T-734-17
Sentencia T-734/17
CONTRATO DE SEGURO DE VIDA GRUPO DEUDORES-Naturaleza
TITULARIDAD DE LA OBLIGACION CREDITICIA Y RESPONSABILIDAD EN
LA ASUNCION DEL PAGO DE LA DEUDA
VOCACION SUCESORAL Y CALIDAD DE HEREDERO PARA LA ASUNCION DE
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CAUSANTE
ACCION DE TUTELA CONTRA ASEGURADORA-Improcedencia por incumplir requisito de subsidiariedad y no
acreditar perjuicio irremediable
Esta Sala no encuentra méritos suficientes para sobrepasar el
requisito de subsidiariedad de la acción de tutela, por cuanto la tutelante no
acreditó que los mecanismos ordinarios de defensa no sean lo suficientemente
idóneos y eficaces como para garantizarle la protección de sus derechos, ni
tampoco que necesitara del amparo constitucional para evitar la ocurrencia un
perjuicio irremediable, grave e inminente.
Referencia: Expediente T-6.086.017
Acción de tutela presentada por Adriana
María Ruiz Santana contra el BANCO BBVA COLOMBIA S.A., AECSA ABOGADOS
ESPECIALIZADOS EN COBRANZA S.A., BANCO BBVA SEGUROS
Magistrado Ponente:
CARLOS BERNAL PULIDO
Bogotá, D. C., quince (15)
de diciembre de dos mil diecisiete (2017).
La Sala Novena de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Diana
Fajardo Rivera, Luis Guillermo Guerrero Pérez y Carlos Bernal Pulido, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la
siguiente
SENTENCIA
En el trámite de revisión del fallo de
segunda instancia del 28 de septiembre de 2016 proferido por el Juzgado Primero
Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Pereira (Risaralda), que
confirmó la decisión del 17 de agosto de 2016 adoptada por el Juzgado Tercero
Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Pereira (Risaralda), dentro
del proceso de tutela promovido por la señora Adriana María Ruiz Santana contra
BANCO BBVA COLOMBIA S.A., AECSA ABOGADOS ESPECIALIZADOS EN COBRANZA S.A., y
BANCO BBVA SEGUROS.
I.
ANTECEDENTES
1.
El 02 de agosto de 2016
la señora ADRIANA MARÍA RUIZ SANTANA interpuso acción de tutela en contra del
BANCO BBVA COLOMBIA S.A. y BBVA SUCURSAL PEREIRA, por medio de la cual solicitó
el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, mínimo vital y vida
digna.
2.
Sostuvo que sus
derechos fundamentales fueron vulnerados con ocasión a la negativa del pago de
la póliza de seguro VGD No. 0110043, obligación No. 9604144721, contraída en
vida por su progenitora, la señora Matilde Santana de Ruiz (Q.E.P.D.), al
considerar que la enfermedad que ocasionó la muerte de la asegurada era
anterior a la vigencia de la póliza adquirida por esta última.
1.      Hechos
3.
Los supuestos fácticos
de la acción de tutela se pueden sintetizar de la siguiente manera:
4.
La señora María Matilde
Santana de Ruiz (Q.E.P.D.), madre de Adriana María Ruiz Santana, adquirió con
el Banco BBVA COLOMBIA S.A., el crédito No. 9604144721 por valor de $24.000.000
el día 17 de septiembre de 2014 en la ciudad de Pereira.[1]
5.
Con el crédito
adquirido, la señora María Matilde Santana de Ruiz (Q.E.P.D.) contrató con BBVA
SEGUROS un seguro con póliza VGD No. 0110043 por un valor asegurado de
$25.274.238.[2]
6.
La señora María Matilde
Santana de Ruiz (Q.E.P.D.) falleció el 29 de diciembre de 2015[3] a
causa de “inestabilidad hemodinámica a raíz de procedimientos médicos de
Laparoscopia y Laparotomía intervenciones con el objeto de extraer cálculos en
el estómago”.[4]
7.
Afirma la actora que
hasta la fecha de fallecimiento de la señora María Matilde Santana de Ruiz
(Q.E.P.D.), el crédito de libranza adquirido con Banco BBVA COLOMBIA se
encontraba al día.
8.
En requerimiento del 01
de julio de 2016 dirigido a la señora María Matilde Santana de Ruiz (Q.E.P.D.),
la Agencia de Cobro Externo del Banco BBVA, AECSA ABOGADOS ESPECIALIZADOS EN
COBRANZAS S.A. solicitó “la normalización de su crédito que actualmente se
encuentra vencido”.[5]
9.
Así mismo, el 05 de
julio de 2016 la Agencia de Cobro Externo del Banco BBVA, COMERCIALIZADORA DE
SERVICIOS FINANCIEROS S.A., remitió a la señora María Matilde Santana de Ruiz
(Q.E.P.D.) comunicación en la cual informa que “actualmente usted continúa con
incumplimiento en el pago de su(s) crédito(s)”.[6]
10.
La tutelante manifiesta
que efectuó reclamación ante el Banco BBVA COLOMBIA S.A. para que el crédito
No. 9604144721, adquirido en vida por la señora María Matilde Santana de Ruiz
(Q.E.P.D.), fuera cubierto por la póliza de seguro No. VGD. 0110043.[7]
11.
Mediante comunicación
del 14 de junio de 2016[8],
el Banco BBVA COLOMBIA S.A. Sucursal Pereira dio respuesta a dicha solicitud y
le indicó que BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S.A. objetaba de manera íntegra y
formalmente la reclamación porque la señora María Matilde Santana de Ruiz (Q.E.P.D.)
al momento de diligenciar la solicitud de Seguro de Vida Grupo Deudores el 17
de septiembre de 2014 omitió declarar que tenía antecedentes de hipertensión
arterial y diabetes mellitus.
12.
El día 28 de junio de
2016 la tutelante manifestó su inconformidad a la respuesta del 14 de junio de
2016, argumentando que BBVA COLOMBIA S.A. no solicitó la historia clínica del
estado de salud de María Matilde Santana (Q.E.P.D.) antes de la aceptación del
crédito, y que el fallecimiento se dio con ocasión de una cirugía de la
vesícula y no como consecuencia de la hipertensión arterial y diabetes mellitus
diagnosticada, antecedentes de salud aludidos por la aseguradora como
fundamento de la reticencia.[9]
13.
Indica la tutelante que
la señora María Matilde Santana de Ruiz (Q.E.P.D.) tenía otros dos créditos
vigentes con las entidades financieras BANCOLOMBIA y BANCOPOPULAR, créditos
respecto de los cuales solicitó hacer efectivas las pólizas de seguro
adquiridas, ante lo cual estas emitieron el  paz y salvo de la obligación el 13
de mayo de 2016[10]
y el 9 de marzo de 2016 respectivamente.[11]
14.
Manifiesta la
accionante que tanto ella como su hermana July Andrea Ruíz Santana dependían
económicamente de su progenitora[12].
15.
La señora Adriana María
Ruíz a la fecha de interposición de la acción de tutela tiene 41 años de edad[13],
afirma que reside en el inmueble que era propiedad de su fallecida progenitora
María Matilde Santana de Ruiz (Q.E.P.D.), que no ejerce profesión u oficio y que
subsiste de la venta de catálogos de revista de productos de belleza.
Manifiesta que debe cubrir sus gastos de salud, alimentación, y como sus
recursos económicos son restringidos “la amenaza de un embargo de su
inmueble le ha generado tristeza, estrés, estado de indefensión, y desasosiego”.[14]
16.
El 02 de agosto de
2016, la accionante interpuso acción de tutela en contra del BANCO BBVA
COLOMBIA S.A. y BBVA SUCURSAL PEREIRA ante el Juzgado Tercero Penal Municipal
con Funciones de Conocimiento de Pereira.
2.      Pretensiones
17.
La accionante solicita
que sean tutelados sus derechos fundamentales al debido proceso, mínimo vital y
vivienda digna, ordenándole al Banco BBVA COLOMBIA SEGUROS Sucursal Pereira i)
hacer efectiva la póliza de seguros VGD No. 01100430 suscrita entre la señora
María Matilde Santana de Ruiz y el Banco BBVA COLOMBIA S.A. para que se cubra
lo adeudado por el crédito No. 9604144721 y, ii) abstenerse de iniciar
cualquier tipo de cobro en contra de la señora Adriana María Ruiz Santana.
3.      Respuesta de las
entidades accionadas y vinculados al trámite procesal
18.
El Juzgado Tercero
Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Pereira (Risaralda), en auto
de 03 de agosto de 2016 admitió la acción constitucional instaurada por la
señora Adriana María Ruiz Santana, ordenó vincular a la entidad crediticia y a
la oficina de cobranza AECSA Y COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS FINANCIEROS, y
correr traslado de la decisión a la entidad accionada y vinculada para que en
el término de dos (02) días se pronunciaran sobre la petición de amparo y
ejercieran su derecho de defensa.
19.
Mediante auto del 09 de
agosto de 2016, el a quo ordenó vincular al BANCO BBVA SEGUROS, otorgándole el
término de un (01) día para dar respuesta a la acción y ejercer su derecho de
defensa y contradicción.[15]
3.1.        Respuesta del Banco
BBVA Colombia S.A.
20.
Al respecto, el Banco
BBVA COLOMBIA S.A. presentó contestación a la acción de tutela[16]
manifestando que al ser una entidad financiera no está facultada para
desarrollar actividad aseguradora  y por ende, “(…) no puede ser obligado
constitucional, legal o contractualmente a reconocer y/o pagar pólizas de Vida
Grupo Deudores, por el fallecimiento de la señora MARIA MATILDE SANTANA DE RUIZ
como pretende la accionante, derivado de la suscripción y ejecución de contrato
de seguro, toda vez que en ningún momento fungió como compañía aseguradora,
sino como entidad que prestó unos dineros a la accionante, representado en una
operación de crédito”.
21.
Con fundamento en los
argumentos expuestos, solicitó su desvinculación de la acción de tutela
aduciendo falta de legitimación en la causa por pasiva.
3.2.   Respuesta de ABOGADOS ESPECIALIZADOS
EN COBRANZAS S.A. AECSA
22.
La sociedad vinculada
al trámite de la acción de tutela, presentó contestación[17]
aduciendo que “Abogados Especializados en Cobranzas S.A. AECSA, ha celebrado
un contrato de prestación de servicios con el Banco BBVA S.A., para la gestión
de cobro de cartera.” Así mismo, refirió que no maneja vínculo contractual
con los productos financieros de la señora Santana de Ruiz, sino la gestión de
cobro asignada por su cliente externo.
23.
Expuso que “para el
mes de marzo de 2016 se contó con la asignación para realizar gestión de cobro
a la Señora MARIA MATILDE SANTANA DE RUIZ, C.C. 24940684. de parte de ABOGADOS
ESPECIALIZADOS EN COBRANZAS S.A. AECSA, para lo cual dentro de nuestra gestión
le fue remitida carta, en donde se le informaba estado de incumplimiento de la
obligación y adicional se manifestaba el propósito de asesorar y buscar conjuntamente
alternativas y fórmulas de pago para esta”.
24.
