T-701-04
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-701/04
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Causales genéricas de procedibilidad
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Relación inescindible entre sus causales de
procedibilidad y la vulneración de derechos fundamentales
El presupuesto básico para la procedencia del amparo
es la vulneración o la amenaza de vulneración a un derecho fundamental y en ese
sentido puede anotarse que las causales genéricas de procedibilidad de la
tutela contra decisiones judiciales deben estar inescindiblemente relacionadas
con la vulneración de derechos fundamentales, lo que implica que para lograr el
amparo constitucional, no basta acreditar la concurrencia de una de las
vulneraciones genéricas señaladas –que bien podrían ser subsanadas a través de
los mecanismos y recursos ordinarios-es necesario también, que tal defecto en
la providencia vulnere derechos fundamentales (Art. 86 C.P.)
PERSONA JURIDICA-Titularidad de derechos fundamentales
SISTEMA DE
FINANCIACION DE VIVIENDA-Finalidad de la ley 546 de 1999
PROCESO
EJECUTIVO EN CURSO-Terminación
La
terminación de los procesos ejecutivos en curso, como consecuencia jurídica
adjudicable a ciertos supuestos de hecho, es un punto coincidente en ambas
interpretaciones de la norma. Así, los jueces aceptan uniformemente que el
proceso ejecutivo debe terminar cuando luego de efectuada la reliquidación del
crédito (a) no quedan saldos insolutos a favor de la entidad bancaria, (b)
aunque hay saldos insolutos, los mismos son cancelados por el deudor y (c) hay
saldos de la deuda, pero los extremos de la obligación acuerdan la
reestructuración del crédito.
CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA-Interpretación de la Sala de Casación Civil sobre
continuación de procesos ejecutivos con saldos insolutos
TRIBUNAL
SUPERIOR-Interpretación de la sala unitaria sobre terminación de procesos
ejecutivos con saldos insolutos
TRIBUNAL
SUPERIOR-Razonabilidad en la interpretación de la sentencia atacada/PROCESO
EJECUTIVO HIPOTECARIO-Reliquidación de la deuda como condición para dar por
terminado el proceso
La interpretación del
Tribunal demandado no puede calificarse como caprichosa o injustificada, en
tanto expone como base de su decisión argumentos admisibles, de conformidad con
la normatividad y la jurisprudencia vigentes. El argumento del Tribunal
demandado, según el cual la Ley 546 de 1999 ordenó la terminación de todos los
procesos ejecutivos hipotecarios en curso a 31 de diciembre de 1999, armoniza
con el sentido de las declaratorias de inexequibilidad de la sentencia C-955 de
2000. En efecto, dicha providencia señala expresamente como objeto de la
suspensión de los procesos ejecutivos la realización de la reliquidación del crédito
y, a su vez, la reliquidación de los créditos es señalada como condición
necesaria y suficiente para la terminación de los procesos. Se ajusta, pues la
decisión del Tribunal demandado, al sentido de la norma luego de que fuera
objeto de control de constitucionalidad. Y es que la propia sentencia C-955 de
2000 dice expresamente que la condición para dar por terminados los procesos
ejecutivos hipotecarios en trámite a 31 de diciembre de 1999 era la
reliquidación de la deuda y no hace distinción alguna respecto de la existencia
de saldos insolutos o de que se hayan o no logrado acuerdos de
reestructuración.
CREDITO HIPOTECARIO-Una vez reliquidado se debe reestructurar
La
hermenéutica del tribunal armoniza con el tenor literal del artículo 42 de la
Ley 546 de 1999, tal y como éste quedó luego del control de constitucionalidad
del cual fuera objeto por la sentencia C-955 de 2000. Lo que la norma prescribe
es que, luego de efectuada la reliquidación sobre todos los créditos, pesaba
sobre el banco el deber de reestructurarlos. Los acreedores no pueden excusarse
en la falta de acuerdo de reestructuración con el deudor, por cuanto, si éste
era necesario, las entidades financieras tenían la obligación de efectuarlo.
PROCESO EJECUTIVO
HIPOTECARIO-Terminación y archivo
La interpretación del
Tribunal se ajusta además a la función del proceso ejecutivo, que es lograr el
pago de una obligación, pero cuando la obligación se encuentra vencida. Ahora
bien, si después de la sentencia C-955 de 2000, es claro que en todos estos
procesos ejecutivos debía existir reliquidación, y que una vez efectuada ésta,
la entidad financiera debía condonar los intereses de mora, entonces es
razonable suponer que, conforme a dicha norma, el incumplimiento cesaba por
mandato de la ley, y el proceso ejecutivo perdía su objeto, por lo cual debía
también terminar. Precisamente por ello, el parágrafo señala que una vez
acordada la reliquidación por el deudor, (que es distinta a la
reestructuración), entonces el proceso ejecutivo cesa y debe ser archivado.
PROCESO
EJECUTIVO HIPOTECARIO-Alivios financieros/PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO-Alivios
financieros no serían posibles con la aplicación de la cláusula aceleratoria
Los alivios debían lograr restablecer, en lo posible,
la capacidad de pago de dichos deudores. Sin embargo, esto sería prácticamente
imposible si los procesos ejecutivos continuaran, debido, entre otras cosas, a
la cláusula aceleratoria que contemplan los títulos valores. Dicha cláusula
aceleratoria permite al portador del título valor suscrito por el deudor
declarar vencida de manera adelantada toda la obligación, dar así por
extinguido el plazo convenido y hacer exigibles los saldos pendientes. En ese
orden de ideas, encontrándose el deudor en mora por la totalidad del crédito de
vivienda, la posibilidad de impedir que, con ocasión del proceso ejecutivo
pierda el bien objeto de garantía real, es remota. Los préstamos de vivienda
son generalmente otorgados para ser cancelados en el largo plazo. Por ende, si
se ejecuta al deudor por el monto total de la obligación difícilmente podrá
reunir el monto total para evitar la pérdida de su inmueble. Cabe reiterar que
la finalidad de la ley no era sólo reliquidar con un nuevo sistema los créditos
para adquirir vivienda. Era también permitir a los deudores acceder a tales
inmuebles en condiciones más justas y equitativas, y brindar alivios
financieros para enfrentar una crisis generalizada de pagos.
DERECHO A LA
VIVIENDA-Principio de los gastos soportables
La interpretación de la sentencia del Tribunal
desarrolla en mejor forma los principios constitucionales relativos a la
protección del derecho a la vivienda. Uno de ellos es el principio de los
“gastos soportables”. El principio de gastos soportables permite fundamentar la
aplicación del principio de proporcionalidad respecto a casos en donde si bien
existe una capacidad económica de importancia, la carga que se asume resulta
desproporcionada frente al equilibrio familiar. Precisamente la terminación de
los procesos ejecutivos logra, en parte, restablecer la capacidad de pago de
los deudores, mientras que la continuación de los mismos, en especial debido a
la cláusula aceleratoria, implica en muchos eventos gastos que no son
soportables para esos deudores.
PROCESO
EJECUTIVO HIPOTECARIO-Alcance de la sentencia C-955 de 2000/PROCESO
EJECUTIVO HIPOTECARIO-Reliquidación automática/PROCESO EJECUTIVO
HIPOTECARIO-Terminación y archivo de procesos en curso a 31 de diciembre de
1999
TRIBUNAL
SUPERIOR-No incurrió en vía de hecho
PROCESO
EJECUTIVO-Medio eficaz para tramitar reclamaciones de deudores
hipotecarios/ACCION DE TUTELA-Subsidiariedad
De conformidad con esta providencia, es deber de los
jueces, en cumplimiento de su función de garantizar los derechos de las
personas que solicitan su intermediación, efectuar la liquidación de créditos
que por vía ejecutiva pretenden hacerse efectivas, para que los mismos se
adapten a los parámetros señalados por la Corte Constitucional y el Consejo de
Estado en sus providencias, con el fin de evitar que los deudores resulten
ejecutados y obligados a pagar sumas que en derecho no tienen por qué cancelar.
En principio, entonces, el proceso ejecutivo es el adecuado para tramitar las
reclamaciones de los deudores hipotecarios y resulta improcedente solicitar la
protección mediante acción de tutela. No es posible, entonces, si no se han
utilizado los medios ordinarios de defensa, pretender subsanar ese error
mediante el ejercicio de la acción de tutela.
ACCION DE
TUTELA-Reglas jurisprudenciales en materia de créditos hipotecarios
Prima facie, ante la
jurisdicción civil deben discutirse y tramitarse las controversias que suscite
la ley de vivienda. En tanto todos los jueces tienen el deber de ser garantes
de la constitucionalidad del proceso, a ellos corresponde también procurar la
integridad de los derechos fundamentales de las partes. No puede activarse la
acción de tutela como medio principal para subsanar la inactividad procesal de
las partes. La decisión de declarar terminados todos los procesos ejecutivos
hipotecarios en trámite a 31 de diciembre de 1999, no es irrazonable ni
arbitraria y, por tanto, no procede contra ella solicitud de amparo
constitucional.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia cuando las partes omiten acudir al otro
medio de defensa judicial/ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-No
se configuró un defecto sustantivo
La jurisprudencia constitucional ha dado cuenta de dos
cuestiones diferentes: de una parte la improcedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales, cuando las partes han declinado su derecho a
ejercer el derecho de defensa mediante su inactividad procesal, en la
jurisdicción civil. Y, de otra parte, la falta de configuración de un defecto
sustantivo en las providencias que declaran la terminación de los procesos
ejecutivos hipotecarios en mención.
Referencia: expediente T-671925
Acción de
tutela instaurada por CONAVI Banco comercial y de ahorros S.A. contra la Sala
Unitaria de Decisión Civil del Tribunal Superior de Medellín
Magistrado ponente (e):
RODRIGO UPRIMNY YEPES
Bogotá D.C., veintinueve (29) de julio de dos mil
cuatro (2004).
La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional
integrada por los magistrados Clara Inés Vargas Hernández, Álvaro Tafur Galvis
y Rodrigo Uprimny Yepes, quien la preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y
241 numeral 9º de la Constitución Política y en los artículos 33 y siguientes
del Decreto 2591 de 1991, profiere la siguiente
SENTENCIA
dentro del proceso de revisión del
fallo dictado por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en
primera instancia, y la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, en segunda instancia, en el asunto de la referencia.
I. ANTECEDENTES.
La corporación nacional de ahorro
y vivienda –CONAVI-, ahora CONAVI banco comercial y de ahorros S.A., interpuso
acción de tutela contra la Sala Unitaria de Decisión Civil del Tribunal
Superior de Medellín, con el objeto de que fueran amparados sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a
la prevalencia del derecho sustancial, a la defensa y a la tutela efectiva de
los derechos.
Hechos
1. El 29 de julio de 1998 la
antes denominada corporación nacional de ahorro y vivienda  CONAVI, hoy CONAVI
banco comercial y de ahorros S.A., concedió al señor Alveiro Escobar Rico un
crédito a través del sistema de unidades de poder adquisitivo constante UPAC,
que fue garantizado con hipoteca abierta de primer grado, crédito que está
contenido en el pagaré N° 1651-320150496. El mencionado crédito fue garantizado
a CONAVI, por parte del deudor, mediante la constitución de hipoteca abierta de
primer grado, sobre el inmueble ubicado en la calle 12 A sur # 54 – 12 de la ciudad de Medellín.
2. Desde el día 29 de agosto
de 1998, el señor Escobar Rico dejó de cancelar las cuotas mensuales del
crédito otorgado por CONAVI.
3. El señor Escobar Rico transfirió el derecho real de
dominio del inmueble ya determinado a la señora Catalina Molina Sanín, mediante
Escritura Pública 711, otorgada en la Notaría Primera de Itagüí, registrada el
20 de marzo de 1999 (fl.48, cuad. 2).
4. El 3 de agosto de 1999,
Conavi demandó por los trámites del proceso ejecutivo con título hipotecario de
mayor cuantía a la señora Molina Sanín, propietaria del inmueble hipotecado al
momento de presentarse dicha acción. El conocimiento de la demanda ejecutiva
correspondió al Juzgado Noveno Civil del Circuito de Medellín
5. Mediante providencia
fechada el 7 de octubre de 1999, el Juzgado Noveno Civil del Circuito de
Medellín libró mandamiento de pago contra la señora Molina Sanín y decretó el
embargo del inmueble sobre el cual recayó el gravamen hipotecario.
6. El 10 de diciembre de 1999
el Juzgado de conocimiento confirió comisión al Inspector Municipal de Policía
competente de la ciudad, para que realizara la diligencia de secuestro del
inmueble embargado –despacho comisorio N° 515-.
7. El 23 de diciembre de 1999 fue expedida la Ley  546
de 1999 “por la cual se dictan normas en materia de vivienda, se señalan los
objetivos y criterios generales a los cuales debe sujetarse el Gobierno
Nacional para regular un sistema especializado para su financiación, se crean
instrumentos de ahorro destinado a dicha financiación, se dictan medidas
relacionadas con los impuestos y otros costos vinculados a la construcción y
negociación de vivienda y se expiden otras disposiciones”. El artículo 42,
numeral 2°, Parágrafo 3° de la mencionada normatividad, determinó que los
deudores cuyas obligaciones se encontraban vencidas y sobre las cuales recaían
procesos judiciales, tendrían derecho a solicitar la suspensión de los
procesos.
8. El 11 de julio de 2000, Conavi anexó la liquidación
actualizada del crédito y convertida a UVRs, al proceso seguido contra la
señora Molina Sanín. Señaló la entidad que adjuntaba “al proceso la
liquidación del crédito actualizada a la fecha y convertida a UVR, de
conformidad con lo prescrito por la nueva ley de vivienda 546 de diciembre 23
de 1999, para que sea tenida en cuenta dentro del proceso” (fl. 57, cuad.
3). En agosto 2 del mismo año, el Juzgado de conocimiento resolvió: “la
parte ejecutante se servirá aclarar el libelo demandatorio teniendo en cuenta
la conversión que se hace de UPAC a UVR” (fl 58. cuad. 3).
9. Mediante escrito presentado el 11 de agosto de
2000, la entidad ejecutante presentó al Juzgado Noveno Civil del Circuito de
Medellín una “aclaración de los hechos de la demanda y de sus pretensiones
con el fin de adecuarlos según lo prescrito por la nueva ley de vivienda. Modificó
las pretensiones de la demanda así: “PRIMERA: CAPITAL. Que conforme al
hecho  1° y 2° de los hechos de esta demanda, se libre mandamiento de pago por
la cantidad de (...) (436,339,7277 UVR), liquidadas en moneda legal por el
valor que tenga la UVR a la fecha del pago. SEGUNDA: (...) b) INTERESES DE
MORA, liquidados desde la fecha de presentación de esta demanda, sobre el saldo
insoluto de la obligación a la fecha de pago (...) (fls. 61 y 62, cuad. 3)
10. El 8 de septiembre de 2000, el Juzgado suspendió
el proceso indefinidamente hasta tanto Conavi presentara la reliquidación del
crédito de la señora Molina Sanín con el alivio abonado, de conformidad con la
sentencia C-955 de 26 julio de 2000. Determinó que “se suspende el presente
proceso indefinidamente y hasta tanto la entidad ejecutante presente la
reliquidación del crédito con el alivio abonado y su correspondiente imputación
con los nuevos términos para el pago del mismo, de conformidad con la sentencia
C- 955 del 26 de julio del año que transcurre (...)” (fl. 63 cuad. 3)
11. El 7 de noviembre de 2000, la Inspección Primera
Civil de Medellín llevó a efecto la comisión ordenada por el Juzgado Noveno
Civil del Circuito de Medellín –despacho comisorio N° 515 de 10 de diciembre
1999-, en la cual se realizó la diligencia de secuestro del bien inmueble de la
referencia (fl 69, cuad. 3).
12. El 14 de febrero de 2001, Conavi presentó al
Juzgado la liquidación actualizada del crédito y solicitó la reactivación del
proceso ejecutivo. (fl 76, cuad. 76)
13. El 5 de febrero de 2002, el Juzgado dictó
sentencia. Modificó el mandamiento de pago (numeral 5.) y expresó la deuda en
UVR. Resolvió decretar la venta en pública subasta del bien secuestrado.
14. Debido a que la señora Molina Sanín estuvo
representada por curador ad litem en el proceso ejecutivo, la consulta
de la sentencia correspondió al superior jerárquico del Juzgado Civil del
Circuito (art. 386 del c.p.c.), es decir, la Sala Unitaria de Decisión Civil
del Tribunal Superior de Medellín, quien por sentencia del 9 de julio de 2002,
resolvió declarar la nulidad de todo lo actuado en el proceso a partir del 31
de diciembre de 1999, y terminar y archivar el expediente, previo levantamiento
de las medidas cautelares.
15. Consideró la Sala que, cuando la Corte
Constitucional decidió que el sistema UPAC dejaría de producir efectos en el
universo jurídico, lo hacía con efectos ex tunc, por cuanto su norma de
creación había sido dictada sin competencia constitucional. Señaló que, de
conformidad con la Ley 546 de 1999 y la sentencia C-955 de 2000, todos los
procesos ejecutivos con título hipotecario terminaron el 31 de diciembre de
1999, fecha hasta la cual también se condonaron los intereses moratorios.
Cualquier actividad procesal, continuó la Sala, posterior a esa fecha –salvo la
reestructuración del crédito- está viciada de nulidad insubsanable. Continuar
los procesos significaría revivir, entonces, los procesos concluidos.
