T-628-17
Sentencia T-628/17
DERECHO A LA INTIMIDAD PERSONAL, A LA IMAGEN Y AL BUEN
NOMBRE-Caso en que se solicita no publicar una obra cinematográfica y contenidos relacionados con la imagen de joven fallecido
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO-Fenómeno
que se configura en los siguientes eventos: hecho superado, daño consumado o
situación sobreviniente
DERECHO A LA IMAGEN-Naturaleza
El derecho a la imagen
es un derecho fundamental y autónomo, que se deriva de la dignidad humana y
está íntimamente relacionado con los derechos al libre desarrollo de la
personalidad y al reconocimiento de la personalidad jurídica.
DERECHO A LA IMAGEN-Derecho
comparado/DERECHO A LA IMAGEN-Alcance
FACETAS DEL DERECHO A LA IMAGEN-Fundamental
y patrimonial
El derecho a la imagen
también cuenta con una faceta exclusivamente patrimonial,
relacionada con la autorización de la explotación sujeta a la obtención de
lucro y el resarcimiento económico derivado del uso y el aprovechamiento de la
imagen sin el permiso de su titular, la cual escapa del núcleo ius fundamental del
derecho.
DERECHO A LA IMAGEN-Jurisprudencia
constitucional
El análisis del derecho a la imagen en las sentencias de esta
Corporación parte de la dignidad humana como principio estructural de la
Constitución, el cual dota de contenido a otros derechos fundamentales y que en
el caso de la imagen también se ve reflejado, debido a que el ser humano no
solamente restringe su existencia al hecho natural y biológico de vivir, sino
también busca identificarse a través de rasgos físicos que lo distingan de las
otras personas.
DERECHO A LA IMAGEN
DE PERSONA FALLECIDA Y SU PROYECCION A PESAR DE LA MUERTE-Reiteración de
jurisprudencia
La faceta fundamental del derecho a la imagen, en
la medida en que está íntimamente relacionada con la dignidad humana se
extiende más allá de la muerte y, por ende, el juez de tutela tiene competencia
para establecer la vulneración del derecho fundamental a la imagen y tomar las
medidas de protección correspondientes a pesar del fallecimiento del titular
del derecho.
DERECHO AL BUEN NOMBRE-Características
generales
El derecho al buen nombre ha sido definido de manera
reiterada por esta Corporación, como aquel asociado a la idea de reputación,
buena fama u opinión, que de una persona tienen los demás.
DERECHO A LA INTIMIDAD-Características
generales
El derecho a la intimidad ha sido considerado como la
facultad de exigirle a los demás el respeto pleno por un ámbito exclusivo
que incumbe solamente al individuo, que es resguardo de sus posesiones privadas,
de sus propios gustos y de aquellas conductas o actitudes personalísimas que no
está dispuesto a exhibir, y en el que no caben legítimamente las intromisiones.
DERECHO AL BUEN NOMBRE Y DERECHO A LA
INTIMIDAD-Diferencias
DERECHO A LA INTIMIDAD Y AL BUEN NOMBRE-Titularidad no se extingue con el fallecimiento
de su titular
La titularidad de estos
derechos no se extingue con el fallecimiento de su titular, sino que se
extiende al núcleo familiar que lo rodeó durante su vida. Esto se debe a que se
trata de derechos de una magnitud personal incuestionable, que tienen una
relación intrínseca con el núcleo social más próximo al ciudadano.
DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESION ARTISTICA-Alcance
Se advierte que el
derecho a la expresión artística libre corresponde a una de las libertades
derivadas de la cláusula general prevista en el artículo 20 de la Carta
Política, la cual ha sido reconocida como la garantía que permite el desarrollo
del potencial creador del ser humano y está integrada por dos dimensiones, la
de creación o proyección artística, que pertenece al fuero interno de la
persona y no puede ser objeto de ningún tipo de limitación, y la de publicación
o proyección de la obra, que si bien está amparada por el carácter prevalente
de la libertad de expresión es susceptible de restricciones posteriores
fundadas en la prohibición de abuso del derecho en detrimento de los derechos
de los demás.
LIBERTAD DE EXPRESION-Límites
ACCION DE TUTELA PARA LA PROTECCION DEL DERECHO A LA IMAGEN-Improcedencia por cuanto uso de imagen en película estuvo
enmarcado en el límite del derecho fundando en la sociabilidad humana
ACCION DE TUTELA PARA LA PROTECCION DEL DERECHO AL BUEN
NOMBRE DE PERSONA FALLECIDA-Improcedencia por
cuanto se descartó la afectación del derecho al buen nombre, pues no encontró
probadas imputaciones deshonrosas dirigidas a desacreditar la imagen del actor
o de su hijo
ACCION DE TUTELA PARA LA PROTECCION DEL DERECHO A LA
INTIMIDAD DE PERSONA FALLECIDA-Improcedencia por
cuanto se demostró que el uso de imagen ya no pertenecía a una esfera de
intimidad, puesto que fue ampliamente difundida a través de diversos medios de
comunicación
La Sala no encontró
probada la afectación del derecho a la intimidad debido a que (i) el actor no
identificó las circunstancias de su privacidad que fueron reveladas en la obra;
(ii) la película es una obra de ficción inspirada en hechos reales que no
pretendía dar cuenta con fidelidad de hechos acaecidos en la vida real y (iii)
las circunstancias que coinciden con la historia del joven fallecido son de
conocimiento público.
Referencia: Expediente T-6.237.538
Acción de tutela presentada por Robert Urrego Ramos en nombre
propio y en representación de su hijo fallecido Sergio David Urrego Reyes
contra Gustavo Nieto Roa, Alba Lucía Reyes Arenas y la Productora LAP S.A.S.
que hace uso de la marca comercial Centauro Films.
Procedencia: Juzgado Dieciséis Civil del Circuito de Bogotá.
Asunto: derecho a la libertad expresión y prohibición de censura
previa, derechos a la imagen, al buen nombre y a la intimidad.
Magistrada sustanciadora:
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Bogotá, D. C., nueve
(9) de octubre de dos mil diecisiete (2017)
La Sala Quinta de
Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, integrada por el Magistrado
José Fernando Reyes Cuartas y por las Magistradas Cristina Pardo Schlesinger y
Gloria Stella Ortiz Delgado, quien la preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de
revisión del fallo de tutela emitido por el Juzgado Dieciséis Civil del
Circuito de Bogotá el 13 de junio de 2017, mediante el cual se confirmó la
decisión dictada el 4 de mayo de 2017, por el Juzgado Sesenta y Cuatro Civil
Municipal de Bogotá que negó las pretensiones formuladas en la presente acción
de tutela.
El asunto fue
recibido por esta Corporación el 29 de junio de 2017, por remisión que realizó
la Secretaría del Juzgado Dieciséis Civil del Circuito de Bogotá, según lo
ordenado por el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. El 11 de julio de 2017,
la Sala de Selección de Tutelas Número Siete lo escogió para su revisión.
I. ANTECEDENTES
A.
Hechos y pretensiones
1.
Robert Urrego Ramos
es padre de Sergio David Urrego Reyes, quien falleció el 5 de agosto de 2014,
tras arrojarse del último piso de un centro comercial en la ciudad de Bogotá.
2.
En el marco de una
acción de tutela previa formulada por la madre de Sergio David, Alba Lucía
Reyes Arenas, en contra del Colegio Gimnasio Castillo Campestre y otros, esta
Corporación emitió la sentencia T-478 de 2015[1],
en la que estableció que el adolescente fue víctima de acoso escolar por parte
de la institución educativa en mención, el cual estuvo fundado en su
orientación sexual y se concretó, entre otras manifestaciones, en un
procedimiento disciplinario irregular.
3.
El actor indicó que
en el año 2015, el señor Gustavo Nieto Roa pretendía grabar la película “Adiós
Mundo Cruel” sobre la vida y el suicidio de su hijo Sergio David, proyecto
que, adujo, fue confirmado en el programa “La Red” del Canal Caracol.
4.
De acuerdo con lo
señalado por el accionante, para la realización de dicho proyecto la guionista
Idania Velázquez Luna contó con la aprobación de Alba Lucía Reyes Arenas, y,
por ende, con su versión sobre los hechos que rodearon la muerte de Sergio y el
relato de sus compañeros de colegio.
5.
El actor precisó que
en el año 2015 Gustavo Nieto Roa, a través de comunicación telefónica, le
solicitó su consentimiento para el rodaje, producción y distribución de la
película en mención. Como respuesta a dicha solicitud le indicó que no emitiría
autorización para la realización y publicación de productos cinematográficos en
los que se explotara la vida, imagen, buen nombre y sufrimiento de su hijo.
6.
No obstante, Gustavo
Nieto Roa y la productora LAP S.A.S. que hace uso de la marca comercial
Centauro Films filmaron la película “Mariposas Verdes” inspirada en la
historia de Sergio Urrego, circunstancia que demuestra una noticia de la página
de Caracol Radio y el video detrás de cámaras de la película, en el que se
advierten varios elementos que coinciden con el caso descrito en la sentencia
T-478 de 2015, ya que el personaje principal tiene las siguientes
características:
(i)
tiene una relación sentimental con un compañero del mismo sexo,
razón por la que es objeto de acoso escolar por parte de los docentes del colegio,
(ii)
estudia en un colegio campestre,
(iii)
cursa último año de secundaria y cuenta con el mejor rendimiento
académico,
(iv)
desafía a los docentes y autoridades administrativas de la
institución educativa,
(v)
vive con su mamá y abuela,
(vi)
sus padres están separados,
(vii)
es descubierto, por una compañera del colegio, besándose con su
pareja,
(viii)
deja cartas antes de suicidarse,
(ix)
su madre no le dedica tiempo y atención suficiente por sus
obligaciones laborales,
(x)
los padres de su pareja sentimental no están de acuerdo con la
relación,
(xi)
se suicida, arrojándose del último piso de un centro comercial,
(xii)
protagoniza una escena con su pareja en su habitación en la que
hay una imagen de un gato negro.
7. Robert Urrego Ramos destacó su situación de indefensión ante
los accionados y solicitó, en nombre propio y en representación de su hijo
fallecido que, como medida de protección de los derechos a la intimidad, a la
igualdad, a la dignidad, al buen nombre, a la honra, a la memoria e imagen, se
ordene a Gustavo Nieto Roa y a la Productora LAP S.A.S. que hace uso de la
marca comercial Centauro Films:
(i)
abstenerse de estrenar, publicar, distribuir, proyectar y
comercializar la película “Mariposas Verdes”,
(ii)
abstenerse de publicar o difundir a través de redes sociales
información sobre la película en mención y, en general, cualquier contenido
relacionado con la imagen de Sergio David Urrego Reyes,
(iii)
solicitar la autorización tanto del padre como de la madre de
Sergio para la publicación, producción o realización de cualquier elemento que
involucre su imagen.
En relación con Alba Lucía Reyes Arenas requirió, de forma
particular, que se emita una orden para “que se abstenga de difundir,
reproducir, elaborar, realizar, ejecutar y plasmar en cualquier medio de
comunicación, redes sociales, materiales fílmico y/o documentos sobre los
hechos acaecidos de (sic) la muerte de mi hijo para lucrarse”[2]
Finalmente, como
medida provisional solicitó que se ordenara suspender la publicación de la
película mientras se decidía la acción de tutela.
Fundamentos de la
acción de tutela
Robert Urrego Ramos en
nombre propio y en representación de su hijo fallecido Sergio David Urrego
Reyes presentó acción de tutela en contra de Gustavo Nieto Roa, la Productora
LAP S.A.S. y Alba Lucía Reyes Arenas con el propósito de que no se estrenara ni
publicara la película “Mariposas Verdes”, ni se difundieran a través de
redes sociales o cualquier medio de comunicación contenidos que exploten la
imagen de su hijo.
El actor precisó que la
circulación del tráiler y el posible estreno de la película  afectan los
derechos a la intimidad, honra y buen nombre de Sergio, y “también afectan
mi intimidad y tengo que soportar todo un peso moral y social”[3].
En consecuencia, solicitó que se ordene que cualquier explotación de la
imagen o de las circunstancias que vivió su hijo cuente con su autorización.
B.
Actuaciones
procesales en sede de tutela
A través de auto proferido el 26 de abril de 2017, el Juzgado
64 Civil Municipal de Bogotá admitió a trámite la acción de tutela, vinculó
a Idania Velásquez Luna (guionista de la película), requirió a Robert Urrego
Ramos y Alba Lucía Reyes Arenas para que presentaran una nueva declaración
sobre los hechos descritos en la tutela y precisó que luego de la recolección
de las pruebas decidiría sobre la procedencia de la medida cautelar.
Declaración de Alba Lucía Reyes Arenas
En declaración rendida el 27 de abril de 2017, la señora Alba
Lucía Reyes Arenas indicó que a los pocos meses del fallecimiento de su
hijo, el señor Gustavo Nieto Roa le expresó su intención de filmar una película
en la que se contara la historia de Sergio, proyecto con el que estuvo de
acuerdo siempre que se tratara de un documental o una película de cine arte con
finalidades educativas, pero no firmó ningún documento en el que expresara su
consentimiento.
Como quiera que el director aceptó su propuesta y en aras de que
se escribiera el guion, la madre de Sergio relató en sus palabras lo sucedido:
“abro las puertas de mi casa, de mi familia, de sus amigos con la finalidad
de que conozcan a cabalidad todos los hechos y la personalidad de mi hijo (…)”[4].
Luego, transcurrido un año, le remitieron el guion y, sin contar con su
aprobación, se iniciaron los actos de publicidad. En consecuencia, se negó
junto con el padre de Sergio a emitir la autorización para la publicación de la
película.
En el mes de enero de 2017 fue contactada, de nuevo, por Gustavo
Nieto, quien le indicó que ante la falta de autorización continuó el rodaje y
modificó la historia. Ella apoyó de nuevo el proyecto, pero sometió su
consentimiento a la aprobación de los contenidos. Sin embargo, no estuvo de
acuerdo con la versión preliminar, pues, a su juicio, se adelantó un  manejo
errado del acoso escolar y se tergiversó la personalidad de Sergio. En
consecuencia, efectuó varias sugerencias y precisó que si no se acogían no
consentiría. No obstante, a través de diferentes medios de comunicación se
enteró del lanzamiento del tráiler.
En consecuencia, para Alba Lucía Reyes la producción y el
lanzamiento de la película son fruto del indebido aprovechamiento de sus
sentimientos como madre en aras de la obtención de lucro, razón por la que
precisó que su pretensión es que “la película mariposas verdes nunca salga a
la luz pública”[5].
Por su parte, Robert Urrego Ramos reiteró las pretensiones
formuladas en la acción de tutela.
Respuesta de Gustavo Nieto Roa, la Productora LAP S.A.S. y de
Idania Velásquez Luna
Gustavo Nieto Roa, la Productora LAP S.A.S. e Idania Velásquez
Luna solicitaron que se denegara el amparo.
En primer lugar, precisaron que en el año 2014 se pusieron en
contacto con la señora Alba Lucía Reyes para realizar una película biográfica
de su hijo, quien expresó su consentimiento para adelantar el proyecto. Sin
embargo, al conocer las diferencias entre los padres de Sergio sobre el manejo
de la muerte del joven y el requerimiento elevado por la Fiscalía General de la
Nación para que suspendieran las investigaciones adujeron que “tomamos la
decisión de abortar el proyecto de la película autobiográfica, a pesar de que
habíamos incurrido en una serie de inversiones humanas y económicas
importantes”[6]
También destacaron que el guion de la película “Mariposas
Verdes” está inspirado en el caso de Sergio Urrego, que también
inspiró el libro del mismo nombre, cuyo autor es Enrique Patiño y fue editado
por Ediciones B, es decir que se trata de obras de ficción. En ese sentido,
señalaron que aunque se desarrolla la historia de un adolescente, esta podría
ser la de cualquier niño o niña que decide terminar su vida por el rechazo de
la sociedad y que si existe alguna similitud entre la historia de la película y
los hechos relacionados con la muerte de Sergio debe tenerse en cuenta que
estos fueron ampliamente difundidos y conocidos.
Precisada la naturaleza de las obras, los accionados indicaron que
no se puede establecer que la película amenace el buen nombre, intimidad e
imagen de Sergio Urrego “pues la obra puede tener episodios y pasajes
similares a lo ocurrido con Sergio, pero también con cualquier menor que ha
sufrido y pasado vejámenes parecidos a los sufrió su hijo (…) de ninguna manera
se habla de que sea esto lo que le ocurrió a Sergio David, sus padres, sus
compañeros o su entorno.”[7]
Luego resaltaron la especial protección que merece la obra por ser
una creación intelectual. En consecuencia, a su juicio, acceder a las
pretensiones del actor constituiría una censura sobre la creación intelectual y
una violación del derecho a la libertad de expresión.
Finalmente, tras hacer extensas referencias a la jurisprudencia
constitucional sobre la protección de la libertad de expresión y las cargas con
las que deben cumplir las autoridades que pretendan limitar dicha garantía, los
accionados hicieron énfasis en la aparente disputa entre los padres de Sergio
Urrego en relación con el manejo de su imagen.
Fallo de tutela de primera
instancia
El 4 de mayo de 2017, el Juzgado Sesenta y Cuatro Civil
Municipal de Bogotá, sin emitir alguna consideración sobre la medida cautelar, declaró
improcedente la acción de tutela por carencia actual del objeto por daño
consumado.
El a quo adujo que si el accionante no autorizó la
filmación de la película, pero para el momento de presentación de la acción de
tutela el tráiler ya circulaba en redes sociales y se había publicado el libro
“Mariposas Verdes” estaba consumada la afectación de los derechos
invocados y, en consecuencia, el daño.
Impugnación
Robert Urrego Ramos presentó impugnación
en contra de la decisión de primera instancia, en la que cuestionó la
determinación del daño consumado, debido a que la acción estuvo dirigida a
evitar la publicación, distribución, proyección y comercialización de la
película, actividades que no se habían adelantado para el momento de la
formulación de la tutela. También controvirtió la falta de valoración de las
pruebas aportadas al trámite y reiteró los fundamentos de sus pretensiones.
Gustavo Nieto Roa, la Productora LAP S.A.S. e Idania Velásquez
Luna también presentaron impugnación en contra del fallo de tutela, en
la que cuestionaron la falta de valoración de los elementos de prueba y de
motivación de la decisión, en particular censuraron que el juez concluyera la
afectación de los derechos fundamentales del actor y la generación de un daño,
pero no precisara la forma en el que este se produjo y cómo se acreditó en el
trámite.
Fallo de tutela de segunda
instancia
El 13 de junio de 2017, el Juzgado Dieciséis Civil del
Circuito de Bogotá confirmó la decisión de primera instancia, pues consideró
que la publicación y el lanzamiento del libro “Mariposas Verdes”, la
aplicación web sobre la película y el tráiler no evidencian un señalamiento
indebido que generara la afectación del buen nombre de Sergio. Los accionados
contaron con la autorización de Alba Lucía Reyes Arenas para la realización de
la película, motivo por el que no se vulneró el derecho a la intimidad y,
finalmente, precisó que en relación con los daños que se hubieran generado como
consecuencia de la publicación de materiales relacionados con la imagen de
Sergio, el juez de tutela no tiene competencia.
D. Actuaciones
en sede de revisión
El 30 de agosto de
2017, la Magistrada sustanciadora profirió auto en el que decretó diversas
pruebas dirigidas a establecer las circunstancias del caso y, de forma
particular, la modificación del proyecto fílmico por parte de los accionados,
el cual, adujeron, se concibió como una película biográfica de Sergio Urrego
Reyes, que se alteró y se convirtió en una película de ficción. Asimismo, las
pruebas se orientaron a determinar las diferencias entre los géneros de
películas que fueron referidas por los demandados.
Respuesta de Gustavo
Nieto Roa, Idania Velásquez Luna y Productora LAP S.A.S.
En atención a las
preguntas formuladas en sede de revisión, los accionados indicaron, en primer
lugar, que desistieron de la realización de una película biográfica de Sergio
Urrego Reyes, debido a que: (i) el señor Robert Urrego Ramos no emitió su consentimiento;
(ii) a pesar de que inicialmente la señora Alba Lucía Reyes autorizó la
filmación de la película, luego se retractó; (iii) la Fiscalía General de la
Nación citó a la guionista Idania Velásquez Luna para que rindiera declaración,
le exigió la devolución de los documentos que habían sido entregados por Alba
Lucía Reyes y le recomendó abstenerse de contar la historia de Sergio, debido a
que estaba en curso una investigación sujeta a reserva sobre las circunstancias
que rodearon su muerte. No obstante, precisó que “podía contar una historia
que fuera de dominio público por ser conocida ampliamente al haberse divulgado
en los medios”[8]
También describieron
las actuaciones emprendidas para obtener el consentimiento de los padres de
Sergio Urrego. En particular, señalaron que inicialmente le manifestaron a Alba
Lucía Reyes Arenas su intención de hacer una película biográfica, quien expresó
su consentimiento en documento suscrito el 14 de octubre de 2014 y se
comprometió a colaborar con el desarrollo del guion, actuar en la película y
gestionar la autorización de Robert Urrego Ramos.
Luego de que el
primer guion fuera aprobado por Alba Lucía Reyes, les informó que el padre de
Sergio no emitiría su consentimiento para la realización de la película,
decisión que reiteró Robert Urrego Ramos a través de conversación telefónica
que tuvo con Gustavo Nieto Roa. En consecuencia, decidieron cambiar el proyecto
por uno de ficción.
Los accionados
destacaron que la modificación del proyecto cinematográfico se evidencia en los
guiones, el primero, nominado “Adiós, Mundo Cruel” basado en la vida de
Sergio y el segundo, “Mariposas Verdes” que desarrolla historias nuevas
y diferentes, relacionadas con la discriminación y el acoso fundados en
diversas circunstancias.
Con respecto a esa
distinción, adujeron que en el primer guion se incluían los nombres reales de
los personajes y se recreaban las circunstancias vividas por Sergio Urrego, de
acuerdo con la información suministrada por su madre. Por su parte, en el guion
de “Mariposas Verdes” no se usó el nombre de Sergio Urrego, ni de las
personas de su entorno, así como tampoco se recrearon las situaciones narradas
por Alba Lucía Reyes, pero sí existen similitudes derivadas de la investigación
que adelantaron sobre casos de acoso escolar, ya que:
“(…) cuando comenzamos a investigar casos de suicidios de jóvenes
como consecuencia del bullying que se hizo en su ambiente escolar, familiar y
social, encontramos muchas historias ampliamente divulgadas en todos los medios
de comunicación como prensa, revistas, televisión, radio, incluyendo la de
Sergio Urrego con detalles que ni siquiera el guionista había recibido de la
Sra Reyes.”[9]
Asimismo, resaltaron
que los personajes de la película “Mariposas Verdes” son de ficción y su
caracterización es el resultado de la imaginación de la guionista. En
particular, indicaron que el personaje principal, Mateo, es completamente
diferente a Sergio “salvo la recreación de un joven que hace parte de una
familia y un entorno social, cualquier parecido con la realidad de Sergio es
mera coincidencia, ya que lo que la película trata de recrear no es la vida de
Sergio sino de muchos jóvenes que en el mundo son víctimas de acoso y
marginación.”[10]
En atención a esas
circunstancias, señalaron que se trata de una película de ficción inspirada en
hechos reales, circunstancia que queda clara en la obra, ya que en la parte
inicial se precisó:
“Esta es una historia de ficción inspirada en hechos reales que
han ocurrido en Colombia y en distintas partes del mundo. Cualquier parecido
con la realidad es pura coincidencia”[11]
En síntesis, para los
accionados la película “Mariposas Verdes” que ya fue exhibida en salas
de cine y vista por más de 30.000 personas desarrolla, de forma general, casos
de acoso y discriminación, razón por la que los espectadores no pueden “pensar
o concluir que se trata del caso de Sergio Urrego”[12]
Finalmente,
reiteraron que a pesar de tratarse de una obra de ficción en la investigación
que adelantaron en las páginas web de diversos medios de comunicación
encontraron múltiples documentos y noticias que exponen la vida de Sergio
Urrego y las circunstancias relacionadas con su muerte, y que corresponden con
la información que les suministró Alba Lucía Reyes para el primer proyecto.