Finalmente, manifestó
que no vulneró los derechos fundamentales alegados por la actora, y solicitó
desvinculación de la acción de tutela por existir falta de legitimación en la
causa por pasiva.
3.3.
Respuesta de  BANCO BBVA SEGUROS DE
VIDA COLOMBIA S.A.
25.
En su respuesta a la
acción de tutela[18],
la entidad vinculada manifestó que frente a la obligación No. 9604144721 BBVA
SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S.A se negó a realizar el pago “toda vez que la
señora MARIA MATILDE SANTANA DE RUIZ incurrió en reticencia ya que en su
declaración de estado del riesgo omitió declarar antecedentes de HIPERTENSIÓN
ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS de acuerdo a la Historia Clínica del 2013,
circunstancia que afecta directamente la validez del contrato, de conformidad
con el artículo 1058 del Código de Comercio (…)”(Negrillas dentro del texto)
26.
Así mismo, indicó que
la acción de tutela es un mecanismo que busca salvaguardar derechos
fundamentales cuando se encuentren amenazados o conculcados, sin que en el caso
concreto se advierta vulneración de los derechos fundamentales a la vida digna
y mínimo vital de la accionante, y que la acción constitucional no está
concebida para el reconocimiento de prestaciones de carácter patrimonial, más
aun cuando este reviste condiciones de carácter contractual y privado que hacen
que el asunto deba tramitarse por la vía ordinaria.
27.
Con fundamento en lo
anterior, solicita que la acción de tutela sea rechazada por improcedente.
4.
Decisiones
objeto de revisión
4.1.   Primera instancia
28.
El 17 de agosto de
2016, el Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de
Pereira denegó por improcedente el amparo solicitado por la señora Adriana
María Ruiz Santana, por las razones que se exponen a continuación:
29.
El Juez de Primera
Instancia consideró que la controversia se debe plantear ante la jurisdicción
ordinaria, en razón a que los hechos materia de discusión son de competencia
exclusiva del juez natural del contrato, no siendo el mecanismo constitucional
el consagrado para alegar inconformismos de carácter legal y contractual
pactados en la póliza y normatividad vigente que regula el contrato del
asegurado.
30.
En efecto, el a quo
consideró que la acción de tutela está concebida para proteger derechos
fundamentales amenazados o vulnerados, y no para solucionar aspectos de índole
económica o contractual, pues el juez de tutela no está llamado a invadir
espacios que no le corresponden salvo en el supuesto excepcional que se
requiera la salvaguarda de un derecho de raigambre constitucional.
4.2.   Impugnación
31.
Inconforme con la
anterior decisión, la accionante impugnó el fallo de primera instancia,
argumentando que se encuentra en estado de indefensión frente a la aseguradora
por cuenta de su posición dominante en el vínculo contractual, y que por ello
merece recibir un trato diferenciado. Adujo que si bien existen los mecanismos
ordinarios para ventilar las controversias entre la actora y la aseguradora, el
acudir a estos le implicaría un proceso largo y dispendioso que acarrearía a su
vez, la consumación de un perjuicio irremediable.
32.
Aunado a ello, indicó
la accionante que es una persona que apenas cuenta con lo indispensable para
vivir pues no tiene empleo.[19]
4.3.   Segunda instancia
33.
El 28 de septiembre de
2016, el Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de
Pereira confirmó la decisión adoptada por el a quo, con fundamento en
las siguientes razones:
34.
Según el ad quem,
de las pruebas obrantes en el expediente de tutela no se evidencia elementos
que permitan inferir que “la actora tenga una condición o aspecto relevante
donde se concluya que no está en capacidad de afrontar la actuación judicial
para definir la controversia presentada con el contrato de seguro, dado que la
sola manifestación de no contar con los recursos económicos suficientes no es
un criterio que se pueda aplicar de manera definitiva”.
35.
Frente al análisis del
perjuicio irremediable, manifestó que no se evidencia la presencia real de un
daño que amerite el pronunciamiento en sede de tutela, pues si bien la
accionante afirma un probable embargo del inmueble en el que reside, no se
aporta elemento de juicio que refleje una actuación judicial al respecto, ni
que esta se encuentre expuesta a sufrir un perjuicio inminente.
5.
Actuaciones en
sede de revisión
36.
La Sala de Selección de
Tutelas Número Cuatro, integrada por los Magistrados designados por la Sala
Plena de la Corte Constitucional para conformarla, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, en especial las consagradas en los
artículos 86 y 241-9 de la Carta Política, 33 del Decreto 2591 de 1991 y 51,
52, 53, y 55 del reglamento de esta Corporación (Acuerdo 02 de 2015), profirió
auto el 17 de abril de 2017, mediante el cual se seleccionó para su revisión el
expediente T-6086017, correspondiente al de la señora ADRIANA MARIA RUIZ
SANTANA, que fue repartido al despacho de la Magistrada Diana Fajardo Rivera.
37.
Mediante oficio de
fecha 10 de julio de 2017, la Secretaria General de la Corte Constitucional
remitió documentos allegados vía correo electrónico por el señor Orlando Zapata
Orozco, en 22 folios, los cuales obran de folios 12 a 35 del cuaderno 2 del
expediente. En auto del 11 de julio de 2017[20],
el Despacho de la Magistrada Diana Fajardo Rivera ordenó poner a disposición de
BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA, BANCO BBVA y ABOGADOS ESPECIALIZADOS EN COBRANZA
S.A. AECSA o terceros con interés, durante el término de tres (03) días
hábiles, las pruebas allegadas al trámite de revisión de la acción de tutela
No. T-6086017, para que si lo estimaban pertinente realizaran las
manifestaciones a que hubiese lugar. Al respecto, la parte accionada guardó
silencio, y no fue recibida manifestación alguna por parte de terceros con
interés en el trámite de la acción de tutela.
38.
Ahora bien, por medio
del auto del 19 de octubre de 2017[21],
una vez sometido a revisión y votación el proyecto de fallo respecto del
expediente T-6086017, este no alcanzó la mayoría para su aprobación, y por ello
se remitió por Secretaría General de la corporación el expediente T-6086017 al
magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez.
39.
Sin embargo, en
providencia del 23 de octubre de 2017, el Magistrado Luis Guillermo Guerrero
Pérez ordenó la devolución del expediente T-6086017, y finalmente en auto del
23 de octubre de 2017 se ordenó que por Secretaria General de la Corte
Constitucional el expediente en mención fuese repartido al Magistrado Carlos
Bernal Pulido, por ser a quien en orden alfabético le corresponde la redacción
del nuevo proyecto de fallo.
40.
Mediante auto del 10 de
noviembre de 2017, el magistrado sustanciador profirió auto de pruebas en el
cual requirió al Juzgado
Quinto Civil Municipal de Pereira (Risaralda), para que allegara copia del
proceso ejecutivo de única instancia No. 2016-1060 promovido por BANCO BBVA
COLOMBIA S.A. contra Adriana María Ruiz Santana, July Andrea Ruiz Santana y
Herederos Indeterminados de María Matilde Santana de Ruiz. Así mismo, requirió
i) al BANCO BBVA COLOMBIA S.A para que allegara informe del estado de cuenta
del crédito No. 9604144721; ii) a BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S.A. para que
allegará copia legible de la póliza de seguro de vida de deudores; iii) y a los
Bancos Popular y Bancolombia con el fin que remitieran información detallada
respecto de la obligación No. 47003010157302, y obligaciones No. 852440000068 y
85244000135 respectivamente.
41.
Vencido el término de
traslado[22],
el 21 de noviembre de 2017, el Juzgado Quinto Civil Municipal de Pereira
atendió el requerimiento efectuado en OFICIO OPT-A-2496/2017, y remitió a esta corporación
copia íntegra del proceso ejecutivo No. 2016-1060[23].
Por su parte, BBVA SEGUROS en
respuesta del 17 de noviembre de 2017 allegó la documental requerida[24], y el BANCO BBVA COLOMBIA S.A. en respuesta del 27 de
noviembre de 2017, informó que la obligación No. 9604144721 se encuentra
totalmente cancelada desde el 18 de agosto de 2017 en virtud de acuerdo de pago[25]. Así
mismo, el BANCO POPULAR mediante comunicación del 23 de noviembre de 2017,
manifestó que la señora María Matilde Ruiz Santana (Q.E.P.D.) se encontraba
vinculada a dicha entidad a través del crédito de libranza No. 470-03-01057302,
hasta el 23 de septiembre de 2014 cuando quedó totalmente cancelada la
obligación, y que “en ningún momento los deudos de la señora María
Matilde Santana de Ruíz informaron su fallecimiento ni presentaron la
solicitud del reconocimiento del seguro, diligenciando y aportando la
respectiva documentación”.[26]
42.
Respecto de
BANCOLOMBIA, el oficio No. OPT-A-2500/2017 del 15 de noviembre de 2017 fue
devuelto por la oficina de correo 472, con la anotación “rehusado”[27].
II.
CONSIDERACIONES
1.      Competencia
43.
Esta Sala de Revisión
de la Corte Constitucional es competente para revisar el fallo de tutela
proferido dentro del trámite de la referencia, con fundamento en lo dispuesto
por el inciso 3° del artículo 86 y el numeral 9° del artículo 241 de la
Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del
Decreto 2591 de 1991.
2.      Problema jurídico
44.
Le corresponde a esta
sala determinar si en el presente caso la acción de tutela es procedente para
resolver una controversia relacionada con contrato de seguro y pago de una
póliza de seguro de vida de deudores. Para ello, se analizará si en el caso concreto se cumplen las condiciones
generales de procedibilidad de la acción de tutela, en particular si se cumple
el requisito de subsidiariedad de conformidad con las reglas establecidas por
la Corte para controversias de contratos de seguro y efectividad de pólizas de
seguro de vida de deudor.
3.      Análisis del caso concreto
45.
La acción de tutela fue
concebida como un mecanismo de carácter inmediato, oportuno y adecuado para la
defensa de los derechos fundamentales que se encuentren amenazados o en riesgo
de vulneración por cuenta de la acción u omisión de autoridades públicas, o de
particulares en los eventos establecidos por el inciso 5º del artículo 86 de la
Constitución. De acuerdo al diseño constitucional de la acción de tutela y a su
reglamentación en el Decreto 2591 de 1991, esta Corporación ha señalado como
requisitos para su procedencia que i) quien la interponga se encuentre
legitimado en la causa, ii) que sea ejercida en un término oportuno y
razonable, y, iii) que el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que su ejercicio corresponda a una medida excepcional y urgente
sin la cual no se pueda evitar el acaecimiento de un perjuicio irremediable.
46.
A excepción de este
último requisito, al que se hace referencia en los párrafos ulteriores, las dos
primeras condiciones se acreditan en el presente asunto.
3.1.   Legitimación
en la causa
47.
Con relación al
requisito de legitimación en la causa, la señora Adriana María Ruiz
Santana en calidad de gestora de la acción reclama la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, mínimo vital y vivienda digna.
48.
