T-712-15
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-712/15
PENSION DE INVALIDEZ-Caso en que se niega reconocimiento de la pensión de invalidez,
por incumplir el requisito de cotización de 50 semanas dentro de los 3 años
inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez
ACCION DE TUTELA PARA RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES
SOCIALES EN MATERIA PENSIONAL-Procedencia
excepcional
La Corte ha sostenido que la tutela puede ser
interpuesta para reclamar prestaciones sociales, si se verifican unos supuestos
como, (i) que la tutela sea presentada para evitar un perjuicio irremediable,
(ii) que la falta de reconocimiento de una prestación social vulnere algún
derecho fundamental como la vida, la dignidad humana o el mínimo vital y que
(iii) la negativa del reconocimiento se origine en actuaciones que por su
contradicción con los preceptos legales y constitucionales desvirtúen la
presunción de legalidad de las actuaciones de la administración pública o sea
evidentemente arbitraria en caso de que sea un particular quien preste este
servicio público.
DERECHO A LA PENSION DE INVALIDEZ DE PERSONA PORTADORA DE VIH/SIDA-Reiteración de jurisprudencia
En cuanto a la
procedencia de la tutela en los casos en que el accionante padece de VIH/SIDA,
y pretenda reclamar prestaciones sociales, esta Corporación ha dispuesto a
través de su jurisprudencia, que debido
a que esta enfermedad es catastrófica y genera un acelerado deterioro en la
salud, el estado debe procurar a los afectados una protección integral y un
especial trato, en aras de defender su dignidad y evitar que sea objeto de
discriminación. En ese
orden de ideas, tratándose del reconocimiento de la pensión de invalidez,
teniendo en cuenta que la finalidad de esta es “compensar la situación de infortunio
derivada de la pérdida de la capacidad laboral, mediante el otorgamiento de
unas prestaciones económicas y de salud ”,
esta Corporación ha estimado que dicha prestación, tratándose de un individuo
cuyo estado de salud se encuentra alterado por VIH/SIDA, puede ser solicitada
mediante tutela, toda vez que la omisión en su reconocimiento y pago,
indudablemente, lesiona o amenaza gravemente la garantía fundamental a la vida
digna. Por ende, se ha sostenido que, “dadas las características de esta
enfermedad, no resulta coherente con un esquema de solidaridad en materia de
seguridad social y, por el contrario, resulta desproporcionado exigir a los
peticionarios en estas condiciones que acudan a la justicia ordinaria o
contenciosa, motivo por el cual en estos casos no puede admitirse que la
protección de sus derechos fundamentales quede supeditada y postergada a la
definición de este tipo de litigios”.
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PRINCIPIO DE
PROGRESIVIDAD-Reiteración de
jurisprudencia
PENSION
DE INVALIDEZ-Evolución normativa en relación con los
requisitos para su obtención
JUNTAS DE CALIFICACION DE INVALIDEZ-Trámites y requisitos establecidos en los
Decretos 917 de 1999 y 2463 de 2001 para establecer la calificación de
invalidez
FECHA DE ESTRUCTURACION DE LA INVALIDEZ-Concepto
PENSION DE INVALIDEZ DE PERSONA CON ENFERMEDAD CRONICA,
DEGENERATIVA O CONGENITA-Fecha
de estructuración de la invalidez desde el momento de la pérdida permanente y
definitiva de la capacidad laboral
Son numerosos los casos
de personas que, a pesar de que padecen alguna enfermedad catalogada como
degenerativa, crónica o congénita, su estado de salud les permite desarrollar
actividades productivas con relativa normalidad y, en esa medida, seguir
cotizando al sistema general de pensiones, hasta que llega un momento en el que
la progresión de la enfermedad es tal, que les impide, de manera definitiva,
seguir ejerciendo su trabajo para obtener su sustento y, de esta manera,
aportar al sistema. En tales
eventos, en los que el estado de invalidez de una persona está asociado al
padecimiento de enfermedades de carácter degenerativo, crónico o congénito,
esta Corporación ha establecido que, para efectos del reconocimiento de la
pensión de invalidez, las entidades administradoras de pensiones deberán tener
en cuenta las semanas cotizadas con posterioridad a la fecha de estructuración
de la misma, las cuales se asumen efectuadas en ejercicio de una capacidad
laboral residual que, sin ánimo de defraudar el sistema, le permitió
seguir trabajando y haciendo sus aportes hasta perder toda capacidad productiva
y funcional de forma permanente y definitiva. Lo anterior, como garantía
efectiva del derecho fundamental a la seguridad social de sujetos en situación
de debilidad manifiesta y como una medida tendiente a evitar que se genere
enriquecimiento sin justa causa por parte de los fondos de pensiones.
DERECHO AL MINIMO VITAL, SEGURIDAD SOCIAL Y VIDA EN
CONDICIONES DIGNAS-Orden a
Protección reconocer y pagar pensión de invalidez a enfermo de VIH/SIDA
DERECHO AL MINIMO VITAL, SEGURIDAD SOCIAL Y VIDA EN
CONDICIONES DIGNAS-Orden a
Colpensiones reconocer y pagar pensión de invalidez
DERECHO AL MINIMO VITAL, SEGURIDAD SOCIAL Y VIDA EN
CONDICIONES DIGNAS-Orden a
Porvenir reconocer y pagar pensión de invalidez
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO-Colpensiones reconoció pensión de invalidez
Referencia: Expedientes T-4.887.495, T-4.888.573, T-4.889.508,
T-4.894.214, T-4.899.625, T-4.904.805 y T-4.977.876 (Acumulado)
Demandantes: Francisco Hernando Arboleda Arboleda,
Jorge Amaya Bohórquez, Luis Alberto Ramírez Ramírez, Jorge Uriel Castellanos
García, Martha Liliana Lemus Osorio, Dolfus Armando Beltrán Romero y Mercedes
Malaver Sanabria.
Demandado: Fondo de Pensiones Porvenir, Fondo de Pensiones
y Cesantías Protección y Colpensiones
Magistrado Ponente:
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Bogotá D.C., diecinueve (19) de noviembre de
dos mil quince (2015)
La Sala Cuarta de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo, Gloria Stella Ortíz Delgado y Jorge Iván Palacio Palacio, en ejercicio
de sus competencias constitucionales y legales, ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
En la revisión de los fallos de tutela proferidos por
el Juzgado Trece Civil del Circuito de Oralidad de Medellín, dentro del
expediente T-4.887.495, el Tribunal Administrativo de Antioquia, dentro
del expediente T-4.889.508, el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá, dentro de los expedientes, T- 4.888.573, T- 4.894.214, T-4.899.625
yT-4.904.805 y el Juzgado Treinta Penal del Circuito con Función de
Conocimiento de Bogotá, dentro del expediente T-4.977.876 en el trámite
de las acciones de tutela promovidas por las y los ciudadanos Francisco Hernando Arboleda Arboleda, Jorge Amaya
Bohórquez, Luis Alberto Ramírez Ramírez, Jorge Uriel Castellanos García, Martha
Liliana Lemus Osorio, Dolfus Armando Beltrán Romero y Mercedes Malaver Sanabria, respectivamente.
I.       ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos
86 y 241 de la Constitución Política, y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de
Selección Número Cinco de la Corte Constitucional, mediante Auto del trece (13)
de mayo de dos mil quince (2015), decidió seleccionar para revisión los
expedientes de tutela número T-4.887.495, T-4.888.573, T-4.889.508, T-4.894.214, T-4.899.625 y
T-4.904.805. Posteriormente, la Sala de Selección número Siete de
la Corte Constitucional, mediante Auto del 31 de julio del mismo año, decidió
seleccionar para revisión el expediente T-4.977.876, correspondiendo
su estudio a la Sala Cuarta de Revisión de Tutelas.
En consideración a que los expedientes
señalados anteriormente abordan idéntica temática, cual es la relacionada con la
posible vulneración de los derechos fundamentales al mínimo vital y a la
dignidad humana de los accionantes, por cuanto los fondos de pensiones
demandados, les negaron la pensión de invalidez respectiva, por no cumplir con
el requisito de cotización de las 50 semanas dentro de los tres (3) años
anteriores a la fecha de estructuración, no obstante contar con cotizaciones
posteriores a dicha fecha, la Sala de Selección número Cinco ordenó acumular los
expedientes T-4.887.495,
T-4.888.573, T-4.889.508, T-4.894.214, T-4.899.625 y T-4.904.805 para
que fueran fallados en una misma providencia y, posteriormente, la Sala de
Selección número Siete decidió acumular a los anteriores, el expediente T-4.977.876
por presentar unidad de materia.
II.      ANTECEDENTES
La solicitud
Las demandas se dirigen a obtener la protección de los
derechos fundamentales a la dignidad humana, a la seguridad social y al mínimo
vital de los accionantes, a quienes les fue negada su pensión de invalidez por
los fondos de pensiones, por cuanto no cumplen con el requisito de cotización
establecido en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, no obstante contar con
aportes posteriores a las fechas de estructuración determinadas en los
dictámenes de pérdida de capacidad laboral respectivos.
A continuación, pasará la Sala a exponer la situación
fáctica de cada caso, toda vez, que aunque persiguen el mismo objetivo, a
saber, el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, abordan situaciones
disímiles.
1. Expediente T-4.887.495
1.1.
Hechos
relevantes
1.1.1.   Francisco Hernando Arboleda Arboleda presentó acción
de tutela en contra del Fondo de Pensiones y Cesantías Protección, al
considerar vulnerados sus derechos fundamentales al mínimo vital y a la
dignidad humana, al haberle negado la pensión de invalidez por no cumplir con
el requisito de cotización de las 50 semanas dentro de los tres años anteriores
a la fecha de estructuración.
1.1.2.   Cuenta con 56 años de edad y padece de VIH, fue
calificado con una pérdida de capacidad laboral del 62.20% con fecha de
estructuración del 10 de junio de 1999.
1.1.3.   Como consecuencia del resultado de su calificación, solicitó
al Fondo de Pensiones y Cesantías Protección, pensión de invalidez, la cual fue
negada mediante comunicación de 27 de noviembre de 2014, al considerar que este
se había afiliado al fondo el 2 de agosto de 2007 y la fecha de estructuración
es anterior a su vinculación, por lo que no es responsabilidad de dicha entidad
reconocer la mencionada prestación.
1.1.4.  Señaló que aunque no cuenta con las 50 semanas dentro
de los tres (3) años anteriores a la fecha de estructuración, ha aportado un
total de 321.57 semanas entre el 2007 y el 2014, por lo que considera que el
tiempo que exige la ley, se debería contar desde la fecha en la que fue
calificado, teniendo en cuenta la enfermedad que padece.
1.2.
Pretensiones
Por medio de este mecanismo constitucional solicita que
le sean amparados sus derechos fundamentales al mínimo vital y a la vida digna
y, en consecuencia, le sea ordenado al Fondo de Pensiones y Cesantías
Protección, que reconozca y pague su pensión de invalidez teniendo en cuenta la
fecha de calificación de la pérdida de capacidad laboral, esto es 14 de julio
de 2014 y no, la fecha de estructuración de su enfermedad.
1.3.
Pruebas
Dentro del expediente obran las siguientes:
-
Copia de la cédula de
ciudadanía del señor Francisco Hernando Arboleda Arboleda (folio 7).
-
Copia de la
comunicación del 27 de noviembre de 2014, enviada a Francisco Hernando Arboleda
por parte del Fondo de Pensiones y Cesantías Protección, en la que se le
informa que no tiene derecho a la pensión de invalidez solicitada (folios 9 a 12).
-
Copia del extracto de
pensiones obligatorias de Francisco Hernando Arboleda Arboleda del período
01/07/2014 a 30/09/2014 (folios 13 a 14).
-
Copia de la historia
laboral de Francisco Hernando Arboleda Arboleda  (folios 14 a 16).
-
Copia de la notificación
del dictamen de la pérdida de capacidad laboral a Francisco Hernando Arboleda,
de fecha 14 de julio de 2014 (folio 23).
1.4.
Oposición a la
demanda de tutela
Mediante auto del 15 de diciembre de 2014, el Juzgado
Segundo Civil Municipal de Oralidad de Medellín, avocó el conocimiento de la
acción, admitió la demanda y notificó a la parte demandada.
Una vez vencido el término para ejercer su derecho a
la defensa, el Fondo de Pensiones y Cesantías Protección, no dio respuesta a lo
planteado en la presente acción de tutela.
1.5. DECISIONES JUDICIALES QUE SE REVISAN
1.5.1. Decisión de primera instancia
Mediante fallo del 14 de enero de 2015, el Juzgado
Segundo Civil Municipal de Oralidad de Medellín, concedió el amparo a los
derechos fundamentales al mínimo vital, a la seguridad social y a la dignidad
humana del actor y, en consecuencia, ordenó a la Administradora de Fondos de
Pensiones y Cesantías Protección S.A., reconocer y pagar la pensión de
invalidez, solicitada desde el 20 de mayo de 2014. Al respecto dispuso lo
siguiente:
“Del acervo probatorio del expediente, se
tiene que efectivamente el señor Francisco Hernando Arboleda presentó ante la
Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A., solicitud de
reconocimiento de pensión de invalidez el 20 de mayo de 2014, obteniendo una
negativa como respuesta el 27 de noviembre de 2014, bajo el argumento de que la
fecha de estructuración fue el 10 de junio de 1999, le pone de presente que tiene
derecho a la devolución del 100% de los dineros acreditados en la cuenta de
ahorro individual, así mismo en dicha comunicación se le informa que la
calificación de pérdida de capacidad laboral fue realizada el 25 de junio de
2014.
Adicionalmente se tiene, de los anexos
arrimados con el escrito de la tutela, que entre la fecha de afiliación al
sistema del accionante (agosto de 2007) y hasta el mes de mayo de 2014, este
contaba con 321,57 semanas cotizadas, sin embargo la fecha de estructuración de
la enfermedad común que dio como calificación la pérdida de la capacidad
laboral en un 62,20%, es el 10 de junio de 1999, fecha en la cual no se
encontraba afiliado al sistema.
Si bien la Ley 860 de 2003, que modificó la
Ley 100 de 1993, especifica en el artículo 39 que tendrá derecho a la pensión
de invalidez aquella persona que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de
los tres (3) años anteriores a la fecha de estructuración, teniendo en cuenta lo
reiterado por la Corte Constitucional, frente al tratamiento jurídico diferente
de los casos en que las personas sufren enfermedades como el VIH/SIDA,
verificando la fecha en que el peticionario dejó de aportar al sistema, (aunque
no existe certeza para el Despacho si a la fecha de la presentación de la acción
de tutela se continuaron haciendo los aportes respectivos por la parte
accionante), se tendrá como fecha el 13 de junio de 2014, considerando el
historial laboral visible a folios 14 y 15 del expediente.
Así las cosas al remitirnos al reporte del
historial laboral allegado por el accionante y examinar las semanas cotizadas a
Protección S.A., en los tres años inmediatamente anteriores a la fecha, esto es
del 04 de agosto de 2011 al 13 de junio de 2014, tenemos que el señor Francisco
Hernando Arboleda Arboleda, cuenta con un total de 870 días cotizados, lo que
equivale a 124,28 semanas de cotización; teniendo en cuenta lo anterior se
evidencia que el señor Arboleda Arboleda cumple con el requisito de haber
cotizado al menos cincuenta (50) semanas, razón por la cual la falta de
reconocimiento de la pensión solicitada resulta injustificada y constituye una
violación a su derecho fundamental a la seguridad social por parte de la
Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A..
Así mismo, se evidencia la inminencia de un
perjuicio irremediable en un sujeto de especial protección, teniendo en cuenta
que la subsistencia del accionante depende del reconocimiento de la pensión de
invalidez (…)”.
1.5.2. Impugnación
Mediante escrito presentado por el representante legal
de Protección S.A., la entidad demandada impugnó el fallo de primera instancia
al estimar que el señor Francisco Arboleda suscribió formulario de afiliación
al fondo el 1 de agosto de 2007, y esta se hizo efectiva a partir del 2 de
agosto de ese año. Posteriormente, el 20 de mayo de 2014, el accionante
presentó ante el Fondo de Pensiones Obligatorias Protección, solicitud de
pensión de invalidez por enfermedad de origen común, y el día 16 de julio de
2014 la entidad le notificó al señor Arboleda, la calificación realizada por la
Compañía Suramericana de Seguros de Vida S.A., en la que se determinó una
pérdida de capacidad laboral del 62.20% por enfermedad común y con fecha de
estructuración del 10 de junio de 1999, fecha anterior a la de la afiliación al
fondo.
Teniendo en cuenta lo previsto por el artículo 41 del
Decreto 1406 de 1999, la efectividad de la afiliación solo produce efectos para
la entidad administradora desde el día siguiente a aquél en el cual se inicie
una relación laboral, por lo tanto debe tenerse en cuenta que en este caso la
afiliación se hizo efectiva el 2 de agosto de 2007, consecuentemente para la
fecha de estructuración determinada por el dictamen emitido por la Comisión de
Calificación, el señor Arboleda no se encontraba afiliado.
Manifestó que, en consecuencia, según el artículo 39
de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, a
Protección no le corresponde el reconocimiento de la prestación solicitada,
pues el fondo solo tiene a cargo el reconocimiento de las prestaciones
económicas por los siniestros ocurridos durante la afiliación a este.
1.5.3. Decisión de segunda instancia
El Juzgado Trece Civil del Circuito de Oralidad de
Medellín, el 18 de febrero de 2015, decidió revocar lo resuelto por el a quo y,
en su lugar, negó el amparo a los derechos fundamentales invocados por el actor,
toda vez que consideró que “el término de cincuenta (50) semanas de
cotización que necesita el demandante para acceder a la pensión solicitad, se
deben contar dentro de los últimos tres años anteriores a la fecha de la
estructuración de la invalidez, y no dentro de los último tres años a la fecha
de la calificación, tal como lo entendió el a quo. Por lo tanto, como el
accionante se afilió en una fecha posterior a la estructuración de la
invalidez, no tiene derecho al reconocimiento de la pensión, pues el sistema
ampara contingencias, no hechos ciertos.”
En consecuencia, estimó, que para el momento de
estructurarse la invalidez del señor Arboleda, este no contaba con ninguna
semana cotizada al sistema de pensiones, pues se vinculó al fondo de pensiones
el 2 de agosto de 2007, por lo que no tiene derecho a la prestación solicitada.
2.
Expediente
T-4.888.573
2.1.
Hechos
relevantes
2.1.1.  Jorge Amaya Bohórquez, quien cuenta con 64 años de
edad, interpone la presente acción de tutela con el fin de que le sean
amparados sus derechos fundamentales a la seguridad social, a la vida en condiciones
dignas, al mínimo vital y a la igualdad, al considerar que la Administradora
Colombiana de Pensiones, Colpensiones se encuentra vulnerándolos al haberle
negado la pensión de invalidez.
2.1.2.   Manifestó que se desempeñaba como guarda de seguridad
para la compañía Seguridad Superior LTDA., bajo contrato a término indefinido, desde
el 1 de enero de 2009.
2.1.3.   En el mes de marzo de 2009, mediante examen médico
ordenado por la EPS Cruz Blanca, le fue detectado el “mal de chagas”,
enfermedad que afecta el corazón y genera varias patologías como, cardiopatía
dilatada severa, fibrilación auricular, dilatación severa biauricular,
insuficiencia mitral e insuficiencia tricúspidea.