Los accionados
remitieron en medio digital la autorización de Alba Lucía Reyes emitida el 14
de octubre de 2014, los guiones de las películas “Adiós, Mundo Cruel” y
“Mariposas Verdes”,  y la película “Mariposas Verdes”.
Respuesta de Robert
Urrego Ramos
En atención al
requerimiento efectuado en esta sede, el accionante aportó en medio digital múltiples
noticias y contenidos multimedia del año 2015, 2016 y 2017 relacionados con la
película “Mariposas Verdes”, algunos de los cuales hacen referencia al
caso de Sergio Urrego Reyes.
Fundación para la
Libertad de Prensa
La Fundación para la
Libertad de Prensa presentó intervención en la que abordó la prohibición de la
censura previa desde una perspectiva histórica. En particular, indicó que la
censura previa surgió como respuesta al poder de la imprenta, tal y como lo
demuestra la Bula Papal expedida por el Papa Alejandro VI en 1501, a través de
la que prohibió el uso de la imprenta sin licencia, y la Ley de Licencias de
1662 mediante la cual se estableció un sistema de autorización clerical o
estatal para las publicaciones.
Luego, destacó que la
primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos de Norteamérica -1791- en
la que se garantiza la libertad de expresión está dirigida a erradicar
expresiones de censura previa, garantía que se ha desarrollado a través de las
decisiones de la Corte Suprema de dicho país, que precisaron que la libertad
preliminar aplica con independencia de la veracidad de la información, y
establecieron la presunción de inconstitucionalidad que cobija cualquier
sistema de censura previa.
En relación con la
libertad de expresión en nuestro país, la interviniente destacó que en el
periodo colonial el uso de la imprenta estuvo limitado a los asuntos clericales
y de la corona española. Luego, en la Constitución de Cundinamarca -1811- se
estableció que todos los ciudadanos tenían derecho a la imprenta con excepción
de los escritos obscenos o que ofendieran el dogma. No obstante, estas
publicaciones no podían censurarse “sin que sea oído el autor”[13]
Asimismo, la Constitución de Antioquia -1812- indicó que el derecho a la
imprenta es “el más firme apoyo de un gobierno sabio y liberal”[14].
La Ley 2100 de 1851 y
la Constitución de 1863 incorporaron una visión más amplia de la libertad de
expresión, despojada de limitaciones, la cual se redujo en la Constitución de
1886, en la que se fijó la facultad del Gobierno de reprimir los abusos de la
prensa, lo que provocó diversos episodios de restricción y censura bajo su
vigencia. En contraste, la Constitución Política de 1991 prohibió la censura e
incorporó al bloque de constitucionalidad los tratados de derechos humanos,
entre los que se encuentra la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que
precisa que la libertad de expresión no puede estar sujeta a limitaciones
previas sino a responsabilidades ulteriores.
Luego de referir los
instrumentos normativos que han desarrollado la libertad de expresión, la
interviniente identificó algunas decisiones judiciales que han analizado
manifestaciones de censura previa, en las que destacó la sentencia proferida el
5 de febrero de 2001 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que
se declaró que la norma de la Constitución de Chile que establecía la revisión
y autorización para la exhibición de películas constituía un sistema de censura
previa y, por ende, ese país violó el artículo 13 de la Convención Americana de
Derechos Humanos.
Con base en lo
expuesto, la fundación indicó que la pretensión formulada en el presente caso
no puede ser concedida por un juez de tutela, pues la Constitución prohíbe la
censura previa y la proyección de una película no puede depender de la
autorización de una autoridad estatal, incluidas las autoridades judiciales. En
ese sentido, precisó que si el actor considera que el contenido de la película
vulnera sus derechos debe formular sus reparos luego de la publicación, ya que “las
objeciones que se tengan deben presentarse posteriormente enunciando los daños
que efectivamente se causan y no previamente, señalando posibles daños que no
se han concretado.”[15]
Finalmente, solicitó
que se analice si en el marco de la presente acción de tutela se decretó una
medida cautelar dirigida a retrasar el lanzamiento de la película, ya que una
orden de este tipo a pesar de ser provisional constituiría censura previa y,
por ende, sería inconstitucional.
Universidad Jorge
Tadeo Lozano, Programa de Cine y Televisión
En atención a las
preguntas formuladas en sede de revisión, el programa de Cine y Televisión de
la Universidad Jorge Tadeo Lozano indicó que existen diversas escuelas,
enfoques y categorizaciones de los contenidos audiovisuales, razón por la que
precisó que la clasificación que referirá corresponde sólo a uno de varios
enfoques posibles.
El interviniente
señaló que la película de ficción está construida desde hechos
imaginarios que pueden estar sustentados en experiencias sociales, históricas,
y cotidianas, en la que las líneas dramáticas obedecen a la imaginación del
autor. Por su parte, la película biográfica cuenta la historia de un
personaje reconocido por su trayectoria en algún campo y pretende dar cuenta de
los hechos, sucesos y acciones relevantes de su existencia ceñidos
estrictamente a la vida del personaje.
Asimismo, indicó que
las categorizaciones “basadas en hechos reales” en una
acepción amplia puede incluir todas las películas, pues el insumo más común de
la creación es la realidad. Sin embargo, cuando expresamente se precisa esa
característica se busca que el espectador asuma que los hechos aparentemente
extraordinarios son reales, dar verosimilitud y legitimidad a la historia, y en
el caso de las películas de terror aumentar el efecto de miedo.
Finalmente, señaló
que las películas “inspiradas en hechos reales” tienen un matiz
que permiten tener la sensación de mayor distanciamiento del autor frente a la
circunstancia real que soporta la película.
Universidad Central,
Departamento de Cine
El Departamento de
Cine de la Universidad Central indicó que las películas de ficción son las
realizaciones cinematográficas cuyo contenido es fruto de la invención
artística del autor, pues los hechos, situaciones, personajes, argumentos y
visiones son el resultado de su invención e interpretación. En concreto, se
trata de las películas que no están relacionadas con el “cine de lo real”,
las cuales se definen por su relación con acontecimientos verídicos,
verificables, constatables y contrastables con la realidad.
Luego, precisó que de
acuerdo con Martin Barnier y Rémi Fontanel la película biográfica es una
“obra cinematográfica fundada sobre la biografía de una personalidad, cuya
existencia fue real. Los acontecimientos de su época alimentan el relato de su
vida y permiten según el caso la exploración de su entorno histórico, artístico,
político, etc”[16] No obstante, el tratamiento
de la ficción es un elemento de este género, ya que excluye generalmente las
entrevistas y los testimonios, y la representación del personaje suele ser
adelantada por un actor.
Las películas “basadas
en hechos reales” y las “inspiradas en hechos reales” se derivan de
las películas biográficas, pero desarrollan eventos reales más recientes que
aquellos relacionados con personajes históricos, fundadores de una comunidad
histórica o política. En consecuencia, las películas biográficas, que abarcan
las basadas o inspiradas en hechos reales, al ser también obras de ficción no
comportan una relación fáctica fidedigna con los hechos referidos y
reconstruidos en el ámbito de la ficción.
Universidad Nacional
de Colombia, Facultad de Artes
El director de la Escuela de Cine y
Televisión de la Universidad Nacional de Colombia indicó, en primer lugar, que
la empresa artística opera en torno a la función estética, es decir la expresión
del goce o la vivencia de la belleza. En ese sentido, las obras de arte son
expresión de la libertad del espíritu humano.
En concordancia con lo anterior, señaló que los géneros
cinematográficos de ficción corresponden a la clasificación de los filmes realizados
en ejercicio de la función estética, pero que toman distancia de la realidad.
En efecto, se trata de obras en las que los autores priorizan la libertad
expresiva sobre otros aspectos como la concordancia entre el contenido de la
obra y la realidad del mundo.
Luego, señaló que el género de
ficción se caracteriza porque el autor elabora una obra a partir de
circunstancias que no son reales y puede recurrir a diversas técnicas
narrativas en las que combina sucesos reales con los de su propia imaginación,
e indicó de forma particular:
El género biográfico de ficción
es aquel en el cual la narración gira en torno a los eventos de la vida de una
persona real, viva o fallecida.
El género basado en hechos reales
utiliza hechos tomados de la realidad y que fueron alterados por el autor de la
obra, en aras de satisfacer sus necesidades narrativas.
El género inspirado en hechos reales
no necesariamente representa eventos que ocurrieron en la realidad, pero estos
pudieron servir para estimular la imaginación del autor y elaborar diversos
aspectos de la narración.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
1.- Corresponde a la Corte
Constitucional analizar, en Sala de Revisión, las sentencias proferidas dentro
de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86 y
241-9 de la Constitución y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
Asunto objeto de revisión y problemas
jurídicos
2.- Robert Urrego
Ramos y Alba Lucía Reyes Arenas son los padres de Sergio David Urrego Reyes,
quien falleció el 5 de agosto de 2014, tras arrojarse del último piso de un
centro comercial en la ciudad de Bogotá.
3.- Robert Urrego
Ramos indicó que en el año 2015, Gustavo Nieto Roa,
Idania Velásquez Luna y la Productora LAP S.A.S
pretendían grabar la película “Adiós, Mundo Cruel” sobre la vida y el
suicidio de su hijo Sergio David, proyecto que, adujo, contó con la aprobación
de Alba Lucía Reyes Arenas, y, por ende, con su versión sobre los hechos que
rodearon la muerte de Sergio y el relato de sus compañeros de colegio.
El accionante precisó
que a través de comunicación telefónica le indicó a Gustavo Nieto Roa que no
emitiría su consentimiento para la producción y publicación de la película en
mención, ni para la explotación de la imagen de su hijo. No obstante, aquél
filmó la película “Mariposas Verdes” inspirada en la historia de Sergio,
circunstancia que demuestra una noticia de la página de Caracol[17],
el video detrás de cámaras de la película[18] y las coincidencias entre la
historia principal de la película y los hechos que rodearon la muerte de su
hijo.
4.- El 24 de abril
de 2017, Robert Urrego Ramos en nombre propio y en representación de su
hijo fallecido, formuló acción de tutela en contra de Gustavo Nieto Roa, la
Productora LAP S.A.S. y Alba Lucía Reyes Arenas en la que solicitó, como medida
provisional que se suspendiera el estreno de la película “Mariposas
Verdes” y como medida principal de protección de los derechos
a la intimidad, a la igualdad, a la dignidad, al buen nombre, a la honra, a la
memoria e imagen, que se ordenara a los accionados abstenerse de estrenar,
publicar, distribuir, proyectar y comercializar la película en mención.
También solicitó que
se abstuvieran de publicar o difundir cualquier contenido relacionado con la
imagen de Sergio David Urrego Reyes y que soliciten la autorización tanto del
padre como de la madre de Sergio para la publicación, producción o realización
de cualquier elemento que involucre su imagen.
Finalmente, en
relación con Alba Lucía Reyes Arenas requirió, de forma particular, que se
emita una orden para que se abstenga de explotar la imagen de Sergio con fines
de lucro.
5.- A través de auto
del 26 de abril de 2017, el Juzgado 64 Civil Municipal de Bogotá admitió
a trámite la acción de tutela, vinculó a Idania Velásquez Luna, y requirió a
Robert Urrego Ramos y Alba Lucía Reyes Arenas para que presentaran declaración
sobre los hechos de la tutela y precisó que recaudados los elementos de prueba
decidiría sobre la procedencia de la medida cautelar.
En declaración
rendida el 27 de abril de 2017, Alba Lucía Reyes Arenas adujo que emitió
su autorización para la realización de la película con condicionamientos
relacionados con el enfoque y los contenidos de la obra. Sin embargo, luego de
que le remitieron el guion advirtió que se desconocieron las condiciones
pactadas y, por ende, se retractó de la autorización otorgada inicialmente. En
consecuencia, reiteró la pretensión principal del accionante.
6.- Gustavo Nieto
Roa, la Productora LAP S.A.S. e Idania Velásquez Luna solicitaron que se
denegara el amparo.
Los accionados
adujeron que a pesar de que contaban con la autorización de Alba Lucía Reyes
Arenas para la realización de una película biográfica de su hijo denominada “Adiós,
Mundo Cruel”, ante la negativa de Robert Urrego Ramos cambiaron el proyecto
y filmaron la película “Mariposas Verdes”, que es una obra de ficción
inspirada en hechos reales, en la que se desarrollan diversas historias
relacionadas con la discriminación y el acoso.
La argumentación de
los demandados estuvo dirigida a evidenciar, de un lado, que no se trata de una
película biográfica y, de otro lado, que los hechos que pueden guardar
coincidencia con el caso de Sergio están en el dominio público.
También señalaron que
la película no amenaza el buen nombre, intimidad e imagen de Sergio Urrego,
pues narra circunstancias que puede enfrentar cualquier joven víctima de
discriminación y acoso escolar; resaltaron la especial protección que merece la
obra por ser una creación intelectual y señalaron que el acceso a las
pretensiones del actor constituiría una censura sobre la creación intelectual y
la consecuente violación del derecho a la libertad de expresión.
7.- El 4 de mayo de 2017,
el Juzgado Sesenta y Cuatro Civil Municipal de Bogotá sin emitir ningún
pronunciamiento sobre la medida cautelar declaró improcedente la acción de
tutela por carencia actual del objeto por daño consumado.
El a quo adujo que si el accionante no autorizó la
filmación de la película, pero para el momento de presentación de la acción de
tutela el tráiler ya circulaba en redes sociales y se había publicado el libro
“Mariposas Verdes”, estaba consumada la afectación de los derechos
invocados y, en consecuencia, el daño.
8.- El 13 de junio
de 2017, el Juzgado Dieciséis Civil del Circuito de Bogotá confirmó la
decisión de primera instancia, pues consideró que la publicación y el
lanzamiento del libro “Mariposas Verdes”, la aplicación web sobre la
película y el tráiler no evidencian un señalamiento indebido que generara la
afectación del buen nombre de Sergio; los accionados contaron con la
autorización de Alba Lucía Reyes Arenas para la realización de la película,
motivo por el que no se vulneró el derecho a la intimidad y, con respecto a los
daños que se hubieran generado como consecuencia de la publicación de
materiales relacionados con la imagen de Sergio el juez de tutela no tiene
competencia.
9.- La acción de
tutela presentada por Robert Urrego Ramos denunció que la producción y
publicación de la película “Mariposas Verdes” sin su autorización
vulneró sus derechos y el de su hijo fallecido a: (i) la imagen; (ii)
intimidad, y (iii) buen nombre.
Como quiera que la
afectación de los derechos en mención y las medidas de protección solicitadas
por el actor se formularon en relación con dos tipos de sujetos accionados, de
una parte, las personas directamente relacionadas con la producción y
publicación de la película “Mariposas Verdes”, es decir Gustavo Nieto
Roa, Idania Velásquez Luna y la productora LAP S.A.S. y, de otra parte, Alba
Lucía Reyes Arenas, madre de Sergio David Urrego Reyes, la Sala deberá
determinar, en primer lugar, la concurrencia de los requisitos de procedencia
de la acción de tutela, análisis en el que considerará, de forma particular,
las pretensiones del actor y los sujetos accionados.
Asimismo, es
necesario precisar que en el estudio de procedencia de la acción de tutela, la
Sala hará énfasis en las reglas relacionadas con la tutela contra particulares
y, de otra parte, determinará la posible configuración de la carencia actual de
objeto por daño consumado.
En efecto, como
quiera que la pretensión principal de la tutela para evitar la vulneración de
los derechos en mención era la publicación de la película “Mariposas Verdes”
y en esta sede los accionados precisaron que se estrenó y vio por más de 30.000
espectadores, la Sala establecerá si como consecuencia de dicha publicación se
configuró la carencia actual de objeto por daño consumado. En caso de
que se compruebe dicho fenómeno fijará las consecuencias correspondientes.
Presentación de los
problemas jurídicos de fondo
10.- Una vez que se haya
establecido el cumplimiento de los requisitos de procedencia de la acción de
tutela, la Sala deberá resolver los problemas jurídicos de fondo, relacionados
con la eventual vulneración de los derechos al buen nombre, intimidad e imagen
de Robert Urrego Ramos y de su hijo fallecido por la explotación de la imagen
de Sergio David Urrego Reyes en la película “Mariposas Verdes” y
aquellos que abordan las pretensiones generales del actor dirigidas a censurar
todas las manifestaciones relacionadas con su hijo, principalmente la
prohibición de que se emita la obra en mención y que Alba Lucía Reyes Arenas se
pronuncie sobre las circunstancias que rodearon la muerte de Sergio David. El
planteamiento de los problemas jurídicos considerará las pretensiones del actor
y los sujetos accionados.
Problemas jurídicos
relacionados con la difusión de la película “Mariposas Verdes”
11.- El accionante aduce que
la película “Mariposas Verdes” explotó, sin autorización, la imagen de
su hijo Sergio David Urrego Reyes. Por su parte, el director de la obra, la
guionista y la productora señalan que se trata de una película de ficción
inspirada en hechos reales que, si bien tomó como fuente de inspiración
diversos casos sobre acoso escolar incluido el de Sergio, no desarrolló su
historia ni explotó su imagen. De conformidad con estas apreciaciones el primer
problema jurídico que debe abordar la Sala es el siguiente: ¿La película “Mariposas
Verdes”, presentada como una historia de ficción inspirada en hechos reales
que desarrolla, de forma principal, el caso de un adolescente que es víctima de
acoso escolar fundado en su orientación sexual por parte de las directivas del
colegio en el que estudiaba y decide quitarse la vida, corresponde a la explotación
de la imagen de Sergio David Urrego Reyes por parte del director, de la
productora y de la guionista?
En caso de que la respuesta
a esa pregunta sea negativa, el análisis de la Sala se agotara en ese aspecto,
pues si la obra no explota la imagen de Sergio David no hay lugar a analizar la
afectación del derecho a la imagen, buen nombre e intimidad del accionante, ni
de su hijo fallecido, en la medida en que un personaje de ficción que no
utiliza su imagen no tendría una relación directa que permitiera determinar la
afectación denunciada. En efecto, si se comprueba que, tal y como lo señalaron
los accionados, la obra cinematográfica desarrolla una historia de ficción que
no utiliza la imagen de Sergio, la Sala descartará la vulneración de los
derechos invocados y denegará el amparo.
12.- Por el contrario, en el
caso de que la respuesta al primer problema jurídico sea positiva y se
establezca que la película reproduce la imagen de Sergio, se deberá establecer
si el uso de su imagen es legítimo en términos constitucionales, para ello
tendrá que responder al siguiente problema jurídico: ¿el director, la
productora y la guionista de la película “Mariposas Verdes” vulneraron
el derecho fundamental a la imagen de Sergio David Urrego Reyes?
13.- Finalmente, la
determinación de que se trata de la explotación de la imagen de Sergio David
también obliga a la Sala a analizar otro problema constitucional derivado de las
afirmaciones del actor y de Alba Lucía Reyes Arenas: ¿el director, la
productora y la guionista la película “Mariposas Verdes” revelaron
aspectos de la vida privada de Sergio David y de su núcleo familiar que
vulneran el derecho a la intimidad del actor y de su hijo? En ese mismo
sentido la Sala deberá pronunciarse sobre otro interrogante: ¿la explotación de
la imagen e historia de Sergio David por parte del director, la productora y la
guionista de la mencionada película afectó el derecho al buen nombre del
accionante y de su hijo fallecido?
Problemas jurídicos
relacionados con la solicitud de que se prohíban manifestaciones o
pronunciamientos sobre el caso de Sergio David Urrego Reyes por parte de su
madre
14.- Como quiera que el
actor planteó como pretensión independiente que se ordenara a Alba Lucía Reyes
Arenas, madre de su hijo fallecido, Sergio David Urrego Reyes, abstenerse de
emitir, difundir, reproducir, elaborar, realizar, ejecutar y plasmar en
cualquier medio de comunicación, redes sociales, material fílmico y/o
documentos sobre los hechos relacionados con la muerte de su hijo, le
corresponde a la Sala establecer lo siguiente: ¿el juez de tutela -en aras de
la protección de los derecho a la intimidad, buen nombre e imagen invocada por
el padre de un menor de edad fallecido- puede emitir una orden que restrinja la
libertad de expresión de una madre en relación con los asuntos relacionados con
su hijo?
Finalmente, en concordancia
con dicho problema jurídico y a pesar de que esta decisión se emite luego de
proyectada la película “Mariposas Verdes”, la Sala deberá abordar otro
problema constitucional ¿el juez de tutela puede restringir, de forma previa,
la publicación de una obra cinematográfica para que no sea conocida por el
público como medida de protección de los derechos a la intimidad, buen nombre e
imagen?
15.- Para resolver los
problemas jurídicos planteados, la Sala desarrollará los siguientes temas:(i)
los requisitos de procedencia de la acción de tutela, acápite en el que hará
énfasis en la carencia actual de objeto por daño consumado, la legitimación en
la causa por activa de los padres para obtener la protección del derecho a la
imagen, honra, intimidad y buen nombre de sus hijos fallecidos, y la
legitimación en la causa por pasiva de los particulares; (ii) el derecho a la
imagen en la jurisprudencia constitucional; (iii) el derecho a la imagen de la persona fallecida y su proyección
después de su muerte; (iv) el derecho al buen nombre;
(v) el derecho a la intimidad; (vi) la titularidad de los derechos al buen
nombre y a la intimidad en caso de muerte de quien los ostenta;
(vii) la libertad de expresión: su protección a través de la prohibición de
censura previa y los límites en su ejercicio; (viii) el derecho de libertad de la expresión artística; y finalmente,
(ix) se estudiará el caso concreto.
Examen de procedencia de la acción de tutela
Legitimación en la
causa por activa
16- El artículo 86 de
la Constitución Política establece que toda persona puede acceder a la acción
de tutela para obtener la protección de sus derechos fundamentales afectados o
amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública o de los
particulares, en los casos que determine la ley.
En el caso analizado
se observa el cumplimiento del requisito de legitimación por activa. En efecto,
el accionante es una persona natural que reclama la protección de sus derechos
fundamentales a la intimidad, a la dignidad y al buen nombre, presuntamente
vulnerados por la entidad accionada.
En relación con la
legitimación del actor para solicitar la protección de los derechos de su hijo
fallecido, Sergio David Urrego Reyes, también se tiene por cumplido el
presupuesto, pues la jurisprudencia constitucional ha precisado que “(…) en
aras de proteger la dignidad, la honra, el buen nombre, la intimidad, la
memoria y la imagen del fallecido, los familiares de la persona afectada,
pueden interponer acciones de tutela para asegurar el respeto de tales derechos
frente a las acciones de terceros.”[19]
Legitimación en la
causa por pasiva
17.- El
artículo 86 de la Constitución prevé que la acción de tutela puede interponerse
contra cualquier autoridad pública que por su acción y omisión amenace o
vulnere derechos fundamentales. No obstante, la misma norma señala que la
acción de tutela es procedente contra particulares en cuatro eventos,
principalmente cuando: (i) prestan un servicio público, (ii) su actuar afecte
el interés colectivo, (iii) actúan frente a ciudadanos que se encuentran en
estado de subordinación o, (iv) en estado de indefensión.
