T-909-06
Sentencia T-
Sentencia T-909/06
ACCION DE TUTELA
CONTRA ACCIONES U OMISIONES JUDICIALES-Procedencia
excepcional
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES POR VIA DE HECHO-Procedencia excepcional
CORTE
CONSTITUCIONAL-Interpretación de sus propias
sentencias
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia
excepcional para la protección de derechos fundamentales
ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reemplazo de la
expresión "vía de hecho" por la de "causales genéricas de
procedibilidad"
ACCION DE
TUTELA EN PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO-Requisitos
básicos de procedencia
ACCION DE
TUTELA EN PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO-Inmediatez
no puede argumentarse para negarla por cuanto proceso sigue en curso
ACCION DE
TUTELA EN PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO-Procede si
se utilizaron los recursos de ley dentro del proceso ejecutivo hipotecario
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES POR VIA DE HECHO-Defectos
VIA DE HECHO POR
DEFECTO SUSTANTIVO-Configuración
PROCESO EJECUTIVO-Finalidad de las excepciones
El trámite establecido por el artículo
510 del CPC está encaminado a abrir un debate probatorio y procesal que le
permita al juez llegar al convencimiento necesario para aceptar o rechazar las
pretensiones de la demanda ejecutiva, y a la vez para evaluar las excepciones
presentadas por el ejecutado y decidir acogerlas de ser preciso. Y precisamente
es a través del análisis del escrito de demanda, del escrito de excepciones, de
las pruebas allegadas por las partes y practicadas por el despacho judicial, y de
los alegatos de conclusión que el juez adquiere la certeza que se requiere para
tomar una decisión que comprenda todos los elementos del debate jurídico. Esto
significa que a través de la proposición de excepciones el demandado en el
proceso ejecutivo ejerce su derecho de defensa y de contradicción, pues es a
través de éstas que es posible que la parte pasiva controvierta las
obligaciones emanadas del título ejecutivo. Por tanto, se deriva un deber del
juez de evaluar los argumentos presentados por esta parte procesal así como las
pruebas allegadas con el escrito de excepciones, deber que expresamente
encuentra su asidero legal en el artículo 96 del CPC, modificado por el
artículo 1, numeral 45 del Decreto 2282 de 1989,
PRINCIPIO DE
IGUALDAD EN PROCESO EJECUTIVO-Presentación
excepciones garantiza que partes cuenten con las mismas posibilidades para
defensa de sus intereses
ACCESO A LA
ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Derecho no se satisface
cuando juez deja de pronunciarse sobre asunto sometido a su decisión
PRINCIPIO DE
CONGRUENCIA DE LAS SENTENCIAS-Alcance
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES POR VIA DE
HECHO-Tribunal no
estudió  excepciones presentadas por ejecutado
En el caso bajo estudio, la Sala
estima que el hecho de que el Tribunal considere que el juez debe decidir
dentro del proceso ejecutivo con base en lo pedido en la demanda y limitar su
análisis a las pretensiones en ella contenidas sin entrar a analizar el escrito
de excepciones y las pruebas allegadas al proceso por el ejecutado, vulnera el
derecho de defensa de la parte demandada. Tal escrito constituye, según la
estructura del proceso ejecutivo, el medio idóneo para que la parte ejecutada
pueda defender sus derechos y sus intereses. Para la Sala, independientemente
de la pertinencia o no del contenido del escrito de excepciones, abstenerse de
su estudio niega la posibilidad de que el juez se pronuncie de fondo sobre su
existencia y su contenido, lo que constituye una clara violación del derecho de
defensa y de contradicción del demandado.
Referencia:
expediente T-1371819
Acción de tutela
instaurada por Jeremías de Jesús Guerrero Palacios contra la Sala Única del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pamplona.
Magistrado
Ponente:
Dr. MANUEL JOSÉ
CEPEDA ESPINOSA
Bogotá D.C., tres (3) de noviembre de dos
mil seis (2006).
La Sala Tercera de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados Manuel José Cepeda Espinosa,
Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo Escobar Gil, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
en el proceso de revisión del fallo
proferido el 30 de marzo de 2006 en primera instancia por la Sala de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia y del fallo proferido el 31 de mayo de
2006 en segunda instancia por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema
de Justicia, dentro de la acción de tutela instaurada por Jeremías de Jesús
Guerrero Palacios contra la Sala Única del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Pamplona.
I.
ANTECEDENTES
1. Hechos
1.1.
El veintisiete (27) de enero de 1994, el
Banco Central Hipotecario (en adelante, BCH), otorgó a Jeremías de Jesús
Guerrero Palacios y a Olga Marina Carrillo Mora un crédito hipotecario por
valor de $10’000,000.
1.2.
El señor Jeremías de Jesús Guerrero Palacios
inició en el año 2000 proceso abreviado de menor cuantía contra el BCH[1],
para que se declarará que esta entidad financiera se había enriquecido
injustamente como consecuencia de la indebida liquidación del crédito
hipotecario y que se ordenará la revisión y reajuste del contrato de mutuo[2].
1.3.
Mediante comunicación del 14 de marzo de
2001[3],
el señor Guerrero Palacios solicitó al BCH la reliquidación del crédito con
base en la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, y
solicitó la reestructuración del mismo con base en la tasa de inflación más
11%, equivalente al valor máximo de interés permitido para vivienda de interés
social.
1.4.
Por concepto de la reliquidación de la
obligación hipotecaria ordenada por la Ley 546 de 1999, se abonó al crédito
contraído por el señor Guerrero la suma de $3’466,795.oo[4].
1.5.
El pagaré suscrito por los deudores
hipotecarios fue cedido por el BCH al Banco Comercial Granahorrar[5]
el 18 de enero de 2000. Mediante comunicación del 2 de julio de 2002, está
entidad financiera le informó al deudor el estado de su obligación hipotecaria,
en donde se observa una deuda total por valor de $36’378.398.04.
1.6.
El 7 de noviembre de 2002 Granahorrar inició
proceso ejecutivo ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pamplona en
contra los deudores, debido a la mora en que los mismos habían incurrido desde
el 8 de julio de 2000, con el objetivo de que mediante sentencia se ordenará a
los deudores pagar la suma de $26’092.177.oo más los intereses moratorios
liquidados a la tasa del 18% anual. Dentro de este proceso ejecutivo, se han
surtido – entre otras – las siguientes actuaciones:
1.6.1. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pamplona libró mandamiento
de pago mediante auto del 19 de noviembre de 2002, por el capital pedido y los
intereses de mora causados.
1.6.2. Los demandados presentaron excepciones de mérito, alegando que “el
acreedor no dio aplicación al índice de precios al consumidor, sino en su
lugar, acudió a la tasa para los certificados de depósito a término fijo (CDT),
por lo que desconoció la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo
de Estado sobre la materia”. Junto con el escrito de excepciones, los
demandados aportaron liquidación privada del crédito hipotecario, que arrojó
como saldo pendiente de pago la suma de $104,560.26.
1.6.3. Dentro del proceso ejecutivo se practicó un dictamen pericial,  cuya
conclusión fue que la deuda había sido cancelada en su totalidad por los
deudores y que existía un saldo a favor de la Nación por valor de $792.714.00[6].
El anterior peritazgo no fue objetado por el Banco ejecutante, por lo cual el
Juzgado Segundo le impartió su aprobación mediante auto del 3 de agosto de
2004.
1.6.4. Granahorrar aportó el 8 de mayo de 2003 la liquidación del crédito a
31 de diciembre de 2000, elaborada por la oficina de crédito y cartera de la
entidad, en donde consta un saldo de la obligación después de aplicada la
reliquidación del crédito hipotecario por valor de $22’009,831.75, que incluye
capital adeudado, intereses corrientes e intereses de mora[7].
1.7.
El Juzgado Segundo Civil del Circuito de
Pamplona profirió sentencia favorable a los demandados el 13 de diciembre de
2004[8],
al declarar probada la excepción de “inexistencia de la obligación a partir de
enero de 2000 y cobro de lo no debido”, al considerar que
“(…) de la prueba
pericial, que contraría todo lo precisado en los saldos presentados por la
entidad crediticia demandante y la que se encuentra en firme por no haber
sufrido modificación a consecuencia de objeción alguna por parte de la
demandante o demandados, se tiene que el crédito se encuentra cancelado, por lo
tanto el saldo es cero, además, que el BANCO GRANAHORRAR tiene que cancelar un
excedente a favor del Estado por la suma de $792.714.oo. Entonces no existe
saldo que cancelar por parte de Jeremías de Jesús Guerrero Palacios y Olga
Marina Carrillo Mora como consecuencia del crédito otorgado y descrito en el
pagaré número 17005880-3 (…)”
1.8.
La Sala Única del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Pamplona revocó la sentencia de primera instancia mediante
fallo del 14 de diciembre de 2005[9], al considerar que la
decisión del Juzgado Segundo debió limitarse a lo pedido por el ejecutante en
la demanda. Estima el Tribunal que “(no) es permisible legalmente sobrepasar el
querer del petitum para adentrarnos en el análisis de tesis jurídicas que si
bien son muy interesantes, no resuelven las pretensiones demandadas, llevando a
incursionar innecesariamente en temas propios de los procesos declarativos que
para el caso ha debido promover la parte demandada”. En consecuencia, el
Tribunal decidió rechazar las excepciones propuestas y decretó la venta en
pública subasta del bien embargado para con su producto atender las
obligaciones derivadas del título ejecutivo.
2. Acción de tutela[10]
El 13 de marzo de 2006 el señor Jeremías de
Jesús Guerrero, actuando a través de apoderada judicial, interpuso acción de
tutela contra la Sala de Decisión Única del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Pamplona al considerar que en la sentencia de segunda instancia
proferida por ésta el 14 de diciembre de 2005 en el curso del proceso ejecutivo
adelantado en su contra se configura una vía de hecho que vulnera sus derechos
fundamentales al debido proceso, la propiedad, la vivienda digna y la familia.
Considera el señor Guerrero que en su caso
se reúnen los requisitos señalados por la jurisprudencia para la procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales, a saber:
(i)
Agotó todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa a su alcance.
(ii)
La irregularidad procesal tuvo un efecto
decisivo y determinante en la sentencia que se impugna y afectó sus derechos
fundamentales.
Manifiesta el accionante que la decisión
del Tribunal del 14 de diciembre de 2005, mediante la cual se revocó la
sentencia de primera instancia y en la cual se rechazaron las excepciones de
mérito propuestas por el demandado – aquí tutelante-, se basó en la
imposibilidad que tiene el juez de analizar argumentos más allá de los
presentados en la demanda ejecutiva, de forma tal que el juez está en la
obligación de “analizar y resolver únicamente según lo solicitado en la
demanda”. Así, afirma el accionante:
“El Tribunal que
conoció en segunda instancia el proceso ejecutivo hipotecario, descartó sin
sustento jurídico o probatorio, el dictamen pericial elaborado con base en
todos los criterios pertinentes (La ley 546 de 1999 y la jurisprudencia tanto
del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional). Lo anterior sin
consideración a que dicha prueba no fue objetada por ninguno de los sujetos
procesales y de otro lado la decisión dictada por el tribunal no expuso motivos
serios para descartar o desligitimar la credibilidad de dicho experticio. En
efecto, la labor del juez al resolver sobre un derecho, requiere de una carga
argumentativa que justifique su decisión, y en el caso concreto de una razón
válida para separarse del dictamen pericial y de la jurisprudencia
constitucional aplicable.
“(…)
“Al no tener en cuenta
la prueba y más allá de la prueba, la jurisprudencia Contencioso Administrativa
y constitucional requerida en el caso concreto, se fallo en sentido contrario a
los dictados de la justicia. La consecuencia es evidente, de haber sido
valoradas las pruebas adecuadamente y de haberse aplicado las reglas jurisprudenciales
existentes para los supuestos fácticos debatidos en el proceso ejecutivo
hipotecario seguido en contra del señor Jeremías de Jesús Guerrero la decisión
judicial hubiera sido diferente”.
Con base en las anteriores consideraciones,
el señor Jeremías de Jesús Guerrero solicita que se declaré la nulidad de la
sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal el 14 de diciembre de
2005 y, por tanto, se ordene la terminación del proceso o subsidariamente se
dicte nuevamente sentencia ajustada a la jurisprudencia del Consejo de Estado y
de la Corte Constitucional sobre la liquidación de créditos hipotecarios.
3. Sentencias de tutela objeto de
revisión
El 30 de marzo de 2006 (en primera
instancia) la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia concedió
la tutela de los derechos fundamentales del señor Guerrero al considerar que el
Tribunal incurrió en un yerro en su providencia, que tuvo como consecuencia la
vulneración al debido proceso del accionante. En concepto de la Sala la
motivación esgrimida por el Tribunal, según la cual en el proceso ejecutivo el
juez debe limitarse a decidir con base en lo pedido en la demanda, conduciría a
la “inanidad de las excepciones en el proceso ejecutivo”.
