T-537-15
Sentencia T-537/15
DERECHO AL MINIMO VITAL Y PAGO OPORTUNO DE MESADAS PENSIONALES-Orden a Colpensiones cancelar, de manera transitoria, las mesadas
pensionales adeudadas a través de agencia oficiosa  a persona de la tercera
edad incapaz de movilizarse
Mientras se adelantan las
diligencias necesarias para que la accionante otorgue poder especial para
reclamar las mesadas pensionales adeudadas y de las que en lo sucesivo se
causen o, si a ello hubiese lugar, se logre una declaratoria de interdicción o
se designe un curador provisional, se dispondrá que la cancelación efectiva de
las mismas se haga directamente a la agente oficiosa, en su condición de hija
de la agenciada, por las siguientes razones: (i) porque dado el estado de salud
de su progenitora no puede concurrir directa y personalmente al banco dispuesto
para el pago; (ii) porque la citada agente oficiosa tiene una relación especial
de guarda y confianza respecto de la beneficiaria, como se deriva de su actitud
permanente dirigida a garantizar sus derechos por la vía de la agencia
oficiosa; y (iii) porque la orden dispuesta por el Consejo de Estado no se ha
hecho efectiva, a causa de un elemento fáctico surgido con posterioridad a la
interposición de la primera acción y que no fue examinado por los jueces de
tutela en su momento, que implica que persista la afectación del mínimo vital
de la accionante.
ACTUACION TEMERARIA Y COSA JUZGADA EN MATERIA DE TUTELA-Buscan evitar la presentación sucesiva, además de múltiple de las
acciones de tutela
Las instituciones de la cosa
juzgada y la temeridad pretenden evitar la presentación sucesiva y simultánea
de las acciones de tutela. Aun cuando son conceptos diferentes, existen
hipótesis en las que confluyen. Así, por ejemplo, únicamente se presenta la temeridad,
cuando se incurre en la presentación simultánea de dos o más solicitudes que
presentan la triple identidad a la que se ha aludido, sin motivo que lo
justifique y sin que ninguna haya hecho tránsito a cosa juzgada. Por el
contrario, existe cosa juzgada y temeridad, cuando se interpone una acción de
amparo sobre una causa decidida previamente en otro proceso de igual
naturaleza, sin que existan razones que justifiquen la nueva solicitud. En este
último caso, sólo habrá lugar a la imposición de una sanción, como se explicó,
cuando se acredite que el actuar de quien incurrió en dicha conducta es
contrario a los postulados de la buena fe.
ACCION DE TUTELA TEMERARIA-Para que se
configure la temeridad debe evidenciarse la mala fe en el actuar del
peticionario
TEMERIDAD-Configuración
Para que exista una actuación
temeraria es necesario que concurran tres elementos: identidad de causa,
identidad de partes e identidad de pretensiones o de objeto.
ACCION DE TUTELA TEMERARIA-Situaciones que se
pueden presentar como sanción pecuniaria, exoneración de sanción e inexistencia
de temeridad
DERECHO AL GOCE EFECTIVO DE LA MESADA PENSIONAL-Imposibilidad del pensionado para otorgar autorización general o que la
administración de la cuenta se confíe a un apoderado o representante
Referencia: Expediente T-4.452.994
Asunto: Acción de tutela instaurada por la señora Alisson
Ramírez Ortegón, como agente oficiosa de la señora Rosa Inés Ortegón de
Ramírez, contra Coomeva EPS
Magistrado Ponente:
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Bogotá DC, veintiuno (21)
de agosto de dos mil quince (2015).
La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por los Magistrados Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Gloria Stella
Ortiz Delgado y Luis Guillermo Guerrero Pérez, quien la preside, en ejercicio
de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas
en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política y 33 y subsiguientes
del Decreto 2591 de 1991, ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
Proferida en reemplazo de
la Sentencia T-905 de 2014[1], anulada mediante Auto 332 de 2015[2]
por la Sala Plena de la Corte Constitucional, dentro del proceso de revisión
del fallo de tutela proferido el 18 de junio de 2014 por el Juzgado 59 Civil
Municipal de Bogotá DC, correspondiente al trámite de la acción de amparo
constitucional impetrada por la señora Alisson Ramírez Ortegón, como agente
oficiosa de la señora Rosa Inés Ortegón de Ramírez, contra Coomeva EPS.
I. ANTECEDENTES
El 9 de junio de 2014, la
señora Alisson Ramírez Ortegón, actuando como agente oficiosa de la señora Rosa
Inés Ortegón de Ramírez, presentó acción de tutela en contra de Coomeva EPS,
con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales a la vida digna,
a la salud y al mínimo vital, que consideró vulnerados por la negativa de la
entidad accionada de autorizar el servicio de enfermería en casa durante 24
horas y por el hecho de suspender el pago de la pensión reconocida a su favor a
partir de agosto de 2012.
1.1. Hechos relevantes
que aparecen en el expediente
1.1.1. La señora Rosa
Inés Ortegón de Ramírez, agenciada en este proceso de tutela, tiene 83 años y
se encuentra afiliada a Coomeva EPS[3]. Hace aproximadamente tres años fue
diagnosticada con meningioma pterional izquierdo con masa intercraneal que se
extiende a lo largo del hemicráneo con moderado efecto comprensivo, diabetes
mellitus e hipertensión arterial. Actualmente vive con su esposo, una persona
de la misma edad[4], recibiendo una mesada pensional
equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente que paga Colpensiones, a
través del Banco Popular en su sede de Chapinero.
1.1.2. Como consecuencia
de su actual condición de salud, la agenciada ha sido hospitalizada en
diferentes ocasiones y se encuentra imposibilitada para valerse por sí misma.
Por esta razón, en reiteradas oportunidades, sus hijos han solicitado a su
favor la autorización de atención domiciliaria con enfermería durante 24 horas[5].
A pesar de lo anterior, la entidad demandada no ha autorizado el servicio en las
condiciones pedidas por su familia.
1.1.3. Ante la citada
negativa, la señora Alisson Ramírez Ortegón, hija de la señora Rosa Inés
Ortegón de Ramírez, interpuso una acción de tutela en el año 2013 en contra de
Coomeva EPS, con el propósito de solicitar el amparo de sus derechos
fundamentales a la vida digna, a la salud y al mínimo vital. En concreto, se
solicitó que se ordenara no enviar a la paciente a su casa[6],
pues se consideró que la prestación integral de los servicios médicos debía
seguir siendo prestado en la Clínica Palermo, tal como se había hecho durante
su hospitalización. De manera subsidiaría, en caso de que se diera de alta a la
usuaria, se demandó la prestación del servicio de enfermería en casa las 24
horas al día “para que atienda todo lo relacionado con el cuidado de la
alimentación parenteral, cuidados dermatológicos, baño y aseo personal, cambios
de posición, cuidado y manejo de gastronomía, administración de medicamentos,
manejo de oxígeno, los que debido a su complejidad única y exclusivamente
pueden ser prestados por un profesional entrenado en el área”[7].
Finalmente, se reclamó el suministro de pañales y el pago efectivo de la mesada
pensional, cuya cancelación se había suspendido desde agosto del 2012.
Como fundamento de esta
demanda de amparo, en primer lugar, se señaló que la agenciada estaba
hospitalizada en la Clínica Palermo y que el médico tratante le recomendó el
traslado a su casa, pues la paciente se encontraba en una etapa terminal, que
no requería ser manejada desde el hospital. En segundo lugar, se señaló que la
señora Ortegón de Ramírez era una persona de la tercera edad que no contaba con
recursos económicos suficientes para sufragar los gastos económicos que se
derivaban de su enfermedad, ya que recibía una prestación pensional equivalente
a un salario mínimo, la cual, por lo demás, no se venía pagando desde agosto de
2012. Finalmente, se manifestó que la agenciada vivía en la casa con su esposo,
quien no estaba en condiciones de capacitarse para atender los requerimientos
médicos que demandaba su situación, en la medida en que se trataba de una
persona mayor de 80 años[8], siendo necesaria la disposición de una
persona que pudiera cuidarla permanentemente.
1.1.3.1. La acción de la
referencia fue conocida en primera instancia por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, el cual, a través de sentencia del 28 de febrero de 2013, decidió
amparar los derechos fundamentales a la vida digna y a la salud de la
agenciada. En este orden de ideas, ordenó la entrega periódica de pañales, (ii)
“el servicio de cuidador primario permanente, por turnos, con personal
especializado e idóneo en los cuidados requeridos (…), hasta tanto persistan
las circunstancias que originan esta necesidad” y (iii) todos los “procedimientos
médicos necesarios para atender integralmente la enfermedad que [la señora
Ortegón de Ramírez] padece”[9]. En esta oportunidad, no se
realizó pronunciamiento alguno en relación con la solicitud de pago de la
mesada pensional.
Con posterioridad, el 7
de marzo del año en cita, la Congregación de Hermanas de la Caridad Dominicas
de la Presentación de la Santísima Virgen solicitó al juez de primera instancia
la adición de la sentencia de la referencia, específicamente en lo que atañe al
“cubrimiento que debe realizar la EPS Coomeva a los servicios oportunamente
prestados por la Clínica Palermo hasta el día efectivo de la salida del
paciente. De igual forma, si los servicios prestados, tienen o no cargo por
concepto de cuotas moderadoras o copagos por parte de la paciente y su familia.”[10]
Al respecto, en providencia del 8 de marzo de 2013, el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca señaló que la citada entidad de salud debía asumir todos los
costos de hospitalización de la agenciada.
1.1.3.2. En segundo
instancia, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado decidió
confirmar el fallo del a quo, en lo tocante al amparo de los derechos
fundamentales a la vida digna y a la salud. Sin embargo, consideró oportuno
modificar algunas de las órdenes expuestas y adicionar otras tendientes a la
efectiva protección de los derechos amenazados. En este sentido, en sentencia
del 6 de junio de 2013, dispuso que:
-
En cuanto a la prestación del servicio
de enfermería en casa, teniendo en cuenta la valoración realizada el 15 día de
marzo de 2013 a la señora Rosa Inés Ortegón de Ramírez por un médico
domiciliario, a través de la empresa SETECA (Servicios Terapéuticos en Casa),
se determinó que dicho servicio se requería durante 6 horas al día y no por las
24 que había dispuesto el a quo, ya que, atendiendo a la condición de
salud de la agenciada, los cuidados no médicos podían ser asumidos por un
familiar o por alguna persona capacitada para dichos efectos por el médico
domiciliario[11]. Sumado a lo anterior, el Consejo de
Estado advirtió sobre el imperante deber de cuidado y auxilio que tiene la
familia y, por ende, los hijos de la señora Ortegón de Ramírez, de colaborar en
los cuidados no médicos que se deriven de su condición.
-
En lo que respecta a la suspensión del
pago de la mesada pensional, el ad quem decidió amparar el derecho al
mínimo vital de la agenciada y ordenó al ISS y a Colpensiones el pago efectivo
y oportuno de dicha prestación.
1.1.3.3. Es oportuno
mencionar que entre el fallo de primera instancia que profirió el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y la decisión de segunda instancia adoptada por
el Consejo de Estado, la empresa SETECA prestó el servicio de atención
domiciliaria durante 24 horas al día. Una vez la Subsección B de la Sección
Segunda de este último Tribunal, concluyó que la atención del médico en casa se
requería por un total de 6 horas diarias, la citada empresa ajustó el tiempo de
prestación de sus servicios, de acuerdo con las instrucciones dadas por Coomeva
EPS[12].
1.1.3.4. Más adelante, se
promovieron dos incidentes de desacato, siendo negados en ambas ocasiones por
el juez de primera instancia (21 de febrero y 28 de mayo del 2014), al
considerar que las autoridades accionadas habían cumplido, hasta el momento,
con las obligaciones derivadas de los fallos de amparo[13].
En uno de dichos escritos, esto es, el correspondiente al 21 de mayo de 2014,
la señora Alisson Ramírez le solicitó al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca que revalorara la prestación de 6 horas del servicio médico
domiciliario y que ordenara al Banco Popular la cancelación de las mesadas
pensionales que se le adeudaban, toda vez que las mismas no se habían pagado
desde que se profirió la decisión judicial que lo ordenaba.
1.1.4. A pesar del amparo
proferido por los jueces de tutela y de las decisiones adoptadas al resolver
los incidentes de desacato, la señora Alisson Ramírez Ortegón radicó el pasado
9 de junio de 2014 una nueva acción de tutela contra Coomeva EPS, cuya decisión
de instancia constituye la materia objeto de revisión (CP art. 241. 9). En esta
oportunidad, en la que de nuevo actúa como agente oficioso de la señora Rosa
Inés Ortegón de Ramírez, se insiste en la protección de los derechos
fundamentales a la vida digna y a la salud, con fundamento básicamente en los
mismos hechos que dieron lugar a la primera acción de amparo, esto es:
-
Que la señora Ortegón de Ramírez es una
persona de la tercera edad, que hace tres años fue diagnosticada con meningioma
pterional izquierdo con masa intercraneal que se extiende a lo largo del hemicráneo
con moderado efecto comprensivo, diabetes mellitus e hipertensión arterial,
condición que le impide valerse por sí misma y auto controlarse.
-
Que la agenciada vive con su esposo,
que actualmente tiene 83 años, quien no puede asumir las labores de enfermería
que requiere la señora Ortegón de Ramírez. Esto implica que deba suministrarse,
en su opinión, el servicio de enfermería durante 24 horas[14].
