C-553-14
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-553/14
LIMITACION DEL CONCEPTO DE PATRIMONIO
SUMERGIDO A BIENES HALLADOS PRODUCTO DE HUNDIMIENTOS, NAUFRAGIOS O ECHAZONES
QUE HAYAN CUMPLIDO 100 AÑOS A PARTIR DE LA OCURRENCIA DEL HECHO-Constituye un ejercicio razonable de la potestad de
configuración del legislador, como también la regulación del valor del contrato
de exploración/DECLARACION DE UN BIEN COMO PARTE INTEGRANTE DEL PATRIMONIO
CULTURAL DE LA NACION-Conlleva restricciones e imposición de cargas para los
propietarios de éstos que se relacionan con su disponibilidad y ello incluye
el  uso o destinación que ha de darse al bien para efectos de su conservación y
protección
La protección del
patrimonio cultural de la Nación tiene especial relevancia en la Constitución,
pues constituye un signo o una expresión de la cultura humana, de un tiempo, de
circunstancias o modalidades de vida que se reflejan en el territorio, pero que
desbordan sus límites y dimensiones. La declaración de un bien como parte
integrante del patrimonio cultural de la Nación, lleva consigo una serie de
restricciones al derecho de propiedad y la imposición de cargas para los
propietarios de éstos que se relacionan con su disponibilidad y ello incluye
el  uso o destinación que ha de darse al bien para efectos de su conservación y
protección. Conforme a lo anterior, un bien que integra el patrimonio
arqueológico y cultural de la Nación, al ser inalienable, no puede ser
negociado, ni vendido, ni donado, ni permutado. Si bien los artículos 8º y 70
superiores consagraron el deber del Estado de proteger las riquezas culturales
de la Nación y promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los
ciudadanos, no señalaron fórmulas precisas para llegar a ese cometido, de ahí
que deba entenderse que el Constituyente dejó al legislador o al ejecutivo a
cargo de esa reglamentación. El legislador debe ponderar y armonizar derechos e
intereses en tensión como son la libertad económica, el derecho a la propiedad,
el medio ambiente y el patrimonio cultural de la Nación, pues la declaración de
un bien como parte integrante del patrimonio cultural de la Nación, lleva
consigo una serie de restricciones al derecho de propiedad y la imposición de
cargas para los propietarios de éstos para su conservación y protección. La
limitación del concepto de patrimonio sumergido a aquellos bienes hallados que
sean producto de hundimientos, naufragios o echazones que hayan cumplido cien
(100) años a partir de la ocurrencia del hecho se considera como un ejercicio
razonable de la libertad de configuración del legislador en la regulación del
patrimonio sumergido por las siguientes razones: En primer lugar, el término de
cien (100) años no es una invención legislativa, sino que se inspira en un
estándar internacional señalado en la Convención sobre la Protección del
Patrimonio Cultural Subacuático. En segundo lugar, el concepto de patrimonio
sumergido desde el punto de vista arqueológico y cultural exige que no
cualquier naufragio pueda adquirir automáticamente esta condición, sino que es
necesario el paso de un periodo muy prolongado de tiempo. En tercer lugar, el
hecho de que el legislador haya considerado que los bienes solamente
constituyen patrimonio sumergido a partir de los cien (100) años posteriores a
los hechos, no implica que otros objetos que tengan el carácter de patrimonio
cultural de la Nación carezcan de protección, sino que se regularán por normas
distintas a la Ley 1675 de 2013, como la Ley 397 de 1997. En cuarto lugar, la
determinación de un bien como patrimonio sumergido implica amplias
restricciones al patrimonio de sus propietarios, pues los mismos son
inembargables, inalienables e imprescriptibles, por lo cual no cualquier
hundimiento puede ser considerado automáticamente como patrimonio sumergido.
PATRIMONIO CULTURAL SUMERGIDO-Contenido y alcance
PATRIMONIO CULTURAL SUMERGIDO-Criterios aplicables
PATRIMONIO CULTURAL-Concepto y modalidades
PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION-Protección
PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION-Evolución normativa
PATRIMONIO CULTURAL-Características/PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION-Efectos de
declaración de un bien como parte integrante/PATRIMONIO CULTURAL SUMERGIDO-Atributos/PATRIMONIO
CULTURAL SUMERGIDO-Carácter inalienable, imprescriptible e inembargable
PROTECCION DEL PATRIMONIO SUMERGIDO-Instrumentos internacionales
PATRIMONIO SUMERGIDO-Importancia
PROTECCION DEL PATRIMONIO SUMERGIDO-Evolución
NORMAS SOBRE PATRIMONIO CULTURAL SUMERGIDO-Inexistencia de regresividad
La norma no es
regresiva, pues aquellos bienes cuyo hundimiento no tenga la antigüedad de 100
años pero tengan un valor histórico, arqueológico o cultural, conservan su
protección como patrimonio cultural contemplada en la Ley 397 de 1997. El numeral 2º del artículo 15 no vulnera ninguna de
las normas señaladas por los demandantes, sino que simplemente constituye una
manifestación de la libertad de configuración del legislador en la regulación
del patrimonio sumergido por las siguientes razones: 1. En primer lugar, la
propia norma demandada contiene una restricción especial que impide la entrega
de estos bienes, al afirmar que “en este caso el Ministerio de Cultura podrá
optar por pagar esta remuneración hasta con el 50% de las especies rescatadas que
no constituyan Patrimonio Cultural de la Nación o con su valor en dinero”. 2.
En segundo lugar, la Ley 1675 de 2013 no restringe la protección de los objetos
que son considerados como patrimonio cultural de la Nación por la regulación
general contemplada en la Ley 397 de 1997, sino que por el contrario permite la
extensión de su tutela a eventos en los cuales se considere que el objeto
constituye parte del patrimonio sumergido. Por esta razón, tanto los bienes que
son considerados patrimonio sumergido por la Ley 1675 de 2013, como también
aquellos que tienen la calidad de patrimonio cultural de la Nación en virtud de
la Ley 397 de 1997, conservan sus calidades de inembargabilidad,
imprescriptibilidad e inalienabilidad señaladas en la Constitución.
PATRIMONIO SUMERGIDO-Bienes que lo integran
PATRIMONIO SUMERGIDO-Remuneración a través de bienes que no hayan cumplido
(100) años a partir de la ocurrencia del hecho
Referencia: expediente
D-9966
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1º,
el parágrafo del artículo 2º, el inciso 4º del artículo 3º y el numeral 2º del
artículo 15 de la Ley 1675 de 2013 “Por medio de la cual se reglamentan los
artículos 63, 70 y 72 de la Constitución Política de Colombia en lo relativo al
Patrimonio Cultural Sumergido”.
Magistrado Ponente:
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de julio de dos mil
catorce (2014)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Luis
Ernesto Vargas Silva -quien la preside-, María Victoria Calle Correa, Mauricio
González Cuervo, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo, Gloria Stella Ortiz Delgado, Jorge Iván Palacio Palacio y  Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en
cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de
1991, ha proferido la presente sentencia con fundamento en los
siguientes,
1.     ANTECEDENTES
En
ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, los ciudadanos Carlos
Alberto Baena López y Manuel Antonio Virgüez Piraquive, demandaron la
constitucionalidad del artículo 1º, el parágrafo del artículo 2º, el inciso 4º
del artículo 3º y el numeral 2º del artículo 15 de la Ley 1675 de 2013 “Por
medio de la cual se reglamentan los artículos 63, 70 y 72 de la Constitución
Política de Colombia en lo relativo al Patrimonio Cultural Sumergido”. La
demanda fue radicada con el número D-9966.
1.1.
NORMAS DEMANDADAS
“Ley 1675 de 2013
“Por medio de la cual se reglamentan los artículos
63, 70 y 72 de la Constitución Política de Colombia en lo relativo al
Patrimonio Cultural Sumergido”
ARTÍCULO
1o. OBJETO DE LA LEY. La presente ley tiene por objeto establecer las
condiciones para proteger, visibilizar y recuperar el Patrimonio Cultural
Sumergido, establecido en el artículo 2o
de la presente ley, así como ejercer soberanía y generar conocimiento
científico sobre el mismo.
ARTÍCULO
2o. DEL PATRIMONIO CULTURAL SUMERGIDO. El Patrimonio Cultural Sumergido, de
conformidad con lo previsto en los artículos 63 y 72 de la Constitución Política,
hace parte del patrimonio arqueológico y es propiedad de la Nación. Sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6o de la Ley 397 de 1997, el
Patrimonio Cultural Sumergido está integrado por todos aquellos bienes producto
de la actividad humana, que sean representativos de la cultura que se
encuentran permanentemente sumergidos en aguas internas, fluviales y lacustres,
en el mar territorial, en la zona contigua, la zona económica exclusiva y la
plataforma continental e insular, y otras áreas delimitadas por líneas de base.
Hacen parte de este patrimonio los restos orgánicos e inorgánicos, los
asentamientos, cementerios y toda evidencia física de grupos humanos desaparecidos,
restos humanos, las especies náufragas constituidas por las naves o artefactos
navales y su dotación, sus restos o partes, dotaciones o elementos yacentes
dentro de estas, cualquiera que sea su naturaleza o estado, y cualquiera sea la
causa de la inmersión, hundimiento, naufragio o echazón.
En
consonancia con lo anterior, los bienes declarados como pertenecientes al
Patrimonio Cultural Sumergido estarán sujetos al régimen establecido en la
Constitución Política, al Régimen Especial de Protección y a las disposiciones
particulares fijadas en la Ley 397 de 1997, modificada por la Ley
1185 de 2008, y en la normatividad
vigente para el patrimonio arqueológico, así como a las disposiciones especiales
establecidas en la presente ley.
PARÁGRAFO.
No se consideran Patrimonio Cultural Sumergido los bienes hallados que sean
producto de hundimientos, naufragios o echazones que no hayan cumplido 100 años
a partir de la ocurrencia del hecho, los cuales se regulan por las normas del
Código de Comercio y los artículos 710
y concordantes del Código Civil en cuanto a su salvamento, y por las demás
normas nacionales e internacionales aplicables. Tampoco se consideran aquellos
bienes hallados en hundimientos, naufragios o echazones que hayan cumplido más
de 100 años a partir de su ocurrencia, y que no reúnan las condiciones para ser
considerados pertenecientes al Patrimonio Cultural Sumergido.
ARTÍCULO
3o. CRITERIOS APLICABLES AL PATRIMONIO CULTURAL SUMERGIDO. Para efectos de la
presente ley, se aplicarán los siguientes criterios:
Representatividad:
Cualidad de un bien o conjunto de bienes, por la que resultan significativos
para el conocimiento y valoración de particulares trayectorias y prácticas
socioculturales que hacen parte del proceso de conformación de la nacionalidad
colombiana, en su contexto mundial.
Singularidad:
Cualidad de un bien o conjunto de bienes, que los hace únicos o escasos en
relación con los demás bienes conocidos, relacionados con las particulares
trayectorias y prácticas socioculturales, de las cuales dichos bienes son
representativos.
Repetición:
Cualidad de un bien o conjunto de bienes muebles por la cual resultan
similares, dadas sus características, su condición seriada y por tener valor de
cambio o fiscal, tales como monedas, lingotes de oro y plata o piedras
preciosas en bruto.
Estado de
conservación: Grado de integridad de las condiciones físicas de los materiales,
formas y contenidos originales que caracterizan a un bien o conjunto de bienes
muebles e inmuebles, incluidos los contextos espaciales en los que se
encuentran.
Importancia
científica y cultural: Potencial que ofrece un bien, o conjunto de bienes
muebles o inmuebles, de aportar al mejor conocimiento histórico, científico y
cultural de particulares trayectorias y prácticas socioculturales que hacen
parte del proceso de conformación de la nacionalidad colombiana, en su contexto
mundial.
De acuerdo
con los anteriores criterios y lo establecido en el artículo 2o no se considerarán Patrimonio
Cultural Sumergido:
1. Las
cargas comerciales constituidas por materiales en su estado bruto, cualquiera
sea su origen, tales como perlas, corales, piedras preciosas y semipreciosas,
arenas y maderas.
2. Los
bienes muebles seriados que hubiesen tenido valor de cambio o fiscal tales como
monedas y lingotes.
3. Las
cargas industriales.
ARTÍCULO
15. VALOR DEL CONTRATO Y REMUNERACIÓN DEL CONTRATISTA. Para determinar la
remuneración del contratista en aquellos casos en que se haya contratado la
actividad de la exploración separadamente de la intervención, se tendrán en
cuenta las siguientes reglas:
1. Cuando
se contrate la fase exploratoria, el contratista asumirá integralmente el
riesgo de la actividad, por lo cual en caso de no hacerse un hallazgo, no habrá
lugar a compensación económica alguna.
2.
En los hallazgos que estén constituidos por bienes y materiales que no hagan
parte del Patrimonio Cultural de la Nación, definidos en el artículo 3o
de la presente ley, se remunerará al contratista hasta con el 50% del valor de
los bienes que no constituyen Patrimonio Cultural de la Nación. En este caso el
Ministerio de Cultura podrá optar por pagar esta remuneración hasta con el 50%
de las especies rescatadas que no constituyan Patrimonio Cultural de la Nación
o con su valor en dinero. En este último caso, el valor de los bienes se
establecerá mediante un sistema de peritaje internacional aceptado de común
acuerdo por las partes.
3. Si de
la actividad de la exploración se determina que el hallazgo está constituido
exclusivamente, o hasta en un 80%, por bienes que hagan parte del Patrimonio
Cultural de la Nación, la remuneración del contratista con quien se haya
contratado únicamente la intervención se determinará previamente teniendo en
cuenta la dificultad técnica, las condiciones océano-atmosféricas del área, las
condiciones hidrostáticas, las técnicas que se utilizarán, los equipos
tecnológicos con que se ejecutará, la transferencia de tecnología y la
importancia cultural y arqueológica del Patrimonio Cultural Sumergido. En todo
caso, la remuneración al contratista no superará el cincuenta por ciento (50%)
del valor equivalente a las especies rescatadas. El valor de los bienes se
establecerá mediante un sistema de peritaje internacional aceptado de común
acuerdo por las partes.
4. Cuando
se liciten conjuntamente las actividades de que trata el artículo 4o de la
presente ley, se remunerará al contratista hasta con el 50% del valor de los
bienes que no constituyen Patrimonio Cultural de la Nación. En este caso el
Ministerio de Cultura podrá optar por pagar esta remuneración hasta con el 50%
de las especies rescatadas que no constituyan Patrimonio Cultural de la Nación
o con su valor en dinero. En este último caso, el valor de los bienes se
establecerá mediante un sistema de peritaje internacional aceptado de común
acuerdo por las partes”.
1.2.
LA DEMANDA
Los demandantes señalan que el artículo 1º, el
parágrafo del artículo 2º, el inciso 4º del artículo 3º y el numeral 2º del
artículo 15 de la Ley 1675 de 2013, vulneran los artículos 1º, 2º, 8º, 63 y 72
de la Constitución Política, formulando tres (3) cargos específicos de constitucionalidad:
1.2.1. Cargo respecto del artículo 1º y el parágrafo del
artículo 2º
Los accionantes expresan que el concepto de patrimonio
sumergido contemplado en el parágrafo del artículo 2º y en el artículo 1º de la
Ley 1675 de 2013 vulnera los artículos 2, 8, 63, 70 y 72 de la Constitución
Política por los siguientes motivos:
1.2.1.1.
Señalan que el parágrafo del
artículo 2º excluye del patrimonio sumergido “los bienes hallados que sean
producto de hundimientos, naufragios o echazones que no hayan cumplido 100 años
a partir de la ocurrencia del hecho”, lo cual afecta el patrimonio cultural
de la Nación que no tenga esa antigüedad.
1.2.1.2.
Manifiestan que el artículo 1º
reitera esta exclusión al remitirse al concepto de patrimonio sumergido
consagrado en el artículo segundo de la misma Ley:
“La presente ley tiene por objeto establecer las
condiciones para proteger, visibilizar y recuperar el Patrimonio Cultural
Sumergido, establecido en el artículo 2o
de la presente ley, así como ejercer soberanía y generar
conocimiento científico sobre el mismo”[1].
1.2.1.3.
Afirman que en virtud de las
normas señaladas el Estado pierde su capacidad de ejercer soberanía sobre
bienes que hacen parte el patrimonio cultural que no haya cumplido cien (100)
años desde el hundimiento, los cuales quedan sometidos a la oferta y demanda
del mercado bajo las normas del Código del Comercio y del artículo 710 del
Código Civil, desnaturalizando su esencia representativa, lo cual vulnera los
artículos 2, 8 y 72 de la Constitución Política que exigen la protección del
patrimonio cultural.
1.2.1.4.
Aducen que los bienes del
patrimonio cultural sumergido que se encuentren en el rango menor de cien (100)
años deben protegerse y con la expedición de la Ley 1675 de 2013 perdieron su
status de inalienables, imprescriptibles e inembargables, vulnerando lo
dispuesto en los artículos 63 y 72 de la Constitución.
1.2.1.5.
En este sentido, exponen que
los bienes hallados en hundimientos o echazones que no hayan cumplido más de cien
(100) años a partir de su ocurrencia y que no reúnan las condiciones para ser
considerados pertenecientes al patrimonio cultural sumergido deben de la misma
forma ser protegidos por el Estado en virtud de la obligación contenida en el
artículo 63 Superior en conexidad con el artículo 8º, teniendo en cuenta que la
Constitución como medida de protección da el carácter de inalienable con el fin
de sacarlos del comercio.
1.2.1.6.
Manifiestan que las normas
demandadas soslayan la identidad cultural al permitir la circulación de los
bienes en el mercado, los cuales salen del haber del Patrimonio de la Nación,
desconociéndose la prevalencia del interés general consagrada en el artículo 1º
de la Constitución.
1.2.1.7.
Expresan que no considerar
patrimonio sumergido los bienes hallados que sean producto de hundimientos,
naufragios o echazones que no hayan cumplido cien (100) años a partir de la
ocurrencia del hecho, así como permitir su regulación por normas de carácter
privado y comercial implica desconocer los lineamientos señalados por la UNESCO
en la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático de 2001.
1.2.2. Cargo frente al inciso 4º del artículo 3º
Los demandantes consideran que el inciso 4º del
artículo 3º de la Ley 1675 de 2013 vulnera los artículos 8º, 63, 70 y 72 de la
Constitución Política por los siguientes motivos:
1.2.2.1.
Señalan que de acuerdo al
criterio de repetición consagrado en el inciso 4º del artículo 3º, los objetos
que hubiesen obtenido algún tipo de valor cambiario, seriado o repetido no
serán tenidos en cuenta para protegerlos como patrimonio cultural sumergido,
estableciendo así una restricción numérica a los objetos bajo este criterio.
1.2.2.2.
En este inciso, el criterio de
repetición que utiliza el legislador tiene como fin excluir los objetos así
considerados de la calidad de patrimonio cultural sumergido. De esta forma, los
bienes muebles que resultan similares por su condición seriada tales como
monedas, lingotes de oro y plata o piedras preciosas por tener una condición de
repetición saldrán del espectro que cobijaría la protección del Estado a los
objetos declarados como patrimonio cultural sumergido.
1.2.2.3.
Manifiestan que de la norma
citada y a su vez de lo expuesto por el Consejo de Estado se concluye que el
legislador al establecer una diferenciación entre los bienes que son patrimonio
cultural de la Nación y se encuentran en la superficie con aquellos que se
encuentran sumergidos incurre en un error de grandes proporciones, pues el Constituyente
en los artículos 63, 70 y 72 no hace referencia a ninguna distinción y
simplemente y de manera general exige la protección del patrimonio cultural sin
determinar si el mismo se encuentra en la superficie o bajo las aguas.
1.2.2.4.
Afirman que se excluyen de la
definición de patrimonio sumergido los hallazgos de piedras preciosas
semipreciosas y el oro en lingotes o monedas, lo cual contradice normas que de
común acuerdo se establecieron en el ICOMOS (International Council on
Monuments and Sites) según el cual: “el patrimonio arqueológico
representa la parte de nuestro patrimonio material, para la cual los métodos de
la arqueología nos proporcionan la información básica. Engloba todas las
huellas de la existencia del hombre y se refiere a los lugares donde se ha
practicado cualquier tipo de actividad humana, a las estructuras y los
vestigios abandonados de cualquier índole, tanto en la superficie, como
enterrados, o bajo las aguas, así como al material relacionado con los mismos”.
1.2.2.5.
Aducen que según el Concepto
1491 del 12 de junio de 2003 del Consejo de Estado, las especies náufragas
hacen parte del patrimonio cultural de la Nación sin hacer ninguna
diferenciación y sin importar la localización de los bienes.
1.2.2.6.