Indicó que la conversión de los créditos al sistema
UVR significa que, en adelante, se adeuda el capital correspondiente y se
entiende saneada la mora anterior a ello. Resaltó que cuando se acelera el
plazo (cláusula aceleratoria), la mora se cuenta desde que se toma esa
decisión. A 31 de diciembre de 1999, se adeudaba tan sólo un capital concebido
en UVR. Se sigue de lo anterior, continúa, que los procesos judiciales
iniciados con ocasión de la mora en que incurrieron los deudores, terminan
necesariamente. Si la causa para acelerar el plazo era la mora, desaparecida
ésta, concluye el pleito que la apoyaba.
Finalizó reiterando que todo proceso ejecutivo cuyo
título esté concebido en UPACs, tiene que haber terminado por mandato legal el
31 de diciembre de 1999 o el 23 de marzo de 2000, si se pactó la
reestructuración del crédito. Dado que en el proceso ejecutivo de la referencia
no se acordó la reestructuración del crédito entre la entidad financiera y la
señora Molina Sanín en el término de tres meses, debe concluirse la terminación
del proceso desde el 31 de diciembre de 1999.
Solicitud
de tutela
16. La entidad demandante
considera que el Tribunal erró al interpretar el parágrafo 3°, del artículo 42
de la Ley 546 de 1999. Enfatizó que la Sala demandada dejó de contemplar la
hipótesis en la cual, pese a haberse aplicado el alivio, con el valor del mismo
no alcanzaron a cubrirse las cuotas que se encontraban en mora a 31 de
diciembre de 1999. En tales eventos, a su juicio, el proceso ejecutivo debía
seguir su curso normal, tal como lo ha venido señalando la Sala de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia en diversos pronunciamientos. Concluyó
que, la conducta del Tribunal vulneró los derechos al debido proceso, al acceso
a la administración de justicia, a la prevalencia del derecho sustancial, a la
defensa y a la tutela efectiva de los derechos de la entidad actora.
Sentencias
objeto de revisión
17. El conocimiento de la tutela
correspondió en primera instancia a la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia, quien por sentencia del 30 de septiembre de 2002, resolvió
conceder el amparo. Consideró la Sala que el Tribunal erró al dar alcances a
Ley 546 de 1999 no sustentables de conformidad con el texto mismo de la norma.
Lo “racional”, a su juicio, en casos como el que provocó la demanda de tutela,
era que, presentada la reliquidación y sometida al trámite pertinente, las
consecuencias procesales que de ello se derivaran, debían estar en consonancia
con la finalidad del proceso ejecutivo (art. 535 C.P.C.), que es, el pago total de la obligación. Señaló que la Ley 546 de 1999 dispuso que, si
las partes involucradas en el cobro compulsivo llegan a un acuerdo de
refinanciación –para el evento en que el alivio fuera menor al monto de la
deuda- el proceso terminaría por tal circunstancia. No es viable, entonces, dar
por terminados procesos ejecutivos con título hipotecario con la mera
aprobación de la reliquidación de los créditos. Concluyó entonces la Sala que:
“(E)n este caso, analizada la
situación fáctica, deberá concederse el amparo deprecado por la accionante,
toda vez que, al dictarse la providencia combatida se aprecia (...) que la
funcionaria accionada antepuso su propia, personal y antojadiza voluntad al
querer lógico y racional del legislador. (...) no se trata de una simple
discrepancia interpretativa sobre un aspecto jurídico concreto. Acá lo que se
observa es que con el fin de sacar avante a toda costa una determinada
posición, incurre la funcionaria en exceso, rayano en el ex abrupto, de hacer
decir a la ley y a la jurisprudencia de la Corte Constitucional lo que no dijo
(...). La afirmación que se hace es errada por cuanto es inaceptable e ilegal concluir,
(...) que, presentada la reliquidación de un crédito de vivienda concedido
inicialmente en el ya extinto sistema UPAC, la única alternativa posible es dar
por terminado el proceso ejecutivo y levantar las medidas cautelares, con
prescindencia de que haya o no saldo insoluto a favor de la entidad acreedora
(...) ” (fl. 173 cuad. 2)
17. El 4 de octubre de 2002 la
Magistrada de la Sala Unitaria de Decisión Civil del Tribunal Superior de
Medellín, impugnó la decisión de primera instancia sin fundamentar la
apelación.
18. La
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, por sentencia del 23
de octubre  de 2002, decidió revocar la decisión de primera instancia y, en
consecuencia, denegar la tutela. Argumentó que, de conformidad con la
Constitución y los tratados internacionales que reconocen derechos humanos, las
personas jurídicas no son titulares de derechos fundamentales. La entidad
CONAVI, entonces, a su juicio, no es titular de garantía fundamental alguna y
no puede ser sujeto activo en una acción de tutela. Por último, reiteró su
doctrina de conformidad con la cual, las acciones de tutela no proceden contra
providencias judiciales.
Revisión
por la Corte
19. Remitida a esta Corporación, mediante auto del
veintiocho (28) de noviembre de 2002, la Sala de Selección Número Once dispuso
su revisión por la Corte Constitucional.
20. Mediante auto de 21 de marzo de 2003, la Sala
resolvió oficiar “al Juzgado 9° Civil del Circuito de Medellín para que, en
el término de 10 días, allegue a esta Corporación copia clara y completa del
proceso ejecutivo con título hipotecario promovido por el banco comercial y de
ahorros “CONAVI S.A.” contra la señora Catalina Molina Sanín”.El 30 de
abril de 2003, fue enviada al despacho del Magistrado Sustanciador copia del
proceso hipotecario solicitado en el auto de la referencia.
21. En escrito presentado el 9 de febrero de 2004 ante
la Secretaría General de la Corte Constitucional, el Procurador General de la
Nación intervino en el proceso y señaló que:
a.
En los eventos en los cuales, pese a que se ha efectuado la
reliquidación del crédito y se han adecuado los títulos ejecutivos a los
requerimientos de la Ley 546 de 1999[1] hubiese quedado un saldo
en mora, no existe razón para afirmar que el proceso también debía terminar,
con el consiguiente levantamiento de las medidas cautelares, pese al no acuerdo
de las partes en punto de la reestructuración del crédito.
b.
La doctrina sentada en la T- 606 de 2003, riñe con el orden justo, el
debido proceso y el derecho al acceso a la administración de justicia de las
entidades financieras, toda vez que se les está obligando a iniciar un nuevo
proceso ejecutivo sin razón, desconociendo de paso los principios de economía
procesal y prevalencia del derecho sustancial. Fue directamente la Ley 546 de
1999, quien ordenó la conversión de los documentos contentivos de las
obligaciones, sin que ello implicara la terminación de los procesos ejecutivos
en curso.
c.
Si se analizan cuidadosamente las sentencias C-955 de 2000 y T-606 de
2003, quedará claro que nada se dice en relación con aquellos créditos que pese
a la reliquidación seguían en mora. Esa clase de procesos, en aplicación de la
sentencia T-606 de 2003, se están dando por terminados, constituyéndose ésta en
una decisión inválida, injusta e inequitativa.
d.
Solicitó, en consecuencia, someter la decisión que ha de adoptarse en el
expediente de la referencia a consideración de la Sala Plena de la Corporación,
en atención a la importancia que reviste para la administración de justicia, el
sector financiero y los deudores de éste. Petición en igual sentido presentó el
representante legal de la entidad demandada, mediante escrito recibido el 19 de
mayo de 2004 por esta Corporación.
22. Mediante escrito radicado en la
Secretaría de esta Corporación el 29 de junio de 2004, el apoderado de la
sociedad demandante presentó al despacho copia informal el concepto que,
respecto de la interpretación del parágrafo 3º, del artículo 42 de la Ley 546
de 1999, rindió el profesor Jairo Parra Quijano, por encargo del instituto
colombiano de ahorro y vivienda ICAV.
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
Competencia
1. Esta Corte es competente para
revisar los presentes fallos de tutela de conformidad con lo previsto en los
artículos 86 y 241 de la Constitución Nacional, el Decreto 2591 de 1991 y las
demás disposiciones pertinentes.
Un
problema previo: las tesis de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema
de Justicia respecto de la improcedencia de la acción de tutela en el caso
concreto
2. La
Sala de Casación Laboral denegó el amparo solicitado por la entidad demandante,
argumentando para ello la improcedencia general de la acción de tutela contra
providencias judiciales y la no titularidad de las persona jurídicas de
derechos fundamentales. Por tal motivo y, para determinar si son admisibles los
argumentos presentados por la mencionada Sala, la Corte pasará a estudiar si,
en efecto, en este caso, la acción constitucional resulta improcedente.
Esta Sala analizará, entonces, la
jurisprudencia constitucional respecto de (i) la titularidad de las personas
jurídicas de ciertos derechos fundamentales, y (ii) la procedibilidad de la
acción de tutela contra decisiones judiciales cuando las mismas presentan
determinados defectos.
Procedibilidad
de la acción tutela contra decisiones judiciales
3. Como ya ha sido reiterado por esta Corte en
numerosas oportunidades[2], la acción de tutela es
un mecanismo de origen constitucional, cuya finalidad es proteger los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por la acción u omisión
de cualquier autoridad pública o por un particular (Art. 86 C.P)
Si el
artículo 86 dispone que el amparo de los derechos fundamentales tendrá lugar
frente a cualquier autoridad pública, las decisiones que los operadores
judiciales tomen en ejercicio de sus funciones también forman parte de esta
categoría. No basta, entonces, mencionar los principios de seguridad jurídica y
autonomía judicial, combinados con el argumento de “la potencialidad de error
humano”, para negar al juez de tutela la posibilidad de determinar si en cierta
actuación judicial fueron vulnerados de manera grave los derechos fundamentales
del demandante. Ahora bien, esto no implica que la acción de tutela se
transforme en una tercera instancia, ante la cual se puedan discutir nuevamente
todos los asuntos ordinarios. Para salvaguardar los principios arriba
mencionados de autonomía judicial y cosa juzgada, la Corte ha especificado
cuáles son las causales genéricas de procedibilidad de la acción de tutela
frente a decisiones judiciales.
La condición necesaria, común a las diversas
hipótesis, es la violación o amenaza de derechos fundamentales que hagan
precisa la intervención inmediata del juez constitucional para contrarrestar
los efectos vulneratorios de la decisión judicial en cuestión. Ha dicho esta
Corporación que  “la acción de tutela procede contra decisiones
judiciales que violen derechos fundamentales, como se desprende de la sentencia
C-543 de 1992. Este es el criterio básico que subyace a la jurisprudencia de la
Corte Constitucional.”[3]
La primera hipótesis de procedibilidad de la acción de
tutela es la vulneración o amenaza de derechos constitucionales fundamentales
cuya causa sea el desconocimiento de normas de rango legal. Este
desconocimiento puede configurar, básicamente, tres tipos de errores:
sustantivo –categoría en la cual se enmarca la falta de aplicación de las
sentencias con efectos erga omnes-orgánico y procedimental. En este
punto es necesario aclarar que los arriba mencionados no son conceptos cuyas
fronteras hayan sido enunciadas de manera definitiva por la Corte
Constitucional. Muchos de los defectos presentes en las decisiones judiciales
son un híbrido de las tres hipótesis mencionadas, y muchas veces, es casi
imposible definir las fronteras entre unos y otros. Por ejemplo, el desconocimiento
de la ley aplicable al caso concreto debido a una interpretación caprichosa
(sin el fundamento argumentativo adecuado) o arbitraria (sin justificación
alguna) de la normatividad, muy seguramente dará lugar a la vulneración de
derechos fundamentales como consecuencia de (i) la actividad hermenéutica
antojadiza del juez (defecto sustantivo) y (ii) de la denegación del derecho al
acceso a la administración de justicia que tal entendimiento de la normatividad
genera (defecto procesal).
El segundo supuesto está relacionado con los graves
defectos que  afectan el soporte fáctico de los procesos. Puede configurarse
debido a la falta de decreto y práctica de pruebas, por la equivocada
interpretación de las mismas o por la asunción como elementos de juicio de
pruebas nulas de pleno derecho. Este error se denomina defecto fáctico.
La tercera hipótesis da cuenta de las decisiones que
aunque son adoptadas con respeto pleno de la normatividad aplicable y valorando
de manera razonable todas las pruebas allegadas al proceso, vulneran gravemente
los derechos fundamentales del actor, por causa que no le es imputable al juez
de conocimiento. Esto sucede cuando, pese a la diligencia y pericia jurídica
del juzgador, otras instancias públicas poseedoras de información vital para
alguna de las partes no la allegan al proceso cuando es requerida. Esta omisión
–no imputable al operador jurídico- lo lleva a comprometer de manera grave
derechos fundamentales. Se denomina a este supuesto defecto o vía de hecho por
consecuencia[4].
En cuarto lugar, procede la acción de tutela contra
las providencias judiciales cuando la decisión que en ellas se adopta carece de
fundamentación adecuada y suficiente (razonable) y cuando desconoce el
precedente judicial –especialmente el que la Corte Constitucional ha sentado en
la materia-.
De otro lado se encuentran las decisiones judiciales
que vulneran directamente la Constitución y que, como consecuencia de ello,
menoscaban de manera grave los derechos fundamentales de las partes. Esto
ocurre cuando se presentan las siguientes hipótesis: (i) que el juez realice
una interpretación de la normatividad evidentemente contraria a la Constitución
y (ii) que el juez se abstenga de aplicar la excepción de inconstitucionalidad
en un caso en el cual, de no hacerlo, la decisión quebrantaría preceptos
constitucionales y que, además, su declaración ha sido solicitada expresamente
por una de las partes.
4. Ahora bien, la Sala resalta que el presupuesto
básico para la procedencia del amparo es la vulneración o la amenaza de
vulneración a un derecho fundamental y en ese sentido puede anotarse que las
causales genéricas de procedibilidad de la tutela contra decisiones judiciales
deben estar inescindiblemente relacionadas con la vulneración de derechos
fundamentales, lo que implica que para lograr el amparo constitucional, no
basta acreditar la concurrencia de una de las vulneraciones genéricas arriba
señaladas –que bien podrían ser subsanadas a través de los mecanismos y
recursos ordinarios- es necesario también, que tal defecto en la providencia
vulnere derechos fundamentales (Art. 86 C.P.)
En este sentido debe ser entendida la relación que
guardan los principios de autonomía judicial (Art. 246 C.P.) y primacía de los derechos fundamentales (Art. 2 C.P.). Las normas constitucionales no
tienen la estructura de reglas que se excluyen de manera absoluta y que fungen
como premisa mayor autoevidente en la elaboración de silogismos jurídicos. Por
el contrario, la estructura abierta de tales normas vincula al operador
jurídico con la obligación, no de encontrar una única solución al caso concreto
como conclusión necesaria de una deducción, sino de realizar una labor
hermenéutica de ponderación entre las normas en conflicto y justificar,
mediante la fundamentación razonable de la decisión, cómo se concilian aquellos
preceptos o cómo con la solución propuesta se menoscaba en menor medida el
principio que resulta derrotado. Uno de los mecanismos para conservar la
integridad del principio de autonomía judicial frente a la posibilidad de
tutela contra sentencias judiciales es el carácter excepcional de este tipo de
amparo, al condicionar su procedibilidad a la configuración de alguno de los
defectos genéricos arriba mencionados.
5. Por estas razones, la Corte no comparte la
fundamentación de la decisión adoptada por la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia como juez de tutela. La afirmación universal de que
en ningún caso habrá tutela contra sentencias judiciales, en atención los
principios de autonomía judicial y cosa juzgada, con base en la cual justifica
su decisión, hace caso omiso de su obligación como juez constitucional, cual es
–entre otras- velar porque ninguno de los principios en conflicto sea derogado
implícitamente en su decisión. La imposibilidad de eliminar el error humano no
implica que el sistema jurídico tenga que descargar sobre los ciudadanos el
potencial errático de quienes administran justicia. Por el contrario, el Estado
debe diseñar –y de hecho ha diseñado- mecanismos y recursos para subsanar,
hasta donde sea posible, tales defectos. Otro de los motivos por los cuales es
razonable -y hasta necesario- comprender en el ordenamiento jurídico la
posibilidad de interponer tutela contra sentencias judiciales, no es corregir ad
infinitum las fallas que comprendan las providencias, sino unificar los
parámetros y lineamientos interpretativos de los derechos fundamentales por
parte de un solo ente (la Corte Constitucional) de tal manera que en su respeto
y protección queden comprendidos no solamente los jueces de tutela y el
Tribunal constitucional, sino todos los entes que administran justicia en el
Estado.
6. Asiste razón a la Sala de Casación Laboral al
afirmar que, según la sentencia C-543 de 1992, no procede la acción de tutela
contra providencias judiciales en general. En efecto, la sentencia de control
declaró inexequibles los artículos 11 y 12 del decreto 2591 de 1991, que
autorizaban y regulaban la petición de amparo contra sentencias judiciales.
Consideró la Corte que estas normas desconocían las reglas de competencia
fijadas en la Constitución y que vulneraban el principio de seguridad jurídica.
