la actuación, indicó, se vulneraba el
derecho a la defensa porque no le era posible al procesado “oponerse
válidamente a una apelación inexistente”[145].
95.
Segundo. Falso juicio de identidad[146]:
el testimonio de Úber Enrique Bánquez Martínez, alias Juancho Dique, exoneraba
de responsabilidad al acusado, pero sirvió como única o principal prueba para
su condena, porque el Tribunal “le dio un alcance que objetivamente no
tenía”[147].
Tras citar el contenido de distintas versiones de este testigo[148],
el casacionista concluyó que debían preferirse las rendidas en los años 2008 y
2009, en las que no se involucró al acusado con la Masacre de Macayepo,
ya que tenían una mayor cercanía temporal con los hechos y porque fueron
corroboradas por varios miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia ­–en
adelante, AUC–[149].
Estos últimos negaron la participación del procesado en dicha masacre o
simplemente no lo mencionaron, en tanto explicaron que la misma se cometió para
limpiar la región de la guerrilla, mas no en razón al hurto de ganado. En
especial, precisó que alias Amaury, testigo presencial de los hechos,
respaldó las versiones de los años 2008 y 2009 rendidas por Juancho Dique,
al señalar que, “la orden que tenían era diezmar el control que tenía la
guerrilla”[150].
Lo anterior, según indicó el casacionista, también fue confirmado por las
víctimas, quienes “dieron fe de que los ejecutores de la matanza lo hacían
proclamando que se estaba limpiando la región de la guerrilla y de sus
colaboradores”[151].
96.
Tercero. Falso juicio de existencia[152]:
el casacionista indicó que el Tribunal omitió valorar el testimonio de Luis
Fernando Caro Solano, alias Magencio, quien explicó que “recuperar”
ganado era un eufemismo de “‘robar’ o ‘hurtar’”[153],
lo cual, según indicó, concordaba con la declaración de Yairsiño Mesa Mercado,
alias El Gato, quien manifestó que alias Cadena se habría quedado
con los semovientes. Por lo tanto, “no se trató de una recuperación de
animales propiciada por los ganaderos de la zona, o por lo menos no por el
procesado”[154].
Precisó que, de no haberse desconocido esta declaración, el Tribunal habría debido
inferir que la masacre no se cometió para recuperar ganado sino para hurtarlo,
y que alias Cadena se apropió de los semovientes, de modo que nunca fue
entregado a hacendados y mucho menos a Miguel Ángel Nule Amín. Además, este
testigo señaló que presenció una de las reuniones en las que se planeó la Masacre
de Macayepo, y en ella se indicó que el móvil no era recuperar el ganado de
Nule Amín sino enfrentar al enemigo.
4.1.2. Cargos subsidiarios
97.
Cuarto. Falso juicio de identidad[155]:
el Tribunal tergiversó el testimonio de Yairsiño Mesa Mercado, alias El Gato,
pues concluyó que, según este testigo, el ganado habría sido devuelto al
acusado y a Joaquín García, cuando lo cierto era que había declarado que alias Cadena
retuvo los semovientes y los vendió. Con dicho testimonio, según precisó el
casacionista, habría quedado claro que Miguel Nule no tuvo influencia en la
organización paramilitar. Además, indicó que, de no haberse tergiversado la
prueba, se habría concluido que el procesado no tuvo ninguna participación en
los hechos, ya que no tendría sentido un despliegue de fuerza tan grande para
recuperar un ganado, que al final conservó alias Cadena. Adicionalmente,
si bien señaló que la masacre ocurrió por el hurto de un ganado, no indicó que
el procesado hubiere participado en la decisión de asesinar a personas, como lo
concluyó el Tribunal.
98.
Quinto. Falso juicio de identidad[156]:
el Tribunal tergiversó la declaración de Edwar Cobos Téllez, alias Diego
Vecino y, de manera contraevidente, estimó que habría corroborado el
testimonio de Juancho Dique. El testigo, según precisó, habría incurrido
en un error común, esto es, que la finca Santa Helena era de propiedad del
procesado en el año 2000. No obstante, como eje de su declaración, señaló que en
la Masacre de Macayepo no hubo participación de los ganaderos, ni tuvo
como móvil recuperar ganado hurtado, sino combatir a los grupos guerrilleros
que operaban en la región, lo cual fue planeado por alias Rodrigo Cadena.
99.
Sexto. Falso juicio de identidad[157]:
el Tribunal tergiversó el testimonio de Jairo Antonio Castillo Peralta, alias Pitirri,
el cual no corroboró, sino que refutó la declaración de Juancho Dique. Según
señaló, Jairo Antonio Castillo Peralta no involucró al procesado con la Masacre
de Macayepo. Al contrario, indicó que el determinador de la masacre fue Joaquín
García, a quien le habrían hurtado un ganado en la finca Santa Helena, la cual
no era de propiedad de Miguel Ángel Nule Amín, por cuanto este se la había
transferido a la madre de Joaquín García. Además, el Tribunal desconoció que,
según este testigo, el acusado sufrió un atentado con una bomba en su
residencia porque no quiso involucrarse con la causa de los paramilitares, de
modo que Nule Amín no fue su aliado sino su víctima.
100.
Séptimo. Falso juicio de identidad[158]:
el Tribunal tergiversó la interceptación telefónica entre Álvaro Alfonso García
Romero y Joaquín García, la cual exoneraba al acusado de los hechos porque
cuando en dicha grabación se mencionó que “Nule quiere meter la tropa a la
finca”, no se hacía referencia a los paramilitares, sino a las fuerzas
legítimas del Estado. Según señaló, este fue el entendimiento que le dieron a
dicha expresión otras autoridades, en otros procesos penales, y el Ministerio
Público y el magistrado que salvó su voto en la sentencia condenatoria
proferida en contra de su apoderado por el Tribunal, así: (i) el
despacho del Vicefiscal General de la Nación, en otro proceso penal que se
precluyó a favor de Miguel Ángel Nule Amín[159];
(ii) la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en un proceso
penal que se adelantó en contra de Álvaro Alfonso García Romero[160]
y (iii) el agente del Ministerio Público, así como el magistrado
disidente al interior de este proceso[161].
Finalmente, el casacionista indicó que el acusado no participó en esa
conversación y mucho menos aprobó lo que los interlocutores acordaron.
101.
Octavo. Falso juicio de identidad[162]:
el Tribunal fragmentó la declaración de Miguel Ángel Nule Amín para inferir, de
forma errónea, que tenía vínculos con alias Cadena y que lo contactó
para recuperar el ganado en la operación conocida como la Masacre de
Macayepo. El acusado señaló que conocía a alias Cadena, pero aclaró
que no tenía ninguna cercanía, amistad o vínculo con él[163].
Según indicó el casacionista, esta precisión fue cercenada por el juzgador, a
fin de argumentar que el procesado habría corroborado la declaración de alias Juancho
Dique.
102.
Noveno. Falso juicio de existencia[164]:
indicó el casacionista que, por medio de escrituras públicas y certificados de
tradición, la defensa demostró que un año antes de la Masacre de Macayepo
la familia Nule había transferido el 88% de la finca Santa Helena y el 100% de
la Finca Buenos Aires[165]
a la cónyuge de Joaquín García. Según precisó, alias Pitirri, alias Juancho
Dique y el propio Joaquín García dieron fe de dicha venta, y precisaron que
se dio por la necesidad del procesado de pagar unas deudas que habría adquirido
con Joaquín García. Además, resaltó que la defensa probó con dichos testimonios
y otras declaraciones[166],
que Miguel Ángel Nule Amín había efectuado la entrega material de ambos
inmuebles. A pesar de esto, según se adujo en la demanda de casación, el
Tribunal omitió considerar estas pruebas, supuso erróneamente que la propiedad
de estos predios estaba en cabeza del procesado, y ello sirvió para corroborar
el testimonio de Juancho Dique en lo referente al compromiso penal de
Miguel Ángel Nule Amín. Por lo tanto, según precisó el casacionista, el
Tribunal omitió valorar unas pruebas que desmentían el compromiso del
procesado con los hechos.
103.
Décimo. Falso juicio de existencia[167]:
el casacionista indicó que en la sentencia condenatoria se dejaron de valorar
las dos resoluciones de preclusión proferidas en primera y segunda instancia por
la Fiscalía General de la Nación a favor de Miguel Ángel Nule Amín, en un “proceso
que se adelantaba en su contra por el presunto delito de Concierto para
delinquir (y en el que se investigó la participación de mi prohijado en la ‘Masacre
de Macayepo’)”[168].
104.
Undécimo. Falso juicio de existencia[169]:
el Tribunal omitió valorar la declaración de Juan Carlos Fernández Dajud. Para
el casacionista, este testimonio era relevante porque demostraba que el acusado
no tenía un vínculo de amistad con Joaquín García, ya que le habría cobrado
unas deudas de forma violenta al procesado, quien, en consecuencia, entregó la
finca Santa Helena a la cónyuge de aquel. Según precisó, este hecho habría sido
corroborado por otros testigos[170].
Por tanto, indicó que no era creíble que para el año 2000 el acusado mantuviera
ganado en sociedad con Joaquín García, y que juntos le hubieren solicitado a
alias Cadena la recuperación de los semovientes.
105.
Duodécimo. Falso raciocinio[171]:
el Tribunal vulneró las reglas de la experiencia y la sana crítica al valorar
la declaración de alias Juancho Dique, quien cambió varias veces su
versión y es un “hecho notorio”[172]
que se trata de un testigo “de poca fiabilidad”[173].
Además, precisó que tal declaración era la única prueba directa de la condena,
pese a que provenía de un testigo de oídas, ya que no habría presenciado el
momento en el que presuntamente el procesado y otros ganaderos concertaron la Masacre
de Macayepo. La Corte Suprema ha advertido que, si bien puede tomarse en
cuenta una prueba de referencia, debe tratar de obtenerse la fuente primaria de
la información. Sin embargo, indicó que en este caso la fuente era el fallecido
alias Cadena, de modo que no era posible refutar su dicho. Asimismo, precisó
que los otros dos supuestos participantes de la reunión en la que se habría
acordado la masacre, esto es, Miguel Ángel Nule Amín y Joaquín García, “han
negado tajantemente la existencia de tal reunión o incluso la toma de una
decisión en tal sentido”[174].
106.
Como se deriva de esta amplia fundamentación, mediante la demanda de
casación, la defensa pudo controvertir todas las pruebas y consideraciones que
sirvieron de fundamento a la sentencia condenatoria proferida por la Sala Penal
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, poner de presente otras
cuestiones fácticas y probatorias que, a su juicio, demostraban la inocencia
del procesado y proponer la nulidad de las actuaciones adelantadas ante el citado
Tribunal, sin que las causales taxativas del recurso de casación hubiesen
constituido obstáculo alguno para este ejercicio argumentativo.
4.2.
Sentencia de casación[175]
107.
Como se precisa en los fundamentos jurídicos siguientes, la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia valoró de forma amplia, completa
y pormenorizada el acervo probatorio, estudió las razones que llevaron al Tribunal
a revocar el fallo que absolvió al accionante del delito de homicidio agravado,
examinó cada uno de los reparos formulados por el casacionista y dio respuesta
a todas las inquietudes propuestas, teniendo como referente las pruebas que
daban cuenta, en uno u otro sentido, de la participación del señor Nule en los
hechos. Por tanto, tal como lo manifestó la autoridad judicial demandada
al responder la acción de tutela, en este caso el derecho a la doble
conformidad se encuentra satisfecho en tanto, al resolver el recurso de
casación, se llevó a cabo “de manera rigurosa el
estudio de constitucionalidad y legalidad de la sentencia recurrida, ejercicio
en el cual se revisaron a fondo todas las pruebas incorporadas a la actuación”[176].
108.
Al resolver el recurso, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia insistió en que tendría como objetivo lograr la “eficacia del
derecho material”[177]
así como el “respeto de las garantías de quienes intervienen en la actuación”[178].
Igualmente, precisó que para alcanzar estos propósitos analizaría, por
un lado, la presunta nulidad de la actuación en la que se fundamentó el primer
cargo y, por otro, la responsabilidad del acusado sobre la cual recaían el
resto de los cargos, lo cual llevó a cabo mediante un estudio exhaustivo de la
providencia recurrida, las pruebas allegadas al proceso y los argumentos del
recurrente.
109.
A continuación, se presentan las tesis y argumentos que soportaron la
decisión de la Corte Suprema de Justicia. Este recuento permite evidenciar por
qué, en este caso, materialmente, se garantizó el derecho a la doble
conformidad del accionante Miguel Ángel Nule Amín.
110.
En primer lugar, respecto de la nulidad por indebida sustentación del
recurso de apelación (cargo primero), la Sala Penal concluyó que el
cargo no prosperaba por las siguientes tres razones:
111.
(i) Indicó: “el apelante acotó con precisión el
motivo de su disenso y desarrolló, con relativa claridad, las razones
argumentativas a través [sic] de las cuales pretendió la revocatoria de la
decisión recurrida”[179].
Así, el recurrente explicó que disentía de la decisión de primera instancia, en
tanto no era cierto que los testimonios de Úber Enrique Bánquez Martínez y
Yairsiño Mesa Mercado hubieren sido desvirtuados o carecieren de credibilidad.
112.
(ii) A pesar de que, en la sustentación del recurso, la Fiscalía
hizo referencia a las mismas razones jurídicas y fácticas que señaló para el
llamamiento a juicio, señaló la Sala de Casación:
“[…] tal circunstancia no podría interpretarse como una
falta de sustentación o una deficiente fundamentación del recurso interpuesto,
pues se evidencia que la prueba analizada por el acusador es, en términos
generales, la misma que en virtud del principio de permanencia había sido
recaudada con antelación y sobre la cual se sustentó de manera sustancial la
decisión del juez a quo para sostener que la misma no ofrecía el grado
de certeza en relación con la responsabilidad del procesado, de manera que
habilitara su condena”[180].
113.
(iii) No se afectó el derecho a la defensa, por la supuesta
imposibilidad de oponerse a una “apelación inexistente”, ya que
la defensa replicó cada una de las consideraciones de disenso contenidas en la
sustentación del recurso propuesto por la Fiscalía. Para tales efectos,
enfatizó:
“Una afirmación en ese sentido queda
desvirtuada por el mismo contenido del escrito presentado por la defensa en
calidad de sujeto no recurrente, en el que de manera puntual ofrece réplicas a
cada una de las consideraciones de disenso contenidas en la sustentación del
recurso de la Fiscalía, expresando que ‘el ejercicio de este escrito ha sido responder
a los pocos puntos novedosos del documento de sustentación de la alzada,
reiterar los acertados motivos que llevaron al Juzgado de instancia a desechar
los testimonios de alias ‘JUANCHO DIQUE’ y alias ‘EL GATO’ como prueba que
ofreciera la certeza de la responsabilidad, y a volver a enunciar las
reflexiones hechas por la defensa al momento de sus alegatos de conclusión
respecto de estos dos personajes’.”[181].
114.
En relación con los cargos referidos a la responsabilidad del procesado
frente a la denominada Masacre de Macayepo, la Sala de Casación Penal concluyó
que ninguno prosperaba. A fin de dar respuesta a cada uno de los reparos de la
defensa expuso, por lo menos, 14 razones por las que la sentencia condenatoria proferida
por el Tribunal resultaba acertada.
115.
