C-880-14
Sentencia C-880/14
CODIGO
DE PROCEDIMIENTO PENAL-Selección en el trámite
del recurso de casación
La Sala advierte que la norma
demandada que incorpora las finalidades de la casación como parámetro de
selección de dichos recursos en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia
no vulnera el derecho a la dignidad humana (artículo 1) a la igualdad (artículo
13), el respeto al debido proceso (artículo 29) y la limitación de la función
pública (artículo 123) consagrados en la Constitución. Este artículo es el resultado
de un ejercicio razonable de la libertad de configuración legislativa del
Congreso. Los fines de la casación, en el nuevo régimen constitucional, son una
garantía sustancial para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos.
En ese sentido, se justifica la diferencia entre las peticiones de los
ciudadanos que cumplen con los requisitos de admisión y las que no lo hacen.
Por lo demás, se advierte que con el cumplimiento de alguna de las finalidades
bastaría para la admisión del recurso por lo que cualquier caso donde se hayan
vulnerado los derechos fundamentales de un ciudadano tendrá que ser revisado en
sede de casación por la Corte Suprema de Justicia. Igualmente, la introducción
de un mecanismo de insistencia en dicho proceso es parte del ejercicio
razonable de la libertad de configuración legislativa y el desarrollo de reglas
de procedimiento para ejercerlo a través de la jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia hace parte de la autonomía judicial reconocida
constitucionalmente a esa Corporación a partir de la cláusula general de
competencias del artículo 121 de la Constitución y las competencias que tiene
dicho Tribunal como cabeza de la jurisdicción ordinaria de acuerdo a los
artículo 235.6 y 235.7 de la Carta.
COSA JUZGADA MATERIAL-Alcance/COSA JUZGADA-Tipos/COSA
JUZGADA ABSOLUTA-Características/COSA JUZGADA RELATIVA-Características/COSA
JUZGADA FORMAL-Definición/COSA JUZGADA MATERIAL-Definición
ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD-Reglas para su procedencia
PRINCIPIO PRO ACTIONE Y REGLAS DE INTEGRACION NORMATIVA-Aplicación
FINALIDADES DEL RECURSO DE CASACION-Jurisprudencia
constitucional
RECURSO
EXTRAORDINARIO DE CASACION-No
puede considerarse como una tercera instancia/RECURSO EXTRAORDINARIO DE
CASACION-Importancia
CONSTITUCIONALIZACION DEL DERECHO PENAL-Alcance/RECURSO DE
CASACION-Constitucionalización a través de la prevalencia del derecho
sustancial para proteger la efectividad material de los derechos fundamentales
de las personas
JUICIO DE
PROPORCIONALIDAD-Etapas
TEST DE IGUALDAD-Niveles de intensidad/JUICIO DE
IGUALDAD-Criterios sospechosos/JUICIO ESTRICTO DE IGUALDAD-Acciones
afirmativas/JUICIO
DE PROPORCIONALIDAD Y TEST DE IGUALDAD-Complementariedad
TEST DE IGUALDAD O JUICIO INTEGRADO DE IGUALDAD-Evolución jurisprudencial
DERECHO A LA IGUALDAD-Dimensiones
DEMANDA DE CASACION-No obstante los errores de técnica
argumental que en ella evidencian, se reconoce la facultad de la Corte Suprema
de Justicia para que pueda atacar la sentencia que haya vulnerado de manera
evidente un derecho fundamental
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA PROCESAL
PENAL Y CIVIL-Jurisprudencia
constitucional
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA DE
PROCEDIMIENTOS-Alcance
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA DE
PROCEDIMIENTOS-Proceso de selección y mecanismo de insistencia en casación
CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA PENAL-Competencia para definir
la política criminal
LIBERTAD
DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA PROCESAL-Límites
CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL Y CODIGO GENERAL DEL PROCESO-Estándar de finalidades
y criterio de identidad de hecho que se incorporan a los procesos de selección
de casación no constituye un abuso de la libertad de configuración legislativa
Para la Corte el estándar de finalidades
y el criterio de identidad de hecho, que incorporan los artículos 184 de la Ley
906 de 2004 y 347 del Código General del Proceso a los procesos de selección de
casación no constituye un abuso de la libertad de configuración legislativa por
lo que tampoco se puede predicar que las mismas vulneran el derecho al debido
proceso, a la dignidad humana y los límites de la función pública.
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN REGULACION DEL
RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACION-Reiteración de regla jurisprudencial
Las
facultades que tiene el Legislador dentro de su libertad de configuración
legislativa son amplias con respecto a la regulación del recurso extraordinario
de casación. Sin embargo, sus decisiones en materia procesal -especialmente en
temas penales y civiles- deben observar los criterios de proporcionalidad,
razonabilidad, protección de derechos fundamentales y de prevalencia del
derecho sustancial sobre lo formal, para que se ajusten a los mandatos
constitucionales. En ese sentido el Legislador puede imponer criterios más
restrictivos por tratarse de un recurso extraordinario, como los relacionados o
supeditados a los fines de la casación, pero estos no pueden ir en contravía de
las garantías constitucionales derivadas del derecho al debido proceso y del
derecho acceder de manera eficiente y oportuna a la administración de justicia.
Referencia: Expediente D-10.229
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 184
-parcial- de la Ley 906 de 2004, “por la cual se expide el Código de Procedimiento
Penal” y 347 -parcial- de la Ley 1564 de 2012, “por medio de la cual se
expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.
Actores: Edgar Saavedra Rojas; Javier Mauricio Hidalgo; y
Gonzalo Rodrigo Paz Mahecha.
Magistrada ponente:
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Bogotá, D. C.,  diecinueve (19) de noviembre de dos mil
catorce (2014).
La Sala Plena de la
Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Luis Ernesto Vargas Silva,
María Victoria Calle Correa, Mauricio González Cuervo, Luis Guillermo Guerrero
Pérez, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Gloria Stella Ortíz Delgado, Jorge Iván
Palacio Palacio, Jorge Ignacio Pretelet Chaljub y Martha Victoria Sáchica
Méndez en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos
y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES
En ejercicio de la
acción pública de inconstitucionalidad prevista en los artículos 40 y 241 de la
Constitución Política, los ciudadanos Edgar Saavedra Rojas, Javier Mauricio
Hidalgo y Gonzalo Rodrigo Paz Mahecha presentaron ante este tribunal una
demanda de inconstitucionalidad contra un aparte del artículo 184 de la Ley 906
de 2004, “por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal” y el
numeral 1º del artículo 347 de la Ley 1564 de 2012, “por medio de la cual se
expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.
La
demanda fue admitida mediante auto del 23 de mayo del 2014. En la misma
providencia se ordenó fijar en lista el respectivo proceso y correr traslado al
Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto de rigor.
Simultáneamente, se
comunicó la iniciación de este proceso al Presidente de la República, el
Presidente del Congreso y al Ministro de Justicia y del Derecho. Además, se
extendió una invitación para participar en el proceso como intervinientes al
presidente de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y a los
presidentes de las  Salas Penales y Únicas de todos los Tribunales Superiores
de Distrito Judicial del país; al Fiscal General de la Nación; a las Facultades
de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Santo Tomás;
la Universidad La Gran Colombia -sedes de Bogotá y Armenia-, la Pontificia
Universidad Javeriana, la Universidad Externado de Colombia, la Universidad del
Rosario, la Universidad Sergio Arboleda, la Universidad Libre, la Universidad
de los Andes, la Universidad Católica, la Universidad Industrial de Santander,
la Universidad del Norte, la Universidad de Ibagué y la Universidad de
Antioquia. Igualmente se invitó a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, al Instituto
Colombiano de Derecho Procesal, al Centro de Estudios de Derecho, Justicia y
Sociedad -DeJusticia-, a la Federación Nacional de Colegios de Jueces y
Fiscales y a los Colegios de Jueces y Fiscales de Antioquia, Atlántico,
Bolívar, Bogotá, Bucaramanga, Cali, César, Cundinamarca, Huila, Magdalena,
Nariño y Putumayo, Norte de Santander, Quindío, San Gil y Tolima.
Cumplidos
los trámites propios de esta clase de procesos, procede la Corte a decidir
sobre la demanda de la referencia.
II.
LA NORMA DEMANDADA
El
siguiente es el texto de las normas demandadas, de conformidad con su
publicación en el Diario Oficial N° 45.658 del 1º de septiembre de 2004 y el
Diario Oficial Nº: 48.489 del 12 de julio de 2012. Los apartes acusados por los
actores son los resaltados:
“LEY 906 de 2004
(agosto 31)
Por la cual se expide el Código de
Procedimiento Penal
EL CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:
(…)
CAPITULO IX
Casación
ARTÍCULO
184. Admisión. Vencido el término para interponer el recurso, la demanda se
remitirá junto con los antecedentes necesarios a la Sala de Casación Penal de
la Corte Suprema de Justicia para que decida dentro de los treinta (30) días
siguientes sobre la admisión de la demanda.
No
será seleccionada, por auto debidamente motivado que admite recurso de
insistencia presentado por alguno de los magistrados de la Sala o por
el Ministerio Público, la demanda que se encuentre en cualquiera de los
siguientes supuestos: Si el demandante carece de interés, prescinde de señalar
la causal, no desarrolla los cargos de sustentación o cuando de su
contexto se advierta fundadamente que no se precisa del fallo para cumplir
algunas de las finalidades del recurso.
En
principio, la Corte no podrá tener en cuenta causales diferentes de las
alegadas por el demandante. Sin embargo, atendiendo a los fines de la
casación, fundamentación de los mismos, posición del impugnante dentro del proceso
e índole de la controversia planteada, deberá superar los defectos de la
demanda para decidir de fondo.
Para
el efecto, se fijará fecha para la audiencia de sustentación que se celebrará
dentro de los treinta (30) días siguientes, a la que podrán concurrir los no
recurrentes para ejercer su derecho de contradicción dentro de los límites de
la demanda”.
“LEY 1564 de
2012
(julio 12)
Por medio de la
cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones
EL CONGRESO DE
COLOMBIA
DECRETA:
ARTÍCULO
347. Selección en el trámite del recurso de casación. La Sala, aunque la
demanda de casación cumpla los requisitos formales, podrá inadmitirla en los
siguientes eventos:
1.
Cuando exista identidad esencial del caso con jurisprudencia reiterada de la
Corte, salvo que el recurrente demuestre la necesidad de variar su sentido.
2.
Cuando los errores procesales aducidos no existen o, dado el caso, fueron
saneados, o no afectaron las garantías de las partes, ni comportan una lesión
relevante del ordenamiento.
3.
Cuando no es evidente la trasgresión del ordenamiento jurídico en detrimento
del recurrente.
III.
LA DEMANDA
Los actores demandan
las expresiones “que admite recurso de insistencia”, “o cuando de su
contexto se advierta fundadamente que no se precisa del fallo para cumplir
algunas de las finalidades del recurso” y “sin embargo, atendiendo a los
fines de la casación, fundamentación de los mismos, posición del impugnante
dentro del proceso e índole de la controversia planteada, deberá superar los
defectos de la demanda para decidir de fondo” del artículo 184 de la Ley
906 y el numeral 1º del artículo 347 del Código General del Proceso[1].
Sin embargo, antes de
precisar los cargos invocados por los accionantes[2]
en su extensa demanda de inconstitucionalidad, es importante señalar que las
normas acusadas -tanto de la Ley 906 de 2004 como de la Ley 1564 de 2012- se
refieren a los procesos de selección de los recursos de casación que se
presentan ante la Sala Penal y la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia.
Así, los demandantes proponen en su escrito lo que se puede identificar como un
cargo particular contra el artículo 347.1 de la Ley 1564 de 2012 y cinco cargos
comunes contras los apartes señalados de las “dos normas” parcialmente
demandadas. Para mayor claridad, se procederá a resumir el cargo particular
contra la regla de selección del Código General del Proceso de manera inicial y
luego se resumirán los cargos que guardan relación con las dos normas y que son
comunes a ambas.
3.1
Cargo particular contra el inciso primero del artículo 347 del Código General
del Proceso
3.1.1.
Existencia de cosa juzgada material
Los
demandantes aseguran que sobre el aparte demandado se configura la cosa juzgada
material, pues la Corte Constitucional[3] ya había declarado con anterioridad la
inconstitucionalidad de los artículos 10 de la Ley 553 de 2000[4] y
el artículo 214 de la Ley 600 del 2000 -que reproducía integralmente el
contenido de la primera norma- que reglaban la figura de la respuesta inmediata
en las sentencias de casación de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Para
los accionantes, es claro que la norma del Código General del Proceso reproduce
el contenido material declarado inexequible en el año 2001, pues aunque en esa
ocasión la ley se refería a la jurisprudencia aprobada por unanimidad y ahora a
la jurisprudencia reiterada, tal diferencia no modifica su identidad. El
objetivo y los efectos de la regla judicial demandada son los mismos: la
existencia de un precedente que tenga similitudes con el caso como argumento
para no seleccionar la sentencia para casación, lo que permite la no motivación
de dicha decisión, con lo que se niega el derecho de los ciudadanos a recibir
una respuesta concreta sobre sus pretensiones.
3.2.
Cargos comunes contra el artículo 184 -parcial- de la Ley 906 del 2004 y el artículo
347 -parcial- del Código General del Proceso
3.2.1.
Violación al principio de dignidad humana y de los fines esenciales del Estado
Social de Derecho
Para
los demandantes, el respeto a la dignidad humana[5] es
fundamental para la existencia  de  un Estado Social de Derecho. Bajo esta
premisa, consideran que las normas demandadas le otorgan a la Corte Suprema de
Justicia una excesiva discrecionalidad para decidir sobre la selección de los
recursos de casación que en materia penal y civil presentan los ciudadanos.  En
efecto, según los demandantes, la redacción de las normas acusadas permite que dicho
Tribunal niegue las peticiones de casación a pesar de que los intervinientes en
dichos procesos cumplan con todos los requisitos legales. Los apartes
demandados crean una facultad discrecional que permite que los jueces, frente a
la ausencia de normas o criterios claros, consideren cuándo existe una
identidad de hechos, en qué momento el recurso cumple con las finalidades de la
casación o si la posición del impugnante es suficiente para superar los errores
procesales, entre otras valoraciones subjetivas, lo cual constituye una clara
violación al principio de limitación de la actuación judicial que vulnera
directamente la dignidad humana.
En su escrito, los
actores plantean que las disposiciones demandadas desconocen la obligación que
tienen todas las autoridades públicas de proteger los derechos de los
ciudadanos, como uno de los fines esenciales del Estado[6].
La facultad arbitraria y discrecional que se crea no impone entonces ningún límite
razonable a la actividad de los jueces, por lo que existe una gran probabilidad
de cometer abusos y excesos que, justificados por la carga de trabajo de la
Corte, imponen limites sustanciales al acceso a la administración de justicia.
Por otra parte, consideran
que el Legislador le otorgó al Tribunal de Casación facultades exageradas en el
examen de selección de los recursos. Para los demandantes, el análisis de
requisitos recae ahora sobre asuntos sustanciales que solo pueden revisarse una
vez el recurso es aceptado y las Salas Penal o Civil examinan los cargos para producir
una sentencia dentro de los amplios términos procesales con los que cuentan
para dicho fin. Las normas acusadas, entonces, lo que hacen es precipitar un
juicio de fondo sobre el cumplimiento de las finalidades del recurso de
casación -descritas en el artículo 180 de la Ley 906 de 2004[7]-
sin que los ciudadanos puedan conocer las razones de peso que llevaron a la
Corte a rechazar la selección.
Finalmente, los
demandantes consideran que las normas imponen cargas de argumentación
desproporcionadas a los ciudadanos, pues convirtieron en reglas generales de
selección lo que en las legislaciones penales anteriores era considerado reglas
excepcionales de la casación[8]. En ese sentido, el margen de
apreciación en la actividad del juez aumentó considerablemente, lo que rompe
con el principio de igualdad de las cargas procesales y vulnera el artículo
primero de la Constitución Política. Para los demandantes la dignidad humana se
protege a través de un eficiente acceso a la administración de justicia y del
derecho que tienen los ciudadanos a conocer las motivaciones que llevaron a los
jueces a tomar una decisión particular. En definitiva, perseguir un objetivo
necesario como la descongestión del trabajo de la judicatura no puede llevar a
un abuso de las facultades de selección de estos recursos.