No obstante, la improcedencia de la acción constitucional no era predicable de
los casos en los cuales la providencia sólo era tal en apariencia. Es decir,
frente a las vías de hecho judiciales, dadas ciertas circunstancias, sí procede
la acción de tutela. Ha dicho esta Corporación:
“(L)a jurisprudencia constitucional ha señalado que
aun si existen otros medios de defensa judicial para atacar una providencia
judicial que incurrió en una vía de hecho, la acción de tutela procede
excepcionalmente cuando existe la amenaza de un perjuicio irremediable, el cual
se configura cuando se dan las siguientes condiciones: (1) afecta de manera
cierta y evidente sobre un derecho fundamental; (2) de ocurrir el perjuicio no
existiría forma de reparar el daño producido; (3) su ocurrencia es inminente;
(4) resulta urgente la medida de protección para que el sujeto supere la
condición de amenaza en la que se encuentra; y, (5) la gravedad de los hechos
es de tal magnitud que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como
mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos
constitucionales fundamentales. No obstante, en materia de tutela contra
providencias judiciales la Corte ha sido estricta en impedir que dicha acción
se emplee para eludir el procedimiento fijado en las normas legales, e
inclusive, ha estimado que el recurso extraordinario de casación así como el de
revisión, son vías idóneas cuya lentitud no justifica, por sí sola, admitir la
tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable  (SU-1299/01 (M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa), y las demás sentencias de unificación allí resumidas.)”[5]
Derechos fundamentales de las personas jurídicas y
acción de tutela
7. Respecto de la titularidad de las personas
jurídicas de derechos fundamentales, existen básicamente tres posiciones: la
primera de ellas afirma –tal como lo expone la Sala de Casación Laboral- que
las mismas no pueden ser titulares de estas garantías. Sostienen que tan solo
las personas consideradas como individuos pueden reclamar el amparo de los
derechos de los cuales son esencialmente titulares. La segunda tesis argumenta
que las personas jurídicas ostentan los mismos derechos fundamentales que los
sujetos, en tanto el término genérico “personas” no excluye a la pluralidad que
conforma al predicado jurídico. Aunque esta segunda postura puede parecer la
que más se adecua a los principios garantistas e incluyentes de la Constitución
de 1991, genera algunos absurdos. Entre ellos, la imposibilidad de reconocer a
las mismas derechos como la vida o la integridad personal. Por ello, otros
sostienen que las personas jurídicas son titulares de  algunos derechos
fundamentales. Precisamente, esta ha sido la tesis acogida por la Corte
Constitucional en reiterada jurisprudencia. Ha señalado esta Corporación al
respecto:
“(...), el debido proceso y el acceso a la justicia
se atribuyen a las personas, naturales y jurídicas, porque son derechos que se
basan en la capacidad de obrar de unas y otras, no en la naturaleza de su
personalidad. Prueba de ello es que el debido proceso se aplica a toda clase de
actuaciones judiciales y administrativas, y que el artículo 229 constitucional
garantiza a toda persona el acceso a la justicia.
Pretender excluir a las personas jurídicas de la
acción de tutela para restablecer su derecho a un juicio justo, conforme a las
leyes preexistentes, ante un tribunal competente y con la plenitud de las
formas previstas, sería tanto como establecer presupuestos diferentes en el
desenvolvimiento de la capacidad de obrar de las personas naturales, según su
actuación individual u colectiva, desconocimiento la protección que la Carta
Política otorga al substrato humano que comportan todas las actuaciones que
proyectan al hombre como ser social”[6].
8. En conclusión, dado que la Corte Constitucional ha
señalado que (i) en ciertas circunstancias procede la acción de tutela contra
decisiones judiciales, y que (ii) la acción de tutela puede ser interpuesta por
las personas jurídicas, pasará esta Sala a estudiar el asunto de fondo.
Presentación
del caso y problemas jurídicos objeto de estudio
9. El banco CONAVI, en su
condición de demandante en el proceso de tutela de la referencia, considera que
la Sala Unitaria de Decisión Civil del Tribunal Superior de Medellín vulneró
sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia, a la prevalencia del derecho sustancial, a la defensa y a la tutela
efectiva de los derechos, al declarar la nulidad de lo actuado y disponer la
terminación del proceso ejecutivo hipotecario, promovido por la entidad
demandante en contra de la señora Catalina Molina Sanín.
La Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia, en fallo de tutela de primera instancia, concedió el
amparo interpuesto, por encontrar una vía de hecho consistente en haber
declarado la nulidad del proceso ejecutivo de la referencia y el archivo del
mismo, con fundamento en una interpretación absolutamente infundada de la Ley
546 de 1999 y la sentencia C-955 de 2000. Resolvió, entonces, ordenar a la Sala
demandada que resolviera el grado jurisdiccional de consulta de conformidad con
lo indicado en el cuerpo de la providencia.
En ese orden de ideas, corresponde a la Sala Séptima
de Revisión de la Corte Constitucional determinar si la Sala Unitaria de
Decisión Civil del Tribunal Superior de Medellín, con ocasión de la decisión de
declarar la nulidad de todo lo actuado en el proceso ejecutivo seguido contra
la ciudadana Molina Sanín a partir del 31 de diciembre de 1999 y ordenar, así
mismo, la terminación y archivo del expediente, previo levantamiento de las
medidas cautelares, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia, a la prevalencia del derecho
sustancial, a la defensa y a la tutela efectiva de los derechos del banco
CONAVI.  En concreto, la Sala responderá las siguientes preguntas: (i) ¿vulneró
la decisión de la Sala demandada los derechos fundamentales invocados por la
entidad demandante al haber resuelto, en grado jurisdiccional de consulta,
declarar la nulidad y la terminación y archivo del proceso de la referencia?
(ii)¿Es infundada, y resulta, por tanto, irrazonable la interpretación dada por
la Sala demandada a la Ley 546 de 1999 y a la sentencia C-955 de 2000?
10. Como el problema central en el caso concreto gira
en torno a la interpretación del alcance del parágrafo 3 del artículo 42 de la
Ley 546 de 1999, recordará la Corte (i) cuáles son los objetivos generales de
la ley señalados en el cuerpo de tal normatividad, y específicamente, del
enunciado que prescribe la suspensión de los procesos ejecutivos en curso a 31
de diciembre de 1999; (ii) cuáles fueron las consideraciones expuestas por esta
Corporación en punto del parágrafo 3, en la sentencia C-955 de 2000; y ,por
último, (iii) las dos interpretaciones alternas dadas por los jueces ordinarios
tanto a la norma, como a la sentencia de control y las consecuencias que se
siguen de las mismas respecto de los procesos judiciales en mención.
La Ley
546 de 1999 y la sentencia C-955 de 2000: el problema de la suspensión de los
procesos ejecutivos en curso.
11. La Ley 546 de 23 de diciembre de 1999 “por la
cual se dictan normas en materia de vivienda, se señalan los objetivos y
criterios generales a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para
regular un sistema especializado para su financiación, se crean instrumentos de
ahorro destinado a dicha financiación, se dictan medidas relacionadas con los
impuestos y otros costos vinculados a la construcción y negociación de vivienda
y se expiden otras disposiciones”, estableció las normas y los criterios generales
a los cuales debe circunscribirse el Gobierno Nacional para regular los
sistemas de financiación para la adquisición de vivienda individual a largo
plazo, ligada al índice de precios al consumidor, y las condiciones especiales
que regularán la materia en punto de vivienda de interés social urbano y rural.
En la misma disposición (par. 2) se señaló que las entidades podrán otorgar
créditos de vivienda denominados en moneda legal colombiana o unidades de valor
real (UVR), siempre que los sistemas de pago no contemplen capitalización de
intereses, ni sanciones por prepagos totales o parciales.
El objetivo de la Ley 546 de 1999, según se indica en
el artículo 2° de tal normatividad, es fijar las condiciones necesarias para
garantizar el derecho constitucional a la vivienda digna[7],
a través de la regulación por parte del Gobierno Nacional de un sistema
especializado de financiación de vivienda de largo plazo. Los objetivos y
criterios a los cuales estará ceñida tal regulación serán,  (i) proteger el
patrimonio de las familias representado en vivienda, (ii) proteger y fomentar
el ahorro destinado a la financiación y a la construcción de vivienda,
manteniendo la confianza del público en los instrumentos de captación y en los
establecimientos de crédito emisores de los mismos, (iii) proteger a los
usuarios de los créditos de vivienda, (iv) propender por el desarrollo de
mecanismos eficientes de financiación de vivienda a largo plazo, (v) velar para
que el otorgamiento de los créditos y su atención consulten la capacidad de
pago de los deudores, (vi) facilitar el acceso a la vivienda en condiciones de
equidad y transparencia, (vii) promover la construcción de vivienda en
condiciones financieras que hagan asequible la vivienda a un mayor número de
familias, y (viii) priorizar los programas y soluciones de vivienda de las
zonas afectadas por desastres naturales y actos terroristas.
12. Frente a la crisis social y económica provocada,
entre otras cosas, por la cesación generalizada de pagos de los deudores
hipotecarios y por los procesos ejecutivos iniciados con ocasión de la mora en
el cumplimiento de sus obligaciones, la ley desarrolló varias soluciones. Tomó
en consideración para ello que el monto de las deudas superó la capacidad de pago
de los deudores y –muchas veces- el valor de las viviendas, que los mismos
tuvieron que cancelar sumas superiores al valor de lo que las sentencias de la
Corte Constitucional sobre el sistema UPAC encontraron equitativo, y que el
sujeto pasivo de la obligación no podía proyectar sus pagos –en tanto no
conocía el valor de la acreencia- y tampoco podía reestructurar el crédito para
adecuarlo a sus posibilidades de pago.
13. Una de las estrategias contempladas en la Ley 546
para hacer efectivo el derecho constitucional a la vivienda, de conformidad con
lo consagrado en el artículo 40 de tal regulación, es la inversión social del
Estado de unas sumas (previstas en los artículos subsiguientes) para abonarlas
a las obligaciones, vigentes a la fecha, que hubieran sido adquiridas con
establecimientos de crédito para la financiación de vivienda individual a largo
plazo y para contribuir a la formación del ahorro que permita formar la cuota
inicial de los deudores que hayan entregado en dación en pago sus viviendas.
Los abonos a los créditos que se encontraran al día,
sobre los saldos vigentes a 31 de diciembre de 1999 de los préstamos otorgados
por los establecimientos de crédito para la financiación de vivienda individual
a largo plazo, serían hechos siguiendo las pautas fijadas en el artículo 40 de
la ley en mención. Los deudores hipotecarios que estuvieran en mora a 31 de
diciembre de 1999 (hipótesis regulada por el artículo 42 de la Ley 546), serían
beneficiarios de los abonos contemplados en el artículo 40, siempre y cuando
manifestaran su pretensión de acogerse a la reliquidación del crédito dentro de
los 90 días siguientes a la vigencia de la ley. Para el caso concreto objeto de
revisión en el presente fallo, resulta particularmente relevante el parágrafo
3° del artículo 42, por cuanto la interpretación dada al mismo por la Sala
demandada sirve de fundamento al cargo de vulneración de los derechos
fundamentales de la entidad actora. Dicho parágrafo señala los efectos de la
conversión del crédito hipotecario, de la reliquidación del crédito y de la
conversión de los documentos contentivos del mismo para los procesos en trámite
a 31 de diciembre de 1999, en los siguientes términos:
“Los deudores cuyas obligaciones se encuentren
vencidas y sobre las cuales recaigan procesos judiciales que dentro de los
noventa (90) días siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley
decidan acogerse a la reliquidación de su crédito hipotecario, tendrán derecho
a solicitar suspensión de los mencionados procesos. Dicha suspensión podrá
otorgarse automáticamente por el juez respectivo. En caso de que el deudor
acuerde dentro del plazo la reliquidación de su obligación, de conformidad con
lo previsto en este artículo el proceso se dará por terminado y se procederá a
su archivo sin más trámite. Si dentro del año siguiente a la reestructuración
del crédito el deudor incurriere nuevamente en mora, los procesos se
reiniciarán a solicitud de la entidad financiera y con la sola demostración de
la mora, en la etapa en que se encontraban al momento de la suspensión, y
previa actualización de su cuantía”.
14. Precisamente la Ley 546 de 1999 fue objeto de
control constitucional en la sentencia C-955 de 26 de julio de 2000. Para
efectos de la presente revisión, en necesario estudiar lo resuelto por la Corte
Constitucional en esa providencia con respecto a este asunto. A continuación se
reseñará brevemente este pronunciamiento para, posteriormente, analizar la
razonabilidad de la interpretación de la norma efectuada por la Sala demandada.
Sentencia C-955 de 2000: el problema de la terminación
y archivo de los procesos judiciales en curso a 31 de diciembre de 1999.
15. El artículo 42 de la Ley 546 de 1999 fue objeto de
reproche de inconstitucionalidad. Respecto del cargo de vulneración del
principio superior de igualdad, en tanto la norma confiere un trato diferente a
los deudores cuyos créditos se encontraban al día a 31 de diciembre de 1999
(art.40) y a los que no (art. 42), la Sala, aplicando el test de igualdad,
encontró infundada la acusación. En punto del cuestionamiento del cual fue
objeto la suspensión de los procesos judiciales prevista en el parágrafo 3°, la
Corporación señaló que, dado que la cesación generalizada de pagos por parte de
los deudores de vivienda fue ocasionada más por un colapso generalizado del
sistema de financiación, que por la mera negligencia de los deudores, la
aplicación de alivios a tales obligaciones (reliquidación de créditos, abonos,
compensación y adecuación de títulos) debía encontrar un justo correlato en el
trámite de los procesos[8].
No consideró, en cambio la Corte, que el plazo de
noventa días, contados a partir de la entrada en vigencia de la ley, con el
cual contaban los deudores en mora para acogerse a la reliquidación del crédito
–como condición necesaria para que fueran suspendidos los procesos en curso-
estuviese ajustada a los mandatos superiores. Señaló la Sala que “si las
condiciones objetivas que deben dar lugar a la mencionada suspensión no
dependen de haberse acogido o no a una reliquidación a la que todos los
deudores tenían derecho, se trata de un requisito que rompe la igualdad y que
injustificadamente condena a una persona, además de no recibir oportunamente el
abono que le corresponde, a no poder efectuar la compensación entre el abono y
lo que debe, y muy probablemente a ser condenada en el proceso”[9].
De igual manera, para la Corte era inexequible el
inciso final del parágrafo en comento, que estipulaba que si dentro del año
siguiente el deudor incurre nuevamente en mora, los procesos podrían
reiniciarse en la etapa en la cual estaban en el momento en que operó la
suspensión, previa actualización de su cuantía, con la sola demostración de la
mora y la solicitud de la entidad financiera. Consideró el alto Tribunal que
esta disposición contravenía los derechos a la igualdad, al debido proceso y a
la administración de justicia, por cuanto situaciones jurídicas distintas
estaban siendo tratadas de manera idéntica. Es decir, si el deudor vuelve a
constituirse en mora, ello implica que debe iniciarse un nuevo proceso y no
acumularse a uno que, por mandato legal ya había terminado. Concluyó la Corte
entonces al respecto:
“En efecto, es evidente que se trata de
situaciones jurídicas distintas, en cuanto la nueva mora, que al tenor del
precepto se constituye en hipótesis de la reanudación del proceso, debe dar
lugar a un proceso nuevo y de ninguna manera acumularse a la que había
propiciado el anterior, terminado, según el mismo mandato legal, con las
consecuencias que tiene la terminación de todo juicio. El acreedor goza, por
supuesto, del derecho a iniciar un nuevo proceso ejecutivo en contra de su
deudor, pero mal puede retomarse el proceso expirado, en la etapa en que se
encontraba cuando se produjo la suspensión, puesto que ello significa atribuir
efectos ultra activos a situaciones previas ya definidas, combinándolas con
hechos nuevos, en contra de una de las partes, con notorio desequilibrio en la
relación procesal. Serán declaradas inexequibles, en este parágrafo, las
expresiones "que dentro de los noventa (90) días siguientes a la entrada
en vigencia de la presente Ley decidan acogerse a la reliquidación de su
crédito hipotecario", "dentro del plazo" y "si dentro del
año siguiente a la reestructuración del crédito el deudor incurriere nuevamente
en mora, los procesos se reiniciarán a solicitud de la entidad financiera y con
la sola demostración de la mora, en la etapa en que se encontraban al momento
de la suspensión, y previa actualización de su cuantía"”[10].
16- Por su importancia en el presente proceso, y para
mayor claridad, la Corte procede a transcribir el artículo 42 de la Ley 546 de
1999, y se resaltan y subrayan las expresiones declaradas inconstitucionales
mediante la sentencia C-955 de 2000:
“Artículo 42. Abono a los créditos que se encuentren en mora. Los
deudores hipotecarios que estuvieren en mora al 31 de diciembre de 1999, podrán
beneficiarse de los abonos previstos en el artículo 40, siempre que el
deudor manifieste por escrito a la entidad financiera su deseo de acogerse a la
reliquidación del crédito, dentro de los noventa (90) días siguientes a la
vigencia de la ley.
Cumplido
lo anterior, la entidad financiera procederá a condonar los
intereses de mora y a reestructurar el crédito si fuere necesario.
A su turno, el Gobierno Nacional procederá a abonar a
dichas obligaciones el monto total de la diferencia que arroje la reliquidación
de la deuda, efectuada de conformidad con lo previsto en el numeral 2 del artículo
41 anterior, mediante la entrega al respectivo establecimiento de crédito de
los títulos a que se refiere el parágrafo cuarto del mismo artículo 41.