Por tanto, la Sala de Casación Civil
dispuso dejar sin efectos la sentencia del 14 de diciembre de 2005 proferida en
segunda instancia por el Tribunal. En consecuencia, ordenó a la Sala Única del
Tribunal Superior de Pamplona resolver en debida forma el recurso de apelación
interpuesto contra la providencia proferida por el Juzgado Segundo de Pamplona[11].
El apoderado judicial del BBVA interpuso
recurso de apelación contra la decisión de tutela de primera instancia al
considerar que la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia
consideró como excepción el argumento esgrimido por los demandados al contestar
la demanda, según el cual la falta de pago se había debido a la variación de
las condiciones económicas. Adicionalmente, estima el BBVA que “en el fallo
del juzgado de origen hay una total incongruencia entre lo solicitado en la
excepción y la decisión tomada por el juez, acorde al artículo 305 del Código
de Procedimiento Civil”. Igualmente, señaló el BBVA que la providencia de
la Sala de Casación Civil debió ser más explícita respecto de las correcciones
que debería realizar el Tribunal de Pamplona en la corrección del primer fallo.
De otra parte, adujo que la notificación de
la tutela por parte de la Sala de Casación Civil se realizó de forma indebida,
ya que en los telegramas que dicha Corporación envió al Banco se anotaba que la
tutela se adelantaba en la Sala de Casación Penal contra el Banco Cafetero –
Bancafé -, asunto este que hizo difícil la identificación del proceso por parte
de la entidad financiera y correlativamente el ejercicio del derecho de
defensa. En este sentido, el apoderado del BBVA solicitó en su escrito de
impugnación decretar la nulidad de lo actuado en la primera instancia de la
tutela basado en la indebida notificación de la demanda, de acuerdo con el
artículo 140 del Código de Procedimiento Civil y así “dar oportunidad al
banco de hacer uso del derecho constitucional a la contradicción y la defensa”.
La Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia revocó mediante sentencia del 31 de mayo de 2006 la
sentencia de tutela de primera instancia, al considerar que la tutela resulta
improcedente cuando con ella se persiga dejar sin validez una providencia
judicial, tal como acontece en la tutela promovida por el señor Guerrero
Palacios contra la sentencia proferida por el Tribunal accionado en el proceso
ejecutivo promovido en su contra por el Banco Granahorrar.
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.
Competencia y trámite
Esta Corte es competente para conocer del
fallo materia de revisión, de conformidad con lo establecido en los artículos
86 y 241-9 de la Constitución Política y en los artículos 31 a 36 del Decreto
2591 de 1991 y demás disposiciones pertinentes, así como por la escogencia del
caso por la Sala de Selección.
2.
Problema jurídico
El señor Jeremías de Jesús Guerrero,
actuando a través de apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra la
Sala de Decisión Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pamplona
al considerar que ésta incurrió en una vía de hecho en la sentencia de segunda
instancia del 14 de diciembre de 2005, proferida en curso del proceso ejecutivo
promovido en su contra por Granahorrar (hoy en día BBVA). En su concepto, la
vía de hecho se configura al no haberse valorado las excepciones presentadas
por su apoderado judicial y las pruebas obrantes en el expediente en las cuales
constaba que la obligación reclamada por la entidad financiera era inexistente,
argumentado para el efecto que en un proceso ejecutivo el juez debe limitarse
al análisis de las pretensiones de la demanda sin consideración alguna a las
excepciones presentadas por el ejecutado y las pruebas aportadas por éste.
El apoderado judicial del BBVA afirmó que
en el fallo del Tribunal no se configuró una vía de hecho, ya que la sentencia
se limitó a establecer que no se encontraban probadas las excepciones alegadas
por el ejecutado.
La Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia (en primera instancia) concedió la tutela de los derechos
fundamentales al estimar que:
“(…) El Tribunal
abandonó el análisis de los extremos de la controversia oportunamente
planteados, pues estimó que los aspectos que fueron materia de excepciones – y
que, precisamente, tenían que ver con el contenido de las obligación sometida a
cobro judicial – debían alegarse en un proceso de conocimiento, ya que
escapaban a la finalidad del proceso ejecutivo.
“No obstante, no
percató el Tribunal que ese entendimiento podría conducir a la inanidad de las
excepciones en el proceso ejecutivo, pues bajo criterio semejante, sería dable
afirmar que las cuestiones ventiladas a través de los mecanismos de defensa
deben plantearse siempre en un proceso ordinario separado, lo cual, por
supuesto, resulta inaceptable, en tanto que desconoce infundadamente el hecho
de que en el juicio ejecutivo, cuando existen excepciones oportunamente
presentadas, se abre una fase cognoscitiva prevista perentoriamente por la ley
para que las alegaciones relativas a la validez, la exigibilidad y el contenido
de la obligación sean debatidas y posteriormente decididas por el juez
natural”.
En consecuencia, la Sala de Casación Civil
dispuso dejar sin efectos la sentencia del 14 de diciembre de 2005 proferida en
segunda instancia por el Tribunal y ordenó resolver el recurso de apelación
interpuesto contra la providencia proferida por el Juzgado Segundo de Pamplona.
Por su parte, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia
revocó la sentencia de tutela al considerar que la acción resulta improcedente
cuando con ella se persiga dejar sin validez una providencia judicial.
A partir de estos antecedentes, como
cuestión previa esta Sala de Revisión deberá establecer si la acción de tutela
fue debidamente notificada al BBVA, puesto que la entidad financiera alega que
en los telegramas enviados por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia no se identificaba adecuadamente la acción de tutela; por lo cual, la
entidad financiera solicita la declaratoria de nulidad de todo lo actuado a
partir de la notificación de la acción. De no accederse a la solicitud de
nulidad, se entrará a determinar si en el asunto de la referencia es procedente
la acción de tutela contra la sentencia del 14 de diciembre de 2005 proferida
por la Sala Única del Tribunal Superior de Pamplona.
En caso de encontrarse que, en efecto, la
acción de tutela es procedente, la Sala deberá analizar si se configura una vía
de hecho en la sentencia del 14 de diciembre de 2005 proferida por la Sala
Única del Tribunal Superior de Pamplona, en la cual se revocó la sentencia de
primera instancia proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de
Pamplona el 13 de diciembre de 2004[12], aduciendo que en los
procesos ejecutivos hipotecarios el juez debe limitarse a analizar el contenido
de las pretensiones de la demanda y no debe ahondar en los argumentos expuestos
en el escrito de excepciones. La anterior tesis conduce, en criterio del Tribunal,
a que no le sea dable al juez valorar las pruebas aportadas con el escrito de
excepciones por la parte ejecutada. El problema jurídico se puede sintetizar en
la siguiente pregunta:
¿Constituye una vía de hecho por defecto
sustantivo la providencia del 14 de diciembre de 2005 proferida por la Sala
Única del Tribunal Superior de Pamplona, en la cual se consideró que el juez en
un proceso ejecutivo hipotecario debe limitarse a examinar las pretensiones
contenidas en la demanda y por tanto no le corresponde analizar las excepciones
de mérito y las pruebas aportadas por el ejecutado?
3.
Notificación de la tutela
La Sala observa en los sendos telegramas enviados por la
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia,
con el objeto de notificar al BBVA sobre la
presentación de la tutela por parte del señor Guerrero y comunicar la decisión
tomada en la primera instancia, que los mismos fueron dirigidos al
representante legal de Granahorrar (hoy en día BBVA), y que en ellos se informa
con claridad sobre datos básicos de la tutela[13].
En efecto, en el primero de ellos, en lo pertinente, se observa:
“Señor
“Representante Legal
“Banco Granhorrar
“Avenida 0 No. 12-36
“Cúcuta (Norte de
Santander)
“Con toda  atención, me
permito notificarle la decisión tomada por el Doctor Edgardo Villamil Portilla,
magistrado ponente en el presente asunto, en providencia del 16 de marzo de
2006. RAD. 110010203000-2006-00417-00.
“Este despacho asume
el conocimiento de las acción de tutela formulada por Jeremías de Jesús
Guerrero Palacios, contra la Sala Única del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Pamplona.
“En consecuencia, se
dispone:
“1. Notifíquese la
admisión del amparo a sus promotores, a los funcionarios judiciales accionados,
al Banco Cafetero, hoy Bancafé por intermedio de su representante legal, a la
Superintendencia Bancaria a través de su representante legal, así como a las
partes e intervinientes en el proceso ejecutivo que dio origen a la queja
constitucional.
“2. Del mismo modo,
córraseles traslado para que en el perentorio término de un día ejerzan su
derecho de contradicción y defensa, de conformidad con el artículo 16 del
decreto 2591 de 1991, en concordancia con el artículo 5° del Decreto 306 de
1992” (Subrayas por fuera del texto original).
Como se aprecia en el telegrama transcrito, la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia le
informó al representante legal del Banco Granahorrar de la existencia de la
acción de tutela promovida por Jeremías de Jesús Guerrero Palacios contra la
Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pamplona, y le indica
correctamente el número de radicación al que corresponde. En concepto de la
Sala, los anteriores datos son suficientes para la correcta identificación de
la acción, puesto que se refieren a las partes procesales y al despacho
judicial de conocimiento.
Téngase en
cuenta que para la fecha de radicación de la acción (13 de marzo de 2006) aún
no se había producido la fusión entre ésta entidad financiera y el BBVA, la
cual tuvo lugar el 28 de abril de 2006. Por ende, para la fecha en que se
realizó la notificación el telegrama debía dirigirse al Banco Granhorrar, como
en efecto se hizo.
Observa la Sala
que en el telegrama se dispone “notifíquese la admisión del amparo a sus
promotores, a los funcionarios judiciales accionados, al Banco Cafetero, hoy
Bancafé por intermedio de su representante legal”, cuando ha debido referirse
al Banco Granahorrar. No obstante, la Sala estima que este error no tiene la
magnitud que le atribuye el BBVA en el sentido de dificultar la identificación
del proceso de tutela. Como ya se anotó, la información contenida en el
telegrama enviado a la dirección de la gerencia principal del Banco en la
ciudad de Cúcuta le permitía al BBVA conocer que cursaba una acción de tutela
en su contra ante la Sala de Casación Civil de
la Corte Suprema de Justicia y que la misma había sido instaurada por Jeremías
de Jesús Guerrero Palacios.
De forma que esta Sala de Revisión no acoge la apreciación
del BBVA según la cual la tutela fue indebidamente notificada, por referirse a
una acción instaurada contra Bancafé. En este sentido, no se considera que
durante el trámite de la presente acción se haya incurrido en una indebida
notificación que de lugar a declarar la nulidad de la misma.
4.
Reiteración de jurisprudencia: procedencia
excepcional de la acción de tutela contra acciones u omisiones judiciales.
Vistos los antecedentes, la Sala de
Revisión considera que el caso plantea un problema jurídico que ya ha sido
abordado ampliamente por la jurisprudencia constitucional, a saber: ¿procede la
acción de tutela, a pesar de su carácter subsidiario, contra una providencia
judicial en la que presuntamente se vulneran los derechos fundamentales?. Es
necesario abordarlo en éste caso dado que la Sala Laboral de la Corte Suprema
de Justicia fundamentó su decisión de segunda instancia en que, a su juicio, la
acción de tutela es improcedente contra decisiones judiciales.
4.1.
Como ya fue dicho por esta Sala en otra
ocasión[14], la sentencia C-543 de
1992[15] estudió la
constitucionalidad de los artículos 11 y 12 del Decreto 2591 de 1991, normas
que regulaban el ejercicio de la acción de tutela contra sentencias judiciales.
En esta sentencia se resolvió declarar inexequibles las disposiciones acusadas,
por considerar que desconocían las reglas de competencia fijadas por la
Constitución Política y afectaban el principio de seguridad jurídica.
No obstante, la decisión de la Sala Plena
de la Corte Constitucional no se adoptó en términos absolutos, pues matizó sus
efectos al prever casos en los cuales, de forma excepcional, la acción de
tutela es procedente contra actuaciones que aunque en apariencia estuvieran
revestidas de formas jurídicas, en realidad implicaran una vía de hecho.
Al respecto dijo la Sala Plena en la sentencia C-543 de 1992:
“(…) nada obsta para
que por la vía de la tutela se ordene al juez que ha incurrido en dilación
injustificada en la adopción de decisiones a su cargo que proceda a resolver o
que observe con diligencia los térmi­nos judiciales, ni riñe con los preceptos
constitucionales la utilización de esta figura ante actuaciones de hecho
imputables al funcionario por medio de las cuales se desconozcan o amenacen los
derechos fundamentales, ni tampoco cuando la decisión pueda causar un perjuicio
irremediable, para lo cual sí está constitucionalmente autorizada la tutela
pero como mecanismo transitorio cuyo efecto, por expreso mandato de la Carta es
puramente temporal y queda supeditado a lo que se resuelva de fondo por el juez
ordinario competente (artículos 86 de la Constitución Política y 8º del Decreto
2591 de 1991). En hipótesis como éstas no puede hablarse de atentado alguno
contra  la seguridad jurídica de los asociados, sino que se trata de hacer
realidad los fines que persigue la justicia.”