Frente a este aspecto,
es preciso abordar dos supuestos diferentes: i) en primer lugar, la
legitimación por activa de la señora Adriana María Ruiz Santana como sujeto
reclamante de la protección de sus derechos fundamentales por medio de la
acción constitucional, y de otra parte, ii) la facultad de la actora para
ejercitar acciones derivadas del contrato de seguro, relacionadas con la
negativa de pago de la póliza de la cual era asegurada su progenitora María
Matilde Santana de Ruiz (Q.E.P.D.).
3.1.1. Legitimación por activa en el
trámite constitucional
49.
La primera exigencia
para proceder al análisis de procedibilidad de la tutela, de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 de la Constitución es que el afectado interponga
la acción en forma directa. Es decir, que quien tenga interés en adelantarla,
sea el mismo titular de los derechos cuya vulneración alega. En ese sentido,
quien solicite el amparo debe estar “legitimado en la causa” para solicitar la
salvaguarda de los derechos fundamentales, y en consecuencia, se encontrará
legitimado por “activa” aquel que ponga en marcha los mecanismos de protección
de sus intereses, siendo en principio éste el único individuo con capacidad de
hacerlo.[28]
50.
Esta Corporación ha
admitido que si la controversia sobre el objeto asegurado tiene efectos sobre
la vida o el mínimo vital de una persona, la acción de tutela puede ser
considerada como mecanismo efectivo para amparar los derechos fundamentales que
se alegan transgredidos.[29]
Al respecto, la Sala encuentra que en el presente asunto se verifica la
exigencia de legitimación en la causa por activa en los términos del inciso 1°
del artículo 10 del Decreto 2591 de 1991[30], toda vez
que la señora Adriana María Ruiz Santana actúa en defensa de sus propios
intereses y derechos, y ejerce la solicitud de amparo al considerar vulnerados
o amenazados sus garantías ius fundamentales.
3.1.2. Titularidad de la obligación
crediticia y responsabilidad en la asunción del pago de la deuda
51.
El contrato de seguro,
conforme lo dispuesto en el artículo 1036 del Código de Comercio, modificado
por el artículo 1º de la Ley 389 de 1997, es un acuerdo de carácter consensual,
bilateral, oneroso, aleatorio y de ejecución sucesiva, que se perfecciona en el
momento en que el asegurador suscribe la póliza.[31]En
razón a su bilateralidad, los derechos y obligaciones que emanan de este
contrato se predican únicamente respecto de las partes que intervinieron en él,
excluyendo la posibilidad de que terceras personas ejerzan acciones tendientes
a su cumplimiento.
52.
Por medio del contrato de seguro se busca que la
aseguradora asuma un riesgo que es trasladado a un tomador, previo al pago de
una prima y la ocurrencia del siniestro asegurado, a través de la efectividad
de la indemnización convenida y sujeta al interés asegurable.[32]
53.  Esta corporación ha interpretado la figura del interés
asegurable[33],
señalando que aquel que presente una afectación o amenaza patrimonial de manera
directa o indirecta como consecuencia de la configuración de uno o varios de
los riesgos cubiertos por el contrato, estará legitimado para reclamar en los
términos del artículo 1045 del Código de Comercio. En el seguro de vida de
personas, el interés
asegurable es el detrimento económico que el beneficiario puede sufrir en el
evento de la muerte del asegurado. De ello que en principio, el patrimonio que
se pone en riesgo como consecuencia del fallecimiento del asegurado, es el de
la entidad bancaria, pues el concepto de interés asegurable está delimitado a
los sujetos integrantes de la relación contractual.
54.
Pese a lo anterior, no puede obviarse el derecho del deudor
asegurado para exigir a la aseguradora el cumplimiento del negocio contractual
en favor del beneficiario. Y
es de acuerdo al criterio de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia, máximo órgano de la
jurisdicción ordinaria, que el asegurado deudor se encuentra facultado para
solicitar a la entidad aseguradora que cumpla el contrato de seguro, pagando lo
que debe y a quien corresponde.
55.  De acuerdo al diseño del contrato de seguro,
únicamente el beneficiario de la prestación puede reclamarla para sí, por lo
que tampoco pueden agregarse y extenderse los efectos del vínculo inicial a
sujetos ajenos a la relación. En otras palabras, el contrato no puede convertir
a un tercero en acreedor, ni tampoco en deudor.  Sin embargo, en el caso del
heredero, como quiera que está convocado a asumir la titularidad de derechos
y obligaciones del causante, se reconoce su facultad para reclamar ante la
aseguradora el cumplimiento de la prestación que garantiza el crédito. Es así como se permite incluso que, los
herederos reclamen de la aseguradora una conducta de cumplimiento de la
obligación contraída, tendiente al pago del valor cubierto por la póliza. La
negativa de la aseguradora en pagar la prestación prometida, causa una
afectación directa en el patrimonio del causante, y así mismo, en el de la
herencia[34],
por lo cual es admisible que los herederos del causante
pretendan obtener la garantía a su patrimonio en los términos del artículo 1083
del Código de Comercio.
56.  La Sala considera importante precisar que este
supuesto de legitimación en la causa por activa, únicamente tiene cabida en el
entendido que la tutelante no pide para sí el desembolso del valor que le
correspondía asumir a la aseguradora, sino para satisfacer el cumplimiento de
una obligación que al permanecer insoluta, puede acarrear consecuencias
adversas en sus derechos fundamentales. Reclamo que está legitimado cuando la
finalidad del mismo, sea que la entidad accionada asuma el compromiso propio en
su condición de aseguradora.[35]
En síntesis, se requiere la constatación de una relación causal entre el
cumplimiento de la prestación prometida y la indemnidad de los derechos
fundamentales cuya vulneración se alega.
57.
Es por lo anterior que
se acredita la legitimación por activa
ligada a la titularidad de la
obligación crediticia y responsabilidad en la asunción del pago de la deuda, en
razón a que la actora, como heredera de la señora María Matilde Santana de
Ruiz, puede solicitar que BBVA SEGUROS S.A. pague la prestación prometida como
consecuencia de la ocurrencia riesgo asegurado, a favor del Banco BBVA COLOMBIA
S.A.
58.
En relación con la
legitimación en la causa por pasiva, el inciso 5º del artículo 86 de la
Constitución establece que la acción de tutela será procedente cuando se impute
la vulneración de un derecho fundamental como consecuencia de la acción u
omisión de un particular respecto del cual el solicitante se halle en estado de
subordinación o indefensión.
59.
Esta Corte ha definido
que las compañías bancarias y aseguradoras se encuentran legitimadas por pasiva
en el trámite constitucional, por cuanto prestan actividades de interés público
tales como el aprovechamiento, e inversión de recursos captados del público, según
lo establecido en el artículo 335 de la Carta Política.[36]
60.
De otra parte, pese a
que las relaciones que mantienen los ciudadanos con entidades financieras o
aseguradoras se encuentran regidas por normas del derecho civil y comercial, al
ser asuntos de carácter contractual que involucran intereses económicos, en
tratándose de contratos de seguros emerge una notoria asimetría entre los
sujetos inmersos en el vínculo. Desequilibrio que surge de que los intereses
del asegurado o beneficiario se encuentren supeditados al cumplimiento de la
prestación por parte de la entidad del sector financiero o asegurador, que las
más de las veces, impone de manera unilateral las condiciones que han de regir
el desarrollo de la relación contractual.[37]
61.
Al respecto, se
advierte que Adriana María Ruiz Santana se encuentra en una situación de
indefensión con relación a Banco BBVA COLOMBIA S.A. y BBVA SEGUROS S.A. ya que
en su calidad de heredera de María Matilde Santana de Ruiz (Q.E.P.D.) tendría
responsabilidad en la satisfacción de la obligación crediticia. Más aún, al
considerar que la tutelante no fue parte en el contrato de seguro suscrito por
la señora María Matilde Santana de Ruiz (Q.E.P.D.) y las accionadas, lo que
intensifica su situación de indefensión ante las entidades mencionadas. Por lo
expuesto, se acredita el requisito de legitimación por pasiva en cuanto las
entidades Banco BBVA Colombia S.A. y BBVA SEGUROS S.A.
3.2.   Inmediatez
62.
El requisito de inmediatez,
entendido como la presentación de la solicitud de amparo en un término oportuno
y razonable, tendiente a que el juez constitucional tenga la capacidad de
adoptar las medidas encaminadas a la protección de los derechos fundamentales
que se consideran vulnerados o en situación de riesgo, se encuentra satisfecho.
63.
Se advierte entre la
presunta amenaza y la interposición de la acción, un término razonable, si se
tiene en cuenta que la comunicación proferida por BBVA SEGUROS S.A. en la que
niega el pago de la póliza de seguro de vida de deudor, fue del 14 de junio de
2016, y tutela fue presentada el 2 de agosto de 2016.
64.
Ahora bien, esta Corte
ha manifestado que para que proceda la tutela contra entidades del sector
financiero y asegurador, no solo es necesario constatar la situación de
subordinación e indefensión del particular respecto de estas, y que la
solicitud de salvaguarda de derechos fundamentales haya sido presentada en un
lapso oportuno y razonable, sino también que se advierta la necesaria
atribución de competencias del juez ordinario con miras a evitar la consumación
de un perjuicio irremediable.
3.3.   Subsidiariedad
65.
Con relación al
ejercicio subsidiario de la acción de tutela, debe advertirse que la
protección de los derechos constitucionales fundamentales no es un asunto
reservado a esta[38].
Con fundamento en la obligación que el artículo 2 de la Constitución impone a
las autoridades de la República, de proteger a todas las personas en sus
derechos y libertades, los distintos mecanismos judiciales previstos en la ley
han sido establecidos para garantizar la vigencia de los derechos
constitucionales, incluidos los de carácter fundamental. De ahí que la
Constitución defina la tutela como un mecanismo subsidiario frente a los demás
medios de defensa judicial, los cuales son, entonces, los instrumentos
preferentes a los que deben acudir las personas para lograr la protección de
sus derechos[39].
66.
En todo caso, el juez
constitucional debe valorar, en cada situación, la idoneidad y eficacia de
estos otros mecanismos judiciales, para efectos de garantizar una protección
cierta y suficiente de las garantías especificadas en la Constitución, por
medio de la acción de tutela[40].
67.
Tal como se da cuenta
en el acápite de antecedentes, la tutelante solicita que se conmine a BBVA
SEGUROS S.A. a que haga efectivo el amparo de la póliza de seguro de vida de
deudor, y con ello se cancele la obligación insoluta adquirida por la señora
María Matilde Santana de Ruiz.
68.
La controversia que se
pretende ventilar por medio de la acción constitucional, es de contenido
meramente económico. Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que el
juez de tutela no es prima facie, la autoridad judicial encargada de
dirimir asuntos de carácter contractual, como lo son aquellos relacionados con
el pago de póliza de seguro tendiente a obtener el cubrimiento del siniestro
asegurado. Lo anterior, pues es la jurisdicción ordinaria, por expreso mandato
legal, la encargada de solucionar estos conflictos.
69.
