T-540-17
Sentencia T-540/17
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia sobre procedencia excepcional
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad
DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL COMO CAUSAL
ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES
VIOLACION DIRECTA DE LA CONSTITUCION COMO CAUSAL DE PROCEDIBILIDAD
DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
IMPRESCRIPTIBILIDAD DEL INCREMENTO
PENSIONAL DEL 14% EN RELACION CON EL CONYUGE O COMPAÑERO(A) PERMANENTE A CARGO-Jurisprudencia
constitucional
El derecho al incremento del 14% de la mesada pensional es
imprescriptible y acorde con el principio constitucional de favorabilidad las
decisiones que así lo determinan deben ser aplicables.
PRESCRIPTIBILIDAD DE LOS INCREMENTOS
PENSIONALES-Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia
UNIFICACION DE JURISPRUDENCIA DEL
INCREMENTO PENSIONAL DEL 14% EN RELACION CON EL CONYUGE O COMPAÑERO(A)
PERMANENTE A CARGO
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia por violación directa de la constitución al
negar pretensión relativa al reconocimiento y pago del incremento en un 14% a
mesada pensional por cónyuge a cargo, derecho que se encuentra previsto en los
artículos 21 y 22 del Acuerdo 049 de 1990
Se
viola directamente la Constitución, cuando una autoridad judicial deniega las
pretensiones relativas al reconocimiento del incremento a la mesada pensional
en un 14% argumentando que el derecho prescribió, sin aplicar el
principio in dubio
pro operario frente a la divergencia interpretativa que existía con
anterioridad a la sentencia de unificación.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Orden a Colpensiones reconocer el derecho al incremento pensional
del 14%, por cónyuge a cargo, y los pagos retroactivos no prescritos
Referencia: Expediente T-6.119.970.
Acción de
tutela instaurada por: Leonel de Jesús Álvarez Velásquez contra el Juzgado
Sexto Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Medellín (antes Juzgado
Diecinueve Municipal de Pequeñas Causas) y el Juzgado Cuarto Laboral del
Circuito de Medellín.
Magistrado
Ponente:
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Bogotá,
D.C., veintidós (22) de agosto de dos mil diecisiete (2017)
La Sala Tercera
de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la Magistrada Gloria
Stella Ortiz Delgado y los Magistrados Antonio José Lizarazo y Alejandro
Linares Cantillo, quien la preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
Dentro del
proceso de revisión de la sentencia adoptada en única instancia por la Sala
Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín en la que se
estudió la posible vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso, vida digna, seguridad social, mínimo
vital e igualdad por parte de los Juzgados Sexto Municipal de Pequeñas Causas
Laborales de Medellín (antes Juzgado Diecinueve Municipal de Pequeñas Causas) y
Cuarto Laboral del Circuito de Medellín.
I.
ANTECEDENTES
A.
LA DEMANDA DE TUTELA
Leonel de
Jesús Álvarez Velásquez, actuando a través de apoderado judicial, interpuso
acción de tutela en contra de los Juzgados Sexto Municipal de Pequeñas Causas
Laborales de Medellín (antes Juzgado Diecinueve Municipal de Pequeñas Causas) y
Cuarto Laboral del Circuito de Medellín, por la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la vida digna, al mínimo vital, a
la seguridad social y a la igualdad, en la medida en que decidieron denegar sus
pretensiones relativas al reconocimiento del incremento a la mesada pensional
en un 14% por cónyuge a cargo, contenido en el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por
el Decreto 758 de 1990, desconociendo la jurisprudencia de esta Corte sobre el
tema.
B.   HECHOS RELEVANTES
1. El señor Leonel de
Jesús Álvarez Velásquez, quien en la actualidad tiene 69 años, manifiesta que
el extinto Instituto de Seguros Sociales le reconoció la pensión de vejez a
través de Resolución 106694 del catorce (14) de octubre de dos mil diez (2010),
momento desde el cual disfruta de su derecho pensional[1].
2. Refiere que se
encuentra casado con María Rubiela Olaya Morales, de 53 años, desde el
veintidós (22) de agosto de mil novecientos ochenta y uno (1981)[2], momento a
partir del cual han convivido de manera ininterrumpida, motivo por el cual su
cónyuge siempre ha dependido económicamente de sus ingresos.
3. Debido a lo anterior,
el veintiséis (26) de mayo de dos mil once (2011) solicitó el reconocimiento
del incremento a la mesada pensional en un 14% por cónyuge a cargo contenido en
el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de 1990[3]. Petición
que fue contestada de manera desfavorable por parte del extinto Instituto de
Seguros Sociales[4].
4.  Como consecuencia, el
día veintiuno (21) de abril de dos mil quince (2015), el accionante presentó
demanda ordinaria laboral contra Colpensiones, con la finalidad de que le fuera
reconocido el pago del incremento a su mesada pensional en un 14% por cónyuge a
cargo[5].
Proceso que le correspondió por reparto al desaparecido Juzgado Diecinueve
Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Medellín y que fue admitida mediante
auto del nueve (09) de septiembre de dos mil quince (2015)[6].
5. Una vez adelantada la
audiencia de conciliación, fijación del litigio y práctica de pruebas, el día
veintisiete (27) de octubre de dos mil quince (2015) el fallador de única
instancia profirió sentencia declarando probada la excepción de prescripción
propuesta por el apoderado de la entidad demandada, condenando en costas al
accionante[7].
6. Como fundamento de la
decisión, el juzgador manifestó que si bien la Ley 100 de 1993 no derogó la
norma que establece los mentados incrementos y que, en esa medida, se
encuentran vigentes y el accionante tenía derecho, lo cierto es que la
reclamación administrativa fue presentada el día veintiséis (26) de mayo de dos
mil once (2011)[8],
con respuesta del veintiséis (26) de octubre de ese mismo año[9], por lo que
a partir de ese momento contaba con 3 años para presentar la demanda, lo que
ocurrió 3 años y cinco meses después, momento en el que ya había operado la
prescripción contenida en el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo.
7. Luego de remitir el
fallo a grado de consulta, el día veintisiete (27) de septiembre de dos mil
dieciséis (2016), el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Medellín decidió confirmar
la sentencia de instancia proferida dentro del proceso ordinario laboral[10].
8. El accionante
considera que las decisiones de la justicia ordinaria laboral vulneran sus
derechos fundamentales, en tanto que desconocen la jurisprudencia de la Corte
Constitucional que en diferentes sentencias ha reconocido que los incrementos a
la pensión contenidos en el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de
1990 hacen parte integral de la pensión y, por lo tanto, son imprescriptibles.
C.   RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA
9. Mediante Auto del
primero (01) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), la Sala Laboral del
Tribunal Superior de Medellín avocó conocimiento de la acción de tutela
interpuesta por el señor Leonel de Jesús Álvarez Velásquez, corrió traslado a
las autoridades judiciales accionadas en el proceso de tutela y ordenó de
manera oficiosa la vinculación de Colpensiones.
Pese a lo anterior,
tanto el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Medellín como Colpensiones no
contestaron ni se pronunciaron dentro del proceso de tutela de la referencia.
Juzgado Sexto Municipal de
Pequeñas Causas Laborales de Medellín (antes Juzgado Diecinueve de Pequeñas
Causas Laborales de Medellín)[11]
9.1. Debidamente
notificado de la acción de tutela en su contra, el Juzgado Sexto Municipal de
Pequeñas Causas Laborales de Medellín procedió a contestar a través de oficio
del cuatro (04) de noviembre de dos mil dieciséis (2016) en los siguientes
términos:
9.1.1. En primer lugar, el
despacho indicó que, en efecto, el Juzgado Diecinueve Municipal de Pequeñas
Causas Laborales fue creado de manera temporal como medida de descongestión por
parte de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y
funcionó hasta el treinta (30) de noviembre de dos mil quince (2015), puesto
que a través del Acuerdo número PSAA15-10402 del veintinueve (29) de octubre de
dos mil quince (2015), modificado por el Acuerdo PSAA15-10412 del veintiséis
(26) de noviembre de ese mismo año, la Sala Administrativa del Consejo Superior
de la Judicatura creó el Juzgado Sexto Municipal de Pequeñas Causas Laborales
de Medellín con carácter permanente, el cual recibió todos los procesos del
Juzgado Diecinueve Municipal de Pequeñas Causas Laborales y del Juzgado Sexto
Municipal de Pequeñas Causas Laborales en descongestión.
9.1.2. Respecto del tema,
el juez pone de presente que sobre la aplicación de la prescripción de los
incrementos a la pensión de vejez establecidos en el Acuerdo 049 de 1990
aprobado por el Decreto 758 de 1990, los jueces laborales se enfrentan a una
dicotomía, en tanto que se trata de una discusión que no ha sido pacífica en la
jurisprudencia de los órganos de cierre, puesto que la Sala de Casación Laboral
de la Corte Suprema de Justicia considera que dichos incrementos prescriben de
conformidad con el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo, mientras que
la Corte Constitucional ha manifestado que tratándose de prerrogativas que
hacen parte integral de la pensión son imprescriptibles de conformidad con los artículos
48 y 53 de la Constitución.
Así las cosas, el fallador
reconoce que los precedentes jurisprudenciales no son un límite a la independencia
y a la autonomía judicial, en la medida en que garantizan el cumplimiento de
los principios de igualdad (soluciones iguales ante situaciones análogas) y
confianza legítima. Empero, refiere que en los casos en los cuales las
posiciones no son compartidas entre altas cortes, no queda otro camino
diferente que apartarse de una de estas, lo que no significa que el juez
aplique su criterio personal, sino que acoge la interpretación que considera
razonada y objetiva de acuerdo con los elementos del caso y los principios constitucionales
que le son aplicables.
9.1.3. Por último, anota
que si bien ese juzgado no fue quien profirió la decisión objeto de la acción
de tutela, es su deber expresar los argumentos que considera que son el
fundamento de las sentencias de los jueces laborales sobre el tema.
D.   DECISIONES JUDICIALES OBJETO DE REVISIÓN
Única instancia: Sala
Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín[12]
10. El dieciséis (16) de
noviembre de dos mil dieciséis (2016), la Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Medellín decidió negar el amparo de los
derechos fundamentales.
10.1. Como fundamento de
lo anterior, el fallador consideró que no se configuraban los requisitos de procedencia
de la acción de tutela contra providencia judicial denominados desconocimiento
del precedente jurisprudencial, como quiera que del análisis de las sentencias
proferidas en única instancia y en grado de consulta del proceso ordinario
laboral, se advierte que ambos jueces decidieron acoger el precedente
establecido por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia,
máximo órgano de cierre de esa jurisdicción y por algunas Salas de Revisión del
tribunal constitucional, en tanto que no se trata de un tema pacífico dentro de
las altas cortes.
Así, concluyó que las
decisiones objeto de la acción de tutela se ajustaron a un precedente
jurisprudencial y que, en esa medida, no es posible considerar que la
divergencia de criterios existente sobre los incrementos a la pensión de vejez
establecidos en el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de 1990,
puedan dar lugar a un vicio de tal magnitud que implique la vulneración del
derecho al debido proceso de las personas que someten su pleito a consideración
de la justicia ordinaria laboral.
A.
ACTUACIONES
ADELANTADAS ANTE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y PRUEBAS APORTADAS EN SEDE DE
REVISIÓN
Auto de
pruebas del veintidós (22) de junio de dos mil diecisiete (2017)[13]
11. El día veintidós
(22) de junio de dos mil diecisiete (2017), el Magistrado sustanciador, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y con el ánimo de
obtener los elementos de juicio necesarios para adoptar una mejor decisión, resolvió
mediante auto decretar la práctica de pruebas[14].
Para ello, ofició al (i) señor Leonel de Jesús Álvarez Velásquez y, (ii) a
Colpensiones para que dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de la
providencia procediera a ampliar la información que suministraron dentro de la
acción de tutela. Particularmente, se les preguntó acerca de:
“(…)
SEGUNDO-. Por Secretaría General de esta Corte, OFÍCIESE al señor
Leonel de Jesús Álvarez Velásquez, para que dentro de los tres (3) días hábiles
siguientes al recibo de la notificación del presente auto, a nombre propio o a
través de su apoderado, se sirva informar a este despacho:
(i)
¿Cuál es su situación económica actual, a
cuánto ascienden sus ingresos y gastos, y si en la actualidad, además de su
cónyuge, tiene alguna persona a su cargo? Para el efecto, se sirva remitir
copia de los documentos de identidad de todos los integrantes del grupo
familiar con el que convive.
(ii)
Explique si usted o su cónyuge cuentan
con un ingreso diferente a la pensión que actualmente devenga. De ser así,
indique cuál es el monto de ese ingreso.
(iii)
Explique a este Despacho si usted o su
cónyuge son propietarios de uno o más bienes inmuebles. De ser así, indique
cuál es la destinación de cada uno de estos, cuál es el valor y la renta que
puede derivar de ellos.
TERCERO-. Por Secretaría General de esta Corte, OFÍCIESE a
Colpensiones, para que dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo
de la notificación del presente auto, se sirva informar a este despacho:
(i)
¿Cuál es el valor por el cual fueron
reconocidas en su momento las pensiones de vejez de los señores Plinio Enrique
Castillo Pallares y Leonel de Jesús Álvarez Velásquez?
(ii)
¿Cuál es el monto actual de las pensiones
devengadas por los accionantes Plinio Enrique Castillo Pallares y Leonel de
Jesús Álvarez Velásquez?”