18.- Con respecto al estado
de indefensión frente a los particulares que publiquen contenidos con la
potencialidad de afectar los derechos al buen nombre, la intimidad y la imagen,
la jurisprudencia ha reconocido que dicha indefensión se presenta por la falta
de recursos efectivos en cabeza del afectado para evitar la circulación de la
información y obtener la protección de sus derechos.
En la sentencia T-787 de
2004[20] la Corte decidió la acción de
tutela formulada por una profesora en contra de un particular que elaboró una
caricatura en la que se referían asuntos de la intimidad de la accionante y que
publicó en carteleras de varias instituciones educativas de Santander de
Quilichao y en el periódico ABC.
La Sala advirtió la
situación de indefensión de la actora en relación con el demandado, ya que la
publicación de la caricatura en su ámbito social la sometió arbitrariamente a
la necesidad de abrir un espacio de su privacidad y a la carga de explicar su
comportamiento, a partir de las dificultades médicas que le impidieron
trabajar.
La sentencia T-050 de
2016[21] estudió la acción de tutela
formulada por Lucía contra Esther, en la que se solicitó como
medida de protección de los derechos a la dignidad humana, buen nombre e
intimidad que la accionada retirara la
publicación acompañada con una foto que realizó en su perfil de Facebook,
relacionada con el no pago de una obligación dineraria a cargo de la actora.
En esa
oportunidad, la Sala Cuarta de Revisión advirtió que la tutela procedía contra Esther,
debido a que la accionante se encontraba en una situación de indefensión
derivada de dos circunstancias particulares. En primer lugar, la  parte
demandada gozaba de un significativo manejo sobre la publicación que realizó,
dado que se publicó en el muro de su perfil personal de Facebook, y la actora
no contaba con un mecanismo efectivo que le permitiera restablecer sus derechos
prontamente, razones por las que se comprobó una situación de indefensión
frente a la accionada.
La sentencia T-500 de
2016[22], decidió la acción de tutela
formulada por la Organización Nacional Indígena de Colombia en contra del Canal
Caracol, su programa Séptimo Día y la Agencia Nacional de Televisión por la
emisión de episodios del programa Séptimo Día en los que se hacían afirmaciones
con respecto a los pueblos y comunidades indígenas de Colombia.
La Sala Quinta de Revisión
tuvo por probada la legitimación en la causa por pasiva, entre otras razones,
porque el demandante se encontraba en situación de indefensión, ya que carecía
de instrumentos jurídicos para exigir la protección de sus derechos
fundamentales y porque la transmisión de los episodios del programa era una
decisión autónoma de su director, y en últimas, del canal, la cual tenía la
posibilidad de afectar los derechos fundamentales del accionante, debido a la
magnitud de la difusión del mismo.
19.-  La acción de tutela
presentada por Robert Urrego Ramos se formuló contra los siguientes
particulares: Gustavo Nieto Roa, la productora LAP S.A.S., Alba Lucía Reyes
Arenas e Idania Velásquez Luna (vinculada en el trámite de primera instancia).
De las pretensiones elevadas, la Sala advierte que la solicitud de amparo
presentada en contra de Gustavo Nieto Roa, la Productora LAP S.A.S. e Idania
Velásquez Luna está relacionada, principalmente, con la realización y
publicación de la película “Mariposas Verdes”, mientras que la acción
formulada en contra de Alba Lucía Reyes Arenas además de tener conexidad con la
obra en mención es más general y busca evitar que aquella adelante
publicaciones sobre su hijo, Sergio David. En consecuencia, el análisis de la
legitimación en la causa por pasiva se adelantará de forma diferenciada.
En primer lugar, se advierte
que Robert Urrego Ramos se encuentra en una situación de indefensión frente a
los particulares involucrados en la realización y publicación de “Mariposas
Verdes”, debido a que: (i) la publicación de la película que, a su juicio,
vulnera sus derechos fundamentales y los de su hijo fallecido, es una decisión
autónoma de los accionados en la que no puede incidir; (ii) los medios a través
de los que circula la obra son de amplia difusión y escapan al control del
accionante; y (iii) el actor no cuenta con un mecanismo de protección que le
permita restablecer de forma oportuna sus derechos. En consecuencia, se
comprueba el requisito de legitimación en la causa por pasiva de Gustavo Nieto
Roa, la Productora LAP S.A.S. e Idania Velásquez Luna.
De otra parte, con respecto
a Alba Lucía Reyes Arenas, el actor denunció que la publicación de información
relacionada con la vida de su hijo común fallecido Sergio David Urrego Reyes, a
través de medios de amplia difusión vulnera sus derechos fundamentales.
Como quiera que la
publicación de asuntos relacionados con la vida e intimidad de Sergio David
Urrego Reyes es una decisión autónoma de la accionada, que no puede ser
determinada o influenciada por el accionante se advierte una situación de
indefensión. Asimismo, la eventual publicación de dicha información, tal y como
ha sucedido en anteriores oportunidades, a través de medios de amplia difusión,
los cuales no pueden ser controlados por el actor y frente a los que no cuenta
con mecanismos efectivos de defensa refuerzan la condición que torna procedente
la acción de tutela contra particulares. Por lo tanto, comprobada la situación
de indefensión de Robert Urrego Ramos frente a Alba Lucía Reyes Arenas en
relación con la difusión de información sobre su hijo Sergio David se tiene por
establecido el requisito de legitimación en la causa por pasiva.
Vulneración o amenaza de un derecho constitucional fundamental
20.- Los derechos involucrados en el presente caso, a saber, a la
imagen, al buen nombre y a la intimidad tienen el carácter de fundamentales, y
su protección puede ser reclamada a través de la acción de tutela.
Inmediatez
21.- La Corte Constitucional
ha establecido que la acción de tutela debe ser instaurada en un término
razonable, en atención al fin establecido en el artículo 86 de la Carta
Política para evitar que el paso del tiempo torne inviable la protección de los
derechos alegados como violados, o que se configure una afectación de derechos
de terceros. Sin embargo, la Corte Constitucional no ha establecido un término
perentorio y, por ende, es deber del juez ponderar, en cada caso concreto, la
razonabilidad del término transcurrido entre la vulneración de los derechos
fundamentales del accionante y la fecha de presentación de la acción
constitucional.
22.- En el presente caso, la
Sala advierte el cumplimiento del requisito de inmediatez, debido a que para la
fecha de presentación de la acción de tutela -24 de abril de 2017- la amenaza
sobre los derechos fundamentales del actor estaba latente en atención a la
anunciada exhibición de la película “Mariposas Verdes”, tal y como se
encuentra probado en las noticias referidas por el actor publicadas en la
páginas web de Noticias Caracol[23](9 de abril de 2017), el Informador[24]
(11 de abril de 2017) y Semana[25] (19 de abril de 2017) en las que se
anuncia el estreno de la obra en mención.
En efecto, la pretensión
principal del accionante está relacionada con la publicación de la obra
cinematográfica, razón por la que su estreno el pasado 20 de julio evidencia
que la tutela se formuló de manera oportuna, ya que se presentó en abril, es
decir antes de la exhibición de la pieza audiovisual.
Asimismo, se cumple el
requisito de inmediatez en relación con la posible afectación de los derechos
fundamentales derivada de las actuaciones de Alba Lucía Reyes, en la medida en
que el actor aduce que la vulneración es consecuencia de la publicación y
difusión de información sobre su hijo, la cual es susceptible de presentarse en
cualquier momento y, por ende, constituye una amenaza permanente sobre los
derechos del actor.
Subsidiariedad
23.- De acuerdo con lo
consagrado en los artículos 86 de la Constitución Política y 6º del Decreto
2591 de 1991, la subsidiariedad es un requisito de la acción de tutela según el
cual sólo será procedente cuando el accionante carezca de otro medio de defensa
judicial. Sin embargo, será necesario que el juez constitucional evalúe la
idoneidad y eficacia del medio de defensa judicial para la protección de los
derechos fundamentales alegados como violados, situación que deberá ser
estudiada en cada caso concreto, con el fin de establecer la procedencia de la
acción de tutela.
24.- El
demandante solicita la protección de sus derechos y los de su hijo fallecido,
Sergio David, al buen nombre, a la intimidad y a la imagen. En consecuencia,
pretende que se le ordene a los accionados abstenerse de publicar la película “Mariposas
Verdes” y, en general, emitir cualquier información o producto en el que se
explote la imagen de su hijo. En atención a los derechos que el demandante
aduce vulnerados así como a las pretensiones formuladas, la Corte concluye que
este no cuenta con medios de defensa judicial distintos a la acción de tutela.
No existe otro medio de defensa judicial que le permita al señor Urrego Ramos
obtener la protección de los derechos invocados frente a la publicación de la
obra audiovisual y contenidos relacionados con la imagen de su hijo por parte
de Gustavo Nieto Roa, la Productora LAP S.A.S. e Idania Velásquez Luna, ni
frente a la difusión de información que adelante Alba Lucía Reyes Arenas.
Características y límites
del fenómeno de la carencia actual de objeto cuando se configura el hecho
superado o el daño consumado. Reiteración de jurisprudencia[26]
25.- La noción de daño
consumado y la configuración del fenómeno
procesal denominado carencia actual de objeto ha evolucionado en la
jurisprudencia constitucional. En el pasado, esta Corte consideró que este
hecho procesal era razón suficiente para declarar la improcedencia de una
acción de tutela. De este modo, cuando las situaciones de hecho que vulneraban
los derechos fundamentales de las personas dejaban de ocurrir, o cuando una
violación a las garantías fundamentales se había consumado, el juez
constitucional interpretaba que era inocuo un pronunciamiento judicial de
fondo, debido a que este no tendría un impacto real y efectivo en la protección
de los derechos fundamentales.
Por ejemplo, en la sentencia
T-498 de 2000[27]
esta Corporación resolvió negar una acción de tutela presentada por el
padre de una niña que padecía un tumor cerebral, cuya EPS se había negado a
llevar a cabo una biopsia ordenada por los médicos tratantes. Cuando el caso
llegó a esta Corporación, lamentablemente la hija del actor había fallecido,
razón por la que la Sala de Revisión consideró que el daño consumado impedía el
fin primordial de la acción de tutela, que no era otro que la protección
inmediata de los derechos fundamentales de la niña, para evitar que se
consumara cualquier violación sobre los mismos.
Ahora bien, durante un
tiempo la Corte también declaró que la afectación definitiva de
los derechos también daba lugar a la improcedencia por carencia actual de objeto por hecho superado.
De esta manera, en la sentencia T-936 de 2002[28] la Sala Primera de Revisión
denegó el amparo que presentó una ciudadana, a través de agente oficioso, en la
que solicitaba que se le reconociera un tratamiento integral por el lupus que
padecía. Cuando la Corte seleccionó el caso constató que la persona había
muerto, por lo que decidió declarar la improcedencia de la acción de tutela por
hecho superado, aunque consideró que la negligencia de las entidades
involucradas debía ser debidamente investigada.
Así
mismo, la Corte ha
considerado que la carencia actual de objeto se produce por “sustracción de
materia”. La sentencia T-414 de 2005[29]
analizó la situación de un menor de edad que falleció por no recibir de manera
oportuna un tratamiento por un cuadro severo de anemia que padecía. En atención
a esa circunstancia la Sala no emitió una decisión de fondo, pues consideró que
esta “caería en el vacío, por sustracción de materia”. Sin embargo,
concluyó que era necesario compulsar copias a las autoridades competentes para
que investigaran la negligencia en la prestación del servicio de salud.
26.- La sentencia
SU-540 de 2007[30]
unificó los criterios sobre la materia y señaló que el hecho superado
se presenta cuando por la acción u omisión del obligado, se supera la afectación
del derecho fundamental en una magnitud que hace inocuo cualquier
pronunciamiento del juez de tutela. El hecho superado se debe entender en el
sentido obvio de las palabras que componen la expresión, es decir, dentro del
contexto de si se produjo o no la satisfacción de lo solicitado en la tutela.
Por su parte, el daño
consumado corresponde a la situación en la que se  afectan de
manera definitiva los derechos de los ciudadanos antes de que el juez de tutela
logre pronunciarse sobre la petición de amparo (por ejemplo, sobreviene la
muerte del accionante). A diferencia del hecho superado, la Corte reconoció que
en estos casos es necesario pronunciarse de fondo, dada la posibilidad de
establecer correctivos y prevenir futuras violaciones a los derechos fundamentales.
Por último, la sentencia
determinó que la “carencia actual de objeto” se fundamenta en la
existencia de un daño consumado o de un hecho superado. En suma, la carencia
actual de objeto es la consecuencia jurídica del hecho superado o del daño consumado
y deberá ser el juez de tutela el que determine, en cada caso concreto, si debe
tomar medidas de reparación del perjuicio ocasionado.
En desarrollo de ese
precedente, y desde la perspectiva del perjuicio individual que se genera con
el daño consumado, la sentencia T-842 de 2011[31] señaló que la carencia actual de objeto por daño consumado supone que no se reparó la
vulneración del derecho, sino que su violación ocasionó el daño que se buscaba
evitar con la acción de tutela. De este modo, la sentencia determinó que en
estos casos resulta perentorio que el juez de amparo, tanto de instancia como
en sede de Revisión, se pronuncie sobre la vulneración de los derechos
invocados en la demanda y su alcance, y además
“debe informar al
demandante o a los familiares de éste, sobre las acciones jurídicas de toda
índole, a las que puede acudir para la reparación del daño, así como disponer
la orden consistente en compulsar copias del expediente a las autoridades que
considere obligadas a investigar la conducta de los demandados cuya acción u
omisión causó el mencionado daño”.
27.- De otra parte, la
Corte también ha considerado la necesidad de adelantar análisis de fondo para
evidenciar problemas estructurales relacionados con la violación de los
derechos fundamentales, tal y como lo evidencia la sentencia T-478 de 2015[32],
en la que la Corte señaló que a pesar de que en ese caso se
hubiera consumado el daño, conocer de fondo el asunto era una obligación del
juez constitucional, ya que dentro de su rol como guardián de los derechos
fundamentales, estaba la obligación de evidenciar las fallas estructurales que
condujeron a su violación.
28.- De
los diversos pronunciamientos de esta Corporación en relación con la
competencia del juez constitucional cuando comprueba la afectación definitiva
de los derechos fundamentales se advierten las siguientes reglas:
(i)   La carencia actual de objeto es la
consecuencia jurídica del hecho superado o del daño consumado.
(ii) El juez debe decidir de fondo sobre la configuración del daño
consumado. Esto supone el análisis y determinación sobre la vulneración de
derechos fundamentales.
(iii)
En el fallo de tutela se
realizará “una advertencia a la autoridad pública [o particular] para que en
ningún caso vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito
para conceder la tutela (…)[33]”
de acuerdo con el artículo 24 del Decreto 2591 de 1991.
(iv)
En caso de que se
considere necesario, el juez ordenará que se compulsen copias del expediente de
tutela a las autoridades correspondientes para que investiguen y sancionen las
conductas que produjeron el daño.
(v) Finalmente, deberá ser el juez de tutela el que determine, en cada
caso concreto, si debe tomar medidas de reparación del perjuicio ocasionado. De
no hacerlo, puede informar al demandante o a sus familiares sobre las acciones
jurídicas existentes en el ordenamiento jurídico que puede utilizar para
obtener la reparación del daño.
29.- En el presente caso, el
accionante formuló pretensiones específicas para la protección de los derechos
que considera vulnerados y solicitó, de forma principal, que se impidiera la
publicación de la película “Mariposas Verdes”. En consecuencia,
comprobado el estreno y la difusión de la obra cinematográfica podría pensarse
que se consumó el daño, en la medida en que se produjo el hecho que se
pretendía evitar. No obstante, la Sala advierte que a pesar de que el
accionante solicitó una medida de protección específica y principal, elevó
otras solicitudes que permiten establecer que su pretensión general es evitar
la explotación de la imagen de su hijo Sergio David, la cual, a su juicio,
provoca la afectación de sus derechos a la intimidad, a la imagen y al buen
nombre.
Como quiera que la
pretensión del accionante se extiende, en general, sobre la explotación de la
imagen de su hijo, la publicación de la película “Mariposas Verdes” no
basta para concluir la afectación definitiva de los derechos
fundamentales invocados, que es la circunstancia que determina la configuración
del daño consumado. En efecto, si en el análisis que adelante la Sala determina
que existió una explotación de la imagen de Sergio y que esta genera la
vulneración de los derechos fundamentales del accionante se comprobaría una
afectación actual, frente a la cual el juez de tutela deberá adoptar medidas
encaminadas a obtener su protección.
Por lo tanto, se advierte,
de cara a las pretensiones del actor, que la publicación de la obra audiovisual
no comporta una afectación definitiva de los derechos que se consideran
vulnerados. En efecto, la acción de tutela formulada por Robert Urrego Ramos
denuncia la posible y actual vulneración de derechos fundamentales derivada de
la explotación de la imagen de Sergio, que corresponde a una actividad
continuada, la cual debe ser analizada en aras de establecer su configuración y
emitir las medidas de protección correspondientes.
Del mismo modo, en relación
con la vulneración de los derechos del accionante como consecuencia de las
publicaciones efectuadas por Alba Lucía Reyes Arenas sobre las circunstancias
que rodearon la muerte de Sergio David, la Sala advierte que se trata de una
actuación que produce efectos permanentes y continuados, frente a los que el
juez de tutela eventualmente podría emitir órdenes para la protección del
derecho y, por ende, no dan cuenta de una afectación definitiva.
El
derecho a la imagen: algunas definiciones
30.-
El derecho a la imagen es un derecho fundamental y autónomo, que se deriva de
la dignidad humana y está íntimamente relacionado con los derechos al libre
desarrollo de la personalidad y al reconocimiento de la personalidad jurídica.
El
derecho a la imagen, a pesar de contar con unos límites conceptuales definidos
por vía jurisprudencial y derivados de la noción prevista en el artículo 87 de
la Ley 23 de 1982[34], corresponde a un concepto amplio
que abarca, de un lado, la auto determinación de la propia imagen en cabeza de
todos los sujetos y, de otro lado, el derecho a disponer sobre la utilización y
explotación de la propia imagen por parte de terceros.
31.-
El derecho en mención tiene un alto nivel de indeterminación relacionado,
principalmente, con el alcance de la imagen. Esta circunstancia permite afirmar
que existe un núcleo duro del derecho en el que resulta claro que está
involucrada la imagen y una zona de penumbra, en la que no es fácil
determinar si la manifestación concreta abarca el derecho en mención. En
efecto, el núcleo duro comprende aquellas expresiones que dan cuenta con
claridad del aspecto físico, en general, y de los rasgos del rostro que
permiten identificar a las personas. Por ende, es evidente el uso de la imagen
a través de las fotografías, esculturas, videos y demás soportes que permitan
identificar con precisión al individuo. Por otra parte, existen diversas
representaciones en las que no resulta claro si está involucrada la imagen, tal
y como sucede con las siluetas, las caracterizaciones, y algunas expresiones
que reproducen el estilo de las personas y que pueden permitir su
identificación.
Esas particularidades
sobre el alcance del derecho a la imagen se evidencian si se considera, de un
lado, el artículo 87 de la Ley 23 de 1982 “Sobre derechos de autor”, el cual señala que:
“Toda persona tiene derecho a impedir, con las
limitaciones que se establecen en el artículo 36 de la presente Ley, que su
busto o retrato se exhiba o exponga en el comercio sin su consentimiento
expreso, o habiendo fallecido ella, de las personas mencionadas en el artículo
88 de esta Ley. La persona que haya dado su consentimiento podrá revocarlo con
la correspondiente indemnización de perjuicios.”
La norma transcrita circunscribe el derecho a la
imagen, de forma precisa, a la representación directa y fiel de las
características físicas y distintivas de la persona, en la medida en que hace
referencia expresa al retrato y al busto, que son representaciones que
evidencian un alto grado de proximidad con el sujeto. De acuerdo con el
Diccionario de la Lengua Española, la palabra “retrato” tiene las
siguientes definiciones principales: “1. m. Pintura o efigie principalmente
de una persona.; 2. m. Fotografía de una persona.; 3. m. Descripción de la
figura o carácter, o sea, de las cualidades físicas o morales de una persona.;
4. m. Aquello que se asemeja mucho a una persona o cosa.”, mientras que la
palabra “busto” se define principalmente como: “1. m. Parte
superior del cuerpo humano; 2. m. Escultura o pintura de la cabeza y parte
superior del tronco humano.”
No obstante
esa previsión, lo cierto es que la imagen que corresponde a “las
características externas que conforman las manifestaciones y expresiones
externas de la individualidad corporal”[35]
se manifiesta en un mayor número de representaciones que las derivadas de la
fotografía, los retratos o bustos, tal y como lo ha reconocido la
jurisprudencia de esta Corporación al prever un concepto amplio del derecho, y
el desarrollo adelantado por la legislación, la jurisprudencia y la doctrina de
otros países. Estas fuentes permiten fijar como elementos principales para
determinar la imagen: la recognoscibilidad del individuo a través de los
rasgos externos que lo identifican.
32.- En
España, se profirió la Ley Orgánica 01 de 1982 “de protección civil del
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen” que
precisó el carácter fundamental del derecho a la imagen amparado en el artículo
18 de la Constitución Española, reglamentó los asuntos relacionados con la
autorización para su explotación, refirió los mecanismos de protección de los
derechos mencionados e identificó las intromisiones ilegítimas. En relación con
el derecho a la imagen, el artículo 7º reconoció las siguientes intrusiones:
“(…)
Cinco. La captación, reproducción o publicación
por fotografía, filme, o cualquier otro procedimiento, de la imagen de una
persona en lugares o momentos de su vida privada o fuera de ellos, salvo los
casos previstos en el artículo octavo, dos.
Seis. La utilización del nombre, de la voz o de
la imagen de una persona para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza
análoga.
(…)”
De esa
previsión se advierte una concepción más amplia de la imagen que la restringida
a la representación fidedigna del rostro de las personas que permita su
identificación. En efecto, Herce de la Prada señala que:
“concretada la imagen, como objeto del derecho en
la persona física, podría resultar erróneo restringir el concepto a la
reproducción de los rasgos faciales. En efecto, al hablar de la imagen de una
persona instintivamente pensamos en el rostro. Sin embargo, si esta es la
noción esencial, no podemos olvidar tampoco la figura humana, estando faz y
figura íntimamente unidas.”[36]
En ese
sentido, de acuerdo con la definición establecida por Sainz de Varanda indicó
que el derecho a la imagen corresponde al “derecho a reproducir o
representar la figura humana, en forma recognoscible; con entera independencia
del objeto material en que se contiene”[37]
33.- Por su
parte, la jurisprudencia comparada también se ha referido a un alcance más
amplio del derecho a la imagen. En la sentencia STS 535 del 30 de enero de
1998, la Sala de lo Civil del Tribunal Superior Español indicó que:
“Ni el artículo 18-1 de la Constitución, ni la
Ley Orgánica contienen definición legal de lo que debe de entenderse por
imagen. Ha sido la jurisprudencia de esta Sala la que ha venido a delimitar su
concepto, al declarar que ha de entenderse por tal la figura, representación,
semejanza o apariencia de una cosa y a efectos de la Ley Orgánica 1/1982,
equivale a representación gráfica de la figura humana, mediante un
procedimiento mecánico-y con ello cualquier técnica adecuada- para obtener su
reproducción (Ss. de 11-4-1987, 29-3-1988, 9-5-1988,9-2-1989, 13-11-1989,
29-9-1992, 19-10-1992 y 7-10 y 21-10-1996). La interpretación no se agota en lo
que se deja expuesto y en cuanto a que equivale a reproducción visible de
figura humana identificada o identificable, pues cabe extender el concepto a
otras representaciones de la persona que faciliten de modo evidente y no
dubitativo o por aproximaciones o predisposiciones subjetivas, su
recognoscibilidad (…)”
El Tribunal
Constitucional Español también se ha enfrentado a la determinación del alcance
de la imagen en expresiones en las que no resulta evidente su utilización. Por
ejemplo, en la sentencia STC 081 de 26 de marzo de 2001 estudió el
recurso de amparo promovido por Emilio Aragón Álvarez, quien denunció la
afectación de su derecho a la imagen, debido a que una entidad publicó, sin su
consentimiento, anuncios publicitarios en los que no reprodujo su nombre o
fotografía, pero utilizó un dibujo con piernas cruzadas, que viste pantalones
negros y botas deportivas blancas junto con el mensaje “La persona más
popular de España está dejando de decir te huelen los pies”. Para el
accionante, su forma de vestir representada en el dibujo aunada a la canción “Te
huelen los pies” de la que es autor e intérprete evidenciaba el uso y
aprovechamiento de su imagen sin autorización.