Parágrafo 1. Si los beneficiarios de los abonos previstos en este artículo
incurrieren en mora de más de doce (12) meses, el saldo de la respectiva
obligación se incrementará en el valor del abono recibido. El establecimiento
de crédito devolverá al Gobierno Nacional títulos a los que se refiere el
parágrafo 4° del artículo 41, por dicho valor. En todo caso, si el crédito
resultare impagado y la garantía se hiciere efectiva, el establecimiento de
crédito devolverá al Gobierno Nacional la parte proporcional que le corresponda
de la suma recaudada.
Parágrafo 2. A las reliquidaciones contempladas en este artículo
les serán igualmente aplicables el numeral 1 del artículo 41 anterior, así como
lo previsto en los parágrafos 1° y 2° del mismo artículo”.
Parágrafo 3. Los deudores cuyas obligaciones se encuentren vencidas y sobre las cuales
recaigan procesos judiciales que dentro de los noventa (90) días
siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley decidan acogerse a la
reliquidación de su crédito hipotecario, tendrán derecho a solicitar
suspensión de los mencionados procesos. Dicha suspensión podrá otorgarse
automáticamente por el juez respectivo. En caso de que el deudor acuerde dentro
del plazo la reliquidación de su obligación, de conformidad con lo
previsto en este artículo el proceso se dará por terminado y se procederá a su
archivo sin más trámite. Si dentro del año siguiente a la
reestructuración del crédito el deudor incurriere nuevamente en mora, los
procesos se reiniciarán a solicitud de la entidad financiera y con la sola
demostración de la mora, en la etapa en que se encontraban al momento de la
suspensión, y previa actualización de su cuantía”.
Significa lo anterior, que el artículo 42 de la Ley
546 de 1999, luego de la sentencia de control quedó del siguiente tenor:
“Artículo
42. Abono a los créditos que se encuentren en mora. Los deudores
hipotecarios que estuvieren en mora al 31 de diciembre de 1999, podrán
beneficiarse de los abonos previstos en el artículo 40, la entidad financiera
procederá a condonar los intereses de mora y a reestructurar el crédito si
fuere necesario.
A su turno, el Gobierno Nacional procederá a abonar a
dichas obligaciones el monto total de la diferencia que arroje la reliquidación
de la deuda, efectuada de conformidad con lo previsto en el numeral 2 del
artículo 41 anterior, mediante la entrega al respectivo establecimiento de
crédito de los títulos a que se refiere el parágrafo cuarto del mismo artículo
41.
Parágrafo 1. Si los beneficiarios de los abonos previstos en este artículo
incurrieren en mora de más de doce (12) meses, el saldo de la respectiva
obligación se incrementará en el valor del abono recibido. El establecimiento
de crédito devolverá al Gobierno Nacional títulos a los que se refiere el
parágrafo 4° del artículo 41, por dicho valor. En todo caso, si el crédito
resultare impagado y la garantía se hiciere efectiva, el establecimiento de
crédito devolverá al Gobierno Nacional la parte proporcional que le corresponda
de la suma recaudada.
Parágrafo 2. A las reliquidaciones contempladas en este artículo
les serán igualmente aplicables el numeral 1 del artículo 41 anterior, así como
lo previsto en los parágrafos 1° y 2° del mismo artículo”.
Parágrafo 3. Los deudores cuyas obligaciones se encuentren vencidas y sobre las
cuales recaigan procesos judiciales, tendrán derecho a solicitar suspensión de
los mencionados procesos. Dicha suspensión podrá otorgarse automáticamente por
el juez respectivo. En caso de que el deudor acuerde la reliquidación de su
obligación, de conformidad con lo previsto en este artículo el proceso se dará
por terminado y se procederá a su archivo sin más trámite”.
17. Como ya se señaló, la controversia esencial en el
presente caso gira en torno al alcance del parágrafo 3 de este artículo, pues
dos interpretaciones de la norma que define las condiciones de procedencia de
terminación y archivo de los procesos en curso a 31 de diciembre de 1999 han
sido sustentadas por los diversos operadores jurídicos.
La terminación de los procesos ejecutivos en curso,
como consecuencia jurídica adjudicable a ciertos supuestos de hecho, es un
punto coincidente en ambas interpretaciones de la norma. Así, los jueces
aceptan uniformemente que el proceso ejecutivo debe terminar cuando luego de
efectuada la reliquidación del crédito (a) no quedan saldos insolutos a favor
de la entidad bancaria, (b) aunque hay saldos insolutos, los mismos son
cancelados por el deudor y (c) hay saldos de la deuda, pero los extremos de la
obligación acuerdan la reestructuración del crédito. El punto de controversia
se circunscribe a aquellos casos en los cuales, luego de efectuada la
reliquidación del crédito –ya sea a petición de parte o ya sea de manera
oficiosa por el juez- hay saldos insolutos a favor del acreedor y el deudor no
acuerda la reestructuración del crédito con la entidad financiera. En ese
evento, conforme a la interpretación del actor y de la Sala de Casación Civil,
el ejecutivo debe proseguir; por el contrario, según la interpretación de la
sentencia impugnada del Tribunal Superior de Medellín, también en este caso, el
proceso ejecutivo cesa.
Para una mejor ilustración de la existencia de esta
doble hermenéutica, la Sala procederá a exponer las tesis que respaldan cada
una de ellas, para luego determinar si la sentencia del Tribunal demandado
constituye o no una vía de hecho
Primera interpretación: continuación de los procesos
ejecutivos con saldos insolutos no sometidos a reestructuración
18. Para la Sala de Casación Civil y para el actor de
la presente tutela, el efecto jurídico de la no reestructuración de los
créditos objeto de procesos ejecutivos debe ser el levantamiento de la
suspensión y la continuación del mismo en la etapa en que se encontraba.
Fundamentan su posición en los siguientes argumentos:
a.
Lo “racional” en casos como el que provocó la demanda de tutela era que,
presentada la reliquidación y sometida al trámite pertinente, las consecuencias
procesales que de ello se deriven, debían estar en consonancia con la finalidad
del proceso ejecutivo (art. 535 C.P.C.), cual es, el pago total de la
obligación.
b.
La Ley 546 de 1999 dispuso que, si las partes involucradas en el cobro
compulsivo llegan a un acuerdo de refinanciación o reestructuración–para el
evento en que el alivio fuera menor al monto de la deuda- el proceso se
terminaría por tal circunstancia. No es viable, entonces, dar por terminados
procesos ejecutivos con título hipotecario con la mera aprobación de la
reliquidación de los créditos.
c.
Aunque la norma empleó indistintamente los términos “reliquidación” y
“reestructuración”, un entendimiento sistemático de la misma permite concluir
que, cuando el parágrafo dice “en caso de que el deudor acuerde la
reliquidación”, está haciendo mención no sólo al nuevo monto de la
obligación (reliquidación), sino también a las condiciones de pago de la misma
(reestructuración). No puede, entonces, derivarse la misma consecuencia
jurídica de supuestos de hecho diversos.
d.
Si  la finalidad del legislador hubiera sido terminar todos los procesos
ejecutivos en curso, sin distinción alguna, así lo habría consignado
expresamente. Pero no. Su estrategia para hacer frente a la crisis fue aplicar
–de conformidad con la reglas por él mismo fijadas- un alivio a todos los
créditos de vivienda. Si el abono fue la estrategia para ayudar a los deudores,
no se entiende cómo es derivada, sin más, la obligación de dar por terminados
procesos ejecutivos con saldos a favor del deudor respecto de los cuales no
hubo acuerdo de pago.
e.
La tesis de conformidad con la cual todos los procesos ejecutivos
terminaron por ministerio de la ley no se sigue ni de la Ley 546 de 1999 ni de
la sentencia C-955 de 2000. Por tal razón, la declaratoria de  nulidad de todas
las actuaciones judiciales realizadas después del 31 de diciembre de 1999,
además de configurar un defecto sustantivo de las providencias, vulnera el
derecho al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de las
entidades bancarias, las cuales, además, no cuentan con otro medio de defensa
ordinario.
f.
La frase condicional no declarada inexequible por la sentencia C-955 de 2000:
“en caso de que el deudor acuerde la reliquidación de su obligación”,
implica que, si no hay acuerdo, entonces no habrá lugar a la terminación de los
procesos. El acuerdo se refiere a lo que técnicamente es denominado
reestructuración. Cuando la norma hace referencia a la reliquidación, no
establece condicionamiento alguno, por cuanto la misma opera aún sin el
concurso de voluntades de deudor y acreedor.
g.
Si la ley hubiese querido dar por terminados todos los procesos
ejecutivos en curso a 31 de diciembre de 1999, así lo habría consignado
expresamente. No hay lugar, entonces, a hacer extensivo el efecto de
terminación por ministerio de la ley a hipótesis no contempladas por la misma.
Segunda Interpretación:
terminación de todos los procesos ejecutivos hipotecarios en curso a 31 de
diciembre de 1999.
19- Por su parte, el Tribunal
demandado y numerosos operadores jurídicos defienden la hipótesis contraria,
esto es, que los procesos ejecutivos también terminan en ese caso, lo cual
fundamentan en los siguientes argumentos:
a.
La sentencia C-955 de 2000
prescribe que los procesos ejecutivos cuya causa fuera un título valor
consignado en UPAC, debían terminar a más tardar el 31 de diciembre de 1999. Los tres meses más otorgados por la ley
–hasta marzo 31 de 2000-, era el plazo con que contaban las entidades bancarias
y los deudores para reestructurar la forma de pago del saldo insoluto del
crédito de vivienda. La única condición que señaló el fallo de control para
terminar y archivar los procesos en curso era la reliquidación de los créditos,
y aquella, en todo caso, debía realizarse –por petición del interesado o de
manera oficiosa por el Juez de conocimiento-.
b.    Las
decisiones judiciales que establecieron la terminación y archivo de los procesos
judiciales en curso a 31 de diciembre de 1999, acogieron la hermenéutica
expuesta en la sentencia C-955 de 2000 del parágrafo 3° del artículo 42 de la
Ley 546 de 1999. Por tal razón, no se configura en aquellos casos una causal de
procedibilidad de la acción de tutela contra actuaciones judiciales por
indebida interpretación normativa.
c.
El 31 de diciembre de 1999, los procesos ejecutivos en los que una
entidad financiera cobraba un crédito concedido en UPAC para adquirir vivienda,
se suspendieron a efectos de permitir la reliquidación del crédito, de oficio o
a petición del deudor. Una vez efectuada la reliquidación del crédito, el
proceso finalizó y la actuación fue archivada.
d.
El parágrafo 3° del artículo 42 de
la Ley 546 de 1999 no estableció una modalidad de terminación por pago total de
la obligación, sino la finalización de los procesos ejecutivos en curso por
ministerio de la ley, sin consideración al estado del mismo, ni la cuantía del
abono especial, como tampoco las “gestiones” del deudor para cancelar las
cuotas insolutas del crédito. Señaló la sentencia de control: “(…) la
suspensión de los procesos en curso, ya por petición del deudor, o por decisión
adoptada de oficio por el juez, tiene por objeto que se efectúe la
reliquidación del crédito y, producida ella, debe dar lugar a la terminación
del proceso y a su archivo sin más trámite, como lo ordena la norma que, en tal
sentido, lejos de vulnerar, desarrolla el postulado constitucional que propende
al establecimiento del orden justo (Preámbulo y artículo 2 C.P.) y realiza los principio de prevalencia del derecho sustancial (art. 288C.P.) y de acceso a la administración de justicia (art. 229 C.P.)”[11]
e.
La conversión de los créditos al
sistema UVR, significa que, en adelante, se adeuda el capital correspondiente y
se entiende saneada la mora anterior a ello. Cuando se acelera el plazo
(cláusula aceleratoria) la mora se cuenta desde que se toma esa decisión. A 31
de diciembre de 1999, se adeudaba tan sólo un capital concebido en UVR. Se
sigue de lo anterior, que los procesos judiciales iniciados con ocasión de la
mora en que incurrieron los deudores, terminan necesariamente. Si la causa para
acelerar el plazo era la mora, desaparecida ésta, desaparece el pleito que la
apoyaba.
f.
Y tal y como lo destacó la sentencia T-606 de 2003 de esta Corte, la ley
546 de 1999 fue una normatividad expedida con el objeto de solucionar una
crisis social y económica de grandes proporciones, motivada en gran parte por
el gran número de procesos ejecutivos en curso (i) dado que las obligaciones
superaron el monto e pago de los deudores, y en muchos casos el valor de las
viviendas (ii) en razón de que los deudores fueron compelidos a trasladar a las
entidades prestamistas sumas superiores a lo realmente adeudado; (iii) toda vez
que los deudores no conocían el mondo de sus obligaciones, siéndoles imposible
proyectar sus pagos, como también solicitar la reestructuración del crédito
para adecuarlo a sus reales condiciones de pago.
Razonabilidad y adecuación
constitucional de la interpretación de la sentencia atacada.
20. El defecto sustantivo de las
providencias judiciales –como causal de procedibilidad de la acción de tutela-
se configura cuando el operador jurídico aplica de manera arbitraria e
infundada una norma, y de tal aplicación, se sigue la vulneración de derechos
fundamentales, no subsanable con los medios de defensa ordinarios. De
conformidad con la exposición hecha en párrafos anteriores, la interpretación
del Tribunal demandado no puede calificarse como caprichosa o injustificada, en
tanto expone como base de su decisión argumentos admisibles, de conformidad con
la normatividad y la jurisprudencia vigentes. Ese sólo hecho ya es suficiente para
negar el amparo solicitado, pues la interpretación del Tribunal es razonable.
Pero hay más: para la Corte, esta interpretación es la que mejor se adecua al
sentido del artículo 42 de la Ley 546 de 1999, una vez éste fue objeto de
control por parte de la sentencia C-955 de 2000, como se verá a continuación.
21- En primer lugar, el argumento
del Tribunal demandado, según el cual la Ley 546 de 1999 ordenó la terminación
de todos los procesos ejecutivos hipotecarios en curso a 31 de diciembre de
1999, armoniza con el sentido de las declaratorias de inexequibilidad de la
sentencia C-955 de 2000. En efecto, dicha providencia señala expresamente como
objeto de la suspensión de los procesos ejecutivos la realización de la
reliquidación del crédito y, a su vez, la reliquidación de los créditos es
señalada como condición necesaria y suficiente para la terminación de los
procesos. El parágrafo 3º del artículo 42 de la Ley 546 de 1999 disponía, en un
aparte que fue declarado inexequible, que sólo si el deudor manifestaba por
escrito a la entidad financiera el deseo de acogerse a la reliquidación de su
crédito, dentro de los tres meses siguientes a la vigencia de la ley, habría
lugar a la realización del mismo. Ahora bien, si luego de la sentencia de
control, la reliquidación debía aplicarse a todos los créditos hipotecarios,
así el deudor no se hubiera manifestado en tal sentido, y si, además, la
reliquidación era la condición de terminación de los procesos, puede concluirse
válidamente que la consecuencia ineludible de la reliquidación es la
terminación de los procesos ejecutivos hipotecarios. La tesis de la continuidad
del procesos ejecutivos en aquellos casos en los que, luego de efectuada la
reliquidación, quedaron saldos en mora y, además, no hubiera habido acuerdo de
reestructuración de la obligación, podía ser admisible antes de la sentencia de
control. Luego de proferida dicha providencia, la tesis de la continuación de
los procesos ejecutivos, aunque tiene algún sustento en la función del proceso
ejecutivo, que es lograr el pago integral del crédito, en cambio no se adecua a
la sentencia C-955 de 2000. Se ajusta, pues la decisión del Tribunal demandado,
al sentido de la norma luego de que fuera objeto de control de
constitucionalidad. Y es que la propia sentencia C-955 de 2000 dice
expresamente que la condición para dar por terminados los procesos ejecutivos
hipotecarios en trámite a 31 de diciembre de 1999 era la reliquidación de la
deuda y no hace distinción alguna respecto de la existencia de saldos insolutos
o de que se hayan o no logrado acuerdos de reestructuración. Dice literalmente
dicha sentencia:
“En ese orden de ideas,
la suspensión de los procesos en curso, ya por petición del deudor, o por
decisión adoptada de oficio por el juez, tiene por objeto que se efectúe la
reliquidación del crédito y, producida ella, debe dar lugar a la terminación
del proceso y a su archivo sin más trámite, como lo ordena la norma,
que en tal sentido, lejos de vulnerar, desarrolla el postulado constitucional
que propende al establecimiento de un orden justo (Preámbulo y artículo 2 C.P.) y realiza los principios de prevalencia del derecho sustancial (art. 228 C.P.) y de acceso a la administración de justicia (art. 229 C.P.) (subrayas fuera del texto original)[12].”
22- En segundo lugar, la hermenéutica
del tribunal armoniza con el tenor literal del artículo 42 de la Ley 546 de
1999, tal y como éste quedó luego del control de constitucionalidad del cual
fuera objeto por la sentencia C-955 de 2000. En efecto, si en el parágrafo 3º
del artículo 42 de la Ley 546 de 1999 no es posible asimilar acuerdo de
reliquidación con reestructuración, como ya ha sido señalado, no es admisible
el argumento según el cual cuando aparece la primera expresión (acuerdo de reliquidación)
debe entenderse la segunda (reestructuración) por una presunta imprecisión del
legislador en el empleo de los términos. Lo que la norma prescribe es que,
luego de efectuada la reliquidación sobre todos los créditos, pesaba sobre el
banco el deber de reestructurarlos. Para mostrar lo anterior, conviene recordar
el tenor literal del inciso primero de ese artículo, luego de la sentencia
C-955 de 2000, que dice que “los deudores hipotecarios que estuvieren en
mora al 31 de diciembre de 1999, podrán beneficiarse de los abonos previstos en
el artículo 40, la entidad financiera procederá a condonar los intereses de
mora y a reestructurar el crédito si fuere necesario”. El conector “y” con
el cual van unidas las dos obligaciones de la entidad respecto de los créditos
reliquidados permite aclarar el punto. Los bancos debían, entonces, condonar
los intereses de mora y reestructurar el crédito –si fuera necesario-, luego de
la reliquidación, lo cual muestra además que, contrariamente a lo sostenido por
el actor, la ley no confunde los términos “reestructuración” y “reliquidación”.
