T-182-01
Sentencia T-182/01
Sentencia T-182/01
DEBIDO PROCESO-Alcance
DEBIDO PROCESO
ADMINISTRATIVO-Aplicación
en procedimientos internos de entes universitarios autónomos
AUTONOMIA
UNIVERSITARIA-No es
absoluta/AUTONOMIA UNIVERSITARIA-Límites
AUTONOMIA
UNIVERSITARIA-Contenido
ACCION DE TUTELA
CONTRA ACTO DE TRAMITE-Procedencia
excepcional/JUEZ DE TUTELA-Deberes
A juicio de esta
Corte, aunque en principio no procede la tutela contra los actos de trámite o
preparatorios, que simplemente se limitan a ordenar que se adelante una
actuación administrativa dispuesta por la ley, de manera oficiosa por la
administración, en ejercicio del derecho de petición de un particular o cuando
éste actúa en cumplimiento de un deber legal (art. 4o. C.C.A.),
excepcionalmente, algunos actos de trámite o preparatorios, pueden conculcar o
amenazar los derechos fundamentales de una persona, en cuyo caso, sería
procedente la acción de tutela como mecanismo definitivo.” “Advierte la Corte,
que de ninguna manera se trata de extender la tutela a los actos de trámite o
preparatorios, hasta el extremo que se haga un uso abusivo de ella, con el
propósito de impedir que la administración cumpla con la obligación legal que
tiene de adelantar los trámites y actuaciones administrativas que el
ordenamiento jurídico ha dispuesto para la ejecución de los diferentes
cometidos que le han sido asignados.” “Corresponde al juez de tutela examinar
en cada caso concreto y según las especiales circunstancias que lo rodeen, si
un determinado acto de trámite o preparatorio tiene la virtud de definir una
situación especial y sustancial dentro de la actuación administrativa, que de
alguna manera se proyecte en la decisión principal y, por consiguiente, sea
susceptible de ocasionar la vulneración o amenaza de violación de un derecho
constitucional fundamental, en cuyo caso, la tutela es procedente como
mecanismo definitivo destinado a proteger un derecho fundamental vulnerado o amenazado
por la acción de la administración”.
ACTA DE JUNTA
GENERAL ESCRUTADORA-Es
acto de trámite/ACTO DE TRAMITE DE JUNTA GENERAL ESCRUTADORA-Procedencia
de tutela
JUNTA GENERAL
ESCRUTADORA-Falta de
competencia/DEBIDO PROCESO-Vulneración por junta general escrutadora
Eran
pues claras  y taxativas las normas internas  establecidas  en materia de
reclamaciones  en el artículo 28 de la Resolución 0313 de 1º  de marzo de 2000
y era a ellas a las que necesariamente debía remitirse la Junta General
Escrutadora.  Solamente  una remisión expresa, hecha por los Estatutos de la
Universidad  o por el propio reglamento contenido en dicha resolución hubiera
permitido la utilización de normas diferentes a las allí señaladas. Se tiene
en consecuencia  que la actuación de la Junta General Escrutadora contravino
claramente el debido proceso atribuyéndose así una competencia que las normas
internas aplicables al proceso de  reclamaciones no le conferían y haciendo uso
de una causal no establecida en las mismas.
DEBIDO PROCESO-Vulneración por aceptarse reclamación
extemporánea
DEBIDO PROCESO-Elección rector de universidad/DERECHO A
LA IGUALDAD-Elección rector de universidad/DERECHO DE ACCESO A CARGOS
PUBLICOS-Elección rector de universidad
Referencia:
expediente T-361.764
Acción
de tutela instaurada por  el señor Sergio Hernández Gamarra contra la Junta
General Escrutadora de la Universidad de Cartagena.
Magistrado Ponente:
Dr. ALVARO TAFUR
GALVIS.
Bogotá, D.C., quince (15) de febrero
de dos mil uno (2001).
La Sala Novena de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los magistrados Alfredo Beltrán Sierra, Eduardo
Montealegre Lynett y Alvaro Tafur Galvis, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de los fallos
adoptados por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cartagena y la Sala de
Decisión Civil-Familia del Tribunal Superior del Judicial de Cartagena, dentro
de la acción de tutela instaurada por Sergio Hernández Gamarra contra la Junta
General Escrutadora de la universidad de Cartagena.
I.       ANTECEDENTES
1.      Hechos
El Rector de la Universidad de Cartagena,  mediante
resoluciones No. 0215 del 11 de febrero de 2000, No. 0331 del 1º de marzo de
2000 y No. 0416 del 23 de marzo de 2000,  organizó  un procedimiento de
consulta,  actuación administrativa especial prevista en los estatutos de la
Universidad para seleccionar los nombres  de los candidatos que se presentarían
a consideración del consejo Superior para la elección de Rector.
De conformidad con el artículo 8º de la
Resolución No. 0215 del 11 de febrero de 2000, solo serían elegibles por el
Consejo Superior, aquellos candidatos que obtuvieran “un porcentaje igual o
superior al treinta por ciento (30 %) de los votos efectivos”.
En desarrollo del artículo 19  de la
Resolución 0215 de 11 de febrero de 2000, según la cual:  “[e]l régimen de
reclamaciones se establecerá mediante Resolución complementaria de la (sic)
presente que expedirá la Rectoría”, se expidió la Resolución No. 0313 del
1º de marzo de 2000, “Por la cual se establece el proceso  de las votaciones y
se reglamenta el régimen de reclamaciones”, la cual  dispuso en su artículo 7º que los
interesados podrían formular reclamaciones “por las causales previstas en el
artículo 28 de la presente Resolución”.
Las causales de reclamación que podían
presentarse ante la Junta General Escrutadora,  por los testigos electorales o
cualquier candidato, al momento de la realización de los escrutinios de mesa el
mismo día de la consulta (parágrafo 1. Del artículo 28 citado) eran las
siguientes:
“a) Cuando
las actas de los escrutinios estén firmadas por menos  de dos (2) de los
jurados de votación.
b) Cuando
se hayan destruido o perdido los votos emitidos en las urnas o no existiere
acta de escrutinio en la que conste el resultado de la votación.
c) Cuando
el número de sufragantes de una mesa exceda el número de votantes que podían
votar en ella.
a) (sic)
Cuando el conteo de votos y el acta de escrutinio que deban realizar las mesas
de votación se haga en un lugar distinto de aquel donde funcione la mesa.
b) (sic)
Cuando aparezca en las actas de escrutinios de mesa que se incurrió en un error
aritmético al consignar los votos introducidos en ella”.
Realizada la consulta el 12 de abril de
2000, en ella participaron los estudiantes, docentes y funcionarios
administrativos vinculados a la Universidad de Cartagena. Para realizar el
escrutinio de los votos, se designó la respectiva Junta General Escrutadora,
compuesta por un representante de cada uno de los estamentos participantes en
la consulta.
En escrito de fecha 13 de abril de 2000 y
recibido el 14 del mismo mes y año, el señor Edgardo González Herazo, en su
calidad de candidato para la consulta, solicitó el reconteo y anulación de los
votos depositados en las mesas 51, 52 y 53, correspondientes a la sede del “CREAD”
del municipio de Magangué, aduciendo que algunas personas, a pesar de aparecer
en la lista de sufragantes de ese municipio, no podían votar porque carecían de
la calidad de docentes activos para la fecha en que se realizó la consulta, lo
que a su juicio era contrario a lo dispuesto en el artículo 40 de la Resolución
No. 0215 del 11 de febrero de 2000. Agregó que presentó su reclamación “directamente
ante la Junta Escrutadora debido a que la causal de impugnación que se alega no
corresponde a las relacionadas en el artículo 28 de la Resolución número 0313
del 1º de marzo del 2000” quedando cobijada  sin embargo en su concepto por
“el literal e del artículo 30 de la citada Resolución 0313 del 2000, que
asigna competencia a esta junta para resolver todas (sic) aquellos casos cuya
resolución no esté atribuida a otro órgano.” (Fls. 13 y 14, cuaderno 1)
La solicitud del señor González Herazo fue
aceptada. La Junta General Escrutadora, con el voto solamente de dos de sus
miembros, mediante el acto administrativo denominado “Acta de Junta General
Escrutadora”, de fecha 14 de abril de 2000, declaró la nulidad de la
votación de las mesas 51, 52 y 53, antes citadas, por haber encontrado probada
la participación de personas que, de conformidad con la Resolución rectoral No.
0248 del 18 de febrero de 2000[1],
no eran docentes activos de la Universidad de Cartagena a la fecha de la
consulta y que, por lo tanto, estaban “imposibilitados para sufragar”.
Además, señaló como fundamento de su decisión “EL PARAGRAFO E DEL ARTICULO 30 DE LA RESOLUCIÓN
0313 DEL 01 DE MARZO DEL AÑO 2000 Y EN EL LITERAL 2 DEL ARTICULO 223 QUE
MODIFICA LOS LITERALES del 96-85 DEL ARTICULO 65 DEL REGIMEN ELECTORAL
COLOMBIANO.” -mayúsculas y negrilla originales- (Fls. 11
y 12, cuaderno 1)
El señor Samuel Díaz Villalobos, miembro de
la Junta General Escrutadora, dejó constancia, en el Acta antes citada, de su
desacuerdo con la decisión de los otros dos miembros, con fundamento en: i.)
la Resolución No. 0313 del 1º de marzo de 2000, artículo 28, literal e,
parágrafo 1 (sobre la extemporaneidad de la reclamación); ii.) una
certificación, del 13 de abril de 2000, expedida por la Secretaria de la
Registraduría Especial del Estado Civil del municipio de Magangué, sobre la
transparencia del proceso; iii.) la manifestación que hizo el
vicerrector de la Universidad de Cartagena, del 14 de abril de 2000, en la Sala
de Juntas de la Rectoría, en presencia de la Junta General Escrutadora, el
Tribunal de Garantía y un delegado de la Registraduría de Cartagena, dando fe
acerca de que los docentes  no relacionados en la Resolución rectoral No. 0248
del 18 de febrero de 2000 como docentes activos, sí podían votar, por lo que,
en su criterio, no había motivos para anular la votación de las mesas 51, 52 y
53 del municipio de Magangué.
2.      La demanda de tutela
El señor Sergio Hernández Gamarra,
candidato a la Rectoría,  formuló acción de tutela, como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable, contra la Junta General Escrutadora de
la Universidad de Cartagena, por estimar vulnerado su derecho fundamental al
debido proceso, con el acto administrativo del 14 de abril de 2000 atrás
señalado.
El demandante indica que la decisión
adoptada en ese acto de “declarar nula la votación de las mesas 51, 52 y 53
correspondientes al municipio de Magangué por la consulta para seleccionar los
nombres de los candidatos que se presentarán a consideración del H. Consejo
Superior para la designación del Rector” -comillas originales-, violó el
debido proceso establecido por la Universidad para el desarrollo y la
conclusión de la “consulta”, llegándolo  a afectar  directamente a él,  toda
vez que, según afirma, de no anularse los votos de Magangué, únicamente su
candidatura cumpliría con la regla del 30% de votos efectivos y, en
consecuencia, sería el único candidato elegible como rector de la Universidad
de Cartagena.
Como fundamento de su afirmación, sostuvo
que la reclamación presentada por el señor Edgardo González Herazo era ilegal
ya que: i.) se presentó extemporáneamente, el 14 de abril de 2000, y de
conformidad con el parágrafo 1 del artículo 28 de la Resolución 0131 de 2000,
el momento oportuno  para realizar las reclamaciones era el mismo día de la
consulta, esto es, el 12 de abril de 2000; y ii.) la decisión de la
Junta demandada se tomó al margen de la única norma aplicable según el
procedimiento establecido para la consulta y para la propia Junta, es decir, el
artículo 28 de la Resolución No. 0313 de 2000.
A lo anterior agregó que era  aún más
cuestionable la actuación de la Junta debido a que antes de concluir el proceso
de la consulta, las autoridades de la Universidad demostraron ante ese
organismo  que los docentes cuya capacidad para votar fue cuestionada, si
tenían esa calidad el día de la consulta, de manera que, a su juicio, la
reclamación “carecía de sustento fáctico”, no obstante lo cual la
Junta se negó a modificar su decisión,  a pesar de  haber tenido a la vista la
certificación del señor Angel Villabona Ortiz, delegado del rector comisionado
para el CREAD de Magangué, quien presentó varias Resoluciones que acreditaban
que los docentes estaban vinculados a la Universidad.
