C-809-01
Sentencia C-833/01
Sentencia C-809/01
PROYECTO DE LEY-Discusión y aprobación en primer debate
PROYECTO DE LEY-Modificaciones durante el segundo debate
PROYECTO DE LEY-Modificaciones que guarden relación con
materia propuesta y debatida/PROYECTO DE LEY-No es necesario que deba
ser el mismo durante diferentes instancias del trámite
COMISION
ACCIDENTAL-Discrepancias
PROYECTO DE LEY-Acumulación que verse sobre la misma
materia
PROYECTO DE LEY
EN COMISIONES ECONOMICAS-Estudio
y aprobación en sesión conjunta
COMISIONES
CONSTITUCIONALES PERMANENTES-Competencia
en materia tributaria
PROYECTO DE LEY
TRIBUTARIA-Comisión
competente/COMISION CUARTA PERMANENTE-Competencia en materia tributaria
PROYECTO DE LEY
EN COMISIONES ECONOMICAS-Mensaje
presidencial de urgencia para sesión conjunta
PROYECTO DE LEY-Solicitud de trámite de urgencia por
Presidente de la República/PROYECTO DE LEY-Repetición solicitud de
trámite de urgencia por Presidente de la República/PROYECTO DE LEY-Operancia
en etapas de solicitud de trámite de urgencia por Presidente de la República
PROYECTO DE LEY
EN COMISIONES PERMANENTES-Solicitud
expresa de sesión conjunta en mensaje presidencial de urgencia
PROYECTO DE LEY
EN COMISIONES CONSTITUCIONALES PERMANENTES-Sesión conjunta por mensaje de urgencia hace
innecesario cumplimiento de términos entre cámaras
PROYECTO DE LEY
EN COMISIONES CONSTITUCIONALES PERMANENTES-No observancia de términos entre cámaras por
deliberación conjunta
PROYECTO DE LEY-Presentación de ponencia favorable con
solicitud de segundo debate
PROYECTO DE LEY-Deber de redacción informe final
COMISIONES
CONSTITUCIONALES PERMANENTES-No
operancia de relación de informe final en sesión conjunta para primer debate
COMISION
ACCIDENTAL-Inexistencia
de términos para actuación
LEY TRIBUTARIA-Desequilibrio de las finanzas públicas
PRINCIPIO DE
UNIDAD DE MATERIA EN LEY TRIBUTARIA-Desequilibrio de las finanzas públicas
Referencia:
expediente D-3380
Acción pública de
inconstitucionalidad contra la Ley 633 de 2000 “Por la cual se expiden normas
en materia tributaria, se dictan disposiciones sobre el tratamiento a los
Fondos Obligatorios para la Vivienda de Interés Social y se introducen normas
para fortalecer las finanzas  de la Rama Judicial”
Actor: Hernán
Antonio Barrero B.
Magistrado Ponente:
Dra. CLARA INÉS
VARGAS HERNÁNDEZ
Bogotá, D.C, agosto
primero (1) de dos mil uno (2001)
La Corte
Constitucional de la República de Colombia, en nombre del pueblo y por mandato
de la Constitución y previo el cumplimiento de los trámites señalados en la
Carta Política y en el Decreto 2067 de 1991, ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
El ciudadano HERNAN
ANTONIO BARRERO BRAVO, en ejercicio de la acción pública de
inconstitucionalidad establecida en los artículos 40-6, 241-4 y 242-1 de la
Carta Política, le ha solicitado a la Corte que declare la inexequibilidad de
la Ley 633 de 2000.
II. TEXTO DE LA LEY IMPUGNADA
A continuación
se transcribe el articulado del ordenamiento legal acusado, conforme al texto
publicado en el Diario Oficial No. 44.275 del viernes 29 de diciembre de 2000:
LEY 633 DE 2000
(diciembre 29
)
Por la cual se expiden normas en materia tributaria,
se dictan disposiciones sobre el tratamiento a los fondos obligatorios para la
vivienda de interés social y se introducen normas para fortalecer las finanzas
de la Rama Judicial.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
CAPITULO I
Gravamen a los Movimientos Financieros
Artículo 1º. Gravamen a los Movimientos
Financieros. Adiciónase
el Estatuto Tributario con el siguiente Libro:
"LIBRO SEXTO
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS
Artículo 870. Gravamen a los Movimientos
Financieros, GMF. Créase
como un nuevo impuesto, a partir del primero (1º) de enero del año 2001, el
Gravamen a los Movimientos Financieros, a cargo de los usuarios del sistema
financiero y de las entidades que lo conforman.
Artículo 871. Hecho Generador del GMF. El hecho generador del Gravamen a los
Movimientos Financieros lo constituye la realización de las transacciones
financieras, mediante las cuales se disponga de recursos depositados en cuentas
corrientes o de ahorros, así como en cuentas de depósito en el Banco de la
República, y los giros de cheques de gerencia.
En el caso de cheques girados con cargo a
los recursos de una cuenta de ahorro perteneciente a un cliente, por un
establecimiento de crédito no bancario o por un establecimiento bancario
especializado en cartera hipotecaria que no utilice el mecanismo de captación
de recursos mediante la cuenta corriente, se considerará que constituyen una
sola operación el retiro en virtud del cual se expide el cheque y el pago del
mismo.
Parágrafo. Para los efectos del presente artículo, se entiende
por transacción financiera toda operación de retiro en efectivo, mediante
cheque, con talonario, con tarjeta débito, a través de cajero electrónico,
mediante puntos de pago, notas débito o mediante cualquier otra modalidad que
implique la disposición de recursos de cuentas de depósito, corrientes o de
ahorros, en cualquier tipo de denominación, incluidos los débitos efectuados
sobre los depósitos acreditados como "saldos positivos de tarjetas de
crédito" y las operaciones mediante las cuales los establecimientos de
crédito cancelan el importe de los depósitos a término mediante abono en
cuenta.
Artículo 872. Tarifa del GMF. La tarifa del Gravamen a los Movimientos
Financieros será del tres por mil (3 x 1.000). En ningún caso este valor será
deducible de la renta bruta de los contribuyentes.
Artículo 873. Causación del GMF. El Gravamen a los Movimientos Financieros
es un impuesto instantáneo y se causa en el momento en que se produzca la
disposición de los recursos objeto de la transacción financiera.
Artículo 874. Base gravable del GMF. La base gravable del Gravamen a los
Movimientos Financieros estará integrada por el valor total de la transacción
financiera mediante la cual se dispone de los recursos.
Artículo 875. Sujetos pasivos del GMF. Serán sujetos pasivos del Gravamen a los
Movimientos Financieros, los usuarios del sistema financiero, las entidades que
lo conforman y el Banco de la República.
Cuando se trate de retiros de fondos que
manejen ahorro colectivo, el sujeto pasivo será el ahorrador individual
beneficiario del retiro.
Artículo 876. Agentes de Retención del
GMF. Actuarán como
agentes retenedores y serán responsables por el recaudo y el pago del GMF, el
Banco de la República y los establecimientos de crédito en los cuales se
encuentre la respectiva cuenta, así como los establecimientos de crédito que
expiden los cheques de gerencia.
Artículo 877. Declaración y pago del GMF. Los agentes de retención del GMF deberán
depositar las sumas recaudadas a la orden de la Dirección General del Tesoro
Nacional, en la cuenta que ésta señale para el efecto, presentando la
declaración correspondiente, en el formulario que para este fin disponga la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
La declaración y pago del GMF deberá
realizarse en los plazos y condiciones que señale el Gobierno Nacional.
Parágrafo. Se entenderán como no
presentadas las declaraciones, cuando no se realice el pago en forma simultánea
a su presentación.
Artículo 878. Administración del GMF. Corresponde a la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales la administración del Gravamen a los Movimientos Financieros
a que se refiere este Libro, para lo cual tendrá las facultades consagradas en
el Estatuto Tributario para la investigación, determinación, control,
discusión, devolución y cobro de los impuestos de su competencia. Así mismo, la
DIAN quedará facultada para aplicar las sanciones contempladas en dicho Estatuto,
que sean compatibles con la naturaleza del impuesto, así como aquellas
referidas a la calidad de agente de retención, incluida la de trasladar a las
autoridades competentes el conocimiento de posibles conductas de carácter
penal.
Para el caso de aquellas sanciones en las
cuales su determinación se encuentra referida en el Estatuto Tributario a mes o
fracción de mes calendario, se entenderán referidas a semana o fracción de
semana calendario, aplicando el 1.25% del valor total de las retenciones
practicadas en el respectivo período, para aquellos agentes retenedores que
presenten extemporáneamente la declaración correspondiente.
Artículo 879. Exenciones del GMF. Se encuentran exentos del Gravamen a los
Movimientos Financieros:
1. Los retiros efectuados de las cuentas
de ahorro destinadas exclusivamente a la financiación de vivienda. La exención
no podrá exceder en el año fiscal del cincuenta por ciento (50%) del salario
mínimo mensual vigente y se aplicará proporcionalmente en forma no acumulativa
sobre los retiros mensuales efectuados por el titular de la cuenta. El Gobierno
expedirá la reglamentación correspondiente.
La exención se aplicará exclusivamente a
una cuenta de ahorros por titular y siempre y cuando pertenezca a un único
titular. Cuando quiera que una persona sea titular de más de una cuenta de
ahorros en uno o varios establecimientos de crédito, deberá elegir aquella en
relación con la cual operará el beneficio tributario aquí previsto e
indicárselo al respectivo establecimiento.
2. Los traslados entre cuentas corrientes
de un mismo establecimiento de crédito, cuando dichas cuentas pertenezcan a un
mismo y único titular que sea una sola persona.
3. Las operaciones que realice la
Dirección del Tesoro Nacional, directamente o a través de los órganos
ejecutores, incluyendo las operaciones de reporto que se celebren con esta
entidad y el traslado de impuestos a dicha Dirección por parte de las entidades
recaudadoras; así mismo, las operaciones realizadas durante el año 2001 por las
Tesorerías Públicas de cualquier orden con entidades públicas o con entidades
vigiladas por las Superintendencias Bancaria o de Valores, efectuadas con
títulos emitidos por Fogafín para la capitalización de la Banca Pública.
4. Las operaciones de liquidez que realice
el Banco de la República, conforme a lo previsto en la Ley 31 de 1992.
5. Los créditos interbancarios y las
operaciones de reporto con títulos realizadas por las entidades vigiladas por
las Superintendencias Bancaria o de Valores para equilibrar defectos o excesos
transitorios de liquidez, en desarrollo de las operaciones que constituyen su
objeto social.
6. Las transacciones ocasionadas por la
compensación interbancaria respecto de las cuentas que poseen los establecimientos
de crédito en el Banco de la República.
7. Las operaciones de compensación y
liquidación de los depósitos centralizados de valores y de las bolsas de
valores sobre títulos desmaterializados, y los pagos correspondientes a la
administración de valores en dichos depósitos.
8. Las operaciones de reporto realizadas
entre el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafín) o el Fondo
de Garantías de Instituciones Cooperativas (Fogacoop) con entidades inscritas
ante tales instituciones.
9. El manejo de recursos públicos que
hagan las tesorerías de las entidades territoriales.
10. Las operaciones financieras realizadas
con recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, del Sistema
General de Pensiones a que se refiere la Ley 100 de 1993, de los Fondos de
Pensiones de que trata el Decreto 2513 de 1987 y del Sistema General de Riesgos
Profesionales, hasta el pago a la entidad promotora de salud, a la
administradora del régimen subsidiado o al pensionado, afiliado o beneficiario,
según el caso.
11. Los desembolsos de crédito mediante
abono en la cuenta o mediante expedición de cheques, que realicen los
establecimientos de crédito.
12. Las operaciones de compra y venta de
divisas efectuadas a través de cuentas de depósito del Banco de la República o
de cuentas corrientes, realizadas entre intermediarios del mercado cambiario
vigilados por las Superintendencias Bancaria o de Valores, el Banco de la
República y la Dirección del Tesoro Nacional.
Las cuentas corrientes a que se refiere el
anterior inciso deberán ser de utilización exclusiva para la compra y venta de
divisas entre los intermediarios del mercado cambiario.
13. Los cheques de gerencia cuando se
expidan con cargo a los recursos de la cuenta corriente o de ahorros del
ordenante, siempre y cuando que la cuenta corriente o de ahorros sea de la
misma entidad de crédito que expida el cheque de gerencia.
14. Los traslados que se realicen entre
cuentas corrientes y/o de ahorros abiertas en un mismo establecimiento de
crédito a nombre de un mismo y único titular.
La indicada exención se aplicará también
cuando el traslado se realice entre cuentas de ahorro colectivo y cuentas
corrientes o de ahorros que pertenezcan a un mismo y único titular, siempre y
cuando estén abiertas en el mismo establecimiento de crédito.
De acuerdo con el reglamento del Gobierno
Nacional, los retiros efectuados de cuentas de ahorro especial que los
pensionados abran para depositar el valor de sus mesadas pensionales y hasta el
monto de las mismas, cuando estas sean equivalentes a dos salarios mínimos o
menos.
Parágrafo. El Gravamen a los Movimientos Financieros que se
genere por el giro de recursos exentos de impuestos de conformidad con los
tratados, acuerdos y convenios internacionales suscritos por el país, será
objeto de devolución en los términos que indique el reglamento.
Artículo 880. Agentes de retención del GMF
en operaciones de cuenta de depósito. En armonía con lo dispuesto en el artículo 876 del
presente Estatuto, cuando se utilicen las cuentas de depósito en el Banco de la
República para operaciones distintas de las previstas en el artículo 879 del
Estatuto Tributario, el Banco de la República actuará como agente retenedor del
Gravamen a los Movimientos Financieros que corresponda pagar por dicha
transacción a la entidad usuaria de la respectiva cuenta.
Artículo 881. Devolución del GMF. Las sociedades titularizadoras, los
establecimientos de crédito que administren cartera hipotecaria movilizada, y
las sociedades fiduciarias, tendrán derecho a obtener la devolución del
Gravamen a los Movimientos Financieros que se cause por la transferencia de los
flujos en los procesos de movilización de cartera hipotecaria para vivienda por
parte de dichas entidades, a que se refiere la Ley 546 de 1999, en los términos
y condiciones que reglamente el Gobierno Nacional.
Igualmente, tendrán derecho a la
devolución establecida en el presente artículo las operaciones del Fondo de
Estabilización de la Cartera Hipotecaria, cuya creación se autorizó por el
artículo 48 de la Ley 546 de 1999, en especial las relativas al pago o aporte
que deban realizar las partes en virtud de los contratos de cobertura, así como
las inversiones del fondo.
Artículo 2º. Del recaudo proveniente del Gravamen a los
Movimientos Financieros por los meses de enero y febrero del año 2001, un valor
equivalente a dos (2) de los tres (3) puntos de la tarifa del impuesto será
destinado a la reconstrucción del Eje Cafetero en lo referido a financiar
vivienda de interés social y otorgar subsidios para vivienda, a la dotación de
instituciones oficiales de salud, a la dotación educativa y tecnológica de los
centros docentes oficiales de la zona afectada, a la concesión de créditos
blandos para las pequeñas y medianas empresas asociativas de trabajo en tanto
fueron afectadas por el terremoto y el vandalismo y a los fondos previstos en
el Decreto 1627 de 1996 para organizaciones existentes antes del 25 de enero de
1999 en Armenia y Pereira.
Para efectos de lo dispuesto en este
artículo se consideran pequeñas y medianas aquellas empresas que hubieran
obtenido ingresos brutos inferiores a seiscientos millones de pesos
($600.000.000), tengan un patrimonio bruto inferior a ochocientos millones de
pesos ($800.000.000) y un número máximo de veinte (20) trabajadores.
Artículo 3º. Utilización de los recursos
generados por el Gravamen a los Movimientos Financieros. Los recaudos del Gravamen a los
Movimientos financieros y sus rendimientos serán depositados en una cuenta
especial de la Dirección del Tesoro Nacional hasta tanto sean apropiados en el
Presupuesto General de la Nación en las vigencias fiscales correspondientes a
su recaudo y en las subsiguientes. El Gobierno propondrá al Congreso de la
República la incorporación de estos ingresos en la medida en que las
necesidades locales así lo aconsejen, hasta que se agote su producido.
CAPITULO II
Impuesto sobre la renta
Artículo 4º. Beneficio especial de
auditoría. Las
liquidaciones privadas de los años gravables 2000 y anteriores de los
contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, que incluyan en
su declaración correspondiente al año gravable 2000, activos representados en
moneda extranjera, poseídos en el exterior a 31 de diciembre del año 1999 y no
declarados, quedarán en firme dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la
fecha de presentación de la declaración del año 2000, en relación con la
posible renta por diferencia patrimonial, con la adición de ingresos
correspondientes a tales bienes y a los ingresos que les dieron origen, siempre
y cuando no se haya notificado requerimiento especial en relación con ingresos
diferentes o los originados por comparación patrimonial y se cumpla con las
siguientes condiciones:
1. Presentar la declaración de renta del
año 2000 y cancelar o acordar el pago de la totalidad de los valores a cargo,
dentro de los plazos especiales que se señalen para el efecto, los cuales
vencerán a más tardar el 9 de abril del año 2001.
2. Liquidar y pagar en un recibo oficial
de pago en bancos, un valor equivalente al tres por ciento (3%) del valor
patrimonial bruto de los activos representados en moneda extranjera, poseídos
en el exterior a 31 de diciembre de 1999, que se incluyan en el patrimonio
declarado a 31 de diciembre del año 2000. Este valor no podrá ser afectado por
ningún concepto.
3. En el caso de contribuyentes que
pretendan acogerse al beneficio y no hayan declarado por los años gravables
1999 y anteriores, presentar en debida forma estas declaraciones y cancelar o
acordar el pago de los valores a cargo que correspondan por concepto de
impuestos, sanciones, intereses y actualización, a más tardar el 9 de abril del
año 2001.
Del porcentaje mencionado en el numeral
segundo de este artículo, dos (2) puntos serán cancelados a título de impuesto
sobre la renta y un (1) punto como sanción por la omisión de activos de que
trata el artículo 649 del Estatuto Tributario.
La preexistencia a 31 de diciembre de 1999
de los bienes poseídos en el exterior, se entenderá demostrada con su simple
inclusión en la declaración de renta del año 2000.
Cumplidos los supuestos señalados en el
presente artículo y en firme las liquidaciones privadas en relación con los
conceptos señalados en el inciso primero de este artículo, el contribuyente no
podrá ser objeto de investigaciones ni sanciones cambiarias, por infracciones
derivadas de divisas que estuvieren en el exterior antes del primero de agosto
del año 2000, siempre y cuando a la fecha de vigencia de esta ley no se hubiere
notificado pliego de cargos respecto de tales infracciones.
Artículo 5º. El numeral 1 del artículo 19 del Estatuto
Tributario, quedará así:
"1. Las corporaciones, fundaciones y
asociaciones sin ánimo de lucro, con excepción de las contempladas en el
artículo 23 de este Estatuto, cuyo objeto social y principal y recursos estén
destinados a actividades de salud, deporte, educación formal, cultural,
investigación científica o tecnológica, ecológica, protección ambiental, o a
programas de desarrollo social cuando las mismas sean de interés general
siempre que sus excedentes sean reinvertidos en la actividad de su objeto
social".
Artículo 6º. Adiciónese el numeral 4 del artículo 19 del Estatuto
Tributario con la siguiente frase:
"El cálculo de este beneficio neto o
excedente se realizará de acuerdo a como lo establezca la normatividad
cooperativa".
Artículo 7º. Otras entidades
contribuyentes. Adiciónase
el Estatuto Tributario con el siguiente artículo:
"Artículo 19-3. Otras entidades
contribuyentes. Son
contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios Fogafín y
Fogacoop. De los ingresos percibidos por estas dos (2) entidades estarán
exentos los ingresos por concepto de las transferencias que realice la Nación;
los ingresos generados por la enajenación o valoración, y los percibidos por
dividendos o participaciones en acciones o aportes y demás derechos en
sociedades adquiridos con recursos transferidos o pendientes de transferencia
por la Nación, así como los generados en las cuentas fiduciarias administradas
por mandato legal.
Artículo 8º. Entidades que no son
contribuyentes. Adiciónase el artículo 22 del Estatuto Tributario, con un
inciso, el cual quedará así:
"El Fondo para la Reconstrucción del
Eje Cafetero, Forec, no es contribuyente del impuesto sobre la renta y
complementarios, y no está obligado a presentar declaración de ingresos y
patrimonio".
Artículo 9º. Utilidad en la enajenación de
acciones. Modifícase el inciso 2° del artículo 36-1 del Estatuto Tributario, el
cual quedará así:
"No constituyen renta ni ganancia
ocasional las utilidades provenientes de la enajenación de acciones inscritas
en una Bolsa de Valores Colombiana, de las cuales sea titular un mismo
beneficiario real, cuando dicha enajenación no supere el diez por ciento (10%)
de las acciones en circulación de la respectiva sociedad, durante un mismo año
gravable".
Artículo 10. Procesos de democratización. Adiciónase el Estatuto Tributario con el
siguiente artículo:
"Artículo 36-4. Procesos de
democratización. No constituyen renta ni ganancia ocasional las utilidades
originadas en procesos de democratización de sociedades, realizados mediante
oferta pública.
Se entenderá que se ha efectuado un
proceso de democratización a través de una oferta pública, cuando se ofrezca al
público en general el diez por ciento (10%) o más de las acciones en
determinada sociedad.
La respectiva oferta pública de
democratización deberá incorporar condiciones especiales que faciliten y
promuevan la masiva participación de los inversionistas en la propiedad de las
acciones que se pretenda enajenar y garanticen su amplia y libre
concurrencia".
Artículo 11. Beneficio tributario por
donaciones. Modifícase el artículo 125-3 del Estatuto Tributario, el cual
quedará así:
"Artículo 125-3. Requisitos para
reconocer la deducción. Para que proceda el reconocimiento de la deducción
por concepto de donaciones, se requiere una certificación de la entidad
donataria, firmada por Revisor Fiscal o Contador, en donde conste la forma, el
monto y la destinación de la donación, así como el cumplimiento de las
condiciones señaladas en los artículos anteriores.
En ningún caso procederá la deducción por
concepto de donaciones, cuando se donen acciones, cuotas partes o
participaciones, títulos valores, derechos o acreencias, poseídos en entidades
o sociedades".
Artículo 12. Modifícase el artículo 158-1
del Estatuto Tributario,
el cual quedará así:
"Artículo 158-1. Deducción por
inversiones en desarrollo científico y tecnológico. Las personas que
realicen inversiones directamente o a través de Centros de Investigación,
Centros de Desarrollo Tecnológico, constituidos como entidades sin ánimo de
lucro, o Centros y Grupos de Investigación de Instituciones de Educación
Superior, reconocidos por Colciencias, en proyectos calificados como de
carácter científico, tecnológico o de innovación tecnológica, por el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología, o en proyectos de formación profesional de
instituciones de educación superior estatales u oficiales y privadas,
reconocidas por el Ministro de Educación Nacional, que sean entidades sin ánimo
de lucro y que en un proceso voluntario hayan sido acreditadas u obtenido
acreditación de uno o varios programas, tendrán derecho a deducir de su renta
el ciento veinticinco por ciento (125%) del valor invertido en el período
gravable en que se realizó la inversión. Los proyectos de inversión deberán
desarrollarse en áreas estratégicas para el país tales como ciencias básicas,
ciencias sociales y humanas, desarrollo industrial, ciencias agropecuarias,
medio ambiente, hábitat, educación, salud, electrónica, telecomunicaciones,
informática, biotecnología, minería y energía. Esta deducción no podrá exceder
del veinte por ciento (20%) de la renta líquida, determinada antes de restar el
valor de la inversión.
Cuando la inversión se realice en
proyectos de formación profesional desarrollados por Instituciones de Educación
Superior señaladas en el inciso anterior, estas deberán demostrar que la
inversión se destinó al programa o programas acreditados.
También recibirán los mismos beneficios
los contribuyentes que realicen donaciones e inversión para adelantar proyectos
de inversión agroindustrial calificados por la entidad gubernamental
competente, siempre y cuando sean desarrollados por entidades sin ánimo de
lucro, reconocidos como tales por el Ministerio de Agricultura.
Esta deducción no podrá exceder del 20% de
la renta líquida determinada antes de restar el valor de la inversión.