La Corte ha considerado
que la procedencia de la acción de tutela, para resolver asuntos relativos al
pago de prestaciones de contenido económico, opera de manera excepcional para
los eventos en los cuales se logre determinar que; i) el mecanismo ordinario no
es idóneo y eficaz para salvaguardar los derechos fundamentales que se presumen
vulnerados o amenazados, o bien; ii) pese a la idoneidad de la vía ordinaria,
esta no resulte eficaz para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
En este último caso, se advierte que la acción de tutela es procedente, con
carácter provisional, para la protección transitoria del derecho, entretanto la
jurisdicción ordinaria resuelva de fondo el asunto. Pues inclusive, ante la
existencia de una vía ordinaria de carácter preferente instituida para resolver
el asunto, a causa de la posición de preeminencia desde la cual las entidades
aseguradoras o bancarias despliegan acciones u omisiones desconocedoras de
derechos fundamentales, la acción de tutela puede llegar a considerarse el
mecanismo idóneo para la protección invocada.[41]
70.
Así mismo, esta Corporación
ha admitido la flexibilización del requisito de subsidiariedad en el caso de
sujetos de especial protección constitucional. Al respecto, manifiesta la
accionante que hace parte de este grupo de personas, porque debe cubrir gastos
de salud, alimentación y sus recursos económicos son restringidos pues apenas
cuenta con lo necesario para vivir, ya que no tiene empleo, sino que subsiste
con la venta esporádica de catálogos de revistas de productos de belleza.[42]
Aunado a ello, expone que la amenaza de un embargo de su inmueble, le ha
generado tristeza, estrés, un estado de indefensión y desasosiego[43].
71.
Al respecto, no se
evidencia que la señora Adriana María Ruiz Santana, de 41 años de edad, sea un
sujeto de especial protección constitucional que amerite el examen flexible del
requisito de subsidiariedad, pues este no se satisface únicamente precisando la
condición económica de la actora. Y aun si se considerara la situación
económica alegada por la actora, no se advierte que la misma se encuentre en un
estado de indefensión o vulnerabilidad por ausencia de recursos económicos. Incluso
del examen del expediente de tutela, especialmente del certificado de libertad
y tradición del inmueble habitado por la actora, se advierte que este en
diversas ocasiones fue adquirido por la señora Ruiz Santana a título de
compraventa.
72.
De otra parte, del estudio
del expediente de tutela no se constata que la actora padezca de una condición
física particular o disminución de salud, que la convierta en persona que
amerite especial protección del Estado y la sociedad. Por las anteriores
razones, es claro que la accionante no es sujeto de especial protección
constitucional, y no amerita la flexibilización del requisito de subsidiariedad
en el estudio de su solicitud de tutela.
3.3.1. Existencia de un
mecanismo judicial principal, idóneo y eficaz
73.
Es reiterada la línea
de esta Corte conforme la cual, debe analizarse la idoneidad y eficacia del
mecanismo de defensa judicial, para concluir si del examen de las
circunstancias particulares del caso, resulta indispensable el amparo de los
derechos fundamentales por medio de la tutela.[44]
De acuerdo a la naturaleza subsidiaria de la acción, es que la misma no está
llamada a prosperar  cuando con ella se pretenda remplazar o sustituir los
medios de defensa institucionalizados para resolver el conflicto. La acción de
tutela no puede invadir competencias atribuidas al juez natural, que en virtud
de procedimientos ordinarios o especiales, deba poner fin al litigio.
74.
La jurisprudencia
constitucional ha considerado que un mecanismo ordinario es idóneo en tanto
permita la resolución del conflicto en su dimensión constitucional y ofrezca
una solución integral al derecho comprometido.[45]
La idoneidad del mecanismo judicial, comporta el análisis de aspectos como que;
i) pese a las dilaciones propias de la vía ordinaria, el tiempo de resolución
no sea desproporcionado; ii) que las consecuencias procesales sean acordes a la
finalidad del procedimiento y no resulten excesivas, y; iii) que el medio sea
adecuado y apto para la resolución del problema en atención a las condiciones particulares
de los sujetos que acuden a él.[46]
75.
En efecto, para la resolución de
controversias relativas al pago de seguros y efectividad de las pólizas que los
respaldan, se encuentra establecido a partir de los artículos 368 y siguientes
del Código General del Proceso, el procedimiento verbal, por conducto del cual
se ventilan los litigios relativos a responsabilidad civil contractual y
extracontractual.[47]
76.
El artículo 61 del Código General del proceso
consagra la figura del Litis consorcio necesario, como aquel de obligatoria
constitución cuando “el proceso
verse sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales, por su
naturaleza o por disposición legal, haya de resolverse de manera uniforme y no
sea posible decidir de mérito sin la comparecencia de las personas que sean
sujetos de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos”. En ese caso,
es imperativo que la demanda comprenda a todos los sujetos integrantes de la
relación jurídica, y que en esa medida estos sean convocados a la Litis a
efectos de integrar el contradictorio.
77.  Los
sujetos involucrados en la relación jurídica subyacente al contrato de seguro
por el cual se contrajo la obligación No. 9604144721 son: i) Banco BBVA
COLOMBIA S.A. como TOMADOR, ii)  María Matilde Santana de Ruiz como ASEGURADA
y, iii) Banco BBVA COLOMBIA S.A. en calidad de BENEFICIARIO. Ahora bien, en
ausencia del asegurado deudor, recae la responsabilidad de pago de las
acreencias insatisfechas y contra ellos se dirigirán las acciones de los
acreedores impagos para obtener el cumplimiento del contrato[48]. De manera que se requiere la presencia de los
herederos determinados e indeterminados de la señora María Matilde Santana de
Ruiz (Q.E.P.D.) para que a través del proceso civil se establezca la
responsabilidad en el pago de la obligación insatisfecha, como consecuencia de
su condición respecto de la herencia. Precisamente en ese punto, llama la
atención de la Sala que la accionante haya solicitado únicamente para sí el
amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, mínimo vital y a la
vivienda digna, cuando de los hechos de la acción de tutela esta narra que la
vivienda que teme sea embargada, también es habitada por su hermana July Andrea
Ruiz Santana.
78.  Finalmente, se advierte que si se admite la
procedencia excepcional de la tutela para dirimir este conflicto económico, se
afecta el debido proceso de la aseguradora en tanto el trámite constitucional
no es el medio adecuado para permitir su ejercicio de derecho de defensa y
contradicción de manera completa. Esto, habida cuenta que el trámite
constitucional al caracterizarse por ser un procedimiento sumario y
excepcionalísimo, no garantizaría a las partes inmiscuidas en la relación
contractual el debate pleno de todas y cada una de las vicisitudes que surgen
con ocasión al contrato de seguros que aquí se reclama.
79.
En consecuencia, la
Sala advierte que el mecanismo ordinario con el que cuenta la accionante, es
idóneo por cuanto tiene la aptitud y capacidad de resolver el conflicto de
manera integral. Esta integralidad se predica de la comparecencia y vinculados
de todos los involucrados en la relación contractual, sujetos cuyos derechos
fundamentales pueden verse conculcados de no darse trámite al asunto por la vía
establecida por el legislador para tal efecto.
3.3.2. Acreditación del
perjuicio irremediable
80.
Respecto de la
configuración del perjuicio irremediable, se requiere que este sea i) una amenaza
inminente o pronta a suceder, ii) grave, en la medida que sea de tal entidad
que pueda causar un detrimento trascendente en el haber jurídico, moral o
material de una persona, iii) que requiera de medidas urgentes para conjurar
la  proximidad del daño, y que iv) la acción de tutela sea de carácter
impostergable, es decir, fundada en criterios de oportunidad y eficiencia
encaminados a evitar la consumación del daño y restablecer el orden social
justo de manera integral.[49]
81.
Así mismo, esta Corporación
ha señalado que, cuando el actor pretenda valerse de la acción de tutela para
obtener la protección a sus derechos fundamentales de carácter transitorio,
tiene una carga en la demostración del perjuicio irremediable. Por ello, con la
solicitud de amparo el accionante debe  “presentar
y sustentar los factores a partir de los cuales se configura el perjuicio
irremediable, ya que la simple afirmación de su acaecimiento hipotético es
insuficiente para justificar la procedencia la acción de tutela.”[50]
82.
Para verificar la presunta
configuración del perjuicio irremediable alegado por la actora, es necesario
abordar  los siguientes aspectos: i) la vocación sucesoral y calidad de
heredera de la accionante, y ii) el grado de afectación de los derechos
fundamentales de la accionante.
3.3.2.1. Vocación sucesoral y
calidad de heredero para la asunción de derechos y obligaciones del causante
83.
Una
persona puede tener vocación sucesoral, pero no por ello asumirá de manera
automática los derechos y obligaciones del causante.[51]
Conforme el ordenamiento sucesoral, el futuro heredero puede adquirir tal
calidad, a título singular o universal. Encontrándose en el último caso, llamado
a representar al causante para sucederle en todos sus derechos y obligaciones
trasmisibles.[52]
84.
Los
descendientes, en caso que tengan capacidad para suceder[53],
recibirán la herencia en cuotas iguales, cuando quiera que no haya sido
designada porción hereditaria por el “de cujus”.[54]
En efecto, solo a partir de la
existencia de un proceso sucesorio, determinados sujetos adquirirán la calidad
de herederos del causante, tanto en relación con los activos como con los
pasivos que serán objeto de partición.[55]
85.
En
este punto, es preciso recordar que según el derecho de aceptación o repudio de
la herencia[56] existe la posibilidad de aceptarla pura y simple,
esto es sin beneficio de inventario solemne que le preceda. En este caso, aquel
que realice el acto de heredero sin inventario solemne previo, sucede en todas
las obligaciones transmisibles al difunto en atención a la cuota hereditaria
que le fue asignada. Incluso, el heredero responderá por los gravámenes que
excedan el valor de lo recibido a título de herencia.[57] Habiendo precedido
inventario solemne, el heredero gozará del beneficio de inventario.
86.  Frente al caso sub examine, es claro que al momento de
la interposición de la solicitud de amparo, la señora Adriana María Ruiz
Santana tenía la vocación sucesoral, mas no acreditaba la calidad de heredera
con la plenitud de atribuciones que de esta condición se desprenden. Por lo anterior,
pese a que la accionante estaba llamada a asumir los derechos y obligaciones de
la señora María Matilde Santana de Ruiz (Q.E.P.D.), no se advierte que
estuviera en presencia de una amenaza a sus derechos fundamentales al mínimo
vital y vivienda digna, respecto de un inmueble del que no detentaba la calidad
de heredera. Y, en el evento que por ostentar la calidad de heredera asumiera
obligación de cubrir las obligaciones de su difunta progenitora, la Sala debe
hacer especial énfasis en que la señora July Andrea Ruiz Santana, hermana de la
actora, también está llamada a asumir las obligaciones en la misma proporción.
Ello en consideración a la inexistencia de un testamento, que conlleva a la
asunción de derechos y obligaciones en cuotas partes iguales entre los
herederos del causante. Además, no puede pasarse por alto la facultad de la
accionante de recibir su cuota parte de la herencia simple y llanamente o, con
beneficio de inventario.
3.3.2.2.
Grado de afectación a los derechos fundamentales de la accionante
87.  La
accionante considera que la negativa de la entidad aseguradora BBVA SEGUROS de
pagar la póliza de seguro de vida de deudores respecto de la cual era asegurada
la señora María Matilde Ruiz Santana (Q.E.P.D.) y el consecuente cobro de la
obligación crediticia No. 96041447721, vulnera sus derechos fundamentales
constitucionales al debido proceso, mínimo vital y vida digna. Sin embargo, la Sala no observa que los
derechos fundamentales de la actora se encontraran amenazados o enfrentados a
una situación de riesgo inminente.