Quiere decir lo anterior que los
acreedores no pueden excusarse en la falta de acuerdo de reestructuración con
el deudor, por cuanto, si éste era necesario, las entidades financieras tenían
la obligación de efectuarlo. En suma, la reliquidación, luego del aparte
declarado inexequible por la sentencia de control de constitucionalidad, debía
ser aplicada a todos los créditos hipotecarios. En el mismo sentido, de
conformidad con el artículo 42, las entidades bancarias tenían la obligación de
condonar los intereses de mora y de reestructurar el crédito si era necesario.
Si no lo hicieron respecto de los créditos objeto de procesos ejecutivos –que
obviamente eran los que más los requerían-, no es admisible imponer a los
demandados las consecuencias adversas de la falta de cumplimiento de ese deber,
por cuanto éste pesaba sobre las entidades financieras.
23- En tercer lugar, dicha
interpretación se ajusta además a la función del proceso ejecutivo, que es
lograr el pago de una obligación, pero cuando la obligación se encuentra
vencida. Ahora bien, si después de la sentencia C-955 de 2000, es claro que en
todos estos procesos ejecutivos debía existir reliquidación, y que una vez
efectuada ésta, la entidad financiera debía condonar los intereses de mora,
entonces es razonable suponer que, conforme a dicha norma, el incumplimiento
cesaba por mandato de la ley, y el proceso ejecutivo perdía su objeto, por lo
cual debía también terminar. Precisamente por ello, el parágrafo señala que una
vez acordada la reliquidación por el deudor, (que es distinta a la
reestructuración), entonces el  proceso ejecutivo cesa y debe ser archivado.
24- En cuarto lugar, la tesis del
tribunal armoniza igualmente con el sentido que se debe atribuir a la expresión
“acuerdo de reliquidación” contenida en el parágrafo 3, una vez adoptada
por la Corte la sentencia C-955 de 2000. Según la parte final de ese parágrafo,
tal y como quedó con posterioridad a la mencionada sentencia C-955 de 2000, en
“caso de que el deudor acuerde la reliquidación de su obligación, de
conformidad con lo previsto en este artículo el proceso se dará por terminado y
se procederá a su archivo sin más trámite”. El actor y la Sala de Casación
Civil entienden que se trata de un acuerdo de reestructuración, pero que el
parágrafo lo denominó impropiamente acuerdo de reliquidación. Pero ese
argumento no es convincente por cuanto el significado originario de esa
expresión, antes de la sentencia C-955 de 2000, hacía alusión claramente a que
el deudor debía solicitar y acordar una reliquidación, pues el artículo 42
señalaba que los deudores, cuyas obligaciones se encontraban vencidas y sobre
las cuales recaían procesos judiciales,  podían dentro de los noventa (90) días
siguientes a la entrada en vigencia de la ley acogerse a la reliquidación de su
crédito hipotecario, y en tal caso podían solicitar suspensión de los
mencionados procesos. Y si efectivamente dentro de ese plazo, acordaban la
reliquidación, entonces el proceso se daba por terminado. Esto significa que en
la regulación originaria, el deudor debía solicitar y acordar la reliquidación
dentro de un plazo determinado. Pero, como ya se explicó, precisamente esa
exigencia originaria de la ley fue declarada inexequible por la sentencia C-955
de 2000, que consideró que las reliquidaciones debían operar por ministerio de
la ley, sin necesidad de solicitud del deudor. Por consiguiente, después de la
sentencia C-955 de 2000, cuando la norma establece un acuerdo de reliquidación
como condición para dar por terminados los procesos ejecutivos, lo hace por
cuanto los demandados contaban con un término de tres meses para objetarla. En
tal sentido, puede entenderse que, si la reliquidación no fue objetada, medió
un acuerdo tácito del deudor  respecto de la misma, y los procesos ejecutivos
cesan.
25- Como quinto punto, puede afirmarse que, tanto la
Ley 546 de 1999, como la sentencia de control de constitucionalidad, destacaron
como objetivo central del cambio de sistema de liquidación de créditos para
adquirir vivienda, la necesidad de posibilitar a los deudores acceder a dichos
bienes a través de créditos ajustados a la Constitución, teniendo en cuenta la
crisis generalizada de pagos de los deudores. Los alivios debían lograr
restablecer, en lo posible, la capacidad de pago de dichos deudores. Sin
embargo, esto sería prácticamente imposible si los procesos ejecutivos
continuaran, debido, entre otras cosas, a la cláusula aceleratoria que
contemplan los títulos valores. Dicha cláusula aceleratoria permite al portador
del título valor suscrito por el deudor declarar vencida de manera adelantada
toda la obligación, dar así por extinguido el plazo convenido y hacer exigibles
los saldos pendientes. En ese orden de ideas, encontrándose el deudor en mora
por la totalidad del crédito de vivienda, la posibilidad de impedir que, con
ocasión del proceso ejecutivo pierda el bien objeto de garantía real, es
remota. Los préstamos de vivienda son generalmente otorgados para ser
cancelados en el largo plazo. Por ende, si se ejecuta al deudor por el monto
total de la obligación difícilmente podrá reunir  el monto total para evitar la
pérdida de su inmueble.
Cabe reiterar que la finalidad de la ley no era sólo
reliquidar con un nuevo sistema los créditos para adquirir vivienda. Era
también permitir a los deudores acceder a tales inmuebles en condiciones más
justas y equitativas, y brindar alivios financieros para enfrentar una crisis
generalizada de pagos. En suma, aunque con la terminación y archivo de todos
los procesos ejecutivos en curso a 31 de diciembre de 1999, las entidades
bancarias tienen la carga de iniciar los procesos ejecutivos, en caso de que el
deudor se constituya nuevamente en mora, ello no genera consecuencias
irrazonables, por cuanto aquellas gozan de las mismas garantías reales y de los
mismos títulos valores que soportan el pago total de la obligación. No ocurre
lo mismo con los demandados en los mencionados procesos. De levantarse la
suspensión ordenada por la ley y seguir adelante con la ejecución, a muchos
demandados les sería prácticamente imposible recuperar sus viviendas, con lo
cual se perdería una de las finalidades esenciales de la Ley 546 de 1999.
26- Directamente ligado a lo anterior, en sexto
término, la interpretación de la sentencia del Tribunal desarrolla en mejor
forma los principios constitucionales relativos a la protección del derecho a
la vivienda. Uno de ellos es el principio de los “gastos soportables”,
ampliamente desarrollado por la doctrina internacional de los derechos humanos.
Así, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su Observación
General 4, que es el intérprete autorizado del Pacto de Derechos Económicos
Sociales y Culturales, señaló  que uno de los componentes del derecho a una
vivienda adecuada era el concepto de gastos soportables (párr. 8.c), entendido
así:
"Gastos soportables. Los gastos personales o del
hogar que entraña la vivienda deberían ser de un nivel que no impidiera ni
comprometiera el logro y la satisfacción de otras necesidades básicas. Los
Estados Partes deberían adoptar medidas para garantizar que el porcentaje de los
gastos de vivienda sean, en general, conmensurados con los niveles de ingreso.
Los Estados Partes deberían crear subsidios de vivienda para los que no pueden
costearse una vivienda, así como formas y niveles de financiación que
correspondan adecuadamente a las necesidades de vivienda. De conformidad con el
principio de la posibilidad de costear la vivienda, se debería proteger por
medios adecuados a los inquilinos contra niveles o aumentos desproporcionados
de los alquileres. En las sociedades en que los materiales naturales
constituyen las principales fuentes de material de construcción de vivienda,
los Estados Partes deberían adoptar medidas para garantizar la disponibilidad
de esos materiales"[13].
El
principio de gastos soportables permite fundamentar la aplicación del principio
de proporcionalidad respecto a casos en donde si bien existe una capacidad
económica de importancia, la carga que se asume resulta desproporcionada frente
al equilibrio familiar. Precisamente la terminación de los procesos ejecutivos
logra, en parte, restablecer la capacidad de pago de los deudores, mientras que
la continuación de los mismos, en especial debido a la cláusula aceleratoria,
implica en muchos eventos gastos que no son soportables para esos deudores.
27- La consideración precedente
muestra además, en séptimo término, que una ponderación de los eventuales
derechos constitucionales afectados por una u otra interpretación favorece la
tesis de la terminación de todos los procesos ejecutivos. Así, los derechos en
conflicto son el acceso a la justicia de las entidades financieras y el derecho
a la vivienda digna de los deudores hipotecarios. Ahora bien, la tesis
sostenida por el actor y por la Sala de Casación Civil sobre la continuación de
los procesos ejecutivos, aunque favorece el derecho de acceso a la justicia de
las entidades financieras, en muchos casos implica la imposición de gastos
insoportables a los deudores, quienes muy probablemente terminarían perdiendo
la vivienda, lo cual  no sólo afecta considerablemente el derecho a la vivienda
digna, sino que además terminaría desconociendo uno de los propósitos
esenciales de la Ley 546 de 1999, que fue restablecer la capacidad y
posibilidad de pago de dichos deudores. Por el contrario, la tesis de la
terminación y archivo de los procesos ejecutivos, sostenida por la sentencia
impugnada, no tiene efectos tan traumáticos sobre el derecho de acceso a la
justicia de las entidades bancarias. Es cierto que éstas tienen la carga de
iniciar nuevos procesos ejecutivos en caso de que los deudores de vivienda se
constituyan nuevamente en mora, pero las mismas gozan, por ministerio de la
ley, de iguales garantías para perseguir el cumplimiento de la obligación. Es
decir los títulos ejecutivos fueron convertidos, ope legem, de Upac a
Uvr, permaneciendo también la garantía real de hipoteca sobre los bienes
inmuebles.
28- El análisis anterior muestra
que una vez promulgada la sentencia C-955 de 2000, todos los procesos
ejecutivos con título hipotecario basados en un crédito UPAC y que se
encontraban en curso el 31 de diciembre de 1999, cesaron, pues dicha sentencia
estableció que todos estos créditos debían ser reliquidados, y que acordada la
reliquidación, el proceso debía ser archivado. Es cierto que la regulación
originaria de la Ley 546 de 1999 no establecía la terminación automática de
todos esos procesos, pues exigía que el deudor hipotecario solicitara y
acordara la reliquidación en un plazo determinado. Y por ello la ley no
estableció una norma simple y terminante que dijera que todos esos procesos
cesaban, ya que su archivo dependía de que hubiera solicitud y acuerdo de
reliquidación en un término de tres meses. Sin embargo, esa exigencia de que
hubiera la solicitud y del acuerdo de reliquidación en ese plazo fue declarada
inexequible por la sentencia C-955 de 2000, que consideró que dicha
reliquidación operaba por ministerio de la ley. Por consiguiente, como el
archivo de estos procesos depende de la existencia de la reliquidación, y como
en virtud de la sentencia C-955 de 2000, dicha reliquidación es automática, una
conclusión se impone: el parágrafo 3 del artículo 42 de la Ley 546 de 1999,
interpretado a la luz de la sentencia C-955 de 2000, estableció la terminación
y archivo de los  procesos ejecutivos con título hipotecario basado en un
crédito UPAC y que se encontraban en curso el 31 de diciembre de 1999.
29- La conclusión previa se
confirma si además se tiene en cuenta que efectivamente el parágrafo del
artículo 42 de la Ley 546 de 1999 preveía una hipótesis de continuación de los
procesos ejecutivos, pero dicha posibilidad fue declarada inexequible por la
sentencia C-955 de 2000. En efecto, la frase final de dicho parágrafo señalaba
que “si dentro del año siguiente a la reestructuración del crédito el deudor
incurriere nuevamente en mora, los procesos se reiniciarán a solicitud de la
entidad financiera y con la sola demostración de la mora, en la etapa en que se
encontraban al momento de la suspensión, y previa actualización de su cuantía”.
Ese aparte fue declarado inexequible por la sentencia C-955 de 2000, con base
en las siguientes consideraciones.
“También contraviene el derecho a la igualdad, el
debido proceso y el derecho a la administración de justicia la parte final del
mismo parágrafo 3, a cuyo tenor, si dentro del año siguiente a la
reestructuración del crédito el deudor incurriere nuevamente en mora, los
procesos se reiniciarán a solicitud de la entidad financiera y con la sola
demostración de la mora, en la etapa en que se encontraban al momento de la
suspensión, y previa actualización de su cuantía.
En efecto, es evidente que se trata de situaciones
jurídicas distintas, en cuanto la nueva mora, que al tenor del precepto se
constituye en hipótesis de la reanudación del proceso, debe dar lugar a un
proceso nuevo y de ninguna manera acumularse a la que había propiciado el
anterior, terminado, según el mismo mandato legal, con las consecuencias que
tiene la terminación de todo juicio.
El acreedor goza, por supuesto, del derecho a iniciar
un nuevo proceso ejecutivo en contra de su deudor, pero mal puede retomarse el
proceso expirado, en la etapa en que se encontraba cuando se produjo la
suspensión, puesto que ello significa atribuir efectos ultra activos a
situaciones previas ya definidas, combinándolas con hechos nuevos, en contra de
una de las partes, con notorio desequilibrio en la relación procesal.”
Por consiguiente, en la medida en
que la única hipótesis de continuación de los ejecutivos que habían sido
suspendidos fue declarada inexequible por la sentencia C-955 de 2000, resulta
claro que el efecto de dicha sentencia de la Corte Constitucional fue dar por
terminados todos los procesos ejecutivos con título hipotecario basados en un
crédito UPAC y que se encontraban en curso el 31 de diciembre de 1999.
30- Las conclusiones precedentes
permiten refutar uno de los argumentos aparentemente más fuertes del actor, y
es el siguiente: según su parecer, si la finalidad del legislador al expedir la
Ley 546 de 1999 hubiera sido dar por terminados todos los procesos ejecutivos
en curso a 31 de diciembre de 1999, así lo habría dicho de manera expresa. Y
como no lo dijo, entonces, según su parecer, debe entenderse que no todos los
ejecutivos cesaron.
Dicho argumento sería impecable si
se tratara de interpretar la Ley 546 de 1999 sin que nunca hubiera sido dictada
la sentencia C-955 de 2000. Y efectivamente, como ya se explicó, la regulación
originaria, antes de la sentencia de la Corte, establecía una condición para
que cesaran los ejecutivos en donde subsistían saldos insolutos y era que el
deudor solicitara y acordara la reliquidación en un plazo de tres meses. Esto
significa que la Ley 546 de 1999 no preveía la terminación de todos los
procesos ejecutivos, y por ello no lo dijo de manera expresa. Sin embargo, y
tal es la falla esencial de la tesis del actor, la sentencia C-955 de 2000
declaró la inexequibilidad de la condición prevista por el legislador –a saber
que la reliquidación dependía de la petición del deudor- con lo cual se
entiende que todos los procesos ejecutivos debían cesar, pues la reliquidación
opera por ministerio de la ley y no depende de la solicitud del deudor.
31- Las anteriores
consideraciones permiten concluir que la vía de hecho sustantiva alegada por
los demandantes no se configuró en el caso concreto. Por el contrario, las
razones expuestas por el Tribunal Superior de Medellín son no sólo admisibles,
sino que adhieren al sentido de la norma luego de la sentencia de control. Es
más, la Sala constata que la Corte y otros altos tribunales habían defendido
que ése era el entendimiento constitucionalmente adecuado de dicho parágrafo,
una vez que éste fue objeto de control constitucional por la sentencia C-955 de
2000.
Así, la sentencia del 12 de
diciembre de 2002 de la Sección Quinta del Consejo de Estado, CP Mario Alario
Méndez, analizó la decisión de la Jueza Quinta del Circuito de Barranquilla,
que no dio por terminado un ejecutivo en contra de dos deudores hipotecarios y
que estaba en curso a 31 de diciembre de 1999, con el argumento de que, a pesar
de la reliquidación del crédito, subsistía un saldo insoluto y no había habido
reliquidación. La Sección Quinta del Consejo de Estado consideró que dicha
interpretación había vulnerado el debido proceso de los deudores hipotecarios,
y por ello tuteló dicho derecho y ordenó al Juzgado declarar terminado el
ejecutivo y archivarlo sin más trámite, de conformidad con lo establecido en el
parágrafo 3° del artículo 42 de la Ley 546 de 1999.  Dijo entonces ese Alto
Tribunal:
“(S)egún lo establecido en el parágrafo 3° del
artículo 42 de la ley 546 de 1999, y de conformidad con la sentencia C-955 de
26 de julio de 2000 dictada por la Corte Constitucional, producida la
reliquidación del crédito debió terminarse el proceso a su archivo, sin más
trámite. Y la nueva mora en que se incurriera daría a la iniciación de un nuevo
proceso contra los deudores, pero no podía acumularse a la que había motivado
el proceso ejecutivo iniciado por Concasa contra los demandantes.