-
Que no cuenta con los recursos
económicos suficientes para cubrir los gastos médicos que se derivan de su
padecimiento, ya que su único ingreso es una pensión equivalente a un salario
mínimo que el Banco Popular no cancela desde agosto de 2012, pues a pesar de
existe un fallo judicial que ordenó el pago inmediato y que Colpensiones
transfirió los recursos, no los quieren entregar al señalar que sólo lo pueden
hacer directamente a la señora Rosa Inés Ortegón de Ramírez y no a su hija[15].
1.2. Solicitud de
amparo
En virtud de lo anterior,
la accionante solicita que se amparen los derechos fundamentales de su
progenitora a la vida digna, a la salud y al mínimo vital. Por consiguiente,
pide que se ordene a Coomeva EPS que preste el servicio de enfermería
domiciliaria durante 24 horas y que, además, se le imponga a Colpensiones el
deber de pagar la pensión adeudada desde el mes de agosto de 2012.
1.3. Contestación de
las entidades accionadas e intervención de terceros
En Auto del 9 de junio de
2014, el Juzgado 59 Civil Municipal de Bogotá DC admitió la presente tutela y
ordenó vincular al Ministerio de la Protección Social, a la empresa SETECA, a
la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo. Como medida
cautelar dispuso la prestación del servicio de enfermería domiciliaria durante
24 horas.
Por otra parte, se ofició
al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que informara si existió o no
un trámite de incidente de desacato en contra de la EPS y se dispuso a esta
última realizar una nueva valoración del cuadro clínico de la agenciada, con el
fin de establecer si es necesaria la prestación del servicio de enfermería
durante 24 horas[16].
1.3.1. Contestación de
Coomeva EPS
La citada Entidad
Promotora de Salud precisó que, según los registros que anexan a la
contestación, “a la paciente se le han autorizado los servicios de consultas
especializadas, medicamentos, exámenes, diagnósticos, hospitaliza-ciones,
terapias domiciliarias, y enfermería domiciliaria según lo ordenado por los
médicos tratantes”. En lo que atañe al servicio de atención domiciliaria de
enfermería, se resaltó que de acuerdo con las valoraciones médicas realizadas
en la residencia de la paciente por el médico tratante los días 5 de mayo y 12
de junio del año 2014, la última como respuesta a la solicitud del juez de
instancia, no han cambiado los supuestos fácticos que dieron lugar al fallo del
primer proceso de tutela, lo que significa que en términos médicos se requieren
de 6 horas de enfermería domiciliaria.
Conforme a lo expuesto,
estima que la presente acción constituye una actuación temeraria de la señora
Alisson Ramírez Ortegón, por lo que pide  desestimar la pretensión respecto de
la EPS, en la medida en que ésta ha cumplido cabalmente con el suministro de
los servicios y medicamentos que se han derivado de su situación médica, de
acuerdo con lo ordenado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la
sentencia del 28 de febrero de 2013 y confirmado por el Consejo de Estado en el
fallo del 6 de junio del año en cita.
1.3.2. Contestación de
SETECA, Servicios Terapéuticos en Casa
La empresa en mención
informó que no tiene injerencia en la autorización de los servicios de atención
médica que prestan, ya que, en todos los casos, su actuación depende del
contrato suscrito con Coomeva EPS.
1.3.3. Contestación
del Ministerio de la Protección Social
El Ministerio de la
Protección Social solicitó al juez de tutela abstenerse de realizar cualquier
tipo de pronunciamiento respecto de la posibilidad de recobro al FOSYGA, “para
que de esta forma las EPS utilicen los mecanismos legales y administrativos
establecidos para tal fin, lo anterior teniendo en cuenta que podrían verse
afectados recursos públicos y se violaría el principio de legalidad del gasto.”[17]
1.3.4. Contestación de
la Procuraduría General de la Nación
La Jefe de la Oficina
Jurídica de la Vista Fiscal manifestó que carece de legitimación por pasiva,
puesto que no existió ninguna actuación omisiva de su parte que diera lugar a
la interposición de la presente acción de amparo. También precisó que si bien
se seleccionó este caso para realizar una intervención preventiva, a la fecha
no habían realizado acompañamiento alguno, que implicara su reconocimiento como
parte accionada en el proceso.
1.3.5. Contestación de
la Defensoría del Pueblo
El Defensor Regional de
Bogotá DC afirmó que la entidad que representa tampoco tiene legitimación por
pasiva, ya que al revisar el sistema de información institucional no aparecen
como usuarias, afectadas o peticionarias, las señoras Alisson Ramírez Ortegón y
Rosa Inés Ortegón de Ramírez. Sin perjuicio de lo anterior, en virtud de sus
funciones constitucionales y legales, manifestar estar atento a ejercer la
debida vigilancia a lo que sea ordenado por el juez de tutela en el caso
concreto.
1.3.6. Intervención
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
En comunicación
extemporánea, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca informó que tramitó
dos incidentes de desacato, que fueron resueltos por medio de providencias del
21 de febrero y del 28 de mayo del 2014.
El primero de ellos se
inició a través de una solicitud presentada por la parte actora en el mes de
diciembre de 2013. En síntesis, el Tribunal encontró que Colpensiones había
reactivado el pago de la prestación pensional desde enero de 2014, puesto que
ya se habían transferido los recursos al Banco Popular para cubrir el monto de
lo adeudado. Además, también se había cancelado a la EPS el retroactivo de los
aportes que se encontraban en mora, con el fin de evitar una afectación en la
prestación de los servicios médicos que recibía la señora Rosa Inés Ortegón de
Ramírez.
El segundo se originó por
intermedio de una petición presentada el 21 de mayo de 2014, en la que se pidió
al Tribunal reevaluar la prestación del servicio de enfermería a favor de la
señora Ortegón de Ramírez. En providencia del día 28 del mismo mes y año, la
citada autoridad judicial concluyó que: “las órdenes impartidas se
encuentran cumplidas; empero si persisten vulneraciones diferentes a las
que se dictaron en el fallo que confirmó y adicionó el H. Consejo de Estado, la
parte actora deberá ponerlas en conocimiento de la entidad accionada y en caso
de que persista renuencia por resolver lo peticionado, interponer una nueva
acción constitucional a fin de que sean estudiadas las nuevas circunstancias
que considera conculcan sus derechos.”[18]
(Se subraya por fuera del texto original)
II. SENTENCIA OBJETO
DE REVISIÓN
En sentencia del 18 de
junio de 2014, el Juzgado 59 Civil Municipal de Bogotá DC resolvió negar el
amparo de tutela invocado por la señora Allison Ramírez Ortegón, como agente
oficiosa de la señora Rosa Inés Ortegón de Ramírez, al considerar que “en lo
objetivo y en lo sustancial, ya fueron materia de definición en el pretérito
fallo tutelar del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y del Consejo de
Estado, pues en aquella oportunidad, el marco fáctico se centró y tuvo como
punto de partida, el mismo diagnóstico y patología a nivel del sistema nervioso
que padece”[19].
III. PRUEBAS
En el expediente obran
las siguientes pruebas relevantes:
3.1. Copia de la cédula
de ciudadanía de la señora Rosa Inés Ortegón de Ramírez[20].
3.2. Copia de la cédula
de ciudadanía del señor Luis Alberto Ramírez Barrero, esposo de la paciente y
padre de la accionante[21].
3.3. Copia de la historia
médica de la señora Ortegón de Ramírez, en la que consta el diagnóstico de su
padecimiento, los momentos en que ha sido hospitalizada y las constancias de
las consultas médico-domiciliarias que ha recibido[22].
3.4. Copia del fallo de
primera instancia de la tutela inicialmente interpuesta por la señora Alisson
Ramírez Ortegón, como agente oficiosa de la señora Rosa Inés Ortegón de
Ramírez, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 28 de
febrero de 2013. Como ya se dijo, en esta providencia se decidió amparar los
derechos a la vida digna y a la salud de la agenciada, por virtud de lo cual se
ordenó: (i) la entrega periódica de pañales; (ii) el servicio de 24 horas de
atención domiciliaria y (iii) el tratamiento integral que demandara la
enfermedad de la paciente[23].
3.5. Copia de la
sentencia de segunda instancia proferida por el Consejo de Estado el día 6 de
junio de 2013, en el proceso de amparo inicialmente propuesto por la señora
Alisson Ramírez Ortegón, como agente oficiosa de la señora Rosa Inés Ortegón de
Ramírez. En este fallo se decidió confirmar parcialmente la decisión adoptada
por el a quo y modificar lo relativo, en primer lugar, al servicio de
atención domiciliaria, cuya prestación se sometería a un término de duración de
6 horas diarias, de acuerdo con el concepto médico emitido por el profesional
tratante. Adicionalmente, en segundo lugar, se dispuso a cargo de Colpensiones
la obligación de reanudar el pago de la pensión que se había dejado de cancelar
desde agosto de 2012[24].
3.6. Copia del escrito
referente a la segunda solicitud de desacato, aparentemente dirigido a exigir
el cumplimiento de los fallos de tutela proferidos por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y por el Consejo de Estado. En esta oportunidad,
se solicitó que fuese reevaluada la prestación del servicio de atención
domiciliaria por 24 horas a favor de la señora Ortegón de Ramírez, como
inicialmente había sido dispuesto[25].
3.7. Copia de los dos
autos proferidos por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en los que
resolvió los incidentes de desacato propuestos por la parte accionante, con
fechas del 21 de febrero y 28 de mayo de 2014. En ambas ocasiones, el juez de
instancia decidió negar la solicitud formulada, al considerar que los entes
demandados habían cumplido, hasta el momento, con las obligaciones derivadas de
los fallos de amparo[26].
IV. CONSIDERACIONES
4.1. Competencia
La Sala de Selección de Tutelas Número Ocho, mediante Auto
del 6 de agosto de 2014, dispuso la revisión de la citada sentencia de tutela,
de conformidad con lo previsto en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución
Política, 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y demás disposiciones pertinentes.
Al considerar que se presentaba unidad de materia, en la
providencia en cita se dispuso acumular el presente expediente con el número
T-4.360.866, para que fuesen fallados en una sola sentencia. No
obstante, al encontrar que las situaciones fácticas de uno y otro caso difieren
sustancialmente, la presente Sala de Revisión decidió desacumularlos, en
providencia del 24 de septiembre de 2014.
4.2.
Actuaciones en sede de Revisión
4.2.1. En Auto proferido
por el Magistrado Sustanciador el 25 de septiembre de 2014, se dispuso que por
Secretaría General de esta Corporación se oficiara a Coomeva EPS para que, en
el término de cinco días hábiles contados a partir de la notificación de la
citada providencia, se informara a la Corte lo siguiente: (i) la manera cómo se
había llevado a cabo la prestación del servicio de atención domiciliaria a
favor de la señora Rosa Inés Ortegón de Ramírez, en desarrollo de lo dispuesto
en la sentencia proferida por el Consejo de Estado el 6 de julio de 2013. De
igual manera, también se preguntó (ii) si se había modificado de forma alguna
la prestación del citado servicio, y (iii) si desde la fecha de la aludida
sentencia, se habían realizado nuevas valoraciones sobre la condición de salud
de la paciente, en qué ocasiones y con qué resultados.
En respuesta a los
anteriores requerimientos, la entidad demandada señaló que habrá garantizado la
prestación de todos los servicios médicos requeridos por la paciente durante el
tratamiento de su patología, allanándose integralmente al cumplimiento de los
fallos de tutela proferidos por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y
por el Consejo de Estado, el 28 de febrero y el 6 de junio de 2013, respectivamente.
En sustento de lo afirmado, anexa una relación de todos los servicios y
medicamentos que se han ordenado a favor de la señora Ortegón de Ramírez,
haciendo alusión en cada uno de ellos: al servicio prestado, a la fecha, al
tipo de procedimiento y a la entidad prestadora.
4.2.2. Al mismo tiempo
que se surtía la actuación previamente reseñada, por medio de la Secretaría
General de la Corte, se ofició a la señora Allison Ramírez Ortegón para que, en
el término de cinco días hábiles, informara a la Corte lo siguiente: (i) cuáles
fueron los nuevos hechos que dieron lugar a la interposición de la presente
acción de tutela; (ii) si en la actualidad la EPS está prestando el servicio de
atención domiciliaria, y (iii) si se ha realizado el pago efectivo de la mesada
pensional por parte de Colpensiones.
En cuanto a lo anterior,
en primer lugar, la señora Ramírez Ortegón informó que el servicio de atención
domiciliaria actualmente se presta durante 6 horas diarias por parte de la
empresa Servicios Terapéuticos en Casa -SETECA-, pero dado que su madre “continúa
presentando un cuadro clínico crónico”[27],
considera que ese tiempo no es suficiente para satisfacer las necesidades de
cuidado que requiere. En segundo lugar, agregó que el Banco Popular no ha
cancelado las mesadas pensionales y aclaró que “cuando Colpensiones colocó
el dinero a disposición [en dicho banco], [éste] no lo canceló en razón a que
necesitaba que personalmente la señora Rosa Inés Ortegón de Ramírez acudiera a
la entidad bancaria [a] recibir su mesada”[28].