Primera razón: la Sala de Casación Penal precisó que el Tribunal
no tergiversó las declaraciones de Úber Enrique Bánquez Martínez, alias Juancho
Dique (cargo segundo), ya que este testigo dejó claro
que la Masacre de Macayepo “fue motivada por el propósito de recuperar el
ganado que había sido hurtado de la finca del acusado Miguel Ángel Nule Amín”[182],
al cual le pertenecía “en sociedad con Joaquín García Rodríguez”[183].
Para arribar a esta conclusión, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema
de Justicia analizó cada una de las intervenciones de alias Juancho Dique,
así:
116.
(i) En su indagatoria, Úber Enrique Bánquez Martínez señaló lo
siguiente:
“[…] ‘hubo en esta masacre un interés por recuperar ganado
de la zona, el ganado era de JOAQUÍN GARCÍA, que se encontraba en la finca de NULE
AMÍN el exgobernador, ellos eran socios, no me acuerdo el nombre de la Finca,
pero queda cerca del Aguacate. Ahí estuvimos como 4 o 5 días, a la gente se
mato (sic) con garrote, porque había una escuadra que se hacía pasar por
guerrilla, iban dos mujeres e iba un guía que le decían alias EL DIABLO eso lo
dije en la versión. El ganado se recuperó y se le entrego (sic) a RODRIGO
CADENA, pero no sé si él lo entregaría a sus dueños’. (fl. 199 y ss., cuaderno
4)”[184].
117.
(ii) Bajo juramento, el 8 de junio de 2010, el testigo precisó que:
“‘Bueno, esa operación o llamada MASACRE nace de un robo de
un ganado que le hizo la guerrilla al señor JOAQUÍN GARCÍA y a MIGUEL NULE
AMÍN. Los señores JOAQUÍN GARCÍA y a [sic] MIGUEL NULE hablan con RODRIGO
CADENA sobre el robo del ganado. RODRIGO habla con CARLOS CASTAÑO para que le
diera apoyo de un personal. CARLOS CASTAÑO manda al comandante militar con el
ALIAS DE RAQUEL de nombre CÉSAR AUGUSTO MORALES BENÍTEZ, a la zona de San
Onofre con aproximadamente 20 hombres, vía carretera y los fusiles llegan en
helicóptero, a la finca el PALMAR, cuando esta (sic) toda la gente organizada,
esto es, más de 20 hombres, para un total de sesenta (60) hombres. Ya RODRIGO
nos da la orden de recuperar el ganado a sangre y fuego […]’”[185].
118.
(iii) Además, en esta declaración, el testigo ofreció
detalles acerca de la forma en que se recuperaron los semovientes:
“‘[E]n ese momento no recuperamos el
ganado, salimos con los heridos y los muertos por la vía de Macayepo, aguacate [sic]
y llegamos a la finca que se llama SAN ELENA (sic), y tiene un campamento
llamado por las autodefensas CASA FANTASMA, que era la finca de MIGUEL NULE. Ya
en esa finca se encontraba el Comandante AMAURI que venía con personal de la
zona de Zambrano o el Guamo, que era jurisdicción de AMAURI, que estaba al
mando de JORGE 40. Y estando junto todo el personal en esa finca, a (sic)
llegado RODRIGO le entregamos los heridos y los muertos, y los [sic] reúne de
nuevo a nosotros los comandantes o sea a mí, AMAURI, RAQUÉL, que éramos los
comandantes principales de esa operación y que debíamos subir de nuevo, esa era
la orden de recuperar el ganado. Salimos por la vía de la finca CAMPAMENTO
hacia Pajonal a salir a Macayepo, o a limón, entonces la orden que dijo
RODRIGO, era que todo milicia no (sic) que encontráramos le diéramos de baja,
ya a esa llegada [sic] cuando llega él a recibir los muertos y los heridos, los
entrega un miliciano o un comandante de la guerrilla, con el alias del DIABLO.
AMAURI, RAQUEL Y JUANCHO DIQUE lo organizamos en una escuadra, le colocamos dos
o tres muchachos y unos cinco hombres, claro, con su comandante de escuadra, y
él iba con un fusil sin munición haciéndose pasar como jefe guerrillero, por
que (sic) él venía de la guerrilla, y la escuadra llevaba brazalete de las
FARC, con el fin de engañar a la guerrilla. Todo miliciano que encontraba él,
lo saludaba como si fuera su compañero, lo pasaba a la segunda o tercera
escuadra y ahí en ese momento eran garroteados y degollados, por que (sic)
ALIAS EL DIABLO ó [sic] SALOMÓN decía que ellos eran responsables del hurto de
ganado de la finca de MIGUEL NULE. En esa operación llegamos hasta un sitio llamado
FLORALITO a una finca que era de los JARAVAS, que ahí se encontraba el ganado
de la finca de MIGUEL NULE y la orden era matar al dueño y quemar la finca,
además de bajar todo el ganado de esa finca, que dizque era el ganado de MIGUEL
NULE, y en esa finca era donde guardaban el ganado para venderlo en el matadero
de Barranquilla’. (sic) (fl. 160 y ss., cuaderno 5)”[186].
119.
(iv) El testigo también explicó lo que pasó después, en lo
que la Corte Suprema de Justicia calificó como la “violenta recuperación del
ganado”[187],
así:
“‘[A]hí dormimos y regresamos al día
siguiente con todo el ganado que encontramos en la zona, bajamos ganado macho,
que tenía el hierro de JOAQUÍN GARCÍA o de los propietarios de esa finca,
bajamos nuevamente a la finca, por que (sic) ese era el campamento de nosotros
(CASA FANTASMAS (sic)). RODRIGO se lleva la mitad del ganado y la otra mitad se
queda en la finca de MIGUEL NULE y de JOAQUÍN GARCÍA. Y AMAURI se va en sus
camiones para [sic] zona de Magangué, la zona que tenía él bajo su mando, y ahí
me quedo en la finca con mis hombres y con RAQUEL, como protegiendo la finca
para que no se llevaran de nuevo el ganado.’ (fl. 162 y s., cuaderno 5)”[188].
120.
(v) En la ampliación de su declaración, el día 26 de marzo
de 2012, expuso que desde años atrás conocía de las relaciones que existían
entre Miguel Ángel Nule Amín y Joaquín García, así como de los demás ganaderos
de la región de los Montes de María con los miembros de las autodefensas. También
narró la forma en que se fraguó la masacre, después de que un guerrillero
hurtara los semovientes de la finca Santa Helena[189]:
“‘Como siempre lo he dicho que el señor
MIGUEL ÁNGEL NULE Y EL SEÑOR JOAQUÍN GARCÍA; que eran los promotores de las
AUTODEFENSAS MONTES DE MARÍA; nosotros nos encontramos unos días antes de la
finca, salí a hacer una operación lejos de la Finca Santa Helena, la guerrilla
aprovechó, bajó y se llevó el ganado y RODRIGO me dice que de parte de MIGUEL
NULE y JOAQUÍN GARCÍA que había que recuperar el ganado a sangre y fuego,
entonces yo subo como ya he mencionado en mis declaraciones, peleo con la
guerrilla varios días, no se recuperó el ganado, bajo al campamento CASA
FANTASMA a dejar unos heridos y me encuentro con el comandante AMAURY y YO con
el resto de la gente [sic] y sucedieron los hechos lamentables de los crímenes
y la recuperación del ganado, y no fue así, sino que también bajamos ganado de
los campesinos. Entonces póngase a pensar cuál era el interés de recuperar el
ganado, si era de RODRIGO, entonces porque [sic] el ganado estaba en la finca
de MIGUEL NULE; cuál era el interés de RODRIGO, porque nosotros cuando recuperamos
el ganado se deja en la finca CASA FANTASMA o SANTA HELENA.’ (sic) (fl. 9 y ss.
cuaderno 12)”[190].
121.
(vi) En el juicio, el testigo reiteró que la acción desplegada
por el grupo paramilitar bajo su mando tuvo como propósito recuperar el ganado
de Nule Amín y de Joaquín García o de la madre de este:
“[…] ‘Esos hechos se dieron por un solo motivo que fue
la recuperación de un ganado hurtado en una finca llamada Santa Helena con
jurisdicción en el corregimiento de Aguacate. De ahí nació la operación, la
orden me la dio el señor Rodrigo Mercado Pelufo, lo que me dijo el señor
Rodrigo Mercado fue que al señor Miguel Nule y al señor Joaquín García [sic] de
unos ganados donde estaban [sic] a partir utilidad de la señora Helena, que es
la mamá del señor Joaquín García, se lo había hurtado la guerrilla. Entonces
como el señor Joaquín García era un señor tan exigente, sobre las operaciones
que teníamos, la presencia que teníamos en la región, le ordena a Rodrigo la
recuperación del ganado. Rodrigo me da a mí la orden, yo organizo 60 hombres,
20 de la casa Carlos Castaño y 40 del grupo San Onofre. […] La orden que me da
el señor Rodrigo Mercado Pelufo era acampar en una finca, en un campamento que
supuestamente era administrado por la señora Helena [sic] donde el señor
Joaquín García tenía un ganado que [sic] en sociedad, comentaba, eso me lo
decía Rodrigo, con el señor Miguel Nule. || [B]ueno, en este momento me consta
que yo subí a una operación, a un objetivo, ordenado por el señor Joaquín
García y la mamá y recuperarle el ganado al señor Miguel Nule, ese era el
objetivo, ese fue mi objetivo que subí yo a esa operación’ (Audiencia Pública,
sesión del 27 de enero de 2014. C.D. 7:20 minutos)”[191].
122.
Segunda razón: la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia precisó que no era cierto, como lo afirmó la defensa, que debiera preferirse
la versión que ofreció alias Juancho Dique en el año 2008 (en la que
señaló que la Masacre de Macayepo carecía de relación con el hurto de un
ganado), por cuanto se encontraba corroborada con otras pruebas, tales como la
declaración de Luis Francisco Robles Mendoza, alias Amaury. En efecto,
en declaración de 11 de febrero de 2014, alias Amaury refirió que en relación
con la Masacre de Macayepo fueron “‘hasta donde estaba un ganado que
lo estaba custodiando la guerrilla, en el transcurso de ese operativo hubieron
(sic) muertos, hubieron (sic) milicianos, hubieron (sic) combates con la
guerrilla y se recuperó el ganado’”[192]
cuyo propietario desconocía porque “‘[n]o quería saber nada de ganado.
Simplemente lo recuperé y Rodrigo se hizo cargo de él y así lo dejamos’
(Audiencia Pública, sesión del 11 de febrero de 2014. C.D: 57:45 minutos)”[193].
Además, según señaló la Corte Suprema de Justicia, alias Amaury
indicó que no conocía la región ni los fines concretos por los que adelantaban
la incursión armada porque su función había sido la de prestar apoyo, “Por
lo tanto, el contenido de ese testimonio no puede emplearse para negar el hecho
de que el procesado haya inducido a los miembros de la organización paramilitar
a ejecutar la violenta acción con el objetivo de recuperar el ganado que le
había sido hurtado”[194].
123.
Adicionalmente, precisó la Corte Suprema de Justicia, si bien alias Amaury
señaló que la muerte de los pobladores ocurrió en el marco de una operación
orientada a atacar la estructura militar y financiera de la guerrilla, para la citada
autoridad judicial, “resulta fácil entender que la presencia paramilitar en
aquella región y para la época de los hechos respondía al propósito general,
claramente definido en su creación y desarrollo, de combatir a los grupos
rebeldes dedicados por entonces a la ejecución de diferentes conductas lesivas,
entre otras, de los bienes jurídicos patrimoniales de los ganaderos,
prescindiéndose para ello del orden legal y constitucional instituido en la
nación”[195].
Por tanto, para la Sala de Casación Penal,
“[…] es apenas natural que quien comandaba un frente
paramilitar en aquella región de los Montes de María, expusiera que existía una
clara misión de combatir los grupos guerrilleros, lo cual no riñe con la idea
suficientemente expuesta a través [sic] de sus distintas apariciones procesales
por parte de alias ‘Juancho Dique’ en el sentido de que al tiempo de haber
emprendido la misión de recuperación del ganado hurtado, su grupo armado se vio
trenzado en enfrentamientos con las facciones guerrilleras que aparecieron a su
paso, lo que lo obligó a retroceder hasta una posición en la que recibió el
apoyo del grupo comandado por alias ‘Amaury’.”[196].
124.
Por todo lo dicho, la Sala de Casación Penal,
“[…] encontró creíble la versión, sostenida
por alias ‘Juancho Dique’ hasta su intervención en la audiencia de juzgamiento,
que vincula al acusado con los hechos en calidad de inductor de los mismos y
que se asienta sobre que el motivo de la acción criminal fue la recuperación
del ganado que le había sido hurtado por parte de las facciones guerrilleras
que operaban en la región”[197].
125.
Tercera razón: en cuanto al presunto error en el que habría
incurrido el Tribunal al no dar credibilidad a la declaración rendida por
Juancho Dique en 2008, testigo que, según la defensa, no era fiable en relación
con los señalamientos que hizo sobre el acusado (cargo duodécimo), la
Corte Suprema de Justicia señaló que: “dentro del principio de libre valoración
de la prueba, el juez colegiado concluyó que le deparaba mayor credibilidad la
versión sostenida en diferentes oportunidades por el declarante, toda vez que
en relación con ella confluían pruebas de corroboración que indicaban que esa
narración era la que mejor se ajustaba a lo realmente acaecido”[198].
126.
Agregó que la condición moral del testigo no era “suficiente
parámetro para restarle poder de convicción, pues la valoración de la prueba
tiene el tamiz que proporciona la sana crítica”[199],
y que para definir la verosimilitud de sus afirmaciones era necesario acudir a
la prueba de corroboración. Finalmente, indicó que tampoco existían notables
contradicciones entre la versión que ofreció el testigo en el año 2008 y las
que dio después, porque las labores de “registro y control” no eran
incompatibles con las tareas de reacción armada ante el hurto de ganado, y fue
en el marco del proceso de paz que el testigo decidió transmitir los pormenores
de las operaciones.
127.
Cuarta razón: al valorar el presunto vicio en el que habría
incurrido el Tribunal al no considerar el testimonio de Luis Fernando Caro
Solano, alias Magencio, que, según la defensa, habría dejado en claro
que los paramilitares no recuperaron ganado, sino que lo hurtaron (cargo
tercero), la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia estimó
que dicha declaración no era “trascendente para socavar el sentido de la
decisión de condena impuesta sobre el procesado”[200],
por lo siguiente:
“[…] del contenido de esa declaración no puede concluirse
que la recuperación del ganado hurtado al acusado, en los exactos términos de
esa conjugación verbal, no haya sido el motivo que detonó la ejecución de la
acción criminal emprendida por ‘Rodrigo Cadena’ y ‘Juancho Dique’, más aún
cuando el demandante omite referir en el cuerpo de su argumentación que el
testigo en cuestión precisó que él no participó en la ‘masacre de Macayepo’
porque para ese entonces se encontraba destinado por la organización en otro
lugar distante”[201].
128.
Además, según lo consideró relevante la Corte Suprema de Justicia, este
mismo testigo señaló que el ganado “recuperado” era el que previamente
había sido hurtado a los ganaderos de la región. Al respecto, la Sala de
Casación recordó que Joaquín García, en declaración rendida ante la
Procuraduría, había sostenido que tuvo relaciones comerciales con Miguel Ángel
Nule Amín y que los dos fueron víctimas de abigeatos en el año 2000 y que el
ganado hurtado había sido llevado por la guerrilla a Macayepo, lo que, para la
citada autoridad, habría afianzado la idea de que la operación paramilitar en
este corregimiento tuvo como fin recuperar los semovientes.