88.
Esto por cuanto al
momento en que el Banco BBVA COLOMBIA S.A. inició el proceso ejecutivo en
contra de la accionante, no se había iniciado el trámite de sucesión y la
accionante no tenía la calidad de heredera que la conllevara a asumir el pago
total de la obligación, pues la señora María Matilde Santana de Ruiz (Q.E.P.D.)
falleció el 29 de diciembre de 2015, el 15 de diciembre de 2016 la entidad
financiera BBVA COLOMBIA S.A. llenó los espacios en blanco del pagaré con carta
de instrucciones No. M02630010000010158904144721 por un valor de $23.260.567,03
por concepto de saldo insoluto de la obligación, y el 19 de diciembre de 2016 inició
proceso ejecutivo en contra de las señoras Adriana María Ruiz Santana y July
Andrea Ruiz Santana y herederos indeterminados de María Matilde Santana de Ruiz
(Q.E.P.D.).
89.
Con todo, dicho proceso
fue conocido por el Juzgado Quinto Civil Municipal de Pereira, que mediante
providencia del 28 de agosto de 2017[58]
ordenó la terminación del proceso ejecutivo y archivo de las diligencias por
acuerdo total de pago suscrito entre las herederas determinadas de María
Matilde Santana de Ruiz y el Banco BBVA COLOMBIA S.A.
90.
Se
suma a lo dicho que la misma
tutelante dio por terminado el proceso ejecutivo iniciado en su contra, tras
haber logrado el pago de la suma adeudada a la entidad financiera Banco BBVA
COLOMBIA S.A., cancelando con ello el embargo del inmueble que habita.
91.
En
consecuencia, esta Sala no encuentra méritos suficientes para sobrepasar el
requisito de subsidiariedad de la acción de tutela, por cuanto la tutelante no
acreditó que los mecanismos ordinarios de defensa no sean lo suficientemente
idóneos y eficaces como para garantizarle la protección de sus derechos, ni
tampoco que necesitara del amparo constitucional para evitar la ocurrencia un
perjuicio irremediable, grave e inminente.
4.     Síntesis de la decisión
92.  La Sala confirmará
las decisiones de primera y segunda instancia en tanto también encuentra improcedente
la acción de tutela interpuesta por la señora ADRIANA MARIA RUIZ SANTANA, en
razón a que; i) la accionante no agotó los mecanismos de defensa judicial,
idóneos y eficaces, establecidos para amparar sus pretensiones; (ii) el asunto
a resolver, por tratarse de una prestación económica originada en un contrato
de seguros está sometido al trámite de un procedimiento ordinario preferente,
y; (iii) no se acreditó un perjuicio irremediable a sus derechos al mínimo
vital, vivienda digna, y debido proceso que pudiera dar lugar a la
flexibilización del requisito de procedibilidad.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Novena
de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.-
CONFIRMAR la sentencia proferida el 28 de septiembre de 2016 por el Juzgado Primero Penal del Circuito
con Funciones de Conocimiento de Pereira (Risaralda), y la sentencia proferida el
17 de agosto de 2016 por el Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones de
Conocimiento de Pereira (Risaralda), que declararon improcedente el amparo
solicitado dentro del proceso de tutela promovido por la señora Adriana María
Ruiz Santana contra BANCO BBVA COLOMBIA S.A., AECSA ABOGADOS ESPECIALIZADOS EN
COBRANZA S.A., y BANCO BBVA SEGUROS.
Segundo.- Por Secretaría, líbrese la
comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, comuníquese y
cúmplase.
DIANA
FAJARDO RIVERA
Magistrada
Con salvamento
de voto
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA
MENDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO DE
VOTO DE LA MAGISTRADA
DIANA FAJARDO
RIVERA
A LA SENTENCIA
T-734/17
SENTENCIA DE REVISION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Sentencia no fue fallada en el término previsto por el
Decreto 2591 de 1991 para resolver las acciones de tutela que llegan a esta
Corte Constitucional, sin que en su texto se haya incluido alguna justificación
para ello (Salvamento de voto)
SENTENCIA DE REVISION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Requiere asistencia y voto de mayoría absoluta de miembros de
la Sala para deliberación y decisión (Salvamento de voto)
SENTENCIA DE REVISION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-La Sala ha debido mantener la fecha inicial de la Sala de
Revisión y abstenerse de recaudar pruebas fuera del término para fallar (Salvamento
de voto)
No comparto la
injustificada aplicación inexacta del reglamento de la Corte para decretar
pruebas por fuera del término para fallar en este caso, en la medida que éstas
no eran necesarias para adoptar la decisión a la que llegó la mayoría de la
Sala, y con ello se afectaron los principios de celeridad y eficacia que rigen
la acción de tutela.
ACCION DE TUTELA
CONTRA ASEGURADORA-Vulneración del derecho
al mínimo vital de los asegurados cuando se niega a hacer efectiva póliza
alegando reticencia del tomador sin probar mala fe (Salvamento de voto)
M.P. CARLOS BERNAL PULIDO
Con el respeto
acostumbrado por las decisiones de la Corte, me permito expresar las razones
por las cuales salvo el voto en el asunto de la referencia. En el caso decidido
en la sentencia T-734 de 2017, la señora Adriana María Ruíz Santana acudió a la
acción de tutela al considerar que el Banco BBVA Seguros de Vida Colombia había
transgredido sus derechos fundamentales al debido proceso, el mínimo vital y la
vivienda digna. Lo anterior, por haberse negado a reconocer una póliza del
seguro de deudores adquirida por su progenitora, la señora María Matilde
Santana de Ruiz (Q.E.P.D), el 17 de septiembre de 2014, bajo el fundamento que
la misma, había incurrido en reticencia.
La mayoría de la Sala
resolvió declarar improcedente el amparo comoquiera que no encontró acreditado
el requisito de subsidiariedad en el caso concreto. Para tal efecto, sostuvo
que la tutelante no había logrado demostrar que los mecanismos ordinarios de
defensa judicial fuesen inidóneos o ineficaces para una protección efectiva de
sus garantías fundamentales.  La sentencia de la que me aparto, señaló,
sumariamente, que la accionante no se encontraba dentro de los grupos
poblacionales que esta Corte ha señalado como merecedores de una especial
protección, en la medida que se trataba de una persona de 41 años de edad, de
la cual no se podía inferir que se encontrara en estado de indefensión o
vulnerabilidad únicamente por la ausencia de recursos económicos. A
continuación expongo las razones por las que me aparto de esta decisión, que
tienen que ver con (i) el trámite procesal adelantado; (ii) el examen de
procedencia de la acción; (iii) el pronunciamiento sobre la ausencia de
afectación de derechos fundamentales en el caso concreto; y (iv) el
desconocimiento del precedente constitucional aplicable al caso.
-
Sobre el trámite procesal
1.
En relación con el trámite procesal dado al expediente
T-6.063.017, me veo obligada a salvar el voto por dos razones. Primero, porque
la sentencia T-734 de 2017 no fue fallada en el término previsto por el Decreto
2591 de 1991 para resolver las acciones de tutela que llegan a esta Corte
Constitucional, sin que en su texto se haya incluido alguna justificación para
ello. Segundo, porque la mayoría de la Sala permitió reabrir el término
probatorio, sin haber justificado la necesidad de recaudar mayores elementos de
juicio, afectando así los principios de celeridad y de acceso a la administración
de justicia. A continuación desarrollo estos dos puntos.
2.
El caso de la referencia fue escogido para revisión por la
Sala de Selección de tutelas número cuatro de 2017 de la Corte Constitucional
mediante auto del 17 de abril de 2017, notificado el 4 de mayo de ese mismo
año, y repartido al despacho del que ahora soy titular. En consecuencia, el 4
de agosto de 2017, radiqué el proyecto de fallo correspondiente, y lo puse en
conocimiento de los demás magistrados que conformaban en ese momento la Sala Novena
de Revisión, dando así cumplimiento al término que otorga el artículo 33 del
Decreto 2591 de 1991[59]
y el artículo 56 del Acuerdo 02 de 2015[60] -Reglamento
interno-, para decidir las acciones de tutela que son revisadas por esta
Corporación.
3.
Ese proyecto de sentencia no obtuvo la mayoría necesaria para
su aprobación, razón por la que, siguiendo lo dispuesto por el artículo 33 del
Reglamento interno de la Corte -que para estos efectos remite al numeral 8° del
artículo 34 de esa misma disposición[61]-,
mediante auto del 19 de octubre de 2017 envié el expediente a la Secretaría
General, con el fin de que le fuera entregado al siguiente magistrado en turno
para la elaboración de una nueva providencia. El proceso llegó al despacho del
actual Magistrado Ponente el pasado 23 de octubre de 2017, quien debía actuar
conforme al mencionado artículo 34 que señala:
“Artículo 34. Reglas para las deliberaciones. El estudio en
Sala de las ponencias de fallo se sujetará a las siguientes reglas: (…) 8a.
Cuando el proyecto o estudio tenga la mayoría legal de los votos de los
magistrados pero no la unanimidad, a cada uno de los disidentes se le concederá
el plazo de cinco (5) días para aclarar o salvar su voto, contados a partir del
día siguiente a la recepción en su despacho de la copia de la providencia
respectiva. Si el proyecto principal no obtiene en la Sala ese mínimo de
votos, el proceso pasará al magistrado que corresponda en orden alfabético de
apellido entre el grupo de los magistrados mayoritario, para que redacte el nuevo
proyecto o el fallo definitivo, en el que se exponga la tesis de la mayoría.
El magistrado ponente original podrá conservar la ponencia cuando concurra con
la mayoría en las decisiones principales del fallo. Cuando como consecuencia
de las deliberaciones hayan de efectuarse ajustes a la ponencia, el magistrado
sustanciador dispondrá de diez (10) días para depositar en la Secretaría el
texto definitivo”-subraya fuera de texto-.
4.
Sin embargo, la fecha de la Sala de Revisión cambió al 15 de
diciembre de 2017, excediendo así los tres meses con los que contaba la Corte
para resolver el caso según el Decreto 2591 de 1991. Además, pese a que el
término para fallar había vencido, se decretaron pruebas adicionales mediante
auto del 10 de noviembre de 2017[62],
reviviendo así los términos procesales para la actividad probatoria,
establecidos en el artículo 64 del Acuerdo 02 de 2015. Esto, sin argumentar en
el texto de la sentencia por qué, en este caso específico, no se seguiría el
procedimiento regular para cuando un proyecto es derrotado en Salas de Revisión[63].
4.2.
No obstante lo anterior, con base en el principio de
informalidad que rige a la acción de tutela, y el de supremacía del derecho
sustancial sobre el procesal, esta Corte ha emitido, en casos excepcionales, sentencias
en las que no se siguió el procedimiento exacto para cuando un fallo no obtiene
la mayoría necesaria para su aprobación, por considerar que una interpretación,
si se quiere más flexible de las normas arriba citadas, lo permitía.