En esa
oportunidad, el Tribunal no estableció si la imagen era suficiente para
representar al actor, pero indicó que el dibujo no podía afectar la esfera
fundamental del derecho, en la medida en que:
“(…) no se refiere ni afecta al recurrente como
sujeto en su dimensión personal, individual o privada, sino a lo sumo en cuanto
a personaje popularizado a través de sus apariciones televisivas, con lo que,
como queda dicho, en ese anuncio no quedaba concernido el bien jurídico
protegido por el derecho fundamental a la propia imagen.”[38]
34.- En
síntesis, el derecho a la imagen responde al control que tienen los individuos
sobre las representaciones de sus características externas que conforman las
manifestaciones y expresiones de su individualidad corporal y que permiten su
identificación. En atención a ese alcance del derecho es necesario resaltar que
en algunas representaciones, usualmente las fotografías, el uso del nombre y
los videos que reflejen a la persona resulta evidente que la imagen está
involucrada, pero existen múltiples manifestaciones en las que esa
circunstancia no es clara, razón por la que se deberá establecer el uso de la
imagen en cada caso concreto, con base en dos elementos principales: el uso de aspectos
externos del sujeto y la verificación del carácter recognoscible en
la manifestación concreta que se analiza.
Las facetas
del derecho a la imagen: fundamental y patrimonial
35.-
Establecido el alcance del derecho a la imagen, es necesario resaltar que su
carácter fundamental determina la procedencia de la acción de tutela para
obtener su protección.
No obstante
esa naturaleza, el derecho a la imagen también cuenta con una faceta
exclusivamente patrimonial, relacionada con la autorización de la
explotación sujeta a la obtención de lucro y el resarcimiento económico
derivado del uso y el aprovechamiento de la imagen sin el permiso de su
titular, la cual escapa del núcleo ius fundamental del derecho.
En consecuencia este Tribunal Constitucional se ha abstenido de definir las
controversias relacionadas con esa faceta por no ser de su competencia.
En efecto,
en la sentencia T-090 de 1996[39] se adoptaron las medidas de protección de la
dimensión ius fundamental del derecho a través de órdenes dirigidas a
cesar la transmisión o reproducción pública de las imágenes del parto de la
accionante, pero se precisó que “el resarcimiento de perjuicios, se libran a
la decisión de la jurisdicción ordinaria y a ella deberá dirigirse la
demandante si desea la imposición de una condena patrimonial contra la sociedad
demandada.” En ese mismo sentido, la sentencia T-094 de 2000[40] reiteró que la
acción de tutela no es, en principio, el mecanismo idóneo para solicitar una
eventual indemnización o reparación de perjuicios.
36.- La
distinción entre la faceta fundamental y patrimonial del derecho a la imagen se
ha establecido, de forma expresa, por la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional Español, que si bien ha reconocido que la Ley Orgánica 01 de
1982 previó disposiciones relacionadas con la explotación comercial y económica
de la imagen “esa dimensión legal del derecho no puede confundirse con la
constitucional, ceñida a la protección de la esfera moral y relacionada con la
dignidad humana y con la garantía de un ámbito privado libre de intromisiones
ajenas.”[41]
En ese
mismo sentido, Díez- Picazo[42] describió la sentencia
081 del 26 de marzo de 2001 de la siguiente forma:
“El Tribunal Constitucional rechazó que
hubiera vulneración del derecho a la propia imagen; y ello sin entrar si quiera
a analizar si la referida silueta en blanco y negro, sin mención de nombre
alguno, es imagen o no a efectos del artículo 18 CE. Más bien, se basó en que,
la pretensión del demandante era puramente económica: no perseguía la cesación
de la intromisión, sino su remuneración. Según el Tribunal Constitucional, el
derecho a la propia imagen carece de contenido patrimonial.”[43]
De otra
parte, en la sentencia 083 del 22 de abril de 2002, el Tribunal
Constitucional Español precisó que:
“Lo que se pretende con este derecho, en su
dimensión constitucional, es que los individuos puedan decidir qué aspectos de
su persona desean preservar de la difusión pública, a fin de garantizar un
ámbito privativo para el desarrollo de la propia personalidad ajeno a
injerencias externas”
37.- En
aras de determinar los aspectos del derecho íntimamente relacionados con la
dignidad humana y, por ende, objeto de protección inmediata, esta Corporación
reitera la distinción entre la faceta fundamental y la patrimonial
del derecho a la imagen, y precisa que la competencia del juez constitucional
está restringida a la primera de las facetas referidas, que corresponde a la
autonomía de las personas para determinar su propia imagen así como la potestad
de decidir las partes de su imagen que desea que sean exhibidas, la forma y la
finalidad de la difusión.
El derecho a la imagen en la jurisprudencia constitucional
38.- Establecido el alcance
y las facetas del derecho a la imagen se revisarán los pronunciamientos que ha
emitido esta Corporación sobre dicha garantía, los cuales han sido
indispensables para el reconocimiento del carácter fundamental del derecho, ya
que este no cuenta con una previsión expresa en la Carta Política de 1991.
El análisis del
derecho a la imagen en las sentencias de esta Corporación parte de la dignidad
humana como principio estructural de la Constitución, el cual dota de contenido
a otros derechos fundamentales y que en el caso de la imagen también se ve
reflejado, debido a que el ser humano no solamente restringe su existencia al
hecho natural y biológico de vivir, sino también busca identificarse a través
de rasgos físicos que lo distingan de las otras personas.
La autenticidad que
como ser social se ha forjado una persona en el devenir de su vida es lo que
constituye el derecho a la imagen, el cual, como fundamental y autónomo puede
ser lesionado en forma independiente o concurrente con otros derechos. Se
trata de una garantía de la expresión directa de la individualidad e identidad
de las personas.
39.- Como antecedente remoto
del reconocimiento del derecho a la imagen en la jurisprudencia constitucional
se encuentra la sentencia T-090 de 1996[44],
que estudió la acción de tutela formulada por una mujer en contra de una
programadora de televisión, a la que le dio autorización para transmitir
imágenes y videos del parto de su hijo, siempre que ese material se utilizara
en un programa que rindiera un homenaje a la vida. A pesar de este
condicionamiento, las imágenes fueron utilizadas en el programa “Vivir la
Vida” en el que se realizó una comparación entre las formas de
alumbramiento de las mujeres de diferentes clases sociales.
La actora señaló que en el
programa se violó su derecho a la intimidad, debido a que se desconoció la
finalidad específica a la que sujetó la autorización del uso de su imagen, así
como su verdadera identidad sociocultural al mostrarla como una mujer de clase
alta.
En esa oportunidad, la Corte
analizó si las actuaciones adelantadas por la programadora vulneraron los
derechos a la intimidad, a la identidad y a la imagen de la peticionaria,
análisis en el que hizo importantes precisiones conceptuales en relación con
dichos derechos.
En relación con el derecho
a la imagen indicó que la
representación externa del sujeto tiene su asiento necesario en la persona de
la cual emana y, por ende, constituye un derecho personalísimo que no puede ser
explotado o apropiado arbitrariamente por terceros. En ese sentido indicó que:
“Una consideración elemental de respeto a la persona y a su
dignidad, impiden que las características externas que conforman su fisonomía o
impronta y que lo identifican más que cualquiera otro signo externo en su
concreta individualidad, puedan ser objeto de libre disposición y manipulación
por terceros.”
Asimismo, precisó que el
derecho a la imagen se encuentra amparado en el ámbito del derecho a la
personalidad jurídica previsto en el artículo 14 Superior, cuenta con un amplio
margen de disponibilidad del titular, por ende, también involucra el libre
desarrollo de la personalidad y no puede ser sujeto a más limitaciones por
parte de terceros que aquellas derivadas de las exigencias de la sociabilidad humana, la búsqueda del
conocimiento y los intereses públicos superiores.
En consecuencia, establecida
la violación del derecho a la intimidad, dignidad e imagen de la actora, la
Sala Tercera de Revisión le ordenó a la productora accionada cesar toda transmisión, exposición, reproducción,
publicación, emisión y divulgación pública de las imágenes del parto de la
accionante, y precisó que el resarcimiento de perjuicios escapaba de la
competencia del juez constitucional y debía ser determinado en un proceso
ordinario.
La sentencia T-322 de
1996[45] estudió la acción de tutela
formulada por Pedro Juan Moreno Villa, Secretario de Gobierno de la Gobernación
de Antioquia en contra de Fabio Valencia Cossio y Hernán Motta Motta, senadores
de la República, quienes en el marco de un debate parlamentario le atribuyeron
al accionante nexos con el paramilitarismo y sugirieron la tolerancia de
masacres por parte de la Gobernación de Antioquia como consecuencia de la
implementación de las “Asociaciones Convivir”. Para el actor, estas
afirmaciones que tuvieron amplia difusión a través de los medios de comunicación
violaron, entre otros, sus derechos a la dignidad humana, buen nombre, honra e
intimidad.
En el análisis del caso, la
Corte advirtió la tensión que se presentaba entre la inviolabilidad de los
congresistas y los derechos a la intimidad, al buen nombre, a la honra y a la
imagen del accionante, y resaltó la necesidad de aplicar métodos de
interpretación actuales para resolver dicho conflicto, los cuales exigían
determinar si los derechos invocados por el actor sufren
cierta elasticidad cuando están en cabeza de un hombre público y si pueden ser
restringidos por esa misma circunstancia.
En
el marco de esa labor, con respecto al derecho a la imagen de los políticos la
Corte indicó que:
“Tratándose del derecho a la imagen, en personas
con proyección pública, si en un debate parlamentario se resaltan o aún se
exageran las facetas que hacen de ese hombre público la personificación de una
idea, no se ve la violación al derecho fundamental de la imagen. Esa imagen
política está dentro del ámbito político y si lo que se pone en tela de juicio
está en relación con esos actos públicos, ya más que de imagen lo que se trata
es de actividad política.”
En la determinación del
alcance del derecho a la imagen, la Sala consideró como elemento central la
actividad política del accionante, debido a que lo sujeta al control de la opinión pública y al control político
que corresponde preferencialmente al Congreso de la República. En consecuencia,
advirtió que las críticas relacionadas con el ejercicio de sus funciones no
pueden ser restringidas con fundamento en el derecho a la imagen, el cual se
flexibiliza cuando se ejerce una actividad política.
La sentencia T-094 de
2000[46] estudió dos acciones de tutela
formuladas por una persona natural y una jurídica en contra de un programa de
televisión, por la publicación de imágenes sin su autorización, captadas a
través de cámaras escondidas, y la emisión de información que, a juicio de los
actores, afectaba su buen nombre.
La Corte indicó que el
derecho a la imagen es personalísimo de los sujetos, y “comprende la facultad de disponer de su
apariencia y de su privacidad, autorizando o no la captación y difusión de
ella.” Este derecho se vulnera
cuando sin consentimiento del titular se publica su imagen, la cual puede ser
captada a través de cámaras escondidas o
mediante cámaras fotográficas con teleobjetivo y otros medios electrónicos.
40.- La sentencia T-379 de 2013[47] decidió la solicitud de amparo
elevada por Armando José Galán Gravini en nombre propio y en representación de
su padre fallecido Francisco “Pacho” Galán en contra de Ricardo Alí Pérez
Chávez por el uso que hizo el accionante, sin autorización, de su imagen y la de
su padre a través de un blog, varias páginas de redes sociales y portafolios de
servicios.
La Sala estableció que a pesar de que las circunstancias del caso
evidenciaban otros conflictos, el asunto ius fundamental giraba en torno al uso de las imágenes de dos
artistas por parte del accionado, en concreto de Armando José Galán Gravini y
de su fallecido padre Francisco “Pacho” Galán.
En
el estudio del problema jurídico advirtió que el uso de la imagen y reputación
del padre del actor, Francisco “Pacho” Galán, estaba relacionado con un
conflicto patrimonial y de competencia entre sus familiares y el accionado,
quienes actúan en el mercado y tienen fines concurrentes. En consecuencia,
declaró la improcedencia de la acción de tutela con respecto a la pretensión
relacionada con la imagen del padre del actor, debido a que el accionante
contaba con las acciones de protección a los derechos de autor y de competencia
desleal.
En
relación con el uso de la imagen del accionante advirtió la inexistencia de
mecanismos a su alcance para la protección del derecho y, como consecuencia el
estado de indefensión frente al accionado.
En el desarrollo de las consideraciones sobre el derecho a la
imagen, la Sala destacó que este emana, entre otros, del contenido de los derechos al libre
desarrollo de la personalidad y al reconocimiento de la personalidad jurídica.
Asimismo, precisó tres facetas sobre el alcance de este derecho:
La primera faceta, expresa
la autonomía de la persona para determinar su propia imagen, es decir, cómo
quiere verse y cómo quiere ser percibido por los demás. En particular, incluye
la autodeterminación de los individuos en relación con la posibilidad de
distinguirse físicamente o de referirse a sí mismo a través de ciertas
actividades que permitan su distinción, tales como sus intereses o profesión. “Esta
faceta, estrechamente vinculada con el derecho al libre desarrollo de la
personalidad, puede ser comprendida como el aspecto estético o somático del
derecho o la dimensión de autodefinición del ser, al tener en cuenta para
definir la individualidad de la persona su imagen física, su nombre o su voz.”
La segunda
faceta, incluye un aspecto positivo y otro negativo. El aspecto positivo
corresponde a la potestad de la persona de decidir las partes de su imagen que
pueden ser difundidas de manera onerosa o gratuita:
“En
esta dimensión del derecho, el sujeto escoge qué podrá ser percibido por los
demás y podrá autorizar, si así lo desea, que un tercero utilice su imagen. En
caso de que se presente un incumplimiento en la forma en que se haya convenido
dicha utilización, esta Corporación ha señalado que es procedente el amparo del
citado derecho por la vía de la acción de tutela, sin perjuicio de la existencia
de los otros medios de defensa judicial.”
El aspecto negativo
implica la posibilidad de prohibir la obtención, utilización o reproducción no
autorizada de la imagen de una persona, salvo los límites del derecho,
relacionados con la salvaguarda de los derechos
de los demás, la prohibición del abuso del derecho, la preservación del orden
jurídico, las exigencias de la sociabilidad humana y, en algunos casos, la
realización de algún interés público de raigambre superior.
La tercera
faceta incluye la imagen social, la cual comprende la
caracterización que una persona logra de sí misma en la sociedad y que le
permite identificarse plenamente frente a los otros. Como sustento de esta
faceta, se refirieron las consideraciones expuestas en la sentencia T-090 de
2016, en la que la Corte valoró, de forma particular, la tergiversación de la
imagen sociocultural de la accionante, debido a que en el programa de
televisión en el que se usaron las imágenes del parto de su hijo fue presentada
como una persona de clase alta, característica que no correspondía a su
condición socioeconómica.
Con
respecto a la tercera faceta se resaltó que:
“la Constitución Política protege el derecho a la imagen,
no sólo en lo que se refiere al aspecto físico, sino también frente a la
identidad constituida por las particularidades y circunstancias concretas en
las que una persona desarrolla su existencia, en especial en contextos en los
cuales se produce su falsamiento (sic) o una injusta apropiación.”
Con
base en las facetas reconocidas del derecho a la imagen, la Sala precisó que su
vulneración:
“(…) puede provenir de situaciones en las cuales
se interfiere de forma indebida en la decisión de una persona de establecer qué
podrá ser conocido por los otros y qué estará proscrito de su disposición. De
igual manera, se presenta una transgresión cuando se incurre en un falsamiento
(sic) o en una apropiación, explotación, exposición, reproducción y/o
comercialización no autorizada de la imagen de una persona.”
Luego
de referir los límites del derecho a la imagen, se aludió a la tensión que
generalmente se presenta con el derecho a la intimidad y se precisó que, si se
trata de la explotación o exhibición de aspectos que la persona ha dejado
reservados en su intimidad, además de la violación de esta garantía se
transgrede el derecho a la imagen. No obstante, esta consideración se morigera
en el caso de las personas que deciden actuar en el ámbito público, ya que la
exhibición de su comportamiento puede ser consecuencia de las exigencias de la sociabilidad
humana o del ejercicio de las libertades de expresión e información. En ese
sentido, con respecto a la construcción biográfica de una persona que actúa en
el ámbito público indicó:
“(…) la historia o el pasado consolidado
de una persona reflejado –precisamente– en una biografía, como lo sería, por
ejemplo, la exposición de la vida artística de un músico o la presentación del
quehacer público de un político, hace parte de los límites del derecho a la
imagen que expresan la tendencia natural del hombre hacia la socialización,
siempre que su contenido se circunscriba a mostrar o a evidenciar
circunstancias vividas. En efecto, en criterio de esta Corporación, se
presentaría una distorsión en el citado derecho, que sería objeto de protección
por la vía de la acción de tutela, cuando se falseen los hechos que identifican
a una persona o cuando los mismos se muestran de forma imprecisa.
En este contexto, no podría alegarse la violación del derecho a la imagen
de una persona pública, en aquellos casos en que simplemente se menciona su
historia laboral o se resaltan sus aportes a la sociedad, pues es claro que
nadie puede desligarse de lo vivido. Este análisis es distinto, por obvias
razones, cuando de lo que se trata es de proteger su vida privada, ya que, en
dichos casos, su intimidad personal o familiar, prima facie¸ no tiene por qué
ser afectada, tocada o referida por terceros, ni utilizada para alegar algún
vínculo con ella.”
Con sustento en las
consideraciones expuestas, la Sala concluyó que la utilización de las fotografías
del actor que revelaban su paso por la orquesta “Pacho Galán” no pretendió resaltar cualidades o características
personales, tan sólo proyectar un acontecimiento histórico ocurrido, razón por
la que el accionante no puede restringir su publicación, pues se trata de
imágenes colectivas no individuales, en donde él figuró como uno más de un
grupo de personas que despliega una actividad recreativa y cultural.
En
cuanto al uso de la imagen social del actor derivado de la referencia a
su biografía, la Sala destacó que esta se limitó a mencionar que trabajó en la orquesta
y que su quehacer incidió en el desarrollo artístico de la misma. Este uso para la Corte respondió a las
limitaciones derivadas de la sociabilidad humana, ya que se trataba de
información cuyo sustento era su historia artística como músico, la cual ha
sido objeto de reconocimiento social, sin que en ella se vislumbrara
información falsa o engañosa. En consecuencia, no se comprobó una afectación
del derecho a la imagen del accionante y, por ende, se confirmaron los fallos
de instancia que denegaron el amparo.
La sentencia
T-634 de 2013[48] decidió la
acción de tutela formulada por Julia en contra de una empresa de masajes
que se negó a eliminar la publicación de sus fotografías en la red social
Facebook y otros medios de publicidad a pesar de que autorizó dicha publicación
únicamente en atención a su trabajo como masajista, al que renunció
transcurridos dos meses desde la autorización.
La Sala Primera de
Revisión hizo énfasis en el alcance y las características de la autorización
para el uso de la propia imagen. En particular, destacó que de acuerdo con la jurisprudencia
constitucional la explotación de la imagen sin autorización del titular
comporta, en principio, la afectación del derecho. Sin embargo, la existencia
de dicha autorización no descarta la afectación, razón por la que los jueces de
tutela deben analizar en cada caso si, a pesar del consentimiento del titular,
se vulneró el derecho a la imagen.
En concordancia con
lo anterior, la Sala identificó algunas limitaciones de la autorización para el
uso o explotación de la imagen que se desprenden de los preceptos de la Carta
Política:
“(i) la autorización para el uso de la propia
imagen no puede implicar la renuncia definitiva del mismo; (ii) la autorización
comprende el consentimiento informado no solo acerca del uso de la propia
imagen sino sobre las finalidades de éste; (iii) la autorización de uso de la
propia imagen no puede constituir un límite absoluto al carácter necesariamente
dinámico y cambiante de la autodeterminación de las personas o a su libre
desarrollo de la personalidad; y (iv) la autorización de uso de la propia
imagen, como expresión de un acuerdo de voluntades y de la libertad contractual
en general, encuentra un límite constitucional en el respeto a los derechos
fundamentales.”
Para la Corte, los límites de las autorizaciones para el uso
de la propia imagen derivados del carácter inalienable de los derechos
fundamentales evitan que la imagen esté de manera indefinida a merced de
terceros y que se anule la autodeterminación de las personas.
La sentencia T-546 de 2016[49] estudió la acción de
tutela presentada por Rodolfo Palomino López -ex director general de la Policía
Nacional- en la que solicitó el amparo de sus derechos fundamentales, los
cuales consideró vulnerados por Jesús Rafael Vergara Padilla y la editorial La
Oveja Negra Ltda., al publicar el libro “La comunidad del anillo” en
cuya carátula se expuso la foto del demandante sin que hubiese otorgado su
consentimiento.
La Corte advirtió que no se presentaba una afectación del derecho
a la intimidad, buen nombre y honra del
actor, debido a que su intimidad se redujo por razón de su oficio y su
exposición pública, y porque el libro se limitó a relacionar sucesos divulgados
y conocidos por la opinión pública.
Para
el análisis de la posible vulneración del derecho a la imagen, la Sala destacó
que los libros como obra del autor constituyen una unidad inescindible y, por ende, no son susceptibles de ser
modificados por una autoridad pública o un particular; el libro desarrolló
asuntos de interés público que tienen una protección reforzada por parte del
Estado y la fotografía utilizada en la carátula retrataba el ejercicio de las funciones que el actor
desempeñaba como Director General de la Policía Nacional y por las que era
reconocido en la sociedad, es decir no correspondía a una imagen privada del
personaje público que representara una intromisión en su vida personal, razón
por la que no había lugar a solicitar el consentimiento del actor para su uso.
41.-
El derecho a la imagen surge de una interpretación sistemática de
algunas disposiciones de la Carta Política, en particular del reconocimiento de
la dignidad humana como principio básico, el libre desarrollo de la
personalidad y la personalidad jurídica. En efecto, el derecho a la imagen
corresponde a la expresión directa de la individualidad, identidad y
autodeterminación de la persona que no puede ser objeto de libre disposición
por parte de terceros, salvo las limitaciones derivadas de la sociabilidad
humana, de intereses jurídicos superiores y del respeto de los derechos de los
otros.
Finalmente, en
relación con las personas que actúan en el ámbito público el alcance del
derecho se reduce en la medida en que su imagen está más expuesta como
consecuencia de su actividad. No obstante, esta circunstancia no comporta la
anulación del derecho, del cual son titulares todas las personas por su
condición de seres humanos y, por ende, la vulneración debe ser analizada por
el juez en cada caso concreto.
El derecho
a la imagen de la persona fallecida y su proyección a pesar de la muerte.
