T-653-14
Sentencia T-164/12
Sentencia T-653/14
HOMONIMIA O SUPLANTACION DE IDENTIDAD EN PROCESO PENAL-Caso en que se condena a un sujeto en un proceso penal sin que
mediara una debida individualización e identificación
HOMONIMIA O SUPLANTACION DE IDENTIDAD-Caso
de dos personas que portan el mismo documento de identidad, una privada de la
libertad y otra que reside en lugar distinto y que se ve afectado por la
información consignada en las bases de datos respecto de su identidad
LEGITIMACION POR ACTIVA EN TUTELA-Persona natural que actúa en defensa de sus
propios intereses
LEGITIMACION POR PASIVA EN TUTELA-Autoridad pública
PROCESO PENAL-Certeza en la identificación e individualización del
imputado
La labor de verificar la correcta identificación o
individualización del imputado, con el fin de prevenir errores judiciales
corresponde, en principio, a la Fiscalía General de la Nación. Al efecto se
establece como mecanismo de identificación el documento de identidad y, en caso
de no presentarse, el registro de la tarjeta decadactilar, lo que se debe
verificar con los documentos obtenidos de la Registraduría Nacional del Estado
Civil.
HOMONIMIA O SUPLANTACION DE IDENTIDAD EN PROCESO PENAL-Puede existir violación al debido proceso
por parte de las autoridades judiciales ante los casos de
suplantación y homonimia
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Procedencia
excepcional
Ha sido
reiterada la posición de la Corte Constitucional frente al tema de la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales.  El criterio ha sido uniforme en el sentido de señalar que en
estos casos se busca un equilibrio entre la actuación e interpretación de los
jueces –principio de la independencia judicial- y la prevalencia de los
derechos fundamentales. La acción de
amparo no puede utilizarse en aras de remplazar los recursos y mecanismos con
que las partes cuentan dentro del proceso, su alcance debe ser restrictivo y
opera sólo cuando se advierta la amenaza o vulneración de un derecho
fundamental  por  parte de la autoridad judicial en el curso de su
actuación.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad
DERECHO AL BUEN NOMBRE Y AL HABEAS DATA EN CASO DE SUPLANTACION DE
IDENTIDAD-Afectación de los derechos fundamentales
El derecho al buen nombre involucra aspectos como la
reputación, opinión y fama adquirida por un individuo en virtud de sus
acciones, de su conducta, del comportamiento reconocido por la sociedad, razón
por la cual debe ser protegido. En consecuencia, todas aquellas informaciones
contrarias a la verdad que alteren la imagen y prestigio del individuo ante la
sociedad, deben tener una protección legal y constitucional. La protección del habeas data, por su parte,
constituye el derecho de rectificar la información errada o confusa que existe
en los bancos de datos oficiales o donde se reportan los registros de
antecedentes de las personas.
DERECHO AL BUEN NOMBRE Y AL HABEAS DATA EN CASO DE SUPLANTACION DE
IDENTIDAD-Procedencia excepcional de la acción de
tutela
Procede
excepcionalmente la tutela y pierde subsidiariedad cuando: (i) existe
suficiente evidencia probatoria que permite concluir
que hubo suplantación y (ii) cuando los trámites para la corrección del error del Estado implican una
carga desproporcionada para el ciudadano afectado.
DERECHO AL BUEN NOMBRE Y AL HABEAS DATA-Vulneración por cuanto se observa un error
en la identificación del autor del delito
DERECHO AL BUEN NOMBRE, A LA HONRA Y AL
HABEAS DATA-Orden a juez
aclarar que el accionante es una persona distinta de la condenada por la
comisión del delito de rebelión
DERECHO AL BUEN NOMBRE, A LA HONRA Y AL
HABEAS DATA-Orden a
Registraduría Nacional reseñar, identificar y registrar con la correspondiente
tarjeta decadactilar a las dos personas que se identifican con el mismo número
de cédula
Referencias:
Expedientes Acumulados T-4.329.933 y 4.329.935
Demandantes:
Reinaldo de Jesús Becerra y Julio Cesar Jiménez Pérez.
Demandados:
Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Arauca, el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Bogotá, el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Arauca y la Fiscalía
Especializada de la Unidad Nacional contra el Terrorismo de Arauca. La Sala
Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, Juzgado Penal del
Circuito Especializado de Ibagué, y el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y
Medidas  de Seguridad de Ibagué.
Magistrado Ponente:
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Bogotá, D.C., 4 de septiembre de dos mil catorce (2014).
La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por los Magistrados Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Jorge Iván
Palacio Palacio y Gloria Stella Ortiz Delgado, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
I. Antecedentes del Expediente T-4.329.933
1. La solicitud
Reinaldo de Jesús Becerra, presenta acción de tutela
contra la Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arauca, el
Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, el
Juzgado Penal del Circuito Especializado de Arauca y la Fiscalía Especializada
de la Unidad Nacional contra el Terrorismo de Arauca, con el propósito de que
se le ampare el derecho fundamental a la vida, libertad, dignidad humana, honra
y buen nombre, debido proceso y habeas data.
En Sala de Selección Número Cinco, mediante auto de 15
de mayo 2014, fue escogida la presente acción de amparo y acumulado al
expediente de tutela T-4.329.935, acción promovida, con análoga finalidad, por
Julio Cesar Jiménez Pérez contra la Sala Penal del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Ibagué, el Juzgado Segundo Penal del Circuito
Especializado de Ibagué y el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de la ciudad de Ibagué.
2. Reseña fáctica
2.1. Narra el demandante que fue detenido y privado de
la libertad desde el 24 de enero de 2014 a las 11:00 am, luego de que miembros
de la Policía Nacional, en cumplimiento del plan busetas, detuvieron el vehículo
de transporte público en el que se dirigía a una cita médica. En ese momento
fue informado de que tenía una orden de captura y fue conducido a la Estación
de Policía de San Cristóbal. El 27 de enero de 2014 le fue comunicado a su
familia el requerimiento hecho por el Juzgado Penal del Circuito Especializado
de Arauca, por el delito de rebelión, y la condena impuesta -78 meses de pena
privativa de la libertad-.
2.2. El 28 de enero de 2014 el Juzgado Penal del
Circuito Especializado le informó, en detalle, las causas de su aprehensión, y
le aclaró que carecía de competencia para estudiar la documentación allegada,
para esclarecer su identidad consistente en firmas de la comunidad, constancias
laborales, historia pensional, declaraciones que afirmaban que había vivido
veinte años en la ciudad de Bogotá y conformaba una familia al lado de sus tres
hijos.
2.3. Fue trasladado al Centro Penitenciario Carcelario
la Picota de Bogotá, el 28 de enero de 2014, donde cumple una condena por un
delito cometido por una persona que suplantó su identidad. Es víctima de un
error judicial por parte de la Fiscalía en las investigaciones adelantadas para
la plena identificación e individualización de la persona señalada por cuatro
desmovilizados de las FARC como coautor del delito de Rebelión.
2.4. Hace 40 años le fue hurtada la billetera dentro de
la cual llevaba su documento de identidad y es una persona de más de 65 años de
edad.
2.5. La Fiscalía inició la investigación con base
en el informe No. 004516, del 16 de octubre de 2006, suscrito por el Patrullero
de la Policía Nacional-Dijin- Edgar Blandón Quintero, adscrito al Cuerpo de
Investigación de la Fiscalía, Estructura de Apoyo de Arauca, en el que da
cuenta de personas integrantes de las FARC y del ELN, que delinquen en Tame
Arauca y sus alrededores, y que la prueba en su contra son cuatro declaraciones
rendidas a la Fiscalía.
2.6 Una primera declaración corresponde al Señor Jhon
Kenedy Caballero Reyes, en la cual no se describe ni morfológicamente ni de
manera física y en la que se nombra a Reinaldo Becerra y a Reinaldo Becerra
Panqueva
2.7. En una segunda declaración, rendida por José
Antonio Almazar, se manifiesta que hace 17 años conoció a Reinaldo Becerra en
la vereda Caño Verde, que era dirigente del partido comunista clandestino, que
tiene una finca en la vereda “Las Acacias” y cultivos de Coca, trabaja con las
FARC, porta radio de comunicación para hacer inteligencia y dar información,
que es un señor de 55 años de contextura delgada, 1.65 metros, trigueño medio,
cabello canoso lacio y usa bigote.
2.8. En la declaración del reinsertado Edgar Cifuentes
Medina se menciona a  Reinaldo Becerra, alias “Vendabal”, a quien conoce hace
como 12 años, cuando  vivía en la vereda de Cuiloto, que fue raspador de coca
en la finca y casa de él; que allí permanece la guerrilla, y  es el paradero de
Ciro Chonto, un mando del décimo frente; que “el viejo carga pistola y radio
y se comunica con los comandantes”, tiene 55 años, es canoso, mide 1.75 cm
aproximadamente, vive en una finca, tiene una mujer que se llama María y como
diez hijos, se moviliza a pie  y a  caballo.
2.9. La reinsertada Luz Nelly Benítez  Muajes, en
declaración del 15 de noviembre de 2007, ante la Fiscalía Especializada de
Estructura de Apoyo de Arauca, manifiesta que conoce alias “Vendabal”, quien es
alto, con aproximadamente 1.75 metros  de estatura, contextura delgada, piel
trigueña, cabello liso, castaño claro, ojos cafés y cara perfilada
2.10. Aclara que ha vivido toda la vida en la ciudad de
Bogotá, que ha sido un ciudadano ejemplar, que nunca ha estado en Arauca.  Que
nació en la vereda de Trinidad, en el Municipio de Duitama, donde habitó hasta
los veinte años de edad, lo que se puede corroborar, puesto que es reconocido
en las veredas San Lorenzo de Arriba, Surba,  Bonza y la Trinidad, en el
Municipio de Duitama, y en la localidad de San Cristóbal en Bogotá, como lo
afirman los residentes en 90 firmas que se adjuntan en cuatro (4) folios y 136
firmas que se aportaron al Juzgado Penal del Circuito Especializado de Arauca y
conforme se reafirma en la  certificación de la Parroquia Santa Catalina
Labouré.
2.11. Toda la vida ha trabajado como empleado, desde el
año 1969 hasta 1994 y, como trabajador independiente, cotizando al Instituto de
Seguros Sociales hasta el año 2008, por lo cual obtuvo pensión de vejez,
mediante Resolución No 046250 de 2008. Esto se corrobora con su historia
pensional.
2.12. Contrajo matrimonio con Flor de María Camargo de
Becerra y criaron tres hijos, quienes residen en Bogotá, donde adelantaron sus
estudios.
2.13. Reinaldo Becerra alias “Vendabal”, (condenado),
fue descrito por cuatro personas en declaraciones que se contradicen entre
ellas, en cuanto a su verdadero nombre y descripción física. Advierte que debe
tenerse en cuenta que el espacio de tiempo en que dicen los testigos que lo
conocieron -años de 1988, 1991 y 1996- se encontraba laborando en la ciudad de
Bogotá, tal y como se corrobora en su historia laboral, en la que consta que
trabajó para distintas empresas.
2.14. Su fisionomía no concuerda con la persona
detallada en las declaraciones, en una de ellas se describe a un hombre de 1.65
metros, trigueño, canoso, cabello lacio y con bigote, en otra, se manifiesta
que tiene 55 años, es canoso y mide 1.75 cm, y, en la última, se manifiesta que
mide 1.75 metros de estatura, delgado, piel trigueña, pelo liso, ojos café
claro, de cara perfilada.  Ninguna de las tres declaraciones concuerda con su
fisionomía, pues mide 1.60 metros y de las fotografías anexadas se puede
observar que no es “narizón”, ni tiene la cara perfilada, tampoco tiene el
cabello lacio, más bien es ondulado.
2.15. La Fiscalía y sus investigadores no realizaron
ninguna tarea de verificación de los datos suministrados por los cuatro
desmovilizados, tendiente a establecer la plena identidad e individualización
del sujeto presuntamente conocido, como tampoco se realizó una búsqueda donde
decía vivir esta persona.
2.16. A través de la base de datos de la Policía Nacional,
se obtuvo como resultado que se encontraron las dos únicas personas que
aparecen en el sistema y que corresponden al nombre y apellido en mención
siendo una de ellas Becerra Moreno Miguel Reinaldo, identificado con CC No
96.125.281 de Saravena, Arauca, y fecha de expedición 26 de mayo de 2000 y
Becerra Reinaldo de Jesús identificado con C.C. No 19.057.033 de Bogotá, con
fecha de expedición 10 de noviembre de 1969. Estos son los únicos datos con los
que la Fiscalía identifica plenamente.
2.17. Reinaldo de Jesús Becerra fue declarado persona
ausente.  Se dictó como medida de aseguramiento detención preventiva en
establecimiento carcelario, por los delitos de rebelión, concierto para
delinquir, terrorismo, homicidio agravado, conservación o financiación de plantaciones,
tráfico, fabricación, porte de estupefacientes, extorsión agravada y secuestro
extorsivo agravado.
2.18. El 24 de septiembre de 2010, el Juzgado Único
Penal del Circuito Especializado de Arauca profirió sentencia de primera
instancia en contra de Reinaldo de Jesús Becerra y otros por el delito de
Rebelión; los condena a la pena privativa de la libertad, advierte que las
únicas pruebas fueron las manifestaciones de los cuatro desmovilizados y la
escasa descripción que se hizo de él.
3. Pretensiones
Solicita se conceda el amparo de los derechos
fundamentales a la libertad, vida, salud, debido proceso, dignidad humana y
habeas data. En consecuencia, solicita se revoqué la sentencia proferida en su
contra por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Arauca.
Asimismo, pide que se ordene su libertad inmediata, y el
restablecimiento de su buen nombre y honra, vulnerados por el Juzgado Segundo
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, la Fiscalía
Especializada Estructura de Apoyo de Arauca, el Juzgado Penal del Circuito
Especializado de Arauca y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arauca.
4. Respuesta del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Arauca, Sala Única.
Informa que el 11 de mayo de 2012, dictó sentencia de
única instancia  en la que se resolvieron los recursos interpuestos contra el
fallo de 24 de septiembre de 2010, mediante el cual se condenó, entre otros, a
Reynaldo de Jesús Becerra; dicho fallo fue confirmado en su totalidad  y  se
interpuso recurso de apelación.
Se recibieron solicitudes de libertad para los
procesados Adán Piñero y Pedro Carvajal Isidro, las que fueron remitidas al
juzgado de primer grado. Frente a la plena identificación del demandante,
manifiesta que debe verificarse conforme a las reglas que sobre el tema
desarrolló la Fiscalía; que el actor no presentó apelación contra ninguno de
los fallos.
5. Juzgado Penal del Circuito Especializado de
Arauca.
