C-239-97
Sentencia C-239/97
Sentencia
C-239/97
HOMICIDIO POR
PIEDAD-Elementos/HOMICIDIO
PIETISTICO O EUTANASICO/HOMICIDIO EUGENESICO
El homicidio por
piedad, según los elementos que el tipo describe, es la acción de quien obra
por la motivación específica de poner fin a los intensos sufrimientos de otro.
Doctrinariamente se le ha denominado homicidio pietístico o eutanásico. Por
tanto, quien mata con un interés distinto, como el económico, no puede ser
sancionado conforme a este tipo. Se confunde los conceptos de homicidio
eutanásico y homicidio eugenésico; en el primero la motivación consiste en
ayudar a otro a morir dignamente, en tanto que en el segundo se persigue como
fin, con fundamento en hipótesis seudocientíficas, la preservación y el
mejoramiento de la raza o de la especie humana. Es además, el homicidio
pietístico, un tipo que precisa de unas condiciones objetivas en el sujeto
pasivo, consistentes en que se encuentre padeciendo intensos sufrimientos,
provenientes de lesión corporal o de enfermedad grave o incurable, es decir, no
se trata de eliminar a los improductivos, sino de hacer que cese el dolor del
que padece sin ninguna esperanza de que termine su sufrimiento. El
comportamiento no es el mismo cuando el sujeto pasivo no ha manifestado su
voluntad, o se opone a la materialización del hecho porque, a pesar de las
condiciones físicas en que se encuentra, desea seguir viviendo hasta el final;
al de aquel que realiza la conducta cuando la persona  consiente el hecho y
solicita que le ayuden a morir.
DERECHO PENAL DEL
ACTO-Alcance/PRINCIPIO
DE CULPABILIDAD-Acto como hecho voluntario
El artículo 29 de
la Constitución, en armonía con la definición del carácter político del Estado
como Social de Derecho, y del postulado de respeto a la dignidad de la persona
humana, consagra el principio de que no hay delito sin conducta, al establecer
que "nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al
acto que se le imputa". En estos términos, es evidente que el
Constituyente optó por un derecho penal del acto, en oposición a un derecho
penal del autor. Desde esta concepción, sólo se permite castigar al
hombre por lo que hace, por su conducta social, y no por lo que es, ni por lo
que desea, piensa o siente. El derecho penal del acto supone la adopción del
principio de culpabilidad, que se fundamenta en la voluntad del individuo que
controla y domina el comportamiento externo que se le imputa, en virtud de lo
cual sólo puede llamarse acto al hecho voluntario.
PRINCIPIO DE NO
ACCION SIN CULPA
El principio de
que no hay acción sin culpa, corresponde a la exigencia del elemento subjetivo
o sicológico del delito; según dicho principio, ningún hecho o comportamiento
humano es valorado como acción sino es el fruto de una decisión; por tanto, no
puede ser castigado si no es intencional, esto es, realizado con conciencia y
voluntad por una persona capaz de comprender y de querer. De ahí que
sólo pueda imponerse pena a quien ha realizado culpablemente un injusto.
DERECHO PENAL DEL
ACTO-Criterios de
imposición de la pena/DERECHO PENAL DEL ACTO-Grado de culpabilidad y
componentes subjetivos adicionales/ACTO PUNIBLE-Móviles de la conducta
Para el derecho
penal del acto, uno de los criterios básicos de imposición de la pena es el
grado de culpabilidad, de tal manera que a su autor se le impone una sanción,
mayor o menor, atendiendo a la entidad del juicio de exigibilidad, es decir, la
pena debe ser proporcional al grado de culpabilidad. No obstante, es de
considerar que el aspecto subjetivo de la prohibición no se agota, en todos los
casos, en las formas de culpabilidad que enumera el Código Penal (dolo, culpa y
preterintención). La ilicitud de muchos hechos no depende únicamente de su
materialización y realización consciente y voluntariamente, sino que debe
tenerse en cuenta el sentido específico que a la acción u omisión le imprime el
fin perseguido por el sujeto. Tales componentes sicológicos pueden ser tenidos
en cuenta únicamente cuando es el propio tipo el que de modo expreso los acoge,
ya sea para fundamentar el injusto, su agravación, atenuación o exclusión. Esos
componentes subjetivos adicionales cumplen la función de distinguir un
comportamiento punible de otro que no lo es, o de diferenciar entre sí varias
figuras delictivas. Para graduar la culpabilidad deben tenerse en cuenta los
móviles de la conducta, pero sólo cuando el legislador los ha considerado
relevantes al describir el acto punible. Dichos móviles, que determinan en
forma más concreta el tipo, en cuanto no desconozcan las garantías penales ni
los demás derechos fundamentales, se ajustan a la Constitución, y su adopción
hace parte de la órbita de competencia reservada al legislador. Los móviles
pueden hacer parte de la descripción del tipo penal, sin que por ello, en
principio, se vulnere ninguna disposición constitucional.
PIEDAD-Definición
La piedad es un
estado afectivo de conmoción y alteración anímica profundas, similar al estado
de dolor que consagra el artículo 60 del Código Penal como causal genérica de
atenuación punitiva; pero que, a diferencia de éste, mueve a obrar en favor de
otro y no en consideración a sí mismo.
HOMICIDIO POR
PIEDAD-Consideración
subjetiva del acto/HOMICIDIO POR PIEDAD-Conducta antijurídica y sanción
menor
Quien mata a otro
por piedad, con el propósito de ponerles fin a los intensos sufrimientos que
padece, obra con un claro sentido altruista, y es esa motivación la que ha
llevado al legislador a crear un tipo autónomo, al cual atribuye una pena
considerablemente menor a la prevista para el delito de homicidio simple o
agravado. Tal decisión no desconoce el derecho fundamental a la vida, pues la
conducta, no obstante la motivación, sigue siendo antijurídica, es decir,
legalmente injusta; pero en consideración al aspecto subjetivo la sanción es
menor, lo que se traduce en respeto por el principio de culpabilidad, derivado
de la adopción de un derecho penal del acto. La medida de esa pena que, se
insiste, como tal, comporta reproche por la materialización de un
comportamiento que desconoce el bien jurídico protegido de la vida, pero que,
de otra parte, considera relevante la motivación del acto, sólo puede ser
determinada en abstracto por el legislador, sin que le sea dable al juez
constitucional desconocer los criterios de utilidad que lleva implícita esa
elección.
HOMICIDIO POR
PIEDAD-Elementos objetivos/PENAS-Razonable
proporcionalidad con grado de culpabilidad del acto
Es claro que para
que se configure esta forma de homicidio atenuado no basta el actuar conforme a
un sentimiento de piedad, ya que es necesario que se presenten además los
elementos objetivos exigidos por el tipo penal, a saber, que el sujeto pasivo
tenga intensos sufrimientos derivados de lesión corporal o enfermedad grave o
incurable. No existe homicidio piadoso cuando una persona mata a otro individuo
que no padece esos sufrimientos, aún cuando invoque razones de piedad. En este
caso, que constituye un homicidio simple, o incluso agravado, la muerte es el
producto del sentimiento egoísta del victimario, que anula una existencia, por
que a su juicio no tiene ningún valor. En esta conducta, la persona mata porque
no reconoce dignidad alguna en su víctima, mientras que en el homicidio por
piedad, tal como está descrito en el Código Penal, el sujeto activo no mata por
desdén hacia el otro sino por sentimientos totalmente opuestos. El sujeto
activo considera a la víctima como una persona con igual dignidad y derechos,
pero que se encuentra en una situación tal de sufrimiento, que la muerte puede
ser vista como un acto de compasión y misericordia. En un Estado Social de
Derecho las penas tienen que guardar una razonable proporcionalidad con el
grado de culpabilidad del acto, y no sólo con la gravedad material y objetiva
de la lesión al bien jurídico.
PRINCIPIO DE
DIGNIDAD HUMANA-Respeto de
autonomía e identidad
La Constitución
establece que el Estado colombiano está fundado en el respeto a la dignidad de
la persona humana; esto significa que, como valor supremo, la dignidad irradia
el conjunto de derechos fundamentales reconocidos, los cuales encuentran en el
libre desarrollo de la personalidad su máxima expresión. El principio de la
dignidad humana atiende necesariamente a la superación de la persona, respetando
en todo momento su autonomía e identidad.
PRINCIPIO DE
SOLIDARIDAD-Deber de
socorro por situación de necesidad/HOMICIDIO POR PIEDAD-Móvil altruista
y solidario
El mismo artículo
1 de la Constitución, en concordancia con el artículo 95, consagra la solidaridad
como uno de los postulados básicos del Estado Colombiano, principio que
envuelve el deber positivo de todo ciudadano de socorrer a quien se encuentra
en una situación de necesidad, con medidas humanitarias. Y no es difícil
descubrir el móvil altruista y solidario de quien obra movido por el impulso de
suprimir el sufrimiento ajeno, venciendo, seguramente, su propia inhibición y
repugnancia frente a un acto encaminado a aniquilar una existencia cuya
protección es justificativa de todo el ordenamiento, cuando las circunstancias
que la dignifican la constituyen en el valor fundante de todas las demás.
PERSONA-Asunción responsable y autónoma de
decisiones/SISTEMA PLURALISTA-Decisión de subsistencia por
circunstancias extremas/DERECHO A LA VIDA-Implica vivir adecuadamente en
condiciones de dignidad
La Constitución
se inspira en la consideración de la persona como un sujeto moral, capaz de
asumir en forma responsable y autónoma las decisiones sobre los asuntos que en
primer término a él incumben, debiendo el Estado limitarse a imponerle deberes,
en principio, en función de los otros sujetos morales con quienes está avocado
a convivir, y por tanto, si la manera en que los individuos ven la muerte
refleja sus propias convicciones, ellos no pueden ser forzados a continuar
viviendo  cuando, por las circunstancias extremas en que se encuentran, no lo
estiman deseable ni compatible con su propia dignidad, con el argumento
inadmisible de que una mayoría lo juzga un imperativo religioso o moral. De
nadie puede el Estado demandar conductas heroicas, menos aún si el fundamento
de ellas está adscrito a una creencia religiosa o a una actitud moral que, bajo
un sistema pluralista, sólo puede revestir el carácter de una opción. Nada tan
cruel como obligar a una persona a subsistir en medio de padecimientos
oprobiosos, en nombre de creencias ajenas, así una inmensa mayoría de la
población las estime intangibles. Porque, precisamente, la filosofía que
informa la Carta se cifra en su propósito de erradicar la crueldad. Desde una
perspectiva pluralista no puede afirmarse el deber absoluto de vivir. Quien
vive como obligatoria una conducta, en función de sus creencias religiosas o
morales, no puede pretender que ella se haga coercitivamente exigible a todos;
sólo que a él se le permita vivir su vida moral plena y actuar en función de
ella sin interferencias. Además, si el respeto a la dignidad humana, irradia el
ordenamiento, es claro que la vida no puede verse simplemente como algo
sagrado, hasta el punto de desconocer la situación real en la que se encuentra
el individuo y su posición frente el valor de la vida para sí. En palabras de
esta Corte: el derecho a la vida no puede reducirse a la mera subsistencia,
sino que implica el vivir adecuadamente en condiciones de dignidad.
VIDA-Valor constitucional/VIDA COMO VALOR-Límites
a protección estatal/VIDA COMO VALOR-Respeto a la autonomía y dignidad
de las personas/TERAPIA-Consentimiento informado del paciente/DERECHOS-Límites
al deber de garantizarlos
La Constitución
no sólo protege la vida como un derecho sino que además la incorpora como un
valor del ordenamiento, que implica competencias de intervención, e incluso
deberes, para el Estado y para los particulares. La Carta no es neutra frente
al valor vida sino que es un ordenamiento claramente en favor de él, opción
política que tiene implicaciones, ya que comporta efectivamente un deber del
Estado de proteger la vida. Sin embargo, tal y como la Corte ya lo mostró en
anteriores decisiones, el Estado no puede pretender cumplir esa obligación
desconociendo la autonomía y la dignidad de las propias personas. Por ello ha
sido doctrina constante de esta Corporación que toda terapia debe contar con el
consentimiento informado del paciente, quien puede entonces rehusar
determinados tratamientos que objetivamente podrían prolongar la duración de su
existencia biológica pero que él considera incompatibles con sus más hondas
convicciones personales. Sólo el titular del derecho a la vida puede decidir
hasta cuándo es ella deseable y compatible con la dignidad humana. Y si los
derechos no son absolutos, tampoco lo es el deber de garantizarlos, que puede
encontrar límites en la decisión de los individuos, respecto a aquellos asuntos
que sólo a ellos les atañen.
PROTECCION VIDA
DEL ENFERMO TERMINAL-Deber
estatal cede o se debilita/ENFERMO TERMINAL-Consentimiento informado del
paciente de morir dignamente/DERECHO A MORIR EN FORMA DIGNA
El deber del
Estado de proteger la vida debe ser entonces compatible con el respeto a la
dignidad humana y al libre desarrollo de la personalidad. Por ello la Corte
considera que frente a los enfermos terminales que experimentan intensos
sufrimientos, este deber estatal cede frente al consentimiento informado del
paciente que desea morir en forma digna. En efecto, en este caso, el deber
estatal se debilita considerablemente por cuanto, en virtud de los informes
médicos, puede sostenerse que, más allá de toda duda razonable, la muerte es
inevitable en un tiempo relativamente corto.  En cambio, la decisión de cómo
enfrentar la muerte adquiere una importancia decisiva para el enfermo terminal,
que sabe que no puede ser curado, y que por ende no está optando entre la
muerte y muchos años de vida plena, sino entre morir en condiciones que él
escoge, o morir poco tiempo después en circunstancias dolorosas y que juzga
indignas. El derecho fundamental a vivir en forma digna implica entonces el
derecho a morir dignamente, pues condenar a una persona a prolongar por un
tiempo escaso su existencia, cuando no lo desea y padece profundas aflicciones,
equivale no sólo a un trato cruel e inhumano, prohibido por la Carta, sino a
una anulación de su dignidad y de su autonomía como sujeto moral. La persona
quedaría reducida a un instrumento para la preservación de la vida como valor
abstracto.
DERECHO A MORIR
EN FORMA DIGNA-Estado no
puede oponerse
El Estado no
puede oponerse a la decisión del individuo que no desea seguir viviendo y que
solicita le ayuden a morir, cuando sufre una enfermedad terminal que le produce
dolores insoportables, incompatibles con su idea de dignidad. Por consiguiente,
si un enfermo terminal que se encuentra en las condiciones objetivas que
plantea el Código Penal considera que su vida debe concluir, porque la juzga
incompatible con su dignidad, puede proceder en consecuencia, en ejercicio de
su libertad, sin que el Estado esté habilitado para oponerse a su designio, ni
impedir, a través de la prohibición o de la sanción, que un tercero le ayude a
hacer uso de su opción. No se trata de restarle importancia al deber del Estado
de proteger la vida sino, de reconocer que esta obligación no se traduce en la
preservación de la vida sólo como hecho biológico.
DERECHO A MORIR
EN FORMA DIGNA-Consentimiento
del sujeto pasivo/DERECHO A MORIR EN FORMA DIGNA-Sujeto activo debe ser
un médico
El consentimiento
del sujeto pasivo debe ser libre, manifestado inequívocamente por una persona
con capacidad de comprender la situación en que se encuentra. Es decir, el
consentimiento implica que la persona posee información seria y fiable acerca
de su enfermedad y de las opciones terapéuticas y su pronóstico, y cuenta con
la capacidad intelectual suficiente para tomar la decisión. Por ello la Corte
concluye que el sujeto activo debe de ser un médico, puesto que es el único
profesional capaz no sólo de suministrar esa información al paciente sino
además de brindarle las condiciones para morir dignamente. Por ende, en los casos
de enfermos terminales, los médicos que ejecuten el hecho descrito en la norma
penal con el consentimiento del sujeto pasivo no pueden ser, entonces, objeto
de sanción y, en consecuencia, los jueces deben exonerar de responsabilidad a
quienes así obren.
MUERTE DIGNA-Regulaciones legales estrictas
Como el Estado no
es indiferente a la vida humana, sino que tiene el deber de protegerla, es
necesario que se establezcan regulaciones legales muy estrictas sobre la manera
como debe prestarse el consentimiento y la ayuda a morir, para evitar que en
nombre del homicidio pietístico, consentido, se elimine a personas que quieren
seguir viviendo, o que no sufren de intensos dolores producto de enfermedad
terminal. Esas regulaciones deben estar destinadas a asegurar que el
consentimiento sea genuino y no el efecto de una depresión momentánea. El
Estado, por su compromiso con la vida, debe ofrecer a los enfermos terminales
que enfrentan intensos sufrimientos, todas las posibilidades para que sigan
viviendo, por lo cual es su obligación, en particular, brindarles los
tratamientos paliativos del dolor.
MUERTE DIGNA-Puntos esenciales de regulación legal
Los puntos
esenciales de esa regulación serán sin duda: 1. Verificación rigurosa, por
personas competentes, de la situación real del paciente, de la enfermedad que
padece, de la madurez de su juicio y de la voluntad inequívoca de morir; 2.
Indicación clara de las personas (sujetos calificados) que deben intervenir en
el proceso; 3. Circunstancias bajo las cuales debe manifestar su consentimiento
la persona que consiente en su muerte o solicita que se ponga término a su
sufrimiento: forma como debe expresarlo, sujetos ante quienes debe expresarlo,
verificación de su sano juicio por un profesional competente, etc; 4. Medidas que
deben ser usadas por el sujeto calificado para obtener el resultado
filantrópico, y 5. Incorporación al proceso educativo de temas como el valor de
la vida y su relación con la responsabilidad social, la libertad y la autonomía
de la persona, de tal manera que la regulación penal aparezca como la última
instancia en un proceso que puede converger en otras soluciones.
MUERTE DIGNA-Medidas mientras se regula el tema por
legislador
La Corte
considera que mientras se regula el tema, en principio, todo homicidio por
piedad de enfermos terminales debe dar lugar a la correspondiente investigación
penal, a fin de que en ella, los funcionarios judiciales, tomando en
consideración todos los aspectos relevantes para la determinación de la
autenticidad y fiabilidad del consentimiento, establezcan si la conducta del
médico ha sido o no antijurídica, en los términos señalados en esta sentencia.
EXHORTACION AL
CONGRESO SOBRE MUERTE DIGNA-Regulación
En aras de la
seguridad jurídica, la Corte exhortará al Congreso para que en el tiempo más
breve posible, y conforme a los principios constitucionales y a elementales
consideraciones de humanidad, regule el tema de la muerte digna.
Referencia:
Expediente D-1490
Demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo 326 del decreto 100 de 1980-Código
Penal-.
Demandante: José
Eurípides Parra Parra
Magistrado Ponente:
Dr. CARLOS GAVIRIA
DIAZ.
Santafé de Bogotá,
D.C., veinte (20) de mayo de mil novecientos noventa y siete (1997).
I. ANTECEDENTES.
Ejerciendo la acción
pública de inconstitucionalidad, el ciudadano JOSE EURIPIDES PARRA PARRA
presenta demanda contra el artículo 326 del Código Penal, por considerar que
dicha disposición viola los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 16, 18,
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 83, 94, 95 numerales 1,2 y 4, 96, 97, 98, 99, 100,
277 numerales 1, 2, 3 y 7, 282 numerales 1 y 2, 365 y 366 de la Constitución.
Cumplidos los
trámites señalados en la Constitución y la ley y oído el concepto del
Ministerio Público, procede la Corte a decidir.
A.  NORMA
ACUSADA.
El texto del
artículo 326 del Código Penal es el siguiente:
"Homicidio
por piedad. El que
matare a otro por piedad, para poner fin a intensos sufrimientos provenientes
de lesión corporal o enfermedad grave o incurable, incurrirá en prisión de seis
meses a tres años".
B. DEMANDA.
Los argumentos que
expone el actor para solicitar la inexequibilidad del artículo 326 del Código
Penal son los siguientes:
- El rol principal
de un Estado Social y Democrático de Derecho es garantizar la vida de las
personas, protegiéndolas en situaciones de peligro, previniendo atentados
contra ellas y castigando a quienes vulneren sus derechos. En la norma acusada
el Estado no cumple su función, pues deja al arbitrio del médico o del
particular la decisión de terminar con la vida de aquéllos a quienes se
considere un obstáculo, una molestia o cuya salud represente un alto costo.
- Si el derecho a la
vida es inviolable, como lo declara el artículo 11 de la Carta, de ello se
infiere que nadie puede disponer de la vida de otro; por tanto, aquél que mate
a alguien que se encuentra en mal estado de salud, en coma, inconsciente, con
dolor, merece que se le aplique la sanción prevista en los artículos 323 y 324
del Código Penal y no la sanción del artículo 326 ibídem que, por su levedad,
constituye una autorización para matar; y es por esta razón que debe declararse
la inexequibilidad de esta última norma, compendio de insensibilidad moral y de
crueldad.
- La norma acusada
vulnera el derecho a la igualdad, pues establece una discriminación en contra
de quien se encuentra gravemente enfermo o con mucho dolor. De esta manera el
Estado relativiza el valor de la vida humana, permitiendo que en Colombia haya
ciudadanos de diversas categorías.
- La vida es tratada
por el legislador como un bien jurídico no amparable, no tutelable, sino como
una cosa, como un objeto que en el momento en que no presente ciertas
cualidades o condiciones debe desaparecer. El homicidio piadoso es un
subterfugio traído de legislaciones europeas en donde la ciencia, la técnica y
la formación son disímiles al medio colombiano, donde se deja morir a las
personas a las puertas de los hospitales. Es una figura que envuelve el deseo
de librarse de la carga social.
- La norma olvida
que no toda persona que tenga deficiencias en su salud tiene un deseo vehemente
de acabar con su vida, al contrario, las personas quieren completar su obra por
pequeña o grande que ella sea.
- En el homicidio
piadoso se reflejan las tendencias de los Estados totalitarios fascista y
comunista, que responden a las ideas hitlerianas y stalinistas; donde los más
débiles, los más enfermos son conducidos a las cámaras de gas, condenados a
éstas seguramente para "ayudarles a morir mejor".
C.
INTERVENCIONES.
1. EL DEFENSOR
DEL PUEBLO, José Fernando Castro Caycedo, defiende la constitucionalidad de la norma acusada,
con fundamento en estas consideraciones:
- La conducta de
quien suprime la vida de otro para poner fin a intensos sufrimientos que éste
padece, no está libre de sanción. Dicha conducta está precisamente tipificada
en el artículo 326 del Código Penal, que hace parte del titulo XIII que reprime
los hechos que impliquen vulneración de la vida e integridad personal. Su
distinción con otras normas penales, identificadas con el mismo objeto de
protección, radica en el elemento normativo que contiene y cualifica al
comportamiento acriminable, para el que se requiere una valoración cultural,
ética o social, en el proceso de adecuación típica.
- Si bien la
Constitución consagra el derecho a la vida con carácter absoluto, es
competencia del legislador establecer la dosimetría de las penas aplicables a
las diferentes modalidades o especies de homicidio, en desarrollo de los
principios de razonabilidad y proporcionalidad, que tienen estrecha relación
con el principio de juridicidad, en el sentido de que el castigo impuesto para
un tipo penal debe guardar simetría con el comportamiento y la culpabilidad del
sujeto al que se le imputa; por lo que no sería razonable ni proporcional que
al responsable de un homicidio por piedad se le aplicara la misma sanción de
quien incurre en un homicidio simple o agravado.
- Aunque la
eutanasia, o sea la práctica de causar la muerte sin sufrimiento físico, es
reprochable desde el punto de vista ético y moral, el legislador puede regular
este tipo penal de manera autónoma e independiente de otras modalidades de
homicidio con el fin de evitar excesos o debilidades punitivas.
2. EL MINISTRO DE
JUSTICIA Y DEL DERECHO,
actuando a través de apoderado solicita a la Corte declarar la exequibilidad de
la norma acusada, por las consideraciones que seguidamente se sintetizan:
- La norma demandada
no desconoce el derecho a la vida y, por el contrario, al penalizar una
conducta que atenta contra ella, hace prevalecer ese derecho sobre cualquiera
otra consideración. Del establecimiento de una pena menor para el delito de
homicidio por piedad no se puede inferir violación a ningún mandato
constitucional, pues ello sería tanto como pretender que todas las conductas
penales y contravencionales establecidas en el ordenamiento jurídico para
castigar  conductas que atenten contra la vida, deberían tener la misma
sanción.
- La norma acusada
antes que vulnerar el derecho a la igualdad, lo reafirma, al diferenciar la
pena para el homicidio por piedad de los demás tipos penales que protegen el
derecho a la vida, pues, además de estar obrando dentro de la autonomía que lo
asiste para definir cuáles conductas son delictivas, está dando aplicación al
principio de igualdad, que en materia penal le permite dar un trato diferente a
algunos comportamientos, teniendo en cuenta el carácter dinámico de la vida
social y la esencial mutabilidad de los fenómenos criminológicos.
- El argumento de
que el tipo de homicidio por piedad vulnera la prohibición de desaparición
forzada resulta absurdo, pues no puede confundirse la acción de desaparecer con
la de matar a quien padece graves sufrimientos.
- Tampoco la norma
ignora el deber de solidaridad que impone la Carta. La consagración del tipo de
homicidio por piedad comporta una forma de protección por parte del Estado al
derecho fundamental a la vida, pues, precisamente, con la expedición de la norma
se busca que los particulares no incurran en la conducta prohibida, en razón de
lo cual mal puede afirmarse que el interés del Estado sea auspiciar la
violación de tal derecho.
3. EL FISCAL
GENERAL DE LA NACION fundamenta
la constitucionalidad de la norma con los siguientes argumentos:
- El derecho a la
vida no es absoluto, sino relativo, como quiera que es el ordenamiento jurídico
el que establece los casos en los cuales se puede matar a otro sin cometer
homicidio, como en los eventos en que la persona obra en estado de necesidad,
legítima defensa o en la guerra. En el caso del homicidio por piedad, por el
contrario, el legislador no considera justificada la conducta y por esta razón
la consagra como delictiva.
- La sanción menor
del homicidio por piedad obedece a que el derecho penal es culpabilista, lo
cual implica que el monto de la pena debe estar en relación directa con el
juicio de reproche. El homicidio pietístico no tiene una motivación perversa,
sino altruista, no es ayudar para el morir, sino ayudar en el morir. En este
orden de ideas, el juicio de reproche que se le hace a un homicida motivado por
la piedad debe ser mucho menor que el que se le hace a un homicida que mata por
otras razones. Es un tratamiento desigual para una situación desigual, lo cual
nos acerca más a la justicia que a su negación.
- La Constitución
protege el derecho a la vida y a la dignidad humana, por eso introduce el
concepto de calidad de vida, con fundamento en el cual, en un Estado Social de
Derecho, las personas deben vivir de una manera acorde con su dignidad. Si esto
se predica de la vida, ¿por qué no predicarlo del momento de la muerte?.
D. EL MINISTERIO
PUBLICO.
El Procurador
General de la Nación (E) solicita a la Corte declarar exequible el artículo 326
del Código Penal, con fundamento en estas consideraciones:
- En la norma
acusada, antes que propiciarse la conducta homicida, se reconoce plenamente que
ella lesiona un interés jurídico y en tal sentido se impone una sanción para
quien incurre en la misma; sólo que la sanción es inferior a la prevista para
el homicidio simple, en atención a que tal conducta está precedida de unas
especiales circunstancias subjetivas tenidas en cuenta por el autor de la ley
penal como factor de atenuación del castigo, en consideración a que la
responsabilidad penal, en nuestro ordenamiento, no se determina únicamente a
partir del bien jurídico protegido, sino con fundamento en principios como el
de proporcionalidad de la responsabilidad del autor del hecho.
- La aplicación de
un criterio aritméticamente igualitario en la sanción del homicidio, conduciría
al absurdo de castigar con la misma pena a quien involuntariamente, de manera
accidental, ha ocasionado la muerte a otra persona, y a quien con el propósito
de matar sin justificación alguna incurra en la misma conducta, sólo porque el
resultado es el mismo, y más absurdo sería asimilar el homicidio cometido con
una o varias de las circunstancias de agravación punitiva que contempla la ley
penal, al homicidio que, como el previsto en la norma acusada, se comete con la
finalidad altruista de evitar la prolongación de un sufrimiento, en
circunstancias en que las esperanzas de vida han sido científicamente
descartadas.
- Considerar el bien
jurídico tutelado como único criterio para establecer la punibilidad de una
conducta realizada por una persona determinada, conduce a una deshumanización
de la actividad punitiva del Estado, por cuanto al no tener en cuenta el
legislador el principio lógico de la proporcionalidad de la responsabilidad del
autor en la comisión de un hecho típico, se estaría desconociendo un axioma
básico del derecho penal, a partir del cual se reconoce la vulnerabilidad del
hombre, su falibilidad, sus miedos, sus anhelos, rabias, condicionamientos,
estados de crisis y sus respuestas frente a los diferentes estímulos del mundo
que lo rodea.
II.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
A. COMPETENCIA.
Por dirigirse la
acusación contra disposiciones que forman parte de un decreto con fuerza de
ley, compete a esta Corporación decidir sobre su constitucionalidad, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 241-5 de la Carta.
B. ELEMENTOS DEL
HOMICIDIO POR PIEDAD.
El homicidio por
piedad, según los elementos que el tipo describe, es la acción de quien obra
por la motivación específica de poner fin a los intensos sufrimientos de otro.
Doctrinariamente se le ha denominado homicidio pietístico o eutanásico. Por
tanto, quien mata con un interés distinto, como el económico, no puede ser
sancionado conforme a este tipo. El actor confunde los conceptos de homicidio
eutanásico y homicidio eugenésico; en el primero la motivación consiste en
ayudar a otro a morir dignamente, en tanto que en el segundo se persigue como
fin, con fundamento en hipótesis seudocientíficas, la preservación y el
mejoramiento de la raza o de la especie humana. Es además, el homicidio
pietístico, un tipo que precisa de unas condiciones objetivas en el sujeto
pasivo, consistentes en que se encuentre padeciendo intensos sufrimientos,
provenientes de lesión corporal o de enfermedad grave o incurable, es decir, no
se trata de eliminar a los improductivos, sino de hacer que cese el dolor del
que padece sin ninguna esperanza de que termine su sufrimiento.
Es preciso aclarar,
que diferentes conductas pueden adecuarse al tipo penal, lo que necesariamente
lleva a la Corte, a la luz de la Constitución, a realizar un análisis distinto
frente a cada una de ellas. En efecto, el comportamiento no es el mismo cuando
el sujeto pasivo no ha manifestado su voluntad, o se opone a la materialización
del hecho porque, a pesar de las condiciones físicas en que se encuentra, desea
seguir viviendo hasta el final; al de aquel que realiza la conducta cuando la
persona  consiente el hecho y solicita que le ayuden a morir.
En estas condiciones,
los interrogantes que debe absolver la Corte, en su orden, son los siguientes:
1) ¿Desconoce o no la Carta, la sanción que contempla el artículo 326 del
Código Penal para el tipo de homicidio piadoso? y, 2) ¿Cuál es la relevancia
jurídica del consentimiento del sujeto pasivo del hecho?.
1. En un derecho
penal del acto la pena se condiciona a la realización de un hecho
antijurídico, dependiendo del grado de culpabilidad.
Dado que el
homicidio por piedad es un tipo doloso, las reflexiones siguientes se limitarán
a esta forma de culpabilidad.
a. La
Constitución colombiana consagra un derecho penal del acto, que supone
la adopción del principio de culpabilidad.
El artículo 29 de la
Constitución, en armonía con la definición del carácter político del Estado
como Social de Derecho, y del postulado de respeto a la dignidad de la persona
humana, consagra el principio de que no hay delito sin conducta, al establecer
que "nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto
que se le imputa". En estos términos, es evidente que el Constituyente
optó por un derecho penal del acto, en oposición a un derecho
penal del autor.
Dicha definición
implica, por una parte, que el acontecimiento objeto de punición no puede estar
constituido ni por un hecho interno de la persona, ni por su carácter, sino por
una exterioridad y, por ende, el derecho represivo sólo puede castigar a los
hombres por lo efectivamente realizado y no por lo pensado, propuesto o
deseado, como tampoco puede sancionar a los individuos por su temperamento o
por sus sentimientos. En síntesis, desde esta concepción, sólo se permite
castigar al hombre por lo que hace, por su conducta social, y no por lo que es,
ni por lo que desea, piensa o siente.
Pero, además, un
derecho penal del acto supone la adscripción de la conducta al autor, en cuanto
precisa, además de la existencia material de un resultado, la voluntad del
sujeto dirigida a la observancia específica de la misma. En otros términos, el
derecho penal del acto supone la adopción del principio de culpabilidad, que se
fundamenta en la voluntad del individuo que controla y domina el comportamiento
externo que se le imputa, en virtud de lo cual sólo puede llamarse acto
al hecho voluntario.
La reprobación penal
del hecho, entonces, debe estar referida no a su materialidad en sí misma, sino
al sentido subjetivo que el autor confiere a su comportamiento social, en tanto
que sujeto libre; y así, sólo puede ser considerado como autor de un hecho,
aquél a quien pueda imputársele una relación causal entre su decisión, la
acción y el resultado, teniendo en cuenta su capacidad sicofísica para entender
y querer el hecho, considerada en abstracto, y la intención, en concreto, de
realizar el comportamiento que la norma penal describe.
En otros términos,
el principio de que no hay acción sin culpa, corresponde a la exigencia
del elemento subjetivo o sicológico del delito; según dicho principio, ningún
hecho o comportamiento humano es valorado como acción sino es el fruto
de una decisión; por tanto, no puede ser castigado si no es intencional, esto
es, realizado con conciencia y voluntad por una persona capaz de comprender y
de querer. De ahí que sólo pueda imponerse pena a quien ha realizado
culpablemente un injusto.
Las consideraciones
precedentes guardan armonía con la definición del derecho penal como mecanismo
de regulación de la conducta humana, dirigido, por ende, a acciones
susceptibles de ser realizadas o no por los destinatarios de la norma;
requiere, entonces, del conocimiento y de la voluntad de aquéllos a quienes se
dirige, con el propósito de orientarlos o condicionarlos.  Lo contrario
supondría una responsabilidad por el simple resultado, que es trasunto de un
derecho fundado en la responsabilidad objetiva, pugnante con la dignidad de la
persona humana.
Para el derecho
penal del acto, uno de los criterios básicos de imposición de la pena es el
grado de culpabilidad, de tal manera que a su autor se le impone una sanción,
mayor o menor, atendiendo a la entidad del juicio de exigibilidad, es decir, la
pena debe ser proporcional al grado de culpabilidad.
No obstante, es de
considerar que el aspecto subjetivo de la prohibición no se agota, en todos los
casos, en las formas de culpabilidad que enumera el Código Penal (dolo, culpa y
preterintención). La ilicitud de muchos hechos no depende únicamente de su
materialización y realización consciente y voluntariamente, sino que debe
tenerse en cuenta el sentido específico que a la acción u omisión le imprime el
fin perseguido por el sujeto. Tales componentes sicológicos pueden ser tenidos
en cuenta únicamente cuando es el propio tipo el que de modo expreso los acoge,
ya sea para fundamentar el injusto, su agravación, atenuación o exclusión.
Esos componentes
subjetivos adicionales cumplen la función de distinguir un comportamiento
punible de otro que no lo es, o de diferenciar entre sí varias figuras
delictivas. Carrara fue explícito en este aspecto al observar que el título de
la imputación puede variar en función del aspecto subjetivo del hecho: "Y
si bien el derecho no se lesiona sino con el acto físico, con todo la fórmula
usada por nosotros: variedad del derecho lesionado, no es idéntica a
esta otra: variedad del actor físico; porque dos actos físicos
semejantes pueden estar dirigidos, por cada uno de los agentes, a violar dos
derechos distintos, y por la influencia del elemento intencional sobre la
esencia del delito, pueden nacer (a pesar de la identidad de actos físicos)
diversos delitos, a causa de la diversidad de las intenciones del agente, que
dirigió el acto físico a lesionar un derecho más bien que otro".[1]
La ubicación
dogmática de este elemento ha sido discutida en la doctrina. Hay autores que la
consideran un elemento subjetivo del tipo, en tanto que para otros se trata de
un elemento subjetivo de la culpabilidad. Pero, al margen de la discusión
doctrinaria, lo cierto es que para graduar la culpabilidad deben tenerse en
cuenta los móviles de la conducta, pero sólo cuando el legislador los ha
considerado relevantes al describir el acto punible. Dichos móviles, que
determinan en forma más concreta el tipo, en cuanto no desconozcan las garantías
penales ni los demás derechos fundamentales, se ajustan a la Constitución, y su
adopción hace parte de la órbita de competencia reservada al legislador.
b. La piedad como
consideración subjetiva del acto.
Aceptado, entonces,
que los móviles pueden hacer parte de la descripción del tipo penal, sin que
por ello, en principio, se vulnere ninguna disposición constitucional, el paso
siguiente consistirá en examinar si la disminución punitiva que contempla la
norma acusada, en relación con el tipo de homicidio simple o agravado, en
consideración al aspecto subjetivo del acto, resulta proporcionada y razonable
o, por el contrario, desconoce derechos y garantías fundamentales.
La piedad es un
estado afectivo de conmoción y alteración anímica profundas, similar al estado
de dolor que consagra el artículo 60 del Código Penal como causal genérica de
atenuación punitiva; pero que, a diferencia de éste, mueve a obrar en favor de
otro y no en consideración a sí mismo.
Quien mata a otro
por piedad, con el propósito de ponerles fin a los intensos sufrimientos que
padece, obra con un claro sentido altruista, y es esa motivación la que ha
llevado al legislador a crear un tipo autónomo, al cual atribuye una pena
considerablemente menor a la prevista para el delito de homicidio simple o
agravado. Tal decisión no desconoce el derecho fundamental a la vida consagrado
en el artículo 11 de la Carta, pues la conducta, no obstante la motivación,
sigue siendo antijurídica, es decir, legalmente injusta; pero en consideración al
aspecto subjetivo la sanción es menor, lo que se traduce en respeto por el
principio de culpabilidad, derivado de la adopción de un derecho penal del
acto, tal como lo consagró el constituyente en el artículo 29, según se expuso
antes.
Ahora bien: la medida
de esa pena que, se insiste, como tal, comporta reproche por la materialización
de un comportamiento que desconoce el bien jurídico protegido de la vida, pero
que, de otra parte, considera relevante la motivación del acto, sólo puede ser
determinada en abstracto por el legislador, sin que le sea dable al juez
constitucional desconocer los criterios de utilidad que lleva implícita esa
elección.