Por lo anterior, concluyen que
siendo un bien repetido o no seriado o con algún valor fiscal en cualquier
época y que se encuentre sumergido aun así gozara de la declaratoria de patrimonio
cultural de la Nación debido a que la protección constitucional no establece
una especial diferenciación, por lo tanto las especies náufragas deben regirse
por las mismas reglas de las que se encuentren en la superficie.
1.2.2.7.
En este sentido, afirman que
el inciso 3º del artículo 3º de la Ley 1675 de 2013 debería ser declarado
inexequible por violar la Constitución Política en sus artículos 2º, 8º, 63, 70
y 72, por cuanto el criterio de repetición no permite el acceso pleno de los
ciudadanos a los principios y valores establecidos en la Carta como es el
acceso a la cultura y a la preservación de la identidad nacional y cultural.
1.2.3. Cargo frente al numeral 2º del artículo 15
Los actores aducen que el numeral 2º del artículo 15
de la Ley 1675 de 2013 contraría el mandato dispuesto en el artículo 8º
constitucional que establece la obligación del Estado de proteger las riquezas
culturales y naturales de la Nación y vulnera lo dispuesto en los artículos 63,
70 y 72 de la Constitución Política:
1.2.3.1.
Plantean que una remuneración
a través de pagos realizados con bienes que por su naturaleza son inalienables
y tienen valor cultural pese a no haber cumplido cien (100) años a partir de la
ocurrencia del hecho desconoce los artículos  8º, 63, 70 y 72 de la
Constitución.
1.2.3.2.
Manifiestan que el artículo 8º
de la Constitución establece que “es obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación”, por lo cual
establecer una remuneración mediante la entrega de bienes que por su naturaleza
son inalienables y tienen valor cultural pese a no haber cumplido cien (100)
años, resulta claramente contrario a lo establecido en los artículos 8, 63, 70
y 72 de la Constitución y a la línea jurisprudencial que sobre la materia
señaló la Corte Constitucional en la Sentencia C – 125 de 2011[2]:
“La Nación colombiana cuenta con una inmensa riqueza
cultural conformada con bienes tangibles e intangibles, entre los que se cuenta
piezas elaboradas por nuestros ancestros, elementos que deben ser protegidos de
actividades delictuales o de transferencias ilícitas empleadas en desmedro de
un patrimonio que hace parte integral de nuestra identidad”.
1.2.3.3.
Afirman que el artículo 63 de
la Constitución Política establece que “los bienes de uso público, los
parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de
resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que
determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables”,
mientras que el artículo 72 señala que “el patrimonio arqueológico y otros
bienes culturales que conforman la identidad nacional, pertenecen a la Nación y
son inalienables, inembargables e imprescriptibles”; por lo cual, el patrimonio
cultural de la Nación no podría ser entregado a particulares como remuneración
por la realización de un hallazgo.
1.2.3.4.
Indican que la facultad del
Ministerio de Cultura de pagar la remuneración por la intervención o la
exploración con bienes que por definición del parágrafo del artículo 2º de esta
misma ley establece que no son parte del Patrimonio Cultural de la Nación es
una situación abiertamente inconstitucional y contraria a lo establecido en los
artículos 70 y 72 de la Constitución.
1.2.3.5.
Exponen que la posibilidad de
que objetos que hacen parte de la riqueza cultural de la Nación pasen a manos
privadas menoscaba abiertamente el derecho que tienen todos los ciudadanos de
acceder a esa riqueza cultural que se encuentra sumergida, lo cual es contrario
a lo determinado por el artículo 70 Superior y a las normas que hacen parte del
bloque de constitucionalidad, como los tratados y convenios que Colombia ha
suscrito y ratificado sobre la materia como la Declaración Universal de
Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales.
En este sentido, manifiesta que el artículo quince del
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales exige la
conservación, el desarrollo y la difusión de la cultura, lo cual es desconocido
por la norma demandada:
“1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen
el derecho de toda persona a:
a) Participar en la vida cultural;
b) Gozar de los beneficios del progreso científico y
de sus aplicaciones;
c) Beneficiarse de la protección de los intereses
morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones
científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
2. Entre las medidas que los Estados Partes en el
presente Pacto deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este
derecho, figurarán las necesarias para la conservación, el desarrollo y la
difusión de la ciencia y de la cultura.
3. Los Estados Partes en el presente Pacto se
comprometen a respetar la indispensable libertad para la investigación
científica y para la actividad creadora.
4. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen
los beneficios que derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las
relaciones internacionales en cuestiones científicas y culturales”[3]
(negrillas y subrayado
fuera de texto).
1.3.
INTERVENCIONES
1.3.1. Ministerio de Justicia y del Derecho
La apoderada del Ministerio de Justicia y del Derecho
solicita a la Corte que se declare la constitucionalidad de las normas
demandadas por las siguientes razones:
1.3.1.1.   Indica que reitera los argumentos de constitucionalidad de las
disposiciones acusadas dentro de este proceso y que fueron expuestas en el
expediente D-9878, ya que considera que tales previsiones se encuentran conforme
a la Constitución frente a la obligación que tiene el Estado de proteger el patrimonio
cultural y arqueológico de la Nación, promover el acceso a la cultura y cumplir
el principio de progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales.
1.3.1.2.   Manifiesta que se deben tener en cuenta las consideraciones que
fueron incluidas en la exposición de motivos durante el trámite legislativo del
Proyecto de Ley 125 de 2011 Cámara, 185 de 2012 Senado por medio del cual se
reglamentan los artículos 63, 70 y 72 de la Constitución Política en lo
relativo al patrimonio cultural sumergido que dio origen a la Ley 1675 de 2013.
1.3.1.3.   Señala que con la Ley 1675 de 2013 se tiene un marco normativo
propio que regula de manera integral el tema de patrimonio cultural sumergido,
el cual determina qué hace parte de esa clase de patrimonio y establece las
etapas y actividades a desarrollar en materia de intervención y exploración del
mismo.
1.3.1.4.   Aduce que uno de los propósitos de la Ley demandada era precaver litigios
jurídicos en contra del Estado originados ante el vacío jurídico que existía
frente al tema de patrimonio cultural sumergido, ya que anteriormente se
definían estos asuntos en sede judicial a través de los tribunales respectivos.
1.3.2. Intervención del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
La representante del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público le solicita a la Corte Constitucional que se declaren ajustadas a la
Constitución las normas demandadas, por los siguientes argumentos:
1.3.2.1.   Manifiesta que mediante la Ley 1675 de 2013 el legislador facultó
al Estado para proteger de manera efectiva el patrimonio cultural sumergido al
definir qué hace parte y qué no del mismo, estableciendo las actividades que
pueden realizarse sobre este, las medidas que debe adoptar el Estado para
protegerlo y adicionalmente creando un mecanismo de asociación entre la Nación
y los privados para la extracción de naufragios y bienes arqueológicos
sumergidos, entre otros.
1.3.2.2.   Señala que la norma demandada es el desarrollo del artículo 72 de
la Constitución, ya que tiene por objeto establecer las condiciones para
proteger, viabilizar y recuperar el patrimonio cultural sumergido y en donde se
establece que el patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del
Estado y que éste es inalienable, inembargable e imprescriptible.
1.3.2.3.   Indica que la definición que hace el legislador de los bienes que
hacen parte y los que no conforman el patrimonio cultural sumergido no es
inconstitucional, ya que hace parte de la cláusula general de competencias que
pretende proteger efectivamente los bienes que representan la identidad
nacional.
1.3.2.4.   Aduce que mediante la Ley demandada el legislador quiso hacer
atractiva la extracción del patrimonio cultural sumergido determinando los
porcentajes máximos del valor del hallazgo que pueden entregársele al
contratista, constituya o no parte del patrimonio cultural sumergido, en donde
se diferenciará la forma de pago en cada caso.
1.3.2.5.   Manifiesta que frente a la remuneración del contratista se aprecia
la protección de los bienes que constituyen el patrimonio cultural sumergido
los cuales son de propiedad de la Nación y nunca se entregarán a los
particulares como forma de pago y garantiza la entrada de mayores recursos al
tesoro público por concepto de bienes que el legislador consideró que no son
parte de esta clase de patrimonio.
1.3.2.6.   Plantea que la forma de remuneración del contratista que realiza
actividades de exploración y extracción de bienes sumergidos es coherente con
las demás disposiciones de la Ley, por lo que considera que la disposición
demandada no es inconstitucional ya que la obligación del Estado no es proteger
bienes que no hacen parte del patrimonio cultural o arqueológico.
1.3.3. Intervención del Instituto Colombiano de Antropología e Historia -
ICANH
La representante del Instituto Colombiano de
Antropología e Historia –ICANH- le solicita a la Corte Constitucional que sea
declarada la constitucionalidad de las normas demandadas con base en las
siguientes razones:
1.3.3.1.   Señala que la Ley 1675 de 2013 determina de manera pertinente los
principios sobre los cuales se debe actuar frente a los materiales y contextos
que se encuentran permanentemente sumergidos generando la certeza frente a que
los bienes que están en agua colombiana son colombianos.
1.3.3.2.   Manifiesta la importancia que tienen en la formación de la Nación
Colombiana los hechos y procesos que están asociados al agua como la pesca, la
navegación, el comercio, la investigación científica y la seguridad humana
frente a fenómenos naturales, los cuales hacen parte de la identidad de la
Nación.
1.3.3.3.   Afirma que reconocer la existencia de la cultura en medios
acuáticos implica realizar adecuaciones legales, técnicas y científicas para
poder asumir el reto de conocer, preservar y divulgar el contenido de esos
bienes, implementaciones que contempla la Ley en cuestión, ya que todo
procedimiento sobre patrimonio cultural sumergido debe garantizar los protocolos
técnicos pertinentes para lograr recuperar la información contenida en los
contextos intervenidos.
1.3.3.4.   Indica que la Ley mantiene la consideración de la indivisibilidad
del contexto arqueológico el cual está constituido por todos los objetos y por
todas las condiciones físicas asociadas y por el conjunto de relaciones que se
establecen entre todos ellos. Además la norma demandada extiende tal
consideración sobre las responsabilidades que deben cumplir los profesionales
que intervienen en el patrimonio.
1.3.3.5.   Expresa que la Ley 1675 de 2013 contempla la posibilidad de
decretar áreas arqueológicas protegidas, convirtiéndose en un instrumento
fundamental para la conservación patrimonial.
1.3.3.6.   Finaliza su intervención manifestando que los señalamientos que
realizan los accionantes se deben estudiar en un contexto amplio e integral de
lo que conlleva la protección del patrimonio cultural sumergido y no de manera
textual y explícita de la equívoca interpretación a la aplicabilidad de la
norma constitucional en contraste con la Ley demandada.
1.3.4. Intervención del Ministerio de Defensa Nacional
La representante del Ministerio de Defensa Nacional
solicita se declare la exequibilidad de los artículos 1, 2, 15 y artículo 3
parcial de la Ley 1675 de 2013 debido a las siguientes consideraciones:
1.3.4.1.   Indica que el patrimonio cultural de la Nación es general mientras
que el interés cultural es especial lo que hace que los bienes de la primera categoría
no siempre pertenezcan a la segunda. Sin embargo, aquellos bienes que tienen
interés cultural debido a su declaratoria siempre hacen parte del patrimonio cultural
de la Nación.
1.3.4.2.   Enuncia que las expresiones demandadas no se dirigen a excluir la
protección de los bienes del Patrimonio Cultural de la Nación, sino por el
contrario a conceder un especial cuidado y garantía a los que se consideran de
interés cultural.
1.3.4.3.   Manifiesta que mediante la aplicación de la Ley General de la
Cultura y las normas que regulan los bienes que son declarados de interés
cultural, se establecen restricciones y garantías frente a los mismos por lo
que se excluye a los bienes que hacen parte del patrimonio cultural de la
Nación y que no se han declarado de interés cultural.
1.3.4.4.   Aduce que al realizar una interpretación sistemática de las normas
sobre la protección del patrimonio cultural de la Nación se evidencia que
además de la Ley 397 de 1997 existe un conjunto de leyes y tratados
internacionales que consagran otras formas de protección a la integridad del patrimonio
cultural de la Nación. De lo anterior deduce que la inaplicación de la Ley de
la Cultura para bienes que no han sido declarados como de interés cultural no
implica un descuido o abandono de los deberes de protección del patrimonio
cultural que tiene la Nación ni del fomento de acceso a la cultura.
1.3.5. Intervención de la Universidad Externado de Colombia
La representante de la Facultad de Derecho de la
Universidad Externado de Colombia solicita a la Corte que se declare la
inexequibilidad de las expresiones demandadas con base en los siguientes
fundamentos:
1.3.5.1.   Indica que la norma acusada viola los artículos 8º, 63, 70 y 72
otras normas constitucionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad
como los artículos 4º, 5º, 15 y 23 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, el artículo 26 del Pacto de San José de
Costa Rica y los artículos 1º, 5º y 14 del Protocolo de San Salvador.
1.3.5.2.   Formula que las disposiciones demandadas violan las normas
anteriormente señaladas por cuanto restringen injustificadamente, sin tener en
cuenta la promoción del bienestar general, la protección constitucional
reforzada del Patrimonio Arqueológico de la Nación que determina la
Constitución y que exige a todos los poderes públicos, en especial el
legislativo, la adopción de medidas legislativas pro patrimonio.
1.3.5.3.   Aduce que la Constitución establece una protección reforzada del
patrimonio arqueológico la cual ha sido reconocida en diferentes considerandos
del Decreto 833 de 2002 que reglamentó de manera parcial la Ley 397 de 1997
frente al patrimonio arqueológico.
1.3.5.4.   Expresa que por el hecho que la Constitución no defina qué es el
patrimonio arqueológico ni el patrimonio cultural el legislador no cuenta con
una libertad de configuración arbitraria para su determinación.
1.3.5.5.   Señala que la protección especial establecida en los artículos 63
y 72 de la Constitución interpretados sistemáticamente con otras disposiciones
constitucionales que se consideran vulneradas (artículos 4º, 5º, 15 y 23 del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el artículo 26 del
Pacto de San José de Costa Rica y los artículos 1º, 5º y 14 del Protocolo de
San Salvador) establece un imperativo al legislador para tomar las medidas más
protectoras posibles frente al patrimonio arqueológico de la Nación, a menos
que la promoción del interés general permita limitarla.
1.3.5.6.   Enuncia que si uno de los objetos que fueron excluidos por el
legislador en el artículo 3° demandado se encontrara en tierra, tiene
protección jurídica mientras que gracias a la Ley que se demanda si el bien se
encuentra sumergido deja de pertenecer al Patrimonio Arqueológico. En este
sentido, resalta que la Constitución no admite una distinción en cuanto a la
protección entre el patrimonio en tierra y patrimonio en agua por lo tanto la
medida incluida en la Ley 1675 de 2013 es regresiva y el legislador debe estar
orientado por la progresión de los derechos económicos, sociales y culturales.
1.3.6. Intervención del Ministerio de Cultura
El Jefe de la Oficina Asesora del Ministerio de
Cultura le solicita a la Corte Constitucional que se declare inhibida frente a
los cargos formulados contra los artículos 1 y 2 de la Ley 1675 de 2013 y
declarar exequibles las disposiciones acusadas contenidas en los artículos 3 y
15 por los siguientes motivos:
1.3.6.1.   Plantea
frente al cargo propuesto en contra del artículo 1º de la
Ley 1675 de 2013 que no es posible determinar claramente si la expresión “como
los indicados en los artículos 2 y 3” alude o ejemplifica los bienes a los que
se restringe la protección o a los que debería extenderse la misma.
1.3.6.2.   Considera que la acusación contra el artículo primero no es clara,
específica y pertinente, por lo que sería procedente declarar la ineptitud de
la acusación frente a una decisión de fondo. De igual manera indica que si se
produce una decisión de fondo se debe declarar exequible el artículo en
cuestión
1.3.6.3.   Señala que frente a los cargos contra el artículo segundo también
procedería la declaratoria de la ineptitud de la demanda ya que en la misma no
se establecieron de manera adecuada las normas que se consideraban vulneradas
ni tampoco los motivos por los cuales se genera tal vulneración. Sin embargo,
manifiesta que si se pronuncia de fondo se debe declarar la constitucionalidad
del artículo demandado.
1.3.6.4.   Aclara que el Estado no se opone a la propiedad privada de bienes
culturales ni a la explotación económica de los mismos sino que la Constitución
establece además de la protección para la propiedad privada también que se
proteja a las industrias culturales.
1.3.6.5.   Indica que frente a los cargos propuestos contra el artículo 3º se
realiza una interpretación errónea de la Ley ya que se consideró al criterio de
repetición aislado de los otros criterios como si fuera el único factor para
tener en cuenta al momento de calificar el valor de los distintos bienes.
1.3.6.6.   Manifiesta que al definirse la constitucionalidad de los artículos
2º y 4º de la Ley se deriva que los bienes que se rescaten pueden ser
catalogados como patrimonio cultural de la Nación o pueden estar bajo la
titularidad del Estado así no tengan tal connotación. En este sentido, señala
que los bienes que se rescaten y que no tengan la connotación de patrimonio
cultural de la Nación estarían sujetos a hacer parte del comercio jurídico por
lo que no existe un impedimento constitucional para que el Estado pague con
bienes que hacen parte de ese comercio a un contratista. Por lo tanto no
observa que se vulneren disposiciones de la Constitución frente a lo dispuesto
en el artículo 15 de la Ley 1675 de 2013.
2.
CONCEPTO DEL MINISTERIO
PÚBLICO
El Procurador General de la Nación solicita a la Corte
Constitucional declararse inhibida para conocer de la demanda contra las
expresiones contenidas en los artículos 1º y 2º de la Ley 1675 de 2013 y la
declaratoria de exequibilidad frente a las expresiones contenidas en el
parágrafo del artículo 2º, el artículo 3º de la Ley 1675 de 2013 y el numeral 2º
del artículo 15 de la misma Ley, por las siguientes razones:
2.1.
Señala que los argumentos planteados frente
a los cargos presentados contra los apartes de los artículos 1º y 2º de la Ley
1675 de 2013 no fueron claros ni específicos en la formulación de los mismos ya
que tan solo se realizan simples afirmaciones sin las correspondientes
explicaciones, resultando contrario al orden superior abordar el estudio de
inconstitucionalidad que se solicita. Por lo anterior, le solicita a esta
Corporación que se declare inhibida para conocer de fondo sobre tales
cuestionamientos.
2.2.
Frente al cargo dirigido contra el primer
aparte del artículo 2º de la Ley 1675 de 2013 formulado debido a la remisión
normativa que hace el artículo 1º de la misma Ley, señala que los demandantes se
limitan a indicar que no considerar patrimonio cultural sumergido los bienes
hallados producto de hundimientos, naufragios o echazones sin cumplir los cien
(100) años desde la ocurrencia del hecho desconoce los lineamientos de la jurisprudencia
internacional.
2.3.
Reitera los argumentos contenidos en el
Concepto No. 5681 de 26 de noviembre de 2013 realizados en relación con el
artículo 3º de la Ley 1675 de 2013:
2.3.1. Todos los bienes bajo las aguas, el suelo y el subsuelo marino
desde nuestra independencia nacional son de la Nación y el Estado Colombiano,
incluyendo los bienes posteriores que han prescrito por el paso del tiempo a
favor de la República por la condición de Soberanía Nacional y Estatal de la
cual gozamos.
2.3.2. El derecho de propiedad del Estado incluyendo el ejercido frente a
los bienes marinos y submarinos es un asunto de Soberanía Nacional y por lo
tanto de Derecho interno, máxime cuando el Estado colombiano no es parte de
instrumentos de Derecho internacional público relacionados con lo que la Ley
1675 de 2013 define como Patrimonio Cultural Sumergido.
2.3.3. Mediante los artículos 8º, 63 y 72 de la Constitución se
estableció la obligación del Estado de proteger las riquezas culturales de la
Nación. Dentro de ellas el patrimonio arqueológico de la misma ya que éste hace
parte de la identidad nacional, pertenece a la misma y es inalienable,
imprescriptible e inembargable.
2.3.4. Indica que en la Ley 397 de 1997, el legislador adoptó un criterio
de calificación total de las especies náufragas, según el cual se produjeron
métodos para la exploración y remoción del Patrimonio Cultural Sumergido para
evitar su destrucción. Así mismo, manifestó que con la norma citada se le
permitía a cualquier persona, natural o jurídica, nacional o extranjera hacer
exploración y remoción del patrimonio cultural sumergido, previa autorización
gubernamental.
2.3.5. Señaló que en la Sentencia C-474 de 2003, la Corte Constitucional
declaró inexequible la obligación del denunciante de ofrecer primero a la
Nación objetos que por derecho le pertenecían y luego a otras entidades, y
declaró ajustado a la Constitución el derecho del denunciante del hallazgo a un
porcentaje del valor bruto de las especies náufragas el cual no puede ser pagado
con las que integran el patrimonio arqueológico y cultural nacional.