4.2.3. Finalmente, en el
mismo Auto del pasado 25 de septiembre de 2014, se ofició por medio de la
Secretaría General de esta Corporación al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y a Colpensiones, respecto del primero para indagar sobre el cumplimiento
de las sentencias proferidas en el primer proceso de tutela promovido a favor
de la señora Rosa Inés Ortegón de Ramírez y; en cuanto al segundo, para que una
vez incorporado al proceso, informara sobre el pago de la mesada pensional a
favor de la agenciada[29]. Vencido el término previsto en el
respectivo auto no se recibió respuesta alguna.
4.3. Problema jurídico
y esquema de resolución
4.3.1.
De los hechos presentados hasta el momento, cabe resaltar que existen dos
procesos de tutela sucesivos que parecieran guardar conexidad temática. Así las
cosas, en aras de determinar la procedencia de la presente acción, inicialmente
esta Sala de Revisión deberá entrar a examinar si, pese a la similitud de los
casos, la interposición de este segundo amparo tuvo lugar ante la ocurrencia de
un hecho nuevo que demanda un pronunciamiento diferente por parte del juez de
tutela o si, por el contrario, se trata de una demanda temeraria cobijada por
el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, caso en el cual cabe la
declaratoria de improcedencia de la acción.
En el
evento de presentarse el primer escenario, esto es, siempre que no exista cosa
juzgada, esta Corporación deberá entrar a examinar si Coomeva EPS vulneró los
derechos fundamentales a la vida digna y a la salud de la señora Rosa Inés
Ortegón de Ramírez, como consecuencia de su decisión de no aumentar a 24 horas
el servicio de atención domiciliaria que actualmente proporciona en una jornada
de 6 horas diarias. Por otra parte, también deberá precisar, si se presenta un
desconocimiento de los derechos al mínimo vital y a la vida digna de la citada
señora, dada la circunstancia de que Colpensiones no ha adoptado las medidas
pertinentes para asegurar el pago de la mesada pensional reconocida a su favor,
la cual se había suspendido desde agosto de 2012 y cuya cancelación se ordenó
–tanto en lo adeudado como en lo sucesivo– por parte del Consejo de Estado.
4.3.2.
A partir de la definición de las materias objeto de controversia y teniendo en
cuenta que en la jurisprudencia constitucional se encuentran claramente
determinadas las reglas jurídicas aplicables al caso, esta Sala de Revisión se
referirá brevemente a la temeridad y al respeto por la cosa juzgada
constitucional. Una vez concluido el estudio del tema de la referencia, se
procederá a la resolución del asunto en concreto.
4.4.
De la temeridad en la acción de tutela y el respeto por la cosa juzgada
constitucional. Solución del caso concreto
4.4.1. De conformidad con
lo previsto en el artículo 228 de la Constitución Política, la Administración
de Justicia es una función pública cuyo objetivo es el de “hacer efectivos
los derechos, obligaciones, garantías y libertades consagrados en [la
Constitución y las leyes], con el fin de realizar la convivencia social y lograr
y mantener la concordia nacional”[30].
En relación con tal
finalidad, el Constituyente estableció expresamente el derecho de toda persona
de acceder a la justicia, incluso sin la necesidad de representación
profesional, siempre y cuando se trate de aquellos casos contemplados en la
ley, como ocurre respecto de la acción de tutela[31].
Como obligación correlativa, pero también como parte del desarrollo de la
citada finalidad, fue consagrado el deber de todo colombiano de colaborar con
el buen funcionamiento de la Administración de Justicia[32],
lo que supone –entre otras– la exigencia de obrar sin temeridad en la búsqueda
de la realización de sus pretensiones[33].
El citado deber
constitucional está ligado con la obligación de actuar conforme con el
principio de lealtad procesal, el cual busca –a decir de sectores de la
doctrina[34]– evitar actuaciones de las partes que
dañen o afecten el adecuado desempeño de la Administración de Justicia (que
pueden concretarse en maniobras para entrabar procesos, dilatarlos o lograr
varios pronunciamientos sobre una misma causa) y que exigen de quien acude ante
los jueces de la República en defensa de sus derechos e intereses que obre de
buena fe, tal y como lo demanda el artículo 83 de la Constitución Política. Por
ello, el desconocimiento de este principio, faculta a las autoridades
judiciales para adoptar medidas que prevengan comportamientos contrarios a sus
postulados.
Sin embargo, como se verá
más adelante, cabe señalar que la jurisprudencia ha distinguido casos en los cuales,
a pesar de existir actuaciones que se considera que afectan el buen
funcionamiento de la Administración de Justicia, no por ello son contrarias a
la buena fe. Así, si bien el juez debe adoptar medidas para prevenir tal
incidencia negativa, no por ello acarrean responsabilidad alguna para la parte
que las cometió.
4.4.2. Ahora bien, para
precaver afectaciones a la administración de justicia en materia de acción de
tutela, cuyo funcionamiento se vería perjudicado si una persona, sin una
justificación razonable, elevase la misma causa ante los jueces de la
República, contra las mismas partes y buscando la satisfacción de idénticas
pretensiones, el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, estableció la figura de
la temeridad. Al respecto, la norma en cita expresamente señala que:
“Artículo 38. Actuación temeraria.
Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea
presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o
tribunales, se rechazará o decidirá desfavorablemente todas las solicitudes. //
El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de tutela respecto
de los mismos hechos y derechos, será sancionado con la suspensión de la
tarjeta profesional al menos por dos años. En caso de reincidencia, se le
cancelará su tarjeta profesional, sin perjuicio de las demás sanciones a que
haya lugar.”
Esta Corporación se
pronunció sobre la exequibilidad de esta norma en la Sentencia C-054 de 1993[35]
y la declaró ajustada a la Constitución, bajo las siguientes consideraciones:
“esta Corporación reitera aquí lo que ya ha establecido en Sala de Revisión de
Tutela, a propósito de la actuación temeraria, cuando sostuvo que con base en
los artículos 83, 95 y 209 de la Constitución, la actuación temeraria debe ser
controlada en aras de lograr la efectividad y agilidad en el funcionamiento del
Estado. En aquella oportunidad esta Corporación sostuvo que el abuso desmedido
e irracional del recurso judicial, para efectos de obtener múltiples
pronunciamientos a partir de un mismo caso, ocasiona un perjuicio para toda la
sociedad civil, porque de un 100% de la capacidad total de la administración de
justicia, un incremento en cualquier porcentaje, derivado de la repetición de
casos idénticos, necesariamente implica una pérdida directamente proporcional
en la capacidad judicial del Estado para atender los requerimientos del resto
de la sociedad civil.[36]”
Así las cosas, es claro
que la figura de la temeridad pretende precaver el uso desmedido e irracional
de la acción de tutela, lo cual incide positivamente en su efectividad y en la
celeridad de la Administración de Justicia[37]. Por ello, la
consecuencia procesal de incurrir en dicha conducta, como lo es el de rechazar
o decidir desfavorablemente todas las solicitudes, se ha considerado ajustada
al ordenamiento superior.
4.4.3. Como se infiere de
la norma previamente transcrita, para que exista una actuación temeraria es
necesario que concurran tres elementos: identidad de causa, identidad de partes
e identidad de pretensiones o de objeto.
En este sentido,
reiterando su jurisprudencia, en la Sentencia T-727 de 2011[38],
esta Corporación señaló que existe temeridad cuando se presenta: “(i) una
identidad en el objeto, es decir, que ‘las demandas busquen la satisfacción de
una misma pretensión tutelar o sobre todo el amparo de un mismo derecho
fundamental’[39]; (ii) una identidad de causa
petendi, que hace referencia a ‘que el ejercicio de las acciones se
fundamente en unos mismos hechos que le sirvan de causa’[40];
y, (iii) una identidad de partes, o sea que las acciones de tutela se hayan
dirigido contra el mismo demandado y, del mismo modo, se hayan interpuesto por
el mismo demandante, ya sea en su condición de persona natural o persona
jurídica, de manera directa o por medio de apoderado[41]”.
Con todo, la sola
concurrencia de tales elementos no conlleva el surgimiento automático de la
temeridad que, como ya se dijo, tiene por consecuencia la invalidad procesal de
la acción de tutela. Así, siguiendo lo establecido en el artículo 38 del Decreto
2591 de 1991, a pesar de la identidad de causa, objeto y pretensiones, el
accionante debe de carecer de un motivo justificado y expreso para incoar de
nuevo la acción constitucional. Al respecto, en la Sentencia T-919 de 2003[42],
este Tribunal apuntó que: “Cuando en un proceso aparezca como factible la
declaración de improcedencia en virtud de una posible identidad de partes,
hechos y pretensiones, el juez tiene el deber de verificar que tal posibilidad
en efecto se configure en el caso concreto y adicionalmente que no existe una
causa razonable para hacer uso nuevamente de la acción, en el caso de que
efectivamente se presente la identidad (…).”[43]
Por esta razón y
atendiendo a la presunción de buena fe que ampara los actos de los
particulares, puede declararse la ocurrencia de una temeridad, luego de que el
juez constitucional examine con cuidado las circunstancias que envuelven el
caso en concreto y establezca que la actuación, entre otras, “(i) resulta
amañada, en la medida en que el actor se reserva para cada demanda los
argumentos o pruebas que convalidan sus pretensiones[44];
(ii) denote el propósito desleal de ‘obtener la satisfacción del interés
individual a toda costa, jugando con la eventualidad de una interpretación
judicial que, entre varias, pudiera resultar favorable’[45];
(iii) deje al descubierto el ‘abuso del derecho porque deliberadamente y sin
tener razón, de mala fe se instaura la acción’[46]; o finalmente
(iv) pretenda a través de personas inescrupulosas asaltar la ‘buena fe de los
administradores de justicia’[47]”[48].
4.4.4. Como
reiteradamente lo ha expuesto esta Corporación[49], una vez se
acredita la existencia de una actuación temeraria, además de declarar la
improcedencia de la acción, en los términos del artículo 38 del Decreto 2591 de
1991, el juez de tutela puede imponer la sanción pecuniaria prevista en los
artículos 72 y 73 del Código de Procedimiento Civil (hoy artículos 80 y 81 del
Código General del Proceso) a quien incurre en dicho comportamiento, salvo que “el
ejercicio de las acciones de tutela se [haya]
funda[do] (i) en la ignorancia del accionante; (ii) en el asesoramiento errado
de los profesionales del derecho; o (iii) por el sometimiento del actor a un
estado de indefensión, propio de aquellas situaciones en que los individuos
obran por miedo insuperable o por la necesidad extrema de defender un derecho”.
En estos casos, si bien lo que se impone es declarar la improcedencia de las
acciones de tutela indebidamente interpuestas como lo dispone la ley, no es
viable la imposición de sanción alguna en contra de quien incurre en dicha
conducta, básicamente por la inexistencia de un supuesto que permita acreditar
que se actuó de mala fe[50].
En suma, cuando quiera
que una persona acuda ante el juez constitucional para que éste resuelva
idéntica causa, busque la satisfacción de idénticas pretensiones y demande a la
misma parte, salvo que exista un motivo expreso y razonable, deberá declararse
la improcedencia de la acción de tutela. En caso de que tal actuación no haya
obedecido –entre otras hipótesis– a la ignorancia, al asesoramiento errado o a
un estado de indefensión, además de tal declaratoria, deberá sancionarse a
quién obró con temeridad.
4.4.5. El conjunto de
reglas expuestas no sólo se aplican para aquellos casos en que se presenta un
ejercicio simultáneo de dos o más acciones de tutela, sino también
cuando su presentación ocurre de forma sucesiva, esto es, cuando
a la formulación de una nueva solicitud le antecede otra que ya ha sido
resuelta por las autoridades judiciales. En esta última hipótesis, en los que una misma persona instaura sucesivamente varias
acciones de amparo en las que converge la triple identidad (partes, hechos y
pretensiones), la Corte ha precisado que más allá de la declaratoria de
temeridad, es preciso estudiar si ha operado el fenómeno de la cosa juzgada
constitucional sobre la primera de las acciones promovidas, ya que, cuando
ello ocurre, por sustracción de materia, las tutelas subsiguientes son
improcedentes[51].
Para tal efecto, como se
expuso en la Sentencia SU-1219 de 2001[52], es preciso
recordar que, por regla general, cuando el juez de tutela resuelve un asunto en
concreto y posteriormente la Corte decide sobre su selección, la decisión
judicial sobre el caso se torna definitiva, inmutable y vinculante[53].
Si la Corte en ejercicio de la facultad discrecional de revisión, decide
seleccionar el caso para su estudio, la cosa juzgada constitucional se produce
con la ejecutoria del fallo de la propia Corte y, cuando no lo selecciona, la
misma opera a partir de la ejecutoria del auto en que se decide la no
selección. Luego de ello, la decisión queda ejecutoriada desde el punto de
vista formal y material, por lo que no es posible que se profiera un nuevo
pronunciamiento sobre el mismo asunto[54], pues ello desconocería la seguridad
jurídica que brinda esta herramienta de cierre del sistema jurídico.
En este caso y siempre
que no se acredite la existencia de una hipótesis que rompa la triple identidad
que exige la acreditación de la cosa juzgada o de un motivo que justifique la duplicidad
en el ejercicio del derecho de acción, el juez de tutela no sólo debe declarar
improcedente el amparo como consecuencia de un actuar temerario, sino
primordialmente como respuesta a la violación de la figura de la cosa juzgada
constitucional, ya que –de lo contrario– la acción de tutela perdería su
carácter de instrumento preferente y sumario de defensa de derechos
fundamentales, para convertirse en una vía para socavar los mínimos de
seguridad jurídica en que se fundamenta el Estado de Derecho.
