T-401-20
Sentencia T-401/20
Referencia: Expediente T-7.699.307
Revisión de las sentencias de tutela proferidas dentro del proceso
promovido por Clara Olivia Pinzón Sarmiento contra el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá
Magistrado sustanciador:
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Bogotá, D.C., catorce
(14        ) de septiembre de dos mil veinte (2020)
La Sala Quinta
de Revisión, en ejercicio de sus competencias constitucionales, profiere la
siguiente sentencia al revisar las decisiones judiciales relacionadas con la
acción de tutela de la referencia.
I.
ANTECEDENTES
Clara Olivia
Pinzón Sarmiento presentó, el 19 de julio de 2019, acción de tutela contra el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, por considerar
que este, mediante la sentencia que profirió el 22 de mayo de 2019, en la que
resolvió negar el reconocimiento y pago de la pensión de vejez,  vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital y a la seguridad
social.
1. Hechos
relevantes
1.1. La accionante
agotó un proceso ordinario laboral contra COLPENSIONES debido a que esta
entidad le negó el reconocimiento y pago de la pensión de vejez. Según la
administradora de pensiones, la accionante es beneficiaria del régimen de
transición y, por consiguiente, debe estudiarse el cumplimiento de los
requisitos para reconocer esa prestación a la luz del artículo 12 del Decreto
758 de 1990[1].
No obstante, señaló que no es posible reconocer la pensión debido a que no
tiene el número de semanas que esta norma exige cotizar “exclusivamente”
a dicha entidad, las cuales no se pueden acumular con las cotizaciones
realizadas por la accionante en razón del servicio al sector público, pues en
la norma no se consagra esa posibilidad.
En la historia
laboral de la accionante se registran en total 1025 semanas cotizadas, 950 a
COLPENSIONES y 75 a CAJANAL -actualmente  UGPP-, estas últimas cotizadas por
tiempos de servicio en el sector público.
1.2. En la
primera instancia del proceso ordinario laboral, el Juzgado 28 Laboral del
Circuito de Bogotá, mediante sentencia del 22 de febrero de 2019, accedió a las
pretensiones. En las consideraciones señaló que “el despacho en aplicación
de la sentencia SU-769 de 2014 accederá a las pretensiones de la demanda,
aceptando la acumulación de tiempos al sector público y cotizaciones al sector
privado por cuanto, se reitera, la demandante no tiene las posibilidad de
adquirir su derecho pensional bajo otra normatividad, por lo que la prestación
mínima aquí solicitada y como quiera que cuenta con más de 1000 semanas
cotizadas al Sistema de Seguridad Social en Pensiones durante toda la vida
laboral, se le reconocerá la pensión de vejez a la luz de lo normado en el
artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año”[2].
1.3. No
obstante, en grado jurisdiccional de consulta, la decisión fue revocada por la
Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, por medio
de sentencia del 22 de mayo de 2019. En esta providencia se indicó que, en
aplicación del precedente sentado por la Sala Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, no es posible acumular las semanas cotizadas a COLPENSIONES con las
cotizaciones realizadas por el tiempo servido en el sector público, como sí
acontece a partir de la Ley 100 de 1993. Por consiguiente, la accionante no
tiene derecho al reconocimiento de la prestación, tal como lo determinó la
administradora de pensiones en el proceso administrativo.
1.4. Inconforme
con esta decisión, la accionante presentó la tutela bajo estudio contra la Sala
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, solicitando que
se confirme la providencia dictada en primera instancia.
1.5. En el
proceso quedó sentado que la accionante es beneficiaria del régimen de
transición[3],
sin embargo, está en discusión si cumple con el número de semanas que exige el
artículo 12 del Decreto 758 de 1990 para el reconocimiento de la pensión de
vejez, particularmente si es o no posible acumular las semanas cotizadas a
COLPENSIONES con las cotizadas a la UGPP en razón a los tiempos servidos en el
sector público.
2. La acción
de tutela
En relación con
los requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, la accionante señaló:
2.1. Requisitos
generales de procedibilidad
2.1.1.
Relevancia constitucional. La cuestión que se discute compromete los derechos
fundamentales de la accionante y la expone a condiciones de vida que
contradicen su dignidad humana, debido a que cotizó al sistema de seguridad
social durante toda su vida laboral y, al cumplir la edad para pensionarse, su
único medio de subsistencia sería el reconocimiento de la prestación.
2.1.2.
Subsidiariedad. Se agotaron todos los medios de defensa judiciales que estaban
a su alcance. Actualmente no cuenta con ningún otro medio de defensa judicial
diferente a la acción de tutela para exigir la garantía de sus derechos, carece
de medios económicos para suplir sus necesidades básicas y se encuentra
expuesta a un perjuicio irremediable en relación con su mínimo vital.
2.1.3.
Inmediatez. La acción de tutela se presentó el 19 de julio de 2019 contra una
sentencia proferida el 22 de mayo del mismo año, por ende, transcurrió un corto
periodo de tiempo hasta la presentación de la tutela.
2.1.4. Efecto decisivo
de la irregularidad procesal. El Tribunal desconoció el precedente
constitucional, lo que condujo a negar el derecho a la pensión de vejez de la
accionante.
2.1.5.
Identificación de los hechos que generaron la vulneración. En la tutela se
explicó de manera clara por qué, en criterio de la demandante, el Tribunal
desconoció sus derechos  fundamentales.
2.2. Requisitos
especiales de procedibilidad.
Defecto por
desconocimiento del precedente. La accionante manifestó que la providencia que
se cuestiona desconoció el precedente fijado en la Sentencia SU-769 de 2014, en
la cual la Corte Constitucional explicó que en aplicación del Decreto 758 de
1990, sí es posible acumular los tiempos servidos en el sector público con los
cotizados a COLPENSIONES, para el reconocimiento de la pensión de vejez.
2.3 Pretensiones
La accionante
solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al
mínimo vital y a la seguridad social y, en consecuencia, que se ordene (i)
revocar la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá; y, en su lugar, (ii) confirmar el fallo dictado por el
Juzgado 28 Laboral del Circuito de Bogotá que ordenó el reconocimiento y pago
de la pensión de vejez a partir del 12 de noviembre de 2014, fecha en la cual
realizó la última cotización al sistema.
3. Trámite
procesal de primera instancia
La acción de tutela correspondió por reparto a la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Mediante Auto de 22 de
julio de 2019, resolvió (i) admitirla; (ii) correr traslado a COLPENSIONES; y
(iii) vincular a las autoridades, partes e intervinientes en el proceso
ordinario laboral[4].
4. Fundamentos de la oposición
4.1. El Magistrado Sustanciador del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá señaló que la sentencia del 22 de mayo de 2019 es respetuosa de los
derechos fundamentales de la accionante y, como sustento de ello, se remitió a
las consideraciones de esa providencia.
4.2. COLPENSIONES solicitó declarar improcedente la tutela, por considerar
que se debe respetar la autonomía e independencia judicial del Tribunal en
beneficio de la seguridad jurídica. En todo caso, indicó que en el proceso
judicial no se incurrió en ningún defecto ni en la vulneración de los derechos
fundamentales de la accionante.
5. Decisiones
judiciales que se revisan
5.1.
Sentencia de primera instancia
El 31 de julio
de 2019, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia negó el
amparo. En su criterio, no se cumple el requisito de subsidiariedad debido a
que la accionante no agotó el recurso extraordinario de casación, situación que
no puede ser subsanada con la tutela, dado que esta acción no es un mecanismo
alternativo que pueda usarse para obtener un atajo arbitrario y evadir los
medios de defensa previstos por el legislador.
2.