2.1.4.   A pesar del diagnostico dado por los médicos, no le
fueron expedidas incapacidades ni recomendaciones médicas de reubicación de
puesto de trabajo, por el contrario, fue mantenido en el mismo horario nocturno
por el término de 18 meses.
2.1.5.   Debido a su enfermedad fue incapacitado desde el 30
de junio de 2010 y, el 12 de diciembre del mismo año, fue remitido a medicina
laboral, en donde se determinó que no podía seguir trabajando en las
condiciones en las que se encontraba, por lo que el 17 de enero de 2011, el
Seguro Social lo calificó con una pérdida de capacidad laboral del 53.40%, con
fecha de estructuración del 20 de marzo de 2009.
2.1.6.  Señaló que las incapacidades por los primeros 180 días
han sido pagadas por su empleador Seguridad Superior LTDA, no obstante las que se
le han decretado posteriormente no le han sido reconocidas por Colpensiones. Por
lo cual su empleador lo ha mantenido en nómina y ha efectuado los pagos y
aportes a seguridad social.
2.1.7.  El 4 de mayo de 2011, presentó ante el Seguro Social
solicitud de pensión de invalidez, la cual fue negada por medio de la
Resolución No. 111951 del 13 de julio de 2011, bajo el argumento de no haber  acreditado
el número de semanas cotizadas requeridas durante los tres años anteriores a la
fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral.
2.1.8.  Afirmó que según su historia laboral cuenta con 385
semanas pero no dentro de los tres años anteriores a la fecha de estructuración,
por lo que interpuso recurso de reposición contra la decisión del Seguro
Social, invocando jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el cambio de
la fecha de estructuración. No obstante, dicha decisión fue confirmada mediante
Resolución No. 3260 del 5 de agosto de 2013.
2.2.
Pretensiones
El actor solicita se amparen sus derechos
fundamentales y, en consecuencia, le sea ordenado al Seguro Social, hoy
Colpensiones, que reconozca y pague la pensión de invalidez, desde el 4 de mayo
de 2011, fecha desde la cual fue solicitada la prestación mencionada.
2.3.
Pruebas
-
Copia de la cédula de
ciudadanía del señor Jorge Amaya Bohórquez (folio 14).
-
Copia del carné de
afiliación al Instituto Colombiano de Seguros Sociales de Jorge Amaya Bohórquez
(folio 15).
-
Copia del diagnóstico
de Jorge Amaya Bohórquez proferido por la EPS Cruz Blanca de fecha 20 de marzo
de 2009 (folio 16).
-
Copia de las
incapacidades prescritas por Cruz Blanca EPS al señor Jorge Amaya Bohórquez
(folios 17 a 28).
-
Copia del dictamen sobre
la pérdida de capacidad laboral de Jorge Amaya Bohórquez, proferido por el
Instituto de Seguros Sociales el 17 de enero de 2011 (folios 29 a 30).
-
Copia de la respuesta
dada por Colpensiones al trámite radicado por el actor sobre el reconocimiento
de las incapacidades (folio 31).
-
Copia de certificación
expedida por Colpensiones en la que se hace constar que Jorge Amaya Bohórquez
se encuentra afiliado al régimen de prima media con prestación definida desde
el 14 de abril de1972 (folio 32).
-
Copia del resumen de
las semanas cotizadas al sistema general de pensiones por Jorge Amaya
Bohórquez, proferido por Colpensiones (folio 33).
-
Copia de la Resolución
No. 111951 del 13 de julio de 2011, proferida por el Instituto de Seguros
Sociales, mediante la cual se niega la pensión de invalidez al señor Jorge
Amaya (folio 34 a 35).
-
Copia de recurso de
reposición y en subsidio de apelación interpuesto por el actor contra la
decisión del Instituto de Seguros Sociales (folios 36 a 44).
-
Copia de la Resolución
No. 3260 del 5 de agosto de 2013, mediante la cual se confirma la decisión de
negarle la pensión de invalidez al actor (folios 45 a 47).
2.4.
Respuesta de los
entes accionados
Mediante Auto del 17 de septiembre de 2014 el Juzgado
Segundo Penal del Circuito de Bogotá, resolvió admitir la demanda de tutela y
notificó al Instituto de Seguros Sociales en liquidación, a Colpensiones y a la
EPS Cruz Blanca.
2.4.1.  Instituto de Seguro Social en liquidación
El Instituto de Seguros Sociales en liquidación, a
través del apoderado general, dio respuesta a la acción de tutela, en la que
solicitó que se desvinculara a dicha entidad, toda vez que la competente para
dar respuesta al requerimiento del actor, es la Administradora Colombiana de
Pensiones- Colpensiones, por cuanto fue aquella la que expidió la Resolución
3260 del 5 de agosto de 2013, que confirmó la Resolución del ISS, mediante la
cual se negó la prestación solicitada, por lo que asumió la competencia del
caso.
Así mismo el ISS en liquidación remitió a Colpensiones
el expediente administrativo y la carpeta de medicina laboral del accionante,
mediante acta No. 42 de fecha 30 de mayo de 2013, en aplicación de lo dispuesto
por el Decreto 2013 de 2012, el cual estableció, en el artículo 3º parágrafo 1º,
que a partir de la vigencia de este, el ISS en liquidación no podrá iniciar nuevas
actividades en desarrollo de su objeto social. Igualmente, el Decreto 2011 de
2012 dispuso que Colpensiones es quien debe resolver las solicitudes de
reconocimiento de derechos pensionales, incluyendo aquellas que habiendo sido
presentadas ante el ISS no se hubieren resuelto a la entrada en vigencia del
mencionado decreto.
Señaló que el Decreto 2013 de 2012, estableció que el
Instituto de Seguros Sociales en liquidación, asumirá la defensa de las
acciones de tutela relacionadas con la administración del Régimen de prima
media con prestación definida, que se encuentren en curso al momento de la entrada
en vigencia del presente decreto. El cumplimiento de los fallos relacionados
con la administración de este régimen, corresponde a Colpensiones.
Las demás partes demandadas no dieron respuesta a la
presente acción de tutela.
2.5.
DECISIONES
JUDICIALES
2.5.1.  Primera instancia
Mediante sentencia del 25 de septiembre de 2014, el
Juzgado Segundo Penal del Circuito de Bogotá, concedió el amparo a los derechos
fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social del actor y, en consecuencia,
ordenó a la Administradora Colombiana de Pensiones- Colpensiones, pagar las
incapacidades causadas después del primero de enero de 2012, las cuales no
podrán superar los 360 días. En cuanto a la solicitud de pensión de invalidez,
resolvió negar el amparo, al considerar que el recurso de reposición contra la
resolución que negó la pensión de invalidez fue resuelto hace 13 meses y solo
hasta el 15 de septiembre de 2014, el actor interpuso la acción de tutela.
“De esta manera no observa el despacho justificación
alguna, por la cual no hubiese accionado el aparato judicial luego de conocer
la decisión desfavorable en segunda instancia por parte de la Administradora
Colombiana de Pensiones- Colpensiones, pues si bien el accionante manifiesta
que hasta el momento de la interposición de la acción de tutela se encontraba
incapacitado debido a su enfermedad, el mismo no aportó si quiera prueba
sumaria que demuestre tal afirmación, pues solamente allegó incapacidades
reconocidas desde el treinta (30) de junio de 2010 hasta el cinco (5) de
febrero de 2011.”
2.5.2.  Impugnación
Mediante escrito presentado el 6 de octubre de 2014,
Jorge Amaya Bohórquez impugnó la sentencia de primera instancia al estimar que
el juez no protegió sus derechos, pues lo que se solicita en la acción de
tutela es el reconocimiento de la pensión de invalidez y/o pago de las
incapacidades hasta que se reconozca dicha prestación, pero el juez, ni
concedió la pensión, ni obligó a que se le pagaran de forma integral y total
las incapacidades prescritas hasta el momento.
“Si desde el 04 de mayo de 2011, solicité el
reconocimiento y pago de mi pensión y solo hasta el 5 de agosto de 2013, se
resolvió de fondo mi petición negando la pensión de invalidez, dónde está la
protección efectiva de mis derechos, o de qué sirve hacer pagos a la seguridad
social, si a la hora de pedir que se me protejan mis derechos, se niegan las
prestaciones asistenciales y económicas a las que tengo derecho por ser una
persona de la tercera edad y tener una protección especial que ampara el Estado.”
Manifestó que actualmente se encuentra en un limbo
jurídico, pues ni le pagan las incapacidades,[1]
ni le reconocen la pensión de invalidez, lo que le genera un grave perjuicio al
no contar con los medios para su subsistencia, por lo que solicita se revoqué
el fallo del juez de primera instancia y, en su lugar, se conceda el amparo de
manera integral.
2.5.3.  Segunda instancia
Mediante sentencia del 16 de febrero de 2015 el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal, revocó el fallo
proferido por el a quo al estimar que la Administradora Colombiana de
Pensiones- Colpensiones no ha vulnerado derecho fundamental alguno porque en
ningún momento se negó a pagar las incapacidades causadas a partir del día 181
sin fundamento, pues actuó conforme lo establece el artículo 206 de la Ley 100
de 1993 y el artículo 23 del Decreto 2463 de 2001.
Señaló que Jorge Amaya Bohórquez ha estado
incapacitado desde el 30 de junio de 2010 y Cruz Blanca EPS conceptuó
desfavorable su rehabilitación, documento que remitió al Seguro Social el cual,
el 17 de enero de 2011, calificó en 53.40% su pérdida de capacidad laboral. “El
15 de febrero del mismo año se cumplieron los 181 días de permanecer el actor
en aquel estado y comoquiera que ya se había rendido el dictamen, la AFP no
estaba obligada a cancelar las incapacidades otorgadas a partir de la última
fecha en mención, según el artículo 23 del Decreto 2463 de 2001 y como lo ha
indicado la Corte Constitucional en reiteradas providencias.
Además, ha transcurrido una cantidad de tiempo
importante desde el momento en que la Administradora Colombiana de Pensiones le
negó al demandante el pago de las incapacidades dadas con posterioridad a la
peritación de 17 de enero de 2011 hasta cuando formuló la demanda.”
En cuanto a la pensión de invalidez, señaló que no
está acreditado que el accionante cumpla los requisitos que exige el artículo
1º de la Ley 860 de 2003, modificatorio del artículo 39 de la Ley 100 de 1993, para
tener el derecho a dicha prestación, es decir, que hubiera cotizado al sistema
general de pensiones, cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres años
inmediatamente anteriores a la fecha en la que fue declarado en condición de
discapacidad.
3.
Expediente T-
4.889.508
3.1.
Hecho relevantes
3.1.1.   El
señor Luis Alberto Ramírez Ramírez interpone acción de tutela al considerar
vulnerados sus derechos fundamentales al mínimo vital y a la dignidad humana
por la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones al haberle negado
la pensión de invalidez por no cumplir con el requisito de las cincuenta
semanas (50) semanas dentro de los tres años anteriores a la fecha de
estructuración de la invalidez.
3.1.2.   El actor, quien cuenta con 52 años de edad, se
encuentra afiliado a Colpensiones desde el 1 de julio de 1996.
3.1.3.   Afirmó contar con una discapacidad visual congénita
la cual fue calificada por el Instituto de Seguros Sociales el 16 de junio de
2011, con una pérdida de capacidad laboral del 75.10% con fecha de
estructuración del 16 de abril de 1963, fecha de su nacimiento.
3.1.4.  Solicitó a Colpensiones, su pensión de invalidez, la
cual fue negada por dicha entidad mediante Resolución No. 188291, del 22 de
julio de 2013, contra la cual interpuso recurso de reposición que fue resuelto
mediante Resolución No. 42183, del 17 de febrero de 2014, confirmando la
primera decisión.
3.1.5.  Contra esta última resolución interpuso recurso de
apelación el cual fue resuelto por Colpensiones mediante Resolución 19810 del 6
de noviembre de 2014, confirmando las decisiones anteriores, al considerar que
no contaba con las semanas de cotización requeridas por el artículo 6 del
Decreto 3041 de 1971, ley vigente al momento de la fecha de estructuración de
la enfermedad padecida por el actor.
3.1.6.  Afirmó, que dentro de su historia laboral se registran
340,57 semanas de cotización al sistema general de pensiones entre el 1 de
julio de 1996, fecha en que se afilió al Instituto de Seguros Sociales y el 30
de septiembre de 2003, fecha desde la cual le fue imposible seguir aportando
debido a su situación de discapacidad.
3.2.
Pretensiones
El actor solicita le sean amparados sus derechos
fundamentales a la dignidad humana y al mínimo vital y, en consecuencia, se le
ordene a Colpensiones reconocer y pagar su pensión de invalidez teniéndole en
cuenta las semanas que logró cotizar al sistema general de pensiones desde el
año de 1996 hasta el año 2003, momento desde el cual le fue imposible seguir
cotizando debido a la enfermedad que lo aqueja.
3.3.
Pruebas
-
Copia de la Resolución
No. 19810 del 6 de noviembre de 2014, proferida por Colpensiones mediante la
cual se confirman las dos decisiones anteriores de la entidad de negar la
prestación solicitada (folios 5 a 6).
-
Copia de la cédula de
ciudadanía del señor Luis Alberto Ramírez Ramírez (folio 8).
3.4.
Respuesta de la
entidad accionada
Mediante auto del 24 de noviembre de 2014 el Juzgado
Tercero Administrativo de Oralidad de Medellín, admitió la demanda y corrió
traslado a la parte demandada para que se pronunciara sobre lo planteado en la
presente acción de tutela.
Mediante escrito presentado por el Gerente Nacional de
Defensa Judicial de la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, se
dio respuesta al mecanismo de la referencia en el cual señaló que la entidad ha
dado respuesta a las solicitudes del actor, por lo que si este presenta algún
desacuerdo contra lo resuelto debe agotar los procedimientos administrativos y
judiciales dispuestos para tal fin y no reclamar la pensión de invalidez por
medio de la acción de tutela, ya que esta solo procede ante la inexistencia de
otro mecanismo de defensa judicial.
3.5.
DECISIONES
JUDICIALES
3.5.1.  Primera instancia
Mediante sentencia del 5 de diciembre de 2014, el
Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Medellín, negó el amparo
solicitado por el actor al considerar que este, de manera previa, debió acudir
ante el juez natural para atacar la legalidad de los actos proferidos por la
entidad demandada, pues la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para
hacerlo. Así mismo, estimó que dentro del expediente no obra prueba que
demuestre las condiciones económicas del actor que hagan indispensable el
reconocimiento de la prestación por esta vía, con el fin de evitar un perjuicio
irremediable.
3.5.2.  Impugnación
El actor impugnó la decisión de primera instancia al
no estar de acuerdo con lo decidido. Al respecto señaló que la decisión de
negar la prestación solicitada es una falta de sensibilidad social y está en
contravía con el principio de igualdad, más teniendo en cuenta que las personas
en situación de discapacidad gozan de un trato especial.
3.5.3.  Segunda instancia
Mediante sentencia del 16 de febrero de 2015, el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad, confirmó el
fallo del a quo, bajo las mismas consideraciones que este expuso en su
providencia.
3.6.
DOCUMENTOS
ALLEGADOS EN SEDE DE REVISIÓN
Mediante oficio del 19 de agosto de 2015, Colpensiones,
a través del Gerente Nacional de Doctrina, allegó un escrito a esta
Corporación, en el que informó que de acuerdo con los pronunciamientos de la
Corte Constitucional, la entidad volvió a evaluar el caso del señor Luis
Alberto Ramírez y encontró que “aun cuando para el momento en el que se
profirió el dictamen de pérdida de capacidad laboral del accionante (16 de
junio de 2011), se encontraba afiliado a Colpensiones, y la valoración del
reconocimiento de la prestación corresponde a esta administradora, el señor
RAMÍREZ RAMÍREZ no cumple con el requisito de densidad de las cotizaciones
requeridas por ley, ni siquiera a la luz de los parámetros jurisprudenciales
antes estudiados.
Lo anterior, comoquiera que durante los 3 años
anteriores a la fecha de calificación de pérdida de capacidad laboral (16 de
junio de 2011), el accionante no tiene cotización alguna registrada en su
historia laboral, en la cual se observa que su último aporte corresponde al mes
de septiembre de 2003. Así las cosas, se tiene que no es posible para la
administración acceder al pretendido reconocimiento, en tanto estaría obrando
contra legem y desatendiendo el precedente jurisprudencial de la Corte
Constitucional, aplicable al caso sub examine”.
Junto con el mencionado escrito, adjuntó como anexo el
resumen de las semanas cotizadas al sistema general de pensiones por el señor
Luis Alberto Ramírez Ramírez.
4.
Expediente
T-4.894.214
4.1.
Hechos
relevantes
4.1.1.  El señor Jorge Uriel Castellanos García, a través de
apoderado judicial, interpone la presente acción de tutela contra la
Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, al estimar vulnerados sus
derechos fundamentales al mínimo vital, a la dignidad humana y a la seguridad
social, al no haberle reconocido la pensión de invalidez solicitada por no
acreditar las cincuenta (50) semanas de cotización al sistema dentro de los
tres años anteriores a la fecha de estructuración.
4.1.2.   El actor cuenta, a la fecha, con 61 años de edad y
hace más de 15 años le fue diagnosticada diabetes, momento desde el cual comenzó
con tratamiento con “hipoglicemientes orales” y hace 9 años está con manejo de
insulina.
4.1.3.  Actualmente padece de diabetes millitus 2, neuropatía
diabética, rinopatía diabética, pie diabético Wagner III MID, hipertensión
arterial, edema generalizado con compromiso facial y episodio depresivo mayor,
pues, en mayo de 2013, le fue amputada su pierna derecha a nivel del tercio
medio.
4.1.4.  El 28 de enero de 2013, la Administradora Colombiana
de Pensiones, Colpensiones, calificó la pérdida de capacidad laboral del actor
en 65.63% con fecha de estructuración del 15 de agosto de 2009.
4.1.5.  En consecuencia de lo anterior, solicitó a
Colpensiones el reconocimiento de su pensión de invalidez la cual fue negada
mediante Resolución 248202 del 4 de octubre de 2013, por cuanto el asegurado no
acreditó el requisito de las cincuenta (50) semanas dentro de los tres años
anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez.
4.1.6.  Contra dicha decisión se interpuso el recurso de
reposición el cual fue resuelto por la Resoluciones 37620, del 11 de febrero de
2014, confirmando la decisión inicialmente tomada por la entidad.
Posteriormente se interpuso el recurso de apelación.
4.1.7.   El 12 de diciembre de 2013, la Junta Regional de
Calificación de Invalidez de Bogotá, modificó el porcentaje de la pérdida de
capacidad laboral de Jorge Uriel Castellanos en 66.76% así como la fecha de
estructuración, al 10 de abril de 2010.
4.1.8.   Mediante Resolución 21218 del 14 de noviembre de
2014, se resolvió el recurso de apelación interpuesto contra las decisiones de
la entidad, en la cual se confirmó la negativa del reconocimiento de la pensión
de invalidez al actor.
4.1.9.  Informó que al momento de solicitar la pensión de
invalidez a Colpensiones, contaba con 1028 semanas cotizadas entre los años
1978 y 2013 interrumpidamente.
4.1.10.
Señaló que su estado
actual es grave y con el tiempo se deteriora aún más su salud debido a la
enfermedad que padece, lo que le impide obtener de alguna manera ingresos para
su subsistencia, lo que lo ha llevado a vivir de la caridad de familiares y de
su hijo.