2.3.6. Manifestó que la Convención de la UNESCO sobre la Protección del
Patrimonio Cultural Subacuático de 2001 y de la cual Colombia no es parte,
tiene un criterio absoluto de lo que es el patrimonio cultural subacuático en
función que el mismo permanezca siempre “in situ” tomando como parte de
tal patrimonio buques y su cargamento u otro contenido junto con su contexto
arqueológico y natural.
2.3.7. Indicó que las razones que tuvo el Gobierno Nacional para
presentar el proyecto de Ley que dio origen a la Ley 1675 de 2013 fueron la
necesidad de conciliar el derecho de todos los colombianos a conocer y gozar
del patrimonio cultural sumergido incluyendo los costos de su extracción
mediante la cual se garantice claridad y seguridad jurídica en las relacione
que se establezcan para su explotación y extracción.
2.4.
Afirmó que los artículos 2º y 14 de la Ley
1675 de 2013 establecen además un procedimiento especial que salvaguarda el
patrimonio sumergido: (i) el Estado y quien haga labores de exploración
e intervención tienen la obligación de levantar un archivo científico y
técnicamente completo, integral y detallado del hallazgo; (ii) se debe
entregar al Banco de la República una muestra representativa de los bienes
extraídos que no constituyan patrimonio cultural sumergido bajo el concepto de
repetición, en especial de materiales preciosos en su estado bruto y de bienes
que hubieren tenido valor de cambio o fiscal como lingotes, barras o monedas; (iii)
antes de acudir al mercado con el fin de contratar labores de exploración e
intervención del patrimonio cultural sumergido se debe tratar de asumir dichas
labores directamente gestionando los contratos interadministrativos pertinentes
y sólo si se llega a determinar que no es posible se acudir a su contratación.
2.5.
Señala que la determinación de que el
derecho de propiedad analizado en cabeza de la Nación para el caso de los
bienes hallados producto de hundimientos, naufragios o echazones que hayan
cumplido cien (100) años o más a partir de la ocurrencia del hecho, formen o no
parte del patrimonio cultural sumergido, es esencial para las finalidades y
propósitos de la Ley 1675 de 2013, en especial con el tema de la remuneración
de los contratistas que realicen labores de exploración e intervención de los
hallazgos mediante bienes que no formen parte del patrimonio cultural
sumergido, tal y como está estipulado en los numerales 2º y 4º del artículo 15
de la citada Ley y lo relacionado con la destinación presupuestal por la
comercialización de los bienes que no pertenecen al patrimonio  cultural
sumergido, de acuerdo a lo expresado en el artículo 18.
2.6.
Solicita que se declare la exequibilidad
de las normas demandadas entendiendo que el derecho de propiedad de los bienes
hallados que sean producto de hundimientos, naufragios o echazones que hayan
cumplido cien (100) años o más a partir de la ocurrencia del hecho,
independientemente de que formen o no formen parte del patrimonio cultural
sumergido, pertenecen a la Nación.
2.7.
Manifestó que no hay duda que el derecho
de propiedad de los bienes que siendo producto de hundimientos, naufragios o
echazones que hayan cumplido cien (100) años o más a partir de la ocurrencia
del hecho, cuando los mismos se encuentran diseminados en el fondo del mar como
resultado de la causa o consecuencia del hundimiento, está en cabeza de la
Nación por lo que se solicita se declare exequible las expresiones demandadas.
2.8.
Señaló que el Ministerio de Cultura debe
solicitar el acompañamiento preventivo de organismos de control en los
procesos, labores y actividades de exploración e intervención sobre el
patrimonio cultural subacuático.
2.9.
Expresó que la remuneración para labores
de exploración y extracción de patrimonio cultural sumergido se debe realizar
bajo el concepto de economía de escala. En este sentido, frente a bienes que se
extraigan y que no se declaren como patrimonio cultural subacuático que le
pertenezcan al Estado se deben enajenar a personas y organismos públicos y privados
nacionales e internacionales partiendo de su valor histórico agregado y no sólo
por el valor precioso intrínseco de los mismos.
2.10.
Señaló que el derecho de propiedad de los
bienes hallados producto de hundimientos, naufragios o echazones que hayan
cumplido cien (100) años o más a partir de la ocurrencia del hecho,
independientemente de que formen o no formen parte del patrimonio cultural
sumergido, pertenecen a la Nación.
3.
CONSIDERACIONES
Y FUNDAMENTOS
3.1.
COMPETENCIA
Conforme
al artículo 241 ordinal 4º de la Constitución, la Corte es competente para
conocer de la constitucionalidad de los artículos demandados, ya que se trata
de una demanda de inconstitucionalidad en contra de normas que hacen parte de
una Ley de la República.
3.2.
ADMISIBILIDAD DE LOS CARGOS
Y COSA JUZGADA
3.2.1. Admisibilidad del primer cargo formulado
Los accionantes
señalan que el concepto de patrimonio sumergido contemplado en el parágrafo del
artículo 2º y en el artículo 1º de la Ley 1675 de 2013 vulnera los artículos 2º,
8º, 63, 70 y 72 de la Constitución Política porque  no considera patrimonio sumergido
los bienes hallados que sean producto de hundimientos, naufragios o echazones
que no hayan cumplido cien (100) años a partir de la ocurrencia del hecho. Se
considera que este cargo cumple con los requisitos de certeza, claridad,
pertinencia, suficiencia y especificidad, por lo cual se analizará en esta
sentencia:
3.2.1.1.Es cierto, pues efectivamente el parágrafo del
artículo 2º de la Ley 1675 de 2013 y por remisión al mismo, el artículo 1º de
la misma Ley, señalan que no se consideran
como patrimonio sumergido aquellos bienes hallados en hundimientos, naufragios
o echazones que hayan cumplido más de cien (100) años a partir de su
ocurrencia.
3.2.1.2.Es claro, pues en relación con este caso los demandantes
explican de manera detallada todos los aspectos por los cuales considera que la
norma es inconstitucional.
3.2.1.3.Es pertinente, pues el problema jurídico planteado
sobre la limitación del concepto de patrimonio sumergido tiene clara relevancia
constitucional, pues éste hace parte del patrimonio cultural reconocido entre
otros en los artículos 72 y 333 de la Carta Política.
3.2.1.4.Es suficiente, pues los demandantes señalan ampliamente
las razones por las cuales considera que la norma demandada vulnera los
artículos  2º, 8º, 63, 70 y 72 de la Constitución Política de Colombia.
3.2.1.5.
Es específico, pues
se formula un cargo concreto relacionado con las disposiciones que se acusan.
3.2.2. Configuración de cosa juzgada frente al segundo cargo
La cosa juzgada constitucional se
puede definir como el carácter inmutable de las sentencias de la Corte
Constitucional[4],
cuyo principal efecto es que una vez esta Corporación se ha pronunciado de
fondo sobre la exequibilidad de un determinado precepto, no puede volver a
ocuparse del tema[5],
tal como ha ocurrido en este caso en relación con el segundo cargo, pues la
Corte ya decidió la constitucionalidad del inciso 4º del artículo 3º de la Ley
1675 de 2013, el cual fue demandado por las mismas razones expuestas por los demandantes.
Los demandantes señalan que el criterio de repetición
consagrado en el inciso 4º del artículo 3º de la Ley 1675 de 2013 vulnera los
artículos 8º, 63, 70 y 72 de la Constitución,  pues en virtud del mismo, los
objetos que hubiesen obtenido algún tipo de valor cambiario, seriado o repetido
no serán tenidos en cuenta para protegerlos como Patrimonio Cultural Sumergido,
estableciendo así una restricción numérica a los objetos bajo este criterio.
Por su parte, la Sentencia C-264 de 2014[6], decidió una
demanda que señalaba que el
inciso cuarto de la Ley 1675 de 2013 que consagra el principio de repetición,
vulneraba el derecho al patrimonio cultural de la Nación al excluir un bien o conjunto de bienes de la protección
especial con fundamento en la ‘similitud’ que se puede presentar entre cosas
muebles que compartan como características su condición seriada y valor de
cambio o fiscal.
En virtud de este cargo, la Sala Plena estudio “si
el criterio de repetición definido en el artículo 3º de la Ley 1675 de 2013
como la: “cualidad de un bien o conjunto de bienes muebles por la cual resultan
similares, dadas sus características, su condición seriada y por tener valor de
cambio o fiscal, tales como monedas, lingotes de oro y plata o piedras
preciosas en bruto”, contradice el mandato constitucional consagrado en los
artículo 63  y 72 de la Constitución”.
En dicha
sentencia, la Corte encontró que con los numerales 1 y 2 del artículo 3º de la
Ley 1675 el legislador excluye directamente y a priori del patrimonio cultural,
los bienes mencionados en los numerales demandados, lo cual deviene en la
inconstitucionalidad de las disposiciones acusadas toda vez que contradicen el mandato
del Constituyente contenido en los artículo 63, 70 y 72 superiores, de
promover, proteger y garantizar el derecho al acceso a la cultura de todos los
colombianos.
Adicionalmente
consideró que a partir del encabezado que introducía los numerales  impugnados
en el artículo 3º se limitaba el poder de selección que de acuerdo con el
artículo 14 de la Ley 1675 de 2013 le corresponde al Consejo Nacional del
Patrimonio Cultural, obligándolo a excluir dichos bienes.
En ese
sentido, estimó la Corte que para hacer compatible la voluntad del legislador
materializada en la Ley 1675 de 2013 con lo establecido en la Constitución
Política de Colombia, los numerales 1 y 2 de su artículo 3º deben ser
declarados inexequibles, permitiendo con ello que el Consejo Nacional de
Patrimonio Cultural decida qué bienes de un hallazgo son considerados
patrimonio cultural sumergido, sin más condicionamientos que los impuestos por
los criterios de representatividad, singularidad, repetición, estado de
conservación e importancia científica, en los términos consignados en el
artículo 3º de la Ley 1675 de 2013 y lo dispuesto en el artículo segundo de la
misma norma.
Frente a la
impugnación planteada por los demandantes en contra del criterio de repetición,
se consideró que no contradice la Constitución y en ese sentido debe ser
declarado exequible, en la medida en que el criterio de repetición es uno de
cinco criterios que deberán ser ponderados de forma razonable por el Consejo
Nacional del Patrimonio Cultural, entidad que entrará a determinar los bienes
que del inventario total recuperado en un hallazgo, pasen a formar parte del
patrimonio cultural sumergido de la Nación y los que no. Además se resaltó que,
bajo ninguna circunstancia el Consejo Nacional del Patrimonio Cultural podrá
excluir, alegando la aplicación del criterio de repetición, la totalidad de los
bienes que cumplan con las características descritas en el inciso cuarto del
artículo 3º de la Ley 1675 de 2013, pues consideró la Corte que la autoridad
competente tiene a su cargo determinar si debe ser reservada una muestra
representativa de dichos bienes al Estado como una medida necesaria para
garantizar el acceso a la cultura de la Nación.
De esta
manera, señaló que al permitir que una muestra representativa de los bienes
recuperados del fondo del mar que cumplan con el criterio de repetición, sea
guardada por el Estado y puesta a disposición de la Nación, se está cumpliendo
con el mandato constitucional de promover y fomentar el acceso a la cultura de
todos los colombianos en igualdad de condiciones, consignado en el artículo 70
Superior.
Igualmente,
concluyó la Corte que cuando se trate de un hallazgo en el cual se encuentren
bienes seriados, un número múltiple de lingotes, monedas, piezas de oro y/o plata,
o piedras preciosas en bruto, el Consejo deberá complementar la aplicación del
criterio de repetición con el principio de unidad, que si bien no es uno de los
criterios del artículo 3º de la Ley 1675 de 2013, se encuentra consignado en el
inciso 3º del literal b del artículo 4º de la Ley 397 de 1997, modificado por
el artículo 1º de la Ley 1185 de 2008, en los siguientes términos: “La
declaratoria de interés cultural podrá recaer sobre un bien material en
particular, o sobre una determinada colección o conjunto caso en el cual la
declaratoria contendrá las medidas pertinentes para conservarlos como una
unidad indivisible”.
De esta manera, es claro que la Sentencia C-264 de
2014[7]
examinó el inciso demandado por los accionantes en el segundo cargo por las
mismas razones aducidas por éste, por lo cual se configura el fenómeno de la
cosa juzgada constitucional (art. 243 C.P.). De esta manera, sólo procede
ordenar que se esté a lo resuelto en la citada providencia en relación con este
cargo.
3.2.3. Admisibilidad del tercer cargo formulado
Los demandantes
manifiestan que el numeral 2º del artículo 15 de la Ley 1675 vulnera lo
dispuesto en los artículos 8º, 63, 70 y 72 de la Constitución Política al
establecer una remuneración a través de pagos con bienes que por su naturaleza
son inalienables y tienen valor cultural pese a no haber cumplido cien (100)
años a partir de la ocurrencia del hecho. Se considera que este cargo cumple
con los requisitos de certeza, claridad, pertinencia, suficiencia y
especificidad, por lo cual se analizará en esta sentencia:
3.2.3.1.Es cierto, pues efectivamente el numeral 3º del
artículo 15 de la Ley 1675 de 2013 establece una remuneración con bienes
hallados en el hundimiento a pesar de no haber cumplido cien (100) años a
partir de la ocurrencia del hecho.
3.2.3.2.Es claro, pues en relación con este caso los demandantes
explica de manera detallada todos los aspectos por los cuales considera que la
norma es inconstitucional.
3.2.3.3.Es pertinente, pues el problema jurídico plantea la
posibilidad de una serie de bienes que pudieran considerarse como parte del
patrimonio sumergido, concepto protegido por los artículos 72 y 333 de la Carta
Política y cuya inalienabilidad en algunos casos ha sido analizada por la Corte
Constitucional.
3.2.3.4.Es suficiente, pues los demandantes señala ampliamente
las razones por las cuales considera que la norma demandada vulnera los
artículos  8º, 63, 70 y 72 de la Constitución.
3.2.3.5.
Es específico, pues
se formula un cargo concreto relacionado con las disposiciones que se acusan.
3.3.
PROBLEMA JURÍDICO
En virtud de lo anteriormente señalado esta
Corporación examinará el primer y el tercer cargo de la demanda: (i) en
el primero, los demandantes señalan que la protección del patrimonio sumergido
solamente se aplica a bienes hallados que sean producto de hundimientos,
naufragios o echazones que hayan cumplido cien (100) años a partir de la
ocurrencia del hecho, lo cual vulneraría los artículos 2º, 8º, 63, 70 y 72 de
la Constitución Política; (ii) en el tercero, los actores plantean que
una remuneración a través de pagos realizados con bienes que por su naturaleza
son inalienables y tienen valor cultural pese a no haber cumplido cien (100)
años a partir de la ocurrencia del hecho desconoce los artículos  8º, 63, 70 y
72 de la Constitución.
Para abordar estos problemas jurídicos esta
Corporación analizará: (i) la protección del patrimonio cultural; (ii)
el concepto y alcance del patrimonio sumergido y; (iii) las normas
demandadas.
3.4.
EL PATRIMONIO CULTURAL
3.4.1. Concepto y modalidades
3.4.1.1.   La Convención de Protección de Bienes Culturales en caso de Conflicto
Armado de 1954 considera como bienes
culturales, cualquiera que sea su origen y propietario los siguientes:
”a. Los bienes, muebles
o inmuebles, que tengan una gran importancia para el patrimonio cultural de los
pueblos, tales como los monumentos de arquitectura, de arte o de historia,
religiosos o seculares, los campos arqueológicos, los grupos de construcciones
que por su conjunto ofrezcan un gran interés histórico o artístico, las obras
de arte, manuscritos, libros y otros objetos de interés histórico, artístico o arqueológico,
así como las colecciones científicas y las colecciones importantes de libros,
de archivos o de reproducciones de los bienes antes definidos;
b. Los edificios cuyo destino principal y
efectivo sea conservar o exponer los bienes culturales muebles definidos en el
apartado a. tales como los museos, las grandes bibliotecas, los depósitos de
archivos, así como los refugios destinados a proteger en caso de conflicto
armado los bienes culturales muebles definidos en el apartado a.;
c. Los centros que comprendan un número
considerable de bienes culturales definidos en los apartados a. y b., que se
denominarán «centros monumentales»”[8].
3.4.1.2.
Por su parte, la Convención
sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de 1972 señala
que se considerará "patrimonio cultural":
“- los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura
o de pintura monumentales, elementos o estructuras de carácter arqueológico,
inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que tengan un valor universal
excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia, -
los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura,
unidad e integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde
el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia, - los lugares:
obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza así como las
zonas, incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor universal
excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o
antropológico”[9].
3.4.1.3.
En Colombia,
el patrimonio cultural de la Nación está constituido por todos los bienes
materiales, las manifestaciones inmateriales, los productos y las
representaciones de la cultura que son expresión de la nacionalidad colombiana,
tales como la lengua castellana, las lenguas y dialectos de las comunidades
indígenas, negras y creoles, la tradición, el conocimiento ancestral, el
paisaje cultural, las costumbres y los hábitos, así como los bienes materiales
de naturaleza mueble e inmueble a los que se les atribuye, entre otros,
especial interés histórico, artístico, científico, estético o simbólico en
ámbitos como el plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, lingüístico,
sonoro, musical, audiovisual, fílmico, testimonial, documental, literario,
bibliográfico, museológico o antropológico[10].
3.4.1.4.
Este patrimonio puede ser: (i)
material, el cual está constituido por “[l]los bienes, muebles o inmuebles,
que tengan una gran importancia para el patrimonio cultural de los pueblos”[11] o;
(ii) inmaterial, el cual reúne: “(…) las manifestaciones,
prácticas, usos, representaciones, expresiones, conocimientos, técnicas y
espacios culturales, que las comunidades y los grupos reconocen como parte
integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio genera sentimientos de identidad
y establece vínculos con la memoria colectiva. Es transmitido y recreado a lo
largo del tiempo en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y
su historia y contribuye a promover el respeto de la diversidad cultural y la
creatividad humana”[12].
3.4.1.5.
Por su parte, la Constitución
y la ley diferencian: (i) los bienes que integran el patrimonio
arqueológico de la Nación, (ii) los bienes  culturales que  conforman la
identidad nacional y hacen parte del patrimonio cultural de la Nación, y (iii)
los demás bienes que integran dicho patrimonio cultural de la Nación. Bienes
todos que están bajo la protección del Estado[13].
3.4.2. Protección constitucional
La protección del patrimonio cultural de la Nación
tiene especial relevancia en la Constitución, pues constituye un signo o una
expresión de la cultura humana, de un tiempo, de circunstancias o modalidades
de vida que se reflejan en el territorio, pero que desbordan sus límites y
dimensiones[14]:
3.4.2.1.
El artículo 8° establece que
es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y
naturales de la Nación[15].
Por lo anterior, le corresponde al Estado
proteger el patrimonio cultural simbólico y material, para lo cual se reconoce
a la Nación como la propietaria del patrimonio arqueológico y de los demás
bienes que conforman la identidad nacional, siendo por tanto inalienables,
inembargables e imprescriptibles[16].
3.4.2.2.
El artículo 63 señala que el
patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley,
son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Lo anterior implica que la
declaración de un bien como parte integrante de dicho patrimonio cultural y
arqueológico de la Nación lleva consigo una serie de restricciones al derecho
de propiedad, para efectos de la conservación y protección del bien en cuestión[17].
3.4.2.3.
El artículo 72  prevé  que el
patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado, al tiempo
que señala que el patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman
la identidad nacional, pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables
e imprescriptibles, así como que la Ley establecerá los mecanismos para
readquirirlos cuando se encuentren en manos de particulares y reglamentará los
derechos especiales que pudieran tener los grupos étnicos asentados en
territorios de riqueza arqueológica[18].
La protección constitucional al patrimonio cultural y
arqueológico de la Nación no se agota con que la Ley declare que ciertos bienes
pertenecen a dicho patrimonio. También es necesario que las autoridades
desarrollen mecanismos e instrumentos que no sólo eviten que esos bienes se
deterioren sino que además permitan su recuperación por el Estado. Por ello,
explícitamente el artículo 72 de la Constitución ordena a la Ley que establezca
mecanismos para readquirir esos bienes cuando se encuentren en manos de
particulares[19].
La recuperación de los bienes integrantes del
patrimonio arqueológico y cultural de la Nación no sólo abarca su
readquisición, cuando se encuentran en manos particulares, sino también su
rescate, cuando dichos bienes se encuentran abandonados en la naturaleza y en
peligro de deterioro[20].
3.4.2.4.