3.2.2. Violación de
la cláusula general de igualdad y del principio de la primacía del derecho
sustancial en la administración de justicia
Los
ciudadanos demandantes consideran que los dos artículos acusados, establecen un
trato discriminatorio que vulnera el derecho a la igualdad consagrado en el
artículo 13 de la Constitución[9]. En esta medida, argumentan, que
se crean tres posibles resultados en el proceso de selección de los recursos de
casación que presentan los ciudadanos para ser fallados de fondo: i) cuando el
ciudadano cumple con todos los requisitos formales señalados por el Código de
Procedimiento Penal pero no demuestra que el recurso cumple con las finalidades
señaladas en el artículo 180 del mismo Estatuto, caso en el cual la selección
de su recurso es negada; ii) cuando la Sala Plena advierte, de manera
facultativa, que se pueden subsanar los errores formales del recurso atendiendo
sus fines, o cuando es válida la posición del impugnante dentro del proceso o dependiendo
del tipo de controversia, el recurso de casación es seleccionado para revisión;
y iii) cuando la Sala Civil concluye que ya hay precedentes sobre los mismos
hechos que originaron el recurso, no es necesario someter el proceso a un
juicio de casación.
Para
los actores, estas tres posibilidades constituyen un trato desigual del Legislador
entre los que cumplen con los fines de la casación y los que no lo hacen. Dicho
trato discriminatorio se configura en el mismo momento en que la ley les otorgó
a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia una facultad, sin control
alguno, consistente en la decisión de seleccionar los casos, sin tener en
cuenta el cumplimiento formal de los requisitos de casación para seleccionar
unos casos y otros no. Por otra parte, a juicio de los demandantes, la igualdad
en las cargas procesales -y por lo tanto la primacía del derecho sustancial en
la actividad judicial- se ve vulnerada por el diseño del mecanismo de selección.
3.2.3.
Violación al principio de legalidad y al debido proceso
Para los actores, el
recurso de insistencia que desarrolla el artículo 184 de la Ley 906 de 2004 es
propio de los juicios de tutela y no se encuentra entre lo que reconoce -como
ordinarios y extraordinarios- la legislación procesal penal. Por una parte,
dicho recurso sólo puede ser presentado por un magistrado de la Sala Penal o
por el Ministerio Público, lo que genera un conflicto de intereses que atenta
contra los derechos de los ciudadanos. En el caso de los primeros, resulta
contradictorio otorgarle esa facultad a quien participó en la decisión de no
seleccionar el recurso de casación que origina la insistencia y, en el caso del
Ministerio Público, resulta difícil que eleve un recurso de este tipo en los
casos donde solicitó la condena del acusado.
Los demandantes
consideran que se vulnera el principio de legalidad y el derecho fundamental al
debido proceso[10], pues el recurso de
insistencia no fue reglamentado por una Ley o un decreto sino por una
modificación al reglamento de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Incluso, afirman que la insistencia no se puede considerar como un recurso
procesal, como quiera que para llegar a serlo debe ser reconocida por el
legislador como tal y su naturaleza no es la misma, pues mientras los últimos apuntan
al control de legalidad de la sentencia, el primero está dirigido a
controvertir la decisión de no seleccionar para revisión un recurso de
casación.
Asimismo, sostienen
que el legislador de manera equivocada incorporó una figura propia de los procesos
de tutela al juicio penal, con lo cual se desconocen las diferencias
sustanciales entre los dos. Ya que en la tutela el proceso termina con el fallo
de única o de segunda instancia, la discrecionalidad en la selección eventual
del proceso por parte de la Corte Constitucional se justifica pues no afecta la
ejecutoria de una sentencia. Igualmente, en la insistencia no se generan
potenciales conflictos de intereses ya que no todos los magistrados participan
simultáneamente en la decisión de seleccionar o no el expediente de tutela.
En
este punto, nuevamente los actores invocan la discrecionalidad que
supuestamente amparan las normas demandadas como una violación al principio de
legalidad. Afirman que “al equiparar el umbral argumentativo de la casación
en la Ley 906 de 2004 al que existía en legislaciones anteriores para figuras
como la casación excepcional o discrecional, se dificulta, y en gran medida el
acceso al recurso extraordinario porque (…) una reflexión de esta naturaleza se
erigiría como un verdadero prejuzgamiento de los llamados a administrar
justicia”.
Por último,
para los demandantes la discrecionalidad en la selección de procesos de
casación es el resultado de una ponderación equivocada entre la eficacia en la
administración de justicia y los derechos a la igualdad y al debido proceso de
los ciudadanos que intervienen en ellos.  En consecuencia, los actores
consideran que las normas demandadas permiten que la decisión de no seleccionar
una demanda de casación para revisión no sea motivada lo que en su concepto es
una limitación inconstitucional al acceso a la administración de justicia, en
tanto que la Constitución establece como elemento del debido proceso el derecho
a impugnar las sentencias condenatorias y para ello es necesario conocer las
razones y argumentos utilizados por los jueces en sus decisiones.
3.2.4.
Exceso en la libertad de configuración legislativa
Los demandantes
argumentan que las dos normas parcialmente acusadas imponen requisitos formales
para la admisión de la casación para luego, sin una causa razonable, establecer
una excepción para inadmitirla bajo criterios subjetivos y sin reglamentación
legal. Para ellos, al producirse una variación de un elemento esencial del
recurso de casación se terminó sustituyendo dicha figura procesal, lo cual no
se puede calificar como parte de las facultades que otorga la libertad de
configuración normativa del Legislador.
Igualmente,
y presentando un argumento similar al de la violación al derecho a la igualdad,
los accionantes señalan que las normas demandadas plantean la posibilidad de
que la Corte Suprema seleccione los recursos de casación  que no cumplen con
los requisitos formales en razón de condiciones subjetivas del caso y de las
partes en los procesos. Consideran que esto pone en una evidente situación de
desigualdad a los ciudadanos que acuden a la casación, pues las demandas que
cumplen con todos los requisitos de forma no serán valoradas por los mismos
criterios de admisión.
De esta manera, para
los actores, el Legislador modificó de manera inconstitucional el principio de
imparcialidad judicial, pues autorizó a las Salas Penal y Civil de la Corte
Suprema de Justicia a seleccionar con total discrecionalidad los recursos de
casación que no cumplan con los requisitos de forma exigidos por la ley a
partir de la introducción de los principios de la casación. Esto le permite al
juez, según los demandantes, formular cargos y casuales no previstas en la
demanda, adicionar argumentos a la misma o subsanar graves defectos que
modifican la naturaleza del recurso.
Del mismo modo,
afirman que el Legislador introdujo con la figura de la insistencia el concepto
de selección a los juicios de casación, lo que resulta totalmente ajeno a su
contenido y desarrollo histórico. Después de citar varias normas penales sobre
la casación anteriores al 2004 argumentan que el Congreso modificó totalmente
el proceso de admisión al introducir este mecanismo en las normas demandadas.
Para justificar dicho cargo explican que semánticamente la admisión y la
selección son conceptos diferentes; mientras el primero implica la demostración
de un interés jurídico, el segundo manifiesta una facultad discrecional para
elegir entre varios procesos. Esto, a juicio de los demandantes, excede las
facultades de configuración legislativa.
3.2.5. Violación al
principio de limitación de la administración pública
Para los actores, las
normas demandadas vulneran los artículos 122 y 123 de la Constitución, en la medida
en que el mecanismo de insistencia del que habla el artículo 184 de la Ley 906
de 2004 fue reglamentado por la Corte Suprema de Justicia a través de un auto
de la Sala Penal[11]
y no a través de un decreto o una ley. Esto, en criterio de los demandantes,
excede lo que denominan “facultades reglamentarias de los jueces”, pues
se trata de funciones públicas trascendentales del Estado por lo que deben ser
reguladas a través de los mecanismos normativos adecuados.
En virtud de lo
anteriores cargos resumidos, los ciudadanos solicitan a esta Corporación que
declare la INEXEQUIBILIDAD de las expresiones demandadas.
IV.
INTERVENCIONES:
4.1. Antoine
Jospeh Stepanian Santoyo y Jennifer Stepanian Rozo
Los ciudadanos
coadyuvaron la demanda de inconstitucionalidad y le solicitaron a la Corte
declarar la INEXEQUIBILIDAD de las expresiones demandadas. Después de
realizar un resumen de los argumentos presentados por los actores, los
intervinientes se limitan a citar ampliamente las sentencias C-252 de 2001 y
C-393 de 2011 de esta Corporación, para concluir que los artículos demandados
vulneran los derechos al debido proceso e igualdad y el principio de la
dignidad humana de los ciudadanos al otorgarle una amplia discrecionalidad al
juez de casación. Para los intervinientes, las normas permiten que el juez no
motive sus decisiones en estos procesos y, como conclusión, consideran que
opera el fenómeno de la cosa juzgada material con respecto al artículo 347 del
Código General del Proceso.
4.2. Ministerio de
Justicia y del Derecho
El Director de la
Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Interno de ese
Ministerio le solicitó al Tribunal declarar la EXEQUIBILIDAD de las normas
demandadas. Por una parte, argumenta que no se vulneró la libertad de
configuración legislativa, pues la misma Corte Constitucional[12]
ha considerado que en materia de recursos, la Carta Política señala simplemente
directrices generales, más no fórmulas procesales acabadas que regulen su
procedencia y los requisitos para su interposición y trámite. En consecuencia,
el Legislador puede señalar cuáles recursos proceden contra las decisiones
judiciales, así como los requisitos necesarios para que los sujetos procesales
puedan hacer uso de los mismos.
Por otro lado, el
interviniente considera que las normas no vulneran la prohibición del artículo
243 de la Constitución, pues no reproducen el contenido material de un acto
declarado inexequible por la Corte Constitucional. Para justificar esta
posición indica que el artículo 184 de la Ley 906 de 2004 es claro en definir
que toda decisión relativa a la admisión del recurso de casación debe ser
tomada mediante un auto debidamente motivado. Adicionalmente, consideran que la
norma debe ser interpretada de manera sistemática con los artículos 139 y 162
de la misma ley que imponen la obligación general de motivación a todas las
actuaciones de los jueces penales, incluidas, por supuesto, las del juez de
casación. En relación con el artículo 347 del Código General del Proceso
manifiesta que debe ser interpretada en concordancia con los deberes del juez
señalados por los artículos 42 y 279 del mismo Estatuto, por lo que es también
claro que las decisiones de selección deben ser motivadas y por lo tanto no
puede decirse que las mismas responden a una discrecionalidad absoluta.
Asimismo, defiende la
constitucionalidad de las normas por considerar que no se vulnera el derecho a
la igualdad pues la Corte Constitucional ha sido clara en anteriores
oportunidades[13]
en manifestar que el legítimo ejercicio de la libertad de configuración
legislativa en materia procesal y penal no afecta el principio de igualdad. Con
respecto al cargo de violación del principio de dignidad humana y del debido
proceso, la entidad considera que los accionantes no lograron demostrar en su
demanda una clara afectación a su núcleo esencial, pues la casación -como
recurso extraordinario- es excepcional y la no selección de una solicitud de
este tipo no implica la vulneración de la dignidad de los ciudadanos, en tanto
que la administración de justicia, con el respeto de las garantías procesales y
la doble instancia, actuaron como garantes de la efectividad real y material de
los derechos y libertades públicas.
Finalmente, el
representante de la entidad concluye su intervención señalando que, por la
remisión expresa que hace el artículo 25 de la Ley 906 de 2004, el recurso de
súplica también es procedente contra los autos de selección de los recursos de
casación, por lo que los ciudadanos cuentan con una garantía procesal
constitucional que demuestra que la decisión del juez de casación no puede ser
absolutamente discrecional.
4.2. Facultad de
Derechos de la Universidad Libre -Sede Bogotá-
El Director del
Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional y un docente del área de
Derecho Penal de la mencionada facultad DEFIENDEN LA CONSTITUCIONALIDAD de
las dos normas parcialmente demandas. Como primer argumento, y después de hacer
un breve resumen de la teoría del margen de acción de Robert Alexy, esgrimen
que el Legislador puede desarrollar un escenario donde el recurso de casación
no sea viable a pesar de cumplir con los requisitos procesales o lo sea aunque
no los cumpla. Esto, ya que los fines de la casación son parte integral del
mismo y sus contenidos -al ser un supuesto específico de recurso- no son
definidos por un capricho del juez o un abuso del Legislador.
Aunado a lo anterior, los
intervinientes señalan que el inciso de la Ley 1564 de 2012 demandado, no
limita el acceso a la casación sino que simplemente le otorga al accionante la
posibilidad de desvirtuar los precedentes sobre la materia. Esto, para ellos,
no limita el acceso a la administración de justicia sino que protege la
constitucionalización del precedente que ha defendido la Corte Constitucional
en anteriores ocasiones[14].
Además, concluyen, no se puede aplicar la figura de la cosa jugada
constitucional, pues los presupuestos normativos del artículo 10 de la Ley 533
de 2000 -declarado inexequible en el 2001- y del inciso demandado son
sustancialmente diferentes.
4.3. Instituto Colombiana
de Derecho Procesal
El Instituto
Colombiano de Derecho Procesal, a través de uno de sus miembros, examinó
exclusivamente los cargos de inconstitucionalidad presentados contra el
artículo 347 de la Ley 1564 de 2012.  En ese sentido, solicitó a la Corte
declarar su EXEQUIBILIDAD al considerar que tanto la disposición
contenida en la Ley 553 de 2000, como la del Código General del Proceso, tienen
una naturaleza diferente por lo que no es procedente el cargo por la violación
a la cosa juzgada material. Mientras la primera permitía a la Corte Suprema de
Justicia tomar la decisión de fondo de manera inmediata mediante una sentencia,
simplemente citando el antecedente jurisprudencial, el artículo demandado en
esta oportunidad no se refiere a un pronunciamiento de mérito o de fondo sino
que regula la posibilidad de inadmitir la demanda mediante un auto debidamente
motivado.
Todavía más, considera
el interviniente, que el Legislador tiene una amplia facultad para determinar
los requisitos generales y particulares para la procedencia de los recursos,
como el de casación. Para justificar ese punto, el escrito resume varios
ejemplos normativos -como el artículo 366 del Código de Procedimiento Civil o
el artículo 334 de Código General del Proceso- que regularon o regulan la
procedencia de dicho recurso.
Sobre la facultad que
tiene la Corte Suprema de Justicia para seleccionar los recursos de casación,
el interviniente señala que dicha figura no es extraña al ordenamiento legal.
Indica que, aunque con una perspectiva y estructura diferente al de los
procesos de tutela que revisa la Corte Constitucional, el Tribunal de Casación
puede hacerlo a partir de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia que,
en su artículo 16 -modificado por la Ley 1285 de 2009-, regula puntualmente la
facultad que tienen las Salas de la Corte para seleccionar las sentencias con
los fines de unificar la jurisprudencia, proteger los derechos constitucionales
y realizar un control de legalidad de los fallos de instancia. Además, menciona
que la Corte Constitucional, al revisar la constitucionalidad de la Ley 1285 de
2009[15],
encontró ajustada a la Constitución la figura de la selección y al mismo tiempo
encontró que los propósitos de la casación se ajustan a los mandatos
constitucionales. Por esto, si la Ley Estatutaria de Administración de Justicia,
avalada por la Corte Constitucional, acepta la figura de la selección, la disposición
demandada en la presente oportunidad resulta inequívocamente ajustada a la
Constitución.
Finalmente, la
intervención concluye que, dada la naturaleza y las finalidades del recurso de
casación, la Corte Suprema de Justicia puede abstenerse de seleccionar
determinadas demandas cuando exista identidad del caso con su jurisprudencia
reiterada. Para sostener dicha posición, el interviniente recuerda que la Corte
Constitucional declaró la constitucionalidad de la Ley 1258 de 2009 bajo el
entendido de que la decisión de no selección adoptada al momento de decidir
sobre la admisión del recurso de casación deberá ser motivada y tramitada
conforme a sus reglas y requisitos específicos.
4.4. Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Gran Colombia -seccional
Armenia-
El Decano de la
mencionada Facultad, considera que el artículo 184 de la Ley 906 de 2004 debe
ser declarado CONSTITUCIONAL por la Corte. Para la Universidad, no
existe una desigualdad entre quienes cumplen con los requisitos establecidos en
la ley frente a la casación, con respecto a aquellos que no los acreditan. Por
una parte, considera el interviniente que no se está en presencia de un
criterio sospechoso de discriminación,
De otra parte, el
interviniente afirma que la norma es el resultado de la potestad de regulación
legislativa que tiene el Congreso para exigir un mayor rigor a quienes presentan
este recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia, por lo que  las
normas acusadas no sólo no vulnera la Constitución, sino que la desarrollan.