De este modo, se concluye
que las instituciones de la cosa juzgada y la temeridad pretenden evitar la
presentación sucesiva y simultánea de las acciones de tutela. Aun cuando son
conceptos diferentes, existen hipótesis en las que confluyen. Así, por ejemplo,
únicamente se presenta la temeridad, cuando se incurre en la presentación
simultánea de dos o más solicitudes que presentan la triple identidad a la que
se ha aludido, sin motivo que lo justifique y sin que ninguna haya hecho
tránsito a cosa juzgada. Por el contrario, existe cosa juzgada y temeridad,
cuando se interpone una acción de amparo sobre una causa decidida previamente
en otro proceso de igual naturaleza, sin que existan razones que justifiquen la
nueva solicitud. En este último caso, sólo habrá lugar a la imposición de una
sanción, como se explicó, cuando se acredite que el actuar de quien incurrió en
dicha conducta es contrario a los postulados de la buena fe.
4.4.6.
Como se deriva de los antecedentes expuestos, en el asunto sub examine,
la señora Alisson Ramírez Ortegón –actuando como agente oficiosa de la señora
Rosa Inés Ortegón de Ramírez– presentó dos acciones de tutela contra Coomeva
EPS, en las que solicitó el amparo de los derechos fundamentales de su
progenitora a la vida digna, a la salud y al mínimo vital. La primera se radicó
en el mes de febrero de 2013 y la segunda el día 9 de junio de 2014. Esta
última dio origen a la sentencia proferida por el Juzgado 59 Civil Municipal de
Bogotá DC, cuya decisión se encuentra sometida al presente proceso de revisión,
en los términos del artículo 241.9 del Texto Superior.
A
juicio de esta Sala de Revisión, vistos los hechos que fundamentan el caso, es
claro que se está en presencia de un ejercicio sucesivo de la acción de
tutela respecto de una materia que guarda conexidad temática, por lo que se
debe determinar si respecto de lo solicitado ha operado el fenómeno de la cosa
juzgada constitucional, a partir de la primera decisión de amparo
proferida. Desde esta perspectiva, se entrará a determinar si existe la triple
identidad (partes, causa y objeto) y, de ser así, por sustracción de materia,
como ya se explicó, declarar la improcedencia de la última acción propuesta.
4.4.6.1.
En primer lugar, al examinar la sentencia proferida por el juez de primera
instancia en la presente causa, se encuentra que éste denegó el amparo
propuesto, al encontrar que –en general– se configuraba una duplicidad en el
ejercicio del derecho de acción, pues las pretensiones aquí propuestas ya
habían sido resueltas por los jueces de tutela en el proceso preexistente. En
este orden de ideas, se manifestó que:
“[E]sta instancia de
tutela, delanteramente procederá a negar la presente solicitud impetrada por la
accionante a través de su agente oficioso, pues considera el juzgado, que tanto
los supuestos fácticos, como los elementos de pretensión aquí traídos, en lo
objetivo y en lo sustancial, ya fueron materia de definición en el pretérito
fallo tutelar del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y del Consejo de
Estado, pues en aquella oportunidad, el marco fáctico se centró y tuvo como
punto de partida, el mismo diagnóstico y patología a nivel del sistema nervioso
que padece la señora Rosa Inés Ortegón de Ramírez, terminando en aquél momento,
por tutelarse el derecho a la salud y conexos de la pretensora (…)”.
Al
comprobar lo dispuesto en ambos fallos, se observa que las autoridades
judiciales previamente mencionadas impusieron las siguientes órdenes a los
sujetos vinculados al proceso: (i) A Coomeva EPS se dispuso (a)
el suministro periódico de pañales, según lo requiera la señora Ortegón de
Ramírez[55]; así como (b) el deber de facilitarle
los “procedimientos médicos necesarios para atender integralmente la
enfermedad que padece”[56], incluyendo (c) la prestación
del servicio médico domiciliario de enfermería durante 6 horas diarias[57].
Por su parte, (ii) al ISS y Colpensiones que “adelanten las
gestiones pertinentes para cancelarle a la ciudadana antes señalada las mesadas
pensionales adeudadas, y en lo sucesivo le paguen oportunamente dicha
prestación”[58].
4.4.6.2.
En segundo lugar, a partir de los hechos expuestos en el acápite de
antecedentes y visto lo ordenado en los fallos precedentes sobre la materia,
esta Sala de Revisión considera que es procedente entrar a determinar si existe
la triple identidad previamente referida.
4.4.6.2.1.
En cuanto a las partes, es innegable que existe plena coincidencia en la
parte activa, pues en ambas ocasiones la demanda fue propuesta por la
señora Alisson Ramírez Ortegón, actuando como agente oficioso de la señora Rosa
Inés Ortegón de Ramírez.
En
cuanto a la parte demandada, en las dos oportunidades se demandó directamente
por la accionante a Coomeva EPS, siendo los jueces de instancia y en sede de
revisión los que ampliaron el contradictorio. En la actuación que se surtió en
el año 2013 vinculando al ISS y a Colpensiones[59], y en este
proceso al Ministerio de la Protección Social, a la empresa de Servicios
Terapéuticos en Casa -SETECA-, a la Procuraduría General de la Nación, a la
Defensoría del Pueblo y a Colpensiones.
A
pesar de que existen algunas diferencias formales frente a los sujetos que
finalmente fueron vinculados en este último proceso, en concreto, la empresa de
Servicios Terapéuticos en Casa, el Ministerio de la Protección Social, la
Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo; se constata que
su incorporación se derivó más de la necesidad de conocer su apreciación sobre
la materia objeto de controversia, que por el hecho de tener algún tipo de
responsabilidad frente a las circunstancias que supuestamente justifican el
otorgamiento del amparo. En efecto, una lectura integral del asunto objeto de
decisión, permite concluir que las pretensiones que se alegan al juez de
tutela, al igual que ocurrió con la actuación surtida en el año 2013, se
concretan en el amparo de los derechos a la vida digna, a la salud y al mínimo
vital de la señora Rosa Inés Ortegón de Ramírez, frente a lo cual se pide que
se ordene a Coomeva EPS que preste el servicio de enfermería domiciliaria durante
24 horas, al tiempo que se exige de Colpensiones el deber de pagar la pensión
adeudada desde el mes de agosto de 2012.
En
este contexto, pese a que en esta actuación se vinculó oficiosamente a un mayor
número de entidades, en términos sustanciales, las autoridades compro-metidas
finalmente son las mismas, esto es, Coomeva EPS y Colpensiones. Por esta razón,
esta Sala de Revisión encuentra que existe plena coincidencia material en los
sujetos que integran el rol activo y pasivo de ambos procesos.
4.4.6.2.2.
En lo que respecta al objeto, es preciso aclarar que para el momento en
que se presentó la primera acción de tutela, la paciente se encontraba
hospitalizada en la Clínica Palermo de Bogotá y estaba próxima a ser dada de
alta puesto que el médico tratante consideró que al encontrarse en una etapa
terminal, su condición podía ser tratada desde su residencia. Por tal motivo,
como pretensión principal, solicitó que: “Primera.- Se ordene en
forma inmediata a Coomeva EPS que continúe la prestación de los servicios
médicos requeridos en la Clínica Palermo, sin interrupción de ninguna
naturaleza, en razón a la gravedad de la paciente”.
No
obstante, como pretensión subsidiaria, planteó que en caso de que se decidiera
enviar a la paciente a su hogar, se reconociera a su favor la presta-ción del
servicio de atención en casa las 24 horas del día para que se garantizaran
todas sus necesidades médicas y de otro tipo. Aunado a ello, se pidió el
suministro de pañales, dada la dificultad para controlar los esfínteres.
Expresamente, se señaló que: “Segunda.- Se ordene a Coomeva EPS, la
atención por parte de un enfermero las veinticuatro (24) horas del día para que
atienda todo lo relacionado con el cuidado de la alimentación parenteral,
cuidados dermatológicos, baño y aseo personal, cambios de posición, cuidado y
manejo de gastronomía, administración de medicamentos, manejo de oxígeno, los
que debido a su complejidad única y exclusiva[mente] pueden ser prestados por
un profesional entrenado en el área (…) Tercera.- Se ordene a Coomeva
EPS, el suministro de los pañales requeridos para su aseo e higiene personal a
la accionante en razón a su estado clínico donde no hay control de esfínteres”.
La
autoridad que conoció de esta actuación judicial en primera instancia, esto es,
la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca consideró que no podía accederse a la solicitud de mantener
indefinidamente hospitalizada a la señora Ortegón de Ramírez, dado que la razón
de ser de los centros hospitalarios no es la de servir de albergue de los
adultos mayores. Sin embargo, estimó que por su difícil situación económica
tenía derecho (i) al servicio de un cuidador primario de 24 horas, (ii) a la
entrega permanente de pañales y (iii) al reconocimiento a su favor del
tratamiento integral. Todas estas órdenes, como previamente se expuso, fueron
dispuestas en la sentencia del 28 de febrero de 2013[60].
En
segunda instancia y luego de la vinculación al proceso del ISS y Colpensiones,
la Subsección B de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso
Administrativa del Consejo de Estado, decidió revocar la orden correspondiente
a la atención especializada de 24 horas, por una parte, porque carecía de
prescripción médica, y por la otra, porque a partir de una valoración ordenada
por dicha autoridad, el médico tratante –al aplicarle a la agenciada la escala
de medición de requerimiento de enfermería– le asignó una calificación de 3.1,
conforme a la cual la paciente requiere de cuidados de enfermería de 6 horas al
día (gastronomía y nutrición). Frente al resto de labores personales como el
aseo, el cambio de posición o la supervisión de signos vitales, estimó que no
son obligaciones que puedan trasladarse a la EPS accionada, puesto que
corresponden a una derivación del deber de solidaridad que existe en la
familia, la cual, en el caso de la señora Ortegón de Ramírez, no sólo se
integra por el cónyuge, como lo insinúa la agente oficioso, sino por seis hijos
mayores de edad sin limitación alguna[61].
Por
lo demás, la citada Corporación encontró que del hecho referente a que la
agenciada no venía recibiendo sus mesadas pensionales, se infería una
pretensión vinculada con la necesidad de proteger el mínimo vital. Dado el
silencio de las entidades vinculadas, se decidió entonces prescribir en su
favor una medida protección derivada de la presunción de afectación del citado
derecho, consistente en ordenarle “al ISS y a COLPENSIONES, que en el
término de 5 días siguientes a la notificación de esta providencia, adelanten
las gestiones pertinentes para cancelarle a la ciudadana antes señalada, las
mesadas pensionales adeudadas, y en lo sucesivo le paguen oportunamente dicha
prestación”.
Del
resumen de lo expuesto se infiere, por una parte, que si bien la pretensión
inicial se vinculaba con la permanencia de la señora Rosa Inés Ortegón de
Ramírez en la Clínica Palermo, la misma fue descartada por el juez de primera
instancia y ratificada por el Consejo de Estado. Por ello, y en virtud de las
atribuciones extra y ultra petita del juez de amparo constitucional, se
entendió que las pretensiones formuladas en esta primera oportunidad se
concretaban en: (i) obtener el reconocimiento del servicio de enfermería por 24
horas; (ii) acceder al suministro permanente de pañales y a un tratamiento
integral; y (iii) lograr el pago efectivo de la mesada pensional de la
agenciada, la cual había sido suspendida desde agosto de 2012[62].
Por
su parte, en la acción de tutela objeto de revisión, luego de reiterar la
difícil situación por la que atraviesa la citada señora Ortegón de Ramírez, se
planteó expresamente como pretensión la de ordenar de manera urgente la
atención domiciliaria de enfermería durante 24 horas con personal capacitado,
señalando que el concepto que le sirvió de sustento a la decisión del Consejo
de Estado fue acomodado y que los familiares en primer grado de la agenciada
carecen de recursos para cubrir el valor total de una enfermera, ya que “en
ninguna de sus relaciones interpersonales cuentan con nexos políticos o
jurisdiccionales para acceder a cargos de empleo que superen el mínimo vital”.
Por lo demás, en uno de los hechos se advirtió que pese a la orden de pago de
la mesada pensional realizada por el máximo tribunal de la justicia
administrativa, aún no se cancela dicho valor.
Desde
esta perspectiva, no cabe duda que visto el objeto de esta nueva acción, el
amparo se concreta en (i) extender el servicio de enfermería a 24 horas y en
(ii) lograr la efectiva cancelación de la mesada pensional, ya que pese a que
se dispuso judicialmente su pago, aún no se ha realizado la entrega efectiva
del dinero. Estas dos pretensiones concuerdan integralmente con aquellas que,
explícitamente o en virtud de la amplitud en el examen de la congruencia por
parte del juez de tutela, fueron objeto de decisión en las sentencias del 28 de
febrero y del 6 de junio de 2013, proferidas por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y el Consejo de Estado.