Impugnación
La accionante
señaló que agotó todos los mecanismos de defensa judicial que estaban a su
alcance. Manifestó que exigirle agotar el recurso extraordinario de casación
resulta desproporcionado debido a que, primero, es una mujer de 62 años con
problemas de salud y sin afiliación al Sistema de Seguridad Social y, segundo,
es ostensible el daño de sus derechos fundamentales.
3. Sentencia de segunda instancia
El 3 de octubre
de 2019, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la
decisión. La Corte reiteró el incumplimiento del requisito de subsidiariedad
porque la accionante no agotó el recurso extraordinario de casación y,
adicionalmente, indicó que el Tribunal demandado sustentó la sentencia en
argumentos razonables, que atienden a la jurisprudencia sentada por la Corte
Suprema de Justicia y se debe respetar la autonomía e independencia judicial,
así como el derecho de las partes a ser juzgadas por el juez natural del
asunto.
6.
Actuaciones en sede de revisión
El presente
proceso fue seleccionado para revisión por la Sala de Selección Número Doce
(12) de la Corte Constitucional, mediante auto del 9 de diciembre de 2019, y
asignadas mediante sorteo al suscrito magistrado para su sustanciación.
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1.
Competencia
La Corte
Constitucional es competente para revisar las decisiones judiciales proferidas
dentro del proceso de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos
86, inciso segundo, y 241, numeral 9º, de la Constitución Política, y 31 a 36
del Decreto 2591 de 1991.
2. Problema
jurídico y estructura de la decisión
Teniendo en
cuenta los antecedentes de la presente actuación, corresponde a la Corte
determinar si la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital y
a la seguridad social de la accionante, al proferir la Sentencia del 22 de mayo
de 2019, debido a que, en contradicción con la Sentencia SU-769 de 2014, señaló
que no resulta posible acumular las semanas que la accionante cotizó a la UGPP,
en razón de los servicios prestados en el sector público, con las semanas
cotizadas a COLPENSIONES, para el reconocimiento de la pensión de vejez de que
trata el artículo 12 del Decreto 758 de 1990.
Para resolver,
la Sala analizará, como cuestión previa, (i) la legitimación en la causa y el
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la tutela contra
providencia judicial. Seguidamente, realizará el análisis sustancial del caso a
partir del defecto alegado por la accionante, es decir, se referirá al (ii)
defecto por desconocimiento del precedente constitucional; y, seguidamente, a
(iii) la Sentencia SU-769 de 2014 y la posibilidad de acumular los tiempos de
servicio en el sector público, cotizados a las cajas o fondos de previsión
social, con las semanas cotizadas a COLPENSIONES para el reconocimiento de la
pensión de vejez según los requisitos del artículo 12 del Decreto 758 de 1990.
Las anteriores
consideraciones conducirán a concluir que la Sala Laboral del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá, en efecto, vulneró los derechos fundamentales
de la accionante. Por consiguiente, la Sala revocará las sentencias que negaron
la acción de tutela interpuesta y, en su lugar, concederá la protección
reclamada.
3. Cuestión
previa: legitimación en la causa y procedencia de la tutela contra providencia
judicial
3.1.
Legitimación en la causa
La accionante,
quien acudió a la tutela mediante apoderado judicial[5], se encuentra
legitimada[6]
para adelantar la presente tutela contra la Sala Laboral del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá, por cuanto, según alega, esta autoridad
judicial, en el marco del proceso ordinario laboral, vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, al mínimo vital y a la seguridad social, al
negar el reconocimiento de la pensión de vejez.
La Sala Laboral
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, por su parte, autoridad
judicial demandada[7],
profirió la decisión judicial que, según la accionante, vulneró sus derechos
fundamentales.
3.2.
Procedencia excepcional de la acción de tutela contra decisiones judiciales.
Reiteración jurisprudencial
De conformidad
con el artículo 86 de la Constitución toda persona puede reclamar ante los
jueces, mediante acción de tutela, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales vulnerados o amenazados por la acción o la
omisión de “cualquier autoridad pública” y, en los casos que establezca
la ley, de los particulares[8],
cuando el afectado “no disponga de otro medio de defensa judicial”,
salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.
Tal mecanismo de
protección procede, en consecuencia, contra “cualquier autoridad pública”
que, con sus actuaciones u omisiones, vulnere o amenace derechos
constitucionales fundamentales. Dentro de tales autoridades públicas se
encuentran incluidas, por supuesto, las judiciales, en cuanto autoridades de la
República, las cuales, sin excepción, “están instituidas para proteger a
todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias
y demás derechos y libertades”, como lo dispone el artículo 2 de la Constitución.
Bajo tales
supuestos constitucionales y los artículos 6.1 del Decreto Ley 2591 de 1991, 2
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos[9],
la Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela para
la protección de derechos fundamentales vulnerados por decisiones judiciales
(i) respecto de las cuales no existan otros recursos o medios de defensa
judicial, (ii) cuando, no obstante su existencia, se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable, y (iii) cuando, atendiendo a
las circunstancias en que se encuentre el solicitante, los medios existentes no
sean eficaces.
No obstante,
dada la naturaleza de las autoridades judiciales –a las que la Constitución ha
asignado la función de administrar justicia[10]–,
este Tribunal ha precisado que la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales es excepcional[11]
puesto que, en tales casos, “la adecuada protección de los principios y valores
constitucionales implica un ejercicio de ponderación entre la eficacia de la
mencionada acción –presupuesto del Estado Social y Democrático de Derecho–, y
la vigencia de la autonomía e independencia judicial, el principio de cosa
juzgada y la seguridad jurídica”[12].
Por tales
razones, ha señalado que “la acción de tutela contra sentencias judiciales
es un instrumento excepcional, dirigido a enfrentar aquellas situaciones en que
la decisión del juez incurre en graves falencias, de relevancia constitucional,
las cuales tornan la decisión incompatible con la Constitución. En este
sentido, la acción de tutela contra decisión judicial es concebida como un
“juicio de validez” y no como un “juicio de corrección” del fallo cuestionado,
lo que se opone a que se use indebidamente como una nueva instancia para la
discusión de los asuntos de índole probatoria o de interpretación del derecho
legislado, que dieron origen a la controversia”[13].
La
excepcionalidad de la tutela contra providencias judiciales ha llevado a la
Corte, a partir de la Sentencia C-590 de 2005, a exigir el cumplimiento de un
conjunto de requisitos generales y específicos de procedencia, que podrían
sintetizarse en los siguientes términos:
3.2.1. De los
requisitos generales
Ha precisado la
Corte que la acción de tutela contra providencias judiciales debe cumplir los
siguientes requisitos generales[14]:
(i) relevancia constitucional[15],
esto es, que involucre la posible vulneración de derechos fundamentales del
accionante; (ii) subsidiariedad, en el sentido de que se hubieren
agotado los recursos ordinarios y extraordinarios al alcance del accionante
dentro del proceso en que se profirió la providencia, excepto que, atendiendo a
las circunstancias en que se encuentre, no sean eficaces, o que la tutela
pretenda evitar la consumación de un perjuicio irremediable[16]; (iii) inmediatez,
es decir que, atendiendo a las circunstancias del accionante, se interponga en
un término razonable a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando
se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga incidencia en la
decisión que se considera lesiva de los derechos fundamentales; (v) que
el accionante identifique de forma razonable los yerros que generan la
vulneración, y que estos hayan sido cuestionados dentro del proceso judicial,
en cuanto ello hubiere sido posible; y (vi) que no se dirija contra una
sentencia de tutela, salvo si existió fraude en su adopción[17].
