T-498-13
Sentencia T-498/13
Sentencia T-498/13
ACCION DE TUTELA CONTRA PARTICULARES QUE PRESTAN
SERVICIO PUBLICO-Procedencia frente a
Petrobras, quien presta servicio de exploración y extracción de petróleo
DERECHO DE PETICION-Respuesta clara y precisa, congruente, de fondo y suficiente
ELEMENTOS ESTRUCTURALES ESENCIALES DEL DERECHO
FUNDAMENTAL DE PETICION-Jurisprudencia
constitucional
DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA-Alcance y contenido/DERECHO FUNDAMENTAL A LA
VIVIENDA DIGNA O ADECUADA-Elementos de asequibilidad y habitabilidad
El
derecho a la vivienda digna es un derecho fundamental autónomo y además está
íntimamente relacionado con otros derechos como  el derecho a la vida en
condiciones dignas y que de conformidad con la Observación General No. 4 antes
citada, debe procurarse que la materialización del derecho no adolezca de a)
seguridad jurídica de la tenencia; b) disponibilidad de servicios, materiales,
facilidades e infraestructura; c) gastos soportables; d) habitabilidad; e)
asequibilidad y g) adecuación cultural. Frente al componente de la habitabilidad,
esta Corporación ha identificado, a su vez, dos elementos que la configuran, a
saber: (i) la prevención de riesgos estructurales y (ii) la garantía de la
seguridad física de los ocupantes. Así, la Corte Constitucional ha tutelado el
derecho a la vivienda digna cuando el bien amenaza ruina por culpa de la
administración pública o un particular, sea por acción o por omisión,
protegiéndose especialmente a aquellos grupos familiares que habitan una casa
en peligro de caerse, cuando dentro de sus miembros se encuentran sujetos de
especial protección constitucional, como niños, adultos mayores o personas en
condición de discapacidad.
DERECHO DE PETICION-Deber de informar los inconvenientes y el término en que se dará
respuesta cuando no se puede resolver en el plazo establecido
El término de
respuesta debe hacerse dentro del plazo establecido por la ley, esto es, dentro
de los 15 días siguientes a la fecha de su recibo, o de no ser posible brindar
una respuesta dentro de dicho plazo, informar al interesado las causas de la
demora, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 del Código
Contencioso Administrativo.
ACCION DE TUTELA CONTRA PETROBRAS-Improcedencia para proteger derecho a la vivienda
digna, por cuanto fisuras y grietas que presenta el inmueble no son de tal
magnitud que pongan en peligro derrumbe
ACCION DE TUTELA CONTRA PETROBRAS-Improcedencia por cuanto el accionante cuenta con
otros medios de defensa judicial para obtener indemnización por daños causados
en su vivienda
Estima la Sala
que el interés del actor es indemnizatorio, lo cual se corrobora con el derecho
de petición presentado ante Petrobras, mediante el cual solicita se le
“indemnice por los daños ocasionados”. En esta medida, para la Sala de
Revisión, el actor cuenta con otros mecanismos judiciales de defensa ciertos,
eficaces e idóneos para lograr lo pretendido, tal como sería la acción civil de
responsabilidad extracontractual, la cual tiene una finalidad
estrictamente reparadora de los daños causados por la acción u omisión, en este
caso, de un particular que transita y tiene ciertas operaciones al frente de su
casa. Igualmente, y tras percibirse que son varias las viviendas afectadas,
tanto el actor como los demás afectados por las actividades de la Compañía,
cuentan con la acción de grupo para reclamar la reparación de los daños
ocasionados.
Referencia:
expediente T- 3.772.595
Acción de Tutela
instaurada por Maximino Córdoba contra Petrobras Colombia Limited.
Derechos invocados:
derechos fundamentales de petición, vivienda digna, debido proceso e igualdad.
Magistrado
Ponente:
JORGE IGNACIO
PRETELT CHALJUB
Bogotá D.C.,
veintiséis (26) de julio de dos mil trece (2013)
La Sala Séptima
de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, conformada por
los Magistrados Jorge Ignacio Pretelt Chaljub  -quien la preside-, Alberto
Rojas Ríos y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, y específicamente de las previstas en los artículos
86 y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, ha pronunciado la siguiente:
SENTENCIA
En el proceso de
revisión de la Sentencia proferida el catorce (14) de diciembre de dos mil doce
(2012) por el Juzgado Promiscuo Municipal de Suarez, Tolima, la cual denegó la
tutela incoada por el señor Maximino Córdoba contra Petrobras Colombia Limited.
1.
ANTECEDENTES
De
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y 33
del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección Número Dos de la Corte
Constitucional, mediante Auto del quince (15) de febrero de dos mil trece (2013),
escogió, para efectos de su revisión, la acción de tutela de la referencia.
En
consecuencia, y de conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991,
esta Sala de Revisión procede a dictar la sentencia correspondiente.
1.1.
SOLICITUD
El
señor Maximino Córdoba demanda al juez de tutela proteger sus derechos
fundamentales de petición, a la vivienda digna, a la vida, al debido proceso y
a la igualdad, presuntamente vulnerados por Petrobras Colombia Limited, debido
a la afectación y daños estructurales de su vivienda, ocasionados por el
transito de vehículos pesados de la empresa y el mantenimiento inadecuado de la
carretera sobre la que se encuentra su casa de habitación.
Sustenta
su solicitud en los siguientes hechos y argumentos de derecho:
1.1.1.  Hechos y
argumentos de derecho
1.1.1.1.
Explica
el accionante que a comienzos del año 2005, su casa ubicada en la vereda las
Mesas del municipio de Suarez, Tolima, comenzó a presentar deterioro
estructural debido al paso de vehículos pesados de la Compañía Petrobras
Limited y al mantenimiento esporádico de la carretera que realiza la petrolera,
el cual consiste en raspar la tierra y pasarle un vibro compactador.
1.1.1.2.
Sostiene
que de tanto raspar la carretera, la cual anteriormente se encontraba al
mismo nivel de su vivienda, en la actualidad ha bajado su nivel un metro con
cincuenta centímetros. Adicionalmente, afirma que se encuentran agrietadas
tanto las paredes como el suelo de su casa, motivo por el cual manifiesta su
inmensa preocupación, pues señala que la mitad del inmueble amenaza con caerse.
1.1.1.3.
Refiere
que en el año 2008, arrendó su vivienda “a la empresa encargada de la
sísmica que prestó sus servicios a Petrobras”, quienes, encontrándose en
funcionamiento el vibro compactador, midieron el grado de vibración,
indicándole que el mismo se asemejaba a un temblor de 7 grados en la escala de
Richter.
1.1.1.4.
Por
lo anterior, el
1° de octubre de 2011, el accionante formuló ante Petrobras Limited derecho de
petición, mediante el cual solicitó que se evaluara la situación descrita y se
le indemnizara por los daños ocasionados a su vivienda debido al transito de
vehículos pesados de la compañía y el mantenimiento a la carretera realizado
por la misma. Manifiesta que el derecho de petición no fue resuelto.