En efecto, respecto de la
solicitud de brindar el servicio de enfermería las 24 horas, a partir de un
examen riguroso sobre la materia y de un concepto médico solicitado
directamente por el Consejo de Estado, se dispuso que: “ORDÉNASE [a] Coomeva
EPS, una vez la señora Rosa Inés Ortegón de Ramírez egrese de la clínica en que
se encuentre, prestarle a aquélla el servicio de enfermería domiciliaria
durante 6 horas diarias de acuerdo a las indicaciones que fueron establecidas
por el profesional de la salud que evaluó su situación en esta instancia, y en
lo sucesivo por lo dispuesto por su médico tratante, coordinando para tal
efecto con los familiares de la paciente los horarios en los que es más
efectiva y necesaria la prestación de dicho servicio (…)”. Y, en lo
atinente al pago efectivo de la mesada pensional, en términos de la misma
autoridad judicial, se estableció que: “TUTÉLASE el derecho fundamental al
mínimo [vital] de la señora Rosa Inés Ortegón de Ramírez. En consecuencia,
ORDÉNASE al ISS y a COLPENSIONES, que en el término de 5 días siguientes a la
notificación de esta providencia, adelanten las gestiones pertinentes para
cancelarle a la ciudadana antes señalada las mesadas pensionales adeudadas, y
en lo sucesivo le paguen oportunamente dicha prestación”.
Como se observa, en ambos
casos, se formula el amparo de los mismos derechos (vida digna, salud y mínimo
vital) y las pretensiones invocadas (con excepción de las particularidades del
primer caso) son exactamente las mismas. Así las cosas, en criterio de esta
Corporación, plena identidad de objeto y lo solicitado, en principio, como se
deriva de las órdenes expuestas, fue resuelto directamente por el juez de
tutela en un fallo anterior.
4.4.6.2.3. Finalmente,
con miras a determinar si existe o no cosa juzgada constitucional, queda por
examinar si se presenta identidad de causa. Respecto de este punto, esta
Sala de Revisión encuentra que los hechos que justificaron el amparo decretado
en providencias del 2013 y aquellos que motivan la presentación de esta nueva
acción son –en esencia– los mismos.
Así, en ambas
oportunidades, se sostiene que:
-
El amparo se promueve a favor de una
persona de la tercera edad, que hace tres años fue diagnosticada con meningioma
pterional izquierdo con masa intercraneal que se extiende a lo largo del
hemicráneo con moderado efecto comprensivo, diabetes mellitus e hipertensión
arterial, condición que le impide valerse por sí misma y auto controlarse.
-
Si bien la agenciada tiene seis hijos
mayores de edad, vive sola con su esposo, que actualmente tiene 83 años, razón
por la cual no puede asumir las labores de enfermería que requiere en su casa
la señora Ortegón de Ramírez.
-
Por último, la señora citada no tiene
los recursos económicos suficientes para cubrir los gastos médicos que se
derivan de su padecimiento, ya que el único ingreso con el que cuenta es una
pensión por el monto de un salario mínimo cuyo pago no se ha hecho efectivo
desde el mes de agosto de 2012. Sobre este punto, vale la pena resaltar que en
la presente tutela se precisa que ya existe un fallo judicial, es decir, la
sentencia del 6 de junio de 2013 del Consejo de Estado, que ordena el pago
inmediato de la misma.
No cabe duda entonces de
que en esta ocasión se presenta una identidad de causa, más allá de que
en la primera tutela inicialmente se haya solicitado que la señora Rosa Inés
Ortegón de Ramírez permaneciera hospitalizada en la Clínica Palermo, pues los
hechos que justifican el amparo son los mismos y se concretan básicamente en
dos: (i) el primero referente a que las condiciones de salud y económicas de la
citada señora y de su familia demandan el servicio de enfermería en la
residencia durante las 24 horas; y (ii) el segundo, que dichas dificultades
económicas, se encuentran estrechamente vinculadas con la falta de pago de las
mesada pensionales de la agenciada, desde el mes de agosto de 2012.
4.4.6.3.
En suma, una vez adelantado un examen integral de las actuaciones judiciales
surtidas en materia de tutela, la presente Sala de Revisión encuentra que se
cumple con el requisito de la triple identidad respecto de la actuación
surtida en el año 2013. No obstante, para que se presente un actuar temerario y
se pueda declarar la improcedencia de esta acción, con el fin de preservar la
garantía de la cosa juzgada constitucional, es necesario que, como lo señala el
artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, no exista un motivo justificado que
explique la duplicidad en el ejercicio de este mecanismo de defensa
constitu-cional.
Para
tal fin, como se ha realizado en otras oportunidades por esta Corporación,  es
preciso verificar si aquello que es objeto de controversia en esta oportunidad,
se entiende incluido en las órdenes proferidas por los jueces de tutela en el
año 2013.
4.4.6.3.1.
En primer lugar, la orden del Consejo de Estado por medio de la cual se
establece la prestación del servicio de enfermería en casa durante 6 horas
diarias, se origina –como ya se explicó– del concepto médico realizado el 15 de
marzo de 2013, en virtud de los poderes de instrucción ejercidos por dicha
autoridad judicial, en él se precisó –a partir de una escala de medición– que
los cuidados médicos especializados sólo demandaban dicho horario, pues el
resto de reclamaciones se referían a cuidados de tipo personal que, en virtud
del deber de solidaridad, debían ser asumidos por la familia.
No
obstante, como la situación médica de la señora Ortegón de Ramírez puede
cambiar, por ejemplo, agravándose su condición en salud, en aras de precaver
una controversia sobre la materia, la orden del Consejo de Estado dispuso que
dicha prestación “en lo sucesivo” estaría sometida “a lo dispuesto
por el médico tratante”. De esta forma, si las condiciones se modifican y
es necesario ampliar la atención domiciliaria, no cabe la interposición de una
nueva acción de tutela, ya que la misma orden dispone el deber de Coomeva de
ajustar la duración en la prestación del citado servicio, sometiendo la
realización de la misma a lo dispuesto por el médico tratante[63].
En
caso de que se presente un desconocimiento frente a lo dispuesto, sin perjuicio
de las medidas penales respectivas[64], se puede promover a favor de la
accionante: el incidente de desacato o las medidas de cumplimiento ante el juez
de primera instancia, en los términos señalados en los artículos 27 y 52 del
Decreto 2591 de 1991[65].
Visto
el asunto sometido a decisión, lo primero que resalta la Corte es que no se
observa que la situación médica de la señora Ortegón de Ramírez se haya
modificado, y así fue resuelto en los dos incidentes de desacato promovidos con
la intención de lograr una ampliación en la atención domiciliaria por el término
de 24 horas. Por esta razón, como juez de primera instancia, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca ha encontrado que las obligaciones derivadas de
los fallos de amparo, han sido cumplidas cabalmente por la EPS accionada.
Lo
segundo que se observa es que incluso durante el trámite de esta acción se
realizó una nueva valoración médica en la residencia de la paciente el día 12
de junio del año 2014, en la cual se confirmó que los supuestos fácticos no han
cambiado y que se requiere un servicio de enfermería de 6 horas. Esta
circunstancia para esta Corporación es demostrativa que, en este punto, se ha
llevado a cabo un uso desbordado de los mecanismos que otorga el juicio de
amparo para la protección de los derechos que, vistos de una perspectiva general,
encuadrarían en un actuar contrario a los postulados de la buena fe susceptible
de sanción. Con todo, a juicio de esta Sala de Revisión, ello no es procedente,
por una parte, porque la forma como se planteó el amparo demuestra que la nueva
acción se justificó en cierto estado de necesidad, dirigido a obtener una
respuesta frente a una realidad que erradamente se consideró distinta; y por la
otra, porque la accionante no era consciente de que el propio amparo proferido
por el Consejo de Estado en el año 2013, prevé una fórmula para la
actualización, si así se dispone por el médico tratante, del servicio de
enfermería domiciliaria.
En
caso de lo anterior ocurra, como ya se dijo, Coomeva EPS directamente debe
ajustar el horario de atención y, en caso de no hacerlo, la vía para reclamar
su realización es la del incidente de desacato o la de las medidas de
cumplimiento, advirtiendo a la accionante que, como se explicó, resultaría
improcedente el ejercicio de una nueva acción de tutela respecto de lo mismo.
De
igual modo, cabe anotar que el hecho alegado por la parte demandante respecto a
que el esposo de la señora Rosa Inés Ortegón de Ramírez tiene 83 años y que,
por dicha razón, no es la persona idónea para capacitarse sobre la manera
indicada de brindar los cuidados no médicos requeridos por la paciente, se
trata de una situación fáctica que ya fue sopesada por los jueces de instancia
en el primer proceso de amparo. En efecto, el Consejo de Estado en la sentencia
del 6 de junio de 2013, recordó que el mandato de solidaridad implica como
obligación concreta de los hijos, el deber de prestar el cuidado y auxilio que
los padres reclaman. Al respecto, al referirse de manera puntual a los seis
hijos mayores de edad de la agenciada, se sostuvo que: “tienen el deber de
acompañarla, de movilizarla y de asistirla en las tareas mínimas relacionadas
con su cuidado personal, obligaciones que no pueden trasladársele a la EPS
accionada, cuya obligación se limita a la prestación del servicio médico”[66].
Por
último, en relación con esta pretensión, cabe analizar si en el caso concreto
se configura el elemento subjetivo de la temeridad, esto es, si existió o no
mala fe por parte de la accionante al presentar la tutela. Sobre el particular,
se observa que en el proceso ha quedado plenamente acreditado que el estado de
salud de la agenciada es delicado, situación que creó un ambiente de angustia
entre los miembros de la familia que tienen a su cargo su cuidado. Asimismo, las
condiciones económicas que actualmente afrontan no son estables, circunstancia
que pudo acrecentar el desespero por encontrar una solución pronta a las
problemáticas que enfrentan. Así las cosas, atendiendo a estas particulares, la
Sala estima que la interposición de una nueva acción de amparo, como la que es objeto
de examen, no respondió a un actuar desleal de la accionante, sino que, por el
contrario, se originó en la preocupación del escenario descrito.
4.4.6.3.2.
En segundo lugar, respecto de la decisión del Consejo de Estado de ordenar el
pago efectivo de las mesadas pensionales, este Tribunal encuentra que la citada
autoridad judicial no sólo dispuso la cancelación efectiva de las sumas dejadas
de entregar en un término de cinco días siguientes a la notificación de su
sentencia, sino que también incluyó un mandato imperativo para que se pagaran
aquellas que se produjeran en lo sucesivo, de acuerdo a como se venía realizando con anterioridad al mes de
agosto del 2012[67].
No obstante lo anterior, se observa que aún no se ha logrado la
cancelación efectiva del dinero adeudado y que tampoco se está pagando
periódicamente la mesada pensional, pese a que ya se adelantó un incidente de
desacato para solicitar el cumplimiento de la sentencia del 6 de junio de 2013
proferida por el Consejo de Estado.
De acuerdo con lo expuesto y a partir de los elementos de juicio que
aparecen en el expediente, se advierte que la parte actora afirmó que si bien
Colpensiones giró las sumas correspondientes a la mesada pensional, el banco a
través del cual se dispuso el pago, esto es, el Banco Popular, se abstuvo de
decretarlo al exigir que la señora Ortegón de Ramírez tenía que acudir
personalmente a sus instalaciones, por lo que resultaba improcedente su
cancelación a través de quien había actuado en calidad de agente oficioso, es
decir, la señora Alisson Ramírez Ortegón. Por otra parte, en el incidente de desacato
resuelto mediante providencia del 21 de febrero de 2014, el Tribunal estimó que
Colpensiones había cumplido con su obligación, en la medida en que dicha
entidad realizó la respectiva transferencia de fondos. Por último, pese a la
solicitud de información enviada por esta Sala de Revisión, la citada
administradora de pensiones guardó silencio, motivo por el cual se desconoce el
trámite que se adelantó respecto del dinero que fue girado, cuyo pago
finalmente no se hizo efectivo.
En resumen, aun cuando la accionante cuenta con una orden integral a
través de la cual se pretende garantizar el pago de las mesadas pensionales, en
la práctica, por razones operativas y pese al trámite de un incidente de
desacato, no se ha logrado la plena satisfacción de lo dispuesto. Esta realidad
indica que pese al amparo decretado por el Consejo de Estado, la imposibilidad
de hacer efectivo el pago ante la falta de presentación directa de la señora
Ortegón de Ramírez para reclamarlo, constituye un elemento fáctico surgido con
posterioridad a la interposición de la primera de la acción y que no fue
evaluado por los jueces competentes al decidir dicha tutela. Por ello, en
aplicación de los principios de economía, celeridad y eficiencia, y con miras a
realizar el derecho al mínimo vital de un sujeto de especial protección
constitucional, como lo es la señora Rosa Inés Ortegón de Ramírez, no sólo por
su avanzada edad (83 años), sino también por la difícil y dramática situación
de salud en la que se encuentra (sometida a la imposibilidad de moverse y
sujeta en esencia a cuidados paliativos); se dispondrá de un amparo a este
derecho, corrigiendo las nuevas circunstancias que han impedido el acceso efectivo
a su mesada pensional.
De esta manera, es preciso tener en cuenta que el artículo 2 de la Ley 700 de 2001[68]
y el Decreto 2751 de 2002[69], establece que para que un tercero tenga la posibilidad de
reclamar una mesada pensional, se necesita de la autorización especial de su
titular que, de conformidad con el artículo 4 del citado decreto, deberá
plasmarse en un poder conferido personalmente ante “un Notario Público,
Cónsul o ante un funcionario público que de acuerdo con la ley haga sus veces.”