Finalmente, el artículo 333 Superior
establece que la Ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así
lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación[21].
3.4.3. Evolución de su protección legal
La importancia del patrimonio cultural en Colombia ha
exigido la creación de una regulación específica para su protección y
conservación cada vez más completa:
3.4.3.1.
La Ley 48 de 1918, creó
la Dirección Nacional de Bellas Artes, adscrita al Ministerio de Instrucción
Pública, y declaró como patrimonio histórico nacional los edificios y
monumentos públicos, las fortalezas, esculturas, cuadros, etc., del período
colonial y los monumentos precolombinos, prohibiendo su destrucción, reparación, ornamentación
y destinación sin previa autorización del mencionado Ministerio.
3.4.3.2.
La Ley 5 de 1940 declaró
como monumentos nacionales de utilidad pública, los edificios y lugares que por
su antigüedad y belleza arquitectónica, merecían ser conservados como
patrimonio nacional y fueran así declarados por el Gobierno Nacional,
asesorado por la Academia Nacional de Historia y previo concepto de las
Academias y Centros de Historia filiales de la misma y de las Sociedades de
Mejoras de cada ciudad. Esta disposición fue modificada por la Ley 107
de 1946, que señalaba que la asesoría para la declaración de monumentos
nacionales, por parte del Gobierno, sólo la prestaría la Academia Nacional de
Historia.
3.4.3.3.
La Ley 163 de 1959
dictó medidas específicas para la defensa y conservación del patrimonio
histórico, artístico y los monumentos públicos de la Nación:
(i)
Definió el patrimonio
histórico como los monumentos, tumbas prehispánicas y demás objetos, ya sean
obra de la naturaleza o de la actividad humana, que tengan interés especial
para el estudio de las civilizaciones y culturas pasadas, de la historia o del
arte, o para las investigaciones paleontológicas, y que se hayan conservado
sobre la superficie o en el subsuelo nacional[22].
(ii)
Creó el Consejo de Monumentos
Nacionales con el objeto de proponer la calificación y declaración de otros
sectores de ciudades, zonas o accidentes geográficos o inmuebles como
Monumentos Nacionales, lo cual se hará mediante decretos emanados del
Ministerio de Educación Nacional[23].
En este sentido, declaró como monumentos nacionales los sectores antiguos de
las ciudades de Tunja, Cartagena, Mompox, Popayán, Guaduas, Pasto y Santa Marta[24].
(iii)
Permitió que los particulares
emprendieran por su cuenta exploraciones y excavaciones de carácter
arqueológico o paleontológico, previa licencia de la autoridad competente y
bajo la vigilancia del Consejo de Monumentos Nacionales[25].
(iv)
Estableció como medida de
protección que en toda clase de exploraciones mineras, de movimiento de tierras
para edificaciones o para construcciones viales o de otra naturaleza semejante,
demoliciones de edificios, quedan a salvo los derechos de la Nación sobre los
monumentos históricos, objetos y cosas de interés arqueológico y paleontológico
que puedan hallarse en la superficie o debajo del suelo al verificarse los
trabajos[26].
3.4.3.4.
En los años sesenta se
expidieron decretos con el objeto de delimitar las funciones de protección del
patrimonio y las entidades que las ejercen: (i) el Decreto 264 de
1963 detalló las funciones del Consejo Nacional de Monumentos y designó a
los gobernadores y alcaldes como los funcionarios encargados de velar por el
cumplimiento de la mencionada Ley; (ii) el Decreto 3154 de 1968
creó el Instituto Colombiano de Cultura -Colcultura-, con una
subdirección de patrimonio,  y una división cuya función era efectuar el
inventario del patrimonio cultural, y llevar un registro de los bienes
culturales de interés nacional y; (iii) el Decreto 2700 de 1968
creó la Corporación Nacional de Turismo y en ella una dependencia encargada de
los contratos y estudios relacionados con el patrimonio.
3.4.3.5.
La Ley 397
de 1997 constituyó una de los mayores avances en la protección del
patrimonio cultural, consagrando múltiples normas para su protección:
(i)
Definió el patrimonio cultural
como: “todos los bienes y valores culturales que son expresión de la
nacionalidad colombiana, tales como la tradición, las costumbres y los hábitos,
así como el conjunto de bienes inmateriales y materiales, muebles e inmuebles,
que poseen un especial interés histórico, artístico, estético, plástico,
arquitectónico, urbano, arqueológico, ambiental, ecológico, lingüístico,
sonoro, musical, audiovisual, fílmico, científico, testimonial, documental,
literario, bibliográfico museológico, antropológico y las manifestaciones, los
productos y las representaciones de la cultura popular”[27].
(ii)
Consagró un procedimiento especial
para la declaratoria y manejo del patrimonio cultural de la Nación que requiere
concepto previo del Consejo de Monumentos Nacionales y declaración del
Ministerio del Cultura y las entidades territoriales a nivel departamental,
distrital y municipal respectivamente.
(iii)
Definió el patrimonio cultural
sumergido como “las ciudades o cementerios de grupos humanos desaparecidos,
restos humanos, las especies náufragas constituidas por las naves y su dotación
, y demás bienes muebles yacentes dentro de éstas, o diseminados en el fondo
del mar, que se encuentren en el suelo o subsuelo marinos de las aguas
interiores, el mar territorial, la plataforma continental o zona económica
exclusiva, cualesquiera que sea su naturaleza o estado y la causa o época del hundimiento
o naufragio”[28].
Así mismo señaló que “los restos o partes de embarcaciones, dotaciones o
bienes que se encuentren en circunstancias similares, también tienen el
carácter de especies náufragas”[29].
(iv)
Estableció que “toda
exploración y remoción del patrimonio cultural sumergido, por cualquier persona
natural o jurídica; nacional o extranjera; requiere autorización previa del
Ministerio de Cultura, y de la Dirección General Marítima, DIMAR, del
Ministerio de Defensa Nacional, la cual será temporal y precisa”[30].
(v)
Señaló que los bienes de
interés cultural que conforman el patrimonio cultural de la Nación que sean
propiedad de entidades públicas, son inembargables, imprescriptibles e
inalienables[31].
En este sentido consagró un régimen especial de protección para estos bienes:
no podrán ser demolidos, destruidos, parcelados o removidos, sin la
autorización de la autoridad que lo haya declarado como tal; sobre el bien de
interés cultural no se podrá efectuar intervención alguna sin la
correspondiente autorización del Ministerio de Cultura y; exige que con la
declaratoria de un bien como de interés cultural se elaborará un plan especial
de protección del mismo por parte de la autoridad competente[32].
(vi)
Crea la acción de cumplimento
sobre los bienes de interés cultural, para el efectivo cumplimiento de
las leyes o actos administrativos que tengan relación directa con la protección
y defensa de los bienes de interés cultural[33].
3.4.3.6.
La Ley 1185 de 2008
realizó una reforma en varias normas de la ley 397 de 1997 en especial en los
siguientes aspectos:
(i)
Amplió el concepto del
patrimonio cultural de la nación señalando que el mismo “está constituido por todos los bienes
materiales, las manifestaciones inmateriales, los productos y las
representaciones de la cultura que son expresión de la nacionalidad colombiana,
tales como la lengua castellana, las lenguas y dialectos de las comunidades
indígenas, negras y creoles, la tradición, el conocimiento ancestral, el
paisaje cultural, las costumbres y los hábitos, así como los bienes materiales
de naturaleza mueble e inmueble a los que se les atribuye, entre otros,
especial interés histórico, artístico, científico, estético o simbólico en
ámbitos como el plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, lingüístico,
sonoro, musical, audiovisual, fílmico, testimonial, documental, literario,
bibliográfico, museológico o antropológico”[34].
(ii)
Se incluyó un parágrafo en el
artículo 10º de la Ley 397 de 1997, en virtud del cual “El Ministerio de Cultura autorizará, en
casos excepcionales, la enajenación o el préstamo de bienes de interés cultural
del ámbito nacional entre entidades públicas. Las alcaldías, gobernaciones y
autoridades de los territorios indígenas y de las comunidades negras de que
trata la Ley 70 de 1993, serán las encargadas de dar aplicación a lo previsto
en este parágrafo respecto de los bienes de interés cultural declarados por
ellas”.
(iii)
Se modificó la regulación
sobre la acción de cumplimiento sobre bienes del patrimonio cultural
contemplada en el artículo 16 de la Ley 397 de 1997, eliminándose la regulación
especial sobre la misma y realizándose una remisión directa a la Ley 393 de
1997.
(iv)
Se incluyó una disposición
específica que define el concepto y el alcance del patrimonio inmaterial en virtud de la cual “está constituido,
entre otros, por las manifestaciones, prácticas, usos, representaciones,
expresiones, conocimientos, técnicas y espacios culturales, que las comunidades
y los grupos reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural”[35].
3.4.3.7.
El Decreto 763 de 2009 reguló
el patrimonio cultural de la Nación de naturaleza material en especial en los
siguientes aspectos: (i) definió las competencias del Consejo Nacional de
Patrimonio Cultural, (ii) señaló los criterios de valoración que
orientan y contribuyen a la atribución y definición de la significación
cultural de un bien mueble o inmueble, (iii) estableció los planes
especiales de manejo y protección para bienes muebles, (iv) creó reglas
especiales para la protección del patrimonio arqueológico, el patrimonio sobre
imágenes en movimiento y el patrimonio archivístico y, (v) estableció
estímulos especiales para la conservación y el mantenimiento de bienes de
interés cultural.
3.4.4. Características del patrimonio cultural
La declaración de un bien como parte integrante del
patrimonio cultural de la Nación, lleva consigo una serie de restricciones al
derecho de propiedad, e imposición de cargas para los propietarios de éstos
que, en concepto de esta Corporación, se relacionan con su disponibilidad y
ello incluye, por supuesto,  el  uso o destinación que ha de darse al bien para
efectos de su conservación y protección[36]:
3.4.4.1.
La propiedad
de estos bienes corresponde inicialmente a la Nación, de manera que los bienes
que conforman el patrimonio histórico y cultural son inalienables,
inembargables e imprescriptibles, atributos que no son propios en principio de
los bienes de dominio privado[37]
3.4.4.2.
Conforme a lo anterior, un
bien que integra el patrimonio arqueológico y cultural de la Nación, al ser
inalienable, no puede ser negociado, ni vendido, ni donado, ni permutado. Por
consiguiente, es inconstitucional la transferencia de los particulares, a
título de recompensa, de bienes que integran ese patrimonio[38].
3.4.4.3.
Esta Corporación ha explicado
esos atributos, en los siguientes términos:
“a) Inalienables: significa que no se pueden negociar,
esto es, vender, donar, permutar, etc.
b) Inembargables: esta característica se desprende de
la anterior, pues los bienes de las entidades administrativas no pueden ser
objeto de gravámenes hipotecarios, embargos o apremios.
c) Imprescriptibles: la defensa de la integridad del
dominio público frente a usurpaciones de los particulares, que, aplicándoles el
régimen común, terminarían por imponerse   por el transcurso del tiempo, se ha
intentado encontrar, en todas las épocas, con la formulación del dogma de la
imprescriptibilidad de tales bienes (Cfr, GARRIDO FALLA, Fernando. Tratado de
Derecho Administrativo. Volumen II. Novena edición. Editorial Tecnos. Madrid.
1.989, pág. 405 y ss.). Es contrario a la lógica que bienes que están
destinados al uso público de los habitantes puedan ser asiento de derechos
privados, es decir, que al lado del uso público pueda prosperar la propiedad
particular de alguno o algunos de los asociados” [39].
3.4.4.4.
De hecho, en reiteradas
oportunidades la Corte Constitucional[40]
ha destacado que: “la declaración de un bien como parte integrante del
patrimonio cultural de la Nación lleva consigo una serie de restricciones al
derecho de propiedad, e imposición de cargas para los propietarios de éstos
que, en concepto de esta Corporación, se relacionan con su disponibilidad y
ello, incluye, por supuesto, el uso o destinación que ha de darse al bien para
efectos de la conservación y protección”[41].
3.4.4.5.
En este sentido, es claro que
en aquellos casos en los que al armonizar derechos constitucionales el
legislador adopta medidas restrictivas y éstas son proporcionales a los
derechos que se protegen, resulta razonable restringir el marco de protección
del patrimonio cultural de la Nación, consagrado en el artículo 72 de la
Constitución[42].
3.4.4.6.
Por lo anterior, la
declaración de un bien como parte integrante del patrimonio cultural de la
Nación, lleva consigo una serie de restricciones al derecho de propiedad, e
imposición de cargas para los propietarios de éstos que se relacionan con su
disponibilidad y ello incluye, por supuesto,  el  uso o destinación
que ha de darse al bien para efectos de su conservación y protección[43].
3.4.4.7.
En estos eventos, los
propietarios de estos bienes, están obligados a tomar las medidas que sean
necesarias para su mantenimiento. En contraposición, el Estado puede reconocer
ciertas compensaciones y beneficios en su favor, tal como lo establece el
artículo 48 de la Ley 397 de 1997, las que, en todo caso,  han de ser
proporcionales a la limitación del derecho a la propiedad que se llegue a
imponer[44].
3.4.5. La libertad de configuración del legislador en la
determinación del concepto y los mecanismos específicos de protección del
patrimonio cultural
3.4.5.1.
Si bien los artículos 8º y 70
de la Constitución consagraron el deber del Estado de proteger las riquezas
culturales de la Nación y promover y fomentar el acceso a la cultura de todos
los ciudadanos, no señalaron fórmulas precisas para llegar a ese cometido, de
ahí que deba entenderse que el Constituyente dejó al legislador o al ejecutivo
a cargo de esa reglamentación[45].
3.4.5.2.
En este sentido, incluso el
artículo 72 de la Carta dejó expresamente al legislador la tarea de establecer
instrumentos para readquirir los bienes que se encuentran en manos de
particulares y de reglamentar los derechos que pudieran tener los grupos
étnicos asentados en territorios de riqueza arqueológica[46].
3.4.5.3.
Por lo anterior, el hecho de
que el Constituyente hubiere señalado protección del Estado para el patrimonio
cultural de la Nación no significa que el legislador estuviese impedido para
delimitar su concepto o para diseñar diferentes formas de protección para los
bienes y valores que lo integran. Por el contrario, la aplicación del principio
democrático en el Estado Social de Derecho supone que “el legislador no sólo
es libre para configurar el derecho, sino también que es el titular de la
cláusula general legislativa, lo cual, al mismo tiempo, implica que, dentro de
los parámetros constitucionales, el legislador pueda limitar privilegios
especiales que el Constituyente otorga cuando se trata de ponderar y armonizar
derechos e intereses en tensión”[47].
3.4.5.4.
En consecuencia, existe una
libertad de configuración legislativa en la promoción y protección del
patrimonio cultural de la nación[48].
Específicamente, en materia de protección del patrimonio cultural de la Nación,
en la Sentencia C-742 de 2006[49],
la Corte reconoció la discrecionalidad de la que goza el legislador para
definir medidas específicas de protección, puesto que el constituyente no fijó
una fórmula única para el efecto.
3.5.
EL PATRIMONIO CULTURAL
SUMERGIDO
3.5.1. Concepto y características
3.5.1.1.
El patrimonio cultural
sumergido está relacionado con los rastros de la existencia humana que tengan
un carácter cultural, histórico o arqueológico que hayan estado parcial o
totalmente sumergidos de manera periódica o continúa por un largo periodo de
tiempo[50].
3.5.1.2.   La Convención sobre la Protección del Patrimonio
Cultural Subacuático, suscrita y ratificada por Albania, Antigua y Barbuda,
Argentina, Bahrein, Barbados, Bélgica, Benin, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria,
Camboya, Croacia, Cuba, Ecuador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Francia, Gabón,
Granada, Guyana, Haití, Honduras, Hungría, Irán, Italia, Jamaica, Jordania,
Líbano, Libia, Lituania, Marruecos, México, Montenegro, Namibia, Nigeria,
Palestina, Panamá, Paraguay, Portugal, República Democrática del Congo,
Rumania, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Togo,
Trinidad y Tobago, Túnez y Ucrania, lo define como:
“(T)odos
los rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, histórico o
arqueológico, que hayan estado bajo el agua, parcial o totalmente, de forma
periódica o continua, por lo menos durante 100 años, tales como:
i) los sitios, estructuras, edificios, objetos y
restos humanos, junto con su contexto arqueológico y natural;
ii) los buques, aeronaves, otros medios de transporte
o cualquier parte de ellos, su cargamento u otro contenido, junto con su
contexto arqueológico y natural; y
iii) los objetos de carácter prehistórico.
b) No se considerará patrimonio cultural subacuático a
los cables y tuberías tendidos en el fondo del mar.
c) No se considerará patrimonio cultural subacuático a
las instalaciones distintas de los cables y tuberías colocadas en el fondo del
mar y todavía en uso”[51]
(negrillas y subrayado fuera de texto).
3.5.1.3.
A nivel internacional, el
patrimonio sumergido incluye bienes que se han encontrado bajo el agua durante
un periodo muy prolongado de tiempo, que en la mayoría del mundo corresponde a
más de cien (100) años :
(i)
En Australia, la “Historic
Shipwrecks Act” de 1976 señala que constituyen patrimonio sumergido los
restos de barcos situados en aguas australianas o en la plataforma continental
australiana que tengan al menos 75 años de antigüedad.
(ii)
En China, la “Regulations
of the Peoples`s of China Concerning the administration of the protection of
underwater cultural relics” del 20 de octubre de 1989 señala que deben
protegerse todas las reliquias culturales
Chinas o de países extranjeros que se encuentren en aguas territoriales chinas
desde 1911[52].
(iii)
En Argentina se expidió el
Decreto 1022 de 2004, reglamentario de la Ley 25.743  de protección del
patrimonio arqueológico y paleontológico que señala que “la expresión épocas
históricas recientes abarca los últimos 100 años contados a partir de la fecha
de sucedidos  los hechos o los actos de que se trate”[53].
(iv)
En Noruega, la Ley
del 9 de junio de 1978 sobre Patrimonio Cultural señala que el Estado tendrá derechos de propiedad sobre barcos o partes de los mismos
con más de cien (100) años de antigüedad[54].
(v)
En Grecia, la
Ley 3028 de 2002 señala que
el Estado tendrá derecho sobre los hallazgos sumergidos realizados hasta el año
1830[55].
(vi)
En República Dominicana, el Decreto 289 de 1989 señala que se define como Patrimonio cultural subacuático : “todos los rastros de la existencia humana que han
estado, total o periódicamente situados bajo el agua durante por lo menos 100
años, lo cual incluye sitios, estructuras, edificios, artefactos y restos
humanos, junto con sus contextos arqueológico y natural” .
(vii)  La Recomendación 848 del Consejo de Europa
en 1978 define el patrimonio sumergido como “todos los restos, objetos y
rastros de existencia humana ubicados total o parcialmente en el mar, lagos,
ríos, canales, reservas artificiales y otros cuerpos de agua, o recuperados de
dicho ambiente, o llevados a la costa”[56].
(viii)
En los Estados Unidos, se
expidió la “Protection
of Wrecks Act” de 1973 protege los restos hallados con más de 100 años de
antigüedad.
3.5.1.4.
En Colombia, el artículo 9 de
la Ley 397 de 1997 establece que pertenecen al patrimonio cultural o
arqueológico de la Nación, por su valor histórico o arqueológico, “las
ciudades o cementerios de grupos humanos desaparecidos,  los restos humanos,
las especies náufragas constituidas por las naves y su dotación, y los demás
bienes muebles yacentes dentro de éstas, o diseminados en el fondo del mar, que
se encuentren en el suelo o subsuelo marinos de las aguas interiores, el mar
territorial, la plataforma continental o zona económica exclusiva, cualesquiera
que sea su naturaleza o estado y la causa o época del hundimiento o naufragio”.
Así mismo se señala que hacen parte del mismo “los restos o partes de
embarcaciones, dotaciones o bienes que se encuentren en circunstancias
similares, también tienen el carácter de especies náufragas”[57].
3.5.1.5.
Como parte del patrimonio
cultural de la Nación, los bienes que conforman el patrimonio cultural
sumergido tienen la calidad de inembargables, inalienables e imprescriptibles.[58] En
virtud de lo anterior, se encuentra prohibida su transferencia a título de
recompensa a los particulares[59].
3.5.1.6.
En este sentido, la Sentencia
C-474 de 2003[60]
declaró exequible la expresión “éste tendrá derecho a un porcentaje del valor bruto de
las especies náufragas que será reglamentado por el Gobierno Nacional” en el entendido que el denunciante tiene derecho a una compensación, que
sea un equivalente del valor de las especies náufragas, pero no tiene derecho a
reclamar un porcentaje de las especies náufragas que integran el patrimonio
arqueológico y cultural nacional[61].