3.2.1. Esto ocurrió, por ejemplo, en la sentencia T-454 de
2015[64],
cuya ponencia inicial había sido presentada por la entonces magistrada
encargada Martha Sáchica Méndez, y no obtuvo la aprobación de la mayoría de la
Sala. En consecuencia, el caso fue remitido al despacho del magistrado Luis
Ernesto Vargas Silva, el cual expuso, a manera de cuestión previa, las razones
por las que consideró que en estos eventos el magistrado sustanciador, podía
presentar una nueva ponencia a la Sala, que debía ser objeto de votación por parte
de quienes la estuvieran conformando en ese momento, pues de lo contrario, se
estaría permitiendo que una persona que para el momento de discusión de la
nueva ponencia no contaba con funciones jurisdiccionales, suscribiera un fallo
de la Corte Constitucional[65].
Por ello, la sentencia mencionada fue suscrita finalmente por la magistrada
María Victoria Calle Correa, y los magistrados Alberto Rojas Ríos[66]
y Luis Ernesto Vargas Silva. Al respecto, sostuvo la Sala Octava:
“132. De acuerdo con lo
expuesto, la Sala encuentra que en los eventos en que el proyecto de sentencia
original no es aprobado por mayoría absoluta, lo pertinente es remitir el
expediente al magistrado del grupo mayoritario que corresponda en turno, para
que someta a consideración de la Sala una nueva ponencia. Esta, debe ser objeto
de votación.
133. Así las cosas, en
criterio de la Corte, lo procedente en el presente caso es que el Despacho que
asumió el conocimiento del expediente por cambio de ponente, radique nuevo
proyecto de sentencia sobre el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en las normas señaladas. Como el magistrado ponente titular se
encuentra en ausencia temporal, la magistrada encargada debe impulsar la
actuación como directora del proceso, pues de lo contrario se verían lesionados
los principios de economía, celeridad y eficacia que informan el trámite de
tutela (Art. 3 Decreto 2591/91). La ponencia debe ser objeto de votación por
los actuales integrantes de la Sala Octava de Revisión, ya que son quienes en este
momento se encuentran revestidos de función jurisdiccional.”
3.2.2. Otra situación
similar se dio en la sentencia T- 599 de 2016[67], que resolvió el caso
del expediente T-5.353.951 el cual había sido inicialmente
repartido al despacho del magistrado Alberto Rojas Ríos. El 26 de abril de 2016
el magistrado Rojas Ríos radicó proyecto de fallo ante la Sala Octava de
Revisión proponiendo la improcedencia de la acción, sin embargo, su ponencia no
alcanzó la mayoría de votos requerida, y por lo tanto pasó al despacho del
magistrado que lo seguía en turno, Luis Ernesto Vargas Silva.
En
vista que durante la revisión de la acción de tutela adelantada por el
magistrado Rojas Ríos no se había recaudado ninguna prueba, por estimarlo
innecesario tras considerar que el caso no cumplía con el requisito de
subsidiariedad, y en virtud de la novedad que el mismo planteaba, al tratarse
de los derechos fundamentales a la libertad de expresión, a la
información, a la identidad cultural y a participar en la vida cultural, de la
accionante, quien se auto-reconocía como raizal, la Sala Octava recaudó varias
pruebas, después de que el proyecto inicial fuera derrotado.
En
particular, teniendo en cuenta que la pretensión de la accionante iba
encaminada a que se ordenara a un operador de televisión por cable la inclusión
en su parrilla de canales, del canal regional Teleislas de San Andrés, el
magistrado sustanciador vinculó al trámite de tutela a la Asociación de
Televisión de las Islas Teleislas Ltda. para que se pronunciara sobre los
hechos del proceso y las pretensiones de la demanda. Así mismo, por considerar
necesario contar con conceptos de expertos en la materia de debate del caso,
invitó a participar y emitir concepto en el trámite a i) la Organización de la
Comunidad Raizal con Residencia Fuera del Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina ORFA, ii) al profesor Diego García Ramírez en su
condición de antropólogo y experto en comunicación y iii) al Instituto
Colombiano de Antropología e Historia ICANH. No cabe duda entonces que las
pruebas recaudadas en dicha ocasión resultaban absolutamente indispensables
para poder fallar el problema jurídico del caso concreto, en vista de la
inactividad probatoria del magistrado al que le había sido repartido
inicialmente el expediente.
3.2.3. Estas sentencias permiten concluir que frente a
algunas situaciones, la Corte ha interpretado flexiblemente el trámite que se
debe surtir frente al cambio de ponente en las Salas de Revisión y en
consecuencia, ha cambiado la composición de la Sala inicial, o recaudado
pruebas después de la primera versión del fallo de tutela. Sin embargo,
considero que el caso resuelto en la sentencia T- 734 de 2017 no era uno de
aquellos que permiten ese manejo informal de las reglas procesales en materia
de tutela, al menos por dos razones.
La primera tiene que ver con la necesidad de garantizar el
principio de transparencia y cumplir con el deber de motivación de los fallos
judiciales, como concreciones propias del derecho fundamental al debido proceso
de las partes. En virtud de esto, la mayoría de la Sala debió enunciar en la
sentencia todas las actuaciones que tuvieron lugar durante la revisión del
proceso, y exponer las razones por las que emitiría una sentencia por fuera de
los tres meses que otorga el Decreto 2591 de 1991 para fallar las acciones de
tutela, y se apartaría del procedimiento dispuesto por el reglamento interno de
la Corte [Acuerdo 02 de 2015] para los casos en que un proyecto de sentencia es
derrotado por una Sala de Revisión.
La segunda se refiere a la necesidad y pertinencia de las
pruebas que fueron decretadas después del registro del primer proyecto de
fallo. La razón por la que la mayoría de la Sala no acompañó mi postura sobre
el caso fue que consideraron improcedente el amparo, por estimar que la
accionante contaba con otros medios de defensa judiciales idóneos y eficaces
para la protección de sus derechos fundamentales, para ese momento, la Sala ya
tenía la plena convicción de que la tutela debía ser declarada improcedente, y
no advirtió la necesidad de recaudar más material probatorio para llegar a esa
conclusión.
En otras palabras, la mayoría de la Sala avaló apartarse del
procedimiento estipulado por el reglamento interno de esta Corte, y recaudó
pruebas después de que hubieran vencido los términos procesales para fallar el
caso, pero no por haber advertido un déficit probatorio entorno a alguno de los
problemas de fondo que planeaba este caso, sino únicamente para verificar, una
presunta capacidad de pago por parte de la accionante, tema sobre el que
volveré más adelante. Por ahora, basta con señalar que no advierto la necesidad
de recaudar una prueba cuyo único fin era contar con un argumento adicional
para declarar improcedente el amparo, con lo cual, además, afectó el carácter
sumario propio de esta acción constitucional [artículo 86 Superior], que le
impone el deber al juez de fallar de manera rápida y efectiva los asuntos que
le son puestos en conocimiento, pues su objetivo es brindar una protección
oportuna a los derechos fundamentales de todas las personas.
4.      En suma, considero que en este caso particular, no
era posible separarse del procedimiento que establece el Acuerdo 02 de 2015 de
esta Corporación, y en consecuencia, la Sala ha debido mantener la fecha inicial
de la Sala de Revisión -4 de agosto de 2017- y abstenerse de recaudar pruebas
después del vencimiento de los términos para fallo. De cualquier forma, las
razones que a juicio de la mayoría permitían el mencionado manejo flexible del
procedimiento, debieron haber quedado debidamente consignadas en el texto de la
providencia de la que ahora me aparto.
-
Sobre la procedencia de la acción de tutela
5.      Ahora bien, tampoco comparto las razones que llevaron
a la Sala a declarar improcedente el amparo, que están relacionadas con el
incumplimiento del requisito de subsidiariedad. Particularmente, estimo que la
mayoría omitió analizar los supuestos que ha identificado esta Corte
Constitucional como vulneradores de derechos fundamentales, en casos de
controversias contractuales; y aplicó inadecuadamente el artículo 13
constitucional al determinar que la condición económica de la actora no la
hacía merecedora de una especial protección constitucional. Estas dos
conclusiones terminaron restringiendo el derecho de acceso a la justicia
constitucional para Adriana María Ruiz Santana, tal como paso a exponer.
6.      La sentencia T-734 de 2017, plantea, acertadamente,
que para resolver asuntos de carácter contractual, como por ejemplo los
relacionados con el pago de una póliza de seguro para obtener el cubrimiento
del siniestro asegurado, el ordenamiento jurídico ha creado mecanismos
ordinarios de defensa específicos, y por lo tanto, la procedencia de la acción
de tutela en estos eventos es excepcional. En este sentido, la tutela solo es
procedente si se logra demostrar que el mecanismo ordinario no es idóneo y
eficaz para salvaguardar los derechos fundamentales presuntamente vulnerados, o
si existe la certeza de la ocurrencia de un perjuicio irremediable[68],
siguiendo así lo dispuesto por la reiterada jurisprudencia constitucional sobre
la materia.
Sin embargo, la sentencia T-734 de 2017 omitió relacionar y
analizar algunas consideraciones específicas que han sido expuestas en la
jurisprudencia constitucional, precisamente en casos que involucraban
controversias relacionadas con contratos de seguros. Así, esta Corte ha
considerado procedente la tutela cuando (i) se verifica una grave afectación de los derechos iusfundamentales
de un sujeto de especial protección constitucional, como ocurre en el caso
de las personas con una considerable pérdida de su capacidad laboral y que no
tienen ningún tipo de ingreso[69]. (ii) Al encontrarse ante casos
en que, por el incumplimiento de las obligaciones contractuales que le asisten
a la entidad aseguradora, se ha iniciado un proceso ejecutivo en contra del
reclamante[70]. (iii) En situaciones en las que
se evidencia que más allá de no poder sufragar una deuda crediticia, el
peticionario no cuenta con los recursos económicos para garantizar su mínimo vital[71] o se encuentran en riesgo los derechos
fundamentales al debido proceso[72] o a la salud[73]. Así, al evidenciarse un problema de naturaleza
constitucional, el juez de tutela debe proceder a resolver el asunto de
fondo.
La sentencia de la que me aparto no hizo ninguna
referencia a estos puntos que han sido considerados por distintas salas de
revisión, como aspectos relevantes para el estudio de este tipo de casos. De
esta forma, desconoció un precedente evidentemente aplicable, sin cumplir con
la carga argumentativa que es necesario desplegar, al apartarse de la posición
mayoritaria.
7.      Enseguida, la sentencia pasa a analizar
si la accionante se encuentra en estado de vulnerabilidad, y por ende es
merecedora de una protección constitucional reforzada, que le permita a la Sala
examinar con un criterio más amplio el requisito de subsidiariedad. Sobre este
punto concluye: “Al respecto, no se evidencia que la señora Adriana María
Ruiz Santana, de 41 años de edad, sea un sujeto de especial protección
constitucional que amerite el examen flexible del requisito de subsidiariedad,
pues este no se satisface únicamente precisando la condición económica de la
actora.”[74]
Dicha
afirmación me parece particularmente preocupante, porque desconoce el artículo
13 constitucional que dispone:
“ARTICULO 13.  Todas las personas nacen libres e
iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y
gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna
discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua,
religión, opinión política o filosófica.