12. Como
respuesta de lo anterior, el día diez (10) de julio de dos mil diecisiete
(2017), la Secretaría General de la Corte Constitucional puso en conocimiento
del Magistrado sustanciador que, durante el término establecido, se recibieron:
(i) oficio suscrito por Carlos José Gaviria Cataño, abogado del señor Leonel de
Jesús Álvarez Velásquez y (iii) oficio proferido por Colpensiones.
Leonel de
Jesús Alvares Velasquez[15]
12.1. El
apoderado del accionante presentó escrito ante la Secretaría General de esta
corporación, por medio del cual respondió a las cuestiones planteadas por el
Magistrado sustanciador en los siguientes términos:
12.1.1. En
primer lugar, advirtió que el señor Leonel de Jesús Álvarez Velásquez se
encuentra en una situación muy crítica, en tanto que él y su núcleo familiar
sobreviven gracias a la pensión de vejez que le fue reconocida por parte de
Colpensiones por valor de un salario mínimo mensual legal vigente. En ese mismo
sentido, indicó que los gastos del accionante ascienden a la suma de un millón
de pesos ($1.000.000) y se circunscriben a necesidades básicas tales como el
pago de servicios públicos, vestido y alimentación, impuestos y recreación.
12.1.2. Respecto
de la segunda pregunta, el profesional del derecho indicó que el grupo familiar
que actualmente se encuentra a cargo del señor Leonel de Jesús Álvarez
Velásquez se compone por su cónyuge[16],
su hija mayor de edad[17]
quien es madre soltera y se encuentra desempleada y su nieto de 1 año[18]. Debido a lo anterior,
no cuentan con ningún otro ingreso adicional al proveniente de las mesadas
pensionales para el sostenimiento de su familia.
12.1.3. Por
último, el apoderado informó al despacho que el señor Leonel de Jesús Álvarez
Velásquez tiene una casa campesina ubicada en el sector del Salado,
corregimiento de El Hatillo, municipio de Barbosa, en la que habitan él y su
núcleo familiar.
Colpensiones[19]
12.2. El día seis
(06) de julio de dos mil diecisiete (2017), la Administradora Colombiana de Pensiones
– Colpensiones remitió escrito, a través del cual procedió a dar contestación
al Auto de pruebas proferido por el Magistrado sustanciador. En ese sentido,
remitió a esta corporación las copias de las certificaciones de nómina de
pensionado del señor Leonel de Jesús Álvarez Velásquez a julio de 2017[20], en la cual se puede
observar que en la actualidad el accionante devenga una mesada de setecientos
treinta y siete mil setecientos diecisiete pesos ($737.717).
II.
CONSIDERACIONES
A.
COMPETENCIA
13. Esta Sala de Revisión
de la Corte Constitucional es competente para proferir sentencia dentro de la
acción de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86, inciso 2
y 241 numeral 9 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos
31 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y, en cumplimiento del Auto del quince (15) de
mayo de dos mil diecisiete (2017), expedido por la Sala Quinta (05) de
Selección de esta corporación, que ordenó la revisión del presente caso y lo
acumuló al expediente T-6.117.098[21].
Mediante Auto
385A del veintisiete (27) de julio de dos mil diecisiete (2017), la Sala
Tercera de Revisión decidió decretar la nulidad de todo lo actuado, desde el
auto admisorio de la demanda en adelante, del expediente T-6.117.098 por
indebida conformación del contradictorio. En esa medida, decidió desacumular
ese expediente del que actualmente se encuentra bajo revisión de esta corte.
B.
CUESTIONES PREVIAS
–PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA INTERPUESTA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL
14. De acuerdo a lo establecido en el artículo 86 de la
Constitución y en el Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela es un medio para
la protección de los derechos fundamentales, que es de naturaleza residual y
subsidiaria. Debido a lo anterior, sólo procede excepcionalmente como mecanismo
de protección definitivo: (i) cuando el presunto afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, o (ii) cuando existiendo, ese medio carece de idoneidad o
eficacia para proteger de forma adecuada, oportuna e integral los derechos
fundamentales, en las circunstancias del caso concreto; así mismo, prosperará
como mecanismo transitorio cuando se interponga para evitar la
consumación de un perjuicio irremediable a un derecho fundamental. En ese
sentido, al juez constitucional le corresponde verificar, en cada caso, que el
amparo interpuesto acredite los requisitos generales de procedencia
denominados: (i) legitimación en la causa por activa y pasiva, (ii)
subsidiariedad y (iii) inmediatez.
Ahora bien, tratándose de una acción de tutela interpuesta en
contra de una providencia judicial, esta Corte ha sostenido que, por regla general no es
procedente, en tanto que de sostener lo contrario, se afectarían principios
como la cosa juzgada, la autonomía y la seguridad jurídica[22]. Sin embargo, la
jurisprudencia ha reconocido que existen providencias por medio de las cuales
las autoridades judiciales vulneran los derechos fundamentales de los usuarios
de la administración de justicia y, como consecuencia de ello, ha creado unos
requisitos de procedencia adicionales que permiten el análisis minucioso
respecto de la interposición del amparo. Lo anterior, encuentra su principal
fundamento en los artículos 4 y 86 de la Carta que establecen el principio de
supremacía de la Constitución dentro del ordenamiento jurídico colombiano[23] y el mecanismo de
protección de derechos fundamentales denominado acción de tutela[24], amparo que, en todo
caso, puede ser interpuesto “por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública”[25].
En esa medida, dentro del Estado colombiano, una de las tantas autoridades que
existen son los jueces.
14.2. Por todo lo anterior,
las personas deben acreditar la concurrencia de esas causales de procedencia,
en cada caso en particular, en las acciones de tutela interpuestas en contra de
providencias judiciales, con la finalidad de evitar que a través del amparo se
busque revivir debates que ya fueron zanjados por las autoridades judiciales
correspondientes en el marco de un proceso ordinario y, de esta manera, garantizar
que la tutela se convierta en un instrumento que únicamente permita al juez
constitucional verificar la posible vulneración de uno o de varios derechos
fundamentales.
14.3. Las causales
genéricas de procedencia del amparo de tutela contra providencia judicial
fueron sistematizadas por esta corporación en la sentencia C-590 de 2005.
14.4. Con la
finalidad de determinar si la acción de tutela interpuesta por el señor Leonel
de Jesús Álvarez Velásquez contra el Juzgado Sexto Municipal de Pequeñas Causas
Laborales de Medellín (antes Juzgado Diecinueve Municipal de Pequeñas Causas) y
el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Medellín es procedente, la Sala
Tercera de Revisión de la Corte Constitucional explicará de manera breve el
contenido de cada uno de los requisitos antes mencionados y si, en este caso,
se superan con suficiencia[26].
(i)
Que
se hayan agotado todos los mecanismos de defensa, ordinarios y extraordinarios,
es decir que se encuentre acreditado el requisito de subsidiariedad
y que el asunto no haya sido resuelto por algún mecanismo procesal.
La
acción de tutela contra providencia judicial es subsidiaria, característica que
implica que el afectado deberá recurrir a todos los mecanismos de defensa
ordinarios y extraordinarios que han sido previstos en el ordenamiento
jurídico, por lo que el amparo no puede convertirse (i) en una vía expedita
para resolver controversias que cuentan, en principio, con medios para su resolución
o, (ii) en el instrumento para reabrir debates que ya fueron zanjados en las
etapas procesales correspondientes, es decir, no puede ser una instancia
adicional[27].
De cualquier manera, para determinar si se acredita la subsidiariedad, es
necesario verificar si esos medios de defensa resultan eficaces e idóneos para
la protección de los derechos invocados en el caso concreto de conformidad con
el artículo 86 de la Constitución y el Decreto 2591 de 1991, pues de lo
contrario la tutela procederá de manera definitiva[28]. De igual
forma, la jurisprudencia constitucional ha aceptado que la acción de tutela
contra providencia judicial también procede como mecanismo transitorio para
evitar la configuración de un perjuicio irremediable, es decir, cuando existe
el riesgo de lesionar de manera irreversible un derecho fundamental. En todo
caso, ese menoscabo debe ser grave  e inminente, lo que implica la necesidad de
una protección urgente e impostergable[29].
Al
respecto, esta
Sala encuentra que la acción de tutela de la referencia acredita el requisito
de subsidiariedad exigido por la jurisprudencia constitucional, puesto que el
accionante no contaba con un recurso judicial efectivo para oponerse a la
decisión del Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Medellín, autoridad
judicial que conoció en grado de consulta del proceso ordinario laboral de
única instancia adelantado por el señor Leonel de Jesús Álvarez Velásquez en
contra de Colpensiones, el cual fue fallado por el extinto Juzgado Diecinueve
Laboral de Pequeñas Causas de Medellín denegando las pretensiones y declarando
probada la excepción de prescripción contenida en los artículos 488 del CST y
151 del CPT. Asimismo, contra las providencias no procede el recurso
extraordinario de casación, en atención a que no se cumple con la cuantía
requerida por el artículo 86 del Código Procesal del Trabajo.
Sumado a lo
anterior, de las pruebas recaudadas en sede de revisión es posible establecer
que el señor Leonel de Jesús Álvarez Velásquez se encuentra en una difícil
situación, como quiera que tanto él como su núcleo familiar (compuesto por su
cónyuge, hija y nieto menor) dependen económicamente del ingreso proveniente de
la pensión reconocida a este. En ese sentido, el accionante informó que sus
gastos ascienden a la suma de un millón de pesos ($1.000.000), monto que cubre
necesidades básicas.
(ii)
Que
la acción sea presentada en un término razonable y oportuno, es decir, que se
respete el principio de inmediatez.
La
procedencia de la tutela en este caso exige que se acredite el requisito de
inmediatez, el cual hace referencia a la presentación del amparo dentro de un
término razonable y oportuno desde que quedó en firme la providencia judicial
que presuntamente vulnera los derechos fundamentales[30]. En ese
sentido, el juez constitucional no puede estudiar de fondo una acción de
tutela, cuando verifique que la misma fue interpuesta de manera tardía, sin que
exista una razón plausible que justifique la demora en acudir a este medio
judicial.
Del expediente se
desprende que la sentencia del Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Medellín
(grado de consulta) fue proferida en audiencia el día veintiséis (26) de
septiembre de dos mil dieciséis (2016)[31]
y la acción de tutela que actualmente se encuentra en sede de revisión fue
interpuesta el día treinta y uno (31) de octubre de dos mil dieciséis (2016),
es decir que entre la última actuación judicial dentro del proceso ordinario
laboral y la interposición del amparo tan sólo transcurrió 1 mes y 5 días,
término que esta Corte ha considerado razonable y proporcional.
(iii)
Que exista legitimación en la causa por activa y por
pasiva.
Con
la finalidad de realizar un análisis integral respecto de la procedencia de la
acción de tutela en este caso, es necesario verificar si se acredita la
legitimación en la causa por activa y por pasiva, en tanto que se hace imperioso
identificar el titular de los presuntos derechos fundamentales que han sido
transgredidos con la decisión judicial (que no siempre coincide con las partes
de la relación jurídico procesal atacada), así como los supuestos responsables
de la situación bajo consideración del juez constitucional. En ese sentido, el artículo 86 de la Carta
Política[32]
establece que toda persona que considere que sus derechos fundamentales han
sido vulnerados o se encuentren amenazados, podrá interponer acción de tutela
directamente o a través de un representante que actúe en su nombre. De igual
forma, el artículo 5 del Decreto 2591 de 1991[33]
refiere que el amparo procede contra toda acción u omisión de una autoridad
pública que haya violado, viole o amenace un derecho fundamental. También contra acciones u omisiones de particulares,
de conformidad con lo establecido en el Capítulo III de dicho Decreto,
particularmente, las hipótesis se encuentran plasmadas en el artículo 42[34].
En
ese sentido, en el asunto examinado lo primero que advierte la Sala es que el
señor Leonel de Jesús Álvarez Velásquez acude a la acción de tutela
representado por un abogado, hecho que se encuentra acreditado con el
respectivo poder especial otorgado al profesional del derecho[35]. Asimismo, el señor Álvarez Velásquez interpone el presente
amparo constitucional en contra de los Juzgados Diecinueve Municipal de
Pequeñas Causas Laborales de Medellín hoy Sexto Municipal de Pequeñas Causas
Laborales y Cuarto Laboral del Circuito de esa misma ciudad, despachos que, de
conformidad con la Constitución, la ley y la jurisprudencia pueden ser
accionados mediante tutela, cuando sus decisiones vulneran derechos
fundamentales, en tanto que los jueces son autoridades públicas.
Ahora
bien, en la contestación el Juzgado Sexto Municipal de Pequeñas Causas
laborales de Medellín explicó que la decisión de única instancia proferida el
día veintisiete (27) de octubre de dos mil quince (2015), dentro del proceso
ordinario laboral fue proferida por el Juzgado Diecinueve Municipal de Pequeñas
Causas Laborales de Medellín, despacho que despareció cuando entró en vigencia
el acuerdo PSAA15-10412 del veintiséis (26) de noviembre de dos mil quince
(2015) que modificó el acuerdo PSAA15-10402 del veintinueve (29) de octubre de
ese mismo año, mediante el cual se creó el citado Juzgado Sexto Municipal de
Pequeñas Causas Laborales, autoridad judicial que recibió los procesos que
tenía el primero[36].