4.2.
Pretensiones
El actor solicita se tutelen sus derechos
fundamentales a la seguridad social, a la dignidad humana y al mínimo vital y,
en consecuencia, le sea ordenado a la Administradora Colombiana de Pensiones,
Colpensiones, que reconozca y pague la pensión de invalidez bajo el principio
de la condición más beneficiosa, así como el retroactivo de las mesadas pensionales
y los intereses moratorios.
4.3.
Pruebas
-
Copia del dictamen de
la calificación de la pérdida de la capacidad laboral de Jorge Uriel
Castellanos García del 12 de diciembre de 2013 (folios 2 a 9).
-
Copia de la Resolución
248202 del 4 de octubre de 2013 mediante la cual se niega la pensión de
invalidez solicitada (folios 10 a 14).
-
Copia del recurso de
reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución 248202 del 4 de
octubre de 2013, interpuesto por Jorge Uriel Castellanos (folios 17 a 21)
-
Copia de la Resolución
37620 del 11 de febrero de 2014, mediante la cual Colpensiones resolvió el
recurso de reposición interpuesto por el actor (folios 22 a 24).
-
Copia de la Resolución
21218 del 14 de noviembre de 2014, mediante la cual Colpensiones resolvió el
recurso de apelación contra las resoluciones 248202 y 37620, en las cuales se
negó la prestación solicitada por el actor (folio 25).
-
Copia del resumen de
semanas cotizadas por Jorge Uriel Castellanos García al sistema general de
pensiones, proferida por Colpensiones (folios 26 a 31).
4.4.
Respuesta de la entidad
accionada
Mediante Auto del 20 de enero de 2015, el Juzgado
Veintiuno Civil del Circuito de Bogotá, admitió la acción de tutela y corrió
traslado a la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones para que se
pronunciara sobre los hechos y pretensiones expuestos en la demanda.
Vencido el término para ejercer su derecho de
contradicción, la accionada guardó silencio.
4.5.
DECISIONES
JUDICIALES
4.5.1.  Primera instancia
Mediante sentencia del 29 de enero de 2015, el Juzgado
Veintiuno Civil del Circuito de Bogotá, decidió negar el amparo al actor, al
considerar que dada la naturaleza residual y subsidiaria de la acción de
tutela, las pretensiones que reclama son propias de la jurisdicción ordinaria,
por lo que, previamente, debe acudir a ella para controvertir la negativa de la
entidad accionada de reconocer la pensión de invalidez solicitada. Así mismo, sostuvo
que no evidenció un perjuicio irremediable en cabeza del actor y este tampoco
lo probó.
4.5.2.  Impugnación
Mediante escrito presentado, a través de apoderado, el
actor impugnó la decisión del juez de primera instancia al considerar que a
pesar de no haber acudido a la vía ordinaria a reclamar el derecho pensional,
el juez debió considerar su delicado estado de salud, el cual se deteriora
progresivamente, lo que haría muy gravoso acudir a un proceso judicial el cual
es extenso y demorado y que, podría vulnerar aún más sus derechos fundamentales.
Respecto de la consideración del a quo, de no existir
un perjuicio irremediable en cabeza del actor, el apoderado de este manifestó,
que “se observa un yerro en el fallador constitucional, toda vez que no valoró
a profundidad las pruebas allegadas a la acción, pues con una sencilla ojeada
de la historia clínica se tiene por cierto cual es la patología y el estado de
salud actual de mi representado, así como el hecho que es un hombre solo que
por sí mismo no puede valerse, pues tiene un tercio de pierna amputada que no
le permite tener mayor movilidad y al ser un hombre enfermo de la tercera edad
le resulta más difícil acceder a las actividades diarias que cualquier persona
en óptimas condiciones de salud podría realizar”.
Afirmó que el actor cuenta con las semanas que exige
la ley para acceder a la pensión de invalidez, toda vez que al 30 de noviembre
de 2011, había cotizado un total de 1.028.50 semanas y, atendiendo el
pronunciamiento de la Corte Constitucional en la sentencia T-483 de 2014, la
fecha desde la cual se deben empezar a contabilizar los tres años,
considerándose enfermedades degenerativas, es aquella en la que la persona ha
perdido su fuerza laboral, en el caso del señor Castellanos fue desde el 1 de
agosto de 2013, momento en el que solicitó a Colpensiones su pensión, al
considerar que ya le era imposible seguir trabajando y aportando al sistema. Teniendo
en cuenta dicha fecha, el actor tiene cotizadas 145.88 semanas, superando el
mínimo que se requiere para obtener la prestación.
4.5.3.  Segunda instancia
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá,
Sala Civil, mediante sentencia del 19 de febrero de 2015, decidió confirmar la
decisión del a quo, con fundamento en las mismas consideraciones. Al respecto
señaló:
“No desconoce la Sala la situación que aduce el
profesional del derecho acerca de las condiciones de su representado, empero,
aun cuando refiere que es una persona de la tercera edad cobijada por un fuero
de protección especial, su situación de salud se agrava cada vez más, a lo que
se suma su pérdida de capacidad laboral; hay que señalar que a sus 60 años no
supera la expectativa oficialmente reconocida en Colombia para ese grupo
poblacional, además es apenas lógico que en un Estado Social de Derecho, donde
prima el principio de solidaridad y el deber de colaboración, tal como lo
acepta el tutelante, su hijo y familiares, se hagan cargo de sus necesidades,
hasta que si a bien lo tiene, impetre la acción judicial respectiva.”
4.6.
PRUEBAS
ALLEGADAS EN SEDE DE REVISIÓN
Mediante oficio del 20 de agosto de 2015, la Oficial Mayor
de esta Corporación, allegó un documento de 4 folios y 27 anexos, dirigido por
el Gerente Nacional de Doctrina de la Vicepresidencia Jurídica y Secretaría
General de Colpensiones.
En dicho documento se informó lo siguiente:
“Como quedó indicado, el demandante padece de diabetes,
mellitus insulinodependiente-retinopatía diabética-, hipertensión esencial,
episodio depresivo, síndrome nefrótico y amputación traumática pierna,
enfermedades en razón de las cuales fue calificado con pérdida de capacidad
laboral del 65.363% el 28 de enero de 2013, mediante acta en la que se
consideró como fecha de estructuración de su invalidez el 15 de agosto de 2009.
En atención a la solicitud de reconocimiento de su
pensión de invalidez presentada ante Colpensiones, se expidió la Resolución No.
GNR 248202 del 24 de octubre de 2013, en la que se negó el derecho reclamado,
decisión que fue confirmada en sede administrativa, bajo el argumento de que no
acreditaba 50 semanas cotizadas dentro de los tres años anteriores a la fecha
de estructuración de invalidez, ocurrida el 15 de agosto de 2009.
Sin embargo, con ocasión de los pronunciamiento de la
H. Corte Constitucional, Colpensiones expidió el aludido concepto jurídico
BZ_2014_10721634 de 26 de diciembre de 2014, mediante el cual se recogen los
parámetros trazados por la Corte Constitucional en cuanto al reconocimiento de
pensión de invalidez en el caso de enfermedades degenerativas, catastróficas
y/o congénitas.
Comoquiera que para el momento en que se estructuró la
invalidez (15 de agosto de 2009) y se profirió el dictamen de pérdida de la
capacidad laboral del accionante (28 de enero de 2013), se encontraba afiliado
a Colpensiones y de conformidad con los criterios que ha precisado la
jurisprudencia constitucional, la valoración del reconocimiento de la
prestación corresponde a esta administradora, razón por la cual, el 28 de julio
de 2015, se expidió la Resolución No. GNR 227449 a través de la cual se ordenó
reconocer y pagar una pensión de invalidez a favor del señor JOSÉ URIEL
CASTELLANOS GARCÍA (sic).
Para concluir, se debe precisar que el accionante tuvo
respuesta a su pedido, sus recursos fueron resueltos mediante actos
administrativos cuya legalidad no fue desvirtuada ante el juez natural por las
vías judiciales ordinarias, y no se probó la existencia de un perjuicio
irremediable.”
De acuerdo con las consideraciones expuestas, Colpensiones
solicita tener en cuenta que en el presente caso, se configura un hecho
superado por carencia actual de objeto, en tanto la administradora ha acogido
plenamente el precedente jurisprudencial que rige la materia en comento y como
resultado, expidió la citada resolución No. GNR 227449, de 28 de julio de 2015,
que otorga al accionante la prestación de invalidez, que es, en últimas, el
objeto de esta acción de amparo.
Para sustentar lo anterior, anexó la Resolución No.
GNR 227449 del 28 de julio de 2015, en la que se reconoce la pensión de
invalidez al señor Jorge Uriel Castellanos García.
5.
Expediente
T-4.899.625
5.1.
Hechos
relevantes
5.1.1.  Martha Liliana Lemus Osorio, a través de apoderado,
interpone la presente acción de tutela, al considerar vulnerados sus derechos
fundamentales al mínimo vital, a la vida en condiciones dignas y a la seguridad
social, por parte de Colpensiones al haberle negado la pensión de invalidez por
no haber acreditado el requisito de las 50 semanas de cotización al sistema
general de pensiones, dentro de los tres años anteriores a la fecha de
estructuración de la pérdida de capacidad laboral.
5.1.2.  La actora cuenta con 46 años de edad y padece de
esquizofrenia paranoide, se encuentra afiliada al sistema general de pensiones
a través de la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, desde el
13 de diciembre de 1993.
5.1.3.   El 20 de marzo de 2014, Colpensiones calificó su
pérdida de capacidad laboral en 58.5% con fecha de estructuración del 20 de
octubre de 2005. Posteriormente, el 8 de agosto de 2014, la Junta Regional de
Calificación de Invalidez de Bogotá, determinó su pérdida de capacidad en un
56.20% y dejó la misma fecha de estructuración.
5.1.4.  Cuenta en total con 128,74 semanas cotizadas al
sistema general de pensiones, entre los años 1993 a 1995 y 2011 a 2014.
5.1.5.  La actora, además de encontrarse en condición de discapacidad,
debe afrontar su situación de desplazamiento por la violencia y no cuenta con
los medios para solventar su subsistencia y la de su menor hija, razón por la
cual requiere de la prestación solicitada.
5.1.6.   El 20 de octubre de 2014, elevó derecho de petición a
Colpensiones para que le fuera reconocida su pensión de invalidez, sin que
hasta la fecha de interposición de la acción de tutela, la entidad haya dado
respuesta.
5.2.
Pretensiones
La actora solicita que a través del mecanismo de amparo
le sea ordenado a Colpensiones que reconozca y pague la pensión de invalidez,
teniéndole en cuenta las semanas que logró cotizar al sistema general de
pensiones.
5.3.
Pruebas
-
Copia de la cédula de
ciudadanía de Martha Liliana Lemus Osorio (folio 2).
-
Copia del recibo de
pago de los medicamentos prescritos por los médicos tratantes a Martha Liliana
Lemus Osorio, por valor de $235.650 pesos (folio3).
-
Copia del registro
civil de nacimiento de María Thalia, hija de Martha Liliana Lemus Osorio (folio
4).
-
Copia de
certificaciones laborales a nombre de Martha Liliana Lemus Osorio, en las
cuales se acredita el tiempo laborado en las diferentes empresas (folios 5 a 7)
-
Copia de resumen de
semanas cotizadas por Martha Liliana Lemus al sistema general de pensiones,
proferido por Colpensiones (folios 8 a 10).
-
Copia de la
comunicación del dictamen de pérdida de capacidad laboral realizado por
Colpensiones a la actora (folios 11 a 14).
-
Copia del dictamen de
pérdida de capacidad laboral de Martha Liliana Lemus, proferido por la Junta
Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá (folios 15 a 22).
-
Copia de la petición
que Martha Liliana Lemus tramitó ante Colpensiones, mediante la cual solicitó
su pensión de invalidez (folios 25 a 28).
-
Copia de la Resolución
No. 2013-21110, del 19 de diciembre de 2012, mediante la cual la Directora
Técnica de Registro y Gestión de la Información de la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, incluyó en el Registro Único de Víctimas a
Martha Liliana Lemus Osorio (folios 33 a 35).
5.4.
Respuesta de la
entidad accionada
Mediante auto 26 de enero de 2015, el Juzgado
Dieciocho Civil del Circuito de Bogotá, admitió la tutela, notificó a la parte
demandada y vinculó a la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá.
Mediante escrito presentado el 29 de enero de 2015,
por el apoderado de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, se contestó
la acción de tutela. En dicha respuesta se manifestó que “no existe en la Junta
Nacional ninguna calificación respecto de la señora Martha Liliana Lemus
Osorio, así como tampoco obra ninguna apelación en trámite relativa a la
accionante en mención.
(…) En el caso que nos ocupa no ha sido recibido
ningún expediente de calificación proveniente de una Junta Regional, por lo
cual lo pertinente es dirigir su consulta directamente a la entidad
correspondiente para que allí se confirme el estado actual del trámite”. En
consecuencia, solicitó se le desvinculara de la presente acción.
Las demás entidades demandadas guardaron silencio.
5.5.
DECIONES
JUDICIALES
5.5.1.  Primera instancia
Mediante sentencia del 3 de febrero de 2015, el
Juzgado Dieciocho (18) Civil del Circuito de Bogotá, tuteló el derecho de
petición de la actora y ordenó a Colpensiones que diera respuesta de fondo a la
solicitud radicada el 20 de octubre de 2014, mediante la cual solicitó la
pensión de invalidez.
5.5.2.  Impugnación
5.5.2.1.      Colpensiones
La Administradora Colombiana de Pensiones,
Colpensiones, a través del Gerente Nacional de Defensa Judicial, presentó
escrito de impugnación en el que manifestó que dicha entidad profirió la
Resolución GNR 24540 del 4 de febrero de 2015, en la que se resolvió de fondo
la petición de la accionante, desapareciendo la presunta causa vulneradora de
sus derechos.
5.5.2.2.      Martha Liliana Lemus Osorio
La actora, a través de apoderado, impugnó el fallo del
a quo al considerar que la protección al derecho de petición no era la
prioridad de la acción de tutela, pues lo que se buscaba con dicho mecanismo
era la protección a su mínimo vital y a la dignidad humana y, en consecuencia,
le fuera ordenado a Colpensiones que reconociera la pensión de invalidez.
5.5.3.  Segunda instancia
Mediante sentencia del 11 de marzo de 2015, el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, confirmó el
fallo del a quo, al considerar que la tutela no es el mecanismo idóneo para
reclamar la prestación que la actora pretende, pues tal función ha sido
atribuida por la ley a determinadas autoridades, frente a las cuales el juez
constitucional no puede hacer una intromisión indebida.
6.
Expediente
T-4.904.805
6.1.
Hechos
relevantes
6.1.1.   Dolfus
Armando Beltrán Romero, a través de apoderado, interpuso la presente acción de
tutela al considerar vulnerados sus derechos fundamentales al mínimo vital, a
la vida en condiciones dignas y a la seguridad social, por parte de la
Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, al haberle negado la
pensión de invalidez por no acreditar el requisito de las 50 semanas de
cotización al sistema dentro de los tres años anteriores a la fecha de
estructuración de la pérdida de capacidad laboral.
6.1.2.   El actor, quien cuenta con 55 años de edad, fue
diagnosticado con “mieloma múltiple (cáncer de la médula ósea)”. El 10 de
septiembre de 2013 fue calificado por Colpensiones con una pérdida de capacidad
laboral del 71.05%, con fecha de estructuración del 30 de junio de 2012.
6.1.3.  El 3 de enero de 2014, solicitó ante la Administradora
Colombiana de Pensiones, Colpensiones, pensión de invalidez, la cual fue negada
mediante Resolución No. 113407 del 28 de marzo de 2014, al no cumplir con las
semanas de cotización, pues dentro de los tres años anteriores a la fecha de
estructuración, apenas tiene 24.88 semanas.
6.1.4.  Contra dicha decisión interpuso los recursos de
reposición y en subsidio de apelación, los cuales confirmaron la decisión
inicialmente tomada, relativa a negar la prestación solicitada.
6.1.5.  Manifestó que la enfermedad del actor, está catalogada
como catastrófica, por lo que la fecha que debe tenerse en cuenta para
contabilizar los tres años que exige la norma, es la de la calificación de la
pérdida de la capacidad laboral, pues es desde ese momento y no desde la fecha
de la estructuración, que se ha perdido, definitivamente, la fuerza de trabajo.
6.1.6.   Señaló que el actor requiere la pensión de invalidez,
pues es el único medio que tiene para solventar su subsistencia y la de su
familia, compuesta por su compañera permanente y un hijo menor de edad.
6.2.
Pretensiones
El actor solicitó que a través de este mecanismo le
sean amparados sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la vida en
condiciones dignas y a la seguridad social y, en consecuencia, le sea ordenado
a la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, el reconocimiento y
pago de la pensión de invalidez.
6.3.
Pruebas
-
Copia de la cédula de
ciudadanía de Dolfus Armando Beltrán Romero (folio 6).
-
Copia del registro
civil de nacimiento de su hijo menor de edad (folio 7).
-
Copia de la cédula de
ciudadanía de Sandra Inés Villamizar, compañera permanente del actor (folio 8).
-
Copia de declaración
extrajuicio de Hugo Leandro Beltrán Bernal y Adalid Bernal Sotto en la que
señalan que el señor Dolfus Armando Beltrán convive con su compañera permanente
y su hijo menor de edad y responde económicamente por ellos (folio 9).
-
Copia del resumen de
atención que recibió el actor por el Hospital San Ignacio de fecha 23 de enero
de 2015 (folio 10).
-
Copia de concepto de
rehabilitación integral de Dolfus Armando Beltrán Romero, proferido por la EPS
Compensar (folio 11).
-
Copia de la
comunicación dirigida al accionante en la que se le notifica el dictamen de pérdida
de capacidad laboral (folio 12).
-
Copia del dictamen de
la pérdida de capacidad laboral de Dolfus Armando Beltrán Romero, proferido por
Colpensiones (folio 13).
-
Copia de la Resolución
GNR 113407 del 28 de marzo de 2014, mediante la cual se negó al actor la
pensión de invalidez (folios 14 a 15).
-
Copia de la Resolución
VPB 23953 del 11 de diciembre de 2014, mediante la cual se resolvió el recurso
de apelación, interpuesto por el actor contra la resolución que negó la
prestación solicitada (folios 16 a 17).
-
Copia del reporte de
semanas cotizadas al sistema general de pensiones por Dolfus Armando Beltrán
Romero (folio 18).
6.4.
Respuesta de la
entidad accionada
Mediante Auto del 30 de enero de 2015, el Juzgado
Catorce de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, admitió la
acción de tutela y notificó a la Administradora Colombiana de Pensiones,
Colpensiones para que se pronunciara sobre los hechos planteados por el
accionante.
Dentro del término otorgado para contestar la acción,
la entidad demandada guardó silencio.
6.5.
DECISIONES
JUDICIALES
6.5.1.  Primera instancia
Mediante sentencia del 12 de febrero de 2015, el
Juzgado Catorce de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, negó el
amparo solicitado, al considerar que el actor tiene la jurisdicción
administrativa para controvertir los actos administrativos dictados por
Colpensiones y los cuales negaron su pensión de invalidez. Lo anterior, por
cuanto no se evidenció dentro del expediente, la inminencia de un perjuicio irremediable
que haga viable el pronunciamiento del juez constitucional.
