T-287-19
Sentencia T-287/19
PRINCIPIO DE CONTINUIDAD EN LA PRESTACION
DEL SERVICIO DE SALUD EN LAS FUERZAS MILITARES-Derecho de sus miembros a seguir recibiendo atención
médica integral por parte del sistema de salud, aunque hayan sido desvinculados
de la respectiva institución
EXAMEN DE RETIRO DE LA FUERZA PUBLICA-Imprescriptibilidad
EXAMEN DE RETIRO DE LA FUERZA PUBLICA-Obligación del Ejército Nacional de
practicarlo
FUERZAS MILITARES Y POLICIA NACIONAL-Obligaciones en materia de salud con
quienes prestan el servicio militar
PRINCIPIO DE CONTINUIDAD EN LA PRESTACION
DEL SERVICIO DE SALUD EN LAS FUERZAS MILITARES-Vulneración por Ejército Nacional al omitir la
práctica del examen médico de retiro al accionante
DERECHO A LA SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL DE
MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA RETIRADOS DEL SERVICIO-Orden al Ejército Nacional convocar Junta
Medico Laboral Militar para evaluar y definir la situación medico laboral del
accionante
Referencia: Expediente T-7.056.219
Acción de tutela
presentada por Clemencia Jaramillo Ramírez, en calidad de agente oficiosa de su
hijo Julio Cesar Varón Jaramillo, contra el Ministerio de Defensa Nacional
-Dirección General de Sanidad del Ejército Nacional -Dispensario Médico Número
6 de Ibagué (5175), con vinculación oficiosa del Comando General del Ejército
Nacional
Magistrada
Ponente:
DIANA FAJARDO
RIVERA
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de junio dos
mil diecinueve (2019)
La Sala Segunda de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por la Magistrada Diana Fajardo Rivera y los Magistrados
Luis Guillermo Guerrero Pérez y Alejandro Linares Cantillo, en ejercicio de sus
competencias constitucionales, legales y reglamentarias, ha proferido la
siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de los fallos
dictados, en primera instancia, por el Juzgado Segundo Penal del Circuito con
Funciones de Conocimiento de Ibagué -Tolima, el 3 de agosto de 2018 y, en
segunda instancia,  por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Ibagué -Tolima, el 31 de agosto de 2018, dentro de la
acción de tutela promovida por Clemencia Jaramillo Ramírez, en calidad de
agente oficiosa de su hijo Julio Cesar Varón Jaramillo, contra el Ministerio de
Defensa Nacional -Dirección General de Sanidad del Ejército Nacional -Dispensario
Médico Número 6 de Ibagué (5175), con vinculación oficiosa del Comando General
del Ejército Nacional.
El expediente de la referencia fue
seleccionado para revisión por medio de Auto del 13 de noviembre de 2018,
proferido por la Sala de Selección Número Once[1].
I. ANTECEDENTES
El 19 de julio de 2018, el señor Julio
Cesar Varón Jaramillo, por conducto de agente oficiosa, presentó acción de
tutela para reclamar la defensa de los derechos fundamentales al debido
proceso, vida digna, salud e igualdad. Considera que las autoridades castrenses
accionadas violaron estos bienes constitucionales al disponer su desvinculación
del Ejército Nacional sin practicarle previamente el examen médico rutinario de
retiro, necesario para definir, de un lado, el acceso a la atención en salud
por haber adquirido enfermedades durante la prestación del servicio activo y,
de otro, el reconocimiento de prestaciones económicas en su beneficio.
La parte accionante fundamentó su solicitud
de tutela en los siguientes hechos.
1. Hechos
1.1. El señor Julio Cesar Varón Jaramillo
cuenta con 36 años de edad y laboró al servicio del Ejército Nacional como
oficial, en el grado de Capitán, durante aproximadamente 11 años[2]. En su carrera militar
ejerció funciones en el área operativa y de combate, circunstancia que le
exigió cargar constantemente “equipo bastante pesado sobre la espalda”[3] y someterse a fuertes
presiones psicológicas. Esta situación, afirma, le originó enfermedades tales
como “esquizofrenia paranoide, episodio depresivo grave, trastorno del disco
lumbar con radiculopatia, trastorno del disco cervical con radiculopatia,
síndrome del túnel del carpo”[4];
alteraciones por virtud de las cuales aduce haber sido ocasionalmente
incapacitado por los galenos tratantes.
1.2. Mediante Resolución 1832 del 8 de
abril de 2010[5],
por razones del servicio y en ejercicio de la facultad discrecional, el
Ministerio de Defensa Nacional ordenó su retiro temporal con pase a la reserva,
informándosele, según sostuvo, que “tenía que esperar a que fuera llamado de
nuevo para realizar y definir su situación médico laboral”[6], a través del examen
médico rutinario de retiro. Posterior a ello, el ciudadano adelantó los
trámites correspondientes a fin de lograr la realización de dicho examen,
orientado a evaluar su estado de salud[7].
Sin embargo, “el mencionado proceso fue interrumpido debido a que la
Dirección de Sanidad del Ejército Nacional desactiv[ó] los
servicios médicos, motivo por el cual no se le pudo dar continuidad al
tratamiento que estaba llevando a cabo por diferentes patologías”[8].
1.3. Ante este panorama, indicó que presentó
sendos requerimientos invocando “se le diera continuidad al proceso médico
laboral”[9],
pero el Ejército Nacional hizo caso omiso a lo solicitado. Lo anterior, en su
criterio, en contravía de la obligación que le asistía de garantizarle la
prestación de los servicios asistenciales requeridos para lograr la
recuperación integral de su estado clínico, menguado con ocasión de la
prestación del servicio activo, y de definir a través de la Junta Médico
Laboral la situación de pérdida de capacidad psicofísica, determinante para establecer
la existencia de derechos pensionales en su beneficio[10].
1.4. Por estos hechos, a través de agente
oficiosa, acudió al mecanismo de amparo, advirtiendo que permanece “postrado
en una cama mientras su estado de salud se desvanece paulatinamente”[11]. Ello como
consecuencia del hecho de que “la institución evadió la responsabilidad
dejándolo en el abandono total sin mediar consecuencia alguna”[12], teniendo que asumir
con dificultad la atención en salud que demanda su condición actual[13]. Así, invocó el amparo
de los derechos fundamentales al debido proceso, vida digna, salud e igualdad
y, en consecuencia, solicitó que se le ordene a la Dirección de Sanidad del
Ejército Nacional (i) activar de manera inmediata los servicios médicos a fin
de darle continuidad al tratamiento integral para aliviar sus dolencias y (ii)
realizar el proceso médico laboral tendiente a definir su capacidad
psicofísica.
2. Respuesta de las Entidades accionadas
Una vez se avocó el conocimiento de la
presente acción de tutela por parte del Juzgado Segundo Penal del Circuito con
Funciones de Conocimiento de Ibagué -Tolima, el 23 de julio de 2018, el
Despacho ordenó notificar a las autoridades accionadas para que ejercieran el
derecho de defensa y contradicción. Igualmente, dispuso la vinculación del
Comando General del Ejército Nacional[14].
Pese al requerimiento efectuado, ninguno de los vinculados emitió
pronunciamiento.
3. Decisiones que se revisan
3.1. Decisión de primera instancia
El Juzgado Segundo Penal del Circuito con
Funciones de Conocimiento de Ibagué -Tolima, mediante
providencia del 3 de agosto de 2018, “negó por improcedente”[15] el amparo.
Para el Despacho no se satisfizo el requisito formal de
inmediatez, ya que han transcurrido más de 8 años desde que se dispuso el
retiro discrecional del oficial de las Fuerzas Militares[16]. Tampoco se acreditó el
presupuesto de subsidiariedad en la medida en que el ciudadano pudo acudir a la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, “escenario idóneo para
determinar la legalidad en el procedimiento adelantado por el Ministerio de
Defensa Nacional y el Ejército Nacional”[17].
Además no se evidenció la ocurrencia de un perjuicio irremediable pues el
tutelante ha permanecido activo en el régimen contributivo de la EPS Coomeva
desde el año 2011, es decir, “que su derecho a la salud se encuentra
cubierto por una Entidad Prestadora de Salud desde hace más de 7 años”[18].
En todo caso, advirtió que las patologías
padecidas por el agenciado no originaron el retiro ya que este se produjo en
ejercicio de la facultad discrecional que le asiste al Ejército Nacional y
fundado principalmente en el hecho de haberse probado la falta de liderazgo en
su desempeño y actuar profesional, así como la inobservancia en la aplicación
de la doctrina militar. Además, de la historia clínica aportada al proceso, que
data de los años 2017 y 2018, “no se evidencia que [sus enfermedades se
hubieran] generado para el año 2010, tiempo en el cual se [originó]
el retiro temporal”[19]
por lo que no existe relación alguna entre su situación de salud y la
desvinculación ordenada.
3.2. Impugnación presentada por la parte
accionante
La anterior determinación fue impugnada por
la parte accionante, mediante escrito del 10 de agosto de 2018, pidiendo
revocar la decisión de primera instancia y, en su lugar, conceder el amparo de
los derechos fundamentales invocados en la solicitud de tutela[20]. La agente oficiosa
advirtió que la pretensión principal de amparo es la práctica del examen de
retiro, el cual “es obligatorio y no tiene tiempo de prescripción”[21]. Afirmó que desde la
desvinculación de su hijo y hasta la fecha han esperado “el llamado para la
práctica de los respectivos exámenes de retiro y nunca han dado aviso ni
cumplimiento alguno”[22].
3.3. Decisión de segunda instancia
En segunda instancia la Sala de Decisión
Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué -Tolima, mediante
providencia del 31 de agosto de 2018, confirmó la decisión de primera instancia.
La autoridad judicial reiteró los argumentos expuestos en la primera instancia
y aclaró que si bien el examen de retiro de las Fuerzas Militares es
obligatorio “lo primero que debe acreditarse, antes de intentar la acción de
tutela, es realizar una petición concreta, en ese sentido, ante la Dirección de
Sanidad del Ejército Nacional. En este caso, el accionante no demostró haber
presentado la solicitud para [su] práctica, ni tampoco que la entidad se
hubiera negado a realizarlo”[23],
por lo que se trata de una omisión atribuible al ciudadano, no subsanable por
vía del mecanismo de amparo.
4. Actuaciones
surtidas en sede de revisión
La Sala Segunda de Revisión, a efectos de
adoptar una decisión informada en el asunto de la referencia, requirió, por
Auto del 31 de enero de 2019, al Ministerio de Defensa Nacional y a la agente
oficiosa del señor Julio Cesar Varón Jaramillo para que suministraran información tendiente a conocer las razones que impidieron
la práctica del examen médico de retiro al momento de la desvinculación del
ciudadano del Ejército Nacional, su condición clínica durante la prestación del
servicio activo y con posterioridad a ese momento, así como las actuaciones
desplegadas por la parte accionante orientadas a lograr la realización de dicho
examen, desde la salida del militar de la Institución Castrense y hasta la
fecha, con indicación de los resultados obtenidos. Mediante Auto del 11 de
febrero siguiente, se requirió, una vez más, a la Entidad pública referida y al
extremo activo de la tutela para que dieran respuesta
a la solicitud judicial formulada, pues a partir del primer requerimiento no se
verificó su participación. Igualmente, se le solicitó a
la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional que allegara al proceso copia de
la historia clínica del agenciado. El llamado de esta Corporación fue atendido
por la parte accionante, quien informó que, mediante escrito del 2 de octubre
de 2018, el Ejército Nacional le indicó que la realización del examen de retiro
está sujeta a un término de prescripción que ya operó en su caso, lo que torna
inviable su práctica actual.
De manera extemporánea, la Dirección de
Personal del Ejército Nacional se pronunció sobre el asunto materia de debate
poniendo de presente algunos antecedentes que presuntamente están relacionados
con el desempeño del accionante durante su carrera militar[24]. Advirtió que frente a
la aptitud psicofísica del actor al momento de su retiro le “corresponde a
la Dirección de Sanidad, absolver las inquietudes al respecto, sin embargo
invadiendo competencias es necesario informar que se debe tomar en
consideración el contenido del artículo 8 del Decreto Ley 1796 de 2000”[25]. La Dirección de
Sanidad contestó el requerimiento judicial casi un mes después de realizado;
indicó que “[a] la fecha y de acuerdo al Sistema Integrado de Medicina
Laboral (SIMIL), el señor Julio Cesar Varón Jaramillo no registra ficha medica
de retiro en la institución”[26];
y, aportó para el efecto el expediente médico laboral, advirtiendo que en su
poder no obraba la historia clínica del actor[27].
Con todo, el contenido integral de la
información recaudada será referida y analizada en detalle al momento de
resolverse el asunto concreto[28].
iI.
Consideraciones y fundamentos
1.
Competencia
Esta Sala de
Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar los fallos de
tutela proferidos dentro del trámite de la referencia, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 86, inciso 3, y 241, numeral 9, de la Constitución
Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de
1991.
2. Problema
jurídico y análisis de procedencia de la acción de tutela
2.1. En
relación con lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión de la Corte
Constitucional debe determinar, en primer lugar, si la acción de tutela cumple
con los requisitos formales de procedencia. De superarse dicho análisis, se
deberá resolver el siguiente problema jurídico: ¿las autoridades castrenses
accionadas (Ministerio de Defensa Nacional, Comando General del Ejército
Nacional, Dirección General de Sanidad del Ejército Nacional y Dispensario
Médico Número 6 de Ibagué (5175)) vulneraron los derechos fundamentales al
debido proceso y a la salud del señor Julio Cesar Varón Jaramillo al omitir
practicar el examen médico de retiro al momento de la desvinculación y negarse
ahora a ello invocando la configuración de la prescripción, pese a que el
ciudadano afirma que se encuentra enfermo, presuntamente por patologías
adquiridas en la prestación del servicio activo?
2.2. De acuerdo con lo establecido en la Constitución
Política, el Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia constitucional, los
requisitos de procedencia de la acción de tutela son: (i) legitimación por
activa, la acción de tutela puede ser ejercida por todas las personas cuyos
derechos fundamentales se encuentren vulnerados o amenazados. Aquellas podrán
actuar por sí mismas o por conducto de un tercero que intervenga en su nombre[29]; (ii) legitimación
por pasiva, el amparo procede contra las acciones u omisiones de las
autoridades públicas y, excepcionalmente, de particulares; (iii) subsidiariedad,
la acción de tutela resulta procedente cuando no existen otros mecanismos de
defensa judicial disponibles, cuando los mecanismos disponibles no resultan idóneos
o eficaces a la luz de las circunstancias del caso concreto o, cuando aun
siéndolo, se requiere evitar la consumación de un perjuicio irremediable, en
cuyo caso se emplea la acción como mecanismo transitorio[30]; e (iv) inmediatez,
no puede transcurrir un tiempo excesivo, irrazonable o injustificado entre la
actuación u omisión y el uso efectivo del amparo[31].