Esta decisión ha sido interpretada por la
jurisprudencia constitucional, que desde entonces ha venido desarrollando el
tema. Así, en la sentencia T-079 de 1993[16] se consideró,
con base en la sentencia C-543 de 1992[17] lo siguiente:
“Una actuación de la
autoridad pública se torna en una vía de hecho susceptible del control
constitucional de la acción de tutela cuando la conducta del agente carece de
fundamento objetivo, obedece a su sola voluntad o capricho y tiene como
consecuencia la vulneración de los derechos fundamentales de la persona.
“Carece de fundamento
objetivo la actuación manifiestamente contraria a la Constitución y a la Ley.
La legitimidad de las decisiones estatales depende de su fundamentación
objetiva y razonable. El principio de legalidad rige el ejercicio de las
funciones públicas (CP Art. 121), es condición de existencia de los empleos
públicos (CP Art. 122) y su desconocimiento genera la responsabilidad de los
servidores públicos (CP Arts. 6, 90). Una decisión de la autoridad no es
constitucional solamente por el hecho de adoptarse en ejercicio de las
funciones del cargo. Ella debe respetar la igualdad de todos ante la ley (CP
Art. 13), principio que le imprime a la actuación estatal su carácter
razonable. Se trata de un verdadero límite sustancial a la discrecionalidad de
los servidores públicos, quienes, en el desempeño de sus funciones, no pueden
interpretar y aplicar arbitrariamente las normas, so pena de abandonar el
ámbito del derecho y pasar a patrocinar simple y llanamente actuaciones de
hecho contrarias al Estado de Derecho que les da su legitimidad”[18].
Las distintas Salas de Revisión de la Corte
Constitucional, atendiendo a la fuerza vinculante de los fallos de
constitucionalidad erga omnes, han decidido aplicar en los casos
concretos el precedente establecido por la Sala Plena en la sentencia C-543 de
1992. Así, por ejemplo, puede citarse la sentencia T-158 de 1993, en la que la
Sala Novena de Revisión de la Corte decidió confirmar la decisión de la Sala
Civil del Tribunal Superior de Popayán de conceder el amparo solicitado por el
accionante en razón a que, según la jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia, se quebrantó el derecho fundamental del debido proceso al negar el
recurso de apelación exigiéndose un requisito inexistente en el Código de Procedimiento
Civil[19]. Al respecto también es
preciso citar la sentencia T-173 de 1993, en la que, con ponencia del
magistrado José Gregorio Hernández Galindo –ponente de la sentencia C-543 de
1992–, se consideró lo siguiente,
“Siendo providencias
judiciales los actos contra los cuales se intentó la acción, se impone
verificar la procedencia de ésta, que no es general sino excepcional, a la luz
de las normas fundamentales.
“(…)
“Según la doctrina de
la Corte, expresada en varias de sus decisiones, particularmente en la
Sentencia No. C-543 proferida por la Sala Plena el 1º de octubre de 1992, la
acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a
situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la trasgresión
o la amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema
jurídico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los
jueces a objeto de lograr la protección que haga efectivos los mandatos
constitucionales en defensa de la persona.
“(…)
"Así, pues -ha
concluido la Corte-, la tutela no puede converger con vías judiciales diversas
por cuanto no es un mecanismo que sea factible de elegir según la
discrecionalidad del interesado, para esquivar el que de modo específico ha
regulado la ley; no se da la concurrencia entre éste y la acción de tutela
porque siempre prevalece -con la excepción dicha- la acción ordinaria".
“Ha agregado que, por
tanto, "...en nuestro sistema pugna con el concepto mismo de esta acción
la idea de aplicarla a procesos en trámite o terminados, ya que unos y otros
llevan implícitos mecanismos pensados cabalmente para la guarda de los
derechos, es decir, constituyen otros medios de defensa judicial" que, a
la luz del artículo 86 de la Constitución, excluyen por regla general la acción
de tutela".
“(…)
“No obstante, la regla
general de la que se viene tratando no es absoluta y, por tanto, admite
excepciones que han sido reconocidas y precisadas por la Corte Constitucional
en la misma sentencia referida y en fallos posteriores.
“(…)
“En ese orden de ideas,
la violación flagrante y grosera de la Constitución por parte del juez, aunque
pretenda cubrirse con el manto respetable de la resolución judicial, puede ser
atacada mediante la acción de tutela siempre y cuando se cumplan los
presupuestos contemplados en el artículo 86 de la Constitución y no exista otro
medio al alcance del afectado para la defensa de su derecho.” (Subraya por
fuera del texto original).
Esta doctrina constitucional ha sido
precisada y reiterada en varias sentencias de unificación proferidas por la
Sala Plena de la Corte Constitucional. Por ejemplo, en la sentencia SU-1184 de
2001[20] se afirmó:
“La Corte
Constitucional ha construido una nutrida línea de precedentes en materia de
tutela contra providencias judiciales, bajo las condiciones particulares de lo
que se ha denominado la vía de hecho. No es de interés para este proceso en
particular hacer un recuento de dicha línea de precedentes. Baste considerar
que sus elementos básicos fueron fijados en la sentencia T-231 de 1994[21],
en la que se señaló que existe vía de hecho cuando se observan algunos de los
cuatro defectos: sustantivo, orgánico, fáctico y procedimental.”
4.2.
Por lo tanto, coincide parcialmente esta
Sala de Revisión de la Corte Constitucional con la Sala de Casación Laboral en
reconocer la obligatoriedad que tienen en el sistema jurídico colombiano las
sentencias de constitucionalidad, específicamente la sentencia C-543 de 1992,
pero no comparte el criterio según el cual en dicha sentencia se decidió que
era contrario a la Constitución Política de 1991 el que proceda una acción de
tutela contra una actuación judicial, incluso cuando ésta configure una vía de
hecho.
En cambio, coincide plenamente esta Sala de
Revisión con la decisión adoptada por la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia dentro del proceso, la cual, en lugar de descartar de
manera absoluta la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, verificó si en el caso concreto ésta era procedente. La diferencia
entre la posición adoptada por la Sala de Casación  Laboral, por un lado, y la
Sala de Casación Civil, por otro, estriba en que mientras la primera sostiene
que la acción de tutela nunca procede contra providencias judiciales, la
segunda estima que en ciertos casos excepcionales, cuando se reúnen estrictos
requisitos, ella sí procede contra providencias judiciales[22],
acogiendo entonces la jurisprudencia reiterada de esta Corporación.
4.3.
El artículo 86 de la Constitución dice que
la tutela procede cuando los derechos fundamentales “resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Los
jueces son autoridades públicas y sus providencias constituyen su principal
forma de acción. Además, como se dijo, la Corte Constitucional en sus salas de
revisión y en su Sala Plena ha reiterado que la tutela sí procede contra
providencias judiciales cuando éstas constituyen vías de hecho. También ha
proferido sentencias de constitucionalidad con efectos erga omnes en el mismo
sentido[23].
No desconoce esta Sala de Revisión que una
sentencia, como cualquier texto, es objeto de interpretación. Empero, quien
interpreta con autoridad las sentencias de la Corte Constitucional es la propia
Corte Constitucional, así como esta Corporación ha reconocido que quién
interpreta con autoridad las sentencias de la Corte Suprema de Justicia es la
propia Corte Suprema de Justicia, en razón a que su doctrina relativa al
alcance de las leyes en el ámbito de su competencia como “máximo tribunal de
la jurisdicción ordinaria” (artículo 234 CP), constituye un derecho
viviente[24].
4.4.
De igual forma, antes de pasar a analizar
los argumentos del accionante en contra del proveído de la Sala Única del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pamplona, la Sala considera pertinente
señalar que el concepto de vía de hecho, en el cual se funda la presente
acción de tutela, ha evolucionado en la jurisprudencia constitucional. La Corte
ha decantado los conceptos de capricho y arbitrariedad judicial, en los que
originalmente se fundaba la noción de vía de hecho. Actualmente no
“(…) sólo se trata de
los casos en que el juez impone, de manera grosera y burda su voluntad sobre el
ordenamiento, sino que incluye aquellos casos en los que se aparta de los
precedentes sin argumentar debidamente (capricho) y cuando su discrecionalidad
interpretativa se desborda en perjuicio de los derechos fundamentales de los
asociados (arbitrariedad). Debe advertirse que esta corporación ha señalado que
toda actuación estatal, máxime cuando existen amplias facultades discrecionales
(a lo que de alguna manera se puede asimilar la libertad hermenéutica del
juez), ha de ceñirse a lo razonable. Lo razonable está condicionado, en primera
medida, por el respeto a la Constitución.”[25]
En este caso (T-1031 de 2001) la Corte
decidió que la acción de tutela procede contra una providencia judicial que
omite, sin razón alguna, los precedentes aplicables al caso o cuando “su
discrecionalidad interpretativa se desborda en perjuicio de los derechos
fundamentales de los asociados”.
Este avance jurisprudencial ha llevado a la
Corte a remplazar “(…) el uso conceptual de la expresión vía de hecho
por la de causales genéricas de procedibilidad.” Así, la regla
jurisprudencial se redefine en los siguientes términos,
“Por lo anterior, todo
pronunciamiento de fondo por parte del juez de tutela respecto de la eventual
afectación de los derechos fundamentales con ocasión de la actividad
jurisdiccional (afectación de derechos fundamentales por providencias
judiciales) es constitucionalmente admisible, solamente, cuando el juez haya
determinado de manera previa la configuración de una de las causales de
procedibilidad; es decir, una vez haya constatado la existencia de alguno de
los seis eventos suficientemente reconocidos por la jurisprudencia:  (i)
defecto sustantivo, orgánico o procedimental;  (ii) defecto fáctico;  (iii)
error inducido;  (iv) decisión sin motivación, (v)
desconocimiento del precedente y (vi) violación directa de la
Constitución”[26].
Esta posición fue reiterada en la sentencia
T-200 de 2004[27], caso en el que se
confirmó la decisión de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de
conceder una tutela por haberse incurrido en una vía de hecho[28].
4.5.
Adicionalmente, la sentencia C–590 de 2005[29],
declaró inconstitucional la expresión “ni acción” que hacía parte del
artículo 185 de la Ley 906 de 2004 (nuevo Código de Procedimiento Penal). Dicha
expresión fue declarada inconstitucional por cuanto desconoce el principio de
supremacía de la Constitución (Art. 4º CP), al restringir el alcance de un
mecanismo constitucional que como la acción de tutela fue diseñado para la
protección de los derechos fundamentales frente a “cualquier autoridad
pública” (artículo 86 CP). La Corte distinguió en este fallo que tiene
efectos erga omnes que una cosa es que el legislador no permita la
utilización de recursos contra las sentencias que resuelvan el recurso
extraordinario de casación en materia penal, en desarrollo de su libertad de
configuración, y otra muy distinta es que excluya la procedencia de la acción
de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución para la protección de
los derechos fundamentales contra toda acción u omisión de cualquier autoridad
pública, concepto que evidentemente también incluye a las autoridades
judiciales.
De esta manera, en una sentencia que
produce efectos erga omnes, se reafirmó la posición que ha venido
adoptando la Corte Constitucional desde 1993, la cual reitera la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales en casos excepcionales y
estima contrario a la Carta que se excluya de manera general y absoluta la
interposición de la acción de tutela contra providencias judiciales, incluidas
las proferidas por la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado.
5.
Reiteración de jurisprudencia. Condiciones
básicas para la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales proferidas en el curso de procesos ejecutivos.
La Corte encuentra que cuando se trata de tutelas contra
providencias judiciales proferidas en el curso de procesos ejecutivos, antes de
analizar la cuestión de fondo es preciso verificar la concurrencia de dos
elementos en cada caso. De una parte, la vigencia del proceso ejecutivo, esto
es, que el proceso ejecutivo se encuentre en curso. De otra parte, que el
accionante hubiese ejercido los recursos legales disponibles oportunamente, de
forma tal que la acción de tutela no se convierta en un mecanismo para revivir
términos  u oportunidades procesales, o para suplir la inactividad de las
partes.[30]
Una vez constatado por parte del juez constitucional la
concurrencia de las condiciones mencionadas, corresponde a éste analizar la cuestión
de fondo, esto es, si la providencia que se ataca constituye una vía de hecho.
A continuación, se profundiza en cada una de las premisas mencionadas.
5.1.
La inmediatez de la acción de tutela en el
proceso ejecutivo hipotecario se verifica cuando el proceso sigue en curso.