3.2.2. De los
requisitos específicos
Además de los
anteriores requisitos generales, es necesario acreditar[18] que la
autoridad judicial demandada vulneró en forma grave el derecho al debido
proceso[19]
del accionante, a tal punto que la decisión judicial resulta incompatible con
la Constitución por incurrir en alguno de los siguientes defectos[20]
que la jurisprudencia constitucional denomina requisitos específicos de
procedibilidad, a saber:
(i) Defecto
orgánico: se presenta cuando la providencia
impugnada fue proferida por un funcionario judicial que carecía de competencia
para adoptarla[21].
(ii) Defecto
procedimental: se origina cuando la decisión
judicial cuestionada se adoptó con desconocimiento del procedimiento
establecido[22].
(iii) Defecto
fáctico: se configura cuando el juez carece de
apoyo probatorio para la aplicación del supuesto legal en que se sustenta la
decisión cuestionada, o cuando la valoración de la prueba fue absolutamente
equivocada[23].
(iv) Defecto
material o sustantivo: ocurre cuando se decide con
base en normas inexistentes, inconstitucionales o claramente inaplicables al
caso concreto; cuando se presenta una evidente y grosera contradicción entre
los fundamentos y la decisión[24];
o cuando se otorga a la norma jurídica un sentido y alcance que no tiene, entre
otros supuestos.
(v) Error
inducido: sucede cuando la decisión que vulnera los
derechos fundamentales del accionante[25] es producto de un
engaño por parte de terceros.
(vi) Falta de
motivación: implica el incumplimiento del deber de
dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión[26].
(vii)
Desconocimiento del precedente: se configura cuando
el funcionario judicial desconoce la regla jurisprudencial establecida45 en la materia de
que se trate, sin ofrecer un mínimo razonable de argumentación[27].
(viii)
Violación directa de la Constitución[28]:
se estructura cuando la autoridad judicial le da a
una disposición un alcance abiertamente contrario a la Carta Fundamental. Esta
Corte ha indicado[29] que se presenta
violación directa de la Constitución cuando, desconociendo que, de acuerdo con
su artículo 4 “la Constitución es norma de normas”, por lo que en caso
de incompatibilidad entre ella y la ley u otra regla jurídica “se aplicarán
las disposiciones superiores”[30],
el juez adopta, entre otros supuestos, una decisión que la desconoce[31],
porque deja de aplicar una norma constitucional que resulta aplicable al caso
concreto[32],
o desconoce valores, principios o reglas constitucionales que determinan la
aplicación de la disposición legal al caso concreto. Se configura igualmente
cuando se desconoce o altera el sentido y alcance de una regla fijada
directamente por el constituyente.
Esta Corporación
ha sido enfática en señalar que no toda irregularidad procesal o diferencia
interpretativa configura una causal de procedibilidad de la acción[33].
Es necesario que los reproches alegados sean de tal magnitud que permitan
desvirtuar la constitucionalidad de la decisión judicial objeto de tutela[34].
“No se trata entonces de un mecanismo que permita al juez constitucional
ordenar la anulación de decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario
en su tarea de interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso.
De lo que se trata es de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual, para
proteger los derechos fundamentales de quien, luego de haber pasado por un
proceso judicial, se encuentra en condición de indefensión y que permite la
aplicación uniforme y coherente -es decir segura y en condiciones de
igualdad- de los derechos fundamentales a los distintos ámbitos del
derecho”[35].
3.3. Análisis
del cumplimiento de los requisitos generales
La Sala
encuentra cumplidos los requisitos generales anteriormente reseñados, por las
siguientes razones:
3.3.1.
Relevancia constitucional. El caso involucra los derechos fundamentales al
debido proceso, al mínimo vital y a la seguridad social de una mujer de 63
años, afiliada al Sistema de Seguridad Social en Salud mediante el régimen
subsidiado[36],
quien no tiene ingresos propios para sufragar sus necesidades básicas y cuyo
reconocimiento de la pensión de vejez fue negado por la Sala Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Por consiguiente, se
constata que el presente asunto tiene relevancia constitucional por los
derechos involucrados y la especial protección que le asiste a la accionante en
razón a los factores de vulnerabilidad mencionados.
3.3.2.
Subsidiariedad. Si bien la accionante no agotó al recurso extraordinario de
casación, como señalaron en primera y segunda instancia de la tutela la Sala
Laboral y Penal de la Corte Suprema de Justicia, esta Sala de Revisión considera
superado el requisito de subsidiariedad, al menos, por dos razones. La primera,
se trata de una persona de especial protección constitucional, dado que, se
reitera, es una mujer de 63 años quien no recibe ningún ingreso para su
subsistencia y se encuentra afiliada al régimen subsidiado de Seguridad Social
en Salud. Imponerle que acuda a ese mecanismo extraordinario de defensa
judicial habría implicado disponer de recursos económicos y temporales que, por
su condición socioeconómica, no resulta razonable ni proporcionado exigirle. En
ese sentido, se recuerda que “exigir idénticas cargas procesales [tanto
a las] personas que soportan diferencias materiales relevantes [como
a las que] no se encuentran en estado de vulnerabilidad alguno, puede
resultar discriminatorio y comportar una infracción constitucional al acceso a
la administración de justicia en igualdad de condiciones”[37].
Segundo, la
casación “por su propia naturaleza, requiere
de una técnica especial para su interposición que implica una representación
jurídica cualificada y, por tanto, una mayor inversión de recursos”[38].
Por ende, en presencia de sujetos de especial protección constitucional, [se]
ha estimado que exigir su agotamiento puede convertirse en una carga
desproporcionada”[39].
En el presente caso, existen elementos para concluir que la accionante no
contaba con la capacidad económica necesaria para contratar a un profesional
que presentara el recurso. Por consiguiente, en procura de garantizar el acceso
efectivo a la administración de justicia y garantizar la igualdad material, no
se le puede exigir a la accionante el agotamiento de este recurso y no resulta
claro que el monto de las pretensiones de la accionante, en efecto, superara la
cuantía que le hubieran permitido presentar el recurso[40].
Esta Sala de
Revisión, en el análisis de subsidiariedad de una acción de tutela mediante la
que se reclamaba el reconocimiento de una pensión, señaló que “podrá
proceder el amparo cuando exigir la presentación de la casación: i) resulta ser
una carga desproporcionada dadas las condiciones materiales de existencia y el
asunto a tratar, y ii) es evidente la violación de los derechos fundamentales y
una decisión de improcedencia haría que prevaleciera lo formal frente a lo
sustancial, desconociendo de este modo la obligación estatal de garantizar la
efectividad de los derechos fundamentales[41] y la
prevalencia del derecho sustancial[42],
pues la aplicación rígida de la regla de la improcedencia “causaría un
daño de mayor entidad constitucional que el que se derivaría del
desconocimiento del criterio general enunciado”[43].
En vista de lo
anterior, la Sala evidencia que la accionante agotó los mecanismos de defensa
judicial a su alcance, puesto que adelantó los trámites administrativos ante
COLPENSIONES y, posteriormente, agotó el proceso ordinario laboral que terminó
con la sentencia bajo análisis. En esa medida, se entiende superado el
requisito de subsidiariedad.
3.3.3. Inmediatez.
La sentencia controvertida se profirió el 22 de mayo de 2019 y la tutela se
presentó el 17 de julio de 2019. En este intervalo transcurrieron menos de 2
meses, término que es razonable, teniendo en consideración las particularidades
del caso concreto, en el que se solicita el reconcomiendo de una pensión de
vejez en favor de un sujeto de especial protección constitucional.
3.3.4.