Por lo
anterior, la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional considera que
los Juzgados Sexto Municipal de Pequeñas Causas Laborales y Cuarto Laboral del
Circuito, ambos de la ciudad de Medellín, se encuentran legitimados en la causa
por pasiva dentro de la acción de tutela de la referencia.
(iv)
Si
se está alegando en la tutela que la providencia sobrelleva una irregularidad
procesal, debe explicar o argumentar por qué tiene un impacto en el sentido
de la decisión por tener un efecto decisivo o determinante en la providencia.
De
ahí que, la acción de tutela solamente será procedente cuando se alegue una
vulneración sustancial al debido proceso, es decir, cuando haya un yerro
procesal trascendente. En el caso bajo estudio, el accionante no indica que la
vulneración de sus derechos tenga fundamento en un yerro de carácter procesal,
razón por la cual este requisito no le es exigible.
(v)
Se
requiere además que la decisión judicial accionada no sea un fallo
de tutela o de control abstracto de constitucionalidad.
En otras palabras, que no se trate de un escenario de tutela
contra tutela, ni de una decisión resultante del control abstracto de
constitucionalidad ejercido por la Corte[37].
Lo anterior, de acuerdo con las sentencias T-282 de 1996 y SU-1219 de 2001, en
las que se establecieron la improcedencia general de este tipo de acciones[38].
En el
asunto objeto de revisión, las providencias judiciales atacadas mediante la
acción de tutela son sentencias proferidas en el marco de un proceso laboral
ordinario, por lo que se acredita este requisito de procedencia.
(vi)
La
parte accionante debe identificar los hechos que generarían el daño,
los derechos fundamentales que le fueron vulnerados, e igualmente debe
demostrar que los alegó en sede de instancia de haberlo podido hacer
El
afectado con la decisión judicial deberá identificar de manera clara los hechos
que dieron lugar a la vulneración de uno o varios derechos fundamentales y, en
ese sentido, debe de haber alegado su inconformidad en el transcurso del
proceso ordinario, siempre que así lo haya podido hacer. En efecto, se trata de
una carga que tiene el interesado, en tanto que, pese a la informalidad de la
tutela, tendrá que evidenciar la violación de sus garantías y, por supuesto,
enunciar el o los defectos específicos de los cuales puede adolecer la
providencia.
En
ese sentido, se advierte que en el caso concreto, el accionante identificó de
manera clara los hechos que dieron lugar a la vulneración de sus derechos
fundamentales, así como el defecto del cual adolece la providencia. En ese
sentido, refirió que las sentencias que denegaron sus pretensiones de obtener
el incremento de su mesada pensional por cónyuge a cargo en un 14% y declararon
probada la excepción de prescripción, incurrieron en el defecto denominado desconocimiento
del precedente, como quiera que, a su juicio, los jueces excluyeron la
aplicación del precedente proferido por esta Corte en sede de revisión y que
han considerado que los incrementos a la pensión previstos en el Acuerdo 049 de
1990 aprobado por el Decreto 758 de ese mismo año hacen parte integral de la
pensión y, por lo tanto, no están sujetos a prescripción ordinaria.
Al respecto, citó las
sentencias T-217 de 2013, T-831 de 2014, T-762 de 2011, T-319 de 2015, y T-369
de 2015.
(vii)   Que el asunto revista
de relevancia constitucional
La
relevancia constitucional de la acción de tutela contra providencia judicial
está íntimamente ligada al carácter subsidiario del amparo, puesto que el juez sólo
puede conocer de aquellos asuntos que no correspondan a una autoridad judicial
ordinaria, pues de lo contrario podría usurpar competencias que han sido
fijadas en la ley. En ese sentido, esos asuntos deben gozar de una dimensión
constitucional ius fundamental[39].
Se trata de una acción de
tutela interpuesta en contra de sentencias judiciales que, presuntamente,
incurrieron en defectos que desencadenaron la vulneración de los derechos
constitucionales fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la
vida digna y al mínimo vital. En ese sentido, es un asunto que ha superado las
instancias de los jueces ordinarios y que ha alcanzado una dimensión
constitucional, puesto que existe discusión respecto del contenido de la mesada
pensional, ingreso cuya finalidad es garantizar la vida digna del trabajador
que ha llegado a una edad en la que le es imposible trabajar, así como la de su
núcleo familiar. Por lo tanto, se trata de un debate acerca de la vulneración
de garantías establecidas en la Constitución.
15. En suma, el amparo interpuesto
por el señor Leonel de Jesús Álvarez Velásquez en contra de las sentencias
proferidas por el
Juzgado Diecinueve Municipal de Pequeñas Causas Laborales (hoy Juzgado Sexto
Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Medellín) y el Juzgado Cuarto Laboral
del Circuito de Medellín, acredita los requisitos de procedencia establecidos
por la jurisprudencia de esta Corte respecto del amparo en contra de
providencia judicial.
C.
PLANTEAMIENTO DEL
PROBLEMA JURÍDICO, MÉTODO Y ESTRUCTURA DE LA DECISIÓN
16. En esta oportunidad
corresponde a la Sala responder el siguiente problema jurídico: ¿Vulneran los
Juzgados Diecinueve Municipal de Pequeñas Causas Laborales (hoy Sexto Municipal
de Pequeñas Causas Laborales) y Cuarto Laboral del Circuito de Medellín los derechos
fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la vida digna y al mínimo
vital del señor Leonel de Jesús Álvarez Velásquez al proferir sentencias dentro
del proceso ordinario laboral adelantado por este último en contra de Colpensiones
en las que denegaron la pretensión relativa al reconocimiento del incremento en
un 14% de la mesada pensional por cónyuge a cargo, desconociendo el precedente
de esta corporación e incurriendo en una violación directa de la Constitución?
Con el fin de resolver el
problema jurídico planteado, la Sala se referirá a: (i) los requisitos
especiales de procedencia de la acción de tutela interpuesta en contra de
providencia judicial; (ii) a la unificación de la jurisprudencia respecto de la
imprescriptibilidad del incremento pensional por cónyuge a cargo establecido en
el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año y, por último,
(iii) examinará si las providencias judiciales controvertidas incurrieron en
los defectos denominados desconocimiento del precedente y violación directa de
la Constitución.
D.
REQUISITOS ESPECIALES DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA
INTERPUESTO EN CONTRA DE PROVIDENCIAS JUDICIALES
17. Una vez verificados
los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra una
providencia judicial, corresponde al juez constitucional determinar si se
configura alguno de los defectos que determinan la procedencia del amparo en
estos casos. Los defectos que la jurisprudencia constitucional ha descrito son
los siguientes[40]:
(i)
Defecto
Orgánico:
Hace referencia a la competencia que tiene el juez para decidir determinado
caso de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico.
(ii)
Defecto
material o sustantivo: Se configura cuando el funcionario judicial decide con
fundamento en normas inexistentes o inexequibles, o cuando la decisión presenta
evidentes contradicciones en sus partes motiva y resolutiva[41].
(iii)
Desconocimiento
del precedente: Acontece, cuando los jueces en sus providencias, desconocen la ratio decidendi establecida
en decisiones anteriores cuando existen similitudes fácticas y jurídicas. Lo
anterior, se fundamenta en los principios de igualdad de trato,  de seguridad
jurídica, de confianza legítima y de buena fe.
(iv)
Violación
directa de la Constitución: Este defecto se configura cuando el juez da alcance
a una disposición normativa contraria a la Constitución[42], o cuando el juez no aplica
la excepción de inconstitucionalidad[43].
(v)
Defecto
procedimental absoluto: Ocurre cuando el operador judicial en su providencia se
aparta de las normas procedimentales aplicables[44] o cuando existe exceso
ritual manifiesto[45].
(vi)
Defecto
fáctico:
Se conforma cuando el juez toma una decisión sin el oportuno y suficiente
respaldo probatorio. También se puede configurar cuando el funcionario judicial
no valora una prueba o deniega su práctica sin justificación alguna[46].
(vii)   Error inducido: -Conocido también
como vía de hecho por consecuencia-acontece cuando la autoridad judicial es
engañada por parte de terceros, ocasionando con su decisión, graves
vulneraciones a derechos fundamentales[47].
(viii)  Decisión sin
motivación: Este defecto se configura cuando el juez incumple su deber
de establecer con claridad y suficiente los fundamentos facticos y jurídicos
que sirvieron de base para tomar la decisión[48].
En los párrafos
siguientes, la Sala Tercera de Revisión profundizará respecto de los defectos
denominados desconocimiento de precedente y violación directa de la
Constitución, como quiera que están expresamente relacionados con el caso bajo
revisión.
Desconocimiento del
precedente constitucional como causal especial de procedencia de la acción de
tutela en contra de providencias judiciales
17.1. Los artículos 228 y 230 de la
Constitución establecen que los jueces gozan de autonomía e independencia para
el ejercicio de sus funciones y “en sus providencias, sólo están sometidos
al imperio de la ley”. Debido a lo anterior, realizan una labor de
interpretación que consiste en aplicar la norma jurídica al caso que ha sido
puesto en su conocimiento, además de desarrollar “un complejo proceso de
creación e integración del derecho que dista de ser una simple aplicación
mecánica de la ley”[49].
17.1.1. Ahora, el precedente ha sido
entendido, por regla general, como las razones de derecho con base en las
cuales un juez resuelve un caso concreto[50].
De igual forma, ha sido considerado vinculante por diferentes razones[51].
El motivo primordial es que, a través de éste se hace efectivo el principio de
igualdad de trato, en tanto que a supuestos fácticos idénticos o, jurídicamente
equiparables, se les debe brindar soluciones equivalentes. Lo anterior,  garantiza,
entre otras cosas,  una confianza legítima del usuario frente a la
administración de justicia[52].
Para esta Corte el problema nace
cuando a situaciones similares, el juez aplica soluciones diametralmente
opuestas, vulnerando no sólo el principio de igualdad, sino los de buena fe,
seguridad jurídica y confianza legítima. Es por ello que el desconocimiento del
precedente nace como una causal autónoma de procedencia de la acción de tutela
interpuesta en contra de una providencia judicial[53].
17.1.2. En ese orden de ideas, esta
Corte ha explicado cuáles son los elementos que integran el precedente y, en
ese sentido, ha indicado que en las sentencias judiciales es usual encontrar
(i) el decisum, también denominado parte resolutiva, la cual obliga, por
regla general, a las partes dentro del proceso (ii) la ratio decidendi
que se refiere a los argumentos que guardan estricto nexo causal con la
decisión, es decir la “regla
o razón general que constituyen la base de la decisión judicial específica. Es,
si se quiere, el fundamento normativo directo de la parte resolutiva”[54] y, por último,
(iii) los obiter dicta que son razones que ayudan al juez a tomar la
decisión, pero que no son fundamento de ésta última, por lo que no pueden ser
usados como precedente para otros casos.
La ratio decidendi de una sentencia
se traduce en la regla que el juez formuló para resolver el problema jurídico
planteado, motivo por el cual se trata de un argumento de extrema solidez que
se torna persuasivo y puede ser proyectado en casos posteriores[55], es decir, actua como
precedente judicial para casos con situaciones fácticas iguales o similares,
pues tienen fuerza de cosa juzgada constitucional implícita[56]. De esta manera, “la ratio
decidendi expresada en el precedente judicial constituye un importante límite a
la autonomía judicial que no puede ser desconocido por los jueces”[57].
17.1.3. Existen dos tipos de
precedentes con efectos vinculante diferentes[58]:
(i) el horizontal que hace referencia a que, en principio, un juez (individual
o colegiado) no puede separarse de la ratio decidendi fijada en sus
propias decisiones y (ii) el vertical, que implica que los falladores no pueden
apartarse del precedente establecido por las autoridades judiciales superiores,
particularmente, por las altas cortes[59].
Ahora bien, pese a que el precedente
judicial es vinculante[60],
lo cierto es que, es necesario armonizar este hecho con el importante principio
de independencia, motivo por el cual, los jueces pueden apartarse de éste,
identificando la o las sentencias que abandonará (carga de transparencia) y
justificando las razones por las cuales decidieron apartarse de la
jurisprudencia en vigor, es decir, indicando por qué la interpretación
divergente desarrolla de mejor forma los principios y derechos discutidos
dentro del proceso (carga argumentativa).
17.1.4. En suma, los jueces están
obligados, por regla general, a respetar el precedente judicial al momento de
fallar un caso que presente similitudes fácticas y jurídicas con otros que
hayan sido decididos previamente en desarrollo de los principios de igualdad de
trato, de seguridad jurídica, de confianza legítima y de buena fe. Lo anterior,
no implica que no pueda apartarse del mismo, ejerciendo una especial carga
argumentativa en la que explique los motivos por los cuales decide no acoger el
precedente, lo que garantiza la autonomía judicial en el proceso de administrar
justicia.
Violación directa de
la Constitución como causal especial de procedencia de la acción de tutela
contra providencia judicial
17.2. Como acaba de
explicarse, la jurisprudencia de esta corporación ha precisado que una de las
hipótesis de procedencia de la acción de tutela contra una providencia
judicial, ocurre cuando el juez, en su decisión, desconoce principios o
mandatos establecidos en la Constitución[61].
En otras palabras, se configura cuando el funcionario judicial interpreta una
norma y la aplica dentro de un caso concreto, de tal manera que el defecto sea
el desconocimiento del texto constitucional, contrariando así el mandato de
supremacía previsto en el artículo 4 de la Constitución.