Además de lo anterior, en la Sentencia
T-654 de 2014[70], esta Corporación señaló que, de forma
extraordinaria, “un tercero puede reclamar, a nombre de una persona con
limitaciones graves para manifestar su voluntad, las mesadas pensionales sin
autorización expresa, siempre y cuando esté en riesgo el mínimo vital del
pensionado, y se tengan razones vigorosas para entender que la representa.”[71]
En el caso concreto, el pago de las mesadas pensionales se ha visto
afectado ante la imposibilidad que tiene la señora Rosa Inés Ortegón de Ramírez
de acercarse directamente a solicitar su cancelación, pues la enfermedad que la
aqueja le genera incapacidad para moverse, ya que se encuentra postrada en una
cama y la satisfacción de sus necesidades básicas dependen de la ayuda de terceras
personas[72]. Por esta razón, la posibilidad de que
Colpensiones cumpla con el pago derivado del fallo del 6 de junio de 2013, se
limita (i) a la existencia de un poder especial que autorice a un tercero para
reclamar el dinero o, en caso de que la enfermedad avance a un estado de discapacidad mental absoluta, (ii) a una sentencia de interdicción en la que se imponga la condición de actuar a través de un curador[73].
En el primer caso, cabe anotar que la diligencia de apoderamiento se podría
realizar en el inmueble en el que habita la agenciada, en virtud a que las
Notarías tienen la posibilidad de prestar sus servicios en la residencia de las
personas que se encuentran imposibilitadas para movilizarse, tal y como se
desprende de la información que brindan dichas entidades a nivel nacional en
sus páginas web.
No
obstante, mientras ocurre lo anterior y como se ordenó en la citada Sentencia T-654 de 2014, es preciso
adoptar una medida transitoria que permita operativizar el pago de las mesadas
pensionales atrasadas y futuras[74], cuya práctica no ha sido posible,
como lo dispuso en sentencia del 6 de junio de 2013 el Consejo de Estado, por
la ocurrencia de un elemento fáctico nuevo y que no fue evaluado en dicha
oportunidad, consistente en la imposibilidad de la señora Ortegón de Ramírez de
movilizarse a los bancos para presentarse de forma directa a formalizar su
cobro.
Por ello, mientras se adelantan las diligencias necesarias para que la
señora Rosa Inés Ortegón de Ramírez otorgue poder especial para reclamar las
mesadas pensionales adeudadas y de las que en lo sucesivo se causen o, si a
ello hubiese lugar, se logre una declaratoria de interdicción o se designe un
curador provisional, se dispondrá que la cancelación efectiva de las mismas se
haga directamente a la señora Alisson Ramírez Ortegón, en su condición de hija
de la agenciada, por las siguientes razones: (i) porque dado el estado de salud
de su progenitora no puede concurrir directa y personalmente al banco dispuesto
para el pago; (ii) porque la citada señora tiene una relación especial de
guarda y confianza respecto de la beneficiaria, como se deriva de su actitud
permanente dirigida a garantizar sus derechos por la vía de la agencia oficiosa;
y (iii) porque la orden dispuesta por el Consejo de Estado no se ha hecho
efectiva, a causa de un elemento fáctico surgido con posterioridad a la
interposición de la primera acción y que no fue examinado por los jueces de
tutela en su momento, que implica que persista la afectación del mínimo vital
de la señora Ortegón de Ramírez, cuya protección no fue posible mediante la
interposición del citado incidente de desacato del 21 de febrero de 2014.
En definitiva, y atendiendo a lo señalado por la Defensoría del Pueblo,
Regional Bogotá DC, quien ante el juez de instancia manifestó su compromiso
para ejercer la debida vigilancia a lo ordenado en el presente caso, se
dispondrá a su cargo el deber de realizar el respectivo acompañamiento a las
señoras Alisson Ramírez Ortegón y Rosa Inés Ramírez de Ortegón, con el fin de asegurar
el pago efectivo de las mesadas pensionales adeudadas y futuras, cuya
operatividad se busca a través de esta providencia, así como del resto de
órdenes dispuestas en las sentencias proferidas el 28 de febrero y el 6 de
junio de 2013 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de
Estado. Bajo este marco, cabe resaltar que la garantía de las mesadas
pensionales ya causadas y dejadas de cancelar resulta imperativo atendiendo a
la situación de la agenciada en cuanto a la evidente afectación de su derecho
al mínimo vital, dada la suspensión de las mesadas pensionales desde agosto de
2012.
V. DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Tercera de Revisión, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
Primero.- Respecto de la pretensión referente a la prestación
del servicio de enfermería en casa, REVOCAR
la sentencia proferida el 18 de
junio de 2014 por el Juzgado 59 Civil Municipal de Bogotá DC, en la cual se
decidió negar el amparo solicitado y, en su lugar, declarar la improcedencia de
la acción al presentarse una cosa juzgada constitucional.
Segundo.- En cuanto a la pretensión vinculada con el pago
efectivo de las mesadas pensionales, REVOCAR
la citada sentencia del 18 de junio de 2014
del Juzgado 59 Civil Municipal de Bogotá DC y, en su lugar, CONCEDER
la protección del derecho al mínimo vital de la señora Rosa Inés Ortegón de Ramírez.
Tercero.- Por las razones expuestas en esta providencia, ORDENAR
a la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), por intermedio
de su representante legal o de quien haga sus veces, que en el término máximo
de cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de esta providencia,
proceda a cancelar de forma directa, a través de la señora Alisson Ramírez
Ortegón, las mesadas pensionales adeudadas, y de forma transitoria, las que en
lo sucesivo se causen a favor de la señora Rosa Inés Ortegón de Ramírez.
Cuarto.-
ADVERTIR a la señora Alisson
Ramírez Ortegón que la medida dispuesta en el numeral tercero de la parte
resolutiva de esta sentencia se mantendrá vigente, hasta que culmine las
diligencias respectivas para que, de ser posible, la señora Rosa Inés Ortegón
de Ramírez le confiera un poder especial para reclamar la mesada pensional o, si
a ello hubiese lugar, se logre una declaratoria de interdicción o se designe un
curador provisional, para lo cual se otorga un término máximo de cuatro (4) meses contados a partir de la notificación de
esta providencia. Una vez ocurra lo anterior, la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones),
continuará con el pago sucesivo de las mesadas pensionales en cabeza de la
persona autorizada para realizar su cobro.
Quinto.-
DISPONER a la Defensoría del Pueblo, a
través de la Regional Bogotá DC, que realice un acompañamiento constante a las
señoras Alisson Ramírez Ortegón y Rosa Inés Ortegón de Ramírez, con miras a
asegurar  la cancelación efectiva de
las mesadas pensionales adeudadas y futuras, cuya operatividad se busca a
través de esta providencia, así como del resto de órdenes dispuestas en las
sentencias proferidas el 28 de febrero y el 6 de junio de 2013 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado.
Sexto.- Por Secretaría General de la Corte Constitucional, LÍBRESE
las comunicaciones previstas en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991,
para los fines allí contemplados.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta
de la Corte Constitucional y cúmplase.
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
Con
salvamento parcial de voto
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
Con
aclaración de voto
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
SALVAMENTO PARCIAL DE
VOTO DEL MAGISTRADO
GABRIEL EDUARDO MENDOZA
MARTELO
A LA SENTENCIA T-537/15
DERECHO AL MINIMO VITAL Y PAGO OPORTUNO DE MESADAS PENSIONALES-Se debió ordenar el pago al agente oficioso, siempre y cuando se le
otorgue poder por la pensionada, a través de mecanismos de notarías para
autenticación de firmas (Salvamento parcial de voto)
Considero que el pago de las
mesadas causadas y las que se llegaren a causar solo debería efectuarse a la
agente oficioso siempre y cuando, válidamente, se le otorgue poder por la
pensionada en los términos que alude la sentencia en su parte motiva, es decir,
haciendo uso de los mecanismos con que cuentan las notarías para prestar su
servicio de autenticación frente a situaciones como la aquí dilucidada.
Referencia: Expediente T-4.452.994
Acción de tutela presentada por Alisson Ramírez
Ortegon como agente oficiosa de la Señora Rosa Inés Ortegón de Ramírez contra
Coomeva EPS.
Magistrado Ponente:
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Con el
acostumbrado respeto por la postura mayoritaria de la Sala de Revisión, a
continuación expongo brevemente el motivo por el cual, si bien comparto la
orientación general del fallo, me aparto de la decisión adoptada en el numeral
tercero de la parte resolutiva[75]. Considero que el pago de las mesadas causadas y las
que se llegaren a causar solo debería efectuarse a la agente oficioso siempre y
cuando, válidamente, se le otorgue poder por la pensionada en los términos que
alude la sentencia en su parte motiva, es decir, haciendo uso de los mecanismos
con que cuentan las notarías para prestar su servicio de autenticación frente a
situaciones como la aquí dilucidada.
Fecha ut supra,
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
ACLARACIÓN DE VOTO
DE LA MAGISTRADA
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
A LA SENTENCIA T-537 DE 2015
ACTUACION TEMERARIA Y COSA JUZGADA EN MATERIA DE TUTELA-No son figuras idénticas (Aclaración de voto)
DECLARATORIA DE IMPROCEDENCIA Y DECLARATORIA DE RECHAZO DE ACCION DE
TUTELA-Consecuencias jurídicas diferentes (Aclaración
de voto)
Considero que el proyecto no
desarrolló claramente las diferencias conceptuales entre las instituciones de
la temeridad y de la cosa juzgada. Así, en mi concepto, el principal problema
jurídico a abordar no era el fenómeno de la temeridad, sino la existencia o no
de la cosa juzgada constitucional, la cual no fue analizada a profundidad.
Adicionalmente, considero que la Corte Constitucional debió rechazar la acción
de tutela en lo referente a la pretensión de atención médica domiciliaria, y no
denegarla a través de la declaratoria de improcedencia de la acción. En efecto,
pese a que la Corte Constitucional, en algunas sentencias recientes, ha
aplicado indistintamente las instituciones del rechazo y de la denegación por
improcedencia, lo cierto es que éstas son instituciones jurídicas distintas,
cuyas consecuencias jurídicas también son disímiles
Referencia: Expediente T-4.452.994
Acción de tutela presentada por Alisson Ramírez Ortegón, como agente
oficiosa de la señora Rosa Inés Ortegón de Ramírez, contra COOMEVA EPS.
Magistrado Ponente:
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Corte
Constitucional, a continuación presento las razones que me conducen a aclarar
el voto en la decisión adoptada por la mayoría de la Sala Tercera de
Revisión, en providencia del 21 de agosto de 2015, mediante la cual se tutelaron
los derechos fundamentales de la accionante en el proceso de tutela iniciado
contra COOMEVA EPS.
1. Quiero manifestar que estoy de
acuerdo con la decisión adoptada en la sentencia de tutela. Sin embargo, la
sentencia dio especial relevancia al análisis de la configuración de la
temeridad, la cual sólo constituye una posible consecuencia de la cosa juzgada
constitucional. En mi concepto, la Sala debió iniciar con el análisis de la
configuración o no de la cosa juzgada, y, posteriormente, estudiar la
configuración de los elementos de la temeridad en el caso concreto, toda vez
que dichas instituciones no son ni idénticas ni dependientes.
Sobre el particular, en Sentencia
T-185 de 2013[76]
la Corte Constitucional aclaró que las instituciones de la cosa juzgada y la
temeridad no son idénticas, en consecuencia, es posible que existan situaciones
en las que se configuren ambos fenómenos o sólo uno de ellos. Así, la Corte
puso como ejemplo el caso de la existencia de la cosa juzgada y no de la
temeridad, cuando el accionante, de buena fe, presenta una nueva acción de
tutela con identidad de partes, hechos y pretensiones. De esta manera, la Corte
indicó:
“La Sala precisa que promover sucesivas o múltiples solicitudes de
amparo en procesos que versen sobre un mismo asunto pueden generar las
siguientes situaciones: “i) que exista cosa juzgada y temeridad, por ejemplo en
las circunstancias en que se interpone una acción de tutela sobre una causa
decidida previamente en otro proceso de la igual naturaleza, sin que
existan razones que justifiquen la nueva solicitud; ii) otras en las que haya
cosa juzgada, pero no temeridad, acaece como caso típico, cuando de buena fe se
interpone una segunda tutela debido a la convicción fundada que sobre la
materia no ha operado el fenómeno de la cosa juzgada, acompañada de una expresa
manifestación en la demanda de la existencia previa de un recurso de amparo;
y iii) los casos en los cuales se configure únicamente temeridad, una muestra
de ello acontece en la presentación simultánea de mala fe de dos o más
solicitudes de tutela que presentan la tripe identidad a la que se ha aludido,
sin que ninguna haya  hecho tránsito a cosa juzgada”. En suma, la
Corte concluye que las instituciones de la cosa juzgada y la temeridad
pretenden evitar la presentación sucesiva, además de múltiple de las acciones
de tutela. Al mismo tiempo, es evidente que estos conceptos cuentan con
diferencias claras, que los llevan a configurarse como elementos disímiles. Sin
embargo, ello no es impedimento para que en un caso concreto confluyan tanto la
cosa juzgada como la temeridad. A partir de esa complejidad, el juez
constitucional es el encargado de establecer si ocurre su configuración en cada
asunto sometido a su competencia”. (Subraya
y negrilla fuera del texto)
En la providencia objeto de estudio,
la Sala analizó extensivamente, y de manera principal, la institución de la
temeridad, y concluyó que la accionante no había incurrido en una actuación
temeraria, por cuanto no se probó el elemento subjetivo de la mala fe. Pese a
que comparto esta conclusión, considero que el proyecto no desarrolló
claramente las diferencias conceptuales entre las instituciones de la temeridad
y de la cosa juzgada. Así, en mi concepto, el principal problema jurídico a
abordar no era el fenómeno de la temeridad, sino la existencia o no de la cosa
juzgada constitucional, la cual no fue analizada a profundidad.