3.5.1.7.
Por su parte, la Sentencia C-668 de 2005[62] declaró
inexequible la expresión declarar inexequibles las expresiones “Para los
contratos de rescate, el denunciante debe ofrecer primero a la Nación los
objetos que por derecho le pertenezcan, y sólo después a otra entidades”,
contenida en el inciso final del parágrafo 1º del artículo 9º de la Ley 397 de
1997.
En
esta sentencia, la Corte Constitucional consideró que si se está en presencia
de bienes pertenecientes al patrimonio  cultural sumergido, como bienes
culturales que conforman la identidad nacional, son inalienables, inembargables
e imprescriptibles, lo cual impide que  en relación con ellos se acepte
que el denunciante  “podrá ofrecer objetos que por derecho le
pertenezcan  primero  a la Nación y luego solo a otras entidades”, como
lo señalaba la disposición demandada en dicho proceso, pues es claro que en
relación con dichos bienes  en ningún caso se puede  reconocer un
derecho para el denunciante.
3.5.2. La importancia del patrimonio sumergido
3.5.2.1.La
protección específica  del patrimonio cultural sumergido no sólo atiende al
interés que en diversos textos internacionales se ha señalado para este tipo de
bienes[63],
sino  que la Corte ha puesto de presente  que ello se enmarca dentro del  deber
del Estado de proteger el patrimonio cultural y arqueológico de la Nación a que
se ha hecho referencia. En ese sentido, la Corte en sentencia C-191 de 1998 al
pronunciarse en relación con la exequibilidad de la expresión “plataforma
continental”, contenida en el referido  artículo 9º de la Ley 397 de 1997.
3.5.2.2.En
este sentido pueden esbozarse diversas razones para proteger el patrimonio
sumergido:
(i)
Tiene un sentido histórico y
arqueológico pues permite reflexionar sobre el pasado, ya que estos objetos están
conectados con narrativas especiales que lo hacen único y fascinante, ya que permite
reconstruir estilos de vida, rutas de comercio y técnicas extintas[64].
(ii)
Permite la formación de la
identidad cultural como un sentido de comunidad y valor asociativo[65].
(iii)
Tiene un valor artístico y
educativo muy importante, pues permite mostrar los avances y tradiciones de
culturas ancestrales[66].
3.5.2.3.
Por otro lado, desde el punto
de vista fáctico, cada vez se ha hecho más necesario establecer una protección
particular del patrimonio sumergido, pues los avances tecnológicos han hecho al
patrimonio sumergido más accesible pero también incrementan el riesgo de daño o
destrucción[67].
3.5.3. La evolución de la protección del patrimonio sumergido
Los avances en
la exploración del mar en las últimas décadas han hecho necesaria la creación
de una regulación especial para la protección del patrimonio sumergido distinto
a las reglas generales del hallazgo de objetos contempladas en el Derecho
Privado, con la finalidad de evitar la pérdida masiva de objetos de invaluable
valor histórico, arqueológico y cultural:
3.5.3.1.
Durante siglos, los hallazgos
en el mar fueron regidos por normas consuetudinarias básicas denominadas Reglas
del Almirantazgo “Admiralty Rules”, dentro de las cuales las más
importantes eran la regla “first to come first to serve” propia del Derecho
de los Hallazgos “law of the finds”[68],
en virtud de la cual quien realizaba el hallazgo de un hundimiento era el
propietario de los objetos encontrados en el mismo[69] en aplicación de las
reglas de la ocupación  y la Ley del Salvamento “Law of the Salvage”,
según la cual, la persona que rescata un cargamento tiene el derecho a recibir
una recompensa proporcional al valor de la propiedad salvada[70].
3.5.3.2.
Sin embargo, después de la
segunda mitad del siglo veinte y en especial en los años ochenta, los avances
tecnológicos permitieron la realización de numerosos descubrimientos
invaluables, muchos de los cuales terminaron en casas de subastas, afectando el
patrimonio cultural de la humanidad, lo cual hizo necesaria la creación de
legislaciones especiales sobre el tema:
3.5.3.2.1. En principios del siglo XX, entre 1904 y 1907, el
cónsul de los Estados Unidos en Mérida, compró la hacienda de Chichén Itzá y se
dedicó a dragar sistemáticamente un cenote que se encontraba en la misma, actividad
en virtud de la cual encontró miles de objetos prehispánicos pertenecientes a
la cultura maya[71].
3.5.3.2.2. En enero de 1955, un buque pesquero llamado “Angelina
Madre”, con bandera italiana encontró la estatua de bronce del dios Melqart
proveniente de la civilización Fenicia (siglo 9 – 11 A.C.) a veinte (20) millas
náuticas de la costa italiana al sur de la Isla de Sicilia. Luego de años de
litigio, el caso fue decidido el 9 de enero de 1963 por el Tribunal de Sciacca
que determinó que la estatua pertenecía al Estado, ya que el barco al llevar
hondeando la bandera Italiana era considerado como parte del territorio
italiano, por lo que las redes con las que fue encontrada la estatua también
eran parte del territorio de Italia[72].
3.5.3.2.3. A partir de los años sesenta se realizaron cuantiosos
esfuerzos particulares para encontrar los buques Batavia, Vergulde Draeck,
Zuytdorp y Zeewijk hundidos en los años 1629, 1656, 1712 y 1727,
respectivamente, pertenecientes a la flota de la Compañía de la Indias
Holandesas (Vereenigde Osstindische Compagnie, VOC), los cuales generaron una
amplia controversia sobre la propiedad de los objetos encontrados. El 6 de
noviembre de 1972, luego de años de litigio, se suscribió el Acuerdo entre
Australia y Holanda sobre barcos hundidos holandeses antiguos “Agreement
Between Australia and the Netherlands Concerning Old Dutch Shipwrecks” que
solucionó la situación jurídica de los hallazgos, creando reglas específicas
para la distribución de los objetos encontrados de acuerdo a su valor
histórico, educativo, científico e internacional[73].
3.5.3.2.4. En 1961 se halló el buque Vasa de nacionalidad Sueca
el cual había zarpado de Estocolmo en el año 1628 y años más tarde fue
descubierto el Mary Rose de nacionalidad inglesa en 1971.
3.5.3.2.5. En la primavera de 1985 fue encontrado el barco “Geldermalsen”
también de la Compañía de las Indias Holandesas por el Británico Michael
Hatcher cerca de las costas  de Indonesia luego de su hundimiento en 1752,
cuyos objetos, en especial porcelana China y objetos invaluables en oro fueron
subastados directamente por su descubridor en Christie’s al no existir una
regulación específicamente aplicable[74].
3.5.3.2.6. El 20 de julio de 1985 fue
hallado por Mel Fisher y su tripulación de Treasure Salvors el Galeón Español
Nuestra Señora de Atocha hundido en el año 1622. La mayoría de los invaluables
hallazgos fue subastado en 1988 en Christie’s en Nueva York y solamente una
pequeña parte se puede ver en el Mel Fisher Maritime Heritage Society Museum,
en Cayo Hueso, Florida[75].
3.5.3.2.7. El 1 de septiembre de 1985, el Dr. Robert Ballard y el
Instituto de Francia para la investigación y exploración del Mar (IFEMEER)
descubrieron el Titanic a 400 millas de Newfoundland, Canadá, cuyos objetos
comenzaron a ser subastados por multimillonarias sumas de dinero, por lo cual
se tuvieron que expedir normas especiales como la Ley Marítima conmemorativa
del Titanic de los Estados Unidos del 21 de octubre de 1986. Finalmente, en el
año 2000, una Corte de Distrito en Estados Unidos mediante un fallo en 2000
ordenó que se conservaran todos los objetos y no se vendieran y a partir del
año 2011 obtuvo la protección internacional en aplicación de la convención de
la UNESCO[76].
3.5.3.2.8. En 1988 fue descubierto el buque “Birkenhead”
de Nacionalidad Inglesa en las proximidades de las Costas de Ciudad del Cabo en
Sudáfrica, por un consorcio entre las compañías “Aqua Exploration”, “Depth
Recovery Unit” y “Pentow Marine Salvage Company”, las cuales
cobraron un millonario rescate[77].
3.5.3.3.Esta
situación generó que se expidieran sucesivas leyes en todo el mundo para la
protección del patrimonio sumergido:
(i)
En Suramérica se expidieron:
la Ley 3501 de 1979 sobre patrimonio cultural en Ecuador, la Ley 25.743 de 2003 sobre la protección de
patrimonio arqueológico y paleontológico en Argentina
y la Ley 397 de 1997 de Colombia, la Ley 7542 de 1986 de Brasil.
(ii)
En Norteamérica y el Caribe:
la “Abandoned
Shipwreck Act” de 1988 en
Los Estados Unidos, el Decreto 289 de 1989 de República Dominicana
y la Ley de Barcos Históricos de 2001 de
Bermuda.
(iii)
En Europa: la Ley de antigüedades de 1963 de Finlandia,
la Ley de Enmienda sobre monumentos
nacionales de 1994 en Irlanda, el Decreto Legislativo No. 490 del 29 de octubre de 1999 en Italia y la
Ley de conservación de la cultura de 1988 en Suecia y la Ley de
Antigüedades de 2006 en Chipre.
(iv)
En Asia y Oceanía:
la “Historic Shipwreck Act” de 1976 de Australia, el Decreto No. 42 del
20 de Octubre de 1989 en China, la Ley sobre objetos del patrimonio cultural de
1992 en Indonesia y Ley sobre patrimonio cultural 2001 de Vietnam.
3.5.3.4.Sin
embargo, durante muchos años no existió una regulación unificada sobre el
concepto y el alcance de la protección del patrimonio sumergido, lo cual creo
numerosos litigios entre los países con un interés en los hallazgos, por lo
cual fue necesario la creación de convenciones internacionales que han venido
unificando los criterios para su preservación: como la Convención del Mar y la
Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático. Uno de los
grandes avances de esta última fue la estandarización internacional del
concepto de patrimonio sumergido como “todos los
rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, histórico o
arqueológico, que hayan estado bajo el agua, parcial o totalmente, de forma
periódica o continua, por lo menos durante 100 años”, el cual ha sido paulatinamente implementado en las legislaciones
de los cuarenta y  ocho países que han ratificado la convención[78].
3.5.3.5.En
virtud de la regulación nacional e internacional sobre patrimonio sumergido, el
resultado de los litigios comenzó a cambiar y los bienes correspondientes al
patrimonio cultural encontrados pasaron a propiedad del Estado:
3.5.3.5.1.
En el mes de mayo
de 2007,
la empresa estadounidense Odyssey Marine Exploration
descubrió el Galeón de Nuestra Señora de las Mercedes, hundido en 1804, cuyos
objetos fueron extraídos y llevados a los Estados
Unidos, donde comenzó un litigio entre España
y la empresa norteamericana por los derechos del hallazgo. El 21 de septiembre
de 2011, el Undécimo Tribunal de Apelaciones de Atlanta
(Georgia)
ratificó la orden de un Juez de Florida para que la empresa entregara el tesoro
a España.
En enero de 2012, en un fallo que no admitía recurso, el Tribunal Supremo de
los Estados Unidos rechazó el recurso de Odyssey Marine Exploration y obligó a
la compañía a devolver a España las cerca de 500.000 monedas sacadas en 2007.
3.5.3.5.2.
El Gobierno Federal
de Estados Unidos aceptó la titularidad del Reino de España de los Galeones
Juno y La Galga[79].
3.5.3.5.3.
En Colombia, el 5
de julio de 2007, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia
casó la sentencia de segunda instancia proferida en relación con el caso del
Galeón de San José y determinó que se iba a “dispensar plena e
inequívoca protección al patrimonio cultural, histórico, artístico y
arqueológico nacional, incluido el sumergido, razón por la cual se excluye
expresamente de la declaración de dominio contenida en el punto segundo de la
parte resolutiva de la sentencia de primer grado, dictada en el presente juicio
por el Juzgado Décimo Civil del Circuito de la mencionada ciudad el 6 de julio
de 1994, todos y cada uno de los bienes que correspondan o correspondieren a
“monumentos muebles”, según la descripción y referencia consagrada en el
artículo 7° de la Ley 163 de 1959, los cuales están sometidos y gobernados por
el régimen proteccionista allí contemplado, así como por las normas
constitucionales y legales que, con ese mismo y específico propósito, se han
proferido posteriormente, caracterizadas por la amplitud y generalidad de la
tutela conferida.”[80]
3.5.3.6.En
virtud de la anterior evolución pueden señalarse las siguientes conclusiones: (i)
el concepto de patrimonio cultural sumergido surgió para la protección de
objetos que han estado bajo el agua durante un periodo muy prolongado de tiempo
que en gran parte del mundo corresponde a al menos cien (100) años; (ii) las
reglas inicialmente aplicables a los hallazgos estaban orientadas a la
protección de los derechos del descubridor por encima del interés público, sin
embargo, la apropiación de piezas invaluables generó una preocupación a nivel
internacional para su protección; (iii) desde los años setenta del siglo
pasado se ha presentado una prolongada tendencia dirigida a crear reglas y
estándares internacionales para la tutela del patrimonio cultural
sumergido, los cuales se profundizarán a continuación.
3.5.4. La protección internacional del patrimonio sumergido
El patrimonio cultural es una materia de interés
público internacional[81], no solamente por su especial valor histórico,
arqueológico y cultural, sino también porque en la mayoría de ocasiones
involucra intereses de varios Estados de acuerdo a la nacionalidad del barco o
el lugar en el cual es localizado el naufragio[82].
Por lo anterior, se han realizado múltiples convenciones internacionales que
establecen las reglas para su protección y determinan los derechos de las
naciones involucradas[83].
3.5.4.1.
La Convención para la
Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado.
El 14 de mayo de 1954 se suscribió en la Haya la
Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto
Armado, la cual señala el deber de los Estados partes de proteger y respetar el
patrimonio cultural contra los efectos
previsibles de un conflicto armado[84].
Esta convención consagra las siguientes obligaciones
para su protección: (i) no exponerlos a su destrucción o deterioro ni
realizar actos de hostilidad respecto de los mismos, (ii)  prohibir, a impedir y a hacer cesar, en caso
necesario, cualquier acto de robo, de pillaje, de ocultación o apropiación de
bienes culturales y; (iii) no tomar medidas de represalia contra los
bienes culturales[85].
3.5.4.2.
La Convención sobre la Protección del Patrimonio
Mundial  Cultural y Natural.
El veintitrés de noviembre de 1972 se suscribió la Convención
sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, la cual
consagra múltiples mecanismos para su protección:
3.5.4.2.1.Exige
el cumplimiento de las siguientes obligaciones para garantizar su protección: (i)
adoptar una política para atribuirles una función en la vida colectiva e
integrar su protección en los programas de planificación general; (ii)
instituir servicios de protección, conservación y revalorización con el
personal adecuado que disponga de medios para cumplir sus funciones; (iii)
desarrollar estudios e investigación científica y técnica y perfeccionar los
métodos de intervención para hacer frente a los peligros que los amenacen; (iv)
adoptar medidas jurídicas, científicas, técnicas, administrativas y financieras
para identificar, proteger, conservar, revalorizar y rehabilitar ese patrimonio
y; (v) facilitar la creación o el desenvolvimiento de centros nacionales
o regionales de formación y estimular la investigación científica en este campo[86].
3.5.4.2.2.Creó
"el Comité del Patrimonio Mundial"[87] y "el Fondo del
Patrimonio Mundial"[88]
para la protección del patrimonio cultural y natural.
3.5.4.2.3.Establece
que cada uno de los Estados Partes presentará al Comité del Patrimonio Mundial
un inventario de los bienes del patrimonio cultural y natural situados en su
territorio con los cuales se conformará una "Lista del patrimonio
mundial" revisada cada 2 años[89].
3.5.4.2.4.Crea
un sistema de asistencia internacional para la protección del patrimonio
cultural o natural con los siguientes objetivos: (i) realizar estudios
sobre los problemas artísticos, científicos y técnicos que plantean la
protección, la conservación, la revalorización y la rehabilitación del
patrimonio cultural y natural; (ii) servicios de expertos, de técnicos y
de mano de obra calificada para velar por la buena ejecución del proyecto
aprobado; (iii) formación de especialistas de todos los niveles en
materia de identificación, protección, conservación, revalorización y
rehabilitación del patrimonio cultural y natural; (iv) suministro de
equipo que el Estado interesado no posea o no pueda adquirir; (v)
préstamos a interés reducido, sin interés o reintegrables a largo plazo; (vi)
concesión en casos excepcionales y especialmente motivados, de subvenciones no
reintegrables[90].
3.5.4.3.
La Convención del Mar
La Convención del Mar consagra la obligación de los
Estados de proteger los objetos de carácter arqueológico e histórico hallados
en el mar y cooperarán a tal efecto, para lo cual podrá presumirse que la
remoción de aquellos de los fondos marinos de la zona sin su autorización
constituye una infracción[91], sin desconocer los derechos de los propietarios
identificables, a las normas sobre salvamento u otras normas del derecho
marítimo o a las leyes y prácticas en materia de intercambios culturales:
“Objetos arqueológicos e históricos hallados en el mar
1. Los Estados tienen la obligación de proteger los
objetos de carácter arqueológico e histórico hallados en el mar y cooperarán a
tal efecto.
2. A fin de fiscalizar el tráfico de tales objetos, el
Estado ribereño, al aplicar el artículo 33, podrá presumir que la remoción de
aquellos de los fondos marinos de la zona a que se refiere ese artículo sin su
autorización constituye una infracción, cometida en su territorio o en su mar
territorial, de las leyes y reglamentos mencionados en dicho artículo.
3. Nada de lo dispuesto en este artículo afectará a
los derechos de los propietarios identificables, a las normas sobre salvamento
u otras normas del derecho marítimo o a las leyes y prácticas en materia de
intercambios culturales.
4. Este artículo se entenderá sin perjuicio de otros
acuerdos internacionales y demás normas de derecho internacional relativos”[92].
3.5.4.4.
La Convención sobre la
Protección del Patrimonio Cultural Subacuático
La Conferencia General de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura aprobó el 2 de
noviembre de 2001 en la ciudad de París la Convención Sobre La Protección Del
Patrimonio Cultural Subacuático:
3.5.4.4.1.La
competencia para la regulación y autorización de actividades relacionadas con
el patrimonio cultural sumergido depende del lugar específico en el cual se
encuentre:
(i)
En el ejercicio de su
soberanía, los Estados Partes tienen el derecho exclusivo de reglamentar y
autorizar las actividades dirigidas al patrimonio cultural subacuático en sus
aguas interiores, aguas archipelágicas y mar territorial[93].
(ii)
Los Estados Partes podrán
reglamentar y autorizar las actividades dirigidas al patrimonio cultural
subacuático en su zona contigua[94].
(iii)
Un Estado Parte en cuya zona
económica exclusiva o en cuya plataforma continental esté situado el patrimonio
cultural subacuático tiene derecho a prohibir o a autorizar cualquier actividad
dirigida a este patrimonio para impedir cualquier intromisión en sus derechos
soberanos o su jurisdicción reconocidos por el derecho internacional, incluida
la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar[95].
3.5.4.4.2.Establece
que los Estados Partes tomarán medidas para impedir la entrada en su
territorio, el comercio y la posesión de patrimonio cultural subacuático
exportado ilícitamente y/o recuperado, cuando tal recuperación sea contraria a
la presente Convención[96].
3.5.4.4.3.Exige
la aplicación de sanciones por la infracción de las normas de protección del
patrimonio cultural sumergido[97]
3.5.4.4.4.Señala
que cada Estado Parte adoptará medidas destinadas a la incautación de
elementos de patrimonio cultural subacuático situado en su territorio,
que haya sido recuperado de una manera no conforme a la Convención[98].
3.5.4.4.5.Finalmente
establece una serie de principios respecto de las actividades dirigidas al
patrimonio cultural subacuático:
(i)
Las actividades dirigidas al
patrimonio cultural subacuático se autorizarán únicamente si se realizan de una
manera compatible con su protección[99].
(ii)
La explotación comercial del
patrimonio cultural subacuático que tenga por fin la realización de
transacciones, la especulación o su dispersión irremediable es absolutamente
incompatible con una protección y gestión correctas de ese patrimonio[100].
(iii)
Las actividades dirigidas al
patrimonio cultural subacuático no deberán perjudicarlo más de lo que sea
necesario para los objetivos del proyecto[101]
y en este sentido las actividades dirigidas al patrimonio cultural
subacuático deberán servirse de técnicas y métodos de exploración no
destructivos[102].
(iv)
Las actividades dirigidas al
patrimonio cultural subacuático evitarán perturbar innecesariamente los restos
humanos o los sitios venerados[103].
(v)
Las actividades dirigidas al
patrimonio cultural subacuático se reglamentarán estrictamente para que se
registre debidamente la información cultural, histórica y arqueológica[104].