129.
Quinta razón: para la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema
de Justicia el Tribunal no tergiversó las declaraciones de Yairsiño Mesa
Mercado, alias El Gato, como lo afirmó la defensa (cargo cuarto).
La Sala de Casación Penal analizó las declaraciones de este testigo y concluyó
que estas corroboraban el testimonio de alias Juancho Dique. Además,
indicó que “aquellas acotaciones hechas por fuera de este proceso y en su
indagatoria, no desvirtúan los aspectos fundamentales de su testimonio,
relativas a que la causa de la masacre estribó en el hurto del ganado
perpetrado por los miembros de los grupos guerrilleros y que era propiedad de
MIGUEL ÁNGEL NULE AMÍN y Joaquín García Rodríguez”[202].
En particular, hizo referencia a los siguientes aspectos relevantes de su
testimonio:
130.
(i) En la indagatoria rendida el 20 de octubre de 2009, indicó
que la Masacre de Macayepo, “‘La ordenó CADENA porque había
una pelea con la guerrilla, y se decía que estaban en Macayepo [sic] ahí
también estuvo AMAURY, la hicieron en conjunto con CADENA y JUANCHO DIQUE. Creo
que a las personas las mataron a palo [sic] se hacía así para que la guerrilla
no se diera cuenta’. (sic) (fl. 233, cuaderno 4)”[203].
131.
(ii) En la declaración que rindió el 8 de mayo de 2012, señaló
que: “‘Eso ocurrió por un ganado que se le perdió al señor MIGUEL NULE y a
otro señor que se llamaba JOAQUÍN GARCÍA, y CADENA hizo una operación […] y
regresamos hacia macayepo [sic], cuando ocurrió la masacre y nos robamos como
ochocientas o setecientas cabezas de ganado de los campesinos, que según CADENA
decía que ese era el ganado que se habían robado en la FINCA […]’”[204].
132.
(iii) En la misma declaración, enfatizó las relaciones que
existían entre el procesado y los grupos paramilitares, de la siguiente forma,
según lo resaltó la Corte Suprema de Justicia:
“‘[c]omo nosotros éramos los encargados de cuidar todas las
fincas que colaboraba [sic] con las AUTODEFENSAS y como hubo un hurto de la
guerrilla, eso fue por allá por los lados de AGUACATE y nosotros estábamos por
el lado de PLAN PAREJO; siempre estábamos retirados de ahí y como CADENA tenía
un contacto con todo administrador de la Finca, se enteró que le habían robado
un ganado a MIGUEL NULE y al otro señor JOAQUÍN GARCÍA […] y vinieron a la
operación para ir a recuperar el ganado y hubo peleas con las FARC, como era un
grupo pequeño de CADENA tuvo que pedirle apoyo a AMAURY, que fue cuando se hizo
la operación MACAYEPO, y ya después que hubo muerto fue que se llamó la MASACRE
DE MACAYEPO; pero siempre que sucedía algo así, era porque sucedía algo en las FINCAS,
eso no fue la primera vez, siempre fue así. (sic) (fl. 284, cuaderno 12)
(énfasis fuera del texto)”[205].
133.
(iv) Además, fue explícito en hacer referencia a los fines que se
persiguieron con la operación:
“el objetivo era recuperar el ganado fuera como fuera y
asesinar personas, ese era el objetivo. Como cada vez que se perdía algo o
mataban a algún administrador de alguna finca todo el peso le caía a CADENA
porque él era el que estaba encargado por ser el comandante de la zona y todos
los dueños de las fincas lo llamaban a él, que qué era lo que sucedía si ellos
pagaban a él”[206].
134.
(v) En la audiencia pública del 27 de enero de 2014, este testigo
ratificó los señalamientos anteriores, en cuanto a que el objetivo de la misión
había sido recuperar el ganado hurtado al procesado y a Joaquín García, lo cual
lograron tras asesinar a campesinos señalados como “sapos de la guerrilla”[207].
135.
(vi) Finalmente, precisó la Sala de Casación Penal que:
“[…] ninguna consecuencia relevante sobre el sentido
del testimonio podría derivarse del hecho de que, según lo afirmó el
declarante, ‘Rodrigo Cadena’ se apoderó del ganado y lo vendió para su lucro.
En ello no podría advertirse contradicción alguna en relación con el hecho
relacionado con las causas de la mascare y la señalada participación del
acusado en ella”[208].
136.
Sexta razón: según precisó la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia, el Tribunal tampoco tergiversó el testimonio de Edward
Cobos Téllez, alias Diego Vecino (cargo quinto).  La Corte Suprema
de Justicia encontró que, en la declaración del 15 de octubre de 2010, “si
bien el declarante sostuvo como improbable que una masacre de tal magnitud
pudiera tener como objetivo la recuperación del ganado, sí ratificó que es
verdad que en esa operación criminal se rescataron semovientes que pertenecían
a Joaquín García Rodríguez y que apastaban en los predios de NULE AMÍN, parte
de los cuales fueron entregados al primero de los nombrados”[209].
Al respecto, la Sala de Casación Penal añadió que en las incursiones de las autodefensas,
“existía, como siempre, una directriz fundamental encaminada al exterminio
de todo aquel que de alguna manera se le vinculara con los grupos guerrilleros,
lo que no obsta para que el motivo desencadenante de esa concreta acción lo
fuera el hurto de ganado infligido a los ganaderos”[210].
137.
Séptima razón: para la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema
de Justicia, el testimonio de Jairo Antonio Castillo Peralta, alias Pitirri,
tampoco fue tergiversado y, a diferencia de lo alegado por la defensa, no servía
“como prueba de refutación de los testimonios de Úber Enrique Bánquez
Martínez, alias Juancho Dique y Yairsiño Mesa Mercado, alias ‘El Gato’”[211],
ni tampoco fue fundamental para condenar al procesado (cargo sexto de la
demanda de casación). En este sentido, la Corte Suprema de Justicia recordó
que, en sus declaraciones, este testigo manifestó lo siguiente:
138.
(i) En la declaración del 4 de septiembre de 2001, alias Pitirri
afirmó que:
“‘Cuando esa campaña de MORRIS para gobernador utilizaron
plata de las autodefensas para financiar la campaña, JOAQUÍN GARCÍA le prestaba
plata de las finanzas de las autodefensas, [sic] a ÁLVARO GARCÍA, MORRIS, ARANA
y NULE AMÍN que aspiró a la alcaldía de Sincelejo por el mismo movimiento de
ellos, ellos debían firmar unos cheques a nombre de la mamá de JOAQUÍN GARCÍA
[sic] doña HELENA DE GARCÍA, porque como ella tenía plata, entonces para lavar
ese dinero por ahí, eso lo pueden comprobar veriguando (sic) cuántos cheques le
dieron en ese tiempo a DOÑA HELENA [sic] y MIGUEL NULE como perdió le tocó
entregarle una de sus fincas a JOAQUÍN GARCÍA, ubicada en el CORREGIMIENTO
MACAJÁN entre LOS MUNICIPIOS DE TOLÚ VIEJO Y SAN ONOFRE, SI NO ME EQUIVOCO CREO
QUE LA FINCA SE LLAMA SANTA HELENA. (sic) (fl. 6, cuaderno 8)”[212].
139.
(ii) El 7 de mayo de 2007, ante una comisión de la Corte
Suprema de Justicia, alias Pitirri indicó que la causa de la Masacre
de Macayepo fue el hurto del ganado de Joaquín García, que pastaba en los
predios de Miguel Ángel Nule Amín. Por lo anterior, la Sala de Casación Penal
concluyó:
“[…] es equivocado el raciocinio hecho por
el demandante en el sentido de que, por no haber referido el testigo, de manera
explícita, que el acusado era copropietario del ganado que había sido hurtado
de su predio, resulta exonerado de cualquier compromiso penal”[213].
140.
Octava razón: para la Corte Suprema de Justicia, la preclusión de
la investigación proferida a favor del procesado en otro proceso, por sus
presuntos vínculos con las autodefensas[214],
y que, según la defensa fue ignorada por el Tribunal (cargo décimo), no tenía
ninguna incidencia en el proceso porque,
“[…] carece de sentido que [sic] con base en tales
decisiones de preclusión de la investigación proferidas en aquella época, se
pretenda sustentar el no quebrantamiento de la presunción de inocencia en
relación con los cargos que impulsaron este proceso. Al acusado NULE AMÍN no se
le juzgó en esta oportunidad por participar en la conformación de los grupos
paramilitares, se le vinculó a la investigación por el hecho de haber inducido
la ejecución de la ‘masacre de Macayepo’ a raíz de haber sido víctima de un
robo de ganado”[215].
141.
Novena razón: para la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema
de Justicia, no puede afirmarse que el Tribunal incurrió en error al valorar la
interceptación telefónica entre Álvaro García Romero y Joaquín García (cargo
séptimo de la demanda de casación)[216].
Tras recordar el contenido de la grabación[217],
la Corte Suprema de Justicia indicó que el Tribunal concluyó que “la tropa”
se refería a los paramilitares, mientras que la defensa consideró que, de
acuerdo con las reglas de la experiencia, la expresión “tropa” solo podía
hacer alusión a las fuerzas regulares del Estado. Al respecto, la Sala de Casación
Penal indicó lo siguiente:
142.
(i) No es cierto que las reglas de la experiencia avalen la
postura del recurrente, porque la expresión “tropa” se usa para
referirse a militares, paramilitares y guerrilleros.
143.
(ii) Incluso si se hacía alusión al Ejército Nacional, no podía
descartarse que esta prueba incriminara al procesado porque en la misma,
“[…] existe una expresa mención al procesado MIGUEL ÁNGEL
NULE AMÍN, en función de los actos previos a la masacre, lo que pone de
manifiesto su conocimiento de los actos preparatorios de la arremetida
paramilitar que habría de emprenderse al día siguiente y deja en evidencia su
manejo y dominio de los predios de la finca Santa Helena, contrario a la
ajenidad que sobre ellos, para el momento de lo sucedido, se ha pretendido
sostener por parte del recurrente”[218].
144.
(iii) El demandante aseveró que el nombre del procesado “[…]
‘fue usado quién sabe con qué fines dentro de la llamada, y que él no tenía por
qué conocer, permitir ni mucho menos aprobar lo que los interlocutores de la
llamada acordaron”[219].
A pesar de esto, la Corte Suprema explicó que no existía la menor evidencia de “una
suerte de confabulación para perjudicar a NULE AMÍN, pues lejos de acreditarse
una discordia con Joaquín García Rodríguez, lo que se conoce es que para
aquella época mantenían buenas relaciones, precisamente alrededor del comercio
de ganado (fl. 139 y 22., cuaderno 8)”[220].
Adicionalmente, resaltó que “si la conversación se dio en un plano de
espontaneidad, como está acreditado, pues se capturó de manera incidental del
espectro electromagnético por parte del organismo de inteligencia del Estado, es
impensable que de manera deliberada se hiciera alusión al acusado con el
propósito de involucrarlo injustificadamente en la planeación de los hechos
criminosos […]”[221].
145.
Décima razón: para la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal no “cercenó”
la declaración del acusado (cargo octavo de la demanda de casación). La Sala
de Casación Penal estimó que esta censura “carece de fundamento cuando se
contrasta la declaración aludida y el apego al que se ciñó en su contenido el
Tribunal en su juicio de valoración probatoria”[222].
Lo anterior, porque en la providencia no se señaló que existiera un vínculo de
amistad entre el procesado y alias Cadena, sino que se conocían antes de
la masacre, tal como lo indicó el propio acusado en la audiencia pública.
146.
Undécima razón: para la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia, en la sentencia condenatoria sí se valoraron los
documentos relacionados con la transferencia de la finca Santa Helena a la
madre de Joaquín García (cargo noveno). Al respecto, la Corte Suprema de
Justicia destacó que:
147.
(i) Para el Tribunal dicha transferencia no le restaba
credibilidad al testimonio de alias Juancho Dique porque el ganado que
pastaba en dicha finca era de propiedad del procesado y, para la Sala de
Casación Penal,
“[…] un razonamiento en ese sentido corresponde a la
realidad, pues sin desconocer la existencia de la transacción en la que resultó
involucrado el predio sobre el cual las mismas autodefensas instalaron su
campamento, ello no impide admitir como cierto que el ganado que se encontraba
en ese lugar y fue objeto de abigeato por parte de la guerrilla, pertenecía, en
parte, al procesado”[223].
148.
(ii) Al revisar las escrituras públicas, se advierte que “el
acusado, a través  [sic] de su cónyuge, continuó detentando la propiedad sobre
un porcentaje del predio, (…) por lo que no fue impropia la alusión hecha por ‘Juancho
Dique’ y ‘El Gato’ sobre que el ganado fue hurtado de la finca de MIGUEL ÁNGEL
NULE AMÍN, predio que pertenecía a su familia desde el año 1974, razón de más
para que en la región se conociera como de su propiedad”[224].
149.
(iii) No existe imprecisión en el testimonio de alias Juancho
Dique, ya que este estaba al tanto de la transferencia de la finca Santa
Helena. En este sentido, precisó la Corte que aquel había señalado lo siguiente
en una de sus declaraciones:
“[…] ‘Esa finca fue dividida o negociada con la mamá de
Joaquín García, señora HELENA DE GARCÍA, que ella también poseía ganado con
MIGUEL NULE en sociedad, que mucho de ese ganado fue hurtado por la subversión…
Yo me enteré que esa finca SANTA HELENA y BARCELONA era propiedad de MIGUEL
ÁNGEL NULE y luego cuando entró en crisis económica fue cuando le tocó
expandirle tierra a la señora HELENA DE GARCÍA. (Fl. 9 y s., cuaderno 12)”[225].
150.
Duodécima razón: para la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia, el testimonio de Fernández Dajud carecía de la
trascendencia que le otorgó el recurrente (cargo undécimo). La Corte
Suprema de Justicia sostuvo que pese a que con este testigo la defensa pretendía
acreditar que el procesado y Joaquín García no eran amigos ni tenían ganado en
sociedad, el declarante “se dedicó a conjeturar sobre lo que ‘creía’ que
había sucedido entre Joaquín García Rodríguez y MIGUEL ÁNGEL NULE AMÍN,
sosteniendo que ‘yo creo que parte de los bienes de don Miguel quedaron en
poder de Joaquín García, por la deuda, de tanta presión… porque si no corría el
riesgo de que le hiciera daño’”[226].
151.
Décimo tercera razón: la Corte Suprema precisó que Gustavo Adolfo
Tulena Tulena, Jaime Enrique Quessep Esguerra, Rodrigo de Jesús Dajud García y
Luis Eduardo Paternina Amaya también se refirieron a los métodos agresivos de
cobro de Joaquín García pero, “ninguno de los declarantes pudo decir, a
ciencia cierta, que a raíz de los préstamos financieros que le hizo Joaquín
García Rodríguez lo haya despojado, de manera violenta, de la finca Santa
Helena y que, por lo tanto, se fraguara entre ellos alguna enemistad que
impidiera sus tratos comerciales, especialmente relacionados con el ganado que
fue hurtado de la hacienda”[227].
152.