1.1.1.5.   Con fundamento
en lo narrado, el señor Maximino Córdoba solicita al juez de tutela amparar sus
derechos fundamentales de petición, a la vivienda digna, al debido proceso y a
la igualdad, y en consecuencia, ordenar a la Compañía Petrobras Limited el
resarcimiento de los daños ocasionados a su vivienda.
1.2.
TRASLADO
Y CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.
El Juzgado
Promiscuo Municipal de Suarez, Tolima, admitió la acción de tutela y ordenó
correr traslado de la misma a la Empresa Petrobras Limited.
1.2.1.
Petrobras Colombia Limited, a
través de su apoderado general, contestó la acción de tutela oponiéndose a las
pretensiones, con fundamento en los siguientes argumentos:
Inicialmente,
señaló la improcedencia de la acción de tutela por cuanto este mecanismo sólo
se puede interponer contra particulares en los casos específicamente señalados
en la ley, concretamente en el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, que
condiciona la procedencia de la acción  contra particulares a que exista
subordinación o indefensión. De esta manera, resaltó que Petrobras no se
encuentra dentro de las entidades contra las que procede el amparo tutelar.
Por otro lado,
advirtió que el demandante cuenta con otros mecanismos de defensa judicial, por
lo que no corresponde al juez de tutela suplir la justicia ordinaria. Agregó
que la acción de tutela no tiene un carácter indemnizatorio, por lo que el
peticionario cuenta con otro medio judicial como el proceso de responsabilidad
civil extracontractual para ventilar sus pretensiones.
Adicionalmente,
destacó que no existe prueba fehaciente que indique que el deterioro de la casa
del accionante se debe a las actividades desarrolladas por la empresa.
Frente a la
presunta vulneración del derecho fundamental de petición del señor Maximino
Córdoba, indicó que no es cierto que no se haya dado  respuesta a su solicitud,
pues incluso previo a la contestación, se realizó una visita técnica por parte
del área de obras civiles de la compañía, con el fin de corroborar la
información alegada por el peticionario, de la cual se determinó:
“Según
la visita realizada y los análisis que se ha hecho sobre el nivel de la vía de
acuerdo a estructuras existentes como alcantarillas y terrenos aledaños a la
vía se evidencia que no es posible que por efectos de mantenimiento la rasante
de la vía haya bajado en 1.5mt(…)” “(…) También se puede evidenciar que por la
ubicación de la vivienda esta es susceptible a daños en su estructura, ya que
en el momento de presentarse procesos erosivos por presencia de lluvias,
vientos y verano en el terreno donde está ubicada a (sic) casa, esta generaría
capilaridad o vacíos en los suelos que pueden producir agrietamiento
generalmente en los pisos exteriores ya que estos no tienen ningún tipo de
cimentación, y en casos mas graves que asociados a deficiencias estructurales
también producen daños en pisos interiores, adicionalmente se pueden presentar
asentamientos de tipo uniforme o diferencial lo cual produciría la presencia de
grietas generalmente en muros”.
1.3.
PRUEBAS
DOCUMENTALES
En el expediente
obran como pruebas, entre otros, los siguientes documentos:
1.3.1.
Copia del derecho de petición
presentado el 26 de septiembre de 2011, por el señor Maximino Córdoba ante la
Empresa Petrobras Colombia Limited.
1.3.2.
Copia de la respuesta al
derecho de petición, fechada el 6 de febrero de 2012.
1.3.3.
Copia de la Cédula de
Ciudadanía del señor Maximino Córdoba Guarnizo.
2.
DECISIONES
JUDICIALES
2.1.
DECISIÓN
DE ÚNICA INSTANCIA – JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE SUAREZ, TOLIMA.
El Juzgado
Promiscuo Municipal de Suarez, Tolima, mediante Sentencia proferida el catorce
(14) de diciembre de dos mil doce (2012), decidió denegar la acción instaurada
por el señor Maximino Córdoba, por considerar la existencia de una carencia
actual de objeto.
De
manera preliminar, determinó la procedencia de la acción contra la Compañía
Petrobras Limited, pues en atención al artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, la
acción de tutela procede contra particulares en tres hipótesis diferentes,
siendo una de ellas cuando el particular se encarga de prestar un servicio
público. En este orden, señaló que de acuerdo a la Sentencia C-450 de 1995, la
actividad de explotación, refinación, transporte de petróleo y sus derivados
constituyen servicios públicos esenciales, por lo que bajo estas premisas es
procedente la acción de tutela estudiada.
Centró
el problema jurídico en determinar si Petrobras vulneró el derecho fundamental de
petición del accionante, frente a lo cual estimó que no se había presentado
trasgresión alguna, por cuanto la Empresa Petrobras Colombia Limited
proporcionó respuesta mediante Oficio PEC/GDEP7DPRO/DPSU 0015/2012,
satisfaciendo de esta forma los requisitos de suficiencia, efectividad y
congruencia propios de una respuesta de fondo. En consecuencia, concluyó la
carencia actual de objeto por la existencia de un hecho superado.
Frente
a la presunta vulneración alegada de los derechos fundamentales a la vida, al
debido proceso y a la igualdad, muy someramente resaltó que no hay prueba
alguna que demuestre que las actuaciones de la compañía accionada
transgredieron dichos derechos, motivo por el cual determinó la improcedencia
del amparo constitucional.
3.
ACTUACIÓN
EN SEDE DE REVISIÓN
3.1.
La Sala Séptima de Revisión de
Tutelas de la Corte Constitucional, mediante auto del veintinueve (29) de mayo
de dos mil trece (2013), suspendió los términos del proceso y, considerando que
se requerían mayores elementos de juicio que explicaran las particularidades
del caso, solicitó la practica de algunas pruebas, por lo que resolvió:
"PRIMERO. Con el propósito
de tener un mejor conocimiento de los hechos que ocasionaron la presente acción
de tutela, ORDENAR LA PRÁCTICA DE UNA INSPECCIÓN JUDICIAL en la casa de
propiedad del señor Maximino Córdoba Guarnizo, ubicada en la vereda las Mesas
del municipio de Suarez, Tolima, la cual se encuentra a 100 metros de “la Estación de Ferripericos”, para lo cual
se COMISIONA al Juez Promiscuo Municipal de Suarez. La diligencia deberá
practicarse dentro de los cinco (5) días hábiles contados a partir de la
notificación del presente Auto, y su finalidad será determinar y constatar, a
través de registro fotográfico y de ser posible fílmico, en qué medida el
transito de vehículos pesados y el mantenimiento que realiza la Compañía
Petrobras Colombia Limited a la carretera, afecta la estructura y condiciones
de la vivienda objeto de la presente diligencia.