No sobra recordar
que la piedad ha sido considerada históricamente por el legislador como un
motivo de atenuación de la sanción. Y así, en el artículo 364 del estatuto
penal anterior (ley 38 de 1936), se establecía que la sanción para el homicidio
podía, excepcionalmente, atenuarse, cambiarse por prisión o arresto y aún
"concederse el perdón judicial", cuando el hecho fuera realizado por
piedad.
Es claro que para
que se configure esta forma de homicidio atenuado no basta el actuar conforme a
un sentimiento de piedad, ya que es necesario que se presenten además los
elementos objetivos exigidos por el tipo penal, a saber, que el sujeto pasivo
tenga intensos sufrimientos derivados de lesión corporal o enfermedad grave o
incurable. Por consiguiente, no existe homicidio piadoso cuando una persona
mata a otro individuo que no padece esos sufrimientos, aún cuando invoque
razones de piedad. En este caso, que constituye un homicidio simple, o incluso
agravado, la muerte es el producto del sentimiento egoísta del victimario, que
anula una existencia, por que a su juicio no tiene ningún valor. En esta
conducta, la persona mata porque no reconoce dignidad alguna en su víctima,
mientras que en el homicidio por piedad, tal como está descrito en el artículo
326 del Código Penal, el sujeto activo no mata por desdén hacia el otro sino
por sentimientos totalmente opuestos. El sujeto activo considera a la víctima
como una persona con igual dignidad y derechos, pero que se encuentra en una
situación tal de sufrimiento, que la muerte puede ser vista como un acto de
compasión y misericordia.
Por lo tanto, desde
esta perspectiva de análisis, la tacha de inconstitucionalidad que propone el
actor, en el sentido de considerar que el artículo 326 del Código Penal
desconoce el derecho a la vida de quien se encuentra en condiciones precarias
de salud, porque la levedad de la sanción constituye una autorización para
matar, comporta una actitud que reclama la aplicación de una pena en virtud de
la sola materialidad del comportamiento, sin consideración a los aspectos
subjetivos involucrados en el mismo, cuya relevancia guarda armonía con los mandatos
constitucionales. El actor olvida que en un Estado Social de Derecho las penas
tienen que guardar una razonable proporcionalidad con el grado de culpabilidad
del acto, y no sólo con la gravedad material y objetiva de la lesión al bien
jurídico.
C. CONSENTIMIENTO
DEL SUJETO PASIVO.
El consentimiento
es, en relación con algunos tipos penales, causal de atipicidad, como en el
hurto, daño en bien ajeno, secuestro, extorsión; en otros, circunstancia de
atenuación punitiva, v. gr., la sanción para quien realice el aborto, es menor
cuando la mujer consiente en el hecho y, en otros hechos punibles, el
consentimiento de la víctima es una condición necesaria para la configuración
del tipo, como en el estupro. En relación con el homicidio por piedad, ninguna
disposición penal hace alusión al consentimiento del sujeto pasivo del hecho.
¿Significa esta omisión que dicho consentimiento no es relevante?.
El Código Penal de
1936 contemplaba un tipo penal denominado homicidio consentido (art.
368), al cual asignaba una pena de tres a diez años de presidio, lo que
indicaba que aunque el legislador consideraba la vida como un bien
jurídicamente protegible, a pesar de la decisión de su titular, y por ende
calificaba como injusto el homicidio consentido, la voluntad del sujeto pasivo
obraba como una causal de atenuación de la sanción. Conjuntamente con este
tipo, se estableció el homicidio pietístico, caracterizado porque en él el
autor obraba motivado por el deseo de acelerar una muerte inminente o poner fin
a graves padecimientos o lesiones corporales reputados incurables. Al autor de
este hecho podía el juez atenuarle la pena prevista para el homicidio,
cambiarle el presidio por prisión, y aún concederle el perdón judicial, lo que
en la práctica ocurría cuando mediaban, además de la piedad, la voluntad del
sujeto pasivo del hecho. Cabe anotar, además, que ni en ese estatuto ni en el
Código Penal que hoy rige se consagró como delito la tentativa de suicidio,
admitiéndose así, aún bajo el imperio de una Constitución notoriamente menos
explícita que la vigente en el reconocimiento de la autonomía personal, que la
decisión del individuo sobre el fin de su existencia no merecía el reproche
penal.
La Constitución de
1991 introdujo significativas modificaciones en relación con los derechos
fundamentales, que obligan a reinterpretar todas las disposiciones del Código
Penal, bajo esa nueva luz; es por ello que la Corte entra a analizar si es
legítimo que dentro de este orden constitucional se penalice a la persona que
ejecuta un homicidio por piedad, pero atendiendo a la voluntad del propio
sujeto pasivo.
1. El derecho a
la vida y la autonomía a la luz de la Constitución de 1991.
Si bien existe
consenso en que la vida es el presupuesto necesario de los demás derechos, un
bien inalienable, sin el cual el ejercicio de los otros sería impensable, su
protección en el ámbito jurídico occidental, y la respuesta en torno al deber
de vivir cuando el individuo sufre una enfermedad incurable que le causa
intensos sufrimientos, es vista desde dos posiciones: 1) La que asume la vida
como algo sagrado y 2) aquella que estima que es un bien valioso pero no
sagrado, pues las creencias religiosas o las convicciones metafísicas que
fundamentan la sacralización son apenas una entre diversas opciones. En la
primera, independientemente de las condiciones en que se encuentra el
individuo, la muerte debe llegar por medios naturales. En la segunda, por el
contrario, se admite que, en circunstancias extremas, el individuo pueda
decidir si continúa o no viviendo, cuando las circunstancias que rodean su vida
no la hacen deseable ni digna de ser vivida, v. gr., cuando los intensos
sufrimientos físicos que la persona padece no tienen posibilidades reales de
alivio, y sus condiciones de existencia son tan precarias, que lo pueden llevar
a ver en la muerte una opción preferible a la sobrevivencia.
En Colombia, a la
luz de la Constitución de 1991, es preciso resolver esta cuestión desde una
perspectiva secular y pluralista, que respete la autonomía moral del individuo
y las libertades y derechos que inspiran nuestro ordenamiento superior.
La decisión,
entonces, no puede darse al margen de los postulados superiores. El artículo 1
de la Constitución, por ejemplo, establece que el Estado colombiano está
fundado en el respeto a la dignidad de la persona humana; esto significa que,
como valor supremo, la dignidad irradia el conjunto de derechos fundamentales
reconocidos, los cuales encuentran en el libre desarrollo de la personalidad su
máxima expresión.
Como bien lo ha
expresado esta Corporación, "la dignidad humana ... es en verdad
principio fundante del Estado,... que más que derecho en sí mismo, es el
presupuesto esencial de la consagración y efectividad del entero sistema de
derechos y garantías contemplado en la constitución."[2] Este principio atiende
necesariamente a la superación de la persona, respetando en todo momento su
autonomía e identidad. En este sentido la Corte señaló:
"El principio
de dignidad no sería comprensible si el necesario proceso de socialización
del individuo se entendiera como una forma de masificación y homogenización
integral de su conducta, reductora de toda traza de originalidad y
peculiaridad. Si la persona es en sí misma un fin, la búsqueda y el logro
incesantes de su destino conforman su razón de ser y a ellas por fuerza
acompaña, en cada instante, una inextirpable singularidad de la que se nutre el
yo social, la cual expresa un interés y una necesidad radicales del sujeto que
no pueden quedar desprotegidas por el derecho a riesgo de convertirlo en
cosa".[3]
Por otra parte, el
mismo artículo 1 de la Constitución, en concordancia con el artículo 95,
consagra la solidaridad como uno de los postulados básicos del Estado
Colombiano, principio que envuelve el deber positivo de todo ciudadano de
socorrer a quien se encuentra en una situación de necesidad, con medidas
humanitarias. Y no es difícil descubrir el móvil altruista y solidario
de quien obra movido por el impulso de suprimir el sufrimiento ajeno,
venciendo, seguramente, su propia inhibición y repugnancia frente a un acto
encaminado a aniquilar una existencia cuya protección es justificativa de todo
el ordenamiento, cuando las circunstancias que la dignifican la constituyen en
el valor fundante de todas las demás.
En estos términos,
la Constitución se inspira en la consideración de la persona como un sujeto
moral, capaz de asumir en forma responsable y autónoma las decisiones sobre los
asuntos que en primer término a él incumben, debiendo el Estado limitarse a
imponerle deberes, en principio, en función de los otros sujetos morales con
quienes está avocado a convivir, y por tanto, si la manera en que los
individuos ven la muerte refleja sus propias convicciones, ellos no pueden ser
forzados a continuar viviendo  cuando, por las circunstancias extremas en que
se encuentran, no lo estiman deseable ni compatible con su propia dignidad, con
el argumento inadmisible de que una mayoría lo juzga un imperativo religioso o
moral.
Job es un patético
ejemplo de valor para sobrellevar la existencia en medio de circunstancias
dolorosas y degradantes; pero la resignación del santo, justificable y
dignificante sólo por su inconmovible fe en Dios, no puede ser el contenido de
un deber jurídico, pues de nadie puede el Estado demandar conductas heroicas,
menos aún si el fundamento de ellas está adscrito a una creencia religiosa o a
una actitud moral que, bajo un sistema pluralista, sólo puede revestir el
carácter de una opción.
Nada tan cruel como
obligar a una persona a subsistir en medio de padecimientos oprobiosos, en
nombre de creencias ajenas, así una inmensa mayoría de la población las estime
intangibles. Porque, precisamente, la filosofía que informa la Carta se cifra
en su propósito de erradicar la crueldad. Rorty lo ha expresado en palabras
exactas: quien adhiere a esa cosmovisión humanística, es una persona que piensa
"que la crueldad es la peor cosa que puede hacer".[4]
En síntesis, desde
una perspectiva pluralista no puede afirmarse el deber absoluto de vivir, pues,
como lo ha dicho Radbruch, bajo una Constitución que opta por ese tipo de
filosofía, las relaciones entre derecho y moral no se plantean a la altura de
los deberes sino de los derechos. En otras palabras: quien vive como
obligatoria una conducta, en función de sus creencias religiosas o morales, no
puede pretender que ella se haga coercitivamente exigible a todos; sólo que a
él se le permita vivir su vida moral plena y actuar en función de ella sin
interferencias.
Además, si el
respeto a la dignidad humana, irradia el ordenamiento, es claro que la vida no
puede verse simplemente como algo sagrado, hasta el punto de desconocer la
situación real en la que se encuentra el individuo y su posición frente el
valor de la vida para sí. En palabras de esta Corte: el derecho a la vida no
puede reducirse a la mera subsistencia, sino que implica el vivir adecuadamente
en condiciones de dignidad[5].
2.      La vida como valor constitucional, el deber del Estado de
protegerla y su relación con la autonomía de la persona.
La Constitución no
sólo protege la vida como un derecho (CP art. 11) sino que además la incorpora
como un valor del ordenamiento, que implica competencias de intervención, e
incluso deberes, para el Estado y para los particulares. Así, el Preámbulo
señala que una de las finalidades de la Asamblea Constitucional fue la de
"fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la
vida". Por su parte el artículo 2º establece que las autoridades están
instituidas para proteger a las personas en su vida y asegurar el cumplimiento
de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Igualmente el
artículo 95 ordinal 2 consagra como uno de los deberes de la persona actuar
humanitariamente ante situaciones que pongan en peligro la vida de sus
semejantes. Finalmente, el inciso último del artículo 49 establece
implícitamente un deber para todos los habitantes de Colombia de conservar al
máximo su vida. En efecto, esa norma dice que toda persona debe cuidar
integralmente su salud, lo cual implica a fortiori que es su obligación cuidar
de su vida. Esas normas superiores muestran que la Carta no es neutra frente al
valor vida sino que es un ordenamiento claramente en favor de él, opción
política que tiene implicaciones, ya que comporta efectivamente un deber del
Estado de proteger la vida. Sin embargo, tal y como la Corte ya lo mostró en anteriores
decisiones, el Estado no puede pretender cumplir esa obligación desconociendo
la autonomía y la dignidad de las propias personas. Por ello ha sido doctrina
constante de esta Corporación que toda terapia debe contar con el
consentimiento informado del paciente, quien puede entonces rehusar
determinados tratamientos que objetivamente podrían prolongar la duración de su
existencia biológica pero que él considera incompatibles con sus más hondas
convicciones personales.
La sentencia T-493
de 1993, de la cual fue ponente el Magistrado Antonio Barrera, constituye un
hito ineludible en un asunto como el que ahora ocupa a la Corte. En ella se
relacionan, con acierto, a la luz de la Constitución vigente, la autonomía de
la persona (el libre desarrollo de su personalidad) y el derecho a elegir, en
caso de grave enfermedad, si se enfrenta la muerte o se prolonga la existencia
por medio de tratamiento médico. La tesis esencial es la misma: sólo el titular
del derecho a la vida puede decidir hasta cuándo es ella deseable y compatible
con la dignidad humana:
"La decisión
de María Libia Pérez Angel
(quien padecía de cáncer) de no acudir a los servicios médicos ...no vulnera
ni amenaza los derechos de los demás, ni el ordenamiento jurídico; por
consiguiente, merece ser respetada, dentro del ámbito del reconocimiento de su
derecho al libre desarrollo de su personalidad".
Además ha dicho la
Corte que "los derechos fundamentales, no obstante su consagración
constitucional y su importancia, no son absolutos y, por tanto, necesariamente
deben armonizarse entre sí  con los demás bienes y valores protegidos por la
Carta, pues, de lo contrario, ausente esa indispensable relativización, la
convivencia social y la vida institucional no serían posibles".[6]
Y si los derechos no
son absolutos, tampoco lo es el deber de garantizarlos, que puede encontrar
límites en la decisión de los individuos, respecto a aquellos asuntos que sólo
a ellos les atañen.
3. Enfermos
terminales, homicidio por piedad y consentimiento del sujeto pasivo.
El deber del Estado
de proteger la vida debe ser entonces compatible con el respeto a la dignidad
humana y al libre desarrollo de la personalidad. Por ello la Corte considera
que frente a los enfermos terminales que experimentan intensos sufrimientos,
este deber estatal cede frente al consentimiento informado del paciente que
desea morir en forma digna. En efecto, en este caso, el deber estatal se
debilita considerablemente por cuanto, en virtud de los informes médicos, puede
sostenerse que, más allá de toda duda razonable, la muerte es inevitable en un
tiempo relativamente corto.  En cambio, la decisión de cómo enfrentar la muerte
adquiere una importancia decisiva para el enfermo terminal, que sabe que no
puede ser curado, y que por ende no está optando entre la muerte y muchos años
de vida plena, sino entre morir en condiciones que él escoge, o morir poco
tiempo después en circunstancias dolorosas y que juzga indignas. El derecho
fundamental a vivir en forma digna implica entonces el derecho a morir dignamente,
pues condenar a una persona a prolongar por un tiempo escaso su existencia,
cuando no lo desea y padece profundas aflicciones, equivale no sólo a un trato
cruel e inhumano, prohibido por la Carta (CP art.12), sino a una anulación de
su dignidad y de su autonomía como sujeto moral. La persona quedaría reducida a
un instrumento para la preservación de la vida como valor abstracto.
Por todo lo
anterior, la Corte concluye que el Estado no puede oponerse a la decisión del
individuo que no desea seguir viviendo y que solicita le ayuden a morir, cuando
sufre una enfermedad terminal que le produce dolores insoportables,
incompatibles con su idea de dignidad. Por consiguiente, si un enfermo terminal
que se encuentra en las condiciones objetivas que plantea el artículo 326 del
Código Penal considera que su vida debe concluir, porque la juzga incompatible
con su dignidad, puede proceder en consecuencia, en ejercicio de su libertad,
sin que el Estado esté habilitado para oponerse a su designio, ni impedir, a
través de la prohibición o de la sanción, que un tercero le ayude a hacer uso
de su opción. No se trata de restarle importancia al deber del Estado de
proteger la vida sino, como ya se ha señalado, de reconocer que esta obligación
no se traduce en la preservación de la vida sólo como hecho biológico.
El deber de no matar
encuentra excepciones en la legislación, a través de la consagración de figuras
como la legítima defensa, y el estado de necesidad, en virtud de las cuales
matar no resulta antijurídico, siempre que se den los supuestos objetivos
determinados en las disposiciones respectivas.
En el caso del
homicidio pietístico, consentido por el sujeto pasivo del acto, el carácter
relativo de esta prohibición jurídica se traduce en el respeto a la voluntad
del sujeto que sufre una enfermedad terminal que le produce grandes
padecimientos, y que no desea alargar su vida dolorosa. La actuación del sujeto
activo carece de antijuridicidad, porque se trata de un acto solidario que no
se realiza por la decisión personal de suprimir una vida, sino por la solicitud
de aquél que por sus intensos sufrimientos, producto de una enfermedad
terminal, pide le ayuden a morir.
No sobra recordar
que el consentimiento del sujeto pasivo debe ser libre, manifestado inequívocamente
por una persona con capacidad de comprender la situación en que se encuentra.
Es decir, el consentimiento implica que la persona posee información seria y
fiable acerca de su enfermedad y de las opciones terapéuticas y su pronóstico,
y cuenta con la capacidad intelectual suficiente para tomar la decisión. Por
ello la Corte concluye que el sujeto activo debe de ser un médico, puesto que
es el único profesional capaz no sólo de suministrar esa información al
paciente sino además de brindarle las condiciones para morir dignamente. Por
ende, en los casos de enfermos terminales, los médicos que ejecuten el hecho
descrito en la norma penal con el consentimiento del sujeto pasivo no pueden
ser, entonces, objeto de sanción y, en consecuencia, los jueces deben exonerar
de responsabilidad a quienes así obren.
D.     La Regulacion de la Muerte Digna.[7]
Como el Estado no es
indiferente a la vida humana, sino que, como se señaló, tiene el deber de
protegerla, es necesario que se establezcan regulaciones legales muy estrictas
sobre la manera como debe prestarse el consentimiento y la ayuda a morir, para
evitar que en nombre del homicidio pietístico, consentido, se elimine a
personas que quieren seguir viviendo, o que no sufren de intensos dolores
producto de enfermedad terminal. Esas regulaciones deben estar destinadas a
asegurar que el consentimiento sea genuino y no el efecto de una depresión
momentánea. Por ejemplo, bien podría el Estado exigir que la petición sea
expresada en más de una ocasión, y luego de transcurrido un término razonable
entre las mismas. Podría también considerarse la posibilidad de que en todos
los casos se contara con una autorización judicial, a fin de asegurar la
autenticidad del consentimiento y garantizar que todos los intervinientes se
preocupen exclusivamente por la dignidad del enfermo. Igualmente la ley podría
ordenar que, previa a la última petición, la persona atienda a una reunión con
un equipo de  apoyo  que  le  explique integralmente su situación y le ofrezca
todas las alternativas posibles distintas a la opción de morir. Esto significa
que el Estado, por su compromiso con la vida, debe ofrecer a los enfermos
terminales que enfrentan intensos sufrimientos, todas las posibilidades para
que sigan viviendo, por lo cual es su obligación, en particular, brindarles los
tratamientos paliativos del dolor. En fin, puntos esenciales de esa regulación
serán sin duda:
1. Verificación
rigurosa, por personas competentes, de la situación real del paciente,
de la enfermedad que padece, de la madurez de su juicio y de la voluntad
inequívoca de morir.
2. Indicación clara
de las personas (sujetos calificados) que deben intervenir en el proceso.
3. Circunstancias
bajo las cuales debe manifestar su consentimiento la persona que consiente en
su muerte o solicita que se ponga término a su sufrimiento: forma como debe expresarlo,
sujetos ante quienes debe expresarlo, verificación de su sano juicio por un
profesional competente, etc.
4. Medidas que deben
ser usadas por el sujeto calificado para obtener el resultado filantrópico.
5. Incorporación al
proceso educativo de temas como el valor de la vida y su relación con la
responsabilidad social, la libertad y la autonomía de la persona, de tal manera
que la regulación penal aparezca como la última instancia en un proceso que
puede converger en otras soluciones.
Como estas
regulaciones sólo pueden ser establecidas por el legislador, la Corte considera
que mientras se regula el tema, en principio, todo homicidio por piedad de
enfermos terminales debe dar lugar a la correspondiente investigación penal, a
fin de que en ella, los funcionarios judiciales, tomando en consideración todos
los aspectos relevantes para la determinación de la autenticidad y fiabilidad
del consentimiento, establezcan si la conducta del médico ha sido o no
antijurídica, en los términos señalados en esta sentencia.
De otro lado, y en
aras de la seguridad jurídica, la Corte exhortará al Congreso para que en el
tiempo más breve posible, y conforme a los principios constitucionales y a
elementales consideraciones de humanidad, regule el tema de la muerte digna.
III. DECISION.
Con fundamento en
las razones expuestas, la Corte Constitucional administrando justicia en nombre
del pueblo y por mandato de la Constitución,
R E S U E L V E:
Primero: Declarar EXEQUIBLE
el artículo 326 del decreto 100 de 1980 (Código Penal), con la advertencia de
que en el caso de los enfermos terminales en que concurra la voluntad libre del
sujeto pasivo del acto, no podrá derivarse responsabilidad para el médico
autor, pues la conducta está justificada.
Segundo:
Exhortar al Congreso para que en el tiempo más breve posible, y conforme a los
principios constitucionales y a elementales consideraciones de humanidad,
regule el tema de la muerte digna
Cópiese,
notifíquese, comuníquese a quien corresponda, publíquese, insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Presidente
JORGE ARANGO MEJIA
Magistrado
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
CARLOS GAVIRIA DIAZ
Magistrado
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado
HERNANDO HERRERA VERGARA
Magistrado
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado
FABIO MORON DIAZ
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
Salvamento de
voto a la Sentencia C-239/97
LEGISLADOR-Establecimiento forma atenuada de delitos
(Salvamento de voto)
El legislador
puede establecer formas atenuadas de los delitos que contempla, asignándoles
penas inferiores, mientras no se vulneren principios constitucionales y la pena
sea proporcional al hecho y razonable.
SENTENCIA
CONDICIONADA O INTERPRETATIVA-Objeto
(Salvamento de voto)
La Corte
Constitucional puede dictar sentencias condicionadas o interpretativas, con el
objeto de evitar la forzosa inexequibilidad de una norma que admite varias
interpretaciones, unas ajustadas a la Carta y otras contrarias a ella, para lo
cual, como ha ocurrido varias veces, el correspondiente fallo identifica los
sentidos del precepto que se avienen a los postulados y mandatos
constitucionales, declarando su exequibilidad, a la vez que hace lo propio con
el entendimiento contrario a la Constitución, declarando su inexequibilidad. De
tal modo que, bajo tales supuestos excepcionales, la disposición objeto de
examen es exequible solamente si es entendida y aplicada en su comprensión
constitucional, según el análisis de la Corte y de acuerdo con lo dispuesto por
ella.
NORMA JURIDICA-Creación corresponde al legislador/HOMICIDIO
POR PIEDAD-Incompetencia de la Corte para introducir causal de
justificación/EUTANASIA-Variables acogidas no son únicas como causales
de justificación/EUTANASIA-Discusión pública sobre despenalización
(Salvamento de voto)
Una cosa es
condicionar el fallo, advirtiendo que sólo determinada interpretación de la ley
se ajusta a la Constitución, y otra muy diferente crear una nueva norma
jurídica que deba agregarse obligatoriamente a la declarada exequible. Esta
última tarea corresponde exclusivamente al legislador. Y en esta oportunidad la
Corte ha introducido una causal de justificación del homicidio piadoso,
circunscribiéndola al caso del médico respecto de un enfermo terminal. Para
concluir que estamos frente a una función materialmente legislativa basta
observar que, así como se hizo consistir la justificación del hecho en el
consentimiento del enfermo, bien habría podido plasmarse como tal el
asentimiento de su familia, o el de una autoridad pública; y que, al igual que
se cobijó con ese trato diferente al médico homicida, se habría podido
favorecer al confesor, a un familiar o a un amigo de la persona; y que, en la
forma como se aplicó al enfermo terminal se habría podido referir a cualquier
enfermo, o a quien padeciera determinadas dolencias vergonzantes o una de
aquellas que exigen tratamientos muy costosos. La referencia al médico como
exclusivo beneficiario de la causal de justificación es arbitraria. La
referencia al consentimiento, como única fuente de justificación, es igualmente
caprichosa. La referencia al enfermo terminal como sujeto pasivo único respecto
de cuya muerte se justifica el homicidio piadoso es también arbitraria. Bajo
los supuestos de la Sentencia, las variables acogidas por la Corte no son las
únicas en favor de las cuales podría -en gracia de discusión- alegarse que
configuren la justificación de la conducta conocida como eutanasia. Por lo
cual, a ellas no podía sujetarse fatalmente -como se hizo- la
constitucionalidad de la disposición que la penaliza, a no ser que se demostrara
-como no se demostró- que la concurrencia de las otras variables posibles no
acogidas por la Corte serían inconstitucionales como causales de justificación.
Por eso estimo que el camino para adoptar la difícil y problemática decisión de
despenalizar en Colombia la eutanasia no era el de un fallo, relativo a la
exequibilidad de la norma legal que tipificó el delito, sino el de la más
amplia discusión pública que hubiera concluido en la deliberación del Congreso,
como titular de la función legislativa, si de ley se trataba, o en la votación
popular, en el curso de un referendo.
EUTANASIA-Modificación del Código Penal y reforma de
la Constitución (Salvamento de voto)
No solamente se
puede hablar de que la Corte modificó el Código Penal, sino que en realidad, se
reformó la Constitución. Respecto al artículo 11 de la Carta Política, a cuyo
tenor "el derecho a la vida es inviolable", se establece una
excepción: la de un enfermo terminal y con su consentimiento, cuando, para
evitar la prolongación de sus dolores, un médico decida causarle la muerte. Se
relativizó el derecho fundamental por excelencia, que, como la misma Corte ha
sostenido en varias providencias, es base y condición necesaria de todos los
demás derechos. Y se modificó la Constitución sin que a la reforma hubiera
precedido ninguno de los trámites previstos en su artículo 374. Más todavía,
tratándose de un derecho fundamental, el más importante, no era suficiente
siquiera el Acto Legislativo, pues era aplicable el artículo 377 de la Carta.
EUTANASIA-Modificación de jurisprudencia/DERECHO
A LA VIDA-Carácter de indisponible (Salvamento de voto)
Con esta
Sentencia, la Corte Constitucional modificó, sin señalar motivos, su propia
jurisprudencia sobre el derecho a la vida. Si algo es predicable del derecho a
la vida, en contraste con los demás derechos, es su carácter de indisponible. A
nadie es lícito, aun autorizado por el sujeto pasivo, ejecutar actos positivos
encaminados conscientemente a suprimir la vida de un ser humano, lo que resulta
bien distinto de abstenerse de llevar a cabo tratamientos o procedimientos
médicos o quirúrgicos extraordinarios y heroicos, por cuya virtud se prolongue
artificialmente la supervivencia de un enfermo desahuciado.
HOMICIDIO POR
PIEDAD-Alcance de libertad
del consentimiento en sujeto pasivo (Salvamento de voto)
Un individuo
afectado por horribles padecimientos en la hipótesis que presenta la norma no
es en realidad dueño consciente de su voluntad.  A las manifestaciones externas
de ella, provocadas precisamente por su grave circunstancia, no puede dárseles,
aunque su forma diga lo contrario, el alcance de un deseo o propósito libre y
deliberado de perder la vida, o de autorizar que otro le cause la muerte.  En
realidad -pienso-, tratándose de un acto que compromete lo más íntimo de la
conciencia del sujeto, a sus palabras, pronunciadas bajo la presión del dolor,
no se les puede dar una credibilidad absoluta, descartando inclusive la opción
más probable, consistente en que lo deseado por la persona no es la muerte
misma sino el cese de su padecimiento corporal. Quizá un paliativo, o una droga
que disminuya o enerve el dolor, podrían lograr el efecto de que, recuperada la
conciencia libre y espontánea, merced a la desaparición temporal o definitiva
del sufrimiento físico que la condicionaba, el paciente desistiera de su
propósito suicida y volviera a expresar su natural apego a la vida. Por ello,
me parece arbitraria la conclusión de que el consentimiento existe en tales
casos y, peor aún, la de que su manifestación en semejantes condiciones
validaría el acto del homicidio.
ENFERMEDAD
TERMINAL SOBRE MENOR(Salvamento
de voto)
El suscrito
magistrado se pregunta si la indicada causal es aplicable a la situación de un
menor. Si es un niño que ni siquiera puede expresarse dada su tierna edad,
¿quién podría consentir en su muerte provocada? ¿Sus padres, sus tutores, sus
hermanos, el director del hospital, cualquier particular que presencie los
terribles dolores que padece? ¿Tales personas podrían erigirse en propietarias
de su vida?  Y, si se concluye que nadie puede dar ese consentimiento y que,
por tanto, ese niño debe seguir viviendo pese a su excesivo dolor, todavía más
conmovedor y apremiante, ¿por qué discriminarlo respecto del paciente capaz de
manifestar su consentimiento? En el caso del niño que puede hablar y aun
escribir, pero cuya edad lo ubica en estado de incapacidad absoluta o relativa
desde el punto de vista civil, para el ejercicio de sus derechos y el
cumplimiento de sus obligaciones, no habría motivo plausible para suponer que,
en cambio, sí goza de plena aptitud para disponer de su propia vida. ¿Y qué
decir del consentimiento de un demente?
DISTANASIA (Salvamento de voto)
No puedo admitir
la eutanasia, entendida como conducta positivamente encaminada a producir la
muerte de la persona, en ninguna de sus hipótesis, y menos todavía en la del
consentimiento del sujeto pasivo de ella. Situación distinta se tiene en la
llamada distanasia, no prevista en la norma bajo examen. Respecto de ella,
estimo que nadie está obligado a prolongar artificialmente, por días o semanas,
la vida de quien ya, frente a la ciencia, no tiene posibilidades reales de
salvarse.
Referencia:
Expediente D-1490
Santa Fe de Bogotá,
D.C., veinte (20) de mayo de mil novecientos noventa y siete (1997).
Comparto la decisión
adoptada por la Corte en el sentido de declarar exequible el artículo acusado,
pues, a mi juicio, el legislador puede establecer formas atenuadas de los
delitos que contempla, asignándoles penas inferiores, mientras no se vulneren
principios constitucionales y la pena sea proporcional al hecho y razonable.
Al respecto, sigo
considerando acertada la jurisprudencia de la Corporación, expresada en
reciente providencia a propósito de un caso similar al presente, el del aborto
cometido por la mujer que ha concebido en virtud de violación o inseminación
artificial no consentida:
"La
verificación acerca de si una sanción penal es suficiente o no respecto del
delito para el cual se contempla encierra la elaboración de un juicio de valor
que, excepto en los casos de manifiesta e innegable desproporción o de palmaria
irrazonabilidad, escapa al ámbito de competencia de los jueces.
En ese orden de
ideas, no es posible acceder a lo pedido en este proceso por el demandante,
quien pretende la eliminación de la pena menor, no obstante las circunstancias
en que se funda, porque la entiende tenue, cómplice y permisiva.
Si la Corte Constitucional
pudiera, por ese sólo hecho, retirar del ordenamiento jurídico una disposición,
estaría distorsionando el sentido del control constitucional. La norma sería
excluida del ordenamiento con base en el cotejo de factores extraños al
análisis jurídico, ecuánime y razonado sobre el alcance de aquélla frente a los
postulados y mandatos establecidos en la Constitución, que es lo propio de la
enunciada función, cuyo objeto radica, de manera específica, en preservar la
integridad y supremacía constitucionales. Calificaría exclusivamente, por
tanto, asuntos de pura conveniencia, reservados a la Rama Legislativa del Poder
Público.
Así las cosas,
mientras en el cumplimiento de la función legislativa no resulten contrariados
los preceptos fundamentales, y sin perjuicio de lo que más adelante se expone
sobre los límites de la norma positiva, bien puede el legislador crear o
suprimir figuras delictivas, introducir clasificaciones entre ellas, establecer
modalidades punitivas, graduar las penas aplicables, fijar la clase y magnitud
de éstas con arreglo a criterios de agravación o atenuación de los
comportamientos penalizados, todo de acuerdo con la apreciación, análisis y
ponderación que efectúe acerca de los fenómenos de la vida social y del mayor o
menor daño que ciertos comportamientos puedan estar causando o llegar a causar
en el conglomerado". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia
C-013 del 23 de enero de 1997).
En cambio, de
ninguna manera puedo acoger el condicionamiento plasmado en la parte resolutiva
de la Sentencia, que dice:
"...con la
advertencia de que en el caso de los enfermos terminales en que concurra la
voluntad libre del sujeto pasivo del acto, no podrá derivarse responsabilidad
para el médico autor, pues la conducta está justificada".
A mi modo de ver, la
norma impugnada ha debido ser declarada exequible pura y simplemente.
Las razones de mi
discrepancia se sintetizan así:
1. La Corte
Constitucional puede dictar sentencias condicionadas o interpretativas, con el
objeto de evitar la forzosa inexequibilidad de una norma que admite varias
interpretaciones, unas ajustadas a la Carta y otras contrarias a ella, para lo
cual, como ha ocurrido varias veces, el correspondiente fallo identifica los
sentidos del precepto que se avienen a los postulados y mandatos
constitucionales, declarando su exequibilidad, a la vez que hace lo propio con
el entendimiento contrario a la Constitución, declarando su inexequibilidad. De
tal modo que, bajo tales supuestos excepcionales, la disposición objeto de examen
es exequible solamente si es entendida y aplicada en su comprensión
constitucional, según el análisis de la Corte y de acuerdo con lo dispuesto por
ella.
Pero una cosa es
condicionar el fallo, advirtiendo que sólo determinada interpretación de la ley
se ajusta a la Constitución, y otra muy diferente crear una nueva norma
jurídica que deba agregarse obligatoriamente a la declarada exequible. Esta
última tarea corresponde exclusivamente al legislador.
Y en esta
oportunidad la Corte ha introducido una causal de justificación del homicidio
piadoso -el consentimiento del sujeto pasivo-, circunscribiéndola al caso del
médico respecto de un enfermo terminal.
Para concluir que
estamos frente a una función materialmente legislativa basta observar que, así
como se hizo consistir la justificación del hecho en el consentimiento del
enfermo, bien habría podido plasmarse como tal el asentimiento de su familia, o
el de una autoridad pública; y que, al igual que se cobijó con ese trato
diferente al médico homicida, se habría podido favorecer al confesor, a un
familiar o a un amigo de la persona; y que, en la forma como se aplicó al
enfermo terminal se habría podido referir a cualquier enfermo, o a quien
padeciera determinadas dolencias vergonzantes o una de aquellas que exigen
tratamientos muy costosos.
Conocedor de que los
condicionamientos de las sentencias de constitucionalidad implican que
solamente se acomoda a la Carta una disposición si se la entiende en los
términos del fallo, me pregunto:
-¿Es constitucional
que no se sancione al médico en las circunstancias descritas, pero lo es que se
castigue a otra persona -por ejemplo, un familiar cercano-, que quizá, por su
afecto o proximidad al enfermo, puede hallarse sicológicamente más afectada al
presenciar el sufrimiento del paciente? La referencia al médico como exclusivo
beneficiario de la causal de justificación es arbitraria.
-¿Es constitucional
que se exonere de responsabilidad al médico que obra por piedad y quita la vida
al enfermo terminal que conscientemente le pide que lo haga, pero no lo es que
se aplique el mismo trato jurídico al profesional que hace lo propio respecto
de una persona que sufre iguales o peores dolencias pero que no puede expresar
su voluntad? La referencia al consentimiento, como única fuente de
justificación, es igualmente caprichosa.
-¿Es constitucional
que se contemple la causal de justificación cuando se ocasiona la muerte al
enfermo terminal y no lo es cuando se hace lo mismo con otro enfermo, tal vez
no clasificado con esa expresión -tan indefinida y tan vaga-, pero afectado por
intensísimos dolores, iguales o peores a los que sufre aquél? La referencia al
enfermo terminal como sujeto pasivo único respecto de cuya muerte se justifica
el homicidio piadoso es también arbitraria.
Como puede verse,
bajo los supuestos de la Sentencia, las variables acogidas por la Corte no son
las únicas en favor de las cuales podría -en gracia de discusión- alegarse que
configuren la justificación de la conducta conocida como eutanasia. Por
lo cual, a ellas no podía sujetarse fatalmente -como se hizo- la
constitucionalidad de la disposición que la penaliza, a no ser que se
demostrara -como no se demostró- que la concurrencia de las otras variables
posibles no acogidas por la Corte serían inconstitucionales como causales de
justificación.
Por eso estimo que
el camino para adoptar la difícil y problemática decisión de despenalizar en
Colombia la eutanasia no era el de un fallo, relativo a la exequibilidad de la
norma legal que tipificó el delito, sino el de la más amplia discusión pública
que hubiera concluido en la deliberación del Congreso, como titular de la
función legislativa, si de ley se trataba, o en la votación popular, en el
curso de un referendo.
2. Pero es que, a mi
juicio, no solamente se puede hablar de que la Corte modificó el Código Penal,
sino que en realidad, se reformó la Constitución.
En efecto, respecto
al artículo 11 de la Carta Política, a cuyo tenor "el derecho a la vida es
inviolable", se establece una excepción: la de un enfermo terminal y con
su consentimiento, cuando, para evitar la prolongación de sus dolores, un
médico decida causarle la muerte.
Se relativizó el
derecho fundamental por excelencia, que, como la misma Corte ha sostenido en
varias providencias, es base y condición necesaria de todos los demás derechos.
Y se modificó la
Constitución sin que a la reforma hubiera precedido ninguno de los trámites
previstos en su artículo 374: Acto Legislativo proferido por el Congreso, Acto
de una Asamblea Constituyente, o decisión del pueblo mediante referendo.
Más todavía,
tratándose de un derecho fundamental, el más importante, no era suficiente
siquiera el Acto Legislativo, pues era aplicable el artículo 377 de la Carta,
según el cual "deberán someterse a referendo las reformas constitucionales
aprobadas por el Congreso cuando se refieran a los derechos reconocidos en el
Capítulo I del Título II y a sus garantías (...) si así lo solicita, dentro de
los seis meses siguientes a la promulgación del Acto Legislativo, un cinco por
ciento de los ciudadanos que integren el censo electoral".
3. Con esta
Sentencia, la Corte Constitucional modificó, sin señalar motivos, su propia
jurisprudencia sobre el derecho a la vida, plasmada, entre otras, en las
sentencias C-133 del 17 de marzo de 1994 y C-013 del 23 de enero de 1997.