Reiteración de jurisprudencia
42.- Fijado
el alcance de derecho a la imagen es necesario determinar si este se extingue
con la muerte de las personas y, por ende, el fallecimiento del titular impide
verificar su vulneración y adoptar medidas dirigidas a obtener su protección.
Para establecer
esa circunstancia es necesario hacer referencia, en primer lugar, al artículo
87 de la Ley 23 de 1982, en el que se precisa que el derecho a impedir que se
exhiba la imagen sin autorización del titular puede ser ejercido por este o,
ante su fallecimiento, por las personas cuyo consentimiento sea necesario para
autorizar la publicación. Es decir, que por disposición legal la muerte de las
personas no convierte a la imagen en un bien de dominio público y subsiste el
derecho a impedir su reproducción o explotación sin autorización.
En segundo
lugar, resulta pertinente reiterar los argumentos expuestos por esta
Corporación en relación con la proyección de la dignidad humana más allá de la
muerte de las personas, especialmente con respecto a los derechos a la honra,
intimidad, memoria, buen nombre e imagen de las personas, en la medida en que
se extienden sobre los derechos de la familia y constituyen el patrimonio
familiar.
En efecto,
en algunos fallos de revisión la Corte ha establecido de forma expresa que la
imagen se proyecta más allá de la muerte. Por ejemplo, la sentencia T-275 de
1994[50] en la que se decidió
la acción de tutela que una madre presentó para que se investigara de manera
certera y eficaz la muerte de su hijo quien, presuntamente, se había suicidado,
la Sala Séptima de Revisión indicó que:
“Una madre tiene justificación cuando exige que
se le aclare la causa del fallecimiento de su hijo, especialmente si no
aparecen razones o motivos para un suicidio.  La validez y la búsqueda de la
verdad son objetos de la justicia. El derecho a participar de la búsqueda de la
verdad sobre sus familiares también está íntimamente ligado con el respeto a la
dignidad, a la honra, a la memoria y la imagen del fallecido. En efecto,
estos derechos y la dignidad de una persona se proyectan más allá de su
muerte.” (Subrayas propias)
Asimismo,
la sentencia T-478 de 2015[51] en la que
Alba Lucía Reyes Arenas invocó la protección de los derechos de su hijo
fallecido Sergio David Urrego Reyes, la Sala Quinta de Revisión señaló que: “(…) en aras de
proteger la dignidad,  la honra, el buen nombre, la intimidad, la memoria y la
imagen del fallecido, los familiares de la persona afectada, pueden interponer
acciones de tutela para asegurar el respeto de tales derechos frente a las
acciones de terceros.”
43.- En
concordancia con lo expuesto, la Sala reitera en esta oportunidad que la faceta
fundamental del derecho a la imagen, en la medida en que está íntimamente
relacionada con la dignidad humana se extiende más allá de la muerte y, por
ende, el juez de tutela tiene competencia para establecer la vulneración del
derecho fundamental a la imagen y tomar las medidas de protección
correspondientes a pesar del fallecimiento del titular del derecho.
Características
generales del derecho al buen nombre, reiteración de jurisprudencia[52]
44.- El derecho al
buen nombre ha sido definido de manera reiterada por esta Corporación, como
aquel asociado a la idea de reputación, buena fama u  opinión, que de una persona tienen
los demás. De acuerdo con los lineamientos de la sentencia T-949 de 2011[53],
la Corte ha señalado que
el derecho al buen nombre tiene un  carácter personalísimo, en la medida en que
está relacionado con la valía que los miembros de una sociedad tienen sobre
alguien, razón por la que la reputación o fama de la persona es el componente
que activa la protección del derecho.
En efecto, el derecho en mención se relaciona con la existencia de
una buena imagen, el reconocimiento social o una conducta irreprochable,
factores que cualifican el buen nombre a proteger. En consecuencia, el derecho
se vulnera cuando se difunde información falsa o inexacta, o que se tiene
derecho a mantener en reserva, con la intención de menoscabar el prestigio
público de una persona.
45.- La sentencia T-412 de 1992[54] al examinar el caso de una
persona que fue hostigada por el cobro de una deuda, aseguró que los artículos
15[55]
y 21[56]
de la Carta, contienen el núcleo esencial del derecho al buen nombre.
Bajo esta premisa, la
Corte construyó una línea jurisprudencial sólida frente a la protección del
derecho al buen nombre. Por ejemplo, en la sentencia C-489 de 2002[57],
al pronunciarse sobre la constitucionalidad de los artículos del Código Penal
relacionados con los delitos de injuria y calumnia, fue enfática en señalar que
el derecho al buen nombre se configura como una protección a la honra del
ciudadano frente al detrimento que pueda sufrir como producto de expresiones
ofensivas, injuriosas, tendenciosas, o de informaciones falsas. Por ende, este
derecho de la personalidad es uno de los más valiosos elementos del patrimonio
moral y social y un factor intrínseco de la dignidad humana que a cada persona
debe ser reconocida tanto por el Estado, como por la sociedad. En consecuencia,
el derecho al buen nombre, como expresión de la reputación o la fama que tiene
una persona, se lesiona por las informaciones falsas o erróneas que se difundan
sin fundamento y que distorsionan el concepto público que se tiene del
individuo.
En atención al carácter fundamental del derecho, el Tribunal ha
encontrado en la tutela el mecanismo preferente para consolidar su protección.
La sentencia T-482 de 2004[58],
al resolver una acción de amparo relacionada con una serie de afirmaciones que
realizó un empleador al despedir a su empleada, señaló que el derecho al buen
nombre cuenta con un mecanismo amplio y comprensivo de protección de rango
constitucional, como la acción de tutela. De hecho, para este Tribunal, pese a
la subsidiariedad que rige la acción de amparo esta no se ve desplazada por
otros medios de defensa judiciales, particularmente el penal, a pesar de que
las acciones reprochadas puedan constituir eventualmente una conducta
tipificada como delito.
De otra parte, la Corte también ha delimitado las formas como el
buen nombre puede ser afectado por la conducta de terceros. La sentencia
C-442 de 2011[59]
analizó la constitucionalidad de los tipos penales de injuria y calumnia. En
dicha providencia, la Sala Plena de esta Corporación manifestó que la
afectación del buen nombre se origina, básicamente, por la emisión de información falsa o
errónea y que por lo tanto genera la distorsión del concepto público.
Características generales del derecho a la intimidad, reiteración
de jurisprudencia[60]
46.- Por otra parte, el derecho a la intimidad también ha sido
objeto de numerosos pronunciamientos por parte del Tribunal. Lo primero que la
Sala quiere destacar es la diferencia conceptual que guarda con el derecho al
buen nombre. En efecto, el derecho a la intimidad ha sido considerado como la
facultad de exigirle a los demás el respeto pleno por un ámbito exclusivo que incumbe solamente al
individuo, que es resguardo de sus posesiones privadas, de sus propios gustos y
de aquellas conductas o actitudes personalísimas que no está dispuesto a exhibir,
y en el que no caben legítimamente las intromisiones.
En atención a ese alcance, la citada sentencia C-489 de 2002[61]
indicó que el derecho a la intimidad está orientado a garantizar a las personas una esfera de
privacidad en su vida personal y familiar, al margen de las intervenciones
arbitrarias del Estado o de terceros. En consecuencia, comprende la protección
frente a la divulgación no autorizada de los asuntos que conciernen al  ámbito
de privacidad. Por esta razón, se puede ver afectado por las opiniones manifiestamente
tendenciosas respecto a la conducta privada de la persona o sobre la persona en
sí misma. En tales casos, no es necesario que la información sea falsa o
errónea, pues lo que se cuestiona es la exteriorización de asuntos privados a
escenarios públicos, en los cuales pueden ser objeto de la opinión de terceros.
Por otro lado, esta Corporación también ha reconocido que el
derecho a la intimidad permite a las personas manejar su propia existencia como
lo consideren, con el mínimo de injerencias exteriores. Por ejemplo, en la sentencia
C-640 de 2010[62],
al examinar la creación de un registro de acceso público sobre las pólizas de
seguros, señaló que el derecho a la intimidad es general y absoluto, razón por
la que cada persona, por el hecho de serlo, es titular del mismo y la única
legitimada para permitir la divulgación de datos concernientes a su vida
privada.
Ahora bien, la Corte ha fijado con precisión el alcance del
derecho a la intimidad personal y familiar. Por ejemplo, la sentencia T-904
de 2013[63]
protegió el derecho a la intimidad de un grupo de menores de edad cuyas imágenes
fueron publicadas por un noticiero de televisión. En esa oportunidad el
Tribunal recordó que la jurisprudencia constitucional se ha valido de diversos
criterios para determinar cuáles ámbitos de la vida de las personas están
protegidos por el derecho a la intimidad. Con respecto a la información que
queda al amparo de este derecho, la Corte ha establecido que salvo las
excepciones previstas en la Constitución y en la ley, que obliguen a las
personas a revelar cierta información a partir de su reconocimiento o
valoración como de importancia o relevancia pública; el resto de los datos que
correspondan al dominio personal de un sujeto no pueden ser divulgados, a menos
que el mismo individuo decida revelar autónomamente su acceso al público.
En ese sentido, con el objeto de graduar los niveles de protección
de ese derecho la Corte ha distinguido tres ámbitos de protección, cada uno con
un nivel de escrutinio más fuerte que el otro, a saber:
El primero, se encuentra la esfera más íntima, que corresponde a
los pensamientos o sentimientos más personales que un individuo sólo ha
expresado a través de medios muy confidenciales, como cartas o diarios
estrictamente privados, ámbito dentro del cual la garantía de la intimidad es
casi absoluta, de suerte que sólo situaciones o intereses excepcionalmente
importantes justifican una intromisión. Por otra parte está la esfera privada
en sentido amplio, que corresponde a la vida en ámbitos usualmente considerados
reservados, como el domicilio o el ambiente familiar de las personas, en donde
también hay una intensa protección constitucional, pero hay mayores
posibilidades de injerencia ajena legítima. Por último, se encuentra la esfera
social, que corresponde a las características propias de una persona en sus
relaciones de trabajo o más públicas, en donde la protección constitucional a
la intimidad es mucho menor, aun cuando no desaparece, pues de esta mayor
exposición a los demás no se infiere que los medios de comunicación estén
autorizados para indagar, informar y opinar sobre todo lo que una persona hace
por fuera de su casa, sin violar su intimidad.
Titularidad de los derechos al buen nombre y a la intimidad en
caso de muerte de quien los ostenta. Reiteración de jurisprudencia[64]
47.- Por último, la Sala también quiere destacar que la Corte
Constitucional ha reconocido ampliamente, que los derechos al buen nombre y a
la intimidad, pueden ser invocados por los familiares de una persona fallecida.
La sentencia T-259 de 1994[65]
analizó el caso de una acción de tutela interpuesta por la madre de una persona
fallecida contra un diario sensacionalista que publicó detalles de la muerte.
Al amparar los derechos de la accionante, esta Corporación advirtió que los
derechos a la intimidad y al buen nombre radicados en cabeza de una persona, no
desaparecen con la muerte de su titular sino que se proyectan a su familia y
aún al grupo social del cual formaba parte el individuo. La providencia señaló
lo siguiente:
“La familia de la
persona directamente concernida goza de legitimidad para ejercer la acción de
tutela en defensa de los enunciados derechos fundamentales. Desde luego,
supuesto necesario de la prosperidad de la acción en tales casos es el de que
las especies divulgadas no correspondan a la verdad, razón por la cual lesionan
de manera infundada e injusta el patrimonio moral de la familia. No se vulneran
los aludidos derechos si las afirmaciones que se hagan están fundadas en
sentencias judiciales o en hechos innegables respecto de los cuales no cabe
ninguna duda. Pero, en cambio, sí se afectan y en grado sumo, cuando se
propagan sin fundamento versiones o informaciones en virtud de las cuales se
juega con la honra, la fama, el buen nombre o el honor de una persona. En
cuanto al derecho a la intimidad, éste se ve afectado de todas maneras, así
resulte verdadero lo que se difunde, cuando toca con la esfera íntima
inalienable de una persona o de su familia, a menos que se cuente con la
autorización de los involucrados” (resaltado fuera del texto).
Esta regla ha sido reiterada de manera continua por la Corte. Por
ejemplo, en la mencionada sentencia C-640 de 2010, el Tribunal reconoció
expresamente que los derechos a la intimidad y al buen nombre también protegen
al núcleo familiar del individuo toda vez que este se desprende de la dignidad
humana y de la natural tendencia de las personas a salvaguardar  su libertad y
autonomía, lo que hace que el ámbito privado no solo se reduzca al individuo en
sí, sino que se extienda a su familia. Por esta razón, tanto el individuo como
la familia están en posición de reclamar una mínima consideración particular y
pública a su intimidad, actitud que se traduce en la abstención de conocimiento
e injerencia en la esfera reservada que les corresponde y que está compuesta
por asuntos, problemas, situaciones y circunstancias de su exclusivo interés.
En esos términos, la Corte se ha pronunciado de manera contundente:
“El derecho a la
intimidad, junto con otros derechos como el del libre desarrollo de la
personalidad y la libertad de conciencia, están concebidos para permitir a las
personas fortalecer y desarrollar su condición de seres libres y autónomos, que
es el presupuesto esencial del estado democrático. La individualidad del
individuo, su posibilidad no siempre fácil de separarse del influjo de los
otros o de la masa, de realizar las actividades que les son afines y no las que
le sean impuestas, de reflexionar solitariamente, de optar por sus propias
preferencias, y de llegar a sus propias conclusiones frente a los dilemas de la
cotidianidad y de la política, en fin, la posibilidad de aislarse con
frecuencia u ocasionalmente del mundo, es de lo que depende el que pueda
convertirse en un sujeto de derechos y obligaciones, el que pueda ejercer  las
responsabilidades democráticas y participar en los procesos que forjan un
estado social de derecho como lo es el colombiano. Sólo reconociendo la
autonomía e individualidad de las personas, puede hablarse del “respeto a la
dignidad humana” que sirve de fundamento al estado colombiano, según el
artículo 1º de la Constitución. La protección de esa esfera inmune a la
injerencia de los otros –del Estado o de otros particulares-, como
prerrequisito para la construcción de la autonomía individual que a su vez
constituye el rasgo esencial del sujeto democráticamente activo, tiene que ser
jurídicamente relevante, y lo es, a través de los mecanismos constitucionales
de protección al derecho a la intimidad, los cuales no circunscriben su alcance
a cierta clase social económica o ilustrada, sino que se extienden, como no
podía ser de otra forma, a todas las personas amparadas por la Constitución”
(resaltado fuera del texto).
48.- En conclusión, el derecho al buen nombre y a la intimidad,
aunque preservan una relación causal, tienen ámbitos de aplicación diferentes.
El primero, se refiere a la idea de reputación o al concepto que de una persona
tienen los demás, mientras que el segundo se circunscribe a la facultad que
tienen todos los asociados de exigir a los demás respetar un ámbito de
privacidad exclusivo. Igualmente, se debe señalar que, como ya lo manifestó el
Tribunal en numerosas ocasiones, la titularidad de estos derechos no se
extingue con el fallecimiento de su titular, sino que se extiende al núcleo
familiar que lo rodeó durante su vida. Esto se debe a que se trata de derechos
de una magnitud personal incuestionable, que tienen una relación intrínseca con
el núcleo social más próximo al ciudadano.
En otras palabras, cualquier vulneración al buen nombre y a la
intimidad que puede producir información que perjudique la reputación o la
privacidad de la persona, así haya muerto, se puede extender a su familia,
quienes son los que tienen que soportar el peso moral y social de un reproche
público contra su ser querido. En ese sentido, la jurisprudencia constitucional
ha reconocido que el juez puede, a través de la acción de tutela, tomar los
remedios puntuales para proteger el ámbito de protección de esos derechos.
El derecho
de libertad de la expresión artística
49.- Por
ser relevante para el asunto bajo examen, la Sala hará énfasis en la libertad
de la expresión artística prevista, de forma expresa e independiente, en el
artículo 71 de la Carta Política y que ha sido objeto de diversos
pronunciamientos jurisprudenciales, en los que se ha establecido su alcance y
de forma particular, la prohibición de que se califiquen o censuren, de forma
previa, los contenidos de esa expresión.
La sentencia T-104 de
1996[66] estudió la acción de tutela
formulada por un artista en contra del Instituto de Cultura y Turismo de
Valledupar, debido a que tras obtener autorización para instalar una exposición
de fotografías y pinturas en dicho instituto, el director del lugar ordenó
descolgar 15 de sus obras, las cuales consideró pornográficas, contrarias a la
moral y carentes de valor artístico.
La Sala Cuarta de Revisión
destacó que la expresión artística constituye el medio por excelencia para la
realización del potencial creador de todo ser humano, es consecuencia del libre
desarrollo de la personalidad y a través de esa libertad se hace efectivo el
deber impuesto al Estado de promover y fomentar la creación de la identidad
nacional a través de la cultura.
Luego de establecer los
postulados con los que guarda relación la libertad artística, la Sala fijó dos
aspectos diferenciables: el derecho de creación o proyección artística del
pensamiento y el de publicación o difusión de la obra.
En relación con el primero
de los mencionados elementos precisó que en la medida en que pertenece a la
esfera privada del individuo no admite ningún tipo de limitación y, por ende: “Cualquier
acto, particular o de autoridad, que pretendiese poner freno al desarrollo del
impulso vital del hombre creador, constituiría una afrenta a su dignidad
humana.”
Con respecto al segundo de
los aspectos, señaló que todas las personas tienen derecho a competir en
igualdad de condiciones para acceder a los medios públicos de difusión de sus
obras y, por su parte, la comunidad tiene el derecho de acceder a ellas y a
valorarlas. En consecuencia, el Estado no puede limitar o prohibir la
publicación de contenidos con base en concepciones estéticas, ideológicas o
morales, pues una actuación de ese tipo “(…) entrañaría un acto de censura,
proscrito de nuestro ordenamiento constitucional y violatorio del derecho a la
difusión de la expresión artística, contenido en los artículos 20 y 71 de la
Carta Política.”
En esa oportunidad, la Corte
también indicó que el derecho a la publicación de las obras no es absoluto, ya
que encuentra límites en la prohibición de abuso del derecho y el respeto de
los derechos de los otros. En ese sentido señaló que “(…) el artista que
desea exhibir su obra puede eventualmente encontrar que ésta violenta los
sentimientos de algunas personas, quienes tienen un interés legítimo en que no
se les obligue a presenciar lo que ellas y no una autoridad, consideran
emocional, estética o moralmente contrario a sus convicciones.”
Fijado el alcance del
derecho a la libertad de expresión artística, la Sala concluyó que el Director
del Instituto de Cultura de Valledupar, al imponer su concepción estética,
desconoció el carácter pluralista del Estado colombiano, violó el derecho fundamental
del demandante a la libre expresión y le impidió al público decidir
autónomamente si acogía la propuesta del accionante.
La sentencia T-296 de
2013[67] decidió la acción de tutela
formulada por la Corporación Taurina de Bogotá en
contra del Instituto de Recreación y Deporte Distrital de Bogotá por la
terminación anticipada del contrato que le
permitía a la accionante el uso de la Plaza de Toros de Santa María para
realizar espectáculos taurinos. La providencia indicó que la libertad de
expresión artística debe ser considerada no sólo desde la posibilidad del autor
de crear la obra y del público de acceder a ella, sino que también es necesaria
“la protección del mecanismo de difusión escogido o aceptado por el autor, en
tanto esencial para su realización efectiva”.
En particular, la Sala
indicó que las restricciones sobre las posibilidades de divulgación de la obra,
así en esta intervenga un tercero, constituyen afrentas a la libertad de
expresión. En efecto cuando
“la difusión requiere cierta infraestructura para hacerse
adecuadamente, este elemento de la expresión puede ser desarrollado por otro
sujeto distinto del artista, circunstancia que no implica que la protección
derivada de los artículos 20 y 71 desaparezca. Por el contrario, la garantía se
extiende a este tercero que contribuye con la conexión necesaria entre el
artista -que desarrolla la dimensión individual de la expresión- con su público
en quien se concreta la dimensión colectiva.”.
La sentencia SU-626 de
2015[68] estudió la acción de tutela
formulada por un ciudadano en contra del Ministerio de Cultura y el Museo Santa
Clara, en la que solicitó la protección de sus derechos al libre desarrollo de
la personalidad y libertad de cultos, los cuales consideró vulnerados como
consecuencia de la autorización emitida por el museo para la exposición
temporal “Mujeres Ocultas” de la artista María Eugenia Trujillo Palacio,
debido a que “emplea imaginería religiosa y elementos del culto católico,
combinándolos con sugestivas representaciones de partes del cuerpo femenino”.
Para decidir la solicitud de
amparo la Sala abordó diversos asuntos e hizo especial énfasis en la libertad
de expresión artística, la cual, adujo, cuenta con un amparo constitucional
reforzado. Luego de referir la relevancia del derecho en mención, señaló
que además del deber del Estado de no interferir indebidamente en la libertad
de expresión está obligado a emprender acciones para promover e incentivar las
actividades artísticas.
La sentencia T-015 de
2015[69] decidió la acción de tutela
formulada por los familiares de una de las creadoras del proyecto “Blanco
Porcelana”, en la que solicitaron la supresión de parte del contenido de la
obra por la utilización de su imagen y de su historia familiar sin su
consentimiento, la Sala Novena de Revisión destacó que:“(…) las expresiones
artísticas son discursos protegidos por el derecho a la libertad de expresión,
garantía que se predica respecto del contenido, significado o mensaje de la
obra, así como del medio para su manifestación plástica, es decir, de la
técnica.”
Asimismo, con respecto al
medio o técnica escogida por el artista para la elaboración de la obra señaló
que:
“(…) le está vedado al juez constitucional exigir a los autores de
las obras literarias o de otras expresiones artísticas, modificar las técnicas
o los contenidos que en ejercicio de su actividad creadora decidieron incluir
en su obra, por cuanto ello representaría una interferencia en la expresión
intelectual contenida en la obra y una intromisión inaceptable de un tercero en
la creación artística.”
Finalmente, las
particularidades de la libertad de expresión artística han servido para
establecer diferencias en relación con las restricciones plausibles. Por
ejemplo, la sentencia SU-056 de 1995[70]
indicó:
“En lo que concierne con la libertad de expresión que no se
materializa o no tiene por objeto informar, sino recrear en una obra literaria,
gráfica, plástica o fílmica, hechos o situaciones reales o imaginarios, no es
procedente sujetarla a las exigencias impuestas a la libertad de información,
como son el atenerse a la verdad e imparcialidad de la noticia, lo cual no
significa que el artista -escritor, periodista, caricaturista, pintor,
director- pueda desconocer impunemente los derechos fundamentales de terceras
personas, en particular sus derechos a la intimidad, a la honra y al buen nombre”
50.- En consecuencia, se
advierte que el derecho a la expresión artística libre corresponde a una de las
libertades derivadas de la cláusula general prevista en el artículo 20 de la
Carta Política, la cual ha sido reconocida como la garantía que permite el
desarrollo del potencial creador del ser humano y está integrada por dos
dimensiones, la de creación o proyección artística, que pertenece al fuero
interno de la persona y no puede ser objeto de ningún tipo de limitación, y la
de publicación o proyección de la obra, que si bien está amparada por el
carácter prevalente de la libertad de expresión es susceptible de restricciones
posteriores fundadas en la prohibición de abuso del derecho en detrimento de
los derechos de los demás.
Los límites a la libertad de
expresión. Reiteración de jurisprudencia
51.- El
artículo 20 de la Carta Política consagra la cláusula general de libertad de
expresión al precisar que se garantizará a todas las personas “la libertad
de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir
información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación.”.[71]
Este
derecho comprende la difusión de contenidos que incluyen, pero van más allá del
derecho que tiene toda persona a informar hechos, datos o circunstancias,
protegidos constitucionalmente mediante el derecho a informar. En efecto, la
libertad de expresión protege, además, el derecho a expresar y difundir las
opiniones, creaciones artísticas, y demás productos de la imaginación humana,
al margen de la relación que estos tengan con la realidad.