6.5.2.  Impugnación
Mediante escrito presentado por el apoderado del
actor, se impugnó el fallo del a quo, al estimar que el juez no valoró su
situación a la luz de los derechos fundamentales y, por ende, no tuvo en cuenta
su condición de persona en condición de discapacidad debido al cáncer
diagnosticado, por lo que al padecer una enfermedad de esta naturaleza
catalogada como “catastrófica”, le son aplicables los precedentes sentados por
la Corte Constitucional.
Así mismo, reiteró, que el señor Delfus Armando
Beltrán, es padre cabeza de familia y no cuenta con recursos económicos para
procurar su subsistencia y la de su familia, por lo que le toca acudir a la
caridad de sus familiares y vecinos, haciendose perentorio el reconocimiento de
la pensión de invalidez solicitada a Colpensiones.
6.5.3.  Segunda instancia
El Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal,
el 24 de marzo de 2015, decidió confirmar el fallo de primera instancia, bajo
el siguiente fundamento:
“Considera la Sala que en el plenario no
existen suficientes elementos de convicción para concluir, como lo exige la
jurisprudencia constitucional, que se presentan inconsistencias entre la fecha
de estructuración determinada por Colpensiones en el dictamen de calificación
de invalidez y la realidad médica y laboral del señor Beltrán Romero para esa
data, esta es, 30 de junio de 2012.
(…) Ante tal incertidumbre, esto es, poder
definir frente a la enfermedad que padece el actor cuándo definitivamente
perdió su capacidad material de laborar, para a partir de ese momento
contabilizar si cotizó 50 semanas dentro de los tres años anteriores, no
resulta procedente el amparo deprecado, en la medida que la protección
constitucional, solo es dable frente a violaciones ciertas de derechos
fundamentales, no siendo viable ante situaciones que están en controversia o
tienen el carácter de litigiosas.
Y, en el caso subexamine, se insiste, se
carece de elementos de juicio que acrediten si la fecha de estructuración de la
invalidez establecida por la entidad accionada guarda relación con la
imposibilidad de trabajar del actor, máxime cuando tal determinación no fue
atacada por éste al recurrir el acto administrativo que le negó el reconocimiento
pensional”.
7.
Expediente T-4.977.876
7.1.
Hechos
relevantes
7.1.1.   Mercedes Malaver Sanabria interpone acción de tutela
contra la Sociedad Administradora de Pensiones Porvenir S.A., al considerar
vulnerados sus derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social,
al haberle negado la pensión de invalidez por no haber acreditado el requisito
de las 50 semanas cotizadas al sistema general de pensiones, dentro de los tres
años anteriores a la fecha de estructuración de su pérdida de capacidad laboral.
7.1.2.   La actora cuenta con 51 años de edad y padece de “sordera
congénita”, desde el 7 de junio de 1983 hasta el 28 de junio de 2006, estuvo afiliada
al sistema de seguridad social en pensiones a través del Instituto de Seguros
Sociales. Posteriormente, se vinculó a Porvenir S.A., en donde cotizó a partir
de enero de 2007 hasta marzo de 2009.
7.1.3.   El 13 de diciembre de 2013, el Fondo de Pensiones
Porvenir .S.A, solicitó al Instituto de Seguros Sociales en liquidación, la
liquidación del bono pensional por traslado de la trabajadora a este fondo
privado.
7.1.4.   Manifiesta que el 11 de noviembre de 2010, la Nueva
EPS le diagnosticó síndrome seco, síndrome de sjorgen y esclerosis progresiva. No
obstante, a pesar de sus enfermedades y de su discapacidad, cotizó para pensión
desde 1983, pero debido al desgaste en su salud, a principios de 2009, se vio
en imposibilidad de seguir realizando aportes.
7.1.5.  El 29 de noviembre de 2013, fue remitida a valoración
por medicina laboral por su médico tratante adscrito a la Nueva EPS y, el 4 de
diciembre del mismo año, el Gerente Regional de Salud de Bogotá de dicha
entidad, solicitó a la Sociedad Administradora del Fondo de Pensiones y
Cesantías Porvenir S.A., la calificación de la señora Mercedes Malaver
Sanabria, toda vez que el concepto de rehabilitación proferido por dicha EPS,
fue desfavorable.
7.1.6.   El 18 de febrero de 2014, Seguros Alfa S.A., calificó
su pérdida de capacidad laboral en 65.23%, con fecha de estructuración del 6 de
enero de 1964, día de su nacimiento.
7.1.7.  La accionante al no estar de acuerdo con la fecha de
estructuración impugnó el dictamen y, a su vez, solicitó a Porvenir S.A., el
reconocimiento de su pensión de invalidez.
7.1.8.  Dicha solicitud fue respondida negativamente por parte
del fondo de pensiones, toda vez que al ser la fecha de estructuración el día
de su nacimiento, le es imposible cumplir con los requisitos exigidos por la
normatividad vigente.
7.2.
Pretensiones
Solicitó a través del mecanismo de amparo
constitucional, que se le protejan sus derechos fundamentales al mínimo vital y
a la seguridad social y, en consecuencia, le sea ordenado al Fondo de Pensiones
y Cesantías Porvenir, que reconozca y pague la pensión de invalidez solicitada
desde la fecha en que le fue diagnosticada la enfermedad, esto es 11 de
noviembre de 2010.
7.3.
Pruebas
-
Copia de la cédula de
ciudadanía de Mercedes Malaver Sanabria (folio 1).
-
Copia del recurso de
apelación contra el dictamen de pérdida de capacidad laboral de Mercedes
Malaver Sanabria, proferido por Seguros Alfa S.A. (folios 2 a 3).
-
Copia de la remisión a
Mercedes Malaver a valoración por medicina laboral, proferida por su médico
tratante, adscrito a la Nueva EPS (folio 4).
-
Copia de historia
clínica de Mercedes Malaver Sanabria (folio 5).
-
Copia de la
comunicación dirigida al Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., por el
Gerente Regional de Salud de Bogotá de la Nueva EPS, en la que se remitió el
concepto desfavorable de rehabilitación de Mercedes Malaver Sanabria (folio 6).
-
Copia del concepto
desfavorable de rehabilitación de Mercedes Malaver Sanabria, proferido por la
Nueva EPS (folio 7).
-
Copia de la historia
laboral de Mercedes Malaver Sanabria proferida por el Fondo de Pensiones y
Cesantías Porvenir S.A. (folio 8).
-
Copia de la liquidación
del bono pensional de Mercedes Malaver Sanabria (folios 9 a 12).
-
Copia de carta dirigida
al Defensor del Consumidor Financiero por Mercedes Malaver Sanabria, en la que
se solicita la modificación de la fecha de estructuración de su pérdida de
capacidad laboral (folio 13).
-
Copia de la respuesta
de 16 de septiembre de 2014, enviada por Porvenir a la señora Mercedes Malaver
con ocasión de la solicitud elevada por esta el 11 de agosto de 2014, en la que
se le informa que no tiene derecho a la pensión de invalidez pues al momento de
la fecha de estructuración no se encontraba afiliada al fondo de pensiones
(folio 14).
-
Copia de la respuesta
de 11 de agosto de 2014 enviada por Porvenir a la señora Mercedes Malaver con
ocasión de la solicitud elevada por esta el 11 de agosto de 2014, en la que se
le informa que no tiene derecho a la pensión de invalidez pues al momento de la
fecha de estructuración no se encontraba afiliada al fondo de pensiones (folio
15).
-
Copia de carta dirigida
a Porvenir por Mercedes Malaver, en la que solicita la calificación de su
pérdida de capacidad laboral (folio 16).
-
Copia de comunicación
enviada por Porvenir SA., a la señora Malaver, en la que se le solicitan unos
documentos con el fin de llevar a cabo la calificación de la pérdida de
capacidad laboral (folio 17).
-
Copia de la
comunicación enviada por Seguros de vida Alfa S.A., en la que se le notifica a
Mercedes Malaver su dictamen de pérdida de capacidad laboral (folio 18).
-
Copia del dictamen de
pérdida de capacidad laboral de Mercedes Malaver proferido por Seguros de Vida
Alfa S.A. (folio 19 a 20).
-
Copia de la respuesta
dada el 2 de octubre de 2014, al recurso de apelación que la actora interpuso
contra el dictamen de pérdida de capacidad laboral (folios 21 a 23).
-
Copia de carta dirigida
a la actora por Porvenir el 4 de noviembre de 2014, en respuesta a la solicitud
de reconsideración pensional dirigida por esta el 9 de octubre de 2014 (folios
24 a 26).
-
Copia de la carta del
21 de octubre de 2014, que Seguros de Vida Alfa S.A., le dirigió a Mercedes
Malaver en respuesta a su solicitud de corrección de fecha radicada el 15 de
octubre de 2014 (folios 27 a 28).
7.4.
Respuesta de las
entidades accionadas
Mediante Auto del 29 de diciembre de 2014,
el Juzgado Dieciséis Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá,
admitió la demanda de tutela y notificó a la parte demandada. Así mismo, vinculó
a Seguros Alfa S.A., a la Nueva EPS, al Instituto de Seguros Sociales hoy
Colpensiones y a la Junta Regional de Calificación de Invalidez.
7.4.1.  Junta Regional de Calificación de Invalidez
de Bogotá
Mediante escrito presentado por el
representante legal de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de
Bogotá, se dio respuesta a la presente acción, en la que solicitó se desvinculé
a dicha entidad de la tutela en cuestión, pues dentro de la base de datos no
existe registro de alguna solicitud de calificación que la señora Mercedes
Malaver Sanabria hubiera presentado y, además, se evidencia que la pretensión
va encaminada a que la Sociedad Administradora de Pensiones Porvenir S.A.,
reconozca y pague, de manera definitiva, su pensión de invalidez, por lo que la
Junta no tiene ninguna competencia al respecto.
7.4.2.  Seguros de Vida Alfa S.A
Dentro de la oportunidad dada para
responder la presente acción, la representante legal de la entidad, sostuvo que
dicha compañía de seguros, suscribió contrato de seguro previsional con
Porvenir S.A., para que en el evento en que ocurra la muerte o invalidez de un
afiliado, sea ella quien reconozca el valor de la suma adicional a título de
valor asegurado, siempre y cuando al Fondo le haga falta capital necesario para
asumir la pensión de sus afiliados.
En virtud de ese vínculo y de acuerdo con
lo establecido en el artículo 142 del Decreto 019 de 1999, corresponde a las
compañías de seguros que asumen el riesgo de invalidez y muerte, la
calificación de pérdida de capacidad laboral y el grado de invalidez de los
afiliados al AFP.
En consecuenica, informó que el 27 de
diciembre de 2013, fue recibido por parte de Porvenir S.A, solicitud de
valoración por invalidez. En atención al diagnóstico y conforme el
procedimeinto legal se calificó la pérdida de capacidad de la señora Malaver en
concordancia con el Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 917 de 1999.
El 20 de febrero de 2014, se calificó a la
señora Mercedes con un porcentaje de pérdida de capacidad laboral de 65.23%,
con fecha de estruturación del 6 de enero de 1964 y de origen común.
Indicó que de acuerdo con el análisis de la
historia clínica, la fecha de estructuración se definió para el día del nacimiento
de la accionante “en razón a que la señora Mercedes Malaver Sanabria sufre de
una ‘sordera congénita o cofosis bilateral’, patología que, por si sola,
representa el mayor porcentaje de deficiencia en la suma total de pérdida de
capacidad laboral, por lo cual, de acuerdo con el Manual Único de Calificación,
la invalidez tuvo lugar al momento de su nacimiento.
El 25 de febrero de 2014, la compañía
notificó a la actora del respectivo dictamen y se le manifestó que de no estar
de acuerdo podría manifestar su inconformidad dentro de los diez siguientes a
la notificación. Transcurrido dicho tiempo, la señora Malaver no manifestó
controversia alguna frente a lo decidido sobre la valoración realizada por lo
que este se encuentra en firme. No obstante, manifestó, que la accionante
cuenta con la jurisdicción ordinaria para debatir las diferencias que tenga
frente al dictamen.”
En consecuencia, solicita se le desvincule
de la presente acción de tutela, pues la Compañía cumplió con su trabajo de
calificar a la actora y no estan obligados ni legal ni contractualmente a pagar
la prestación económica que esta reclama.
7.4.3.  Nueva EPS
El Coordinador Jurídico de Tutelas de
Bogotá de la Nueva EPS, dio respuesta a la presente acción de tutela mediante
la cual manifestó que la señora Malaver Sanabria se encuentra como cotizante
activa dentro del sistema general de seguridad social en salud, vinculada a
través de esta entidad.
Señaló que, teniendo en cuenta las
pretensiones de la usuaria, dicha entidad no tiene competencia para reconcocer
y pagar la prestación solicitada, por lo que pidió se le desvinculara de la
presente acción de tutela al carecer de toda legitimación.
7.4.4.  Sociedad Administradora de Fondo de
Pensiones y Cesantías Porvenir S.A
Mediante el representante legal de la entidad,
se contestó la accion de tutela de la referencia, en la que manifestó que la
señora Mercedes Malaver Sanabria “diligenció solicitud de afiliación a esta
Administradora, hasta el 16 de noviembre de 2006, es decir, con posterioridad a
la fecha de estructuración de la invalidez. No hay que pasar por alto que el
dictamen que determinó que su invalidez se estructuró el 6 de enero de 1964,
fue debidamente notificado a la accionante y ella no manifestó su inconformidad
con ninguna de las partes del dictamen, por lo que el mismo quedó en firme y es
el documento idóneo para realizar todos los estudios pensionales a los que haya
lugar. Teniendo en cuenta lo anterior, la fecha de estructuración de la invalidez
es una fecha que fue conocida y no debatida dentro de los términos legales para
hacerlo por parte de la tutelante; de igual forma no es impuesta por capricho
del comité calificador, sino con base en la historia clínica de la afiliada y
de conformidad con las directrices de calificación determinadas por la
normatividad legal vigente.
Es así que tanto la fecha de estructuración
de invalidez, como la forma como deben contabilizarse las semanas con base en
esa fecha y los efectos de la fecha de vinculación de un individuo al sistema
general de pensiones, tienen perfecto sustento legal vigente, siendo totalmente
inconveniente que el fallador de instancia adapte la norma de tal forma que la
lleve a producir efectos jurídicos no contemplados en ella.”
7.5.
DECISIONES
JUDICIALES
7.5.1.  Primera instancia
Mediante fallo proferido por el Juzgado
Dieciséis Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá el 13 de enero
de 2015, se declaró improcedente el amparo constitucional deprecado por la señora
Mercedes Malaver Sanabria “en tanto no se avizoró la configuración de un perjuicio
irremediable, por consiguiente deben operar los mecanismos ordinarios de
defensa judicial, preservando de esta manera la condición de subsidariedad que
la Constitución le atribuye a la acción de tutela”.
La señora Malaver presentó escrito de impugnación
del fallo de primera instancia, al no estar de acuerdo con lo decidido en este,
en el cual expuso los mismos fundamentos inicialmente plasmados en la acción de
tutela.
7.5.2.  Segunda instancia
Mediante sentencia del 9 de mrzo de 2015,
el Juzgado Treinta Penal del Circuito con Función de Conocimeinto de Bogotá, confirmó
la providencia del a quo, al considerar, que en el presente caso no se
vislumbraba un perjuicio irremediable que hiciera procedente la intervención
del juez constitucional. Al respecto señaló:
“Ya que a pesar de que la actora informa
que dejó de realizar aportes en marzo de 2009, al parecer, por las condiciones
de salud que no solo la aquejaban sino que le impedían trabajar, solo hasta el
13 de diciembre de 2013, le solicitó a la Sociedad Administradora de Fondo de
Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., la liquidación del bono pensional por
traslado de la trabajadora a ese fondo privado, la que, a su vez, le pidió a
Seguros de Vida Alfa S.A., el día 27 del mismo mes y año, la valoración por
invalidez. Es decir, no encuentra el despacho razón alguna que permita
determinar cuáles son las causas que justifican la incuria en la que,
eventualmente, incurrió la accionante para adelantar las gestiones propias que
le permitieran ser beneficiaria de alguna prestación económica con ocasión de
su estado de invalidez, por lo que, así las cosas, de considerarlo pertinente,
podrá acudir a la jurisdicción ordinaria laboral para materilizar sus
intereses, por ser una cuestión litigiosa en el entendido que una parte
sostiene que carece del derecho y al otra que es su titular.
IV. CONSIDERACIONES
1.
Competencia
Es competente esta Sala
de la Corte Constitucional para revisar las decisiones proferidas dentro de las
acciones de tutela de la referencia, de conformidad con lo establecido en los
artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución Política, en concordancia
con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2.
Problema
jurídico
De
acuerdo con los hechos descritos en los diferentes procesos de tutela, le
corresponde a esta Sala de Revisión establecer, si los Fondos de Pensiones
Porvenir, Protección y la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones,
vulneraron los derechos de los accionantes al mínimo vital, a la vida en
condiciones dignas y a la seguridad social, al haberles negado la pensión de
invalidez, por no haber acreditado el requisito de las 50 semanas de cotización
dentro de los tres (3) años anteriores a la estructuración de la pérdida de la
capacidad laboral, a pesar de padecer enfermedades congénitas, degenerativas
y/o catastróficas, haberles dictaminado porcentajes superiores al 50% de su
pérdida de la capacidad para trabajar, y adicionalmente, contar con semanas de
cotización posteriores a la fecha de estructuración.
Con el objetivo de dar solución a los casos concretos,
se abordarán algunos temas tratados por la jurisprudencia de esta corporación,
como (i) procedencia de la acción de tutela para reclamar el pago de
prestaciones sociales, (ii) el derecho a la seguridad social y el principio de
progresividad,
(iii) La pensión de invalidez y los requisitos para acceder
a ella y (iv) la calificación de la
pérdida de capacidad laboral y la fecha de estructuración, tratándose de
enfermedades degenerativas, catastróficas o congénitas.
3. Procedencia de la acción de tutela para reclamar el
pago de prestaciones sociales. Reiteración de jurisprudencia
La Constitución Política de 1991, creó la
acción de tutela con el fin de garantizar los derechos fundamentales de las
personas, cuando éstos resulten violados o amenazados por la acción u omisión
de cualquier autoridad pública o por particulares en los casos que la ley
establece. Este mecanismo prevé un procedimiento preferente y sumario,
destinado a brindar protección inmediata[2].
La acción de tutela fue prevista como un
mecanismo subsidiario, es decir que solo puede ser ejercida en los eventos en
que el afectado no cuente con otro medio de defensa judicial, salvo que esta se
utilice como un instrumento transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Debido a la naturaleza de este mecanismo
constitucional, la Corte en reiterada jurisprudencia, ha señalado que este no
puede interponerse para reclamar el pago de prestaciones sociales, pues estas
son controversias de carácter litigioso que le corresponde resolver a la
jurisdicción laboral. Además, la seguridad social no es considerada en sí misma
como un derecho fundamental “sino como un derecho social que no tiene
aplicación inmediata”[3],
otra razón por la cual, las controversias generadas en torno a este tema deben
ser resueltas por la justicia ordinaria.
No obstante, la Corte ha sostenido que la tutela puede
ser interpuesta para reclamar prestaciones sociales, si se verifican unos
supuestos como, (i) que la tutela sea presentada para evitar un perjuicio
irremediable, (ii) que la falta de reconocimiento de una prestación social
vulnere algún derecho fundamental como la vida, la dignidad humana o el mínimo
vital y que (iii) la negativa del reconocimiento se origine en actuaciones que
por su contradicción con los preceptos legales y constitucionales desvirtúen la
presunción de legalidad de las actuaciones de la administración pública o sea
evidentemente arbitraria en caso de que sea un particular quien preste este
servicio público[4].