En relación con la
existencia de la cosa juzgada material, la Universidad argumenta que el
artículo 347 del Código General del Proceso no reproduce la norma declarada
inexequible por la Corte Constitucional, en el año 2001. Indica que la norma
demandada no habla de una respuesta de fondo sino de una de las causales para
inadmitir una demanda, decisión que es susceptible de recursos. Además, en el
presente caso, la Corte Suprema de Justicia no puede hacer una simple citación
del antecedente sino que debe explicar el contenido de la analogía o identidad
entre el recurso propuesto y los precedentes.
En definitiva, el
interviniente sostiene que el uso racional del recurso de casación implica, tanto
una suficiente motivación por parte del demandante, como una argumentación
clara de la Corte de Casación para justificar su decisión de no selección. Por
eso, considera que la norma demandada es un mecanismo razonable para que los
jueces de casación puedan trabajar de una manera más eficiente y con una mayor
dedicación en los casos que realmente lo ameritan.
4.5. Observatorio
de Derecho Constitucional de la Universidad Libre de Colombia -seccional
Pereira-
El Director del
Observatorio de Derecho Constitucional de dicha Universidad, presentó una
solicitud coadyuvando la petición de los demandantes de que se declare la INEXEQUIBILIDAD
de las disposiciones normativas acusadas. Después de realizar algunas
consideraciones generales sobre los principios de independencia judicial y el
recurso efectivo, describe como “tragedia” la actualidad del recurso de
casación. Justifica su afirmación indicando que la Corte Suprema de Justicia
inadmite con frecuencia -a través de autos interlocutorios- los recursos de
casación que se redactan con toda la rigurosidad exigida, mientras que admite otros
que no cumplen con, ni siquiera, los requisitos mínimos de un recurso
ordinario.
Sumado a lo anterior,
el interviniente afirma que el recurso de insistencia, regulado a través de la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, ha sido inútil, pues a su
juicio ninguno ha sido aceptado. Tampoco, el mismo recurso, se ha extendido a
todos los sujetos procesales que interviene en el proceso -como lo solicitó en
una demanda de inconstitucionalidad anterior- por lo que su alance es limitado.
V. CONCEPTO DEL PROCURADOR
GENERAL DE LA NACIÓN
Mediante el concepto
5800 del 16 de julio de 2014, el Procurador General de la Nación solicitó a la
Corte declarar la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA de la expresión “identidad
esencial del caso con la jurisprudencia reiterada de la Corte” y la INEXEQUIBILIDAD
de la expresión “algunas” del artículo 184 de la Ley 906 de 2004.
Como primera medida,
el Ministerio Público argumentó que el artículo 347 del Código General del
Proceso y el artículo 184 de la Ley 906 de 2004 no conforman una unidad
normativa, ni en sentido estricto ni en sentido lato[16],
por lo que, aunque las dos normas regulan la casación, se debe realizar un
examen constitucional separado, toda vez que en razón de la libertad de
configuración legislativa y las diferencias existentes entre los bienes
jurídicos tutelados por una y otra jurisdicción, una regla judicial muy
restrictiva y similar para las dos normas puede resultar constitucional para un
recurso e inconstitucional para otro. Así, encuentra la Procuraduría, que la
demanda presenta unos cargos comunes contra los dos artículos y unos cargos
particulares contra la expresión normativa contenida en la Ley 906 de 2004.
En cuanto a los
primeros, el Procurador manifestó que los artículos demandados no reproducen el
contenido del artículo 10 de la Ley 553 de 2000. Éste último, confería la
posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia resolviera el caso sin
argumentación alguna mientras que las normas de la demanda no lo hacen, por lo
que considera que no es lo mismo que un Tribunal sentencie un caso concreto, a
que se abstenga de conocerlo en razón a que no se cumplen los requisitos del
recurso de casación. Adicional a esto, la Vista Fiscal no comparte el argumento
de que las normas introducen la discrecionalidad como criterio para desestimar
los recursos de casación, pues ésta es una técnica -reconocida por la propia
Corte Constitucional[17]-
de adopción de decisiones públicas a través de la cual la autoridad judicial
posee un amplio margen de acción para valorar las pruebas y las circunstancias
concretas del caso.
Incluso, considera que
la discrecionalidad es una prerrogativa de la función judicial que, aunque
reglada, no puede ser entendida sin un margen amplio de valoración del
funcionario judicial para la adopción de las decisiones que considera
apropiadas y la realización de los derechos de las personas en los casos
concretos. Lo anterior indica que la discrecionalidad como tal no está prohibida
en un Estado Social de Derecho y que un margen de ella en el ejercicio de las
facultades en la administración de justicia es constitucional, siempre que la
misma sea relativa y no absoluta.
Con respecto al
segundo tipo de cargos -es decir, los que se dirigen contra la
constitucionalidad del artículo 184 del Código de Procedimiento Penal- el
Ministerio Público afirma que el legislador puede introducir un estándar
complejo para definir la procedencia del recurso extraordinario de casación,
incluyendo el cumplimento de las finalidades del mismo. Esto se debe al
principio constitucional de la prevalencia del derecho sustancial sobre el procedimental
contenido en el artículo 228 de la Constitución, pues esta norma señala que la
concreción de los derechos -y no los procedimientos en sí mismos- son la
finalidad de toda actuación judicial.
De la misma manera, la
Procuraduría considera equivocada la equiparación que hacen los demandantes
entre la selección de las acciones de tutela que realiza la Corte Constitucional
y la de los recursos de casación que realiza la Corte Suprema de Justicia. Explica,
que el segundo tipo de selección es una función que posee una regulación sobre
los motivos que pueden llevar a no realizarla y que la providencia que toma
dicha decisión debe responder a un modelo claro de motivación. Esto pone de
presente que se está ante dos mecanismos sustancialmente diferentes y que tales
diferencias hacen innecesario ahondar en un presunto cargo de
inconstitucionalidad.
En relación con el cargo
por violación del derecho a la igualdad, la Vista Fiscal asegura que dicho
argumento no puede prosperar ya que -amparado en el mencionado principio de la
prevalencia de lo sustancial frente a lo procesal- al aceptar que es
constitucionalmente valido que los fines de la casación sean un criterio de
admisibilidad también lo es aceptar que son un criterio relevante para
facilitar el acceso a la administración de justicia de quien comete un error en
la técnica de la casación.
Sin embargo, y como
conclusión de su concepto el Ministerio Público encuentra que es necesario
condicionar algunas expresiones de las normas demandadas. Esto se debe a que,
según la Procuraduría, un racero excesivamente restrictivo o una interpretación
meramente procesal de los criterios de admisión haría que las exigencias fueran
inconstitucionales. Por eso, se debe reconocer que el acceso a la
administración de justicia es una finalidad tan relevante de la casación como
lo es la unificación de la jurisprudencia.
De esta manera, el recurso
debe ser un instrumento eficaz para garantizar dicho acceso y las finalidades
deben ser interpretadas de manera garantista. En consecuencia -y teniendo en
cuenta que las normas que regulan los fines de la casación en la Ley 906 de
2004 y el Código General  el Proceso no disponen una graduación o
estratificación de los mismos- solicita que la expresión “identidad esencial
del caso con la jurisprudencia reiterada de la Corte” sea declarada
constitucional, bajo el entendido de que dicha causal sólo se configura cuando
la sentencia recurrida en casación ha resuelto el caso en el mismo sentido de
la jurisprudencia reiterada. Del mismo modo, considera que la expresión “algunas”
del artículo 184 del Código de Procedimiento Penal resulta inconstitucional,
pues permitiría que la Corte Suprema de Justicia negara el acceso ciudadano a
la administración de justicia de manera caprichosa pues no sería claro cuál
principio -o cuántos- sería el que debería cumplir la petición de los ciudadanos,
de los cuatro que reconoce la norma, para acceder al recurso extraordinario.
Por eso, según la Procuraduría, para garantizar los derechos sustanciales de las
personas el cumplimiento de una sola finalidad es suficiente para habilitar la
labor del Tribunal de Casación.
VI. CONSIDERACIONES
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
A. Competencia
1. En virtud de lo
dispuesto en el artículo 241, numeral 4°, de la Carta Política, la Corte
Constitucional es competente para conocer esta demanda, pues se trata de
acusaciones contra unos preceptos contenidos en una ley de la República.
B. Consideraciones
previas
Alcance de la cosa
juzgada material en el presente caso[18]
2. Como quiera que
algunos de los demandantes, junto con algunos de los intervinientes en el
proceso, solicitaron que la Corte Constitucional aplicara la teoría de la cosa
juzgada constitucional material para declarar la inconstitucionalidad del
artículo 347 del Código General del Proceso, es preciso empezar por evaluar si
tal circunstancia se configura en el presente caso, pues de hacerlo, no sería
necesario examinar los demás cargos de inconstitucionalidad que se presentaron
contra dicha norma.
3. Tanto los
demandantes, como dos de los intervinientes, alegan que la Corte debe estarse a
lo resuelto en la sentencia C-252 de 2001. Argumentan que sobre la norma
demandada operó el fenómeno de la cosa juzgada constitucional en la medida en
que en dicha sentencia el Tribunal declaró la inexequiblidad -entre otras
disposiciones- del artículo 10 de la Ley 553 de 2000. Aunque este grupo de
ciudadanos considera que existen algunas diferencias formales entre ese
artículo y la norma actualmente demandada en esta oportunidad, concluyen que ello
no altera su contenido normativo. Por lo tanto, consideran que aun a pesar de
las discrepancias gramaticales entre las dos normas, la Corte debería declarar
la inexequiblidad de la norma procesal ahora parcialmente acusada.
4. En primera medida,
para analizar dicho cargo se deben examinar las diferencias entre el texto
demandado en el proceso que dio origen a la sentencia C-252 de 2001 y el que
ahora se acusa, a la luz del concepto de la cosa juzgada material. Según lo
dispuesto en el artículo 243 de la Constitución Política las decisiones de la
Corte Constitucional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional. Una de las
consecuencias de esta disposición se encuentra explícitamente consagrada en el
inciso 2º del mismo artículo constitucional, y consiste en que ninguna
autoridad puede reproducir el contenido material de una disposición declarada
inexequible mientras subsistan las normas constitucionales que sirvieron de
base para la decisión. Sin embargo, la Corte ha sostenido que la cosa juzgada
constitucional se predica también de las decisiones que declaran la
exequibilidad de las disposiciones estudiadas por la Corte. De tal modo, la
declaratoria de exequibilidad condicionada de una disposición también surte
efectos de cosa juzgada y excluye del ordenamiento todas aquellas
interpretaciones del texto objeto de pronunciamiento que sean contrarias a la
Carta.
5. Ahora bien,
corresponde a la Corte determinar el alcance de sus propias decisiones. Para
llevar a cabo esta labor, la Corte ha creado cuatro tipos de cosa juzgada. Al
respecto esta Corporación ha dicho:
“por
vía de jurisprudencia se han establecido diferencias claras entre lo que se
entiende por cosa juzgada absoluta y por cosa juzgada relativa, y entre la cosa
juzgada formal y la cosa juzgada material”[19].
La misma sentencia que
se cita define las características principales de cada una de las categorías
anteriormente enunciadas, así:
“Así,
ha dicho la Corporación que se presenta la cosa juzgada absoluta ‘cuando
el pronunciamiento de constitucionalidad de una disposición, a través del
control abstracto, no se encuentra limitado por la propia sentencia, es decir,
se entiende que la norma es exequible o inexequible en su totalidad y frente a
todo el texto Constitucional.’ En oposición a lo anterior, considera la
jurisprudencia que existe cosa juzgada relativa cuando el juez
constitucional limita en forma expresa los efectos de la decisión, dejando
abierta la posibilidad para que en un futuro ‘se formulen nuevos cargos de
inconstitucionalidad contra la norma que ha sido objeto de examen, distintos a
los que la Corte ya ha analizado.’ Respecto a la cosa juzgada relativa, se ha
afirmado igualmente que ésta puede ser explícita, en aquellos eventos en los
cuales los efectos de la decisión se limitan directamente en la parte
resolutiva, e implícita cuando tal hecho tiene ocurrencia en forma clara e
inequívoca en la parte motiva o considerativa de la providencia, sin que se
exprese en el resuelve” (resaltado fuera de texto original)[20].
Continúa la Corte
describiendo la cosa juzgada formal y material de la siguiente manera:
“Por
su parte, ha entendido la Corte que hay lugar a declarar la existencia de la cosa
juzgada formal, en aquellos eventos en los que existe un pronunciamiento
previo del juez constitucional en relación con el precepto que es sometido a un
nuevo y posterior escrutinio constitucional. Así mismo, la jurisprudencia ha
sido enfática en manifestar que se presenta el fenómeno de la cosa juzgada
material cuando a pesar de haberse demandado una norma formalmente
distinta, su materia o contenido normativo resulta ser idéntico al de otra u
otras disposiciones que ya fueron objeto del juicio de constitucionalidad, sin
que el entorno en el cual se apliquen comporte un cambio sustancial en su
alcance y significación. En este contexto, ha precisado la doctrina
constitucional que la cosa juzgada material se predica de la similitud en los
contenidos normativos de distintas disposiciones jurídicas y, en ningún caso,
respecto de la semejanza o coincidencia que exista entre el problema jurídico
propuesto y el que fue objeto de pronunciamiento en la decisión precedente”
(resaltado fuera de texto original).
6. De las anteriores
definiciones, se tiene entonces que se presenta el fenómeno de la cosa juzgada
material cuando la materia o contenido normativo de las dos disposiciones es el
mismo, independientemente de que el texto sea diferente, siempre y cuando el
contexto normativo en el que se encuentren insertas no les dé alcances
diferentes. De tal modo que, desde el punto de vista lingüístico, el aspecto
determinante para establecer si hay o no cosa juzgada material no es la
sintaxis o estructura gramatical del texto demandado, sino los cambios
semánticos. Es decir, lo determinante es establecer si existen cambios que
impliquen una alteración del sentido o significado del texto, cuando éste sea
relevante desde el punto de vista de sus consecuencias jurídicas. En ese orden
de ideas, la labor que le corresponde a la Corte a la hora de establecer si se
presenta el fenómeno de la cosa juzgada material consiste en determinar si los
cambios en el texto tienen repercusiones semánticas que alteren el sentido
normativo del texto.
7. Para facilitar esa
labor, en el presente caso la Corte considera pertinente transcribir las
disposiciones demandadas a doble columna, subrayando las expresiones acusadas y
resaltando las diferencias entre los dos textos con el propósito de facilitar
su comparación:
Disposición que se demanda en esta
oportunidad
Disposición estudiada por la Corte en
la sentencia C-252 de 2001
Ley 1564 de 2012.
Artículo 347. Selección en el trámite del recurso de casación. La Sala,
aunque la demanda de casación cumpla los requisitos formales, podrá
inadmitirla en los siguientes eventos:
1. Cuando exista
identidad esencial del caso con jurisprudencia reiterada de la Corte, salvo
que el recurrente demuestre la necesidad de variar su sentido.
2. Cuando los
errores procesales aducidos no existen o, dado el caso, fueron saneados, o no
afectaron las garantías de las partes, ni comportan una lesión relevante del
ordenamiento.
3. Cuando no es
evidente la trasgresión del ordenamiento jurídico en detrimento del
recurrente.
Ley 553 de 2000.
Artículo 10. Créase el artículo 226A del Código de Procedimiento Penal
Artículo. 226A.
Respuesta inmediata. Cuando sobre el tema jurídico sobre el cual versa el
cargo o los cargos propuestos en la demanda ya se hubiere pronunciado la Sala
de Casación en forma unánime y de igual manera no considere necesario
reexaminar el punto, podrá tomar la decisión en forma inmediata citando
simplemente el antecedente.
