T-476-20
Sentencia T-476/20
Referencia: Expediente T-7.777.326
Acción de tutela formulada por Saúl Antonio Gómez Otálvaro y
otros contra la Alcaldía
Municipal de Copacabana (Antioquia).
Magistrado ponente (e):                                                   RICHARD S. RAMIREZ GRISALES
Bogotá, D.C., nueve (9) de noviembre de dos mil veinte
(2020)
La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por la magistrada Diana Fajardo Rivera y los magistrados
Jorge Enrique Ibáñez Najar y Richard S. Ramírez Grisales, quien la preside,
en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales[1],
profiere la siguiente
SENTENCIA
En el trámite de revisión de la sentencia proferida el 14
de noviembre de 2019 por el Juzgado Primero Promiscuo
Municipal Oral con Función de Control de Garantías de Copacabana (Antioquia), en el marco de la acción de
tutela promovida por Saúl Antonio Gómez Otálvaro y otros, en
contra de la Alcaldía Municipal de Copacabana.
I.
ANTECEDENTES
1.
El 31 de octubre de 2019, los
señores Saúl Antonio Gómez Otálvaro y María Eugenia Restrepo, en su nombre y en
representación de sus hijos Saúl Jerónimo Gómez, Emanuel de Jesús Gómez y
Samira Andrea Gómez, menores de edad, presentaron acción de tutela en contra de
la Alcaldía Municipal de Copacabana, en la que solicitaron la protección de sus
derechos fundamentales de petición y de acceso al agua[2]. La acción de
tutela fue presentada en dos documentos, uno escrito mecanográficamente[3] y otro
manuscrito[4].
2.
En su tutela, los
accionantes afirmaron haber presentado un derecho de petición ante la Alcaldía Municipal
de Copacabana el 20 de agosto de 2019 y cuestionaron que “[a] la fecha de
presentación de la tutela el accionado, no ha dado respuesta de fondo, pese a
la insistencia y [a que] los términos se encuentran vencidos”. En
cuanto al derecho de acceso al agua, refirieron que no lo tenían garantizado “hace
ya 3 años” y que la alcaldía accionada y el personero municipal de
Copacabana habían hecho “caso omiso” a sus solicitudes de reconexión.
1.
Hechos probados
3.
Mediante comunicación del 20
de agosto de 2019, el señor Saúl Antonio Gómez Otálvaro, de 68 años de edad, le
solicitó al alcalde municipal de Copacabana la solución del daño que sufrieron las
tuberías y el sistema de suministro de agua de su vivienda, ubicada en la
vereda Peñolcito Parte Alta de ese municipio, sobre el kilómetro 14 de la vía Medellín – Bogotá, como
consecuencia de un derrumbe que ocurrió en esa zona en diciembre de 2016.
Destacó, además, que la falta de acceso al agua afectó la satisfacción de sus
necesidades básicas y las de su núcleo familiar, del que hacen parte tres menores
de edad[5].
4.
La Alcaldía Municipal de Copacabana no se pronunció acerca
de la solicitud presentada por el accionante. Luego de la radicación de la acción de tutela, dio
respuesta a la petición y le
notificó la respuesta al accionante, el 6 de noviembre de 2019. En su
comunicación, la alcaldía accionada manifestó que “no fue posible
reestablecer el pequeño abasto ubicado al margen derecho de la calzada sentido
Medellín – Bogotá, al ser reconstruida la vía concesionada por Devimed”.
Asimismo, explicó que “por las características constructivas de las viviendas,
al lotear el predio sin autorización por parte de la Dirección Administrativa
de Planeación Municipal no permitían ser legalizadas dichas construcciones y
también estas edificaciones carecen de áreas suficientes para definir el
saneamiento básico”.
2.
Pretensiones y
fundamentos de la acción de tutela
5.
Los accionantes solicitaron,
de manera genérica, el “reconocimiento inmediato de los derechos
constitucionales fundamentales”[6]
y, en concreto, que se reconectara el suministro de agua en su vivienda[7]. Asimismo,
solicitaron que la alcaldía accionada diera “respuesta de fondo al derecho
de petición”[8].
Como fundamento de sus pretensiones, indicaron que luego del derrumbe ocurrido sobre
el kilómetro 14 de la vía Medellín – Bogotá en diciembre de 2016, la alcaldía
accionada no les reestableció el suministro de agua ni resolvió el derecho de
petición que, en ese sentido, radicaron el 20 de agosto de 2019.
3.
Respuesta de la
entidad accionada
6.
La Alcaldía Municipal de
Copacabana se opuso a las pretensiones de la acción de tutela. Respecto del
derecho de petición radicado el 20 de agosto de 2019, indicó que procedía “a
adjuntar copia integra (sic) de la respuesta del derecho de petición,
del peticionario Saul Antonio Gómez, donde se puede evidenciar que se le
notifico (sic) al señor de manera personal el día noviembre 06 de 2019”,
esto es, una semana después de la presentación de la acción de tutela. Asimismo,
expuso fundamentos y citas jurisprudenciales relacionadas con el fenómeno de la
carencia actual de objeto por hecho superado.
7.
La entidad accionada guardó silencio frente a la solicitud genérica de
protección de los derechos fundamentales de los accionantes[9], así como
frente a la solicitud expresa de reconexión del suministro de agua realizada en
el manuscrito de la acción de tutela[10].
4.     Decisión objeto de revisión[11]
8.
En sentencia
del 14 de noviembre de 2020, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal Oral con Función de Control de
Garantías de Copacabana negó el
amparo solicitado. En su criterio, la alcaldía accionada “dio respuesta a la
petición de fecha 20 de agosto de 2019 mediante el cual fue informado los
motivos (sic) por los cuales no ha sido posible el suministro del agua
en el sector”[12].
Según el juzgado, la respuesta de la accionada satisfizo el derecho de petición
objeto de la solicitud de amparo, con independencia de que hubiera sido
negativa a los intereses de los accionantes, pues, en su criterio, “no puede
formar parte del derecho de petición una prerrogativa que lleve forzosamente a
definir de manera favorable las pretensiones del solicitante”[13].
En consecuencia, señaló que, frente a la solicitud de amparo, “nos
encontramos ante un hecho superado, razón por la cual se declarara (sic)
improcedente tutelar el derecho de petición invocado”[14].
9.
En todo caso, no se pronunció
acerca de la solicitud genérica para
la protección de derechos fundamentales[15], ni sobre la solicitud de reconexión del suministro de agua,
realizada en el manuscrito de la acción de tutela[16].
10.
La decisión del Juzgado Primero Promiscuo Municipal Oral con Función de
Control de Garantías de Copacabana no
fue impugnada.
5.     Actuaciones en sede de revisión
11.
El expediente de la
referencia fue escogido para revisión de la Corte Constitucional, mediante el auto
del 14 de febrero de 2020, proferido por la Sala de Selección Número Dos[17].
12.
Debido a que el expediente
no contaba con información suficiente para determinar si, en efecto, la entidad
accionada vulneró los derechos fundamentales de petición y de acceso al agua de
los accionantes, el magistrado ponente recaudó información preliminar y ordenó la práctica de varias pruebas. Estas actuaciones se
adelantaron, además, con el fin de generar una interacción significativa entre
las partes y las autoridades con competencias relacionadas con el asunto que se
debate en el proceso de tutela de la referencia.
5.1.
Pruebas decretadas
en sede de revisión
13.
Mediante el auto del 3 de
agosto de 2020, el magistrado ponente dispuso que, por medio de la Secretaría
General, se recaudaran las siguientes pruebas:
14.
A la Alcaldía Municipal de
Copacabana le solicitó un
informe que diera cuenta de los siguientes asuntos: (i) las condiciones de suministro de agua que
existían antes del derrumbe ocurrido en diciembre de 2016 en el asentamiento donde
habitan los accionantes; (ii) las
razones de orden técnico que impidieron la reinstalación
del suministro de agua en ese lugar tras la reconstrucción de la vía
Medellín – Bogotá; (iii) la categoría del suelo rural en el que está
construida la vivienda de los accionantes, de acuerdo con la determinación del
Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del municipio de Copacabana; (iv)
el nivel de riesgo de desastres en el que se encuentra la vivienda de los
accionantes y (v) si el municipio de Copacabana se ha acogido a las
condiciones diferenciales de los servicios de acueducto, alcantarillado o aseo
en zonas rurales previstas en el artículo 2.3.7.1.2.2. del Decreto 1077 de 2015[18]. Asimismo, le solicitó aportar los
siguientes documentos: (i) estudios técnicos que acrediten la
imposibilidad de reinstalar el suministro de agua en el asentamiento donde
habitan los accionantes y (ii) el plan de gestión para la prestación del
servicio de acueducto o alcantarillado en zonas rurales previsto en el artículo
2.3.7.1.2.3. del Decreto 1077 de
2015[19].
15.
Al personero municipal de
Copacabana le solicitó que se entrevistara con los accionantes, con el
fin de indagar sobre los hechos objeto de la acción de tutela y, con fundamento
en sus respuestas, elaborar un
informe que diera cuenta de los siguientes asuntos: (i) las circunstancias que han impedido que la
comunidad tenga acceso a agua potable; (ii) los mecanismos utilizados
para acceder a agua apta para consumo humano; y, (iii) la
caracterización socioeconómica de los habitantes de la vivienda de los
accionantes, con la indicación de su edad, las condiciones de acceso a
servicios de salud, su vinculación a programas sociales y asistenciales del
Estado, las actividades económicas a las que se dedican y las condiciones de
acceso a educación básica.
16.
A la Asociación Junta
Administradora del Acueducto Vereda Peñolcito Parte Media y Alta Municipio de
Copacabana le solicitó un informe que diera cuenta de los siguientes asuntos relacionados
con la vivienda de los accionantes: (i) las
posibilidades técnicas para instalar algún tipo de suministro de agua potable; (ii)
la situación actual del suministro o las conexiones de agua existentes; y, (iii)
las posibilidades de tratamiento o manejo de aguas servidas. Asimismo, le
solicitó aportar el contrato de condiciones uniformes para la prestación del
servicio de acueducto bajo el cual presta el servicio de suministro de agua.
17.
A la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios
le solicitó un informe que diera cuenta de los siguientes asuntos: (i) si recibió el Plan de Gestión para la Prestación del Servicio de Acueducto
o Alcantarillado en Zonas Rurales de la
Asociación Junta Administradora
del Acueducto Vereda Peñolcito Parte Media y Alta Municipio de Copacabana, en
los términos del parágrafo 1º del artículo 2.3.7.1.2.3. del Decreto 1077 de 2015
y (ii) si llevó a cabo el Diagnóstico Vigilancia
Integral Prestadores Agua Potable y Saneamiento Básico en Área Rural, sobre
las condiciones en las cuales se ha aprovisionado de agua potable y saneamiento
básico a la población de la zona rural del municipio de Copacabana, y si ha propuesto
acciones de inclusión y fortalecimiento que contribuyan a la transformación
estructural de las condiciones de bienestar y buen vivir para la
población rural de esa zona.
18.
Al Departamento de
Antioquia le solicitó informar
si le había prestado apoyo técnico, financiero y/o administrativo al municipio
de Copacabana para el aprovisionamiento de agua potable
y saneamiento en zonas rurales,
en los términos del artículo 2.3.7.1.4.3.
del Decreto 1077 de 2015[20].
19.
A las Empresas Públicas de Medellín, en su condición de entidad encargada de la
prestación del servicio público de acueducto y alcantarillado en la zona urbana
del municipio de Copacabana, y de experto técnico en materia de servicios
públicos, le solicitó informar los diferentes tipos de soluciones alternativas
para el aprovisionamiento de agua para consumo humano y manejo de aguas
residuales domésticas implementadas en el sector rural del Departamento de
Antioquia.
5.2.
Respuestas a las
pruebas solicitadas
20.
El contenido de dichas
respuestas será analizado, en lo pertinente, en la solución del caso concreto (título
7 infra, del acápite de Consideraciones). A continuación, se hará referencia
a las fechas en que las distintas entidades aportaron la información solicitada
al proceso de tutela y a los principales asuntos abordados en sus
comunicaciones.
21.
El 20 de agosto de 2020, la
Secretaría General de la Corte Constitucional recibió, vía
correo electrónico, respuesta por parte de la Asociación Junta Administradora del Acueducto Vereda
Peñolcito Parte Media y Alta Municipio de Copacabana. En su
comunicación, la entidad afirmó haber conectado la vivienda de los accionantes
al servicio de agua no potable
proveniente de una fuente hídrica de la zona.
22.
El 24 de agosto de 2020, la
Secretaría General de la Corte Constitucional recibió, vía correo electrónico,
respuesta por parte del Personero Municipal de Copacabana. En su comunicación,
rindió informe sobre la situación socioeconómica de los integrantes del núcleo
familiar de los accionantes.
23.