Ahora bien, el juicio de procedibilidad de la acción
de tutela no puede ser igual en todos los casos, pues este debe ser flexible
cuando se trata de personas que se encuentran en estado de debilidad manifiesta
y demandan una protección constitucional especial como son, los ancianos, los
niños, las mujeres embarazadas, las madres o padres cabeza de familia o las
personas que padecen algún tipo de discapacidad física o mental, eventos en los
cuales la procedencia de la acción se hace menos estricta[5].
En cuanto a la procedencia
de la tutela en los casos en que el accionante padece de VIH/SIDA, y pretenda
reclamar prestaciones sociales, esta Corporación ha dispuesto a través de su
jurisprudencia, que debido a
que esta enfermedad es catastrófica y genera un acelerado deterioro en la salud,
el estado debe procurar a los afectados una protección integral y un especial
trato, en aras de defender su dignidad y evitar que sea objeto de
discriminación.[6]
En ese orden de ideas, tratándose del
reconocimiento de la pensión de invalidez, teniendo en cuenta que la finalidad
de esta es “compensar la situación de
infortunio derivada de la pérdida de la capacidad laboral, mediante el
otorgamiento de unas prestaciones económicas y de salud ”[7], esta Corporación ha estimado que dicha
prestación, tratándose de un individuo cuyo estado de salud se encuentra
alterado por VIH/SIDA, puede ser solicitada mediante tutela, toda vez que la
omisión en su reconocimiento y pago, indudablemente, lesiona o amenaza
gravemente la garantía fundamental a la vida digna. Por ende, se ha sostenido
que, “dadas las
características de esta enfermedad, no resulta coherente con un esquema de
solidaridad en materia de seguridad social y, por el contrario, resulta
desproporcionado exigir a los peticionarios en estas condiciones que acudan a
la justicia ordinaria o contenciosa, motivo por el cual en estos casos no puede
admitirse que la protección de sus derechos fundamentales quede supeditada y
postergada a la definición de este tipo de litigios”[8].[9]
4. El derecho a la seguridad social y el
principio de progresividad. Reiteración de jurisprudencia
La Constitución Política de 1991,
estableció dentro del catálogo de derechos un capítulo al que llamó “de los
derechos, sociales, económicos y culturales”. Los derechos pertenecientes a
esta categoría son todos aquellos que permiten el desarrollo digno de las
personas dentro de una sociedad, razón por la cual el Estado debe
reglamentarlos para la efectividad de su cumplimiento.
Dentro de la categoría enunciada se
encuentra el derecho a la seguridad social, contemplado en el artículo 48 de la
Carta Política de 1991, como un servicio público obligatorio y, a la vez, como
un derecho, por lo que es deber del Estado organizarlo, dirigirlo y
reglamentarlo bajo los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.
En desarrollo de la obligación que la Carta
le impuso al Estado de reglamentar este derecho, el legislador profirió la Ley
100 de 1993, que reguló el tema de manera integral y estableció que la
seguridad social tiene por objeto “garantizar los derechos irrenunciables de
la persona y la comunidad para obtener la calidad de vida acorde con la
dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que la afecten.”[10]
Así mismo, la mencionada ley, define la
seguridad social como un sistema compuesto por un conjunto de entidades
públicas y privadas, normas y procedimientos que se encargan de reglamentar los
diferentes regímenes prestacionales como son, el de salud, el de pensiones, el
de riesgos profesionales y el de servicios sociales complementarios[11].
Prestaciones que permiten el desarrollo digno de las personas ante ciertas contingencias
que puedan llegar a suceder, como son las enfermedades, los accidentes, o los
procesos naturales como la maternidad, la vejez etc.
Por
consiguiente, debido a la naturaleza de los regímenes enunciados, el Estado
debe procurar el cumplimiento del principio de progresividad, tal como lo
ordena el artículo 48 de la Carta Política de 1991, y los tratados
internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia, que consiste en
ampliar progresivamente la cobertura del sistema de seguridad social. Queriendo
decir con esto, que “el Estado tiene el deber de avanzar en la
materialización del derecho en cabeza de todas las personas, procurando el alcance
de mayores beneficios por parte de la población.”[12]
La Corte, en variada jurisprudencia, se ha
pronunciado sobre este principio manifestando que este genera una limitación
para el legislador de establecer medidas que vayan en retroceso de los avances
que se hayan logrado a favor de los asociados y, en consecuencia, desarrolló la
doctrina de la “inconstitucionalidad prima facie” de las medidas
regresivas, según la cual toda medida regresiva se presumirá desde su inicio
como inconstitucional y le corresponderá al legislador argumentar que la medida
es proporcionada y se ajusta a la Constitución.[13]
5. La pensión de invalidez y los requisitos
para acceder a ella
Uno de los regímenes prestacionales de la
seguridad social es el de pensiones, el cual tiene por objeto garantizar a la
población, el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, la
invalidez y la muerte[14].
La pensión de invalidez es aquella prestación
económica que se otorga cuando una persona, ya sea por enfermedad común o
profesional o por haber padecido un accidente, ha perdido la capacidad de
locomoción y la plenitud de las funciones síquicas y físicas y, como
consecuencia, ha sufrido una pérdida en su capacidad laboral que le impide
llevar una vida cotidiana y social normal.
Según el ordenamiento vigente sobre la
materia, se considera inválida una persona cuando por una causa no provocada
intencionalmente pierda el 50% o más de su capacidad laboral[15]. Los
facultados para calificar la invalidez son las entidades del sistema como Colpensiones,
las ARP, las EPS y las aseguradoras, también existen las Juntas Regionales de
calificación de invalidez y la Junta Nacional de calificación de invalidez.
La Ley 100 de 1993, estableció los
requisitos para acceder a la pensión de invalidez, en caso de dictaminarse una
pérdida del 50% o superior. Estos son:
“Artículo
39: Requisitos para obtener la pensión de invalidez.
Tendrán
derecho a la pensión de invalidez, los afiliados que conforme a lo dispuesto en
el artículo anterior sean declarados inválidos y cumplan con alguno de los
siguientes requisitos:
a)
Que el afiliados
se encuentre cotizando al régimen y hubiere cotizado por lo menos veintiséis
(26) semanas, al momento de producirse el estado de invalidez, y
b)
Que habiendo
dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante por lo menos
veintiséis (26) semanas del año inmediatamente anterior al momento en que se
produzca el estado de invalidez.”
Este artículo fue modificado por la Ley 797
de 2003, introduciendo variaciones a los requisitos, sin embargo esta ley fue
declarada inexequible por  esta Corporación por vicios de trámite, mediante
sentencia C-1056 de 2003.
Posteriormente la Ley 860 de 2003, en su
artículo 1°, volvió a modificar los requisitos del artículo 39 de la Ley 100 de
1993, disponiendo lo siguiente:
“Artículo 39: Artículo modificado por el artículo 1º de la Ley 860
de 2003.
Tendrá
derecho a la pensión de invalidez el afiliado al sistema que conforme a lo
dispuesto en el artículo anterior sea declarado inválido y acredite las
siguientes condiciones:
1.
Invalidez
causada por enfermedad: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los
últimos t res (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración y
su fidelidad de cotización para con el sistema sea al menos del veinte por
ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte
(20) años de edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez.
El texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-428 de 2009.
2.
Invalidez
causada por accidente: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos
tres (3) años inmediatamente anteriores al hecho causante de la misma, y su
fidelidad de cotización para con el sistema sea al menos del veinte por ciento
(20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte (20) años
de edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez. El
texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-428 de 2009.”
La pensión de invalidez, como se dijo
anteriormente, es una prestación que suple los ingresos de una persona que por razones
involuntarias ha perdido su capacidad laboral y, por ende, se ve impedida para
percibir sus ingresos del normal desempeño de su trabajo. Por esta razón, la
Corte ha señalado que “cuando la asignación pensional por concepto de
invalidez represente el único ingreso que garantice la vida digna de la persona
que ha sufrido una pérdida de capacidad laboral significativa, el derecho a la
pensión de invalidez, cobra la dimensión de derecho fundamental.”[16]
6.
Calificación de la pérdida de capacidad laboral y la fecha de estructuración,
tratándose de enfermedades degenerativas, catastróficas o congénitas.
Reiteración de jurisprudencia
De acuerdo con la jurisprudencia de esta Corte, el estado de
invalidez es una situación física o mental que impide a la persona desarrollar
una actividad laboral remunerada, debido a la considerable disminución de sus
capacidades físicas e intelectuales, de manera tal que no le es dable suplir
por sí mismo una vida digna[17].
En consonancia con lo manifestado por la Sala de Casación Laboral
de la Corte Suprema de Justicia, una persona es declarada inválida “desde el
día en que le sea imposible procurarse los medios económicos de subsistencia”[18]. En el mismo sentido, dicha
Corporación ha señalado que “como la invalidez es un estado que tiene
relación directa con el individuo y con la sociedad en la cual se desenvuelve,
el criterio de evaluación debe tener patrones científicos que midan hasta qué
punto el trabajador queda afectado para desempeñar la labor de acuerdo con las
características del mercado laboral” [19].
La legislación nacional que regula la pensión de invalidez, establece
en el artículo 38 de la Ley 100 de 1993, que una persona es
considerada inválida por enfermedad común cuando “por cualquier causa de origen no
profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su
capacidad laboral”.
El trámite para la calificación de la invalidez ha
sido regulado en diferentes disposiciones[20],
tales como la Ley 100 de 1993 artículos 41 al 43, el Decreto 917 de 1999, el
Decreto 2463 de 2001, Decreto 19 de 2012 y el
Decreto 1507 de 2014, entre otros.
Según dichas disposiciones, el dictamen de la
calificación de la pérdida de capacidad laboral es determinado inicialmente,
por Colpensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales, las compañías
de seguros que asuman el riesgo de invalidez y las Entidades Promotoras de
Salud. De existir alguna controversia con la calificación, el afiliado podrá
dentro los diez (10) días siguientes manifestar su inconformidad ante la
entidad que la dictaminó y esta deberá remitirlo a la Junta Regional de
Calificación de Invalidez, decisión que podrá ser recurrida ante la Junta
Nacional de Calificación de Invalidez[21].
El artículo 31 del Decreto 2463 de 2001, dispone que los
dictámenes emitidos por las Juntas de Calificación de Invalidez, “deben
contener las decisiones expresas y claras sobre el origen, fecha de
estructuración y calificación porcentual de pérdida de la capacidad laboral”, con
base en los exámenes médicos, historia clínica y demás elementos probatorios
que sirvan para determinar una relación causal entre la enfermedad o la
limitación física y la pérdida de capacidad de trabajo.[22]
En cuanto a la fecha de estructuración, el artículo 3°
del Decreto 1507 de 2014, por el cual se expide el Manual Único para la
Calificación de Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional, señala que
“se entiende por fecha de estructuración la fecha en que una persona pierde un
grado o porcentaje de su capacidad laboral u ocupacional, de cualquier origen,
como consecuencia de una enfermedad o accidente, y que se determina con base en
la evolución de las secuelas que han dejado estos. Para el estado de invalidez, esta fecha debe ser determinada
en el momento en el que la persona evaluada alcanza el cincuenta por ciento
(50%) de pérdida de la capacidad laboral u ocupacional.”.
A este respecto, la Corte ha reconocido que existen
situaciones en las que la enfermedad o el accidente padecido por una persona
generan en ella pérdida de su capacidad laboral de manera inmediata, de ahí que
la fecha de estructuración de la invalidez, fijada en el correspondiente
dictamen, coincida con la ocurrencia del hecho generador de la misma. Sin
embargo, también ha sostenido que, en tratándose de enfermedades degenerativas,
crónicas o congénitas, entiéndase por tales, aquellas de larga duración y de
progresión lenta[23],
ocurre que la disminución o pérdida de la capacidad laboral no se produce en un
mismo momento sino que, por el contrario, se genera de manera paulatina.[24]
Frente a este tipo de casos, la Corte ha evidenciado que los entes responsables
de efectuar la calificación de pérdida de la capacidad laboral establecen como
fecha de estructuración de la invalidez el momento a partir del cual se
presenta el primer síntoma de la enfermedad o se obtiene el primer diagnóstico,
sin importar que, de acuerdo con la realidad objetiva, la incapacidad
permanente y definitiva para desempeñarse laboralmente se produzca mucho tiempo
después.[25]
En efecto, son numerosos los casos de personas que, a
pesar de que padecen alguna enfermedad catalogada como degenerativa, crónica o
congénita, su estado de salud les permite desarrollar actividades productivas
con relativa normalidad y, en esa medida, seguir cotizando al sistema general
de pensiones, hasta que llega un momento en el que la progresión de la
enfermedad es tal, que les impide, de manera definitiva, seguir ejerciendo su
trabajo para obtener su sustento y, de esta manera, aportar al sistema.
En tales eventos, en los que el estado de invalidez de
una persona está asociado al padecimiento de enfermedades de carácter
degenerativo, crónico o congénito, esta Corporación ha establecido que, para
efectos del reconocimiento de la pensión de invalidez, las entidades
administradoras de pensiones deberán tener en cuenta las semanas cotizadas con
posterioridad a la fecha de estructuración de la misma, las cuales se asumen
efectuadas en ejercicio de una capacidad laboral residual que, sin ánimo
de defraudar el sistema, le permitió seguir trabajando y haciendo sus aportes
hasta perder toda capacidad productiva y funcional de forma permanente y
definitiva. Lo anterior, como garantía efectiva del derecho fundamental a la
seguridad social de sujetos en situación de debilidad manifiesta y como una
medida tendiente a evitar que se genere enriquecimiento sin justa causa por
parte de los fondos de pensiones.[26]
Al respecto, la sentencia T-040 de 2015[27],
sostuvo, que “cuando la invalidez proviene de un
accidente o de una situación de salud que generó la pérdida de capacidad
laboral de manera inmediata, la fecha de estructuración fijada en el dictamen
médico legal coincide con la fecha de la ocurrencia del hecho. Sin embargo,
cuando la persona inválida padece de una enfermedad crónica, degenerativa o
congénita, y la pérdida de la capacidad laboral se presenta de manera
paulatina, existe la posibilidad de que si tal circunstancia no es tenida en
cuenta por las autoridades competentes, la fecha consignada en el dictamen sea
diferente a aquella en que efectivamente perdió su capacidad para trabajar de
manera permanente y definitiva.
En relación con
estas situaciones excepcionales, la Corte ha señalado, reiteradamente, que las
personas que padezcan de una de estas enfermedades, que hayan conservado una
capacidad laboral residual después de ser diagnosticadas y que hayan seguido
trabajando, tienen derecho a que el fondo de pensiones les reconozca los
aportes que realizaron con posterioridad a la fecha de estructuración de la
invalidez, y hasta el momento en que perdieron su fuerza de trabajo de manera
permanente y definitiva.”
La Corte Constitucional, ha tenido la oportunidad de pronunciarse
en múltiples fallos sobre el reconocimiento de la pensión de invalidez a
personas que sufren enfermedades catastróficas, degenerativas o congénitas y a
las que se les ha establecido una fecha de estructuración de la pérdida de
capacidad laboral que realmente no corresponde con la real disminución de su
fuerza de trabajo y, por el contrario, posterior a dicha fecha, han podido
seguir laborando y cotizando al sistema general de pensiones. La sentencia T-
789 de 2014[28],
sintetizó varios casos, los cuales se relacionarán a continuación:
“La
sentencia T-699A de 2007,  trata sobre un tutelante que contrajo VIH y
contaba con una pérdida de la capacidad laboral superior al 50 %. La entidad
accionada negaba el derecho a la pensión de invalidez porque no cumplía con el
requisito de haber cotizado 50 semanas dentro de los tres años anteriores a la
fecha de estructuración de la invalidez, toda vez que entre junio de 2000 y
junio de 2003 solo contabilizaba 29.8 semanas de aporte. La Sala Cuarta de
Revisión de la Corte Constitucional consideró que era desproporcionada la
interpretación de la accionada, ya que desconocía que el accionante continuó
ejerciendo actividades laborales y cotizó al sistema de seguridad social con
posterioridad a la fecha de estructuración, por tanto, tomó en cuenta como
fecha de estructuración la fecha del dictamen de calificación de la invalidez, ‘…
en este caso la calificación de la invalidez se realizó en una fecha muy
posterior a aquella que se determinó para la estructuración de la misma, ocurre
que el tutelante continuó cotizando más allá de la fecha de estructuración
hasta, incluso, después de que se realizó el examen de calificación, no
obstante lo cual, la entidad accionada, al realizar una interpretación literal
del texto de la ley, sólo tuvo en cuenta el periodo de aportes hasta la fecha
de estructuración’.
Señaló en esta
oportunidad dicha Sala que el hecho de no tenerse en cuenta las cotizaciones realizadas con
posterioridad a la fecha de estructuración de la invalidez para el reconocimiento
de esta prestación, puede generar un enriquecimiento sin justa causa por parte
del sistema de seguridad social en pensiones al ‘beneficie[arse] de los
aportes hechos con posterioridad a la estructuración para, luego, no tener en
cuenta este periodo al momento de verificar el cumplimiento de los requisitos
exigidos para el reconocimiento de la pensión’.
En la sentencia T-561 de 2010 la
Sala Sexta de Revisión de la Corte reconoció una pensión de invalidez que había
sido negada ya que la fecha de estructuración impuesta, fijada 21 años atrás,
reducía a 17 semanas el tiempo cotizado por la actora. Por lo cual, la Sala procedió a modificar la fecha de
estructuración, de conformidad con el dictamen de pérdida de la capacidad
laboral, emitido en el 2004, el cual consolidaba en la accionante una verdadera
situación de invalidez. ‘… salvo que exista una prueba concreta y
fehaciente de que la situación invalidante se configuró en un momento cierto y
anterior, la fecha de estructuración de invalidez de una persona suele
ubicarse en época relativamente próxima a aquella en la que se emite el
respectivo dictamen de calificación, hipótesis en la cual el trabajador
puede incluso haber alcanzado a realizar algunas cotizaciones de más mientras
se produce tal calificación. -subrayado fuera de texto- (…) en varias de las
ocasiones en las que, por excepción, esta Corporación ha estimado procedente la
acción de tutela como vía para obtener el reconocimiento de la pensión de
invalidez, ha referido de manera precisa la posibilidad de que una incorrecta
fijación de la fecha de estructuración de dicho estado conduzca a la negación
de la pensión, al considerarse insuficiente el número de semanas de cotización
frente a lo exigido por la norma legal aplicable al caso concreto. Este aspecto
debe ser entonces cuidadosamente valorado por la entidad que decide sobre el
otorgamiento del derecho pensional, pues la inadvertencia sobre la fecha de
estructuración puede implicar el desconocimiento del debido proceso
administrativo y de otros derechos fundamentales de la persona que busca la
prestación’.