Hace un resumen de las actuaciones realizadas, las
cuales inician con la investigación que dio origen al presente proceso.  Con el
informe No. 004516 del 17 de octubre de 2006, suscrito por el patrullero de
Policía Judicial Grayte – Dijin-, fueron relacionados nombres y algunos alias
de integrantes de las milicias de las FARC y el ELN que delinquen en el sector
del Municipio de Tame (Arauca).  Se anexan órdenes de Batalla del Ejercito
Nacional en las cuales se relacionan varios de sus integrantes, la mayoría sin
identificar.  Mediante investigación preliminar, el día 18 de octubre de 2006,
se logran resultados con base en las declaraciones juramentadas de varias
personas que conocieron de cerca a integrantes de grupos subversivos. En el
informe de Policía Judicial No 034 DAS- EDA del 8 DE ABRIL DE 2008, se plasman
los resultados de las investigaciones adelantadas por los funcionarios para
identificar e individualizar a los integrantes de los diversos grupos armados
ilegales que delinquen en el Departamento de Arauca, en el cual se menciona al
señor Reinaldo Becerra Salamanca.
El 10 de abril de 2008, se profiere resolución de
apertura de instrucción de conformidad con lo establecido en los artículos 331
y 332 de la ley procesal penal vigente contra varios ciudadanos, entre estos el
accionante, quien fue declarado persona ausente y se le impuso medida
preventiva en el centro carcelario; que el 18 de julio de 2008 la Fiscalía
Tercera de la Unidad Nacional contra el Terrorismo de la ciudad de Bogotá
avoca el conocimiento de la investigación y al considerar recaudada la prueba
necesaria para calificar el mérito del sumario, profiere decisión en la cual
decreta el cierre de la investigación y dicta  resolución de acusación en
contra de Reinaldo de Jesús Becerra y otras personas, por los delitos de
concierto para delinquir y rebelión. Respecto de los delitos de terrorismo,
homicidio agravado, conservación o financiación de plantaciones, trafico,
fabricación o porte de estupefacientes, extorsión agravada y secuestro
extorsivo agravado, precluye la investigación.
Se condena al actor, mediante sentencia proferida el 24
de septiembre de 2010, contra la cual fue interpuesto recurso de apelación y
mediante providencia del 14 de mayo de 2012 se confirma la decisión.  Fue
declarado desierto el recurso de casación. Sobre el ciudadano Reinaldo de Jesús
Becerra se libró boleta de encarcelación No 001, ante la Dirección de
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Bogotá.
Informa que el proceso fue enviado al Juzgado de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la ciudad de Bogotá, y se encuentra
pendiente de resolver la petición de sustitución de la pena por prisión
domiciliaria.
6. Decisiones Judiciales que se revisan dentro del
expediente T-4.130.835.
6.1 Decisión de primera instancia
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia, negó las pretensiones de la acción de tutela, al considerar que:
El accionante debe promover la solicitud de
esclarecimiento de su identidad ante el Juez de Ejecución de Penas Y Medidas de
Seguridad, esto implica que se escuche al interesado y se practiquen las
pruebas periciales pertinentes, con el fin de constatar si existen falencias en
la identificación, tesis que ha sido acogida por la Corte Constitucional. Lo
anterior tiene sustento en la expresa atribución de competencia que tiene el
juez de ejecución de penas y medidas de seguridad como autoridad encargada de
definir los asuntos relativos al cumplimiento posterior de la sentencia
condenatoria  y,  además, porque  el funcionario al mantener el contacto directo
con el expediente del respectivo proceso penal y tener la facultad de solicitar
las pruebas conducentes y  pertinentes, está en condiciones de solucionar
integralmente problemas como el aquí suscitado.
La conclusión de la Corte Suprema es que existe un medio
judicial idóneo y adecuado para resolver lo solicitado por el actor. Asimismo,
que éste cuenta con el recurso de revisión a efectos de controvertir los
supuestos fácticos y probatorios atañaderos a su situación, no valorados
correctamente.
Frente a la solicitud de amparar los derechos invocados
como mecanismo transitorio se advierte que el 4 de febrero de 2014 el actor
elevó solicitud para establecer su identidad.  Mediante auto del 10 de febrero
se ordenó la remisión del original del proceso con la documentación seguida en
contra del sentenciado; se ordenó oficiar al Juzgado Penal del Circuito
Especializado de Arauca y al de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la
misma ciudad a fin de que remitan el original del proceso con la documentación
seguida en contra del accionante al CTI, y se designe un perito que se desplace
a la Cárcel la Picota, con el objeto de que se le tomen huellas al condenado,
registro fotográfico y estudio morfológico, además de realizar labores de
vecindario y requerir al Instituto de Seguros Sociales con el objeto de que
indique si el demandante se encuentra pensionado e investigue con cual empresa
laboró, lo que demuestra que se surte el trámite para dilucidar el asunto.
6.2 Decisión de segunda instancia
Mediante sentencia del 28 de marzo de dos mil catorce
(2014), la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, confirmó la
sentencia de primera instancia y conminó al Juzgado Segundo de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad para que, en el menor tiempo posible, adelante el
procedimiento a que haya lugar y constate dicha situación de homonimia o
suplantación.
Advierte que el trámite adelantado por el Juez ejecutor
para establecer si se trata de un caso de homonimia o suplantación no ha
culminado, de tal manera que, el amparo deprecado resulta prematuro, pues el
caso debe ser resuelto por el juez competente.
Frente a la aplicación de la sentencia T-1216 de 2008,
observa que esta debe aplicarse cuando se tengan evidencias probatorias
suficientes respecto de la suplantación de identidad, y no se precise un
análisis minucioso por parte del juez de ejecución de penas respecto de las
pruebas disponibles, o necesite de la práctica de unas nuevas para decidir
definitivamente la cuestión.
II. Antecedentes del Expediente T-4.329.935
1. La solicitud
Solicita el Señor Julio Cesar Jiménez Pérez se protejan
sus derechos fundamentales a la honra, habeas data, libertad de locomoción,
buen nombre, debido proceso, defensa, libertad personal, igualdad, derechos
civiles a elegir y ser elegido y conexos.
2. Reseña fáctica
2.1. Afirma el demandante que para el año 2011, durante
las elecciones populares regionales del Distrito de Santa Marta descubrió que
se encontraba inhábil para elegir y ser elegido, lo que fue certificado
mediante Resolución No 9949 de 25 de agosto de 2010, en cumplimiento de la
sentencia emitida, con el radicado 0052 de 2009, por el Juzgado Primero Penal
Municipal de Conocimiento de Ibagué Tolima.  Acudió a la Procuraduría para
conocer más detalles de su situación,  y se enteró que había sido condenado a
pagar una pena principal de 31 años de prisión por el delito de secuestro
extorsivo, decisión proferida por el Juzgado Segundo Penal Especializado del
Circuito de Ibagué y conocida, en segunda instancia, por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial, Sala Penal,  en la que se atribuyen tipos penales
adicionales como la  “Fabricación Trafico y Porte de Armas de uso privativo
del Ejercito”.
2.2. Al verse inmerso en esta situación y siendo
inocente de las conductas que se le imputaban, decidió iniciar el trabajo de
limpiar su nombre, y el de quienes se vieron damnificados, como sus padres,
hermanos, esposa e hijos.  Fue así como estableció que el verdadero autor de
los tipos penales que se le atribuían se encontraba privado de su libertad en
el Centro Carcelario y Penitenciario de Coiba Picaleña en la ciudad de Ibagué.
2.3. Es una persona humilde que no posee los recursos
para desplazarse a las ciudades donde se desarrollaron las actuaciones antes
mencionadas, y se desenvuelve laboralmente como vigilante del edificio PALIS,
en la ciudad de Santa Marta, es padre de familia y único sustento de su hogar.
2.4. La suplantación de que ha sido objeto le ha
ocasionado miedo y zozobra ya que el suplantador pertenece a la banda
denominada “Los Bolcheviques”, dominantes en el Líbano Tolima y es conocido con
el alias de “Maravilla” o “Jerónimo”.
2.5. Las actuaciones desplegadas por el Juzgado Primero
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Neiva, dentro del proceso
radicado No 2009-0052, identifican a Julio Cesar Jiménez Pérez, con cédula de
ciudadanía  No. 85.474.855 de Santa Marta, Magdalena, quien fue condenado a 372
meses de prisión en la Cárcel de Picaleña en Ibagué, mencionado en el fallo e
individualizado por personal del CTI; manifiesta que en las audiencias de
preacuerdo, acusación y lectura de fallo, registra nombres de padres
distintos.  El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva conoció de la
apelación presentada por su abogado defensor, la cual fue declarada desierta
por no comparecer a la audiencia, según acta de fecha 12 de mayo de 2010.
2.6. Considera que se presentó una ruptura procesal al
haber varios implicados y en vista de que los jueces de Ibagué se declararon
impedidos, razón por la cual conocen los jueces de Neiva.  Pone en conocimiento
que envió carta al Consejo Superior de la Judicatura manifestando su situación
de pobreza para que se le exima de la multa.
3. Pretensiones
El demandante contrae su solicitud de amparo a que  se
conmine, al Tribunal Superior de Ibagué Tolima, a la Fiscalía General de la
Nación, Registraduría Nacional del Estado Civil, Fiscalía Séptima Especializada
de Ibagué, Fiscalía 62 UNCDES CTI Ibagué, Juzgado Segundo Penal del Circuito
Especializado de Ibagué, Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Ibagué, Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado con Funciones de
Conocimiento de Neiva, Huila, Centro de Servicios Judiciales, Sistema Penal
Acusatorio de Ibagué, Centro de Servicios Administrativos – Juzgados de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué, Registraduría de Manizales
y Registraduría de Santa Marta,  con el fin de que realicen la identificación
del sindicado, procesado o condenado con su nombre y apellidos, número de
documento de identificación o, en su defecto, individualizarlo con datos
biográficos y/o morfológicos  y/o reseña dactilar.
Pide, además, que se revoquen todos los actos en los
procesos en los que se hubiese declarado penalmente responsable, por los
delitos de secuestro extorsivo agravado, fabricación, tráfico y porte de armas
de uso privativo de las fuerzas militares, rebelión injuria y todos aquellos
tipos penales en que estuviere inmerso.
Por último, solicita que se ordene a las entidades
policivas, disciplinarias y judiciales que vuelvan las cosas a su estado
anterior.  A la Registraduría del Estado Civil, que en un término no mayor a 72
horas, restituya la eficacia de la C.C. No. 85.474.855 de Santa Marta, y se habilite
el ejercicio de sus derechos civiles y políticos; a la Procuraduría General de
la Nación que elimine de sus archivos las anotaciones ordenadas por los
juzgados antes mencionados.
4. Respuesta de la Registraduría Nacional del Estado
Civil
Expone que, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 70 del Código Electoral, los Jueces y Magistrados enviarán a la
Registraduría Nacional del Estado Civil, copia de la parte resolutiva de las
sentencias en las cuales se decrete la interdicción de derechos y funciones
públicas, dentro de los 15 días siguientes a su ejecutoria, para que las
cédulas de ciudadanía sean dadas de baja en los censos electorales. Que en esta
oportunidad con base en una orden judicial se suspendieron los derechos
políticos de Julio Cesar Jiménez Pérez.
El artículo 71 del Código Electoral señala que: “la
rehabilitación en la interdicción de derechos y funciones públicas operará
ipso-jure al cumplirse el término por el cual se impuso su pérdida como pena,
para ello bastará que el interesado formule la solicitud pertinente acompañada
de los respectivos documentos ante el Registrador Municipal de su domicilio”.
En estos casos la Registraduría no actúa de manera oficiosa sino a instancia de
parte, la cual debe allegar las pruebas que respalden su solicitud.
Que la Resolución No 3329 del 26 de septiembre de 2007
señala el procedimiento que deben seguir quienes cumplen funciones de policía
judicial permanente para la individualización y/o identificación en el proceso
penal. Y que la competencia para la correcta identificación e individualización
del imputado corresponde a la Fiscalía General de la Nación, de conformidad con
lo establecido en el artículo 99 de la Ley 1453 de 2011, Ley de Seguridad
Ciudadana.
5. Respuesta de la Fiscalía Tercera Especializada,
Delegada ante el Gaula de Ibagué
Manifiesta que asumió el conocimiento de los hechos
sucedidos el 20 de noviembre de 2008. Que en aquella oportunidad se realizó un
programa metodológico con la Policía Judicial adscrita al “Gaula”, determinándose
la desmovilización del insurgente del ELN Julio Cesar Jiménez Pérez,
identificado con la C.C. No 85.474.855 de Manizales y que fue identificado por
el señor Alberto Castellanos Carbonell; que el 20 de abril de 2009, el Juez
Sexto Penal Municipal con Función de Control de Garantías libró orden de
captura en contra de Julio Cesar Jiménez Pérez y el 4 de junio de 2009 se hizo
efectiva su captura en el Barrio Nuevo Armero de Ibagué, donde se identificó
con CC. No 85.474.855; el 4 de junio de 2009 el técnico en dactiloscopia
presentó informe en el que se establece que se trata de la misma persona,
conforme a las impresiones dactilares; fue librada orden de captura el 5 de
junio de 2009, y se formuló imputación por las conductas punibles de secuestro
extorsivo, fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las
fuerzas armadas, en concurso.  El 17 de junio de 2009 el Fiscal Tercero
Especializado radicó escrito de acusación por las mismas conductas. Se remitió
dicha actuación a la Oficina de Asignaciones de la Fiscalía correspondiéndole
el conocimiento del proceso a la Fiscalía Séptima Especializada que continuó el
juicio respectivo ante el Juez Segundo Penal del Circuito Especializado con
funciones de conocimiento.
Considera que realizó las gestiones conforme lo
establece el artículo 128 del C.P.P para identificar a quien se hizo llamar
Julio Cesar Jiménez Pérez, Alias “Maravilla”, por lo cual no existe vulneración
a ningún derecho fundamental. Lo relativo a la suplantación de nombre debe
esperar las confrontaciones dactiloscópicas y la eventual corrección de la
sentencia.
6. Decisiones Judiciales que se revisan dentro del
expediente T-4.329.935
6.1. Decisión de primera instancia
Mediante sentencia del 27 de febrero de 2014, la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia negó la acción de tutela. El
principal argumento que al efecto esgrimió es que existen otros medios
judiciales para reclamar la protección de los derechos fundamentales. Agregó
que, conforme los pronunciamientos de la Sala de Casación Penal, el Juez de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad es quien tiene la competencia frente
a los casos de suplantación o de homonimia, lo cual entraña un procedimiento
célere y que no se encuentra sometido a un término preclusivo. Que dicho
funcionario debe adelantar los trámites necesarios para establecer la verdadera
identidad del actor.  Reconoció que cuando se trata de un perjuicio
irremediable la acción de tutela está llamada a perder subsidiariedad o cuando
los trámites para la corrección del error impliquen una carga desproporcionada
para el ciudadano afectado.
Considera, sin embargo, que en el caso en concreto el
actor se encuentra en libertad, y los efectos no tienen la capacidad de
perjudicar su diaria subsistencia, por lo que, previo a la solicitud de amparo,
debió acudir al juez ejecutor que vigila la pena impuesta.