2. Adicionalmente, considero que la
Corte Constitucional debió rechazar la acción de tutela en lo referente a la
pretensión de atención médica domiciliaria, y no denegarla a través de la
declaratoria de improcedencia de la acción. En efecto, pese a que la Corte
Constitucional, en algunas sentencias recientes[77], ha
aplicado indistintamente las instituciones del rechazo y de la denegación por
improcedencia, lo cierto es que éstas son instituciones jurídicas distintas,
cuyas consecuencias jurídicas también son disímiles.
3. En efecto, la improcedencia de la
acción de tutela se configura cuando el juez constitucional advierte que ésta
no cumple con los requisitos formales de procedencia contenidos en el artículo
6º del Decreto 2591 de 1991. En éste sentido, la tutela deberá ser denegada por
improcedente en aquellos casos en que se pruebe: i) la existencia de recursos
de defensa judicial eficaces para la protección del derecho presuntamente
amenazado, salvo cuando se alegue la configuración de un perjuicio
irremediable, ii) la existencia de un daño consumado, o iii) la presentación de
la acción de tutela contra actos de carácter general o abstracto. Por vía
jurisprudencial, adicionalmente, la Corte ha señalado que es imprescindible que
la acción de tutela sea presentada en un término razonable, esto es, que se
cumpla con el requisito de inmediatez.
3.1. Ahora bien, con respecto a la
procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, la Corte
Constitucional ha señalado unos requisitos generales y especiales, los cuales
fueron sistematizados en la Sentencia C-590 de 2005[78]. Así, son requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra sentencias judiciales, i) la relevancia constitucional de la cuestión
discutida, ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, iii) el
cumplimiento del requisito de inmediatez, iv) que el accionante identifique,
razonablemente, los hechos vulneradores, y que se hubiesen alegado dichos
hechos en el proceso judicial, y finalmente, v) que no se trate de sentencias
de tutela.
Asimismo, la Sentencia C-590 de
2005 establece que el accionante debe invocar la configuración de algunos
de los requisitos especiales de procedibilidad, y acreditarlos adecuadamente,
para efectos de que las pretensiones sean concedidas. Los mencionados
requisitos son: i) defecto orgánico, ii) defecto procedimental absoluto, iii)
defecto material o sustantivo, iv) error inducido, v) decisión sin motivación,
vi) desconocimiento del precedente, y, finalmente, vii) violación directa de la
Constitución.
3.2. En este sentido, la Corte
Constitucional deberá denegar una acción de tutela cuando advierta que no se
cumplen todas las exigencias formales para su procedencia, de acuerdo con lo
señalado por la jurisprudencia. Como resultado de ello, el juez constitucional
deberá abstenerse de iniciar el estudio de fondo del caso, siendo esta la
consecuencia de la declaratoria de improcedencia.
4. Por otra parte, el rechazo ha sido
previsto en el Decreto 2591 de 1991 como una de las consecuencias jurídicas de
la falta de corrección de la solicitud de tutela (tal y como lo consagra el
artículo 17) y de la declaratoria de temeridad por parte del juez
constitucional (como se indica en el artículo 38 del referido decreto). En este
sentido, la Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela deberá
rechazarse cuando se demuestre el actuar temerario del accionante, y se
advierta la identidad fáctica y de pretensiones entre dos o más procesos de
tutela. Así, la Corte ha manifestado:
“Cuando se trata del rechazo
de una solicitud de tutela por actuaciones temerarias, deben satisfacerse la
exigencias de identidad de los hechos, los sujetos y la pretensión pues no
puede perderse de vista que la norma habla de que haya interpuesto “la misma
tutela” ante varios jueces o tribunales y no de que ante esos varios despachos
judiciales se haya interpuesto una tutela similar. Esta precisión se impone
pues existen diferencias entre la identidad y la similitud ya que en tanto
aquella implica una relación de plena identificación, ésta remite a una
relación de semejanza. Luego, el rechazo de una solicitud de tutela por
la temeridad del actor se debe basarse en la existencia de una total
correspondencia fáctica entre lo planteado en una solicitud anterior y lo que
nuevamente se pretende someter a debate pero no puede apoyarse en el planteamiento
de los hechos similares a los expuestos en aquella. En el caso presente no se
está ante supuestos fácticos idénticos sino similares. Entonces, si se
trata de dos decisiones judiciales diferentes no puede afirmarse válidamente
que las solicitudes de tutela que las cuestionan sean las mismas. Quizá sean
similares por hacer parte de un mismo entorno procesal pero ya se advirtió que
la semejanza en los hechos  invocados como supuesto de la protección
pretendida no basta para hacer viable el rechazo de la solicitud”.[79] (Subraya y negrilla fuera del
texto)
3.3. Ahora bien, pese a que el
Decreto 2591 de 1991 no consagra, expresamente, que el rechazo de la acción de
tutela también opera cuando se configura el fenómeno de la cosa juzgada
constitucional, lo cierto es que ello puede deducirse de la consecuencia
atribuida a la configuración del fenómeno de la temeridad. En efecto, la
existencia de una sentencia judicial de tutela, previa y ejecutoriada, en la
que se hayan estudiado los mismos hechos y pretensiones alegados en un
posterior proceso de tutela, impide que el juez que conoce el nuevo proceso,
profiera una decisión sobre el problema jurídico previamente abordado.
3.4. Sin embargo, para efectos de
determinar si una acción de tutela debe ser rechazada, el juez deberá
establecer la configuración o no de la cosa juzgada constitucional. Para ello,
deberá realizar un análisis exhaustivo del fondo del asunto planteado en los
procesos en cuestión, que le permita dilucidar la existencia o no de una identidad
de i) partes, ii) hechos y iii) pretensiones.
4. Las consecuencias jurídicas del
rechazo de la acción de tutela son, entonces, distintas a las de la
improcedencia. De un lado, la declaratoria de improcedencia implica que el juez
constitucional deberá abstenerse de conocer el fondo del asunto planteado, por
no configurarse todos los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela.
De otro lado, el rechazo de la acción de tutela supone que el juez haya
conocido el fondo del caso planteado, y que, como resultado de este análisis,
haya determinado la existencia de la cosa juzgada constitucional.
5. En el caso analizado, la Corte
advirtió que en un proceso de tutela previo, el Consejo de Estado se había
pronunciado de fondo sobre las pretensiones de atención domiciliaria
solicitadas por la accionante, y que las había denegado en su momento, toda vez
que el servicio no había sido solicitado por el médico tratante. En mi
concepto, en tanto existía una sentencia de tutela previamente ejecutoriada, operó
la cosa juzgada constitucional, y por consiguiente, lo más apropiado era
rechazar.
Asimismo, la improcedencia no era
aplicable, toda vez que no se alegó la falta de cumplimiento de alguno de los
requisitos previstos por el Decreto 2591 de 1991 o la jurisprudencia de la
Corte Constitucional sobre la procedibilidad de la acción de tutela, sino la
existencia de una sentencia de tutela previa y ejecutoriada, que versaba sobre
los mismos hechos, partes y pretensiones.
De esta manera, expongo las
razones que me llevan a aclarar el voto con respecto a las consideraciones
expuestas en la sentencia de la referencia.
Fecha
ut supra,
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
[1] M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez
[2] M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez
[3] En el Cuaderno 2,
folio 1, se encuentra copia de la cédula de ciudadanía de la señora Rosa Inés
Ortegón de Ramírez donde se indica como fecha de nacimiento el 1 de noviembre
de 1931.
[4] En el folio 2 del
cuaderno 2 se encuentra que la fecha de nacimiento del señor Luis Alberto
Ramírez Barrero, esposo de la agenciada, fue el 17 de mayo de 1931.
[5] En el texto de la
demanda de amparo se afirma que la señora Rosa Inés Ortegón de Ramírez y su
esposo tienen seis hijos mayores de edad. Cuaderno 2, folio 43.
[6] Pues al momento de la
interposición del mecanismo judicial, la señora Rosa Inés Ortegón de Ramírez se
encontraba hospitalizada en la Clínica Palermo.
[7] Cuaderno 2, folio 22.
[8] Estos hechos se
desprenden de los hechos relatados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
en el fallo del 28 de febrero de 2013, como providencia que decide la primera
instancia del proceso de tutela iniciado en el 2013 por la hija de la señora
Ortegón de Ramírez. Cuaderno 2, folio 21.
[9] Cuaderno 2, folio 33.
[10] Cuaderno 2, folio 274.
[11] Al respecto, en la
providencia en cita, el Consejo de Estado señaló que: “dichos cuidados son
respecto de la gastronomía y nutrición, en tanto los demás son tipo personal
que no requieren las habilidades propias de un auxiliar de enfermería y por
tanto deben ser asumidos por un familiar o un cuidador. Indicó que existen
cuidados de tipo personal relacionados con el aseo y presentación del paciente
que no requieren habilidades propias de un técnico auxiliar de enfermería,
mientras hay otro tipo de actividades como la alimentación, la deambulación, el
cambio de posición en la cama, la administración de medicamentos, la
supervisión de signos vitales, entre otras cosas, que en principio requieren la
asistencia de una persona con conocimiento en la materia, que puede capacitar a
los familiares del paciente o a sus cuidados para realizar de manera segura
dichas actividades.” Cuaderno 2, folio 127
[12] Cuaderno 2, folios 85
a 87.
[13] Cuaderno 2, folios 174
a 176 y, 189 a 191.
[14] Cuaderno 2, folio 59.
[15] Esta última afirmación
fue realizada por la accionante en el escrito allegado el 16 de junio de 2014
al Juzgado 59 Civil Municipal de Bogotá DC, durante el trámite de la segunda
tutela. Específicamente, se afirma que: “Recabo el hecho de que a pesar de
haberse impartido la orden por el juez de tutela en la cancelación de las
mesadas pensionales casi de dos años, los señores del Banco Popular Sede
Chapinero, no se las han cancelado, aduciendo que requieren sentencia de
interdicción para su cancelación, sin saberse el destino económico y de
productividad de los dineros que comportan las mesadas pensionales.” Cuaderno
2, folio 101.
[16] Cuaderno 2, folios 61
y 62.
[17] Cuaderno 2, folio 109.
[18] Cuaderno 2, folio 191.
[19] Cuaderno 2, folio 166.
[20] Cuaderno 2, folio 1.
[21] Cuaderno 2, folio 2.
[22] Cuerno 2, folios 3-20
[23] Cuaderno 2, folios 21
al 33.
[24] Cuaderno 2, folios 111
al 134.
[25] Cuaderno 2, folios 34
a 37.
[26] Cuaderno 2, folios 174
a 176 y, 189 a 191.
[27] Cuaderno 1, folio 36.
[28] Cuaderno 1, folio 37.
[29] Precisamente, en cuanto
a Colpensiones se dispuso que: “ORDENAR que, por Secretaría General de esta
Corporación, se libre oficio a Colpensiones para que, en el término de dos (2)
días hábiles contados a partir de la notificación del presente auto, informe a
este despacho y allegue los documentos que sustenten sus afirmaciones respecto
al pago de la mesada pensional que ha sido reconocida a la señora Rosa Inés
Ortegón de Ramírez, cuyo pago fue ordenado en la Sentencia del 6 de junio de
2013 por parte de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado”.
Esta orden se notificó mediante oficio OPT-A-891/2014 recibido en la citada
entidad el 1 de octubre de 2014.
[30] Ley 270 de 1996,
artículo 1º.
[31] C.P., artículo 229.
[32] C.P., numeral 7º,
artículo 95.
[33] Un ejemplo de tal
exigencia se observa en el numeral 2 del artículo 78 del Código General del
Proceso, en el que se impone como deber de las partes “(…) obrar sin
temeridad en sus pretensiones o defensas y en el ejercicio de sus derechos
procesales”. Con todo, existen muchos otros deberes de las partes en el
proceso, como lo son, por ejemplo, la concurrencia oportuna al despacho cuando
sean citados, la presentación y colaboración para la práctica de pruebas o el
uso de un lenguaje respetuoso y carente de expresiones injuriosas, ya sea en
las exposiciones escritas y orales.
[34] Al respecto, entre
otros, puede consultarse a: López Blanco, H. F., Instituciones de Derecho
Procesal Civil Colombiano, Colombia: Dupré Editores, 2007, Tomo I, p. 103 y
104; Azula Camacho, J., Manuel de Derecho Procesal, Colombia: Editorial
Temis, 2000, Tomo I, p. 76; y Mesa Calle, M. C. Derecho Procesal Civil,
Parte General, Bogotá: Biblioteca Jurídica Dike, 2004, p. 70.
[35] M.P. Alejando Martínez
Caballero.
[36] Cfr. Corte
Constitucional. Sala Cuarta de Revisión. Sentencia T-10 del 22 de mayo de 1992
[37] Al respecto, pueden
consultarse, entre otras, las sentencias T-727 de 2011, T-1233 de 2008, T-568
de 2006, T-1022 de 2006, T-1325 de 2005, T-1103 de 2005 y T-919 de 2003.
[38] M.P. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo.
[39] Sentencia T-1103 de
2005, M.P. Jaime Araujo Rentería, entre otras.
[40] Ibídem
[41] Sentencias T-1103 de
2005, T-1022 de 2006 y T-1233 de 2008.
[42] M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra.
[43] M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra.