El 25 de agosto de 2020, la
Secretaría General de la Corte Constitucional recibió, vía
correo electrónico, respuesta de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. En su comunicación, la entidad informó que la Alcaldía Municipal de Copacabana no se
ha acogido al esquema de prestación de servicios públicos domiciliarios para
zonas rurales previsto en el Decreto 1077 de 2015.
24.
El 26 de agosto de 2020, la
Secretaría General de la Corte Constitucional recibió, vía correo electrónico,
respuesta del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. En su comunicación, la entidad indicó que los
proyectos relacionados con el acceso a agua potable y saneamiento básico deben
ser gestados y estructurados técnicamente por la Alcaldía Municipal de Copacabana,
con el apoyo de la Gerencia de Servicios Públicos de la Gobernación de
Antioquia.
25.
El 7 de septiembre de 2020,
por fuera del término del traslado de pruebas, que transcurrió entre los días
2, 3 y 4 de septiembre, la Secretaría General de la Corte Constitucional
recibió, vía correo electrónico, respuesta de la Gobernación de Antioquia. En su
comunicación, la entidad informó
que no ha recibido proyectos para
el aprovisionamiento de agua
potable y saneamiento básico en la
zona donde está ubicada la vivienda de los accionantes.
26.
El 7 de septiembre de 2020,
por fuera del término del traslado de pruebas, que transcurrió entre los días
2, 3 y 4 de septiembre, la Secretaría General de la Corte Constitucional
recibió, vía correo electrónico, respuesta por parte de las Empresas Públicas
de Medellín E.S.P. En su comunicación, la entidad indicó que
la zona donde habitan los accionantes está por fuera del perímetro en el cual presta
el servicio de acueducto y alcantarillado.
27.
El 10 de septiembre de 2020,
por fuera del término del traslado de pruebas, que transcurrió entre los días
2, 3 y 4 de septiembre, la Secretaría General de la Corte Constitucional
recibió, vía correo electrónico, respuesta por parte de la Alcaldía Municipal
de Copacabana. En su comunicación, la entidad indicó que la vivienda de los accionantes ya estaba conectada al
suministro de agua no potable y que se había realizado la instalación de
filtros de purificación de agua.
II.
CONSIDERACIONES
1. Competencia
28.
Esta Corte
es competente para conocer de la sentencia de tutela objeto de revisión, de
conformidad con lo previsto por los artículos 86 y 241.9 de la Constitución
Política, por los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y en virtud
del auto del 14 de febrero de 2020 expedido por la Sala de
Selección Número Dos de esta Corte, que decidió seleccionar el presente asunto
para su revisión.
2. Delimitación del caso, problemas jurídicos y metodología
de decisión
29.
El asunto sub examine
versa sobre la presunta vulneración de los derechos de petición y de acceso al
agua de los accionantes por parte de la Alcaldía Municipal de Copacabana,
entidad que: (i) no habría dado respuesta a la petición del 20 de agosto
de 2019 en la que el señor Saul Antonio Gómez Otálvaro solicitó la reconexión
del suministro de agua en su vivienda y (ii) no habría garantizado dicha
reconexión, tras el derrumbe ocurrido en diciembre de 2016 en la zona donde
está ubicada la vivienda de los accionantes.
30.
Esta Sala de Revisión deberá
verificar si la solicitud de amparo formulada por el señor Saúl Antonio Gómez Otálvaro y otros en contra de la Alcaldía
Municipal de Copacabana cumple con los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela. En caso de que los cumpla, resolverá los siguientes
problemas jurídicos: (i) ¿la Alcaldía Municipal de
Copacabana vulneró el derecho fundamental de petición de los accionantes, al no
responder oportunamente la petición presentada el 20 de agosto de 2019? y (ii)
¿la Alcaldía Municipal de Copacabana vulneró el derecho fundamental de acceso
al agua de los accionantes?
31.
Para resolver los
anteriores problemas jurídicos, la Sala utilizará la siguiente metodología: (i)
examinará el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela, (ii) reiterará su jurisprudencia sobre la protección
constitucional del derecho de petición, (iii) se referirá al derecho de acceso
al agua de los habitantes de áreas rurales y (iv) resolverá el caso
concreto.
3. Requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela
32.
De acuerdo con el artículo
86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción de
tutela “mediante un procedimiento preferente y sumario, por
sí misma o por quien actúe a su nombre”[21], para obtener
la protección inmediata de sus derechos fundamentales, siempre que
resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de particulares. La acción de tutela resulta procedente
cuando el accionante no disponga de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz
para la protección de sus derechos, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
33.
En esa medida, antes de
pronunciarse de fondo sobre el caso concreto, es deber del juez constitucional
verificar el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela, a saber: (i) la legitimación en la causa por activa y
por pasiva, (ii) la inmediatez y (iii) la subsidiariedad.
3.1.
Legitimación en la
causa
34.
Como se señaló, el artículo
86 de la Constitución prevé que toda persona puede ejercer la acción de tutela
para lograr la protección inmediata de sus derechos fundamentales. En este
sentido, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991[22] dispone que la acción de tutela puede ser ejercida “por
cualquier persona vulnerada o amenazada en sus derechos fundamentales”,
quien podrá actuar por sí misma, mediante representante o apoderado judicial,
agente oficioso, el Defensor del Pueblo o los personeros municipales. Este
requisito de procedencia tiene por objeto garantizar que quien interponga la acción
tenga un “interés directo y particular” respecto de las pretensiones
elevadas, de manera que el juez constitucional pueda verificar que “lo
reclamado es la protección de un derecho fundamental del propio demandante y no
de otro”[23]. A su vez, esta acción debe ser ejercida en
contra del sujeto responsable de la presunta vulneración o amenaza de los
derechos fundamentales, sea este una autoridad pública o un particular.
35.
En el presente caso, la Sala
constata que la acción de tutela cumple con el requisito de legitimación en la
causa por activa. En efecto, el señor Saul Antonio Gómez Otálvaro y la señora María Eugenia Restrepo, así como sus hijos menores
de edad Saul Jerónimo Gómez, Emanuel de Jesús Gómez y Samira Andrea Gómez, habrían
sido afectados por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales de
petición y de acceso al agua, debido a que la Alcaldía Municipal de Copacabana:
(i) no respondió la solicitud de reconexión del suministro de agua
presentada por el señor Saul
Antonio Gómez Otálvaro el 20 de
agosto de 2019 y (ii) no ha llevado a cabo gestiones encaminadas a
restablecer dicho suministro, tras un derrumbe ocurrido en diciembre de 2016 en
la zona donde habitan los accionantes[24].
36.
Ahora bien, en cuanto a la solicitud de amparo de
los derechos fundamentales de los menores de edad, la Sala reitera que el
artículo 44 de la Constitución Política pone en cabeza de la familia, la
sociedad y el Estado la obligación de asistir y proteger a los niños y los
adolescentes, para garantizar “el ejercicio pleno de sus derechos”. En tal sentido, Saul Antonio Gómez Otálvaro y María Eugenia
Restrepo, como padres de los menores Saul Jerónimo Gómez, Emanuel de Jesús Gómez
y Samira Andrea Gómez, al
contar con su representación legal, están legitimados para solicitar la tutela
de sus derechos fundamentales. Con todo, la
jurisprudencia constitucional ha considerado que “tratándose de
la protección de los derechos fundamentales de los niños, la Constitución
impone objetivamente la necesidad de su defensa, sin que interese realmente una
especial calificación del sujeto que la promueve en razón, que es la misma Carta la que
sostiene que en su defensa también debe intervenir la sociedad”[25].
37.
La Sala también constata que
la acción de tutela cumple con el requisito de legitimación en la causa por
pasiva. En efecto, la tutela se interpuso en contra de la Alcaldía Municipal de Copacabana, entidad ante la cual el señor Saul Antonio Gómez Otálvaro presentó la solicitud de reconexión del suministro de agua
a la que la accionada no le habría dado respuesta. Además, de acuerdo con los artículos 5 y 6 de la Ley 142 de 1994[26], el Municipio debe asegurar la prestación del servicio
público de acueducto en aquellos casos en los que no hay cubrimiento del
servicio por parte de las empresas de servicios públicos domiciliarios[27], como
ocurre en el asunto sub examine.
3.2. Inmediatez
38.
La jurisprudencia
constitucional ha señalado que la acción de tutela debe presentarse en un
término razonable y proporcionado, a partir del hecho generador de la presunta
vulneración de los derechos fundamentales. El requisito de la inmediatez tiene
por finalidad preservar la naturaleza de la acción de tutela, concebida como “un
remedio de aplicación urgente que demanda una protección efectiva y actual de
los derechos invocados”[28].
39.
Con el fin
de orientar la labor del juez de tutela, la jurisprudencia constitucional ha
identificado cinco criterios que ayudan a determinar, en cada caso, el
cumplimiento del requisito de inmediatez: (i) la situación personal del
peticionario, que puede hacer desproporcionada la exigencia de presentar la
acción de tutela en un término breve; (ii) el momento en el que se
produce la vulneración; (iii) la naturaleza de la afectación, pues la
demora en la presentación de la tutela puede estar relacionada, precisamente,
con la situación que, según el accionante, vulnera sus derechos fundamentales; (iv)
la actuación contra la que se dirige la tutela, ya que si se trata de una
providencia judicial, el análisis debe ser más estricto, y (v) los
efectos de la tutela en los derechos de terceros, quienes tienen la expectativa
legítima de que se proteja su seguridad jurídica[29].
40.
La Sala constata que la
acción de tutela de la referencia cumple con el requisito de inmediatez, en lo
relacionado con la presunta vulneración del derecho de petición. En efecto,
dicha vulneración se habría configurado el 11 de septiembre de 2019, fecha en
la que se cumplió el término de 15 días previsto en el artículo 14 de la Ley
1437 de 2011[30]
para que la Alcaldía Municipal de Copacabana resolviera la solicitud presentada
por el señor Saul Antonio Gómez Otálvaro el 20 de agosto de 2019, aunque por la
mora, no perdió competencia para resolver antes de la configuración del
silencio administrativo. Por su parte, la acción de tutela se presentó el 31 de
octubre de 2019, esto es, cerca de dos meses después de vencido dicho término,
plazo que se considera razonable y proporcional para el ejercicio de esta
acción.
41.
Asimismo, la Sala constata
que la acción de tutela cumple con el requisito de inmediatez, en lo atinente a
la presunta vulneración del derecho fundamental de acceso al agua. Si bien
transcurrió un periodo cercano a los tres años entre la presunta suspensión del
suministro de agua a los accionantes, tras el derrumbe ocurrido en diciembre de
2016 en la vía Medellín – Bogotá, el señor Saul Antonio Gómez Otálvaro manifestó
haberle solicitado previamente a la Alcaldía Municipal de Copacabana el
restablecimiento de dicho suministro[31].
Además, la respuesta proferida por la alcaldía accionada el 6 de noviembre de
2019, dentro del trámite de la acción de tutela, evidencia que la presunta
vulneración del derecho de acceso al agua de los accionantes habría sido continua,
pues, en ella, la entidad reconoció no haber reconectado el suministro de agua.
42.
Cabe anotar que, de acuerdo
con la jurisprudencia constitucional, existen eventos en los que resulta procedente formular la acción de
tutela, aunque haya transcurrido un tiempo considerable desde el inicio de la
vulneración del derecho. En la sentencia SU-168 de 2017, que ratificó el
criterio expuesto en la sentencia T-1028 de 2010, la Corte identificó esos
supuestos como excepciones al requisito de inmediatez. En dicha providencia, la
Corte señaló:
“(ii) Cuando
a pesar del paso del tiempo es evidente que la vulneración o amenaza de los
derechos fundamentales del accionante permanece, es decir, su situación
desfavorable como consecuencia de la afectación de sus derechos continúa y es
actual. Lo que adquiere sentido si se recuerda que la finalidad de la exigencia
de la inmediatez no es imponer un término de prescripción o caducidad a la
acción de tutela sino asegurarse de que se trate de una amenaza o violación de
derechos fundamentales que requiera, en realidad, una protección inmediata”[32].
43.
Mas aún, en el presente
asunto se busca la protección de derechos fundamentales de sujetos de especial
protección constitucional, pues el señor Saul Antonio Gómez Otálvaro es un
adulto mayor y sus tres hijos son menores de edad[33]. Por lo
tanto, tal como lo ha señalado la jurisprudencia constitucional, en estos casos
“no puede establecerse un
plazo homogeneizante y riguroso”[34], pues ello llevaría a desconocer el derecho a la igualdad y
a la protección especial de los grupos poblacionales vulnerables[35],  de manera que el requisito de inmediatez se
debe valorar con mayor cuidado[36].
3.3. Subsidiariedad
44.
La acción de tutela procede cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial efectivo para la protección de sus derechos
fundamentales o, en caso de que exista tal recurso judicial, aquella se ejerza
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable[37]. El
carácter subsidiario de esta acción “impone al interesado la obligación
de desplegar todo su actuar dirigido a poner en marcha los medios ordinarios de
defensa ofrecidos dentro del ordenamiento jurídico para la protección de sus
derechos fundamentales (…) y sólo ante la
ausencia de dichas vías o cuando las mismas no resultan idóneas para evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, resulta admisible acudir a la acción
de amparo constitucional”[38].