(vi)
Se fomentará el acceso del
público al patrimonio cultural subacuático in situ, salvo en los casos
en que éste sea incompatible con la protección y la gestión del sitio[105].
(vii)  Se alentará la cooperación internacional con objeto de
propiciar intercambios eficaces de arqueólogos y demás especialistas competentes
y de emplear mejor sus capacidades[106].
(viii)
Exige que antes de iniciar
cualquier actividad dirigida al patrimonio cultural subacuático se elaborará
un  proyecto cuyo plan se presentará a las autoridades competentes para que lo
autoricen, previa revisión por los pares[107].
3.6.
ANÁLISIS DE LOS CARGOS DE
LA DEMANDA
Los demandantes formulan tres (3) cargos a las
disposiciones demandadas: (i) señala que el concepto de patrimonio
sumergido contemplado en el parágrafo del artículo 2º y en el artículo 1º de la
Ley 1675 de 2013 vulnera los artículos 2º, 8º, 63, 70 y 72 de la Constitución
Política porque  no considera patrimonio sumergido los bienes hallados que sean
producto de hundimientos, naufragios o echazones que no hayan cumplido cien (100)
años a partir de la ocurrencia del hecho; (ii) señala que el criterio de
repetición consagrado en el inciso tercero del artículo 3º  vulnera los
artículos 2, 8, 63, 70 y 72 de la Constitución; (iii) manifiesta que el
numeral 2º del artículo 15 de la Ley 1675 vulnera lo dispuesto en los artículos
8º, 63, 70 y 72 de la Constitución Política al establecer una remuneración de
realizar pagos con bienes que por su naturaleza son inalienables y tienen valor
cultural pese a no haber cumplido cien (100) años a partir de la
ocurrencia del hecho.
La Corte ya se ha pronunciado en la Sentencia C – 264
de 2014 frente al segundo cargo, por lo cual en esta providencia se analizarán
los otros dos (2) cargos:
3.6.1. La limitación del concepto de patrimonio sumergido a
bienes hallados en hundimientos, naufragios o echazones que hayan cumplido más
de cien (100) años a partir de su ocurrencia
Los
accionantes señalan que el concepto de patrimonio sumergido contemplado en el
parágrafo del artículo 2º y en el artículo 1º de la Ley 1675 de 2013 vulnera
los artículos 2º, 8º, 63, 70 y 72 de la Constitución Política, porque  no
considera patrimonio sumergido los bienes hallados que sean producto de
hundimientos, naufragios o echazones que no hayan cumplido cien (100) años a
partir de la ocurrencia del hecho, cargo que se analizará a continuación.
3.6.1.1.
Inexistencia de vulneración
de los artículos 2º y 8º de la Constitución
El artículo 2º de la Constitución señala que es una
obligación del Estado proteger a todas las personas en su vida, honra y bienes
y el artículo 8º  señala en particular que es una obligación del Estado y de
las personas “proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación”.
Como se señaló previamente existe un margen de
libertad de configuración legislativa en la promoción y protección del patrimonio
cultural de la Nación[108]
que permite delimitar su concepto y diseñar diferentes formas de protección
para los bienes y valores que lo integran[109].
En este aspecto, el legislador debe ponderar y
armonizar derechos e intereses en tensión[110]
como son: la libertad económica, el derecho a la propiedad, el medio ambiente y
el patrimonio cultural de la Nación[111].
Al respecto debe tenerse en cuenta que la declaración de un bien como parte
integrante del patrimonio cultural de la Nación, lleva consigo una serie de
restricciones al derecho de propiedad y la imposición de cargas para los
propietarios de éstos para su conservación y protección[112].
Bajo esta consideración debe señalarse que se
considera que la limitación del concepto de patrimonio sumergido a aquellos
bienes hallados que sean producto de hundimientos, naufragios o echazones que
no hayan cumplido cien (100) años a partir de la ocurrencia del hecho se
considera como un ejercicio razonable de la libertad de configuración del
legislador en la regulación del patrimonio sumergido por las siguientes
razones:
(i)     En primer lugar, el término de cien (100) años no es
una invención legislativa, sino que se inspira en un estándar internacional
señalado en la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural
Subacuático, según la cual el mismo
está constituido por “todos los rastros de existencia humana que
tengan un carácter cultural, histórico o arqueológico, que hayan estado bajo el
agua, parcial o totalmente, de forma periódica o continua, por lo menos durante
100 años”. Si bien Colombia no ha suscrito esta convención no es
inconstitucional que se tome el parámetro adoptado en ella como un  criterio
para la definición del patrimonio sumergido con el objeto de hacer compatible
la regulación colombiana con la aceptada en gran parte del mundo.
El patrimonio cultural sumergido es una institución de
orden internacional, pues por regla general involucra intereses de múltiples
Estados como el de la bandera del barco, el propietario de los objetos
encontrados o el Estado en cuyo territorio se encuentra el naufragio[113]. Por
lo anterior, la relevancia internacional de la regulación del patrimonio
cultural sumergido hace razonable que el legislador haya adoptado un parámetro
aceptado en convenciones internacionales para establecer su concepto.
En este sentido, la exposición de motivos y las
ponencias para primer debate del proyecto en el Congreso de la República
señalan claramente que uno de los objetivos de la Ley es ajustar la protección
del patrimonio sumergido en Colombia a la regulación internacional[114] y a
las tendencias del Derecho Comparado[115],
finalidad que se considera ajustada a la Carta Política.
(ii)   En segundo lugar, el concepto de patrimonio sumergido desde el punto de vista
arqueológico y cultural exige que no cualquier naufragio pueda adquirir
automáticamente esta condición, sino que es necesario el paso de un periodo muy
prolongado de tiempo[116]. En este sentido, el patrimonio sumergido incluye
barcos antiguos hundidos, objetos arrojados al mar hace muchos años y sitios
arqueológicos sumergidos[117].
La mayoría de especies que han adquirido esa calidad fueron hallados en
hundimientos presentados durante los siglos XV al XIX como los buques Batavia,
Vergulde Draeck, Zuytdorp, Zeewijk, Geldermalsen, Birkenhead y los Galeones San
José, Nuestra Señora de Atocha , Nuestra Señora de las Mercedes, Juno y La
Galga.
(iii)En tercer lugar, el hecho de que el legislador haya considerado que
los bienes solamente constituyen patrimonio sumergido a partir de los cien
(100) años posteriores a los hechos, no implica que otros objetos que tengan el
carácter de patrimonio cultural de la Nación carezcan de protección, sino que
se regularán por normas distintas a la Ley 1675 de 2013.  En este sentido, la
propia Ley 1675 de 2013 señala que cuando no se hayan cumplido cien (100) años
a partir de la ocurrencia del hecho se emplearán las demás normas nacionales e
internacionales aplicables:
“Parágrafo. No se consideran
Patrimonio Cultural Sumergido los bienes hallados que sean producto de
hundimientos, naufragios o echazones que no hayan cumplido 100 años a partir de
la ocurrencia del hecho, los cuales se regulan por las normas del Código de
Comercio y los artículos 710 y concordantes del Código Civil en cuanto a su
salvamento, y por las demás normas nacionales e internacionales
aplicables. Tampoco se consideran aquellos bienes hallados en
hundimientos, naufragios o echazones que hayan cumplido más de 100 años a
partir de su ocurrencia, y que no reúnan las condiciones para ser considerados
pertenecientes al Patrimonio Cultural Sumergido” (negrillas y subrayado fuera
de texto).
De esta manera,
cuando un bien no tiene el carácter de patrimonio sumergido por no haberse
cumplido los cien (100) años señalados en esta ley, pero sí tiene la naturaleza
de patrimonio cultural de la Nación por otra causa, la norma nacional aplicable
ya no será la Ley 1675 de 2013, sino la norma general que regule en Colombia el
patrimonio cultural, la cual en la actualidad corresponde a la Ley 397 de 1997.
Así mismo, cuando el objeto encontrado no tenga una naturaleza especial se
podrán aplicar las normas civiles y comerciales generales.
Por lo anterior,
aquellos bienes que ya hagan parte del patrimonio cultural de la Nación y que
por alguna circunstancia como un hundimiento, naufragio o echazón se encuentren
bajo el agua, no pierden su naturaleza y por ello su protección como patrimonio
cultural de la Nación no se suspende ni elimina, sino que será distinta a la
contemplada para el patrimonio sumergido hasta tanto se cumplan cien (100) años
desde la ocurrencia del hecho.
(iv)En cuarto lugar, la determinación de un bien como patrimonio
sumergido implica amplias restricciones al patrimonio de sus propietarios, pues
los mismos son inembargables, inalienables e imprescriptibles, por lo cual no
cualquier hundimiento puede ser considerado automáticamente como patrimonio
sumergido.
3.6.1.2.
Inexistencia de vulneración
de los artículos 63 y 72 de la Constitución.
El artículo 63 consagra el carácter inalienable,
imprescriptible e inembargable de “los bienes de uso público, los parques
naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo,
el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la
ley”, mientras que el artículo 72 señala puntualmente que “el patrimonio
arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional,
pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles”.
La Ley 1675 de 2013 en ningún momento restringe la
protección de los objetos que son considerados como patrimonio cultural de la
Nación por la regulación general contemplada en la Ley 397 de 1997, sino que,
por el contrario, permite la extensión de su tutela a eventos en los cuales se
considere que se configura un patrimonio sumergido.
En este sentido, la Ley 1675 de 2013 no solo no
excluye la protección de los bienes amparados por la Ley 397 de 1997 y por la
Constitución Política como patrimonio cultural de la Nación, sino que realiza
remisiones específicas a esta normas: “En
consonancia con lo anterior, los bienes declarados como pertenecientes al
Patrimonio Cultural Sumergido estarán sujetos al régimen establecido en la
Constitución Política, al Régimen Especial de Protección y a las disposiciones
particulares fijadas en la Ley 397 de 1997, modificada por la Ley 1185 de 2008,
y en la normatividad vigente para el patrimonio arqueológico, así como a las
disposiciones especiales establecidas en la presente ley”[118].
En virtud de esta situación, los objetos que constituyen
patrimonio cultural de la Nación siguen teniendo la calidad de
imprescriptibles, inalienables e inembargables, independientemente de que se les
apliquen o no las disposiciones sobre el patrimonio sumergido. Lo que hace la
Ley 1675 de 2013 es crear una regulación particular en materia de exploración,
hallazgo y contratación para una categoría especial del patrimonio cultural que
es el patrimonio cultural sumergido, pero en ningún momento elimina las
restricciones que la propia Constitución señala respecto del patrimonio
cultural de la Nación.
3.6.1.3.
Inexistencia de vulneración
al artículo 1º de la Constitución
El artículo 1º consagra que Colombia es un Estado
Social de Derecho fundado “en la prevalencia del interés general”,
situación que según los demandantes es desconocida por la norma demandada al
permitir que los particulares puedan apropiarse del patrimonio cultural de la
Nación.
La norma demandada se funda precisamente en la
prevalencia del interés general, pues en virtud del mismo es posible la
restricción del derecho de dominio de los propietarios de aquellos bienes que
tienen el carácter de patrimonio cultural sumergido.
Sin embargo, no tiene justificación que se restrinja
el derecho a la propiedad respecto de bienes que no hacen parte del patrimonio Cultural
de la Nación, por lo cual en estos eventos no puede prevalecer el interés
general.
3.6.1.4.
Inexistencia de
regresividad en la regulación del parágrafo del artículo 2º de la Ley 1675 de
2013
El principio de progresividad ha sido reconocido en
diversos tratados internacionales de derechos humanos que hacen parte del
bloque de constitucionalidad[119]
y se traduce en “la obligación del Estado de adoptar medidas, especialmente económicas y
técnicas, para lograr gradual, sucesiva, paulatina y crecientemente la plena
efectividad de los DESC reconocidos por los Estados. Esa progresividad
en la satisfacción de los derechos implica para el Estado tanto apropiar el
máximo de sus recursos como adoptar las medidas legislativas y de otro tipo
para lograr su efectivo disfrute.” [120]
Este principio
no implica una prohibición absoluta de adoptar medidas regresivas, sino que se
trata de una prohibición prima facie, pues tales medidas pueden tener
lugar al amparo de la Carta, siempre y cuando se encuentren debidamente
justificadas en términos de realización de otros derechos fundamentales y
después de un exhaustivo análisis de las otras opciones disponibles[121].
En este sentido, en la sentencia C-1141 de 2008[122], la Corte
precisó que la cláusula de no retroceso
en definitiva supone que una vez logrados ciertos avances en la concreción de
los derechos, “(…) las condiciones preestablecidas no pueden ser
desmejoradas sin el cumplimiento de una rigurosa carga justificativa por las
autoridades competentes.[123]”
(Resaltado fuera del texto)
La jurisprudencia constitucional ha
desarrollado un test de constitucionalidad para determinar si una medida es
regresiva. La Sentencia C-536 de 2012[124],
analizó y condensó los parámetros adoptados por la Corporación para el efecto.
Allí se dijo que el test de
constitucionalidad de las medidas regresivas en materia de derechos sociales se
compone de tres elementos: (i) estudio de la posible regresividad, (ii)
examen de la afectación de los contenidos mínimos intangibles de los derechos
sociales y (iii) análisis de la justificación.
En este orden de ideas, el primer paso habilitante
para efectos de desplegar el control de constitucionalidad, es determinar si la
medida objeto de control es efectivamente  regresiva. La regresividad, en
palabras de la Corte, “implica que la disposición demandada modifica las
condiciones normativas que le prexisten, ya sea porque reduce el “radio de
protección de un derecho social”, disminuye “los recursos públicos invertidos
en [su] satisfacción”,  aumente “el costo para acceder al derecho”, o en
términos generales, la tal disposición “retrocede, por cualquier vía, el nivel
de satisfacción de un derecho social”.[125]
Los demandantes señalan que el parágrafo del artículo
2º de la Ley 1675 de 2013 limita el concepto del patrimonio sumergido a bienes “hallados que sean producto de hundimientos,
naufragios o echazones que no hayan cumplido 100 años a partir de la ocurrencia
del hecho”, lo cual según ellos implicaría que podría reducirse el
ámbito de protección de los bienes culturales de la Nación, en la medida que la
Ley 397 de 1997 no establecía un límite de antigüedad específico para
considerar que un bien hace parte del patrimonio cultural sumergido, lo cual se
analizará a continuación:
El artículo 9º de la Ley 397 de 1997 señala que “las ciudades o cementerios de
grupos humanos desaparecidos, restos humanos, las especies náufragas constituidas
por las naves y su dotación, y demás bienes muebles yacentes dentro de éstas, o
diseminados en el fondo del mar, que se encuentren en el suelo o subsuelo
marinos de las aguas interiores, el mar territorial, la plataforma continental
o zona económica exclusiva, cualesquiera que sea su naturaleza o estado y la
causa o época del hundimiento o naufragio”. De esta manera, esta norma no realiza una limitación temporal
específica para la consideración de un bien como de patrimonio sumergido. Sin
embargo, en virtud de esta
norma, no cualquier especie náufraga hacía parte del patrimonio cultural sumergido,
pues solamente lo eran aquellas que según el Ministerio de Cultura tenían un
valor histórico o arqueológico:
“Esto significa entonces que no todo bien
sumergido entra a formar parte del patrimonio nacional, ya que es necesario que
éste tenga un valor histórico o arqueológico, que justifique su incorporación a
dicho patrimonio. Conforme a este artículo, corresponde al Ministerio de la
Cultura realizar la correspondiente evaluación del valor arqueológico o
histórico del correspondiente bien, con el fin de determinar si éste se
incorpora o no al patrimonio arqueológico y cultural de la Nación”[126].
El
artículo 2º de la Ley 1675 de 2013 contiene una regulación un poco más detallada
del patrimonio sumergido señalando que el mismo “está integrado por todos
aquellos bienes producto de la actividad humana, que sean representativos de la
cultura que se encuentran permanentemente sumergidos en aguas internas,
fluviales y lacustres, en el mar territorial, en la zona contigua, la zona
económica exclusiva y la plataforma continental e insular, y otras áreas
delimitadas por líneas de base”. Adicionalmente, el parágrafo de esta norma
señala que no se consideran patrimonio cultural sumergido
los bienes “hallados que sean producto de hundimientos, naufragios o
echazones que no hayan cumplido 100 años a partir de la ocurrencia del hecho”.
De esta manera, es cierto que el parágrafo del
artículo 2º de la Ley 1675 de 2013 incluye un nuevo criterio para la determinación
de lo que se considera como patrimonio sumergido, consistente en que solamente
se incluyen bienes que hayan
cumplido 100 años a partir de la ocurrencia del hecho, sin embargo, ello en ningún momento implica una
regresividad en la protección del patrimonio cultural de la Nación por los
siguientes motivos:
El patrimonio cultural sumergido es solamente una
modalidad de patrimonio cultural, por lo cual aquellos bienes que no se
consideren patrimonio cultural sumergido porque no hayan cumplido cien (100)
años bajo el agua, pero tengan un valor histórico, cultural o arqueológico,
gozan de protección como patrimonio cultural de la Nación en virtud de las
reglas de la Ley 397 de 1997.
De esta manera, no puede existir regresividad frente a
la protección de los bienes del patrimonio cultural que no hayan cumplido 100 años a partir de la
ocurrencia del hecho, pues frente a éstos
se aplicarán las normas de la Ley 397 de 1997, que era la que estaba vigente
antes de la expedición de la Ley 1675 de 2013, por lo cual no podrá existir ningún
retroceso en la protección.
En este sentido, el hecho de que un bien cultural de
la Nación no sea considerado además como patrimonio cultural sumergido no lo
desprotege, sino que implica que respecto de su descubrimiento y recuperación
se aplican reglas distintas a las contempladas en la Ley 1675 de 2013 que son
las de la Ley 397 de 1997. Al respecto cabe señalar que el objetivo central de la
Ley 1675 de 2013 fue establecer una regulación especial para la exploración, la
intervención, el aprovechamiento y la contratación de actividades especiales
respecto del patrimonio sumergido, que responden a las características muy
particulares que tienen los procedimientos que deben realizarse para el
hallazgo de estos bienes, sin que ello en ningún momento excluya las formas de
protección contempladas en la Ley 397 de 1997.
Por lo anterior, la utilización del criterio especial de
los cien (100) años en ningún momento es regresiva, pues aquellos bienes cuyo
hundimiento no tenga esa antigüedad pero tengan un valor histórico,
arqueológico o cultural, conservan su protección como patrimonio cultural de la
Nación contemplada en la Ley 397 de 1997.
Adicionalmente,
la regulación del patrimonio cultural sumergido contemplada en la Ley 1675 de
2013 no es aislada, sino que tiene múltiples conexiones sistemáticas respecto
de la proteción del patrimonio cultural de la Ley 397 de 1997: (i) el
artículo 1º de la Ley 1675 de 2013 remite a los artículos 63 y 72 de la Constitución Política y 6°
de la Ley 397 de 1997; (ii) el artículo 2º señala que “los bienes
declarados como pertenecientes al Patrimonio Cultural Sumergido estarán sujetos
al régimen establecido en la Constitución Política, al Régimen Especial de
Protección y a las disposiciones particulares fijadas en la Ley 397 de 1997”;
(iii) el artículo 8º remite al numeral 1.4 del artículo 11 de la Ley 397
de 1997; (iv) el artículo 21 se remite a la Ley 397 de 1997 en relación
con las faltas contra el Patrimonio Cultural Sumergido. En este sentido,
existe una conexión estrecha entre las regulaciones de las leyes 1675 de 2013 y
397 de 1997 que impide que exista regresividad entre la protección que
contemplan las mismas.
En virtud de esta situación tampoco se afectan
los contenidos mínimos intangibles del patrimonio cultural, pues simplemente se
está señalando que no se aplicará a estos bienes la regulación especial del
patrimonio sumergido para su exploración, intervención, aprovechamiento y
contratación, sin que en ningún momento elimine su naturaleza de bienes del
patrimonio cultural.
3.6.2. La remuneración a través de bienes que no hayan
cumplido cien (100) años a partir de la ocurrencia del hecho
Los demandantes afirman que el numeral 2º del artículo
15 de la Ley 1675 de 2013 vulnera lo dispuesto en los artículos 63, 70 y 72 de
la Constitución Política al establecer una remuneración a través de la entrega
de bienes que por su naturaleza son inalienables y tienen valor cultural pese a
no haber cumplido cien (100) años a partir de la ocurrencia del hecho.
3.6.2.1.
Esta Corporación ha señalado
que un bien que integra el patrimonio arqueológico y cultural de la Nación, al
ser inalienable, no puede ser negociado, ni vendido, ni donado, ni permutado.