Al respecto, esta Corte se
pronunció en T-1143 de 2003, en la que manifestó lo siguiente:
“La
exigencia de razonabilidad y de proporcionalidad en el proceso interpretativo y
en los resultados de la interpretación, precisamente llama la atención acerca
del papel que le corresponde  a la Carta en la aplicación de la ley y, por eso,
reiteradamente la jurisprudencia ha hecho énfasis en que las decisiones
judiciales ´vulneran directamente la Constitución´ cuando el juez realiza ´una
interpretación de la normatividad evidentemente contraria a la Constitución´ y
también cuando ´el juez se abstenga de aplicar la excepción de
inconstitucionalidad en un caso en el cual, de no hacerlo, la decisión
quebrantaría preceptos constitucionales(…)”[62].
17.2.1. Ahora bien, es
importante establecer que el defecto denominado violación directa de la
Constitución ha sido tratado como causal específica autónoma de procedencia de
la acción de tutela contra una decisión judicial, pese a tener una relación
directa con otros yerros tales como el sustantivo, o el desconocimiento del
precedente jurisprudencial. Así, esta corporación, a través de los años, la ha
tratado como un defecto independiente que se desprende del valor normativo que
tiene la Constitución en nuestro sistema[63].
Sobre este tema, se
pronunció la Sala Séptima de Revisión de esta corte en la sentencia T-369 de
2015, en la que se refirió a lo siguiente:
“En
efecto, esta causal de procedencia de la acción de tutela encuentra fundamento
en que el actual modelo de ordenamiento constitucional reconoce valor normativo
a los preceptos superiores, de tal forma que contienen mandatos y previsiones
de aplicación directa por las distintas autoridades y, en determinados eventos,
por los particulares. En consecuencia, resulta plenamente factible que una
decisión judicial pueda cuestionarse a través de la acción de tutela cuando
desconoce o aplica indebida e irrazonablemente tales postulados”[64].
17.2.2. Esta Corte, en su
jurisprudencia, ha establecido que existen tres supuestos que pueden configurar
este defecto en una providencia: (i) cuando se deja de aplicar una disposición
constitucional; (ii) cuando la interpretación que realiza el juez de la norma
en el caso concreto es abiertamente inconstitucional[65] y, (iii) cuando el
operador judicial omite hacer uso de la excepción de inconstitucionalidad, siempre
que así haya sido solicitado dentro del proceso[66]. Lo anterior, se
fundamenta en el principio de supremacía de la Constitución, en tanto esta
última contiene mandatos que son de aplicación directa por parte de cualquier
autoridad, incluyendo a los operadores judiciales dentro de sus providencias[67], normas jurídicas que
no pueden desconocer la norma de normas[68].
E.
UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA RESPECTO DE LA
IMPRESCRIPTIBILIDAD DEL INCREMENTO PENSIONAL DEL 14%, SOBRE LA PENSIÓN MÍNIMA
LEGAL, POR CÓNYUGE O COMPAÑERO PERMANENTE A CARGO EN LA SENTENCIA SU-310 DE
2017
18. Respecto del
incremento a la mesada pensional por cónyuge o compañero a cargo, contenido en
el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese
mismo año[69],
esta Corte ha sostenido dos posiciones que hicieron que el tema no fuera del
todo pacífico. En efecto, algunas salas de revisión se inclinaron por sustentar
que dicho incremento hace parte integral del derecho a la pensión y que, en ese
sentido, no está sometido a la regla general de prescripción por encontrarse
ligado al mínimo vital y a la vida digna, postulado que encuentra su principal
fundamento en la sentencia T-217 de 2013[70]. Empero, existe otra posición
igualmente acogida, que coincide con la tesis expuesta por la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia que sostiene que los referidos
incrementos no gozan de imprescriptibilidad, como quiera que no nacen de forma
automática a la vida jurídica, no son vitalicios y están sometidos a requisitos
legales[71],
teoría que fue recogida en la sentencia T-791 de 2013.
18.1. En ese orden de
ideas, la Sala Tercera de Revisión, en los siguientes párrafos, explicará de
manera breve el fundamento de las dos tesis que esta Corte ha sostenido sobre
la materia:
(i)
Posición: El derecho al incremento del 14% de la
mesada pensional es imprescriptible y acorde con el principio constitucional de
favorabilidad las decisiones que así lo determinan deben ser aplicables
18.1.1. De
conformidad con esta interpretación, los incrementos a la pensión de vejez
previstos en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese mismo
año, hacen parte integral de la pensión de vejez y, por lo tanto, no pueden
estar sometidos a la regla general de prescripción dispuesta en los artículos
488 del CST y 151 del CPT SS. Sostener lo contrario, implicaría que la persona
podría perder una parte de los recursos que componen su derecho prestacional,
lo que a todas luces es contrario del artículo 53 de la Constitución.
Así lo sostuvo la
Corte en la citada sentencia T-217 de 2013, providencia en la que se estudiaron
dos casos con premisas fácticas similares a las que en la actualidad ocupan la
atención de la Sala. En esa oportunidad, se decidió conceder el amparo de los
derechos fundamentales invocados argumentando que, en ambos casos, los jueces
de los procesos ordinarios habían desconocido el precedente jurisprudencial de
esta corporación, según el cual, el derecho a la pensión es imprescriptible[72].
18.1.2. De
forma posterior, fue proferida la sentencia T-831 de 2014[73], providencia mediante
la cual se reconoció que no existía unanimidad en las diferentes Salas de
Revisión de la Corte respecto de los incrementos del artículo 21 del Acuerdo
049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese mismo año, en la medida en que coexistían
dos posibles interpretaciones. Sin embargo acogió el criterio establecido en la
sentencia T-217 de 2013, argumentando que se trataba de un postulado más favorable
para los accionantes[74].
18.1.3. Asimismo, la Sala
Séptima de Revisión profirió la sentencia T-369 de 2015[75], mediante la
cual reiteró la posición asumida en las sentencias T-217 de 2013 y T-831 de
2014, argumentando que si bien existen dos posibles interpretaciones de la
norma en cuestión, la más favorable es aquella que afirma que los incrementos a
la pensión no están sujetos a prescripción, todo lo anterior lo fundamentó en
el principio pro personae.
18.1.4. Lo mismo ocurrió
en la sentencias T-395 de 2016 y T-460 de 2016, providencias en las que esta
Corte decidió conceder el amparo de los derechos fundamentales, al considerar
que, pese a existir dos interpretaciones respecto de la norma que contiene los
incrementos a la mesada pensional, lo cierto es que los jueces al momento de
fallar los procesos ordinarios laborales tienen la obligación de acoger el principio
de favorabilidad en materia laboral contenido en el artículo 53 de la
Constitución.
(ii)
Posición: El derecho al incremento del 14% de la
mesada pensional es prescriptible y las decisiones que determinan lo contrario
no constituyen precedente constitucional
18.2. Este
postulado sostiene que el incremento a la pensión de vejez en un 14% por
cónyuge o compañero permanente a cargo, contenido en el artículo 21 del Acuerdo
049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, sí se encuentra
sometido a la prescripción ordinaria contenida en los artículos 488 del CST y
151 del CPT SS, como quiera que no hace parte integral de la pensión. Lo
anterior, en atención a que su finalidad no es la de garantizar el mínimo vital
y la vida digna de la persona de manera vitalicia y está sometido al
cumplimiento de ciertos requisitos legales que conllevan a su extinción una vez
desaparecen las condiciones que dan lugar a su reconocimiento.
Es así
como las sentencias que han defendido esta tesis han aceptado que existe una
disparidad de criterios frente al tema en este Tribunal y, por ese motivo, no hay
un precedente claro que pueda ser desconocido por parte de los jueces que
conocen de estos asuntos en la Jurisdicción Ordinaria Laboral. En ese sentido,
las siguientes providencias se apartaron de las consideraciones expuestas en la
sentencia T-217 de 2013:
18.2.1. La Sala Tercera de Revisión en el 2013, profirió la sentencia T- 791 de ese año[76],
en la que no accedió al amparo de los derechos fundamentales invocados,
argumentando que el precedente de esta corte sobre la imprescriptibilidad de la
pensión de vejez no era aplicable al incremento del 14% por cónyuge a cargo, en
concordancia con lo establecido por la Sala Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, órgano de cierre de la Jurisdicción ordinaria Laboral que ha sostenido
que los citados incrementos no están destinados a asegurar  la subsistencia
digna y el mínimo vital de los sujetos[77].
18.2.2. De igual forma, esa sentencia manifestó que el argumento
esgrimido en la sentencia T-217 de 2013 pertenecía a una posición minoritaria y,
por lo tanto, no consideró “acertada la aplicación que en aquella
oportunidad se le dio al precedente constitucional en materia de
imprescriptibilidad pensional, toda vez que a la luz de lo trazado por la
jurisprudencia dada al interior de la Jurisdicción Ordinaria, encargada de
definir los conflictos, y el alcance de los derechos de la seguridad social y
de tipo laboral, el incremento pensional objeto de estudio no reviste las
características que hacen aplicable el precedente de la imprescriptibilidad a
una acreencia económica relacionada con la seguridad social”.
18.2.3. Posteriormente,
la Sala Segunda Revisión de esta corporación mediante la sentencia T-748 de
2014 acogió la postura establecida en la providencia T-791 de 2013 y, en
consecuencia, se consideró que la tesis expresada por otras salas de esta Corte
no era un antecedente trascendental para que su desconocimiento desencadenara
la configuración de un defecto en una providencia judicial[78].
18.2.4. La tesis sostenida
fue posteriormente reiterada en sentencias T-123 de 2015, T-541 de 2015 y T-038
de 2016, en las que las Salas Segunda y Tercera de Revisión decidieron
apartarse del primer postulado y, en ese orden de ideas, considerar que los
incrementos a la pensión de vejez contenidos en el Acuerdo 049 de 1990,
aprobado por el Decreto 758 de ese mismo año, están sometidos a las
prescripción ordinaria. Igualmente, consideraron que las providencias
proferidas por los jueces ordinarios laborales que acogieran ese criterio no
incurrían en un defecto por desconocimiento del precedente constitucional, ante
la falta de unanimidad dentro de la Corte.
18.2.5. En
suma, hasta el año 2016 las diferentes Salas de Revisión de esta Corte, en
ejercicio de los principios de autonomía e independencia judicial interpretaron
de dos formas diferentes los incrementos a la pensión de vejez contenidos en el
Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese año. Sin embargo, la
Sala Plena decidió unificar su postura sobre el tema, con la finalidad de
garantizar seguridad jurídica dentro del ordenamiento jurídico.
Sentencia
de unificación número 310 del 10 de mayo de 2017, proferida por la Sala Plena
de la Corte, en materia del incremento pensional del 14%, por cónyuge o
compañero permanente a cargo[79]
18.3. El
diez (10) de mayo de dos mil diecisiete (2017), la Sala Plena de la Corte
Constitucional profirió la sentencia SU-310 de 2017, providencia mediante la
cual decidió unificar la interpretación respecto de los incrementos a la
pensión de vejez contenidos en el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado
por el Decreto 758 de ese mismo año.
18.3.1. Fueron
estudiados once (11) procesos de tutela acumulados por presentar identidad
fáctica y un problema jurídico en común. En diez (10) de los casos, los
accionantes dirigieron sus pretensiones en contra de las sentencias judiciales
proferidas en la Jurisdicción Ordinaria Laboral, en tanto que todas declararon
que el derecho al incremento sobre la pensión mínima había prescrito; y en el
caso restante, la acción de tutela fue interpuesta directamente en contra de
Colpensiones, ante la negativa de esta última de reconocer el incremento por
personas a cargo. El fundamento de los amparos interpuestos fue el
desconocimiento del precedente de esta corte sobre el tema, así como la
violación directa de la Constitución.
Los
jueces de tutela de primera y de segunda instancia de cada proceso (i) negaron el
amparo de los derechos fundamentales invocados, argumentando que no había sido
desconocido el precedente constitucional, en la medida en que no existía una
postura unificada sobre el tema en esta corte, además de advertir que, en todo
caso, los jueces ordinarios se estaban acogiendo a la tesis expuesta por la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que es el máximo
órgano de decisión dentro de esa jurisdicción, corporación judicial que
sostiene que los citados incrementos sí están sometidos a la prescripción
ordinaria o, (ii) declararon improcedente la acción de tutela por no haber
acreditado los requisitos de subsidiariedad (agotar todos los medios de defensa
judiciales ordinarios y extraordinarios) o  de inmediatez (interposición del
amparo dentro de un término oportuno y razonable).
18.3.2. En
consideración de lo anterior, el problema jurídico que se planteó la Sala Plena
fue el siguiente: ¿Viola una autoridad judicial el derecho al debido proceso,
por desconocer la Constitución y un precedente judicial vinculante, al
considerar que un derecho pensional, como el incremento del 14%, por cónyuge a
cargo, se pierde por completo a los tres años de no ser reclamado, en lugar de
considerar que se perdieron solo las mesadas no reclamadas, por ser esta última
una interpretación más favorable para el trabajador (in dubio pro operario)?
Para
resolver el problema jurídico propuesto, la corte analizó el Acuerdo 049 de
1990, el cual fue aprobado mediante el Decreto 758 de 1990, norma a través de
la cual se expidió el reglamento general del seguro social obligatorio de
invalidez, vejez y muerte. El artículo 21 del mencionado Acuerdo hace referencia
al derecho al incremento pensional por persona a cargo, particularmente
establece que las pensiones de vejez o de invalidez se incrementarán en un 14%
cuando exista cónyuge o compañera o compañero del beneficiario, siempre que
aquel no reciba ningún ingreso económico y, por lo tanto, depende
económicamente del titular del derecho pensional.