De otra parte, alegó que contra el acto de
la Junta General no procedía recurso alguno por la vía gubernativa, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 28 de la Resolución 0313 de 2000, como
tampoco era viable una acción contencioso administrativa específica, pues por
tratarse de un acto complejo para la elección del rector de la Universidad de
Cartagena, se aplicaba el artículo 49 del C.C.A., lo que hacía deducir  que la
posible solución era indirecta y tardía, mediante un ataque al acto
administrativo que concluyera el proceso de designación del rector de la
Universidad de Cartagena.
En otras palabras, explicó que  en este
caso se impugnaría el acto proferido por el Consejo Superior de la Universidad
en que se designara el nuevo rector y no el acto  por medio del cual la Junta
General Escrutadora ponía a consideración del Consejo los nombres para dicha
designación, lo que de todas formas resultaba ineficaz por las circunstancias
en que se encontraba.
También afirmó que el artículo 30 de la
Resolución No. 0313 de 2000, según la cual la Junta General puede ejercer “todas
aquellas funciones que no estén asignadas a ninguna otra autoridad interna”,
no podía ser interpretado y aplicado como se hizo, pues esa norma está dirigida
a llenar vacíos, pero no habilita para modificar las competencias que en materia
de reclamaciones estableció taxativamente el artículo 28 ibídem. Lo
anterior por cuanto  la única autoridad competente para modificar la Resolución
es quien la expidió, es decir, el rector de la Universidad de Cartagena.
Y de otra parte, sostuvo  que el censo de
sufragantes fue publicado con debida anticipación en las carteleras de la
Universidad, para permitir que en caso de existir objeciones se solicitaran las
correcciones y una vez retirado de las carteleras, el censo cobró firmeza,
razón de más para que no estuviera previsto que posteriormente  fuera posible
cuestionar dicho censo.
Por todas estas razones solicitó la
suspensión del acta de la Junta General Escrutadora.
En escrito posterior, dirigido al Juzgado
Sexto del Circuito de Cartagena, el demandante reiteró la solicitud de
suspensión provisional del acto administrativo expedido por la Junta General
Escrutadora que declaró la nulidad de los votos depositados en las mesas 51, 52
y 53 dentro de la consulta realizada para elegir los candidatos que se pondrían
a consideración del Consejo Superior, pues la consecuencia jurídica era la
suspensión de actos posteriores como el de nombramiento del rector de la
Universidad de Cartagena, que se encontraba programado para el 28 de abril de
2000 a las 9 a.m. Como fundamento de su solicitud, retomó los argumentos
expuestos en el libelo de la demanda y resaltó la importancia que tenía la
referida suspensión. (Fls. 47-49)
El Juzgado Sexto Civil del Circuito, mediante auto del
27 de abril de 2000, denegó la anterior solicitud considerando que “no es
viable pues lo afirmado por el petente es una eventual selección de su nombre
dentro de los candidatos a Rector de la Universidad de Cartagena”, que no
tienen el carácter de urgente y necesaria y, por lo tanto, “en el evento de
que se materialice la selección de un candidato diferente al petente de la
tutela, bien puede éste recurrir y demandar la nulidad de la designación que se
haga de Rector, con los argumentos expuestos.” (Fl. 52-54)
2.
Intervención de
la entidad demandada
Los señores Henry Vergara Sagbini y Luis
Fernando López Pineda intervinieron en el proceso de la referencia, y señalaron
que la Junta General Escrutadora, de la que fueron miembros, tuvo funciones
transitorias, que en el momento de responder el libelo ella no existe y que por
lo tanto no había  de su parte legitimación en la causa para responder por la
eventual vulneración de derechos. De otro lado, sostuvieron que la Junta actuó
conforme a las normas expedidas por la Rectoría de la Universidad, bajo el
amparo de la Ley 30 de 1992, que reglamenta la autonomía universitaria en la
Universidad pública y establece la manera como debe escogerse al Rector.
Luego, indicaron que no existía vulneración
del derecho invocado por el actor, que en su demanda no había manifestación de
ello, y  que por lo tanto la tutela no podía prosperar. Agregaron que los
hechos relatados en dicha demanda son todos ciertos, pero no en el sentido que
les dio el actor, sino que se trata de actuaciones realizadas dentro de la
legalidad y con respaldo normativo y, en consecuencia, defendieron su gestión,
durante la cual, según afirman, todos los candidatos tuvieron iguales
garantías. Por todo lo anterior, manifestaron que la tutela era improcedente y
que además, no existía violación de derecho alguno. (Fls. 118-121, cuaderno No.
2)
Así mismo, en escrito anexo a su
intervención, los señores Vergara Sagbini y López Pineda, en su calidad de “miembros
de la extinta Junta General Escrutadora” manifestaron que el viernes 14 de
abril de 2000 se produjeron los “comicios” (sic) en recintos de la Universidad
de Cartagena; que el martes 18 del mismo mes y año se reunió la Junta para
terminar con su labor y allí se resolvió la reclamación formulada ese 14 de
abril por el doctor Edgardo González, aspirante al cargo de rector. Que previa
solicitud, hecha al secretario general y al vicerrector de la universidad, sobre
sí existía o no documento que acreditara la vinculación de los docentes  cuya
vinculación era cuestionada en la reclamación, solo obtuvieron como respuesta
que se tenía contrato verbal con los docentes  y que se les pagaba seguridad
social.  Aseveraron que,  en consecuencia, solicitaron certificación de esa
afirmación, pero que esta  no se entregó.
Como consecuencia de lo anterior,
solicitaron al Delegado de la Registraduría que les aconsejara qué hacer, pues
ninguno de los miembros de la Junta era abogado, y aquel  les respondió que
tampoco sabía, pero los comunicó con un Delegado en Bogotá, quien les indicó
que ante la disyuntiva anularan las votaciones de las referidas mesas. Así
pues, con fundamento en el artículo 30 de la Resolución No. 0313 de 2000, según
el cual son atribuciones la Junta General Escrutadora, entre otras “todas
aquellas que no estén atribuidas a ninguna autoridad interna de la institución”,
estimaron tener  facultades para tomar decisiones dentro de un marco legal y
justo. Por ello, indicaron que a pesar que el artículo 28 establece las
causales de reclamación, en su criterio lo hace de manera enunciativa no
taxativa, de manera que se permite a la Junta aplicar la analogía y la
deontología para entrar a corregir el error en casos como el que se analiza “que
por su tamaña irregularidad deben desembocar indefectiblemente en la corrección
de la misma decretando la nulidad del acto.”
Con fundamento en las anteriores razones
concluyeron que no existía violación de derechos como erradamente pretendía
hacerse ver en la demanda de tutela.
Por su parte, el señor Samuel Díaz
Villalobos, miembro designado para representar al personal administrativo en la
Junta General Escrutadora, contestó la demanda de tutela en los siguientes
términos: (Fls. 59-82)
Para empezar, hizo referencia a la
normatividad que regula el nombramiento de los miembros de la Junta y sus
funciones y luego, al igual que los otros dos miembros atrás reseñados, aceptó
como ciertos los hechos relatados en la demanda, aclarando, entre otras cosas,
que el artículo 28 de la Resolución No. 0313 de 2000 establece “TAXATIVA E IMPERATIVAMENTE” las
causales de reclamación ante la Junta y que además todas no tienen el mismo
valor, es decir unas dan lugar a la exclusión del cómputo de votos en las actas
de escrutinio (literales A. al D.) y otras (el literal E.) no.
Agregó que, en su momento manifestó su
desacuerdo con la decisión adoptada por los otros dos miembros de la Junta, por
considerar que la reclamación que dio lugar a esa decisión no reunía los
requisitos de fondo y forma,  y  que por lo tanto iba en contra de normas
expresas. A continuación explicó detalladamente las razones de su disidencia, y
señaló, estudiando caso por caso, que los docentes que se pretendió hacer aparecer
sin vínculo con la Universidad, eran docentes activos, en prueba de  lo cual
anexó copias de diferentes documentos.
Igualmente, manifestó que todas las razones alegadas
por los otros miembros de la Junta  en su decisión fueron infundadas,
imponiendo nuevas causales de reclamación y por ende nuevas sanciones, de
manera que, a su juicio, violaron manifiestamente la ley, pues amparados en un
artículo que no los facultaba a hacerlo, decidieron, en forma mayoritaria,
anular la votación de Magangué, y así mismo violaron el debido proceso, el
derecho de defensa y el derecho a elegir y ser elegido. En otras palabras,
actuaron con falsa motivación para darle trámite a la reclamación de nulidad
presentada por el señor Edgardo González Herazo, sin competencia para recibir
la solicitud, aceptándola extemporáneamente, expidiendo el Acta General de
Escrutinio que estima viciada de falsedad, asumiendo competencia de oficio de
reclamaciones no presentadas y omitiendo suscribir el acta de  apertura de la
urna Triclave.
3.      Coadyuvancias
-        El señor Víctor Quezada Ibarguen,
en su calidad de miembro del “Tribunal de Garantía Electoral dentro del
proceso de consulta determinante en la designación del rector de la Universidad
de Cartagena” coadyuvó la demandada de tutela y manifestó que estuvo “en
desacuerdo con la decisión tomada por la Junta General Escrutadora de anular
las mesas de votación correspondientes al CREAD de Magangué (51, 52, 53) toda
vez que era contraria a las normas reglamentarias del proceso de consulta expedida
por la Rectoría de la Universidad” y anexó en documento informal, los
resultados obtenidos por los candidatos y sus respectivos porcentajes. (Fls. 17
y 18, cuaderno 1)
-        Así mismo, el señor Antonio
Marimón Medrano, en escrito del 6 de junio de 2000, en su calidad de “Miembro
del Tribunal de Garantía Electoral dentro del proceso de consulta determinante
en la designación del rector de la Universidad de Cartagena” coadyuvó la
demanda de tutela considerando que estuvo “en desacuerdo con la decisión tomada
por la Junta General Escrutadora de anular las mesas de votación
correspondientes al CREAD de Magangué (51, 52, 53) toda vez que era contraria a
las normas reglamentarias del proceso de consulta expedida por la Rectoría de
la Universidad” y anexó copia de la denuncia penal presentada ante la
Fiscalía General de la Nación por las “irregularidades cometidas por estos
miembros”, copia de una constancia del 18 de abril de 2000 enviada al
Consejo Superior de la Universidad  en la que  muestra su inconformidad por los
escrutinios, copia de varias Resoluciones de la Universidad de Cartagena, copia
del Acta de la Junta General Escrutadora del 14 de abril de 2000, copia de un
informe rendido a la Junta General Escrutadora por el Delegado del Rector
Comisionado para CREAD en Magangué el 18 de abril de 2000 . (Fls. 23-66,
cuaderno 1)
-        Por su parte, la señora Ilba Rosa
Beltrán Garcerant, en su calidad de docente de la Universidad de Cartagena,
presentó escrito coadyuvando la demanda de tutela por estimar que aunque no
hubo objeciones al ser incluida en la lista de sufragantes de la mesa No. 52,
en la que votó, de manera “irregular, arbitraria y contraria a derecho, la
Junta General Escrutadora, excediéndose de las facultades decretó la anulación
de los votos” de dicha mesa, argumentando falsamente que ella no tenía
vínculos con la Universidad de Cartagena y, agregó que, los procedimientos
utilizados para adelantar las reclamaciones, violaron la Resolución No. 0331 de
2000, por lo que considera que las actuaciones de la Junta General Escrutadora
desconocieron los derechos a la igualdad, a elegir y ser elegido y al debido
proceso y, en consecuencia, solicitó la tutela de los derechos del actor.
4.      Escrito sobre hecho sobreviniente a
la demanda de tutela
El doctor Jhonny Romero Julio, apoderado
especial del señor Sergio Hernández Gamarra presentó escrito en  el que
manifestó que posteriormente a la presentación de la demanda de tutela, con
base en el acto administrativo “ilegal” de escrutinio proferido por la Junta
General Escrutadora, el Consejo Superior de la Universidad de Cartagena designó
como rector al señor Edgardo González Herazo, mediante Resolución No. 08 del 28
de abril de 2000.
Por lo anterior, solicitó extender la
decisión a la anterior actuación, por tratarse de un acto sobreviniente y
consecuencia directa de los actos denunciados y, por lo tanto,  que se
declarara que el único candidato elegible era el señor Sergio Hernández
Gamarra.