Irregularidad procesal. La tutela presentada por la accionante se dirige a
demostrar que el órgano judicial accionado desconoció el precedente
constitucional aplicable al caso concreto, el cual sí permite acumular los
tiempos servidos en el sector público con los cotizados a COLPENSIONES,
incurriendo así en una irregularidad decisiva, pues es a partir de dicha
determinación que el órgano judicial negó el reconocimiento de la pensión de
vejez pretendido.
3.3.5.
Identificación razonable de los hechos y su exposición al interior del proceso
judicial, en caso de haber sido posible. La accionante identificó clara y
razonablemente las actuaciones que generaron la vulneración alegada y, en el
proceso ordinario laboral, solicitó específicamente la aplicación de la
Sentencia SU-769 de 2014.
3.3.6. No se
trata de tutela contra tutela. La demanda se presentó contra una
sentencia dictada en el marco de un proceso ordinario laboral.
4. Análisis
de la carga argumentativa para alegar el defecto por desconocimiento del
precedente
La accionante
alega que la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, al proferir la sentencia contra la cual dirige la tutela, incurrió en
el defecto por desconocimiento del precedente sentado en la Sentencia SU-769 de
2014, en razón a que en dicha providencia se señala que “para efecto del
reconocimiento de esta prestación es posible acumular los tiempos de servicios
cotizados a las cajas o fondos de previsión social, con las semanas de
cotización efectuadas al Instituto de Seguros Sociales (COLPENSIONES), por
cuanto la exclusividad en los aportes a esta entidad se trata de un evento no
contemplado en el Acuerdo 049 de 1990 (Decreto 758 de 1990).” Dado
que esta consideración corresponde a la ratio decidendi de dicha
providencia y que, precisamente, en el caso bajo análisis se estudia la
procedencia de acumular las semanas que la accionante cotizó en razón de los
servicios prestados en el sector público con las semanas cotizadas a
COLPENSIONES para el reconocimiento de la pensión de vejez de que trata el
artículo 12 del Decreto 758 de 1990.
5. Breve
caracterización del defecto por desconocimiento del precedente constitucional
La fuerza jurídica del precedente constitucional hunde
sus raíces en el artículo 241 de la Constitución Política, el cual determina
que “a la Corte Constitucional se le confía la guarda de la
integridad y supremacía de la Constitución”. En consecuencia, esta
Corporación está obligada a salvaguardar la Carta Política como norma de normas[44]
y en virtud de ello definir
el alcance normativo y la interpretación del ordenamiento jurídico a la luz del
texto Superior.
En criterio de la Corte, el desconocimiento del precedente
constitucional “(…) genera en el ordenamiento jurídico colombiano una
evidente falta de coherencia y de conexión concreta con la Constitución, que
finalmente se traduce en contradicciones ilógicas entre la normatividad y la
Carta, que dificultan la unidad intrínseca del sistema, y afectan la
seguridad jurídica. Con ello se perturba además la eficiencia y eficacia
institucional en su conjunto, en la medida en que se multiplica
innecesariamente la gestión de las autoridades judiciales, más aún cuando en
definitiva, la Constitución tiene una fuerza constitucional preeminente que no
puede ser negada en nuestra actual organización jurídica”[45].
El desconocimiento del precedente
constitucional,como se desprende de su denominación, hace referencia a los
pronunciamientos de la Corte Constitucional[46].
Se presenta cuando esta Corporación ha establecido el alcance normativo de un
derecho fundamental o definido la interpretación constitucional de un precepto
y, sin embargo, el juez ordinario o el contencioso administrativo limita
sustancialmente el alcance del derecho o se aparta de la interpretación
constitucional[47].
Existe precedente cuando “(i) la ratio decidendi de la sentencia que se evalúa
como precedente, presenta una regla judicial relacionada con el caso a resolver
posteriormente[48]; (ii) se trata de
un problema jurídico semejante, o a una cuestión constitucional semejante
y (iii) los hechos del caso o las normas juzgadas en la sentencia son
semejantes o plantean un punto de derecho semejante al que se debe resolver
posteriormente”[49].
El
desconocimiento del precedente constitucional puede predicarse respecto de las
decisiones emitidas al ejercer el control abstracto de constitucionalidad o al
ejercer control concreto, adelantado en la revisión de decisiones de tutela. En
ambos casos el precedente es de obligatoria observancia: en el primer caso,
debido a que la decisión asumida por la Corte Constitucional hace tránsito a
cosa juzgada y tiene efectos erga omnes; y, en el segundo, en razón a
que a esta Corporación corresponde definir el contenido y el alcance de los
derechos constitucionales[50],
“interpretación que se entiende vinculada a la Carta”[51].
En esa medida,
el carácter vinculante del precedente en materia de tutela se predica de las
decisiones adoptadas tanto por la Sala Plena de esta Corporación como por las
Salas de Revisión[52].
Cuando se desconoce el precedente constitucional
definido en sede de tutela, se ha reprochado por esta Corporación la
vulneración del derecho fundamental a la igualdad, al principio de buena fe,
confianza legítima y seguridad jurídica, tal y como puede ocurrir cuando el
accionante acude a la administración de justicia y se le imponen decisiones o
actuaciones que desconocen, sin ninguna justificación, los precedentes
jurisprudenciales aplicables al caso.
No obstante, en
ejercicio de la autonomía e independencia judicial, cuando los jueces
consideren necesario un cambio del precedente deben cumplir como mínimo con:
(i) señalar “el balance judicial vigente (regla de transparencia)”[53];
(ii) ofrecer “un argumento suficiente y adecuado para el abandono o cambio
de la norma jurisprudencial (regla de cambio)”[54]; y (iii)
explicar “que su propuesta desarrolla de mejor manera los derechos y
principios superiores (regla de suficiencia en jurisprudencia constitucional)”[55].
Así entonces, “para que la objeción al precedente jurisprudencial resulte
válida, conforme a la perspectiva expuesta, deberá demostrarse que esa opción
es imperiosa, en tanto concurren razones sustantivas y suficientes para adoptar
esta postura, en tanto el arreglo jurisprudencial existente se muestra inaceptable.
Estas razones, a su vez, no pueden ser otras que lograr la vigencia de los
derechos, principios y valores constitucionales”[56].
6. La
Sentencia SU-769 de 2014 y el alcance del artículo 12 del Decreto 758 de 1990
La Ley 100 de
1993 reguló el Sistema de Seguridad Social Integral y precisó los regímenes
pensionales aplicables actualmente, entre estos, el correspondiente a la
pensión de vejez. Al mismo tiempo, creó el régimen de transición, con el fin de
proteger la expectativa legítima de quienes aspiraban acceder a este derecho
según el régimen al que estuvieran afiliados cuando entró en vigencia el nuevo
Sistema. Para constatar que existe una expectativa legítima, en la ley se
establecieron algunos requisitos de edad y tiempo de servicio o semanas
cotizadas[57],
cumplidos estos parámetros, la transición permite que se continúen aplicando
los criterios del anterior régimen relacionados con la “edad para acceder a
la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y
el monto de la pensión de vejez”[58].
Por ende, para ser beneficiario de la transición y acceder a la prestación
según el régimen anterior, se requiere acreditar, primero, que el interesado es
beneficiario del régimen de transición y, segundo, que cumple los requisitos
establecidos para el reconocimiento de la pensión que solicita.
Uno de los
regímenes pensionales anteriores era el Decreto 758 de 1990, mediante el cual
se aprobó el Acuerdo 049 de 1990[59].
Según el artículo 12 de ese Decreto, tenían derecho a la pensión de vejez
quienes reunieran los siguientes requisitos: “a) Sesenta (60) o más años de
edad si se es varón o cincuenta y cinco (55) o más años de edad, si se es mujer
y, b) Un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas durante los
últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, o
haber acreditado un número de un mil (1.000) semanas de cotización, sufragadas
en cualquier tiempo”.