En ese
sentido, se ha precisado que la libertad de expresión corresponde a una
categoría genérica que incluye diversas libertades, entre las que se encuentran
la de (i) información, (ii) opinión, y (iii) expresión artística. Si bien todas
están enmarcadas dentro de la libertad general consagrada en el artículo 20
Superior, tienen particularidades en cuanto a su alcance y medidas de
protección.
Con
respecto a las dimensiones de la libertad de expresión de cara a los titulares
del derecho se ha reconocido, de un lado, la dimensión individual, que
corresponde al derecho de todos los individuos a expresar sus ideas y
comunicarse con los demás sin ser sometidos a interferencias, y de otro, la
dimensión colectiva, que comprende el derecho de todas las personas o del
público en general a recibir las ideas, obras, expresiones, opiniones e
informaciones expresadas por los individuos. La jurisprudencia les otorga la
misma relevancia a las dimensiones descritas[72].
52.- Esta
Corporación también ha resaltado que las previsiones del texto
constitucional sobre la libertad de expresión como género (artículo 20
Superior) y sus diversas manifestaciones, no permiten establecer con claridad
los límites a esos derechos el alcance de la
libertad de expresión. De hecho, el carácter amplio del derecho y su
prevalencia en el ordenamiento jurídico conlleva un riesgo relacionado con la
colisión y afectación de otros derechos, el cual debe ser asumido, en la medida
en que el derecho en mención constituye uno de los postulados inherentes y
definitorios de los sistemas democráticos. En consecuencia “es más tolerable
el riesgo derivado de los eventuales daños generados por la expresión, que el
riesgo de una restricción general de la libertad correspondiente.”[73]
53.- No obstante, la
jurisprudencia constitucional ha reconocido que dichas previsiones
interpretadas sistemáticamente con los instrumentos que integran el bloque de
constitucionalidad permiten concluir, de una parte, la prohibición absoluta
de censura previa y, de otra parte, la admisión de responsabilidades
ulteriores que, pueden incluso restringir el ejercicio del derecho con ocasión
del daño que generó la responsabilidad, fundadas principalmente en la
prohibición del abuso del derecho en detrimento de los derechos de los demás, la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud
o la moral públicas, y la prohibición de apologías a la guerra y al odio que
inciten a la violencia.
A continuación, la Sala
referenciará algunas decisiones de esta Corporación en las que se han definido
los límites a la difusión de las ideas:
La sentencia T-505 de
2000[74] estudió la acción de tutela
formulada por Caracol Televisión en contra de la Comisión Nacional de
Televisión, quien decidió suspender temporalmente y de manera preventiva el
programa “María C Contigo” con base en la facultad otorgada en el
artículo 5º de la Ley 182 de 1995, que permitía tomar esa medida en casos de
extrema gravedad y ante la existencia de indicios de violación grave de la ley.
En el análisis de la
solicitud de amparo, además de establecer la afectación de otros derechos como
el debido proceso, la Sala determinó que no se configuraban las circunstancias
que habilitaban la suspensión provisional y que la actuación de la entidad
accionada constituyó un acto de censura prohibido en la Carta Política. En el
estudio del caso señaló que:
“La
administración, según resulta de la Carta Política de 1991, no puede entrar en
los contenidos de la programación de televisión o radio, de las publicaciones
impresas, o en cualquier modalidad de comunicación o de expresión, para decidir
si pueden o no difundirse.
La Corte
Constitucional entiende que se aplica la censura siempre que los agentes
estatales, so pretexto del ejercicio de sus funciones, verifican el contenido
de lo que un medio de comunicación quiere informar, publicar, transmitir o
expresar, con la finalidad de supeditar la divulgación de ese contenido a su
permiso, autorización o previo examen (así no lo prohíban), o al recorte,
adaptación, adición o reforma del material que se piensa difundir. Prohibir,
recoger, suspender, interrumpir o suprimir la emisión o publicación del
producto elaborado por el medio son modalidades de censura, aunque también lo
es, el sólo hecho de que se exija el previo trámite de una inspección oficial
sobre el contenido o el sentido de lo publicable; el visto bueno o la supervisión
de lo que se emite o imprime, pues la sujeción al dictamen de la autoridad es,
de suyo, lesiva de la libertad de expresión o del derecho a la información,
según el caso.”
En concordancia con lo
anterior, precisó que sólo en materia de orden público y declarado el Estado de
excepción, existe autorización para que el Gobierno restrinja las emisiones de
los medios electrónicos de acuerdo con los artículos 27 y 38-c de la Ley 137 de
1994. Asimismo, indicó que la eventual responsabilidad por la emisión de contenidos
debe determinarse luego de la publicación, la cual se podrá establecer a través
de las acciones civiles y penales correspondientes.
Con base en lo expuesto, la
Sala concluyó que la CNTV cuando decidió suspender la emisión del programa
violó la garantía prevista en el artículo 20 Superior de Caracol TV y del
público.
Para determinar las
restricciones plausibles a la libertad de expresión, en la sentencia C-010
de 2000[75] que decidió los cargos
formulados contra varios artículos de la Ley 74 de 1996, que reglamentaba la
transmisión de programas a través de servicios de radiodifusión se indicó que:
“(…) conforme a los artículos 13
de la Convención Interamericana y 19 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos
de las Naciones Unidas, este derecho puede ser limitado para asegurar: (i) el
respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o para (ii) la
protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral
públicas. Por ello, la Corte ha admitido ciertas restricciones a la libertad de
expresión a fin de proteger y asegurar, en ciertos casos concretos, otros
bienes constitucionales, como el orden público o los derechos a la intimidad o
al buen nombre.”
En efecto, la Sala Plena
acudió a la interpretación efectuada por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos y precisó que, de acuerdo con la opinión consultiva 05 del 13 de
noviembre de 1985, que reiteró la prohibición de censura previa, las
restricciones consisten en formas de responsabilidad posteriores, fundadas en
causales prexistentes, taxativas, proporcionadas y necesarias dirigidas a
obtener el respeto de los derechos o la reputación de los demás, la protección
de la seguridad nacional, el orden público, la salud y la moral públicas.
De otra parte, la Sentencia
T-1319 de 2001[76] que estudió la acción de
tutela formulada por el director técnico de un equipo de fútbol contra un
comentarista deportivo por las opiniones negativas que este emitía en relación
con la actividad profesional del accionante, la Corte destacó el problema sobre
la ausencia de criterios para establecer los límites de la libertad de
expresión en nuestro sistema constitucional:
“Así precisada la controversia constitucional, aparentemente el
presente caso tendría una solución fácil, pues el artículo 20 de la Carta no
contempla restricciones a la libertad de opinión. Se limita a establecer
condiciones relativas al ejercicio del derecho a la información. Por
consiguiente, podría argumentarse que ese derecho es absoluto y no tiene
límites. Sin embargo, esa conclusión es discutible, por cuanto la libertad de
opinión puede colisionar con otros derechos fundamentales. La pregunta que
surge es la siguiente: ¿a qué criterios puede recurrir el juez constitucional
para analizar la legitimidad de una restricción a la libertad de opinión para
armonizarla con otros derechos, si la Carta explícitamente no señala esos criterios?”
La Sala Séptima de
Revisión en aquella oportunidad acudió al derecho internacional de los derechos
humanos al que remite el bloque de constitucionalidad. En particular, consideró
el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que prohíbe la
censura previa y permite el establecimiento de responsabilidades ulteriores en
situaciones en las que estén en juego los derechos de los demás, la protección
de la seguridad nacional, el orden público, la salud y la moral pública. Así
como la prohibición de la propaganda a la guerra, y la apología del odio
nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia.
En efecto, la Sala
concluyó que los contenidos normativos de los instrumentos internacionales de
derechos humanos ratificados por Colombia que hacen parte del bloque de
constitucionalidad, en virtud del mandato del inciso segundo del artículo 93
Superior, son relevantes para determinar los límites a la libertad de
expresión.
La sentencia T-787
de 2004[77] evaluó la caricatura
dibujada por un particular en relación con la intimidad, desempeño profesional
y estado de salud de una profesora de Santander de Quilichao. Esta fue
publicada en lugares públicos de su entorno social con lo cual la demandante
consideró vulnerados sus derechos. La Sala Quinta indicó que la libertad de
expresión tiene límites en el respeto que merecen los derechos de los demás y
por esa razón “(…) no puede entenderse que quien hace uso de dicha libertad
está autorizado para atropellar los derechos de los otros miembros de la
comunidad, sacrificando principalmente, entre otros, los derechos a la
intimidad, al buen nombre y a la honra.”
La Corte adujo que el
ejercicio del derecho a la libertad de expresión se rige, de forma atenuada,
por los principios que regentan el derecho a la información, en aras de: (i) controlar la legalidad de los medios que se utilizan para
obtener las fuentes que inspiran la expresión del autor, y (ii) establecer las consecuencias frente a los derechos de los
terceros, por ejemplo cuando se involucran actos íntimos o privados, que no pueden ser invadidos sino por el consentimiento expreso o
tácito de su titular.
Asimismo, se refirió la
aplicabilidad del principio de finalidad, según el cual:
“(…) la diversidad de opiniones o de pensamientos que se
divulguen, se relacionen con el logro de una finalidad constitucionalmente
legítima, tales como, informar sobre un acontecimiento o suceso de
trascendencia pública, difundir y dar a conocer manifestaciones de cultura o
creaciones del intelecto humano, o participar a través de la crítica en el
ejercicio del control público. Esto significa que la libertad de expresión, no
puede convertirse en una herramienta para vulnerar los derechos de los otros o
para incentivar la violencia”
Con base en esas
consideraciones determinó que la caricatura no reflejaba acontecimientos
imaginarios producto de una expresión artística del autor. Por el contrario,
estableció que parte del contenido se fundó en hechos reales que corresponden a
sucesos de la vida privada de la accionante, los cuales, sólo podían ser objeto
de expresión artística y, por ende, de divulgación bajo su plena autorización.
También advirtió que parte de las circunstancias referidas en la caricatura
desconocieron la veracidad de las circunstancias que enfrentaba la accionante y
afectaron su buen nombre.
La sentencia T-391 de
2007[78] decidió la acción de tutela
formulada contra providencias judiciales que en el marco de una acción popular
ordenaron al Ministerio de Comunicaciones ejercer el control del contenido de
un programa radial y disponer la adecuación del mismo, en aras de que “(…)
los usuarios reciban un servicio de radiodifusión de calidad tanto a nivel de
temas como de lenguaje”.
Para resolver los problemas
jurídicos planteados, la Sala hizo referencia al alcance del derecho a la
libertad de expresión y a la posición privilegiada que ocupa dentro del
ordenamiento constitucional, con base en la cual estableció la existencia de
una “presunción constitucional a favor de la libertad de expresión”,
la cual comporta los siguientes efectos jurídicos:
a)    La presunción de cobertura de toda expresión por
el ámbito de protección de esta libertad fundamental.
b)    La sospecha de inconstitucionalidad en
relación con cualquier limitación o regulación estatal de su ejercicio.
c)     La presunción de primacía de la libertad de
expresión frente a los demás derechos fundamentales con los que pueda entrar en
conflicto, y sin perjuicio de la protección del interés
superior de los niños.
d)    La prohibición de censura como
presunción imbatible.
En concordancia con esos efectos, la
Sala destacó que las limitaciones a la libertad de expresión son plausibles,
pero las autoridades que pretendan imponerlas deben cumplir con tres cargas
mínimas y concurrentes:
a)    Carga definitoria: consiste en determinar la
finalidad perseguida con la limitación de la libertad de expresión, el
fundamento legal que la sustenta y la incidencia que tiene el ejercicio de la
libertad de expresión sobre el bien que se pretende proteger.
b)    Carga argumentativa: obliga a la autoridad a
plasmar en el acto jurídico de limitación los argumentos que demuestran que se
han derrotado las distintas presunciones constitucionales que se ciernen sobre
las manifestaciones amparadas por la libertad de expresión.
c)     Probatoria: impone la obligación de fundar y
respaldar la decisión en elementos de convicción que sustenten la limitación de
la libertad de expresión.
Asimismo, reiteró que las
limitaciones a las libertades de expresión para ser constitucionales, deben
cumplir con los siguientes requisitos básicos:
“(1) estar previstas de manera precisa y taxativa por la ley, (2)
perseguir el logro de ciertas finalidades imperiosas, (3) ser necesarias para
el logro de dichas finalidades, (4) ser posteriores y no previas a la
expresión, (5) no constituir censura en ninguna de sus formas, lo cual incluye
el requisito de guardar neutralidad frente al contenido de la expresión que se
limita, y (6) no incidir de manera excesiva en el ejercicio de este derecho
fundamental.”
Con respecto a la
proporcionalidad de la medida y su ponderación, se indicó que es necesario
buscar la armonización entre la finalidad buscada con la restricción y el
ejercicio de la libertad de expresión, análisis en el que se debe determinar
si:
“(1) se ha establecido un equilibrio entre todos los diferentes
valores en conflicto, (2) que los promueve de manera simultánea, (3)
armonizándolos concretamente dentro de las circunstancias del caso en
particular, (4) sobre la base de una apreciación aceptable de los hechos
relevantes vistos como un todo, partiendo del contexto en el cual tuvieron
lugar tanto las expresiones como la limitación, y factores tales como el tipo
específico de libertad de expresión que se está limitando, la naturaleza y
severidad de las limitaciones adoptadas y su duración en el tiempo, así como
las circunstancias particulares de las personas involucradas en el acto
expresivo y cualquier elemento de interés público que esté presente dentro de
las circunstancias generales de la expresión limitada, (5) prestando atención a
los efectos que tendrá la limitación sobre el libre flujo de ideas,
informaciones y expresiones en la sociedad, de manera que éste no sea
desestimulado, en particular en lo atinente a asuntos de interés público, (6)
asegurándose de que el impacto de la limitación es compatible con el funcionamiento
de una sociedad democrática abierta y pluralista, y (7) verificando que la
limitación no tiene un animus persecutorio o retaliatorio ni un impacto
discriminatorio.”
Por su parte, la sentencia
SU-626 de 2015 distinguió los dos aspectos del derecho a la libertad de
expresión, creación y difusión, para efectos de establecer cuál de estos es
susceptible de ser restringido:
“La expresión protegida más básica se refiere al acto de creación
artística que al amparo de la intimidad concreta el autor. Esta manifestación,
al tratarse del contenido nuclear del derecho no admite restricción alguna y,
por ello, el Estado debe adoptar medidas para contrarrestar su afectación por
los particulares o las autoridades públicas. No ocurre lo mismo, sin embargo,
con la libertad de difundir el pensamiento, las opiniones y el arte, puesto que
al tratarse de la proyección exterior de la creación, las autoridades –en
particular el legislador- pueden intervenir para delimitar su ejercicio y
resolver las tensiones que se pueden suscitar con otros intereses.”
Establecido esa distinción,
se indicó que sólo la difusión de las expresiones puede ser objeto de
restricciones, las cuales deben ser posteriores a la emisión y deben
considerar: (i) la prohibición de censura previa, (ii) la obligación del Estado
de prohibir mediante la ley toda difusión de pensamiento u opinión constitutiva
de propaganda a favor de la guerra o apología del odio nacional, racial o
religioso y que implique incitación a la discriminación, la hostilidad o la
violencia; y (iii) la facultad del Estado de imponer restricciones a la
libertad de expresión siempre que se trate de una limitación fijada previamente
en la ley, esté justificada y se determine su carácter proporcionado.
En atención a esos
criterios, la Sala Plena advirtió que la exposición “Mujeres Ocultas” en
el Museo Santa Clara no podía ser objeto de restricciones, debido a que no
comportaba un tipo de discurso cuya divulgación estuviera prohibida en las
normas que hacen parte del bloque de constitucionalidad, no se trataba de una
propaganda de la guerra o de una expresión constitutiva de pornografía
infantil, no tenía por objeto defender o alabar el odio religioso, no imponía
creencias, no suponía el empleo de un lugar destinado al culto ni el uso de
objetos de propiedad de alguna religión o iglesia; y no comportaba el
desconocimiento del deber de neutralidad del Estado en tanto su objetivo
consiste en promover el acceso a la cultura.
En consecuencia, la Sala
Plena concluyó que la autorización cuestionada no vulneró el derecho a la
libertad religiosa y de cultos, y que, por el contrario, acceder a la
pretensión del accionante desconocería la prohibición de censura previa, el
deber del Estado de promover e incentivar el arte y la obligación de actuar
neutralmente frente a las expresiones artísticas.
54.- La jurisprudencia
desarrollada por esta Corporación ha resaltado que la previsión de la libertad
de expresión en nuestro texto constitucional no permite establecer con claridad
los límites del derecho. En consecuencia, en una interpretación sistemática de
la Carta Política y de los instrumentos que conforman el bloque de
constitucionalidad, particularmente del artículo 13 de la Convención Americana
de Derechos Humanos ha permitido determinar varios elementos certeros para
fijar el alcance del derecho, estos consisten en la posibilidad de
restricciones posteriores y excepcionales a la difusión de la expresión
únicamente por (i) la afectación de los derechos de los otros, escenario en el
que se debe considerar, de forma especial, el interés superior de los niños, y
(ii) en aras de evitar la propaganda favor de la guerra o la apología del odio
nacional, racial o religioso que implique incitación a la discriminación, la
hostilidad o la violencia.
La tensión entre la libertad
de expresión y otros derechos fundamentales
55.- Como quiera que uno de
los límites plausibles a la difusión de las ideas es la afectación de los
derechos de los demás, el juez constitucional se enfrenta en estos casos a la
colisión de derechos, en el marco de la cual debe adelantar un ejercicio de
ponderación que esta Corporación ha efectuado en múltiples oportunidades.
La sentencia T-293 de
1994[79] que decidió la acción de tutela
formulada por dos menores de edad en contra de su madre, en la que solicitaron,
como medida de protección de su derecho a la intimidad que se le prohibiera la
publicación del libro “Perdidas”, debido a que narra asuntos
relacionados con su vida íntima y familiar, la Corte ponderó los derechos en
tensión, de un lado, la libertad de la expresión de la autora y, de otro, el
derecho a la intimidad de las niñas.
En el estudio de las
circunstancias del caso, la Sala concluyó que a pesar de que los nombres de los
personajes utilizados en la obra fueron modificados, en el libro se
desarrollaron de forma extensa y detallada asuntos de la intimidad del núcleo
familiar de las niñas, lo que, a su vez, afectó de modo considerable su
estabilidad psicológica y sus relaciones sociales.
En relación con el alegato
de la accionada, según el cual el libro se fundó en  hipótesis supuestas o
ficticias se concluyó que el contenido de la obra expuso al público
experiencias vividas por la autora con su esposo e hijas, en un ámbito
estrictamente privado, lo cual confirma la fotografía de las niñas en la
portada de la versión francesa del libro.
Establecidas esas
circunstancias, la Sala destacó el interés superior de las niñas involucrado y
adujo que
“si, de acuerdo con la jurisprudencia, en caso de conflicto
entre el derecho a la información o la libertad de expresión y el derecho a la
intimidad, debe prevalecer este último, ello resulta todavía más claro e
ineludible para el juez cuando el derecho sujeto a violación o amenaza toca con
la vida privada de los niños.”
En consecuencia, confirmó el
fallo de instancia que había amparado el derecho de las niñas, ordenó a la
accionada abstenerse de publicar en Colombia su libro
"Perdidas” y divulgar hechos relacionados con la intimidad personal
o familiar de sus menores hijas.
La sentencia
T-714 de 2010[80] analizó la
tensión entre el ejercicio de la libertad de expresión a través del medio
elegido por Giuseppe Mazzoni para difundir una noticia de Gianfranco Chiappo
-publicación en la cartelera de la Casa Italia de la noticia sobre una
investigación penal que se adelantó en contra del accionante en Italia a
finales de los años 90- , y el derecho del actor a proteger su derecho a la
honra y buen nombre.
Para resolver la tensión
descrita, la Sala de Revisión destacó que el método de análisis en estos casos
es la ponderación de los derechos enfrentados, a partir de la primacía del
derecho a la libertad de expresión.
En el caso concreto analizó
(i) el contenido del mensaje difundido, (ii) el medio empleado para la
transmisión y el contexto dentro del cual se produjo, (iii) las implicaciones
de la difusión del mensaje, y (iv) la responsabilidad de la parte demandada. En
efecto, la Sala señaló que la noticia no permite establecer cuál es la verdad
de los hechos informados y se difundió a través de la cartelera de la Casa
Italia en Cartagena, la cual está bajo el control del demandado, quien no le ha
brindado al actor acceso a ese medio para rebatir la información.
En consecuencia, la Sala
estableció que la difusión de una noticia que no precisa las circunstancias en
las que se produjo la investigación penal referida generó un impacto negativo
en el honor y buen nombre del accionante, así como en su vida pública y social.
En consecuencia, estableció la afectación de los derechos actor y el
desconocimiento de los límites al derecho de información por parte del
demandado.
La sentencia T-015 de
2015, citada previamente, evaluó la tensión presentada entre el derecho a
la libertad de expresión artística de las creadoras del proyecto “Blanco
Porcelana” y los derechos a la intimidad y buen nombre de algunos de los
integrantes de la familia de la artista Ada Ruth Margarita Ariza, quienes
consideraron que se vulneraron sus derechos como consecuencia de la inclusión,
sin su autorización, de sus nombres, fotografías e historia familiar en el
proyecto en mención.
En el análisis del caso
concreto se precisó que la cartilla “Un cuento de AdaS” y los demás
elementos que conforman la exposición “Blanco Porcelana” constituyen
expresiones artísticas y literarias que son discursos protegidos por el derecho
a la libertad de expresión. Asimismo, resaltó que se trata una forma de
comunicación que goza de una protección constitucional reforzada desde dos
puntos de vista: (i) por tratarse de una expresión artística, que constituye el
medio por excelencia para la realización del potencial creador de todo ser
humano y (ii) por involucrar un tema de interés público como es la denuncia de
una determinada forma de discriminación: el racismo.
Establecida la naturaleza de
la manifestación, la Sala Novena de Revisión resaltó la impertinencia de la
exigencia de veracidad e imparcialidad reclamada por los accionantes, debido a
que el desarrollo de la postura de la artista a través de su historia familiar
tenía la intención de establecer un diálogo con el espectador y no un propósito
informativo de comunicar la versión de hechos con el fin de que la audiencia se
enterara de algún suceso específico.
También precisó que si bien
la información utilizada en la obra es personal y pertenece al ámbito familiar,
no corresponde a datos personalísimos o sensibles que deban ser objeto de una
reserva especial o de una protección reforzada como sí acontece con la libertad
de expresión.
De otra parte, indicó que la
falta de autorización para la utilización del nombre e imagen de los familiares
de la artista no comporta la vulneración del derecho a la intimidad porque la
obra no tienen un ánimo injurioso, no develó información que pertenezca de
manera exclusiva y excluyente a alguna de las personas mencionadas, el relato
es de carácter autobiográfico, y no existe ninguna evidencia que demuestre que la
información y las imágenes utilizadas se obtuvieron de manera engañosa o
valiéndose de hostilidades.
Con base en lo expuesto, la
Corte concluyó que los derechos a la intimidad y al buen nombre de los
familiares de la artista Ada Margarita Ariza Aguilar no se vieron afectados de
manera significativa en la situación examinada y que, en cambio, existían
fuertes razones para otorgar un mayor grado de protección a la libertad de
expresión.