45.
No obstante, la Corte ha
advertido que el estudio de la subsidiariedad de la acción de tutela no
consiste en una mera verificación formal de la existencia de otros mecanismos
judiciales o administrativos[39]. Por el contrario, le corresponde al juez
constitucional analizar la situación particular del accionante y los derechos
cuya protección se solicita, con el fin de comprobar si aquellos mecanismos resultan
eficaces para la protección de los derechos fundamentales[40]. Por ejemplo, en los asuntos que involucran derechos
fundamentales de niños, niñas y adolescentes, el análisis del cumplimiento del
requisito de subsidiariedad es menos riguroso, debido al interés superior de
los menores de edad, garantizado por el artículo 44 de la Constitución[41]. Asimismo, en los asuntos que involucran derechos
fundamentales de los adultos mayores, la Corte ha considerado relevante la
especial vulnerabilidad que supone tal condición[42].
46.
De manera reiterada, la Corte ha advertido que el juez constitucional debe
determinar si los medios de defensa judicial disponibles le otorgan una
protección eficaz y completa a quien acude a la acción de tutela[43]. Si no es así, puede otorgar el amparo de dos maneras
distintas: (i) como mecanismo transitorio, mientras se resuelve el caso en
la vía ordinaria, y (ii) como mecanismo eficaz de protección de los
derechos fundamentales. La primera posibilidad implica que, si bien las
acciones ordinarias pueden proveer un remedio integral, no son lo
suficientemente expeditas para evitar un perjuicio irremediable. La segunda,
que el medio de defensa ordinario no ofrece una solución integral para la
protección de los derechos fundamentales comprometidos.
47.
La existencia de las otras vías judiciales debe
ser analizada en cada caso concreto, en cuanto a su eficacia. Si no
permiten resolver el conflicto en su dimensión constitucional o no ofrecen una
solución integral para el derecho comprometido, es procedente la acción de
tutela como mecanismo de amparo definitivo de los derechos fundamentales
invocados.
48.
La Sala constata que la acción de tutela de la
referencia cumple con el requisito de subsidiariedad, tanto en lo referente a la
supuesta vulneración del derecho de petición como frente a la presunta
vulneración del derecho de acceso al agua. En cuanto al derecho de petición, la Corte
ha indicado que en el ordenamiento jurídico
colombiano no existe un medio de defensa judicial idóneo y eficaz diferente de
la acción de tutela, de modo que quien resulte afectado por la vulneración de
este derecho fundamental no cuenta con un mecanismo ordinario que le permita
efectivizar el mismo[44]. Por esta razón, en lo
relacionado con la presunta vulneración de este derecho en el asunto sub
examine, el requisito de subsidiariedad se encuentra cumplido.
49.
Por su parte, en cuanto a la
protección del derecho de acceso al agua, la Sala observa que, en principio, la
acción popular sería el medio procedente[45], pues
la solicitud de los accionantes está encaminada a contar con una conexión al
suministro de agua, prestación que
corresponde a un derecho e interés colectivo, en los términos del literal j del
artículo 4 de la Ley 472 de 1998[46].
50.
No obstante, teniendo en
cuenta que en este caso se solicita el amparo del derecho de acceso al agua de
sujetos de especial protección constitucional, y no se persigue una solución a
una problemática colectiva, el mecanismo judicial ordinario no ofrece una protección
efectiva de sus derechos fundamentales y, por tanto, el examen del cumplimiento del requisito
de subsidiariedad se hace menos exigente[47]. En efecto, la
protección de los derechos fundamentales de sujetos de especial protección
constitucional, como los menores de edad y los adultos mayores, requiere de un
mecanismo expedito y efectivo[48]. Particularmente, respecto del
derecho fundamental de acceso al agua para consumo humano de estos sujetos, la
Corte ha indicado que la acción de tutela resulta ser el medio de protección
idóneo, por sus especiales condiciones de vulnerabilidad[49].
51.
Adicionalmente, en el caso sub
examine, los accionantes acudieron a la acción de tutela para que se les
garantice el derecho de acceso al agua para consumo humano, porque, según
afirman, su vivienda no cuenta con una conexión que les permita satisfacer esa
necesidad básica. Lo anterior es de especial relevancia, por cuanto la Corte ha
señalado que la acción de tutela es el mecanismo judicial idóneo cuando se
persigue la protección del derecho al agua en su esfera subjetiva. En esta
línea, en la sentencia T- 297 de 2018, indicó:
“En suma, el derecho al agua
cuenta con una doble connotación: (i) el agua como derecho fundamental,
amparable a través de la acción de tutela, cuando está asociado a la esfera
subjetiva del mismo, es decir, al consumo mínimo humano; y (ii) el agua como derecho
colectivo, mayormente vinculado con el acceso del servicio público de acueducto
o el cuidado de las fuentes hídricas, entre otras hipótesis, que en principio,
además de los recursos de la vía gubernativa, cuenta con las acciones ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo para su defensa, cuando se
lesionen intereses colectivos”
52.
En suma, la
acción de tutela sub examine cumple el requisito de subsidiariedad, en
la medida que fue formulada para obtener la protección del derecho fundamental
de acceso al agua para consumo humano de sujetos de especial protección
constitucional, en su esfera subjetiva.
4.     La protección constitucional
del derecho de petición
53.
El artículo
23 de la Constitución Política regula el derecho de petición como una garantía para
que las personas obtengan una pronta respuesta a sus solicitudes de interés
general o particular. Además, como derecho político y garantía democrática,
permite escenarios de diálogo y participación con el poder público, para la satisfacción
de otros derechos constitucionales en el marco del Estado social de derecho,
dada su condición de derecho medio[50], o tipología específica
adscrita a la categoría de los “derechos generales a la organización y al
procedimiento”[51]. Su contenido fundamental implica,
de un lado, la posibilidad de presentar solicitudes ante las autoridades de
manera respetuosa y, del otro, el deber de la administración de recibir,
tramitar y resolver esas solicitudes de forma oportuna, eficaz, de fondo y
congruente con lo pedido[52].
54.
La oportunidad
se refiere a la resolución de la
petición dentro del término legal, previsto
en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011[53]. Sobre el particular, la Corte ha
advertido que “prolongar en exceso la decisión de la solicitud, implica una
violación de la Constitución”[54],
en la medida que frustra o dilata el derecho de la persona a que su petición
sea atendida por la administración en forma oportuna. La eficacia
consiste en que la respuesta debe ser “clara y efectiva respecto de lo
pedido, de tal manera que permita al peticionario conocer la situación real de
lo solicitado”[55]. Por su parte, el deber de
emitir una respuesta de fondo se refiere a que en ella se aborden de manera clara, precisa y congruente
cada una de las peticiones formuladas. Finalmente, la congruencia se refiere a la “coherencia entre lo
respondido y lo pedido, de tal manera que la solución verse sobre lo preguntado
y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la petición”[56].
5.     El derecho de acceso al agua de
los habitantes de áreas rurales
55.
En el
ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, el Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales definió el derecho al agua como “el
derecho de todos de disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible
y asequible para el uso personal o doméstico”[57].
La Corte Constitucional ha precisado que el derecho de acceso al agua para
consumo humano es un derecho fundamental y ha señalado que “tiene un
carácter: (i) universal, por cuanto todos y cada uno de los hombres y mujeres,
sin discriminación alguna, requieren de este recurso para su subsistencia; (ii)
inalterable, ya que en ningún momento puede reducirse o modificarse más allá de
los topes biológicos; y (iii) objetiva, puesto que no tiene que ver con la
percepción subjetiva del mundo o de subsistencia, sino que se instituye como
una condición ineludible de subsistencia para cada una de las personas que
integran el conglomerado social”[58]. La Corte también ha precisado
que, en el ordenamiento jurídico colombiano, el acceso al agua tiene una doble connotación: como un derecho
fundamental y como un servicio público[59].
56.
De acuerdo
con la Observación General No. 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, el Estado tiene el deber de no interferir en la libertad de acción
y uso de los recursos propios de las personas para autosatisfacer sus
necesidades del recurso hídrico y evitar, entre otras cosas, “la
interrupción o desconexión arbitraria o injustificada de los servicios o
instalaciones de agua; ii) los aumentos desproporcionados o discriminatorios
del precio del agua; y iii) la contaminación y disminución de los recursos de
agua en detrimento de la salud del ser humano”[60].
57.
En cuanto a
la faceta prestacional de este derecho, el Estado debe garantizar condiciones
de (i) disponibilidad, lo que implica que “[el] abastecimiento
de agua de cada persona debe ser continuo y suficiente para los usos personales
y domésticos”; (ii) accesibilidad, lo que supone que “[el]
agua y las instalaciones y servicios de agua deben ser accesibles para todos,
sin discriminación alguna, dentro de la jurisdicción del Estado Parte”, y (iii)
calidad, lo que exige que el recurso hídrico “no ha de contener
microorganismos o sustancias químicas o radiactivas que puedan constituir una
amenaza para la salud de las personas”[61].
5.1.
Desarrollo normativo
del derecho de acceso al agua en las áreas rurales
58.
La Ley 142 de 1994 estableció
el régimen de los servicios públicos domiciliarios, entre ellos, el servicio de
acueducto, al que define como la “distribución municipal de agua apta para
el consumo humano, incluida su conexión y medición”[62]. En su artículo 5, esta ley dispone que los municipios deben “asegurar
que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios
domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, y
telefonía pública básica conmutada, por empresas de servicios públicos de
carácter oficial, privado o mixto, o directamente por la administración central
del respectivo municipio en los casos previstos en el artículo siguiente”. Por su parte, el artículo 6 indica que la prestación
del servicio de acueducto corresponderá a los municipios cuando no haya
empresas de servicios públicos que se hubieren ofrecido a prestar el servicio o
que, ante invitación del municipio a entidades públicas o privadas, no se
hubiere obtenido la respuesta adecuada para la prestación[63].
59.
El Consejo Nacional de
Política Económica y Social mediante el Documento CONPES 3810 de 2014 definió la “Política para el Suministro de
Agua Potable y Saneamiento Básico en la Zona Rural”,
cuyo objetivo es “[promover] el
acceso al agua potable y saneamiento básico en las zonas rurales, a través de
soluciones acordes con las características de dichas áreas que contribuyan al
mejoramiento de las condiciones de vida de la población”[64]. Esta política pública se formuló “teniendo en cuenta que el agua potable y el
saneamiento básico constituyen elementos claves para mejorar las condiciones de
vida de la población rural, impactar positivamente la salud [y] disminuir la brecha social y de
desarrollo (urbano - rural y entre regiones)”.
60.
Dicho documento advierte que
es necesario “articular acciones institucionales en la zona rural y (…)
tener un enfoque diferenciado en la regulación, vigilancia y control” de la
prestación del servicio. En ese sentido, prevé que las autoridades competentes “revisarán
y desarrollarán los ajustes normativos requeridos para garantizar el enfoque
diferenciado establecido en la presente política, de tal manera que la
infraestructura construida y los esquemas de suministro de agua potable y
saneamiento básico respondan a las características de las zonas rurales”[65].
61.
En concordancia con esta
política pública, el artículo 18 de la Ley 1735 de 2015, por la cual se expidió
el Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018, dispuso que el Gobierno “definirá
esquemas diferenciales para la prestación de los servicios de acueducto,
alcantarillado y aseo en zonas rurales, zonas de difícil acceso, áreas de
difícil gestión y áreas de prestación, en las cuales por condiciones
particulares no puedan alcanzarse los estándares de eficiencia, cobertura y
calidad establecidos en la ley”.
62.
Por su parte, con el Decreto 1898 de 2016, que adicionó el Decreto 1077 de
2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio), el
Gobierno definió el “esquema diferencial” como el “[conjunto] de
condiciones técnicas, operativas y de gestión para el aseguramiento del acceso al
agua para consumo humano y doméstico y al saneamiento básico en una zona
determinada, atendiendo a sus condiciones territoriales particulares”[66]. Así
mismo, señaló la posibilidad de implementar soluciones alternativas para
garantizar el acceso al agua, a las que definió como opciones técnicas,
operativas y de gestión que permiten “el aprovisionamiento de agua para
consumo humano y doméstico o de saneamiento básico, sin recurrir a los sistemas
de acueducto, alcantarillado o a la recolección de residuos sólidos
contemplados en el artículo 14 de la Ley 142 de 1994”[67].
63.