6.2. Decisión de segunda instancia
La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia confirmó la sentencia pues la acción resulta improcedente.  Citando su
propio precedente hace claridad en cuanto a que el recurso de amparo no se
instituyó con el propósito de reemplazar los procesos ordinarios especiales que
llevan medios de defensa para la salvaguarda de los intereses superiores.
Consideró que la acción de tutela tampoco tiene vocación
de prosperidad como mecanismo transitorio pues no se colige la configuración de
un perjuicio irremediable.
7. Pruebas relevantes en el expediente T-4.329.922.
-Declaraciones de señor
Yon Kenedy Caballero Reyes ante el Despacho Quince de la Unidad Nacional contra
el Terrorismo (folio 22); Luz Nelly Benitez Muajes (folio 195), Jesús Antonio
Almazar (folio 225), Edgar Cifuentes Medina (folio 257).
-Solicitud de antecedentes judiciales del señor Reinaldo
Becerra al Jefe de Sipol Arauca (alias Vendabal) Folio 30).
-Solicitud de colaboración a la Policía Nacional,
Director Nacional del DAS Arauca, Jefe Seccional de Inteligencia Policial de
Arauca, para la plena identificación del señor Reinaldo Becerra (Folios 31, 32
y 33).
- Tarjeta de identificación del señor Reinaldo de Jesús
Becerra, nacido el 15 de agosto de 1948, en Duitama, Boyacá (folio 35).
-Informe de Consulta AFIS del señor Miguel Reinaldo
Becerra Moreno, nacido en Saravena Arauca, el 23 de abril de 1982. (Folio 36).
-Respuesta al Oficio No 127 DAS- EDA, en el que se
identifica al señor Reinaldo de Jesús Becerra y Miguel Reinaldo Becerra. (Folio
38).
-Informe de policía judicial (folios 46 y 170).
-Providencia del 13 de junio de 2008 mediante la cual la
Dirección Nacional de Fiscalías, Unidad Nacional contra el Terrorismo, Fiscalía
Delegada ante los jueces penales del circuito especializados, Estructura de
Apoyo, resuelve la situación jurídica del señor Reinaldo de Jesús Becerra. (
folio 74).
-Sentencia en audio del 31 de julio de 2009.
-Sentencia del 8 de mayo de 2014 proferida por el
Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad mediante la cual
se le concede la libertad inmediata al señor Reynaldo de Jesús Becerra (folio
17 del cuaderno de la Corte Constitucional.
8. Pruebas relevantes en el expediente 4.329.935.
-Fotocopia de la cédula
de ciudadanía No 85.474.855 de Santa Marta, del señor Julio Cesar Jiménez
Pérez.
-Tarjeta de conducta militar (folio 25).
-Constancia que firman los habitantes del Barrio
Porvenir Postobón, acerca de la buena conducta del señor Julio Cesar Jiménez
Pérez, identificado con C.C. No 85.474.855 de Santa Marta. (Folio 26).
-Certificación de la Registraduría Nacional del Estado
Civil respecto a que se dio de baja al señor Julio Cesar Jiménez Pérez, C.C. No
85.474.855 de Santa Marta, por pérdida de derechos políticos (folio 27, 28).
-Certificado de Antecedentes Disciplinarios del 29 de
octubre de 2012, de Julio Cesar Jiménez Pérez, C.C. No 85.474.855 de Santa
Marta, (folio 31, 32 y 34).
-Sentencia del 23 de julio de dos mil doce (2012),
proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado con Funciones
de Conocimiento Neiva Huila (folio 38).
-Acta de audiencias de conocimiento del Juzgado Segundo
Penal del Circuito Especializado.
-Acta de audiencia pública de sustentación frente al recurso de
apelación
(Folio 96).
-Informe del Investigador de laboratorio dactiloscópico
SIJIN DETOL, Ibagué, Tolima.
-Acta de reconocimiento Fotográfico y Videográfico
(folio 128).
9. Pruebas decretadas en sede de revisión.
Fue solicitado de la Registraduría Nacional del Estado
Civil remita un concepto en el que se determine si quien dice llamarse Julio
Cesar Jiménez Pérez y quien se encuentra privado de la libertad en el Complejo
Carcelario y Penitenciario de Coiba de la ciudad de Ibagué, le corresponde  la
tarjeta decadactilar de la C.C No. 85.474.855 de Santa Marta. Así mismo, remita
un concepto respecto de la tarjeta decadactilar del señor Julio Cesar Jiménez
Pérez, quien manifiesta se identifica con la C.C. No. 85.474.855, de Santa
Marta, residente en esa misma ciudad y a quien se le puede ubicar en la Calle
23 No 4-27 Edificio Centro Ejecutivo –Oficina 706- de Santa Marta. En caso de
no corresponder a las mencionadas personas, determine, si fuera posible, a
quién corresponden dichas tarjetas y su identificación.
II.      FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA SALA
1.      Competencia
A través de esta Sala de Revisión, la Corte
Constitucional es competente para revisar las sentencia proferidas, por la Sala
de Casación Penal y Civil de la Corte Suprema de Justicia, con fundamento en lo
dispuesto en la Constitución Política artículos 86 y 241, numeral 9º, en
concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Legitimación
2.1 Legitimación por activa.
El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción
de tutela es un mecanismo de defensa al que puede acudir cualquier persona
para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados. En esta oportunidad, el Señor Reinaldo de Jesús Becerra y
Julio Cesar Jiménez Pérez, son personas que actúan en defensa de sus derechos
fundamentales al buen nombre, honra, debido proceso y habeas data, razón por la
que se encuentran legitimados.
2.2. Legitimación por pasiva
Mediante sentencia C-592 de 1993, la jurisprudencia
constitucional admitió la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales. En estos términos, en la referida sentencia se dijo
que aquello solo sería posible cuando el pronunciamiento del funcionario
judicial incurriera en una vía de hecho, entendida ésta como una decisión
abiertamente arbitraria.
A partir de la sentencia C-590 de 2005, fue superada la
tesis de la vía de hecho. La Corte en este fallo estableció las causales de
procedencia y de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales.  En el caso sub examine los actores consideran que los
jueces que conocieron los procesos penales  en los que se profirió condena,
vulneraron sus derechos fundamentales a la vida, la libertad, dignidad humana,
honra, buen nombre y debido proceso. En este caso, lo son la Sala Única del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arauca, el Juzgado Segundo de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, el Juzgado Penal del
Circuito Especializado de Arauca y la Fiscalía Especializada de la Unidad
Nacional contra el Terrorismo de Arauca. La Sala Penal del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Ibagué, Juzgado Penal del Circuito Especializado de
Ibagué, y el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Ibagué, autoridades legitimadas por pasiva, pues de ellas se predica la
vulneración de los derechos fundamentales invocados.
3.      Problema jurídico
Se plantea de la siguiente manera: ¿Se vulneran los
derechos fundamentales   del debido proceso, libertad, buen nombre, habeas
data, y a la honra, de quien alega no ser el autor de un delito por el cual fue
condenado en un proceso penal, al ser víctima de un caso de suplantación?
El esquema de resolución lo inicia la Sala con el
estudio de: (i) la suplantación y el debido proceso en los procesos
penales (ii) La procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales, (iii) la afectación de los derechos fundamentales al
buen nombre y habeas data en los casos en que se compruebe la suplantación o la
homonimia y (iv) la revisión de los casos en concreto.
3.1 La suplantación
de identidad y la vulneración del debido proceso.
El desarrollo del proceso penal constituye una cadena de actos procesales
diseñados por la ley. Tanto los funcionarios que toman decisiones definitivas
como quienes investigan están en la obligación de seguir las pautas normativas
que se han establecido. Es así como un juez penal no puede fallar si no existe
la acusación de un fiscal y este, a su vez, no puede imputar una conducta a
persona que no haya sido investigada por las autoridades judiciales, como
tampoco es factible proferir condena sin que exista una correcta identificación
e individualización del sindicado, lo que no exime al juez de advertir y
corregir los errores judiciales.
Condenar a una persona en un
proceso penal, es el resultado de un concurso de actuaciones que realizan
distintas entidades especializadas, en las que fiscal y juez toman las decisiones
trascendentales de acusar y juzgar al procesado, quien ha sido identificado
previamente. De las autoridades intervinientes se espera una actuación
diligente que supone advertir irregularidades e inconsistencias cuando se trata
de individualizar al sindicado de cometer un ilícito.
De conformidad
con el artículo 114 del Código de Procedimiento Penal la
Fiscalía General de la Nación[1],
para el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, tiene como
una de sus atribuciones investigar y acusar a los presuntos responsables de
haber cometido un delito, en aras de lo cual podrá coordinar y direccionar a la
Policía Judicial en su labor de investigación.
En virtud de lo
anterior, la labor de verificar la correcta identificación o individualización
del imputado, con el fin de prevenir errores judiciales corresponde, en
principio, a la Fiscalía General de la Nación[2].
Al efecto se establece como mecanismo de identificación el documento de identidad
y, en caso de no presentarse, el registro de la tarjeta decadactilar, lo que se
debe verificar con los documentos obtenidos de la Registraduría Nacional del
Estado Civil.
Dicha norma
además establece que en caso de no lograrse la verificación de la identidad, la
policía judicial que realice la confrontación deberá remitirse de manera
inmediata a la Registraduría Nacional del Estado Civil a efectos de expedir la
copia de la fotocédula. Si no aparecen los archivos en la Registraduría se
registra de manera única y excepcional con el nombre con que se identificó el
sindicado y se procede a la asignación de un cupo numérico.
La normativa
penal cuenta con distintos métodos para efectos de identificar a las personas, tales
como los que se utilizan por parte de la ciencia criminalística en sus
manuales, las características morfológicas, huellas digitales, carta dental, y
perfil genético de los presuntos responsables, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 420 del CPC.   Asimismo, procede el reconocimiento por medio de
fotografías, vídeos o en fila[3].
Todos estos procesos están regulados en el Código de Procedimiento Penal.[4]
Ahora bien, una
vez proferida la sentencia condenatoria existe otra autoridad e instancia
judicial ante la cual puede controvertirse, de manera efectiva e idónea, la
identidad del individuo y es ante el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.
Conforme con lo prescrito en el artículo 38 del Código de Procedimiento Penal, dicho
funcionario es quien se encarga de proferir las decisiones necesarias para que
las sentencias ejecutoriadas que impongan sanciones se cumplan, lo cual supone
un ejercicio coordinado con las autoridades penitenciarias y carcelarias[5], sin perjuicio de los
mecanismos con que cuenta el proceso penal para efectos de corregir los vicios
de forma o fondo dentro del juicio.
Tratándose de
las funciones propias del Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad ya
la Corte Constitucional, en sentencia T-949 de 2003, manifestó compartir la
doctrina que ha desarrollado la Corte Suprema de Justicia en materia de
protección de los derechos fundamentales, relacionados con situaciones de suplantación
de personas.  Dicha Corporación ha establecido que la solicitud efectuada a
dicho juez constituye la vía idónea para debatir dichos asuntos.  Los
argumentos que se aducen al respecto son: 1) la atribución expresa de
competencia y 2) el contacto directo con el expediente y la facultad de
solicitar las pruebas conducentes y pertinentes que  permiten establecer la
verdadera identidad del procesado, sin estar sometido a un término preclusivo.
En esa misma sentencia también se contempló la
posibilidad de que la acción de tutela pierda subsidiariedad atendiendo a dos
circunstancias: (i) ante la suficiente evidencia probatoria y (ii) cuando la
corrección que debe efectuarse implica una carga desproporcionada para el
accionante. Se dijo en la mencionada sentencia de tutela:
“Teniendo en cuenta lo anterior, considera la Corte que, aun
respetando la doctrina de la Corte Suprema en el sentido de que la regla
general es la improcedencia de la acción de tutela en estos asuntos, es posible
identificar diferencias sensibles entre los casos y, en este sentido,
establecer distinciones relevantes entre los hechos de uno y otro precedente.
Esta circunstancia, a juicio de la Corte, es la que permite en términos
generales una ampliación de la regla. Ahora, para el presente caso, la Corte
considera que esta alternativa es viable gracias a la suficiente evidencia
probatoria de la suplantación, que constituye un hecho nuevo de especial
relevancia respecto del precedente anterior, situación que en el presente caso
permite al juez tomar la opción de ampliación de la regla, como una alternativa
válida en la técnica del manejo de los precedentes.
En este orden de ideas, considera la Corte que, cuando de los medios
de prueba disponibles y debidamente allegados al proceso, resulta evidente que
se presenta una hipótesis de suplantación o de homonimia, es aceptable
jurídicamente que la acción de tutela pierda subsidiariedad y se contemple
entonces como mecanismo principal para la protección de los derechos
fundamentales afectados.
Este argumento se refuerza con el de la distancia. La acción de
tutela está llamada a perder subsidiariedad cuando los trámites para la
corrección del error del Estado implican una carga desproporcionada para el
ciudadano afectado. En estos eventos, la acción de tutela se convierte en mecanismo
principal para la protección de los derechos fundamentales, aun cuando existan
otros mecanismos judiciales con idéntico propósito y eficacia similar.”
Puede concluirse
entonces que existen dos momentos cruciales cuando se trata de identificar a
una persona que se encuentra procesada en un juicio penal y que corresponden:  1)
al Fiscal, quien en su labor de investigación debe utilizar los métodos idóneos
para individualizar, investigar y acusar a los presuntos responsables y 2) el
que corresponde al Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, quien
identifica a la persona que debe cumplir la pena.
Esta introducción resulta básica y permite delimitar
los dos aspectos que a continuación se desarrollan:1) la violación del debido
proceso que puede existir por parte de las autoridades judiciales ante los
casos de suplantación y homonimia, para lo cual se acude al precedente que en
materia de tutela contra providencias judiciales ha establecido la Corte, y 2)
la protección a los derechos fundamentales al buen nombre y habeas data.
3.2 Procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Reiteración jurisprudencial
Ha sido reiterada la posición de
la Corte Constitucional frente al tema de la procedencia excepcional de la
acción de tutela contra providencias judiciales.  El criterio ha sido uniforme
en el sentido de señalar que en estos casos se busca un equilibrio entre la
actuación e interpretación de los jueces –principio de la independencia
judicial- y la prevalencia de los derechos fundamentales.[6]
La acción de amparo no puede utilizarse en aras de
remplazar los recursos y mecanismos con que las partes cuentan dentro del proceso[7], su alcance debe ser
restrictivo y opera sólo cuando se advierta la amenaza o vulneración de un
derecho fundamental  por  parte de la autoridad judicial en el curso de su
actuación. En resumen ha dicho la Corte Constitucional:
“.7 En suma, respecto de la procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales, la actual jurisprudencia de la
Corte Constitucional considera que: (i) la
acción de tutela es un instrumento excepcional
para desvirtuar la validez de decisiones judiciales cuando éstas son contrarias
a la Constitución; (ii) el carácter excepcional de la acción en este marco
busca lograr un equilibrio entre el principio constitucional de autonomía e
independencia judicial, y la eficacia y prevalencia de los derechos
fundamentales; y (iii) a fin de alcanzar el equilibrio referido, corresponde al
juez de tutela verificar si la acción satisface los requisitos generales de
procedibilidad previstos por esta Corporación, así como determinar si de los
supuestos fácticos y jurídicos del caso se puede concluir que la decisión
judicial vulneró o amenazó un derecho fundamental, al punto que satisface uno o
varios requisitos específicos de prosperidad.”[8]
Frente a la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en Sentencia C-590 de 2005, se desarrollaron los
requisitos generales y específicos de procedibilidad. Los primeros, constituyen
presupuestos para un estudio de fondo, mientras que, los segundos, responden a
los vicios o defectos específicos y contundentes en los que incurre el fallo
judicial y que vulneran derechos fundamentales.