Además, señaló que con estos nuevos hechos
se produjo la violación de los derechos a elegir y ser elegido, que antes no
fueron invocados porque se trataba de una mera expectativa a ser elegido,
especialmente, pero ahora que se ha elegido nuevo rector, la situación era
diferente y se habían violado los derechos políticos del señor Hernández
Gamarra y se le estaban causado perjuicios económicos  susceptibles únicamente
de reparación por vía de indemnización, de manera que procedió a determinar
esos perjuicios.
De otra parte, señaló que aun cuando
existía la acción electoral para demandar el acto mediante el cual se eligió
rector, ese mecanismo resultaba ineficaz, pues el tiempo que podía durar ese
proceso era casi mayor al período por el cual ejercería el rector en la
Universidad, esto es, 3 años,  aportando pruebas para respaldar sus
afirmaciones, consistentes en un inventario de varios  procesos en curso en el
Tribunal Administrativo de Bolívar, y su duración. (Fls. 130-133, cuaderno No.
2). En esas circunstancias, solicitó la protección de los derechos del señor Hernández
Gamarra.
5.      Sentencias objeto de revisión
5.1.   Primera instancia
El Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cartagena,
mediante providencia del 11 de mayo de 2000, denegó la tutela por considerarla
improcedente, con fundamento en las siguientes consideraciones:
En primer término, hizo una referencia a la acción de
tutela, su objeto, características y causales de improcedencia, entre las que
destacó la existencia de otro medio de defensa, salvo en el evento de que se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. De
ahí, afirmó, se desprende su carácter residual y subsidiario.
Desde esa perspectiva, sostuvo que los
actos administrativos atacados por esta vía gozaban de la presunción de
legalidad que les confería la ley, de manera que su ilicitud debe ser
cuestionada mediante el ejercicio de la acción de nulidad ante la Jurisdicción
Contencioso Administrativa. En esas condiciones, consideró que la existencia de
éste mecanismo judicial era idóneo para la defensa de los derechos que
reclamaba el actor y, en consecuencia, desplazaba a la acción de tutela.
En cuanto a la procedencia de la tutela
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, indicó  que
en este caso no era viable, toda vez que no se acreditó dicho perjuicio,
caracterizado por su inminencia, urgencia, gravedad e impostergabilidad, y que
por el contrario “los que puedan acontecer en éste evento son totalmente
reversibles.”
En consecuencia, el juez de instancia
denegó el amparo solicitado por el señor Sergio Manuel Hernández Gamarra.
5.2.   Impugnación
El doctor Jhonny Romero Julio, apoderado
especial del señor Sergio Hernández Gamarra, impugnó la anterior decisión,
considerando que el acto administrativo atacado por vía de tutela, era un acto
preparatorio, de trámite, contra el cual no procedía ningún recurso, de
conformidad con el artículo 28 de la Resolución No. 0313 de 2000.
De otra parte, manifestó que el a quo
se limitó en su fallo a manifestar la existencia de otro medio de defensa
judicial, pero no se pronunció sobre su eficacia. Para demostrar que ese
mecanismo, la acción de nulidad, no era eficaz en el caso concreto, citó seis
procesos que, según manifestó, eligió al azar en el Tribunal Contencioso de
Bolívar, y sobre cada uno analizó la demora de la jurisdicción en el trámite de
los mismos, no quedando, a su juicio, sino la ación de tutela para la
protección de los derechos invocados. También reiteró sus argumentos expuestos
en la demanda y citó jurisprudencia de la Corte en la cual se apoya. Para
finalizar, solicitó el amparo de los derechos fundamentales al trabajo, la
igualdad y al principio de la buena fe del señor Sergio Hernández Gamarra,
ordenando a la Junta General Escrutadora tener en cuanta el escrutinio de las
mesas 51, 52 y 53 del CREAD de Magangué; se realicen los cómputos necesarios
para establecer con claridad jurídica quiénes son merecedores de ser designados
rector de la Universidad de Cartagena; se ordene revocar el nombramiento del
señor Edgardo González Herazo como rector y se ordene al Consejo Superior de la
Universidad de Cartagena designar como Rector a quien ocupe el primer puesto en
la consulta, de acuerdo con los escrutinios legalmente celebrados. (Fls.
184-197, cuaderno No. 1)
5.3.
Contestación a la impugnación
Por su parte,  y previa notificación
ordenada por el Tribunal Superior  del Distrito Judicial de Cartagena
Sala-Civil  para garantizar el derecho de defensa, el señor  WILSON TONCEL
GAVIRIA, en calidad de apoderado especial  del  señor EDGARDO GONZÁLEZ HERAZO,
Rector de la Universidad de Cartagena,   presentó escrito en el que solicitó
confirmar en todas sus partes la sentencia de primera instancia en atención a
las siguientes consideraciones:
Afirmó  en primer término que la tutela no
era procedente  por estarse en este caso en presencia de un acto de trámite.
Que este acto  -Acta de la Junta general Escrutadora- no definió la situación
del doctor Sergio Hernández Gamarra, “quien si podía ser elegido rector en el
acto definitivo” por haber superado el  mínimo ponderado  exigido por las
normas internas para ser considerado por el Consejo Superior Universitario. Por
lo que “el acto de trámite no cercenó  el eventual derecho  del tutelante para
que fuere escogido como rector”. Así mismo señaló que “ para el momento de
fallarse  la tutela en primera instancia  ya se había expedido el acto
definitivo de elección de rector”, y por tanto no era de recibo la acción, según
jurisprudencia de esta Corte, aplicable en su concepto (Sentencia SU-201/94).
De otro lado  expresó en relación con la
improcedencia de la acción que:         “además de tratarse de un acto de
trámite  el actor tenía que  esperar que se produjera  el acto definitivo de
elección, y en el caso de no resultar elegido entonces  si proceder  a demandar
en proceso  electoral contencioso administrativo  la nulidad del acto de
elección  en el que solicitara la exclusión del  registro electoral  proferido por
la Junta escrutadora, demanda en la que debía alegar y probar  la causal de
nulidad correspondiente  del acto electoral definitivo”.
Señaló que de entrar a pesar de lo
expuesto  a examinarse  el tema de fondo, se debía tener en cuenta  que la
Junta general escrutadora actuó conforme a derecho  en aplicación del  artículo
30 literal e) y 28 literal c)  de la resolución  N° 0313 de 1 de marzo de 2000,
mediante la cual  se estableció el  proceso de las votaciones  y se reglamentó
el régimen de reclamaciones.
Así “según el artículo 28 literal c)
citado, era causal de reclamación  de la Junta General Escrutadora  el hecho de
que cuando el numero de sufragantes  de una mesa exceda el número  de votantes
que podían votar en ella, que fue lo que sucedió realmente en el municipio de
Magangé (sic). Igualmente era atribución  de la Junta General escrutadora del
(sic) artículo 30 literal e) todas  aquellas que no estuvieren  atribuidas  en
autoridad interna de la Universidad de Cartagena, como en el asunto materia de
estudio”
Adicionalmente señaló que “para el momento
de excluir  los  votos depositados  en las mesas 51,52 y 53, no existía ningún
acto que acreditara  como miembros de los estamentos universitarios, con
derecho a voto,  a muchas de las personas que aparecieron sufragando en dichas
mesas, y las resoluciones que se acompañaron  al escrito de tutela  no existían
en el momento del escrutinio”  y  detalló los casos de algunos sufragantes
para sustentar su afirmación, expresando dudas sobre la validez y veracidad de
las resoluciones respectivas, con  las cuales  se certificaba que en el momento
de la elección  dichos sufragantes eran miembros activos de la comunidad
universitaria.
5.4.   Segunda Instancia
La Sala de Decisión Civil-Familia del Tribunal Superior
de Cartagena, mediante providencia del 30 de junio de 2000, revocó el fallo del
a quo y, en su lugar, concedió el amparo solicitado por el señor Sergio
Hernández Gamarra de sus derechos al debido proceso, a la igualdad y al acceso
a un cargo público, al estimarlos vulnerados por la Junta General Escrutadora,
en el proceso de consulta para la selección de Rector de la Universidad de
Cartagena. En consecuencia, dejó sin efecto los escrutinios que constan en el
Acta del 14 de abril de 2000, emanada de la Junta General Escrutadora y todos
los actos que le siguieron a la misma, con fundamento en las siguientes
consideraciones:
El Tribunal hizo una exposición acerca del
derecho al debido proceso en todas las actuaciones administrativas (C.P., Art.
29) así como a la autonomía universitaria (Art. 69 ibídem), con
fundamento en la que se desarrolló la normatividad que rige las actuaciones de
la Universidad de Cartagena.
Ahora bien, señaló que el problema bajo
estudio se generó por la reclamación que hiciera uno de los candidatos a rector
de la Universidad de Cartagena y lo decidido por la Junta General Escrutadora
respecto de esa reclamación.
El Tribunal consideró que la reclamación
fue presentada extemporáneamente, y que debió ser rechazada de acuerdo con lo
dispuesto en el parágrafo 1º del artículo 28 de la Resolución 0313 de 2000; por
ello –concluyó-, la Junta desbordó su ámbito de competencia para decidir la
anulación de las mesas con base en los hechos alegados por el señor González
Herazo, porque además no tenía atribuciones para determinar la calidad o no de
los miembros de los estamentos activos de la Universidad. Lo anterior,  con
base en las siguientes consideraciones:
- Según lo dispuesto en el artículo 16 de
la Resolución 0215 de 2000 y el artículo 4º de la Resolución 0313 de 2000, la
duda que se relacione con la identificación de un docente o un  funcionario
administrativo, será resuelta por el Jefe de al División de Recursos Humanos
y/o Jefe de la Sección Personal, y para los estudiantes por  el Secretario
Académico. La afirmación de estos funcionarios será acogida por el jurado de
votación, en el mismo momento en que la persona deposita el voto.
- De acuerdo con lo relatado ante el
Tribunal por el señor Lino García, en Cartagena se habilitaron mesas para las
personas que no aparecieran en el listado oficial para sufragar, pudieran
hacerlo con una autorización especial, pero que no se hizo lo mismo con las
mesas situadas en Magangué y otros municipios, lo cual consideró inexplicable.
Sin embargo, la Sala encuentra que mediante Circular del 7 de abril de 2000,
expedida por al Secretaría General de la Universidad, se dispuso todo el
procedimiento necesario para la vigilancia del proceso, el control de listado
de sufragantes, cualquier información y solución inmediata, a través de la
designación de directivos y docentes pertinentes, que para el caso del
municipio de Magangué fue el señor Angel Villabona.
El señor Villabona quedó facultado para
coordinar, suministrar, apoyar, controlar y velar por todo lo relacionado con
el proceso de consulta, es decir que era quien debía coordinar el control del
listado y resolver cualquier duda y proporcionar la información al respecto,
además de las personas señaladas en los artículos 16 y 4º de las Resoluciones
0511 y 0313 de 2000.
- Para el caso de Magangué, el Jefe del
Centro de Admisiones Registro y Control académico expidió una certificación en
la que informa que en ese Centro no están las matrículas académicas ni
financieras de los estudiantes de esa localidad y que por ello no aparecen
registrados en el sistema con esa calidad, pero que existe un plan del Centro
para con el CREAD de Magangué para centralizar las matrículas, notas, etc. De
esta certificación se tiene que es imposible que el Secretario General de la
Universidad hubiera enviado listado de los estudiantes para que ejercieran su
derecho al voto y, además, con ella se pretendía precisamente, justificar la
ausencia de lista. Por ello, los nombres de los sufragantes fueron siendo
agregados a mano por los diferentes jurados de votación, como aparece probado
en los respectivos documentos.
A juicio de la Sala, la inexistencia de
registros académicos y financieros correspondientes a los estudiantes del CREAD
de Magangué no significaba que no existieran o que no tuvieran la calidad de
estudiantes, y mucho menos que se les pudiera afectar su derecho a votar,
previsto en los estatutos de la Universidad y las Resoluciones que la regulan.
Así mismo, consideró que si el proceso en Magangué se adelantó con
transparencia, según certificación de la Secretaria 5140-10 de la Registraduría
Especial de ese municipio, quien prestó sus servicios como veedora el día de la
consulta, y si no hubo reclamación por parte de los testigos electorales, ha de
entenderse que todo estuvo en regla.
Ahora bien, el Tribunal estimó que si se
aceptara que la Junta General podía entrar a evaluar la reclamación presentada,
habría que entrar a estudiar el procedimiento y los fundamentos de la decisión
que adoptó y, bajo ese presupuesto, era necesario aclarar los siguientes
aspectos:
- La fecha de la adopción de la decisión de
la Junta General fue el 18 de abril de 2000, no el 14 como aparece en el
documento, esto de conformidad con las versiones del demandante y de los
propios miembros de la Junta.