Los artículos 2.3.7.1.2.1 al
2.3.7.1.2.3 del Decreto 1077 de 2015[68]
(en adelante, “la Sección 2”) se refieren a los esquemas diferenciales de
prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado o aseo en zonas
rurales, y los artículos 2.3.7.1.3.1 al 2.3.7.1.3.6 del mismo decreto[69] (en
adelante, “la Sección 3”), a los esquemas diferenciales para el aprovisionamiento
de agua potable y saneamiento básico. Concretamente, el artículo
2.3.7.1.3.2. señala que las soluciones alternativas para
el aprovisionamiento de agua para consumo humano y doméstico en las zonas
rurales deben cumplir las siguientes condiciones:
“1.- El acceso al agua para consumo humano y
doméstico podrá efectuarse mediante un abasto de agua o un punto de suministro, o directamente
desde la fuente, acorde
con la normatividad aplicable a la materia y con las necesidades de la comunidad.
2.- El almacenamiento del agua para consumo
humano y doméstico podrá realizarse en tanques o dispositivos móviles de
almacenamiento.
3.- El tratamiento del agua para consumo humano y doméstico, se
realizará mediante técnicas o dispositivos de tratamiento de agua. Esto no será requerido para los inmuebles
aprovisionados mediante puntos de suministro que entreguen agua apta para
consumo humano”. (Negrillas
fuera de texto).
5.2.
Protección
constitucional del derecho de acceso al agua de los habitantes de áreas rurales
64.
En
reiteradas oportunidades, la jurisprudencia constitucional se ha referido a la
protección del derecho fundamental de acceso al agua para el consumo humano y,
en particular, a la garantía de este derecho para los habitantes de las zonas
rurales. En la sentencia T-418 de 2010, por ejemplo, la Corte Constitucional se pronunció sobre una tutela interpuesta
por una comunidad del municipio de Arbeláez (Cundinamarca) que habitaba en una
zona rural en la que no existían redes del acueducto municipal y que se
abastecía de agua no apta para el consumo humano por medios rudimentarios. En
este caso, la Corte decidió emitir
una “orden compleja” para proteger el derecho fundamental al agua
potable de los accionantes. En ese sentido, indicó:
“5.7. Elegir las herramientas concretas para
resolver un caso que requiere soluciones complejas, supone en muchos casos, un
proceso previo, en ocasiones creativo, para inventarse las soluciones a
problemas complejos que ponen en riesgo el goce efectivo de los derechos
fundamentales. Construir, crear e inventarse las soluciones que deben ser
adoptadas, es una tarea que corresponde a la sociedad y a las instituciones que
ésta ha creado para el efecto, en condiciones de democracia participativa. El
juez de tutela, lejos de irrespetar esta competencia establecida en la
Constitución Política vigente, debe encargarse de proteger el goce efectivo de
los derechos fundamentales de las personas, adoptando las medidas adecuadas y
necesarias para asegurar que la tarea aludida sea cumplida.
Así pues, buena parte de las órdenes específicas
que imparta un juez de tutela con relación a casos que requieran órdenes
complejas, no establecen cuáles deben ser las medidas específicas que la
Administración o el respectivo particular deben adoptar en un caso concreto,
sino que están orientadas a lograr que las autoridades o personas respectivas
las adopten, en las condiciones propias de una democracia participativa, a lo
largo del proceso de diseño, implementación, evaluación y control”.
65.
En esa providencia, la Corte indicó que dichas órdenes
complejas pueden consistir en (i) realizar estudios, cuando no se cuenta con la información
necesaria para establecer un remedio específico ante la vulneración del derecho
fundamental, “para obtener la información requerida”; (ii) asesorar a
las personas, lo que implica que la administración les dé el acompañamiento
necesario para que puedan disponer y
acceder a agua de calidad; (iii) crear un grupo de trabajo, “para que
sea éste el que determine las medidas que deberán ser adoptadas para asegurar
el derecho”[70];
(iv) conceder espacios de participación, con el fin de determinar cuáles
son “las necesidades reales de las
personas, para así garantizar el goce efectivo de sus derechos fundamentales”;
y, (v) ofrecer soluciones paliativas temporales que impidan la
vulneración de los derechos fundamentales, “mientras se da cabal
cumplimiento a la orden principal”[71].
66.
Así mismo,
en la sentencia T-1089 de 2012,
la Corte resolvió una tutela
interpuesta por habitantes de un asentamiento rural del municipio de Tabio
(Cundinamarca) en el que residían niños y adultos mayores que no tenían
acceso a agua potable por falta de infraestructura y a quienes un acueducto
veredal les negó el servicio por no tener capacidad para el suministro. En esa
providencia, la Corte advirtió que, cuando se trata de zonas rurales que
carecen de la infraestructura necesaria para habilitar el servicio público de
acueducto, el Estado debe satisfacer de manera progresiva el acceso al recurso
hídrico. Sobre el particular, indicó:
“Como ya se mencionó, la
ejecución de los referidos proyectos se encuentra en la fase de compra de
predios, los cuales servirán para iniciar allí las obras de construcción
tendientes a garantizar el acceso progresivo de toda la comunidad y, en
especial, de los habitantes del área rural de Tabio, al servicio de agua
potable.  (…)
En ese orden de ideas, existe una política pública concreta orientada a satisfacer,
en el mediano y largo plazo, las necesidades que en materia de acceso al agua
potable demandan los actores, tal y como lo exige la jurisprudencia
constitucional en este tema”.
67.
La Corte
agregó que, en esas circunstancias, el acueducto veredal y el municipio son solidariamente
responsables de ofrecer una solución alternativa temporal que garantice el
mínimo vital de agua. Específicamente, ordenó “al alcalde del municipio de
Tabio y al representante legal de la Asociación de Afiliados del Acueducto
Rural Salibarba que de manera solidaria, adopten las medidas adecuadas y necesarias
para que, mientras
finaliza la ejecución de las obras, se asegure a los demandantes el acceso a un
mínimo de agua potable diario, empleando el medio que considere más adecuado
para el efecto, previa verificación de la necesidad del servicio para su uso personal
y doméstico”.
68.
En la
sentencia T-733 de 2015, la
Corte resolvió una tutela interpuesta por un habitante del corregimiento Golondrinas del
municipio de Santiago de Cali, que habitaba con su familia, integrada por
menores de edad, en una vivienda en la que no contaban con acceso a agua
potable por falta de infraestructura. En este caso, el acueducto veredal
también negó el servicio de agua, aduciendo falta de capacidad para el
suministro. En la providencia, la
Corte señaló que, para recibir el servicio público de agua, el inmueble debe
cumplir con los requisitos legales y las “condiciones técnicas mínimas que
defina la empresa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley
142 de 1994”. Asimismo, indicó que cuando no sea técnicamente posible
prestar el servicio público de agua potable, el municipio debe brindar
soluciones alternativas que garanticen el consumo mínimo vital “a través del
medio que se considere más viable”.
69.
En esa
sentencia, la Corte también advirtió que las entidades territoriales deben desarrollar
planes estratégicos para garantizar el derecho fundamental de acceso al agua
potable, en línea con las políticas públicas definidas para el efecto.
Específicamente, dispuso:
“En primer lugar, se ordenará a la Alcaldía de
Santiago de Cali que adopte las medidas adecuadas y necesarias para diseñar un
plan específico para la comunidad rural a la que pertenece el accionante. Dicho
plan debe obedecer a los lineamientos generales que en materia de políticas de
agua potable se hayan trazado. El plan específico que se adopte deberá prever
mecanismos de seguimiento, control y evaluación, que permitan dar cuenta del
avance del mismo y sus grados de cumplimiento. Además, deberá tener por objeto
asegurar el derecho a acceder y disponer de agua con regularidad y continuidad.
La comunidad que habita el corregimiento de Golondrinas a través de sus
representantes y la Empresa Administradora de Servicios Públicos de Acueducto y
Alcantarillado de este corregimiento participarán en el diseño del plan
específico.
El plan específico que se diseñe deberá conceder
espacios de participación
efectivos y reales, durante el diseño, la elaboración, la implementación, la
evaluación y el control del plan que se adopte, a las personas afectadas y
vinculadas al proceso de cumplimiento de la presente decisión judicial”.
70.
De igual
manera, la Corte se ha referido a la protección de este derecho cuando los
accionantes habitan en asentamientos ilegales. En la sentencia T-103 de 2017, decidió una tutela interpuesta
por una habitante de la comunidad de Las Granjas Productivas de la Comuna 8 de
Peñón Redondo del municipio de Neiva que no contaba con el servicio de
acueducto, pues el asentamiento donde se encontraba su vivienda era ilegal. En
esa ocasión, la Corte concluyó que la
acción de tutela era improcedente para ordenar la instalación de redes de
acueducto en zonas que, según el POT, constituyen espacio público. Asimismo,
indicó que la acción de tutela es
improcedente cuando el servicio de agua se capta de manera ilegal, “pues no
puede ampararse una situación de ilegalidad a través de un mecanismo que tiene
como objetivo la protección de los derechos fundamentales de las personas”.
No obstante, advirtió que, pese a la ilegalidad, se debe
proteger el consumo mínimo de agua potable de sujetos de especial protección
constitucional.
71.
Finalmente,
en un caso similar, por medio de la sentencia T-266 de 2018, la Corte resolvió una tutela interpuesta por una
habitante de un asentamiento irregular denominado Alto Mirador-Loma de San
Pedro, ubicado en la Comuna 9 del municipio de Neiva, que ocupaba una vivienda
con personas en situación de discapacidad y no contaba con el servicio de
acueducto. En esta oportunidad, la Corte reiteró que el derecho al agua no
puede ser protegido cuando se constatan conexiones ilegales o que el
asentamiento en el que está ubicado el inmueble para el que se solicita el
suministro es irregular.
6.     Solución del caso concreto
6.1.
Carencia actual de
objeto por hecho superado frente a la solicitud de
amparo del derecho de petición
72.
La Sala constata que en
relación con la solicitud de amparo del derecho fundamental de petición elevada
por los accionantes existe una carencia actual de objeto por hecho superado,
toda vez que la petición presentada por el señor Saul Antonio Gómez Otálvaro
ante la Alcaldía Municipal de Copacabana el 20 de agosto de 2019 fue respondida
por esa entidad durante el término transcurrido entre la interposición de la
acción de tutela y la decisión del juez de instancia.
73.
La
jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que la carencia actual de
objeto se presenta con ocasión de un daño consumado, un hecho superado
o una situación sobreviniente[72] que dejaría sin efecto alguno
la orden impartida por el juez de tutela[73]. Específicamente, el hecho superado se configura cuando, en el
lapso transcurrido
entre la interposición de la acción de tutela y el fallo del juez
constitucional, se satisface lo
pretendido por medio de la acción de amparo y desaparece la vulneración o
amenaza de los derechos fundamentales invocados[74].
74.
En el caso sub
examine, los accionantes solicitaron la protección de su derecho
fundamental de petición, en relación con la solicitud que el señor Saul Antonio
Gómez Otálvaro presentó el 20 de agosto de 2019 ante la alcaldía accionada. Al
respecto, la Sala constata, en
primer lugar, que la Alcaldía Municipal de Copacabana no le dio respuesta a esa
petición dentro del término previsto en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011,
que finalizó el 11 de septiembre de 2019.  No obstante, el 6 de noviembre de
2019, esto es, una semana después de la presentación de la acción de tutela, la
alcaldía accionada le notificó su respuesta al accionante. En ella, señaló que,
por motivos de orden técnico y legal, no era posible acceder a la solicitud de
reconexión del suministro de agua en su vivienda[75]. Concretamente, la alcaldía accionada señaló:
“Como es de su
conocimiento el sitio al cual ustedes hacen referencia ha sido valorado por
personal adscrito a esta dependencia y además se le ha suministrado asesoría
personalizada acerca de la problemática en el sector por la falta de suministro
de agua, el cual fue deteriorado por el derrumbe ocasionado en el mes de
diciembre de 2016 y no fue posible restablecer el pequeño abasto ubicado al
margen derecho de la calzada sentido Medellín – Bogotá, al ser reconstruida la
vía concesionada por Devimed.
Cabe anotar además
que por las características constructivas de las viviendas, al lotear el predio
sin autorización por parte de la Dirección Administrativa de Planeación
Municipal no permitían ser legalizadas dichas construcciones y también estas
edificaciones carecen de áreas suficientes para definir el saneamiento básico,
para el manejo adecuado de las aguas residuales allí generadas, dando lugar a
no concertar con la junta administradora de servicio de acueducto del sector
para obtener sus matrículas o conexiones domiciliarias”.
75.
En esa medida, la Sala
constata que la respuesta de la entidad accionada, aunque formulada por fuera
del término legal para responder este tipo de solicitudes, satisfizo la
pretensión contenida en la acción de tutela, consistente en que se diera “respuesta de fondo al derecho de
petición”. En consecuencia, cesó
la vulneración del derecho fundamental de los accionantes. Por lo tanto, la
Sala confirmará la decisión del juzgado de instancia, en lo relacionado con la
presunta vulneración del derecho fundamental de petición.
76.