[44] Sentencia T-149 de
1995, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[45] Sentencia T-308 de
1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[46] Sentencia T-443 de
1995, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[47] Sentencia T-001 de
1997, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[48] Sentencia T-560 de
2009, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza.
[49] Al respecto, pueden
consultarse -entre otras- las sentencias T-593 de 2002, T-502 de 2003, y T-184
de 2005.
[50] Sentencia T-1103 de
2005, M.P. Jaime Araujo Rentería.
[51] Sobre el tema se puede
consultar la Sentencia T-661 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[52] M.P. Manuel José
Cepeda Espinoza.
[53] SU-1219 de 2001, M.P
Manuel José Cepeda Espinosa.
[54] Sentencias T-185 de
2005, M.P Rodrigo Escobar Gil; T-502 de 2008, M.P Rodrigo Escobar Gil; T-185 de
2013, M.P Luis Ernesto Vargas Silva.
[55] Contenida en el
resuelve primero de la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
del 28 de febrero de 2013. Véase Cuaderno 2, folio 33.
[56] Contenida en el
resuelve primero de la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
del 28 de febrero de 2013. Véase Cuaderno 2, folio 33.
[57] Contenida en el
resuelve de la sentencia del 6 de junio de 2013 proferida por la Subsección B
de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la que modifica el fallo de
primera instancia que había reconocido el servicio de cuidador en casa de forma
permanente. De forma expresa, las órdenes previamente mencionadas disponen que:
(i) en cuanto al Tribunal: “Primero.-  TUTÉLASE los derechos a
la vida digna y a la salud de la señora Rosa Inés Ortegón de Ramírez. En
consecuencia, ORDÉNASE al Gerente de COOMEVA EPS que dentro del término de las
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente
providencia, entregue los pañales, de forma periódica, a la señora Allison
Ramírez Ortegón, hija de la señora Rosa Inés Ortegón de Ramírez y le
facilite el servicio de cuidador primario permanente, por turnos, con personal
especializado e idóneo en los cuidados requeridos por ella, hasta tanto
persistan las circunstancias que originan esta necesidad, debiendo
continuar facilitándole los demás procedimientos médicos necesarios para
atender integralmente la enfermedad que padece”; y (ii) en lo que atañe al
Consejo de Estado: “Primero.- CONFIRMASE la sentencia del 28
de febrero de 2013 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, adicionada por la misma Corporación el 8 de marzo del mismo año,
en cuanto amparó los derechos fundamentales a la vida digna y salud de la
señora Rosa Inés Ortegón de Ramírez, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta sentencia. Segundo.- MODIFICANSE las órdenes emitidas en
la sentencia antes señalada, respecto al suministro de pañales desechables y la
atención domiciliaria que requiere la señora Rosa Inés Ortegón de Ramírez, en
el sentido de disponer lo siguiente: 2.1. ORDÉNASE a Coomeva EPS que en
el término de 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia, le
suministre de manera permanente a la señora Rosa Inés Ortegón de Ramírez los
pañales desechables que necesita, respecto de los cuales podrá realizar el
recobro correspondiente ante el FOSYGA. // 2.2. ORDÉNASE a Coomeva
EPS, una vez la señora Rosa Inés Ortegón de Ramírez egrese de la clínica en que
se encuentra, prestarle a aquélla el servicio de enfermería domiciliaria
durante 6 horas diarias de acuerdo a las indicaciones que fueron establecidas
por el profesional de la salud que evaluó su situación en esta instancia, y en
lo sucesivo por lo dispuesto por su médico tratante, coordinando para tal
efecto con los familiares de la paciente los horarios en los que es más
efectiva y necesaria la prestación de dicho servicio. // Se precisa que el
costo del servicio de enfermería domiciliaria está a cargo de la EPS demandada,
de conformidad con las consideraciones expuestas en esta providencia”. Lo
subrayado corresponde a las modificaciones realizadas por la autoridad judicial
de segunda instancia.
[58] Contenida en el
resuelve 4.2 de la Sentencia del 6 de junio de 2013 proferida por la Subsección
B de la Segunda del Consejo de Estado. Cuaderno 2, folio 133. Textualmente se
dispone que: “4.2. TUTÉLASE el derecho fundamental al mínimo [vita]
de la señora Rosa Inés Ortegón de Ramírez. En consecuencia, ORDÉNASE al
ISS y a COLPENSIONES, que en el término de 5 días siguientes a la notificación
de esta providencia, adelanten las gestiones pertinentes para cancelarle a la
ciudadana antes señaladas las mesadas pensionales adeudadas, y en lo sucesivo
le paguen oportunamente dicha prestación”.
[59] Sentencia del 6 de
junio de 2013 proferida por la Subsección B de la Segunda del Consejo de
Estado. Cuaderno 2, folio 116.
[60] Véase, al respecto, la
nota a pie No. 55.
[61] Al respecto, se dijo
que: “(…) en el caso de autos no sólo el esposo de la señora Rosa Inés
Ortegón de Ramírez, sino sus hijos, se encuentran en la obligación moral, legal
y constitucional de velar por su cuidado, obligación que no corresponde
exclusivamente al Estado o a Coomeva EPS, que le han brindado la atención en
seguridad social en salud que necesita, y que en virtud de la presente decisión
continuarán otorgando las medidas de protección que la misma requiera, en las
que la intervención de la familia es fundamental. // Añádase a lo expuesto, que
de lo probado en el proceso no se advierten circunstancias de tal entidad que
impidan a los 6 hijos de la señora Rosa Inés Ortegón de Ramírez, brindarle la
compañía, afecto y atención mínima que necesita, como para predicar que el
Estado de manera exclusiva es quien debe velar por su cuidado”.
[62] Sobre este punto, en su
momento, se dijo que la señora aparecía erróneamente como fallecida.
[63] Como previamente se
transcribió, la orden en mención dispone que: “ORDÉNASE [a] Coomeva EPS, una
vez la señora Rosa Inés Ortegón de Ramírez egrese de la clínica en que se
encuentre, prestarle a aquélla el servicio de enfermería domiciliaria durante 6
horas diarias de acuerdo a las indicaciones que fueron establecidas por el
profesional de la salud que evaluó su situación en esta instancia, y en
lo sucesivo por lo dispuesto por su médico tratante, coordinando para
tal efecto con los familiares de la paciente los horarios en los que es más
efectiva y necesaria la prestación de dicho servicio (…)”. Subrayado y
resaltado por fuera del texto original.
[64] El artículo 53 del
Decreto 2591 de 1991 dispone que: “El que incumpla el fallo de tutela o el
juez que incumpla las funciones que le son propias de conformidad con este
decreto incurrirá, según el caso, en fraude a resolución judicial, prevaricato
por omisión o en las sanciones penales a que hubiere lugar (…)”.
[65] En la
Sentencia T-744 de 2003, la Corte precisó las diferencias entre las dos
figuras, en los siguientes términos: “i) El cumplimiento es obligatorio,
hace parte de la garantía constitucional; el desacato es incidental, se trata
de un instrumento disciplinario de creación legal. ii) La responsabilidad
exigida para el cumplimiento es objetiva, la exigida para el desacato es
subjetiva. iii) La competencia y las circunstancias para el cumplimiento de la
sentencia se basan en los artículos 23 y 27 del Decreto 2591 de 1991. La base
legal del desacato está en los artículos 57 y 27 del mencionado Decreto. Es
decir que en cuanto el respaldo normativo, existen puntos de conjunción y de
diferencia. iv) El desacato es a petición de parte interesada, el cumplimiento
es de oficio, aunque v) Puede ser impulsado por el interesado o por el
Ministerio Público”.
[66] Cuaderno 2, folio 128.
[67] Como previamente se
transcribió, la orden en mención dispone que: “TUTÉLASE el derecho
fundamental al mínimo [vital] de la señora Rosa Inés Ortegón de Ramírez. En
consecuencia, ORDÉNASE al ISS y a COLPENSIONES, que en el término de 5 días
siguientes a la notificación de esta providencia, adelanten las gestiones
pertinentes para cancelarle a la ciudadana antes señalada las mesadas
pensionales adeudadas, y en lo sucesivo le paguen oportunamente dicha
prestación”. (Subrayado y resaltado por fuera del texto original).
Sobre el alcance de este mandato judicial, en la parte motiva se expuso
que: “Se precisa que las entidades antes señaladas deben no sólo reanudar el
pago de la mesada pensional, sino pagar aquellas que han dejado de cancelar, en
tanto, en atención a la edad de la señora Ortegón de Ramírez y a su delicado
estado de salud, es desproporcionado exigirle que inicie un proceso ejecutivo
para tal fin”.
[68] La norma en cita
dispone que: “A partir de la vigencia de la presente ley se crea la
obligación, para todos los operadores públicos y privados del sistema general
de pensiones, que tengan a su cargo el giro y pago de las mesadas pensionales,
de consignar la mesada correspondiente a cada pensionado en cuentas
individuales, en la entidad financiera que el beneficiario elija y que tenga
sucursal o agencia en la localidad donde se efectúa regularmente el pago y en
el cual tenga su cuenta corriente o de ahorros, si este así lo decide. // Para
que proceda la consignación de las mesadas pensionales, en cuentas de ahorro o
corriente, las Entidades de Previsión Social deberán realizar previamente un
convenio con la respectiva entidad financiera, especificando que dichas
cuentas solo podrán debitarse por su titular mediante presentación personal o
autorización especial. No podrán admitirse autorizaciones de carácter
general o que la administración de la cuenta se confíe a un apoderado o
representante. (…)”
[69] “Por
medio del cual se reglamenta el artículo 5° del Decreto 2150 de 1995 y la Ley
700 de 2001.”
[70] M.P. María Victoria
Calle Correa
[71] En la sentencia en cita
aunque
se reconoce que la exigencia de una autorización especial es un medio
idóneo para ejercer control sobre el pago de la mesada pensional y proteger los
recursos del Estado que pretenden garantizar la seguridad social, su marco general
excluye el supuesto en el que el pensionado, por razones de incapacidad física
o psíquica, no tiene la posibilidad de reclamar de manera directa y personal el
pago de su prestación, ni para realizar los trámites necesarios para otorgar un
poder especial a favor de un tercero. Esta situación adquiere un valor especial
por la posibilidad que existe de suspender el pago de las mesadas pensionales
no reclamadas y la relación de dicha determinación respecto de una eventual
vulneración del derecho a la seguridad social de personas de la tercera edad.
Por lo anterior, en la sentencia en mención, a manera de regla, se señaló que: “Una
entidad encargada de pagar mesadas pensionales vulnera el derecho al mínimo
vital y a la vida digna de una de sus usuarias y su grupo familiar, cuando se
niega a reconocer el derecho a un tercero de reclamar en representación del
pensionado el pago de las mesadas pensionales, tras considerar que no existe
autorización expresa para ello, (i) a pesar de que es imposible para la
agenciada otorgar dicho permiso pues padece una enfermedad que le imposibilita
otorgar una autorización, (ii) que el tercero que reclama el pago de las mesadas
acredita guarda y confianza respecto de la beneficiaria, y (iii) la prestación
es fundamental para garantizar el mínimo vital de la beneficiaria y su grupo
familiar.”
[72] Tal como ya fue
referido en el presente fallo, la señora Rosa Inés Ortegón de Ramírez fue
diagnosticada con meningioma pterional izquierdo con masa intercraneal que se
extiende a lo largo del hemicráneo con moderado efecto comprensivo, diabetes
mellitus e hipertensión arterial. Las limitaciones físicas que de dicha
condición se derivaron generaron la necesidad de cuidados especiales a favor de
la agenciada. Así las cosas, cuenta con la prestación del servicio de
enfermería en casa durante 6 horas al día con el propósito de que se lleven a
cabo sus cuidados médicos, y el resto de sus necesidades básicas deben ser
cubiertas por su familia.
[73] Al respecto, el
artículo 52 de la Ley 1306 de 2009 dispone que: “Artículo 52.-
Curador de la persona con discapacidad mental absoluta. A la
persona con discapacidad mental absoluta mayor de edad no sometido a patria
potestad, se le nombrará un curador, persona natural, que tendrá a su cargo el
cuidado de la persona y la administración de sus bienes. // El curador es único,
pero podrá tener suplentes designados por el testador o por el Juez. // Las
personas que ejercen el cargo de curador, los consejeros y los administradores
fiduciarios de que trata el presente capítulo, se denominan generalmente
guardadores, y la persona sobre la cual recae se denomina, en general, pupilo.”
[74] Según se señalan en las
distintas actuaciones surtidas en tutela el origen de la deuda en el pago de
las mesadas pensionales se remonta al mes de agosto de 2012.
[75] “Por las razones expuestas en esta
providencia, Ordenar a la Administradora Colombiana de Pensiones
(Colpensiones), por intermedio de su representante legal o de quien haga sus
veces, que en el término máximo de cinco (5) días hábiles siguientes a la
notificación de esta providencia y de forma transitoria, proceda a cancelar de
forma directa a través de la señora Alisson Ramírez Ortegón las mesadas
pensionales adeudadas y las que en lo sucesivo se causen a favor de la señora
Rosa Inés Ortegón de Ramírez”.
[76] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[77] Como por ejemplo, las
Sentencias T-616 de 2006, T-764 de 2012, entre
otras, en las cuales la Corte rechaza por improcedente la acción de tutela.
[78] M.P.
Jaime Córdoba Triviño.
[79] Auto 265 de 2001, M.P. Jaime Córdoba Trivño.