Así las cosas, considerando que en este caso existe
una irregularidad evidente, para garantizar el derecho al debido proceso de los
demandantes, que ha sido violado, se hace necesario ordenar a la Juez Quinta
Civil del Circuito de Barranquilla que en un plazo perentorio de 48 horas
contadas desde la notificación de esta sentencia declare la terminación del
proceso ejecutivo hipotecario instaurado por Concasa, hoy Bancafé, y su
archivo, sin más trámite, de conformidad con lo establecido  en el parágrafo 3°
del artículo 42 de la ley 546 de 1999.”
Igualmente, esta Corte
Constitucional ha señalado que la interpretación del parágrafo 3° del artículo
42 de la Ley 546 de 1999 sostenida por la sentencia que ha sido atacada en el
presente proceso está lejos de constituir una vía de hecho. En efecto, esta
Corte se ha pronunciado respecto de la razonabilidad de este entendimiento de
la norma, y la no configuración de defecto alguno de las providencias que
sostienen idénticas tesis a las sustentadas por el Tribunal demandado. Así, la
sentencia T-606 de 2003, MP Alvaro Tafur Galvis, señaló al respecto:
“No sobra advertir, (…), que la finalización de los
procesos en curso, en los términos del parágrafo 3° del artículo 42 de la Ley
546 de 1999, es una modalidad especial en cuanto da lugar a la terminación de
los procesos sin efectos de cosa juzgada material y sin novar la obligación,
por disposición expresa de la ley.
Para finalizar procede recordar que esta Corporación
consideró contrarias a la Carta los apartes de las disposiciones confrontadas
que distinguían, para efectos de las reliquidaciones, entre los créditos que el
31 de diciembre se encontraban al día y los que a la misma fecha se hallaban en
mora, por cuanto “ la verdadera fuente del derecho de todos ellos de las
obligaciones correlativas en cabeza de las instituciones financieras acreedoras
(reliquidar y abonar o devolver lo pagado de más) era precisamente el efectivo
traslado patrimonial de recursos a las entidades prestamistas, lo que causó el
problema social que el legislador quiso solucionar.”( Idem, punto 21.)
En
suma, una vez concluido el trámite de la reliquidación del crédito, los
procesos iniciados antes del 31 de diciembre de 1999, iniciados para hacer
efectivas obligaciones hipotecarias convenidas en UPACS, terminaron por
ministerio de la ley, pero una vez adecuados los documentos contentivos de la
obligación dichos procesos pudieron haberse iniciado nuevamente, esta vez para
solucionar créditos convenidos en UVR(s); si el deudor no convino en la
reestructuración del crédito o incumplió la convenida, a fin de satisfacer
efectivamente al acreedor.
Porque
así lo dispone el parágrafo 3° del artículo 42 de la Ley 546 de 1999,
normatividad expedida con el objeto de solucionar una crisis social y económica
de grandes proporciones, motivada en gran parte por el gran número de procesos
ejecutivos en curso i) dado que las obligaciones superaron el monto de pago de
los deudores, y en muchos casos el valor de las viviendas; ii) en razón de que
los deudores fueron compelidos a trasladar a las entidades prestamistas sumas
superiores a lo realmente adeudado; y iii) toda vez que los obligados no
conocían el monto de sus obligaciones, siéndoles imposible proyectar sus pagos,
como también solicitar la reestructuración del crédito para adecuarlo a sus
reales condiciones de pago”.
32-  Por todo lo anterior,
teniendo en cuenta que la interpretación del Tribunal es no sólo razonable,
sino que es la que más se adecua a la Carta, es obvio que el demandado no
incurrió en una vía de hecho. No se activa, pues, la competencia del Juez
Constitucional para modificar la resolución de la justicia ordinaria –en punto
del defecto sustantivo alegado-, por cuanto en el trámite del proceso, el juez
de conocimiento actuó de manera razonable como garante de los postulados
superiores. Es más, por los argumentos señalados en los fundamentos anteriores
de esta providencia, la Corte Constitucional que la interpretación adelantada
por la Sala Unitaria  de Decisión Civil del Tribunal de Medellín es la
hermenéutica correcta y constitucionalmente más adecuada del significado del
parágrafo 3 del artículo 42 de la Ley 546 de 1999, interpretado a la luz de la
sentencia C-955 de 2000. En consecuencia, la solicitud de amparo elevada por
Conavi, no será concedida.
Coherencia del precedente constitucional
33. Frente a la solicitud de llevar a Sala plena el
asunto bajo estudio presentada por el apoderado de la entidad demandante y por
el Procurador General de la Nación, esta Sala constata que, si bien existen
ciertos matices diferenciables en cada una de las providencias que respecto de
este tema ha proferido esta Corporación, ello se debe a supuestos de hecho
diferentes en cada caso. Es coherente, en consecuencia, la jurisprudencia
constitucional sobre el punto, por lo cual no era necesario llevar el caso a la
Sala Plena. Para justificar esa aseveración, entra la Sala a examinar el
alcance de las principales decisiones de la Corte en esta materia.
34. En la sentencia SU-846 de 2000 se discute
si, en los casos sometidos a revisión, procedía la acción de tutela para
ordenar la suspensión de procesos ejecutivos en curso, a efectos de obtener la
reliquidación de créditos adquiridos bajo el sistema UPAC, cuando el fundamento
de la pretensión son sentencias de control de constitucionalidad dictadas por la
Corte Constitucional y por el Consejo de Estado. Los hechos del caso son:
Los actores en esta tutela adquirieron en distinta
fecha créditos para la adquisición de vivienda, respaldados con garantía
hipotecaria concebida en Upacs. Posteriormente, en atención a la mora en que
incurrieron los deudores, las entidades bancarias iniciaron procesos ejecutivos
contra los mismos. En el proceso ejecutivo seguido contra uno de los actores,
cuando fue interpuesta la acción de tutela –noviembre 22 de 1999-, se
encontraba a la espera de los resultados de la venta en pública subasta del
inmueble dado en garantía, diligencia programada para el 25 de noviembre de
1999. Al momento de interponer la acción de tutela –diciembre 13 de 1999-, el
proceso ejecutivo seguido contra el segundo de los actores se encontraba
surtiendo la notificación del mandamiento de pago a otro de los demandados por
el trámite ejecutivo. Ambos actores solicitaron respectivamente en sus demandas
de tutela la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y a
tener una vivienda digna. Pretendían que se ordenara a los entes demandados
para que, con fundamento en las sentencias C-383 de 1999, C-747 de 1999 y la
nulidad de la resolución en que se fijó el valor de la Upac.
Consideró la Corte, entonces, que para las fechas en
que fueron interpuestas la acciones de tutela de la referencia, el legislador
aún no había expedido la Ley 546 de 1999 –relativa a la refinanciación de
créditos de vivienda-, quien dispuso la suspensión de los procesos ejecutivos
de esta índole que estaban en curso. Por tal razón los actores mal podían
solicitar la aplicación de una disposición que aún no había sido dictada. La
liquidación de los créditos de los demandantes en tutela fue efectuada con
anterioridad a las decisiones de la jurisdicción constitucional y con
fundamento en aquellos factores que ésta consideró contrarios a los primados
superiores. La mencionada liquidación no podía ser, en consecuencia, el
fundamento para realizar la venta en pública subasta  del inmueble del primero
de los actores en tutela. La inminencia de la realización de la mencionada
diligencia justificaba la interposición de la acción de tutela como mecanismo
transitorio, a efectos de evitar su realización hasta tanto fuera realizada la
reliquidación del crédito. En el segundo expediente de tutela, la Corte denegó
el amparo. Consideró para ello que al momento de ser presentada la solicitud de
amparo, el proceso ejecutivo seguido en contra del actor se encontraba
surtiendo la notificación del mandamiento de pago a otro de los demandados. Se
tiene entonces que, pese a que el Juzgado ya había ordenado el embargo del
inmueble dado en garantía -como medida cautelar -, en el trámite del mismo aún
no había sido presentada la liquidación del crédito, ni estaba en curso
diligencia alguna que hiciese imperiosa la intervención del Juez de tutela.
Además, a diferencia de lo acontecido en el primer expediente de tutela, en
este caso el actor podía, una vez presentada la liquidación del crédito por
parte de la entidad ejecutante, objetarla y además, solicitar la suspensión del
proceso al Juzgado de conocimiento.
En conclusión, de conformidad con esta providencia, es
deber de los jueces, en cumplimiento de su función de garantizar los derechos
de las personas que solicitan su intermediación, efectuar la liquidación de
créditos que por vía ejecutiva pretenden hacerse efectivas, para que los mismos
se adapten a los parámetros señalados por la Corte Constitucional y el Consejo
de Estado en sus providencias, con el fin de evitar que los deudores resulten
ejecutados y obligados a pagar sumas que en derecho no tienen por qué cancelar.
En principio, entonces, el proceso ejecutivo es el adecuado para tramitar las
reclamaciones de los deudores hipotecarios y resulta improcedente solicitar la
protección mediante acción de tutela.
35. En la sentencia T-535 de 2004, esta Corporación
revisó la decisión adoptada por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema
de Justicia, en una tutela interpuesta por una ciudadana contra el Juzgado 16
del Circuito y el banco A.V. Villas. En el Juzgado demandado cursaba un proceso
ejecutivo contra la demandante, por el incumplimiento en el pago de su
obligación hipotecaria. Luego de efectuada la reliquidación, el proceso no
terminó, sino que se levantó la suspensión de términos ordenada por la ley, y
se siguió adelante con la ejecución. Consideró entonces la actora que esta
decisión vulneraba su derecho al debido proceso, a la vivienda digna y al
acceso a la administración de justicia. Consideró la Corte que la
jurisprudencia en relación con la competencia del Juez ordinario para tramitar
las discusiones que se susciten entre las partes en un proceso ejecutivo
hipotecario, deben ser resueltas al interior del proceso y sólo
excepcionalmente por el Juez de tutela –si concurren las circunstancias que la
Constitución y la ley prevén para ello-. Igualmente indicó que la
jurisprudencia constitucional ha sido enfática en señalar que el recurso de
amparo no es el medio idóneo para subsanar la falta de ejercicio del derecho de
defensa de las partes procesales. Resolvió, en consecuencia, denegar el amparo,
en atención a la negligencia en ejercicio de los recursos ordinarios de
defensa.
36. En conclusión, la regla jurisprudencial
desarrollada por las providencias precitadas se refiere a la activación de los
medios ordinarios de defensa para atacar las decisiones que, a juicio de alguna
de las partes, vulneran sus derechos fundamentales. No es posible, entonces, si
no se han utilizado los medios ordinarios de defensa, pretender subsanar ese
error mediante el ejercicio de la acción de tutela.
37. En la sentencia T-606 de 2003, fue estudiada la
acción de tutela interpuesta por un banco contra la decisión de un Tribunal
Superior de dar por terminado un proceso ejecutivo hipotecario, en atención a
la orden dada en ese sentido por la Ley 546 de 1999. Alegó la entidad
demandante que la decisión  adolecía de un defecto sustantivo que generó, a la
postre, la vulneración del derecho a la administración de justicia y al debido
proceso de la entidad demandante.
Consideró la Corte, en sede de
revisión de las decisiones de tutela adoptadas por la Sala de Casación Civil
–en primera instancia- y por la Sala de Casación Laboral en segunda instancia-,
que no se configuró vulneración de los derechos fundamentales de la demandante.
Señaló que el 31 de diciembre de 1999, los procesos ejecutivos en los que una
entidad financiera cobraba un crédito concedido en UPACs para adquirir
vivienda,  fueron suspendidos a efectos de permitir la reliquidación del
crédito, de oficio o a petición del deudor. Indicó que, una vez efectuada la
reliquidación del crédito, el proceso finalizó y la actuación fue archivada.
Agregó que el parágrafo 3°, art. 42, de la Ley 546 de 1999 no estableció una
modalidad de terminación por pago total de la obligación, sino la finalización
de los procesos ejecutivos en curso por ministerio de la ley, sin consideración
al estado del mismo, ni la cuantía del abono especial, como tampoco las
“gestiones” del deudor para cancelar las cuotas insolutas del crédito. Resaltó
que la Ley 546 de 1999 fue una normatividad expedida con el objeto de
solucionar una crisis social y económica de grandes proporciones, motivada en
gran parte por el gran número de procesos ejecutivos en curso (i) dado que las
obligaciones superaron el monto e pago de los deudores, y en muchos casos el
valor de las viviendas (ii) en razón de que los deudores fueron compelidos a
trasladar a las entidades prestamistas sumas superiores a lo realmente
adeudado; (iii) toda vez que los deudores no conocían el monto de sus
obligaciones, siéndoles imposible proyectar sus pagos, como también solicitar
la reestructuración del crédito para adecuarlo a sus reales condiciones de
pago. La Corte precisó que, una vez concluido el trámite de la reliquidación
del crédito, los procesos iniciados antes del 31 de diciembre de 1999,
promovidos para hacer efectivas obligaciones hipotecarias convenidas en UPACS,
terminaron por ministerio de la ley, pero una vez adecuados los documentos
contentivos de la obligación dichos procesos pudieron haberse iniciado
nuevamente, esta vez para solucionar créditos convenidos en UVR(s); si el
deudor no convino en la reestructuración del crédito o incumplió la convenida,
a fin de satisfacer efectivamente al acreedor.
38. De las decisiones adoptadas
por esta Corporación es posible inferir algunas reglas respecto de la
procedibilidad de la acción de tutela en los supuestos reseñados:
(i)
Prima facie, ante la jurisdicción civil deben discutirse y tramitarse
las controversias que suscite la ley de vivienda. En tanto todos los jueces
tienen el deber de ser garantes de la constitucionalidad del  proceso, a ellos
corresponde también procurar la integridad de los derechos fundamentales de las
partes.
(ii)
No puede activarse la acción de tutela como medio principal para
subsanar la inactividad procesal de las partes.
(iii)
La decisión de declarar terminados todos los procesos ejecutivos
hipotecarios en trámite a 31 de diciembre de 1999, no es irrazonable ni
arbitraria y, por tanto, no procede contra ella solicitud de amparo
constitucional.
39. Las anteriores reglas jurisprudenciales armonizan
con la doctrina sentada en la presente oportunidad. La única decisión que a
primera vista parece ser contraria a dicha doctrina es la sentencia T-511 de
2001, en donde la Corte estudió un caso en el que, luego de efectuada la
reliquidación de un crédito hipotecario – de conformidad con lo prescrito por la
Ley 546 de 1999-, la obligación no fue reestructurada y el juez de conocimiento
siguió adelante con la ejecución, luego de levantada la suspensión. Consideró la
Corte que, de la jurisprudencia constitucional sobre reliquidación de créditos
hipotecarios (Ley 546 de 1999) pueden derivarse tres argumentos centrales: (i)
esta Corporación reconoció que toda persona contra quien se siguiera un proceso
judicial por la mora en el pago de obligaciones crediticias tenía derecho a que
se decretara la suspensión de los procesos, aún de oficio, siendo
inconstitucional limitar esta posibilidad al término de tres meses; (ii) si el
deudor y la entidad financiera acordaban la reliquidación de la obligación,
debía decretarse la terminación del proceso y su archivo sin más trámite; (iii)
si dentro del año siguiente a la reestructuración del crédito acordado con la
entidad, el deudor volviere a incurrir en mora, debería iniciarse un nuevo
proceso judicial y no podría reanudarse el primero por tratarse de situaciones
jurídicas distintas. En conclusión, determinó la Sala que en el proceso
ejecutivo seguido por DAVIVIENDA contra el actor, la actuación de Juzgado se
ajustó plenamente a las exigencias del ordenamiento y de la jurisprudencia constitucional
sobre el punto. Dijo  entonces la Corte:
“Observa la Sala que, dentro del proceso ejecutivo
adelantado por DAVIVIENDA en contra del señor Gaviria Otálora, la actuación del
juzgado, lejos de configurar una vía de hecho se ajusta plenamente a las
exigencias del ordenamiento y de la jurisprudencia constitucional sobre la
materia. En primer lugar, destaca la Corte que dentro del proceso ejecutivo el
juzgado exigió acreditar el cumplimiento de lo previsto en la ley 546 de 1999,
de conformidad con las Sentencias C-383 de 1999 y C-700 del mismo año;
posteriormente, una vez efectuada la reliquidación del crédito, accedió a la
petición elevada por el ahora demandante, en el sentido de decretar la
suspensión del proceso. Sin embargo, como no hubo acuerdo con la entidad
respecto del cumplimiento de la obligación y el deudor continuó en mora, mal
podría decretar la terminación del proceso por lo que, a solicitud de DAVIVIENDA
y teniendo en cuenta que otros despachos judiciales habían embargado los
remanentes, dispuso proseguir con la ejecución.
Igualmente cabe advertir que en todo momento
estuvieron asegurados los derechos de contradicción y defensa; cosa distinta es
que el demandado no hubiere recurrido a ellos para controvertir, por ejemplo,
la reliquidación del crédito o el auto que fijó la fecha para el remate. No
puede pretender ahora, en sede de tutela, remediar las omisiones o negligencias
en que eventualmente pudo haber incurrido. Tampoco puede la Corte avalar este
tipo de conductas que desnaturalizan los elementos de residualidad y
subsidiariedad de las acciones de tutela.  En estos términos, no existiendo
vulneración de derechos fundamentales, las decisiones de instancia habrán de
ser confirmadas.”