Con todo, la Sala llama la
atención acerca de la importancia de que las autoridades administrativas les brinden
una respuesta oportuna a las peticiones presentadas por los ciudadanos, pues lo
contrario implica un actuar irregular que desconoce las disposiciones constitucionales[76] y legales[77] que regulan el derecho fundamental de petición.
Como se señaló en el párrafo 54 supra, sobre la falta de respuesta
oportuna a los derechos de petición, la Corte ha advertido que “prolongar en exceso la decisión de la
solicitud, implica una violación de la Constitución”[78].
6.2.
Interacción
significativa en sede de revisión frente a la solicitud de amparo
77.
Como se indicó en el párrafo 12 supra, con el objeto de tener
mayores y mejores elementos de juicio para abordar el problema jurídico, la
Sala promovió una interacción significativa entre las partes (los accionantes y
la alcaldía accionada), el acueducto de la vereda Peñolcito de Copacabana[79], un experto técnico[80] y las autoridades administrativas con
competencias en la garantía del derecho fundamental al acceso al agua potable[81]. Esta orientación hacia la interacción en el proceso de
construcción de la decisión judicial se fundamenta en las siguientes premisas:
78.
Primero, el análisis de la faceta prestacional de los
derechos no es una tarea exclusiva del juez constitucional. Sus titulares, así
como los destinatarios u obligados de los deberes que correlativamente se
derivan de tales derechos pueden aportar al debate constitucional, por medio de
premisas empíricas y normativas, razones acerca de cuál puede ser la medida más
idónea para lograr la satisfacción del derecho en el caso concreto. Además, tienen
una posición privilegiada para brindar razones, con base en las condiciones
específicas del caso, acerca de las posibilidades fácticas y normativas de protección
del derecho, dentro de las cuales son especialmente relevantes las
restricciones presupuestales y de gasto público, las restricciones
presupuestarias de los titulares y, en casos como el sub judice, las
restricciones de tipo geográfico y relacionadas con derechos de terceros.
79.
Esta determinación también
requiere de conocimientos técnicos especializados que no se encuentran en el
texto constitucional ni se deducen interpretativamente de él. Esta aproximación
permite evitar el riesgo de adoptar decisiones judiciales carentes de
suficiencia fáctica y empírica que deriven en medidas ineficaces o proclives a
generar afectaciones colaterales a otros derechos o bienes democráticos,
fenómeno que la doctrina extranjera ha denominado “cargas de inercia
inversas”[82] en las decisiones de los jueces
constitucionales.
80.
Segundo, la participación de los destinatarios refuerza
su compromiso frente a la protección y garantía de los derechos. Esto sucede de
forma natural cuando los obligados participan en un proceso de interacción en
el que pueden evaluar sus propias posiciones, así como las de los demás
intervinientes en el proceso de tutela, con el fin de ofrecer elementos
fácticos y argumentos que permitan clarificar la problemática concreta y
proponer o ejecutar soluciones razonables. Específicamente, en casos similares
al sub examine, en los que los accionantes viven en zonas rurales sin
redes de acceso a agua potable, esta Corte ha considerado que la tarea de
encontrar el remedio a la problemática “corresponde a la sociedad y a las
instituciones que ésta ha creado para el efecto, en condiciones de democracia
participativa”[83].
81.
Tercero, una interacción significativa de este tipo
provee una base argumentativa sólida para la toma de decisiones judiciales
atinentes a derechos prestacionales de connotación fundamental. Lo anterior,
por cuanto el papel del juez constitucional, en casos como el presente, no
consiste en imponer, sin más, una orden al destinatario, sino en propender por
controlar la plausibilidad de las premisas y los argumentos propuestos por los
destinatarios de los derechos, de tal forma que se garantice la supremacía
constitucional y, en especial, se maximice la realización de los principios de
eficacia real y concreta de los derechos fundamentales, el debido proceso, la
democracia participativa, la separación de poderes, la sostenibilidad fiscal y
la legalidad del gasto público.
82.
En el asunto sub examine,
la interacción significativa supuso el decreto de pruebas y la posibilidad
de su contradicción, con el fin de que, a partir de las respuestas formuladas
por los distintos actores del proceso (partes, autoridades con competencias en
la garantía de los derechos fundamentales objeto de tutela y un experto
técnico), se lograra identificar la problemática fáctica relevante del caso y
se plantearan alternativas reales y concretas de solución.
83.
En este escenario de
interacción significativa, como se precisa más adelante, las partes,
efectivamente, identificaron la problemática fáctica relevante del caso y se
vincularon con alternativas reales y concretas para darle solución. Por tanto,
la labor de la Sala, en caso de acreditarse la vulneración de derechos
fundamentales alegada, se restringirá a valorar la razonabilidad de las
soluciones propuestas por los intervinientes.
6.2.1.
Respuestas de las
entidades que interactuaron en el proceso
84.
Para los fines descritos, la
Sala profirió el auto de pruebas del 3 de agosto de 2020, al que se hizo referencia en el título 5.1 supra.
En los títulos siguientes se exponen las respuestas, informes y
pronunciamientos relevantes, con el fin de ilustrar el proceso de interacción
significativa promovido. Este proceso, como se verá, llevó a las partes e
intervinientes a: (i) examinar de forma directa los hechos
planteados en la acción de amparo; (ii) interactuar con los
titulares del derecho; (iii) comprender que existía una
problemática de relevancia constitucional que recaía dentro de la órbita de sus
competencias; y, (iv) proponer alternativas de solución a la
problemática advertida. Además, este proceso le ofreció a la Sala una base
argumentativa suficiente para formular los problemas sustantivos del caso y
encontrar su solución.
6.2.1.1.      Respuesta de la Alcaldía
municipal de Copacabana
85.
La Alcaldía Municipal de
Copacabana informó que los accionantes “se encontraban conectados a un suministro de agua que no estaba
tratada, suministrada por el Acueducto Veredal de Peñolcito (…). La anterior
situación se presentó debido a que el lugar donde está ubicada la vivienda del
señor Saúl Gómez está por encima de la cota de la Planta de Tratamiento del
Acueducto Veredal antes mencionado”. En cuanto a la potabilidad del
agua suministrada por el acueducto veredal a los accionantes, indicó que “es
tratada mediante un Filtro de Agua en 3 Etapas que es distribuido por la
empresa Grival”. Y sobre el tratamiento de las aguas residuales del sector,
señaló que “se encuentran soluciones individuales o colectivas, a través de
pozos sépticos, [además, que] los usuarios finales son los encargados
del mantenimiento preventivo de estos sistemas”.
86.
La alcaldía accionada
precisó que antes del derrumbe ocurrido en diciembre de 2016 en el sector donde
habitan los accionantes, su vivienda contaba con una conexión de agua no
potable que no pudo ser reconectada, porque la concesión Devimed, encargada de
la reconstrucción de la vía Medellín – Bogotá, y Corantioquia no lo permitieron.
Según indicó, esta última entidad solicitó, como requisito para restablecer
dicha conexión, un “estudio de detalle para la estabilidad de taludes”.
87.
Igualmente, la alcaldía
accionada informó que el Plan de Desarrollo 2020-2023, Copacabana con
Seguridad, prevé acciones “para el mejoramiento de la prestación de
servicios públicos domiciliarios a través de la inversión de los recursos
girados por el Sistema General de Participaciones para atender el sector Agua
Potable y Saneamiento Básico”.
88.
Finalmente, anexó un
certificado emitido por su Departamento Administrativo de Planeación, en el que
se especifican los usos de suelo del sector donde está ubicada la vivienda del
accionante y su núcleo familiar, así como la “zonificación de riesgo”.
De acuerdo con esa certificación, “se presume la invasión del accionante”,
además, se advierte que el terreno en el que está ubicada la vivienda
corresponde a una “ZONA DE ALTO
RIESGO RECUPERABLE”[84]. Cabe anotar que, como se indicó en el párrafo 27 supra,
la respuesta de la alcaldía accionada fue enviada por fuera del término de
traslado de pruebas.
6.2.1.2.      Respuesta del personero municipal de Copacabana
89.
El personero municipal de
Copacabana informó que el 21 de
agosto de 2020, un equipo interdisciplinario de la Personería acudió a la vivienda de los accionantes y
constató que en ella habitan Saúl Antonio Gómez, de 68 años; María Eugenia
Restrepo, de 45 años; Saúl Jerónimo Gómez, de 13 años, y Emanuel Gómez, de 13
años, todos miembros del grupo familiar.
90.
Sobre la condición
socioeconómica de los accionantes, informó que Saúl Antonio Gómez se dedica a “oficios varios” y que
actualmente está desempleado. Por su parte, María Eugenia Restrepo es “ama
de casa” y los menores Saúl Jerónimo Gómez y Emanuel
Gómez están cursando el grado séptimo de educación básica secundaria. El equipo
interdisciplinario de la Personería concluyó que la situación socioeconómica
del grupo familiar es inestable, pues ninguno de sus miembros genera ingresos.
Sin embargo, reciben un apoyo económico de las hijas del primer matrimonio del
señor Saúl Antonio Gómez, con el que “no logran satisfacer sus necesidades
básicas de manera integral”. Así mismo, constató que el núcleo familiar es
beneficiario del programa Familias en Acción y que, recientemente, recibió, por
una sola vez, el beneficio correspondiente a la devolución del IVA.
6.2.1.3.
Respuesta de la Asociación Junta Administradora del Acueducto Vereda
Peñolcito Parte Media y Alta Municipio de Copacabana
91.
La Asociación Junta Administradora del Acueducto
Vereda Peñolcito Parte Media y Alta Municipio de Copacabana informó lo siguiente: (i) por razones técnicas, la zona donde está
ubicada la vivienda de los accionantes no puede ser conectada al servicio de
agua potable que suministra esa entidad, ya que no es posible generar la presión
necesaria para la distribución del agua; (ii) la vivienda de los
accionantes no cuenta con un sistema para verter aguas residuales; (iii) la
entidad conectó a los accionantes al servicio de agua no potable de una fuente
hídrica de la zona, lo cual se llevó a cabo durante el trámite de revisión de
la acción de tutela sub examine[85]; y, (iv) la entidad le solicitó a la Secretaría de Salud de Copacabana
la donación de un filtro de agua para viviendas rurales que no tienen acceso a
agua potable.
6.2.1.4.
Respuesta de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
92.
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
indicó que la Asociación Junta Administradora del Acueducto Vereda Peñolcito
Parte Media y Alta Municipio de Copacabana no se ha acogido al esquema de
prestación de servicios públicos domiciliarios previsto en el Decreto 1898 de
2016 ni ha presentado un plan de gestión para la prestación del servicio
público de acueducto en zona rural, en los términos de dicha normativa.
6.2.1.5.      Respuesta del Departamento de Antioquia
93.
La Gobernación de Antioquia informó que no ha recibido proyectos para el aprovisionamiento de agua potable y saneamiento
básico en la zona referida en la
acción de tutela ni está obligada a prestar el servicio público de agua
potable. En el caso de los accionantes, dicha obligación está a cargo del Municipio
de Copacabana, de acuerdo con el artículo 5 de la ley 142 de 1994.
6.2.1.6.      Respuesta de las Empresas Públicas de Medellín
94.
Empresas Públicas de
Medellín E.S.P. explicó que el
sector en el que habitan los tutelantes está por fuera del perímetro de la zona donde esa entidad
presta el servicio de acueducto y alcantarillado. Así mismo, señaló que, de
acuerdo con el artículo 7 de la Resolución 688 de 2014 de la Comisión de
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, el responsable de la
prestación del servicio en esa área es el Municipio de Copacabana.
95.
En cuanto a las soluciones alternativas
para el aprovisionamiento de agua para consumo humano y manejo de aguas
residuales domésticas en el sector rural, la entidad informó que estas dependen de las
circunstancias particulares de cada territorio. Con base en ellas, es posible
determinar la viabilidad de acceder a fuentes superficiales o subterráneas de
agua, a pequeños sistemas de tratamiento de agua potable o a sistemas de
tratamiento de aguas residuales.
6.2.1.7.      Respuesta del Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio
96.
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio manifestó que, en armonía con la descentralización administrativa, los
proyectos relacionados con el acceso a agua potable y saneamiento básico deben ser
gestados y estructurados técnicamente por el Municipio de Copacabana. Con ese
fin, la entidad territorial puede contar con el apoyo técnico del gestor de los
Planes Departamentales de Agua de la Gerencia de Servicios Públicos de la
Gobernación de Antioquia, que son desarrollados con base en los lineamientos expedidos
por ese ministerio. De otro lado, señaló que, de acuerdo con la información
registrada en el Sistema de Gestión de Información del Viceministerio de Agua y
Saneamiento Básico, al 19 de agosto de 2020, el municipio de Copacabana no
había radicado ninguna solicitud relacionada con el mecanismo de evaluación de
proyectos de ese ministerio, con el fin de recibir apoyo financiero para
desarrollar proyectos de agua potable y saneamiento básico.
6.3.
Razonabilidad y
proporcionalidad de la pretensión de acceso al agua formulada por los
accionantes
97.