Del primero de esos
fallos puede destacarse lo siguiente, que resulta abiertamente contrariado por
la decisión de la fecha:
"El derecho fundamental
a la vida, cuya existencia se limita a constatar la Carta Política, es el más
valioso de los bienes que se reconoce a todo individuo de la especie humana, y
el sustrato ontológico de la existencia de los restantes derechos.
El derecho a la vida
en el ordenamiento jurídico constitucional, constituye indudablemente el
reconocimiento y la efectividad de un valor esencial como es la vida humana
(Preámbulo y artículos 2° y 11).
(...)
En virtud de lo
anterior, el Estado tiene la obligación de establecer, para la defensa de la
vida que se inicia con la concepción, un sistema de protección legal efectivo,
y dado el carácter fundamental del derecho a la vida, su instrumentación
necesariamente debe incluir la adopción de normas penales, que están libradas
al criterio discrecional del legislador, dentro de los límites del ordenamiento
constitucional.
El reconocimiento
constitucional de la primacía e inviolabilidad de la vida excluye, en
principio, cualquier posibilidad permisiva de actos que estén voluntaria y
directamente ordenados a provocar la muerte de seres todavía no nacidos, y
autoriza al legislador para penalizar los actos destinados a provocar su
muerte". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-133 del 17 de
marzo de 1994. M.P.: Dr. Antonio Barrera Carbonell).
Del segundo fallo,
proferido apenas hace cuatro meses, con ponencia del suscrito, cabe recalcar
las siguientes expresiones, totalmente opuestas a las que ahora ha acogido la
Corte:
"El derecho a
la vida, consagrado en el artículo 11 de la Constitución, aparece como el
primero y más importante de los derechos fundamentales y tiene, según el texto
de la norma, el carácter de inviolable. La disposición no establece excepciones
respecto de su amparo.
Se trata, sin duda, de
un derecho inalienable de todo ser humano, garantizado además con claridad en
los pactos internacionales de derechos, que prevalecen en el orden interno, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 de la Constitución. El 94, por
su parte, declara sin rodeos que la enunciación de los derechos y garantías
contenidos en la Carta y en los convenios internacionales no debe entenderse
como negación de otros -la intangibilidad de la vida del nasciturus, por
ejemplo- que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en
ellos.
(...)
"1) La
Constitución protege el de la vida como valor y derecho primordial e
insustituible, del cual es titular todo ser humano, desde el principio y hasta
el final de su existencia física.
2) La vida humana,
como presupuesto necesario de todo derecho, goza de una jerarquía superior en
cuya virtud prevalece frente a otros derechos, de tal manera que se impone
sobre ellos en situaciones de conflicto insalvable. En eso consiste la
inviolabilidad que expresamente le reconoce el precepto constitucional.
Como la ha enseñado
la jurisprudencia, se trata de un derecho del cual se es titular por el sólo
hecho de existir, mientras que los demás requieren de la vida del sujeto para
tener existencia y viabilidad".
(...)
3) Para la Corte, el
derecho a la vida está tan íntimamente ligado al ser humano y se erige de tal
forma, aun sobre la voluntad estatal, que no necesita estar garantizado
expresamente en norma positiva para ser jurídicamente exigible. El sustento de
su vigencia está en el Derecho, no en la ley. Entonces, el hecho de estar
positivamente librado a la decisión del legislador lo referente a la búsqueda
de las más eficientes formas de su protección -como lo destaca esta sentencia-
no significa la potestad legislativa para suprimirlo o ignorarlo, ni tampoco
para despojarlo de amparo jurídico.
La consagración
explícita del derecho a la vida por parte del Constituyente de 1991 y por los
tratados y declaraciones internacionales sobre la materia no implica que el
valor y prevalencia de aquél estén fincados exclusivamente en la existencia de
tales cláusulas, que, si desaparecieran, no lo derogarían.
4) En criterio de
esta Corte, la vida que el Derecho reconoce y que la Constitución protege tiene
su principio en el momento mismo de la fecundación y se extiende a lo largo de
las distintas etapas de formación del nuevo ser humano dentro del vientre
materno, continúa a partir del nacimiento de la persona y cobija a ésta a lo
largo de todo su ciclo vital".
4. Precisamente, fundado
en los anteriores criterios, que reconocen la inviolabilidad del derecho a la
vida, tal como lo hace la propia Constitución, no puedo aceptar la premisa de
la cual parte la sentencia: la de que el individuo, por razón de su autonomía,
es dueño absoluto de su propia existencia y puede, por tanto, decidir si
continúa o no viviendo, es decir, disponer de ese sagrado valor, como si se
tratara de cualquier bien, siéndole permitido incluso autorizar a otro para que
lo mate.
El suscrito entiende
que no es así, pues si algo es predicable del derecho a la vida, en contraste
con los demás derechos, es su carácter de indisponible.
A mi juicio, a nadie
es lícito, aun autorizado por el sujeto pasivo, ejecutar actos positivos
encaminados conscientemente a suprimir la vida de un ser humano, lo que resulta
bien distinto de abstenerse de llevar a cabo tratamientos o procedimientos
médicos o quirúrgicos extraordinarios y heroicos, por cuya virtud se prolongue
artificialmente la supervivencia de un enfermo desahuciado.
5. La sentencia
finca la causal de justificación introducida para el delito de homicidio
piadoso en el consentimiento del enfermo terminal.
Ante todo, por
razones de seguridad jurídica, especialmente si se trata, como en esta ocasión,
de un tipo penal, aparece como indispensable definir lo que debe entenderse por
enfermedad terminal.
En otros términos,
ya que la Corte ha resuelto reemplazar al legislador en su función de
establecer las causales que justifican un hecho punible, con lo cual se elimina
por vía general la tipicidad del mismo en los supuestos contemplados por el
fallo, lo que se espera de éste es, en mi criterio, la delimitación exacta de
la situación que configura el motivo justificante agregado a la norma materia
de examen.
Considero que en la
providencia objeto de este salvamento no se ha procedido así y que, en una
actitud incoherente, se crea una regla que ha debido ser plasmada por el
legislador pero simultáneamente se lo exhorta para que "en el tiempo más
breve posible, y conforme a los principios constitucionales y a elementales
consideraciones de humanidad, regule el tema de la muerte digna".
6. El concepto
esencial, que se constituye en supuesto insustituible de la causal de
justificación, es el consentimiento del sujeto pasivo, es decir, el
otorgado por la víctima del homicidio.  Además de lo dicho sobre la
indisponibilidad de la propia vida, el mandato de muerte es en sí mismo
contrario a Derecho, aunque provenga de la víctima, pues está viciado de
nulidad absoluta el supuesto acto de voluntad que la Corte acepta como
justificante del hecho punible. Recuérdese que su objeto es ilícito por
definición: se trata de un homicidio. De otro lado, es altamente discutible la
validez que tendría un consentimiento expresado en las circunstancias descritas
por la norma legal estudiada y por la sentencia de la Corte: las de
"intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave
o incurable" en la fase terminal de la vida.
A mi modo de ver,
tal consentimiento está viciado en su base. Además de recaer sobre un objeto
ilícito, carece de un elemento que juzgo esencial para poder aceptarlo: la
libertad del sujeto, entendida como autónoma decisión del ser humano, exenta de
coacciones y apremios.
Un individuo
afectado por horribles padecimientos en la hipótesis que presenta la norma no
es en realidad dueño consciente de su voluntad.  A las manifestaciones externas
de ella, provocadas precisamente por su grave circunstancia, no puede dárseles,
aunque su forma diga lo contrario, el alcance de un deseo o propósito libre y
deliberado de perder la vida, o de autorizar que otro le cause la muerte.
Si en el campo
probatorio, particularmente en lo que atañe al Derecho Penal, no se admite la
confesión obtenida mediante tortura, no solamente por cuanto ésta representa
flagrante violación del derecho fundamental a conservar la integridad personal,
sino especialmente por cuanto implica la negación de la libre y espontánea
voluntad de reconocer  hechos, actos y circunstancias que son contrarios al interés
del  confesante, con mayor razón debe excluirse, como válido para  justificar
el homicidio,  el "consentimiento"  del sujeto pasivo, si éste
-aceptado sólo en gracia de discusión que le fuera lícito darlo- lo otorga bajo
la presión insoportable, incisiva, inclemente, incesante de una tortura, así no
sea ocasionada por el hombre sino por la naturaleza, que obnubila su intelecto
al punto de pedir la muerte.
En realidad
-pienso-, tratándose de un acto que compromete lo más íntimo de la conciencia
del sujeto, a sus palabras, pronunciadas bajo la presión del dolor, no se les
puede dar una credibilidad absoluta, descartando inclusive la opción más
probable, consistente en que lo deseado por la persona no es la muerte misma
sino el cese de su padecimiento corporal. Quizá un paliativo, o una droga que
disminuya o enerve el dolor, podrían lograr el efecto de que, recuperada la
conciencia libre y espontánea, merced a la desaparición temporal o definitiva
del sufrimiento físico que la condicionaba, el paciente desistiera de su
propósito suicida y volviera a expresar su natural apego a la vida. Por ello,
me parece arbitraria la conclusión de que el consentimiento existe en tales
casos y, peor aún, la de que su manifestación en semejantes condiciones
validaría el acto del homicidio.
Se dirá, entonces,
que el consentimiento debe expresarse con antelación a los padecimientos,
cuando el individuo se halla exento de ellos y en la plenitud de sus facultades
intelectuales -por ejemplo,  en el momento de hospitalizarse, o al afiliarse a
una persona jurídica que tenga por objeto proteger el derecho a la muerte
digna-, pero tampoco esa hipótesis se puede aceptar, pues, en mi criterio, tan
anticipada disposición de la propia existencia, aunque pudiera darse
lícitamente, quitaría fundamento a la causal de justificación en sí misma, en
cuanto se alejaría de la circunstancia extrema, condicionante del acto
homicida, de la cual ha partido la sentencia. Pero, por otra parte, no podría
entenderse irreversible e irrevocable, menos si de la vida se trata. ¿Y quién
puede asegurarnos que el paciente cuya lucidez era plena cuando otorgó licencia
para provocar su muerte en caso de dolores graves, una vez caído en ellos y
hallándose imposibilitado para expresar de nuevo su consentimiento, mantiene la
decisión plasmada en el contrato de muerte?
7. La Corte admite
como causal justificativa del homicidio, la expresión del consentimiento de la
víctima.
Como no se hace
ninguna distinción, el suscrito magistrado se pregunta si la indicada causal es
aplicable a la situación de un menor. Si es un niño que ni siquiera puede
expresarse dada su tierna edad, ¿quién podría consentir en su muerte provocada?
¿Sus padres, sus tutores, sus hermanos, el director del hospital, cualquier
particular que presencie los terribles dolores que padece? ¿Tales personas
podrían erigirse en propietarias de su vida?
Y, si se concluye
que nadie puede dar ese consentimiento y que, por tanto, ese niño debe seguir
viviendo pese a su excesivo dolor, todavía más conmovedor y apremiante, ¿por
qué discriminarlo respecto del paciente capaz de manifestar su consentimiento?
Ahora bien, en el
caso del niño que puede hablar y aun escribir, pero cuya edad lo ubica en
estado de incapacidad absoluta o relativa desde el punto de vista civil, para
el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, no habría
motivo plausible para suponer que, en cambio, sí goza de plena aptitud para
disponer de su propia vida.
¿Y qué decir del
consentimiento de un demente?
8. Para concluir, no
puedo admitir la eutanasia, entendida como conducta positivamente
encaminada a producir la muerte de la persona, en ninguna de sus hipótesis, y
menos todavía en la del consentimiento del sujeto pasivo de ella.
Situación distinta
se tiene en la llamada distanasia, no prevista en la norma bajo examen.
Respecto de ella, estimo que nadie está obligado a prolongar artificialmente,
por días o semanas, la vida de quien ya, frente a la ciencia, no tiene
posibilidades reales de salvarse.
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado
Fecha, ut supra.
Salvamento de
voto a la Sentencia C-239/97
HOMICIDIO POR
PIEDAD-Establecimiento de
excepciones corresponde al legislador (Salvamento de voto)
Con el
condicionamieno aprobado por la mayoría a una norma legal que se declara
exequible, la Corte ha entrado a legislar, esto es, ha adoptado una decisión
que evidentemente es del resorte de legislador.  Y lo ha hecho, a mi juicio, de
manera ligera, al consagrar, a través  de ese condicionamiento, excepciones a
la norma -artículo 326 del Código Penal- que sanciona la eutanasia.  Es decir,
que a través  de esta Sentencia se ha legalizado en Colombia una de las
modalidades de eutanasia, en un acto que me atrevo a calificar de insólito, ya
que son muy contados los países en el mundo que se han atrevido a dar este
paso, y no lo han dado por la vía jurisprudencial, sino por la  legislativa,
-que es la adecuada-, tras prolongados debates y discusiones a nivel de los
distintos estamentos sociales.
EUTANASIA U HOMICIDIO
POR PIEDAD-Definición
(Salvamento de voto)
El significado
actual de la expresión "eutanasia", es justamente el que coincide con
la descripción de la conducta a la que se refiere el artículo 326 del Código
Penal. Es la actividad llevada a cabo  para causar la muerte a un ser humano  a
fin de evitarle sufrimientos.  Por los fines que persigue se le llama también
homicidio piadoso u homicidio por piedad, ya que la muerte se busca como un
medio para evitar a la  persona dolores insoportables, deformaciones físicas,
una ancianidad  muy penosa, o en general  cualquier condición personal  que
mueva a la compasión. La eutanasia es siempre un tipo de homicidio, toda vez
que implica el que una persona le cause intencionalmente la muerte a  otra,
bien sea mediante un comportamiento activo o mediante la omisión  de los
cuidados y atenciones debidos.  Por otra parte, la eutanasia puede ser
consentida o no por quien la padece.
DISTANASIA-Definición/DISTANASIA-Necesidad de
evitarlo como deber social (Salvamento de voto)
La distanasia,
entendida como el retrasar la muerte  todo lo posible, utilizando para ello
todos los medios ordinarios o extraordinarios al alcance, así sean estos
proporcionados o no, y aunque esto signifique causar dolores y padecimientos a
una persona cuya muerte de todas maneras es inminente. En otras palabras, la
distanasia es la prolongación artificial de la agonía de un moribundo,
entendiendo por agonía el proceso que conduce a la muerte a plazo corto,
inminente e inevitable. Siendo la muerte un hecho natural con el cual culmina
necesariamente toda vida humana, dilatarlo a toda costa y por cualquier medio,
aún a costa del sufrimiento de quien va morir, ineludiblemente, constituye una
acción reprochable, porque atenta contra la dignidad de aquel a quien se le
practica, e incluso contra  su integridad personal en ciertos casos.  Por ello,
evitar la distanasia es un deber social que debe ser cumplido en salvaguardia
de los derechos fundamentales del moribundo.
EUTANASIA Y
DISTANASIA-Linderos
(Salvamento de voto)
Aunque el lindero
entre la conducta que consiste en evitar una acción distanásica y la que
consiste en practicar la eutanasia puede aparecer en  ciertos casos difícil  de
precisar, existe de todos modos una diferencia  substancial que radica en la
intencionalidad del agente: en efecto, en la conducta eutanásica hay intención
de matar, aunque sea por piedad, y en  la conducta evitativa de la distanasia
no existe tal intención; es ésta la clave del asunto. Si bien la anterior
diferenciación pueda resultar difícil  "probatoriamente hablando", no
lo es en cambio en el terreno  conceptual, en donde la diferencia es clara y
radica en la  diversa intencionalidad del agente:  homicida en la eutanasia, no
homicida en el caso contrario.
MEDICINA
PALIATIVA Y EUTANASIA-Diferencias
(Salvamento de voto)
La medicina
paliativa reconoce que el  enfermo es incurable y dedica toda su atención a
aliviar sus padecimientos mediante el empleo de los recursos científicos y
técnicos  propios de la ciencia médica.  Si bien en ocasiones el empleo de
estos  recursos conlleva, como efecto necesario no querido, el acortar la vida
del paciente, quienes emplean  este tipo de medicina no se  proponen este
efecto, sino tan sólo el alivio del enfermo. La medicina paliativa constituye
una actitud humanitaria que responde a la dignidad del enfermo, sin causarle
mediante una acción directamente occisiva, la muerte.  Se diferencia de la
eutanasia en la ausencia de esta acción directa y en la intencionalidad de
quien la aplica, que se reduce a tratar de aliviar el dolor, sin buscar para
ello la muerte.  Si ésta se presenta, o resulta anticiparse, ello no es querido
por el agente, esto es, por quien suministra los paliativos.
DERECHO A LA VIDA-Primero de los derechos fundamentales/CONDUCTA
EUTANASICA-Ilegitimidad jurídica (Salvamento de voto)
El derecho a la
vida es el primero de los derechos fundamentales del cual es titular toda
persona. Así lo reconoce la Constitución Política  colombiana. Este derecho  es
el supuesto "sine qua non"  del ejercicio de todos los demás. Es
asunto tan obvio, que nadie pone en duda que el disponer de la vida ajena constituye
la  más palmaria violación de derechos que pueda darse.  Por ello,  el causar
intencionalmente la muerte a otro ha sido siempre  una conducta punible, y lo
sigue siendo en todas las legislaciones contemporáneas. Naturalmente existen
modalidades de homicidio intencional, y a ellas corresponden graduaciones en
las penas. No puede hablarse, pues, con propiedad de "un derecho a la
muerte", lo cual es un contrasentido.  Es obvio que el final natural de la
vida es la muerte y que ésta, más que un derecho es un hecho inexorable.  Puede
colegirse de ahí que la vida, ese sí un derecho, no constituye  un bien
jurídico disponible, como se desprende de la Sentencia.  No se puede ejercer
simultáneamente el derecho a la vida y el supuesto derecho a la muerte, porque
tal proposición  resulta contradictoria y aun absurda. Siendo la opción de la
muerte necesariamente posterior a la de la vida, cuando sobreviene aquella no
se es más sujeto de derechos.
VIDA-Derecho irrenunciable (Salvamento de voto)
La jurisprudencia
de la Corte Constitucional, a lo largo de toda su existencia, ha sido constante
y coherente en la defensa celosa  del derecho a la vida, reconociéndolo
siempre, como el primero de los derechos fundamentales.  Además, le ha dado el
carácter de derecho irrenunciable, como, en principio, lo tienen todos los
derechos fundamentales.
DERECHO A LA VIDA-Cambio de postura sobre la
irrenunciabilidad (Salvamento de voto)
La decisión de la
cual me aparto constituye si no un cambio de jurisprudencia, sí un cambio
radical de postura de los magistrados que  suscribieron en su momento estos
fallos.  En efecto, antes reconocían que los derechos fundamentales eran
irrenunciables, y en el presente fallo, al entender que existe un derecho a la
muerte, o que la vida es un bien jurídico  disponible, implícitamente  aceptan
que es posible renunciar a la vida  propia, consintiendo en la propia
eliminación. Este cambio de postura conlleva un desconocimiento de la
naturaleza humana.  Si es posible renunciar al más fundamental de todos los derechos,
a  aquél que es presupuesto  ontológico del  ejercicio de todos los demás,
incluidos la libertad, la  igualdad, la dignidad etc., entonces ¿porqué no
admitir la renunciabilidad de todos estos?. Admitir que la vida es un bien
jurídico disponible a voluntad, pone en peligro evidente todo el orden jurídico
de la sociedad, ya que, como corolario, todo derecho sería enajenable,
renunciable, y posteriormente, ¿por qué no? susceptible de ser desconocido por
quienes ostentan el poder público.
DERECHO AL LIBRE
DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD-No
es absoluto (Salvamento de voto)
En la sentencia
se invoca como una causal justificativa de la eutanasia que se autoriza, el
derecho al libre desarrollo de la personalidad. A mi juicio, una vez más, como
sucedió en la sentencia que despenalizó el consumo de droga en dosis personal,
de la cual igualmente me aparté, se ha incurrido en el grave error de
considerar ese derecho como un derecho absoluto, entrando, así en contradicción
con lo sostenido reiteradamente por la jurisprudencia de esta Corte en el
sentido de que no hay ni puede haber derechos o libertades absolutos.  El del
libre desarrollo de la personalidad esta muy lejos de ser una excepción. No es
posible  invocar el derecho al libre desarrollo de la personalidad para
disponer de la propia vida, y hacerlo significa ir en contra de la propia
naturaleza humana.
MORAL GENERAL O
SOCIAL-Mínimo ético
(Salvamento de voto)
El fallo fue
adoptado, sin duda, con  fundamento en postulados éticos que se apartan de la
"moral social" o la "moral general" del pueblo colombiano.
No se tomó en cuenta este  mínimo ético que debe sustentar los postulados
jurídicos. Se toma pie en concepciones absolutas de la libertad del hombre  y
en apreciaciones sobre la naturaleza de la vida humana, que por ser
manifiestamente contrarias a los postulados éticos generales, no podían se
tomados en cuenta  sin desmedro del principio democrático y desconociendo la
propia Constitución. En efecto, la concepción personalista cristiana de la vida
y de la libertad  proclaman que el hombre no es absolutamente libre, toda vez
que la  libertad humana debe ser entendida como la facultad de
autodeterminación conforme con las finalidades naturales del hombre, dentro de
las cuales no se contempla su propia destrucción, y el dominio humanos sobre la
propia vida no es mirado como un dominio absoluto, sino como un dominio útil.
HOMICIDIO POR
PIEDAD-Alcances del tipo
penal (Salvamento de voto)
El delito de
homicidio por piedad ocurre frente a dos situaciones específicas: la primera,
en aquellos casos en que la víctima, impedida para quitarse la vida, bien
porque sus condiciones físicas no se lo permiten o bien por temor, le solicita
a otro, generalmente un allegado
-familiar o
amigo-, que le quite la vida; la segunda, cuando la víctima, por iniciativa del
tercero, cede ante su propuesta de quitarle la vida, motivado por los intensos
sufrimientos que le aquejan, móviles que también deben  llevar al sujeto activo
a la realización de la conducta. El derecho a la vida, como se ha manifestado a
lo largo de este salvamento y como se deduce de las normas constitucionales y
legales que lo consagran, no es un derecho de libre disposición personal. Por
ello, frente al homicidio por piedad, el consentimiento  que sobre él pueda dar
el derechohabiente  -enfermo grave e incurable-, resulta ineficaz para generar
una causal excluyente de antijuricidad a favor de quien realiza la conducta
punible. Así entonces, debe entenderse comprendida en el delito de
"homicidio por piedad", no sólo la conducta de quien actúa por su
propia iniciativa sino también la de aquel que por solicitud de la víctima
agota el tipo penal.
Referencia:
Expediente D-1490
El
suscrito Magistrado salva su voto en el proceso de la referencia, pese a haber
compartido la decisión adoptada por la Sala Plena de declarar exequible  el
artículo 326 del Código Penal, por estar en desacuerdo con el condicionamiento
introducido en la parte resolutoria de la Sentencia y, por ende, con las
motivaciones que lo sustentan.
Las
razones que me mueven a apartarme de dicho condicionamiento son
fundamentalmente de orden jurídico, aunque, como lo expresé en el curso del
debate, el tema sobre el cual éste giró -el de la eutanasia-  es un tema no
simplemente jurídico  sino que tiene profundas e insoslayables  implicaciones
en los campos ético y moral, como que compromete, ni más ni menos, que al más
sagrado y fundamental de los derechos naturales del hombre: el derecho  a la
vida.
Considero,
de entrada, que con el condicionamieno aprobado por la mayoría a una norma
legal que se declara exequible,  la Corte ha entrado a legislar, esto es, ha
adoptado una decisión  que evidentemente es del resorte de legislador.  Y lo ha
hecho, a mi juicio, de manera ligera, al consagrar, a través  de ese
condicionamiento, excepciones a la norma -artículo 326 del Código Penal- que
sanciona la eutanasia.  Es decir, que a través  de esta Sentencia se ha
legalizado en Colombia una de las modalidades de eutanasia, en un acto que me
atrevo a calificar de insólito, ya que son muy contados los países en el mundo
-tal vez dos o tres- que se han atrevido a dar este paso, y no lo han dado por
la vía jurisprudencial,  sino por la  legislativa,  -que es la adecuada-, tras
prolongados debates y discusiones a nivel de los distintos estamentos sociales.
En efecto, que yo sepa tan sólo  Holanda, el Estado de Oregon  en los
Estados Unidos, y Australia han legalizado la eutanasia, y  ello, bajo severos
condicionamientos.  Más aún, tengo entendido que Australia derogó
posteriormente esa medida.
Y
es que, como digo, un  tema tan complejo y de tanta trascendencia, como que
compromete la vida misma de las personas, no puede ser objeto de decisiones
precipitadas, sino de un largo y minucioso  examen que comprenda toda la
problemática  que él encierra, y que no se limita tan sólo al estricto campo
del derecho positivo.  Es de anotar  que ni aún los países más  avanzados y
liberales del mundo han logrado ponerse de acuerdo sobre la conveniencia de
legalizar esta forma de homicidio.  No deja de resultar paradójico que sea
Colombia, con uno de los más altos índices de homicidio, en sus diversas
modalidades, entre los países del mundo, la que atreva a dar este paso.
Antes
de entrar al análisis propiamente  jurídico del asunto, considero,  necesario
hacer algunas precisiones  terminológicas  para no incurrir en confusiones
como en las que, a mi  juicio, incurre la Sentencia de la cual me aparto.
1.      -Necesarias precisiones terminológicas
Para
hablar de la eutanasia se hace imprescindible perfilar de manera inequívoca la
acción que la constituye y diferenciarla de otros comportamientos con los que
se suele confundir.
1.1. -El significado
actual de la expresión “eutanasia”, es justamente el que coincide con la
descripción de la conducta a la que se refiere el artículo 326 del Código
Penal. Es la actividad llevada a cabo  para causar la muerte a un ser humano  a
fin de evitarle sufrimientos.  Por los fines que persigue se le llama también
homicidio piadoso u homicidio por piedad, ya que la muerte se busca como un
medio para evitar a la  persona dolores insoportables, deformaciones físicas,
una ancianidad  muy penosa, o en general  cualquier condición personal  que
mueva a la compasión.
Según
los medios que utilice el agente, la eutanasia puede ser “activa”,  si
despliega una actividad adecuada dirigida directamente a causar la muerte, o
“pasiva”, negativa o por omisión, si la muerte se causa omitiendo el prestar a
la persona los medios necesarios para mantener la  vida.  De esta manera, la
eutanasia es siempre un tipo de homicidio, toda vez que implica el que una
persona le cause intencionalmente la muerte a  otra, bien sea mediante un
comportamiento activo o mediante la omisión  de los cuidados y atenciones
debidos.  Por otra parte, la eutanasia puede ser consentida o no por quien la
padece, caso el primero, que también es llamado por algunos “suicidio
asistido”.
1.2.  -En frente de
este comportamiento aparece otro que consiste en todo lo contrario:  la distanasia,
entendida como el retrasar la muerte  todo lo posible, utilizando para ello
todos los medios ordinarios o  extraordinarios al alcance, así sean estos
proporcionados  o no, y aunque esto signifique causar dolores y padecimientos a
una persona cuya muerte de todas maneras es inminente.  En otras palabras, la
distanasia es  la prolongación artificial de la agonía de un moribundo,
entendiendo por agonía el proceso que conduce a la muerte a plazo corto,
inminente e inevitable. La distanasia es también conocida bajo la denominación
de “ensañamiento u obstinación terapéutica”.
Siendo
la muerte un hecho natural con el cual culmina necesariamente toda vida humana,
dilatarlo a toda costa y por cualquier medio, aún a costa del sufrimiento de
quien va morir, ineludiblemente, constituye una acción reprochable, porque
atenta contra la dignidad de aquel a quien se le practica, e incluso contra  su
integridad personal en ciertos casos.  Por ello, evitar la distanasia es un
deber social que debe ser cumplido en salvaguardia de los derechos
fundamentales del moribundo.
Aunque
el lindero entre la conducta que consiste en evitar una acción distanásica y la
que consiste en practicar la eutanasia puede aparecer en  ciertos casos
difícil  de precisar, existe de todos modos una diferencia  substancial que
radica en la intencionalidad del agente:  en efecto, en la conducta
eutanásica   hay intención de matar, aunque sea por piedad, y en  la conducta
evitativa de la distanasia no existe tal intención; es ésta la clave del
asunto.
Si
bien la anterior diferenciación pueda resultar difícil  “probatoriamente
hablando”, no lo es en cambio en el terreno  conceptual, en donde, como se
dijo, la diferencia es clara y radica en la  diversa intencionalidad del
agente:  homicida en la eutanasia, no homicida en el caso contrario.
1.3.  -De igual
manera,  es claramente diferenciable  la eutanasia, de la  conducta que
consiste  en decidir que no se recurrirá a medios  extraordinarios o
desproporcionados frente las posibilidades de sobrevivencia humanas, utilizados
para evitar o distanciar el advenimiento de la muerte, aunque ésta no sea
inminente, como sí lo es en el evento de la distanasia.  En efecto, en este
caso también se echa de menos la intención directamente homicida traducida en
una conducta activa o pasivamente dirigida a causar la muerte.  Tampoco aquí,
como en la conducta evitativa de la distanasia, que se da en el marco de la
agonía, la muerte ajena  es buscada.
1.4.  -Resulta
imprescindible referirse además a otra conducta que asume el  hombre frente a
los casos de enfermos incurables que padecen  agobiantes sufrimientos y
dolores:  esta otra conducta es la que ha sido  llamada “medicina paliativa”.
La medicina paliativa es una forma de  atender a los enfermos desahuciados, que
igualmente se opone a la  eutanasia y a la distanasia.  La medicina paliativa
reconoce que el  enfermo es incurable y dedica toda su atención a  aliviar sus
padecimientos mediante el empleo de los recursos científicos y técnicos
propios de la ciencia médica.  Si bien en ocasiones el empleo de estos
recursos conlleva, como efecto necesario no querido, el acortar la vida  del
paciente, quienes emplean  este tipo de medicina no se  proponen este  efecto,
sino tan sólo el alivio del enfermo.
La
medicina paliativa constituye una actitud humanitaria que responde a la
dignidad  del enfermo, sin causarle mediante una acción directamente occisiva,
la muerte.  Se diferencia de la eutanasia en la ausencia de esta acción directa
y en la intencionalidad de quien la aplica, que se reduce a tratar de aliviar
el dolor, sin buscar para ello la muerte.  Si ésta se presenta, o resulta
anticiparse, ello no es querido  por el agente, esto es, por quien
suministra los paliativos.
2.  -Ilegitimidad
jurídica de la conducta eutanásica.
El
derecho a la vida es,  reitero, el primero  de los derechos fundamentales del
cual es titular toda persona.  Así lo reconoce la Constitución Política
colombiana.  En efecto, su Preámbulo, señala como el primero de los propósitos
del Estado colombiano el de asegurar  la vida a todos los integrantes de la
Nación;  el artículo 2º, señala como primera obligación de las autoridades de
la República la de proteger el derecho de la vida de todas las personas
residentes en Colombia; y el artículo 11,  tajantemente proclama: “El
derecho a la vida es inviolable”.  Este derecho  es, pues, el supuesto
“sine qua non”  del ejercicio de todos los demás.  Es asunto tan obvio,
que nadie pone en duda que el disponer de la vida ajena constituye la  más
palmaria violación de derechos que pueda darse.  Por ello,  el causar
intencionalmente la muerte a otro ha sido siempre  una conducta punible, y lo
sigue siendo en todas las legislaciones contemporáneas.  Naturalmente existen
modalidades  de homicidio intencional, y a ellas corresponden graduaciones en
las penas.
A
juicio del suscrito, no puede hablarse, pues, con propiedad de “un derecho a la
muerte”, lo cual es un contrasentido.  Es obvio que el final natural de la vida
es la muerte y que ésta, más que un derecho es un hecho inexorable.  Puede
colegirse de ahí que la vida, ese  sí un derecho, no constituye  un bien
jurídico disponible, como se desprende de la Sentencia.  No se puede ejercer
simultáneamente el derecho a la vida y el supuesto derecho a la muerte, porque
tal proposición  resulta contradictoria y aun absurda.  Siendo la opción de la
muerte necesariamente posterior a la de la vida, cuando sobreviene aquella no
se es más sujeto de derechos.  Se dirá entonces que el pretendido derecho a la
muerte consiste en el derecho a renunciar a estar vivo,  lo cual nos lleva a
analizar si la vida humana puede ser un derecho renunciable.
2.1. -La vida es
un derecho irrenunciable.
La
jurisprudencia de la Corte Constitucional, a lo largo de toda su existencia de
más de cinco años, ha sido constante y coherente en la defensa celosa  del
derecho a la vida, reconociéndolo  siempre, como el primero de los derechos
fundamentales.  Además, le ha dado el carácter de derecho irrenunciable, como,
en principio, lo tienen todos los derechos fundamentales, tal como se plasma
en varias Sentencias, algunos de cuyos apartes me permito  transcribir a
continuación:
“…Lo
anterior significa que los derechos fundamentales, al ser inherentes a la
persona, son necesarios y no contingentes, lo  cual los hace irrenunciables.
Por ello no sería coherente que  un Estado que se funda en igualdad y en
dignidad humanas permitiese que una persona se desligara de un bien  que
razonablemente es irrenunciable e imprescriptible. (…)
“La
tradición de los derechos humanos, desde la Declaración de Derechos del Pueblo
de Virginia en 1776 hasta hoy, es unánime en señalar como patrimonio objetivo
de la humanidad la intangibilidad del núcleo esencial de los derechos
inherentes a la persona.  Tan absurdo resulta imaginar que un hombre aceptara
el ser reducido a la condición de esclavo, y que esta decisión suya fuera
tolerada por el Estado. Como suponer que una persona puede aceptar un convenio
contrario a su dignidad o a su derecho a la igualdad.  (Sentencia T-256 de
1996.  M.P.  Vladimiro Naranjo Mesa).
“Todo derecho
humano es un bien sobre cuyo dominio no puede caer ni la renuncia ni la
transferencia”.  (Sentencia T-374 de 1993, M.P. Dr. Fabio Morón Díaz).
“-
Proteger la salud del hombre es proteger su vida, que es derecho constitucional
fundamental inalienable” (Subrayado fuera de texto) (T-613 de 1992.
M.P. Alejandro Martínez Caballero).
“-
Los derechos humanos fundamentales que consagra la Constitución Política de
1991 son los que pertenecen a toda persona en razón a su dignidad humana.  De
allí que se pueda afirmar que tales  derechos son inherentes al ser humano:
es decir, los que posee desde le mismo momento de su existencia -aún  de su
concepción - y son anteriores a la misma existencia del  Estado, por lo que
están por encima de él.  Fuerza concluir  entonces, como lo ha venido
sosteniendo ésta Corte que el carácter fundamental de un derecho no depende de
su ubicación dentro de un texto constitucional sino que son fundamentales
aquellos derechos inherentes a la persona humana.  La fundamentalidad de un
derecho no depende sólo  de la naturaleza del derecho, sino que se deben
considerar las  circunstancias  particulares del caso.  La vida, la dignidad,
la intimidad y la libertad son derechos fundamentales dado su  carácter inalienable”
(Subrayado fuera de texto).  (Sentencia T-571 de 1992  M.P.  Jaime Sanin
Greiffeinstein).
“Cuando
surge la pregunta de por qué  son irrenunciables  ciertos beneficios  mínimos
establecidos por las leyes laborales, la respuesta debe apuntar a la conexidad
del trabajo con la  dignidad de la persona humana y con el libre  desarrollo de
la personalidad.” (Sent. C-023 de 1994 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa).
…
“Pues carece  de licitud todo pacto contra la ley, los contratantes no pueden
comprometerse a la forzada renuncia del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia.” (Sent. T-544 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández
Galindo).
“La
actora tenia derecho a ser afiliada forzosamente al  régimen del seguro social
y ese derecho es, constitucionalmente, irrenunciable, según los principios
establecidos en el artículo 53 de la Carta (“…irrenunciabilidad a los
beneficios mínimos establecidos en normas laborales…”), que refrenda el
contenido del artículo 48 ibídem, en el que expresamente se garantiza “…a todos
los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social (inciso
segundo).” (Sent. T-341 de 1994,  M.P.  Carlos Gaviria Díaz).
“La
normatividad constitucional garantiza pues el derecho  irrenunciable a la
seguridad social, la cual en lo referente a la pensión de invalidez, constituye
un patrimonio inalienable del incapacitado.”  (Sent.  C-556 de 1995,  M.P.
Vladirmiro Naranjo Mesa).
De
esta manera, la decisión de la cual me aparto constituye si no un cambio de
jurisprudencia, sí un cambio radical de postura de los magistrados que
suscribieron en su momento estos fallos.  En efecto, antes reconocían que los
derechos fundamentales eran  irrenunciables, y en el presente fallo, al
entender que existe un derecho a la muerte, o que la vida es un bien jurídico
disponible, implícitamente  aceptan que es posible renunciar a la vida  propia,
consintiendo en la propia eliminación.
Este
cambio de postura conlleva un desconocimiento de la naturaleza humana.  Si es
posible renunciar al más fundamental de todos los derechos, a  aquél que es
presupuesto  ontológico del  ejercicio de todos los demás, incluidos la
libertad, la  igualdad, la dignidad etc., entonces ¿porqué no admitir la
renunciabilidad de todos estos?.  ¿Si es posible que yo renuncie a mi vida para
optar por la muerte, entonces porqué no puedo renunciar a mi derecho a la
libertad, por  ejemplo, y aceptar la esclavitud?.
Admitir
que la vida es un bien jurídico disponible a voluntad, pone en peligro evidente
todo el orden jurídico de la sociedad, ya que, como corolario, todo derecho
sería enajenable, renunciable, y posteriormente, ¿por qué no? susceptible de
ser desconocido por quienes ostentan el poder público.
3.  -El libre
desarrollo de la personalidad no es un derecho absoluto.
En
la Sentencia se invoca   como una causal justificativa de la eutanasia que se
autoriza, el derecho al libre desarrollo de la personalidad.  A mi juicio, una
vez más, como sucedió en la sentencia que despenalizó el consumo de droga en
dosis personal, de la cual igualmente me aparté, se ha incurrido en el grave
error de considerar ese derecho como un derecho absoluto, entrando, así en
contradicción con lo sostenido reiteradamente por la jurisprudencia de esta
Corte en el sentido de que no hay ni puede haber derechos o libertades
absolutos.  El del libre desarrollo de la personalidad esta muy lejos de ser
una excepción.