Los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
“a. Que la cuestión que se discuta resulte de
evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional
no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada
importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4].
En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios
-ordinarios y extraordinarios-  de defensa judicial al alcance de la
persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5].  De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el
sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos.  De no ser
así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección
alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas
autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en
el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es
decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6].  De lo contrario, esto
es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad
jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de
resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal,
debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora[7].  No obstante, de
acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad
comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los
casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa
humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la
incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del
juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible[8].  Esta exigencia es
comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas
exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el
constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al
fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que
la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9].  Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse
de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son
sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en
virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de
la sala respectiva, se tornan definitivas.”
Ahora, además de los requisitos generales
mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia
judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En
este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra
una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o
defectos que adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina
cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c.  Defecto fáctico, que surge cuando el juez
carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el
que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos
en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o
tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo
a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
g.  Decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h.  Desconocimiento del precedente, hipótesis
que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el
alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo
para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado[11].
i.  Violación directa de la Constitución.”
3.3. La
afectación de los derechos fundamentales al buen nombre y habeas data al
comprobarse un caso de suplantación u homonimia
El derecho al buen nombre involucra aspectos como la
reputación, opinión y fama adquirida por un individuo en virtud de sus
acciones, de su conducta, del comportamiento reconocido por la sociedad, razón
por la cual debe ser protegido. En consecuencia, todas aquellas informaciones
contrarias a la verdad que alteren la imagen y prestigio del individuo ante la
sociedad, deben tener una protección legal y constitucional. El derecho a la
honra, en palabras de la Corte, es el producto de las acciones realizadas por
el individuo, que le permiten gozar del respeto y admiración de la sociedad.
La sentencia SU-082/95, en
relación con el buen nombre, precisó:
"’El buen nombre alude al concepto que del
individuo tienen los demás miembros de la sociedad en relación con su
comportamiento, honestidad, decoro, calidades, condiciones humanas y
profesionales, antecedentes y ejecutorias. Representa uno de los más valiosos
elementos del patrimonio moral y social de la persona y constituye factor
indispensable de la dignidad que a cada uno debe ser reconocida’”.
"’Se atenta contra este derecho cuando, sin
justificación ni causa cierta y real, es decir, sin fundamento, se propagan
entre el público -  en forma directa y personal, ya a través de los medios
de comunicación de masas- informaciones falsas o erróneas o especies que
distorsionan el concepto público que se tiene del individuo y que, por lo
tanto, tienden a socavar el prestigio y la confianza de los que disfruta en el
entorno social en cuyo medio actúa, o cuando en cualquier forma se manipula la
opinión general para desdibujar su imagen’”.
La protección del
habeas data, por su parte, constituye el derecho de rectificar la información
errada o confusa que existe en los bancos de datos oficiales o donde se
reportan los registros de antecedentes de las personas.[9]
Distintos
precedentes de esta Corporación resumen las reglas que hasta el momento se han
elaborado a efectos de proteger los derechos fundamentales al buen nombre y
habeas data en casos de suplantación y homonimia, las que a continuación se
reseñan brevemente:
En sentencia T-455 de 1998 se precisó que ante la
inexistencia de un mecanismo judicial alternativo que remedie la afectación que
asegure el goce de los derechos fundamentales al buen nombre, honra e identidad
que han sido lesionados, resulta procedente la protección por vía de tutela.
En la sentencia T-949 de 2003 la Corporación tuvo la oportunidad de
debatir aspectos como la situación de indefensión del sindicado, las irregularidades en el proceso de identificación y la vulneración
del derecho al habeas data, en la medida en que los datos de un ciudadano sean
errados o falsos.  Antes de proceder a su protección se resolvió un problema
adicional consistente en que la información falsa que se consigna en las
distintas centrales no es un error o hecho imputable a las autoridades administrativas
sino que la fuente que las originó fue una sentencia condenatoria; la respuesta
al interrogante es que debe corregirse el error en la fuente, es decir,
enmendando la sentencia condenatoria y las restantes providencias en el proceso
penal, lo que conlleva la corrección de la sentencia en caso de existir el
error, actuación que corre a cargo del Juez de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad.
Además concluye que, de manera excepcional, podrá el
juez de tutela entrar a proteger directamente el derecho fundamental al habeas
data sin perjuicio de que sea menester ordenar al Juez de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad que adelante los trámites para establecer la identidad del
infractor de la ley penal, y se registre la verdadera identificación en las
providencias judiciales.
En la sentencia T- 1216 de 2008 la Corte amparó el
derecho fundamental al buen nombre y debido proceso ante la evidencia de la
suplantación advertida y tomó medidas para evitar que se continúe asociando la
identidad personal del demandante a la comisión de un ilícito. Y aunque
advirtió que el incumplimiento de identificar a un individuo no configura una
vulneración al debido proceso, de manera excepcional, sí se puede proteger el
derecho al habeas data en los casos en que exista suficiente claridad en el
proceso de tutela y cuando surja una carga desproporcionada para el demandante[10]
a efectos de corregir el error
judicial. Tal posición se reiteró en las sentencias T-578 de 2010 y T-014 de
2011.
La
sentencia T-177 de 2012, analizó la existencia de un
error judicial inducido. En este caso, la Corte Constitucional advierte que puede
existir un error en los fallos proferidos por los jueces, ante el efecto de una
suplantación, pues la persona que fue capturada en flagrancia, procesada y
recluida se identificó bajo el nombre de una persona distinta, por lo que la
condena se libró contra quien no tuvo nada que ver con el delito y cuyo nombre
se vio involucrado por causa de la suplantación de identidad.  La pregunta que
se responde la Sala en esta acción de amparo es ¿a quién se le atribuye el
error? La respuesta se desarrolla así: bajo un primer entendimiento conforme lo
planteado por las sentencias de tutela T-949 de 2003 y T- 540 de 2004, el error
debe imputársele al juez de conocimiento, por no haber decretado pruebas de
oficio pudiendo haberlo hecho, sin embargo, efectuado un análisis de la
situación fáctica, el defecto parte de un error inducido atribuible, en
específico, a la Fiscalía y a la Policía Judicial. Desvirtúa la existencia del
error judicial por parte del Juez de conocimiento conforme a lo dispuesto por
el artículo 361[11]
de la Ley 906 de 2004, puesto que el juez no puede decretar la práctica de
pruebas. Expone y analiza la conclusión a la que ha llegado en otras ocasiones
cuando la suplantación no fue descubierta debido a que el juez decidió fallar
precipitadamente sin esperar resultados de pruebas que en
su oportunidad haya solicitado o al apreciarlas con descuido.
Aterrizando en el análisis del caso
en concreto la Corte consideró que no hay elementos para concluir que el juez
de conocimiento hubiera fallado en estas especiales situaciones y al no existir
en el expediente evidencias de suplantación, concluyó que la Fiscalía es quien
debe identificar e individualizar al actor y que la indebida identificación del
procesado es un error que le es imputable a ella.
En virtud
de los citados pronunciamientos, se puede extractar lo siguiente:
§  Procede excepcionalmente la tutela y pierde
subsidiariedad cuando: (i) existe suficiente evidencia probatoria
que permite concluir que hubo
suplantación y (ii) cuando los trámites para la corrección del error del Estado implican una carga
desproporcionada para el ciudadano afectado.
§  Los
casos de suplantación y homónima exigen del juez de tutela un análisis del caso
concreto, en el cual se individualicen las responsabilidades de las autoridades
administrativas y judiciales que participan en la identificación de un
individuo que es investigado y procesado; la vulneración del debido proceso
debe atender las funciones propias de cada instancia, sea judicial o por parte
de las autoridades que investigan un sindicado.
§
Ante información falsa o errónea en virtud de
una sentencia judicial, la protección del derecho fundamental al habeas data,
honra y buen nombre, comporta una corrección del error en la fuente que los
origina, lo cual, en principio, es competencia del Juez de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad, y solo ante las subreglas arriba mencionadas podría
perder subsidiariedad la acción de tutela y permitir al juez constitucional
proteger los derechos fundamentales invocados.
§  De
la evidencia de la suplantación surge la vulneración del derecho fundamental a
la honra y al buen nombre, por lo que se hace necesario restablecer este
derecho fundamental en el sentido de evitar que se continúe asociando la
identidad personal del demandante (nombre y número de cédula) con la comisión
de delitos, hechos reprochables desde el punto de vista social y jurídico.
4. CASO EN
CONCRETO.
4.1 Expediente
T-4.329.933
Reynaldo de
Jesús Becerra fue condenado por el delito de rebelión, mediante sentencia
proferida por el Juzgado Único del Circuito Especializado de Arauca, razón por
la cual fue privado de la libertad el 24 de enero de 2014, en la ciudad de
Bogotá, considera que fue suplantada su identidad, puesto que nunca ha vivido ni
laborado en las zonas: Caño Verde, las Acacias y Cubiloto, en el departamento
de Arauca. En virtud de lo señalado, la Sala procede a evaluar la vulneración
de los derechos fundamentales al debido proceso, libertad, habeas data y honra
de quien alega no ser autor de un delito por el cual fue condenado.
4.1.1 Historia del Proceso Penal
En providencia del 12 de junio de 2008, proferida por la Dirección
Nacional de Fiscalías, Unidad Nacional contra el Terrorismo, se individualizó
entre otros procesados al Señor Reinaldo de Jesús Becerra, identificado con C.C.
No. 19.057.533, quien venía siendo investigado por los delitos de rebelión y
concierto para delinquir. Se ordena la apertura de la instrucción, se declara
como persona ausente, y se le impuso medida de aseguramiento, mediante
providencia de 13 de junio de 2008.
Dicho auto responde a una serie de pruebas que buscaron la
individualización e identificación de los posibles sindicados. Fue solicitado
por parte de uno de los detectives de la Fiscalía General de la Nación la
identificación de Reinaldo Becerra[12],
sus antecedentes penales[13]
y tarjetas de preparación. Como respuesta se envían dos tarjetas de
identificación: Una por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil
-tarjeta del señor Reinaldo de Jesús Becerra a quien se identifica con C.C. No.
19.057.533 de Bogotá, nacido el 15 de agosto de 1948 en Duitama, Boyaca[14]-.
Otra, por parte de AFIS[15],
en la que aparece identificado el señor Miguel Reinaldo Becerra Moreno, con
C.C. No 96.125.281, nacido el 23 de abril de 1982, en Saravena, Arauca.[16]
Ambas identificaciones son informadas por un Funcionario de la
Policía Judicial, quien reporta a las dos únicas personas que aparecen en el
sistema y que responden al nombre y apellido que fue solicitado. Asimismo,
mediante el informe de policía judicial, dirigido al Fiscal Especializado
Estructura de Apoyo de Arauca, se individualiza e identifica al señor Reinaldo
Becerra con C.C. No 19.057.533, de Duitama Boyacá[17].  Con dicha información
la Fiscalía General de la Nación, Unidad Nacional contra el Terrorismo
Estructura de Apoyo de Arauca, decreta la apertura de la Instrucción, el 13 de
junio de 2008.
El Juez Único Penal del Circuito Especializado de Arauca condena,
entre otros, al Señor Reynaldo de Jesús Becerra[18] por el delito de
rebelión, mediante sentencia del 24 de septiembre de 2010[19]. En la mencionada
providencia se identifica e individualiza al señor Reynaldo de Jesús Becerra,
conforme los datos presentados por la Fiscalía General de La Nación.  El
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arauca decide el recurso de
apelación presentado por las defensas técnicas de otros procesados, el abogado
de “Reinaldo Becerra” no presentó recurso de apelación, de tal manera que se
confirmó la condena impuesta en primer grado.
El actor fue privado de la libertad el 24 de enero de 2014. En
providencia del 8 de mayo[20]
de ese mismo año, el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Bogotá, concedió la libertad inmediata al señor Reynaldo de Jesús
Becerra. Al estudiar la posible suplantación, el juez revisó las diligencias y
pruebas en el proceso penal, pues la condena se emitió únicamente por
referencias y descripciones que hicieran desmovilizados en declaraciones
judiciales.  Reúne un gran material probatorio y teniendo en cuenta el estudio
lofoscópico[21]
y, al revisar la documentación allegada por el actor, corroboradas mediante
trabajo de campo efectuado por el Cuerpo Técnico de Investigaciones entre otras
pruebas, encuentra que la persona privada de la libertad no es quien fue
identificada en el proceso penal.
Analiza los testimonios valorados por los jueces de conocimiento y
descubre que: no existe precisión de las fechas en que el señor Reinaldo
Becerra alias “Vendabal” se encontraba en la región de Arauca -finales
de los años ochenta y en la década de los noventa-, lo que no coincide con las
pruebas allegadas y que corroboran que la persona que se encontraba privada de
la libertad residía en la ciudad de Bogotá, pues trabajó de manera ininterrumpida
de 1987 a 2001- 2002, en la empresa Indhicol, y luego en una empresa distinta,
cuyo propietario rindió declaración;  que en sus trabajos cumplía horario,
nunca se ausentaba por periodos largos, lo que además se confirma con los
reportes de cotizaciones a la Administradora Colombiana de Pensiones; se
advierte en la providencia que tampoco concuerda la descripción física que
manifiestan los desmovilizados en sus declaraciones con la apariencia física
del actor.
Concluye el Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad que no existió ninguna labor tendiente a verificar que la persona que
mencionan los desmovilizados es Reinaldo de Jesús Becerra, identificado con
C.C. No. 19.057.533; que existe un caso de homonimia y que la persona que se
encuentra privada de la libertad no es la misma a la que se refieren los
desmovilizados en sus testimonios, luego el actor acudió al mecanismo idóneo a
efectos de lograr su libertad y la corrección del error.
4.1.2 Análisis
de las causales de procedebilidad de la acción de tutela.
Los problemas
jurídicos que se estudian tienen relevancia constitucional en la medida en que
debe definirse si la condena penal viola los derechos fundamentales a la
libertad, de quien se encuentra bajo la hipótesis de una suplantación, lo que
supone un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional, en sede de
tutela, ante la afectación de sus derechos fundamentales al habeas data, honra
y buen nombre. Asimismo, se verifica que el actor cumplió con
los requisitos de inmediatez y que las actuaciones no controvierten una acción
de tutela.