56.-  La jurisprudencia
constitucional deja clara la posibilidad de restringir la difusión de
expresiones en casos excepcionales, entre los que se previó la afectación de
los derechos de los demás. Cuando el motivo de la limitación de la libertad de
expresión es la posible afectación de derechos de terceros, el juez debe resolver
la tensión entre los derechos enfrentados, ejercicio en el que debe considerar:
(i) el carácter prevalente de la libertad de expresión y la presunción a su
favor; (ii) la finalidad de la manifestación concreta, (iii) el peso reforzado
de los derechos en tensión cuando sus titulares son niños, niñas y
adolescentes; (iv) el tipo específico de la libertad de expresión del que se
desprende la manifestación concreta; (v) la proporcionalidad de la medida, y
(vi) los efectos de la decisión para el caso particular y para la sociedad en
conjunto.
Análisis del caso concreto
57.- Como quiera que en los
fundamentos jurídicos 16 a 29 de esta sentencia se estableció el cumplimiento
de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, la Sala pasa
al análisis de los problemas jurídicos de fondo presentados inicialmente, los
cuales se plantearon de forma independiente en atención a los sujetos
accionados y a las pretensiones del actor.
Problemas jurídicos
relacionados con la película “Mariposas Verdes”
58.- El primer problema
jurídico que debe resolverse en sede de revisión consiste en establecer si la
película “Mariposas Verdes” utilizó la imagen de Sergio David Urrego
Reyes.
Para resolver dicho
problema, la Sala valorará los elementos de prueba aportados al trámite
constitucional, así como los argumentos presentados por las partes, los cuales
revelan posturas contrapuestas en relación con el primer aspecto determinante:
la explotación de la imagen de Sergio David.
En efecto, el accionante
adujo que el señor Gustavo Nieto Roa pretendía grabar la película “Adiós
Mundo Cruel” sobre la vida y el suicidio de su hijo, proyecto que contó con
la aprobación de Alba Lucía Reyes Arenas, y, por ende, con su versión sobre los
hechos que rodearon la muerte de Sergio y el relato de sus compañeros de
colegio.
Sin embargo, como no emitió
autorización para la realización de la película en mención, los accionados
filmaron la obra “Mariposas Verdes” en la que, sin su consentimiento,
explotaron la imagen de su hijo. El actor destaca que la obra cinematográfica
desarrolla la historia de “Mateo”, personaje principal que tiene las
mismas características de Sergio David, la mayoría de las cuales fueron
referidas en la sentencia T-478 de 2015[81]. Para evidenciar esa explotación
destacó que el personaje principal de la película:
(i)
tiene una relación
sentimental con un compañero del mismo sexo, razón por la que es objeto de
acoso escolar por parte de los docentes del colegio,
(ii)
estudia en un colegio
campestre,
(iii)
cursa último año de secundaria y cuenta con el mejor rendimiento
académico,
(iv)
desafía a los docentes y autoridades administrativas de la
institución educativa,
(v)
vive con su mamá y abuela,
(vi)
sus padres están separados,
(vii)
es descubierto, por una compañera del colegio, besándose con su
pareja,
(viii)
deja cartas antes de suicidarse,
(ix)
su madre no le dedica tiempo y atención suficiente por sus
obligaciones laborales,
(x)
los padres de su pareja sentimental no están de acuerdo con la
relación,
(xi)
se suicida, arrojándose del último piso de un centro comercial,
(xii)
protagoniza una escena con su pareja en su habitación en la que
hay una imagen de un gato negro.
Por su parte, Gustavo Nieto
Roa, Idania Velásquez Luna y la Productora LAP S.A.S. indicaron que, tal y como
lo señaló el accionante, inicialmente tuvieron la intención de realizar una película
biográfica sobre Sergio David Urrego Reyes, pero al conocer las diferencias
de sus padres en relación con el manejo de su imagen cambiaron el proyecto por
una película de ficción, la cual está inspirada en el caso de Sergio y
de otros jóvenes que han sido víctimas de discriminación en el ambiente
escolar.
Luego, indicaron que por
tratarse de una obra de ficción no desarrolla la historia de Sergio ni explota
su imagen, lo que demuestran las diferencias de los guiones de las películas,
el primero, nominado “Adiós, Mundo Cruel” basado en la vida de Sergio y
el segundo, “Mariposas Verdes” que desarrolla historias nuevas y
diferentes, relacionadas con la discriminación y el acoso fundados en diversas
circunstancias.
Con respecto a esa
distinción, adujeron que el primer guion incluía los nombres reales de los
personajes y recreaba las circunstancias vividas por Sergio Urrego, de acuerdo
con la información suministrada por su madre. Por su parte, el guion de “Mariposas
Verdes” no usó el nombre de Sergio Urrego, ni de las personas de su
entorno, así como tampoco desarrolló su historia.
59.- Establecidas las
posturas de las partes, es necesario destacar que, tal y como se indicó en los
fundamentos jurídicos 30 a 34 de esta sentencia, la imagen corresponde a un
concepto amplio que involucra las características externas que conforman las
manifestaciones y expresiones de la individualidad corporal, en el que resulta
determinante la recognoscibilidad del individuo a través de los rasgos
externos que lo identifican.
En consecuencia, existen
representaciones en las que resulta evidente el uso de la imagen, tales como
las fotografías que dan cuenta con claridad del aspecto físico y de los rasgos
del rostro que permiten identificar a las personas, pero también existen otras
representaciones en las que no es evidente el uso de la imagen, razón por la
que deben ser evaluadas de acuerdo con los dos aspectos centrales mencionados
previamente.
Como quiera que el
accionante aduce que el uso de la imagen de Sergio en la película “Mariposas
Verdes” se evidencia en la caracterización del personaje principal “Mateo”
y la historia que desarrolla, se analizará el contenido de la obra, los
elementos de prueba aportados y los argumentos presentados por las partes para
establecer las circunstancias denunciadas por el actor.
60.- El análisis anunciado
debe partir de la naturaleza de la obra: “ficción inspirada en hechos
reales”. En efecto, de acuerdo con los conceptos rendidos por los programas
de cine y televisión de las universidades Jorge Tadeo Lozano, Central y
Nacional de Colombia, ese tipo de películas aunque toman como insumo experiencias sociales, históricas y cotidianas
desarrollan historias que son fruto de la imaginación del autor y no tienen una
relación fidedigna con los hechos reconstruidos.
Esa naturaleza constituye un
aspecto relevante para desestimar la explotación de la imagen de un personaje
de la vida real, pero no es suficiente, pues aún en el marco de obras de
ficción se describen circunstancias detalladas que le permiten al espectador
identificar historias y personas de la vida real. En efecto, se trata de casos
en los que el personaje no logra un distanciamiento suficiente de la vida o
imagen de una persona y, por ende, la audiencia no concibe la historia en el
plano de la ficción.
Por ejemplo, De Verda y
Beamonte, J.R. resalta que a través de obras de ficción también se puede
vulnerar el derecho a la intimidad cuando se revelan circunstancias de la
esfera privada de la persona y es posible la identificación del ofendido “la
cual podrá realizarse, directamente, designándola mediante su nombre o
indirectamente, a través de la descripción de una serie de rasgos y
circunstancias que permitan a un lector medio asociar, de manera clara e
indubitada, un personaje de la obra con una persona real.”[82]
Para apoyar esa tesis
destacó las sentencias BVerfG de 13 de junio de 2007 del Tribunal Constitucional
Alemán, de 24 de abril de 1936 de la Corte de Apelación de París, de 22 de
noviembre de 1995 del Tribunal de Gran Instancia de París y  de 7 de febrero de
2006 de la Corte de Casación Francesa en las que se comprobó que en el marco de
obras literarias de ficción se desarrollaron historias de personas de la vida
real que eran identificables para los lectores. La última de las sentencias
mencionadas estudió el caso de una obra policíaca “El zorro de las huelgas”
inspirada en hechos reales, relacionados con actos de vandalismo acaecidos en
el pueblo Kerlouan y en su puerto Ménéham, en la que también se describía la
historia de una mujer que se dedicaba a la prostitución.
La Corte de Casación
consideró correcto el análisis del juzgador de instancia, quien estableció que
los detalles del libro y la descripción efectuada contrastados con las
circunstancias y rasgos de la demandante permitían identificarla con el
personaje que se dedicaba a la prostitución.
61.- Entonces, a pesar de
que se trate de una obra de ficción, la descripción detallada de circunstancias
y características de un personaje pueden llevar a la audiencia a identificarlo
con una persona real, razón por la que es necesario establecer si “Mateo”,
personaje principal de la película “Mariposas Verdes” puede ser
identificado como Sergio David Urrego Reyes y, por ende, se trata de la
explotación de su imagen. Para verificar esta circunstancia y debido a que las
partes tienen posturas contradictorias, se identificarán, de forma
independiente, los elementos que apoyan cada una de las tesis (explotación y no
utilización de la imagen de Sergio), los cuales serán analizados, en conjunto,
para determinar si concurren los aspectos definitorios de la imagen.
62.- Previo a emprender el
estudio anunciado, es necesario destacar que el carácter público de los hechos
reales en los que se inspiró la obra es un elemento fundamental de análisis. En
efecto, como se verá, resulta determinante, de un lado, en la identificación del
uso de la imagen de Sergio y, de otro, para establecer si el eventual uso fue
constitucionalmente legítimo.
63.- La Sala identifica los
siguientes indicios que, considerados en conjunto,  apoyan la tesis expuesta
por los demandados -no se explotó la imagen de Sergio- (i) en la obra no se
utiliza su nombre, ni el de los miembros de su entorno social y familiar, (ii)
los guiones de las películas “Adiós Mundo Cruel” y “Mariposas
Verdes” son diferentes, y (iii) en la parte inicial de la película se precisa: “Esta
es una historia de ficción inspirada en hechos reales. Cualquier parecido con
la realidad es pura coincidencia”.
En primer lugar, como quiera
que las circunstancias que rodearon la muerte de Sergio David Urrego Reyes y
que fueron difundidas a través de diversos medios de comunicación son
fácilmente reconocibles mediante la utilización de su nombre, el hecho de que
este no se mencionara en la obra constituye un elemento relevante para
desestimar el uso de su imagen.
En segundo lugar, sin la
pretensión de efectuar un cotejo entre las obras, resultan evidentes las
diferencias de los guiones de las películas “Adiós, Mundo Cruel” y “Mariposas
Verdes”, en la medida en que el primero utiliza el nombre de Sergio y de
las personas de su entorno, y describe con alta precisión circunstancias
específicas de su vida tales como el lugar de trabajo de su mamá, los libros
que leía, su mascota, la música que escuchaba, y preveía la utilización de
fotografías de Sergio y de las publicaciones que efectuó a través de sus redes
sociales. Por su parte, el segundo guion utiliza nombres ficticios, elimina
algunos de los detalles referidos y desarrolla la historia de “Mateo”,
quien es víctima de acoso escolar por parte de las directivas de su colegio
fundado, entre otras razones, en su orientación sexual y de “Ángela”,
víctima de acoso y discriminación por parte de uno de sus compañeros de
colegio.
Finalmente, la anunciada
naturaleza de la película “ficción inspirada en hechos reales” previene
al espectador sobre el distanciamiento entre las circunstancias narradas y los
hechos que inspiraron la obra.
64.- Ahora bien, para
identificar los elementos que dan cuenta de la explotación de la imagen de
Sergio es necesario recordar que las circunstancias que lo pusieron en la esfera
pública estuvieron relacionadas con su muerte, las cuales se publicaron a
través de los medios de comunicación y fueron objeto de pronunciamiento por
parte de esta Corporación en la sentencia T-478 de 2015, que también contó con
amplia difusión. Por ende, la Sala tomará como elementos para establecer la
correspondencia entre Sergio y “Mateo”, los hechos y circunstancias
descritos en la sentencia en mención y para mayor claridad metodológica se
establecerán las similitudes de acuerdo con el orden de presentación de la
película “Mariposas Verdes”.
En primer lugar, la obra
fija las características del núcleo familiar de “Mateo”, las
cuales coinciden con las de la familia de Sergio. En particular que: (i) sus
padres se divorciaron cuando era pequeño; (ii) vivía con su madre y abuela
materna; (iii) su madre debía ausentarse constantemente del hogar por
obligaciones laborales; (iv) tenía una fuerte relación con la abuela materna, y
(v) mantenía relación cercana con su papá.
En segundo lugar, la caracterización
del personaje “Mateo” utiliza varios rasgos que coinciden con los de
Sergio, particularmente que: (i) es un adolescente de tez blanca y cabello
oscuro; (ii) cursa último año de bachillerato en un colegio campestre; (iii) se
destaca por su rendimiento académico e inquietud intelectual; (iv) se preocupa
por las problemáticas sociales y la defensa de los derechos; (v) hace parte de
un colectivo de estudiantes, y (vi) es un lector asiduo.
En tercer lugar, la descripción
de las circunstancias que rodearon la muerte de “Mateo” en la
película, pues aunque se incluyen elementos e historias adicionales como las de
“Lorena” (amiga enamorada de Mateo), “Ángela” (amiga de Mateo,
víctima de acoso y abuso sexual) y “Lucas” (compañero de Mateo y
victimario de Ángela) son muy similares a las que vivió Sergio y guardan
correspondencia con los hechos descritos en la sentencia T-478 de 2015. En
efecto, la obra describe las siguientes circunstancias que coinciden material y
cronológicamente con los hechos narrados en la sentencia en mención:
a)    La relación sentimental de “Mateo”
con un compañero de su curso, “Daniel”, sin que los padres de los
adolescentes lo supieran.
b)    Una amiga en común de “Mateo” y “Daniel”
les tomó una foto mientras se daban un beso como expresión de esa relación
sentimental.
c)     La foto en mención fue utilizada por las
directivas del colegio en el proceso disciplinario que iniciaron en contra de “Mateo”
y “Daniel”.
d)    Los jóvenes fueron llamados a presentarse
ante la psicóloga y directivas del colegio, y se les informó que sus padres serían convocados a una reunión para
ponerlos al tanto de la situación.
e)     Los jóvenes decidieron informales a sus
respectivos padres sobre los pormenores relacionados con su orientación sexual.
f)      La madre de “Mateo” al enterarse de su orientación sexual, reaccionó de
una manera favorable y ponderada, y apoyó a su hijo.
g)    Los padres de “Daniel”,
sorprendidos con el anuncio, tomaron otras opciones y solicitaron reunirse con
las directivas del colegio.
h)    Los padres de “Daniel”
presentaron denuncia contra “Mateo” por aparente acoso sexual.
i)      A partir de la denuncia por el supuesto
acoso sexual, “Mateo” entró en un estado grave de afectación emocional.
j)      “Mateo” decide quitarse la vida, deja cartas a sus
familiares y se arroja de la terraza de un Centro Comercial.
Las coincidencias
identificadas analizadas en conjunto, no de forma individual o aislada, llevan
a la Sala a concluir que, a pesar de los indicios referidos en  el fundamento
jurídico 61, en la película “Mariposas Verdes” a través de la
caracterización del personaje principal “Mateo” y de la presentación de
las circunstancias relacionadas con la historia de acoso escolar se utilizó la
imagen de Sergio David Urrego Reyes.
En efecto, a pesar de los
esfuerzos adelantados por los accionados, dirigidos a diferenciar el personaje
principal de la obra “Mateo” y Sergio David, tales como la advertencia
sobre el género “ficción” y la modificación del guion, lo cierto es que no
lograron suprimir todos los elementos y características que identifican la
historia desarrollada en la película con el caso de Sergio. Entonces,
establecida una asociación clara e indubitada, entre un personaje de la obra “Mateo”
con una persona real (Sergio David Urrego Reyes) resulta evidente el uso de la
imagen de este, pues concurren los dos elementos que la definen, a saber: la recognoscibilidad
del individuo a través de elementos externos que permiten su
identificación.
65.- Es importante precisar
que la determinación sobre el uso de la imagen de Sergio no altera la
concepción que tuvieron los autores en relación con la naturaleza de la
película “ficción inspirada en hechos reales”, ni califica el mérito de
la obra, que corresponde al fruto del potencial creador de sus autores. Por el
contrario, la respuesta a la que llega la Sala frente al primer problema
jurídico se limita a establecer que la obra “Mariposas Verdes”,
película de ficción inspirada en hechos reales, utilizó la imagen de Sergio
David Urrego Reyes. En consecuencia, es necesario analizar la legitimidad
constitucional de ese uso.
66.- Establecido el uso y
explotación de la imagen de Sergio David Urrego Reyes en la película “Mariposas
Verdes”, la Sala deberá determinar si esa circunstancia comportó la
vulneración de su derecho fundamental a la imagen, debido a que, por
disposición legal y reconocimiento jurisprudencial, este derecho es susceptible
de protección a pesar de la muerte del titular directo (fundamentos jurídicos
42-43 de esta sentencia).
Para responder el segundo
problema jurídico es necesario reiterar que el derecho a la imagen tiene una faceta
fundamental, que corresponde a la autonomía de las personas para determinar
su propia imagen así como la potestad de decidir las partes que desea que sean
exhibidas, la forma y la finalidad de la difusión, y una faceta
exclusivamente patrimonial, relacionada
con la autorización de la explotación sujeta a la obtención de lucro y el
resarcimiento económico derivado del uso y el aprovechamiento de la imagen sin
el permiso de su titular.
Como quiera
que la competencia del juez constitucional está circunscrita a la faceta
fundamental del derecho, esta Corporación centrara su decisión sobre ese
aspecto y, por ende, no se pronunciará sobre el eventual resarcimiento
económico derivado de la explotación de la imagen de Sergio.
Ahora bien,
de acuerdo con la jurisprudencia constitucional el derecho fundamental a la
imagen no puede estar sometido a intromisiones no autorizadas de terceros salvo
las limitaciones derivadas de las exigencias de la sociabilidad humana, la
búsqueda del conocimiento y los intereses públicos superiores. En consecuencia, el uso o exposición de la
imagen sin la autorización por parte del titular o de quien tiene la
legitimación para expedirla llevan a presumir la afectación del derecho.
67.- En el
presente caso, el accionante adujo que no emitió autorización para el uso y
explotación de la imagen de su hijo fallecido Sergio David. Esta circunstancia
fue reiterada por Alba Lucía Reyes Arenas, quien además indicó que otorgó
autorización inicial para la realización de una película con
finalidades educativas, pero al conocer el guion la revocó. Asimismo, los
accionados indicaron que al no obtener la autorización por parte de los padres
de Sergio decidieron cambiar el proyecto de una película biográfica a una de
ficción inspirada en hechos reales. En consecuencia, las partes coinciden en la
ausencia de autorización de los padres de Sergio David para el uso y
utilización de su imagen y, por ende, la Sala tiene por probada esa
circunstancia.
68.- Ahora sólo resta
establecer si el uso que hicieron los accionados de la imagen de Sergio Urrego
en la película “Mariposas Verdes” respetó los límites del derecho a la
imagen, a saber: (i) las exigencias de la sociabilidad humana, (ii) la búsqueda
del conocimiento y (iii) los intereses públicos superiores.
En relación con el primero
de los límites referidos, la jurisprudencia ha señalado que el alcance del
derecho a la imagen se morigera cuando la persona actúa en un ámbito público y,
en consecuencia, hay una mayor exposición de las circunstancias de su vida. Por
lo tanto, la referencia a la biografía de una persona a partir de los hechos
conocidos o que son objeto de reconocimiento social no puede generar la
afectación de la imagen “pues es claro que nadie puede desligarse de lo
vivido”[83].
69.- En lo que respecta a
Sergio David Urrego Reyes, la Sala advierte que si bien el menor de edad
durante su vida no decidió actuar en el ámbito público, tras su fallecimiento,
muchas de las circunstancias que vivió y que rodearon su muerte fueron objeto
de amplia difusión y conocimiento social. En efecto, el caso de Sergio
conmocionó a la sociedad colombiana, es un referente de análisis y reflexión
sobre la discriminación fundada en la orientación sexual en el país, y su
imagen ha sido utilizada como un símbolo para la reivindicación de la igualdad,
la promoción de la tolerancia y el respeto por las diversas manifestaciones de
la orientación sexual e identidad de género.
En el asunto bajo examen
está demostrado que, tal y como lo señalan los accionados, el suicidio de
Sergio David y los hechos relacionados con esa decisión tuvieron un amplio
cubrimiento por los medios de comunicación, circunstancia que evidencian las
noticias, columnas, artículos especiales e incluso las manifestaciones públicas
de la ciudadanía registradas y que fueron aportadas por los demandados para dar
cuenta del conocimiento público sobre el tema. La prueba de ese alegato la
demuestran, entre muchos otros[84], los siguientes elementos:
(i)   Noticia de 8 de septiembre de 2014
publicada en la página web del periódico El Tiempo “Amiga habla del
sufrimiento de Sergio Urrego, el joven que se suicidó”[85].
(ii) Noticia de 12 de septiembre de 2014 publicada en la
página web del periódico El Tiempo “Mamá de Sergio Urrego dice que tutela es
para que gradúen a su hijo”[86].
(iii)
Noticia de 12 de
septiembre de 2014 publicada en la página web del periódico El Tiempo “Unas
300 personas hicieron plantón por Sergio Urrego”[87]
(iv)
Artículo de opinión “El
Espejo de Sergio Urrego” por César Rodríguez Garavito, publicada el 15 de
septiembre de 2014 en la página web del periódico El Espectador[88].
(v) Artículo de opinión ¿por qué mataron a Sergio Urrego?
por Joaquín Robles Zabala publicado el 20 de septiembre de 2014 en la página
web de la revista Semana[89].
(vi)
Especial “Recogiendo
los pasos de Sergio” por Lina Quiroga publicado el 21 de septiembre de 2014
en la página web de Las 2 Orillas[90].
(vii)
Noticia “Sergio Urrego, el décimo mejor bachiller del
país” publicada el 13 de
octubre de 2014 en la página web de Noticias RCN[91];
(viii)      Artículo “Los gritos de Sergio Urrego que
nadie escuchó” por Santiago Molina Roldán publicado el 31 de octubre de
2014 en la página web de Las 2 orillas[92].
(ix)
Artículo especial “La
Rectora derrotada” por Las 2 Orillas, publicado el 4 de agosto de 2015 en
la página web de las 2 orillas[93].
Entonces, en la medida en
que las circunstancias relacionadas con la muerte de Sergio David referidas en
la película “Mariposas Verdes” fueron ampliamente difundidas a través de
los medios de comunicación, como lo evidencian noticias de prensa, radio, televisión
y la sentencia emitida por esta Corporación, de carácter público, el uso
está enmarcado en el límite fundado en la sociabilidad humana y, por ende, no
comporta la vulneración de la faceta fundamental del derecho a la imagen de
Sergio.
70.- Esa conclusión se
refuerza por la forma en la que se produjo la explotación de la imagen, pues
esta se efectuó a través de una obra artística, elaborada por personas
dedicadas a la producción de obras cinematográficas y en ejercicio de su
derecho a la libertad de expresión, el cual tiene carácter prevalente en la
Carta Política de 1991 por su especial relación con la dignidad, en la medida
en que permite el desarrollo del potencial creador del ser humano.
71.- Finalmente, es
importante destacar que la conclusión a la que arriba esta Corporación está
circunscrita a la faceta fundamental del derecho a la imagen de Sergio
David. Por lo tanto, los aspectos patrimoniales derivados de la
explotación, comprobada en esta sede, deberán establecerse, si es del caso por
los jueces competentes en las instancias ordinarias.
72.- Descartada la
vulneración de la faceta fundamental del derecho a la imagen de Sergio David
Urrego Reyes, se analizará el tercer problema jurídico relacionado con el
derecho a la intimidad del accionante y su hijo fallecido.