18.3.3. Respecto
del derecho al incremento pensional, como ya se expuso anteriormente, han
existido dos posturas dentro de esta corporación: Una que coincide con la
sostenida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y que
refiere que esos incrementos no hacen parte integral del derecho a la pensión,
motivo por el cual sí se encuentran sujetos a la prescripción trienal
establecida en los artículos 488 del CST y 151 del CPT SS y, una segunda, que
plantea que los incrementos sí hacen parte integral de la pensión, por lo que
de conformidad con el artículo 53 de la Constitución son imprescriptibles.
Al
estudiar las causales especiales de procedencia de la acción de tutela
interpuesta en contra de providencia judicial en cada caso concreto, la parte
mayoritaria de la Sala Plena de esta corte[80] consideró que las autoridades
judiciales que conocieron las pretensiones en las instancias de los procesos
ordinarios laborales, no desconocieron el precedente constitucional, en tanto
que no existía para ese momento una interpretación uniforme sobre el tema y, en
esa medida, tampoco una línea jurisprudencial clara. Empero, consideró que ante
la existencia de dos interpretaciones, a los jueces les correspondía escoger
aquella que fuera más favorable a los intereses del trabajador, como quiera que
se trata de un debate que tiene repercusiones constitucionales.
18.3.4. En
efecto, la decisión se fundamentó en el mandato constitucional del in dubio
pro operario[81], de conformidad con el cual, ante
varias interpretaciones razonables de una norma jurídica, el intérprete deberá
optar por aquella que resulte más favorable al trabajador. En ese orden de
ideas, el postulado según el cual los incrementos a la pensión por personas a
cargo, contenidos en el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el
Decreto 758 de ese mismo año, hacen parte integral del derecho pensional y, en
esa medida, no están sujetos a la prescripción trienal, es más favorable para
los intereses del pensionado.
Respecto
de la duda que debe aparecer en el intérprete para que haga uso de los
principios de favorabilidad y de in dubio pro operario, la Sala Plena
consideró que ésta debe estar revestida de seriedad y objetividad, en tanto que
no es posible que una posición menos fundamentada prevalezca frente a otra
jurídicamente mejor argumentada[82].
Por ello, para identificar una posición razonable y objetiva, se acudió a los
criterios de (i) corrección de la fundamentación jurídica, (ii) la aplicación
judicial o administrativa y (iii) la suficiencia de la argumentación, señalados
en la sentencia T-545 de 2004.
Sobre el
primero, la corte razonó que la interpretación relativa a la
imprescriptibilidad de los incrementos por personas a cargo se enmarca dentro
del contenido del artículo 22 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto
758 de ese mismo año, en la medida en que los citados incrementos sólo perduran
mientras subsistan las causas que le dieron origen. En ese sentido, esa
posición no contradice la interpretación de las normas constitucionales sobre
la materia.
En
segundo lugar, la Sala manifestó que, en efecto, la interpretación que hace
referencia a la imprescriptibilidad de los incrementos ha sido de aplicación
judicial, pues fue expuesta y reiterada en las sentencias T-217 de 2013, T-831
de 2014, T-319 de 2015 y T-369 del 2015, T-395 de 2016 y T-460 de 2016.
Por
último, se consideró que la posición que defiende la imprescriptibilidad de los
incrementos contenidos en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758
de ese mismo año, se encuentra suficientemente motivada.
18.3.5. En
ese sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional consideró que si bien las
decisiones proferidas por los jueces ordinarios laborales no habían desconocido
el precedente constitucional por las razones ya expuestas, lo cierto es que sí
incurrieron en el defecto de violación directa de la Constitución, por cuanto
omitieron aplicar el principio in dubio pro operario. En consecuencia, esta
corporación ordenó: (i) revocar los fallos de tutela de los jueces de
instancia, para en su lugar, amparar los derechos fundamentales al debido
proceso, a la seguridad social y al mínimo vital de todos los accionantes; y
por consiguiente, (ii) inaplicar las providencias judiciales proferidas por las
autoridades judiciales accionadas en los procesos ordinarios laborales, en lo
referente a la decisión de negar el reconocimiento de los incrementos
pensionales por persona a cargo, con fundamento en la prescripción del derecho.
Manifestó al respecto que dichas decisiones judiciales son inoponibles ante
cualquier trámite relacionado con los incrementos pensionales[83].
En esa
dirección, este Tribunal (iii) ordenó a Colpensiones que, aplicando el orden
constitucional y legal vigente, reconozca los incrementos pensionales a favor
de los accionantes que cumplan con las condiciones previstas en el artículo 21
del Acuerdo 049 de 1990 para acceder a ellos, en los términos expuestos en esa
sentencia y sin negar la prestación, en ningún caso, bajo el pretexto de que el
derecho prescribió o con fundamento en las decisiones judiciales que se
inaplicaron. La corte adoptó esta decisión con la finalidad de disminuir la
litigiosidad innecesaria en la materia, señalando que con ello se reducirá las
violaciones a los derechos fundamentales de los pensionados, así como la
necesidad de iniciar trámites burocráticos y judiciales que generan a la
administración y a la justicia costos reales (manifestados en los trámites
procesales), costos de oportunidad (por los trámites burocráticos y judiciales
que se dejan de adelantar) y costos simbólicos (al dar la impresión de que la
administración no respeta los derechos fundamentales). De igual modo, (iv) ordenó al fondo de pensiones mencionado que
realizara a favor de los accionantes que resulten beneficiarios de los
incrementos pensionales previstos en el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990,
los pagos retroactivos no prescritos, comprendidos en los tres años anteriores
contados a partir de la notificación de la sentencia de unificación.[84]
18.3.6. Finalmente, en
cuanto a los efectos de la decisión, la corte, de un lado, se abstuvo de manera
expresa de dar efectos inter pares, debido a las particularidades
propias de cada caso, y de otro, determinó que en tanto unificación de
jurisprudencia, esta sentencia cierra el debate judicial sobre la existencia de
los derechos irrenunciables a la seguridad social que fueron objeto de protección.
Por eso, advirtió que los asuntos similares, tratados o por tratar, deben ser
resueltos por la administración o las autoridades judiciales correspondientes,
de acuerdo con los lineamientos jurisprudenciales decantados.
F.
VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN
EN LOS FALLOS QUE NEGARON LAS PRETENSIONES
19. En el caso bajo
consideración, la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional considera
que los Juzgados Diecinueve Municipal de Pequeñas Causas Laborales (hoy Sexto
Laboral de Pequeñas Causas Laborales) y Cuarto Laboral del Circuito de Medellín
con la adopción de sus decisiones violaron la Constitución, por las razones que
a continuación pasan a exponerse:
19.1. De conformidad con
lo expresado por el accionante, los Juzgados Diecinueve Municipal de Pequeñas
Causas Laborales (hoy Sexto Municipal de Pequeñas Causas Laborales) y Cuarto
Laboral del Circuito, ambos de la ciudad de Medellín, decidieron negar su
pretensión relativa al reconocimiento y pago del incremento en un 14% a su
mesada pensional por cónyuge a cargo, derecho que se encuentra previsto en los
artículos 21 y 22 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de ese
mismo año. El fundamento de esas decisiones de única instancia y de consulta
respectivamente, fue que la solicitud del accionante fue presentada a
Colpensiones tres (3) años después de haber sido reconocida la pensión de
vejez, por lo que de conformidad con lo previsto en los artículos 488 del CST y
151 del CPT, prescribió el derecho.
Así las cosas, el accionante
considera que las providencias proferidas por la Jurisdicción Ordinaria Laboral
vulneran sus derechos al debido proceso, a la seguridad social, a la vida digna
y al mínimo vital, por cuanto desconocen el precedente de esta corporación
sobre el tema, puesto que se ha sostenido que esos incrementos hacen parte
integral de la pensión de vejez y, en esa medida, no están sometidos a la
prescripción ordinaria prevista en el ordenamiento jurídico.
El Juzgado Sexto Municipal
de Pequeñas Causas Laborales de Medellín, despacho judicial que reemplazó al
Juzgado Diecinueve Municipal de Pequeñas Causas Laborales de la misma ciudad,
respondió a la acción de tutela interpuesta y puso de presente que, pese a no
haber sido la autoridad que tomó la decisión objeto de la tutela, lo cierto es
que los jueces laborales se ven sometidos a una dicotomía cuando se enfrentan a
este tipo de procesos, como quiera que existen dos posiciones igualmente
acogidas en la jurisprudencia de esta Corte, una que coincide con la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y que refiere que los citados
incrementos prescriben y otra que la contradice, por lo que se ven obligados a
acoger uno de los postulados, sin que se trate de una decisión caprichosa, sino
por el contrario, de una expresión del derecho a la autonomía judicial.
19.2. En ese orden de
ideas, encuentra la Sala que, en efecto, las providencias que resolvieron el
asunto puesto en conocimiento de los jueces laborales, no incurren en el
defecto de desconocimiento de precedente, en tanto que para el momento en el
que fueron proferidas no existía una posición uniforme de esta Corte sobre la
materia, por lo que tampoco había un precedente claro que desconocer. Sin
embargo y, de conformidad con la regla que fijó la Sala Plena de esta
corporación en la sentencia SU-310 de 2017, lo cierto es que lo anterior no es
óbice para que los jueces laborales, en este caso los Juzgados Diecinueve
Municipal de Pequeñas Causas Laborales (hoy Sexto Municipal de pequeñas Causas
Laborales) y Cuarto Laboral del Circuito, ambos de la ciudad de Medellín,
hubiesen aplicado el principio in dubio pro operario dispuesto en el
artículo 53 de la Constitución, el cual obliga a que ante interpretaciones
diversas respecto de una norma jurídica, el intérprete opte por aquella que sea
más favorable al trabajador.
En esa medida, la Sala
Tercera de Revisión de la Corte Constitucional considera que las providencias
proferidas en única instancia y en grado de consulta dentro del proceso
ordinario laboral que adelantó Leonel de Jesús Álvarez Velásquez contra
Colpensiones, violan de manera directa la Constitución ante la omisión de
aplicar una disposición de la carta. Lo anterior, implica que se configura una
causal especial de procedencia de la acción de tutela interpuesta en contra de
providencia judicial, motivo por el cual se revocará la sentencia proferida en
única instancia por la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de
Medellín, autoridad judicial que decidió negar el amparo de los derechos
fundamentales invocados.
Como consecuencia de lo
anterior y en aplicación del precedente vinculante dictado por la Sala Plena de
esta Corte, se tutelarán los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad
social, a la vida digna y al mínimo vital del señor Leonel de Jesús Álvarez
Velásquez y, en esa medida, la Sala revocará la providencia dictada por
el juez de tutela de única instancia, que negó el amparo solicitado, para en su
lugar, tutelar las garantías iusfundamentales afectadas.
19.3. En
lo que respecta al remedio constitucional que se debe adoptar frente a la
constatación de la violación alegada, vale la pena resaltar que en la sentencia
SU-310 de 2017, la Sala Plena de la Corte en los casos similares al presente,
resolvió inaplicar las providencias dictadas por las autoridades judiciales
accionadas, por considerarlas inoponibles ante cualquier trámite relacionado
con los incrementos pensionales y, en consecuencia, ordenó directamente a la Administradora Colombiana de
Pensiones, Colpensiones, que reconociera el derecho al incremento pensional del
14%, por cónyuge a cargo, y los pagos retroactivos, no prescritos, a favor de
los accionantes.
19.3.1. Para
fundamentar la decisión de inaplicar los fallos judiciales atacados, la Sala
Plena sostuvo que “[e]n el pasado, cuando se ha puesto a consideración de
esta Corporación acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte ha
protegido los derechos fundamentales invocados, no obstante que las decisiones
judiciales no han incurrido en algún defecto reprochable a la luz de la
Constitución Política”; tal y como ha ocurrido en las sentencias T-013 de
2011, T-192 de 2013, T-115 de 2015 y T-722 de 2016.
19.3.2. Ahora
bien, en el caso bajo estudio, la Sala de Revisión adoptará la decisión de
dejar sin efectos las sentencias proferidas por las autoridades judiciales
accionadas, con base en las siguientes razones:
(i)
De acuerdo con la sentencia SU-310 de 2017 las autoridades
judiciales que negaron el incremento pensional del 14% por cónyuge a cargo,
antes de que se dictara la providencia de unificación, bajo el argumento de que
había prescrito tal prestación, no incurrieron en un defecto por
desconocimiento del precedente constitucional, pero sí en un vicio por
violación directa de la Constitución, al haber desconocido el principio in dubio
pro operario[85]. En esa medida, no es factible
aducir que se van a inaplicar los fallos controvertidos argumentando que no se
incurrió en algún “defecto reprochable a la luz de la Constitución Política”,
cuando la constatación realizada por la corte indica lo contrario, es decir, la
configuración de un vicio por violación directa de la carta.
(ii)
La inaplicación afecta la eficacia de la sentencia en el caso
concreto, mientras que dejar sin efectos una decisión perturba su validez, debido
a la ocurrencia de un vicio.