Para determinar la
procedencia del amparo solicitado en cuanto al derecho de acceso al agua y cuál
debería ser el mínimo nivel razonable de satisfacción, la Sala debe
realizar un juicio de ponderación respecto de la pretensión de los accionantes (máximo
nivel de satisfacción pretendido). Así las cosas, la Sala determinará (i)
si la pretensión es razonable, esto es, si, prima facie, se adscribe al
contenido del derecho de acceso al agua de los habitantes de las áreas rurales
previsto por el legislador y la administración (ver numeral 5.1) y determinado
por la jurisprudencia constitucional (ver numeral 5.2) y, en consecuencia, (ii)
si su satisfacción puede ser exigida, también prima facie, a la entidad
accionada. De ser así, verificará si está constitucionalmente justificado que
la entidad accionada garantice el acceso al agua de los accionantes. Solo si se
supera este análisis de razonabilidad, se determinará (iii) si la
pretensión es proporcional, es decir, si permite alcanzar el máximo nivel
razonable de satisfacción de los derechos de los accionantes, procurando la
menor afectación posible a la autonomía administrativa de la alcaldía accionada
y a los derechos de terceros.
6.3.1.
Análisis de razonabilidad
de la pretensión
98.
La Sala advierte que la
pretensión, en los términos formulados por los accionantes, en principio, no se
adscribe al contenido del derecho de acceso al servicio público de agua para
consumo humano. Ello es así, por cuanto la vivienda donde habitan no cumple las
condiciones de orden legal y técnico previstas en el artículo 7 del Decreto 302
de 2000[86].
Sobre este punto, la Sala resalta que el Acueducto Vereda Peñolcito Parte Media y Alta Municipio de Copacabana, en su informe de 19 de agosto de 2020, señaló
que la vivienda carecía de licencia ambiental, permiso de vertimientos,
certificado de tradición y libertad y constancia de pago del impuesto predial.
Además, “[no] tiene donde verter sus aguas residuales”. Las anteriores
condiciones evidencian el incumplimiento de los requisitos previstos en los
artículos 7.2, 7.4 y 7.5 del citado decreto.
99.
Adicionalmente, la
jurisprudencia constitucional ha señalado que el amparo del derecho de acceso
al agua potable es improcedente en el caso de las viviendas ocupadas
ilegalmente[87]. Sobre la legalidad de la vivienda de
los accionantes, se observa que, en la comunicación de fecha 6 de noviembre de
2019 remitida como respuesta al derecho de petición formulado por el señor Saul
Antonio Gómez Otálvaro, la Alcaldía Municipal de Copacabana indicó que, al
haberse “loteado” sin autorización el predio que habitan los
accionantes, no era posible legalizar la construcción[88].
Esto, sumado a lo expuesto por el Acueducto Vereda Peñolcito Parte Media y Alta Municipio de Copacabana (párrafo 91 supra), evidencia una
situación de ilegalidad del predio de los accionantes que, prima facie,
hace improcedente amparar su derecho de acceso al agua para consumo humano.
100.      No obstante, esta Corte también ha señalado que,
cuando el asunto involucra a sujetos de especial protección constitucional, el
amparo del derecho de acceso al agua para consumo humano procede de manera
excepcional, aunque los accionantes habiten en un asentamiento ilegal, pues la
condición de dichos sujetos demanda una protección reforzada por parte de las
autoridades. Así, por ejemplo, en la sentencia T-103 de 2017, la Corte señaló: “Sin
perjuicio de lo dicho hasta el momento, la Sala recuerda que aunque no se pueda
acceder a la instalación de una red de acueducto que permita el suministro de
agua potable, las autoridades municipales están obligadas a suministrar el
líquido vital, aun cuando la peticionaria se encuentre en un asentamiento
ilegal, pues su condición de sujeto de especial protección constitucional (…)
exige una protección por parte de las autoridades”.
101.      Teniendo en cuenta que el señor Saúl Antonio
Gómez Otálvaro es un adulto mayor[89] y que sus hijos Saúl Jerónimo Gómez y
Emanuel Gómez son menores de edad[90], está acreditada la presencia de tres sujetos
de especial protección constitucional en el núcleo familiar de los accionantes,
de acuerdo con los criterios que, para el efecto, ha fijado la jurisprudencia
constitucional[91]. En consecuencia, la pretensión de
acceso al agua para consumo humano formulada en el caso sub examine
resulta razonable y está justificada.
102.      Ahora bien, en cuanto al nivel de
satisfacción mínimo razonable, la Sala considera que las soluciones
alternativas para el aprovisionamiento de agua para consumo humano y doméstico
previstas en “la Sección 3” del Decreto 1077 de 2015 se
adscriben al ámbito de protección del derecho fundamental de acceso al agua
para consumo humano en áreas rurales.
6.3.2.
Análisis de
proporcionalidad de la pretensión
103.      La Sala constata que el nivel de satisfacción
mínimo razonable que ofrecen las soluciones alternativas para el
aprovisionamiento de agua para consumo humano y doméstico previstas en “la Sección 3” del Decreto 1077 de 2015 son adecuadas
para garantizar el máximo nivel razonable de satisfacción del
derecho fundamental de acceso al agua para consumo humano en el asunto sub
examine. Por lo tanto, estas alternativas se consideran idóneas.
104.      En cuanto a la idoneidad de estas soluciones
alternativas desde el punto de vista de la salubridad, “la Sección 3” del
Decreto 1077 de 2015, que establece las condiciones de las soluciones
alternativas para el aprovisionamiento de agua para consumo humano, dispone que
“[el] tratamiento del agua para consumo humano y doméstico, se realizará
mediante técnicas o dispositivos de tratamiento de agua”, lo que garantiza
su salubridad.
105.      Este nivel de satisfacción mínimo
razonable del derecho al acceso al agua para consumo humano corresponde a
las alternativas razonables previamente identificadas y aplicables al caso
concreto y cumple con el fin de garantizar el acceso al agua en condiciones
aptas para el consumo humano. De manera que se trata de una medida necesaria
para la protección de los derechos fundamentales de los accionantes.
106.      Sobre el particular, cabe anotar que, si bien la
Alcaldía Municipal de Copacabana indicó, en su respuesta al auto de pruebas,
que el agua que actualmente reciben los accionantes “es tratada mediante un Filtro de Agua en 3 Etapas que es
distribuido por la empresa Grival”, esa información fue suministrada por fuera del término de
traslado de pruebas y, por lo tanto, no tuvo la oportunidad de ser
controvertida por los accionantes y las entidades que intervinieron en el
proceso. En cambio, está acreditado que, durante el trámite de revisión de la acción de tutela, la
Asociación Junta Administradora del Acueducto Vereda Peñolcito Parte Media y
Alta Municipio de Copacabana conectó
la vivienda de los accionantes al
servicio de agua no potable proveniente de una fuente hídrica de la zona y solicitó la donación de un filtro de agua
para viviendas rurales que no tienen acceso a agua potable.
107.      Finalmente, el remedio que ofrecen las
soluciones alternativas para el aprovisionamiento de agua para consumo humano y
doméstico previstas en “la Sección 3” del Decreto 1077 de 2015, lejos de
configurar una afectación a la autonomía administrativa de la Alcaldía
Municipal de Copacabana, se ajusta al contenido normativo del derecho
fundamental de acceso al agua en las zonas rurales. En consecuencia, por esta
vía, no se está conminando a la administración a garantizar un nivel de
satisfacción del derecho que exceda el marco legal al que debe sujetarse.
108.      Así mismo, en cuanto a eventuales afectaciones a
derechos de terceros, no se advierte que la solución planteada represente una
afectación desproporcionada. Con respecto al acueducto veredal, como se indicó,
está acreditado que realizó una conexión de agua no potable a la vivienda de
los accionantes, lo que no constituyó una carga desproporcionada a nivel
operativo o financiero. Y, en todo caso, el costo del medio que se debe
utilizar para potabilizar el agua suministrada a los accionantes está a cargo
de la Alcaldía Municipal de Copacabana, tal como lo dispone el artículo
2.3.7.1.3.1. del Decreto 1077 de 2015, según el cual “[es] responsabilidad
de los municipios y distritos asegurar el aprovisionamiento de agua potable y
saneamiento básico en zona rural diferente a los centros poblados rurales”.
109.      Ahora bien, teniendo en cuenta que la zona donde
está ubicada la vivienda de los accionantes está clasificada como de alto
riesgo recuperable, y debido a la inexistencia de alcantarillado o sistemas de
vertimiento, para evitar una afectación desproporcionada a los derechos de los
demás habitantes del asentamiento y, en particular, de las propiedades
colindantes, la Sala considera necesario dotar al remedio judicial de una
medida contingente que asegure el tratamiento adecuado de las aguas servidas
que se desechen de la vivienda de los accionantes.
110.      Así, de conformidad con las anteriores
consideraciones, la Sala encuentra acreditada la razonabilidad y la proporcionalidad
de que los accionantes cuenten con una solución alternativa de acceso a agua
para consumo humano. Por lo tanto, amparará los derechos de los accionantes y
le ordenará a la Alcaldía Municipal de Copacabana que garantice dicho acceso,
en el marco de los esquemas diferenciales para el aprovisionamiento de agua
potable y saneamiento básico previstos en “la Sección 3” del Decreto 1077 de 2015.
7.
Órdenes concretas
111.      Con fundamento en lo anterior, la Sala le ordenará
a la Alcaldía Municipal de Copacabana: (i) garantizar el derecho de acceso al agua para consumo
humano a los accionantes, en el
marco de los esquemas
diferenciales para el aprovisionamiento de agua potable y saneamiento básico previsto
en “la Sección 3” del Decreto 1077 de 2015, y (ii) verificar que se les
dé un tratamiento adecuado a las aguas servidas de la vivienda de los
accionantes y, de ser el caso, asegurar la implementación de uno de los
esquemas diferenciales para el aprovisionamiento de saneamiento básico
previstos en esa misma sección.
112.      Ahora bien, pese a que la obligación de aplicar
el remedio judicial recae sobre la accionada, la Sala advierte que, en el
asunto sub examine, la garantía del derecho de acceso al agua para
consumo humano requiere de un diálogo entre los accionantes, la Alcaldía
Municipal de Copacabana y la Asociación Junta
Administradora del Acueducto Vereda Peñolcito Parte Media y Alta Municipio de
Copacabana, para definir las características específicas del esquema diferencial para el aprovisionamiento de
agua potable y saneamiento básico que se debe implementar en la vivienda de los
accionantes. En este diálogo, también deberá participar la Personería Municipal
de Copacabana, como garante de los derechos fundamentales amparados. Entre
otras cosas, el diálogo estará encaminado a: (i) facilitar la definición
de la medida más adecuada para garantizar el derecho fundamental de acceso al
agua para consumo humano de los accionantes, entre las alternativas razonables
a las que se refiere “la Sección 3” del Decreto 1077 de 2015, y (ii) a que
la administración implemente una solución ajustada a las posibilidades reales
de satisfacción de ese derecho.
113.
Este diálogo deberá
adelantarse en términos perentorios, con el fin de asegurar la pronta
satisfacción del derecho amparado. Por lo tanto: (i) la Alcaldía
Municipal de Copacabana deberá iniciar dicho diálogo dentro de los tres (3)
días siguientes a la notificación de esta providencia; (ii) la
definición de la medida que mejor satisfaga el derecho fundamental de acceso al
agua para consumo humano de los accionantes no podrá tardar más de tres (3)
días, una vez iniciado dicho diálogo; y, (iii) dentro de los cinco (5)
días siguientes a la definición de la medida, la Alcaldía Municipal de
Copacabana deberá llevar a cabo todas las acciones necesarias para
implementarla, con el fin de hacer efectiva la protección del derecho de acceso
al agua para consumo humano de los accionantes. Además, dentro del mismo
término, deberá asegurar una adecuada destinación de las aguas servidas
desechadas de la vivienda de los accionantes.
8.
Síntesis de la decisión
114.      Saúl Antonio Gómez Otálvaro y otros
interpusieron acción de tutela en contra de la Alcaldía Municipal de
Copacabana, el 31 de octubre de 2019. En su criterio, esa entidad (i)
vulneró su derecho fundamental de acceso al agua, pues no reconectó el
suministro de agua en su vivienda, ubicada en la vereda Peñolcito del municipio
de Copacabana, luego de un derrumbe ocurrido en esa zona en el mes de diciembre
de 2016, y (ii) vulneró su derecho fundamental de petición, porque no
resolvió la solicitud que el señor Saul Antonio Gómez Otálvaro formuló ante esa
entidad el 20 de agosto de 2019.
115.      En su contestación a la acción de tutela, la
alcaldía accionada alegó que existía una carencia actual de objeto por hecho
superado, pues el 6 de noviembre de 2019 dio respuesta a la solicitud elevada
por el actor. Frente a la solicitud de protección del derecho fundamental de
acceso al agua, la accionada guardó silencio.