En este orden, el juez comisionado deberá
indagar:
a)
Cuál es la
condición estructural de la vivienda?
En
caso de presentarse algún daño o deterioro en el inmueble, indicar:
b)
Cuáles son
los daños y en donde se presentan?
c)
Cuáles son
los materiales utilizados en la construcción del inmueble?
d)
Con
exactitud, ¿cuántas personas, incluidos menores de 18 años, habitan en el
inmueble ocupado?
e)
En las
casas colindantes se observa algún daño estructural?
f)
Describa
la ubicación y posición de la vivienda en relación con la carretera por la que
se da el transito de vehículos.
SEGUNDO. Con el propósito
de tener un mejor conocimiento de la situación del accionante, ORDENAR LA
PRÁCTICA DE UN INTERROGATORIO DE PARTE al señor Maximino Córdoba,
accionante en el proceso de la referencia, para lo cual se COMISIONA al Juez Promiscuo Municipal de
Suarez. La diligencia deberá practicarse dentro de los cinco (5) días hábiles
contados a partir de la notificación del presente Auto, y en ella el juez
comisionado deberá realizar las siguientes preguntas:
a) ¿En qué fecha llegó a ocupar el lugar?
b) ¿Quién es el propietario del inmueble?
c)  ¿En qué condiciones vive?
d) ¿Con qué personas vive?
e)  ¿Paga
un arriendo en el lugar en el que vive?
f)    ¿Ha
realizado alguna reparación a la vivienda? cuáles?
g) ¿La
Compañía Petrobras Colombia Limited ha realizado alguna visita al inmueble?
h) ¿Ha
recibido alguna propuesta o solución por parte de Petrobras Colombia Limited
frente a los daños ocasionados a su vivienda?
TERCERO. Por intermedio de la Secretaría General de la Corte
Constitucional, ORDENAR a PETROBRAS COLOMBIA LIMITED (Carrera 7ª número
71-21, Torre B, Piso 17) que en el término de cinco (5) días hábiles contados a
partir de la notificación de la presente providencia, INFORME a esta
Corporación:
a) ¿Desde
qué fecha inició operaciones en la vereda Las Mesas del municipio de Suarez,
Tolima?
b) ¿En qué consiste
el mantenimiento que realizan a la carretera de la vereda Las Mesas del
municipio de Suarez, Tolima, y con qué frecuencia se realiza?
c)  ¿Ha realizado
alguna visita a la vivienda de propiedad del señor Maximino Córdoba Guarnizo?
En caso de ser
afirmativa la respuesta anterior, indicar:
d) ¿Qué se indagó
en la visita?
e)  ¿Qué criterios
fueron utilizados para sustentar las conclusiones a las que se llegó?
3.2.
El Juzgado Promiscuo Municipal
de Suarez, Tolima, remitió el acta de la diligencia de inspección judicial
realizada a la vivienda del señor Maximino Córdoba, en la cual se dejo
constancia de lo siguiente:
“Una vez se accedió al sitio nos encontramos con  Don
MAXIMINO CÓRDOBA GUARNIZO quien se identifica con la C.C .No. 93.200.382 de
Purificación Tolima, en su calidad de actual poseedor del inmueble, como quiera
que el mismo le pertenece a su padre BENJAMÍN CÓRDOBA TRIANA Q.P.D. dejando
constancia el despacho que según lo manifiesta el accionante (MÁXIMO CÓRDOBA)
se está adelantando juicio de sucesión de mutuo acuerdo con su hermanos ALIRIO,
ROSALBA Y MIGDOLNIA CÓRDOBA; una vez recorrido el inmueble el despacho procede
a describirlo de la siguiente manera: Predio rural denominado Finca la Reforma,
ubicado en la vereda Las Mesas del Municipio de Suárez Tolima, con una
extensión aproximada de 15 hectáreas, de las cuales dedica una hectárea al
cultivo de cacao y dos para pastaje de ganado (arriendo de lote), en el costado
occidental del predio encontramos una casa de habitación de aproximadamente 250 M², con piso en cemento alisado, techo en lamina de zinc, paredes en ladrillo tolete recubiertas
en cemento, cuenta con servicios de agua (acueducto veredal), y energía
eléctrica suministrada por la empresa ENERTOLIMA S.A.S.P.,  es de anotar que
esta residencia cuenta con sala, comedor, cocina con mesón en ladrillo
recubierta en cemento y en la parte superior cuenta con recubrimiento en
enchape, cuenta con dos unidades sanitarias construida en ladrillo tolete
recubrimiento de cemento, ambos baños tienen tanque de agua elevado y separada
la ducha del sanitario; de igual manera la residencia cuenta a la llegada de la
casa con patio en cemento que se destina a secar grano (semillas de cacao y
café). Deja constancia el despacho que las grietas que tiene la anterior
residencia se encuentran principalmente en la zona destinada a comedor, la sala
y la habitación principal; cabe anotar que esta residencia cuenta con seis (6)
dormitorios de los cuales ocupan dos (2); deja constancia el despacho que esta
finca La Reforma, se encuentra alinderada de la siguiente manera: POR EL NORTE
colinda con predios de BENJAMIN CORDOBA Q.E.P.D., POR EL ORIENTE colinda con la
finca de FACUNDO MAYORGA, POR EL SUR con predios de LUIS MAYORGA y TITO
GUARNIZO, y por EL OCCIDENTE con predios de FRANCISCO ANDRADE. A continuación
procede el despacho a absolver el cuestionario planteado por la Honorable Corte
Constitucional tal como pasa a mostrarse. PRIMERA PREGUNTA: Cual es la
condición estructural de la vivienda. CONTESTO: La estructura de la
vivienda es la siguiente: pisos en cemento alisado, paredes en ladrillo tolete
recubierta en cemento, techo en lamina de zinc sostenida por estructura de
madera, es de anotar que la vivienda presenta fisuras en el piso de la sala,
del planchón dedicado a secar cacao, del comedor, y del corredor que rodea la
vivienda, de igual manera presenta fisuras (grietas) en las paredes de la sala,
habitación principal, comedor y cocina. SEGUNDA PREGUNTA: Cuales son los
daños y en donde se presentan. CONTESTO: los daños consisten en fisuras
o agrietamientos en la sala, en el patio de secado de granos, en la habitación
principal, en la cocina y en el corredor alrededor de toda la vivienda. TERCERA
PREGUNTA: cuales son los materiales utilizados en la construcción del
inmueble. CONTESTO: piso en cemento alisado, paredes en ladrillo tolete
con recubrimiento en cemento con pintura de agua, en sócalo color beige  y el
restante de la pared color azul, con pintura en regular estado (6 años sin
pintar), techo en lamina de zinc con soporte de estructura en madera. CUARTA
PREGUNTA: con exactitud, ¿Cuántas personas, incluidos menores de 18 años
habitan en el inmueble ocupado? CONTESTO: el inmueble es ocupado
actualmente por don MAXIMINO CORDOBA  de 58 años de edad, su hijo BEYMAR
ORLANDO CORDOBA BARRIOS  de 30 años, la esposa del hijo (nuera) de nombre