El
Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva
y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
El
Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad
manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.”
Este
artículo consagra el derecho a la igualdad formal, que por un lado, prohíbe al
Estado propiciar tratos discriminatorios con base en cuestiones de raza, etnia,
sexo, género, ideas políticas o filosóficas. Por otro, impone al Estado la
obligación de salvaguardar de manera reforzada los derechos de quienes se encuentren
en condiciones de debilidad manifiesta, que puede estar dadas por razones
económicas, físicas o mentales. Entonces, la protección especial de las
personas que son vulnerables económicamente, es un mandato directo de la norma
Superior, que opera sin necesidad de que en la persona concurran otras
circunstancias adicionales que agraven esa situación.
8.      Siguiendo las
consideraciones expuestas en los párrafos anteriores, considero que en el caso
concreto, la negativa de BBVA Seguros de Colombia S.A. de hacer efectiva la
póliza de seguro de deudores resultaba en una amenaza para los derechos
fundamentales de la accionante, toda vez que mediante decisión judicial del 13
de febrero de 2017, el Juzgado Quinto Civil Municipal de Pereira inició un
proceso ejecutivo y libró mandamiento de pago en contra de la peticionaria. Ese
mismo día, el mencionado despacho judicial impuso medida cautelar de embargo
sobre el bien inmueble en el que actualmente reside.
8.1.   Además, de
conformidad con las pruebas allegadas al expediente la accionante logró
demostrar que, más allá de no poder sufragar una deuda crediticia, no contaba
con los recursos económicos para garantizar sus derechos fundamentales al
mínimo vital y la vivienda digna. Esto, en la medida que (i) su subsistencia
diaria depende de donaciones provenientes de sus familiares; (ii) está afiliada
en el régimen subsidiado en salud; y (iii) se encuentra clasificada en nivel 1
del Sisben.
Frente a estos hechos
objetivos, y plenamente probados, la sentencia sostiene: “aun si se
considerara la situación económica alegada por la actora, no se advierte que la
misma se encuentre en un estado de indefensión o vulnerabilidad por ausencia de
recursos económicos. Incluso del examen del expediente de tutela, especialmente
del certificado de libertad y tradición del inmueble habitado por la actora, se
advierte que [sic] este en diversas
ocasiones fue adquirido por la señora Ruiz Santana a título de compraventa.” A mi juicio, esta conclusión es errada porque la
accionante demostró encontrarse en un estado de vulnerabilidad económica en los
términos dispuestos por el artículo 13 Superior y la jurisprudencia
constitucional al estar en imposibilidad de garantizar por sí misma su
subsistencia digna, y lo hizo mediante un sistema de
parámetros estandarizados de evaluación de las condiciones materiales de los
ciudadanos, como lo es estar calificada en el nivel 1 del Sisben. De otra
parte, no encuentro que la afirmación sobre la compraventa del bien inmueble en
el que vive la accionante sustente suficientemente la conclusión a la que llegó
la Sala, pues no queda claro cómo un mismo objeto fue adquirido varias veces
por la misma persona, cuestión que además, se contradice con las demás
consideraciones del fallo, en las que se afirma que la actora no es propietaria
del inmueble, sobre el cual únicamente tiene una vocación sucesoral, al no
tener propiamente la calidad de heredera.
9.      Otra consideración sobre la que estimo oportuno
pronunciarme, es la consignada en el párrafo 78 de la sentencia T-734 de 2017,
según la cual “si se admite la procedencia excepcional de la tutela para
dirimir este conflicto económico, se afecta el debido proceso de la aseguradora
en tanto el trámite constitucional no es el medio adecuado para permitir su
ejercicio de derecho de defensa y contradicción de manera completa.” Esta
afirmación además de ser imprecisa, en la medida que sin mayor explicación
resta eficacia a la acción de tutela en términos de garantía del derecho al
debido proceso de una empresa, otorga mayor preponderancia a los derechos de
las compañías aseguradoras accionadas, frente a los de la accionante, y
desconoce la obligación del Estado colombiano, y de sus jueces
constitucionales, de eliminar los obstáculos de acceso a la administración de
justicia, en especial para la protección de derechos sociales. Sobre este punto
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido:
“Un primer aspecto
del derecho de acceder a la justicia en materia de derechos sociales, es la
existencia de obstáculos económicos o financieros en el acceso a los tribunales
y el alcance de la obligación positiva del Estado de remover esos obstáculos
para garantizar un efectivo derecho a ser oído por un tribunal… es común que la
desigual situación económica o social de los litigantes se refleje en una
desigual posibilidad de defensa en el juicio”.[75]
La manera en que se
analizó en este caso el requisito de subsidiariedad de la acción de tutela, y
las razones expuestas para sustentar su incumplimiento, se traducen, para la aquí
accionante, en una restricción a su derecho humano y fundamental de acceso a la
justicia constitucional.
- Sobre el
estudio del grado de afectación de los derechos fundamentales de la accionante
10.    De otro lado, el
estudio del caso concreto concluye con un título relativo al grado de
afectación a los derechos fundamentales de la accionante. No comparto este
último acápite por no hallarlo pertinente, en la medida que ya se había
concluido que la acción era improcedente; porque presenta información incompleta
que se basa en el material probatorio recaudado por fuera del término
establecido para ello; y porque incurre en una imprecisión temporal, frente a
la vulneración de los derechos en el caso concreto. A continuación desarrollo
estos tres puntos.
El apartado al que me
refiero, se basa principalmente, en las pruebas recaudadas por fuera del
término procesal consagrado en el Acuerdo 02 de 2015. En este punto, la
sentencia señala que los derechos fundamentales de la accionante no se
encontraban amenazados o enfrentados a una situación de riesgo inminente,
porque el proceso ejecutivo terminó, y se ordenó el archivo de las diligencias
mediante providencia del 28 de agosto de 2017 proferida por el Juzgado Quinto
Civil Municipal de Pereira, en virtud de la celebración de un acuerdo total de
pago suscrito entre las herederas determinadas de María Matilde Santana Ruiz
(Q.E.P.D) y el Banco BBVA Colombia S.A., así como el pago efectivo de la suma
adeudada, que permitió cancelar el embargo que reposaba sobre el inmueble en
donde habita la accionante.
Lo anterior pone de
presente las razones que llevaron a la mayoría de la Sala a decretar pruebas
adicionales en este caso, gracias a las cuales, pudo pronunciarse sobre una
supuesta ausencia de afectación en los derechos de la accionante, aspecto que
resultaba a todas luces innecesario, si se tiene en cuenta que, previamente, ya
había determinado la improcedencia de la acción. También considero oportuno
señalar, que al reabrir el término probatorio, la Sala debió ahondar en la
situación actual de la accionante, pues si algo quedó claro, es que tanto ella
como su hermana son personas en condición de vulnerabilidad económica, en la
medida que pertenecen al régimen subsidiado en salud, están clasificadas en el
nivel 1 del Sisben, y se encontraban desempleadas. En este orden de ideas,
habría sido tan interesante como pertinente, conocer bajo qué condiciones se
firmó el acuerdo de pago, y la forma en que la cancelación de la deuda fue
financiada.
Además, la sentencia
incurre en una imprecisión en este acápite, toda vez que el análisis de la
afectación de los derechos fundamentales debe realizarse frente al momento en
que se solicitó el amparo. Posteriormente, si durante el trámite de la acción o
de la revisión de las decisiones de instancia el juez verifica que emitir
alguna orden sería inocuo, se estaría en presencia del fenómeno de la carencia
actual de objeto, que sumariamente puede darse en dos supuestos, (i) cuando
existe un hecho superado, es decir, ha cesado la vulneración del derecho; y
(ii) por ocurrir un daño consumado, caso en el cual no existe forma alguna de
proteger el derecho fundamental invocado. En este orden de ideas, la conclusión
a la que llega la sentencia en este título es errada, pues la terminación del
proceso ejecutivo no significa, necesariamente, que sus derechos fundamentales
no estuvieran siendo vulnerados para el momento en que acudió a la acción de
tutela.
En suma, no advierto la
pertinencia del estudio del grado de afectación de los derechos fundamentales
de la accionante, porque ya se había tomado la decisión de declarar
improcedente el amparo por incumplirse el requisito de subsidiariedad. También
encuentro que el mismo, pone de presente la falta de necesidad de las pruebas
recaudadas por fuera de término, que terminaron brindando información meramente
parcial sobre las condiciones actuales de la señora Ruiz Santana. Finalmente,
incluye un análisis desacertado respecto a la vulneración de los derechos
fundamentales de la actora.
-
Sobre el fondo del asunto
11.    Por último,
considero que la sentencia de la que me aparto desconoce la posición
mayoritaria de esta Corporación sobre la procedencia formal y material de la
acción de tutela para casos que involucran el estudio de la tensión jurídica entre
el derecho fundamental al debido proceso de los tomadores de seguros y el
derecho de las entidades aseguradores de declarar nulo el contrato, cuando
encuentran una reticencia, es decir, al comprobar que el asegurado no declaró
preexistencias médicas.
Justamente, las Salas Primera[76], Quinta[77],
Sexta[78],
Séptima[79]
y Novena[80]
de Revisión de la Corte Constitucional han argumentado que las compañías
aseguradoras: (i) tienen el deber de desvirtuar la buena fe del tomador y
demostrar que el mismo pretendía esconder su preexistencia; (ii) deben probar
el nexo causal entre la preexistencia alegada y la ocurrencia del siniestro;
(iii) solo podrán alegar reticencia siempre que la aseguradora no pueda conocer
los hechos debatidos, por lo que deberá realizar un examen médico o solicitar
la historia clínica previo a la celebración del contrato de seguro de vida; y,
(v) las cláusulas de los contratos de seguros deben ser interpretados conforme
al principio constitucional pro homine o pro costumatore, el cual
permite desplegar una valoración a favor del tomador de la póliza de seguro
cuando existan ambigüedades en la ejecución del contrato en consideración al
estado de indefensión que ostenta éste respecto a la compañía aseguradora.
12.    A
modo de conclusión, no comparto la injustificada aplicación inexacta del
reglamento de la Corte para decretar pruebas por fuera del término para fallar
en este caso, en la medida que éstas no eran necesarias para adoptar la
decisión a la que llegó la mayoría de la Sala, y con ello se afectaron los
principios de celeridad y eficacia que rigen la acción de tutela.
De
otra parte, estimo que los argumentos que llevaron a la conclusión de que no
era posible efectuar un análisis flexible del requisito de subsidiariedad en
este caso, en la medida la accionante no se encontraba en una especial
situación que la hiciera merecedora de una protección constitucional reforzada,
desconocen el artículo 13 constitucional, que consagra expresamente la
obligación del Estado de adoptar acciones afirmativas frente a las personas que
se encuentran en condición de vulnerabilidad económica. Este análisis por lo
demás, poco acertado en términos constitucionales, se tradujo, desde mi
perspectiva, en una restricción del derecho fundamental de acceso a la justicia
constitucional de la accionante. Finalmente, encuentro que la sentencia T-734
de 2017, omitió el estudio de varios requisitos pacíficamente aceptados por la
jurisprudencia de esta Corte para los casos de controversias sobre el pago de
pólizas de seguros, sin explicar las razones de ello.