8. Como se observa de
la comparación de los textos, el Legislador reguló dos momentos diferentes del
proceso penal. Por una parte, la respuesta inmediata se refiere puntualmente a
la decisión de fondo que podía tomar la Sala Penal de la Corte Suprema de
Justicia. Respuesta que, como lo reconoció la sentencia que realizó el control
constitucional de la norma que creaba este instituto procesal, era el resultado
de una ponderación inconstitucional entre la necesidad de administrar justicia
de manera eficiente y los derechos de los ciudadanos que formaban parte de
estos procesos. Al respecto dijo la Corte:
“Cuando
se trata de aplicar dicho mecanismo judicial a materias tan delicadas como el
recurso de casación en materia penal, es indispensable realizar un examen
riguroso de las condiciones en las que la ley pretende alentar el respeto a los
precedentes, pues las decisiones que toma el juez, en ejercicio legítimo del
ius puniendi que se le reconoce al Estado, se traducen en una limitación
concreta de los derechos y libertades del procesado que resulta condenado, que
hace necesario velar por el estricto cumplimiento de las garantías
constitucionales que consagran el debido proceso y la supremacía de la justicia
material en todos los procesos judiciales. En aras de una noción eficientista
de la actividad judicial y con el propósito de descongestionar el tribunal de
casación en materia penal, se están sacrificando derechos de las personas que
defienden sus intereses en el proceso de casación, pues en los casos de
respuesta inmediata se pretermite la necesidad de motivar la sentencia u
observar rigurosamente las formas propias de cada juicio; por esta vía se hacen
nugatorios, tanto el derecho al debido proceso consagrado por la Constitución,
como la aspiración, connatural a la labor de adjudicación, de contribuir a la
realización de la justicia material en cada uno de los casos que se somete ante
el juez” (resaltado fuera del texto).
9. De otra parte, la
norma demandada en este proceso se refiere a los autos de selección de la Sala
Civil de la Corte Suprema de Justicia. Así, mientras que la norma declarada
inexequible por este Tribunal en el año 2001 se refería a las sentencias de
fondo que dictaba la Sala Penal de esa misma Corporación, la norma acusada
tiene que ver con un momento previo, que es la selección para la casación civil.
Sin lugar a dudas, el contenido de las normas no es similar -ni formal ni
materialmente- por lo que no es posible concluir de manera razonable que se
trata de una reproducción que hizo el Legislador de una norma declarada
inexequible. Además, de una lectura integral del artículo 347 del Código
General del Proceso con la obligación de motivación general[21]
y particular[22]
que tienen todos los jueces, es claro que los autos de selección deben ser
proferidos con una argumentación adecuada y suficiente.
10. En conclusión, al
existir diferencias formales y materiales entre la disposición objeto de análisis
en la sentencia C-252 de 2001 -el artículo 20 de la Ley 553 de 2000 y el artículo
214 de la Ley 600 de 2000- y la que se acusa en esta ocasión -el artículo 347
del Código General del Proceso- es necesario concluir que no operó el fenómeno
de la cosa juzgada material, por lo que la Corte debe entonces proferir un
pronunciamiento de fondo frente a los cargos de la demanda.
C. Algunas
precisiones sobre la especificidad de los cargos
11. Después de
analizar el cargo que los demandantes presentaron de manera directa contra el
artículo 347 del Código General del Proceso, la Sala encuentra que es oportuno
analizar si los cargos que se presentaron de manera conjunta contra esta norma
y el artículo 184 del Código de Procedimiento Penal cumplen con los requisitos
sustanciales y formales que toda demanda de inconstitucionalidad debe observar.
Esto se debe a que tras analizar detalladamente el escrito de la demanda, se
puede observar que después del cargo de cosa juzgada material, el grupo de
ciudadanos demandantes se limita a incluir un corto párrafo al final de cada
cargo afirmando que los argumentos presentados contra la norma procesal penal se
aplican al artículo 347 del Código General del Proceso. Esto resulta
particularmente problemático en los cargos resumidos en los numerales  3.2.2.[23],
3.2.3[24]
y 3.2.5[25]
de los antecedentes de esta sentencia, pues se refieren a elementos propios del
artículo 184 de la Ley 906 de 2004 (particularmente las dos posibilidades de
selección que la misma ley señala) que no tienen relación con el contenido
concreto de la norma procesal civil del artículo 347.
12. Frente al caso
específico del mecanismo de insistencia, es preciso señalar que en su escrito
de demanda los actores no acusan la expresión “que admite recurso de
insistencia” del artículo 184 de la Ley 906 de 2004. Sin embargo, en
aplicación del principio pro actione y de las reglas de la integración
normativa que la Corte ha utilizado en diferentes momentos en casos similares[26],
la Corporación puede advertir que la intención de los demandantes -a pesar de
no haberlo hecho explícito en la presentación de su demanda- también era
generar una duda sobre la constitucionalidad de ese mecanismo. Por lo tanto, para
efectos de esta sentencia es necesario establecer si la demanda también presentó
cargos de inconstitucionalidad sobre dicha expresión.
13. Sin embargo, antes
de presentar una conclusión sobre el tema, la Corte recuerda algunas reglas
sobre la procedencia de las acciones de inconstitucionalidad y la manera de
interpretarlas correctamente. Para empezar, es bueno recoger la definición
general de este tipo de acciones que ha hecho la Corte Constitucional en
anteriores oportunidades:
“En
principio la acción de inconstitucionalidad fue concebida como un mecanismo de
participación en virtud del cual todo ciudadano puede acudir ante la Corte
Constitucional, para solicitar que mediante una sentencia que haga tránsito a
cosa juzgada, la norma demandada sea excluida del ordenamiento jurídico debido
a la contradicción entre ésta y el texto de la Carta Política. Se trata,
entonces, de un instrumento que combina el ejercicio de los derechos políticos
(C. Po art. 40),  con los beneficios derivados del control al poder ejercido
por el legislador”[27] (resaltado fuera del texto).
14. No obstante lo
anterior, el ejercicio de esta acción ha sido regulado a través del Decreto
2067 de 1991 para que -sin desconocer su naturaleza pública- la Corte pueda
cumplir adecuadamente sus funciones constitucionales. En ese sentido, se ha señalado
que las razones que exponga el demandante para sustentar los cargos propuestos
deben ser claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes. Estos
aspectos han sido ampliamente desarrollados por la jurisprudencia, así:
“La
claridad de la demanda implica que el actor tiene el deber de seguir un
hilo conductor en la argumentación que permita al lector comprender el
contenido de la demanda y las justificaciones en las que se basa. A su vez, que
las razones que sustentan el concepto de la violación sean ciertas
quiere decir que la demanda debe recaer sobre una proposición jurídica real y
existente ‘y no simplemente [sobre una] deducida por el actor, o implícita’ e
incluso sobre otras normas vigentes que, en todo caso, no son el objeto
concreto de la demanda. Por otra lado, para que las razones sean específicas
se requiere que definan con claridad la manera como la disposición acusada
desconoce o vulnera la Carta Política a través ‘de la formulación de por lo
menos un cargo constitucional concreto contra la norma demandada’. La
pertinencia, por su parte, se refiere a las razones que se exponen en la
demanda de inconstitucionalidad deben ser de naturaleza constitucional, sin que
sean aceptables las consideraciones puramente legales o doctrinarias, o las que
se derivan de una indebida aplicación de la disposición acusada en un caso
específico, o en fin las que tocan con aspectos de mera conveniencia.
Finalmente, el requisito de suficiencia, tiene que ver con la necesidad
de que el actor presente los argumentos y elementos probatorios que sustentan
su demanda, de manera tal que, ‘...aunque no logren prima facie convencer al
magistrado de que la norma es contraria a la Constitución, si despiertan una
duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada, de tal manera
que inicia realmente un proceso dirigido a desvirtuar la presunción de
constitucionalidad que ampara a toda norma legal y hace necesario un
pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional” (resaltado fuera del
texto)[28].
15. Igualmente, aunque
estos requisitos han sido reconocidos como un parámetro de evaluación necesario
para analizar si la acción es procedente o no, la Corte ha sido clara en señalar
que deben ser interpretados bajo un principio de favorabilidad para el
ciudadano (principio por actione) para asegurar el efectivo ejercicio de
su derecho político a controlar el ejercicio del poder público a través de la
acción pública de inconstitucionalidad:
“Esto
quiere decir que el rigor en el juicio que aplica la Corte al examinar la
demanda no puede convertirse en un método de apreciación tan estricto que
haga nugatorio el derecho reconocido al actor y que la duda habrá de
interpretarse a favor del demandante, es decir, admitiendo la demanda y
fallando de fondo” (resaltado fuera del texto)[29].
16. En este orden de
ideas, es preciso analizar los argumentos que presentaron los demandantes como cargos
comunes contra los artículos 184 del Código de Procedimiento Penal y 347 del
Código General del Proceso. Para la Sala no hay duda que los ciudadanos presentaron
en su escrito referencias jurisprudenciales concretas y señalaron con precisión
los artículos constitucionales que consideraban vulneradas por las normas
impugnadas. Sin embargo, como se advirtió en el Fundamento Jurídico número 11,
hay tres cargos que se refieren a elementos propios de la norma penal por lo
que sería contraevidente extender dichos cargos al juicio de constitucionalidad
que realizará la Corte sobre el artículo 347 de la Ley 1564 de 2012.
17. Para esta
Corporación, entonces, los cargos que se refieren a la violación de la cláusula
general de igualdad, al debido proceso y al desconocimiento de los límites de
la administración pública cumplen con los requisitos de especificidad, certeza,
claridad y pertinencia con respecto al artículo 184 de la Ley 906 de 2004; pero
frente al artículo 347 del Código General del Proceso no se puede observar que
los demandantes hayan realizado un esfuerzo razonable por cumplir con su
obligación de especificar las razones por las que la norma resulta inconstitucional.
La sola mención que hacen los ciudadanos en su escrito de que los cargos del
artículo 184 de la Ley 906 aplican también para la norma procesal civil[30],
no es lo suficientemente precisa ni siquiera aplicando el estándar de
favorabilidad antes descrito, para considerar que pueden ser objeto de un
control abstracto de constitucionalidad.
18. Por consiguiente,
y aplicando de manera preferente el principio pro actione, la Sala
considera que los tres cargos sobre igualdad, debido proceso y límites al poder
de la administración cumplen con todos los requisitos constitucionales para que
sean resueltos mediante una sentencia de fondo, pero solo frente al artículo
184 del Código de Procedimiento Penal. Por otra parte, los cargos sobre exceso
en la libertad de configuración legislativa y violación al principio de
dignidad humana serán revisados frente a las dos normas y, también, su
resolución se hará a través de una sentencia de fondo.
D. Planteamiento de
los Problemas Jurídicos
19. En el presente
caso los demandantes -y dos de los intervinientes- alegan que la facultad que
el artículo 184 de la Ley 906 de 2004 le otorga a los jueces de casación penal
para rechazar o seleccionar los recursos extraordinarios con base en un juicio
sobre las finalidades de la casación y el mecanismo de insistencia que crea
dicha norma, vulneran los derechos a la igualdad -artículo 13- y al debido
proceso -artículo 29- y los límites a la administración pública -artículo 123- señalados
en la Constitución. Por otra parte, el Procurador considera que la norma es
constitucional salvo la expresión “algunas” del mismo artículo, que debe
ser declarada inconstitucional, pues de lo contrario se permitiría que la Corte
Suprema de Justicia negara el acceso ciudadano a la administración de justicia
de manera caprichosa, como quiera que no sería claro cuál principio -o cuántos-
debería cumplir la petición de los ciudadanos, de los cuatro que reconoce la
norma, para acceder al recurso extraordinario descrito. Los demás
intervinientes consideran que la norma debe ser declarada exequible, en tanto
que constituye una manifestación de la facultad que otorga la libertad de
configuración legislativa y no vulneran el debido proceso, pues las decisiones
de selección deben ser debidamente motivadas y pueden ser controlados mediante
otros recursos ordinarios o el mecanismo de insistencia. Por lo tanto, el primer problema
jurídico que le corresponde a la Corte resolver es el siguiente:
¿Vulnera el derecho a la igualdad, el principio de la
primacía del derecho sustancial en la administración de justicia y los límites
a la administración pública previstos en el artículo 123 superior, la regla del
artículo 184 de la Ley 906 de 2004 que incorpora las finalidades de la casación
como parámetro de selección de dichos recursos por la Corte Suprema de Justicia
y crea un mecanismo de insistencia dentro del mencionado proceso o, por el
contrario, dicha facultad hace parte de un ejercicio razonable y proporcional
de la libertad de configuración legislativa?
20. Los demandantes consideran que los artículos
parcialmente demandados vulneran la libertad de configuración legislativa y los
derechos al debido proceso y a la dignidad, pues aumentan de manera excesiva el
margen de discrecionalidad que tienen los jueces de casación en los procesos de
selección de esos recursos y permiten que sobre la materia se produzcan decisiones
no motivadas. No todos los intervinientes se refirieron a ese cargo en
particular pero los que lo hicieron defendieron su constitucionalidad por
considerar que una interpretación estructural y finalista de las normas permite
concluir que estas decisiones no se pueden tomar sin motivación alguna y que,
en todo caso, la discrecionalidad en la selección es necesaria siempre que la
misma no se convierta en un acto caprichoso del juez. Por su parte, la
Procuraduría consideró que la norma del Código General del Proceso es
constitucional siempre y cuando la Corte aclare que lo es bajo el entendido de que dicha causal
sólo se configura cuando la sentencia recurrida en casación ha resuelto el caso
en el mismo sentido de la jurisprudencia reiterada. De esta forma, un segundo
problema jurídico que deberá resolver este Tribunal se puede resumir de la
siguiente forma:
¿El estándar relativo a las “finalidades” y el
criterio de “identidad” de hechos que incorporan los artículos 184 de la
Ley 906 de 2004 y 347 del Código General del Proceso y que según los actores vulneran
la dignidad, el debido proceso y el principio de limitación de la
administración pública, a los procesos de selección de casación,  constituyen
un abuso de la libertad de configuración legislativa  o, por el contrario, son
una decisión que se ajusta a sus límites y propósitos?
21. Para dar solución a estos problemas jurídicos la
Corte: i) resumirá brevemente algunos precedentes sobre los fines de la
casación; ii) realizará un juicio de razonabilidad para comprobar si se vulnera
el derecho a la igualdad de las personas que acuden a la justicia; iii)
examinará si se desconocen los límites a las facultades de configuración
legislativa; iv) analizará si la pretensión del Ministerio Público para que la
Corte profiera una sentencia modulada es válida; y v) presentará a modo de
conclusión unas consideraciones concretas sobre los cargos de la demanda.
E. Los fines de la casación en la jurisprudencia
constitucional. Reiteración de jurisprudencia.
22. El artículo 235 de la Constitución preservó el
instituto de la casación y le otorgó a la Corte Suprema de Justicia la
competencia para conocer del mismo. Por tener un carácter constitucional, este
Tribunal ha reconocido que no se trata de un concepto neutral que pueda ser
alterado por el Legislador a su antojo. En otras palabras, “el rango
constitucional de la casación implica igualmente que el legislador no tiene
plena libertad para organizar el alcance de este recurso, por lo cual (…) no
puede regular de cualquier manera las funciones de la Corte Suprema como
Tribunal de Casación”[31].
23. Sobre las finalidades del recurso[32], la
jurisprudencia constitucional ha señalado que este tiene “el fin primordial
de unificar la jurisprudencia nacional, promover la realización del derecho
objetivo en los respectivos procesos, reparar los agravios inferidos a las
partes por la sentencia recurrida y, adicionalmente, en el Estado Social de
Derecho, velar por la realización del ordenamiento constitucional –no solamente
legal- y, en consecuencia, por la realización de los derechos fundamentales de
los asociados”[33].
24. Sin embargo, la Corte Constitucional ha reconocido
que el recurso de casación no es una tercera instancia, puesto que constituye
un juicio de legalidad limitado y extraordinario a partir de los errores en que
puedan incurrir los jueces de instancia en la aplicación del derecho sustancial
frente a las reglas de procedimiento[34].
Sobre particular, esta Corporación ha afirmado lo siguiente:
“La casación no es una tercera instancia para enmendar
cualquier yerro ocurrido en las instancias, sino un recurso extraordinario
que pretende lograr la mayor coherencia posible del sistema legal, al
lograr el respeto del derecho objetivo y una mayor uniformidad en la
interpretación de las leyes por los funcionarios judiciales” (resaltado fuera
del texto)[35].
En ese sentido, recientemente el Tribunal  se refirió
al carácter extraordinario de la casación y la diferencia que guarda con los
mecanismos de impugnación que deben revisar todos los jueces penales sin
excepción alguna. En ese fallo se revisaba si frente a las sentencias
condenatorias que se proferían en única instancia o que revocaban una decisión
absolutoria, la casación podría ser considerada una segunda instancia. La Corte
sostuvo que dicho mecanismo no podía ser considerado un mecanismo eficaz para garantizar
la garantía de la doble instancia que hace parte del núcleo esencial del
derecho al debido proceso. Así considero que:
La previsión de recursos extraordinarios, como ocurre
con los recursos extraordinarios de casación o de revisión, o de la acción de
tutela en contra de providencias judiciales, no satisface las exigencias del
referido derecho, habida cuenta de que la procedencia de estos medios de
impugnación tiene claros límites materiales establecidos en la propia
legislación, por lo
que no es posible hacer uso de los mismos para controvertir toda sentencia
condenatoria en los eventos planteados, y porque, además, las facultades de los
operadores jurídicos en esos eventos se orientan, no a revisar integralmente el
caso, sino a evaluar la decisión judicial a la luz de cierto repertorio cerrado
de falencias o déficits del mismo, o de la aparición de nuevos elementos que no
fueron tenidos en cuenta en la decisión judicial objeto de revisión”
(resaltado fuera del texto)[36].
25. Por otra parte, aunque la Corte ha señalado que la
casación no es una tercera instancia, ha resaltado el valor que tiene como
instrumento para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos, toda
vez que constituye un instrumento para que el órgano de cierre realice -como ya
se dijo- un control material a las sentencias judiciales y unifique la
jurisprudencia como forma de asegurar el mandato constitucional de igualdad
ante la ley. Es por eso que, en un Estado Social de Derecho como el colombiano,
el control de legalidad de las sentencias a cargo de la Corte Suprema de
Justicia debe concebirse en una dimensión amplia, de modo que involucre la
integración de principios y valores constitucionales y, por lo tanto, la
protección de los derechos constitucionales que de ellos se derivan. Esto
implica que las formas procesales de la casación, aunque importantes, no pueden
constituirse en un obstáculo o en el único requisito para su acceso, pues ya no
se trata solamente de un mecanismo para proteger la aplicación formal de la ley
sino para salvaguardar  los derechos fundamentales de las personas. En otras
palabras, el principio de supremacía del derecho sustancial sobre el procesal
tiene en los fines de la casación una de sus manifestaciones más claras.
Esto se ve reflejado en el artículo 180 del Código de
Procedimiento Penal que describe de la siguiente manera dichos fines:
Artículo 180. Finalidad. El recurso pretende la
efectividad del derecho material, el respeto de las garantías de los
intervinientes, la reparación de los agravios inferidos a estos, y la
unificación de la jurisprudencia.
De igual manera, los fines de la casación civil son
una manifestación de la supremacía del derecho sustancial. Así, el artículo 333
del Código General de Proceso establece lo siguiente:
Artículo 333. El recurso extraordinario de casación
tiene como fin defender la unidad e integridad del ordenamiento jurídico,
lograr la eficacia de los instrumentos internacionales suscritos por Colombia
en el derecho interno, proteger los derechos constitucionales, controlar la
legalidad de los fallos, unificar la jurisprudencia nacional y reparar los
agravios irrogados a las partes con ocasión de la providencia recurrida.
De esta manera, a través de la prevalencia del derecho
sustancial se  constitucionalizó la casación como mecanismo para proteger la efectividad
material de los derechos fundamentales de las personas. Ya no solo es necesario
realizar un examen formal frente a los requisitos tradicionales del recurso sino
que se debe realizar un control sustancial de las actuaciones del juez penal para
determinar si vulneró garantías de los ciudadanos. Dicha tendencia ha sido
avalada en numerosas oportunidades por este Tribunal. Por ejemplo, la Corte
Constitucional ha recordado que los derechos fundamentales orientan el alcance
del derecho penal y establecen los límites a la configuración legislativa en la
materia, así:
“Así, ha habido una constitucionalización del
derecho penal porque tanto en materia sustantiva como procedimental, la Carta
incorpora preceptos y enuncia valores y postulados - particularmente en el
campo de los derechos fundamentales - que inciden de manera significativa en el
derecho penal y, a la vez, orientan y determinan su alcance. Esto significa
entonces que el Legislador no tiene una discrecionalidad absoluta para definir
los tipos delictivos y los procedimientos penales, ya que debe respetar los
derechos constitucionales de las personas, que aparecen así como el fundamento
y límite del poder punitivo del Estado. Fundamento, porque el ius puniendi debe
estar orientado a hacer efectivos esos derechos y valores constitucionales. Y
límite, porque la política criminal del Estado no puede desconocer los derechos
y la dignidad de las personas” (resaltado fuera de texto)[37].
26. Debido a la nueva realidad del recurso de casación
de cara al régimen constitucional colombiano, puede concluirse que la actividad
legislativa en la materia se encuentra sujeta a la defensa de la legalidad
material por lo que el Congreso tiene una amplia facultad para determinar sus
condiciones de acceso. Sin embargo, no puede exigir cargas irracionales que
hagan del ejercicio de la casación un acto inocuo pues se vulnerarían los
derechos fundamentales de las personas. Para eso, en el capítulo sobre la
libertad de configuración legislativa de esta providencia, la Corte realizará un
examen sobre la razonabilidad de las normas demandadas por considerar que es
relevante analizar sí los fines de la casación, como requisito de admisión, son
un criterio objetivo que no impide de manera desmedida el acceso a dicho
recurso.
F. Juicio de razonabilidad frente a las normas
demandadas. Reiteración de Jurisprudencia.
27. Como punto de partida, resulta adecuado precisar
porque la Corte no va a acudir al llamado test de igualdad para resolver
la controversia constitucional que plantean los demandantes frente a la
presunta violación al derecho a la igualdad. Para empezar, es necesario
recordar brevemente los contenidos de dicho test, sus principales
elementos y la evolución que ha tenido la jurisprudencia constitucional sobre
la materia.
Una primera versión del juicio de igualdad[38] se puede
encontrar en la sentencia C-022 de 1996 donde la Corte examinó la
constitucionalidad de una norma que otorgaba a aquellas personas que prestaran
el servicio militar una bonificación del 10% en el puntaje de los exámenes para
acceder a la educación pública universitaria. En dicho fallo, el Tribunal concluyó
que dicho beneficio era inconstitucional y para hacerlo estableció un test
de proporcionalidad[39], que debía determinar sí las
normas acusadas de violar la cláusula general de igualdad: i) perseguían un
objetivo a través del establecimiento del trato desigual; ii) ese objetivo era
válido a la luz de la Constitución; y iii) el trato desigual era razonable, es
decir, el fin que perseguía era proporcional con la medida discriminatoria que
implementaba. A su vez, la última etapa del test estaba conformada por
tres elementos, así:
“El concepto de proporcionalidad comprende tres
conceptos parciales: la adecuación  de los medios escogidos para la
consecución del fin perseguido, la necesidad de la utilización de esos
medios para el logro del fin (esto es, que no exista otro medio que pueda conducir
al fin y que sacrifique en menor medida los  principios constitucionales
afectados por el uso de esos medios), y la proporcionalidad en sentido
estricto entre medios y fin, es decir, que el principio satisfecho por el
logro de este fin no sacrifique principios constitucionalmente más
importantes”(resaltado fuera del texto)[40].
28. Una segunda versión del test de igualdad se
puede encontrar en la sentencia C-093 de 2001. En la misma, la Corte
concluyó que el requisito de edad de 25 años para el adoptante que quisiera
adoptar un menor de edad era constitucional. Al hacerlo, el Tribunal incorporó
la teoría de los niveles de intensidad[41] al test de igualdad, así:
(el
test de igualdad) se funda en la existencia de distintos niveles de
intensidad en los “escrutinios” o “tests” de igualdad (estrictos,
intermedios o suaves). Así, cuando el test es estricto, el trato diferente
debe constituir una medida necesaria para alcanzar  un objetivo
constitucionalmente imperioso, mientras que si el test es flexible o de mera
razonabilidad, basta con que la medida sea potencialmente adecuada para
alcanzar un propósito que no esté prohibido por el ordenamiento.
En el escrutinio débil o suave, para que una norma sea
declarada constitucional basta con que el trato diferente que se examina sea
una medida “potencialmente adecuada para alcanzar un propósito que no esté
prohibido por el ordenamiento jurídico”[42]. Por lo tanto, en este tipo
de test se constata que: “i) el trato diferente tenga un objetivo
legítimo; y ii) que dicho trato sea potencialmente adecuado para alcanzarlo. En
este sentido, un tratamiento desigual es inconstitucional si su objetivo está
explícitamente proscrito por la Constitución o si es el medio es
manifiestamente inadecuado para alcanzado un fin constitucional”[43].
Por otra parte, el escrutinio estricto se aplica
cuando una diferenciación se fundamenta en lo que la doctrina constitucional ha
denominado “criterios sospechosos” que no son otra cosa que causas de
discriminación prohibidas explícitamente por la Constitución[44] o que : “i)
se fundan en rasgos permanentes de las personas, de las cuales éstas no pueden
prescindir por voluntad propia, a riesgo de perder su identidad; ii) son
características que han estado sometidas, históricamente, a patrones de valoración
cultural que tienden a menospreciarlas; iii) no constituyen, per se, criterios
con base en los cuales sea posible efectuar una distribución o reparto
racionales y equitativos de bienes, derechos o cargas sociales”[45].
Por último, el juicio intermedio es una categoría que
se sitúa entre los dos niveles de intensidad anteriormente descritos. Se aplica
en los casos en que existen normas basadas en criterios sospechosos pero
con el fin de favorecer a grupos históricamente desfavorecidas. Se trata de
casos donde se aplica lo que la doctrina ha denominado “acciones
afirmativas”[46]  donde, por ejemplo, se
utiliza un criterio de género o raza para promover el acceso de la mujer a la
política o de las minorías étnicas a la educación superior. Como el criterio
sospechoso no promueve una diferenciación sino que intenta reducir la
brecha entre dos o más comunidades la Corte Constitucional ha entendido que “es
legítimo aquel trato diferente que está ligado de manera sustantiva con la
obtención de una finalidad constitucionalmente importante”[47]
y que sobre estas medidas debe aplicarse un escrutinio intermedio
que determine: “i) sí la medida puede afectar el goce de un derecho constitucional
no fundamental; ii) sí existe un indicio de arbitrariedad que puede resultar
sumamente gravosa para la libre competencia; y iii) que entre dicho trato y el
objetivo que persigue exista una relación de idoneidad sustantiva”[48].
29. Por última, la última etapa de la evolución
jurisprudencial del test de igualdad se encuentra definida en lo que la
Corte Constitucional ha llamado un juicio integrado de igualdad que
combina el test de proporcionalidad de la primera versión del juicio con
los niveles de escrutinio de la segunda fase, así:
La complementariedad entre el juicio de
proporcionalidad y los tests de igualdad, así como sus fortalezas y debilidades
relativas, han llevado a la doctrina, con criterios que esta Corte prohija, a
señalar la conveniencia de adoptar un “juicio integrado” de igualdad, que
aproveche lo mejor de las dos metodologías. Así, este juicio o test integrado
intentaría utilizar las ventajas analíticas de la prueba de proporcionalidad,
por lo cual llevaría a cabo los distintos pasos propuestos por ese tipo de
examen: adecuación, indispensabilidad y proporcionalidad stricto senso.  Sin
embargo, y a diferencia del análisis de proporcionalidad europeo, la práctica
constitucional indica que no es apropiado que el escrutinio judicial sea
adelantado con el mismo rigor en todos los casos, por lo cual, según la
naturaleza de la regulación estudiada, conviene que la Corte proceda a graduar
en intensidad cada uno de los distintos pasos del juicio de proporcionalidad,
retomando así las ventajas de los tests estadounidenses.  Así por ejemplo, si
el juez concluye que, por la naturaleza del caso, el juicio de igualdad debe
ser estricto, entonces el estudio de la “adecuación” deberá ser más riguroso, y
no bastará que la medida tenga la virtud de materializar, así sea en forma
parcial, el objetivo propuesto. Será necesario que ésta realmente sea útil para
alcanzar propósitos constitucionales de cierta envergadura. Igualmente, el
estudio de la “indispensabilidad” del trato diferente también puede ser
graduado. Así, en los casos de escrutinio flexible, basta que la medida no sea
manifiesta y groseramente  innecesaria, mientras que en los juicios estrictos,
la diferencia de trato debe ser necesaria e indispensable y, ante la presencia
de restricciones menos gravosas, la limitación quedaría sin respaldo
constitucional” (resaltado fuera del texto)[49].
30. Hecha estas precisiones conceptuales, la Corte
entrará a explicar porque en el presente caso no es necesario acudir al juicio
integrado de igualdad ya que la norma del artículo 184 de la Ley 906 de
2004 no crea una discriminación arbitraria o sospechoso entre dos grupos de
ciudadanos. Para justificar esta posición primero es importante recordar que, en
relación con el derecho a la igualdad, sus niveles de protección y los juicios
constitucionales para determinar si se vulnera o no, la Corte Constitucional ha
desarrollado de manera clara -y desde sus inicios- varias reglas judiciales
sobre la materia. Para empezar, es bueno recordar de manera breve el concepto de
igualdad que a partir de la definición filosófica clásica[50], este
Tribunal ha incorporado a la jurisprudencia:
“El principio constitucional de la igualdad y el
derecho subjetivo de allí derivado -en la consagración que aparece en el
artículo 13 de la Constitución Política- son los depositarios jurídicos de la
vieja noción filosófica de justicia, según la cual los casos semejantes
deben recibir el mismo tratamiento y los diferentes deben ser objeto de trato
distinto. Esta fórmula carece de sentido si no se complementa con algún
elemento de valoración que permita establecer una clasificación de lo igual y
de lo desigual. Tal referente valorativo se conoce como "patrón de
igualdad", el cual, una vez adoptado, excluye cualquier otro paradigma de
valoración. Así, el hecho de que todos los casos X sean iguales respecto
del patrón A no lleva a la conclusión de que también lo sean, por ejemplo,
frente a Y (resaltado fuera del texto)[51]”.
31. A partir de esta definición, la Corte ha
reconocido que existen tres diferentes dimensiones del derecho a la igualdad.
En efecto, la Corporación ha dicho que de la cláusula de protección del
artículo 13 de la Constitución se derivan: i) una regla de igualdad ante la
ley, comprendida como el deber estatal de imparcialidad en la aplicación del
derecho frente a todas las personas[52];
ii) una prohibición de discriminación[53],
que implica que el Estado y los particulares no puedan aplicar un trato
discriminatorio a partir de criterios sospechosos construidos a partir de
-entre otras- razones de sexo, raza, origen étnica, identidad de género,
religión u opinión política; y iii) un mandato de promoción de la igualdad de
oportunidades o igualdad material[54],
entendido como el deber público de ejercer acciones concretas destinadas a
beneficiar a grupos discriminados o marginados de manera sistemática o
histórica, a través de prestaciones concretas o cambios en el diseño
institucional (acciones afirmativas[55]).
32. En otras palabras, hablar de igualdad o
desigualdad, siguiendo alguna variante de la fórmula clásica (como la contenida
en el artículo 13 de la Constitución Política), tiene sentido sólo en la medida
en que se respondan las siguientes tres preguntas: i) ¿Igualdad entre quiénes?;
ii) ¿Igualdad en qué?; y iii) ¿Igualdad con base en qué criterio? Las dos
primeras preguntas se pueden responder simplemente acudiendo a los argumentos
de la demanda. Los ciudadanos sostienen que el artículo 184 ofrece un trato
desigual entre los ciudadanos que presentan un recurso de casación ante la Sala
Penal de la Corte Suprema de Justicia y la oportunidad que tienen éstos para
que su petición sea seleccionada por dicho Tribunal. En efecto señalan que la
norma crea dos grupos de ciudadanos, los que presentan un recurso que cumple
con los requisitos de forma pero no logran probar que su petición de selección
busca cumplir alguno de los fines de la casación y los que presentan sin el
cumplimento de los requisitos pero la Corte Suprema, en razón de la situación
particular del peticionario o las características del proceso, puede
seleccionar para revisión por considerar que se podrían vulnerar dichos fines.