-  El señor Samuel Díaz Villalobos, miembro
de la Junta General, dejó constancia en el Acta de su desacuerdo con la
decisión de los otros dos miembros, por ser extemporánea la reclamación y
porque el doctor Oscar Rodgers dio fe de que los docentes sí estaban
habilitados para participar en la consulta, sobre lo que los otros miembros no
dijeron nada, y que el 18 de abril se allegaron los documentos que ratificaban
esa situación, siendo recibidos por el señor Díaz Villalobos y luego por la Secretaría
General, pero esos dos miembros de la Junta no los recibieron bajo el argumento
de que se recibieron después de la firma del Acta.
- Existe constancia de la declaración que
rindió el doctor Oscar Rodgers ante notario público, en que da fe de que los
docentes cuestionados sí estaban habilitados para votar, y otra declaración
ante notario del señor Angel Villabona Ortiz, en que afirma haber entregado a
los miembros de la Junta General los documentos relacionados con su labor en la
consulta, y con la situación de los docentes cuestionados, que estaban
habilitados para votar, de acuerdo con unas resoluciones que anexó. Todas estas
versiones y la del demandante coinciden, y de ellas se aparta la posición de
los otros dos miembros de la Junta General, que sólo hasta el 25 de abril, un
día después de instaurada la tutela, dejaron constancia del soporte de su
decisión. Además, de tenerse en cuenta lo dicho por el señor Lino Oscar García
Galeano, miembro del Tribunal de Garantía por parte del doctor González Herazo,
se tendría que lo afirmado por el demandante, en el sentido de que los
escrutinios terminaron el 19 de abril en la tarde, casi en la noche, recobraba
más credibilidad.
En este punto, se preguntó el Tribunal ¿por
qué si los miembros de la Junta entraron a estudiar la solicitud que se
presentó extemporáneamente, no lo hicieron igualmente con las pruebas sobre la
condición de los docentes cuestionados y con ello brindar equidad a su
procedimiento? La decisión de la Junta, a juicio de la Sala, perjudicó al
demandante de la tutela, en tanto fue benéfica para el reclamante, quien con
ella pudo alcanzar la siguiente etapa del proceso, esto es, obtener la calidad
de elegible por el Consejo Superior de la Universidad, al haber superado el 30%
de los votos efectivos. Al mismo tiempo, el demandante debía compartir esa
calidad y las posibilidades de ser elegido rector por el Consejo Superior, que
tenía dos y no un candidato, de acuerdo con el resultado real de la votación,
de no haberse anulado ésta indebidamente del CREAD de Magangué.
Con fundamento en todo lo anterior, el
Tribunal consideró que se le violó el derecho fundamental al debido proceso del
actor, así como el de la igualdad de acceder a un cargo público y, en
consecuencia, entró a determinar si la acción de tutela era viable para
proteger esos derechos.
Para tal efecto, citó la jurisprudencia de
la Corte Constitucional sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela
para casos en que existiendo otro mecanismo de defensa judicial, éste no sea
idóneo en todos los aspectos relevantes de los derechos cuya protección se
reclama. De manera que, sólo si al analizar el caso concreto se encuentra que
el otro mecanismo es igual o más eficaz que la tutela, se podrá rechazar ésta argumentando
esa causal de improcedencia. De otro modo, debe concederse la tutela para la
efectiva prevalencia del derecho sustancial y los derechos inalienables de la
persona humana.
Del mismo modo, afirmó, apoyado en la
jurisprudencia constitucional, que la acción contenciosa administrativa no era
idónea para hacer efectivos los derechos fundamentales en forma oportuna y
cierta, como tampoco lo era la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho, en casos como el que aquí se analiza.
De ahí que, con fundamento en la
jurisprudencia y lo probado respecto al proceso que se adelantó en la consulta
para la selección de los nombres que serían presentados a consideración del
Consejo Superior para la designación del Rector de la Universidad de Cartagena,
la Sala concluyó que se violaron los derechos fundamentales al debido proceso,
la igualdad y el acceso a un cargo público del actor, por la anulación
irregular del CREAD de Magangué por parte de la Junta General Escrutadora, y en
consecuencia se le perjudicó considerablemente en la posibilidad de ser
nombrado como rector, pues con dicha anulación el candidato González Herazo
alcanzó el puntaje requerido para ser elegible por el Consejo, sin tener
derecho para ello.
Lo anterior, dado que de conformidad con los
resultados reales, hechas las ponderaciones del caso y las normas que regulaban
el proceso, que eran de obligatorio cumplimiento, el señor Hernández Gamarra
era la única persona que podía ser tenida en cuenta por el Consejo Superior
para la designación de rector de la Universidad de Cartagena.
Dicha situación, generada por la Junta
General Escrutadora, en el acto intermedio para la designación del rector por
el Consejo Superior constituyó, como se dijo, una afectación a los derechos del
actor, cuyos efectos persistían y eran susceptibles de interrupción, en virtud
de la orden de cumplimiento que se impartió por la inconstitucionalidad de los
actos violatorios de esos derechos, que no podían ser restablecidos
íntegramente por la acción electoral escogida por el actor, ya que ella no se
dirigía a reparar de manera directa y con la oportunidad necesaria los derechos
reclamados mediante la acción de tutela, lo que afirmó con apoyo de la
jurisprudencia de esta Corte.
De potra parte, estimó la Sala que tampoco
era idónea y eficaz la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, aunque
viable, porque de darse el fallo requerido, “después de un dispendioso
trámite, tal como se desprende de la certificación expedida por la Secretaria
del Tribunal Administrativo de Bolívar, que da cuenta de procesos que fueron
radicados ante ese Tribunal desde el año 1995 y aún no han concluido, éste
resultaría tardío, teniendo en cuenta que el período del Rector es de tres
años, pues muy seguramente para esa época, se encontraría vencido dicho
período, surgiendo así la irreparabilidad del daño, al no poder acceder al
cargo de Rector, para el cual aspiró.”
Por lo tanto, la Sala consideró la acción
de tutela como el mecanismo idóneo y eficaz para la protección de los derechos
constitucionales fundamentales que resultaron afectados por la decisión de la
Junta General Escrutadora al actor.
Para finalizar, en cuanto a la solicitud de
nulidad de la actuación presentada por el señor Leonardo Puerta Llerena, en su
condición de Rector encargado,  por no haberse supuestamente dado  la
oportunidad a la Universidad de Cartagena de hacerse parte en el proceso como
persona jurídica que podía verse afectada con la decisión del fallo de tutela,
la Sala estimó que era improcedente, pues mediante Auto del 6 de junio de 2000,
se ordenó notificar al doctor Edgardo Gómez Herazo, Rector de la Universidad en
dicha fecha,  para que ejerciera su derecho de defensa, concediéndole un
término de 5 días. Defensa que ejerció mediante vocero judicial, solicitando se
tuvieran como prueba la copia de la demanda Contencioso Administrativa
Electoral presentada  por el actor ante el Tribunal Administrativo de Bolívar y
el testimonio del señor Lino García, que efectivamente se ordenó y recepcionó.
Así pues, señaló que en el trámite de la
tutela no hubo vicio de nulidad que afectara el derecho de defensa de la
Universidad de Cartagena, el cual  se ejerció oportunamente.
Por todo lo anterior, ordenó a la Junta
General Escrutadora, integrada por los señores Henry Vergara Sagbini, Samuel
Díaz Villalobos y Luis Fernando López Pineda, que dentro del término de 48
horas contadas desde la notificación del fallo, realizara los escrutinios
correspondientes a la consulta que se llevó a cabo el 12 de abril de 2000, para
la designación de Rector de la Universidad de Cartagena, incluyendo la votación
correspondiente al CREAD de Magangué, y con base en los resultados obtenidos
hiciera la ponderación del caso, enviando dentro de ese término a la Secretaría
de la Universidad el acta de los escrutinios, en la que consignara el resultado
de la votación y la ponderación de la misma para cada uno de los candidatos
cuyos nombres debían aparecer en estricto orden alfabético, para que el
Secretario  General de la Universidad, inmediatamente recibiera el acta,
pusiera en consideración del Consejo Superior estos nombres. Consejo que
igualmente procedería a designar Rector, dentro de las 24 horas siguientes,
para lo cual el Presidente de ese organismo convocaría a reunión
extraordinaria, de conformidad con el artículo 25 del Acuerdo 40 de 1996. .
Para finalizar, negó la solicitud de nulidad formulada por el señor Leonardo
Puerta Llerena.
6.      Actuación posterior al fallo del
Tribunal Superior de Cartagena
El doctor Jhonny Romero Julio, apoderado
especial del accionante, presentó escrito ante el ad quem, el 4 de julio
de 2000, y le solicitó que aclarara su fallo, respecto al alcance de la
orden de anular los escrutinios que constan en el Acta del 14 de abril de 2000,
emitida por la Junta General Escrutadora. (Fls. 359 y 360, cuaderno No. 2) Sin
embargo, mediante escrito de esa misma fecha manifestó su deseo de retirar la
anterior solicitud (Fl. 363, cuaderno No. 2) y el Tribunal Superior de
Cartagena, mediante auto del mismo día, aceptó el desistimiento. (Fls. 379 y
380, cuaderno No. 2)
Así mismo, el presidente y el secretario
del Consejo Superior de la Universidad de Cartagena presentaron un memorial, de
fecha 6 de julio de 2000, dirigido al juez de segunda instancia en el proceso,
solicitando la aclaración del alcance de su fallo (Fl. 386, cuaderno No. 2)
Entre tanto, el secretario general de la
Universidad, mediante escrito del 6 de julio de 2000 (Fl. 387, cuaderno No. 2),
por mandato del Consejo superior Universitario y en cumplimiento de la acción
de tutela, remitió a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Cartagena
copia del Acta No. 09 del 5 de julio de 2000, emanada por el Consejo Superior
(Fl. 388-400, cuaderno No. 2), y de los documentos que soportan su contenido.
(Fls. 401 a 434, cuaderno No. 2). También obra en el expediente la Resolución
No. 12 del 5 de julio de 2000, expedida por el Consejo Superior de la
Universidad de Cartagena, mediante la cual se designa “al doctor LEONARDO
PUERTA LLERENA, Vicerrector Académico de la Universidad de Cartagena, Rector
Encargado de la mencionada Institución.” (Fl. 435, cuaderno No. 2)
Por su parte, el doctor Wilson Toncel Gaviria,
apoderado especial del señor Edgardo Rafael González Herazo, presentó escrito,
el 10 de julio de 2000, ante el Tribunal Superior de Cartagena, y solicitó que
se denegara por improcedente la solicitud de aclaración del fallo presentada
por el secretario y el presidente del Consejo Superior de la Universidad de
Cartagena, el 6 de julio de 2000, considerando que no se planteaban dudas en
dicho escrito y que la orden impartida por el Tribunal Superior de Cartagena se
cumplió en los términos que allí se establecieron, procediendo a nombrar como
rector encargado al doctor Leonardo Puerta, y porque en la parte resolutiva del
fallo no había concepto o frase que ofreciera duda, en virtud de la que pudiera
aplicarse lo dispuesto en el artículo 309 del C.P.C., que regula lo relativo a
la procedencia de su aclaración. Lo anterior, por remisión que hacia el Decreto
302 de 1992, en su artículo 4º, a las normas del C.P.C. sobre la interpretación
que debe hacerse de las normas procedimentales que regulan el trámite de la
acción de tutela, en Decreto 2591 de 1991, siempre que no le sean contrarias a
éste. (Fls. 437-440)
La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior
de Cartagena, mediante providencia del 12 de julio de 2000, resolvió la
solicitud de aclaración de su fallo, presentada por el Consejo Superior de
Cartagena mediante su presidente y su secretario, y manifestó que para llegar a
la decisión adoptada en el mismo las motivaciones se expusieron con suficiente
claridad y concordancia, de manera que no existían conceptos o frases que
generara duda o incertidumbre y por lo tanto denegó la aclaración requerida.
(Fls. 465-467)
De otra parte, el doctor Jhonny Romero
Julio, apoderado especial del señor Sergio Hernández Gamarra, presentó escrito
(Fls. 475-480) dirigido a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de
Cartagena, en el que denunció una serie de actuaciones que a su juicio merecían
ser investigadas por el Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General
de la Nación, por atentar contra su moral y, en consecuencia, solicitó se
ordenara compulsar copias de la actuación dentro de la acción de tutela a
dichas entidades. Con ese escrito anexó una serie de documentos en los  que
respaldaba sus afirmaciones y que involucraban, entre otros, al Sindicato de
Trabajadores Universitarios de Colombia -SINTRAUNICOL-. (Fls. 481-490)
A su turno, el señor Edgardo González
Herazo presentó otro escrito, de fecha 24 de julio de 2000, en el que manifestó
que algunos de los documentos que acompañaban el escrito antes relacionado no
eran coherentes con la solicitud de compulsar copias que éste contiene y, que
con ello lo único que se pretendía era dilatar el proceso. (Fls. 492 y 493)
7.      Pruebas que obran en el expediente
7.1.   Pruebas aportadas con la demanda
- Copia del Acta de Junta General
Escrutadora, de fecha 14 de abril de 2000. (Fls. 11 y 12, cuaderno No. 2)
- Copia de la reclamación presentada por el
señor Edgardo González Herazo ante la Junta General Escrutadora, de fecha 13 de
abril de 2000, recibida el 14 del mismo mes y año. (Fls. 13 y 14, cuaderno No.
2)
- Copia de la Resolución No. 0215 del 11 de febrero de
2000, expedida por el rector de la Universidad de Cartagena, “[p]or medio de
la cual se organiza, se convoca y se fija fecha de inscripción para la
selección de los nombres de los candidatos que se presentarán a consideración
del Consejo Superior para la designación de Rector.” (Fls. 15-18, cuaderno
No. 2)
- Copia de la Resolución No. 0313 del 1º de
marzo de 2000, expedida por el rector de la Universidad de Cartagena, “[p]or
medio de la cual se establece el proceso de las votaciones y se reglamenta el
régimen de reclamaciones.” (Fls. 19-24, cuaderno No. 2)
- Copia de la Resolución No. 0416 del 23 de
marzo de 2000, expedida por el rector de la Universidad de Cartagena, “[p]or
la cual se integra la Junta General Escrutadora con un representante de los
docentes, uno de los estudiantes y uno de los administrativos de la Universidad
de Cartagena.” (Fl. 25, cuaderno No. 2)
- Copia de una certificación suscrita por
la secretaria “5140-10 ” de la Registraduría Especial de Magangué, de
fecha 13 de abril de 2000, en que afirma que las elecciones se llevaron a cabo “dentro
de un proceso limpio y transparente”. (Fl. 26, cuaderno No. 2)
- Copia del escrito que presentó el señor
Fabian Beleños T., Coordinador Administrativo de la Universidad de Cartagena en
el CREAD de Magangué, de fecha 13 de abril de 2000, con el manifiesta que envía
la solicitud que hizo el doctor Abraham Posada Sampayo, Registrador Municipal
de Magangué, el 7 de abril de 2000, de designar un funcionario de la
Universidad de Cartagena para que asistiera como veedor del proceso electoral
con el fin de garantizar su transparencia, a fin, precisamente, de aclarar
cualquier inconformidad frente a los resultados del debate. (Fl. 27, cuaderno
No. 2)
- Copia del escrito dirigido al doctor
Abraham Posada Sampayo, Registrador Municipal de Magangué, por el señor Fabian
Beleño T., de fecha 7 de abril de 2000, en que le solicita ser nombrado como
veedor del proceso de votación en el municipio de Magangué. (Fl. 28, cuaderno
No. 2)
- Copia del escrito presentado por el señor
Angel Vollabona Ortiz, Delegado del rector de la Universidad de Cartagena,
Comisionado para el CREAD de Magangué, de fecha 18 de abril de 2000, dirigido a
la Junta General Escrutadora, en el que informa la situación de los docentes
que votaron la consulta a rector en el CREAD de Magangué. (Fls. 29 y 30)
- Copia de las Resoluciones No. 0238 del 17
de febrero de 2000, No. 0248 y No. 0249 del 18 de febrero de 2000 y No. 0439
del 29 de febrero de 2000, expedidas por el rector de la Universidad de
Cartagena, en la que se designan unos docentes para diferentes cátedras, por el
término del período académico de 2000. (Fls. 31-40)
- Copia del “ACTA DE APERTURA DE ARCA
TRICLAVE”, de fecha 14 de abril de 2000, expedida por la Junta General
Escrutadora (firmada únicamente por el miembro representante administrativo,
señor Samuel Díaz Villalobos), referida a los resultados del escrutinio general
de los votos emitidos en la consulta realizada el 12 de abril de 2000, entre
otros aspectos. (Fl. 41-44)
- Copia de la constancia suscrita por el
señor Samuel Díaz Villalobos, miembro de la Junta General Escrutadora, el 18 de
abril de 2000, dirigida a los miembros del Consejo Superior, en la que afirma
que los otros dos miembros de la Junta, señores Henry Vergara Sagbini y Luis
Fernando López Pineda, “no quisieron recibirle la carta al señor Angel
Villabona Ortiz (antes de la firma del Acta General de Escrutinio). Es
preocupante lo anterior, ya que el mismo día y antes de la firma del acta se
recibió una solicitud del candidato Sergio Hernandez (sic) Gamarra, cuya
inquietud se dio curso como consta en el acta de la Junta General Escrutadora.”
Así mismo, señala no se encontró ningún formulario de reclamación en los sobres
que representan las mesas de votación. (Fl. 45)
- Copia de una “nota aclaratoria del
Acto de Escrutinio de un miembro de la Junta General Escrutadora el día 14 de
abril del año 2000”, suscrita por el señor Samuel Díaz Villalobos, de
fecha14 de abril de 2000, en la que deja “constancia que en el proceso de
escrutinio por parte de la comisión escrutadora se quería anular sin abrir las
mesas 52 y 53 del municipio de Magangué sin presencia del Tribunal de Garantías
aduciendo que la denuncia del candidato Edgardo González Herazo se daba por
cierto (sic) por mi solicitud (sic) y en oposición a lo anterior se procedió a
llamar al Tribunal de Garantías para enterarlo del hecho.” (Fl. 46)
7.2.   Pruebas solicitadas de oficio por el
Juez de Segunda Instancia
- Copia del Acta de posesión del señor
Edgardo Rafael González Herazo como Rector de la Universidad de Cartagena, de
fecha 3 de mayo de 2000. (Fl. 10, cuaderno 1)
- Copia de la
Resolución No. 08 del 28 de abril de 2000, expedida por el Consejo Superior de
la universidad de Cartagena en la que designa como Rector para un período de 3
años al señor Edgardo Rafael González Herazo. (Fl. 11, cuaderno 1)
- Copia de un documento (Fl. 12, cuaderno 1),
de fecha 18 de abril de 2000, dirigido al “Secretario General”, expedido
por la “Junta General Escrutadora” donde constan los resultados de la
votación para consulta de los candidatos elegibles para ocupar el cargo de
Rector, el cual es elegido por el Consejo Superior de la Universidad de
Cartagena, que difiere en cuanto a esos mismos datos relacionados en otro
documento (Fl. 14, cuaderno 1) dirigido a la Magistrada Ponente dentro de la
segunda instancia de la tutela, y recibido el 6 de junio de 2000, suscrito por
uno de los miembros de dicha junta.
- Copia de dos listas contentivas de las
actas de escrutinios de los resultados de la votación para consulta, por mesa y
para cada candidato, que respaldan lo afirmado en los documentos antes
relacionados, con firmas ilegibles. (Fls. 13 y 15, cuaderno 1)
- Memorial suscrito por el Secretario
General de la Universidad de Cartagena (Fl. 74, cuaderno 1) en el que relaciona
una serie de documentos que anexa, entre ellos: copia auténtica de las Actas
Nos. 51, 52 y 53 del Municipio de Magangué (Fls. 75-103, cuaderno 1);
documentos que hacen parte del Acta de Escrutinio General de las mesas 51, 52 y
53 (Fls. 104-129, cuaderno 1); certificación de la Secretaría General sobre el
consolidado general de la votación, extraída del Acta No. 04 del Consejo
Superior efectuada el 18 de abril de 2000 (Fl. 131); copia del listado de
sufragantes, docentes y empleados, que entregó la Secretaría General al
delegado del Rector al CREAD de Magangué (Fls. 132-134); certificación del Jefe
del Centro de Admisiones, Registro y Control Académico de la Universidad de
Cartagena, del 8 de junio de 2000, donde informa que ahí no reposan matrículas
académicas ni financieras de los estudiantes del CREAD Magangué, por lo que no
aparecen registrados en el sistema.
7.3.   Documentos allegados en sede de
revisión en la Corte Constitucional
- Escrito recibido en el Despacho del
Magistrado Ponente el 23 de noviembre de 2000, suscrito por el doctor Geminiano
O. Pérez Seña, en que solicita se le reconozca personería en el proceso de la
referencia, de conformidad con el poder que le otorgó el señor Edgardo González
Herazo y que, al decir del doctor Pérez Seña, fue presentado en esta
Corporación el 8 de septiembre de 2000. Así mismo, solicita se ordene la acumulación
del presente proceso al radicado en la Corte con el No. T-381.371,
correspondiente a la tutela presentada por el señor Leonardo Puerta Llerena.
- De otro lado, el doctor Jorge Arango
Mejía presentó escrito recibido en la Secretaría de esta Corporación el 30 de
octubre de 2000,  en el que  señala una serie de argumentos constitucionales
que en su concepto  ratifican lo expresado por el Tribunal Superior de
Cartagena en el fallo de Segunda instancia, por lo que  solicita  a esta
Corporación confirmar  esta decisión.
II.      CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.      Competencia
Esta Sala es competente para revisar la
providencia de tutela antes reseñada, con base en la Constitución Política
(arts. 86 y 241-9), en concordancia con el Decreto 2591 de 1991 (arts. 33 al
36) y, en cumplimiento del auto de fecha 20 de septiembre de 2000, expedido por
la Sala de Selección de Tutelas Número Nueve de esta Corporación.
2.     La  actuación surtida
Como consta en el expediente  la acción de
tutela fue instaurada ante el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cartagena, el
cual  la denegó mediante providencia del 11 de  mayo de 2000.
La Sala de Decisión Civil-Familia del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, mediante sentencia del
30  de junio  de 2000,  revocó el fallo del a-quo y en su lugar concedió
el amparo invocado por el actor, ordenando proceder en el término de 48  horas
a restablecer  su derecho. Solicitada aclaración del fallo  de segunda
instancia esta fue rechazada mediante providencia del   12  de julio de 2000.
Sometido a la Corte Constitucional, la
Sala  de Selección número nueve (9),  mediante auto de veinte de  septiembre
de 2000 decidió escoger el expediente para revisión.
3.  La  materia sujeta a examen
De los antecedentes del proceso  se desprende  que  el
tutelante estima violado su derecho al debido proceso, consagrado en el
artículo 29  de la Constitución Política,  por la actuación de la Junta General
Escrutadora, designada para la  realización de los escrutinios en el proceso de
consulta tendiente a la elección del Rector de la Universidad de Cartagena, la
cual anuló la votación de las mesas 51,52 y 53  del CREAD de Magangué, sin
tener competencia para ello, si se tiene en cuenta  las normas internas de la
Universidad aplicables en este caso. Desconociendo así el derecho del actor a
ser, de acuerdo con los resultados originales,  el único candidato cuyo nombre
podía ser sometido al Consejo Superior de la Universidad, para ser elegido
Rector, por haber superado el porcentaje de votos  exigido por dichas normas
internas.
Al respecto los jueces de tutela se
pronunciaron en forma distinta. El a quo negó  el amparo,  considerando
que para dicha controversia existía otro medio de defensa judicial ante la
jurisdicción en lo contencioso administrativo, y que en el presente caso no se
configuraba un perjuicio irremediable que permitiera conceder la tutela como
mecanismo transitorio.  El ad quem revocó el fallo y concedió  la
tutela, por considerar  violados los derechos  fundamentales  al debido
proceso,  a la igualdad y  el de acceder a un cargo público,  al tiempo que
consideró que no existía otro mecanismo de defensa judicial idóneo  diferente
de la tutela para proteger de manera inmediata los derechos fundamentales del
actor en este proceso, dado que  ni la acción electoral, ni la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho  ofrecían, en su concepto, tal
protección.
Por consiguiente, la Sala debe determinar
en primer término, las condiciones de procedibilidad de la acción, para
establecer  si era la tutela el mecanismo  procesal  aplicable para proteger
los derechos del actor,  y  en caso de ser así, examinar si la decisión tomada
por la Junta General Escrutadora de la Universidad de Cartagena de anular la
votación de las mesas 51, 52 y 53 del Cread de Magangué, dentro del proceso de
consulta para la elección de Rector  en la Universidad de Cartagena se ajustó
al debido proceso, o si por el contrario vulneró los derechos fundamentales del
accionante, como lo señaló el juez de segunda instancia.
4.  Consideraciones
previas
Dado que el presente proceso  involucra  el examen   de una
serie de actuaciones cumplidas en el seno de un ente universitario autónomo,
sometido como toda entidad pública al debido proceso,  y que  de otro lado para
el establecimiento de la procedibilidad de la acción es necesario determinar
exactamente la naturaleza  de los actos  que se considera  violan los derechos
del actor, así como la posibilidad  de  que éstos sean atacados mediante
tutela, la Corte estima pertinente  efectuar  las siguientes consideraciones
previas al análisis del caso concreto.
4.1    .
El debido proceso en las actuaciones administrativas  y su aplicación en los
procedimientos internos de los entes universitarios autónomos.
Elemento central del Estado de derecho lo constituye
el respeto al debido proceso como límite necesario a la arbitrariedad. Como ha
dicho la Corte:
“El debido proceso está consagrado en la
Carta Política como un derecho de rango fundamental que se aplica en todas las
actuaciones judiciales y administrativas. Según la jurisprudencia
constitucional, el proceso es debido cuando se ajusta a las previsiones
legales, se acomoda a las formas propias de cada juicio y garantiza el derecho
de defensa de los asociados. A través de la garantía del debido proceso, el
Estado logra impedir que las controversias jurídicas se tramiten según el
capricho de los funcionarios encargados de resolverlas, pero también busca que
la Administración de justicia se imparta según criterios homogéneos que
garanticen la seguridad jurídica y el principio de igualdad. Adicionalmente,
por la sola circunstancia de ser un derecho fundamental, el debido proceso en
cuanto garantía ciudadana puede ser reclamado judicialmente por vía de acción
de tutela, pues el carácter sumario y prevalente de éste procedimiento, hacen
de él un mecanismo idóneo para evitar que los agentes encargados de la
administración de justicia resuelvan los conflictos sometidos a su
consideración por fuera de la juridicidad, es decir, acudiendo a las vías de
hecho”[2].
De acuerdo con el artículo 29  de la Constitución
Política el debido proceso se aplicará “a toda clase de actuaciones judiciales
y administrativas”, dentro de las cuales obviamente han de entenderse incluidas
las actuaciones de  los entes universitarios autónomos, como la Universidad de
Cartagena, que  si bien gozan de un estatuto constitucional especial, en ningún
caso  se encuentran liberados  del pleno respeto al ordenamiento jurídico que
los rige, “es decir, tanto al conjunto de valores, principios, derechos y
deberes constitucionales, como a las prescripciones contenidas en la ley”[3]
La Corte ha sido suficientemente clara  en cuanto a
los alcances y limites de esta autonomía. Así,  en reiterada jurisprudencia ha
dicho que:
“Las instituciones de educación superior tanto
públicas como privadas son titulares de autonomía constitucionalmente
reconocida (Artículo 69 C.P.) en cuyo desarrollo  ostentan  potestades en
virtud de las cuales pueden organizarse, estructural y funcionalmente,
autorregularse y autocontrolarse, delimitando, como lo ha reconocido la
jurisprudencia de esta Corte[4],
el ámbito para el desarrollo de sus actividades.
En último
análisis la autonomía constitucional es capacidad de autoregulación filosófica
y de autodeterminación administrativa[5]
y por ello al amparo del texto constitucional cada institución universitaria ha
de contar con sus propias reglas internas (estatutos), y regirse conforme a
ellas; designar sus autoridades académicas y administrativas; crear, organizar
y desarrollar sus programas académicos, definir, y organizar sus labores
formativas, académicas, docentes, científicas y culturales; otorgar los títulos
correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos, adoptar
sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos
para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional.[6]
La autonomía
universitaria, como ha enfatizado la Corporación[7],
no es absoluta, pues no sólo el legislador puede configurar esta garantía, sino
que la Constitución y la ley, pueden imponerle, válidamente, restricciones. Por
consiguiente, “la autonomía universitaria no es soberanía educativa, pues si
bien otorga un margen amplio de discrecionalidad a la institución superior, le
impide la arbitrariedad”.
La autonomía
reconocida por la Carta, no otorga a las universidades el carácter de órgano
superior del Estado, ni les concede un ámbito ilimitado de competencias pues
cualquier entidad pública o privada por el simple hecho de pertenecer a un
Estado de derecho, se encuentra sujeta al ordenamiento jurídico que lo rige, es
decir, tanto al conjunto de valores, principios, derechos y deberes
constitucionales, como a las prescripciones contenidas en la ley.[8]
En este punto hay
también que reiterar las puntualizaciones jurisprudenciales conforme a las
cuales en un Estado social y democrático de derecho, la legitimidad del
ejercicio de las potestades y facultades constitucionalmente reconocidas,
-incluyendo aquellas que se derivan de la autonomía universitaria-, se funda en
el respeto a los valores, principios y derechos que integran el ordenamiento
jurídico, y se garantiza otorgando a las personas los recursos necesarios para
que los actos susceptibles de transgredirlos puedan ser fiscalizados por
autoridades pertinentes en desarrollo de la inspección y vigilancia que consagra
el Artículo 189, numeral 21, de la Constitución.[9]
En fin, no puede
predicarse como garantía consagrada en el Artículo 69 de la Carta, la inmunidad
de los actos de las Universidades que sean susceptibles de vulnerar el
ordenamiento jurídico vigente; los altos fines sociales que persigue la
autonomía universitaria no pueden servir de excusa a los centros docentes para que,
prevalidos de esa garantía institucional, vulneren el ordenamiento jurídico.[10]”
[11]
Reconocida
pues  la posibilidad para los entes universitarios  autónomos (art. 57 de la
ley 30 de 1992) de  regirse por sus propias normas,  dentro de los marcos
constitucionales y legales, corolario obligado  es el respeto de las mismas
por la comunidad universitaria, pues, como también  ya dijo esta Corporación “Se
colige que el contenido de la autonomía universitaria se concreta especialmente
en la capacidad libre para definir sus estatutos o reglamentos, los cuales
deben ser respetados por toda la comunidad educativa, lo que incluye a los
alumnos y a las directivas de la institución”[12].
En el caso que ocupa la  atención de la Corte en
relación con el proceso de consulta para la elección de Rector  de la
Universidad de Cartagena, las reglas que debían ser respetadas
específicamente  eran aquellas que integraban  las formas propias  del proceso
electoral, como más adelante se verá al entrar en el análisis del caso concreto.
Estas constituían el debido proceso para esta circunstancia.
4.2    .
La  procedencia de la tutela contra actos de trámite
Elemento fundamental de análisis en este
proceso resulta la identificación clara de la naturaleza jurídica de los actos
de la Junta General Escrutadora,  que en concepto del accionante violaron sus
derechos.
Tanto el actor,  como los demás
intervinientes en el proceso, incluido  el apoderado  del  señor Edgardo
Gonzalez Herazo, quien se opone a las pretensiones de la demanda,  afirman  que
aquellos constituyen actos de trámite, otorgando sin embargo cada uno
consecuencias distintas  a ésta circunstancia en lo relativo a  la procedencia
de la acción instaurada.
La Corte considera en consecuencia
pertinente recordar  dentro de   estas consideraciones previas, la
jurisprudencia  relativa a este tipo especial de actos administrativos y su
posibilidad de ser atacados mediante acción de tutela.
Al respecto en la Sentencia SU-201/94,  refiriéndose
a actos dictados en el curso de un proceso disciplinario,  se hicieron las
siguientes consideraciones:
“Los
actos de trámite o preparatorios, a diferencia de los actos definitivos, no
expresan en concreto la voluntad de la administración, simplemente constituyen
el conjunto de actuaciones intermedias que preceden a la formación de la
decisión administrativa que se plasma en el acto definitivo.”
“Según el inciso
final del artículo 50 del C.C.A., "son actos definitivos que ponen fin a
la actuación administrativa, los que deciden directa o indirectamente el fondo
del asunto; los actos de trámite pondrán fin a una actuación cuando hagan
imposible continuarla." En tal virtud, según lo ha entendido la doctrina y
la jurisprudencia, los actos de trámite y preparatorios, como su nombre lo
indica, dan impulso a la actuación preliminar de la administración, o disponen
u organizan los elementos de juicio que se requieren para que ésta pueda
adoptar, a través del acto principal o definitivo, la decisión sobre el fondo
del asunto. Es obvio, como lo advierte el aparte final de la norma citada, que
un acto de trámite puede tornarse definitivo, cuando de alguna manera, decida
sobre la cuestión de fondo, o ponga fin a la actuación administrativa, de
suerte que se haga imposible la continuación de ésta.”
“Los únicos actos
susceptibles de acción contenciosa administrativa son los actos definitivos, no
los de trámite o preparatorios; estos últimos se controlan jurisdiccionalmente
al tiempo con el acto definitivo que pone fin a la actuación administrativa.”
“Partiendo del
supuesto de que el acto de trámite o preparatorio no contiene propiamente una
decisión en la cual se expresa en concreto la voluntad administrativa y que su
control jurisdiccional se realiza conjuntamente con el acto definitivo, podría
pensarse que la acción de tutela sólo es de recibo en relación con este último,
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable (arts. 86
inciso 3o. de la C.P. y 8o. del decreto 2591/91).”
“No obstante, a
juicio de esta Corte, aunque en principio no procede la tutela contra los actos
de trámite o preparatorios, que simplemente se limitan a ordenar que se
adelante una actuación administrativa dispuesta por la ley, de manera oficiosa
por la administración, en ejercicio del derecho de petición de un particular o
cuando éste actúa en cumplimiento de un deber legal (art. 4o. C.C.A.),
excepcionalmente, algunos actos de trámite o preparatorios, pueden conculcar o
amenazar los derechos fundamentales de una persona, en cuyo caso, sería
procedente la acción de tutela como mecanismo definitivo.”
“Advierte la
Corte, que de ninguna manera se trata de extender la tutela a los actos de
trámite o preparatorios, hasta el extremo que se haga un uso abusivo de ella,
con el propósito de impedir que la administración cumpla con la obligación
legal que tiene de adelantar los trámites y actuaciones administrativas que el
ordenamiento jurídico ha dispuesto para la ejecución de los diferentes cometidos
que le han sido asignados.”
“Corresponde al
juez de tutela examinar en cada caso concreto y según las especiales
circunstancias que lo rodeen, si un determinado acto de trámite o preparatorio
tiene la virtud de definir una situación especial y sustancial dentro de la
actuación administrativa, que de alguna manera se proyecte en la decisión
principal y, por consiguiente, sea susceptible de ocasionar la vulneración o
amenaza de violación de un derecho constitucional fundamental, en cuyo caso, la
tutela es procedente como mecanismo definitivo destinado a proteger un derecho
fundamental vulnerado o amenazado por la acción de la administración. La tutela
en este evento, además de lograr la protección de los derechos constitucionales
conculcados o amenazados, tiene la misión de impedir que la administración
concluya la actuación administrativa con desconocimiento de dichos derechos; se
convierte de esta manera la tutela, en una medida preventiva encaminada a que
la autoridad encauce su actuación conforme a los preceptos constitucionales que
amparan los derechos fundamentales, y a que el desarrollo de su actividad sea
regular desde el punto de vista constitucional y, consecuencialmente, el acto
definitivo que expida sea legítimo, es decir, ajustado al principio de
legalidad.”
“Adicionalmente,
existen otras razones para avalar la procedencia de la tutela contra los actos
de trámite o preparatorios. Ellas son:”
"-Esta clase
de actos no son susceptibles de acción contenciosa administrativa y, en tal
virtud, no existe medio alternativo de defensa judicial que pueda ser utilizado
para amparar los derechos constitucionales fundamentales vulnerados o
amenazados de manera inmediata.”