A nivel
jurisprudencial existe una interpretación diversa sobre el alcance del
literal b del artículo 12 en comento. Según la Corte Suprema de Justicia, las
semanas exigidas por la norma deben ser cotizadas exclusivamente a
COLPENSIONES, debido a que (i) el Decreto 758 de 1990 no contempló
expresamente la posibilidad de acumular semanas cotizadas a otras entidades, a
diferencia de la Ley 100 de 1993 que sí establece tal posibilidad[60].
Adicionalmente, (ii) el régimen de transición “comporta la aplicación
de las normas anteriores a la vigencia del régimen de pensiones del Sistema
Integral de Seguridad Social (…) en tres aspectos puntuales, edad, tiempo de
servicio o cotizaciones y el monto de la pensión (…). Por lo tanto, si, en
desarrollo del régimen de transición, la demandante pretende que su derecho a
la pensión (…) se rija por el Acuerdo 049 de 1990 (Decreto 758 de 1990), deberá
atenerse, en su integridad a lo ahí previsto, sin que resulte posible acumular
tiempo servido o cotizado en el sector oficial”[61].
A diferencia de
lo planteado por la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional,
mediante la Sentencia SU-769 de 2014, señaló  que la exigencia de “exclusividad”
de las cotizaciones no es procedente, debido a que: (i) el Decreto 758
de 1990, artículo 12, literal b, no exige haber cotizado “exclusivamente”
a COLPENSIONES las semanas requeridas para reconocer la pensión de vejez; (ii)
La Ley 100 de 1993, al regular el régimen de transición[62], precisó los
parámetros que se conservan del régimen anterior para acceder al derecho[63]
y, entre estos, “no se encuentra aquel referente al cómputo de las semanas”.
Por consiguiente, este requisito “debe ser determinado según lo dispuesto en
la Ley 100 de 1993”, según la cual sí es posible acumular las semanas
cotizadas; y (iii) los principios de favorabilidad y pro homine
exigen aplicar la interpretación que resulte más favorable para quien solicite
el reconocimiento y pago de la prestación. En vista de lo anterior, la Sala
Plena concluyó que:
Para el reconocimiento de la pensión de vejez
de los beneficiarios del régimen de transición, a quienes se les apliquen los
requisitos contenidos en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 (Decreto 758 de
1990), es posible realizar la acumulación de los tiempos en cajas o fondos de
previsión social cotizados o que debieron ser cotizados por las entidades
públicas[64],
con aquellos aportes realizados al seguro social (COLPENSIONES).
En aplicación de
estos criterios, en el caso concreto revisado en la sentencia de unificación se
indicó lo siguiente:
De haberse contado las semanas laboradas en
el sector público para efectos del reconocimiento de la pensión de vejez, la
conclusión de las autoridades judiciales sería distinta, en tanto superaría el
número exigido en la normatividad que el accionante pretendía que le fuera
aplicada. Asumir tal postura implicó para el actor la vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital y a la seguridad
social. (…) Teniendo claro que la norma aplicable al accionante era el literal
“b” del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 (Decreto 758 de 1990) y que, según
la conclusión varias veces mencionada, es posible que sean acumulados los
tiempos de servicios cotizados a las cajas o fondos de previsión social, o que
siendo laborados debieron ser cotizados por la entidad pública, con las semanas
de cotización efectuadas al Instituto de Seguros Sociales (COLPENSIONES), esta
entidad debió realizar dicho trámite de emisión de bono pensional.
La postura
jurisprudencial de la Sentencia SU-769 de 2014 se ha mantenido hasta la
actualidad por la Corte Constitucional. Al respecto, se pueden consultar, entre
otras, las Sentencias T-441 de 2018, SU-057 de 2018 y T-280 de 2019.
En adición, cabe
resaltar que, recientemente[65],
la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha modificado su postura en
relación con el problema jurídico analizado. Mediante la Sentencia del 1º de
julio de 2020[66],
se indicó lo siguiente:
La Corte Suprema de Justicia abandona su
criterio mayoritario conforme al cual el Acuerdo 049 de 1990 (Decreto 758 de
1990), aplicable en virtud del régimen de transición, solo permite sumar
cotizaciones realizadas exclusivamente al ISS (COLPENSIONES) y, en su
reemplazo, postula que sí es posible para efectos de obtener la pensión por
vejez prevista en ese reglamento, contabilizar las semanas laboradas en el
sector público, sufragadas o no a una caja, fondo o entidad de previsión
social. En consecuencia, todos los tiempos laborados, sin distinción al tipo de
empleador o si fueron objeto de aportes a pensión o no, son válidos para
efectos pensionales.
Así las cosas,
incluso el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria laboral reconoce,
actualmente, el derecho a la pensión de vejez de los beneficiarios del régimen
de transición en aplicación del Acuerdo 049 de 1990 (Decreto 758 de 1990),
teniendo en consideración la acumulación de las cotizaciones realizas a
COLPENSIONES con los tiempos servidos en el sector público, independientemente
de que se hubiesen realizado o no las cotizaciones.
7. El caso
concreto: La Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
desconoció el precedente sentado por la Sentencia       SU-769 de 2014, cuando
interpretó que, en aplicación del Decreto 758 de 1990, no es posible acumular
los tiempos de servicio en el sector público con las cotizaciones realizadas a
COLPENSIONES
La Sala Laboral
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá negó el reconocimiento de
la pensión de vejez de la accionante con fundamento en que no tenía el número
de semanas necesarias para acceder a la prestación. Según indicó, el literal b
del artículo 12 del Decreto 758 de 1990 exige, entre otros, haber cotizado 1000
semanas a COLPENSSIONES, sin embargo, la accionante solo tiene 950.
Adicionalmente, indicó que, si bien en la historia laboral se reportan 75
semanas adicionales cotizadas por servicios en el sector público, lo cierto es
que “dando aplicación al criterio de la Corte [Suprema de Justicia] se
considera que no es posible acumular tiempos cotizados al sector público con
aportes al ISS (COLPENSIONES) para acceder a la pensión del Acuerdo 049 de 1990
(Decreto 758 de 1990) (…)”.
La sentencia se
aparta del precedente constitucional aplicable sin reunir los requisitos para
ello. En efecto, el precedente sentado por la Sentencia SU-769 de 2014 debió
ser observado en razón a que (i) el problema jurídico del caso bajo
estudio es semejante a uno de los problemas jurídicos analizados en dicha
sentencia, relacionado con la posibilidad de acumular tiempos de servicio en el
sector público con las semanas cotizadas a COLPENSIONES[67]; (ii) los
hechos analizados en este caso y en aquella sentencia son similares, se trata
de tutelas contra providencias judiciales en las cuales se negó el
reconocimiento y pago de la pensión de vejez bajo el argumento de que no
resultaba posible dicha acumulación[68].
Y, por último, (iii) en la providencia se indicó que “para el
reconocimiento de la pensión de vejez de los beneficiarios del régimen de
transición, a quienes se les apliquen los requisitos contenidos en el artículo
12 del Acuerdo 049 de 1990 (Decreto 758 de 1990), es posible realizar la
acumulación de los tiempos en cajas o fondos de previsión social cotizados o
que debieron ser cotizados por las entidades públicas, con aquellos aportes realizados
al seguro social”, es decir, existía una subregla constitucional aplicable.