MAYERLI GUZMAN RAMIREZ de 30 años de edad, y los nietos del accionante de
nombres MARLON y CARINA CORDOBA RAMIREZ aclaró GUZMAN de 10 y 5 años de edad
respectivamente. QUINTA PREGUNTA: en las casas colindantes se observa
algún daño estructural CONTESTO: al costado derecho de la vía que de
Suárez conduce al Municipio de Cunday hay cerca a la casa del accionante dos residencias,
la más cercana se encuentra a 50 metros aproximadamente, casa de habitación
construida en bahareque con piso en cemento alisado, residencia que también
presenta fisuras o agrietamientos tanto en pisos como en paredes; a unos 100 metros se ubica la residencia de la Sra. MAGDONIA CORDONA GUARNIZO donde se encuentran dos casas,
una construida en bahareque con piso en cemento, con graves agrietamientos
tanto en el piso como en la pared y consecuencia de ello se hizo necesario
construir hace aproximadamente unos 7 años, al lado de esta vivienda otra con
piso en cemento, paredes en cemento fundido y techo en laminas de zinc, deja
constancia el despacho que esta residencia hasta ahora está presentando fisuras
en el piso de cemento. Al costado izquierdo de la vía que del municipio de
Suárez conduce a Cunday, Tolima no encontramos residencia aledaña alguna. SEXTA
PREGUNTA: Describa la ubicación y posición de la vivienda en relación con
la carretera por la que se da el tránsito de vehículos. CONTESTO: la
residencia del Sr. MAXIMINO CORDOBA  está ubicada en el sector Noroccidental de
la finca La Reforma de la vereda Las Mesas; la residencia del accionante está
ubicada en el extremo más cercano a unos 5 metros de la vía que del municipio de Suárez  conduce al municipio de Cunday, Tolima, y del aclaro,
y en el extremo más lejano a unos 12 metros de esta vía. Acto seguido deja constancia el despacho que el Sr. MAXIMINO CORDOBA GUARNIZO aporta a esta
diligencia un total de 9 folios que representan los daños (fisuras o
agrietamientos) que se presentan en su residencia, así como la maquinaria
pesada que en su momento se movió por la vía que del municipio de Suárez
conduce a la petrolera (PETROBRAS COLOMBIA LIMITED). No siendo otro el objeto
de la presente diligencia se termina y se firma por los que en ella
intervinieron una vez leída y aprobada como aparece.”
3.3.
De igual forma, fue remitido
por el Juzgado Promiscuo Municipal de Suarez, Tolima, el interrogatorio
realizado al señor Maximino Córdoba, de conformidad con lo ordenado por esta
Corporación.
“PRIMERA PREGUNTA: ¿En qué fecha llegó a ocupar la casa de
habitación, Finca la Reforma ubicada en la vereda las mesas de Suarez- Tolima a
100 metros de la estación Cerropericos? CONTESTO: Desde que nací vivo en esta casa, es decir hace unos 58 años. SEGUNDA
PREGUNTA: ¿Quién es el propietario del inmueble? CONTESTO: Actualmente figura como propietario mi padre Benjamín Córdoba Triana
(QEPD), pero se está adelantando juicio de sucesión con mis hermanos. TERCERA
PREGUNTA: ¿En qué condiciones vive? CONTESTO: Bajo la tranquilidad que al parecer no se destruye la vivienda,
porque el tramo de la vía existente frente a cada una de las casas fue
pavimentada y ello hace que haya disminuido el riesgo de destruirse la vivienda. CUARTA PREGUNTA: ¿Con qué
personas vive? CONTESTO: Vivo con mi hijo menor Beymar Orlando Córdoba
Barrios de 30 años de edad, con mi nuera Mayerly Guzmán Ramírez de 30 años de
edad, y mis nietos Marlon y Karina Córdoba Guzmán  de 10 y 5 años de edad
respectivamente. QUINTA PREGUNTA: ¿Paga un arriendo en el
lugar en el que vive? CONTESTO: No, no señor. SEXTA PREGUNTA: ¿Ha
realizado alguna reparación a la vivienda? cuáles? CONTESTO: Realice una
reparación a la casa cuando comenzó el daño en el 2005, esa reparación
consistió en grapar con varilla y concreto una pared de una de las habitaciones
de la casa, esa reparación la hice yo mismo porque yo he trabajado en
construcción incluso con las mismas petroleras. SÉPTIMA PREGUNTA: ¿La Compañía
Petrobras Colombia Limited ha realizado alguna visita al inmueble? CONTESTO:
Si, la visita la hicieron el día 29 de octubre del año 2011 por parte del
área de obras civiles de la empresa Petrobras Colombia Limited, con el fin de
evaluar las causas que generaron el deterioro de mi casa.  OCTAVA PREGUNTA:
¿Ha recibido alguna propuesta o solución por parte de Petrobras Colombia
Limited frente a los daños ocasionados a su vivienda? CONTESTO: No, no
he recibido ninguna propuesta de solución. NOVENA PREGUNTA: ¿Tiene algo
más que agregar, corregir, o enmendar a la presente diligencia? CONTESTO: No,
No Señor.” (Subrayado fuera de texto)
3.4.
Petrobras Colombia Limited
otorgó respuesta a lo solicitado, indicando inicialmente que la compañía no
tiene operaciones en la vereda las Mesas del municipio de Suarez, Tolima,
siendo tan sólo uno de los usuarios que transitan la vía denominada localmente
como “vía larga”, la cual es utilizada por toda la comunidad y por Petrobras
desde el año de 1998 para el transito de algunos de sus vehículos.
Frente al mantenimiento que realiza a la carretera,
señaló que consiste en un conjunto de actividades que se realizan para
conservar en buen estado las condiciones físicas de los diferentes elementos
que constituyen la vía, para así garantizar seguridad, comodidad y economía en
el trasporte a todos los usuarios de la vía.
Afirmó que dicho mantenimiento se realiza por lo
general una vez al año, el cual explicó consiste en la reconformación  de la
calzada mediante la escarificación, conformación, compactación y en ocasiones
adición de material de cantera o sedimentación (recebo, crudo de río, base
granular), para luego realizar las reparaciones de los diferentes elementos
físicos del camino, como las cunetas en tierra y limpieza de las alcantarillas.
Indicó que los equipos utilizados para realizar el referido mantenimiento son
una moto-niveladora y un vibro-compactador de 4,5 a 7 toneladas de compactación.
Aseveró que el rendimiento promedio de los mantenimientos
en ocho horas diarias es de 800 metros de carretera conformada y compactada,
por lo que el paso por una vivienda cuyo lote tenga 50 metros de frente es de máximo 30 minutos. En esta medida, sostuvo que teniendo en cuenta que el
mantenimiento se realiza una vez al año, no puede hablarse de un impacto por
causa del mismo en la vivienda del accionante.