Mediante providencia T-671 de 2011,
esta Sala de Revisión estudió el caso de una señora que le fue modificada por
el Instituto de Seguro Social, la fecha de estructuración de la enfermedad del 27 de febrero de 2009 al 13 de
marzo de 1981, con una pérdida de la capacidad laboral del 64.64 %. Se
evidenció por la Sala en aquella oportunidad que ‘los órganos encargados de
determinar la pérdida de capacidad laboral, es decir las Juntas de Calificación
de Invalidez, establecen como fecha de estructuración de la invalidez aquella
en que aparece el primer síntoma de la enfermedad, o la que se señala en la
historia clínica como el momento en que se diagnosticó la enfermedad, a pesar
de que en ese momento, no se haya presentado una pérdida de capacidad laboral permanente
y definitiva superior al 50 %, tal y como establece el Manual Único
para la calificación de la invalidez – Decreto 917 de 1999-.
Esta situación genera una vulneración al
derecho a la seguridad social de las personas que se encuentran en situación de
invalidez y han solicitado su pensión para conjurar este riesgo, por cuanto, en
primer lugar, desconoce que, en el caso de enfermedades crónicas, degenerativas
o congénitas, la pérdida de capacidad laboral es gradual y por tanto la persona
que sufre de alguno de este tipo de padecimientos puede continuar desarrollando
sus actividades; en segundo lugar, no se tiene en cuenta las cotizaciones
realizadas con posterioridad a la fecha de estructuración de la invalidez para
el reconocimiento de esta prestación, lo cual puede generar un enriquecimiento
sin justa causa por parte del fondo de pensiones’. Por lo cual, tuvo en cuenta
la primera fecha de estructuración, dado que ese fue el día en que el galeno de medicina laboral
del ISS la determinó.
En la sentencia T-427 de 2012, la
Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, estudió un caso de retardo
mental leve, en el cual la Junta Regional de Calificación de Invalidez de
Caldas, confirmó la calificación y
la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral del accionante,
argumentando que la patología calificada se identificó en el desarrollo general
del retardo, el cual se presentó a partir del nacimiento, el 11 de agosto de 1964.
En esta
providencia, indicó esta Sala que en los casos que la causa de la invalidez de
los pacientes se deriva de una enfermedad crónica, degenerativa o congénita, se
establece una fecha de estructuración anterior al dictamen, que vulnera el
derecho a la seguridad social y el mínimo vital de los afiliados al sistema, ya
que la persona conserva sus capacidades funciones y cotiza al sistema, ‘así, es
posible que, en razón de la enfermedad que genera la pérdida de la capacidad
laboral, la fecha de estructuración del estado de invalidez sea fijada en un
momento anterior a la fecha del dictamen, a pesar de que la persona haya
conservado sus capacidades funcionales y cotizado al sistema de seguridad
social con posterioridad a la fecha de estructuración”.
En ese
sentido, concluyó la Sala Primera de Revisión lo siguiente:
“A juicio de
esta Sala, una persona que haya nacido con discapacidad no puede ser excluida
del derecho a la pensión de invalidez, bajo el argumento de que no reúne 50
semanas antes de la estructuración de su invalidez porque esta se estableció a
partir de su nacimiento, si se constata que, i) está en las mismas condiciones
de vulnerabilidad de quienes sí son, por disposición legal expresa, beneficiarios
de la pensión, ii) se afilió al sistema y ha aportado un número relevante de
semanas (50 o más), iii) no hay pruebas de que lo haya hecho con el ánimo de
defraudar al sistema”.
Por lo
anterior, se ordenó el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez en
forma definitiva al accionante, declarando sin efectos el dictamen de pérdida
de capacidad laboral proferido el 15 de abril de 2009, respecto de la fecha de
estructuración del estado de invalidez del actor a partir de su nacimiento. En
su lugar, entendió la Sala que la estructuración de la invalidez del señor Meza
Franco se dio a partir del el 8 de marzo de 1999, momento en que el trabajador
hizo el último aporte al Sistema General de Pensiones.
En la sentencia T-022 de 2013, la
Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional amparó una vulneración a la
igualdad y a la seguridad social, en un caso en el cual la actora fue evaluada el 29 de febrero de 2012, y
mediante dictamen del 7 de marzo de 2012, fue calificada con un porcentaje de
pérdida de la capacidad laboral del 53.15 %, con fecha de estructuración del 24
de marzo de 1980, es decir, desde su nacimiento. La Sala de Revisión, consideró
que la invalidez de la señora Ramírez Peñuela no pudo estructurarse desde
su nacimiento, porque desde el año 2004 y hasta el año 2011, la actora contaba
con las habilidades, destrezas y aptitudes físicas, mentales y sociales, que le
permitieron desempeñar trabajos habituales, por los cuales recibía un salario y
aportaba al Sistema de Seguridad Social Integral. En razón a ello, modificó la
fecha de estructuración entendiendo por esta la fecha de solicitud de
reconocimiento de la pensión de invalidez:
“… en aquellos
casos en los que una entidad encargada de practicar el dictamen de pérdida de
capacidad laboral de una persona que padece una enfermedad crónica,
degenerativa o congénita, ha establecido la estructuración de la misma en una
fecha muy antigua en el tiempo, con base en el momento en que se dictaminó por
primera vez la enfermedad, sin tener en cuenta que esa persona ha conservado su
capacidad laboral y ha aportado al sistema luego de ese momento, y que esa
decisión hace que a esa persona le sea imposible cumplir con los requisitos
legales para pensionarse, el juez de constitucionalidad debe tutelar el derecho
a la seguridad social de esa persona, estableciendo la fecha de estructuración
a partir del momento en que la persona perdió efectivamente su capacidad
laboral”.
En el más
reciente pronunciamiento, T-483 de 2014, la Sala Primera de Revisión de
la Corte Constitucional, estudió el caso de Asdrubal Jesús Ariza, quien alegó
violación a sus derechos fundamentales por la Administradora Colombiana de
Pensiones –COLPENSIONES-, porque ésta le negó la pensión de invalidez
argumentando que la fecha en que se fijó la estructuración de su pérdida de
capacidad laboral es concomitante con su día de nacimiento, por lo que no
tenían ninguna semana cotizada al sistema de seguridad social en pensiones con
anterioridad a la fecha de estructuración.
Consideró que
Sala irrazonable la
interpretación de la entidad accionada, pues, “de darle eficacia jurídica a tal
interpretación, se le restaría valor a los mandatos constitucionales de
prohibición de discriminación, a la protección especial de las personas con
discapacidad, así como al principio de igualdad, porque bajo la legislación
actual no existe posibilidad de que el señor Ariza se pensione por invalidez.
Esta interpretación implica, que sin importar el número de semanas que trabaje
y cotice una persona al sistema de seguridad social en pensiones, bajo la
legislación vigente no podrá gozar de este derecho, por habérsele diagnosticado
desde su nacimiento una pérdida de la capacidad laboral superior al cincuenta
por ciento (50%)”.
Más adelante,
señala, “de aceptarse esta interpretación, se estaría (i) admitiendo que las
personas que nacieron con una discapacidad, por razón de su especial condición
no pueden trabajar ni procurarse por sus propios medios una calidad de vida
acorde con la dignidad humana, ni la posibilidad de acceder a una pensión de
invalidez, derechos que sí están reconocidos a las demás personas.[29] Así como también, (ii) se
estaría aceptando un acto de discriminación contra el peticionario por motivo
de su discapacidad, que tiene el efecto de impedir que este acceda a la pensión
de invalidez”.
En esa medida,
como existían aportes del accionante posteriores a la fecha de estructuración,
dicha Sala modificó la fecha de estructuración a la fecha del dictamen, en la
cual se estableció la verdadera pérdida definitiva y permanente de la capacidad
laboral.”
De acuerdo con lo dispuesto anteriormente, esta Sala pasará a
resolver los casos concretos puestos a su consideración en esta ocasión, para
lo cual se realizará un breve resumen del mismo y se aplicará la jurisprudencia
dispuesta por esta Corporación y relacionada precedentemente, con el fin de
tomar una decisión sobre cada uno de ellos.
7.
Casos concretos
En
primer lugar, esta Sala observa, de los siete (7) casos estudiados, que todos
los accionantes pretenden el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez
por parte de los fondos de pensiones a los que se encuentran afiliados, la cual,
les ha sido negada al no cumplir con el requisito exigido por el artículo 39 de
la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, que se
refiere a haber cotizado como  mínimo cincuenta (50) semanas dentro de los tres
años anteriores a la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad
laboral.
Así
mismo, esta Sala evidencia que, de las pruebas allegadas a los expedientes
respectivos, los demandantes padecen enfermedades degenerativas, catastróficas
o congénitas y, como consecuencia de ello, les han sido decretadas pérdidas de
capacidad laboral superiores al 50%, lo que los convierte en personas en
situación de discapacidad según lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley 100
de 1993.
Antes
de entrar a las particularidades de cada caso, esta Sala se referirá a la
procedencia de las acciones de tutela de manera general, teniendo en cuenta que
todos los accionantes son personas que se encuentran en situación de
discapacidad, con enfermedades graves y en una situación económica precaria,
pues debido a su estado de salud les es imposible proporcionarse los medios de
subsistencia, teniendo que acudir a la caridad de amigos, vecinos y/o
familiares.
Esta
Sala advierte, que la mayoría de los fallos proferidos por los jueces que en
esta ocasión se revisan, niegan el amparo a los derechos fundamentales
invocados por los accionantes, al considerar que la acción de tutela no es la
vía idónea para reclamar la prestación que estos pretenden, pues no es
evidente, para estos, que exista un perjuicio irremediable que amerite el
pronunciamiento del juez constitucional.
Esta
Corporación ha establecido, a través de la jurisprudencia, que si bien la
tutela no es la vía para reclamar prestaciones sociales, existen claras
excepciones que convierten a la acción de amparo constitucional en el mecanismo
más acertado para reclamarlas, estas son (i) que la tutela sea presentada para evitar un
perjuicio irremediable, (ii) que la falta de reconocimiento de una prestación
social vulnere algún derecho fundamental como la vida, la dignidad humana o el
mínimo vital y que (iii) la negativa del reconocimiento se origine en
actuaciones que por su contradicción con los preceptos legales y
constitucionales desvirtúen la presunción de legalidad de las actuaciones de la
administración pública o sea evidentemente arbitraria en caso de que sea un
particular quien preste este servicio público[30].
Ahora bien, el juicio de procedibilidad de la acción
de tutela no puede ser igual en todos los casos, pues este debe ser flexible
cuando se trata de personas que se encuentran en estado de debilidad manifiesta
y demandan una protección constitucional especial como son, los ancianos, los
niños, las mujeres embarazadas, las madres o padres cabeza de familia o las
personas que padecen algún tipo de discapacidad física o mental, eventos en los
cuales la procedencia de la acción se hace menos estricta[31].
En cuanto a la procedencia
de la tutela en los casos en que el accionante padece de VIH/SIDA, y pretenda
reclamar prestaciones sociales, esta Corporación ha dispuesto, que estas, pueden ser solicitadas mediante tutela,
toda vez que la omisión en su reconocimiento y pago, indudablemente, lesiona o
amenaza gravemente la garantía
fundamental a la vida digna. Por ende, se ha sostenido que, “dadas las características de
esta enfermedad, no resulta coherente con un esquema de solidaridad en materia
de seguridad social y, por el contrario, resulta desproporcionado exigir a los
peticionarios en estas condiciones que acudan a la justicia ordinaria o
contenciosa, motivo por el cual en estos casos no puede admitirse que la
protección de sus derechos fundamentales quede supeditada y postergada a la
definición de este tipo de litigios”[32].[33]
En consecuencia, esta Sala
llama la atención a los jueces de instancia de las acciones de tutela de la
referencia, por cuanto quienes invocan el amparo de sus derechos fundamentales
son personas que se encuentran en un estado de debilidad manifiesta por la enfermedad
que padecen, la cual ya ha sido calificada y se ha determinado que
efectivamente son personas en situación de discapacidad, por lo que son sujetos
de especial protección constitucional que merecen un trato preferencial por
parte del Estado y, por tanto, el análisis de la procedencia de la acción es
mucho mas flexible. Lo anterior teniendo en cuenta, además, que, como resultado
de su estado de salud, se encuentran en una situación economica precaria al
estar imposibilitados para trabajar y proveerse de los medios necesarios para
su subsistencia y la de su familia.
En ese sentido, para esta
Corporación, las circunstancias descritas, caben dentro de las excepciones que
permiten la procedencia de la acción de tutela para reclamar prestaciones
sociales, pues lo que se pretende, es que a través de este medio, se evite la
configuración de un perjuicio irremediable y se sigan vulnerando los derechos
fundamentales a la vida en condiciones dignas y al mínimo vital de los
afectados, al no habérseles reconocido la pensión de invalidez, necesaria para
su subsistencia, pues exigirles, que agoten los mecanismos ordinarios para su
defensa, iría en contra de los postulados constitucionales al propiciar la
agravación de sus derechos, toda vez que estos no son medios expeditos y no podría
evitarse la prolongación de su quebrantamiento.
En síntesis, para esta
Sala, en todos los casos puestos a su consideración en esta ocasión, resulta
procedente la acción de tutela como mecanismo definitivo, para reclamar la
pensión de invalidez que les ha sido negada a los demandantes por parte de los fondos
pensionales respectivos, por lo que, ahora, se seguirá con el estudio de cada
uno de ellos, con el fin de verificar si cumplen con los requisitos para
acceder a la prestación solicitada.
En cuanto al requisito de inmediatez, dispuesto para
la procedencia de la acción de tutela, esta Corporación ha dispuesto de manera reiterada, a través de su jurisprudencia, que si bien, la acción de
tutela no cuenta con un término de caducidad dentro del cual deba ser ejercida,
como propugna de derechos fundamentales vulnerados o amenazados, cabe promoverla dentro de un término razonable contado a partir
de la ocurrencia de los hechos de los que se desprende el agravio de los
derechos.[34]
Sin embargo, la Corte ha advertido que
frente a cada caso concreto, le corresponde al juez de tutela evaluar la
razonabilidad de dicho término, para concluir si, teniendo en cuenta las
circunstancias de tiempo modo y lugar en que ocurrieron los hechos, se
encuentra satisfecho el requisito de inmediatez[35]
o si, por el contrario, en atención al tiempo transcurrido, el amparo se torna
improcedente.
En ese contexto, de manera general, la
Corte Constitucional ha señalado que no obstante lo anterior, hay casos en los
que no cabe aplicar de una manera estricta el criterio de la inmediatez en la
interposición de la tutela, y, en particular, ha puntualizado que ello ocurre
cuando, (i) se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que,
pese a que el hecho que la originó por primera vez es muy antiguo respecto de
la presentación de la tutela, la situación desfavorable del actor, derivada del
irrespeto por sus derechos, continúa y es actual, y, (ii) cuando la especial
situación de la persona a quien se le han vulnerado sus derechos fundamentales,
hace que resulte desproporcionado atribuirle la carga de acudir a un juez en un
cierto término, caso que se presenta, por ejemplo, frente a quien se encuentra
en estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad
física, entre otros.[36]
Así mismo, esta Corporación ha señalado,
que tratándose del no reconocimiento de un derecho pensional, la vulneración
permanece en el tiempo y, por tanto, la acción de tutela no puede ser declara
improcedente por incumplir el requisito de inmediatez.[37]
Respecto del expediente T-4.888.573, que
contiene la acción de tutela instaurada por Jorge Amaya Bohórquez contra
Colpensiones, el juez de primera instancia negó el amparo invocado por el accionante,
al considerar que no cumplía con el requisito de inmediatez, toda vez que la
solicitud que resolvió negar la pensión de invalidez fue resuelta 13 meses
antes de la fecha en que se interpuso la presente acción de tutela.
En consideración con lo expuesto
precedentemente, esta Sala advierte a los jueces que negaron el amparo por no
haber cumplido con la inmediatez en el presente caso, que si bien, el actor se
demoró trece (13) meses en interponer la acción de tutela, mediante la cual
pretende la pensión de invalidez, este requisito tratándose de esta clase de
pretensiones se hace más flexible y se debe estudiar si la vulneración causada
por la negativa de la entidad, es continua en el tiempo, tal como ocurre en el
presente caso, razón por la cual la acción de tutela es procedente.
Ahora bien, los requisitos
dispuestos por el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo
1º de la Ley 860 de 2003, son:
“Tendrá derecho a la pensión de invalidez el
afiliado al sistema que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sea
declarado inválido y acredite las siguientes condiciones:
1. Invalidez causada
por enfermedad: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos
tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración
2. Invalidez causada
por accidente: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos
tres (3) años inmediatamente anteriores al hecho causante de la misma”.
No obstante, tratándose de enfermedades degenerativas,
crónicas o congénitas, padecimeintos en los que la disminución o pérdida de la
capacidad laboral ocurre lentamente y no se produce en un mismo momento sino
que, por el contrario, se agrava de manera paulatina,[38] la Corte ha
evidenciado que los entes responsables de efectuar la calificación de pérdida
de la capacidad laboral establecen como fecha de estructuración de la invalidez
el momento a partir del cual se presenta el primer síntoma de la enfermedad o
se obtiene el primer diagnóstico, sin importar que, de acuerdo con la realidad
objetiva, la incapacidad permanente y definitiva para desempeñarse laboralmente
se produzca mucho tiempo después.[39]
En efecto, son numerosos los casos de personas que, a
pesar de que padecen alguna enfermedad catalogada como degenerativa, crónica o
congénita, su estado de salud les permite desarrollar actividades productivas
con relativa normalidad y, en esa medida, seguir cotizando al sistema general
de pensiones, hasta que llega un momento en el que la progresión de la
enfermedad es tal, que les impide, de manera definitiva, seguir ejerciendo su
trabajo para obtener su sustento y, de esta manera, aportar al sistema.
En tales eventos, en los que el estado de invalidez de
una persona está asociado al padecimiento de enfermedades de carácter
degenerativo, crónico o congénito, esta Corporación ha establecido que, para
efectos del reconocimiento de la pensión de invalidez, las entidades
administradoras de pensiones deberán tener en cuenta las semanas cotizadas con
posterioridad a la fecha de estructuración de la misma, las cuales se asumen
efectuadas en ejercicio de una capacidad laboral residual que, sin ánimo
de defraudar al sistema, le permitió seguir trabajando y haciendo sus aportes
hasta perder toda capacidad productiva y funcional de forma permanente y
definitiva. Lo anterior, como garantía efectiva del derecho fundamental a la
seguridad social de sujetos en situación de debilidad manifiesta y como una
medida tendiente a evitar que se genere enriquecimiento sin justa causa por
parte de los fondos de pensiones.[40]
De acuerdo con lo expuesto,
pasa la Sala a estudiar las particularidades de cada caso.
1.
T- 4.887.495
Actor
Demandado
Enfermedad
Fecha de Calificación
Porcentaje Pérdida de capacidad laboral
Fecha de estructuración
Periodo de semanas cotizadas
Semanas cotizadas
Francisco Hernando Arboleda Arboleda
Fondo de Pensiones y Cesantías Protección
VIH/SIDA
14 de julio de 2014
62,20%
10 de junio de 1999
Agosto de 2007- mayo de 2014
interumpidamente
308,57 semanas durante dicho periodo
En el presente caso, el
señor Arboleda Arboleda, fue calificado el 14 de julio de 2014, por lo que esta
Sala entenderá que es desde esta fecha que efectivamente perdió su capacidad
laboral y, en consecuencia, los tres años que establece la ley para ser
beneficiario de la pensión de invalidez, deben contabilizarse desde la misma.