No obstante, el
Tribunal no cumplió con la carga para apartarse del precedente: (i) No
hizo referencia directa al precedente de la Corte Constitucional sentado en la
SU-769 de 2014 y, por ende, el estudio resulta incompleto. (ii) El
argumento para señalar que acoge la interpretación de la Sala Laboral de la
Corte Suprema de Justicia consistió en que esta es el órgano de cierre de su
jurisdicción, lo cual no resulta suficiente para desconocer el precedente
constitucional. Según el artículo 241 de la
Constitución Política, “a la Corte Constitucional se le confía la
guarda de la integridad y supremacía de la Constitución”. En concordancia,
la Corte ha señalado que “(…) en caso de discrepancia entre
otras autoridades y esta Corporación frente a interpretaciones
constitucionales, prevalecen las consideraciones fijadas por la Corte
Constitucional en razón de su competencia de guarda de la supremacía de la
Carta”[69].
Y, por último, (iii) el Tribunal no explicó cómo su postura
desarrolla de mejor manera los derechos y principios superiores comprometidos,
en desconocimiento de los principios de favorabilidad y pro homine a
pesar de que se encuentra comprometido el derecho a la pensión de vejez de una
mujer, perteneciente a la tercera edad, sin ningún ingreso mensual, cuya única
posibilidad para acceder a la prestación y salvaguardar su mínimo vital era la
aplicación del Decreto 758 de 1990.
Visto lo
anterior, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
debió interpretar y aplicar el artículo 12, literal b, del Decreto 758 de 1990,
en observancia del precedente constitucional sentado en la SU-769 de 2014.
Incluso, una postura similar a la dispuesta en la sentencia mencionada ha sido
aplicada, recientemente, por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia,
en fallos que, si bien son posteriores a la providencia dictada por el Tribunal[70],
constituyen un precedente relevante en la línea jurisprudencial en comento y
permiten constatar una respuesta más sólida en la jurisprudencia respecto al
problema jurídico bajo estudio.
Síntesis de
la decisión
La Sala Laboral
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá vulneró los derechos
fundamentales de la ciudadana Clara Olivia Pinzón Sarmiento al debido proceso,
al mínimo vital y a la seguridad social, por negarle el reconocimiento de la
pensión de vejez, al no acumular las semanas de servicios en el sector público
con las cotizadas a COLPENSIONES, en desconocimiento de la Sentencia SU-769 de
2014, la cual debe aplicarse ante las posibles interpretaciones sobre el
alcance del artículo 12, literal b del Decreto 758 de 1990.
En efecto, el
artículo 12 del Decreto 758 de 1990 exige “b) Un mínimo de quinientas (500)
semanas de cotización pagadas durante los últimos veinte (20) años anteriores
al cumplimiento de las edades mínimas, o haber acreditado un número de un mil
(1.000) semanas de cotización, sufragadas en cualquier tiempo”. La
accionante  cumple con estos requisitos, debido a que en su historia laboral se
reportan 1.025 semanas cotizadas, 950 en COLPENSIONES y 75 mediante la UGPP en
razón de servicios en el sector público.
Por tales
razones, la Corte concluye que la sentencia del 22 de mayo de 2019, proferida
por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
incurrió en un defecto por desconocimiento del precedente sentado en la
Sentencia SU-769 de 2014. En consecuencia, la deja sin efectos y, en su lugar,
confirma la sentencia dictada por el Juzgado 28 Laboral del Circuito de Bogotá.
Cabe precisar
que, desde el 17 de marzo del año en curso, fueron suspendidos los términos de
la revisión de tutelas en la Corte Constitucional, por el Acuerdo PCSJA20-11519
del 16 de marzo de 2020 del Consejo Superior de la Judicatura, debido a los
efectos de la emergencia sanitaria generada por el coronavirus COVID-19. Dicha
suspensión fue prorrogada hasta el 30 de julio de 2020, conforme con el Acuerdo
PCSJA20-11581 del 27 de junio de 2020. Los términos se reanudaron a partir del
31 de julio de 2020.
III. DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Quinta de Revisión de la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato
de la Constitución
RESUELVE:
PRIMERO.
REVOCAR la sentencia proferida el 31 de julio de
2019 por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, y el fallo del 3 de
octubre de 2019 por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que negaron
la acción de tutela interpuesta y, en su lugar, CONCEDER el amparo de
los derechos fundamentales de la ciudadana Clara Olivia Pinzón Sarmiento al
debido proceso, al mínimo vital y a la seguridad social.
SEGUNDO.
DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 22 de mayo de
2019 proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral adelantado por la accionante
contra COLPENSIONES, bajo radicado No. 11001310502820170002001, y CONFIRMAR la
sentencia dictada por el Juzgado 28 Laboral del Circuito de Bogotá, el 22 de
febrero de 2019, dentro del mismo proceso, que ordenó a la administradora de
pensiones al reconocimiento y pago de la pensión de vejez de la accionante
incluyendo el “pago de las mesadas pensionales causadas entre el 12 de
noviembre de 2014 y hasta cuando sea incluida en nómina de pensionados
(…)”.
TERCERO. Por
Secretaría General líbrense las comunicaciones de que trata el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, publíquese en el sitio web de la Corte Constitucional
y cúmplase.
ANTONIO
JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
GLORIA
STELLA ORTÍZ DELGADO
Magistrada
CRISTINA
PARDO SCHLESINGER
Magistrada
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1] Artículo 12. Requisitos de la
pensión por vejez. “Tendrán derecho a la pensión de vejez las personas que
reúnan los siguientes requisitos: a) Sesenta (60) o más años de edad si se es
varón o cincuenta y cinco (55) o más años de edad, si se es mujer y, b) Un
mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas durante los últimos
veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, o haber
acreditado un número de un mil (1.000) semanas de cotización, sufragadas en
cualquier tiempo”.
[2] Cuaderno en sede de revisión,
CD 2, Audiencia del 22 de febrero de 2019, segunda parte de la grabación,
Minuto 1:45. Folio 22.
[3] En el proceso ordinario
laboral no fue objeto de controversia que la accionante fuera beneficiaria del
régimen de transición. COLPENSIONES señaló que la accionante (i) nació el 25 de
marzo de 1957, por ende, al 1º de abril de1994, tenía 37 años; y (ii) al entrar
en vigencia el Acto Legislativo 01 de 2005, tenía más de 750 semanas cotizadas,
puntalmente, tenía 830 semanas, por consiguiente, cumple los requisitos
previstos en la Ley 100 de 1993, articulo 36, inciso 2º y el Acto Legislativo
01 de 2005, artículo 1º, parágrafo transitorio 4º. Ver Resoluciones GNR 410.057
del 17 de diciembre de 2015, GNR 72549 del 8 de marzo de 2016 y VPB 20.565 del
5 de mayo de 2016.
[4] Los oficios fueron remitidos a
COLPENSIONES, al Juzgado 28 Laboral del Circuito de Bogotá, al Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá, al Ministerio de Salud y Protección
Social, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
[5] La accionante acudió a la
tutela, mediante apoderado judicial, a quien le confirió poder especial.
Cuaderno de primera instancia, parte 1, folio 1.
[6] El artículo 86 Superior
establece que la acción de tutela es un mecanismo de defensa al que puede
acudir cualquier persona para reclamar la protección inmediata de sus derechos
fundamentales. El artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 dispone que dicha acción
“podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquier persona
vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por
sí mismo o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos”.
[7] De conformidad con los
artículos 86 de la Constitución Política y 5 del Decreto 2591 de 1991.
[8] El inciso quinto del artículo
86 establece que la tutela también procede, en los casos que señale el
legislador, contra particulares encargados de la prestación de servicios
públicos, o cuando afecten el interés colectivo, o respecto de quienes el
accionante se halle en estado de indefensión o de subordinación.
[9] Corte Constitucional,
Sentencia SU-425 de 2016.
[10] El artículo 116 de la
Constitución les asigna la función de administrar justicia.