Décimo cuarta razón: según precisó la Sala de Casación Penal de
la Corte Suprema de Justicia, en una declaración trasladada a la actuación
procesal, el señor Joaquín García reconoció que en la época en que sucedieron
los hechos que dieron origen al proceso penal en el que resultó condenado el
accionante, mantuvo relaciones comerciales con el acusado Miguel Ángel Nule
Amín[228].
153.
Por último, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia
advirtió que, al individualizar la pena, el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cartagena no tuvo en cuenta que los hechos dieran cuenta de un
concurso de conductas punibles, por lo que habría debido haber aumentado la
pena “hasta en otro tanto”, de conformidad con lo previsto por el
artículo 31 de la Ley 599 de 2000. Sin embargo, indicó que, en sede de
casación, no podía corregir el error, “porque representaría una reforma
peyorativa, cuya prohibición está establecida como garantía de los derechos del
condenado”[229].
154.
En suma, más allá del acuerdo o desacuerdo que pudiera existir frente a
las consideraciones que llevaron a la accionada a no casar la sentencia –análisis
ajeno al asunto sub examine– no cabe duda de que, materialmente, se
garantizó el derecho del procesado a la doble conformidad.
155.
A pesar de que el recurso extraordinario de casación se encuentra sujeto
a 3 causales, el recurrente pudo atacar todas y cada una de las pruebas y
razones que sirvieron de sustento para que el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cartagena condenara al procesado. Esto es, pudo cuestionar los
aspectos fácticos, probatorios y jurídicos de la sentencia, de tal forma que, a
su vez, la Corte Suprema de Justicia pudo realizar un examen integral de la
decisión recurrida y del expediente.
156.
De la labor de impugnación que realizó la defensa, de forma amplia y
detallada en 12 cargos, no es posible inferir de qué otra manera pudo haber
alegado otras razones en una impugnación ulterior a la demanda de casación. En
esta, de hecho, la defensa propuso motivos adicionales a los considerados por
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena para defender la
inocencia del accionante.
157.
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia se ocupó de cada una de las
censuras planteadas por el recurrente y, al hacerlo, estudió a profundidad la
controversia que subyacía al fallo cuestionado[230].
158.
Así las cosas, la labor de la autoridad jurisdiccional accionada fue
consecuente con el precedente de unificación de la Corte Constitucional, según
el cual, en la resolución del recurso de casación se garantizó “que la autoridad competente para resolver el recurso
pueda realizar una revisión completa del fallo, que abarque no solo la
sentencia recurrida, sino principalmente el problema jurídico central del caso,
y que no esté sujeta a causales que impidan el examen abierto de la misma”[231]. De esta forma, se reitera, la demanda de
casación satisfizo las exigencias materiales de la impugnación de la primera
sentencia condenatoria y, a su vez, la sentencia de casación las propias del
derecho a la doble conformidad del accionante, como se explicita en el cuadro
siguiente:
Pruebas y razones
que el Tribunal tuvo en cuenta para proferir la sentencia condenatoria
Cargos de la demanda
de casación, mediante la cual se atacaron las pruebas y razones de la
sentencia condenatoria
Pruebas y razones
que valoró la Corte Suprema para no casar la sentencia condenatoria
La valoración conjunta de las
distintas declaraciones de alias Juancho Dique, en las que
involucra al procesado con la masacre, son creíbles.
Cargo segundo. El
Tribunal debió preferir las primeras declaraciones de Juancho Dique en
las que no involucró al procesado porque fueron más cercanas a los hechos y
corroboradas por otros miembros de las AUC.
Cargo duodécimo. Juancho
Dique es un testigo de oídas y, además, no es fiable.
Primera razón. En
distintas ocasiones, Juancho Dique señaló que la masacre se cometió a
fin de recuperar el ganado hurtado en la finca de Nule Amín.
Segunda razón.
No es cierto que la versión de Juancho Dique de 2008 hubiere sido
corroborada por otros paramilitares. Por el contrario, alias Amaury
declaró que se recuperó un ganado.
Tercera razón. Las últimas
declaraciones del testigo están corroboradas por otras pruebas y las
presuntas contradicciones en las que incurrió no son notables.
Testimonio de alias Juancho
Dique. La guerrilla hurtó un ganado que tenían en sociedad con Joaquín
García y Miguel Nule Amín.
Cargo undécimo. El
Tribunal no valoró el testimonio de Fernández Dajud, según el cual Joaquín
García le cobró de forma violenta una deuda al procesado, quien, en
consecuencia, debió entregarle la finca Santa Helena. En consecuencia, no
existía un vínculo de amistad entre el procesado y Joaquín García, ni tenían
ganado en común. Otros testigos, como Tulena Tulena, Quessep Esguerra, Dajud
García y Paternina Amaya, corroboraron la declaración de Fernández Dajud.
Novena razón. Lo
que se conoce es que Joaquín García y Nule Amín tenían buenas relaciones en
aquella época.
Duodécima razón. Pese
a que Fernández Dajud trató de mostrar que el procesado y Joaquín García no eran
amigos, ni tenían ganado en sociedad, se limitó a hacer conjeturas sobre lo
que creía que había pasado entre ellos.
Décimo tercera
razón.  Tulena Tulena, Quessep Esguerra, Dajud García y Paternina Amaya
tampoco pudieron declarar, a ciencia cierta, por qué Joaquín García habría despojado
al procesado de la finca Santa Helena, de forma violenta.
Décimo cuarta razón. El
propio Joaquín García reconoció que, en la época de la masacre, Nule Amín
tuvo relaciones comerciales con él.
Testimonio de alias Juancho
Dique. La masacre se cometió a fin de recuperar el ganado de Miguel
Nule y Joaquín García, quienes acudieron a las Autodefensas, por intermedio del
ex senador Álvaro García y de alias Cadena. Este hecho fue corroborado
por:
(i) Alias
Amaury. Indicó que en la masacre fueron hasta donde había un
ganado custodiado por la guerrilla.
(ii) Yairsiño
Mesa. Señaló que el móvil de la masacre había sido recuperar un ganado
hurtado de la finca de Miguel Nule.
(iii)
Alias Diego Vecino. Corroboró que se recuperó un ganado
en la masacre.
(iv)
Jairo Castillo. Confirmó el testimonio de Juancho Dique en lo que
respecta a la relación entre Nule y las AUC.
(v) El
procesado. Confirmó el testimonio de Juancho Dique al señalar que
conocía a alias Cadena.
Cargo segundo. Amaury
confirmó las primeras declaraciones de Juancho Dique, en las que
indicó que el propósito de la masacre había sido enfrentar a la guerrilla. En
este mismo sentido declararon las víctimas.
Cargo tercero.
El Tribunal no valoró el testimonio de alias Magencio, a partir del cual
se podía inferir que el móvil de la masacre no fue recuperar un ganado, sino
robarlo y que los semovientes no fueron entregados a ganaderos. Esto habría
sido corroborado por Yairsiño Mesa, quien señaló que Cadena se quedó
con el ganado.
Cargo cuarto. El Tribunal
tergiversó el testimonio de Yairsiño Mesa. El testigo no señaló que Cadena
hubiere devuelto el ganado a Nule. Lo que dijo fue que Cadena se había
quedado con el ganado y lo vendió.
Cargo
quinto. Alias Diego Vecino
no corroboró el testimonio de Juancho Dique. Indicó que en la Masacre
de Macayepo no hubo participación de ganaderos, ni tuvo como fin
recuperar ganado hurtado, sino combatir a guerrilleros.
Cargo
sexto. Jairo Castillo refutó el
testimonio de Juancho Dique. Este, en ningún momento involucró a
Miguel Nule con la masacre. Aclaró que el determinador fue Joaquín García.
Recordó que Nule sufrió un atentado en su residencia porque no quiso
involucrarse con las AUC.
Cargo
octavo. El procesado no confirmó el
testimonio de Juancho Dique. La declaración del procesado fue
fragmentada. Si bien reconoció que sabía quién era Cadena, aclaró que
no tenía ningún vínculo, amistad o cercanía con aquel.
Segunda razón. Aunque
alias Amaury señaló que no conocía los fines concretos de la
operación, sí indicó que se recuperó el ganado que estaba custodiado por la
guerrilla.
Cuarta razón.
La declaración de alias Magencio no era tan relevante. El testigo no
participó en la masacre. Además, de su testimonio no podía concluirse que la
recuperación del ganado no hubiere sido el motivo que detonó la masacre. Además,
el testigo señaló que el ganado hurtado habría sido el que le fue hurtado a
ganaderos de la zona.
Quinta razón. El
Tribunal no tergiversó la declaración de Yairsiño Mesa. Su testimonio sí
corroboró el de Juancho Dique. Por ejemplo, indicó que la masacre se
originó por el hurto del ganado del procesado y de Joaquín García, y que el
encargado de recuperarlo había sido Cadena.
Sexta razón.
Aunque Diego Vecino señaló que era improbable que una masacre de esa
magnitud tuviera como objetivo recuperar ganado, indicó que sí se rescataron
semovientes y que le fueron entregados a Joaquín García. Además, señaló que
el ganado se encontraba en los predios de Miguel Ángel Nule Amín.
Séptima razón. A
diferencia de lo alegado por la defensa, Jairo Castillo no refutó la
declaración de Juancho Dique. Señaló que la causa de la masacre fue el
hurto del ganado de Joaquín García, que pastaba en los predios de Nule Amín. Ahora
bien, el hecho de que el testigo no hubiere señalado que Nule Amín era
copropietario del ganado, no le exoneraba de responsabilidad penal.
Décima razón. El Tribunal
no cercenó o fragmentó la declaración de Nule Amín. El
Tribunal no señaló que el procesado tuviera un vínculo de amistad con alias Cadena,
sino que se conocían antes de la masare.
Testimonio de alias Juancho
Dique. El ganado fue hurtado por la guerrilla de la finca de Miguel
Nule, y luego de la masacre fue devuelto a la misma finca. La venta de dicho
inmueble no desvirtúa lo dicho por este testigo, pues eso fue lo que pudo
percibir.
Cargo noveno. La
finca no era del procesado. Mediante escrituras públicas se acreditó que el
88% de la finca Santa Helena y el 100% de la finca Barcelona fue transferido
y entregado a la cónyuge de Joaquín García. Por tanto, esta prueba habría
desmentido el compromiso del procesado con los hechos.
Undécima razón. La venta
del predio no impedía admitir como cierto que el ganado se encontrara en la
finca y que parte de este perteneciera al procesado. Además, el procesado
continuó detentando la propiedad sobre un porcentaje del predio por intermedio
de su cónyuge. De que esta venta se hubiere producido, no se sigue que se
hubiere acreditado una contradicción en el testimonio de Juancho Dique,
quien, en sus declaraciones, hizo referencia a la misma y añadió que la mamá
de Joaquín García tenía ganado en sociedad con Nule Amín.
Interceptación telefónica. Confirma
el testimonio de Juancho Dique, en tanto no hay duda de que, cuando se
menciona que Nule quiere “meter la tropa” hace referencia a los
paramilitares.
Cargo séptimo.
La grabación exonera de responsabilidad al procesado. La Vicefiscalía, al
confirmar la preclusión a favor de Nule en otro proceso; la Corte Suprema de
Justicia, en el proceso que se adelantó en contra de García Romero y el Procurador
y el magistrado disidente en dicho caso, coincidieron en que “la tropa”
se refería a las fuerzas legítimas del Estado.  Además, el acusado no
participó en la conversación.
Novena razón. No puede
afirmarse que el Tribunal hubiere incurrido en un error al concluir que “la
tropa” se refería a los paramilitares. Además, la grabación sugería que
Nule Amín conocía los actos previos a la masacre y evidenciaba su dominio
sobre la finca Santa Helena. Tampoco hay evidencia de que existiera una
confabulación para implicar al procesado en esta conversación. Lo que se
conoce es que Joaquín García y Nule tenían buenas relaciones en aquella
época.
Cargo primero.
El Tribunal debió haber declarado desierto el recurso de apelación porque
no se sustentó de manera adecuada, lo cual hacía imposible que la defensa se pronunciara
sobre dicho recurso.
El recurso sí fue sustentado. No
se vulneró el derecho de defensa por la supuesta imposibilidad de oponerse a
una “apelación inexistente”.
Cargo décimo. Se
omitió valorar la preclusión de la investigación por presuntos vínculos con
las AUC. Como consecuencia de esa omisión y con base en otras pruebas –cuyo
alcance probatorio también se cuestiona–, la sentencia condenatoria consideró
que dicho vínculo sí existía.
Octava razón. La
preclusión proferida a favor de Nule Amín en otro proceso por sus presuntos
vínculos con las autodefensas no tenía incidencia en este proceso porque en
esa oportunidad no se juzgó a Nule por la Masacre de Macayepo.
159.
En consecuencia, la Sala negará el amparo solicitado. Por tanto, confirmará
la decisión de tutela proferida el 31 de julio de 2019, por la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, que confirmó la sentencia del 7 de junio de 2019 de la
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, no por la falta de
acreditación de las exigencias de inmediatez y subsidiariedad, sino por las
razones ya expuestas.
III.
DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en nombre del pueblo y por mandato
de la Constitución,
RESUELVE:
Primero. LEVANTAR
la suspensión de términos en el expediente T-7.586.475.
Segundo. CONFIRMAR
la sentencia del 31 de julio de 2019, proferida por la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que confirmó la sentencia del 7 de junio
de 2019 de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, que negó la
acción de tutela presentada por el apoderado de Miguel Ángel Nule Amín, pero
por las razones expuestas en la presente decisión.
Tercero.
LIBRAR, por la Secretaría General de la Corte Constitucional, la
comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los
efectos allí contemplados.
Comuníquese
y cúmplase,
ALBERTO ROJAS RÍOS
Presidente
RICHARD S. RAMÍREZ GRISALES
Magistrado (e)
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1]
Folios 55 y 56 del cuaderno de revisión ante la Corte Constitucional.
[2]
La Sala de Selección Número Once estuvo integrada por la Magistrada Gloria
Stella Ortiz Delgado y el Magistrado Alejandro Linares Cantillo.
[3]
Acción de tutela. Folio 1 del cuaderno de tutela de primera instancia.
[4]
Páginas 45 a 46 de la sentencia de segunda instancia, visibles a folios 53 a 54
del expediente del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena.
[5]
Folio 13 de la sentencia de primera instancia del proceso ordinario penal,
visible a folio 171 del cuaderno 2 del Juzgado Único Penal del Circuito
Especializado de Cartagena. En el acápite “de la ocurrencia de los hechos”,
en la sentencia de primera instancia referida, se señala: “El proceso se
inicia a raíz del homicidio de varias personas en la población de Macayepo y
otros sitios, ubicados en comprensión territorial del Carmen de Bolívar, según
sucesos ocurridos en octubre del año 2000, cuando un grupo de aproximadamente
cien hombres armados presuntamente pertenecientes a las llamadas Autodefensas
Unidas de Colombia, incursionaron en Macayepo y a su paso por las veredas el
Floral, Berruguitas, la Cañada y la Cañada del limón entre otros, fueron
seleccionando a los campesinos y los mataron a palo, piedra y garrotes”.
Folios 12 a 13 de la sentencia de primera instancia del proceso ordinario
penal, proferida por el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de
Cartagena, visible a folios 170 y 171 del cuaderno 2 del Juzgado Único Penal
del Circuito Especializado de Cartagena.