En efecto, teniendo en
cuenta lo anterior, el actor tiene dentro del periodo correspondiente del 14 de
julio de 2011 al 14 de julio de 2014, 113,57 semanas cotizadas, relacionadas
así:
Periodo
Días de cotización
2011/07
15
2011/08
30
2011/09
30
2011/10
30
2011/11
30
2011/12
30
2012/01
30
2012/02
30
2012/10
30
2012/11
30
2012/12
30
2013/01
30
2013/02
30
2013/03
30
2013/05
30
2013/06
30
2013/07
30
2013/08
30
2013/09
30
2013/10
30
2013/11
30
2013/12
30
2014/01
30
2014/02
30
2014/03
30
2014/04
30
2014/05
30
En consecuencia, esta Sala
observa que el actor cumple con los requisitos establecidos para acceder al
beneficio pensional, toda vez que cuenta con una pérdida de capacidad laboral
del 62,20% y tiene dentro de los tres años anteriores a la fecha de calificación
(desde la cual perdió efectivamente su fuerza laboral), 113,57 semanas, por lo
que se ordenará al Fondo de Pensiones y Cesantías Protección S.A, reconocer y
pagar la pensión de invalidez al señor Francisco Hernando Arboleda Arboleda, a
partir del 20 de mayo de 2014, fecha en la que se solicitó la prestación ante la entidad demandada.
2.
T-4.888.573
Actor
Demandado
Enfermedad
Fecha de Calificación
Porcentaje Pérdida de capacidad laboral
Fecha de estructuración
Periodo de semanas cotizadas
Semanas cotizadas
Jorge Amaya Bohórquez
Colpensiones
Mal de chagas
17 de enero de 2011
53,40%
20 de marzo de 2009
14 de abril de 1972- 30 de junio de 2014,
interrumpidamente
635,93 semanas
En el presente caso, el señor
Jorge Amaya, fue calificado el 17 de enero de 2011, por lo que esta Sala
entenderá que es desde ahí que efectivamente perdió su capacidad laboral y, en
consecuencia, los tres años que establece la ley para ser beneficiario de la
pensión de invalidez, deben contabilizarse desde esa fecha.
En efecto, teniendo en
cuenta lo anterior, el actor tiene dentro del periodo correspondiente del 17 de
enero de 2008 al 17 de enero de 2011, 101,04 semanas cotizadas, relacionadas
así:
Periodo
Semanas de cotización
01/02/2009- 30/04/2009
12,86
01/05/2009- 31/05/2009
4,29
01/06/2009- 31/12/2009
30,00
01/01/2010- 31/01/2010
4,29
01/02/2010- 30/06/2010
21,43
01/07/2010- 31/07/2010
4,29
01/08/2010- 31/08/2010
4,29
01/09/2010- 30/09/2010
4,29
01/10/2010- 31/10/2010
4,29
01/11/2010- 30/11/2010
4,29
01/12/2010- 31/12/2010
4,29
01/01/2011- 17/01/2011
2,43
En consecuencia, esta Sala
observa que el actor cumple con los requisitos establecidos para acceder al
beneficio pensional, toda vez que cuenta con una pérdida de capacidad laboral
del 53,40% y tiene dentro de los tres años anteriores a la fecha de
calificación (desde la cual perdió efectivamente su fuerza laboral), 101,04
semanas, por lo que se ordenará a la Administradora Colombiana de Pensiones,
Colpensiones, reconocer y pagar la pensión de invalidez al señor Jorge Amaya
Bohórquez, a partir del 4 de
mayo de 2011, fecha en que solicitó la prestación ante la entidad demandada.
3.
T-4.889.508
Actor
Demandado
Enfermedad
Fecha de Calificación
Porcentaje Pérdida de capacidad laboral
Fecha de estructuración
Periodo de semanas cotizadas
Semanas cotizadas
Luis Alberto Ramírez Ramírez
Colpensiones
“Retinopatia por toxoplasma, enfermedad
congenita”
16 de junio de 2011
75,10%
16 de abril de 1963, fecha de su
nacimiento
1 de julio de 1996- 30 de septiembre de
2003 interrumpidamente
340,57 semanas
En el presente caso, el
señor Luis Alberto Ramírez Ramírez, fue calificado el 16 de junio de 2011, no obstante
teniendo en cuenta que la enfermedad que padece es congénita, es decir que la
sufre desde el nacimiento, esta Corporación ha establecido en dichos casos, que
la fecha que debe tenerse en cuenta para contabilizar los tres años anteriores,
es desde la cual, el actor realizó la última cotización al sistema de pensiones,
pues es desde ese momento en el que se entiende que ha perdido su fuerza de
trabajo. En consecuencia, esta Sala, para el caso del señor Ramírez, tomará el
30 de septiembre de 2003, fecha en que según la historia laboral allegada por
Colpensiones, hizo su última cotización, para contabilizar los tres años anteriores
que establece la ley.
En efecto, teniendo en
cuenta lo anterior, el actor tiene dentro del periodo correspondiente del 30 de
septiembre de 2000 al 30 de septiembre de 2003, 132,64 semanas cotizadas,
relacionadas así:
Periodo
Semanas de cotización
01/10/2000- 31/12/2000
11,78
01/01/2001- 31/05/2001
19,29
01/07/2001- 31/12/2001
25,71
01/01/2002- 31/08/2002
33,00
01/11/2002- 31/01/2003
12,86
01/02/2003- 30/09/2003
30,00
En consecuencia, esta Sala
observa que el actor cumple con los requisitos establecidos para acceder al
beneficio pensional, toda vez que cuenta con una pérdida de capacidad laboral
del 75,10% y tiene dentro de los tres años anteriores a la fecha de la última
cotización al sistema general de pensiones (desde la cual perdió efectivamente
su fuerza laboral), 132,64 semanas, por lo que se ordenará a la Administradora
Colombiana de Pensiones, Colpensiones, reconocer y pagar la pensión de
invalidez al señor Luis Alberto Ramírez Ramírez, a partir de la fecha en que se solicitó la prestación
ante la entidad demandada.
4.
T-4.894.214
Actor
Demandado
Enfermedad
Fecha de Calificación
Porcentaje Pérdida de capacidad laboral
Fecha de estructuración
Periodo de semanas cotizadas
Semanas cotizadas
Jorge Uriel Castellanos García
Colpensiones
Diabetes millitus, hipertensión arterial,
síndrome nefrótico y amputación traumatica de pierna
12 de diciembre de 2013
66,76%
10 de abril de 2010
10 de julio de 1978- 30 de noviembre de
2013, interrumpidamente
1.028,50 semanas
En el presente caso, esta
Sala observa que Colpensiones, durante el trámite en sede de revisión, allegó
un escrito mediante el cual solicita se declare hecho superado, por cuanto
dicha entidad estudió nuevamente el caso del señor Jorge Uriel Castellanos y
resolvió otorgarle la pensión de invalidez, al estimar que cumplía con los
supuestos de la jurisprudencia de la Corte Constitucional para ser beneficiario
de dicha prestación, teniendo en cuenta que padece de una enfermedad
degenerativa y cuenta con cotizaciones posteriores a la fecha de calificación
de su estado. Al respecto, señaló:
“Como quedó indicado, el demandante padece de
diabetes, mellitus insulinodependiente-retinopatía diabética-, hipertensión
esencial, episodio depresivo, síndrome nefrótico y amputación traumática
pierna, enfermedades en razón de las cuales fue calificado con pérdida de
capacidad laboral del 65.363% el 28 de enero de 2013, mediante acta en la que
se consideró como fecha de estructuración de su invalidez el 15 de agosto de
2009.
En atención a la solicitud de reconocimiento de su
pensión de invalidez presentada ante Colpensiones, se expidió la Resolución No.
GNR 248202 del 24 de octubre de 2013, en la que se negó el derecho reclamado,
decisión que fue confirmada en sede administrativa, bajo el argumento de que no
acreditaba 50 semanas cotizadas dentro de los tres años anteriores a la fecha
de estructuración de invalidez, ocurrida el 15 de agosto de 2009.
Sin embargo, con ocasión de los pronunciamiento de la
H. Corte Constitucional, Colpensiones expidió el aludido concepto jurídico
BZ_2014_10721634 de 26 de diciembre de 2014, mediante el cual se recogen los
parámetros trazados por la Corte Constitucional en cuanto al reconocimiento de
pensión de invalidez en el caso de enfermedades degenerativas, catastróficas
y/o congénitas.
Como quiera que para el momento en que se estructuró
la invalidez (15 de agosto de 2009) y se profirió el dictamen de pérdida de la
capacidad laboral del accionante (28 de enero de 2013), se encontraba afiliado
a Colpensiones y de conformidad con los criterios que ha precisado la
jurisprudencia constitucional, la valoración del reconocimiento de la
prestación corresponde a esta administradora, razón por la cual, el 28 de julio
de 2015, se expidió la Resolución No. GNR 227449 a través de la cual se ordenó
reconocer y pagar una pensión de invalidez a favor del señor JOSÉ URIEL
CASTELLANOS GARCÍA (sic).”
Sobre el particular, la Corte en distintos
pronunciamientos ha reconocido que el objetivo ínsito de la acción de tutela,
cual es, la protección efectiva, cierta e inmediata de los derechos
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por las
actuaciones u omisiones de las autoridades públicas y de los particulares, en
los casos específicamente previstos por el legislador, resulta inocua o insustancial
frente a una situación de hecho cuya vulneración o amenaza sea superada, en el
sentido de que la pretensión alegada se encuentre satisfecha, por lo que el
mandato que pueda proferir el juez de tutela ningún efecto útil tendría y, en
ese sentido, la acción resultaría improcedente.[41]
En ese sentido, en el asunto que se revisa, la Sala
encuentra acreditado que cesó la vulneración de los derechos fundamentales
invocados por el actor y que motivaron la presente solicitud, toda vez que, de
conformidad con la respuesta emitida por la entidad demandada, 19 de agosto de
2015, fue reconocida la pensión de invalidez al actor, según se demuestra de la
Resolución GNR 227449 del 28 de julio de 2015. Por lo que esta Sala se
abstendrá de dar alguna orden al respecto y, en su lugar, declarará la carencia
actual de objeto por hecho superado.
5.
T- 4.899.625
Actor
Demandado
Enfermedad
Fecha de Calificación
Porcentaje Pérdida de capacidad laboral
Fecha de estructuración
Periodo de semanas cotizadas
Semanas cotizadas
Martha Liliana Lemus Osorio
Colpensiones
Esquizofrenia paranoide
8 de agosto de 2014
56,20%
20 de octubre de 2005
Diciembre 13 de 1993- febrero 28 de 2014
interumpidamente
128,74 semanas durante dicho periodo
En el presente caso, la
señora Martha Liliana Lemus Osorio, fue calificada el 8 de agosto de 2014, por
lo que esta Sala entenderá que es desde ahí que efectivamente perdió su
capacidad laboral y, en consecuencia, los tres años que establece la ley para
ser beneficiario de la pensión de invalidez, deben contabilizarse desde esa
fecha.
En efecto, teniendo en
cuenta lo anterior, la actora tiene dentro del periodo correspondiente del 8 de
agosto de 2011 al 8 de agosto de 2014, 97,31 semanas cotizadas, relacionadas
así:
Periodo
Semanas de cotización
01/09/2011- 31/12/2011
17,14
01/01/2012- 31/01/2012
4,00
01/02/2012- 31/12/2012
47,14
01/08/2013- 31/08/2013
3,29
01/09/2013- 30/09/2013
4,29
01/10/2013- 31/10/2013
4,29
01/11/2013- 30/11/2013
4,29
01/12/2013- 31/12/2013
4,29
01/01/2014- 31/01/2014
4,29
01/02/2014- 28/02/2014
4,29
En consecuencia, esta Sala
observa que la actora cumple con los requisitos establecidos para acceder al
beneficio pensional, toda vez que cuenta con una pérdida de capacidad laboral
del 56,20% y tiene dentro de los tres años anteriores a la fecha de
calificación (desde la cual perdió efectivamente su fuerza laboral), 97,31
semanas, por lo que se ordenará a la Adminstradora Colombiana de Pensiones,
Colpensiones, reconocer y pagar la pensión de invalidez a la señora Martha
Liliana Lemus Osorio, a partir
del 20 de octubre de 2014, fecha en que solicitó la prestación ante al entidad
demandada.
6.
T-4.904.805
Actor
Demandado
Enfermedad
Fecha de Calificación
Porcentaje Pérdida de capacidad laboral
Fecha de estructuración
Periodo de semanas cotizadas
Semanas cotizadas
Dolfus Armando Beltrán Romero
Colpensiones
Mieloma Múltiple (cáncer)
10 de septiembre de 2013
71,05%
30 junio de 2012
13 de agosto de 1987 - 30 de noviembre de
2014, interrumpidamente
457,29 semanas
En el presente caso, el
señor Dolfus Armando Beltrán Romero, fue calificado el 10 de septiembre de 2013,
por lo que esta Sala entenderá que es desde ahí que efectivamente perdió su
capacidad laboral y, en consecuencia, los tres años que establece la ley para
ser beneficiario de la pensión de invalidez, deben contabilizarse desde esa
fecha.
En efecto, teniendo en
cuenta lo anterior, el actor tiene dentro del periodo correspondiente del 10 de
septiembre de 2010 al 10 de septiembre de 2013, 84,9 semanas cotizadas,
relacionadas así:
Periodo
Semanas de cotización
01/01/2012- 31/01/2012
3,43
01/02/2012- 29/02/2012
4,29
01/03/2012- 31/03/2012
4,29
01/04/2012- 30/04/2012
4,29
01/05/2012- 31/05/2012
4,29
01/06/2012- 31/12/2012
30,00
01/01/2013- 31/03/2013
12,86
01/04/2013- 30/04/2013
4,29
01/05/2013- 31/08/2013
17,16
En consecuencia, esta Sala
observa que el actor cumple con los requisitos establecidos para acceder al
beneficio pensional, toda vez que cuenta con una pérdida de capacidad laboral
del 71,05% y tiene dentro de los tres años anteriores a la fecha de calificación
(desde la cual perdió efectivamente su fuerza laboral), 84,9 semanas, por lo
que se ordenará a la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones,
reconocer y pagar la pensión de invalidez al señor Dolfus Armando Beltrán
Romero, a partir del 3 de
enero de 2014, fecha en que se solicitó la prestación ante la entidad demandada.
7.
T-4.977.876
Actor
Demandado
Enfermedad
Fecha de Calificación
Porcentaje Pérdida de capacidad laboral
Fecha de estructuración
Periodo de semanas cotizadas
Semanas cotizadas
Mercedes Malaver Sanabria
Fondo de Pensiones Porvenir S.A.
“Cofosis congénita, mudez, escleroderma,
sjogren”
18 de febrero de 2014
65,23%
6 de enero de 1964, fecha de su
nacimiento
Entre el 7 de junio de 1983 y el 28 de
junio de 2006, al ISS. De enero de 2007 a marzo 2009 en Porvenir.
492 semanas
En el presente caso, la
señora Mercedes Malaver Sanabria, fue calificada el 18 de febrero de 2014, no
obstante teniendo en cuenta que la enfermedad que padece es congénita, es decir
que la sufre desde el nacimiento, esta Corporación ha establecido en dichos
casos, que la fecha que debe tenerse en cuenta para contabilizar los tres años
anteriores, es desde la cual, la actora realizó la última cotización al sistema
de pensiones, pues es desde ese momento en el que se entiende que ha perdido su
fuerza de trabajo. En consecuencia, esta Sala, para el caso de la señora
Malaver, tomará marzo de 2009, fecha en que según la historia laboral allegada
por Porvenir, hizo su última cotización, para contabilizar los tres años anteriores
que establece la ley.
En efecto, teniendo en
cuenta lo anterior, la actora tiene dentro del período de marzo de 2009 y marzo
de 2006, 112 semanas cotizadas, relacionadas así:
Número de días régimen de prima media
Número de días régimen de ahorro
individual
Total días cotizados
Total semanas cotizadas
2660
784
3444
492
Razón social empleador cotizante
Nombre administradora
Período cotizado
Salario base
Valor de cotización
García Bermúdez Maconga Cia S en C
Sociedad Administradora Porvenir S.A.
2007/01
$622,000
$68,413
García Bermúdez Maconga Cia S en C
Sociedad
Administradora Porvenir S.A.
2007/2
$699,000
$76,858
García Bermúdez
Maconga Cia S en C
Sociedad
Administradora Porvenir S.A.
2007/3
$702,000
$77,213
García Bermúdez
Maconga Cia S en C
Sociedad
Administradora Porvenir S.A.
2007/4
$673,000
$74,019
García Bermúdez
Maconga Cia S en C
Sociedad
Administradora Porvenir S.A.
2007/5
$748,000
$82,252
García Bermúdez
Maconga Cia S en C
Sociedad
Administradora Porvenir S.A.
2007/6
$705,000
$77,568
García Bermúdez
Maconga Cia S en C
Sociedad
Administradora Porvenir S.A.
2007/7
$650,000
$71,465
García Bermúdez
Maconga Cia S en C
Sociedad
Administradora Porvenir S.A.
2007/8
$681,000
$74,942
García Bermúdez
Maconga Cia S en C
Sociedad
Administradora Porvenir S.A.
2007/9
$684,000
$75,226
García Bermúdez
Maconga Cia S en C
Sociedad
Administradora Porvenir S.A.
2007/10
$684,000
$75,226
García Bermúdez
Maconga Cia S en C
Sociedad
Administradora Porvenir S.A.
2007/11
$691,000
$76,006
García Bermúdez
Maconga Cia S en C
Sociedad
Administradora Porvenir S.A.
2007/12
$677,000
$74,445
García Bermúdez
Maconga Cia S en C
Sociedad
Administradora Porvenir S.A.
2008/1
$653,000
$75,110
García Bermúdez
Maconga Cia S en C
Sociedad
Administradora Porvenir S.A.
2008/2
$681,000
$78,344
García Bermúdez
Maconga Cia S en C
Sociedad
Administradora Porvenir S.A.
2008/3
$681,000
$78,344
García Bermúdez
Maconga Cia S en C
Sociedad
Administradora Porvenir S.A.
2008/4
$749,000
$86,106
García Bermúdez
Maconga Cia S en C
Sociedad
Administradora Porvenir S.A.
2008/5
$775,000
$89,124
García Bermúdez
Maconga Cia S en C
Sociedad
Administradora Porvenir S.A.
2008/6
$735,000
$84,524
García Bermúdez
Maconga Cia S en C
Sociedad
Administradora Porvenir S.A.
2008/7
$643,000
$73,960
García Bermúdez
Maconga Cia S en C
Sociedad
Administradora Porvenir S.A.
2008/8
$684,000
$78,632
García Bermúdez
Maconga Cia S en C
Sociedad
Administradora Porvenir S.A.
2008/9
$791,000
$90,994
García Bermúdez
Maconga Cia S en C
Sociedad
Administradora Porvenir S.A.
2008/10
$672,000
$77,266
García Bermúdez
Maconga Cia S en C
Sociedad
Administradora Porvenir S.A.
2008/11
$643,000
$73,960
García Bermúdez
Maconga Cia S en C
Sociedad
Administradora Porvenir S.A.
2008/12
$672,000
$77,266
García Bermúdez
Maconga Cia S en C
Sociedad
Administradora Porvenir S.A.
2009/01
$668,000
$76,834
García Bermúdez
Maconga Cia S en C
Sociedad
Administradora Porvenir S.A.
2009/02
$675,000
$77624
García Bermúdez
Maconga Cia S en C
Sociedad
Administradora Porvenir S.A.