El actor adujo que el uso de
las circunstancias que enfrentó Sergio David en la película afectan su
intimidad y precisó: “(…) tengo que soportar todo un peso moral y social”[94].
Estas manifestaciones evidencian que el accionante
considera que la película reveló aspectos que corresponden a una esfera de
privacidad en su vida personal que no había expuesto al público.
No
obstante, la Sala no puede establecer la afectación referida, pues ni la
solicitud de amparo en la que hay una manifestación general sobre la
vulneración del derecho, ni las declaraciones rendidas por la madre de Sergio
David en el trámite de tutela[95], permiten
establecer las circunstancias que el accionante mantenía en un ámbito privado y
que fueron reveladas en la película.
De otra
parte, la naturaleza de la película tampoco permite determinar la vulneración
denunciada, pues se trata de una obra de ficción inspirada en hechos reales, es
decir que a pesar de las coincidencias que revelan el uso de la imagen de
Sergio David, la película no pretende, y así lo advierte desde su presentación,
dar cuenta con fidelidad de hechos acaecidos en la vida real. En efecto, la
película tenía la intención de generar en el espectador una reflexión en
relación con la discriminación y no un propósito informativo de comunicar la
versión de hechos con el fin de que la audiencia se enterara de algún suceso
específico.
Entonces,
la naturaleza de la obra y la omisión del accionante, quien no precisó las
circunstancias referidas en la película que estaban bajo su dominio en una
esfera privada y fueron expuestas sin su autorización, le impiden a la Sala
establecer la afectación del derecho a la intimidad, máxime si se considera que
los elementos que demostraron el uso de imagen ya no pertenecían a una esfera
de intimidad, pues fueron ampliamente difundidas a través de diversos medios de
comunicación.
Es necesario
señalar que las situaciones descritas en la película permiten identificar la
imagen de Sergio, pero esa constatación no lleva a concluir que se trata de una
película biográfica y que las circunstancias descritas en esta y que no
corresponden a los hechos de dominio público son revelaciones de la intimidad
del actor o de su hijo, pues en la obra de ficción el artista se inspira en
hechos y circunstancias reales, pero no pretende dar cuenta de estos. En
efecto, de acuerdo con lo señalado por la Facultad de Artes de la Universidad
Nacional de Colombia se trata de obras en las que los autores priorizan la
libertad expresiva sobre otros aspectos como la concordancia entre el contenido
de la obra y la realidad del mundo.
73.- Por último,
debe precisarse que en este caso, el juez de tutela no puede interpretar cada
uno de los eventos desarrollados en la película para establecer cuáles
correspondían a la intimidad del actor, pues él es el único que puede
identificarlos y, además estos se presentan en una obra que, si bien se inspiró
en hechos concretos, es fruto de la imaginación de sus autores, la cual está
amparada por la protección prevalente de la libertad de expresión prevista en
los artículos 20 y 71 de la Carta Política.
74.- En
cuarto lugar, la Sala establecerá si los autores de la película “Mariposas
Verdes” afectaron el derecho al buen nombre del accionante y su
hijo.
Para
dilucidar ese asunto, el primer obstáculo que advierte esta Corporación es que
el actor denunció la vulneración del derecho en mención, en términos generales,
pero no precisó en qué consistió el descrédito o las imputaciones deshonrosas,
las cuales, en el caso de que se hubieran identificado, también se enfrentan
con la naturaleza de la obra.
En efecto,
el accionante no señaló cómo se produjo la afectación de su derecho al buen
nombre, ni del de Sergio David, y la Sala tampoco encuentra que la película
difunda información falsa o inexacta con la intención de menoscabar su
prestigio público, máxime si se considera que los hechos que usa la película y
que coinciden con la vida de Sergio son ciertos y tuvieron amplia difusión
pública.
75.- En
relación con el actor, sin desconocer las naturales consideraciones y reparos
que como padre tiene sobre el uso de la imagen de su hijo y, en general, sobre
cualquier alusión a las circunstancias que Sergio enfrentó, es necesario
resaltar que estas no bastan para fundar la vulneración de un derecho
fundamental. Por el contrario, la determinación de la afectación del derecho al
buen nombre requiere verificar un menoscabo en la reputación de la persona, es
decir, en la apreciación que la sociedad tiene del sujeto como consecuencia de
su comportamiento en ámbitos públicos.
76.- En el
presente caso, la Sala no advierte, prima facie, que la película impute
actos deshonrosos al accionante, de una parte, porque la obra precisa el
carácter ficticio de la historia que narra, el cual no permite derivar una
imputación específica a Robert Urrego y, de otra parte, porque aún si se considerara
que el personaje que representa al padre de “Mateo” corresponde al
actor, la obra destaca su rol general como padre y enfatiza en la atención,
compañía, amor y asistencia constante que le brindaba a su hijo.
77.- Con
respecto a Sergio David, tampoco se advierte la afectación del buen nombre, en
la medida en que la historia describe varias de las circunstancias que rodearon
su muerte y que fueron difundidas a través de diversos medios de comunicación,
y la caracterización del personaje “Mateo”, como se indicó en los
fundamentos jurídicos 67 y 68 de esta sentencia, desarrolló algunos de los
rasgos principales de Sergio que fueron conocidos como consecuencia de su
fallecimiento, además al margen de la valoración subjetiva que cada persona
pueda realizar, no tienen una connotación negativa.
Finalmente,
la Sala no encuentra que la obra tenga un ánimo injurioso, ni que utilice
información obtenida de manera engañosa o a través de hostilidades para
deshonrar la imagen del accionante o de su hijo, razón por la que se desestima
la afectación del derecho al buen nombre.
78.- Luego
de analizar los asuntos relacionados directamente con las posibles afectaciones
de los derechos fundamentales del actor y de su hijo derivadas de la exhibición
de la película “Mariposas Verdes”, la Sala abordará los dos últimos
problemas jurídicos que atienden a las pretensiones dirigidas a evitar que: (i) la señora Alba Lucía Reyes Arenas emita
manifestaciones o consideraciones públicas sobre la muerte de su hijo Sergio
David, y (ii) la proyección de la obra cinematográfica en mención.
A pesar de
que las solicitudes presentadas se dirigen contra sujetos diferentes, de un
lado, la madre de Sergio y, de otro, los autores de la obra en mención, estos
asuntos se estudiarán de forma conjunta en este acápite, en la medida en que
involucran una pretensión común: de censura previa. En efecto, las pretensiones
de Robert Urrego están dirigidas a que los accionados no se manifiesten ni a
través de obras artísticas, ni por cualquier otro medio sobre un asunto
concreto, la historia de su hijo.
79.- Asimismo, es necesario precisar que, tal y como se explicó en los
fundamentos 25 a 29 de esta sentencia, la publicación de la película “Mariposas
Verdes” no determina la carencia actual de objeto por daño consumado, en la
medida en que las pretensiones del accionante, incluso las relacionadas con
censura previa, no se limitaron a evitar la difusión de la obra en mención. Por
el contrario, el actor elevó pretensiones generales, dirigidas a evitar
pronunciamientos futuros sobre las circunstancias relacionadas con la vida de
su hijo Sergio David.
En efecto,
el elemento relevante para establecer el daño consumado es la afectación
definitiva de los derechos fundamentales. En consecuencia, como las peticiones
del actor pretenden evitar manifestaciones futuras se advierte un escenario en
el que el juez de tutela si encuentra la amenaza o afectación de los derechos
podría adoptar medidas para su protección o restablecimiento, lo que descarta
el carácter definitivo de la vulneración.
80.- Para
responder al asunto, se reitera la cláusula general de libertad de expresión,
prevista en el artículo 20 Superior, de acuerdo con la cual todas las personas
tienen “la libertad de expresar y difundir su pensamiento
y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de
fundar medios masivos de comunicación”.
Esa
garantía carece de restricciones en la Constitución, razón por la que la
jurisprudencia acude a los instrumentos que integran el bloque de
constitucionalidad, con base en los cuales ha concluido, de una parte, la
prohibición absoluta de censura previa y, de otra parte, la admisión de
responsabilidades ulteriores que pueden incluso restringir el ejercicio del
derecho con ocasión del daño generado, fundadas en la prohibición del abuso del
derecho en detrimento de los derechos de los demás, la protección de la
seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas, y la
prohibición de apologías a la guerra y al odio que inciten a la violencia.
De manera
que, en ningún caso, resultan plausibles restricciones preliminares a la
expresión del pensamiento y, en el evento de afectación de los derechos de
terceros, esa manifestación da lugar a determinar responsabilidades
posteriores. En consecuencia, el juez de tutela no puede emitir una orden
dirigida a censurar, de forma previa, la expresión de las personas y limitarla
por criterios como la materia, la forma de difusión, los espacios de expresión,
etc.
El alcance
de esta garantía que fue ampliamente abordada en los fundamentos jurídicos 49 a
53 de esta sentencia impide que se emita una orden como la pretendida por el
actor, dirigida a evitar que la madre de Sergio David se exprese sobre las
circunstancias que enfrentó su hijo. Por lo tanto, no es
posible acceder a las pretensiones del actor y fijar restricciones previas
sobre las manifestaciones de Alba Lucía en relación con su hijo. Sin embargo,
el accionante cuenta con mecanismos jurídicos para establecer, frente a cada
manifestación concreta, la responsabilidad ulterior por la posible afectación
de sus derechos.
81.- En ese mismo sentido,
el juez de tutela tampoco puede evitar la publicación de una obra de arte, pues
se trata de una manifestación de la libertad de expresión artística, que además
de la garantía general prevista en el artículo 20 Superior cuenta con
protección constitucional reforzada. En el caso
de la película “Mariposas Verdes” se trata de una forma de comunicación
que goza de un amparo superior fundado en dos aspectos independientes: (i) es
una obra producto de la expresión artística, que constituye el medio por
excelencia para la realización del potencial creador de todo ser humano y (ii)
desarrolla un tema de interés público, a través de la presentación de
manifestaciones de discriminación fundadas en la orientación sexual e identidad
de género. Este aspecto no determina la protección, pues, se insiste, la
garantía se desprende principalmente de la libertad de expresión.
En
consecuencia, ni la orden genérica dirigida a evitar que la madre de Sergio se
manifieste en relación con la vida y el fallecimiento de su hijo, ni la
prohibición de que se exhiba la película “Mariposas Verdes” son
compatibles con la protección reforzada que ampara la libertad de expresión en
nuestro ordenamiento jurídico.
Conclusiones
82.- La
acción de tutela formulada por Robert Urrego Ramos en
nombre propio y en representación de su hijo fallecido Sergio David Urrego
Reyes en contra de Gustavo Nieto Roa, Idania Velásquez Luna, la Productora LAP
S.A.S. y Alba Lucía Reyes Arenas buscaba evitar el estreno de la película “Mariposas
Verdes”, así como en general las manifestaciones y la difusión de asuntos
relacionados con la muerte de Sergio, pues esas expresiones afectan sus
derechos y los de su hijo a la intimidad, honra y buen nombre.
83.- Previo a la formulación
de los problemas jurídicos de fondo, la Sala comprobó el cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela y advirtió que
aunque se estrenó la obra cinematográfica no se consumó el daño, debido a que
las pretensiones del actor estaban dirigidas a evitar la publicación y difusión
de la película y, en general, las manifestaciones relacionadas con la imagen de
su hijo, pretensiones frente a las cuales el juez de tutela podía adoptar
medidas a pesar de haberse estrenado la cinta.
84.-Establecido el
cumplimiento de los presupuestos de procedencia, la Sala planteó dos tipos de
problemas jurídicos de fondo. Los primeros estaban relacionados con la posible
afectación de los derechos a la imagen, buen nombre e intimidad del accionante
y su hijo como consecuencia de la difusión de la película “Mariposas Verdes”
y los segundos con la viabilidad de medidas de censura previa.
85.- En primer lugar, la
Sala estableció que la película “Mariposas Verdes” a pesar de tratarse
de una obra de ficción inspirada en hechos reales desarrolló una historia que
tiene varios puntos de coincidencia con las circunstancias conocidas sobre la
muerte de Sergio David Urrego Reyes, y la caracterización del personaje
principal utiliza sus rasgos externos, los cuales permiten identificar su
imagen la obra. En consecuencia, determinó que la película explota la imagen de
Sergio David.
86.- En segundo lugar,
concluyó que el uso comprobado de la imagen de Sergio no vulneró la faceta
fundamental del derecho, en la medida en que el desarrollo de la historia
refirió circunstancias de conocimiento público y, por ende, el uso de la imagen
estuvo enmarcado en el límite del derecho fundado en la sociabilidad humana. No
obstante, precisó que la faceta patrimonial del derecho a la imagen puede ser
definida ante los jueces ordinarios.
87.- En
tercer lugar, la Sala no encontró probada la afectación del derecho a la
intimidad debido a que (i) el actor no identificó las circunstancias de su
privacidad que fueron reveladas en la obra; (ii) la película es una obra de
ficción inspirada en hechos reales que no pretendía dar cuenta con fidelidad de
hechos acaecidos en la vida real y (iii) las circunstancias que coinciden con
la historia de Sergio son de conocimiento público.
88.- En
cuarto lugar, la Sala descartó la afectación del derecho al buen nombre, pues
no encontró probadas imputaciones deshonrosas dirigidas a desacreditar la
imagen del actor o de su hijo.
89.-
Finalmente, con respecto a los problemas jurídicos relacionados con la
posibilidad de ordenar restricciones generales sobre la expresión de Alba Lucía
Reyes Arenas y la publicación de la película “Mariposas Verdes”, la Sala
reiteró el carácter prevalente de la libertad de expresión, la prohibición de
censura previa y la protección reforzada de la que son objeto las
manifestaciones de la libertad de expresión artística para descartar las pretensiones
del accionante.
90.- Como
corolario de lo expuesto, se revocarán las decisiones de instancia que
declararon improcedente la acción de tutela por carencia actual de objeto por
daño consumado y, en su lugar, se denegará el amparo.
DECISIÓN
En mérito
de lo expuesto, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- REVOCAR el fallo de tutela
proferido el 13 de junio de 2017 por el Juzgado Dieciséis Civil del Circuito de
Bogotá que, a su vez, confirmó el fallo proferido el 4 de mayo de 2017 por el Juzgado Sesenta y Cuatro Civil Municipal de Bogotá, que
declaró improcedente la acción de tutela formulada por Robert Urrego Ramos en
nombre propio y en representación de su hijo fallecido Sergio David Urrego
Reyes por carencia actual del objeto por daño consumado. En su lugar, se DENIEGA
el amparo de los derechos a la imagen buen nombre e intimidad invocado.
Segundo.- Por Secretaría General
líbrense las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de
1991, para los efectos allí contemplados.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de
la Corte Constitucional y cúmplase.
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
ROCÍO LOAIZA MILIÁN
Secretaria General (e.)
[1] M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado.
[2] Folio 9,
cuaderno 1.
[3] Folio 8,
cuaderno 1.
[4] Folio 36,
cuaderno 1.
[5] Folio 38,
cuaderno 1.
[6] Folio 56,
cuaderno 1.
[7] Folio 57,
cuaderno 1.
[8] Folio 6,
cuaderno 3.
[9] Folio 38,
cuaderno 3.
[10] Folio
45, cuaderno 3.
[11] Folio
46, cuaderno 3.
[12] Folio 39,
cuaderno 3.
[13] Folio 68, cuaderno 3.
[14] Folio 69,
cuaderno 3.
[15] Folio
71, cuaderno 3.
[16] Folios
106-107, cuaderno 3.
[17] Noticia
publicada el 19 de abril de 2017 en la página web de Caracol aportada en medio
digital por el accionante. https://noticias.caracoltv.com/entretenimiento/mariposas-verdes-la-pelicula-inspirada-en-la-historia-de-sergio-urrego.
Cd, folio 56, cuaderno 3.
[18] Video
detrás de cámaras aportado en medio digital. Cd, folio 56, cuaderno 3.
[19] Sentencia
T-478 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[20] M.P.
Rodrigo Escobar Gil.
[21] M.P.
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[22] M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado.
[23]Noticia remitida por Robert
Urrego Reyes en medio Digital. Cd, folio 56, cdno. 3. https: //noticias.caracoltv.com/entretenimiento/mariposas-verdes-la-pelicula-inspirada-en-la-historia-de-sergio-urrego.
[24] Noticia
remitida por Robert Urrego Reyes en medio Digital. Cd, folio 56, cdno. 3. http:
//www.elinformador.com.co/index.php/general/79-nacional/148570-lanzan-pelicula-basada-en-la-historia-de-sergio-urrego
[25] Noticia
remitida por Robert Urrego Reyes en medio Digital. Cd, folio 56, cdno. 3. http:
//www.semana.com/educacion/articulo/sergio-urrego-pelicula-sobre-matoneo/522476
[26] Este
capítulo se desarrolló en las sentencias T-478 de 2015 y T-544 de 2017. M.P. Gloria
Stella Ortiz Delgado
[27] M.P.
Alejandro Martínez Caballero.
[28] M.P. Jaime
Araujo Rentería.
[29] M.P.
Humberto Sierra Porto
[30] M.P. Álvaro
Tafur Galvis.
[31] M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva.
[32] M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado.
[33] Sentencia T-842
de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas.
[34] “Artículo
87º.- Toda persona tiene derecho a impedir, con las limitaciones que se
establecen en el artículo 36 de la presente Ley, que su busto o retrato se
exhiba o exponga en el comercio sin su consentimiento expreso, o habiendo
fallecido ella, de las personas mencionadas en el artículo 83 de esta Ley. La
persona que haya dado su consentimiento podrá revocarlo con la correspondiente
indemnización de perjuicios.
[35] Sentencia
T-634 de 2013 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[36] Herce de
la Prada, Vicente. 1994. El Derecho a la Propia Imagen y su Incidencia
en los Medios de Difusión. Barcelona, España: José María Bosch Editor. S.A.
pág. 17.
[37] Definición
sentada por Herce de la Prada, Vicente. Ibídem. Con base en la definición
establecida por Sainz de Varanda y Hernández Puértolas. 1968 “La titularidad
del derecho a la imagen de un personaje folklórico”. Revista General del
Derecho. Valencia, núm. 288 pág. 821.
[38] Rodríguez
Ruiz, Blanca. 2016. Los derechos fundamentales ante el Tribunal Constitucional.
Valencia: España: Tirant Lo Blanch.Pág.379.
[39] M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz
[40] M.P.
Álvaro Tafur Galvis.
[41]Comentarios
de la sentencia del tribunal constitucional 81 del 26 de marzo de 2001 de Rodríguez
Ruiz, Blanca. 2016. Los derechos fundamentales ante el Tribunal Constitucional.
Valencia, España: Tirant Lo Blanch.Pág.378.
[42] Para
el autor, la eliminación del componente patrimonial del derecho fundamental a
la imagen referida en la sentencia STC 81 de 2001 “es poco convincente”, debido
a que la Ley Orgánica 01 de 1982 establece la indemnización de las
intromisiones ilegitimas en el derecho a la imagen y porque comporta un
retroceso en relación con la intrascendencia del ánimo de lucro frente al
ejercicio de los derechos fundamentales.
[43]
Díez-Picazo, Luis María. 2013. Sistema de Derechos Fundamentales. Cuarta
Edición. Pamplona, España: Editorial Arazandi S.A.Págs. 291-292.
[44] M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[45] M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[46] M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[47] M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[48] M.P. María Victoria Calle Correa.
[49] M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[50] M.P.
Alejandro Martínez Caballero.
[51] M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado.
[52] Estas
consideraciones fueron desarrolladas en la sentencia T-478 de 2015. M.P. Gloria
Stella Ortiz Delgado y fueron parcialmente modificadas en el presente caso.
[53] M.P. Nilson
Pinilla Pinilla.
[54] M.P.
Alejandro Martínez Caballero.
[55] Constitución
Política. Artículo 15. Todas las personas tienen derecho a su intimidad
personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos
respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las
informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en
archivos de entidades públicas y privadas. En la recolección, tratamiento y
circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en
la Constitución. La correspondencia y demás formas de comunicación privada son
inviolables. Sólo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden
judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la ley. Para
efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e
intervención del Estado podrá exigirse la presentación de libros de
contabilidad y demás documentos privados, en los términos que señale la ley.
[56] Constitución Política.
Artículo 21. Se garantiza el derecho a la honra. La ley señalará la forma
de su protección.
[57] Corte Constitucional. Sentencia C-489 de
2002. Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil.
[58] Corte Constitucional. Sentencia T-482 de
2004. Magistrado Ponente: Álvaro Tafur Galvis.
[59] Corte
Constitucional. Sentencia C-442 de 2011. Magistrado Ponente: Humberto Sierra
Porto.
[60]
Consideraciones tomadas de la sentencia T-478 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado y modificadas parcialmente en esta oportunidad.
[61] Op. Cit.
Sentencia C-482 de 2009.
[62] Corte
Constitucional. Sentencia C-640 de 2010. Magistrado Ponente: Mauricio González
Cuervo.
[63] Corte
Constitucional. Sentencia T-904 de 2013. Magistrado Ponente: María Victoria
Calle Correa.
[64] Estas
consideraciones fueron desarrolladas en la sentencia T-478 de 2015. M.P. Gloria
Ortiz Delgado.
[65] Corte
Constitucional. Sentencia T-259 de 1994. Magistrado Ponente: José Gregorio
Hernández.
[66]M.P. Carlos
Gaviria Díaz.
[67] M.P.
Mauricio González Cuervo.
[68] M.P.
Mauricio González Cuervo.
[69] M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva.
[70] M.P.
Antonio Barrera Carbonell.
[71]Ver entre
otras, sentencia C-010 de 2000. M.P. Alejandro Martínez Caballero, SU-626 de
2015 M.P. Mauricio González Cuervo y T-015 de 2015 M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva.
[72] Ver sentencias
T-391 de 2007 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-015 de 2015 M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva.
[73] Sentencia
T- T-391 de 2007 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[74] M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[75] M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[76] M.P.
Rodrigo Uprimny Yepes.
[77] M.P.
Rodrigo Escobar Gil.
[78] M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa.
[79] M.P. José
Gregorio Hernández Galindo.
[80] M.P. María
Victoria Calle Correa.
[81] M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado.
[82] De Verda y
Beamonte, J.R. 2012 “La protección del derecho a la intimidad frente a las
indiscreciones literarias” Editorial Arazandi S.A. págs. 109-110.
[83]Sentencia
T-379 de 2013. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[84] Referidos en los cds aportados por los demandados y que obran en el
folio 80, cdno 1.
[85]http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14504097
[86]http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14524237
[87] http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14525536
[88] https://www.elespectador.com/opinion/el-espejo-de-sergio-urrego-columna-516890.
[89]http://www.semana.com/opinion/articulo/sergio-urrego-por-que-lo-mataron-opinion-de-joaquin-robles/403430-3
[90] https://www.las2orillas.co/recogiendo-los-pasos-de-sergio/
https://www.las2orillas.co/recogiendo-los-pasos-de-sergio/
[91]
http://www.noticiasrcn.com/nacional-pais/sergio-urrego-el-decimo-mejor-bachiller-del-pais.
[92]
https://www.las2orillas.co/los-gritos-de-sergio-urrego/
[93]
https://www.las2orillas.co/la-rectora-derrotada/.
[94] Folio
8, cuaderno 1.
[95] Alba Lucía Reyes Arenas en declaración rendida ante el juez de
primera instancia indicó que luego de otorgar autorización para el primer
proyecto: “abro las puertas de mi casa, de mi familia, de sus amigos con la
finalidad de que conozcan a cabalidad todos los hechos y personalidad de mi
hijo (…)” Folio 36, cdno 1.