El requisito de la inmediatez para la correcta
interposición de la acción de tutela exige que la acción sea presentada de
manera oportuna, esto es, en un término razonable después de la ocurrencia de
los hechos que motivan la afectación o amenaza de los derechos.[31]
Sobre este aspecto, la Corporación sostuvo en sentencia T-778 de 2004[32]
que:
“(…) se debe insistir
en la relación de inmediatez entre la solicitud de amparo y el hecho vulnerador
de los derechos fundamentales, atendiendo a los principios de razonabilidad y
proporcionalidad[33]. Al respecto, se ha
establecido que no procede la acción de tutela contra sentencias judiciales
cuando el paso del tiempo es tan significativo que resulta claramente
desproporcionado un control constitucional de la actividad judicial, por la vía
de la acción de tutela[34]. En el presente caso se
ha cumplido el principio de inmediatez, en la medida en que la tutela se
interpuso a los pocos meses de proferida la sentencia del Tribunal”.
Ahora bien, dicha inmediatez no necesariamente significa
que la interposición de la acción de tutela debe efectuarse sin mediación de un
intervalo de tiempo entre la causa que da lugar a la interposición de la tutela
y ésta, ya que, por ejemplo, el accionante puede intentar por medios diversos a
la tutela que cese la vulneración o amenaza a sus derechos fundamentales. Es
así como la Corte ha analizado que en ciertas ocasiones “existe un motivo
válido para la inactividad de los accionantes”,[35] y en consecuencia, ha admitido la
procedibilidad de la tutela cuando ha transcurrido un período de tiempo entre
las acciones u omisiones que dan lugar a la tutela y el momento de
interposición de ésta, siempre que el ejecutado haya acudido sin éxito a los
mecanismos procesales ordinarios:
“Cabe señalar que en el
presente caso la prosperidad de la acción de tutela no riñe con el principio de
inmediatez que rige este mecanismo de amparo constitucional, a pesar de que las
providencias judiciales controvertidas datan del 2 de octubre de 2001 y del 9 de
septiembre de 2002, puesto que el proceso ejecutivo sigue en curso y desde
entonces la parte demandada ha intentado defender sus derechos fundamentales a
través de los mecanismos procesales ordinarios, sin ningún éxito; no es de
recibo este argumento que sirvió de base para que el juez de primera instancia
en sede de tutela denegara el amparo solicitado”.[36]
En el presente proceso de tutela se tiene
que la accionante interpuso la acción el 13 de marzo de 2006, esto es,
alrededor de tres meses después de proferida la sentencia de segunda instancia
por parte del Tribunal Superior de Pamplona en el proceso ejecutivo adelantado
en su contra por el BBVA, y que es precisamente la providencia en la cual – en
concepto del accionante – se configuró la vía de hecho que vulnera sus derechos
fundamentales. Además se tiene que al momento de interposición de la tutela aún
no se había rematado el inmueble dado en garantía hipotecaria ni se había dado
lugar a la terminación y archivo del expediente. De acuerdo a lo expuesto,
Jeremías de Jesús Guerrero Palacios cumplió con el requisito de inmediatez.
5.2.
La acción de tutela contra providencias
judiciales procede cuando el accionante ha ejercido los recursos legales
disponibles dentro de la oportunidad procesal prevista para el efecto.
De acuerdo con el principio de
subsidiariedad, la Corte de manera reiterada ha sostenido que es deber del
accionante alegar previamente la violación de derechos fundamentales en el
curso del proceso[37].
En relación con no la procedibilidad de
la acción de tutela cuando el accionante no ha ejercido los recursos previstos en
el respectivo proceso judicial, la Corte ha afirmado:
“De manera reiterada,
la Corte ha sostenido que la acción de tutela es improcedente cuando, con ella,
se pretenden sustituir mecanismos ordinarios de defensa que, por negligencia,
descuido o incuria de quien solicita el amparo constitucional, no fueron
utilizados a su debido tiempo. (...) la integridad de la función estatal de
administrar justicia resultaría gravemente comprometida si se permitiera que un
mecanismo especial y extraordinario como la acción de tutela, dirigido
exclusivamente a la protección de los derechos fundamentales, pudiera suplir
los instrumentos y recursos ordinarios que el ordenamiento pone a disposición
de aquellas personas que persiguen la definición de alguna situación jurídica
mediante un proceso judicial” (Subraya por fuera del texto original).[38]
Por su parte, la Sala Novena de Revisión
en sentencia T-598 de 2003 reiteró la improcedencia de la acción de tutela
cuando el accionante no ha hecho uso de los mecanismos ordinarios para la
defensa de los sus derechos, así:
“En cuanto a los
requisitos formales, la procedibilidad de la acción está condicionada a una de
las siguientes hipótesis: a) Es necesario que la persona haya agotado todos los
mecanismos de defensa previstos en el proceso dentro del cual fue proferida la
decisión que se pretende controvertir mediante tutela. Con ello se busca
prevenir la intromisión indebida de una autoridad distinta de la que adelanta
el proceso ordinario, que no se alteren o sustituyan de manera fraudulenta los
mecanismos de defensa diseñados por el Legislador, y que los ciudadanos
observen un mínimo de diligencia en la gestión de sus asuntos, pues no es ésta
la forma de enmendar deficiencias, errores o descuidos, ni de recuperar
oportunidades vencidas al interior de un proceso judicial. b) Sin embargo,
puede ocurrir que bajo circunstancias especialísimas, por causas extrañas y no
imputables a la persona, ésta se haya visto privada de la posibilidad de
utilizar los mecanismos ordinarios de defensa dentro del proceso judicial, en
cuyo caso la rigidez descrita se atempera para permitir la procedencia de la
acción. c) Finalmente, existe la opción de acudir a la tutela contra
providencias judiciales como mecanismo transitorio a fin de evitar un perjuicio
irremediable.  Dicha eventualidad se configura cuando para la época de
presentación del amparo aún está pendiente alguna diligencia o no han sido
surtidas las correspondientes instancias, pero donde es urgente la adopción de
alguna medida de protección, en cuyo caso el juez constitucional solamente
podrá intervenir de manera provisional”[39] (Subraya por
fuera del texto original).
En particular, tratándose de procesos
ejecutivos hipotecarios, la Corte mediante sentencia T-112 de 2003 afirmó:[40]
“Es dentro del proceso
ordinario correspondiente en el cual se estudia la controversia jurídica en el
cual las partes pueden ejercer su derecho de contradicción manifestando, dentro
de los términos establecidos, sus argumentos y contra argumentos frente al
asunto de la litis. Como en reiteradas ocasiones se ha manifestado, la acción
de tutela no está contemplada para subsanar las eventuales negligencias de las
partes dentro del proceso. De lo contrario se estaría atentando con el derecho
de defensa de la contraparte en el proceso quien no pudo conocer dentro del
escenario natural los argumentos de su contrario y en esa medida no los
controvirtió” (Subraya por fuera del texto original).
En consecuencia, en dicho caso la Sala
Sexta de Revisión negó el amparo solicitado al considerar que (i) la tutela no
es el escenario natural de discusión de la reliquidación de los créditos
hipotecarios sino la justicia civil ordinaria[41]; (ii) el
accionante no hizo uso de los mecanismos ordinarios previstos para la
protección de los mencionados derechos, particularmente el de controvertir la
liquidación del crédito efectuada por Colmena, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 521 del Código de Procedimiento Civil; (iii) no obstante habérsele
comunicado al demandado la existencia de un proceso ejecutivo en su contra, el
mismo no acudió a defender sus intereses, de forma tal que fue preciso el
nombramiento de un curador ad litem dentro del proceso ejecutivo. Por tanto,
concluyó la Corte que “no se puede utilizar la tutela como medio paralelo a la
justicia ordinaria”.
La Corte ha reiterado la jurisprudencia
relativa a la improcedibilidad de la acción cuando el demandado en un proceso
ejecutivo hipotecario – accionante de la tutela – no ha utilizado los medios
legales disponibles dentro de esta clase de procesos.
“La jurisprudencia de
la Corte también ha sido enfática en sostener que la controversia en sede de
tutela de las providencias judiciales no puede convertirse en un recurso o en
una instancia adicional. El principio de autonomía judicial contenido en los
artículos 228, 230 y 246 Superiores, impide que el juez constitucional adelante
un control de legalidad sobre el procedimiento judicial, por lo que su
competencia se encuentra limitada exclusivamente a los conflictos de rango
constitucional que surjan de la actividad judicial.
“Así mismo, la
procedencia de este amparo se encuentra supeditada a que el accionante haya
acudido previamente a los mecanismo procesales previstos en el ordenamiento
jurídico para subsanar las irregularidades en las que pueda haber incurrido el
juez. Como mecanismo residual y subsidiario, la acción de tutela no puede
remplazar las figuras procesales destinadas a obtener la satisfacción de sus
derechos, ni puede subsanar la incuria o negligencia de las partes en hacer uso
de ellas de la manera y dentro de los términos previstos legalmente para ello.
En efecto, al respecto esta Corporación ha dicho que:
“(...) si existiendo el
medio judicial, el interesado deja de acudir a él y, además, pudiendo evitarlo,
permite que su acción caduque, no podrá más tarde apelar a la acción de tutela
para exigir el reconocimiento o respeto de un derecho suyo. En este caso,
tampoco la acción de tutela podría hacerse valer como mecanismo transitorio,
pues esta modalidad procesal se subordina a un medio judicial ordinario que
sirva de cauce para resolver de manera definitiva el agravio o lesión
constitucional". (Sentencia SU-111 de 1997, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
“Por todo lo anterior,
y frente a cada caso en concreto, resulta indispensable analizar si el
peticionario ejerció en debida forma los medios procesales establecidos en el
ordenamiento jurídico para la defensa de los derechos fundamentales cuyo amparo
solicita a través de la acción de tutela”. [42]
Recordada la doctrina pertinente, pasa la
Sala a aplicarla al caso concreto.
Resulta claro para esta Sala de Revisión
que el accionante, demandado dentro del proceso ejecutivo adelantado ante el
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pamplona ha desplegado, a través de sus
apoderados judiciales, una gran actividad procesal, y que acude a la acción de
tutela después de haber utilizado los recursos disponibles para la defensa de
sus intereses, a saber:
[i] En primer lugar, aún sin que
el Banco hubiera instaurado un proceso ejecutivo en su contra, el señor
Jeremías de Jesús Guerrero Palacios inició en el año 2000 proceso abreviado de
menor cuantía contra el BCH con el objetivo de que (i) se declarará que
esta entidad se había enriquecido injustamente como consecuencia de la indebida
liquidación del crédito hipotecario y (ii) se ordenará la revisión y
reajuste del contrato de mutuo.
[ii] Mediante diversas
comunicaciones el señor Guerrero Palacios solicitó al BCH y al Banco
Granahorrar la reliquidación del crédito con base en la jurisprudencia del
Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, y solicitó la reestructuración
del mismo.
[iii] Se tiene que realizada la
notificación de la demanda, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 320
del Código de Procedimiento Civil, el accionante propuso excepciones previas -
según lo dispone el artículo 92 del CPC, modificado por el artículo 1 numeral
43 del Decreto 2282 de 1989- , alegando que “el acreedor no dio aplicación al
índice de precios al consumidor, sino en su lugar, acudió a la tasa para los
certificados de depósito a término fijo (CDT), por lo que desconoció la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado sobre la
materia”.
[iv] Con la contestación de la
demanda, el accionante anexó una liquidación privada del crédito y solicitó al
juez que se decretara la práctica de un dictamen pericial, el cual arrojó como
conclusión que la deuda había sido cancelada en su totalidad y donde se observa
un saldo a favor del Estado por valor de $792.714.00[43].
Obsérvese
adicionalmente que contra la sentencia de segunda instancia proferida por el
Tribunal Superior de Pamplona, que en criterio del accionante constituye una
vía de hecho, no procede ningún recurso[44]. De forma que
en el presente caso el actor no cuenta con un recurso ordinario para
controvertir la decisión de segunda instancia del Tribunal.
6.
Configuración de una vía de hecho por defecto
sustantivo. Reiteración de jurisprudencia.
La jurisprudencia ha indicado en varias
oportunidades los casos excepcionales en que procede la acción de tutela,
indicando que se configura una vía de hecho cuando se presenta, al menos, uno
de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (1) defecto sustantivo, que
se produce cuando la decisión controvertida se funda en una norma indiscutiblemente
inaplicable; (2) defecto fáctico, que ocurre cuando resulta indudable
que el juez carece de sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el
supuesto legal en el que se sustenta la decisión (dimensión negativa) o cuando
juez aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la
providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar (dimensión
positiva); (3) defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello; y, (4) defecto procedimental que aparece en aquellos eventos en los
que se actuó completamente al margen del procedimiento establecido. En
criterio de la Corte “esta sustancial carencia de poder o de desviación del
otorgado por la ley, como reveladores de una manifiesta desconexión entre la
voluntad del ordenamiento y la del funcionario judicial, aparejará su
descalificación como acto judicial”[45].