[6]
Mediante providencia del 15 de diciembre de 2011, visible a folios 161 a 166
del cuaderno 9 del expediente de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía 30 Especializada de la
Fiscalía General de la Nación. La captura se materializó el 18 de febrero de
2012, tal como consta en el folio 239 del mismo cuaderno.
[7]
La diligencia de indagatoria se adelantó el 20 de febrero de 2012. Folios 258 a
267 del cuaderno 9 del expediente de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía 30 Especializada de la
Fiscalía General de la Nación.
[8]
Mediante providencia del 1 de marzo de 2012, la Fiscalía resolvió la situación
jurídica de Miguel Ángel Nule Amín y le dictó medida de aseguramiento de
detención preventiva.  Folios 76 a 106 del cuaderno 11 del expediente de la
Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la
Fiscalía 30 Especializada de la Fiscalía General de la Nación.
[9]
La resolución de acusación se profirió el 19 de febrero de 2013, folios 68 a
116 del cuaderno 16 del expediente de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía 30 Especializada de la
Fiscalía General de la Nación. Se cita un acápite del primer resolutivo de la
resolución de acusación, folio 115.
[10]
En la etapa de juzgamiento, este proceso se identificó con el radicado 13001-3107001-2013-00054-00 y el número interno
2013-20.
[11]
La sentencia obra en los folios 159 a 208 del cuaderno 2 del expediente del
Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Cartagena, en un total de 50
páginas.
[12]
Páginas 30 a 31 de la sentencia de primera instancia, visibles a folios 188 y
189 del cuaderno 2 expediente del Juzgado Único Penal del Circuito
Especializado de Cartagena.
[13]
Página 31 de la sentencia de primera instancia, visible a folio 189 del
cuaderno 2 del expediente del Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de
Cartagena.
[14]
Página 33 de la sentencia de primera instancia, visible a folio 191 del
cuaderno 2 del expediente del Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de
Cartagena.
[15]
Páginas 21 y 36 de la sentencia de primera instancia,
visible a folios 179 y 194, respectivamente, del cuaderno 2 del expediente del Juzgado
Único Penal del Circuito Especializado de Cartagena.
[16]
Página 45 de la sentencia de primera instancia, visible a folio 203 del
cuaderno 2 del expediente del Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de
Cartagena.
[17]
Ibidem.
[18]
Se refiere a Dully Rubio, quien, según se infiere del fallo, era presidente de
la sala de inteligencia de la SIJIN de Sincelejo (folio 47 de la sentencia de
primera instancia, visible a folio 205 del cuaderno 2 del expediente del
Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Cartagena.).
[19]
Página 47 de la sentencia de primera instancia, visible a folio 205 del
cuaderno 2 del expediente del Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de
Cartagena.
[20]
Página 48 de la sentencia de primera instancia, visible a folio 206 del
cuaderno 2 del expediente del Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de
Cartagena.
[21]
Folios 490 a 514 del cuaderno de copias del expediente del Juzgado Único Penal
del Circuito Especializado de Cartagena.
[22]
El magistrado Taylor Ivaldi Londoño Herrera salvó su voto en la decisión
mayoritaria.
[23]
Además, se le condenó a la pena accesoria de inhabilitación en el ejercicio de
derechos y funciones públicas por un periodo de 20 años.
[24]
La sentencia de segunda obra en los folios 9 a 57 del expediente del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en un total de 49 páginas.
[25]
Páginas 45 a 46 de la sentencia de segunda instancia, visibles a folios 53 a 54
del expediente del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena.
[26]
Páginas 41 a 42 de la sentencia de segunda instancia, visibles a folios 49 a 50
del expediente del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena.
[27]
En relación con este testigo, el Tribunal resaltó que “Del análisis
anterior, se puede extraer que lo percibido por ÚBER BÁNQUEZ, [sic] los
aspectos consistentes y relevantes de sus testimonios para el presente caso son
los siguientes: || - Percibió directamente que el campamento de las
autodefensas donde se apostaron para llevar a cabo la masacre de Macayepo se
ubicaba en una finca que era o fue de MIGUEL ÁNGEL NULE AMÍN. || - RODRIGO
MERCADO PELUFO, alias CADENA, le indicó que la masacre de Macayepo se ejecutaba
con el fin de recuperar un ganado hurtado por la guerrilla en días anteriores.
|| - Conoció directamente que el ganado había sido hurtado. || - Percibió
directamente que uno de los dueños del ganado hurtado era MIGUEL ÁNGEL NULE
AMÍN y que dicho ganado se encontraba en una finca de su propiedad. || -
RODRIGO MERCADO PELUFO, alias CADENA, le informó que MIGUEL ÁNGEL NULE AMÍN,
junto con JOAQUÍN GARCÍA, lo contactaron para que les recuperara el ganado que
les habían hurtado. || - Es testigo directo de que efectivamente se recuperó un
ganado luego de cometida la masacre de Macayepo. || - Es testigo directo de que
el ganado fue dejado en la finca de propiedad de MIGUEL ÁNGEL NULE AMÍN. || -
Es testigo directo de la cercanía existente entre MIGUEL ÁNGEL NULE AMÍN y
JOAQUÍN GARCÍA y RODRIGO CADENA”. Páginas 26 a 27 de la sentencia de
segunda instancia, visibles a folios 34 a 35 del expediente del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cartagena.
[28]
Página 27 de la sentencia de segunda instancia, visible a folio 35 del
expediente del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena.
[29]
Página 28 de la sentencia de segunda instancia, visible a folio 36 del
expediente del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena.
[30]
Páginas 28 y 34 de la sentencia de segunda instancia, visibles a folios 36 y
42, respectivamente, del expediente del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Cartagena.
[31]
Página 29 de la sentencia de segunda instancia, visible a folio 37 del
expediente del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena.
[32]
Página 35 de la sentencia de segunda instancia, visible a folio 43 del
expediente del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena.
[33]
Página 32 de la sentencia de segunda instancia, visible a folio 40 del
expediente del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena. En
relación con este aspecto, explicó el Tribunal: “Es decir, lo que se
advierte en la postura del testigo en ese momento es el marcado propósito de
evitar comprometer al entonces sindicado GARCÍA ROMERO en tales hechos, pese a
que, como más tarde quedaría develado, especialmente en la sentencia
condenatoria proferida dentro de ese proceso, las AUC, al mando de alias
CADENA, surgieron precisamente de la confluencia de voluntades de aquel
político, y otros personas del departamento de Sucre, como los señores JOAQUÍN
GARCÍA, SALVADOR ARANA y otros, precisamente en orden a salvaguardar sus
particulares intereses, esto es, la protección y acrecentamiento de sus
propiedades y la expansión y consolidación de su poder político, y que fue
justo al influjo de las ordenes [sic] de GARCÍA ROMERO, entre otros, que se
llevó a cabo la masacre, dato que, como es obvio no podía ser ignorado por
JUANCHO DIQUE, como lugarteniente de CADENA”. Ibidem
[34]
Ibidem.
[35]
Página 35 de la sentencia de segunda instancia, visible a folio 43 del
expediente del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena.
[36]
Página 40 de la sentencia de segunda instancia, visible a folio 48 del
expediente del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena.
[37]
Página 42 de la sentencia de segunda instancia, visible a folio 50 del
expediente del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena.
[38]
Páginas 43 a 44 de la sentencia de segunda instancia, visibles a folios 51 a 52
del expediente del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena.
[39]
Página 44 de la sentencia de segunda instancia, visible a folio 52 del
expediente del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena.
[40]
Página 45 de la sentencia de segunda instancia, visible a folio 53 del expediente
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena.
[41]
Ibidem.
[42]
Folio 90 del expediente del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cartagena.
[43]
Folio 1 de la demanda de casación. La demanda de casación se contiene en un
cuaderno independiente y adjunto al expediente de casación ante la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en un total de 266 páginas.
[44]
Acción de tutela. Folio 3 del cuaderno de tutela de primera instancia.
[45]
Acción de tutela. Folios 3 a 5 del cuaderno de tutela de primera instancia.
[46]
Anexos de la acción de tutela. Folios 137 a 144 del cuaderno de tutela de
primera instancia.
[47]
Anexos de la acción de tutela. Folios 146 a 149 del cuaderno de tutela de
primera instancia.
[48]
Acción de tutela. Folio 5 del cuaderno de tutela de primera instancia. Cfr., la
solicitud a la que se hace referencia en el folio 152 del cuaderno de tutela de
primera instancia (anexos de la acción de tutela). En esta, la defensa de Nule
Amín, además de abogar porque se le garantizara la doble conformidad, solicitó
que se le indicara el término del que disponía para sustentar el recurso.
[49]
Folio 131 a 134 del cuaderno del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cartagena y 158 del cuaderno de tutela de primera instancia (este último corresponde
al oficio secretarial que comunicó el sentido del auto al apoderado del señor
Nule Amín).
[50]
Folio 133 del cuaderno del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cartagena.
[51]
Folio 18 del cuaderno de casación.
[52]
Acción de tutela. Folio 9 del cuaderno de tutela de primera instancia. La
sentencia de casación obra en los folios 120 a 219 del cuaderno casación.
[53]
Acción de tutela. Folios 1 al 32 del cuaderno de tutela de primera instancia.
[54]
Acción de tutela. Folio 7 del cuaderno de tutela de primera instancia.
[55]
Acción de tutela. Folio 15 del cuaderno de tutela de primera instancia.
[56]
Acción de tutela. Folio 17 del cuaderno de tutela de primera instancia.
[57]
Acción de tutela. Folio 24 del cuaderno de tutela de primera instancia.
[58]
Acción de tutela. Folio 31 del cuaderno de tutela de primera instancia.
[59]
Acción de tutela. Folio 31 del cuaderno de tutela de primera instancia.
[60]
Folio 287 del cuaderno de tutela de primera instancia.
[61]
Folio 288 del cuaderno de tutela de primera instancia.
[62]
En particular, se refirió al caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, en el
que la Corte Interamericana de Derechos Humanos indicó que, “Independientemente
de la denominación que se le dé al recurso existente para recurrir un fallo, lo
importante es que dicho recurso garantice un examen integral de la decisión
recurrida”. Señaló, además, que en igual sentido se podían confrontar, “caso
Cesareo Gómez Vásquez vs. España, Comité de Derechos Humanos de Naciones
Unidas, 69° periodo de sesiones 10-28 de julio de 2000. Dictamen. Comunicación
N° 701/1996, párrafo 11.1.; asunto Reid vs Jamaica, Comité de Derechos Humanos
de Naciones Unidas, asunto George Winston Reid vs. Jamaica, Comunicación No.
355/1989, CCPR/C51/D/355/1989, párrafo 14.3”. Folio 289 del cuaderno de
tutela de primera instancia.
[63]
Folios 289 y 290 del cuaderno de tutela de primera instancia.
[64]
Folio 290 del cuaderno de tutela de primera instancia.
[65]
Pese a que la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia expuso, fundamentalmente, razones que apuntaban a la improcedencia de
la acción de tutela, resolvió negar el amparo.
[66]
El magistrado Ariel Salazar Ramírez salvó el voto.
[67]
Folio 389 vto., del cuaderno de tutela de primera
instancia.
[68]
Folio 390 del cuaderno de tutela de primera instancia.
[69]
Folio 391 del cuaderno de tutela de primera instancia. La
Sala de Casación Civil hizo referencia al auto AP1263 de 3 de abril de 2019,
por medio del cual la Sala de Casación Penal fijó los parámetros para
garantizar el ejercicio del principio de la doble conformidad, mientras el
Congreso de la República regulaba la materia, “en los eventos en que los
tribunales superiores – como jueces penales de segunda instancia –revoquen
absoluciones y dicten sentencias condenatorias”.
[70]
Folio 393 del cuaderno de tutela de primera instancia.
[71]
Folio 395 del cuaderno de tutela de primera instancia.
[72]
Folio 435 del cuaderno de tutela de primera instancia.
[73]
Folio 426 del cuaderno de tutela de primera instancia. Al respecto, indicó que,
en la sentencia T-110 de 2005, la Corte Constitucional señaló que el requisito
de inmediatez no era exigible de manera estricta, cuando, como en su caso, “la
vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho que la
originó por primera vez es muy antiguo respecto de la presentación de la
tutela, la situación desfavorable del actor derivada del irrespeto de sus
derechos, continúa y es actual”.
[74]
Folio 429 del cuaderno de tutela de primera instancia.
[75]
Ibidem.
[76]
Folio 431 del cuaderno de tutela de primera instancia.
[77]
Folio 433 del cuaderno de tutela de primera instancia.
[78]
Folios 3 al 10 del cuaderno de tutela de segunda instancia.
[79]
Folio 9 vto., del cuaderno de tutela de segunda instancia.
[80]
Folio 23 a 23 vto., del cuaderno de revisión ante la
Corte Constitucional.
[81]
Folio 29 del cuaderno de revisión ante la Corte
Constitucional.
[82]
Folios 32 a 33 del cuaderno de revisión ante la Corte
Constitucional.
[83]
“Caja 1, con 6 cuadernos y 19 cd” (estos cd., fueron allegados con
posterioridad), “Caja 2, con 6 cuadernos”, “Caja 3, con 5 cuadernos”, “Caja
4, con 5 cuadernos”, “Caja 5, con 6 cuadernos” y “Caja 6, con 10
cuadernos”. Folio 36 del cuaderno de revisión ante
la Corte Constitucional.
[84]
Ibidem.
[85]
Folios 37 a 49 del cuaderno de revisión ante la Corte
Constitucional.
[86]
Folios 50 a 51 del cuaderno de revisión ante la Corte
Constitucional. Con posterioridad, se puso en conocimiento de estos sujetos los
19 cds. a que se hizo referencia supra. Cfr., fls. 57 a 74.
[87]
Folios 55 a 56 del cuaderno de revisión ante la Corte Constitucional.
[88]
En particular en el parágrafo 1 del artículo 1 del último acuerdo citado se
dispuso: “Parágrafo 1.  Se mantienen suspendidos los términos en la Corte
Constitucional para decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad y la
eventual revisión de acciones de tutela hasta el 30 de julio de 2020; en
consecuencia, los despachos judiciales no remitirán los expedientes de acciones
de tutela a dicha corporación”.
[89]
Auto 308 de 26 de agosto de 2020.
[90] Cfr., sentencias SU-572 de 2019, SU-566 de 2019, SU-454 de
2019 y SU-020 de 2020.
[91] (i) Que se acredite legitimación en la causa; (ii)
que no se cuestione una sentencia de tutela –salvo casos excepcionales–; (iii)
que se acredite una carga suficiente de motivación en cuanto al cumplimiento de
las exigencias de procedibilidad y en cuanto a los presuntos defectos de que
adolece la providencia que se cuestiona; (iv) que se acredite un
ejercicio oportuno –inmediatez–; (v) que se cumpla la exigencia de
subsidiariedad, en cuanto a que se agotaron todos los medios de defensa
judiciales disponibles para cuestionar los presuntos defectos de que adolece la
providencia­­­ y (vi) que se justifique la relevancia constitucional del
cuestionamiento y, por tanto, el carácter decisivo de las irregularidades que
se alegan, en cuanto a la previsible modificación sustancial del sentido de la
providencia que se cuestiona.