La
libertad  comporta para el  hombre la facultad de autodeterminarse conforme a
sus fines  naturales, mediante el uso de la razón y de la voluntad.  Pero lo
que  determina el hombre es su propia conducta.  La vida misma, en su
concepción ontológica, esto es, en cuanto el mismo ser del viviente, no es
dominada por el hombre.  Quien no acepte esto, desconoce una  evidencia, por
cuanto no necesita demostración el hecho palmario de que  el hombre no
determina su propia concepción, ni su crecimiento, ni su desarrollo biológico,
ni su configuración corporal, ni su condición de mortal.  La muerte
inexorablemente llega a todo ser  humano sin que pueda ser definitivamente
evitada por él.  Esto, tan obvio,  nos evidencia que el hombre no domina su
propia vida ontológica.  Es evidente entonces que el hombre no tiene el dominio
absoluto de su vida, sino tan sólo lo que los clásicos llamaron el dominio útil
de la misma.  Por  ello no es posible  invocar el derecho al libre desarrollo
de la personalidad para disponer de la propia vida, y  hacerlo  significa ir
en  contra de la propia naturaleza humana.
4.      -Fundamento ético de los postulados jurídicos
De
conformidad con cierto criterio que trata de abrirse espacio en la
jurisprudencia de esta Corporación, la nueva Constitución que nos rige propone
un modelo en virtud del cual no resulta legitimo  imponer una concepción
especifica de la moral.  Según los propulsores de esta peculiar  interpretación
de la Constitución de 1991, el interés jurídicamente  protegido con las normas
no puede ser la honestidad ni la moral, pues cada persona en este terreno tiene
derecho a conducir su vida según sus  propias decisiones.
Sobre
este fundamento, que pretende  mostrarse como el argumento de la “tolerancia” o
la imparcialidad,  entendido  como único camino para preservar el derecho al
libre desarrollo de la personalidad, se llegó a admitir, en el fallo del que
me aparto, que como cada cual tiene derecho a disponer de su  propia vida en
uso de su libertad y autonomía individual, la eutanasia es  una figura
jurídicamente tolerable, bajo la condición de que sea  consentida por quien la
padece.
Evidentemente
existen muchas visiones éticas (una de las cuales es  justamente a  la  que
me  he  referido),  lo  que  conduce  a  pensar que la Constitución y la ley no
pueden asumir la moral de un grupo o de una parte de la sociedad.  Echando una
mirada retrospectiva a lo que la  filosofía del derecho ha estudiado en torno
de las relaciones entre la moral y el derecho, podemos apreciar cuan disímiles
han sido las distintas  respuestas.  En efecto, para citar algunos ejemplos,
para Kant el derecho  es independiente de la moral, pero no contrario a los
postulados éticos.  La Escuela francesa de la exégesis, niega la validez moral
en el terreno jurídico.  Savigny manifiesta que la fuente del derecho y de la
moral es la  convicción jurídica del pueblo, esto es, una intuición emocional de
lo que debe ser la regulación de la convivencia humana.  Kelsen, en su visión
positivista, propone una teoría  pura del derecho positivo alejada de todo
valor moral.  Hart, a su turno, sostiene que el  derecho está fundado en una
justificación moral.
No
obstante tal variedad de concepciones, el derecho y la moral recaen  sobre un
mismo objeto. Al respecto ha dicho esta Corporación:  “La moral y el derecho
son sistemas de normas cuyo destino es la regulación de la conducta del
hombre.  Aquí radica la similitud entre los dos”.  (Sentencia C-224 de 1994.
M.P.  Jorge Arango Mejía).
Nuestra
propia Constitución, por su parte, se refiere a la moral, como lo  destaca el
mismo fallo antes citado:
“Además
la Constitución se refiere a la moral social en su artículo 34, y
consagra la moralidad como uno de los  principios fundamentales de la
función administrativa, en el 2029.  En síntesis:  no es posible negar la
relación entre la moral y el derecho.  Y menos desconocer que las normas
jurídicas en algunos casos tienen en cuenta la moral  vigente, para deducir
consecuencias sobre la validez de un acto jurídico.”
Y
más adelante en el mismo fallo se dice:
“Hay,
pues, “una moral común, genérica, que incluye todos los hombres y que
constituye el mínimo indispensable para  todos”.  Pera cada pueblo en un
momento histórico, determinado por las circunstancias sociales, económicas  y
culturales, tiene  una moral positiva, es decir, la  manifestación de
una moral universal e inmutable en su propia circunstancia..
“En resumen:  hay siempre una moral social, que es la que  prevalece
en cada pueblo en su propia circunstancia.  Entendida  así, la moral no
es individual; lo individual es la  valoración que cada uno hace de sus actos
en relación con  la moral social.
Ese
mismo fallo, analizando concretamente  la expresión “moral cristiana”,
contenida en el art. 13 de la ley 153 de 1887, norma que en esa ocasión fue
declarada exequible, manifestó:
“En
primer lugar, la expresión  “moral cristiana” designa la moral
social, es decir , la moral que prevalecía y prevalece aún en la sociedad
colombiana.
“Se
dijo que “moral cristiana” refiriéndose a la religión de la mayoría de
la población como en Turquía debido decirse “la moral islámica”.  La ley se limitó
a reconocer  un hecho social…”
Cabe
recordar que la Sentencia que  vengo comentando declaró EXEQUIBLE el
artículo 13 de la ley 153 de 1887, entendiéndose que la expresión “moral
cristiana” significa  “moral general”  o “moral social”.
El fallo del
cual ahora discrepo fue adoptado, sin duda, con  fundamento en postulados
éticos que se apartan de la “moral social” o la  “moral general” del pueblo
colombiano.  No se tomó en cuenta este  mínimo ético que debe sustentar los
postulados jurídicos.  Se toma pie en concepciones absolutas de la libertad del
hombre  y en apreciaciones sobre la naturaleza de la vida humana, que por ser
manifiestamente contrarias a los postulados éticos generales, no podían se
tomados en cuenta  sin desmedro del principio democrático y desconociendo la
propia Constitución.
En efecto,
la concepción personalista cristiana de la vida y de la libertad  proclaman que
el hombre no es absolutamente libre, toda vez que la  libertad humana debe ser
entendida como la facultad de autodeterminación conforme con las finalidades
naturales del hombre,  dentro de las cuales no se contempla su propia
destrucción, y el dominio humanos sobre la propia vida no es mirado como un
dominio absoluto, sino como un dominio útil, como anteriormente se explicó.
Solo el
concepto absoluto de la libertad propio del modelo filosófico  liberal
individualista, retomado ahora por los neoliberales, pregona  que es licito
todo lo libremente querido, libremente aceptado y que no lesiona la libertad
de los demás.  Esta concepción permite decidir sobre el momento de la  muerte y
sobre el suicidio (la eutanasia consentida no es otra cosa que un  verdadero
suicidio asistido), como expresiones de la libertad individual.
5.  -Alcances
del  tipo penal del homicidio por piedad.
Finalmente,
cuando el artículo 326 del Código Penal señala:  “El que matare a otro
por piedad, para poner fina a intensos sufrimientos provenientes de lesión
corporal o enfermedad grave e incurable…”,  sin distinguir en el hecho
de que la conducta se realice por iniciativa del sujeto activo o por solicitud
de la víctima, debe entenderse que la norma cobija las dos hipótesis.
Obsérvese  que  lo  que  da  lugar  al  delito en su modalidad   de
homicidio   atenuado,  es   el   propósito  homicida       -consideraciones
altruistas y de conmiseración-, y no la circunstancia de quien haya concebido
la realización de la conducta punible.  Esto último no se constituye en
elemento del tipo penal en discusión.
Así
entonces, el delito de homicidio por piedad ocurre frente a dos situaciones
específicas:  la primera, en aquellos casos en que la víctima, impedida para
quitarse la vida, bien porque sus condiciones físicas no se lo permiten o bien
por temor, le solicita a otro, generalmente un allegado   -familiar o amigo-,
que le quite la vida; la segunda, cuando la víctima, por iniciativa del
tercero, cede ante su propuesta de quitarle la vida, motivado  por los intensos
sufrimientos que le aquejan, móviles que también deben  llevar al sujeto activo
a la realización de la conducta.
La
Corte Suprema de Justicia, al referirse a las circunstancias que dan  lugar al
delito de homicidio piadoso señaló:
“Basta
el simple enunciado para que la mente se entere de cómo ocurre el delito de
quien imposibilitado para suprimirse la vida por sí mismo, o  bien por cobardía
física, le pide a otro, generalmente un allegado o su más amigo, que lo haga
por él, o se limite a consentir en la que ese otro le propone en vista de su
estado de desesperación o de una enfermedad  penosa o incurable.  Por eso se
ha llamado piadoso a este homicidio y “eutanasia” a la muerte lograda
mediante un procedimiento benigno que libre al paciente de insufribles
dolores.”  (C.S.J, Sala de Casación Penal, Sentencia del 27 de julio de 1955,
M.P. Ricardo Jordán Jiménez) (negrillas fuera de texto).
Ahora
bien,  si dentro del aspecto negativo de la antijuridicidad, la doctrina
reconoce el “consentimiento del sujeto pasivo” como causal extrapenal de
justificación, también es cierto  que para que pueda aceptarse como tal es
necesario que se cumplan ciertos requisitos, entre otros, que se trate de
un derecho susceptible de disposición (Alfonso Reyes Echandía,
Derecho Penal General, Undécima Edición), es decir, que no represente
inmediata utilidad social y sobre los cuales el Estado permita el libre goce
para el beneficio exclusivo del particular.  Entre ellos podemos mencionar a
manera  de ejemplo, los derechos patrimoniales y la libertad sexual.  El
derecho a la vida,  como se ha manifestado a lo largo de este salvamento y como
se deduce de las normas constitucionales y legales que lo consagran, no es un
derecho de libre disposición personal.  Por ello, frente al homicidio por
piedad, el consentimiento  que sobre él pueda dar el derechohabiente  -enfermo
grave e incurable-,  resulta ineficaz para generar una causal excluyente de
antijuricidad  a favor de quien realiza la conducta punible.
Así
entonces, contrario a lo sostenido en las motivaciones de la Sentencia de la
que me aparto,  debe entenderse comprendida en el delito de “homicidio por
piedad”, no sólo la conducta de quien actúa por su propia iniciativa sino
también la de aquel que por solicitud de la víctima agota el tipo penal.
Por
lo demás, y para concluir, no ha dejado de sorprenderme que  el texto final de
la parte resolutiva de la Sentencia, no corresponde al que, a mi juicio, fue
aprobado por seis votos en  la Sala Plena del día  20 de mayo de 1997, cuando
se acogieron, por parte de cuatro de los seis magistrados  de la mayoría los
planteamientos hechos por el h. Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz,  quien
propuso que en la parte resolutiva se pusiera el siguiente condicionamiento:  “Salvo
en el caso del enfermo terminal cuando manifiesta su consentimiento en los
expresos términos y bajo las estrictas condiciones señalados en la parte motiva
de esta Sentencia”.  Es de anotar, que,  como consta en el Acta
correspondiente de la Sesión del día 5 de junio de 1997, por solicitud escrita
del magistrado Cifuentes, la Secretaria general de la Corporación corroboró,
igualmente por escrito, que ésta era la parte resolutiva que se había aprobado.
Santafé de Bogotá,
D.C., 11 de junio de 1997
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
Salvamento de voto a la Sentencia C-239/97
LEGISLADOR-Creación causales de justificación de
hecho punible/CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD-Extralimitación (Salvamento
de voto)
El fallo excede
en forma ostensible, extralimitando el control constitucional que tiene la
Corte en el examen y decisión acerca de la exequibilidad de la norma demandada,
al crear sin competencia constitucional alguna, causales de justificación de un
hecho punible, como lo es el de exonerar penalmente, tanto en la parte motiva
como en la resolutiva, a quien mata a otro por piedad, para poner fin a
intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave o
incurable, cuando medie "la voluntad libre del sujeto pasivo del
acto", en el caso de los enfermos terminales. Ello es propio de la función
legislativa, de manera que la Corte debió limitarse simplemente a analizar si
la norma se encontraba ajustada a la Constitución para  los efectos de decidir
sobre su exequibilidad o inexequibilidad, sin que le fuese dado, so pretexto de
dicho estudio, eximir de responsabilidad penal alguna al médico autor del
homicidio que pone fin a una vida digna, por el hecho de que la persona, sujeto
pasivo del acto, ha prestado su consentimiento para que se le ponga fin a su
vida en el caso de un enfermo terminal, con lo cual no solamente se asumió la
función del Congreso de la República a quien corresponde crear las causales
eximentes de responsabilidad penal, sino que además fue más allá que el mismo
constituyente quien consagró el derecho a la vida como "inviolable"
aún con la voluntad de su dueño.
DERECHO A LA VIDA-Inviolabilidad (Salvamento de voto)
Lo que resulta
contrario a la dignidad humana y al derecho a la vida que fue concebido por los
constituyentes de 1991 como inviolable, es permitir sin ceñirse a la Carta
Magna, que se provoque por un médico o cualquier persona, la muerte de otro,
aún con su voluntad, mediante la aplicación de medios terapéuticos que la
procuran y aligeran de modo anticipado, de manera moral y jurídicamente
inaceptable. Fue propósito del constituyente diseñar un marco jurídico que
tuviera como finalidad "asegurar a sus integrantes la vida".
MEDICINA
PALIATIVA/EUTANASIA ACTIVA-Violación
de preceptos constitucionales (Salvamento de voto)
En la medicina
moderna han tenido auge primordial los cuidados paliativos encaminados a
rescatar la vida antes que anticipar la muerte de los enfermos terminales y a
buscar los métodos adecuados para hacer más soportable el sufrimiento en la
culminación de la misma enfermedad, asegurando al paciente una compañía
ajustada a los parámetros humanitarios. Por ello, una cosa es la utilización de
diversos tipos de analgésicos y sedantes con la intención de aliviar el dolor
del enfermo y mitigar hasta el máximo los sufrimientos que padece, y otra distinta
es otorgar el derecho a matar para poner fin a la vida por piedad, procurando
la muerte de modo anticipado, aún con el consentimiento del sujeto pasivo del
acto, lo que es contrario al texto y espíritu de los preceptos constitucionales
mencionados, que en ningún momento ha dado vigencia, ni ha autorizado la
Eutanasia activa, es decir, la acción u omisión con el propósito de poner fin a
los sufrimientos derivados de una enfermedad terminal y cuyo reconocimiento ha
quedado patentizado en la sentencia de la cual me separo.
DISTANASIA-Renuncia a tratamientos por familiares/EUTANASIA-Inconstitucionalidad
(Salvamento de voto)
En aquellos casos en que dentro de una
enfermedad terminal, la vida ya es prácticamente artificial porque incluso la
persona ha perdido los signos vitales, conocida como la distanacia, o sea
cuando la muerte es inevitable y resulta inminente, es posible la renuncia por
parte de los familiares de aquellos tratamientos que solamente conducirían a
mantener una existencia penosa y precaria, lo que no equivale obviamente al
reconocimiento de la Eutanasia que se consagra en el fallo en referencia. La
Eutanasia aplicada a un enfermo terminal con su frágil y débil consentimiento,
es inconstitucional, afecta el derecho humanitario universal a la vida,
constituye un crimen contrario a la dignidad de la persona humana y la
prevalencia de una equivocada concepción del libre desarrollo de la
personalidad que en la Carta fundamental nunca se consagró como un derecho
absoluto, sino limitado por los derechos de los demás y el orden jurídico
Referencia:
Expediente D-1490
Demanda de
inconstitucionalidad del artículo 326 del Decreto 100 de 1980 -Código Penal-
Demandante: José
Euripides Parra Parra
Magistrado Ponente:
Dr. CARLOS GAVIRIA
DIAZ
Santa Fe de Bogotá,
D.C., once (11) de junio de mil novecientos noventa y siete (1997).
El suscrito
Magistrado formuló salvamento de voto con respecto a la sentencia de la
referencia por estar totalmente en desacuerdo con el condicionamiento que en
ella se hace, al eliminarse la responsabilidad penal que debe tener el médico
que ejecuta la muerte de una persona, en el caso de un enfermo terminal, aunque
sea con la concurrencia de la voluntad libre del sujeto pasivo del acto.
Como me permití
expresarlo en la correspondiente sesión de la Sala Plena en que se debatió y
adoptó la decisión por mayoría de los Magistrados de la Corporación, el fallo
del cual me separo en la parte mencionada, excede en forma ostensible,
extralimitando el control constitucional que tiene la Corte en el examen y
decisión acerca de la exequibilidad de la norma demandada, al crear sin
competencia constitucional alguna, causales de justificación de un hecho
punible, como lo es el de exonerar penalmente, tanto en la parte motiva como en
la resolutiva, a quien mata a otro por piedad, para poner fin a intensos
sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave o incurable,
cuando medie “la voluntad libre del sujeto pasivo del acto”, en el caso de los
enfermos terminales. Ello es propio de la función legislativa, de manera que la
Corte debió limitarse simplemente a analizar si la norma se encontraba ajustada
a la Constitución para  los efectos de decidir sobre su exequibilidad o
inexequibilidad, sin que le fuese dado, so pretexto de dicho estudio, eximir de
responsabilidad penal alguna al médico autor del homicidio que pone fin a una
vida digna, por el hecho de que la persona, sujeto pasivo del acto, ha prestado
su consentimiento para que se le ponga fin a su vida en el caso de un enfermo
terminal, con lo cual no solamente se asumió la función del Congreso de la
República a quien corresponde crear las causales eximentes de responsabilidad
penal, sino que además fue más allá que el mismo constituyente quien consagró
el derecho a la vida como “inviolable” aún con la voluntad de su dueño.
La norma bajo examen
estableció como pena atenuante del homicidio, con sanción de prisión de seis
meses a tres años, al que ejecuta el acto de la muerte por piedad, es decir,
“para poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o
enfermedad grave o incurable”, circunstancia esta que justifica plenamente la
consagración de una pena inferior al homicidio simple establecido en la
Legislación Penal Colombiana, razón por la cual, al no vulnerar el precepto
demandado ningún principio de orden constitucional, se declaró exequible en la
sentencia de la referencia, en decisión que solamente en este aspecto comparto,
por las razones esgrimidas en la misma.
Empero, con el
condicionamiento aludido a que hace referencia la parte resolutiva, el fallo
desconoce en forma flagrante sagrados derechos constitucionales de carácter
fundamental, basado en el sistemático pretexto de que nos encontramos frente a
una Constitución Pluralista inspirada en el principio de la dignidad humana
(artículo 1º de la Constitución Política) y del absoluto  y libre desarrollo de
la personalidad (artículo 16 de la Constitución Política).
Más bien, lo que
resulta contrario a la dignidad humana y al derecho a la vida que fue concebido
por los constituyentes de 1991 como inviolable, es permitir sin ceñirse a la
Carta Magna, que se provoque por un médico o cualquier persona, la muerte de
otro, aún con su voluntad, mediante la aplicación de medios terapéuticos que la
procuran y aligeran de modo anticipado, de manera moral y jurídicamente
inaceptable.
Comenzando por el
mismo Preámbulo de la Constitución, fue propósito del constituyente diseñar un
marco jurídico que tuviera como finalidad “asegurar a sus integrantes la vida”.
De la misma manera, el artículo 11 de la Carta Política determinó que “El
derecho a la vida es inviolable”. Así mismo, el artículo 2º ibídem señala como
fundamento jurídico de las autoridades de la República, la protección a todas
las personas residentes en Colombia, en su vida, honra y bienes, creencias y
demás derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.
Del mismo modo, el
artículo 49 constitucional, al consagrar el derecho a la salud, estableció como
una garantía de todas las personas el acceso a los servicios de promoción,
protección y “recuperación de la salud”.
A lo anterior cabe
agregar que como existe en la mayoría de los países  del mundo, en la medicina
moderna han tenido auge primordial los cuidados paliativos encaminados a
rescatar la vida antes que anticipar la muerte de los enfermos terminales y a
buscar los métodos adecuados para hacer más soportable el sufrimiento en la
culminación de la misma enfermedad, asegurando al paciente una compañía
ajustada a los parámetros humanitarios.
Por ello, una cosa
es la utilización de diversos tipos de analgésicos y sedantes con la intención
de aliviar el dolor del enfermo y mitigar hasta el máximo los sufrimientos que
padece, y otra distinta es otorgar el derecho a matar para poner fin a la vida
por piedad, procurando la muerte de modo anticipado, aún con el consentimiento
del sujeto pasivo del acto, lo que es contrario al texto y espíritu de los
preceptos constitucionales anteriormente mencionados, que en ningún momento ha
dado vigencia, ni ha autorizado la Eutanasia activa, es decir, la acción u
omisión con el propósito de poner fin a los sufrimientos derivados de una
enfermedad terminal y cuyo reconocimiento ha quedado patentizado en la
sentencia de la cual me separo.
Mal precedente este,
frente al creciente número de personas ancianas y debilitadas, que ante el
destino inexorable de la muerte padecen de una enfermedad terminal, con cuyo
criterio ha quedado menoscabado el derecho a la recuperación de su salud y a la
vida inviolable, establecidos en la Constitución, pues antes de la aplicación
por adopción de métodos encaminados a salvar la vida, se autoriza precipitar la
muerte como si aquella no tuviera el valor que le asignan los preceptos
consagrados en la Carta Magna.
Más aún, cuando es
bien sabido que en numerosas circunstancias, por fortuna, a través de sistemas
y aparatos sofisticados, la práctica de la medicina contemporánea ha salvado
muchas vidas ante enfermedades aparentemente terminales que antes no tenían
solución o han eliminado los dolores intensos provenientes de las mismas,
prolongando la existencia de personas con derecho a seguir viviendo plenamente,
evitando la muerte de aquellas.
Desde luego que como
el suscrito lo expuso en forma amplia en la correspondiente sesión en que se
discutió y decidió el proceso de la referencia, en aquellos casos en que dentro
de una enfermedad terminal, la vida ya es prácticamente artificial porque
incluso la persona ha perdido los signos vitales, conocida como la distanacia,
o sea cuando la muerte es inevitable y resulta inminente, es posible la
renuncia por parte de los familiares de aquellos tratamientos que solamente
conducirían a mantener una existencia penosa y precaria, lo que no equivale
obviamente al reconocimiento de la  Eutanasia que se consagra en el fallo en
referencia.
De otro lado, aunque
la sentencia de la cual me he separado advierte que la causal justificativa del
hecho punible eximente de responsabilidad penal del autor, que se consagra en
la providencia -propia de la función legislativa y no de la Corte- depende de
la concurrencia de la “voluntad libre del sujeto pasivo del acto”, cabe
preguntar hasta que punto es espontáneo el consentimiento de un enfermo
terminal que frente a los intensos sufrimientos  provenientes de su enfermedad,
con la angustia, el dolor, la soledad y desesperación en que se encuentra,
permite que se le cause la muerte por piedad?. Situaciones como estas, reflejan
un marcado y evidente “vicio del consentimiento” que no puede dar lugar
jurídicamente a la validez del acto de MATAR PARA ELIMINAR LA RESPONSABILIDAD
PENAL de quien lo EJECUTA, consagrando para esto la más reprobable  impunidad.
De ahí que la
sentencia en referencia, desconoce abiertamente los preceptos constitucionales
citados en este salvamento, que lejos de admitir la consagración de la
Eutanasia activa para ocasionar la muerte de un enfermo terminal ante el
discutible consentimiento espontáneo de éste, consolidó el derecho a la vida
como inviolable, al igual que la mayoría de las legislaciones del mundo, las
cuales  sancionan penalmente el acto de matar con el fin de eliminar los
padecimientos que sufre el sujeto pasivo del acto.
En mi concepto la
Eutanasia aplicada a un enfermo terminal con su frágil y débil consentimiento,
es inconstitucional, afecta el derecho humanitario universal a la vida,
constituye un crimen contrario a la dignidad de la persona humana y la
prevalencia de una equivocada concepción del libre desarrollo de la
personalidad que en la Carta fundamental nunca se consagró como un derecho
absoluto, sino limitado por los derechos de los demás y el orden jurídico
(artículo 16 de la Constitución Política de 1991).
Atentamente,
HERNANDO HERRERA VERGARA
MAGISTRADO
Fecha Ut Supra
Aclaración
Especial de voto a la Sentencia C-239/97
ACLARACION
ESPECIAL DE VOTO-Fórmula
sustitutiva aprobada no corresponde a sentencia (Aclaración especial de voto)
Con todo respeto
procedo a aclarar mi voto. La propuesta contenida en la ponencia original fue
desechada y, en su lugar, se votó y aprobó la proposición que yo me permití
someter a consideración de la Sala Plena. Tampoco, los fundamentos de la
sentencia, son congruentes con la decisión adoptada por la Sala Plena. El texto
de la sentencia, a mi juicio, ha debido reflejar los argumentos que en la
deliberación fueron acogidos por el mayor número de magistrados. Creo que estos
argumentos fueron los que expresé y que, lejos de ser refutados por ninguno de
los presentes, fueron los que más eco tuvieron en la sesión, hasta el punto de
que sobre esa base, al término del debate, propuse una fórmula sustitutiva
distinta de la contenida en la ponencia original, y ella fue la que en últimas
resultó aprobada. Mi propuesta tenía un objetivo claro: establecer una unión
indisoluble entre la parte resolutiva de la sentencia y su parte motiva, de
suerte que quedara claramente delimitada la esfera de no punibilidad y
establecidos las condiciones y el alcance del consentimiento del paciente que,
de acuerdo con mi exposición, no podía jurídicamente validar ni justificar
actos vinculados a la eutanasia activa directa.
EUTANASIA-Regla inexistente/LEGISLADOR-Exculpación
de la obligación de no matar por el médico/CONSTITUCION POLITICA -No es
código universal que regula todas las materias (Aclaración especial de voto)
Dado que la ejecución del acto homicida
corre por cuenta de un tercero - el médico-, la argumentación ha debido
orientarse a demostrar la justificación constitucional del comportamiento de
este último en su condición de causante directo de la muerte del paciente
terminal. En efecto, la exculpación constitucional de la obligación de no
matar, predicable del médico, en esta situación, reclama una sustentación de la
tesis en premisas constitucionales irrebatibles. Estas materias ocupan un lugar
en la legislación penal, pero como la sentencia ubica el problema y su solución
en el plano constitucional, el esfuerzo hermenéutico sólo puede conducir a dos
conclusiones: la primera, que se adopta en la sentencia, postula que la
controversia se decide tomando la Constitución como fuente directa, puesto que
de ella surgiría la regla que resta antijuridicidad al acto de homicidio que
realiza el médico como consecuencia de la petición libre del enfermo terminal
agobiado por padecimientos extremos; la segunda, que me parece la correcta, no
suprime la relevancia jurídica de la Carta como orientadora de sentido de la
legislación penal, no obstante defiere la resolución del problema al legislador
histórico por ser una materia  que debe ser objeto de un amplio debate democrático
y decidirse a través del Congreso y no de la jurisdicción constitucional, la
que debe reservarse como instancia de confrontación constitucional de las
alternativas normativas que finalmente se adopten. Esta última posición
descarta que de la Constitución pueda hacerse derivar de manera expresa,
implícita, a modo de inducción o deducción, una regla según la cual el médico
homicida, en el supuesto eutanásico analizado, tenga un derecho constitucional
a una dispensa de su responsabilidad penal. La Constitución no es código
universal que regule todas las materias y lo haga de manera autosuficiente.
EUTANASIA-Conclusión inatinente (Aclaración especial
de voto)
La sentencia que ha debido probar que en
verdad de la Constitución puede obtenerse directamente la regla que gobierna el
caso -siendo este el de la existencia o no de dispensa constitucional para el
médico que accede al pedido del enfermo terminal y procede a matarlo-, está
atravesada desde el principio hasta el fin por una falacia  conocida en el
lenguaje retórico con el nombre de "ignoratio elenchi": "La
falacia de la ignoratio elenchi (conclusión inatinente) se comete cuando un
razonamiento que se supone dirigido a establecer una conclusión particular es
usado para probar una conclusión diferente" (Irving M. Copi,
"Introducción a la lógica"). Creo que lo mismo ocurre con la presente
sentencia que, de manera recurrente y obsesiva, avanza argumentos para sostener
la validez constitucional de la opción de anticipar la muerte por parte del
individuo que considera indignas las circunstancias de su existencia, en cuyo
caso el Estado debería respetar su decisión, toda vez que entonces la autonomía
tendría prioridad sobre la protección de la vida como categoría abstracta. Sostengo
que los argumentos y las conclusiones son inatinentes, puesto que las
consideraciones sobre el hecho del suicidio y los elementos que en él
intervienen, no son automáticamente trasladables al caso específico objeto de
debate. La sentencia, por simple asociación de ideas, produce el salto entre
una conclusión y la otra, sin caer en la cuenta de la particularidad y
singularidad del tema específico a resolver.
EUTANASIA ACTIVA
DIRECTA-Problema de
validez del consentimiento/EUTANASIA-Responsabilidad penal de terceras
personas (Aclaración especial de voto)
La Corte no se plantea el problema de la
validez del consentimiento en este supuesto extremo de eutanasia activa
directa. En realidad, una cosa es considerar el suicidio como opción material
al alcance del individuo y como hecho bajo su control; otra, muy distinta, la
posición del tercero que debe observar la obligación de respetar la vida de las
demás personas. De la mera autonomía no se deriva autoridad alguna para excluir
la responsabilidad penal de terceras personas. No es difícil concluir que la
determinación personal de morir, es diferente de la autorización o petición que
se formula a otro para que éste ejecute dicha voluntad. Una cosa es suicidarse.
Otra, muy distinta, solicitar que lo maten a uno y la ejecución de este último
designio.
ENFERMEDAD
TERMINAL-Prohibición de no
matar por el médico/CONSTITUCION POLITICA-No se deriva tesis que
justifica acción homicida del médico (Aclaración especial de voto)
Aunque el Estado deba abstenerse de
obstaculizar el deseo y la acción del suicida, no está obligado por ningún
derecho fundamental de éste a secundar positivamente su objetivo. La crítica al
paternalismo del Estado sólo puede limitarse a las acciones suyas encaminadas a
evitar la muerte infligida por el propio sujeto. De ninguna manera, pesa la
obligación sobre el Estado de ignorar la prohibición de no matar en el caso del
médico que causa la muerte al paciente terminal que lo solicita, a fin de
colaborar desde el punto de vista jurídico o material con el designio suicida
del paciente terminal. Que se concluya, como lo hace la sentencia, que el
suicidio no está prohibido y que la decisión del sujeto a este respecto se
impone sobre la protección que normalmente se discierne a la vida, no autoriza
para derivar la tesis de que en esas mismas circunstancias la Constitución
directamente manda que se justifique o se repute carente de antijuridicidad la
acción homicida del galeno que accede al pedido de muerte. El resultado de la
oposición virtual entre el derecho al libre desarrollo de la personalidad y la
protección estatal de la vida, puede traducirse en la no penalización del
intento de suicidio; empero, la criminalización de la inducción o ayuda al
suicidio demuestra que el resultado de la primera ponderación es limitado y no
puede generalizarse sin más a la tensión entre protección de la vida y
cumplimiento de los deberes jurídicos o profesionales frente al que desea la
muerte y pide que se la causen. En realidad, la extensión indiscriminada del
primer resultado de la ponderación, se alimenta de dos ilusiones: la potestad
normativa heterónoma del individuo como sujeto moral autónomo (?) y la
disolución absoluta del Estado y de su ordenamiento.
MEDICINA
PALIATIVA-Necesaria y
razonable prioridad (Aclaración especial de voto)
El médico no podría primeramente dejar de
agotar los recursos a su alcance con el objeto de reducir o extinguir los
dolores, como lo ordena el conjunto de sus deberes profesionales. En este
evento, es posible que los sufrimientos se tornen soportables o se extingan, y
que al modificarse las circunstancias el médico ya no se encuentre en la causal
de justificación a la que se refiere la sentencia de la Corte. La sentencia ha
debido puntualizar la necesaria y razonable prioridad de la medicina paliativa,
ya que si la vida es insoportable por causa de los "dolores
insoportables", no es posible descartar este tipo de medicina para, en su
lugar, acuñar la fórmula desproporcionada de terminar con éstos matando al paciente.
ACCION
HUMANITARIA-Salvar la vida
en peligro/DEBERES DEL MEDICO (Aclaración especial de voto)
La acción humanitaria a que alude el
artículo 95-2 de la Constitución Política, no puede interpretarse como licencia
para matar al afligido, pues aquélla se inscribe en el horizonte de
"salvar la vida en peligro". Las conductas posibles cobijadas por el
precepto constitucional, en consecuencia, son las que resultan proporcionadas a
la situación: si el problema de la dignidad está referido a los extremos padecimientos,
ya que la enfermedad es incurable, a todas luces es incongruente imaginar que
la Constitución en el citado artículo justifica la muerte del paciente
ocasionada por el médico que ha dejado de agotar antes el instrumental de la
medicina paliativa. Aunque no se discute que en principio todo tratamiento
médico debe contar con el consentimiento informado del paciente, de la
Constitución Política no se puede deducir un derecho del médico para matar al
paciente terminal que solicita la ejecución de esta acción, el cual se exprese
a través de una exoneración de su responsabilidad penal dispuesta desde la
Carta. A esta conclusión tampoco se llega reproduciendo en el contexto de la
relación médico-paciente, el debate sobre la improcedencia del paternalismo
estatal en punto a la adopción de medidas obligatorias para procurar mantener
la salud o la vida de las personas, como quiera que la acción perfectamente
válida del paciente de rehusar un determinado tratamiento, es distinta de la
flexibilización o anulación del deber de no matar que vincula al médico.
VIDA HUMANA-Valor constitucional (Aclaración especial
de voto)
En nuestro caso, es la misma Constitución
Colombiana y no una autoridad religiosa, la que abunda en disposiciones en pro
de la vida que configuran un espectro protector muy denso y exigente, que puede
ser menor al deparado por las cosmovisiones religiosas, pero que en todo caso,
resulta especialmente intenso. Una Constitución, la más pluralista que hemos
tenido en nuestra historia republicana, ha apostado al derecho a la vida, en
parte, por la desvalorización de este derecho en nuestro entorno cotidiano. Lo
anterior hace incomprensible, la falta de rigor en la argumentación que denota
la sentencia. Para llegar a una solución como la dada, antes se ha debido
fundamentar este traspaso de poder para la muerte, entre otros aspectos, frente
al principio de inalienabilidad de los derechos, frente a los deberes en favor
de la vida que obligan al tercero y frente a la cláusula de efectividad que
favorece en casos de conflicto entre derechos, la solución que propenda la
máxima protección de todos los derechos en juego.
PRINCIPIO DE
DIGNIDAD HUMANA-Carácter
central (Aclaración especial de voto)
El carácter central de la dignidad humana,
sin duda alguna apunta primariamente a garantizar la construcción y proyección
del sujeto moral en pleno uso de sus facultades vitales y morales. Pero
también, la dignidad humana es algo más que esto. No se agota en el sujeto
autónomo, apela también a un concepto más amplio de humanidad que cubre su
declinar hasta su último fin. La dignidad como valor objetivo acompaña a la
persona, independientemente de sus vicisitudes.
ENFERMEDAD
TERMINAL-Dignidad
(Aclaración especial de voto)
La ecuación que plantea la sentencia entre
calidad de vida y dignidad, más allá del desiderátum que la alienta, no posee
siempre valor absoluto, puesto que de tenerlo, quienes se encuentran en
idénticas circunstancias a las del paciente terminal, habiendo manifestado su
voluntad en un sentido pro-vida, enfrentarían la creciente amenaza de la
infravaloración social de su condición. Aparte de que el consentimiento del
enfermo terminal sujeto a extremos padecimientos, resulta por las condiciones
en que se emite difícilmente estimable como portador de una voluntad libre y no
interferida -lo que impide clausurar del todo medidas del tipo paternalista-,
la construcción social de la dignidad exclusivamente en términos de calidad de
vida, coadyuva a inducir una subestimación subjetiva de impredecibles
consecuencias, particularmente después de que la regla jurídica induce patrones
de normalización de conductas antes vedadas.
LEGISLADOR-Construcción reglas en materia penal
(Aclaración especial de voto)
La Corte Constitucional está dando por
existente una regla que no está en la Constitución. Sin perjuicio de las pautas
generales que surgen de la Carta, la materia penal pertenece a la reserva del
legislador y, lo contrario, vulneraría gravemente el principio democrático. El
activismo de la Corte Constitucional está plenamente justificado allí donde las
reglas constitucionales existen y puede extraerse de ellas un claro significado
deóntico, así este sea general y requiera posterior desarrollo normativo.
Cuando estas condiciones no se reúnen, la Corte entra en el campo del
decisionismo y abandona su función jurisdiccional con manifiesto menoscabo de
la legitimidad democrática cuya intangibilidad debería mantener. La ley en
materia de eutanasia, tema intrincado como pocos, puede estudiar distintas
fórmulas y ensayar diferentes aproximaciones. Aún desde el plano de la
prudencia, no es conveniente que sea la Corte Constitucional la que produzca
las innovaciones en el ordenamiento.
ENFERMEDAD
TERMINAL-Terapias
paliativas (Aclaración especial de voto)
Mi propuesta a la Sala Plena, descartaba de
plano la eutanasia activa directa, y se circunscribía a salvar de la hipótesis
del homicidio piadoso la conducta del médico comprometido en terapias
paliativas solicitadas por el paciente terminal consciente de las consecuencias
indirectas asociadas a éstas. Si como consecuencia de los medicamentos
paliativos, perecía el paciente, creía importante indicar que este supuesto no
podía ser objeto de sanción penal por no constituir homicidio. En este sentido,
el condicionamiento de la sentencia habría tenido ante todo carácter
aclaratorio, puesto que el comportamiento señalado desde el punto de vista
legal no está cubierto por el tipo. A veces razones de seguridad jurídica, no
estrictamente ligadas a consideraciones de dogmática penal, hacen procedente
este tipo de condicionamientos.
EUTANASIA ACTIVA
INDIRECTA/EUTANASIA PASIVA LIBREMENTE ASUMIDA (Aclaración especial de voto)
Me limito a suscribir la sentencia sólo en
relación con la exclusión de toda sanción penal para los médicos que, plena y
libremente facultados por sus pacientes terminales expuestos a intensos
sufrimientos, realicen actos vinculados a la eutanasia activa indirecta
(medicina paliativa), me permito justificar la constitucionalidad de esta
modalidad eutanásica, la cual junto a la eutanasia pasiva libremente asumida,
han debido ser las únicas excluidas de reproche penal. Se trata de la conducta
del médico que, a solicitud del paciente terminal, con el objeto de abreviar
sus intensos sufrimientos, procura soluciones indicadas por la ciencia médica
dirigidas a aminorarlos aunque a la postre éstos mismos precipiten su muerte.
En un determinado estadio de evolución de ciertas enfermedades incurables, la
persona es presa de agudos dolores, cuyas causas profundas no pueden ser
removidas por ausencia de conocimientos y medios de sanación. En esta
situación, el profesional de la medicina, luego de agotar los recursos a su
alcance, no puede ir más allá de proveer paliativos a su paciente y, prudencialmente,
abstenerse de aplicar técnicas de sostenimiento que sirvan para prolongar sin
ninguna utilidad su proceso vital. La decisión del paciente de rehusar en todo
o en parte las terapias y medicamentos que se le ofrezcan, siempre que sea
capaz y consciente, tiene plena validez y se sustenta en su derecho al libre
desarrollo de su personalidad. Este aserto se sostiene aún con más fuerza
cuando el rechazo se expone en las condiciones del supuesto objeto de análisis.
El enfermo terminal, víctima de extremos sufrimientos, que carece de toda
perspectiva de curación, bien puede oponerse a la intervención médica y optar
por abreviar su existencia.
ENFERMO TERMINAL-Pedido de extinción de la vida/ENFERMO
TERMINAL-Rehuso de tratamiento clínico y ayuda médica/ENFERMO TERMINAL-Función
de la medicina (Aclaración especial de voto)
El pedido del paciente terminal de que se
produzca la extinción de su vida, coloca al médico en el deber de abstenerse de
emprender o mantener todos aquellos procedimientos enderezados a prolongarla.
El paciente, plenamente capaz y suficientemente informado, puede rehusar todo
tratamiento clínico y ayuda médica encaminados a lograr su mantenimiento o
extensión artificial. La abstención del médico, en este caso, no tiene ninguna
connotación criminal, puesto que la muerte se produce por causa de la
enfermedad. El paciente, de otro lado, no incurre en suicidio. Su propósito
último no es otro distinto del dejar de oponer resistencia a la muerte
inminente. La solicitud del paciente terminal, dirigida a que se abrevie su
fin, se orienta a que se reduzca la carga de sufrimientos y padecimientos que
resultan vanos en la medida en que los esfuerzos médicos objetivamente se
revelen inidóneos para curar la enfermedad que lo aqueja y que tiene carácter
irreversible. Si efectivamente la curación se encuentra descartada, la medicina
tiene que asumir en este trance un signo diferente del que la caracteriza de
ordinario. Su función, en efecto, no será la de restablecer la salud del
enfermo, sino la de ayudarle a tener una muerte digna y a mitigarle, hasta
donde sea posible, el dolor que se apodera de su cuerpo. Si la medicina no
puede ya controlar la enfermedad del paciente terminal, no puede negarse a
luchar contra las manifestaciones de dolor que cruelmente se apoderan de aquél
en sus fases críticas, aún a riesgo de minar con las medicamentos suministrados
su ya menguada salud y provocar de manera indirecta su deceso.
ENFERMO TERMINAL-Suministro de medicamentos no asimilable a
intención homicida (Aclaración especial de voto)
A pesar de que los analgésicos o drogas
suministradas al paciente con el fin de aliviar sus dolores, contribuyan o
constituyan la causa eficiente de su muerte, el propósito que anima la acción
médica no resulta asimilable a la intención homicida o de apoyo al suicidio y,
por lo tanto, no podrá ser objeto de reproche alguno. El consentimiento
informado del paciente que conoce el efecto colateral o indirecto de la acción
médica enderezada a paliar las sensaciones dolorosas que acompañan a un mal
incurable, igualmente impide que pueda imputarse al médico la responsabilidad
por el deceso que eventualmente pueda desencadenarse. Desde la esfera del
individuo, su autonomía garantizada constitucionalmente, ampara la decisión
suya de obtener alivio a sus dolores a costa de ver reducida su existencia o
incrementados los riesgos de muerte.
ENFERMO TERMINAL-Asistencia médica y sicológica por el
Estado (Aclaración especial de voto)
En los términos del artículos 13 y 47 de la
C.P., los enfermos terminales víctimas de extremos padecimientos entran bajo la
órbita de protección del Estado. El deber especial de cuidado y protección a
cargo del Estado, dada la inminencia de la muerte y la imposibilidad de
curación, se restringe al ámbito de lo posible que, en este caso,
necesariamente comprende la asistencia médica y sicológica dirigida a reducir
la intensidad de los padecimientos de los pacientes terminales. La imposición
de tratamientos que el paciente rechaza y que aumentan su sufrimiento, no
corresponde a la mejor manera de cumplir con este cometido. Entre los recursos
que el Estado destina a la atención del servicio de salud, una parte debe
orientarse a los servicios de apoyo médico y sicológico en favor de los
enfermos terminales que requieran de una asistencia especial enfocada a mitigar
sus sufrimientos. El derecho de opción mencionado será utópico para una parte
de la población colombiana, si el Estado desatiende este tipo de servicios que
contribuyen de manera significativa a dignificar las condiciones de vida de los
enfermos terminales. Si concurre el consentimiento informado del paciente, no
cabe duda de que en estas circunstancias, la supresión del dolor, aunque
indirectamente pueda repercutir en su muerte de suyo inminente, descarga
angustias y tensiones y así se logra una mejor calidad de vida.
ENFERMEDAD
TERMINAL-Métodos letales y
medicamentos paliativos (Aclaración especial de voto)
Una cosa es el acto intencionalmente
dirigido a causar la muerte, como ocurre con la aplicación de una inyección
letal, hasta antes de la sentencia de la Corte prohibida por la ley penal. Otra
muy diferente es aquella intervención que se orienta a paliar el dolor, pero
que consecuencialmente abrevia o incrementa los riesgos de muerte del paciente.
La irreversibilidad de la enfermedad terminal autoriza la disociación de las
manifestaciones somáticas a fin de intentar controlar aquellas respecto de las
cuales la ciencia mantiene su dominio, incluso a riesgo de precipitar el deceso
del paciente. Este tipo de eutanasia, en procura de su finalidad primaria, está
abierto a la vida y constituye un procedimiento proporcionado y razonable en el
contexto del proceso de muerte. En sentido contrario, los métodos letales
causan de modo directo y necesario la muerte del paciente, sin dar oportunidad
a una repentina recesión de la enfermedad o a un eventual cambio en el
consentimiento de aquél. Los otros procedimientos, en cambio, así coadyuven a
la aceleración de la muerte, como efecto secundario, no anulan el rigor de la
enfermedad terminal como parte integrante principal del complejo causal de
aquélla.
EUTANASIA ACTIVA
INDIRECTA-Fundamento
constitucional (Aclaración especial de voto)
La aclaración o condicionamiento referido a
la eutanasia activa indirecta (medicina paliativa), a mi juicio, es la única
que por su sentido integrativo de la legislación existente, tiene sólido
fundamento constitucional. La consagración de la eutanasia activa directa,
corresponde a una auténtica novedad normativa, que no ha debido legitimarse al
margen del proceso democrático, máxime si de la Constitución Política no surge
ni se prefigura mandato alguno que obligue a su establecimiento forzoso o que
sancione su falta de entronización.
PROCESO POLITICO-Responsabilidad del médico que da muerte
al paciente terminal/EUTANASIA ACTIVA DIRECTA-Penalización benigna
(Aclaración especial de voto)
La Constitución
no decide el punto de la responsabilidad penal del médico que mata al paciente
terminal agobiado por sus intensos padecimientos. Esta es una materia que debe
definirse a través del proceso político y de sus cauces institucionales y
respecto de la cual caben distintas políticas y alternativas normativas,
incluso opuestas. La opción tomada por el legislador de penalizar la eutanasia
activa directa con una pena benigna, no puede negarse que corresponda a una
legítima postura normativa que no se opone a los principios constitucionales y
que resulta de una ponderación razonable hecha por éste entre la intangibilidad
de la vida -que quiso mantener- y la necesidad de reconocer las circunstancias
y motivos del hecho. Lo que esta Corte no puede hacer es imponer una política
de despenalización del homicidio piadoso que directamente no ordena la
Constitución Política, que en este punto no ha configurado ni prefigurado norma
alguna, pretermitiendo el proceso democrático y desconociendo los órdenes de
competencia, ellos sí establecidos en la Constitución política y cuya
preservación corresponde a una de sus misiones esenciales.
Referencia:
Expediente D-1490
Actor: José
Euripides Parra Parra
Demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo 326 del Decreto 100 de 1980 - Código
Penal -.
Magistrado Ponente:
Dr. CARLOS GAVIRIA
DIAZ
1.
Con todo respeto procedo a aclarar mi voto. Lo hago porque la parte
resolutiva de la sentencia no corresponde al texto de la moción sustitutiva que
presenté, la cual fue aprobada por seis votos a favor y tres en contra. En
otras palabras, la propuesta contenida en la ponencia original fue desechada y,
en su lugar, se votó y aprobó la proposición que yo me permití someter a
consideración de la Sala Plena. Tampoco, los fundamentos de la sentencia, son
congruentes con la decisión adoptada por la Sala Plena. El texto de la
sentencia, a mi juicio, ha debido reflejar los argumentos que en la
deliberación fueron acogidos por el mayor número de magistrados. Creo que estos
argumentos fueron los que expresé y que, lejos de ser refutados por ninguno de
los presentes, fueron los que más eco tuvieron en la sesión, hasta el punto de
que sobre esa base, al término del debate, propuse una fórmula sustitutiva
distinta de la contenida en la ponencia original, y élla fue la que en últimas
resultó aprobada.
2.
En la ponencia original se contenía la
siguiente parte resolutiva: “Declarar EXEQUIBLE el artículo 326 del decreto 100
de 1980 (Código Penal), con la advertencia de que cuando en el hecho concurra
la voluntad libre del sujeto pasivo del acto, no podrá derivarse responsabilidad
para el autor, pues la conducta está justificada. De igual modo, está
justificada la conducta descrita en el artículo 327 del Código Penal cuando la
ayuda se preste en las circunstancias fácticas que deben acompañar al homicidio
piadoso”. Con base en los planteamientos que me permití formular en la Sala
Plena, propuse una moción sustitutiva de la citada parte resolutiva, en los
siguientes términos: “Declarar EXEQUIBLE el artículo 326 del Decreto 100 de
1980 (Código Penal), salvo en el caso del enfermo terminal cuando manifieste su
consentimiento en los expresos términos y bajo las estrictas condiciones
señaladas en la parte motiva de esta sentencia”. Mi propuesta, aprobada por
seis votos a favor y tres en contra, tenía un objetivo claro: establecer una
unión indisoluble entre la parte resolutiva de la sentencia y su parte motiva,
de suerte que quedara claramente delimitada la esfera de no punibilidad y
establecidos las condiciones y el alcance del consentimiento del paciente que,
de acuerdo con mi exposición, no podía jurídicamente validar ni justificar
actos vinculados a la eutanasia activa directa. A este respecto, entre otros
argumentos, puse de presente, a título ilustrativo, que ni siquiera las leyes
más avanzadas en la materia, como por ejemplo la del Estado de Oregon,
autorizaban al médico para cometer homicidio piadoso, suicidio asistido, ni
toleraban que se administrase al enfermo terminal medicamentos mortales o
inyecciones letales, de todo lo cual concluía que en una sentencia
interpretativa no podía avanzarse hasta esos extremos. El condicionamiento que
la Corte podía efectuar, en mi concepto, debía referirse a hipótesis tales como
la eutanasia activa indirecta (medicina paliativa), la eutanasia pasiva y otros
supuestos similares en relación con los cuales era oportuno precisar su
carácter no criminal. No deja, por tanto de sorprenderme, que la parte
resolutiva de la sentencia, despenalice el homicidio piadoso cometido por el
médico en la persona del enfermo terminal, vale decir, suprima la sanción penal
para el supuesto de eutanasia activa directa. La sorpresa es mayor si se repara
en que todo esto se lleva a cabo a través de una sentencia judicial y, además,
en mi concepto personal, sin tomar en consideración el tenor de la proposición
de la parte resolutiva aprobada, la que se remitía a la parte motiva, la cual,
a partir del cambio introducido por la Sala Plena ha debido recoger las
consideraciones expresadas por los magistrados de la mayoría, entre ellas las
mías que de manera directa servían de fundamento y explicaban de manera
suficiente el alcance de la parte resolutiva.
Es claro que ahora me encuentro en la
posición paradójica de ser una minoría dentro de la mayoría. Entiendo que se ha
producido un accidente histórico que no puede ser explicado en los estrechos
linderos de una aclaración de voto, sino en los más amplios de la acrisolada
conciencia de mis colegas. En todo caso, no puedo atenerme a otra cosa
diferente de todo aquello que dije, ví y escuché en la Sala Plena de la
Corporación. En fin de cuentas, en ningún otro lugar, momento o instancia,
puede adoptarse una sentencia que sea la sentencia de la Corte Constitucional.
Habría sido más cómodo para mí - también menos doloroso -, adherir a la
mayoría. En esta ocasión me lo impide mi espíritu firme y mi convicción
profunda sobre el contenido y alcance de mis deberes como magistrado de la
Corte Constitucional, que me obligan a preferir la soledad de mi voto siempre
que a ella la acompañe la verdad.
No encuentro, personalmente, que la sentencia
exprese el genuino sentido de la decisión, todo lo cual trasciende la mera
inconformidad circunstancial de un magistrado y lesiona a la institución a la
cual se debe lealtad, sólo demostrable con un comportamiento ceñido a la más
estricta verdad. Sobre este particular juzgo indispensable transcribir tres
comunicaciones que explican el carácter “Especial” de esta aclaración:
“Santa Fe de
Bogotá, D. C., Mayo 30 de 1997
Doctor
ANTONIO BARRERA
CARBONELL
Presidente
CORTE CONSTITUCIONAL
Ciudad.
Apreciado Doctor:
En la fecha se me ha
presentado para mi firma la sentencia No. C-239/97 (M.P. Carlos Gaviria Díaz),
cuyo primer numeral reza así:
“Primero: Declarar
EXEQUIBLE el artículo 326 del decreto 100 de 1980 (Código Penal), con la
advertencia de que en el caso de los enfermos terminales en que concurra la
voluntad libre del sujeto pasivo del acto, no podrá derivarse responsabilidad
para el médico autor, pues la conducta está justificada”.
Al pie de mi firma
acabo de consignar la siguiente frase: “Con aclaración especial de
voto”. Como Usted podrá recordar, la parte resolutiva que obtuvo seis votos a
favor y tres en contra, no fue la que se contenía en la ponencia original. Por
el contrario, élla fue la que yo presenté y sometí a consideración de la Sala,
la cual se refería a los enfermos terminales, pero sin autorizar a los médicos
para que en desarrollo de su profesión y con base en el consentimiento de estos
últimos, pudieren quedar autorizados para causar su muerte.
La parte resolutiva
que propuse, como sustitutiva de la contemplada en la ponencia, concretaba en
estos términos la salvedad o condicionamiento a la exequibilidad del artículo
326 del Código Penal: “Salvo en el caso del  enfermo terminal cuando manifieste
su consentimiento en los expresos términos y bajo las estrictas condiciones
señaladas en la parte motiva de esta sentencia”.  A este respecto me remito al
acta de la sesión en la que, además, se recogen de manera fiel los argumentos
que yo expuse y que explican el sentido de la parte resolutiva que formulé y
que fue mayoritaria y literalmente adoptada por la Sala. Fuí claro y
terminante, como consta en el acta que el consentimiento del paciente no
podía  implicar  en  ningún caso la autorización para que su médico pudiere
violar el  deber  superior  de  no matar. Le consta a Usted que, luego de leer
a título ilustrativo la Ley del Estado de Oregon, - una de las normativas más
progresistas en esta materia y que no obstante condena la eutanasia activa -,
señalé que la Corte no podía autorizar al médico para administrar al paciente
drogas o inyecciones letales o de excusarle de la comisión de delitos tales
como el homicidio piadoso, el suicidio asistido o cualesquiera otros.
Adicionalmente, entre otras premisas de mi argumentación, me referí a la
medicina paliativa y al concepto de muerte digna en términos absolutamente
distintos de los señalados en la ponencia. Mis argumentos y afirmaciones no
fueron de ninguna manera refutados ni por el ponente ni por los restantes
magistrados de la mayoría. Por el contrario, tuvieron amplio eco, a juzgar por
las intervenciones posteriores de tres magistrados de la misma mayoría.
Justamente, la parte resolutiva que introduje como sustitutiva de la
originalmente planteada en la ponencia, tenía vinculación directa con las
premisas de mi discurso y a ello se refiere la expresión “en los expresos
términos y bajo las estrictas condiciones señaladas en la parte motiva de esta
sentencia”, vale decir, sin llegar en ningún caso a conferir al consentimiento
del enfermo terminal el alcance de permiso  exculpatorio  de la muerte
directamente  producida  por  el médico. No puedo, por lo tanto, aceptar que se
hubiere modificado el texto literal de la parte resolutiva, tal y como fue  aprobada
por la Sala Plena, y que en ella se disponga lo contrario de lo que propuse.
He considerado del
caso anticipar a Usted el propósito y sentido de mi aclaración de voto que he
llamado “especial”, ya que por las circunstancias sobrevenidas - que no acierto
cabalmente a entender ni a justificar -, abarcará tanto la parte motiva como la
resolutiva.
Aprovecho esta
ocasión para reiterarle mi renuncia irrevocable del cargo de Vicepresidente de
la Corte Constitucional, por los motivos expresados en la pasada sesión de la
Sala Plena, de suyo ya graves, y a los cuales adiciono mi rechazo e indignación
por el hecho del que me he notificado en el día de hoy.
Cordialmente,
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ”
Adicionalmente,
solicité a la doctora Martha Sáchica, Secretaria General de la Corporación, me
expresara la verdad de lo acaecido en la Sala.
“Santa Fe de Bogotá,
D.C., tres (3) de junio de mil novecientos noventa y siete (1997)
Doctora
MARTHA SACHICA DE
MONCALEANO
Secretaria General
Corte Constitucional
REF:
Sentencia C-239/97
M.P.
Carlos Gaviria Díaz
Apreciada Doctora:
En la sesión de la
Sala Plena en la que se aprobó la sentencia de la referencia, presenté a
consideración de los distinguidos magistrados una propuesta para la parte
resolutiva, diferente de la contenida en la ponencia, expresada en los
siguientes términos: “Declarar exequible el artículo 326 del Decreto 100 de
1980 (Código Penal), salvo en el caso del enfermo terminal cuando manifieste su
consentimiento en los expresos términos y bajo las estrictas condiciones
señaladas en la parte motiva de esta sentencia”.
La moción
sustitutiva transcrita, fue sometida a consideración de la Sala y obtuvo seis
(6) votos a favor y tres (3) en contra. Los magistrados Gaviria y Arango,
votaron a favor, pero advirtieron que lo hacían con aclaración de voto.
Ruego a usted se
sirva indicar si los hechos mencionados y, particularmente los relacionados con
la aprobación de la parte resolutiva en los términos señalados por mí,
corresponden a la verdad de lo acaecido en la sesión de Sala Plena.
Cordialmente,
EDUARDO CIFUENTES
MUÑOZ
Magistrado”
“Santa Fe de Bogotá,
D.C., tres (3) de junio de mil novecientos noventa y siete (1997)
Doctor
EDUARDO CIFUENTES
MUÑOZ
Magistrado
Corte Constitucional
E.              S.
D.
REF:
Sentencia C-239/97
Respetado señor
magistrado:
Con toda atención,
me permito dar respuesta a la solicitud formulada en comunicación de la fecha,
acerca de lo registrado en el acta correspondiente a la sesión de Sala Plena
efectuada el pasado 20 de mayo, en cuanto se refiere a la votación y aprobación
de la parte resolutiva de la sentencia proferida en el proceso D-1490.
Cabe observar, que
ese registro corresponde a las anotaciones realizadas por la suscrita sobre el
desarrollo de la sesión y que sirven de apoyo a la transcripción del texto en
limpio que debe someterse con posterioridad a la consideración de la Sala.
De acuerdo con ese
registro, el presidente sometió a votación la propuesta sustitutiva presentada
por usted, que modificaba la parte resolutiva original de la ponencia, en
cuanto suprimía la propuesta respecto del artículo 327 del Código Penal y en
relación con el condicionamiento inicialmente proyectado de la exequibilidad
del artículo 326 del mismo Código, el cual, según lo anotado, coincide con
los términos señalados en su comunicación y que fue aprobado con seis (6) votos.
(Subrayado fuera del texto).
Así mismo, de
acuerdo con las anotaciones realizadas por la suscrita, los magistrados José Gregorio
Hernández Galindo, Hernando Herrera Vergara, Vladimiro Naranjo Mesa salvaron
parcialmente el voto, por cuanto manifestaron su acuerdo con la declaración de
exequibilidad del artículo 326 del Código Penal, pero no con la salvedad que
había sido aprobada. De igual manera, se registró la presentación de aclaración
de voto por parte de los magistrados Carlos Gaviria Díaz y Jorge Arango Mejía.
Atentamente,
MARTHA V. SACHICA
MENDEZ
Secretaria General”
Problemas de argumentación
2. La sentencia de la cual me aparto supone
la existencia de un mandato constitucional que prohibe al legislador sancionar
al médico que da muerte a un paciente terminal, en virtud de un pedido
consciente e informado de este último. A mi juicio,  tal disposición
constitucional es inexistente. Por las razones que expongo a continuación,
proclamarla, supone desconocer el valor que la Constitución otorga a la vida
humana, dotar al derecho al libre desarrollo de la personalidad de una
capacidad normativa heterónoma que no le es consustancial, desvirtuar el
concepto de solidaridad contenido en la Carta e imprimir a la dignidad, un
contenido objetivo difícil de defender desde una perspectiva pluralista.
Una regla inexistente
3. La sentencia justifica el acto homicida
que comete el médico en la persona del paciente terminal que para este efecto
haya expresado su consentimiento libre y que se encuentre en las condiciones
del artículo 326 del Código Penal. En este caso, a juicio de la mayoría, la
voluntad libre del sujeto pasivo, sustentada en el artículo 16 de la C.P.,
tiene el poder jurídico de disponer sobre su vida en el sentido de ponerle
directamente término o de autorizar a un tercero - el médico - para que lo
haga. La acción del tercero no tendría carácter antijurídico por concurrir la
libre voluntad del sujeto pasivo y por tratarse del cumplimiento del deber
positivo de solidaridad de todo ciudadano de socorrer a quien se encuentra en
una situación de necesidad.
Dado que la ejecución del acto homicida
corre por cuenta de un tercero - el médico -, la argumentación ha debido
orientarse a demostrar la justificación constitucional del comportamiento de
este último en su condición de causante directo de la muerte del paciente
terminal. En efecto, la exculpación constitucional de la obligación de no
matar, predicable del médico, o si se quiere expresar de otra manera, el
permiso o licencia para causar la muerte, en esta situación, reclama una
sustentación de la tesis en premisas constitucionales irrebatibles. Estas
materias ocupan un lugar en la legislación penal, pero como la sentencia ubica
el problema y su solución en el plano constitucional, el esfuerzo hermenéutico
sólo puede conducir a dos conclusiones: la primera, que se adopta en la
sentencia, postula que la controversia se decide tomando la Constitución como
fuente directa, puesto que de ella surgiría la regla que resta antijuridicidad
al acto de homicidio que realiza el médico como consecuencia de la petición
libre del enfermo terminal agobiado por padecimientos extremos; la segunda, que
me parece la correcta, no suprime la relevancia jurídica de la Carta como
orientadora de sentido de la legislación penal - especialmente por su papel
irradiador de toda la normativa infraconstitucional -, no obstante defiere la
resolución del problema al legislador histórico por ser una materia  que debe
ser objeto de un amplio debate democrático y decidirse a través del Congreso y
no de la jurisdicción constitucional, la que debe reservarse como instancia de
confrontación constitucional de las alternativas normativas que finalmente se
adopten. Esta última posición descarta que de la Constitución pueda hacerse
derivar de manera expresa, implícita, a modo de inducción o deducción, una
regla según la cual el médico homicida, en el supuesto eutanásico analizado,
tenga un derecho constitucional a una dispensa de su responsabilidad penal. La
Constitución no es código universal que regule todas las materias y lo haga de
manera autosuficiente. De ser así, sobraría la democracia y los jueces de la
Constitución, carentes de responsabilidad política y de legitimación, podrían a
tenor de su conciencia e impulsos éticos gobernar el país y suplantar a los
restantes órganos públicos.
La sentencia que, conforme a lo explicado,
ha debido probar que en verdad de la Constitución puede obtenerse directamente
la regla que gobierna el caso - siendo este el de la existencia o no de
dispensa constitucional para el médico que accede al pedido del enfermo
terminal y procede a matarlo -, está atravesada desde el principio hasta el fin
por una falacia  conocida en el lenguaje retórico con el nombre de “ignoratio
elenchi”: “La falacia de la ignoratio elenchi (conclusión
inatinente) se comete cuando un razonamiento que se supone dirigido a
establecer una conclusión particular es usado para probar una conclusión
diferente” (Irving M. Copi, “Introducción a la lógica”). Refiere el autor del
manual citado que en alguna ocasión un juez felicitó a un joven abogado por su
excelente discurso y expresó la esperanza de que algún día encontrara un caso
al cual aplicarlo realmente.
Creo que lo mismo ocurre con la presente
sentencia que, de manera recurrente y obsesiva, avanza argumentos para sostener
la validez constitucional de la opción de anticipar la muerte por parte del
individuo que considera indignas las circunstancias de su existencia, en cuyo
caso el Estado debería respetar su decisión, toda vez que entonces la autonomía
tendría prioridad sobre la protección de la vida como categoría abstracta.
Sostengo que los argumentos y las conclusiones son inatinentes, puesto que las
consideraciones sobre el hecho del suicidio y los elementos que en él
intervienen, no son automáticamente trasladables al caso específico objeto de
debate[8].
La sentencia, por simple asociación de ideas, produce el salto entre una
conclusión y la otra, sin caer en la cuenta de la particularidad y singularidad
del tema específico a resolver.
Según la sentencia la voluntad libre del
sujeto que le permite optar por el suicidio, es la misma que habilitaría al
médico para sustraerse del imperativo penal de no matar y proceder
justificadamente a privar de la vida al enfermo terminal. No se hace ninguna
distinción a este respecto. La Corte no se plantea el problema de la validez
del consentimiento en este supuesto extremo de eutanasia activa directa. En
realidad, una cosa es considerar el suicidio como opción material al alcance
del individuo y como hecho bajo su control; otra, muy distinta, la posición del
tercero que debe observar la obligación de respetar la vida de las demás
personas. En el primer caso, la voluntad libre del sujeto puede decidir poner
término a su propia existencia. Podría alegarse que el derecho a la vida no
entraña la obligación de vivir, de suerte que nadie puede válidamente oponerse
a la decisión autónoma de una persona de ejecutar su propia muerte, sin
perjuicio de que sea admisible cierto tipo de intervención disuasiva. En el
segundo caso, el consentimiento del sujeto que pide a otro que lo mate, por sí
sólo, carece de poder normativo para derogar la obligación legal que pesa sobre
el sujeto a quien se dirige el requerimiento y, por consiguiente, no adquiere
carácter exculpatorio de la conducta criminal. El derecho al libre desarrollo
de la personalidad, en principio, comprende en su contenido nuclear reglas y
acciones autónomas, que por serlo comprometen sólo la esfera personal de su
titular. El sujeto autónomo carece de capacidad normativa heterónoma. De la
mera autonomía no se deriva autoridad alguna para excluir la responsabilidad
penal de terceras personas.
No es difícil concluir que la determinación
personal de morir, es diferente de la autorización o petición que se formula a
otro para que éste ejecute dicha voluntad. Una cosa es suicidarse. Otra, muy
distinta, solicitar que lo maten a uno y la ejecución de este último designio.
Con el objeto de preservar una zona de libertad,
exenta de interferencias por parte del Estado, se suelen excluir y anatematizar
las medidas de corte paternalista que anulan la autodeterminación individual.
Si bajo ciertas circunstancias, la vida pierde valor para el sujeto - se afirma
en la sentencia -, no podría el Estado oponerse a la decisión suya de morir
dignamente. No obstante, tampoco se llega a distinguir la hipótesis del
suicidio, donde las razones de intervención del Estado pueden ser menos
vigorosas o hasta inadmisibles e inoperantes, de la situación que se presenta
cuando es un tercero quien ejecuta la muerte del paciente. Si se aceptare el
“derecho al suicidio”, éste sería el resultado o el objeto que pretende
lograrse a través del ejercicio del derecho a la vida, entendido como no obligación
de vivir. En este supuesto, el derecho a la vida o el libre desarrollo de la
personalidad, no incorporan la facultad de exigir y obtener del Estado
colaboración precisa e idónea con el objeto de llevar a feliz término el
propósito de muerte. Aunque el Estado deba abstenerse de obstaculizar el deseo
y la acción del suicida - o deba resignarse ante los hechos cumplidos -, no
está obligado por ningún derecho fundamental de éste a secundar positivamente
su objetivo. La crítica al paternalismo del Estado sólo puede limitarse a las
acciones suyas encaminadas a evitar la muerte infligida por el propio sujeto.
De ninguna manera, pesa la obligación sobre el Estado de ignorar la prohibición
de no matar en el caso del médico que causa la muerte al paciente terminal que
lo solicita, a fin de colaborar desde el punto de vista jurídico o material con
el designio suicida del paciente terminal.
Tomar como presupuesto el carácter
pluralista de la sociedad para impedir la interferencia excesiva del Estado
frente a decisiones y operaciones íntimas del paciente y, además, alegar que en
situaciones límite, el enfermo terminal no está obligado a convertirse en
héroe, no son elementos de juicio suficientes para apoyar la tesis de la
sentencia. De la protección que la Constitución extiende a la esfera personal y
de la premisa “nadie está obligado a ser un héroe”, no puede concluirse
válidamente: “los médicos pueden matar”.
La tensión que puede darse entre el derecho
al libre desarrollo de la personalidad y la protección de la vida, en una
situación extrema como la que se trata en la sentencia, puede decidirse en
favor de la autonomía del sujeto que desea optar por la muerte. Este resultado
ponderativo entre los dos derechos, no puede mecánicamente predicarse de la tensión
que es propia de la controversia constitucional examinada y que se plantea
entre la potestad normativa penal del Estado que se expresa en la imposición de
la obligación de no matar y la necesidad de que se reconozca por obra y gracia
de la Constitución dispensas o justificaciones para exonerar en determinados
casos a un profesional de dicha obligación. Aquí los dos polos del conflicto
están dados, de un lado, por la protección de la vida por parte del Estado y,
del otro, por el modo de cumplimiento de los deberes profesionales por parte
del médico. Ciertamente, que se concluya, como lo hace la sentencia, que el
suicidio no está prohibido y que la decisión del sujeto a este respecto se
impone sobre la protección que normalmente se discierne a la vida, no autoriza
para derivar la tesis de que en esas mismas circunstancias la Constitución
directamente manda que se justifique o se repute carente de
antijuridicidad la acción homicida del galeno que accede al pedido de muerte.
El resultado de la oposición virtual entre el derecho al libre desarrollo de la
personalidad y la protección estatal de la vida, puede traducirse en la no
penalización del intento de suicidio; empero, la criminalización de la
inducción o ayuda al suicidio demuestra que el resultado de la primera
ponderación es limitado y no puede generalizarse sin más a la tensión entre
protección de la vida y cumplimiento de los deberes jurídicos o profesionales
frente al que desea la muerte y pide que se la causen. En realidad, la
extensión indiscriminada del primer resultado de la ponderación, se alimenta de
dos ilusiones: la potestad normativa heterónoma del individuo como sujeto moral
autónomo (?) y la disolución absoluta del Estado y de su ordenamiento.
La Corte debe cuidarse de establecer
jerarquías generales entre los derechos en juego y, en lo posible, está en la
obligación de tratar de buscar soluciones armoniosas entre los mismos que
eviten su inútil sacrificio. En este sentido, resulta por demás censurable
desde el punto de vista hermenéutico que se amplíe el radio de una ponderación
entre derechos más allá del campo y del contexto que le pertenece. De otra
parte, el balance que arroja una ponderación entre derechos no es fiable si se
omiten los múltiples elementos relevantes que integran el problema jurídico a
dilucidar.
Como fruto de la ligera ponderación
efectuada, resulta, en verdad, muy delgado el hilo que separa la sentencia de
una concepción extremadamente voluntarista del derecho a la vida,  según la
cual éste valdría lo que el derecho al libre desarrollo de la personalidad
quiera que valga y se proyectaría hasta donde éste derecho quiere que se
proyecte. En efecto, no es difícil arribar desde el hito marcado, a considerar
el derecho a la vida como subordinado al libre desarrollo de la personalidad.
No hay que estar inscrito en una concepción sacralizada de la vida, para
advertir los riesgos implícitos en una economía de los derechos fundamentales
como la propuesta, máxime cuando no se está pidiendo tan sólo el respeto a
opciones privadas sino además la colaboración activa en su realización, así
ésta vaya en contravía del marco axiológico que inspira el ordenamiento y
obliga al Estado y a los asociados.
Cuando se abrió paso en la sala la tesis de
abordar el problema de la eutanasia desde un discurso que involucrara el
derecho a la vida, frente al lacónico tratamiento de este derecho en la
ponencia original, creo, no se pretendía obtener un mayor equilibrio literario,
sino por el contrario, que el derecho a la vida también fuese tomado en serio.
Paradójicamente, como puede observarse, las mayores alusiones a la vida, si
bien son precedidas de su reconocimiento formal como derecho - condición, en la
práctica, se han dirigido a opacar su status constitucional hasta
someterlo a una excesiva relativización, lo que hacia el futuro genera un
precedente que dificultará la debida y adecuada ponderación entre los distintos
derechos.
¿Quedaron derogados los deberes del médico?
Hacia el solipsismo jurídico
4. La sentencia se refiere a la hipótesis del
paciente terminal que padece “dolores insoportables”, y que en ese estado pide
al médico le ayude a morir. La parte resolutiva de la sentencia dispone que en
tal caso la conducta del médico autor del homicidio está justificada. El
médico, a mi juicio, no podría primeramente dejar de agotar los recursos a su
alcance con el objeto de reducir o extinguir los dolores, como lo ordena el
conjunto de sus deberes profesionales. En este evento, es posible que los
sufrimientos se tornen soportables o se extingan  - aunque  a riesgo de
abreviar la vida del enfermo terminal como efecto colateral o indirecto de los
medicamentos paliativos -, y que al modificarse las circunstancias el médico ya
no se encuentre en la causal de justificación a la que se refiere la sentencia
de la Corte. Como la Corte, en una sentencia interpretativa, no puede derogar
el Código de Etica Médica, ni alterar los principios superiores en los que se
inspira esta profesión, la sentencia ha debido puntualizar la necesaria y
razonable prioridad de la medicina paliativa, ya que si la vida es insoportable
por causa de los “dolores insoportables”, no es posible descartar este tipo de
medicina para, en su lugar, acuñar la formula desproporcionada de terminar con
éstos matando al paciente.
Si, en gracia de discusión, se decidiese
jugar en serio la carta que intuye que en la propia Constitución se encierra la
disposición jurídica que resuelve el problema planteado, no es acertado suponer
que el médico esté en la obligación o en la posición de tramitar neutralmente
un pedido de muerte procedente de su adolorido paciente terminal. Si como lo
afirma la sentencia, la base constitucional que justifica la acción del médico,
es el deber de “obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo
con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la
salud de las personas” (C.P. art. 95-2), resulta insólito que la Constitución
Política reserve como dictum que soluciona de fondo la controversia y la
sustrae del ámbito de la democracia, la formula según la cual la acción
misericordiosa que se realiza por conducto del médico debe ser no la de calmar
el dolor - como lo sugiere su ética profesional - que es la causa o
circunstancia que repudia a la dignidad subjetiva, sino directamente la de
segar la vida del paciente. Tesis ésta todavía más inverosímil en un Estado
social de derecho que no se construye con sujetos abstractos, sino con seres
que se insertan en un contexto social no ajeno a la acción de protección
estatal, como es el caso de los enfermos terminales que, sin duda alguna,
conforman la categoría de las personas disminuidas físicas o psíquicas
merecedoras de especial tutela (C.P. art. 13 y 47).
De ahí que excluir la medicina paliativa en
el periplo metafísico que realiza la Corte en pos de la norma constitucional
que resuelva definitivamente la cuestión, se haga al precio de desvirtuar el
sentido mismo de los deberes de solidaridad que la Constitución ha plasmado en
su manifiesto afán por proteger la vida. La acción humanitaria a que alude el
artículo 95-2 de la C.P., no puede interpretarse como licencia para matar al
afligido, pues aquélla se inscribe en el horizonte de “salvar la vida en
peligro”. Las conductas posibles cobijadas por el precepto constitucional, en
consecuencia, son las que resultan proporcionadas a la situación: si el
problema de la dignidad está referido a los extremos padecimientos, ya que la
enfermedad es incurable, a todas luces es incongruente imaginar que la
Constitución en el citado artículo justifica la muerte del paciente ocasionada
por el médico que ha dejado de agotar antes el instrumental de la medicina
paliativa.
Aunque no se discute que en principio todo
tratamiento médico debe contar con el consentimiento informado del paciente, de
la Constitución Política no se puede deducir un derecho del médico para matar
al paciente terminal que solicita la ejecución de esta acción, el cual se
exprese a través de una exoneración de su responsabilidad penal dispuesta desde
la Carta. A esta conclusión tampoco se llega reproduciendo en el contexto de la
relación médico-paciente, el debate sobre la improcedencia del paternalismo
estatal en punto a la adopción de medidas obligatorias para procurar mantener
la salud o la vida de las personas, como quiera que la acción perfectamente
válida del paciente de rehusar un determinado tratamiento, es distinta de la
flexibilización o anulación del deber de no matar que vincula al médico.
Y el valor constitucional de la vida
humana?
5. Se destaca en la sentencia cómo en un
Estado no confesional y pluralista, la concepción universal de la vida
corresponde a su consideración como bien valioso, diferente de la idea de
santidad de la vida, predominante en el terreno religioso. Pero, ¿Qué significa
que la vida sea valiosa en un contexto secular? La sentencia no responde a la
pregunta. Más bien se fija en la oposición entre concepción sacral y secular de
la vida, con el único propósito de descalificar implícitamente, como activismo
religioso contrario al pluralismo, las perspectivas que busquen una protección
de la vida en sentido fuerte y, además, para afirmar la posibilidad de
relativizar la vida, lo que se refuerza a través de la apelación genérica a
algunas excepciones legítimas al principio de inviolabilidad de la vida, como
son las causales de justificación (legítima defensa, etc...,).
Sin duda alguna, nuestro modelo
constitucional corresponde al de un Estado no confesional y pluralista, en el
cual, la fundamentación ética de los derechos no se construye, por lo general,
sobre la base de máximos. Esta opción, en cambio,  sí  cabe en el campo de la
cultura y de la sociedad para las personas que se identifican con las
diferentes cosmovisiones religiosas, sociales o personales que se alimentan de
parámetros morales más exigentes.
Ahora bien, lo anterior no es suficiente
para acoger, sin más, la distinción atribuida a Ronald Dworkin, en un contexto
normativo distinto, porque en nuestro caso, es la misma Constitución Colombiana
y no una autoridad religiosa, la que abunda en disposiciones en pro de la vida
que configuran un espectro protector muy denso y exigente, que puede ser menor
al deparado por las cosmovisiones religiosas, pero que en todo caso, resulta
especialmente intenso. Una Constitución, la más pluralista que hemos tenido en
nuestra historia republicana, ha apostado al derecho a la vida, en parte, por
la desvalorización de este derecho en nuestro entorno cotidiano. Lo anterior
hace incomprensible, la falta de rigor en la argumentación que denota la sentencia.
Se acude a la acumulación escalonada de
circunstancias, ciertamente dramáticas, tales como la inminencia de la muerte,
los intensos dolores del paciente, su consentimiento, etc..., frente a las
cuales la causación anticipada de la muerte y la intervención de un tercero en
ella no son la única solución. De hecho, el debate público se centra en las
diferentes actitudes éticas y legales frente a tales hechos. Así, pretender que
la simple suma de circunstancias penosas sea suficiente para justificar la
habilitación a un tercero con el objeto de que éste propine la muerte, es
desconocer la radicalidad del problema. Para llegar a una solución como la
dada, antes se ha debido fundamentar este traspaso de poder para la muerte,
entre otros aspectos, frente al principio de inalienabilidad de los derechos,
frente a los deberes en favor de la vida que obligan al tercero y frente a la
cláusula de efectividad que favorece en casos de conflicto entre derechos, la
solución que propenda la máxima protección de todos los derechos en juego.
Una nueva versión de la dignidad?
6. La Corte ha dejado de lado en su
análisis numerosos aspectos que resultan esenciales en una aproximación seria y
reflexiva sobre el tema. En este sentido, es importante, por ejemplo, poner de
presente las inquietudes que su lectura produce en relación con el discurso
constitucional sobre la dignidad humana y sobre el sentido de la medicina en un
Estado Social de Derecho.
Preocupa la facilidad con que se tiende a
objetivizar las circunstancias de pérdida de calidad de vida, como situaciones
de indignidad. Se olvida que el proceso de muerte y el decaimiento de la
existencia no son fenómenos de inhumanidad. El ser humano es, por esencia, un
ser que sabe que ha de morir, que está condenado a morir, que es un ser para la
muerte (Sein zum Tode). Tal vez a causa de esta consciencia desgraciada, la
humanidad sobre todo a partir de la modernidad, se resiste ante la vejez, el
dolor, la enfermedad y la muerte. Los tabúes culturales llegan hasta el punto
de tratar a la enfermedad y a la muerte como entidades ajenas, como seres
invasores que se pretenden negar, cuando no controlar o manejar. Es apenas
natural que luchemos contra los rigores del declinar de los años y, en
particular, de las enfermedades terminales. También resulta plausible valorar
las circunstancias en las que la vida aflora con mayor vitalidad, pero negar
humanidad al retraimiento natural de la existencia, equivaldría a negar al ser
humano como naturaleza. El carácter central de la dignidad humana, sin duda
alguna apunta primariamente a garantizar la construcción y proyección del
sujeto moral en pleno uso de sus facultades vitales y morales. Pero también, la
dignidad humana es algo más que esto. No se agota en el sujeto autónomo, apela
también a un concepto más amplio de humanidad que cubre su declinar hasta su
último fin. La dignidad como valor objetivo acompaña a la persona,
independientemente de sus vicisitudes. La ecuación que plantea la sentencia
entre calidad de vida y dignidad, más allá del desiderátum que la alienta, no
posee siempre valor absoluto, puesto que de tenerlo, quienes se encuentran en
idénticas circunstancias a las del paciente terminal, habiendo manifestado su
voluntad en un sentido pro-vida, enfrentarían la creciente amenaza de la
infravaloración social de su condición. Aparte de que el consentimiento del
enfermo terminal sujeto a extremos padecimientos, resulta por las condiciones
en que se emite difícilmente estimable como portador de una voluntad libre y no
interferida - lo que impide clausurar del todo medidas del tipo paternalista -,
la construcción social de la dignidad exclusivamente en términos de calidad de
vida, coadyuva a inducir una subestimación subjetiva de impredecibles
consecuencias, particularmente después de que la regla jurídica induce patrones
de normalización de conductas antes vedadas. Lo anterior demuestra la
complejidad de este asunto y la necesidad de que a través del proceso
democrático se lleve a cabo una ponderación reflexiva de todos los factores que
deben atenderse con el fin de adoptar una decisión que esté a la altura del
problema.
Una ponderación ajustada a criterios
hermenéuticos adecuados y a la función del juez constitucional en una sociedad
democrática
7. Demostrado el vano empeño de construir
ex constitutione una regla en virtud de la cual se justifique la conducta
del médico que, previa petición del enfermo terminal víctima de intensos
dolores, le causa la muerte, sólo resta señalar que la definición del punto es
una cuestión eminentemente legislativa. La Corte Constitucional está dando por
existente una regla que no está en la Constitución. Sin perjuicio de las pautas
generales que surgen de la Carta, la materia penal pertenece a la reserva del
legislador y, lo contrario, vulneraría gravemente el principio democrático. El
activismo de la Corte Constitucional está plenamente justificado allí donde las
reglas constitucionales existen y puede extraerse de ellas un claro significado
deóntico, así este sea general y requiera posterior desarrollo normativo.
Cuando estas condiciones no se reúnen, la Corte entra en el campo del
decisionismo y abandona su función jurisdiccional con manifiesto menoscabo de
la legitimidad democrática cuya intangibilidad debería mantener. La ley en
materia de eutanasia, tema intrincado como pocos, puede estudiar distintas
fórmulas y ensayar diferentes aproximaciones. Aún desde el plano de la
prudencia, no es conveniente que sea la Corte Constitucional la que produzca
las innovaciones en el ordenamiento.
Por lo anterior mi propuesta a la Sala
Plena, descartaba de plano la eutanasia activa directa, y se circunscribía a
salvar de la hipótesis del homicidio piadoso la conducta del médico
comprometido en terapias paliativas solicitadas por el paciente terminal
consciente de las consecuencias indirectas asociadas a éstas. Si como
consecuencia de los medicamentos paliativos, perecía el paciente, creía
importante indicar que este supuesto no podía ser objeto de sanción penal por
no constituir homicidio. En este sentido, el condicionamiento de la sentencia
habría tenido ante todo carácter aclaratorio, puesto que el comportamiento
señalado desde el punto de vista legal no está cubierto por el tipo. A veces
razones de seguridad jurídica, no estrictamente ligadas a consideraciones de dogmática
penal, hacen procedente este tipo de condicionamientos.
La doctrina constitucional de la Corte
relativa al consentimiento informado del paciente, de otro lado, ofrecía a la
Corte la oportunidad de precisar supuestos de eutanasia pasiva voluntaria, que
adicionados con la medicina paliativa libremente solicitada por el paciente,
conformaban un bloque de conductas médicas sobre las cuales resultaba necesario
y conveniente que se hiciera claridad sobre su ausencia de reprochabilidad
penal. Una interpretación sistemática e integradora de las normas del Código de
Etica médica (Ley 23 de 1981), a la luz de la Constitución Política, permite
afirmar que los supuestos mencionados tienen fundamento legal y que, por
consiguiente, la Corte al aludir a ellos en modo alguno está dictando nuevas
normas, sino delimitando la conducta que conforme a la ley se encuentra sujeta
a sanción penal.
No obstante, cuando la Corte en la parte
resolutiva se refiere a la eutanasia activa directa, claramente está
adicionando el ordenamiento jurídico con un supuesto eutanásico que no existía
antes, salvo bajo la forma de conducta prohibida por el  mismo tipo penal del
homicidio piadoso y el de la inducción o ayuda al suicidio. La sentencia se
queda corta en la demostración de la existencia de un imaginario derecho
constitucional a la eutanasia activa directa y de la correlativa dispensa  o
exoneración constitucional de la conducta homicida del médico frente a la
prohibición general de no matar. Por consiguiente, la sanción aplicable a los
actos de eutanasia activa directa, dispuesta en la ley penal, no podía ser
objeto de despenalización por parte del juez constitucional. Corresponde al
Congreso, reitero, regular la materia. La Corte debería haberse reservado para
el examen ulterior que en su oportunidad podría acometer.
8. Como quiera que me limito a suscribir la
sentencia sólo en relación con la exclusión de toda sanción penal para los médicos
que, plena y libremente facultados por sus pacientes terminales expuestos a
intensos sufrimientos, realicen actos vinculados a la eutanasia activa
indirecta (medicina paliativa), me permito a continuación justificar la
constitucionalidad de esta modalidad eutanásica, la cual junto a la eutanasia
pasiva libremente asumida, han debido ser las únicas excluidas de reproche
penal.
Se trata de la conducta del médico que, a
solicitud del paciente terminal, con el objeto de abreviar sus intensos
sufrimientos, procura soluciones indicadas por la ciencia médica dirigidas a
aminorarlos aunque a la postre éstos mismos precipiten su muerte.
En un determinado estadio de evolución de
ciertas enfermedades incurables, la persona es presa de agudos dolores, cuyas
causas profundas no pueden ser removidas por ausencia de conocimientos y medios
de sanación. En esta situación, el profesional de la medicina, luego de agotar
los recursos a su alcance, no puede ir más allá de proveer paliativos a su
paciente y, prudencialmente, abstenerse de aplicar técnicas de sostenimiento
que sirvan para prolongar sin ninguna utilidad su proceso vital.
La decisión del paciente de rehusar en todo
o en parte las terapias y medicamentos que se le ofrezcan, siempre que sea
capaz y consciente, tiene plena validez y se sustenta en su derecho al libre
desarrollo de su personalidad. Este aserto se sostiene aún con más fuerza
cuando el rechazo se expone en las condiciones del supuesto objeto de análisis.
El enfermo terminal, víctima de extremos sufrimientos, que carece de toda
perspectiva de curación, bien puede oponerse a la intervención médica y optar
por abreviar su existencia.
El dolor humano convoca la solidaridad y
exige respuestas de la comunidad, que no puede soslayarlo ni hundirlo en el
silencio cada vez que no le sea posible resolver sus causas o mitigar sus
efectos. Sin embargo, el sufrimiento excesivo, por sí sólo, es incapaz de
disolver los vínculos esenciales de sociabilidad que se expresan en la prohibición
de no matar. Esta verdad abstracta, en un país como Colombia en el cual buena
parte de la población se debate en la penuria y no alcanza a estar cubierta por
los servicios básicos de salud, adquiere una connotación concreta que
trasciende las consideraciones que se apoyan en la conservación del orden
público. La integración social mínima que garantiza la existencia de un pueblo,
podría fácilmente desaparecer si después de cierto umbral de sufrimiento
somático o de otra índole, el consentimiento de la víctima fuese suficiente
para privarlo de su vida sin consecuencias para su agente. No se trata de
sugerir una respuesta que proclame los antídotos de la mansedumbre o del
estoicismo. A la petición que desborda los márgenes de lo posible fáctico o
jurídico, deberá responderse prontamente desde una solidaridad humana
comprometida y militante y hasta el límite de lo que en cada momento histórico
sea posible jurídica y materialmente.
Se torna necesario establecer cuál  puede
ser la pretensión válida que puede elevarse al médico y que éste podría en la
actualidad lícitamente ejecutar. La petición del paciente terminal, enmarcada
en una relación de servicios profesionales que tiene en el otro extremo al
médico, necesariamente habrá de  interpretarse confiriéndole al consentimiento
expresado un sentido que sea útil y plausible. En estas condiciones, restarle
toda significación a la voluntad del paciente equivaldría a desconocer su
autonomía y, en particular, su derecho a expresar en el contexto de la relación
médico-paciente su consentimiento informado.
El pedido del paciente terminal de que se
produzca la extinción de su vida, coloca al médico en el deber de abstenerse de
emprender o mantener todos aquellos procedimientos enderezados a prolongarla.
El paciente, plenamente capaz y suficientemente informado, puede rehusar todo
tratamiento clínico y ayuda médica encaminados a lograr su mantenimiento o
extensión artificial. La abstención del médico, en este caso, no tiene ninguna
connotación criminal, puesto que la muerte se produce por causa de la
enfermedad. El paciente, de otro lado, no incurre en suicidio. Su propósito
último no es otro distinto del dejar de oponer resistencia a la muerte
inminente.
La solicitud del paciente terminal,
dirigida a que se abrevie su fin, se orienta a que se reduzca la carga de
sufrimientos y padecimientos que resultan vanos en la medida en que los
esfuerzos médicos objetivamente se revelen inidóneos para curar la enfermedad
que lo aqueja y que tiene carácter irreversible. Si efectivamente la curación
se encuentra descartada, la medicina tiene que asumir en este trance un signo
diferente del que la caracteriza de ordinario. Su función, en efecto, no será
la de restablecer la salud del enfermo, sino la de ayudarle a tener una muerte
digna y a mitigarle, hasta donde sea posible, el dolor que se apodera de su
cuerpo.
Las drogas que se suministran al enfermo
con el objeto de combatir el dolor, suelen tener efectos indirectos o
colaterales negativos para su salud, que en muchos casos son mortales. Si la
medicina no puede ya controlar la enfermedad del paciente terminal, no puede
negarse a luchar contra las manifestaciones de dolor que cruelmente se apoderan
de aquél en sus fases críticas, aún a riesgo de minar con las medicamentos
suministrados su ya menguada salud y provocar de manera indirecta su deceso.
La sopesación que inicialmente ha hecho el
paciente y que luego el médico refrenda, entre la reducción de la vida - la que
se produce como efecto de los sedantes y drogas administradas para calmar el
dolor -, y, de otra parte, la mejor calidad de vida del último tramo de
existencia, no puede ser objetada. La alternativa sería la de reunir en un sólo
destino la fatalidad de la muerte con la prolongación inmisericorde de enormes
padecimientos, o simplemente aceptar la ingestión de una droga letal, que
tendría connotaciones típicamente penales de acuerdo con el derecho positivo
penal vigente en el país.
A pesar de que los analgésicos o drogas
suministradas al paciente con el fin de aliviar sus dolores, contribuyan o
constituyan la causa eficiente de su muerte, el propósito que anima la acción
médica no resulta asimilable a la intención homicida o de apoyo al suicidio y,
por lo tanto, no podrá ser objeto de reproche alguno. El consentimiento informado
del paciente que conoce el efecto colateral o indirecto de la acción médica
enderezada a paliar las sensaciones dolorosas que acompañan a un mal incurable,
igualmente impide que pueda imputarse al médico la responsabilidad por el
deceso que eventualmente pueda desencadenarse. Desde la esfera del individuo,
su autonomía garantizada constitucionalmente, ampara la decisión suya de
obtener alivio a sus dolores a costa de ver reducida su existencia o
incrementados los riesgos de muerte.
La respuesta médica descrita, por ahora, es
la única que jurídica y científicamente puede darse al paciente terminal
agobiado por intensos sufrimientos que requiere se ponga término a sus
padecimientos, y ella es igualmente la única que puede ensayarse a su pedido de
muerte, justamente por excluir la eutanasia activa directa, el homicidio
piadoso, la asistencia al suicidio y la administración de una droga o inyección
letal. Actualmente, el derecho no reconoce validez a los pactos en cuya virtud
se dispone de la vida y de la libertad, gracias a los cuales una persona, por
la decisión libre de otra, queda facultada para matar a esta última o para
someterla integralmente a su servidumbre.
La vida de las personas es un bien objeto
de una especial protección por parte del Estado. La Constitución reconoce a
todas las personas el derecho a la vida. De este derecho surgen exigencias
amparadas por el ordenamiento que, a su turno, representan obligaciones para el
Estado y las demás personas, la principal de las cuales se expresa en la
prohibición del homicidio regulada en el Código Penal. La vida como valor
superior del orden constitucional no sólo genera obligaciones de abstención a
cargo del Estado y de la sociedad, sino que es fuente de una serie de acciones
positivas que amplían la misión de las instituciones. La tutela de la vida y de
la dignidad que le es consustancial, explica que en el Estado social de derecho
uno de sus principales cometidos, aparte del clásico de velar por la seguridad
de las personas, sea el de prestar los servicios de salud y de seguridad
social, sin mencionar un sinnúmero de prestaciones a su cargo cuyo propósito no
es otro distinto que el de proteger la vida y dignificar la existencia.
Si en las circunstancias presentes, la
acción protectora del Estado, frente al enfermo terminal, puede eventualmente
secundar, del modo indicado, su deseo de abreviar su existencia, es porque se
reúnen una serie de factores que en su conjunto demuestran que esta solución es
la que mejor consulta el libre desarrollo de la personalidad del paciente,
promueve de mejor manera sus intereses y garantiza objetivamente la tutela de
la vida en condiciones de dignidad:
(1) La protección de la vida debe colocarse
en el límite de lo posible. Si la enfermedad es incurable e irreversible y sólo
el epifenómeno del dolor es controlable, no es cuestionable que la respuesta
estatal o privada se limite a paliar éste último, no obstante que los riesgos
de extinción de la vida se acrecienten como consecuencia de su administración.
En esta situación, entre dos males uno de los cuales es insuperable y el otro
no, la opción por concentrar la atención médica en éste es razonable y
legítima.
(2) La autonomía del individuo válidamente
puede reclamar para sí la elección entre las alternativas que en caso de
enfermedad terminal seguida de intensos sufrimientos se ofrecen al paciente. La
no aplicación o suspensión de técnicas de mantenimiento o prolongación de la
vida, siempre que medie su pleno consentimiento informado, descubre la
intención legítima del paciente de morir de muerte natural, impidiendo que la
prolongación de la vida entrañe sufrimientos, molestias y cargas adicionales,
que en las circunstancias de una enfermedad terminal puede aquél considerar
injustificados. El Estado y el médico tendrán que respetar y acatar la opción
del paciente, puesto que ni uno ni otro tienen la obligación ni el derecho de
prolongar, sin autorización del paciente, artificialmente su existencia, y
menos todavía la de alargar infructuosamente sus padecimientos. Si se hace caso
omiso de la voluntad del paciente terminal, proseguir el tratamiento y las
terapias de mantenimiento, pese a su oposición, conduce a la situación
inadmisible constitucionalmente de plantear sobre un cuerpo extraño
pretensiones de dominio y de intervención que anulan la autonomía y los
derechos de su esfera privada e íntima de la persona a la que le pertenece.
(3) El deber personal de procurar el
cuidado integral de su salud (C.P. art. 49), no comporta, en el caso del
enfermo terminal víctima de intensos sufrimientos, la obligación de acceder a
la prolongación artificial de su existencia y de sus dolores. Por el contrario,
ante la imposibilidad de ver restablecida su salud, ante la inminencia de la
muerte, el concepto de salud que puede reivindicarse es aquél que se propone
atenuar o suprimir los dolores asociados a la enfermedad terminal. El Estado no
podría exigir al paciente, contra su voluntad, que asumiese una conducta pasiva
frente a los tratamientos médicos.
(4) En los términos del artículos 13 y 47
de la C.P., los enfermos terminales víctimas de extremos padecimientos entran
bajo la órbita de protección del Estado. El deber especial de cuidado y
protección a cargo del Estado, dada la inminencia de la muerte y la
imposibilidad de curación, se restringe al ámbito de lo posible que, en este
caso, necesariamente comprende la asistencia médica y sicológica dirigida a
reducir la intensidad de los padecimientos de los pacientes terminales. La
imposición de tratamientos que el paciente rechaza y que aumentan su
sufrimiento, no corresponde a la mejor manera de cumplir con este cometido.
Entre los recursos que el Estado destina a la atención del servicio de salud,
una parte debe orientarse a los servicios de apoyo médico y sicológico en favor
de los enfermos terminales que requieran de una asistencia especial enfocada a
mitigar sus sufrimientos. El derecho de opción mencionado será utópico para una
parte de la población colombiana, si el Estado desatiende este tipo de
servicios que contribuyen de manera significativa a dignificar las condiciones
de vida de los enfermos terminales. La atención de la salud como derecho
prestacional no se limita a las tareas preventivas y curativas propiamente
dichas. Incorpora también el cúmulo de acciones que alivian el dolor de los
incurables. El deber de especial protección referido a los enfermos terminales,
obliga a tomar en consideración la metodología que inspira la tutela de ciertas
categorías de personas. El patrón al cual invariablemente se recurre es el de
promover aquellas acciones que objetivamente mejor contribuyan al bienestar
físico o psíquico de los miembros de la categoría en cuestión. Si concurre el
consentimiento informado del paciente, no cabe duda de que en estas
circunstancias, la supresión del dolor, aunque indirectamente pueda repercutir
en su muerte de suyo inminente, descarga angustias y tensiones y así se logra
una mejor calidad de vida.
(5) Para el Estado no puede ser indiferente
la calidad de vida del paciente terminal. De hecho, la protección de la vida,
por sí sola, no es suficiente ni agota el campo de lo que se exige de un Estado
social de derecho. La vida es el presupuesto de la libertad y la realización de
cada individuo. La dignificación de la existencia no es fruto silvestre. Ella
es el resultado y a la vez el horizonte de la brega diaria del sujeto que obra
en el mundo y que se construye con el material de sus múltiples hallazgos,
encuentros y experiencias. La muerte es un capítulo que tarde o temprano cierra
el decurso vital de los humanos, como antes otros eventos también se erigieron
en hitos de su existencia. El hombre puede llegar a este momento con
sentimientos y pensamientos diversos. Mientras algunos se han preparado para
aceptar pacífica y tranquilamente este desenlace de la vida, es posible que
otros afronten la muerte con pavor y angustia infinitas. La supresión o
aminoración del dolor o el retiro del instrumetal médico, en la frontera de la
muerte, no es pretensión que pueda ser coartada por el Estado, si ella es
decidida por la persona que desea hacer su tránsito sin el lastre de un dolor
que le impide experimentar la condición indeleble de su ser y despedirse a su
modo de los suyos y de lo que su mirada quiere guardar.
(6)  Una cosa es el acto intencionalmente
dirigido a causar la muerte, como ocurre con la aplicación de una inyección
letal, hasta antes de la sentencia de la Corte prohibida por la ley penal. Otra
muy diferente es aquella intervención que se orienta a paliar el dolor, pero
que consecuencialmente abrevia o incrementa los riesgos de muerte del paciente.
La irreversibilidad de la enfermedad terminal autoriza la disociación de las
manifestaciones somáticas a fin de intentar controlar aquellas respecto de las
cuales la ciencia mantiene su dominio, incluso a riesgo de precipitar el deceso
del paciente. Este tipo de eutanasia, en procura de su finalidad primaria, está
abierto a la vida y constituye un procedimiento proporcionado y razonable en el
contexto del proceso de muerte. En sentido contrario, los métodos letales
causan de modo directo y necesario la muerte del paciente, sin dar oportunidad
a una repentina recesión de la enfermedad o a un eventual cambio en el
consentimiento de aquél. Los otros procedimientos, en cambio, así coadyuven a
la aceleración de la muerte, como efecto secundario, no anulan el rigor de la
enfermedad terminal como parte integrante principal del complejo causal de
aquélla.
9. La aclaración o condicionamiento
referido a la eutanasia activa indirecta (medicina paliativa), a mi juicio, es
la única que por su sentido integrativo de la legislación existente, tiene
sólido fundamento constitucional. La consagración de la eutanasia activa
directa, corresponde a una auténtica novedad normativa, que no ha debido
legitimarse al margen del proceso democrático, máxime si de la Constitución
Política no surge ni se prefigura mandato alguno que obligue a su
establecimiento forzoso o que  sancione su falta de entronización.
El juez constitucional no debe ignorar que
la Constitución Política, instrumento en el que se recogen los principios,
valores y reglas superiores del ordenamiento jurídico, constituye ante todo un
marco supremo de referencia que se orienta a dar forma y conferir sentido a la
vida estatal y comunitaria. Por tener esta pretensión, la Constitución está
dotada de suficiente apertura a fin de garantizar la existencia de un proceso
político libre y creativo y, al mismo tiempo, de la necesaria elasticidad para
gobernar una sociedad que evoluciona de manera incesante en todos los campos.
Cuando se presenta una controversia constitucional, la función de la Corte es
la de establecer, en primer término, si el asunto fue sustraído por el
constituyente del debate democrático y decidido directamente por él en la
Carta  o si pertenece a éste último, en cuyo caso la Constitución se mantiene
como pauta general orientadora de sentido en su carácter de norma de normas. De
ahí que dentro del marco de la Constitución y de sus directrices y orientaciones,
la actividad configuradora del ordenamiento recaiga en una medida apreciable en
el legislador.
La Constitución no decide el punto de la
responsabilidad penal del médico que mata al paciente terminal agobiado por sus
intensos padecimientos. Esta es una materia que debe definirse a través del
proceso político y de sus cauces institucionales y respecto de la cual caben
distintas políticas y alternativas normativas, incluso opuestas. La opción
tomada por el legislador de penalizar la eutanasia activa directa con una pena
benigna, no puede negarse que corresponda a una legítima postura normativa que
no se opone a los principios constitucionales y que resulta de una ponderación
razonable hecha por éste entre la intangibilidad de la vida - que quiso mantener
- y la necesidad de reconocer las circunstancias y motivos del hecho.
De la Constitución no puede deducirse la
existencia de una orden o mandato dirigido al Congreso en el sentido de
despenalizar en determinados casos el homicidio piadoso, lo que bien puede
hacer la ley cuando lo juzgue apropiado y en las condiciones que determine
oportuno señalar, luego de lo cual, la Corte podrá pronunciarse sobre la
constitucionalidad de la política adoptada. Lo que esta Corte no puede hacer es
imponer una política de despenalización del homicidio piadoso que directamente
no ordena la Constitución Política, que en este punto no ha configurado ni
prefigurado norma alguna, pretermitiendo el proceso democrático y desconociendo
los órdenes de competencia, ellos sí establecidos en la Constitución política y
cuya preservación corresponde a una de sus misiones esenciales. El exhorto que
se hace al Congreso, aunque puede parecer un llamado para que éste ejercite la
potestad reglamentaria en relación con la decisión de despenalización ya tomada
por la Corte, detalla los múltiples elementos a tener en cuenta y la
complejidad que puede comportar una política de este género, lo cual abona la
idea de que decisiones normativas de esta naturaleza no se encuentran
prefijadas en la Constitución.
Por lo demás, en modo alguno desconozco el
alcance del derecho al libre desarrollo de la personalidad y el ámbito de
protección que éste abarca. En el artículo 16 de la C.P., se consagra la
cláusula general de libertad y se modela el sujeto autónomo. Sin embargo,
derivar de dicho artículo la regla que inhibiría al legislador penal para
castigar la eutanasia activa directa, simplemente porque el sujeto moral libre
ha dado su consentimiento, es omitir la lectura de más de la mitad de la norma
y convertir el libre desarrollo de la personalidad en solipsismo avasallador de
todo el orden jurídico. Este camino interpretativo se abandona a las
especulaciones de un orden moral abstracto y renuncia a notificarse de la
complejidad de la realidad subyacente a la norma jurídica y de la necesidad de
argumentar con base en premisas constitucionales. Sólo así se explica que todo
el orden jurídico sucumba ante la voluntad del “sujeto-moral”.
Fecha ut supra,
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
Aclaración de voto a la Sentencia C-239/97
AYUDA AL SUICIDIO-Necesidad de extender interpretación
permisiva/ENFERMO NO TERMINAL-Posibilidad de optar por una muerte digna
(Aclaración de voto)
El fallo de la Corte sobre el homicidio
piadoso constituye un importante desarrollo de la Carta, en materia atingente a
la dignidad de la persona, a su autonomía moral y a la obligación del Estado de
proteger la vida.  Creemos, eso sí, que ha debido extenderse la interpretación
permisiva, a la "ayuda al suicidio" contemplada en el artículo 327
del Código Penal, como se proponía en el proyecto de fallo.  Además, que no ha
debido restringirse la opción legítima por la muerte, al enfermo "terminal"
(restricción que no se hacía en la ponencia), pues existen casos dramáticos de
enfermos no "terminales", como los cuadrapléjicos, v.gr., a quienes
debería comprender la posibilidad de optar por una muerte digna, si juzgan
abrumador su padecimiento.
Referencia: Expediente
D-1490
Demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo 326 del Decreto 100 de 1980 -Código
Penal-.
Es obvio que las decisiones de una
corporación deliberante, como la Corte Constitucional, son el resultado de un
debate y, en lo posible, de un consenso.  A nuestro juicio, el fallo de la
Corte sobre el homicidio piadoso constituye un importante desarrollo de la
Carta, en materia atingente a la dignidad de la persona, a su autonomía moral y
a la obligación del Estado de proteger la vida.  Creemos, eso sí, que ha debido
extenderse la interpretación permisiva, a la "ayuda al suicidio"
contemplada en el artículo 327 del Código Penal, como se proponía en el
proyecto de fallo.  Además, que no ha debido restringirse la opción legítima
por la muerte, al enfermo "terminal" (restricción que no se hacía en
la ponencia), pues existen casos dramáticos de enfermos no
"terminales", como los cuadrapléjicos, v.gr., a quienes debería
comprender la posibilidad de optar por una muerte digna, si juzgan abrumador su
padecimiento.
Tales discrepancias son significativas,
pero resultan subalternas frente al acuerdo logrado en torno a la tesis central
que informa la sentencia.
Fecha ut supra.
JORGE ARANGO MEJIA
CARLOS GAVIRIA DIAZ
Auto 035/97
NULIDAD DE
PROCESOS CONSTITUCIONALES-Carácter
excepcional
INTERVENCION CIUDADANA EN INCIDENTES DE NULIDAD
Al no existir disposición constitucional ni
legal que impida o limite la intervención, hay que aceptar que ésta se extiende
a todas aquellas actuaciones que se surtan en el proceso, inclusive las que
puedan surgir con posterioridad a la decisión que le pone fin, como serían por
ejemplo, los incidentes de nulidad por cuestiones relacionadas con
irregularidades en su trámite, o pretermisión del procedimiento que los rige.
PREVALENCIA DEL
DERECHO SUSTANCIAL-Oportunidad
procesal precluida
Aunque la
oportunidad la oportunidad procesal ya había precluído y, en consecuencia, lo
que procedería sería su inadmisión. Sin embargo la Corte, obrando con la mayor
amplitud, lo tendrá en cuenta en su pronunciamiento, dando aplicación al
principio de prevalencia del derecho sustancial, pues es ella la más interesada
en hacer claridad sobre los hechos y actuaciones a que alude la petición de
nulidad.
INFORMACIONES DE
PRENSA-No son prueba
idónea
Las informaciones
de prensa no son prueba idónea para demostrar sucesos acaecidos dentro de un
proceso. Pues si bien es cierto que conforme al artículo 20 de la Constitución
los periodistas tienen la obligación de suministrar "información veraz e
imparcial", este solo hecho no es suficiente para comprobar que lo
publicado en un medio de comunicación, en este caso escrito, se ajuste a la
realidad y, por ende, su contenido sea verdadero. Son otros los elementos probatorios
a los que debe acudirse para establecer la verdad y objetividad de tales
informes. Los
documentos que pueden constituir prueba idónea para demostrar las presuntas
irregularidades en el trámite de cualquier proceso adelantado por esta Corte,
son las mismas actuaciones proferidas por ella, que lo conforman, y que
permitirían establecer los actos u omisiones en que se ha podido incurrir en su
diligenciamiento.
ACTAS DE SALA
PLENA-Son de acceso
público
Las actas de la
Sala Plena son de acceso público según lo consagra el artículo 57 de la ley
estatutaria de Administración de Justicia. Al declarar exequible este precepto legal,
advirtió la Corte que "el acceso público a las actas de las sesiones que
se lleven a cabo en las corporaciones de que trata el artículo 57, deberá estar
condicionado a su previa aprobación" . De esta manera los integrantes
de cada corporación tienen la oportunidad de revisar el contenido de tales
documentos, "con el fin de verificar que en ellos se consigne adecuadamente
su deliberación y la votación en cada debate." (sent. C-37/96 M.P.
Vladimirio Naranjo Mesa). A partir de ese momento se convierten en documentos
oficiales de acceso libre al público. el Reglamento Interno de la Corte en su
artículo 24, ordena que las sesiones de la Sala Plena se celebren previa
convocación. Dichas sesiones pueden ser ordinarias o extraordinarias. La
reunión que con posterioridad a la sala plena del 20 de mayo de 1997, se
celebró por parte de los magistrados que votaron a favor de la exequibilidad
condicionada del artículo 326 del Código Penal, en los términos expuestos
atrás, no requería de convocación pues no se trataba de una sesión de la Sala
Plena sino de una reunión informal que decidieron hacer los magistrados del
grupo mayoritario, en dicha reunión informal no se alteró la decisión tomada
por la sala plena.
HECHO NOTORIO-Concepto/SALA PLENA-Lo sucedido se
acredita con el acta
Hecho notorio es,
aquél cuya existencia puede invocarse sin necesidad de prueba alguna, por ser
conocido directamente por cualquiera que se halle en capacidad de observarlo.
No es este el caso de cuanto sucede en la Sala Plena de una Corporación, pues
lo que allí ocurre sólo puede acreditarse mediante la correspondiente acta,
debidamente aprobada, en la que se registre fielmente, la manera como ha
transcurrido la sesión.
INCIDENTE DE
NULIDAD CONTRA SENTENCIA DE HOMICIO POR PIEDAD-Improcedencia
Esta Corporación
no encontrando violación alguna en el trámite del proceso materia de debate, no
accede a decretar la nulidad impetrada.
Referencia.:
Solicitud de nulidad de la sentencia C-239/97
Peticionario :
Alberto Giraldo Jaramillo
Magistrado
Ponente :
Dr.
Carlos Gaviria Diaz
Santafé de Bogotá,
D.C., dos (2) de octubre de mil novecientos noventa y siete (1997).
I.  ANTECEDENTES
I.1 El Arzobispo de Medellín y Presidente de
la Conferencia Episcopal de Colombia, ALBERTO GIRALDO JARAMILLO, en su
condición de ciudadano, hizo llegar a esta Corporación el 12 de junio del
corriente año, un memorial en el que solicita a la Corte tramitar "el
correspondiente incidente de nulidad, dentro del proceso adelantado por la
acción de inexequibilidad presentada contra el artículo 326 del Código Penal,
que tipifica el delito de homicidio por piedad", con fundamento en los
siguientes hechos tomados de las publicaciones realizadas por los diarios EL
Tiempo y el Espectador,  correspondientes a los meses de mayo y junio de 1997.
1.
"Es evidente que existen profundas discrepancias
de lo realmente aprobado por la Honorable Corte Constitucional en su Sala Plena
del 20 de mayo del presente año, cuando avocó el estudio sobre la exequibilidad
del artículo 326 del Código Penal."
2.
"Es evidente que los magistrados que se han
referido a lo decidido en la sesión del 20 de mayo, han presentado
informaciones contradictorias entre sí : el señor Presidente de la Corte
Constiucional se ha referido a la despenalización de la distanasia ; el
señor Ponente a la despenalización de la eutanasia y el señor Vicepresidente de
la Corte a la despenalización de la ortotanasia."
3.
"Es evidente que las notorias diferencias acerca
del sentido general de la sentencia corresponden a una real irregularidad de
trámite, certificada por la Secretaria General de la Corte Constitucional, a
quien le corresponde dar fe del contenido de las decisiones que adopta el alto
Tribunal."
4.
"Es evidente que si se llegó a esta confusa
situación en servidores públicos que obran de buena fe, se debe a que no
existió claridad sobre lo que estaba siendo sometido a votación de los señores
Magistrados, en la Sala Plena del 20 de mayo."
Los argumentos de
derecho que expone el accionante se pueden resumir así :
De conformidad con
lo dispuesto en el artículo 49 del decreto 2067 de 1991, "la nulidad de
los procesos ante la Corte Constitucional sólo podrá ser alegada antes de
proferido el fallo". Dado que no existe una norma que expresamente señale
cuándo se entiende proferido el fallo, caben dos posibilidades :
1.
"El fallo se entiende proferido cuando la
sentencia se encuentra debidamente ejecutoriada ; por ello, lo que hace
tránsito a cosa juzgada es la sentencia notificada, y no lo meramente votado.
Tal interpretación se funda en el hecho de que proferir un fallo es un acto
complejo, integrado por varios momentos que abarcan el debate, la votación, la
redacción y suscripción de la sentencia, con sus correspondientes aclaraciones
y salvamentos de voto, lo mismo que su notificación. Este es el sentido del
artículo 16 del decreto 2067 de 1991...... una interpretación distinta
atentaría contra la unidad de la sentencia, puesto que no es posible entender
una sentencia de constitucionalidad integrada por la mera parte resolutiva, a
pesar del valor prevalente de ésta."
2.
"El fallo se entiende proferido cuando la Sala
Plena adopta una decisión, las actuaciones procesales posteriores serían meros
actos de cumplimiento."
Dice el accionante
que si se adopta la primera interpretación, la nulidad del proceso puede
alegarse hasta tanto quede notificada la sentencia, evento con el cual concluye
el acto de proferir un fallo. "para el caso concreto, si existió una
violación al debido proceso en la votación de la sesión del 20 de mayo, ella es
alegable porque no ha sido proferido el fallo en su integridad."
Y si se adopta la
segunda interpretación, "la nulidad del proceso no sería alegable, pero
ello no descarta la posibilidad de alegar la nulidad de la sentencia y
declararla como tal",  como lo sostuvo la Corte en el auto 008 del 26 de
julio de 1993, con ponencia del Magistrado Jorge Arango Mejía.
Entonces "si la
violación del procedimiento, es decir, del debido proceso, sólo se presentó en
el acto de decidir, en la votación, la nulidad comprende solamente el mismo
acto decisorio. Y por lo mismo, únicamente podía ser alegada con posterioridad
a éste. Nadie podrá sostener lógicamente que la nulidad del acto de decisión
por hechos ocurridos en éste, pudiera alegarse antes de realizarlo". Es
que el debido proceso también debe ser respetado por la Corte Constitucional,
quien es la guardiana de la Constitución y, por tanto, "está obligada a
ser la autoridad que más lo observe y acate."
Finalmente, agrega
el accionante que el artículo 14 del decreto 2067 de 1991 prescribe :
"las decisiones sobre la parte resolutiva de las sentencias deberán ser
adoptadas por la mayoría de los miembros de la Corte Constitucional’. Sin
embargo, para el caso presente, se pregunta : ¿cómo podría adoptarse una
determinada decisión si no existe claridad sobre lo que está siendo sometido a
votación ? ¿No constituiría una gravísima violación al debido proceso, la
disconformidad entre lo consignado en una sentencia y lo aprobado en la sesión
de fallo ? ¿No existiría un desconocimiento del debido proceso y, por
tanto, una violación de la integridad de la Constitución, cuando los
Magistrados que han votado afirmativamente un proyecto de fallo, no tienen
claridad sobre lo decidido y, por tanto, lo que respaldaron ?".
Con base en lo
razonado el accionante formula estas peticiones :
"Primero :
si se acoge la interpretación de que el fallo se entiende proferido cuando la
sentencia se encuentra debidamente ejecutoriada, declarar la nulidad procesal
de lo actuado desde la sesión de fallo del 20 de mayo de 1997, en lo relativo a
la demanda de exequibilidad del artículo 326 del Código Penal, incluida la
votación."
"Segundo :
si se admite que el fallo se entiende proferido cuando la Sala Plena adopta una
decisión, declarar la nulidad de la sentencia proferida en el proceso de
exequibilidad sobre el artículo 326 del Código Penal."
"Tercero :
adoptar, en consecuencia, las decisiones que procedan sobre la integración de
la Sala Plena que deberá proferir un fallo carente de vicio alguno, en el
proceso de exequibilidad sobre el artículo 326 del Código Penal."
I.2 El 16 de junio de 1997, los ciudadanos
ILVA MYRIAM HOYOS CASTAÑEDA Y ANDRES BERNARDO ARANGO MARTINEZ, presentaron ante
esta Corte un escrito "para coadyuvar la solicitud de nulidad formulada el
12 de junio del presente año", por el Arzobispo Alberto Giraldo Jaramillo.
En dicho memorial se refieren los coadyuvantes exclusivamente a aspectos
atinentes a la procedencia de la nulidad en procesos ante la Corte
Constitucional, la tipicidad de la causal, la diferencia que existe entre la
nulidad y un recurso, la oportunidad para alegarla, los efectos de la nulidad
en los procesos constitucionales y la cosa juzgada, para concluir que las
únicas irregularidades que se pueden proponer en actuaciones de esta índole son
aquéllas que impliquen violación del debido proceso (art. 49 inciso 2o. decreto
2067/91). En consecuencia, se preguntan si las "graves irregularidades que
se resumen a continuación ¿constituyen acaso una recta y cumplida
administración de justicia ? ¿son posibilidades de actuación legalmente
previstas ? ¿o integran las formas propias de los juicios de
constitucionalidad ?."
1.
La parte resolutiva de la sentencia no corresponde al
texto de la moción sustitutiva aprobada por seis votos a favor y tres en
contra. Por ello el autor de ésta sostiene que fue modificada.
2.
Los fundamentos de la sentencia no son congruentes con
la decisión adoptada por la Sala Plena, de ahí que uno de los magistrados haya
afirmado que la sentencia no expresa el genuino sentido de la decisión.
3.
El texto de la sentencia C-239/97, no fue adoptado en
la Sala Plena del 20 de mayo de 1997, sino en otro lugar e instancia. Además,
se alteró la decisión de forma tal que no corresponde al contenido de la
sentencia fijada en edicto apenas el 13 de junio de 1997.
Para terminar hacen
las siguientes peticiones :
"Primero :
Admitir y tramitar el incidente de nulidad presentado en el proceso D-1490 por
Monseñor Alberto Giraldo Jaramillo, Arzobispo de Medellín y Presidente de la
Conferencia Episcopal de Colombia."
"Segundo :
Reconocer a quienes suscriben el presente memorial como coadyuvantes de la
solicitud de nulidad presentada en el proceso No. D-1490."
"Tercero :
Por las irregularidades cometidas que implican violación al debido proceso,
declarar nulo el proceso No. D-1490 en la etapa de decisión, suscripción y
elaboración de la sentencia, la cual ha sido radicada bajo el No. 239/97."
I.3 En la misma fecha se recibió un fax
suscrito por el Presidente y la Secretaria General del "Centro de
Trabajadores Cristianos para el Cambio Social. CETRAC", que dice :
"Basados Preámbulo Constitución Nacional ‘..... y asegurar a sus
integrantes la vida....’ y artículo 11 ‘el derecho a la vida es inviolable. No
habrá pena de muerte’. Exigimos respeto derechos fundamentales y anulación
fallo aplicación eutanasia (sic)".
I.4 Dichos escritos se remitieron a la Sala
Plena, la que por intermedio de su Presidente procedió a efectuar, mediante
sorteo, el reparto de rigor, correspondiendo el negocio al magistrado que actúa
como ponente.
En auto del día 19
de junio de 1997, el Magistrado Sustanciador avocó el conocimiento del asunto y
solicitó a la Secretaria General de esta Corporación que certificara acerca del
trámite que se le imprimió al proceso D-1490 desde la presentación de la
demanda hasta la expedición del fallo, cuya respuesta fue entregada por la funcionaria
citada el mismo día.
I.5 El 24 de junio de 1997 los ciudadanos
coadyuvantes presentaron personalmente ante esta Corte, otro memorial
"relativo a la fundamentación de la nulidad alegada dentro del proceso
D-1490 y a los elementos probatorios pertinentes", en el que concretan
cada una de las presuntas irregularidades que, en su sentir, son predicables
del proceso antes citado.
I.5.1 Violación de las normas propias del
juicio de constitucionalidad. En este punto señalan que de acuerdo con lo
estipulado en el Reglamento Interno de la Corte (art. 1) no toda reunión de los
Magistrados de la Corporación conforma la Sala Plena, sino sólo aquélla a la
cual son convocados debida y previamente y que tiene por secretario al
Secretario General de la Corte, quien es el encargado de redactar el acta de la
sesión. La reunión que no cumpla estos requisitos carece de validez, según lo
estatuye el artículo 24 del mismo ordenamiento cuyo texto es éste :
"No serán válidas las decisiones que se adopten en sesión para la que no
hayan sido convocados los Magistrados, salvo que, hallándose todos presentes
acuerden sesionar."
Luego dicen que es
un hecho notorio que el 29 de mayo de 1997 se reunieron los seis magistrados
que apoyaron el fallo (Barrera, Arango, Martínez, Cifuentes, Gaviria y Morón),
realizando una reunión informal para verificar los términos de la sentencia.
Esta actuación "no sólo está por fuera del marco jurídico (praeter legem),
sino que es contraria a él (contra legem)", lo que constituye una
irregularidad que viola el debido proceso. Además, las correcciones que allí se
acordaron e hicieron a la sentencia C-239/97 "no fueron sólo de estilo,
sino la adopción de una sentencia parcialmente distinta a la decidida en la
sesión del 20 de mayo de 1997. Es por ello que el Magistrado Cifuentes escribió
en su aclaración especial de voto que ‘en ningún otro lugar, momento o
instancia -distinto de la Sala Plena- puede adoptarse una sentencia que sea la
sentencia de la Corte Constitucional’".
I.5.2 Disconformidad entre la sentencia C-239/97
y lo decidido en Sala Plena.
En primer término consideran los peticionarios que el texto del numeral 1o. de
la parte resolutiva de la sentencia, no coincide con el que fue aprobado por la
Sala Plena, y después de transcribir la parte resolutiva que aparecía en el
proyecto de fallo presentado por el ponente y la propuesta sustitutiva hecha
por el Magistrado Cifuentes, afirman que esta última fue la que finalmente se
aprobó por seis votos contra tres, y cuyas "partes motivas hacían
referencia a la eutanasia indirecta y a la eutanasia pasiva, nunca a la
eutanasia activa y directa". Además, expresan que no se puede negar la
existencia de la proposición sustitutiva y de su aprobación, pues ¿cómo
explicar la incorporación del enfermo terminal en la parte resolutiva de
la sentencia ?.
Iguales
consideraciones hacen en relación con el sujeto activo de la conducta
tipificada en el artículo 326 del Código Penal, pues sostienen que "la
ponencia original hacía referencia a "el autor", y no a "el
médico autor" como quedó consignado en la parte resolutiva de la
sentencia."
También aluden a que
el numeral segundo de la parte resolutiva  de la sentencia tiene dos elementos
de disconformidad, a saber : a) La exhortación al Congreso para que regule
la inducción o ayuda al suicidio y b) la exhortación al Congreso para que
regule la participación de terceros distintos al médico en la muerte digna.
Sobre el primer punto
manifiestan que al leer el numeral 2o. de la parte resolutiva de la sentencia y
la definición que en la motivación se hace de muerte digna, dicho
numeral quedaría integrado así :"Exhortar al Congreso para que en el
tiempo más breve posible, y conforme a los principios constitucionales y a
elementales consideraciones de humanidad, regule la asistencia al suicidio, la
eutanasia activa voluntaria o involuntaria y la eutanasia pasiva,
comportamientos que en el caso sub-examine se relacionan con la muerte digna" ;
así las cosas, la parte resolutiva de la sentencia no corresponde con lo
aprobado por la Sala Plena, pues "mientras en la parte resolutiva se
exhorta al Congreso a regular permisivamente la ayuda al suicidio, expresamente
el Magistrado Ponente aclara su voto porque ‘ha debido extenderse la
interpretación permisiva, a la ayuda al suicido contemplada en el artículo 327
del Código Penal, como se proponía en el proyecto de fallo y, en esto, lo
acompaña el Magistrado Jorge Arango Mejía. Es un hecho notorio, como se ha
dicho, que el proyecto de fallo presentado por el Magistrado Ponente proponía
que la Corte Constitucional, al declarar la exequibilidad condicionada del
artículo 326 del Código Penal, señalase que éste conformaba unidad normativa
con el artículo 327, cuya exequibilidad también se condicionaría. La Sala Plena
aprobó entre otras determinaciones, la supresión de la referencia al mencionado
artículo 327. Sin embargo, el numeral segundo de la parte resolutiva se
extiende a este artículo, puesto que en la exhortación al Congreso se incluye
evidentemente la inducción o ayuda al suicidio. Por tanto, es evidente para
todos -incluido el Magistrado Ponente, el Magistrado que lo acompañó en su
aclaración de voto y el Magistrado que aclaró su voto de manera especial- que
el segundo numeral de la parte resolutiva de la sentencia C-239/97 no
corresponde de manera parcial, con lo que fue aprobado en la sesión del 20 de
mayo de 1997. Con esta grave irregularidad se han pretermitido disposiciones
básicas y estructurales del juicio de constitucionalidad e, igualmente, se ha
violado el debido proceso."
En lo que respecta
al punto segundo, sostienen que la sentencia C-239/97 "exhorta al Congreso
a regular, entratándose (sic) de la muerte digna, qué personas -denominadas
sujetos calificados o personas competentes- pueden tomar parte en este proceso.
Se permite, de esta manera, que la regulación se extienda a terceros distintos
del médico, en contravía de lo dispuesto por la Sala Plena que decidió
restringir el sujeto activo de cualquier persona -como se proponía en el
proyecto de fallo- al médico, como efectivamente se observó, por lo que hace al
primer considerando. Por tanto, es evidente que en relación con el sujeto
activo cuya conducta está justificada en la ‘muerte digna’, el segundo numeral
de la parte resolutiva de la sentencia C-239/97 -integrado como es lógico con
los considerandos de la providencia- no corresponde, de manera parcial, con lo
que fue aprobado en la sesión del 20 de mayo de 1997. Esta irregularidad
desconoce normas del juicio de constitucionalidad que llevan a la parte
resolutiva a ser incongruente, por ello, se ha violado el debido
proceso."
Finalmente, reiteran
que "la disconformidad no consiste, precisamente, en no haber sido
incorporado el pensamiento de los Magistrados que salvaron el voto, sino, en no
haber incluido fielmente la propuesta sustitutiva acogida por los integrantes
de la mayoría, propuesta que -según se lee en la aclaración especial de voto de
la sentencia C-239/97-, incluiría la aceptación de la eutanasia pasiva,
posibilidad que tampoco contaba con la aceptación de los Magistrados que
salvaron su voto, según se aprecia en sus respectivos salvamentos."
I.5.3 Otras irregularidades en la sentencia
C-239/97 en relación con lo decidido por la Sala Plena. Dicen los
accionantes que a pesar de que el artículo 14 del decreto 2067 de 1991
prescribe que "en todo caso de contradicción entre la parte resolutiva y
la parte motiva de un fallo, se aplicará lo dispuesto en la parte resolutiva".
Sin embargo, la grave contradicción entre estas dos partes de la sentencia
constituye violación al Estado social de derecho "pues no sería lo
jurídico sino el arbitrio del juez -al cual no se encuentran sometidos los
habitantes del territorio nacional-, lo que se tornaría en obligatorio".
Un caso típico de incongruencia sería "aquél en que las consideraciones
justifican un fallo de constitucionalidad distinto del adoptado en la parte
resolutiva, es decir, aquél en el que lo resuelto no se justifica en la parte
motiva, a pesar de existir ella", que es precisamente lo que ocurre de
manera parcial en la sentencia C-239/97.
En efecto, la
motivación viene tratando de un alguien, una persona, un individuo que ayuda a
un enfermo terminal a hacer uso de su opción, un sujeto activo cuya conducta
justifican. Sin embargo, en un salto conceptual, en la parte resolutiva de la
sentencia se restringe al médico, por una razón que no sólo es aplicable a él.
Seguidamente, en forma infundada "el alguien" vuelve a restringirse
"al médico" cuando se da una directriz al juez para actuar, mientras
el legislador regula la muerte digna, y en la parte resolutiva se menciona en
el numeral primero al "médico actor". Estos virajes conceptuales
serían irrelevantes si se tratase de algo accesorio, pero en este caso, la
conducta que se examina en la sentencia C-239/97 es la de ese
"alguien" o la del "médico".
De otra parte,
sostienen que los considerandos de la sentencia avalan la decisión de un
enfermo terminal de quitarse la vida -el suicidio en determinadas
circunstancias-, mas no la conducta antijurídica de un tercero -a veces el
médico- de acceder a la petición de aquél, es decir, "los considerandos de
la sentencia C-239/97 que pretenden justificar la condicionalidad impuesta a la
declaratoria de exequibilidad del artículo 326 del Código Penal, serían
pertinentes para una decisión sobre el suicidio, mas no para el caso
sub-examine". Continúan diciendo que el Magistrado Ponente que acepta
redactar el nuevo proyecto que ha de contener la tesis mayoritaria, debe
hacerlo con el eje temático adoptado por la Corte y no incorporar simplemente
una serie de palabras o frases que pueden resultar inconexas o contradictorias
con el resto del fallo. "Cuando esto último sucede la sentencia termina no
sólo siendo disconforme con la integridad de lo decidido en la Sala de un juez
plural, sino que se vuelve internamente incongruente, de forma tal, que una
parte de lo decidido queda sin justificación y motivaciones -incluso
principales- terminan no fundando ninguna decisión (sic)". Estas
irregularidades violan el debido proceso y atentan contra el Estado social de
derecho.
I.5.4 Error del juez en la decisión sobre una
cualidad esencial. Después de transcribir los artículos 9 y 14 inciso
primero, del decreto 2067/91 y los artículos 14-1-3-4-5, 34 inciso 2 y 35
inciso segundo, del Reglamento Interno de la Corte, concluyen los accionantes
que "el juicio de constitucionalidad está compuesto de dos
elementos : uno cognocistivo integrado, tanto por la advertencia o
conocimiento del acto (estudio del proyecto de fallo), como por la deliberación
o consideración sobre el pro y el contra de los motivos de la decisión, sobre
su procedencia (deliberación en sala)- ; otro volitivo que consiste en la
decisión querida por los Magistrados (votación en sala)."
La decisión sobre un
proyecto de fallo en la Sala Plena de la Corte se toma mediante el
consentimiento expresado por los Magistrados -asintiendo o negando-. Dicho
consentimiento puede adolecer de vicios, como el error, la fuerza o el dolo.
Estos dos últimos de muy difícil ocurrencia dada la independencia de los jueces
y probidad de los sujetos procesales. No ocurre lo mismo con el error
(inexcusable, jurisdiccional, matemático etc.). El Reglamento de la Corte tiene
presente la posibilidad de error del Magistrado al votar, "cuando precisa
que la manifestación externa debe ser inequívoca, esto es,
carente de equivocación."
Con la aclaración de
que lo que sigue es parcialmente excluyente  de lo consignado en el punto
anterior, proceden a precisar la clase de error que, en su criterio, se
presentó en la Sala Plena al decidir el condicionamiento impuesto a la
exequibilidad del artículo 326 del Código Penal, advirtiendo que no se trata de
un error de derecho, sino de un error de hecho "sobre la calidad esencial
del objeto votado. En paráfrasis, podría decirse que el error de hecho vicia el
consentimiento de un Magistrado -y, por ende, de la Corte o Tribunal- cuando la
calidad esencial de la proposición sometida a votación, es diversa de lo que se
cree ; como si uno de los Magistrados supone que está sometida a votación
la propuesta sustitutiva, y realmente lo sometido a votación es la propuesta original.
Por nuestra parte, esta clase de error de hecho es la única explicación
adecuada para comprender la divergencia que acusa la sentencia C-239/97."
Este error en la votación es sostenido por dos magistrados que tenían
posiciones diferentes frente al tema y corroborado por la Secretaria General en
la certificación expedida.
Concluyen este punto
diciendo que "cualquiera sea la equivocación que haya sucedido, es
manifiesto que el juicio de la Sala Plena de la Corte Constitucional, al
adoptar una decisión sobre las circunstancias a las cuales se condicionaba la
exequibilidad del artículo 326 del Código Penal, adoleció de un grave vicio de
error sobre la identidad y singularidad de lo sometido a votación. No se ha
planteado en este acápite si la decisión consignada en el sentencia C-239/97 es
correcta o errónea en derecho, sino si la Sala Plena obró con claridad o se
equivocó sobre un esencial asunto de hecho -la moción sometida a votación- al
momento de fallar."
I.5.5 Elementos probatorios aducidos. Dicen
los peticionarios que dada la singularidad de este incidente de nulidad, la
mayor parte de lo afirmado son hechos notorios, por lo menos así debe entender
una Corporación de Justicia lo que acontece en su Sala Plena, lo que se
contiene en las actas de aquélla, lo que declaran públicamente sus miembros a
los medios de comunicación, lo que se manifiesta en sus sentencias -incluidas
las aclaraciones, los salvamentos de voto, y los documentos transcritos en unas
y otros-. Por tanto, en el incidente sub-judice, la inmensa mayoría de
hechos mencionados, no requiere prueba."
Sin embargo, a
renglón seguido expresan : "Pero la singularidad del presente caso no
se limita a los hechos notorios, sino que se extiende a la circunstancia de ser
los propios magistrados -aquellos que decidirán el incidente en que tienen
evidente interés- quienes son los testigos principales de lo realmente
acontecido en la Sala Plena del 20 de mayo de 1997 y lo acaecido posteriormente
sobre esta cuestión, consideración que, en alguna medida, es predicable de la
Secretaría General de la Corte Constitucional y de los Magistrados Auxiliares.
Se tiene plena confianza de que el Magistrado Sustanciador, para administrar
recta y cumplida justicia, decretará las pruebas de oficio conducentes en relación
con esta circunstancia, puesto que en su calidad de Magistrado Ponente de la
Sentencia C-239/97 ha de ser el más interesado en despejar la sombra de duda
que actualmente existe sobre esa providencia."
En razón de lo
argumentado solicitan :
"Primero.
Admitir el presente escrito, por su pertinencia para una decisión justa en el
incidente de nulidad presentado en el proceso No. D-1490."
"Segundo.
Declarar nulo el proceso No. D-1490 en la etapa de decisión, suscripción y
elaboración de la sentencia, la cual ha sido radicada bajo el No. 239/97, en
consideración a las irregularidades cometidas, de las cuales se dio cuenta en
el presente memorial, que implican violación al debido proceso."
I.6 El día 24 de junio de 1997 la Secretaria
General envió al despacho del Magistrado Ponente el fax suscrito por el señor
Juan Carlos Rodríguez Vall-Serra, en el que solicita "decretar la nulidad
de la sentencia proferida en Sala Plena que da vía libre a la aplicación de la
EUTANASIA en Colombia, (sic) pues a mi juicio además de ser violatoria del
artículo 11 de la Constitución Nacional, constituye un grave atentado contra
los principios más caros de la nacionalidad colombiana. Pretender enmarcar la
eutanasia dentro de las causales de justificación de los hechos punibles
constituye en nuestro entender, una grave distorsión en la interpretación
jurídica del texto legal que contraría abiertamente la voluntad del
legislador."
II.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
II.1 Competencia
Al tenor de lo
dispuesto en el artículo 49 del decreto 2067 de 1991, compete a la Sala Plena
de la Corte tramitar y decidir los incidentes de nulidad que se promuevan
dentro de los procesos que se sigan ante ella.
II.2 Carácter
excepcional de la nulidad en procesos constitucionales.
Esta Corporación,
con fundamento en lo dispuesto en el artículo 49 del decreto 2067 de 1991, ha
venido admitiendo solicitudes de nulidad de procesos de constitucionalidad, no
sólo por actuaciones o hechos ocurridos antes de dictarse el fallo sino también
por irregularidades en la sentencia misma, siempre y cuando éstas impliquen
violación del debido proceso. La Sala Plena, ha dicho la Corte, tiene "el
deber de declarar las nulidades que se presenten en cualquier etapa del proceso.
Y la sentencia es una de ellas."[9]
También ha dejado en
claro que "no puede concebirse la nulidad como un recurso contra todas sus
sentencias, pues bien se sabe que el artículo 243 de la Constitución les
confiere la fuerza de la cosa juzgada constitucional y que, por su parte, el
artículo 49 del decreto 2067 de 1991 establece de modo perentorio que ‘contra
las sentencias de la Corte Constitucional no procede recurso alguno".
Por otra parte, se
ha referido expresamente a las irregularidades que pueden dar lugar a la
declaración de nulidad, advirtiendo que son sólo aquellas "violaciones
ostensibles y probadas del artículo 29 de la Constitución Política. Se trata de
situaciones jurídicas especialísimas y excepcionales, que tan sólo pueden
provocar la nulidad del proceso cuando los fundamentos expuestos por quien la
alega muestran, de manera indudable y cierta, que las reglas procesales aplicables
a los procesos constitucionales, que no son otras que las previstas en los
decretos 2067 y 2591 de 1991, han sido quebrantadas, con notoria y flagrante
vulneración del debido proceso. Ella tiene que ser significativa y
trascendental, en cuanto a la decisión adoptada, es decir, debe tener unas
repercusiones sustanciales, para que la petición de nulidad pueda
prosperar." [10]
Con fundamento en
estos parámetros procede la Corte a estudiar las solicitudes de nulidad
impetradas.
II.3 Las
peticiones de nulidad
Dado que las
solicitudes suscritas por el Presidente y la Secretaria General de
"CETRAC" y la del ciudadano Juan Carlos Rodríguez Val-Serra, las cuales
se transcribieron en su integridad en el acápite de antecedentes, no reúnen los
requisitos mínimos indispensables para que esta Corporación pueda proceder a su
estudio, puesto que omitieron señalar cuáles hechos o actuaciones de las
adelantadas por la Corte dentro del expediente D-1490, vulneran el debido
proceso, única causa que puede dar lugar a la nulidad de procesos de
constitucionalidad, ni las pruebas que demuestran tales sucesos, la Corte, ante
estas circunstancias, las rechazará de plano.
II.4 La
intervención ciudadana en incidentes de nulidad
Siendo la acción
pública de inconstitucionalidad un derecho político concedido a todos los
ciudadanos con el fin de resguardar el orden constitucional, el Constituyente
permite en esta clase de procesos la intervención de todos aquellos ciudadanos
que quieran actuar como impugnadores o defensores de las normas sometidas al
juicio de la Corte, incluídos los procesos en los que no se requiere dicha
acción, es decir, aquellos en que esta Corporación ejerce el control automático
u oficioso de constitucionalidad.
Dicha participación
está consagrada en el artículo 242-1 del Estatuto Superior, en estos
términos : "Cualquier ciudadano podrá ejercer las acciones públicas
previstas en el artículo precedente, e intervenir como impugnador o defensor de
las normas sometidas a control en los procesos promovidos por otros, así como
en aquellos para los cuales no existe acción pública". La intervención es
entonces un derecho que tiene todo ciudadano interesado en la defensa del orden
jurídico, para actuar como impugnador o coadyuvante en los procesos
constitucionales.
Al no existir
disposición constitucional ni legal que impida o limite la intervención, hay
que aceptar que ésta se extiende a todas aquellas actuaciones que se surtan en
el proceso, inclusive las que puedan surgir con posterioridad a la decisión que
le pone fin, como serían por ejemplo, los incidentes de nulidad por cuestiones
relacionadas con irregularidades en su trámite, o pretermisión del procedimiento
que los rige. Esta la razón para admitir la coadyuvancia presentada por los
ciudadanos Ilva Myriam Hoyos y Andrés Bernardo Arango en este incidente.
II.5 Cinco días después que el magistrado
ponente avocara el conocimiento del asunto, los coadyuvantes presentaron otro
memorial, según ellos, "relativo a la fundamentación de la nulidad alegada
en el proceso D-1490 y a los elementos probatorios", el que resulta
extemporáneo, pues la oportunidad procesal para hacerlo ya había precluído y,
en consecuencia, lo que procedería sería su inadmisión. Sin embargo la Corte,
obrando con la mayor amplitud, lo tendrá en cuenta en su pronunciamiento, dando
aplicación al principio de prevalencia del derecho sustancial, pues es ella la
más interesada en hacer claridad sobre los hechos y actuaciones a que alude la
petición de nulidad.
II.6 Fundamentos
de la nulidad del proceso D-1490
En el caso que hoy
se somete a la consideración de la Corte, la petición de nulidad del proceso
D-1490 en el que se analizó la demanda de inconstitucionalidad presentada por
el ciudadano José Eurípides Parra Parra contra el artículo 326 del Código
Penal, se fundamenta básicamente en un solo hecho, si bien son múltiples las
circunstancias que -a juicio de los intervinientes- concurren a probarlo: que
la decisión aprobada por esta Corporación en la Sala Plena celebrada el 20 de
mayo de 1997, es diferente a la que aparece en la sentencia C-239/97. Para
resolver esta acusación, la Corte se referirá a cada uno de los puntos invocados
por los accionantes, pero antes debe hacer algunas anotaciones previas.
En primer término
advierte la Corporación que tanto en la solicitud del Arzobispo Alberto Giraldo
Jaramillo como en el primer escrito de coadyuvancia, se acude, para demostrar la
presunta irregularidad denunciada, a informaciones de prensa aparecidas en los
diarios El Tiempo y El Espectador del mes de junio de 1997, en las que se alude
a declaraciones hechas por algunos Magistrados, en especial de lo afirmado por
el Magistrado que presentó aclaración "especial" de voto. Las
informaciones de prensa no son prueba idónea para demostrar sucesos acaecidos
dentro de un proceso. Pues si bien es cierto que conforme al artículo 20 de la
Constitución los periodistas tienen la obligación de suministrar
"información veraz e imparcial", este solo hecho no es suficiente
para comprobar que lo publicado en un medio de comunicación, en este caso
escrito, se ajuste a la realidad y, por ende, su contenido sea verdadero. Son
otros los elementos probatorios a los que debe acudirse para establecer la
verdad y objetividad de tales informes.
Los documentos que
pueden constituir prueba idónea para demostrar las presuntas irregularidades en
el trámite de cualquier proceso adelantado por esta Corte, son las mismas
actuaciones proferidas por ella, que lo conforman, y que permitirían establecer
los actos u omisiones en que se ha podido incurrir en su diligenciamiento.
II.6.1 Trámite de
los procesos de constitucionalidad
El procedimiento que
rige los procesos constitucionales está contemplado en distintos ordenamientos,
a saber : la Constitución (arts. 241 y ss), la ley 270/96 estatutaria de
la Administración de Justicia, el decreto 2067 de 1991 y el Reglamento Interno
de la Corte (Acuerdo No. 5 de 1992). Para el caso a estudio, únicamente se
referirá la Corte a los procesos que pudiéramos denominar ordinarios, esto es,
a los que se inician a petición ciudadana, pues a él pertenece el que es objeto
de este incidente.
El proceso
constitucional ordinario, como ya se anotó, se inicia con la demanda, la cual
debe presentarse en forma personal por el demandante o con nota de que tal
presentación se hizo. Una vez recibida en la Secretaría General, se procede a
incluirla dentro del programa de trabajo y reparto de la Sala Plena de la
Corte, quien por intermedio de su Presidente efectúa el reparto correspondiente
entre todos los magistrados. El Magistrado a quien se le asigne el negocio
tiene diez (10) días para admitir o inadmitir la demanda. En caso de inadmisión,
que generalmente ocurre por inobservancia de los requisitos formales
establecidos en el artículo 2o. del decreto 2067/91, se le concede un término
de tres días al actor para que la corrija en el sentido indicado en el auto
respectivo. Si el demandante no cumple lo ordenado en el auto, la demanda se
rechaza.
El rechazo de la
demanda también ocurre cuando sobre la norma acusada existe cosa juzgada o la
Corte es incompetente para pronunciarse sobre ella.
Si la demanda es
admitida se ordena fijar en lista el negocio por el término de diez (10) días,
en la Secretaría General de la Corporación, para efectos de permitir la
intervención ciudadana. Y en forma simultánea se envía copia del expediente al
Procurador General de la Nación para que emita su concepto, dentro del término
de treinta (30) días. Recibido éste, pasa el negocio al despacho del Magistrado
Ponente para que proyecte la sentencia correspondiente, en un plazo de treinta
(30) días, período dentro del cual debe registrar el proyecto en la Secretaría
General de la Corte, para su estudio por la Sala Plena, la que tiene un término
de sesenta días contados a partir del registro del proyecto, para decidir.
Antes que se lleve a
cabo la Sala Plena en la que se debe estudiar un determinado proceso, la
Secretaría General de la Corte envía copia del proyecto de fallo registrado por
el Ponente a cada uno de los Magistrados, con el fin de que tengan tiempo
suficiente para su análisis.
La sentencia
aprobada por la Sala Plena se notifica por medio de edicto, y se procede al
envío de copias a las autoridades respectivas, y a la publicación en la Gaceta
de la Corte Constitucional. Luégo se archiva el expediente.
II.6.2 Trámite
del proceso D-1490, materia de debate
De acuerdo con la
certificación expedida por la Secretaria General de esta Corporación, que obra
a folios 33 a 35 del expediente, el proceso D-1490, objeto del incidente de
nulidad, surtió el siguiente trámite :
n La demanda fue radicada en la Secretaría General de la
Corte el 8 de octubre de 1996.
n El reparto se efectuó en la Sala Plena del 10 de
octubre de 1997, correspondiéndole al Magistrado Carlos Gaviria Díaz.
n El 15 de octubre de 1996 se recibió en el despacho del
Magistrado Sustanciador.
n El 25 de octubre de 1996 el Magistrado Ponente dictó
un auto en el que admitó la demanda, ordenó el traslado del negocio al
Procurador y el envío de las comunicaciones a las personas que allí se
enuncian.
n La fijación en lista y el traslado del expediente al
Procurador para emitir concepto, se realizaron el 28 de octubre de 1996.
n El 11 de diciembre de 1996 ingresó el expediente al
despacho del Magistrado Ponente para elaborar y registrar el correspondiente
proyecto de fallo, cuyo término vencía el 17 de febrero de 1997, fecha en la
que se produjo el citado registro.
n El 20 de mayo de 1997 la Sala Plena de la Corte
expidió la sentencia No. C-239/97 con la que concluyó el proceso, la cual fue
notificada por edicto.
Como se puede
observar, los términos fijados en la Constitución y la ley fueron respetados, y
los pasos o etapas estatuídos para esta clase de procesos se cumplieron a
cabalidad.
II.6.3 El estudio
del proceso en la Sala Plena
El proceso D-1490
fue estudiado por la Sala Plena en dos sesiones que se celebraron así :
una, el jueves 15 de mayo y la otra el martes 20 de mayo de 1997, y a ellas
asistieron todos los Magistrados que conforman la Corte Constitucional, tal
como se lee en la certificación que aparece en el expediente a folio 33.
En la primera sesión
se presentó, por parte del ponente, el proyecto de fallo correspondiente, en
cuya parte resolutiva proponía declarar exequible el artículo 326 del Código
Penal, con la advertencia de que en el caso de que mediara el consentimiento
del sujeto pasivo del acto, no podía derivarse responsabilidad para el autor
del homicidio. El consentimiento, en consecuencia, traía consigo una causal de
justificación del hecho.
Igualmente, proponía
declarar exequible el artículo 327 del mismo Código Penal, en el entendido de
que también en este caso el consentimiento implicaba la justificación de quien
"ayuda al suicidio".
Después que el
ponente expuso sus argumentaciones con respecto al caso sometido al juicio de
la Corte, se inició el debate. El magistrado Vladimiro Naranjo Mesa intervino
para pedir la "rotación" del proceso, pues, a su juicio, debido a la
importancia y trascendencia del asunto -"se trata nada más ni nada menos
que de legalizar la eutanasia"- y la decisión que se habría de adoptar,
era necesaria una mayor reflexión y estudio sobre el tema. El presidente de la
Corporación, concedió la rotación pedida, anunciando desde ya su voto
afirmativo al proyecto presentado. En consecuencia, se procedió a suspender la
discusión, tal como lo ordena el Reglamento Interno en su artículo 34-5, la que
debía continuar en la Sala Plena del 20 de mayo de 1997.
En el curso del
debate, y como resultado de éste, se modificó la propuesta hecha por el
ponente, en los términos que más adelante se explican.
II.6.4 Adopción
de decisiones en Sala Plena (quórum, votación, mayoría).
Para efectos de la
deliberación y decisión de los procesos constitucionales por parte de la Sala
Plena de la Corte, la ley estatutaria de la Administración de Justicia en su
artículo 54, exige la asistencia y voto de la mayoría de los miembros de la
Corporación. Dice así dicha disposición : "Todas las decisiones
que las Corporaciones judiciales en pleno o cualquiera de sus salas o secciones
deban tomar, requerirán para su deliberación y decisión, de la asistencia y
voto de la mayoría de los miembros de la Corporación, sala o sección...".
Dado que el
legislador no exigió una mayoría calificada, ha de entenderse que ésta es la
mayoría simple, es decir, cualquier número entero de votos superior a la mitad
del número de magistrados que integran la Corte.
De acuerdo con la
certificación expedida por la Secretaria General tantas veces citada, a las
sesiones en las que se discutió y aprobó el proceso D-1490, asistieron todos
los magistrados que integran la Corte Constitucional.
Como el actor
cifraba su argumento de inconstitucionalidad del artículo 326 del Código Penal,
en la rebaja muy significativa de pena contemplada en él para el homicidio
piadoso, se procedió a considerar las razones expuestas en el proyecto de fallo
para rechazar el cargo, las cuales fueron aprobadas por unanimidad.
Luégo entró a
discutirse la propuesta sustentada en la ponencia, de declarar justificada la
conducta del sujeto activo (en la hipótesis del homicidio piadoso) cuando
mediara el consentimiento del sujeto pasivo. Como dicha propuesta incluía la
extensión de la causal justificativa a la hipótesis de la ayuda al suicidio,
contemplada en el artículo 327 del Código Penal, esta última fue rechazada por
la mayoría de los magistrados, anunciando los magistrados Arango y Gaviria que,
como consideraban más congruente la propuesta contenida en la ponencia, harían,
en ese sentido, una aclaración de voto.
Así mismo, el
magistrado Cifuentes propuso restringir la causal justificativa al caso de los
enfermos terminales (restricción que no hace el artículo 326 del Código penal,
para la rebaja de pena), propuesta que, no obstante las objeciones hechas por
el ponente, fue también acogida mayoritariamente.
En consecuencia, el
mismo magistrado Cifuentes presentó una propuesta sustitutiva a la del proyecto
original, en el sentido de que la declaración de exequibilidad del artículo
326, se hacía en los términos finalmente acordados mayoritariamente, propuesta que
el propio magistrado ponente no tuvo inconveniente en acoger, conforme al
sentir mayoritario.
El resultado de la
votación de la propuesta fue de seis votos a favor, por parte de los
magistrados Jorge Arango Mejía, Antonio Barrera Carbonell, Carlos Gaviria Díaz,
Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz y  Eduardo Cifuentes Muñoz y
tres votos en contra que corresponden a los magistrados José Gregorio Hernández
Galindo, Hernando Herrera Vergara y Vladimirio Naranjo Mesa.
Sin embargo, como el
texto de lo aprobado es objeto de impugnación por parte de los accionantes en
este incidente, la Corte se referirá a él más adelante en el capítulo destinado
a analizar en detalle los cargos formulados.
II.6.5 Firma y
fecha de las sentencias
El artículo 56 de la
ley estatutaria de la Administración de Justicia autoriza a las Corporaciones
Judiciales para que en el Reglamento Interno determinen la forma como serán
expedidas y firmadas las providencias que dicten. También deberán señalar un
término perentorio para que los Magistrados que disientan de las decisiones
adoptadas por la mayoría, presenten las aclaraciones o los salvamentos de voto
correspondientes, "sin perjuicio de la publicación de la sentencia. La
sentencia tendrá la fecha en que se adopte".
El Reglamento
Interno de la Corte consagra en su artículo 34-9 lo siguiente. "Cuando el
proyecto o estudio obtenga la mayoría legal de los votos de los magistrados, a
cada uno de los demás se concederá el plazo fijado en el decreto 2067 de 1991
para aclarar o salvar su voto....". El ordenamiento al que remite,
establece en el artículo 14 inciso 2o. un plazo de cinco (5) días.
En lo que respecta a
la firma de las sentencias aprobadas por la Sala Plena, no existe disposición
en el Reglamento Interno que se refiera al tema ; sin embargo, la
Corporación lo ha venido realizando así : en primer lugar el ponente es
quien debe estampar su firma luégo lo hace el Presidente de la Corte, y después
cada uno de los magistrados. Cuando alguno de los magistrados disiente en todo
o en parte de la decisión mayoritaria procede a firmarla junto con la expresión
"con aclaración de voto", o "con salvamento de voto", según
el caso.
La firma de las
sentencias por parte de los magistrados es requisito indispensable para su
validez, pues con ella dan fe de que su contenido corresponde a lo decidido y
aprobado en Sala Plena. Tales providencias requieren de la firma de todos los
magistrados que concurrieron a la sesión en la que se tomó la determinación
correspondiente, aun de aquellos que hayan disentido total o parcialmente. Los
disidentes deben salvar o aclarar su voto dentro de los cinco (5) días
siguientes a la fecha de la providencia, pero su retardo no impide la
publicación de la misma, como lo ordena la norma estatutaria primeramente
citada.