Por la
naturaleza de las alegaciones específicas que se plantean en la demanda de
tutela, es relevante que la Sala se pronuncie brevemente sobre el alcance de la
llamada “vía de hecho por defecto sustantivo”. En varios fallos
anteriores, la Corte ha delimitado el campo de aplicación de esta figura,
señalando por ejemplo que se presenta
“cuando en una
providencia se desconocen las normas que son evidentemente aplicables al caso,
cuando se realiza una interpretación de la normatividad  que contraría los
postulados mínimos de la razonabilidad jurídica y cuando omite la aplicación de
una regla definida por una sentencia con efecto erga omnes. En suma, el defecto
sustantivo se configura cuando la interpretación y aplicación de la
normatividad al caso concreto resulta contraria a los criterios mínimos de
juridicidad y razonabilidad que orientan al sistema jurídico” [46].
En la sentencia
SU-159 de 2002[47] se sintetizaron con
mayor precisión los rasgos fundamentales de esta figura, así:
“La Corte
Constitucional ha señalado en su jurisprudencia que el defecto sustantivo que
convierte en vía de hecho una sentencia judicial, opera cuando la decisión que
toma el juez desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le
reconocen al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto[48],
bien sea, por ejemplo  (i) porque ha sido derogada y ya no produce
ningún efecto en el ordenamiento jurídico, (ii) porque ella es
claramente inconstitucional y el funcionario se abstuvo de aplicar la excepción
de inconstitucionalidad[49], (iii) porque su
aplicación al caso concreto es inconstitucional[50],
(iv) porque ha sido declarada inexequible por la propia Corte
Constitucional[51] o, (v) porque, a
pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecua a la circunstancia
fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada, por ejemplo, se le
reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador.”
Posteriormente,
en la sentencia T-462 de 2003[52], la Corte explicó que
“(…) una providencia
judicial adolece de un defecto sustantivo (i) cuando la norma aplicable
al caso es claramente inadvertida o no tenida en cuenta por el fallador, (ii)
cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce
a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable
por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem)
o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes
(irrazonable o desproporcionada), y finalmente (iii) cuando el fallador
desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la jurisdicción
constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyos
precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa
juzgada respectiva”[53].
7.
El caso concreto: vulneración del derecho al
debido proceso en el presente caso por configuración de un defecto sustantivo
en la sentencia del 14 de diciembre de 2005.
El derecho fundamental al debido proceso
implica un conjunto de garantías instituidas con el fin de que se realice el
derecho sustantivo. Entre los elementos que integran el derecho al debido
proceso se encuentra especialmente el derecho de audiencia y defensa. Sobre
este punto, la Corte ha expresado que:
“La importancia de esta
garantía es que durante el proceso judicial toda persona que pueda ver
afectados sus intereses tenga la oportunidad de expresar sus ideas, defender
sus posiciones, allegar pruebas, presentar razones y controvertir las razones de
quienes juegan en contra. Esta consideración básica es esencial para que la
función dialéctica del proceso tenga lugar y se desarrolle efectivamente, para
que el juez pueda decidir como tercero imparcial y ajeno al conflicto con los
elementos que solamente le puede otorgar la verdad procesal”[54].
Los artículos 488 a 560
del Código de Procedimiento Civil regulan lo concerniente al proceso ejecutivo
singular por obligaciones con garantía personal de mínima cuantía, de menor y
mayor cuantía, y las disposiciones especiales para el proceso ejecutivo con
garantía real.[55]
La Corte mediante sentencia C-1335 de 2000[56]
se pronunció sobre la finalidad de cada clase de excepciones en los procesos
ejecutivos:
“Las primeras
[excepciones previas] están encaminadas a corregir el procedimiento y sanear
las fallas formales iniciales (de jurisdicción, competencia, confirmación sobre
la existencia y capacidad para actuar de demandante y demandado, lleno de los
requisitos legales de la demanda, citación y notificaciones del caso, cosa
juzgada, transacción y caducidad)[57]
de manera que, una vez subsanadas las irregularidades, el proceso se pueda
llevar a cabo de acuerdo con las normas propias según la ley.
“Las excepciones de
mérito en cambio, no se dirigen a atacar aspectos formales de la demanda;
buscan desvirtuar las pretensiones del demandante, y el juez se pronuncia sobre
ellas en la sentencia[58]”.
Concretamente, los artículos 509 y 510 del
CPC establecen la forma en la cual, en ejercicio de su derecho de
contradicción, el demandado en un proceso de esta naturaleza puede proponer
excepciones previas y de mérito, así como el trámite que el juez debe darle a
las mismas. En efecto, el artículo 509 del CPC, modificado por el artículo 50 de la Ley 794 de 2003, sobre las excepciones de mérito
establece:
“Artículo
509. Excepciones que pueden proponerse. En el proceso ejecutivo pueden proponerse las
siguientes excepciones:
“1. Dentro de los diez
(10) días siguientes a la notificación del mandamiento ejecutivo, el demandado
podrá proponer excepciones de mérito, expresando los hechos en que se funden.
Al escrito deberá acompañarse los documentos relacionados con aquéllas y
solicitarse las demás pruebas que se pretenda hacer valer.
“2. Cuando el título
ejecutivo consista en una sentencia o un laudo de condena, o en otra
providencia que conlleve ejecución, sólo podrán alegarse las excepciones de
pago, compensación, confusión, novación, remisión, prescripción o transacción,
siempre que se basen en hechos posteriores a la respectiva providencia; la de
nulidad en los casos que contemplan los numerales 7 y 9 del artículo 140, y de la pérdida de la cosa debida. En este evento no
podrán proponerse excepciones previas ni aún por la vía de reposición.
“Los hechos que
configuren excepciones previas deberán alegarse mediante reposición contra el
mandamiento de pago. De prosperar alguna que no implique terminación del
proceso, el juez adoptará las medidas respectivas para que el proceso pueda
continuar; o, si fuere el caso, concederá al ejecutante un término de cinco (5)
días, para subsanar los defectos o presentar los documentos omitidos, so pena
de que se revoque la orden de pago, imponiendo condena en costas y perjuicios.
El auto que revoque el mandamiento ejecutivo es apelable en el efecto diferido,
salvo en el caso de haberse declarado la excepción de falta de competencia, que
no es apelable”.
En el evento en el cual el ejecutado no
propusiere excepciones en la oportunidad procesal prevista para el efecto, la
ley autoriza al juez para que dicte sentencia y continué con la ejecución para
el cumplimiento de las obligaciones determinadas en el mandamiento ejecutivo[59].
Sobre el trámite que debe dársele a las
excepciones de mérito el artículo 510 del CPC, modificado por el artículo 51 de la Ley 794 de 2003, prescribe
“Artículo 510. Trámite
de las excepciones. De las
excepciones se dará traslado al ejecutante por diez días, mediante auto, para
que se pronuncie sobre ellas, adjunte y pida las pruebas que pretenda hacer
valer.
“Surtido el traslado se
tramitarán así:
“a) El juez decretará
las pruebas pedidas por las partes que fueren procedentes y las que de oficio
estime necesarias, y fijará el término de treinta días para practicarlas;
“b) Vencido el término
del traslado o el probatorio en su caso, se concederá a las partes uno común de
cinco días para que presenten sus alegaciones;
“c) Expirado el término
para alegar, el juez dictará sentencia, y si prospera alguna excepción contra
la totalidad del mandamiento ejecutivo, se abstendrá de fallar sobre las demás,
pero en este caso el superior deberá cumplir lo dispuesto en el inciso segundo
del artículo 306;
“d) La sentencia de
excepciones totalmente favorable al demandado pone fin al proceso; en ella se
ordenará el desembargo de los bienes perseguidos y se condenará al ejecutante a
pagar las costas y los perjuicios que aquél haya sufrido con ocasión de las
medidas cautelares y del proceso. La liquidación de los perjuicios se hará como
dispone el inciso final del artículo 307;
“e) Si las excepciones
no prosperan, o prosperaren parcialmente, la sentencia ordenará llevar adelante
la ejecución en la forma que corresponda, condenará al ejecutado en las costas
del proceso y ordenará que se liquiden;
“Cuando las excepciones
prosperen parcialmente, se aplicará lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 392, y
“f) Si prospera la
excepción de beneficio de inventario, la sentencia limitará la responsabilidad
del ejecutado al valor por el cual se le adjudicaron los bienes en el
respectivo proceso de sucesión”.
El trámite establecido por el artículo
510 del CPC está encaminado a abrir un debate probatorio y procesal que le
permita al juez llegar al convencimiento necesario para aceptar o rechazar las
pretensiones de la demanda ejecutiva, y a la vez para evaluar las excepciones
presentadas por el ejecutado y decidir acogerlas de ser preciso. Y precisamente
es a través del análisis del escrito de demanda, del escrito de excepciones, de
las pruebas allegadas por las partes y practicadas por el despacho judicial, y
de los alegatos de conclusión que el juez adquiere la certeza que se requiere
para tomar una decisión que comprenda todos los elementos del debate jurídico.
Con ocasión de la demanda instaurada
contra la expresión contenida en el articulo 505 del CPC “el
mandamiento ejecutivo no es apelable”, que fue acusada de vulnerar el
principio de doble instancia previsto en el artículo 31 de la Carta Política,
donde se establece que “[t]oda sentencia judicial podrá ser apelada o
consultada, salvo las excepciones que consagre la ley”, la Corte se
pronunció en la sentencia C-900 de 2003[60].
En dicha ocasión, la Sala Plena sostuvo que la eliminación del recurso de
apelación del mandamiento ejecutivo permite equilibrar a ambas partes dentro de
esta clase de procesos, ya que el ejecutado cuenta con la posibilidad de
proponer excepciones perentorias, a través de las cuales precisamente se
controvierte el mandamiento ejecutivo y es posible plantear los mismos motivos
de inconformidad que propondría en la apelación, como por ejemplo que la
obligación no es exigible o que falta algún requisito para que el título sea
ejecutivo (numeral 2 del artículo 509 del CPC). Excepciones que, conforme a lo
prescrito por el numeral 2 del artículo 510 del Código de Procedimiento Civil,
se resuelven en la sentencia, una vez practicadas las pruebas pedidas por las
partes o decretadas de oficio y agotado el término de traslado para alegar.
Esto significa que a través de la
proposición de excepciones el demandado en el proceso ejecutivo ejerce su
derecho de defensa y de contradicción, pues es a través de éstas que es posible
que la parte pasiva controvierta las obligaciones emanadas del título
ejecutivo. Por tanto, se deriva un deber del juez de evaluar los argumentos
presentados por esta parte procesal así como las pruebas allegadas con el
escrito de excepciones, deber que expresamente encuentra su asidero legal en el
artículo 96 del CPC, modificado por el artículo 1, numeral 45 del Decreto 2282
de 1989, que dispone:
“Artículo
96. Pronunciamiento sobre excepciones de mérito. Las excepciones de mérito serán decididas en la
sentencia, salvo norma en contrario”.
Teniendo en cuenta que, dentro de las
formas propias del juicio correspondientes al proceso ejecutivo, el legislador
estableció las reglas aplicables, incluyendo la oportunidad para el ejecutado
de proponer excepciones y la obligación de que las mismas sean decididas en la
sentencia, las mismas constituyen “la garantía de
referencia con que cuentan las personas para determinar en qué momentos la
conducta de los jueces se sale ilegítimamente de los cauces de la legalidad”[61].
Visto lo anterior, la Sala procede a
analizar las consideraciones expuestas en la sentencia proferida el 14 de
diciembre de 2005 por el Tribunal Superior de Pamplona:
“De la información
procesal se tiene que realmente los demandados suscribieron el pagaré N°
17005880-3 el 8 de febrero de 1994 a favor del extinguido Banco Central
Hipotecario, por valor de 1.844.3107 UPAC que para esa fecha representaban en
moneda nacional colombiana $ 10’000,000.oo, con vencimiento final el 8 de
febrero de 2009. (…)
“ [el] Banco
Granahorrar, quien en atención a que JEREMIAS DE JESUS GUERRERO PALACIOS y OLGA
MARINA CARRILLO MORA dejaron de cancelar las cuotas respectivas desde el 8 de
julio de 2000, habiendo pactado 180 vencimientos mensuales sucesivos, iniciaron
la presente acción ejecutiva hipotecaria con fundamento en el Título XXVII,
Capítulo VII del C.P.C., pidiendo se librara mandamiento ejecutivo de pago a
favor del Banco Granahorrar por las sumas atrás señaladas.