[92] Esto es, si la providencia adolece de un defecto (cfr.,
de manera general, la sentencia C-590 de 2005)
material o sustantivo (cfr., entre muchas otras, las sentencias SU-448
de 2011, SU-424
de 2012 y SU-132 de 2013), fáctico (cfr.,
entre muchas otras, las sentencias SU-159 de 2002, SU-226 de 2013 y T-385 de
2018), procedimental (cfr., entre muchas
otras, las sentencias SU-215 de 2016 y T-385 de 2018),
orgánico (cfr., entre otras, las sentencias T-929 de 2008 y SU-447 de 2011), error inducido (cfr.,
entre otras, la sentencia T-863 de 2013), decisión sin motivación (cfr., entre otras, la
sentencia T-709 de 2010), desconocimiento del
precedente (cfr., entre muchas otras, las sentencias C-083
de 1995, C-836 de 2001, C-634 de 2011, C-816 de 2011, C-818 de 2011, C-588 de
2012, SU-023 de 2018 y T-082 de 2018) o
violación directa de la Constitución.
[93] Cfr., las sentencias SU-050 de 2018, SU-573 de 2017,
SU-050 de 2017 y SU-917 de 2010. Más que un elemento adicional o puntual que
debe verificarse, se trata de una carga interpretativa transversal que debe
asumir el juez constitucional, a partir de la cual debe analizar tanto los
requisitos genéricos de procedencia –especialmente importantes para valorar la
relevancia constitucional del caso– como los defectos específicos que se
alegan.
[94] Artículo 10 del
Decreto 2591 de 1991.
[95] Artículos 5 y 13
del Decreto 2591 de 1991.
[96]
Recientemente, la Sala de Casación Penal, por medio del auto AP2118-2020, en
aplicación del derecho a la igualdad, dispuso extender los efectos
de la sentencia SU-146 de 2020, entre otros, “a los ciudadanos sin fuero
constitucional que hayan sido condenados, por primera vez en segunda instancia,
desde el 30 de enero de 2014, por los Tribunales Superiores de Distrito y el
Tribunal Superior Militar”. Entre las reglas señaladas para la procedencia
de la garantía a la doble conformidad, en esos casos, indicó que, si se había
interpuesto, admitido y resuelto de fondo el recurso de casación, había quedado
“satisfecha la doble conformidad judicial y no cabe una nueva impugnación”.
Por lo tanto, en el presente caso, a la fecha no existe recurso alguno que
proceda en contra de la sentencia de casación proferida el 6 de marzo de 2019,
cuestionada por medio de la presente acción de tutela.
[97]
Folio 390 del cuaderno de tutela de primera instancia y
folio 6 vto. del cuaderno de tutela de segunda instancia.
[98]
Según la sentencia de tutela de primera instancia, este
recurso debía interponerse dentro de los tres (3) días siguientes a la
notificación del fallo, de conformidad con el artículo 187 de la Ley 600 de
2000 (folio 390 del cuaderno de tutela de primera instancia).
[99]
La sentencia de tutela de primera instancia cita el auto
AP1263 del 3 de abril de 2019 de la Sala de Casación Penal (folio 390 vto. del
cuaderno de tutela de primera instancia).
[100]
Cfr., folios 391 vto. a 392 del
cuaderno de tutela de primera instancia y folios 7 y 7 vto. del
cuaderno de tutela de segunda instancia
[101]
A manera de ejemplo, en el auto AP4218 del 29 de julio de
2015, la Sala de Casación Penal consideró que la impugnación contra la
sentencia condenatoria proferida en segunda instancia no procedía en el caso
que estudiaba por cuanto “las normas y el tema de la imposibilidad de
impugnar el fallo de condena adoptado por primera vez en segunda instancia aún
mantiene vigencia, dado los efectos diferidos de la sentencia de
constitucionalidad lo que impide cuestionarla en sede del control difuso, pues
la decisión penal hoy cuestionada fue adoptada dentro de ese panorama”.
Asimismo, en el auto AP5174 del 9 de septiembre de 2015, señaló que “se debe
aclarar que la sentencia C-792 de 2014 se refirió exclusivamente a las normas
que en la Ley 906 de 2004 regulan el recurso de apelación contra la sentencia y
el caso de la especie se adelantó con fundamento en la Ley 600 de 2000”.
Por último, en el auto AP5809 del 31 de agosto de 2016, proferido después
de la sentencia condenatoria contra el accionante, la Sala de Casación Penal
negó un recurso de queja interpuesto contra el auto que negó la apelación en
contra de la sentencia condenatoria proferida en segunda instancia, por una
parte, porque “la decisión contra la cual se pretendió promover la apelación
es una sentencia emitida por un Tribunal de Distrito Judicial en sede de
segunda instancia, providencia que no es susceptible de discusión ante el
superior, al menos a través del recurso ordinario. (…) Por lo tanto, como en
relación con la sentencia de segundo grado proferida contra […] y […] no es
procedente el recurso de apelación, tampoco lo es, en consecuencia lógica, el
de queja”. Por otra parte, por cuanto, según la sentencia SU-215 de 2016,
los efectos de la sentencia C-792 de 2014 solo aplicaban a casos regidos por la
Ley 906 de 2004.
[102]
El comunicado de prensa con el cual la Corte Constitucional
dio a conocer el sentido de la sentencia SU-215 de 2016 precisó: “la
resolución de la sentencia C-792 de 2014 solo es aplicable a los casos que
reúnan tres condiciones: (i) que se trate de condenas impuestas por primera vez
en segunda instancia, (ii) en procesos penales ordinarios regulados por la Ley
906 de 2004, (iii) y respecto de providencias que no se encuentren
ejecutoriadas para el 24 de abril de 2016”. Vale la pena aclarar que, a
partir de la sentencia SU-217 de 2019, la Corte Constitucional ha afirmado que
la garantía de la doble conformidad aplica también a los casos regulados por la
Ley 600 de 2000.
[103]
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Auto AP1263
del 3 de abril de 2019.
[104]
Similar consideración realizó la Sala Plena en la sentencia
SU-397 de 2019, en la que argumentó que “la falta de disposiciones
constitucionales que dieran claridad sobre la competencia para resolver el
recurso de impugnación y la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia que negaba la existencia del derecho a impugnar la
primera sentencia condenatoria dictada en segunda instancia son circunstancias
que, aunadas a las ya descritas, obligaron al accionante a agotar la vía
ordinaria mediante la interposición del recurso extraordinario de casación”.
[105]
El artículo 220 de la Ley 600 de 2000 establece que “La
acción de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas, en los
siguientes casos: || 1. Cuando se haya condenado o
impuesto medida de seguridad a dos o más personas por una misma conducta
punible que no hubiese podido ser cometida sino por una o por un número menor
de las sentenciadas. || 2. Cuando se hubiere
dictado sentencia condenatoria o que imponga medida de seguridad, en proceso
que no podía iniciarse o proseguirse por prescripción de la acción, por falta
de querella o petición válidamente formulada, o por cualquier otra causal de
extinción de la acción penal. || 3. Cuando después de la sentencia
condenatoria aparezcan hechos nuevos o surjan pruebas, no conocidas al tiempo
de los debates, que establezcan la inocencia del condenado, o su
inimputabilidad.|| 4. Cuando con posterioridad a la sentencia se
demuestre, mediante decisión en firme, que el fallo fue determinado por una
conducta típica del juez o de un tercero.|| 5. Cuando se demuestre, en
sentencia en firme, que el fallo objeto de pedimento de revisión se fundamentó
en prueba falsa. || 6. Cuando mediante pronunciamiento judicial, la
Corte haya cambiado favorablemente el criterio jurídico que sirvió para sustentar
la sentencia condenatoria.|| Lo dispuesto en los numerales 4 y 5 se
aplicará también en los casos de preclusión de la investigación, cesación de
procedimiento y sentencia absolutoria.
[106] Cfr., sentencias T-412 de 2018, SU-439 de 2017 y SU-499 de 2016.
[107] En las sentencias SU-057 de 2018 y SU-037 de 2019 se
indicó que, en términos generales, el plazo oportuno para presentar solicitudes
de amparo en contra de providencias judiciales es de seis (6) meses, luego de
lo cual puede declararse la improcedencia de la acción, a menos que, atendiendo
a las particularidades del caso sometido a revisión, se encuentren
circunstancias que justifiquen la inactividad del accionante.
[108] Cfr., entre otras, las sentencias C-590 de 2005, T-594 de
2008, T-328 de 2010, T-860 de 2011, T-246 de 2015, T-265 de 2015, SU-057
de 2018, T-412 de 2018, SU-037 de 2019 y
SU-020 de 2020.
[109]
Folio 389 vto. del cuaderno de tutela de primera
instancia.
[110]
Folio 389 vto. del cuaderno de tutela de primera
instancia.
[111]
Folio 1 del cuaderno de tutela de primera instancia.
[112]
Folio 9 del cuaderno de tutela de primera instancia.
[113]
Cfr., la sentencia C-590 de 2005.
[114]
Cfr., las sentencias T-335 de 2000, T-1044 de 2007 y T-406 de 2014.
[115]
Cfr., la sentencia T-102 de 2006.
[116]
Con relación a estas razones, cfr., las sentencias T-385 de 2018 y
SU-454 de 2019.
[117]
Es pertinente aclarar que en el presente asunto la censura es relativa a si la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia habría debido garantizar
o no el presunto derecho a la “doble conformidad” del accionante, no tanto a
si, para la fecha en que se profirió la sentencia condenatoria en segunda
instancia, era procedente o no el reconocimiento de la citada garantía. Por su
similitud fáctica, la Sala sigue la valoración acerca de este mismo aspecto –“relevancia
constitucional del caso y de la presunta irregularidad”– contenida en la
sentencia SU-454 de 2019. En dicho precedente se indicó: “Es pertinente
aclarar que en el presente asunto la censura es relativa a si la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia habría debido garantizar o no el
presunto derecho a la ‘doble conformidad’ de los accionantes, al resolver los
respectivos recursos de casación, no tanto si para la fecha en que se
profirieron las sentencias de segunda instancia, por los respectivos tribunales
superiores (que presuntamente corresponden a las primeras sentencias
condenatorias), era procedente o no el reconocimiento de la citada garantía”.
[118]
Folios 115 a 120 del expediente del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cartagena.
[119]
Folio 133 del expediente del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cartagena.
[120]
Frente a este último aspecto, el accionante nunca solicitó
directamente a la Sala de Casación Penal que se pronunciara acerca de la
garantía de doble conformidad. En su criterio, la Sala debió hacerlo por
cuanto, para el momento en que profirió la sentencia, estaban dadas las
siguientes circunstancias: “(i) la existencia PREVIA de solicitudes de esta
defensa en tal sentido [no presentadas ante la Sala de Casación Penal];
la existencia PREVIA de una nueva redacción del artículo constitucional, (iii)
la existencia PREVIA de un importante precedente o sentencia hito que ORDENABA
la aplicación de la garantía de la DOBLE CONFORMIDAD para casos que son
asimilables al presente, y (iv) la existencia PREVIA de diversos
pronunciamientos para casos asimilables al presente donde se reconoce y aplica
la garantía de la DOBLE CONFORMIDAD” (Acción de tutela. Folio 26 del
cuaderno de tutela de primera instancia, al referir la causal de decisión sin
motivación).
[121]
Tal como se precisó en los epígrafes 4 y 6 del apartado de “I. Antecedentes”,
mediante la providencia del 7 de junio de 2019, la
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia “negó” el amparo
solicitado, al considerar que la tutela era improcedente porque no habría
cumplido los requisitos de inmediatez y subsidiariedad. Esta decisión fue
confirmada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en
sentencia del 31 de julio de 2019 ya que, “Conforme a lo explicado, se
respaldará la desestimación de auxilio dada su improcedencia, por haberse
desatendido los requisitos de la inmediatez y la subsidiariedad” (folio 9
vto., del cuaderno de tutela de segunda instancia).
[122]
La sentencia C-792 de 2014 fue notificada mediante el edicto
049, fijado el 22 de abril de 2015 y desfijado el 24 de abril del mismo año.
Por tanto, el plazo fijado en el resolutivo segundo de la sentencia en cita
venció el 24 de abril de 2016. Solo hasta la expedición del Acto Legislativo 01
de enero 18 de 2018, “Por medio del cual se modifican los
artículos 186, 234 y 235 de la Constitución Política y se implementan el
derecho a la doble instancia y a impugnar la primera sentencia condenatoria.”, el Congreso de la República dio cumplimiento al exhorto de que
trata la sentencia en cita.
[123]
En esta sentencia se indicó que la garantía de la doble conformidad, en los
términos desarrollados en la sentencia C-792 de 2014, no resultaba procedente
en actuaciones penales finalizadas antes del vencimiento del término que fijó
la Corte en el resolutivo segundo de dicha providencia de constitucionalidad,
ni para procesos diferentes a los regidos por la Ley 906 de 2004, como tampoco
para aquellos supuestos en los que la “primera sentencia condenatoria”
se hubiese impuesto en casación. Allí se concluyó: “19. En síntesis, el asunto de los tutelantes no se encuentra regulado
por la sentencia C-792 de 2014, por los siguientes motivos. Primero, porque el
11 de marzo de 2015, fecha en la cual se expidió el fallo que condenó a los
actores en casación, aún no se había cumplido el plazo del exhorto emitido por
la Corte Constitucional para que el legislador regulara la materia, y cuyo
advenimiento supone que las personas tendrán, por ministerio de la
Constitución, el derecho a impugnar integralmente la condena impuesta por
primera vez en segunda instancia. Segundo, porque en consecuencia la sentencia
C-792 de 2014 solo resolvió el problema de las condenas impuestas por primera vez
en segunda instancia, y no el de las que se imponen por primera vez en
casación, asunto que merece una consideración especial distinta, conforme se
anotará. Tercero, porque la mencionada decisión solo versó sobre normas
contenidas en la Ley 906 de 2004 ‘por la cual se expide el Código de
Procedimiento Penal’, y no sobre disposiciones de la Ley 600 de 2000 ‘por la
cual se expide el Código de Procedimiento Penal’, y fueron estas últimas las
que se aplicaron al caso de los tutelantes. Cuarto, en vista de que el fallo
citado no es exactamente aplicable, por los motivos anteriores, puede decirse
que la tutela de los peticionarios se sujeta a la solución constitucional ya
definida en la sentencia C-998 de 2004, que sí abordó el problema de
constitucionalidad de las condenas impuestas por primera vez en casación, en el
marco de la Ley 600 de 2000”.
[124]
En esta providencia, a diferencia de la tesis unificada en la sentencia SU-215
de 2016, la Sala Plena extendió los efectos en el tiempo de la garantía de la
doble conformidad a los procesos penales regidos por la Ley 600 de 2000, a
pesar de que en estos procesos la garantía solo amparaba a las sentencias
condenatorias proferidas con posterioridad a la entrada en vigencia del Acto
Legislativo 01 de 2018. Este cambio jurisprudencial se fundamentó en las
siguientes razones: “No es admisible, en
consecuencia, sostener que el precedente de la Sentencia C-792 de 2014 sea
aplicable exclusivamente a personas condenadas mediante el procedimiento
regulado en la Ley 906 de 2004. En primer lugar, porque resultaría violatorio
del derecho a la igualdad el que unas personas puedan ejercer la garantía
constitucional de impugnar la condena que se les imponga y otras no puedan
hacerlo, por razón de la ley procesal aplicable. En segundo lugar, la Sentencia C-792 de 2014 es explícita en señalar que la
omisión del legislador no se limita a las hipótesis planteadas en el proceso de
constitucionalidad, es decir, a la Ley 906 de 2004, sino que la ‘falencia se
proyecta en todo el proceso penal’, razón por la que el exhorto hecho al
legislador en la Sentencia C-792 de 2014, se refiere a que ‘regule
integralmente el derecho a impugnar todas las sentencias condenatorias’.”.