Por otra parte, señaló que en atención a un derecho de
petición presentado por el señor Maximino Córdoba, delegados de la compañía
visitaron su vivienda en el año 2011, concluyendo que la vía de tercer orden
que pasa por la vereda Las Mesas es mucho más antigua que la fecha en la que el
accionante manifiesta que empezó a presentar deterioro estructural su vivienda,
puesto que el peticionario señala que desde el año 2005 su vivienda se ha visto
afectada y la vía se encuentra en funcionamiento para todo tipo de vehículos,
incluso de operación petrolera, desde el año de 1992.
3.5.
El despacho judicial
comisionado para la realizar la diligencia de inspección judicial aportó
registro fotográfico de la misma.
4.
CONSIDERACIONES
DE LA CORTE
4.1.
COMPETENCIA
Y OPORTUNIDAD
La
Sala Séptima de Selección de Tutelas de la Corte Constitucional, en desarrollo
de las facultades conferidas en los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la
Constitución, es competente para revisar los fallos de tutela adoptados en el
proceso de esta referencia.
4.2.    PROBLEMA
JURÍDICO
En
el asunto de la referencia, corresponde a esta Sala de Revisión determinar si
Petrobras Colombia Limited ha vulnerado los derechos fundamentales de petición, a
la vivienda digna, a la vida, al debido proceso y a la igualdad del señor
Maximino Córdoba, como consecuencia del tránsito de vehículos pesados y el
mantenimiento inadecuado que, a juicio del actor, realiza a la carretera sobre
la que se encuentra su casa de habitación, generando daños estructurales en su
vivienda.
Con
el fin de solucionar el problema jurídico, esta Sala estudiará: primero, la
procedencia de la acción de tutela contra particulares; segundo, los elementos
del derecho fundamental de petición; tercero, el derecho fundamental a
una vivienda digna y su contenido; y cuarto, el caso concreto.
4.2.1.  La procedencia
de la acción de tutela contra particulares encargados de la prestación de un
servicio público.
Antes de avanzar
en el análisis sustancial del asunto que ahora ocupa a esta Sala, es necesario
analizar sumariamente la procedencia de la acción de tutela contra
particulares, toda vez que la presente actuación se encuentra dirigida contra
una empresa privada, esto es, Petrobras Colombia Limited.
Inicialmente ha
de señalarse que el artículo 86 de la Carta Política en su inciso primero, de
manera general, establece:
“Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por
quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública.”
Por su parte, el
referido artículo contempla en su quinto inciso, la procedencia de la acción de
tutela contra particulares, señalando:
“La
ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra
particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta
afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el
solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión.”
Al tenor de esta
norma, es claro que el Constituyente previó tres situaciones respecto de las
cuales resulta procedente la acción de tutela contra particulares; estas son:
i)
Cuando
presta un servicio público;
ii)
Cuando
su conducta afecta grave y directamente el interés colectivo, y;
iii)
Cuando
el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión frente al
particular.
Como desarrollo
normativo del artículo 86 Superior, el Decreto 2591 de 1991 señala las
situaciones en las que resulta procedente la acción de tutela contra
particulares. De esta manera, para efectos del análisis y revisión de la presente
actuación, haremos referencia al numeral 1° del artículo 42, el cual dispone:
1.     Cuando aquel
contra quien se hubiere hecho la solicitud esté encargado de la prestación de
un servicio público.
En relación con
este numeral, la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-143 de 1994, señaló
que la acción de tutela procede siempre contra el particular que esté prestando
cualquier servicio público y por la violación de cualquier derecho
constitucional fundamental.
En este orden,
tal como lo señaló el juez de instancia, este Alto Tribunal, en la sentencia C-450
de 1995, fue claro en determinar que  la actividad de explotación, refinación,
transporte de petróleo y sus derivados constituyen servicios públicos
esenciales, por lo tanto al estar dirigido el presente amparo en contra de
Petrobras Colombia Limited, empresa dedicada a la exploración y extracción de
petróleo, advierte la Sala la viabilidad de la presente acción de tutela.
4.2.2.
Elementos del derecho
fundamental de petición. Reiteración jurisprudencial.
El artículo 23
de la Constitución Política de Colombia consagra el derecho fundamental de toda
persona a presentar peticiones respetuosas de interés general o particular ante
las autoridades y a obtener de ellas pronta resolución de fondo en forma clara
y precisa[1].
La jurisprudencia
constitucional[2]
ha señalado los elementos del derecho de petición, los cuales deben concurrir
en las respuestas de los sujetos pasivos para hacerlo efectivo. Al respecto
esta Corporación en Sentencia T-377 del 3 de abril 2000, MP. Alejandro Martínez
Caballero, enunció las principales características así:
a)
El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los
mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se
garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información,
a la participación política y a la libertad de expresión.
b)
El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y
oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la
autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.
c)
La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. Debe
resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3.
ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos
requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental
de petición.
d)
Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco
se concreta siempre en una respuesta escrita.
e)
Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a
quienes ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las
organizaciones privadas cuando la ley así lo determine.
f)
La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se formula ante
particulares, es necesario separar tres situaciones: 1. Cuando el particular
presta un servicio público o cuando realiza funciones de autoridad. El derecho
de petición opera igual como si se dirigiera contra la administración. 2.
Cuando el derecho de petición se constituye en un medio para obtener la
efectividad de otro derecho fundamental, puede protegerse de manera inmediata.
3. Pero, si la tutela se dirige contra particulares que no actúan como
autoridad, este será un derecho fundamental solamente cuando el Legislador lo
reglamente.
g).
En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que
tiene la administración para resolver las peticiones formuladas, por regla
general, se acude al artículo 6º del Código Contencioso Administrativo
que señala 15 días para resolver. De no ser posible, antes de que se cumpla con
el término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho
lapso, la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el
término en el cual se realizará la contestación. Para este efecto, el criterio
de razonabilidad del término será determinante, puesto que deberá tenerse en
cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud. Cabe anotar que
la Corte Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces de instancia
que ordenan responder dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo, la
respuesta será ordenada por el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes.
h)
La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la
obligación de resolver oportunamente la petición, pues su objeto es
distinto. El silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha
violado el derecho de petición.
i)
El
derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser ésta
una expresión más del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta.