Ahora bien, respecto de la subsidiariedad, en el caso en concreto el
actor acudió al Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Bogotá, quien se pronunció de fondo sobre su caso, decidió sobre la viabilidad
de conceder su libertad inmediata y ordenó al Juzgado Único Penal del Circuito
Especializado establecer la plena identificación e individualización del
acusado, con el fin de realizar las correcciones de la sentencia a que haya
lugar.
Respecto de la competencia del Juez de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38[22] de la Ley 906 de 2004 y
el artículo 469 de la Ley 600 de 2000, norma aplicable al caso, este se encarga
de coordinar la ejecución de la sanción penal impuesta bajo la supervisión y
control del INPEC[23].
En virtud de las normas reseñadas, el Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad de Bogotá,  adelantó las diligencias pertinentes con el fin de
lograr una identificación plena del accionante y una vez culminada dicha
investigación fue puesto en libertad
En providencia del 8 de mayo de 2014[24], el Juzgado Segundo de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, concedió la libertad
inmediata al señor Reynaldo de Jesús Becerra. Al estudiar la posible
suplantación, el juez revisó las diligencias y pruebas en el proceso penal, pues
la condena se emitió únicamente por referencias y descripciones que hicieran desmovilizados
en declaraciones judiciales.  Reúne un gran material probatorio y teniendo en
cuenta el estudio lofoscópico[25]
y, al revisar la documentación allegada por el actor, corroboradas mediante
trabajo de campo efectuado por el Cuerpo Técnico de Investigaciones entre otras
pruebas, encuentra que la persona privada de la libertad no es quien fue
identificada en el proceso penal.
Es un hecho sin discusión que en el presente caso existe homonimia y
que el señor Reinaldo de Jesús Becerra identificado con C.C. No 19.057.533 de
Bogotá, fue condenado en un proceso penal sin que mediara una debida
individualización e identificación. Así lo determinó la autoridad competente
Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá,
autoridad que concedió la libertad y concluyó que existe un caso de homonimia.
Visto lo  anterior, no existe una violación al debido proceso por
parte del Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá,
quien ya resolvió la situación del acusado, ordenando su libertad y enviando el
expediente al Juez Especializado para lo de su competencia. Sin embargo, este
último manifiesta que no puede corregir o modificar la sentencia de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 412 del Código de Procedimiento Penal[26], razón por la cual debe
la Sala pronunciarse sobre la violación de los derechos al buen nombre y habeas
data, puesto que, si bien existe certeza del caso de homonimia, ninguna de las
autoridades judiciales profirió decisiones eficaces que permitan recuperar el
buen nombre del actor, razón por la cual debe proceder a corregirse el error en
la fuente, sin que ello implique dejar sin efectos las sentencias, pues se
encuentran pruebas de que existe una persona, autora del delito de rebelión y
que responde al nombre de Reynaldo Becerra.
De conformidad con lo expuesto, y en consideración a que: (i) está
plenamente probado por la autoridad competente el caso de homonimia (ii) se
encuentran vulnerados los derechos fundamentales al buen nombre y habeas data
en la medida en  que se observa un error en la identificación del autor del
delito, se revocarán las sentencias proferidas por la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Penal y Sala de Casación Civil y, en su lugar, se
tutelan los derechos al buen nombre y habeas data del señor Reinaldo de Jesús
Becerra identificado con C.C. No 19.057.533 de Bogotá.
En consecuencia, se ordenará al Juez Único Penal del Circuito
Especializado de Arauca que a continuación de la sentencia condenatoria del 24
de septiembre de 2010, se aclare que el señor REINALDO DE JESUS BECERRA, quien
se identifica con C.C. No 19.057.533 de Bogotá, es una persona distinta de
aquella contra la cual se profirió condena.  Asimismo, dicha autoridad deberá
informar a la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL la decisión que
adopte, en el sentido de levantar la suspensión de los Derechos Políticos del
Señor Reynaldo de Jesús Becerra, identificado con cédula de ciudadanía número
19.057.533. Al Director de Investigación Criminal e INTERPOL de la Policía
Nacional, que adelante las gestiones pertinentes para la protección del
derecho al habeas data de REINALDO DE JESUS BECERRA, identificado con cédula de
ciudadanía número 19.057.533, expedida en Bogotá D.C. En especial,
la  SUPRESIÓN DEFINITIVA de la información que asocia su
nombre e identificación con la comisión del delito de rebelión, y a la
responsabilidad penal judicialmente declarada por el Juzgado Único  Penal del
Circuito Especializado de Arauca y por la Sala Única del Tribunal Superior del
Distrito Judicial Arauca.
Comuníquese a la Dirección Nacional de Fiscalías, Unidad
Nacional contra el Terrorismo, Fiscalía delegada ante los jueces Penales del
Circuito Especializados Estructura de Apoyo, con el fin de que si lo consideran
pertinente, se proceda la realizar la verdadera identificación del señor
Reynaldo Becerra, lo que indujo en error a los funcionarios judiciales que
conocieron del proceso.
4.2 Caso Concreto
T-4.329.935
El señor Julio
Cesar Jiménez considera vulnerados los derechos fundamentales a la honra,
habeas data, locomoción, buen nombre, debido proceso, defensa, libertad
personal, igualdad, y derechos civiles y políticos.  Manifiesta en la acción de
tutela que en el año 2011, se entera de que se encuentra inhábil para elegir y
ser elegido[27],
y al momento de consultar sus antecedentes disciplinarios se informa que
mediante sentencia 0052 de 2009, fue condenado por el delito de secuestro extorsivo,
fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las fuerzas armadas,
a una pena privativa de la libertad de 31 años.[28]
Se allegó al
expediente la cédula de ciudadanía del señor Julio Cesar Jiménez Pérez, quien
se identifica con el número 85.474.855 de Santa Marta, nacido el 10 de febrero
de 1976[29],
y el registro civil de nacimiento en el que consta que es hijo de Ida María
Pérez Pérez y Julio Cesar Jiménez  Piedris.[30]
Asimismo, se probó que el actor reside en la ciudad de Santa Marta, en el
Barrio Porvenir Postobón[31].
Aparece
acreditado en el expediente que existe una persona privada de la libertad que
responde al nombre de Julio Cesar Jiménez Pérez, conocido con los alias “
GERONIMO O MARAVILLA”, quien se encuentra en la penitenciaria Picaleña de
la ciudad de Ibagué, donde se le descuenta la pena impuesta por el delito de
secuestro,[32]
quien fue identificado a través de la tarjeta decadactilar y mediante reconocimiento
por parte de la víctima, a través de fotografías, de conformidad con lo
dispuesto en el Código de Procedimiento Penal.
En la orden de
encarcelación No 109 del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Ibagué, consta que se dejó detenido al señor Julio Cesar Jiménez Pérez,
identificado con CC.85.474.855 de Manizales por el delito de secuestro extorsivo,
hijo de Cecilia y Antonio, nacido en Santa Marta, Magdalena, el 10 de febrero
de 1976.[33]
El caso se
resume en que existen dos personas que portan el mismo documento de identidad,
una privada de la libertad y otra que reside en lugar distinto y que se ve
afectado por la información consignada en las bases de datos respecto de su
identidad.
Corresponde
entonces a la Sala establecer si existe violación al debido proceso y, en
consecuencia, determinar si se encuentran afectados los derechos fundamentales
al buen nombre, habeas data y honra.
4.2.1 Análisis
de las causales de procedebilidad de la acción de tutela
Verificando los requisitos generales de
procedibilidad, no existe duda de la relevancia del tema, el cumplimiento de
los requisitos de inmediatez[34]
y el que las actuaciones no controvierten una acción de tutela. En relación con
el tema de la subsidiariedad la Sala considera que en el caso se reúnen los
supuestos que le permiten obviar dicho requisito, pues los trámites para la
corrección de la suplantación u homonimia implican una carga desproporcionada para
el ciudadano afectado y existen suficientes evidencias que permiten concluir
que este no es la persona que debe asociarse con la condena impuesta por las
autoridades judiciales.
La conclusión a la que se llegó se fundamenta en
que:  el actor reside en la ciudad de Santa Marta hace más de treinta años,
manifiesta ser una persona humilde, y labora como vigilante en el edificio
PALIS de esa misma ciudad, casado y  padre de dos hijos.
El procedimiento
que pudiera efectuarse ante el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
le impone al actor cargas desproporcionadas. Los hechos acontecieron en los
departamentos del Tolima y Neiva, lo que le implica desplazarse hasta estas
ciudades a efectos de iniciar los respectivos trámites; además el problema de
identificación se encuentra resuelto, puesto que no existe duda en torno de que
quien se encuentra actualmente privado de la libertad es el autor de los
delitos por los cuales fue condenado; la víctima en este caso identificó al
señor que se hace llamar Julio Cesar Jiménez Pérez, portador del mismo número
de identificación y a quien se le corroboró su identidad, a través de la
tarjeta decadactilar, teniendo más de diez coincidencias, en las huellas
digitales, en consecuencia, se encuentran probados los dos supuestos necesarios
que permiten tener por superado el requisito de la subsidiariedad, ante lo cual
procede, estudiar de  fondo el caso y establecer si existe vulneración de los
derechos fundamentales.
Ahora bien,
revisado el expediente se encuentra que las labores de identificación efectuadas
por la Policía Judicial, atendieron a la información en la tarjeta decadactilar
de quien fue detenido, lo que fue cotejado con las impresiones dactilares,
llegando a la conclusión  de que se “reúnen los requisitos para establecer
la plena identidad”, pues coinciden un mínimo de 10 puntos característicos.
[35]
Fue utilizado
como mecanismo adicional de identificación el reconocimiento de fotografías y
vídeos de quien dice llamarse Julio Cesar Jiménez Pérez, procedimiento que se
surtió de conformidad con lo establecido en los artículos 252, 255, 257 y 261
del C.P.P. En dicha diligencia participó la víctima del delito de secuestro,
quien lo reconoció como la persona que lo mantuvo retenido en contra de su
voluntad.[36]
Teniendo en cuenta lo anterior, se puede concluir que
no existe violación al debido proceso en razón de la labor que fue ejecutada
tanto por las autoridades de policía como por las entidades judiciales, las que
adelantaron las gestiones idóneas y pertinentes a efectos de identificar,
investigar y juzgar al autor de los delitos, quien actualmente se encuentra
privado de la libertad.  La policía judicial acudió a dos mecanismos de
identificación contemplados en la ley procesal, a fin de individualizar al
autor de los hechos delictivos, quien fue procesado y juzgado.
El error que se aprecia se patentiza en la cédula de
ciudadanía, la cual comparten dos personas residenciadas en distintos lugares,  en
consecuencia,  lo que debe ser objeto de estudio es si dicho error vulnera los
derechos fundamentales al buen nombre, honra y habeas data del actor.
Existe un problema en la identificación, se trata de
dos personas diferentes que comparten un mismo número y datos adicionales. Lo
anterior, se desprende de cotejar la información contenida en las copias de la
cédula de ciudadanía.
Ambos documentos, el que obra a folio 18 del
expediente, aportado por el actor, y el que obra a folio 103, contienen
idéntica información con excepción del tipo de sangre. Se observa que ambas
identificaciones comparten el número, nombre, estatura, fecha de nacimiento,
sexo y fecha de expedición.  Sin embargo, como se indicó, no coincide el tipo
de sangre, pues mientras que en la copia que obra a folio 18 del expediente se
advierte que el tipo de sangre es A(+), en el documento con el que se efectuó
el cotejo por parte de la policía judicial (folio 103), es O(+), lo que permite
advertir que se expidieron sendos documentos de identificación, únicamente con
la diferencia señalada.
La Corte Constitucional ha expresado, en otras
ocasiones, que la cédula de ciudadanía es un documento que cumple tres
funciones esenciales; i) la identificación de las personas, ii) permitir que
los ciudadanos ejerzan sus derechos civiles[37],
y iii) desarrollar el principio democrático del Estado social de derecho
colombiano.
La expedición de la cédula de ciudadanía constituye no solo un medio
de identificación sino un instrumento para el ejercicio de los derechos civiles
y políticos. Se trata de un documento que permite individualizar e identificar
a las personas.  Es por eso que se asigna un número único y constan en ella
datos adicionales y generales que permiten diferenciar a la población que
cumple la mayoría de edad. Conforme lo anterior, surge la pregunta de si
existen procedimientos administrativos que permiten al ciudadano corregir
errores en la cedulación o ante la evidencia de una suplantación.
En el artículo 67 del Decreto 2241 de 1986, se
establecen las causales de cancelación de la cédula de ciudadanía por parte de
la Registraduría Nacional del Estado Civil, entre las que se encuentran la
falsa identidad o suplantación.[38]
El procedimiento establecido para ello es la
impugnación de la cédula de ciudadanía. Quien lo solicita debe allegar prueba
de la razón de su impugnación, el Registrador Nacional del Estado Civil
decidirá si niega la expedición de la cédula o cancela la ya expedida. Se trata
de un proceso que tiene un término de 60 días para su resolución.[39]
El proceso de impugnación permite entonces anular la
cédula o expedir una nueva, lo que posibilita al ciudadano la oportunidad de obtener
una nueva identificación y le genera una nueva identidad. Sin embargo, ¿Será
suficiente dicho mecanismo para obtener la corrección de los errores que en
materia judicial y administrativa pudieran existir? Y ¿Dicho proceso logra
cesar la vulneración a los derechos fundamentales al buen nombre y habeas data?
A estos interrogantes la Sala responde:
El proceso que se surte ante la Registraduría Nacional
del Estado Civil si bien logra solucionar el problema de identificación de la
persona suplantada, no cesa la afectación de los derechos fundamentales al buen
nombre, identidad y honra. Situaciones como la de los casos objeto de estudio,
generan en el individuo angustia, inseguridad y confusión ante la asociación no
solo con hechos delictivos, sino lidiar con las condenas judiciales, lo que trae
consecuencias como el registro de antecedentes del orden penal y disciplinario
que afectan el buen nombre y el habeas data de una persona honesta.
La impugnación de la cédula puede poner fin a la
confusión de identidad al crearse una nueva identificación, sin embargo, ante
un caso de falsa identidad no puede corregir el error judicial pues la
competencia de la Registraduría es única y exclusiva para otorgar una nueva
identificación. Si el actor conserva su nombre e identificación continúan afectándolo
las decisiones judiciales que agravian su nombre.
En el caso sub judice no puede determinarse si
existe un error por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil, al asignar
un mismo documento de identificación o si, por el contrario, existe algún tipo
de responsabilidad penal al utilizarse una falsa identidad respecto de quien se
hace llamar Julio Cesar Jiménez Pérez y quien se encuentra privado de la
libertad, en cambio, si existen suficientes pruebas que permiten determinar que
se trata de dos personas distintas, por un lado, quien fue condenado y
actualmente cumple su pena en la ciudad de Ibague, quien fue identificado como
el autor de los delitos de secuestro extorsivo, fabricación, tráfico y porte de
armas de uso privativo de las fuerzas armadas y, por el otro, Julio Cesar Jiménez
Pérez residente en la ciudad de Santa Marta,  vigilante del Edificio Palis,
servidor de las fuerzas militares de Colombia, quien ha tenido que afrontar las
consecuencias generadas con el registro de antecedentes disciplinarios y la
baja por perdida o suspensión de los derechos políticos.