2.2.1. En el
presente asunto la solicitud de amparo es procedente, por cuanto: (i) fue
instaurada por la señora Clemencia Jaramillo Ramírez, en calidad de agente
oficiosa de su hijo Julio Cesar Varón Jaramillo[32], y se dirige contra
las entidades públicas que presuntamente vulneraron los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante y que tendrían competencia para actuar, de
constatarse dicha violación[33],
concluyéndose que se configura el requisito de legitimación en la causa por
activa y por pasiva.
2.2.2. También se
satisface la exigencia de la subsidiariedad (ii), por los siguientes motivos. A
través de la acción de tutela no se promueve un pronunciamiento sobre un acto
definitivo, que haya resuelto una situación o posición de derecho concreta,
como sería el expedido por el Ministerio de Defensa para disponer el retiro del
servicio del señor Varón Jaramillo y contra el cual, en principio, se
predicaría del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho la
idoneidad y eficacia de un mecanismo de defensa disponible en la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo,  ante la que es posible solicitar, incluso antes de la admisión de la
demanda, la adopción de medidas cautelares con el fin de proteger y garantizar,
provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia,
planteamiento que acompañó la posición del juez de primera instancia en el
trámite de la tutela. A diferencia de tal escenario en
el que se busca controvertir la legalidad de una actuación, lo que se cuestiona,
en esta oportunidad, es una omisión continuada por parte del
Ministerio de Defensa, a través de sus autoridades competentes, frente a la
cual no se encuentra, atendiendo también a las circunstancias del accionante,
otro recurso judicial. En este sentido, por ejemplo, debe descartarse de plano
la acción de cumplimiento, que puede interponerse por regla general en
cualquier tiempo, dado que prevé una regla expresa de improcedencia en aquellos
casos en los que está de por medio la satisfacción de un derecho fundamental[34], como ocurre con el
debido proceso y la salud en este caso o, en otras palabras, aquél medio no
resulta procedente en los eventos en los que, como el presente, la inactividad
de la administración resulta ser la causa directa de la vulneración de
garantías básicas tutelables.
Aunado a lo
anterior, es oportuno advertir que el actor manifestó que ha estado atento a la
citación de la Entidad demandada para la práctica del examen de retiro, incluso
que ha solicitado directamente su realización, afirmaciones que no fueron
desvirtuadas por la Institución en el curso de esta acción constitucional,
acreditando, por ejemplo, que pese al llamado realizado al señor Varón
Jaramillo no asistió, o que no existe en sus archivos petición alguna,
validándose de esta manera su diligencia en la satisfacción de la pretensión
que aquí se invoca.
Por último, parte
de la valoración de la referida diligencia tiene como presupuesto el estado de
salud del ex militar, que, conforme lo afirma su agente oficiosa y el dictamen
médico allegado por un médico ajeno a la Institución Militar, lo ha llevado a
encontrarse “postrado en una cama”[35],
imposibilitándole su integración al mercado laboral[36]. En razón de dicha
condición médica, vigente a la fecha, presenta dificultades económicas para
asumir el tratamiento integral de las dolencias que, afirma, adquirió en el
tiempo de pertenencia a las filas[37].
Así, se avizora la
existencia de una presunta omisión estatal frente a un ciudadano en condición
de debilidad manifiesta, que acudió al mecanismo constitucional por conducto de
agente oficiosa, siendo la acción de tutela el mecanismo con la idoneidad y
eficacia para valorar y resolver un debate constitucional que entraña el
presunto incumplimiento de una obligación de atención médica a cargo del
Ejército Nacional.
2.2.3. Por último,
pese al tiempo transcurrido, la acción de tutela goza del requisito de
inmediatez (iii), en razón a lo siguiente. El artículo 8 del Decreto 1796 de
2000[38]
dispone que el examen para retiro tiene, para todos los efectos legales,
carácter definitivo; por tanto, debe practicarse dentro de los 2 meses
siguientes al acto administrativo que produce la novedad, con carácter
obligatorio en todos los casos. Cuando sin causa justificada el retirado no se
presenta en tal término, el examen se practicará en los Establecimientos de
Sanidad Militar o de Policía por cuenta del interesado[39].
Una interpretación
literal de la referida disposición permite concluir que: (1) el Ejército
Nacional tiene la obligación legal de requerir a quien es apartado de las filas
y evaluar su estado de salud, a través de la realización de un examen que debe
llevarse a cabo dentro de los 2 meses siguientes al acto administrativo que dispone
la desvinculación. Se trata, en consecuencia, de una actuación oficiosa a cargo
integral de las Fuerzas Militares, además de un derecho cierto en cabeza del
personal en situación de desincorporación; (2) el plazo de 2 meses que establece
la norma no alude a un término de prescripción del derecho del miembro de la
Fuerza Pública retirado a que se le practique la valoración correspondiente, a
partir de la cual se determina el eventual reconocimiento y pago de
prestaciones económicas y/o la prestación de servicios asistenciales. Por el
contrario, se trata de un término que vincula al Ejército Nacional para
satisfacer el cumplimiento del deber ineludible a cargo de la Institución
Castrense de adelantar con oportunidad y diligencia el respectivo examen. (3) Si
el referido plazo se incumple por causas imputables al miembro desvinculado, la
consecuencia es que deberá asumir el valor del examen, no la prescripción del
mismo. Esto implica que la superación del periodo legal no genera, en modo
alguno, la pérdida o fenecimiento del derecho de quien deja de pertenecer a las
filas de ser examinado y calificado por las autoridades médicas competentes, pues
se trata de una obligación definida normativamente a cargo de las Fuerzas
Militares, en concreto de una valoración que no es optativa, que no tiene la
vocación de desaparecer con el paso del tiempo y, por ende, su materialización
procede en cualquier momento.
2.2.3.1. La Corte Constitucional no ha sido ajena a las discusiones que
involucran la solicitud, en sede de tutela, de practicar el examen de retiro de
los ex miembros de la Fuerza Pública, pese a haber transcurrido un término
superior a los 2 meses. Para la jurisprudencia constitucional la obligación de
requerir y evaluar a la persona radica en el Cuerpo Oficial, por mandato legal,
y es imprescriptible. Por ejemplo, en la Sentencia T-948 de 2006[40] se analizó el caso de
un miembro del Ejército Nacional que invocó la práctica del examen médico de
egreso dado que, pese a haber transcurrido 3 años desde su desvinculación, no
le había sido practicado. El argumento de la Institución Castrense era que el
peticionario no definió su situación en el término establecido por la Ley, por
lo que la oportunidad con la que contaba para ser valorado había fenecido. La
Sala Sexta de Revisión recordó que “el examen cuando se produce el retiro es
obligatorio como lo dice expresamente [el artículo 8 del Decreto 1796 de
2000]. Las Instituciones Militares no pueden exonerarse de esta obligación
argumentando que el retiro fue voluntario. Igualmente, si no se hace el examen
de retiro no es posible alegar prescripción de los derechos que de acuerdo con
la ley tiene quien se retire del servicio activo. La omisión del deber de
realizar el examen impide la prescripción de los derechos que tiene la persona
que prestaba servicio a las Fuerzas Militares. Por tanto, si no se le
realiza el examen de retiro esta obligación subsiste por lo cual debe
practicarse dicho examen cuando lo solicite el ex-integrante de las Fuerzas
Militares. Por otra parte, las Fuerzas Militares deben asumir las
consecuencias que se derivan de la no práctica del examen médico de retiro”
(subrayas fuera del texto original).
Siguiendo estos
lineamientos se estimó que el Ejército Nacional incurrió en una omisión legal
dado que, desde la desincorporación a la solicitud de amparo, no emitió autorización alguna para realizar el examen de egreso al tutelante,
pese a estar probado, de un lado, que durante el servicio activo sufrió un
accidente cuya ocurrencia no fue desvirtuada por la Institución Castrense y, del
otro, que como consecuencia de tal suceso se originaron patologías de origen
cerebral, que exigían tratamiento médico. En estas condiciones, explicó la Sala
que el argumento de la prescriptibilidad de la valoración médico laboral era desacertado,
pues la actuación médica es “de carácter obligatorio en todos los casos”
y su prestación está a cargo exclusivo del Sistema de Salud de las Fuerzas
Militares, en cualquier momento. Así pues, en aras de proteger los derechos
fundamentales a la salud y a la vida digna, se ordenó a la Dirección de Sanidad
de las Fuerzas Militares la práctica del examen de retiro y, según sus resultados,
la prestación de todos los servicios médicos, quirúrgicos, hospitalarios y
farmacéuticos requeridos para el manejo de su enfermedad.
En la providencia
T-020 de 2008[41],
la Sala Primera de Revisión analizó el caso de un soldado profesional del
Ejército Nacional que 2 años después de su desincorporación solicitó la realización
del examen de retiro, petición que le fue negada bajo el argumento de la
prescriptibilidad. La Sala recordó que conforme a lo dispuesto en el artículo 8
del Decreto 1796 de 2000, el personal de la Fuerza Pública en situación de desincorporación
debe ser sometido a la realización de un examen de retiro a fin de determinar
si tienen derecho a obtener el reconocimiento y pago de una pensión de
invalidez, una indemnización o la prestación de servicios asistenciales y de
salud con fundamento en los efectos que la labor desempeñada hubiere producido
para su salud física y mental. De esta forma, dicho examen debe ser (i) ordenado
por la Fuerza respectiva; (ii) realizado por su Dirección de Sanidad y (iii)
su pago debe ser asumido por las Unidades Ejecutoras correspondientes en cada
una de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, de lo que se desprende
que “el Estado tiene la obligación de realizar el examen de retiro a quienes
dejen de pertenecer a las instituciones de la Fuerza Pública”, con
independencia de la causa que motivó la desvinculación.
En aplicación de
estas reglas, se encontró acreditada la vulneración de los derechos
fundamentales a la salud, vida digna y seguridad social del actor. Aunque en
esta ocasión, la situación fáctica presentaba unas particularidades especiales
-en relación con el asunto que ahora se analiza- dado que el accionante fue
retirado del servicio en el año 2005 sin que se le hubiera practicado el examen
de retiro, pues desde enero de 2004 se encontraba recluido en el
Establecimiento Penitenciario y Carcelario “La Picota”, la Sala resaltó que
este hecho había implicado una omisión a cargo del Ejército Nacional,
primero, porque estaba demostrada la imposibilidad real del accionante para
presentarse ante la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional y, segundo, dado
que ante el advenimiento de esta circunstancia, “la Entidad accionada tenía
el deber de garantizar por todos los medios puestos a su alcance que el
accionante se sometiera a dicho examen”, con ocasión del carácter
imperativo de su realización. De esta manera, se dispuso como remedio
constitucional la práctica del examen, a fin de determinar si el estado de
salud actual del tutelante, esto es, su diagnóstico de esquizofrenia era
consecuencia directa de los servicios prestados a la Institución Oficial y, por
lo tanto, si le asistía el derecho a alguna prestación económica, así como a la
atención en salud por parte del Ejército Nacional[42].
2.2.4. Aplicando
las reglas de decisión descritas al presente asunto es claro que, desde la
decisión discrecional de retiro del año 2010, el Ejército Nacional se ha
abstenido de cumplir con la obligación legal e imprescriptible de requerir al
agenciado para realizar el examen de egreso. Dicha omisiva ha generado que el
ex militar se enfrente a un escenario de incertidumbre en relación con la
definición de la atención médica que requiere para mitigar su condición clínica
que, aduce, se encuentra gravemente menguada. Ello a pesar de haber solicitado,
según afirma, la realización de la valoración correspondiente y de haber estado
pendiente y presto a cualquier llamado por parte del Ejército Nacional, en
concreto por parte de la Dirección de Sanidad.
Esta circunstancia
no fue controvertida por el Ente accionado durante el curso de la acción de
tutela, quién, ante la ausencia de participación en el marco de la solicitud de
amparo y posterior intervención tardía en sede de revisión, no brindó ningún
elemento de juicio para acreditar que hubiera requerido diligentemente al oficial,
como era su deber, para la realización de la valoración clínica de rigor y que
este, por ejemplo, a pesar de ello, se negara a asistir a tal convocatoria.
Ante este panorama
de desprotección continuo y permanente en el tiempo, agravado por las afecciones
médicas que lo aquejan, el actor acudió al mecanismo constitucional entendiendo
que la negligencia de la Entidad accionada frente al cumplimiento de un deber a
su cargo ha frustrado la garantía de sus derechos, los que considera son objeto
de vulneración presente[43].
Así, para evitar la prolongación de este escenario presentó, con posterioridad al
mecanismo de amparo, una petición ante la Dirección de Sanidad de la
Institución Castrense invocando la activación de los “servicios
médicos permanentes para iniciar [el trámite de la] junta médica”[44] bajo la lógica de que,
además, ello podía ser solicitado en cualquier tiempo, dada su naturaleza de
imprescriptibilidad. La Entidad le indicó, en forma contraria, que dicho
proceso está sujeto a un término de prescripción que ya operó en su caso, lo
que explicó la inviabilidad del requerimiento.
Así pues, la solicitud
de tutela formulada por el actor no puede considerarse inoportuna, pues la
obligación del Ejército Nacional de requerirlo y evaluarlo fue tan vinculante
en el año 2010, esto es, al tiempo de su desincorporación, como lo es a la
interposición de la presente acción de tutela, el 19 de julio de 2018, de lo
que se deduce que la omisión del cumplimiento del mandato legal
ya referido ampliamente, se constituye en el hecho vulnerador de garantías
fundamentales que se invoca y pervive en la actualidad, y a partir del cual el
actor ha sido sometido a una situación de desprotección permanente que no se
corresponde con su condición de debilidad manifiesta, lo que hace apremiante
que el juez constitucional intervenga para resolver, con carácter definitivo, la
controversia iniciada hace más de 8 años[45].
Como se indicó en
la Sentencia T-020 de 2008[46],
“la prosperidad de la acción de tutela para obtener la realización del
examen de retiro del servicio en cuestión, depende de que una omisión en este
sentido, en efecto, haya producido una amenaza o vulneración de los derechos
fundamentales del actor.[47]
Es decir, el juez de tutela, con fundamento en las circunstancias particulares
que rodean el caso puesto a su consideración, y teniendo en cuenta la finalidad
del examen, esto es, el reconocimiento y pago de una pensión de invalidez, una
indemnización, o la prestación de servicios asistenciales y de salud, deberá
verificar si la omisión respecto de la realización del examen de retiro
transgrede los derechos fundamentales del actor -tales como el mínimo vital, la
vida digna, la salud, la integridad física y mental-, o si por el contrario
constituye una afectación de su derechos de otra naturaleza”.