“El estudio
efectuado por el Juzgado de primera instancia prácticamente relevaría a la Sala
de entrar a estudiar más a fondo el caso presente si se tratara de debatir
acciones declarativas en proceso ordinario en las que se pretendieran o
demandaran hechos de los previstos en la Sección Primera, Titulo XXI del
C.P.C., tales como demanda de Reconvención, Acción resolutoria, Corrección
monetaria etc. Pero lo que se demandó y debatió por la entidad mutuante a
través de este proceso ejecutivo hipotecario de mayor cuantía, fue el no pago
de obligaciones contenidas en el pagaré o título valor N° 17005880-3 (…)
“En tales
condiciones, corresponde ubicar la decisión judicial en lo pedido por la parte
demandante, consagrado en el Estatuto Procedimental Civil en su Sección
Segunda, donde se normatiza el procedimiento cuando se trata de procesos con
título ejecutivo hipotecario y, en consecuencia, analizar si el pagaré
presentado al cobro, reúne las exigencias que prevé el artículo 488 del mismo
para su debido reconocimiento esto es, si la obligación es clara, expresa y
actualmente exigible, o si por el contrario alguna o algunas de éstas
previsiones se echan de menos y debe desecharse lo pedido.
“Lo anterior es la
base en esta decisión, pues, se repite, a ello se concreta a demanda, sin que
sea permisible legalmente sobrepasar el querer del petitum para adentramos en
análisis de tesis jurídicas que si bien son muy interesantes, no resuelven las
pretensiones demandadas, llevando a incursionar innecesariamente en temas muy
propios de procesos declarativos que para el caso ha debido promover la parte
demandada, al sentirse lesionada en sus intereses patrimoniales con las variaciones
que del texto del contrato de mutuo (…)
“Las razones que en
este proceso se han aducido como explicación para haber dejado de pagar
oportunamente las cuotas periódicas por los demandados, concluyen en que los
deudores con el pago de las cuotas periódicas que hicieron al Banco hasta el 8
de julio de 2000, han cubierto la totalidad de la acreencia contraída
inicialmente por $ 10’000,000.oo y que aún les queda un remanente a su favor de
$ 792.714.26 que les debe devolver el Banco Granahorrar; en las condiciones
actuales no pasan de ser simples explicaciones del incumplimiento, carentes de
fuerza legal para ser atendidas y reconocerle a los demandados que con los
dineros abonados hasta la fecha arriba indicada en que dejaron de pagar, han
cubierto el crédito que suscribieron al Banco Central Hipotecario, hoy
extinguido, el día 8 de febrero de 1994, mediante pagaré N° 17005880-3.
“Y, es que sin
desechar la fiabilidad de los documentos que las partes han traído al proceso,
así en el curso de vigencia del título hipotecario se hayan efectuado
variaciones que afectaran el título valor, nada explica la actitud pasiva de
los demandados que sólo vienen a alegar sus derechos cuando son requeridos
judicialmente y se les libra mandamiento ejecutivo por no pago de las
obligaciones contraídas.
“(…)Las pruebas
arrimadas a la actuación pueden ser muy útiles en otra clase de actuación
posterior, pero por el momento la acción ejecutiva hipotecaria propuesta tiene
pleno asidero legal, pues el contrato de mutuo se ciñe a las condiciones que en
un comienzo las partes de común acuerdo convinieron art. 2.221 C.C. -, y que si
por circunstancias ajenas a su voluntad variaron en el curso del tiempo, su
cuestionamiento corresponde a un proceso declarativo diferente del ejecutivo
que se ventila aquí”.(Subrayas por fuera del texto original)
De la argumentación expuesta por el
Tribunal se desprende que los argumentos que aduzca el ejecutado mediante la
proposición de excepciones deben ser evaluados en otra clase de procesos,
puesto que en la vía ejecutiva el juez debe ceñirse a lo pedido por el
ejecutante, de donde se deriva que: (i) las razones expuestas por el
ejecutado, según las cuales incumplió con el pago de las cuotas del crédito
hipotecario ya que con los pagos anteriores había cancelado por completo el
monto de la obligación, no deben ser atendidas; (ii) las circunstancias
alegadas mediante excepciones debieron haber sido propuestas por el ejecutado
antes de iniciarse el proceso ejecutivo en su contra, ya que “su
cuestionamiento corresponde a un proceso declarativo diferente del ejecutivo
que se ventila aquí”; y (iii) las pruebas arrimadas al proceso por el
ejecutado no resultan útiles en el contexto de la acción ejecutiva hipotecaria
“pues el contrato de mutuo se ciñe a las condiciones que en un comienzo las
partes de común acuerdo convinieron”.
De acuerdo con lo anterior, la tesis
adoptada por el Tribunal en torno al valor que tienen las excepciones
presentadas por el ejecutado y las pruebas aportadas por el mismo conduce a que
las mismas carezcan de toda relevancia jurídica. Sobre el particular, la Sala
se pregunta si la anterior posición es admisible a la luz de las normas que
informan el proceso ejecutivo en aquellos casos en los cuales han sido
propuestas excepciones de mérito o si la misma es abiertamente contraria a la
normatividad aplicable.
Obsérvese que el CPC establece en el
numeral 2 del artículo 37 (modificado por el numeral 13 del artículo 1 del
Decreto 2282 de 1989) que el juez tiene el deber de “hacer efectiva la igualdad
de las partes en el proceso”. A la luz de la tesis expuesta por el Tribunal, la
Sala se pregunta si dicha igualdad se alcanza cuando el juez se niega a
estudiar los argumentos y pruebas aportados por la parte ejecutada. En
concordancia con la sentencia C-900 de 2003[62], a la cual ya
antes se ha hecho referencia, es precisamente la oportunidad de presentación de
excepciones la que garantiza que ambas partes dentro del proceso ejecutivo
cuenten con las mismas posibilidades para la defensa de sus intereses. En este
orden de ideas, mal puede el juez restarle todo efecto a las excepciones al
negarse a evaluarlas argumentando que las mismas deben ser objeto de debate en
un proceso diferente al ejecutivo, pues esto conduciría a que en la práctica el
ejecutado que presente excepciones esté en las mismas condiciones que aquél que
no las presenta o lo hace extemporáneamente. ¿Cuál sería entonces el sentido
del escrito de excepciones? Si el juez no debe atribuirles ningún valor dentro
del proceso, ¿de que forma se logra la igualdad de oportunidades entre las
partes?. El argumento esgrimido por el Tribunal no sólo conduce a que las
excepciones pierdan su objetivo dentro del proceso ejecutivo sino
adicionalmente a que se quiebre el equilibrio entre las partes procesales.
Adicionalmente, la tesis del Tribunal implica dejar en el mismo plano a un
ejecutado diligente que presenta en su oportunidad excepciones y aquél que no
lo hace, en cuyo caso la ley autoriza a que se dicte sentencia con base en las
obligaciones contenidas en el mandamiento de pago.
De otra parte, a la luz de la
argumentación presentada por el Tribunal se pregunta la Sala por qué el
artículo 510 del CPC prevé la posibilidad de dictar sentencia parcial o
totalmente favorable a las excepciones propuestas por el demandado si el juez
no puede entrar a considerarlas. Precisamente, en tanto que el artículo 510 del
CPC permite a la autoridad judicial acoger alguna o todas las excepciones del
ejecutado existe un deber en cabeza del juez de evaluar los argumentos de éste
último y verificar si se dan los presupuestos de hecho o de derecho que le
permitan sustentar una decisión favorable a los intereses de la parte pasiva.
Sobre el particular, el CPC prevé el principio de congruencia, consagrado en el
artículo 505, modificado por el numeral 135 del artículo 1 del Decreto 2282 de
1989, así:
“Artículo 305.
Congruencias. La sentencia deberá
estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y
en las demás oportunidades que este Código contempla, y con las excepciones que
aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.
“No podrá condenarse al
demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la
demanda, ni por causa diferente a la invocada en ésta.
“Si lo pedido por el
demandante excede de lo probado, se le reconocerá solamente lo último.
“En la sentencia se
tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho
sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse
propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por
la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión, y cuando éste no
proceda, antes de que entre el expediente al despacho para sentencia, o que la
ley permita considerarlo de oficio”.
En este mismo orden de ideas, el CPC
determina que la sentencia “deberá contener decisión expresa y clara sobre (…)
las excepciones, cuando proceda resolver sobre ellas” (artículo 304); previsión
ésta que es una reiteración del artículo 96 del CPC, ya citado.
En efecto, “el derecho fundamental de
acceso a la justicia no se satisface si el juez deja de pronunciarse sobre el
asunto sometido a su decisión, quedando éste imprejuzgado”[63].
En este mismo orden de ideas, en la sentencia T-592 de 2000[64]
la Corte manifestó que:
“(…) es un principio
general, en materia de procedimiento, por estar directamente relacionado con el
debido proceso y el derecho de defensa, que exista la debida coherencia, en
todas las sentencias,  entre los hechos, las pretensiones y la decisión. Es decir,
el juez debe resolver todos los aspectos ante él expuestos. Y es su obligación
explicar las razones por las cuales no entrará al fondo de alguna de las
pretensiones. También se ha establecido por la doctrina y la jurisprudencia,
que no toda falta de pronunciamiento expreso sobre una pretensión, hace, por sí
misma incongruente una sentencia. Al respecto, cabe recordar lo dispuesto en el
artículo 305 del Código de Procedimiento Civil.
“En el caso de la
acción de tutela, debe, pues, el juez analizar si cuando se esgrime como vía de
hecho, la falta de pronunciamiento en la sentencia atacada de un aspecto
determinado, tal omisión es de tal importancia, que al no hacerlo, puede haber
sido determinante en la decisión a adoptar. En estos eventos, es posible que la
acción de tutela sea procedente (...)”.
En el caso
bajo estudio, la Sala estima que el hecho de que el Tribunal considere que el
juez debe decidir dentro del proceso ejecutivo con base en lo pedido en la
demanda y limitar su análisis a las pretensiones en ella contenidas sin entrar
a analizar el escrito de excepciones y las pruebas allegadas al proceso por el
ejecutado, vulnera el derecho de defensa de la parte demandada. Tal escrito
constituye, según la estructura del proceso ejecutivo, el medio idóneo para que
la parte ejecutada pueda defender sus derechos y sus intereses. Para la Sala,
independientemente de la pertinencia o no del contenido del escrito de
excepciones, abstenerse de su estudio niega la posibilidad de que el juez se
pronuncie de fondo sobre su existencia y su contenido, lo que constituye una
clara violación del derecho de defensa y de contradicción del demandado. Bajo
esta perspectiva, la Sala no puede acoger la tesis expuesta por la Sala Unica
del Tribunal de Pamplona en el fallo del 14 de diciembre, y que se viene de
transcribir, puesto que la misma implicaría dejar sin posibilidades de defensa
y contradicción al demandado dentro del proceso ejecutivo. En este sentido, la
Sala comparte el criterio aducido por la Sala de Casación Civil en la sentencia
de tutela de primera instancia. Consideró la Sala Civil que:
“Para la Corte es
indudable que con esa motivación, por cierto poco afortunada, el Tribunal
abandonó el análisis de los extremos de la controversia oportunamente
planteados, pues estimó que los aspectos que fueron materia de excepciones – y
que, precisamente, tenían que ver con el contenido de la obligación sometida a
cobro judicial-, debían alegarse en un proceso de conocimiento, ya que escapan
a la finalidad de un proceso ejecutivo.
“No obstante, no
percató el Tribunal que ese entendimiento podría conducir a la inanidad de las
excepciones en el proceso ejecutivo, pues bajo criterio semejante, sería dable
afirmar que las cuestiones ventiladas a través de los mecanismos de defensa
deben plantearse siempre en un proceso ordinario separado, lo cual , por
supuesto resulta inaceptable, en tanto que desconoce infundadamente el hecho de
que en el juicio ejecutivo, cuando existen excepciones oportunamente
presentadas, se abre una fase cognoscitiva prevista perentoriamente por la ley
para que las alegaciones relativas a la validez, la exigibilidad y el contenido
de la obligación sean debatidas y posteriormente decididas por el juez
natural”.
Las razones expuestas por el Tribunal en
la sentencia de segunda instancia se basan en la no aplicación de las reglas
del procedimiento civil establecidas en los artículos 96, 304, 305 y 510 del
CPC (antes transcritos), claramente aplicables al caso, puesto que en los
procesos ejecutivos en los cuales el ejecutado propone excepciones de mérito el
juez está llamado a analizar sus argumentos y las pruebas que allega, sin que
sea factible considerar que los mismos deben ser evaluados en el contexto de
otra clase de procesos como lo sostiene el Tribunal.
Según las anteriores precisiones, debe la
Sala concluir que la falta de pronunciamiento en la sentencia atacada sobre un
aspecto decisivo y fundamental en el marco del proceso ejecutivo hipotecario,
como lo son las excepciones propuestas por la apoderada judicial del ciudadano Jeremías
de Jesús Guerrero Palacios, constituye una vía de hecho atentatoria del derecho
fundamental del debido proceso por no haber sido aplicadas reglas claramente
pertinentes.
En conclusión, la Sala considera que la
acción de tutela instaurada por Jeremías de Jesús Guerrero Palacios contra la
sentencia del 14 de diciembre de 2005 proferida por la Sala Única del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Pamplona es procedente, pues se cumplen para
el caso los requisitos especiales y generales de procedibilidad: el accionante
ha sido diligente en la defensa de sus intereses y no existe otro mecanismo de
defensa judicial. Además la providencia adolece de un defecto sustantivo, en la
medida en que la decisión de no considerar los argumentos presentados por la
parte demandada se fundamentó en la falta de aplicación de las normas
procesales que rigen el proceso ejecutivo. La Sala considera que al no darle
valor alguno al escrito de excepciones y a la pruebas aportadas por el
ejecutado, el Tribunal desconoció el derecho de defensa del ciudadano Jeremías
de Jesús Guerrero Palacios, al impedir -sin que existiera fundamento para ello-
que las razones expuestas por el demandado en forma oportuna fueran siquiera
valoradas.
Constatada la procedibilidad de la acción,
la vulneración del derecho fundamental y la vía de hecho sustantiva, la Sala
revocará la decisión de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, y confirmará en todas sus partes la sentencia de la Sala de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia, en la medida en que esta última decidió
amparar el derecho fundamental al debido proceso de Jeremías de Jesús Guerrero
Palacios.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera
de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- REVOCAR la sentencia proferida en segunda instancia por la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia el 31 de mayo de 2006. En su lugar, CONFIRMAR
la sentencia proferida en primera instancia por la Sala de Casación Civil
de la Corte Suprema de Justicia el 30 de marzo de 2006 mediante la cual se
concedió la acción de tutela instaurada por Jeremías de Jesús Guerrero Palacios
contra la Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pamplona.
Segundo.- ORDENAR que, en aras de garantizar la efectividad de la acción de tutela,
se notifique este fallo a las partes dentro de los dos (2) días siguientes a su
recepción.
Tercero.- LÍBRESE por secretaría la comunicación prevista en el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase y
publíquese en la Gaceta de la Corte  Constitucional.
MANUEL
JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
Ponente
JAIME
CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO
ESCOBAR GIL
Magistrado
IMPEDIMENTO ACEPTADO
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1] Folios 3 al 13 del
cuaderno principal de la tutela.
[2] La demanda fue admitida
por el Juzgado Noveno Civil Municipal de San José de Cúcuta mediante auto del
veintiséis (26) de octubre del año 2000. Folio 15 del cuaderno principal de la
tutela.
[3] Folios 26 y 27 del
cuaderno principal de la tutela.
[4] Folio 36 del cuaderno
principal de la tutela.
[5] Hoy en día BBVA Colombia,
en virtud de la fusión realizada mediante escritura pública 177 del 28 de abril
de 2006.
[6] Folios 109 al 175 del
cuaderno principal de la tutela.
[7] De acuerdo con la
certificación expedida por la entidad, con fecha 27 de octubre de 2004, el
saldo total de la obligación a dicha fecha ascendía a la suma de
$61’145,854.31.
[8] Folios 252 al 268 del
cuaderno principal de la tutela.
[9] Folios 280 al 292 del
cuaderno principal de la tutela.
[10] Folios 294 a 311 del
cuaderno principal de la tutela.
[11] En lo pertinente, en la
parte resolutiva se dispone: “PRIMERO. CONCEDER el amparo deprecado por
Jeremías de Jesús Guerrero contra la Sala Única del Tribunal  Superior de
Distrito Judicial de Pamplona. || Por ende, se deja sin efecto el fallo dictado
el 14 de diciembre de 2005. En su lugar, se ordena a dicho Tribunal que en el
término de 48 horas, contados a partir de la notificación de esta providencia,
decida la apelación interpuesta por el ejecutante dentro del proceso ejecutivo
hipotecario del Banco Central Hipotecario (BCH) contra Jeremías de Jesús
Guerrero y de Olga Marina Carrillo Mora promovió, emitiendo pronunciamiento de
fondo que en derecho corresponda, de acuerdo con la parte motiva de este fallo.
Remítase copia del mismo”.
[12] Folios 234 al 250 del
cuaderno principal de la tutela.
[13] Folios 318 y 333 del
cuaderno principal de la tutela.
[14] Corte Constitucional,
sentencia C-800A de 2002 (M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa). En este caso se
reitera la jurisprudencia constitucional sobre vía de hecho, en especial
las sentencias T-231 de 1994 y T-983 de 2001.
[15] M.P.:
José Gregorio Hernández Galindo.
[16] M.P.: Eduardo Cifuentes
Muñoz.
[17] M.P.: José Gregorio
Hernández Galindo.
[18] En la sentencia T-079 de
1993 la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional decidió confirmar
el fallo proferido por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia dentro del proceso de acción de tutela estudiado, mediante el cual
confirmó la decisión que había adoptado el juez de tutela de primera instancia
(Sala Civil del Tribunal Superior de Cartagena). Para la Sala de Casación Civil
fue evidente la vulneración del derecho fundamental al debido proceso de la
accionante, ya que las declaraciones allegadas al expediente del proceso
acusado, no podían ser fundamento de la decisión por haber sido rendidas como
versiones libres y espontáneas y no bajo la gravedad del juramento, según las
exigencias de los artículos 175 CPC y 55 del Código del Menor. La Corte Suprema
agregó, además, que las pruebas testimoniales debían ser ordenadas mediante
auto del funcionario instructor, con el fin que contra ellas fuera posible
ejercer el derecho de contradicción.
[19] En la sentencia T-158 de
1993 (M.P.: Vladimiro Naranjo Mesa) se consideró: “Aunque esta Corte declaró
inexequible el artículo 40 del Decreto 2591 de 1991, la doctrina acogida por
esta misma Corporación, ha señalado que es procedente la acción de tutela
cuando se ejerce para impedir que las autoridades públicas, mediante vías de
hecho vulneren o amenacen derechos fundamentales. El caso que nos ocupa
enmarca cabalmente dentro de los parámetros de esta excepción, por cuanto
existe en él evidencia de una flagrante violación de la ley, constitutiva de
una vía de hecho, en detrimento del derecho fundamental al debido proceso. (…)
El proceso es un juicio y es lícito en cuanto implica un acto de justicia. Y
como es evidente por la naturaleza procesal, se requieren tres condiciones para
que un proceso sea debido: Primera, que proceda de una inclinación por la
justicia;  Segunda, que proceda de la autoridad competente;  Tercera, que se
profiera  de acuerdo con la recta razón de la prudencia, en este caso, que se
coteje integralmente toda pretensión, de tal manera que siempre esté presente
el derecho de defensa, y que el juez en ningún momento se arrogue prerrogativas
que no están regladas por la ley, ni exija, asimismo, requisitos extralegales.
Siempre que faltaren estas condiciones, o alguna de ellas, el juicio será
vicioso e ilícito: en primer lugar, porque es contrario a la rectitud de
justicia el impedir el derecho natural a la defensa; en segundo lugar, porque
si el juez impone requisitos que no están autorizados por la ley, estaría
extralimitándose en sus funciones; en tercer lugar, porque falta la rectitud de
la razón jurídica.”
[20] M.P.: Eduardo
Montealegre Lynett.
[21] M.P.: Eduardo Cifuentes
Muñoz.
[22] En efecto, sobre este
punto afirma la Sala de Casación Civil que “De tiempo atrás la jurisprudencia de
esta Sala ha precisado, que en tratándose de providencias judiciales proferidas
por los jueces de instancia, la acción de tutela tiene cabida excepcional
cuando el respectivo pronunciamiento califica como vía de hecho, esto es,
cuando se trata de una decisión arbitraria, caprichosa y marginada del
ordenamiento jurídico, a condición de acreditar que sus nocivos efectos no
pudieron ser evitados al interior del respectivo proceso, bien porque
interpuestos los respectivos recursos, los funcionarios judiciales competentes
preservaron en la irregularidad bien porque, por obra de ellos mismos, no le
fue permitido a la parte agraviada hacer uso de los mecanismos de defensa
reconocidos en la ley. || Y es eso, justamente, lo que evidencia en el caso
sometido a escrutinio de las Corte, pues el auto que profirió el Tribunal para
confirmar la providencia del juez de primer grado que liquidó los perjuicios
materiales en la suma de $15,820’621.597.oo y los morales en $15’000,000.oo –
ésta última fijada por el ad quem -, tuvo como respaldo central un medio
probatorio en cuya producción no se observaron las disposiciones del Código de
Procedimiento Civil que regulan la materia y, en general, las reglas que dan
contenido al debido proceso, circunstancia que provocó una grave lesión del
derecho ala prueba del accionante”.
[23] Ver por ejemplo las sentencias
C-037 de 1996 (M.P.: Vladimiro Naranjo Mesa) que declaró exequible de manera
condicionada el artículo 66 de la Ley Estatutaria de la Administración de
Justicia y C-384 de 2000 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa) en la que la Corte
condicionó la exequibilidad de las normas acusadas a que se admitiera la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales.
[24] En la sentencia C-557 de
2001 (M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa) se consideró al respecto lo siguiente:
“Si bien el control de constitucionalidad de las normas es un control abstracto
porque no surge de su aplicación en un proceso particular, ello no significa
que el juicio de exequibilidad deba efectuarse sin tener en cuenta el contexto
dentro del cual la norma fue creada (i.e. su nacimiento), y
dentro del cual ha sido interpretada (i.e. ha vi­vido). En fin: en buena
medida, el sentido de toda norma jurídica depende del contexto dentro del cual
es aplicada. || Ahora, dentro de las múltiples dimensiones de ese contexto
–bien sea la lingüística, que permite fijar su sentido natural, o bien la
sociológica, que hace posible apreciar sus funciones reales- se destaca la
actividad de los expertos que han interpretado los conceptos técnicos que ella
contiene y que los han aplicado a casos concretos. Obviamente, esos expertos
son los jueces y los doctrinantes especializados en la materia tratada en la
norma; dentro de ellos, una posición preeminente la ocupan los órganos
judiciales colegiados que se encuentran en la cima de una jurisdicción. Así lo
ha establecido la Constitución al definir al Consejo de Estado como “tribunal
supremo de lo contencioso administrativo” (Art. 237- 1 de la CP) y a la Corte
Suprema de Justicia como “máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria” (Art.
234 de la CP). Por lo tanto, la jurisprudencia de ambos órganos es un referente
indispensable para apreciar el significado viviente de las normas demandadas.
Al prestarles la atención que su ubicación institucional exige, la Corte
Constitucional está valorando su labor hermenéutica dentro de un mismo sistema
jurídico. Obviamente, cuando no exista jurisprudencia sobre las normas objeto
del control constitucional, la Corte Constitucional tendrá que acudir a otras
fuentes del derecho para interpretar los artículos demandados.”
[25] Corte
Constitucional, sentencia T-1031 de 2001 (M.P.: Eduardo Montealegre Lynett) En
este caso se decidió que “(…) el pretermitir la utilización de los
medios ordinarios de defensa, torna en improcedente la acción de tutela.
Empero, la adopción rigurosa de éste postura llevaría, en el caso concreto, a
una desproporcionada afectación de un derecho fundamental. En efecto,
habiéndose establecido de manera fehaciente que la interpretación de una norma
se ha hecho con violación de la Constitución, lo que llevó a la condena del
procesado y a una reducción punitiva, no puede la forma imperar sobre lo
sustancial (CP Art. 228). De ahí que, en este caso, ante la evidente violación
de los derechos constitucionales fundamentales del demandado, la Corte entiende
que ha de primar la obligación estatal de garantizar la efectividad de los
derechos, por encima de la exigencia de agotar los medios judiciales de
defensa.”
[26] Corte Constitucional,
sentencia T-949 de 2003 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett). En este caso la
Corte decidió que “(…) la infracción del deber de identificar correctamente la
persona sometida al proceso penal, sumada a la desafortunada suplantación,
constituye un claro defecto fáctico, lo que implica que está satisfecho el
requisito de procedibilidad exigido por la Jurisprudencia para la procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales”. Sobre la evolución que
se ha presentado en éste punto se puede consultar la sentencia T-774 de 2004
(M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa).
[27] M.P.: Clara Inés Vargas.
[28] Dijo la Corte Suprema de
Justicia: “resulta evidente que la Superintendencia accionada incurrió en un
defecto procedimental constitutivo de vía de hecho, porque dejando de lado el
procedimiento que debe agotar cuando realiza actos de carácter jurisdiccional,
no sólo no resolvió sobre el recurso de apelación que se interpuso contra la
Resolución No. 04729, sino que ante el requerimiento de la interesada para que
realizara el respectivo pronunciamiento, decide hacerlo por medio de “oficio”,
situación que posteriormente utilizó para denegar el recurso de reposición y
las copias que de manera subsidiaria se habían solicitado para recurrir en
queja, argumentado, contrario a la realidad que muestra el proceso, que
mediante el mencionado oficio se había resuelto un derecho de petición, arbitrariedades
que remata con la decisión adoptada mediante la Resolución 30359 de 20 de
septiembre del año anterior, en cuanto se abstuvo de dar trámite al recurso de
queja propuesto en legal forma y ordenó la expedición de copias no con base en
lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 378 del Código de Procedimiento
Civil, conforme se le había solicitado, sino con estribo en lo dispuesto en el
C.C.A. relativo al derecho de petición”.
[29] M.P.: Jaime Córdoba
Triviño.
[30] Sobre estos elementos,
la Corte Constitucional en sentencia de unificación 961 de 1999 (M.P.:
Vladimiro Naranjo Mesa) afirmó: “La posibilidad de interponer la acción de
tutela en cualquier tiempo significa que no tiene término de caducidad.  La
consecuencia de ello es que el juez no puede rechazarla con fundamento en el
paso del tiempo y tiene la obligación de entrar a estudiar el asunto de fondo.
Teniendo en cuenta el sentido de proporcionalidad entre medios y fines, la
inexistencia de un término de caducidad no puede significar que la acción de
tutela no deba interponerse dentro de un plazo razonable. La razonabilidad de
este plazo está determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser
ponderada en cada caso concreto. De acuerdo con los hechos, el juez está
encargado de establecer si la tutela se interpuso dentro de un tiempo
prudencial y adecuado, de tal modo que no se vulneren derechos de terceros. Si
bien el término para interponer la acción de tutela no es susceptible de
establecerse de antemano de manera afirmativa, el juez está en la obligación de
verificar cuándo ésta no se ha interpuesto de manera razonable, impidiendo que
se convierta en factor de inseguridad, que de alguna forma afecte los derechos
fundamentales de terceros, o que desnaturalice la acción. Si el elemento de la
inmediatez es consustancial a la protección que la acción brinda a los derechos
de los ciudadanos, ello implica que debe ejercerse de conformidad con tal
naturaleza. Esta condiciona su ejercicio a través de un deber correlativo: la
interposición oportuna y justa de la acción. Si la inactividad del accionante
para ejercer las acciones ordinarias, cuando éstas proveen una protección
eficaz, impide que se conceda la acción de tutela, del mismo modo, es necesario
aceptar que la inactividad para interponer esta última acción durante un
término prudencial, debe llevar a que no se conceda. En el caso en que sea la
tutela y no otro medio de defensa el que se ha dejado de interponer a tiempo,
también es aplicable el principio establecido en la Sentencia (C-543/92), según
el cual la falta de ejercicio oportuno de los medios que la ley ofrece para el
reconocimiento de sus derechos no puede alegarse para beneficio propio, máxime
en los casos en que existen derechos de terceros involucrados en la decisión”.
[31] Sentencia T-495 de 2005
(M.P.: Rodrigo Escobar Gil). En el mismo sentido, véase las sentencias T-575 de
2002 (M.P.: Rodrigo Escobar Gil), T-900 de 2004 (M.P.: Jaime Córdoba Triviño),
y T-403 de 2005 (M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa). Particularmente, en ésta
última se hace una reseña jurisprudencial sobre este tema.
[32] M.P.: Rodrigo Uprimny
Yepes.
[33] Sentencia T-606 de 2004.
[34] Ibídem.
[35] Sentencia SU-961 de
1999. M.P.: Vladimiro Naranjo Mesa.
[36] Sentencia T-282 de 2005
(M.P.: Rodrigo Escobar Gil). En éste caso la Corte analizó si se configuró una
vía de hecho por las decisiones del 2 de octubre de 2001 y del 9 de
septiembre de 2002, dentro del proceso ejecutivo hipotecario adelantado por
CONAVI contra la señora María Eugenia Jaramillo Escalante desde octubre de
1998. Mediante sentencia del 24 de noviembre de 2000, el juzgado denegó las
excepciones propuestas, decretó la venta en pública subasta del bien gravado
con hipoteca y ordenó el archivo del proceso, la cual fue impugnada por la
parte demandada en el proceso ejecutivo. En segunda instancia, se declaró la nulidad de lo actuado a partir del auto del 22 de febrero
de 2000 al considerar que el proceso debía continuar suspendido hasta que se
efectuara una reliquidación ajustada a los parámetros señalados en la Ley 546
de 1999, por lo cual CONAVI presentó ante el juzgado de primera instancia una nueva
reliquidación del crédito. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira
ordenó la terminación del proceso y el levantamiento del embargo que recaía
sobre el inmueble como quiera que ya obraba dentro del proceso la reliquidación
del crédito. Contra dicha providencia, CONAVI interpuso recurso de apelación,
el cual fue resuelto el 2 de octubre de 2001 por la Sala Civil Unitaria
del Tribunal Superior de Pereira, y ordenó continuar con el proceso por cuanto
el deudor se encontraba en mora y subsistía un saldo en su contra. El 4 de
diciembre de 2001, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira y profirió
sentencia en la cual declaró no probadas las excepciones de mérito y decretó la
venta en pública subasta, providencia que fue apelada. El 9 de septiembre de
2002 la Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior de Pereira confirmó la
sentencia proferida el 4 de diciembre de 2001 por el Juzgado Segundo Civil del
Circuito de Pereira. Posteriormente, el 30 de octubre de 2002 la parte
demandada presentó al juzgado la liquidación del crédito, la cual fue objetada
por parte demandante el 12 de noviembre de 2002. La Corte accedió al amparo
solicitado y en consecuencia, ordenó dejar sin efecto la providencia proferida
por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira el 2
de octubre de 2001, mediante la cual se revocó el auto de fecha junio 13 de
2001 proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira. Así mismo,
ordenó al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira que declarará la
terminación y archivo del proceso ejecutivo.
[37] Sentencia T-778 de 2004
(M.P.: Rodrigo Uprimny Yepes). Este requisito “tiene un doble propósito: (i)
fomentar la protección de los derechos fundamentales en el propio proceso
ordinario, lo cual no sólo estimula la constitucionalización del derecho sino
que además controla el incremento de la demanda de tutela; y (ii) evita que
aquellos que pierden un caso recurran a la tutela como un mecanismo último para
recomponer el proceso a su favor”.
[38] Sentencia T-083 de 1998
(M.P.: Eduardo Cifuentes Muñoz). En esta sentencia la Corte negó el amparo
solicitado, al considerar que el accionante pretendía mediante la acción de
tutela que se declarara la existencia de una vía de hecho configurada con base
en la ocurrencia de irregularidades dentro de un proceso laboral. La Corte
consideró que el mecanismo idóneo para la defensa de sus intereses era el
recurso de apelación, el cual no había sido utilizado por el accionante.
[39] Sentencia T-598 de 2003
(M.P.: Clara Inés Vargas Hernández). En este caso el accionante detentaba la
condición de propietario de una cosecha de plátano ubicada dentro de un predio
embargado dentro de un proceso ejecutivo singular, en el cual se libró
mandamiento de pago y se decretó el embargo y secuestro del bien inmueble en el
cual se encontraba la cosecha. En el curso de la diligencia de secuestro no se
presentó ninguna oposición y posteriormente no se propuso el incidente de
desembargo previsto en el numeral 8 del artículo 687 del Código de
Procedimiento Civil. En igual sentido, en la sentencia T-702 de 2003 (M.P.:
Clara Inés Vargas Hernández), la Corte sostuvo que “al margen de una posible
falta de diligencia del apoderado, no puede olvidarse que la acción de tutela
no fue diseñada para enmendar errores o descuidos, ni constituye una forma de
recuperar oportunidades dejadas de utilizar en el curso de un proceso judicial,
debiendo la Corte reiterar la posición asumida en la citada sentencia T-598 de
2003. Así las cosas, desde esta perspectiva resulta improcedente acudir a la
tutela para controvertir la decisión del juzgado en el sentido de no tramitar
el incidente de desembargo”.
[40] Sentencia T-112 de 2003
(M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra). En esa ocasión la Sala Sexta de Revisión de
la Corte estudio la acción de tutela interpuesta por Jaime Humberto Olmos
Suárez contra el Banco Colmena, la Superintendencia Bancaria, el Juzgado 10
Civil del Circuito de Bogotá, el Juzgado 31 Civil del Circuito de Bogotá y el
Ministerio de Hacienda, por considerar que la reliquidación efectuada por
Colmena no se ajustaba a los parámetros fijados por la jurisprudencia de la
Corte Constitucional. Colmena inició proceso ejecutivo en contra del señor
Olmos ante el Juzgado 10 Civil de Circuito de Bogotá por mora en el pago de la
obligación hipotecaria, en el cual se dictó sentencia a favor de la entidad
financiera, falló que fue confirmado en segunda instancia. En consecuencia, se
ordenó el remate de la garantía hipotecaria, sin que a la fecha de
interposición de la tutela el juzgado hubiera fijado fecha para adelantar la
diligencia de remate. En dicha ocasión el accionante – demandado en el proceso
ejecutivo hipotecario-, “en virtud de tal proceso está corriendo el riesgo de
quedarse sin vivienda, careciendo en este momento de recursos para adquirir una
nueva, ni rentar un apartamento, en virtud de que vive con su pensión de
invalidez, la cual tiene el 50% embargado por deudas varias, y su esposa no
percibe salario alguno; a estas circunstancias se agrega el hecho de tener 63
años de edad”.
[41] Al respecto, específicamente
la Corte afirmó: “Como bien lo mencionan las entidades accionadas en su
respuesta, ha sido criterio uniforme de esta Corporación el respetar la
competencia de los jueces ordinarios para la resolución de controversias
relativas a los procesos de reliquidación de créditos de vivienda de los
usuarios del antiguo sistema UPAC. Por tanto, en este caso no se hará excepción
a tal criterio unificado”. Sentencia T-112 de 2003 (M.P.: Marco Gerardo Monroy
Cabra).
[42] Sentencia T- 282 de
2005. M.P.: Rodrigo Escobar Gil.
[43] Folios 109 al 175 del
cuaderno principal de la tutela.
[44] El proceso no es
susceptible de recurso de casación.
[45] Sentencia T-231 de 1994.
M.P.: Eduardo Cifuentes Muñoz.
[46]  Sentencia T-1143 de
2003. M.P.: Eduardo Montealegre Lynett.
[47] M.P.: Manuel José Cepeda
Espinosa.
[48] Sobre el particular,
además de la ya citada sentencia C-231 de 1994, pueden consultarse, entre
varias, las sentencias T-008 de 1998 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y C-984 de
1999 M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[49] Cfr. sentencia T-522 de
2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Para la Corte “es evidente que se
desconocería y contraven­dría abiertamente la Carta Política si se aplica una
disposición cuyo contenido normativo es precisamente, y solamente, impedir que
se otorguen medi­das de aseguramiento a los sindicados porque los procesos se
adelantan ante jueces especializados”, razón por la cual el juez, al constatar
su existencia, tendría que haber aplicado la excepción de
inconstitucionalidad.
[50] Cfr. sentencia SU-1722
de 2000 M.P. Jairo Charry Rivas Tal es el caso por ejemplo de todas las
decisiones judiciales en las que se viola el principio de “no reformatio in
pejus”.
[51] Cfr., por ejemplo, las
sentencias T-804 de 1999 M.P. Antonio Barrera Carbonell y C-984 de 1999 M.P.
Alfredo Beltrán Sierra.
[52] M.P.: Eduardo
Montealegre Lynett.
[53] Sentencia T-462 de 2003.
M.P.: Eduardo Montealegre Lynett.
[54] Sentencia T-778 de 2004.
M.P.: Rodrigo Uprimny Yepes.
[55] Los artículos 554 a 560
contienen las disposiciones relativas al proceso ejecutivo con título
hipotecario o prendario.
[56] M.P.: Carlos Gaviria
Díaz.
[57] Artículo 97 del CPC.
[58] Artículo 96 del CPC.
[59] En lo pertinente, el
artículo 507 del CPC,
modificado por el artículo 49 de la Ley 794 de 2003, al respeto dispone “Cumplimiento de
la obligación, sentencia y condena en costas. Si no se propusieren excepciones
oportunamente, el juez dictará sentencia que ordene el remate y el avalúo de
los bienes embargados y de los que posteriormente se embarguen, si fuere el
caso, o seguir adelante la ejecución para el cumplimiento de las obligaciones
determinadas en el mandamiento ejecutivo, practicar la liquidación del crédito
y condenar en costas al ejecutado”.
[60] M.P.: Jaime Araújo
Rentería.
[61] Sentencia SU-429 de
1998. M.P.: Vladimiro Naranjo Mesa.
[62] M.P.: Jaime Araújo
Rentería.
[63] Sentencia T-231 de 1994.
M. P.: Eduardo Cifuentes Muñoz.
[64] M.P.: Alfredo Beltrán
Sierra.