Por consiguiente, es inconstitucional la transferencia a los particulares, a
título de recompensa de bienes que integran ese patrimonio[127]. Sin embargo, no existe
ninguna restricción constitucional para que se realice una remuneración a
través de aquellos bienes encontrados que no hagan parte del patrimonio cultural
de la Nación.
3.6.2.2.
En este sentido, la libertad
de configuración del legislador para la regulación del patrimonio sumergido
también incluye la elección del sistema para la remuneración del particular que
haya participado en el descubrimiento o exploración, siempre y cuando el mismo
no incluya la entrega de bienes que sí hagan parte del patrimonio cultural de
la Nación. Al respecto, debe destacarse que a nivel internacional existen múltiples
modelos para retribuir la labor de exploración: (i) algunos Estados como
Australia[128]
y Portugal[129]
permiten que la remuneración se realice con parte de los bienes encontrados; (ii)
en otros como Bermuda[130],
Brasil[131]
Argentina[132]
se otorga una licencia de exploración, (iii) mientras que en otros como China[133],
Irlanda[134],
Noruega[135]
e Italia[136]
solamente se da una recompensa a quien encuentra los objetos.
3.6.2.3.
El numeral segundo del
artículo 15 de la Ley 1675 de 2013 es  claro en establecer que la remuneración se
podrá hacer con el 50% del valor de los bienes que no constituyen
Patrimonio Cultural de la Nación:
“2. En
los hallazgos que estén constituidos por bienes y materiales que no hagan parte
del Patrimonio Cultural de la Nación, definidos en el artículo 3o
de la presente ley, se remunerará al contratista hasta con el 50% del valor de
los bienes que no constituyen Patrimonio Cultural de la Nación. En este caso el
Ministerio de Cultura podrá optar por pagar esta remuneración hasta con el 50%
de las especies rescatadas que no constituyan Patrimonio Cultural de la Nación
o con su valor en dinero. En este último caso, el valor de los bienes se
establecerá mediante un sistema de peritaje internacional aceptado de común
acuerdo por las partes”.
3.6.2.4.
En virtud de lo anterior se
considera que el numeral 2º del artículo 15 no vulnera ninguna de las normas
señaladas por los demandantes, sino que simplemente constituye una
manifestación de la libertad de configuración del legislador en la regulación
del patrimonio sumergido:
3.6.2.4.1.El
artículo 63 de la Constitución consagra el carácter de inalienables,
imprescriptibles e inembargables de “los bienes de uso público, los parques
naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo,
el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la
ley”, mientras que el artículo 72 señala puntualmente que “el patrimonio
arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional,
pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles”.
La norma demandada en ningún momento está afectando el carácter inalienable,
imprescriptible e inembargable de los bienes que hacen parte del patrimonio
cultural de la Nación por los siguientes motivos:
(i) En
primer lugar, la propia norma demandada contiene una restricción especial que
impide la entrega de estos bienes, al afirmar que “en este caso el
Ministerio de Cultura podrá optar por pagar esta remuneración hasta con el 50%
de las especies rescatadas que no constituyan Patrimonio Cultural de la
Nación o con su valor en dinero”[137],
por lo cual es muy claro que de ninguna manera podrán entregarse como
recompensa bienes que hagan parte del patrimonio cultural de la Nación.
(ii) En
segundo lugar, tal como ya se afirmó, la Ley 1675 de 2013 no restringe la
protección de los objetos que son considerados como patrimonio cultural de la
Nación por la regulación general contemplada en la Ley 397 de 1997, sino que
por el contrario permite la extensión de su tutela a eventos en los cuales se
considere que el objeto constituye parte del patrimonio sumergido. Por esta
razón, tanto los bienes que son considerados patrimonio sumergido por la Ley
1675 de 2013, como también aquellos que tienen la calidad de patrimonio
cultural de la Nación en virtud de la Ley 397 de 1997, conservan sus calidades
de inembargabilidad, imprescriptibilidad e inalienabilidad señaladas en la
Constitución.
3.6.2.4.2.El
artículo 70 de la Carta Política señala que el “El Estado tiene el deber de
promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad
de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza
científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de
creación de la identidad nacional”; mientras que el artículo 8º establece
que “Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas
culturales y naturales de la Nación”.
El numeral segundo del artículo 15 de la Ley 1675 de
2013 en ningún momento está afectando el acceso de los colombianos a la cultura
ni al patrimonio cultural, pues se reitera que los bienes que se pueden
entregar para remunerar a quien los encuentra no hacen parte del patrimonio
cultural de la Nación, tal como señala textualmente esta norma demandada al
expresar: “en este caso el Ministerio de Cultura podrá optar por pagar esta
remuneración hasta con el 50% de las especies rescatadas que no
constituyan Patrimonio Cultural de la Nación o con su valor en dinero”
(negrillas y subrayado fuera de texto).
3.6.2.4.3.
Finalmente, la remuneración a través
de la entrega de bienes encontrados que no hagan parte del patrimonio cultural
de la Nación constituye un ejercicio de la libertad de configuración del
legislador que desarrolla lo señalado en el artículo 333 de la Constitución
Política, según el cual: “La ley delimitará el alcance de la libertad
económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio
cultural de la Nación”. En este sentido, la motivación del legislador para
la expedición de esta norma fue estimular a los particulares realicen exploraciones
que puedan contribuir a la recuperación del patrimonio y a la vez garantizar
que bajo ninguna circunstancia se pudieran apropiar del patrimonio cultural de
la Nación, sino de otros objetos encontrados[138], finalidades que resultan
completamente compatibles con el deber del Estado de proteger el patrimonio
cultural sumergido.
3.7.
CONCLUSIONES
3.7.1. La protección del patrimonio cultural de la Nación
tiene especial relevancia en la Constitución, pues constituye un signo o una
expresión de la cultura humana, de un tiempo, de circunstancias o modalidades
de vida que se reflejan en el territorio, pero que desbordan sus límites y
dimensiones.
3.7.2.
La declaración de un bien como
parte integrante del patrimonio cultural de la Nación, lleva consigo una serie
de restricciones al derecho de propiedad y la imposición de cargas para los
propietarios de éstos que se relacionan con su disponibilidad y ello incluye
el  uso o destinación que ha de darse al bien para efectos de su conservación y
protección. Conforme a lo anterior, un bien que integra el patrimonio
arqueológico y cultural de la Nación, al ser inalienable, no puede ser
negociado, ni vendido, ni donado, ni permutado.
3.7.3.
Si bien los artículos 8º y 70
superiores consagraron el deber del Estado de proteger las riquezas culturales
de la Nación y promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los
ciudadanos, no señalaron fórmulas precisas para llegar a ese cometido, de ahí
que deba entenderse que el Constituyente dejó al legislador o al ejecutivo a
cargo de esa reglamentación.
3.7.4.
El legislador debe ponderar y
armonizar derechos e intereses en tensión como son la libertad económica, el
derecho a la propiedad, el medio ambiente y el patrimonio cultural de la
Nación, pues la declaración de un bien como parte integrante del patrimonio
cultural de la Nación, lleva consigo una serie de restricciones al derecho de
propiedad y la imposición de cargas para los propietarios de éstos para su
conservación y protección.
3.7.5.
La limitación del concepto de
patrimonio sumergido a aquellos bienes hallados que sean producto de
hundimientos, naufragios o echazones que hayan cumplido cien (100) años a
partir de la ocurrencia del hecho se considera como un ejercicio razonable de
la libertad de configuración del legislador en la regulación del patrimonio
sumergido por las siguientes razones:
3.7.5.1.En
primer lugar, el término de cien (100)
años no es una invención legislativa, sino que se inspira en un estándar
internacional señalado en la Convención sobre la Protección del Patrimonio
Cultural Subacuático.
3.7.5.2.En
segundo lugar, el concepto de
patrimonio sumergido desde el punto de vista arqueológico y cultural exige que
no cualquier naufragio pueda adquirir automáticamente esta condición, sino que
es necesario el paso de un periodo muy prolongado de tiempo.
3.7.5.3.En
tercer lugar, el hecho de que el
legislador haya considerado que los bienes solamente constituyen patrimonio
sumergido a partir de los cien (100) años posteriores a los hechos, no implica
que otros objetos que tengan el carácter de patrimonio cultural de la Nación
carezcan de protección, sino que se regularán por normas distintas a la Ley
1675 de 2013, como la Ley 397 de 1997.
3.7.5.4.En
cuarto lugar, la determinación de un
bien como patrimonio sumergido implica amplias restricciones al patrimonio de
sus propietarios, pues los mismos son inembargables, inalienables e imprescriptibles,
por lo cual no cualquier hundimiento puede ser considerado automáticamente como
patrimonio sumergido.
3.7.5.5.Finalmente, la norma no es regresiva, pues aquellos bienes cuyo
hundimiento no tenga la antigüedad de 100 años pero tengan un valor histórico,
arqueológico o cultural, conservan su protección como patrimonio cultural
contemplada en la Ley 397 de 1997
3.8.
El numeral 2º del artículo 15
no vulnera ninguna de las normas señaladas por los demandantes, sino que
simplemente constituye una manifestación de la libertad de configuración del
legislador en la regulación del patrimonio sumergido por las siguientes
razones:
3.8.1. En primer lugar, la propia norma demandada contiene una restricción
especial que impide la entrega de estos bienes, al afirmar que “en este caso
el Ministerio de Cultura podrá optar por pagar esta remuneración hasta con el
50% de las especies rescatadas que no constituyan Patrimonio Cultural de
la Nación o con su valor en dinero”.
3.8.2. En segundo lugar, la Ley 1675 de 2013 no restringe la protección de
los objetos que son considerados como patrimonio cultural de la Nación por la
regulación general contemplada en la Ley 397 de 1997, sino que por el contrario
permite la extensión de su tutela a eventos en los cuales se considere que el
objeto constituye parte del patrimonio sumergido. Por esta razón, tanto los
bienes que son considerados patrimonio sumergido por la Ley 1675 de 2013, como
también aquellos que tienen la calidad de patrimonio cultural de la Nación en
virtud de la Ley 397 de 1997, conservan sus calidades de inembargabilidad,
imprescriptibilidad e inalienabilidad señaladas en la Constitución.
3.9.
La Corte ya declaró exequible
el inciso 4º del artículo 3º de la de la Ley 1675 de 2013, definiendo el
alcance y la interpretación del criterio de repetición en la Sentencia C - 264
de 2014, por lo cual se estará a lo resuelto en dicha providencia.
DECISIÓN
Con
fundamento en las consideraciones precedentes, la Sala Plena de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO.- Declarar EXEQUIBLE por los cargos analizados
en la presente sentencia el parágrafo del artículo 2º y el artículo 1º de la
Ley 1675 de 2013.
SEGUNDO.- Declarar EXEQUIBLE por los cargos analizados
en la presente sentencia el numeral 2º del artículo 15 de la Ley 1675 de 2013.
TERCERO.-
Declarar ESTARSE A LO RESUELTO en
la sentencia C - 264 de 2014 que declaró exequible el inciso 4º del artículo 3º
de la de la Ley 1675 de 2013.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese,
cúmplase y archívese el expediente.
LUIS ERNESTO
VARGAS SILVA
Presidente
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
Con aclaración de voto
Magistrado
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
JORGE IVAN PALACIO PALACIO
Magistrada
Magistrado
Con aclaración de voto
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
ACLARACIÓN DE
VOTO DEL MAGISTRADO JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
A LA SENTENCIA
C-553/14
PATRIMONIO CULTURAL SUMERGIDO-Naturaleza y alcance (Aclaración de voto)
PATRIMONIO CULTURAL SUMERGIDO-No solo está integrado por barcos hundidos
en océanos (Aclaración de voto)
NORMAS SOBRE PATRIMONIO CULTURAL SUMERGIDO-Se debió realizar un estudio de derecho
comparado sobre el estado del arte respecto de legislaciones internacionales
que permiten el rescate y recompensa de patrimonio cultural sumergido y de
investigación científica (Aclaración de voto)
Referencia:
expediente D-9966
Demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo 1o, el parágrafo del
artículo 2o, el inciso 4o del artículo 3o y el
numeral 2o del artículo 15 de la Ley 1675 de 2013, "Por medio
de la cual se reglamentan los artículos 63, 70 y 72 de la Constitución Política
en lo relativo al Patrimonio Cultural Sumergido"".
Magistrado
Ponente:
JORGE
IGNACIO PRETELT CHALJUB
Con el respeto que merecen las decisiones
de esta Corporación, me permito manifestar mi aclaración de voto en relación
con lo decidido por la Sala Plena en el asunto de la referencia.
Si bien estoy de acuerdo con la declaratoria
de exequibilidad por los cargos analizados en la presente sentencia, creo
importante hacer algunas precisiones acerca de la naturaleza y el alcance de
las normas de protección al patrimonio cultural sumergido de la Nación.
1. Considero que aunque el objetivo
central de la Ley 1675 de 2013 fue establecer una regulación especial para la
exploración, la intervención, el aprovechamiento y la contratación de
actividades específicas respecto del patrimonio sumergido, que respondiera a
las particulares características que tienen los procedimientos para el hallazgo
de estos bienes, la norma debe estar integrada y formar un núcleo
interpretativo común con las leyes 397 de 1997[139] y
1185 de 2008[140],
con la finalidad de proteger el patrimonio cultural en toda su dimensión.
El hecho de que el legislador haya señalado
en la Ley 1675 de 2013 que solamente constituyen patrimonio sumergido los
bienes que tengan 100 años desde su hundimiento, no implica que otros objetos
que tengan el carácter de patrimonio cultural de la Nación carezcan de
protección. En otras palabras, si lo que se busca es lograr una protección
integral de nuestro patrimonio cultural, la Ley 1675 de 2013 debe
necesariamente formar un mismo bloque e interpretarse en consonancia con las
leyes 397 de 1997 y 1185 de 2008.
Lo anterior, en la medida en que la Ley
397 de 1997 o  "Ley General de Cultura" reguló qué es y cómo está
integrado el patrimonio cultural de la Nación y su sistema general de
protección y salvaguarda, que fue reformada parcialmente por la Ley 1185 de
2008, en algunos apartes relativos a la forma de integración del patrimonio
cultural, elementos estos que son fundamentales a la hora de proteger
integralmente nuestra riqueza cultural y que son complementarios al amparo del
patrimonio sumergido, de conformidad con los artículos 63, 70 y 72 de la
Constitución Política.
2.    Asimismo, hubiese
sido deseable contar con mayores precisiones sobre arqueología subacuática,
aclarando que el patrimonio cultural sumergido no solo está integrado por
barcos hundidos en los océanos. Este concepto también opera para otros casos
como los de los bienes hallados en aguas interiores (lagos, lagunas o canales).
Es el caso de los zelotes y cráteres volcánicos en México, que también podrían
tener relevancia en Colombia. Por ejemplo, en el caso de un descubrimiento en
el lecho de lagunas sagradas como Guatavita o Siecha, o en los canales de la
cultura Zenú[141].
3.    Además, estimo
que la providencia debió recoger otros hitos de la arqueología subacuática,
como la extracción de las embarcaciones 'Vasa' (Suecia, 1961) o 'Mary Rose'
(Inglaterra, 1982). Y, por supuesto, evidenciar la experiencia suramericana e
incluso colombiana en proyectos que son eminentemente científicos y no de
aprovechamiento económico.
A este respecto se debe tener en cuenta
la experiencia del INAH[142]
(México) y el INALP (Argentina, exploración de la Corbeta Swift[143]). En
Colombia existen, al menos, investigaciones en los bancos de Salmedina (1989) y
en la Batería de la Chamba (2001)[144]
desarrolladas por arqueólogos nacionales, formados algunos por la UNESCO,
expertos en la materia, que siguen trabajando estos campos.
Así, para informar de manera integral el
marco de discusión de la norma demandada habría sido deseable incluir en la
sentencia un estudio de derecho comparado que presentara el estado del arte
respecto de las legislaciones internacionales que permiten rescate y recompensa
de patrimonio cultural sumergido y las que dan preponderancia a la
investigación científica.
4.  En conclusión, no se puede perder de
vista que la exequibilidad de las normas demandadas se da en el entendido de
que aunque existan bienes que no sean parte del patrimonio cultural sumergido,
por su valor histórico, cultural o arqueológico pueden pertenecer a otras
categorías del patrimonio cultural y arqueológico de la Nación y por esta razón
deben estar amparados por su régimen integral de protección, conformado por las
leyes 1675 de 2013, 397 de 1997 y 1185 de 2008.
Fecha ut supra
JORGE IVAN PALACIO PALACIO
Magistrado
ACLARACIÓN
DE VOTO DE LA MAGISTRADA
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
A LA SENTENCIA C-553/14
Expediente D-9966
Demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo 1º, el parágrafo del artículo 2º, el
inciso 4º del artículo 3º y el numeral 2º del artículo 15 de la Ley 1675 de
2013.
Magistrado Ponente:
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
En la aclaración de voto de la sentencia C-553 de 2014, me acojo a
las consideraciones presentadas por el Doctor Jorge Iván Palacio Palacio,
porque no fueron diferentes las razones que me llevaron a aclarar el voto.
Fecha
ut supra,
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
[1]
Negrillas y subrayado fuera de texto.
[2]
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[3]
Art. 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
[4]
Sentencia de la Corte Constitucional C-028 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[5] Sentencia de la Corte Constitucional C-079 de 2011, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[6] M.P. Alberto Rojas Ríos.
[7] M.P. Alberto Rojas Ríos.
[8]
Art. 1º de la Convención
de Protección de Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado de 1954.
[9]
Art. 1º  de la Convención sobre la Protección
del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de 1972
[10] Sentencia de la Corte
Constitucional C-434 de 2010, M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub.
[11] Cfr. Art. 1º  de la
Convención sobre la Protección de Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado
de 1954.
[12] Cfr. Art.
11.1 de la Ley 397 de 1997, adicionado por el artículo 8 de la Ley 1185 de
2008. Ver también artículo 2.1 de la Convención para la Salvaguardia del
Patrimonio Inmaterial, Unesco, 2003. Según este último instrumento, el
patrimonio inmaterial comprende, entre otros elementos: “a) tradiciones y
expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural
inmaterial; b) artes del espectáculo; c) usos sociales, rituales y actos
festivos; d) conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo;
e) técnicas artesanales tradicionales.”
[13] Sentencia de la Corte
Constitucional C-668 de 2005, M.P. Alvaro Tafur Galvis.
[14] Sentencia de la Corte
Constitucional C-742 de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C - 264 de 2014.
[15] Sentencia de la Corte
Constitucional C-668 de 2005, M.P. Alvaro Tafur Galvis.
[16]
Sentencia de la Corte Constitucional C-1097 de 2001, M.P. Jaime Araujo
Renteria.
[17] Ver, al respecto, entre
otras, las sentencias C-339 de 2002, M.P. Jaime Araujo Renteria, C-091 de 2001,
M.P. Martha Victoria Sáchica Mendez, 366 de 2000, M.P. Alfredo Beltran Sierra y
C - 668 de 2005, M.P. Alvaro Tafur Galvis.
[18] Sentencia de la Corte
Constitucional C - 668 de 2005, M.P. Alvaro Tafur Galvis.
[19] Sentencia de la Corte
Constitucional C - 474 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[20] Sentencia de la Corte
Constitucional C - 474 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett y C - 668 de
2005, M.P. Alvaro Tafur Galvis.
[21] Sentencia de la Corte
Constitucional C - 668 de 2005, M.P. Alvaro Tafur Galvis.
[22] Art. 1º de la Ley 163 de
1959.
[23] Art. 6
de la Ley 163 de 1959.
[24] Art. 4
de la Ley 163 de 1959.
[25] Art. 8
de la Ley 163 de 1959
[26] Art. 12
de la Ley 163 de 1959.
[27] Art. 4
de la Ley 397 de 1997.
[28] Art. 9
de la Ley 397 de 1997.
[29] Art. 9
de la Ley 397 de 1997.
[30] Par. 1.
del art. 9 de la Ley 397 de 1997.
[31] Art. 10
de la Ley 397 de 1997.
[32] Art. 11
de la Ley 397 de 1997.
[33] Art. 16
de la Ley 397 de 1997.
[34]
Art. 1º de la Ley 1185 de 2008.
[35]
Art. 8º de la Ley 1185 de 2008.
[36] Sentencia
de la Corte Constitucional C - 339 de 2002, M.P. Jaime Araujo Rentería.
[37] Sentencia
de la Corte Constitucional C-480 de 1999,
M.P. Martha Victoria Sáchica de Moncaleano.
[38] Sentencia de la Corte
Constitucional C-474 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Linett y C-668 de 2005,
M.P. Alvaro Tafur Galvis.