Sin embargo, este argumento no encuentra asidero, puesto
que no es posible diferenciar realmente a dos grupos de personas y menos aún
percibir que existe un trato discriminatorio en el acceso al recurso de
casación.  La interpretación que hacen los actores de la norma acusada
simplemente anticipa un resultado posible frente al recurso de casación pero no
explica cómo el mismo es una manifestación de un criterio sospechoso
pues la constitucionalización del derecho penal ha hecho que la efectividad
material del derecho -uno de los fines de la casación- se convierta en un
requisito tan o más importante que los tradicionalmente aceptados y que
responden a una aproximación clásica y literal del recurso extraordinario.
33. Ahora bien, además de la inexactitud en el cargo
sobre desigualdad los demandantes tampoco logran justificar que se está frente
a una medida desproporcionada o que busca un fin constitucionalmente ilegitimo.
Frente a esto, primero se debe recordar que el juicio de proporcionalidad
descrito en el fundamento 28 de esta sentencia ha sido definido por el Tribunal
de la siguiente manera:
El “test de razonabilidad” es una guía metodológica
para dar respuesta a la tercera pregunta que debe hacerse en todo problema
relacionado con el principio de igualdad ¿cuál es el criterio relevante para
establecer un trato desigual? o, en otras palabras, ¿es razonable la
justificación ofrecida para el establecimiento de un trato desigual? (resaltado
fuera del texto)[56].
34. De igual modo, se debe precisar cuáles son los
resultados desiguales que los actores aducen que produce el artículo 184 de la
Ley 906 de 2004. En ese sentido es necesario examinar si el objetivo que
persigue la norma demandada -delimitar la manera en que la Corte Suprema
selecciona los recursos de casación penal- se basa en una justificación
razonable para explicar la aparente discriminación entre los ciudadanos que
cumplen con los requisitos formales y los que no. Para eso, primero, es
oportuno recordar que la Corte Constitucional ha reconocido que la finalidad
del derecho procesal y de sus formas -en este caso el recurso de casación en
materia penal- es la realización de los derechos que en abstracto reconoce el
derecho objetivo, sin que se convierta en una excusa para desconocer las formas
procesales, fundamentales para proteger la igualdad en la administración de
justicia[57].
Bajo esta premisa la Corte Constitucional aceptó ya que los fines de la
casación penal en el nuevo Código de Procedimiento Penal[58] son un
criterio necesario para armonizar las nuevas realidades del recurso de casación
penal en el nuevo sistema penal acusatorio –y que se desprenden, entre otras
cosas, del sistema de valores y principios de la Constitución de 1991 y de la constitucionalización
del derecho procesal- con sus formalidades históricas:
“Se impone precisar que la procedencia de la casación
contra todas las sentencias proferidas en segunda instancia en procesos
adelantados por delitos, se ha armonizado con el reconocimiento de una facultad
de selección a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia  (Artículo 184,
Ley 906 de 2004).  En efecto, el Código de Procedimiento Penal permite que la
Corte Suprema de Justicia no seleccione aquellas demandas de casación en las
que el demandante carezca de interés, se prescinda de señalar la causal, no se
desarrollen los cargos o cuando se advierta fundadamente que no se precisa del
fallo para cumplir algunas finalidades del recurso.  De esta forma se procura
mantener un punto de equilibrio entre la procedencia del recurso contra todas
las sentencias de segunda instancia, de tal manera que se asegure que los fines
de la casación se realicen sin consideración a límites formales, pero, al
mismo tiempo, se fijan unos parámetros que racionalizan el recurso” (resaltado
fuera del texto)[59].
35. De igual manera, esta posición sobre los fines de
la casación y su importancia en los procedimientos formales y procesales que
guardan relación con éste se ve reforzada por una extensa jurisprudencia[60] de la
Corte que ha explicado con precisión cuál es la naturaleza del recurso[61]. A modo de
ejemplo, la Corte en la sentencia C-1065 de 2000 reconoció que el Legislador
puede imponer criterios más severos -como lo puede ser un estándar de
finalidades- atendiendo a las particularidades del recurso:
“La casación es un recurso extraordinario, con
fundamento constitucional expreso, que tiene esencialmente una función
sistémica, por lo cual no puede confundírsela con una tercera instancia. Por
ende, es razonable concluir que en materia de casación “la regla general es la
improcedencia del recurso; la excepción, su procedencia, en los casos previstos
en la ley”. Esto explica entonces que la ley, sin caer en formalismos
innecesarios y excesivos, que sean contrarios a los propósitos de la casación,
puede establecer requisitos más severos para acceder a este recurso, e
incluso para que pueda prosperar, sin que ello signifique que, por ese solo
hecho, hay una restricción al acceso a la justicia, por cuanto, reitera la
Corte,  para dirimir los conflictos y solucionar los problemas planteados en
los distintos casos concretos, el ordenamiento prevé el trámite de las
instancias” (resaltado fuera del texto)[62] .
36. En ese sentido, en jurisprudencia posterior la
Corte ha admitido que aunque los cambios que el nuevo orden constitucional
introdujo en el recurso de casación -descritos en los fundamentos jurídicos 22
a 26 de esta sentencia- mantienen la
especificidad del recurso y su función sistemática de unificación
jurisprudencial también reconocen “la facultad para que la Corte Suprema de
Justicia, cuando examine una demanda de casación, no obstante los errores de
técnica argumental que en ella evidencia, pueda atacar la sentencia que haya
vulnerado de manera evidente un derecho fundamental”[63].
37. Para los
demandantes, la sola diferenciación de hecho que realiza el artículo 184 del
Código de Procedimiento Penal vulnera el derecho a la igualdad de las personas
que solicitan que su recurso extraordinario de casación sea seleccionado por la
Corte. Sin embargo, la Corte no encuentra que la norma genere un trato
discriminatorio que divida a los ciudadanos en grupos diferente como tampoco
que persiga un fin inconstitucional o que es un medio desproporcionado para
cumplir un objetivo que sí lo es. Por el contrario, el artículo acusado
establece dos resultados procesales diferentes frente al recurso de casación
acudiendo a la constitucionalización del derecho penal y la relevancia que
tiene ahora la efectividad y protección del derecho sustancial frente a las
interpretaciones formalistas clásicas que no concebían a los derechos fundamentales
como una categoría de protección propia de la naturaleza estos procesos. Aceptar,
por ejemplo, que un recurso de casación deba ser admitido por el solo
cumplimiento de los requisitos formales desconoce el lugar privilegiado que
tienen los derechos fundamentales en el nuevo orden constitucional y la
obligación de los jueces de garantizar su efectividad material. Por el
contrario, la norma impugnada permite que con el solo cumplimiento de uno de
sus fines el recurso deba ser admitido oportunamente por el Tribunal de Casación
ya que ante cualquier vulneración de los derechos fundamentales de los
ciudadanos el juez penal debe admitirlo y vigilar que se respete la efectividad
material de esos derechos, dejando en un segundo plano la discusión acerca del
cumplimiento o no de las formalidades de ley. Esta situación, controvierte la
tesis planteada por los demandantes ya que la norma no genera una
discriminación entre dos grupos de ciudadanos sino que le otorga una categoría
prevalente al discurso de derechos propio de la Constitución de 1991.
38. Por lo demás, los
cargos presentados tampoco explican porque esa medida no resulta adecuada a la
luz de un juicio de proporcionalidad o como la supuesta diferenciación
que hace entre requisitos de forma y principios resulta un criterio
sospechoso. Para la Sala, sin embargo, sí es claro que la norma se ajusta a
las finalidades y naturaleza de la casación como se acaba de describir y a la
necesidad de que las formalidades del derecho no sean un límite
desproporcionado para el acceso a la administración de justicia. La norma
armoniza adecuadamente el derecho a acceder a una justicia de manera eficaz y
oportuna con los límites formales que impone el carácter extraordinario del
recurso de la casación. Por esto, además, la supuesta diferenciación que hace
la norma entre los ciudadanos que cumplen los requisitos formales y los que no
lo hacen se justifica en razón de la importancia sustancial que tienen los
fines de la casación en un Estado Social de Derecho. Incluso, se puede advertir
como estos fines tienen un carácter general de protección de los derechos
fundamentales de los ciudadanos por lo que se convierten en el instrumento
necesario para controlar materialmente las decisiones de los jueces penales y
constituyen una garantía para la protección de los derechos de los ciudadanos.
De esta manera, es válido que la Corte Suprema incorpore en su examen de
selección un estándar de las finalidades del recurso de casación.
G. Libertad de
configuración legislativa en aspectos procesales penales y civiles. Reiteración
de jurisprudencia.
39. Para los
demandantes, las normas acusadas son el resultado de una extralimitación de las
facultades configuración legislativa que se traduce en una vulneración al
debido proceso, al principio de dignidad y a los límites de la administración
pública. Para resolver este punto, es necesario recordar que al interpretar el
alcance del artículo 150.2 de la Constitución[64] la Corte ha reconocido que el Legislador
goza de una amplia libertad[65]
para definir los procedimientos en los procesos, actuaciones y acciones
originadas en el derecho sustancial[66].
Incluso, en ejercicio de esta libertad, puede evaluar y definir las etapas,
características, términos y demás elementos que integran cada procedimiento
judicial incluyendo los de los recursos extraordinarios de la casación civil o
penal. Esto incluye, por ejemplo, el proceso de selección y el mecanismo de
insistencia[67]
que no van en contravía de la naturaleza de la casación como lo advirtió el
representante del Instituto de Derecho Procesal. La selección es una norma
general reconocida en la Ley Estatutaria de Administración de Justicia
declarada constitucional por esta Corporación en la sentencia C-713 de 2008,
y por lo tanto no se restringe solo a los procesos constitucionales de tutela[68].
40. Aun así, dichas
facultades legislativas no se pueden ejercer de manera absoluta pues, por una
parte, se vulneraría el principio democrático del equilibrio de poderes y, por
otra, se quebrantaría abiertamente el principio de legalidad que debe envolver
todo acto del legislador. Por eso, la Corte Constitucional ha sido clara en
señalar que aunque el legislador, mediante la discusión democrática, tiene la
potestad de transformar en leyes de la República sus decisiones políticas debe
observar algunos principios constitucionales:
“(El
legislador), está sujeto al respeto por las normas de la Constitución Política
y muy especialmente a asegurar la vigencia y eficacia de los derechos
fundamentales; y corresponde al Tribunal Constitucional evaluar el respeto de
esos principios mediante análisis de razonabilidad y proporcionalidad de las
decisiones legislativas. Además de este panorama general sobre la cláusula
general del Congreso, existen escenarios específicos en los que la Constitución
prevé expresamente la necesidad de un desarrollo legislativo, o incluso
establece reserva para el desarrollo de determinados temas, en cabeza del
Legislador, lo que excluye la participación de otras autoridades en el
desarrollo de esas materias. En esos espacios, el margen de acción del
Legislador es aún más amplio, como lo ilustran especialmente los ámbitos penal (…)
En la misma dirección, la Corporación ha explicado que corresponde al
Legislador el desarrollo del debido proceso, mediante la definición legal de
las normas que estructuran los procedimientos judiciales y administrativos,
ámbito en el que le corresponde establecer su objeto, etapas, términos,
recursos, y demás elementos propios de cada actuación” (resaltado fuera del
texto)[69].
41. Del mismo modo, la
Corte ha sido enfática en señalar que en materia penal el Congreso tiene la
competencia exclusiva -a partir del principio democrático y de soberanía- para
definir la política criminal. Así, la sentencia C-334 de 2013 establece
la siguiente regla sobre la materia:
“Corresponde
a las mayorías políticas, representadas en el Congreso, determinar, dentro de
los marcos de la Constitución Política, la orientación del Estado en estas
materias. El ejercicio de dicha facultad genérica, tiene fundamento en la
denominada cláusula general de competencia según la cual corresponde al órgano
legislativo “hacer las leyes”, lo que a su vez comporta la posibilidad de interpretarlas,
modificarlas y derogarlas. (C.P., art. 150 y 114). Específicamente, en relación
con las normas del Código penal, el Congreso de la República tiene una facultad
expresa y específica de expedir códigos en todos los ramos de la legislación y
reformar sus disposiciones. De acuerdo al principio democrático la definición
de cuáles comportamientos son delictivos debe ser hecha por los representantes
del pueblo. Por ello, tal y como lo ha señalado la doctrina y lo ha reconocido
esta Corte, el principio de legalidad se encuentra vinculado a otro principio,
que es la “representación popular en la definición de las políticas
criminales”, en virtud de la cual “sólo los órganos de representación popular y
origen democrático pueden definir conductas delictivas” (…) Por
consiguiente, en ejercicio de la potestad de configuración normativa, el
legislador puede adoptar - entre otras decisiones- las de criminalizar o
despenalizar conductas, atenuar, agravar, minimizar o maximizar sanciones,
regular las etapas propias del procedimiento penal, reconocer o negar
beneficios procesales, establecer o no la procedencia de recursos, designar las
formas de vinculación, regular las condiciones de acceso al trámite judicial de
los distintos sujetos procesales, etc. Sin embargo, como se dijo
anteriormente, el alcance de dicha regulación no puede comprometer la
integridad de los valores, principios y derechos establecidos por la
Constitución” (resaltado fuera del texto).
42. En materia procesal,
la regla judicial no varía significativamente. Esto se puede corroborar con la sentencia
C-279 de 2013 que resolvió una demanda de inconstitucionalidad contra una
norma del Código General del Proceso que desarrollaba la forma para realizar el
juramento estimatorio en los procesos civiles:
“En
virtud de la cláusula general de competencia (Art. 150-2), el legislador
está ampliamente facultado para regular y fijar en forma exclusiva los
procedimientos judiciales, su acceso, etapas, características, formas, plazos y
términos, al igual que deberes y cargas procesales, limitado tan solo por la
razonabilidad y proporcionalidad de las medidas adoptadas, en cuanto éstas se
encuentren acordes con las garantías constitucionales de forma que permitan la
realización material de los derechos sustanciales” (resaltado fuera del
texto).
43. Con todo, los
mismos precedentes han establecido que en los juicios de constitucionalidad
donde -como en el presente caso- se presenten cargos por exceso de dicha
libertad legislativa, de violación al debido proceso y vulneración de la
dignidad es necesario analizar si las normas cumplen con los siguientes cuatro
criterios: i) los artículos violan los principios y fines del Estado lo que
implica controlar que las normas no vulneran los límites de estos[70];
ii) que las normas velen por la vigencia de los derechos fundamentales de los
ciudadanos[71];
iii) que los artículos permitan la realización material de los derechos y del
principio de la primacía de lo sustancial sobre las formas[72];
y iv) que las disposiciones, en la definición de las formas procesales, siga el
principio de razonabilidad[73].
44. Siguiendo entonces
estos parámetros de constitucionalidad es oportuno que la Sala examine
brevemente sí tanto el artículo 184 de la Ley 906 de 2004 como el artículo 347
del Código General del Proceso satisfacen cada uno de los criterios antes
descritos. Frente al primer punto, la Sala encuentra que las normas desarrollan
el principio de independencia judicial[74], de la supremacía de la Constitución
y de prevalencia del derecho sustancial[75]. Por una parte, las normas respetan
la autonomía de la Corte Suprema de Justicia para decidir sobre los recursos
extraordinarios de casación[76]
mientras que por otro lado preservan el propósito de adecuar la casación a la
Constitución. Esto se debe a que, como ya se ha resaltado, algunos de los fines
de la casación -tanto civil como penal- son la efectividad material de los
derechos, la eficacia de los instrumentos internacionales suscritos por
Colombia y la protección de los derechos constitucionales. Así, este recurso se
convierte en un mecanismo de control donde los fines y principios ahora son un criterio
importante para examinar las actuaciones de los jueces penales.  Frente al
particular, este Tribunal ya se ha pronunciado de la siguiente manera:
“al
concebir el recurso extraordinario de casación como un control constitucional y
legal, se está evidenciando que la legitimidad de la sentencia debe
determinarse no sólo a partir de disposiciones legales sustanciales y
procesales, sino también respecto de normas constitucionales en tanto
parámetros de validez de aquellas. Y esto, en la estructura y dinámica de las
democracias constitucionales, es comprensible pues de la misma manera como la
legitimidad de la ley, incluida, desde luego, la ley penal, no se infiere de sí
misma sino de su compatibilidad con el Texto Fundamental; así también, la
legitimidad de las sentencias judiciales debe soportarse tanto en la ley como
en el ámbito de validez de ésta”[77].