En todo caso, la Sala Plena mantuvo la subregla jurisprudencial según la cual
en tales procesos –los regidos por la Ley 600 de 2000– la garantía a la doble
conformidad solo era procedente respecto de las “primeras sentencias
condenatorias” que se hubiesen proferido con posterioridad al vencimiento
del plazo fijado en el resolutivo segundo de la sentencia C-792 de 2014. En el
caso decidido por la Sala, la “primera sentencia condenatoria” se
profirió el 28 de junio de 2016.
[125]
El problema jurídico resuelto por la Sala Plena en esta providencia fue el
siguiente: “¿La decisión de la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia del 13 de febrero de 2019, que rechazó
por improcedente la impugnación propuesta por el tutelante contra la sentencia
condenatoria proferida en su contra, en única instancia, el 16 de julio de 2014
como aforado constitucional, incurrió en violación directa de la Constitución
por desconocer su derecho al debido proceso, en particular, la garantía a
impugnar la sentencia condenatoria conforme a lo dispuesto en los artículos 29
y 93 de la Constitución Política, 14.5. y 15 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, y 8.2.h. y 9 de la Convención Americana sobre
derechos humanos?”. La Corte consideró que el citado defecto sí se
había configurado en la medida en que, “el momento determinante para considerar
la viabilidad del reconocimiento del derecho a la impugnación al accionante, a
través [sic] de un mecanismo amplio e integral, debía ser el 30 de enero de
2014, fecha en la cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la
Sentencia en el caso Liakat Ali Alibux vs. Suriname. El estándar allí previsto,
se estimó, refleja el alcance del derecho previsto en la Convención Americana
en el artículo 8.2.h., instrumento que hace parte del bloque de
constitucionalidad en sentido estricto y que es vinculante para el Estado
colombiano (párrafo 222, supra)”.
[126]
En esta sentencia, le correspondió a la Corte resolver un caso relacionado con
el presunto desconocimiento de la garantía a la doble conformidad respecto de
una “primera sentencia condenatoria” proferida en casación, luego de la
entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2018. En este caso, la Sala
declaró la carencia actual de objeto por hecho superado, dado que, “encontrándose el proceso de tutela en trámite de revisión, la propia
autoridad judicial accionada [Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia] dispuso un mecanismo de impugnación especial de la sentencia
condenatoria”.
[127]
En esta providencia, la Sala Plena indicó que la garantía también podía
plantearse en relación con las sentencias condenatorias proferidas con
fundamento en las normas procesales contenidas en la Ley 600 de 2000, emitidas
en única instancia –como era el caso de los aforados constitucionales, v.
gr. los congresistas–, luego de la entrada en vigencia del Acto Legislativo
01 de 2018. En el caso resuelto por la Corte Constitucional, la sentencia
condenatoria en única instancia se había emitido el día 31 de mayo de 2018. En
particular, se señaló: “Conforme a lo expuesto, el articulado del Acto
Legislativo 01 de 2018 zanjó una primera discusión normativa en torno al
alcance del derecho a impugnar la primera sentencia condenatoria, pues
determinó el funcionamiento esencial del mecanismo y atribuyó el conocimiento
del recurso a la Sala de Casación penal de la Corte Suprema de Justicia. ||
Además, dado que, como se indicó, esta reforma constitucional prevé la
posibilidad de impugnar las sentencias condenatorias que se dicten en contra de
miembros del Congreso, resulta lógico concluir, en concordancia con el ya citado
artículo 533 de la Ley 906 de 2004, que actualmente este derecho también es
exigible en los procesos que se tramitan bajo la Ley 600 de 2000, al menos en
los eventos en que el procesado es un congresista”.
[128]
En estas dos sentencias, como se precisa seguidamente, la Sala Plena consideró
que no era necesario habilitar un mecanismo retroactivo para garantizar la
impugnación de las sentencias condenatorias si, materialmente, este derecho
podía garantizarse mediante otros mecanismos judiciales. En los casos decididos
en tales sentencias, este derecho se garantizó mediante la resolución del
recurso extraordinario de casación.
[129]
En esta providencia, la Sala Plena afirmó, respecto del derecho a impugnar el
fallo condenatorio, lo siguiente: “Se trata evidentemente
de un fundamento constitucional que resulta aplicable no sólo a las condenas
impuestas mediante el procedimiento de la Ley 906 de 2004 sino, de conformidad
con el artículo 29 de la Constitución y las disposiciones precitadas de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos y del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, a todas las sentencias condenatorias proferidas
mediante cualquier régimen procesal penal”. Por
otro lado, en cuanto a la aplicación de la garantía de la doble conformidad a
casos adelantados bajo la Ley 600 de 2000, se han proferido las sentencias
SU-397 de 2019 y SU-454 de 2019, en las que la Corte Constitucional estudió la
posible vulneración de la precitada garantía en casos tramitados de conformidad
por dicha ley, cuando aún no se había proferido el Acto Legislativo 01 de 2018.
[130]
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2016.
[131]
Ibid.
[132]
La primera sentencia condenatoria contra Miguel Ángel Nule Amín se profirió el
6 de abril de 2016 y se notificó mediante edicto el 17 de agosto de 2016 (cfr.,
folio 112 del expediente del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cartagena). Adicionalmente, el artículo 187 de la Ley 600 de
2000 establece que “Las providencias quedan ejecutoriadas tres (3)
días después de notificadas si no se han interpuesto los recursos legalmente
procedentes. || La que decide los recursos de
apelación o de queja contra las providencias interlocutorias, la consulta, la
casación, salvo cuando se sustituya la sentencia materia de la misma y la
acción de revisión quedan ejecutoriadas el día en que sean suscritas por
el funcionario correspondiente. || Las
providencias interlocutorias proferidas en audiencia o diligencia quedan
ejecutoriadas al finalizar ésta, salvo que se hayan interpuesto recursos. Si la
audiencia o diligencia se realizare en varias sesiones, la ejecutoria se
producirá al término de la última sesión”.
[133]
La sentencia C-792 de 2014 fue notificada mediante el edicto
049, fijado el 22 de abril de 2015 y desfijado el 24 de abril del mismo año.
Por tanto, el plazo fijado en el resolutivo segundo de la sentencia en cita
venció el 24 de abril de 2016.
[134]
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Herrera Ulloa vs.
Costa Rica. Sentencia del 2 de julio de 2004.
[135]
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Norín Catrimán y otros
(Dirigentes, Miembros y Activistas del Pueblo Indígena Mapuche) vs.
Chile. Sentencia del 29 de mayo de 2014. Para fundamentar esta inferencia, de
manera abstracta, en este mismo caso, la Corte Interamericana había precisado: “297.
La Corte considera que los elementos aportados no son suficientes para concluir
que la causal del artículo 374.e) del Código Procesal Penal no cumple con el
estándar de recurso eficaz garantizado en el artículo 8.2.h de la Convención en
lo que respecta a su amplitud para comprender la impugnación de cuestiones
fácticas por medio de argumentaciones referidas al juicio probatorio realizado
por el tribunal inferior. Tomando en cuenta que existen mutuas implicaciones
entre las dimensiones fáctica, probatoria y jurídica de la sentencia penal
(supra párr.  270.d), la Corte considera que, no siendo una conclusión
derivable del texto de la causal referida, no ha sido probado que bajo la misma
no sea posible impugnar cuestiones relativas a la base fáctica del fallo por
medio del examen del juicio probatorio del mismo. Por lo tanto, la Corte
concluye que en el presente caso el Estado no violó el deber de adoptar
disposiciones de derecho interno, establecido en el artículo 2 de la Convención
Americana, en relación con el derecho de recurrir del fallo consagrado en el
artículo8.2.h de la misma, en perjuicio de las ocho presuntas víctimas del
presente caso”.
[136]
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Zegarra Marín vs. Perú.
Sentencia del 15 de febrero de 2017. Allí precisó: “172.  Además, el
Tribunal ha sostenido que el artículo 8.2 (h) de la Convención se refiere a un
recurso ordinario accesible y eficaz, es decir que no debe requerir mayores
complejidades que tornen ilusorio este derecho. En ese sentido, las formalidades
requeridas para que el recurso sea admitido deben ser mínimas y no deben
constituir un obstáculo para que el recurso cumpla con su fin de examinar y
resolver los agravios sustentados por el recurrente, es decir que debe procurar
resultados o respuestas al fin para el cual fue concebido. ‘Debe entenderse
que, independientemente del régimen o sistema recursivo que adopten los Estados
Partes y de la denominación que den al medio de impugnación de la sentencia
condenatoria, para que éste sea eficaz debe constituir un medio adecuado para
procurar la corrección de una condena errónea […]. Consecuentemente, las
causales de procedencia del recurso deben posibilitar un control amplio de los
aspectos impugnados de la sentencia condenatoria’.”.
[137]
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Amrhein y otros
vs. Costa Rica. Sentencia del 25 de abril de 2018.
[138] Una interpretación semejante a la
propuesta por la Corte Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos
Humanos había sido adoptada por el Comité
de Derechos Humanos de la Organización
de Naciones Unidas, en
ejercicio de la competencia de que trata el numeral 4 del artículo 5 del Protocolo Facultativo
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en respuesta a las
comunicaciones de George Winston Reid (quien alegó una presunta violación de
sus derechos humanos por parte de Jamaica)
y Cesario Gómez Vázquez (quien
alegó una presunta violación de sus derechos humanos por parte de España). En el primer caso, indicó:
“14.3 En cuanto a las acusaciones
ante el Tribunal de Apelación, el Comité recuerda que en el párrafo 5 del
artículo 14 se establece que toda persona declarada culpable de un delito
tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto
sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley. El
Comité considera que, si bien las modalidades de la apelación pueden diferir
según el ordenamiento jurídico interno de cada Estado parte, con arreglo al
párrafo 5 del artículo 14 todo Estado parte tiene la obligación de reexaminar
en profundidad el fallo condenatorio y la pena impuesta. En el caso presente,
el Comité considera que las condiciones de la desestimación de la solicitud de
permiso para apelar del Sr. Reid, sin motivación y sin fallo escrito,
constituyen una violación del derecho garantizado en el párrafo 5 del artículo
14 del Pacto”
(Comunicación No. 355/1989: Jamaica. 20/07/94).
En el segundo caso, indicó: “11.1 En cuanto a si el autor ha sido
objeto de una violación del párrafo 5 del artículo 14 del Pacto, porque su
condena y sentencia solamente han sido revisadas en casación ante el Tribunal
Supremo, en lo que su abogado, siguiendo los parámetros establecidos en los
artículos 876 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, denomina un
recurso incompleto de revisión, el Comité toma nota de la alegación del Estado
Parte de que el Pacto no exige que el recurso de revisión se llama de
apelación. No obstante [sic] el Comité pone de manifiesto que al margen de la
nomenclatura dada al recurso en cuestión este ha de cumplir con los elementos
que exige el Pacto. De la información y los documentos presentados por el
Estado Parte no se refuta la denuncia del autor de que su fallo condenatorio y
la pena que le fue impuesta no fueran revisados íntegramente. El Comité
concluye que la inexistencia de la posibilidad de que el fallo condenatorio y
la pena del autor fueran revisadas íntegramente, como se desprende de la propia
sentencia de casación citada en el punto 3.2, limitandose [sic] dicha revisión
a los aspectos formales o legales de la sentencia, no cumple con las garantías
que exige el párrafo 5, artículo 14, del Pacto. Por consiguiente, al autor le
fue denegado el derecho a la revisión del fallo condenatorio y de la pena, en
violación del párrafo 5 del artículo 14 del Pacto” (Comunicación
Nº 701/1996: Spain. 11/08/2000).
[139] Cfr.,
la sentencia C-792 de 2014.
[140]
El artículo 208 de la Ley 600 de 2000 dispone: “Cuando la
casación tenga por objeto únicamente lo referente a la indemnización de perjuicios
decretados en la sentencia condenatoria deberá tener como fundamento las
causales y la cuantía establecidas en las normas que regulan la casación civil,
sin consideración a la pena señalada para el delito o delitos”.
[141]
La defensa de Miguel Ángel Nule Amín presentó doce (12)
cargos contra la sentencia proferida el 6 de abril de 2016 por la Sala Penal
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena. Tres (3) de estos los
presentó como principales y los nueve (9) restantes como subsidiarios. En
síntesis, invocó la causal 3ª de casación –de nulidad– para sustentar el primer
cargo principal y la causal 1ª de casación –de violación indirecta de la ley
sustancial por error de hecho– para sustentar los otros dos (2) cargos
principales y los nueve (9) cargos subsidiarios.
[142]
La demanda de casación se contiene en un cuaderno independiente y adjunto al
expediente de casación ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia, en un total de 266 páginas.
[143]
Folios 8 al 22 de la demanda de casación.
[144]
Folio 9 de la demanda de casación.
[145]
Folio 15 de la demanda de casación.
[146]
Folios 25 al 51 de la demanda de casación.
[147]
Folio 25 de la demanda de casación.
[148]
El casacionista señaló que el testigo cambió su versión de los hechos en cada
declaración, así: en el año 2008, “desmarca a cualquier ganadero de
responsabilidad en los hechos conocidos como la ‘Masacre de Macayepo’”
(folio 33 de la demanda de casación) y asume, junto con alias Cadena, su
responsabilidad, al tiempo que aclara que el móvil fue asesinar a integrantes y
colaboradores de la guerrilla (folios 29 a 33 y 40 de la demanda de casación).
En el año 2009, al declarar por segunda vez, señaló que la masacre tuvo como
propósito recuperar un ganado hurtado a Joaquín García, que se encontraba en la
finca de Miguel Ángel Nule Amín, a quien no involucró con la masacre (folios
33, 34 y 40 de la demanda de casación). Solo en la tercera y cuarta declaración
involucró al procesado con los hechos (folios 34 y 37 de la demanda de
casación), pero en la audiencia pública precisó que fue Joaquín García, por
intermedio de alias Cadena, quien dio la orden de llevar a cabo la
masacre (folios 35 al 37 y 41 de la demanda de casación).
[149]
Específicamente, alias Pitirri, alias Diego Vecino y alias Amaury.
[150]
Folio 39 de la demanda de casación.
[151]
Folio 37 de la demanda de casación.
[152]
Folios 52 a 86 de la demanda de casación.
[153]
Folio 77 de la demanda de casación.
[154]
Folio 78 de la demanda de casación.
[155]
Folios 87 a 105 de la demanda de casación.
[156]
Folios 106 a 125 de la demanda de casación.
[157]
Folios 127 a 143 de la demanda de casación
[158]
Folios 145 a 161 de la demanda de casación
[159]
Se trató de la investigación penal precluída “en contra del aquí procesado
por el delito de Concierto para delinquir por supuestos vínculos con las
Autodefensas”, en la que el citado funcionario “confirmó la preclusión de
la investigación”, y en la que se refirió en los siguientes términos a la
citada interceptación telefónica: “[…] ‘Lo que surge de dicha conversación
telefónica es que Miguel Ángel Nule Amín solicitó el apoyo e intervención de
las fuerzas armadas, para la recuperación de unos semovientes, no que se
pidiera la intervención de grupos de autodefensas para ese efecto, lo que
conduce a inferir que no había asociación con éstos [sic], sino que contaba con
el apoyo de las autoridades’.” (folio 152 de la demanda de casación).