Sentencias T-294 de 1997 y T-457 de 1994.”  (Negrillas fuera
de texto)
Sobre el deber
de las autoridades de responder las solicitudes presentadas por los ciudadanos,
la Corte Constitucional ha sostenido que debe hacerse dentro del plazo
establecido por la ley, resolviendo de fondo y claramente lo pedido.[3]
Ahora
bien, la violación de ese derecho puede dar lugar a la iniciación de una
acción de tutela para cuya prosperidad se exigen dos extremos fácticos que han
de cumplirse con rigor. Primero la existencia con fecha cierta de una solicitud
dirigida a una autoridad, y segundo el transcurso del tiempo señalado en la ley
sin que se haya dado una respuesta oportuna al solicitante. Así las cosas,
para la prosperidad de la acción de tutela por violación del derecho de
petición, el accionante debe acreditar dentro del proceso que elevó la
correspondiente petición y, que la misma no fue contestada.[4]
4.2.3.
El derecho fundamental a
una vivienda digna y el alcance de su contenido.
Nuestro
ordenamiento jurídico consagra en el artículo 51 de la Carta Política, el
derecho constitucional fundamental que le asiste a todos los colombianos a
tener una vivienda digna, a cuyo cumplimiento se compromete el Estado, fijando
las condiciones necesarias  para su efectividad a través de la promoción de planes de vivienda de interés
social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas
para la ejecución de dichos programas, entre otros.
El
derecho a una vivienda digna se encuentra igualmente reconocido por varios
instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado colombiano, los cuales
complementan y fortalecen la protección constitucional otorgada a este derecho.
Así,
el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos afirma que:
“Toda persona
tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su
familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la
vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene
asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez,
viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por
circunstancias independientes de su voluntad”.
De
igual forma, el artículo XI de la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del hombre, prescribe:
“Toda persona
tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales,
relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica,
correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la
comunidad.”
A
su vez, el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ordena
el cumplimiento progresivo de las normas económicas, sociales y sobre
educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los
Estados Americanos. De esta manera, el literal k) del artículo 34 de esta
normativa hace referencia al derecho a una vivienda digna y establece:
“Los Estados
miembros convienen en que la igualdad de oportunidades, la eliminación de la
pobreza crítica y la distribución equitativa de la riqueza y del ingreso, así
como la plena participación de sus pueblos en las decisiones relativas a su
propio desarrollo, son, entre otros, objetivos básicos del desarrollo integral.
Para lograrlos, convienen asimismo en dedicar sus máximos esfuerzos a la
consecución de las siguientes metas básicas:
(…)
k) Vivienda
adecuada para todos los sectores de la población;”
Así
mismo, se encuentra estipulado en el artículo 11 del Pacto Internacional de
Derechos Sociales y Culturales:
“Los Estados
Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de
vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda
adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los
Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este
derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación
internacional fundada en el libre consentimiento”.
El
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, órgano
al que le ha sido confiada la salvaguardia del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, en la Observación General No. 4[5]
destacó la importancia del concepto de “adecuada” en relación con el derecho a
la vivienda. En este sentido, señaló:
“7.
En opinión del Comité, el derecho a la vivienda no se debe interpretar en un
sentido estricto o restrictivo que lo equipare, por ejemplo, con el cobijo que
resulta del mero hecho de tener un tejado por encima de la cabeza o lo
considere exclusivamente como una comodidad.  Debe considerarse más bien
como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte.  Y
así debe ser por lo menos por dos razones.  En primer lugar, el derecho a
la vivienda está vinculado por entero a otros derechos humanos y a los
principios fundamentales que sirven de premisas al Pacto.  Así pues,
"la dignidad inherente a la persona humana", de la que se dice que se
derivan los derechos del Pacto, exige que el término "vivienda" se
interprete en un sentido que tenga en cuenta otras diversas consideraciones, y
principalmente que el derecho a la vivienda se debe garantizar a todos, sean
cuales fueren sus ingresos o su acceso a recursos económicos.  En segundo
lugar, la referencia que figura en el párrafo 1 del artículo 11 no se
debe entender en sentido de vivienda a secas, sino de vivienda adecuada.
Como han reconocido la Comisión de Asentamientos Humanos y la Estrategia
Mundial de Vivienda hasta el Año 2000 en su párrafo 5:  "el
concepto de "vivienda adecuada"... significa disponer de un lugar
donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada,
iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una
situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo
ello a un costo razonable.” (Negrilla fuera de texto).
La mencionada
Observación identificó siete aspectos que pueden considerarse componentes
invariables del derecho: (i) seguridad jurídica en la tenencia; (ii)
disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructuras; (iii)
gastos soportables (accesibilidad económica); (iv) habitabilidad; (v)
asequibilidad (accesibilidad física); (vi) lugar adecuado; y (vii) adecuación
cultural[6],
aspectos estos que sirven de pauta para la correcta interpretación del artículo
51 Constitucional.
La habitabilidad
fue descrita por la Observación General No. 4 en los siguientes términos: “Una
vivienda adecuada debe ser habitable, en sentido de poder ofrecer espacio
adecuado a sus ocupantes y de protegerlos del frío, la humedad, el calor, la
lluvia, el viento u otras amenazas para la salud, de riesgos estructurales y de
vectores de enfermedad. Debe garantizar también la seguridad física de los
ocupantes. El Comité exhorta a los Estados Partes a que apliquen ampliamente
los Principios de Higiene de la Vivienda preparados por la OMS (...)”.
En este sentido,
esta Corporación, con fundamento en la Observación General No. 4 del Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, fijó los requisitos para que una
vivienda digna sea considerada como tal. Al respecto, la Sentencia T-585 del 27
de julio de 2006[7],
expresó que:
“En primer lugar, debe presentar
condiciones adecuadas, las cuales dependen de la satisfacción de los siguientes
factores, entre otros: (i) Habitabilidad, es decir, que la vivienda
cumpla con los requisitos mínimos de higiene, calidad y espacio necesarios para
que una persona y su familia puedan ocuparla sin peligro para su integridad
física y su salud. (ii) Facilidad de acceso a los servicios
indispensables para la salud, la seguridad, la comodidad y la nutrición de sus
ocupantes. (iii) Ubicación que permita el fácil acceso a opciones de empleo,
centros de salud y educativos, y otros servicios sociales, y en zonas que
no pongan en riesgo la salud de los habitantes. (iv)
Adecuación cultural a sus habitantes. En segundo lugar, debe rodearse de
garantías de seguridad en la tenencia, condición que comprende, entre otros
aspectos: (i) Asequibilidad, que consiste en la existencia de una oferta suficiente
de vivienda y de posibilidades de acceso a los recursos requeridos para
satisfacer alguna modalidad de tenencia, entre otros. (…). (ii) Gastos
soportables, que significa que los gastos de tenencia –en cualquier modalidad-
deben ser de un nivel tal que no comprometan la satisfacción de otros bienes
necesarios para la garantía de una vida digna de los habitantes de la vivienda.