2009/03
$89,000
$10,232
En consecuencia, esta Sala
observa que la actora cumple con los requisitos establecidos para acceder al
beneficio pensional, toda vez que cuenta con una pérdida de capacidad laboral
del 65,23% y tiene dentro de los tres años anteriores a la fecha de la última
cotización al sistema general de pensiones (desde la cual perdió efectivamente
su fuerza laboral), 112 semanas, por lo que se ordenará a la al Fondo de
Pensiones Porvenir, reconocer y pagar la pensión de invalidez a la señora Mercedes
Malaver Sanabria, a partir del 4 de abril de 2014, fecha en la que se solicitó
la prestación ante la entidad demandada.
V. Síntesis de la decisión
De acuerdo con lo expuesto, esta Sala revocará los
fallos proferidos por el Juzgado Trece Civil del Circuito de Oralidad de
Medellín, dentro del expediente T-4.887.495, el Tribunal Administrativo
de Antioquia, dentro del expediente T-4.889.508, el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá, Sala civil, dentro del expediente, T-4.899.625
y por la Sala Penal de la misma Corporación dentro de los expeidentes T- 4.888.573,
T-4.904.805 y el Juzgado Treinta Penal del Circuito con Función de
Conocimiento de Bogotá, dentro del expediente T-4.977.876, en el trámite
de las acciones de tutela promovidas por las y los ciudadanos Francisco Hernando Arboleda Arboleda, Jorge Amaya
Bohórquez, Luis Alberto Ramírez Ramírez, Martha Liliana Lemus Osorio, Dolfus
Armando Beltrán Romero y Mercedes Malaver Sanabria,
respectivamente y, en su lugar, se concederá el amparo a los derechos
fundamentales al mínimo vital, a la vida en condiciones dignas y a la seguridad
social, invocados por los accionantes.
En consecuencia se ordenará a los Fondos de Pensiones demandados,
que reconozcan y paguen la pensión de invalidez a los accionantes, dentro de
los quince (15) días siguientes a la notificación de la presente providencia, a
partir de la fecha de presentación de la respectiva acción de tutela.
En cuanto al expediente T- 4.894.214, acción de
tutela interpuesta por Jorge Uriel Castellanos García, esta Sala procederá a
declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez que
Colpensiones mediante Resolución del 28 de julio de 2015, reconoció la pensión
de invalidez al accionante.
V.      DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de
la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO: REVOCAR, los fallos proferidos por el Juzgado Trece Civil del
Circuito de Oralidad de Medellín, dentro del expediente T-4.887.495, el
Tribunal Administrativo de Antioquia, dentro del expediente T-4.889.508,
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala civil, dentro del
expediente, T-4.899.625, por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, Sala Penal, dentro de los expeidentes T- 4.888.573, T-4.904.805
y el Juzgado Treinta Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá,
dentro del expediente T-4.977.876, en el trámite de las acciones de
tutela promovidas por las y los ciudadanos Francisco
Hernando Arboleda Arboleda, Jorge Amaya Bohórquez, Luis Alberto Ramírez
Ramírez, Martha Liliana Lemus Osorio, Dolfus Armando Beltrán Romero y Mercedes
Malaver Sanabria, respectivamente y, en su lugar, se CONCEDERÁ
el amparo a los derechos fundamentales al mínimo vital, a la vida en
condiciones dignas y a la seguridad social, invocados por los accionantes, por
las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: ORDENAR al Fondo de Pensiones y Cesantías
Protección S.A., que reconozaca y pague la pensión de invalidez a Francisco
Hernando Arboleda Arboleda, dentro de los quince (15) días siguientes a la
fecha de notificación de la presente sentencia, a partir del 20 de mayo de 2014, fecha en la que se solicitó la prestación ante la
entidad demandada, dentro del expediente T-4.887.495.
TERCERO: ORDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones,
Colpensiones, que reconozaca y pague la pensión de invalidez a Jorge Amaya
Bohórquez, dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de notificación
de la presente sentencia, a
partir del 4 de mayo de 2011, fecha en que solicitó la prestación ante la
entidad demandada, dentro del expediente T-4.888.573.
CUARTO: ORDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones,
Colpensiones, que reconozaca y pague la pensión de invalidez a Luis Alberto
Ramírez Ramírez, dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de
notificación de la presente sentencia, a partir de la fecha en que se solicitó la prestación
ante la entidad demandada, dentro del expediente T-4.889.508.
QUINTO: ORDENAR a la Administradora
Colombiana de Pensiones, Colpensiones, que reconozaca y pague la pensión de
invalidez a Martha Liliana Lemus Osorio, dentro de los quince (15) días
siguientes a la fecha de notificación de la presente sentencia, a partir del 20 de octubre de 2014, fecha
en que solicitó la prestación ante la entidad demandada, dentro
del expediente T-4.899.625.
SEXTO: ORDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones,
Colpensiones, que reconozaca y pague la pensión de invalidez a Dolfus Armando
Beltrán Romero, dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de
notificación de la presente sentencia, a partir del 3 de enero de 2014, fecha en que se
solicitó la prestación ante la entidad demandada, dentro del expediente T-4.904.805.
SÉPTIMO: ORDENAR al Fondo de Pensiones
Porvenir S.A, que reconozaca y pague la pensión de invalidez a Mercedes Malaver
Sanabria, dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de notificación
de la presente sentencia, a
partir del 4 de abril de 2014, fecha en la que se solicitó la prestación ante
la entidad demandada, dentro
del expediente T-4.977.876.
OCTAVO: REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, dentro del expediente T-4.894.214
y, en su lugar, declarar la carencia actual de objeto por hecho superado.
NOVENO: Por Secretaría, líbrense las comunicaciones prevista en el artículo 36
del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, cópiese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado Ponente
GLORIA STELLA ORTÍZ DELGADO
Magistrada
Con salvamento parcial de voto
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO DE LA MAGISTRADA
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
A LA SENTENCIA T-712/15
ACCION DE TUTELA PARA RECONOCIMIENTO DE
PRESTACIONES SOCIALES EN MATERIA PENSIONAL-Se
eludió estudio de asunto de relevancia constitucional como es la obligación de
las administradoras de fondos de pensiones de reconocer prestaciones
pensionales a personas cuya fecha de estructuración es anterior a su afiliación
a dichas entidades (Salvamento parcial de voto)
ACCION DE TUTELA PARA RECONOCIMIENTO DE
PRESTACIONES SOCIALES EN MATERIA PENSIONAL-Sala debió abstenerse de conceder amparo solicitado por
accionante (Salvamento
parcial de voto)
Referencia: Expedientes T-4.887.495,
T-4.888.573, T-4.889.508, T-4.894.214, T-4.899.625, T-4.904.805 y T-4.977.876
(Acumulados)
Acción de tutela incoada por Francisco
Hernando Arboleda Arboleda, Jorge Amaya Bohórquez, Luis Alberto Ramírez
Ramírez, Jorge Uriel Castellanos García, Martha Liliana Lemus Osorio, Dolfus
Armando Beltrán Romero y Mercedes Malaver Sanabria contra Fondo de Pensiones
Porvenir, Fondo de Pensiones y Cesantías Protección y COLPENSIONES.
Asunto: elusión de análisis de asuntos de
relevancia constitucional.
Magistrado Ponente:
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Con el acostumbrado respeto por las
decisiones de la Corte Constitucional, presento a continuación las razones que
me conducen a disentir de la decisión adoptada por la Sala Cuarta de Revisión
de tutelas, en sesión del 19 de noviembre de 2015, que por votación mayoritaria
profirió la sentencia T-712 de 2015 de la misma fecha.
La providencia de la que me aparto revocó los
fallos proferidos por el Juzgado Trece Civil del Circuito de Oralidad de
Medellín, dentro del expediente T-4.887.495, el Tribunal Administrativo de
Antioquia, dentro del expediente T-4.889.508, el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, Sala civil, dentro del expediente, T-4.899.625, por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal, dentro de los
expedientes T- 4.888.573, T-4.904.805 y el Juzgado Treinta Penal del Circuito
con Función de Conocimiento de Bogotá, dentro del expediente T-4.977.876, en el
trámite de las acciones de tutela promovidas por Francisco Hernando Arboleda
Arboleda, Jorge Amaya Bohórquez, Luis Alberto Ramírez Ramírez, Martha Liliana
Lemus Osorio, Dolfus Armando Beltrán Romero y Mercedes Malaver Sanabria,
respectivamente.
En su lugar, concedió el amparo a los
derechos fundamentales al mínimo vital, a la vida en condiciones dignas y a la
seguridad social que fueron invocados por los accionantes. Con fundamento en lo
anterior, ordenó a los Fondos de Pensiones accionados el reconocimiento y pago
de las pensiones de invalidez reclamadas por los demandantes.
En relación con el expediente T-4.894.214,
la Sala resolvió declarar la carencia actual de objeto por hecho superado,
puesto que COLPENSIONES, mediante Resolución del 28 de julio de 2015, reconoció
la pensión de invalidez al accionante.
El problema jurídico planteado en la sentencia fue
establecer si “(…) los Fondos de Pensiones Porvenir, Protección y la
Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, vulneraron los derechos
de los accionantes al mínimo vital, a la vida en condiciones dignas y a la
seguridad social, al haberles negado la pensión de invalidez, por no haber
acreditado el requisito de las 50 semanas de cotización dentro de los tres (3)
años anteriores a la estructuración de la pérdida de la capacidad laboral, a
pesar de padecer enfermedades congénitas, degenerativas y/o catastróficas,
haberles dictaminado porcentajes superiores al 50% de su pérdida de la
capacidad para trabajar, y adicionalmente, contar con semanas de cotización
posteriores a la fecha de estructuración.”[42]
Las líneas argumentativas que desarrollaron el
problema jurídico planteado y sustentaron la sentencia de la referencia,
gravitaron en torno a: i) procedencia de la acción de tutela para
reclamar el pago de prestaciones sociales; ii) el derecho a la seguridad
social y el principio de progresividad; iii) La pensión de invalidez y
los requisitos para acceder a ella; y iv) la calificación de la pérdida
de capacidad laboral y la fecha de estructuración, tratándose de enfermedades
degenerativas, catastróficas o congénitas. Por último, resolvió el caso
concreto.
En este salvamento parcial de voto me
aparto del problema jurídico planteado en la sentencia, puesto que eludió estudiar
asuntos de relevancia constitucional como lo es la obligación de los fondos
administradores de pensiones de reconocer y pagar prestaciones pensionales
cuando la fecha de estructuración es anterior al momento de la vinculación del
usuario a esa entidad, razón por la cual no comparto la decisión de amparar los
derechos fundamentales del señor Hernando Arboleda Arboleda. En consecuencia,
fundan mi disenso las siguientes razones:
Obligaciones de los Fondos Administradores
de Pensiones a partir de la afiliación del usuario
1. En el
expediente T-4.887.495, PROTECCIÓN S.A., entidad accionada, manifestó en su
escrito de impugnación a la decisión de primera instancia, que negó el
reconocimiento de la pensión de invalidez solicitada por el actor, con base en que
su afiliación se hizo efectiva a partir del 2 de agosto de 2007 y la fecha de
estructuración de la enfermedad fue dictaminada el 10 de junio de 1999, momento
anterior a su vinculación a la entidad accionada.
En ese orden de ideas, consideró el Fondo de
Pensiones que con base en el artículo 41 del Decreto 1406 de 1999, “(…) la
efectividad de la afiliación solo produce efectos para la entidad
administradora desde el día siguiente a aquel en el cual se inicie una relación
laboral, por lo tanto debe tenerse en cuenta que en este caso la afiliación se
hizo efectiva el 2 de agosto de 2007, consecuentemente para la fecha de
estructuración determinada por el dictamen emitido por la Comisión de
Calificación, el señor Arboleda no se encontraba afiliado.”
En consecuencia, expresó que con base en el
artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 1º de la Ley 860
de 2003, a esa entidad no le correspondía el reconocimiento de la pensión
solicitada, pues solo están a su cargo aquellas causadas durante la afiliación
a esa entidad.
2. Este asunto no fue analizado en la
sentencia T-712 de 2015, puesto que su estudio se focalizó en la reiterada
jurisprudencia de esta Corporación relacionada con la pérdida de capacidad
laboral y la fecha de estructuración y su especial tratamiento cuando se trata
de enfermedades degenerativas, catastróficas o congénitas.
Al
revisar el caso concreto del expediente T-4.887.495, se evidencia que; i) el
actor tiene 56 años de edad, lo que implica que para el momento en que se
estructuró la fecha de su invalidez el 10 de junio de 1999, contaba con 40
años, es decir, se encontraba en una edad productiva laboralmente; y ii) la
afiliación a la entidad accionada se produjo en el año 2007, por lo que surgen
dudas acerca de la responsabilidad de la entidad accionada, puesto que nada se
dijo sobre si para la época en que fue dictaminada la fecha de estructuración
de la enfermedad del actor, este se encontraba cotizando al Sistema General de
Seguridad Social en Pensiones.
Esta
situación generaba la necesidad de formular un problema jurídico especial en el
sentido de establecer si dadas las específicas condiciones del actor no solo
por su enfermedad (VIH) sino también por el momento de su vinculación al fondo
de pensiones, ¿Las administradoras de fondos de pensiones están obligadas a
reconocer y pagar las prestaciones pensionales por invalidez de sus usuarios
cuando la fecha de estructuración es anterior al momento de su vinculación a
esas entidades y no se tiene certeza probatoria de cotizaciones anteriores al
Sistema General de Seguridad Social en pensiones?
3. Las reglas jurisprudenciales edificadas por esta
Corporación no tienen aplicación automática a los casos de conocimiento de la
Corte, puesto que cada asunto concreto tiene elementos especiales que exigen un
análisis diferente, que en este caso no se produjo, puesto que si bien el actor
se encontraba afectado por una enfermedad degenerativa (VIH), no existió
estudio alguno sobre su especial situación de afiliación a la entidad accionada
y de su historial de cotizaciones anteriores a su vinculación si existieran,
así como las entidades que podrían estar obligadas a su reconocimiento,
situaciones que tienen evidente relevancia constitucional, puesto que pueden
convertirse en escenarios de abuso del derecho y afectar patrimonial y
fiscalmente al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones.
4. En conclusión, la sentencia de la cual me aparto
eludió el estudio de un asunto de relevancia constitucional como es la
obligación de las administradoras de fondos de pensiones de reconocer
prestaciones pensionales a personas cuya fecha de estructuración es anterior a
su afiliación a dichas entidades, por tal razón debió abstenerse de conceder el
amparo solicitado por Francisco Hernando Arboleda Arboleda.
Fecha ut supra
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
[1] Según certificación de Cruz Blanca EPS,
hasta el 13 de octubre de 2014, el señor Jorge Amaya Bohórquez, registraba un
acumulado de 1536 días de incapacidad continua. Folios 76 y 77 del cuaderno
principal del expediente T- 4.888.573.
[2] Artículo 86 de la Constitución Política.
[3] Corte Constitucional, sentencia T-103 del 8 de febrero de 2008, MP.
Jaime Córdoba Triviño.
[4] Corte Constitucional, sentencia T-103 del 8 de febrero de 2008, MP.
Jaime Córdoba Triviño.
[5] Corte Constitucional, sentencia T-080 del 31 de enero de 2008, MP.
Rodrigo Escobar Gil.
[6] Corte Constitucional, sentencia T-520 de 2015. M.P. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo.
[7] Corte Constitucional, sentencia T-292 de 5
de julio de 1995, M.P. Fabio Morón Díaz.
[8] Corte Constitucional, sentencia T-452 de 9
de julio de 2009, M.P. Juan Carlos Henao Pérez. En
el mismo sentido, las Sentencias T-1064 de 2006, T-469 de 2004, SU-647 de 1997
y T-509 de 2010.
[9] [9] Corte Constitucional,
sentencia T-520 de 2015. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[10] Ley 100 de 1993, artículo 1.
[11] Ley 100 de 1993, artículo 8.
[12] Corte Constitucional, sentencia T-1036 del 23 de octubre de 2008,
MP. Manuel José Cepeda Espinosa.
[13] Corte Constitucional, sentencia T-080 del 31 de enero de 2008 MP.
Rodrigo Escobar Gil, Corte Constitucional, sentencia T-1036 del 23 de octubre
de 2008, MP. Manuel José Cepeda Espinosa.
[14] Ley 100 de 1993, artículo 10.
[15] Ley 100 de 1993, artículo 38.
[16] Corte Constitucional, sentencia T-221 del 23 de marzo de 2006, MP.
Rodrigo Escobar Gil y Sentencia T-653 del 8 de julio de 2004, MP. Marco Gerardo
Monroy Cabra, sentencia T-104 del 8 de febrero de 2008, MP. Rodrigo Escobar
Gil.
[17] Al respecto, ver la Sentencia T-262 de 29
de marzo de 2012, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[18] Sentencia Corte Suprema de Justicia Sala
de Casación Laboral de 17 de agosto de 1954
[19] Sala de Casación Laboral, rad. 17187 de
noviembre 27 de 2001, M. P. Germán Valdés Sánchez.
[20] Ley 100 de 1993
[21] Artículo 41 de la Ley 100 de 1993.
[22] Corte Constitucional, sentencia T-910 de 2014. M.P. Mauricio
González Cuervo.
[23] Concepto emitido por la Organización Mundial de la Salud -OMS-, el
cual puede consultarse en el siguiente enlace: http://who.int/topics/chronic_diseases/es/
[24] Consultar, entre otras, la Sentencia T-040 de 2015.
[25] Sentencia T-580 de 2014.
[26] Consultar, entre otras, las sentencias T-163 de 2011, T-886 de
2014, T-946 de 2014, T-013 de 2015 y T- 575 de 2015.
[27] M.P. María Victoria Calle Correa.
[28] M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez (e)
[29] Sentencia T-022 de 2013 (MP María Victoria Calle Correa).
[30] Corte Constitucional, sentencia T-103 del 8 de febrero de 2008, MP.
Jaime Córdoba Triviño.
[31] Corte Constitucional, sentencia T-080 del 31 de enero de 2008, MP.
Rodrigo Escobar Gil.
[32] Corte Constitucional, sentencia T-452 de 9
de julio de 2009, M.P. Juan Carlos Henao Pérez. En
el mismo sentido, las Sentencias T-1064 de 2006, T-469 de 2004, SU-647 de 1997
y T-509 de 2010.
[33] Corte Constitucional, sentencia T-520 de 2015. M.P. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo.
[34] Ver Sentencias T-495 de 2005 y T-575 de 2002,
M.P. Rodrigo Escobar Gil; T-900 de 2004,
M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-403 de 2005,
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-425 de 2009 y 500 de 2010
M.P Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[35] Ver, entre otras, la
Sentencia T-1013 de 2006, M. P. Álvaro Tafur Galvis.
[36]  Ver, entre otras, las Sentencias T-158 de 2006,
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto y T-792 de 2007,
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[37] Corte Constitucional, sentencia T-217 de
2013. M.P. Alexei Julio Estrada.
[38] Consultar, entre otras, la Sentencia T-040
de 2015.
[39] Sentencia T-580 de 2014.
[40] Consultar, entre otras, las sentencias T-163 de 2011, T-886 de
2014, T-946 de 2014, T-013 de 2015 y T- 575 de 2015.
[41] Corte Constitucional, sentencia T-082 de
2015. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[42] Pagina 31 de la sentencia.