[11] Corte Constitucional,
Sentencias T-441 de 2003, T-462 de 2003, T-771 de 2003, T-949 de 2003, C-590
de  2005 y T-018 de 2008, T-743 de 2008, T-310 de 2009, T-451 de 2012, SU-424
de 2016, SU-037 de 2019 y T-078 de 2019, entre muchas otras, mediante las
cuales la posición fijada ha sido reiterada.
[12] Corte Constitucional,
Sentencias T-310 de 2009, T-451 de 2012 y T-283 de 2013.
[13] Corte Constitucional,
Sentencia T-555 de 2009.
[14] Corte Constitucional,
Sentencia C-590 de 2005.
[15] Corte Constitucional,
Sentencias T-173 de 1993 y C-590 de 2005.
[16] Corte Constitucional,
Sentencia SU-115 de 2018.
[17] Esta regla se desprende de la
función unificadora de la Corte Constitucional, ejercida a través de sus Salas
de Selección. Así, debe entenderse que, si un proceso no fue seleccionado por
la Corte para su revisión, se encuentra acorde con los derechos fundamentales.
No obstante, la Corte ha admitido excepcionalmente su procedencia. En la SU-116
de 2018 hizo sobre el particular la siguiente síntesis: “32. De modo que
cuando se trata de sentencia contra fallo de tutela la jurisprudencia ha sido
clara en la imposibilidad de que esta se promueva contra fallo proferido por el
pleno de la Corporación o una de sus Salas de Revisión, quedando la posibilidad
de impetrar la nulidad ante el mismo Tribunal; pero si ha sido emitido por otro
juez o tribunal procede excepcionalmente si existió fraude, además de que se
cumplan los requisitos de procedencia general contra providencias judiciales y
la acción no comparta identidad procesal con la sentencia atacada, se demuestre
el fraude en su proferimiento y no se cuente con otro medio de defensa.
Si se trata de actuación de tutela una
será la regla cuando esta sea anterior y otra cuando es posterior. Si se trata
de actuación previa al fallo y tiene que ver con vinculación al asunto y se
cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción, el amparo puede
proceder incluso si la Corte no ha seleccionado el asunto para su revisión; y
si es posterior a la sentencia y se busca el cumplimiento de lo ordenado, la
acción no procede a no ser que se intente el amparo de un derecho fundamental
que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato y se cumplen
los requisitos generales de procedibilidad de la acción contra providencias
judiciales, evento en el que procedería de manera excepcional”.
[18] Corte Constitucional,
Sentencia C-590 de 2005, reiterada sucesivamente, entre otras, en la Sentencia
SU-037 de 2019.
[19] Artículo 29 de la Constitución
Política.
[20] Corte Constitucional,
Sentencia SU-424 de 2016.
[21] En la Sentencia T-324 de 1996
dijo la Sala Tercera de Revisión: “[…] sólo en aquellos casos en los cuales
el acto que adscribe la competencia resulte ostensiblemente contrario a
derecho, –bien por la notoria y evidente falta de idoneidad del funcionario que
lo expidió, ora porque su contenido sea abiertamente antijurídico–, el juez
constitucional puede trasladar el vicio del acto habilitante al acto que se
produce en ejercicio de la atribución ilegalmente otorgada. Sólo en las
condiciones descritas puede el juez constitucional afirmar que la facultad para
proferir la decisión judicial cuestionada no entra dentro de la órbita de
competencia del funcionario que la profirió y, por lo tanto, constituye una vía
de hecho por defecto orgánico”.
[22] Corte Constitucional,
Sentencias T-008 de 1998, T-937 de 2001, SU-159 de 2002, T-996 de 2003 y T-196
de 2006.
[23] En razón del principio de
independencia judicial, el campo de intervención del juez de tutela por defecto
fáctico es supremamente restringido.
[24] En la Sentencia SU-159 de 2002
señaló la Corte: “[…] opera cuando la decisión que toma el juez desborda el
marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una
norma evidentemente inaplicable al caso concreto, bien sea, por ejemplo (i.)
porque ha sido derogada y ya no produce ningún efecto en el ordenamiento
jurídico, (ii.) porque ella es claramente inconstitucional y el funcionario se
abstuvo de aplicar la excepción de inconstitucionalidad, (iii.) porque su
aplicación al caso concreto es inconstitucional, (iv.) porque ha sido declarada
inexequible por la propia Corte Constitucional o, (v.) porque, a pesar de estar
vigente y ser constitucional, no se adecua a la circunstancia fáctica a la cual
se aplicó, porque a la norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos
distintos a los expresamente señalados por el legislador”.
[25] En la Sentencia SU-014 de 2001
advirtió la Corte: “Es posible distinguir la sentencia violatoria de
derechos fundamentales por defectos propios del aparato judicial –presupuesto
de la vía de hecho–, de aquellas providencias judiciales que aunque no
desconocen de manera directa la Constitución, comportan un perjuicio
iusfundamental como consecuencia del incumplimiento por parte de distintos
órganos estatales de la orden constitucional de colaborar armónicamente con la
administración de justicia con el objeto de garantizar la plena eficacia de los
derechos constitucionales. Se trata de una suerte de vía de hecho por
consecuencia, en la que el juez, a pesar de haber desplegado los medios a su alcance
para ubicar al procesado, actuó confiado en la recta actuación estatal, cuando
en realidad ésta se ha realizado con vulneración de derechos constitucionales,
al inducirlo en error. En tales casos –vía de hecho por consecuencia– se
presenta una violación del debido proceso, no atribuible al funcionario
judicial, en la medida en que no lo puede apreciar, como consecuencia de la
actuación inconstitucional de otros órganos estatales”.
[26] La decisión sin motivación se
configura en una de las causales de procedibilidad de la acción de tutela, en
tanto la motivación es un deber de los funcionarios judiciales, así como su
fuente de legitimidad en un ordenamiento democrático. Cfr. Corte
Constitucional, Sentencia T-114 de 2002.
[27] Corte Constitucional, Sentencias
SU-640 de 1998, T-462 de 2003, T-1285 de 2005 y T-292 de 2006.
[28] Corte Constitucional,
Sentencia T-208A de 2018.
[29] Corte Constitucional,
Sentencia SU-037 de 2019.
[30] Corte Constitucional,
Sentencia T-522 de 2001.
[31] Corte Constitucional, Sentencia
T-031 de 2016.
[32] Corte Constitucional,
Sentencia T-809 de 2010.
[33] Corte Constitucional,
Sentencia T-231 de 2007, entre otras.
[34] Corte Constitucional,
Sentencias T-231 de 2007 y T-933 de 2003.
[35] Corte Constitucional,
Sentencia C-590 de 2005.
[36] Según el Registro Único de
Afiliados (SISPRO) consultado a la fecha.
[37] Corte Constitucional, Sentencia T-074 de 2015, cita en la Sentencia T-392 de
2018.
[38] Corte Constitucional,
Sentencia T-159 de 2013
[39] Corte Constitucional,
Sentencia T-392 de 2018
[40] Código Procesal del Trabajo y
de la Seguridad Social, artículo 86. “Sentencias susceptibles del recurso. A
partir de la vigencia de la presente ley y sin perjuicio de los recursos ya
interpuestos en ese momento, sólo serán susceptibles del recurso de casación
los procesos cuya cuantía exceda de ciento veinte (120) veces el salario mínimo
legal mensual vigente”.
[41] Corte Constitucional,
Sentencia T- 411 de 2004, reiterada en la
sentencia T-888 de 2010, citada en la Sentencia T-886 de 2013.
[42] Corte Constitucional,
Sentencias T-573 de 1997 y T-329 de 1996,
citadas en la sentencia T-886 de 2013.
[43] Corte Constitucional,
Sentencia T-392 de 2018. También ver la Sentencia T-567
de 1998, citada en la sentencia T-886 de 2013.
[44] Constitución Política, artículo 4º.
[45] Corte Constitucional, Sentencia T-292
de 2006, reiterada en las Sentencias T-360 de 2018 y SU-574 de 2019.
[46] Corte Constitucional,
Sentencias C-590 de 2005, T-292 de 2006, T-230 de 2011 y SU-091 de 2016.
[47] Corte Constitucional,
Sentencia SU-091 de 2016.
[48] Corte Constitucional, Sentencia T-1317 de 2001.
[49] Corte Constitucional, Sentencia T-292 de 2006.
[50] Corte Constitucional, Sentencia T-656 de
2011. Puntualmente, se ha precisado que: “Los fallos de la Corte
Constitucional, tanto en ejercicio del control concreto como abstracto de
constitucionalidad, hacen tránsito a cosa juzgada y tienen fuerza vinculante,
tanto en su parte resolutiva (erga omnes en el caso de los fallos de control de
constitucionalidad de leyes, e inter partes para los fallos de revisión de
tutela) y, en ambos casos, las consideraciones de la ratio decidendi, tienen
fuerza vinculante para todas las autoridades públicas. Esto en razón de la
jerarquía del sistema de fuentes formales de derecho y el principio de
supremacía constitucional, que obligan a la aplicación preferente de las
disposiciones de la Carta Política y, en consecuencia, de los contenidos
normativos identificados por la jurisprudencia constitucional, en ejercicio de
su labor de intérprete autorizado del Texto Superior” C-634 de 2011.
[51] Corte Constitucional,
Sentencia SU-574 de 2019.
[52] Corte Constitucional, Autos 131 de 2001 y
153 de 2015.
[53] Ibidem.
[54] Ibidem.
[55] Ibidem.
[56] Corte Constitucional,
Sentencia T-656 de 2011.
[57] Ver Ley 100 de 1993, artículo
36, inciso 2º y Acto Legislativo 01 de 2005, artículo 1º parágrafo transitorio
4º.
[58] Ley 100 de 1993, artículo 36,
inciso 2º.
[59] “Por el cual se expide el
Reglamento General del Seguro Social Obligatorio de Invalidez, Vejez y Muerte”.
[60] Ley 100 de 1993, artículo 33,
parágrafo 1º, “Para efectos del cómputo de las semanas a que se refiere el
presente artículo, se tendrá en cuenta:
a) El número de semanas cotizadas en
cualquiera de los dos regímenes del sistema general de pensiones;
b) El tiempo de servicio como servidores
públicos remunerados, incluyendo los tiempos servidos en regímenes exceptuados;
c) El tiempo de servicio como trabajadores
vinculados con empleadores que antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993
tenían a su cargo el reconocimiento y pago de la pensión, siempre y cuando la
vinculación laboral se encontrara vigente o se haya iniciado con posterioridad
a la vigencia de la Ley 100 de 1993.
d) El tiempo de servicios como
trabajadores vinculados con aquellos empleadores que por omisión no hubieren
afiliado al trabajador.
e) El número de semanas cotizadas a cajas
previsionales del sector privado que antes de la Ley 100 de 1993 tuviesen a su
cargo el reconocimiento y pago de la pensión”.
[61] Sala Laboral de la Corte Suprema
de Justicia, sentencia del 13 de mayo de 2019. Radicado 55552. M.P. Fernando
Castillo Cadena.
[62] Ley 100 de 1993, artículo 36.
[63] A saber, (a) la edad, (b) el
tiempo de servicios o el número de semanas cotizadas y (c) el monto.
[64] Sobre este punto explicó que “indistintamente
de haberse realizado o no los aportes, es la entidad pública para la cual
laboró el trabajador la encargada de asumir el pago de los mismos”. Así
mismo indicó “Las entidades públicas, al asumir las obligaciones
relacionadas con la carga pensional en razón de lo dispuesto en la Ley 6ª de
1945 y 71 de 1988, estaban obligadas a “responder por los aportes para
pensiones, y en caso de no hacerlo (debían) entonces asumir el pago de los
mismos a través del correspondiente bono pensional. El hecho de no haberse
realizado las cotizaciones no puede convertirse en una circunstancia imputable
al empleado, ni se trata de una carga que este deba soportar, mucho menos para
efectos del reconocimiento de un derecho pensional”.
[65] La Sala Laboral del Tribunal
Superior de Distrito Judicial de Bogotá, dictó la Sentencia el 22 de mayo de
2019.
[66] Sala Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, Sentencia SL1981-2020. M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo.
Radicación No 84243. La decisión se adoptó con fundamento en las siguientes
consideraciones: (i) el sistema de seguridad social reconoce validez a todos
los tiempos laborados; (ii) el literal f) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993
refiere que para el reconocimiento de las pensiones del sistema se tendrá en
cuenta la suma de las semanas cotizadas a COLPENSIONES o a cualquier caja,
fondo o entidad del sector público o privado, o el tiempo de servicio como
servidores públicos, cualquiera sea el número de semanas cotizadas o el lapso
laborado; (iii) a los beneficiarios del régimen de transición les aplica la Ley
100 de 1993, “lo que incluye la posibilidad de sumar todas las semanas
laboradas en el sector público, sin importar si fueron o no cotizadas al ISS,
hoy Colpensiones”; (iv) esta regla fue resaltada “en el parágrafo del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, al habilitar para los beneficiarios del
régimen de transición, los tiempos públicos y privados, cotizados o no a
entidades de previsión social o al ISS”; finalmente (v) “para darle
viabilidad a esta posibilidad legal de integrar las semanas laboradas en el
sector público sin cotización al ISS, la Ley 100 de 1993 y sus decretos
reglamentarios regulan extensamente todo un régimen de financiación de las
prestaciones a través de cuotas partes y títulos pensionales”. Similar
postura fue sentada el mismo día, 1º de julio de 2020, por la Sala Laboral de
la Corte Suprema de Justicia, Sentencia SL 1947-2020. M.P. Iván Mauricio Lenis
Gómez. Radicación No 70918.
[67] Se plantearon, entre otros,
los siguientes problemas jurídicos: “(iii) ¿Es posible o no acumular tiempos
de servicios prestados en entidades públicas cuando no hubieren sido efectuados
los aportes a alguna Caja o Fondo de Previsión Social o cuando no fueron
cotizados al Instituto de Seguros Sociales, con las semanas efectivamente
cotizadas a ese instituto?; y (iv) En caso de ser posible ¿tal acumulación da
lugar al reconocimiento de la pensión de vejez de acuerdo con los requisitos
establecidos en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 2012?”.
[68] En aquella oportunidad se
trató de la aplicación del Decreto 758 de 1990, artículo 12, literal b, primera
parte que exige haber cotizado “un mínimo de quinientas (500) semanas de
cotización pagadas durante los últimos veinte (20) años anteriores al
cumplimiento de las edades mínimas”. En el caso bajo estudio, se trata de
la aplicación de la segunda parte de este mismo literal “haber acreditado un
número de un mil (1.0.00) semanas de cotización, sufragadas en cualquier tiempo”.
[69] Ver, entre otras, la Sentencia
T-292 de 2016.
[70] La Sala Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, dictó las sentencias en comento el 1º de julio de 2020
(Sentencias SL1981-2020. M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo. Radicación No
84243; SL 1947-2020. M.P. Iván Mauricio Lenis Gómez. Radicación No 70918). La
Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá dictó la
sentencia bajo revisión el 22 de mayo de 2019.