(iii)
La decisión de inaplicar las providencias que vulneraron los
derechos fundamentales de los accionantes, no es un componente
inescindible de la ratio decidendi de la sentencia de unificación, sino
un remedio por el cual optó la Sala Plena, con el propósito de materializar el
amparo concedido. Por este motivo, la Sala Tercera de Revisión encuentra que la
medida de dejar sin efectos las sentencias laborales atacadas, además de
guardar congruencia con la ratio de la sentencia SU-310 de 2017,
facilita la realización del fin buscado, cual es el de proteger los derechos
fundamentales vulnerados por la decisión judicial reprochada.
19.4. Por
último, es relevante indicar que, pese a que los incrementos pensionales hacen
parte integral del derecho pensional y, por lo tanto, no están sometidos a la
regla general de la prescripción ordinaria. Lo cierto, es que esta Corte ha
considerado que las mesadas sí prescriben, por lo tanto, los incrementos
causados y no reclamados seguirán las reglas de los artículos 488 del CST y 151
del CPT.
19.5. Debido
a lo anterior, la Sala Tercera de Revisión dejará sin efectos los fallos
proferidos por los juzgados accionados, dictará sentencia de reemplazo y, en
consecuencia, ordenará a Colpensiones que, en el plazo máximo de diez (10)
días, contados a partir de la notificación de este fallo, reconozca el
incremento pensional del 14%, por cónyuge a cargo, y los pagos retroactivos, no
prescritos, a favor del señor Leonel de Jesús Álvarez Velásquez.
G.
SÍNTESIS DE LA
DECISIÓN
20. La Sala le
correspondió resolver acerca de si los Juzgados Sexto Municipal de Pequeñas Causas Laborales
(antes Diecinueve Municipal de Pequeñas Causas Laborales) y Cuarto Laboral del
Circuito de Medellín vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, a
la seguridad social, a la  vida digna y al mínimo vital del señor Leonel de
Jesús Álvarez Velásquez, al proferir sentencias dentro del proceso ordinario
laboral adelantado por este último en contra Colpensiones, en las que denegaron
las pretensiones relativas al reconocimiento del incremento en un 14% de la
mesada pensional por cónyuge a cargo, desconociendo el precedente de esta
corporación sobre el tema.
21. Como resultado de las
sub-reglas jurisprudenciales analizadas en la parte motiva de esta providencia,
observa la
Sala lo siguiente:
21.1. Se viola
directamente la Constitución, cuando una autoridad judicial deniega las
pretensiones relativas al reconocimiento del incremento a la mesada pensional
en un 14% argumentando que el derecho prescribió, sin aplicar el principio in
dubio pro operario frente a la divergencia interpretativa que existía con
anterioridad a la sentencia de unificación.
21.2. Debido a lo
anterior, en esta providencia se analizaron las reglas jurisprudenciales
relativas a los requisitos especiales de procedencia de la acción de tutela
interpuesta en contra de providencia judicial denominadas desconocimiento del
precedente y violación directa de la Constitución. En ese sentido, la Sala
concluyó que (i) no se configura el defecto de desconocimiento del precedente jurisprudencial
de la Corte Constitucional cuando se analizan providencias proferidas con
anterioridad a la sentencia SU-310 de 2017, en tanto que no existía una
posición uniforme; (ii) ante una divergencia interpretativa respecto de una
misma norma jurídica, los jueces laborales deben acoger aquella posición que
sea más favorable para el trabajador. De lo contrario, con su decisión
incurrirán en una violación directa de la Constitución. Igualmente, la Sala
reiteró el precedente expuesto en la sentencia SU-310 de 2017, en la que se
unificó la posición de esta Corte respecto de la imprescriptibilidad de los
incrementos a la pensión de vejez dispuestos en los artículos 21 y 22 del
Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año.
23. Sobre la base de lo
anterior, la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional concluye que los
Juzgados Diecinueve Municipal de Pequeñas Causas (hoy Sexto Municipal de
Pequeñas Causas Laborales) y Cuarto Laboral del Circuito, ambos de Medellín violaron
directamente la Constitución y, como consecuencia, revocará la decisión de la
Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín que denegó el amparo
de los derechos invocados.
III.
DECISIÓN
En mérito de
lo expuesto, la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional de la
República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- REVOCAR la sentencia proferida en única instancia por la
Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín proferida el
día dieciséis (16) de noviembre de dos mil dieciséis (2016) que decidió denegar
el amparo y, como
consecuencia, TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, a la
seguridad social, a la vida digna y al mínimo vital del señor Leonel de Jesús
Álvarez Velásquez.
Segundo.- DEJAR SIN EFECTOS las sentencias proferidas
en única instancia y en grado de consulta por los Juzgados Diecinueve Municipal
de Pequeñas Causas Laborales (hoy Sexto Municipal de Pequeñas Causas Laborales)
y Cuarto Laboral del Circuito, ambos de la ciudad de Medellín dentro del
proceso ordinario laboral adelantado por Leonel de Jesús Álvarez Velásquez en
contra de Colpensiones.
Estas decisiones judiciales son inoponibles ante cualquier trámite relacionado
con los incrementos pensionales.
Tercero.- ORDENAR a la Administradora
Colombiana de Pensiones, Colpensiones, que en el plazo de diez (10) días
contados a partir de la notificación de esta sentencia, reconozca el derecho al
incremento pensional del 14%, por cónyuge a cargo, y los pagos retroactivos, no
prescritos, a favor del señor Leonel de Jesús Álvarez Velásquez. En su lugar, dictar directamente
sentencia de reemplazo, y en consecuencia, DECLARAR que el señor Leonel
de Jesús Álvarez Velásquez es beneficiario del incremento del 14%, por cónyuge
a cargo, sobre la pensión mensual de vejez (literal b, art. 21, Acuerdo 049 de
1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990).
Cuarto.- LIBRAR las comunicaciones –por
la Secretaría General de la Corte Constitucional–, así como DISPONER las
notificaciones a las partes –a través de la Sala Sexta de Decisión Laboral del
Tribunal Superior de Medellín –, previstas en el artículo 36 del Decreto Ley 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase.
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Magistrado
Con
aclaración de voto
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
Con
aclaración de voto
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
Con aclaración de
voto
ROCÍO
LOAÍZA MILIAN
Secretaria General (E)
ACLARACIÓN DE VOTO DE LA MAGISTRADA
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
A LA SENTENCIA T-540/17
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Análisis en ejercicio del control abstracto de
constitucionalidad era equivocado e impertinente (Aclaración de voto)
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Debió precisarse que la prescripción en materia pensional se
predica de las mesadas y no del derecho en sí mismo (Aclaración de voto)
No comparto la idea de la sentencia de
incluir obiter dictum que confunden a los operadores judiciales y generan
incertidumbre a la comunidad jurídica, con mayor razón cuando se trata de
analizar temas de relativa complejidad
Referencia: Expediente T-6.119.970
Demandante: Leonel de Jesús Álvarez Velásquez.
Demandado: Juzgado Sexto Municipal de Pequeñas Causas
Laborales de Medellín y otro.
Magistrado
Ponente:
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Con el acostumbrado
respeto por las decisiones de la Corte Constitucional, presento a continuación
las razones que me conducen a aclarar mi voto a la decisión adoptada por la
Sala Tercera de Revisión en sesión del 22 de agosto de 2017, que por votación
mayoritaria profirió la sentencia T-540 de 2017, de la misma fecha.
La providencia en la
que aclaro mi voto resolvió: i) REVOCAR la sentencia proferida en única
instancia por la Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de
Medellín del 16 de noviembre de 2016, que negó el amparo constitucional y en su
lugar, TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, a la
seguridad social, a la vida digna y al mínimo vital del señor Leonel de Jesús
Álvarez Velásquez; ii) DEJAR SIN EFECTOS los fallos dictados en única
instancia y en grado de consulta por los Juzgados Diecinueve Municipal de
Pequeñas Causas Laborales (hoy Sexto Municipal de Pequeñas Causas Laborales) y
Cuarto Laboral del Circuito, ambos de Medellín, dentro del proceso ordinario
laboral adelantado por el señor Álvarez Velásquez contra COLPENSIONES; iii) ORDENAR
a COLPENSIONES que, en un plazo de 10 días contados a partir de la
notificación esa decisión, proceda a reconocer el derecho al incremento
pensional del 14% por cónyuge a cargo y los pagos de retroactivos no
prescritos, a favor del accionante.
En el presente asunto, el
solicitante presentó una acción de tutela en contra de los despachos accionados
por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, a
la vida digna, al mínimo vital, a la seguridad social y a la igualdad,
ocasionada por la negación de su pretensión de incremento pensional del 14% por
cónyuge a cargo conforme al Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de
1990, porque su derecho había prescrito.
El problema jurídico fue
planteado en el sentido de determinar si “Vulneran los
Juzgados Diecinueve Municipal de Pequeñas Causas Laborales (hoy Sexto Municipal
de Pequeñas Causas Laborales) y Cuarto Laboral del Circuito de Medellín los
derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la vida
digna y al mínimo vital del señor Leonel de Jesús Álvarez Velásquez al proferir
sentencias dentro del proceso ordinario adelantado por este último en contra de
COLPENSIONES en las que denegaron las pretensiones relativas al reconocimiento
del incremento en un 14% de la mesada pensional por cónyuge a cargo, desconociendo
el precedente de esta Corporación e incurriendo en una violación directa de la
Constitución”[86]
La sentencia tuvo la siguiente
estructura: i) las causales de prosperidad de la acción de tutela interpuesta
en contra de providencia judicial; ii) la unificación de la jurisprudencia de
la Corte respecto de la imprescriptibilidad del incremento pensional por
cónyuge a cargo establecido en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto
758 del mismo año, y por último, iii) el examen de las providencias judiciales
controvertidas para establecer si desconocieron el precedente jurisprudencial.
Como ratio decidendi, la
sentencia consideró que los despachos accionados no incurrieron en
desconocimiento del precedente, específicamente de la sentencia SU-310 de 2017,
puesto que esa decisión fue posterior a las providencias objeto de censura. Sin
embargo, estaban en la obligación de aplicar el principio constitucional de in
dubio pro operario, contenido en el artículo 53 Superior, en el entendido
de que existían dos posiciones jurisprudenciales respecto de una norma
jurídica, por lo que el intérprete debía adoptar la más favorable para el
trabajador[87].
En esta oportunidad,
aunque comparto la decisión final, me aparto de algunas consideraciones
contenidas en la sentencia, específicamente relacionadas con: i) el análisis de
la acción de tutela contra providencias proferidas por la Corte en ejercicio
del control de constitucionalidad; y, ii) la precisión de que la regla según la
cual el fenómeno de la prescripción en el incremento del 14% por cónyuge a
cargo opera únicamente para la mesada y no para el derecho en sí mismo
considerado, por las siguientes razones:
Las causales genéricas de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
1. La procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales es excepcional[88] y encuentra su
fundamento constitucional en el artículo 86 de la Carta, que establece su
viabilidad cuando la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales se
produce por la acción u omisión de cualquier autoridad pública, incluidos los
jueces de la República.
La
Corte en la sentencia C-590 de 2005[89],
superó el concepto de  vías de hecho, utilizado previamente en el análisis de
la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, para dar paso a la
doctrina de específicos supuestos de procedibilidad, reiterada en la sentencia SU–195
de 2012[90],
la cual condiciona la procedencia de la acción de tutela al cumplimiento de
ciertos y rigurosos requisitos agrupados en: i) presupuestos generales de
procedencia y ii) causales específicas de procedibilidad[91].
2. Los presupuestos generales de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales son: i) que la cuestión sea de relevancia
constitucional; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial
–ordinarios y extraordinarios -, salvo que se trate de evitar la ocurrencia de
un perjuicio ius fundamental irremediable[92]; iii) la observancia del
requisito de inmediatez, es decir, que la acción de tutela se interponga en un
tiempo razonable y proporcionado a la ocurrencia del hecho generador de la
vulneración[93];
iv) si se trata de una irregularidad procesal, que la misma sea decisiva en la
providencia que se impugna en sede de amparo[94];
v) la identificación razonable de los hechos que generaron la vulneración de
derechos fundamentales y de haber sido posible, que los mismos hayan sido
alegados en el proceso judicial[95];
y vi) que no se trate de una tutela contra tutela[96].
3. El caso bajo estudio de la Corte, trataba en términos
generales de una acción de tutela formulada en contra de una providencia judicial
proferida al interior de un proceso ordinario laboral. En ese sentido, el
análisis que debía realizar la sentencia estaba limitado por el mencionado
contexto fáctico y jurídico, por lo que no debía extenderse a aspectos que no
hacían parte del objeto sometido a estudio, como sería el ejercicio del amparo
en contra de fallos proferidos por la Corte al realizar control abstracto de
constitucionalidad, tal como equivocadamente lo hizo la decisión de la cual me
aparto en esta consideración contenida en la parte motiva.
En efecto, su análisis en el presente
asunto resultaba equivocado e improcedente, pues no guardaba ninguna relación
con el asunto central que debía resolver la Corte. De esta suerte, la
providencia presentó una serie de pronunciamientos previos, de los cuales solo
la sentencia T-282 de 1996, abordó el tema de la acción de tutela contra fallos
proferidos en ejercicio del control abstracto de constitucionalidad, sin que se
haya reconstruido una línea jurisprudencial frente al tema que permita
acreditar la existencia de jurisprudencia en vigor que constituya precedente
judicial. No comparto la idea de la sentencia de incluir obiter dictum
que confunden a los operadores judiciales y generan incertidumbre a la
comunidad jurídica, con mayor razón cuando se trata de analizar temas de
relativa complejidad.