[39] Sentencia de la Corte
Constitucional T-566 de 1992, M.P. Alejandro Martínez Caballero. En el mismo
sentido, ver sentencias T-572 de 1994, M.P. Alejandro Martínez Caballero y
C-183 de 2003, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[40] Entre otras, pueden
consultarse las sentencias C-474 de 2003. M.P. Eduardo Montealegre Lynett y
C-339 de 2002, M.P. Jaime Araujo Rentería
[41] Sentencia de la Corte
Constitucional C - 366 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[42] Sentencias de la Corte
Constitucional C - 366 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra y C -742 de 2006,
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[43] Sentencia de la Corte
Constitucional C - 366 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[44] Sentencia de la Corte
Constitucional C - 366 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[45] Sentencia de la Corte
Constitucional C-742 de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[46] Sentencia de la Corte
Constitucional C-742 de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[47] Sentencia de la Corte
Constitucional C-742 de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[48] Sentencia de la Corte
Constitucional C 818 de 2010, M.P. Humberto Antonio
Sierra Porto.
[49] Sentencia de la Corte
Constitucional C-742 de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[50] VADI, Sara Valentina:
Investing in Culture: Underwater Cultural Heritage and International Investment
Law. Vanderbilt Journal of
Transnational Law 3. 2009, pág. 4; STRATI, Anastasia:
The Protection of the Underwater Cultural Heritage: An emerging objective of
the contemporany law f the sea, Kluwer, La haya, 1997, pág. 10; DROMGOOGLE,
Sarah: Underwater Cultural Heritage and International Law, Cambridge University
press, Cambridge, 2013, pág. 65.
[51] Art. 1o. de la
Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático.
[52] Art. 2
de la Regulations of the Peoples`s of China Concerning the administration of
the protection of underwater cultural relics.
[53] Art. 2 de la Ley 25.743
de protección del patrimonio arqueológico y paleontológico.
[54] Art. 14 de la Ley del 9 de junio de 19078 sobre Patrimonio Cultural.
[55] Art. 2 de la Ley del 9 de junio de 19078 sobre Patrimonio Cultural.
[56]Proyecto de convención Europea sobre la
Protección del Patrimonio Cultural Sumergido. 1985.
[57] Sentencia de la Corte
Constitucional C-668 de 2005, M.P. Alvaro Tafur Galvis.
[58] Sentencia de la Corte
Constitucional T-566 de 1992, M.P. Alejandro Martínez Caballero. En el mismo
sentido, ver sentencias T-572 de 1994, M.P. Alejandro Martínez Caballero y
C-183 de 2003, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[59] Sentencia de la Corte
Constitucional C-474 de 2003 M.P. Eduardo Montealegre Lynett S.P.V.  Rodrigo
escobar Gil; Eduardo Montealegre Lynett; Marco Gerardo Monroy Cabra; Álvaro
Tafur Galvis y C-668 de 2005, M.P. Alvaro Tafur Galvis.
[60] Sentencia de la Corte
Constitucional C-474 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[61] Sentencia de la Corte
Constitucional C-474 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[62] M.P. Alvaro Tafur
Galvis.
[63]
Entre otras la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar,
suscrita en Montego Bay en el año de 1982, advierte en su artículo 149 que “Todos
los objetos de carácter arqueológico e histórico hallados en la Zona serán
conservados o se dispondrá de ellos en beneficio de toda la humanidad, teniendo
particularmente en cuenta los derechos preferentes del Estado o país de origen,
del Estado de origen cultural o del Estado de origen histórico y arqueológico.”
En la misma línea, el  artículo 303-1 establece que  “1. los Estados tienen la
obligación de proteger los objetos de carácter arqueológico e histórico
hallados en el mar y cooperarán a tal efecto”. Ver S.P.V. del Magistrado Marco
Gerardo Monroy Cabra a la Sentencia C-474 de 2003 M.P. Eduardo Montealegre
Lynett.
[64] VADI, Sara Valentina: Investing in Culture: Underwater Cultural
Heritage and International Investment Law. Vanderbilt
Journal of Transnational Law 3. 2009, pág. 4; STRATI, Anastasia: The
Protection of the Underwater Cultural Heritage: An emerging objective of the
contemporany law f the sea, Kluwer, La Haya, 1997, pág. 14; FORREST, Craig:
International Law and Protection of Cultural Heritage, Routledge, Nueva York,
2010,  pág. 5.
[65] VADI, Sara Valentina: Investing in Culture: Underwater Cultural
Heritage and International Investment Law. Vanderbilt
Journal of Transnational Law 3. 2009, pág. 6; STRATI, Anastasia: The
Protection of the Underwater Cultural Heritage: An emerging objective of the
contemporany law f the sea, Kluwer, La haya, 1997, pág. 16; Forrest, Craig:
International Law and Protection of Cultural Heritage, Routledge, Nueva York,
2010, pág. 4.
[66] STRATI,
Anastasia: The Protection of the Underwater Cultural Heritage: An emerging
objective of the contemporany law f the sea, Kluwer, La Haya, 1997, pág. 16.
[67] VADI, Sara Valentina: Investing in Culture: Underwater Cultural
Heritage and International Investment Law. Vanderbilt
Journal of Transnational Law 3. 2009, pág. 8.
[68] Sentencia de la Corte Constitucional C – 264 de 2014, M.P. Alberto
Rojas Ríos.
[69]
GARABELLO, Roberta / SCOVAZZI, Tullio: The protection of the underwater
cultural heritage. Before and after the 2001, UNESCO convention. Bric Academic
Publishers. Leider, Netherlands. 2003. Pág. 26.
[70]
DROMGOOGLE, Sarah: Underwater Cultural Heritage and International Law,
Cambridge University press, Cambridge, 2013, pág. 168.
[71]
Marto López: Luis Alberto: Exploración arqueológica subacuática de los cenotes
mayas, El patrimonio cultural subacuático, UNESCO, 2009, págs. 107 y ss.
[72]
GARABELLO, Roberta / SCOVAZZI, Tullio: The protection of the underwater
cultural heritage. Before and after the 2001, UNESCO convention. Bric Academic
Publishers. Leider, Netherlands. 2003, págs. 20 y 21.
[73]
GARABELLO, Roberta / SCOVAZZI, Tullio: The protection of the underwater
cultural heritage. Before and after the 2001, UNESCO convention. Bric Academic
Publishers. Leider, Netherlands. 2003, pág. 22.
[74]
GARABELLO, Roberta / SCOVAZZI, Tullio: The protection of the underwater
cultural heritage. Before and after the 2001, UNESCO convention. Bric Academic
Publishers. Leider, Netherlands. 2003, págs. 23 a 28.
[75]
GARABELLO, Roberta / SCOVAZZI, Tullio: The protection of the underwater
cultural heritage. Before and after the 2001, UNESCO convention. Bric Academic
Publishers. Leider, Netherlands. 2003, pág. 28.
[76] VARNER, Elizabeth. RMS Titanic: Underwater cultural heritage´s
sacrifice. Journal of Business Law, June 2012, pág. 19
[77]
GARABELLO, Roberta / SCOVAZZI, Tullio: The protection of the underwater
cultural heritage. Before and after the 2001, UNESCO convention. Bric Academic
Publishers. Leider, Netherlands. 2003, pág. 28.
[78]
Albania, Antigua y Barbuda, Argentina, Bahrein, Barbados, Bélgica, Benin,
Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Camboya, Croacia, Cuba, Ecuador, Eslovaquia,
Eslovenia, España, Francia, Gabón, Granada, Guyana, Haití, Honduras, Hungría,
Irán, Italia, Jamaica, Jordania, Líbano, Libia, Lituania, Marruecos, México,
Montenegro, Namibia, Nigeria, Palestina, Panamá, Paraguay, Portugal, República
Democrática del Congo, Rumania, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las
Granadinas, Santa Lucía, Togo, Trinidad y Tobago, Túnez y Ucrania.
[79]
GARABELLO, Roberta / SCOVAZZI, Tullio. The protection of the underwater
cultural heritage. Before and after the 2001 UNESCO convention. Bric Academic
Publishers. Leider, Netherlands. 2003, págs. 55 y ss.
[80] Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Expediente
08001-3103-010-1989-09134-01 de 5 de julio de 2007. M.P. Carlos Ignacio
Jaramillo Jaramillo.
[81] VADI, Sara Valentina: Investing in Culture: Underwater Cultural
Heritage and International Investment Law. Vanderbilt
Journal of Transnational Law 3. 2009, pág. 8; STRATI, Anastasia: The
Protection of the Underwater Cultural Heritage: An emerging objective of the
contemporany law f the sea, Kluwer, La Haya, 1997, pág. 9.
[82] STRATI,
Anastasia: The Protection of the Underwater Cultural Heritage: An emerging
objective of the contemporany law f the sea, Kluwer, La haya, 1997, pág. 19.
[83] VADI, Sara Valentina: Investing in Culture: Underwater Cultural
Heritage and International Investment Law. Vanderbilt
Journal of Transnational Law 3. 2009. Pág. 9
[84] Art. 3 de la Convención para la Protección de los
Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado: “Salvaguardia
de los bienes culturales. Las Altas
Partes Contratantes se comprometen a preparar en tiempo de paz, la salvaguardia
de los bienes culturales situados en su propio territorio contra los efectos
previsibles de un conflicto armado, adoptando las medidas que consideren
apropiadas”.
[85]
Art. 4 de la Convención para la
Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado: “Respeto a los bienes culturales. 1. Las Altas Partes Contratantes se
comprometen a respetar los bienes culturales situados tanto en su propio
territorio como en el de las otras Altas Partes Contratantes, absteniéndose de
utilizar esos bienes, sus sistemas de protección y sus proximidades inmediatas
para fines que pudieran exponer dichos bienes a destrucción o deterioro en caso
de conflicto armado, y absteniéndose de todo acto de hostilidad respecto de tales
bienes.
2.
Las obligaciones definidas en el párrafo primero del presente artículo no
podrán dejar de cumplirse más que en el caso de que una necesidad militar
impida de manera imperativa su cumplimiento.
3. Las Altas Partes Contratantes se comprometen
además a prohibir, a impedir y a hacer cesar, en caso necesario, cualquier acto
de robo, de pillaje, de ocultación o apropiación de bienes culturales, bajo
cualquier forma que se practique, así como todos los actos de vandalismo
respecto de dichos bienes. Se comprometen también a no requisar bienes
culturales muebles situados en el territorio de otra Alta Parte Contratante.
4. Aceptan el compromiso de no tomar medidas de
represalia contra los bienes culturales.
5. Ninguna de las Altas Partes Contratantes
puede desligarse de las obligaciones estipuladas en el presente artículo, con
respecto a otra Alta Parte Contratante, pretextando que esta última no hubiera
aplicado las medidas de salvaguardia establecidas en el artículo 3.
[86] Art. 6 de la Convención sobre la Protección del
Patrimonio Mundial  Cultural y Natural.
[87] Art. 8 de la Convención sobre la Protección del
Patrimonio Mundial  Cultural y Natural.
[88] Art. 15 de la Convención sobre la Protección del
Patrimonio Mundial  Cultural y Natural.
[89] Art. 11 de la Convención sobre la Protección del
Patrimonio Mundial  Cultural y Natural.
[90] Art. 22 de la Convención sobre la Protección del
Patrimonio Mundial  Cultural y Natural.
[91] VADI, Sara Valentina: Investing in Culture: Underwater Cultural
Heritage and International Investment Law. Vanderbilt
Journal of Transnational Law 3. 2009, págs. 9 – 10.
[92]
Art. 303 de la Convención del Mar.
[93] Art. 7.1
de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural
Subacuático.
[94] Art. 8
de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural
Subacuático.
[95]
Art. 10 de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural
Subacuático.
[96] Art. 14
de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático.
[97] Art. 17 de la Convención
sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático.
[98]
Art. 18 de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural
Subacuático.
[99]
Norma 1 de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural
Subacuático
[100] Norma 2 de la
Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático: “La
explotación comercial de patrimonio cultural subacuático que tenga por fin la
realización de transacciones, la especulación o su dispersión irremediable es
absolutamente incompatible con una protección y gestión correctas de ese
patrimonio. El patrimonio cultural subacuático no deberá ser objeto de
transacciones ni de operaciones de venta, compra o trueque como bien comercial.
No cabrá interpretar que esta norma prohíba: a) la prestación de servicios
arqueológicos profesionales o de servicios conexos necesarios cuya índole y
finalidad sean plenamente conformes con la presente Convención, y tengan la
autorización de las autoridades competentes; b) el depósito de patrimonio
cultural subacuático recuperado en el marco de un proyecto de investigación
ejecutado de conformidad con esta Convención, siempre que dicho depósito no
vulnere el interés científico o cultural, ni la integridad del material
recuperado, ni dé lugar a su dispersión irremediable, esté de conformidad con
lo dispuesto en las Normas 33 y 34 y tenga la autorización de las autoridades
competentes”.
[101] Norma 3 de la
Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático.
[102] Norma 4 de la
Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático.
[103] Norma 5
de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural
Subacuático.
[104] Norma 6
de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural
Subacuático.
[105] Norma 7
de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural
Subacuático.
[106] Norma 8
de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural
Subacuático.
[107] Norma 9 de la
Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático
[108] Sentencia de la Corte
Constitucional C - 818 de 2010, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[109] Sentencia de la Corte
Constitucional C – 742 de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[110] Sentencia de la Corte
Constitucional C-742 de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[111] Sentencia de la Corte
Constitucional C-668 de 2005, M.P. Alvaro Tafur Galvis.
[112] Sentencia de la Corte
Constitucional C-339 de 2002, M.P. Jaime Araujo Rentería.
[113]
Sentencia de la Constitucional C - 264 de 2014, M.P. Alberto Rojas Ríos.
[114] Informe de Ponencia Segundo Debate Proyecto de Ley
185 De 2012 Senado, 125 de 2011 Cámara. Gaceta del Congreso 370 de 2013.
[115] Informe de ponencia para Primer debate al Proyecto
de Ley 125 de 2011 Cámara. Gaceta del Congreso 309: “4.
El proyecto de ley se ajusta a las tendencias contemporáneas del derecho
comparado. En el panorama del derecho comparado pueden reconocerse una
primera tendencia en aquella que demanda que el Patrimonio Cultural Sumergido
se reglamente de forma independiente, fuera de los estatutos generales de
protección del patrimonio, como es el caso de este proyecto de ley.
Adicionalmente, los estatutos sobre la materia ofrecen toda suerte de opciones
en relación con la posibilidad de remunerar a los particulares que intervienen
en su rescate. Al hacer el estudio comparado se observa que el proyecto de ley
presentado por el Gobierno Nacional otorga unas recompensas ponderadas, que
favorecen los intereses de ambas partes”.
[116] VADI,
Sara Valentina: Investing in Culture: Underwater Cultural Heritage and
International Investment Law. Vanderbilt Journal
of Transnational Law 3. 2009, pág. 4; STRATI, Anastasia: The Protection
of the Underwater Cultural Heritage: An emerging objective of the contemporany
law f the sea, Kluwer, La haya, 1997, pág. 10; DROMGOOGLE, Sarah: Underwater
Cultural Heritage and International Law, Cambridge University press, Cambridge,
2013, pág. 65.
[117]
FORREST, Craig: International Law and Protection of Cultural Heritage,
Routledge, Nueva York, 2010, págs. 12 y 13.
[118]
Art. 2 de la Ley 1675 de 2013.
[119] Entre otros por el
artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y
Culturales –adoptado en 1966-, la Observación General No. 3 del Comité de
Derechos Económicos Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, el artículo
26 de la Convención Americana de Derechos Humanos –suscrita en 1969-.
[120]
Sentencia C-372 de 2011 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
[121]
Sentencia C-372 de 2011 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
[122] M.P. Humberto Antonio
Sierra Porto.
[123] “La
prohibición de regresividad ha sido aplicada por la Corte Constitucional, entre
otras en las siguientes sentencias: T-595 de 2002, T-025 de 2004, SU-388 de
2005, T-1030 de 2005, T-884 de 2006 y C-991 de 2004.”
[124] M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva
[125] Hipótesis todas
recogidas en la consideración 5.6.1, Sentencia C-507 de 2008, ya citada.
[126] Sentencia de la Corte Constitucional C-474 de 2003, M.P. Eduardo
Montealegre Lynett.
[127]
Sentencia de la Corte Constitucional C-474 de 2003 M.P. Eduardo Montealegre
Linett S.P.V.  Rodrigo Escobar Gil; Eduardo Montealegre Linett; Marco Gerardo
Monroy Cabra; Álvaro Tafur Galvis y C-668 de 2005.
[128] En el numeral 18 de la “Historic
Shipwrecks Act” de 1976 se estableció que se puede otorgar recompensas de
acuerdo a la sección 17 de la misma ley a la persona que primero notifique al
ministerio una descripción del lugar en donde se encuentra el bien, las cuales
pueden consistir en la entrega de una reliquia histórica, una placa, un modelo,
una réplica o un medallón o ambos.
[129] El artículo 16 de la
Ley de Portugal indica que los hallazgos fortuitos le otorgan al buscador el
derecho de recibir una recompensa calculada sobre el valor asignado a los
activos, igualmente el buscador tiene derecho a recibir la mitad del valor de
los hallazgos los cuales deben inventariarse.
[130] Bermuda la Historic
Wrecks Act 2001 contempla exige la obtención de una licencia para la
exploración y la remuneración se hará através del pago de honorarios.
[131] El artículo 20 de la
Ley 7.542 de 1986 de Brasil indicó que los bienes o cosas rescatados que
contengan valor artístico, de interés histórico o arqueológico serán dominio de
la Nación y no pueden ser objeto de apropiación, donación, venta directa o
licitación pública. Igualmente se determinó que en el contrato o la
autorización se puede estipular el pago de las recompensas al concesionario
para eliminar los activos artísticos, de interés histórico o arqueológico
pudiéndose constituir hasta un cuarenta por ciento del valor total atribuido a
las cosas y bienes calificados como tal.
[132] En Argentina, el
artículo 25 del Decreto 1022 de 2004 permite la concesión de para la
realización de exploraciones o investigaciones y con los cuales se podrán
celebrar acuerdos.
[133] En China el artículo 11
de la “Regulations of the peoples of china concerning” the
administration of the protection of underwater cultural relics exige que
cualquier hallazgo realizado se reporte de manera inmediata a las autoridades
estatales y podrán ser recompensado o elogiado.
[134] La ley 97 de 1994
estable se pueden pagar recompensas a las personas que se encuentren un objeto
arqueológico, el propietario del predio y el ocupante del mismo en donde se
haya encontrado tal objeto, consultando de manera previa al Ministro de
Finanzas.
[135] En el numeral 13 de la
Ley sobre patrimonio cultural de Noruega de 1978 se establece que la persona
que encuentre un objeto protegido tiene que reportarlo a la policía local  o a
la autoridad correspondiente, así mismo se indica que se puede decidir que una
recompensa sea repartida en partes iguales entre el propietario del terreno y
quien realiza la búsqueda.
[136] Artículo 95 del Decreto
Legislativo N. 490 del 29 de octubre de 1999.
[137]
Negrillas y subrayado fuera de texto.
[138] Gaceta del Congreso de
la República 370 de 2013: “Igualmente,
el artículo 15 del proyecto, al establecer el porcentaje con el cual podrá ser
remunerado un contratista que participe en la intervención de este patrimonio,
acoge los postulados de la Sentencia C-474 de 2003, que avaló esta forma de
remuneración al reconocer que tal mecanismo constituye un estímulo para que los
particulares realicen exploraciones que puedan contribuir a la recuperación del
patrimonio”.
[139] Por la cual se
dictan normas sobre el Patrimonio Cultural y se crea el Ministerio de Cultura.
[140] Por la cual se
modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 -Ley General de Cultura- y se dictan
otras disposiciones.
[141] Esta cultura
construyó un vasto sistema de canalización en el departamento de Córdoba. Los
canales aún existen y funcionan.
[142] Instituto Nacional
de Antropología e Historia de México. Tiene un programa de arqueología
subacuática desde 1980, liderado por la arqueóloga Pilar Luna.
[143] Se trata de una
corbeta británica hundida frente a las costas de la Patagonia (Puerto Deseado)
en 1770. El INALP (Instituto nacional de antropología y pensamiento
latinoamericano Argentino) lo está investigando desde 2005.
[144] La primera
investigación sobre arqueología marina en Colombia se remonta al año de 1989,
cuando se recuperaron algunos elementos encontrados en naufragios españoles e
ingleses ubicados en el Bajo Salmedina, cercano a Cartagena. Posteriormente en
el curso Protección y Conservación del Patrimonio Cultural Sumergido, se buceó
en el naufragio El Conquistador y en una construcción militar ubicada en el
sector de Chamba en la isla de Tierra Bomba, también en la jurisdicción de
Cartagena.