45. En cuanto al
segundo y tercer punto, la Corte considera que las dos normas acusadas velan
por la vigencia y realización material de los derechos y protegen el principio
de la primacía de lo sustancial sobre las formas en la medida en que, como ya se
describió en el capítulo anterior, incorporar un estándar de finalidad a la
selección de la casación no es otra cosa que privilegiar un análisis sustancial
de dichos recursos sobre cualquier límite formal. La Sala considera que esto redunda
en un beneficio para el ciudadano, pues no reduce la selección para revisión
extraordinaria de un proceso penal que lo involucra a una interpretación
literal y restrictiva de las normas procesales. En el caso de la norma del
Código General del Proceso, esta Corporación comparte la posición que
presentaron algunos de los intervinientes en el sentido de que de una
interpretación sistemática y estructural de la norma -que incorpore, entre
otras normas, los artículos 11[78]
y 333[79]
de dicho Estatuto- permite concluir que la facultad de no selección por
identidad de hecho no es arbitraria, pues además de ser reglada le permite al
ciudadano probar que existe una necesidad de modificar el precedente
jurisprudencial lo que le permitiría aplicar las reglas del derecho sustancial
sobre formalidades procesales anquilosadas y restrictivas.
46. Por otra parte, la
creación de un mecanismo de insistencia no vulnera tampoco las facultades que
tiene el Legislador para darle contenido normativo al recurso de casación. Dicho
instrumento, al contrario de lo que afirman los demandantes, no es solo de la
naturaleza de los procesos de tutela y no existe una cláusula en la
Constitución que impida que el Congreso pueda crear un mecanismo para que -dentro
del principio de la primacía de lo sustancial frente a lo formal- los
magistrados de la Corte Suprema de Justicia puedan revaluar su decisión de no
seleccionar un recurso de casación. La insistencia, en sí misma, es una
garantía procesal que no hace parte de los recursos ordinarios y su
reglamentación puede ser perfectamente desarrollada por la Corte Suprema de
Justicia en virtud de la cláusula general de competencias de artículo 121 de la
Constitución y las competencias que esta Corporación tiene como cabeza de la
jurisdicción ordinaria según lo dispuesto en los artículo 235.6 y 235.7 de la
Carta.
47. Aunado a lo
anterior, la Sala considera que las normas en cuestión cumplen con el requisito
de razonabilidad señalado por el cuarto criterio descrito en el fundamento 43.
Respecto del artículo 184 de la Ley 906 de 2004 -y como se explicó en el
capítulo precedente-, es proporcional y razonable introducir un estándar de
finalidad para la selección de los recursos de casación, pues es una garantía
procesal que evita que las formalidades del derecho sean un límite
desproporcionado para el acceso a la administración de justicia y reconoce la
nueva naturaleza de la casación como un procedimiento que protege los derechos
fundamentales.
48. Con respecto al
artículo 347 de la Ley 1564 esta Corporación considera que la posibilidad de
rechazar una solicitud de selección de un recurso de casación en materia civil
por identidad esencial de hechos es razonable ya que, primero, el recurso tiene
un carácter extraordinario y, segundo, su limitación no afecta el debido
proceso constitucional pues como ya se dijo todas las actuaciones que se
desprendan de la selección deben ser motivadas, tanto en el proceso penal como
en el civil. En esa medida, el auto que tome la decisión sobre la selección
debe estar debidamente argumentado -como lo advirtió el Ministerio de Justicia
en su intervención- por las obligaciones generales y específicas que el Código
General del Proceso y el Código de Procedimiento Penal imponen a todos en los
procesos de esa naturaleza. Por lo tanto,  no es cierto que se vulnere la libertad
de configuración legislativa -y en consecuencia el derecho al debido proceso, a
la dignidad y los límites de la administración pública- ya que las normas
impugnadas no aumentan arbitrariamente el margen de discrecionalidad de los
jueces
H. Improcedencia de
la solicitud de modulación de la sentencia.
49. Dicho esto, es
preciso realizar una breve consideración acerca de las solicitudes realizadas
por el Ministerio Público acerca de la exequiblidad condicionada del artículo
347 de la Ley 1564 de 2012 y la inexequiblidad parcial del artículo 184 de la
Ley 906. Para empezar, la Sala solo quiere reiterar de manera general el
alcance de las sentencias interpretativas o condicionadas. Estas sentencias -dentro
de los tipos de fallos desarrollados por la Corte[80]-
pretenden eliminar interpretaciones inconstitucionales que se puedan derivar de
la aplicación de un texto legal[81].
50. Bajo esta premisa,
la Sala no encuentra que la solicitud del Ministerio Público con respecto al
artículo 347 del Código General del Proceso sea admisible para eliminar una
interpretación inconstitucional del texto demandado. Para la Procuraduría, la
norma solo es constitucional bajo el entendido de que el criterio de identidad
de hecho solo puede ser un argumento para justificar la no selección de un
recurso de casación, cuando las decisiones de instancia coincidan con el
precedente de la Corte Suprema de Justicia. La Corte considera que la norma
debe leerse en concordancia con el artículo 333 del mismo Estatuto que
establece que una de las finalidades del recurso de casación civil es la
unificación de la jurisprudencia nacional. Ante la eventualidad señalada por el
Ministerio Público, el criterio de identidad no se podría aplicar pues no
operaría el presupuesto señalado por el artículo demandado ya que una sentencia
que de fondo no decida de la misma manera que la regla establecida por el
Tribunal de Casación no es idéntica en lo absoluto a ese precedente. Por eso,
la Sala considera que no es necesario acudir a la teoría de la modulación de
los fallos de la Corte Constitucional para desarrollar una interpretación
constitucional que ya se encuentra desarrollada con claridad en la ley.
51. Del mismo modo, la
Corte considera que la solicitud de inexequiblidad parcial  hecha por la
Procuraduría resulta improcedente. Esto, ya que el alcance que le da a la
expresión “algunas” no tiene la consecuencia normativa que señala. Dicha
expresión no implica que el juez de casación pueda desarrollar una suerte de
jerarquía de los fines del recurso sino que el demandante debe acreditar que
por lo menos uno de ellos se cumple para justificar la selección de su caso. No
se trata entonces de una regla restrictiva sino que es una norma que claramente
señala las cargas de argumentación en cabeza del peticionario.
52. En conclusión, la Sala
reitera que las normas demandadas son el resultado de un ejercicio razonable y
proporcional de la libertad de configuración normativa del Legislador que no
viola el derecho a la dignidad humana, al debido proceso constitucional y los
límites de la función pública.
I. Conclusiones
53. La Corte concluye
que no se puede aplicar el fenómeno de la cosa juzgada material sobre el
artículo 347 de la Ley 1564 de 2012 como fue alegado por los demandantes, pues
no existe una identidad entre esta norma y los artículos 226A de la Ley 553 de
2000  y el artículo 214 de la Ley 600 del 2000 declarados inexequibles por la
sentencia C-252 de 2001.
54. Por otra parte, la
Sala advierte que la norma demandada que incorpora las finalidades de la
casación como parámetro de selección de dichos recursos en la Sala Penal de la
Corte Suprema de Justicia no vulnera el derecho a la dignidad humana (artículo
1) a la igualdad (artículo 13), el respeto al debido proceso (artículo 29) y la
limitación de la función pública (artículo 123) consagrados en la Constitución.
Este artículo es el resultado de un ejercicio razonable de la libertad de
configuración legislativa del Congreso. Los fines de la casación, en el nuevo
régimen constitucional, son una garantía sustancial para proteger los derechos
fundamentales de los ciudadanos. En ese sentido, se justifica la diferencia
entre las peticiones de los ciudadanos que cumplen con los requisitos de
admisión y las que no lo hacen. Por lo demás, se advierte que con el
cumplimiento de alguna de las finalidades bastaría para la admisión del recurso
por lo que cualquier caso donde se hayan vulnerado los derechos fundamentales
de un ciudadano tendrá que ser revisado en sede de casación por la Corte
Suprema de Justicia.
55. Igualmente, la
introducción de un mecanismo de insistencia en dicho proceso es parte del
ejercicio razonable de la libertad de configuración legislativa y el desarrollo
de reglas de procedimiento para ejercerlo a través de la jurisprudencia de la
Corte Suprema de Justicia hace parte de la autonomía judicial reconocida
constitucionalmente a esa Corporación a partir de la cláusula general de
competencias del artículo 121 de la Constitución y las competencias que tiene
dicho Tribunal como cabeza de la jurisdicción ordinaria de acuerdo a los
artículo 235.6 y 235.7 de la Carta.
53. Para la Corte el estándar de finalidades y el
criterio de identidad de hecho, que incorporan los artículos 184 de la Ley
906 de 2004 y 347 del Código General del Proceso a los procesos de selección de
casación no constituye un abuso de la libertad de configuración legislativa por
lo que tampoco se puede predicar que las mismas vulneran el derecho al debido
proceso, a la dignidad humana y los límites de la función pública.
J. Regla
jurisprudencial:
56. Para claridad metodológica
y facilitar la lectura de la ratio decidendi de esta sentencia, antes de
presentar la decisión, la Sala quiere resumir de la siguiente manera la regla judicial
que aplica en este caso, advirtiendo que no se trata de un precedente nuevo
sino simplemente una reiteración de las reglas jurisprudenciales desarrolladas
previamente por esta Corporación y que se encuentran en las sentencias citadas
en esta providencia.
Las facultades que
tiene el Legislador dentro de su libertad de configuración legislativa son
amplias con respecto a la regulación del recurso extraordinario de casación. Sin
embargo, sus decisiones en materia procesal -especialmente en temas penales y civiles-
deben observar los criterios de proporcionalidad, razonabilidad, protección de
derechos fundamentales y de prevalencia del derecho sustancial sobre lo formal,
para que se ajusten a los mandatos constitucionales. En ese sentido el Legislador
puede imponer criterios más restrictivos por tratarse de un recurso
extraordinario, como los relacionados o supeditados a los fines de la casación,
pero estos no pueden ir en contravía de las garantías constitucionales derivadas
del derecho al debido proceso y del derecho acceder de manera eficiente y
oportuna a la administración de justicia.
VII. DECISIÓN:
En mérito de lo
expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, en nombre del
Pueblo y por mandato de la Constitución.
RESUELVE
Primero.- Declarar EXEQUIBLE las expresiones
“que admite recurso de insistencia”, “o cuando de su contexto se
advierta fundadamente que no se precisa del fallo para cumplir algunas de las
finalidades del recurso” y “Sin embargo, atendiendo a los fines de la
casación, fundamentación de los mismos, posición del impugnante dentro del
proceso e índole de la controversia planteada, deberá superar los defectos de
la demanda para decidir de fondo” contenidas en el artículo 184 de la Ley
906 de 2004.
Segundo.- Declarar EXEQUIBLE el numeral primero
del artículo 347 de la Ley 1564 de 2012.
Cópiese, notifíquese,
comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el
expediente. Cúmplase.
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Presidente
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
Con salvamento parcial  de voto
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
Ausente con permiso
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTÍZ DELGADO
Magistrada
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELET CHALJUB
Magistrado
Ausente en comisión
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Magistrada (E)
ANDRES MUTIS VANEGAS
Secretario General (E)
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO DE LA
MAGISTRADA
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
INADMISION DE DEMANDA DE CASACION CON REQUISITOS DE
ADMISIBILIDAD-Facultad
Supone un sacrificio desproporcionado del derecho de acceder a la
administración de justicia (Salvamento parcial de voto)
DEMANDA DE CASACION CON REQUISITOS GENERALES DE
ADMISIBILIDAD-No
cabe aducir “estándar de finalidad”, ni prevalencia del derecho
sustancial, como razones para justificar su no selección (Salvamento parcial de
voto)
Los argumentos
presentados en la sentencia en relación con el llamado “estándar de finalidad”,
son válidos para fundamentar la constitucionalidad de la facultad que el inciso
3º del artículo 184 confiere a la Corte Suprema para seleccionar demandas y
subsanar sus defectos, allí donde esto sea necesario “atendiendo a los fines
de la casación, fundamentación de los mismos e índole de la controversia
planteada”. Sin embargo, estimo que no cabe aducir este mismo estándar de
finalidad, ni la prevalencia del derecho sustancial, como razones para
justificar la no selección de una demanda de casación que haya cumplido con los
requisitos generales de admisibilidad. La prevalencia del derecho sustancial
puede operar como una razón para que un recurso que no ha satisfecho criterios
formales sea, no obstante, admitido para efectos de proferir una decisión de
fondo en un caso que lo amerita, pero en modo alguno serviría como argumento
para no seleccionar un recurso de casación bien fundamentado, simplemente
porque con el mismo no se satisfacen los fines de la casación.
DERECHO SUSTANTIVO-Tensión entre dos dimensiones diferentes que deben ser
igualmente protegidas a través del recurso de casación (Salvamento parcial de
voto)
Lo que está en juego en estos
casos no es un conflicto entre sustancia y procedimiento, como se expresa en la
sentencia, sino una tensión entre dos dimensiones diferentes del derecho
sustantivo que deben ser igualmente protegidas a través del recurso de
casación: por un lado, la dimensión subjetiva del derecho sustantivo, que se
refiere a la protección del interés o de la posición jurídica que, en cada caso
concreto, un ciudadano estima afectada por una decisión judicial. Por ejemplo,
la libertad de una persona condenada por sentencia penal, que acude a la
casación para hacer valer este derecho. De otro lado, la dimensión objetiva del
derecho sustantivo, que se refiere a la importancia de proteger ciertos
contenidos normativos, con independencia de que estén ligados, en un caso
concreto, a la tutela de los derechos de un individuo o grupo en particular.
Referencia: Sentencia C-880 de 2014
Magistrada
Ponente:
Gloria
Stella Ortiz Delgado
Con el acostumbrado
respeto por las decisiones de la Sala Plena, presento las razones que me llevan
a salvar parcialmente mi voto a la presente sentencia.
No comparto la
declaratoria de exequibilidad de la expresión “o cuando de su contexto se advierta
fundadamente que no se precisa del fallo para cumplir algunas de las
finalidades del recurso”,
contenida en el inciso 2º del artículo 184 de la Ley 906 de 2004.  Considero que este
contenido normativo es inconstitucional, porque la facultad que en él se consagra de inadmitir demandas de
casación presentadas en debida forma, si bien
persigue el propósito legítimo de hacer más eficiente el trabajo de las altas cortes, al reducir
el volumen de causas que deben fallar de fondo, supone un sacrificio
desproporcionado del derecho de los ciudadanos a acceder a la administración de justicia para que esta resuelva
controversias que involucran la protección de sus derechos subjetivos.
De otro
lado, estimo que los argumentos presentados en la sentencia en relación con el
llamado “estándar de finalidad”, son válidos para fundamentar la
constitucionalidad de la facultad que el inciso 3º del artículo 184 confiere a
la Corte Suprema para seleccionar demandas y subsanar sus defectos, allí donde
esto sea necesario “atendiendo a los fines de la casación, fundamentación de
los mismos e índole de la controversia planteada”. Por tal motivo, acompañe
la decisión de declarar exequible esta expresión. Sin embargo, estimo que no
cabe aducir este mismo estándar de finalidad, ni la prevalencia del derecho
sustancial, como razones para justificar la no selección de una demanda de
casación que haya cumplido con los requisitos generales de admisibilidad. La
prevalencia del derecho sustancial puede operar como una razón para que un
recurso que no ha satisfecho criterios formales sea, no obstante, admitido para
efectos de proferir una decisión de fondo en un caso que lo amerita, pero en
modo alguno serviría como argumento para no seleccionar un recurso de casación
bien fundamentado, simplemente porque con el mismo no se satisfacen los fines
de la casación.
Lo que está
en juego en estos casos no es un conflicto entre sustancia y procedimiento,
como se expresa en la sentencia, sino una tensión entre dos dimensiones
diferentes del derecho sustantivo que deben ser igualmente protegidas a través
del recurso de casación: por un lado, la dimensión subjetiva del derecho
sustantivo, que se refiere a la protección del interés o de la posición
jurídica que, en cada caso concreto, un ciudadano estima afectada por una
decisión judicial. Por ejemplo, la libertad de una persona condenada por
sentencia penal, que acude a la casación para hacer valer este derecho. De otro
lado, la dimensión objetiva del derecho sustantivo, que se refiere a la
importancia de proteger ciertos contenidos normativos, con independencia de que
estén ligados, en un caso concreto, a la tutela de los derechos de un individuo
o grupo en particular.