Para satisfacer este componente, el Estado debe, por ejemplo, crear subsidios
para quienes no puedan sufragar el costo de la tenencia y sistemas de
financiación que permitan a las familias acceder a la vivienda sin comprometer
su vida en condiciones dignas, proteger a los inquilinos contra aumentos
desproporcionados en los cánones de arrendamiento y facilitar el acceso a
materiales de construcción. (iii) Seguridad jurídica en la tenencia, que
implica que las distintas formas de tenencia estén protegidas jurídicamente,
principalmente contra el desahucio, el hostigamiento, o cualquier forma de
interferencia arbitraria e ilegal”. (Negrilla y subrayado fuera del
texto).
En igual
sentido, en Sentencia C-444 del 8 de julio de 2009[8], se destacaron como importantes los siguientes
conceptos sobre el derecho a la vivienda digna, contenidos en la Observación
General No. 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las
Naciones Unidas:
“a) El contenido
del derecho a la vivienda digna abarca las condiciones de habitabilidad
de la vivienda, que consisten en que ella pueda “ofrecer espacio adecuado a sus
ocupantes y de protegerlos del frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento
u otras amenazas para la salud, de riesgos estructurales y de vectores de
enfermedad.  Debe garantizar también la seguridad física de los ocupantes.
b) En relación
con la habitabilidad de la vivienda digna, los Estados miembros del
PIDESC (Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales)
tienen la obligación de adoptar “medidas apropiadas para asegurar la
efectividad de este derecho”, de conformidad con lo que al respecto indica el
artículo 11 de dicho Pacto.” (Negrillas y Subrayado fuera de texto)
Del contenido de
las referidas sentencias se desprende que el derecho a la vivienda digna es un
derecho fundamental autónomo y además está íntimamente relacionado con otros
derechos como  el derecho a la vida en condiciones dignas y que de conformidad
con la Observación General No. 4 antes citada, debe procurarse que la
materialización del derecho no adolezca de a) seguridad jurídica de la
tenencia; b) disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e
infraestructura; c) gastos soportables; d) habitabilidad; e)
asequibilidad y g) adecuación cultural.
Frente al
componente de la habitabilidad, esta Corporación[9] ha identificado, a su
vez, dos elementos que la configuran, a saber: (i) la prevención de riesgos
estructurales y (ii) la garantía de la seguridad física de los ocupantes.
Así, la Corte
Constitucional ha tutelado el derecho a la vivienda digna cuando el bien
amenaza ruina por culpa de la administración pública o un particular, sea por
acción o por omisión, protegiéndose especialmente a aquellos grupos familiares
que habitan una casa en peligro de caerse, cuando dentro de sus miembros se
encuentran sujetos de especial protección constitucional, como niños, adultos
mayores o personas en condición de discapacidad.
En todo caso,
para el amparo del derecho a la vivienda digna deben estudiarse las causas
materiales y jurídicas presentes en cada caso concreto. Así, la Sentencia T-125
de febrero 14 de 2008[10]
señaló que es indispensable en cada caso analizar los siguientes aspectos:
“(i) la
inminencia del peligro; (ii) la existencia de sujetos de especial protección
que se encuentren en riesgo; (iii) la afectación del mínimo vital; (iv) el
desmedro de la dignidad humana, expresado en situaciones degradantes que
afecten el derecho a la vida y la salud, y (v) la existencia de otro medio de
defensa judicial de igual efectividad para lo pretendido. Con ello se concluirá
si la protección tutelar procede.
Con respecto a
la inminencia del peligro a que se encuentre expuesta la persona, debe ser de
tal magnitud y actualidad que ponga en riesgo la vida, la salud, la integridad
física o la dignidad del interesado y su núcleo familiar, y que no exista otra
forma de conjurar dicha situación.”(Subrayado fuera de texto)
En este orden,
debe tenerse en cuenta las citadas causas materiales y jurídicas de cada caso
para que la protección mediante la acción de tutela del componente de
habitabilidad del derecho a la vivienda digna sea procedente, es decir, debe
estudiarse la existencia de un peligro de tal magnitud que requiera adoptar
medidas urgentes por parte del juez constitucional, desplazando en estos casos
los medios judiciales ordinarios, o la falta de idoneidad de los medios
ordinarios.
Vistas
las consideraciones normativas y jurisprudenciales expuestas, entra la Sala de
Revisión a resolver el asunto puesto a consideración.
5.
CASO
CONCRETO
En
el presente asunto, el señor Maximino Córdoba demanda al juez de tutela la
protección de sus derechos fundamentales de petición, a la vivienda digna, a la
vida, al debido proceso y a la igualdad, presuntamente vulnerados por la Compañía
Petrobras Colombia Limited.
Manifiesta
el peticionario que la vulneración a sus derechos es ocasionada por el tránsito
de vehículos pesados pertenecientes a Petrobras y por el mantenimiento que
dicha compañía realiza a la carretera sobre la cual se encuentra ubicada su casa
de habitación. Al respecto, explica que el mantenimiento vial consiste en
“raspar” la carretera para posteriormente utilizar un vibro compactador, lo
cual ha generado daños estructurales en las paredes y piso de su vivienda.
En respuesta, la
empresa demandada se opuso a la procedencia de la acción de tutela. Sostuvo que
no puede endilgársele la responsabilidad de los daños sufridos en la vivienda
del peticionario, puesto que, por una parte, es tan sólo uno de los usuarios
que transitan la vía sobre la que se encuentra el inmueble del señor Maximino
Córdoba, y por otra parte, el mantenimiento realizado a la carretera no tiene
la entidad de ocasionar los daños señalados en la demanda de tutela.
El juez de
instancia, en la decisión que ahora se revisa, sólo hizo referencia a la
posible vulneración del derecho fundamental de petición, frente a lo cual
determinó la carencia actual de objeto, por cuanto la compañía accionada otorgó
respuesta a lo solicitado por el demandante, obviando el estudio de fondo de
los demás derechos fundamentales deprecados por el accionante, esto es, la
vulneración del derecho a la vida, al debido proceso y a la igualdad,
mencionando al respecto, que al no existir pruebas indicativas de la
vulneración no es procedente la acción de tutela, sin hacer mención alguna al
derecho fundamental a una vivienda digna.
Comparte la Sala
la conclusión del ad-quo en relación con la existencia de un hecho superado
frente a la petición elevada por el accionante ante  Petrobras, por cuanto efectivamente
la compañía demandada otorgó respuesta a la solicitud presentada. Lo anterior
no obsta para que se llame la atención sobre el término en el que se dio dicha
respuesta, puesto que, tal como se expuso precedentemente, la misma  debe
hacerse dentro del plazo establecido por la ley, esto es, dentro de los 15 días
siguientes a la fecha de su recibo, o de no ser posible brindar una respuesta
dentro de dicho plazo, informar al interesado las causas de la demora, de
conformidad con lo establecido en el artículo 14 del Código Contencioso
Administrativo[11].
De esta manera,
tal como lo hizo el juez de instancia, esta Sala de Revisión exhorta al
Representante Legal de Petrobras Colombia Limited para que en el futuro se
abstenga de incurrir en conductas como la que es objeto de reproche.