El Gobierno reglamentará los
procedimientos de control, seguimiento y evaluación de los proyectos
calificados.
Parágrafo 1º. Las personas podrán optar por la alternativa de
deducir el ciento veinticinco por ciento (125%) del valor de las donaciones
efectuadas a centros o grupos a que se refiere este artículo, siempre y cuando
se destinen exclusivamente a proyectos calificados previamente por el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología. Los proyectos a los cuales se dirija la
donación deberán desarrollarse igualmente en áreas estratégicas para el país tales
como ciencias básicas, ciencias sociales y humanas, desarrollo industrial,
ciencias agropecuarias, medio ambiente, hábitat, educación, salud, electrónica,
telecomunicaciones, informática, biotecnología, minería, energía, o formación
profesional de instituciones de educación superior estatales u oficiales y
privadas, reconocidas por el Ministro de Educación Nacional, que sean entidades
sin ánimo de lucro y que en un proceso voluntario hayan sido acreditadas u
obtenido acreditación de uno o varios programas. Esta deducción no podrá
exceder del veinte por ciento (20%) de la renta líquida, determinada antes de
restar el valor de la donación. Serán igualmente exigibles para la deducción de
donaciones los demás requisitos establecidos en los artículos 125-1, 125-2 y
125-3 del Estatuto Tributario.
Cuando la donación se realice a proyectos
de formación profesional desarrollados por Instituciones de Educación Superior
señaladas en el inciso anterior, estas deberán demostrar que la donación se
destinó al programa o programas acreditados.
Parágrafo 2º. Para que proceda la deducción de que trata el
presente artículo y el parágrafo 1º, al calificar el proyecto, el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología deberá evaluar igualmente su impacto
ambiental. En ningún caso el contribuyente podrá deducir simultáneamente de su
renta bruta, el valor de las inversiones y donaciones de que trata el presente
artículo".
Artículo 13. Exención para Empresas de
Servicios Públicos Domiciliarios. Modifícase el artículo 211 del Estatuto Tributario, el cual quedará
así:
"Artículo 211. Exención para
Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios. Todas las entidades
prestadoras de servicios públicos son contribuyentes de los impuestos
nacionales, en los términos definidos por el Estatuto Tributario, con las
excepciones que se establecen a continuación.
Las rentas provenientes de la prestación
de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y las de
aseo cuando sean obtenidas por entidades oficiales o sociedades de economía
mixta, y las actividades complementarias de los anteriores servicios
determinadas en la Ley 142 de 1994, están exentas del impuesto sobre la renta y
complementarios por un período de dos (2) años a partir de la vigencia de esta
ley, sobre las utilidades que capitalicen o que apropien como reservas para la
rehabilitación, extensión y reposición de los sistemas, de acuerdo con los
siguientes porcentajes:
Para el año gravable 2001 80% exento
Para el año gravable 2002 80% exento
Gozarán de esta exención, durante el mismo
período mencionado, las rentas provenientes de la transmisión o distribución
domiciliaria de energía eléctrica. Para tal efecto, las rentas de la generación
y de la distribución deberán estar debidamente separadas en la contabilidad.
Así mismo, las rentas provenientes de la
generación de energía eléctrica, y las de los servicios públicos domiciliarios
de gas, y de telefonía local y su actividad complementaria de telefonía móvil
rural cuando éstas sean obtenidas por entidades oficiales o sociedades de
economía mixta, estarán exentas del impuesto sobre la renta y complementarios
por un término de dos (2) años, sobre las utilidades que capitalicen o que
apropien como reservas para la rehabilitación, extensión y reposición de los
sistemas, de acuerdo con los siguientes porcentajes:
Para el año gravable 2001 30% exento
Para el año gravable 2002 10% exento
Parágrafo 1°. Para efectos de la sobretasa en el sector del gas de
que trata el numeral 89.5 del artículo 89 de la Ley 142 de 1994, se entenderá
para todos los efectos que dicha sobretasa será hasta del veinte por ciento
(20%) del costo económico del suministro en puerta de ciudad.
Parágrafo 2°. Para los efectos de la sobretasa o contribución
especial en el sector eléctrico de que trata el artículo 47 de la Ley 143 de
1994 se aplicará para los usuarios no regulados que compren energía a empresas
generadoras de energía no reguladas, para los usuarios residenciales de los
estratos 5 y 6, y para los usuarios no residenciales, el veinte por ciento (20%)
del costo de prestación del servicio.
Parágrafo 3°. Se entiende que los beneficios previstos en este
artículo también serán aplicables, con los porcentajes y el cronograma
consagrados en el mismo, a los excedentes o utilidades que transfieran a la nación
las empresas de servicios públicos domiciliarios.
Parágrafo 4°. Las empresas generadoras que se establezcan para
prestar el servicio público con la finalidad exclusiva de generar y
comercializar energía eléctrica con base en el aprovechamiento del recurso
hídrico y de capacidad instalada inferior a veinticinco mil (25.000)
kilovatios, estarán exentas del impuesto de renta y complementarios por un
término de quince (15) años a partir de la vigencia de esta ley. Esta exención
debe ser concordante con la retención en la fuente en lo referente a las
entidades no sujetas a retención.
Parágrafo 5°. Los costos que impliquen para las Empresas de
Servicios Públicos Domiciliarios, la reducción de los porcentajes de exención
señalados en este artículo, no podrán afectar las tarifas aplicables a los
usuarios de los mencionados servicios".
Artículo 14. Descuento por donaciones. Modifícase el artículo 249 del Estatuto
Tributario, el cual quedará así:
"Artículo 249. Descuento por
donaciones. Los contribuyentes del impuesto sobre la renta podrán descontar
del impuesto sobre la renta y complementarios a su cargo, el sesenta por ciento
(60%) de las donaciones que hayan efectuado durante el año gravable a las
instituciones de educación superior estatales u oficiales y privadas,
reconocidas por el Ministro de Educación Nacional, que sean entidades sin ánimo
de lucro y que en un proceso voluntario hayan sido acreditadas u obtenido
acreditación de uno o varios programas.
Con los recursos obtenidos de tales
donaciones las instituciones de educación superior podrán:
a) Constituir un Fondo Patrimonial, cuyos
rendimientos se destinen a financiar las matrículas de estudiantes de bajos
ingresos, cuyos padres demuestren que no tienen ingresos superiores a cuatro
(4) salarios mínimos mensuales vigentes, o
b) Destinarlos a proyectos de mejoramiento
educativo de la institución acreditada o de sus programas académicos
acreditados de manera voluntaria. En este último caso la institución deberá
demostrar que la donación se destinó al programa o programas acreditados.
El gobierno reglamentará los
procedimientos para el seguimiento y control de tales donaciones.
Este descuento no podrá exceder del
treinta por ciento (30%) del impuesto básico de renta y complementarios del
respectivo año gravable.
Los donantes no podrán tener participación
en las entidades sujetas de la donación.
Parágrafo 1°. Los contribuyentes podrán descontar sobre el impuesto
a la renta el sesenta por ciento (60%) de las donaciones que hayan efectuado
durante el año gravable a asociaciones, corporaciones y fundaciones sin ánimo
de lucro que destinen de manera exclusiva los recursos de dicha donación a la
construcción, adecuación o dotación de escuelas u hospitales, que se encuentren
incluidos dentro de los sistemas nacionales, departamentales o municipales de
educación o de salud.
Parágrafo 2°. Para que proceda el reconocimiento del descuento por
donaciones, se requiere una certificación de la entidad donataria, firmada por
el revisor fiscal o contador, en donde conste la forma, el monto y la
destinación de la donación, así como el cumplimiento de las condiciones
señaladas en los artículos 125-1 y 125-2 de este estatuto.
Parágrafo transitorio. El requisito de la acreditación de las
Instituciones de Educación Superior o de la acreditación voluntaria de uno o
varios de sus programas, como condición para acceder al descuento por
donaciones de que trata el presente artículo, comenzará a regir a partir del 1°
de enero del año 2002.
Artículo 15. Base y porcentaje de renta
presuntiva. Modifícanse
el inciso primero y el parágrafo 4° del artículo 188 del Estatuto Tributario,
los cuales quedarán así:
Para efectos del impuesto sobre la renta,
se presume que la renta líquida del contribuyente no es inferior al seis por
ciento (6%) de su patrimonio líquido, en el último día del ejercicio gravable
inmediatamente anterior.
Parágrafo 4°. La deducción del exceso de renta presuntiva sobre la
renta líquida ordinaria podrá restarse de la renta bruta determinada dentro de
los tres (3) años siguientes, ajustada por inflación.
Artículo 16. Exclusiones de la renta
presuntiva. Modifícanse
los incisos primero y cuarto y adiciónanse dos incisos al artículo 191 del
Estatuto Tributario, los cuales quedarán así:
"De la presunción establecida en el
artículo 188 se excluyen las entidades del Régimen Especial de que trata el
artículo 19. Tampoco están sujetos a la renta presuntiva las empresas de
servicios públicos domiciliarios, los fondos de inversión, de valores, comunes,
de pensiones o de cesantías contemplados en los artículos 23-1 y 23-2 de este
Estatuto y las empresas del sistema de servicio público urbano de transporte
masivo de pasajeros, así como las empresas de transporte masivo de pasajeros
por el sistema de tren metropolitano.
...
A partir del año gravable 2000, no están
sometidas a renta presuntiva las empresas de servicios públicos que desarrollan
la actividad complementaria de generación de energía; las entidades oficiales
prestadoras de los servicios de tratamiento de aguas residuales y de aseo; las
sociedades en concordato; las sociedades en liquidación, las entidades
sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria que se les haya
decretado la liquidación o que hayan sido objeto de toma de posesión, por las
causales señaladas en los literales a) o g) del artículo 114 del Estatuto
Orgánico del Sistema Financiero; los bancos de tierra de los distritos y
municipios destinados a ser urbanizados, y por los años gravables 2001, 2002 y
2003, las sociedades titularizadoras de cartera hipotecaria
.
Igualmente, no estarán sometidas a renta
presuntiva las sociedades anónimas de naturaleza pública, cuyo objeto principal
sea la adquisición, enajenación y administración de activos improductivos de su
propiedad, o adquiridos de los establecimientos de crédito de la misma
naturaleza.
A partir del 1º de enero del año 2001 y
por el término de dos (2) años, también estará excluida de renta presuntiva la
compra de acciones en sociedades nacionales. Este beneficio no aplicará para la
recompra de acciones ni para las transacciones entre vinculados económicos,
miembros de un grupo empresarial y beneficiarios reales.
El Gobierno Nacional reglamentará la forma
en que se aplicará esta exclusión, y tendrá facultad para prorrogar por dos (2)
años más dicho beneficio".
Artículo 17. Beneficio de Auditoría. Modifícase el artículo 689-1 del Estatuto
Tributario, el cual quedará así:
"Artículo 689-1. Beneficio de
Auditoría. Para los períodos gravables 2000 a 2003, la liquidación privada
de los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios que
incrementen su impuesto neto de renta en por lo menos un porcentaje equivalente
a dos (2) veces la inflación causada del respectivo período gravable, en
relación con el impuesto neto de renta del año inmediatamente anterior, quedará
en firme si dentro de los doce (12) meses siguientes a la fecha de su
presentación no se hubiere notificado emplazamiento para corregir, siempre que
la declaración sea debidamente presentada en forma oportuna y el pago se
realice en los plazos que para tal efecto fije el Gobierno Nacional.
En el caso de los contribuyentes que se
sometan al beneficio de auditoría, el término de firmeza aquí previsto será
igualmente aplicable para sus declaraciones de retención en la fuente y del
impuesto a las ventas, correspondientes a los períodos contenidos en el año
gravable del impuesto sobre la renta sometido al beneficio.
Esta norma no es aplicable a los
contribuyentes que gocen de beneficios tributarios en razón a su ubicación en
una zona geográfica determinada.
Cuando la declaración objeto de beneficio
de auditoría arroje una pérdida fiscal, la Administración Tributaria podrá
ejercer las facultades de fiscalización para determinar la procedencia o
improcedencia de la misma y por ende su compensación en años posteriores. Esta
facultad se tendrá no obstante haya transcurrido el período de los doce (12)
meses de que trata el presente artículo.
En el caso de los contribuyentes que en
los años anteriores al período en el que pretende acogerse al beneficio de
auditoría, no hubieren presentado declaración de renta y complementarios, y
cumplan con dicha obligación dentro de los plazos que señale el Gobierno
Nacional para presentar las declaraciones correspondientes a los períodos
gravables 2000 a 2003, les será aplicable el término de firmeza de la
liquidación prevista en este artículo, para lo cual deberán incrementar el
impuesto neto de renta a cargo por dichos períodos en un valor equivalente a
dos (2) veces el porcentaje de inflación del respectivo período gravable.
Cuando se demuestre que las retenciones en
la fuente declaradas son inexistentes, no procederá el beneficio de auditoría.
Parágrafo 1°. Las declaraciones de corrección y solicitudes de
corrección que se presenten antes del término de firmeza de que trata el
presente artículo, no afectarán la validez del beneficio de auditoría, siempre
y cuando en la declaración inicial el contribuyente cumpla con los requisitos
de presentación oportuna, incremento del impuesto neto sobre la renta, pago, y
en las correcciones dichos requisitos se mantengan.
Parágrafo 2°. Cuando el impuesto neto sobre la renta de la
declaración correspondiente al año gravable frente al cual debe cumplirse el
requisito del incremento, sea inferior a dos (2) salarios mínimos legales
mensuales vigentes, no procederá la aplicación del beneficio de
auditoría".
Artículo 18. Modifícanse los incisos 2° y
3° del artículo 401 del Estatuto Tributario, los cuales quedarán así:
"Artículo 401. Retención sobre
otros ingresos tributarios. Los porcentajes de retención no podrán exceder
del tres punto cinco por ciento (3.5%) del respectivo pago o abono en cuenta.
En los demás conceptos, enumerados en el inciso anterior, se aplicarán las
disposiciones que los regulaban a la fecha de expedición de la Ley 50 de 1984.
Sin perjuicio de lo previsto en el
artículo 398 del Estatuto Tributario, la tarifa de retención en la fuente para
los pagos o abonos en cuenta a que se refiere el presente artículo, percibidos
por contribuyentes no obligados a presentar declaración de renta será el 3.5%.
En los demás conceptos enumerados en el inciso 1° de este artículo, y en los casos
de adquisición de bienes o productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento
industrial, compras de café pergamino tipo Federación, pagos a distribuidores
mayoristas o minoristas de combustibles derivados del petróleo, y en la
adquisición de bienes raíces o vehículos o en los contratos de construcción,
urbanización y, en general, de confección de obra material inmueble, se
aplicarán las disposiciones que regulan las correspondientes retenciones".
Artículo 19. Distribución de los ingresos
en el transporte terrestre automotor. Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente
artículo:
"Artículo 102-2. Distribución de
los ingresos en el transporte terrestre automotor. Cuando el transporte
terrestre automotor se preste a través de vehículos de propiedad de terceros,
diferentes de los de propiedad de la empresa transportadora, para propósitos de
los impuestos nacionales y territoriales, las empresas deberán registrar el
ingreso así: Para el propietario del vehículo la parte que le corresponda en la
negociación; para la empresa transportadora el valor que le corresponda una vez
descontado el ingreso del propietario del vehículo".
Artículo 20. Deducción de impuestos
pagados. Modifícase el
artículo 115 del Estatuto Tributario, el cual quedará así:
"Artículo 115. Deducción de
impuestos pagados. Son deducibles en su totalidad los impuestos de
industria y comercio, predial, de vehículos, de registro y anotación y de
timbre, que efectivamente se hayan pagado durante el año o periodo gravable,
siempre y cuando tuvieren relación de causalidad con la renta del
contribuyente.
La deducción de que trata el presente
artículo en ningún caso podrá tratarse simultáneamente como costo y gasto de la
respectiva empresa".
Artículo 21. Rentas de trabajo. Modifícase el artículo 103 del Estatuto
Tributario el cual quedará así:
"Artículo 103. Rentas de trabajo.
Se consideran rentas exclusivas de trabajo, las obtenidas por personas
naturales por concepto de salarios, comisiones, prestaciones sociales,
viáticos, gastos de representación, honorarios, emolumentos eclesiásticos,
compensaciones recibidas por el trabajo asociado cooperativo y, en general, las
compensaciones por servicios personales.
Parágrafo 1º. Para que sean consideradas como rentas de trabajo
las compensaciones recibidas por el trabajo asociado cooperativo, la
precooperativa o cooperativa de trabajo asociado, deberá tener registrados sus
regímenes de trabajo y compensaciones en el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social y los trabajadores asociados de aquellas deberán estar vinculados a
regímenes de seguridad social en salud y pensiones aceptados por la ley, o
tener el carácter de pensionados o con asignación de retiro de acuerdo con los
regímenes especiales establecidos por la ley. Igualmente, deberán estar vinculados
al sistema general de riesgos profesionales.
Parágrafo 2º. Las compensaciones recibidas por el trabajo asociado
cooperativo están gravadas con el impuesto a la renta y complementarios en los
mismos términos, condiciones y excepciones establecidos en el Estatuto
Tributario para las rentas exentas de trabajo provenientes de la relación
laboral asalariada".
Artículo 22. Límite de los descuentos. Modifícase el parágrafo 2° del artículo
259 del Estatuto Tributario, el cual quedará así:
"Parágrafo 2°. Cuando los
descuentos tributarios estén originados exclusivamente en certificados de
reembolso tributario, la determinación del impuesto a cargo no podrá ser
inferior al setenta por ciento (70%) del impuesto determinado por el sistema de
renta presuntiva antes de cualquier descuento".
Artículo 23. Modifícase el inciso 3° del artículo 126-4 del
Estatuto Tributario, el cual quedará así:
"El retiro de los recursos de las
cuentas de ahorro 'AFC' antes de que transcurran cinco (5) años contados a
partir de su fecha de consignación, implicará que el trabajador pierda el
beneficio y que se efectúen, por parte de la respectiva entidad financiera, las
retenciones inicialmente no realizadas, salvo que dichos recursos se destinen a
la adquisición de vivienda financiada por entidades sujetas a la inspección y
vigilancia de la Superintendencia Bancaria".
CAPITULO III
Impuesto sobre las ventas
Artículo 24. Retención en la fuente en el
impuesto sobre las ventas. Modifícase
el inciso segundo del artículo 437-1 del Estatuto Tributario, el cual quedará
así:
"La retención será equivalente al
setenta y cinco por ciento (75%) del valor del impuesto. No obstante, el
Gobierno Nacional queda facultado para autorizar porcentajes de retención
inferiores".
Artículo 25. Agentes de retención en el
Impuesto sobre las Ventas.
Modifícase el parágrafo, adiciónase un numeral y un parágrafo al artículo 437-2
del Estatuto Tributario, los cuales quedarán así:
"5. Las entidades emisoras de
tarjetas crédito y débito y sus asociaciones, en el momento del correspondiente
pago o abono en cuenta a las personas o establecimientos afiliados. El valor
del impuesto no hará parte de la base para determinar las comisiones percibidas
por la utilización de las tarjetas débito y crédito.
Cuando los pagos o abonos en cuenta en
favor de las personas o establecimientos afiliados a los sistemas de tarjetas
de crédito o débito, se realicen por intermedio de las entidades adquirentes o
pagadoras, la retención en la fuente deberá ser practicada por dichas
entidades.
Parágrafo 1°. La venta de bienes o prestación de servicios que se
realicen entre agentes de retención del impuesto sobre las ventas de que tratan
los numerales 1, 2 y 5 de este artículo no se regirá por lo previsto en este
artículo.
Parágrafo 2°. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales podrá
mediante resolución retirar la calidad de agente de retención del impuesto
sobre las ventas a los Grandes Contribuyentes que se encuentren en concordato,
liquidación obligatoria, toma de posesión o en negociación de acuerdo de
reestructuración, sin afectar por ello su calidad de gran contribuyente".
Artículo 26. Tarifa general del impuesto
sobre las ventas.
Modifícase el artículo 468 del Estatuto Tributario, el cual quedará así:
"Artículo 468. Tarifa general del
impuesto sobre las ventas. La tarifa general del impuesto sobre las ventas
es del dieciséis por ciento (16%), la cual se aplicará también a los servicios,
con excepción de los excluidos expresamente. Igualmente, la tarifa general será
aplicable a los bienes de que tratan los artículos 446, 469 y 474 y a los
servicios de que trata el artículo 461 del Estatuto Tributario.
Parágrafo. Los directorios telefónicos quedarán gravados a la
tarifa general del impuesto sobre las ventas, únicamente cuando se transfieran
a título oneroso.
Artículo 27. Bienes que no causan el
impuesto. Modifícanse
unas partidas arancelarias, adiciónase un inciso y modifícanse los parágrafos
del artículo 424 del Estatuto Tributario, los cuales quedarán así:
"04.02 Leche y
nata (crema), con cualquier proceso industrial, concentradas o con adición de
azúcar u otro edulcorante
04.07.00.10.00
Huevos para incubar
04.09.00.00.00 Miel
natural
05.11.10.00.00
Semen de bovino
08.04 Dátiles,
higos, piñas tropicales (ananás), aguacates (paltas), guayabas, mangos y
mangostanes, frescos o secos y los productos alimenticios elaborados de manera
artesanal a base de guayaba y/o leche.
11.04.23.00.00 Maíz
trillado
12.07.10.10.00 Nuez
y almendra de palma para siembra
19.01 Preparaciones
alimenticias de harina, almidón y fécula
28.44.40.00.00
Material radiactivo para uso médico
48.18.40.00.00
Toallas sanitarias y pañales desechables
53.04.10.10.00 Pita
(cabuya, fique)
53.08.90.00.00 Los
demás
53.11.00.00.00
Tejidos de las demás fibras textiles vegetales; tejidos de hilados de papel.
56.08.11.00.00
Redes confeccionadas para la pesca
82.08.40.00.00
Cuchillos y hojas cortantes para máquinas y aparatos mecánicos de uso agrícola,
hortícola y forestal
84.18.69.11.00
Grupos frigoríficos de compresión (tanques de frío para conservar leche)
84.19.39.10.00
Secadores por liofilización, criodesecación, pulverización, esterilización,
pasterización, evaporación, vaporización y condensación
84.19.50.10.00
Pasterizadores
84.21.11.00.00 Desnatadoras
(descremadoras) centrífugas
84.21.22.00.00
Aparatos para filtrar o depurar las demás bebidas
84.24.81.30.00
Demás aparatos sistemas de riego
84.32. Máquinas,
aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o silvícolas, para la preparación o
el trabajo del suelo o para el cultivo; excepto rodillos para césped o terrenos
de deporte
84.33 Máquinas,
aparatos y artefactos para cosechar o trillar, incluidas las prensas para paja
o forraje; guadañadoras; máquinas para limpieza o clasificación de huevos, frutos
o demás productos agrícolas, excepto las de la partida 84.37 y las subpartidas
84.33.11 y 84.33.19
84.34 Máquinas de
ordeñar y máquinas y aparatos para la industria lechera
84.36 Demás
máquinas y aparatos para la agricultura, horticultura, silvicultura, avicultura
o apicultura, incluidos los germinadores con dispositivos mecánicos o térmicos
incorporados y las incubadoras y criadoras avícolas
84.37.10.00.00
Máquinas para limpieza, clasificación o cribado de semillas, granos u
hortalizas de vainas secas
84.38 Máquinas y
aparatos para la preparación o fabricación de alimentos o bebidas, excepto los
de la subpartida 84.38.10
84.85.10.00.00
Hélices para barcos y sus paletas
87.16.20.00.00
Remolques para uso agrícola
90.18.39.00.00
Catéteres
90.18.39.00.00 Catéteres
peritoneales para diálisis
Equipos de infusión de líquidos
Filtros para diálisis renal
Caucho natural
Las obras de arte originales, cuando se
realicen directamente por el autor.
Los computadores personales de un solo
procesador, portátiles o de escritorio, habilitados para uso de Internet, con
sistema operacional preinstalado, teclado, mouse, parlantes, cables y manuales,
hasta por un valor CIF de mil quinientos dólares (US$1.500), en la forma que
los determine el reglamento, estarán excluidos del impuesto sobre las ventas
durante los años 2001, 2002 y 2003, así como también aquellos sistemas
similares que pretendan socializar la cobertura y uso del Internet de acuerdo
con la reglamentación que le dé el Gobierno Nacional.
Equipos y elementos componentes del plan
de gas vehicular.
1. Cilindros
73.11.00.10.00
2. Kit de
conversión 84.09.91.91.00
3. Partes para kits
(repuestos) 84.09.91.99.00; 84.09.91.60.00
4. Compresores
84.14.80.22.00
5. Surtidores
(dispensadores) 90.25.80.90.00
6. Partes y
accesorios surtidores (repuestos) 90.25.90.00.00
7. Partes y
accesorios compresores (repuestos) 84.14.90.10.00; 84.90.90.90.00
Parágrafo 1°. La importación de los bienes previstos en el
presente artículo estará gravada con una tarifa equivalente a la tarifa general
del impuesto sobre las ventas promedio implícita en el costo de producción de
bienes de la misma clase de producción nacional.
Cuando el Gobierno Nacional determine la
no existencia de producción nacional de bienes a los que hace referencia este
artículo, no se causará el IVA implícito.
Para efectos de la liquidación y pago del
impuesto sobre las ventas por las importaciones de esta clase de bienes, el
Gobierno Nacional deberá publicar la base gravable mencionada en el inciso
anterior aplicable a la importación de cada bien, teniendo en cuenta la
composición en su producción nacional.
Tampoco será aplicable lo dispuesto en
este parágrafo a la importación de energía eléctrica, de los combustibles
derivados del petróleo, de gas propano o natural, y de los bienes de las
partidas 27.01, 27.02 y 27.03.
Para los efectos de esta disposición se
entenderá que no existe producción nacional cuando la producción interna solo
cubra hasta el treinta y cinco por ciento (35%) de las necesidades del mercado.
El Departamento Nacional de Planeación, en
coordinación con los ministerios o entidades competentes, deberán certificar
anualmente la producción nacional y las importaciones, para determinar el
tamaño del mercado, para lo cual deberán proveerse de las bases de datos
necesarias.
Para la aplicación de esta norma, los
importadores deberán adquirir la totalidad de la producción nacional, cuando se
trate de productos agropecuarios.
Parágrafo 2°. Las materias primas químicas con destino a la
producción de medicamentos de las posiciones 29.36, 29.41, 30.01, 30.03, 30.04
y 30.06 quedarán excluidas del IVA.
Parágrafo transitorio. Los responsables del IVA por el servicio
de restaurante, a quienes se les notifique o se les haya notificado antes de la
vigencia de esta ley, requerimiento especial o liquidación de revisión, podrán
transar antes del 31 de julio del año 2001 con la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales, hasta el 50% del mayor impuesto discutido como consecuencia
de los requerimientos especiales o liquidaciones de revisión, así como el valor
total de las sanciones, intereses y actualización según el caso; lo anterior,
siempre y cuando no se haya interpuesto demanda ante la jurisdicción
contencioso administrativa, y el responsable corrija su declaración privada
pagando el cincuenta por ciento (50%) del mayor impuesto propuesto o
determinado oficialmente.
Para tales efectos dichos responsables
deberán adjuntar la prueba del pago o acuerdo de pago de la liquidación privada
del impuesto sobre la renta del año gravable 1999 y del pago o acuerdo de pago
de las liquidaciones privadas del impuesto sobre las ventas correspondientes a
los periodos materia de discusión y de los valores transados.
La terminación por mutuo acuerdo que pone
fin a la actuación administrativa tributaria prestará mérito ejecutivo, de
conformidad con lo señalado en los artículos 828 y 829 del Estatuto Tributario,
y con su cumplimiento se entenderá extinguida la obligación por la totalidad de
las sumas en discusión".
Artículo 28. Hechos sobre los que recae el
impuesto. Adiciónase el
artículo 420 del Estatuto Tributario, con el siguiente parágrafo.
"Parágrafo 5º. La venta e
importación de cigarrillos y tabaco elaborado, nacionales y extranjeros, los
cuales estarán gravados a la tarifa general. El impuesto generado por estos
conceptos dará derecho a impuestos descontables en los términos del artículo
485 de este estatuto.
La base gravable del impuesto a las ventas
sobre los cigarrillos y tabaco elaborado será la misma del impuesto al consumo
de que trata el artículo 210 de la Ley 223 de 1995".
Artículo 29. Impuesto a las ventas para
televisión satelital.
Adiciónase el numeral 3 del parágrafo 3° del artículo 420 del Estatuto
Tributario, con el siguiente literal:
"h) El servicio de televisión
satelital recibido en Colombia, para lo cual la base gravable estará conformada
por el valor total facturado al usuario en Colombia".
Artículo 30. Modifíquese el artículo 428-1
del Estatuto Tributario, el cual quedará así:
"Artículo 428-1. Importaciones de
activos por instituciones de educación superior. Los equipos y elementos
que importen los Centros de Investigación y los Centros de Desarrollo
Tecnológico reconocidos por Colciencias, así como las instituciones de
educación superior, y que estén destinados al desarrollo de proyectos
previamente calificados como de investigación científica o de innovación
tecnológica por Colciencias, estarán exentos del impuesto sobre las ventas
(IVA).
Los proyectos deberán desarrollarse en las
áreas correspondientes a los Programas Nacionales de Ciencia y Tecnología que
formen parte del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.
El Gobierno reglamentará lo relacionado
con esta exención.
Parágrafo. Para que proceda la exención de que trata el presente
artículo, la calificación deberá evaluar el impacto ambiental del
proyecto".
Artículo 31. Modifícanse los incisos 2° y 3° del artículo 468-1
del Estatuto Tributario, los cuales quedarán así:
El transporte aéreo nacional de pasajeros
está gravado a la tarifa del diez por ciento (10%), excepto aquel con destino o
procedencia de rutas nacionales donde no exista transporte terrestre
organizado.
Los tiquetes adquiridos en Colombia para
transportarse dentro del país en las siguientes fechas no estarán gravados con
el IVA: 20 a 31 de diciembre, 1° a 10 de enero, Semana Santa, 20 de junio a 10
de julio, siempre y cuando se cumplan las condiciones señaladas en el
reglamento. Las empresas aéreas cobrarán al usuario el valor del IVA, cuando el
tiquete aéreo adquirido con el beneficio señalado en el inciso anterior sea
utilizado en una fecha diferente de las allí previstas.
Artículo 32. Modifícase el artículo 480
del Estatuto Tributario,
así:
"Artículo 480. Bienes donados
exentos del impuesto sobre las ventas. Estarán excluidos del impuesto sobre
las ventas las importaciones de bienes y equipos destinados al deporte, a la
salud, a la investigación científica y tecnológica, y a la educación, donados a
favor de entidades oficiales o sin ánimo de lucro, por personas o entidades
nacionales o por entidades, personas o gobiernos extranjeros, siempre y cuando
obtengan calificación favorable en el comité previsto en el artículo 362. Así
mismo, estarán excluidas del impuesto las importaciones de los bienes y equipos
para la seguridad nacional con destino a la Fuerza Pública.
También está excluida del impuesto sobre
las ventas, la importación de bienes y equipos que se efectúen en desarrollo de
convenios, tratados, acuerdos internacionales e interinstitucionales o
proyectos de cooperación, donados a favor del Gobierno Nacional o entidades de
derecho público del orden nacional por personas naturales o jurídicas,
organismos multilaterales o gobiernos extranjeros, según reglamento que expida
el Gobierno Nacional".
Artículo 33. Modifícase el literal e) del artículo 481 del
Estatuto Tributario, el cual quedará así:
“e) También son exentos del impuesto sobre
las ventas los servicios que sean prestados en el país en desarrollo de un
contrato escrito y se utilicen exclusivamente en el exterior, por empresas o
personas sin negocios o actividades en Colombia, de acuerdo con los requisitos
que señale el reglamento. Recibirán el mismo tratamiento los servicios
turísticos prestados a residentes en el exterior que sean utilizados en
territorio colombiano, originados en paquetes vendidos en el exterior y
vendidos por agencias operadoras u hoteles inscritos en el Registro Nacional de
Turismo, según lo establecido en la Ley 300 de 1996, y siempre y cuando se
efectúe el respectivo reintegro cambiario".
Artículo 34. Modifícase el artículo 499 del Estatuto Tributario,
el cual quedará así:
"Artículo 499. Quienes pertenecen
a este régimen. Los comerciantes minoristas o detallistas, cuyas ventas
estén gravadas, así como quienes presten servicios gravados, que sean personas
naturales, podrán inscribirse en el régimen simplificado del impuesto sobre las
ventas, cuando hayan obtenido en el año inmediatamente anterior ingresos brutos
inferiores a $42.000.000.00 (valor año base 2000) y tengan un establecimiento
de comercio, oficina, sede, local o negocio donde ejercen su actividad.
Parágrafo. Se presume de derecho que el contribuyente o
responsable ha obtenido ingresos anuales superiores a $42.000.000 (valor año
base 2000) y en consecuencia será responsable del Régimen Común, cuando
respecto del año inmediatamente anterior se presente alguna de las siguientes
circunstancias:
1. Que haya tenido a su servicio ocho (8)
o más trabajadores, o
2. Que haya cancelado un valor anual por
concepto de servicios públicos superior a veinte (20) salarios mínimos legales
mensuales vigentes, o
3. Que haya cancelado en el año por
concepto de arrendamiento del local, sede, establecimiento, negocio u oficina
un valor superior a treinta y cinco (35) salarios mínimos legales mensuales
vigentes, o cuando el local, sede, establecimientos, negocio u oficina sea de
propiedad del contribuyente o responsable, salvo en el caso que coincida con su
vivienda de habitación.
4. Que haya efectuado en el año
consignaciones bancarias en cuentas de ahorro o corrientes, superiores a
$70.000.000.00 (valor año base 2000)".
Artículo 35. Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente
artículo:
"Artículo 506. Obligaciones para
los responsables del Régimen Simplificado. Los responsables del régimen simplificado
del impuesto sobre las ventas, deberán:
1. Inscribirse en el Registro Único
Tributario.
2. Expedir como documento equivalente a la
factura, la boleta fiscal, con los requisitos que señale el reglamento.
3. Cumplir con los sistemas de control que
determine el Gobierno Nacional".
Artículo 36. Paso de régimen simplificado
a régimen común. Modifícase el artículo 508-2 del Estatuto Tributario, el cual
quedará así:
"Artículo 508-2. Paso de régimen
simplificado a régimen común. Cuando los ingresos brutos de un responsable
de impuesto sobre las ventas perteneciente al régimen simplificado, en lo
corrido del respectivo año gravable superen la suma de cuarenta y dos millones
de pesos ($42.000.000.00) (valor año base 2000), el responsable pasará a ser
parte del régimen común a partir de la iniciación del período siguiente".
Artículo 37 transitorio. Plazo máximo para
remarcar precios por nueva tarifa. Para la aplicación de las modificaciones al impuesto
sobre las ventas en materia de la nueva tarifa o sujeción de nuevos bienes al
impuesto, cuando se trate de establecimientos de comercio con venta directa al
público de mercancías premarcadas directamente o en góndola existentes en
mostradores, podrán venderse con el precio de venta al público ya fijado de
conformidad con las disposiciones sobre impuesto a las ventas aplicables antes
de la entrada en vigencia de la presente ley, hasta agotar la existencia de las
mismas.
En todo caso, a partir del 15 de enero del
año 2001 todo bien ofrecido al público deberá cumplir con las modificaciones
establecidas en la presente ley.
CAPITULO IV
Normas de procedimiento y control
Artículo 38. Presentación electrónica de
declaraciones. Modifícase
el artículo 579-2 del Estatuto Tributario, el cual quedará así
:
"Artículo 579-2. Presentación
electrónica de declaraciones. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
579, el Director de Impuestos y Aduanas Nacionales, mediante resolución,
señalará los contribuyentes, responsables o agentes retenedores obligados a
cumplir con la presentación de las declaraciones y pagos tributarios a través
de medios electrónicos, en las condiciones y con las seguridades que establezca
el reglamento. Las declaraciones tributarias, presentadas por un medio
diferente, por parte del obligado a utilizar el sistema electrónico, se tendrán
como no presentadas. En el evento de presentarse situaciones de fuerza mayor
que le impidan al contribuyente presentar oportunamente su declaración por el
sistema electrónico, no se aplicará la sanción de extemporaneidad establecida
en el artículo 641 de este Estatuto, siempre y cuando la declaración manual se
presente a más tardar al día siguiente del vencimiento del plazo para declarar
y se demuestren los hechos constitutivos de fuerza mayor.
Cuando se adopten dichos medios, el
cumplimiento de la obligación de declarar no requerirá para su validez de la
firma autógrafa del documento".
Artículo 39. Valores de operaciones objeto
de información. Los
valores de que tratan los artículos 623 literales a), b) y c), 623-2 y 631
literales e), f), j) y m) podrán ser determinados mediante Resolución por la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en forma individual o acumulada
respecto de las operaciones objeto de información.
Artículo 40. Determinación de la tasa de
interés moratorio. Modifícase
el artículo 635 del Estatuto Tributario, el cual quedará así:
"Artículo 635. Determinación de la
tasa de interés moratorio. Para efectos tributarios, a partir del primero
de julio del año 2001, la tasa de interés moratorio será equivalente al
promedio de la tasa de usura según certificación que expida la Superintendencia
Bancaria durante el cuatrimestre anterior, disminuida en el 5%. Esta tasa de
interés será determinada cada cuatro (4) meses.
Artículo 41. Sanción de clausura. Adiciónase el artículo 657 del Estatuto
Tributario con el siguiente literal c):
"c) Cuando las materias primas,
activos o bienes que forman parte del inventario, o las mercancías recibidas en
consignación o en depósito, sean aprehendidas por violación al régimen aduanero
vigente. En este evento la sanción se hará efectiva una vez quede en firme en
la vía gubernativa el acto administrativo de decomiso.
En este evento la sanción de clausura será
de treinta (30) días calendario y se impondrán sellos oficiales que contengan
la leyenda CERRADO POR EVASION Y CONTRABANDO. Esta sanción se aplicará en el
mismo acto administrativo de decomiso y se hará efectiva dentro de los dos (2)
días siguientes al agotamiento de la vía gubernativa. Esta sanción no será
aplicable al tercero tenedor de buena fe, siempre y cuando lo pueda comprobar
con la factura con el lleno de los requisitos legales".
Artículo 42. Responsabilidad penal por no
consignar las retenciones en la fuente y el IVA. Unifícanse los parágrafos 1º y 2º del artículo 665
del Estatuto Tributario en el siguiente parágrafo, el cual quedará así:
"Parágrafo. Cuando el agente
retenedor o responsable del impuesto a las ventas extinga en su totalidad la
obligación tributaria, junto con sus correspondientes intereses y sanciones,
mediante pago o compensación de las sumas adeudadas, no habrá lugar a
responsabilidad penal. Tampoco habrá responsabilidad penal cuando el agente
retenedor o responsable del impuesto sobre las ventas demuestre que ha suscrito
un acuerdo de pago por las sumas debidas y que éste se está cumpliendo en
debida forma.
Lo dispuesto en el presente artículo no
será aplicable para el caso de las sociedades que se encuentren en procesos
concordatarios; en liquidación forzosa administrativa; en proceso de toma de
posesión en el caso de entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria, o
hayan sido admitidas a la negociación de un Acuerdo de Reestructuración a que
hace referencia la Ley 550 de 1999, en relación con el impuesto sobre las
ventas y las retenciones en la fuente causadas".
Artículo 43. Información tributaria. Modifícase el artículo 693-1 del Estatuto
Tributario, el cual quedará así:
"Artículo 693-1. Información
tributaria. Por solicitud directa de los gobiernos extranjeros y sus
agencias y con base en acuerdos de reciprocidad, se podrá suministrar
información tributaria en el caso en que se requiera para fines de control
fiscal o para obrar en procesos fiscales o penales.
En tal evento, deberá exigirse al gobierno
o agencia solicitante, tanto el compromiso expreso de su utilización exclusiva
para los fines objeto del requerimiento de información, así como la obligación
de garantizar la debida protección a la reserva que ampara la información
suministrada".
Artículo 44. Oportunidad para allegar
pruebas al expediente.
Adiciónase el artículo 744 del Estatuto Tributario con los siguientes
numerales:
"8. Haber sido obtenidas y allegadas
en cumplimiento de acuerdos interinstitucionales recíprocos de intercambio de
información, para fines de control fiscal con entidades del orden nacional o
con agencias de gobiernos extranjeros.
“9. Haber sido practicadas por autoridades
extranjeras a solicitud de la Administración Tributaria, o haber sido practicadas
directamente por funcionarios de la Administración Tributaria debidamente
comisionados de acuerdo a la ley".
CAPITULO V
Otras disposiciones
Artículo 45. Tarifa de retención en la
fuente por honorarios y servicios. Modifícase el inciso 3° y adiciónase un inciso al artículo 392 del
Estatuto Tributario, los cuales quedarán así:
"La tarifa de retención en la fuente
para los honorarios y comisiones, percibidos por los contribuyentes no
obligados a presentar declaración de renta y complementarios, es el diez por
ciento (10%) del valor del correspondiente pago o abono en cuenta. La misma
tarifa se aplicará a los pagos o abonos en cuenta de los contratos de
consultoría y a los honorarios en los contratos de administración delegada. La
tarifa de retención en la fuente para los contribuyentes obligados a declarar
será la señalada por el Gobierno Nacional.
La tarifa de retención en la fuente para
los servicios percibidos por los contribuyentes no obligados a presentar
declaración de renta y complementarios, es del seis por ciento (6%) del valor
del correspondiente pago o abono en cuenta. La tarifa de retención en la fuente
para los contribuyentes obligados a declarar será la señalada por el Gobierno
Nacional".
Artículo 46. Documentos exentos del
impuesto de timbre. Adiciónase
el artículo 530 del Estatuto Tributario con los siguientes numerales:
"54. Los pagarés que instrumenten
cartera hipotecaria.
55. Los documentos que instrumentan la
cesión de activos, pasivos y contratos que suscriban las entidades financieras
públicas conforme a lo dispuesto por el artículo 68 del Estatuto Orgánico del
Sistema Financiero, o la cesión de uno o varios de los activos, pasivos o
contratos conforme a las normas del Código de Comercio. Para efectos de este
numeral, se entiende por entidades financieras públicas aquellas en las cuales
la participación del capital público es superior al cincuenta por ciento (50%)
de su capital social.
56. Los títulos y demás documentos que se
originen o deriven directamente de las operaciones de compra de cartera
hipotecaria, su titularización y la colocación de los títulos correspondientes
a los que se refiere la Ley 546 de 1999".
Artículo 47. Modifícase el numeral 6 del artículo 530 del Estatuto
Tributario, el cual quedará así:
"6. Las acciones, los bonos, los
papeles comerciales con vencimiento inferior a un (1) año autorizado por la
Superintendencia de Valores".
Artículo 48. Facilidades para el pago. Adiciónase el artículo 814 del Estatuto
Tributario, con el siguiente parágrafo:
Parágrafo. Cuando el respectivo deudor haya celebrado un
acuerdo de reestructuración de su deuda con establecimientos financieros, de
conformidad con la reglamentación expedida para el efecto por la
Superintendencia Bancaria, y el monto de la deuda reestructurada represente no
menos del cincuenta por ciento (50%) del pasivo del deudor, el Subdirector de
Cobranzas y los Administradores de Impuestos Nacionales, podrán mediante
Resolución conceder facilidades para el pago con garantías diferentes, tasas de
interés inferiores y plazo para el pago superior a los establecidos en el
presente artículo, siempre y cuando se cumplan la totalidad de las siguientes
condiciones:
1. En ningún caso el plazo para el pago de
las obligaciones fiscales podrá ser superior al plazo más corto pactado en el
acuerdo de reestructuración con entidades financieras para el pago de
cualquiera de dichos acreedores.
2. Las garantías que se otorguen a la DIAN
serán iguales o equivalentes a las que se hayan establecido de manera general
para los acreedores financieros en el respectivo acuerdo.
3. Los intereses que se causen por el
plazo otorgado en el acuerdo de pago para las obligaciones fiscales
susceptibles de negociación se liquidarán a la tasa que se haya pactado en el
acuerdo de reestructuración con las entidades financieras, observando las
siguientes reglas:
a) En ningún caso la tasa de interés
efectiva de las obligaciones fiscales podrá ser inferior a la tasa de interés
efectiva más alta pactada a favor de cualquiera de los otros acreedores;
b) La tasa de interés de las obligaciones
fiscales que se pacte en acuerdo de pago, no podrá ser inferior al índice de
precios al consumidor certificado por el DANE incrementado en el cincuenta por
ciento (50%).
Artículo 49. Adiciónase un parágrafo 2° al artículo 850 del
Estatuto Tributario, el cual quedará así:
"Parágrafo 2°. Tendrán derecho
a la devolución o compensación del impuesto al valor agregado IVA, pagado en la
adquisición de materiales para la construcción de vivienda de interés social,
las entidades cuyos planes estén debidamente aprobados por el Inurbe, o por
quien este organismo delegue, ya sea en proyectos de construcción realizados
por constructores privados, cooperativas, organizaciones no gubernamentales y
otras entidades sin ánimo de lucro.
La devolución o compensación se hará en
una proporción al cuatro por ciento (4%) del valor registrado en las escrituras
de venta del inmueble nuevo tal como lo adquiere su comprador o usuario final,
cuyo valor no exceda los ciento treinta y cinco (135) salarios mínimos
mensuales legales de acuerdo a la reglamentación que para el efecto expida el
Gobierno Nacional.
La DIAN podrá solicitar en los casos que
considere necesario, los soportes que demuestren el pago del IVA en la
construcción del proyecto de vivienda de interés social.
Artículo 50. Devolución automática de
saldos a favor del impuesto sobre la renta. Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente
artículo:
"Artículo 850-1. Devolución
automática de saldos a favor del impuesto sobre la renta. Conforme al
reglamento que para tales efectos se expida, el Gobierno Nacional establecerá
el procedimiento para las devoluciones automáticas de los saldos a favor
originados en las declaraciones de renta, cuyo valor no exceda de diez (10)
salarios mínimos mensuales vigentes.
La devolución automática deberá realizarse
entre los ciento veinte (120) días siguientes a la presentación en debida forma
de la declaración que presenta el saldo a favor.
La devolución extemporánea causará
intereses corrientes.
Artículo 51. Actualización del valor de
las obligaciones tributarias pendientes de pago. Adiciónese el artículo 867-1 del Estatuto Tributario
con los siguientes parágrafos:
"Parágrafo 1°. Para efectos de
la actualización de las obligaciones tributarias de que trata este artículo,
las empresas que celebren acuerdos de reestructuración en los términos de la
Ley 550 de 1999, en relación con las obligaciones tributarias objeto de
negociación de conformidad con el artículo 52 de la misma ley, se ajustarán a
la siguiente regulación:
1. Se liquidará y causará la obligación
correspondiente a la actualización de acuerdo a las normas vigentes, pero su
pago podrá ser diferido para ser cancelado una vez se haya cubierto la
totalidad de las sumas correspondientes a sanciones, intereses e impuestos
adeudados objeto de la negociación.
2. Los saldos así acumulados se podrán
pagar en pesos corrientes a partir del vencimiento del plazo acordado para el
pago de las obligaciones tributarias, siempre y cuando se cumpla con los
términos y plazos establecidos en el acuerdo de reestructuración y hasta por un
plazo máximo de dos (2) años, que se graduará en atención al monto de la deuda,
de la situación de la empresa deudora y de la viabilidad de la misma.
3. Para el plazo adicional así
establecido, el monto de las obligaciones por concepto de actualización de que
trata este artículo, conservará la prelación legal, y su pago podrá ser
compartido con los demás acreedores.
Parágrafo 2°. En todos los casos los socios, copartícipes,
asociados, cooperados, comuneros y consorcios responderán solidariamente por
los impuestos, actualización e intereses de la persona jurídica o ente
colectivo sin personería jurídica de la cual sean miembros, socios,
copartícipes, asociados, cooperados, comuneros y consorciados, a prorrata de
sus aportes en las mismas y del tiempo durante el cual los hubieren poseído en
el respectivo período gravable. La solidaridad de que trata este artículo no se
aplicará a las sociedades anónimas o asimiladas a anónimas.
En los mismos términos se entienden
modificados el inciso primero y el literal b) del artículo 793 y el artículo
794 de este Estatuto".
Artículo 52. Deducción o descuento del
impuesto sobre las ventas pagado en la adquisición de activos fijos. Los contribuyentes personas jurídicas que
tuvieren a la fecha de vigencia de la presente Ley saldos pendientes para
solicitar como deducción, en los términos del artículo 18 de la Ley 488 de
1998, o como descuento, en los términos del artículo 104 de la Ley 223 de 1995,
el impuesto sobre las ventas pagado en la adquisición o nacionalización de
activos fijos, conservarán su derecho a solicitarlo en el período gravable
siguiente.
Artículo 53. Policía Fiscal Aduanera y
naturaleza jurídica del servicio prestado por la DIAN. Créase al interior de la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales la Dirección de Policía Fiscal y Aduanera. Los
funcionarios que la compongan podrán por delegación expresa del Director
General de la DIAN adelantar procesos de fiscalización y control.
Bajo esta misma delegación, la Dirección
de Policía Fiscal y Aduanera soportará los operativos de control tributario que
realice la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en el territorio
nacional, con la coordinación y supervisión de esta última entidad.
El Gobierno Nacional determinará la
estructura de esta nueva Dirección, dentro de los sesenta (60) días siguientes
a la vigencia de esta ley.
Parágrafo. Para los efectos de la aplicación del inciso 1° del
artículo 56 de la Constitución Política, el servicio público prestado por la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales se define como servicio público
esencial, cuyo objetivo es coadyuvar a garantizar la seguridad fiscal del Estado
colombiano y la protección del orden público económico nacional, mediante la
administración y control al debido cumplimiento de las obligaciones
tributarias, aduaneras y cambiarias, y la facilitación de las operaciones de
comercio exterior.
Artículo 54. Atención de garantías de
productos que corresponden a renglones de contrabando masivo. El Director General de la Unidad
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y el
Superintendente de Industria y Comercio, determinarán mediante acto de carácter
general aquellos productos de entre los que corresponde a renglones calificados
como de contrabando masivo para los efectos del artículo 88-1 del Estatuto
Tributario, respecto de los cuales se podrá condicionar la atención en garantía,
obligando a quien deba responder en garantía a que exija, como requisito para
prestarla, la presentación de la factura que acredite el origen legal del
producto.
En los casos previstos en el párrafo
anterior, el productor, importador o proveedor, ante quien no sea acreditada
tal circunstancia, deberá informar de ese hecho a la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales dentro de los dos (2) días siguientes a la solicitud de la
garantía.
Artículo 55. De conformidad con el inciso 2º del parágrafo del
artículo 357 de la Constitución Política, el nuevo gravamen a los Movimientos
Financieros que se crea por la presente ley, está excluido de la participación
que les corresponde a los municipios en los ingresos corrientes de la Nación
hasta el año 2009.
En aplicación de esta misma disposición,
durante el año 2001 los municipios no tendrán participación en los ingresos
originados por las modificaciones introducidas por esta ley al impuesto sobre
las ventas, al igual que en los ingresos por los ajustes en materia del
impuesto sobre la renta para el año gravable 2001 que se recauden durante el
año 2002.
Artículo 56. Tasa Especial por los
servicios aduaneros. Créase
una tasa especial como contraprestación por el costo de los servicios aduaneros
prestados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a los usuarios,
que será equivalente al uno punto dos por ciento (1.2%) del valor FOB de los
bienes objeto de importación.
Esta tasa no será aplicable para las
importaciones de bienes provenientes directamente de países con los que se
tenga acuerdo de libre comercio, siempre y cuando dichos países ofrezcan una
reciprocidad equivalente, ni a los usuarios del Plan Vallejo, ni a las
importaciones de bienes y servicios para la defensa y seguridad nacional que
realice la Fuerza Pública.
La Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales mediante Resolución fijará los mecanismos de control para garantizar
el pago de dicha tasa, así como la forma y los plazos para su cancelación.
Parágrafo. En ningún caso el valor previsto en el inciso primero
de este artículo podrá ser inferior al consignado en las declaraciones de
importación.
Artículo 57. Administración y control. Para el control de la tasa especial por
los servicios aduaneros, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales contará
con las facultades de investigación, determinación, discusión, y cobro previsto
en las normas aduaneras vigentes, en el Estatuto Tributario, y sus reglamentos.
Teniendo en cuenta que esta tasa es un
ingreso corriente sujeto a lo previsto por el inciso 2 del parágrafo del
artículo 357 de la Constitución Política, y que no constituye en ningún caso un
impuesto, créase el Fondo de Servicios Aduaneros, el cual se financiará con los
recursos que recaude la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales por
concepto de la misma. Los recursos de dicho Fondo se destinarán a recuperar los
costos incurridos por la Nación en la facilitación y modernización de las
operaciones de comercio exterior, mediante el uso de su infraestructura física
y administrativa y para la financiación de los costos laborales y de
capacitación de la DIAN.
El Fondo de Servicios Aduaneros será
administrado por la Dirección General del Presupuesto Nacional del Ministerio
de Hacienda y Crédito Público.
Artículo 58. Modifícase el artículo 16 de la Ley 10 de 1991, el
cual quedará así:
"Las empresas asociativas de trabajo
estarán exentas del impuesto sobre la renta y complementarios, siempre y cuando
en el respectivo año o período gravable hayan obtenido ingresos brutos
inferiores a cuatrocientos millones de pesos ($400.000.000.00) (valor año base
2000), y su patrimonio bruto en el último día del año o período gravable no
exceda de doscientos millones de pesos ($200.000.000.00) (valor año base 2000).
Para efecto de los beneficios previstos en este artículo, y los artículos 14 y
15 de esta misma ley, se excluyen las rentas provenientes del ejercicio de
profesiones liberales y los servicios inherentes a las mismas.
Los beneficios previstos en los artículos
14 y 15 de esta ley para las utilidades y rendimientos percibidos por los
miembros de las empresas asociativas de trabajo, sólo procederán si esta
empresa reúne los requisitos legales para estar exenta del impuesto sobre la
renta y complementarios".
Artículo 59. Modifícase el artículo 9° de
la Ley 66 del 19 de agosto de 1993, el cual quedará así:
"Artículo 9°. Conforme al
procedimiento que establezca la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura, el valor de los depósitos judiciales prescribirá a favor del Tesoro
Nacional si transcurridos dos (2) años, contados a partir de la terminación
definitiva del correspondiente proceso, no hubieren sido reclamados por sus
beneficiarios.
Parágrafo. Los depósitos judiciales efectuados por causas o
motivos laborales, prescribirán a favor del Tesoro Nacional, si transcurridos
tres (3) años contados a partir de la fecha del depósito, no se hubiere
iniciado proceso judicial alguno por parte del beneficiario, tendiente a
obtener su entrega.
Los dineros así adquiridos financiarán
planes, proyectos y programas de inversión y capacitación de la Rama
Judicial".
Artículo 60. Contratos y convenios. La Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial podrá celebrar en nombre de la Nación -Rama Judicial- Consejo Superior
de la Judicatura, los actos y contratos que deban otorgarse o suscribirse con
personas públicas y/o privadas para la prestación de servicios con objeto de
mejorar la administración de los recursos y servicios de la Rama Judicial,
tales como cobro coactivo, notificaciones, citaciones y expedición de
certificaciones.
También, la Dirección Ejecutiva de la
Administración Judicial podrá suscribir en nombre de la Nación- Rama Judicial-
Consejo Superior de la Judicatura, contratos de fiducia para la administración
de recursos, que se constituyan en patrimonios autónomos independientes.
Así mismo, podrá celebrar convenios o
suscribir contratos con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, para
combatir la evasión y morosidad en el pago de tributos, contribuciones, aportes
y multas. En desarrollo de estos podrán realizar planes conjuntos de
fiscalización, cobro y capacitación.
La Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura deberá autorizar previamente la celebración de los
contratos o convenios a los que se refiere este artículo.
Artículo 61. Multas. Modifícase el inciso 4° del artículo 31 de
la Ley 200 de 1995, el cual quedará así:
"Vencido el plazo señalado en el
inciso anterior, el sancionado pagará el monto de la multa con intereses
moratorios mensuales a la tasa establecida en las normas tributarias".
Artículo 62. Multas y causación de
intereses moratorios. Las
multas que a partir de la vigencia de la presente Ley impongan las autoridades
judiciales una vez sean exigibles causarán intereses moratorios mensuales a la
tasa establecida en las normas tributarias.
Artículo 63. El Fondo Obligatorio para
Vivienda de Interés Social, Fovis. El Fondo Obligatorio para Vivienda de Interés Social,
Fovis, estará constituido por los aportes y sus rendimientos, que al mismo haga
la correspondiente Caja de Compensación Familiar, los cuales continuarán
administrados directamente por las Cajas en forma autónoma en sus etapas de
postulación, calificación, asignación y pago, en los porcentajes mínimos que se
refieren a continuación:
a) Para el año 1999, cuando el cociente
particular de recaudo para subsidio familiar de una caja resultare igual o
superior al ciento diez por ciento (110%) del cociente nacional, deberá
transferir al Fovis una suma que será del veintiséis por ciento (26%); para
aquellas cajas, del mismo cociente, cuyos recaudos por aportes sean inferiores
al veinte por ciento (20%) de los recaudos de la caja con mayores aportes, este
porcentaje será del veintidós por ciento (22%) de los aportes patronales para
subsidios. La autoridad de inspección y vigilancia competente determinará el
porcentaje de aporte de cada caja, de acuerdo con lo dispuesto por este
artículo;
b) Para el año 2000, cuando el cociente
particular de recaudo para subsidio familiar de una caja resultare igual o
superior al ciento diez por ciento (110%) del cociente nacional, deberá
transferir al Fovis una suma que será del veintiséis por ciento (26%); para
aquellas cajas, del mismo cociente, cuyos recaudos por aportes sean inferiores
al veinte por ciento (20%) de los recaudos de la caja con mayores aportes, este
porcentaje será del veinticuatro por ciento (24%) de los aportes patronales
para subsidios. La autoridad de inspección y vigilancia competente determinará
el porcentaje de aporte de cada caja, de acuerdo con lo dispuesto por este
artículo;
c) Para el año 2001, cuando el cociente
particular de recaudo para subsidio familiar de una caja resultare igual o
superior al ciento diez por ciento (110%) del cociente nacional, deberá
transferir al Fovis una suma que será del veintiséis por ciento (26%); para
aquellas cajas, del mismo cociente, cuyos recaudos por aportes sean inferiores
al veinte por ciento (20%) de los recaudos de la caja con mayores aportes, este
porcentaje será del veinticinco por ciento (25%) de los aportes patronales para
subsidios. La autoridad de inspección y vigilancia competente determinará el
porcentaje de aporte de cada caja, de acuerdo con lo dispuesto por este artículo;
d) Para el año 2002, cuando el cociente
particular de recaudo para subsidio familiar de una caja resultare igual o
superior al ciento diez por ciento (110%) del cociente nacional, deberá
transferir al Fovis una suma que será del veintisiete por ciento (27%); para
aquellas cajas, del mismo cociente, cuyos recaudos por aportes sean inferiores
al veinte por ciento (20%) de los recaudos de la caja con mayores aportes, este
porcentaje será del veintiséis por ciento (26%) de los aportes patronales para
subsidios. La autoridad de inspección y vigilancia competente determinará el
porcentaje de aporte de cada caja, de acuerdo con lo dispuesto por este
artículo;
e) Para el año 1999, cuando el cociente
particular de recaudo para subsidio familiar de una caja resultare igual o
superior al ciento por ciento (100%), e inferior al ciento diez por ciento
(110%), del cociente nacional deberá transferir al Fovis una suma que será del
trece por ciento (13%) de los aportes patronales para subsidios. La autoridad
de inspección y vigilancia competente determinará el porcentaje de aporte de
cada caja, de acuerdo con lo dispuesto por este artículo;
f) Para el año 2000, cuando el cociente
particular de recaudo para subsidio familiar de una caja resultare igual o
superior al cien por ciento (100%), e inferior al ciento diez por ciento
(110%), del cociente nacional, deberá transferir al Fovis una suma que será del
quince por ciento (15%) de los aportes patronales para subsidios. La autoridad
de inspección y vigilancia competente determinará el porcentaje de aporte de
cada caja, de acuerdo con lo dispuesto por este artículo;
g) Para el año 2001, cuando el cociente
particular de recaudo para subsidio familiar de una caja resultare igual o
superior al cien por ciento (100%), e inferior al ciento diez por ciento
(110%), del cociente nacional, deberá transferir al Fovis una suma que será del
diecisiete por ciento (17%) de los aportes patronales para subsidios. La
autoridad de inspección y vigilancia competente determinará el porcentaje de
aporte de cada caja, de acuerdo con lo dispuesto por este artículo;
h) Para el año 2002, cuando el cociente
particular de recaudo para subsidio familiar de una caja resultare igual o
superior al cien por ciento (100%), e inferior al ciento diez por ciento
(110%), del cociente nacional, deberá transferir al Fovis una suma que será del
dieciocho por ciento (18%) de los aportes patronales para subsidios. La
autoridad de inspección y vigilancia competente determinará el porcentaje de
aporte de cada caja, de acuerdo con lo dispuesto por este artículo;
i) Para el año 1999, cuando el cociente
particular de recaudo para subsidio familiar de una caja resultare igual al
ochenta por ciento (80%) e inferior al cien por ciento (100%) del cociente
nacional, deberá transferir al Fovis una suma que será del siete por ciento
(7%); para aquellas cajas, del mismo cociente, cuyos recaudos por aportes sean
inferiores al diez por ciento (10%) de los recaudos de la caja con mayores
aportes, este porcentaje será del cinco por ciento (5%) de los aportes
patronales para subsidios. La autoridad de inspección y vigilancia competente
determinará el porcentaje de aporte de cada caja, de acuerdo con lo dispuesto
por este artículo;
j) Para el año 2000, cuando el cociente
particular de recaudo para subsidio familiar de una caja resultare igual al
ochenta por ciento (80%) e inferior al ciento por ciento (100%) del cociente
nacional, deberá transferir al Fovis una suma que será del nueve por ciento (9%);
para aquellas cajas, del mismo cociente, cuyos recaudos por aportes sean
inferiores al diez por ciento (10%) de los recaudos de la caja con mayores
aportes, este porcentaje será del siete por ciento (7%) de los aportes
patronales para subsidios. La autoridad de inspección y vigilancia competente
determinará el porcentaje de aporte de cada caja, de acuerdo con lo dispuesto
por este artículo;
k) Para el año 2001, cuando el cociente
particular de recaudo para subsidio familiar de una caja resultare igual al
ochenta por ciento (80%) e inferior al cien por ciento (100%) del cociente
nacional, deberá transferir al Fovis una suma que será del diez por ciento
(10%) de los aportes patronales para subsidios. La autoridad de inspección y
vigilancia competente determinará el porcentaje de aporte de cada caja, de
acuerdo con lo dispuesto por este artículo;
l) Para el año 2002, cuando el cociente
particular de recaudo para subsidio familiar de una caja resultare igual al
ochenta por ciento (80%) e inferior al ciento por ciento (100%) del cociente
nacional, deberá transferir al Fovis una suma que será del doce por ciento
(12%) de los aportes patronales para subsidios. La autoridad de inspección y
vigilancia competente determinará el porcentaje de aporte de cada caja, de
acuerdo con lo dispuesto por este artículo;
m) Para los años 1999, 2000, 2001 y 2002,
cuando el cociente particular de recaudo para subsidio familiar de una caja
resultare inferior al ochenta por ciento (80%) del cociente nacional, deberá
transferir al Fovis una suma que será del cinco por ciento (5%) de los aportes
patronales para subsidios. La autoridad de inspección y vigilancia competente
determinará el porcentaje de aporte de cada caja, de acuerdo con lo dispuesto
por este artículo.
Parágrafo 1°. Las Cajas de compensación familiar con los recursos
restantes de sus recaudos para subsidios no estarán obligadas a realizar
destinaciones forzosas para planes de vivienda.
Parágrafo 2°. El cincuenta y cinco por ciento (55%) mínimo, que las
cajas destinarán al subsidio monetario, será calculado sobre el saldo que queda
después de deducir la transferencia respectiva al Fondo de subsidio familiar de
vivienda y las demás obligaciones que determine la ley, así como el diez por
ciento (10%) de los gastos de administración y funcionamiento la contribución a
la Superintendencia del Subsidio Familiar según la legislación vigente. En
ningún caso una caja podrá pagar como subsidio en dinero una suma inferior a la
que esté pagando en el momento de expedirse esta ley.
Parágrafo 3°. No estarán obligadas a la destinación de recursos
para el Fovis en el componente de vivienda de interés social, las Cajas de
compensación familiar que operen al tenor del inciso 2° del artículo 43 del
Decreto 341 de 1988, en las áreas que a continuación se enuncia y respecto de
los recaudos provenientes de las mismas:
Departamentos de Amazonas, Arauca,
Casanare, Caquetá, Chocó, Guajira, Guainía, Guaviare, Meta, Putumayo, San
Andrés y Providencia, Sucre, Vaupés, Vichada y la región de Urabá, con
excepción de las ciudades de Riohacha, Sincelejo, Villavicencio, Yopal, y sus
respectivas áreas de influencia en estas áreas; las cajas podrán adelantar
libremente programas de vivienda, incluidos subsidios para los beneficiarios
adjudicatarios de los mismos. La autoridad de inspección y vigilancia
competente evaluará las situaciones de excepción de este parágrafo.
Parágrafo 4°. No estarán obligadas a la destinación de recursos
para el Fovis en los componentes de vivienda de interés social, de que trata
esta ley, las Cajas de compensación familiar que operen al tenor del inciso 2°
del artículo 43 del Decreto 341 de 1988, en las zonas de desastre del Eje
Cafetero. La autoridad de inspección y vigilancia está facultada para evaluar
la situación de estas cajas en la medida en que se vaya recuperando la zona.
Parágrafo 5°. No obstante lo señalado en este artículo, las cajas
podrán someterse a un plan de ajuste para alcanzar los porcentajes aquí
establecidos, cuando las circunstancias financieras así lo requieran, a juicio
de la entidad que ejerza la supervisión y control de las Cajas de Compensación.
Artículo 64. Destinación de los recursos
del Fovis. Los recursos
adicionales que se generen respecto de los establecidos con anterioridad a la
presente ley se destinarán de la siguiente manera:
a) No menos del cincuenta por ciento (50%)
para vivienda de interés social;
b) El porcentaje restante después de
destinar el anterior, para la atención integral a la niñez de cero (0) a seis
(6) años y la jornada escolar complementaria. Estos recursos podrán ser
invertidos directamente en dichos programas abiertos a la comunidad, por las
Cajas de compensación sin necesidad de trasladarlos al Fovis.
Parágrafo. En aquellos entes territoriales que cuentan con
recursos para la cofinanciación de los Programas de Jornada Escolar
Complementaria y atención a los niños de cero (0) a seis (6) años más pobres,
las Cajas de Compensación Familiar podrán establecer convenios y alianzas con
los gobiernos respectivos para tal fin.
Artículo 65. Manejo financiero. Las Cajas tendrán un manejo financiero
independiente y en cuentas separadas del recaudo del cuatro por ciento (4%) de
la nómina para los servicios de mercadeo, IPS y EPS. Por consiguiente, a partir
de la vigencia de la presente ley, en ningún caso los recursos provenientes del
aporte del cuatro por ciento (4%) podrán destinarse a subsidiar dichas
actividades. Estos servicios abiertos a la comunidad deberán llegar a su punto
de equilibrio financiero el 31 de diciembre del año 2000. En el caso de los
hoteles no habrá tarifa subsidiada para los trabajadores que tengan ingresos
superiores a cuatro (4) salarios mínimos legales vigentes.
Parágrafo 1º. Las cajas de compensación familiar podrán aprobar
préstamos con destino a colaborar en el pago de atención de personas a cargo de
trabajadores beneficiarios, al tenor de la Ley 21 de 1982, en eventos que no
estén cubiertos por el sistema general de seguridad social en salud o cobertura
de servicios médico-asistenciales a que, por norma legal, deba estar afiliado
el trabajador. El préstamo por evento podrá ser superior a diez (10) veces la
cuota del subsidio monetario mensual vigente al momento del mismo. Las cajas
podrán establecer cuotas moderadoras para estos efectos exclusivamente.
Parágrafo 2º. Los subsidios de escolaridad en dinero pagados por
las Cajas de Compensación a las personas a cargo de trabajadores beneficiarias,
matriculadas en los tres (3) últimos grados del ciclo secundario de la
educación básica y en el nivel de educación media, formarán parte del cálculo
de subsidio monetario pagado por cada Caja de Compensación Familiar y de la
obligación de destinación para educación prevista en el artículo 5º del Decreto
1902 de 1994, siempre que la destinación total para ella no resulte inferior a
la obligatoria antes de la vigencia de la presente ley.
Artículo 66. Programas de capacitación no
formales. Los programas
de capacitación no formales que ofrezcan las Cajas de compensación familiar
podrán ser subsidiados cuando no presenten duplicidad con los programas
ofrecidos por el Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, salvo aquellos
desarrollados en convenios con dicha entidad; dichos programas dirigidos
exclusivamente al fomento, mejoramiento del empleo productivo y a la generación
de ingresos para la familia.
Artículo 67. Fovis. Las cajas de compensación familiar
continuarán administrando autónomamente en los términos previstos por las Leyes
49 de 1990 y 3ª de 1991 los recursos apropiados con destino a la postulación,
calificación, asignación y pago de subsidios para VIS de conformidad con los
procedimientos señalados por el Gobierno Nacional.
Artículo 68. Subsidios. La asignación de subsidios
correspondientes a la vigencia presupuestal del año 1999 para el rango de
familias con ingreso hasta dos (2) smlm se orientará en primer lugar a
programas asociativos que a la fecha de la sanción de la presente ley
demuestren un avance en construcción de obras de infraestructura o vivienda no
menor al veinte por ciento (20%) del valor total del proyecto.
Artículo 69. Acceso al subsidio. Las familias de ingresos inferiores a dos
(2) smlm podrán acceder al subsidio de vivienda sin el requisito del ahorro
programado siempre y cuando tengan garantizada la financiación completa de la
solución de vivienda a la que aspiran.
Artículo 70. Proyectos colectivos en
vivienda de interés social. La
asignación individual de los subsidios a la demanda para vivienda de interés
social contempla las modalidades de proyectos individuales y proyectos
colectivos.
Artículo 71. Concurrencia de las entidades
públicas del orden nacional, departamental o municipal en proyectos de vivienda
de interés social. Las
entidades públicas del orden nacional, departamental o municipal podrán
invertir recursos en programas colectivos de Vivienda de interés Social, VIS.
En aquellos municipios en donde haya aporte en lotes municipales en los
programas de VIS, que cuenten con financiación de la Nación, dichos lotes se
adjudicarán por el sistema de libre concurrencia y selección objetiva entre los
constructores interesados, que ofrezcan menor valor de la vivienda excepto
cuando la construcción vaya a ser totalmente ejecutada por una entidad estatal.
Artículo 72. Afiliación de los
trabajadores por cuenta propia. El Gobierno promoverá la legislación para la incorporación voluntaria
de los trabajadores por cuenta propia a las Cajas de Compensación Familiar,
mediante el pago mensual del dos por ciento (2%) de sus ingresos reales, con
una base mínima de dos (2) salarios mínimos, con derecho a todos los servicios
que las cajas ofrecen, exceptuando el subsidio monetario; y para programas
voluntarios de ahorro programado que se creen para el acceso a la vivienda en
el caso de estos trabajadores. Los programas de ahorro voluntario para vivienda
podrán extenderse a trabajadores afiliados a las Cajas de Compensación, del
sector formal.
Artículo 73. Impuestos en los casos de
supresión, fusión, transformación de entidades u organismos públicos del orden
nacional. En los casos de
supresión, fusión, transformación, cesión de activos, pasivos y contratos,
liquidación o modificación de estructura de entidades u organismos públicos del
orden nacional, los actos o contratos que deban extenderse u otorgarse con
motivo de tales eventos, se considerarán actos sin cuantía y no generarán
impuestos ni contribuciones de carácter nacional.
Para efectos del registro sobre inmuebles
y demás bienes sujetos al mismo, bastará con enumerarlos en el respectivo
documento en el que conste la supresión, fusión, transformación, cesión de
activos, pasivos y contratos, liquidación o modificación de estructura,
indicando el folio de matrícula inmobiliaria o el dato que identifica el
registro del bien o de los derechos respectivos, incluidos los derechos
fiduciarios.
Artículo 74. Fondo Agropecuario de
Garantías. El Fondo
Agropecuario de Garantías, FAG, podrá otorgar garantía a los proyectos
agropecuarios, de acuerdo con el reglamento que para tal fin expida la Comisión
Nacional de Crédito Agropecuario.
Artículo 75. Fondo Nacional de Riesgos
Agropecuarios. El Fondo
Nacional de Riesgos Agropecuarios podrá apoyar el subsidio a las primas de
riesgos de seguros de productores.
La Comisión Nacional de Crédito
Agropecuario orientará los recursos del Fondo Nacional de Riesgos
Agropecuarios, así como la elegibilidad del subsidio de las primas a
explotaciones agropecuarias y zonas específicas.
Artículo 76. Sistema para pago de
retenciones de entidades ejecutoras del presupuesto General de la Nación. Las entidades ejecutoras del presupuesto
General de la Nación operarán bajo el sistema de caja para efectos del pago de
las retenciones en la fuente de impuestos nacionales.
Artículo 77. Recursos aportados por la
Nación. Cuando la Nación
asuma obligaciones a cargo de las entidades públicas en liquidación, incluidas
las derivadas de las cesiones de activos, pasivos y contratos que haya
realizado la entidad en liquidación, esta operación será tomada como un ingreso
no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional para la entidad beneficiaria
y sobre ella no se causará el impuesto de timbre nacional.
Artículo 78. Contratos celebrados con
entidades públicas. El
régimen del impuesto sobre las ventas aplicable a los contratos celebrados con
entidades públicas o estatales, para todos los efectos será el vigente en la
fecha de la resolución o acto de adjudicación del respectivo contrato.
Si tales contratos son modificados o
prorrogados, a partir de la fecha de su modificación o prórroga se empezarán a
aplicar las disposiciones vigentes para tal momento.
Artículo 79. IVA al asfalto, mezcla
asfáltica y material pétreo. Lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley 488 de 1998 igualmente será
aplicable al asfalto y a los materiales pétreos que intervienen y se utilicen
específicamente en el proceso de incorporación o transformación necesarios para
producir mezclas asfálticas o de concreto y en la venta de asfalto, mezcla
asfáltica o materiales pétreos.
Artículo 80. De conformidad con los artículos 64, 65 y 66 de la
Constitución Política y para los efectos señalados en el artículo 8º de la Ley
101 de 1993 sobre desarrollo agropecuario y pesquero, la Nación asignará a
partir del presupuesto del año 2001 un volumen suficiente de recursos
destinados a cubrir el valor correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del
costo de la energía eléctrica sobre un consumo de hasta quinientos (500)
kilovatios horas mes, debidamente comprobado por la electrificadora de la
región.
Los recursos se asignarán solamente a aquellos
distritos de riego establecidos a partir de la vigencia de la presente ley y
que no superen las cincuenta (50) hectáreas.
Artículo 81. Por cada kilovatio hora despachado en la Bolsa de
Energía Mayorista, el administrador del sistema de intercambios comerciales
(ASIC) recaudará un peso ($1.00) m/cte., con destino al Fondo de Apoyo
Financiero para la energización de las zonas no interconectadas. Este valor
será pagado por los agentes generadores de energía y tendrá vigencia hasta el
31 de diciembre de 2007 y se indexará anualmente con el índice de precios al
productor (IPP) calculado por el Banco de la República. La Comisión de
Regulación de Energía y Gas (CREG) adoptará los ajustes necesarios a la
regulación vigente para hacer cumplir este artículo.
Artículo 82. Naturaleza del Fondo de Apoyo
Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas. El Fondo de Apoyo Financiero para la
Energización de las Zonas No Interconectadas es un fondo cuenta especial de
manejo de recursos públicos y privados, sin personería jurídica, sujeto a las
normas y procedimientos establecidos en la Constitución Política de Colombia,
el Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación y las demás normas
legales vigentes aplicables al mismo. A este Fondo también podrán ingresar los
recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación y los que canalice
el Gobierno Nacional de diferentes fuentes públicas y privadas, nacionales e
internacionales.
Artículo 83. Todos los recursos del Fondo de Apoyo Financiero para
la Energización de las Zonas No Interconectadas se utilizarán para financiar
planes, programas y proyectos de inversión destinados a la construcción e
instalación de la infraestructura eléctrica que permitan la ampliación de la
cobertura y satisfacción de la demanda de energía en las zonas no
interconectadas.
Artículo 84. Los proyectos energéticos que presenten las entidades
territoriales de las zonas no interconectadas del Sistema Eléctrico Nacional al
Fondo Nacional de Regalías no serán afectados por impuestos o estampillas del
orden territorial, y serán viabilizados por el Instituto de Planeación y
Promoción de Soluciones Energéticas IPSE, el cual los inscribirá en el Banco de
Proyectos de Planeación Nacional.
Artículo 85. Las unidades especiales de desarrollo fronterizo
expedirán la autorización de internación de vehículos a los que se refiere el
artículo 24 de la Ley 191 de 1995. La internación de vehículos causará
anualmente y en su totalidad a favor de las unidades especiales de desarrollo
fronterizo el impuesto de vehículos automotores de que trata la Ley 488 de
1998.
El Ministerio de Transporte fijará la
tabla de avalúo de los automotores en estas zonas.
Artículo 86. La distribución del combustible importado se
realizará exclusivamente a través de Ecopetrol acorde con la reglamentación que
expida el Gobierno Nacional.
Artículo 87. Amplíese en seis (6) meses a partir de la sanción de
la presente ley, el plazo para reglamentar la Ley 191 de 1995 (Ley de
Fronteras).
Artículo 88. Impuesto de registro de
instrumentos públicos y derechos notariales. Constituyen actos sin cuantía para efectos de la
liquidación de derechos notariales y registrales, la transferencia a título de
dación en pago de los bienes inmuebles que garantizan una obligación hipotecaria.
Artículo 89. Los fondos provenientes de auxilios de entidades o
Gobiernos extranjeros convenidos con el Gobierno colombiano, destinados a
realizar donaciones de utilidad común y amparados por acuerdos
intergubernamentales, estarán exentos de todo impuesto, tasa o contribución.
Artículo 90. La base gravable para los vehículos que entran en
circulación por primera vez está constituida por el valor total registrado en
la factura de venta sin incluir el IVA, o cuando son importados directamente
por el usuario propietario o poseedor, por el valor total registrado en la
declaración de importación.
Artículo 91. Todas las páginas Web y sitios de Internet de origen
colombiano que operan en el Internet y cuya actividad económica sea de carácter
comercial, financiero o de prestación de servicios, deberán inscribirse en el
Registro Mercantil y suministrar a la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales DIAN, la información de transacciones económicas en los términos que
esta entidad lo requiera.
Artículo 92. Para efectos del artículo 18 del Decreto 350 de 1999,
el consejo directivo del Forec determinará la naturaleza de los contratos de
prestación de servicios celebrados con las gerencias zonales para la
reconstrucción económica, social y ecológica de la región del Eje Cafetero
afectada por el terremoto del 25 de enero de 1999.
Artículo 93. Interprétase con autoridad el texto del literal d)
del numeral 2 del artículo 39 de la Ley 14 de 1983, en el sentido que se
entiende incorporada en dicha norma la prohibición de gravar con el impuesto de
industria y comercio las actividades de apoyo, fomento y promoción de la
educación pública, que cumplen los Organismos del Estado en desarrollo de su
objeto social, dentro de los fines del artículo 67 de la Constitución Política
y los recursos de las entidades integrantes del Sistema General de Seguridad
Social en Salud, en el porcentaje de la Unidad de Pago por Capitación, UPC,
destinado obligatoriamente a la prestación de los servicios de salud, los ingresos
provenientes de las cotizaciones y los ingresos destinados al pago de las
prestaciones económicas, conforme a lo previsto en el artículo 48 de la
Constitución Política.
Artículo 94. El Departamento del Atlántico en su calidad de Ente
Recaudador del producido del Impuesto denominado Estampilla "Ciudadela
Universitaria del Atlántico", administrará el cien por ciento (100%) del
recurso de la estampilla a través de la Junta Especial denominada "Junta
Ciudadela Universitaria del Atlántico", dicho impuesto quedará vigente de
manera indefinida y se utilizará destinando el ochenta por ciento (80%) para la
construcción, dotación y sostenimiento de la Universidad del Atlántico y el
veinte por ciento (20%) para la construcción y mejoramiento de vivienda de
interés social e infraestructura de servicios públicos domiciliarios del
Departamento del Atlántico.
Artículo 95. Las instituciones universitarias que tengan vigente
ley de Estampilla Universitaria, que hayan terminado la construcción de sus
sedes o subsedes, destinarán a partir de la vigencia de la presente ley sus
recursos de la siguiente forma: Treinta por ciento (30%) para adquisición de
equipos de laboratorio, recursos educativos, apoyo a la investigación,
transferencia de tecnología y dotación, treinta por ciento (30%) para
mantenimiento y servicios, 20% para contribuir al pasivo pensional de la
Universidad respectiva y veinte por ciento (20%) para futuras ampliaciones.
Parágrafo. Se excluyen de este artículo las instituciones cuya
construcción de sedes o subsedes, amortización de créditos y las futuras
ampliaciones se encuentren vigentes, las cuales una vez hayan cumplido se
aplicará lo establecido en el presente artículo.
Los excedentes liberados del servicio de
la deuda tendrán libre destinación.
Artículo 96. Tarifa de las licencias
ambientales y otros instrumentos de control y manejo ambiental. Modifícase el artículo 28 de la Ley 344
de 1996, el cual quedará así:
"Artículo 28. Las autoridades
ambientales cobrarán los servicios de evaluación y los servicios de seguimiento
de la licencia ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás
instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en la ley y los
reglamentos.
Los costos por concepto de cobro de los
citados servicios que sean cobrados por el Ministerio del Medio Ambiente
entrarán a una subcuenta especial del Fonam y serán utilizados para sufragar
los costos de evaluación y seguimiento en que deba incurrir el Ministerio para
la prestación de estos servicios.
De conformidad con el artículo 338 de la
Constitución Nacional para la fijación de las tarifas que se autorizan en este
artículo, el Ministerio del Medio Ambiente y las autoridades ambientales
aplicarán el sistema que se describe a continuación. La tarifa incluirá:
a) El valor total de los honorarios de los
profesionales requeridos para la realización de la tarea propuesta;
b) El valor total de los viáticos y gastos
de viaje de los profesionales que se ocasionen para el estudio, la expedición,
el seguimiento y/o el monitoreo de la licencia ambiental, permisos, concesiones
o autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental
establecidos en la ley y los reglamentos;
c) El valor total de los análisis de
laboratorio u otros estudios y diseños técnicos que sean requeridos tanto para
la evaluación como para el seguimiento.
Las autoridades ambientales aplicarán el
siguiente método de cálculo: Para el literal a) se estimará el número de
profesionales/mes o contratistas/mes y se aplicarán las categorías y tarifas de
sueldos de contratos del Ministerio del Transporte y para el caso de
contratistas Internacionales, las escalas tarifarias para contratos de
consultoría del Banco Mundial o del PNUD; para el literal b) sobre un
estimativo de visitas a la zona del proyecto se calculará el monto de los
gastos de viaje necesarios, valorados de acuerdo con las tarifas del transporte
público y la escala de viáticos del Ministerio del Medio Ambiente; para el
literal c) el costo de los análisis de laboratorio u otros trabajos técnicos
será incorporado en cada caso, de acuerdo con las cotizaciones específicas. A
la sumatoria de estos tres costos a), b), y c) se le aplicará un porcentaje que
anualmente fijará el Ministerio del Medio Ambiente por gastos de administración.
Las tarifas que se cobran por concepto de
la prestación de los servicios de evaluación y de los servicios de seguimiento
ambiental, según sea el caso, no podrán exceder los siguientes topes:
1. Aquellos que tengan un valor de dos mil
ciento quince (2.115) salarios mínimos mensuales vigentes tendrán una tarifa
máxima del cero punto seis por ciento (0.6%).
2. Aquellos que tengan un valor superior a
los dos mil ciento quince (2.115) salarios mínimos mensuales vigentes e
inferior a los ocho mil cuatrocientos cincuenta y ocho (8.458) salarios mínimos
mensuales vigentes tendrán una tarifa máxima del cero punto cinco por ciento
(0.5%).
3. Aquellos que tengan un valor superior a
los ocho mil cuatrocientos cincuenta y ocho (8.458) salarios mínimos mensuales
vigentes, tendrán una tarifa máxima del cero punto cuatro por ciento (0.4%).
Las autoridades ambientales prestarán los
servicios ambientales de evaluación y seguimiento a que hace referencia el
presente artículo a través de sus funcionarios o contratistas.
Los ingresos por concepto de los permisos
de importación y exportación de especies de fauna y flora silvestres no Cites,
los establecidos en la Convención Internacional sobre Comercio de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres Cites, los de fabricación y distribución
de sistemas de marcaje de especies de la biodiversidad y los ingresos
percibidos por concepto de ecoturismo ingresarán al Fondo Nacional Ambiental,
Fonam".
Artículo 97. Deducción por nuevas
inversiones realizadas para el transporte aéreo en las zonas apartadas del
país. Las aerolíneas
privadas que incrementen el número de vuelos semanales con las mismas tarifas
de las aerolíneas estatales, a las zonas apartadas del país que presentan
serias dificultades de acceso, podrán deducir de su renta bruta el valor de las
nuevas inversiones realizadas en el año o período gravable, que sean necesarias
para extender sus operaciones a dichas zonas del país, siempre y cuando estas
inversiones no se realicen en terrenos y no sean objeto de otras deducciones
previstas en el Estatuto Tributario. El Gobierno Nacional reglamentará la
aplicación de esta norma.
El valor a deducir por este concepto no
podrá en ningún caso exceder del quince por ciento (15%) anual de la renta
líquida del contribuyente calculada antes de detraer tales deducciones.
Artículo 98. Deducción por inversiones en
centros de reclusión. Las
empresas o personas naturales podrán deducir de su renta bruta el valor de las
nuevas inversiones realizadas en el año o período gravable, en centros de
reclusión, siempre que se destinen efectivamente a programas de trabajo y
educación de los internos, certificados por el Inpec, y se vincule laboralmente
a la empresa personas naturales pospenadas que hayan observado buena conducta
certificada por el Consejo de Disciplina del respectivo centro de reclusión.
El valor a deducir por este concepto no
podrá en ningún caso exceder del quince por ciento (15%) anual de la renta
líquida del contribuyente calculada antes de detraer tales deducciones.
Artículo 99. Modifícase el artículo 91 de la Ley 488 de 1998, el
cual quedará así:
"Artículo 91. Normas aplicables al
control del pago de aportes parafiscales en materia de Seguridad Social.
Las entidades administradoras de los distintos riesgos que conforman el Sistema
de Seguridad Social Integral establecido por la Ley 100 de 1993 y el Decreto
1295 de 1994, independientemente de su carácter público o privado, tendrán la
responsabilidad, conjuntamente con la Superintendencia Nacional de Salud y el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de ejercer las tareas de control a la
adecuada, completa y oportuna liquidación y pago de los aportes que financian
dicho Sistema.
Para el ejercicio de las tareas de control
que aquí se establecen, las mencionadas entidades gozarán de las facultades de
fiscalización que establece el Libro V del Estatuto Tributario Nacional, en
cuanto ellas resulten compatibles con el ejercicio de tales atribuciones. El
Gobierno Nacional, al reglamentar la presente disposición, deberá armonizar las
normas del Libro V del Estatuto Tributario Nacional con las características que
tienen los distintos Subsistemas que integran el Sistema de Seguridad Social
Integral; la naturaleza de parafiscales que tienen los aportes que financian
dicho Sistema y la naturaleza jurídica y capacidad operativa de las entidades
que administran tales aportes.
En todo caso, en ejercicio de las tareas
de control, las entidades administradoras podrán verificar la exactitud y
consistencia de la información contenida en las declaraciones de
autoliquidación de aportes al Sistema que hayan recibido; solicitar de los
aportantes, afiliados o beneficiarios la información que estimen conveniente
para establecer la ocurrencia de hechos generadores de obligaciones para con el
Sistema, al igual que solicitar de aquéllos y éstos las explicaciones sobre las
inconsistencias en la información relativa a sus aportes a los distintos
riesgos que haya sido detectada a través del Registro Único de Aportantes a que
alude el inciso final del presente artículo. En ningún caso las entidades
administradoras podrán modificar unilateralmente tales declaraciones, salvo que
se trate de simples errores aritméticos o del período de cotización en salud.
Agotada la etapa persuasiva de control a
que alude el inciso anterior sin que el aportante acepte corregir la situación
anómala detectada por la administradora, ésta deberá dar traslado de las
actuaciones surtidas a la entidad que resulte competente para conocer de las
mismas, según el riesgo de que se trate. En el caso del Sistema de Seguridad
Social en Salud, dicha competencia recaerá en la Superintendencia Nacional de
Salud.
En los casos que correspondan al Sistema
de Seguridad Social en Pensiones o Riesgos Profesionales, será competente el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Además de las obligaciones establecidas en
la presente disposición, las entidades administradoras de los distintos riesgos
que conforman el Sistema de Seguridad Social Integral, y las entidades administradoras
de los regímenes especiales que existan en materia de seguridad social, tendrán
la obligación de suministrar a la entidad encargada de la administración del
Registro Unico de Aportantes, RUA, la información relativa a sus aportantes,
afiliados y beneficiarios dentro de los términos y con los requisitos que
establezca el reglamento. El Registro Único de Aportantes, RUA, deberá contar
con la información completa, confiable y oportuna sobre los aportantes,
afiliados y beneficiarios al Sistema de Seguridad Social Integral y a los
regímenes especiales en materia de seguridad social, de tal manera que el mismo
se constituye en una herramienta para el control del cumplimiento de las
obligaciones que la ley establece en materia de seguridad social".
Artículo 100. Adiciónase el artículo 635 del Estatuto Tributario
con el siguiente parágrafo transitorio:
Parágrafo transitorio. Para la liquidación
de los intereses moratorios de las obligaciones que se cancelen en efectivo
durante el primer trimestre del año 2001, se aplicarán las siguientes tasas:
Siete por ciento (7%) efectivo anual, para
deudas pendientes de pago por los años gravables 1997 y anteriores.
Nueve por ciento (9%) efectivo anual, para
deudas pendientes de pago por los años gravables 1998 y 1999.
Diez por ciento (10%) efectivo anual, para
deudas pendientes de pago correspondientes al año gravable 2000.
Estas tasas no serán aplicables para la
liquidación de los intereses moratorios cuando haya lugar al otorgamiento de
plazos para el pago.
Las disposiciones contenidas en el
presente parágrafo podrán ser aplicadas por los entes territoriales en relación
con las obligaciones de su competencia. Para tal efecto el plazo para cancelar
las obligaciones y liquidar los intereses correspondientes será hasta el 30 de
junio del año 2001.
Artículo 101. Conciliación contenciosa
administrativa tributaria. Los
contribuyentes y responsables de los impuestos sobre la renta, ventas,
retención en la fuente y timbre nacional, que hayan presentado demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo antes de la vigencia de esta ley, con respecto a la cual no se
haya proferido sentencia definitiva, podrán conciliar antes del día 31 de julio
del año 2001, con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales hasta un
veinte (20%) por ciento del mayor impuesto discutido, y el valor total de las
sanciones e intereses según el caso, cuando el proceso contra una liquidación
oficial se halle en primera instancia, lo anterior siempre y cuando el
contribuyente o responsable pague el ochenta por ciento (80%) del mayor
impuesto y su actualización en discusión.
Si se trata de una demanda contra una
resolución que impone una sanción, se podrá conciliar hasta un veinte por
ciento (20%) el valor de la misma, para lo cual se deberá pagar el ochenta por
ciento (80%) del valor de la sanción y su actualización, según el caso.
Cuando el proceso contra una liquidación
oficial se halle en única instancia o en conocimiento del Honorable Consejo de
Estado, se podrá conciliar sólo el valor total de las sanciones e intereses,
siempre que el contribuyente o responsable pague el ciento por ciento (100%)
del mayor impuesto y su actualización en discusión.
Para tales efectos se deberá adjuntar la
prueba del pago o acuerdo de pago de:
a) La liquidación privada de impuesto
sobre la renta por el año gravable 1999 cuando se trate de un proceso por dicho
impuesto;
b) Las declaraciones del impuesto a las
ventas correspondientes al año 2000, cuando se trata de un proceso por dicho
impuesto;
c) Las declaraciones de retención en la
fuente correspondientes al año 2000, cuando se trate de un proceso por este
concepto;
d) De los valores conciliados, según el
caso.
El acuerdo conciliatorio prestará mérito
ejecutivo de conformidad con lo señalado en los artículos 828 y 829 del
Estatuto Tributario, y hará tránsito a cosa juzgada.
Lo no previsto en esta disposición se
regulará conforme a la Ley 446 de 1998 y el Código Contencioso Administrativo,
con excepción de las normas que le sean contrarias.
Las disposiciones contenidas en el
presente artículo podrán ser aplicadas por los entes territoriales en relación
con las obligaciones de su competencia. Lo anterior también será aplicable
respecto del impuesto al consumo.
Artículo 102. Terminación por mutuo
acuerdo de los procesos administrativos tributarios. Los contribuyentes y responsables de los
impuestos sobre la renta, ventas, timbre y retención en la fuente, a quienes se
les haya notificado antes de la vigencia de esta ley, Requerimiento Especial,
Pliego de Cargos, Liquidación de Revisión o Resolución que impone sanción,
podrán transar antes del 31 de julio del año 2001 con la Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales:
a) Hasta un cincuenta por ciento (50%) del
mayor impuesto discutido como consecuencia de un requerimiento especial, y el
valor total de las sanciones, intereses y actualización según el caso, en el
evento de no haberse notificado liquidación oficial; siempre y cuando el
contribuyente o responsable corrija su declaración privada, y pague el
cincuenta por ciento (50%) del mayor impuesto propuesto;
b) Hasta un veinticinco por ciento (25%)
del mayor impuesto y el valor total de las sanciones, intereses y actualización
según el caso, determinadas mediante liquidación oficial, siempre y cuando no
hayan interpuesto demanda ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, y el
contribuyente o responsable corrija su declaración privada pagando el setenta y
cinco por ciento (75%) del mayor impuesto determinado oficialmente;
c) Hasta un cincuenta por ciento (50%) del
valor de la sanción sin actualización, propuesta como consecuencia de un pliego
de cargos, en el evento de no haberse notificado resolución sancionatoria,
siempre y cuando se pague el cincuenta por ciento (50%) de la sanción
propuesta;
d) Hasta un veinticinco por ciento (25%)
del valor de la sanción sin actualización, en el evento de haberse notificado
resolución sancionatoria, siempre y cuando se pague el setenta y cinco por
ciento (75%) del valor de la sanción impuesta.
Para tales efectos dichos contribuyentes
deberán adjuntar la prueba del pago o acuerdo de pago de la liquidación privada
del impuesto de renta por el año gravable de 1999, del pago o acuerdo de pago
de la liquidación privada del impuesto o retención según el caso
correspondiente al período materia de la discusión, y la del pago o acuerdo de
pago de los valores transados según el caso.
La terminación por mutuo acuerdo que pone
fin a la actuación administrativa tributaria prestará mérito ejecutivo de
conformidad con lo señalado en los artículos 828 y 829 del Estatuto Tributario,
y con su cumplimiento se entenderá extinguida la obligación por la totalidad de
las sumas en discusión.
Los términos de corrección previstos en
los artículos 588, 709 y 713 del Estatuto Tributario se extenderán
temporalmente con el fin de permitir la adecuada aplicación de esta
disposición, y la del parágrafo transitorio del artículo 424 del Estatuto
Tributario.
Las disposiciones contenidas en el presente
artículo podrán ser aplicadas por los entes territoriales en relación con las
obligaciones de su competencia. Lo anterior también será aplicable respecto del
impuesto al consumo.
Artículo 103. A partir del 1º de enero del año 2001 la Nación cede
a favor del Municipio de Zipaquirá la totalidad de los ingresos provenientes
del valor que se paga por la entrada a visitar la Catedral de Sal de Zipaquirá.
Estos recursos serán utilizados por el Municipio prioritariamente para el
mantenimiento y funcionamiento óptimo de la Catedral como monumento
turístico-religioso y para fomentar el desarrollo turístico y sus obras de
infraestructura del orden local y regional, en armonía con lo establecido por
la Ley 388 de 1997 sobre planes y programas del orden territorial a escala
municipal, departamental y nacional.
Artículo 104. La tarifa del impuesto al consumo de que trata la Ley
223 de 1995 no se aplicará en el Departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina.
Artículo 105. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 de
la Ley 550 de 1999, durante la negociación y ejecución de un Acuerdo de
Reestructuración y por un término máximo no prorrogable de ocho (8) años
contados desde la fecha de celebración del acuerdo, el empresario no estará sometido
al régimen de renta presuntiva establecido en el artículo 188 del Estatuto
Tributario. Sobre la parte del año en que se celebre el acuerdo y que haya
transcurrido con anterioridad a su celebración, el régimen de renta presuntiva
se aplicará en forma proporcional.
Artículo 106. Modifícase el artículo 146 de la Ley 488 de 1998, el
cual quedará así:
"Artículo 146. Declaración y pago.
El impuesto de vehículos automotores se declarará y pagará anualmente, ante los
departamentos o el Distrito Capital según el lugar donde se encuentre
matriculado el respectivo vehículo.
El impuesto será administrado por los
departamentos y el Distrito Capital. Se pagará dentro de los plazos y en las
instituciones financieras que para el efecto éstas señalen. En lo relativo a
las declaraciones, determinación oficial, discusión y cobro, podrán adoptar en
lo pertinente los procedimientos del Estatuto Tributario Nacional.
La Dirección de Apoyo Fiscal del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público prescribirá los formularios
correspondientes, en los cuales habrá una casilla para indicar la compañía que
expidió el seguro obligatorio de accidentes de tránsito y el número de la
póliza. Así mismo, discriminará el porcentaje correspondiente al municipio y al
departamento. La institución financiera consignará en las respectivas cuentas
el monto correspondiente a los municipios y al departamento.
La Dirección de Impuestos Distritales
prescribirá los formularios del Impuesto de Vehículos automotores en la
jurisdicción del Distrito Capital de Bogotá. El formulario incluirá la casilla
de que trata el inciso anterior".
Artículo 107. Modifícase el artículo 150 de la Ley 488 de 1998, el
cual quedará así:
"Artículo 150. Distribución del
recaudo. Del total recaudado por concepto de impuesto, sanciones e
intereses, en su jurisdicción, al departamento le corresponde el ochenta por
ciento (80%). El veinte por ciento (20%) corresponde a los municipios a que
corresponda la dirección informada en la declaración.
El Gobierno Nacional determinará el máximo
número de días que podrán exigir las entidades financieras como reciprocidad
por el recaudo del impuesto, entrega de las calcomanías y el procedimiento
mediante el cual estas abonarán a los respectivos entes territoriales el monto correspondiente.
Parágrafo. Al Distrito Capital le corresponde la totalidad del
impuesto recaudado en su jurisdicción".
Artículo 108. El diez por ciento (10%) del recaudo del punto
adicional del IVA, una vez descontado el situado fiscal, se destinará a financiar
gastos de los programas de prevención y atención del desplazamiento forzado.
Artículo 109. Adiciónase el artículo 518 del Estatuto Tributario,
con el siguiente numeral:
"5. Los jueces, conciliadores,
tribunales de arbitramento por los documentos sujetos al impuesto, que obren
sin pago del gravamen en los respectivos procesos y conciliaciones judiciales y
extrajudiciales".
Artículo 110. Findeter transferirá anualmente a la Nación el
producto del recaudo de la deuda de municipios y empresas de servicios públicos
con Insfopal, realizados según la Ley 57 de 1989, recursos que se destinarán en
su totalidad, anualmente a la financiación del programa de modernización
empresarial ejecutado por el Ministerio de Desarrollo Económico.
Artículo 111. El Ministerio de Educación Nacional podrá destinar
los recursos a que hace referencia el numeral 4 del artículo 11 de la Ley 21 de
1982 a proyectos de mejoramiento en infraestructura y dotación de instituciones
de educación media técnica y media académica. Para este efecto el Ministerio de
Educación Nacional señalará las prioridades de inversión y con cargo a estos
recursos, realizará el estudio y seguimiento de los proyectos.
Artículo 112. Agrégase al artículo 480 del Estatuto Tributario, el
siguiente parágrafo:
"La calificación de que trata este
artículo, no se aplicará para las Entidades Oficiales".
Artículo 113. El veinte (20%) del recaudo adicional al pasar la
tarifa general del IVA del 15% al 16%, obligatoriamente deberá ser invertido en
programas de inversión social.
Artículo 114. Adiciónase el numeral 51 del artículo 530 del
Estatuto Tributario, el cual quedará así:
"51. Los documentos privados mediante
los cuales se acuerde la exportación de bienes de producción nacional y de
servicios".
Artículo 115. Adiciónase el artículo 19 del E.T. (Régimen Especial
de Renta) con el siguiente numeral:
Numeral 3. Las asociaciones gremiales
respecto de sus actividades industriales y de mercadeo.
Artículo 116. Las empresas agroindustriales ubicadas en la zona
donde tienen derecho a solicitar los beneficios tributarios establecidos en el
Decreto 1264 de 1994, en la Ley 218 de 1995, en la 383 de 1997 y demás normas
concordantes, que hubieren solicitado licencia ambiental a autoridad competente
antes del 1º de enero de 1999 y no la hubieren obtenido a la fecha de
aprobación de esta Ley en el Congreso, perderán de manera definitiva dichos
beneficios fiscales.
Artículo 117. Adiciónase el siguiente parágrafo al artículo 578 del
Estatuto Tributario (Utilización de formularios):
Parágrafo. A partir del año 2001 la DIAN reajustará los precios
de los formularios para la declaración y pago de anticipos, retenciones e
impuestos, hasta dos (2) veces la tasa de inflación registrada en el año
inmediatamente anterior.
Artículo 118. El último inciso del artículo 23-1 del Estatuto
Tributario quedará así:
"Interprétase con autoridad que
tampoco se consideran contribuyentes del impuesto sobre la renta y
complementarios los fondos parafiscales, agropecuarios y pesqueros, de que
trata el capítulo V de la Ley 101 de 1993 y el Fondo de Promoción Turística de
que trata la Ley 300 de 1996.
Artículo 119. A partir de la vigencia fiscal de 2001 las
apropiaciones previstas en el presupuesto de gastos del Ministerio de Minas y
Energía, el Fondo Nacional de Regalías y Cormagdalena asociadas al Plan de
Inversiones de la Costa Atlántica, se ubicarán en el presupuesto del servicio
de la deuda. Para ello el Ministro de Hacienda y Crédito Público-Dirección
General del Presupuesto y el Departamento Nacional de Planeación harán los
ajustes correspondientes en el anexo del decreto de liquidación del presupuesto
para el año 2001.
Artículo 120. Los recursos a que hace referencia el artículo 22 de
la Ley 48 de 1993 y los recaudos por conceptos de mora, multa y sanciones
pecuniarias liquidadas en función de los mismos continuarán perteneciendo al
Fondo de Defensa Nacional. También pertenecerán a este Fondo los recursos
provenientes de la venta de activos de propiedad del Ministerio de Defensa
Nacional y de las donaciones que se realicen al mismo. Con los recursos
provenientes de la venta de activos no se podrán financiar gastos recurrentes.
Estos recursos serán recaudados
directamente por el Ministerio de Defensa Nacional-Fondo de Defensa Nacional,
se presupuestarán sin situación de fondos y se destinarán al desarrollo de los
objetivos y funciones de la fuerza pública en cumplimiento de su misión
constitucional.
Artículo 121. Interprétase con autoridad que las actividades
desarrolladas conforme a la ley, por la Nación, sus establecimientos públicos,
Superintendencias y Unidades Administrativas Especiales del orden nacional,
tienen el carácter de funciones administrativas, no sujetas ellas, ni sus
ingresos, al impuesto de Industria y Comercio.
Artículo 122. Para las entidades públicas en disolución,
liquidación o concordato liquidatorio se podrán suspender las sanciones que se
encuentren en firme o en proceso de discusión siempre que medie el pago del
veinte por ciento (20%) del valor determinado en las respectivas Resoluciones.
Este pago deberá realizarse al finalizar el proceso liquidatorio teniendo en
cuenta las prelaciones establecidas por la ley para estas obligaciones.
Artículo 123. Adiciónese el numeral 9 del artículo 476 del
Estatuto Tributario con la frase "y de pensionados".
Artículo 124. Se adiciona al artículo 476 del Estatuto Tributario
el siguiente numeral:
"18. El servicio prestado por
establecimientos exclusivamente relacionados con el ejercicio físico y que no
comprenda actividades de carácter estético y/o de belleza.
Artículo 125. Exclúyase del inciso del artículo 424 del Estatuto
Tributario vigente, las máquinas inteligentes de lectura.
Artículo 126. El artículo 459 del Estatuto Tributario quedará así:
"Artículo 459. Base gravable en
las importaciones. La base gravable, sobre la cual se liquida el impuesto
sobre las ventas en el caso de las mercancías importadas, será la misma que se
tiene en cuenta para liquidar los derechos de aduana, adicionados con el valor
de este gravamen.
Parágrafo. Cuando se trate de mercancías cuyo valor involucre
la prestación de un servicio o resulte incrementado por la inclusión del valor
de un bien intangible, la base gravable será determinada aplicando las normas
sobre valoración aduanera, de conformidad con lo establecido por el Acuerdo de
Valoración de la Organización Mundial de Comercio (OMC).
Artículo 127. Artículo 90, inciso 4° Estatuto Tributario modificado
por el artículo 78 de la Ley 223 de 1995.
Se tiene por valor comercial el señalado
por las partes, siempre que no difiera notoriamente del precio comercial
promedio para bienes de la misma especie, en la fecha de su enajenación. Si se
trata de bienes raíces, no se aceptará un precio inferior al costo, al avalúo
catastral ni al autoavalúo mencionado en el artículo 72 de este Estatuto, salvo
que se demuestre la procedencia de un menor valor con base en un avalúo técnico
realizado por un perito autorizado por la Lonja de Propiedad Raíz o del
Instituto Agustín Codazzi. El avalúo así efectuado sólo podrá ser cuestionado
fiscalmente por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales mediante
peritaje técnico autorizado por la Lonja de Propiedad Raíz.
Cuando el valor asignado por las partes
difiera notoriamente del valor comercial de los bienes en la fecha de su
enajenación, conforme a lo dispuesto en este artículo, el funcionario que esté
adelantando el proceso de fiscalización respectivo, podrá rechazarlo para los
efectos impositivos y señalar un precio de enajenación acorde con la
naturaleza, condiciones y estado de los activos; atendiendo a los datos
estadísticos producidos por la Dirección General de Impuestos Nacionales, por
el Departamento Nacional de Estadística, por la Superintendencia de Industria y
Comercio, por el Banco de la República u otras entidades afines. Su aplicación
y discusión se harán dentro del mismo proceso.
Se entiende que el valor asignado por las
partes difiere notoriamente del promedio vigente, cuando se aparte en más de un
veinticinco por ciento (25%) de los precios establecidos en el comercio para
los bienes de la misma especie y calidad, en la fecha de enajenación, teniendo
en cuenta la naturaleza, condiciones y estado de los activos
.
Artículo 128. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales establecerá
los mecanismos necesarios para evitar la triangulación de mercancías
introducidas al país al amparo de acuerdos comerciales suscritos por Colombia
con otros países.
Tales mecanismos comprenderán la
verificación y el control de los requisitos de origen, atendiendo lo
establecido en los respectivos acuerdos y las prácticas de pruebas obtenidas en
el país que expide el certificado de origen, de acuerdo con la reglamentación
que para tal efecto señale el Gobierno Nacional.
Artículo 129. El Inurbe podrá adelantar un programa de
refinanciación de las obligaciones que tengan los deudores del ICT mejorando
los plazos de la Resolución número 0167 de 2000 y las tasas de interés para
pago de capital (plazo mínimo de 12 meses) e intereses.
Artículo 130. Quedan excluidos del impuesto a las ventas y de los
aranceles de importación los equipos, elementos e insumos nacionales o
importados directamente con el presupuesto aprobado por el Inpec o por la
autoridad nacional respectiva que se destinen a la construcción, instalación,
montaje, dotación y operación del sistema carcelario nacional, para lo cual
deberá acreditarse tal condición por certificación escrita expedida por el
Ministro de Justicia y del Derecho.
Artículo 131. Adiciónase el artículo 145 del Estatuto Tributario
con el siguiente parágrafo:
"Parágrafo. A partir del año
gravable 2000 serán deducibles por las entidades sujetas a la inspección y
vigilancia de la Superintendencia Bancaria, la provisión individual de cartera
de créditos y la provisión de coeficiente de riesgo realizadas durante el
respectivo año gravable.
Así mismo, serán deducibles de la
siguiente manera las provisiones realizadas durante el respectivo año gravable
sobre bienes recibidos en dación en pago y sobre contratos de leasing que deban
realizarse conforme a las normas vigentes:
a) El 20% por el año gravable 2000;
b) El 40% por el año gravable 2001,
c) El 60% por el año gravable 2002;
d) El 80% para el año gravable 2003;
e) A partir del año gravable 2004 el 100%.
Artículo 132. Están excluidos del impuesto sobre las ventas los
anticonceptivos orales (30.06.00.00)
Artículo 133. Autorízase, por una sola vez, para que los municipios
y departamentos productores de hidrocarburos dispongan del reintegro de sus
derechos en el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera de que trata la Ley
209 de 1995, para destinarlo exclusivamente para el pago de deuda vigente a la
fecha de la expedición de la presente ley.
El Gobierno dispondrá de los recursos
correspondientes al Fondo Nacional de Regalías en el Fondo de Ahorro y
Estabilización Petrolera, para asignarlos a los municipios y departamentos no
productores de hidrocarburos, con destinación exclusiva al pago de la deuda
causada por la financiación de proyectos y programas de desarrollo. Los recursos
que se liberen en virtud del presente artículo se destinarán en forma exclusiva
a inversión y en ningún caso a gastos de funcionamiento.
El gobierno reglamentará la distribución
de los recursos a que hace referencia la presente ley.
Artículo 134. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de su
promulgación y deroga las normas que le sean contrarias, en especial las
siguientes: los artículos 115-1; 126-3; 175; 210; 214; 240-1; la frase "lo
anterior no se aplica a los servicios de radio y televisión" del literal
g) del numeral 3 del parágrafo 3 del artículo 420; parágrafo 1° del artículo
471; parágrafo del artículo 473; 710 incisos 4º y 5º; los incisos 2 y 3 del
parágrafo del artículo 815; 815-2; 822-1; los incisos 2° y 3° del parágrafo del
artículo 850 del Estatuto Tributario; el artículo 8° de la Ley 122 de 1994; el
artículo 27 de la Ley 191 de 1995; los artículos 41 y 149 de la Ley 488 de
1998; la frase "de servicios" a que hace referencia el inciso primero
del artículo 2º y los artículos 18 a 27 de la Ley 608 de 2000; artículo 70 de
la Ley 617 de 2000.
Exclúyase a los aeropuertos privatizados
y/o que operan en concesión del inciso segundo del artículo 160 del Decreto
1421 de 1993.
Parágrafo. Las normas legales referentes a los regímenes
tributario y aduanero especiales para el Departamento de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, continuarán vigentes, al igual que el Régimen
Aduanero Especial para el Departamento del Amazonas.
III. LA DEMANDA
En síntesis, estos
son los cargos de inconstitucionalidad que el actor formula contra la Ley 633
de 2000:
·
Desconocimiento del
trámite constitucional
En la ponencia para
primer debate el proyecto contaba con 74 artículos y la ley demandada  al final
contó con 134, de los cuales los artículos 5, 6, 8, 18, 30, 31, 32, 33, 37,
39,  no cumplieron el trámite constitucional, como quiera que no fueron
presentados en la primera ponencia.
·
Violación del
artículo 157 de la Ley Fundamental
La normatividad
impugnada desconoce este precepto superior, puesto que el proyecto de ley que
tramitó el Congreso de la República no fue aprobado en primer debate por la
comisión correspondiente, en este caso, la Comisión Tercera Constitucional
Permanente, que conoce de la materia impositiva, sino por las comisiones
conjuntas terceras y cuartas del Senado y de la Cámara de Representantes, sin
que este procedimiento esté consagrado para un proyecto de ley de tal
naturaleza. Además, el proyecto carecía de la solicitud de urgencia del
Gobierno Nacional que justificara su estudio conjunto por las comisiones de
asuntos económicos.
Según el artículo
169 del Reglamento del Congreso, las comisiones homólogas de una y otra cámara
sesionan conjuntamente por disposición constitucional y por solicitud
gubernamental. El primer evento se encuentra autorizado en los artículos 341 y
346 de la Carta, que prevén la sesión conjunta de ambas cámaras legislativas
solamente para darle primer debate al proyecto de ley anual de presupuesto y al
plan nacional de desarrollo. El segundo caso, hace referencia al mensaje de
urgencia que envía el Presidente de la República al Congreso Nacional.
Por lo tanto, en el
trámite de la Ley 633 de 2000, que es una ley ordinaria, no sólo se violó el
artículo 157 Superior, sino también el artículo 151 ibidem y lo establecido en
los artículos 169 de la Ley 5ª de 1992 y 2° de la Ley 3ª de 1992, a cuyos
dictados se encuentra sometido el Congreso por tratarse de leyes orgánicas.
·
Infracción del
artículo 163 Superior
Se desconoció este
mandato constitucional, porque el proyecto de ley demandado en ninguna de sus
etapas recibió del Gobierno la solicitud del trámite de urgencia. En
consecuencia, se tornan inconstitucionales sus disposiciones al haber sido
estudiadas y aprobadas conjuntamente por las comisiones terceras y cuartas de
Congreso, sin haberse cumplido con esta formalidad.
·
Trasgresión del
artículo 160 Constitucional
Esta norma fundamental establece que
entre la aprobación del proyecto en una de las cámaras  y la iniciación del
debate en la otra deben transcurrir por lo menos 15 días. Si la Ley 633 hubiera
contado con el mensaje de urgencia, se violaría la citada disposición superior,
puesto que en estos casos no puede operar la simultaneidad, dado que el
constituyente no reguló el trámite de un proyecto de ley con mensaje de
urgencia en las plenarias de las cámaras, quizás con la intención de que las
leyes no fueran aprobadas sin un estudio detenido y consciente.
·
Desconocimiento de
los artículos 175 y 182 del Reglamento del Congreso
La ley demandada
fue aprobada en la plenaria de la Cámara de Representantes el 14 de diciembre
de 2000, y en la plenaria del Senado el día 15 del mismo mes y año.
No se observó el
artículo 175, que ordena que en el informe a la plenaria el ponente deberá
consignar la totalidad de las propuestas consideradas por la comisión y las
razones de su rechazo, so pena de que no sea considerado el respectivo
proyecto.
También se violó el
artículo 182, según el cual finalizado el debate en la plenaria el ponente, a
la vista del texto de proyecto aprobado y de las enmiendas presentadas,
redactará un informe final dentro de los 5 días siguientes.
·
Violación del
artículo 161 de la Constitución
El texto aprobado en la plenaria de la
Cámara de Representantes, que pasó a segundo debate en el Senado, presentaba
algunas diferencias que se pretendieron remediar mediante una comisión de
conciliación.
Por imposibilidad
temporal, el trámite previsto en el canon 161 Superior, para el funcionamiento
de las comisiones de conciliación no podía cumplirse, puesto que el proyecto
fue aprobado en la Cámara de Representantes el 14 de diciembre de 2000 y en el
Senado el día 15 del mismo mes y año, al paso que el día 16 de diciembre el
Congreso clausuró sus sesiones ordinarias.
Igualmente, la
actuación de las comisiones de conciliación desconoció la jurisprudencia
constitucional contenida en las sentencias C-282 de 1995, C-282 de 1997 y
C-702 de 1999.
·
Los artículos 80 a 83 y 119 de la Ley 633 de
2000, vulneran el principio de la unidad de materia
Los artículos 80 a
83 de la ley demandada se refieren a materias diferentes a la temática regulada
en ella, por cuanto regulan asuntos presupuestales relacionados con la
energización de las zonas no interconectadas.
Algo similar ocurre
con el artículo 119, al disponer modificaciones en el presupuesto de gastos del
Ministerio de Minas y Energía y otras entidades del Estado.
De esta forma las
normas acusadas desconocen el principio de la unidad de materia, como quiera
que no guardan relación de conexidad con la materia de la Ley 633 de 2000,
referente al tema tributario.
IV. INTERVENCIONES
Dentro del término
de fijación en lista, fueron presentados los siguientes escritos en los que se
defiende la constitucionalidad de la normatividad acusada:
·
Ciudadano Jesús
Alejandro Gutiérrez Casas
Expresa que el
trámite del proyecto de ley que culminó con la expedición de la Ley 633 de
2000, cumplió con el artículo 157 Fundamental, y con las demás normas
reglamentarias del funcionamiento del Congreso, puesto que  sí fue discutido
por las comisiones permanentes terceras y cuartas de cada cámara. Allí se le
dio primer debate a la iniciativa, lo cual desvirtúa el cargo del actor. Las
comisiones sesionaron conjuntamente por el mensaje de urgencia y la comisión de
conciliación regresó el informe a las plenarias.
Manifiesta que
cuando existe desequilibrio o desfinanciación del presupuesto, el artículo 347
de la Constitución dispone que es deber del Gobierno proponer por separado,
ante las mismas comisiones que estudian el proyecto de ley anual de
presupuesto, la creación de nuevas rentas o la modificación de las existentes.
Así, la comisión cuarta del Congreso se encuentra obligada a tramitar tal
iniciativa.
Tratándose de este
propósito, el camino más sano y normal es la creación de nuevos tributos y la
modernización de otros, temática que debe ser discutida y aprobada por la
comisión tercera constitucional, la cual debe trabajar conjuntamente con la
comisión cuarta, según lo establecido en el citado mandato constitucional.
Sostiene que la
comisión accidental de conciliación cumplió con sus deberes, de conformidad con
lo dispuesto en  la Constitución y la ley. Existía la temporalidad necesaria,
puesto que una sesión plenaria se llevó a cabo el 14 de diciembre y la otra  al
día siguiente. Así mismo, no es procedente citar como infringida la doctrina
contenida en las sentencias de la Corte, toda vez que en el caso de la Ley 633
de 2000, su aprobación se produjo en las comisiones que de ninguna manera la
comisión reemplazaron a las comisiones permanentes constitucionales, en la
medida en que se ocuparon de dirimir las discrepancias existentes.
La ley 633 de 2000,
contiene temas presupuestales en las normas que demanda el actor pero no por
ello se rompe la unidad de materia, por cuanto la finalidad de este
ordenamiento legal era la necesidad urgente de sanear las finanzas públicas,
cubrir el déficit fiscal y ajustar el régimen económico de la hacienda pública.
·
Ministerio de
Hacienda y Crédito Público
Ana Luisa Fernanda
Tovar P. en su condición de apoderada del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, manifiesta que algunos de los artículos que son objeto de tacha
constitucional fueron incluidos en el primer debate de las comisiones
conjuntas, terceras y cuartas del Congreso, motivo por el cual no prospera la
acusación por supuesta violación al canon 157 Superior. Se refiere a los
artículos 5, 6, 8, 30, 31, 32, 33, 39, 48, 49, 52 y 80 a 96.
Anota que los
principios de identidad relativa y consecutividad que se deducen del artículo
157 de la Carta, se ven restringidos ante el evento de la simultaneidad de los
debates en las plenarias de las cámaras. El Reglamento del Congreso autoriza
dicha simultaneidad, cuando se estudia el proyecto por las comisiones conjuntas
de ambas cámaras. Así lo ha corroborado la jurisprudencia de la Corte.
En el caso que se
analiza, como la misma Constitución  obliga al debate en las sesiones conjuntas
de las comisiones económicas (arts. 346 y 347), obvio es que también permita la
simultaneidad de los debates por parte de las plenarias. Por ello, no puede
obligarse al cumplimiento del principio de la consecutividad del proyecto de ley,
siendo lógico que las plenarias puedan modificar, adicionar o suprimir
artículos aprobados en primer debate según lo establece el artículo 161
Fundamental y lo acepta la jurisprudencia de la Corte.
Así pues, la
función de las plenarias no es la de ser convidados de piedra, adoptando los
textos aprobados por las comisiones, ya que bajo el principio de participación
activa y democrática, pueden incluir artículos nuevos al proyecto, siempre y
cuando guarden la identidad de materia, como en efecto sucedió con los
artículos 18, 37, 97, 98, 105, 115, 127, 131, 100, 101, 102, 106, 109 y 117,
116, 123, 124, 125 y 130.
A continuación, la
interviniente se refiere al supuesto desconocimiento de los artículos 151, 157
y 160 de la Carta. Al respecto, sostiene que el Presupuesto General de la
Nación para el año 2001 se presentó al Congreso con un gasto desfinanciado,
según lo prevé el artículo 347 Superior. Ante la falta de ingresos que
financiaran los gastos de dicho presupuesto, el Gobierno propuso un proyecto de
ley complementario  de financiación de los gastos.
Expresa que la
Constitución dispone que las comisiones que se ocupen del estudio de dicho
proyecto son las mismas que estudian el proyecto de ley del presupuesto, es
decir, las comisiones de asuntos  económicos, integradas por las comisiones
terceras y cuartas del Congreso que sesionaron conjuntamente, porque
adicionalmente el Presidente de la República envió mensaje de urgencia al
Congreso, explicando  las razones que justificaban la aprobación de un proyecto
de financiación complementario de gastos antes de iniciar la ejecución de las
apropiaciones presupuestales.
Bajo estos
supuestos, el Congreso estaba ampliamente facultado para disponer que
sesionaran conjuntamente las comisiones económicas, con el fin de aprobar en
primer debate el proyecto de recursos complementarios. Ante  este evento, la
Carta y el Reglamento del Congresos permiten la simultaneidad de los debates
por parte de las plenarias de ambas cámaras.
En relación con el
desconocimiento del artículo 151 Superior, por violación de los artículos 175 y
182 del Reglamento del Congreso dice que en cuanto a la primera norma no hubo
infracción, porque en la ponencia para segundo debate en la plenaria se
explicaron las propuestas admitidas y las rechazadas. Tampoco se violó la
segunda disposición reglamentaria, porque el análisis de las normas
constitucionales antes citadas permite concluir que el informe final, cuando se
aprueba una enmienda, solamente es necesario en el trámite ordinario, pero no
cuando existe sesión conjunta de las comisiones y sesiones simultáneas de las
cámaras legislativas.
Comenta que
evidentemente existieron discrepancias entre algunas de las disposiciones
aprobadas por las plenarias, las cuales fueron resueltas por las comisiones
accidentales, según consta en el acta correspondiente en la cual se señalan
cuáles son los artículos que debían ser presentados a consideración de la
plenaria.
Dice que en este
caso, la misión de las comisiones consiste en facilitar y agilizar la tarea
legislativa. Por ello, si existe claridad en cuanto al texto que zanja la
diferencia, existe la posibilidad para las plenarias de aprobar textos
explícitos y determinados, como sucedió con la Ley 633 de 2000.
Por lo que atañe a
la presunta violación a la unidad de materia, sostiene que los artículos 80 y
81 de la Ley 633 de 2000 no son inconstitucionales, por cuanto la primera de
estas disposiciones regula la creación de un tributo por el despacho en la
bolsa de energía mayorista, lo cual tiene relación con la finalidad de dicha
ley. Además, la destinación específica de este tributo que se hace en el
artículo 82 de la ley demandada, sigue la misma suerte de la fuente de los
recursos destinados al Fondo de Apoyo Financiero de la energización de zonas no
interconectadas. Si el Congreso puede crear tributos, también puede orientar
los recursos recaudados por el gravamen.
Sostiene que con
los mencionados artículos se pretende hacer una redistribución de la carga
tributaria con el objeto de aliviar algunas falencias del sector energético, en
especial en las zonas no interconectadas que presentan altos costos de
generación, transmisión y comercialización de energía.
En el mismo sentido
los artículos 83 y 119 guardan unidad de materia con la ley acusada.
·
Dirección General
de Impuestos y Aduanas Nacionales  -DIAN-
La DIAN a través de
su apoderada, la doctora Nohora Inés Matiz Santos, se opone a los cargos de la
demanda contra la Ley 633 de 2000, expresando que las comisiones cuartas del
Congreso intervinieron en la aprobación del proyecto correspondiente por
mandato expreso del artículo 3° de la ley de presupuesto y del artículo 347 de
la Carta, y que el estudio conjunto de la iniciativa por las comisiones
terceras y cuartas se debió al mensaje presidencial de urgencia. También señala
que el trámite se efectuó cumpliendo la función asignada en la Carta a las
comisiones de conciliación.
Anota que no hubo
violación de los artículos 151 y 157 Superiores, puesto que la Ley 633 de 2000,
agrupa temas económicos y financieros, contiene una reforma tributaria y
consagra medidas sobre el manejo económico y financiero de algunos fondos y de
la rama judicial, amén de contemplar normas orientadas a corregir el
desequilibrio de las finanzas públicas que es la principal finalidad  de la
citada ley.
Comenta que en el
trámite de la ley se acumularon dos proyectos, el 062 y el 084, que versaban
sobre temas tributarios y económicos, cuyo estudio le correspondió a las
comisiones de asuntos económicos del Congreso, según lo dispuesto en la Ley 3ª
de 1992, orgánica del funcionamiento del órgano legislativo. La intervención de
la comisión tercera se justificó por la materia debatida y la discusión
conjunta con la comisión cuarta  se debió al mensaje presidencial de urgencia,
lo cual está corroborado por las respectivas actas en las que se deja
constancia del estudio y aprobación de la iniciativa.
Precisa que el
contenido del proyecto ameritaba la intervención de la comisión cuarta, tal
como se  desprende de las normas que buscan el equilibrio presupuestal
contenidas en el proyecto de reforma tributaria. Constitucionalmente se
justificaba la participación de las comisiones terceras y cuartas, toda vez que
ante un desequilibrio presupuestal como el existente para la época de
aprobación del proyecto, el Gobierno estaba habilitado para tramitar una ley
adicional mediante la figura de los presupuestos adicionales regulada en el
artículo 347 de la Carta Política. Al respecto cita la sentencia C-353 de 1995.
La interviniente se
remite al artículo 3° de la Ley 628 de 2000, anual del presupuesto para el año
2001, en el cual se anuncia que el monto de los gastos aprobados serán
financiados con un proyecto tributario adicional en los términos del artículo
347 Superior, con el que se espera recaudar una suma aproximada al billón de
pesos.
Seguidamente,
expresa que existió el mensaje presidencial de urgencia, que justificaba el
régimen de sesiones conjuntas de las comisiones de asuntos económicos del
Congreso para el trámite de la Ley 633 de 2000. El mensaje fue enviado el 21 de
noviembre por el Presidente de la República.
De otra parte,
advierte que el artículo 183 del Reglamento del Congreso consagra una excepción
al cumplimiento del término de 15 días que debe transcurrir entre la aprobación
del proyecto en una de las cámaras y su estudio en la otra, que consiste en el
evento de estudio conjunto del proyecto por solicitud de urgencia, caso en el
cual el debate de las plenarias podrá ser simultáneo.
Afirma que las
comisiones de conciliación actuaron debidamente, pues se reunieron para
clasificar los artículos que fueron votados en bloque y coincidieron en su
aprobación. También en la de los artículos aprobados por el Senado con las
modificaciones de la Cámara, se incluyeron los artículos retirados del proyecto
y los artículos nuevos. Por lo tanto, no le asiste razón al demandante cuando
expresa que en un término tan breve las comisiones no podían sesionar, ya que
la Carta no señala un plazo para el efecto.
Respecto de la
acusación contra la ley, porque su texto definitivo contenía normas que no
fueron aprobadas en primer debate, manifiesta que si bien algunas disposiciones
no fueron incluidas en el proyecto inicial, durante el estudio hecho en el
primer debate  conjunto de las comisiones económicas, se dio su aprobación, lo
cual es valido y concordante con la constitución. Basta ver la Gaceta del
Congreso donde aparece el texto del proyecto aprobado en primer debate y la que
contienen la ponencia para segundo debate donde se hace énfasis en el amplio
análisis de dichas propuestas.
Con relación al
cargo relativo a la inclusión de artículos nuevos en las plenarias, se tiene
que su contenido normativo es armónico con la temática de la Ley 633 de 2000, y
además fueron objeto de estudio por las comisiones de conciliación con arreglo
a los principios constitucionales y a la doctrina de la Corte.
Finalmente, tampoco
es procedente la acusación contra los artículos 80 a 83 y 119 de la Ley 633,
porque tratan temas económicos y financieros y el manejo presupuestal de
algunos recursos, los cuales concuerdan con el contenido de la citada
normatividad.
·
Intervención del
Ministerio de Desarrollo Económico
Carlos Eduardo
Serna Barbosa, en representación del Ministerio de Desarrollo Económico,
defiende la constitucionalidad de la Ley 633 de 2000, manifestando que no es
cierto que para la aprobación de dicho ordenamiento la sesión conjunta de las
comisiones económicas del Congreso se hubiera dado por disposición
reglamentaria, pues ello ocurrió por solicitud gubernamental conforme a lo
establecido en el artículo 169 de la Ley 5ª de 1992.
Expresa que tampoco
es cierto que dichas comisiones  terceras no hubieren participado en el estudio
del proyecto de ley tal como lo ordena la precitada norma, puesto que según lo
reconoce el mismo actor esa actuación se cumplió al sesionar en forma conjunta
las comisiones de asuntos económicos de las dos cámaras legislativas.
Afirma que en
cuanto hace al cargo relativo a la violación a la unidad de materia por parte
de los artículos 80 a 83 y 119 de la Ley 633 de 2000, el objeto de dicha ley es
la obtención de ingresos mediante el establecimiento de tributos, para lo cual
es menester que los recursos estén presupuestados pues de otra forma no sería
posible su utilización. En consecuencia ha de concluirse que la temática de las
normas acusadas corresponde a la de la ley y por ello se ajustan a la
Constitución.
Finalmente,
advierte que para la expedición de la Ley 633 de 2000, se surtieron las
formalidades constitucionales y legales, se obtuvo la sanción del Gobierno
Nacional y se ordenó su publicación en el Diario Oficial.
·
Intervención del
Ministerio de  Minas y Energía
Daniel Fernando
Rozo Sarmiento, en su condición de apoderado del Ministerio de Minas y Energía,
se refiere concretamente a la acusación por presunta vulneración del principio
de la unidad de materia consagrado en el artículo 158 Superior.
Manifiesta que a la
ley le corresponde regular aquellas materias que autoriza la Constitución. En
el caso de las leyes tributarias, a éstas les corresponde desarrollar los
aspectos atinentes al tema impositivo que autoriza expresamente la Ley
Fundamental en su artículo 338, norma de la cual  se deduce que la regulación
legal no se limita a los elementos esenciales de los impuestos, sino que
también puede incluir otros asuntos relacionados objetiva y razonablemente con
la temática general de esa ley.
En relación con los
artículos cuestionados, advierte que  sus contenidos genéricos aluden a la
asignación de subsidios al consumo de energía en los sectores agropecuario y
pesquero, la creación de un tributo con sus elementos, su adecuación funcional
y utilización y la modificación del presupuesto de gastos.
Señala que es
especialmente significativo lo relacionado con el establecimiento del tributo,
cuyo valor será pagado por los agentes generadores de energía durante cierto
tiempo, de tal forma que los recursos obtenidos sean liquidados y recaudados
mensualmente por el administrador del sistema de intercambios comerciales,
entidad que transferirá dichas sumas al Fondo de Apoyo Financiero para la
energización de las zonas no interconectadas.
Sostiene que el
objetivo básico de dicho Fondo  es el financiamiento sostenible de los planes,
programas y proyectos necesarios para garantizar el acceso de todos los
habitantes del territorio nacional, en particular los de zonas no
interconectadas y de las rurales, al servicio de energía eléctrica. Dicho Fondo
se constituye como una cuenta a través de la cual ingresan y se canalizan los
aportes correspondientes.
Indica que de
acuerdo con la jurisprudencia de la Corte sobre el principio de  la unidad de
materia, no resulta acertada la afirmación del actor de que las normas acusadas
carecen de relación con el tema impositivo, pues ya se dijo que a través de
esta clase de disposiciones el legislador regula no sólo aspectos sustanciales
de la obligación fiscal, sino también aspectos instrumentales, institucionales
y funcionales
V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION
El Supremo Director
del Ministerio Público, Doctor Edgardo Maya Villazón, mediante concepto No.
2649 del 13 de marzo del año en curso, expone sus criterios en torno la demanda
que suscita la presente causa constitucional, para lo cual delimita el problema
jurídico que debe resolverse a la definición de tres aspectos fundamentales: si
es inconstitucional haber aprobado un texto de ley diferente y más extenso del
aprobado en primer debate; si también lo es que se hubiera tramitado por las
comisiones conjuntas sin existir solicitud de urgencia; si  se desconoció el
término de 15 días que debe existir entre la aprobación en plenaria de una
cámara y su estudio en la otra y si se desconoció el procedimiento para las
comisiones de conciliación.
Sostiene que la
acumulación de los proyectos de ley  números 62, 72 y 84 de 2000, no vulnera el
artículo 157 de la Carta Política y tampoco el artículo 152 de la Ley 5ª de
1992,  toda vez que tratan la misma materia, motivo por el cual podían ser
objeto de acumulación antes de que se presentara la ponencia para primer
debate, como en efecto se hizo el 28 de noviembre del 2000 ante la comisión
tercera del Congreso.
El hecho de que un
proyecto de ley sea menos extenso y difiera en algunos de sus aspectos del
aprobado definitivamente por la Ley 633 de 2000, no genera su
inconstitucionalidad, puesto que el artículo 160 Superior autoriza a las
cámaras para introducir enmiendas durante el segundo debate en la plenaria. Si
se admitiera el argumento del demandante  los debates en el Congreso carecerían
de sentido, ya que el legislador sólo tendría que limitarse a aprobar el texto
del proyecto de ley sometido a su consideración.
Adicionalmente, no
existe norma alguna que le impida al Congreso analizar en diversos proyectos
una misma materia, lo cual si bien hace engorroso el trámite legislativo no por
ello afecta su constitucionalidad.
A continuación, el
Procurador analiza el cargo relacionado con el trámite de urgencia en la Ley
633 de 200, sobre lo cual expresa que el artículo 163 Fundamental, en
consonancia con los artículos 169 a 173 y 191 del Reglamento del Congreso,
señalan el procedimiento que se debe cumplir cuando existe mensaje
presidencial, normas que fueron observadas en la aprobación de dicha
normatividad, puesto que el 21 de noviembre de 2000 el Presidente de la
República solicitó la sesión conjunta de las comisiones terceras y cuartas para
la aprobación en primer debate del proyecto respectivo. De manera que no es
pertinente la alusión que hace el actor al desconocimiento de  las sentencias
de la Corte.
Advierte el Jefe
del Ministerio Público que cuando un proyecto como el que culminó con la
aprobación de la Ley 633 de 2000, fue debatido en sesión conjunta de las
comisiones constitucionales, no es de obligatoria observancia el término
consagrado en el artículo 160 Superior, ya que el artículo 183 de la Ley 5ª de
1992, permite obviar el paso de una a otra cámara cuando se da esta hipótesis y
que teniendo en cuenta que el proyecto 072 fue discutido y aprobado en primer
debate en sesión conjunta de las comisiones de asuntos económicos, además era
viable el debate simultáneo de las plenarias de las dos cámaras. Igualmente, no
se infringieron los artículos 175 y 182 del Reglamento del Congreso, porque
estas normas no se refieren al término que debe mediar en los debates
legislativos.
Expresa que al
revisar el expediente legislativo de la Ley 633 de 200, se puede comprobar que
conforme al artículo 161 de la Carta, se integró una Comisión Accidental que
elaboró un acta de conciliación donde se consignaron las diferencias existentes
entre los textos aprobados en segundo debate. El informe de dicha comisión  fue
aprobado por las plenarias de las cámaras. De esta forma queda desvirtuado el
cargo del actor atinente al funcionamiento de la comisión de conciliación.
Respecto de la
acusación por infracción del principio de la unidad de materia, el Procurador
hace las siguientes precisiones: el artículo 80 de la Ley 633 de 2000, es
inconstitucional, porque el tema de los subsidios para pagar la tarifa de la
energía no tienen relación alguna con la materia tributaria ni con el tema de
la financiación complementaria de gastos. Además es un tema presupuestal que
no podía ser regulado en la Ley 633, en la medida en que tiene incidencia
directa en la ley anual de presupuesto. Igual situación se presenta con el
artículo 119, pues este precepto lo que hace es recortar el presupuesto de
gastos de las entidades allí mencionadas para financiar unos pasivos exigibles
como es el servicio de la deuda.
Finalmente,
considera que los artículos 81 a 83 sí se avienen a la Carta, porque su
contenido normativo, atinente a la creación de un tributo a cargo de los
generadores de energía, guarda la debida relación de conexidad con la materia
tributaria que es  objeto de regulación por la Ley 633 de 2000.
VI. FUNDAMENTOS JURIDICOS
1.  De  la
competencia
Es la Corte el tribunal competente para
fallar de modo definitivo sobre la validez constitucional de La Ley 633 de
2000, por los cargos objeto de la presente acción, de conformidad con el
numeral 4° del artículo 241 de la Constitución, desarrollado por el Decreto
2067 de 1991.
2.  La materia
Corresponde en esta oportunidad a la
Corte establecer si en la aprobación de la Ley 633 de 2000, se incurrió en los
siguientes desaciertos procedimentales y, por ende, se desconoció el
Ordenamiento Superior:
-  Haber aprobado
los artículos 5, 6, 8, 18, 30, 31, 32, 33, 37, 39, 48, 49, 52, 57, 80 a 134 sin
haber sido discutidos y aprobados en primer debate.
- Haber tramitado
el proyecto mediante sesión conjunta de las comisiones económicas de ambas
cámaras, cuando ha debido hacerlo solamente la comisión tercera.
-  No haber
recibido el proyecto mensaje presidencial de urgencia que justificara la sesión
conjunta de las comisiones de asuntos económicos.
- Haber desconocido
el término mínimo constitucional entre la aprobación del proyecto en una cámara
y la iniciación del debate en la otra.
-  Haber violado
los artículos 175 y 182 del Reglamento del Congreso, atinentes al informe que
debe rendir el ponente ante la plenaria de las cámaras.
-  La comisión de
conciliación no cumplió con su misión constitucional.
Aparte de estos interrogantes, debe
también establecerse si los artículos 80 a 83 y 119 de la Ley 633 de 2000,
transgreden el artículo 158 Superior, al regular materias que no guardan
relación alguna con la temática desarrollada en ese ordenamiento legal.
3. De la
supuesta inconstitucionalidad de algunas disposiciones por no haber sido
discutidas y aprobadas en primer debate
Según el demandante, los artículos 5, 6,
8, 18, 30, 31, 32, 33, 37, 39, 48, 49, 52, 57, 80 a 134 son contrarios al
artículo 157 del  Ordenamiento Superior, puesto que fueron aprobados por el
Congreso sin haber sido discutidos y aprobados en primer debate.
Basta con revisar el texto del proyecto de
ley aprobado en primer debate por las comisiones económicas del Congreso, para
concluir que no se presenta la alegada trasgresión. Ciertamente, en su mayoría
las normas demandadas fueron aprobadas en primer debate por las comisiones
terceras y cuartas constitucionales en sesión conjunta llevada a cabo los días
29 de noviembre y 5 de diciembre de 2000, según consta en el documento que obra
a folios 64 a 111 del proceso, en el cual se observa que los artículos  5, 6, 8,
18, 30, 31, 32, 33, 39, 48, 49, 52, 57, 80 a 96 se consideraron y aprobaron por
estas células legislativas con arreglo a la establecido en el artículo 157
Superior. [1]
Las restantes disposiciones que son objeto
de impugnación fueron introducidas durante el trámite legislativo, en
desarrollo del artículo 160 Fundamental,  según el cual “durante el segundo
debate cada Cámara podrá introducir al proyecto las modificaciones, adiciones y
supresiones que juzgue necesarias”, disposición que está desarrollada por el
artículo 178 del Reglamento del Congreso, que consagra la posibilidad de
adoptar enmiendas a los proyectos de ley sin necesidad de que deban regresar a
la respectiva comisión permanente, salvo cuando se trate de serias
discrepancias o razones de conveniencia que justifiquen su reexamen definitivo.
Al respecto conviene precisar que a la
luz de la Carta de 1991, no es necesario que un proyecto de ley deba ser
exactamente el mismo en las diferentes instancias de su trámite, puesto que las
citadas normas admiten la posibilidad de que en las plenarias de las Cámaras se
puedan introducir modificaciones a un proyecto, siempre que se guarde relación
con la materia propuesta y debatida. En caso de existir discrepancias entre lo
aprobado en una y otra Cámara el artículo 161 Superior, habilita a las
comisiones accidentales para preparar el texto unificado que supere las
diferencias, el cual requiere ser aprobado por las plenarias de cada Cámara, a
fin de brindarle la necesaria unidad normativa al proyecto.
De otra parte,  y como lo bien lo
advierte el Procurador, la decisión de acumular el proyecto de ley número 72 de
2000 Cámara, 126 de 2000 (Senado) “por el cual se expiden normas en materia
tributaria,  se dictan disposiciones sobre el tratamiento de fondos
obligatorios para vivienda de interés social y se introducen normas para
fortalecer las finanzas de la rama judicial”; el proyecto de ley 062 de 2000
Cámara, “por la cual se establecen beneficios tributarios a las aerolíneas que
incrementen sus vuelos semanales a los nuevos departamentos, con las mismas
tarifas de aerolíneas estatales” y el proyecto de ley 084 de 2000 Cámara “por
medio del cual se modifica la Ley 488 de 1998 y en especial  el artículo 145”,
se ajusta a lo dispuesto en el artículo 152 del Reglamento del Congreso que
autoriza la acumulación de proyectos de ley  presentados en las cámaras que
versen sobre la misma materia, siempre que no haya sido presentada ponencia
para primer debate como sucedió con la iniciativa que culminó con la expedición
de la Ley 633 de 2000.
Por las anteriores razones, no prospera
el cargo.
4.
Estudio y aprobación del proyecto en sesión conjunta de las comisiones
económicas del Congreso
Juzga el actor que la aprobación en
primer debate del proyecto de ley que culminó con la expedición de la Ley 633
de 2000, por parte de las comisiones terceras y cuartas permanentes del
Congreso constituye un vicio que afecta la validez constitucional de dicho
ordenamiento jurídico, puesto que conforme a la Ley 3ª de 1992, que distribuye
las materias que son de competencia de cada una de las células legislativas, el
conocimiento de la temática tributaria, sobre la cual versaba la iniciativa,
está asignado a la comisión tercera a la que debió corresponderle
exclusivamente el trámite del primer debate del citado proyecto.
Para la Corte el cargo tampoco está
llamado a prosperar, por las siguientes razones:
En primer lugar, el tramite adelantado
por  las comisiones terceras y cuartas del Congreso se fundamenta en la
competencia que la Ley 3ª de 1992 les asigna para conocer de las materias a las
que se referían los proyectos de  ley 072 de 2000 Cámara, 126 Senado, sobre
reforma tributaria; 062 Cámara, sobre beneficios tributarios a aerolíneas y 084
de 2000, atinente a la modificación de la Ley 488 de 1998.
En efecto, el artículo 2° de la Ley 3ª de
1992, dispone:
“Tanto en el Senado como en la Cámara de
Representantes funcionarán Comisiones Constitucionales Permanentes, encargadas
de dar primer debate a los proyectos de acto legislativo o de ley referente a
los asuntos de su competencia. Las comisiones Constitucionales Permanentes en
cada una de las Cámaras serán siete (7) a saber:
“(...)
“Comisión Tercera. Compuesta de
quince miembros en el Senado y veintisiete miembros en la Cámara de
Representantes, conocerá de: hacienda y crédito público; impuestos y
contribuciones; exenciones tributarias; régimen monetario; leyes sobre el Banco
de la República; sistema de banca central; leyes sobre monopolios; autorización
de empréstitos; mercado de valores; regulación económica; planeación nacional;
régimen de cambios; actividad financiera, bursátil y aseguradora y de captación
de ahorro.
“Comisión Cuarta. Compuesta de
quince miembros en el Senado y veintisiete miembros en la Cámara de
Representantes conocerá de leyes orgánicas de presupuesto; sistema de control
fiscal financiero; enajenación y destinación de bienes nacionales; regulación
del régimen de propiedad industrial, patentes y marcas; creación, supresión,
reforma u organización de establecimientos públicos nacionales; control de
calidad y precios de contratación administrativa”.
Cabe acotar que según el artículo 142 de
la Constitución Política, la ley determinará el número de comisiones
permanentes y el de sus miembros, así como las materias de las que cada una
deberá ocuparse, mandato que ha sido desarrollado por la citada Ley 3ª de 1992,
a cuyos dictados - que tienen la jerarquía de las leyes orgánicas - se
encuentra sujeto el ejercicio de la actividad legislativa, tal como lo dispone
el canon 151 ibidem.
En segundo lugar, el conocimiento de las
citadas iniciativas por parte de las comisiones de asuntos económicos del
Congreso se debió a que mediante la  Resolución número 1530 del 18 de
septiembre de 2000, la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes, en
desarrollo de la función señalada en el artículo 41-5 del Reglamento del
Congreso,  y en acuerdo con su homóloga del Senado, dispuso la celebración de
sesiones conjuntas de las comisiones terceras y cuartas constitucionales para
discutir en primer debate los proyectos de ley 072 de 2000, Cámara, 126 de
2000, Senado; 062 de 2000 Cámara y 084 de 2000 Cámara, que habían sido
acumulados para su estudio ya que con estos proyectos el Gobierno pretendía
adoptar una solución estructural al problema del desequilibrio de las finanzas
públicas, el cual ha sido, en su criterio, un factor determinante  en el
deterioro de las condiciones económicas del país.
Además de estas razones, también podría
aceptarse como valido el argumento expuesto por los apoderados Ministerio de
Hacienda y Crédito Público y de la DIAN, que  justifican la competencia de las
comisiones de asuntos económicos del Congreso para debatir estas propuestas con
base en las prescripciones del artículo 347 de la Constitución Política, que
contempla el estudio del proyecto de rentas adicionales para financiar los
gastos previstos en el Presupuesto General de la Nación, por parte de las
comisiones que estudian el proyecto de ley anual de presupuesto, esto es, las
comisiones terceras y cuartas de Senado y Cámara por mandato del artículo 3° de
la Ley 3ª de 1992.[2]
Lo anterior, porque mediante la Ley 628 de
2000, el Congreso aprobó el presupuesto de gastos o ley de apropiaciones para
la presente vigencia fiscal, cuyas erogaciones serían cubiertas con los
ingresos que se esperaban recaudar con el proyecto tributario que sería
sometido a su consideración en desarrollo de lo previsto en el artículo 347 de
la Ley Fundamental, tal como se desprende de la lectura del artículo 3° de la
citada ley.
Por ello, habiéndose aprobado  para el
presente período fiscal un presupuesto desequilibrado - determinación que es
procedente conforme a lo dispuesto en la mencionada norma superior -, el
Gobierno estaba en la obligación de someter a consideración del Congreso la
creación de nuevas rentas para financiar el monto de gastos contemplado, como
en efecto lo hizo a través de los proyectos de ley a que se ha hecho alusión,
cuyo estudio le correspondía a las comisiones de asuntos económicos del
Congreso, según lo ordenado en el artículo 347 de la Carta, en consonancia con
lo preceptuado en el canon 346 ejusdem.
En conclusión, no era menester  que la Ley
633 de 2000 fuera tramitada en primer debate y en forma exclusiva por las
comisiones terceras permanentes, toda vez que la competencia de las comisiones
cuartas permanentes constitucionales para conocer en primer debate de los
proyectos de ley que concluyeron con la expedición de la Ley 633 de 2000,
deriva directamente de la norma orgánica que les atribuye competencia para
conocer de estas materias (Ley 3ª de 1992), de lo dispuesto en el artículo 41-5
del Reglamento del Congreso que habilita a las Mesas Directivas de las células
legislativas para disponer la celebración de sesiones conjuntas cuando sea
conveniente o necesaria su realización, y de lo prescrito en el artículo 347
Superior, que le confía  a las comisiones de asuntos económicos del Congreso el
conocimiento de los proyectos de ley sobre recursos adicionales.
5. Sobre la
inexistencia del mensaje presidencial de urgencia para justificar la sesión
conjunta de las comisiones de asuntos económicos
Estima el actor que la normatividad
censurada es inconstitucional, porque las comisiones terceras y cuartas
constitucionales permanentes del Senado y de la Cámara de Representantes
sesionaron en forma conjunta para darle primer debate al respectivo proyecto de
ley, sin que se hubiera cumplido con el requisito de la solicitud  de trámite
de urgencia que al tenor de lo dispuesto en el artículo 163 Superior, justifica
la deliberación mancomunada de las comisiones permanentes del Congreso.
Esta acusación también es improcedente,
puesto que la correspondiente iniciativa sí recibió solicitud de urgencia por
parte del Presidente de la República, quien mediante comunicación dirigida a
los presidentes de las comisiones terceras y cuartas del Congreso, el día 21 de
noviembre de 2000 - suscrita también por el Ministro de Hacienda y Crédito
Público -,  solicitó la sesión conjunta de estas células legislativas con el
fin de agilizar el tramite del proyecto de ley que se encontraba a su
consideración para primer debate constitucional. De este mensaje presidencial
de urgencia vale la pena citar algunos de sus apartes:
“De conformidad con los artículos 163 de
la Constitución Política y 191 de la Ley 5ª d 1992, “por la cual se expide el
reglamento del Congreso, el Senado y la Cámara de Representantes”, solicitamos
a ustedes dar trámite de urgencia al proyecto de la referencia y sesionar de
manera conjunta para su debate.
“La presente solicitud obedece a la
necesidad de contar de manera expedita con recursos que garanticen el cumplimiento
de las funciones del Estado y a que los supuestos macroeconómicos con que se
programaron los gastos de 2001 puedan cumplirse.
“Por eso un adecuado manejo económico, en
especial de la estructura de ingresos con que se financia el gasto, hace indispensable
dotar de mayores ingresos al Gobierno que impidan un mayo deterioro de las
finanzas públicas y permitan el crecimiento económico y el desarrollo social.
“Como el Congreso de la República bien lo
sabe, el Presupuesto General de la Nación del año 2001, se presentó a
consideración de esa Corporación con un monto de gasto que no estaba financiado
totalmente con los ingresos legalmente autorizados, conforme lo autoriza el
artículo 347 de la Constitución Política.
“Esta situación, por sí sola hace que el
proyecto de financiación complementario de gastos, presentado por el Gobierno
al Congreso en el proyecto de Ley 072 de 2000 (C), tenga una clara necesidad de
ser aprobado antes de iniciar la ejecución de las apropiaciones presupuestales
que comportan esos gastos, es decir, antes de terminar el presente año. De esta
manera se  evitarían mayores desequilibrios económicos y se evitaría que se
afecten negativamente las cuentas de nacionales de una manera crónica y
crítica.”
Conviene precisar que la solicitud de
urgencia del Presidente de la República a que se refiere el artículo 163 de la
Norma Fundamental,  no implica que las comisiones permanentes automáticamente
deban sesionar en forma conjunta, por cuanto al tenor de este precepto superior
la manifestación de urgencia puede repetirse y, por ende operar, en todas las
etapas constitucionales del proyecto, dando lugar a que la respectiva cámara
decida sobre el mismo dentro del plazo de treinta días. Agrega la norma que si
el Presidente insistiere en la urgencia, el proyecto tendrá prelación en el
orden del día excluyendo la consideración de cualquier otro asunto, hasta tanto
la respectiva cámara o comisión decida sobre él.
Así mismo, según las voces de la aludida
disposición constitucional “si el proyecto de ley a que se refiere el mensaje
de urgencia se encuentra al estudio de una comisión permanente, ésta, a
solicitud del Gobierno, deliberará conjuntamente con la correspondiente de la
otra cámara para darle primer debate”. Es decir, que en este evento siempre
será necesario que en el mensaje de urgencia el Presidente de la República haga
la expresa solicitud de sesión conjunta de las comisiones constitucionales
permanentes, tal como aconteció en el trámite de la Ley 633 de 2000.
En este análisis debe también tenerse
presente que por fuera de la hipótesis normativa del artículo 163
Constitucional, el artículo 341 ejusdem autoriza la sesión conjunta de las
comisiones de asuntos económicos para que rindan el informe sobre el proyecto
del Plan Nacional de Desarrollo que debe ser discutido y evaluado por cada
corporación en sesión plenaria. Igualmente, el artículo 346 Fundamental,
dispone que las comisiones de asuntos económicos de las dos cámaras deliberarán
en forma conjunta para dar primer debate al proyecto de Presupuesto de Rentas y
Ley de Apropiaciones.
Tampoco prospera el cargo.
6.
Acerca del desconocimiento del término mínimo constitucional entre la
aprobación del proyecto en una cámara y la iniciación del debate en la otra
En criterio del demandante, con ocasión
de la sesión conjunta de las comisiones de asuntos económicos del Congreso para
aprobar en primer debate la Ley 633 de 2000, se desconoció el término mínimo de
quince días señalado en el artículo 160 de la Carta,  que debe transcurrir entre
la aprobación de proyecto en una de las cámaras y la iniciación del debate en
la otra.
Este reproche tampoco puede prosperar,
como quiera que según reiterada doctrina de esta Corporación[3], la deliberación
conjunta de las respectivas Comisiones permanentes de las dos Cámaras para
darle primer debate a un proyecto de ley, con ocasión del  mensaje de urgencia
del Presidente de la República hace innecesario el cumplimiento de dicho
término, pues es evidente que en el trámite de urgencia la sesión de las dos
comisiones obvia el paso del proyecto de una Cámara a la otra, que es uno de
los efectos buscados mediante este procedimiento que está destinado a reducir
el tiempo que se emplea en el procedimiento legislativo ordinario.
También ha dicho la Corte que en el
trámite de urgencia - sin exceptuar los proyectos de ley relativos a los
tributos -, si la iniciativa se aprueba conjuntamente por las Comisiones
respectivas en primer debate, lo que sigue es el segundo debate en cada una de
las Cámaras, siempre que medie un lapso no inferior a ocho días.
Ahora bien, el artículo 183 de la ley 5ª
de 1992, consagra expresamente esta situación en los siguientes términos:
“Proyecto a la otra Cámara.
Aprobado un proyecto de ley por una de las Cámaras, su Presidente lo remitirá
con los antecedentes del mismo y con los documentos producidos en su
tramitación, al Presidente de la otra Cámara.
“Entre la aprobación del proyecto en una
de las Cámaras y la iniciación del debate en la otra deberán transcurrir, por
lo menos, quince (15) días, salvo que el proyecto haya sido debatido en
sesión conjunta de las Comisiones Constitucionales, en cuyo caso podrá
presentarse la simultaneidad del segundo debate en cada una de las Cámaras”.
(Subrayas fuera de texto)
De modo que queda claro que en el caso
que se revisa, habiéndose dado la deliberación conjunta por parte de las
comisiones terceras y cuartas del Congreso, para aprobar en primer debate la
Ley 633 de 2000, no se requería que las corporaciones legislativas observaran
el término mínimo de quince días fijado en el artículo 160 de la Carta,
actuación que ha sido avalada por la jurisprudencia de esta Corporación, tal
como se anotó.
En este sentido, la Corte comparte los
argumentos esgrimidos por el Procurador y los apoderados del Ministerio de
Hacienda y Crédito Pública y la DIAN,  en defensa de la constitucionalidad de
la Ley 633 de 2000, ya que recibido el mensaje de urgencia y surtido el primer
debate en sesión conjunta de las Comisiones Terceras y Cuartas de Senado y
Cámara, no era necesario que transcurriera el lapso de quince días previsto por
el artículo 160 de la Constitución Política.
Con todo, y como
bien lo precisa el Procurador en su concepto, entre la aprobación del proyecto
de ley en primer debate de las comisiones económicas - que se surtió los días
29 de noviembre y 5 de diciembre de 2000 -, y su aprobación en segundo debate
por las plenarias de cada una de las cámaras - que se dio el 14 de diciembre de
20000, en la Cámara de Representantes y el 15 de diciembre del mismo mes y año
en el Senado -, transcurrió el plazo mínimo de ocho días que exige el canon 160
del Ordenamiento Superior.[4]
Se desestima la acusación.
7. Sobre la violación de los artículos 175
y 182 del Reglamento del Congreso
El impugnante manifiesta que en el trámite
de la Ley 633 de 2000, el Congreso desconoció lo dispuesto en los artículos 175
y 182 de la Ley 5ª de 1992 o Reglamento del Congreso, el primero de las cuales
que ordena que en el informe a la plenaria el ponente debe consignar la
totalidad de las propuestas consideradas por la comisión, y el segundo que
establece el término de cinco días para  rendir el informe final que debe ser
enviado a la otra cámara, luego de haber sido aprobado el proyecto en la
plenaria de una de las células legislativas. Lo anterior, porque la ley
demandada fue aprobada por el pleno de la Cámara de Representantes el 14 de
diciembre de 2000, y por el Senado el día siguiente.
Para la Corte no existen razones para
admitir la prosperidad de los cargos, puesto que al revisar el expediente
legislativo se puede apreciar que se dio estricto cumplimiento a lo ordenado en
el artículo 175 del reglamento del Congreso, ya que los ponentes de la
iniciativa que luego se convertiría en la Ley 633 de 2000, presentaron ponencia
favorable solicitando a los miembros de la Cámara de Representantes y del
Senado de la República darle segundo debate a los proyectos de ley 072 de 2000
(C), 126 de 2000 (S); 062 de 2000 (C) y 084 de 2000 (C), que fueron acumulados
para ser discutidos y aprobados por las comisiones de asuntos económicos de las
cámaras, según se explicó en el acápite anterior de esta sentencia.[5]
En relación con la presunta violación del
artículo 182 del Reglamento del Congreso, es incuestionable que los ponentes
del proyecto de ley no estaban obligados a cumplir con sus preceptivas, por
cuanto el deber de redactar un informe final  con destino a la otra cámara,
dentro de los cinco días siguientes a la conclusión del debate en la plenaria
de una de las células legislativas, solamente opera en el proceso legislativo
ordinario pero no en los eventos en los que las comisiones constitucionales
permanentes de las cámaras han sesionado conjuntamente para darle primer debate
a las iniciativas, en los casos en que es procedente tal actuación, como
sucedió con la aprobación de la Ley 633 de 2000.
Se trata de una situación similar a la
que se presenta con el término mínimo de quince días que al tenor del canon 160
Superior, debe transcurrir entre la aprobación de un proyecto en una cámara y
su estudio en la otra, el cual no puede ser observado, por obvias razones,
cuando sesionan en forma conjunta las comisiones permanentes del Congreso,
actuación que, según se explicó, está orientada a agilizar el proceso
legislativo.
Adicionalmente, no puede perderse de
vista que conforme al artículo 183 del Reglamento del Congreso se  autoriza el
debate simultáneo de las plenarias de cada una de las cámaras legislativas,
cuando la propuesta ha sido discutida y aprobada en primer debate en forma
conjunta por las respectivas comisiones constitucionales permanentes del
Congreso.
No se admiten los cargos.
8. Acerca del incumplimiento de las funciones asignadas a la comisión
de conciliación en el trámite de la Ley 633 de 2000
El demandante considera que la Ley 633 de
2000, es contraria a la Carta Política, por cuanto habiendo sido aprobada por
las plenarias de la Cámara y del Senado los días 14 y 15 de diciembre de 2000,
respectivamente,  existía “imposibilidad temporal” para que la comisión de
conciliación, que fue integrada para dirimir las diferencias entre los textos
aprobados en segundo debate, pudiera cumplir con la misión que le señala el
artículo 161 Superior.  Arguye también que la actuación de esa comisión de
conciliación desconoció la jurisprudencia constitucional sobre la materia.
La acusación se cae de su peso, pues en
total acuerdo con lo expresado por la apoderada de la DIAN, la Carta Política
ni el Reglamento del Congreso establecen un término mínimo para la actuación de
las comisiones de conciliación que son integradas cuando se configure el
supuesto de hecho consagrado en el artículo 160 de la Norma Fundamental. En
consecuencia, en lo que a este aspecto se refiere no se advierte la existencia
de vicio alguno de inconstitucionalidad en el trámite de la Ley 633 de 2000.
Ahora bien,  según se desprende del Acta
de Conciliación del correspondiente proyecto de ley, que obra a folios 104 a
111 del expediente, las comisiones de conciliación que fueron convocadas
durante el trámite de la Ley 633 de 2000, se reunieron en las instalaciones del
Congreso el 15 de diciembre de 2000, con el fin de dirimir las discrepancias
respecto del proyecto, clasificando, en primer lugar los artículos que fueron
votados en bloque  en ambas plenarias y que coincidieron en su aprobación; se
señalaron los artículos que habían sido aprobados por el Senado con las
modificaciones introducidas por la plenaria de la Cámara de Representantes; se
decidió retirar algunos artículos y finalmente se aprobaron otras
disposiciones. El informe de mediación fue aprobado por las plenarias de las
cámaras legislativas el día 15 de diciembre de 2000[6]. Con esta actuación se
demuestra el acatamiento a lo dispuesto en el artículo 161 de la Constitución
Política.
No prospera el cargo.
9. De la
supuesta infracción al principio constitucional de la unidad de materia
Para el demandante el contenido normativo
de los artículos 80 a 83 y 199 de la Ley 633 de 2000, es ajeno a la temática
tributaria que desarrolla ese ordenamiento legal, motivo por el cual deben ser
declarados inconstitucionales por violación del principio de unidad de materia
regulado en el artículo 158 Fundamental.
La Corte encuentra infundado el cargo, por
las siguientes razones:
En forma reiterada la jurisprudencia de
esta Corporación ha expresado que la infracción al principio constitucional de
la unidad de materia se presenta cuando objetiva y razonablemente no es posible
establecer un nexo de naturaleza temática, sistemática, ideológica o
finalística entre determinada proposición jurídica y la materia dominante del
ordenamiento legal del cual forma parte.
En el caso particular de la Ley 633 de
2000,  tal como lo anuncia su título, sus prescripciones están encaminadas a
adoptar normas en materia tributaria, expedir disposiciones sobre el
tratamiento a los fondos obligatorios para la vivienda de interés social e
introducir normas para fortalecer las finanzas de la Rama Judicial.
Según lo consignado en los antecedentes
legislativos de la citada ley, la razón fundamental que motivó la presentación
de la iniciativa por parte del Gobierno estriba en el creciente desequilibrio
de las finanzas públicas, considerado como  un factor crítico en el deterioro
de las condiciones económicas del país durante los últimos años, cuya
necesidades de financiación tornaron más vulnerable nuestra economía a los
choques externos de los finales de los años noventa.
Frente a esta situación se adoptó un plan
de ajuste a tres años con el fin de equilibrar paulatinamente las cuentas
fiscales, estabilizar el nivel de la deuda pública, restablecer la credibilidad
y encauzar la economía del país por la senda del crecimiento. Según el
Ejecutivo, si bien esta estrategia devolvió la confianza en la estabilidad
macroeconómica, se hacía necesario adoptar reformas estructurales relacionadas
con el ineficiente sistema tributario, a través de medidas de fondo que ayuden
a fortalecer las finanzas de la nación.
En la exposición de motivos del proyecto
de ley, el Ejecutivo también se refiere al déficit fiscal y su financiación en
los años noventa, situación que en su parecer tiende a acelerarse y volverse
potencialmente explosiva al iniciarse el nuevo siglo, no obstante su carácter
estructural debido a que su causa está asociada al crecimiento desproporcionado
del gasto público en relación con los ingresos. Para enjugar este déficit ha
sido necesario endeudarse cada vez más, determinando que el servicio de la deuda
haya alcanzado proporciones importantes dentro del gasto total. Por ello la
solución no podía aplazarse, puesto que se prolongaría la situación de crisis,
al tiempo que generarían efectos perturbadores en la tasa de interés y en la
inversión.
El Ejecutivo argumentó igualmente que aún
cuando en los últimos años se han realizado cinco reformas tributarias con el
fin de corregir este déficit, su financiación ha dependido básicamente de
recursos esporádicos provenientes de empresas del Estado,  de las privatizaciones,
las licencias de explotación privada de las telecomunicaciones y del crédito,
lo cual es claramente desventajoso pues estas fuentes son inciertas y le
otorgan un alto grado de vulnerabilidad a las finanzas públicas y a la
economía.
Finalmente, en la exposición de motivos
se señalan expresamente los objetivos fundamentales de la iniciativa, a saber:
*Contribuir en la búsqueda de una solución
de carácter estructural para resolver el grave problema del desbalance de las
finanzas públicas.
*Construir un sistema tributario, con
bases gravables amplias y tarifas menores a las actuales, con el propósito de
que la carga fiscal se distribuya más equitativamente entre los contribuyentes
y se eliminen ineficiencias asociadas con tratamientos impositivos
preferenciales.
*Reducir la brecha de evasión y morosidad
tributaria hoy existentes.
*Reactivar la actividad empresarial del
sector real de la economía.
*Simplificar la administración de los
pequeños contribuyentes y eliminar los factores de competencia desleal. [7]
Bajo estos supuestos, se tiene que los
artículos acusados observan la debida relación de conexidad con la materia y
los propósitos perseguidos con la expedición de la Ley 633 de 2000. Veamos
porqué:
- El artículo 80 prevé que a partir del
presente año se asigne  un volumen de recursos en el presupuesto para cubrir el
50% del costo de la energía eléctrica de los distritos de riego a partir de la
vigencia de la ley, en las condiciones allí establecidas, medida que
indefectiblemente está orientada a la reactivación del sector real de la
economía que es uno de los objetivos de la Ley 633 de 2000.
- El artículo 81 dispone la recaudación de
recursos por parte del administrador de intercambios comerciales con destino al
Fondo de Apoyo Financiero para la energización de zonas no interconectadas,
valor que debe ser pagado por los generadores de energía en la cuantía y
condiciones allí previstas. Esta determinación, que es de carácter fiscal,
también guarda relación con los objetivos de la citada ley, como la tienen el
artículo 82 que define la naturaleza del Fondo de Apoyo Financiero para la
energización de zonas no interconectadas, y el artículo 83 que fija los objetivos
en los que deben ser utilizados los recursos del aludido Fondo.
- El artículo 119 contiene medidas de
orden presupuestal relacionadas con la ubicación que a partir de la presente
vigencia fiscal tienen las apropiaciones previstas en el presupuesto de gastos
del Ministerio de Minas y Energía, el Fondo Nacional de Regalías y Cormagdalena
asociadas al plan de inversiones de la costa atlántica, determinación que
también está en consonancia con la temática y la teleología de la Ley 633 de
2000.
Por lo anterior, se desestima el cargo.
VII. DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de
la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del Pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero. Declarar EXEQUIBLE la Ley 633 de 2000, en
relación con los cargos de índole formal analizados en esta providencia.
Segundo. Declarar EXEQUIBLES los artículos 80, 81, 82,
83 y 119 de la Ley 633 de 2000, porque su contenido normativo no desconoce el
principio de la identidad temática consagrado en el artículo 158 de la
Constitución Política.
Notifíquese, cópiese, publíquese,
comuníquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Presidente
JAIME ARAÚJO RENTERIA
Magistrado
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
LUIS EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTHA V. SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Gacetas del Congreso Nos. 502 de
2000,  06 y 51  de 2001.
[2] La constitucionalidad de la
competencia de las comisiones terceras y cuartas constitucionales del Congreso
para estudiar el proyecto de ley anual de presupuesto fue reconocida en la
Sentencia C-353 de 1995, con ponencia del Magistrado José Gregorio Hernández G.
[3] Sentencias C-025 de 1993,  C-140 de
1998 y C-393 de 2000
[4] Cfr. Gacetas del Congreso 483 y 501
de 2000
[5] Gaceta del Congreso No. 502 del 13 de
diciembre de 2000.
[6] Gaceta del Congreso número 51 de
2000.
[7] Gaceta del Congreso No. 372. Lunes 18
de septiembre de 2000. Páginas 21-28