Cuando el
artículo 184 permite que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia pueda llegar a subsanar defectos formales y fallar de fondo demandas
de casación que no fueron presentadas en debida forma, en aras de cumplir las
finalidades del recurso de casación (art. 180 Ley 906 de 2004), no se plantea
una contradicción entre las dimensiones subjetivas y objetivas del derecho. Al
admitir una demanda que en principio no cumplía con requisitos formales, se
permite al ciudadano tener acceso a la más alta instancia de la administración
de justicia ordinaria para que revise su caso particular, y a la vez se otorga
a esta la posibilidad de, a través de la sentencia proferida, realizar los
fines objetivos que persigue el recurso de casación. Es por ello que, desde
esta perspectiva, el aparte demandado del inciso 3º del art. 184 Ley 906 no
resultaría inconstitucional. Por el contrario, la expresión final del inciso 2º
de este mismo artículo hace prevalecer la dimensión objetiva de los
propósitos que cumple la casación, sobre la función que también debe cumplir
este recurso de garantizar tutela judicial efectiva a los derechos subjetivos
de los ciudadanos.  En este caso se le cierran las puertas de la administración
de justicia a una persona que estima vulnerado su derecho con el argumento de
que la Corte no necesita pronunciarse sobre su caso para alcanzar los
propósitos objetivos que se persiguen con la casación.  La sentencia no
advierte esta distinción, en tanto omite analizar las diferencias y tensiones
entre las dimensiones subjetivas y objetivas del derecho sustantivo, que se
plantean con ocasión de esta controversia constitucional. Y al omitir este
análisis, deja abierta la posibilidad de que se sacrifique la dimensión
subjetiva de los derechos de las personas, la cual debe tener primacía en un
estado constitucional, como así lo reconoce el artículo 5º de la Carta.
Fecha ut
supra,
MARIA VICTORIA CALLE COREA
Magistrada
[1] La
expresión “que admite recurso de insistencia” del segundo inciso del
artículo 184 del Código de Procedimiento Penal, y que aparece subrayada en la
página anterior de esta providencia, no fue demandada en sí misma por los
actores, pero será integrada por unidad normativa en el análisis constitucional
como se verá más adelante en la sentencia.
[2] Para los demandantes, las normas demandadas vulneran el Preámbulo
y los artículos 1, 2, 4, 13, 29, 89, 122, 123, 228, 229, 235 y 243 de la
Constitución. Igualmente, según la acción de inconstitucionalidad, los apartes
normativos vulneran  el artículo 93 de la Constitución (Bloque de
Constitucionalidad)al incumplir los mandatos contenidos en los artículos 3, 5 y
14 del Pacto Universal de Derechos Humanos y los artículos 8, 24, 25, 28 y 31
de la Convención Americana de Derechos Humanos.
[3] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-252 de 2001. Magistrado
Ponente: Carlos Gaviria Díaz.
[4] Ley 600 de
2000. Artículo 226A. Respuesta inmediata. Cuando sobre el tema jurídico sobre
el cual versa el cargo o los cargos propuestos en la demanda ya se hubiere
pronunciado la Sala de Casación en forma unánime y de igual manera no considere
necesario reexaminar el punto, podrá tomar la decisión en forma inmediata
citando simplemente el antecedente.
[5] Constitución
de 1991. Artículo 2.
[6] Constitución de 1991. Preámbulo.
[7] Ley 906 de 2004.
Artículo 180: “El recurso pretende la efectividad del derecho material, el
respeto de las garantías de los intervinientes, la reparación de los agravios
inferidos a estos, y la unificación de la jurisprudencia”.
[8] Los actores,
de manera articular, citan la figura de la casación excepcional contenida en el
artículo 205.3 de la Ley 600 del 2000: “De manera excepcional, la Sala Penal de
la Corte Suprema de Justicia, discrecionalmente, puede admitir la demanda de
casación contra sentencias de segunda instancia distintas a las arriba
mencionadas, a la solicitud de cualquiera de los sujetos procesales, cuando lo
considere necesario para el desarrollo de la jurisprudencia o la garantía de
los derechos fundamentales, siempre que reúna los demás requisitos exigidos por
la Ley”.
[9] Constitución
de 1991. Artículo 13.
[10] Constitución
de 1991. Artículo 29.
[11] El procedimiento de insistencia fue regulado por el Auto 24322
del 12 de diciembre del 2005 de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia
(Magistrada Ponente: Marina Pulido de Barón).
[12] En el escrito se citan, entras otras, las
sentencias C-596/00; C-252/01; y C-716/03.
[13] Se acuden, entre otros, al precedente de
la sentencia C-596/00.
[14] Frente al particular, los intervinientes
citan la sentencia C-836 de 2001. Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil.
[15] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia
C-713 de 2008. Magistrado Ponente: Clara Inés Vargas Hernández.
[16] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia
C-643/12. Magistrado Ponente: Jorge Ignacio Pretelet Chaljub.
[17] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia
C-144/09. Magistrado Ponente: Mauricio González Cuervo.
[18] Con el objetivo de respetar el precedente constitucional y promover
una mayor eficiencia en la administración de justicia el estándar para examinar
sí se configura o no la cosa juzgada material será el mismo utilizado por este
Tribunal -y el despacho de la magistrada sustanciadora- en la sentencia C-757
de 2014.
[19] Corte Constitucional. Sentencia C-019 de 2002. Magistrado
Ponente: Rodrigo Escobar Gil.
[20] Ibidem.
[21] Código General del Proceso. Artículo 42.7. Deberes del Juez. Son deberes del juez: Motivar la sentencia y las demás
providencias, salvo los autos de mero trámite. La sustentación de las
providencias deberá también tener en cuenta lo previsto en el artículo 77 sobre
doctrina probable.
[22] Código General del Proceso. Artículo 279. Formalidades. Salvo
los autos que se limiten a disponer un trámite, las providencias serán
motivadas de manera breve y precisa. No se podrá hacer transcripciones o
reproducciones de actas, decisiones o conceptos que obren en el expediente. Las
citas jurisprudenciales y doctrinales se limitarán a las que sean estrictamente
necesarias para la adecuada fundamentación de la providencia.
Cuando deba dictarse por escrito, la providencia se encabezará con
la denominación del juzgado o corporación, seguido del lugar y la fecha en que
se pronuncie y terminará con la firma del juez o de los magistrados.
Las aclaraciones y salvamentos de voto se anunciarán en la
audiencia y se harán constar por escrito dentro de los (3) días siguientes, si
el fallo fue oral. Cuando la providencia sea escrita, se consignarán dentro del
mismo plazo, contado a partir de su notificación.
En todas las jurisdicciones, ninguna providencia tendrá valor ni
efecto jurídico hasta tanto hayan sido pronunciadas y, en su caso, suscrita por
el juez o magistrados respectivos.
[23] Violación de la cláusula general de igualdad.
[24] Violación del derecho fundamental al debido proceso.
[25] Violación al principio de limitación de la administración pública.
[26] Ver, entras otras, las Sentencias
C-251/03 y C-382/08.
[27] Corte Constitucional. Sentencia C-307/09.
Magistrado Ponente: Jorge Iván Palacio.
[28] Corte Constitucional. Sentencia
C-1052/01. Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda.
[29] Corte Constitucional. Sentencia
C-1052/01. Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda.
[30] Folios 32, 41 y 59 del escrito de
demanda.
[31] Corte Constitucional. Sentencia
C-1065/00. Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero.
[32] Ver, entre otras, sentencias C-252/01;
[33] Corte Constitucional. Sentencia C-372/11.
Magistrado Ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[34] Ver, entras otras, sentencias C-998/04 y
C-595/00.
[35] Op. Cit. Sentencia C-1065/00.
[36] Corte Constitucional. Sentencia C-792/14.
Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero.
[37] Corte Constitucional. Sentencia C-038/95. Magistrado Ponente:
Alejandro Martínez Caballero.
[38] Frente a
la evolución del juicio de igualdad en la Corte Constitucional ver: Bernal
Pulido, Carlos Bernal. “El juicio de la igualdad en la jurisprudencia de la
Corte Constitucional de Colombia”. En: Congreso Iberoamericano de Derecho
Constitucional (7º, 2002: México D.F). Memorias del 7º Congreso Iberoamericano
de Derecho Constitucional, UNAM, 2002, 51-74.
[39] Sobre el juicio de proporcionalidad ver: Rodríguez Garavito, César. “El
test de razonabilidad y el derecho a la igualdad. En: Observatorio de
Justicia Constitucional. Jaramillo Sierra, Isabel Cristina; Cepeda Espinosa,
Manuel José (editores). Siglo del Hombre Editores, Bogotá, 1998.
[40] Ibidem.
[41] El concepto de los niveles de intensidad fue desarrollado por la
Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos y fue adoptada por la Corte
Constitucional en la segunda versión del test de igualdad. Frente al
tema, se pueden ver sentencias como United States v. Carolene Products Company,
304 U.S. 144 (1938); Skinner v. State of Oklahoma, 316 U.S. 535 (1942); o Craig
v. Boren, 429 U.S. 190 (1976).
[42] Corte Constitucional. Sentencia C-093 de 2001. Magistrado
Ponente: Alejandro Martínez Caballero.
[43] Corte Constitucional. Sentencia C-445 de 1995. Magistrado
Ponente: Alejandro Martínez Caballero.
[44] La Corte Constitucional, en numerosas sentencias, ha considerado
que los criterios señalados por el artículo 13 de la Constitución (sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica)
son también criterios sospechosos de discriminación (ver, entre otras
sentencias, SU-617/14; C-577/11 o C-075/07).
[45] Corte
Constitucional. Sentencia C-112/00. Magistrado Ponente: Alejandro Martínez
Caballero.
[46] Frente al
desarrollo teórico de las acciones afirmativas se puede consultar: Tushnet,
Mark. “The New Constitutional Orden”. Princeton Universtiy Press. Princeton, 2004.
[47] Op. Cit. Sentencia C-445/95.
[48] Corte Constitucional. Sentencia C-673/01. Magistrado Ponente:
Manuel José Cepeda.
[49] Op. Cit. Sentencia C-093/01.
[50] El punto
de partida del análisis del derecho a la igualdad es la fórmula clásica, de
inspiración aristotélica, según la cual “hay que tratar igual a lo igual y
desigual a lo desigual” (Aristóteles, Política III 9 [1280a] citado por la
sentencia C-022/96).
[51] Corte Constitucional. Sentencia T-230/94. Magistrado Ponente:
Eduardo Cifuentes Muñoz.
[52] Ver, entre otras sentencias, T-644/98; T-670/99; C-836/01; y
C-1101/01.
[53] Ver, entre otras sentencias, A-268/10;
C-293/10; T-628/12; y C-605/12.
[54] Ver, entre otras sentencias, C-371/00;
C-613/13 y C-504/14.
[55] La Corte ha definido las acciones afirmativas como aquella
“discriminación que se sustenta en medidas normativas cuyo criterio
diferenciador es uno de los criterios prohibidos por el artículo 13 de la
Constitución pero que se fundamenta en el deber del Estado de tomar las medidas
adecuadas para proteger a grupos históricamente marginados como el grupo de las
mujeres, entre otros” (Corte Constitucional. Sentencia C-534/05. Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto).
[56] Corte Constitucional. Sentencia C-022/96. Magistrado Ponente: Carlos
Gaviria Díaz.
[57] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-029/95. Magistrado Ponente:
Jorge Arango Mejía.
[58] Artículo 180. Ley 906 de 2004:FINALIDAD. El
recurso pretende la efectividad del derecho material, el respeto de las
garantías de los intervinientes, la reparación de los agravios inferidos a
estos, y la unificación de la jurisprudencia.
[59] Corte Constitucional. Sentencia C-590/05. Magistrado Ponente:
Jaime Córdoba Triviño.
[60] Ver, entras otras, C-144/09; C-734/00;
C-252/01 y C-586/92.
[61] Por ejemplo, en la sentencia T-321/98 la Corte definió la casación como
“un recurso extraordinario y excepcional (que) tiene dos funciones
primordiales: la de unificar la jurisprudencia nacional, y la de proveer la
realización del derecho objetivo, función que se ha denominado nomofiláctica o
de protección de la ley. En cumplimiento de esta última, el tribunal de
casación no puede entrar directamente a conocer el fondo de la controversia,
pues, en principio, sólo está facultado para examinar si la sentencia, objeto
de recurso, desconoce las normas de derecho sustancial que se dicen
transgredidas, bien por infracción directa, aplicación indebida o
interpretación errónea (…) El recurso extraordinario de casación, por tanto, no
es una instancia adicional, tiene por objeto el enjuiciamiento de  la
sentencia, y no del caso concreto que le dio origen. Por consiguiente, sólo
cuando el tribunal de casación ha encontrado que, evidentemente, el juez de
instancia incurrió en un error de aplicación, apreciación o interpretación de
la norma sustancial que se alega, y casa la sentencia, podrá pronunciarse sobre
el caso concreto, actuando ya no como tribunal de casación sino como juez de
instancia. La razón, la necesidad de un pronunciamiento que reemplace el que se
ha casado.
[62] Corte Constitucional. Sentencia
C-1065/00. Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero.
[63] Corte Constitucional. Sentencia C-203/11.
Magistrado Ponente: Juan Carlos Henao Pérez.
[64] Constitución de 1991. Artículo 150.2. Corresponde al Congreso hacer
las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: 2. Expedir
Códigos en todas los ramos de la legislación y reformas sus disposiciones.
[65] Ver, entre
otras, las Sentencias C-005/96; C-927/00; C-1091/03; C-884/07; y C-296/12.
[66] Corte Constitucional. Sentencia C-927/00. Magistrado Ponente:
Alfredo Beltrán Sierra.
[67] Ver, entre otras, las Sentencias C-309/02; C-718/06; y C-738/06.
[68] Congreso de la República. Ley 1285 de
2009. “Por medio de la cual se reforma la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la
Administración de Justicia”. Artículo 16.
[69] Corte Constitucional. Sentencia C-034/14.
Magistrado Ponente: María Victoria Calle Correa.
[70] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia
C-157/13. Magistrado Ponente: Mauricio González Cuervo.
[71] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia
C-632/12, Magistrado Ponente: Mauricio González Cuervo.
[72] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia
C-124/11. Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva.
[73] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia
C-425/05. Magistrado Ponente: Marco Gerardo Monroy Cabra.
[74] Reconocido por, entras otras, las Sentencias C-037/96; T-238/11;
C-600/11; T-446/13; y SU-539/12.
[75] Desarrollado por, entras otras, las
Sentencias C-415/12; C-398/06 y C-037/00.
[76] Sin
embargo, esta autonomía no es absoluta pues los jueces de casación tienen una
obligación de motivar debidamente sus decisiones como lo indicó en su
intervención el Ministerio de Justicia.
[77] Corte Constitucional. Sentencia C-590/05.
Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño.
[78] Código
General del Proceso. Artículo 11. INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS PROCESALES. Al
interpretar la ley procesal el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los
procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley
sustancial. Las dudas que surjan en la interpretación de las normas del
presente código deberán aclararse mediante la aplicación de los principios
constitucionales y generales del derecho procesal garantizando en todo caso el
debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de las partes y los demás
derechos constitucionales fundamentales. El juez se abstendrá de exigir y de
cumplir formalidades innecesarias.
[79] Código
General del Proceso. Artículo 333. FINES DEL RECURSO DE CASACIÓN. El recurso
extraordinario de casación tiene como fin defender la unidad e integridad del
ordenamiento jurídico, lograr la eficacia de los instrumentos internacionales
suscritos por Colombia en el derecho interno, proteger los derechos
constitucionales, controlar la legalidad de los fallos, unificar la
jurisprudencia nacional y reparar los agravios irrogados a las partes con
ocasión de la providencia recurrida.
[80] La tipología de los fallos de la Corte ha sido analizado de manera
extensa por la doctrina. Una referencia doctrinal relevante se puede encontrar
en: Solano González, Edgar. La modulación de los efectos de las sentencias
de constitucionalidad en la jurisprudencia de la Corte Constitucional en:
Montealegre Lynett, Eduardo y Cèpeda, Manuel José (editores). Teoría
Constitucional y políticas públicas: Bases críticas para una discusión. Editorial
Universidad Externado de Colombia. Bogotá. 2007.
[81] La Corte Constitucional, ha ejercido dicha facultad en numerosas
oportunidades. Frente al particular se pueden ver, entre otras, las sentencias
C-545/92; C-473/94; C-496/94 y C-109/95.