40- Esta sentencia T-511 de 2001
parece ser incoherente con la doctrina señalada en la presente tutela, por
cuanto el comportamiento del juez al proseguir el proceso ejecutivo es
calificado como ajustado a las exigencias del ordenamiento y a la
jurisprudencia constitucional, lo cual parecería contradecir la tesis
desarrollada por la presente decisión, según la cual, la interpretación que
mejor se ajusta a la Carta es aquella que considera que,  de conformidad con
el parágrafo 3 del artículo 42 de la Ley 546 de 1999, interpretado a la luz de
la sentencia C-955 de 2000, debe entenderse que terminaron y deben ser
archivados los  procesos ejecutivos con título hipotecario basado en un crédito
UPAC y que se encontraban en curso el 31 de diciembre de 1999.
Sin embargo, un examen más atento
muestra que no existe contradicción entre esa sentencia T-511 de 2001 y la
doctrina desarrollada en la presente oportunidad, por cuanto la ratio
decidendi esencial de la negativa del amparo constitucional en ese caso fue
la subsidiaredad de la tutela, ya que la Corte consideró que si el deudor no
había utilizado las posibilidades que le brindaba la justicia civil para
defender sus derechos, no podía intentar corregir su incuria por medio de la
tutela.
40- Por todo lo anterior, puede
concluirse, entonces, que la jurisprudencia constitucional ha dado cuenta de
dos cuestiones diferentes: de una parte la improcedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales, cuando las partes han declinado su derecho a
ejercer el derecho de defensa mediante su inactividad procesal, en la
jurisdicción civil. Y, de otra parte, la falta de configuración de un defecto
sustantivo en las providencias que declaran la terminación de los procesos
ejecutivos hipotecarios en mención. En atención a que no hay contradicción
entre estas determinaciones, y a que las mismas están referidas a puntos
constitucionales diversos, no era necesario llevar el proceso a la Sala Plena.
III- DECISIÓN
En mérito
de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO. - LEVANTAR la suspensión de términos ordenada por auto del  21 de marzo de 2003 en
el proceso de la referencia.
SEGUNDO. –  CONFIRMAR, por las razones expuestas en esta providencia, la
decisión de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de justicia, en el
asunto de la referencia.
TERCERO. -LÍBRESE por Secretaría la comunicación de
que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí
contemplados.
Cópiese, notifíquese,
comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
RODRIGO UPRIMNY
YEPES
Magistrado (E)
ALVARO TAFUR
GALVIS
Magistrado
CLARA INES
VARGAS HERNANDEZ
Magistrada
IVÁN HUMBERTO ESCRUCERÍA MAYOLO
Secretario General (e)
Aclaración parcial de voto a la
Sentencia T-701/04
TRIBUNAL
SUPERIOR Y CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-Son admisibles las dos
interpretaciones sobre procesos ejecutivos hipotecarios/ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-No se configuró un defecto sustantivo
(Aclaración parcial de voto)
VIA DE HECHO
POR CONSECUENCIA-Alcance (Aclaración parcial de voto)
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Se requiere que se haya ocasionado un
perjuicio iusfundamental (Aclaración parcial de voto)
La
sentencia de unificación en mención determinó que para que proceda la acción de
tutela contra providencias judiciales por defecto consecuencial, no basta con
que hayan sido vulnerados derechos fundamentales; es preciso que con tal
transgresión se haya ocasionado un perjuicio iusfundamental. Es decir, que el
compromiso de derechos fundamentales sea de tal magnitud que, cuando haya
decisión al respecto de la justicia ordinaria, ya el daño esté consumado.
VIA DE HECHO
POR CONSECUENCIA-Falta de unificación frente a discrepancias de los jueces/ACCION
DE TUTELA-Unificación de discrepancias frente a una disposición/VIA DE
HECHO POR CONSECUENCIA POR FALTA DE UNIFICACION-Procedencia de tutela
(Aclaración parcial de voto)
La
tutela es la única solución que ofrece el ordenamiento colombiano para
enfrentar esas situaciones de grave afectación a la seguridad jurídica y de
violación generalizada a la igualdad, que resulta de la coexistencia de
interpretaciones contradictorias de una disposición, sin que exista una
instancia de unificación. La procedencia de la tutela no deriva en este caso de
la actuación arbitraria de los jueces, pues las distintas interpretaciones son
razonables, sino de la ausencia de una instancia unificadora. Por consiguiente,
es necesario admitir que en esos eventos existe una vía de hecho por
consecuencia debido a la falta de unificación frente a una discrepancia
sistemática de los jueces frente al entendimiento de una disposición; en tales
casos, adquiere competencia la jurisdicción constitucional para unificar los
entendimientos discrepantes de la misma disposición y evitar así una masiva
violación a la igualdad. Una vez ocurre esta vía de hecho por consecuencia por
falta de unificación, la justicia constitucional debe entenderse habilitada,
por vía de tutela, para enfrentar esa masiva violación a la igualdad. Según mi
criterio, es necesario que la justicia constitucional defina cuál de las
diversas interpretaciones admisibles de una norma legal es la más adecuada
desde la perspectiva constitucional.
VIA DE HECHO POR CONSECUENCIA-Causales
(Aclaración parcial de voto)
Considero que
esta vía de hecho por consecuencia se configura cuando: i) Conviven dos
interpretaciones admisibles, pero contradictorias de una misma norma, y; ii)
Los asuntos que regulan tales normas no son susceptibles de casación, y; iii)
Los diversos Tribunales de Distrito aplican, de conformidad con lo señalado en
el punto (i), de manera opuesta, la misma prescripción normativa en numerosos
casos; y iv) Cada una de tales interpretaciones es regular y generalizadamente
atacada por vía de tutela alegando defecto sustantivo, y; v)La persistencia de
las dos interpretaciones contradictorias amenaza gravemente los derechos
fundamentales de las partes procesales, ocasionándoles con ello un grave
perjuicio iusfundamental, no susceptible de corrección al interior de la propia
jurisdicción; vi) Y el precedente y la doctrina probable no constituyen una
expectativa razonable de la manera en la cual los jueces fallaran en estos
casos, poniendo en cuestión entre otros el derecho a la igualdad y la
pretensión de seguridad jurídica.
JUEZ CONSTITUCIONAL-Criterios
de ponderación para determinar la interpretación constitucional más adecuada
(Aclaración parcial de voto)
1- Comparto plenamente la parte
resolutiva de la presente sentencia de dejar en firme la sentencia de la Sala
Civil del Tribunal de Medellín, que dio por terminado el proceso ejecutivo
seguido por CONAVI contra el señor Alveiro Escobar Rico. Comparto igualmente
toda la argumentación de la presente sentencia, que sostiene que es
perfectamente razonable la tesis del mencionado tribunal, según la cual cesaron
y deben ser archivados todos los  procesos ejecutivos con título hipotecario
basados en un crédito UPAC y que se encontraban en curso el 31 de diciembre de
1999. Comparto igualmente la doctrina de la presente sentencia, según la cual
dicha interpretación es la que mejor se adecua al sentido del parágrafo 3º del
artículo 42 de la Ley 546 de 1999, una vez éste fue objeto de control por parte
de la sentencia C-955 de 2000. No tengo ninguna discrepancia al respecto. Mi
disentimiento parcial surge del hecho de que la presente sentencia parece
indicar que la anterior interpretación es la única razonable, por lo cual sería
una vía de hecho que un juez no decretara la terminación de un ejecutivo
hipotecario que estuviera en curso en diciembre de 1999. Según mi parecer, ello
no es así, pues existe otra interpretación admisible del alcance del parágrafo
3º del artículo 42 de la Ley 546 de 1999, y según la cual no terminaron
aquellos procesos ejecutivos, en donde luego de la reliquidación del crédito,
subsistió un saldo insoluto y no hubo reestructuración. Aunque, según mi
criterio, esta segunda interpretación, sostenida entre otros por la Sala Civil
de la Corte Suprema de Justicia, no parece ser la que mejor se adecua al
significado del parágrafo 3 del artículo 42 de la Ley 546 de 1999, interpretado
a la luz de la sentencia C-955 de 2000, sin embargo considero que dicha
hermenéutica no resulta tampoco irrazonable.
2- Esto
significa que, según mi parecer, habrían subsistido en el ordenamiento jurídico
colombiano dos entendimientos contradictorios, pero razonables, de una misma
disposición. Esta  situación es relevante constitucionalmente pues afecta el
derecho a la igualdad en la aplicación de la ley (CP art. 13). Esta vulneración
de la igualdad es configurada no por el entendimiento irrazonable por parte de
un juez de una norma, sino por la convivencia en el aparato judicial de dos
interpretaciones contradictorias, pero admisibles, de la misma disposición que,
a casos iguales en lo relevante, le adjudica consecuencias opuestas. Aunque,
como ha sido señalado por esta Corporación, corresponde a la propia
jurisdicción fijar precedente respecto de los asuntos bajo su competencia,
algunos de ellos no pueden llegar hasta el máximo órgano de unificación
jurisprudencial de la justicia ordinaria: la Corte Suprema de Justicia. En
atención al potencial pero inminente menoscabo del derecho fundamental a la
igualdad que esta situación comporta, es indudable que ella plantea un problema
constitucionalmente relevante, que puede ser formulado así: ¿No representa acaso
una violación a la igualdad, que debe ser solucionada por el propio
ordenamientos jurídico, que la ciudadanía encuentre que los jueces tienen dos
entendimientos admisibles pero opuestos de una disposición normativa?
3. De las consideraciones
precedentes es posible inferir que son admisibles tanto la interpretación dada
por la Sala demandada al parágrafo 3º del artículo 42 de la Ley 546 de 1999, en
el sentido de que todos los procesos ejecutivos hipotecarios en curso a 31 de
diciembre de 1999 terminaron por ministerio legal, como el sentido dado por la
Sala Civil de la Corte Suprema a la misma disposición normativa, y según la
cual los jueces tienen el deber de seguir adelante con la ejecución respecto de
aquellos créditos no reestructurados y con saldos insolutos luego de aplicado
el alivio. La  conclusión es, entonces, prima facie, que en tanto ambas
opciones hermenéuticas son admisibles, no se configura un defecto sustantivo,
como causal de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones
judiciales. Un problema adicional subsiste, pese a la constatación anterior:
cada uno de los entendimientos de la norma en cuestión comporta resultados
contrapuestos que, eventualmente, implicarían que frente a casos con supuestos
de hecho muy similares, se obtuvieran decisiones judiciales diferentes.
4- Para una mayor ilustración de
esta dificultad, resulta pertinente considerar los siguientes ejemplos: los
ciudadanos X y Z, debido al incumplimiento en el pago de las cuotas mensuales
de sus respectivos créditos hipotecarios, tenían procesos ejecutivos en curso a
31 de diciembre de 1999. Una vez aplicado el alivio prescrito en la ley de
vivienda, aun restaba un saldo insoluto, respecto del cual no hubo acuerdo de
reestructuración con la entidad bancaria acreedora. El Juzgado 1, quien conoció
del proceso instaurado contra X, determinó que, de conformidad con el parágrafo
3º del artículo 42 de la ley en mención, luego de efectuada la reliquidación
del crédito, debía procederse al levantamiento de la suspensión del proceso y a
su terminación y archivo sin más trámites. El Juzgado 2, encargado de conocer
de la demanda ejecutiva instaurada contra Z, resolvió que, en atención al
mandato contenido en el parágrafo 3º del artículo 42 de la ley 546, levantaría
la suspensión de términos y seguiría adelante con la ejecución.
5. Las determinaciones adoptadas
por cada uno de los operadores jurídicos, son consecuencia de entendimientos
razonables de la norma en cuestión. Ninguno incurriría, entonces, en una vía de
hecho, tal como ha sido estructurada por la jurisprudencia constitucional. No
obstante, subsiste una clara violación del artículo 13 constitucional, de
conformidad con el cual las personas recibirán la misma protección y trato de
las autoridades y gozarán de los mismos derechos. Esta afectación a la igualdad
deriva no de la actuación caprichosa o arbitraria de los operadores jurídicos,
sino de las consecuencias contrapuestas que se  siguen de dos interpretaciones
normativas admisibles de una misma disposición. ¿Es posible superar esa
dificultad? Para responder a ese interrogante (i) se recordará brevemente cuál
ha sido la doctrina constitucional respecto del defecto por consecuencia de las
providencias judiciales, (ii) se estudiará cómo ha afrontado la jurisprudencia
el problema de la existencia de dos interpretaciones contradictorias pero
razonables de una misma disposición y cómo ha determinado cuál resulta
constitucionalmente admisible. (iii) Por último, procederé a aplicar esos
criterios al caso concreto.
Defecto consecuencial de las
providencias judiciales.
6. Desde 2001, la Corte Constitucional ha desarrollado
la hipótesis de la vía de hecho por consecuencia, como causal de procedibilidad
de la acción de tutela contra decisiones judiciales. Se trata en estos
supuestos de sentencias que, si bien no violan directamente la Carta, implican
un compromiso importante de principios y derechos fundamentales, ocasionado por
el incumplimiento por parte de autoridades administrativas de su deber
constitucional de colaboración armónica con la administración de justicia. En
estos casos, la actuación del Juez se ajusta a todas las prescripciones
constitucionales y legales respecto del trámite de los procesos. El defecto en
su decisión, entonces, no es atribuible al incumplimiento de sus deberes, sino
al hecho de que el juez actúa confiado en la recta actuación estatal, cuando lo
cierto es que con aquella se han vulnerado garantías fundamentales. La
violación al debido proceso en estos casos no es atribuible al funcionario
judicial, por cuanto el mismo no pudo advertirla, como consecuencia de la
actuación inconstitucional de otros órganos estatales[14].
Ha advertido esta Corporación sobre el punto:
“De presentarse una sentencia en la que se
verifique una vía de hecho por consecuencia, esto es, que la decisión judicial
se base en la apreciación de hechos o situaciones jurídicas, en cuya
determinación los órganos competentes hayan violado derechos constitucionales,
y que tenga como consecuencia un perjuicio iusfundamental, se impone, en aras
de garantizar los fines esenciales del Estado, su revisión. En caso de que no
exista otro medio de defensa judicial, no existe razón constitucional alguna
para que no se pueda acudir a la tutela”[15].
7. En conclusión, la sentencia de unificación en
mención determinó que para que proceda la acción de tutela contra providencias
judiciales por defecto consecuencial, no basta con que hayan sido vulnerados
derechos fundamentales; es preciso que con tal transgresión se haya ocasionado
un  perjuicio iusfundamental.  Es decir, que el compromiso de derechos
fundamentales sea de tal magnitud que, cuando haya decisión al respecto de la
justicia ordinaria, ya el daño esté consumado. Prima facie, entonces,
corresponde a los jueces ordinarios velar por la garantía y protección de los
derechos fundamentales de las partes, y sólo adquiere competencia el juez
constitucional cuando la acción para evitar el daño ius fundamental  debe
ser tomada de manera inmediata.
Vía de hecho por consecuencia debido a la falta de
unificación sistemática
8. Según mi parecer, existe una indudable afectación
de la seguridad jurídica y de la igualdad de los ciudadanos cuando, aunque los
jueces dicten providencias que atienden a una interpretación razonable de las
normas aplicables a los casos concretos, los diferentes despachos entienden de
manera contradictoria la prescripción normativa que incorpora una misma
disposición. En los procesos que no son susceptibles del recurso de casación,
esta situación es evidente. De conformidad con el artículo 365 del código de
procedimiento civil, el fin de este recurso es “unificar la jurisprudencia
nacional y proveer la realización del derecho objetivo”. En ese sentido, es
el Alto Tribunal que conoce de este recurso el encargado de fijar los
parámetros hermenéuticos que deben seguir los jueces en su labor
interpretativa. Lo anterior implica que el juez ordinario está vinculado por
las restricciones hermenéuticas que fije la Corte Suprema de Justicia en su
jurisprudencia, lo que significa, cuando menos, que los operadores jurídicos
deben fundamentar clara y razonadamente los motivos por los cuales se apartan
de su doctrina[16]. Ha dicho al respecto
esta Corte Constitucional: “dado que la Corte Suprema de Justicia se
encuentra en el vértice de la justicia ordinaria, imponen un precedente
vertical del cual los jueces pueden apartarse, siempre y cuando se expongan
razones poderosas (Este punto se había abordado en sentencia T-1625 de 2001).
Tales razones no pueden apoyarse en meras reflexiones individuales del
fallador, sino que tienen que ser el resultado de un análisis y reflexión sobre
los argumentos expuestos por la Corte Suprema de Justicia.”[17].
9. Ahora bien, retomando la dificultad planteada en el
párrafo anterior, los asuntos que no son susceptibles de casación, carecerían
de una instancia que unifique los criterios de conformidad con los cuales debe
interpretarse la normatividad. Podría objetarse que los tribunales superiores
son la cúspide de los diversos distritos judiciales y que, en consecuencia,
cumplen la función de unificación jurisprudencial. Serían entonces ellos los
encargados de desatar los diversos dilemas interpretativos, fijando para ello
criterios ciertos y precisos. Es claro, entonces que en las amplias áreas del
derecho que por diversas razones no son susceptibles de unificación vía
casación, la función unificadora, como condición necesaria para salvaguardar el
derecho constitucional a la igualdad, deber ser asumida funcionalmente por
estos entes. De esta manera, resultaría acertada la objeción. Pero ¿qué ocurre
cuando los diversos tribunales de distrito asumen posturas hermenéuticas
contrapuestas frente a situaciones que implican un serio compromiso de derechos
fundamentales de los ciudadanos?