116.      En sentencia del 14 de noviembre de 2019, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal Oral con
Función de Control de Garantías de Copacabana negó el amparo solicitado y
declaró la carencia actual de
objeto por hecho superado, respecto de la solicitud de amparo del
derecho de petición. En dicha providencia, el juez de instancia no se refirió a
la protección del derecho de acceso al agua solicitada por los accionantes.
117.      En sede de revisión, luego de constatar el cumplimiento de los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela, la Sala definió como problemas jurídicos del caso los siguientes: (i) ¿la Alcaldía Municipal de Copacabana vulneró el derecho fundamental de
petición de los accionantes, al no responder oportunamente la petición de fecha
20 de agosto de 2019? y (ii) ¿la Alcaldía Municipal de Copacabana
vulneró el derecho fundamental de acceso al agua de los accionantes?
118.
En cuanto a la vulneración del derecho
fundamental de petición alegada por los accionantes, la Sala concluyó que, en
efecto, en el asunto sub examine se configuró una carencia actual de
objeto por hecho superado. Frente a la solicitud de amparo del derecho de
acceso al agua, luego de propiciar un proceso de interacción significativa, la
Sala evidenció que la vivienda de los accionantes no cumplía con los requisitos
legales para el suministro del servicio público de agua potable. No obstante,
constató que la garantía de este derecho involucraba la protección de sujetos
de especial protección constitucional. Por lo tanto, consideró procedente
amparar el derecho fundamental de acceso al agua para consumo humano de los
accionantes, mediante la implementación de una solución alternativa, de
conformidad con lo previsto en “la Sección 3” del Decreto 1077 de 2015.
Así mismo, consideró necesario que la Alcaldía Municipal de Copacabana
verifique el adecuado tratamiento
de aguas servidas de la vivienda de los accionantes y, de ser el caso, asegure
uno de los esquemas diferenciales para
el aprovisionamiento de saneamiento básico a los que se refiere esa misma
sección.
119.
Finalmente, la Sala consideró que la garantía del derecho de acceso al agua para
consumo humano en el asunto sub examine requiere que se adelante un
diálogo entre los accionantes, la Alcaldía Municipal de Copacabana, la Asociación Junta Administradora del Acueducto Vereda
Peñolcito Parte Media y Alta Municipio de Copacabana y la Personería Municipal
de Copacabana, encaminado a
facilitar, entre otras cosas, (i) la definición de la medida más
adecuada para garantizar el derecho fundamental de acceso al agua para consumo
humano de los accionantes y (ii) que la administración implemente una
solución ajustada a las posibilidades reales de satisfacción de ese derecho.
120.
Así mismo, señaló que este
diálogo deberá adelantarse en términos perentorios. Por lo tanto, (i) la
Alcaldía Municipal de Copacabana deberá iniciar dicho diálogo dentro de los
tres (3) días siguientes a la notificación de esta providencia; (ii) la
definición de la medida que mejor satisfaga el derecho fundamental de acceso al
agua para consumo humano de los accionantes no podrá tardar más de tres (3)
días, una vez iniciado dicho diálogo; y, (iii) dentro de los cinco (5)
días siguientes a la definición de la medida, la Alcaldía Municipal de
Copacabana deberá llevar a cabo todas las acciones necesarias para
implementarla. Además, dentro del mismo término, deberá asegurar la adecuada
destinación de las aguas servidas desechadas de la vivienda de los accionantes.
III.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Primera de
Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del
14 de noviembre de 2020 proferida por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal Oral con Función de Control de
Garantías de Copacabana que declaró
improcedente la acción de tutela, respecto de la
protección del derecho fundamental de petición solicitada por los accionantes,
debido a que se configuró una carencia actual de objeto por hecho superado.
SEGUNDO. REVOCAR la sentencia del 14 de noviembre de 2020
proferida por el Juzgado Primero
Promiscuo Municipal Oral con Función de Control de Garantías de Copacabana que declaró improcedente la acción de tutela,
respecto de la protección del derecho de acceso al agua solicitada por los
accionantes. En su lugar, CONCEDER el amparo del derecho fundamental de
acceso al agua para consumo humano de
Saul Antonio Gómez Otálvaro, María Eugenia Restrepo, Saul Jerónimo Gómez, Emanuel de
Jesús Gómez y Samira Andrea Gómez.
TERCERO. Como consecuencia de la orden anterior, ORDENAR a la Alcaldía Municipal de Copacabana que, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de esta
providencia, inicie un diálogo con los accionantes, la Asociación Junta Administradora del Acueducto Vereda
Peñolcito Parte Media y Alta Municipio de Copacabana y la Personería Municipal
de Copacabana, con el fin de (i)
definir la medida más adecuada para garantizar el derecho fundamental de acceso
al agua para consumo humano de los accionantes, entre las alternativas
razonables a las que se refieren los artículos 2.3.7.1.3.1 al 2.3.7.1.3.6 (“la
Sección 3”) del Decreto 1077 de 2015, y (ii) implementar una solución
ajustada a las posibilidades reales de satisfacción de ese derecho. La
definición de esa medida no podrá tardar más de tres (3) días, una vez iniciado
dicho diálogo.
CUARTO. ORDENAR a la Alcaldía Municipal de Copacabana que, dentro de los cinco (5) días siguientes a la definición de
la medida a la que se refiere el resolutivo tercero de esta providencia, lleve a cabo todas las acciones necesarias para
implementarla y asegure una adecuada destinación de las aguas servidas de la
vivienda de los accionantes.
QUINTO. Por Secretaría General, líbrense las
comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los
efectos allí contemplados.
Comuníquese y
cúmplase.
RICHARD S. RAMÍREZ GRISALES
Magistrado (e)
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
Con aclaración de voto
JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
ACLARACIÓN DE VOTO DE LA MAGISTRADA
DIANA FAJARDO RIVERA
A LA SENTENCIA T-476/20
M.P. (E) RICHARD S. RAMÍREZ GRISALES
1.
Con el acostumbrado
respeto por las decisiones de la Sala Primera de Revisión, aclaro
mi voto respecto de la Sentencia T-476 de
2020. La providencia resolvió
el caso de una familia que vive en una zona rural de Antioquia
y no tenían acceso a agua potable. Solicitaron a la Alcaldía ser conectados a
la red de suministro, pero no obtuvieron respuesta sino hasta después de la
presentación de la acción de tutela. Al resolver el caso concreto la Sala
Primera determinó que el
derecho fundamental de acceso al agua potable del actor y su familia sí fue
vulnerado por las entidades accionadas. Sin embargo, para llegar a dicha
conclusión utilizó la metodología de la interacción significativa, a partir de
la cual, determinó que no le corresponde al juez de tutela establecer el
remedio judicial concreto, de ahí que la orden haya sido no una protección
inmediata de los derechos fundamentales que se encontraron vulnerados, sino el
inicio de un diálogo entre los implicados para determinar cuál es la medida más
adecuada para garantizar el acceso al suministro de agua potable.
A continuación explicaré las
razones por las que aclaro el voto. Aunque acompaño la decisión de amparar el
derecho al acceso al agua potable, considero importante reiterar mi desacuerdo
con la metodología usada en el caso concreto.
2.
En mis votos particulares a las
sentencias T-091 de 2018 y T- 209 de 2019 expuse en detalle las razones que
sustentan mi desacuerdo con la metodología implementada por la Sala Primera de
Revisión denominada interacción significativa, la cual encuentro
particularmente problemática frente a la labor que como jueces constitucionales
nos ha sido asignada. Aunque acompaño la búsqueda colectiva o conjunta de
soluciones, estimo necesario precisar algunos puntos en relación con las
propuestas que quedaron plasmadas en la Sentencia T-476 de 2020.
3.
La metodología de la interacción
significativa supone que los titulares de los derechos fundamentales, así como
quienes están llamados a garantizarlos “pueden aportar al debate
constitucional, por medio de premisas empíricas y normativas, razones acerca de
cuál puede ser la medida más idónea para lograr la satisfacción del derecho en
el caso concreto. Además, tienen una posición privilegiada para brindar
razones, con base en las condiciones específicas del caso, acerca de las
posibilidades fácticas y normativas de protección del derecho, dentro de las
cuales son especialmente relevantes las restricciones presupuestales y de gasto
público, las restricciones presupuestarias de los titulares y, en casos como el
sub judice, las restricciones de tipo geográfico y relacionadas con derechos de
terceros.” Por supuesto son los
directamente afectados quienes mejor conocen la situación puesta en
conocimiento del juez de tutela, sin embargo, es a este último a quien le
corresponde dirigir el proceso, su tarea no se limita a “controlar la plausibilidad de las premisas y los
argumentos propuestos por los destinatarios de los derechos.”[92]
El juez constitucional debe jugar un rol activo en el trámite de tutela, por
ello, el Decreto 2591 de 1991 le otorgó amplias facultades que le permiten, incluso, proferir fallos ultra y extra
petita, esto es, “decidir más allá de lo pedido o sobre pretensiones que
no hicieron parte de la demanda.”[93]
Nada más lejano a ese mandato que la concepción de su papel que quedó plasmada
en esta sentencia.
4.
En algunos casos, el
juez de tutela puede encontrar vulneraciones de derechos no advertidas por los
peticionarios, en otros deberá dictar órdenes diferentes a las propuestas de
los demandados si con ello busca cumplir los preceptos de la Constitución y, siempre
que lo considere necesario, puede decretar de oficio la práctica de pruebas.
Cuando se enfrenta a asuntos que, como en este caso, incluyen discusiones
técnicas o de infraestructura, puede acudir a expertos sobre la materia para
llenar el vacío que advierta. Pero las resultas del proceso no pueden dejarse a
voluntad de las partes. Se pierde así la naturaleza misma de la acción de
tutela que es la salvaguarda eficaz y expedita de los derechos fundamentales.
Al juez le corresponde determinar el remedio judicial adecuado para cada
vulneración de derechos que encuentre, y en lo posible, ha de resolver el caso
directamente. Entiendo que en algunas situaciones y asuntos sumamente complejos
se deban usar fórmulas de diálogo para concretar la satisfacción de los
derechos que se encontraron vulnerados, pero esta no es una fórmula que deba
replicarse en todos los casos que se relacionen con la garantía de la faceta
prestacional de los derechos.
5.
Considero que en el
caso resuelto en esta oportunidad era innecesario usar la metodología a la que
me vengo refiriendo, y se habría podido dar una orden concreta a la entidad
accionada en vez de disponer que realice un proceso de diálogo con el
accionante para concretar la forma de satisfacer sus pretensiones. Las obligaciones
de las entidades responsables de garantizar el acceso al agua potable del
accionante y su familia quedaron claras durante la etapa de revisión del fallo
de instancia, también fue posible determinar sus competencias y los esquemas
diferenciales de suministro que han sido avalados tanto por el ordenamiento
jurídico como por la jurisprudencia de esta Corte, ampliamente citada en la
parte motiva de la sentencia en comento.[94] Por lo tanto, en mi opinión, el uso de
esta metodología no quedó suficientemente justificado. Se trata de un simple
ejercicio argumentativo que quedó plasmado en una providencia judicial, pero en
la práctica no ocurrió nada distinto a la usual actividad probatoria de la
Corte.[95]
6.
En suma, la
metodología adoptada en esta sentencia es una de las opciones con las que
cuenta el Juez de tutela para resolver casos que involucran la protección de
derechos económicos sociales y culturales, pero no la única. Además, no se
trata de una práctica reiterada por esta Corte y por ello, no es un precedente
consolidado que deba ser replicado en futuros casos análogos. Para lograr un
convencimiento real acerca de la conveniencia de usar la metodología de la interacción
significativa en situaciones como la resuelta en esta oportunidad, haría
falta una mayor rigurosidad conceptual y un análisis mucho más preciso de las
premisas que la sustentan. Al hacerlo, es necesario reevaluar la forma en la
que están siendo interpretadas las facultades del juez de tutela por la Sala
Primera de Revisión.
En estos términos dejo plasmadas
las razones por las que aclaro mi voto en esta oportunidad.
Fecha ut
supra
DIANA
FAJARDO RIVERA
Magistrada
[1] Específicamente las previstas en los
artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política y en los artículos 33
y siguientes del Decreto 2591 de 1991.
[2] Cno. principal, fls. 1, 2, 3, 4, 6 y 7.
[3] Cno. principal, fls. 1, 2, 3 y 4.
[4] Cno. principal, fls. 6 y 7.
[5] Cno. principal, fls. 1 y 11.
[6] Cno. principal, fl. 3.
[7] Cno. principal, fl. 6.
[8] Cno. principal, fl. 3.
[9] Ibidem.
[10] Cno. principal, fls. 6 y 7.
[11] Cno. principal, fls. 15 al 24.
[12] Cno. principal, fl. 23.
[13] Ibidem.
[14] Ibidem.
[15] Cno. principal, fl. 3.
[16] Cno. principal,
fls. 6 y 7.
[17] Cno. de revisión, fls. 1 al 11. La Sala de
Selección Número Dos estuvo integrada por los magistrados Antonio José Lizarazo
Ocampo y Gloria Stella Ortiz Delgado.
[18] Este artículo fue adicionado por el artículo
2 del Decreto 1898 de 2016.
[19] Ídem.
[20] ídem.
[21] Constitución
de Política, artículo 86.
[22] Decreto 2591 de 1991, artículo 10.
Legitimidad e interés: “La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo
momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus
derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante.
Los poderes se presumirán auténticos. // También se pueden agenciar derechos
ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su
propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la
solicitud. // También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros
municipales”.
[23] Corte Constitucional, sentencias T-678 de
2016 y T-176 de 2011.
[24] Cno. principal, fl. 6.
[25] Corte Constitucional, sentencia T-540 de 2006.
[26] De acuerdo con el artículo 6 de la Ley 142 de 1994,
los municipios prestarán directamente los servicios públicos “cuando las
características técnicas y económicas del servicio, y las conveniencias generales
lo permitan y aconsejen”.
[27] Corte Constitucional, sentencia T-223 de
2018.
[28] Corte Constitucional, sentencia SU-391 de
2016.
[29] Corte Constitucional, sentencia SU-391 de 2016.
[30] Ley 1437 de 2011, artículo 14. “Términos
para resolver las distintas modalidades de peticiones.  Salvo
norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá
resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción”.
[31] En
la petición radicada el 20 de agosto de 2020 ante la Alcaldía Municipal de
Copacabana, el accionante señaló: “necesitamos con urgencia que nos den
solución a esta problemática ya que lo he manifestado con el alcalde y no hubo
ninguna respuesta por parte de él”.
[32] Corte
Constitucional, sentencia SU-168 de 2017.
[33] Mediante oficio del 24 de agosto de 2020, la Personería Municipal de Copacabana informó que el accionante tiene 68 años de edad y sus hijos
Saul Jerónimo Gómez y Emanuel Jesús Gómez tienen 13 años de edad.
[34] Corte Constitucional, sentencia T-678 de
2016.
[35] Ibidem.
[36]Corte Constitucional, sentencias T-291 de
2017 y T-345 de 2009, entre otras.
[37] Constitución Política, artículo 86.
[38] Corte Constitucional, sentencia SU-037 de 2009.
[39] Corte
Constitucional, sentencia T-721 de 2012.
[40] Corte Constitucional, sentencias T-043 de
2014, T-402 de 2012 y T-235 de 2010.
[41] Corte Constitucional, sentencias T-572 de 2009, T-090 de 2010,
T- 671 de 2010, T-502 de 2011, T-844 de 2011, T-214 de 2014 y SU-696 de 2015,
entre otras.
[42] Corte Constitucional, sentencia T-598 del 2017.
[43] Corte Constitucional, sentencias SU-961 de 1999, SU-1052 de 2000, T-747 de 2008,
T-500 de 2002, T-179 de 2003, T-705 de 2012 y T-347 de 2016, entre otras.
[44] Corte Constitucional, sentencia T-077 de
2018, entre otras.
[45] Ley 472 de 1998, artículo 2.
[46] Esa disposición establece que “El
acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna”
es un derecho colectivo.
[47] Corte Constitucional, sentencia T-375 de
2018.
[48] Corte Constitucional, sentencia T-252 de
2017.
[49] Corte Constitucional, sentencia T-093 de
2015.
[50] Véanse, Corte Constitucional, sentencias T-556 de 2013, T-086 de 2015 y T-332 de 2015, entre
otras.
[51] ALEXY, Robert. Teoría de los derechos
fundamentales. 2 ed. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2012
p. 416.
[52] Corte Constitucional, sentencia C-951 de
2014. Cfr., en lo pertinente, y para un estudio detallado de esta garantía
constitucional. MARÍN CORTÉS, Fabián. G. Derecho de petición y procedimiento
administrativo. Medellín: Librería Jurídica Sánchez y Centro de Estudios de
Derecho Administrativo, 2016, 836 p.
[53] Ley 1437 de 2011, artículo 14: “Términos para resolver las distintas
modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción
disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días
siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de
las siguientes peticiones: // 1. Las peticiones de documentos y de información
deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si
en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos
los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por
consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos
documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro
de los tres (3) días siguientes. // 2. Las peticiones mediante las cuales se
eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo
deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.
// Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en
los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al
interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando los
motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se
resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente
previsto”.
[54] Corte Constitucional, Sentencia T-1160A de 2001.
[55] Ibidem.
[56] Corte Constitucional, sentencia T-867 de
2013.
[57] Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No. 15.
[58] Corte Constitucional, sentencia T-223 de 2018.
[59] Corte Constitucional, sentencia T-118 de
2018
[60] Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No. 15,
artículo 44.
[61] Comité de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, Observación General No. 15.
[62] Ley 142 de 1994, artículo 14.22.
[63] Ley 142 de 1994, artículo 6.
[64] Documento Conpes 3810 de 2014, p. 27.
[65] Documento Conpes 3810 de 2014, p. 29.
[66] Decreto 1077 de 2015, artículo
2.3.7.1.1.3.
[67] Ibidem.
[68] Adicionados por el artículo 2 del Decreto
1098 de 2016.
[69] Ídem.
[70] Corte
Constitucional, sentencia T-974 de 2009.
[71] Corte Constitucional, sentencia T-418 de
2010.
[72] Corte Constitucional, sentencia T-038 de
2019.
[73] Corte Constitucional, sentencia T-085 de 2018.
[74] Corte Constitucional, sentencia T-038 de 2019.
[75] Folio
14 del cuaderno principal.
[76] Constitución Política, artículo 23.
[77] Ley 1755 de 2015.
[78] Corte Constitucional, Sentencia T-1160A de 2001.
[79] La Asociación Junta Administradora del
Acueducto Vereda Peñolcito Parte Media y Alta Municipio de Copacabana.
[80] Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
[81] El personero municipal de Copacabana, la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y territorio y el Departamento de Antioquia.
[82] Dixon, Rosalind (2014). Para fomentar el
diálogo sobre los derechos socioeconómicos: una nueva mirada acerca de las
diferencias entre revisiones judiciales fuertes y débiles. Por una justicia
dialógica: el poder judicial como promotor de la deliberación democrática.
Buenos Aires, Siglo Veintiuno Editores, pp. 78-79.
[83] Sentencia T-418 de 2010. Es esta
oportunidad la Corte Constitucional indicó: “5.7. Elegir las herramientas
concretas para resolver un caso que requiere soluciones complejas, supone en
muchos casos, un proceso previo, en ocasiones creativo, para inventarse las
soluciones a problemas complejos que ponen en riesgo el goce efectivo de los
derechos fundamentales. Construir, crear e inventarse las soluciones que deben
ser adoptadas, es una tarea que corresponde a la sociedad y a las instituciones
que ésta ha creado para el efecto, en condiciones de democracia participativa.
El juez de tutela, lejos de irrespetar esta competencia establecida en la
Constitución Política vigente, debe encargarse de proteger el goce efectivo de
los derechos fundamentales de las personas, adoptando las medidas adecuadas y
necesarias para asegurar que la tarea aludida sea cumplida. || Así pues, buena
parte de las órdenes específicas que imparta un juez de tutela con relación a
casos que requieran órdenes complejas, no establecen cuáles deben ser las
medidas específicas que la Administración o el respectivo particular deben
adoptar en un caso concreto, sino que están orientadas a lograr que las
autoridades o personas respectivas las adopten, en las condiciones propias de
una democracia participativa, a lo largo del proceso de diseño, implementación,
evaluación y control […]”.
[84] Respecto a la clasificación de las zonas
de alto riesgo, el Artículo 18 del
decreto 1807 de 2014 señala: “Evaluación del riesgo. La
evaluación de riesgo es el resultado de relacionar la zonificación detallada de
amenaza y la evaluación de la vulnerabilidad. Con base en ello, se categorizará
el riesgo en alto, medio y bajo, en función del nivel de afectación
esperada. || Para las zonas en alto riesgo se definirá la mitigabilidad o
no mitigabilidad, a partir de las alternativas de intervención física para
reducir y evitar el incremento de la amenaza y/o vulnerabilidad. ||
Para estas alternativas se deberá evaluar su viabilidad de ejecución desde el
punto de vista técnico, financiero y urbanístico. Bajo estas evaluaciones se
obtendrá la definición del riesgo alto mitigable o riesgo alto no mitigable”.
(Negrilla fuera de texto).
[85] Así se concluye de lo expuesto por la
Personería Municipal de Copacabana en el informe remitido a la Corte el 24 de
agosto de 2020. De acuerdo con este informe: “… en la actualidad la vivienda
cuentan (sic) con servicio de agua, pero solo desde hace una semana,
debiendo pagar el valor de $600.000 seiscientos mil pesos al acueducto veredal
por la instalación del servicio, y debiendo pagar de manera mensual por el
consumo de la misma”.
[86] Decreto 302 de 2000, Artículo 7. “Condiciones
de acceso a los servicios. Para obtener la conexión de los servicios de
acueducto y alcantarillado, el inmueble deberá cumplir los siguientes
requisitos: || 7.1 Estar ubicado dentro del perímetro de servicio, tal como lo
dispone el parágrafo segundo del artículo 12 de la Ley 388 de 1997. || 7.2
Contar con la Licencia de Construcción cuando se trate de edificaciones por construir,
o la cédula catastral en el caso de obras terminadas. || 7.3 Estar ubicado en
zonas que cuenten con vías de acceso o espacios públicos y redes de acueducto o
alcantarillado requeridas para adelantar las redes locales y las conexiones
domiciliarias que permitan atender las necesidades del inmueble. || 7.4 Estar
conectado al sistema público de alcantarillado, cuando se pretenda la conexión
al servicio de acueducto, salvo lo establecido en el artículo 4o. de este
decreto. || 7.5 Contar con un sistema de tratamiento y disposición final
adecuada de aguas residuales debidamente aprobado por la autoridad ambiental
competente, cuando no obstante, ser usuario o suscriptor de la red de
acueducto, no existe red de alcantarillado en la zona del inmueble. || 7.6 Los
usuarios industriales y/o especiales de alcantarillado que manejen productos
químicos y derivados del petróleo deberán contar con un plan de contingencia
que garantice que bajo ninguna condición se corre el riesgo de que estas
sustancias lleguen al sistema público de alcantarillado. || 7.7 La conexión al
sistema de alcantarillado de los sótanos y semi-sótanos podrá realizarse previo
el cumplimiento de las normas técnicas fijadas por la entidad prestadora de los
servicios públicos. || 7.8 Contar con tanque de almacenamiento de agua cuando
la Entidad Prestadora de Servicios Públicos lo justifique por condiciones
técnicas locales. Los tanques de almacenamiento deberán disponer de los
elementos necesarios para evitar los desperdicios y la contaminación del agua y
deberán ajustarse a las normas establecidas por la entidad. || 7.9 En
edificaciones de tres (3) o más pisos, contar con los sistemas necesarios para
permitir la utilización eficiente de los servicios”.
[87] Corte Constitucional, sentencias T-103 de
2017 y T-266 de 2018.
[88] Cno. principal, fl. 14.
[89] Cno. principal, fl. 5.
[90] Informe de fecha 24 de agosto de 2020 de
la Personería Municipal de Copacabana.
[91] Sobre los sujetos de especial protección
constitucional, mediante la sentencia T-104 de 2018, la Corte
Constitucional indicó lo siguiente: “Está conformada por aquellas personas
que debido a su condición física, psicológica o social particular, merecen una
acción positiva estatal para efectos de lograr una igualdad efectiva. Teniendo
en cuenta lo anterior, se puede concluir que en este grupo de especial
protección se encuentran ‘los niños, los adolescentes, los
adultos mayores, los disminuidos físicos, síquicos y sensoriales, las
mujeres cabeza de familia, las personas desplazadas por la violencia
y aquellas que se encuentran en extrema pobreza”. (Negrillas fuera de
texto).
[92] Ver fundamento jurídico 81 de la
Sentencia T-476 de 2020.
[93] Sentencias T-153 de 2011 y T-568 de 2013,
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[94] Ver título 5.1. Desarrollo normativo del derecho de acceso al agua
en las áreas rurales, F.j. 58 a 62.
[95]  Corte Constitucional, Acuerdo 02 de
2015 “Por medio del cual se unifica y actualiza el Reglamento de la Corte
Constitucional”. “Artículo 64. Pruebas en revisión de tutelas.
Con miras a la protección inmediata y efectiva del derecho fundamental
vulnerado y para allegar al proceso de revisión de tutela elementos de juicio
relevantes, el Magistrado sustanciador, si lo considera pertinente, decretará
pruebas. Una vez se hayan recepcionado, se pondrán a disposición de las partes
o terceros con interés por un término no mayor a tres (3) días para que se
pronuncien sobre las mismas, plazo durante el cual el expediente quedará en la
Secretaría General. […]”