2.3. En este contexto, encuentra la Sala superado el
análisis de procedibilidad. En consecuencia, el mecanismo se estudiará de
manera definitiva y a continuación se pasará a resolver el problema jurídico
que se advierte, en esta oportunidad.
3.
Análisis de la jurisprudencia constitucional sobre la materia y solución
del caso concreto
3.1. El deber de la Fuerza Pública de practicar el examen médico de retiro al
personal que se separa del servicio activo
3.1.1. La obligación
de la Fuerza Pública de realizar, a través de la Junta Médico Laboral, el
examen médico de retiro y su relación con la garantía de los derechos
fundamentales al debido proceso y a la salud
La jurisprudencia
constitucional ha reconocido expresamente que la Fuerza Pública integrada por
la Policía Nacional y las Fuerzas Militares (Armada, Fuerza Aérea y Ejército
Nacional) tiene la obligación ineludible de realizar el examen médico laboral
de retiro, con la misma rigurosidad prevista para el de
ingreso, a quienes son separados o se apartan de
la prestación del servicio activo[48]. La importancia de ello radica en que, a través de dicho
examen y con independencia de la causa que dio origen al retiro[49], se
valora de manera objetiva e integral el estado de salud psicofísico del
personal saliente; se determina si su condición clínica presente es
consecuencia directa del ejercicio propio de las funciones asignadas, las que,
por demás, están sujetas a riesgos especiales; y, se establece si “les
asisten otros derechos, tales como indemnizatorios, pensionales e incluso la [prestación
o] continuación de la prestación del servicio médico después de la
desvinculación”[50].
Así, su práctica resulta determinante para definir cualquier futura relación o
responsabilidad que la Institución Policial o Militar pueda tener con el
personal retirado, por lo que el examen no puede estar sometido a un término de
prescripción ya que es un derecho que tienen todos los funcionarios de la Fuerza
Pública, en condición de desacuartelamiento, orientado a asegurar que puedan
reintegrarse a la vida civil en las óptimas condiciones de salud en las que
ingresaron a la prestación del servicio[51].
Bajo estas circunstancias, se ha
considerado que el examen tiene carácter definitivo para todos los efectos legales
y su práctica es obligatoria en todos los eventos; por lo tanto, de acuerdo con
la ley, debe adelantarse a cargo y bajo la
responsabilidad de las autoridades que integran el Sistema
de Salud de la Fuerza Pública, dentro
de los 2 meses siguientes al acto administrativo que produce la correspondiente
novedad[52].
Con todo, cuando sin causa justificada el retirado no se presentare dentro del
término establecido, el examen deberá practicarse, por cuenta del interesado, en
los Establecimientos de Sanidad Militar o de Policía, según sea el caso[53]. En cualquier evento, los
exámenes médico-laborales y tratamientos que se deriven del examen de capacidad
sicofísica para desincorporación, así como de la correspondiente Junta Médico Laboral
Militar o de Policía deben observar completa continuidad[54]. En estas condiciones,
se ha considerado que “si no se realiza el
examen de retiro [dentro del plazo inicialmente
estipulado] esta obligación subsiste por lo cual debe practicarse [cuando]
lo solicite el exintegrante de las Fuerzas Militares [o de la Policía
Nacional]”[55].
3.1.2. La
imprescriptibilidad del examen médico de retiro
Entendiendo lo
anterior, esta Corporación ha indicado que la regla de decisión en la
materia es que cuando un ciudadano sale del servicio activo de la Fuerza
Pública y se le niega o dilata injustificadamente en el
tiempo la práctica del respectivo examen médico de retiro se le vulneran sus derechos fundamentales al debido
proceso administrativo e incluso a la salud y a la seguridad social[56].
No es constitucionalmente admisible la omisión respecto de su realización, ni
siquiera bajo el argumento de que la desvinculación del individuo fue
voluntaria, pues se trata de una obligación cierta y definida a cargo del
Cuerpo Oficial y una garantía en favor de todo el personal en situación de
retiro. Por consiguiente, el examen de retiro no está sujeto a un término de
prescripción como se deriva de una interpretación del artículo 8 del Decreto
1796 de 2000, lo que implica que el mismo podría ser solicitado en cualquier
tiempo y, en consecuencia, si del resultado que arroje su realización “se
colige que el exmilitar [o ex policía] desarrolló una enfermedad durante
o con ocasión del servicio prestado, se [les] debe garantizar la
continuidad en la prestación del servicio médico, así como remitirlos a la
Junta Médica Laboral [correspondiente] para que establezca su porcentaje
de pérdida de capacidad laboral, de manera que se determine si [tienen]
derecho al reconocimiento [de] la pensión por invalidez”[57].
3.1.3. La obligación de la Fuerza Pública de garantizar que los
integrantes de sus filas se reintegren a la vida social en óptimas condiciones
de salud
Tal mandato de protección debe ser entendido en virtud de los
principios de dignidad humana y de solidaridad imperantes en un Estado social y
democrático de derecho[58]. Ello por cuanto resulta reprochable que quienes han dedicado su vida a la defensa
de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del
orden constitucional así como al mantenimiento de las condiciones necesarias
para el ejercicio de los derechos y libertades públicas (artículos 217 y
218 Superior) vean en el Estado una respuesta negativa de abandono y exclusión
cuando se produce su retiro de la Fuerza Pública. Esto adquiere particular
relevancia sobretodo porque dichos sujetos ingresan a prestar sus servicios en óptimas condiciones pero ocurre que su
capacidad productiva resulta, en algunas ocasiones, menguada como consecuencia
de afecciones o lesiones adquiridas en el desarrollo propio de las funciones
asignadas que, en todo caso, pueden persistir para el momento de la
desvinculación y pueden poner en riesgo su salud, integridad personal e incluso su digna subsistencia de
no prestarse la atención correspondiente en forma oportuna. El
inmenso compromiso que asume la Fuerza Pública
en el cumplimiento de fines esenciales (artículo 2 Superior) supone, inclusive,
que los miembros de los Entes Militares y de Policía se expongan a grandes
riesgos comprometiendo hasta su vida misma y, por tanto, es al Estado, a través
de todas sus instituciones y funcionarios, a quien le asiste el deber de
protegerlos integralmente, brindándoles la asistencia y el apoyo que resulte necesario
cuando se enfrentan al advenimiento de circunstancias que los ubican en una
posición desventajosa respecto de la generalidad de personas[59].
3.1.4.
El principio de continuidad en la prestación del servicio de salud de los ex
miembros de la Fuerza Pública
Este deber
especial de protección y cuidado a cargo del Estado se traduce en ocasiones en
la necesidad de brindarles a quienes ya no hacen parte de las filas de la
Fuerza Pública la atención en salud que requieran. Si bien esta Corporación ha
sostenido que en materia de atención en salud la regla general es que aquella
debe brindarse con carácter obligatorio mientras la persona se encuentra
vinculada a la institución castrense o policial es posible que, en ciertos
casos, la obligación se extienda más allá del momento en que se produce el
desacuartelamiento[60].
El fundamento constitucional de este deber deriva del hecho de reconocer que
quienes ingresan a prestar sus servicios en óptimas condiciones a la Fuerza
Pública pero en el desarrollo de su actividad sufren un accidente, se lesionan,
adquieren una enfermedad o ella se agrava y esto trae como consecuencia que se
produzca una secuela física o psíquica, tienen derecho a que los
establecimientos de sanidad les presten el servicio médico que sea necesario,
pues de no hacerlo puede ponerse en riesgo su salud, vida o integridad afectadas
por el ejercicio propio de la actividad militar o policial[61]. Sobre ello, la
jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que una vez el Sistema de Salud
de las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional constate que hubo una
afectación del derecho a la salud de sus miembros, con ocasión del servicio
prestado “tiene el deber de brindar la atención a la salud del servidor
cuando así lo requiera, debido a que las enfermedades progresan, la salud se
deteriora y la obligación de brindar atención médica persiste, incluso cuando
se efectuó el retiro de la institución de quien se vio afectado por causa del
servicio. Por otra parte, se debe tener en cuenta que esos riesgos los debe
asumir en la medida en que el régimen jurídico en materia de salud de los militares
y policías es distinto del Sistema General de Salud, puesto que deben amparar
mayores riesgos especiales y afectaciones de la salud que no cesan al momento
del retiro de los servidores”[62].
Bajo estas
premisas, se ha entendido que existe la obligación de la Dirección de Sanidad
de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional de seguir prestando
asistencia médica al personal retirado hasta que se logre su recuperación
física o mental, dado que suspender el servicio de salud a una persona, que se encuentra
por ejemplo en tratamiento médico, es violatorio de sus derechos fundamentales[63]. En estos casos, la
persona tiene derecho a ser asistida médica, quirúrgica, hospitalaria y
farmacéuticamente mientras se logra su recuperación en las condiciones científicas
que el caso requiera, sin perjuicio de las prestaciones económicas a las que
pudiera tener derecho[64].
Con todo, “se puede concluir que para que pueda
extenderse la cobertura del servicio en salud a los [miembros de la Fuerza
Pública] aún después de su desacuartelamiento, cuando han sufrido accidentes
o lesión física o mental durante la prestación del servicio, es requisito
fundamental la realización del examen de retiro”[65].
3.2. El Ejército Nacional vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso administrativo y a la salud del señor
Julio Cesar Varón Jaramillo al omitir la práctica del examen médico de retiro
tras su desvinculación de la Institución Castrense
3.2.1. De conformidad con los hechos
narrados en la acción de tutela - corroborados con las pruebas aportadas- y
siguiendo de cerca las consideraciones previamente esbozadas se tiene que en el
presente asunto se acreditan los requisitos jurisprudencialmente establecidos
para garantizar la protección de los derechos fundamentales del señor Julio
Cesar Varón Jaramillo, conforme a lo siguiente.
El señor Julio Cesar Varón Jaramillo ingresó
a las Fuerzas Militares en el año 2002[66].
Se desempeñó como oficial, en el grado de Teniente del Ejército Nacional, hasta
el año 2010 cuando, por razones del servicio y con fundamento en la facultad
discrecional, el Ministerio de Defensa Nacional dispuso su retiro temporal de
la Institución Castrense con pase a la reserva[67].
En ese momento, sostuvo, se le informó que “tenía que esperar a que fuera
llamado de nuevo para realizar y definir su situación médico laboral”[68] por medio del examen rutinario
de retiro. El ciudadano afirmó que adelantó los trámites correspondientes para proceder
con ello, sin embargo, asegura que, “el mencionado proceso fue interrumpido debido
a que la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional desactiv[ó] los
servicios médicos, motivo por el cual no se le pudo dar continuidad al
tratamiento que estaba llevando a cabo por diferentes patologías”[69]. En virtud de lo
ocurrido, presentó algunos requerimientos invocando que “se le diera
continuidad al proceso médico laboral”[70],
actuación que no arrojó resultado favorable, encontrándose, en la actualidad, a
la espera de que ello ocurra, sin obtener “aviso ni cumplimiento alguno”[71], mientras su salud
continúa afectada, conforme a las valoraciones médicas aportadas al proceso[72].
Durante el periodo de revisión, la Sala le
pidió al agenciado que explicara las razones puntuales por las que, afirmó, el examen
de retiro nunca le fue realizado ni al momento de la desincorporación ni a la
fecha, y que aportara copia de las solicitudes
incoadas ante la Institución Castrense requiriendo su práctica, así como las
respuestas brindadas[73].
También se gestionó ante el Ministerio de Defensa Nacional
para que informará “las razones precisas, de hecho y de derecho, que
condujeron al retiro temporal con pase a la reserva del Capitán del Ejército
Nacional”[74]
e indicara el trámite que se había adelantado para proceder con su
desvinculación, en particular si se había llevado a cabo el respectivo proceso médico
laboral tendiente a determinar la presencia de lesiones e incapacidad psicofísica.
Igualmente se requirió para que señalara si en su poder reposaban solicitudes presentadas
por el ciudadano tendientes a que se efectuara el examen médico de retiro así
como su historia clínica. Frente al requerimiento probatorio, la Dirección de
Sanidad, Entidad con competencia directa para absolver las inquietudes
formuladas en la materia, conforme lo indicó la misma Dirección de Personal del
Ejército Nacional, inicialmente guardó silencio, actuación que, por demás,
también tuvo lugar durante el trámite de la acción de tutela. Posteriormente,
en particular, casi un mes después de ser requerido decidió pronunciarse pero
sin referirse de fondo a la problemática esbozada. No obstante, el extremo
activo de la solicitud de amparo se manifestó ante el llamado judicial y, en
este contexto, la Sala se enfrenta al siguiente escenario probatorio.
Al proceso se aportó, por cuenta de la
parte accionante, copia de la respuesta brindada por la Institución Castrense a
la solicitud del agenciado de activar los “servicios médicos permanentes
para iniciar [el trámite de la] junta médica”[75]. Mediante escrito del
2 de octubre de 2018, la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional le indicó que
en esa dependencia no obraba ficha médica radicada a su nombre y que el examen habitual
de retiro, del que puede derivarse una obligación de prestación asistencial, tiene
un término de prescripción, conforme “los tiempos establecidos en el Decreto
1796 de 2000”[76]
que, en su caso, ya había operado teniendo en cuenta la fecha de desvinculación[77]. A fin de sustentar
dicha postura, la Entidad pública advirtió que “si bien es cierto, que las
Fuerzas Militares están en la obligación de prestar los servicios de salud a
los miembros de la Fuerza, así como está en el deber de definir la situación de
sanidad del personal que se retira del servicio activo, lo anterior establecido
por el Decreto 1796/2000, y por lo cual, esta Gestión realiza la activación de
los servicios médicos con el fin de que sean valoradas las patologías y
afectaciones de salud adquiridas durante el servicio; de la misma manera, se
debe tener en cuenta, que es interés del usuario al momento de retirarse de la
institución, el presentarse en los tiempos establecidos por el mencionado
Decreto, para definir su situación de sanidad, a través de la realización de
Junta Médico Laboral, realizar la ficha médica de retiro y los posteriores
conceptos médicos hasta culminar con la valoración de la respectiva Junta
Médica, con la cual, se define la disminución de la capacidad laboral”[78].
A continuación, dado el contexto advertido,
se efectuará un análisis integral del caso siguiendo de cerca las reglas probatorias
que guían el trámite de tutela, en particular, la presunción de veracidad y los
criterios de la sana crítica. La primera figura procesal está contemplada expresamente
en el Decreto 2591 de 1991. De un lado, en su
artículo 19 se regula lo relacionado con el informe que puede requerírsele a la parte
accionada dentro del proceso de tutela y a su obligación de pronunciarse sobre la
petición de amparo, aportando inclusive elementos de juicio concretos. Por su
parte, el artículo 20 establece que, “[s]i el informe no fuere
rendido dentro del plazo correspondiente, se tendrán por ciertos los hechos y
se entrará a resolver de plano, salvo que el juez estime necesaria otra
averiguación previa”. La norma referida contempla entonces la obligación de
las entidades accionadas de rendir los informes que les sean solicitados por
los jueces constitucionales y prevé que de llegarse a desatender la orden
judicial, o incluso, el término conferido para cumplirla, se tendrán por
ciertos los hechos y se resolverá de plano la solicitud de amparo. Ello por
cuanto la presunción de veracidad “fue concebida como instrumento para
sancionar el desinterés o la negligencia de las entidades accionadas y se
orienta a obtener la eficacia de los derechos constitucionales
fundamentales”[79].
Su aplicación encuentra sustento en “la
necesidad de resolver con prontitud sobre las acciones de tutela, dado que
están de por medio derechos fundamentales, y en la obligatoriedad de las
providencias judiciales, que no se pueden desatender sin consecuencias, bien
que se dirijan a particulares, ya que deban cumplirlas servidores o entidades públicas
[17]. Hecha la anterior precisión, la Corte ha establecido que la consagración
de esa presunción obedece al desarrollo de los principios de inmediatez y
celeridad que rigen la acción de tutela, y se orienta a obtener la eficacia de
los derechos constitucionales fundamentales y el cumplimiento de los deberes
que la Carta Política ha impuesto a las de autoridades estatales (Artículos 2,
6, 121 e inciso segundo del artículo 123 C.P.)”[80]. Ahora bien, la presunción de veracidad puede
aplicarse ante tres escenarios -que no son excluyentes-, a saber: (i) cuando la
autoridad o particular accionado omite completamente dar respuesta a la
solicitud elevada por el juez constitucional; (ii) cuando se requiere cierta
información y la misma no es allegada dentro del plazo respectivo o  (iii)
cuando la autoridad o particular da respuesta a la solicitud, pero esta se hace
meramente formal, pues en el fondo no responde al interrogante planteado por el
funcionario judicial[81].
La Sala estima que esta figura tiene
aplicación directa en el asunto objeto de revisión por cuanto particularmente
la autoridad accionada competente, debidamente notificada dentro del presente trámite,
omitió dar respuesta informada y oportuna a las solicitudes probatorias elevadas
por el juez constitucional pese a los requerimientos planteados. La desatención a una orden judicial necesariamente
tiene consecuencias, dada la trascendencia de los intereses jurídicos objeto
del litigio. Por ende, un comportamiento omisivo de esta naturaleza lleva
consigo especiales implicaciones que, en este caso, se traducen en la necesidad
de tener por ciertas las circunstancias fácticas debidamente acreditadas por la
parte accionante y de valorarlas en contraste con aquello que fue efectivamente
afirmado por el extremo activo de la tutela, pero no desvirtuado por los
demandados, en esta oportunidad, de un lado, la presentación de solicitudes por
parte del actor para lograr la práctica de la valoración médica y, del otro, la
inexistencia de un llamado por parte del Ejército Nacional al accionante para
la realización de la misma y, consecuentemente, la ausencia de una conducta
reprochable o de negligencia del tutelante[82].
Esta labor de armonización busca asegurar “el
más certero y eficaz razonamiento”[83].
El juez no puede precipitarse a fallar dando por verdadero todo lo que afirma
el accionante pues su labor está orientada por la pretensión de “llegar a
una convicción seria y suficiente para fallar en derecho”[84], a la luz de las
circunstancias de cada caso en concreto. Por ello, el arribo a convencimientos
razonables y soluciones plausibles debe lograrse a partir de una apreciación
del caso “con arreglo
a la sana razón”[85], es decir, bajo los lineamientos de una
actividad probatoria sujeta a criterios
objetivos, racionales, serios y responsables, aspectos
que guiarán el norte de la exposición en los siguientes párrafos.
3.2.2. Así, para la Sala el panorama probatorio
descrito con anterioridad evidencia un incumplimiento en los estándares de protección
jurisprudencialmente establecidos en la materia, inaceptable a la luz de la
Carta Política. Como se observa, la Dirección de Sanidad consideró inviable la
práctica del examen de retiro por cuanto, en su entendimiento, la normativa
vigente consagra un término específico para su realización, por fuera del cual no
es jurídicamente exigible. Las razones invocadas resultan inadmisibles, pues
con ellas se desconoce que la Fuerza Pública tiene un deber especial de protección
en beneficio del personal en situación de desincorporación, que se traduce,
principalmente, en la obligación de realizarles un examen médico laboral de
retiro, del cual pueden derivarse prestaciones asistenciales y económicas. Por
ello, “si no se hace el examen de retiro no es posible alegar prescripción
de los derechos que de acuerdo con la ley tiene quien [sale] del
servicio activo”[86].
Bajo estas consideraciones, en el año 2010,
momento en el que se produjo la baja del servicio del señor Varón Jaramillo, la
Dirección de Sanidad del Ejército Nacional tenía el cometido ineludible de adelantarle
el examen de egreso, con independencia de la causa que había originado el
retiro. Tal mandato de acción no fue debidamente atendido por la autoridad
pública, quien desactivó los servicios médicos del actor y no valoró ni
esclareció su estado de salud, impidiendo de esta forma que la Junta Médico Laboral Militar, de darse
los supuestos para ello, procediera también de acuerdo con sus propias competencias[87]. Dicha omisión ha perdurado hasta la fecha, esto es, por espacio de
más de 8 años, periodo durante el cual el Ente estatal se ha negado a asumir, pese
a los pedimentos del ciudadano, la responsabilidad a su cargo, con fundamento
en argumentos que desconocen las reglas jurisprudenciales específicas relacionadas
con el asunto.
En esta medida, es claro que ha existido
una desatención a un deber superior, imputable al Ejército Nacional que, por
demás, se ha prolongado irrazonablemente en el tiempo y que ahora no puede desencadenar
en la pérdida de una prerrogativa que le asiste al ciudadano desvinculado. Esta
negligencia advertida de la Entidad accionada comporta una vulneración de los
derechos fundamentales del peticionario y entraña la existencia de responsabilidad
constitucional a su cargo, la cual se juzga necesario resaltar dado que los
elementos de juicio obrantes en el proceso evidencian que el Sistema Médico de
las Fuerzas Militares tenía la obligación precisa de evaluar y definir con
oportunidad las condiciones médicas del agenciado, tras su desvinculación, además
de dispensar en su beneficio, de ser procedente, la atención en salud que
resultara necesaria. Esta situación representa un escenario de desprotección que
es actual y encuentra sustento en los siguientes aspectos fundamentales.
La jurisprudencia constitucional ha
entendido uniformemente que la Fuerza Pública tiene el deber de asegurar que
quienes cumplieron con la labor militar o policial, en este caso por espacio de
casi 8 años, se reintegren a la vida civil en las óptimas condiciones de salud
en las que ingresaron a ejercerla. Este último aspecto es razonablemente
previsible pues “el ingreso a la actividad militar y de policía implica la
realización de un examen sicofísico [integral y exhaustivo], que se
ejecuta con el fin de determinar si las condiciones del aspirante son aptas
para el desarrollo de la mencionada actividad, configurándose dicha cualidad [cuando
este] ingresa a la institución, ya sea de las Fuerzas Militares o de la
Policía Nacional (artículo 2° y 3° del Decreto 1796 de 2000)”[88]. En estas condiciones
y teniendo en cuenta que es un requisito indispensable y necesario para la
incorporación a las filas una capacidad psicofísica apta, que implica un conjunto
integral de habilidades, destrezas y potencialidades de orden físico y
psicológico que le permitan al ciudadano desarrollar normal y eficientemente las
funciones de defensa y seguridad nacional, “entonces se ha de presumir que
quien ingresa a prestar el servicio [se] encuentra en [adecuadas]
condiciones de salud física y mental”[89],
es decir, que, bajo la lógica anterior, no reporta inhabilidades ni incompatibilidades determinantes
para el desempeño de actividades especiales o, por lo menos, no en el momento
del ingreso[90].
Bajo este entendimiento,
es ciertamente previsible que el señor Julio Cesar
Varón Jaramillo se incorporó a la carrera militar en apropiadas condiciones de
salud. Con todo, en esta
ocasión, no se registraron en el proceso documentos de
evaluación médica en los que consten afecciones detectadas al tiempo de su
ingreso a las filas de la Institución Oficial, con la potencialidad de haberle
impedido la ejecución adecuada del oficio castrense[91]. Empero, contrario a
lo afirmado, por ejemplo, por la autoridad judicial de primera instancia en el
trámite de la tutela, existen serias evidencias médicas de que su sana
condición clínica no perduró en el tiempo, pues presentó algunas enfermedades después
de la incorporación, esto es, durante la vigencia de la prestación del servicio
activo con la capacidad de deteriorar y afectar considerablemente su estado clínico
inicialmente advertido. En estas condiciones, la práctica del examen médico de
retiro constituía un deber ineludible para el Cuerpo Estatal, máxime cuando
reposa un antecedente clínico que merecía ser evaluado con precaución. Se encuentra
en el expediente de tutela historial médico del ciudadano procedente del
Dispensario Central del Ejército Nacional donde consta que fue atendido por el
área de urología ante la presencia de una dolencia denominada “varicocele
izquierda”[92]
la cual, según se desprende del citado documento, tuvo una evolución desde el
año 2003 y fue mitigada y controlada a través de la práctica del procedimiento
conocido como varicocelectomia, llevado a cabo en el año 2005, es decir,
mientras permanecía activo en las filas de las Fuerzas Militares[93].
También, reposa en el proceso historia
médica suscrita por el médico psiquiatra Jairo Novoa Castro, el 16 de julio de
2018, quien le diagnosticó al actor “esquizofrenia paranoide F200”[94] y advirtió que dicho
cuadro clínico inició “hace nueve años [esto es, en el 2009 cuando aún
estaba en el servicio] con ideas delirantes [paranoides,]
persecutorias, afirmando que un [oficial] del ejército lo iba a matar,
alucinaciones auditivas, transmisión del pensamiento, [aislamiento,] socila,
soliloquios”[95].
En aquella ocasión, el citado galeno precisó que desde hace 8 años, en concreto,
en el 2010, fecha del retiro discrecional, le fueron formulados los
medicamentos fluoxetina y alprazolam para hacer frente al
padecimiento[96],
“persistiendo [no obstante,] la sintomatología”[97]. Igualmente, se allegó al trámite concepto médico emitido por el profesional fisiatra Julio Ernesto
Giraldo Valencia, el 16 de julio de 2018, en el cual evidenció la presencia de
un “trastorno del disco lumbar con radiculopatia M511, trastorno del disco
cervical con radiculopatia M501 y síndrome del túnel del carpo G560”[98]; patologías crónicas
que, adujo, presentaban “varios años de evolución”[99] y que, según afirmó el
agenciado, fueron originadas como consecuencia directa de las labores
operativas y de combate que ejerció en la Institución Castrense, en particular,
por el hecho de cargar constantemente equipo pesado sobre la espalda[100]. Por estas dolencias,
le fueron prescritos algunos medicamentos, ordenados ciertos procedimientos médicos
y sugerido algunas restricciones, a fin de no agravar su condición clínica
presente[101].
Siguiendo de cerca estas consideraciones es
evidente que al momento de la desvinculación del señor Varón Jaramillo su
estado de salud se encontraba menguado por la presencia de algunas dolencias
que, al parecer, se tiene noticia, se hicieron visibles mientras permaneció vinculado en una relación no solo al
servicio de la “defensa de la soberanía, la independencia,
la integridad del territorio nacional y del orden constitucional”[102]
sino que le representó riesgos especiales razón por la cual el Ejército Nacional tenía el deber de velar
por el efectivo mantenimiento de su bienestar. Esta precisión resulta razonable, máxime cuando no fue desvirtuada en el trámite de la acción tutela
donde, se reitera, no hubo participación alguna por parte de la Dirección de
Sanidad, Entidad con conocimiento directo en la materia, como tampoco en el
curso propio de la revisión en el cual la entidad intervino tardíamente y sin
referirse expresamente al debate planteado. En este escenario, la Sala Segunda
de Revisión indagó ante el Ministerio de Defensa Nacional “si al momento del retiro temporal del Ejército Nacional el Capitán
Julio Cesar Varón Jaramillo se encontraba en tratamiento médico, ¿qué
patologías lo aquejaban? y, en caso afirmativo, [que
señalara] si con posterioridad al retiro de la Institución y hasta la fecha
se continuó garantizando el acceso a los servicios en salud requeridos para
tratar sus dolencias las cuales, se afirma, fueron adquiridas en el servicio
activo. En caso contrario, [que explicara] las razones por las cuales no
se le continúo prestando la atención médica correspondiente”[103]. Frente al
requerimiento probatorio efectuado, de forma extemporánea la Dirección de
Personal del Ejército Nacional afirmó que el competente para absolver tales
interrogantes era la Dirección de Sanidad, Ente que, primero, omitió el llamado
y optó por guardar silencio y después decidió pronunciarse tardíamente y de
manera meramente formal, pues en el fondo no
respondió a las inquietudes planteadas por la Sala de Revisión[104].
Sin embargo, como quedó visto, los
elementos de juicio obrantes en el proceso ponen de presente objetiva y razonablemente
que el señor Varón Jaramillo (i) sufrió ciertos padecimientos durante su
estancia en el Ejército Nacional e inclusive existen algunos indicios, no
controvertidos, según los cuales por ciertos de ellos venía recibiendo
asistencia médica con cargo al Sistema de Salud del Cuerpo Oficial, en
concreto, permanecía en un proceso médico laboral que requería continuidad[105]; (ii) a
pesar de ello “la institución evadió la responsabilidad [médica que le
correspondía] dejándolo en el abandono total”[106] con posterioridad al momento de su desincorporación;
(iii) desde entonces algunas de las dolencias sufridas se mantuvieron latentes
y fueron objeto de supervisión y tratamiento por parte de los profesionales de
la salud a los que acudió, con dificultad, de manera particular[107];
(iv) no obstante, la naturaleza compleja de aquellas ha originado que el señor
Varón Jaramillo permanezca al día de hoy en un estado delicado, esto es, “postrado en una cama mientras su estado de salud se desvanece
paulatinamente”[108]
y a la espera del “llamado para la práctica de los respectivos exámenes de retiro [sin
lograr] aviso ni cumplimiento alguno”[109].
Sin duda, las razones enunciadas son
suficientes para constatar la presencia de un deber de protección especial que
surgía en beneficio del militar desvinculado y que al ser irrazonablemente desatendido
ha conducido a que se constate, en esta instancia, un escenario de vulneración iusfundamental.
Vale la pena reiterar, en este punto, que el personal militar medicamente
afectado no puede ser simplemente abandonado a su suerte en el momento en el
que se produce su desacuartelamiento, mucho menos cuando tal escenario apareja
el natural advenimiento de circunstancias que lo pueden ubicar en una posición
de vulnerabilidad. Este postulado encuentra fundamento en los principios de
solidaridad y de dignidad humana, que exigen reconocer la labor especial de
quien le sirvió a la Nación en el desarrollo de actividades de defensa del
orden público y que ahora presenta una condición especial de salud que merece
ser debidamente considerada[110]. Como
se resaltó a lo largo de esta providencia “la actividad militar sitúa al
sujeto que la desempeña en un contexto de grandes riesgos y en contrapartida se
debe activar un mayor grado de solidaridad por parte del Estado”[111].
Este deber de protección especial fue desatendido
por las autoridades judiciales de instancia dentro del trámite de la solicitud
de amparo al considerar que, en este caso, la carga de realización del examen
médico de retiro le correspondía exclusivamente al actor, olvidando que la
valoración médica de egreso es una obligación legal e imprescriptible a cargo
del Ejército Nacional y que su inobservancia, en cualquier momento, es
merecedora de reproche constitucional. Tampoco consideraron las afirmaciones
del accionante quien aseguró que, en todo caso, pidió la práctica del
procedimiento que requería y sin embargo este no fue llevado a cabo, situación
que no fue desvirtuada a lo largo de todo el proceso de tutela. Por ende, no es
de recibo sostener, como lo hizo puntualmente el juez de segunda instancia en
el trámite constitucional, que quien no se responsabilizó de sus cargas fue el
tutelante y que, por ende, el recurso de amparo no podía ser empleado para
suplir actitudes negligentes, sin justificación aparente, en la agencia de los
derechos lo que desde su perspectiva razonable resultaba suficiente para
declarar la improcedencia de la acción. En los
términos expuestos, la Sala procederá a enunciar el remedio constitucional que
debe ofrecerse en el asunto bajo estudio.
3.2.3. El remedio constitucional por
adoptar en el marco de la situación fáctica advertida: necesidad de propiciar
el reintegro del actor a la vida civil en adecuadas condiciones de salud
Las pretensiones de la solicitud de amparo
objeto de estudio se orientaron puntualmente a la realización del examen médico
de retiro. Sin lugar a desconocer esta válida expectativa del peticionario es
importante considerar, en esta oportunidad, un antecedente jurisprudencial que ofrece
un remedio constitucional mucho más adecuado, a la luz de las circunstancias
del caso concreto. En la Sentencia T-710 de 2014[112], la Sala Tercera de
Revisión estudió la situación de un soldado regular que ingresó
al Ejército Nacional a prestar servicio militar y un mes después de su
incorporación presentó un problema de salud, que, si bien ya padecía, se agravó,
precisó e identificó durante el tiempo de permanencia en las filas. Frente a la
notoriedad y complejidad de la enfermedad padecida (síndrome de Goodpasture) se
le realizó un nuevo examen de ingreso mientras se encontraba cumpliendo
funciones (sin su presencia por estar hospitalizado) y posteriormente cuando se
dispuso arbitrariamente su desacuartelamiento no se ordenó la práctica del examen
de retiro, a fin de que la Junta Médico Laboral Militar procediera de acuerdo
con sus competencias. Ante este escenario de desprotección, se advirtió que el
Ejército Nacional tenía una responsabilidad objetiva de cuidado desde el
momento mismo en que un soldado ingresaba a filas y que en este caso dicho
compromiso no había sido debidamente atendido. Por
consiguiente, entendiendo que ya se conocía el precario
estado de salud del agenciado y ante la necesidad de adoptar una medida que
garantizara la efectividad de sus derechos a la salud y al debido proceso
administrativo, vulnerados con ocasión del actuar de la Entidad accionada, en
lugar de disponer la práctica del examen de egreso, se le ordenó a la Dirección
de Sanidad o a la dependencia que dentro del Ejército Nacional correspondiera, proceder
a realizar los trámites necesarios para que se convocara a la
Junta Médico Laboral Militar, con el objeto de que evaluara la situación médico
laboral del peticionario. En todo caso, la Institución Castrense tenía la
obligación ineludible de autorizarle al accionante la atención médica que
requiriera para el tratamiento de la dolencia sufrida pese a que ya se había
producido su desincorporación del servicio.
En el asunto objeto de revisión, se tornan
visibles dos razones fundamentales para proceder con la aplicación de este
mismo remedio. Primero, en consideración al tiempo que ha trascurrido desde la
desvinculación del señor Julio Cesar Varón Jaramillo de la Fuerza Pública, en
particular, 8 años y, segundo, dada la necesidad de propiciar que quien cumplió con funciones especiales logre el efectivo
reintegro a la vida civil en apropiadas condiciones de bienestar y no permanezca,
como sucede en esta ocasión, en un precario estado médico, el cual, según se
desprende razonablemente de las valoraciones clínicas aportadas al proceso, se
manifestó durante la permanencia en filas y, por ende, debía ser oportunamente
evaluado. Ciertamente cuando un ciudadano alega la afectación de su salud, en
el marco de las actividades propias del servicio activo, lo adecuado es que las
autoridades médico laborales correspondientes procedan a la “realización
exhaustiva de evaluaciones médicas precisas, que permitan llegar a la verdad
científica definitiva en un caso específico”[113] y consecuencia de las
cuales se desprenda, como sucede en esta ocasión, la potencial necesidad de
garantizar y suministrar con
oportunidad, cuidado y diligencia el servicio médico asistencial que resulte adecuado
en beneficio de la persona afectada.
Sobre el
particular, se reitera que, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado
que “la cobertura del servicio de salud debe
ampliarse ante los eventos en los que quien haya prestado el servicio militar
padezca quebrantos de salud física o mental, deber que se intensifica cuando
estos se hayan contraído durante la prestación del servicio militar y con
ocasión de actividades propias del mismo”[114]. Ello por cuanto,
justamente “la principal contraprestación del Estado con quienes sirven a la
patria es velar por su derecho a la salud, configurándose para las Fuerzas
Militares y de Policía Nacional el deber de entregar al funcionario afectado
saludablemente, dado que de esta manera ingresó, toda vez que el buen estado de
salud [como se indicó] es una calificación que determina la aceptación
para la ejecución del servicio”[115].
En este orden de
ideas, a fin de atender dichos postulados, resulta preciso (i) revocar las decisiones de instancia que “negaron por improcedente”[116] el amparo y, en su lugar, proteger los derechos fundamentales al
debido proceso administrativo y a la salud del agenciado. Como consecuencia de
ello, (ii) ordenarle a la Dirección de Sanidad o a la dependencia que dentro
del Ejército Nacional corresponda que, en el término de 2 días siguientes
a la notificación de esta Sentencia, si no lo ha hecho, proceda
a realizar los trámites necesarios para que se convoque a la Junta Médico
Laboral Militar, con el objeto de que evalúe y defina la situación médico
laboral del señor Julio Cesar Varón Jaramillo, en un plazo que no podrá exceder
los 15 días desde el momento de la respectiva
convocatoria. En particular, determine la naturaleza de las enfermedades
padecidas, así como el grado de incapacidad psicofísica que presenta según la
gravedad y el origen de las patologías evidenciadas. Como consecuencia de la
anterior valoración y atendiendo a los resultados que arroje la misma, deberá
adoptar las medidas que resulten necesarias, adecuadas y suficientes para que
las autoridades competentes establezcan, en el marco de sus atribuciones, si el
accionante tiene derecho a reconocimientos en materia prestacional y si es
procedente la prestación de servicios médico asistenciales que resulten indispensables,
en adelante, para la efectiva y plena recuperación de su estado clínico, esto
es para la satisfacción de su derecho fundamental a la salud.
3.2.4. Precisiones adicionales
En su escrito de tutela, el señor Julio
Cesar Varón Jaramillo solicitó junto con el amparo de los derechos
fundamentales al debido proceso y a la salud, la protección de la vida digna e
igualdad. Sobre el particular, la Sala advierte que los jueces de tutela (en
sede de instancia) y esta Corte, en función de revisión de las decisiones
judiciales correspondientes, deben “adentrarse en el examen y en la
interpretación de los hechos del caso, con el fin de encontrar la esencia y la
verdadera naturaleza de la situación jurídica puesta en conocimiento de la
jurisdicción constitucional de los derechos fundamentales, para efectos de
asegurar la más cabal protección judicial de los mismos y la vigencia de la
Carta en todos los eventos en los que se reclame su amparo por virtud del
ejercicio de la [a]cción”[117]. De acuerdo con lo anterior, el
juez constitucional posee amplias facultades para establecer el problema
jurídico a resolver ante un asunto en particular, lo que incluye las
posibilidades de interpretar la solicitud de amparo y proteger derechos no
invocados por el accionante o únicamente algunos de los referidos por el
tutelante. En aplicación de estas reglas dispositivas, la Sala entendió que el presente
debate involucraba el análisis de una discusión que, en los términos de la
jurisprudencia constitucional en la materia, guarda una íntima correspondencia
con la salvaguarda de los derechos fundamentales a la salud y al debido proceso
por lo que su pronunciamiento se circunscribió a verificar si aquellos habían
sido objeto de vulneración por parte de los entes accionados y a proceder a su
amparo ante la constatación de un escenario de desprotección.
III. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN
Al analizar la acción de tutela instaurada
en nombre del señor Julio Cesar Varón Jaramillo, la Sala Segunda de Revisión
constató que no se le realizó el correspondiente examen médico de retiro tras
su desvinculación del servicio activo del Ejército Nacional. Dicho examen tiene
por objeto determinar si quien deja de pertenecer a la Fuerza Pública, tiene
derecho a obtener el reconocimiento y pago de prestaciones económicas y/o la
prestación de servicios asistenciales, como resultado de la labor desempeñada.
En este caso, ello adquiría particular relevancia pues se tuvo noticia, a
partir de los medios de prueba aportados al proceso, que el ciudadano presentó
dolencias durante el tiempo en que hizo parte de las filas y que algunas de estas
a la fecha, incluso, persisten, situación que activaba el deber a cargo del
Cuerpo Oficial de propiciar su efectivo reintegro a la vida civil en las mismas
condiciones de salud en las que ingresó a servirle al Estado. Por virtud de lo
anterior, se declaró que se le debían proteger sus derechos al debido proceso
administrativo y a la salud. Por consiguiente, en su beneficio debían aplicarse
las consecuencias jurídicas previstas para este tipo de eventos.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda
de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
Pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- REVOCAR las sentencias de primera y segunda instancia proferidas por el
Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Ibagué -Tolima,
el 3 de agosto de 2018, y la Sala de Decisión Penal del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Ibagué -Tolima, el 31 de agosto de 2018, que “negaron por improcedente” la acción de tutela presentada por Clemencia
Jaramillo Ramírez, en calidad de agente oficiosa de Julio Cesar Varón
Jaramillo. En su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales
al debido proceso administrativo y a la salud del agenciado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Segundo.- ORDENAR a la Dirección de Sanidad o a la dependencia que dentro del Ejército
Nacional corresponda que, en el término de 2 días siguientes a la
notificación de esta Sentencia, si no lo ha hecho, proceda a
realizar los trámites necesarios para que se convoque a la Junta Médico Laboral
Militar, con el objeto de que evalúe y defina la situación médico laboral del
señor Julio Cesar Varón Jaramillo, en un plazo que no podrá exceder los 15 días desde el momento de la respectiva
convocatoria. En particular, determine la naturaleza de las enfermedades
padecidas, así como el grado de incapacidad psicofísica que presenta según la
gravedad y el origen de las patologías evidenciadas.
Como consecuencia de la anterior valoración
y atendiendo a los resultados que arroje la misma, deberá adoptar las medidas
que resulten necesarias, adecuadas y suficientes para que las autoridades
competentes establezcan, en el marco de sus atribuciones, si el accionante
tiene derecho a reconocimientos en materia prestacional y si resulta procedente
la prestación de servicios médico asistenciales que resulten indispensables, en
adelante, para la efectiva y plena recuperación de su estado clínico, esto es
para la satisfacción de su derecho fundamental a la salud.
Tercero.-
Por Secretaría General líbrense las comunicaciones previstas en el artículo 36
del Decreto 2591 de 1991.
Comuníquese y cúmplase.
DIANA
FAJARDO RIVERA
Magistrada
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Magistrado
Con salvamento
parcial de voto
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1] Dicha Sala la conformaron los
Magistrados Cristina Pardo Schlesinger y Alejandro Linares Cantillo.
[2] El agenciado nació el 22 de septiembre de
1981 (folio 12). En
adelante, siempre que se haga mención a un folio del expediente se entenderá
que hace parte del cuaderno principal, a menos que se diga expresamente otra
cosa.
[3] Folio 2.
[4] Reposa en el expediente orden médica
del 17 de agosto de 2017 suscrita por el médico psiquiatra Yeferson Andre
Martínez donde le prescribió al actor los medicamentos fluoxetina 20 MG
y alprazolam 0.50 MG a través de una consulta particular a la que
asistió. También obra en el proceso historia clínica No. 3132957 del paciente
Julio Cesar Varón Jaramillo suscrita por el médico psiquiatra Jairo Novoa
Castro, el 16 de julio de 2018, donde le diagnosticó “esquizofrenia
paranoide F200” e indicó lo siguiente: “Cuadro clínico que inicia hace
nueve años con ideas delirantes paranodies (sic) persecutorias,
afirmando que un ofíciala (sic) del ejército lo iba a matar,
alucinaciones auditivas, transmisión del pensamiento, ailsamiento (sic)
socila, soliloquios, no realiza ninguna actividad productiva, la esposa cuida
de él, lo baña, lo afeita ya que el paciente se descuida en esos aspectos, así
como en la alimentación. Ha sido formulado con Fluoxetina y alprazolam desde
hace 8 años, persistiendo la sintomatología”. Igualmente, se allegó al
expediente historia clínica del peticionario suscrita por el médico fisiatra
Julio Ernesto Giraldo Valencia, el 16 de julio de 2018, donde le diagnosticó al
ciudadano “trastorno del disco lumbar con radiculopatia M511,
trastorno del disco cervical con radiculopatia M501, síndrome del túnel del
carpo G560”, enfermedades con varios años de evolución y ordenó la
realización de una resonancia nuclear magnética de columna cervical y de
columna lumbosacra. Además, le prescribió los medicamentos kaptin 300
MG y algimide 325/30, advirtiendo que le podían ocasionar mareo,
somnolencia y estreñimiento. Se le recomendó no levantar objetos mayores de 5
kilos, no realizar actividades que requirieran flexión de la columna lumbar, no
permanecer de pie o sentado por periodos mayores a 1 hora, no laborar en
alturas y evitar subir o bajar escaleras a repetición. A dicha consulta asistió
de manera particular. Por último, se tiene copia de la electromiografía
realizada al paciente ese mismo día por el referido profesional de la salud en
la que se concluyó lo siguiente: “El presente estudio electrofisiológico es
demostrativo de un: atrapamiento del nervio mediano a través del túnel del
carpo (síndrome del túnel del carpo) izquierdo moderado fase II, Síndrome
radicular C5C6 bilateral moderado crónico y Síndrome radicular L4L5 Y L5S1
bilateral moderado crónico” (folios 1 y 12 al 25).
[5] “Por la cual se retira del servicio
activo de las Fuerzas Militares a un Oficial del Ejército Nacional”. En
dicho acto administrativo se fundamentó el retiro de la siguiente manera: “Siguiendo
con lo expuesto, en el caso del citado Oficial, se evidenció falta de liderazgo
en su desempeño y actuar profesional, además de la inobservancia en la
aplicación de la doctrina, los principios y valores que enmarcan la conducta de
un militar, comportamientos que rompieron con la confianza de sus superiores,
que impiden el cabal cumplimiento de la misión que se le otorga como
funcionario del Estado”. Lo anterior, con base en lo previsto en los
artículos 100, literal a, numeral 8 (modificado por el artículo 24 de la Ley
1104 de 2006) y 104 del Decreto Ley 1790 de 2000, “Por el cual se modifica
el Decreto que regula las normas de carrera del personal de oficiales y
suboficiales de las Fuerzas Militares” (folios 26 y 27).
[6] Folio 1.
[7] Lo anterior, con fundamento en lo previsto en el Decreto
1796 de 2000, “Por el cual se regula la evaluación de la capacidad
sicofísica y de la disminución de la capacidad laboral, y aspectos sobre
incapacidades, indemnizaciones, pensión por invalidez e informes
administrativos por lesiones, de los miembros de la Fuerza Pública, Alumnos de
las Escuelas de Formación y sus equivalentes en la Policía Nacional, personal
civil al servicio del Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas Militares
y personal no uniformado de la Policía Nacional vinculado con anterioridad a la
vigencia de la Ley 100 de 1993”.
[8] Folio 1.
[9] Folio 1.
[10] En palabras de la agente oficiosa: “Actualmente
quiero manifestar su señoría que mi hijo se encuentra en muy delicado estado de
salud desde hace muchos años y la carga de esta responsabilidad la he llevado
como madre del señor capitán, por consiguiente los derechos fundamentales de mi
hijo han sido vulnerados teniendo en cuenta que la Dirección de Sanidad del
Ejército debió haber garantizado el debido proceso administrativo hasta [tanto]
no se hubiese alcanzado una recuperación total y posterior a ello la junta
medico laboral para definir su situación de la pérdida de la capacidad
psicofísica” (folio 2).
[11] Folio 1.
[12] Folio 1.
[13] De acuerdo con la agente oficiosa: “Debido
a que mi esposo fue inactivo del sistema de salud de las fuerzas militares no
se le ha podido brindar una atención médica, procedimientos, medicamentos,
entre otros procedimientos que [requiere] de suma urgencia, por
consiguiente debido a esta situación nos dirigimos de forma particular hacia un
especialista psiquiatra en donde lo valor[ó] con un diagnostico
desfavorable y está más que todo se pagó particular con el fin de que le
formularan los respectivos medicamentos para un debido control en la parte
médica”. Al proceso fue aportada una constancia emitida por la
Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud
-ADRES-, el 8 de febrero de 2018, en la que se certificó que el señor Julio
Cesar Varón Jaramillo permanecía activo en el régimen contributivo de la EPS
Coomeva desde el 1 de julio de 2011, en calidad de cotizante (folios 2 y 34).
[14] Folios 29 al 33.
[15] Folio 75.
[16] El acto administrativo de
retiro se profirió el 8 de abril de 2010 y la solicitud de amparo se presentó
el 19 de julio de 2018.
[17] Folio 40.
[18] Folio 43.
[19] Folio 42.
[20] Folios 49 al 66.
[21] En los términos de la agente
oficiosa: “[E]l honorable Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones
de Conocimiento de Ibagué, mal interpreto las pretensiones de la tutela,
teniendo en cuenta que mi petición de amparo hacía mención a la práctica de los
exámenes de retiro y no para una afiliación a los servicios médicos de salud
(EPS), por tal razón no comparto el análisis realizado por su señoría a la
demanda” (folios 50 y 51).
[22] Para fundamentar su postura, la agente
oficiosa hizo referencia a la Sentencia proferida por la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima, el 2 de mayo
de 2017, M.P. José Guarnizo Nieto, Radicado 73001-11-02-001-2017-00367 en la
que se estudió el caso de un soldado del Ejército Nacional que voluntariamente
decidió desvincularse de la Institución Castrense, no obstante, a su retiro no
le fue practicado el examen médico correspondiente orientado a evaluar las
lesiones sufridas con ocasión del servicio activo. Por ello, se le ordenó a la
Dirección de Sanidad del Ejército Nacional garantizar la prestación de los
servicios médicos asistenciales requeridos por el accionante hasta tanto se
lograra la recuperación integral de sus dolencias físicas y psicológicas y
disponer la inmediata realización del examen de retiro. Así mismo, se le
advirtió que si en el término de 6 meses contados a partir del momento en el
que efectivamente se le iniciara a prestar la atención en salud correspondiente
al ciudadano este no mostraba mejoría debía realizarse una valoración por parte
de la Junta Médico Laboral a fin de determinar su estado de incapacidad (folio
50).
[23] Folio 8 del cuaderno de impugnación.
[24] De manera puntual señaló que el accionante
fue vinculado con la venta ilegal de material exclusivo de combate de las
Fuerzas Militares, advirtiendo que, en todo caso, para el momento de su retiro
no se había determinado la presunta responsabilidad penal o disciplinaria
existente en los hechos descritos. Con todo, en esta instancia, la Dirección de
Personal tampoco aportó documento alguno que demuestre que tal responsabilidad
ya fue definida por las autoridades competentes (folios 50 al 55 del cuaderno
de Revisión).
[25] En particular, la Entidad pública adujo lo
siguiente: “Por lo anterior, me permito solicitar se declare la
improcedencia de la presente acción de tutela frente a la Dirección de Personal
e igualmente se le desvincule frente a otros puntos que son de competencia de
la Dirección de Sanidad” (folio
51 del cuaderno de Revisión).
[26] Folio 60 del cuaderno de Revisión.
[27] Folios 60 al 63 del cuaderno de Revisión.
[28] Folios 18 al 48 del cuaderno de Revisión.
[29] Según el artículo 86 de la
Constitución Política y 10 del Decreto 2591 de 1991, este requisito se satisface
cuando la acción de tutela es ejercida (i) directamente, esto es, por el
titular del derecho fundamental que se alega vulnerado o amenazado; (ii) por
medio de representantes legales, como en el caso de los menores de edad, las
personas en situación de incapacidad absoluta, los interdictos y las personas
jurídicas; (iii) mediante apoderado judicial, caso en el cual debe tener la
condición de abogado titulado, debiendo anexarse al proceso el poder especial
para el caso o en su defecto el poder general respectivo; (iv) por medio de
agente oficioso; o (v) por parte del Defensor del Pueblo y los personeros
municipales.
[30] Se ha determinado que, tratándose de
sujetos de especial protección constitucional o de individuos que se
encuentran en posiciones de debilidad manifiesta (v.gr. por su edad, salud o
condición económica), el análisis de procedibilidad formal de la acción de
tutela se flexibiliza. Lo anterior es un desarrollo del derecho a la igualdad
en virtud del cual “el Estado les debe garantizar a estas personas un
tratamiento diferencial positivo y analizar los requisitos de subsidiariedad e
inmediatez desde una óptica menos estricta, pues en estos casos el actor
experimenta una dificultad objetiva y constitucionalmente relevante para
soportar las cargas procesales que le imponen los medios ordinarios de defensa
judicial” (Sentencia SU-049 de 2017. M.P. María Victoria Calle Correa).
Valga precisar, en este punto, que varias Salas de Revisión de la Corte
Constitucional han señalado que la prosperidad de la acción de tutela para
ordenar la práctica del examen médico de retiro a quienes van a dejar de
pertenecer a las instituciones de la Fuerza Pública, depende de que “una
omisión en este sentido, en efecto, haya producido una amenaza o vulneración de
los derechos fundamentales del actor. Es decir, el juez de tutela, con
fundamento en las circunstancias particulares que rodean el caso puesto a su
consideración, y teniendo en cuenta la finalidad del examen, esto es, el
reconocimiento y pago de una pensión de invalidez, una indemnización, o la
prestación de servicios asistenciales y de salud, deberá verificar si la
omisión respecto de la realización del examen de retiro transgrede los derechos
fundamentales del actor -tales como el mínimo vital, la vida digna, la salud,
la integridad física y mental-, o si por el contrario constituye una afectación
de sus derechos de otra naturaleza”. Al respecto pueden verse, entre muchas
otras, las sentencias T-393 de 1999. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-810 de
2004. M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-948 de 2006. M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra; T-020 de 2008. M.P. Jaime Araujo Rentería; T-585 de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub; T-875 de
2012. M.P. Nilson Pinilla Pinilla; T-1009 de 2012. M.P. Luis Guillermo Guerrero
Pérez; T-737 de 2013. M.P. Alberto Rojas Ríos; T-710 de 2014. M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez.
[31] La inmediatez encuentra su razón de ser en
la tensión existente entre el derecho a presentar una acción constitucional “en
todo momento” y el deber de respetar su configuración como un medio de
protección “inmediata” de las garantías básicas. Es decir, que pese a no contar
con un término preestablecido para efectuar la presentación, debe existir
necesariamente una correspondencia entre la naturaleza expedita de la tutela y
su interposición oportuna. Si bien el término para interponer la acción de
tutela no puede establecerse de antemano, el juez está en la obligación de
verificar cuándo no se ha interpuesto de manera razonable para evitar que se
convierta en un factor de inseguridad que lesione los derechos fundamentales de
terceros o que desnaturalice la acción.
[32] La referida ciudadana manifestó
explícitamente en el escrito de tutela que está actuando en defensa de los
intereses de su hijo quien permanece actualmente “postrado en una cama
mientras su estado de salud se desvanece paulatinamente” como consecuencia
del hecho de haber sido diagnosticado con esquizofrenia paranoide, episodio
depresivo grave, trastorno del disco lumbar con radiculopatia, trastorno del
disco cervical con radiculopatia y síndrome del túnel del carpo (folios
1 y 12 al 25).
[33] En esta ocasión, el Ministerio
de Defensa Nacional se integra, en su estructura orgánica, por la Policía
Nacional y las Fuerzas Militares. Las Fuerzas Militares están compuestas por la
Armada, la Fuerza Área y el Ejército Nacional. La máxima autoridad al interior
del Ejército Nacional es su Comandante General, a quien le compete asegurar la
“defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio
nacional y del orden constitucional” (artículo 217 Superior). Bajo la
dependencia del Comando General, está la Jefatura de Estado Mayor Generador de
Fuerza a cuyo cargo se encuentra el Comando de Personal -COPER-. A su vez, al
interior de esta dependencia se encuentra la Dirección General de Sanidad a la que
pertenece la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional -DISAN-, encargada de
garantizar la prestación de servicios integrales de salud en las áreas de
promoción, prevención, protección, recuperación y rehabilitación del personal
del Ejército y de sus beneficiarios. Integran esta Dirección los respectivos
dispensarios médicos a quienes les compete la materialización directa de los
servicios médicos asistenciales.
[34] Artículo 9 de la Ley 393 de 1997, “Por
la cual se desarrolla el artículo 87 de la Constitución Política”.  Sobre
la regla de improcedencia de la tutela cuando se pretenda la defensa de un
derecho fundamental, ver la Sentencia C-1194 de 2001. M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa: “…en consecuencia, de conformidad con lo ya establecido en esta
sentencia y en la jurisprudencia de esta Corporación [57],
cuando lo que se busca es la protección directa de derechos constitucionales
fundamentales que pueden verse vulnerados o amenazados por la omisión de la
autoridad, se está en el ámbito de la acción de tutela. Cuando lo que se busca
es la garantía de derechos de orden legal o lo que se pide es que la
administración de aplicación a un mandato de orden legal o administrativo que
sea específico y determinado, lo que cabe en principio, es la acción de
cumplimiento”.
[35] Folio 1.
[36] Folios 1, 2 y 12 al 25. Prueba
de esto es, además, su afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, en calidad de
beneficiario. El 11 de febrero de 2019, tras
consultar la Base de Datos Única de Afiliados de la Administradora de los
Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud -ADRES- se constató
que el ciudadano Julio Cesar Varón Jaramillo permanece activo en calidad de
beneficiario en el régimen contributivo de la EPS Coomeva desde el 1 de julio
de 2011 (folio
24 del cuaderno de Revisión).
[37] Conforme se dijo en la Sentencia T-710 de
2014. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, al estudiar la procedencia de la
acción de tutela sometida a estudio: “En este caso, conforme se deriva de
los hechos invocados en la demanda, es innegable que la persona en cuyo favor
se promueve el amparo, se encuentra no sólo en una difícil situación de salud
sino también económica, ya que al parecer carece de cualquier tipo de ingreso
que le permita atender sus necesidades y sufragar los gastos que demanda la
patología que padece, lo cual lo ha llevado a recurrir insistentemente a
instituciones de salud y a solicitar el auxilio por parte del Ejército
Nacional. La situación descrita hace que la vía contenciosa no resulte idónea
para otorgar un amparo integral, ya que se requiere de una respuesta apremiante
frente a la gravedad de su estado, la cual no le permite realizar ninguna
actividad productiva”.
[38] “Por el cual se regula la evaluación de
la capacidad sicofísica y de la disminución de la capacidad laboral, y aspectos
sobre incapacidades, indemnizaciones, pensión por invalidez e informes
administrativos  por lesiones, de los miembros de la Fuerza Pública, Alumnos
de las Escuelas de Formación y sus equivalentes en la  Policía Nacional,
personal civil al servicio del  Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas
Militares y personal no uniformado de la Policía Nacional vinculado con
anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993”.
[39] El artículo continua señalando lo siguiente: “Los exámenes médico-laborales
y tratamientos que se deriven del examen de capacidad sicofísica para retiro,
así como la correspondiente Junta Médico-Laboral Militar o de Policía, deben
observar completa continuidad desde su comienzo hasta su terminación”.
[40] M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[41] M.P. Jaime Araujo Rentería.
[42] Sobre la materia, la Sala Octava de Revisión se pronunció en la
Sentencia T-696 de 2011. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto y señaló lo
siguiente: “Ahora bien, la
vulneración de los derechos fundamentales por la negación del derecho a la
valoración no sólo ocurre cuando ésta se niega, sino cuando no se práctica a
tiempo, complicando en algunos casos la situación del afectado. En ambos
situaciones la consecuencia de negarlo o dilatarlo en el tiempo afecta
gravemente a la dignidad humana poniendo [al personal en condición de desincorporación] en
una grave situación de indefensión”. En una línea similar, en la Sentencia
T-875 de 2012. M.P. Nilson Pinilla Pinilla se dijo: “Así las cosas y de
conformidad con los derroteros jurisprudenciales antes referidos, la omisión
por parte de Sanidad Militar respecto de la práctica del examen de retiro al
señor Luis Guillermo Franco Martínez, resulta contraria a lo establecido por
esta Corte. En todo caso, y como se indicó anteriormente, la falta del referido
examen impide la prescripción de los derechos que a éste le asisten, por lo
que podría ser solicitado en cualquier tiempo” (énfasis por fuera del
texto original). En igual sentido, en la Sentencia T-1009 de 2012. M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez, se dijo expresamente lo siguiente: “Es cierto que
el artículo 8 del Decreto 1796 del 2000 dispone que el examen de retiro debe
practicarse obligatoriamente, en todos los casos, dos meses siguientes al
momento de producirse la novedad, y; cuando el retirado sin justa causa no se
lo practica dentro de dicho término, él mismo debe correr con su costo”.
Así mismo, la Sala Tercera de Revisión mediante la Sentencia T-710 de 2014.
M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez estableció: “En conclusión, es claro que el
Ejército Nacional está en la obligación de realizar la Junta Médico
Laboral en los casos en que, al realizarse el examen de retiro, se determine
que el soldado presenta una disminución psicofísica o cuando éste así lo
solicite, a fin de que sea esta autoridad quien defina –de conformidad con el
marco normativo que la rige– cuál es el grado o nivel de disminución de la
capacidad psicofísica que se presenta, atendiendo a la gravedad y al origen de
la lesión o enfermedad, con miras a determinar si al interesado le asiste o no
derecho a alguna prestación económica [o de naturaleza asistencial]” (subrayas fuera del texto original).
[43] La jurisprudencia de esta Corporación ha señalado expresamente que la
acción de tutela es procedente cuando se demuestra que la vulneración o amenaza
de derechos fundamentales alegada es permanente en el tiempo y que, pese a que
el hecho que la originó por primera vez es muy antiguo respecto de la presentación
de la solicitud de amparo, la situación desfavorable del accionante derivada
del irrespeto por sus garantías básicas continúa y es actual. Al respecto, se
ha resaltado que la razonabilidad del plazo para acudir al mecanismo
constitucional no puede determinarse a priori, lo que se traduciría en
la imposición de un término de caducidad o prescripción prohibido por el
artículo 86 de la Constitución, sino de conformidad con los hechos de cada caso
concreto. En esta medida, surtido el análisis de las particularidades fácticas
del asunto, el juez constitucional puede llegar a la conclusión de que una
acción de tutela, que en principio parecería carente de inmediatez por haber
sido interpuesta después de un tiempo considerable desde la amenaza o
vulneración del derecho fundamental, en realidad resulta procedente debido a
las específicas circunstancias que rodean el asunto. Así, la jurisprudencia
constitucional ha determinado algunos eventos -por supuesto no taxativos- en
que esta situación se puede presentar. Ello tiene lugar, por ejemplo, “[c]uando
a pesar del paso del tiempo es evidente que la vulneración o amenaza de los
derechos fundamentales del accionante permanece, es decir, su situación
desfavorable como consecuencia de la afectación de sus derechos continúa y es
actual. Lo que adquiere sentido si se recuerda que la finalidad de la exigencia
de la inmediatez no es imponer un término de prescripción o caducidad a la
acción de tutela sino asegurarse de que se trate [de] una amenaza o
violación de derechos fundamentales que requiera, en realidad, una protección
inmediata” (Sentencia T-1028 de 2010. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).
En la Sentencia SU-391 de 2016. M.P. Alejandro Linares Cantillo se advirtió que
la jurisprudencia ha identificado criterios que orientan al juez de tutela a
evaluar, en cada caso, si se ha cumplido con el requisito de la inmediatez.
Para el caso que nos ocupa interesa aquel relativo al momento en el que se
produce la vulneración: “pueden existir casos de vulneraciones permanentes
a los derechos fundamentales. En estos casos, para analizar la inmediatez el
juez de tutela no debe contar el término desde el momento en el que la
vulneración o amenaza inició hasta la fecha de presentación de la tutela, sino
que debe tomar en cuenta el tiempo por el que esta se prolongó”. Sobre el
particular, pueden consultarse, entre muchas otras, las sentencias T-654 de
2006. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto (transcurrieron 10 años entre
el hecho vulnerador y la presentación de la solicitud de amparo); T-792 de
2007. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra (desde la vulneración alegada y la tutela
corrió un plazo de 1 año y 8 meses); T-533 de 2010. M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva (se presentó el amparo 3 años después del hecho
vulnerador); T-1028 de 2010. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto (pasaron 2
años y 8 meses para que el actor acudiera al mecanismo constitucional);
T-195 de 2016. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo (pasaron tan solo 27
días desde la causa que originó la presentación del amparo pero se recordó
que la razonabilidad del término para instaurar la tutela admite
flexibilizaciones cuando la situación desfavorable del actor es continúa y
actual); T-022 de 2017. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez (transcurrió 1
mes y 27 días desde la vulneración alegada hasta que se solicitó la
protección de derechos vía tutela pero se reiteró que la vulneración o amenaza
en el tiempo debe considerarse por el juez de tutela para valorar el
cumplimiento del presupuesto de inmediatez).
[44] La petición fue incoada el 2 de
octubre de 2018 (folio
37 del cuaderno de Revisión).
[45] Esta posición fue adoptada en la Sentencia
T-396 de 2013. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo en la que a un miembro del
Ejército Nacional se le suspendieron los servicios de salud al momento de su
desvinculación pese a que estaba recibiendo tratamiento psiquiátrico.
[46] M.P. Jaime Araujo Rentería.
[47] Al respecto, se pueden consultar las
siguientes sentencias: T-411 de 2006, T-810 de 2004, T- 643 de 2003, T-1177 de
2000, 107 de 2000, T-393 de 1999, T-762 de 1998, T-376 de 1996 y T-534 de 1992.
[48] En la Sentencia T-551 de 2012.
M.P. Nilson Pinilla Pinilla se dijo lo siguiente: “Así
las cosas, le corresponde a la fuerza pública valorar de manera cuidadosa las
condiciones físicas y psicológicas de los hombres que ingresan a prestar el
servicio [pues] desde el momento en que son considerados aptos, es
responsabilidad de las instituciones armadas velar porque el personal reclutado
continúe disfrutando del mismo estado de salud que tenía al ingresar, y en caso
contrario, proveerles las prestaciones médicas y asistenciales necesarias para
su plena recuperación”.
[49] Al respecto, en la Sentencia T-020 de 2008.
M.P. Jaime Araujo Rentería se dijo lo siguiente: “Con fundamento en las
normas indicadas, se puede concluir que el Estado tiene la obligación de
realizar el examen de retiro a quienes dejen de pertenecer a las instituciones
de la Fuerza Pública. En esta medida, dicha obligación es independiente de la
causa que dio origen al retiro del servicio, pues los derechos que se derivan
de sus resultados sólo se desprenden de las consecuencias que la labor
desempeñada produzcan en la salud física y mental del examinado, y no de la
causal de retiro invocada para el efecto”.
[50] Sentencia T-875 de 2012. M.P. Nilson Pinilla
Pinilla. Esta regla fue reproducida en la Sentencia T-1009 de 2012. M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez al establecerse: “Por su parte el examen de retiro
permite establecer si al momento de la separación de las fuerzas, uno de sus
miembros presenta alguna enfermedad o lesión, y en caso de que así sea, la
Junta Médico-Laboral Militar o de Policía deberá determinar si la misma ocurrió
o no con ocasión del servicio, a efectos de garantizar por un lado, la
prestación del servicio de salud y, por el otro, el reconocimiento de la
correspondiente indemnización y/o pensión, en consonancia con lo establecido en
el ordenamiento jurídico”. En esta línea pueden consultarse los artículos
37, 38, 39 y 44 del Decreto 1796 de 2000, “Por el cual se regula la
evaluación de la capacidad sicofísica y de la disminución de la capacidad
laboral, y aspectos sobre incapacidades, indemnizaciones, pensión por invalidez
e informes administrativos por lesiones, de los miembros de la Fuerza Pública,
Alumnos de las Escuelas de Formación y sus equivalentes en la Policía Nacional,
personal civil al servicio del Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas
Militares y personal no uniformado de la Policía Nacional vinculado con
anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993”.
[51] En la Sentencia T-710 de 2014.
M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez se dijo lo siguiente: “De
conformidad con el aparte considerativo de esta providencia, el Ejército
Nacional debe asumir la responsabilidad en relación con los riesgos que
pudiesen concretarse desde el momento mismo en que un soldado ingresa al
batallón o a la unidad correspondiente para prestar el servicio militar, por lo que el
Decreto Ley 1796 de 2000 dispone que al momento del retiro se deberá realizar
un examen médico laboral, para determinar si existen lesiones o afecciones que
disminuyan su capacidad psicofísica y que deban ser puestas en conocimiento de
la Junta Médico Laboral Militar”.
[52] En la Sentencia T-948 de 2006. M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra, se indicó que: “El examen cuando se produce el retiro es obligatorio como lo dice
expresamente la norma citada. Las Instituciones Militares no pueden exonerarse
de esta obligación argumentando que el retiro fue voluntario. Igualmente, si no
se hace el examen de retiro no es posible alegar prescripción de los derechos
que de acuerdo con la ley tiene quien se retire del servicio activo”.
[53] Sobre el particular, en la
Sentencia T-875 de 2012. M.P. Nilson Pinilla Pinilla se dijo lo siguiente: “El artículo 8º del Decreto 1796 de 2000
señala un término de 2 meses para que el personal que se desvincula de la
institución, se presente ante Sanidad Militar a fin de que se les practique a
cargo de la institución el examen de retiro; pasado este término quien asumirá
su costo será el interesado. Sin embargo nada refiere al término que éste tiene
para presentarse al mismo”.
[54] Artículo 8 del Decreto 1796 de 2000, “Por
el cual se regula la evaluación de la capacidad psicofísica y de la disminución
de la capacidad laboral, y aspectos sobre incapacidades, indemnizaciones,
pensión por invalidez e informes administrativos por lesiones, de los miembros
de la Fuerza Pública, Alumnos de las Escuelas de Formación y sus equivalentes
en la Policía Nacional, personal civil al servicio del Ministerio de Defensa
Nacional y de las Fuerzas Militares y personal no uniformado de la Policía
Nacional vinculado con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993”.
Este es el fundamento legal que establece la obligación de practicar el examen
médico de retiro.
[55] Sentencia T-948 de 2006. M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra.
[56] Como se señaló en la Sentencia T-710 de
2014. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez: “Esta omisión constituye una violación
del derecho al debido proceso administrativo, como se dispuso en la Sentencia T-393 de 1999, en
cuanto priva de la posibilidad de acceder a la definición respecto de la
capacidad psicofísica de las personas y de las prestaciones económicas sujetas
a dicho dictamen”.
[57] Sentencia T-875 de 2012. M.P. Nilson
Pinilla Pinilla. Esta regla de decisión ya había sido establecida con
anterioridad, por ejemplo, en la Sentencia T-585 de 2011. M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub así: “En conclusión, a los soldados profesionales que salen
del servicio se les debe hacer un examen de retiro, y si del mismo se concluye
que presentan afecciones provenientes del servicio, se les debe garantizar el
acceso a la salud y determinar si tienen derecho a la pensión de invalidez”.
Posteriormente fue reproducida en la Sentencia T-710 de 2014. M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez, en los siguientes términos: “De suerte que, cuando
una persona ingresa a las filas para prestar servicio militar y luego es dado
de baja, y en el examen de retiro se determina que existe una afectación física
o psicológica, o cuando el retirado así lo solicita, deberá convocarse a una
Junta Médico Laboral para determinar el grado de disminución de la capacidad
psicofísica [atendiendo a la gravedad y al origen de la lesión o enfermedad
y], según las reglas que tenga dicha junta para el efecto, cuya valoración
resulta indispensable con miras a determinar si al interesado le asiste o no
derecho a alguna prestación económica”. Al respecto, el artículo 19 del
Decreto 1796 de 2000 dispone que son causales de convocatoria de la Junta
Médico Laboral: “1. Cuando en la práctica de un examen de capacidad
sicofísica se encuentren lesiones o afecciones que disminuyan la capacidad
laboral.// 2. Cuando exista un informe administrativo por lesiones. // 3.
Cuando la incapacidad sea igual o superior a tres (3) meses, continuos o
discontinuos, en un (1) año contado a partir de la fecha de expedición de la
primera excusa de servicio total. // 4. Cuando existan patologías que así lo
ameriten. // 5.Por solicitud del afectado. PARAGRAFO. Si después de una
Junta Médico-Laboral definitiva la persona continúa al servicio de la
Institución y presenta más adelante lesiones o afecciones diferentes, éstas
serán precisadas y evaluadas mediante nueva Junta Médico-Laboral”.
[58] Conforme se estableció en la Sentencia
T-710 de 2014. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez: “La obligación especial
de cuidado y protección que le asiste al Estado respecto de quienes prestan el
servicio militar, no sólo se predica frente a la atención en salud sino también
frente a otros riesgos que se generan con ocasión de la prestación del
servicio, los cuales deberán ser asumidos por el Ejército Nacional, desde el
momento mismo en que el soldado es acuartelado (…) Precisamente, el
Estado deberá responder en los casos en que el reclutado vea disminuida su
capacidad psicofísica, como consecuencia de la prestación del servicio militar”.
Por supuesto, esta obligación es extensiva a quienes prestaron sus servicios en
la Policía Nacional.
[59] Como se indicó en la Sentencia
T-910 de 2011. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo: “[L]a dedicación al
servicio de la actividad que cumplen las fuerzas militares es también, y ello
no resulta ser una consideración de importancia menor, una forma de realización
personal a la que acuden muchos colombianos que sienten devoción por construir un
proyecto de vida al amparo o bajo las directrices que orientan tan importante
quehacer, como lo es, la permanente honra y veneración de los valores patrios,
el esfuerzo y el sacrificio desplegado al máximo nivel en toda misión o acción
por cumplir, al igual que el acatamiento a ciertos valores o principios como el
honor, el respeto por la autoridad, el mando y la obediencia, el sentido de
cuerpo y la solidaridad como elementos infaltables en todo tipo de actuación o
de desempeño, entre muchísimas otras características de dicha actividad,
propósito de vida del cual esperan recibir, y ello es apenas legítimo y
elemental que sea así, contraprestaciones mínimas para coadyuvar, así sea en
parte, a su sostenimiento personal y al de la familia a la que pertenecen”.
[60] Sentencia T-411 de 2006. M.P. Rodrigo
Escobar Gil.
[61] Como se dijo en la Sentencia T-948 de 2006.
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra: “[a]sí las cosas, existe una obligación
cierta y definida, en cabeza del Estado, de garantizar la debida prestación de los
servicios médicos asistenciales a los soldados cuya salud se vea afectada
mientras ejercen la actividad castrense o con ocasión de la misma. También esta
Corporación ha admitido que en determinados eventos resulta no sólo admisible,
sino constitucionalmente obligatorio, extender la cobertura de la atención en
salud de los soldados con posterioridad al desacuartelamiento”.
[62] Sentencias T-910 de 2011. M.P. Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo y T-068 de 2018. M.P. Diana Fajardo Rivera.
[63] Al respecto, en la Sentencia T-396 de 2013. M.P.
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo se indicó lo siguiente: “Como corolario
lógico de lo anteriormente anotado, es viable afirmar que resulta inaceptable
que a un desincorporado de las Fuerzas Militares se le interrumpa intempestivamente
la prestación de algún servicio médico que venía recibiendo, con fundamento en
la terminación de su relación jurídico-formal con la institución que le presta
los servicios de salud, cuando dicha suspensión lesiona sus garantías
fundamentales a la integridad física, a la salud, a la vida y al mínimo vital
indispensable para el desempeño físico y social en condiciones normales”.
Sobre el tema de la continuidad en la atención en salud para el personal
desvinculado de la Fuerza Pública pueden verse, entre muchas otras, las
sentencias T-534 de 1992. M.P. Ciro Angarita Barón; T-393 de 1999. M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz; T-107 de 2000. M.P. Antonio Barrera Carbonell; T-824 de 2002.
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-1010 de 2003. M.P. Álvaro Tafur Galvis; T-601
de 2005 y T-654 de 2006, ambas con ponencia del Magistrado Humberto Antonio
Sierra Porto; T-1115 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-411 de 2006. M.P.
Rodrigo Escobar Gil; T-854 de 2008. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-516
de 2009. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-862 de 2010 y T-157 de 2012, ambas
con ponencia de la Magistrada María Victoria Calle Correa; T-1009 de 2012. M.P.
Luis Guillermo Guerrero Pérez; T-396 de 2013. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo; T-737 de 2013. M.P. Alberto Rojas Ríos; T-710 de 2014. M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez.
[64] Como se indicó en la Sentencia T-534 de
1992. M.P. Ciro Angarita Barón: “[l]a seguridad social y la salud son
derechos fundamentales y que tienen una evidente incidencia en la prolongación
de la vida. El soldado colombiano tiene como ciudadano y como servidor de la
patria títulos suficientes para que en todo caso, pero particularmente cuando
su salud se resienta por actos u omisiones del Estado, se le respete su derecho
a que el gobierno le suministre la atención médica, quirúrgica, hospitalaria y
los servicios odontológicos y farmacéuticos en los lugares y condiciones
científicas que su caso exija”.
[65] Sentencia T-948 de 2006. M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra.
[66] De acuerdo con el Jefe de
Sección de Historias Laborales del Ejército Nacional, el señor Julio Cesar
Varón Jaramillo permaneció en actividad por un lapso de 7 años, 10 meses y 7
días contabilizados desde el 1 de junio de 2002 hasta el 8 de abril de 2010 (folio 55 del cuaderno de
Revisión). Con
todo, se advierte que de la información obrante en el CD aportado al proceso
contentivo del expediente médico laboral de Julio Cesar Varón Jaramillo se
evidencian elementos de juicio que muestran que ingresó a la Fuerza Pública en
el año 2001.
[67] Valga aclarar, en este punto, que en el
escrito de tutela se indicó que el señor Julio Cesar Varón Jaramillo se
desempeñó como Capitán del Ejército Nacional. No obstante, en el trámite de
Revisión se advirtió que ejerció el cargo de oficial, en el grado de Teniente
Comandante (folios 37, 38 y 50 al 55 del cuaderno de Revisión).
[68] Folio 1.
[69] Folio 1.
[70] Folio 1.
[71] Folio 50.
[72] Folios 12 al 25.
[73] Folio 20 del cuaderno de Revisión.
[74] Folio 20 del cuaderno de Revisión.
[75] Folio 37 del cuaderno de Revisión.
[76] Folio 37 del cuaderno de Revisión.
[77] La respuesta fue brindada por el Coronel
Enrique Alonso Álvarez Hernández, Oficial de Medicina Laboral de la Dirección
de Sanidad del Ejército Nacional. Junto a ella, se anexó una petición de fecha
11 de septiembre de 2018 en la que el señor Julio Cesar Varón le solicitó al
Director del Hospital Militar Central y al Dispensario Médico “Gilberto
Echeverry Mejía” lo siguiente: “De la manera más atenta y respetuosa
solicito a quien corresponda, me sea suministrada copia de la historia clínica
del suscrito, de las citas, tratamientos y procedimientos médicos quirúrgicos
que reposen en su distinguida dependencia, del tiempo desempeñado laboralmente
por mi persona en la Institución Militar” (folios 37 y 38 del cuaderno de
Revisión).
[78] Folio 37 del cuaderno de Revisión.
[79] Sentencia T-030 de 2018. M.P. José Fernando
Reyes Cuartas. Sobre la presunción de veracidad, en el Auto 362 de 2017. M.P. Carlos Bernal
Pulido, se indicó lo siguiente: “La presunción encuentra fundamento en la garantía
de los principios de inmediatez y celeridad que rigen el proceso de tutela ,
así como en la necesidad de resolver con prontitud este tipo especial de
peticiones, dada la trascendencia de los intereses jurídicos objeto del litigio”.
[80] Sentencia T-278 de 2018. M.P. Gloria Stella
Ortiz Delgado.
[81] Sentencia T-030 de 2018. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
[82] Como se indicó en
el Auto 362 de 2017. M.P. Carlos Bernal Pulido: “[a]hora bien, en
caso de que el juez pretenda dar aplicación a la presunción, tal como lo
consagra la disposición y lo ha reconocido de manera pacífica la Corporación,
ella solo puede referirse a “los hechos de la demanda” [49]. Por tanto, no
pueden presumirse como ciertas otras cuestiones, entre ellas las de índole
jurídica. La presunción de veracidad únicamente cubre los supuestos fácticos
que cimientan la vulneración de los derechos fundamentales invocados, ya sea a
título de acción o de omisión, pero, en todo caso, entendidos como cuestiones
fenomenológicas que sirven de apoyo a las pretensiones de la tutela”.
[83] Sentencia C-622
de 1998. M.P. Fabio Morón Díaz. Sobre el particular, allí se dijo: “El juez
que debe decidir con arreglo a la sana crítica, no es libre de razonar a
voluntad, discrecionalmente, arbitrariamente. Esta manera de actuar no sería
sana crítica, sino libre convicción. La sana crítica es la unión de la lógica y
de la experiencia, sin excesivas abstracciones de orden intelectual, pero
también sin olvidar esos preceptos que los filósofos llaman de higiene mental,
tendientes a asegurar el más certero y eficaz razonamiento”.
[84] Auto 362 de 2017. M.P. Carlos
Bernal Pulido.
[85] Sentencia C-202 de 2005. M.P. Jaime Araujo
Rentería.
[86] Sentencia T-948 de 2006. M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra.
[87] Tal como se dijo en la
Sentencia T-568 de 2008. M.P. Jaime Araujo Rentería: “De este modo la Junta
Médico Laboral tiene la carga, en concordancia de los parámetros fijados por el
legislador, de la realización de un informe del cual depende el otorgamiento de
derechos tan esenciales de las personas discapacitadas como lo son la salud y
la pensión, pues es ella la encargada de determinar aspectos como su ocurrencia
durante el servicio o con ocasión de la actividad militar, lo que es un
presupuesto esencial para la consecución de estos derechos, al igual que debe
determinar el porcentaje de incapacidad laboral del presunto afectado con la
realización de la actividad militar”.
[88] Sentencia T-568 de 2008. M.P.
Jaime Araujo Rentería.
[89] Sentencia T-568 de 2008. M.P.
Jaime Araujo Rentería.
[90] Conforme se señaló en la Sentencia T-824 de 2002. M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa: “Cuando una
institución, como el Ejército Nacional, exige practicar una serie de exámenes
médicos, para poder establecer si los candidatos a ingresar a la institución
tienen las calidades de salud, tanto física como mental, requeridas para poder
formar parte de ella, debe asegurarse de que las pruebas sean adecuadas e
idóneas para el propósito que se les asigna. La razón de estas pruebas médicas
es doble. Por una parte se busca proteger a los jóvenes que pueden llegar a ser
reclutados, evitando que ello ocurra si la actividad que deben realizar puede
implicar un riesgo para su salud. Y por otra parte, se pretende asegurar que
quienes sean reclutados pueden cumplir, cabalmente, sus funciones dentro de la
institución castrense, pues de lo contrario, el Ejército tendría que trabajar
con personas que no le permitan cumplir con las funciones de salvaguarda y
protección de los derechos de las personas”. En el mismo sentido, en la Sentencia T-710
de 2014. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez se indicó: “[S]e recuerda que
los exámenes que realiza el Ejército Nacional para incorporar a filas a los
soldados deben ser lo suficientemente integrales y exhaustivos, con el
propósito de “evitar resultados que puedan perjudicar la salud y la vida de
candidatos en edad de ingresar al servicio militar”, de donde se infiere que,
en este caso, bajo la lógica de que el examen fue realizado correctamente, la
enfermedad del accionante o para esa época, por lo menos, sus antecedentes, no
impedían la prestación del servicio e implicaban –como así se declaró– su
aptitud para el ingreso a las filas”.
[91] Mediante Auto del 11 de febrero de 2019, la
Sala le solicitó a la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional que aportará
al proceso copia de la historia clínica del ciudadano agenciado. Casi un mes
después del requerimiento, es decir, de manera extemporánea contestó el mismo
advirtiendo que en su poder no obraba dicha documentación médica del accionante
(folios 39, 47, 48 y 60 al 63 del cuaderno de Revisión).
[92] Folio 32 del cuaderno de Revisión.
[93] Al proceso se aportó
descripción quirúrgica, registro de enfermería, registro de anestesiología y
hoja de evolución de la patología advertida y del tratamiento brindado,
proveniente del Dispensario Central del Ejército Nacional -Fuerzas Militares de
Colombia (folios 30
al 33 del cuaderno de Revisión).
[94] Folio 12.
[95] Folio 12.
[96] En el proceso obra, de un lado, constancia
de consulta por el área de psiquiatría, el 17 de octubre de 2011, donde se le
ordenó al agenciado dieta personal y se le otorgó incapacidad laboral por 30
días y, de otro, orden médica del 17 de agosto de 2017 suscrita por el médico
psiquiatra Yeferson Andre Martínez donde le prescribió al señor Julio Cesar
Varón los medicamentos fluoxetina 20 MG y alprazolam 0.50 MG para
morigerar la enfermedad padecida (folio 16 y folio 30 del cuaderno de
Revisión).
[97] Folio 12.
[98] Folios 18 y 19 e información
consignada en el CD aportado al proceso contentivo del expediente médico
laboral de Julio Cesar Varón Jaramillo. De acuerdo con el contenido del CD, en
el año 2003, mientras se encontraba en servicio activo, el actor sufrió una
caída que afectó su espalda y brazo derecho. En virtud de ello le fue ordenada
una radiografía y posteriormente algunas sesiones de fisioterapia así como
incapacidades médicas con ocasión al diagnóstico de “Fisura falange mano
derecha” y “Tx Lumbosacro”.
[99] Folios 18 y 19.
[100] De acuerdo con la agente oficiosa de Julio
Cesar Varón: “Respecto a lo anterior la Dirección de Sanidad del Ejército se
negó (sic) asumir la responsabilidad respecto a la (sic)
enfermedad que padece mi hijo teniendo en cuenta que estas mismas se originaron
dentro de la institución debido a la fuerte labor, presión psicológica que
ejercía en el área de operaciones combatiendo a integrantes de las FARC y ELN,
cargando equipo bastante pesado sobre la espalda trabajo que es desconocido y
desvalorado por la institución” (folio 2).
[101] Sobre el particular, consultar pie de página
3.
[102] Artículo 217 Superior.
[103] Folio 20 del cuaderno de Revisión.
[104] Folios 60 al 63 del cuaderno de Revisión.
[105] Al expediente se aportó, como se indicó
previamente, una petición presentada por el señor Varón Jaramillo el 11 de
septiembre de 2018 donde invocó ante el Hospital Militar Central y el
Dispensario Médico “Gilberto Echeverry Mejía” que le fuera suministrada “copia
de los antecedentes médicos e Historia Clínica, de los tratamientos médicos
quirúrgicos, citas médicas y demás procedimientos a los que haya sido sometido
el suscrito durante el tiempo de actividad en la Institución Militar”.
Mediante oficio del 24 de septiembre siguiente, el Área de Bioestadística y
Archivo de Historias Clínicas del Hospital Militar Central le indicó que el
documento solicitado reposaba en tal dependencia y las copias de este serían
entregadas al paciente o a terceros con autorización expresa, en atención a su
carácter reservado. Ello, en los términos del artículo 34 de la Ley 23 de 1981,
“Por la cual se dictan normas en materia de ética médica” (folios 37 y
38 del cuaderno de Revisión).
[106] Folio 1.
[107] Folios 1, 2 y 12 al 25.
[108] Folio 1.
[109] Folio 50.
[110] Conforme se indicó en la Sentencia T-810 de
2004. M.P. Jaime Córdoba Triviño: “Bajo este criterio, la declaratoria de
aptitud para el ingreso a las fuerzas militares delimita el ámbito de
responsabilidad en el suministro de las prestaciones médico asistenciales a
cargo de las mismas, pues en aquellos eventos en que no se hubieren detectado
enfermedades preexistentes al momento de la incorporación a filas y éstas se
originan durante la prestación del servicio, será la dependencia de sanidad
militar correspondiente la encargada de brindar la atención necesaria al
afectado. Sobre esta tesis se construye el segundo deber de las fuerzas
militares, consistente en la obligación de suministrar la atención médica a las
personas que se encuentren prestando el servicio [militar], de acuerdo
con los principios de obligatoriedad, equidad, protección integral y atención
equitativa y preferencia”.
[111] Sentencia T-729 de 2016. M.P. Alejandro
Linares Cantillo.
[112] M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[113] Sentencia T-762 de 1998. M.P.
Alejandro Martínez Caballero.
[114] Sentencia T-396 de 2013. M.P. Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo.
[115] Sentencia T-396 de 2013. M.P. Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo.
[116] Folio 75.
[117] Sentencia
T-028 de 1993. M.P. Fabio Morón Díaz.