10. Según
mi parecer, la tutela es la única solución que ofrece el ordenamiento
colombiano para enfrentar esas situaciones de grave afectación a la seguridad
jurídica y de violación generalizada a la igualdad, que resulta de la
coexistencia de interpretaciones contradictorias de una disposición, sin que
exista una instancia de unificación. La procedencia de la tutela no deriva en
este caso de la actuación arbitraria de los jueces, pues las distintas
interpretaciones son razonables, sino de la ausencia de una instancia
unificadora. Por consiguiente, es necesario admitir que en esos eventos existe
una vía de hecho por consecuencia debido a la falta de unificación frente a una
discrepancia sistemática de los jueces frente al entendimiento de una
disposición; en tales casos, adquiere competencia la jurisdicción
constitucional para unificar los entendimientos discrepantes de la misma
disposición y evitar así una masiva violación a la igualdad.  Sin embargo, a
fin de mantener la subsidiariedad de la tutela y evitar una injerencia indebida
de la jurisdicción constitucional en la justicia ordinaria, es indudable que
debe tratarse de situaciones excepcionales, que impliquen una afectación masiva
del derecho a la igualdad. Por ello considero que esta vía de hecho por
consecuencia se configura cuando:
(i)
Conviven dos interpretaciones
admisibles, pero contradictorias de una misma norma, y;
(ii)
Los asuntos que regulan tales
normas no son susceptibles de casación, y;
(iii)
Los diversos Tribunales de
Distrito aplican, de conformidad con lo señalado en el punto (i), de manera
opuesta, la misma prescripción normativa en numerosos casos; y
(iv)
Cada una de tales
interpretaciones es regular y generalizadamente atacada por vía de tutela
alegando defecto sustantivo, y;
(v)
La persistencia de las dos
interpretaciones contradictorias amenaza gravemente los derechos fundamentales
de las partes procesales,  ocasionándoles con ello un grave perjuicio iusfundamental,
no susceptible de corrección al interior de la propia jurisdicción;
(vi)
Y el precedente y la doctrina
probable no constituyen una expectativa razonable de la manera en la cual los
jueces fallaran en estos casos, poniendo en cuestión entre otros el derecho a
la igualdad y la pretensión de seguridad jurídica.
11- Una vez ocurre esta vía de hecho por consecuencia
por falta de unificación, la justicia constitucional debe entenderse
habilitada, por vía de tutela, para enfrentar esa masiva violación a la
igualdad. Esto suscita empero el siguiente interrogante: ¿cómo debe afrontarse
el constante reproche por vía de tutela de cada una de las decisiones adoptadas
por los tribunales cuyo cargo es la existencia de un defecto sustantivo, cuando
las diversas interpretaciones son razonables aunque discrepantes? Y la
respuesta es, según mi criterio, la siguiente: es necesario que la justicia
constitucional defina cuál de las diversas interpretaciones admisibles de una
norma legal es la más adecuada desde la perspectiva constitucional. Este
ejercicio de ponderación es inevitable para unificar criterios respecto de
asuntos en los cuales están seriamente comprometidos derechos fundamentales y
que son de difícil definición interpretativa en un plano puramente legal. Con
estos criterios, procedo a abordar el problema concreto suscitado por esta
acción de tutela.
La interpretación del parágrafo 3º del artículo 42 de
la ley 546 de 1999.
12. Considero que en el presente caso se reúnen los
requisitos excepcionales que configuran una vía de hecho por consecuencia por
falta de unificación: Así:
(i) En la jurisdicción civil colombiana han
coexistido dos interpretaciones contrarias pero admisibles de la prescripción
normativa en mención: la primera de ellas señala que, una vez efectuada la reliquidación
de los créditos hipotecarios respecto de los cuales cursaba un proceso
ejecutivo a 31 de diciembre de 1999, terminaron por ministerio legal, sin
consideración a si hubo o no reestructuración de la deuda. La segunda sostiene
que la regla que  ordena la terminación de los procesos ejecutivos, sólo opera
cuando, luego de efectuada la reliquidación, queda cubierto el monto de lo
adeudado a la entidad bancaria o cuando el deudor realiza un acuerdo de
reestructuración del crédito con su acreedor. Por el contrario, si después de
aplicado el alivio, persisten saldos insolutos y el ejecutado no suscribe
acuerdo de reestructuración con el banco, se debe seguir adelante con la
ejecución;
(ii) Los procesos ejecutivos, de conformidad con el
artículo 366 del código de procedimiento civil, no son susceptibles de
casación.
(iii) Fuera de lo anterior, los distintos tribunales
del país no tienen una doctrina unificada al respecto. En efecto, en algunos
Distritos judiciales –frente a idénticos supuestos de hecho en lo relevante- se
sigue adelante con la ejecución y en otros, por el contrario, se ordena la
terminación y archivo del proceso ejecutivo, sin más trámite.
(iv) En varias oportunidades, la Corte Constitucional
ha conocido de las acciones de tutela interpuestas, de una parte por las
entidades bancarias contra los Juzgados y Tribunales que resuelven dar por
terminado los procesos ejecutivos y, por otra, por los deudores cuyos procesos
ejecutivos continuaron en la etapa en la cual estaban cuando operó la
suspensión de los mismos por ministerio de la ley.
(v) Las dos posiciones presentan razones admisibles
para sustentar la violación que las respectivas decisiones judiciales les
ocasionan: de una parte, las entidades bancarias no tienen manera de hacer
efectivos sus créditos al interior de un proceso ejecutivo que se inició por el
incumplimiento del deudor en el pago de sus cuotas. La interpretación, por
tanto, del parágrafo 3° no sólo vulneraría su derecho al acceso a la
administración de justicia, al dar por terminados procesos cuya finalidad es
lograr el pago total de la obligación, sino que, el mencionado defecto
sustantivo de tales providencias configuraría un perjuicio iusfundamental
al no contar con instancias adicionales de defensa en la jurisdicción
ordinaria. Por último, puede alegarse que además de vulnerar derechos
fundamentales, estas providencias comprometen los principios de celeridad y
economía procesal al forzar a las entidades bancarias a iniciar nuevos procesos
de ejecución. De otro lado, los deudores hipotecarios con procesos ejecutivos
suspendidos, pueden argüir que los jueces que siguen adelante con la ejecución,
vulneran su derecho al acceso a la administración de justicia. Ello sería así,
por cuanto estaría dándose curso a un proceso terminado por ministerio legal,
sin posibilidad de discutir este hecho por otros medios en la jurisdicción
ordinaria. También violaría esta actuación el derecho constitucional al acceso
a la vivienda digna, por cuanto tanto la ley, como la sentencia de control
pretendían, además de aplicar un alivio a los créditos hipotecarios, permitir
que luego de esto, los deudores reiniciaran normalmente sus pagos liberados de
la mora y de procesos de ejecución. Basta recordar que la Ley 546 fue la
estrategia legislativa para hacer frente al grave problema social originado por
la cesación generalizada de pagos en materia de préstamos de vivienda, debido,
entre otras razones, a la imposibilidad de los deudores de prever el monto de
sus acreencias.
(iv) La coexistencia de estas dos tesis hacen que la
posibilidad de seguir adelante con la ejecución o dar por terminado el proceso
dependa del Juez o Tribunal a quien corresponda su conocimiento, y no del
acatamiento de algún precedente como garante del derecho a la igualad en la
aplicación de la ley.
13. En conclusión, aunque prima facie, según mi
parecer, la existencia de diversas interpretaciones -todas ellas razonables- de
una misma norma, hace parte del ámbito de autonomía judicial, en los casos en
los cuales concurren los seis criterios señalados, considero que se configura
un defecto por consecuencia por falta de una instancia de unificación. Ahora
bien, una vez constatada la configuración de la causal de procedibilidad de la
acción de tutela, es necesario determinar cuál de las dos interpretaciones
resulta constitucionalmente más adecuada.
Ponderación e interpretación constitucionalmente más
adecuada.
14. El compromiso de derechos y principios iusfundamentales
que se configuró en el caso bajo estudio fue el resultado más de un problema
estructural del diseño de la jurisdicción ordinaria y de su sistema de
precedentes, que de una actuación irregular imputable a las autoridades
judiciales. Por esta razón, ante la ausencia de un ente unificador que guarde
los principios de igualdad y seguridad jurídica, debe el juez constitucional,
mediante la realización de un ejercicio de ponderación, determinar cuál de las
interpretaciones es la constitucionalmente más adecuada.
15. En primer lugar, para establecer cuál de los
sentidos de la norma debe ser aplicado por los operadores jurídicos, debe
tomarse en consideración que, dado que ya ha sido probado que la interpretación
meramente legal de la norma no permite optar por una de ellas, desde una
perspectiva constitucional debe analizarse cuál de ellas compromete en menor
medida derechos fundamentales. Una aproximación integrada a los derechos, en la
cual sean tenidas en cuenta, además de la prescripción normativa fundamental,
las consecuencias que se siguen de tales mandatos, es prima facie la más
adecuada en la medida en que satisface mejor los derechos y garantías
constitucionales. “La aproximación integrada adecua la importancia de los
derechos dentro de un entramado general de evaluación de estados de cosas, en
donde se incluyen la realización y la violación de los derechos.”[18]
En la mencionada aproximación es preciso (i) analizar
cuál de las dos opciones hermenéuticas amenaza o vulnera la menor cantidad y en
menor grado derechos fundamentales y (ii) de qué manera la afectación de la
interpretación que es derrotada es razonable en tanto ello permite la mayor
realización de la interpretación que es constitucionalmente más adecuada.
16. En el asunto bajo estudio la interpretación de
conformidad con la cual debe seguirse adelante con la ejecución, en los
supuestos en los cuales, luego de aplicado el alivio, quedaron saldos insolutos
y además, no hubo reestructuración del crédito, aunque es razonable desde un
punto de vista puramente legal, tiene consecuencias desproporcionados respecto de
los deudores con procesos de ejecución a 31 de diciembre de 1999. Ello es así,
por las siguientes razones:
1.
Si bien con la terminación y
archivo de los procesos ejecutivos las entidades bancarias tienen la carga de
iniciar nuevos procesos ejecutivos en caso de que los deudores de vivienda se
constituyan nuevamente en mora, las mismas gozan, por ministerio de la ley, de
las iguales garantías para perseguir el cumplimiento de la obligación. Es decir
los títulos ejecutivos fueron convertidos, ope legem, de Upac a Uvr,
permaneciendo también la garantía real de hipoteca sobre los bienes inmuebles.
2.
Tanto la Ley 546 de 1999, como la
sentencia de control de constitucionalidad, resaltaron como objetivo central
del cambio de sistema de liquidación de créditos para adquirir vivienda,
posibilitar a los deudores acceder a dichos bienes a través de créditos
ajustados a la Constitución. Lo anterior sería prácticamente imposible debido,
entre otras cosas, a la cláusula aceleratoria que contemplan los títulos
valores que legitiman el ejercicio que en ellos se incorpora. La cláusula
aceleratoria permite al portador del título valor suscrito por el deudor
declarar vencida de manera adelantada toda la obligación, dar así por
extinguido el plazo convenido y hacer exigibles los saldos pendientes. En ese
orden de ideas,  encontrándose el deudor en mora por la totalidad del crédito
de vivienda, la posibilidad de impedir que, con ocasión del proceso ejecutivo pierda
el bien objeto de garantía real, es remota. Los préstamos de vivienda son
generalmente otorgados para ser cancelados en el largo plazo, si se ejecuta al
deudor por el monto total de la obligación difícilmente  podrá reunir  el monto
total para evitar la pérdida de su inmueble. Cabe reiterar que la finalidad de
la ley no era sólo reliquidar con un nuevo sistema los créditos para adquirir
vivienda; era permitir a los deudores acceder a tales inmuebles en condiciones
más justas y equitativas.
3.
En suma, aunque con la terminación
y archivo de todos los procesos ejecutivos en curso a 31 de diciembre de 1999,
las entidades bancarias tienen la carga de iniciar los procesos ejecutivos, en
caso de que el deudor se constituya nuevamente en mora, ello no genera
consecuencias irrazonables, por cuanto aquellas gozan de las mismas garantías
reales y de los mismos títulos valores que soportan el pago total de la
obligación. No ocurre lo mismo con los demandados en los mencionados procesos.
De levantarse la suspensión ordenada por la ley y seguir adelante con la
ejecución, a los demandados les sería prácticamente imposible recuperar sus
viviendas.
4.
Por último, la tesis de la
terminación y archivo de los procesos ejecutivos es la que más se ajusta a la
sentencia C-955 de 1999, que estudió la constitucionalidad de la ley de
vivienda. De conformidad con la misma, “la suspensión de los procesos en
curso, ya por petición del deudor, o por decisión adoptada de oficio por el
juez, tiene por objeto que se efectúe la reliquidación del crédito y, producida
ella, debe dar lugar a la terminación del proceso y a su archivo sin más
trámite”. En ese sentido, la sentencia de control condiciona la terminación
de los procesos ejecutivos a la realización de la reliquidación. Dado que la
reliquidación operó de manera automática para todos los créditos de vivienda,
era ella la condición de terminación y no la reestructuración de la deuda o la
inexistencia de saldos insolutos.
17. Conforme a lo anterior, según mi criterio, la
interpretación que sostiene que no cesaron los procesos ejecutivos hipotecarios
en curso a 31 de diciembre de 1999, respecto de los cuales, luego de efectuada
la reliquidación quedaron saldos insolutos y no hubo reestructuración del crédito,
no es irrazonable. Sin embargo, en aras de garantizar la igualdad de los
¡ciudadanos ante la justicia, debe entenderse que todos los procesos ejecutivos
hipotecarios en curso a 31 de diciembre de 1999, terminaron por ministerio del
parágrafo 3 del artículo 42 de la Ley 546 de 1999. Por esta vía llegó entonces
a la misma conclusión de la presente sentencia, según la cual no pueden los
jueces continuar con esos procesos ejecutivos, incluso si subsiste un saldo
insoluto y no hubo acuerdo de reestructuración. Mi discrepancia deriva de que
la base de mi conclusión no es la irrazonabilidad de la decisión de aquellos
jueces que continuaron dichos procesos. Por las razones explicadas en esta
aclaración, fundamento mi conclusión en la necesidad de que exista, por razones
de igualdad y seguridad jurídica, un entendimiento unificado del alcance del
parágrafo 3 del artículo 42 de la Ley 546 de 1999 y en la mayor adecuación
constitucional de la interpretación alterna, según la cual cesaron todos esos
procesos ejecutivos hipotecarios.
Fecha
ut supra,
RODRIGO UPRIMNY YEPES
Magistrado (E)
[1] La mencionada adecuación de los títulos ejecutivos operó por
ministerio de la ley y, por tanto –a juicio del Ministerio Público- no implicó
la novación de las obligaciones.
[2] Corte Constitucional, sentencias T-179 de 2003, T-620 de 2002, T-999
de 2001, T-968 de 2001, T-875 de 2001, T-037 de 1997, entre otras.
[3] Sentencia T-441 de 2003
[4] Ver las sentencias SU-846 de 2000 y T-606 de 2003.
[5] T-889 de 2003.
[6] Sentencia T-924 de 2002.
[7] Respecto del derecho constitucional a la
vivienda digna, señaló la Corte en la sentencia C-936 de 2003: “El derecho a
la vivienda digna (...) incluye elementos que comportan la seguridad del goce
del derecho a la vivienda digna. De tales elementos surgen deberes específicos
para el Estado. Sin perjuicio de la necesidad de disposiciones sobre
planeamiento urbano y utilización del suelo y sobre la oferta de bienes y
servicios (servicios públicos, sanidad, ubicación de hospitales y escuelas,
etc), el Estado tiene la potestad dictar una legislación que (i) garantice
seguridad en la tenencia de vivienda y (ii) que establezca sistemas de acceso a
la vivienda. El mandato de cubrir estos aspectos no se reduce a una sola ley en
materia de vivienda, sino que conduce a un sinnúmero de reglas jurídicas que
atañen a la protección del derecho a la vivienda digna. Tales reglas pasan por
ámbitos civiles y comerciales generales, reglas de financiación dirigidos al
sector público y al privado, etc”.
[8] Ver sentencia SU-846 de 2000.
[9] Sentencia C-955 de 2000.
[10] Sentencia C-955 de 2000.
[11] Sentencia C-955 de 2000.
[12] Sentencia C-955 de 2000.
[13] Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación
General 4:  El derecho a una vivienda adecuada (pár. 1 del art. 11 del Pacto), Consejo
Económico y Social, Sexto período de sesiones, documento E/1991/23, 13 de
diciembre de 1991.
[14] Ver sentencia SU-014 de 2001. Pueden consultarse también las
sentencias T-1180 de 2001, T-349 de 2002 y T-688 de 2003, entre otras.
[15] Sentencia SU-014 de 2001.
[16] Ver sentencia C-836 de 2001.
[17] Sentencia T-688 de 2003.
[18] Sen, Amartya. Economía de bienestar y dos aproximaciones a derechos.
Universidad Externado de Colombia, centro de investigación en filosofía y
derecho. Bogotá, 2002. pág. 36