La prescripción de las mesadas en
materia pensional
4. El fenómeno de la prescripción configura una institución jurídica
que afecta el derecho sustancial, pues constituye un fenómeno mediante el cual
el ejercicio de un derecho se adquiere o se extingue con el paso del tiempo y
en atención a las normas legales que regulan cada situación[97].
En materia pensional, esta Corte ha precisado que el fenómeno de
la prescripción se predica únicamente de las mesadas más no del derecho que les
da origen, pues aquel es imprescriptible. En efecto, se trata de prestaciones periódicas
en materia de seguridad social y derechos laborales, por lo que prescriben
únicamente aquellas mesadas a las que eventualmente el reclamante tuvo derecho
pero sobre las cuales no ejerció la acción oportuna, sin que dicho fenómeno
opere para el derecho que da origen a su cobro[98].
En otras palabras, la prescripción en materia laboral busca mayor
prontitud en el ejercicio de la acción, dada la supremacía del derecho
fundamental que se discute, el cual comporta la exigencia de acción y
protección oportunas. “Así, pues, el Legislador no hizo cosa distinta a
hacer oportuna la acción; de ahí que lo que, en estricto sentido, prescribe es
la viabilidad de una acción concreta derivada de la relación laboral, pero
nunca el derecho”[99].
5. La decisión de la referencia realizó un análisis de las
líneas jurisprudenciales desarrolladas por la Corte en relación con la
prescripción del incremento pensional del 14% por cónyuge o compañero
permanente a cargo[100]
sin hacer una distinción concreta de los efectos de la misma únicamente sobre
las mesadas. Por tal razón, considero que debió precisar que en todo caso la
prescripción se predica de las mesadas que fueron causadas y no reclamadas por
los beneficiarios en la oportunidad legal dispuesta para tal fin y no del
derecho pensional reclamado, pues aquel fue el objeto del debate en sede
constitucional.
6. En suma,
aunque comparto la decisión adoptada en la sentencia T-540 de 2017, el análisis
de la acción de tutela contra providencias proferidas por la Corte en ejercicio
del control abstracto de constitucionalidad era equivocado e impertinente y
adicionalmente, debió precisarse que la prescripción en materia pensional se
predica de las mesadas y no del derecho en sí mismo.
Fecha ut supra
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
[1] Copia de la
resolución 106694 del 14 de octubre de 2010 visible en folio 9 del cuaderno
número 2 de la acción de tutela (copia del proceso ordinario laboral).
[2] La copia del
Registro Civil de Matrimonio obra en el folio 9 del cuaderno número 2 de la
acción de tutela (copia del proceso ordinario laboral).
[3] Copia de la solicitud visible en el folio 10 del cuaderno número 2
de la acción de tutela.
[4] Copia de la respuesta proferida por el ISS visible en folios 11-13
del cuaderno 2 de la acción de tutela.
[5] La copia de la demanda y sus anexos obra en los folios 2-14 del
cuaderno número 2 de la acción de tutela.
[6] Copia del auto admisorio visible en folio 15 del expediente de
tutela.
[7] De acuerdo
con la copia de las providencias que obran en los folios 29-37 del cuaderno
número 2 de la acción de tutela. Al respecto, también se encuentra adjunto al
expediente el audio de la audiencia en el cuaderno principal de la acción de
tutela.
[8] De acuerdo
con la copia de la solicitud visible en el folio 10 del cuaderno 2 de la acción
de tutela (copia del proceso ordinario laboral).
[9] Copia de la
respuesta proferido por el entonces ISS visible en folios 11-13 del cuaderno 2
de la acción de tutela (copia del proceso ordinario laboral).
[10] De
conformidad con el audio de la audiencia que se encuentra adjunto al expediente
principal de la acción de tutela (cuaderno 1) y de la copia del Acta suscrita
por el juzgado en el que se surtió el grado de consulta visible en el folio 42
del cuaderno 2 de la acción de tutela.
[11] La
contestación de la acción de tutela se encuentra visible en los folios 20-23
del cuaderno principal de la acción de tutela.
[12] Fallo de tutela visible en folios 29-31 del cuaderno principal de
la acción de tutela.
[13] Los
documentos recibidos por la Secretaría General de esta Corte fueron puestos a
disposición de las partes y de los terceros con interés en el proceso, de
conformidad con lo establecido en el artículo 64 del Acuerdo 02 de 2015. Dentro
del término, esa dependencia informó al despacho que únicamente se acercó
Colpensiones a solicitar copia del expediente de tutela T-6.117.098.
[14]De acuerdo con el Auto del 22 de junio de
2017, proferido por el Magistrado sustanciador visible a folios14 y 15 del
cuaderno de revisión de la acción de tutela T-6.117.098 y; 15 y 16 del cuaderno
de revisión del expediente de tutela T-6.119.970.
[15] Escrito
remitido por el apoderado del señor Leonel de Jesús Álvarez Velásquez visible
en folios 21-23 del cuaderno de revisión del expediente T-6.119.970.
[16] Copia de la
cédula de ciudadanía de la señora María Rubiela Olaya Morales visible en el
folio 22 del expediente T-6.119.970.
[17] Copia de la
cédula de ciudadanía de la señora Luis Fernanda Álvarez Olaya visible en el
folios 23 del expediente T-6.119.970.
[18] Copia del
registro civil de nacimiento del nieto menor de edad visible en el folio 23 del
expediente T-6.119.970.
[19]Escrito de
Colpensiones 24-27 y 41-46 de los cuadernos de revisión de los expedientes
T6.119.970 y T-6.117.098.
[20] Copias de
las certificaciones visibles en los folios 25-27 del cuaderno de revisión del
expediente T6.119.970.
[21] Auto notificado el 31 de mayo de 2017.
[22] En la
sentencia C-590/05 la Sala Plena manifestó lo siguiente: “Sin embargo, el
panorama es claro ya que como regla general la acción de tutela no procede
contra decisiones judiciales y esto por varios motivos.  Entre ellos, en primer
lugar, el hecho que las sentencias judiciales constituyen ámbitos ordinarios de
reconocimiento y realización de los derechos fundamentales proferidos por
funcionarios profesionalmente formados para aplicar la Constitución y la ley;
en segundo lugar, el valor de cosa juzgada de las sentencias a través de las
cuales se resuelven las controversias planteadas ante ellos y la garantía del
principio de seguridad jurídica y, en tercer lugar, la autonomía e
independencia que caracteriza a la jurisdicción en la estructura del poder
público inherente a un régimen democrático (…)”
[23] Constitución
Política de Colombia de 1991, Artículo 4: “La Constitución es norma de
normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra
norma jurídica, se aplicaran las disposiciones constitucionales (…)”
[24] Constitución
Política Colombiana de 1991, Artículo 86: “Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por
quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. (…)”
[25] Ibidem.
[26] Ver
sentencia T-417/17.
[27] Ver
sentencias T-192/09, T-211/09, T-673/12, T-113/13, T444/13, T-497/13, T-711/13,
T-760/13, T-808/13, T880/13, T-103/14, T-251/14, T-254/14, T-291/14, T-396/14,
T-574/14, SU-263/15, T-582/15, T-603/15, T-022/16, T-377/16, T-458/16,
T-715/16, T-001/17, T-417/17, entre otras.
[28] La sentencia
T-222/14 estableció que además luego de verificar la existencia de otro medio
de defensa judicial, lo cierto es que deben analizarse la eficacia y la
idoneidad de ese medio.
[29] Ver, entre otras, las sentencias T-1140/05, T-516/06, T-548/06 y
T-497/14.
[30] Esta Corte
ha considerado que “un
plazo de seis (6) meses podría resultar suficiente para declarar la tutela
improcedente y en otros eventos, un término de dos (2) años se podría
considerar razonable para ejercer la acción de tutela”. Ver entre otras las sentencias T-328/10, T-526/05 y T-692/06.
[31] De
conformidad con el audio de la audiencia de fallo que se encuentra en el
cuaderno principal de la acción de tutela.
[32] Constitución Política, Artículo 86 “toda persona tendrá acción
de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre,
la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública”.
[33] De conformidad con el Artículo 5º del
Decreto 2591 de 1991, “La acción de tutela procede contra toda acción
u omisión de las autoridades públicas, que haya violado, viole o amenace violar
cualquiera de los derechos de que trata el artículo 2o. de esta ley”. CP, artículo 86; Decreto 2591 de 1991, artículo 1.
[34] “Articulo 42.-Procedencia.
La acción de tutela procederá contra acciones u omisiones de particulares en
los siguientes casos:
1. Cuando
contra quien se hubiere hecho la solicitud este encargado de la prestación del
servicio público de educación para proteger los derechos consagrados en los
artículos 13, 15, 16, 19, 20, 23, 27, 29, 37 y 38 de la Constitución.
2. Cuando
contra quien se hubiere hecho la solicitud este encargado de la prestación del
servicio público de salud para proteger los derechos a la vida, a la intimidad,
a la igualdad y a la autonomía.
3. Cuando
aquél contra quien se hubiere hecho la solicitud este encargado de la
prestación de servicios públicos.
4. Cuando la
solicitud fuere dirigida contra una organización privada, contra quien la
controle efectivamente o fuere el beneficiario real de la situación que motivo
la acción, siempre y cuando el solicitante tenga una relación de subordinación
o indefensión con tal organización.
5. Cuando
contra quien se hubiere hecho la solicitud viole o amenace el artículo 17 de la
Constitución.
6. Cuando la
entidad privada sea aquella contra quien se hubiere hecho la solicitud en
ejercicio del hábeas corpus, de conformidad con lo establecido en el artículo
15 de la Constitución.
7. Cuando se
solicite rectificación de informaciones inexactas o erróneas. En este caso se
deberá anexar la transcripción de la información o la copia de la publicación y
de la rectificación solicitada que no fue publicada en condiciones que aseguren
la eficacia de la misma.
8. Cuando el
particular actúe o deba actuar en ejercicio de funciones públicas, en cuyo caso
se aplicará el mismo régimen que a las autoridades públicas.
9. Cuando la
solicitud sea para tutelar la vida o la integridad de quien se encuentre en
situación de subordinación o indefensión respecto del particular contra el cual
se interpuso la acción. Se presume la indefensión del menor que solicite la
tutela”.
[35] En documento
visible en el folio 9 del cuaderno principal de la acción de tutela el señor
Leonel de Jesús Álvarez Velásquez le otorgó especial, amplio y suficiente al abogado
Carlos José Gaviria Cataño para la interposición de la acción de tutela.
[36] De acuerdo
con la contestación de la acción de tutela emitida por el Juzgado Sexto
Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Medellín visible en folios 20-23 del
cuaderno principal de la acción de tutela.
[37] En la sentencia T-282 de 1996, esta corporación consideró “que
el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, es enfático: no procede la tutela
“cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto”, y,
estas características son propias de la sentencia que define una acción de
inconstitucionalidad, luego también por esta razón es improcedente la tutela en
la presente acción”.
[38] Ver entre otras las sentencias T-133/15, T-373/14, y T-272/14.
[39] Ver sentencias T-103/14 y T-417/17.
[40] Los defectos
también fueron sistematizados por esta Corte en la sentencia C-590/05.
[41] Ver
sentencias T-079/93, T-522/01 y C-590/05.
[42] Ver
sentencias T-1625/00, SU-1184/01.
[43] Ver sentencia T-522/01.
[44] Ver
sentencias T-008/98, T-937/01, SU-159/02, T-996/03 y T-196/06.
[45] Ver
sentencias T-591/11 y T-053/12.
[46] Ver sentencias
SU-448/16, T-454/15 y T-459/17, entre otras.
[47] Ver
sentencias SU-846/00, SU-014/01, T-1180701. Recientemente ver sentencia
T-273/17.
[48] Ver
sentencias T-1147/02, T-949/03, C-590/05, entre
otras.
[49] Sentencia T-166/16.
[50] Sentencia
T-292/06.
[51] Ver sentencia C-539 de 2011.
[52] En la sentencia C-836/01, esta Corte
estableció que: “La igualdad, además de ser un principio vinculante para
toda la actividad estatal, está consagrado en el artículo 13 de la carta como
derecho fundamental de las personas.  Este derecho comprende dos garantías
fundamentales: la igualdad ante la ley y la igualdad de protección y
trato por parte de las autoridades.  Sin embargo, estas dos garantías
operan conjuntamente en lo que respecta a la actividad judicial, pues los
jueces interpretan la ley y como consecuencia materialmente inseparable de esta
interpretación, atribuyen determinadas consecuencias jurídicas a las personas
involucradas en el litigio.  Por lo tanto, en lo que respecta a la actividad
judicial, la igualdad de trato que las autoridades deben otorgar a las personas
supone además una igualdad y en la interpretación en la aplicación de la ley” (negrillas
en el texto).
[53] Ver sentencias Sentencia SU-226/13, T-086/07, T-166/16, entre otras.
[54] Sentencia
SU-047/99.
[55] Sentencia T-292 de 2006.
[56] Sentencia C-131 de 1993.
[57] Sentencias
T-918/10 y T-166/16.
[58] Sobre
precedente vertical y horizontal, se pueden consultar las sentencias T-441/10 y
T-014/09.