[160]
En dicho proceso penal, identificado con el radicado 32.805, al valorar la
citada interceptación telefónica, la Corte Suprema de Justicia señaló: “‘…
Para la Corte las frases del diálogo relativas a la gestión que el ex senador
iba a realizar al día siguiente ‘con el coronel’, sin duda hacen referencia al
pedido para lograr el movimiento de las tropas del Ejército Nacional, en orden
a despejar la zona por la que incursionarían los paramilitares mencionada al
final del diálogo […]’” (folio 152 de la demanda de casación).
[161]
El recurrente resaltó que, en los alegatos de conclusión, la Procuraduría
solicitó la absolución del procesado y señaló: “‘[…] yo acepto [sic] pero yo
nunca voy a entender eso señor juez, de que de esa grabación yo pueda llegar a
la conclusión de que el señor NULE AMÍN estaba refiriéndose a fuerzas
irregulares […] siempre que se habla de tropa se está hablando de fuerzas
regulares y entonces qué pecado puede cometer una persona que ni siquiera
estaba hablando, que no es lo mismo, que ni siquiera estaba hablando…’”
(folio 154 de la demanda de casación). En relación con la interpretación
que hizo el magistrado disidente acerca de la interceptación telefónica en
cita, el casacionista resaltó lo siguiente: “‘… Valga manifestar, que a mi
juicio ni siquiera de la mentada interceptación hecha a la conversación entre
ÁLVARO y JOAQUÍN GARCÍA, puede tener fuerza vinculante para MIGUEL ÁNGEL NULE.
Ha de resaltar que en el proceso obra declaración dada por DULLY RUBIO, persona
conocedora de tales detalles técnicos y esta persona no pudo afirmar
categóricamente que la expresión ‘meter la tropa’ conduzca inexorablemente a
pensar que se habla de fuerzas no legítimas del Estado […]’”. Folio 155 de
la demanda de casación.
[162]
Folios 163 a 171 de la demanda de casación.
[163]
El casacionista resaltó el siguiente aparte de la declaración del señor Nule
Amín que, al parecer, habría sido fragmentado por el Tribunal, y, por tanto,
habría servido para tergiversar su versión: “‘… lo, lo conocí naturalmente,
antes de, de…, desde hace tiempo, porque él era una persona conocida ahí y yo
tenía y lo dije también una gasolinera y él llegaba allá a veces a poner
combustible en la gasolinera a la salida de Tolú, así que no…, sin
absolutamente ningún vínculo con él, ninguno, ni charlas, ni conversaciones de
ninguna naturaleza…’”.  Folio 166 de la demanda de casación.
[164]
Folios 173 a 192 de la demanda de casación.
[165]
Donde, según señala el casacionista, “al parecer, queda ubicado el sitio
‘Casa Fantasma’”. Folio 178 de la demanda de casación.
[166]
En particular, las de Juan Carlos Fernández Dajud, Luis Eduardo Paternina
Amaya, Gustavo Adolfo Tulena Tulena, Jaime Enrique Quessep Esguerra y Rodrigo
de Jesús Dajud García.
[167]
Folios 194 a 208 de la demanda de casación.
[168]
El recurrente se refirió a la investigación que se adelantó en contra de Miguel
Ángel Nule Amín ante la Fiscalía 25 de la Unidad Nacional contra el Terrorismo,
bajo el radicado 3.793, que culminó con preclusión de la investigación. A fin
de demostrar que en este expediente penal se había determinado que su prohijado
no tenía vínculos con las autodefensas, y que de haberse valorado por el
Tribunal, “habría contado con un elemento menos para corroborar el
testimonio del falsiario alias ‘JUANCHO DIQUE’ y, por el contrario, se habría
hallado una prueba que demostraba la ajenidad de mi prohijado con estos hechos,
y la sentencia de segundo grado, tendría que haber CONFIRMADO la de primer grado”
(folio 205 de la demanda de casación).
[169]
Folios 210 a 223 de la demanda de casación.
[170]
Específicamente Gustavo Adolfo Tulena Tulena, Jaime Enrique Quessep Esguerra,
Rodrigo de Jesús Dajud García y Luis Eduardo Paternina Amaya.
[171]
Folios 224 a 260 de la demanda de casación.
[172]
Folio 245 de la demanda de casación.
[173]
Ibidem. En los folios 257 a 258 de la demanda de casación, el
casacionista resaltó que la poca fiabilidad del testimonio se demostraba
porque: (i) mientras que el testigo señaló que la masacre tuvo como
propósito recuperar un ganado, del resto de las pruebas se podía inferir que se
trató de “un capítulo más de la lucha por el control territorial entre
guerrillas de izquierda y autodefensas”. (ii) Mientras que el
testigo afirmó en sus versiones de 2010 y 2012 que la masacre se realizó para
recuperar un ganado, en 2008 dijo que no habían participado ganaderos, en tanto
“este luctuoso suceso no era sino un capítulo más de la lucha por el control
territorial”. (iii) A pesar de que el testigo afirmó que la finca
Santa Helena era de propiedad del procesado, se demostró que la familia Nule la
había vendido antes de los hechos de la masacre. (iv) El testigo “está
puesto en tela de juicio por la Corte Suprema dentro del caso de la exsenadora
PIEDAD ZUCCARDI”.
[174]
Folio 241 de la demanda de casación.
[175]
La sentencia de casación obra en los folios 120 a 219 del expediente de
casación ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en un
total de 100 páginas.
[176]
Folio 8 del cuaderno de tutela de segunda instancia.
[177]
Página 26 de la sentencia de casación, visible a folio 145 del expediente de
casación ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
[178]
Ibidem.
[179]
Página 30 de la sentencia de casación, visible a folio 149 del expediente de
casación ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
[180]
Página 32 de la sentencia de casación, visible a folio 151 del expediente de
casación ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
[181]
Página 34 de la sentencia de casación, visible a folio 153 del expediente de
casación ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
[182]
Página 38 de la sentencia de casación, visible a folio 157 del expediente de
casación ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
[183]
Página 45 de la sentencia de casación, visible a folio 164 del expediente de
casación ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
[184]
Página 39 de la sentencia de casación, visible a folio 158 del expediente de
casación ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
[185]
Páginas 39 y 40 de la sentencia de casación, visibles a folio 158 y 159 del
expediente de casación ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia.
[186]
Páginas 40 y 41 de la sentencia de casación, visible a folios 159 y 160 del
expediente de casación ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia.
[187]
Página 41 de la sentencia de casación, visible a folio 160 del expediente de
casación ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
[188]
Ibidem.
[189]
Páginas 41 a 43 de la sentencia de casación, visible a folios 160 y 162 del
expediente de casación ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia.
[190]
Páginas 42 a 43 de la sentencia de casación, visibles a folios 161 a 162 del
expediente de casación ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia.
[191]
Páginas 43 y 44 de la sentencia de casación, visibles a folios 162 y 163 del
expediente de casación ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia.
[192]
Página 48 de la sentencia de casación, visible a folio 167 del expediente de
casación ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
[193]
Ibidem.
[194]
Página 49 de la sentencia de casación, visible a folio 168 del expediente de
casación ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
[195]
Página 50 de la sentencia de casación, visible a folios 169 del expediente de
casación ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
[196]
Páginas 50 y 51 de la sentencia de casación, visibles a folios 169 y 170 del
expediente de casación ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia.
[197]
Página 96 de la sentencia de casación, visible a folio 215 del expediente de
casación ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
[198]
Página 53 de la sentencia de casación, visible a folio 172 del expediente de
casación ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
[199]
Página 55 de la sentencia de casación, visible a folio 174 del expediente de
casación ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
[200]
Página 62 de la sentencia de casación, visible a folio 181 del expediente de
casación ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
[201]
Página 61 de la sentencia de casación, visible a folio 180 del expediente de
casación ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
[202]
Página 68 de la sentencia de casación, visible a folio 187 del expediente de
casación ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
[203]
Página 64 de la sentencia de casación, visible a folio 183 del expediente de
casación ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
[204]
Páginas 64 a 65 de la sentencia de casación, visibles a folios 183 a 184 del
expediente de casación ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia.
[205]
Páginas 65 a 66 de la sentencia de casación, visibles a folios 184 a 185 del
expediente de casación ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia.
[206]
Página 66 de la sentencia de casación, visible a folio 185 del expediente de
casación ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
[207]
Páginas 66 y 67 de la sentencia de casación, visibles a folios 185 y 186 del
expediente de casación ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia.
[208]
Página 68 de la sentencia de casación, visible a folio 187 del expediente de
casación ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
[209]
Página 69 de la sentencia de casación, visible a folio 188 del expediente de casación
ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
[210]
Página 73 de la sentencia de casación, visible a folio 192 del expediente de
casación ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
[211]
Página 76 de la sentencia de casación, visible a folio 195 del expediente de
casación ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
[212]
Página 75 de la sentencia de casación, visible a folio 194 del expediente de
casación ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
[213]
Páginas 75 a 76 de la sentencia de casación, visibles a folios 194 a 195 del
expediente de casación ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia. Seguidamente, la Corte Suprema de Justicia indicó: “En realidad se
trata de un testigo que, según él mismo lo reconoce, interactúo con
diferentes personas asociadas a los grupos paramilitares y, con ello, asumió el
papel de informante sobre actividades y movimientos desarrollados alrededor del
fenómeno del paramilitarismo, lo cual, sin embargo, no hace que su versión
sobre lo sucedido en la masacre prevalezca sobre la brindada por quienes
intervinieron de manera directa en su planeación y ejecución. Por lo tanto, no
es posible que bajo esas circunstancias pueda ser ofrecida como prueba de
refutación de los testimonios de Úber Enrique Bánquez Marínez, alias ‘Juancho
Dique’, y Yairsiño Mesa Mercado, alias ‘El Gato’”. Página 76 de la
sentencia de casación, visible a folio 195 del expediente de casación ante la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
[214]
La Sala de Casación Penal recordó que en dicha oportunidad se precluyó la
investigación a favor de Miguel Ángel Nule Amín por las siguientes razones: “Según
se puede verificar en el texto de aquellas decisiones, los hechos estuvieron
relacionados con la comprobada participación del procesado en dos reuniones
celebradas en la ciudad de Medellín y en la finca ‘Las Canarias’, ubicada en
Sucre y que era de su propiedad, llevadas a cabo entre los años 1996 y 1997, y
que tuvieron como objeto promover la creación de grupos de autodefensas en
aquel departamento. || No obstante, se estimó por la Fiscalía que existía una
suerte de ambigüedad sobre el motivo de la reunión, por cuanto por aquella
época llegaron a coexistir los grupos de Convivir, legalmente conformados, y
grupos paramilitares ilegales, encaminados ambos a trazar estrategias
defensivas contra las actividades ilícitas de los grupos guerrilleros que
operaban en los Montes de María”. Página 78 de la sentencia de casación, visible
a folio 197 del expediente de casación ante la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia.
[215]
Página 79 de la sentencia de casación, visible a folio 198 del expediente de
casación ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
[216]
Según indicó la Corte Suprema de Justicia, “Se trata de la conversación
sostenida vía telefónica entre García Romero y García Rodríguez captada
incidentalmente por la Policía Nacional –SIPOL– el 6 de octubre de 2000,
transcrita e incluida en un informe de inteligencia del día siguiente, que ya
la Corte, en distintas decisiones, juzgó legal […]”. Página 79 de la
sentencia de casación, visible a folio 198 del expediente de casación ante la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
[217]
Parte del contenido de la citada grabación –que, por demás, la Corte Suprema de
Justicia declaró legal en otras decisiones, según se indicó supra–, es
el siguiente: “Álvaro García: Ah, mira, eso sí puedo [sic] hacer lo
siguiente Joaco: yo me puedo ir mañana a las ocho a la brigada y puedo pedirle
incluso al gobernador que me colabore para eso, oye. || Joaquín García: O sea
la idea… yo no sé si Nule ha hablado contigo –pausa–, pero lo que pasa es
que Nule quiere meter la tropa a la finca y la idea no es meter la tropa a la
finca, la idea es meter la tropa por la parte de atrás, que es por donde sacan
el ganado, que es por los lados del Aguacate, por el lado de Pajoncito, por
esos sectores ¿me entiendes? […]” (resalto de la Corte Suprema de
Justicia). Página 80 de la sentencia de casación, visible a folio 199 del
expediente de casación ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia.
[218]
Página 84 de la sentencia de casación, visible a folio 203 del expediente de
casación ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
[219]
Ibidem.
[220]
Ibidem.
[221]
Páginas 84 y 85 de la sentencia de casación, visibles a folios 203 y 204 del
expediente de casación ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia.
[222]
Páginas 85 de la sentencia de casación, visible a folio 204 del expediente de
casación ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
[223]
Página 87 de la sentencia de casación, visible a folio 206 del expediente de
casación ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
[224]
Página 88 de la sentencia de casación, visible a folio 207 del expediente de
casación ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
[225]
Página 89 de la sentencia de casación, visible a folio 208 del expediente de
casación ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
[226]
Página 91 de la sentencia de casación, visible a folio 210 del expediente de
casación ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
[227]
Página 92 de la sentencia de casación, visible a folio 211 del expediente de
casación ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
[228]
Página 92 de la sentencia de casación, visible a folio 211 del expediente de
casación ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
[229]
Página 98 de la sentencia de casación, visible a folio 217 del expediente de
casación ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
[230]
Por tanto, de manera consecuente con el siguiente planteamiento propuesto por
el accionante en la impugnación de la sentencia de tutela de primera instancia,
lo que se infiere de la valoración precedente es que la Sala de Casación Penal
sí garantizó, de manera material, el derecho a la doble conformidad del
tutelante y, por tanto, sí se “pronunció” acerca de él: “Es convicción del
suscrito, con pleno respaldo legal, que la Sala accionada tenía el deber de pronunciarse,
bien en sede de casación, bien por fuera del marco del citado recurso, de lo
referente a la garantía de la doble conformidad, puesto que mi defensa había
planteado el problema jurídico desde el ya mencionado memorial del 16 de agosto
de 2016, solicitud negada por el Tribunal de Cartagena, pero además por la
emisión del Acto Legislativo No. 01 de 2018 y de la sentencia de 14 de
noviembre de 2018 SP 4883-2018” (folio 429 del cuaderno de tutela de
primera instancia).
[231]
Sentencia SU-397 de 2019. Este estándar fue reiterado por la Sala Plena en la
sentencia SU-454 de 2019. Además, como se precisó en el epígrafe 3 supra,
es concordante con el alcance material que a esta garantía –de la doble
conformidad– le ha otorgado la jurisprudencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos. En especial, en el caso Amrhein vs. Costa Rica, de
manera análoga al estándar jurisprudencial citado se señaló: “Debe
entenderse que, independientemente del régimen o sistema recursivo que adopten
los Estados Partes y de la denominación que den al medio de impugnación de la
sentencia condenatoria, para que éste sea eficaz debe constituir un medio
adecuado para procurar la corrección de una condena errónea. Ello requiere que
pueda analizar las cuestiones fácticas, probatorias y jurídicas en que se basa
la sentencia impugnada”. Corte Interamericana de Derechos
Humanos. Caso Amrhein y otros vs. Costa Rica. Sentencia del 25 de abril
de 2018.