A mi juicio, el deber
de motivación de los fallos judiciales hacía necesario exponer por qué no se
tendría en cuenta la abundante jurisprudencia constitucional sobre este tema, y
así evitar la trasgresión del principio de transparencia, al mismo tiempo que
se garantizaría el debido proceso de la accionante, y el principio de seguridad
jurídica, que son presupuestos esenciales de la consagración del Estado
colombiano como Social de Derecho.
Atendiendo a estas
razones, salvo el voto en la sentencia de la referencia.
Fecha ut supra,
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
[1] Afirmado por
la accionante a folio 3 cno. 1. de la acción de tutela y según consta en
extracto bancario que obra a folio 33 del expediente.
[2] Fls. 33 y 34
cno. 1.
[3] Fecha de
fallecimiento según consta en registro civil de defunción obrante a folio 16
del expediente.
[4] Según afirma
la accionante en su escrito de tutela. Fl. 4. cno. 1.
[5] Fl. 40 cno.
1.
[6] Fl. 39. cno.
1.
[7] Fl. 4 cno. 1.
[8] Fl. 30 cno.
1.
[9]  Fl. 32 cno.
1.
[10] Fl. 36 cno.
1.
[11] Fl. 35 cno.
1.
[12] Fl. 38 cno.
1.
[13] Fl. 15 cno.
1.
[14] Fl. 4 cno.
1.
[15] Fl. 75 cno.
1.
[16] Fls. 61 al
62 cno. 1.
[17] Fls. 65 al
66 cno. 1.
[18] Fls.
77 al 87 cno. 1.
[19] Fls. 100 al 104
cno. 1.
[20] Fl. 37 cno.
2.
[21] Fl. 53 cno.
2.
[22] Conforme a
auto del 10 de noviembre de 2017. Fls. 58 a 59 cno. 2.
[23] Fls. 66 al
108 cno. 2.
[24] Fls. 113 al
116 y 130 al 132 cno. 2.
[25] Fls. 109 al
112 cno. 2.
[26] Fl. 118 cno.
2.
[27] Fl. 122 y
fl. 133. cno. 2.
[28]Corte
Constitucional, Sentencia SU-173 de 2015.
[29]Corte Constitucional,
Sentencia SU-157 de 1999 reiterada entre otras por las
sentencias T- 329 de 2008 y sentencia T-452 de 2015.
[30]
“Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en
todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de
sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de
representante. Los poderes se presumirán auténticos. || También se
pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en
condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra,
deberá manifestarse en la solicitud” (negrillas propias).
[31] Corte
Constitucional, Sentencia T-452 de 2015.
[32] Ibíd.
[33] Corte
Constitucional, Sentencia T-452 de 2015
[34]Corte Suprema
de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencias SCJ SCC del 28 de julio de 2005
radicación No. 1999-00449-01 y sentencia del 15 de diciembre de 2008 radicación
No. 2001-01021-01.
[35]
Sentencia STC1338-2016 del 9 de febrero de 2016 radicación n.°
68001-22-13-000-2015-00746-01
[36] Corte
Constitucional, Sentencia T-738 de 2011 y Sentencia T-282 de 2016.
[37]Corte
Constitucional, Sentencia T-057 de 1995.
[38]
Corte Constitucional, Sentencia T-150 de 2016.
[39] En
efecto, tanto el inciso 3º del artículo 86 de la Constitución Política, como el
numeral 1 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, respectivamente, disponen: “Esta
acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable”; “Causales de improcedencia de la tutela. La
acción de tutela no procederá: || 1. Cuando existan otros recursos o
medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos
medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentre el solicitante”.
[40]
Corte Constitucional, Sentencia T-186 de 2017. La idoneidad impone
considerar la entidad del mecanismo judicial para remediar la situación
jurídica infringida o, en otros términos, para resolver el problema jurídico,
de rango constitucional, que se plantea. La eficacia hace referencia a
la capacidad, en concreto, del recurso o medio de defensa judicial para dar resultados
o respuestas al fin para el cual fue concebido el mecanismo urgente,
atendiendo, tal como lo dispone el último apartado del numeral 1 del artículo 6
del Decreto 2591 de 1991, a “las circunstancias en que se encuentre el
solicitante”.
[41] Corte Constitucional,
Sentencia T-452 de 2015
[42] Ibíd.
[43] Folio
5 cno. 1.
[44] Entre otras,
ver la Sentencia T-222 de 2014.
[45] Corte
Constitucional, T-501 de 2016
[46] Corte
Constitucional, Sentencia T-150 de 2016.
[47] A
través del proceso verbal de declaratoria de responsabilidad civil contractual,
el Banco en su calidad de beneficiario de la póliza de seguro de vida de
deudores, puede reclamar a la aseguradora el pago del riesgo asegurado. De otra
parte, los herederos en calidad de receptores de las obligaciones del fallecido
deudor asegurado, tienen la facultad de solicitar mediante la acción de
responsabilidad civil extracontractual el pago de la prestación en favor del
Banco beneficiario o bien, reclamar la indemnización con ocasión a la póliza de
seguro.
[48]
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de noviembre 16 de
2016 radicación Nº 08001-22-13-000-2016-00523-01.
[49]  Corte
Constitucional, Sentencia T-481 de 2017 y Sentencia T-058 de 2016.
[50] Corte
Constitucional, Sentencia T-058 de 2016 y Sentencia T-747 de 2008.
[51] De acuerdo al
ordenamiento sucesoral, la vocación legal hereditaria se fundamenta en el
estado civil de las personas, esto es, en los nexos de parentesco que ligan a
los herederos con el causante de acuerdo a los
órdenes sucesorales contemplados en el artículo 1045 del Código Civil.
En consecuencia, se adquiere el título de
heredero o se entiende que alguien toma tal calidad formalmente, cuando lo hace
a través de escritura pública o privada, o al obligarse como tal en un acto de
tramitación judicial.
[52] Artículo
1008 Código Civil.
[53] Artículo
1040 Código Civil.
[54] Artículo
1045 Código Civil.
[55] Inciso 3º del artículo 1156 del Código Civil.
[56] De acuerdo
al artículo 1282 del Código Civil, todo
asignatario puede aceptar o repudiar libremente, salvo aquellos que no cuenten
con la libre administración de sus bienes. Respecto a la aceptación de la
herencia, esta puede hacerse de manera expresa o tácita, estando el primer
evento determinado por la adquisición del título de heredero y el segundo
determinado por la acreditación de un acto del heredero que suponga su
intención de aceptar.
[57] Artículo
1302 del Código Civil.
[58] Folio 94 vto.
cno. 2.
[59] “Artículo
33. Revisión por la Corte Constitucional. La Corte Constitucional designará dos
de sus Magistrados para que seleccionen, sin motivación expresa y según su
criterio, las sentencias de tutela que habrán de ser revisadas. Cualquier
Magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podrá solicitar que se revise
algún fallo de tutela excluido por éstos cuando considere que la revisión puede
aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave. Los casos de
tutela que no sean excluidos de revisión dentro de los 30 días siguientes a su
recepción, deberán ser decididos en el término de tres meses.”
[60] “Artículo
56. Salas de Revisión de Tutelas. (…) Los procesos de tutela deberán ser
decididos en el término máximo de tres (3) meses. Con tal propósito, el
magistrado sustanciador deberá presentar el proyecto de fallo a los demás
Magistrados que integran la Sala de Revisión para que formulen sus
observaciones, por lo menos quince (15) días antes de su vencimiento. Ocurrido
lo anterior, los Magistrados Titulares tendrán un plazo de cinco (5) días,
contados a partir de la entrega del proyecto, para formular observaciones por
escrito. Los Magistrados que integran la Sala de Revisión deberán adoptar una
decisión definitiva sobre el caso, sin superar el término máximo de tres (3)
meses al que se refiere el inciso segundo de este artículo (…)”
[61] Este
artículo regula las deliberaciones de la Sala Plena de la Corte
Constitucional.
[62] En dicha
providencia, requirió al Juzgado Quinto Civil Municipal, al Banco BBVA S.A., al
BBVA Seguros de Vida Colombia S.A., y al Banco Popular Oficina Pereira para que
allegaran documentos al trámite de revisión.
[63] De
conformidad con las normas aplicables, en principio, el despacho sustanciador
estaba en la obligación de realizar los ajustes pertinentes a la ponencia y
depositar en la Secretaría General el texto definitivo, en un término no mayor
a 10 días. Por lo tanto, la sentencia debía mantener intacta la conformación de
la Sala Novena de Revisión, y conservar la fecha inicial en la que se sometió
el asunto a consideración de la Sala, es decir, el 4 de agosto de 2017. Sin
embargo, la fecha cambió al 15 de diciembre de 2017.
[64] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[65] Esto en la
medida que el Magistrado Alberto Rojas Ríos había retomado sus funciones en
esta Corporación, y por ende, había culminado el encargo como magistrada de la
Doctora Martha Sáchica Méndez.
[66] Cabe aclarar que el magistrado Alberto Rojas Ríos salvó su voto,
entre otras razones, por considerar que la sentencia debió ser suscrita por
quien asumió sus funciones mientras fue separado temporalmente de su cargo, la
magistrada encargada Martha Sáchica Mendez.
[67] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[68] Ver, supra,
párrafos 68 y 69.
[69] Sentencia
T-501 de 2016.M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez y T-240 de 2016 M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub. Sentencia T-557 de 2013. M.P. Luis Guillermo Guerrero
Pérez.
[70] Sentencia
T-557 de 2013 y T-501 de 2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[71] Al respecto
ver: T-865 de 2014. M.P. Gloria Stella Ortíz Delgado.
[72] En la
Sentencia T-902 de 2013. M.P. María Victoria Calle Correa, se explicó que: “El
derecho fundamental al debido proceso (Art. 29, C.P.), como lo ha entendido la
Corte para los casos en los cuales se examina la actuación de una aseguradora,
estipula que las determinaciones acerca de si se reconoce o no un derecho deben
estar basadas en las condiciones previamente pactadas, sin desconocimiento del
marco legal.”
[73] Para ahondar
sobre los escenarios en los que la Corte ha concedido el amparo frente a este
tipo de situaciones puede consultarse la Sentencia T-058 de 2016, M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez.
[74] Ver, supra,
párrafo 71.
[75] En: “El
acceso a la justicia como garantía de los derechos económicos, sociales y
culturales. Estudio de los estándares fijados por el sistema interamericano de
derechos humanos”, informe aprobado el 07 de septiembre 2007, Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.
[76] Sentencias
T-751 de 2012 y T-316 de 2015. M.P. María Victoria Calle Correa.
[77] Sentencia
T-282 de 2016. M.P. Gloria Stella Ortíz Delgado.
[78] Sentencias
T-342 de 2013. M.P. Nilson Pinilla Pinilla y T-251 de 2017. M.P. Iván Humberto
Escrucería Mayolo.
[79] Sentencia T-240
de 2016. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[80] Sentencia
T-222 de 2014. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.