[59] Sentencia
T-918/10 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
[60] Esta Corte
en la sentencia SU-047 de 1999 indicó que en realidad son los jueces
posteriores o el mismo juez cuando falla un nuevo caso, quien precisa el
verdadero alcance del precedente, así las cosas: “el juez posterior "distingue" (distinguishing) a fin
de mostrar que el nuevo caso es diferente del anterior, por lo cual el
precedente mantiene su fuerza vinculante, aunque no es aplicable a ciertas
situaciones, similares pero relevantemente distintas, frente a las cuales entra
a operar la nueva jurisprudencia. En otros casos, el tribunal posterior
concluye que si bien en apariencia, la ratio decidendi del caso anterior parece
aplicarse a la nueva situación, en realidad ésta fue formulada de manera muy
amplia en el precedente, por lo cual es necesario concluir que algunos de sus
apartes constituyen una opinión incidental, que no se encontraba directamente relacionada
a la decisión del asunto. El tribunal precisa entonces la fuerza vinculante del
precedente, ya que restringe (narrowing) su alcance. En otras situaciones, la actuación
del juez ulterior es contraria y amplía el alcance de una ratio decidendi que
había sido entendida de manera más restringida. En otras ocasiones, el tribunal
concluye que una misma situación se encuentra gobernada por precedentes
encontrados, por lo cual resulta necesario determinar cuál es la doctrina
vinculante en la materia. O, a veces, puede llegar a concluir que un caso
resuelto anteriormente no puede tener la autoridad de un precedente por cuanto
carece verdaderamente de una ratio decidendi clara.”
[61] En la
sentencia T-949/03 la Corte determinó que la violación directa a la Constitución
constituía una causal autónoma de procedibilidad de la acción de tutela y que
la misma gozaba de un carácter independiente, a pesar de tener relación directa
con el defecto sustantivo. En el mismo sentido, en la sentencia T-462/03 la
Corte Constitucional consideró como independiente la causal atinente a la
violación directa de la Constitución. En dicha oportunidad se indicó que: “(…)
En quinto lugar, se encuentran las situaciones en las cuales el juez incurre
en una violación directa de la Constitución y desconoce el contenido de los
derechos fundamentales de alguna de las partes. Se trata de los casos en los
cuales la decisión del juez se apoya en la interpretación de una disposición en
contra de la Constitución (Sentencias SU-1184/01, T-1625/00 y T-103/01) (…)”
Al respecto, también se puede consultar la sentencia T-551/10.
[62] Ver sentencia T-1143/03.
[63] Ver
sentencias T-949/03, T-462/03 T-1143/03, C-590/05 y T-369/15, entre otras.
[64] Al respecto, ver sentencias SU-198/13, T-310/09 y T-555/09.
[65]Ver sentencias SU-1184/01, T-1625/00 y T-1031/01,
T-047/05 y SU-873/14.
[66]Ver sentencias SU-1184/01, T-1625/00, T-522/01,
T-047/05 y SU-873/14.
[67] Al respecto,
ver sentencias T-555/09, T-1028/10, T-111/11 y
T-178/12, SU-198/13, SU-873/14 y T-369/15. Sobre el tema, se dijo que “el actual modelo de
ordenamiento constitucional reconoce valor normativo a los preceptos
superiores, de tal forma que contienen mandatos y previsiones de aplicación
directa por las distintas autoridades y, en determinados eventos, por los
particulares. En consecuencia, resulta plenamente factible que una
decisión judicial pueda cuestionarse a través de la acción de tutela cuando
desconoce o aplica indebida e irrazonablemente tales postulado”.
[68] “Artículo 4. La Constitución es norma de normas.
En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma
jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales.
Es deber de los nacionales y
de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y
obedecer a las autoridades”.
[69] “Artículo 21. incrementos de las pensiones de
invalidez por riesgo común y vejez. Las pensiones mensuales de invalidez y
de vejez se incrementarán así:
a) En un
siete por ciento (7%) sobre la pensión mínima legal, por cada uno de los hijos
o hijas menores de 16 años o de dieciocho (18) años si son estudiantes o por
cada uno de los hijos inválidos no pensionados de cualquier edad, siempre que
dependan económicamente del beneficiario y,
b) En un
catorce por ciento (14%) sobre la pensión mínima legal, por el cónyuge o
compañero o compañera del beneficiario que dependa económicamente de éste y no
disfrute de una pensión. (subrayas fuera del texto)
Los
incrementos mensuales de las pensiones de invalidez y de vejez por estos
conceptos, no podrán exceder del cuarenta y dos por ciento (42%) de la pensión
mínima legal”.
[70] También es posible consultar las
sentencias T-972/06, T-099/08, T-529/09, T-597/09, T-849A/09.
[71] Sentencia
del 12 de diciembre de 2007, Rad. No. 27923,
M.P. Elsy Del Pilar Cuello Calderón. Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia
[72] Al respecto,
en la sentencia T-217/13 esta Corte sostuvo que “Lo anterior en atención al principio de la
imprescriptibilidad de los derechos a la seguridad social, por cuanto el
derecho a la pensión o los incrementos que por ley se desprendan de éste son
imprescriptibles, en esa medida la prescripción solo es aplicable a  las
mesadas no reclamadas con anterioridad a los 3 años de solicitadas, por lo
tanto de acoger la tesis que al reajuste a la pensión de vejez del 14%, en relación con el cónyuge
o compañero o compañera permanente del beneficiario de dicha pensión, que
dependiese económicamente de éste y que no esté disfrutando de una pensión, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 21 del Acuerdo 49 de 1990, se le puede aplicar prescripción, equivale
a perder una fracción de recursos de este derecho o parte del mismo. Por
consiguiente la interpretación hecha por la Sala laboral del Tribunal Superior
de Barranquilla al decidir aplicar la norma citada, dio a los accionantes un trato diferente e
injustificado frente a
otras personas en igualdad de circunstancias, incurriendo con sus decisiones en un trato discriminatorio, con la
consecuente vulneración del derecho fundamental a la igualdad de los
peticionarios, al contrariar lo estipulado en el artículo 48 de la Constitución
Política”.
[73] Providencia
en la que estudió un acumulado de casos con premisas fácticas similares a las
que ahora revisa la Sala Tercera de Revisión.
[74] Sobre el tema, en la sentencia T-831/14 se dijo: “Así, esta Sala considera que la interpretación que mejor realiza los
derechos fundamentales de los actores es aquella que se aplicó en la sentencia
T- 217 de 2013[74],
la cual es aquella que resulta más favorable para los accionantes, por cuanto en esa oportunidad la Corte consideró que el derecho en
mención no se encuentra sometido a la regla de prescripción de las acreencias
laborales de 3 años. En efecto, en ninguna de las normas citadas, en las cuales
regula el incremento bajo estudio, se establece que dicha regla deba ser la
aplicada al incremento en mención, pues al definirse la naturaleza del mismo,
sólo se señala que tal derecho subsiste mientras perduren las causas que le
dieron origen al mismo. De tal forma, lo considerado en dicho fallo respecto de
la imprescriptibilidad del derecho en comento se encuentra en consonancia con
el principio de favorabilidad, razón por la cual concluir que tal derecho se
encuentra afectado por el fenómeno de la prescripción, en perjuicio de los
peticionarios, contraría el principio de favorabilidad, y por lo tanto, implica
una violación directa de la Constitución”.
[75]Mediante la cual se pone en conocimiento del juez
constitucional, una sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Bogotá en la cual se revocó la decisión del juez de primera
instancia en el proceso ordinario laboral y se declaró que los incrementos
habían prescrito
[76] En esa
providencia se estudió el caso de
un ciudadano a quien se le reconoció la pensión de vejez en el año 1996 y en el
2011 solicitó ante el ISS el incremento del 14% a la mesada pensional por
cónyuge a cargo. Sin embargo, debido a que dicha entidad se negó a reconocer el
incremento, decidió iniciar un proceso ordinario laboral, en el que el juez de
primera instancia accedió a las pretensiones pero, en la segunda instancia fue
revocada la sentencia y como consecuencia se declaró probada la excepción de
prescripción, desconociendo según el actor, el precedente jurisprudencial sobre
la imprescriptibilidad del derecho a la pensión.
[77] Al respecto,
esta corporación considero que “Por otro lado, el incremento pensional del 14% por cónyuge o
compañera(o) permanente a cargo que pretende el señor Sánchez Pineda, tal y
como la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia lo ha adoctrinado, no
reviste un carácter fundamental, esencial o vital, toda vez que no va dirigido,
de forma vitalicia y sucesiva, a amparar la subsistencia digna y sufragar el
mínimo vital del actor, quien por una contingencia sufrida (la vejez), vio
menguada de forma permanente su capacidad de sostenimiento. Esto, por cuanto
dicho incremento, es un derecho patrimonial, que no forma parte integrante de
la pensión que recibe el accionante, y que está condicionado al cumplimiento de
unos requisitos subsidiarios y ajenos a la contingencia de vejez, que es la que
se busca amparar a través del derecho fundamental a la seguridad social” (subrayas fuera de texto).
[78] Sobre el defecto de desconocimiento del precedente refirió “De
acuerdo con los postulados indicados, una decisión en sede de revisión es
relevante cuando:
(i) su ratio
decidendi contiene una regla relacionada con el caso posterior. Si bien, la
razón de la decisión en ambos casos se centró en la imprescriptibilidad de los
derechos a la seguridad social, la sentencia ulterior se apartó de la
vinculación del incremento como un derecho principal, definiéndolo como una
acreencia meramente patrimonial, que no forma parte integrante de la pensión.
(ii) Ésa
ratio debió servir de base para resolver un problema jurídico semejante. Aunado
a lo anterior, la Sala Tercera especificó que la tesis adoptada en la T-217 de
2013 pertenecía a una posición minoritaria.
(iii) Los
hechos del caso o las normas juzgadas son semejantes o plantean un punto de
derecho semejante al que debe resolverse en el caso posterior.  La situación
fáctica -pensionado bajo la transición del D-758/90 y con sociedad conyugal
vigente- y la norma jurídica juzgada –Art. 21 D-758/90- son idénticas al caso
resuelto con posterioridad en Sentencia T-791 del 12 de noviembre de 2013”.
[79] Al respecto,
ver sentencia T-374/17.
[80] Salvamentos
de voto del Magistrado Alejandro Linares Cantillo y del Magistrado Antonio José
Lizarazo Ocampo.
[81] Ver, sentencias T-832A/2013, T-730/2014,
T-569/2015, entre otras.
[82] Ver
sentencia T-1268/05.
[83] En igual
sentido, ver la sentencia T-374/17.
[84] Adicional a
las órdenes precitadas, en la sentencia SU-310 de 2017, la corte solicitó al
Gobierno Nacional que, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y
del Ministerio del Trabajo, tome las medidas adecuadas y necesarias para asegurar
que la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, cuente con la
capacidad financiera necesaria para asumir los costos derivados de la
protección efectiva de los derechos fundamentales analizados en esta sentencia.
Para el efecto, deberá identificar los impactos reales que puedan poner en
riesgo la inclusión de este u otros derechos fundamentales y, si esto ocurre,
tomar las medidas para proveer a Colpensiones de las herramientas necesarias
para que pueda cumplir con las órdenes aquí proferidas.
[85] En la
sentencia SU-310 de 2017, la corte determinó: “9.2. En virtud del mandato
constitucional de in dubio pro operario, la interpretación que resulta más
favorable a los intereses de los pensionados, es aquella según la cual los
incrementos pensionales de que tratan los artículos 21 y 22 del Acuerdo 049 de
1990, no prescriben con el paso del tiempo. Aclarándose que las mesadas
causadas y no reclamadas oportunamente, sí prescriben conforme a la regla
general de prescripción de las acreencias laborales contenida en el artículo
488 del Código Sustantivo del Trabajo. En esa medida, las accionadas
incurrieron en violación directa de la Constitución como causal de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, porque
desconocieron el principio constitucional de in dubio pro operario.”
(negrilla fuera del texto original).
[86] Página 14 de la sentencia.
[87] Página 30 de la sentencia.
[88] T-006 de 1992
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, T-223 de 1992 M.P. Ciro Angarita Barón, T-413 de
1992 M.P. Ciro Angarita Barón, T-474 de 1992 Eduardo Cifuentes Muñoz, entre
otras.
[89] M. P. Jaime Córdoba Triviño. En este fallo se declaró inexequible una expresión del artículo 185
de la Ley 906 de 2004, que impedía el ejercicio de cualquier acción, incluida
la tutela, contra las sentencias proferidas por la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia.
[90] M.P. Jorge Iván Palacio.
[91] Este punto reitera la sentencia SU-242 de
2015 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado, ver también sentencia T-610 de 2015 M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado.
[92] Sentencia
T-504 de 2000 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[93] Sentencia
T-315 de 2005 M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[94] Sentencias
T-008 de 1998 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y SU-159 de 2002 M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa.
[95] Sentencia
T-658 de 1998 M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[96] Tomado de la sentencia SU-242 de 2015
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado
[97] Al respecto ver la sentencia Consejo
de Estado Sección Segunda, Sentencia 27001233300020130034601 (03272014) – Jul.
9/15. C.P. Sandra Lisset Ibarra
Vélez.
[98] Ver sentencia T-082 de 2017, con ponencia de la suscrita
magistrada. Cfr. T-374 de 2012 M. P. María Victoria Calle Correa; T-901 y 621
de 2010, en ambas M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
[99] C-072 de 1994 M. P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[100] Páginas
19-26 de la sentencia.