En
casos similares,[40]
la Corte Constitucional ha concluido que existe afectación de los derechos
fundamentales al buen nombre, honra y habeas data de una persona que ha sido víctima
de suplantación u homonimia, en la medida en que se trata de informaciones
contrarias a la verdad, que distorsionan el prestigio social de una persona, y
que se atenta cuando sin justificación ni causa real ni cierta, se propagan a
nivel público y, en
virtud del registro de antecedentes y bases de datos ocasionan perjuicios y
lesionan los derechos fundamentales, razón por la cual se emiten las órdenes
que aseguran el efectivo goce de los derechos vulnerados, y le otorgan
seguridad al accionante de no ser confundido con quien usa su nombre e
identidad.
En resumen, de todo lo dicho puede concluirse que en el caso en
concreto se verifican dos situaciones: (i) una que es propia de las instancias
judiciales, la cual no es atribuible a un error judicial o violación al debido
proceso por parte de los jueces y entes investigadores, pues tanto la fiscalía
y los jueces que identificaron, investigaron y juzgaron, utilizaron los
procedimientos adecuados que garantizan establecer la verdadera identidad e
individualización del autor de los delitos por los cuales se condenó a quien se
hace llamar Julio Cesar Jiménez Pérez,  y 2) sin posibilidad de esclarecer si
se trata de un error administrativo o un caso de falsa identidad acudir a los
mecanismos administrativos y judiciales con los que se cuentan para cesar la
vulneración de los derechos de habeas data, buen nombre e identidad de Julio
Cesar Jiménez Pérez, constituye una carga desproporcionada y de dudosa
eficacia.
Es cierto que el actor podría acudir al Juez de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad con el fin de aclarar la suplantación o falsa identidad de
quien se encuentra cumpliendo la condena. Sin embargo, no puede la Sala perder
de vista las especiales circunstancias del accionante. Se requiere de un
abogado y del traslado a la ciudad de Ibagué para lograr dicho trámite y así
obtener un pronunciamiento judicial que declare dicha situación, cuando no
existe duda de que quien se encuentra privado de la libertad es el autor de los
delitos por los que fue acusado, ello supondría una carga desproporcionada.
Estas razones facultan al juez de tutela para pronunciarse de fondo y tomar
medidas adecuadas que tiendan a cesar la afectación de los derechos
fundamentales.
Como quiera que excede la competencia del juez constitucional
determinar si existe un error administrativo o un caso de falsa identidad, ante
las evidencias de la suplantación, debe tomar decisiones que le permitan al
accionante esclarecer la compleja situación y buscar recuperar su buen nombre,
honra, la eliminación de los reportes negativos y la recuperación de sus
derechos políticos.
Existe la posibilidad para el actor de utilizar el proceso de
impugnación ante la Registraduría, pero dicho mecanismo le exigiría el
pronunciamiento judicial que le sirva de prueba para solicitar una nueva
identificación, y no pone fin a la vulneración de sus derechos fundamentales,
en tanto no permite la corrección de las providencias judiciales y la
asociación de su nombre con la comisión de hechos delictivos.
En virtud de lo expuesto, y en consideración a que la acción de
tutela se dirige a lograr la seguridad de que al accionante no se le continúe
confundiendo con la otra persona que usa su nombre e identidad y, en aras de
que la medida que se adopte sea definitiva y permanente, se ampararán sus
derechos al buen nombre, honra y habeas data, teniendo en cuenta que en el caso
en concreto debe rectificarse la información errada o confusa respecto de su
identificación y los registros de antecedentes, razón por la cual se emitirán
órdenes con el fin de solucionar el problema con su cédula de ciudadanía, y una
vez solucionado lo anterior, se ordenará a los jueces competentes tomar las
decisiones que correspondan a fin de corregir los fallos judiciales.
En consecuencia se ordenará a la Registraduría Nacional
del Estado Civil, que en un término de diez (10) días inicie las diligencias
necesarias para reseñar, identificar y registrar con la correspondiente tarjeta
decadactilar a los señores Julio Cesar Jiménez Pérez, identificado con C.C. No
85.474.855 de Santa Marta,  quien reside en dicha ciudad, y de quien dice
llamarse Julio Cesar Jiménez Pérez, quien manifiesta identificarse con la C.C.
85.474.855 de Santa Marta y cumple actualmente condena en la cárcel Picaleña de
la ciudad de Ibagué, en caso de encontrar que existe una falsa identidad
proceda de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 a 73 del Decreto 2241
de 1986, y levante la suspensión de los derechos políticos del señor Julio
Cesar Jiménez, accionante en la presente acción de tutela. Las decisiones a las
que llegue deben comunicarse de manera inmediata a los Jueces Segundo Penal del
Circuito Especializado de Ibagué, Juzgado Primero de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Ibagué y Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Ibagué. En todo caso las diligencias y toma de decisiones no puede sobrepasar
un término de treinta (30) días.
Ordenar al Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de la Ciudad de Ibagué, determine 1) la verdadera identidad e identificación
de quien hace llamarse Julio Cesar Jiménez Pérez, quien se identifica con la
C.C. No. No 85.474.855 de Santa Marta, quien se encuentra cumpliendo la condena
por los delitos de secuestro extorsivo,  fabricación, porte y tráfico de armas
de uso privativo de las fuerzas armadas en la cárcel de Picaleña de la ciudad
de Ibagué. Para esto deberá tomar en cuenta la nueva documentación y registros
que en virtud de las ordenes proferidas en esta acción de tutela tenga la
Registraduría Nacional del Estado Civil 2) determine si existe un caso de
suplantación u homonimia con el señor Julio Cesar Jiménez Pérez, identificado
con C.C. 85.474.855, quien reside en la ciudad de Santa Marta. Una vez
proferida la decisión debe comunicarla de manera inmediata los Juzgados Segundo
Penal del Circuito Especializado de Ibagué y al Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Ibagué, Sala Penal, con el fin de que efectúen las correcciones y
anotaciones en las sentencias proferidas. Asimismo deberá comunicar al Director
de Investigación Criminal e INTERPOL de la Policía Nacional, que adelante
las gestiones pertinentes para la protección del derecho al habeas data del
accionante en la presente acción de tutela. En especial, la SUPRESIÓN
DEFINITIVA de la información que asocia su nombre e identificación con
la comisión del delito de secuestro extorsivo, fabricación, tráfico y porte de
armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas. Y a la Procuraduría
General de la Nación.
Compulsar copias a la Secretaría de la Fiscalía Tercera
Especializada de Ibagué, con el propósito de que si dicha Unidad lo considera
pertinente, se adelante investigación penal contra la persona que dice llamarse
Julio Cesar Jiménez Pérez, que se encuentra privada de la libertad en la cárcel
de Picaleña en la ciudad de Ibagué y en la medida indujo en que indujo en error
a los funcionarios judiciales que conocieron del proceso.
III.    DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE
Primero.- REVOCAR la sentencia
proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, del
veintiocho (28) de marzo de dos mil catorce, que confirmó la providencia
proferida por la Sala de Casación Penal del diecinueve (19) de febrero de dos
mil catorce (2014).  Y, en su lugar, se TUTELAR definitivamente los
derechos fundamentales al buen nombre, honra y al habeas data del
ciudadano REINALDO DE JESUS BECERRA, quien se identifica con C.C. No 19.057.533
de Bogotá. (Expediente T-4.329.933)
Segundo.- En consecuencia, se
ordenará al Juez Único Penal del Circuito Especializado de Arauca que a
continuación de la sentencia condenatoria del 24 de septiembre de 2010, se
aclare que el señor REINALDO DE JESUS BECERRA, quien se identifica con C.C. No
19.057.533 de Bogotá es una persona distinta de la condenada.  Asimismo, dicha
autoridad deberá informar a la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, la
decisión que adopte tendiente a levantar la suspensión de los Derechos
Políticos del Señor Reinaldo de Jesús Becerra, identificado con cédula de
ciudadanía número19.057.533 de la ciudad de Bogotá. Al Director de
Investigación Criminal e INTERPOL de la Policía Nacional, que adelante las
gestiones pertinentes para la protección del derecho al habeas data de REINALDO
DE JESUS BECERRA, identificado con cédula de ciudadanía número 19.057.533,
expedida en Bogotá D.C. En especial, la  SUPRESIÓN DEFINITIVA de
la información que asocia su nombre e identificación con la comisión del delito
de rebelión, y a la responsabilidad penal judicialmente declarada por el
Juzgado Único  Penal del Circuito Especializado de Arauca y por la Sala Única
del Tribunal Superior del Distrito Judicial Arauca.
Tercero.- Comuníquese la
presente decisión a la Dirección Nacional de Fiscalías, Unidad Nacional contra
el Terrorismo, Fiscalía delegada ante los jueces Penales del Circuito
Especializados Estructura de Apoyo, con el fin de que si lo considera
pertinente, proceda a realizar la verdadera identificación del señor Reynaldo
Becerra, lo que indujo en error a los funcionarios judiciales que conocieron
del proceso.
Cuarto.- REVOCAR la sentencia
proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, del
veintiséis (26) de marzo de dos mil catorce, que confirmó la providencia
proferida por la Sala de Casación Penal del veintisiete (27) de febrero de dos
mil catorce (2014). Y, en su lugar, TUTELAR definitivamente los
derechos fundamentales al buen nombre, honra y habeas data del
ciudadano JULIO CESAR JIMENEZ PEREZ, quien se identifica con C.C. No 85.474.855
de la ciudad de Santa Marta. (Expediente T-4.329.935)
Quinto.- Se ordena a la
Registraduría Nacional del Estado Civil, que en término de diez (10) días
inicie las diligencias necesarias para reseñar, identificar y registrar con la
correspondiente tarjeta decadactilar a los señores Julio Cesar Jiménez Pérez,
identificado con C.C. No 85.474.855 de Santa Marta,  quien reside en dicha
ciudad, y de quien dice llamarse Julio Cesar Jiménez Pérez, quien manifiesta
identificarse con la C.C. 85.474.855 de Santa Marta y cumple actualmente
condena en la cárcel Picaleña de la ciudad de Ibagué. En caso de encontrar que
existe una falsa identidad proceda de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 67 a 73 del Decreto 2241 de 1986,  levante la suspensión de los
derechos políticos del señor Julio Cesar Jiménez, accionante en la presente
acción de tutela. Las decisiones a las que llegue deben comunicarse de manera
inmediata a los Jueces Segundo Penal del Circuito Especializado de Ibagué,
Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué y
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué. En todo caso las diligencias
y toma de decisiones no puede sobrepasar un término de treinta (30) días.
Sexto.- Ordenar al Juzgado Primero de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la Ciudad de Ibagué, determine 1)
la verdadera identidad de quien dice llamarse Julio Cesar Jiménez Pérez, y se
identifica con la C.C. No. No 85.474.855 de Santa Marta, quien se encuentra
cumpliendo la condena por los delitos de secuestro extorsivo, fabricación,
porte y tráfico de armas de uso privativo de las fuerzas armadas en la cárcel
de Picaleña de la ciudad de Ibagué. Para esto deberá tomar en cuenta la nueva
documentación y registros que en virtud de las ordenes proferidas en esta
acción de tutela tenga la Registraduría Nacional del Estado Civil 2) determine
si existe un caso de suplantación u homonimia con el señor Julio Cesar Jiménez
Pérez, identificado con C.C. 85.474.855, quien reside en la ciudad de Santa
Marta. Una vez proferida la decisión debe comunicarla de manera inmediata a los
Juzgados Segundo Penal del Circuito Especializado de Ibagué y al Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Ibagué, Sala Penal, con el fin de que
efectúen las correcciones y anotaciones en las sentencias proferidas. Asimismo
deberá comunicar al Director de Investigación Criminal e INTERPOL de la Policía
Nacional, que adelante las gestiones pertinentes para la protección del
derecho al habeas data del accionante en la presente acción de tutela. En
especial, la SUPRESIÓN DEFINITIVA de la información que asocia
su nombre e identificación con la comisión del delito de secuestro extorsivo,
fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las
fuerzas armadas. Y a la Procuraduría General de la Nación.
Séptimo.- COMPULSAR copias
a la Secretaría de la Fiscalía Tercera Especializada de Ibagué, con el
propósito de que si dicha Unidad lo considera pertinente, se adelante
investigación penal contra la persona que dice llamarse Julio Cesar Jiménez
Pérez, que se encuentra privada de la libertad en la cárcel de Picaleña en la
ciudad de Ibagué, en la medida en que indujo en error a los funcionarios
judiciales que conocieron del proceso.
Octavo.- Por Secretaría, líbrese la
comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, cópiese, publíquese en la Gaceta
de la Corte Constitucional y cúmplase.
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrado
Con salvamento de voto
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
ANDRES MUTIS VANEGAS
Secretario
General (E)
SALVAMENTO DE
VOTO DE LA MAGISTRADA
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
A LA SENTENCIA T-653/14
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia sobre la procedencia excepcional en
los casos de homonimia o suplantación de personas (Salvamento de voto)
En este
salvamento de voto me aparto de la argumentación que sustenta las partes
considerativa y resolutiva de la sentencia proferida por la Sala de Revisión,
relacionada con la procedibilidad de la acción de tutela en materia de homónima
o suplantación de identidad y de la consecuente orden de amparar los derechos
invocados por los accionantes, puesto que debió negarse la acción de tutela por
improcedente debido a que cuenta con la posibilidad de acudir a la acción de revisión
contra la sentencia, proferida por el Juzgado.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Relevancia constitucional del requisito general de subsidiariedad
para su procedencia excepcional (Salvamento de voto)
No se cumplía con el requisito
de subsidiariedad, debido a que el actor no agotó todos los medios
extraordinarios con los que cuenta para censurar la sentencia judicial que fue
objeto de análisis en sede de amparo constitucional.
En efecto, la acción de revisión en este caso era el mecanismo idóneo y
eficaz con que contaba el accionante para impugnar la sentencia condenatoria
adversa, al establecerse como causal, en la normatividad procesal penal, la
existencia de hechos y pruebas nuevas que sustentan la presunta inocencia del
condenado. No existía certeza en la acreditación de la presunta homonimia o
suplantación que permitiera avalar la procedencia de la acción de tutela y
conceder el amparo a los derechos fundamentales invocados.
Referencia: Expediente T-4.329.933 y 4.329.935
Acciones de tutela incoadas por Reinaldo de Jesús Becerra y Julio
César Jiménez Pérez contra la Sala Única del Tribunal de Distrito Judicial de
Arauca y otros.
Asunto: procedibilidad excepcional de la acción de tutela para
asuntos de suplantación de identidad u homonimia.
Magistrado Ponente:
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Corte
Constitucional, presento a continuación las razones que me conducen a disentir
de la decisión adoptada por la Sala Cuarta de Revisión de tutelas, en sesión
del 4 de septiembre de 2014, que por votación mayoritaria profirió la sentencia
T-653 de 2014 de la misma fecha.