De otro lado, y
en relación con la alegada vulneración al derecho fundamental a la vivienda
digna, entra esta Sala de Revisión a realizar algunas precisiones en torno a
determinar la procedencia o no de la acción de tutela para la protección de
este derecho.
De
las pruebas ordenadas en sede de revisión, se destacan las fotos remitidas por
el juez comisionado para la práctica de la inspección judicial a la residencia
del actor, en las que se observan fisuras y grietas tanto en las paredes como
en el piso que rodea la casa. Así mismo, se dejó constancia en el acta de
inspección que las casas cercanas o colindantes a la del accionante igualmente
presentan “fisuras o agrietamientos tanto en pisos como en paredes”, señalando
que una de las propietarias de estas casas por presentar su vivienda graves
agrietamientos, debió construir otra casa, la cual advierte el despacho
comisorio “hasta ahora esta presentando fisuras en el piso”.
Resulta
también destacable que en el interrogatorio de parte realizado al señor
Maximino Córdoba, éste advierte que ha cesado un poco su preocupación referente
a la destrucción de su vivienda, puesto que “el tramo de la vía existente
frente a cada una de las casas fue pavimentada y ello hace que haya disminuido
el riesgo”.
En
este orden, observa la Sala que evidentemente la vivienda del accionante y las
colindantes presentan problemas de fisuras y grietas en sus estructuras, las
cuales son endilgadas a las actuaciones de Petrobras, empero percibe la Sala
que las mismas no son de tal magnitud que pongan en peligro de derrumbe o
destrucción las viviendas, teniendo en cuenta además que el mismo accionante
afirma que cesó el peligro dada la pavimentación de la carretera sobre la que
se encuentra su casa de habitación.
Planteadas
así las cosas, debe reitera la Sala que cuando se persigue la protección de
derechos fundamentales de las personas, el juez constitucional debe determinar
la procedencia de la acción de tutela, a través del examen de las circunstancias
del caso concreto y de la valoración de la eficacia de los medios de defensa
judicial ordinarios con que cuente el interesado para adelantar esa defensa; de
tal forma que el amparo superior resulta prevalente en el evento de que una vez
hecha la respectiva constatación, se obtenga que el mecanismo de defensa
judicial ordinario no garantiza igual protección actual e inmediata de esos
derechos.
Bajo esta
premisa, estima la Sala que el interés del actor es indemnizatorio, lo cual se
corrobora con el derecho de petición presentado ante Petrobras, mediante el
cual solicita se le “indemnice por los daños ocasionados”.
En esta medida,
para la Sala de Revisión, el actor cuenta con otros mecanismos judiciales de
defensa ciertos, eficaces e idóneos para lograr lo pretendido, tal como sería
la acción civil de responsabilidad extracontractual, la cual tiene una finalidad
estrictamente reparadora de los daños causados por la acción u omisión, en este
caso, de un particular que transita y tiene ciertas operaciones al frente de su
casa. Igualmente, y tras percibirse que son varias las viviendas afectadas,
tanto el actor como los demás afectados por las actividades de la Compañía
Petrobras, cuentan con la acción de grupo para reclamar la reparación de los
daños ocasionados.
Sea
oportuno resaltar que las pretensiones del actor en la sede de tutela se
dirigen, principalmente, a obtener una respuesta oportuna y de fondo por parte
de Petrobas Colombia Limited al derecho de petición por él presentado, y de la
lectura del mismo se extrae que el actor solicita la indemnización de los
perjuicios ocasionados con el actuar de la compañía petrolera accionada.
Se
insiste, entonces, en que la utilización de la acción de responsabilidad civil
extracontractual resolvería la pretensión solicitada por el actor, ya que, en
este caso, al no percibirse la inminencia de un perjuicio irremediable, la
intervención del juez de tutela deviene en improcedente.
También
es cierto que la determinación de la responsabilidad de la entidad accionada
podría estar sometida a un debate probatorio mayor, lo cual no puede realizarse
en sede de tutela, puesto que el ordenamiento ha contemplado procedimientos
especiales para dicho fin cuya competencia radica en cabeza de los jueces
ordinarios.
En
consecuencia, para la Sala la presente acción de tutela es improcedente, pues,
como se expresó, no se encuentra comprometida la habitabilidad de la vivienda,
circunscribiéndose el problema jurídico a la reparación de los daños
ocasionados a la vivienda del señor Maximino Córdoba, lo cual debe perseguirse
por otros medios.
6.
DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
PRIMERO.- LEVANTAR
la
suspensión de los términos decretada mediante Auto del 29 de mayo de 2013.
SEGUNDO.- CONFIRMAR,
por
las razones expuestas en esta providencia, la Sentencia proferida el catorce
(14) de diciembre de dos mil doce (2012) por el Juzgado Promiscuo Municipal de
Suarez, Tolima, en cuanto denegó el amparo del derecho fundamental de petición
y, con respecto a los demás derechos fundamentales invocados, declaró
improcedente la tutela interpuesta por el señor Maximino Córdoba en contra de
Petrobras Colombia Limited.
TERCERO.- EXHORTAR al
Representante Legal de Petrobras Colombia Limited para que en el futuro se
abstenga de incurrir en conductas como las que originaron la presente
actuación.
CUARTO.-
ADVERTIR al
accionante que
cuenta con otros mecanismos judiciales de defensa ciertos, eficaces e idóneos
para lograr lo pretendido, tal como sería la acción civil de responsabilidad
extracontractual y la acción de grupo.
QUINTO.- LÍBRESE las
comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los
efectos allí contemplados.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
JORGE
IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
ALBERTO
ROJAS RÍOS
Magistrado
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
[1]  Sentencia T- 266 del 18 de
marzo de 2004, MP. Álvaro
Tafur Galvis
[2] Pueden consultarse entre
otras las sentencias T-12 de 1992, T-419 de 1992, T-172 de 1993, T-306 de 1993,
T-335 de 1993, T-571 de 1993, T-279 de 1994, T-414 de 1995, T-529 de 1995,
T-604 de 1995, T-614 de 1995, SU-166 de 1999, T-307 de 1999.
[3] Sentencias T-170 del 24 de
febrero de 2000 y T-1166 del 6 de noviembre de 2001, M.P. Alfredo Beltrán    Sierra, T-250 del 9 de abril de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[4] Sentencia T-1224 del 25 de
octubre de 2001, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[5] En virtud de lo establecido en
la segunda parte del artículo 93 Constitucional, las observaciones proferidas
por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones
Unidas, son guías interpretativas de los derechos y deberes consagrados en la Carta Política.
[6] Sentencia T-141 de 2012. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
[7] M.P Marco Gerardo Monroy Cabra
[8] M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub
[9]
Sentencia T-473 de 2008 y
T-199 de 2010, entre otras.
[10] M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[11] Ley 1437 del 18 de enero de 2011
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo”