T-493-01
Sentencia T-493/01
Sentencia T-493/01
DERECHO A LA
PENSION DE JUBILACIÓN-Trámite
administrativo o presupuestal no impide pago oportuno de mesadas
DERECHO A LA VIDA-Trasciende la mera subsistencia biológica
PERJUICIO
IRREMEDIABLE-No pago
oportuno de mesadas pensionales por iliquidez de entidad de salud
CONTRATO DE
CONCURRENCIA-Creado para
pagar pasivo prestacional de entidades de salud
-Reiteración de Jurisprudencia-
Referencia: expedientes Nos.
T-415523
T-415693
T-415524
T-416476
T-415525
T-417307
Acciones de tutela
instauradas por Pedro Antonio Gamboa Gamboa;  Ana Silva Castellanos de García;
Inés Vargas de Quijano; Claudia Montero Amórtegui; Alba Cecilia Cuenca
Hernández de Alba y María del Carmen Camacho de Calderón contra el Ministerio
de Salud -Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud- y la Fundación San
Juan de Dios de Bogotá D.C.
Magistrado Ponente:
Dr. RODRIGO ESCOBAR
GIL.
Bogotá D. C., a los doce (12) de mayo del
año dos mil uno (2001).
La Sala Quinta de Revisión de la Corte
Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, en
particular las contenidas en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la
Constitución y en Decreto 2591 de 1991,  dentro del proceso de revisión de los
fallos proferidos por el Juzgado Veintiocho Civil del Circuito de Bogotá, D.C.,
y el Juzgado Treinta y Nueve Civil del Circuito de la misma ciudad, al resolver
sobre las acciones de tutela instauradas por Pedro Antonio Gamboa Gamboa;  Ana
Silva Castellanos de García; Inés Vargas de Quijano; Claudia Montero Amórtegui;
Alba Cecilia Cuenca Hernández de Alba y María del Carmen Camacho de Calderón,
ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES.
1. Siendo los accionantes pensionados de la
Fundación San Juan de Dios de Bogotá, hasta el momento no han recibido sus
mesadas correspondientes a los meses de septiembre y octubre de 2000.
2. El 11 de diciembre de 2000 el Director
de la Fundación San Juan de Dios señaló que la Fundación carece de cualquier
tipo de ingreso de rentas y de rendimientos económicos por inversiones; siendo
su único ingreso las transferencias que hacen el Hospital San Juan de Dios y el
Instituto Materno Infantil. Sin embargo, estas entidades no han podido
trasladar recursos a la Fundación por la falta de dinero, a consecuencia de la
crisis del sector salud.
En tal virtud, se hizo necesaria la
aplicación del Decreto 530 de 1994,  a través del cual se reglamentaron los
artículos 33 de la Ley 60 de 1993 y 242 de la Ley 100 de 1993, en relación con
la regulación del fondo nacional para el pago del pasivo prestacional de los
servidores del sector salud[1]
[2],
que tiene por objeto, según su artículo 2º, "... garantizar el pago de
la deuda prestacional del sector salud, causada o acumulada a diciembre 31 de
1993 por concepto de cesantías, reservas para pensiones y pensiones de
jubilación ...".
3. El Ministerio de Salud a través de la
Oficina Jurídica y Apoyo Legislativo, consideró preocupante la situación de
autos y, por tal razón, presentó el estado al Consejo Administrativo del Fondo
del Pasivo Prestacional, para proponer y evaluar posibles alternativas de
solución.
Dicho Consejo se reunió en sesión
extraordinaria, en la cual se concluyó que "... el problema es de fondo
y cualquier alternativa que se proponga es inocua si no se revisa la convención
colectiva de trabajo vigente, por cuanto los onerosos costos que ella conlleva
no permiten hacer viable financieramente la Fundación"[3]. En
consecuencia, se solicitó al Director de la Fundación San Juan de Dios de
Bogotá convocar al Sindicato de los Hospitales y la Asociación de Pensionados
para que de manera concertada presenten al Ministerio de Salud "... una
propuesta que permita disminuir en el corto plazo la causación de nuevas
pensiones". En el mismo escrito señala la Jefe de la mencionada
Oficina Jurídica que los recursos que quedan por girar por la Nación
alcanzarían aproximadamente para un año.
4. La Directora General de Financiamiento y
Gestión de Recursos del Ministerio de Salud, en oficio del 3 de noviembre de
2000, manifestó que el incumplimiento de obligaciones patronales y
contractuales por parte de la Fundación, como es la falta de pago a lo acordado
en el contrato de concurrencia, no permite el giro de dineros por parte de la
Nación de conformidad con el artículo 4º del Decreto 3061 de 1997, que señala:
"El giro de los recursos de la Nación a través del Fondo del Pasivo o
la expedición de títulos o bonos de valor constante, estará sujeto al
cumplimiento de las obligaciones de las entidades que suscriben el contrato...".
5. Aquella situación ha repercutido en la
vida ordinaria de los accionantes, pues al no recibir su mesada puntualmente
han tenido que dejar de pagar el arriendo, la alimentación y los servicios
públicos, lo que está causando un perjuicio[4]
a la subsistencia digna de éstos; y vulnerando sus derechos fundamentales a la
vida, a la igualdad, al trabajo y a la seguridad social. Por tales motivos,
solicitan que se ordene cancelar las mesadas adeudadas y las que se causen en
el futuro en procura de garantizar estos derechos.
II.  DECISIONES JUDICIALES QUE SE REVISAN
El Juzgado Veintiocho Civil del Circuito de
Bogotá, que conoció de las tutelas Nos. T-415525; T-415524; T-415523; T-416476
y T-417307 y el Juzgado Treinta y Nueve Civil del Circuito de Bogotá, que
estudió el expediente No. T-415693, negaron las tutelas al considerar que los
actores tienen otro medio de defensa judicial, como es el acudir ante la
jurisdicción laboral para solicitar el pago de las mesadas pensionales.
Igualmente, afirmaron las instancias judiciales, que esa jurisdicción no puede
ser desplazada por la acción de amparo, porque los actores no aportaron pruebas
sobre el perjuicio irremediable que alegan sufrir, por la falta de pago de la
prestación adeudada.
III.    CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.      Competencia
De conformidad con lo establecido en los
artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y en los artículos 31 a 36 del
Decreto 2591 de 1.991, la Corte Constitucional es competente para revisar las
decisiones judiciales mencionadas.
2. Reiteración de jurisprudencia. Los
trabajadores que se han pensionado son ajenos a los manejos administrativos o
financieros que ejecuta la entidad obligada a pagar la mesada pensional.
Las entidades públicas o privadas que han
adquirido la obligación de cancelar la mesada pensional no pueden sustraerse de
cumplir la misma por razones administrativas o por falta de presupuesto. Es
evidente, que cuando una empresa asume esta prestación debe siempre tener en
cuenta en sus balances financieros e inversiones la existencia de una partida
que debe estar destinada para cubrir las mesadas pensionales que han adquirido
con los pensionados, las cuales no pueden estar a la suerte de cómo se
desarrollan las metas financieras o administrativas de la entidad obligada al
pago de éstas.[5]
La Corte en relación con el tema indicó:
"...el derecho
fundamental e inaplazable que tienen los pensionados a recibir oportunamente
las mesadas, no puede verse sometido a la condición de que se resuelvan los
problemas internos de tipo administrativo o presupuestal que afronten las
entidades obligadas a soportar la deuda". (Sentecia T-180 de 1999. M.P.:
Vladimiro Naranjo Mesa).
El trabajador al adquirir la condición de
pensionado luego de largos años de trabajo y dedicación empieza a recibir una
mesada proporcional al salario que devengaba; lo cual le permite llevar una
vejez tranquila, pues con ella obtiene la satisfacción de sus necesidades y,
obviamente, la posibilidad de vivir dignamente. Cabe entonces resaltar que la
jurisprudencia de la Corte no ha limitado el derecho a la vida a una
subsistencia biológica, sino que lo ha extendido a los aspectos psicológicos,
espirituales y morales, buscando siempre el bienestar de la persona. En el caso
de las mesadas pensionales, se busca garantizar el derecho a percibirlas
puntualmente en procura de hacer efectiva la subsistencia vital y digna del ex
trabajador.
Sobre el tema dijo la Corte:
"Sostener
lo contrario implicaría desconocer evidentes razones de justicia material que
llevaron al constituyente a vincular al Estado con la garantía de la dignidad
de quienes, al término de su vida laboral, luego de contribuir con su trabajo a
la construcción de la riqueza nacional, merecen de la sociedad, no sólo un
justo reconocimiento sino una pensión equivalente a un porcentaje de su
salario, para asegurar una vejez tranquila. Frente a este derecho, el Estado
debe actuar con toda energía y prontitud, de manera tal que quienes han
adquirido, en virtud de su edad y años de trabajo, una pensión de jubilación o
vejez, no se vean, ni siquiera transitoriamente, desprotegidos frente a actos
arbitrarios o negligentes del propio Estado o de los particulares que por ley
estén obligados a asumir la prestación social” (Sentencia T-323/96 M.P.:
Eduardo Cifuentes Muñoz)[6].
Postura que se reiteró en el año 2000 al
manifestarse:
"Es ese un
derecho [refiriéndose a la vida] que trasciende el de la mera subsistencia
biológica y que, tal como lo protege la Constitución Política (Preámbulo y
artículos 1, 5, 11 y 12 C.P.), corresponde específica y exclusivamente al ser
humano. La vida, bajo esa perspectiva, incorpora todo un conjunto de elementos
que hacen de ella un valor superior que no se agota en los aspectos físicos o
fisiológicos sino que incluye los espirituales, los sicológicos, los morales,
entre varios más, y sobre todo la dignidad que exige la persona por el hecho de
serlo" (Sentencia T-121 de 2000. M.P. José Gregorio Hernández Galindo).
"Las
dificultades financieras..., no constituyen justificación para el
incumplimiento en el pago de sus obligaciones  laborales, ni lo redimen de la
cancelación oportuna de las mesadas pensionales, en tanto éstas son el producto
de una prestación personal que goza de especial protección por parte del
Estado".  (Sentencia T-680 de 2000. M.P.: Alvaro Tafur Galvis).
Se analiza como alrededor del presente
caso, se han suscrito varios contratos de concurrencia[7], a
saber: el primero en el año 1995, con el objeto de "... sanear el
pasivo prestacional de los Hospitales San Juan de Dios e Instituto Materno
Infantil"[8];
sin embargo, las obligaciones dinerarias que debería pagar la Fundación fueron
cumplidas tan solo parcialmente. El segundo contrato, se suscribió en el año
1998, con el fin de extender el plazo del pago de la obligación por parte de la
Fundación, el cual, igualmente, fue cumplido parcialmente. Observando aquello,
el Ministerio de Salud propició una sesión extraordinaria del Consejo
Administrativo del Fondo del Pasivo, en el año 2000, en la cual se concluyó que
el problema es “de fondo”, generado por la convención colectiva de trabajo
vigente y que cualquier otra  alternativa sería "inocua"[9].
Es evidente, que el posible problema creado
por la onerosidad derivada de la convención colectiva y el no encontrar
alternativas viables por parte de las entidades demandadas no tiene por qué ser
soportado por los accionantes[10],
que subsisten con su mesada pensional, tal como se demuestra en los expedientes
de tutela. Por ello, el no percibirla puntualmente les causa un perjuicio
irremediable, ya que su subsistencia digna se ve comprometida cada vez que la
Fundación alega como razón del incumplimiento, la iliquidez de la misma.
Ahora bien, de acuerdo con el escrito
remitido por el Jefe de la Oficina Jurídica y Apoyo Legislativo del Ministerio
de Salud, la Nación no ha girado $19.602.992.812.oo pesos correspondientes al
nuevo contrato de concurrencia No. 799 de 1998[11];
suma con la cual se "cubrirían las mesadas de aproximadamente un año"
[12], debido a un
impedimento de tipo legal, pues en virtud del artículo 4º del Decreto 3061 de
1997 no se puede hacer ese giro. Dicha norma establece: "El giro de los
recursos de la Nación a través del Fondo del Pasivo o la expedición de títulos
o bonos de valor constante, estará sujeto al cumplimiento de las obligaciones
de las entidades que suscriben el contrato...".
Ciertamente la norma transcrita tiene una
finalidad bondadosa, tal como lo afirma el Jefe de la Oficina Jurídica y Apoyo
Legislativo del Ministerio de Salud, consistente en lograr que las entidades de
salud que se encuentren en dificultades económicas para pagar el pasivo prestacional
-pensiones de jubilación- puedan celebrar contratos de concurrencia, para
cubrir dichos pasivos. En estos contratos cada parte se obliga a cumplir su
cuota parte o de lo contrario se daría aplicación al tenor del artículo 4º del
Decreto 3061 de 1997, es decir, que la Nación no consignará las sumas de dinero
establecidas como cuota parte, hasta que la entidad de salud no cumpla con su
pago. Esto, evidentemente, es sano para que las entidades de salud con
problemas financieros se obliguen a cumplir lo pactado y se propongan a sacar
adelante la entidad, mejorando para el futuro sus balances financieros.
Sin embargo, en el caso de que la entidad
de salud no pueda lograr salir del déficit financiero en el que se encuentra y
empiece a incumplir el contrato de concurrencia, tal como se pudo demostrar en
el presente caso, el fin conveniente del artículo 4º citado desaparece, porque
el propósito del Decreto que dio lugar a esa disposición, que es el Decreto 530
de 1994, es el de regular el Fondo Nacional para el pago del pasivo
prestacional de los servidores del sector salud, o se estaría modificando
el rumbo de dicho empeño, ya que el artículo 4º no señala solución alguna que
permita consignar los aportes acordados en el contrato de concurrencia por
parte de la Nación.
Dicha situación, por ende, es perjudicial a
los pensionados, pues si una empresa aun demostrando su esfuerzo
administrativo-financiero no logra recuperarse, la Nación-Ministerio de Salud
se estaría absteniendo legalmente de desembolsar su cuota parte (artículo 4º
del Decreto 3061 de 1997) afectando el mínimo vital de los pensionados;
desconociendo normas de carácter constitucional,  tal como se demuestra en el
caso de autos y, también, dejando sin vigencia la intención presidencial
expuesta en el Decreto 530 de 1994.
Teniendo en cuanta la apremiante situación
en que se encuentran los accionantes, al no poder pagar el arriendo, la
alimentación ni los servicios públicos, esta Sala de Revisión inaplicará[13] el mencionado artículo
4º del Decreto 3061 de 1997[14],
con el fin de que la Nación pueda girar los recursos respectivos indicados en
el párrafo anterior y, de esta manera, cancelar las mesadas adeudadas a los
accionantes por parte de la Fundación San Juan de Dios a través del encargo
fiduciario, si no lo hubiere hecho ya, y poder así garantizar la subsistencia
digna de los demandantes, mientras se dan las concertaciones del caso, a través
del Consejo Administrador del Fondo del Pasivo (Artículo 5º del Decreto 530 de
1994), para lograr formulas eficaces en cuanto al pago de las mesadas
pensionales presentes y futuras adeudadas a los accionantes.
IV. DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la Sala Quinta de
Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- REVOCAR las sentencias proferida el 13, 14,
18 y 19 de diciembre de 2000, por el Juzgado Veintiocho Civil del Circuito de
Bogotá, que conoció de las tutelas Nos. T-415525; T-415524; T-415523; T-416476
y T-417307 y del 15 de diciembre de 2000, decidida por el Juzgado Treinta y
Nueve Civil del Circuito de Bogotá, que estudió el expediente No. T-415693, y
en su lugar CONCEDER las tutelas.
Segundo.- INAPLICAR el artículo 4º del Decreto 3061 de 1997,
siempre y cuando no se haya efectuado el pago de las mesadas adeudadas a los
actores, con el fin de que la Nación gire, al encargo fiduciario
correspondiente, en un término de cuarenta y ocho (48) horas, a partir de la
notificación de este Fallo, el valor de las mesada adeudadas a los pensionados
hasta la fecha, mientras se dan las concertaciones del caso, a través del
Consejo Administrador del Fondo del Pasivo (Artículo 5º del Decreto 530 de
1994),  para lograr formulas eficaces en cuanto al pago de las mesadas
pensionales presentes y futuras adeudadas a los accionantes. De no existir
disponibilidad presupuestal, dispondrán del mencionado término para iniciar las
gestiones pertinentes a fin de conseguir los recursos para cumplir con el pago
aquí ordenado, el cual deberá estar hecho en un plazo máximo de tres (3) meses.
Tercero.- ORDENAR al representante legal de la Fundación
San Juan de Dios a través del encargo fiduciario, cancelar en el término máximo
de cuarenta y ocho horas (48), contados a partir de la consignación que realice
la Nación de conformidad con el numeral segundo de este Fallo, la totalidad de
las mesadas  adeudadas  a  los  señores  Pedro  Antonio  Gamboa  Gamboa
(T-417307);  Ana Silva Castellanos de García (T-416476); Inés Vargas de Quijano
(T-415523); Claudia Montero Amórtegui (T-515525); Alba Cecilia Cuenca Hernández
de Alba  (T-415524) y María del Carmen Camacho de Calderón (T-415693), si no lo
hubiere hecho ya.
Cuarto.- El desacato a lo ordenado en esta providencia, se
sancionará de conformidad con lo señalado en el artículo 52 del decreto 2591 de
1991.
Quinto.- Por Secretaría líbrese la comunicación de que trata
el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1]
El Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud se denominará Fondo del
Pasivo, de conformidad con el  parágrafo del artículo 2º, en adelante.
[2] El Fondo del Pasivo contará con un Consejo Administrador donde
estará presidido por el Ministerio de Salud o su delegado (Artículo 5º del
Decreto 530 de 1994).
[3] Folio 13 del expediente de tutela No. T-417307.
[4] Ver sentencias T-225 de 1994 y T-435 de 1994.
[5] Sentencia T-307 de 2001. M.P. : Alfredo Beltrán Sierra.
[6] Cfr. sentencias T-323 de 1996, T-124,  T-299 y T-271 de 1997.
[7] El artículo 19 del Decreto 530 de 1994, afirma: Una vez
determinada la responsabilidad financiera se firmarán contratos entre el
Ministerio de Salud y la entidad privada. "El ministerio enviará copia
de dicho contrato a la entidad fiduciaria encargada de realizar los giros
correspondientes para cancelar la deuda a cargo de la Nación".
[8] Folio 10 del expediente de tutela No. T-417307.
[9] Folio 13 del expediente de tutela No. T-417307.
[10] El artículo 8º del Decreto 350 de 1994 señala: "Beneficiarios
del fondo del pasivo. Con sujeción a lo establecido en los numerales
1º y 2º del artículo 33 de la Ley 60 de 1993, serán beneficiarios del fondo del
pasivo, aquellos servidores públicos o trabajadores privados que no tengan
garantizado el pago de su pasivo prestacional causado o acumulado hasta el fin
de la vigencia presupuestal de 1993, por concepto de cesantías, reserva para
pensiones y pensiones de jubilación, siempre y cuando pertenezcan a una de las
siguientes entidades o dependencias del sector salud...", como es el
caso de la Fundación San Juan de Dios de Bogotá.
[11] Folio 12 del expediente de tutela No. 417307.
[12] Folio 13 del expediente de tutela No. T-417307.
[13]
"... Según el art. 4o., la Constitución es norma de normas y por
consiguiente el fundamento jurídico de validez de todas las normas que integran
el ordenamiento jurídico. Por consiguiente, todas las normas
infraconstitucionales tienen como referente necesario a aquélla y deben
adecuarse a sus mandatos; es decir, que toda la producción jurídica normativa
emanada de los órganos del Estado que tienen poder de regulación, en cuanto
constituidos y subordinados a la Constitución, no puede estar en contradicción
o contraposición o resultar incompatible con ésta. Si ello eventualmente
ocurriera, el control constitucional a manera de dispositivo de seguridad entra
en funcionamiento para restablecer el imperio y la supremacía de la
Constitución (arts. 4o., 237-2, 238 y 241)" (Sentencia T-397 de 1997. M.P.:
Antonio Barrera Carbonell).
Así mismo, pueden consultarse los autos ICC-118 de 200 M.P.:
Alfredo Beltrán Sierra; ICC-235 de 2001 M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa,
entre otros.
[14] Por el cual se adiciona y modifica parcialmente el Decreto 350 de
1994 y se dictan otras disposiciones. El Decreto 530 de 1994, reglamenta los
artículos 33 de la Ley 60 de 1993 y 242 de la Ley 100 de 1993, mediante el
artículo 2º se definió el objeto del fondo nacional del pasivo prestacional del
sector salud, que dice: "El fondo tiene por objeto garantizar el pago
de la deuda prestacional del sector salud, causada o acumulada a diciembre 31
de 1993 por concepto de cesantías, reservas para pensiones y pensiones de
jubilados, cuya obligación se atribuye a la Nación de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 33 de la Ley 60 de 1993, 242 de la Ley 100 de 1993 y
el presente decreto".