La
providencia de la que me aparto, concedió de manera definitiva, el amparo de
los derechos fundamentales al buen nombre, honra y habeas data del señor
Reinaldo de Jesús Becerra, para en consecuencia ordenar en el expediente
T-4.329.933: i) al Juez Único Penal del Circuito Especializado de Arauca aclare
la sentencia condenatoria del 24 de septiembre de 2010, en sentido de indicar
que el actor Reinaldo de Jesús Becerra, es una persona distinta a la condenada;
ii) ese Despacho deberá informar de la decisión a la Registraduría Nacional del
Estado Civil, al Director de Investigación Criminal e INTERPOL de la Policía
Nacional, para que se realice la supresión definitiva de la información que
asocia su nombre con la comisión de los delitos por los cuales fue condenado; y
iii) comunicar la decisión de la Sala a las autoridades competentes para que se
realice la verdadera identificación del señor Reinaldo Becerra.
En
relación con el expediente T-4.329.935, la Sala resolvió: i) tutelar de manera
definitiva los derechos fundamentales al buen nombre, honra y habeas data del
accionante Julio César Jiménez Pérez, en consecuencia ordenó; ii) a la
Registraduría Nacional del Estado Civil iniciar las diligencias necesarias para
reseñar, identificar y registrar a los señores que afirman llamarse Julio César
Jiménez Pérez y en caso de constatar una falsa identidad, levantar la suspensión
de los derechos políticos del accionante e informar de la misma a los jueces de
conocimiento y de ejecución de penas encargados del cumplimiento del fallo
condenatorio; iii) al Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Ibagué, para que determine la verdadera identidad del señor Julio
César Jiménez Pérez, recluido en la Cárcel Picaleña de Ibagué, además, deberá
establecer si existe un caso de suplantación u homonimia y de ser procedente,
ordenar la supresión definitiva de la información que asocia su nombre a la
comisión de los delitos por los cuales fue condenado mediante sentencia
judicial.
Las líneas argumentativas que sustentaron la sentencia de la
referencia, gravitaron en torno a: i) la suplantación y el debido proceso en los
procesos penales; ii) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales; iii) la afectación de los derechos fundamentales al
buen nombre y habeas data en los casos en que se compruebe la suplantación o la
homonimia; y iv) la revisión de los casos en concreto.
En
este salvamento de voto me aparto de la argumentación que sustenta las partes
considerativa y resolutiva de la sentencia proferida por la Sala de Revisión,
relacionada con la procedibilidad de la acción de tutela en materia de homónima
o suplantación de identidad y de la consecuente orden de amparar los derechos
invocados por los accionantes, puesto que debió negarse la acción de tutela por
improcedente. En ese orden, fundan mi disenso las siguientes razones:
I. Expediente T-4329933
Asunto bajo revisión
1. El actor promovió acción de tutela en
contra de la Sala Única del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Arauca,
el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, el Juzgado
Único Penal del Circuito Especializado de Arauca y la Fiscalía Especializada de
la Unidad Nacional contra el Terrorismo de Arauca, con la finalidad de que se
le ampararan los derechos fundamentales a la vida, libertad, dignidad humana,
honra y buen nombre, debido proceso y habeas data.
2. Manifestó el actor que el Juez Único
Penal del Circuito Especializado de Arauca, mediante sentencia del 24 de
septiembre de 2010, lo condenó a 74 meses de pena privativa de la libertad, por
el delito de rebelión, con base en la individualización e identificación
realizada por la Fiscalía General de la Nación y los testimonios de varios
desmovilizados del grupo guerrillero “FARC”.
3. El 24 de enero de 2014, el accionante fue
detenido y privado de la libertad por la Policía Nacional, en cumplimiento de
la sentencia del 24 de septiembre de 2010. Posteriormente fue remitido al
Centro Penitenciario la Picota de Bogotá.
4. Manifestó el señor Reinaldo de Jesús
Becerra que ha sido condenado por un delito cometido por una persona que
suplantó su identidad. Además, que ha vivido toda la vida en la ciudad de
Bogotá y nunca ha estado en el departamento de Arauca.
5. Mediante providencia del 8 de mayo de
2014, el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Bogotá, concedió la libertad inmediata al señor Reinaldo de Jesús Becerra, al
considerar que en el presente caso se puede inferir que: “(…) estamos ante
un caso de homonimia, y que la persona que se encuentra actualmente privada de
la libertad no es la misma persona a la que aluden los desmovilizados en sus
testimonios; y por tanto con el fin de no violar derechos fundamentales (…) se
ordena la libertad inmediata.”[41].
No obstante lo anterior, ese Despacho judicial aclaró que:
“(…) no es competente para identificar e individualizar a los autores
de las conductas punibles, ni para endilgar responsabilidades, ni para
absolver; pero en este caso, se insiste, con el fin de no incurrir en probables
violaciones de los derechos fundamentales del señor REYNALDO DE JESÚS BECERRA
actualmente privado de la libertad en razón de este proceso, y toda vez que se
allegó prueba que da cuenta que al parecer se trata de un caso de
homonimia, se ordena su libertad, sin que ello implique que este
Juzgado este decidiendo sobre su responsabilidad o lo este absolviendo;
asunto que corresponde dilucidar al Juzgado fallador o al Tribunal Superior
competente en sede de revisión.”[42]
6. Con fundamento en lo anterior, el Juez
Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá remitió la
actuación al Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Arauca, para que
“… realice las diligencias pertinentes, tendientes a establecer la plena
identificación e individualización del autor de los hechos y con el fin de
realizar las correcciones de la sentencia a que haya lugar.”[43]
7. Mediante auto del 11 de junio de 2014, el
Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Arauca, resolvió no corregir
la sentencia del 24 de septiembre de 2014 con base en la irreformabilidad de la
sentencia, según lo dispuesto en el artículo 412 de la Ley 600 de 2000 (código
de Procedimiento Penal). En ese orden manifestó además que el señor Becerra “…
aún tiene a su alcance la acción de revisión conforme a las causales previstas
en el artículo 220 de la Ley 600 de 2000, específicamente la 3º al aparecer o
surgir hechos y pruebas nuevas.”[44]
Concluyó
en su providencia el Juez de conocimiento que: “… al encontrarse debidamente
ejecutoriada la sentencia con el fallo confirmatorio de segunda instancia, no
puede el Juzgado de Ejecución de Penas desprenderse de su competencia, y por
mandato expreso de la Ley debe ejecutar la sanción, hasta tanto permanezca en
firme la decisión.”[45]
8. Conforme a lo expuesto, lo pretendido por
el actor es la discusión de los fundamentos fácticos y probatorios de la
sentencia del 24 de septiembre de 2010 proferida por el Juzgado Único Penal de
Arauca, que lo condenó por el delito de rebelión a 78 meses de pena privativa
de la libertad.
9. Coincido con los jueces de
instancia quienes en su momento consideraron que la acción de tutela era
improcedente, por cuanto el actor cuenta con la posibilidad de acudir al
recurso extraordinario de revisión. En efecto, la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 19 de febrero de 2014 afirmó que: “…
si lo que controvierte el demandante son el supuesto fáctico, probatorio y
demás elementos sustanciales de la actuación tendiente a remover los efectos de
la cosa juzgada el actor tiene a su alcance la acción de revisión.”[46].
Esta providencia fue confirmada por la Sala Civil de la Corte Suprema de
Justicia, mediante sentencia del 28 de marzo del 2014.
10. En efecto, el numeral 3º del
artículo 220 de la Ley 600 de 2000 establecía:
“ARTICULO 220. PROCEDENCIA. <Para los delitos cometidos con
posterioridad al 1o. de enero de 2005 rige la Ley 906 de 2004, con sujeción al proceso de
implementación establecido en su Artículo 528> La acción de revisión procede contra
las sentencias ejecutoriadas, en los siguientes casos:
(…)
3. Cuando después de la sentencia condenatoria aparezcan hechos nuevos
o surjan pruebas, no conocidas al tiempo de los debates, que establezcan la
inocencia del condenado, o su inimputabilidad.”
Por su parte, el numeral 3º del artículo
192 de la Ley 906 de 2006 de 2004 establece que:
“ARTÍCULO 192. PROCEDENCIA. La acción de revisión procede contra
sentencias ejecutoriadas, en los siguientes casos:
3. Cuando después de la sentencia condenatoria aparezcan hechos nuevos
o surjan pruebas no conocidas al tiempo de los debates, que establezcan la
inocencia del condenado, o su inimputabilidad.”
Es claro que providencia del 8 de mayo de 2014, proferida por el
Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la ciudad de
Bogotá, constituyó un nuevo hecho, que podría afectar la sentencia condenatoria
del 24 de septiembre de 2010, que condenó a pena privativa de la libertad al
señor Reinaldo Becerra, por el delito de rebelión. Tal situación habilitaría al
actor para recurrir a la acción de revisión de la sentencia penal anteriormente
referida, puesto que sus pretensiones gravitaron en torno a cuestionar el
fundamento fáctico y probatorio de la mencionada providencia y se está ante la
presencia de hechos y pruebas nuevos, que configuran una de las causales de
procedencia de ese mecanismo extraordinario de impugnación.
La situación descrita anteriormente tornaba improcedente la acción
de tutela promovida por el señor Reinaldo de Jesús Becerra, debido a que cuenta
con la posibilidad de acudir a la acción de revisión contra la sentencia del 24
de septiembre de 2010, proferida por el Juzgado Único Penal del Circuito
Especializado de Arauca. Así las cosas, no se cumplía con el requisito de
subsidiariedad, debido a que el actor no agotó todos los medios extraordinarios
con los que cuenta para censurar la sentencia judicial que fue objeto de
análisis en sede de amparo constitucional.
En efecto, la acción de revisión en este caso era el mecanismo
idóneo y eficaz con que contaba el accionante para impugnar la sentencia
condenatoria adversa, al establecerse como causal, en la normatividad procesal
penal, la existencia de hechos y pruebas nuevas que sustentan la presunta
inocencia del condenado.
Bajo ese entendido, en sentencia T-442 de 2007[47], la Corte reiteró la
importancia de la acción de revisión, así:
“Sobre dicha
herramienta, la Corte Constitucional en la sentencia C-998 de 2004[48],
recuerda que con la acción de revisión se cumple la exigencia constitucional de
poder impugnar las sentencias condenatorias y no tiene límite de tiempo para su
presentación[49].
Concretamente ha señalado que “permite en casos excepcionales dejar sin valor
una sentencia ejecutoriada en aquellos casos en que hechos o circunstancias
posteriores a la decisión judicial revelan que ésta es injusta. En este sentido
puede afirmarse que la revisión se opone al principio ´res iudicata pro
veritate habertur´ para evitar que prevalezca una injusticia, pues busca
aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una sentencia injusta y reabrir un
proceso ya fenecido. Su fin último es, entonces, buscar el imperio de la
justicia  y verdad material, como fines esenciales del Estado…Teniendo en
cuenta que la revisión está llamada a modificar providencias amparadas por la
cosa juzgada, es un mecanismo extraordinario que sólo procede por las causales
taxativamente señaladas por la ley. Es por ello que la jurisprudencia ha dicho
que las causales previstas para su procedencia deben ser interpretadas en forma
restrictiva[50]”(Sentencia
C-871 de 2003)[51].”
Sobre la idoneidad y eficacia de la acción de revisión
cuando concurre una de las causales previstas en la ley, afirmó la Corte en la
misma providencia:
“También ha reconocido esta Corporación que la acción de revisión
hace improcedente la acción de tutela al constituir un medio de defensa
judicial idóneo y eficaz para la protección de los derechos fundamentales
siempre que se esté bajo alguna de las causales taxativamente contempladas en
el Código de Procedimiento Penal. Así lo expuso en las sentencias SU.913 de
2001[52],
T-1320 de 2001[53],
T-659 de 2005[54],
T-1292 de 2005[55],
T-196 de 2006[56],
T-212 de 2006[57],
T-644 de 2006[58]
y T-226 de 2007[59],
al señalar que:  “Así las cosas, en principio, el ciudadano debe esperar a que
la autoridad judicial competente se pronuncie de fondo acerca de la procedencia
o no de la causal de revisión invocada, por cuanto, se insiste, existe una
sentencia penal en firme en su contra, y por ende, la restricción al ejercicio
de su libertad personal se encuentra amparada en una decisión judicial”[60].”[61]
Ahora bien, de aceptarse en gracia de discusión que el amparo
constitucional solicitado procede como mecanismo transitorio de protección, la
situación del accionante descrita impide su concesión, ya que no acreditó la
existencia de un perjuicio irremediable, puesto que el actor recuperó su
libertad mediante auto del 8 de mayo de 2014, proferido por el Juzgado Segundo
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá.
En conclusión, la presente acción de tutela era
improcedente y no podía concederse como mecanismo definitivo de protección,
debido a que el accionante cuenta con otro mecanismo idóneo y eficaz para
censurar la sentencia condenatoria del 24 de septiembre de 2010, proferida por
el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Arauca, como es la acción
de revisión, por encontrarse verificada una de sus causales de procedencia, por
tal razón, no se cumple con el requisito general de procediblidad relacionado
con la subsidiariedad de la solicitud de amparo. Además, el actor recuperó su
libertad, mediante auto del 8 de mayo de 2014, proferido por el Juzgado Segundo
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá.
Estas situaciones eran suficientes para negar la acción
de tutela formulada por el señor Reinaldo de Jesús Becerra por improcedente.
Ausencia de certeza en la configuración de la homonimia alegada por
el actor. Falta de acreditación probatoria que sustente el amparo de los
derechos fundamentales a la honra, buen nombre y habeas data
Esta Corporación ha señalado que, atendiendo el carácter subsidiario
de la acción de tutela, su procedencia cuando existen otros medios de defensa
judicial, se sujeta a las siguientes reglas jurisprudenciales: i) procede como mecanismo
transitorio, cuando a pesar de la existencia de un medio ordinario de
defensa, este no impide la ocurrencia de un perjuicio irremediable, conforme a
la especial situación del peticionario[62];
ii) procede la tutela como mecanismo definitivo: cuando el medio
ordinario dispuesto para resolver las controversias, no es idóneo y eficaz,
conforme a las especiales circunstancias del caso que se estudia[63].
11. La sentencia
proferida por la Sala de Revisión de la que me aparto, después de reiterar
pronunciamiento previos de la Corte, concluyó que:
“ - Procede excepcionalmente la tutela y pierde
subsidiariedad cuando: (i) existe suficiente evidencia probatoria que permite
concluir que hubo suplantación y (ii) cuando los trámites para la corrección
del error del Estado implican una carga desproporcionada para el ciudadano
afectado.
- Los casos
de suplantación y homonimia exigen del juez de tutela un análisis del caso
concreto, en el cual se individualicen las responsabilidades de las autoridades
administrativas y judiciales que participan en la identificación de un
individuo que es investigado y procesado; la vulneración del debido proceso
debe atender las funciones propias de cada instancia, sea judicial o porte de
las autoridades que investigan un sindicado.
- Ante la
información falsa o errónea en virtud de una sentencia judicial, la protección
del derecho fundamental al habeas data, honra y buen nombre, comporta una
corrección del error en la fuente que los origina, lo cual, en principio, es
competencia del Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, y solo ante
las subreglas arriba mencionadas podría perder subsidiariedad la acción de
tutela y permitir al juez constitucional proteger los derechos fundamentales
invocados.”[64]
No obstante lo anterior, al analizar el caso concreto, la sentencia
no permite evidenciar ni muestra con certeza la existencia de homonimia o
suplantación del actor, mucho menos, la ausencia de responsabilidad penal del
accionante. En efecto, el Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad, que mediante providencia del 8 de mayo de 2014, resolvió conceder la
libertad del señor Reinaldo de Jesús Becerra, consideró que:
“Cabe aclarar que este Despacho no es competente para identificar e
individualizar a los autores de las conductas punibles, ni para endilgar
responsabilidades, no para absolver; pero en este caso, se insiste, con el fin
de no incurrir en probables violaciones de los derechos fundamentales del señor
REYNALDO DE JESÚS BECERRA actualmente privado de la libertad en razón de este
proceso, y toda vez que se allegó prueba que da cuenta que al parecer se
trata de un caso de homonimia, se ordena su
libertad, sin que ello implique que este Juzgado este
decidiendo sobre su responsabilidad o lo esté absolviendo; asunto que
corresponde dilucidar al Juzgado fallador o al Tribunal Superior competente en
sede de revisión.” (lo énfasis agregado)
Aunado a lo anterior, la sentencia del 24 de septiembre de 2010,
proferida por el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Arauca,
identificó e individualizó al señor Reinaldo de Jesús Becerra, con base en los
informes de la Fiscalía General de la Nación. Se observa en la mencionada
providencia que la identificación e individualización se realizó así:
“11. REYNALDO DE JESÚS BECERRA: alias VENDABAL, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 19.057.533 expedida en Bogotá, nació el 15 de agosto
de 1948 en Duitama, Boyacá, tiene 59 años de edad.”[65]
Se observa que la decisión adoptada por el Juez de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad, de conceder la libertad del accionante, fue
adoptada por la duda generada en la identificación e individualización del
señor Reinaldo de Jesús Becerra y su finalidad fue salvaguardar el derecho
fundamental a la libertad, sin que la misma implicara ausencia de
responsabilidad penal del actor, puesto que remitió tal decisión al
conocimiento del juez que adelantó el juicio o del Tribunal encargado de
resolver la eventual acción de revisión.
Expuesto lo anterior, las órdenes de supresión definitiva de la
información negativa del actor, administrada por distintas instituciones
públicas, carecía de sustento fáctico y probatorio, puesto que no había certeza
de la presencia de un caso de homonimia, mucho menos, de la ausencia de
responsabilidad penal del accionante.
II. Expediente
T-4.329.935
Consideró que en el presente caso la acción de tutela era
improcedente debido a: i) falta de inmediatez, puesto que han pasado más de
tres (3) años desde que el accionante tuvo conocimiento de la irregular
situación de su documento de identidad y la suspensión de los derechos
políticos; ii) no se está ante la inminencia de un perjuicio irremediable, no
solo por el paso del tiempo, sino además, porque no se acreditó probatoriamente
la precaria situación del actor, más aun cuando concurre en sede constitucional
con dos (2) apoderados judiciales y manifiesta en el escrito de tutela que ha
contratado los servicios de otros profesionales para que adelanten la
correspondiente investigación del presente caso; y iii) no se demostró la falta
de idoneidad y eficacia de los procedimientos administrativos y judiciales para
aclarar las irregularidades en materia de identificación.
Procedimiento administrativo de cancelación de cédula de ciudadanía
surtido ante la Registraduría Nacional del Estado Civil
En efecto, el Decreto 2241 de 1986 por el cual se adopta el Código
Electoral, regula en sus artículos 67 y siguientes el procedimiento de
cancelación de cédulas de ciudadanías bien sea por: i) muerte del ciudadano;
ii) múltiple cedulación; iii) expedición de cédula a un menor de edad; iv)
expedición de la cédula a un extranjero que no tenga carta de naturaleza; v)
perdida de la ciudadanía por haber adquirido carta de naturaleza en otro país;
y vi) falsa identidad o suplantación[66].
De igual manera, el artículo 73 del Decreto 2241 de 1986, establece
que la impugnación de la cédula se puede hacer en cualquier tiempo, bien sea
durante su preparación o después de expedida. Además establece que el
Registrador del Estado Civil exigirá la prueba en que se funde la impugnación,
oirá al impugnado y finalmente elaborará un concepto sobre el caso concreto, el
cual deberá remitirlo al Registrador Nacional de Estado Civil para que resuelva
lo pertinente.
Este
procedimiento se tornaba idóneo y eficaz para resolver la particular situación
del actor, debido a que en cualquier momento podía impugnar la cédula por
presunta homónima, sin que se exigiera un procedimiento judicial como
equivocadamente lo consideró la sentencia de la que me aparto. En efecto, el
mencionado pronunciamiento consideró que:
“Existe la posibilidad para el acto de utilizar el proceso de
impugnación ante la Registraduría, pero dicho mecanismo le exigiría el
pronunciamiento judicial que le sirva de prueba para solicitar una nueva
identificación, y no pone fin a la vulneración de sus derechos fundamentales,
en tanto no permite la corrección de las providencias judiciales y la
asociación de su nombre con la comisión de hechos delictivos.”[67]
En conclusión, no existía certeza en la acreditación de la presunta
homonimia o suplantación en ninguno de los dos casos estudiados por la Sala,
que permitiera avalar la procedencia de la acción de tutela y conceder el
amparo a los derechos fundamentales invocados. Así las cosas, la decisión que
debió adoptarse en ambos expedientes era la de negar la tutela por
improcedente.
Fecha ut
supra
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
[1] Ley 600 de 2000 normatividad > (artículo 311). El Fiscal General de la Nación o sus
delegados tienen a su cargo dirigir y coordinar las funciones de policía
judicial que en forma permanente o especial cumplen los organismos previstos en
la ley y los restantes entes públicos a los cuales de manera transitoria el
Fiscal General de la Nación les haya atribuido tales funciones.
El Fiscal General de la Nación, bajo su
responsabilidad, separará en forma inmediata de las funciones de policía
judicial al servidor público que omita o se extralimite en el cumplimiento de
sus funciones para el desarrollo investigativo específico que se le haya dado.
Si tal servidor no es funcionario o empleado de la Fiscalía General de la
Nación, el Fiscal que dirija la investigación informará de inmediato a su
nominador, para que inicie la investigación disciplinaria que sea del caso.
PARAGRAFO. Se exceptúa de lo dispuesto en
este artículo la estructura y funciones de policía judicial de la Procuraduría
General de la Nación, de acuerdo con lo señalado en el artículo 277 de la Constitución Política.
[2] Artículo 128 del Código de Procedimiento Penal.
[3] Artículos 303 y 304 de la Ley 600 de 2000.
[4] Artículos 251, 252 y 253 del Código de Procedimiento Penal.
[5] Artículo 459 Código de Procedimiento Penal.
[6] SU 539 de 2012
[7] “En desarrollo de esas premisas la
jurisprudencia constitucional ha establecido las reglas sobre la procedencia
excepcional de la acción de tutela contra decisiones judiciales. Esta doctrina
ha redefinido la concepción tradicional de la“vía de hecho” judicial, para establecer un conjunto
sistematizado de condiciones estrictas, de naturaleza sustancial y
procedimental, que deben ser acreditadas en cada caso concreto, como
presupuestos ineludibles para la protección de los derechos fundamentales
afectados por la sentencia”.T555 de 2009.
[8] Su 539 de 2012.
[9] T-744-2002
[10] Sentencia T-540/2004.
[11] En sentencia C-396 de 2007 se estableció que el legislador tenía la
libertad suficiente para prohibir el decreto de pruebas de oficio.
[12] Folio 32.
[13] Folio 33.
[14] Folio36
[15] Sistema automatizado de Idenficación Dactilar.
[16] Foio38
[17] Folio 68
[18] Folio22 y 43 del cuaderno 2.
[19] Dicha providencia fue dictada de conformidad con la Resolución de
Acusación proferida el 31 e marzo de 2009.
[20] Folio 17 Cuaderno de la Corte Constitucional.
[21] Estudios dactilares. Huella digital.
[22] Contempla las funciones adscritas a los
Jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad, quienes conocen: “1. De
las decisiones necesarias para que las sentencias ejecutoriadas que impongan
sanciones penales se cumplan. 2. De la acumulación jurídica de penas en caso de
varias sentencias condenatorias proferidas en procesos distintos contra la
misma persona. 3. Sobre la libertad condicional y su revocatoria. 4. De lo
relacionado con la rebaja de la pena y redención de pena por trabajo, estudio o
enseñanza. 5. De la aprobación previa de las propuestas que formulen las autoridades
penitenciarias o de las solicitudes de reconocimiento de beneficios
administrativos que supongan una modificación en las condiciones de
cumplimiento de la condena o una reducción del tiempo de privación efectiva de
libertad. 6. De la verificación del lugar y condiciones en que se deba cumplir
la pena o la medida de seguridad. Asimismo, del control para exigir los
correctivos o imponerlos si se desatienden, y la forma como se cumplen las
medidas de seguridad impuestas a los inimputables. En ejercicio de esta
función, participarán con los gerentes o directores de los centros de
rehabilitación en todo lo concerniente a los condenados inimputables y ordenará
la modificación o cesación de las respectivas medidas, de acuerdo con los
informes suministrados por los equipos terapéuticos responsables del cuidado,
tratamiento y rehabilitación de estas personas. Si lo estima conveniente podrá
ordenar las verificaciones de rigor acudiendo a colaboraciones oficiales o
privadas. 7. De la aplicación del principio de favorabilidad cuando debido a
una ley posterior hubiere lugar a reducción, modificación, sustitución,
suspensión o extinción de la sanción penal. 8. De la extinción de la sanción
penal. 9. Del reconocimiento de la ineficacia de la sentencia condenatoria
cuando la norma incriminadora haya sido declarada inexequible o haya perdido su
vigencia”.
[23] En la Ley 906 de 2004 en su artículo 459 se regula la función de
los jueces de ejecución de penas medidas y seguridad en iguales términos.
[24] Folio 17 cuaderno de tutela Corte Constitucional.
[25] Estudios dactilares (huella digital)
[26] Folio 15 Cuaderno de Tutela Corte Constitucional. Artículo 412.
Para los delitos
cometidos con posterioridad al 1o. de enero de 2005 rige la Ley 906 de 2004, con sujeción al proceso de implementación establecido
en su Artículo 528> La sentencia no es
reformable ni revocable por el mismo juez o sala de decisión que la hubiere
dictado, salvo en caso de error aritmético, en el nombre del procesado o de
omisión sustancial en la parte resolutiva.
Solicitada la corrección aritmética, o del nombre de las
personas a que se refiere la sentencia, la aclaración de la misma o la adición
por omisiones sustanciales en la parte resolutiva, el juez podrá en forma
inmediata hacer el pronunciamiento que corresponda.
[27] Folio 28 Certificado de la Registradurìa Nacional del estado Civil
de la baja por pèrdida o suspensión de los derechos.
[28] Folio 31 y 34 los antecedentes fueron nuevamente consultados por el
Magistrado Sustanciador, en el mes de julio de 2014 presentado la misma
información.
[29] Folio 18.
[30] Folio 21
[31] Folio26
[32] Providencia proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito
Especializado con Funciones de Conocimiento de Neiva Huila del 23 de julio de
2012. (folio 35). Y la Condena proferida por el Juzgado Segundo Penal del
Circuito Especializado  de fecha 16 de marzo de 2010, donde se condena al señor
“Julio Cesar Jimenez Perez, de las condiciones civiles y personales conocidas a
la pena principal de 372 meses y 3.557 salario mínimos legales vigentes, por
haber sido hallado responsable del delito de secuestro extorsivo. (folio 50).
[33] Folio 60
[34] Los hechos y providencias fueron conocidas por el demandante el 24
de enero de 2014, fecha en que fue capturado.
[35] Folios 103 a 106.
[36] En la diligencia de reconocimiento se exhiben fotografías el actor
corresponde a la número 7, 3,y 2 que corresponde al señor Julio Cesar Jimenez
Pérez .Folios 128 y 129
[37] T-069/ 2012 y T-1000-2012
[38]Artículo 67. Son
causales de cancelación de la cédula de ciudadanía por parte de la
Registraduría Nacional del Estado Civil, las siguientes:
a) Muerte del
ciudadano;
b) Múltiple
cedulación.
c) Expedición de la
cédula a un menor de edad;
d) Expedición de la
cédula a un extranjero que no tenga carta de naturaleza;
e) Perdida de la
ciudadanía por haber adquirido carta de naturaleza en otro país, y
f) Falsa identidad
o suplantación.
[39] ARTÍCULO
72. Se podrá
solicitar la cancelación de cédulas de ciudadanía en los casos del artículo 67
de este código, conforme al procedimiento determinado en el artículo siguiente.
ARTÍCULO 73. La
impugnación de la cédula de ciudadanía puede hacerse al tiempo de su
preparación o después de expedida. En ambos casos el Registrador del Estado
Civil exigirá la prueba en que se funda la impugnación, oirá, si fuere posible,
al impugnado, y, junto con su concepto sobre el particular, remitirá los
documentos al Registrador Nacional del Estado Civil, para que éste resuelva si
niega la expedición de la cédula o si cancela la ya expedida.
[40] T-455/1998, T-744/2002, y T-177/2012
[41] Folio 22 cuaderno de revisión.
[42] Folio 22v cuaderno de revisión.
[43] Ibídem.
[44] Folio 27 cuaderno de revisión.
[45] Ibídem.
[46] Folio 252 del Cuaderno principal.
[47] M.P. Clara Inés Vargas Hernández
[48] M.P. Álvaro Tafur Galvis. La Corte examinó la constitucionalidad
del artículo 205, parcial, de la Ley 600 de 2000.
[49] Se transcribe apartes de la sentencia C-142 de 1993. M.P. Jorge
Arango Mejía.
[50] Sentencia  C-680 de 1996. Fundamento 4.2
[51] M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[52] M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[53] M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[54] M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[55] M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[56] M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[57] M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[58] M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[59] M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[60] T-659 de 2005, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[61] Sentencia T-446 de 2007 M.P. Clara Inés Vargas Hernández, reiterado
recientemente en sentencia T-103 de 2014 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[62] Sentencias T–800 de 2012 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T–859 de
2004 M.P. Clara Inés Vargas.
[63]
Sentencias T–800 de 2012 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio., T–436 de 2005 M.P.
Clara Inés Vargas, y T–108 de 2007 M.P. Rodrigo Escobar Gil, entre otras.
[64] Paginas 23 y 24 de la Sentencia.
[65] Folio 11 cuaderno de pruebas.
[66] Artículo 67 del Decreto 2241 de 1986.
[67] Pagina 34 de la sentencia.