“-Según el
art. 209 de la C.P., "La función administrativa esta al servicio de los
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y
publicidad..." y el artículo 29 de la C.P, garantiza el debido proceso en
las actuaciones administrativas. La tutela contra actos de trámite que definen
una cuestión esencial dentro de la actuación administrativa, a la manera de una
medida preventiva, como se explicó antes, persigue la finalidad de que las
actuaciones administrativas adelantadas con anterioridad a la adopción de la
decisión final se adecuen a los mencionados principios y aseguren el derecho de
defensa de los administrados. De esta manera, se logra la efectividad de los
derechos de los administrados en forma oportuna, se les evita el tener que
acudir necesariamente a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para
obtener su protección, a través de la impugnación del acto definitivo y,
consecuencialmente, se conjura la proliferación de los procesos ante dicha jurisdicción,
lo cual indudablemente redunda en beneficio del interés público o social.” [13]
Señalada la plena procedencia  de la
tutela  en relación con los actos de trámite que definen una cuestión esencial
dentro de la actuación administrativa, cuando estos  violan los derechos
fundamentales y  sin que el afectado cuente con otra vía   de protección,
procede la Corte al examen del caso concreto.
5.     El análisis del caso concreto
5.1    .
La procedibilidad de la acción
Dos aspectos  deben examinarse  al respecto. En primer
término,  corresponde  a  la Corte   determinar  si al  momento de presentarse
la tutela  el peticionario  estaba en  posibilidad de atacar  ante la
jurisdicción  en lo  contencioso administrativo  el Acta  de Junta escrutadora
o si este era un acto de trámite    excluido de tal posibilidad y frente al
cual  la tutela era el único mecanismo de protección posible.
De otro lado y dado que  mediante
resolución 08 del 28 de abril de  2000, y previamente a la decisión de primera
instancia, el Consejo  Superior de la Universidad de Cartagena  designó como
Rector  al  doctor Edgardo González Herazo,  con lo cual se  produjo un acto
definitivo  que puso fin a la actuación de la que hacía parte  el acto atacado
proferido por la Junta General Escrutadora, se hace necesario  examinar si este
hecho convertía en improcedente la tutela por  existencia de otro mecanismo de
defensa judicial  de acuerdo con  el inciso 3° del artículo 86 de la
Constitución Política.
5.1.1. El acto  expedido por la Junta
General Escrutadora era un acto de trámite  susceptible de ser atacado mediante
tutela.
El “Acta de Junta General escrutadora” del 14 de abril
de 2000, contra la cual se dirigió la acción de tutela por estimarse que ella
violaba el derecho al debido proceso del actor, era sin lugar a dudas un  acto
de trámite.
Dicha acta, constituyó un elemento del proceso
tendiente a la elección de Rector,  desarrollado en cumplimiento del
procedimiento fijado por las normas internas de la Universidad.
Estas, en el parágrafo 5 del artículo 28 de la
resolución  0313 de 1º de marzo de 2000 señalaban que “Las reclamaciones y
decisiones  de la Junta General Escrutadora no tendrán recurso alguno  (...)”
Es decir que contra el acto anotado no era procedente
interponer recurso alguno por la vía gubernativa (art. 49 C.C.A.), como
tampoco  era posible acudir ante la jurisdicción en lo contencioso
administrativo (art. 229 C.C.A.), mientras no se produjera el  acto definitivo
consistente en la elección del Rector.
Por tanto y en la medida en que el accionante
consideraba violado su derecho  fundamental al debido proceso, la única vía
posible para  solicitar la protección de  su derecho  era la acción de tutela,
como atrás se explico, haciendo referencia a la jurisprudencia de esta Corte
sobre la materia y específicamente a la Sentencia SU-201/94.
Asistía pues razón al accionante en su petición
inicial  al Juez de primera instancia, sobre este punto.
Al respecto no puede alegarse, como lo hace uno de los
intervinientes,  que  dicho acto de trámite por no haber concluido, en su
concepto,  la actuación para el demandante, al ser   éste en todo caso
potencialmente sujeto de nominación por el Consejo Superior, junto con el señor
Gonzales Herazo,  no era susceptible  de  ser atacado mediante acción de
tutela.
Precisamente era el carácter de acto de tramite  no
susceptible de recursos  ante la jurisdicción  en lo contencioso
administrativo  lo que  establecía tal posibilidad, en cuanto su derecho al
debido proceso y a ser él el único candidato a ser sometido al Consejo Superior
de la Universidad  se encontraba vulnerado  por la actuación de la Junta
General Escrutadora, siendo la tutela  en esas circunstancias  el  único
instrumento posible  para su protección.
5.1.2.  La necesaria protección inmediata
mediante tutela del derecho fundamental al debido proceso.
Sin perjuicio de lo ya expresado  y tomando
en cuenta  que  con posterioridad a la presentación de la tutela  se produjo un
acto definitivo, consistente en la elección de Rector, susceptible de ser
atacado mediante  la acción electoral  respectiva, o bien  mediante la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho, debe la Corte analizar  si estas acciones
podían considerarse  o no    como mecanismos de defensa judicial que excluyeran
la posibilidad de proteger  mediante tutela los derechos fundamentales
invocados por el actor.
Al respecto, la jurisprudencia de esta Corte ha sido
enfática en que la procedencia de la tutela está sujeta a la ineficacia del
medio de defensa judicial ordinario,  ya que este puede ser suficiente  para
restablecer el derecho atacado, situación que solo podrá determinarse por el
juez de tutela en el caso concreto y frente a los hechos y material probatorio
correspondiente.
En el presente caso, dos eran las vías
judiciales que se ofrecían  al actor  a partir de la expedición del acto
definitivo de nominación del  Rector, a saber: a)  la acción electoral  contra
la designación del señor Edgardo González Herazo, quien  fue sometido al
Consejo Superior de la  Universidad  luego de la anulación, en contravención a
la ley según el actor, de los votos de las mesas 51, 52 y 53, de Magangué al
haber alcanzado por este hecho el porcentaje  exigido para el efecto. b) Así
como, por los mismos hechos,   la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho
Sin embargo considera la Corte que asistió
razón  al juez de segunda instancia al considerar que ambas vías judiciales
resultaban ineficaces para proteger de manera inmediata los derechos del
accionante.
No solamente, como atrás se dijo,  la
tutela se interpuso válidamente  para proteger los derechos del actor  frente a
un acto de trámite que  los vulneró, sino que  las otras vías judiciales que
estaba en posibilidad  de utilizar  frente al acto definitivo, y a las cuales
el actor efectivamente recurrió en su momento, como consta en el expediente,
no ofrecían una protección inmediata a sus derechos constitucionales que
permitiera desplazar la tutela  como mecanismo de protección del derecho
fundamental vulnerado.
Al respecto  ésta  Corporación  al
examinar  una situación similar   en la que se hacía necesaria la protección
inmediata del debido proceso de las personas acreedoras a un nombramiento en un
cargo de carrera cuando no son designadas pese al hecho de haber obtenido el
primer lugar, descartó  la acción contenciosa como mecanismo de protección  de
este derecho fundamental.  En esa oportunidad dijo la Corte:
“Esta Corporación
ha considerado que la vulneración de los derechos a la igualdad, al trabajo y
debido proceso, de la cual son víctimas las personas acreedoras a un
nombramiento en un cargo de carrera cuando no son designadas pese al hecho de
haber obtenido el primer lugar en el correspondiente concurso, no encuentran
solución efectiva ni oportuna en un proceso ordinario que supone unos trámites
más dispendiosos y demorados que los de la acción de tutela y por lo mismo
dilatan  y mantienen en el tiempo la violación de un derecho fundamental que
requiere protección inmediata. La Corte estima que la satisfacción plena de los
aludidos derechos no puede diferirse indefinidamente, hasta que culmine el
proceso ordinario, probablemente cuando ya el período en disputa haya terminado.
Se descarta entonces en este caso la alternativa de otro medio de defensa
judicial como mecanismo de preservación de los derechos en juego, que son de
rango constitucional, de aplicación inmediata y que no pueden depender de un
debate dado exclusivamente en el plano de la validez legal de una elección, sin
relacionarlo con los postulados y normas de la Carta Política”[14].
En el mismo sentido  en la Sentencia
SU-086/99
“Ha sido clara
esta Corporación al señalar, fundada en la prevalencia del derecho sustancial y
en la necesidad, impuesta por la Carta, de dar efectividad a los derechos
fundamentales, que en cada caso concreto el juez de tutela debe establecer la
eficacia del medio judicial que formalmente se muestra como alternativo, para
establecer si en realidad, consideradas las circunstancias del solicitante, se
está ante un instrumento que sirva a la finalidad específica de garantizar
materialmente y con prontitud el pleno disfrute de los derechos conculcados o
sujetos a amenaza. El medio alternativo de defensa judicial debe ser evaluado y
calificado por el juez de tutela respecto de la situación concreta que se pone
en su conocimiento. (...)
“Para los
propósitos de hacer efectivos los enunciados derechos fundamentales de manera
oportuna y cierta, y para asegurar la correcta aplicación del artículo 125 de
la Constitución, no es la acción electoral -que puede intentarse ante la
jurisdicción de lo Contencioso Administrativo- el medio judicial idóneo con
efectividad suficiente para desplazar a la acción de tutela. Se trata, desde
luego, de una acción pública que puede ser intentada por cualquier ciudadano,
pero que no tiende a reparar de manera directa y con la oportunidad necesaria
los derechos fundamentales de quienes han participado en el concurso”[15].
En el presente caso, independientemente de las
decisiones que en su momento  pudiera tomar la jurisdicción en lo contencioso
administrativo  sobre la legalidad de los Actos de la Junta General Escrutadora
o sobre la elección respectiva, se hacía necesario proteger  de manera
inmediata el derecho fundamental al debido proceso conculcado al actor.  Por
tanto la tutela era plenamente procedente en esas circunstancias.
Habiendo quedado establecida la procedibilidad de la
acción, como viene de explicarse, procede la  Sala a examinar   si asistió, o
no, razón al juez de segunda instancia al considerar violados los derechos
fundamentales invocados por el actor en su demanda y en particular el  derecho
al debido proceso  por las actuaciones de la Junta General Escrutadora.
5.2    .
La violación del debido proceso
En el caso sub examine en relación con el proceso de
consulta para la elección de Rector, las reglas que debían ser respetadas
específicamente  y que integraban  las “formas propias  del proceso electoral”,
se encontraban contenidas  en  el Acuerdo 40  del 5 de diciembre de 1996
expedido por el Consejo Superior de la Universidad de Cartagena, reformatorio
del Estatuto  General de la Universidad, la resolución 0215 del 11 de febrero
de 2000 “Por medio de la cual  se organiza, se convoca y se fija fecha de
inscripción  de la consulta para seleccionar los nombres  de los candidatos
que se presentarán a consideración  del Consejo Superior para la designación de
Rector”, la resolución 0313  de  1 de marzo de 2000 “Por medio de la cual se
establece  el proceso de las votaciones y se reglamenta el régimen de reclamaciones”
y la resolución 0416  de 23 de marzo de 2000 “Por la cual se  integra la Junta
General Escrutadora con un representante de los docentes, uno de los
estudiantes  y uno de los administrativos de la Universidad de Cartagena”.
Resoluciones todas expedidas por el Rector de esta institución educativa.
Debe la Corte examinar en consecuencia si  estas
normas fueron respetadas  o si por el contrario  el debido proceso electoral
interno  fue violado por la actuación  de la Junta General Escrutadora,  como
lo señala el actor en su demanda.
5.2.1. La falta de competencia  de la Junta
General Escrutadora, de acuerdo con las normas aplicables.
El  artículo  28 de la Resolución  0313
del 1° de marzo de 2000 “mediante la cual se  establece el proceso de  las
votaciones  y se reglamenta el régimen de reclamaciones”, señala que “ serán
causales de reclamación  ante la Junta General Escrutadora, presentadas por los
testigos electorales  o por cualquier candidato las siguientes:
a)       Cuando las actas de los escrutinios estén
firmadas por menos de dos(2) jurados de votación
b)      Cuando se hayan destruido o perdido los
votos emitidos en una de las urnas  o no existiere acta  de escrutinio en la
que conste el resultado de la votación
c)       Cuando el número de sufragantes de una mesa
exceda el número de votantes que podrían votar en ella
d)    (sic)  Cuando el contéo de votos y el acta
de escrutinios  que deban realizar las mesas de votación se haga  en lugar
distinto de donde deba funcionar la mesa
e)     (sic)Cuando aparezca  en las actas de
escrutinios de mesa  que se incurrió en un error aritmético al consignar los
votos introducidos en ella
Parágrafo 1: Las  reclamaciones solamente
se podrán presentar al momento de la  realización de los escrutinios de mesas
de votación, el mismo día de la consulta. Las reclamaciones que no se
presenten  en ese momento y en esa fecha serán rechazadas por extemporáneas.
(...)”
En el caso presente,  la reclamación presentada  no lo
fue por una de las causales enumeradas en el artículo 28 de la Resolución 0313.
El doctor Edgardo González Herazo  en su escrito presentado el 14 de abril
señala que   su reclamación la presenta “directamente  ante la Junta
Escrutadora debido a que la causal de impugnación que se alega no corresponde
a las relacionadas  en el artículo 28 de la Resolución 0313 de 1° de marzo de
2000, proferida por el rector de la Universidad, en cambio queda cobijada  por
el literal e del artículo 30 de la citada Resolución 0313 del 2000, que asigna
competencia  a esta junta  para resolver todos aquellos  casos cuya resolución
no esté atribuida a otro órgano”
Para la Corte, sin embargo,  dicho numeral
no permitía a la Junta asumir una competencia en una materia que había sido
claramente  desarrollada por el propio reglamento. En efecto, el numeral e) del
artículo 30 de la resolución 0313 de 1° de marzo de 2000 cuyo tenor literal
es: “ Serán atribuciones  de la Junta general escrutadora: (...) e) Todas
aquellas que no estén  atribuidas a ninguna (sic) autoridad interna de la
institución”  debe leerse en el contexto  del artículo 30 en su conjunto  y en
particular  en concordancia con  el numeral b)  del mismo artículo  30 según el
cual  esta Junta  será competente para “b) Resolver en el acta general de
escrutinios  las reclamaciones presentadas  por los testigos electorales y los
candidatos”. Competencia claramente  desarrollada  en el artículo 28 de la
Resolución  anotada,  en el cual se fijaban   taxativamente las causales de reclamación
y el procedimiento específico  para realizarlas.
Una lectura  distinta implicaría dejar en
manos de la Junta Escrutadora la  determinación a su arbitrio de las causales
de reclamación y el desconocimiento de la forma propia del procedimiento de reclamaciones
establecido por las normas internas de la Universidad  en ejercicio de  la
autonomía  que  le es propia.
Al respecto la Corte  ha dicho que:
“Resulta
contrario al ordenamiento jurídico el que un funcionario encargado de adelantar
procedimientos judiciales o administrativos que resuelvan sobre derechos
subjetivos, proceda conforme su voluntad, desconociendo las pautas que la ley
le ha señalado para el ejercicio de su función. La libertad de escoger las
formas de los juicios perjudicaría a los administrados, antes que agilizar y
personalizar la aplicación de la justicia; traería confusión y caos en el seno
de la sociedad y pondría en entredicho el pilar de la seguridad jurídica”[16].
Eran pues claras  y taxativas las normas internas
establecidas  en materia de reclamaciones  en el artículo 28 de la Resolución
0313 de 1º  de marzo de 2000 y era a ellas a las que necesariamente debía
remitirse la Junta General Escrutadora.  Solamente  una remisión expresa, hecha
por los Estatutos de la Universidad  o por el propio reglamento contenido en
dicha resolución 0313  hubiera permitido la utilización de normas diferentes a
las allí señaladas. Al respecto también ha dicho la Corte que:
“Del debido
proceso hace parte, como una forma de realizar la seguridad jurídica, la
certidumbre que deben tener las personas, según la ley preexistente, acerca de
cuáles son las reglas que se aplican al proceso judicial o administrativo que
las afecta o en el que están interesadas.
Esas reglas no
pueden ser modificadas a voluntad de quien conduce el respectivo trámite, pues
al hacerlo sorprendería a las partes y a terceros, desatendiendo
ostensiblemente una de las garantías esenciales plasmadas en el artículo 29 de
la Constitución.
Pero el
Constituyente ha asegurado, además, que, como cada proceso o actuación tiene
sus propias características, las disposiciones aplicables en uno de ellos, con
sentido específico, según mandato del legislador, no pueden ser trasladadas a
otro, a no ser que la propia ley lo consienta expresamente.
Por eso, en casos
como el que se estudia, debe tenerse en cuenta que las actuaciones y
procedimientos administrativos, salvo manifiesta e indudable remisión legal,
deben regirse por sus propios principios y procedimientos, y no por los
consagrados para procesos judiciales ordinarios, y menos especiales.”[17]
Se
tiene  en consecuencia  que la actuación  de la Junta General Escrutadora
contravino claramente el debido proceso  al  sustentar su decisión en “EL PARAGRAFO E DEL
ARTICULO 30 DE LA RESOLUCIÓN 0313 DEL 01 DE MARZO DEL AÑO 2000 Y EN EL LITERAL
2 DEL ARTICULO 223 QUE MODIFICA LOS LITERALES del 96-85 DEL ARTICULO 65 DEL
REGIMEN ELECTORAL COLOMBIANO.”, atribuyéndose así una competencia que las normas
internas aplicables al proceso de  reclamaciones no le conferían y haciendo uso
de una causal no establecida en las mismas.
5.2.2. El
carácter extemporáneo de la reclamación
De otra
parte, es necesario señalar que de acuerdo con el  parágrafo 1° del artículo
28 de la Resolución  0313  del 1° de marzo de 2000,   “Las  reclamaciones
solamente se podrán presentar  al momento de la  realización de los
escrutinios de mesas  de votación, el mismo día de la consulta. Las
reclamaciones que no se presenten  en ese momento y en esa fecha serán
rechazadas por extemporáneas”[18]
Ahora bien como consta en el expediente  la reclamación
presentada por  el candidato Edgardo González Herazo  tiene fecha de recibido
del 14 de abril de 2000, mientras que la fecha  de la consulta  y la
realización de los escrutinios de mesa fue el 12 de abril. Debiendo haber sido
en consecuencia considerada extemporánea.
Asiste  en consecuencia razón al Juez de
segunda instancia cuando señala  que en el presente caso  se produjo una
violación del debido proceso por cuanto  la Junta  General escrutadora   aceptó
una reclamación extemporánea de acuerdo con las normas fijadas por el
reglamento  respectivo.
No sobra  señalar finalmente que además de haber
obrado por fuera de su competencia y haber desconocido las formas propias del
proceso de reclamaciones aplicable de acuerdo con el  ordenamiento interno  de
la Universidad, la Junta General Escrutadora desconoció elementos de prueba
necesarios para adoptar la decisión, si es que en gracia de discusión se
hubiera  aceptado la competencia de dicho órgano para decidir la reclamación,
dando una nueva muestra de arbitrariedad en toda la actuación discutida. La
Junta en efecto  se limitó a tener en cuenta para adoptar su decisión  la
resolución No. 0248 del 18 de febrero de 2000, mediante la cual  se designaban
como docentes de cátedra en los programas de educación superior a distancia
(tecnología de alimentos-Magangué) a  los profesionales que allí se enumeran,
desconociendo  la existencia de otras resoluciones  referentes a los docentes
sobre los cuales estimaba no existía certeza acerca de su vinculación a la Universidad
en la fecha de la consulta. (folios  31 a 40 del expediente).
5.3. La incidencia de esta violación en el
derecho a ser elegido del accionante.
Señala el juez de segunda instancia  que
con la actuación de la Junta General Escrutadora  se violaron los derechos al
“debido proceso, la igualdad y  acceso a un cargo público”  sin entrar  en
consideraciones  diferentes a las ya anotadas para  configurar la violación al
debido proceso.
Al respecto  cabe anotar que  la violación
de un derecho fundamental como el debido proceso  puede llegar a producir la
violación en cadena de otros derechos. En el presente caso la violación al
debido proceso incidía  necesariamente  en el derecho del demandante a acceder
a una cargo público,  - Rectoría de la Universidad de Cartagena-, al alterarse,
por la  actuación de la Junta General Escrutadora por fuera de las normas
propias al proceso electoral interno,  los cómputos del escrutinio general de
la consulta,  que lo señalaban como único candidato a ser elegible por el
Consejo Superior de la Universidad.
El quebranto al debido proceso traía
también consigo  el desconocimiento de la igualdad ante la ley como lo explicó
la Corte, refiriéndose a la administración de justicia, en Sentencia
C-407/97,  en los siguientes términos:
“La
regla general, encaminada a garantizar la igualdad, determina el
establecimientos de competencias y procedimientos iguales para todas las
personas. ¿Por qué? Porque el resultado de un juicio depende, en gran medida,
del procedimiento por el cual se tramite. Éste determina, las oportunidades
para exponer ante el juez las pretensiones y las excepciones, las pruebas, el
análisis de éstas, etc. Existen diversos procedimientos, y, por lo mismo,
normas diferentes en estos aspectos: pero, el estar el actor y el demandado
cobijados por idénticas normas, y el estar todos, en principio sin excepción,
sometidos al mismo proceso para demandar o para defenderse de la demanda,
garantiza eficazmente la igualdad. La Constitución, al determinar que todos
sean juzgados  "con observancia de la plenitud de las formas propias de
cada juicio", destierra de la administración de justicia la arbitrariedad.
(...)
El
someter las controversias a procedimientos preestablecidos e iguales, no sólo
garantiza el derecho de defensa: realiza, en primer lugar y principalmente, el
principio de la igualdad ante la ley, en el campo de la administración de
justicia. Y asegura eficazmente la imparcialidad de los encargados de
administrar justicia, mediante la neutralidad del procedimiento”[19].
Asistió pues razón al Juez de Segunda
instancia al tutelar  de manera inmediata los derechos  fundamentales  del
accionante al debido proceso, la igualdad y el acceso a un cargo público,
derechos que  en las circunstancias  concretas en las que se encontraba el
accionante solo la acción de  tutela estaba en posibilidad de proteger.
Por las razones expuestas ésta Corporación
confirmará la Sentencia dictada por la Sala de Decisión Civil-Familia  del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena  y así lo señalará en la
parte resolutiva.
5.4. Consideraciones finales.
Como se dejó anotado en los antecedentes y consta en
el expediente, con posterioridad al fallo de segunda instancia  se hicieron por
diferentes actores en el proceso una serie de declaraciones, cuyo examen no
corresponde a esta Corte.  Al respecto basta anotar que para dilucidar y
resolver  de manera definitiva las eventuales controversias sobre el proceso de
elección de Rector  de la Universidad de Cartagena diferentes a los analizados
en el  expediente de tutela por los jueces  de primera y segunda instancia,
existen las respectivas  vías judiciales ante la jurisdicción en lo contencioso
administrativo y los demás organismos competentes  de la Administración de
Justicia.
III.    DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Novena de
Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- CONFIRMAR, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia, la sentencia  de segunda instancia proferida por la
Sala de Decisión Civil-Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de
Cartagena, mediante la cual se concedió el amparo solicitado.
Segundo.- Por Secretaría, líbrese la comunicación prevista en el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese,
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado Ponente
ALFREDO BELTRAN SIERRA
Magistrado
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Magistrado
MARTHA V. SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1]
Resolución mediante la cual  se designaban  como docentes de cátedra en los
programas de educación superior a distancia (tecnología de alimentos-Magangué)
a  los profesionales que allí se enumeran.
[2]
Sentencia  T-445/99 Vladimiro Naranjo Mesa.
[3]
Sentencia  T-   /2000 M.P. Alvaro Tafur Galvis
[4]
Ver Sentencia T-515 de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[5]
Ver Sentencia T-310 de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[6]
Ver entre otras las Sentencias T- 492 de 1992,  M.P José Gregorio Hernández
Galindo, C-589 de 1997, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[7]
Ver entre otras las Sentencias T- 02 de 1994, M.P José Gregorio Hernández
Galindo,   T-180 de 1996, M.P Eduardo Cifuentes Muñoz.
[8]
Ver Sentencia T-310 de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[9]
Ver Sentencia C-220 de 1997, M.P, Fabio Morón.
[10]
Ver entre otras las Sentencias C- 299 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell,
C- 06 de 1996, M.P, Fabio Morón, C-589, M.P Carlos Gaviria Díaz
[11]
Sentencia T   /2000 M.P. Alvaro Tafur Galvis
[12]
Sentencia T-310/99 M.P. Alejandro Martínez Caballero
[13] Sentencia SU-201/94 M.P.
Antonio Barrera Carbonell.
[14]
Sentencia SU-133/98 M.P. José Gregorio Hernandez Galindo
[15]
Sentencia SU-089/99 M. P. José Gregorio Hernández Galindo
[16]
Sentencia SU429/98 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[17]
Sentencia T-195/99 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[18]
Subrayado fuera de texto.
[19]
Sentencia C-407/97 M.P. Jorge Arango Mejía.