La sentencia
C-239/97 fue suscrita por todos los Magistrados de la Corte, dejando los
magistrados disidentes la anotación clara y expresa de su aclaración o
salvamento de voto.
La fecha de la sentencia
es la que corresponde a la Sala Plena en la que se votó el proyecto de fallo,
hecho que tuvo ocurrencia el día 20 de mayo de 1997. (art. 56 ley estatutaria
de la Administración de Justicia)
II.6.6
Divulgación de las decisiones de la Sala Plena y publicación de la sentencias
El Presidente de la
Corte Constitucional es el vocero oficial de la entidad y, como tal, el único
magistrado autorizado para informar oficialmente sobre los asuntos decididos
por la Sala Plena (art. 9-c Reglamento Interno). Este precepto guarda perfecta
armonía con el artículo 64 de la ley estatutaria de la Administración de
Justicia, que en lo pertinente reza : "Tratándose de Corporaciones
Judiciales, las decisiones serán divulgadas por conducto de sus
presidentes."
Así las cosas, la
divulgación de lo resuelto por la Sala Plena de la Corte en su sesión del 20 de
mayo de 1997, con relación al proceso D-1490 por parte de su Presidente
constituye un ejercicio legítimo de la función que al respecto le ha sido
asignada.
Adviértase que el
artículo 56 de la ley estatutaria de la Administración de Justicia, transcrito
en el punto anterior, autoriza la publicación de la sentencia antes que los
magistrados disidentes hayan salvado o aclarado su voto.
La publicación del
texto oficial del fallo, en la Gaceta de la Corte Constitucional, debe ser
íntegra y contener los respectivos salvamentos y aclaraciones de voto que se
hayan presentado.
II.6.7 Las actas
de la sala plena
Según lo ordena el
Reglamento Interno de la Corte (art. 36), las actas de las sesiones de Sala
Plena deben contener un resumen de todo lo acontecido en ellas. "De las
exposiciones de los magistrados se hará otro tanto, si éstos lo exigen y las
presentan por escrito".
Las actas de la Sala
Plena son de acceso público según lo consagra el artículo 57 de la ley
estatutaria de Administración de Justicia cuyo texto es éste : "También
son de acceso público las actas de las sesiones de la Sala Plena de la
Corte Constitucional, de las Salas y Secciones del Consejo de Estado y
de los Tribunales Administrativos y de las Salas de la Corte Suprema de
Justicia y de los Tribunales superiores de Distrito Judicial en las cuales
consten los debates, actuaciones y decisiones judiciales adoptadas para
propugnar por la integridad del orden jurídico, para hacer efectivo el
cumplimiento de una ley o un acto administrativo de carácter general y para la
protección de los derechos e intereses colectivos frente a la omisión o acción
de las autoridades públicas".
Al declarar
exequible este precepto legal, advirtió la Corte que "el acceso público a
las actas de las sesiones que se lleven a cabo en las corporaciones de que
trata el artículo 57, deberá estar condicionado a su previa
aprobación" . De esta manera los integrantes de cada corporación
tienen la oportunidad de revisar el contenido de tales documentos, "con el
fin de verificar que en ellos se consigne adecuadamente su deliberación y la
votación en cada debate." (sent. C-37/96 M.P. Vladimirio Naranjo Mesa). A
partir de ese momento se convierten en documentos oficiales de acceso libre al
público.
II.6.8
Obligatoriedad de la sentencia expedida por la Sala Plena en juicios de
constitucionalidad
Toda sentencia
dictada por esta Corporación, dentro de los procesos de constitucionalidad,
firmada por los Magistrados y debidamente ejecutoriada, es obligatoria y
produce efectos erga omnes. Este carácter definitivo  e inmodificable de
la sentencia se deriva de la cosa juzgada material que se produce de
conformidad con lo dispuesto por el artículo  243 del Estatuto Supremo, salvo
que la misma Corporación deje expresa constancia de la existencia de cosa
juzgada relativa.
III.  Los hechos que se aducen como irregulares
En el mismo orden
propuesto por los accionantes se pronunciará la Corte :
III.1 Que la reunión de los Magistrados celebrada
el 29 de mayo de 1997 para "verificar los términos de la sentencia",
se celebró fuera del marco jurídico, contrariándolo, y se modificó la decisión
tomada por la Sala Plena el 20 de mayo de 1997. Al respecto, debe considerar la
Corporación lo que sigue :
Como bien lo afirman
los accionantes, el Reglamento Interno de la Corte en su artículo 24, ordena
que las sesiones de la Sala Plena se celebren previa convocación. Dichas
sesiones pueden ser ordinarias o extraordinarias. Las primeras se efectúan
generalmente los días jueves de cada semana a las nueve de la mañana o el día
que para el efecto decida la Sala Plena. Las segundas se realizan a iniciativa
del Presidente de la Corte o, en su ausencia, del Vicepresidente, o cuando lo
soliciten por lo menos dos magistrados, siempre que se indique el objeto de la
reunión.
La convocación se
hace generalmente por escrito en el que se indican el lugar, la hora y el
objeto de la sesión. En caso de urgencia, se autoriza para citar a los
magistrados en forma verbal, de lo cual se debe dejar testimonio en el acta.
Igualmente, se
establece que  "No serán válidas las determinaciones que se adopten en
sesión para la que no hayan sido debidamente convocados los magistrados, salvo
que, hallándose todos presentes, acuerden sesionar."
La reunión que con
posterioridad a la sala plena del 20 de mayo de 1997, se celebró por parte de
los magistrados que votaron a favor de la exequibilidad condicionada del
artículo 326 del Código Penal, en los términos expuestos atrás, (Jorge Arango
Mejía, Antonio Barrera Carbonell, Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz,
Alejandro Martínez Caballero y Fabio Morón Díaz) no requería de convocación
pues no se trataba de una sesión de la Sala Plena sino de una reunión informal
que decidieron hacer los magistrados del grupo mayoritario, básicamente por dos
razones : Primera, porque el magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz había elaborado
un escrito que, según él, debería incorporarse a la parte motiva de la
sentencia, en el que planteaba una tesis antitética a la ya aprobada por la
Sala Plena, pues aludía a que nunca el consentimiento del sujeto pasivo tenía
relevancia, como justificativo de la conducta del sujeto activo ; y
segunda, porque dadas las modificaciones hechas por la Sala Plena, era
necesario verificar entre quienes aprobaron la ponencia, los términos en que
ésta quedaría redactada, y si era necesario exponer con mayor claridad los
argumentos de la parte motiva que condujeron a adoptarla. Actuación que no
vulnera el artículo 29 del estatuto superior, pues además de que el proceso ya
había concluído con la decisión adoptada en la Sala Plena del 20 de mayo de
1997, la cual tiene el carácter de definitiva y, por ende, obligatoria y con
efectos erga omnes, nada impide que los magistrados que comparten una
decisión evalúen la redacción final, con el propósito de que ella quede
plasmada de la manera más nítida y sea el fiel reflejo de lo que fue discutido
y aprobado. Tal comportamiento en lugar de ser reprochable es saludable,
especialmente cuando se trata de asuntos en los que la propuesta inicial ha
sufrido variaciones durante el debate. Así lo atestigua una práctica frecuente
dentro de la Corporación, que jamás ha sido cuestionada, pues sus objetivos,
tal como queda dicho, son saludables y plausibles y no contravienen regla
jurídica alguna. La aludida reunión, entonces, no afecta en nada el debido
proceso.
Como en dicha reunión
informal no se alteró la decisión tomada por la sala plena sino que, al
contrario, se verificó que ésta era incompatible con el texto presentado por el
magistrado Cifuentes, no asiste razón al promotor del incidente ni a los
coadyuvantes en el primer argumento esgrimido contra el fallo. Sin embargo,
sobre este punto específico, nodal dentro de la argumentación de los actores,
se hará mayor claridad en el aparte siguiente.
III.2 En criterio de los accionantes, hay disconformidad
entre la decisión que aparece consignada en la sentencia C-239/97 y la aprobada
en la Sala Plena del 20 de mayo de 1997, como también grave contradicción entre
la parte motiva y la resolutiva del fallo. No comparte la Corte el punto de los
incidentalistas por las siguientes razones:
III.2.1 En el proyecto de fallo que presentó el
magistrado ponente a la Sala Plena para su estudio dentro del proceso D-1490
que, como en párrafos anteriores se anotó, tuvo lugar en dos sesiones, se
proponía declarar exequible el artículo 326 del Código Penal, con la
advertencia de que en el caso de que mediara el consentimiento del sujeto
pasivo del acto, no podría derivarse responsabilidad penal para el autor del
homicidio. El consentimiento, en consecuencia, traía consigo una causal de
justificación del hecho.
Igualmente, proponía
-como se expuso atrás- declarar exequible la ayuda al suicidio contemplada en
el artículo 327 del mismo Código Penal, en el entendido de que también en este
caso el consentimiento implicaba la justificación de la conducta del sujeto
activo.
En la Sala Plena del
20 de mayo de 1997, después de concluído el debate, se decidió por la mayoría
(6 votos contra 3), modificar el proyecto en este sentido : declarar
exequible el artículo 326 del decreto 100 de 1980 -Código Penal-, con la
advertencia de que en el caso de los enfermos terminales en que concurra
la voluntad libre del sujeto pasivo del acto, no podía derivarse
responsabilidad para el sujeto activo, pues la conducta quedaba justificada. Y
se negó la propuesta en relación con el artículo 327, pues se determinó no
hacer pronunciamiento alguno sobre él.
III.2.2 Alegan los promotores del incidente que la
parte resolutiva aprobada fue la que presentó, como proposición sustitutiva, el
magistrado Eduardo Cifuentes y no la que finalmente apareció en el fallo, que
diverge esencialmente de aquélla. Sobre este punto es necesario hacer claridad.
La propuesta del
magistrado Cifuentes aprobada como parte resolutiva ("declarar exequible
el artículo 326 del decreto 100 de 1980 -Código Penal-, salvo en el caso del
enfermo terminal cuando manifieste su consentimiento en los expresos
términos y bajo las estrictas condiciones señaladas en la parte motiva
de esta sentencia") -subraya la Corte- sólo tiene sentido si se
vincula con las razones aprobadas en la parte considerativa, pues fue allí
donde se indicaron "los expresos términos" y "las
estrictas condiciones" bajo las cuales se justificaba el
comportamiento del sujeto activo. Y es, justamente en ese punto, donde radica
la discrepancia entre los magistrados Cifuentes y Naranjo, de una parte, y los
magistrados restantes, de la otra, incluidos allí algunos de los que no
compartieron la decisión final.
Habría sido
esencialmente distinta la decisión plasmada en el documento contentivo del
fallo, de la tomada en la sesión de mayo 20, si se hubieran incorporado a la
parte considerativa los argumentos contenidos en el escrito repartido a
posteriori por el magistrado Cifuentes (el lunes siguiente a la fecha de la
sesión), que precisamente fueron rechazados por los cinco magistrados restantes
de la mayoría, en la reunión informal que tuvo lugar en la presidencia de la
Corte, con los propósitos que más atrás quedaron consignados.
En efecto, allí, al
examinar los términos en que debería plasmarse la decisión ya tomada, para que
no hubiera lugar a equívocos, todos los magistrados distintos al doctor
Cifuentes consideraron que aceptar las razones que éste había consignado en su
escrito, equivaldría a contradecir de manera flagrante la decisión ya tomada.
Porque, justamente, el punto central debatido en la sesión del 20 de mayo había
sido la relevancia del consentimiento del sujeto pasivo (para que se pusiera
término a su vida, en la hipótesis ya referida) con la consiguiente justificación
de la conducta del sujeto activo. Y era esto lo que la mayoría de la Corte,
consciente de lo que hacía, había apoyado con su voto.
III.2.3 En lo atinente a la incongruencia aducida
por los incidentalistas, entre la parte motiva y la parte resolutiva del fallo,
su argumento se desdobla en dos cargos, a saber: 1) Si lo que se aprobó fue la
propuesta del magistrado Cifuentes, de ella no podía desprenderse el
consentimiento del sujeto pasivo como factor excluyente de la responsabilidad
penal del actor. 2) Si en la parte motiva se habla de "alguien" que
actúa (es decir, cualquier persona) no puede contraerse, en la parte
resolutiva, la causal excluyente de responsabilidad penal a un sujeto
específico: el médico. Pasa la Corte a referirse a ambos cargos, en el mismo
orden en que se han expuesto.
1)
Parten los actores de una premisa equivocada al
asumir que la Sala desechó el consentimiento del sujeto pasivo como causal
justificativa del hecho. Porque lo que ocurrió fue justamente lo contrario:
acogió explícitamente esa causal justificativa, "en los expresos términos
y bajo las estrictas condiciones señaladas en la parte motiva de esta
sentencia."
Salvo los
magistrados Cifuentes y Naranjo, todos los demás fueron conscientes de que era
eso, y no otra cosa, lo que se votaba. Por eso ratificaron con sus firmas el
documento que materializa la decisión, y lo reiteraron en la Sala del 12 de
junio.
2)
La restricción hecha en la parte resolutiva respecto
del sujeto activo del homicidio piadoso, tiene también una clara explicación.
Al exhortar al Congreso para que se ocupara de hacer una completa regulación de
la muerte digna, era consciente la Corte de cuán importante y sensible era el
asunto que estaba tratando y de que en ejercicio de las funciones que a ella incumben
no podía sustituir al legislador. Sólo podía, ejerciendo su competencia del
modo más responsable y cuidadoso, limitar el campo donde ha de actuar luégo el
juez penal, en dos temas singularmente delicados, atinente uno al sujeto pasivo
y otro al sujeto activo.
En el primer caso, y
justamente acogiendo una propuesta del magistrado Cifuentes, decidió que, entre
las distintas categorías de personas sometidas a intensos padecimientos
originados en una enfermedad incurable, sólo fuera legítima la acción, cuando
recayera sobre enfermos terminales.
En cuanto al
segundo, juzgó adecuado cualificar al máximo a la persona que hiciera las veces
del sujeto activo, y por eso contrajo la causal justificativa al médico. Por
qué tal cualificación, que no aparece explícitamente en la proposición
aprobada, se incorporó a la parte resolutiva del fallo, se explicará a
continuación, a propósito del tercer cargo formulado por los intervinientes.
III.2.4 La exhortación hecha al Congreso
"para que en el tiempo más breve posible y conforme a los principios
constitucionales y a elementales consideraciones de humanidad, regule el tema
de la muerte digna", tiene dos objetivos:
1. El que se
desvanezca, mediante una regulación pormenorizada, en materia de tanta monta,
todo asomo de inseguridad jurídica, pues mientras esta legislación se produce,
inevitablemente quedará librada al buen juicio del juez penal la apreciación de
muchas circunstancias particulares de las que sólo el legislador -y no la
Corte- puede ocuparse.
2.
Que el juez penal tome en consideración -sin que
puedan asumirse como obligatorias- las indicaciones que, a título de ejemplo,
dirige la Corte al Congreso. Ahora bien: como una de tales directrices se
refiere a la cualificación del sujeto activo, la mayoría de los magistrados del
grupo mayoritario (cinco de seis), juzgó que dentro del espíritu de la decisión
tomada, estaba incluída, sin duda, la restricción consistente en que sólo el
sujeto calificado por excelencia -en este caso el médico- pudiera quedar
comprendido por la justificación. Sobre el punto, fueron particularmente
insistentes los magistrados Martínez y Morón, quienes manifestaron que, sin
perjuicio de lo que el legislador pueda luego establecer, debía la Corte
restringir la causal justificativa, obrando con la mayor cautela, al médico,
como sujeto cualificado, en hipótesis como la examinada por la Corte, a
propósito del homicidio piadoso. Al respecto, es oportuno traer a colación
algunos apartes de la parte considerativa del fallo que, justamente, recogen la
preocupación expuesta por los citados magistrados. Así, al referirse a la
regulación de la muerte digna, dijo la Corte:
"Como estas
regulaciones sólo pueden ser establecidas por el legislador, la Corte considera
que mientras se regula el tema, en principio, todo homicidio por piedad de
enfermos terminales debe dar lugar a la correspondiente investigación penal, a
fin de que en ella, los funcionarios judiciales, tomando en consideración todos
los aspectos relevantes para la determinación de la autenticidad y fiabilidad
del consentimiento, establezcan si la conducta del médico ha sido o no
antijurídica, en los términos señalados en esta sentencia." (subraya
la Sala)
Es claro entonces
que sí aludió la Corte en la parte motiva a un sujeto activo cualificado y, por
ende, que su inclusión expresa en la parte resolutiva no comporta incongruencia
alguna entre las dos partes de la sentencia, ni alteración de la decisión
original.
III.3  El último cargo que formulan los
accionantes consiste en señalar que hay error de hecho en cuanto a lo que fue
sometido a votación en la sesión de la Sala Plena realizada el 20 de mayo de
1997, en relación con el proceso D-1490, porque los magistrados no tuvieron
conocimiento pleno sobre lo que votaban, lo cual no requiere de prueba por ser
un hecho notorio. No comparte la Corte este punto de vista, por estas razones:
Según la doctrina,
el error de hecho tiene lugar cuando se da por cierto un hecho no probado o
cuando se omite uno que sí lo está. Y para que tal error exista es
indispensable que sea evidente, ostensible, protuberante y trascendente, es
decir, que incida en la decisión finalmente tomada.
Ugo Rocco define el
hecho notorio como aquél "que por su general y pública divulgación, no
puede ser ignorado por ninguno, o que debe ser conocido por todos". Para
Eugenio Florián "es notorio un hecho que lo conoce la mayor parte de un
pueblo, de una clase, de una categoría, de un cúmulo de personas."
Conforme a esa
doctrina generalizada, hecho notorio es, pues, aquél cuya existencia puede
invocarse sin necesidad de prueba alguna, por ser conocido directamente por
cualquiera que se halle en capacidad de observarlo. No es este el caso de
cuanto sucede en la Sala Plena de una Corporación, pues lo que allí ocurre sólo
puede acreditarse mediante la correspondiente acta, debidamente aprobada, en la
que se registre fielmente, la manera como ha transcurrido la sesión. Y ninguna
prueba más concluyente de lo que los magistrados quisieron aprobar, y en efecto
aprobaron, que la firma, responsablemente estampada en la sentencia por cada
uno de ellos, no retirada ni condicionada por ninguno, excepción hecha de los
magistrados Cifuentes y Naranjo y, antes bien, ratificada expresamente por los
magistrados Martínez y Morón desde Ginebra, en donde se encontraban en misión
oficial, y por el resto de los magistrados, en la sesión del 12 de junio,
convocada por el presidente, justamente para ocuparse del tema que se viene
tratando, a solicitud de cuatro magistrados (Cifuentes, Hernández, Herrera y
Naranjo).
No existe entonces,
el alegado error de hecho que aducen los actores.
Finalmente,
encuentra la Corte que asiste la razón a los incidentalistas cuando afirman, obiter
dictum, que los propios magistrados que deciden sobre la petición
formulada tienen interés en la decisión. Tal afirmación es válida con respecto
a cualquier decisión judicial, pues no es concebible que para un juez sea
indiferente el acierto o desacierto de su fallo. Pero en el caso sub judice,
existe además, sin duda alguna, un interés específico: aclarar definitivamente
que la sentencia que suscribieron los magistrados, no es otra cosa que la
materialización de lo que habían decidido en Sala. Tal interés es, desde luégo,
bien diferente al que toma en cuenta el legislador para configurar una causal
de impedimento. Así se desprende de la doctrina y  práctica reiteradas por la
Corte[11].
No sobra aclarar a
los actores que, por regla general, el mismo juez que conoce del proceso es
quien decide los incidentes de nulidad que durante su tramitación se promuevan.
Basta ver las normas correspondientes en materia civil y penal (arts.140 y ss.
del C.P.C. y 304 y ss. del C.P.P.). Para los procesos de constitucionalidad que
compete conocer a esta Corporación, existe norma expresa, -artículo 49 del
decreto 2067 de 1991-, que atribuye a la Sala Plena tal función.
IV. Conclusiones
De lo que se deja
expuesto, se desprenden, las siguientes conclusiones :
1.
La  decisión tomada mayoritariamente por la sala plena
de la Corte en la sesión del 20 de mayo, es esencialmente igual a la que está
consignada en la sentencia C-239/97.
2.
Los magistrados que votaron afirmativamente tal
decisión lo hicieron con plena conciencia de lo que votaron, así como la
mayoría de los magistrados que salvaron su voto, sabían a cabalidad de qué
decisión se apartaban.
3.
Estamparon sus firmas en el fallo no en cumplimiento
ciego de un rito, sino como ratificación (los unos) de lo que habían decidido y
(unos y otros) de que esa era la decisión adoptada. Tal afirmación desvirtúa de
modo tajante el error de hecho alegado por los promotores del incidente y los
coadyuvantes.
4.
Existe completa armonía entre la parte resolutiva del
fallo y las razones que le sirvieron de fundamento, expuestas en la parte motiva,
como puede verificarlo cualquier lector competente.
En razón de lo
anotado, esta Corporación no encontrando violación alguna en el trámite del
proceso materia de debate, no accede a decretar la nulidad impetrada.
En mérito de lo
expuesto, la Corte Constitucional administrando justicia en nombre del pueblo y
por mandato de la Constitución,
R E S U E L V E :
Primero :
Rechazar las solicitudes de nulidad formuladas dentro de este proceso por el
Presidente y la Secretaria General de "Cetrac" y por el ciudadano
Juan Carlos Rodríguez Vall-Serra.
Segundo : No
acceder a decretar la nulidad pedida por el Arzobispo de Medellín Alberto
Giraldo Jaramillo, coadyuvada por los ciudadanos Ilva Myriam Hoyos Castañeda y
Andrés Bernardo Arango Martinez, dentro del proceso D-1490.
Tercero :
Notificar esta decisión a los peticionarios, informándoles que contra ella no
procede recurso alguno.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese a quien corresponda, publíquese, insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.
ANTONIO BARRERA
CARBONELL
Presidente
JORGE ARANGO MEJIA
Magistrado
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
.
CARLOS GAVIRIA DIAZ
Magistrado
.
JOSE GREGORIO
HERNANDEZ GALINDO
Magistrado
HERNANDO HERRERA
VERGARA
Magistrado
ALEJANDRO MARTINEZ
CABALLERO
Magistrado
FABIO MORON DIAZ
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
SALVAMENTO DE VOTO AL AUTO 035/97
INCIDENTE DE
NULIDAD CONTRA SENTENCIA DE HOMICIDIO POR PIEDAD-Recusados no pueden decidir sobre recusación
Consecuente con la posición adoptada por el
suscrito cuando se rechazó el incidente de recusación propuesto, considero y
sigo considerando, por las razones esbozadas en dicha oportunidad, que se
encuentran consignadas en las respectivas actas de la Sala Plena, que si esta
estimó que la recusación planteada abarcaba a todos sus Magistrados, no
correspondía a estos decidir sobre su propia recusación y por ende, acerca del
incidente de nulidad presentado contra la misma sentencia, sino a los Conjueces
de la Corte Constitucional por razones subjetivas y de acuerdo a la
interpretación de las normas examinadas en dicha oportunidad, consignadas en la
ley estatutaria de la administración de justicia y en el reglamento de la
Corporación.
Referencia: Solicitud
de Nulidad de la sentencia No. C-239 de 1997.
Peticionario:
Alberto Giraldo Jaramillo
Santa Fé de Bogotá, D.C., veintidos (22) de
octubre de mil novecientos noventa y siete (1997).
El suscrito Magistrado formuló salvamento
parcial de voto, en relación con la providencia de fecha 2 de octubre de 1997,
por medio de la cual esta Corporación en decisión mayoritaria resolvió no
acceder a decretar la nulidad de la sentencia No. C-239 de 1997, dentro del
proceso D-1490, por los siguientes motivos:
1o.- Consecuente con la posición adoptada por el suscrito
cuando se rechazó el incidente de recusación propuesto, considero y sigo
considerando, por las razones esbozadas en dicha oportunidad, que se encuentran
consignadas en las respectivas actas de la Sala Plena, que si esta estimó que
la recusación planteada abarcaba a todos sus Magistrados, no correspondía a
estos decidir sobre su propia recusación y por ende, acerca del incidente de
nulidad presentado contra la misma sentencia, sino a los Conjueces de la Corte
Constitucional por razones subjetivas y de acuerdo a la interpretación de las
normas examinadas en dicha oportunidad, consignadas en la ley estatutaria de la
administración de justicia y en el reglamento de la Corporación.
2o.- Como consta en el acta No. 20 correspondiente a la
sesión del 20 de mayo de 1997, en la que se adoptó el fallo cuya nulidad se
solicitó, aprobada por la Sala Plena de la Corporación, el Magistrado Doctor
Eduardo Cifuentes Muñoz presentó una propuesta sustitutiva en la cual se disponía
en su parte resolutiva que se declarara "exequible el artículo 326 del
Código Penal, salvo en el caso del enfermo terminal cuando manifieste su
consentimiento en los expresos términos y bajo las estrictas condiciones
señaladas en la parte motiva de esta sentencia". A mi entender, y como lo
expuse en anterior oportunidad, fue esta la propuesta, es decir la presentada
por el Magistrado Cifuentes, la sometida a la consideración de la Plenaria de
la Corte, la cual fue aprobada por seis (6) votos, decisión de la cual nos
apartamos los doctores JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO, VLADIMIRO NARANJO MESA
y el suscrito, por las razones consignadas en nuestros salvamentos de voto
formulados en forma separada.
3o.- Lo anterior no obsta para que, frente a la discrepancia
de pareceres, en relación con lo realmente aprobado, resalte que los
Magistrados que adoptaron la decisión mayoritaria y le dieron la interpretación
que estimaron pertinente en conciencia, actuaron igualmente con absoluta buena
fe con respecto a lo acontecido en lo concerniente al pronunciamiento adoptado,
al cual me someto.
Fecha ut supra,
HERNANDO HERRERA VERGARA
Magistrado
Salvamento de
voto al auto 035/97
ENFERMO TERMINAL-Consentimiento no autoriza o justifica
homicidio piadoso
La propuesta
sustitutiva presentada, constituía la consecuencia lógica de las tesis que se
expuso en las deliberaciones. De conformidad con estos planteamientos, el
consentimiento del enfermo terminal no podía autorizar o justificar el
homicidio piadoso, puesto que los únicos casos en los que el consentimiento del
enfermo terminal podía tener relevancia penal de tipo exculpatorio,
justificativo o de pérdida de tipicidad, se circunscribían a dos hipótesis:
aplicación de medicinas paliativas y supresión de medios extraordinarios de
prolongación artificial  de la vida del paciente terminal, siempre que tal
consentimiento se manifestara en los precisos y expresos términos señalados en
la parte motiva de la sentencia.
Referencia:
Solicitud De Nulidad De la Sentencia C-239/97
Peticionario:
Alberto Giraldo Jaramillo
Magistrado Ponente:
Dr. Carlos Gaviria
Diaz
Con todo respeto, nos permitimos presentar
de manera sucinta los argumentos que sustentan nuestro salvamento de voto.
1. Según el artículo 243 de la C.P., “Los
fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen
tránsito a cosa juzgada constitucional”. Consta en el acta No 20
correspondiente a la sesión del 20 de mayo de 1997, en la que se adoptó el
fallo, cuya nulidad se solicita, lo siguiente: “El magistrado EDUARDO CIFUENTES
MUÑOZ presentó entonces una propuesta sustitutiva, según la cual se dispone en
esa parte resolutiva, declarar exequible el artículo 326 del Código Penal,
salvo en el caso del enfermo terminal cuando manifieste su consentimiento en
los expresos términos y bajo las estrictas condiciones señaladas en la parte
motiva de esta sentencia. El Presidente sometió a votación la propuesta
sustitutiva presentada por el magistrado CIFUENTES MUÑOZ, la cual fue aprobada
con seis (6) votos”.
No obstante, el documento que recoge la
sentencia contiene una parte resolutiva distinta, como puede advertirse con
base en su simple lectura: “Declarar EXEQUIBLE el artículo 326 del Decreto
100 de 1980 (Código Penal), con la advertencia de que en el caso de los
enfermos terminales en que concurra la voluntad libre del sujeto pasivo del
acto, no podrá derivarse responsabilidad para el médico autor, pues la conducta
está justificada”.
De otro lado, “los expresos términos”
y las “estrictas condiciones señaladas en la parte motiva de esta sentencia”,
a las que aludía la parte resolutiva aprobada por la Sala plena, se
convirtieron en el “documento-sentencia”, en puntos esenciales de una futura y
eventual regulación de la materia por parte del Congreso, cuando lo que se
pretendía era condicionar la PRESENTE SENTENCIA y no la FUTURA LEY.
2.  La propuesta sustitutiva presentada por
el magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz, constituía la consecuencia lógica de las
tesis que expuso en las deliberaciones. De conformidad con estos
planteamientos, el consentimiento del enfermo terminal no podía autorizar o
justificar el homicidio piadoso, puesto que los únicos casos en los que el
consentimiento del enfermo terminal podía tener relevancia penal de tipo
exculpatorio, justificativo o de pérdida de tipicidad, se circunscribían a dos
hipótesis: aplicación de medicinas paliativas y supresión de medios
extraordinarios de prolongación artificial  de la vida del paciente terminal,
siempre que tal consentimiento se manifestara en los precisos y expresos
términos señalados en la parte motiva de la sentencia. En el acta 20 se ha
transcrito una síntesis de esta intervención, de la cual se extraen los
siguientes párrafos:
“La decisión
personal de morir - anotó - es distinta de la petición que se formula a otro
para que la ejecute. Afirmó que lo que existe es un derecho a la muerte digna.
El Estado debería regular de manera objetiva la circunstancia especial del
paciente terminal, diferente del suicidio y del homicidio consentido. En el
caso de la enfermedad mortal - opinó - la ley debería permitir que por ejemplo,
se administren al paciente medicamentos paliativos que alivien el dolor, que se
quiten los apoyos técnicos, los medios extraordinarios que prolongan
artificialmente la vida del enfermo terminal y que no afectan ni hacen daño a
otro, eventos en los cuales puede sobrevenir la muerte del paciente, sin que
por ello se configure un homicidio. La enfermedad - señaló - sería en últimas
la causa del deceso.
El derecho a la
vida - continuó el magistrado CIFUENTES MUÑOZ - es un derecho fundamental y un
bien que debe proteger el Estado con todas las acciones preventivas y punitivas
a su alcance. Así lo establece la Constitución en el preámbulo, artículos 2º, 11,
49, 95-2 y el conjunto de disposiciones que se dirigen a proteger la salud. Es
la razón de ser del Estado - afirmó -. Si bien, el derecho a la vida implica
una serie de opciones, éstas no pueden examinarse en el caso que nos ocupa,
sólo desde el punto de vista de un sujeto, de su sólo ámbito personal, porque
involucra a dos sujetos. Por eso, se diferencia de la situación del consumo de
estupefacientes, en la cual la decisión incumbe sólo a la esfera íntima de un
sujeto.
En ese orden de
ideas, señaló que en su concepto, el punto central por resolver en este caso,
es la tensión que se presenta entre el derecho al libre desarrollo de la
personalidad (autonomía personal) y la obligación del Estado (poder punitivo)
de proteger la vida como un valor fundamental. Habría que decidir, si es
posible excluir esas dos situaciones (aplicación de medicinas paliativas y
supresión de medios extraordinarios de prolongación artificial de la vida del
paciente terminal) de la sanción punitiva del Estado, con base en el respeto a
la dignidad humana - vida digna - y la prohibición de tratos crueles, inhumanos
o degradantes que consagra la Carta Política (arts. 1º y 12), puesto que para
el Estado Social de Derecho no puede ser indiferente la calidad de vida de ese
paciente.
En seguida, se
refirió a la ley vigente en el Estado de Oregon, cuyo texto obtuvo vía
internet. Observó que se trata de una legislación avanzada (regulación estatal
de la que ha hablado), que comienza por dar una serie de definiciones que
precisan los términos técnicos empleados y delimitan su campo de aplicación.
Anotó, que esta ley establece una serie de requisitos y condiciones rigurosos
que permiten que en ciertas circunstancias cese para el Estado el deber de
proteger la vida, pero que no autorizan la utilización de medios dirigidos a
causar la muerte (por ejemplo una inyección letal). Para mayor ilustración de
la Sala, procedió a dar lectura a apartes de esa ley.
Manifestó que
contrario a lo que se afirma en la ponencia, con base en la Constitución, no se
puede prohibir al Estado proteger la vida de las personas, de forma que sólo
por excepción, la ley podría llegar a autorizar una exclusión de
responsabilidad penal, como lo es el caso de una persona para quien, en una
situación de suma gravedad (paciente terminal) la vida puede llegar a carecer
de valor (ya no es vida digna). En este caso, consideró que por tratarse de
derechos fundamentales, es necesario que exista una regulación legal de orden
estatutario que se restringiría a las dos hipótesis indicadas. En conclusión
presentó una propuesta sustitutiva según la cual, se excluiría de la norma
demandada, estas situaciones, además de señalarse en la parte motiva del fallo,
los criterios y condiciones que debe tener en cuenta el legislador, para esa regulación”.
3. En lo que tiene que ver con la mayoría
integrada por seis magistrados, es importante destacar que el magistrado
ponente no replicó los argumentos señalados en el punto anterior. Por su parte,
el Magistrado Antonio Barrera Carbonell destacó que las posiciones de los
magistrados Gaviria y Cifuentes eran conciliables. Finalmente, los magistrados
Fabio Morón Díaz y Alejandro Martínez Caballero, acogieron en lo esencial los
planteamientos del magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz, tal y como éste lo puso
de presente en una sesión posterior de la que da cuenta el acta 23, que en la
parte pertinente se transcribe:
“Tan claro fue en
su exposición - afirmó - y tanto influyó en las exposiciones siguientes, que el
magistrado FABIO MORON DIAZ recogió el alma de esa exposición en los siguientes
términos: dijo que debía tratarse de casos verdaderamente graves, porque
analizó las distintas hipótesis del artículo que se estaba examinando; señaló
que debe ser el enfermo terminal; indicó que en Colombia está prohibida la pena
de muerte y que por lo tanto no puede privatizarse y, ahí se estaba entrando en
el centro de la cuestión; consideró igualmente que debían establecerse cautelas
en la sentencia, entre ellas, las que él había referido tratándose de la ley del
Estado de Oregon. En seguida, preguntó a la doctora Martha Sáchica si los
apuntes que tiene sobre la exposición del doctor Fabio Morón, que no está aquí
presente, que de estarlo confrontaría con él lo que estaba diciendo, si se
refirió o no a la ley del Estado de Oregon que había leído. La Secretaria
respondió afirmativamente. Luego - continuó el magistrado CIFUENTES MUÑOZ - el
magistrado ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO también había expresado su acuerdo con
ese planteamiento y con lo expuesto por el doctor MORON DIAZ, e inclusive había
señalado que era partidario de una de las formas de eutanasia más débiles: la
adistanasia, la cual se opone a la prolongación artificial, indefinida,
innecesaria e inútil de la vida por tratamientos terapéuticos, que es lo que se
llama el encarnizamiento terapéutico. Así mismo consideró, que es importante
delimitar cierto tipo de casos que no están previstos de manera clara en la ley
de ética médica, para hacer una unidad normativa y una interpretación de la
norma demandada. Preguntó de nuevo a la secretaria general si esto había sido
así, a lo que la secretaria respondió afirmativamente”.
4. Resulta en extremo doloroso para los
magistrados que suscribimos este salvamento de voto abundar en más argumentos y
recuerdos sobre lo que fue el fallo adoptado por la Sala Plena y cuya
intangibilidad reclamamos en distintas oportunidades. Se ha llegado hasta el
extremo impensable de señalar que “salvo los magistrados Cifuentes y Naranjo,
todos los demás fueron conscientes de que era eso, y no otra cosa, lo que se
votaba”. En este caso la mayoría, privada de todo argumento racional y
empírico, ha incurrido en el extravío propio de los ciegos totalitarismos de
decretar a sus opositores en estado de insania mental. Ocurre, sin embargo, que
fue el primero de los magistrados nombrados el que con base en sus
planteamientos presentó la parte resolutiva a consideración de la Sala plena,
la que fue aprobada con una votación de seis de sus miembros.
Fecha ut supra,
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ                   VLADIMIRO
NARANJO MESA
Magistrado
Magistrado
[1] Francesco Carrara. "Programa de Derecho Criminal",
parte general, volumen I, Ed. Temis, S.A., Bogotá, 1988, pág. 119.
[2] Corte Constitucional. T-401 de 1992. Magistrado Ponente: Eduardo
Cifuentes Muñoz.
[3] Corte Constitucional. Sentencia T-090 de 1996. Magistrado
Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
[4] Richard Rorty. Contingencia Ironía y Solidaridad. Ediciones
Paidos, Barcelona, 1991, Pg.154
[5] Así lo ha expresado en varias oportunidades esta Corporación.
Ver, entre otras, sentencias T-366 de 1993 y T-123 de 1994.
[6] C-578 de 1995, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Sobre el carácter no
absoluto de los derechos fundamentales, ver también, entre otras, C-405 de
1993, C-454 de 1993, C-189 de 1994, C-355 de 1994, C-296 de 1995, C-522 de
1995, C-045 de 1996 y C-093 de 1995.
[7] La muerte digna, desde la perspectiva adoptada en el caso
sub-examine, puede relacionarse con varios comportamientos, a saber: la
asistencia al suicidio, en la cual el paciente se da muerte a sí mismo y la
intervención del tercero se limita a suministrarle los medios para hacerlo; la
eutanasia activa, en la cual el tercero es el causante de la muerte, y que
puede ser voluntaria o involuntaria, según se cuente o no con el consentimiento
del paciente, y la eutanasia pasiva, conocida en Colombia específicamente como muerte
digna, que implica la abstención o interrupción de tratamientos
artificiales o extremos cuando no hay esperanza de recuperación.
[8] Cabe observar que el eje conceptual de la sentencia sigue siendo
el mismo que traía la ponencia original, pese a que la Corte mayoritariamente
se opuso a conformar unidad normativa entre el texto acusado y el artículo del
Código Penal que tipifica el delito de ayuda o inducción al suicidio, como se
proponía en la mencionada ponencia.
[9] Auto 08/93 M.P. Jorge Arango Mejía reiterado en auto del 27 de
junio de 1996 M.P. José Gregorio Hernández Galindo
[10]  Auto 33 de junio22/95 M.P. José Gregorio Hernández Galindo
[11]  Auto de sala plena de agosto 26/92 M.P. José Gregorio Hernández
Galindo, que resuelve la nulidad  promovida por el ciudadano César Valencia
Parra contra la sentencia C-543/92, cuyo ponente fue el mismo magistrado.